author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Olga I. Félix Taveras, recurrida, v. Las Haciendas, S.E., Ten General Contractors, S.E. y Guirimar Construction Corporation, peticionarias.

      Números: CC-2004-1019
    CC-2004-1097

      Resueltos: 19 de octubre de 2005

      Luz Ivette Rivera y Manuel A. Moreda, abogados de la parte peticionaria; Juan E. Náter Santana, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En enero de 1998, Olga Irene Félix Taveras presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consu-midor (D.A.Co.) contra Las Haciendas, S.E. (Las Haciendas), Ten General Contractors, S.E. (Ten Contractors) y Guirimar Construction Corporation (Guirimar Construction). En la referida querella se solicitó una com-pensación por alegados vicios de construcción y angustias mentales, sufridos luego de la adquisición mediante com-praventa de una propiedad a Las Haciendas y construida por Ten Construction en la Urbanización Villas de Camba-lache I, en Río Grande.() La querellante alegó que Guiri-mar Construction, quien construyó las calles de dicha ur-banización, se apartó de lo establecido en los planos de construcción inscritos en la Administración de Reglamen-tos y Permisos (A.R.Pe.), y aprobados por ésta, al desviar una de las calles de la urbanización. Argumentó que dicho acto causó que el solar donde ubica su casa quedara con especificaciones distintas a las que constaban en los planos inscritos en A.R.Pe.; que, además, tuvo el efecto de dismi-nuir el tamaño del solar, tanto en los patios traseros como en el cuarto master, y que ocasionó que la estructura que-dara a una distancia menor de la permitida de la acera a su casa.()

La querellante, además, sostuvo que su propiedad ado-lecía de vicios de construcción, tales como filtraciones en el techo, una bañera descascarada, un botiquín descascarado, defectos en la terminación del piso de la marquesina, y un cambio del cascajo por “top soil” en los patios. Argüyó que dichos defectos fueron ocasionados por Ten Contractors. Así las cosas, el D.A.Co. señaló el caso para celebración de vista evidenciaría. Dichas vistas se iniciaron con el testi-monio de la querellante y un agrimensor, quien testificó que las medidas del solar de la querellante no cumplían con los requisitos de patio que establece el Reglamento de Planificación de A.R.Pe. (Reglamento de A.R.Pe.).()

Posteriormente, la querellante compareció ante D.A.Co., mediante una moción, en la cual informó que su querella constaba de dos causas de acción. La primera, contra Las Haciendas y Guirimar Construction, por el in-cumplimiento con el Reglamento de A.R.Pe., al establecer una colindancia a una distancia menor que la permitida de la acera a la casa de la querellante, y la segunda, contra Ten Contractors y Las Haciendas, por defectos de construcción. En la referida moción informó, además, que dichos defectos de construcción habían sido corregidos por Ten Contractors, por lo cual la querellante desistía con per-juicio de la querella en contra de Ten Contractors.() De esta forma, sólo quedó ante la consideración del organismo administrativo los alegados incumplimientos de Las Haciendas y Guirimar Construction con el Reglamento de A.R.Pe.

D.A.Co. continuó la celebración de las vistas, en las cua-les la querellante culminó su presentación de la prueba. Llegado el turno de presentación de la prueba de las que-relladas, Guirimar Construction presentó una moción de insuficiencia de la prueba al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.() La referida mo-ción no fue resuelta por D.A.Co. En vista de ello, Guirimar Construction presentó una nueva moción de desestimación. En la segunda moción, argumentó que, por ser el asunto de la colindancia y de las alegadas violaciones a los planos de la exclusiva jurisdicción de A.R.Pe., D.A.Co. carecía de jurisdicción para atender el asunto.

D.A.Co. acogió la moción de desestimación presentada por la querellada y emitió una resolución, ordenando el cierre y archivo de la querella. En la resolución, exhortó a Félix Taveras a acudir a A.R.Pe. para que dicho organismo interpretara, conforme a su reglamento, las alegadas vio-laciones a las colindancias del solar.

Inconforme, Félix Taveras presentó una moción de re-consideración ante la agencia, en la que argumentó que debido a que se trataba de una reclamación donde se en-contraba un consumidor involucrado con interés en que su caso fuese resuelto ante D.A.Co., tanto la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341 et seq.) como la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. sec. 501 et seq.), le concedían jurisdicción a este departamento bajo la doctrina de jurisdicción primaria. Acogiendo los referidos planteamientos, D.A.Co. emitió una resolución, declarando “con lugar” la moción de reconsideración presentada por la querellante y dejando sin efecto la resolución previamente emitida, en la que se ordenaba el cierre y archivo de la querella.

Inconforme con esta nueva determinación, el 16 de oc-tubre de 2001 Las Haciendas acudió ante el Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de “mandamus”, solici-tando que se ordenara al juez administrativo de D.A.Co. a que tomase en consideración los planteamientos hechos ante ese departamento sobre la alegada falta de jurisdic-ción del foro administrativo, y que se le ordenara a dicho funcionario archivar la querella presentada por Félix Taveras.

El tribunal apelativo intermedio denegó el recurso de mandamus solicitado por Las Haciendas. Señaló en la re-solución que a esos efectos emitiera que el remedio solici-tado no era el adecuado y que no le correspondía entrar, en ese momento, en los méritos de las controversias ni pasar juicio sobre la procedencia de alguna solicitud al foro ad-ministrativo sobre la desestimación del caso.

Las Haciendas solicitó la reconsideración de la determi-nación anterior. El 6 de noviembre de 2001, el foro apela-tivo intermedio, mediante resolución, se negó a reconside-rar su decisión. Ello no obstante, en esta resolución expresó que no podía perderse de vista que el único asunto que permitía la clara jurisdicción de D.A.Co. —los alegados de-fectos de construcción— había sido desistido el 26 de octu-bre de 2001 y que lo relacionado a los reclamos sobre ca-bida, distancias y “plot plans” aparentaba estar bajo investigación ante A.R.Pe., “que sin lugar a dudas era la agencia con jurisdicción para ese asunto”.() A continua-ción, el foro apelativo intermedio señaló que, estando pen-diente todo asunto ante el foro administrativo (refiriéndose a D.A.Co.), por haberse dejado sin efecto la desestimación de la querella, lo prudente era que luego de plasmarse la decisión final la parte afectada por dicha decisión final acudiese oportunamente en revisión.

El caso siguió su curso administrativo. Luego de varios incidentes y trámites procesales, Las Haciendas y Guiri-mar Construction presentaron ante D.A.Co. una nueva moción de desestimación. En ésta alegaron que, en virtud de la resolución del foro apelativo intermedio de 6 de no-viembre de 2001, el asunto relacionado con la alegada vio-lación del Reglamento de A.R.Pe. era de la exclusiva juris-dicción de ese organismo, y ya que éste era el único asunto pendiente aún ante D.A.Co., dicho organismo administra-tivo carecía de jurisdicción.

D.A.Co. emitió una resolución interlocutoria, decla-rando “sin lugar” la moción de desestimación. Señaló que mediante ésta se reincorporaba a Ten Contractors a los procedimientos a solicitud de la querellante, ya que los de-fectos de la propiedad habían vuelto a surgir. De esta de-terminación, Las Haciendas, Guirimar Construction y Ten Contractors solicitaron la reconsideración, a lo cual se opuso la querellante, Félix Taveras.()

Finalmente, el 4 de mayo de 2004, D.A.Co. emitió una resolución sumaria, en la que resolvió, acogiendo los plan-teamientos esbozados en la moción de reconsideración pre-sentada por las querelladas, que la agencia con jurisdicción en cuanto a las reclamaciones contra Las Haciendas y Gui-rimar Construction era A.R.Pe. En cuanto a Ten Contractors, resolvió que en vista de que surgía del expediente administrativo que la querellante había desistido con per-juicio de su querella, este hecho impedía atender nueva-mente dichos reclamos. En vista de ello, D.A.Co. ordenó el cierre y archivo de la querella contra todas las querelladas.()

Inconforme con esta determinación, la querellante acu-dió, vía recurso de revisión administrativa, ante el Tribunal de Apelaciones. En el referido recurso, alegó, en sínte-sis y en lo pertinente, que era errónea la determinación de la agencia, ya que D.A.Co. sí tenía jurisdicción sobre la querella presentada porque ésta trataba de una práctica indeseable en el negocio de la construcción. Alegó, además, que ya que los vicios de construcción habían vuelto a sur-gir, no podía desestimarse la querella contra Ten Contractors.

El referido foro apelativo resolvió, en cuanto a la recla-mación contra Ten Contractors, que el acuerdo de transac-ción firmado por las partes había dado por terminado su reclamación contra ésta en cuanto a los defectos de cons-trucción y su respectiva indemnización en daños, razón por la cual confirmó a D.A.Co. en este aspecto. Sin embargo, en cuanto a las reclamaciones contra las otras dos entidades querelladas, el foro apelativo resolvió que según el Regla-mento para Regular las Distintas Actividades que se Lle-van a Cabo en el Negocio de la Construcción de Viviendas Privadas en Puerto Rico, Reglamento Núm. 2268 del De-partamento de Asuntos del Consumidor de 16 de septiem-bre de 1977, este organismo tenía jurisdicción para aten-der querellas relacionadas a prácticas indeseables, como lo eran el alterar o modificar planos, especificaciones o per-misos de construcción, o construcciones en forma incom-pleta o crasamente negligente, como había ocurrido en este caso. Señaló el referido foro judicial que era a D.A.Co. a quien correspondía indemnizar por los daños ocasionados como consecuencia de prácticas indeseables en el negocio de la construcción. Por consiguiente, el foro apelativo inter-medio ordenó la celebración de una vista administrativa ante D.A.Co. para dilucidar la cuantía de los daños sufri-dos por la querellante a causa de la actuación negligente por parte de los querellados.

Insatisfecha con el dictamen del foro apelativo interme-dio, Las Haciendas acudió, mediante un recurso de certio-rari, ante este Tribunal. Guirimar Construction presentó, también, un recurso de certiorari. En ambos se hacen los mismos señalamientos de error, a saber: primero, le impu-tan al foro apelativo haber errado al actuar de forma incompatible con su dictamen previo del 6 de noviembre de 2001, en el que se expresaba que el organismo administra-tivo con jurisdicción sobre las alegadas violaciones a la ca-bida de la propiedad era A.R.Pe., lo cual establecía la ley del caso; segundo, que erró el foro apelativo intermedio al resolver que D.A.Co. tenía jurisdicción para atender la con-troversia, y tercero, al adjudicar la controversia en sus mé-ritos a favor de Félix Taveras sin que se hubiese comple-tado el desfile de prueba ante el foro administrativo y cuando lo que tenía ante su consideración era únicamente una revisión de una resolución desestimatoria y no una adjudicación en los méritos de la controversia, todo ello en violación del debido proceso de ley de las peticionarias.

