text:
    Pedro Pérez Pimentel y María Mendoza, demandantes y apelantes, v. Dolores Castro, demandada y apelada.
    Núm. 7455.

    Sometido: Junio 23, 1937.

      Resuelto: Noviembre 15, 1937.

      Burset & Pérez Pimentel y Diibón & Ochoteco, abogados de los ape-lantes; González Fagundo & González, Jr., abogados de la ape-lada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio decidido en contra de los demandantes.

Alegaron éstos en su demanda que eran dueños en común pro indiviso de dos fincas urbanas que describen, habiendo el primero adquirido un condominio de una mitad sobre cada una por compra a la Sucesión de Juana Díaz Cruz hecha cons-tar en escritura pública otorgada en junio 11, 1935, y la se-gunda el condominio de la otra mitad de cada una por adju-dicación que le hiciera el márshal de la corte de distrito en pago de un crédito hipotecario que tenía sobre dichos con-dominios.

Y alegando además que la demandada Dolores Castro, sin título o derecho, estaba poseyendo las indicadas fincas sin pagar canon o merced y contra la voluntad de sus dueños, pidieron a la corte que dictara sentencia decretando el des-alojo de la demandada de las fincas en cuestión, con costas.

En su contestación la demandada alegó que la demanda no aducía causa de acción, negó que María Mendoza fuera dueña de las fincas e invocó la existencia de cierto pleito pen-diente entre Pérez Pimentel y la demandada que le impedía demandar en éste. Alegó además que sus hijos legítimos Luis Gilberto y Virginia Peña eran dueños de una mitad pro indivisa de las fincas que la demandada ocupa por su autori-zación. También que sus dichos hijos han radicado un pleito contra María Mendoza sobre inexistencia de hipoteca. Ter-minó negando que disfrute en precario las dos fincas.

Seguidos los trámites de ley se practicó la prueba que se lia elevado a esta corte incluida en una exposición del caso como sigue:

“'Los demandantes entonces procedieron a presentar su prueba y ofrecieron, en primer término, una copia certificada de la escritura número 14, otorgada en Vieques ante el notario Ángel Rodríguez Es-cobar, el día 11 de junio de 1935. Por esta escritura doña Julia Díaz Cruz, don Flor Cruz, don Áureo Díaz Morales, doña Mercedes Díaz Osking, don César Díaz Osking, don José Díaz Osking, doña María Oralia Díaz Benitez y don Santiago Díaz Pérez cedieron y traspasaron a favor del demandante Pedro Pérez Pimentel cuantos derechos y acciones les correspondían en los dos inmuebles descritos en la demanda, esto es, un condominio de una mitad pro indivisa en cada uno de dichos inmuebles. Esta escritura fué admitida por la corte sin oposición y la misma aparece unida a los autos del caso número 19,074.
“Los demandantes presentaron tamhién en evidencia, una copia certificada de la escritura núm. 28, otorgada en Humacao ante, el notario Félix Ochoteco, Jr., por don Augusto Veve, en su carácter de marshal de la Corte de Distrito de .Humacao, a favor de doña María Mendoza. En virtud de esta escritura doña María Mendoza adquiere en subasta pública el otro condominio de una mitad en cada una de las dos fincas objeto de este litigio. La corte la admitió sin oposición.
“Finalmente presentaron los demandantes el testimonio de Pedro Pérez Pimentel. Este testigo, después de prestar juramento, declaró como sigue:
“Que su nombre es Pedro Pérez Pimentel y vive en Humacao; que conoce a doña María Mendoza y a doña Dolores Castro; que el testigo y doña María Mendoza son dueños en común pro indiviso de las dos fincas descritas en la demanda de este caso; que el testigo es dueño de un condominio de una mitad sobre cada una de las fincas y doña María Mendoza es dueña del otro condominio de una mitad. Que la demandada Dolores Castro está ocupando en la actualidad las referidas fincas y que las ocupa desde fines del año pasado. Que la. demandada ocupo esas propiedades el año pasado cuando fueron desocupadas por la persona que las tenía arrendadas, y con motivo de eso hubo un procedimiento. Que ni el testigo ni doña María Mendoza han celebrado contrato de arrendamiento con la demandada y que tampoco dieron permiso a dicha demandada para ocupar la casa,-cosa que hace en contra de la voluntad de los demandantes. Que el testigo ha requerido a la demandada para que desaloje la finca y ella se ha negado alegando que es dueña de la propiedad.
‘ ‘ Repreguntado por la demandada contestó: Que le parecía que la demandada había ocupado esa casa allá para el mes de octubre de 1935; que para esa fecha no estaba hecha la subasta de la casa y que entonces los dueños de las fincas, según los documentos, eran el testigo y los hijos de la demandada.
“A preguntas de la corte contestó este testigo que los hijos de la demandada son menores de eidacl y que tiene entendido que la demandada' tiene la patria potestad sobre los referidos hijos.
“Con este testigo terminó la prueba de los demandantes.
“Acto seguido la demandada presentó en evidencia los autos del caso núm. 19,074, seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por Pedro Pérez Pimentel contra Dolores Castro, sobre injunction pose-sorio. En ese pleito el demandante, Pedro Pérez Pimentel, presentó ante la Corte de Distrito de Humacao, demanda alegando que había oslado en la posesión real y material de las dos fincas, que son tam-bién objeto del presente caso, durante más de un año, con anteriori-dad a la presentación de dicha demanda y que fué despojado de esa posesión por Dolores Castro, solicitando en su consecuencia que la corte le amparara y restituyera en la referida posesión. Este caso está pendiente ante la Corte Suprema de Puerto Rico porque la de-mandada apeló de la sentencia dictada por la corte de distrito decla-rando con lugar la demanda.
“Los demandantes se opusieron a que se admitieran como prueba los referidos autos del caso número 19,074, alegando que tal prueba era inmaterial e impertinente porque las partes en aquel caso no son las mismas que las del presente y porque no existía una iden-tidad de causas de acción en ambos casos.
“La demandada argumentó en contra de la oposición sosteniendo que existía la identidad de causa de acción porque el resultado de ambos pleitos sería el mismo, es decir, que doña Dolores Castró res-tituya en la posesión a Pedro Pérez Pimentel, y sosteniendo además, que las partes en ambos casos eran las mismas porque en el injunction posesorio erar. Pedro Pérez Pimentel contra Dolores Castro y en el desahucio eran Pedro Pérez Pimentel y María Mendoza contra Dolores Castro.
‘ ‘ Después de discutida la cuestión ocurrió lo que sigue:
“Juez: ‘Como se trata de una cuestión que no puede ser resuelta inmediatamente, para no posponer la vista, la Corte entiende que lo mejor que puede hacer, y lo menos perjudicial para ambas partes, es admitir ahora la evidencia, y la admite, a reserva de que, si después declarase existir res adjudicata, resolverá entonces lo que corresponda. ’
“Demandada: ‘Y si es en mi contra, una excepción, y si es en contra de mi distinguido compañero, otra excepción.’
“Juez: ‘Desde este momento ya queda reservada la excepción.’
‘ ‘ Entonces la demandada ofreció en evidencia los- autos del caso número 19,002, seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por Virginia y Luis Gilberto Peña Castro contra María Mendoza, sobre inexistencia y nulidad de hipoteca. La demanda en ese caso fue ano-tada en el registro de la propiedad y en ella se solicita la nulidad e inexistencia de la hipoteca que dió origen al procedimiento eje-cutivo que culminó en la venta en pública subasta a favor de doña María Mendoza de los condominios que les correspondían sobre los inmuebles a Virginia y Luis Gilberto Peña Castro.
“Los demandantes hicieron objeción a esa prueba fundándose en que la misma era inmaterial e impertinente porque lo único que tiende a establecer es que hay una acción pendiente, incoada por los hijos de la demandada contra María Mendoza para' que se declare nula e ineficaz su hipoteca pero hasta que tal pleito no sea resuelto en contra de María Mendoza su título es bueno, y que el hecho de la existencia de tal pleito no establece como defensa, un conflicto de título.
“La corte dictó la siguiente resolución en relación con esta cuestión:
“ ‘En vista de esa situación, lo más aconsejable es admitir la evidencia, a reserva da estudiar y resolver luego la cuestión que plan-tean las partes, en el entendido de que a la perjudicada por la reso-lución, se anotará automáticamente una excepción contra la misma.’
“Como última prueba la demandada presentó el testimonio de Dolores Castro. Esta testigo declaró bajo juramento como sigue:
“Que se llama Dolores Castro y es la demandada en este caso; que tiene dos hijos llamados Virginia y Luis Gilberto Peña Castro y que por autoridad de éstos ocupa la casa objeto del desahucio.
“La Corte preguntó a esta testigo que si sus hijos vivían tam-bién en la casa y contestó que uno viene, que es el que está aquí en Puerto Kico, viene cada rato y se va porque está trabajando por Trujillo; que dicho hijo es menor de edad.
“Los demandantes repreguntaron a esta testigo si ella pagaba algo por ocupar la casa pero no contestó la pregunta porque su abo-gado dijo que aceptaba que no pagaba nada.”

La sentencia apelada declarando la demanda sin lugar se basó en una opinión en la que el juez de distrito hizo cons-tar que a su juicio la demanda era suficiente, que existía otra acción pendiente entablada por Pérez Pimentel que le impedía ejercitar la actual, y que aunque el pleito sobre inexistencia de hipoteca entablado por los hijos de la demandada contra la demandante María Mendoza no impidiera a ésta continuar el juicio de desahucio, era lo cierto que como pedía el desalojo de las fincas en su totalidad y el otro demandante estaba im-pedido de actuar por razón del pleito que tenía pendiente, tampoco estaba ella en condiciones de hacerlo por oponerse las regias que rigen la comunidad de bienes.

No conformes los demandantes, apelaron. Señalan en su alegato la comisión de tres errores.

Por el primero sostienen que la corte erró al admitir los autos del otro pleito iniciado por Pérez Pimentel contra la demandada y al resolver que dicho otro pleito constituye un impedimento para el sostenimiento de éste.

Estamos enteramente conformes con los apelantes en que versando dicho otro pleito sobre injunction para recobrar la posesión se trata de una acción de naturaleza distinta que no constituye un impedimento para la iniciación del pleito de desahucio.

