author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Auge, Demandante y Apelante, v. Selosse, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre divorcio- (moción para que se desestime la apelación).
    No. 3087.
    Resuelto en enero 18, 1924.
    Apelación — Diligencia del Apelante. — Las gestiones que una apelante haya tenido que praetiear para el cobro de pensiones alimenticias decretadas en un incidente en pleito de divorcio, nada tienen que ver con las diligencias necesarias para tramitar su apelación en el pleito principal.
    Id. — Desestimación por Negligencia del Apelante. — Habiendo transcurrido cerca de dos años desde que la corte inferior ordenó que la transcripción de la evidencia fuera sometida para su aprobación al juez que presidió el juicio, sin que la apelante hiciera gestión alguna para perfeccionar su apelación, procede la desestimación por falta de diligencia de acuerdo con la regla 59 del Reglamento del Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. R. H. Blondet.

    Abogado del apelado: Sr. Jucm Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este pleito de divorcio declarando sin lugar la demanda de la esposa y con lugar la contrade-manda de su marido fué apelada por aquélla en 5 de octu-bre de 1921 y solicitó que el taquígrafo hiciera la transcrip-ción de la evidencia para la apelación. El taquígrafo pre-sentó la transcripción el 20 de febrero de 1922 y el 6 de marzo siguiente la corte inferior ordenó que fuera sometida para su aprobación al juez que conoció del juicio. No se hizo otra gestión para que la transcripción fuera aprobada y el 12 de diciembre de 1923 la parte apelada nos ha pe-dido que desestimemos la apelación de acuerdo con la re-gla 59 de las de este Tribunal Supremo por falta de dili-gencia en la tramitación de la apelación. A esa petición se ha opuesto la apelante alegando que hasta el 4 de diciembre de 1923 no fué depositada por el apelado en la corte la cantidad de $939.50 que importaban las pensiones alimenti-cias que tenía que pagar y que la diligencia de la apelante está justificada por las diligencias que lia practicado para obtener el pago de la pensión alimenticia y de otra suma para el pago de los servicios .prestados por su abogado. Para el 17 de diciembre de 1923 fué señalada la vista para la aprobación de la transcripción del taquígrafo, y habiendo comparecido solamente el abogado de la apelante pidió y obtuvo la suspensión para un nuevo señalamiento.

Podemos dejar a un lado las gestiones que la deman-dante baya becbo para conseguir el cobro de pensiones ali-menticias decretadas en un incidente de e'ste pleito porque nada tenían que ver con las diligencias que habían de prac-ticarse para tramitar su apelación contra la sentencia de divorcio.

Presentada por el taquígrafo la transcripción de la evi-dencia es necesario para que forme parte del legajo de la sentencia que ba de presentarse en este Tribunal Supremo que sea aprobada por el juez con citación de las partes, pero en este caso desde el 6 de marzo de 1922 la apelante no hizo gestión alguna para que fuera aprobada, habiendo transcurrido cerca de dos años en tal estado de paralización la apelación basta que se nos ba pedido que la desestime-mos, tiempo que por sí solo es prueba satisfactoria de falta de la diligencia debida del apelante en la tramitación de su apelación, por lo que debe ser desestimada, de acuerdo con la regla 59 citada, preceptiva de que este Tribunal Supremo podrá discrecionalmente desestimar una apelación que no haya sido anteriormente registrada mediante moción presentada' al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ba proseguido su apelación con la debida dili-gencia o de buena fe, o que tal apelación es frívola. Esa falta de diligencia se hace más manifiesta por el becbo de haber pedido la apelante el 17 de diciembre de 1923 que se suspendiera la aprobación de la transcripción de la eviden-cia hasta nuevo señalamiento, cuando pudo pedir en ese día que fuera aprobada ya que la parte contraria no se pre-sentó a proponer enmiendas, originando así otra dilación innecesaria.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Aponte, Demandante y Apelante, v. Kennerly, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios (memorándum de costas).
    No. 3095.
    Resuelto en enero 18, 1924.
    Memorándum de Costas — Honorarios de Abosado; Prueba de que son De-bidos. — -No es necesario probar que han sido pagados los honorarios de abo-gado que se reclaman en un memorándum de costas ni que la parte victo-riosa se comprometiera a pagarlos a su abogado, pues la mera inclusión en el memorándum de costas jurado de la partida de honorarios es prueba prima facie de que son debidos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Tous Soto.

    Abogados del apelado: Sres. O. B. Frazer y B. Castro Fernández.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado por el demandado un memorándum de costas jurado en el que se incluyen $150 para honorarios de abo-gado fué aprobado por la corte inferior, y en la apelación que el demandante ha establecido contra dicha resolución alega como único motivo para que la revoquemos que no se alegó ni probó el -desembolso realmente ocasionado por ho-norarios de abogado, pnes.no hay evidencia tendente a de-mostrar qne tales honorarios han sido pagados por el de-mandado, ni de qne se comprometiera a pagarlos, ni de qne la parte demandada haya hecho renuncia de tal dere-cho de reintegro a favor de sn propio abogado.

En contestación será suficiente decir qne el pago de las costas lo reclama la parte demandada y no sn abogado para sí, annqne éste jura el memorándum de costas por estar me-jor informado de ellas qne sn diente, y qne no es necesario que se pruebe qne han sido pagados los honorarios al abo-gado, ni qne se comprometiera a pagarlos, pues la mera inclusión en el memorándum de costas jurado de la'partida cíe honorarios de abogado muestra prima facie, que son de-bidos. González v. Collazo, 25 D. P. R. 160.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado ‘Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Oquendo, Peticionario y Apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en un recurso de habeas corpus.

    No. 2111.
    Resuelto en enero 18, 1924.
    Indulto Condicional Revocado — Habeas Corpus. — Habiendo aeeptado el prisio-nero en este caso un indulto del Gobernador bajo condición de ser preso otra vez si resultara, después de investigación adecuada, que ba dejado de cum-plir la condición de observar buena conducta y de observar estrictamente las leyes, y expresándose en la orden del Gobernador por la cual se le arrestó nuevamente, que resultó a su satisfacción, después de investigación adecuada, que había infringido la condición que le fué impuesta, el prisionero no tiene derecho a que se haga una investigación judicial de si efectivamente faltó o no a la condición dicha ni tenía que ser probado en el procedimiento de habeas corpus instado que el -Gobernador practicó una investigación, ni cuál fuá el resultado de ella.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. E. Benedicto.

    Abogados del apelado: Sres. José E. Figueras, Fiscal, y G. Llauger.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Gobernador de Puerto Rico perdonó a Justino Oquendo, conocido por Agripino, la prisión que estaba su-friendo por condena, con la condición de que observara buena c'ondncta y cumpliera estrictamente con las leyes, pues si resultara, después de la investigación adecuada, que había faltado a esa condición el perdón sería anulado y sería preso para cumplir el resto de su condena.

Pocos días después el Gobernador anuló ese perdón y Oquendo ingresó nuevamente en la cárcel de donde salió en libertad por un procedimiento de habeas corpus porque no se decía en la orden del Gobernador que Oquendo había in-fringido la condición del perdón; pero el- mismo día fué preso nuevamente por otra orden del Gobernador y enton-ces presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, solicitud de habeas corpus para que se le pusiera en libertad, alegando que estaba, detenido ilegalmente por-que lia cumplido la condición del perdón y porque su nuevo arresto se decretó simplemente por creer el Gobernador que el peticionario debía ser enviado otra vez a la cárcel.

Después de la vista de esa petición la corte de distrito la declaró, sin lugar y Oquendo .estableció’ este recurso de apelación.

De la prueba obrante en los autos resulta que la segunda orden del Gobernador revocando el perdón y disponiendo .el arresto de Oquendo, que motivó la petición de habeas corpus que es objeto de esta apelación, se funda en qué, después de investigación adecuada, resultó a satisfacción del Gober-nador que Oquendo había infringido la condición del perdón que le concedió.

Si bien es cierto que aceptado por el preso un indulto condicional es irrevocable en tanto él cumpla con sus condi-ciones (Alvarez v. State, 50 Florida 24; 111 American State Reports 102; 39 Southern 481; 7 American and English Ann. Cas. 88) también lo es que cuando en el indulto con-dicional se prescribe-expresamente que la autoridad que lo otorga puede anularlo por incumplimiento de la condición, sin la celebración de una audiencia, o al resolver sobre los he-chos, ex parte, el delincuente no tiene derecho a una au-diencia si la autoridad que indulta ha anulado el mismo por incumplimiento de la condición; conclusiones que descan-san en el hecho o teoría de que al aceptar el convicto el in-dulto convino en que podría ser anulado sin necesidad de una audiencia. (Nota al caso de Ex parte Patterson, L. R. A; 1915 F., pág. 545.)

Habiendo aceptado el apelante el indulto sujeto a ser preso otra vez si resultara, después de investigación ade-cuada que ha dejado de cumplir la condición de observar buena conducta y de observar estrictamente las leyes, sin reconocérsele derecho a audiencia, y expresándose en la or-den del Gobernador que resultó a su satisfacción, después de investigación adecuada, que había infringido la condi-ción que le fué impuesta, no tiene derecho a que se haga una investigación judicial de si efectivamente faltó o no a la con-dición dicha ni tenía que ser probado en este procedimiento que el Gobernador practicó una investigación ni cuál fué el resultado de ella.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wiole,

text:
    Hernaiz, Targa & Co., Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero en procedimiento de mandamus.

