author: Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se le unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, peticionaria, v. Celulares Telefónica, Inc., recurrida.

      Número: CC-2004-667

      Resuelto: 18 de septiembre de 2006

      Alejandro Torres Rivera, abogado de la parte peticionaria; Carlos A. Padilla Vélez, abogado de la parte recurrida; Celina Romany, abogada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, amicus curiae.

   SENTENCIA

La peticionaria, Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETel), nos solicitó la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. En la sentencia de instancia se modificó un laudo de arbitraje emitido por un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Allí se dispuso que, aun cuando procedía confirmar que el despido del empleado de Celulares Telefónica, Inc. había sido injustificado, éste sólo tenía derecho al remedio dispuesto por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 80), Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m, y que no tenía derecho a la reposición en el empleo ni a la paga retroactiva, como había dispuesto el árbitro.

I

Los hechos en este caso no están en controversia, por lo que no hay que relatarlos en gran detalle. Baste señalar que la compañía Celulares Telefónica, Inc. despidió a uno de sus empleados, el Sr. Nelson Maldonado, por alegadamente haber violado algunas disposiciones del Reglamento de Disciplina de la compañía. Éste presentó una querella contra su patrono y el caso fue eventualmente sometido a arbitraje. Oportunamente, el árbitro emitió el laudo correspondiente, en el que concluyó que el despido del señor Maldonado no estuvo justificado, por lo que ordenó su reposición inmediata y el pago de los haberes dejados de recibir desde la fecha de su despido.

Inconforme con el laudo de arbitraje, el 21 de noviembre de 2001 Celulares Telefónica, Inc. presentó una petición de revisión del laudo ante el Tribunal de Primera Instancia, alegando que erró el árbitro al determinar que el despido del señor Maldonado no estuvo justificado. Argüyó también que de ser injustificado el despido, el remedio no podía ser la reposición en el puesto que ocupaba y el pago de los haberes dejados de percibir, por ser esto contrario a lo dispuesto en la Ley de Despido Injustificado.

Trabada así la controversia, el 21 de octubre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la que modificó el laudo emitido para eliminar la parte que ordenaba la reposición del empleado y los haberes dejados de recibir. El foro de instancia concluyó que, ante un despido injustificado, el señor Maldonado sólo tenía derecho al remedio dispuesto por la Ley de Despido Injustificado, debido a que el laudo debía ser emitido conforme a derecho. Dicha sentencia fue notificada y archivada en autos el 30 de octubre de 2003.

Ante esta determinación, el 2 de diciembre de 2003, la HIETel presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en esencia, que erró el tribunal de instancia al revocar parcialmente el laudo emitido, eliminando la determinación que ordenaba la reposición y paga retroactiva del señor Maldonado y sustituir dicho remedio por aquel que confería la Ley Núm. 80, supra. Atendido el recurso de certiorari, el 28 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la que confirmó el dictamen del foro de instancia. Concluyó que, tratándose de un convenio colectivo que disponía que las controversias sometidas a arbitraje tenían que ser resueltas conforme a derecho, el único remedio era la mesada que concedía la Ley Núm. 80, supra. El tribunal sostuvo que el convenio colectivo suscrito no le confería poder al árbitro para con-ceder un remedio más amplio que el de la Ley Núm. 80, supra.

Oportunamente, la HIETel acudió ante nosotros. En su recurso señaló el error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al negarse a reconocer la facultad del Arbitro de otorgar los remedios de reposición y paga de los haberes dejados de devengar por el empleado Nelson Maldonado desde la fecha de su despido a pesar de que este tipo de remedio está explícitamente contemplado en el Convenio Colectivo en varias de sus disposiciones y no existe como tal una prohibición expresa por las partes contra el mismo. Petición de certiorari, pág. 4.

Expedimos. Posteriormente, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos solicitó comparecer como amigo de la corte, solicitud a la que accedimos. El 23 de febrero de 2006 dictamos una sentencia desestimando el recurso por falta de jurisdicción. Luego de una oportuna moción de la HIE-Tel, acordamos reconsiderar y dejamos sin efecto la sentencia dictada. Pasamos ahora a resolver.

Evaluado los planteamientos de las partes, así como la posición del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, se dicta sentencia mediante la cual se revoca la sentencia emi tida por el Tribunal de Apelaciones y se ordena la reposición del Sr Nelson Maldonado a su puesto en Celulares Telefónica con el pago de los haberes dejados de devengar.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Estamos conformes con el resultado al que se llega en la Sentencia que el Tribunal emite en este caso. Hemos decido expresarnos por separado, sin embargo, en vista de los señalamientos y fundamentos —a nuestro juicio, erróneos— que tres de los integrantes del Tribunal han tenido a bien hacer en el caso.

I

La amplia facultad de los árbitros para conceder remedios es un principio reconocido en el campo del derecho laboral desde hace más de cuarenta años. Lamentablemente, hoy tres integrantes de este Tribunal pretenden limitar dicha facultad, eje y centro del arbitraje obreropatronal, apoyándose en una interpretación errónea de la jurisprudencia y obviando que el Acuerdo de Sumisión sometido al árbitro expresamente disponía que éste proveyera el “remedio adecuado”.

Al hacer su determinación en este caso, estos distinguidos Magistrados parten del razonamiento errado de que si un convenio colectivo o un acuerdo de sumisión disponen que el laudo que emita un árbitro debe ser conforme a derecho, esto constituye una limitación en cuanto a los poderes remediales del árbitro. Como consecuencia de esta premisa equivocada, dichos Magistrados arriban al resultado erróneo de que la frase “conforme a derecho” implica que un árbitro, ante un caso de despido injustificado, está limitado a conceder el remedio que dispone la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a-185m), conocida como Ley de Despido Injustificado. Nada más lejos de la realidad.

Para establecer lo erróneo de esta conclusión, tan sólo tenemos que examinar las normas establecidas por este Tribunal y por los tribunales federales en cuanto al arbitraje obrero-patronal, los acuerdos de sumisión, y la interpretación de convenios colectivos. Veamos.

II

La relación de los hechos del caso que se hace es adecuada. Por dicha razón, y con el propósito de no cansar al lector, la adoptamos. Nos dedicamos a analizar la controversia en el caso. Esta, puesta en su justa perspectiva, es si en un caso de despido injustificado, en el cual las partes someten una sumisión en la que se le solicita al árbitro que provea el “remedio adecuado” en caso en que determine si, en efecto, el despido del empleado fue injustificado, ¿puede el árbitro conceder como remedio la reposición con paga atrasada o está limitado a otorgar la mesada que reconoce la Ley Núm. 80, antel?

A. Cuando en un convenio colectivo existe un acuerdo voluntario para utilizar el arbitraje como mecanismo de ajuste de controversias, ello crea un foro sustituto a los tribunales de justicia. “En efecto, ello representa una sustitución del juez por el árbitro.” Condado Plaza v. Asoc. de Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 352 (1999). En igual sentido, el profesor Demetrio Fernández Quiñones, en su obra El Arbitraje Obrero-Patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 21, expresa que el arbitraje laboral es un sustituto del litigio judicial. Por ello, las partes están compelidas, por su propio acuerdo, a aceptar la decisión del árbitro como final y obligatoria. Id.

La referida autoridad del árbitro para entender en un procedimiento de arbitraje emana del acuerdo de sumisión y del convenio colectivo existente entre un patrono y una unión. Véanse: J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 148-149 (1974); Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

Ahora bien, una de las características fundamentales del procedimiento de arbitraje obrero-patronal es, como ya hemos indicado, la facultad de los árbitros de conceder remedios. En lo referente a esta facultad remedial del árbitro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido que cuando las partes acuerdan someter al árbitro cuestiones de aplicación e interpretación del convenio colectivo, éste tiene amplia autoridad para conceder remedios siempre y cuando no se le haya limitado en el convenio o en el acuerdo de sumisión. Véase Steelworkers v. Enterprise Corp., 363 U.S. 593 (1960).

En igual sentido, en el caso Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1978), este Tribunal expresó que cuando una controversia delimitada se somete a un árbitro, éste debe tener considerable latitud en confeccionar el laudo. “No es razonable que un árbitro tenga poder para entender en una controversia entre patrono y unión sin tener autoridad para imponer el remedio que creyera propicio de acuerdo al laudo emitido” (Énfasis suplido y citas omitidas.) Id., pág. 564.

Este poder para la concesión de un remedio, ya sea el cumplimiento específico, injunctions o daños, debe surgir de la sumisión o del convenio. R.W. Fleming, Arbitrators and the Remedy Power, 48 Va. L. Rev. 1199 (1962). No debe haber duda sobre el hecho de que los árbitros están facultados para disponer remedios que sean consustanciales y afines a los propósitos de la ley y del convenio. Dicho de otra forma, al estar delimitados los poderes del árbitro por el convenio colectivo y el acuerdo de sumisión, el remedio que el árbitro otorgue tendrá que ser consustancial con éstos.

Vemos que, como regla general, el árbitro tiene amplia autoridad para otorgar remedios, pues es él quien está llamado a interpretar el convenio colectivo. Véase Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., ante.

Es por esta razón que, en ausencia de lenguaje claramente restrictivo, ya sea dentro del convenio o dentro de la sumisión, se debe conceder al árbitro gran latitud en la confección de un remedio apropiado. Lodge Núm. 12, Etc. v. Cameron Iron Works, Inc., 292 F.2d 112, 119 (5to Cir. 1961); College Hall Fashions v. Philadelphia, Etc., 408 F.Supp. 722, 728 (E.D. Pa. 1976); Texas Gas Transmission Corp. v. International Chem. Wkrs., 200 F.Supp. 521, en reconsideración, 527 (S.D. N.Y. 1961); R. Stutz, Arbitrators and the Remedy Power, en M.L. Kahn, Labor Arbitration and Industrial Change, Washington D.C., National Academy of Arbitrators (Proceedings 16th Annual Meeting), 1963, pág. 54.

Además, hemos expresado que los tribunales no deben sustituir el criterio del árbitro, aun bajo la hipótesis de que hubiesen provisto un remedio distinto de haberse sometido la controversia al foro judicial. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832 (1977). La interpretación del convenio colectivo es una cuestión que le compete exclusivamente al árbitro y no a las cortes. Steelworkers v. Enterprise Corp., ante.

