text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Rosa Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8806.

    Sometido: Julio 14, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      E. Díaz Santana y E. Hieres Calimano, abogados del apelante; II on. ■ Procurador General Interino, Emilio de- Aldrey, y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Rosa Rivera apela de la sentencia de $50 de multa o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar que le impuso la Corte de Distrito de San Juan por una infracción a la sección 4a. de la ley de 25 de julio de 1935 ((2) pág. 153) conocida por Ley de la Bolita. La denuncia dice en lo per-tinente así: *

“...Que en 11 de enero, 9:15 P. M. de 1940, y en la calle 10 del Bo. Capetillo de Río Piedras, del Distrito Judicial Municipal de Río Piedras, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado, allí y entonces, ilegal, voluntaria y mali-ciosamente y a sabiendas de que los mismos se utilizan y se están utilizando en el juego ilegal de bolita, juego declarado estorbo pú-blico, transportaba, ciento cincuentidós listas de números de tres cifras, las cuales listas de número -representan — los tres primeros guarismos — el número escogido o seleccionado por el comprador o jugador del mismo — y el número, que está separado por un guión del referido número de tres cifras — el número de acciones comprado por el comprador o jugador, y sabiendo el acusado que cada número o grupo de números representa una acción o interés en una lotería clandestina vulgarmente conocida con el nombre de Bolita”. (Itálicas nuestras.)

El apelante hace tres señalamientos de error, a saber, primero que la denuncia no imputa delito alguno al no es-pecificar de manera clara y terminante, infracción alguna a cierta y determinada sección de dicho estatuto; segundo, que la sentencia es contraria a la prueba, y tercero que la corte inferior cometió manifiesto error al aceptar en evidencia prueba que no sostenía las alegaciones de la denuncia.

El primer error es completamente frívolo. La denun-cia claramente imputa al acusado una infracción a la sección 4 de la ley 25 de julio 17 de 1935, y al exponer los hechos se dice que consistió en transportar ilegal, voluntaria y ma-liciosamente y a sabiendas de que las mismas se utilizan y se están utilizando en el juego ilegal de Bolita cierta canti-dad de listas de números y se explica el significado de las mismas. El caso de El Pueblo v. Salabarría, 57 D.P.R. 130, citado por el apelante no es aplicable al de autos. En aquél se imputó al acusado el delito de manipular el juego de bo-lita previsto en la sección 3 de la ley y se resolvió que la mera ocupación de implementos o material que se usen en dicho juego, sin más prueba, no es suficiente' para sostener la denuncia. Expresamente se distinguió dicha situación de la actual en que se imputa al acusado el delito de transportar papeletas, etc. cuando se dijo:

“La sección 4 de la ley, que también se alega infringida, no tiene aplicación a los hechos de este caso. Dicha sección se refiere a la 'portación o condución por cualquier persona de cualquier papeleta, billete, etc., así como también a que el acusado sea ‘dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta ley,’ de lo cual no existe prueba alguna en este caso, aunque en la denuncia se alegue que el acusado actuaba como agente y admi-nistrador, etc.” (Itálicas nuestras.)

El segundo y tercer señalamiento pueden resolverse conjuntamente pues se refieren a la prueba. Al discutir estos errores el apelante insiste en tratar el caso como uno de manipulación del juego de Bolita por parte del acusado y no de transportación. Somos de opinión que la declaración del testigo de El Pueblo, el detective Saturnino Romero, claramente demuestra que el acusado transportaba las listas de Bolita. Dicho testigo declaró, en parte:

“F. — ¿Conoce usted al acusado Pedro Rosa Rivera?
T. — Sí, señor.
F. — ¿Intervino con él en esa fecha?
T. — Sí, señor.
F. — ¿Con qué motivo y en dónde?
T.' — Pues el día 11 de enero, a las 9 y % de la noche el detective Miranda y yo nos personamos en la calle 10 en un automóvil y sorprendimos al acusado con cuatro o cinco más que le estaban en-tregando colectas de bolita... Al nosotros bajar del automóvil él estaba delante, frente a una casita, en la calle 10; estaba la puerta abierta. . .la casita es de dos plantas con una escalera estrecha, y él salió corriendo hacia la casa y los otros se fueron y nosotros lo per-seguimos escalera arriba y al llegar arriba se puso las colectas y los chavos en una mesa y fueron ocupados y arrestado el acusado.
F. — ¿Y qué se ocupó allí?
E. — 152 listas de bolita con números de tres cifras.
F. — ¿Y qué más?
T. — Y $17.38 en efectivo.
F. — ¿A quién se le ocupó eso?
E. — Al acusado.
F. — ¿En dónde? ¿En qué pueblo fué eso?
T. — En Río Piedras, en la calle 10.
F. — ¿De dónde basta dónde llevó él ese dinero y la lista?
T. — Él estaba en la calle y cuando nosotros llegamos en el auto-móvil él subió para arriba y nosotros le seguimos basta arriba. Una 'casita pequeña, de dos plantas.” (Itálicas nuestras.)

El caso de El Pueblo v. Rosario, 55 D.P.R. 235, también citado por el apelante, tampoco le favorece pues, al igual que en el de Pueblo v. Salabarría, supra, sé imputó al acu-sado el delito de manipular el juego de bolita y no el de transportar los materiales del mismo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PbesideNte Señóe, Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y José Ortiz Rivera, peticionario ante la Comisión Industrial. El Mismo v. La Misma, e Higinio Valle y Esmeralda Crespo, peticionarios ante la Comisión Industrial.
    Núms. 226 y 227.

    Sometidos: Julio 23, 1941.

      Resueltos: Julio 26, 1941.

      Eon. Procurador General George A. Malcolm, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y G.

      Atiles Moréu, abogados éstos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; Luis Mercader, V. Brunet y J. L. Novas, abogados, respectivamente, de los patronos; J. Pedro Miranda y E. Solde-vila, abogados, respectivamente, de los beneficiarios.
   El Juez PbesideNte Señóe, Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos envuelven la misma cuestión a resolver, se vieron conjuntamente y serán estudiados en una sola opinión.

. Los hechos declarados probados por la comisión en el caso de Ortiz, recurso núm. 226, son los siguientes:

“Que Andrés Ortiz Yélez era un obrero empleado por Pablo Pagán para trabajar en un truck propiedad de este último;
“Que Pablo Pagán babía contratado los servicios de un truck de su propiedad para que el Sr. José Vives pudiera arrastrar caña de un barrio de la municipalidad de Utúado a la grúa de la Central ^Cambalache en otro barrio;
“Que el Sr. José Vives tenía un contrato con la Central Camba-lache para el arrastre de caña, utilizando para ello trucks de varias personas entre las cuales se encontraba el Sr. Pablo Pagán;
“Que Andrés Ortiz Vélez sufrió un accidente el día 28 de abril de 1939, mientras trabajaba en el truck del Sr. Pablo Pagán, trans-portando caña propiedad de la Central Cambalache, el cual accidente le provino de un acto o función inherente a su trabajo y le ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo, privándolo de la vida;
“Que ni el Sr. Pablo Pagán, dueño del truck, ni el Sr. José Vives, persona que contrató los servicios del truck para el arrastre de caña a la Central Cambalache, estaban asegurados con el Fondo del Estado el 28 de abril de 1939, mientras realizaban el trabajo ajustado o con-tratado de arrastre de caña para la Central Cambalache;
“Que para abril 28, 1939, la Central Cambalache, dueña de las cañas, era un pafrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado.”

Y concluyó:

“Que no estando asegurado contra accidentes del trabajo el con-tratista independiente, Sr. José Vives, con quien ajustó o contrató el patrono principal, Central Cambalache, y estando este último debidamente asegurado de acuerdo con la ley núm. 45 de abril 18, 1935, el patrono principal y asegurado, Central Cambalache, es res-ponsable del accidente ocurrídole al obrero Andrés Ortiz Yélez y el Fondo del Estado deberá pagar la compensación que por ley le corres-ponde a los que, después de la debida investigación, resulten ser los beneficiarios del obrero occiso.”

En el otro caso o sea el de Higinio Valle y Esmeralda Crespo — recurso núm. 227 — los hechos declarados prohados por la comisión fueron:

“ .. .El día 8 de marzo de 1940, el obrero Angel Valle trabajaba como' auxiliar en un camión marca 'Ford’ del patrono no asegurado Martín Linares. El patrono Martín Linares explotaba dos camiones en el acarreo de productos de la tierra y en el arrastre de cañas. Martín Linares convino desde antes del accidente con el patrono asegurado Juan Estades el arrimo de las cañas de éste desde su finca hasta la central 'Los Caños’. El patrono Juan Estades declaró el día de la vista que él se dedica al cultivo de la caña y las mismas son molidas por la central ‘Los Caños’; que tiene que transportar sus cañas desde su finca hasta el molino de la Central ‘Los Caños’, para lo cual emplea sus propios camiones y camiones pertenecientes a otras personas, con las cuales contrata a razón de sesenta centavos la tonelada de caña arrimada a la central.... El día del accidente, un truck perteneciente a Martín Linares, con quien contrató o ajustó el arrastre de cañas de Juan Estades, se dirigía cargado de cañas propiedad de Juan Estades hacia la central ‘Los Caños’. Fué en esa ocasión que se volcó el camión que conducía las cañas de Juan Estades que se lesionó el obrero Angel Valle mientras trabajaba en dicho camión, y a consecuencia de cuyo accidente o lesión perdió la vida Angel Valle.”

Concluyendo que:

“ ... Martín Linares realizaba un trabajo relacionado directamente con el negocio de Juan Estades. Martín Linares es en este caso un contratista independiente que se encontraba no .asegurado para la fecha del accidente y que realizaba un trabajo, contrato o ajuste relacionado con el negocio o industria del patrono Juan Estades, dueño de la finca y de las cañas y patrono debidamente asegurado de acuerdo con la ley 45 de abril 18 de 1935.
“A nuestro juicio el artículo 19 de la ley 45 de abril 18 de 1935 resuelve esta controversia.”

En ambos recursos el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado recurrente presenta el problema a decidir, con la sola excepción de que en el primero se refiere a José Pagán y en el segando a Martín Linares, en términos exac-tamente iguales, como sigue:

“En el caso Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272 (panfleto núm. 2), se planteó la situación de un dueño de taller de mecánica, Antonio Rivera, quien bizo para la compañía expende-dora de gasolina, West India Oil Co. la reparación de un tanque. Ocurrió un accidente que le costó la vida a un operario del dueño del taller, y los padres del operario, como beneficiarios de éste, inter-pusieron reclamación ante el Fondo del Seguro del Estado. Alegamos entonces que Antonio Rivera era dueño de un negocio con vida propia por lo que no podía considerarse el contratista independiente que contempla el artículo 19 de la ley, supra. Este Tribunal sostuvo entonces a la Comisión Industrial y declaró que Antonio Rivera era un contratista independiente, y no estando asegurado con el Fondo del Seguro del Estado, aunque sí la West India Oil Company, la póliza de esta última empresa daba cubierta al obrero lesionado.
“Los argumentos que usamos entonces tienen, sin embargo, más fuerte aplicación al caso presente, donde se trata de un porteador público. Si se resolviera que Pablo Pagán es el contratista o sub-contratista que contempla el artículo 19 de la ley supra, obligaríamos a todos los patronos a incluir en su relación de jornales pagados, o nóminas, el total de todo lo que paguen por concepto de transporta-ción de sus materiales, productos y empleados o, en la alternativa, privarse de utilizar ningún porteador público a menos que éste acre-dite ser patrono asegurado. De no actuar en esa forma, estaría el patrono violando la ley, e incurriendo en delitos que aparejan pena. Incidentalmente se obligaría, en este segundo caso, a todos los por-teadores públicos a acogerse a la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo independientemente del número de personas a que den empleo efectivo. ¿Es tal el alcance de la ley? No nos lo parece, y a fin de que este alto Tribunal haga luz sobre la situación y podamos orientar sobre base firme las futuras actuaciones del Fondo del Estado, planteamos el problema.”