    No. 2925.
    Resuelto en enero 21, 1924.

      Contribuciones — Mandamus — Bienes Muebles — Tasación — ’Pago Bajo Pro-testa — Discreción del Tesorero.' — Se trata de un mandamus para obligar al Tesorero a retasar bienes muebles. Se resolvió: que una tasación de un año anterior puede ser usada como base para la contribución de un año subsi-guiente, ya sobre bienes inmuebles o muebles, y después que la lista de tasa-ción está llena el contribuyente puede primero recurrir a las medidas admi-nistrativas a su alcance, si las bay, y luego pagar la contribución bajo pro-testa. Aunque el Tesorero tiene discreción para revisar la tasación, su nega-tiva a ejercitar esa discreción no constituye una omisión de ejecutar un acto ministerial que pueda ser revisada por medio de mandamus.

    Los lieclios están expresado» en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Ortiz Alibrán.

    Abogados del apelado: Sres. Attorney General y Garlos Llauger.

   El Juez Asociado Sr. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, después apelante, es una sociedad mer-cantil que trató de obligar al Tesorero de Puerto Rico me-diante auto de ma/ndamus a verificar la retasación de los bienes muebles en el negocio de la referida sociedad. La alegación principal de la apelante es, a nuestro modo de ver, que no existe ninguna tasación válida de los referidos bienes muebles, toda vez que no se hizo ninguna valoración de dicha propiedad dentro del término fijado por la ley; que no había ninguna valoración desde el último pago de contribuciones sobre la expresada propiedad; que las ante-riores tasaciones no pueden servir cuando el objeto de la valoración e imposición de contribuciones es la propiedad mueble. Subsidiariamente, .la apelante sostiene, según tam-bién entendemos, que tiene derecho a pedir que se haga una revaloración después de haber sido fijada la tasación para cualquier año; que al Tesorero debe obligársele a verificar una retasación cuando se alega una falta de poder que trae por consecuencia un verdadero perjuicio.

Con respecto a la primera alegación, el apelado sostiene en efecto que cualquier derecho que pueda tenerse a solici-tar una tasación o retasación vence el día 15 de enero de cada año cuando se preparan las listas de contribuciones, y por tanto, que como la solicitud para una revaloración no fuó presentada hasta el mes de abril de 1923, el término de la peticionaria había vencido.

El apelado acepta que el Tesorero puede ejercitar six discreción para revisar sus listas después de enero 15, pero insiste en que no puede obligársele a tomar esta medida. El apelado también insiste en los remedios que conceden los estatutos de Puerto Rico.

En la vista tuvimos muy presente la justicia de la soli-citud de la peticionaria para una revisión, pero de una lec-tura cuidadosa de los estatutos de Puerto Rico estamos con-vencidos de que una tasación de un año anterior puede ser tomada como base para la tasación de un año subsiguiente lo mismo tratándose de bienes inmuebles que de muebles. No se ha atacado la constitucionalidad de estos estatutos. Aun cuando’ se hubiera hecho tal impugnación y tuviéramos duelas sobre la constitucionalidad de las disposiciones en cuestión, todavía estaríamos obligados a sostener que des-pués de preparada la lista de tasaciones la peticionaria puede primero acudir a medidas administrativas que estén a su alcance si algún derecho tiene a ellas y entonces pagar bajo protesta. En el caso de Ríos v. Richardson, 24 D. P. R. 547, donde si bien hubo disentimiento, la corte en conjunto estuvo conforme en que debió haber habido un pago bajo protesta. El de Alonso Riera & Cía v. Benedicto, Tesorero, (pág. 107), se proiruncia en el mismo sentido. Haremos refe-rencia a estas decisiones de nuevo en el caso de Freiría & Co. v. El Tesorero de Puerto Rico, post, que hemos considerado conjuntamente con este Caso. Los artículos del Código Po-lítico que deben ser tomados en consideración son los si-guientes :

“Artículo 294. — La parte de propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que consista en existencias de mercancías u otros efectos para la renta, será inscrita aparte y tasada por el promedio de su valor en el mercado durante el año próximo anterior a la fecha de la valuación; y el tasador, al tasar las cita-das existencias podrá exigir a dichos fabricantes, comerciantes o negociantes la exhibición del último inventario de ellas; y si a jui-cio del tasador ese inventario no fuese correcto, o si hubiese trans-currido tanto tiempo desde que se hizo que haya dejado de ser fi-dedigno, y si dicho comerciante o negociante dejare de presentar un nuevo inventario dentro del término de diez días, o si el ta-sador no considerare fidedigno este último inventario, entonces el tasador valuará dichas existencias' examinándolas personalmente.
“Art. 295. — Que la tasación de la propiedad, tal como aparece en la lista de contribuciones últimamente preparada, constituirá la lista de tasación para el siguiente año» económico, después de haber sido corregida, enmendada y revisada, según se dispone en la pre-sente. Que tan pronto como fuere posible, después del quince de enero de cada año, será deber del tasador de cada distrito de tasa-ción, llenar una planilla que manifieste detalladamente y por se-parado, cada propiedad inmueble y las mejoras hechas en la misma, y tan detalladamente como fuere posible, todos los bienes muebles sujetos a contribución en un mismo municipio, pertene-cientes en quince de enero a cada persona cuyos bienes imponi-bles no hubieren sido anteriormente tasados, o que a juicio del ta-sador, debieran tasarse o valorarse de nuevo, para imponerles la contribución correspondiente, o cuya revaloración se hubiere pedido por el dueño de la propiedad, por las autoridades municipales del distrito en que estuviere radicada, o por cualquier ciudadano de Puerto Rico. En los casos en que uña misma persona poseyere bienes imponibles en más de un municipio, se extenderán planillas por separado para cada municipio. El tasador podrá entregar a cualquier dueño de bienes imponibles en su distrito de tasación, o a cualquier miembro adulto de su familia o establecimiento comer-cial, i a planilla o planillas en blanco de que se trata, acompaña-das de los interrogatorios que estimare necesarios para la averi-guación de bienes imponibles y de valor de éstos j requerir a dicha persona para que le otorgue el correspondiente recibo de dicha planilla, la llene en debida forma y la devuelva dentro de un plazo que no excederá de diez días; y será deber de la persona sujeta a contribución, consignar en la referida planilla, o pla-nillas, una completa relación y exacta valuación de todos los bie-nes inmuebles y muebles imponibles que poseyere por derecho pro-pio o que se hallaren en su poder, devolviendo las susodichas pla-nillas al referido tasador, dentro del plazo señalado. Toda socie-dad, síndico, o depositario, administrador, tutor o guardián, agente y toda persona que tuviere algún título legal o equitativo, que poseyere por derecho propio, o que tuviere o reclamare como suyo por cualquier otra circunstancia, cualquiera propiedad que debiera consignarse en dicho modelo o planilla, se considerará sujeto a lo que este título determina, y estará obligado a llenar y devolver la citada planilla en la forma aquí dispuesta. Siempre que dos o más personas tuvieren, poseyeren u ocuparen alguna propiedad como administradores, albaceas, síndicos o depositarios, o en cual-quiera calidad fiduciaria o represeíxtativa, cualquiera de dichas per-sonas podrá prestar el juramento exigido por el artículo 300 de este título, y toda planilla correspondiente a bienes de una socie-dad deberá ser jurada por un miembro, cuando menos, de dicha sociedad. El tasador, sin embargo, no habrá de atenerse en modo alguno a la relación de bienes ni al valor que tuvieren fijado en la declaración del contribuyente, sino que procederá, en vista de los in-formes así adquiridos, o de los demás datos que pudiere obtener, a ta-sar la propiedad en su valor real y efectivo, sin tener en cuenta una venta forzada, según su leal saber y entender.
“Artículo 297. — Que todo's los bienes muebles existentes en o fuera de. Puerto Rico, serán tasados e incluidos en el reparto de contribuciones a nombre de su dueño respectivo, en el municipio en que residiere el día quince de enero, excepto que los íiienes muebles consistentes en artículos, efectos, mercancías y otras exis-tencias, maquinaria empleada en algún ramo de manufactura o en alguna empresa mercantil, incluyéndose entre dichas maquinarias las que se hubieren tomado en arriendo o fueren utilizadas me-diante convenio en el cual se estipule el'pago de un canon, ga-nado caballar y de cualquiera otra clase, y cualesquiera otros bie-nes muebles que estén permanentemente en un municipio, serán tasados para la imposición de contribución a nombre de sus due-ños respectivos, en el municipio en que estuvieren situados, y las acciones de bancos que hacen negocios en Puerto Rico serán tasa-das con cargo a sus dueños en el municipio en que estuvieren si-tuados los referidos bancos, en la forma que se dispondrá más ade-lante.
“Artículo 302. — Que será deber de cada tasador, siempre que hi-ciere algún cambio en la tasación vigente de la propiedad de' cual-quier contribuyente, o tasare la propiedad de un contribuyente, la cual no hubiere sido anteriormente tasada, o hiciere alguna al-teración en la lista y tasación de la propiedad en la forma presen-tada por algún contribuyente, cuya planilla le hubiere sido en-tregada al efecto, notificar su acción por escrito o impreso a dicho contribuyente, haciéndose esa notificación dejando copia en manos de dicho contribuyente, o de cualquier miembro de su familia o em-pleado mayor de edad, o de la persona que estuviere a cargo de dicha propiedad, o, si no fuere posible practicar dicha notificación en esa forma, trasmitiendo copia por correo certificado a dicho dueño o persona a cargo de la propiedad, y si dicha persona, o el agente autorizado de ella, no apelare de dicha tasación ante la junta permanente de revisión e igualamiento, según lo que más adelante se dispone, dicha tasación será definitiva y obligatoria.”

