author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Glens Falls Indemnity Company, demandante y apelante, José C. Lluch et als., demandados y apelados.
    Núm. 8627.

    Sometido: Marzo 9, 1943.

      Resuelto: Abril 30, 1943.

      \James R. Beverley, José López Baralt, R. Rodríguez Lebrón j Carlos Y. Dávila, abogados del apelante; Jorge Díaz Cruz, Luis López de Victoria y Miguel Marcos Morales, abogados, respectivamente, ele los apelados en el caso.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En mayo de 1939, José C. Llucli y Nicanor Rodríguez, contratistas haciendo negocios bajo el nombre de Lluch & Rodríguez, celebraron nn contrato con el Municipio de Yanco para la ampliación del hospital de aquel municipio. Como dicho contrato, requería la prestación de nna fianza para ga-rantizar su fiel cumplimiento por parte de los contratistas {performance bond), suscribieron éstos el 24 de mayo de 1939 una solicitud dirigida a la demandante apelante Glens Palls Indemnity Company interesando de ésta la expedición de la correspondiente fianza. En la solicitud se obligar los Sres. Lluch. & Rodríguez, que en adelante denominaremcl “los contratistas” a ceder a Glens Falls Indemnity Con pany, que denominaremos “la fiadora”, todo el dinero qu tuviesen derecho a percibir del Municipio de Yaueo por rd zón de dicho contrato, en caso de que violasen sus eondicic nes y no pagaren las deudas contraídas con motivo de la eje cución de la obra, siendo entendido que los efectos de la c< sión habrían de retrotraerse a la fecha de la prestación d| la fianza.

En adición al fiel cumplimiento del contrato en lo qu] respecta a la ejecución de la obra, la fianza garantizaba pago de toda reclamación por concepto del precio de mate] riales suministrados, así como las procedentes de salarios m satisfechos a los obreros.

Durante la ejecución de la obra, es decir, el 2 y el 16 d diciembre de 1939, los contratistas recibieron del Crédito Ahorro Ponceño, Sucursal de Yaueo, en calidad de préstamo las cantidades de $500 y $650 respectivamente, y. el 2 d ■enero de 1940 recibieron de Miguel A. Roura, por idéntico] concepto, la cantidad de $250. Las tres operaciones de prés tamo fueron hechas para pagar jornales de los obreros, está aceptado por la fiadora que en efecto dichas sumas fue ron totalmente invertidas en esa atención. En relación eonl cada préstamo los contratistas suscribieron ante notario, en la fecha de cada uno de ellos, una comunicación dirigida al Auditor Municipal de Yaueo, autorizando a dicho funciona-rio y demás autoridades municipales a descontar y pagar directamente al prestamista la cantidad objeto de cada prés-tamo, admitiendo expresamente en cada uno de dichos tres documentos haber recibido en efectivo en las fechas indica-das las respectivas sumas “para el pago de jornales de la obra mencionada”. Al pie de cada comunicación aparecen las firmas del Alcalde, el Tesorero y el Auditor Municipal de Yaueo, respectivamente, sin duda para acreditar el recibo de la comunicación.

Luego de terminadas las obras, quedó en el Municipio de Yanco un balance a favor de los contratistas montante a $4,732.68, compuesto de dos partidas, a saber: $1,132.22 co-rrespondientes al 10 por ciento retenido de acuerdo con los términos del contrato hasta la total terminación de la obra, y $3,599.46, importe de la certificación final. De este fondo la fiadora reclama preferentemente la cantidad de $4,510.19, alegando haberse subrogado en los derechos, de los provee-dores de materiales y de $18 de salarios a un obrero, todo lo cual* fue pagado por ella. Asimismo el Crédito y Ahorro Ponceño y Miguel A. Boura reclaman que de dicho fondo y con preferencia a la fiadora se les paguen los $1,400 adeudá-dosles. Como lo reclamado por la fiadora y por los presta-mistas excede del fondo en poder del Municipio, y este úl-timo estaba dispuesto a pagar el crédito de los prestamistas con el consiguiente perjuicio a la fiadora, presentó esta úl-tima la demanda de este caso en solicitud de una sentencia o decreto declaratorio que determine cuál de las reclamacio-nes, si la de la fiadora o la de los prestamistas, tiene prefe-rencia.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar las pretensiones de los prestamistas y para revisarla se es-tableció el presente recurso.

Los fundamentos que sirven de base a la sentencia ape-lada son:

(a) Que habiéndose celebrado los contratos de préstamo para invertir la totalidad de las cantidades prestadas, como en efecto se invirtió, en el pago de jornales, los prestamistas se subrogaron en los derechos de los obreros; mas como el derecho de subrogación que la ley concede al fiador no es efectivo hasta que éste haya satisfecho todas las obligaciones garantizadas por la fianza, estando los créditos de los pres-tamistas garantizados por la fianza a virtud de la subrogación en los derechos de los obreros, resulta claro para la corte inferior que el derecho de los prestamistas con relación al fondo en poder del Municipio es preferente al reclamado por la fiadora; y

(b) que independientemente del derecho de subrogación invocado por ios prestamistas, sus créditos están garantiza-dos por la fianza.

Dada la conclusión a que habremos de llegar, invertire-,mos el que de otro modo sería el orden lógico de la discu-sión.

I. ¿Existe en este caso el derecho de subrogación invocado por los prestamistas?

Para sostener que existe ese derecho, la corte invoca los siguientes artículos del Código Civil:

“Art. 1112: Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignoro el deudor.
“El que. pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
“En este, caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.”
“Art. 1164: Se presumirá que hay subrogación:
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“2. Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor.
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“Art. 1166: La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas.”

Los artículos antes transcritos no sostienen la conclusión a que llegó la corte sentenciadora. El primero, el 1112, trata de las personas que pueden hacer el pago. El tercero, el 1166, trata de los efectos de la subrogación, y el segundo, el 1164, inciso 2, se refiere a la subrogación que presume la ley cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor.

El inciso 2 del artículo 1164 claramente se refiere al pago directamente hecho por el tercero al acreedor con aproba-lión expresa o tácita del deudor. Pero en el presente caso i el Crédito y Ahorro Ponceño ni Miguel A. Eoura pagaron us acreencias a los obreros. Lo que en efecto hicieron fue restar dinero al deudor para que éste pagase a los óbre-os, y como el artículo 1163 del mismo cuerpo legal expresa-aente prescribe que la subrogación de un tercero en los de-echos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos xpresamente mencionados en dicho código, es manifiesta la naplieabilidad del precepto legal invocado por la corte y >or los apelados. No comprendemos cómo la corte hizo caso aniso del artículo 1165 del Código Civil, y nos parece muy ágnificativo que no obstante discutirlo ampliamente en su degato la apelante, los apelados en el suyo guarden abso-luto silencio sobre el citado artículo, que sin duda contiene .a ley aplicable al caso. Dice así:

“Art. 1165. El deudor podrá hacer la subrogación sin consen-timiento del acreedor, cuando para pagar la deuda haya tomado pres-;ado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito in eVa, y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad cagada.” (Bastardillas nuestras.)

Como la subrogación de un tercero, conforme hemos visto, no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en el Código Civil, es obvio que para que tenga efecto la descrita en el artículo 1165, precisa ajustarse a las condiciones de dicho artículo, es decir: (1) que el crédito se formalice por escritura pública; (2) que se consigne que el dinero se ha tomado para pagar la deuda, haciendo constar su propósito en la escritura; y (3) que se exprese en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada.

¿Se cumplieron en este caso estos requisitos? En primer término los contratos de préstamo no fueron formalizados en escritura pública, y en segundo lugar, si bien se hizo constar que el dinero se había tomado para el pago de los jornales, no se extendió carta de pago haciendo constar la procedencia de la cantidad pagada.

Comentando el mismo artículo, qne en el Código Civil esH pañol lleva el número 1211, dice Manresa: ■

“El Código exige para esta especial subrogación que concurra™ precisos requisitos, determinados con toda claridad, y en los cuale,® no se sigue la regla general de que la novación no exige forma solemne* ya que en este caso se hace indispensable, y aun más, se necesita qucB en ella conste la expresión del destino que debe darse al dinero, ™ luego, al pagar, la procedencia de éste. ■
“El primero de los requisitos es que el préstamo del dinero par» realizar el pago se verifique mediante escritura pública, y oeurrtH preguntar si no procederá la subrogación cuando por la premura de' pago o cualquier otro motivó no se hubiera otorgado dicha escritura antes de recibir el deudor el préstamo; en nuestra opinión,-el case está comprendido en el general de exigir la ley una forma deter-minada para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, y por tanto, podrá compeler el prestamista al deudor para que con-curra al otorgamiento de la correspondiente escritura, pero bien entendido que ésta deberá hacerse antes que el pago al acreedor, momento distinto del préstamo y la entrega al obligado. Nos fun-damos para ello en que la ley, al exigir la autenticidad, tiene en consideración a aquel acreedor de cuyo consentimiento se prescinde, y además en que. si no concurrían los requisitos de la subrogación al tiempo de hacerse el pago, se extinguiría por éste la obligación y cabría contraer una distinta, pero no continuar aquélla mediante la novación.
“Los otros dos requisitos, de que se exprese en la escritura de préstamo el fin de éste, y en la carta de pago la procedencia del dinero, no ofrecen dificultad, siendo de notar en cuanto al último, que tendiendo a garantizar los derechos del mutuante, tiene éste el de concurrir al acto del pago y exigir, fundándose en la expresión consignada en la escritura de préstamo que se declare en la carta de pago la afirmación que le asegura la subrogación.
“La carta de pago, encaminada a corroborar' el derecho que declara la escritura de. préstamo, convendrá en general que sea tam-bién un documento público; pero la ley no lo exige como para aquélla y podrá ser un resguardo particular cuando la deuda pagada y novada no tuviera su origen o reconocimiento en escrituras.” Comentarios al Código Civil, tomo 8, ed. 1907, págs. 441-2.

Refiriéndose a esta subrogación, Scaevola, en sns Comen-tarios al Código, tomo 19, pág. 1049, dice qne las condiciones en que se debe hacer son muy claras y están copiadas de las del Código Napoleón. En efecto, al tratar de esta subroga-ción en el inciso 2 del artículo 2160, el Código Civil de Lui-siana prescribe que para que esta subrogación sea válida es necesario que el acto del préstamo y el del recibo se ejecu-ten en presencia de un notario y dos testigos; que en el acta del contrato de préstamo se haga constar que la cantidad fué' prestada para verificar el pago y que en el recibo se con-signe que el pago se ha llevado a efecto con el dinero faci-litado con ese objeto por el nuevo acreedor. Véanse por vía de ilustración los casos de Bank of Bienville v. Fidelity & Deposit Co. of Md. et al., (La. 1931) 135 So. 26; Lane v. E. J. Deas Co., (La. 1929) 125 So. 514; State v. Smith, 119 So. 56, 64.

Anotando el artículo 1211 del Código Civil de Cuba, idén-tico al que discutimos, el tratadista Eduardo Rafael Núñez, y Núñez, en su obra “Código Civil”, tomo 5, pág. 431, extrac-tando la sentencia del Tribunal Supremo de Cuba,' de 4 de-marzo de 1914, número 17, dice lo siguiente:

“Para que un prestamista pueda subrogarse en lugar del acree-dor, cuando la cantidad prestada se baya aplicado al pago de una deuda, es indispensable, conforme al artículo 1211 del Código Civil, que se haya tomado el préstamo por escritura pública expresandoen ella el deudor su propósito de aplicar la cantidad prestada a la-extinción de la deuda y que en la carta de pago conste la procedencia, de la cantidad pagada.”