En el caso de Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272, se estudia lo que se entiende por con-tratista independiente, citándose entre otras, la siguiente definición:

“Cuando se celebra un contrato de trabajo que ba de ser reali-zado por otro, en el que el dueño (contractee) no se reserva la facultad de determinar los medios de hacerlo, sino simplemente exige el resul-tado del trabajo, el empleo es independiente y establece la relación de dueño (contractee) y contratista (contractor) y no la de patrono y empleado.” Penn. R. R. Co. v. Allegheny County, 188 A. 178, 179, 324 Pa. 216.

Con arreglo a ella no bay duda alguna de que la comi-sión actuó correctamente al resolver que José Vives y Pablo Pagán en el primer caso y Martín Linares en el segundo, eran contratistas independientes de la Central Cambalache y de Juan Estades, respectivamente.

No estando dichos contratistas independientes asegurados y estándolo la Central Cambalache y Juan Estades con quie-nes contrataron y para quienes realizaban el trabajo contra-tado por medio de sus obreros, entre los cuales se encontra-ban los que fallecieron a causa de accidentes ocurridos den-tro del curso del mismo, 4 deben responder de los accidentes los contratistas personalmente, como patronos no asegura-dos, o responde el seguro de aquellos patronos para quienes ellos y sus obreros trabajaban!

A nuestro juicio responde el seguro, como también correc-tamente resolvió la comisión. Con ese propósito fue que el legislador puertorriqueño al decretar la ley núm. 45 de 1935, pág. 251, para promover el bienestar de los habitantes del Pueblo de Puerto Eico, en o referente a accidentes que cau-sen la muerte o lesiones, o enfermedades o muerte derivadas de la ocupación de los trabajadores en el curso de su empleo, etc., prescribió en su artículo 19, lo que sigue, sin hacer dis-tinción con respecto a porteadores públicos:

“Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto cobrado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del patrono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere trabajo por un contratista independíente que estuviere ase-gurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.”

La ley es clara y terminante. Refiriéndose a la materia que regula, se dice en la obra de Bradbury sobre Compensa-ciones a Obreros, Bradbury’s Workmen’s Compensation, ca-pítulo 9, pág. 264:

“Las leyes de compensaciones a obreros ban creado una relación completamente nueva entre principales o contratistas principales y los empleados de contratistas y subcontratistas. Hasta ahora, bajo estas circunstancias, se había sostenido que aquellos que ostensible-mente aparecían como principales o contratistas principales en rela-ción con contratistas y subcontratistas eran en realidad patronos de trabajadores empleados ostensiblemente por contratistas y subcontra-tistas. En esos casos se resolvió que la relación de principal y agente (master and servant) existía claramente entre el principal o principal contratista y los obreros o empleados directamente nombrados por los contratistas o subcontratistas.
“Pero bajo muchas de las leyes de compensaciones a obreros más modernas los principales o principales contratistas son directamente responsables a los obreros de contratistas o subcontratistas sin consi-derar para nada la circunstancia de si existe o no la relación de principal y agente (master and servant).
“No todas las leyes de compensaciones a obreros modernas con-tienen una disposición del carácter antes referido. En muchas de ellas la responsabilidad es condicional. Esto es, en muchas ocasiones, si el contratista o subcontratista ha asegurado y ofrecido la protec-ción a sus obreros bajo una póliza de seguro adecuada, entonces los principales o principales contratistas quedan exentos de toda respon-sabilidad. ’ ’

Nuestra ley, como fiemos visto, es condicional. Se aplica solamente en los casos en que el contratista independiente no estuviere asegurado. Lo importante es que en cualquier caso el obrero y los que de él dependen queden garantizados por medio del Fondo del Seguro del Estado.

Parece conveniente transcribir las siguientes palabras de introducción a la nota al Doherty’s Case de la Corte Su-prema de Massachusetts, 2 N. E. (2d) 186, que aparecen a la página 581 del volumen 105 del American Law Reports Annotated, 105 A.L.R. 581, porque ellas indican el estado actual de la ley sobre la materia y su propósito tal como ha sido interpretado y fijado por las decisiones de las cortes de justicia. "Son así:

"Esta nota es suplemento de la que aparece en 58 A.L.R. 872.
“En un comentario inserto en 78 A.L.R. 493 (Compensaciones a Obreros, see. 12) que lleva por título ‘Contratistas independientes y leyes sobre compensaciones a obreros’, se hace referencia a varias notas que discuten materias relacionadas con las aquí envueltas.
‘ ‘ Conforme se expresa en la nota anterior, continuamente se están agregando a las leyes sobre compensaciones a obreros en las diferentes jurisdicciones, disposiciones haciendo a los ‘patronos’, ‘patronos prin-cipales’, ‘contratistas generales’, etc., responsables de la indemniza-ción de los empleados de contratistas y subcontratistas independientes, y estas disposiciones varían notablemente en las distintas jurisdic-ciones.
‘‘Manifestaciones hechas por las diversas cortes en decisiones •emitidas con posterioridad a la nota anterior, confirman lo allí ex-puesto al efecto de que el propósito fundamental de disposiciones de esta índole es proteger a los empleados de subcontratistas que no tienen solvencia económica e impedir que los patronos eludan respon-sabilidad haciendo a través de contratistas independientes, algo que de lo contrario harían por medio de empleados.”

Los recursos deben ser declarados sin lugar, quedando ■confirmadas las resoluciones de la Comisión Industrial en ambos casos.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    María Matos, también conocida por María Pardo Matos, peticionaria, v. Ricardo Agraít Aldea, Juez de la Corte de Distrito de Arecibo y la Sucesión de Don José Pardo Ríos, compuesta de su viuda Francisca González Pardo y sus hijos menores Amara y José Pardo González, demandados.
    Núm. 1256.

    Sometido: Julio 21, 1941.

      Resuelto: Julio 26, 1941.

      Pedro E. Anglade, abogado de la peticionaria; Antonio Lens Cuena, abogado de la Sucn. Pardo, demandada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari en el que está en-vuelta la cuestión de si puede citarse en un pleito al deman-dado por edictos sin que antes se baya expedido por el se-cretario del tribunal la citación o emplazamiento.

María Matos, en julio 8, 1939, inició en la Corte de Dis-trito de Arecibo un pleito sobre filiación contra la Sucesión de José Pardo Ríos, compuesta por su viuda Francisca Gon-zález Pardo y sus menores bijos Amara y José Pardo Gon-zález. La demanda que archivó está jurada y en ella se alega que los demandados residen en Burela, término municipal de Cervis, España.

Basándose en el becbo de la residencia de los demanda-dos fuera de Puerto Rico, presentó la demandante a la corte una moción jurada pidiéndole que ordenara su citación me-diante la publicación de edictos en un periódico de mayor circulación, una vez por semana, por término de treinta días,, y la corte accedió por orden de agosto 30, 1939.

Así las cosas, en mayo 11, 1940, comparecieron los de-mandados “al solo fin de impugnar el emplazamiento becbo por la demandante” porque “la corte no lia adquirido juris-dicción sobre los demandados, toda vez qne, para la publica-ción de los edictos ordenados, no se ban llenado todos los requisitos ordenados en el artículo 94 del Código de Enjui-ciamiento Civil.”

Se opuso la demandante acompañando a su oposición un ¡affidavit del administrador del periódico “El Mundo” credi-tivo de haberse publicado los edictos el 27 de febrero, el 5, el 12, el 19 y el 26 de marzo y el 2 de abril de 1941 en la forma que aparecía del recorte del periódico unido al affidavit, copia de la carta del abogado de la demandante dirigida ■a la demandada a su residencia en España, por correo certi-ficado, enviándole copia de la demanda y la tarjeta que acre-dita el recibo de la carta.

Señalada una vista, la corte oyó en ella a los abogados de las partes, y, por resolución de junio 17, 1941, declaró que no había adquirido jurisdicción sobre la persona de los de-mandados y ordenó “que la parte demandante obtenga del secretario que expida un emplazamiento en este caso, y que proceda de nuevo a publicar edictos en la forma y por el "tiempo que se dispuso en nuestra orden de 30 de agosto de 1939.”

Pidió reconsideración la demandante y le fue negada. .Acudió en certiorari ante este tribunal. Expedido el auto, se oyó a las partes el veinte y uno de este mes.

Tras un estudio detenido de los hechos, de la ley y la jurisprudencia creemos que tuvo razón la corte de distrito al declararse sin jurisdicción.

Las acciones civiles se promoverán ante las cortes de Puerto Rico mediante la interposición de una demanda dice el artículo 87 del Código de Enjuiciamiento Civil y así se promovió esta acción de filiación.

Por la mera interposición de la demanda, el demandante se somete a la jurisdicción de la corte. ¿ Cómo se obtiene que la corte adquiera jurisdicción sobre la persona del deman-dado? Lo prescribe el siguiente artículo, 88, del propio cuerpo legal. El secretario de la corte, dice, liará constar al dorso de la demanda el día, mes y año de la presentación, y en cualquier tiempo dentro de un año después de aquélla, el demandante puede obtener que se expida la citación (summons) o emplazamiento.

El artículo 89 ordena que “la citación irá dirigida al de-mandado, firmada por el secretario y librada bajo el sello de la corte”, debiendo contener los particulares que especifica.

Dispone el art. 92 quiénes pueden bacer la citación al de-mandado, el 93 cómo se fiará, y el 94 ordena que “cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la isla”, como sucede en este caso, “la corte o el juez puede dictar una or-den disponiendo que la citación se haga por la publicación de edictos”, “tfiat tfie service be made by tfie publication of tfie summons” expresa con propiedad el original inglés de la ley.

De suerte que en todo caso el que debe expedir la cita-ción — que es un documento que debe contener todos los re-quisitos que ordena el estatuto — es el secretario, estando fa-cultada la corte cuando la persona que deba ser citada re-sida fuera de la isla, para ordenar que la citación en vez de fiacerse por las personas y en la forma prescrita en los ar-tículos 92 y 93, se baga mediante publicación de la misma. El artículo 95 prescribe todo lo concerniente a la publicación.

Eealmente parece duro que un caso como éste en que consta que los demandados residían fuera de la isla, en que se ordenó por el juez que se recurriera al medio de la pu-blicación para citarlos y se publicaron en efecto los edictosy en que conocido el lugar de su residencia en el extranjero se les envió por correo una copia de la demanda, copia que fué recibida, se anule todo lo actuado porque el secretario-no expidió la citación.