Convenimos con el apelado en que, de acuerdo con el artículo 295, y especialmente su versión inglesa, la lista de contribuciones últimamente preparada es la base nominal o prima facie para la tasación del año siguiente. No se es-tablece ninguna distinción entre la propiedad inmueble y la mueble, sino que el artículo las considera en conjunto. Cierta discreción se deja al colector en cuanto a si es nece-sario la retasación o no, pero si esta discreción es amplia o limitada, el proyecto de todo el artículo presenta como punto de partida la valoración del año anterior. Luego la fecha de enero 15 se fija en el artículo 297 con respecto a la propiedad mueble si es que no se fija tan claramente en el artículo 295.

En este día la propiedad de cada; persona debe ser ta-sada para el año siguiente. Las sociedades mercantiles y otras en Puerto Pico están obligadas a saber que el tasador puede recurrir o recurrirá a la tasación del año anterior a menos que ellas interesen un cambio o una revisión antes de enero 15. El mismo artículo 295 parece suponer previa-mente una petición para la revaloración al decir “o cuya valoración se hubiera pedido por el dueño de la propiedad.” Este párrafo viene inmediatamente después de otro que liace imperativa la tasación de la propiedad que no ha sido valorada anteriormente, etc.

La apelante nos cita la Obra de Cooley sobre Contribu-ciones, tomo 1, edición 3a., pág. 601, donde se dice que: “Y si cuando una tasación anual es necesaria el funciona-rio meramente copia para un año la lista de contribuciones del año anterior la valoración será nula.” Hemos exami-nado el texto y algunos de los casos y estamos satisfechos de que no se consideraban estatutos semejantes al nuestro. En Puerto Pico una tasación para el año anterior es prima facie válida para las tasaciones subsiguientes y si no se pide o hace ninguna revisión antes de esa fecha la anterior ta-sación subsiste.

Bajo estas condiciones, el remedio, por tanto, que tiene el contribuyente es verificar el pago bajo protesta. El puede acudir a la Junta de Revisión e Igualamiento a su debido tiempo pero en todo caso ha de verificar el pago. Si bien el Tesorero tiene discreción para revisar la valora-ción, su negativa a ejercitar dicha discreción no es el acto de no cumplir con un deber ministerial por virtud del cual pueda proceder una revisión mediante auto de mandamus.

Aun suponiendo que el acto de dejar de ejercitar tal dis-creción era revisable mediante mandamus, todavía creería-mos que la peticionaria debió haber verificado el pago bajo protesta y adoptado el remedio que concede la ley No. 17 de 1920, derogatoria de la ley de 1911.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: fí-res. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino én la re-solución de este caso.


text:
    Freiría & Co., Demandante y Apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en procedimiento de injunction.

    No. 3092.
    Resuelto en enero 21, 1924.

      Contribuciones — In junction — Tasación—Daño Irreparable — Derecho Consti-tucional — Fraude.—No procede un injunction para impedir al Tesorero co-brar contribuciones sobre la tasación del año anterior, siendo la tasación vá-lida y constitucional; pero aún si no lo fuera, cuando existe otro remedia la necesidad de pagar no constituye el daño irreparable a que la .jurispru-dencia se refiere, y aún una autoridad invocada sin derecho constitucional na es el ejercicio de fraude.
    Id. — Paso Bajo Protesta — Fondo en Depósito. — El heeho de que no se provea un fondo en depósito para las contribuciones pagadas bajo protesta no im-pide que se cobren, pues la existencia o no existencia de tal fondo en depó-sito no afecta al remedio.
    Los hechos están expresados1 en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Angel Arroyo.

    Abogados del apelado: Sres. Attorney General y Carlos Llauger.

   El Juez Asociado Sr. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos que originaron este caso son semejantes a los del caso Hernáiz Torga & Co. v. Benedicto, que acaba de fallarse. La demandante en la c'orte inferior alegó una indebida tasación de contribuciones, toda vez que la tasa-ción del año anterior había sido tenida en cuenta. La ape-lante trató de restringir la actuación del tesorero. La pe-ticionaria y apelante sostiene que la Ley No. 17 de 1920, es anticonstitucional y nula. Esta ley requiere que se verifi-que un pago bajo protesta y si dicha ley fuere declarada an-ticonstitucional la peticionaria alegaría tener un derecho al remedio de injunction. La peticionaria también, lo mismo que en el caso de Hernáiz Targa & Co., sostiene que en este caso no hay tasación, válida existente.

Aunque estamos inclinados a considerar la tasación he-cha corno válida y constitucional, de todos modos, por las ra-zones indicadas en el caso de Hernáiz Targa & Co. v. Benedicto, supra, y las expresadas en el de Ríos v. Richardson, 24 D. P. R., 547, y particularmente por los motivos consig-nados en el caso de Alonso Riera & Cía. v. Benedicto, Tesorero, sentencia de junio 20, 1923, (pág. 107) no procedía el injunction solicitado.

Quizás en el último de los casos citados se resolvió más directamente que el tesorero no podía quedar afectado per-sonalmente, pero el razonamiento del caso es en el sentido de que aún en el supuesto de un estatuto anticonstitu-cional, la legislatura tenía derecho a prescribir el método que había de seguirse como remedio, y que la legislatura ciertamente prescribió el sistema por la ley de 1911. El mismo razonamiento es aplicable a la ley No. 17 de 1920 que derogó la de 1911 y está en substitución de ella. Cuando la ley concede un remedio el caso es todavía más pertinente cuando se solicita el injunction. Debe existir algún daño irreparable o algo parecido, y la mera insistencia en el pago de la contribución no constituye un daño irreparable. Snyder v. Marks, 109 U. S, 189; Shelton v. Platt, 139 U. S. 591, 597, y Burrill v. Locomobile Co., 258 U. S. 34, citados to-dos en el caso de Riera supra,. El caso de Martínez v. P. R. Railway, Light & Power Co., 18 D. P. R. 725, es también aplicable.

La mera tasación anticonstitucional y la necesidad del pago no constituye el perjuicio irreparable al cual se re-fiere la jurisprudencia, cuando existe a la mano otro remedio. La apelante no desconocía la tendencia de la precedente ju-risprudencia pero trató de establecer una diferencia alegando que los actos del tesorero eran fraudulentos, pero aún la au-toridad que se alega tener sin un derecho constitucional no es un ejercicio de fraude y la apelante no ha demostrado a esta corte ningún otro acto fraudulento. Una mera alega-ción o calificación de fraude es insuficiente y el que lo alega debe tener sumo cuidado de imputar fraude, a menos que pueda tener una probabilidad razonable de demostrarlo con su prueba. La apelante, sin embargo, sostiene también que la ley de 1920 es anticonstitucional.

Asumiremos sin resolver que si la ley No. 17 de 1920 fuera declarada anticonstitucional procedería un remedio mediante injunction si la peticionaria quedara entonces sin un remedio legal, pero somos de opinión de que la referida ley es constitucional.

Uno de los principales fundamentos de impugnación es que el dinero cobrado por el Tesorero por contribuciones pagadas bajo protesta quedó por virtud de la ley de 1911 en un fondo de depósito, pero que la ley de 1920 prescribe una forma diferente. El hecho de que no se prescriba res-pecto a ningún fondo de depósito para contribuciones pa-gadas bajo protesta no impediría el poderlas recobrar. La existencia o inexistencia de tal fondo de depósito no. afecta al remedio. Basada en esta teoría, la peticiona-ria sostiene que el hacer esta tasación y exigir a la peticio-naria que pague el dinero en la tesorería general sería pri-varla de la propiedad sin el debido proceso de ley. La ale-gación en parte está resuelta por la consideración que hici-mos en el caso de Hernáiz, Targa & Co. v. Benedicto, supra, pero el apelante nada nos cita que nos convenza de que un ingreso en la tesorería general, de contribuciones pagadas bajo protesta, constituye tal indebida privación de su pro-piedad. Si un fondo de depósito tuviera siempre que man-tenerse todas las contribuciones podrían ser pagadas bajo protesta con gran inconveniente para el poder que impone la contribución.

La apelante alega también que la ley ele 1920 es anti-constitucional toda vez que se priva a las cortes de poder hacer efectivas sus sentencias, pues el pago lia de hacerse por el presupuesto en caso de una tasación ilegal. Si éste fuera un precepto anticonstitucional el resto de la ley toda-vía podría considerarse como válido, pero no interpretamos la ley de 1920 en el sentido de que priva a las cortes de su facultad de hacer cumplir sus sentencias si alguna tenían antes. No siempre es fácil ejecutar una sentencia contra el soberano, como ya manifestamos en el caso del Pueblo v. Rosalí, 16 D. P. R. 508.

Convenimos con el apelado en que la apelante no ha de-mostrado que quedaría sujeta a una multiplicidad de accio-nes por razón de la ley de 1920, aún suponiendo que una mul-tiplicidad de procedimientos justificarían la expedición de un mandamiento de injunction en vista de las autoridades ci-tadas.