Dispone el artículo 105, inciso 3 del Código de Enjuicia-miento Civil (ed. de 1933) :

“El demandado podrá presentar excepción previa a la demanda dentro del plazo señalado en la citación para contestar, cuando resul-tare del contenido de aquélla, alguno de los extremos siguientes:
“3. — Que existe otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa.”

Esta propia Corte Suprema en el caso de Encarnación v. Maeso, 48 D.P.R. 480, 484, se expresó así:

“La jurisprudencia que establece el principio de que una sola causa de acción no puede fraccionarse en varias que den origen a diferentes pleitos, es unánime, pero para determinar la pauta a se-guir para decidir en casos que estén en la línea cuando se trata de una sola o de varias causas de acción, no hay una regla uniforme.
"En el caso de Harrison v. Remington Paper Co., 140 Fed. 385, se dijo: ‘La prueba de identidad de causas de acción es la de la iden-tidad de los hechos esenciales para su sostenimiento,’ y en el de Beach v. Crain, 49 Am. Dec. 369, 372, ‘Para que constituya un im-pedimento efectivo la causa de acción en el pleito anterior debe ser idéntica a la del litigio. Si la misma prueba sostiene ambos casos entonces será considerada como la misma causa de acción, a pesar de que se base en diferentes recursos. Rice v. King, 7 Johns. 20 (N. Y.). Pero la prueba en ambos recursos puede ser en parte la misma; sin embargo, la materia objeto del litigio puede ser esen-cialmente distinta y en tal caso no existe impedimento alguno.’ ”

T dice Corpus Juris, vol. 1, pág. 66, see. 83:

‘‘Cuatro criterios jurídicos dominantes han merecido la apro-bación judicial al determinarse si las causas de acción son o no idén-ticas en lo que se refiere a la desestimación de una acción debido1 a la existencia de un pleito anterior pendiente: (1) ‘Es claro que, para que se pueda resolver que un pleito posterior es innecesario, es un requisito esencial el que la sentencia en el pleito anterior pudiese ser concluyente entre las partes, y que tuviese el efecto de ser un im-pedimento a la segunda acción.’ En otras palabras, si una senten-cia definitiva en el pleito anterior pudiese justificar una alegación de res judicata en la acción posterior, entonces los pleitos serían idén-ticos, para los fines aquí discutidos, y, de lo contrario, no lo serían. (2) En muchos casos se ha aplicado el siguiente criterio: ¿Podría obtenerse un remedio completo y adecuado en la acción anterior? En caso afirmativo, la segunda acción sería entonces incoada inde-bidamente y podría ser desestimada, y, en caso negativo, la objeción nó debe prosperar. Como veremos más adelante, esta última regla ha sido generalmente reconocida. (3) En algunos casos se mantiene el siguiente criterio: ¿ Podrían basarse ambas acciones en la misma evidencia? (4) Un cuarto criterio, mantenido por las autoridades inglesas y canadienses, es al siguiente efecto: ¿Podría establecerse la demanda en la segunda acción a través de una enmienda apro-piada a la primera demanda?”

Por el injunction posesorio se reclama sólo la posesión .material. , La cuestión sobre el título o derecho a la propie-dad no está envuelta. La sentencia resolutoria del mismo rio podría invocarse como cosa juzgada en cuanto al derecho a la posesión a virtud de título. En el desahucio se pide el desalojo no porque se haya estado en la posesión material por el año anterior a la demanda, sino porque se tiene dere-cho a ella por serse dueño o usufructuario de la misma. Aun-que ambas acciones guardan relación, no lo son por la misma causa. El error fué cometido.

Por el segundo error se sostiene que la corte se equivocó al admitir en evidencia los autos del pleito sobre inexistencia de hipoteca y al declarar fundada, basándose en dichos autos, la defensa de que existe un conflicto de títulos, y por ■el tercero y último que la sentencia apelada es contraria a la prueba y a la ley.

En su opinión la corte sentenciadora consignó, además, de lo que dejamos indicado, lo que sigue:

c ‘. . . . en la contestación de la demanda de injunction posesorio, fallado contra la demandada y ahora pendiente en apelación ante la Corte Suprema, ésta alegó, como en su contestación a la de autos, que un condominio de una mitad indivisa de las referidas fincas perte-necía a sus dos hijos legítimos, en representación de los cuales ocu-paba las mismas. Mientras esa alegación de título no se sustancie de-finitiva y finalmente, no puede determinarse, y menos en este proce-dimiento sumario, su certeza y validez legal. Siendo ello así, mien-tras en su referida alegación no sea definitivamente vencida la de-mandada, es necesario admitir que en este procedimiento la deman-dante María Mendoza, no puede cuestionar el hecho, y que, mientras ello no ocurra, la demandada se encuentra amparada en su posesión por el título que invoca a favor de sus- hijos, como comuneros a los cuales representa en el uso de las propiedades en litigio.”

Y son esas conclusiones de la corte las que motivan la segunda parte del segundo señalamiento dé error.

A nuestro juicio pudieron admitirse en evidencia los autos del pleito sobre inexistencia de la hipoteca de que se trata, pero la corte erró al dar a meras alegaciones el alcance que les dió según se desprende de la parte de su opinión que de-jamos transcrita.

El propio juez sentenciador se acababa de expresar poco antes en su misma opinión como sigue:

“Impugnación judicial del título de la codemandante María Mendoza. Existe dicha impugnación; pero su existencia no sería óbice para que la demandante estuviese impedida de actuar como lo ha hecho en esta acción. (León v. Alvarado, 24 D.P.R., 700, y casos pos-teriores sosteniendo el principio.) ’ ’

De acuerdo con la repetida jurisprudencia de esta Corte.-Suprema para concluir que existe un conflicto de títulos en un pleito de desahucio no basta la mera alegación de título-por parte del demandado, si que es necesario que presente por lo menos un principio de prueba.

En este caso concreto hemos transcrito la exposición con-tentiva de la evidencia aportada por ambas partes y de ella no consta que la parte demandada presentara prueba alguna de su derecho a la posesión. Era necesario aportar algo más que sus meras-alegaciones en los casos de inexistencia e injunction posesorio. El título de la codemandada Mendoza procede del que tenían los hijos de la demandada. La escri-tura de venta judicial se admitió sin oposición. Y bajo esas-condiciones no es posible concluir que dentro del pleito se levantara un conflicto de títulos que no le fuera dable a la corte resolver dentro de los trámites del juicio sumario de desahucio.

En tal virtud, no cabe llegar a otra conclusión que no sea la de declarar con lugar el recurso y en su consecuencia decre-tar el desahucio solicitado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Bonifacio Troche, menor de edad, representado por su padre con patria potestad Carmelo Troche Caraballo, demandante y apelante, v. José Matos y Matos, demandado y apelado.
    Núm. 7284.

    Sometido: Noviembre 3, 1937.

      Resuelto: Noviembre 15, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; II. Torres Sola, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

José Matos y Matos era dueño de un perro policía que tenía suelto dentro del patio de su casa. Una verja de alam-bre de seis pies de alto rodeaba la propiedad con el objeto de impedir que el animal pudiera escaparse. La corte senten-ciadora llegó a la conclusión de que Bonifacio Troche, el demandante, pasaba junto a la propiedad cuando vió algunos mangos en el suelo hacia la parte interior de la verja; que introdujo una varita a través de los alambres y la manipuló con el objeto de arrastrar algunas de las frutas hasta el borde de la cerca; que entonces metió el brazo dentro de la verja y fué mordido por el perro.

La única cuestión que realmente surge en apelación es sir asumiendo los hechos anteriores como ciertos, y éstos no son seriamente atacados, el demandado como dueño del perro' tenía alguna responsabilidad. La corte inferior lo exoneró' de toda responsabilidad, fundada en que el caso constituía una excepción al artículo 1805 de nuestro código civil (ed. de 1930), que provee:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

La frase- “de culpa del que lo hubiese sufrido” es la cues-tión importante a considerarse.

No estamos de acuerdo con el apelante en su contención de que como los mucbacbos tenían la costumbre de hacer lo que el aquí demandante hizo, debe llegarse a la conclusión de que existía una invitación tácita por parte del demandado. Este, luego de cercar su finca y de protegerla de tranagresores, no tenía otra cosa que hacer para alejar a los niños. El argumento, si acaso, sostiene la idea de que el perro no era fiero, puesto que no se demostró que había mordido a nadie más bajo las mismas circunstancias.

La responsabilidad proveniente de la posesión de un animal es, bajo el derecho civil, bastante seria. No se basa apa-rentemente en negligencia sino en la mera posesión o servicio. El apelante ha citado una sentencia del Tribunal Supremo de España (sentencia de octubre 19, 1909, publicada en 116 Jurisprudencia Civil pag. 120) y varios párrafos de Manresa y Martínez Ruiz, los bien conocidos comentaristas del Código Civil español.- Las citas sostienen el principio de que la negli-gencia del dueño carece de importancia, y no diferimos. Sin embargo, el apelante ha dejado de presentarnos alguna ver-dadera autoridad respecto a la' interpretación de la frase “culpa del que lo hubiese sufrido.” Cita un.párrafo de Laurent sobre el Código Civil francés, que dice:

“La responsabilidad del dueño cesa cuando el hecho' perjudicial fue provocado por culpa de' lá parte lesionada; si por ejemplo,'ha excitado o provocado al animal.’ El dueño debe probar la culpa.
“Puede haber una culpa que reprochar a la víctima y el dueño puede no obstante ser declarado responsable si no llega a probar que el accidente ha sucedido por culpa única de la víctima.” (Tomo 20, pág. 800, párr. 630.)

La cita anterior es un ejemplo claro de un caso en que el dueño de un perro estaría exento de. responsabilidad, más no excluye todas las otras situaciones en que se obtendría el mismo resultado.

La jurisprudencia americana mencionada por el deman-dante no es claramente aplicable. En la mayoría si no en todos los casos, existía un estatuto que bacía prácticamente absoluta la responsabilidad del poseedor o dueño de un animal o perro fiero, aún contra los tranagresores. Nuestro estatuto exige una interpretación distinta

La palabra “culpa” que aparece en el artículo 1802 del Código Civil, ed. de 1930, ba sido interpretada ya por este tribunal. A nuestro juicio, debe darse la misma interpre-tación a dicba palabra al aparecer en el artículo que discu-timos. El artículo 1802 define la fuente general de la acción torticera en Puerto Rico.