No pudiendo los prestamistas subrogarse en los derechos-de los obreros, procede discutir ahora el segundo fundamento de la sentencia, a saber:

II. ¿Están los créditos de los prestamistas garantizados por la fianza?

El juez inferior llegó a la conclusión de que lo estaban,, interpretando una cláusula de la fianza para la ejecución de la obra (Performance Bond) que aparece en la página 100' de la Transcripción de Evidencia, y que refiriéndose a la. obligación de la fiadora dice así:

y prontamente pagará a tocias las personas que le sumi-nistren (refiriéndose al contratista) trabajo o material en la pro-secución de la obra a que se refiere este contrato.” (Paréntesis nuestro.)

La corte inferior interpreta dicha cláusula en el sentido de que incluye a cualquier cesionario del contratista que le haya suministrado fondos para el pago de trabajo o mate-riales. Para llegar a esa conclusión recurre a la cláusula (d) que aparece en las instrucciones preparadas para la in-terpretación de la fianza denominada “Labor Bond”, cláu-sula que literalmente copiada dice así:

“ (d) As used herein, the term ‘persons’ refers to any person engaged in the prosecution of the work provided for in said Contract or in any amendment or extension of or addition to said Contract, who is an agent, serv'ant, or employee of the principal, or of any subcontractor, or of any assigned (assignee) of said Principal or of any subcontractor, and also anyone so engaged who performs the work of a laborer or of a mechanic regardless of any contractual relationship between the Principal, or any subcontractor, or any assignee of said Principal or of said subcontractor, and such laborer or mechanic, but shall not include office employees not regularly stationed at the site of the work ” (Paréntesis nuestro.)

Después de transcribir la cláusula indicada, se dice en la opinión de la corte inferior:

“De manera que, de acuerdo con esta interpretación del vocablo ‘persons’, usada en esta cláusula de la fianza prestada por la deman-dante, que aparece de la evidencia presentada por la propia deman-dante, es claro que la demandante se obligó a pagar cualquier recla-mación por salarios a cualquier cesionario del principal en el contrato, y ya sabemos que el principal en el contrato no es otro que el contratista Lluch & Rodríguez,' según la propia fianza copiada en la demanda. Así, pues, con entera independencia del derecho de subrogación, por los propios términos del contrato con toda su documentación, presentado en evidencia por la demandante, expre-samente se conviene en que la demandante, como fiadora, había de pagar a todo el que suministrara salario para la obra y a todo el que fuera cesioñario en el cobro de dichos salarios, ya del obrero, ya del principal o contratista.”

La cláusula en cuestión, traducida al castellano, dice así:

“ (d) Según se usa aquí, el término ‘personas’ se refiere a cual-quier persona dedicada a la prosecución de la obra provista en dicho Contrato o en cualquier enmienda o ampliación de o adición a dicho Contrato, que sea un agente, sirviente, o empleado del principal, o de cualquier súb contratista, o de cualquier cesionario {assignee) de dicho principal o de. cualquier subcontratista, y tam-bién cualquier persona así dedicada que realiza el trabajo de un obrero o de un mecánico, independientemente de cualquier relación contractual entre el principal, o cualquier subcontratista, o cual-quier representante de dicho principal, o de. dicho subcontratista,, y tal obrero o mecánico, pero no incluirá empleados de oficina que no estén regularmente estacionados en el sitio de la obra.” (Parén-tesis nuestro.)

Leyendo cuidadosamente la cláusula que acabamos de traducir, se llega a la conclusión de que la palabra ‘‘persons” en ella usada se refiere a personas que fian trabajado personalmente en la prosecución de la obra como obreros o mecánicos, agente, sirviente o empleado del contratista o del subcontratista o del cesionario de cualquiera de éstos, exista o no relación contractual entre el obrero o mecánico y dichas personas. Es igualmente claro, a nuestro juicio, que la frase “todas las personas que le suministren (refiriéndose al con-tratista) trabajo o material en la prosecución de la obra a que se refiere este contrato”, no incluye aquéllas que como los prestamistas en este caso sólo se limitaron a facilitar dinero al contratista para pagar jornales de los obreros. A este efecto se dice en la monografía que sobre la materia aparece en 127 A.L.R. 974, 976:

■“La regla bien éstableeida es que una reclamación por dinero prestado o’ facilitado a un contratista que construye una obra, no está protegida por la forma ordinaria de la fianza del contratista en que se garantiza la fiel ejecución de la obra y el pago de todas, las reclamaciones por trabajo y materiales, aunque el dinero pres-tado haya sido totalmente aplicado al pago del costo de los jornales y materiales actualmente invertidos en la construcción del proyecto.”'

Como descartada la preferencia que alegan tener los pres-tamistas, resalta de los autos que todas las- reclamaciones preferentes que pudieran existir contra el fondo en poder ■del municipio lian sido satisfechas por la fiadora, procede revocar la sentencia declaratoria apelada, y en su lugar dic-tar otra declarando que la fiadora apelante se ha subrogado en los derechos de los proveedores de materiales y de los obre-ros, y consiguientemente tiene preferencia como tal fiadora al cobro de la suma de $4,510.19 satisfecha por ella en su ■carácter de fiadora por cuenta de los principales en la fianza, .José C. Lluch y Nicanor Rodríguez, haciendo negocios bajo el nombre de Lluch & Rodríguez. Se imponen las costas a ■los demandados Crédito y Ahorro Ponceno y Miguel A. Roura.


source: Caselaw Access Project

author: Ol Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tiburcio Castro Suárez, acusado y apelante.
    Núm. 9774.

    Sometido: Abril 27, 1943.

      Resuelto: Mayo 3, 1943.

      R. Arjona Siaca y A. Figueroa Rivera, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   Ol Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrarse un juicio de novo en grado de ape-ación, la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia eon-ra Tiburcio Castro Suárez declarándolo culpable de un de-ito de acometimiento y agresión grave y lo condenó a pagar ma multa de $50 ó a cumplir un día de cárcel por cada dó-ar que dejare de pagar. El acusado solicitó la reconsidera-ción de la sentencia y la corte la dejó sin efecto concedién-dole un término para radicar su moción por escrito, lo que úzo. Empero, varios días después y antes de haberse visto Y resuelto dicha moción, el perjudicado por el disparo de re-vólver que le había hecho el acusado, radicó una moción ha-ciendo constar que “ha sido resarcido de todos los daños que hubieran podido ocasionársele con motivo de los hechos ale-gados en la denuncia contra el acusado” y solicitó que, de acuerdo con el artículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal, “se suspenda la continuación de los procedimien-tos en .este caso, quedando el acusado exonerado en relación con los mismos”. Oídas las partes la corte inferior declaró sin lugar la moción del perjudicado y procedió de nuevo a dictar sentencia contra el acusado en los mismos términos ■que la anterior.

En este recurso alega el apelante que la corte inferior ■erró al negarse a sí misma discreción para resolver la mo-ción del perjudicado a favor del acusado; al no considerar dicha moción de acuerdo con el artículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y al dictar una sentencia contraria a la prueba y a derecho.

Los dos primeros señalamientos envuelven una misma cuestión y pueden considerarse conjuntamente.

El artículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

“Si la parte perjudicada comparece ante el Tribunal al que hayan de ser remitidas las declaraciones en cualquier momento antes de.la celebración del juicio,'y reconoce plenamente que lia recibido rep ración por el daño causádole, el tribunal puede decretar, discreción; mente y previo pago de las costas devengadas, que se suspendan tod los procedimientos en persecución del delincuente, y que éste quec] exonerado de la culpa; pero en tal caso los fundamentos que tenga tribunal para dictar el auto deben exponerse en éste, e insertarse el acta del tribunal. Dicho auto imposibilita la instrucción de otij proceso por el mismo delito.”

La frase “en cualquier momento antes de la celebrado del juicio”, usada en el texto español, dice en su texto inglé| así: “ai any time before trial”.

La corte inferior resolvió que dicha frase significa “antel de empezar el juicio y no durante ni mucho menos despuéj del juicio”. Somos de opinión que no erró al interpretar lo términos claros y específicos de la ley. Véase por analogía Fisk v. Henarie, 142 U. S. 459; Scofield v. Scofield, 3 P. (2d) 794; Bettis v. Schreiber, 17 N. W. 863 y 26 R.C.L. 744, y Words and Phrases 274.

La única cuestión planteada y resuelta por la corte sen teneiadora y ahora ante nos es si la moción fué presentad* en tiempo. Cf. Pueblo v. Galarza, 60 D.P.R. 208.

Tampoco podemos decir que cometiera error al apre ciar la prueba. Al resolver el conflicto que en ella existe Je corte a quo hizo constar “que no podía creer la versión de' cuchillo”; es decir, no creyó la prueba del acusado tendente a demostrar que el perjudicado había sacado un cuchillo para atacar al acusado en momentos en que éste trató de llevár selo para que no siguiera discutiendo con otra persona y que fué entonces que el acusado le disparó su revólver en defensa propia. Descartada esta teoría por la corte, la prueba aportada fué suficiente para dejar demostrado el uso ilegal que del arma hizo el acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: ül Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Capital de Puerto Rico, Etc., demandante y apelada, v. Rexford Guy Tugwell, Rafael Buscaglia y Patrick J. Fitzsimmons, en su carácter, respectivamente, de Gobernador, Tesorero y Auditor de Puerto Rico, demandados; Municipio de Caguas, interventor y apelante.
    Núm. 8726.

    Sometido: Mayo 3, 1943.

      Resuelto: Mayo 5, 1943.

      'ederico E. Virella, abogado del apelante; Juan Validejuli Rodrí-gttez, abogado de la apelada; Hon. Procurador General Interino M. Rodriguez Ramos, abogado de los demandados.
   ül Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso de apelación inter-raesto en este caso, por falta de jurisdicción.

De la moción de la parte apelada y de las certificaciones icompañadas a la misma aparece que la Capital de Puerto Jico inició un pleito en la Corte de Distrito de San Juan ;ontra el Gobernador, el Tesorero y el Auditor de la Isla para que se les ordenara que le satisficieran la suma de cien nil novecientos veinticuatro dólares sesenta centavos de muerdo con la Ley núm. 185 de 1941 ((1) pág. 1399) sobre arbitrios de cigarrillos.

En el pleito intervino el Municipio de Caguas oponién-dose a lo pedido por la Capital basándose en que ésta no es un municipio y por tanto no está incluida en los precep de la ley invocada.

El pleito se resolvió en febrero 26, 1943, por senten favorable a la Capital, qne fné notificada a los demanda* y al interventor. Los demandados no apelaron. Sí apeló interventor y la Capital pide qne sn apelación sea deses| mada por haberse establecido fnera del término jurisdiec: nal para interponerla.