Examinados ambos recursos y sus apéndices, los expedi-mos y consolidamos. Estando en condiciones de resolver los recursos presentados, procedemos a así hacerlo.

HH

En primer lugar, discutimos y resolvemos los plantea-mientos hechos por las peticionarias Las Haciendas y Gui-rimar Construction, en cuanto a que la resolución del Tribunal de Apelaciones de 6 de noviembre de 2001 constituía la “ley del caso”.() Las peticionarias entienden que una expresión accesoria del foro apelativo dentro de esta reso-lución/) sobre la alegada jurisdicción de A.R.Pe., impedía que otro panel de ese foro apelativo realizara una determi-nación contraria. No les asiste la razón.

De entrada, es menester señalar que en reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que sólo los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, pueden constituir la ley del caso. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 606-607 (2000); In re Tormos Blandino, 135 D.P.R. 573, 578 (1994); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989). Dicho de otra forma, de ordinario los planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el foro de instancia o por este Tribunal no pueden reexaminarse. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., ante, pág. 607.

Así como no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe una decisión final en los méritos que sirva de base a dicha defensa,() tampoco aplica en tales instancias la doctrina de la “ley del caso”. En específico, las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas. Dichas determinaciones, como regla general, obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó si el caso vuelve ante su consideración. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136 (1967).

Ello no obstante —y en situaciones excepcionales— si el caso, mediante los mecanismos apropiados, vuelve ante la consideración del tribunal apelativo y éste entiende que sus determinaciones previas son erróneas y pueden causar grave injusticia, dicho foro puede aplicar una norma de derecho distinta y resolver así de forma justa. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440 (2003). Véanse, además: Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 D.P.R. 154, 159 (1998); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971).

En el presente caso, las expresiones del tribunal apela-tivo antes transcritas se dieron dentro de una resolución donde el asunto medular era la denegatoria a una solicitud de reconsideración de una resolución anterior. Según se deduce del expediente del presente recurso, la resolución de la cual se solicitaba la reconsideración denegaba, a su vez, la expedición de un auto de mandamus donde se soli-citaba que se obligase al juez administrativo de D.A.Co. a atender los planteamientos hechos por las querelladas so-bre la alegada falta de jurisdicción de dicha agencia para atender la controversia ante sí. En esta primera resolución —que denegó la expedición del recurso de mandamus— no se hizo determinación alguna en cuanto al asunto de qué organismo administrativo tenía jurisdicción para atender el asunto, si D.A.Co. o A.R.Pe. En la Resolución de 6 de noviembre de 2001 —la cual las recurrentes sostienen es la ley del caso— tampoco se hizo una adjudicación en los mé-ritos sobre el asunto de jurisdicción. Es más, en ambas resoluciones el foro apelativo se negó a intervenir en esa etapa de los procedimientos por considerarla a destiempo.

Es por ello que no podemos suscribir la posición de las peticionarias a los efectos de que las meras expresiones que hiciera el foro apelativo en la resolución denegatoria de la moción de reconsideración presentada por las quere-lladas constituyeran la ley del caso. Dichas expresiones no alcanzan el grado de dictámenes finales. En esa resolución nada se adjudicó ni se resolvió la controversia en cuanto al asunto de la jurisdicción, ya que ese no era el asunto que tenía ante sí el foro apelativo.

En consecuencia, el foro apelativo intermedio no estaba impedido de hacer la determinación que hizo en la resolu-ción aquí recurrida, indicando que D.A.Co. sí tenía juris-dicción sobre el asunto de las alegadas prácticas indesea-bles en el negocio de la construcción.

HH HH

Las peticionarias cuestionan si D.A.Co. es el organismo administrativo con jurisdicción sobre el asunto. Contesta-mos dicha interrogante en la afirmativa. Veamos.

La Ley Núm. 130, ante, conocida como la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de Renovación Urbana y Vivienda, le confirió poder a este funcionario para, entre otras, investigar y adjudicar las querellas sobre prácticas indeseables en el negocio de la construcción y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho. Art. 4 de la Ley Núm. 130, ante, 17 L.P.R.A. sec. 504. Con la creación de D.A.Co. y su ley orgánica, Ley Núm. 5, ante, se transfirieron a esta agencia to-dos los poderes y deberes de la Oficina del Oficial de la Construcción. Véase Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997).

Las prácticas indeseables en el negocio de la construcción se encuentran enumeradas en el Art. 9 de la Ley Núm. 130, ante, 17 L.P.R.A. sec. 509. En lo pertinente, los incisos (c) y (d) de la referida disposición estatutaria establecen que incurrirá en práctica indeseable en el negocio de la construcción todo urbanizador o constructor() que:

(c) Altere o modifique los planos de una vivienda o modelo aprobado por la Junta de Planificación y/o la Administración de Reglamentos y Permisos, disponiéndose que toda solicitud de enmiend[a] a los planos o especificaciones del proyecto ra-dicada ante la Junta de Planificación y/o la Administración de Reglamentos y Permisos ....
(d) Certifique o haga certificar falsamente que una vivienda o grupo de viviendas, urbanización o proyecto multifamiliar ha sido construido con arreglo a los planos aprobados por la Junta de Planificación o la Administración de Reglamentos y Permisos .... (Enfasis suplido.)

La Ley Núm. 160 de 9 de junio de 1976 fue aprobada para enmendar algunos artículos de la Ley Núm. 130 antes citada.() En la exposición de motivos de la referida pieza legislativa se expresa que toda vez que las facultades del Oficial de Construcción han sido transferidas al Secretario de D.A.Co., será necesaria la adjudicación de las querellas sobre prácticas indeseables en el negocio de la construcción presentadas por los consumidores puertorriqueños según se dispone en la Ley Núm. 5, ante, ley habilitadora de D.A.Co., para los demás procedimientos adjudicativos llevados a cabo ante dicho organismo.

A su vez, el Reglamento Núm. 2268 aprobado por D.A.Co., en la See. 2(8), faculta al Secretario de dicha agencia a investigar y adjudicar las querellas presentadas sobre prácticas indeseables en el negocio de la construcción. El referido reglamento establece, además, cuáles serán las referidas prácticas indeseables. Entre ellas se incluyen, en los incisos (c) y (d) las mismas circunstancias expresadas en los incisos (c) y (d) de la Ley Núm. 130, ante. Dicho de otra forma, constituirá una práctica indeseable —según el propio Reglamento de D.A.Co.— cualquier alteración o mo-dificación a los planos de una vivienda que hayan sido aprobados por A.R.Pe. y que no esté autorizada por el comprador. También constituirá práctica indeseable el que un urbanizador o constructor certifique falsamente que una vivienda ha sido construida de acuerdo con los planos aprobados por A.R.Pe.

Por su parte, la Sec. 20 del referido Reglamento de D.A.Co., ante, dispone que toda querella a que tenga derecho un consumidor podrá ser presentada en el Departamento, o su sucesor, y que en dicha querella el optante o comprador podrá alegar que el urbanizador o constructor ha incurrido en una práctica indeseable de la construcción en violación de alguna de las disposiciones de la Ley Núm. 5, ante, o del Reglamento de D.A.Co. De modo que el Reglamento dirige al consumidor a presentar su querella, por violación a éste, y en específico, por prácticas indeseables, ante D.A.Co.

Como parte de los amplios poderes que tiene D.A.Co. para proteger los derechos de los consumidores se encuentra, en específico, la protección de éstos contra prácticas indeseables de la construcción por parte de los constructores y urbanizadores, y la concesión de los remedios que en derecho procedan. Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., ante. Al esta agencia ejercer esa facultad, adelanta los intereses de su ley habilitadora, que se sintetiza en el deseo de proteger a los consumidores de prácticas indeseables por parte de los constructores y de proveer un remedio rápido, efectivo y sencillo, sin tener que recurrir a los tribunales y sufragar los costos de un litigio contra una parte que, como regla general, tiene más recursos. Íd.

En consecuencia, resolvemos que, en virtud de las leyes antes citadas y del Reglamento Núm. 2268 de D.A.Co., ante, esta agencia tiene, en efecto, jurisdicción para atender, adjudicar y otorgar los remedios que en dere- cho procedan en virtud de las querellas presentadas por los consumidores en las que se aleguen prácticas indeseables realizadas en el negocio de la construcción, tal y como lo hizo la querellante en el presente caso. Las alegaciones de Félix Taveras contra Las Haciendas, como vendedora de la vivienda en cuestión, y contra Guirimar Construction, como constructora de las calles de la urbanización, fueron que, al esta última apartarse de los planos aprobados e inscritos en A.R.Pe., la cabida real de su vivienda es dis-tinta de la que reflejan los referidos planos, constituyendo esto una práctica indeseable en el negocio de la construcción.

En fin, el presente caso trata de una acción en daños y perjuicios de un consumidor, y es precisamente D.A.Co. la agencia cuyo propósito principal es vindicar e implementar los derechos de los consumidores,() a través del procedimiento de adjudicación administrativa y la concesión de los remedios apropiados.() Por consiguiente, es correcta la determinación del tribunal apelativo a estos efectos.

h-i I — I

Por último, las recurrentes señalan como error que el Tribunal de Apelaciones hubiese hecho una adjudicación del caso en sus méritos, devolviendo el caso al foro admi-nistrativo para la imposición de daños, cuando lo único que tenía ante sí dicho foro era la controversia en cuanto a qué agencia tenía jurisdicción sobre el asunto y cuando al mo-mentó en que se emitió la resolución del tribunal apelativo, las querelladas aun no habían presentado su prueba ante D.A.Co., violándose de este modo su derecho a un debido proceso de ley. Les asiste la razón. Veamos.

La Sec. 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2151, establece, en lo pertinente, que cuando por disposición de una ley, regla o reglamento una agencia deba adjudicar formalmente una controversia, los procedimientos deberán salvaguardar los derechos siguientes:

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o quere-llas o reclamos en contra de una parte.
(B) Derecho a presentar evidencia.
(C) Derecho a una adjudicación imparcial.
_ (D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. (Énfasis suplido.)

