author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Efraín Santiago Colón, Krimilda Nadal Colón y Efraín Santiago Nadal, apelantes, v. Supermercados Grande y A, B, C, aseguradora de nombre desconocido, apelados.

      Número: AC-2004-20

      Resuelto: 24 de enero de 2006

      Joseph Santaella Várela, abogado de la parte apelante; William Nadal Colón, abogado de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 29 de noviembre de 1997, a eso de las 6:00 p.m., mien-tras se encontraba en el estacionamiento del Supermer-cado Grande de Santa Isabel esperando a que su novia, Amarilis Colón Vázquez, saliera del establecimiento, el jo-ven Efraín Santiago Nadal fue objeto de un intento de “carjacking” perpetrado por dos individuos armados. Durante éste recibió un golpe en la sien y varios impactos de bala, lo que provocó que tuviera que ser trasladado al Hospital de Distrito de Ponce/)

Al llegar al hospital, el perjudicado se encontraba en estado crítico, con mucho dolor e inestabilidad en sus sig-nos vitales. Durante la evaluación médica se observó que tenía un impacto de bala en el lado derecho del abdomen y otro en el área de la rodilla en el muslo derecho, lo que provocó la fractura de su fémur. Además, se le practicó un CT Sean para determinar el posible daño ocasionado por el golpe en la cabeza y se le entubó sin anestesia. Finalmente, se le extrajo la bala de la rodilla, también sin anestesia/)

Así las cosas, el 3 de noviembre de 1999 el joven Santiago Nadal, representado por sus padres Don Efraín Santiago Colón y Doña Krimilda Nadal Colón() presentó una demanda de daños y perjuicios contra Supermercados Grande y su compañía aseguradora. Reclamó que se le compensara por los daños físicos y las angustias mentales que sufrió como consecuencia del aludido intento de “carjacking” de que fue objeto en el estacionamiento del demandado. Argüyó que la causa de los daños que sufrió el día de los hechos fue la falta de vigilancia y la poca ilumi-nación que tenía Supermercado Grande en sus instalacio-nes, específicamente en el estacionamiento. Sostuvo, ade-más, que éste conocía la alta incidencia de criminalidad que había en Santa Isabel para esas fechas y de actos cri-minales anteriormente ocurridos en sus instalaciones y áreas circundantes.

El 10 de abril de 2000 Supermercado Grande contestó la mencionada demanda negando la mayoría de las alegaciones. Adujo que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no tenía responsabilidad alguna para con el demandante, ya que él

... no es un Centro Comercial Regional por lo cual no existe y resulta oneroso el exigirle el deber de proveer [u] ofrecer un grado de protección y seguridad independiente del que ofrecen las agencias de seguridad pública por actos delictivos de terceros. Apéndice, pág. 80.

Durante la etapa del descubrimiento de prueba, las par-tes llegaron a unas estipulaciones de hechos. Entre éstas, que para el 29 de noviembre de 1997 Supermercado Grande tenía el control del estacionamiento en sus instalaciones en Santa Isabel y que carecía de personal de seguridad en éste.

Durante el juicio se presentó prueba testifical y pericial relativa a los daños físicos y mentales, y el grado de inca-pacidad sufrido por el demandante. Asimismo, se presen-taron varios artículos de periódico, estadísticas criminales de la Policía de Puerto Rico y el testimonio del Sgto. Miguel A. Sosa, tendentes a demostrar el nivel de incidencia criminal existente en el pueblo de Santa Isabel, específica-mente en el sector donde ubica el Supermercado Grande.

En cuanto a este punto, el Tribunal de Primera Instan-cia estimó probado que el nivel de criminalidad era alto para esa fecha y que el personal de la Policía asignado a Santa Isabel no era suficiente para cubrir el pueblo entero. De igual forma, concluyó que entre los meses de febrero y noviembre de 1997 ocurrieron ocho incidentes de apropia-ciones de vehículos de motor y que cinco de ellos ocurrieron en el estacionamiento del Supermercado Grande, uno en un solar yermo frente a éste y los dos restantes en las cercanías. Asimismo, determinó que en agosto de 1997 un empleado fue víctima de dicho delito en las instalaciones del referido supermercado. Finalmente, indicó que el 11 de octubre de 1997 el Sr. Nestor Marrero Delfí había sido víc-tima de un “carjacking” en el estacionamiento del super-mercado y que de su testimonio surgió que luego del suceso “entró al Supermercado Grande y allí reportó el incidente y de allí le notificaron a la policía”.

Evaluada la prueba antes mencionada, el foro primario emitió sentencia en la que declaró con lugar la demanda y condenó a la parte demandada al pago de la suma total de $250,000 por todos los daños y perjuicios sufridos por el joven Santiago Nadal. El mencionado foro no hizo determi-nación alguna de temeridad, por lo que no le impuso par-tida de honorarios de abogado a Supermercado Grande.

Respecto a la alegación de Supermercado Grande en torno a que no tenía obligación de proveer seguridad a sus visitantes, pues no “cualificaba” como “Centro Comercial Regional”, el mencionado foro estableció que “[u]na entidad que opera un negocio con conocimiento de que han ocurrido actos delictivos en el área que controla, tiene el deber de implantar medidas de seguridad que dentro del concepto de lo prudente y razonable, garantice un grado razonable de protección a sus clientes” —(énfasis nuestro) Apéndice, pág. 72— y que al optar por no tener algún sistema de servicios o vigilancia, actuó negligentemente.

Asimismo, el aludido foro indicó que

[e]l hecho de no ser un “Centro Comercial Regional” no diluye este deber. Cuando se considera el historial delictivo en el área, la localización de la empresa comercial, la época del año, la naturaleza de la actividad comercial llevada a cabo, la falta de previsibilidad y la ausencia de las más elementales medidas de seguridad no cabe sino concluir que Supermercado Grande fue negligente en este caso y que debe responder por los daños y perjuicios solicitados. (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 72.

Inconforme con dicha sentencia, Supermercado Grande compareció —vía recurso de apelación— ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Cuestionó la determi-nación del foro primario relativa a que tenía conocimiento de los actos delictivos previos ocurridos en su estaciona-miento, así como la imposición de responsabilidad para con el demandante, a pesar de no ser un “centro comercial regional”. Asimismo, adujo que incidió el foro de instancia al no imponerle algún tipo de responsabilidad al deman-dante y al evaluar el grado de incapacidad de éste.

A su vez, Efraín Santiago Nadal acudió —vía recurso de apelación— ante el foro apelativo intermedio. En su escrito sostuvo que el foro primario erró al no determinar que Su-permercado Grande fue temerario al defenderse de la ac-ción instada en su contra y negar responsabilidad.

Posteriormente, y tras ser solicitado por las partes, el foro apelativo intermedio consolidó los recursos antes mencionados. Así las cosas, el ahora Tribunal de Apelacio-nes dictó sentencia mediante la cual revocó la sentencia del foro de instancia y determinó que, a la luz de lo resuelto por este Tribunal en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993), Supermercado Grande no tenía el deber de ofrecer seguridad adicional a la ofrecida por las agencias del orden público, ya que no era un “centro comer-cial regional”. De igual forma, el mencionado foro declaró “no ha lugar” la apelación presentada por el joven Santiago Nadal.

Insatisfecho con la referida decisión, Efraín Santiago Nadal acudió —vía recurso de apelación— ante este Tribunal. En su escrito alega que el aludido foro incidió al

... concluir que el Tribunal Supremo resolvió que: “la solución adoptada [en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, supra] al presente caso fue la de reconocer mi deber de proveer segu-ridad adicional solamente a cierto tipo de comercios, los cen-tros comerciales regionales” en conflicto con decisiones previas del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
... concluir que Supermercado Grande en Santa Isabel es un negocio de menor escala que no tiene obligación de proveerle seguridad adicional a sus clientes o visitantes.
... concluir que no era previsible la ocurrencia del delito come-tido contra el demandante Efraín Santiago Nadal.
... desestimar el recurso KLAN200300690 presentado por la parte apelante solicitando la imposición de temeridad contra la parte apelante. Apelación, págs. 5-6.

Le concedimos a ambas partes un plazo para presentar sus respectivos alegatos. Unicamente compareció la parte apelante, por lo que le otorgamos a la parte apelada Super-mercados Grande un nuevo plazo para que cumpliera con nuestro requerimiento, advirtiéndole que de no hacerlo re-solveríamos el recurso sin el beneficio de su comparecencia. No habiendo comparecido ésta en el tér-mino establecido, procedemos a resolver el recurso sin el beneficio de su posición.