La notificación de la sentencia al interventor se hi| por el secretario de la corte sentenciadora el ocho de mar de 1943, por correo, al Alcalde del Municipio de Caguas, a| chivándose el propio día copia de la misma en los autos como el escrito de apelación no fue radicado en la corte has el nueve de abril siguiente, la parte apelada sostiene que fue después de vencido el término de ley, un mes, esto treinta días según ha resuelto este Tribunal. Artículo 2í| del Código de Enjuiciamiento Civil; Sección 2, Ley de mar 9, 1911, pág. 238, Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 13 ed. 1933; Casasús v. White Star Bus Line, 58 D.P.R. 865.

En su oposición escrita a la moción de deséstim; ción el municipio interventor apelante sostiene que habien depositado su notificación de apelación en el correo de C guas el siete de abril de 1943, lo hizo dentro del término ley ya que tratándose de una “notificación” quedó cumplid! al hacerse el depósito en el correo, de acuerdo con lo prea crito en el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil Reconoce que la jurisprudencia de esta Corte le es contr; ria, pero pide que dicha jurisprudencia sea derogada po tratarse de un viejo formalismo, invocando el caso de Crédito y Ahorro Ponceño v. Beveraggi, 55 D.P.R. 649, 657, e pecialmente la cita de “The Nature of Judicial Process” de Juez Cardozo que la misma contiene.

No se trata de un viejo formalismo, sino de un precept terminante de la ley. Esta de modo expreso dispone — ar tículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933 — qu< la apelación se establece “entregando al secretario” el es-Irito (notice) manifestando que se apela y sólo cuando se Ha hecho la entrega es que queda establecida la apelación.

I Esta Corte desde 1919, en el caso de Alvarez v. Sucesores de C. y J. Fantauzzi, 27 D.P.R. 530, resolvió de modo Ilaro y terminante que

I “Recibido y radicado por el secretario de la corte inferior en este laso el escrito de apelación después de los diez días que tenía el ape-lante para establecer su recurso, y no siendo el artículo 322 del Co-ligo de Enjuiciamiento Civil aplicable a documentos o alegaciones de as partes enviadas a la secretaría de un tribunal para su radicación, os que surten sus efectos desde que son recibidos por el secretario y ■adicados, ya se haga la entrega por correo o personalmente, el hecho le ponerlos en el correo no equivale a su radicación en la secretaría, íi se retrotraen los efectos de la radicación a la fecha de su depósito ¡n el correo. Procede, pues, la desestimación del recurso cuando el iscrito de apelación se radica fuera del término legal.”

Ésa ha sido la práctica bien entendida y constante en esta jurisdicción y no vemos motivo justificado alguno para alte-rarla. Los requisitos estatutarios sobre esta materia deben cumplirse estrictamente. Véase 3 Am. Jur., Appeal and Error, §478.

Procede la desestimación.


author: fu Juez Asociado Señor. Travieso El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ernesto Carrasquillo y su esposa Conchita L. de Carrasquillo, demandantes, apelados y apelantes, v. American Missionary Association, Ralph Panzer y esposos J. Bierley, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 8608.

    Sometido: Febrero 18, 1943.

      Resuelto: Mayo 5, 1943.

      James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de los apelantes-apelados; Virgilio Brunet, abogado de los apelados-apelantes.
   fu Juez Asociado Señor. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La asociación demandada tiene establecido desde hace va-dos años en la ciudad de Humacao nn hospital denominado ‘Ryder Memorial Hospital”, en el cual se tratan toda clase le enfermedades, se practican operaciones y se atienden ca-sos de alumbramiento.

La demandante Conchita L. de Carrasquillo, eneontrán-lose en estado grávido, ingresó el día l9 de diciembre de L938 en el hospital de la demandada, después de haber con-tenido pagar la suma de $40 como compensación por los ser-vicios que la demandada se comprometió a prestarle. La suma convenida fue pagada el día 3 del mismo mes.

En la demanda interpuesta por los esposos Carrasquillo se alega que debido a la impericia, falta de habilidad y ne-gligencia de los demandados Dr. Bierley y su esposa y del Dr. R. Panzer, empleados de la demandada, el niño nacido de la demandante sufrió el mismo día de su nacimiento graM ves quemaduras producidas por agua caliente, de las cualeM se encuentra aun sufriendo fuerte dolores físicos. En lM primera causa de acción se reclaman $20,000 por los dañoM y perjuicios causados al menor, y en la segunda, $10,000 poM los sufrimientos físicos y angustias mentales de los padresM $500 por gastos en servicios médicos, más las costas y honoB rarios de abogado. n

Contestaron los demandados negando todos los hechoM esenciales de la demanda, y como defensas especiales alegaB ron:

1. Que la asociación demandada nunca ha tenido por ob jeto o finalidad el lucro ni la ganancia; que sostiene el hospital en Humacao con fines caritativos y que allí un considerable número de pacientes insolventes reciben asistencia médica, hospitalización y medicinas gratuitamente; que las personas pudientes pagan una suma convencional y propor-cional a sus medios de fortuna; y que los ingresos que tiene el hospital por ese concepto escasamente cubren el 50 por ciento de sus gastos.

2. Que la asociación demandada contrató los servicios de los otros demandados y de sus enfermeras después de una investigación detenida de sus habilidades profesionales, ex-periencia y reputación.

3. Que las quemaduras sufridas por el niño fueron debi-das a un accidente inevitable, lamentable y desgraciado, sin que mediara negligencia alguna de parte de los doctores y enfermeras.

El presente recurso ha sido interpuesto por los demanda-dos contra la sentencia por la cual se les condena al pago de $5,365.50 más las costas y $500 como honorarios de abogado. Alegan que la corte sentenciadora erró al condenar a la de-mandada American Missionary Association, haciendo caso omiso de la decisión de esta Corte Suprema en Candal v. Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874; al condenar a los otros tres demandados cuando la prueba demostró que ellos no fueron Blpables de negligencia; al conceder a los demandantes in-Bmnización por sufrimientos y angustias mentales; al con-Bder a los demandantes la suma de $1,500 para someter al Benor a una operación de cirugía plástica; al no admitir en Bidencia ni darle valor probatorio' a la renuncia expresa del Bmandante Ernesto Carrasquillo a ser indemnizado por da-los y perjuicios; y al condenar a los demandados al pago le costas y honorarios.

I Los demandantes han apelado también, señalando como Inico error de la corte inferior el haber declarado sin lugar li primera causa de acción, en la cual Carrasquillo y su es-losa reclamaban la suma de $20,000 como indemnización por ■bs daños y perjuicios sufridos por el menor.

Los hechos esenciales, extractados de una transerip-ión de evidencia que consta de 465 páginas, son en síntesis orno sigue :

Al nacer el niño, se le colocó en una cuna provisional, en a que una enfermera del hospital había colocado dos bolsas le goma -con agua caliente, para conservar al recién nacido m calor. Esa misma enfermera, Petra Díaz, en unión del loetor Panzer, asistió a la señora Carrasquillo en el alum-bramiento. El Dr. -Panzer tomó al niño en sus brazos, lo mtregó a la enfermera Norberta Rodríguez y ésta lo colocó en la cuna. El niño permaneció en la cuna de cinco a quince minutos, hasta que fué llevado al “nursery” para su primer baño. Y fué allí en ese momento que los empleados del hospital se dieron cuenta de que el niño estaba quemado. Es un hecho claramente establecido que las quemaduras sufri-das por el niño fueron producidas por el agua hirviendo o a punto de hervir colocada dentro de las bolsas de goma.

Convenimos con la corte inferior en que lo ocurrido no puede ser calificado como un accidente inevitable. El ejer-cicio de un cuidado razonable por las enfermeras que inter-vinieron en la preparación de la cuna y por el médico encar-gado de atender a la parturienta y al recién nacido, para comprobar si la cana estaba a la temperatura requerida, 111 Mese seguramente evitado el lamentable accidente. I

Consideraremos abora, las cuestiones levantad® por los señalamientos de los demandados apelantes.

1. ¡¿Es la American Missionary Association responsab por los daños y perjuicios causados por la negligencia falta de cuidado de las enfermeras y médicos empleados ( su hospital en Hnmacao %

La Asociación demandada sostiene que no lo es y f apoyo de su alegada inmunidad cita la decisión de esta Cor' Suprema en Candal v. Sociedad Auxilio Mutuo, supra, en ' que se sostuvo que los dueños y directores de un hospití privado que ba sido organizado y funciona sin fin pecuniari alguno, no son responsables de los daños causados por la n< gligencia en el diagnóstico y tratamiento de un enfermo, po parte de un médico-cirujano que ha sido seleccionado despué de haberse hecho una investigación detenida de su habilida profesional, experiencia y reputación; y que el mero hech de que en un solo caso a un paciente se le cobrara un preci módico por una habitación en un hospital benéfico y un pre ció razonable por ciertas radiografías, no es suficiente parí convertir a una institución benéfica en un establecimiento < empresa comercial.

En el caso de autos la evidencia demuestra que si bien e¡ cierto que la asociación demandada fué organizada exclusi vamente para fines religiosos y educativos, no es menos cierto que en el “Byder Memorial Hospital” se cobra a casi todos los pacientes que allí se hospitalizan y que en numerosos ca-sos de pacientes pudientes se les ha cobrado casi lo mismo que lo que cobran ordinariamente los demás hospitales y clí-nicas de la ciudad de Humacao. Se probó además, que desde el año 1935 la asociación demandada ha venido celebrando contratos con la “Veterans Administration,” para la hospita-lización y tratamiento- médico de los veteranos, mediante el pago de $2 por día, sin incluir las operaciones; y que en el Byder Hospital se tratan también casos de accidentes cau-sados por automóviles asegurados, pagando todos los gastos las compañías aseguradoras. En el caso de Candal v. Auxilio Mutuo, solamente se probó que la demandante babía pagado por los servicios que le fueron prestados, pero no hubo ninguna otra prueba demostrativa de que en el Auxilio Mutuo se siguiera, como se sigue en Ryder Hospital, la prác-tica de cobrar a las personas pudientes que allí acuden. Fue ésa la razón" por la que se sostuvo que la prueba no era su-ficiente para convertir a una institución benéfica en un esta-blecimiento o empresa comercial. El caso de autos es, pues, fácilmente distinguible del de Candal. En éste, la prueba era insuficiente para demostrar que el Auxilio Mutuo se ha-bía convertido en una empresa comercial. En el caso de autos, se probó por las declaraciones de ocho o nueve testigos que en el Ryder Hospital se cobraba a los pacientes de acuerdo con los recursos económicos de cada cual y que el demandante pagó $40 por los primeros diez días de hospita-lización de su esposa.

Bastaría la distinción que hemos establecido para resolver que la asociación demandada es responsable por la ne-gligencia de sus empleados, por haberse convertido en una empresa comercial desde el momento en que siguió la prác-tica de cobrar a los pacientes pudientes por servicios pres-tádosles en su hospital. Empero, el caso de autos envuelve una cuestión fundamental que merece ser considerada y re-suelta de una vez, para dejar así sentada definitivamente la regla a seguir en esta jurisdicción.

.¿Son responsables las corporaciones o asociaciones bené-ficas, por los daños y perjuicios causados a una persona ex-traña, por la negligencia de sus empleados?