Por consiguiente, cuando las partes autorizan a un árbitro a interpretar el convenio colectivo sin ninguna limitación expresa, los tribunales actuarán con deferencia respecto al remedio que éste haya concedido siempre y cuando el árbitro haya aplicado e interpretado el convenio colectivo entre las partes y haya actuado dentro del marco de esta autoridad, aunque el tribunal entienda que se haya cometido un error. Véase Paperworkers v. Misco, Inc., 484 U.S. 29, 38 (1987).

B. Tal y como hemos señalado, la tendencia moderna en el derecho laboral es la de concederle amplia autoridad al árbitro para diseñar un remedio adecuado a su laudo. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., ante; Steelworkers v. Enterprise Corp., ante, pág. 597; F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed., Washington, The Bureau of National Affairs, 1973, pág. 351.

La facultad remedial del árbitro cobra especial importancia en casos en los que se alega un despido injustificado en violación de un convenio colectivo. En estos casos, el remedio que configure el árbitro responde al alegado incumplimiento del patrono con el convenio colectivo.

Sobre lo que constituye el “remedio adecuado” en casos de despido injustificado, los tratadistas Marvin Hill Jr. y Anthony V. Sinicropi, op. cit., págs. 42-55, señalan:

An order of reinstatement should he expected to be issued where a discharge is held not to be for just cause .... [I]t is clear that no rule of law limits an arbitrator from ordering the reinstatement of an employee who has been discharged without good cause.
...In the area of labor relations it is uniformly recognized that the purpose of a back-pay award is to indemnify the employee by making him whole for loss of earnings incurred by reason of the employer’s contract violation. This loss of earnings is generally measured by the wages that he would have earned during the period they were denied.
“There is no genuine issue concerning the power of an arbitrator to make a monetary award of back pay. Even where this power is not expressly provided for in the collective bargaining agreement, or expressly requested in the parties written submission to the arbitrator, arbitrators have held that the power to decide the disciplinary issue includes the power to formulate an appropriate remedy including, but not limited to, back pay”. (Énfasis nuestro.)

De igual forma, los tratadistas Elkouri y Elkouri, op. cit., pág. 688, señalan que si una pena de despido impuesta por el patrono es revocada por el árbitro, el remedio muchas veces será la reinstalación, con o sin paga atrasada.

Según el profesor Demetrio Fernández Quiñones, “[s]i el árbitro determina que el patrono carecía de justa causa para el despido, procederá a diseñar el remedio adecuado”. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 221. Y añade que es norma más que reiterada que la reinstalación del empleado ha sido el remedio común y más usado por los árbitros en los casos de arbitraje laboral por despido ilegal.

Ahora bien, y como vimos, la reinstalación del empleado no es el único remedio adecuado en este tipo de casos; el árbitro puede ordenar la paga atrasada. Ello con el propósito de compensar al empleado en la pérdida de salarios que ha incurrido como consecuencia de la violación del convenio colectivo por el patrono; dicho de otra forma, el propósito es restaurar el status quo económico. Fernández Quiñones, op. cit, pág. 222.

De particular relevancia a este caso es la decisión en el caso Challenger Caribbean v. Union Gen. de Trabajadores, 903 F.2d 857 (1er Cir. 1990). En ese caso el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico había anulado un laudo porque entendía que el árbitro se había extralimitado en sus poderes al ordenar la reinstalación y la paga atrasada de los empleados, puesto que el único remedio al que tenían derecho los empleados era la mesada de la Ley Núm. 80, ante. El Primer Circuito revocó esa decisión, razonando que los remedios de la Ley Núm. 80, ante, eran diferentes a los del Convenio Colectivo. Por lo tanto, como la alegación de la Unión fue que el despido, aunque violaba la Ley Núm. 80, ante, también violaba el Convenio Colectivo, el tribunal resolvió que el laudo en el que se ordenaba la reinstalación y el pago de haberes dejados de percibir, emanaba del Convenio y era conforme a derecho, por lo que fue confirmado.

El Primer Circuito expresó, además, en dicho caso lo siguiente:

We do not sit as a court of appeal to hear claims of factual or legal error by an arbitrator or to consider the merits of the award. We cannot vacate the award because the arbitrator misreads the contract, where there is room to do so, nor are we authorized to reject his honest judgment as to the appropriate remedy, if the contract gives him authority to decide that question. “As long as the arbitrator is even arguably construing or applying the contract and acting within the scope of his authority, that a court is convinced he committed serious error does not suffice to overturn his decision.”
... An “arbitrator’s award settling a dispute with respect to the interpretation and application of a labor agreement must draw its essence from the contract and cannot simply reflect the arbitrator’s own notions of industrial justice.” Misco, 484 U.S. at 38, 108 S.Ct. at 368. When an award “manifest[s] an infidelity to this obligation, courts have no choice but to refuse enforcement of the award.” Enterprise Wheel Car Corp., 363 U.S. at 597, 80 S.Ct. at 1361. Challenger Caribbean v. Union Gen. de Trabajadores, ante, págs. 860-861.

En específico, sobre la controversia en cuanto a si el árbitro estaba facultado para conceder el remedio de la reposición y paga atrasada, la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito expresó que un convenio colectivo podía ampliar, pero nunca disminuir, los estándares mínimos prescritos en las leyes laborales estatales, y que, a menos que el convenio o la sumisión no lo limitaran, el árbitro poseía poderes amplios para diseñar el remedio adecuado. Challenger Caribbean v. Union Gen. de Trabajadores, ante, pág. 869.

III

Por otro lado, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la facultad de los tribunales para revisar laudos es limitada. Así, los motivos por los cuales un laudo puede ser impugnado se reducen a: (1) fraude, (2) conducta impropia, (3) falta de debido procedimiento en la celebración de la vista, (4) violación de la política pública, (5) falta de jurisdicción y (6) que el laudo no resuelva todas las cuestiones que se sometieron. Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., ante.

Como es sabido, la especial deferencia concedida a los laudos que emiten los árbitros, la hemos concebido en los términos siguientes: como norma general, los errores de hecho cometidos por el árbitro en un laudo no serán revisables por los tribunales. Es por esta razón que es sólo a modo de excepción que los tribunales pueden intervenir y revisar un laudo de arbitraje. En caso de que no esté presente ninguna de las circunstancias antes mencionadas, un tribunal puede revisar un laudo si el convenio o acuerdo de sumisión, según sea el caso, consigna expresamente que el laudo sea resuelto conforme a derecho. Dicha revisión se hará con referencia al derecho aplicado. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., ante. Con relación a esto, también he-mos expresado que “cuando las partes pactan que el laudo arbitral sea conforme a derecho, los tribunales podrán corregir errores jurídicos en referencia al derecho aplicable”. (Enfasis suplido.) Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., ante, pág. 353.

Se infiere de lo anterior que cuando se requiera que un laudo sea emitido conforme a derecho, puede ser revisado bajo las normas de revisión judicial. Así, si el convenio colectivo o el acuerdo de sumisión expresamente disponen que el laudo debe ser emitido conforme a derecho, los foros apelativos están facultados a revisar todas las cuestiones de derecho sustantivo resueltas por el árbitro.

En ausencia de una fraseología en ese sentido —esto es, que el laudo tenga que ser emitido conforme a derecho— el árbitro podrá determinar cuál es la ley, sin que los tribunales puedan intervenir en la decisión del árbitro. Así lo admite una mayoría al expresar lo siguiente: “La exigencia que el laudo sea conforme a derecho lo coloca fuera del ámbito de las reglas ordinarias de revisión judicial; es decir, aquellas que afirman su finalidad no obstante los errores de hecho o de derecho.” Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, págs. 28-29. Así también lo establecen expresamente los casos citados por la mayoría.

Por otro lado, la implicación a ser derivada de la posición contraria, esto es, que un laudo sea emitido conforme a derecho, es que al emitir un laudo el árbitro no puede apartarse de las normas interpretativas de derecho sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes. Sobre este aspecto, en el caso Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., ante, expresamos que al interpretar un convenio, el árbitro no estaba limitado a su contenido, sino que debía hacerlo a la luz de las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo federal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el campo de derecho laboral. Cuando un árbitro deba emitir un laudo conforme a derecho, esto implica también que el laudo no puede apartarse de lo dispuesto en el convenio colectivo que el árbitro está interpretando ni del acuerdo de sumisión, ya que de ambos emana la facultad del árbitro para atender las controversias obrero-patronales.

En particular, y en lo relevante a este caso, cuando un árbitro tenga que emitir un laudo conforme a derecho en aquellas situaciones que versen sobre la existencia de justa causa para un despido, éste estará obligado a aplicar las normas y doctrinas legales prevalecientes en esta jurisdicción. “Ello implica que el árbitro tendrá que recurrir a la Ley de Despido Injustificado para obtener la definición sobre justa causa que ha establecido el Tribunal Supremo. En ese tenor el árbitro está subordinado al derecho sustantivo vigente.” Fernández Quiñones, op. cit., pág. 217. Así, si el árbitro tiene que resolver conforme a derecho en un caso de despido, está impedido de variar el castigo de despido impuesto al empleado, si concluye que hubo justa causa. íd., pág. 221.

De lo expresado, y contrario a la posición de los tres Jueces antes mencionados, se desprende con meridiana claridad que la frase “conforme a derecho” nunca ha sido interpretada por este Tribunal como una limitación a las facultades remediales del árbitro. Todo lo contrario; nunca hemos cuestionado la facultad que tienen los árbitros a con-ceder la reposición y la paga retroactiva como remedio. La única limitación en cuanto al remedio que diseñe un árbitro es que no viole el convenio colectivo ni el acuerdo de sumisión.