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Como es sabido, una persona o empresa que tiene un establecimiento comercial abierto al público debe tomar las medidas necesarias para que las áreas a las que tienen acceso sus clientes sean razonablemente seguras. En otras palabras, “el dueño u operador debe ejercer un cuidado razonable para mantener la seguridad de las áreas accesibles al público, para que, de ese modo, se evite que sus clientes sufran algún daño”. (Énfasis suprimido.) Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 D.P.R. 510, 518 (2001). Véanse, además: Ramos v. Wal-Mart, 165 D.P.R. 6862 (2005); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 104 (1986). Este deber incluye la obligación de anticipar, así como la de evitar, que ocurran daños en el establecimiento. Véase Colón García v. Toys “R” Us, Inc., 139 D.P.R. 469, 473 (1995).

No obstante lo anterior, hemos reiterado que el dueño de un establecimiento comercial no tiene responsa-bilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por sus clientes. Colón y otros v. K-Mart y otros, ante. Por tal razón, para poderle imponer responsabilidad, el deman-dante tiene que demostrar que éste incurrió en un acto u omisión negligente que causó o contribuyó a los daños su-fridos por el perjudicado. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 esc. 9 (1985), citando a H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1980, Vol. 2, Cap. 12, pág. 64.

La responsabilidad de los establecimientos comerciales antes mencionada se evaluará conforme al Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141,() el cual es la fuente de responsabilidad civil extracontractual en Puerto Rico. Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: (1) la presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Colón y otros v. K-Mart y otros, ante; Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748 (1998).

Particularmente, en los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se configurará una causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. Administrador v. ANR, 163 D.P.R. 48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., ante. Así pues, hemos resuelto que la pregunta de umbral en estos casos es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño. Véanse: Soc. Gananciales v. G. Padin Co., Inc., supra, pág. 106; Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-687 (1990).

Habida cuenta de lo anterior, la norma en estos casos establece que “si la omisión del alegado causante del daño quebranta un deber impuesto o reconocido por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y razonable, aquel grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias le exigen” y el daño causado se debió a dicho deber omitido, cabrá imponerle responsabilidad al causante. Administrador v. ANR, ante, citando a Arroyo López v. E.L.A., ante, pág. 686.

Entre los deberes de actuar se encuentra el deber de cuidado. Este deber incluye,

... tanto la obligación de anticipar, como la de evitar la ocu-rrencia de daños cuya probabilidad es razonablemente previsible. “Pero la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo preciso o las consecuencia exactas arrostradas debieron ser previstas. Lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de determinada clase.” Elba A.B.M. v. U.P.R., ante, pág. 309, citando a Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 D.P.R. 518, 524 (1962).

Para poder determinar lo que constituye un daño razonablemente previsible, debemos acudir a la conocida figura del hombre prudente y razonable según definida en nuestra jurisprudencia. Elba A.B.M. v. U.P.R., ante; Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290 (1973). Como resultado de lo anterior, en el pasado hemos resuelto que “ [e]l deber de previsión no se extiende a todo peligro inimaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad ... sino a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo”. Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182,189 (1995). Véase Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

De otra parte, y para poder determinar si un establecimiento comercial es responsable por los daños sufrí-dos por algún visitante causados por actos criminales de un tercero, hay que evaluar, en primera instancia, si el establecimiento tiene un deber de ofrecer seguridad adicio-nal a la que ofrecen las agencias de seguridad pública para garantizar la seguridad de sus clientes.

Como norma general, no existe un deber de proteger a otras personas de actos criminales de terceros. No obstante, existen situaciones en las que un demandado puede responder por dichos actos. Así, hemos sostenido que

... existen ciertas actividades específicas que conllevan un deber especial de vigilancia, cuidado y protección de quien las lleve a cabo hacia el público en general o hacia ciertas personas en particular. Esta responsabilidad, que genera un deber de cuidado mayor del exigible a una persona cualquiera, se fun-damenta en las circunstancias de la situación —entiéndase, el tiempo, el lugar y las personas— y en las exigencias de la obli-gación particular en la que se sitúan los involucrados. (Enfasis nuestro.()

Amparados en esta premisa, a través de los años hemos resuelto, a manera de excepción, que los hoteles, los hospitales y las universidades tienen una relación particular con sus huéspedes, pacientes y estudiantes, respectivamente, que los obliga a ofrecerles un grado de seguridad adecuado y razonable que procure garantizar su bienestar. Véanse: Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964) (sobre los hoteles); Hernández v. La Capital, ante (sobre los hospitales); Elba A.B.M. v. U.P.R., ante (sobre las universidades). Por último, y de particular importancia para el caso de autos, en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, extendimos, también a manera de excepción, dicha responsabilidad a los centros comerciales regionales.

Como vemos, a través de los años este Tribunal ha ido ampliando el universo de entidades que deben hacer algo más que confiar en la capacidad de las agencias de seguri-dad del Estado para proteger a sus visitantes. Hoy nos corresponde evaluar si debemos imponerle dicha responsa-bilidad a un establecimiento comercial que no cualifica como centro comercial regional.() Veamos.

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En su primer señalamiento de error, el apelante cues-tiona la interpretación que le dio el foro apelativo interme-dio a nuestra opinión en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante. Alega que el mencionado foro erró al resolver que en dicho caso dispusimos que los únicos estableci-mientos comerciales que tienen el deber de ofrecer seguri-dad adecuada y razonable a sus clientes son los centros comerciales regionales. Tiene razón.

Como ya mencionamos, en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, establecimos, a manera de ex-cepción, que los centros comerciales regionales pueden ser responsables por los daños sufridos por sus clientes a consecuencia de actos criminales de terceros ocurridos en sus instalaciones. Asimismo, dispusimos que para poder imponerles responsabilidad tiene que haber una violación del deber de proveer adecuada y razonable vigilancia. A esos efectos, expresamos que dicho deber dependerá de la naturaleza de la actividad comercial llevada a cabo y de la naturaleza de los actos delictivos. Id., pág. 801.

Amparado en el mencionado caso, Supermercado Grande alegó que no tiene el aludido deber de vigilancia, ya que no es un centro comercial regional. No obstante, un análisis responsable y sosegado de nuestra opinión nos obliga a diferir de su posición.

En J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, al atender la controversia específica allí involucrada, expre-samos lo siguiente: “Hoy nos toca resolver, también a ma-nera de excepción, si un centro comercial regional (shopping center) podría ser responsable por los daños intencionales causados a las personas que frecuentan dicho centro por la conducta criminal intencional de un tercero.” (Enfasis nuestro.) Id., pág. 786.

Esto demuestra que el análisis allí expuesto estuvo diri-gido, únicamente, a evaluar si los centros comerciales regio-nales tenían el referido deber. Resulta claro, entonces, que en dicho caso no dilucidamos —por no estar ante nuestra consideración— si otro tipo de establecimiento comercial de menor escala podría tener el mencionado deber. Desta-camos, además, que en ningún lugar de la referida opinión diferenciamos —a los efectos de imponer responsabilidad— a los centros comerciales regionales de otro tipo de establecimiento. Dicho de otra manera, no liberamos de responsabilidad ni le conferimos inmunidad —ante actos criminales de terceros— a los establecimientos comerciales que no cumplieran con las características de los centros co-merciales regionales.

De otra parte, y además de lo resuelto en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, somos del criterio de que no existe fundamento alguno que apoye una diferenciación entre los centros comerciales regionales y otros establecimientos comerciales a la hora de imponer responsabilidad. El factor del tamaño y de la clasificación del establecimiento no debe ser determinante en el análisis de responsabilidad. Resaltamos que los diferentes comentaristas o tratadistas que se han expresado en torno al tema lo hacen sin establecer diferencia alguna en cuanto al tipo o tamaño del establecimiento comercial que podrá es-tar sujeto a la mencionada responsabilidad y utilizan términos generales como “business”, “business property”, “occupier-owner”, “commercial premises”, etc. Véanse, en-tre otros: G. Weissenberger, The Law of Premises Liability, 3ra ed., Cincinnati, Anderson Publishing Co., 2001; R.L. Cherry, Jr., Liability of Business Property Owners for Injury to Customers in Parking Lots by Criminal Attacks From Third Parties, 13 Real Est. L.J. 141 (1984); N.J. Landau y E.C. Martin, Premises Liability Law and Practice, Nueva Jersey, Ed. Matthew-Bender, 2005, Vol. 1, Cap. 4.()

Por su especial pertinencia para la interrogante que te-nemos ante nuestra consideración, traemos a colación las siguientes expresiones del reputado tratadista, Dan B. Do-bbs, respecto a la posible responsabilidad de los comercios, a saber: “The rule today is usually generalized to include all landowners who open their land to the public for business and to require them to use reasonable care even to protect against criminal acts of third persons.” (Énfasis nuestro.) D.B. Dobbs, The Law of Torts, West Group, 2001, Vol. 2, Sec. 324, pág. 876.

Somos conscientes de que lo resuelto hoy podría afectar tanto a los denominados negocios “grandes” como a los “pequeños”. Sin embargo, aclaramos y enfatizamos que la determinación de responsabilidad y de la adecuacidad de las medidas de seguridad tomadas dependerá de una evaluación de la totalidad de las circunstancias, caso a caso. Después de todo, el grado de cuidado que debe tener un propietario de un establecimiento comercial variará de acuerdo con la naturaleza del negocio y de sus instalaciones.

