text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en causa por falsa representación e impostura.
    No. 1384.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Falsa Representación en Grado de Tentativa — Jurisdicción de la Corte Sobre la Persona del Acusado. — En el presente caso se imputó al acusado apelante el delito de íalsa representación en grado de tentativa, consistente en que con intención de defraudar a Eduardo Méndez la cantidad de cinco mil dólares, endosó a la orden del American Colonial Bank, de San Juan, para que dicho banco lo cobrara y acreditara al acusado, un cheque expedido en Aguadilla por dicho Méndez a favor del acusado y contra el Banco Comercial dé Puerto Rico,- sucursal de Aguadilla, a sabiendas de que tal cheque no era válido y exigible por haberle sido satisfecho anteriormente al acusado la cantidad para cuyo pago fué expedido.
    Apelada la sentencia condenatoria dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2ª., se resolvió: que como la única intervención que se atribuye al American Colonial Bank, residente en el distinto de San Juan, es la de haber tratado de cobrar en Aguadilla, residencia de don Eduardo Méndez, el cheque que como válido y exigible le envió por correo el apelante, no tuvo jurisdicción la Corte de Distrito de San Jnan para eonoeer de los hechos perseguidos en la acusación ya que ni las falsas simulaciones ni el cobro del cheque tuvieron lugar dentro de su demarcación judicial, y el sólo acto realizado por el banco residente en su jurisdicción, como agente del ape-lante, no le confiere jurisdicción para conocer del delito perseguido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Alemañy y Víctor P. Martinez.

    Abogados del apelado: Srefi. José N. Quimones, Fiscal In-terino y José E. Figueras, Fiscal del Supremo.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Víctor P. Martínez fné acusado ante la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, del delito de falsa representación e impostura en grado de tentativa y repeti-das veces alegó en diversas ocasiones a la corte que care-cía de jurisdicción para juzgarle siendo siempre negada su petición, de qne dejara de conocer en el asunto. Dictada sen-tencia condenatoria alega ahora ante nosotros, entre otros motivos, para que revoquemos la sentencia por él apelada, la falta de jurisdicción de la corte inferior, por lo que exa-minaremos en primer término esta cuestión ya que si tiene razón en este extremo habrá sido nulo todo cuanto se haya actuado en la corte inferior.

Se imputó al apelante en la acusación que voluntaria y maliciosamente, con intención de defraudar a don Eduardo Méndez la cantidad de cinco mil pesos, con fecha 12 de agosto de 1917 endosó a la orden de “The American Colonial Bank de San Juan, dentro del distrito judicial de San Juan, para que esa institución lo cobrara y' acreditara al acusado en cuenta corriente un cheque expedido en Aguadilla por don Eduardo Méndez con fecha 22 de junio de 1914 a favor del acusado y contra el Banco Comercial de Puerto Rico, sucursal ■de Aguadilla, por la cantidad de cinco mil pesos cuyo cheque endosó el acusado como válido y exigible, a sabiendas de ■que no lo era por haberle sido satisfecha la cantidad para •cuyo pago fué expedido por medio de una carta orden del Banco Comercial de Puerto Rico, sucursal de Aguadilla, li-brada con posterioridad pero en la misma fecha de la expe-dición de dicho cheque y que en virtud de esas falsas y frau-dulentas simulaciones el acusado obtuvo que el American Colonial Bank procediese a cobrar dicho cheque de la sucur-sal en Aguadilla del Banco Comercial de Puerto Rico, depo-sitario de los fondos de don Eduardo Méndez, no habién-dose realizado el cobro porque este banco notificó al librador del cheque, quien protestó contra la validez y exigibilidad del mismo.

De la prueba resulta que el apelante es vecino del pueblo de San Sebastián, que dicho cheque lo envió por correo con una carta dirigida al American Colonial Bank y que don Eduardo Méndez es vecino de Aguadilla.

La regla para determinar la jurisdicción para conocer de Tin delito de falsa representación e impostura en grado de tentativa es la misma que la que se aplicaría en caso de que el delito hubiera sido consumado; y como la única interven-ción que se atribuye al American Colonial Bank, residente en el distrito de San Juan, es la de haber tratado de cobrar en Aguadilla, residencia de don Eduardo Méndez, el cheque que como válido y exigible le envió por correo el apelante, no tuvo jurisdicción la Corte de Distrito de San Juan, para conocer de los hechos perseguidos en la acusación ya que ni las falsas simulaciones ni el cobro del cheque tuvieron lugar dentro de su demarcación judicial, y el solo acto realizado por el banco, residente en su jurisdicción como agente del apelante no le confiere jurisdicción para conocer del delito perseguido.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    García, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, denegatoria de inscripción de una declaratoria de herederos.
    No. 402.
    Resuelto en julio 10, 1919.
    Bienes Gananciales — Inscripción Directa del Derecho Hereditario. — Muerto el padre o la madre, la inscripción de sus bienes gananciales puede hacerse directamente a favor de sus herederos, sin que por ello se viole el precepto contenido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Va demasiado lejos la Dirección General de los Registros de España en su resolución de enero 26, 1906, por la cual limita su constante doctrina de que "para inscribir sim-plemente el derecho hereditario basta presentar el testamento o el auto' de declaratoria de herederos abintestato * * * al caso de que el causante de la herencia hubiera fallecido en estado de soltero o viudo. La doctrina se ha venido aplicando también al caso en que el causante de la herencia . -hubiera fallecido siendo casado, y no existe ningún motivo poderoso para cambiar de criterio.
    Id. — Id.—Liquidación de la Sociedad de Gananciales — Inscripción Proindi-viso a Favor de la Viuda y de sus Hijos. — Aunque la mejor práctica es-liquidar la sociedad de gananciales en el término más breve posible después de disuelta, no puede,- sin embargo, sostenerse que tal liquidación sea un requisito indispensable para inscribir proindiviso a favor del cónyuge sobre-viviente y de los hijos los bienes gananciales previamente inscritos a nom-bre del cónyuge difunto, para lo cual basta la presentación en el registro del testamento con la certificación de defunción del testador, o la declara-toria de herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: 8r. B. Gintrón Lastra.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, compa-reció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de octubre de 1918 la Corte de Distrito de Gua-yaría declaró únicos y universales herederos del finado Federico Ortiz y Ortiz a sus legítimos hijos José Federico, José Elias, Santiago, Felicita, Gloria, y María Oliva Ortiz y Gar-cía y a su viuda Amalia Matilde García en la cuota usu-fructuaria que la ley determina. Los herederos presentaron en el registro de la propiedad del distrito una copia certi-ficada de la resolución de la corte y el registrador se negó a inscribir el documento “porque si bien, según el registro, se hallan inscritas las fincas a nombre de Federico Ortiz y Ortiz, adquiridas durante su matrimonio con Amalia García con quien estaba aun casado al fallecer, en rigor dichos bie-nes están inscritos a nombre de la sociedad conyugal, y, por tanto, mientras no' se verifique la liquidación de la misma, no puede estimarse como pertenecientes al caudal heredi-tario, ni, en su consecuencia, inscribirse a favor de los here-deros del dicho Federico Ortiz y Ortiz, lo que en realidad no está inscrito a favor del causante.’- Cita el registrador en apoyo' de su nota el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, los artículos 1316, 1322/ 1330 y 1337 del Código Civil y la resolución de la Dirección General de los Registros de Es-paña de 26 de enero de 1906.

Estamos conformes con el registrador en que la inscrip-ción de los bienes de que se trata en este caso, no obstante haberse verificado a nombre del marido, debe reputarse he-cha a favor de la sociedad de gananciales, pero no podemos convenir en las consecuencias que de tal circunstancia deduce dicho funcionario.

Muerto el padre o la madre, la inscripción de sus bienes gananciales puede hacerse directamente a favor de sus here-deros sin violar el precepto contenido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Así lo tiene declarado la Dirección Grene-ral de los Eegistros de España repetidas veces. A continua-ción transcribimos dos considerandos ele su resolución de 27 de marzo de 1892.

“Considerando que esta Dirección, en sus resoluciones de 3 y 6 de julio de 1863, tiene sentada la doctrina de que la inscripción a favor dlel padre es suficiente cuando se trata de inscribir a nombre de los hijos los bienes gananciales que correspondían a su madre;
“Considerando que las dos citadas resoluciones y la de 22 de enero de 1886, se fundan en la presunción legal de que tod'o lo que adquiere a título oneroso cualquiera de los cónyuges durante el ma-trimonio se reputa como adquirido por la sociedad conyugal, y por ende aunque en la inscripción figure sólo el nombre del cónyuge ad-quirente, se sobreentiende hecha a favor de dicha sociedad; de donde se infiere que no hay infracción del artículo 20 de la ley ni del 34 de su reglamento al inscribir a nombre de los hijos y herederos de los cónyuges los bienes que indudablemente estaban inscritos a favor de sus causantes.”

En cuanto a la necesidad de la liquidación de la sociedad de gananciales previamente a la inscripción del derecho he-reditario, opinamos que va demasiado lejos la Dirección General de los Eegistros, de España en su resolución de 26 de enero de 1906 invocada por el registrador. La Dirección li-mita su constante doctrina de que “para inscribir simple-mente el derecho hereditario basta la presentación del testa-mento o del auto de declaración de herederos abintes-tato, * * * al caso que el causante de la herencia hu-biera fallecido en estado de soltero o viudo.” La doctrina se ha venido aplicando también al caso que el causante hu-biera fallecido siendo casado, y no existe a nuestro juicio ningún motivo poderoso para variar de criterio.

Lo que se inscribe es simplemente el derecho hereditario. Los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte. En este caso Federico Ortiz y Ortiz tenía inscritas a su favor varias fincas en el registro, adquiridas durante su matrimonio con doña Amalia Matilde G-arcía. Murió, y, en el acto mismo de su muerte, sus de-rechos pasaron a su sucesión. Por medio de un documento auténtico aparece quiénes son las personas que componen esa sucesión. Todo lo que correspondía al difunto corres-ponde ahora a sus herederos y para verificar la inscripción en que así conste no se requiere en verdad como elemento indispensable la liquidación de la sociedad de gananciales. Véanse los casos de Sucesión Dávila v. El Registrador, 15 D. P. R. 669, y Chiqués v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 91. Es cierto que en este caso el escrito solicitando la inscripción no hace referencia a bienes gananciales y pide la inscripción al parecer de la totalidad de las fincas a favor de los herederos, pero el registrador teniendo en. cuenta las constancias del registro pudo limitarse a insciibir lo que, según el registro, correspondía al causante de los peticio-narios, esto es, la mitad de las fincas, sujeta la inscripción a las resultancias de la liquidación de la sociedad de ganan-ciales. Véase el caso de Ríos v. El Registrador, 19 D. P. R. 742.