Pocas cuestiones han sido tan debatidas y resueltas en formas tan diametralmente opuestas como lo ha sido la que acabamos de plantear. La mayoría de las decisiones rendi-das por los tribunales estatales sostiene que las instituciones caritativas son responsables por los daños causados por ne-gligencia de sus empleados a un extraño a la caridad. La situación en cnanto a la jurisprudencia sobre casos de daños, causados a un paciente de la institución, ña sido descrita por ■ ■el Juez Asociado Sr. Rutledge, de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (ahora Juez Asociado de la Corte Suprema Federal), en su luxni--nosa opinión en el caso de President and Dir. of Georgetown College v. Hughes, 130 F. (2d) 810, en los siguientes térmi--nos:

“Paradojas de principio, asunciones ficticias de hechos y de con-secuencias, y resultados confusos caracterizan la disposición judicial de estas reclamaciones. Desde la inmunidad absoluta, a través do variadas pero inconsistentes cualifieaciones, hasta la responsabilidad general,'ésa es la gama de las decisiones. Los casos están casi reple-tos de disensos. Las razones son aun más variadas que los resulta-dos. Éstos son signos evidentes de la ley en su flujo. Indican que-hubo error desde el principio o que algo se ha tergiversado posterior-mente. Demuestran también que la corrección, aun cuando pro-gresa, es todavía incompleta.
“Por otro lado, la opinión de los eruditos fuera de los tribunales, es casi uniforme. La opinión general está en favor de la responsa-bilidad y en contra de la inmunidad. La erudición legal desempeña una importante función no solamente en la investigación y en la enseñanza, si que también como el medio más efectivo para la crítica, constructiva del pensamiento y de la acción judicial. Nombres gran-des en el Derecho descansan sobre esos cimientos, algunos de ellos tan reverenciados como cualesquiera otros formados al calor de la fun-ción judicial misma. . . . Por consiguiente, cuando la opinión éntre-los eruditos que no son jueces es uniforme o casi uniforme y la de los. jueces es altamente confusa, los primeros trazan el camino a la ley del futuro, mientras los últimos señalan ahora en todas las direc-ciones. Bajo tales circunstancias, la opinión de los eruditos tiene-algo más que un efecto persuasivo. Es la guía más segura para aque-llas jurisdicciones en donde la cuestión no ha sido nunca resuelta.’5'

La regla general del derecho es la de la responsabilidad' de toda persona qne cause daño a otra por su negligencia o conducta torticera. La inmunidad es la excepción.

El artículo 1802 del Código Civil establece la acción para, recobrar daños y perjuicios causados por la culpa o negli-geneia de otra persona. Y el artículo 1808 dispone que “los dueños o directores de un establecimiento o empresa” serán responsables “de los perjuicios causados por sus dependien-tes en el servicio de los ramos en que los tuvieran emplea-dos, o con ocasión de sus funciones.”

.¿Es el “Ryder Memorial Hospital”, de acuerdo con los techos y circunstancias establecidos por la evidencia, un es-tablecimiento o empresa, y como tal responsable de los da-ños y perjuicios causados por sus empleados en el ejercicio de sus funciones?

En el caso de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, se resolvió, copiando del sumario, que:

“Para que un automóvil pueda considerarse como dedicado a una empresa de automóviles es necesario que el dueño del automóvil lo dedique habitualmente al negocio de conducir pasajeros transpor-tando a cualquiera que le pague el precio correspondiente, y el hecho de que el dueño alquile el automóvil de su uso particular a determi-nados amigos y no a cualquier persona, no lleva como consecuencia que tuviera su automóvil dedicado a la empresa de conducción de pasajeros. ’ ’

Aplicando la regla de Vélez v. Llavina al caso de Candal v. Auxilio Mutuo, esta Corte se vió obligada a resolver que la evidencia de que a un solo paciente se le cobró por una habitación y por unas radiografías, no era suficiente para convertir a una institución benéfica en una empresa comer-cial.

Aplicada esa misma regla a los hechos probados en el caso de autos, es inevitable la conclusión de que un hospital que se dedica habitualmente a la hospitalización y trata-miento médico de pacientes y que proporciona esos servicios a cualquier paciente que le pague el precio convenido, y que contrata la prestación de servicios, mediante pago, a los ve-teranos, es y debe ser considerado como una empresa o esta-blecimiento a los efectos de las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil. El hecho de que en esa misma insti-tución se presten servicios gratuitos a personas insolventes, no le quita su carácter de establecimiento o empresa comer-cial, del mismo modo que una compañía de transportes no pierde su carácter de empresa comercial por el hecho de transportar gratuitamente en sus vehículos a un número de-terminado de personas.

Resuelto que el “Ryder Memorial Hospital” es un esta-blecimiento o empresa comercial y como tal responsable de los daños y perjuicios causados por la negligencia de sus de-pendientes o empleados, nos toca ahora considerar si esa responsabilidad existe exclusivamente para con aquellos pa-cientes pudientes que pagaron el justo y razonable valor de los servicios prestádosles o si es exigible también por los que pagan un precio especial reducido y por los que aceptan y reciben los servicios como un acto de pura y desinteresada caridad.

Dice la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, por voz del Juez Rutledge, en el caso ya citado:

“Generalmente, la caridad no es defensa contra nn acto torcitero. Cuando se ba causado un perjuicio, no basta contestar: ‘Él no pagó y no estaba obligado a pagar por el servicio. Yo se lo di’. El que se hace cargo de ayudar a otro debe hacerlo con el debido cuidado. El Buen Samaritano, lo mismo cuando va montado sobre un asno que cuando viaja en un Cadillac, o cuando recoge a los peatones en un Modelo T, debe guiar con previsión y cautela. Él no queda exone-rado porque fué su conductor más bien que él mismo quien incurrió en el descuido. Ni es importante tampoco que el benefactor sea una corporación, si el acto del servicio gratuito es razonablemente incidental al negocio. Las compañías ferroviarias, por medio de sus em-pleados, tratan, con frecuencia de hacer por el pasajero más de lo que requiere el contrato estricto o su deber como porteadores. Pero si al hacerlo se desvían de la conducta normal deben pagar por su desviación. La caridad y el acto gratuito afectan el motivo, no el deber .... La caridad es muy sufrida y es bondad, pero de acuerdo con la ley común no tiene derecho a ser negligente. Cuando lo es, entonces deja de ser bondad y se convierte en un acto torcitero que da un derecho de acción”.
“Cuando una persona natural se dedica, no simplemente a un acto aislado y sí a una práctica habitual o empresa de caridad, sin incorpo-rarla o vaciarla en el molde de un fideicomiso, esa persona no goza de inmunidad. Posiblemente la mitad de los servicios médicos presta-dos boy son prácticas de calidad. Igual sucede con una gran pro-porción de los servicios legales. Algunos médicos, y tal vez algunos abogados, dedican la mitad o más de sus largas y útiles carreras, a cuidar a los enfermos y necesitados sin remuneración alguna. Mu-chos más lo hacen habitualmente, pero en menor escala. Sin embargo, a ellos no se les permite ser descuidados, no obstante ser su bondad continua o habitual más bien que casual u ocasional. Tampoco se les permitiría serlo si sus servicios fuesen prestados a través de o asociados con otros. Solamente cuando un individuo convierte su empresa cari-tativa en una institución formal, mediante la incorporación o posi-blemente la creación de un fideicomiso, es que puede conseguir arrojar todo el peso de su negligencia sobre aquellos a quienes causa per-juicios.
“Es una rara distinción, entre una institución caritativa y un individuo caritativo, que exonera a la'primera y hace responsable al segundo, por el mismo servicio y por la misma falta, en igualdad de circunstancias. El hospital puede mutilar o matar al paciente indi-gente, por negligencia, y, sin embargo, al miembro de su cuerpo médico, que opera o asiste sin remuneración alguna, no puede permi-tírsele un descuido en un momento de cansancio o de prisa. (Citas) La institución, es absuelta. El médico paga. Sin embargo, ellos prestan un servicio común, que el hospital no podría prestar sin él. El médico no puede incorporarse. No puede esconderse detrás de un fideicomiso. No puede evadir la regla del respondeat superior. Su socio es responsable, si él lo es. Igual sucede con el abogado.
“La base para esa distinción no puede ser la caridad. No puede ser el hábito o la continuidad en la caridad. Si fuese una u otra, los individuos serían exonerados al probarse ese hecho, o las institucio-nes serían responsables al probarse lo contrario en un caso deter-minado.Las instituciones tienen un valor de supervivencia que- ningún individuo posee. Ellas vencen vicisitudes que los indi-viduos no pueden resistir. Es probable que las caritativas resisten la muerte con más firmeza que las comerciales. Seguramente ellas no incurren en mayores riesgos. Si la caridad tuviera que eximir a las instituciones o a los individuos, debería eximir a los últimos. Em-pero, no debería existir distinción alguna. A menos que el motivo deba substituir al deber, ambos deben ser responsables y en igual grado. Las instituciones deben llevar sobre sus hombros las mismas responsabilidades que llevan todos los ciudadanos. Ellas debenH practicar la caridad como la practican los otros. Con la obligación® ■de no causar daño por negligencia.” H

Después de una larga e interesante discusión sobre los .antecedentes históricos de la doctrina de inmunidad de las instituciones benéficas; sobre el estado de confusión en que se encuentran las decisiones estatales sobre la materia; y ■sobre las razones en pro y en contra de la inmunidad, con-tinúa la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia diciendo :

“La abolición de la inmunidad en cuanto a los pacientes que pagan está justificada como el penúltimo paso hacia la extinción. La retención en cuanto al paciente insolvente es el menos defendible y el más infortunado de los refinamientos de la distinción. Él, entre todos, es el que menos puede soportar la carga. Más que todos los otros, él no tiene elección. Es él la última persona a quien el do-nante desearía ver marcharse sin una indemnización .... Él de-bería ser el primero en recibir reparación, no el último ni el menos ■entre los que han de recibirla. Así despojada de fundamentos, la •distinción cae por su peso.La inmunidad debe desaparecer y ■el objeto de la caridad debe ser colocado -al mismo nivel que todos los demás”.

Tratándose en el caso de autos de un paciente que pagó •al hospital la suma que se le exigió, $40 por diez días de hos-pitalización o sea $4 diarios; y teniendo en cuenta que de da ■evidencia de la propia demandada aparece que en el “Ryder Memorial Hospital” se admiten pacientes pudientes por dis-tintos precios, de acuerdo con la cama y la condición econó-mica del paciente, opinamos que la corte a quo no erró al •resolver que la Asociación demandada es y debe ser respon-sable de los daños y perjuicios sufridos por el niño y por sus padres como consecuencia de la negligencia de sus emplea-dos. El que en el “Ryder Memorial Hospital” se presten •servicios gratuitos a pacientes insolventes, no es una circuns-tancia que pueda producir el efecto legal de eximir a la de-mandada de responsabilidad. Véase Nicholson v. Good Samaritan Hospital, 133 A.L.R. 809.

Si una institución como la demandada, que presta servi-cios indistintamente a pacientes pobres y a pacientes pudien-tes, es responsable a un paciente que recibe los servicios -gra-tuitamente, es cuestión que no está envuelta en el presente recurso y por consiguiente no estamos obligados a resolverla.