En conclusión, lo determinante al momento de evaluar si un establecimiento comercial tiene el deber de ofrecer seguridad adecuada y razonable a sus clientes y visitantes no es el tamaño ni la clasificación del establecimiento. Lo preciso será analizar la totalidad de las circunstancias del caso, en particular: (1) la naturaleza del establecimiento comercial y de las actividades que allí se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la actividad criminal que se ha registrado y se registra en las instalaciones y en el área donde está ubicado el establecimiento, y (3) las medidas de seguridad existentes en éste. J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante.

I — i HH l — l

Habiendo expresado que Supermercado Grande no se libera de responsabilidad por el mero hecho de no ser un centro comercial regional, nos corresponde analizar el se-gundo y el tercer señalamiento de error. Los evaluaremos en conjunto por estar íntimamente relacionados.

En esencia, el apelante aduce que erró el foro apelativo intermedio al no imponerle responsabilidad a Supermer-cado Grande por entender que éste no tenía un deber de cuidado para con sus clientes y que los actos criminales a los que fue objeto no fueron previsibles. Nuevamente, le asiste la razón.

Para resolver esta controversia debemos determinar, en primera instancia, si Supermercado Grande —al tenor de lo explicado en la sección anterior— debía ofrecer a sus clientes algún grado de seguridad, adecuado y razonable, que pudiera evitar que éstos fueran víctimas de actos cri-minales intencionales perpetrados por terceros. De esto ser así, debemos evaluar si los hechos en los cuales el apelante resultó lastimado eran previsibles y si la seguridad ofre-cida por Supermercado Grande era razonable y adecuada.

A. En J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, recurrimos, por vía del derecho comparado, al derecho de daños de Estados Unidos, que ha abordado la cuestión que hoy nos ocupa. En particular, se ha señalado, en cuanto a la responsabilidad de los establecimientos comerciales por los actos de terceros o de animales, lo siguiente:

A possessor of land who holds it open to the public for entry for his business purposes is subject to liability to members of the public while they are upon the land for such a purpose, for physical harm caused by the accidental, negligent, or intentionally harmful acts of third persons or animals, and by the failure of the possessor to exercise reasonable care to
(a) discover that such acts are being done or are likely to be done, or
(b) give a warning adequate to enable the visitors to avoid the harm, or otherwise to protect them against it. 2 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 344 (1965).

Asimismo, y en cuanto a la determinación de si existe un deber de vigilar las instalaciones del establecimiento, en la aludida sección se sostiene:

f. Duty to police premises. Since the possessor is not an insurer of the visitor’s safety, he is ordinarily under no duty to exercise any care until he knows or has reason to know that the acts of the third person are occurring, or are about to occur. He may, however, know or have reason to know, from past experience, that there is a likelihood of conduct on the part of third persons in general which is likely to endanger the safety of the visitor, even though he has no reason to expect it on the part of any particular individual. If the place or character of his business, or his past experience, is such that he reasonably anticipates careless or criminal conduct on the part of third persons, either generally or at some particular time, he may be under a duty to take precautions against it, and to provide a reasonably sufficient number of servants to afford a reasonable protection. (Enfasis nuestro.) Restatement of the Law (Second) of Torts, supra, Sec. 344(f).

Al interpretar dicha sección, en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, concluimos que el deber de proveer seguridad adecuada y razonable se puede deducir o inferir cuando el propietario del establecimiento tiene, o debe tener, conocimiento de que han ocurrido actos delicti-vos previos en el área bajo su dominio y control, o de que existen circunstancias que hagan que una persona pru-dente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de tales actos. íd., pág. 798.

En el caso de autos, surge del expediente que el Super-mercado Grande de Santa Isabel —el cual era el único es-tablecimiento de su tipo que abría en horas de la noche en dicho pueblo— es un establecimiento de ventas al detal que atrae un gran número de público a sus instalaciones. También se desprende que para la fecha de los hechos —periodo prenavideño— el aludido establecimiento tenía el completo dominio del estacionamiento que ubica en sus instalaciones y que éste carecía de alumbrado adecuado y de guardias de seguridad. Por último, es un hecho estipu-lado por las partes que para la fecha de los hechos parte del mencionado estacionamiento era usado para vender ár-boles de navidad, lo que demuestra actos del apelado Su-permercado Grande dirigidos a aumentar tanto el flujo de personas en el lugar como los ingresos del negocio.

Además de lo anterior, el apelante presentó prueba en el juicio relativa a la incidencia criminal y a hechos delictivos ocurridos en las instalaciones y en las cercanías del Super-mercado Grande. Respecto a dicha prueba el foro de ins-tancia estimó probado que el personal de la Policía adscrito a Santa Isabel no era suficiente para cubrir las necesida-des del pueblo. Asimismo, concluyó que durante el 1997 el nivel de criminalidad en el mencionado pueblo era alto, ya que subsistía una pandilla de criminales conocida como “los Martínez” —cuyo líder vivía en el mismo sector donde ubica el supermercado— y su centro de operaciones era el pueblo de Santa Isabel.

Respecto a hechos delictivos ocurridos en el referido lu-gar, se desprende de la sentencia emitida por el foro de instancia que durante el tiempo transcurrido entre los me-ses de febrero y noviembre de 1997 ocurrieron ocho inci- dentes de apropiaciones de vehículos de motor en las peri-ferias de Supermercado Grande. De éstos, cinco ocurrieron en el estacionamiento de este comercio, dos en sus cercanías y uno en un solar yermo frente a éste. De igual forma, surge del expediente que el 11 de octubre de 1997 —cuarenta y siete días antes de los hechos del caso de autos— el joven Néstor Marrero Delfí fue víctima de un “carjacking” en el estacionamiento del apelado y que luego del incidente entró al Supermercado Grande, lo informó y de allí llamó a la policía. Esta situación indudablemente demuestra que el Supermercado Grande tenía conocimiento de hechos delic-tivos previos —de similar naturaleza — () ocurridos en sus instalaciones con anterioridad al incidente en el que se vio involucrado el apelante.

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la natu-raleza y actividad comercial de Supermercado Grande sin lugar a dudas crea el deber de ofrecer un grado de seguri-dad adecuado y razonable a sus clientes. Por un lado, es prácticamente el único establecimiento de esa índole en Santa Isabel y pueblos aledaños abierto en horas de la no-che y, por otro, fomenta y utiliza al máximo sus instalacio-nes para obtener beneficio económico.

Asimismo, en cuanto a la incidencia criminal y a la pre-visibilidad de actos delictivos en las instalaciones del Su-permercado Grande, el foro de instancia determinó correc-tamente que era razonablemente previsible la ocurrencia de sucesos delictivos intencionales de terceros que ocasio-naran daños a los clientes o visitantes del referido super-mercado; ello en vista de que éste conocía, o debía conocer, el alto nivel de delincuencia existente en el área donde ubica su establecimiento y de la ocurrencia de varios hur-tos de vehículos y un “carjacking” en su propio esta-cionamiento.

Por los fundamentos antes expuestos, somos del criterio de que, dadas las circunstancias particulares del caso de autos, Supermercado Grande tenía y tiene el deber de ofre-cer un grado de seguridad que proteja, adecuada y razona-blemente, a sus clientes y visitantes. Debemos recordar que, después de todo, los establecimientos comerciales ofrecen estacionamiento a sus visitantes con el propósito de atraerlos. Por tal razón, no creemos que resulte irrazo-nable que se le exija a los propietarios de dichos estableci-mientos que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida y la propiedad de sus visitantes.

En vista de ello, y según lo mencionado anteriormente, debemos determinar si el apelado cumplió con dicho deber de proveer un grado razonable de seguridad.

B. Como vimos, es norma reiterada que un establecimiento comercial no es garantizador absoluto de to-dos los daños que puedan sufrir sus clientes mientras estén en sus instalaciones. Por tal razón, y como mencionamos en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, el mero hecho de que ocurra un hecho delictivo en las instalaciones de un establecimiento comercial y de que éste tenga el deber de ofrecer algún grado de seguridad a sus clientes y visitantes, de por sí no significa que automáticamente el establecimiento es responsable por los daños que pudieran ocurrir. Para poder imponer responsabilidad hay que evaluar la razonabilidad de las medidas de seguridad establecidas por el dueño del establecimiento.

