author: El Juez Pebsidente Senos. del Tobo

text:
    María Aldea y Díaz, demandante y apelante, v. Paulina Jesusa, Lucía Enriqueta, Marcos Daniel, Cristóbal Manuel, Belén Ana y Manuel Wenceslao Tomás y Piñán, y Marcos Tomás Caneja, también nombrado Marcos Tomás Díaz Caneja, en su carácter de heredero de Santiago Sabino Tomás y Piñán, demandados y apelados.
    Núm. 7000.

    Sometido: Marzo 9, 1937.

      Resuelto: Junio 18, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados de los apelados.
   El Juez Pebsidente Senos. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una reclamación de quinientos dólares por cierto derecho de homestead. El pleito se inició en una corte municipal decidiéndose en favor de la demandante y luego se resolvió en apelación en una de distrito en su contra. La demandante es la viuda de Fernando Pozada, dueño con ella de la finca en la cual se alega que se constituyó el derecho, y los demandados son los herederos de Ana Piñán, acree-dora hipotecaria que ejecutó la finca sin satisfacer el dere-cho.

Sostiénese sustancialmente en la demanda que Fernando Pozada y su esposa la demandante adquirieron en 1907 en Puerta de Tierra un solar con casa de dos plantas de con-creto marcada con el número 84 de la Calle de San Agustín; que en la finca constituyeron su hogar seguro viviendo la demandante en ella con su esposo y fallecido éste en 1925 con sus-hijos y nietos hasta que se vió obligada a desalojarla a virtud del procedimiento hipotecario sumario instado por los demandados; que en abril 4, 1925, la demandante y su esposo tomaron a préstamo a la causante de los demandados Ana Piñán tres mil dólares y para garantir su devolución hi-potecaron la finca sin renunciar su derecho de hogar seguro, siendo en el momento de la constitución del gravamen Fernando Pozada jefe de familia y con su familia ocupando la indicada finca; que' la Señora Piñán falleció en 1925, ad-judicándose a sus herederos los demandados el crédito hi-potecario que vencido y no satisfecho fué por ellos ejecu-tado vendiéndose la finca en pública subasta a F. Rivera Collazo, en agosto 30, 1928, por $4,100, sin que los deman-dados pagaran a la demandante los quinientos dólares im-porte de su derecho de hogar seguro.

Contestaron los demandados negando que la demandante tuviera constituido su hogar seguro sobre la casa descrita en la demanda y alegando que dicha casa y “otra más al fondo del mismo solar” fueron construidas por su esposo en sustitución de la que en 1907 comprara a José Fernández y que destruyó un incendio con tres mil dólares que tomó prestados a Antonio G-ayol, préstamo que garantizó con hipo-teca para cancelar la cual tomó prestada otra suma igual a la causante de los demandados que quedó también garantizada con hipoteca y fué la que al cobrarse dió origen a la venta de la finca en pública subasta.

Los demandados reprodujeron en su contestación sus ex-cepciones a la demanda de falta de hechos, de prescripción y de defecto de parte demandada.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes introdujeron su evidencia y la corte por los motivos que dejó consignados en una relación del caso y opinión declaró la demanda sin lugar, con las costas a la demandante. Dijo la corte sen-tenciadora :

“La hipoteca que dió lugar a dicho procedimiento ejecutivo fué constituida por escritura núm. 15 de 4 de abril de 1925 ante el No-tario don Luis E. Dubón. De dicha escritura no aparece que los deudores hipotecarios o sea la demandante y su esposo ahora difunto renunciasen al derecho de homestead que pudiesen tener sobre la finca hipotecada. Sin embargo, de dicha escritura aparece que en el mismo acto y por el mismo documento se canceló una escritura de hipoteca por cantidad igual a la constituida a favor de la causante de los demandados, o sea $3,000 de principal, constituida dicba hipo-teca cancelada por diebo documento a favor de don Antonio Gayol y Martínez, y por escritura de 15 de marzo de 1922 ante el Notario don E. H. F. Dottin, debidamente inscrita en el Registro de la Pro-piedad. No aparece de la evidencia que al otorgarse la hipoteca a favor de Gayol, se renunciase al derecho de homestead pero aparece de la declaración del demandado Mareos Tomás Caneja, que al cons-tituirse la hipoteca a favor de su esposa doña Ana Piñán y Acevedo, causante de los demandados, el Sr. Pozada entonces dueño de la finca hipotecada, le manifestó que aquella hipoteca se constituía para can-celar la de Antonio Gayol y Martínez, y que esta última o sea la de Gayol se había constituido con el fin de levantar fondos para la cons-trucción de la casa hipotecada. .
“Esta declaración de Marcos Tomás Caneja fué objetada por la demandante, basando su objeción en la jurisprudencia sentada por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343, declarándose sin lugar la objeción por entender la corte que la jurisprudencia establecida en dicho caso no es aplicable al presente por no hallarse este caso comprendido dentro de las dispo-siciones de la ley interpretada en el caso de Wilcox v. Axtmayer, supra.' En el presente caso no se trata de una acción establecida por los herederos o causahabientes de un finado. La acción establecida lo fué por la demandante, por su propio derecho y tratándose de una admisión hecha en su contra por su predecesor en título es per-fectamente admisible de acuerdo con lo establecido en el caso de Falero v. Falero, 15 D.P.R. 122.
“La declaración de Marcos Tomás Caneja está corroborada por la circunstancia de que la hipoteca a favor de su esposa fué consti-tuida en el mismo documento en 'que se canceló la hipoteca de Antonio Gayol y Martínez, apareciendo además de dicha escritura que la casa originalmente comprada por Pozada y su esposa, la deman-dante, fué destruida por un incendio, habiéndose adquirido por edi-ficación que hicieron los esposos Pozada-Aldea la casa que actual-mente existe y que fué objeto de las dos hipotecas a que hemos hecho referencia.
“Quedando establecido el hecho de que el dinero procedente del préstamo con hipoteca de Antonio Gayol fué invertido en la edifi-cación de la casa hipotecada, y habiéndose probado además que con el dinero recibido de doña Ana Piñán, causante de los demandados, se canceló la hipoteca de Gayol, réstanos determinar si bajo tales circunstancias la demandante tiene- derecho a reclamar de los de-mandados el homestead objeto de este pleito.
“No bay duda alguna de que la demandante y su esposo no hu-bieran podido dentro de los términos de la Ley de Homestead recla-mar cantidad alguna por dicho concepto al anterior acreedor hipo-tecario, Sr. Gayol, toda vez que su crédito fué constituido para garan-tizar cierta cantidad de dinero que se invirtió en la construcción de la casa. Si como aparece de la evidencia el dinero prestado a la demandante y a su esposo por la causante de los demandados fué invertido en pagar el crédito de Gayol, tenemos entonces que la causante de los demandados se subrogó en los derechos de Gayol, de tal manera que si contra él no podía reclamarse el derecho de homestead, tampoco podía reclamarse contra los demandados. Sobre este particular ha dicho nuestro Tribunal Supremo:
“ ‘El estatuto nuestro sobre la materia dispone que el derecho de hogar seguro sólo podrá dejar de reclamarse cuando la ejecución de la propiedad sobre la que está constituido proceda a virtud de la falta de pago de las contribuciones impuestas a la misma, del precio de su compra, o de la responsabilidad incurrida para mejoras que en ella se hicieren. En tal virtud, sólo hubiera podido tener éxito la defensa del demandado si se hubiera demostrado que la hipoteca cancelada con parte del dinero que prestó a la demandante, se había constituido para hacer frente a todas o a algunas de las indicadas obligaciones, y tal demostración no se hizo.’ Rim v. Barreto, 46 D. P. R. 369, 373.
“A contrario censu, habiéndose demostrado en este caso que el dinero prestado por la causante de los demandados fué invertido en cancelar la hipoteca de Gayol, tenemos que concluir que tampoco puede reclamarse el derecho de homestead contra dichos deman-dados. ’ ’

No conforme la demandante apeló para ante este tribunal. Señala en sn alegato cinco errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al permitir declarar al demandado Marcos Tomás Caneja; al declarar probado que la hipo-teca de Gayol se pagó con el dinero tomado a la causante de los demandados; al resolver que la demandante no hu-biera pudido- reclamar su derecho de hogar seguro de Gayol; al decidir que por el mero hecho de que la hipoteca de Gayol se pagara con dinero tomado a préstamo a la causante dé-los demandados quedó dicha causante en la misma posición que Gayol no podiendo prosperar tampoco contra ella la re-clamación, y al dictar su sentencia contraria a la prueba y a la ley.

Por el primero de los errores señalados se levanta nna interesante cuestión de derecho. Ordena la ley que se invoca:

“Sección 3. — En las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripcio-nes de esta Sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se susci-taren de transacciones habidas con éste.” Sección 3 de la Ley para prescribir quiénes son testigos hábiles, aprobada en mayo 10, 1904, Leyes de 1904, p. 121.

Es oierto que no se trata aquí estrictamente de una ac-ción por o en contra de albaceas, administradores o tutores, o de una demanda por o en contra de los herederos y repre-sentantes legales de un finado suscitada a virtud de transac-ciones habidas con éste, pero no puede negarse que el pleito, se inició por la viuda que alegando haber continuado ocu-pando la finca como su hogar seguro a la muerte del esposa que con ella constituyera dicho hogar, basa en ello el dere-cho que reclama, ni tampoco que la declaración del deman-dado que compareció como testigo se refería a transacciones, realizadas con el esposo fenecido.

Sin embargo, tratándose como se trata de una ley de ex-cepción, creemos que no erró la corte sentenciadora al no apli-carla a un caso que no está comprendido estrictamente dentro, de sus preceptos. Esto no quiere decir que admitida la de-claración deban perderse de vista los motivos que llevaron al legislador hasta decretar la prohibición absoluta de declarar en casos semejantes, cuando llegue el momento de pesar la evidencia aportada por una y otra parte.

Los otros cuatro errores serán estudiados conjuntamente ya que para resolverlos precisa analizar en conjunta la evidencia relacionándola con las alegaciones de una y otra parte y la ley y la jurisprudencia aplicables.

La demandante introdujo en evidencia los autos del pleito núm. 6738 seguido en la Corte de Distrito de San Juan por los aquí demandados contra la aquí demandante y sus Lijos sobre ejecución de hipoteca de los cuales resulta que se pi-dió sentencia por $3,625 por capital e intereses del crédito hipotecario de .tres mil dólares constituido por escritura pú-blica de abril 14, 1925, a favor de la causante de los aquí -demandados; que dictada la sentencia, se ordenó la venta en pública subasta de la finca hipotecada, y que la venta se llevó ,a efecto en agosto 30, 1928, por $4,100 pagándose a los aquí •demandados $4,021.66, dejándose el resto para satisfacer las contribuciones adeudadas. El márshal notificó a los inquili-nos que debían desalojar la casa. Entre los “inquilinos” figura la aquí demandante María Aldea Díaz.

La dicha escritura de abril 14, 1925, se transcribe íntegra en la exposición del caso. Fue otorgada por Fernando Po-zada y su esposa la demandante de una parte, de otra Antonio G-ayol y de otra Marcos Tomás Oaneja quien concu-rrió en representación de su esposa Ana Piñán.