2. La conclusión a que llegó la corte inferior en cuanto a la negligencia del doctor Panzer está sostenida por la evi•dencia. Siendo él el médico que asistía a la parturienta, tenía la obligación de velar tanto por la salud y seguridad de la madre como por la del nuevo ser nacido de sus entrañas. Éste tenía derecho a esperar que en su primera aparición en ■el escenario de la vida, no habría de encontrarse con una negligencia tan crasa, como consecuencia de la cual se le ha clejado marcado y desfigurado para el resto de sus días. El parto de la señora Carrasquillo fué enteramente normal. Nada ocurrió allí de carácter tan extraordinario que ocupase la atención del médico que la asistía y que le impidiese cumplir con su obligación de ver si todo había sido preparado debidamente para la recepción y protección del niño que iba .a nacer. Una ligera inspección de la cuna colocada al lado de la cama de la madre, hubiese revelado al doctor Panzer el peligro y evitado el daño. Ninguna de las personas allí presentes, todos ellos empleados del .hospital, cumplieron con esa •obligación tan fácil de cumplir, pues con sólo palpar el sitio donde había de reposar el cuerpo del niño hubieran descubierto la temperatura excesiva de la bolsa de agua. El propio Dr. Mulgrage, testigo y empleado de la demandada, declaró en el acto de la vista que “El deber del médico, en mi -opinión, es determinar que la rutina se haya seguido, se haya -observado, y también es deber de él estar seguro y vigilar que la enfermera ha cumplido con su deber.” No hubo error ■en la apreciación de la prueba.

De acuerdo con la evidencia,- el demandado Dr. Bierley, 'ocupaba en la fecha del accidente el cargo de director mé-•dico interino. El Dr. Panzer trabajaba allí como médico inferno, bajo la dirección y supervisión del Dr. Bierley. No fue el Dr. Bierley y sí el Dr. Mulgrage quien admitió y em-pleó al Dr. Panzer para trabajar como médico interno en el hospital. El Dr. Bierley,' después de cerciorarse por el Dr. Panzer de qne el parto no presentaba dificnltad alguna, se retiró a cumplir sus otras obligaciones, dejando al Dr. Panzer a cargo de la paciente. Bajo tales circunstancias opina-mos que la corte inferior erró al declarar al Dr. Bierley culpable de negligencia. La evidencia no demuestra que el Dr. Bierley dejase de cumplir alguna de sus obligaciones como médico director. Tampoco estuvo justificada la corte inferior al hacer responsable a la Señora Bierley por la negli-gencia del médico y de la enfermera -a cargo de la paciente.

3. i Erró la corte inferior al conceder a los esposos demandantes una indemnización por sufrimientos y angustias mentales?

La acción ejercitada por los demandantes en su alegada “segunda causa de acción” es la que concede el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil a los padres, para reco-brar por daños causados a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, cuando el daño o la muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otra persona.

El citado artículo no especifica cuáles son los daños que los padres pueden reclamar por la muerte de un hijo. En Hance v. R. Méndez & Hnos., 52 D.P.R. 336, el padre del me-nor reclamó como compensación por sus sufrimientos mora-les y pérdidas materiales la suma de diez mil dólares. Esta Corte revocó la sentencia por la que se desestimó la demanda y en su lugar dictó otra “condenando a la demandada a pa-gar al demandante una indemnización que .atendidas todas las circunstancias concurrentes parece justo fijar en $3,000, con más las costas del pleito.”

En Sánchez v. Sucesión J. Serrallés, 53 D.P.R. 80, el padre de la menor reclamó daños y perjuicios por la muerte de su hija, y alegó que el hecho le ocasionó tanto a él como a su esposa sufrimientos morales y trastornos en sus sistemas nerviosos que apreció en $10,000. La corte de distrito con-leñó a los demandados al pago de $3,000, y al ser apelada a sentencia esta Corte Suprema la confirmó.

En López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. , 27, Sandalio López' reclamó daños y perjuicios con motivo le la muerte de su hijo. La compañía demandada apeló de a sentencia por la que se le condenó al pago de la suma de $1,500, y en apoyo de .su recurso alegó que la corte inferior había errado al tomar en consideración, como elementos de laño, las angustias morales y mentales del demandante. Re-solvimos, basándonos en las decisiones dictadas en los casos de Maldonado v. Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R.747 y Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743, que el sufrimiento moral causado a los padres de un niño muerto a causa de un acto ilícito, puede ser tomado en considera-ción como un elemento de daño.

En el reciente caso de Castro v. González, 58 D.P.R. 368, resuelto en marzo de 1941, los padres de la menor termina-ban su demanda alegando que la muerte de su hija les causó “sufrimiento mentales y morales extraordinarios”, y gastos, que calcularon en la suma de $25,000. Dicha suma se descom-ponía así: gastos de funerales, $350; costo de un mausoleo, $2,000; tratamiento médico de la Señora Castro, $250; y sufrimientos morales de los padres demandantes, $22,400. Condenado el demandado a pagar una indemnización de $12,000, apeló para ante esta Corte Suprema. Al considerar-los errores señalados por el apelante, resolvimos: que no se había cometido el referente a la partida de $2,000 por el costo del mausoleo, por cuanto al resolver -finalmente el caso la corte sentenciadora descartó esa partida por no ser reco-brable; y que asumiendo que la partida de $250 reclamada por honorarios médicos pagados con motivo de la enferme-dad de la madre de la menor, no fuera recobrable, el error, de haber existido “no causa la revocación de la sentencia, toda vez que se reclaman otras partidas de daños, y a lo sumo la cuestión se reduciría a no considerarla al fijar el montante de los daños que en definitiva deberán concederse a los demandantes”. Eliminadas las partidas del mausoleo y de honorarios médicos, sólo quedaba en pie como daños materiales específicamente alegados, la partida de $350 para gastos de funerales. Esta corte, teniendo en consideración lo preceptuado en el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, al efecto de que “En toda demanda con arreglo a este! artículo y al precedente, se regulará el importe de los daños y perjuicios que fueren justos, vistas todas las circunstancias del caso”, creyó que la suma de $12,000 concedida por la corte inferior era excesiva; y después de considerar la prác-tica seguida en esta jurisdicción y todas las circunstancias del caso, modificó la sentencia apelada reduciendo la indem-nización a la suma de $5,000.

En el caso de autos, los demandantes fian alegado y pro-bado que ambos y especialmente la madre del menor sufrie-ron no solamente angustias mentales si que también intensos dolores físicos; y que la señora Carrasquillo tuvo que ser sometida a tratamiento médito con motivo del estado ner-vioso en que quedó como consecuencia de ver sufrir a su hijo. Basta contemplar por breves instantes las dos' fotografías admitidas en evidencia, tomadas cuando ya el niño tenía tal vez un año de edad y las quemaduras habían cicatrizado, para comprender cuán grande ha debido ser el sufrimiento físico y moral de esos padres al ver al niño en aquel estado tan lastimoso, que el propio padre lo describe en su testimo-nio diciendo que parecía “un cerdito asado”.

Considerando todas las circunstancias del caso y lo que hemos de resolver más adelante con respecto a la desestima-ción de la primera causa de acción, opinamos que la senten-cia recurrida debe ser modificada en. cuanto a la segunda causa de acción, reduciendo la suma que la Asociación de-mandada y el demandado Dr. B,. Panzer- deberán pagar soli-diariamente a los demandantes, por partes iguales, a $2,000, más $365.50 por honorarios médicos y medicinas para aten-der a la curación del niño y de la madre demandante, más las costas.

4. Convenimos con los apelantes en que la corte seníciadora erró al conceder a los padres demandantes la ma de $1,500 para qne pnedan atender a los gastos de la eración de cirugía plástica a que deberá ser sometido el mor. Ese error, sin embargo no causa la revocación de la atencia. Bastará para subsanarlo que deduzcamos esa ma, como ya lo hemos hecho, de la indemnización conceda a los padres demandantes por la segunda causa de ac-m, y que se la adjudiquemos directamente al menor, para uso y beneficio. Véase: Clarke v. Eighth Ave. R. Co., 37 L.R. 1; y Rockwood v. Lansburgh, 293 P. 792.

5. En el acto de la vista los demandados ofxecien en evidencia un documento igual a los que de acuerdo con práctica seguida en el “Ryder Memorial Hospital” firman 3 pacientes al ingresar en el mismo. Aparece firmado el de diciembre de 1938 por Ernesto Carrasquillo, como es->so de Conchita López de Carrasquillo; y al pie del mismo nsta el párrafo siguiente:

“Se le concede permiso al Dr. Panzer para operar y performar (sic) alquier o todos aquellos actos, que puedan en su juicio, ser neee-rios para el bienestar de paciente mi esposa. También para relevar Hospital Ryder Memorial de cualquier responsabilidad que ocurra ic) a partir de esta fecha 12/1/38 ’ ’.

Se opuso la parte demandante a la admisión, alegando le aún cuando la firma es la de Carrasquillo, el documento i sido alterado y no está en las mismas condiciones en que encontraba cuando el demandante lo entregó al Hospital; le el documento antes no tenía y ahora sí tiene nombres .chados, y blancos escritos, unos con tinta y otros con lá-z; que Carrasquillo lo firmó en blanco. La corte resolvió ) admitir el documento mientras no se demostrase primero fien había tachado palabras y llenado los espacios en blanco, no haciendo constar que lo admitiría si se demostraba que do fue hecho a requerimiento del Sr. Carrasquillo. La de-aración de Carrasquillo en cuanto a que él firmó el docu-mentó en blanco fue corroborada por la del Director del Hoa| pita!, quien declaró que la costumbre era que los blancos lol llenasen las enfermeras o cualquier empleado. Los demail dados no ofrecieron prueba alguna para demostrar quién hsl bía hecho las enmiendas y tachado las palabras. El dócil mentó aparece en el récord como evidencia ofrecida y no acl mitida. I

Las condiciones fijadas por la corte inferior para la adB misión del documento eran a nuestro juicio razonables, y ni habiéndolas cumplido la parte que ofreció el mismo en evl dencia, no erró la corte al negarse a admitirlo. Además, aú cuando el documento hubiese sido admitido en evidencia, 1 estipulación por la cual se releva al hospital de toda respor sabilidad por la negligencia de sus empleados nunca hubier tenido el efecto deseado por la parte demandada, por se dicha estipulación contraria a la moral pública y por eonsi guiente nula. Hales v. Raines, 162 Mo. App. 46; Brother Medical Jurisprudence, págs. 143-144.

Si algo renunció Carrasquillo fué el derecho de acció: que su esposa pudiera tener en el caso de que a ella perso nalmente se le causara algún daño como consecuencia de 1 negligencia de los médicos y enfermeras del hospital. Él n podía renunciar el derecho de acción que pudiera tener u* niño aún no nacido por los daños que pudieran causársele e] el momento de nacer. Esa renuncia, en el caso de que hu biese sido hecha, también sería nula por no haber sido au torizada previamente por la corte de distrito correspondiente

Consideremos ahora la única cuestión levantada ei el recurso interpuesto por los demandantes: ¿Erró la cort inferior al desestimar la primera causa de acción?

En la demanda se alega y se admite en la contestaciói que los demandantes son casados entre sí. El niño nacid( durante ese matrimonio era por lo tanto hijo legítimo de lo: demandantes y como tal bajo la patria potestad del padre

Las leyes vigentes establecen dos clases de acción deriva das de la culpa o negligencia: la provista por los artículo, 1.802 y 1803 del Código Civil en favor de la persona cliree-lamente perjudicada por el acto de culpa o negligencia; y la que conceden los artículos 60 y 61 del Código de Enjuicia-Iniento Civil a los padres del perjudicado.