Pero así debe ser porque dependiendo la jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado de su citación, ésta debe expedirse y practicarse cumpliéndose estrictamente con la ley. Desde 1862 se resolvió, por la Corte Suprema de California en People v. Huber, 20 Cal. 82, y la regla no ha sido alterada, que “las disposiciones estatutarias para adquirir jurisdicción sobre la persona de un demandado por medio de la publicación de la citación (summons) en sustitución de la notificación personal, deben observarse estrictamente” y que “una orden proveyendo la publicación de un emplazamiento, hecha antes de expedirse éste, es nula.”

Que la ley exige la previa expedición de la citación, como en todos los casos, en el especial en que se ordene que se haga mediante publicación, no sólo surge con claridad y pre-cisión del texto inglés del artículo 94 del Código de Enjuicia-miento Civil, ed. 1933, si que del de ambos textos, el español y el inglés, del artículo 95 del propio código. Dice, en lo pertinente, dicho artículo: “En caso de publicación,"cuando se conociere la residencia del demandado no residente o au-sente, la corte o el juez ordenará que se le dirija por el co-rreo una copia de la citación y de la demanda al lugar de su residencia.” Y para que la copia pueda enviarse es nece-sario que exista el original.

Además, la cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Desde hace treinta años esta propia Corte hablando por su Juez Asociado Sr. MacLeary en el caso de Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 49, 53, se expresó así:

“Pero, ¿fué válido el nuevo emplazamiento? Dejemos a un lado el error en que se ha incurrido al llamarle ‘emplazamiento enmen-dado,’ y considerémoslo como uno nuevo en absoluto. Ciertamente que dicho emplazamiento no fué expedido en la forma ordinaria, puesto que la orden para su publicación se dictó con anterioridad a que la citación fuera expedida, lo que está prohibido por la ley. Con arreglo a la jurisprudencia de California, en donde existe un Código de Enjuiciamiento Civil parecido al nuestro, la primer diligencia que se hace es la expedición del emplazamiento; y esto lo hace el secretario sin la intervención del juez, éste, previa justa causa, y después de entregarse el emplazamiento al márshal o funcionario encargado de cumplimentarlo, ordena que se haga la publicación en la forma que dispone el estatuto. Esta no es una cuestión insignifi-cante y sí un requisito de la ley que debe observarse estrictamente. People v. Huber, 20 Cal. 82; Forbes v. Hyde, 31 Cal. 351; Cohn v. Kember, 47 Cal. 145.”

No habiéndose, pues, expedido en este caso por el secre-tario la citación, la publicación que se ordenó y se hizo lo fue sin base legal y no pudo servir para conferir jurisdic-ción a la corte sobre la persona de los demandados, como lo resolvió propiamente dicha corte.

El auto de certiorari expedido debe, anidarse y el pleito devolverse a la corte de su origen para que siga conociendo del mismo de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco C. Girona, acusado y apelante.
    Núm. 7975.

    Somelido: Diciembre 20, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1941.

      M. Benitez Flores, M. Cruz Horta y V. Rivera Colón, abogados del apelante; lion. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Jnan formuló acusación contra el apelante, Francisco C. Girona, por un delito de libelo, consistente en baber publicado en mayo de 1937 un libro titulado “Las Fechorías del Bandolero Trujillo,” el cual circuló en la ciudad de San Juan y tendía a impugnar la honradez, integridad, virtud y buena fama del señor Rafael Leónidas Trujillo Molina, en aquella fecha Presidente <de la República Dominicana. Las alegadas imputaciones difamatorias aparecen así descritas en la acusación:

“A. Página gráfica sin número (marcada 1 por el fiscal a los fines de esta acusación). Representa un fotograbado de una persona en traje de presidiario, en cuyo pie se lee: ‘Rafael Yaldés- Trujillo, Presidente Felón de la República Dominicana, estampador, jefe de pandillas de asaltadores, en traje de presidiario, en los años en que sus fechorías criminales no encontraban preceptos en los estatutos penales de Santo Domingo que no hubiese sido aplicado a esta san-guinaria hiena. B. Página gráfica sin número (marcada 3 por el fiscal a los fines de esta acusación). Representa la foto del cadáver de una persona mostrando heridas y al pie se lee: ‘Un régimen que vive por la fuerza tiene que apelar al asesinato alevoso y cobarde. Los nobles dominicanos que levantaron su airada protesta frente a las pretensiones de Chapita encontraron segura y cobarde muerte de manos de las pandillas organizadas con ese fin por la hiena domi-nicana.’ C. Página gráfica sin número (marcada 7 por el fiscal a los fines de esta acusación). Un grabado representando un ser humano atado a la cola de un caballo corriendo que lo arrastra, y a su pie se lee: ‘Este es uno de los castigos que Chapita impone a los incon-formes de su régimen atado a la cola de un corcel salvaje para ser arrastrado por llanuras empedradas hasta que el castigado encuentra su muerte perdiendo en cada sitio un pedazo de su cuerpo. Justicia de tiranuelo... ’ D. Página gráfica sin número (marcada 8 por el fiscal a los fines de esta acusación). Contiene un grabado mostrando la figura de una mujer desnuda acostada, y a su pie se lee: ‘Una de las diversiones sádicas de Chapita y sus esbirros más cercanos, la violación de distinguidas damas dominicanas. Y lo más doloroso es que la inmunidad más completa cubre al insolente militarote que comete la violación, y la ofendida no puede pregonar su deshonra so pena de ser muerta vilmente.’ E. Página gráfica sin número (mareada 15 por el fiscal a los fines de esta acusación). Un grabado representando un ser humano colgado por los pies y atado por las manos y un hombre uniformado que le hala hacia abajo. Al margen el retrato del Presidente Trujillo, en cuya base dice ‘Dios y Trujillo/' y al pie se lee: ‘En nombre de “Dios y Trujillo” se cometen en el pueblo dominicano los más viles asesinatos. La foto muestra el castigo-impuesto a un rico acaudalado dominicano, cuyos bienes fueron con-fiscados por Chapita.’ F. Página impresa sin número (marcada por el fiscal con el núm. 17 a los fines de esta acusación), se publica lo-siguiente: ‘Trujillo, ratero de nacimiento.’ G. Página impresa (mar-cada 13 por el autor del libro), se lee: ‘En Mata de Palma, jurisdic-ción del Seybó, Chapita violó la hija de Secundino Japa. En la Ceibita, del Central Quisqueya, capturó en unión de dos oficiales más, tres muchachas, y en presencia del padre de éstas, quien fué amarrado previamente, fueron violadas.’ H. En la página impresa (marcada 15 por el autor) se publica lo siguiente: ‘En 1911, cuando Rafael Leónidas Trujillo era empleado del Servicio de Correos y Teléfonos del Estado, sustrajo de la oficina de Correos y Teléfonos de-San Cristóbal, fondos del Estado. En 1912, Trujillo fué nuevamente-perseguido y preso, en unión de su hermano Virgilio, por robo de animales; en Zorras, Buenas Colonias del Ingenio Angelina, fué-preso y agredido por un agente del orden por robo de caballos. En 1918, Trujillo falsificó la firma de un señor de apellido Bernardino,, del cual era empleado.’ I. En página impresa (marcada 18 por el autor), se lee: ‘En Paso del Medio, sección rural de San Pedro de Macorís, le violó a un señor Jiménez, tío de Raúl Mieses, una hija, y le quitó en su propia casa ochocientos pesos en efectivo.’ J. En la-página impresa núm. 21 (marcada por el autor) se lee: ‘Abajo-Trujillo, Ladrón de Vacas’.”

Celebrado el juicio ante la Corte Municipal de San Juan, y convicto el acusado, apeló éste para ante la corte de dis-trito, y visto el caso de novo ante dicha corte, fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de cien dólares o-a prisión subsidiaria. Y no estando conforme, el acusado-interpuso el presente recurso.

El apelante imputa a la corte sentenciadora la comisión de cincuenta errores. Los dos primeros se refieren a enes7 tiones previas planteadas por la defensa antes de comenzar la vista del caso. Los cuarenta y ocho restantes están rela-cionados con las resoluciones de la corte sentenciadora ne-gándose a admitir evidencia ofrecida por el acusado y orde-nando la eliminación de parte de las declaraciones dadas por los testigos de la defensa. Examinaremos solamente aque-llos señalamientos que a nuestro juicio presentan cuestiones substanciales que puedan afectar los derechos del acusado.

Los artículos 245 y 246 del Código Penal vigente, leen así:

"Artículo 245. — Publicación Injueiosa se Pkesume Maliciosa.— Se presumirá maliciosa toda publicación injuriosa, si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla. (Itálicas nuestras.)
"Artículo 246. — Cuando la Verdad es Defensa. — En todos pro-cesos promovidos por libelo, se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado, y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana intención y para fines, justificables, deberá absolverse libremente al acusado; incumbiendo-ai jurado determinar las cuestiones de hecho y de derecho.”

La prueba testifical ofrecida por el acusado tendía a es-tablecer las dos defensas permisibles bajo los dos citados-artículos, o sea que él tuvo un motivo justificable para pu-blicar el libro; y que los hechos por él. publicados son ciertos.

En el cuarto señalamiento se imputa a la corte inferior el error de haber eliminado del récord la contestación dada por el testigo Dr. Leovigildo Cuello a una pregunta de la misma corte. La contestación eliminada decía así: “Le puedo asegurar a la corte que bajo el régimen de Trujillo' se han cometido más atropellos y más crímenes que los re-latados en este libro.”

El Dr. Cuello, dominicano, médico-cirujano de la Univer-sidad de París, declaró sobre el asesinato en San José de las Matas, Santo Domingo, del Sr. Virgilio Martínez Reina y de su esposa, por una banda de hombres, por orden expresa del General Trujillo; qne entre los asaltantes había personas •qne ocnpan pnestos de distinción en el Gobierno, en el Ejér-cito- y en la Policía de Santo Domingo.. Al preguntarle la ■corte si esos becbos le constaban de conocimiento personal, ■contestó;

“Bueno, si la corte me permite, bay que darse cuenta de la ■situación anormal en Santo Domingo y que las afirmaciones que pueda hacer respecto a ese crimen, yo no podría aportar prueba ■evidente directa de los hombres que tomaron participación en ese hecho criminal. Lo que sí puedo asegurar a esta corte es que se reunieron en la Fortaleza de Santiago de los Caballeros y salieron bajo las órdenes de un teniente del Ejército hacia San José de las Matas, y se reunieron en la residencia del entonces Senador 'Torres,...”

Siguió declarando que él no presenció la reunión, pero sí vió los heridos y examinó el cadáver de Virgilio Martínez Reina; que presentaba 68 heridas de puñal, cuchillo y balas de revólver y una de machete que le cercenó casi por com-pleto la cabeza; que la señora falleció al llegar a la clínica ■del declarante y presentaba tres heridas mortales; que dos -días antes de ser asesinados, los esposos Martínez Reina, ■quienes estaban en su clínica, la abandonaron al ser infor-mados de que había un complot para matarlos, y Martínez Reina para no comprometer al declarante decidió irse a San José de las Matas a convalecer de un ataque agudo de apen-■dicitis que acababa de sufrir; que la persona que les informó sobre la existencia del complot fué el General Desiderio Arias, “hoy muerto también.” La corte sostuvo la objeción ■del fiscal, diciendo: “La mejor prueba sería la declaración ■de la persona que le dió esa referencia.”