Los demás señalamientos de error han sido tratados en nuestra discusión general.

También debemos llamar la atención de los abogados en este caso y de la abogacía en general, de que esta es una ac-ción contra el Tesorero de Puerto Rico sin que en ella se mencione ninguna persona como tal Tesorero. Bajo nues-tro sistema de procedimiento debe existir una persona de-mandada y no un mero cargo. Sin embargo, toda vez que la cuestión no ha sido suscitada por el demandado que com-pareció especialmente, y como en todo caso la desestimación del recurso sería una confirmación, confirmaremos mera-mente la sentencia de la corte inferior.

Confirmada la sentencia a/pélada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Prestdeute Sr. del Torio,

text:
    Ex parte Justo A. Casablanca, Peticionario.
    Solicitud para que se admita al peticionario a prestar ju-ramento para el ejercicio de la abogacía.
    Resuelto en enero 21, 1924.

      Abogados — Disbarment—admisión al Ejercicio de la Abogacía. — Para demos-trar que un abogado que no ha sido admitido a prestar juramento para el ejercicio de su profesión por mala conducta, es digno de serlo por haberse reformado, no basta la mera opinión de otros abogados en tal sentido, sino que es necesario exponer los hechos que sirvieron de base a la dicha opi-nión, siendo una buena práctica en tales casos-que los abogados comparezcan personalmente a la corte a fin de que ésta tenga la oportunidad de exami-narlos.
    ■ Los liecbos están expresados en la opinión.
   El Juez Prestdeute Sr. del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado en este caso un escrito firmado por va-rios distinguidos abogados en solicitud de que Justo A. Casablanca sea admitido a prestar juramento para el ejercicio de la abogacía.

Para que este tribunal, dados los hechos realizados por el dicho Casablanca que se Consignan en la decisión de abril 25 de 1922, estuviera justificado en adoptar la medida que se solicita, se necesita algo más que el escrito presentado contentivo de la opinión de los firmantes. Es necesario co-nocer los hechos concretos que sirvieron de base a la opi-nión. En casos de esta naturaleza, los abogados que a vir-tud de una observación directa y dándose cuenta de la res-ponsabilidad que contraen, tomen la decisión, por creerlo así de justicia, de solicitar la admisión al juramento, debe-rían concurrir personalmente ante la corte a exponer las razones que tienen para ello.

iSin lugar la solicitud.

Jueces concurrentes': Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Peesidente Sr. del Toro,

text:
    Garrido, Demandante y Apelado, v. Falú, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre resolución de contrato y daños y perjuicios.
    No. 2984.
    Resuelto en enero 21, 1924.
    Daños y Perjuicios — Evicción.-—A vendió a B una casa eon su solar; el com-prador B, demandado en reivindicación, citó de evicción al vendedor A contra el cual entabló además, demanda pidiendo la rescisión de la venta, la devo- ■ 'lución del precio y el valor de las mejoras. El vendedor citado de evicción no compareció en el pleito de reivindicación que fué finalmente resuelto a favor del demandante. Se resolvió: que la sentencia que declaró con lugar la demanda de rescisión, es justa y debe confirmarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Peesidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobro rescición de contrato de com-praventa e indemnización de daños y perjuicios. De las alegaciones y de las pruebas resulta que por escritura pú-blica otorgada el 25 de noviembre de 1919 el demandado Falú vendió al demandante Garrido un solar de 267 metros cuadrados con una casa, segregado de otro solar de 541 metros cuadrados situado en la calle “Ferrocarril” de Eío Piedras, P. N. El 7 de febrero de 1920 comparecieron otra vez ante un notario Garrido y Falú y éste hizo constar que la finca vendida el 25 de noviembre anterior le correspon-día la mitad por sus gananciales y la otra mitad por he-rencia de su esposa.

Tomó Garrido posesión, de la finca comprada y fue de-mandado por Dámasa y Estebanía Agricolt y Heriberto To-, rres Solá, este último como cesionario de Julio Gautier, co-nocido por Falú, quienes alegaron que eran dueños del solar poseído por el demandante en este pleito. Para ello, se basaron en el testamento de María Cleofe Benitez otorgado en 1913, bajo el cual murió, y por el cual les legó “la casa que habita y el solar donde está enclavada,” y en una escritura otorgada en 1920 por el demandado Falú en la cual hizo constar que durante su matrimonio con María Cleofe Benitez adquirió por compra a Ramón Silva un solar en la calle “Ferrocarril” de Río Piedras, de 541 metros cuadrados; que su esposa murió en 1919 bajo testamento otorgado en 1913; que por la cláusula cuarta de dicho tes-tamento legó a Dámasa y Estebanía Agricolt y a Julio Gautier, conocido por Falú, la casa en que vivía y el solar en que estaba enclavada; que el solar a que se refería el le-gado era el descrito en el hecho primero de la escritura o sea el de 541 metros cuadrados situado en la calle “Ferro-carril” de Río Piedras, y que Falú, cumpliendo la voluntad de su esposa, en su carácter de único heredero, entregaba a los legatarios la casa y el solar.

Cuando la demanda de Garrido contra Manuel Fallí fue archivada, solo se había iniciado el pleito de los Agricolt contra Garrido. En dicho pleito Manuel Falú fué citado de evieción y saneamiento y no compareció, dictándose sen-tencia en contra de Garrido y ya dictada dicha sentencia, se celebró la vista de este caso de Garrido contra Falú en el cual Garrido pide que se declare resuelto el contrato de compraventa celebrado entre demandante y demandado y se condene al demandado a devolver al demandante la suma de mil-ochocientos dólares, precio de la venta y la de dos mil dos-cientos veinticinco dólares, valor de las mejoras realizadas en la pasa. Oídas las pruebas, la corte dictó sentencia favorable al demandante y el demandado interpuso el presente re-curso de apelación.

En la demanda se alega que Falú al otorgar la escri-tura de reconocimiento y entrega de legado de que se lia hecho referencia, actuó fraudulentamente. A nuestro jui-cio el fraude no se ha probado. Es lógica la explicación que dá Falú,. En el solar de 541 metros había fabricadas dos casas. Una con 267 metros fué vendida a Garrido y la otra con el resto del solar fué la legada. Pero los docu-mentos se redactaron de modo tal que en ellos no se habla de dos casas y expresamente se dice que la casa legada lo es con un solar, describiéndose éste como de 541, comprendiendo por tanto los 267 metros vendidos a Garrido. Además, Falú que tuvo la oportunidad de aclararlo todo en el pleito se-guido por los Agricolt contra Garrido, en el cual fué citado de evicción y saneamiento, no lo hizo y ahora no tiene más remedio que aceptar las consecuencias de sus propios actos.

La verdadera situación en el momento en que la senten-cia recurrida fué dictada era ésta: Falú vendió a Garrido una casa con su solar. Garrido fué demandado por los Agricolt para que les entregara el solar e hizo citar de evic-ción y saneamiento a su. vendedor. Nada hizo el vendedor y de acuerdo con las alegaciones y las pruebas el pleito fué fallado en contra de Garrido. Siendo ello así, la sentencia dictada mandando a Falú, el vendedor, que devuelva a Ga-rrido lo que éste le pagó por la casa y lo que invirtió de buena fe en mejorarla, es la justa y procedente y debe con-firmarse. No es necesario decir que cumplida la sentencia, todos los derechos que Garrido tenía pasan, de acuerdo con la ley, a Falú para que este los ejercite si a bien lo tiene, en la forma que proceda.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en ía re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    González, Demandante y Apelada, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en un recurso de certiorari (moción para que se desestime la apelación).
    No. 3221.
    Resuelto en enero 21, 1924.
    Apelación- — Desestimación de Apelación — Transcripción del Récord — Moción Prematura. — Cuando se pide la desestimación de una apelación bajo la teo-ría de que la transcripción notificada al apelado y no radicada aún en el Tribunal Supremo, no está, autorizada por la ley, es preciso someter al Tribunal Supremo una copia auténtica de la transcripción; y si esto no se hace, y aparece que no ha expirado el tiempo que tiene el apelante para radicar el récord, la moción para desestimar es prematura.
    Los hechos están expresados en-la opinión.
    Abogados de la apelante: Hon. Attorney General, y Sres. J. A. López Acosta y R. H. Todd, Jr.

    Abogados de la apelada: Sres. G. Triarte, Jr., y R. Castro Fernández.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Benita González, por medio de su abogado, solicita la desestimación de la apelación interpuesta porque la trans-cripción no ha sido radicada dentro del término de treinta días fijado por la ley.

Para ello se basa en que tratándose de un caso de cer-tiorari en el que no se practicó prueba, los autos debieron elevarse a esta corte dentro del plazo de treinta días o den-tro de la prórroga que se hubiere concedido por este tribunal; en que los treinta días habían transcurrido y no se había solicitado ni concedido prórroga alguna, y en que si bien existía pendiente de aprobación en la corte inferior cierta transcripción del récord preparada por el taquígrafo por orden de la corte dictada a petición de la apelante, dicha transcripción era nula por no estar autorizada por la ley.