I En la primera causa de acción ejercitada en el presente laso se alegó que debido a la negligencia de los demandados |‘el. referido menor Ernesto Luis Carrasquillo López sufrió, Isl mismo día de su nacimiento graves quemaduras .... y laún se encuentra dicho menor padeciendo de dichas quema-lluras”; y “que el tratamiento al cual continúa siendo so-metido el referido menor le produce fuertes dolores físicos, por lo cual los padres del referido menor, aquí demandantes, estiman que dicho menor ha sufrido daños y perjuicios que valoran en la suma de $20,000”.

No hay duda alguna que la demanda sería más correcta si se le alegase en ella, en cuanto a la primera causa de ac-ción, que el demandante Ernesto Carrasquillo comparece en su carácter de padre con patria potestad sobre su hijo menor. Empero, es evidente que la acción que se ejercita en la pri-mera causa de acción es la que la ley concede al menor, y que la suma que se reclama no es para los padres, que no tienen derecho alguno a reclamarla para sí, y sí para uso y beneficio exclusivo del menor, como compensación por el daño eausádole. La única acción que tienen los padres es la que han ejercitado en la segunda causa de acción. Así lo entendieron los propios demandados cuando .¿legaron como tercer fundamento de su excepción previa, que existía una indebida acumulación de acciones “por cuanto la primera causa de acción es una entablada por los daños qu>e se alegan sufrió la menor hija (sic) de los demandantes y, la segunda, es una por supuestos dolores físicos y angustias mentales que alegan los demandantes han sufrido como padres de la referida menor”. (Itálicas nuestras.)

Tomando en consideración las alegaciones y la natura-leza de la primera causa de acción y la prueba practicada, no pnede llegarse a otra conclusión que no sea la de que 1 padres aquí demandantes ejercitaron la primera causa acción para el exclusivo uso y beneficio del menor. Como dijo en Bennett v. Bennett, 91 N. W. 409, en donde el tut inició una acción en la que simplemente se limitaba a dec en el título: “Levy Bennett, Guardian of Emery W. Tr tie”, sin hacer constar en la demanda que reclamaba con tutor: “Nosotros podemos honradamente interpretar así s' alegaciones, a pesar de no haber hecho constar expresamen que demandaba como tutor”. Sostener lo contrario ser permitir que un mero tecnicismo nos impidiese hacer just cia substancial. Véanse Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 49 y Sánchez v. González, 55 D.P.R. 346.

El fundamento de la regla que requiere que toda aecic debe ser entablada a nombre de la parte realmente inter < sada es evitar que la parte demandada pueda ser sometió a futuros litigios por la misma causa de acción. Las alegí ciones de la demanda, las conclusiones a que hemos llegad en el curso de esta opinión y las condiciones impuestas a lo demandantes en la sentencia que hemos de dictar constiti yen una completa protección para los demandados.

La corte inferior erró al desestimar la primera causa d acción. Procede por lo tanto que modifiquemos su sentencia declarando con lugar la primera causa de acción a favor de menor, concediendo a éste una indemnización de $3,000 qu los demandados American Missionary Association y Dr. B Panzer deberán pagar solidariamente en la Secretaría de h Corte de Distrito de Humacao, para uso y beneficio exelu sivo del menor, de acuerdo con la ley.

No creemos que debamos intervenir con el uso que de sr discreción hizo la corte inferior al condenar a los demanda-dos al pago de $500 para honorarios de abogado. Conside-rando todas las circunstancias del caso, la-suma concedida es razonable.

En cnanto a los demandados Dr. Bierley y su esposa la demanda debe ser desestimada.

Con las modificaciones qite hemos apuntado, la sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

EN RECONSIDERACIÓN

Julio 14, 1943.

El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Entre los varios fundamentos alegados por los deman-dados en apoyo de la moción de reconsideración de la sen-tencia que dictamos en mayo 5 de 1943, discutiremos sola-mente el siguiente:

“ (b) Porque concede a los demandantes-apelados como padres del menor indemnización por los sufrimientos morales y físicos su-fridos por ellos como consecuencia de ver sufrir a su hijo, sin que exista ley que autorice tal indemnización.”

El artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmen-dado por la Ley de julio 20 de 1921 (Ley Núm. 77, pág. 703), concede al padre legítimo o natural reconocido y a la madre legítima o natural, el derecho a entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, cuando el daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dispone, además, dicho artículo que la acción podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por otra persona res-ponsable de su conducta, también contra ésta.

Como se ve, la acción que la ley concede a los padres no está limitada a aquellos casos en que el menor ha perdido la v-ida. Los padres tienen derecho a recobrar daños y per-juicios también en aquellos casos en que el menor ha sufrido un daño en su persona.

En esta jurisdicción se han concedido daños y perjuicios a los padres por sufrimientos mentales y morales extraordi-narios sufridos por ellos con motivo de la muerte de un hijo menor de edad. (Castro v. González, 58 D.P.R. 368; Sánchez v. Sucesión Serrallés, 53 D.P.R. 80 y Hance v. Méndez & Hnos. 52 D.P.R. 336). El citado artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil no especifica cuáles son los daños que un padre puede reclamar por el daño causado a su hijo o por la muerte de éste.

Si los aquí demandantes hubieran tenido derecho a re-clamar daños y perjuicios por sus sufrimientos morales y físicos, en el caso de que el menor hubiese muerto como con-secuencia de las quemaduras de que fiué víctima, no vemos razón alguna para que se les niegue el derecho a recobrar una indemnización como la que les hemos concedido por el sufrimiento físico y moral experimentado al ver durante mu-chos días'el-cuerpo del menor convertido en una llaga y por el constante dolor que han de continuar, sufriendo al contem-plar el cuerpo de su hijo lleno de cicatrices imborrables, mu-tilado y marcado para siempre.

El caso de Rivera v. Reyes, 31 D.P.R. 440, no es de apli-cación al de autos.

Las demás cuestiones levantadas en la moción de recon sideración han sido ampliamente discutidas en la opinión principal y creemos innecesario repetir aquí las razones en que basamos nuestra decisión.

La moción debe ser declarada sin lugar.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    Francisco Díaz, demandante y apelado, v. Antonio Emanuelli y Ramón Cancel, demandados y apelante el último.
    Núm. 8625.

    Sometido: Marzo 18, 1943.

      Resuelto: Mayo 5, 1943.

      Rodríguez & Parga, abogados del apelante; Harry B. Lienza, abo gado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El demandante poseía a'virtud de un contrato de arren-damiento tres fincas colindantes entre sí, que en adelante llamaremos “la finca”, las cuales durante la vigencia de dicho contrato fueron vendidas por su dueño y arrendador, Antonio Emanuelli, al otro demandado Ramón Cancel. En la demanda enmendada se reclaman tres distintas partidas de daños, expuestas separadamente bajo tres causas de ac-ción. Bajo la primera se reclaman $650, de-ellos $545 por concepto de frutos pendientes que según el demandante no pudo recolectar por impedírselo con su conducta el deman-dado Cancel; $25 valor de una casa construida en la finca por el demandante y $80 importe de ciertas cercas de alam-bre también puestas por él. Bajo la segunda causa de acción reclama $150 por concepto de daños a cierto ganado que el demandante tenía en la finca; y bajo la tercera, $1,000 por sufrimientos y angustias mentales del demandante con mo-tivo de la pérdida de los frutos y del mal trato a que fué sometido el ganado.

La demanda fué dirigida contra Ramón Cancel como com-prador y Antonio Emanuelli como vendedor de la finca arren-dada; pero habiendo fallecido Emanuelli, fué sustituido por su sucesión, a la que por no haberse personado en autos le fué anotada la rebeldía.

El 10 de diciembre de 1940 la corte inferior dictó senten-cia desestimando la demanda en cuanto a la sucesión de Antonio Emanuelli y declarándola con lugar en cuanto a Ra-món Cancel, a quien condenó a pagar al demandante la can-tidad de $800. en que estimó alzadamente los daños reclama-dos en las tres cansas de acción, imponiéndole además las costas. En la relación de hechos y opinión qne sirvió de base a la sentencia, la corte expuso así sns conclnsiones:

“A virtud de las admisiones del demandado Sr. Cancel en su contestación y de la prueba practicada, se consideran probados los siguientes hechos: que don Antonio Emanuel]i, en 8 de septiembre de 1936, dió en arrendamiento al demandante Sr. Francisco Díaz las fincas que se describen en la demanda, por el término de cinco años a partir del día primero de octubre de 1936, por el canon de $125 anuales, de cuyo canon el demandante satisfizo dos anualidades por adelantado, y cuyas fincas fueron vendidas el día 7 de abril de 1938 por don Antonio Emanuelli al aquí demandado don-Ramón Cancel, en cuya fecha y a virtud del citado contrato de arrendamiento, se encontraba el demandante disfrutando de las mismas, en las que tenía sembradas siete cuerdas de malanga, yautía y ñame, y tenía también en las mismas once cabezas de ganado; que en mayo 10 de 1938 el demandado Sr. Cancel le concedió al demandante hasta el día 8 de septiembre de dicho año para desocupar dichas fincas y para que tuviera tiempo suficiente de cosechar todo lo sembrado en ellas; que el demandante y el demandado Sr. Cancel no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la tasación y valor de los frutos sembrados en las fincas y de las mejoras existentes en las mismas, razón por la cual, en 23 de septiembre de 1938, el demandado Sr. Cancel se dirigió al de-mandante informándole que necesitaba el cercado donde se encon-traba el ganado del demandante, porque iba a arar el mismo, y había decidido poner dicho ganado en una parcela de dos cuerdas hasta que el demandante se decidiera a llevárselo, advirtiéndole que en dicha parcela no había agua y que el Sr. Díaz debería mandar alguna persona a darle agua a dicho ganado durante los días que estuviese en dicha parcela, informándole además el Sr.' Cancel al Sr. Díaz que dichas once cabezas de ganado no podían estar en dicha parcela por mucho tiempo sin sufrir hambre; que el Sr. Cancel achiqueró ei ganado del demandante en dos cuerdas de terreno, donde lo tuvo en esas condiciones por espacio de once días transcurridos los cuales, con la ayuda de la Policía Insular, lo sacó de esa parcela de dos cuer-das y lo llevó a casa del demandante; que el referido ganado, antes de ser achiquerado, y mientras estaba libremente en las fincas po-seídas por el demandante no carecía de hierba ni de agua, ya que un río pasaba bastante cerca del sitio donde pastaban dichos animales, y que durante el tiempo que estuvo achiquerado lo hacían caminar dia-riamente alrededor de cuatro kilómetros para darle agua; que como consecuencia de la forma tan negligente en que fué atendido el ga-nado durante los días en que estuvo aehiquerado el mismo perdió de peso y de valor, muriendo una yegua y una novilla; que el deman-dante tenía sembradas en la finca, allá por el mes de septiembre de 1938, cuatro cuerdas de malanga, cuerda y media de yautía y ñame y media cuerda de batata, siembras que fueron destruidas por el demandado Sr. Cancel al tomar posesión de la finca. Cuando Ema-nuelli vendió a Cancel las fincas arrendadas al demandante, éste es-taba en posesión de las mismas y lo estuvo en todo anomento hasta que fué despojado de ellas por los actos del demandado Cancel, quieai no tenía derecho a actuar en la forma que lo hizo, sin respetar el dere-cho de posesión del demandante.
“El derecho del demandado Cancel a dar por terminado el con-trato celebrado entre el demandante y don Antonio Emanuelli es tan claro coiaro el derecho del demandante a recoger los frutos de la co-secha correspondiente al año agrícola corriente y a ser indemnizado por el vendedor Emanuelli por los daños y perjuicios que se le cau-sasen (Art. 1461 Código Civil), pero ese derecho no autorizaba a Cancel a introducirse en las fincas y apoderarse de las anismas y mucho menos a tomarse la justicia por su mano, utilizando la policía para sacar el ganado de las fincas entregándoselo al demandante. Si estos actos se permitieran y toleraran estaría de más la Ley de De-sahucio, que fué letra muerta para el demandado Cancel, y podrían los dueños de propiedades urbanas o rústicas, con la ayuda de Ja Policía Insular, echar a la calle a las personas que por cualquier con-cepto estuviesen en posesión de las mismas, destruyéndose así toda la estructura de nuestro sistema de gobierno.”