Una parte en un procedimiento formal de adjudicación a nivel administrativo puede presentar evidencia tanto oral como documental en apoyo de sus contenciones. Al ser la audiencia concedida por las agencias de carácter evidenciarlo, se sigue la trayectoria judicial de que cada parte presente su caso a través de testimonio oral, evidencia documental y argumentos legales. El derecho a la audiencia incluye el de presentar evidencia. Un procedimiento que no permite la presentación de prueba para demostrar la falta de responsabilidad no cumple con los requisitos del debido procedimiento de ley y constituye una mera formalidad. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Colombia, Ed. Forum, 2001, citando a Morgan v. United States, 304 U.S. 1 (1938), y a Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973).

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso únicamente para la imposición de daños por la ne-gligencia de las querelladas. Al así actuar, éste hizo una adjudicación del caso en sus méritos, sin tomar en conside-ración la etapa de los procedimientos ante el foro adminis-trativo, ya que ante la agencia administrativa no se había comenzado el desfile de la prueba de las querelladas. Erró al así hacerlo.

D.A.Co. desestimó la querella a base de dos fundamen-tos: la transacción del caso que ponía fin al pleito entre Ten Contractors y la querellante, y el hecho de que el rema-nente del pleito era de la jurisdicción de A.R.Pe. y no de D.A.Co. Como vemos, D.A.Co. no hizo determinación al-guna sobre la alegada negligencia de las querelladas. Ade-más, al momento de emitir esta determinación, única-mente la querellante había presentado su prueba. En vista de que la querella fue archivada, en virtud de los plantea-mientos hechos por Las Haciendas y Guirimar Construction sobre la falta de jurisdicción de D.A.Co., éstas aún no habían presentado su prueba.

En consecuencia, resolvemos que erró el foro apelativo intermedio al ordenar la devolución del caso únicamente para la imposición de daños. Lo procesalmente correcto es devolver el caso a D.A.Co. para que, luego de que las que-relladas hayan desfilado su prueba, dicho foro administra-tivo haga una determinación del caso en los méritos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

      (1) La suma total solicitada fue de $75,875. Posteriormente, la querella fue enmendada a los fines de solicitar una compensación por el daño que la humedad y las filtraciones le ocasionaron a la ropa de la querellante, cuyo valor estimó en unos $3,000 adicionales

      (2) La querellante sostuvo que dicha desviación ocasionó una pérdida del 40% del valor real de la propiedad.

      (3) Surge del expediente que alrededor de la misma fecha en que se presentó la querella ante Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.), la querellante también presentó una querella ante la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) por las alegadas violaciones al reglamento de esta agencia. La referida agencia realizó una investigación sobre el asunto, luego del cual orientó a la quere-llante a seguir su reclamación contra el contratista de la obra y procedió a archivar la querella el 4 de marzo de 1998.

      (4) La querellante y Ten General Contractors, S.E. (Ten Contractors) suscribie-ron un acuerdo transaccional en el que la primera desistía con peijuicio de toda ulterior reclamación contra la segunda con motivo de la adquisición de la unidad de vivienda en la Urb. Villas de Cambalache I.

      (6) Es menester enfatizar que la referida regla establece que, en caso de que la moción sea declarada “sin lugar”, el demandado no renuncia a su derecho de ofrecer prueba.

      (6) Evidentemente, el foro apelativo no se percató que la querella ante A.R.Pe. había sido archivada desde el 4 de marzo de 1998.

      (7) En particular, Ten Contractors alegó que, en virtud del acuerdo transaccional suscrito por ésta y la querellante, esta última se encontraba impedida de instar una nueva reclamación.

      (8) Vale la pena enfatizar que, al momento de emitir esta última determinación, las querelladas no habían presentado su prueba para refutar la presentada por la querellante. Ello por razón de que, luego de culminada la presentación de la prueba de Félix Taveras, D.A.Co. había procedido a desestimar la querella en virtud de los planteamientos de falta de jurisdicción que hiciera Guirimar Construction Corp.

      (9) A continuación se transcribe, en esencia, la resolución emitida por el foro apelativo el 6 de noviembre de 2001:
      “No puede perderse de vista que el único asunto que permite la clara jurisdic-ción de [D.A.Co.], esto es, los alegados defectos de construcción fue desistido el 26 de octubre de 2001 y que lo relacionado a los reclamos sobre cabida, distancias y plot plans aparenta estar bajo investigación ante la Administración de Reglamentos y Permisos, que sin lugar a dudas es la agencia con jurisdicción para ese asunto.
      “Sin embargo, la resolución en reconsideración emitida [por D.A.Co.] y notifi-cada a todas las partes el 9 de julio de 2001 aparenta haber revivido todos los asuntos

        del caso. Nótese que esta última determinación no fue recurrida por la peticionaria Las Haciendas S.E.
      “Así las cosas y estando pendiente todo el asunto ante el foro administrativo, lo prudente es que se plasme la decisión final escrita para que de entenderlo prudente alguna parte afectada recurra oportunamente ante nos.
      “Reiteramos que nuestra actuación en este momento sería a destiempo y por ello no podemos acceder a la reconsideración parcial solicitada.” (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari de 23 de noviembre de 2004, págs. 45 — 46.

      (10) Resolución en la que se denegó la revisión de la resolución que a su vez denegaba la expedición del mandamus solicitado por Las Haciendas.

      (11) Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343; García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 150-151 (1951); Restatement, Judgments Secs. 41, 45 (1942), citado en Developments in the Law—Res Judicata, 65 (Núm. 5) Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952).

      (12) El Art. 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. sec. 502(d)), en lo pertinente, define “urbanizador o constructor” como “toda persona que se dedi que al negocio de la construcción en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, construcción de obras de urbanización para vivienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien del tipo individual o multipisos. ... Incluye a quien asuma la responsabilidad total para la presentación ante la Junta de Planificación de consultas de ubicación y uso de terrenos, y ante [A.R.Pe.] del desarrollo preliminar, planos preliminares y finales para la construc-ción de las obras en un predio extenso de terreno que habrá de lotificarse para la construcción de viviendas ... o que comisione a otros para realizar cualesquiera de tales actividades”.

      (13) Dichas enmiendas no alteraron los incisos sobre prácticas indeseables antes transcritos.

      (14) Art. 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341b).

      (15) Aun cuando A.R.Pe. ciertamente tiene jurisdicción para atender las contro-versias surgidas a raíz de una violación, su ley orgánica, Ley Núm. 76 de 1 de julio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.), o su Reglamento, dicha agencia no puede conceder compensación por daños a la persona afectada por dichas violaciones. El Adminis-trador de A.R.Pe. o su representante autorizado podrá imponer multas administra-tivas a personas naturales o jurídicas que incumplan o violen cualquier restricción, reglamento u orden adoptada en virtud de las facultades que le confieren la Ley Núm. 76, ante, u otras leyes, o que violen cualquier disposición de la citada Ley Núm. 76.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Administración de Reglamentos y Permisos, peticionaria, v. Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, recurrida.

      Número: CC-2003-319

      Resuelto: 19 de octubre de 2005

      Jesús M. Díaz Rivera, abogado de la parte peticionaria; Ricardo Santos, abogado de la parte recurrida; Carlos Carrion Crespo, director de la División Legal de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 7 de junio de 2001, la Coordinadora Unitaria de Tra-bajadores del Estado (C.U.T.E.) presentó ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión) una petición para representar a los empleados de la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) para pro-pósitos de la negociación colectiva. En virtud de lo anterior, el 11 de julio de 2001 la Comisión celebró una sesión especial, en la que participó tanto C.U.T.E. como A.R.Pe.

Luego de celebrada la referida sesión, el 15 de febrero de 2002 la Comisión emitió una resolución, sobre determi-nación de unidad apropiada, y ordenó la celebración de una elección para que los empleados de A.R.Pe. determinaran si deseaban ser representados por C.U.T.E. para propósitos de la negociación colectiva.() Inconforme con una porción de la determinación, A.R.Pe. presentó una moción con sus excepciones() el 1ro de marzo de 2002, solicitando que fue-ran excluidos ciertos puestos de la unidad apropiada,() por entender que éstos estaban íntimamente ligados a la gerencia.

En el entretanto, la elección se celebró el 26 de marzo de 2002. Ño obstante, la Comisión recusó los votos que emitie-ron los empleados que integraban los puestos que A.R.Pe. solicitó que fueran excluidos, mientras se resolvía la mo-ción con las excepciones. Luego de celebrada la elección, el 17 de abril de 2002, la Comisión certificó a C.U.T.E. como el representante exclusivo de los integrantes de la unidad apropiada, debido a que el número de votos recusados no eran suficientes para afectar el resultado de la elección.

Así las cosas, A.R.Pe. presentó el 22 de julio de 2002 una moción suplementaria, en donde expuso argumentos adi-cionales sobre la doctrina de empleados íntimamente liga-dos a la gerencia, reiterando, de paso, su solicitud de ex-clusión de los puestos de la unidad apropiada que había presentado en la moción de 1 de marzo de 2002. La Comi-sión resolvió mantener en la unidad apropiada los puestos que A.R.Pe. solicitó que fueran excluidos de ésta.()

Inconforme con la referida determinación, el 24 de sep-tiembre de 2002 A.R.Pe. presentó ante el Tribunal de Ape-laciones un recurso de revisión de decisión administrativa, señalando que erró la Comisión al mantener en la unidad apropiada los puestos que se le habían solicitado que fue-ran excluidos, contraviniendo la doctrina de empleado ín-timamente ligado a la gerencia, así como por tratarse de empleados gerenciales con responsabilidades de supervisión.

La Comisión presentó un escrito, titulado Comparecen-cia Especial en Solicitud de Desestimación, en el que sos-tuvo que el foro apelativo intermedio no tenía jurisdicción para atender la controversia planteada debido a que la de-terminación de unidad apropiada no es una orden o reso-lución final, conforme a Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), y, además, porque ésta constituye un ejercicio de la función investigativa de la agencia que no está sujeta a revisión judicial. La Comisión argumentó que, utilizando por analogía la interpretación de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, las determinaciones de unidad apropiada sólo son revisables por la vía colateral, como parte de una determinación de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Junta) sobre práctica ilícita del trabajo.