La parte apelante se opuso a la desestimación del re-curso. Es digna de estudio la cuestión suscitada, pero la parte que la promueve no ha colocado a este tribunal en condiciones de resolverla. Los hechos en que se basa sólo constan de una certificación del Secretario contentiva de con-clusiones y especialmente de una copia de la “transcripción del récord” preparada por el taquígrafo y notificada a dicha parte. La promovente dehe archivar las copias de acuerdo con la ley, o esperar, si carece de recursos para ello como expresó en el acto de la vista, que la apelante radi-que la transcripción. No tardará mucho. Según sostuvo la apelante, la transcripción o exposición fue aprobada por la. corte sentenciadora el 14 de enero actual.

Existiendo, pues, una transcripción o exposición en la corte de distrito aprobada el 14 de enero, Cuya naturaleza no estamos en condiciones aún de calificar, y no habiendo transcurrido treinta días contados a partir de la aproba-ción, no procede la desestimación del recurso.

Sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: Eg Jtt;ez Asociado Se. Wole,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre divorcio (traslado del caso).
    No. 3179.
    Resuelto en enero 22, 1924.
    Traslado. — Desestimación por Palta de Jurisdicción del Tribunal Supremo_ Apelación; a Quiénes debe Notificarse. — Atendidos los términos del ar-tículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil procede desestimar por falta de jurisdicción una apelación tomada contra una orden de traslado en cuya apelación el escrito fué notificado a la parte contraria y al secretario de ■la corte a la cual se trasladó el caso, en vez del secretario de la corte que dictó la resolución apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. A. Rivera.

    Abogado de la apelada: Sr. F. Pinero.

   Eg Jtt;ez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante alegó que la Corte de Distrito de Ponce in-currió en error al ordenar el traslado del caso a la Corte de Distrito de Iínmacao. Estábamos considerando la apela-ción por sus méritos cuando descubrimos-que los autos fue-ron certificados a nosotros no por el Secretario -de- la Corte de Distrito de Ponce, sino por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao. Un examen más minucioso reve-laba que la apelación aunque fué notificada a la parte con-traria no lo fué al Secretario de la Corte de Distrito de Pontíe, sino al Secretario de la Corte de Distrito" de Hu-macao. ■ . .

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia ape-lada, un escrito manifestando que se apela de ella o de determi-nada ■ parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.”

Este artículo tiene en consideración' una notificación al secretario de la corte en que se registra la sentencia o pro-videncia, y no a ningún otro secretario. Tanto la notifi-cación al secretario en particular1 como a la parte contra-rié -son necesarias para trasladar la causa y conferir juris-dicción a esta corte. Sentimos tener la necesidad de adop-tar esta medida pero carecemos de jurisdicción y debe de-sestimarse l'á apelación.

Desestimada la a/pelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Su. "Wcle, ‘Elf Juez Asociado Sr..Wolf

text:
    Del Río et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Cancel et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en . pleito sobre indemnización de daños y perjuicios (tras-lado del caso). Moción para corregir la transcripción . .de autos.
    No. 3213.
    Resuelto en enero 22, 1924.
    Resuelto en reconsideración en febrero 29, 1924.
    Traslado — Corrección de Autos en el Tribunal Supremo. — Evidencia que no tuvo bajo consideración la corte inferior al decretar el traslado, no puede '• ser incorporada al récord por vía de corrección de autos en el Tribunal Supremo para sostener la legalidad del traslado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. V. Polanco de Jesús.

    Abogado de los apelados: ¡Sr. H. E. Besosa.

   El Juez Asociado Su. "Wcle,

emitió la opinión del tribunal.

'• Esta es una moción para corregir la transcripción de autos hecha por la apelada, la “National Surety Co.,” que logró obtener un traslado del caso de la Corte de Distrito de Arecibo a la Corte de Distrito de San Juan por el fun-damento de que la residencia, domicilio legal y oficina principal de la compañía demandada, están en San Juan. Hubo varios demandados. La apelada ofrece ahora copia certifi-cada de un documento que acredita los diligenciamientos he-ciios por los márshals de Mayagüez y San Juan en los empla-zamientos de los varios demandados, y también ofrece una certificación creditiva de que la Sucesión Cancel compareció y contestó en San-Juan.

El apelante se opone a la admisión de la certificación mencionada en último término porque de ella aparece que la Comparecencia de dicha sucesión fué hecha en enero 2, 1924, en San Juan, y por tanto que la comparecencia no pudo posiblemente haber sido ante la corte de distrito al dictar su' resolución, trasladando el caso en noviembre 9, 1923. Tiene razón el apelante. Además, no podemos ver cómo es que una comparecencia de un demandado que re-sidía en otra parte podía afectar a la cuestión del derecho al traslado de la causa.

Asimismo insiste el apelante en que en la Corte de Dis-trito de Arecibo la apelada probó cierto caso para obtener un traslado de la causa y dice también en efecto que al resolver la moción la corte no tuvo ante sí los diligenciamien-tos de los márshals. En verdad, y aunque el apelante apa-rentemente no lo ha notado, el documento que acredita el diligenciamiento muestra que los diligenciamientos fueron archivados en la oficina del secretario de la Corte de Dis-trito en diciembre 7, 1923. Es evidente, pues, que estos no habían sido archivados en noviembre 9, fecha, de la resolu-ción. Ni existe ninguna indicación de que se llamara la atención de la corte a los mismos.

Era el deber de la apelada que deseaba, obtener un tras-lado de la causa, el presentar todo su caso a la Corte de Distrito de Arecibo, y no puede ahora suplirse esta defi-ciencia mediante los récords o prueba que surge post litem motamr

La moción debe ser denegada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro-y’-Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto, no, ipte^yinq, en,.la re-solución de este caso.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN, DEFEBRERO 29, 1924.

‘Elf Juez Asociado Sr..Wolf

emitió la opinión del tribunal.

' NT dopmueuto que acredita lQs'drlig''ejiciamientos lleva,fe-cha de radicación de diciembre. 7, ”1923. „'j3i Ja apelada de-seaba demostrar que estos emplazamientos, estaban ,de hecho ante la Corte de Distrito de'Arecibo*, debió haberse seguido algún otro método. En nuestra opinión dijimos, “Ni existe ninguna indicación de que se llamara la atención de la corte a los mismos.”

Que ningún documento radicado en San Juan después de la resolución de la Corte de Distrito de Arecibo puede hacerse formar parte de estos autos, es una proposición de-masiado clara para mayor discusión.

Denegada.

, .Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro- y Aso-ciados Aldrey y Hutchison. . -


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Camocho, Demandante y Apelante, v. Ortiz, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayaguas ' en pleito sobré nulidad de escritura y cancelación de ins-. -* cripci'ónr- .."
    No. 3070.
    Resuelto en enero 22, 1924.
    Desestimación de Apelación — Sentencia por Desistimiento — Juicio—íNotieica-Ctones.- — Los secretarios de las cortes de distrito no tienen el. deber de noti-ficar a los -litigantes los señalamientos de juicios, por lo que no habiendo .comparecido la'demandante al juicio previamente señalado el día de la lectura del calendario, procede declarar con lugar una moción de la demandada para que se tenga por‘desistido al demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. P. Amado Rivera.

    Abogado del apelado: 8r. P. Fajardo Martínez.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este pleito fué enmendada por cuarta vez él 13 de septiembre de 1919. El demandado se opuso a ella y en 14 de diciembre de 1922 nosotros revocamos en apelación la sentencia que había dictado la corte de dis-trito teniendo a la demandante por desistida de- su acción y ordenamos que el Caso fuera devuelto-para ulteriores proce-dimientos. Una copia certificada de nuestra sentencia fué remitida a la corte inferior el 23 de enero de 1923 y fué' unida allí al pleito.. En la lectura del calendario civil que tuvo lugar el 10 de marzo de 1923 en la corte de distrito solicitó el demandado el señalamiento del juicio en el pleito, que fué fijado por la corte para el 26 de marzo de 1923. En este día no compareció al juicio la demandante ni abo-gado en su nombre, haciéndolo el demandado quien soli-citó de la corte qué por la incomparecencia de la , deman-dante dictara sentencia teniéndola por desistida de su ac-ción. La corte de distrito dictó el 2 de abril de 1923/ la sentencia solicitada- y. contra ella interpuso la demandante este recurso de apelación. Esto es todo lo que aperece de la transcripción de los autos.

No hay precepto alguno en el Código de Enjuiciamiento Civil que imponga a los secretarios de las cortes de distrito el deber de notificar a los litigantes los señalamientos que la corte hace para juicio, porque la ley supone que están pendientes del curso de sus asuntos. Por esto, habiendo sido hecho- el señalamiento de juicio en este pleito en corte éñ la. lectura dél calendario civil, la demandante tuvo en ésa forma conocimiento de dicho señalamiento y no ha-biendo comparecido a él, el 'demandado estaba autorizado por el artículo 192, núm. 3, del Código dé Enjuiciamiento Civil para solicitar que se declarara a la demandante de-sistida de su pleito, y la corte estaba facultada para dictar esa sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    J. Casablanca, S. En C., y Rivera, Demandantes y Apelantes, v. The Palatine Insurance Co., Limited, Demandada y Apelada.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Maya-güez en pleito sobre cobro de dinero.
    Nos. 2827 y 2826.
    Resueltos en enero 24, 1924.
    Cobro de Póliza — Demanda Prematura — Seguros contra Incendio — Prueba del Valor de la Propiedad Destruída. — Ni la valoración de la propiedad ni la fijación de un límite máximo de responsabilidad en una póliza de seguro con- ' tra incendio pueden tomarse como la fijación del importe que ha de pagar la compañía, aún en el caso de una pérdida total, y generalmente la responsabi-lidad de la compañía depende del montante de la pérdida y se determina des-pués que ésta ha ocurrido mediante informes y comprobantes suministrados por el asegurado.
    Los ¿.echos están expresados en la opinión.
    Abogado de las apelantes: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. M. Gaetán Barbosa.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En cada uno de estos casos la demandante establece la apelación contra una sentencia que declara sin lugar la de-manda, e insiste en que la corte inferior incurrió en error en la apreciación de la prueba.