Continuó declarando el Dr. Cuello, que cuando la señora Martínez Reina llegó a la clínica tenía su conocimiento muy vago y pedía al cielo que perdonara a los asesinos, y al lle-varla a la sala de operaciones falleció; que en Santo Domingo no se asesina así si no es por orden de . . . (el testigo no pudo continuar, por haberse opuesto el fiscal y la corte sostenido la objeción). Preguntado por la defensa si se ha-bía practicado alguna investigación de ese hecho, contestó el testigo: “Nunca hay investigaciones en los asesinatos orde-nados por Trujillo”; y acto seguido la corte ordenó la eli-minación de la contestación por ser una conclusión del tes-tigo. Siguió declarando y dijo: que ha leído el libro publi-cado por Girona. El incidente que ha motivado el cuarto» señalamiento, copiado del récord, fue el siguiente:

» “P. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Usted puede asegurarle a la corte si los hechos que han ocurrido en la República Dominicana durante la presidencia de Trujillo están relatados en este libro fiel-mente o se han exagerado en alguna forma?
“Fiscal: Me opongo porque el testigo ha manifestado los hechos que él conocía. Mal puede el testigo decir ahora si eso es cierto o no, a no ser que sea a base de una opinión personal del testigo.
“Juez: La corte va a sostener la objeción porque la pregunta está hecha en términos generales. Ante la corte no están todos los hechos ocurridos en Santo Domingo. La contención aquí es que se trata del libelo por hechos relatados por el acusado en un libro, y eso es lo que quiere probar, que son ciertos, para justificar su inten-ción y destruir la malicia.
‘ ‘ Sr. Benitez Flores: Ese libro ha sido presentado en evidencia por el fiscal y nosotros lo que le preguntamos ahora es si esos hechos son ciertos o no.
“Juez: Si al testigo le consta de propio y personal conocimiento que conteste, pero si lo que va a contestar lo contesta a través de información de otras personas, es eliminable.
“R. Le puedo asegurar a la corte que bajo el régimen de Trujillo se han cometido más atropellos y más crímenes que los relatados en este libro.
“Fiscal: Solicito que se elünine eso.
“Juez: Se elimina, sí. Se sostiene la objeción.
“Sr. Benitez Flores: Con nuestra excepción.
“P. Doctor, por el conocimiento que usted tiene de este libro y por el conocimiento personal que tiene de la República Dominicana durante la presidencia de Trujillo, ¿lo que se relata en este libro es la verdad o no es la verdad?
“Fiscal: Ya contestó eso.
"Juez: Que conteste. La corte quiere aclarar que el fiscal tiene •en sus manos el contrainterrogatorio y toda la prueba que sea de referencia la puede eliminar.
“R. No de propio conocimiento, pero quiero hacer constar que lo que considero de dominio público y ha llegado hasta mi conoci-miento/ en lo que se refiere a crímenes, asesinatos políticos y atro-pellos, es cierto eso.
"Fiscal: No lo sabe de propio conocimiento.
"Juez: Habiendo manifestado el propio testigo que su conoci-miento de estos hechos es de referencia porque son de dominio público y que no le constan de propio y personal conocimiento, la corte ordena que se eliminen del récord.
"Sr. Benitez Flores: Excepción.”

Declaró por último el Dr. Cuello que él permaneció en Santo Domingo como un mes más después del asesinato de los esposos Martínez Reina; que no se tomó interés en in-vestigar los sucesos, porque temía le aconteciera lo mismo; que no les interesaba saber qué se había hecho por parte del Gobierno, porque ellos sabían que había sido el Gobierno y “porque la familia tenía el convencimiento de que los había asesinado Trujillo”; que no se procesó a nadie. La corte, a moción del fiscal, ordenó la eliminación de la parte refe-rente a Trujillo y eliminó también, por considerarla inma-terial, la declaración del testigo en cuanto al hecho de que no se procesara a nadie por el doble asesinato.

Declaró el Dr. Juan Isidro Jiménez Grullón y en subs-tancia dijo:

Que conoció a Daniel Ariza, quien murió en la Prisión de Nigua; que ésa es una de las prisiones donde el régimen de Trujillo encierra a los prisioneros políticos; que Ariza mu-rió frente a sus ojos, “víctima de una pela dada por la cu-lata de un guardia”; que él y los demás presos políticos fueron encerrados en pequeñas celdas, de 3 metros de largo por 3% de ancho, denominadas “solitarias,” y despojados de sus ropas; que el día que murió Ariza habían estado tra-bajando en el desyerbo y como los guardias tenían órdenes •de no dejarlos ni respirar, cada vez que se sentían fatigados los guardias les amenazaban con las bayonetas; que no bay duda de que la muerte de Ariza fué positivamente causada por los golpes de culata que le dio el guardia. Del récord aparece el siguiente incidente:

“Fiscal: Yo tengo verdadera satisfacción en oír al testigo, una persona distinguida, pero los sitios a que se refiere el testigo no son de los alegados en la acusación, y es inmaterial.
“Juez: Lo que el fiscal pide que se elimine es la forma en que murió y el trato que le daban allí, porque es inmaterial e imperti-nente y la corte cree que es impertinente... Si esa cuestión que está declarando el testigo no tiene relación con los hechos alegados en la acusación, debe eliminarse. Ya él había manifestado el trato que le daban. Lo demás es imnaterial. Se elimina. Adelante.”

Siguió declarando el testigo, que presenció cuando lleva-ron a algunos de sus compañeros a ser fusilados, pasándolos frente a su celda para llevarlos a “Camaguí,” sitio desti-nado a bacer funciones de cementerio; que de ese modo pre-senció el fusilamiento de Vitalino Pimentel y el de un joven argentino; que le llamó la atención que el régimen no se cir-cunscribiera al elemento dominicano, sino también a puerto-rriqueños como Colón Piris; y que más tarde él constató el fusilamiento de un austríaco. Pidió el fiscal que se elimi-nara lo declarado por el testigo. Copiaremos del récord.

“Fiscal: Solicito que se elimine la declaración del testigo. ~~
“Juez: Se elimina la parte a que él se refiere que aquello es un cementerio y allí fusilaron a esas personas y que después constató.
“Fiscal: Y también lo del argentino y lo de Pimentel.
“Testigo: Yo los vi pasar.
“Juez: El hecho del fusilamiento, ¿lo dedujo por el hecho de ■que pasó?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Es una deducción?
“R. Sí, señor. Allí en Nigua se acostumbra con anterioridad al acto del fusilamiento sacar las palas y los picos de la celda número 6 que era donde yo me encontraba. Y esa tarde sacaron las palas y los picos para cavar el hoyo y esa misma noche escuchamos la descarga y al otro día recibimos la confirmación del hecho por los propios guardias que lo ejecutaron. Un récord oficial no lo tengo.
“Juez: Por esa razón es que la corte ordena la eliminación porque es todo de referencia. La corte entiende que en verdad todas son deducciones más o menos del testigo. La corte no quiere decir que no tenga su fundamento, pero la corte no tiene duda ninguna de que él solamente está hablando por información que le ban dado y por lo tanto entiende que es hearsay evidence y ordena su eliminación.
“Sr. Benitez Flores: Tomamos excepción.

Continuó declarando el Dr. Jiménez Grullón, así: que después del fusilamiento no vió el cadáver de Pimentel, pern no volvió a verlo vivo en la cárcel de Nigua; que antes del fusilamiento lo veía numerosas veces, cada vez que lo saca-ban de la celda a latigazos, casi diariamente; que después que lo sacaron de su celda y sintió la descarga y los guar-dias le dijeron que lo habían fusilado no volvió a ver a Pi-mentel; que vió azotar a numerosos presos en la cárcel de Nigua, especialmente al Dr. Ramón de Lara, a Félix María Ceballos, a Daniel Ariza, a Maduro Pina y a muchos más que no puede mencionar porque están en aquel país y su de-claración podría perjudicarles; que los azotes se realizaban más o menos como lo indica el grabado del Sr. Girona; que para azotar a los presos se usaban dos clases de instrumen-tos, el vergajo de toro y un alambre eléctrico con nudos, al que llamaban “canta claro” porque se usaba para obligar a los presos a hacer declaraciones verdaderas o falsas; que cada vez que se iniciaba una investigación los presos eran azotados primero y luego se les llevaba ante la Comisión Mi-litar; que él constató esos azotes; que Félix María Ceballos tiene en sus espaldas las cicatrices de esos azotes; que otro joven de apellido Sánchez recibió “azotes patéticos” y fue conducido a la celda del testigo con las espaldas deshechas por el látigo de que fué víctima.

A moción del fiscal, la corte inferior ordenó la elimina-ción de todo lo declarado- por el Dr. Jiménez Grullón sobre los azotes y suplicios sufridos por los prisioneros, por ser impertinente, toda vez que esos actos fueron realizados “por personas extrañas a la persona que ña sido injuriada de acuerdo con las alegaciones de la denuncia.” Y sigue ha-blando el récord:

“Sr. Benitez Flores: Señor juez, todo lo que dice este libro no se refiere a hechos realizados personalmente por Trujillo sino por sus agentes y bajo su régimen, bajo su Gobierno.
“Juez: La acusación ya lo dice claramente: en relación al libro que publica y en donde ha sido difamado, y después la especificación de los hechos. Se elimina de la declaración del testigo todo lo que se refiere a estas palizas. De acuerdo con la propia acusación y en la página 7 del libro en donde se manifiesta que el castigo que el libelado imponía, como ésta es una imputación directa al señor Trujillo, todas las demás cuestiones que hayan hecho sus oficiales, no son realizadas por él. La corte resuelve eliminar la declaración por ser inmaterial e impertinente.
‘ ‘ Sr. Benitez Flores: Tomamos excepción. ’ ’

Siguió declarando el testigo: que presenció el encierro del Dr. Lara en la “solitaria” y cuando fue azotado; que le tu-vieron unos 50 días en “solitaria,” casi desnudo. Se ordenó la eliminación y la defensa anotó su excepción. Solicitó la defensa la reconsideración, basándose en que a la página 93 del libro de Girona aparece un capítulo entero que se refiere al “Vía Crucis del Dr. Lara,” y que habiendo presenciado ese vía crucis el Dr. Jiménez Grullón, su declaración es ne-cesaria para probar la veracidad de esos hechos. La recon-sideración fué denegada, anotándose la excepción correspon-diente.

Declaró el testigo que conoció al- Dr. Eduardo Vicioso, quien estuvo junto con él en la prisión de Nigua. Se opuso el fiscal y la corte sostuvo la objeción. Tomó excepción la defensa e hizo constar que el Dr. Jiménez Grullón había pre-senciado los azotes y las torturas de que había sido víctima el Dr. Vicioso, y que su declaración era necesaria para jus-tificar lo publicado en el libro y la falta de malicia al publi-carlo.. La corte ratificó la exclusión del testimonio, diciendo:

“La corte ha sostenido que esa prueba, como no se refiere directa-mente al Sr. Trujillo, que es la persona contra quien se ha publicado el libelo, y la persona que se alega ba sido difamada, ésos son hechos 'que de probarse serían impertinentes, irrelevantes e inmateriales en cuanto al caso que se está ventilando.”

'En igual forma se prohibió al testigo declarar lo que sa-bía sobre la prisión, tortura y muerte del prisionero León Reinosa, en la cárcel del “Homenaje.”