En el caso de autos, luego de un análisis exhaustivo del expediente ante nuestra consideración, no encontramos prueba alguna que demuestre la existencia de seguridad en dicho supermercado. Por el contrario —según los hechos estipulados por las partes— no había guardias de seguri-dad en las instalaciones y —según las determinaciones de hechos del foro primario— no había un alumbrado ade-cuado en el lugar. Asimismo, el foro primario determinó que hubo ausencia de las más elementales medidas de se-guridad, situación que llama poderosamente la atención en vista de que se trata de una cadena de supermercados con obvia capacidad económica para hacerlo.()

Por esto, no es correcto tratar la controversia ante nos como una relativa a la adecuacidad o no de las medidas de seguridad adoptadas por el apelado. Lo procedente es con-siderar el caso como de falta absoluta de medidas de segu-ridad de parte del Supermercado Grande. Dada esta situa-ción, no nos queda otra alternativa que resolver que Supermercados Grande, teniendo el deber de actuar de cierta manera, no lo hizo, por lo que incurrió en una omi-sión que puede acarrearle la imposición de respon-sabilidad.

C. Para resolver si Supermercado Grande debe ser responsable por los daños sufridos por el apelante, lo único que queda por determinar es si, de haberse provisto alguna medida de seguridad adecuada, se hubiera evitado el daño sufrido por el apelante. Contestamos dicha interrogante en la afirmativa.

Como se sabe, la doctrina de daños y perjuicios extracontractuales tiene inmerso el principio de la causalidad adecuada. Esto es, la relación entre el daño y su autor, que a su vez indica “¿cuál sería la causa próxima del accidente?” Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 D.P.R. 570, 575 (1986). De este modo, un daño podrá considerarse como el resultado probable y natural de un acto u omisión negligente, si luego del suceso —mirándolo retrospectivamente— éste parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de que se trate. Véase: Administrador v. ANR, ante; Montalvo v. Cruz, ante, págs. 756-757.

En otras palabras, “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Soc. de Gananciales v. Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974), citando a J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 215 et seq. Véanse, además: López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., ante, pág. 310; Jiménez v. Peregrina Espinel, 112 D.P.R. 700, 704 (1982). Así, para determinar cuál fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado es la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado.()

Respecto a la controversia hoy ante nuestra consideración, hemos expresado que habrá responsabilidad por daños causados por actos criminales de terceros en situaciones en la que está involucrada, entre otras, la relación entre el invitante y visitante de negocios “sólo si el demandado es negligente en no tomar precauciones contra el posible criminal; esto es, si el riesgo previsible es de dimensión irrazonable comparado con el peso de tomarlas”. (Enfasis nuestro.) Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 D.P.R. 852, 858 esc. 6 (1980).

A nuestro juicio, en el caso de autos ha quedado demos-trado que la total ausencia de medidas de seguridad en las instalaciones de Supermercado Grande fue la causa que con mayor probabilidad permitió la ocurrencia del daño sufrido por el apelante. Quedó establecido que el apelado, conociendo o debiendo conocer de la actividad criminal en el área y de hechos delictivos previos ocurridos en sus ins-talaciones, se cruzó de brazos y no estableció medida de seguridad alguna que previniera o intentara prevenir la re-petición de este tipo de sucesos en su establecimiento. Cier- tamente, no es descabellado inferir que alguna medida de seguridad tomada por el apelado hubiera servido como disuasivo para los delincuentes. En conclusión, dicho compor-tamiento fue negligente y totalmente incompatible con la conducta que debe esperarse de la figura de la persona prudente y razonable. En vista de ello, no hay duda de que se cometieron los señalamientos de error segundo y tercero.

IV

En su último señalamiento de error, el apelante sostiene que el foro primario erró al no hacer una determinación de temeridad en contra del Supermercado Grande.

Es norma reiterada que la imposición de honorarios de abogado sólo procede cuando una parte ha actuado con temeridad o frivolidad. Al respecto hemos expresado que el propósito de la determinación de temeridad y la eventual imposición de honorarios de abogado es “penalizar ‘... al litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito’ ”. O.E.G. v. Román, 159 D.P.R. 401, 418 (2003), citando a Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002).

En otras palabras, la conducta temeraria que acarrea la imposición de honorarios de abogado se refiere a una “ ‘actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia’ ”. P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 510-511 (2005). Véase H. Sánchez Martínez, Rebelde sin Costas, 4 (Núm. 2) Boletín Judicial 14 (1982).

De otra parte, la determinación de si una parte ha actuado o no con temeridad descansa en la sana discre-ción del tribunal. Por lo cual, los tribunales revisores inter-vendrán, únicamente, cuando surja de tal actuación un claro abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, ante.

Reiteradamente hemos resuelto que no existe temeridad cuando lo que se plantea ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. “Tampoco existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión, Cabanillas v. Gelpí, 65 D.P.R. 945, 949 (1946), o cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a los hechos del caso”. Cándido, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 936 (1996). Véanse: Elba A.B.M. v. U.P.R., ante; Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887, 903-904 (1961).

Como hemos podido apreciar, el caso de autos presenta una cuestión novedosa que no había sido resuelta por este Tribunal anteriormente. Nunca habíamos determinado el alcance de nuestras expresiones en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, determinación que hemos te-nido la oportunidad de hacer hoy debido a la controversia surgida entre las partes de epígrafe. Por tal razón, deter-minamos que Supermercado Grande no incurrió en con-ducta que pueda ser considerada como temeraria. Por el contrario, su actuación en todo momento ha sido honesta y fundamentada en una controversia real. El hecho de que su interpretación del Derecho fuera errónea no acarrea, de por sí, la imposición de honorarios de abogado.

Por tal razón, resolvemos que actuó correctamente el foro de instancia al rehusar determinar que Supermercado Grande fue temerario en la tramitación del presente litigio.

V

En mérito de lo antes expuesto, se revoca la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la emitida por el Tribunal de Primera Instan-cia el 8 de abril de 2003.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El foro de instancia determinó en su sentencia: “Mientras Efraín esperaba por Amarilis, se le acercaron dos individuos quienes le dijeron que se bajara del vehículo y que dejara las llaves en el mismo. Le indicaron nuevamente lo mismo y lo golpearon con un arma en el lado izquierdo de su sien. Efraín procedió a bajarse del vehículo de motor, llevando con él las llaves del vehículo. Cuando llegaba al área frontal del vehículo de motor sintió una detonación y un impacto de bala. Caminó un poco más y escuchó dos detonaciones adicionales cayendo entonces al suelo. Efraín no conocía a sus agresores, quienes lo hirieron de bala.” Apéndice, pág. 59.

      (2) A raíz de las heridas sufridas, Efraín Santiago Nadal estuvo hospitalizado por cuarenta y cinco días y se le practicaron varias operaciones para corregir perfo-raciones en el colon y para reparar el hígado. Del tiempo que pasó en el hospital, cinco días los pasó en la Sala de Cuidado Intensivo, entubado y conectado a un respirador, y le administraron no menos de veintiséis transfusiones de sangre. Posterior a la hospitalización, fue sometido a una operación para tratar la fractura del fémur derecho, por lo que permaneció enyesado por aproximadamente dos meses. Luego fue sometido a otra operación para tratar una infección en uno de los puntos de la herida del abdomen. Además, recibió aproximadamente dieciocho terapias para darle movimiento a su pierna, rodilla y cadera. No obstante, quedó con una cojera severa por razón del acortamiento y deformidad del fémur derecho. Como resultado de lo anterior y según las determinaciones del foro de instancia, el joven Santiago Nadal quedó con un veintisiete por ciento de impedimento en sus funciones fisiológicas.

      (3) Para la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda, el deman-dante era menor de edad. Por tal razón, la demanda no estaba prescrita en cuanto a él, aun cuando fue presentada casi dos años después de ocurrido el incidente.

      (4) Este artículo dispone: “El que por acción u omisión causa daño a otro, inter-viniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La impruden-cia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reduc-ción de la indemnización.”

        (5) Administrador v. ANR, 163 D.P.R. 48, 60 (2004), citando a Ramírez v. E.L.A., 140 D.P.R. 385, 394-395 (1996).

      (6) Es preciso señalar que es un hecho estipulado por las partes que el Super-mercado Grande en controversia no está ubicado en un centro comercial regional.

      (7) De igual forma, existe vasta jurisprudencia estatal que ha establecido que establecimientos tales como restaurantes, bares, supermercados, cementerios o tien-das de conveniencia ubicados fuera de centros comerciales tienen el deber de ofrecer un grado razonable de seguridad a sus clientes mientras éstos estén en sus instalaciones. A manera de ejemplo, véanse: Gayta v. Laurel Grove Cementery Co., 731 A.2d 1245 (N.J. 1998); Clohesy v. Food Circus Supermkts., 694 A.2d 1017 (N.J. 1997); Romaguera v. Piccadilly Cafeterias, Inc., 648 So.2d 1000 (La. 1994); Polk v. Rhinestone Wrangler, 774 S.W.2d 799 (Tex. 1989); Marshall v. David’s Food Store, 515 N.E.2d 134 (Ill. 1987); Donaldson v. Olympic Health Spa, Inc., 333 S.E.2d 98 (Ga. 1985); Butler v. Acme Markets, Inc., 445 A.2d 1141 (N.J. 1982); Kelly v. Retzer & Retzer, Inc., 417 So.2d 556 (Miss. 1982); Daily v. K-Mart Corp., 458 N.E.2d 471 (Ohio 1981); Atamian v. Suprmarkets General Corp., 369 A.2d 38 (N.J. 1976).