Expusieron los esposos Pozada-Aldea que eran dueños de un solar con casa en Puerta de Tierra, siendo la casa de dos plantas, de concreto, y estando marcada con el núm. 84 de la calle de San Agustín; que adquirieron el solar “y otra casa que en el mismo existía y que fue destruida por un incen-dio”, por compra a José Fernández en junio 13, 1907, y “en ■cuanto a la casa que ahora existe, por edificación con fondos de la sociedad conyugal”; que la finca está gravada con hipo-teca constituida a favor del compareciente Gayol para garan-tizarle un préstamo de tres mil dólares y que habiendo el acreedor recibido el capital y los intereses de dicha hipoteca, “con anterioridad a este acto de manos de los esposos” deu-dores, procedía que otorgara como en efecto otorgó la cance-lación total del gravamen.' Con este motivo aparece consig-nado. expresamente en la escritura lo que sigue:

Los comparecientes Sres. Gayol y Martínez y los esposos Pozada-Aldea desean hacer constar que la finca anteriormente descrita en cuanto a la casa se refiere es la misma que se describió en la escritura de constitución de hipoteca, con la diferencia de que entonces dicha casa tenía sólo el frente de concreto y los lados y la espalda de ma-deras y que ahora toda la casa es de concreto, deseando aclarar tam-bién que esa sola casa y el solar aquí descritos eran los que se hallaban afectos a la hipoteca que en virtud de esta escritura ha quedado totalmente cancelada.”

Siguieron declarando en el documento los esposos Pozada Aldea que tenían concertada una operación de préstamo con doña Ana Piñán, representada en el acto por su esposo Ca-lleja, y llevándola a efecto ambas partes estipularon subs-tancialmente lo que sigue: tres mil dólares prestados por doña Ana a los esposos garantizados por éstos con “pri-mera hipoteca voluntaria sobre la finca de su propiedad des-crita en el precedente primero de la exposición, a favor de su acreedora la mencionada doña Ana Piñán Acevedo, enten-diéndose incluid^ en la hipoteca todas las actuales pertenen-cias y derechos de dicha finca y las que en el futuro se adi-cionen. ’ ’

Tal, en resumen, la prueba documental de la demandante. La testifical consistió en su propia declaración y, en la de Francisco Figueroa.

Ella manifestó que vivió con su esposo y sus hijos en la casa en cuestión desde que la adquirieron en 1907, que ■ cuando se constituyó la hipoteca de 1925, vivía “en la misma casa, pero en la casita de atrás” con sus nietos dependien-tes de su esposo; que al morir éste allí quedó ayudada por su hijo mayor hasta que fué. desahuciada. Siguió expresán-dose textualmente así:

“La casa del frente era una casita de madera, de tejamaní. , . . .Luego hubo un fuego y se destruyó y con 1,200 o 1,100 pesos qu<e teníamos de economía en el banco y 3,000 pesos que cogimos de préstamo a Don Antonio. Gayol, hicimos la parte de concreto, pero siempre nos quedamos viviendo en la casita que- fabricamos en 1910. ... la parte de alante de esa casa, esa de dos plantas, de concreto fué la que construimos con los tres mil dollars que prestó Gayol y 1,200 que teníamos de economía, pero la parte atrás en donde yo vivía ésa estaba hedía desde 1910, antes de la transacción con Gayol, . . . Cuando se hizo la hipoteca de Doña Ana Piñán yo vivía en la casita de atrás y mi esposo también; todos. Mi esposo le tomó los 3,000 pesos a Doña Ana pero yo no le puedo decir en qué fué que él los invirtió, . . Cuando se tomaron los $3,000 a Don Antonio Gayol la casa de la parte de atrás existía allí; ésa no se quemó.”

T Figueroa, en resumen, dijo que la demandante es su suegra y la conoce desde 1926; que desde que la conoció vivía en San Agustín 84 con un nieto y con su hija menor que es •hoy la esposa del testigo, viviendo también con ella ocasio-nalmente otra hija; que la propiedad constaba de un edificio de concreto de dos plantas con frente a la calle, existiendo en el fondo del patio una casa de manipostería y madera que era la en que vivía la demandante; que ambas casas “forman un solo cuerpo.” Se insiste en que explique mejor y contestó textualmente:

“Porque hay una construcción que es de dos plantas, de concreto y la otra demuestra que es una casa que fué construida con anterio-ridad a la que da al frente de la calle, pero está unida. Están for-mando un solo cuerpo, como si se pegara esta silla de esta mesa.
“La señora vivía en la casita del fondo; la parte de frente del edificio estaba ocupada, en las dos plantas, por otras personas, no eran familia de Doña María, sino inquilinos que pagaban rentas.”

La prueba aportada por los demandados fué testifical. Declararon Marcos Tomás Caneja, uno de los demandados, y Francisco Rivera Collazo, el adquirente de la casa en pú-blica subasta.

El primero dijo:

“Conozco a Doña María Aldea y Díaz y conocí también a su esposo, Don Fernando Pozada y Luis. Y a Doña Ana Piñán y Acevedo, pues era mi esposa y es fallecida. Conocí a Don Antonio Gayol y Martínez. ’Recuerdo haber visto a Don Antonio Gayol, a Don Fernando Pozada y a Doña María Aldea, allá para el 4 de abril de. 1925 en la notaría del señor Dubón. El señor Pozada me había manifes-tado que necesitaba 3,000 pesos para pagarle al señor Gayol.”

Se opuso la demandante y surgió el incidente que dió origen al primer señalamiento de error. Autorizado por la corte y con la protesta de la demandante el demandado con-tinuó declarando como sigue:

“Esos 3,000 pesos fueron ciados, yo Mee la operación de préstamo a nombre de mi esposa, Doña Ana Piñán y como apoderado de ella. El señor Gayol recibió el dinero. Lo sé porque don Fernando Pozada me mandó que le entregara a él el dinero y a él mismo se lo entregué, porque él tenía que firmar la cancelación de la otra hipoteca antes de firmar la mía. Entregué el dinero en la notaría del Ledo. Dubón en abril de 1925. Era próximo para irme yo a España y él me insi-nuó que le sacara de ese apuro de la deuda que tenía de la cons-trucción ele la casa con el señor Gayol. Esa manifestación me la bizo el señor Pozada. . . . Esa fué la única operación de prés-tamo con garantía hipotecaria que hice con don Fernando Pozada y Luis; o mi esposa Ana Piñán. Ese dinero se entregó al señor Gayol en la notaría del Ledo. Dubón en el mismo momento de fir-marse la escritura. Estaban presentes ellos dos y nosotros dos y el señor Dubón, por supuesto; todo eso ocurrió en la oficina del señor Dubón en la calle Tetuán.”

Eivera Collazo manifestó:

“Conozco la casa número 84 de la calle San Agustín pues es mía hoy. Es mía desde 1928. La compré en la Corte de Distrito en la misma fecha en que se celebró la subasta en el pleito 6738 de esta Corte. Recuerdo el ciclón de San Felipe; fué en el 1928 casi a raíz de la adquisición de la finca. Conozco a la señora María Aldea Díaz. La vi una vez. Yo vi a esa señora en esa casa para los pri-meros días de septiembre de 1928 que estuve por allí con el marshal. Eso fué antes del ciclón. Después del ciclón volví a,la casa y doña María no estaba allí.”

Esa fué toda la prueba que sirvió de base al juez sen-tenciador para llegar a las conclusiones que establece en su relación del caso y opinión.

Aceptando que pudiera estimarse probado que los tres mil dólares que se tomaron prestados a Gayol se emplearan en la reconstrucción de la casa de concreto de dos plantas y que los que luego se obtuvieron de la causante de los de-mandados se dedicaron a cancelar la deuda con Gayol, no creemos que pueda prescindirse de tomar en consideración, como prescindió el juez sentenciador por completo, la exis-tencia de la casita del fondo que según evidencia no contro-vertida constituía el verdadero liogar de la demandante y que no fue al parecer comprendida en la hipoteca a G-ayol y sí lo fué en la hipoteca ejecutada por los demandados, motivo por el cual se incluyó en la venta en pública subasta.

Esa casita parece que tenía un origen independiente no obstante formar un solo cuerpo con la de dos plantas de con-creto que se hipotecó a la causante de los demandados. Se construyó con anterioridad al incendio y no pereció a virtud de éste. Si Gayol hubiera ejecutado su hipoteca, contra Ga-yol hubieran podido reclamar los dueños de la finca en rela-ción con la pequeña casa del fondo en que vivían su derecho de hogar seguro de haberse vendido la totalidad de la finca loara el pago del crédito, ya que el dinero tomado a Gayol no se empleó en ella sino en la casa del frente. Y como todo el derecho que la Corte reconoce a los demandados emana del que hubiera tenido Gayol, no existiendo éste, cae por su base aquél.

Pero hay más. Se reconoce que ni al celebrar el pacto con Gayol ni al contratar luego- con la causante de los demandados hubo renuncia del derecho de hogar seguro por parte de los esposos Pozada-Aldea. También se reconoce que .no hubo acuerdo alguno sobre subrogación de la Señora Pi-ñán en el lugar del Sr. Gayol. A lo más que puede llegarse es a concluir que quedó demostrado que necesitando los' es-posos Pozada-Aldea dinero para- pagar .su deuda con Gayol lo pidieron a la Sra. Piñán y de ella lo obtuvieron como un contrato corriente, independiente, de préstamo garantizado ■con hipoteca, sin-consideración alguna al destino que el .pres-¡tataríó-habría de dar al dinero recibido. El empleo del dinero, ■aun-'aceptando como cierta la'declaración.del demandado Oa-ñeja, no puede concluirse que fuera una condición para la celebración del contrato. ‘ Y la jurisprudencia ha resuelto que tales operaciones no son las qne garantiza nna ley como la nuestra en contra del derecho de hogar seguro.

En el caso de Engaard v. Schmidt, 171 N. W. 905, 906, la Corte Suprema de Nebraska se expresó así:

“El hecho de que un hombre casado tomara dinero a préstamo, y le manifestara al prestamista al momento de hacer el préstamo, que tenía el propósito de usar el dinero, o parte del mismo, para pagar un hogar seguro previamente adquirido y enajenado, y de que el dinero se use efectivamente para ese fin, no basta, cuando figura aisladamente, para que dé derecho al prestamista a tener un gravamen a su favor por el precio de la compraventa. En el caso de autos no existía entre las partes la relación de vendedor y comprador, ni se creó un gravamen a favor del vendedor u otra carga similar. La deuda fué constituida y las enajenaciones hechas mucho antes de efectuarse el préstamo. El demandante no pagó la deuda a instan-cias del deudor, sino que meramente le prestó el dinero directamente sin que hubiera pacto alguno respecto al uso que debía dársele al mismo. Rodman v. Sanders, 44 Ark. 504; Griffin v. Proctor’s Adm’r., 14 Bush (Ky.) 571; Carey v. Boyle, 53 Wis. 574, 581, 11 N. W. 47.”

El caso de Ruiz v. Barreto, 46 D.P.R. 369, 372, no tiene el alcance que le dió la corte sentenciadora y le da la parte apelada. Quizá debimos ser en él más específicos, pero no surgió allí la necesidad para ello, porque la decisión que se dictaba lo era en favor del reconocimiento del derecho • de hogar seguro. Nuestra opinión en aquel caso debe interpre-tarse en armonía con ésta que emitimos ahora. Si ambas partes convienen en que el dinero prestado debe emplearse para saldar en todo o en parte la deuda o el gravamen incu-rrido por la compra de la propiedad o para las mejoras que en ella se hicieren (disponiéndose de la see. 4 de la Ley de Hogar Seguro, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, págs. 306 y 307), y en realidad se emplea, entonces el destino que debe darse y se da al dinero recibido en préstamo, es y debe considerarse como una condición del contrato que coloca al nuevo prestamista en la misma situación que al antiguó en cuanto al derecho de hogar seguro.