,j, Tiene derecho el demandante a todas o cualquiera de las tres partidas de los daños que reclama?

Los términos en que está redactada la opinión de la corte inferior revelan que el juez se dejó impresionar adversa-mente al demandado por el hecho de que para tomar pose-sión de la finca comprada por él, no estableció previamente una acción de desahucio contra el arrendatario demandante, y por la circunstancia adicional de haber utilizado los ser-vicios de un policía insular para que acompañase a sus peo-nes en la conducción y entrega del ganado al demandante. De ahí que diga la corte en su opinión: “Pero ese derecho (el de dar por terminado el contrato) no autorizaba a Cancel a introducirse en las fincas y apoderarse de las mismas y nraclio menos a tomarse la justicia por su mano, utilizando la policía para sacar el ganado de la finca, entregándoselo al demandante.” (Paréntesis nuestro.)

De la prueba resulta concluyentemente que el demandante no vivía en la finca; que el demandado le había dado de tér-mino desde el 8 de abril hasta el 8 de septiembre de 1938 para recoger sus frutos y abandonar la finca, y que ello no obstante al ir a tomar posesión de ella el demandado el 15 de septiembre de 1938, el demandante no había recolectado sus frutos, no se hallaba allí para entregársela, ni había sa-cado de la misma el ganado en cuestión. Resulta además que el demandado tampoco encontró resistencia alguna por parte del demandante o sus empleados. No alega el deman-dante haber sufrido perjuicio alguno porque el demandado tomase posesión sin antes obtener su consentimiento. Si bien el Lie. Soto Rivera, abogado del demandante, sugirió al demandado que presentase una acción de desahucio contra el primero, ese desahucio, según declaró dicho abogado, tenía por único objeto conseguir que dentro de dicho procedimiento se tasasen los frutos pendientes que el demandante tenía en la finca. Es verdad que nadie debe tomarse la justicia por sus manos. La razón de ese principio legal es evitar la con-siguiente alteración de la paz al actuar por la violencia en el ejercicio de un derecho. Pero cuando la parte contra quien se ejercita no ofrece resistencia alguna, no existe la necesi-dad de recurrir a los tribunales de justicia para que decla-ren la existencia de un derecho que nadie ha impugnado-

Es también impertinente a las acciones ejercitadas por el demandante el hecho de que el demandado consiguiese que los peones que condujeron el ganado fuesen acompañados de un policía insular. No hay alegación alguna al efecto de que dicho policía realizase acto ilegal alguno contra el deman-dante ni contra ninguna otra persona, limitándose su actua-ción a acompañar a los peones del demandado.

El juez inferior invoca el artículo 1461 del Código Civil para exaltar el derecho del arrendatario a recoger los frutos de la cosecha que corresponde al año agrícola corriente ; pero no tiene en cuenta que ese derecho del arrendatario debe ejercitarse de forma que sin menoscabo al mismo, no perjudique innecesariamente el derecho que también tiene el comprador del inmueble a gozar del uso. y disfrute de su propiedad. El citado artículo dice así:

- "Art. 1461. El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la ley hipotecaria.
"Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.”

El contrato de arrendamiento no se formalizó en escri-tura pública y claro es que no pudo inscribirse en el registro de la propiedad. [3] Por consiguiente, era indiscutible el derecho del comprador, de acuerdo con el citado artículo, a terminar el arriendo vigente al verificarse la venta el 7 de abril de 1938. Así lo hizo en efecto, notificándolo verbal-mente al demandante al ir a tomar posesión de la finca el 8 de abril de 1938, y enterarse por el propio demandante que éste la estaba poseyendo a virtud de un contrato de arren-damiento cuyo término natural no debería expirar hasta el 30 de septiembre de 1941. [4] Observando que el deman-dante tenía pendiente de recolección los frutos descritos, le concedió entonces, verbalmente, de su propia iniciativa, que permaneciese en la finca con ese objeto hasta el 8 de sep-tiembre de 1938, concesión que confirmó después por carta de 10 de mayo de 1938 dirigida por sus abogados al deman-dante. (Exhibit núm. 4 del demandante.)

El 15 de septiembre de 1938, cuando el demandado tomó posesión de la finca, el demandante no había recolectado sus frutos. Insistía en que el demandado le pagase por ellos una cantidad que éste, que no tenía interés en los mismos, lonsideraba en extremo exagerada. A pesar de esa aetitnd Jlel demandante, el demandado con fecha 23 de septiembre lie 1938 espontáneamente le concedió nna prórroga adicional lie siete meses a partir de la fecha -últimamente indicada, para recolectar los frutos, prórroga que se consignó en la tarta que el propio demandante presentó en evidencia, mar-cada como exhibit 6 del demandante, y que dice así:

‘23 de septiembre ele 1938. Ledo. José Soto Rivera, Calle Loíza lum. 17, Parada 17, Santuree. Estimado señor y amigo: Tengo a la justa la tasación que presenta el señor Díaz de la plantación que tiene pn mi finca y en vista de lo exagerado de la misma no vale la pena |;onsiderarla, ya que es cosa segura que yo no tengo absolutamente lingún interés en esos frutos. Con ese motivo, be decidido infor-rarle a usted para que así lo baga saber al señor Díaz, que yo estoy dispuesto a permitirle que recoja esos frutos en su oportunidad a fin le que obtenga en ellos el mayor beneficio. Para la recolección de ¡3SOS frutos estoy dispuesto a concederle un término de siete meses a partir de esta feeba, ya que yo considero ese tiempo ínás que sufi-ciente para que esos frutos lleguen a su estado de madurez. Quiero ¡advertirle que para esto es indispensable que el señor Díaz se lleve leí ganado que tiene en la finca antes del día primero del próximo Imes de octubre. De usted con toda consideración (fdo.) Ramón Can-leel Rodríguez.”

De conformidad con la prueba del propio demandante, el demandado le concedió en total un año para recolectar los frutos que estaban pendientes al celebrarse el contrato de compraventa. No aparece de la prueba que el demandante en momento alguno tratase de recolectarlos, insistiendo siem-pre en que el demandado le pagase por ellos la cantidad en que él los había tasado. El demandado no venía obligado en tales circunstancias a comprar los frutos. Tampoco a dejar indefinidamente la finca ocupada por las siembras del de-mandante. El derecho de este último a recolectar sus frutos está limitado,_ como hemos dicho, por el que tiene el deman-dado al goce y disfrute de su propiedad. Si estos frutos fue-ron después de dicho término utilizados por los medianeros, frutos que según aquéllos y el propio demandante, con ex-cepción de las malangas, habían sido sembrados a medias por los medianeros, cúlpese a sí mismo el demandante que, mal aconsejado sin duda, no hizo uso de su derecho; pero no pretenda reclamarlos al demandado que hizo en su bene-ficio más de lo que legalmente estaba obligado a hacer.

En lo que respecta al alambre y a la casa, de la declaración del demandante resulta que en las cercas gastó $80, y construyó una casa que fué tasada en $25 (T. de E. 10-11). En cuanto a las cercas, el propio demandante declaró que el demandado había destruido la que él (el demandante) tenía, para poner cercas nuevas (T. de E. 35). El testigo del demandado Juan Delgado declaró que la cerca que ahí había en tiempo del demandante era una cerca de mayas y un alambre viejo (T. de E. 114). El testigo del demandado Ramón Esquilín declaró además que el demandado tuvo que cercar la finca porque no tenía cerca (T. de E. 86). Respecto a la casa, valorada en $25, aparece de la prueba que se trata de un bohío de paja levantado allí por el que lo habitaba, el medianero que fué del demandante primero y del demandado después, Fidel García, quien declaró que ni siquiera los pedazos de tabla que usó en la construcción del bohío pertenecían al demandante. Y si examinamos la opinión de la corte sentenciadora, veremos que estas partidas de daños no figuran entre los hechos que estimó probados. Pero en el supuesto de que en efecto los hubiera probado, tales daños no eran reclamables a Ramón Cancel, sino al anterior dueño Antonio Emanuelli o a su sucesión. A este efecto se dijo por el Tribunal Supremo de España en Sentencia de 7 de enero de 1889, 65 Jurisprudencia Civil 43, 46:

“ y principalmente porque si el recurrente se creía con de-recho a las mejoras que hubiera realizado cuando la finca pertenecía a otro dueño, debió ejercitar su acción contra el antiguo propietario, que sería en todo caso el obligado a su abono, a menos que constase, y nada se ha probado sobre este extremo, que tal obligación se había-transferido al nuevo adquimite. ”

A nuestro juicio, los daños reclamados en la primera cansa de acción no han sido probados. Tampoco existen los reclamados bajo la segunda causa de acción. El demandante no tenía derecho a mantener indefinidamente su ganado en la finca del demandado. El artículo 1461 del Código Civil, como hemos visto, concede al arrendatario el tiempo que la ley estima razonable para cosechar sus frutos, pero ningún derecho le concede a mantener su ganado en la finca después que el comprador, haciendo uso del derecho que le concede dicho precepto legal, termina el contrato de arrendamiento. En este caso el demandado concedió al demandante el derecho de permanecer en la finca hasta el 8 de septiembre de 1938 y para esa fecha debió haber sacado de allí el ganado. Ello no obstante, no fué hasta el 4 de noviembre de 1938, conforme resulta de la demanda enmendada, que el ganado fué sacado por el demandado y entregado al demandante. Pero aparte de estas consideraciones, el demandante no probó que sufriera menoscabo alguno el ganado. En el examen directo declaró que habían muerto una yegua y una novilla. Pero la muerte de estos animales, según su propia declaración, tuvo lugar un mes después de estar en su poder el ganado, y del examen de repreguntas resultó que él no llamó a un veterinario o a otra persona entendida en la materia para determinar cuál fué la causa de la muerte de dichos animales, y lo que es más, no presentó prueba alguna con respecto al valor de los mismos.