      (8) Vale la pena señalar que este “carjacking” tuvo el mismo modus operandi que el que ocupa hoy nuestra atención.

      (9) Es por ello que resulta, cuando menos, sorprendente el hecho de que el recurrido Supermercados Grande incumpliera con dos resoluciones de este Tribunal mediante las cuales se le concedió términos para exponer su posición al respecto.

      (10) En cuanto a la causalidad en este tipo de casos, hemos expresado que “la difícil determinación de cuándo existe un nexo causal entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de tomar pre-cauciones, medidas de seguridad y protección, no puede ‘resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas las circunstancias’. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 196.” Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 310-311 (1990).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia.

      Número: EC-2006-01

      Resuelto: 24 de enero de 2006
   RESOLUCIÓN

En virtud de esta Resolución, se reactiva el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Evidencia adscrito al Secre-tariado de la Conferencia Judicial y Notarial, con la enco-mienda de evaluar las Reglas de Evidencia a la luz de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq. Los trabajos del Co-mité deberán enmarcarse en el desarrollo de un proyecto moderno de Reglas de Evidencia que esté dirigido princi-palmente a agilizar los procedimientos judiciales.

El Comité estará facultado para crear subcomités de trabajo compuestos por expertos en la materia, quienes le asistirán en la tarea de completar un proyecto de reglas en el término de nueve meses.

El Tribunal agradece la labor realizada por los miem-bros anteriores del Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia, quienes cumplieron su encomienda de entre-gar un proyecto de Reglas de Evidencia conforme les fuera solicitado mediante resoluciones del 15 de enero de 1988 y 22 de junio de 1990, respectivamente.

Se designan como nuevos miembros del Comité a las personas siguientes:

Hon. Luis Rivera Román, presidente

Hon. Kalil Bacó

Ledo. Ernesto L. Chiesa Aponte

Hon. Bruno Cortés Trigo

Ledo. Rolando Emmanuelli Jiménez

Ledo. Alberto Ornar Jiménez Santiago

Ledo. Ricardo Ramírez Lugo

Ledo. Francisco Rebollo Casalduc

Leda. Heidi Rodríguez

Ledo. Heriberto Sepúlveda Santiago

Leda. Vivian Neptune

Ledo. Fernando Luis Torres Ramírez

Ledo. Enrique Vélez Rodríguez

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez. Juez Asociado Señor Re-bollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Man Sharma, peticionario.

      Número: CC-2003-267

      Resuelto: 31 de enero de 2006

      Antonio Adrover Robles, abogado de la parte peticionaria; Eva Samantha Soto, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El Ministerio Fiscal presentó un pliego acusatorio contra el peticionario Man Sharma por éste alegadamente ha-ber infringido el Art. 105 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4067) al cometer actos lascivos e impúdicos contra una menor de siete años de edad.

Luego de la celebración de la correspondiente vista pre-liminar y antes de la celebración del juicio, el peticionario presentó una moción en solicitud de evaluación psiquiá-trica de la menor perjudicada. El Ministerio Fiscal se opuso. El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lu-gar” dicha solicitud.

Inconforme, el Estado acudió en revisión ante el enton-ces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El mencionado foro judicial emitió una sentencia revocatoria, que ordenó la devolución del caso al foro de instancia para la celebra-ción del juicio.

Insatisfecho, Man Sharma acudió ante este Tribunal. Expedimos el recurso.

I

Se confirma la sentencia recurrida; ello por razón de estar igualmente dividido el Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión en conformidad. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión en conformidad, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Fiol Matta. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente, a la cual se unieron el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Eñ el caso de autos, la víctima menor de edad fue some-tida a varias pruebas psicológicas de distinta índole antes de la fecha original fijada para la celebración del juicio del acusado, que está aún pendiente. Una de esas pruebas fue la que se realizó previo a que se llevara a cabo la vista preliminar para acusar, cuyo resultado dio lugar a que el testimonio de la menor para dicha vista fuese recibido a través del sistema de televisión de circuito cerrado. Se uti-lizó tal sistema para obtener el testimonio referido, porque quedó establecido antes, a satisfacción del foro de instan-cia, que confrontar a la víctima menor de edad con el im-putado en la vista preliminar contemplada podría causarle a la menor un serio disturbio mental que, a su vez, podría provocarle un trauma a largo plazo. Todo ello podría ocu-rrir, porque la víctima menor de edad, según el criterio de uno de los psiquiatras que ya la había examinado, presen-taba claros síntomas compatibles con un estado depresivo.

Es menester señalar que en la vista celebrada ante el foro de instancia para determinar si el testimonio de la menor perjudicada debía recibirse mediante el sistema te-levisivo de circuito cerrado, el perito psiquiátrico de la de-fensa estuvo presente, en calidad de asesor.

Todo lo anterior surge claramente del expediente de este caso. Es en el contexto de lo relatado antes que debemos evaluar la petición del acusado de realizar aún otra eva-luación psiquiátrica de la menor perjudicada.

A poco que se reflexione sobre el particular, es evidente que el foro apelativo resolvió correctamente el asunto en cuestión. Determinó dicho foro, inter alia, que al sopesar los intereses en conflicto, el perjuicio que se le podría cau-sar a la menor al someterla a otra evaluación psiquiátrica —a ser realizada por un perito del acusado— sería mayor que el que sufriría dicho acusado por denegársele la eva-luación que interesa realizar. Concluyó el foro apelativo que no existía aquí la “clara necesidad” requerida para or-denar la evaluación psicológica de la menor que el acusado interesaba realizar.

Estoy conforme con el dictamen referido del Tribunal de Apelaciones, por las razones que he expresado antes como por las que formulé más recientemente en mi opinión disi-dente sobre este mismo tema en Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002), a la que se unieron el entonces Juez Presidente Señor Andréu García y la entonces Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

No es necesario repetir ahora todos los criterios perti-nentes expresados en la referida opinión en Pueblo v. Ríos Alonso, supra. Basta con resaltar la imperiosa necesidad que existe, en casos como el de autos, de evitar en todo lo posible que la víctima menor de edad que ya sufrió un grave abuso sexual, pueda sufrir también otra intromisión que la perjudique al sometérsele a una evaluación psicoló-gica por un perito del acusado.

Para proteger en todo lo posible a la víctima menor de edad del caso de autos, son necesarias dos medidas. En primer lugar, el acusado debe demostrarle concretamente al foro de instancia, en una vista celebrada con ese propó-sito, por qué no es suficiente que la defensa se prepare para el juicio con su propio examen pericial de los informes y estudios que tenga el Ministerio Público resultantes de las varias evaluaciones psicológicas que ya se le han realizado a la menor. Es decir, la defensa debe tener acceso a las evaluaciones psiquiátricas de la víctima realizadas para el Ministerio Público, y a base de ellas, debe demostrar con-cretamente por qué es necesaria otra evaluación psicoló-gica de la menor que satisfaga los intereses de la defensa.

Debe de tenerse en cuenta que la norma fundamental que aplica, que exige que el acusado demuestre una “clara necesidad” para justificar la evaluación psicológica de la menor —quien es víctima del delito de abuso sexual que se le imputa— tiene dos vertientes. En primer lugar, la eva-luación en cuestión debe ser claramente necesaria en el sentido de que dicha evaluación sea pertinente a la defensa que el acusado ha de presentar; es decir, que el resultado de la evaluación pueda constituir un elemento favorable en la teoría exculpatoria del acusado. En segundo lugar, la evaluación debe ser claramente necesaria en el sentido de que no hay otro modo de obtener la información que la defensa interesa tener.

No se ha demostrado adecuadamente en el caso de autos lo segundo: que el acusado necesita una nueva evaluación psicológica de la menor para obtener la información que le permita intentar rebatir que la menor padece del síndrome de niño abusado sexualmente. La defensa no ha explicado concretamente, más allá de sus meras alegaciones conclu-sorias, por qué no le sirven para sus propios propósitos los informes y estudios que existen sobre las otras evaluacio-nes psicológicas que ya se han realizado a la víctima menor de edad. Hasta que no demuestre que son insuficientes las evaluaciones anteriores, no ha satisfecho la norma de “cla-ra necesidad”.

En segundo lugar, si la defensa llegara a demostrar lo indicado antes, entonces la evaluación adicional a petición del acusado debe realizarla un perito nombrado por el tribunal, a quien la defensa le plantee lo que crea menester respecto al particular. Pero, luego de haber escuchado lo que tenga que decir la defensa, el perito del tribunal será quien deba realizar la evaluación en cuestión, según crea procedente para salvaguardar la integridad emocional y la intimidad de la menor.