A.R.Pe. presentó su Réplica a Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación, en la cual expresó que la Comisión no tenía “legitimación activa” para comparecer ante el Tribunal de Apelaciones, ya que éste es un orga-nismo cuasijudicial que no es parte en el proceso; sostuvo, además, que la resolución de la Comisión es revisable, ya que la configuración de una unidad apropiada era determi-nante en el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los empleados y patronos en el marco de las relaciones laborales. Asimismo, indicó que el planteamiento era una cuestión novel a ser resuelta por el tribunal en cuanto a si bajo la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Pú-blico de Puerto Rico se reconoce, al configurar una unidad apropiada, la doctrina de exclusión conocida como “emplea-do íntimamente ligado a la gerencia”.

El foro apelativo intermedio emitió una resolución des-estimando el recurso de revisión de decisión administra-tiva por falta de jurisdicción, por entender que la determi-nación de unidad apropiada no es revisable por ser una decisión interlocutoria, y porque en este caso no se confi-guraban las circunstancias que le permiten dilucidar la controversia por vía de excepción. Fundamentó su determi-nación en que la determinación de unidad apropiada no es una acción administrativa que adjudique algún derecho u obligación, y que, además, no es una orden o resolución final, ya que las partes tienen la oportunidad de presentar ante la Comisión una petición de clarificación de unidad apropiada. Finalmente, y utilizando por analogía la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, señaló que las de-terminaciones de unidad apropiada sólo son revisables por la vía colateral, como parte de una determinación de prác-tica ilícita.()

Inconforme con la referida determinación, A.R.Pe. acu-dió ante este Tribunal mediante una petición de certiorari alegando, en síntesis y en lo pertinente, que erró el foro apelativo intermedio al declararse sin jurisdicción para re-visar la determinación de unidad apropiada que hizo la Comisión.

Expedimos el recurso y concedimos un término a ambas partes para que se expresaran en torno a sus respectivas posiciones. La parte peticionaria compareció; no así la parte recurrida. () Estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.

I

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada,() 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq., conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico (Ley Núm. 45), fue aprobada con el propósito de

... conferirle a los empleados públicos en las agencias tradi-cionales del gobierno central, a quienes no aplica la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,() el derecho a organi-zarse para negociar sus condiciones de trabajo dentro de los parámetros que se establecen en esta Ley. Esos parámetros se remiten a tres criterios esenciales, a saber: 1) acomodar, den-tro de las realidades fiscales en que se desenvuelve el Go-bierno, el costo correspondiente al mejoramiento de las condi-ciones de trabajo de los empleados públicos; 2) evitar interrupciones en los servicios que prestan las agencias guber-namentales; y, 3) promover la productividad en el servicio público. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, Leyes de Puerto Rico, pág. 148.

A esos fines, la Ley Núm. 45 le reconoció a los empleados de las agencias del Gobierno central el derecho a organizarse y afiliarse en organizaciones sindicales de su elección. Véase 3 L.P.R.A. sec. 1451b.() De esta manera, los empleados de las diferentes unidades apropiadas que deseen sindicalizarse podrán escoger, mediante voto mayo-ritario, la organización que habrá de representarles ante la agencia correspondiente. Véase 3 L.P.R.A. sec. 1451g. La organización sindical que prevalezca en las elecciones, y que sea certificada como representante exclusivo de los empleados incluidos en esa unidad apropiada, tendrá la autoridad para negociar con la agencia correspondiente un convenio colectivo “en el que se discuten y acuerden dispo-siciones sobre salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de empleo”. 3 L.P.R.A. sec. 145lj.

Con el propósito de hacer cumplir sus disposiciones, la Ley Núm. 45 creó un organismo administrativo denominado “Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público”, y le confirió facultades cuasilegislativas y cuasijudiciales, delimitadas en la ley. 3 L.P.R.A. sec. 1452t. La Comisión es la entidad encargada de

... [interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de [esta ley] en todo lo relativo a procesos de organización, certi-ficación y descertificación de organizaciones sindicales', en los procedimientos relacionados con la conciliación y arbitraje de negociaciones de convenios colectivos, en los procedimientos relacionados con prácticas ilícitas y en todos aquellos aspectos que [esta ley] le delegue alguna actuación en particular. (Én-fasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1452t(a).

En lo que respecta a la controversia ante nuestra consideración, debemos señalar que esta pieza legislativa estableció el procedimiento a seguir en los procesos de organización y certificación de organizaciones sindicales para la negociación colectiva. Para ello, la Ley Núm. 45 establece que la Comisión es el organismo con la autoridad para determinar la composición de una unidad apropiada para la negociación colectiva de aquellos empleados de las agencias del Gobierno central por quienes se solicite inter-venir, tomando en cuenta los criterios establecidos en el propio estatuto.() El Art. 4, Sec. 4.5 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451g), dispone:

Las organizaciones sindicales interesadas en ser certifica-das como representantes exclusivos de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva someterán ante la Comi-sión prueba demostrativa de que un treinta por ciento (30%) del total de empleados en dicha unidad apropiada ha endo-sado una petición para que se lleve a cabo una votación para determinar si desean estar representados por una organización sindical.
Una vez la Comisión certifique la petición, la Comisión or-denará una votación entre los empleados de la unidad apropiada. Cualquier organización sindical que desee partici-par en esta votación deberá someter ante la Comisión el en-doso de por los menos el veinte por ciento (20%) del total de empleados de la unidad apropiada.
La Comisión certificará como el representante exclusivo de los empleados aquella organización sindical que obtenga me-diante votación secreta el apoyo de la mayoría del total de los empleados que participen en la elección.
Si ninguna de las organizaciones sindicales que participen en este elección obtuviere el voto de la mayoría del total de los empleados que participen en la elección, la Comisión realizará una elección final mediante votación secreta entre las dos or-ganizaciones sindicales que hubieren obtenido el mayor nú-mero de votos y la que de éstas obtenga la mayoría de los votos, será certificada como el representante exclusivo de los empleados. (Enfasis suplido.)

Conforme a la referida disposición estatutaria, la Comisión tendrá la autoridad de certificar, como represen-tante exclusivo, a la organización sindical que los emplea-dos públicos elijan mediante votación. A esos fines, la pro-pia Ley Núm. 45 faculta a la Comisión “para aprobar un Reglamento para la elección del representante sindical en el que se establezcan los procedimientos a ser observados por las organizaciones obreras y los patronos”. Art. 4, Sec. 4.6 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451h).

Con el objetivo de cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 45, el 28 de diciembre de 2001 la Comisión aprobó el Reglamento Núm. 6385, el cual contiene disposiciones para reglamentar los procedimientos de representación, entre otras. Conforme a ello, el procedimiento de representación se inicia con la presentación de una petición de parte de una organización sindical, solicitando una elección para escoger un representante exclusivo. Véase See. 300 del Reglamento de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, Reglamento Núm. 6385 de 28 de diciembre de 2001 (Reglamento Núm. 6385). Dicha petición tiene que cumplir con todos los requisitos reglamentarios. Véase Sec. 302 del Reglamento Núm. 6385, ante.

Luego de presentada la petición, la Comisión notificará a las partes para que comparezcan ante uno de sus agentes y puedan discutir y estipular las controversias sobre el alcance y la composición de las unidades apropiadas.() Si la controversia subsiste, la Comisión podrá ordenar la celebración de una Sesión Especial para la Determinación de Unidades Apropiadas.() En dicha Sesión las partes tendrán el derecho de presentar evidencia ante la Comisión sobre cómo debe quedar establecida la unidad apropiada.()

Las sesiones especiales serán públicas y comenzarán con una exposición oral de cada parte sobre cómo debe que-dar constituida la unidad apropiada.() Luego de celebrada la Sesión Especial, las partes podrán someter sus alegatos dentro del término que les conceda la Comisión.() Luego que la Comisión haya obtenido toda la evidencia pertinente y cuente con las posiciones expresadas por las partes, en-tonces determinará cuál será la unidad apropiada y orde-nará la celebración de una elección. Una vez la Comisión le notifique a las partes la Determinación de Unidad Apro-piada, éstos tendrán catorce días para presentar sus excepciones.() Luego de celebrada la elección, y si no hay objeciones, la Comisión emitirá una Certificación de Repre-sentante Exclusivo, y ordenará el cierre y archivo del caso.()

HH i — i

Por otro lado, la Ley Núm. 45 establece el ámbito de la revisión judicial de las decisiones emitidas por la Comisión. De esta manera, el referido estatuto establece, en el Art. 6, Sec. 6.1(g), 3 L.P.R.A. sec. 1451p(g), la revisión judicial de laudos de arbitraje;() en el Art. 9, Sec. 9.3(j) (3 L.P.R.A. sec. 1452c(j), la revisión de las determinaciones en las que se adjudican las controversias sobre prácticas ilíci-tas,() y por último, en el Art. 10, Sec. 10.1 (3 L.P.R.A. sec. 1452d), la revisión de órdenes y resoluciones finales de la Comisión.() En específico, y en lo que respecta a la contro-versia hoy ante nuestra consideración, el Art. 10, Sec. 10.1 de la Ley Núm. 45, ante, dispone, en lo pertinente, que:

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, a solicitud de parte, tendrá jurisdicción para entender discrecionalmente en los re-cursos de revisión de órdenes y resoluciones finales de la Co-misión según los términos que dispone [la see.] 2101 et seq. de este título, conocidas como “Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme”. Los recursos de revisión serán competencia de los Paneles de la Región Judicial de San Juan. (Enfasis suplido.)

Conforme a la referida disposición estatutaria, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar las determinaciones de la Comisión que sean órdenes o resoluciones finales según las disposiciones de la L.P.A.U. En virtud de lo anterior, debemos examinar las disposiciones de la L.P.A.U, y su jurisprudencia interpretativa, para determinar cuáles son las órdenes o resoluciones finales que el Tribunal de Apelaciones puede revisar.

En referencia a la revisión judicial de las decisiones administrativas, la Sec. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172, dispone lo siguiente:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolu-ción final de una agencia y que haya agotado todos los reme-dios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar un recurso de revi-sión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agenda o a partir de la fecha aplicable de las dis-puestas en la see. 2165 de este título, cuando el término para instar el recurso de revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. La parte notificará la presentación del re-curso de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para instar el recurso de revisión. La notificación po-drá hacerse por correo. (Enfasis suplido.)