En lo que hace al resto del ganado, sólo se limitó a decir que se había rebajado en peso, sin intentar especificarlo, y que lo sabía por el “semblante” de los animales, pero ad-. mitió que no lo había pesado ni al abandonar la finca ni al recibirlo del demandado. Aun asumiendo que hubiese pre-sentado dicha prueba, el único responsable de la pérdida fué el propio demandante que no tomó las medidas procedentes para proteger su propiedad.

La reclamación de los daños y perjuicios objeto de la tercera causa de acción es manifiestamente improcedente. En la hipótesis de que pudieran reclamarse daños por la angustias y sufrimientos morales causados por la pérdida d| propiedad susceptible de ser indemnizada en dinero, no v mos cómo podrían reclamarse tales daños en casos como presente en que se absuelve al demandado de toda respo: sabilidad por los daños materiales. Pero' aun si así fuer el Tribunal Supremo de España, interpretando el artícul 1571 del Código Civil español, idéntico al 1461 del nuestr en Sentencia de 3 de noviembre de 1892 (72 J. C. 324) resol] vió que el arrendatario sólo puede exigir en el caso a qu se refiere el segundo párrafo de este artículo, los daños perjuicios que realmente se le causen, sin que pueda exten der su petición a otra cosa. Y el artículo 1058 de- nuestrc Código Civil prescribe que “fuera de los casos expresaraent< mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obli-gación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubie-ran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.’ Difícil, si no imposible, es prever que el demandante fu-ese de una susceptibilidad tan extraordinaria que los daños que alega le causó el demandado le produjeran sufrimientos tales al extremo de enfermarse tres meses después de haberse hecho cargo de la finca el demandado y debilitarse su orga-nismo “porque no podía comer debido a los sufrimientos. Parece conveniente citar, por vía de ilustración, el caso de González Mena v. Dannermiller Coffee Co., 48 D.P.R. 608, donde resolvimos, aplicando el principio establecido en el artículo 1058 supra, que en una acción basada en incumplí miento de contrato, el demandado es responsable solamente de las consecuencias que se originen directamente de dicho incumplimiento y previstas o podidas prever por los contra tantes cuando se celebró el contrato, que puedan derivarse de la falta de cumplimiento, y que siendo ello así, las angus-tias mentales no son daños a ser indemnizados en dicha ac-ción.

No debemos cerrar esta opinión sin insistir en la conveniencia y necesidad de que en casos como el presente, ¡n que se solicitan distintas partidas de daños, si se conce-len en todo o en parte por la corte sentenciadora, debe es-)ecificarse por lo menos en la opinión, la cantidad concedida >or concepto de cada partida. De esa forma, al revisarse ¡1 caso en apelación, si procediere modificar la sentencia por laberse concedido daños qne no procedían, podrá este Trimnal saber con certeza qné cantidad concedió la corte infe-•ior por la partida o partidas a qne el demandante tenga de-recho.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia <apelada y lictar otra declarando sin lugar la demanda, con costas al lemandante.


author: El Juez Presidehte Señor Del Torio

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Encarnación Rodríguez García, acusado y apelante.
    Núm. 9909.

    Sometido: Abril 28, 1943.

      Resuelto: Mayo 6, 1943.

      Antonio L. López, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidehte Señor Del Torio

emitió la opinión d tribunal.

Encarnación Rodríguez García fue acusado de tener en £ posesión, el 10 de enero de 1942, un revólver, sin declarar] por escrito al jefe de la policía del distrito de su residencia Caguas, hecho contrario al artículo 7 de la Ley 14 de 19¿ ((2) pág. 129), como enmendada por la 95 de 1937 (Leyes c 1936-37, pág. 240).

Al leérsele la acusación, el acusado alegó que el revólve estaba inscrito a nombre de un hijo suyo. La corte resolví que ésa era una cuestión de defensa para ser planteada < día del juicio. El acusado alegó entonces que era inocent y señalado el juicio para el 6 de octubre de 1942, fué cel< brado, dictándose el mismo día la sentencia contra la cu? se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

La evidencia aportada por el fiscal consistió en la declf ración de dos testigos y en el revólver mismo. El prime testigo, Rafael Escribano, declaró que conocía .al acusadc que se lo recomendaron para trabajar y hacía tres semana que vivía en una casita que le hizo detrás de la suya en s finca situada en el término municipal de Caguas; que el act sado lo amenazó con un revólver y avisó a la policía de Ce guas quien mandó uno de sus miembros a la finca y ocupó < arma en la casa del testigo; que vió al acusado en posesió: del arma antes de que fuera ocupada por la policía. El se gundo testigo, Manuel Moraza, sargento de la policía insx lar en Caguas, dijo que el revólver no estaba inscrito en e libro registro de armas de su cuartel.

El fiscal aceptó que de llamarse a declarar al jefe de 1 policía insular de San Lorenzo, lo haría en el sentido de qu el revólver estaba inscrito en el libro registro de su euarte a nombre de un hijo del acusado. Éste no presentó ningún; otra prueba.

La corte declaró al acusado culpable de la infracción im putádale y lo condenó a pagar cincuenta dólares de multa 1 acusado sostiene que erró al interpretar la ley y al apre-iar la prueba.

Argumenta el primer error alegando que “la sección 7 de i Ley núm. 14 de 1936 y sus enmiendas posteriores se refieen al registro de armas y no de personas.” Y como se ad-flitió que el arma en este caso estaba registrada, no hubo lelito.' No cita jurisprudencia alguna.

La Ley núm. 14 de 1936, Sesión Especial, pág. 129, ¡nmendada por la 95 de 1937, pág. 240, que se decretó entre (tros fines para ordenar la declaración de las armas de úego en cualquier forma que fuesen poseídas, dispone, por iu sección séptima, que “Toda persona que tenga en su po-ler, por cualquier concepto, cualquier arma de fuego, en la ‘echa en que entre en vigor esta ley, tiene la obligación de leclararlo así por escrito al jefe de la policía insular del listrito donde resida, a no más tardar el trigésimo día des-pués de aquél en que se haga la última publicación de los adictos que se ordenan en el artículo 9 de esta ley. Igual-nente, toda persona que obtenga el dominio o posesión de iualquier arma de fuego, en cualquier forma, después de en-trar en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde resida. ’ ’

No puede ser más amplia la disposición. La que se re-gistra es el arma, pero el registro se hace a nombre de la persona que la tenía en su poder, por cualquier concepto, a la fecha en que entró a regir la ley, o que obtuvo su domi-nio o posesión, en cualquier forma, después.

En tal virtud el registro del arma a nombre de su hijo, era válido para éste, pero no para el acusado quien, al ad-quirirla o posesionarse de ella, estaba en el deber de regis-trarla nuevamente a nombre suyo. No se trata de un caso de portación accidental.

El evidente propósito del estatuto es el de que la policía tenga conocimiento exacto de las armas de fuego que existen en la Isla y de quiénes son sns dneños o poseedores, a lo' fines de poder guardar mejor el orden público.

El primer error señalado no fue, pues, cometido. Ta: poco el segundo.

El hecho de que la prueba demuestre que la policí; no ocupó el arma en poder del acusado sino en la casa d Eafael Escribano, no es decisivo, habiendo declarado com< declaró Escribano además que vió antes el arma en la pose sión del acusado. La corte dió crédito a la totalidad del tes timonio y tuvo por tanto base para declarar culpable al acu sado.

Bebe confirmarse la sentencia.


author: Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Morales, acusado y apelante.
    Núm. 9878.

    Sometido: Abril 14, 1943.

      Resuelto: Mayo 7, 1943.

      A. Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, ape-lado.
   Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de adulteración de .eche en grado de reincidencia. Hizo alegación de culpable y fué sentenciado a pagar una multa de $500 y a cumplir seis meses de cárcel. Basa su recurso en el error que im->uta a la corte inferior al haberlo declarado convicto doi de-lito en grado de reincidencia. Sostiene que la reincidencia no debe tenerse en cuenta en este caso y está conforme en que se le declare convicto del delito de adulteración de leche y se le imponga la pena correspondiente, es decir, una multa no menor de $25 ni mayor de $100. En apoyo de su conten-ción arguye que la alegación de reincidencia es insuficiente (a) porque no suministra al acusado la necesaria informa-ción para preparar su defensa, y (6) porque no se expresa que la convicción anterior sea firme, pudiendo haber sido revocada o dejada sin efecto.

La alegación de reincidencia se expuso así:

“Se alega la reincidencia de Manuel Morales porque este acusado fué sentenciado por la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, a pagar una multa de $25.00 el día 14 de octubre de 1937 en el caso Núm. 5370.”

La suficiencia de la alegación de reincidencia no fué sus-citada en la corte inferior. Por primera vez se levanta ahora en apelación. Como se dijo en Pueblo v. Quirindongo, 31 D.P.R. 642, la cuestión se promueve demasiado tarde para que prospere. El hecho de que el acusado hiciera alegación de culpabilidad no varía la situación. Esa circunstancia no-lo coloca en posición más ventajosa que si hubiera hecho ale-gación de inocencia. Al leérsele la acusación tuvo la opor-tunidad de suscitar la cuestión y no lo hizo, sin que nadie se lo impidiera. Pero en la hipótesis de que pudiera suscitarla eu esta etapa del proceso, tendríamos que sostener que la alegación de reincidencia suministró al acusado suficiente in-formación para preparar su defensa, ya que le indicó la corte que lo sentenció, el número del caso, la sentencia impuesta y su fecba, así como la naturaleza del delito. En el caso de Pueblo v. Toro, 32 D.P.R. 800, la alegación de reincidencia decía así:

“ ... El citado Luis Toro, quien es reincidente de este mismo delito, según sentencia firme de esta Corte, de fecba 13 de octubre de| 1920 ...”

Este tribunal, ¿1 sostener la suficiencia de la transcrita: alegación, dijo:

“La acusación, a nuestro juicio, imputa con suficiente claridad y precisión la reincidencia. Reincidencia quiere decir 'reiteración de una misma culpa o defecto’ y en nuestro actual sistema penal la ma-teria está regulada por los artículos 56 al 61 del Código Penal que tratan de los ‘delitos subsiguientes.’ La reincidencia aquí es especial, y la acusación la imputa siguiendo el lenguaje del propio esta-tuto. Las palabras ‘mismo delito’ y la expresión de la corte que dictó la sentencia y de la fecba en que fué dictada, constituyen infor-mación bastante para que el acusado pueda preparar debidamente su defensa. ’ ’

El becbo de que en la alegación en el caso de Pueblo v. Toro, supra, se usaron las palabras “de este mismo delito”, no varía la situación, pues en el de autos se usa la palabra “reincidencia” que, conforme la define Escriebe en su Dic-cionario de Legislación y Jurisprudencia, significa “la rei-teración de una misma culpa o delito.”

La segunda cuestión carece de méritos. La sentencia anterior dictada por la Corte de Distrito de Arecibo conlleva la presunción de válida. Artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, incisos 16 y 17. Si dicba sentencia fué posteriormente revocada o dejada sin efecto, es simplemente una cuestión de defensa y por consiguiente es al acusado y no al Fiscal a quien incumbe alegarla y probarla. State v. Findling (Minn. 1913) 144 N. W. 142, 144; State v. Vendetta (W. Va. 1920) 103 S. E. 53; Newsom v. State (Tex. 1938) 123 S. W. (2d) 887; Gragg v. Commonwealth (Ky. 1907) 104 S. W. 285.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia a/pelada.