Eesta sólo considerar las excepciones previas cnya decisión se dejó por estipulación de las partes aprobada por la Corte para luego de practicada la prueba.

La de prescripción no se formuló de acuerdo con la ley. Artículo 128 del Código de Enjuiciamiento Civil; Catoni v. Martorell, Viuda de Prado, 38 D.P.R. 328. Se limitaron los demandados a alegarla sin citar el estatuto en que la basa-ban.

En el alegato que presentaron ante esta Corte Suprema sostienen sin cita pertinente de autoridades ni razonamiento alguno de peso que la acción que pudiera corresponder a la demandante sería una de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil, que dura sólo un año.

El derecho de bogar seguro está reconocido por la ley. Su naturaleza ba sido fijada en repetidas decisiones de esta pro-pia Corte Suprema. Se disfruta en la finca, pero sólo se ex-tiende en ella basta el valor de quinientos dólares y cuando la finca se vende por ser su valor mayor para bacer efectivas obligaciones del dueño no exentas de ejecución, queda redu-cido a la suma de quinientos dólares. Sostener que la recla-mación de ese derecho constituye una acción de daños y per-juicios, es colocar el caso fuera de su peculiar naturaleza. El derecho que da origen a la reclamación no surge como conse-cuencia del acto culpable o negligente del acreedor. Existe previamente constituido a favor del deudor en la propiedad gravada a favor del acreedor. Éste tiene derecho a cobrar su deuda vendiendo la propiedad gravada pero reconociendo y satisfaciendo a la vez el derecho de su deudor a la suma de quinientos dólares. No lo hizo así en este caso el acreedor y la acción que contra él quedaba al deudor que no se encon-traba ya en la propiedad del inmueble, era una personal de cobro de dólares que no teniendo término especial de pres-cripción fijado por la ley dura quince años de acuerdo con el artículo 1864 del Código Civil, ed. 1930.

Con respecto a la excepción de falta de hechos todo lo que se dice en el alegato de los apelados es:

“Planteábamos como defensa especial, que la demanda no aduce beelios suficientes constitutivos de causa de acción, y que de no adu-cirlos la acción de la demandante estaba prescrita, excepción ésta inspirada en la doctrina establecida por esta Corte en Catoni v. Martorall Vda. Prado, 38 D.P.R. 328.”

El caso que citan les es más bien adverso. En él de-cidió esta corte:

“Y en tercero y último lugar porque si bien es cierto que las lla-madas excepciones privilegiadas de falta de jurisdicción y de hechos pueden alegarse por vez primera en esta Corte Suprema, la de falta de hechos no comprende la de prescripción en un caso como éste.
“Da contienda se suscitó y quedó trabada en la corte de distrito. La demandada alegó mal en la primera ocasión y dejó de alegar en la segunda su defensa de prescripción. Su actuación implica la renun-cia de un privilegio y partiendo de la base de esa renuncia la demanda es enteramente suficiente, aduce todos los hechos necesarios para sos-tener la acción ejercitada y la sentencia dictada.”

Además aunque dentro de la excepción general de falta de becbos se hubiera podido considerar la de prescripción, ya hemos visto que estudiada en sus méritos tendría siempre que ser declarada sin lugar.

Y en cuanto a la falta de parte demandada basada en que debió traerse al procedimiento al comprador de la finca en pública subasta, bastará citar para sostener su improce-dencia, lo que dijo esta corte en el caso de Veve v. Keith, 49 D.P.R. 185, 188, a saber:

“Establecido el hogar seguro y declarada su existencia mediante prueba, surge para el dueño el derecho de percibir, y para el acreedor ejecutante la obligación de pagar el importe del mismo al consu-marse la venta judicialmente ordenada.”

Por virtud de todo lo expuesto y apareciendo claro de los autos que la demandante tenía constituido su hogar se-guro sobre la finca de que se trata cuando ésta fué ejecu-tada por los demandados, debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando la demanda con lugar y en su. consecuencia ordenando a los demandados que paguen a •la demandante la suma de quinientos dólares, valor de su derecho de hogar seguro, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro

license: Public Domain

text:
    Juan Silva Toro, demandante y apelante, v. La Sucesión Legítima de Don Celestino Caratini Zayas, integrada por sus hijos legítimos María Luisa, Luis Fernando, Jaime Francisco, Sarah María del Carmen y Concepción Armida Caratini y Bas, demandada y apelada.
    Núm. 7159.

    Sometido: Marzo 11, 1937.

      Resuelto: Junio 18, 1937.

      R. Atiles Moréu j A. de Jesús Matos, abogados del apelante; Agustín E. Font, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión-del tribunal.

Se trata de un caso sobre cobro de lo indebido. • En la demanda se alegan dos causas de acción.-

La primera se funda en que siendo dueño el demandante de una fábrica de hielo ,y deseando moverla por fuerza eléc-trica se disponía a celebrar un contrato con,el Negociado de Utilización de Fuentes Fluviales del Grobierno Insular cuando intervino don Celestino Caratini, causante de los demanda-dos, quien alegando que era poseedor de una franquicia ex-clusiva, para la venta de energía eléctrica y alumbrado en Coamo, expresó al demandante que el contrato que intentaba celebrar no podía llevarse a efecto sin sn consentimiento exi-giendo para prestarlo la suma de veinte dólares mensuales, y que creyendo el demandante que ello era así se avino a la exigencia llegando a satisfacerle setenta- y dos mensualida-des ; que lo cierto era que durante todo ese tiempo Caratini no poseía franquicia alguna que lo autorizara a vender la fuerza eléctrica que consumía el demandante, ni a exigir so-breprecio alguno, careciendo el contrato celebrado de causa o consideración.

El hecho segundo de la segunda causa de acción, copiado textualmente, es como sigue:

“Que luego de fallecido don Celestino Caratini, la sucesión de-mandada, alegando ser eesionaria del supuesto contrato expuesto en la primera causa de acción, cobró al actor la suma de $20, por el mes de febrero de 1933, careciendo de autoridad para ello, y sin que mediara causa o consideración alguna para exigir dicho pago, al que fué inducido el actor bajo la falsa representación hecha por el cau-sante de los demandados en la incepción del alegado contrato en el mes de octubre de 1926.”

Se pide una sentencia que contenga los siguientes pronun-ciamientos :

(a) Don Celestino Caratini cobró indebidamente, y el actor pagó indebidamente al mismo, la suma de $1,440.
“ (h) La Sucesión de don Celestino Caratini cobró indebidamente y el actor pagó indebidamente a la misma, la suma de $20, y dicha sucesión ha heredado a su vez, de. su causante don • Celestino Cara-tini, la obligación de repetir y de reintegrar al actor la suma de $1,440, más la suma de $20 cobrada por ella, que viene obligada a p.agar directamente.”

La Sucesión demandada opuso a la demanda la excepción .previa de falta de hechos determinantes de una buena causa de acción. ■ -Discutida, fué desestimada. Contestó entonces •negando ■ total y específicamente, todos los hechos de la de-manda. Fue el pleito a juicio. Practicaron su prueba am-bas partes y la corte en mayo 25, 1935, dictó sentencia de-clarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

En la relación del caso y opinión que sirve de base a su sentencia, apreció la corte la evidencia presentada como de-mostrativa de que “el demandante Juan Silva Toro allá para el año 1926 tenía en Coamo una planta de hielo que funcio-naba con petróleo, y deseando instalar un motor eléctrico de .quince caballos de fuerza para sustituir el de petróleo, convino con don Celestino Caratini, causante de los demandados, que tenía concedida una franquicia (originalmente concedida a Don Ramón Candía Córdova) por El Pueblo de Puerto Rico para la venta de energía y luz eléctrica en Coamo, en que el Sr. Caratini obtuviera del Servicio del Riego de Carite la instalación de dicho motor; que el Sr. Caratini efectuó un contrato con dicho Servicio de Riego para la instalación de dicho motor para la planta de hielo (Ex. 10 demandante) apareciendo éste como de la propiedad de Caratini; que el demandante pagó $300 por la instalación de la línea de tras-misión hasta, la planta de hielo y además el importe del con-sumo mensual de fuerza eléctrica,' más $20 mensuales para el Sr. Caratini por haber consentido éste en la invasión del territorio de Coamo, que según su teoría era exclusivo bajo' los términos de la franquicia que tenía; que el demandante hacía los pagos mensuales al Sr. Caratini y éste al Servicio de Riego; que estos pagos se hicieron desde el mes de no-viembre de 1926 hasta enero de 1933, habiéndose hecho el úl-timo pago a la Sucn. demandada por haber fallecido el Sr. Caratini; que enterado el demandante que el Sr. Caratini no tenía tal exclusividad para el territorio de Coamo, hizo un con-trato directo con el Servicio del Riego en el mes de marzo de 1933 para su planta de hielo.”

Refiere entonces la corte que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sostiene qiie el que paga ló indebido tiene acción para pedir la devolución de lo pagado cuando el error es de hecho, mas no así cuando lo es de derecho y cita los casos de Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388; American R. R. Co. v. Walkers, 22 D.P.R. 283; Sucesión Marín v. Municipio de Arecibo, 28 D.P.R. 515.

Transcribe párrafos salientes de las opiniones emitidas en dos ele los casos citados y refiriéndose al último de ellos— el de la Sucesión Marín v. El Municipio de Arecibo—dice:

“Consideramos que los hechos en el caso que acabamos de citar son muy similares a los del caso de autos. El hecho de si la fran-quicia que tenía el Sr. Caratini era exclusiva para el territorio de Coamo o no, y si tenía derecho a cobrarle al demandante los $20 mensuales a virtud de dicha franquicia, o por su intervención en el negocio, no es una cuestión de hecho a resolver sino de derecho. Como en el caso de la Sucesión Marín, en éste, el demandante tenía conoci-miento del hecho que originó los pagos y el conocimiento posterior que tuvo de que dichos pagos no eran necesarios o eran improceden-tes por carecer el Sr. Caratini primero, y los demandados, después, de derecho al cobro, no puede estimarse como error de hecho sino de derecho. De manera, pues, que resolvemos que de acuerdo con el artículo 1795 del Código Civil, el demandante no ha probado que tenga derecho a la reclamación que hace.”

Y luego agrega:

“En cuanto a la teoría de que el caso pueda caer bajo los precep-tos del artículo 1227 del Código Civil, la Corte es de opinión que no se ha probado que el contrato celebrado entre el demandante y el causante de los demandados fuera uno sin causa o con causa ilícita, tomando en consideración que el Sr. Caratini, causante de la Suce-sión demandada, hizo el contrato a su propio nombre con el Servicio del Eieg'o, asumiendo, por lo tanto, él directamente la responsabilidad con dicho Servicio; que el demandante derivó beneficios variando el sistema de energía con que funcionaba la fábrica de hielo; que el Sr. Caratini había sufragado parte de los gastos para la instalación de la línea establecida que suministraba la energía eléctrica a la Planta, ya que dicha energía era tomada de la línea que anterior-mente había construido el Riego y don Celestino Caratini, y, por último, el hecho de que el Sr. Caratini era responsable directamente al Riego del pago mensual de la energía que utilizaba la planta de hielo. No puede decirse que en un contrato de esta naturaleza no haya habido causa o que la misma haya sido ilícita.”

No conforme el demandante apeló. Señala en su alegato la comisión de dos errores cometidos a sn juicio por la corte al resolver que se trata de un error de derecho y no de hecho y al decidir que hubo consideración para la celebración del contrato siendo lícita su causa.

Para fijar bien nuestro criterio veamos cómo surgen los hechos de la prueba.