Describiendo el régimen de vida a que estaban sometidos los prisioneros en la cárcel de Nigua, dijo: que se les obli-gaba a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6% de la tarde; que mientras trabajaban no se les permitía nin-guna clase de vestidos; que trabajaban bajo la continua vi-gilancia del centinela, quien les amenazaba con la culata del rifle si trataban de mitigar la fatiga; y que a las 11: 30 de la mañana les llevaban al comedor y les obligaban a comer con las manos sucias por la tierra en que trabajaban cons-tantemente. La corte ordenó la eliminación por ser imper-tinente, tomando excepción la defensa.

Transcribimos del récord el resto de la declaración del Dr. Jiménez Grullón:

“P. ¿Usted sabe quién es el Jefe del Ejército de la Eepública Dominicana?
“ R. ¿ Actualmente?
“P. Sí.
“R. Actualmente es un hermano del Dictador Trujillo, un señor llamado Bienvenido Trujillo.
“P. ¿Y en la época en que estaba usted en Nigua?
“R. Al principio el señor General José García y después el General Federico Fiallo, una verdadera hiena.
“Fiscal: Que se elimine la última manifestación del testigo.
“Juez: Que se elimine del récord eso de que es ‘una verdadera hiena.’ Y la corte va a solicitar que no se haga ninguna clase de manifestaciones de esta naturaleza.
“P. ¿No es cierto que de acuerdo con la Constitución el Jefe del Ejército es el Presidente y que ésos son jefes accidentales?
“Fiscal: Ésa no es la evidencia que la ley exige para probar quién es el Jefe del Ejército.
“Juez: Se sostiene la objeción.
“P. ¿Esas personas que usted ba mencionado son parte del régimen de Trujillo?
“R. Sí, señor.
“Fiscal: Que se elimine.
“Juez: Se elimina.
“P. ¿Y todos los oficiales de las cárceles de Nigua que usted ba mencionado aquí, no forman parte del régimen de la República Dominicana?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Y lo formaban cuando usted estaba allí?
“R. Sí, señor.
“Fiscal: Que se elimine porque aquí no se está atacando a un régimen.
“Juez: Se sostiene la objeción y se elünina la declaración.
“Sr. Cruz Horta: Excepción.
“Sr. Benitez Flores: El fundamento de la excepción es que de la propia acusación el fiscal alega en ella, entre otras cosas, en la página primera, letra ‘B,’ como fundamento de su acusación por libelo contra Girona y como tomado del libro que él presentó en evidencia, estas palabras: ‘Un régimen que vive por la fuerza tiene que apelar al asesinato alevoso y cobarde, etc.' Y si el fiscal alega en esta acusación como motivo de libelo que se publicó en un libro un ataque contra el régimen, es admisible la evidencia que tratamos de traer para probar que esos hechos son verdad. La defensa desea anunciar ahora, señor juez, que con el propósito de no entorpecer los procedimientos y en vista de las resoluciones de esta corte en relación con las distintas preguntas que se han hecho a este testigo, todas tendientes a demostrar la falta de malicia por parte del acusado Girona, por el hecho de que todas tienden a probar la verdad de lo relatado en el libro, y para no tener que seguir repitiendo ese inte-rrogatorio recayendo siempre la misma resolución hasta ahora, y que esta defensa considera que es contraria a los fines de la defensa y con todo el respeto a esta corte errónea, nos abstenemos de continuar preguntando a este testigo que habría de declarar sobre extremos de la misma naturaleza, y nada más con el testigo.
“Juez: Receso hasta mañana a las 9: 00 de la mañana.”

Las eliminaciones decretadas y las resoluciones dictadas en relación con el testimonio del Dr. Jiménez Grrullón cons-tituyen la base de los señalamientos numerados del 6 al 13, ambos inclusive.

Fué llamado a declarar el Dr. Miguel Angel Pardo, do-minicano, médico-cirujano, quien ejerce su profesión en Ios-Hospitales Municipales de San Juan. Preguntado sobre cuál fue el motivo que tuvo para salir de Santo Domingo, se opuso el fiscal por ser inmaterial y la corte no permitió que contestase la pregunta, tomando excepción la defensa. Pre-guntado: “¡¿ Estuvo usted preso en la República Dominicana, durante el régimen de Trujillo?,” se opuso el fiscal por ser inmaterial y porque “no se alega nada en relación contra este testigo.” La corte, sin saber qué es lo que ha de decla-rar el testigo, dicta la siguiente resolución:

“Juez: La corte entiende que la evidencia debe ajustarse a las; alegaciones. No debe tener relación remota sino una relación directa. Si los hechos que intenta probar el acusado se refieren a los hechos denunciados, la corte cree que si se intenta probar con el testigo la, veracidad de los hechos denunciados, es impertinente e inmaterial el hecho de que estuviera preso. Él ha declarado que estaba en Santo-Domingo cuando el régimen. Entonces él puede declarar sobre Ios-hechos que haya visto en relación con las alegaciones de la denuncia.
“Sr. Benitez Flores: Vamos a tomar excepción.”

Declara por fin el Dr. Pardo, y dice: que estando él presoen la cárcel de Nigua vió al Presidente Trujillo “personal-mente azotar presos políticos delante de mí estando yo-preso”; que entre los azotados personalmente por Trujillo-recuerda al Lie. Ramón Valdés, Carlitos Alvarez, el Dr. Raymond, el ex senador Abigail del Monte y Juan Cedo; que en el grupo estaban además el Dr. De Lara, Fabio Fiallo, Gautier y el declarante, “que no fuimos azotados.” Preguntado el testigo por la defensa si conoció en la República Domi-nicana a la señorita Celeste Castillo, se opuso el fiscal ale-gando que era inmaterial. Informó la defensa que se tra-taba de uno de los casos de violación a que se hacía referen-cia en la denuncia como imputados a Trujillo. Y la corte,-, sin permitir siquiera que el testigo dijese si conocía o no a-la Srta. Castillo, sostuvo la oposición del fiscal, resolviendo r

“Si la corte permitiera esa pregunta establecería el becbo de la ■violación y la corte no debe permitir que se bable de la reputación de personas que resultaren perjudicadas con esa pregunta y la corte entiende que ésa no es la manera de probarse esto. Sostenida la objeción. ’ ’

Después de numerosos e innecesarios incidentes, continuó «1 Dr. Pardo diciendo: que conoció a Celeste Castillo y que está muerta. Preguntado “¿La vió usted morir?,” se opuso el fiscal, y la corte excluyó la pregunta, diciendo: “Pero hay ■que verla fallecer para verla morir y entonces debe traer el neta de defunción.” Tomó excepción la defensa, y el testigo continuó declarando: que él asistió a la Srta. Castillo, como médico, .de un balazo que ella misma se dió; que cuando la ■vió estaba gravísima, cercana a la muerte. De acuerdo con el récord, siguió el siguiente interrogatorio:

“P. ¿En esos momentos le bizo algunas manifestaciones relativas •a Trujillo?
“Fiscal: Me opongo porque es inmaterial.
“Juez: La corte sostiene la objeción del fiscal por ser inmaterial e impertinente y además por ser declaraciones de referencia. No está en issue la cuestión de lo que a ella le baya ocurrido con otra persona.
“Sr. Cruz Horta: Yoy a establecer la materialidad de esta decla-ración a la corte. Yoy a probar que Trujillo violó en un baile a esta .señorita y eso lo voy a probar mediante el dying declaration de ella.
“Fiscal: No es admisible.
‘' Sr. Cruz Horta: Ése es un elemento para probar una violación, es indudable.
“Juez: No está en issue la violación.
“Sr. Cruz Horta: Yoy a probar que en momentos en que ella ■sabía que se iba a morir y la atendía al efecto el testigo, manifestó que Trujillo la babía violado y que por eso se pegó un tiro.
“Fiscal: Que se elimine. Es inmaterial.
“Juez: Se elimina. En cuanto a lo que dice el compañero porque se lo manifestó una persona. Él no ha visto el acto y lo que la corte •dice que debe probarse es el becbo. Si él vió el acto de la violación entonces sería...
‘ ‘ Sr. Cruz Horta: En una cadena de hechos tendientes a establecer «1 acto de la violación estoy probando un hecho que precisamente tiende a probar esa violación. ¿La corte deniega cualquier prueba sobre ese asunto?
“Juez: No, la corte sostiene las objeciones si son fundadas. La corte no puede adelantar nada.
“P. ¿Qué manifestaciones le bizo esta señorita si alguna le hizo relacionada con Trujillo?
“Fiscal: Me opongo.
“Juez: Sostenida la objeción.
“P. ¿Hizo alguna manifestación en relación con algún acto carnal realizado en ella por Trujillo?
“Fiscal: La misma objeción.
“Juez: Se sostiene la objeción.”

Continuó el testigo: qne conoció la organización general-mente conocida por “la 42”; nna partida de bandoleros, un grupo organizado para dar golpes y matar si era necesario de acuerdo con las instrucciones que tenía de Trujillo; que oyó dar esas instrucciones cuando estaba preso en la Fortaleza; que oyó cuando Trujillo llamó a Miguel Angel Palo-mena, que era su segundo, y le dijo: “Vayan a buscar a fu-lano de tal y tráiganlo aquí vivo o muerto”; que esa pan-dilla no fué la que mató a Virgilio Martínez Reina y sí otra organizada en Santiago de los Caballeros por instrucciones de Trujillo; que eso es de dominio público (eliminado); que José Estrella, Delegado del Gobierno en el Cibao, tenía que ver con la pandilla de Santiago. Trató la defensa de probar con la declaración del Dr. Pardo la reputación general del Sr.- Trujillo en Santo Domingo, se opuso el fiscal y la corte no permitió que se dijese nada sobre el particular, por con-siderar que era inmaterial e impertinente. La defensa tomó' excepción.

Los señalamientos números 14 a 21 inclusive se relacio-nan todos con el testimonio del Dr. Pardo.

Fué llamado a declarar el Lie. Guaroa Velázquez, abo-gado, profesor de derecho y en varias ocasiones represen-tante diplomático de la República Dominicana. Después de numerosas objeciones de parte del fiscal, todas ellas soste-nidas por la corte, ésta no permitió que el testigo declarase que de acuerdo con la Constitución Dominicana, el Presidente de la República — como todos los presidentes de todas las re-públicas — es el Jefe Supremo del Ejército Nacional.

Declaró el testigo Sr. Velázquez: que en Santo Domingo la palabra “pandilla” significa un grupo de hombres arma-dos que se reúnen para cometer fechorías; que conoció allí la pandilla llamada “la 42,” de la que era Jefe el Dr. Pau-lino, un tal Miguel Paulino, a quien él conocía mucho; que Paulino obedecía órdenes de Trujillo; que el 18 de mayo de 1930 supo que “la 42” estaba en las inmediaciones de su ho-gar; que vió a “la 42” y a un pelotón del ejército al mando del capitán Vallejo y un automóvil del ejército dentro del cual estaba Trujillo; que el pelotón penetró en la casa y les pusieron las carabinas en los pechos, y “la 42” hizo dispa-ros dentro de la casa; que cogieron a su padre, quien era candidato a la Presidencia de la República, y se lo llevaron preso a la Fortaleza; que esa misma tarde fué acompañado de su suegro el Dr. Soler a radicar una petición de hábeas corpus en favor de su padre, y al regresar a su casa encon-traron a “la 42” en el zaguán y la acera; que Paulino, que había sido sirviente del Dr. Soler, se acercó a éste y le dijo que sacara de allí a su hija porque tenía órdenes de Trujillo de ir contra el hogar (la corte ordenó la eliminación de lo dicho por Paulino a Soler, por ser de referencia); que cuando se dió cuenta de que la pandilla estaba cerca de su casa, él fué a la esquina en las inmediaciones de su casa, y vió en medio de su casa a un pelotón de soldados bajo el mando de Vallejo, a “la 42,” y a Trujillo en un automóvil del Ejér-cito; que “la 42” se estacionó frente a la casa y a todos los que entraban o salían le propinaban fuetazos, macanazos- o patadas; que el 17 de mayo de 1930, encontrándose el decla-rante en la Corte de Apelaciones, presenció cuando “la 42” invadió el recinto de la corte en actitud amenazante para los jueces que iban a dictar el fallo sobre el proceso electoral; y que así resultó electo Trujillo.