En ambos casos la compañía demandada alegó no ha-berse cumplido con el artículo 10 de la póliza, el cual es como sigue:

“Artículo 10. — Inmediatamente que se declare un siniestro que cause daños o pérdidas en los objetos asegurados por la presente póliza, el asegurado tiene obligación de participarlo a la compa-ñía por escrito, y de entregarle, a más tardar, dentro de los quince días siguientes al del siniestro, o en cualquier otro plazo que la compañía le hubiera especialmente concedido por escrito, los do-cumentos siguientes, a saber:
“ (a) Un estado de las pérdidas y daños causados por el sinies-tro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible, los varios objetos destruidos o averiados y el importe de la pér-dida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos ob-jetos en el momento del siniestro, sin comprender ganancia alguna.
“(6) Una relación detallada de todos los demás seguros que pu-dieran existir sobre los mismos objetos.
“El asegurado viene igualmente obligado, en cualquier tiempo, a pi’ocurarse a su costa y a entregar o poner de manifiesto a la Com-pañía todos los detalles, planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que la compañía, directamente o por me-diación de sus representantes esté equitativamente en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y al origen" y a la causa del incendio y a las circunstancias bajo las cuales las pérdidas o daños se han producido, o relacionados con la responsabilidad de la Compañía o con el importe de la indemnización debida por ésta.
“Asimismo, el asegurado viene obligado a certificar la exac-titud de su reclamación y de cuantos extremos estén consignados en la misma, mediante una declaración hecha, sea bajo juramento o en cualquier otra forma legal.
“Si el asegurado no cumpliera lo .dispuesto en el presente ar-, tículo, quedaría privado de todo derecho a indemnización en vir-tud de la presente póliza/’

En ambos casos los libros fueron destruidos por fuego.

En el caso 2826 el árbitro tasador (adjuster) escribió a la demandante en los siguientes términos:

“Apreciada Señora: Refiriéndome a las conversaciones que tuvo el que suscribe con su señor esposo la semana pasada con relación a cierta reclamación por incendio que ha presentado Ud. contra la Compañía Palatine bajo póliza No. 3,123,574, repito por la presente que debido al hecho de haberse quemado, según sus informes, tó-alos los libros y demás comprobantes que podrían justificar el valor de los bienes asegurados el día del incendio, es necesario que me suministre Ud. a la mayor brevedad posible lo siguiente:
“1. — Extractos certificados de su cuenta con todas las casas donde se surtían Uds. de existencias durante el último año antes del incendio.
“2. — Relación completa de todo el equipo y mobiliario que te-nían Uds. en el local destruido.
“3. — Certificados de patente municipal, contribuciones de ingre-sos y de propiedad y de Rentas Internas.
“4. — Declaración jurada con respecto al promedio de sus ven-tas diarias y el beneficio obtenido en las mismas.
“Al recibo de estos documentos trataré en lo posible de recons-truir los datos que de otro modo hubieran suplido sus libros con respecto al valor de la propiedad destruida, y en espera de sus gratas noticias, quedo, etc.”

A esta comunicación la demandante no contestó, pero ra-dicó su demanda.

En el No. 2827 una carta semejante dice lo siguiente:

“Muy señores m/ y amigos: Refiriéndome a las conversaciones que tuve con Uds. la semana pasada, durante mi visita a esa con relación a las pérdidas por incendio que reclaman Uds. a la Palatine Insurance Co. bajo póliza No. 3,123,573, les repito aquí lo que ya les indiqué verbalmente con respecto a los documentos necesarios para poder atender a tal reclamación, y los cuales consisten en lo siguiente:
“1. — Copias certificadas y juradas de las facturas pasadas a Uds. por los vendedores de la máquina ‘Champion,’ del motor de gasolina, de las dos máquinas ‘Singer,’ de la máquina de picar, de la máquina de escribir ‘Oliver,’ de la vitrina, del mostrador, del aparador, del medidor, de las sillas y demás equipos de su estable-cimiento.
“2. — Extractos certificados y jurados de sus cuentas con todaá las casas a las cuales compró Ud. zapatos, pieles, hormas, suelas, tacos de goma y los demás artículos que se hallaban en su estable-cimiento el día del incendio.
“3. — Montante aproximado del promedio de sus ventas diarias.
“4. — Certificados de .contribuciones municipales, patentes, con-tribuciones de ingresos y de propiedad con respecto a los bienes de Ud.
- “Como ya les indiqué verbalmente, debido a la ausencia absoluta de libros y otros comprobantes que pudiesen atestiguar el valor de sus existencias y el équipo cuando- el incendio, es absolutamente im-prescindible reconstruir esos datos en la forma arriba indicada, pues de lo contrario la ley no permitiría a ninguna compañía asegura-dora darle curso a una reclamación. , ,
“Es en el interés de XJdes. mismos activar el suministro de es-tos datos todo lo más posible, y al recibo de los mismos no perderé tiempo eñ revisarlos y comunicarme con Uds. con respecto al re-, sultado de' tal- examen. ’ ’

A la carta anterior, la demandante contestó como signe:

“Muy señores míos: Según su carta todas las facturas y es-tados de cuenta, deben ser juradas ante Notario,, esto me parece muy •costoso'y dificultoso, por lo que ’me pérmito decirle "qué"'tenga la bondad de explicarme qué alcance tiene su frase de (certificado y jurado).
“Dispense la molestia y tenga la bondad explicarme. Sin otro particular quedo su Atto. amigo y S. S. J. Casablanca, S. en C.”

A esto contestó el árbitro tasador, insistiendo -en su anterior petición, pero indicando que sería bastante con una sola certificación de cada firma, que abarcara una lista de las ventas acompañada de la factura.

Algunos días después la demandante archivó su de-manda.

De la póliza en el caso Número 2826 hacemos la siguiente cita:

“Por cuanto Sra. María Teresa Rivera de ^Rivera, San Germán, Puerto Rico, ha satisfecho la cantidad de Treinta y dos 05/100 dollars a la Palatine Insurance Company, Limited, Londres, para asegurar contra las pérdidas o daños causados por: incendio o por ol rayo las propiedades que abajo se describen, sin- exceder de las -sumas especificadas sobre cada artículo, a saber: $4,000.00, por el término de un año, sobré las existencias de la Farmacia Rivera, -consistentes de drogas, patentizados, perfumería, productos quími-cos y pinturas, incluyendo aparadores, mostradores, vitrinas, es-critorios y demás efectos de su citada farmacia, establecida "eñ 'una casa. (desciibiéndose.)
“ Sépase pues, que desde el día 14 de diciembre de 1920 hasta el día 14 de diciembre de 1921 a las 4 de la tarde y por todo el tiempo después en que el dicho asegurado satisfaga o haga satis-facer a debido tiempo a la Compañía el dicho premio, y que la Compañía convenga en aceptar el mismo premio, la expresada Com-pañía quedará sujeta a pagar al dicho asegurado, sus albaceas o-administradores, todas las pérdidas y daños que sufra el mismo ase-gurada a causa de incendio o del rayo en los bienes antes mencio-nados, que no excedan sobre cada artículo de la cantidad que se. declara asegurada respecto a los mismos, y que no excedan en. todo de la suma de Cuatro Mil Dollars pero siempre sujeto a las condiciones y estipulaciones impresas y manuscritas en esta Pó-liza, y que constituyen la base de este seguro.”

La póliza en el caso 2827 está en igual forma y por la suma total que en ella se indica subdividida, y comprende la propiedad especificada en estos términos:

”$3,000.00 — Por el término de un año, sobre las existencias de-su comercio instalado en una casa de manipostería, propiedad de Cor-nelio Irizarry Cancel, en la calle Ruíz Belvis, frente a la Plaza Principal No. 14, en el pueblo de San Germán, P. R.
”$1,200.00 — Sobre la maquinaria para hacer calzado, movida por un motor de 2% caballos de fuerza, instalada en el mismo local. Premio extra 1/8%.
”$1,800.00 — Sobre las existencias de calzado americano y del país; pieles de todas clases, mostradores, vitrinas y 'aparadores-. Premio 5/8%.”

En cada uno de los casos la teoría que sustenta la de-mandante en su demanda, en todo el juicio y en apelación fue y es que el artículo 10, supra, no es aplicable en el caso’ de una pérdida total.

Pero una obligación de pagar todas las pérdidas oca-sionadas por fuego que no excedan del importe por el cual se asegura cada artículo, no es una promesa de pagar una suma determinada en el caso de una pérdida total. La fra-seología empleada no es el lenguaje de daños liquidados. La obligación contraída ppr la compañía demandada parece que se bizo constar en la forma de una póliza corriente no valorada. Por lo menos no hay nada qne indique ninguna intención de expedir nna póliza valorada y por tanto no existe base para la distinción entre nna pérdida parcial y nna total.