En mi criterio, sólo con las dos medidas mencionadas antes se establece un balance adecuado entre derecho del acusado a una legítima defensa y el derecho de la perjudi-cada menor de edad a su intimidad e integridad y a no ser victimizada una vez más.

Como estas dos indispensables medidas no le han sido solicitadas por el acusado al foro de instancia en el caso de autos, es correcta la determinación del Tribunal de Apela-ciones en la que se deniega la solicitud del acusado para realizar de su parte otra evaluación psicológica más de la víctima menor de edad de este caso.

— O —

Opinión de conformidad de la

Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez.

Estoy conforme con el resultado de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos, la que se confirma mediante la sentencia que hoy dictamos por estar igualmente dividido este Tribunal.

Escribo para señalar que estimo que en casos como el de autos se requiere sopesar los criterios identificados en Pena v. Pena, 164 D.P.R. 949 (2005), antes de determinar si procede o no someter a una menor de edad, víctima de delito sexual, a unas pruebas sicológicas por parte del acu-sado, adicionales a las que ya fuera sometida por el Minis-terio Público. Sólo de esta forma se logra “minimizar cual-quier efecto perjudicial que las constantes evaluaciones [sicológicas] tiene sobre los menores”. Id., pág. 963.

Ponderando los factores enumerados en Pena v. Pena, ante, a la luz de los hechos particulares de un caso, es que se logra establecer un balance adecuado entre el interés del acusado de defenderse en un proceso criminal llevando a cabo un descubrimiento de prueba adecuado, frente al derecho a la intimidad de los menores y al interés apre-miante del Estado de velar por la salud física y emocional de un menor. Los jueces debemos velar por que en los pro-cesos que se ventilen ante los tribunales en los que esté involucrado un menor víctima de delito sexual, el proceso en sí no le revictimice. Ello se hace más necesario en casos como el de autos, donde la condición mental de la víctima no está relacionada con un elemento esencial del delito imputado. Cf., Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002).

Finalmente, debo señalar que estimo que el hecho que en casos de esta naturaleza el Ministerio Público someta a una víctima a una evaluación sicológica, no hace un nuevo examen menos invasivo y potencialmente perjudicial a la salud emocional de la menor. A mi juicio, ese factor no puede ser considerado como un criterio para sostener que el derecho a la intimidad o a la integridad de la menor no se verá afectado autorizando los nuevos exámenes.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Por hechos alegadamente ocurridos el 31 de agosto de 2002, el acusado peticionario Man Sharma() fue acusado por el delito de actos lascivos o impúdicos,() contemplado en el Art. 105 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4067).() La alegada víctima de los actos im-putados fue la menor C.F.G. quien, al momento de los he-chos, tenía siete años de edad.

Posteriormente, y antes de celebrarse la vista prelimi-nar, el Ministerio Fiscal presentó una moción ante el foro primario para solicitar que el testimonio de la menor fuera celebrado a través del sistema televisivo de circuito cerrado. Como consecuencia de la referida solicitud, se ce-lebró la correspondiente Vista de Determinación de Nece-sidad, conforme lo dispone la Regla 131.1(3) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.() En dicha vista, el Estado utilizó el testimonio del Dr. Raúl López Menéndez, psiquiatra forense. Surge de la resolución del foro primario —en la que se declaró “ha lugar” la referida solicitud— que el doctor López Menéndez testificó que había evaluado a la menor y que ésta presentaba síntomas compatibles con un estado depresivo, por lo que confrontarla con el imputado podría causarle un serio disturbio mental que, a su vez, podría provocar un trauma a largo plazo. La posición del Estado fue avalada por el tribunal.

El 9 de diciembre de 2002 se celebró la vista preliminar. En ésta la menor C.F.G. declaró —vía circuito cerrado— contra el acusado. El foro primario determinó que existía causa probable para acusar. Antes de la celebración del juicio y luego de presentar una moción al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, ante, entre otras co-sas, para obtener información relacionada con las pruebas psicológicas o psiquiátricas a las que fue sometida la me-nor, la defensa del acusado presentó una Moción Solici-tando Evaluación Psiquiátrica de la Menor Perjudicada. En ésta sostuvo que en el caso de autos se cumplía el cri-terio de “clara necesidad” establecido en Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762 (1994), para los casos en que la de-fensa de un acusado solicita la evaluación psicológica de un menor víctima de algún delito de abuso sexual. Específica-mente, adujo que, como el Ministerio Público utilizó prueba pericial para establecer que C.F.G. presentaba las características comunes que presentan las personas que han sido objeto de abuso sexual, el acusado debería tener la misma oportunidad, ya que su necesidad de una defensa adecuada sobrepasa el posible perjuicio a la intimidad de la víctima; alegó, además, que tenía serias dudas sobre si la menor presentaba las características del síndrome del niño abusado sexualmente.() Finalmente, argüyó que, como la menor había sido objeto de evaluaciones previas por parte del Ministerio Público, el temor de que la natu-raleza intimidante y embarazosa de un examen psicológico aumente el trauma de la menor no estaba presente.()

El Estado se opuso a la evaluación psiquiátrica solici-tada expresando, entre otras cosas, que el perito contra-tado por la defensa estuvo presente, en calidad de asesor, en la vista de necesidad previamente celebrada. Sostuvo que, contrario a lo expresado por el acusado, el testimonio del doctor López Menéndez en la vista de necesidad no versó sobre la posible presencia en la menor de las carac-terísticas del síndrome del niño abusado sexualmente. In-dicó que el mencionado testimonio únicamente estableció el posible efecto que tendría en la menor declarar en presen-cia del acusado. Por último, alegó que el acusado no probó que existiera la clara necesidad que justifique la invasión al derecho a la intimidad de C.F.G.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2003, el Ministerio Público presentó una acusación enmendada en la que, entre otras cosas, incluyó al Dr. Raúl López —psiquiatra que eva-luó a la menor— como testigo de cargo. () El tribunal, luego de evaluar las posiciones de ambas partes —respecto a la solicitud de evaluación psiquiátrica y de enmienda a la acusación— emitió una resolución en la que declaró ha lu-gar ambas solicitudes. En lo pertinente, el foro de instan-cia concluyó que como el Estado pretendía demostrar que la menor fue víctima del síndrome del niño abusado sexualmente, la defensa tenía derecho a demostrar lo con-trario en igualdad de condiciones. Sostuvo, además, que un examen adicional a los ya efectuados no debería causar mayor intromisión a la privacidad de la menor.

Inconforme con tal determinación, el 24 de febrero de 2003, el Procurador General acudió en representación del Ministerio Público —vía recurso de certiorari— ante el en-tonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Alegó, en sín-tesis, que el foro primario erró al declarar “con lugar” la solicitud de la defensa, ya que la condición mental de C.F.G. no era un elemento del delito imputado y el acusado no había demostrado que existiera la clara necesidad re-querida para ordenar el examen psiquiátrico solicitado. El Tribunal de Circuito de Apelaciones ordenó al acusado mostrar causa por la cual no debería revocar la orden re-currida; paralizó, además, los procedimientos a nivel de instancia.

Luego de evaluar la comparecencia del acusado, el men-cionado foro revocó la orden recurrida y devolvió el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos. Al así resolver, el foro apelativo interme-dio sostuvo que el Ministerio Público no había utilizado prueba pericial para demostrar que la menor padecía del síndrome del niño abusado sexualmente, por lo que la con-tención del acusado a los efectos de que se debía confirmar si en efecto existía dicho síndrome era inmeritoria. De igual forma, dispuso que como el acusado no esbozó hechos u otra evidencia demostrativa de la necesidad de efectuar la evaluación solicitada, el foro primario no hizo buen uso de su discreción al concederla, ya que al sopesar los inte-reses en conflicto el perjuicio que se le podría causar a la menor en cuanto a su intimidad e integridad sería mayor que el que sufriría el acusado de denegársele la evaluación solicitada. Por último, el mencionado foro enunció que, a su juicio, el conocimiento a fondo de la realidad de la menor C.F.G. no era indispensable para la adecuada defensa del acusado.

Insatisfecho con dicha determinación, el acusado peti-cionario acudió, vía certiorari, ante este Tribunal. Alegó, en síntesis, que el foro apelativo intermedio erró al resolver que no existió la “clara necesidad” requerida para ordenar la evaluación psicológica de la menor y que el interés de ésta en cuanto a su intimidad e integridad era mayor que el del acusado respecto a una defensa adecuada. Asimismo, el peticionario cuestiona la determinación relativa a que el conocimiento de la realidad mental de la menor no era indispensable para su adecuada defensa.() Finalmente, adujo que las condiciones para solicitar la evaluación las creó el Ministerio Público al anunciar como testigo al doctor López Menéndez e intentar presentar mediante su tes-timonio prueba relativa al síndrome del niño abusado sexualmente.