IV

En este punto, es menester señalar que en su afán por resolver que, según el Acuerdo de Sumisión, el árbitro en este caso estaba limitado a conceder el remedio de la mesada, nuestros tres compañeros Jueces interpretan de forma equivocada la decisión emitida por este Tribunal en J.R.T. v. Securitas, Inc., ante. En dicho caso se sometió a arbitraje la cuestión de si el despido de un empleado estuvo justificado o no. Específicamente se estableció en el Acuerdo de Sumisión que, “[d]e determinarse que fue injustificado, el árbitro proveerá el remedio correspondiente”. Id., pág. 581. Al resolver la controversia ante sí, el árbitro entendió que el despido no estuvo justificado y ordenó la reposición del empleado, así como el pago de los salarios dejados de percibir. El patrono impugnó el referido laudo y alegó que era nulo por ser contrario a derecho.

En primer lugar, este Tribunal rehusó intervenir con la determinación del árbitro en cuanto a que el despido fue injustificado y expresó que como ni el Convenio Colectivo ni el Acuerdo de Sumisión requerían que el árbitro resolviese la cuestión sometida conforme a derecho, era improcedente revisar supuestos errores de índole jurídica.

En segundo lugar, en este caso se planteó la controversia de si el árbitro se había excedido de sus funciones al ordenar la reposición del empleado despedido y el pago de los salarios dejados de devengar en contradicción a la entonces vigente Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949, la cual fue derogada por la Ley Núm. 80, ante. Al examinar la mencionada Ley Núm. 80 y sus disposiciones referentes al pago de la mesada, expresamos lo siguiente:

No discernimos disparidad entre la política del estatuto y el laudo emitido. No se nos ha demostrado que la intención legislativa haya sido fijar sanciones máximas exclusivas para casos de despido cuando media un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión sobre la justificación de la cesantía. ¿Cómo es que puede interpretarse que la legislación sobre la mesada ha obedecido por décadas al propósito de impedir que un árbitro, bajo un acuerdo de sumisión que no limite claramente sus poderes, ordene la reposición de un empleado y el pago de sus sueldos dejados de percibir, más intereses? En Puerto Rico, hemos distinguido tajantemente entre los derechos bajo un convenio colectivo y los derechos de mesada. (Enfasis suplido.) J.R.T. v. Seguritas, Inc., ante, pág. 583.

Dichos Magistrados indican que en el referido caso se había “intimado” que cuando un laudo debía ser emitido conforme a derecho, el remedio debía atenerse a la mesada por ser el único que dispone la ley. Y añade que en ese caso se resolvió que “un árbitro, en un caso de despido injustificado, podía conceder un remedio distinto al provisto en la Ley Núm. 80, si no se habían limitado sus poderes a que el laudo fuera conforme a derecho”. (Enfasis en el original.) Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, pág. 12. Diferimos de la interpretación que hacen estos Magistrados en el caso.

Del texto antes citado surge claramente que, en dicho caso, este Tribunal entendió que cuando en un acuerdo de sumisión no se limitaban las facultades remediales del árbitro, estableciéndose un acuerdo de sumisión amplio en cuanto al remedio, un árbitro estaba plenamente facultado a conceder la reposición y paga retroactiva como remedio. Más aún, este Tribunal expresó, específicamente, que al aprobar la Ley Núm. 80, ante, la Asamblea Legislativa no pretendió limitar las sanciones que podía imponer un árbitro a lo dispuesto en dicha ley sobre la mesada para casos de despido injustificado cuando mediaba un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión.

A esos mismos efectos, en Wolf v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R. 537, 543 (1958), expresamos:

Es en los convenios colectivos donde a menudo se concretan las causas justas de despido de los trabajadores. Casi siempre, en la práctica, los sindicatos y los patronos prefieren mantener una noción indeterminada y flexible de “justa causa” para el despido y someter a arbitraje cada caso específico en que haya discrepancia. Naturalmente, en dichos convenios colectivos de trabajo, la ausencia de causa justa da derecho a la reposición y al pago de los salarios dejados de devengar, y no se trata pues de una simple cuestión de mesada .... (Enfasis suplido.)

Por otro lado, en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517, 526 (1977), expresamos:

De concluir la Junta que el patrono ha incurrido en una práctica ilícita al despedir a un trabajador por estar dedicado a actividades gremiales puede requerirle que cese en y desista de dicha práctica y ordenar su reposición, y abonándose o no la paga suspendida. (Enfasis suplido.)

En consecuencia, no es correcta la conclusión de nuestros distinguidos compañeros a los efectos de que, para dirimir cuál es el remedio que puede otorgar un árbitro en un caso de despido injustificado —donde al Acuerdo de Sumisión explícitamente le confirió la facultad al árbitro de con-ceder el “remedio adecuado”— la mesada es el único remedio que puede conceder el árbitro en casos de despido injustificado.

Otra consideración importante nos obliga a apartarnos del razonamiento de estos Jueces. Si pensamos en todas las posibles controversias a las que pueden enfrentarse los árbitros —las cuales no siempre tendrán que ver con un alegado despido injustificado— tendríamos que concluir que limitar el remedio que puede conceder un árbitro a lo que establece una ley en particular, es un absurdo. Ello implicaría que, para cada situación particular que pueda ser sometida a arbitraje, el árbitro estaría obligado a bus-car la ley específica que controle dicha situación. Dicho ejercicio sería inútil, ya que en el procedimiento de arbitraje se atienden controversias tales como las de subcontratación, traslados, antigüedad, vacaciones, eliminación de plazas, etc., que quedarían en el limbo en cuanto al aspecto remedial, porque muchas de dichas controversias no están cubiertas por leyes especiales. Esto inevitablemente equivaldría a eliminarle todo sentido práctico a los convenios colectivos y al arbitraje obrero-patronal. Es por esta razón que somos del criterio de que la frase “conforme a derecho” no puede interpretarse de la forma que lo hacen nuestros compañeros Jueces.

V

Tal y como se ha dispuesto por este Tribunal, cuando un laudo tenga que ser emitido conforme a derecho, ello implica dos cosas: la primera, que los foros judiciales apelativos pueden intervenir con dicha decisión y revisar cuestiones de derecho sustantivo. La segunda, que el árbitro, al emitir el laudo, además de interpretar el Convenio Colectivo a la luz del derecho laboral vigente, tiene que ceñirse a interpretar el Acuerdo de Sumisión y el Convenio Colectivo, de modo que el remedio que diseñe sea consustancial con ambos.

En consecuencia, la conclusión en este caso debe ser clara. La limitación en cuanto a las facultades remediales del árbitro no surge del hecho de que un laudo tenga que ser emitido conforme a derecho. La referida limitación tiene que provenir específicamente del Acuerdo de Sumisión o del Convenio Colectivo. Ni el Convenio Colectivo ni el Acuerdo de Sumisión de este caso contienen un lenguaje restrictivo de similar naturaleza. Como resultado de lo anterior, cuando en una sumisión se le da la facultad al árbitro de conceder el “remedio adecuado”, éste tiene plena facultad de conceder la reposición y la paga retroactiva como dicho “remedio adecuado”.

VI

En este caso, como las partes no lograron convenir el Acuerdo de Sumisión, el árbitro, según la facultad que le otorga el Art. IX del Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado, determinó cuál era el asunto a resolverse. En cumplimiento con el referido reglamento, al determinar el asunto que se iba a someter a arbitraje, el árbitro tomó en consideración el Convenio Colectivo, las contenciones de las partes y la evidencia admitida. Así quedó determinado el asunto a resolverse:

“Determinar si la amonestación verbal y el despido del querellante, Nelson Maldonado, estuvieron justificados o no de conformidad con los hechos del caso, el Convenio Colectivo, y el derecho aplicable. De determinarse que no lo estuvieron el Arbitro proveerá el remedio adecuado” (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50.

Luego de celebradas varias vistas, el árbitro emitió su laudo en el cual hizo dos conclusiones: la primera, que tanto la amonestación verbal como el despido de Maídonado no estuvieron justificados; la segunda, que el remedio adecuado, según los hechos del caso ante su consideración, era la reposición inmediata de Maldonado y el pago de los haberes dejados de percibir desde la fecha de su despido.

No hay duda de que el árbitro en este caso resolvió la controversia que le fue sometida de acuerdo con el Acuerdo de Sumisión y al Convenio Colectivo suscrito por las partes. Esto es, primero determinó que el despido de Nelson Maldonado no estuvo justificado, y segundo —tal y como le permitía el Acuerdo de Sumisión— concedió el remedio que estimó adecuado, el cual consistía en la reinstalación y en la paga de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la reinstalación. El hecho de que se consignara que el árbitro concediera el remedio adecuado significaba que el árbitro tenía autoridad amplia para conceder el remedio que, a discreción suya, considerara apropiado.

No hay controversia en este caso en cuanto a que el Convenio Colectivo suscrito entre las partes dispone que la decisión del árbitro será final e inapelable, y que será cumplido por las partes siempre que sea conforme a derecho. Art. 58, Sec. 3(a) del Convenio Colectivo, 23 de octubre de 1999, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 179. Además, es menester puntualizar que el referido Convenio, en su Art. 5, Sec. 2(c), id., pág. 125, señala que el árbitro tiene facultad para determinar si la suspensión o despido de un empleado estuvo o no justificado. Más adelante, el mismo artículo dispone para casos en que el árbitro determine que el despido o la suspensión del empleado no estuvo justificado y que éste ordenase la reposición con los salarios dejados de percibir. Así también, la Sec. 2(d) del Art. 5 del Convenio Colectivo, id., pág. 126, y la See. 3 del Art. 44 del referido Convenio, id., pág. 170, consideran la posibilidad que un árbitro reponga al empleado en su empleo y conceda el pago total de los salarios dejados de percibir por éste.

Es por esto que, a pesar de sus erradas aseveraciones, coincidimos con la interpretación integrada del Convenio Colectivo hecba por los mencionados Jueces —del cual claramente se desprendían la reposición y paga retroactiva como uno de los remedios que un árbitro podía conceder— y con la expresión a los efectos que “[u]na lectura armónica de las cláusulas contractuales antes transcritas pone de manifiesto la intención de las partes ...de reconocer la facultad del árbitro para ordenar un remedio más abarcador que el dispuesto en la Ley Núm. 80”. (Enfasis suplido.) Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, pág. 34. No podemos estar más de acuerdo con lo anterior. Este es precisamente el fin de todo convenio colectivo, el proveer mayores beneficios a los empleados unionados que las leyes aplicables, las que usualmente proveen beneficios mínimos que, de ordinario, son mejorados mediante la negociación colectiva.