De lo antes expuesto se puede colegir que son dos los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones revise una orden o resolución emitida por una agencia: (i) que la parte adversamente afectada por la orden o resolución haya agotado los remedios provistos por la agencia, () y (ii) que la orden o resolución sea final, y no interlocutoria.() Véanse: Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

La L.P.A.U. define “orden o resolución” como “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas ...”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(f). De igual manera, define de forma general dos clases de órdenes o resoluciones: las parciales y las interlocutorias.

La Sec. 1.3(g) de la L.P.A.U. define la “orden o resolución parcial” como aquella “acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(g). De igual forma, define una "orden interlocutoria” como "aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(h).

No obstante, la L.P.A.U. no define el término “orden o resolución final”. A pesar de ello, la ley contiene una descripción de lo que tiene que incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro funcionario autorizado por ley. 3 L.P.R.A. sec. 2164.

Asimismo, hemos expresado que la orden o resolución final es aquella que pone fin a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., ante.() De acuerdo con lo anterior, los tribunales se abstendrán de evaluar la actuación de la agencia hasta tanto la persona o junta que dirija esa entidad resuelva la controversia en su totalidad.

HH HH i — i

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones deses-timó el recurso de revisión de decisión administrativa por falta de jurisdicción, fundamentando su determinación en que, utilizando por analogía la Ley de Relaciones del Tra-bajo para el Servicio Público de Puerto Rico, las determi-naciones de unidad apropiada sólo son revisables por la vía colateral, como parte de una determinación de práctica ilícita. Señaló, además, que la determinación de unidad apropiada hecha por la Comisión no es revisable, ya que esa decisión no es una acción administrativa que adjudique algún derecho u obligación y, además, que no es una orden o resolución final, porque las partes tienen la oportunidad de presentar ante la Comisión una petición de clarificación de unidad apropiada. Erró al así hacerlo.

Debemos señalar, en primer lugar, que en este caso no se debe utilizar por analogía la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico. Reconocemos que la Ley Núm. 45 contiene disposiciones muy similares a las de aquélla, y que las funciones y los deberes de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico comparan sustancialmente con las de la Comisión. No obstante, el ámbito de revisión judicial de la Ley Núm. 45 es distinto al de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico. Veamos.

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, en su Art. 5(3), 29 L.P.R.A. sec. 66(3), dispone que

... [1]as conclusiones de la Junta, el procedimiento electoral, la resolución de la controversia relativa a la representación, la determinación de la unidad y el certificado del resultado de cualquier elección así llevada a cabo, serán finales y estarán sujetos a revisión judicial sólo de la manera que se dispone en el inciso (4) de esta sección. (Enfasis suplido.)

A su vez, el inciso (4) de su Art. 5 dispone que

... [sjiempre que una orden de la Junta dictada de acuerdo con la sec. 70 de este título se base, en todo o en parte, en hechos certificados después de una investigación o audiencia pública efectuada de acuerdo con el inciso (3) de esta sección, y exista una petición para que se ponga en vigor dicha orden y para que se revise, la certificación y el expediente de la inves-tigación o audiencia efectuada de acuerdo con el inciso (3) de esta sección se incluirán en la transcripción del expediente completo que ha de presentarse de acuerdo con la sec. 70 de este título y entonces el decreto del tribunal, poniendo en vigor, modificando o anulando en todo o en parte la orden de la Junta, se hará y se expedirá a base de los autos, el testimonio y los procedimientos expuestos en dicha transcripción. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 66(4).

Por otro lado, el Art. 9(2) de la Ley Núxn. 130, supra, 29 L.P.R.A. sec. 70(2), dispone, en parte, sobre el procedimiento de práctica ilícita que

[cjualquier persona perjudicada por una orden final de la Junta concediendo o negando, en todo o en parte, el remedio que se interesa, podrá obtener la revisión de dicha orden en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, radicando en dicho tribunal una petición escrita suplicando que la orden de la Junta sea modificada o revocada.

Este Tribunal ha resuelto que de una lectura conjunta de los incisos (3) y (4) del Art. 5 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ante, y de su Art. 9, ante, se infiere que la intervención judicial con respecto a las decisiones que emite la Junta se da en virtud de la facultad revisora del tribunal y que ésta, a su vez, sólo puede ejercitarse una vez la Junta ha emitido una decisión final sobre una práctica ilícita del trabajo. Dicho de otra manera, hemos resuelto que las decisiones y órdenes dimanantes de casos de representación sólo son revisables mediante un ataque colateral imbricado en una decisión relativa a alguna práctica ilícita. J.R.T. v. A.M.A., 119 D.P.R. 94 (1987). Este esquema de revisión lo incorporamos a nuestro entorno jurídico de la jurisdicción federal. Véase, además, U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335, 349 (1994).

Es de notar que, a diferencia de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, la cual de ordinario limita la revisión judicial a aquellas instancias en que la Junta de Relaciones del Trabajo ha emitido una decisión final sobre una práctica ilícita del trabajo, la Ley Núm. 45 expresamente establece una revisión directa al foro apelativo intermedio de todas las órdenes y resoluciones finales de la Comisión, ello conforme a las disposiciones de la L.P.A.U.

IV

En virtud de lo anteriormente expuesto, en el presente caso debemos determinar si la resolución que emitió el 24 de julio de 2002 la Comisión, en la que resolvió las excep-ciones presentadas por A.R.Pe. sobre unidad apropiada, constituye o no una orden o resolución final conforme a las disposiciones de la L.P.A.U. y, por lo tanto, revisable por el foro apelativo intermedio.

Ahora bien, al analizar la naturaleza de la referida decisión administrativa, es decir, si es final o interlocutoria, no podemos considerar, exclusivamente, la denominación que le ha dado la agencia que la emite dentro del esquema procesal administrativo. Es decir, no es el nombre lo que determina si una orden o resolución es final o interlocutoria. Es necesario considerar detenidamente los elementos de la decisión para determinar si, dado el estado de derecho vigente al momento del procedimiento administrativo, la decisión que se pretende revisar judicialmente constituye una orden o resolución final o interlocutoria.

En el presente caso, el 15 de febrero de 2002, luego de haber celebrado una Sesión Especial, donde tanto A.R.Pe. como la C.U.T.E. presentaron evidencia, la Comisión emi-tió una Determinación sobre Unidad Apropiada. Incon-forme con esta determinación sobre unidad apropiada, A.R.Pe. presentó dentro del término reglamentario sus ex-cepciones, para solicitar que varios puestos fueran exclui-dos de ésta.

La Comisión ordenó una elección que se celebró el 26 de marzo de 2002; ello no obstante, la Comisión recusó los votos que emitieron los empleados que integraban los puestos que A.R.Pe. solicitó que fueran excluidos, mientras se resolvía la moción con las excepciones. Luego de cele-brada la elección, la Comisión certificó a la C.U.T.E. como el representante exclusivo de los integrantes de la unidad apropiada el 17 de abril de 2002, debido a que el número de votos recusados no eran suficientes para afectar el resul-tado de la elección. El 24 de julio de 2004 la Comisión re-solvió, finalmente, las excepciones presentadas por A.R.Pe., manteniendo la inclusión dentro de la unidad apropiada de los puestos impugnados.

De entrada debemos señalar que no compartimos el cri-terio del Tribunal de Apelaciones, a los efectos de que la determinación sobre unidad apropiada no es una decisión revisable judicialmente, por no ser una acción administra-tiva que adjudique algún derecho u obligación.

La L.P.A.U. define adjudicación como “el pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(b). Así pues, la configuración de la unidad apropiada y la determinación de si un puesto forma parte de ella, constituye a nuestro juicio una adjudicación para efectos de la L.P.A.U.

No se debe pasar por alto que, mediante la determina-ción sobre unidad apropiada, la Comisión les reconoce de-rechos sustantivos a los empleados públicos, en tanto les otorga el derecho a la negociación colectiva. De igual ma-nera, esa determinación le impone la obligación al patrono, en este caso A.R.Pe., de negociar con los empleados públi-cos, a través de su representante exclusivo, los términos y las condiciones de empleo de todos los empleados incluidos en la unidad apropiada. Por lo tanto, resulta evidente que la configuración de la unidad apropiada es determinante en el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los em-pleados y patronos en el marco de las relaciones laborales.

El hecho de que las Sesiones Especiales sobre determinación de unidades apropiadas hayan sido denominadas por la Comisión en su reglamento como procedimientos investigativos y no adversativos,() no altera la realidad de que una vez culminada esa faceta, la Comisión adjudica los derechos de las partes. ( ) Resolver lo contrario implicaría que cualquier agencia, sometida a la L.P.A.U., podría inmunizar sus adjudicaciones con el mero hecho de denominar un procedimiento como investigativo. Evidente-mente, esa conclusión o situación no se puede sostener.

Asimismo, entendemos que la determinación de unidad apropiada de la Comisión en este caso es una resolución final, ya que conforme a la L.P.A.U. y su jurisprudencia, la resolución puso fin a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y su efecto es sustancial sobre las partes. ()

En este caso la resolución sobre unidad apropiada cum-ple con los requisitos de la L.P.A.U., ya que incluye deter-minaciones de hecho y conclusiones de derecho; además, fue firmada por el Presidente de la Comisión. De igual ma-nera, una vez la Comisión emitió la resolución recurrida —el 24 de julio de 2002— no quedaba asunto pendiente alguno que resolver, ya que ese organismo llevó a cabo el proceso eleccionario y certificó al representante de la nego-ciación colectiva, que es la recurrida C.U.T.E. La Comisión emitió una determinación, con carácter final y no interlo-cutorio, de lo que constituyen los derechos sustantivos de las partes, por lo que el recurso de revisión debe estar dis-ponible para acudir en alzada. Esta determinación no sólo excluye o incluye puestos de la unidad apropiada, estable-ciendo qué empleados tendrán derecho a la negociación co-lectiva, sino que desde el punto de vista de A.R.Pe., se emite un pronunciamiento final que altera sustancialmente las relaciones laborales en esa entidad gubernamental.

En conclusión, y de acuerdo con la L.P.A.U., estamos propiamente ante una resolución final que adjudica dere-chos y obligaciones de las partes, por lo que la revisión judicial debe estar disponible ante el Tribunal de Apelaciones.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se de-vuelve el caso a ese foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) En la referida resolución, la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión) hizo determinaciones de hecho y conclusiones de derecho sobre los puestos incluidos en la unidad apropiada. Ésta fue firmada por el Presidente de la Comisión.