Expedimos el recurso y ordenamos la paralización de los procedimientos a nivel del tribunal de instancia. En su ale-gato, el Procurador General sorpresivamente acepta, por primera vez, que el Ministerio Público se propone utilizar el testimonio del doctor López Menéndez para probar la exis-tencia en la menor de las características relacionadas al síndrome del niño abusado sexualmente. Arguye que, a pe-sar de ello, el acusado no estableció una clara necesidad para que el tribunal ordenara la evaluación. Sostiene, fi-nalmente, que el acusado no quedará desprovisto de una defensa adecuada ya que, de acuerdo con las Reglas 52 a 59 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, podrá tener el beneficio de estar asistido por un perito durante la celebración del juicio y éste podrá declarar sobre el comportamiento y sa-lud mental de la menor.

Hoy, y por encontrarse igualmente dividido el Tribunal, se emite una sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones. Disentimos; veamos por qué.

WH

Como es sabido, nuestro sistema de justicia criminal ga-rantiza que todo acusado tenga derecho a preparar adecua-damente su defensa. Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. Cónsono con ello, este Tribunal ha resuelto que “el derecho a un descubrimiento de prueba es consus-tancial con el derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra”. Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 147 (2004). Véanse, además: Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, ante.

El vehículo procesal provisto en las Reglas de Procedi-miento Criminal para que todo acusado pueda preparar adecuadamente su defensa es el descubrimiento de prueba, el cual está delimitado por las Reglas 94, 95 y 95B de Pro-cedimiento Criminal. () No obstante, ninguna de estas re-glas establece que un acusado de unos supuestos actos pueda obligar a la víctima a que se someta a una evalua-ción psicológica. Pueblo v. Arocho Soto, ante.

Predicado en que el aludido derecho no es absoluto, he-mos sostenido que

“[e]l descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Re-gla 95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en los archivos de fiscalía, ni que facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 566 (2003), citando a Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 246-247 (1979). Véase, además, Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 467 (1982).

Así, pues, cuando un acusado solicita, como parte del descubrimiento de prueba, que la víctima de un delito sexual se someta a una evaluación psicológica o psiquiá-trica —a ser realizada por un perito de su selección— nace un conflicto entre el derecho del acusado al descubrimiento de prueba y a una defensa adecuada, y el derecho de la víctima a su intimidad e integridad personal.() En vista del aludido conflicto, desde Pueblo v. Arocho Soto, ante, quedó establecido en nuestra jurisdicción que para que pro-ceda la mencionada evaluación el acusado debe demostrar que existe una “clara necesidad” de que ésta se lleve a cabo.

En otras palabras, los tribunales no debemos utilizar livianamente la facultad de conceder los aludidos exáme-nes, ya que se trata de una facultad discrecional que sólo debe ejercerse después de sopesar los intereses en conflicto, o sea, cuando la necesidad del acusado supera el perjuicio que pudiera sufrir la intimidad e integridad de la persona a ser evaluada contra su voluntad. Pueblo v. Arocho Soto, ante, pág. 767; Otero v. Delbrey, 144 D.P.R. 688, 701 (1998).()

Tanto en Puerto Rico() como en un número considerable de jurisdicciones estatales norteamericanas,() se ha reconocido que la naturaleza intimidante y embarazosa de un examen psicológico puede aumentar el trauma emocio-nal que sufre la víctima, en especial cuando las víctimas son menores de corta edad. Asimismo, dicho examen puede tener el efecto de llevar a ésta a inhibirse de informar la comisión de delitos de abuso sexual en su contra, y de ate-morizarla de tal manera que llegue al punto de negarse a declarar en el juicio.

Ante estas posibles consecuencias, en varias jurisdiccio-nes de Estados Unidos se han adoptado diversos exámenes (tests) para determinar si el acusado ha demostrado una clara necesidad para la evaluación pericial. El examen (test) más aceptado es el establecido en State v. Delaney, 417 S.E.2d 903, 907 (1992), en donde se resolvió que el juez, a la hora de tomar su decisión, deberá evaluar los criterios siguientes: (1) la naturaleza de la evaluación soli-citada y el grado de intromisión inherente de ésta; (2) la edad de la víctima; (3) los posibles efectos físicos o emocio-nales que pueda sufrir la víctima por causa de la evalua-ción; (4) el valor evidenciario de la evaluación con respecto a la controversia ante el tribunal; (5) el tiempo transcu-rrido entre la evaluación y el acto criminal imputado, y (6) la evidencia con la que cuenta el acusado para su defensa. Véase, además, In re Michael H., 602 S.E.2d 729, 732-733 (2004).

Evaluado el examen (test) antes citado, consideramos que constituye una herramienta adecuada para que nues-tros jueces de instancia puedan determinar si, dadas unas circunstancias particulares, existe una clara necesidad de realizar una evaluación psicológica a una víctima de delito sexual. Ello no obstante, y por las razones que exponemos a continuación, no hay necesidad de utilizar dicho examen (“test”) en el caso.

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En este caso nos enfrentamos a una situación muy particular. Como expresamos anteriormente, el Ministerio Público ha aceptado que se propone establecer, mediante el testimonio de su perito, que la menor C.F.G. padece del síndrome del niño abusado sexualmente. Esta circunstan-cia,, a nuestro juicio, prácticamente establece la clara nece-sidad que se requiere que el acusado establezca para orde-nar una evaluación psicológica a una víctima de delito sexual. Veamos.

En Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002), resol-vimos una controversia un tanto similar. Allí expresamos que un acusado no está obligado a establecer una “clara necesidad”, para evaluar psicológicamente a la víctima del delito sexual, cuando la condición mental de la víctima está relacionada a un elemento esencial del delito imputado. Somos conscientes de que en el caso de autos la condición mental de C.F.G no está relacionada a elemento alguno del delito', no obstante, consideramos que el efecto devastador que podría tener el testimonio del doctor López Menéndez en la mente del juzgador de hechos —en este caso el Jurado— nos obliga a resolver de la misma forma. Veamos.

En el caso Pueblo v. Ríos Alonso, ante, págs. 445-446, expresamos que

[e]l asumir que un perito que no ha examinado a la víctima está en igual posición que aqu[e]l que la ha examinado, ignora las diferencias inherentes entre los testimonios de ambos peritos. Un perito que ha examinado personalmente a la víc-tima está en mejor posición para emitir una opinión que aqu[e]l que no la ha examinado. Además, éste puede asistir con mayor efectividad a la defensa en el contra interrogatorio de los testigos de cargo. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

En vista de ello —y citando con aprobación la decisión emitida por el Tribunal Supremo de Illinois en People v. Wheeler, 602 N.W.2d 826 (1992)— expresamos:

... El testimonio psicológico es muchas veces controvertido y el valor de una opinión pericial depende en gran medida de la base de su opinión. ... En vista que en este caso el Estado ha tenido el derecho exclusivo para examinar a [la víctima], la credibilidad de sus peritos se ha elevado por encima de la de los peritos de la defensa, quienes no han examinado a la víctima. Por ello, determinamos que es esencialmente injusto que el Estado pueda presentar testimonio de peritos que han examinado a la víctima mientras el acusado está limitado a utilizar el testimonio de un perito que no ha podido examinar a ésta. (Énfasis suplido.)

En People v. Wheeler, ante, un individuo fue acusado de abusar sexualmente de su hija de once años.() Antes de comenzar el juicio, éste se enteró de que el Ministerio Pú-blico se proponía presentar evidencia pericial relativa a la existencia en la menor de las características asociadas con el “rape trauma syndrome”, equivalente al síndrome del niño abusado sexualmente. Ante tal situación, la defensa solicitó que se le permitiera evaluar a la menor por su pro-pio perito o que, en la alternativa, no se le permitiera al Estado presentar la mencionada evidencia. El foro prima-rio denegó dicha solicitud y, luego de celebrado el juicio —en el cual testificó el perito del Estado— declaró culpable al acusado. Posteriormente, éste apeló su convicción adu-ciendo, entre otras cosas, que se le privó de su derecho a un juicio justo al no permitírsele realizar un examen psicoló-gico independiente a la menor.

Al revocar la convicción del acusado, el Tribunal Supremo de Illinois expresó que como la evidencia relativa a la existencia del síndrome del niño abusado sexualmente está dirigida a establecer que éste, en efecto, fue objeto de abuso sexual, el hecho de que el Estado pretendiera utilizar dicha evidencia presentaba una “clara necesidad”para que el acusado evaluara a la victimad ) En vista de ello, deter-minó que se violó el debido proceso de ley del acusado, ya que éste fue colocado en una situación sumamente desven-tajosa al únicamente permitírsele —durante el testimonio del perito del Ministerio Público— estar asistido por un perito que nunca evaluó a la menor.( )

Resulta evidente que el hecho de que el acusado peticio-nario no tenga la oportunidad de evaluar a la menor —tal como lo ha hecho el Estado— lo colocará en una situación sumamente desventajosa. Máxime cuando la norma en esta clase de delitos es que los hechos se dan “a solas, entre adultos y niños de tierna edad”/) por lo que usualmente existe muy poca evidencia corroborativa. Ciertamente, en estas circunstancias el acusado verá considerablemente li-mitadas sus oportunidades de tener una defensa adecuada. Ello en vista de que, como correctamente se expresara en People v. Wheeler, ante, la evidencia pericial del Ministerio Fiscal —relativa a la existencia del síndrome del niño abu-sado sexualmente— está dirigida a establecer que éste, en efecto, fue abusado sexualmente.