Es claro entonces que el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Sumisión no limitaron el remedio que podía conceder el árbitro al remedio de la mesada dispuesto por la Ley Núm. 80, ante. Es más, el Convenio Colectivo no disponía de forma específica qué remedio podía otorgar un árbitro en caso en que entendiera que un despido no estuvo justificado.

Además, según señalamos, en virtud de nuestra facultad limitada para revisar laudos de arbitraje, la cual, en ausencia de los factores antes enumerados, se justifica en los casos en que se consigne que se emitirá conforme a derecho, nuestro deber en este caso era determinar si, según el Acuerdo de Sumisión sometido al árbitro y el Convenio Colectivo, el remedio otorgado por el árbitro procedía y era contemplado por ambos. Vimos que así fue. El laudo emitido por el árbitro no contraviene ni el Acuerdo de Sumisión ni el Convenio Colectivo suscrito entre las partes.

Aun cuando estamos de acuerdo con el resultado al que llegan los compañeros Jueces, al ordenar que Nelson Maldonado sea repuesto en su empleo con el pago de los haberes dejados de percibir, no podemos estar de acuerdo con su determinación en cuanto a que la frase “conforme a derecho” significa que un árbitro está limitado por la Ley Núm. 80, ante, en cuanto a los remedios que puede otorgar en casos de despido injustificado; más aún en este caso, cuando el Acuerdo de Sumisión claramente le otorgaba la facultad al árbitro de proveer el “remedio adecuado”.

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se le unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En un caso de despido injustificado, ¿se excede en sus facultades el árbitro que al momento de emitir el laudo, el cual debe ser conforme a derecho, concede como remedio la reposición y paga retroactiva del empleado despedido, apartándose del remedio exclusivo de la mesada que confiere la Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185m) (Ley Núm. 80)?

Esta es la controversia a que hoy nos enfrentamos.

I

En este recurso no se cuestiona la determinación arbitral que encontró injustificado el despido del empleado, por lo que resulta innecesario relatar detalladamente los hechos acontecidos que motivaron la destitución. Baste con señalar que el Sr. Nelson Maldonado fue amonestado verbalmente y, posteriormente, despedido de su trabajo en la compañía Celulares Telefónica, Inc. (Celulares Telefónica) por alegadamente violar ciertas normas del Reglamento de Disciplina.

Inconforme con las sanciones disciplinarias tomadas, la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) —como representante exclusivo de todos los empleados incluidos en la unidad apropiada— recurrió ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Las partes no lograron convenir el acuerdo de sumisión, por lo que el árbitro, siguiendo lo dispuesto en el Convenio Colectivo, determinó que el asunto a resolver era el siguiente:

Determinar si la amonestación verbal y el despido del querellante, Nelson Maldonado, estuvieron justificados o no de conformidad con los hechos del caso, el Convenio Colectivo y el derecho aplicable. De determinarse que no lo estuvieron el Árbitro proveerá el remedio adecuado. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50.

Celebradas varias vistas, el árbitro emitió su laudo, en el que concluyó que tanto la amonestación verbal como el despido de Maldonado no estuvieron justificados. Ante el reclamo del patrono a los efectos de que el remedio debía ser exclusivamente la mesada dispuesta en la Ley Núm. 80, el árbitro resolvió que, en su calidad de tercero imparcial, tenía amplia “facultad y discreción para emitir remedios arbitrales consistentes con las determinaciones realizadas”. Concluyó que el acuerdo de sumisión le concedía autoridad para emitir el remedio que correspondiera y, a tales efectos, ordenó la reposición inmediata del señor Nelson Maldonado y el pago de los haberes dejados de recibir desde la fecha de su despido.

Celulares Telefónica recurrió en revisión judicial del laudo de arbitraje ante Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En cuanto al remedio concedido, Celulares Telefónica sostuvo que por ser una compañía privada para la fecha cuando ocurrieron los hechos, sólo era permisible conceder en derecho el remedio de mesada que provee la Ley Núm. 80.

El foro de instancia confirmó la determinación del árbitro en lo referente a que el despido del empleado fue injustificado; sin embargo, revocó el remedio otorgado para que se circunscribiera a la mesada que dispone la Ley Núm. 80. Resolvió que cuando el laudo tiene que ser conforme a derecho y el convenio no provee remedio particular para el despido injustificado, el árbitro no tiene facultad para ordenar la reposición en el empleo.

Inconforme con tal determinación, la HIETEL acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó al tribunal de instancia. Luego de analizar las disposiciones del Convenio Colectivo y tomando en cuenta que el laudo arbitral debía ser conforme a derecho, el tribunal apelativo intermedio concluyó que las partes no incluyeron en la sumisión de forma específica que el árbitro, como excepción al derecho aplicable por virtud de la Ley Núm. 80, pudiera ordenar la reposición de un empleado despedido sin justa causa. En vista de lo cual confirmó la determinación de instancia.

En desacuerdo, la HIETEL recurrió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y planteó como único error del tribunal a quo, lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a reconocer la facultad del Arbitro de otorgar los remedios de reposición y paga de los haberes dejados de devengar por el empleado Nelson Maldonado desde la fecha de su despido a pesar de que este tipo de remedio está explícitamente contemplado en el Convenio Colectivo en varias de sus disposiciones y no existe como tal una prohibición expresa por las partes contra el mismo. Petición de certiorari, pág. 4.

El 29 de octubre de 2004 expedimos el recurso presentado. Ambas partes presentaron sus respectivos alegatos, así como también el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien solicitó comparecer como amigo de la corte.

En su alegato, Celulares Telefónica nos planteó que el foro apelativo intermedio había actuado sin jurisdicción, por cuanto el recurso presentado por la HIETEL fue presentado fuera del término dispuesto para ello. El 23 de febrero de 2006 dictamos una sentencia desestimando el recurso por falta de jurisdicción. La HIETEL presentó una oportuna moción de reconsideración. Acordamos reconsiderar y dejamos sin efecto la sentencia dictada. El recurso entonces quedó sometido ante nuestra consideración.

II

La controversia que hoy corresponde resolver se está suscitando con marcada frecuencia ante los foros de instancia como en el Tribunal de Apelaciones, así como también, claro está, ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, conforme nos informara el amigo de la corte. En una ocasión anterior, este Tribunal se enfrentó a ella, mas la resolución del caso se configuró mediante sentencia y no mediante opinión del Tribunal.

A. El convenio colectivo es el instrumento de mayor importancia de la negociación colectiva en el campo laboral. Éste representa el triunfo de la negociación sobre la fuerza, de la razón sobre la intransigencia. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352 (1985). Como tal, promueve la paz industrial, por lo que los convenios están revestidos de un alto interés público. Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846 (1970).

El convenio colectivo representa un contrato que tiene fuerza de ley entre las partes que lo acuerdan y lo suscriben. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988). En éste se recogen las normas que habrán de marcar las relaciones entre patronos y empleados, por lo que sus términos y condiciones obligan tanto al patrono como a la unión y a sus miembros. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989); Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258 (1961).

De otra parte, el arbitraje laboral “es el medio más apropiado y deseable para resolver las disputas que surgen de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos. Es un mecanismo rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a las partes”. U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R. 674, 682 (2006). Véanse, además: J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, págs. 353-354. Es un mecanismo que propende a mantener la estabilidad y la paz industrial, propósitos que animan las leyes laborales. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977).

En el proceso de arbitraje laboral dos partes someten voluntariamente una controversia a un tercero imparcial —el árbitro— quien luego de escuchar ambas posiciones resuelve la controversia emitiendo un laudo, cuyo efecto es final y obligatorio entre las partes. D.M. Helfeld, La jurisprudencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1 (2001). La determinación arbitral, aunque no constituye un contrato privado ni una sentencia judicial, goza de la naturaleza obligatoria que caracteriza a ambos. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195, 199 (1976); Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949). Secuela de ello es la importancia que reviste la facultad del árbitro para interpretar los convenios colectivos. No debe sorprender, por lo tanto, que se afirme: “Probably no function of the labor-management arbitror is more important than that of interpreting the collective bargaining agreement.” F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 6ta ed., Washington D.C., ABA, 2003, pág. 428.

La autoridad del árbitro para resolver una controversia entre el patrono y el empleado, y dictar el remedio correspondiente, emana del texto del convenio colectivo o del acuerdo de sumisión dispuesto para un caso en particular. López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245, 256 (1964). Es decir, las partes quedan libres para delimitar el radio de acción del árbitro, a través de lo que acuerden a esos efectos en el convenio colectivo o en el acuerdo de sumisión. En ese sentido, en Elkouri y Elkouri, op. cit, pág. 486, se indica:

Arbitration exists as private alternative to the courts. As such, the rules are those drafted ... by the parties themselves. They are private rules, and the party chosen to interpret them —the arbitror— is an individual who draws his or her authority from the collective bargaining agreement, or the agreement to submit the matter to arbitration. As such, private sector parties are free to control the degree to which the arbitror is to consider external law, including statutes and regulations, in deciding cases. (Énfasis nuestro.)

El convenio colectivo y el acuerdo de sumisión, como vemos, delimitan los poderes del árbitro y el ámbito de su facultad decisional. De ordinario, en lo que se refiere a las facultades remediales del árbitro, éste debe tener amplia autoridad para diseñar un remedio adecuado al laudo que emite; claro está, siempre y cuando el remedio sea consustancial con el convenio colectivo y con el acuerdo de sumisión por el cual se actúa. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Sobre este asunto nos dicen los tratadistas Elkouri lo siguiente:

Arbitrators have broad discretion in fashioning a remedy ... that is within the arbitrator’s powers and is “rationally related” to the contract. ... Courts will not enforce an award, however, that extends beyond the explicit limitations on the arbitrator’s authority that are contained in the contract and relevant statutes. Elkouri y Elkouri, op. cit., pág. 1344.