El primer testigo que declaró fué el propio demandante. Dijo que desde hacía muchos años tenía en explotación una planta de hielo movida hasta el de 1926 por petróleo. En-tonces, copiando textualmente de su declaración “pensé mon-tar un motor eléctrico y lo había dicho a algunas personas. Yo pensé dar los pasos, pero una tarde allá en los primeros días del mes de mayo, se presentó el Sr. Caratini, fallecido ya, y me preguntó si era cierto que yo me disponía a montar un motor eléctrico, y yo le dije que sí. Entonces me dijo, pues si usted piensa montar un motor eléctrico, tiene que hacerlo por mi conducto. Bien, yo le dije, pues para mí es igual, y él me dijo, pues entonces yo voy a solicitar del Rieg’O que le mande un experto aquí y le dije, tampoco tengo incon-veniente. Días después vino un señor del Riego e hizo nú-meros. Yo tenía que pagar $156.25 mensualmente. Además venía obligado a pagar parte de la instalación. Trescientos pesos por los alambres, los postes, los transformadores. La instalación fué hecha por el G-obierno. La cogieron de la parte atrás, de donde ellos la toman para el alumbrado. No fué de-rivada de la planta de distribución del Sr. Caratini. Los pos-tes sobre los cuales habían tendido los alambres que condu-cían la fuerza para mi planta de hielo los pusimos el G-obierno y yo. Absolutamente en nada intervino el Sr. Caratini. Una vez estuvo el motor eléctrico montado y la línea tendida, yo "esperaba que me dieran corriente y los días pasaron y pasa-ban los meses y no llegaba la corriente. Entonces un día pa-saba el Sr. Caratini y le pregunté por qué no se me daba la ^corriente. “Ah, por que si usted no me paga a mí porque yo le permita al Riego que le dé corriente, usted no la recibirá.” Yo, desde luego, como siempre había creído en la generosi-dad del Sr. Caratini, había tratado otras veces con él y siem-pre lo había considerado nn caballero ignal, no tnve dnda en qne él me decía la verdad, y entonces me avine a pagar veinte pesos mensuales, qne fné lo que él me exigió para qne el .Niego me diera corriente. Esos veinte pesos fueron en adi-.ción a los $156.25 importe del costo del servicio de fuerza. Eran para el Sr. Caratini. El alegaba que no podía de nin-guna manera el Riego darme corriente si él no le daba per-miso al Riego. Estuve pagando el sobreprecio setenta y dos meses ascendiendo a $1,440 lo pagado. Terminó porque un día, hablando con una persona versada en esos asuntos de franquicia y demás me informó que el Sr. Caratini no po-día cobrarme nada, puesto que ese servicio lo prestaba el Riego directamente; e inmediatamente yo pagué el último recibo del mes de diciembre, del 32, y al llegar el de febrero no lo mandé; mandé solamente el cheque del Riego; pero no mandé el del Sr. Caratini, a lo cual no preguntaron por qué no lo mandaba ni nada, absolutamente. Entonces, vista la actitud de ellos, de que no me cobraban ni mucho menos, pude cerciorarme de que en realidad a mí se me había co-brado un dinero indebidamente y héme aquí reclamando ese dinero pagado indebidamente.”

Esa es la versión del demandante. La de la parte de-mandada la ofrece Jaime Francisco Caratini, hijo de don Celestino, quien declaró que “a principios del año 26 se pre-sentó el Sr. Silva a solicitar corriente eléctrica de la planta eléctrica de Coamo, que pertenecía a mi papá, y papá le dijo que tenía que escribir al Riego solicitando el permiso porque no tenía fuerza suficiente para un motor de quince caballos, eléctrico; que después que papá escribió al Riego y tuvo con-testación de él, convinieron en que papá haría un contrato con el Servicio de Riego, a nombre de él y que el Sr. Silva pagaría el mismo precio de la corriente que le pasara el 'Riego, y que el Sr. Silva le pagaría a papá $20 por el derecho que tenía él a utilizar la fuerza y por el compromiso que te-nía él con el Riego de pagarle, si el Sr. Silva no pagase la cantidad. Cuando ocurría alguna interrupción el Sr. Silva llamaba por teléfono a casa y nosotros llamábamos a Santa Isabel y el Riego venía a hacer el servicio. El Sr. Silva es-tuvo pagando desde que se inició el contrato hasta un mes antes de morir papá. Que recuerda que su papá le dijo que. él consentiría en que se invadiera su territorio si él le daba esos veinte pesos.”

Demuestra la prueba que en efecto el Sr. Caratini era dueño de una franquicia obtenida por don Ramón Gandía Cor-dova para construir y operar una planta eléctrica en Coamo en relación con el Servicio Hidroeléctrico del Gobierno Insular, y que en efecto estaba operando dicha planta cuando ocurrieron los hechos a que se refieren las declaraciones de los Sres. Silva y Caratini, y demuestra además la prueba que a virtud de un contrato independiente con dicho servi-cio hidroeléctrico del Gobierno Insular obtuvo el Sr. Cara-tini el suministro de fuerza eléctrica para la planta de hielo del Sr. Silva, enviando el Sr. Silva al Sr. Caratini mensual-mente dos cheques, uno para el pago al Gobierno que Cara-tini trasmitía a su destino y otro de $20 para él. Parece con-veniente transcribir la siguiente carta del Sr. Caratini al Sr. Silva que figura en los autos. Dice:

“C. Caratini — Agricultor—Box 114 — Coamo, P. R. — Enero 21, 1927. — Sr. Don Juan Silva — Pte.—Estimado amigo: Tengo el gusto de adjuntarle el Recibo del Riego debidamente pagado con su cheque que me envió para este fin. A la vez va el mío por lo que me corres-ponde del mes de diciembre. — 'Gracias por todo y quedo de Ud.— Atentamente suyo — SS.— (F) Celestino Caratini.”

Y uno de los recibos de Caratini de los veinte dólares que es como sigue:

“Received from Juan Silva Veinte pesos — dollars—Por la co-rriente consumida la Planta de Hielo según recibos del Riego de 20 a 20 del mes- en curso. — Coamo, diciembre 31, 192.6 — $20.00—(F.) Celestino Caratini. ’ ’

¿Tenía Caratini derecho a cobrar esos veinte dólares men-suales? De acuerdo con la franquicia no lo tenía. Ello es claro, pero hay una declaración en los autos, la del Sr. Lu-chetti, ingeniero jefe del Servicio de Riego del G-obierno Insular, que precisa examinar a los efectos de aquilatar la con-ducta de Caratini. Dicha declaración es larga y difícil de re-sumir. Sostiene en resumen, a nuestro juicio, que la política del Gobierno hasta 1927 había sido la de dejar a los concesio-. narios de franquicias como la del Sr. Caratini el suministro de cualquier cantidad de fuerza en la zona urbana. Después de esa fecha los contratos por más de tres caballos de fuerza debían celebrarse directamente con el Gobierno Insular.

Siendo ello así y habiéndose celebrado la transacción entre Caratini y Silva en 1926, lo dicho por Luchetti favorece a Caratini en cuanto a que la política del Gobierno en 1926 estaba en armonía con las representaciones que hiciera a Silva en el dicho año. Ya dejamos expresado que la fran-quicia en sí misma no favorecía a Caratini. Por sus" térmi-nos no tenía derecho Caratini a impedir que en un caso como» el del Sr. Silva la transacción se verificara directamente entre» el Gobierno y la persona interesada. Y que ello era así lo de-muestra el propio contrato independiente celebrado por Cara-tini con el Gobierno para servir a Silva.

Ahora bien, bajo esas condiciones ¿puede concluirse que'-Caratini hizo una falsa representación a Silva cuando se inició la transacción? La duda surge pero creemos en ver-dad que no puede llegarse a conclusión tan grave. Si el propio Gobierno seguía la política descrita por el Sr. Lu-chetti, nada tiene de extraño que el Sr. Caratini se aprove-chara de ella. Tampoco puede excluirse la posibilidad de que interpretando de buena fe su franquicia creyera Caratini que el derecho estaba de su parte.

Sobre esta primera etapa de la transacción, bajo las cir-cunstancias que dejamos expuestas, el error cometido debe concluirse, a nuestro juicio, que fué de derecho, no pudiendo en tal virtud el demandante reclamar lo que pagara de. acuerdo con la jurisprudencia de esta propia Corte Suprema que citó el juez de distrito para fundar su sentencia.

Ahora bien ¿debe entenderse que la situación continuó siendo la misma a partir de 1927 cuando el G-obierno según declara el propio Sr.. Luchetti hizo clara su nueva política y quedó expresamente ordenado que en casos como el ■de autos el concesionario del servicio local de luz y fuerza no tenía derecho alguno exclusivo, debiendo celebrarse los contratos directamente entre las partes interesadas y el servicio hidroeléctrico del Gobierno Insular?

A nuestro juicio a partir de esa fecha desapareció la única circunstancia compatible con la buena fe de Oaratini a los efectos de exigir de Silva los veinte dólares mensuales de que se trata. El contrato entre Oaratini y el Riego para Silva lo era por tres años contados a partir de junio 9, 1926, conti-nuando después en toda su fuerza hasta que se diera por cual-quiera de las partes noticia escrita con sesenta días de an-telación de su deseo de terminarlo.

A lo sumo nos parece que la buena fe inicial, que el error de derecho, debe producir su efecto hasta junio 9, 1929, en que expiraron los tres años del contrato. Después de esa fecha la actitud de Oaratini no tiene justificación alguna. A sabiendas continuó manteniendo en pie una situación sin base, aprovechándose de la ignorancia de los hechos tales cuales eran por parte de Silva, para seguir percibiendo de él la suma indicada. No es posible amparar con la ley, legalizar un acto semejante. Y a este respecto parece conveniente exponer que la prueba no demuestra que Oaratini realizara acto al-guno en beneficio de Silva durante ese tiempo, que los gastos de instalación los pagaron Silva y el Gobierno quedando la línea — postes, alambres, etc. — como propiedad del Gobierno, que si se usó algo de la primitiva línea que se construyera entre Oaratini y el Gobierno para el servicio de luz en la ciu-dad de Coamo prestado por Oaratini lo fué cuando ya esa lí-nea de acuerdo con el contrato era propiedad del Gobierno y que Oaratini no tuvo que prestar fianza ni hacer pago al-gimo por Silva que a su tiempo le remitiría todos los che-' ques que Caratini trasmitía al Gobierno.

El caso está en la línea y nos parece que su recta resolu-ción tomando en cuenta todos los intereses envueltos e inter-pretando la ley y la jurisprudencia con ánimo de bacer jus-ticia, es revocar la sentencia apelada sustituyéndola por otra que decrete la devolución de lo pagado indebidamente a par-tir del 9 de junio de 1929 hasta enero de 1933, o sea $853.33 por cuarenta y dos mensualidades y veinte días, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Cipriano Manrique, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 991.

    Sometido: Abril 9, 1937.

      Resuelto: Junio 18, 1937.

      Antonio L. .López, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de febrero de 1937 el Secretario de la Corte Municipal de Caguas cumpliendo lo ordenado por la corte, libró mandamiento al registrador de la propiedad del distrito para que cancelara determinada inscripción. Negóse el re-gistrador y la parte que solicitó la cancelación, Cipriano Man-rique, recurrió de su negativa para ante este tribunal.

El mandamiento se libró en el pleito seguido en cobro de dinero por Manrique contra Ramón López boy su sucesión, compuesta de Josefa Alvarado y Consuelo Díaz, madre y esposa respectivamente de López.