“Las pólizas de incendio generalmente se redactan de modo qne la responsabilidad de la compañía dependa del importe de la pér-dida, el cnal ha de determinarse después de qne dicha pérdida ha ocurrida; y la valoración de la propiedad en la solicitud o póliza no fija la responsabilidad de la compañía aun en el caso de nna pér-dida total.” 26 C. J. 98, sección 97.

Aqní las pólizas ni siquiera calculan el valor de la pro-piedad asegurada; fijan meramente un límite máximo fuera del cual el asegurador no asume ninguna responsabilidad.

En los términos en que está redactado el artículo 10, la compañía aseguradora tenía justamente derecho a alguna, prueba preliminar respecto del valor de la propiedad des-truida al tiempo de ocurrir el siniestro. Si por algún mo-tivo no era conveniente dar entero cumplimiento a la peti-ción hecha por el árbitro tasador {adjuster), hubiera sido cosa muy sencilla para las demandantes obtener una decía-, ración de las personas o mercantiles adonde se hicieron las compras, creditiva de las circunstancias por razón de las cuales la información deseada no pudo suministrarse. Cual-quier esfuerzo razonable para obtener los informes en cues-tión, acompañado de no ser posible, de una completa mani-festación de dónde, Cuándo y de quién la existencia de mer-cancías, maquinaria, muebles y enseres fueron obtenidos, junta con una relación de los precios pagados por ellos, hubiera sido suficiente. Es muy posible que hasta con' me-nos de eso se hubiera cumplido con la regla relativa a un cumplimiento sustancial con los requisitos estipulados res-pecto a la prueba de la pérdida. Pero sea esto como fuere, alguna demostración preliminar en este sentido era una con-dición previa para poder recobrar en una acción basada en cualquiera de las pólizas en cuestión.

Los" pleitos en la fecha de la redacción de las demandas fueron prematuros y deben confirmarse las sentencias ape-’ ladas. ' ’

Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados' Wolf y Aldrey.

" El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de estos casos.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    R. Boach & Co., Demandante y Apelante, v. Armstrong & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en •' pleito' sobre daños y perjuicios1 (memorándum de costas). Moción para que'se desestime lá apelación.’
    No. 3194.
    Resuelto en enero 24, 1924.
    Apelación — Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Trans-cripción. — En este easo el apelante radicó el legajo de la sentencia antes del vencimiento de la última prórroga concedida por la corte inferior al ta-quígrafo para preparar la transcripción de la evidencia, pero después de trans-curridos treinta días contados a partir de la fecha en que fué radicado el escrito de apelación. Se resolvió: que bajo tales circunstancias la apelación - debe ser desestimada. - .
    Los becbos están expresados en lá opinión.
    Abogádos de la apelante: Sres. Martines Nadal, Tormes <£■ Colón. " ' ' ' ' '
    Abogado de la apelada: Sr. V. Zayas'Pisarro.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

■ emitió la opinión del tribunal.

, La resolución de la corte inferior dict-ada- en este',pleito con motivo de un memorándum de costas fué apelada, por la parte demandante el día primero de junio de 1923. La apelante optó porque la transcripción de la evidencia fuera preparada- per el taquígrafo de la corte y con tal motivo obtuvo varias prórrogas,, -la ultima ele -las .cuales vencía el 26 de noviembre de 1928. 'Antes de esta feclia, el 22 de noviembre,, la apelante . presentó ,en- la secretaría, de este Tribunal Supremo' la transcripción .de su apelación certifi-cada por el secretario de la corte,., conteniendo alegaciones y resoluciones, sin la evidencia que'se presentára en’el caso. El 26 de noviembre venció la última prórroga que se había concedido a la apelante sin que presentara en la corte inferior la transcripción de la evidencia.

Se nos ha pedido por la parte apelada que desestimemos 1a- apelación y debemos decretarla porque no conteniendo la transcripción que se nos ha, presentado pliego alguno de ex-posición del caso o de excepciones ni la transcripción de la pvidencia hecha por el taquígrafo, la apelación debió ser presentada en este tribunal dentro de los treinta días si-guientes . al primero de junio de 1923 en cuya fecha fué in-terpuesta la apelación.

La apelación debe ser desestimada.

.Desestimarla la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado ¡3r. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Bertaut & Company, Demandante y Apelante, v. Márquez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre consignación.
    No. 2787.
    Resuelto en enero 24, 1924.
    Compraventa Mercantil — Consignación—Depósito Mercantil — Depositario.— Alegando que el comprador se había negado sin motivo a recibir y pagar dos partidas de arroz que le había vendido sobre muestras, cuyo arroz estaba de-positado en cierto almacén, el vendedor acudió al procedimiento de consigna-ción establecido por el art. 1144 del Código Civil, solicitando de la corte que previa notificación al comprador, declarara bien hecha la consignación del arroz. Se resolvió: 1°., que bajo tales circunstancias, el expresado pro-cedimiento de consignación es improcedente; y 2°., que tampoco puede con-siderarse la petición como Depósito Mercantil porque de acuerdo eon el art. 332 del Código de Comercio el Depósito Mercantil es consecuencia de la in-terposición de un pleito sobre cumplimiento del contrato de venta, alegación que no se hace en la petición de este caso, y porque en ella tampoco se de-signó el depositario para que la corte pudiera decidir si la persona desig-nada era suficientemente responsable, requisito que exige el artículo 2080 del Código de Enjuiciamiento Civil Español, cuyo precepto está vigente en la actualidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. y A. García Ducós y II. G. Molina.

    . Abogados del apelado: Sres. Beichard ■& Beichard.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Bertaut & Co., casa comercial de Louisiana, compareció ante la Corte de Distrito de Aguadilla alegando bajo ju-ramento que había vendido a José L. Márquez, del comer-cio de Aguadilla, dos partidas de arroz, una de 1,000 sacos y la otra de 500 sacos, de acuerdo con muestras que queda-ron en poder del comprador, y que al entregar los 1,500 sa-cos de arroz al comprador Márquez éste se negó a recibirlos y a pagarlos, sin motivo justificado, por lo que le hizo saber que los consignaría en la Corte de Distrito de Aguadilla a su disposición, estando dichos sacos de arroz depositados en el almacén de la ‘‘New York and Porto Pico Steamship Co.” en Aguadilla, donde pueden ser recogidos por el comprador pagando su importe. Por esas alegaciones, solicitó de la corte que previa notificación a José L. Márquez, declarase bien hecha la consignación de dichos efectos.

Se opuso Márquez a esa pretensión alegando la excep-ción previa de que la petición no contiene hechos determi-nantes de la acción ejercitada, y formuló contestación ale-gando diversos motivos para que no se accediera a lo que .se pide, siendo uno de ellos que el arroz que se le quería entregar no era de la calidad que compró.

Las partes presentaron pruebas en la corte inferior, la que dejó de considerarlas por entender que el procedimiento ■de consignación establecido por el artículo’ 1144 del Código ■Civil no es aplicable al caso presente, y que si.se trata de un depósito mercantil por negarse el comprador a recibir, sin motivo justificado, los efectos mercantiles que compró, •el depósito debe regularse por el Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior al Código de Enjuicia-miento Civil que empezó a regir en 1904, y que de acuerdo con ellas no aducía la petición becbos determinantes de la ■acción de depósito por lo que dictó sentencia declarando sin lugar la petición de Bertaut & Co., quien interpuso este re-curso de apelación.

Una de las maneras de quedar extinguidas las obliga-ciones civiles es por el pago o por su cumplimiento, según el artículo 1124 del Código Civil, el que en sus artículos 1144 al 1149, inclusive, dispone que si el acreedor a quien se luciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a ad-mitirlo, el deudor quedará libre de toda responsabilidad me-diante la consignación de la cosa debida; que la consigna-ción por si sola producirá el mismo efecto cuando se baga estando el acreedor ausente o cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación; que para que la consignación de la cosa debida libere al obligado de-berá ser previamente anunciada a las personas interesa-das en el cumplimiento de la obligación, siendo ineficaz si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago; que la consignación se hará depositando las cosas debidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso y el anuncio de la consignación en los demás y hecha la .consignación deberá notificarse a los interesados; que los gastos de la consigna-ción, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acree-dor; que hecha debidamente podrá el deudor pedir al tribunal que mande cancelar la obligación; que mientras el acreedor1 no hubiere aceptado la .consignación o no hubiere recaído resolución judicial de estar .bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa-o cantidad consignada,-dejando sub-sistente la; obligación; y que si hecha la consignación, el acreedor autorizase, .al deudor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviera sobre-la cosa, quedando libres los codeudores y fiadores. - - .... . ... —

• Aunque el apelante alega-que esps. preceptos son. aplica-bles a la consignación - que intentó hacer en este caso su sola lectura demuestra que se refieren a la extinción de obli-gaciones civiles cuando el acreedor se negare recibir la cosa debida o no pudiera recibirla por su estado de incapacidad o de ausencia o cuando varias personas pretendán tener derecho a cobrar o cuando se ha extraviado el título de la obligación, y que en modo alguno se refiere al cumplimiento-de contratos de compraventa en los que no hay acreedor y deudor, y mucho menos a los mercantiles que por su carác-ter y personas que en él intervienen han de regirse por las disposiciones del Colegio de Comercio, por lo que es impro-cedente el procedimiento de consignación intentado por el apelante y por este solo motivo procedería confirmar la sen-tencia apelada.