En el caso de Busó et al. v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, 1038, se usó la palabra “culpa” como sinónima de tort. En varios otros casos se hizo referencia a actos que muy bien podrían ser calificados bajo el término de “maliciosos” o “fraudu-lentos” o “ilegales,” en el sentido de que caían dentro del significado de la palabra “culpa,” dando así lugar a una acción bajo el artículo 1802.

Estamos convencidos de que el proceder del niño en este caso, al meter el brazo ilegalmente dentro de la finca del demandado con el objeto ilegal de apropiarse de ciertas fru-tas, fué la causa directa de sus lesiones, y que éstas pueden ser calificadas como provenientes de su culpa. En Puerto Rico la responsabilidad del dueño de un perro por las lesiones causadas por éste a un tercero no es ilimitada. Los comen-tarios al Código Civil español, supra, deben ser interpretados a la luz de la situación específica envuelta, teniendo debida consideración no sólo de los derechos de la persona lesionada sino también de los del poseedor del animal. No creemos conveniente o aconsejable proteger a un transgresor cuando se desprende que el dueño del animal lo tenía dentro de su propiedad en tal forma que a éste se le hubiera hecho impo-sible lesionar o herir a alguien que no violara la soledad del recinto del demandado.

Los hechos presentan una situación en la que cualquier duda en torno a la interpretación de la palabra “culpa” debe resolverse en favor de la parte demandada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    J. Valldejuli Rodríguez, peticionario y apelado, v. Carlos M. de Castro, en su carácter de Administrador de la Capital de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7544.

    Sometido: Julio 12, 1937.

      Resuelto: Noviembre 17, 1937.

      Harry F. Besosa, abogado del apelante; J. Yalldejuli Rodríguez, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de marzo el Administrador de la Capital, Carlos M. de Castro, escribió úna carta a Juan Yalldejuli Rodríguez informándole que el 30 de dicho mes sería dejado cesante en su cargo de abogado del Administrador. Posteriormente, con fecha 31 de marzo, el Sr. de Castro escribió otra carta retractando la primera e informando al señor Yalldejuli que quedaba suspenso de empleo y sueldo por los siguientes moti-yos :

1. Porque de acuerdo con la sección 39 de la Ley 99 de 15 de mayo de 1931 al cesar en su cargo el Administrador de la ciudad que lo nombró a él, el Sr. Yalldejuli quedaba auto-máticamente cesante.

2. Porque además, de acuerdo con la misma sección, le formulaba los siguientes cargos :

A. Palta de cordialidad y confianza.

B. Palta de respeto o injurias al Administrador de la Capital por parte del Sr. Yalldejuli.

Más tarde, con fecha 2 de abril, el Administrador de la Capital agregó el siguiente cargo:

Negligencia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes, como abogado del Administrador de la Capital.

■ El Sr. Valldejuli no contestó- los cargos y el 5 de abril se-celebró una vista en la que ambas partes adujeron prueba. En 8 de abril el Sr. de Castro, por resolución basada en la prueba aducida en dicha vista, dejó cesante al Sr. Valldejuli de su empleo. El 18 de mayo el Sr. Valldejuli radicó una. petición de certiorari ante la Corte de Distrito de San Juan para revisar los procedimientos habidos en relación con su. cesantía. El Sr. de Castro contestó oportunamente el auto y la corte de distrito resolvió el recurso en favor de Valldejuli,, con costas, pero sin honorarios de abogado. Los funda-mentos de la decisión fueron que la prueba sobre la negli-gencia del Lie. Valldejuli en el cumplimiento de sus deberes, no era suficiente para justificar la cesantía, y en lo relativa a otros cargos, que no existían fundamentos legales para tal remoción.

El apelante señala doce errores que condensa en oeho cuestiones de derecho. La primera llamada cuestión de derecho se refiere a las, conclusiones de hecho de la corte inferior. La corte de distrito en sus conclusiones de hecho dice lo siguiente :

“ ... El primer eargu es uno de carácter legal y no vemos cóma pueda imputársele a una persona como un cargo el que baya cesado*’ por ministerio de la ley. Pero e'1 hecho es que el querellado no des-cansa en este precepto de ley para dar por terminados los servicios, del postulante, sino que lo establece a manera de cargo y su resolución no la basa en que ya cesó el postulante en su empleo por haber cesado el funcionario que lo nombró, sino que funda su destitución por mo-tivos de negligencia en el desempeño de las funciones del peticio-nario. El querellado ha escogido este remedio y nosotros no podemos apartarnos del círculo en que él se ha encerrado al resolver los car-gos, y por ende, todo este procedimiento.”

Refiriéndonos a la carta del Sr. de Castro, hallamos que ésta lee así:

‘‘Señor:
“Refiriéndome a la comunicación que le envié con fecba 27 del corriente, notificándole que cesaría usted en su cargo de abogado y notario de la Capital en el día 30 de marzo de 1937, siento verme obligado a retirar la citada comunicación que le envié en los citados términos, por no expresar dicha comunicación todos los motivos para mi actuación en este respecto y en su lugar, hoy le notifico que queda usted suspendido de empleo y sueldo, por los siguientes motivos:
“1. Porque de acuerdo con la Ley número 99, aprobada en 15 de mayo de 1931, artículo 39, habiendo cesado don Jesús Benitez Cas-taño como Alministrador de la Capital, que fué el que lo nombró a usted en 19 de marzo de 1937, automáticamente cesó usted como empleado de la Capital en esa misma fecha.
“2. Porque, además, de acuerdo con la misma ley y artículo, por la presente le formulo los siguientes cargos:
“A. Por falta de cordialidad y confianza que debe existir entre el Administrador de la Capital y su abogado, así como también entre principal y empleado.
“B. Por falta de respeto o injuria de usted al Administrador de la Capital.
“Los cargos A y B se confirman por los ‘statements’ que usted dio a la Prensa y que fueron publicados en ‘El Mundo’ en sus edi-ciones de los días 29 y 31 del corriente mes.
“Por las razones expuestas, queda usted desde esta fecha sus-pendido de.empleo y sueldo, y se le señala el día 5 de abril de 1937, a las 2: 00 P. M., en la oficina del Administrador de la Capital, para ser oído y tenga usted oportunidad de defenderse.
“Muy atentamente,
“ (fdo.) Dr. Carlos M. de Castro,
Administrador de la Capital.”

La Corte de distrito cometió error al decir que el primer cargo presentado por el Sr. de Castro lo constituía el hecho de que Valldejuli fué dejado cesante en su empleo por dispo-sición de ley. De la carta del Sr. de Castro se desprende claramente que éste dejó a Valldejuli cesante por dos motivos, y que al hacerlo así usó la forma alternativa: (1) O usted queda cesante por ministerio de ley, o (2) le formulo los siguientes cargos:

A.

B.

Parece claro que lejos de renunciar al hecho de que Vall-dejuli quedaba cesante por ministerio de ley, De Castro por el- contrario trataba de estar doblemente seguro de su posi-ción. Esto queda aclarado si nos referimos a la carta de De Castro. En su carta él dice: “Queda usted suspendido de empleo y sueldo.”

Examinando la Ley número 99 de 1931 resolvemos que el único artículo que se refiere, o que puede considerarse como que crea el cargo de abogado, es el artículo 30 (Leyes de ese año págs. 627, 643), que lee así:

“El Administrador de la Capital representará a la Capital en ■todas las acciones oficiales, judiciales o extrajudiciales promovidas por o contra la Capital, en su capacidad corporativa y oficial, y en tal carácter el Administrador de la Capital podrá comparecer y sos-tener toda clase de derechos, acciones y procedimientos ante cualquier tribunal de justicia, organismo o funcionario. En ningún procedi-miento o acción en que sea parte la Capital representada por el Ad-ministrador, podrá éste allanarse a la demanda o dejar de contes-tarla, ni someter dicha acción o procedimiento a arbitraje, sin el consentimiento previo de la Junta de Comisionados.”

Es aparente que este artículo impone al Administrador de la Capital el deber de representar la capital en las transac-ciones legales de cualquier índole, y si ha de estar o no repre-sentado por letrado es cuestión que se deja enteramente a él, proveyendo el artículo de manera específica: “ .... y en tal carácter el Administrador de la Capital podrá comparecer y sostener toda clase de derechos, acciones y procedimientos ante cualquier tribunal de justicia, organismo o funcionario. ’ ’ De suerte, pues, que si el Administrador de la Capital, en defensa de los mejores intereses de la ciudad, designa un letrado para que atienda a estos deberes, el letrado actúa entonces a nombre del Administrador de la Capital, toda vez que de acuerdo con la ley éste es el responsable del cumpli-miento de los deberes de su cargo. En vista de esto sería aparente que la contención del apelante de que Valldejuli debía considerarse que quedó cesante por ministerio de ley al renunciar el Sr. Benitez, es correcta, o por lo menos, que el nuevo Administrador de la Capital podría optar por no utilizar los servicios de dicho funcionario, de serlo. Si el letrado deriva su puesto del Administrador de la Capital y desempeña los deberes impuéstosle y de que es responsable el Administrador de la Capital, no puede haber duda alguna de que al expirar el término por el cual fué nombrado el Ad-ministrador, el letrado cesa automáticamente como tal o el Administrador puede poner fin a sus* servicios. Esto resol-vería el caso.