En él se bace constar substaneialmente que en octubre 4, 1935, Manrique presentó una moción alegando que resuelto el pleito por sentencia de septiembre 2, 1932, condenando a Consuelo Díaz a pagarle $249.40, intereses y costas, no se ha-bía satisfecho aún dicha sentencia; que en la partición de la herencia de Ramón López se reconoció como baja el crédito que sirvió de base al pleito y se adjudicó a Consuelo Díaz su viuda, para pago de deudas una casa situada en Aguas Bue-nas ; que la viuda inscribió dicha casa a su nombre en el re-gistro, constando en el asiento hallarse afecta al pago del crédito a favor de Manrique, y la vendió a su hermana Amparo Díaz y ésta la hipotecó a la orden del endosatario de un pagaré por $1,500; que el derecho de Manrique es real y pei’judica a tercero (Rodriguez v. Suárez, 48 D.P.R. 289) y que para hacerlo efectivo era aplicable el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, por virtud de todo lo cual pidió a la corte que fijara a Amparo Díaz un plazo de diez días para satis-facer el importe de la sentencia, cancelándose si así no lo^ hiciere la inscripción de su título en el registro.

Se sigue haciendo constar en el mandamiento que Amparo Díaz negó los hechos de la moción y alegó que la corte no tenía jurisdicción para resolverla; que se celebró una vista en la cual se presentó como prueba la certificación co-rrespondiente del registro, y que como resultado de todo la corte estimó que asistía la razón a Manrique, procediendo' a dictar como dictó la orden por él solicitada.

Luego se transcribe en el mandamiento la orden final de la corte decretando la “anulación y resolución del título' de dominio de Amparo Díaz sobre la finca urbana que se describe en la aludida resolución” y ordenando “su cancela-ción en el Registro de la Propiedad de Caguas”, basada diclia orden en que habiendo sido requerida Amparo Díaz no había satisfecho el crédito de Manrique dentro del plazo de diez días' que se le concediera.

La negativa del registrador se funda en los siguientes motivos:

“1 — Que en el caso civil núm. 5046 antes citado, no fue parte demandada la actual dueña de esta finca Amparo Díaz. 2. — Que la cancelación de la inscripción de dominio ordenada envuelve una cuantía mayor ele $500, puesto que Amparo Díaz adquirió este in-mueble a título de compra por precio de $2,000. 3. — Que Cipriano Manrique no tiene sobre esta finca un derecho real inscrito. 4. — Que en la mención del crédito personal de dicho Sr. Manrique en la ad-judicación que se hizo de ésta y otras fincas a favor de Consuelo Díaz, con la condición de pagar las bajas del caudal relicto por Ra-món López Alvarado no se fijó plazo alguno para satisfacer las de carácter personal, estando dichas fincas gravadas con créditos rea-les inscritos anteriores al crédito del dicho Sr. Manrique. 5. — Que el procedimiento establecido en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria no es aplicable a este caso; careciendo por esas razones de compe-tencia y jurisdicción la Corte Municipal de Caguas para ordenar la cancelación de dicha inscripción de dominio; . . .

El recurrente Manrique, por mecho de su abogado, pre-sentó un extenso alegato impugnando la nota del registrador. Este replicó, en parte, como sigue:

“No concibe el registrador cómo en un caso civil en cobro de dinero, cuya cuantía no excede de $500, pueda la corte municipal, por medio de una simple moción, a guisa de un incidente dentro del pleito principal, establecer, por su cuenta, un procedimiento apli-cado por analogía al del artículo 71 de la Ley Hipotecaria y decretar y ordenar la cancelación de una inscripción de dominio en el re-gistro de la propiedad.
“Tanto más cuanto que en el citado caso civil ni siquiera fué parte demandada la persona a cuyo nombre aparece hecha la referida inscripción de dominio.
"No ña y discusión en cuanto a que la mención tiene carácter real y que perjudica a tercero. Véase 48 D.P.R. 289. Pero como se ha dicho anteriormente, la nota recurrida se funda en la falta de jurisdic-ción de la corte municipal para decretar y ordenar la cancelación de la inscripción de dominio hecha a favor de Amparo Díaz.
‘‘Entiende el registrador, que el procedimiento adoptado por dicha corte vicia de nulidad tal decreto.
‘‘El artículo 71 de la Ley Hipotecaria se refiere únicamente a los casos en que los bienes anotados preventivamente y vendidos a un tercero fuesen adjudicados al demandante, cosa que nada tiene que ver con la adjudicación de bienes de una herencia a una persona con la obligación de pagar ciertas bajas del caudal.
‘‘La acción rescisoria o resolutoria no puede ejercitarse mediante el referido procedimiento, ni aunque éste fuera intentado ante una corte de jurisdicción general.
‘‘La Corte Municipal de Caguas, en este caso se convirtió en le-gisladora creando por analogía un nuevo procedimiento para el ejer-cicio de las acciones rescisorias o resolutorias.”

Tiene razón el registrador a nuestro juicio. La. falta de jurisdicción de la Corte Municipal de Caguas salta a la vista. Se trataba de un pleito en cobro de pesos. Y la sentencia que en él obtuvo Manrique fué congruente con lo solicitado en su demanda, esto es, condenando a la demandada Consuelo Díaz a pagarle la suma reclamada. ¿ Cómo en un pleito de tal naturaleza va a poderse dictar una orden como la que se dictara, contra una persona que no fué parte en el mismo?

Si la finca adquirida por esa persona aparecía gravada para responder de la deuda reconocida por la sentencia, me-dios tenía el acreedor para reclamar su derecho, pero den-tro de esos medios no estaba comprendido el drástico proce-dimiento que siguiera.

Hemos estudiado el artículo 71 de la Ley Hipotecaria y no creemos que pueda aplicarse a un caso como éste. Co-mienza disponiendo que los bienes inmuebles o derechos rea-les anotados en el registro podrán ser enajenados o grava-dos, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. De suerte que de acuerdo con la misma ley, no obstante contener la inscripción de la casa a favor de Consuelo Díaz la anotación de que se le había adjudicado para el pago de deudas de la herencia de su es-poso, pudo venderla como la vendió a otra persona. La garantía de la anotación consistía en que la finca vendida continuaba respondiendo al pago de las deudas, de acuerdo con la ley y con los términos de la adjudicación, hasta que dichas deudas fueran satisfechas cualquiera que fuere su dueño.

Y continúa disponiendo el artículo 71:

“Si Iqs bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, núms. 2o. y 3’°., fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudica-ción o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
“Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dic-tada que sea la sentencia firme de adjudicación, o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
“Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anotación para principal y costas, sin que se en-tienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante, o del adjudicatario, se despachará el oportuno mandamiento al registrador de la propiedad.”

¿Dónde consta que la finca de que se trata fuera adju-dicada a Manrique o que hubiera llegado el caso de anun-ciarse su venta en pública subasta y que bajo esas condicio-nes fuera que Amparo Díaz adquiriera el dominio de la misma? En ninguna parte del mandamiento que se nos haya indicado o que hayamos podido encontrar por nosotros mis-mos.

El caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, que invoca el recurrente, es distinto. Allí se trataba de un procedi-miento sumario hipotecario y aquí no. La jurisprudencia que en él se estableció en cuanto a la aplicabilidad del ar-tículo 71 de la Ley Hipotecaria con el disentimiento de uno de los jueces de la corte — el Juez Asociado Sr. Hutchison— quedó fijada en el resumen como sigue:

“Cuando requerido de pago el deudor en procedimiento sumario hipotecario aquél vende la propiedad hipotecada, el adquirente en el remate no tiene forzosamente que seguir pleito alguno contra el comprador del inmueble; vista la sección 2 de la ley para la eje-cución de sentencias (Comp. 5296) y la autoridad que crea el ar-tículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, el conflicto puede re-solverse aplicando el procedimiento del artículo 71 de la Ley Hi-potecaria. ’ ’

Se confirma la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Códova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob. Hutchison

text:
    Sucesores de Esmoris & Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 998.

    Sometido: Junio 16, 1937.

      Resuelto: Junio 18, 1937.

      O. Souffront, abogado de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En un contrato de refacción agrícola Manuel L. Rivera admitió liaber recibido algo más de $1,000, que se obligaba a pagar el 31 de diciembre de 1937, con intereses al 9 por ciento. El pago debía efectuarse en café de la próxima co-secha. Por convenio expreso entre las partes se constituyó un gravamen sobre aquella cosecha y sobre todas las cosechas futuras “mientras subsistiera la deuda.”

El registrador de la propiedad recurrido anotó el con-trato en lo que al gravamen sobre la cosecha corriente se refería, más denegó la anotación de la misma como gravamen sobre futuras cosechas.

La sección 4 de la ley aprobada en 10 de marzo de 1910 (Estatutos Revisados de 1911, pág. 11, sección 55) lee así:

“El crédito de refacción agrícola, desde la fecha de su presenta-ción en el registro que más adelante se establece, tendrá preferencia a los créditos posteriores de cualquiera otra naturaleza, excepción hecha de los créditos por contribuciones a favor del Pueblo de Puerto Rico, según lo dispuesto en la ley, en cuanto a los frutos de la finca refaccionada, durante los años comprendidos en el contrato y siem-pre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del total im-porte de su crédito.
“En el caso de 'que el acreedor no hubiese sido íntegramente sa-tisfecho del crédito, durante el plazo del contrato, deberá concertar con el deudor el oportuno documento de prórroga, o promover la demanda a que atañe la sección 9, dentro de los seis meses subsi-guientes al vencimiento del contrato.”

El registrador se funda en el segundo párrafo de esta sec-ción.

El párrafo tercero de la sección primera de la misma ley provee:

“Las partes, además, podrán consignar en el contrato los pactos lícitos que estimen convenientes.”

No hallamos conflicto alguno entre el párrafo tercero de la sección primera y el párrafo segundo de la sección cuarta.

El artículo 1207 del Código Civil (edición de 1930) tam-bién dispone:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-diciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

Podría ser preferible que el gravamen refaccionario se limitara a la cosecha corriente, o que a las partes, al extender el gravamen en forma tal que comprenda cosechas futu-ras, se les exigiera que especifiquen el número de cosechas, mas éstas son cuestiones que incumben al poder legislativo. Véanse: Colom v. Registrador, 47 D.P.R. 917; G. Llinás & Co. v. Registrador, 47 D.P.R. 817; Pérez v. Claudio, y South P. R. Sugar Co., inter., 48 D.P.R. 575.

Debe revocarse aquella parte de la nota recurrida que se niega a anotar el contrato en lo que al gravamen sobre co-sechas futuras concierne.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    Félix Benítez Rexach, hoy Joaquín Santana, demandante y apelante, v. Sergio Muñoz y Domingo Quintana, demandados y apelados.
    Núm. 7175.

    Sometido: Mayo 21, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      R. Buscaglia, abogado del apelante; Mimoso, Vendrell & Quirós, abogados del apelado Sr. Quintana.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Félix Benitez Rexach obtuvo sentencia contra Sergio Muñoz y Domingo Quintana por cierta cantidad de dinero. Benitez entonces radicó en la corte de distrito una constan-cia al efecto de que por valor recibido él babía vendido, ce-dido y traspasado a Joaquín Santana dicba sentencia, así como cuantos derechos y acciones pudieran corresponderle como demandante en el caso de epígrafe y de cualesquiera pro-cedimientos relacionados con el mismo. El fin de esta cons-tancia, conforme en ella se decía, fue para que el cesionario pudiera substituir al demandante y ejercer las acciones que creyera pertinentes. Santana obtuvo entonces del secretario un mandamiento de ejecución y bajo la autoridad del mismo el marshal embargó bienes de Quintana.