No debe interpretarse nuestra actitud como induciendo a prescindir de la liquidación de la sociedad de gananciales. Al contrario, recomendamos que los preceptos de la ley se sigan. La experiencia demuestra que muchos pleitos surgen por no haberse cumplido debidamente o a tiempo las claras prescripciones del Código Civil sobre la materia. Disuelta la sociedad de gananciales, inmediatamente o en el término más breve que sea posible, debe procederse a su liquidación. La inscripción que se haga entonces en el registro no será en términos generales, sino concretos y especiales y esto re-dundará en bien de los propios interesados.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada en la forma que se indica en esta opinión.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Laborde, Recurrente, v. Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegatoria de inscripción de decla-ración de bienes hereditarios y división de herencia.
    No. 408.
    Resuelto en julio 10, 1919.
    Asientos Contradictorios — ^Inscripción de Posesión — Agrupación de Fin-cas — Doble Inscripción.' — -Es correcta la negativa del registrador a inscribir los traspasos de varias fincas cuando si bien aparecen inscritas como fincas independientes a nombre de los' causantes de los herederos que piden el traspaso a título de división de herencia, son las mismas que mediante agru-pación fueron también inscritas posteriormente como una sola finca previa información posesoria a favor de una tercera persona hallándose actual-mente inscritas a favor de distintos dueños. El hecho de que el párrafo primero del artículo 392 de la Ley Hipotecaria disponga que la inscripción de la posesión se haga sin perjuicio de un tercero, y que, por lo tanto, no per-judique a las personas a cuyo favor se hallan inscritas las fincas en el pre-sente caso, no faculta al registrador para hacer los traspasos solicitados, porque lo contrario equivaldría a resolver por sí mismo que la inscripción de posesión de la finca formada por agrupación no producía efecto alguno contra los recurrentes, cuestión que corresponde decidir a los tribunales de justicia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Tous Soto.

    Abogado del recurrido: Sr. Victor Burset.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según la copia notarial qne tenemos ante nosotros siete de los oclio herederos de doña María Pendás Quintero, tres de ellos mayores de edad y los otros menores y represen-tados por su padre don Alejandro Laborde Quintero, otor-.garon escritura pública en 20 de enero de 1919 ante el no-tario don Manuel Tous Soto sobre declaración de bienes he-reditarios y división de las herencias de su madre doña Ma-ría Pendás Quintero, de sus abuelos maternos don José Pen-dás Bada y doña Claudia Quintero Limardo y de la bisa-buela materna doña María Limardo Grerardo.

Presentada esa escritura en el Begistro de la Propiedad de Humacao el registrador se negó a inscribir las cinco fin-cas que son objeto de la escritura y que están inscritas a nombre de los causantes de los mencionados herederos por expedientes posesorios porque dichas fincas, formando parte de otra de mayor cabida, fueron inscritas por virtud de ex-pediente posesorio tramitado por la sucesión de don Cristó-bal Yallecillo y' actualmente se hallan inscritas a nombre de otras personas. También negó la inscripción en cuanto a algunas de las fincas por otros motivos que no exponemos, porque en el recurso gubernativo que contra esa negativa interpusieron los hermanos Laborde Pendás se limitan a pe-dir su revocación fundándose solamente en que, como cues-'tión de hecho, en las fincas que inscribió la Sucesión Valle-cilio no están comprendidas las fincas cuya inscripción niega el registrador por ese fundamento; en que, como cuestión de derecho, al negar el registrador la inscripción de dichas fin-cas, aplicó indebidamente el artículo 17 de la Ley Hipote-caria, dejó de dar aplicación al artículo’ 392 de la misma ley’ y desobedeció al precepto de la sección 9 de la ley de primero de marzo de 1902 sobre recursos contra las resoluciones. de los registradores de la propiedad y porque los otros motivos de la negativa son subsidiarios del que combaten.

Conocemos por la escritura las descripciones de las fin-cas cuyas inscripciones niega el registrador por estar inscri-tas a nombre de terceras personas, descripciones que con-cnerdan con las que según el registrador aparecen de sus libros según su alegato, y por éste conocemos también la des-cripción de la finca de 241 cuerdas con cinco centavos de otra que inscribió la Sucesión de don Cristóbal Vallecillo, ra-dicada ésta y aquéllas en la playa de Gfuayanés del término municipal de Yabueoa y examinadas las colindaneias de la finca de Vallecillo y las de las otras a que nos venimos refi-riendo, si éstas se agrupan de modo que la de 66 cuerdas colinde por el sur con la de 29 cuerdas 50' centavos, la de 20 cuerdas por el oeste con la de 66 cuerdas y por el sur con la de 80 cuerdas y con esta última por el oeste la de 69 cuerdas 45 centavos, se observará que la de Vallecillo tiene como colindantes casi todas las personas que tienen dichas cinco fincas así agrupadas por los’ cuatro puntos cardi-nales y cuyas inscripciones se niegan, pues las colindaneias de la finca de Vallecillo son Eloy Arroyo, Toribio del Moral y Manuel Surillo por el norte; Marcos Solís por el este; Joa-quín Solís, Manuel Surillo y la Sucesión Vallecillo por el oeste y la- rivera marítima y un camino por el sur; y entre los colindantes de las otras fincas así agrupadas se hallan Eloy Arroyo, Laureano del Moral y Manuel Surillo por el norte; Marcos Solís por el este; la rivera marítima y un camino por el sur; y por el oeste Manuel Surillo, hecho que hace sostenible la afirmación del registrador de que las fincas cuyas inscripciones niega forman parte de la finca que ins-cribió la Sucesión Vallecillo, y que robustece la afirmación que el registrador hace en su alegato de que examinó el ex-pediente posesorio tramitado por Vallecillo y archivado en su oficina del que aparece que algunas de las fincas fueron adquiridas por compra a don Alejandro Laborde, padre de los recurrentes, y casado en la fecha del .trapaso con doña María Pendás, heredera de doña Claudia Quintero y de don José Pendás.

Por todo lo expuesto no podemos ir contra la apreciación de Recto a que llegó el registrador y tomándola de base pa-saremos a considerar la cuestión de derecho que plantean los recurrentes.

Estamos conformes con los recurrentes en que la Ley Hi-potecaria no permite úna doble inscripción del mismo in-mueble; pero no podemos convenir con ellos en que cuando ocurre una doble inscripción, como en este caso, a pesar de esto deba hacerse la inscripción de algún título posterior, porque el artículo 17 de la Ley Hipotecaria ha dispuesto ter-minantemente que, inscrito o anotado preventivamente en .el registro cualquier título traslativo del dominio o de la po-sesión de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. Ante la si-tuación de hecho que tenía ante sí el registrador no podía en virtud de este precepto hacer las inscripciones que se le pidieron, y por eso opinamos que hizo debida aplicación del artículo 17 citado.

El hecho de que el párrafo primero del artículo 392 de la misma ley disponga que la inscripción de la posesión se haga sin perjuicio de tercero y que, por tanto, no perjudique a las personas a cuyo favor se hallan inscritas las fincas no faculta al registrador para hacer las inscripciones en este caso porque lo contrario equivaldría a resolver él que la inscripción de posesión de la Sucesión Vallecillo no producía efecto alguno contra los recurrentes, cuestión que corresponde decidir a los tribunales de justicia; y al actuar en la ma-nera que lo hizo, no resolvió cuestión alguna de preferencia entre las dos inscripciones, como sostienen los recurrentes, sino que por el contrario acatando lo dispuesto en la sección 9 de la ley sobre recursos contra los registradores, precep-tiva de que las cuestiones sobre preferencia o prelación de títulos y sus derechos inscritos en el registro deben ser de-cididas en juicio civil, no Rizo la inscripción y dejó la cues-tión para ser ventilada en el juicio correspondiente.

Decididas las cuestiones propuestas por los recurrentes en la forma que lo lian sido, debemos confirmar la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

text:
    El Municipio de Vega Baja, Demandante y Apelante, v. Smith, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1ª., en causa sobre perturbación.
    No. 1746.
    Resuelto en abril 29, 1918.
    Resuelto en reconsideración en julio 10, 1919.
    Perturbación — Caminos Públicos — Demanda—Alegaciones Suficientes. — Es-tudiados los hechos alegados en la demanda presentada en este caso para que cesare la perturbación causada por el cierre de un camino público, se resolvió: que aun cuando dicha demanda no es de las que pueden recomen-darse como alegación modelo en pleitos de esta clase, sin embargo, tales hechos bien probados establecerían prima faaie que el camino fué consagrado y abandonado al uso del públieo por los anteriores dueños de la finca y que el público aceptó tal consagración (dedication).

    Id.' — Id.—Cementerios—Consagración o Abandono al uso Público. — El princi-pio de la consagración de caminos públicos ha sido reconocido por la legis-latura,. cuando menos respecto' a terrenos dedicados a cementerios y eaminos municipales, al aprobar el inciso 37 del artículo 102 de la Ley de Evidencia y el número 4 del artículo 65 de la Ley Municipal; por lo que, un munici-pio. tiene derecho a exigir que se abra de nuevo y deje expedito un camino municipal consagrado o abandonado al uso iiúblieo por un período de tiempo de tal duración que la conveniencia y comodidad del público habrían de ser afectadas por la interrupción de su goce y disfrute. ■
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José de J. Esteres, Cay. Coll y Cuchí y Gustavo Cruzado.

    Abogado de la apelada: Sr. J. R. F. Savage.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Vega Baja estableció esta acción sobre cese de perturbación y para que se deje al libre uso un ca-mino público.

La corte de distrito desestimó la demánda después de ha-ber sostenido una excepción previa a la demanda enmen-dada por el fundamento de falta de becbos suficientes a cons-tituir una causa de acción.

Las alegaciones esenciales son las siguientes:

"Que en el término jurisdiccional de Vega Baja, Puerto Rico, existe un camino vecinal denominado ‘Pugnado Afuera Saliente/ que empezando en otro del barrio Río Arriba, atraviesa el barrio Pugnado Afuera Saliente y empalma con la carretera insular de Vega Baja a Morovis, en el hectómetro seis del kilómetro uno; que ese camino pasa por una finca de 93 cuerdas de terreno, mas o menos que per-tenece a la demandada y está sita en los barrios de Río Abajo y Pug-nado Afuera, entrando el camino en la referida finca, con la citada dirección, por la colindaneia con otra finca de la ‘‘Vega Baja Fruit Company” y saliendo por la colindaneia con otra finca de José Vega; que ese camino ha existido siempre como camino vecinal, respetado por los anteriores dueños de la finca que ahora es de la demandada, habiendo estado al servicio del público por más de 20 años y perte-neciendo al municipio de Vega Baja por derecho de uso constante, estando inscrito en unión de otros al folio 66 del libro correspondiente en el Departamento del Interior; que la demandada, Mrs. Smith, sin derecho a ello, ha cerrado el referido camino y se niega a consen-tir el paso del vecindario por él dentro del trayecto que cruza su finca, e insiste en su negativa a pesar de los requerimientos que le han sido hechos para que consienta el libre tránsito que siempre ha exis-tido; que esa conducta de la demandada interrumpe el uso legal de otras propiedades de aquel vecindario; impide el cómodo goce de su vida y de sus bienes, y constituye una perturbación (nuisance) para el municipio demandante y, en especial para los vecinos José López, Ramón Montalvo, Juan Eusebio García, Hermenegildo Serrano, Diego López, Félix Colón, Paulino Pórtela, Francisco Cabrera. •Camilo Cabrera y otros.”