Antes bien, la controversia en este caso es precisamente qué limitación, si alguna, se le impone al árbitro a la hora de éste confeccionar su remedio en un caso de despido injustificado, cuando en el convenio colectivo o en el acuerdo de sumisión se ha hecho constar que el laudo que emita debe ser acorde a derecho. En otras palabras, ante la naturaleza contractual del convenio colectivo, hay que determinar si tal expresión constituye una limitación a los poderes remediales del árbitro que le impida conceder un remedio más amplio del que se contempla en la Ley Núm. 80.

B. Ello nos obliga a plantearnos, ¿qué supone que la decisión del árbitro sea conforme a derecho? Reiteradamente hemos expresado que cuando un laudo tiene que ser emitido conforme a derecho, los árbitros deben atenerse a las normas interpretativas de derecho sustantivo y a las doctrinas legales prevalecientes. Junta Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., supra, pág. 802. Véase además, Autoridad Sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 354 (1961). El árbitro, por lo tanto, no puede ignorar nuestra interpretación sobre distintos aspectos del derecho laboral, así como tampoco las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tampoco puede obviar la legislación laboral prevaleciente. Condado Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, supra, pág. 349; Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 D.P.R. 983, 988 (1992); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., supra, pág. 68.

La exigencia que el laudo sea conforme a derecho lo coloca fuera del ámbito de las reglas ordinarias de revisión judicial, es decir, aquellas que afirman su finalidad no obstante los errores de hecho o de derecho. J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, supra, págs. 352-354. Así, cuando el laudo deba ser conforme a derecho, los méritos jurídicos de la decisión arbitral pueden ser revisados para asegurarnos que lo dispuesto sea conforme a las normas de derecho aplicables.

III

La Ley de Despido Injustificado provee una indemnización para aquellos empleados contratados por término indefinido que son despedidos sin justa causa. La ley contiene una enumeración de qué es justa causa. Además, la ley dispone como remedio para el empleado despedido injustificadamente una indemnización equivalente a un mes, o varios meses de sueldo (dependiendo de los años de servicio), más una semana de compensación por cada año de servicio al patrono. 29 L.P.R.A. sec. 183a. Hemos dispuesto que este remedio, conocido comúnmente como mesada, es el remedio exclusivo en casos de despidos injustificados, salvo que el empleado esté protegido por alguna legislación social especial. Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331, 342 (1992); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517, 527 (1977).

Como hemos indicado, la facultad decisional y remedial del árbitro está definida y limitada por lo dispuesto en el convenio colectivo y el acuerdo de sumisión. Por lo tanto, en un caso de despido injustificado, cuando el acuerdo de sumisión o el convenio colectivo dispongan expresamente que el laudo deberá ser conforme a derecho, el árbitro está obligado a, primero, determinar si hubo o no causa justificada para dicho despido a la luz de lo dispuesto en la Ley Núm. 80 y en nuestra jurisprudencia interpretativa, y segundo, al confeccionar el remedio correspondiente, atenerse a la mesada, por ser ésta el remedio único que contempla la ley.

En J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 583 (1981), ya habíamos intimado este resultado. Allí resolvimos que un árbitro, en un caso de despido injustificado, podía con-ceder un remedio distinto al provisto en la Ley Núm. 80 si no se habían limitado sus poderes a que el laudo fuera conforme a derecho. Específicamente, indicamos lo siguiente:

No discernimos disparidad entre la política del estatuto y el laudo emitido. No se nos ha demostrado que la intención legislativa haya sido fijar sanciones máximas exclusivas para casos de despido cuando media un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión sobre la justificación de la cesantía. ¿Cómo es que puede interpretarse que la legislación sobre la mesada ha obedecido por décadas al propósito de impedir que un árbitro, bajo un acuerdo de sumisión que no limite claramente sus poderes, ordene la reposición de un empleado y el pago de los sueldos dejados de percibir, más intereses? En Puerto Rico, hemos distinguido tajantemente entre los derechos bajo un convenio colectivo y los derechos de mesada. (Enfasis nuestro.) J.R.T. v. Securitas, Inc., supra, pág. 583.

A contrario sensu, cuando los poderes del árbitro han sido limitados por el acuerdo de sumisión o el convenio colectivo mediante la exigencia que el laudo se atenga a derecho, el remedio diseñado debe ser cónsono con el ordenamiento legal vigente sobre despido injustificado. Conforme a ello, el tercero imparcial debe guiarse por los parámetros establecidos en la Ley Núm. 80 al momento de confeccionarlo. Por lo tanto, somos del criterio que cuando el convenio colectivo claramente ordena que el laudo sea conforme a derecho, sin más, el remedio exclusivo tiene que ser lo que la ley provee; es decir, la mesada.

Ahora bien, si el convenio colectivo o el acuerdo de sumisión, además de indicar que el laudo sea conforme a derecho, proveen en su texto remedios adicionales, como por ejemplo, la reposición y la paga de los haberes dejados de recibir, el árbitro no tiene que ceñirse —en cuanto al remedio se refiere— a lo dispuesto en la Ley Núm. 80. En estos casos resulta evidente que las partes —e.g., patrono y empleados— acordaron reconocer esta opción para casos de despidos, proveyendo un remedio más amplio que el que dispone la ley. Esa es la voluntad de las partes que hay que respetar. El convenio colectivo es, después de todo, un contrato producto de un proceso deliberativo y de negociación entre el patrono y la unión en representación de los empleados, que sirve, entre otras cosas, para procurar la paz industrial; como tal, merece nuestra deferencia. En estos casos, la incorporación de lo dispuesto en la Ley Núm. 80 se limita a la determinación de qué constituye justa causa, y no del remedio a conceder. J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., supra.

Si por el contrario, el convenio colectivo o el acuerdo de sumisión no requieren que el laudo sea conforme a derecho y guardan silencio respecto la facultad remedial del árbitro, éste podrá conceder el remedio que estime procedente, incluyendo la reposición y la paga atrasada. Ello necesariamente debe ser así, ya que los árbitros tienen amplia latitud para la confección de remedios que adelanten los objetivos plasmados en el convenio colectivo. Esta facultad está subsumida dentro de su capacidad para formular el remedio apropiado. M. Hill y A.V. Sinicropi, Remedies in Arbitration, Washington D.C., Bureau of National Affairs, 1981, pág. 55. Véase J.R.T. v. Otis Elevator Co., supra. La reinstalación del empleado ha sido el remedio más común utilizado por los árbitros. D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 221; M.S. West, The Case Against Reinstatement in Wrongful Discharge, 1988 U. Ill. L. Rev. 1 (1988).

Apliquemos la normativa antes expuesta a la controversia ante nuestra consideración a la luz de las disposiciones del Convenio Colectivo acordado entre las partes y del Acuerdo de Sumisión sometido al árbitro en este caso.

IV

Como ya hemos indicado, la función principal del árbitro es interpretar y aplicar las cláusulas del convenio colectivo para resolver las disputas obrero-patronales. J.R.T. v. Junta Adm. Mun. Muelle de Ponce, supra, págs. 330— 331. Véase W.R. Grace & Co. v. Rubber Workers, 461 U.S. 757, 759 (1983); Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36 (1974); Steelworkers v. Enterprise Corp., 363 U.S. 593 (1960); Fernández Quiñones, op. cit., págs. 191-192.

Al interpretar un convenio colectivo se

[djebe leer ... como un todo y cada parte debe interpretarle] en referencia a las demás cláusulas, de forma que le dé efectividad al propósito general del mismo ... [se] debe [además] perseguir que la interpretación que se haga de las disposiciones del convenio arrojen un significado razonable y efectivo del mismo. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 331.

Debe analizarse el contrato laboral de manera integral y no auscultar el significado y alcance de sus cláusulas aisladamente. Sólo de esta forma se logra adelantar e impartir eficacia a su propósito general. Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra.

Los tratadistas Frank y Edna Elkouri indican, en igual sentido, lo siguiente:

[T]he primary rule in construing a written instrument is to determine, not alone from single word or phrase, but from the instrument as a whole, the true intent of the parties and to interpret the meaning of a questioned word or part with regard to the connection in which it is used, the subject matter and its relation to all other parts and provisions.
Similarly, sections or portions cannot be isolated form the rest of the agreement and given construction independently of the purpose and agreement of the parties or evidenced by the entire document. The meaning of each paragraph and each sentence must be determined in relation to the contract as a whole. (Enfasis nuestro.)

En el caso de autos, el Convenio Colectivo, así como el Acuerdo de Sumisión, disponían que las controversias sometidas a arbitraje debían ser resueltas conforme a derecho. El Convenio Colectivo no indicaba que el despido tenía que ser por justa causa. En tal sentido, el Art. 58, Sec. 3 del Convenio Colectivo (sobre Arbitraje) disponía, en lo pertinente:

“La decisión del Árbitro será final e inapelable, la cual será seguida y cumplida por las partes siempre que sea conforme a derecho.” (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 181.

Además, se indicaba en el convenio que el tercero imparcial no podía “en forma alguna alterar, enmendar, cambiar, modificar, añadir o restar a ninguna de las disposiciones de este Convenio. ... Un laudo en violación a lo antes indicado será nulo y sin efecto”. Art. 58, Sec. 9(b) del Convenio Colectivo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 181. El contrato laboral en cuestión expresamente excluía la concesión de daños y peijuicios. Art. 58, Sec. 9(c) del Convenio Colectivo, id.

Si nuestro análisis concluyera con una evaluación de las disposiciones antes transcritas, habría que concluir, necesariamente, que constituyó un error del árbitro ordenar la reposición del empleado a su puesto con el pago de los haberes dejados de percibir, y procedería a confirmar al tribunal apelativo intermedio. Una lectura en tal sentido, sin embargo, no representa la interpretación integral del convenio que nos ordena la doctrina, sino todo lo contrario, una visión fraccionada y disgregante del convenio. Nos explicamos.

El Art. 5, Sec. 2(c) del Convenio Colectivo dispone:

En todos los casos de suspensión o despido en que un Árbitro, Tribunal u organismo administrativo determinare que la suspensión del empleado o el despido no estuvo justificado y ordenare la reposición del empleado con los salarios dejados de percibir total o parcialmente en los casos de despido, u ordenare el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir durante la suspensión, la Compañía deberá descontar de dicha paga el total de las cuotas de la Hermandad dejadas de pagar por el empleado durante el tiempo que estuvo despedido o suspendido, según fuere el caso y remitir su importe a la Hermandad de conformidad con este Artículo. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 125-126.