La segunda cuestión de derecho señalada por el apelante parece ser, sin embargo, conforme la presentan las partes, la más importante. El apelante alega que la corte de distrito cometió error al resolver que el recurso de certiorari era el procedimiento adecuado en casos de remoción de empleados. Para probar su aserto el apelante nos presenta la notable similitud existente entre el artículo 46 de la Ley 99 de 1931 (Leyes de ese año, págs. 627, 653) y el artículo 65 de la Ley número 11 de 1924 (Sesión Extraordinaria, pág. 77). El artículo 46 de la Ley número 99 de 1931 lee así:

“La Corte ele Distrito ele San Juan tendrá jurisdicción a instan-cia de parte perjudicada:
‘‘(a) Para revisar o anular cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Junta de Comisionados, de la Junta Administrativa o de cualquier funcionario de la capital que lesione derechos constitu-cionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica y a las leyes de Puerto Bieo, mediante Certiorari;
“(b) Para suspender, mediante injunction, la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Junta de Co-misionados, de la Junta Administrativa y cualquier funcionario de la Capital que lesione derechos garantizados por la Ley Orgánica o por las leyes insulares;
“ (c) Para compeler mediante auto de mandamus, al cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios de la capital;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios de la capital por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables.”

Las únicas diferencias existentes entre el anterior y el artículo 65 de la Ley número 11 de 1924 son aquéllas qne pueden atribuirse a los fines últimos de las leyes mismas. La Ley número 11 de 1924 es una ley para establecer gobier-nos locales y por tanto babla de “alcalde”, “asamblea municipal”, “cortes de distrito” y “demás funcionarios muni-cipales”. La Ley número 99 de 1931, siendo una ley para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Eico, habla en su consecuencia de “Junta Administrativa”, “Junta de Comisionados”, “Corte de Distrito de San Juan” y “de cualquier funcionario de la Capital”.

En vista de esto, somos de opinión de que las decisiones con respecto a la ley de 1924 son aplicables a la ley de 1931.

Si aceptamos esta premisa nos encontramos varias deci-sones sobre la Ley 11 de 1924 que sostienen que el certiorari no es el procedimiento adecuado para investigar y apreciar la prueba aducida en una vista pública celebrada en torno a la remoción de un funcionario municipal.

En el caso de Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625, 626, este tribunal resolvió lo siguiente:

“Estamos algo inclinados a convenir con el apelado que un cer-tiorari de acuerdo con la Ley Municipal no es el modo de revisar el acto de un alcalde al destituir un empleado municipal. . .
“Suponiendo, sin embargo, que el certiorari sea el remedio ade-cuado, ¿cuál es el deber de la corte? A lo sumo revisar el procedi-miento para ver si bay algo que justifique la acción del funcionario que destituyó al peticionario. Normalmente el funcionario con poder para destituir es el único juez de la prueba y el deber dei la corte es ver si bay una absoluta falta de prueba que justifique la destitu-ción o algo similar. Castro v. Tesorero, 34 D.P.R. 199; 5 R.C.L. 263-4.”

En Rivera v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 79, 81, dijimos :

“La misma situación jurídica que en el caso de Coll, supra, ■existe en éste. Podríamos detenernos aquí y revocar la sentencia re-currida. Sin embargo, como en el caso de Coll, seguiremos adelante en nuestro estudio.”

Luego en el curso de la opinión expresamos (pág. 84):

“Tanto por no ser el certiorari el procedimiento adecuado cuanto por no haberse presentado un verdadero caso ante la corte, debe revocarse la sentencia. .

En Fernández Vanga v. Pavía, Alcalde, 42 D.P.R. 768, 774, este tribunal decidió lo siguiente:

“Hemos entrado en los méritos del asunto tales como surgen del récord, pero ni aun eso era necesario hacer ya que como dijimos en el caso de Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625, y repetimos en el de Rivera Aromí v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 80, el destituir a un fun-cionario, aun sin justa causa, no cae dentro de las disposiciones de la Ley Municipal autorizando el ejercicio del auto de certiorari.”

La tercera cuestión de derecho presentada por el apelante, en tanto en cuanto sea necesario examinarla, es si la corte de distrito se excedió en su jurisdicción al analizar la suficiencia de la prueba y al revisar la resolución del Sr. de Castro. Esto, a nuestro juicio, puede contestarse refiriéndonos de nuevo al caso de Coll v. Todd, supra, en el cual este tribunal dice en efecto:

“Suponiendo, sin embargo, que el certiorari sea el remedio ade-cuado, ¿cuál es el deber de la corte? A lo sumo revisar el procedi-miento para ver si hay algo que justifique la acción del funcionario que destituyó al peticionario. Normalmente el funcionario con poder para destituir es el único juez de la prueba y el deber de la corte es ver si hay una absoluta falta de prueba que justifique la destitución o algo similar. . .”

El apelante indica, y estamos de acuerdo, que en ausen-cia de alguna limitación estatutaria, el poder de dejar cesante es incidental al poder de hacer nombramientos. Ex Parte Hennen, 13 Peters, 230; Shurtleff v. United States, 189 U.S. 311; Burnap v. United States, 252 U.S. 512, 515, y casos citados; Clayton v. Utah Territory, 132 U.S. 632; Dillon on Municipal Corporations, párrafos 462 y 473; 22 R.C.L. 562; 46 Corpus Juris 985.

Conforme hemos indicado, nada hay en la ley que regla-mente la designación de un letrado ni tampoco se convierte a éste en funcionario o empleado por ninguna de las leyes de Puerto Rico. Por tanto, como el poder de dejar cesante puede considerarse como absoluto, no es necesario tomar en consideración la vista celebrada. La teoría adecuada, según liemos indicado, es que el Sr. de Castro tenía discreción para designar o no a un letrado, e igualmente para poner fin a los servicios de dicho letrado cuando así lo creyere prudente.

La cuarta cuestión de derecho presentada por el apelante es que la corte de distrito cometió error al estimar que el quo warranto no es el remedio adecuado cuando un empleado ha sido removido y otro puesto en su lugar. Esta cuestión podría ser pasada por alto, toda vez que la corte de distrito no tuvo que resolver el punto. El apelante alegó ante la corte de distrito que el certiorari no era el recurso adecuado en este caso y que el peticionario debió haber acudido al quo war-ranto. Esa era la contención del apelante, mas la única cuestión que la corte de distrito tenía que resolver fue si el certiorari era o no el recurso adecuado.

La quinta cuestión legal presentada por el apelante tam-bién podría ser ignorada. Ella nos retrotrae a la petición, en la cual el peticionario hace ciertas observaciones perso-nales y quizá desdorosa para el Sr. de Castro. El apelante alega que tales observaciones no debieron ser pasadas por alto por la corte de distrito, toda vez que tendían a probar precisamente la falta de cordialidad imputádale al apelado. Empero, el apelante pasa por alto el hecho de que la corte de distrito no estaba oyendo los cargos en sí, sino que mera-mente revisaba el proceder adoptado como resultado de dicha vista.

Como sexta cuestión de derecho el apelante alega que la corte de distrito cometió error al concluir que en las rela-ciones entre abogado y cliente se requiere una preponderancia de prueba para demostrar que ha habido negligencia.

Nos parece que la contención del apelante de que un cliente tiene derecho a terminar las relaciones con su letrado en cual-quier momento, con o sin razón específica, es tan correcta que no admite discusión.

La séptima cuestión de derecho planteada por el apelante se refiere a la aplicación de la doctrina del caso de Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 210, que se refiere al status de un empleado dentro del Servicio Civil y su superior. En vista del 'hecho de que en este caso la controversia ha surgido entre un abo-gado y su cliente, somos de opinión de que la contención del apelante es correcta y que la doctrina de aquel caso no es aplicable al presente.

La octava cuestión legal aducida por el apelante se refiere a los defectos de la sentencia de la corte inferior.

En su moción para desestimar el recurso el apelado expone cuatro fundamentos, a saber:

1. Porque la apelación se hizo académica, toda vez que el cargo de abogado fue abolido por la Junta de Comisionados.

2. Porque el escrito de apelación no fue notificado al Sr. Valldejuli y porque el juramento prestado por Mario Mira-bal, Jr., es nulo toda vez que él es un empleado del Sr. Besosa, quien está personalmente interesado en el cargo.

3. Porque no existe el recurso de apelación contra la deci-sión de la corte de distrito, ya que la ley número 99 de 1931 es una de carácter especial y no concede el derecho de ape-lación.

4. Porque no se desprende de la faz del escrito de apela-ción que el mismo fuera radicado en la oficina del secretario de la corte que dictó la sentencia.

En nuestra opinión, el recurso no es enteramente académico, puesto que la corte de distrito concedió costas al peticionario y además, según alega el apelante, porque existe la cuestión relativa al pago del sueldo del abogado durante los meses de abril, mayo y junio. También parecería existir la cuestión de moral pública para la ciudad envuelta en el litigio, ya que durante los meses de abril, mayo y junio tanto el Sr. Valldejuli como el Sr. Besosa alegan haber estado actuando como abogados del Administrador de la Capital. A la Capital le interesa que la cuestión relativa a quién ostentaba real-mente su representación y quién actuaba sin autoridad sea resuelta.

Como segundo motivo para solicitar la desestimación el apelado alega no baber sido notificado del escrito de apelación, puesto que según el juramento de Mario Mirabal, copia del escrito fué dejada en el bufete de Valldejuli en poder del secretario de éste. Valldejuli sostiene que esta notificación es irregular, ya que no tenía secretario para aquella época. Sin embargo, como según el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil cuanto es estrictamente necesario es dejar copia del escrito de apelación en la oficina del letrado, si éste se baila ausente, el liecbo relativo a si la persona a quien se le entregó era o no secretario del abogado, no parece tener gran importancia. Al mismo tiempo Valldejuli no niega que el escrito fuera dejado en su oficina, y según la Begla 75 de este tribunal, la declaración jurada de la persona que baga la entrega constituirá la prueba de la misma.

La contención del apelado de que la notificación del escrito de apelación era nula porque Mario Mirabal era empleado del letrado del apelante carece de fundamento.

La cuestión respecto a si puede o no apelarse de la sentencia lia sido ya resuelta en Coll v. Todd, supra, donde se dice:

“Los artículos 292 y 50 del Código de Enjuiciamiento Civil autori-zan apelación contra las sentencias dictadas por las cortes de dis-trito en los casos de certiorari presentados de acuerdo con la sección 65 de ]a Ley Municipal.”

Como cuarto motivo para solicitar la desestimación el apelado alega que el escrito de apelación no demuestra en su faz baber sido notificado al secretario y radicado en la secretaría. Sin embargo, en los autos el secretario de la corte de distrito certifica que todos lo's documentos allí copiados ban sido radicados en su oficina. Como la notificación forma parte de los autos certificados por el secretario de la corte de distrito, no nos parece que el alegado error en los autos sea motivo ¡suficiente para desestimar un recurso.