Al revocar este tribunal la sentencia de la corte de dis-trito, dijimos en la opinión de feolia 29 de abril de 1918 lo siguiente:

“Estos hechos bien probados establecerían prima facie que dicho camino fné consagrado y abandonado al uso del público por los ante-riores dueños de la finca, hoy propiedad de la demandada, y que el público aceptó tal consagración (dedication).
“Aun en ausencia de toda disposición estatutoria parecería que no existe razón alguna por la que no debiéramos guiarnos por la misma regla sentada en casos de esta índole por otras cortes ameri-canas.
“Además, en adición a los amplios poderes de equidad conferidos a las cortes de justicia en el artículo 7 del Código Civil, el principio envuelto en este casó ha sido reconocido y acatado por nuestra Legis-latura, cuando menos respecto de terrenos dedicados a cementerios y caminos municipales, al aprobar el inciso 37 del artículo 102 de la Ley de Evidencia y el No. 4 del artículo 65 de la ley ‘Estableciendo un sistema de gobierno local, y para otros fines,’ de 8 de marzo de 1906.”

El apelado presentó una moción de reconsideración de la sentencia por los fundamentos, primero, de haberse cele-brado la vista del caso y resuelto dicho caso únicamente por cuatro jueces de esta corte y, además, porque el demandante deseaba someter la cuestión al tribunal en pleno; segundo, que la doctrina de dedicación de bienes inmuebles a usos públicos, sentada por esta corte no había sido discutida por ninguna de las partes en este caso, en sus alegatos o en el acto de la vista, y siendo el apelado de opinión de que tal doctrina no es de aplicación en Puerto Rico deseaba discutir esta cuestión ante el tribunal en pleno; tercero, qne la doc-trina de dedicación es desconocida en la ley civil, siendo una creación de la ley común de Inglaterra y, por tanto, la aplicación de esta doctrina en Puerto Rico priva a la ape-lada de su propiedad sin el proceso debido de ley asegurá-dole por la enmienda 5ª. de la Constitución de los Estados Unidos y por el Código Civil de Puerto Rico; y, cuarto, que aun cuando dicha doctrina fuera aplicable en Puerto Rico las alegaciones de la demanda no son suficientes para deter-minar una causa de acción.

Teniendo en cuenta este tribunal la importancia de la cuestión envuelta, que la doctrina en cuestión no fue amplia-mente discutida en el acto de la vista y además por existir alguna duda en cuanto a la suficiencia de la demanda, esta moción de reconsideración fué declarada con lugar y el caso sometido nuevamente a la consideración de esta corte.

El apelado cita en su alegato el tomo 13 de Cyc., página 437 en el sentido de que lá doctrina de dedicación (desco-nocida por la ley civil), es un modo de crear servidumbres públicas de la ley común. Después sigue una cita del mismo tomo (página 439, nota 16) donde se dice que “la doctrina de prescripción como aplicable a servidumbres públicas nunca parece baber sido reconocida en Inglaterra. El origen de las servidumbres de uso inmemorial se funda en la costum-bre,” etc. y se citan varios casos ingleses.

También se llama la atención a la regla general que se dice es un elemento de la doctrina de dedicación y que guarda gran relación con la cuestión que ahora consideramos en la que se dice que por el abandono del público del uso de los bienes dedicados, éstos vuelven al dominio del dueño que hizo la dedicación. En relación con esto se dice también que bajo la ley civil los bienes del dominio público cuando dejan de estar destinados al uso general pasan a formar parte de los bienes de propiedad • del Estado, y cita el artículo 341 del Código Civil Español, a Manresa sobre la misma cues-tión, y el caso de Mitchell v. Bass, 33 Tex. 259.

También se sugiere que el inciso 37 del artículo 102 de la Ley de Evidencia se refiere única y exclusivamente a cemen-terios, no habla de caminos y no debe dársele el alcance, de que comprende a estos últimos.

En cuanto a la sección 65 de la Ley Municipal se alega que no puede dársele efecto retroactivo aun cuando se le considere que establece desde y después de la fecha de su publicación la doctrina de dedicación. El argumento es que estando envuelta en la dedicación la cuestión de intención no puede decirse que una persona tuvo la intención de crear una situación jurídica que en el momento el derecho no re-conocía.

Se alega, además, que la Ley'Municipal habla de los ca-minos que por el uso han venido a ser caminos; que este tiene que interpretarse de acuerdo con las leyes anteriores a la Ley Municipal; que según las Siete Partidas, si bien podía adquirirse por la prescripción una servidumbre de paso dis-continua, sin embargo era necesario en tal caso demostrar la existencia de la servidumbre desde tiempo inmemorial Díaz v. Vázquez, 19 D. P. R. 1155; y que la doctrina de las Siete Partidas fue modificada por el artículo 539 (546) del Código Civil el cual dispone que las servidumbres no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, podrán adquirirse solamente en virtud de título. El tomo 5 página 839, de la Encyclopedia Jurídica Española, los Comentarios de Manresa al artículo 344 del Código Civil Español, la ley de carretera de 1877 (hecha extensiva a Puerto Rico en 1886), la ley de expropiación forzosa para Cuba y Puerto Rico de junio 13 de 1884, y la ley de caminos públicos de Puerto Rico de 1881 se citan para demostrar las varias subdivisiones de los caminos ordinarios o carreteras reconocidos por España y la necesidad como requisito previo para incautarse de la propiedad, privada para fines públicos de una declaración de utilidad pública y el requisito de tener que demostrarse la necesidad de la incautación y la determinación y pago de la debida indemnización.

El artículo 328 del Código Civil el cual prescribe que “los bienes de uso público en Puerto Rico y sus pueblos compren-den los caminos insulares y los vecinales, las plazas, calles, puentes y aguas públicas, paseos y obras públicas para uso general costeados por dichos pueblos o por el Tesoro de Puerto Rico * * * ” se cita con 'el fin de determinar a quién pertenece un camino bajo la ley boy vigente, así como bajo la legislación antigua, debiendo tenerse en cuenta la pro-cedencia de los fondos para su construcción y conservación. Se cita también el caso de Díaz v. Vázquez, supra en rela-ción con este punto. '

El artículo 539 del Código Civil (532) del Código Español se cita también en relación con la alegación de que una servidumbre de paso es una servidumbre discontinua. Albarrán v. Paz, 18 D. P. R. 970, 971; Díaz v. Vázquez, 19 P. P. R. 1155, 1158; Gierbolini v. Sucesión Rodríguez, 23 D. P. R. 871; Torres et al. v. Plazuela Sugar Company, 24 D. P. R. 479, son casos que se citan en igual sentido en relación con esta cuestión.

En apoyo de la proposición de que los liecbos expuestos en la demanda no constituyen una causa de acción el apelado se funda principalmente en el caso de Farr v. Wheelwright C. Co., 163 Pac. 256-57, aunque se cita el tomo 37 de Cyc. páginas 18, 19 y 34 sobre la cuestión de la suficiencia de la' alegación del período de veinte años y por guardar relación con la cuestión relativa a la naturaleza adversa del uso.

Ciertamente que en esta jurisdicción la ley común no es una frase que debemos oir como un conjuro, y por otro lado tampoco debemos alarmarnos por la mera circunstancia de que cualquier doctrina- en particular, por estar basada en la justicia y la razón universal, resulte tener su origen en la ley común. Al confrontarnos con un caso que no esté previsto en nuestro Código Civil u otra disposición legislativa no de-bemos temer los males ni rechazar las bondades que pueden hallarse en los principios de la ley común u en otras fuentes de la humana experiencia. Pocos tribunales se hallan menos embarazados por los precedentes, o en materias no previstas por e'1 estatuto, tan libres para seguir los dictados de la con-ciencia y del sentido común que los tribunales de esta isla. Levantar una sólida estructura sobre los principios funda-mentales que tan amenudo se encuentran .arraigados lo mismo en la jurisprudencia americana que en la española que com-prenda los mejores elementos de los dos grandes sistemas, y que en tanto sea posible quede libre de los defectos de ambos, es nuestro especial privilegió si solamente aprove-chamos la oportunidad que se nos presenta.

“ * '* * Al lado de la doctrina de la lmena fe tal como ha sido definida 'por el pretor romano puede colocarse la de la ‘conciencia’ o ‘equidad’ según ha sido entendida por el jurisconsulto inglés.” Taylor, La Ciencia de la Jurisprudencia, página 509.

En la misma página de la obra que acabamos de men-cionar Lord Cottenham refiriéndose a la ley común y a la jurisdicción de equidad del Canciller y, desde luego, hablando sin la sanción de ninguna disposición legislativa, se expresa como sigue:

“ * * * Creo que esta corte está en el deber de adaptar su práctica y curso de los procedimientos al actual estado de la sociedad y no por circunscribirse demasiado a la letra de la ley, negarse a hacerse justicia y a hacer valer coactivamente aquellos derechos para los cuales no se ha concedido otro remedio.”

En el artículo 7 de nuestro Código Civil, puede verse una curiosa paráfrasis del pasaje que acabamos de citar. Dicho artículo es como sigue:

‘‘El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley o por cualquier otro motivo, incurrirá en res-ponsabilidad.
‘‘Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá con-forme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

El segundo párrafo de su equivalente, el artículo 6 del Código Español, no era tan amplio, pero disponía que—

“Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controver-tido se aplicará la costumbre del lugar; en su defecto, los principios generales del derecho.”

Manresa al comentar esta cuestión se expresa como sigue:

“Las funciones del poder, si bien son distintas, no se hallan sepa-radas de una manera absoluta. En ocasiones el poder legislativo ejerce funciones judiciales, cuando la alta cámara se constituye en jurado, y en otras se confieren al poder o al orden judicial atribu-ciones de carácter verdaderamente legislativo, como en este artículo acontece. Se ha considerado preferible que, en los casos en que la ley calla o es deficiente, establezca el juez la regla de derecho apli-cable al caso sometido a su fallo, o que, si es oscura, la interprete, a que la cuestión quede en suspenso, mientras el legislador formule el derecho positivo o dé su interpretación auténtica.”

Y otra vez después de disentir diferentes aspectos de la cuestión el referido comentarista se expresa en los siguientes términos:

“En último término deben aplicarse los principios generales del derecho a que era necesario dar fuerza legal desde el momento en que se obligaba a los tribunales a fallar en todos los casos, y puede haber algunos en que no exista disposición legal, costumbre ni juris-prudencia. Acepte o no la ley el derecho científico, éste no podrá prescribirse nunca. Como dice un distinguido jurisconsulto, ‘la cien-cia siempre analizará, comparará, hará resaltar las concordancias, conciliará las antinomias, resolverá las cuestiones que el sentido de la ley ofrezca; y la doctrina jurídica se formará más o menos rápi-damente, o con más o menos lentitud, pero por necesidad; consti-tuirá el criterio general, formulará o proclamará los axiomas de derecho, lo mismo los que pudiéramos llamar tradicionales,, que los que dé nuevo se elaboren, según el distinto espíritu que se infiltre en las instituciones, y gobernará las conciencias jurídicas con igual autoridad que el precepto del legislador. Desconocerlo es acusar perfecta ignorancia de lo que es en realidad la vida del derecho; negarlo es tener los poderes que hacen las leyes la ambiciosa pre-tensión de omnisciencia y omnipotencia, no sólo legal, sino real y verdadera * *
“La aplicación del derecho natural es por su esencia una facultad amplia e indeterminada, que procuraron limitar en Roma la célebre ley de citas de Yalentiniano III y en España una Pragmática de los Reyes Católicos; pero está conforme con las tendencias modernas de extender al arbitrio judicial, así .en el orden penal como en el civil, y concuerda con lo establecido en los códigos civiles de Portugal, Italia,. Méjico y Perú.”