      (2) La referida moción fue presentada en virtud de la Sec. 309(H) del Regla-mento de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, Reglamento Núm. 6385 de 28 de diciembre de 2001, que le permite a los participantes de la vista presentar sus excepciones a la determinación de unidad apropiada.

      (3) Los puestos que la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) so-licitó que fueran excluidos son: Analista en Recursos Humanos I al III, Ingeniero I y II, Oficial de Relaciones Públicas, Analista de Contabilidad III, Analista de Presu-puesto II, Facilitador Administrativo II y Técnico de Oficina I y II.

      (4) En esta resolución la Comisión también incluyó determinaciones de hecho y conclusiones de derecho sobre los puestos en controversia, y fue firmada por el Pre-sidente de la Comisión.

      (5) Oportunamente, A.R.P.e. presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar” mediante una resolución notificada el 1 de abril de 2003.

      (6) Mediante una resolución a esos efectos, el 30 de enero de 2004 le concedimos a la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (C.U.T.E.) un término de treinta días para presentar su alegato, apercibiéndole que de no recibirlo dentro del término indicado, el caso quedaría sometido sin el beneficio de su comparecencia.

      (7) El referido estatuto fue enmendado por la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001.

      (8) Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq.

      (9) Véanse: Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003); Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571 (2003).

      (10) El Art. 4, Sec. 4.3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. seC. 1451e), dispone:
      “La Comisión determinará las unidades apropiadas que existirán en las agen-cias, en consideración, entre otros, a los siguientes criterios:
      “(a) Comunidad de intereses entre los empleados.
      “(b) Evitar el fraccionamiento excesivo de las unidades.
      “(c) Patrones actuales de organización formal e informal de los empleados.
      “(d) Protección del pleno disfrute de los derechos reconocidos en este capítulo,
      “(e) Viabilidad de las negociaciones.
      “(f) Similitud funcional en requerimiento o condiciones del trabajo [.]
      “(g) Sistema de personal establecido y planes de clasificación y retribución im-plantados en la agencia.
      “(h) Acuerdo entre las partes.” (Énfasis suplido.)

      (11) Sec. 305(B) del Reglamento de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, Reglamento Núm. 6385 de 28 de diciembre de 2001 (Reglamento Núm. 6385).

      (12) Íd.

      (13) Resulta importante señalar que la Sec. 309(B) del Reglamento Núm. 6385 dispone que “[l]as Sesiones Especiales para la Determinación de Unidades Apropia-das se considerarán como procedimientos investigativos y no adversativos.” (Énfasis suplido.)

      (14) Sec. 309(D) del Reglamento Núm. 6385.

      (15) Sec. 309(G) del Reglamento Núm. 6385.

      (16) Sec. 309(H) del Reglamento Núm. 6385.

      (17) Sec. 316 del Reglamento Núm. 6385.

      (18) La referida sección dispone:
      “(g) La decisión o laudo del panel será final y firme conforme a derecho y deberá ajustarse a los parámetros contenidos en la Sección 5.2 de esta Ley. Solamente po-drán impugnarse los laudos de arbitraje por errores de derecho y aquellos que sean contrarios a la disposición constitucional que prohíbe que las asignaciones hechas para un año económico excedan los recursos totales calculados para dicho año, me-diante acción judicial ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el cual deberá actuar en tomo a la misma dentro de un término no mayor de treinta (30) días.”

      (19) La referida sección dispone, en lo pertinente:
      “(j) Cualquier parte adversamente afectada por una orden final de la Comisión podrá solicitar revisión de la misma ante el [T]ribunal de Circuito de Apelaciones, radicando en dicho tribunal una petición escrita solicitando que la orden de la Co-misión sea modificada o revocada. La solicitud de revisión deberá ser radicada den-tro del término de treinta (30) días a partir de la fecha en que la orden advino final.”

      (20) Cabe destacar que en la Ley Núm. 45 no hay disposición específica sobre la revisión judicial de las determinaciones que haga la Comisión sobre unidad apropiada.

      (21) La doctrina de agotamiento de remedios administrativos recogida en la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2172, constituye una norma de abstención judicial, cuyo propósito es evitar que las reclamaciones presentadas ante una agen-cia administrativa lleguen al foro judicial a destiempo. Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318 (1998).

      (22) Hemos expresado que el requisito de finalidad de las órdenes y resoluciones tiene un alcance análogo a la doctrina de agotamiento de remedios y que, de ordina-rio, ambas gozan de las mismas excepciones. Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997). En virtud de ello, una resolución interlocutoria es revisable en casos excepcionales, o sea, se puede preterir el trámite administrativo cuando la agencia claramente carece de jurisdicción y la posposición conlleva un daño irreparable al afectado. Íd.

      (23) Respecto a este asunto, nos señala el Prof. Demetrio Fernández Quiñones lo siguiente:
      “Una vez el organismo administrativo ha rendido su decisión en el caso y la ‘parte adversamente afectada’ ha agotado todos los remedios administrativos dispo-nibles dentro del organismo, se puede presentar la solicitud de la revisión judicial. ... Para interponer el recurso, la decisión administrativa tiene que ser ‘final’ y además debe ser revisable. La decisión administrativa es final cuando ha decidido todas las controversias y no deja pendiente ninguna para ser decidida en el futuro. Es revisable cuando la parte afectada por ella haya cumplido con todos los requisitos y haya agotado todos los remedios administrativos disponibles.” (Énfasis suplido.) D. Fer-nández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, Sec. 9.3, pág. 533.

      (24) Sec. 310 del Reglamento Núm. 6385 de la Comisión.

      (25) Debemos señalar que conforme con el reglamento de la Comisión, la Sesión Especial para determinación de unidad apropiada reúne los elementos de un proce-dimiento de adjudicación, ya que en ese procedimiento se le permite a las partes presentar prueba, tanto documental como testifical; cada parte tendrá derecho a hacer una exposición oral, y podrá presentar alegatos para sostener sus respectivas posiciones. Incluso así lo reconoce la propia Comisión en la resolución inicial sobre unidad apropiada de 15 de febrero de 2002 en donde expresó:
      “Las partes tuvieron amplia oportunidad de presentar sus respectivas posicio-nes y someter toda la evidencia documental y testifical pertinente en apoyo a las mismas. Además, al concluir la Sesión Especial se les concedió un plazo de catorce días para la radicación de alegatos, si así lo interesaban.”

      (26) Cabe destacar, de igual forma, que en este caso se cumplió con el requisito de agotar los remedios administrativos, ya que A.R.Pe. presentó las excepciones a la determinación sobre unidad apropiada dentro del término reglamentario de catorce días, y luego que la Comisión emitiera la resolución en la que resolvía esas excepcio-nes, presentó oportunamente una moción de reconsideración conforme con la L.P.A.U. Véase 3 L.P.R.A. sec. 2165.


text:
    Omar González Rivera y otros, recurridos, v. Multiventas y Servicios, Inc. y otros, recurridos y terceros demandantes; Autoridad de Carreteras y Transportación y otros, peticionarios y terceros demandados.

      Número: CC-2005-359

      Resuelto: 19 de octubre de 2005

      Ricardo J. Cacho Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Miriam González Olivencia, abogada de la parte recurrida; Manuel Pérez Rodríguez, abogado de la parte demandante.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la Autoridad de Carrete-ras y Transportación, patrono asegurado por el Fondo de Seguro del Estado, responde vicariamente por los daños sufridos por un empleado en un accidente en el empleo como consecuencia de los actos negligentes de un coem-pleado; y en la alternativa, si responde por su propia negli-gencia como entidad dueña de la carretera donde ocurrió el accidente. Respondemos ambas cuestiones en la negativa.

r=H

El 5 de septiembre de 2000 el Sr. Omar González Rivera y otros presentaron una demanda contra Multiventas y Servicios, Inc. (Multiventas), al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, para reclamar daños y perjuicios sufridos en un accidente en el desempeño de su trabajo. El señor González Rivera alegó en la demanda que el 5 de septiembre de 1999 sufrió un accidente automovi-lístico, en la Carretera Núm. 30 Km. 105 en Gurabo, mien-tras realizaba labores a beneficio de su patrono, la Autori-dad de Carreteras y Transportación (A.C.T. o la Autoridad). Al momento del accidente, el demandante via-jaba en calidad de pasajero en un vehículo oficial de dicha entidad, que era conducido por el Sr. Candelaria Reyes Ocasio, otro empleado de la A.C.T. El vehículo fue impac-tado por su lateral izquierdo por otro vehículo propiedad de la codemandada Multiventas, que manejaba el Sr. William Maldonado Rosado, un empleado de dicha compañía.

El 2 de enero de 2001 se enmendó la demanda para incluir a Seguros Triple S, Inc. (Triple S) como aseguradora de Multiventas. El 8 de mayo de 2001 Triple S presentó una demanda de tercero contra la A.C.T., su aseguradora Puerto Rican American Insurance Co. (PRAICo) y el conductor del vehículo, señor Reyes Ocasio. Triple S alegó en la demanda contra tercero que el accidente se debió a la negligencia del conductor, quien fue el causante directo de los daños. En cuanto a la Autoridad, alegó que ésta debía responder vicariamente por la negligencia de su empleado, y, en la alternativa, que la A.C.T. era directamente respon-sable por su propia negligencia, por haber mantenido un área provisional de viraje sin tomar las debidas medidas de seguridad tales como letreros, rótulos o avisos que ad-virtieran sobre las obras de construcción en la carretera.

Cabe destacar que la Policía de Puerto Rico levantó una querella sobre el accidente, en cuyo informe se le imputó negligencia y descuido al conductor del vehículo de la Au-toridad, señor Reyes Ocasio.() También surge de la de-manda contra tercero que el vehículo de Multiventas fue declarado pérdida total y que PRAICo, aseguradora de la A.C.T., pagó a Multiventas veinte mil dólares en concepto de pérdida total y de uso.()

El 21 de junio de 2004, la A.C.T. y su aseguradora PRAICo presentaron una solicitud de sentencia sumaria para que el tribunal adjudicase a su favor. Alegaron como defensa afirmativa que la Autoridad era patrono protegido por la inmunidad patronal de la Ley de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.). Incluyeron con su moción unos documentos acreditativos de que la A.C.T era patrono asegurado bajo el F.S.E., por cuanto el obrero de-mandante, señor González Rivera, claramente estaba im-pedido de reclamarle directa o indirectamente a su patrono por el accidente ocurrido.() En su Resolución de 11 de oc-tubre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la solicitud de sentencia sumaria. Basó su determinación en dos fundamentos, a saber: la alegación de negligencia en el área de viraje y la responsabilidad vicaria de la Autoridad.