Por las razones anteriores se revoca la sentencia apelada ■que dictó la corte inferior en este caso y s& anula el auto de -■certiorari por ella expedido.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidbnte Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan García (a) El Perla, acusado y apelante.
    Núm. 6717.

    Sometido: Noviembre 15, 1937.

      Resuelto: Noviembre 18, 1937.

      Angel M. Villamil, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidbnte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación ■contra Juan García (a) El Perla imputándole una infracción ¡al artículo 1 de la Ley Prohibiendo Portar Armas de junio "25, 1924, como sigue: ‘ ‘ ... allá por el día 20 de enero, 1936 y en la municipalidad de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., ilegal y volun-tariamente portaba y conducía un revólver, siendo dicho re-vólver un arma con la cual puede causarse daño corporal.”

Alegó su inocencia el acusado y celebrado el juicio fué con-denado por la corte a sufrir treinta días de cárcel. Apeló y el récord de su apelación quedó radicado en la secretaría de-esta corte el 25 de junio último.

No presentó alegato el apelante dentro del término regla-mentario y el 13 de octubre, 1937, el fiscal solicitó la deses-timación del recurso por tal motivo y, además, porque del récord no se desprendía que se hubiera cometido error fundamental alguno tratándose por consiguiente de un recurso frí-volo.

Señalada la vista de la moción para el 15 de noviembreen curso, el trece pidió el apelante que se admitiera un alegato-que acompañó, insistiendo en su petición el día de la vista, mostrándose conforme en que el tribunal una vez que pesara, las razones que aducía, resolviera definitivamente el caso. Tanto el apelante por su abogado como el fiscal informaron oralmente.

Como la moción del fiscal pidiendo la desestimación por frivolidad va también a los méritos del recurso y todo está, ante nosotros, resolveremos el caso finalmente.

Conocemos la acusación. La prueba de cargo consistió en las declaraciones de dos testigos; la de descargo en las de-tres con más la del propio acusado.

Dijo el primer testigo de cargo, Erasmo López, policía insular, que el 20 de enero de 1936, a las 11 a. m., en San Juan, ocupó un revólver al acusado en la Avenida Fernández Juncos, esquina General TIynes, al lado de la fábrica de lico-res de Dávila Hermanos; que el acusado “primeramente bajó de un automóvil y entró al edificio de la PEERA. Estaba el muchacho Ramón Crispin hablando conmigo y yo le dije: ‘Bueno, ya se metió ... a ver si lo guarda,’ pero volvió y salió y al llegar a la esquina, que era casi a la hora del rush para salir los empleados de la PEERA, entonces él iba en cuerpo de camisa y yo le saqué el revólver. . .”

Contestando a la defensa manifestó que ocupó el revólver como a una distancia de unos sesenta metros del edificio de la PEERA y luego a nuevas preguntas del fiscal explicó que los sesenta metros eran a partir de la puerta de salida del edificio y que la ocupación la hizo en la vía pública frente a Dávila Hermanos, encontrándose el otro edificio de la PEERA donde están las frutas, como a unas 250 ó 300 yardas.

La declaración del segundo testigo de cargo, Ramón Cris-pin, corrobora la del primero.

Comenzó la prueba de descargo con la declaración de Reinaldo Cestero, jefe de los almacenes de provisiones de la FERA. Dijo que para la fecha de la denuncia estaban reci-biendo grandes cargamentos de provisiones y tenían tres alma-cenes, uno en la calle Isabel II, otro en Puerta de Tierra, pa-rada 4, y otro en La Colectiva, y que con motivo de haber tirado unas bombas, algunos de los empleados adquirieron permiso de la corte para portar armas; que el acusado tra-bajaba como celador en el edificio de comunicaciones y servi-cios, teniendo que velar por las provisiones de todos los alma-cenes y con ese motivo lo autorizaron para portar armas dentro de los almacenes. Preguntado por el fiscal si había obtenido permiso de la corte para portar armas, intervino la defensa y dijo: “Nosotros no alegamos eso; la corte no le dió permiso.”

Abraham Robles dijo que solicitó trabajo en la PEERA y mandaron al acusado a que lo llevara al almacén, “cuando salimos del edificio, que habíamos andado una distancia como de aquí a ahí, salió el guardia de detrás de un carro y le quitó el revólver a él. ”

Luis Peña Ramos manifestó que el acusado era un em-pleado a sus órdenes en la división de Comunicaciones y Ser-vicios que a veces actuaba como celador, que “en aquellos momentos había un justificado estado de alarma promovido por disparos que se hacían contra la FERA”, habiendo en un caso volado con dinamita la puerta del edificio que da a la estación del ferrocarril; que extendió permiso al acusado para que portara armas para usarlas como los demás empleados de la PERA, que “las usan dentro y fuera del edificio, porque van de un edificio a otro, como pasaba en la FERA. ’ ’

Declaró por último el acusado quien dijo que para la fecha de la denuncia estaba encargado de “no dejar parar automó-viles frente a la PEERA y al mismo tiempo de watchman; velando al que salía con paquetes para registrarlo . . .cuando me pedían de un almacén entonces yo iba y veía, miraba . . . me fijaba en el movimiento al salir, que eran las horas que podía la gente cargar con las cosas ... yo le fui a pedir al señor Cestero que me colocara a Abraham Eobles, a ese testigo que declaró aquí; yo estaba en el almacén y el señor ése fjié a pedirme trabajo, pero como el señor que estaba en el almacén no podía darle trabajo, entonces yo vine donde el señor Cesteros y el señor Cesteros me ordenó que llevara a Eobles a un almacén que queda cerca de la PEEEA .... cuando estaba normal la cosa nosotros hacíamos guardia sin nada encima, pero llegó el momento de que pusieran unas dos o tres bombas y entonces nosotros teníamos que estar, como éramos empleados de allí, teníamos que estar velando y dando vueltas por todo aquello para que no se pegaran carros alre-dedor de los edificios y para que no se parara nadie por allí. También hubo robos y para evitar eso teníamos que estar pendientes de todo . . . entonces Mr. Bourne ordenó que nosotros podíamos portar armas mientras estuviéramos en el servicio dentro de los almacenes. . . En muchas ocasiones nosotros nos íbamos con el revólver; teníamos que llevár-noslo porque no se podía dejar. . . Muchas veces se de-jaban; cuando se encontraba un sitio a propósito.”

La ley es terminante. El acusado no era una de las per-sonas autorizadas por la misma para la portación de armas —sección 6 de la Léy núm. 14 de 1924, Código Penal (ed. de 1937) pág. 407 — , ni tenía permiso de la corte de distrito para ello.

Esto lo admite el propio apelante, pero sostiene que su caso está comprendido dentro de la excepción reconocida por la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741, ya que él era un celador autorizado para portar armas dentro de los almacenes de la PEEEA y si bien se le ocupó el revólver en la vía pública lo fné cuando se trasladaba de un almacén a otro en comisión oficial.

En el caso de Boscb, supra, la corte estuvo dividida. La jurisprudencia según quedó establecida por la opinión que prevaleció se resume como sigue:

“Un mayordomo o celador de finca está dentro de su propia finca mientras actúa como tal mayordomo o celador. Él tiene necesaria-mente el uso y ocupación de la propiedad que recorre, sin necesidad de vivir en ella o de que el dueño le arriende parte del terreno o le dé un derecho titular nominal a la propiedad.”
“El celador de una finca no deja de ser tal cuando, a fin de re-prender o reprimir a una persona que está llevándose la yerba de la propiedad de su patrono, va a la carretera. El penetar en la vía pú-blica en tales condiciones cae claramente dentro de sus deberes. Y teniendo él derecho a usar una pistola mientras desempeña sus de-beres de celador, y siendo el acto de él salir a la vía pública uno que cae enteramente dentro de la esfera de su empleo o de las atribucio-nes del mismo, mientras está en la vía pública en tales condiciones no porta un arma prohibida dentro del significado de la ley.”

Como puede verse fácilmente, no es aplicable a los hechos de este caso. A nuestro juicio la prueba aquí es dudosa en cuanto a si el acusado fué debidamente autorizado para por-tar armas dentro de los almacenes y a si era un verdadero celador. Prescindiendo, sin embargo, de la duda o resolvién-dola por completo en su favor y aceptando que fuera un ce-lador autorizado para portar armas dentro de los almacenes cuya vigilancia le estaba encomendada, no se demostró que saliera del almacén a la vía pública con el arma persiguiendo a alguna persona que estuviera cometiendo algún acto ilegal en el almacén, o a virtud de algo semejante.

La ocupación del arma tuvo lugar en plena vía pública, a considerable distancia del edificio en que trabajaba el acu-sado y aunque se diera crédito a su teoría de que iba pres-tando un servicio de un edificio a otro de la misma agencia gubernamental, habría siempre que concluir que ese servicio nada tenía que ver con la vigilancia de las provisiones, aparte de que dada la distancia de los almacenes entre sí, aunque hubiera tenido que ver no constituiría una explicación razo-nable de la absoluta necesidad en que se encontró de salir portando el arma.

Si un estado de alarma realmente existía, si era en verdad necesario el servicio de celadores armados que rondaran los almacenes, medios tuvo la PEERA para obtener la autori-zación de ley de la corte de distrito, medios que la propia prueba de descargo demuestra que conocía y que ejercitó cuando lo creyó conveniente.

Todo induce a creer que aquí se trataba de la portación de un arma prohibida injustificadamente y por tanto que cum-plieron estrictamente con su deber el policía al ocuparla, el fiscal al formular la acusación y el juez al dictar la sentencia condenatoria que dictara, que deberá confirmarse, declarán-dose sin lugar el recurso interpuesto contra ella.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Herminia Rivera, por sí y como madre con patria potestad sobre y en representación de su hijo menor José Antonio Rivera, demandante y apelada, v. Luis Izquierdo Serrano, et als., demandados; Alfredo Izquierdo Negrón, demandado y apelante.
    Núm. 7070.

    Sometido: Julio 22, 1937.

      Resuelto: Noviembre 18, 1937.