La defensa, después de haberlos identificado debidamente, ofreció en evidencia, como fuentes de información que había tenido el acusado para la publicación de su libro, los siguien-tes documentos:

1. Copia de la edición de mayo 23, 1935, del magazine “The Nation,” de Nueva York, en el que aparece un artículo del Dr. Ernest Gruening titulado: “La Dictadura en Santo Domingo.”

2. Copia de la edición de enero, 1938, de la Revista “American Current History,” que contiene un artículo del Sr. Carlton Beals, titulado “El César del Caribe.”

3. Copia de un informe de la “Hollen Social,” que con-tiene un informe del Sr. Charles A. Thompson de fecha abril 15, 1936.

4. Copia de la edición de 25 de agosto de 1938 de la re-vista “Ken,” que contiene un artículo del Sr. Alfred A. Simms relativo al régimen imperante en Santo Domingo.

5. Un número de “Colliers,” de fecha 22 de enero de 1938, con un artículo del Sr. Kingston Reynolds, sobre la si-tuación en la República Dominicana.

6. Copia de la revista “Los Quijotes,” publicada en San Juan, P. R., de fecha julio 17, 1937, con un artículo del Dr. Jiménez Grullón, titulado “La Vergüenza Dominicana en el Exilio”; y otra copia de la misma revista, de agosto 31, 1937, con otro artículo titulado “La Ciencia Contra la Ti-ranía Trujillesca. ”

7. Tres artículos publicados también en “Los Quijotes,” titulados “Roosevelt y las Tiranías,” “El Presidente Trujillo Juzgado por sus Leales Subalternos” y “Un Nuevo Caligula Indígeno,” publicados en abril 20, 1938.

Todos y cada uno de dichos documentos fueron rechaza-dos por la corte, por el solo fundamento de que la mejor evi-dencia sería las declaraciones de los autores de los artículos. La defensa anotó las correspondientes excepciones.

Para no Pacer demasiado extensa esta opinion nos abs-tendremos de Pacer nna relación de los numerosos inciden-tes, idénticos o. semejantes a los ya relacionados, ocurridos ■durante la .presentación del resto de la prueba de descargo.

No es nuestra misión resolver dentro de este proceso si los Pechos denunciados por el acusado en el libro por él pu-blicado, Pan sido o no probados, ni tampoco expresar opi-nión alguna en cuanto a los Pechos que Payan podido ocurrir en la República Dominicana durante y bajo la Presidencia del General Trujillo.

Nos encontramos frente a un caso excepcional. Una acu-sación por libelo contra la persona de un Jefe de Estado, a quien se imputa la comisión de numerosos actos delictivos y se le acusa de tener sometido a su pueblo a un régimen de gobierno dictatorial y tiránico, “que vive por la fuerza y tiene que. apelar al asesinato alevoso y cobarde.” En la cui-dadosa búsqueda de jurisprudencia que hemos practicado, sólo hemos encontrado el caso de People v. Fornaro, 65 Mise. {N. Y.) 457, citado por el fiscal, por un libelo contra un Se-nador de Méjico. Lo único que se sostiene en dicho caso es que el delito de libelo puede cometerse contra una persona no residente dentro del Estado. En el caso de autos la de-nuncia no ha sido radicada por el Sr. Trujillo, ni por uno de sus parientes, ni siquiera por un dominicano residente en esta Isla que pudiera sentirse agraviado por las ofensas al Jefe Ejecutivo de su país. Según consta de los autos, la de-nuncia fué formulada por persona residente en el país, sin que aparezca que dicha persona actuara en representación o por orden del Sr. Trujillo.

El propósito que se persigue al castigar el libelo es evi-tar las alteraciones del orden y los actos de violencia que pudieran ocurrir si el libelado no encontrase protección en las cortes de justicia. Esos peligros no son aparentes cuando la persona contra quien van dirigidas las ofensas no reside en el país donde se ha hecho la publicación. Por eso vemos que ni el Sr. Trujillo, ni sus familiares, ni su representante consular en esta Isla se ocuparon de formular una denuncia contra Girona, como tampoco la formularon contra ninguno-de los autores de los artículos ofrecidos en evidencia y no-admitidos por el tribunal inferior. Los hombres capaces por su inteligencia o por su osadía para convertirse en conduc-tores de pueblos o en tiranos, se refugian en.la tranquilidad de su conciencia cuando son inocentes o se escudan cínica-mente tras la irresponsabilidad de que gozan, cuando son culpables. Por regla general, ni los • inocentes ni los culpa-bles formulan denuncias contra sus detractores.

No tenemos dudas en cuanto a que las imputaciones con-tenidas en la denuncia son libelosas per se. El fiscal no es-taba obligado a probar la malicia, pues ésta se presume por el mero hecho de la publicación. La ley, sin embargo, pro-vee que una vez probado el hecho de la publicación y esta-blecida como consecuencia de ese hecho una presunción juris tantum de malicia, el acusado puede controvertir esa presun-ción mediante prueba de que hubo un motivo suficiente para justificar la publicación y de que los hechos que se imputan en la publicación libelosa son ciertos. La regla del derecho común, que declaraba que la verdad era inadmisible como defensa en un proceso criminal por libelo, ha sido derogada por estatutos federales y por disposiciones constitucionalesy estatutarias en todos los estados.

En el caso de autos el acusado ofreció evidencia tendiente a establecer la verdad de los hechos publicados en su libro y el motivo, justificable, que tuvo para publicarlo. La única cuestión que debemos considerar y resolver es si la corte-erró al decretar las eliminaciones arriba relacionadas, y en caso afirmativo, si el error o errores cometidos afectaron de-rechos substanciales del acusado.

Considerada en conjunto la transcripción de la evidencia, de ella surge un error fundamental, fuente y origen de todos los errores individuales cometidos por la corte inferior. Ce-rrando los ojos ante la realidad e ignorando hechos de los cuales podía y debía tomar conocimiento judicial, procedió la corte sentenciadora a juzgar el caso como si los hechos que habían de investigarse hubiesen ocurrido en el seno de nues-tra comunidad insular y no en un país extranjero, regido por leyes distintas a las nuestras y sometido a un régimen de gobierno distinto al nuestro. Ni la horripilante descrip-ción que del impune asesinato de Virgilio Martínez Reina y de su esposa, próxima a ser madre, hiciera el Dr. Cuello; ni el patético relato que hiciera el Dr. Jiménez Grullón, des-cribiendo las flagelaciones, las torturas y suplicios y los fu-silamientos de prisioneros políticos en las prisiones de Ni-gua y del Homenaje; ni la descripción del vía crucis de Ariza, muerto a golpes de culata por un brutal centinela; ni el es-peluznante espectáculo de un ser humano arrastrado por un caballo'por la carretera, descrito por un testigo ocular; ni el hecho fundamental de que ninguno de esos delitos fué in-vestigado y nadie fué procesado o castigado por su comisión, fueron suficientes para abrir los ojos del juzgador y hacerle comprender que el caso presentaba una de esas situaciones anormales en las que, eclipsada la libertad y abolidas las ga-rantías constitucionales, sólo impera la voluntad y el capri-cho del que manda. T ateniéndose estrictamente al tecni-cismo de la ley, la corte sentenciadora fué eliminando uno tras otro todos los testimonios referentes a suplicios, tortu-ras y asesinatos de prisioneros políticos, cometidos en cár-celes y por funcionarios del Gobierno, por entender que to-dos esos relatos eran inmateriales, impertinentes e inadmi-sibles, y que la única prueba admisible sería aquella que co-nectase directamente al Jefe del Gobierno bajo el cual se cometieron tales crímenes impunemente, con los guardianes y centinelas. De acuerdo con el criterio de la corte sentencia-dora, según se desprende de sus resoluciones, la única prueba admisible sería la declaración del subalterno, confesando el delito y delatando a su superior.

El error cometido al no permitir qne el Dr. Pardo declarase sobre las manifestaciones qne momentos antes de morir le hiciera la señorita Castillo, con referencia a la vio-lación de qne había sido víctima, es manifiesto y perjudicial al acusado. Según se desprende de lo declarado por el Dr. Pardo, la joven Castillo al verse deshonrada dispuso de su vida disparándose un tiro de revólver. El testigo la asistió como médico y trató de salvarla. Momentos antes de expi-rar, la joven víctima hizo a su médico manifestaciones que no conocemos por no haber permitido la corte inferior que el testigo las relatara. Dichas manifestaciones no eran ad-misible como “dying declarations,” las que sólo pueden ser admitidas en casos de homicidio. Pero sí lo eran, a nuestro juicio, como parte del res gestae, tanto más cuanto que ha-bían sido hechas por la declarante en el momento solemne de enfrentarse con la muerte.

La táctica seguida por el fiscal para obstaculizar al acu-sado en sus esfuerzos para probar sus defensas, táctica en la que fué sostenido por la corte, con raras excepciones, re-salta claramente de los siguientes incidentes que copiamos del récord:

“P. ¿El Sr. Trujillo ocupaba algún cargo público cuando usted estaba allí?
“Fiscal: La mejor prueba sería el nombramiento.
“Juez: ¿En qué fecha?
“Abogado: En la época en que él estaba en Santo Domingo.
“P. ¿Sabe si el Sr. Trujillo ocupaba algún cargo público en la fecha en que usted estaba en Santo Domingo?
“Fiscal: Yo creo que la mejor manera de probar la existencia de un cargo, es de otra manera.
“Juez: Puede contestar.
“R. Era el Presidente de la República.
“Fiscal: Ya declaró. Está bien.
“Juez: Se sostiene la objeción.”
(T. de E. págs. 112 y 113)

Cabe aquí preguntar: ¿si el fiscal ha aceptado la con-testación del testigo, diciendo “Ya declaró. Está bien,” qué objeción es la que sostuvo la corte? Y añadiremos, que la defensa no estaba obligada a probar el hecho de qne el Sr. Trujillo fuera el Presidente de la República, pues ese era un hecho alegado en la acusación.

Y más adelante:

“P. g Como tal Presidente de la República, el Presidente Trujillo, si a usted le consta....
“Fiscal: Me opongo.
“Juez: Con lugar la objeción.
‘ ‘ Abogado: Excepción. ’ ’
(T. de E. pág. 113)

Preguntamos: ¿a qué y por qué se opuso el fiscal, si el abogado defensor no había acabado de formular su pre-gunta? .¿Por qué sostuvo la corte una objeción no fundada, contra una pregunta que aún no se había formulado? Po-dríamos citar varios incidentes similares ocurridos durante la vista del caso. Bastan los citados y los errores que he-mos discutido para llevarnos a la conclusión de que el acu-sado apelante no tuvo el juicio justo e impareial a que tenía derecho de acuerdo con las leyes vigentes.