Que la doctrina de dedicación o de que la ley común se basa en la costumbre no es una objeción insuperable. La costumbre asimismo es la base y vida de la ley civil. De-jando a un lado la cuestión de la pretendida codificación que de tiempo en tiempo ba tenido lugar con los resultados obte-nidos, el proceso de evolución es el mismo en ambos siste-mas. De paso y por guardar relación en cierto modo con este punto se hace referencia a Seaevola, Código Civil, (Apéndice), páginas 14 a la 17 inclusive.

Los jurisconsultos que gradualmente levantaron la sólida estructura de la jurisprudencia británica no necesitaron nin-gún estímulo o ayuda legislativa. No expresándose nada res-pecto al deseo de la Legislatura, pudiera existir alguna opor-tunidad para discutir el punto de si debemos o no adoptar un curso semejante. Pero a la luz del precepto contenido en el -código arriba citado no puede existir cuestión alguna, ya en lo que respecta al alcance o extensión del poder con-ferido, o en cuanto a la naturaleza del deber impuesto a las cortes de esta isla.

Aunque según el criterio que tenemos de la materia la cuestión de prescripción propiamente dicha no está necesa-riamente envuelta, sin embargo, como ha sugerido un distin-guido abogado que estuvo presente en la segunda vista y que intervino como amicus curiae en la discusión, la cues-tión de que una servidumbre a favor del público constituye una excepción a la regla general como ha sido invocada por el apelado no deja de estar sostenido por algunas autoridades.

“La discontinuidad de las servidumbres como consecuencia de la imposibilidad de la continuidad de los actos humanos, es racional y cierta con relación a los actos de un solo individuo o de algunos de ellos; pero no cabe el mismo principio con relación a la colectividad.
“En las servidumbres de,interés privado, tanto voluntarias eomo> legales el derecho se establece a favor de una persona determinada, si es de claridad notoria,- el que esta persona no pueda ejercerla-constantemente porque hay imposibilidad física de ello. Caso muy distinto es el de una servidumbre establecida en favor de una colec-tividad, es decir, para utilidad pública y comunal. Aquí no es ya una persona o los relacionados con ella (criados, obreros, etc.) los que pueden usar solo de la servidumbre; son todos los que componen la entidad colectiva (municipio y nación), y por tanto, entendemos que el uso, si no es en efecto continuo hay al menos cine presumirlo así. En realidad, tanto en las servidumbres de interés privado como en las de utilidad pública y comunal, la continuidad y la disconti-nuidad parten de una presunción que es exacta en su respectivo-caso. En las de utilidad pública y comunal se supone el uso per-manente y constante, en oposición a las de interés privado, en las-que el uso no puede menos de reputarse discontinuo.” Scaevola, tomo. 10, pápina 163.
“La nota característica, * * * entre las servidumbres con-tinuas y discontinuas parece ser la de que su uso pueda o no ser in-cesante. No puede serlo, cuando su ejercicio consiste en un acto del hombre, considerado éste aisladamente, sea un solo propietario, va-rios condueños o una comunidad o corporación. Pero las servidum-bres establecidas en interés público, como la de salvamento, camino de sirga, etc., no existe esa imposibilidad; su uso puede ser incesante y la servidumbre puede estimarse continua.”

Una diferencia interesante y algo semejante es la' qué existe entre las corporaciones privadas y las de servicio pú-blico como indicó esta corte en el caso de Torres v. Plazuela Sugar Company, supra. Véanse también los casos d.e.la IgleT sia Católica. ...

Sin embargo, el presente caso no gira sobre la cuestión de servidumbre por prescripción, sino que más bien depende-de la existencia o inexistencia de una supuesta concesión me-diante expropiación voluntaria becha por el dueño del te-rreno para uso público. Bouvier, Volumen 1, página 524; 18 C. J. página 38, sección 1; id. página 40, sección 3; id. página 41, secciones 8, 9; id. páginas 57-58; sección 41 b, sección 42 b.

Y el principio fundamental de un impedimento’ (estoppel in pais) es tan conocido de la ley civil como de la jurispru-dencia de Inglaterra y de los Estados Unidos. Factum cui que suum, non adversario nocere debet, (Dig., libro L, Tít. XVII, reg. 155.) O en la más amplia y general expresión de la jurisprudencia española relativa a que “nadie puede ir contra sus propios actos y hechos”. Scaevola Código Civil, Apéndice 2, página 27 y siguientes, y casos citados.

La mayoría de las cuestiones planteadas por el apelado han sido consideradas en una u otra época por la Corte Su-prema de Louisiana, donde la doctrina de dedicación fué .adoptada en fecha muy antigua y ha sido observada más o menos uniformemente aunque no sin cierto recelo en ocasio-nes hasta la fecha presente.

En el año 1833 el Juez Martin al formular su opinión disidente en el caso de De Armas v. Mayor, etc., of New Orleans, 5 La. Rep. 132, refiriéndose al caso entonces reciente de Cincinnati v. White’s Lessee, 6 Peters 431, se expresó en estos términos:

“ * * * líe examinado en vano la opinión de la corte en busca de alguna referencia o alusión a algún principio de la ley común de Inglaterra. Me ba parecido que el caso fué resuelto sobre los pri-meros amplios y generales principios de la ley mencionada en el cuerpo del derecho civil {corpus juris civilis), o sea Honest vivero ‘vivir honradamente’; de donde se infiere la máxima de pelliciti ser-vare jidem, ‘cuando hacemos una promesa debemos cumplirla’; y el consiguiente corolario iurpe esi fidum fatiere — -‘es vergonzoso de-fraudar esperanzas que hemos prometido.’ ”
“Pero la armonía que guarda la decisión con las leyes de España se ve por la conformidad en que está con la del más alto tribunal de Louisiana, lo que fué declarado dos años antes de su retroceso a Francia. ’ ’

En el caso de New Orleans v. United States, 10 Peters 662, el Sr. Webster, en representación de los apelantes insis-tió en que “la dedicación de terrenos para usos públicos cons-tituye un obstáculo o impedimento de toda reclamación sub-siguiente én cuanto al mismo, tanto en la ley civil como en la le}»" común inglesa. French Pandects, artículos 15, 28; 3 Mart. (La.) 296, 303-4; 11 Ibid 660.”

El Sr. Livingston, también en representación de los ape-lantes después de bacer nn estudio acabado de la opinión disidente emitida por el Juez Martin en el caso de De Armas y de la doctrina de otros antiguos casos de Louisiana y re-ferirse a la teoría de dedicación dijo asimismo lo que sigue:

“ * * * La ley por virtud de la cual la ciudad está en pose-sión no es la simple ley común, es la ley de la justicia eterna que informa todo sistema, común a todo país y de la cual cualquier des-viación es una injusticia y una anomalía. Lo que lia sido dado no puede ser quitado sin causar perjuicio, de igual manera que no puede ser tomado lo que se adquiere de cualquier otra parte. El rey, la república o el individuo que confiere un derecho sobre una propiedad no puede quitarlo como tampoco puede incautarse de lo que nunca poseyó. La indicación en el plan significaba la misma cosa en Louisiana bajo la ley francesa que en América bajo la ley común; en ambas significa la trasmisión del derecho; en ambas ese derecho es sagrado.

Después de discutir y considerar ampliamente los dere-chos de las partes de acuerdo con las leyes, usos y costum-bres, tanto de Francia como de España, la corte al sostener la teoría de los apelantes y resolver la proposición basada, en la suposición de que como no se probó que se hubiera hecho alguna concesión del terreno en cuestión no podía pre-sumirse ninguna, se expresó en los siguientes términos (página. 721).

* ■* * La doctrina de la presunción es tan reconocida por la ley civil como por la ley común. Es un principio que ningún tribunal ilustrado en la investigación de la verdad y al aplicar hechos a las cuestiones humanas puede hacer caso omiso de él.”

También debemos mencionar que el lenguaje contenido en el caso de De Armas se cita con aprobación en la opinión unánime de la Corte Suprema de Louisiana en el caso de City of Baten Rouge v. Berg, 21 La. Ann. 244, más de 35 años después del comentario hecho por el Juez Martin.

Sin discutir más los casos de Louisiana se llama la aten-ción a los siguientes: Renthorp v. Bourg, 4 Martin (O. S.) 97; Municipality No. 2 v. Orleans Cotton Press, 18 La. 122; City Council of Lafayette v. Holland, 18 La. 286; Carrollton R. R. Co. v. Municipality No. 2, 19 La. 62; Linton v. Guillotte, 10 Rob. 357; New Orleans and C. R. Co. v. Carrollton, 3 Lá. Ann. 282; Hatch v. Arnault, 3 La. Ann. 482; Carrollton v. Jones, 7 La. Ann. 233; Municipality No. 2 v. Palfrey, 7 La. Ann. 497; Shreveport v. Walpole, 22 La. Ann. 526; McNeil v. Howell, 34 La. Ann. 1090; Heirs of Leonard v. Baton Rouge, 39 La. Ann. 275; Lawson v. Shreveport Water Works Company, 111 La. Rep. 74.

Admitiendo para los fines de la discusión la propiedad de la doctrina de Farr v. Wheelwright, supra, en el sentido de qne “los lieclios qne constituyen la dedicación en que el demandante se funda deben ser alegados,” ese caso sin embargo puede distinguirse claramente. Quizás si sería una objeción más adecuada a la demanda presentada en este caso que el demandante no aleg’a en términos apropiados una de-dicación y aceptación como tal, sino más bien la circunstan-cia evidencial en vez del becho principal. En el caso de Pan-Ios demandantes alegaron —

“Que por más de treinta años inmediatamente precediendo al 1 de marzo de 1906, los • demandantes, sus antecesores en interés, y el público lian abiertamente, notoria y pacíficamente,' y con el consen-timiento del antecesor en interés del demandado, y sin objeción u obstáculo por persona alguna, con excepción del demandado, como más adelante se alega, usaron y transitaron en y por el predio de terreno descrito en el párrafo anterior, y cada y toda parte del mismo, con caballos, vehículos y a pie como materia de conveniencia y nece-sidad como Un camino (highway) para el propósito de ingreso y salida a y de los terrenos respectivos de los demandantes y de sus antecesores en interés, y situados a los lados este y oeste del predio de terreno descrito.en el párrafo sexto de esta demanda, y los terrenos que quedan inmediatamente al norte y contiguos a los terrenos ínti-mamente mencionados.”