      Rafael BuscagMa, abogado del apelante; Ángel M. Torres y Ángel ele Jesús Matos, abogados de la apelada.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de septiembre de 1934 Herminia Rivera, por sí y como madre con patria potestad sobre y en representación de sn bijo menor José Antonio Rivera, entabló demanda jurada contra Luis, José, Julio, Arturo y Cruz Izquierdo Serrano, Guillermo Enrique Izquierdo Loque, Agustín y Guillermo Maymí Izquierdo y Alfredo Negrón, boy Alfredo Izquierdo Negrón, en solicitud de sentencia declarando al menor bijo natural reconocido de Eladio Izquierdo Serrano, con los demás pro-nunciamientos de ley.

El 5 de octubre siguiente el demandado Alfredo Negrón, boy Alfredo Izquierdo, por su abogado, alegó que la demanda no aducía becbos suficientes para constituir una causa de acción en su contra y contenía una indebida acumulación de partes demandadas pues de ella misma se desprendía que los ocbo primeros demandados no eran partes necesarias ya que -el compareciente era la única persona contra quien podía dirigirse la acción por haber sido declarado bijo natural reco-nocido de Eladio Izquierdo Serrano por sentencia de junio 29, 1932, siendo los dichos otros ocbo demandados parientes colaterales únicamente. También presentó una moción pi-diendo la eliminación de ciertos particulares de la demanda.

Por resolución de noviembre 7, 1934, la corte de distrito denegó la moción eliminatoria porque las eliminaciones solici-tadas no constituían materia impertinente ni redundante a la acción, ni eran conclusiones de hecho o de derecho, y declaró sin lugar las excepciones previas porque la demanda aducía los hechos esenciales pertinentes a una acción de la naturaleza de la ejercitada y porque si bien se alegaba que se había die-tado la sentencia de junio 29, 1934, no se expresaba que hu-biese adquirido el carácter de firme.

Contestó el dicho demandado Negrón, hoy Izquierdo, ne-gando las alegaciones de la demanda y alegando como materia-nueva que el pleito era el resultado de una confabulación en-tre la demandante y los otros ocho demandados con el propó-sito de entorpecer y dilatar la reclamación de herencia enta-blada por él ante la propia corte contra los dichos otros ocho» demandados.

Presentó entonces la demandante una moción para que se* hiciera más específica la materia nueva alegada en la contes-tación, que fue declarada con lugar, y no habiendo el deman-dado cumplido la orden de la corte en cuanto al particular,, se solicitó y se anotó su rebeldía por lo que al mismo respecta-

Señalado el juicio para marzo 21, 1935, fue celebrado com-pareciendo la demandante y el demandado Alfredo Izquierdo» Negrón por sus abogados. Los otros demandados no com-parecieron. Presentó la demandante su evidencia consistenteen documentos y declaraciones de testigos. Terminada, dijo-el demandado:

“Señor Juez, vamos a presentar una moción de nonsuit. Si ste señoría examina la demanda, verá que en ella se exponen dos causa® de acción para el reconocimiento, concubinato y reconocimiento del padre manifestado con posterioridad al nacimiento por actos naturales: de un padre para con el hijo. En cuanto a la prueba de concubi-nato, no bay praeba de concubinato; en cuanto al reconocimiento' tampoco bay prueba alguna.”

La corte declaró sin lugar la moción de “nonsuit” y “el demandado manifestó que no iba a presentar prueba,” que-dando así el caso terminado y sometido a la corte que lo re-solvió por sentencia de abril 18, 1935, decretando el recono-cimiento solicitado.

Apeló el demandado y en su alegato imputa a la corte-sentenciadora la comisión de cinco errores.

El primero se limita a señalarlo. No lo discute en debida forma en su alegato. Tampoco lo haremos nosotros.

El segundo guarda relación con las excepciones previas, argumentándose sólo en cuanto a la de indebida acumulación de partes. Es cierto que si el demandado Alfredo Izquierdo Negrón había sido declarado hijo natural reconocido del doctor Eladio María Izquierdo por sentencia de junio 29, 1932, era su único heredero, por ser las otras personas — los otros ocho demandados — parientes colaterales que como tales habían sido declarados herederos con anterioridad, pero es lo cierto también que no alegándose que la sentencia de junio 29, 1932, fuera firme, los otros ocho demandados podían tener aún derechos que defender en la herencia del doctor. Y no se diga que si esto último se reconoce no existiría acción contra el hijo natural reconocido, porque aunque la repetida sentencia de junio 29, 1932, no hubiera adquirido el carácter de firme por haber sido apelada, es lo cierto que existía y tenía la presunción de justa'mientras no se obtuviera su revocación. Aunque la situación es anómala, a los efectos de no dilatar el ejercicio de la acción y obtener una sentencia que resultara válida contra todos, parece lógico el procedimiento adoptado por la demandante y sancionado por la corte de distrito, pero aunque hubiera que reconocer que no estaba estrictamente autorizado por la ley, el error que pudiera haberse cometido no sería perjudicial. De hecho el pleito continuó únicamente contra la parte interesada en cuanto a la herencia del doctor Izquierdo se refiere.

El tercer señalamiento por el que se imputa error a la corte de distrito por haber ordenado que se hiciera más es-pecífica la alegación de confabulación, carece, a nuestro jui-cio, de mérito, atendidas todas las circunstancias con-currentes.

Por el cuarto señalamiento se sostiene que:

“La corte cometió error al admitir prueba con oposición del de-mandado apelante, quien tomó las excepciones correspondientes, ten-dente a establecer la paternidad o sea los vínculos de sangre que po-dían unir al demandante con el Dr. Eladio Izquierdo Serrano.”

Si se estudian los casos en que se lia acudido a las cortes de justicia para que declaren que determinada persona tiene el status de hijo natural reconocido de otra, apelados para ante este tribunal, se verá que siempre se ha alegado como fundamento básico de la acción que el hijo es el producto de las relaciones carnales del padre con determinada mujer y fué reconocido como tal por el padre, de acuerdo con el esta-tuto. Y como es consiguiente, se ha admitido la prueba presentada para probar la alegación. Bastará que nos re-firamos al propio caso del demandado Alfredo Negrón cuando entabló demanda contra la Sucesión del Dr. Izquierdo, pidiendo sentencia por virtud de la cual se declarara, como se declaró, que era hijo natural reconocido de dicho doctor. 46 D.P.R. 660.

Además la cuestión quedó dilucidada y resuelta por esta corte en el caso de Colón v. Sucesión A. J. Tristani, 44 D.P.R. 171, 177 y siguientes, en el que esta corte por medio de su juez asociado Sr. Córdova Dávila, se expresó así:

“El artículo 189 de nuestro Código, aprobado en 1902, dice así:
“ ‘ El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los casos siguientes:
“ ‘1. — Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
‘2. — Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sos-tenimiento.
“ ‘3. — Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.’
“El inciso tercero del artículo anteriormente copiado introduce una innovación de carácter fundamental, puesto que permite la in-vestigación de la paternidad. Establece este inciso la presunción de paternidad cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo. Es, en realidad, una presunción similar a la que se establece en el contrato matrimonial, con la diferencia de que en éste el convenio de las partes sancionado por la solemnidad del matrimonio establece la presunción y en el concubinato la relación entre los padres se establece por medio de prueba. Es decir, para que el tribunal pueda llegar a la conclu-sión de que esiste el concubinato, es necesario que sei pruebe que varón y mujer sostienen relaciones maritales y que ban cumplido con los demás requisitos exigidos por la ley. En este caso no puede hacerse la declaración de hijo natural sin investigar los actos que han mediado entre .los padres, las relaciones existentes entre uno y otro. En los casos de posesión de estado son los actos directos entre padre e hijo los que pueden ser considerados para determinar la filiación. Además, como cuestión de hecho, la investigación de la paternidad ha venido permitiéndose constantemente en Puerto Bico. La madre ha declarado siempre con toda amplitud sobre las rela-ciones sexuales con el padre putativo en una acción sobre reconoci-miento de hijo natural. El artículo 38 de la Ley de Evidencia de-clara que todas las personas, sin excepción, fuera de los casos espe-cificados en los artículos 39 y 40, que hallándose en posesión de sus sentidos, pueden percibir y, percibiendo, comunicar sus percepciones a otras personas, son aptas para testigos. El artículo 40 determina los casos en que no se podrá examinar a una persona como testigo y entre esos casos no está comprendido el testimonio de una madre sobre las relaciones sexuales con el supuesto padre de su hijo.
“Este artículo 189 del Código Civil, que fué enmendado en 1911, conserva la disposición que establece la presunción de hijo natural cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo. No prohí-ben nuestras leyes la investigación de la paternidad y, desaparecido este obstáculo, entendemos que los medios de prueba en Puerto Bico son en la actualidad mucho más amplios que los que existían bajo el Código Civil Español. Nuestra ley actual es mucho más humana y liberal al eliminar esta barrera que el comentarista Seaevola califica de barbarismo jurídico. ...”

Por el quinto y último señalamiento se' levanta la cuestión de la suficiencia de la prueba.