El juez de distrito, a instancias de Quintana, anuló el mandamiento de ejecución fundado en que Santana no había sido formalmente substituido como parte en el litigio. No citó autoridad para su resolución. Los apelados descansan en los artículos 1163 y 1164 del Código Civil (edición de 1930), en 8 Manresa 436, 439, y en 29 Enciclopedia Jurídica Española 140. Estas autoridades dejan de convencernos de que la substitución formal de las partes fuera un requisito previo necesario al libramiento de un auto de ejecución por el secretario.

El artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción de 1933) provee:

“En el caso de la cesión de una cosa litigiosa, la acción ejerci-tada por el cesionario es sin perjuicio de cualquier reclamación en contrario, o de otro derecho existente al tiempo de notificarse la cesión, o antes. .

Si Quintana, antes de tener aviso de la cesión, hubiera pagado la sentencia o parte de la misma, hasta ese punto la cesión hubiera sido ineficaz en cuanto a él. Santana, al de-jar de hacer notificación inmediata de esta cesión, corrió el riesgo de esta posibilidad, o de otras similares que pudieron haberle privado del derecho a cobrar su sentencia total o parcialmente. Sin embargo, sujeto a semejantes contingen-cias, él tenía derecho a un auto de ejecución. 34 Corpus Juris 636, 640, 644 y 645; 23 Corpus Juris 310, 311; Curtin v. Kowalsky, 145 Cal. 431; Brown v. Ayres, 33 Cal. 525, 91 Am. Dec. 655, 657; Wright v. Levy, 12 Cal. 257; Buckeye Refining Co. v. Kelly (Cal.), 124 Pac. 536; Gaullagher v. Caldwell, 60 Am. Dec. 85, 87.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh Teayieso

text:
    F. Zayas, S. en C., demandante y apelada, v. Ramona, Pedro, Domingo, Blanca y Rosa Torres Arroyo, que se encuentran bajo la patria potestad de su madre Doña Tomasa Arroyo, demandados y apelados.
    Núm. 7183.

    Sometido: Junio 8, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      Angel Fiol Negrón y Luciano Colón, abogados de los apelantes; Fernando Zapater y Raúl Matos, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Teayieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda interpuesta en este caso expone dos causas de acción, ambas sobre cobro de dinero, la primera por la suma de 1655.76, y la segunda por $380.15. En una y otra se alega que doña Tomasa Arroyo, madre investida de pa-tria potestad sobre los menores demandados, autorizada por la Corte de Distrito de Ponce, tomó en cuenta corriente á la sociedad mercantil demandante dinero y mercancías con el fin de proceder a levantar dos fincas propiedad de dichos menores que habían sido devastadas por el ciclón de San Felipe, que azotó esta Isla el día 13 de septiembre de 1928; y que ambas cuentas fueron liquidadas de conformidad entre las partes y el saldo de una y otra sometido a la aprobación de la Corte de Distrito de Ponce, la cual autorizó a la madre de los menores demandados a aceptar dichos saldos, los cua-les permanecen insolutos. Se pide sentencia por la suma total de $1,035.91, más intereses, costas y honorarios de abo-gado.

Desestimada la excepción general de falta de causa de acción, los demandados radicaron su contestación negando todos los hechos esenciales de la demanda.

El presente recurso tiene por objeto la revocación de la sentencia dictada a favor de la sociedad demandante y en contra de los menores demandados, de acuerdo con la sú-plica de la demanda.

Se alega como base de este recurso que la sentencia es contraria a la prueba y contraria a derecho.

Para sostener sn alegación de qne las deudas habían sido contraídas por la madre de los menores demandados, con la- autorización de la Corte de Distrito de Ponce, la demandante ofreció en evidencia, con la oposición de los demandados, el récord del caso núm. 3814, sobre utilidad y necesidad, incoado por Tomasa Arroyo, Ex Parte, ante la Corte de Distrito de Ponce con fecba mayo 17, 1929. La peticionaria, madre de los menores, alegó en dicho expediente que los menores eran dueños de dos predios rústicos valorados en seis mil dólares; y que dichos menores se encontraban adeudando a don Francisco Zayas por concepto de dinero suplido para refacción durante el último año (1928) y para el levante de las fincas con motivo de los destrozos del ciclón de San Felipe, la suma de $1,160. Para levantar fondos para el pago de dicha deuda y para la construcción de una casa de máquinas, compra de vacas lecheras y otros gastos que se alegaba eran útiles y necesarios, la peticionaria solicitó autorización judicial para tomar a préstamo al Federal Land Bank of Baltimore la suma de $2,000. En apoyo de su petición se presentaron dos estados de cuenta, uno por $666.76 y con saldo de $655.76, y el otro por $380.15. Del primero aparece que la mayoría de los cargos, ascendentes a $390.99, fueron hechos con anterioridad al 17 de septiembre de 1928, fecha del ciclón, y que el resto de los cargos, por un total de $275.77, fueron hechos con posterioridad a dicha fecha. La otra cuenta se divide así: con anterioridad al ciclón: $339.42; posteriormente, $40.73. Del récord aparece que la corte de distrito, previa audiencia del fiscal, dictó sentencia declarando justificadas ambas deudas y también la necesidad y utilidad de las inversiones proyectadas y autorizando la contratación del préstamo. Este préstamo no fué nunca realizado.

En el citado expediente núm. 3814 la peticionaria madre de los menores declaró:

“Abogado: ¿Ustedes deben algo .... o no, ustedes tienen al-gunas deudas contraídas con motivo de los daños que le hizo el temporal y para la reparación de esa finca le deben a alguien alguna can-tidad ?
“Peticionaria: Sí, señor.
“A. — ¿A quién le deben, a Francisco Zayas le deben algo?
“P. — Se le debe una cantidad larga . . . una cosa así como mil pesos.
“Juez: ¿Usted está en la finca, señora?
“P. — Sí, señor.
“J. — i Quién la administra?
“P. — -La finca, pues la administra Ernesto Bodón.”

Del récord aparece que Ernesto Bodón es el segundo es-poso de Tomasa Arroyo y por tanto padrastro de los meno-res, y que Tomasa Arroyo es una mujer ignorante y anal-fabeto. En el acto del juicio ésta declaró que ella nunca abrió ni autorizó a nadie para abrir cuentas en la casa de-mandante a nombre de los menores; que las cuentas fueron abiertas por su marido Ernesto Bodón; que ella fué a de-clarar en el expediente de utilidad y necesidad porque Bo-dón la obligó, diciéndole lo que ella tenía que declarar; que Ernesto Bodón tiene dos queridas; que Bodón le hipotecó sus bienes y no le dió nada del importe de su hipoteca; que sus bienes — los de Tomasa Arroyo — están ahora en poder de los Pierazzi como consecuencia de la hipoteca hecha por Bodón.

La contención de los apelantes es que ni el padre ni la madre pueden contraer obligaciones a nombre de los me-nores, sin obtener previamente la autorización de la corte de distrito correspondiente; y que la aprobación a poste-riori por dicha Corte no es legalmente suficiente para con-validar obligaciones contraídas sin su previa autorización.

El artículo 159 del Código Civil (1930) provee que el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar los bienes de un menor, sin previa autorización de la corte de distrito. Parece lógico y justo sostener que si para la constitución de una hipoteca, que es una obligación subsidiaria, sobre bienes de menores, se necesita la autorización previa de la corte de distrito, esa autorización' previa debe exigirse también como requisito, legal necesario para la validez de la obligación principal que ha de ser garantizada por la hipoteca. El legislador ha im-puesto a las cortes de distrito la obligación de investigar y convencerse de la necesidad y utilidad, para el menor, de los actos o contratos que han de celebrarse en su nombre, antes de que dichas cortes puedan ejercitar la facultad que la misma ley les confiere para autorizar tales actos o con-tratos. Véanse artículos 614 a 616 del Código de Enjuicia-miento Civil (1933). Para sostener que el padre y la madre del menor pueden sin la previa autorización de la corte de distrito y sin la previa demostración de su utilidad o necesi-dad para el menor, tomar cantidades a préstamo y dispo-ner a su arbitrio de dichas cantidades, y que esas obliga-ciones nulas áb initio pueden ser convalidadas por una apro-bación judicial concedida a posteriori, sería preciso ignorar el espíritu de la ley y la clara intención del legislador, con-virtiendo la intervención judicial en una hueca e ineficaz for-malidad:

En el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, la madre del menor, sin la previa autorización de la corte de distrito, ce-lebró un contrato de partición por virtud del cual se traspasó una propiedad a un acreedor en pago de deudas del caudal hereditario. Después de otorgado y protocolizado, el con-venio fué sometido a la Corte de Distrito de Humacao, la que le impartió su aprobación, ordenando su inscripción en el Re-gistro. Al declarar la nulidad de la transacción, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“. . . Y somos de opinión, además, que por las mismas razones resulta de una manera concluyente que el juez de la corte de primera instancia de Humacao carecía en absoluto de jurisdicción para apro-bar los llamados procedimientos de partición voluntaria, y, por con-siguiente, que tal sanción no podía crear derecho alguno.”

La corte inferior basó su sentencia en contra de los menores demandados, primero, en que en el expediente núm. 3814 la madre de los menores reconoció que éstos estaban adeudando a la sociedad demandante las cantidades que ésta reclama; segundo, en que de la declaración'de dicha testigo 7 de la del testigo Antonio Báez resulta que las cuentas exis-tieron y que las provisiones fueron efectivamente tomadas; y tercero, en que las declaraciones prestadas por la madre de los menores, en la vista del caso, al efecto de que las cuen-tas fueron abiertas por el padrastro de los menores y que éste obligó a la madre de aquéllos a declarar como lo hizo en el citado expediente, no son bastantes para destruir la declara-ción prestada por Tomasa Arroyo en el expediente sobre au-torización judicial.

Hemos hecho un cuidadoso estudio de las alegaciones y de la evidencia, tanto en el expediente de utilidad y nece-sidad como en el caso de autos. Las incongruencias entre lo alegado y lo aprobado en uno y otro caso son tan patentee como importantes. Y vamos a señalarlas.

Ia. En la demanda se alega que la madre de los menores,. autorizada por la corte de distrito, tomó en cuenta corriente-las cantidades que reclama la demandante; y el expediente-de utilidad y necesidad demuestra fuera de toda duda que-las deudas fueron contraídas sin la autorización judicial.

2a. En el expediente y en la demanda se alega que las1 sumas reclamadas por la demandante fueron tomadas por la madre de los menores con el fin de proceder a levantar las-fincas propiedad de dichos menores que fueron devastadas por el ciclón de San Felipe; y los estados de cuenta presen-tados por la propia demandante demuestran que $730.41 dé-los $1,035.91 reclamados fueron tomados con anterioridad a la fecha en que ocurrió el citado ciclón. No aparece del récord prueba alguna que establezca el hecho de que las su-mas tomadas con posterioridad a la fecha del ciclón se em-plearan en levantar las fincas do los menores.

3a. Ni en el expediente ni en la demanda se alegó que-las cantidades reclamadas correspondieran al importe de pro-visiones suministradas para el sostenimiento de los menores. La prueba testifical presentada en el expediente de utilidad y necesidad y en la vista del caso de autos tendió a estable-cer ese hecho, pero ni en uno ni en otro caso se presentó prueba alguna en cuanto a la naturaleza, cantidad y precio de las provisiones suministradas a los menores. Los esta-dos de cuenta presentados en evidencia contienen sola-mente las fechas y el importe total de cada factura, sin nin-guna otra especificación o detalle.