En este caso el demandante, un municipio que no es un colindante, alega la existencia de un camino público que lia sido usado no con el mero consentimiento de la apelada como medio conveniente de entrada y salida de los terrenos en .cada lado de la finca qne pertenece a la apelada sino como nn camino vecinal perteneciente a la municipalidad, qne lia sido debidamente inscrito como tal, respetado por los can-santes de la apelada y qne forma el pnnto de enlace entre dos caminos públicos, nno de los cnales es la carretera insular. La prueba que pueda aducirse al juicio podrá de-mostrar que el supuesto camino no es en realidad un camino vecinal sino una simple servidumbre de paso privado; qiie los causantes de la apelada no lo respetaron ni tuvieron por tal camino público sino que meramente toleraron de vez en cuando o con más o menos frecuencia que algunos vecinos cruzaran por su finca. Pero el beclio de respetar un camino público como tal implica algo más que una simple tolerancia para transitar por determinado camino y a falta de cualquier objeción que no sea la de que los Lechos alegados no cons-tituyen una causa de acción, la alegación del uso constante del camino vecinal por parte del municipio y de que como tal ha sido respetado por más de veinte años indica suficien-temente la naturaleza adversa del usuario. ■

Sin embargo, la opinión en que se fundó el caso última-mente citado no dice que el usuario contra adverso derecho, según se ha entendido la frase en materia de modos de ad-quirir bienes o derechos reales por prescripción,, constituya uno de los elementos de la doctrina de la consagración {dedication). La decisión se funda en dos motivos distintos, a saber, que “deberán alegarse los hechos constitutivos de la consagración o dedicación”, o que si la pretensión se funda en la teoría del usuario contra adverso derecho para distin-guirla de la de consagración deberá aparecer de la alegación la adversa naturaleza del usuario. En ese caso no hubo tal consagración porque de la demanda claramente ¿parecía no existir de por medio ningún interés público. Y el m.ero .hecho de que por más de treinta años los demandantes que eran unos colindantes hubieran estado usufructuando con el consentí-miento del demandado sus tierras como un medio conve-niente de entrada y salida por los terrenos del demandante no creó servidumbre alguna sobre los terrenos del deman-dado, porque los demandantes por virtud de sus propias afir-maciones no eran más que meros arrimados {licensees).

“La consagración (dedication) y la prescripción se diferencian la una de la otra en que la consagración se establece mediante prueba de un acto de consagración y la intención de abandonar el terreno sin referirse al período de tiempo que liaya estado al uso del público, mientras que el uso por un largo período de tiempo es uno de los elementos determinativos de la prescripción. Así también la pres-cripción la constituye la tenencia adversa so color de derecho (con justo título), mientras que la consagración, ora sea expresa, ora implícita, descansa en el consentimiento del dueño. Aun más la doctrina de la prescripción, según se ha dicho, no es de estricta aplica-ción a las servidumbres públicas. Sin embargo, la consagración o abandono al público puede inferirse de los hechos y circunstancias, y así como la doctrina de la consagración o abandono al público surgió de la base del orden público, así la doctrina de las servidum-bres públicas por presunto abandono al público tiene un fundamento legítimo y ha sido generalmente reconocida, aunque sobre esta cues-tión existe un conflicto de opiniones.” 18 C. J. p. 40, (sec. 3), 3.
“El derecho o título ganado por consagración arranca del con-sentimiento del dueño, ora efectivo {actual), ora implícito, mientras que el derecho o título ganado por adversa posesión nace por la afir-mación de título en pugna con el del dueño del terreno según el registro.” Id. p. 41, (sec. 8.) 8.
‘En aquellos casos en que el terreno ha estado continuamente ai uso del público con la aquiescencia del dueño por un período de tiempo de tal duración que los derechos privados y la conveniencia y comodidad del público habrían de ser materialmente afectados por la interrupción de su goce y disfrute, habrá de presumirse la consa-gración y abandono al público, y la doctrina de equitable estoppel es aplicable con especialidad a casos de esta índole. Bajo estas circuns-tancias no es necesario determinado transcurso de tiempo en el uso del terreno para constituir válida consagración. No es necesario que el usó haya sido por el término de años que se requiere para que la concesión se presuma; puede serlo por un término menor, si el lapso de tiempo es de tal naturaleza que la comodidad del público y los derechos de los particulares pudieran ser materialmente afectados por la interrupción del goce y disfrute de la servidumbre. T el tiempo durante el cual se baya estado en el goce y disfrute del ca-mino es un hecho que puede tener en cuenta el jurado como tendente a probar la real y efectiva consagración y abandono al público y su aceptación por parte de éste.” Id. p. 104, (sec. 119), e.

En algunos casos se ha declarado que., el uso del terreno por parte del público por el período prescriptivo de veinte años crea la presunción de la consagración. 18 C. J. página 101. En otros casos se adopta un período “igual al que se halla prescrito por los estatutos de prescripción como impedimento para las acciones encaminadas a la devolución de terreno.” Id. página 102. Las mismas cortes que han adoptado de este modo períodos fijos por vía de analogía con los exigidos para justificar el dominio o título por pres-cripción, o para constituir óbice o excepción a las acciones reales, parecen sostener que “el uso deberá ser adverso, esto es, bajo un pretenso derecho exclusivo con conocimiento y aquiescencia del dueño, continuo y sin interrupción alguna. Id. página 100, sección 105, 5.

Nos inclinamos a admitir que si la razón decidendi de estos casos puede reconciliarse en forma alguna ya con la letra o con el espíritu del Código Civil en materia de servi-dumbres y prescripción, entonces no menos de treinta' añ-os debería requerirse en acciones fundadas sola y exclusivamente en el uso contra adverso derecho. •

Si comparamos superficialmente las citas que se hacen bajo la proposición de que el uso deberá ser adverso con aquéllas en apoyo de la teoría de un estoppel in .pais podría, sugerirse una diferencia radical de criterio y una agrupación geográfica de casos más bien que la fina distinción uniforme-! mente establecida en todas las jurisdicciones entre una clase de casos y la otra, con arreglo a los hechos envueltos.. No necesitamos decidir por ahora ni la existencia de • semejante conflicto posible, ni tratar de averiguar cómo puede el mismo' deberse a una confusión de la verdadera teoría de la con-sagración o dedicación con la de la prescripción adquisitiva del dominio (prescription through adverse possession).

En el presente caso el demandante no se funda en ningún período de tiempo fijado por el -estatuto, ora para la adqui-sición de derechos reales o como óbice para una acción sobre devolución de bienes, a menos. que se considere la demanda como si alegara el uso por tiempo inmemorial, en cuyo caso aduciría una causa de acción independientemente de toda cuestión referente a consagración o dedicación. Y la afir-mación respecto de la intervención del legítimo uso de otras fincas del vecindario y de la comunidad en general en el goce de la vida y de sus bienes suple el elemento de los derechos privados, conveniencia pública, y cómodo goce, si se exigiera sú especial mención para diferenciar el presente caso de aquellos en que se ha declarado indispensable la adversa po-sesión por el tiempo necesario para ganar la prescripción.

Como ya hemos indicado, en nuestra anterior opinión la demanda no es en manera alguna un modelo de alegación. Ba única cuestión ante nosotros es la de si los hechos ale-gados examinados desde cualquier punto de vista constitu-yen o no una causa de acción, y no deberá entenderse que este tribunal resuelve otra cosa fuera de ésta. Puede ser que de no probarse entera y completamente todos los hechos alegados haya motivo justificado para una moción de sobre-seimiento. Quizás una simple explicación por parte del de-mandado de esos hechos, una vez que hayan sido establecidos por el demandante, sería suficiente para presentar la cues-tión en una forma enteramente distinta tornando así la ba-lanza en contra del caso que prima facie haya podido esta-blecer el demandante. Por vulnerable y susceptible de im-pugnación que por otros fundamentos pudiera ser la demanda y- con respecto a este particular no queremos emitir opinión alguna, no podemos decir que los Rectos expuestos y ale-gados en ella no constituyan una causa de acción.

Es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Sr. del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y. Aldrey disintieron.

El Juez Asociado Sr. Hutchison emitió también la opinión del tribunal en abril 22, 1918.

En aquella sentencia concurrieron los ’ Jueces Asociados Sres. Wolf y del Toro; el Juez Presidente Sr. Hernández firmó “conforme con la sentencia”. El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolución del caso.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

Estoy conforme con la opinión de la mayoría del tribunal respecto a que la dedicación puede surgir en Puerto Rico en igual forma que en los Estados Unidos. En verdad estoy de acuerdo con todo aquello que en la opinión tiende a sostener la doctrina de dedicación especialmente en tanto en cuanto dicba doctrina se funda en una especie de impe-dimento {estoppel). Pero ya que se suponga o no que la dedicación surge de una concesión, impedimento, o de cual-quier otra teoría, eu la demanda deben expresarse los he-chos que muestren la existencia de tal dedicación. Encuen-tro que la demanda es defectuosa en este sentido. A mi modo de ver no existe nada en dicba demanda que muestre ya una concesión o un impedimento. La alegación de que el camino es uno vecinal establece una conclusión; en otras palabras, que ha surgido la dedicación. ¿Por qué es un ca-mino vecinal? A mi juicio no lo expresa la demanda. Se admite en ella que el camino atraviesa la finca de la deman-dada e implícitamente también admite que el título de pro-piedad o de dominio lo tenía la demandada o los anteriores dueños. La alegación que más se asemeja a la de una con-cesión o impedimento es la de que los causantes de la de-mandada liabían respetado el camino vecinal. “ Respetado, no es incompatible-con “consentido”, pero puede significar muellísimo menos. No se inserta en la demanda ningún be-olio que convierta lo que puede ser un mero acto de tole-rancia en un impedimento o una concesión. El caso de Torres v. Plazuela Sugar Company, citado en la opinion de la mayoría de la corte, muestra, citando las palabras del có-digo, . que los actos de mera tolerancia no confieren título alguno, y los liecbos probados por Plazuela Sugar Company probablemente fueron tan fuertes para establecer un impe-dimento como los de este caso.

Pero considerada en conjunto la demanda resulta evi-dente que el demandante se fundaba en un der eolio de pres-cripción y no en nada semejante a una dedicación. Se alega un período de prescripción de veinte años y mi opinión es que el actor no intentó otra cosa. Si bien las alegaciones deben ser interpretadas liberalmente no deberá darse á las palabras mayor alcance para conferir a un demandante un derecho para el cual faltan los hechos fundamentales.

Además, me parece que en el caso de Farr v. Wheelright, 153 Pac. 256-57, los hechos a favor de la dedicación erán aún más fuertes que los de este caso. En aquel caso se alegó el consentimiento y la dedicación era la base de la acción.