Reiteramos que la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico protege el derecho de todo ciudadano acusado en un procedimiento criminal a obtener un juicio justo e imparcial, y establece que sólo se podrá privar a una persona de su libertad o propiedad mediante un debido proceso de ley. Art. II, Secs. 7 y 11, Const. E.L.A., ante. Véanse: Pueblo v. Surez, 163 D.P.R. 460 (2004); Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993).

Dicho de otra manera, permitir que el Estado presente la prueba anunciada sin que el acusado pueda refutarla en igualdad de condiciones, equivaldría a una clara y palpable violación al debido proceso de ley. Por tal razón, somos del criterio de que en la situación particular del caso de autos, donde la menor perjudicada ha sido expuesta a va-rias evaluaciones psiquiátricas por parte del Ministerio Público y, hasta la fecha, ha podido declarar tranquila-mente ante el tribunal, el balance de intereses entre el de-recho de ésta a su intimidad e integridad y el del acusado a una defensa adecuada y a un debido proceso, obliga a de-cidir a favor de éste último.

Debe señalarse, por otro lado, que el argumento del Es-tado relativo a que la evaluación solicitada afectará el de-recho a la intimidad o la integridad de la menor, choca con el hecho de que ésta ha sido evaluada en varias ocasiones por el perito del Ministerio Público. Cabe preguntarse: ¿qué diferencia hace, específicamente en cuanto al aspecto de la invasión a la intimidad de la perjudicada y lo traumático que para ella pueda resultar el examen psicológico que ha de realizarse, que el referido examen lo lleve a cabo un perito seleccionado por el Ministerio Público, por la de-fensa o designado por el tribunal?

Impedir que el perito de un acusado evalúe psicológica-mente a la alegada víctima del delito sexual, argumen-tando que dicha evaluación puede afectar la intimidad e integridad de ésta, mientras simultáneamente consenti-mos a que el Estado realice el mismo tipo de prueba me-diante su perito particular sin traba alguna, resulta muy conveniente para los intereses del Estado y actúa en detri-mento del debido proceso de ley del acusado. Nuestro sen-tido de justicia nos impide avalar dicha posición.

Ahora bien, somos conscientes de la posibilidad de que la víctima de un caso determinado no pueda, o no quiera, someterse a una segunda evaluación. Después de todo, su derecho a la intimidad, por su exaltado rango constitucio-nal,() no permite que ésta sea obligada a someterse a un examen físico o mental.

Predicado en ello, y en aras de proteger cualquier posi-ble situación perjudicial para la menor en este caso, orde-naríamos al foro de instancia que provea las medidas pro-tectoras que estime apropiadas durante la celebración de la aludida evaluación. Meléndez, F.E.I., 135 D.P.R. 610, 622 (1994). Ahora bien, si la menor C.F.G decide no someterse a la evaluación, el Ministerio Público no podría presentar evidencia pericial relativa a la existencia del síndrome del niño abusado sexualmente. Esto, claro está, sin perjuicio de que pudiera presentar la aludida prueba mediante la opi-nión de expertos que no hayan examinado a la menor. People v. Lopez, ante; People v. Wheeler, ante, pág. 833; Regla 95B(e) de Procedimiento Criminal, ante.

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En mérito de lo antes expuesto, revocaríamos la senten-cia emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y devolveríamos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí expresado.

      (1) El acusado era residente del estado de California.

      (2) La acusación disponía lo siguiente:
      . allá o para el 31 de agosto de 2002, en Caguas, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, con la intención criminal y sin intentar consumar acceso carnal cometió un acto lascivo o impúdico contra el ser humano de 7 años de edad ..., consistente en que mediante empleo de fuerza física irresistible el aquí imputado le tocó el área de los senos y la besó en el área de la boca en varias ocasiones”. Acusa-ción enmendada, pág. 1.

      (3) Dicho artículo disponía que cometía actos lascivos o impúdicos
      “[t]oda persona que sin intentar consumar acceso camal cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra [y que] será sancionada con una pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes moda-lidades:
      “(a) Si la víctima fuere menor de 14 años.” 33 L.P.R.A. sec. 4067.

      (4) La Regla 131.1(3) establece, en lo aquí pertinente:
      “(3) Determinación de necesidad. Para determinar si existe la probabilidad de que el menor sufra disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectiva-mente de tener que testificar frente al acusado, el juez podrá observar e interrogar al menor dentro o fuera del tribunal, así también podrá escuchar testimonio de los padres, encargados, custodios, tutor o defensor judicial del menor y cualquier otra persona, a discreción del juez, que contribuya al bienestar del menor, incluyendo a la persona o personas que hayan intervenido con el menor en un ambiente terapéutico por la naturaleza del delito cometido:
      “(a) El acusado, el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso tendrán derecho a estar presentes cuando el juez escuche testimonio para determinar si au-toriza que la víctima menor de edad testifique fuera de la sala donde se ventila el proceso, mediante el sistema de circuito cerrado de una o dos vías.
      “(b) Si el juez decide observar o interrogar al menor perjudicado para hacer la determinación acorde con la cláusula (a) de este inciso, estarán presentes el abo-gado de la defensa y el fiscal a cargo del caso.” 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (5) La teoría del síndrome del niño abusado sexualmente establece que un me-nor que haya sido víctima de abuso sexual exhibe, de ordinario, una serie de “carac-terísticas” propias de esa situación, las cuales pueden ser reconocidas por el testigo pericial. Entre otras características los niños demuestran miedo, confusión, ver-güenza, pesadillas, incontinencia, retraimiento y bajo aprovechamiento escolar. Pueblo v. Canino Ortiz, 134 D.P.R. 796, 805 (1993).

      (6) En su solicitud, el señor Sharma expresó haber contratado al Dr. Guillermo J. Hoyos Precssas para realizar tal evaluación.

      (7) La nueva acusación expone lo siguiente:
      "... allá en o para el 31 de agosto de 2002, en Caguas, Puerto Rico, Sala Superior de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal y sin intentar consumar acceso carnal cometió un acto lascivo o impúdico con el ser hu-mano [C.G.P.], consistente en que siendo la víctima menor de catorce (14) años de edad, el aquí acusado la sentó sobre sus piernas en el área del pene, le tocó el área de los senos y la besó en el área de la boca en varias ocasiones.” Acusación enmendada, pág. 1.

      (8) Además de presentar el mencionado recurso, el peticionario presentó una moción en auxilio de jurisdicción. En ésta solicitó que paralizáramos lo procedimien-tos ante el foro primario hasta que se dispusiera de la controversia relativa a la evaluación psiquiátrica.

      (9) 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (10) Otero v. Delbrey, 144 D.P.R. 688, 701 (1998).

      (11) La norma de la clara necesidad adoptada en Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762 (1994), es la que han adoptado la mayoría de las jurisdicciones estatales.

      (12) Otero v. Delbrey, ante, pág. 702; Pueblo v. Arocho Soto, ante, pág. 768.

      (13) In re Michael H., 602 S.E.2d 729 (2004); State v. Redd, 642 A.2d 829, 834 (1993); People v. Chard, 808 P.2d 351 (Colo.1991); State v. LeBlanc, 558 So. 2d 507 (1990); State v. Nelson, 453 N.W.2d 454 (1990); People v. Woertman, 786 P.2d 443 (Colo. 1989); People v. Griffin, 524 N.Y.S.2d 153, 155 (1988); State v. R.W., 514 A.2d 1287 (1986); Moor v. State, 709 P.2d 498 (Alaska 1985); State v. Braxton, 580 P.2d 1116 (Wash. 1980); Holder v. State, 396 N.E.2d 112 (1979); State v. Gregg, 602 P.2d 85 (Ka. 1979); Ballard v. Superior Court of San Diego County, 410 P.2d 838 (Ca. 1966).

      (14) El delito por el cual fue acusado el imputado no tenía como elemento del delito nada relativo a la condición mental de la víctima.

      (15) People v. Wheeler, 602 N.W.2d 826, 831 (1992).

      (16) Véase, además, People v. Lopez, 800 N.E.2d 1211 (2003).

      (17) Pueblo v. Canino Ortiz, ante, pág. 804.

      (18) Otero v. Delbrey, ante; Pueblo v. Arocho Soto, ante.