El testigo Antonio Báez, a quien la corte sentenciadora parece haber dado entero crédito, trabajaba en la finca de Tomasa Arroyo desde fecha en que aún vivía Domingo Torres, primer esposo de dicha señora y padre de los menores. Báez declaró así: Que él era el que iba a casa de Zayas a buscar provisiones todos los viernes; que Ernesto Bodón era quien lo enviaba con cargas de productos de la finca; que él vendía los frutos y le entregaba el dinero a Bodón; que las compras en casa de Zayas las hacía por cuenta de Bodón; que él, el testigo, acostumbraba hacer tres compras, de las cuales entregaba una a Amalia y otra a Josefa, ambas que-ridas de Bodón, y la tercera a Tomasa Arroyo; que ésta era rica cuando vivía su primer marido y que cuando se le aca-baron los chavos Bodón la abandonó. Y al preguntarle el Juez que dónde estaba Bodón ahora contestó: “Bodón está con una finca por allá, porque sí sacó para otra finca; está echado, está comiendo, está bebiendo y la mujer ha tenido que estar pidiendo un gajo de guineos, y él está comiendo y bebiendo, está con su buena finca en el Barrio de Monte Llanos.”

La declaración de este testigo, a nuestro juicio ingenua y veraz, pinta con vivos colores la situación de estos me-nores. Hijos de una mujer ignorante, sus bienes y los de la madre son administrados por el padrastro, quien dispone de los frutos, recibe el precio de los mismos y no rinde a nadie cuenta de su administración. Es cierto que el padrastro ordenaba provisiones en casa de la sociedad demandante, pero es cierto también que esas provisiones se distribuían entre el hogar de los menores y los de las dos queridas que sostenía Bodón. La prueba no demuestra si lo qne se cobra abora a los menores demandados es solamente lo qne se entregó a ellos para su manutención o si las cuentas presentadas en evidencia incluyen también las mercancías y provisiones en-tregadas a las concubinas del padrastro. Y ante una prueba tan deficiente es nuestro deber resolver que la sentencia re-currida es insostenible.

La corte inferior erró al considerar como prueba conclu-yente de la reclamación la sentencia dictada ex parte en el expediente de utilidad y necesidad. Los menores demanda-dos no están impedidos en manera alguna para atacar la suficiencia de la prueba que sirvió de base a dicba senten-cia. Y esa prueba era a nuestro juicio claramente insufi-ciente para sostener la reclamación de la demandante como una obligación exigible a los menores aquí demandados.

Somos de opinión que la prueba aducida por la deman-dante es insuficiente para justificar la sentencia recurrida y que ésta debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Luis Illanas Blanco, demandante y apelado, v. Cecilio González González, demandado y apelante.
    Núm. 7192.

    Sometido: Junio 4, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      Francisco A. González Suárez, abogado del apelante; José Veray, ' Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso son como siguen:

El demandante es dueño de un solar de 99.20 metros cua-drados, en el que existe una casa designada con el mim. 23 de la calle Stahl, en la ciudad, de Aguadilla. Dicho solar ‘colinda por el Norte con otro de 99.36 metros cuadrados, pro-piedad del demandado, en el que radica una casa de concreto, la cual era originalmente de un sola planta. El solar del de-mandado fné segregado de un finca de 4,719.80 metros cua-drados, que adquirió el demandante por herencia de doña Julia Blanco Valentín, y vendido por el demandante y su esposa en 21 de julio de 1931 a Víctor Pérez. En la fecha en que Víctor Pérez adquirió dicho solar, éste contenía una casa de madera, techada de hierro galvanizado y marcada con el número 21 de la calle Stahl. Víctor Pérez demolió dicha casa y en su lugar edificó otra de concreto, de una sola planta, la cual vendió junta con el solar, en 17 de febrero de 1933, al demandado. El demandante adquirió la casa que está enclavada en su solar de 99.20 m. c., en 28 de julio de 1933, por compra a Antonio Sosa González y Antonio Sosa Ríos.

La casa de madera que había en el solar del demandado y que fué demolida por Víctor Pérez para construir la de concreto, tenía más de veinte años de construida, y mientras existió tuvo ventanas en su lado sur, colindante con el lado norte de la casa del demandante. La casa de concreto cons-truida por Víctor Pérez y vendida por éste al demandado tiene por su lado sur una pared de concreto, sin ventanas o huecos de clase alguna hacia la finca del demandante. Dueño ya de la referida casa de concreto, el demandado edi-ficó una segunda planta de madera en cuyo lado sur abrió cuatro ventanas con vistas rectas hacia la propiedad del de-mandante y construyó un alero de cincuenta y tres centíme-tros de ancho, que cae sobre la propiedad del demandante en una anchura de veintitrés centímetros.

En la demanda se alega que los actos del demandado han sido ejecutados sin la autorización y contra la voluntad del demandante, y se pide sentencia por la que se declare que la finca del demandante no está sujeta a servidumbres de luces y vistas y de desagüe de techo a favor de la finca del demandado; que el demandado debe tapiar las ventanas y recortar el alero del techo de manera que no sobresalga de la línea de su solar y ponerle canales de desagüe; que se ordene la ejecución de tales obras con cargo al demandado, si éste se negare a realizarlas; y que se condene al deman-dado al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

El demandado negó los hechos esenciales de la demanda y alegó siete defensas especiales, las cuales pueden resumirse así: Que a principios del 1931, el demandante, dueño de los dos solares envueltos en esta controversia, vendió a Víctor Pérez el solar que es hoy propiedad del demandado y en el cual radicaba una casa de madera que tenía más de 25 años de edificada; que dicha casa tenía varias puertas y ventanas en el lado sur que colinda con la casa del demandante, la cual a su vez tiene también ventanas en el lado que colinda con la casa del demandado; que al vender dicha propiedad, el demandante ni prohibió la continuación de la servidumbre de luces y vistas existente a favor de la casa vendida, ni se reservó derecho alguno de servidumbre de luces y vistas a favor de su propiedad, quedando así establecidas servidum-bres recíprocas desde hace más de veinte años; que jamás se contruyó pared, cerca o separación material entre ambas propiedades; que las servidumbres de luces, vistas y desa-güe han existido a favor de la finca del demandado por más de 25 años, lo que da al demandado el derecho por prescrip-ción para continuar gozando de ellas; y que el demandante tuvo conocimiento y presenció la construcción de las ventanas y alero y no hizo protesta alguna.

Celebrada la vista del caso, la Corte de Distrito de Agua-dilla dictó sentencia por la que se ordena al demandado que tapie las ventanas y reduzca el alero, dentro del plazo de treinta días desde que la sentencia sea firme; se autoriza al demandante para que realice tales obras por cuenta del de-mandado, en caso de que éste se negare a hacerlo; y se con-dena al demandado al pago de costas, gastos y honorarios. El demandado apeló.

En el primer señalamiento se alega que la corte erró al declarar sin lugar la excepción previa sobre insuficiencia de los hechos alegados en la demanda. Los argumentos adu-cidos para sostener este señalamiento son enteramente frí-volos. La demanda contiene todas las alegaciones necesarias para establecer una causa de acción a favor del demandante. La corte procedió correctamente al desestimar la excepción.

El segundo señalamiento imputa a la corte inferior el error de haber permitido al demandante declarar sobre la cabida del solar del demandado, siendo la mejor prueba la escritura de lá propiedad en la que consta su cabida. Creemos innecesario discutir este señalamiento. Aún cuando la corte hubiese errado al admitir la declaración del demandante, el error en nada perjudicó los derechos del demandado, y además, el mismo fue subsanado posteriormente al presentarse la prueba documental pertinente.

En el tercero se señala como error de la corte el de no haber admitido en evidencia cuatro pequeñas fotografías ofrecidas por el demandado. Dichas fotografías fueron exhibidas en el acto del juicio al fotógrafo Sr. Silva, testigo del demandante, quien después de examinarlas declaró que eran fotografías de las dos propiedades envueltas en este litigio. La Corte se negó a admitirlas por entender que de acuerdo con la jurisprudencia una fotografía no es admisible en evidencia si no ha sido identificada antes por la misma persona que la tomó. Convenimos con el apelante en que no es absolutamente necesario que las fotografías sean identificadas por la misma persona que las tomó. Si se demuestra por evidencia extrínseca que la fotografía es una representación fiel y exacta de la propiedad, tal como ésta existía en la fecha de la controversia, es el deber de la corte admitirla como prueba. La fotografía puede ser identificada por la declaración del fotógrafo que la tomara o por el testimonio de otras personas que estén familiarizadas con la propiedad. Véanse: 22 C. J., secciones 1114 a 1125; Wigmore on Evidence, sección 794; Jones, 3 Commentaries on the Law of Evidence in Civil Cases, 757. Las ofrecidas en este caso fueron suficientemente identificadas por el fotógrafo Silva, quien tomó la fotografía de las propiedades que fue ofrecida por el demandante y admitida como exhibit C de dicha parte. Si la corte cometió error al no admitirlas, ese error no pudo en manera alguna perjudicar al demandado, pues la jurisprudencia sostiene que cuando una inspección ocular de la propiedad es posible y practicable, la corte puede ex-cluir fotografías, por ser éstas evidencia secundaria. Véanse: Wyldes v. Patterson, 153 N. W. 630, y Dobson v. Philadelphia, 7 Pa. Dist. 321. Tanto la fotografía admitida como las rechazadas fueron ofrecidas para ilustrar a la corte en cuanto a la dimensión y condiciones del alero construido por el demandado. La corte basó su sentencia en sus propias observaciones durante la inspección ocular por ella practi-cada a instancia de ambas partes, sin tener en cuenta las fo-tografías. T usando sus propios sentidos y una cinta mé-trica, la corte comprobó que el callejón que separa una casa de la otra mide solamente 83% centímetros, y llegó a la con-clusión de que el alero está construido en forma tal que las aguas pluviales no solamente se vierten sobre el predio del demandante sino también sobre el techo de la casa de éste. El error no pudo perjudicar al demandado y debe ser desestimado.

Las imputaciones que hace el apelante en su alegato, de que la corte al apreciar la prueba actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad no aparecen justificadas en manera alguna. No aparece del récord conflicto alguno en cuanto a los hechos esenciales de la controversia.

Veamos ahora si la corte erró al aplicar la ley a los hechos establecidos por la prueba.

En su relación del caso y opinión la corte inferior llegó a la siguiente conclusión:

“De las pruebas practicadas, así como de la ley aplicable y de las doctrinas relativas a las mismas, es fuerza concluir que el demandado tenía y sigue teniendo derecho a la servidumbre de luces y vistas de las ventanas abiertas en la planta baja de la casa de madera que fué demolida para construir otra de cemento; que tales ventanas para luces y vistas no eran removibles para ser establecidas en otra planta como ha pretendido y llevado a cabo el demandado al cons-truir una planta alta sobre la anterior, practicando los huecos y ven-tanas que correspondían a la planta inferior. . .
“No hay duda que dentro del proceso de distintas adquisiciones porque ha pasado el solar y las casas construidas en el mismo desde el momento que la planta baja mantuvo por un tiempo indefinido los huecos o ventanas de que se ha hecho mención abiertos hacia el fundo vecino perteneciente al mismo dueño, la servidumbre de luces y vistas fué adquirida a favor de ese edificio; pero no es menos cierto que por la teoría de la inherencia, estos huecos o ventanas no pueden ser practicados en otro sitio a capricho de la persona dueña del edi-ficio a favor del cual la servidumbre de luces y vistas quedaba esta-blecida y menos trasladando estos huecos o ventanas para luces y vistas a una planta de nueva edificación. ’ ’

Las dos fincas envueltas en este litigio pertenecieron hasta el 13 de abril de 1928, fecha de su fallecimiento, a doña Eustaquia Ríos Hidalgo. Aun cuando para la existen-cia de una servidumbre es requisito indispensable que el pre-dio dominante y el predio sirviente pertenezcan a distintos dueños, la servidumbre existía virtualmente a favor de cada uno de los dos predios y sobre el otro, por ser un hecho pro-bado que la casa de madera que existía sobre el solar que es hoy del demandado tenía ventanas abiertas con vistas hacia el solar del demandante y viceversa. Esas ventanas, signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, habían sido es-tablecidas o reconocidas por la dueña de ambas propiedades. Mientras los dos predios pertenecieron a un solo dueño, la servidumbre existía como un derecho o gravamen latente. Y al separarse la propiedad de los dos predios, pasando uno a ser propiedad del demandante y el otro del demandado, la servidumbre revivió en beneficio de cada uno de los predios y en contra del otro, como obligaciones recíprocas de permi-tir vistas y de dar luz a las edificaciones que pudieran existir sobre uno u otro predio. El artículo 477 del Código Civil (ed. 1930), que consideramos aplicable, dice:

“Artículo 477. — La existencia de un signo aparente de servidum-bre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se con-siderará, si se enajenare una, como título para 'que la servidumbre continúe activa y pasivamente,- a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se baga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.”