La Autoridad y PRAICo acudieron al Tribunal de Apela-ciones de dicha determinación, tribunal que confirmó la resolución recurrida. Estimó el foro intermedio que existen varias controversias reales que impiden disponer del caso sumariamente. No conformes, acuden a nosotros mediante un recurso de certiorari y nos plantean el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia cuando se negó a desestimar la demanda de tercero incoada contra la Autoridad de Carreteras y Transpor-tación y su aseguradora PRAICO, cuando esta parte goza de inmunidad patronal bajo la Ley que crea el Fondo del Seguro del Estado. Certiorari, pág. 87.

El pasado 24 de junio de 2005 emitimos una orden diri-gida al recurrido para que mostrara causa del porqué no debíamos expedir el auto y revocar la sentencia recurrida. Este compareció, por lo que estamos en posición de resolver y pasamos a así hacerlo.

i — i HH

La codemandada y tercera demandante, Triple S, reco-noce que A.C.T. es patrono asegurado bajo el F.S.E. Sin embargo, señala que A.C.T. y su aseguradora PRAICo no han sido traídas al pleito en calidad de patrono del em-pleado demandante, sino para que responda vicariamente por los actos negligentes del causante del accidente, su em-pleado el Sr. Candelaria Reyes Ocasio. En la alternativa, indicaron que A.C.T. debe responder por su propia negli-gencia como entidad dueña de la carretera donde ocurrió el accidente. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones han acogido los planteamientos de la recurrida. Erraron en así hacerlo. Veamos.

A. Mediante la aprobación de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., se crearon el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de Puerto Rico con el pro-pósito de asegurar al trabajador empleado una compensa-ción justa y rápida por los daños sufridos como consecuen-cia de accidentes o enfermedades acaecidas en el desempeño de su trabajo. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002). La aprobación de esta legislación surgió como resultado de mutuas concesiones entre los obreros —cuya fuerza era limitada— y los patronos, quienes en-frentaban una intensa presión de parte de sus obreros. Guzmán y otros v. E.L.A., supra, citando a R.E. Bernier, La constitucionalidad de dar inmunidad al patrono estatuta-rio cuando el contratista independiente se ha asegurado a través del Fondo del Seguro del Estado, 53 (Núm. 1) Rev. C. Abo. P.R. 53 (1992). La ley estableció un esquema de apor-tación patronal compulsoria a un fondo estatal de seguro con el fin de compensar lesiones que provengan de cual-quier acto o función del obrero, siempre que sean inheren-tes a su trabajo o que ocurran en el transcurso de horas laborables. Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383 (1999); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985).

Conforme al esquema del F.S.E., el patrono asume el riesgo de la lesión, entendiéndose que su responsabilidad es absoluta. Siendo así, el empleado que se acoge al F.S.E. por un accidente del trabajo no tendrá que probar que hubo negligencia de parte del patrono como causa de la lesión o enfermedad, por lo que es inmaterial que el accidente haya ocurrido como consecuencia de la negligencia del patrono, de un tercero o hasta del propio empleado. Guzmán y otros v. E.L.A., supra. Es decir, el empleado recibe la compensación independientemente de quién sea responsable por el accidente. La legislación evita que el empleado tenga que enfrentar las dificultades de una reclamación civil ante los tribunales, en la que tendría que probar el elemento de culpa o negligencia. Íd. A cambio de esta protección, el patrono asegurado recibe inmunidad contra cualquier reclamación civil en daños y perjuicios que pueda entablar el empleado lesionado en su contra. íd.

Sin embargo, un empleado lesionado que esté impedido de demandar a su patrono por éste gozar de inmunidad patronal, tiene a su haber una causa de acción en daños y perjuicios contra el tercero responsable del daño. Así lo reconoce el Art. 29 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32. En ausencia de una expresión legislativa al respecto, definimos al “tercero” como la “persona extraña, ajena y separada de la interacción jurídica que relaciona al patrono ... con el Fondo del Seguro del Estado en la obligación legal común de asegurar sus obreros y empleados a tenor de lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 866-867 (1977). Véase, también, López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254 (1974).

Posteriormente, extendimos el alcance de la inmunidad patronal a su aseguradora. Ausente una causa de acción contra el patrono, no procede que responda su aseguradora por una reclamación que en derecho es improcedente. No puede extenderse el contrato de seguros a cubrir una responsabilidad que no se le reconoce al asegurado. Véase Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789 (1978).

Es vasta la jurisprudencia de este Tribunal que destaca el carácter absoluto de la inmunidad patronal. Ni siquiera la negligencia crasa de parte del patrono quiebra esta inmunidad, y el remedio provisto por el F.S.E. es el único remedio disponible para el empleado lesionado. Guzmán y otros v. E.L.A., supra; Hernández v. Bermúdez & Longo, S.E., 149 D.P.R. 543 (1999); Admor., F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., supra. No obstante, por excepción, la inmunidad patronal no aplica en aquellas situaciones en las que el daño sufrido por el obrero se deba a un acto intencional o discriminatorio de parte del patrono. Ante este tipo de actuación del patrono, se le reconoce al em-pleado afectado una causa de acción para reclamarle civil-mente a su patrono. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra; Hernández v. Bermúdez & Longo, S.E., supra.

La exclusividad del remedio del F.S.E. en las reclamaciones por accidentes en el trabajo hace improcedente en derecho una demanda de tercero contra el patrono. El patrono no es responsable ante el obrero por los daños causados, por cuanto no se configura la reláción de solidaridad entre el tercero y el patrono. Así, en Cortijo Walter v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 581 (1964), nos expresamos en contra de permitir una demanda de tercero contra el patrono, pues estimamos que “[s]ería traer a consideración la negligencia del patrono por la puerta trasera de una demanda de tercero, y hacerlo responsable en daños por tal negligencia”. No puede permitirse indirectamente, por vía de tercero, lo que está impedido en una acción directa. Íd. En consecuencia, cuando el accidente en el trabajo se debe a la negligencia conjunta del patrono y de un tercero, a este último se le impone la obligación de resarcir el daño sólo en proporción a su propia culpa y al grado en el que colaboró en producir el resultado dañoso. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966).

De otro lado, la doctrina vigente dispone que los coempleados cuyos actos negligentes o torticeros hayan sido la causa del accidente, responden en su carácter personal al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. No obstante, la inmunidad del patrono se ex-tiende a los coempleados —oficiales, supervisores, agentes, o compañeros empleados— cuando sus actos negligentes y torticeros hayan surgido en el desempeño de los deberes generales de su empleo. Véanse: Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992); Guzmán y otros v. De Jesús, 155 D.P.R. 296 (2001); Guzmán y otros v. E.L.A., supra. Lo contrario sería exigir al coempleado la obligación de cubrir un deber que ya ha sido debidamente compensado por el F.S.E. Hemos sido enfáticos en que el propósito del esquema del F.S.E. no fue transferir de un empleado a otro la responsabilidad por un accidente de trabajo. Guzmán y otros v. De Jesús, supra, pág. 5; Guzmán y otros v. E.L.A, supra.

Conforme la discusión que antecede, indirectamente hemos rehusado responsabilizar vicariamente() al patrono por los actos negligentes de sus empleados cuando estos actos han surgido en el descargo de los deberes de sus respectivos puestos. Así, en Admor., F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., supra, resolvimos que el Municipio de Mayagüez, patrono asegurado por el F.S.E., no podía ser demandado por el obrero lesionado, ni directa ni indirectamente, aun ante la negligencia del chofer municipal en ocasión del accidente automovilístico. Igualmente, resolvimos en Guzmán y otros v. De Jesús, supra, donde expresamos que el demandante estaba impedido de demandar, directa o indirectamente, en daños y perjuicios a su patrono, el Municipio de Bayamón, independientemente de que el conductor del vehículo municipal hubiese incurrido en actos negligentes que fueran la causa del accidente.

Ambos casos trataban de accidentes automovilísticos en el trabajo causados por la negligencia de un compañero empleado que conducía el vehículo accidentado. En ambas ocasiones, enfáticamente, nos expresamos sobre la inexistencia de la causa de acción contra el patrono asegurado. Hoy reiteramos ese principio al resolver que un patrono asegurado bajo la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no responde vicariamente por los actos negligentes de un empleado cuando dichos actos ocurren en función de su empleo. Habiéndose extendido al coempleado negligente la inmunidad del pa-trono asegurado —por surgir su negligencia en el curso del empleo— no resulta lógico que un patrono inmune res-ponda vicariamente por un empleado que es igualmente inmune.

B. Como mencionáramos, la inmunidad patronal es casi absoluta. Se reconocen contadísimas excepciones, siendo una de éstas aquellas situaciones en las que se trata de actos intencionales o discriminatorios del patrono. En Laureano Pérez v. Soto, 141 D.P.R. 77 (1996), reconocimos una segunda excepción a la inmunidad patronal al adoptar en nuestra jurisdicción la doctrina de la doble personalidad del patrono. Esta doctrina adelanta que un patrono puede ser tercero a los efectos de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, siempre y cuando posea una segunda personalidad totalmente independiente de la que ostenta como patrono. Íd. Según comenta el profesor Larson, se trata de una cuestión de identidad en la cual es necesario que el patrono posea una personalidad jurídica separada. 2 Larson’s, Workmen’s Compensation for Occupational Injuries and Death Sec. 72.81 (1989). Precisamente, en Laureano Pérez, supra, reconocimos que el patrono, como tutor de un incapacitado mental, tenía una segunda personalidad jurídica, independiente a la de patrono, que justificaba que fuera considerado “tercero” para propósitos de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Un análisis de la jurisprudencia federal y de las juris-dicciones estatales en Estados Unidos demuestra que la doctrina de la doble personalidad ha caído en desuso, y que la mayoría de las categorías de personalidad doble alega-das han sido rechazadas por los tribunales.() Casi unáni-memente se ha denegado el reclamo de que el patrono debe responder bajo la doctrina de la doble personalidad como dueño del terreno donde ocurrió el accidente de empleo. Principalmente, se utiliza el fundamento de que la mera titularidad de la tierra no otorga a una persona una se-gunda personalidad jurídica. Además, el profesor Larson destaca la consideración práctica siguiente:

An employer, as part of his business, will almost always own or occupy premises, and maintain them as an integral part of conducting his business. If every action and function connected with maintaining the premises could ground a tort suit, the concept of exclusiveness of remedy would be reduced to a shambles. Larson’s, supra, Sec. 72.82, pág. 14-86.