Si el demandante hubiera alegado que la demandada ha-bía estado conforme en hacer las reparaciones públicas en el camino o que había solicitado protección en cuanto al mismo, o algún otro hecho semejante, podría haber surgida algún impedimento, pero no existe nada de esto en la. demanda.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Cádiz, Peticionario y Apelado v. Jiménez, Interventora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre operaciones particionales.
    No. 1887.
    Resuelto en julio 10, 1919.
    Partición de Herencia — Liquidación de la Sociedad de Gananciales — Bienes Privativos — Bienes Gananciales — Interpretación del Artículo 1334 del Código Civil Revisado. — El “capital” a que se refiere el artículo 1334 del Código Civil Revisado es el caudal privativo de cada uno de los cónyuges en tanto cuanto puede ser identificado, encontrado o satisfactoriamente pro-liada su inclusión en el activo común. Nada dice respecto del reintegro a ninguno de los cónyuges de los bienes privativos que tuviesen al .tiempo do su matrimonio y qne hubiesen posteriormente perdido por la mala adminis-tración por parte del dueño de los mismos o por otras causas, sin tener en cuenta la cuestión de si dichos bienes se englobaron o no eon el fondo co-mún. Aparte de la mera identificación, inventario y adjudicación del caudal privativo, el legislador no pensó en la liquidación y finiquito del capital qne jamás hubiese figurado en los negocios de la sociedad conyugal. La mera desaparición del caudal privativo del marido, acompañada de la sub-siguiente adquisición de otros bienes, no justifica la conclusión de que el caudal privativo se ha convertido en la masa común. El dar por sentada esta premisa sería anular la presunción do que toda propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se reputa ganancial.
    Los 'hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Lorenzo Jiménez García.

    Abog-ado del apelado: Sr. Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Qnintiliano Cádiz falleció abintestato dejando nna viuda y nn Rijo natural, quien, fné declarad.0 por su único y universal heredero. El contador-partidor nombrado por la corte de distrito para dividir el candal hereditario se encontró con qne Cádiz se había casado en jnlio de 1901, qne su esposa nada aportó al matrimonio; qne Cádiz con anterioridad a su matrimonio, había adquirido dos casas, qne vendió en junio 14 de 1902 en $3,500, de los qne $2,879.67 representaba el importe de ciertos gravámenes y el resto, montante a $620.33, le fné entregado al vendedor de contado; que Cádiz aportó $11,600.67 a nna compañía mercantil organizada en abril de 1901, y disuelta en junio 14, 1902, adjudicándosele al mismo Cádiz la cantidad de $15,953.60, ignorándose si el incremento del capital ocurrió durante el matrimonio o con anterioridad al mismo. Los bienes inventariados, y que en su totalidad fueron adquiridos durante el matrimonio, se justipreciaron en $2,678.06. Bestando esta cantidad de la suma de $12,287, que se dice haber aportado Cádiz a la so-ciedad conyugal, el contador-partidor llegó a la conclusión de que la sociedad de gananciales era en deber a la sucesión de Cádiz, con exclusión de todo crédito, la suma de $9,608.94. Basándose en esta teoría - todo el caudal hereditario- le fue adjudicado al hijo natural, y se estimó haber un saldo a su •favor por la suma de $9,608.94, que debería pagársele de .cualesquiera bienes gananciales que pudieran luego aparecer.

Por no estar conforme la viuda convino el hijo natural con ciertas- enmiendas, por lo cual la corte aprobó el informe tal como quedó enmendado y decretó la partición del caudal hereditario de conformidad con el mismo.

Contra este decreto interpuso la viuda el presente re-curso de apelación.

En qué consistieron esas enmiendas no aparece con cla-ridad y habría tenido poca razón para quejarse la apelante si la resolución de la corte inferior hubiera de confirmarse sin discutir sus méritos. Sin embargo, el primer informe del contador-partidor inequívocamente se funda en la teoría de que “cuantos bienes”hubieren adquirido antes de la fecha de dicho matrimonio uno u otro de los cónyuges y estuvieren bajo su dominio, constituyen un haber privativo que habrá de reconocérseles y del cual responden los bienes relictos al fallecimiento de Quintiliano Cádiz.” El único error apun-tado se cometió al estimar “de acuerdo con el contador-par-tidor que al heredero del causante Cádiz hay que reintegrarle la suma de $12,287, importe de una supuesta aportación matrimonial de dicho causante, adjudicando a tal fin a dicho heredero la totalidad de los bienes gananciales.”- Cuales-pudieron ser esas enmiendas no aparece de los atitos, ni su-giere el apelado que consistieron en el abandono de la teoría sobre que se fundaba el primer informe, o que el resultado ha sido tal que de hecho convierte la contención de la parte apelante en una mera cuestión académica; pero, al admitir aparentemente que la teoría del contador-partidor está apo-yada por el decreto de la corte, trata de sostener la una y el otro por sus méritos. Su argumento se funda en el ar-tículo 1334 del Código Civil Revisado, en el que-se dispone que “pagadas las deudas y las cargas, y obligaciones de la sociedad, se liquidará y pagará el capital del marido y de la mujer, hasta donde alcance el caudal inventariado.”

Al contrastar este artículo con su prototipo, el 1423 del código español, el apelado admite desde el principio que los dos preceptos difieren a tal extremo que es inútil invocar las opiniones de los comentaristas del Código Civil Español. No necesitamos, por lo tanto, descansar sobre las varias modi-ficaciones hechas en su revisión, ni en la consiguiente nece-sidad de haber cautela al interpretar dicho precepto. Bas-tará decir que los cambios que así se han hecho tienden a remediar, hasta cierto punto, los defectos mencionados por Manresa en el Tomo IX de sus Comentarios, páginas 703 a 727, mediante la adopción de algunas pocas características del sistema de la sociedad de gananciales según han sido desarrolladas en los códigos y decisiones judiciales de ciertos estados.

El artículo 1322 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mien-tras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

Se presumen gananciales y comprados con bienes de la sociedad los bienes adquiridos por cualquiera de los esposos durante el matrimonio. Longpré v. El Registrador de San Juan, 24 D. P. R. 896; Delgado v. El Registrador, 23 D. P. R. 704, 705. Concuerda con la ley local la doctrina que transcribimos a continuación:

“Cuando cualquiera de los esposos Race constar la alegación de que la propiedad enajenada en su favor es de su privativa perte-nencia, y trata de justificar esta alegación con los hechos que se han hecho constar e insertos en el contrato de enajenación, o con el tras-paso hecho en su favor, el otro cónyuge y la sociedad deberán repu-tarse como terceras personas a los efectos del acto o contrato. El marido como dueño y administrador de sus bienes privativos se reputa como una persona; como representante y administrador de la sociedad de gananciales, como otra persona; la esposa con su caudal privativo se reputa como aun otra persona; las constancias demostrativas de un interés privativo, las inserta uno que, por lo pronto, actúa en oposición a los derechos e intereses del fundo común, y en interés del caudal privativo del marido o de la mujer, según el caso.
“El marido es el representante y administrador del fundo común, y toda propiedad traspasada a su favor se presume prima facie ganancial, y es en efecto ganancial si lo adquiere por cualquier modo, salvo cuando proceda de origen privativo.
“Si el marido pudiera cambiar estas reglas de derecho y probar su derecho separado consiguiendo que su cedente inserte una relación de hechos que demuestren una adquisición privativa, entonces tendría en sus manos el poder de burlar prácticamente la voluntad del Estado y de derogar sus leyes, -mediante meras declaraciones extra-judiciales no juradas de hechos insertos en un traspaso verificado en su favor. La ley le coloca en una posición de confianza; y no debería adoptarse ni aplicarse' ninguna regla por la cual se le haga fácil violar su fidei-comiso, defraudando a su esposa.” McKay Sobre Bienes Gananciales, p. 338, sec. 274-75. Véanse también los artículos 1186, 159, 161, 1327 del Código Civil.”

Basado en principios generales se lia dicho lo siguiente :

“Cuando los bienes privativos se engloban con los gananciales, la masa resultante se convierte, en ganancial; pero queda la cuestión de si el -dueño de los bienes privativos perdidos por haberse englobado tienen o no derecho a su reintegro. Los bienes privativos se pierden porque no pueden ser ni identificados, ni separados de la masa común pero cuando la masa común ha tenido realmente incrementos en su valor por una cantidad susceptible de prueba evidente, sería una regla odiosa la que negara la compensación, y su dureza cobra én-fasis cuando el caudal perdido por haberse englobado pertenece a la mujer; por lo general, la desaparición no es culpa suya, sino de su marido. En Texas se le ba negado al marido el derecho a com-pensación por sus bienes privativos que hayan desaparecido al ser englobados; ésta, como regla universal, es injusta, pero cuando se añaden valores no computables al fundo común por virtud de su inclusión en la masa común, no existe base alguna para dictar una sentencia a menos que lo englobado equivalga a una conversión hecha por la comunidad o sociedad de gananciales como cuando los bienes de la mujer los toma el marido y los engloba con el fundo común. McKay Sobre Bienes Gananciales, p. 419, artículo 362.”

Esta cuestión para nosotros está mayormente resuelta en el artículo 1334 del Código Civil, supra. El “capital” a que ese artículo se refiere es el caudal privativo de cada uno de los cónyuges en tanto cuanto puede ser identificado, encon-trado o satisfactoriamente probada su inclusión en el activo común. Nada se dice respecto del reintegro a ninguno de los cónyuges de los bienes privativos que tuviesen al tiempo de su matrimonio y que hubiesen posteriormente perdido por la mala administración por parte del dueño de los mismos o por otras causas, sin tener en cuenta la cuestión de sí dichos bienes se englobaron o no con el fundo común. Aparte de la mera identificación, inventario y adjudicación del caudal privativo, el legislador no pensó en la liquidación y fini-quito del capital que jamás hubiese figurado en los negocios de la sociedad conyugal. La mera desaparición del caudal privativo del marido, acompañada de la subsiguiente adqui-sición de otros bienes, no justifica la conclusión de que el caudal privativo se ha convertido en la masa común. El dar por sentado esta premisa sería anular la presunción que toda propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se reputa ganancial. Esto es plenamente evidente.

En el caso de autos en las escrituras de los bienes in-muebles adquiridos durante el matrimonio ni siquiera se menciona el origen del precio de venta. Cádiz al disolverse la sociedad mercantil antes mencionada parece, como cues-tión de hecho, haber recibido $47.58 de contado, y a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrajo por la escritura de disolución, dejó pignorada cierta canti-dad de tabaco valorada en $4,470.87 y otorgó a favor de su socio en la dicha mercantil una hipoteca sobre las dos casas mencionadas al principio por la suma de $2,879.67. El mismo día vendió la finca últimamente mencionada, sujeta al gravamen que sobre ella pesaba, por la suma de $620.33. Esta cantidad agregada a los $47.58 que recibió como producto de la disolución, totaliza' la suma de $667.91. No hay nada que demuestre que, fuera de esto, se hubiese alguna vez rea-lizado algo del caudal privativo en cuestión.

En todo.caso, la sociedad mercantil se organizó como cosa de tres meses antes del matrimonio y quedó disuelta como un año después. La escritura de disolución revela de su contenido haber habido un incremento de cerca de $5,000 sobre el capital aportado por Cádiz, la mayor parte del cual debió haber acrecentado durante el matrimonio. El precio de venta de las dos casas, incluyendo la hipoteca otorgada en la misma fecha de la venta en garantía de una obligación personal de la propia fecha, fué de $3,500. Una de estas casas fué comprada en el 1899 por 3,000 pesos, de los cuales se pagó la suma de 2,000 pesos al contado y el remanente se garantizó mediante hipoteca. Esta hipoteca fué • cance-lada después del matrimonio. El costo de la otra casa no aparece, pero a la fecha en que ambas se vendieron dicho costo se calculó en $2,000 de los $3,500, en que se valoraron las dos. Esto ocurrió en menos de un año de contraído el matrimonio.