Hemos examinado la escritura de partición de los bienes de doña Eustaquia Ríos Hidalgo, por la cual se adjudicó al demandante el solar y casa que aún posee y también el solar que es boy propiedad del demandado, adjudicándose a los dos herederos, Antonio Sosa González y Antonio Sosa Ríos, entre otros bienes, la casa de madera que existía en el solar propiedad hoy del demandado; la escritura por la cual los citados herederos vendieron dicha casa al demandante; la escritura por la cual el demandante lilailas y su esposa ven-dieron a Víctor Pérez el solar de 99.36 metros cuadrados y la casa en el mismo enclavada, núm. 21 de la calle Stahl; y por último, la escritura de 17 de febrero de 1933, por la cual el citado Víctor Pérez y Cruz y su esposa vendieron dicha casa y solar al aquí demandado Cecilio González. En ninguna de dichas escrituras hemos podido encontrar cláu-sula o estipulación alguna que revele la voluntad o el deseo de las partes contratantes de poner fin a la servidumbre de luces y vistas existente entre ambos predios y de la cual eran signos aparentes las ventanas abiertas en las dos edi-ficaciones existentes en uno y otro solar. Y como la prueba testifical demuestra que al enajenar la propiedad que es hoy del demandado, el demandante no realizó acto alguno para hacer desaparecer aquellos signos aparentes de servidumbre, tenemos que convenir con la corte sentenciadora en que el demandado, como sucesor en título de Víctor Pérez, adqui-rió el derecho a continuar disfrutando de la servidumbre ya establecida por la dueña primitiva a favor de su predio.

Fáltanos resolver ahora si ese derecho a luces y vistas sobre el predio del demandante puede hacerse extensivo a una segunda planta construida sobre la planta baja ya existente sobre el predio dominante, propiedad del deman-dado.

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un in-mueble en. beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Se denomina real o predial cuando la disfruta el propieta-rio de un finca y está constituida sobre otra propiedad ve-cina para beneficio de aquélla. Artículos 465 y 467 del Có-digo Civil (1930). La servidumbre real es inseparable de la finca a que activa o pasivamente pertenece. Artículo 470 del mismo código.

El artículo 518 del Código Civil dispone que “no se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no báy dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicta pro-piedad.” Pero es indiscutible que el derecho a abrir y a man-tener abiertas esa clase de ventanas, cuando la distancia es menor de dos metros, puede ser establecido por la voluntad de los propietarios. (Artículos 472 y 530, Código Civil, 1930.) La evidencia en el caso de autos demuestra fuera de toda duda que el .derecho del demandado a abrir ventanas con vistas rectas hacia el predio del demandante quedó establecido por el acto voluntario de éste al vender a Víctor Pérez el solar que es hoy propiedad del demandado y la casa que en el mismo existía sin hacer reserva alguna en la escritura de traspaso u ordenar la clausura de las ventanas antes de vender la pro-piedad, según lo requiere el ya citado artículo 477.

La servidumbre de luces y vistas es un derecho real esta-blecido sobre un predio, finca o heredad, denominado predio sirviente, para beneficio de otro que se denomina predio do-minante. Ese derecho es inherente al predio dominante, es inseparable de éste y no se extingue por la destrucción de las edificaciones existentes sobre el predio y que fueren necesa-rias para el goce y disfrute de la servidumbre. La corte inferior así lo ha creído, pues no de otro modo se explica que haya declarado “que el demandado tenía y sigue teniendo derecho a la servidumbre de vistas y luces de las ven-tanas abiertas en la planta baja de la casa de madera que fué demolida para construir otra de cemento.” Si la servi-dumbre de luces y vistas fuese un derecho inherente a la edi-ficación adherida al predio, ese derecho seguramente desapa-recería al ser demolida la edificación. T si puede recla-marse el mismo derecho en beneficio de una nueva edifica-ción es porque la servidumbre se ha establecido en beneficio del solar o predio dominante, para que cualquiera edificación que en el mismo se exija pueda gozar del beneficio de tener luces y vistas sobre el predio vecino, aun cuando la pared en que se abran las ventanas diste menos de dos metros de la finca del vecino.

Reconocido por la corte inferior y admitido por el de-mandante el derecho del demandado a la servidumbre de luces y vistas en la planta baja de la casa de éste, debemos resolver ahora si la sentencia recurrida, en cuanto decreta la clausura de las ventanas abiertas en la planta alta de la casa del demandado, es o no contraria a derecho.

Al transmitir a Víctor Pérez el dominio del predio do-minante, hoy del demandado, el demandante, quien se reser-vaba para sí el predio sirviente contiguo, no hizo declaración alguna en cuanto a la no existencia de servidumbre de luces y vistas a favor del predio que transmitía, ni hizo desapa-recer los signos aparentes de servidumbre que existían sobre dicho predio, ni definió o limitó en forma alguna el alcance de la servidumbre ni los medios de que podría valerse el nuevo dueño del terreno para el goce y disfrute del derecho que adquiría a tenor de las disposiciones del artículo 477 del Código Civil, supra. En sus comentarios sobre el artículo 541, que es el equivalente del Código Civil Español, dice Scaevola:

“. . . La manifestación de la no existencia de la servidumbre ha de hacerse en el título de enajenación de cualquiera de las fincas, como dice el artículo, esto es, sea la que haya de convertirse en do-minante o sirviente, único sentido en el que pueden aceptarse tales palabras; pero en la que se enajene primeramente. Desde este mo-mentó se crea un estado de derecho que no hay más remedio que res-petar, sin que pueda ser alterado con posterioridad, a no mediar el .consentimiento de los interesados.
“Da declaración ha de ser explícita; no debe dejar dudas acerca de la no existencia de la servidumbre. Es decir, deberá expresarse esto específicamente, no bastando la declaración genérica de que se trasmite la finca sin carga alguna o sin ninguna clase de servidum-bres, tanto porque esta declaración cabría aplicarla a las servidum-bres que pudieran existir entre la totalidad de la finca, entre la unidad jurídica determinada por el dominio consolidado y otras fin-cas ajenas a él, como porque el artículo exige implícitamente una declaración particular respecto del signo existente.” ' (Vol. 10, págs. 286 y 287.)

El fin de la servidumbre de luces es recibir luz y aire. El demandado adquirió un predio de terreno sobre el que existía una casa que recibía luz y aire del predio vecino, sobre el que tenía vistas rectas. Ni en su título, ni en el que a su antecesor confiriera el demandante, que es dueño del predio sirviente, se impusieron limitacionés a su derecho a continuar recibiendo tales beneficios del predio vecino. Por el contrario, en la escritura de Illanas a Pérez se dice que el primero vende al segundo-“la casa y solar segregados que se reseñan en la cláusula precedente, con cuanto les sea inherente y anexo.”

De Manresa, Yol. 4, página 649, copiamos lo que sigue:

“Dupret y otros autores sostienen que el que usa de la servidum-bre en la medida de sus necesidades o de su conveniencia, la conserva íntegramente a.unque no haya hecho todo lo que estaba autorizado a hacer, o aunque lo haya hecho sólo en forma, en sitio determinado. Así, autorizado el paso a pie o en carruaje, aunque durante veinte años sólo se pase a pie, no se pierde por ello el derecho de pasar en carruaje; autorizada la extracción de agua todos los días, aunque sólo se ejercite una, dos o tres veces por semana, no quiere decir esto que se pierda la facultad de tomarla a diario: autorizado el dueño de un edificio para abrir en él cuantas ventanas quiera, el hecho de abrir dos o tres no implica a los veinte años la prohibición de abrir más, etc.”

El demandante, al trasmitir el dominio del predio domi-nante pudo limitar la servidumbre a la planta baja o fijar el número de ventanas que el adquirente del predio tendría derecho a abrir para poder gozar debidamente de su pro-piedad. Sin embargo, no lo bizo así; y al no hacerlo esta-bleció a favor del predio por él enajenado un derecho de servidumbre de luces y vistas, con todos los derechos nece-sarios para su uso, a tenor de lo dispuesto por el artículo 478 del Código Civil (1930). El demandado está obligado desde luego, a no hacer más gravosa la servidumbre. La demanda en este caso no se funda en que la servidumbre se haya hecho más gravosa para el predio sirviente, sino en una negación absoluta de la existencia de la servidumbre. Y la prueba, lejos de demostrar que las ventanas en la planta alta son más gravosas para el predio del demandante que si se abrieran en la planta baja, demuestra todo lo contra-rio, pues siendo la casa del demandante de una sola planta, por las ventanas de la planta alta del demandado sólo puede verse el techo de la casa vecina, mientras que por ventanas abiertas en la planta baja se tendrían vistas rectas hacia el interior de la casa del demandante, lo que sería mucho más gravoso para éste.

El demandado, como dueño del solar, tiene derecho a construir sobre él desde el suelo hasta el cielo y a proveer a las edificaciones de las ventanas que sean razonablemente ne-cesarias para el goce y disfrute de las mismas. Y dadas las circunstancias especiales de este caso, debemos resolver tam-bién, para definir de una vez los derechos del- demandante, que éste, como dueño del otro solar, tiene iguales derechos que el demandado, pues éste, al aceptar el traspaso de su propiedad con conocimiento de que en la pared de la casa vecina existían ventanas con vistas rectas sobre su predio, sin que hiciera protesta alguna o limitara en manera alguna el derecho de su vecino, aceptó y consintió que su vecino pu-diera continuar gozando de su propiedad con los mismos de-rechos que el demandado adquirió para el goce de la suyal Somos de opinión que de acuerdo con la Equidad ésta es la mejor y más justa solución que podemos dar a esta situación creada por los actos voluntarios de las partes litigantes.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia recurrida, dejándola sin efecto en cuanto ordena al deman-dado tapiar las cuatro ventanas abiertas en la planta alta de su casa; en cuanto condena al demandado al pago de costas, gastos y honorarios; y en cuanto, autoriza al de-mandante a realizar, en caso que el demandado se negare a hacerlo, las obras necesarias para reducir el alero cons-truido por el demandado. Y así modificada, se confirma la sentencia dictgda por la Corte de Distrito de Aguadilla él día 16 de marzo de 1935, disponiéndose que bajo pena de desacato el demandado deberá realizar las obras necesarias para recortar el alero y reformarlo de acuerdo con las ór-denes de la Corte. Todo sin especial condenación de costas. El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.