La sección subsiguiente también hace alusión a “aquellos casos de suspensión o despidos que fuesen transigidos y medie como parte del acuerdo el pago total o parcial de salarios dejados de percibir por el empleado”. (Enfasis nuestro.) Art. 5, Sec. 2(d) del Convenio Colectivo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 126. Del mismo modo, el Art. 44, en su See. 3, al referirse al plan médico del empleado unionista, establece:

La Compañía mantendrá vigente la cubierta seleccionada mientras el empleado permanezca en empleo activo con la Compañía. La Compañía cancelará la cubierta cuando el empleado, por cualquier razón, sea despedido, cesanteado, renuncie, fallezca o sea suspendido por más de treinta (30) días. De un árbitro reponer a un empleado con todos los haberes y el empleado presentar evidencia de los gastos médicos incurridos, la Compañía le reembolsará el costo de dichos jjastos, conforme los términos del Plan Médico vigente. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 170.

Una lectura armónica de las cláusulas contractuales antes transcritas pone de manifiesto la intención de las partes firmantes del Convenio Colectivo de reconocer la facultad del árbitro para ordenar un remedio más abarcador que el dispuesto en la Ley Núm. 80. Con esta interpretación nos atenemos al sentido común y usual del lenguaje utilizado en el convenio. Llegar a la conclusión contraria dejaría sin efecto las referidas cláusulas que representan la voluntad de las partes una vez concluido el proceso de negociación colectiva. De esta forma, interpretamos el convenio colectivo de forma razonable haciendo efectiva la intención de las partes.

Recordemos lo que hemos dicho en tantas ocasiones sobre la importancia que tiene el convenio colectivo en el campo laboral, que difícilmente puede ser sobreestimada. Este regula las relaciones entre patrono y empleado, y es el producto de largas y acaloradas horas de discusión entre éstos. El convenio tiene fuerza de ley entre las partes suscribientes. Nuestra responsabilidad es, por lo tanto, hacer eficaz y prestar validez a lo allí dispuesto. El convenio colectivo “debe ser siempre objeto del más entusiasta endoso por parte de los tribunales”. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 352.

Esta interpretación es compatible con la posición que nos presenta el Secretario del Trabajo. Éste nos indicó que “[a]l analizar en su totalidad el convenio colectivo, armonizando todas sus cláusulas, resulta claro que las partes en ningún momento intentaron limitar las facultades remediales del árbitro”. Alegato del amicus curiae, págs. 14-15.

La peticionaria, sin embargo, nos conmina a que interpretemos la frase “conforme a derecho” en casos de despido injustificado, de manera tal, que se utilice la legislación laboral pertinente exclusivamente para determinar lo que constituye “justa causa” y no respecto al remedio. En cuanto a éste, las partes tendrían que convenir expresamente que el árbitro se limitará a la mesada disponible en la Ley Núm. 80. La interpretación propuesta no nos convence. La HIETEL nos invita a adoptar lo dispuesto en la Ley Núm. 80 para aquello que le es de beneficio y descartarlo cuando no le satisface. Este proceder no parece razonable. La referencia que se ha de resolver conforme a derecho incorpora de la ley lo que es justa causa, así como también la mesada como remedio exclusivo al despido sin causa justificada, pues ello fue lo que proveyó el legislador. No podemos eviscerar la Ley Núm. 80 para acoger lo que nos gusta y descartar lo que nos disgusta.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede que se dicte sentencia para revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se ordene que el señor Nelson Maldonado sea repuesto en su empleo con el pago de los haberes dejados de percibir.

       Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

       La Mayoría configuró la controversia en los términos siguientes: si el árbitro se excede en sus facultades al momento de emitir un laudo que debe ser conforme a derecho al conceder como remedio la reposición y paga retroactiva del empleado despedido, alejándose del remedio exclusivo de la mesada que confiere la Ley de Despido Injustificado.

       Este caso fue resuelto por este Tribunal mediante una sentencia.

       En ese caso, el mandato expreso del árbitro fue solamente determinar si había ocurrido un incumplimiento de contrato. No se hizo ninguna mención expresa para la formulación de un remedio.

       En S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 841 (1977), se reafirmó la autoridad de los árbitros de variar sanciones disciplinarias si consideraba que eran muy severas o drásticas. Lo mismo se dispuso en Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949), en cuanto a que en ausencia de una disposición expresa en contrario en el convenio colectivo o en el acuerdo de sumisión, el árbitro puede determinar que una pena es demasiado drástica y modificarla.

       En este caso el laudo tenía que ser conforme a derecho.

       La trayectoria de nuestras decisiones en materia de arbitraje obreropatronal se caracteriza por una marcada deferencia hacia los laudos de arbitraje. “En consonancia con este principio hemos reiterado que un laudo fundamentado en la sumisión voluntaria de las partes está sujeto a revisión judicial sólo si las partes convienen en que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho.” J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). Véanse: J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580 (1981), y otros.

       Citando a J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990).

       Éstos son: Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., ante; Condado Plaza Hotel v. Asoc. Emp. Casinos P.R., ante; Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 D.P.R. 983 (1992); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., ante.

       La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185m) expandía los principios de la anterior Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949.

       Ejemplo de ello sería un artículo en un convenio que exprese, en cuanto a los remedios que pueda conceder un árbitro en casos de despidos injustificados, que éste únicamente puede conceder el remedio de la mesada, conforme a la Ley Núm. 80, ante, o que únicamente puede ordenar la reinstalación, sin paga retroactiva, etc.

       A modo de ejemplo, en el caso J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971), el árbitro rindió un laudo en el que resolvió que el despido efectuado por el patrono no estuvo justificado y, como remedio, ordenó la reinstalación y el pago de los ingresos dejados de percibir por el empleado como consecuencia del despido. En ese caso, sostuvimos la validez del laudo y expresamos que el árbitro tenía facultad de resolver como lo hizo, ya que no había en el acuerdo de sumisión ni en el convenio colectivo nada que impidiera al árbitro modificar la penalidad.

       Sin embargo, no podemos arribar a la misma conclusión de la Mayoría, en cuanto a que el acuerdo de sumisión limitaba al árbitro a conceder el remedio de la Ley Núm. 80, supra.

       Las únicas limitaciones establecidas por las partes a la facultad de los árbitros de elaborar remedios están contenidas en el Art. 58, Secs. 9(b) y (c) del Convenio Colectivo. Éstas disponen, respectivamente, que:
      “(b) El Árbitro no tendrá poder o facultad para en forma alguna alterar, enmendar, cambiar, modificar, añadir o restar a ninguna de las disposiciones de este Convenio, inclusive a ninguna de las disposiciones del artículo de ‘Derechos de la Gerencia’. Un laudo en violación a lo antes citado será nulo y sin efecto.
      “(c) El Árbitro no tendrá autoridad para conceder daños y perjuicios.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág.183.

       En la carta de despido de 24 de agosto de 2000, Celulares Telefónica, Inc. (Celulares Telefónica) explicó que el empleado Nelson Maldonado había infringido específicamente las Reglas 10 (negligencia o falta de interés en el desempeño de sus deberes), 18 (falta de atención, descortesía o negligencia al tratar con el público o con abonados) y 46 (insubordinación o falta de respeto a un supervisor, incluyendo la negativa a hacer su trabajo u obedecer órdenes escritas o verbales) del Reglamento de Disciplina. Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 203.

       Véase el Art. 1 del Convenio Colectivo CTI-HIETEL, vigente desde el 23 de octubre de 1999 hasta el 22 de octubre de 2003, en el Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 123.

       Celulares Telefónica entendió que el acuerdo de sumisión debía ser el siguiente:
      “Que el Árbitro determine conforme a derecho, si la reprimenda verbal y el despido impuestos por la Compañía al querellante estuvieron o no justificados. De estar justificados los mismos, que proceda a desestimar las querellas presentadas.”
      Por su parte, la HIETEL sometió varias controversias a resolver, a saber: “Determinar a la luz de la prueba si el empleado Nelson Maldonado fue objeto de trato discriminatorio en la reprimenda verbal de la cual fuera objeto teniendo como resultado dicho incidente que el mismo fuera incluido y utilizado en el proceso disciplinario posterior.
      “De determinarse que el incidente no ocurrió o que de haber ocurrido no justificara dicha amonestación verbal, que se elimine del registro personal toda referencia a dicho incidente y que el mismo no puede [sic] ser tomado en consideración para fines disciplinarios posteriores. ... Determinar a la luz de la prueba y del Convenio Colectivo si el despido del empleado Nelson Maldonado estuvo o no justificado. De determinar que dicho despido no estuvo justificado, ordenar la reposición del empleado a su empleo con el pago retroactivo a la fecha de su despido de todos los salarios, beneficios marginales y cualquier otro remedio aplicable que estime el Árbitro, incluyendo pero no limitándose a intereses legales y honorarios de abogado.” Petición de certiorari, págs. 13-14.

       El Art. IX del Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en su Sección b, dispone que “[e]n la eventualidad que las partes no logren un acuerdo de sumisión, dentro de un término razonable, el árbitro determinará el asunto preciso a ser resuelto tomando en consideración el convenio colectivo, las contenciones de las partes y la evidencia admitida”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 199.

       Véase resolución del árbitro Ángel A. Tanco Galíndez, emitida el 7 de octubre de 2002, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 65.

       Véase la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 21 de octubre de 2003, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 18-19.

       Véanse, entre otros: Confederación de Organizaciones de P.R. v. Servidores públicos Unidos de P.R., Caso Núm. KLCE-05-01109; Ranger American Armor Services, Inc. v. Sindicato de Guardias de Seguridad y Camiones Blindados, Caso Núm. KLAN-2005-0410; Hospital Episcopal San Lucas de Ponce v. Unidad Laboral de Enfermeras, Caso Núm. KLCE-04^01031.

       Véase Intl. Trab. Ind. Aut. v. E.L.A. de P.R., CC-2001-842, 18 de septiembre de 2002.