De este modo, cuando el empleado haya experimentado un daño como consecuencia de su función de empleo, debe considerarse que, aun siendo el patrono dueño de la pro-piedad, la relación patrono-empleado es la relación domi-nante entre las partes al momento del accidente. Véanse: Holzworth v. Fuller, 448 A.2d 394 (N.H. 1982), en donde el tribunal rechazó que existiera una distinción entre el de-ber del patrono de mantener un ambiente de trabajo se-guro y su deber, como propietario del establo donde ocurrió el accidente, de avisar al público del peligro potencial de los caballos. State v. Purdy, 601 P.2d 258 (Alaska 1979), donde el empleado reclamó a su patrono, el estado de Alaska, bajo la doctrina de doble personalidad, como dueño de la carretera donde ocurrió el accidente, por no haberla mantenido en las debidas condiciones. El Tribunal Supremo de Alaska declinó aplicar la doctrina. Sharp v. Gallagher, 447 N.E.2d 786 (Ill. 1983), donde el hecho de que el patrono sea también el propietario de la tierra no le proporciona una identidad jurídica separada a los efectos de activar la excepción de la doctrina de la doble personalidad. Jackson v. Gibson, 409 N.E.2d 1236 (Ind. App. 1980), donde el tribunal rechazó imponer responsabi-lidad al presidente y único accionista del patrono en su capacidad de dueño de la tierra. Kottis v. United States Steel Corp., 543 F.2d 22 (7mo Cir. 1976), donde el tribunal reiteró la exclusividad del remedio, confirmando así al tribunal estatal. Sólo de no haber sido el patrono el dueño de la propiedad, hubiera tenido la demandante una causa de acción en su contra por éste no haber ejercido las debidas precauciones en proveer un establecimiento seguro.()

Nos parece acertado el comentario del profesor Larson en cuanto a la aplicación de la doctrina en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Nos indica que:

[A] few courts have stretched the doctrine so far as to destroy employer immunity whenever there was, not a separate legal person, but merely a separate relationship or theory of liability. When one considers how many such added relations an employer might have in the course of a day’s work —as landowner, land occupier, products manufacturer, installer, modifier, vendor, bailor, repairman, vehicle owner, shipowner, self-insurer, safety inspector— it is plain [to see] that this trend could go a long way toward demolishing the exclusive remedy principle. Larson’s, supra, Sec. 72.81, pág. 14-75.

En conclusión, resolvemos que la mera titularidad sobre la propiedad donde ocurrió el accidente no inviste al patrono —la Autoridad— con una personalidad alterna y separada a la de patrono. No puede crearse una personalidad jurídica separada cuando ambas están estrechamente entrelazadas. En el caso de patronos que son además dueños de la propiedad donde ocurre el accidente de empleo, mantener el lugar en óptimas condiciones y garantizar la seguridad —tanto a sus empleados como al público general— constituye una función inherente al manejo de su negocio. No se configura una personalidad lo suficientemente separada de la de patrono —que justifique reconocer una excepción a la inmunidad patronal— por vía de la doctrina de la doble personalidad. Esta doctrina debe interpretarse restrictivamente y limitarse exclusivamente a aquellas situaciones en las que claramente surja una dualidad de personas jurídicas, de manera que no quepa lugar a duda que se justifica caracterizar al patrono como un tercero responsable, tal y como sucedió en Laureano Pérez v. Soto, supra.

HH H — i HH

Por otra parte, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.XII, es el mecanismo procesal que per-mite a los litigantes solicitar al tribunal que dicte sentencia a su favor sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaría del caso en su fondo. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994). Para que proceda una sentencia sumaria, la parte que la solicita debe demostrar que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas surge que no existe controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho medular, y que como cuestión de derecho procede que se dicte sentencia a su favor. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). Al adjudicar una sentencia sumaria, el tribunal analizará los documentos presentados por las partes en sus respectivas mociones, así como todo documento admisible en evidencia que obre en el expediente. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).

La sentencia sumaria se caracteriza como un remedio discrecional extraordinario que sólo debe concederse cuando el tribunal tenga ante sí todos los hechos pertinentes y surja claramente de los documentos la existencia de un derecho. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). Asimismo, hemos destacado que se trata de un mecanismo que debe ser utilizado con cautela, ya que una controversia mal adjudicada sumariamente tiene el efecto de privar al litigante de su día en corte. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 (1990). Cualquier duda sobre la existencia de una controversia real acerca de los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra.

Al considerar una sentencia sumaria, el tribunal no dirime credibilidad, sino que deberá presumir como ciertos todos los hechos no controvertidos que surjan de los documentos presentados y demás evidencia admisible. Una vez controvertido algún hecho material en la controversia, es la obligación del tribunal denegar la sentencia sumaria y proceder con el juicio plenario. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., Inc., 152 D.P.R. 652 (2000); Licari v. Dorna, 148 D.P.R. 453 (1964). Un tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando los hechos materiales y esenciales han sido controvertidos, quedan alegaciones afirmativas sin refutar en la demanda, resalta una controversia sobre un hecho esencial de los documentos que acompañan la moción y no procede la demanda como cuestión de derecho. Vera v. Dr. Bravo, supra.

IV

Ala luz del derecho que antecede, analicemos los hechos del presente caso.

El señor González Rivera, empleado de la Autoridad, instó una demanda contra Multiventas —el alegado ter-cero responsable— y su aseguradora Triple S, por lesiones ocurridas como consecuencia de un accidente de trabajo. El accidente en cuestión es un accidente automovilístico que tuvo lugar en una carretera donde la Autoridad llevaba a cabo trabajos de reparación. El vehículo accidentado donde viajaba el demandante, propiedad de la A.C.T., lo conducía un compañero empleado, el señor Reyes Ocasio. Se ha ale-gado que este último incurrió en negligencia.

Sin lugar a dudas, la Autoridad es patrono asegurado por el F.S.E., por cuanto el señor González Rivera está im-pedido de reclamarle en daños, ya sea directa o indirecta-mente, mediante una demanda contra tercero. La inmuni-dad de la A.C.T. se extiende al empleado conductor, señor Reyes Ocasio, quien al momento del accidente se encon-traba en el descargo de las funciones de su empleo. En consecuencia, no responde vicariamente la A.C.T. por los actos negligentes de su empleado, el señor Reyes Ocasio.

De otro lado, tampoco reconocemos que suijan en este caso circunstancias que justifiquen la aplicación de la doc-trina de la doble personalidad del patrono. La función de patrono está tan estrechamente vinculada con la de dueña de la carretera que es imposible desmembrar una de la otra. La Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, 15 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., creó la Autoridad con la principal función de mantener en buen estado las vías de rodaje del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y procurar la seguridad en ellas, pertenezcan éstas a la propia Autoridad o al Estado Libre Asociado. Art. 1 de la Ley Núm. 74, supra, 15 L.P.R.A. sec. 2002. Para lograr ese objetivo, la Autoridad es patrono de miles de empleados, quienes tienen a su cargo, entre otras funcio-nes, garantizar la seguridad en la propiedad de la Autori-dad, así como en la del Estado Libre Asociado. La A.C.T. no ostenta una personalidad jurídica separada e indepen-diente a la de ser patrono por el mero hecho de ser dueña de la carretera donde ocurrió el accidente, o por ser la en-tidad a la que el Gobierno ha otorgado el poder general de mantener seguras las carreteras del país. Es altamente in-tricado, sino imposible, deslindar una personalidad de la otra.

Ausente una controversia real sustancial en cuanto a la improcedencia de la demanda contra tercero instada contra la A.C.T. y su aseguradora, procede en derecho adjudi-car la sentencia sumaria que solicitaran los terceros de-mandados y desestimar en su totalidad la demanda en su contra. Por último, resaltamos que, según resolvimos en Vida. de Andino v. A.F.F., supra, por no haber solidaridad en la reclamación, de probarse la responsabilidad del ter-cero —Multiventas— éste responde por el daño sólo en pro-porción a su propia culpa.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto solicitado y se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se desestima la demanda contra tercero ins-tada contra la Autoridad de Carreteras y Transportación y su aseguradora Puerto Rican American Insurance Co. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervinieron.

      (1) Véase Apéndice del Certiorari, págs. 49 a 52.

      (2) Íd., pág. 29.

      (3) Cabe destacar que el demandante se acogió a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado por las lesiones causadas como consecuencia del accidente.

      (4) En virtud del Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, un patrono responde vicariamente por los actos de sus empleados dentro de las funciones y en cumplimiento de las obligaciones regulares del empleo. Mártir Santiago v. Pueblo Supermarket, 88 D.P.R. 229 (1963). El criterio a ser utilizado en casos de relación patrono-empleado es si el empleado actuó en beneficio del patrono. Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461 (1964).

      (5) La doctrina ha tenido mayor aceptación en casos de reclamaciones sobre productos defectuosos, cuando el accidente se relaciona a productos manufacturados por el patrono para venderlos al público en general. 2 Larson’s, Workmen’s Compensation for Occupational Injuries and Death Sec. 72.81 (1989).

      (6) Véanse, además: Walker v. Berkshire Foods, Inc., 354 N.E.2d 626 (Ill. App. 1976); Jansen v. Harmon, 164 N.W.2d 323 (Iowa 1969); Swichtenberg v. Brimer, 828 P.2d 1218 (Ariz. App. 1991); Minsky v. Baitelman, 120 N.Y.S.2d 86 (N.Y. App. 1953); Billy v. Consolidated Mach. Tool Corp., 412 N.E.2d 934 (N.Y. 1980); Gore v. Amoco Production Co., 616 S.W.2d 289 (Tex. Civ. App. 1981); Holt v. Preload Technology, Inc., 774 S.W.2d 806 (Tex. App. 1989); Vaughn v. Jernigan, 242 S.E.2d 482 (Ga. App. 1978).