Exponiéndola, analizándola y pesándola a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables, la corte sentenciadora, en su relación del caso y opinión, dijo:

“Practicó la actorá prueba documental y testifical, consistente la primera en el acta de nacimiento de José Antonio Bivera; y la úl-tima en las declaraciones de Herminia Bivera, Buenaventura Ortiz, Ana Mura, Ignacio Borges, José Enrique Gierbolini, Onécimo Ber-mudez y Eustaquio A. Bodríguez. Aparece de toda ella que allá por el año 1920 y residiendo en los campos de Coamo Herminia Rivera, ésta se enfermó y sus familiares la condujeron al hospital municipal de Coamo para ser asistida,- que en dicho hospital se hizo cargo de la paciente el Dr. Eladio Izquierdo Serrano, por entonces médico titular del municipio; que el tratamiento de la Rivera fué un mes, bajo la inmediata atención médica del referido Dr. Izquierdo; que restablecida ya de sus dolencias, y ello era por julio o agosto de 1920, el Dr. Izquierdo la llevó a vivir, como su querida, siendo entonces una mujer soltera y virgen, a una casa ubicada en la Calle Baldorioty de Coamo que a tal efecto arrendó a Buenaventura Ortiz a quien pa-gaba directamente los arrendamientos; que Izquierdo estuvo visitando frecuentemente la casa, y especialmente de noche, hasta febrero de 1921, que, por encargo de y pagado por el Dr. Izquierdo, Onécimo Bermudez, industrial, suministraba diariamente a la Rivera un litro de leche; que como resultado de aquellas relaciones, Herminia Rivera quedó encinta; que para febrero de 1921 el Dr. Izquierdo se marchó de médico a Guayanilla, donde estuvo poco tiempo, pasando entonces a Patillas; que antes de marcharse, el Dr. Izquierdo en-cargó a la comadrona y enfermera Ana Mura que asistiera a Herminia Rivera en su parte; y le encargó que de ser necesario utili-zara los servicios de un médico; que como avanzaba el estado grá-vido de la Rivera, ella resolvió irse al campo con sus padres para dar a luz, y así lo hizo; que el 30 de julio de' 1931, y asistida por Ana Mura, que se trasladó al campo al recibir el oportuno aviso, dió a luz en el barrio Catalina, de Coamo, un niño varón al que se le puso el nombre de José Antonio; que el Dr. Izquierdo, y por distin-tos conductos, le enviaba dinero a Herminia Rivera y a su hijo; que a los ocho o quince días de nacido el niño vino a verlo, examinó a la parturienta para conocer su estado de salud, y gratificó a la co-madrona con cinco dólares además de pagarle dos pesos por los uten-silios usados en el parto; que en distintas ocasiones el doctor volvió a visitar al niño, a quien acariciaba y trataba como Hijo; que el Dr. Izquierdo continuó pagando a Ortiz la renta de la casa que Herminia ocupaba en el pueblo, por si ella volvía a habitarla; que tiempo después Ortiz vió al Dr. Izquierdo en Morovis, preguntándole por Herminia y el niño y enviándole dinero con él, añadiendo el testigo que también lo vió en Coamo tratando al niño como su hijo y acari-ciándole; que el doctor le escribía con alguna frecuencia a Herminia y que habiendo ésta casado en 10 de agosto de 1926 con su actual esposo destruyó las cartas porque ‘pensó que a él (su esposo) pudiera no gustarle’ que las conservara; que el niño siempre ha vivido al calor y bajo el cuidado de ella y desde-1926 de su citado esposo tam-bién.;- que el doctor continuó siempre ocupándose de su hijo; que en 1927, Eustaquio A. Rodríguez, de Coamo, muy amigo del Dr. Iz-quierdo, visitó a éste en Cataño, y luego de obtener de él una de-claración jurada para cierta reclamación de un veterano, el doctor le preguntó por el niño y por Herminia y les envió dinero con él; que en 19 de marzo de 1931, José Enrique Gierbolini, de Coamo, vió al doctor en Corozal quien le preguntó si conocía a la señora con quien él había tenido un niño, contestándole negativamente Gierbolini, y encomendándole entonces el doctor que le procurase, la viese perso-nalmente y le entregara un dinero que depositó en sus manos, en-cargo que Gierbolini cumplió; y que supo de la muerte del Dr. Iz-quierdo por los periódicos.
“Ésa es, en síntesis, con algunos otros detalles que hacen más vivo el cuadro, la prueba producida por la demandante. Ella no fué des-truida en forma alguna. Nada hay, por la cuidadosa observación que hicimos de los testigos mientras producían sus manifestaciones, que nos cree inquietud alguna en cuanto a la veracidad de los deponentes. Nos merecieron entero crédito.
“Dice el inciso 2 del artículo 183 de nuestro Código Civil que cuando el hijo se halla en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificado por actos del mismo, el padre está obligado a reconocer al hijo natural. Habiendo nacido José Antonio Rivera el 20 de julio de 1921, ésa es la ley que le ampara. Dna vez establecida la posesión de estado por actos directos y continuos del padre, nos parece que éste ni los que compongan su sucesión pue-den despojar al hijo del estado de filiación así adquirido. Escriche dice que ‘el reconocimiento no es una liberalidad propiamente dicha, sino la declaración de un hecho al cual confiere la ley ciertas ven-tajas; pero una vez hecha esta declaración de paternidad, adquiere el hijo el estado de filiación del que ya no puede ser despojado.’ O, como se dice en Colón v. Tristani, 44 D.P.R. 171, 180:
“ ‘La paternidad y la filiación surgen de la concepción y el naci-miento. La ley exige ciertas condiciones para que el hecho natural de la concepción y el nacimiento puedan tenerse y considerarse como derecho. Cuando han concurrido estas condiciones el hecho de la fi-liación queda establecido, pero para que adquiera vida legal es nece-saria la formalidad del reconocimiento. La naturalidad del hijo es siempre un hecho; el reconocimiento es la consagración de ese hecho, la solemnidad que proclama que los requisitos que la ley exige han quedado cumplidos, y coloca al hijo en condiciones de demandar la ratificación de los derechos que como a tal hijo le correspondan.’ ”

Y terminó resolviendo:

“La demanda debe ser declarada con lugar, sin especial imposi-ción de costas. El secretario registrará sentencia de conformidad.”

Nada tenemos que agregar. La evidencia fné Men resn-' mida y apreciada, y la ley y la jurisprudencia debidamente interpretadas y aplicadas. Hemos dado cuidadosa atención a los argumentos que contiene el alegato del apelante razo-nando el señalamiento de error, pero no hemos quedado con-vencidos de lo contrario. Debe declararse sin lugar el re-curso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Comisión Hípica Insular, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1112.

    Sometido: Noviembre 8, 1937.

      Resuelto: Noviembre 18, 1937.

      Diego O. Mcu-rero, abogado de la peticionaria; J. YalldejuU Rodrí-guez, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan libró primeramente una orden de entredicho y luego un injunction preliminar contra el Jurado del Hipódromo Quintana y la Comisión Hípica Insular para que se abstuvieran de cobrar cierta multa im-puéstale al demandante y de impedirle que inscribiera sus ejemplares en las carreras que pudieran celebrarse en los hipódromos de Puerto Pico. La Comisión Hípica Insular apeló de dichas resoluciones y durante la vista del recurso salió a relucir que la apelación del caso será próximamente oída por este Tribunal.

La peticionaria, sin embargo, originalmente creyó, y aún cree, que las cuestiones aquí planteadas eran imperativas y que debían ser resueltas inmediatamente. La solicitud fué presentada el 30 de julio de 1937, y como ése era práctica-mente el final del término de sesiones anterior a las vacacio-nes de verano, el caso no pudo ser resuelto convenientemente. Estamos plenamente convencidos en los momentos actuales de que dado el estado de la apelación principal, este Tribunal no debe adelantar la decisión considerando el presente recurso de certiorari.

En general, y el peticionario no nos ha convencido de que su caso cae fuera de la regla, el recurso de apelación debe pre-ferirse y esto es especialmente cierto tratándose de un injunction preliminar, del cual puede apelarse inmediata-mente.

La petición de certiorari debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Vicenta Santiago Vda. de Martínez, demandante y apelante, v. The Great American Insurance Co. of New York, demandada y apelada.
    Núm. 7133.

    Sometido: Noviembre 4, 1937.

      Resuelto: Noviembre 13, 1937.

      F. Colón Díaz, abogado de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante reclama la cantidad de $1,000, importe de una póliza de seguro contra incendio expedida por la de-mandada sobre nn truch Day-Elder de tres toneladas, que fné destruido por incendio el día 27 de septiembre de 1930, con más los intereses legales, costas, gastos y honorarios de abogado.

La demandada aceptó la expedición de la póliza, negó los demás hechos esenciales de la demanda e interpuso las si-guientes defensas especiales:

“Primero: Que si en el sitio, fecha y hora'que se dice en la de-manda, ocurrió el siniestro que se alega en la demanda, el mismo ocurrió por el mandato, voluntad e ingerencia de la demandante, quien por mediación de sus agentes y empleados, actuó en forma tal que si ocurrió el siniestro como se alega en la demanda, se realizó vo-luntariamente por la demandante.
“Segundo: Que el áiniestro que se alega en la demanda y en la forma que ha sido realizado no está cubierto por la póliza de seguro que se alega en la demanda ni por ningún otro contrato sobre seguro.
“Tercero: Que la demanda en este caso no aduce hechos suficien-tes para constituir una causa de acción en derecho y se funda esta alegación en el artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
“Guarió: Que el accidente si ocurrió no se debió a fuerza mayor y sí a agentes voluntarios que contra la ley realizaron tales hechos a los efectos de aprovecharse de cualquier reclamación que pudieran tener. ’ ’

La corte inferior declaró sin lugar la demanda con cos-tas a la parte demandante. Y en su relación del caso y opi-nión, después de un cuidadoso análisis de la prueba, declara probado satisfactoriamente que “el incendio del truch origen de este pleito y que fue asegurado por la demandada, no se debió a fuerza mayor ni a un caso fortuito y sí fue debido a agentes voluntarios que contra la ley realizaron tal hecho con el fin de aprovecharse de cualquier reclamación que pudieran tener.”

Bn su alegato la parte apelante señala como único error el siguiente:

“Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, manifiestamente en la apreciación de la prueba en este caso.”

Hemos lieclio un cuidadoso estudio de la transcripción de la evidencia y opinamos que la apreciación que de la prueba hizo la corte de distrito está ampliamente justificada. No existe, a nuestro juicio, error manifiesto en la apreciación de la prueba. Y no imputándose a la corte sentenciadora el haber actuado movida por pasión, prejuicio o parcialidad, dehe confirmarse la sentencia .apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Rohena, acusado y apelante.
    Núm. 6720.

    Sometido: Noviembre 4, 1937.

      Resuelto: Noviembre 22, 1937.
    ■O. Iriarte y Héctor González Blanes, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Justino Rohena fue acusado de un delito de abandono de menores, consistente en haber dejado de proveer a su alegada hija María Antonia del indispensable alimento, vestuario y asistencia médica, sin excusa legal justificativa de tal abandono. Alegó el acusado en sn defensa qne él no es el padre de la mencionada joven. La Corte de Distrito-de San Jnan le declaró culpable y le condenó a la pena de-quince días de cárcel, pero dejándola en suspenso mientras el acusado pase un semanal de $1.50 a su alegada hija. El acusado apeló, imputando a la corte inferior el error de ha-ber declarado en su sentencia que el acusado es padre natural de la menor, sin que la filiación hubiese sido reconocida', por documento indubitado del acusado o se hubiese estable-cido de antemano mediante acción para el reconocimiento de.-la menor como hija natural del acusado.