       De hecho, el Art. 58, Sec. 4(a) y (b) del Convenio Colectivo, que versan sobre los procedimientos para las querellas en casos de suspensión o destitución, hablan en términos de suspensiones o despidos “injustos”. Se indica sobre el particular que en caso de “un empleado considerar injusta su suspensión o despido deberá presentar su querella a la Hermandad. ... En caso que la Hermandad también considere injusta la suspensión o despido del empleado, la Hermandad presentará una querella por escrito ... ante el Director de Recursos Humanos de la Compañía”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 181.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.

      Número: CC-2006-52

      Resuelto: 20 de septiembre de 2006

      José M. Acevedo Álvarez, abogado de la parte peticionaria;
      Luis E. Tabón-Roca, Marta D. Masferrer y Ramón Luis Nieves, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 30 de septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, dictó sentencia en un procedimiento sumario, por despido injustificado, instado por la aquí peticionaria Jemir Aguayo Pomales. al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En la sentencia dictada a esos efectos, el foro primario declaró “con lugar” la querella presentada por Aguayo Pomales contra su antiguo patrono, R&G Mortgage Corporation (R&G), determinando que el despido de ésta no estuvo justificado; en consecuencia, el foro primario condenó a R&G a pagar a la querellante la mesada correspondiente y los honorarios de abogado. Oportunamente, R&G presentó ante el referido foro una moción para solicitar determinaciones de hechos y de derecho adicionales. Ésta fue declarada “no ha lugar” el 20 de octubre de 2005 y notificada el 26 de octubre de 2005.

El 23 de noviembre de 2005, R&G presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En la referida apelación cuestionó, en síntesis, la determinación del tribunal de instancia en cuanto a que el despido fue injustificado. En particular, alegó que la sentencia no se sostenía por la prueba presentada durante el juicio. Por su parte, Aguayo Pomales presentó una solicitud de desestimación del recurso de apelación. Argumentó que el tribunal apelativo no tenía jurisdicción para atender el recurso, ya que éste se había presentado cincuenta días luego de notificada la sentencia del foro primario. En específico, alegó que dentro de un procedimiento sumario, al amparo de la Ley Núm. 2, ante, no resultaba procedente la presentación de una moción de determinaciones de hechos y derecho adicionales; razón por la cual su presentación por R&G no tuvo el efecto de interrumpir el término para acudir en apelación. En fin, Aguayo Pomales solicitó del foro apelativo intermedio que desestimara la apelación presentada por R&G por falta de jurisdicción.

Examinada la solicitud de desestimación presentada, el Tribunal de Apelaciones la declaró no ha lugar. En la resolución que dictó a esos efectos, dicho foro, no indicó las razones para esta determinación. Inconforme, Aguayo Pomales acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En síntesis, señala que el referido foro apelativo incidió al no desestimar el recurso por falta de jurisdicción. Posteriormente, la querellante presentó una moción en auxilio de jurisdicción para la paralización de los procedimientos a nivel del Tribunal de Apelaciones.

Expedimos el recurso y ordenamos la paralización de los procedimientos hasta que otra cosa dispusiéramos. Contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.

I

El procedimiento sumario para los casos de reclamaciones laborales tiene como finalidad proveer al empleado un mecanismo procesal mediante el cual se aligere el trámite de las reclamaciones laborales presentadas contra su patrono, además de implantar la política pública del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido de medios económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo. Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 137 D.P.R. 737 (1994).

En numerosas ocasiones este Tribunal ha reiterado la importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones laborales de empleados instadas al amparo de la Ley Núm. 2, ante. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); Ríos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001). Hemos reconocido, además, que precisamente la rapidez en la solución de dichos casos fue el propósito fundamental del legislador al aprobar la medida. Véanse: Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); 14 (Núm. 1) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordinaria) (1961). En atención a ello, “hemos sido insistentes en señalar la importancia de respetar la naturaleza sumaria de este procedimiento de reclamación de salarios y no permitir que las partes desvirtúen dicho carácter especial y sumario”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, ante, pág. 493.

Ello no obstante, y aun reconociendo que el propósito de la legislación antes citada es acelerar los procedimientos de reclamaciones laborales del empleado que los insta, este Tribunal ha expresado que el mencionado propósito no es una norma inflexible que impida un tratamiento distinto en situaciones donde los fines de la justicia así lo ameriten. Véase Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998). Aunque es norma reiterada que el carácter reparador de este procedimiento requiere que la ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado, he-mos reconocido que no fue la intención del legislador imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. Piñero v. A.A.A., ante, pág. 903; Rivera v. Insular Wire Products Corp., ante, pág. 925.

Como consecuencia de lo antes expresado, en varias ocasiones nos hemos enfrentado a situaciones en que se ha planteado la aplicabilidad, o no, de varias de las Reglas de Procedimiento Civil al referido procedimiento sumario. Lo anterior, en vista de lo dispuesto por la See. 3 de la Ley Núm. 2 (32 L.P.R.A. see. 3120), a los efectos que en los casos tramitados con arreglo a dicho procedimiento de reclamaciones laborales aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con el procedimiento establecido en la ley o con el carácter sumario del procedimiento. De hecho, de la propia Ley Núm. 2, ante, surge de forma clara que las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil que no sean contrarias a alguna disposición específica del procedimiento, ni que atenten contra su naturaleza sumaria, le aplican.

En Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975), al analizar la mencionada See. 3, expresamos que para resolver si determinado trámite ordinario dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil puede o no aplicar al procedimiento sumario, hay que examinar si la regla procesal civil implicada resulta conflictiva o contraria a alguna disposición específica de la ley especial, y con el carácter sumario del procedimiento.

Posteriormente, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., ante, nos enfrentamos a la controversia en cuanto a si la presentación de un recurso de certiorari para revisar una resolución interlocutoria, dictada dentro del procedimiento sumario, era contraria o desvirtuaba el carácter sumario que debía imperar en el procedimiento. Resolvimos en la afirmativa. Al así hacerlo indicamos que la sobrecarga de casos pendientes ante los tribunales apelativos impedían la rápida solución de estos recursos y que, por lo tanto, quedaba afectada la naturaleza sumaria del proceso. En consecuencia, concluimos que la parte que pretendiera impugnar tales resoluciones debía esperar hasta la sentencia final e instar el recurso pertinente a base del alegado error cometido.

Dicha norma general de autolimitación, naturalmente, tiene sus excepciones. En casos en los que la resolución haya sido dictada sin jurisdicción por el foro primario y en aquellos casos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo —casos extremos en que la revisión inmediata disponga del caso o su pronta disposición, o cuando dicha revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia— los tribunales apelativos tendrán facultad de revisar una resolución interlocutoria dictada por el foro primario dentro de un procedimiento al amparo de la Ley Núm. 2, ante.

II

En lo referente al procedimiento de apelación de las sentencias dictadas por el tribunal de instancia en casos instados por la mencionada Ley Núm. 2, su Sec. 12 (32 L.P.R.A. sec. 3129), dispone que éstas serán revisadas conforme al procedimiento ordinario. Ello significa que, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, las sentencias dictadas por el foro primario en un procedimiento instado al amparo de la Ley Núm. 2, supra, podrán ser revisadas presentando un recurso de apelación dentro del término jurisdiccional de treinta días del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia dictada. Regla 53.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. III.

En conformidad con el procedimiento civil ordinario, entre los remedios postsentencia disponibles a la parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el tribunal de instancia, además del recurso de apelación propiamente, se encuentra la presentación de una moción para determinaciones iniciales o adicionales de hechos o de derecho, o para enmiendas a las determinaciones ya hechas. Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por su parte, la Regia 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone que cuando la parte afectada por la sentencia presente la mencionada moción, el término para solicitar la revisión de la sentencia quedará interrumpido.

III

¿Procede que se apliquen las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante —sobre mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales o adicionales— luego de dictada una sentencia dentro de un procedimiento de reclamaciones laborales al amparo de la antes citada Ley Núm. 2?

Aun cuando la referida interrogante no ha sido resuelta por este Tribunal de forma directa y específica, existen decisiones nuestras que, cuando menos, intimaron el resultado, en la afirmativa, al que hoy llegamos. En Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997), la querellante, luego de dictada una sentencia a favor del patrono dentro de un caso instado por el trámite sumario de la Ley Núm. 2, ante, presentó una moción que tituló Moción Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho Adicionales bajo la Regla 43.3 y de Reconsideración. Aun cuando en la moción llevaba este título, no se especificaron las determinaciones de derecho que la querellante deseaba que se realizaran. El foro de instancia la denegó mediante resolución a esos efectos. Diecinueve días luego del archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución que denegó la moción, la querellante presentó una apelación ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El referido foro determinó que, para que una moción al amparo de la citada Regla 43.3 tuviera efecto interruptor del término para recurrir en alzada, ésta tenía que ser una moción suficiente de su faz. En vista de que la moción presentada por la querellante no particularizaba las determinaciones de derecho deseadas, el referido foro desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

En revisión, confirmamos la determinación del foro apelativo. En dicho caso establecimos, por vez primera, los requisitos para que una moción sobre determinaciones de hecho y de derecho interrumpiera el término para apelar. A esos efectos, expresamos que ésta debía constituir una “propuesta que exponga con suficiente particularidad y especificidad los hechos que el promovente estima probados y, fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con cuestiones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales”. (Énfasis suprimido.) Andino v. Topeka, Inc., ante, pág. 939.

Es de particular relevancia a este caso lo que expresamos en Andino v. Topeka, Inc., ante, en términos de que la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, no tenía el propósito de aumentar el término jurisdiccional para apelar o presentar un certiorari, sino que su razón de ser era brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o corregir cualquier error cometido.

Vemos que en el caso antes citado —el cual, repetimos, se instó al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones laborales— en ningún momento se cuestionó la facultad del tribunal de instancia para acoger una moción de determinaciones de hechos y de derecho ni su efecto interruptor para acudir en revisión de la sentencia dictada dentro de dicho procedimiento. En otras palabras, en Andino v. Topeka, Inc., ante, no se planteó que la moción según la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, fuese contraria a las disposiciones de la Ley Núm. 2, ante, ni a la naturaleza sumaria del procedimiento.

En Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003), nos enfrentamos a un procedimiento, presentado al amparo de la Ley Núm. 2, ante, en el que los empleados querellantes presentaron una moción de determinaciones adicionales de hecho y de derecho. El foro primario la acogió, emitió una resolución con ciertas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y dispuso que ésta enmendaba la sentencia originalmente dictada. Posterior a ello, el patrono querellado presentó una moción de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho contra la “sentencia enmendada”. Esta fue denegada de plano por el foro de instancia. El patrono presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El mencionado foro, ante una moción de desestimación presentada por los querellantes, desestimó el recurso por, alegadamente, haberse presentado fuera del término jurisdiccional para acudir en apelación.

El patrono acudió entonces ante este Tribunal alegando, en síntesis, que su moción de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho tuvo el efecto de interrumpir el término para acudir en revisión de la sentencia enmendada. Este Tribunal, luego de reafirmar los requisitos expuestos en Andino v. Topeka, Inc., ante, para que una moción a esos efectos interrumpiera el término para apelar, esbozó la controversia en los términos siguientes: si luego de presentada y acogida una primera moción de determinaciones de hecho adicionales, procedía la presentación de una segunda moción a esos efectos, y si ésta interrumpía el término para apelar.

Resolvimos que esta segunda moción procedía en dos instancias: la primera, cuando las determinaciones a las que llegara el tribunal, luego de considerar la primera moción de determinaciones adicionales, tuviera el efecto de enmendar o modificar la sentencia original a los fines de alterar sustancialmente el resultado del caso o bien producir un cambio sustancial en ésta; la segunda instancia, cuando la primera solicitud de determinaciones de hecho adicionales, aun cuando no tuviera el efecto de modificar la sentencia original, incorporara nuevas determinaciones de hecho o conclusiones de derecho no incluidas en la sentencia original.

Vemos, pues, que en este caso avalamos la facultad del foro de instancia para atender no una, sino dos mociones de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales dentro del procedimiento al amparo de la Ley Núm. 2, supra.

IV

R&G argumenta que la moción presentada, al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, tenía el propósito de ofrecerle al foro de instancia la oportunidad de enmendar su sentencia, de modo que reflejara la realidad de la prueba que desfiló ante sí, y las conclusiones de derecho que debían haberse emitido a tenor con la prueba desfilada en el juicio.

Por su parte, la peticionaria argumenta que, dentro del procedimiento establecido por la Ley Núm. 2, ante, la única alternativa que tiene la parte inconforme con la sentencia es el recurso apelativo, ya que la presentación de una moción de determinaciones adicionales tendría el efecto de aumentar de forma impermisible el término jurisdiccional de treinta días para recurrir en alzada y de atentar contra la naturaleza sumaria del procedimiento. Sostiene, además, que este Tribunal estableció en el caso Díaz v. Hotel Miramar Corp., ante, cuáles eran las únicas Reglas de Procedimiento Civil aplicables a los procedímientos según la Ley Núm. 2, ante. No le asiste la razón a la peticionaria.

Según señalamos anteriormente, en el caso Díaz v. Hotel Miramar Corp., ante, establecimos el estándar que debían aplicar los tribunales para establecer si determinada disposición de las Reglas de Procedimiento Civil podía, o no, ser aplicada al procedimiento sumario. Para establecer dicho estándar, primero partimos de la base que la See. 3 de la Ley Núm. 2, ante, establecía una norma general a los efectos de que las Reglas de Procedimiento Civil pueden ser aplicadas al procedimiento sumario. Con ello en mente, lo que expresamos en cuanto a ese aspecto fue que para efectivamente aplicar una disposición en particular, había que examinar si resultaba contradictoria, o no, con alguna disposición específica de la referida Ley Núm. 2 ó el carácter sumario del procedimiento. Aun cuando enumeramos una serie de Reglas de Procedimiento Civil que ya habían sido avaladas por este Tribunal, de ninguna forma lo hicimos con la intención de que fuera un listado taxativo. Ello significa que hay que examinar cada regla, según se vayan presentado los casos, y hacer el análisis establecido en Díaz v. Hotel Miramar Corp., ante, tomando en cuenta que la norma de celeridad y el carácter del procedimiento no es restrictiva e inflexible y que el norte que se ha de seguir para determinar la aplicación de una regla de Procedimiento Civil es que los casos sean resueltos de forma correcta y justa.

Debe mantenerse presente que la sentencia es el resultado de un proceso de reflexión y que las determinaciones que haga el juez, tanto de hecho como de derecho, reflejan igualmente el resultado de ese proceso. Como ex-presáramos en Andino v. Topeka, Inc., ante, pág. 938:

La experiencia nos enseña que, dentro de ciertos límites, puede discreparse de una apreciación táctica o que hay espacio para una interpretación jurídica distinta; lo importante es evitar que prevalezcan dictámenes judiciales caprichosos faltos de fundamento o hijos de la irreflexión. Más allá de esa instancia, una sentencia explicada y fundamentada facilita la función revisora del foro apelativo al presentarle el cuadro táctico claro que nutrió la conciencia judicial del juzgador.

Una moción bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, se presenta para que el tribunal que dictó la sentencia pueda tener la oportunidad de corregirla, formulando determinaciones adicionales de hecho, a base de la prueba presentada en el juicio, o conclusiones de derecho pertinentes al fallo. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, See. 5001, pág. 314. Por esta razón, la moción puede ser solicitada como remedio post sentencia por cualquiera de las partes en un pleito, pues su propósito va dirigido a la consecución de un ideal de justicia exento de errores. Véase Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000).

Resolvemos, en consecuencia, que luego de dictada la sentencia dentro de un procedimiento instado al amparo de la Ley Núm. 2, ante, a ésta le aplican las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante.

V

Hemos examinado la moción presentada por R&G en el presente caso. Ésta no sólo fue presentada en tiempo, sino que cumple con los requisitos de especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc. ante. Por consiguiente, dicha moción efectivamente interrumpió el término para apelar, razón por la cual el foro apelativo intermedio tenía jurisdicción para atender la apelación presentada por R&G. El referido foro, en consecuencia, actuó correctamente al denegar la moción de desestimación presentada por la peticionaria Aguayo Pomales.

Conforme lo expuesto, procede dictar sentencia confirmatoria de la resolución emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al mencionado foro para la continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Copia de la notificación de la sentencia fue archivada en autos el 4 de octubre de 2005.

       R&G Mortage Corporation (R&G) había despedido a la querellante por, alegadamente, haber entregado información personal, no pública, de sus clientes a un tercero, el agente de seguros Jorge Steidel, quien no trabajaba para R&G. Según determinó el foro primario, R&G no rindió un reporte escrito en tomo a los hechos y daños encontrados, al amparo de su política sobre información confidencial y privilegiada, ni estableció cómo se habían afectado sus intereses o la estabilidad de la institución. Por consiguiente, determinó que no habían mediado ninguna de las causas que permitían el despido.

       En síntesis, R&G solicitó al foro primario que hiciera determinaciones de hecho adicionales relacionadas con la persona a quien Aguayo Pomales hizo entrega de la información confidencial; en cuanto a que durante la vista Aguayo Pomales había testificado que conocía bien la política de confidencialidad de la institución; que éste admitió que la información no debía compartirse con terceros, y que hacerlo era contrario a la política de la institución. También se solicitaron determinaciones sobre la ‘Política sobre Información Confidencial” de la institución. En cuanto a determinaciones de derecho, se solicitaron, en síntesis, determinaciones sobre el Financial Services Modernization Act, 15 U.S.C.A. sec. 6801 et seq., su protección a la intimidad de la información financiera de los clientes y el deber de las instituciones financieras de salvaguardar dicha confidencialidad.

       En dicho caso se resolvió que la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III, entonces vigente, sobre la notificación previa a la parte en rebeldía que hubiera comparecido al pleito y contra la cual se solicitaba se dictara sentencia, no aplicaba al procedimiento sumario. Indicamos como razón para ello que concluir lo contrario atentaría contra el carácter rápido y sumario del procedimiento.

        En ese caso señalamos, además, que este Tribunal había avalado la aplicación de la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, referente a la enmienda de las alegaciones, para conformarlas a la prueba, de las Reglas 6.3 y 10.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre consolidación de defensas con relación a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, relativa al permiso para enmendar las alegaciones, y de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre el relevo de sentencia. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321-322 (1975).

       Según la vigente Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la facultad para revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera de Instancia radica en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aplicable al momento en que se presentó el recurso de certiorari en dicho caso, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq), le otorgaba dicha facultad a este Tribunal.

       Sin embargo, la norma antes expuesta no se aplicó retroactivamente ante los hechos particulares del caso que consideró este Tribunal, ya que en éste, el procedimiento había perdido su esencia “sumaria” debido al tiempo que había tomado la resolución final del asunto. Por consiguiente, expresamos que, en dicho caso en particular, la revisión de la resolución interlocutoria dictada por el foro primario no afectaba el propósito perseguido por la norma de autolimitación establecida.

       La Regla 43.3 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
      “No será necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de parte, presentada a más tardar diez (10) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubieren hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podrá enmendar la sentencia de conformidad. La moción se podrá acumular con una moción de reconsideración o de nuevo juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado moción para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       A esos efectos, la referida Regla 43.4 de Procedimiento Civil establece que:
      “Radicada una moción por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedarán interrumpidos los términos que establecen las Reglas 47, 48 y 53, para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificación de las determinaciones y conclusiones solicitadas.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Esto es, que sólo una oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones de hecho adicionales es la que interrumpe los términos para interponer una apelación.

       A modo de ejemplo, no podría aplicarse al procedimiento sumario reglas que intervengan con las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.), que establecen términos cortos para contestar la querella; criterios estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella; el mecanismo especial para el emplazamiento del patrono; la obligación de hacer una sola alegación responsiva; las limitaciones en el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba; la prohibición de demandas o reconvenciones contra el obrero querellante; la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumple con los términos para contestar la querella; los mecanismos de revisión y ejecución de las sentencias, y el embargo preventivo. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 504 esc. 3 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 892 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 923-924 (1996).

       Claro está, dicha moción tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, esto es, ser presentada dentro del término de diez días de la notificación de la sentencia y con los requisitos de suficiente especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997).