Somos de opinión que en procesos de esta natura-leza, la corte debe conceder al acusado una amplia y liberal oportunidad para establecer sus defensas, suavizando hasta donde fuere legalmente posible el rigor de las reglas de evi-dencia, con el único fin de llegar al descubrimiento de la verdad.

La confirmación de una sentencia dictada bajo las condi-ciones que hemos descrito, haría posible la persecución, pro-ceso y castigo de todos aquellos que, como Ernest Gruening, Oswald Garrison Willard, Carlton Beals, Charles A. Thompson, Alfred A. Simms, Kingston Reynolds, Alfred H. Sinks y otros, imputaron a Trujillo los mismos hechos que le im-putara Girona. Y fácil sería entonces el proceso y el cas-tigo de todos los que en diarios y en revistas y desde las tribunas y por la radio denuncian a la humanidad los crímenes de dictadores y tiranos, pues ninguno de ellos podría probar la verdad de los hechos con certificados oficiales o confesio-nes de sus ejecutores directos.

La sentencia recurrida debe ser revocada y absuelto el acusado.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Berdecia, acusado y apelante.
    Núm. 8731.

    Sometido: Julio 9, 1941.

      Resuelto: Julio 26, 1941.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Berdecia y Juan Sarria Pacheco eran policías insulares que prestaban servicios en Ponce en y antes del primero de enero de 1936. En una misma acusación se les imputó un delito de asesinato en segundo grado por la muerte de Alessio Martinó. Solicitaron juicio por separado y ha-biéndose celebrado primero el de Sarria Pacheco, fué con-victo éste de acuerdo con la acusación y sentenciado a cum-plir doce años de presidio, sentencia que fué confirmada por este tribunal. Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882.

En nn jnicio posteriormente celebrado, Berdecia fue tam-bién convicto del mismo delito y sentenciado a cumplir diez; años de presidio. Contra esa sentencia interpuso el presente recurso.

La participación que según la prueba de cargo tuvo Ber-decia en la comisión del delito fué la de haber aconsejado o instigado a Sarria Pacheco a matar a la víctima. La prueba de cargo es sustancialmente igual a la aducida en el caso de Pueblo v. Sarria. Por consiguiente no es necesario hacer una nueva exposición de la misma. Bastará con remitirnos a lo que entonces dijimos.

La de descargo tiende a demostrar que el acusado en ningún momento aconsejó ni instigó la comisión del delito; que por el contrario, cuando el acusado se dirigió al sitio de los sucesos, es decir, a la sala del Hospital Tricoehe donde yacía la víctima en una camilla y frente a él Sarria Pacheco de pie, lo hizo con el propósito de evitar que éste pudiese realizar alguna agresión contra Martinó, pues se había per-catado de que Sarria se hallaba muy nervioso y la víctima lo provocaba profiriendo injurias contra el cuerpo de la po-licía en general y contra Sarria en particular.

Nueve son los errores que el apelante imputa a la corte inferior.

Consiste el primero en no haber sido declarada con lugar la moción de archivo y sobreseimiento presentada por el acusado de acuerdo con el artículo 448 del Código de En-juiciamiento Criminal y el artículo 2 de la Ley Orgánica.

Sin duda desde el 17 de marzo de 1936 en que se presentó la acusación, hasta el 15 de marzo de 1937, en que se celebró el juicio de este caso, transcurrió con exceso- el período de 120 días fijado por el artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Pero, ¿hubo o no justa causa para la dilación? ¿Abusó de su discreción el juez sentenciador al ne-garse a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa? Esa es precisamente la cuestión a resolver. Como dijéramos anteriormente, los acusados solicitaron juicio por separado y les fné concedido. Se celebró la vista del caso contra Sarria Pacheco los días 1, 2 y 3 de febrero de 1937, legalmente den-tro de los 120 días, pues si bien hubo algunas suspensiones, lo fné por justa causa y pór consiguiente interrumpieron el término. Durante ese lapso de tiempo la Corte de Distrito de Ponce estuvo sumamente ocupada y no habiendo podido celebrar el juicio contra Sarria, parece razonable que se es-perase su terminación para entonces señalar el de Berdecia. Habiendo terminado el juicio en el caso de Sarria el 4 de febrero de 1937 y habiéndose celebrado el 15 de marzo si-guiente el seguido contra Berdecia, sólo había transcurrido poco más de un mes entre la terminación de uno y el prin-cipio del otro. Consideradas todas las circunstancias del caso, no nos sentimos justificados en alterar la conclusión a que llegó la corte sentenciadora al usar de su discreción en el sentido de negarse a archivar y sobreseer esta causa. Véase el caso de People v. Morán, (Cal.) 77 P. 777.

A nuestro juicio no existe el primero de los errores se-ñalados.

El segundo señalamiento de error consiste en haberse negado la moción del acusado para que e] fiscal presentase un pliego de particulares especificando qué participación- tuvo el apelante en la muerte de Alessio Martinó.

La jurisprudencia en materia criminal reconoce a todo acusado el derecho a solicitar por medio de un pliego de particulares que se le suministren los detalles de la partici-pación imputádale en la comisión del delito, siempre que esos datos sean necesarios para la preparación de su defensa. En el presente caso, Carmelo Berdecia y Juan Sarria Pacheco fueron acusados como autores o principales (artículo 36, Código Penal) del asesinato de Alessio Martinó, alegán-dose que realizaron el crimen haciéndole un disparo de re-vólver mientras el referido Alessio Martinó yacía herido en una cama en la sala de emergencia del Hospital Municipal de Ponce (Tricoclie), infiriéndole y produciéndole, allí y en-tonces, una heiúda de tal gravedad que fue la causa inme-diata de la muerte ilegal de Alessio Martinó, acaecida el día primero de enero de 1936 en la Clínica Pila, de Ponce. No se especifica qué participación tuvo cada uno de los acusados en la comisión del delito, datos éstos necesarios para la pre-paración de su defensa. En tales circunstancias, no abriga-mos duda de que el acusado tenía derecho a solicitar la in-formación a que se refería su escrito sobre pliego de parti-culares. Sin embargo, la concesión de dicho pliego va diri-gida a la sana discreción del tribunal y esa discreción no puede ser revisada o alterada a menos que se demuestre no sólo un manifiesto abuso de. discreción, si que también que se han lesionado los derechos sustanciales del acusado. Lanasa v. State, (Md.) 71 A. 1058, 1062; State v. Lassotovitch, 81 A.L.R. 69; Abbott’s Criminal Trial Brief, págs. 112 y 113, y casos citados.

Asumiendo que .en el presente caso haya existido abuso de discreción al negarse a conceder el pliego de particulares, no resulta de los autos que el apelante sufriera perjuicio al-guno por la falta de dicha información. Por el contrario, de la transcripción de evidencia surge claramente que el acu-sado estableció su defensa sin dificultad alguna y que cono-cía perfectamente bien la participación que en la realización del crimen se le imputaba.

El tercer señalamiento de error consiste en haber admitido la corte la declaración del testigo José Antonio Rivera, cuyo nombre no aparecía al dorso de la acusación.

En una larga serie de casos este tribunal ha venido sos-teniendo que no existe precepto legal alguno que obligue al fiscal a relacionar en la acusación todos los testigos de cargo de los cuales pueda tener conocimiento y que es discrecional en la corte sentenciadora admitir el testimonio de un testigo cuyo nombre no aparezca al dorso de la acusación, no siendo revisable su discreción a menos que se demuestre perjuicio alguno para el acusado. Véanse: Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219, y el más reciente de Pueblo y. Berenguer, ante, pág. 81. Al mismo efecto véase también Abbott’s Criminal Trial Brief, páginas 400 a 402. No solamente no aparece de los autos que la declaración del testigo perjudicara o constituyese una sorpresa para el acusado, sino que de la prueba surge que el abogado defensor tenía conocimiento personal de dicha declaración.

El cuarto señalamiento de error está basado en haber eliminado la corte la declaración del testigo Pedro Serrano, que se refería a que la misma noche de los sucesos Sarria Pacheco había agredido al periodista Gómez Mesorana.

La materia sobre la cual fue interrogado este testigo era irrelevante y de ser admitida su declaración en cuanto a ese extremo, hubiese podido desviar la atención del jurado de la verdadera cuestión en controversia.

En el caso de Pueblo v. Sarria, supra, también trató la defensa de presentar prueba de cierta riña entre el interfecto y un individuo llamado Américo Delgado, y este tribunal, sosteniendo la negativa de la corte sentenciadora a'recibirla, dijo:

"La corte sentenciadora puede negarse a permitir que un testigo declare sobre hechos que en nada afectan el delito cometido. La riña habida entre el interfecto j una tercera persona, o si se quiere, la agresión del interfecto a esa persona, en nada pudo afectar el crimen cometido por el acusado.”

Lo mismo podríamos decir en el presente caso. El hecho de que Sarria Pacheco antes de dar muerte a Martimó, hu-biera agredido a Gómez Mesorana, no afecta la evidencia presentada por el fiscal tendente a demostrar que el ape-lante instigó o coadyuvó en la comisión de este delito.

Se imputa error a la corte sentenciadora por haber permitido que el testigo Arsenio Acosta declarase que cuando llegó el acusado al Hospital Tricoche, momentos antes del crimen, el acusado se bailaba en estado de embriaguez. Sos-tiene la defensa que ésa era una conclusión de becbo del tes-tigo y que por esa razón no era admisible.

Esa evidencia era perfectamente admisible, toda vez que-el testigo expuso las observaciones que hiciera y que lo lleva-ron a la conclusión de que el acusado al llegar al hospital se-hallaba en estado de embriaguez. El jurado que oyó tales-observaciones pudo determinar por sí mismo, usando su pro-pio criterio, si en efecto la conclusión a que había llegado el testigo estaba justificada o si por el contrario carecía de-fundamento y por tanto no debía aceptarla. Tampoco se co-metió el quinto de los errores señalados.

El sexto señalamiento de error se expone así:

“Por haberse dado instrucciones al jurado después de haber ido éste a deliberar, sin que dichas instrucciones fueran previamente soli-citadas por el Fiscal, por la defensa o por el jurado, resultando dichas instrucciones oficiosas y una orden o conminación implícita para que se rindiera un veredicto cuando el jurado, después de mucho tiempo de deliberación, había informado que les era absolutamente imposible-llegar a un acuerdo.”

Lo sucedido, conforme resulta del récord, es que cuando-sólo habían transcurrido veinticuatro horas desde que empezó la deliberación, el jurado pidió ser llevado a presencia de la corte, a lo que se accedió. Una vez en corte abierta, estando presentes el fiscal y la defensa, el jurado, por voz de su pre-sidente, dirigiéndose a la corte, manifestó que ellos creían que no podían llegar a un veredicto por existir diferencia de-criterio que creían no podría ser armonizada. El juez inte-rrogó al fiscal y a la defensa si tenían algo que manifestar en relación con lo solicitado por el jurado, y habiendo con-testado ellos que nada tenían que exponer, el juez, sin usar frase alguna que pudiera interpretarse como una indicación de que el veredicto debería ser en uno u otro sentido, diri-giéndose a los señores del jurado les indicó la conveniencia de que continuasen deliberando por algún tiempo más, a fin de tratar de llegar a un veredicto en uno u otro sentido. Es.-■verdad que algún tiempo después el jurado trajo un vere-dicto de culpabilidad, pero ello no implica que este veredicto fuese influido por las palabras de la corte. En presencia de la defensa y del fiscal, una vez leído el veredicto, el juez in-terrogó individualmente a cada uno de los señores del ju-rado si aquél era su veredicto y si lo habían votado de su libre y espontánea voluntad y todos y cada uno de ellos con-testaron afirmativamente.