La contención principal del apelante es la de que ninguna-, persona puede ser convicta del delito de abandono de meno-res (Art. 263, Código Penal) si la relación de padre e hijo-natural, entre el acusado y el menor, no ha sido establecida, previamente por sentencia dictada en el correspondiente-pleito de filiación.

No estamos conformes con la contención del apelante.. El hecho de la paternidad, o sea la relación de padre e hija que pudiera existir entre el acusado y la menor María Antonia, es un hecho que pudo ser establecido dentro de este-procedimiento criminal. Véanse: Artículos 128 y 129 del Código Civil (1930).

En el caso de autos, la prueba aducida por el fiscal con-sistió en la declaración de la madre de la menor y en la de-ésta. Dichas declaraciones son claramente insuficientes para establecer la filiación de la menor María Antonia como hija, del acusado.

Convenimos con el Fiscal en que el récord ante nos no-presenta un caso del cual surja la culpabilidad del acusado-como un hecho establecido fuera de toda duda razonable.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Auroro Urbistondo Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 6740.

    Sometido: Noviembre 9, 1937.

      Resuelto: Noviembre 23, 1937.

      E. Martínez Aviles, abog'ado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una infracción a la ley (núm. 75) para re-glamentar el uso de vehículos de motor aprobada en abril 13, 1916 (Leyes de 1916, pág. 144).

El proceso tuvo por base una denuncia que copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Yo, Pablo Martínez, L.C.P.I. núm. 126, vecino de Yega Baja, calle de Betanees, mayor de edad, formulo denuncia contra Auroro Urbistondo Pérez, chauffeur núm. 34839, por delito Inf. Ley de Auto-móviles, art. 12, letra (A), cometido de la manera siguiente: Que en 31 de enero (3:30 p. m.) de 1936, y en la carretera núm. 2, fcm. 43-1, de Yega Baja, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Yega Baja, que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., el acusado Auroro Urbistondo Pérez, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, violó la Ley de Automóviles en su artículo 12, letra (a), consistente en que mientras guiaba por el sitio arriba indicado, que es un camino público, el automóvil Ford P-2349, propiedad de Ramón Rosado, que es un vehículo de motor, no ejerció el debido cui-dado ni tomó las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades consistente en que conducía dicho vehículo a velocidad exagerada y sin tocar claxon, dando lugar a que arrollara a la señora Cruz Sepúlveda, causándole las siguientes contusiones: herida contusa en el lado derecho de la cabeza,' contusión fuerte en el codo izquierdo, herida contusa en el antebrazo derecho y contusio-nes en ambas piernas; siendo curada en el Hospital Municipal, por el doctor Fructuoso Sánchez Castaño, quedando allí recluida; hecho contrario á la ley. ’ ’

Juzgó la cansa la corte municipal y condenó al acusado. Apeló éste para ante la corte de distrito y celebrado el juicio de nuevo fue también condenado, recurriendo entonces para ante este Tribunal Supremo alegando que la corte de dis-trito eometió error al declararlo culpable.

"... por el fundamento de que la denuncia no le imputa la co-misión de ningún delito público.
“Esta excepción perentoria de falta de hechos se basa en la ju-risprudencia sentada por este Hon. Tribunal en los casos de El Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594; El Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 439; El Pueblo v. Salgado, 27 D.P.R. 881; y El Pueblo v. Matienzo, 27 D.P.R. 918, en donde se ha sostenido que en denuncias de esa naturaleza y así redactadas no se imputa al acusado infracción concreta alguna, pues que la sección 12 de la Ley núm. 75 de 1916 de cuya infracción se trata contiene ocho apartados, el primero general, y los otros re-ferentes a causas específicas, y que en una denuncia hecha de acuerdo con esa sección no basta que se exprese en general que el chófer no tomó las debidas precauciones en el manejo del auto para garantizar vidas y propiedades, sino que es necesario especificar además que rea-lizó algún hecho en violación de alguna o algunas de las varias dis-posiciones concretas contenidas en dicha sección.
“Y no empece que se haya alegado que el acusado guiaba a velo-cidad exagerada y sin tocar claxon porque no se ha especificado la circunstancia por la cual el acusado venía obligado a cumplir esos requisitos de ley. El Pueblo v. Ramos, 43 D.P.R. 71.”

Con posterioridad a los casos que invoca el apelante esta Corte Suprema en el del Pueblo v. Figueroa, 48 D.P.R. 754, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó, en parte, como sigue:

“La denuncia radicada en la corte municipal imputaba que:
“ ‘. . . el referido Horacio Figueroa manejaba el vehículo pe-sado de motor núm. H-469, sin ejercitar el debido cuidado y tomar las precauciones razonables para garantizar la seguridad y vidas de las personas, llevando amarrada con nn cáñamo, de la cual colgaba, una de las tapas posteriores de dicho truck, haciendo que ésta colum-piara de un lado para el otro, de tal manera que, al llegar a dicho sitio, heetómetro 9 de la mencionada carretera, al pasar dicho truck por el lado del denunciante, la. dicha tapa le dio al denunciante de tal manera que lo echó al suelo ocasionándole golpes graves que lo dejaron sin conocimiento, fracturándole el cráneo, por lo que tuvo que ser recluido en el Hospital de Damas d# Ponce. ’
“Al ser llamado el caso para juicio de novo la corte de distrito declaró sin lugar una excepción perentoria basada en que la denun-cia no imputaba delito alguno, y esto se señala como error. El ape-lante se funda en el caso del Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594, y Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 439. La denuncia en el caso de Borque decía que:
“ ‘. . . el referido acusado que guiaba como conductor el auto núm. 519 de su propiedad, maliciosa y voluntariamente no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vi-das y propiedades, dando lugar a que el referido auto chocase con el niño Joaquín Solá, el cual recibió contusiones de las que fue asistido en la Sala de Socorro de Santurce.’
‘ ‘ El fiscal insistió en que la denuncia estaba en orden toda vez que seguía la fraseología del estatuto. Lo que se dijo en el caso de Borque debe interpretarse a la luz de los hechos y de la cuestión suscitada ante este tribunal. La denuncia no imputaba un delito ni bajo el inciso (a) ni bajo ningún otro inciso del artículo 12 de la Ley. La contención del fiscal no podía ser sostenida aún si la de-nuncia hubiese seguido literalmente el contexto del inciso (a). Ese inciso prescribe en términos amplios y generales una regla de con-ducta para aquellas personas que guían vehículos de motor en la vía pública. En tales casos no basta que la denuncia siga la fraseología del estatuto. Debe ser más específia a fin de advertir al acusado de manera más definida de la naturaleza de la acusación que se le im-puta. Este es el principio general en que se basa el caso de Borque, el cual fue seguido por este tribunal en los casos de Pueblo v. Rivera, supra; Pueblo v. Salgado, 27 D.P.R. 881; Pueblo v. Matienzo, ídem 918, y distinguido en el de Pueblo v. García, 28 D.P.R. 954.
“Esta corte nunca ha dicho en un caso como el presente que sería imposible imputar un delito bajo el inciso. (a) a menos que tal delito también estuviese incluido en algún otro inciso del artículo 12. Todo lo contenido en opiniones anteriores que pudiera así interpretarse por inferencia o deducción debe ser considerado como obiter dicta, ya que hasta el presente no nos habíamos visto precisados a considerar un caso como el que tenemos ante nos. Por primera vez nos confronta-mos con una denuncia que claramente imputa un delito comprendido por las disposiciones del inciso (a) y no por cualesquiera otros in-cisos del artículo 12 de la ley. El inciso (a) no es un mero preám-bulo o párrafo de introducción. Es completo de por sí y entera-mente independiente de los otros incisos del artículo 12. Cada uno de los otros incisos es de por sí igualmente completo y enteramente independiente del incido (a). Una infracción de cualquiera de los otros incisos podría ser imputada como un delito separado sin refe-rirse en absoluto al inciso (a). Una violación de uno o más de esos incisos podría también ser imputada a manera de especificación como una infracción al inciso (a). Empero, esto no es así en lo que res-pecta a todos los demás incisos. La infracción del inciso (h), por ejemplo, no podría ser imputada siguiendo la terminología de dicho inciso, sin más, como una infracción del inciso (a). ■ Una violación del inciso (5) no podría en forma alguna equivaler a una infracción del inciso (a). Por otra parte, el inciso (a) comprende un número crecido de delitos que no podrían ser imputados como una infracción de cualquiera de los otros incisos. Un conductor que por ejemplo hace retroceder su vehículo repentinamente y sin dar aviso, de una calle transversal hacia una calle de bastante tránsito, con menosprecio de la seguridad de vidas y propiedades, sería culpable de una flagrante violación del inciso (a) pero no se le podría imputar con éxito una infracción de cualquiera de los otros incisos-. El presente caso es otro ejemplo saliente. No es necesario que multipliquemos los ejem-plos de esta índole. Si no pudieran imputarse otras infracciones del inciso (a) que las de los demás incisos, entonces la Legislatura hizo algo fútil y vano al redactar ese inciso y no podemos concebir que ésta fuera la intención legislativa. Por tanto, resolvemos que la corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar la excepción pe-rentoria. ’ ’

En este caso si bien en la denuncia sólo se menciona la letra (a) de la sección 12 de la ley, es lo cierto que los hechos que en la misma se imputan al acusado podrían quizá con-siderarse comprendidos en el inciso (e) que ordena que “cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre deberá darse aviso, y la- persona o vehículo de menor veloci-dad deberá echarse hacia la derecha, tanto como le fuere posible, y el vehículo que dé alcance pasará siempre por su izquierda,” pero aunque así no fuera, habría siempre que concluir que imputa, una violación específica del inciso (a) suficiente de acuerdo con la jurisprudencia sentada. en el caso de El Pueblo v. Figueroa, supra.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.