Si al marido hubiera de reintegrársele, de los bienes ga-nanciales, el caudal privativo que tenía a la fecha de su ma-trimonio y del que subsiguientemente dispuso, entonces, la razón por la cual, en el presente caso,- debiera limitarse dicho’ reintegro, en tanto cnanto a los bienes inmuebles se refiere, a la suma de $620.53 no aparece suficientemente clara. Pero, si por el contrario, el montante que en efectivo recibiera a la fecha de la venta fuese la procedente medida para el re-integro, entonces parece más consistente que asimismo se limite a la suma de $47.58 el reintegro por el interés que tenía en la mercantil.

Ciertamente no existe nada que nos demuestre que el marido, mucho menos la sociedad conyugal, hubiese alguna vez recibido alguna cosa más que esa suma en efectivo como-producto de la liquidación. Aun, por el contrario, el incre-mento de cerca de $5,000 sobre el capital invertido en el ne-gocio del tabaco y los $1,000 pagados para cancelar la hipo-teca que pesaba sobre la finca a la época del matrimonio, fueron de la sociedad de gananciales; y como tales bienes gananciales derrotarían hasta ese punto cualquier reclama-ción para reintegrar al marido sus bienes privativos que se hubiesen englobado.

Si se hubiera justificado que el marido había cancelado sus obligaciones personales contraídas al disolverse la socie-dad comercial, vuelto a tomar la gerencia y dispuesto del tabaco pignorado en garantía de las mismas, adquirido por cesión la hipoteca sobre la finca que anteriormente tuvo, ven-dido la maquinaria, utensilios, materias primas y marcas de fábrica adjndicádasle, depositando y girando contra lo pro-ducido, o volviéndolo-a invertir, en tal forma que se hiciera imposible o impracticable la identificación, o de otro modo llevando a cabo la liquidación del activo sin distinguir su manejo de su administración de la sociedad conyugal, en-tonces podría hallarse alguna base para la liquidación y pago del “capital” así representado. Aun la continuación del ne-gocio bajo separada y distinta dirección, en determinadas-circunstancias, pudo haber creado análoga - situación.

Pero no habiéndose justificado nada de esto, estimadlos-que no existe nada qne liquidar, y, por lo tanto, nada que' debe pagarse de los bienes de la sociedad de gananciales.

Lo dicho deberá entenderse solamente respecto de los bie-nes inmuebles y los de la sociedad mercantil. Puesto que el caso habrá de ser devuelto a la corte inferior, no quere-mos expresar opinión alguna en esta instancia respecto de la condición jurídica de cierta póliza de seguro clasificada en primera instancia mediante consentimiento más bien que por la resolución dictada por el contador-partidor, ni por la de la corte.

Es de revocarse el decreto recurrido y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la resolución apelada y devuelto él caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Brac, Demandante y Apelante, v. Rafael Ojeda y su Esposa, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, sobre memorándum de costas en pleito sobre inexistencia de contrato, etc.
    No. 1914.
    Resuelto en julio 11, 1919.
    Costas — Desembolsos—Honorarios de Abogados — Sentencia.—De acuerdo con la Ley No. 15, de noviembre 19, 1917,, la condena de costas comprende tam-bién el pago de los desembolsos necesariamente beebos por la parte a quien fueron concedidas y el de los honorarios de.su letrado, por lo que no cometió error la corte inferior al aprobar la partida de honorarios de abogado del demandado en el presente caso, por cuanto el apelante fué condenado a pagar costas, estando ya en vigor la ley ya citada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Rincón.

      Abogados de los apelados: Sres. Eduardo Acuña y Adrián Agosto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia en este pleito en 31 de mayo de 1918, declarando sin lugar la demanda con las costas al demandante. Pre-sentado después por el demandado su memorandum de las costas cansadas incluyó en él nna partida de $500 por los honorarios de sn abogado la qne impugnó el demandante fundándose en qne la sentencia no le condenó al pago de honorarios de abogado. La corte inferior lá aprobó, sin embargo, teniendo en cuenta la ley aplicable tal como se en-cuentra enmendada y los trabajos realizados por los' aboga-dos según consta en el procedimiento pero, la rebajó a la cantidad de $400, resolución que fué apelada por el deman-dante.

Cuando se dictó la sentencia que condenó al demandante al pago de costas estaba en vigor la Ley No. 15 de 19 de noviembre de 1917 que enmendando el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, la ley de marzo 18, 1908, y derogando expresamente toda ley o parte de ella que se opu-siere a dicha ley dispuso que las costas se reclamarán por la parte a la cual hayan sido concedidas, entregando al secre-tario de la corte en que se hubiere dictado sentencia en pri-mera instancia un memorandum de dichas costas, de los de-sembolsos necesariamente hechos por el reclamante en el pleito y del montante de los honorarios de su letrado, la veracidad del cual memorandum deberá ser jurada por la parte o su abogado. Contiene esa ley otros particulares que no necesitamos consignar ahora y la disposición de que nada de lo en ella contenido podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere com-parecido en el pleito o procedimiento.

De acuerdo, pues, cou la Ley No. 15 citada, la condena de costas comprende también el pago de los desembolsos ne-cesariamente becbos por la parte a quien fueron concedidas y el de los honorarios de su letrado por lo que no cometió error la corte inferior al aprobar la partida de honorarios de abogado del demandado por cuanto el apelante fue con-denado a pagar costas.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

text:
    Vidal, Demandante y Apelado, v. Antique et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre reivindicación de un crédito hipotecario y dejar sin efecto una escritura.
    No. 2009.
    Resuelto en julio 11, 1919.
    Nulidad de Ratificaciones e Inscripciones — Incapacidad Mental del Otor-gante — Consentimiento Nulo — Apreciación de Pruebas. — En el presente oaso la corte inferior llegó a la conclusión de que en la fecha en que se otorgó la escritura de ratificación cuya nulidad se pide y con anterioridad a esa focha Elouterio Vidal se encontraba incapacitado mentalmente, no pudiendo por consiguiente dar su consentimiento a tal ratificación, y en su consecuen-cia declaró con lugar la demanda y nula la escritura de ratificación, así como su inscripción en el Registro de la Propiedad de Gruayama, con costas, de-sembolsos y honorarios de abogado. Se resolvió: que estando sostenida dicha sentencia por la pi'ueba, procede su confirmación por no haberse de-mostrado que la corte haya procedido en su apreciación, con pasión, pre-•juieio, parcialidad o un manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco González.

    Abogado del apelado: Sr. José C. Ramos.

   El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre de 1917 José Juan Vidal, defensor judicial de Elenterio Vidal, declarado incapacitado por resolu-ción de la Corte de Distrito de Guayama de 28 de mayo del año expresado, presentó demanda ante dicha corte contra Francisca Antique y sus menores- hijos José y Francisco Perujo Antique, con súplica de que se dictara sentencia por la que fuera restituido Elenterio Vidal en la propiedad o derechos reales que éste tenía allá por el día 11 de mayo de 1917 sobre cierto crédito hipotecario de que le hizo cesión Clodomiro Colón Eamos, y se declarara nula la escritura otorgada por Elenterio Vidal en 11 de mayo de 1917 por la que aparecía ratificando otra escritura de 12 de marzo de 1901, y nula también la inscripción que produjo la misma en el registro de la propiedad.

A la anterior demanda se opusieron los demandados, ne-gando los hechos fundamentales de la misma, y alegando defensa especial.

De la escritura de ratificación de 11 de mayo de 1917, cuya nulidad se interesa, y que fué traída al juicio como prueba, aparece que por escritura de 25 de enero de 1896 José Abdón Díaz y su esposa Eleuteria Larrauri constitu-yeron una hipoteca a favor de Clodomiro Colón Eamos sobre una finca rústica de 97 cuerdas para garantizarle el pago de un crédito de 1,200 pesos; que ese crédito fué cedido en 9 de octubre del año siguiente, 1897, por Clodomiro Colón Ea-mos a Elenterio Vidal Colón, bajo condición de que éste pa-garía el montante de su valor, a José Perujo y Oliva, por cuenta del Colón, cuya condición no cumplió Elenterio Vidal; y que por otra escritura de 12 de marzo de 1901 José Abdón Díaz y su esposa Eleuteria Larrauri cedieron y traspasaron a José Perujo y Oliva su derecho de propiedad sobre la: finca hipotecada. Con tales antecedentes, Elenterio Vidal por me-dio de la escritura de 11 de mayo de 1917 ratificó y qceptó las escrituras a que se lia hecho referencia, dehiendo retro-traerse la ratificación a fecha oportuna a fin de que la es-critura de 12 de marzo de 1901 pudiera ser inscrita en el registro de la propiedad, renunciando a cualquier derecho que pudiera asistirle.

Para obtener los pronunciamientos solicitados en la de-manda, aleg’a el defensor judicial de Eleuterio Yidal que desde hacía algún tiempo y especialmente en y con anterioridad al día 11 de mayo de 1917 y todavía, su defendido se en-cuentra padeciendo de una enfermedad sifilítica de carácter general que le ha traído a un estado de imbecilidad e idio-tismo que lo incapacita de atender a negocios, con falta com-pleta de memoria y de capacidad para distinguir un negocio bueno de uno malo, y que de ese estado se aprovechó la demandada Francisca Antique, para conseguir que Eleuterio Yidal ratificara en beneficio de ella y de sus menores hijos la escritura notarial de 12 de marzo de 1901, para que pu-diera ser inscrita en el Registro de la Propiedad de Gruaya-ma la escritura ratificada.

Celebrado el juicio la corte llegó a la conclusión de que en la fecha 11 de mayo de 1917 en que se otorgó la escritura de ratificación y con anterioridad a esa fecha Eleuterio Vidal se encontraba incapacitado mentalmente a consecuencia de una enfermedad sifilítica que afectó su cerebro, no pu-diendo por consiguiente dar su consentimiento a tal ratifi-cación, y en su consecuencia por sentencia de 12 de septiem-bre de 1918 declaró con lugar la demanda y nula la escri-tura de ratificación, así como su inscripción en el Registro de la Propiedad de Gruayama, con costas, desembolsos y ho-norarios de abogado.

Contra esa sentencia interpuso la representación de los demandados recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema y alega como motivos del recurso que la corte come-tió error al declarar que Eleuterio Vidal estaba incapacitado al otorgar la escritura de ratificación de que se deja hecho mérito, y que también cometió error al condenar a los de-mandados al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Hemos examinado la prueba aportada al juicio por am-bas partes y mediante un examen detenido de la misma en-contramos que la sentencia se sostiene por el resultado de la evidencia, sin que se nos baya demostrado que la corte de Gruayama baya procedido en su apreciación, con pasión, prejuicio o parcialidad, o con manifiesto error.