A nuestro juicio, actuó correctamente la corte al insistir en que la deliberación se prolongase por algún tiempo más, dada la importancia del caso, la duración del juicio — -tres días — -y el tiempo relativamente corto que habían estado de-liberando. Era razonable que el juez recordase a los seño-res del jurado del deber impuéstoles por la ley de actuar de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con la prueba, evi-tando así que alguno o algunos de los jurados queriendo ■evadir su responsabilidad pudiesen lograrlo, manifestando que sustentaban una opinión de que en realidad no partici-paban. Veinticuatro horas de deliberación en un caso de esta importancia no parece un término tan largo que no justifi-case al juez en insistir en que el jurado no se disolviese todavía.

No cabe aceptar la teoría de la defensa de que fué éste un veredicto por transacción (compromise verdict) ya que de acuerdo con las instrucciones emitidas por la corte sólo ca-bían dos veredictos: culpable o no culpable; y por consi-guiente al llegar todos a un acuerdo no puede decirse que • habían emitido un tercer veredicto distinto a aquél que re-presentaba el verdadero sentir de todos los miembros del jurado. No existe, pues, el sexto de los errores señalados.

El séptimo señalamiento consiste en imputar a la corte error al transmitir sus instrucciones y al denegar algunas y enmendar otras de las solicitadas por la defensa.

Hemos examinado cuidadosamente las transmitidas por la corte, y considerándolas como un todo, en realidad no en-contramos que la corte inferior cometiera error alguno al transmitirlas. El juez no está obligado a trasmitir en sn to-talidad nna instrucción solicitada por la defensa si cree que en parte es errónea. Sn deber es enmendarla y trasmitirla entonces, si es qne la materia no ha sido suficientemente cu-bierta por las instrucciones generales.

Se queja el apelante de que en este caso el juez re-husó instruir al jurado sobre homicidio voluntario. Del ré-cord no aparece evidencia alguna que justificase una instruc-ción sobre homicidio voluntario. De haberla transmitido la corte hubiera incurrido en error. Pueblo v. Sarria, supra.

Los errores 8 y 9 carecen de importancia. Por el octavo se queja el apelante de que le fuese negada una moción de nuevo juicio basada en los errores anteriormente señalados. Y por el noveno alega, por las mismas razones, que el vere-dicto es contrario a la ley. Como uno y otro señalamientos de error están predicados en los que previamente hemos dis-cutido, y puesto que hemos llegado a la conclusión de que no existen, debemos también concluir que éstos tampoco existen.

Procede, por lo expuesto, la confirmación de la sentencia..

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Ramona Muñoz Vda. de Alonso, demandante y apelada, v. Sociedad Agrícola de Río Piedras, demandada y apelante.
    Núm. 8304.

    Sometido: Junio 19, 1941.

      Resuelto: Julio 29, 1941.

      Monserrat, de la Haba & Monserrat, abogados de la apelante; Celes-tino Triarte, F. Fernández Cuyar j II. González Blanes, abogados, de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn procedimiento sobre sentencia declaratoria. Entre demandante y demandada surgió una discrepancia en la interpretación de una cláusula de un contrato que celebra-ron y la demandante acudió a las cortes de acuerdo con la Ley núm. 47 de 1931, pág. 379, relativa a Sentencias y Decre-tos Declaratorios y para baeer uniforme la legislación sobre la materia, una de cuyas disposiciones, la contenida en su sección doce, dice:

“Sección 12. — La presente, por su naturaleza, es una ley de remedios; y su propósito el de autorizar la determinación de derechos,' estados, y otras relaciones jurídicas, y conceder remedios contra la incertidumbre o inseguridad de tales derechos, estados y otras rela-ciones jurídicas; y deberá ser liberalmente interpretada y aplicada.”

En febrero 26, 1938, por escritura pública la demandante arrendó al Sindicato Reorganización Yannina del que es su-cesora la demandada, dos fincas rústicas situadas en Río Piedras, una de 165 cuerdas y otra de 121, por término de diez años, un mes y veinte días la primera, y de diez años veinte días la segunda, contados a partir de mayo 10 y ju-nio 10, 1937, respectivamente, a cuyas fechas se acordó re-trotraer el contrato.

El canon de arrendamiento se fijó en $1,725 anuales para la' finca de 165 cuerdas y en $1,275 anuales para la de 121, acordándose además que:

“El canon aquí antes indicado o fijado para esas fincas regirá así hasta tanto se mantenga el actual sistema de cuotas, aclarándose que tan pronto cese en Puerto Rico el sistema de cuotas actualmente en vigor, o se fije una cuota no menor de la producción de azúcar en Puerto Pico, antes de empezar a regir la restricción, el canon de arrendamiento se elevará a tres mil seiscientos dólares anuales por amias parcelas, desde la fecha en que' cese el citado sistema de cuotas o se asigne un aumento en la forma arriba estipulada.” (Itálicas nuestras.)

Esa es la cláusula cuya aplicación en la práctica motivó la divergencia de criterio que llevó a la demandante a recu-rrir al tribunal que la interpretó como sigue:

"...La frase ‘antes de empezar a regir la restricción’ no puede referirse sino a la producción de azúcar en Puerto Rico cuando no existía restricción.
"El adverbio ‘antes’ denota prioridad o preferencia, prioridad de tiempo o lugar, y siendo ello así, no puede interpretarse que signi-fique el preciso momento en que ocurre un becbo. Cuando decimos ‘antes de ayer’, no es ayer ni es boy. De suerte que, al convenir las partes que el canon convenido se elevaría a $3,600 tan pronto se fijase una cuota no menor que la producción de azúcar en Puerto Rico antes de empezar a regir la restricción, no podían referirse a la producción de azúcar en el preciso momento que entró en vigor la restricción, y sí a aquella producción anterior al momento de aplicarse la restricción.”

Y como de la evidencia y de las admisiones de la deman-dada apareciera a su juicio que “el sistema de cuotas empezó a regir el día 1 de enero del año 1934, que la producción de azúcar durante el año anterior a la implantación de dicho sistema (1933) fue de 816,337 toneladas, y que las cuotas fija-das para los años 1938, 1939 y 1940 permitieron una produc-ción de azúcar mayor a la del año 1933,” resolvió que “la demandante tiene derecho a recibir el canon de $3,600 anua-les, por haber sido la producción permitida a virtud de la cuota fijada para los años en que ha estado en vigor al refe-rido contrato mayor a la producción de azúcar antes de esta-blecerse dicho sistema en Puerto Rico.”

No conforme la demandada interpuso el presente recurso de apelación. Alega que la interpretación de la corte es con-traria a lo que en la realidad fue pactado. Y argumentando su error se expresa, en parte, como sigue:

"... La corte inferior debió indagar basta qué punto concuerda el sentido aparentemente claro de todas las palabras usadas en la redacción de dicba cláusula con la intención de los contratantes,....
"¿Se preguntó acaso la corte inferior cuál era el objeto práctico de esa cláusula? ¿Tuvo en cuenta el hecho de que dicho contrato se otorgó en el año 1938 cuando ya estaba establecido el sistema de cuotas, cuando ya se conocía exactamente cuál había sido la produc-ción anterior a su implantación? Si las partes tenían conocimiento de que la producción del año 1933 era menor que la cuota asignada para el año 1938, fecha en que se otorgó el contrato, ¿qué necesidad, cuál fué el objeto, qué fin práctico .tenía la cláusula cuarta del con-trato? ¿Cómo es posible que a los dos años de otorgado el contrato, durante cuyo plazo las partes interpretaron su intención y voluntad, pueda ahora sostenerse que ésa no fué la intención de las partes? ¿No ha sido ésta la interpretación auténtica de dicho contrato? No podemos admitir, que la intención y voluntad de las partes fué la de establecer una condición que no habría de surtir efecto práctico o legal alguno. En ese caso ¿no hubiera sido más lógico haber esti-pulado de una vez y para siempre que el canon de arrendamiento sería de $300 mensuales?”

El problema no es de fácil solución. Interpretada la cláusula de acuerdo con sus términos expresos, no puede lle-garse a otra conclusión que a la que llegó la corte sentencia-dora. “Antes” no puede referirse sino a la producción de azúcar cuando no existía la restricción.

Sin embargo esa interpretación deja en la mente del juz-gador por lo menos la duda de si lo resuelto pudo ser la in-tención de las partes contratantes, ya que equivale a concluir que lo pactado no tuvo razón de ser.

Si cuando se celebró el contrato ya se babía fijado una cuota mayor que la producción de azúcar en el año anterior a la restricción o sea a la implantación del sistema de cuotas, ¿a qué referirse a un acontecimiento a ocurrir cuando ya babía ocurrido?

A los fines de dar vida a la cláusula pensamos en que tal vez podría interpretarse en el sentido de tomar como base no la producción del año inmediatamente anterior si que la del promedio de los años 1931, 1932 y 1933, que según las Regulaciones Generales de la Cuota Azucarera, prescritas por el Secretario de Agricultura bajo la Ley de Ajuste Agrí-cola, se tomaron en consideración para fijar la cuota al co-menzar a regir el sistema, pero nada se lograría porque dicbo promedio de producción resulta siempre inferior a las cuotas, a la- feeba del contrato.

Para que la teoría de la parte demandada apelante pu-diera prevalecer tendría que aceptarse que “antes de empe-zar a regir la restricción” quiere decir “en el momento en que la misma se hizo efectiva” — carta a la demandante, pá-gina 30 de la transcripción — dando a “momento” la signifi-cación de “año”, esto es, del año 1934 en que la producción fué mayor que la cuota de 1938, o prescindirse del año 1933 y aceptarse el 1932 en que la producción fué de 992,432 to-neladas, también mayor que la indicada cuota.

Esa interpretación sería contraria a la letra del contrato y, aparte de la consideración de que interpretando éste se-gún su letra la cláusula no tendría objeto, lo que es contrario-a la lógica de las transacciones entre los hombres, nada en-contramos en la prueba practicada que revele que la alegada por la apelante fuera la intención de las partes contratantes. Y siendo ello así, no es posible acceder a lo solicitado.

En cuanto a la interpretación que se dice dada al contrato por las partes mismas y el alegado conocimiento que ambas tenían de la situación azucarera antes y después del régimen de cuotas, bastará decir que ese alegado conocimiento no re-sulta de los autos que fuera pleno en cuanto a la deman-dante, pudiendo concluirse que si ella aceptó al principio como canon del arrendamiento una cantidad menor a la que tenía derecho, fué porque no estaba familiarizada con la si-tuación. Sus actos en ese sentido no constituyen, pues, una interpretación auténtica y deliberada de que lo que ella aceptó en principio fuera lo realmente pactado.

Siendo ésas las circunstancias que concurren, las dudas permanecen, pero ante la carencia de hechos claros que per-mitan concluir que la verdadera intención de las partes, pres-cindiendo del significado literal de los términos del contrato, es la que sostiene la apelante, a dicho significado literal de-bemos atenernos.

Debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.