En cuanto al pronunciamiento de costas, desembolsos y honorarios de abogado, tampoco aparece que la expresada corte abusara del poder discrecional que la ley le reconoce.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Cayey-Caguas Tobacco Company, Demandante y Apelada, v. Ramírez et al., Demandados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre reconocimiento de servidumbre de paso.
    No. 1894.
    Resuelto en julio 14, 1919.
    Servidumbre de Paso — Prescripción — Renuncia del Derecho Adquirido. — Cuando el dueño del predio dominante ha adquirido por uso constante (user) desde tiempo inmemorial el derecho de servidumbre de paso, el hecho de que el demandado transcriba en la contestación un documento de fecha re-ciente contentivo de un permiso por el que se autoriza a la demandante a atravesar la finca de uno de los demandados por un período de tres meses, no es - por sí solo suficiente a constituir una renuncia de la servidumbre ad-quirida por prescripción, y menos cuando, como en el presente caso, en la contestación no se alega la entrega y aceptación de semejante documento que por otra parte tampoco fué ofrecido como prueba.
    Id. — Id.—Un ligero cambio introducido hace veinte y cinco años en el curso de un camino cuya servidumbre de paso ha sido adquirida a título de pres-cripción por uso inmemorial no interrumpe la prescripción por tal título ganada.

      Id. — Uso desbe Tiempo Inmemorial. — Cuando el uso de la servidumbre de paso data de tiempo inmemorial el dueño del predio dominante tiene derecho a exigir el reconocimiento de la servidumbre a título de prescripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Rafael Arce.

    Abogado de la apelada: Sr. Joaquín Vendrell.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Cayey-Caguas Tobacco Company entabló 'demanda sobre reconocimiento de servidumbre de paso so-bre terrenos de los demandados. En la demanda se alega que la corporación demandante es dueña de una finca y arren-dataria de otra (que se describe); que por estas dos fincas atraviesa un camino conocido con el nombre de “Rincón”, que, partiendo desde el kilómetro 56.3 en la carretera central que conduce de San Juan a Ponce atraviesa con direc-ción hacia el norte la finca del demandado José Ramírez hasta el río de “La Plata” donde hace colindancia con la finca propiedad del otro demandado Manuel Pérez; de aquí entrando y saliendo por la referida finca del expresado- Pé-rez, siguiendo por las de la corporación demandante y por terrenos de Pedro Vázquez, hasta que termina en un ca-mino vecinal de la jurisdicción de la Cidra; que el camino llamado Rincón es la única vía de comunicación que la de-mandante tiene con las dos fincas o propiedades por donde atraviesa el ameritado camino, habiéndose constituido como una servidumbre de paso, para el uso y beneficio de las pro-piedades que las comunica y para proporcionar una vía de comunicación con otras vías principales, sin que haya ha-bido oposición alguna por los distintos dueños de las pro-piedades que recorre dicho camino; que los demandados José Ramírez y José Pérez, sin derecho alguno, han obstruido el mencionado camino llamado “Rincón”, colocando el Ramí-rez una puerta a la entrada de dicho camino la que cons-tantemente mantiene cerrada con llave y el otro demandado Pérez colocando dos cercas, una en el río “La Plata” y otra donde forma nn recodo el camino ameritado, privando de esta manera a la corporación demandante del nso y disfrute del ya mencionado camino; qne las fincas en cuestión y que pertenecen a los demandados radican ambas en el barrio de Rincón, pero que la de Ramírez radica dentro de la juris-dicción de Cayey mientras que la de Pérez está sita en la •jurisdicción de Cidra. .

El demandado Ramírez apela de una sentencia dictada en favor de la demandante e insiste en que la corte inferior erró—

Primero, al considerar que los hechos alegados en la de-manda son suficientes a constituir una causa de acción.

• ' • iSegundo, al desconocer eh alcance legal del documento transcrito por el demandado en su contestación.

Tercero, al aplicar impropiamente la doctrina de la pres? .cripción por posesión de tiempo inmemorial.

Cuarto, al infringir los artículos 539, 540 y 543 del Có-digo Civil anterior.

•Quinto, al dictar una sentencia incongruente con el re-sultado de la prueba.

La teoría en que se funda el primer señalamiento de error es la de que el demandante ha establecido su demanda como arrendatario, invade funciones gubernamentales y trata de que se determine el status de un camino público, no describe bajo sus respectivas colindancias y dimensiones ni los predios sirvientes ni la faja de terreno que se quiere su-jetar al gravamen, ni se determina el fin específico • de la servidumbre al efecto de conocerse la anchura de la vía y extensión de la carga que han de soportar los predios sir-vientes.

Quizás en la demanda no se describe la servidumbre ale-gada con la suficiente exactitud o con los detalles suficientes a sostener la súplica para su inscripción en el registro de la ■propiedad, sin embargo, nada dice la sentencia sobre este’ punto y la descripción que se contiene en la demanda es suficiente a indentificar con razonable certeza el sitio por donde ha de trazarse la servidumbre de paso.

Aparte de la cuestión respecto de basta qué punto puede considerarse la incapacidad del demandante para demandar como arrendatario y la' de la alegada invasión de funciones gubernamentales, en conexión con la cuestión de los becbos necesarios a constituir una causa de acción, bastará decir que el demandante ba entablado, además, su demanda como-dueño y que en la demanda no se alega ni se trata de rei-vindicar un camino público a nombre ni en beneficio o para el uso del público en general.

El documento a que se refiere el segundo motivo de este recurso y que se copia en la contestación del demandado Ramírez, pero que nunca se ofreció en prueba, es un per-miso escrito fechado en septiembre 23 de 1915, por el que se autoriza a la corporación demandante a atravesar la finca del demandado con sus carros y vagones de carga por un-período de tres meses a contar de su fecba. Aparte de que el supuesto permiso tiene el carácter de aquella prueba que se estima en beneficio propio (self-serving), y, admitiendo por razón del argumento, que “la defensa contra la acción se fundase” en dicbo documento dentro del alcance legal del artículo 120 del Código de Enjuiciamiento Civil y que dicbo documento es uno de aquellos previstos por dicbó artículo, aun así el no baber presentado el demandante un affidavit negativo sólo admite “la autenticidad y otorgamiento en for-ma de dicho documento”, que pudo haberse redactado durante estaban pendientes las negociaciones para transigir y arre-glar el asunto en discusión y no es necesariamente incompatible con las pretensiones del demandante por derecho de prescripción, ni, sin más, suficiente a constituir una renun-cia o dejación de la servidumbre de paso ya adquirida por la demandante por uso constante (user) desde tiempo inme-morial. En la contestación ni siquiera se alega la entrega y aceptación de semejante permiso, y si pudiera considerarse como nna excepción por “estoppel” el supuesto requeri-miento o petición del ameritado documento, tendríamos, sin embargo, que la verdad de semejante materia afirmativa no puede estimarse admitida por no haberse presentado el in-dicado affidavit negativo de la firma, ni tampoco se presentó prueba alguna en apoyo del mismo.

El tercer motivo se funda en la proposición de que el actual camino que cruza los terrenos del demandado ba es-tado al uso por menos de veinte y cinco años. La conclusión de la corte sobre este punto se pronuncia en el sentido de que el camino en controversia ba existido desde- tiempo in-memorial, habiéndose hecho cierto cambio en el curso de una parte del mismo después de haberse construido un puente sobre el río “La Plata”, con cuyo nuevo curso ha venido usándose por más de veinte y cinco años, y que al adoptarse la nueva ruta por los terrenos de Ramírez el antiguo ca-mino que cruzaba la misma finca fué cerrado por él o por sus causantes, sin dejarle otra conveniente salida al deman-dante que la vía así sustituida por el antiguo camino. Por ■parte del demandado no se ha sugerido, ni ofrecido, ni in-dicado el que estuviese dispuesto a abrir de nuevo el an-tiguo camino que atravesaba su finca, y que cerró, y dadas las circunstancias no vemos razón alguna por la que un li-gero cambio en el curso de una porción del antiguo camino, aparentemente consentido, ratificado y adoptado por los cau-santes del demandado, debiera declararse que se haya inte-rrumpido el término de la prescripción. Lo dicho sobre este punto resuelve también el cuarto motivo salvo en tanto cuanto en el mismo se levanta alguna cuestión referente a la sufi-ciencia de la prueba o tendente a negar el derecho que tiene la demandante para descansar en la prescripción por uso constante {user) desde tiempo inmemorial para establecer el derecho alegado.

La escueta proposición de que los findings del juez sen-teneiador no están sostenidos por la prueba, acompañada de manifestaciones becbas con cierta vaguedad respecto de lo que, a juicio del apelante, tiende a probar la prueba en su .conjunto, no le impone a esta corte la obligación de entrar a rebuscar datos en la prueba testifical que apoyen la con-tensión propuesta con el fin de revocar la deliberada sen-tencia dictada por la corte inferior.

El artículo 1939 del código anterior expresamente dispo-nía que “la prescripción comenzada antes de.la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo,” •con la cual disposición se tuvo la intención de cubrir todos los cambios esenciales que afectaran la materia • en lo sus- ' tantivo así como en materia de tiempo. 12 Manresa, 767, 81 Jur. Civ. 73.

“Pudo establecerse la servidumbre por contrato verbal, o en vir-tud de un documento público o privado que lia sufrido extravío, o es difícil o costoso adquirirlo. Pudo o puede establecerse la servi-dumbre por prescripción con arreglo a los preceptos anteriores al Código Civil o al artículo 1939 de este cuerpo legal. En todos estos casos la servidumbre existe, su prueba es difícil, y se concibe el reconocimiento y la sentencia. El primero por la conformidad del dueño del predio sirviente, convencido de la verdad del gravamen! El segundo, por su oposición, falta de consentimiento u obstinada negativa a tolerar el ejercicio de la servidumbre. En este último caso, la prueba se contraerá a demostrar la existencia de dicha ser-vidumbre, .bien se hubiese constituido por título, bien se hubiera adquirido por prescripción, y la sentencia sé limita a declarar la realidad del gravamen.” 4 Manresa, Código Civil 603.

Entre las disposiciones transitorias del Código Civil Español (artículo 1976), la primera de ellas es como sigue:

“Se regirán por la legislación anterior al código los derechos na-cidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el código los regule de otro modo o no los reconozca.

Al resolver un caso muy parecido al de autos el Tribunal Supremo de España, en 1898, 83 Jur. Civ. 486, declaró, y citando el sumario, lo siguiente:

“Que según la ley 15, tít. 31, Partida 3ª., para la prescripción de las servidumbres discontinuas es menester que se haya usado de ellas tanto tiempo que no se puedan acordar los hombres, que es 3o que le da el carácter inmemorial.
“Que tratándose de un derecho ya existente para la publicación del Código Civil vigente, procede aplicar la regla 1ª. del mismo, y haciéndolo así no se infringe el artículo 1939.”

Bespecto del quinto motivo, bastará decir que de los autos en su conjunto no aparece aquel error manifiesto que se requiere para la revocación de la sentencia.

Es de ■ confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.-

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.