El apelante," sin embargo, sostiene que si ese procedi-miento de consignación no es procedente, de todos modos la petición tiene alegaciones bastantes para considerarla» como un depósito mercantil.

No puede haber duda de que la compraventa en esté caso es mercantil, y con respecto a ella dispone el artículo 332 del Código de Comercio que si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el ven-dedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depo-sitando judicialmente en el primer caso las mercaderías. De acuerdo, pues, con ese precepto, el depósito mercantil de los efectos vendidos y no recibidos por el comprador es conse-Cu encía ele que se establezca xm pleito sobre cumplimiento del contrato de venta, alegación que no se hace en la peti-ción de este caso.

No existe en el Código de Enjuiciamiento Civil que rige-desde 1904 procedimiento alguno para dar efectividad al de-recho de depósito reconocido en el artículo 332 del Código cíe Comercio por lo que teniéndolo la Ley cié Enjuiciamiento Civil que estuvo vigente hasta entonces, a ella hay que acu-dir, por estar vigente en ese particular, de acuerdo con el artículo 361 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues no es incompatible ni está en conflicto con sus disposiciones.

Licha Ley ele Enjuiciamiento Civil, en su segunda parte, trata de los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio, y dispone en su artículo 2080 que si a consecuen-cia de lo dispuesto en varios artículos que cita, entre ellos el 365 del Código de Comercio antiguo, que corresponde al 332 del vigente, hubiere de procederse al depósito de efec-tos mercantiles, el que deba promoverlo lo solicitará del juez por escrito, expresando en relación el pormenor de los efectos cuyo depósito pida, y designando la persona que haya de ser el depositario, cuya designación habrá de re-caer en comerciante matriculado, si lo hubiere en la plaza, y en su defecto en un contribuyente que pague la cuota de contribución que el juez conceptúe suficiente garantía, aten-didos el valor del depósito y las condiciones de la localidad, quedando en todo caso a la discreción del juez apreciar las garantías que ofreciera el depositario designado por quien promueva el depósito, y si estimare que debe recaer en otro el nombramiento, lo hará con sujeción a las disposiciones de este artículo.

La petición en este caso no designó la persona que de-bía ser nombrada depositaría, y aunque el apelante depo-sitó por si mismo los efectos en el almacén que en ella ex-presa, no consignó los hechos por los cuales el juez pudiera conocer que tal depositario tenía suficiente garantía para ese cargo.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    Fragoso, Demandante y Apelado, v. Marxuach, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de hipoteca y su inscripción (memorándum de costas y desembolsos).
    No. 2955.
    Resuelto en enero 25, 1924.
    Costas — Honorarios ee Abogado. — Desde 1908 en que la Legislatura enmendó el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, la concesión de costas in-cluye honorarios de abogado, a menos que éstos se excluyan expresamente al dictarse la sentencia, pudiendo la corte diserecionalmente Ajar la cuantía razonable de los honorarios reclamados. En la opinión se analizan las dife-rentes decisiones de esta Corte sobre la materia, reafirmándose la doctrina del caso de Ramírez v. American Railroad Company of Porto Rico, 2-8 D. P. E. 182.
    Los'hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Soto Gras.

    Abogado del apelado: Sr. E. H. F. Dottin.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Hay una sola, cuestión a decidir en este recurso: La de si una condena en costas, comprende o no honorarios de abogado. Repetidamente este tribunal ha dicho que sí y por tanto este recurso podría resolverse sin opinión, citando las autoridades simplemente. Sin embargo, el abogado del ape-lahte ha hecho en su alegato un estudio tan detenido y cui-dadoso de la materia, que liemos considerado deber nues-tro examinarla de nuevo y fijar una vez más nuestro cri-terio.

La sentencia dictada contiene este pronunciamiento: “se imponen las costas al demandado.” Una vez firme, el de-mandante archivó su memorándum consignando en él dos partidas, a saber: “Honorarios del Secretario, $5.00; Ho-norarios del abogado, $500.00.” Impugnó el demandado el memorándum entre otros motivos porque la cantidad recla-mada no era razonable. La corte decidió que los honora-rios estaban comprendidos en las costas y fijó su cuantía en cien dólares. Entonces el demandado interpuso el presente recurso de apelación, señalando en su alegato mi solo error, así:

“La corte cometió error al permitir la inclusión de honorarios de abogado en el memorándum de costas, sin que en la sentencia exista una condena en • contra del demandado apelante de pagar honora-rios de abogado.”

Argumentando el error estudia el apelante las diferen-tes leyes que han regido en Puerto Eico en relación con la imposición de “costas.” Admite que con anterioridad al año 1904, siguiendo la práctica establecida, los honorarios de abogado se incluían'en las costas; hace notar el espí-ritu que informó el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico enteramente contrario a tal práctica, elimi-nando los honorarios de abogado de las costas y dejándolos al convenio expreso o tácito de las partes; analiza la ley de 1908 sobre costas y la interpretación que le dió este Tribunal Supremo en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 765, y sostiene que la enmienda de 19 de noviembre de 1917 en nada varió la ley en el sentido de al-terar los preceptos de la misma que sirvieron de base a la indicada decisión.

Fundándose en todo ello alega el apelante que la doctrina establecida en el caso de Brac v. Ojeda, 27 D. P. R. 659, ex jilicada y confirmada en el de Ramirez v. Am. R. R. Co. of P. R., 28 D. P. R. 182, y aplicada, entre otros, en los casos de López v. Central Vannina, 28 D. P. R. 135, y Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 747, es errónea y debe revocarse, que-dando en vigor la sentada en el caso de Veve v. El Municicipio de Fajardo, supra.

El argumento principal del apelante estriba, como liemos indicado, en que la enmienda de 1917 no varió la ley de 1908 y dejó subsistentes las costas, desembolsos y honorarios de abogado como conceptos separados y distintos, necesitán-dose la condena expresa en la sentencia para que la parte vencida venga obligada al pago, y en que fundada la decisión en el caso de Brac v. Ojeda, supra, en la variación de la ley, si tal variación no existe, la doctrina necesariamente cae por su base, y así debe ser reconocido por este tribunal.

En cuanto al caso de Eamírez, supra, la apelante lo exa-mina en todos sus detalles y sostiene que si esta corte, para dejar vigente el de Brae, supra, se fundó en que a virtud de la decisión en el caso de Brac quedó establecida una regla de procedimiento que debe continuar, la corte fue más allá de su campo de acción y penetró en el del Poder Legislativo, debiendo corregir su error ahora que se le pone de mani-fiesto.

Prescindiendo de todo cuanto se ha dicho y tomando la ley en sí misma como si fuera a interpretarse por primera vez, creemos que la conclusión a que se llegó en los casos de Brac v. Ojeda y Ramírez v. American Railroad Co. es la justa y procedente.

La ley, tal como rige desde 1917, dice:

“Sección 1. — El Artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, queda enmendado en la siguiente forma:
“ ‘Sección 327. — Las partes en acciones o procedimientos, inclu-yendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“ ‘En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponién-dose, que nada de lo contenido en esta Sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su com-parecencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, ade-más, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.’ ” Leyes de 1917, Yol. I, pág. 207.

Consagra primero la ley el derecho de las partes a las “costas y desembolsos” con arreglo a las reglas que segui-damente establece. Y en esas reglas se dice que en todos los casos en que se hayan concedido a una parte las- costas, dicha parte, a discreción de la corte, tendrá derecho a reci-bir de la parte vencida honorarios de abogado. Después se habla de honorarios incluidos en las costas. Lo único que introduce alguna duda es el uso de las palabras “hono-rarios y costas” como conceptos separados en el disponién-dose final de la sección segunda de la ley. Pero tal duda no es lo suficientemente fuerte para imponer una interpretación en el sentido de exigir una condena separada y distinta.

Los términos en que aparece redactada la otra enmienda de 1917 o sea la ley No. 15 aprobada el 19 de noviembre de 1917 que es la única que se cita en la opinión emitida en el caso de Brac v. Ojeda, supra, favorecen la conclusión a que hemos llegado. En la opinión emitida en el caso de Ramírez v. American Railroad Co., se transcriben íntegras y ana-lizan las dos enmiendas de 1917, la del artículo 327 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil hecha por la ley No. 38 apro-bada en 12 de abril de 1917, y la del artículo 339- del propio Código de Enjuiciamiento Civil hecha por la ley No. 15 apro-bada en 19 de noviembre de 1917.

Desde 1908 la Legislatura derogó el criterio establecido en el Código de 1904 y ordenó que los honorarios de abo-gado se comprendieran en las costas. En 1917 afirmó su resolución aclarándola en ciertos particulares. Aceptando que la ley de 1908 no hubiera sido alterada por las enmien-das de 1917 en cuanto a los extremos que sirvieron de base al razonamiento de la decisión de esta corte en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, supra, esta corte, si con motivo de la enmienda de 1917, en un nuevo caso, fijó su atención más detenidamente en los términos precisos de la ley, pudo llegar a una conclusión contraria a la establecida en la decisión del caso de Veve, quedando tal decisión expresa o implícitamente derogada. La doctrina del caso de Brac tal como quedó aclarada y fijada en el de 'Ramírez consti-tuye la expresión del último juicio de la corte. La atención de la corte estuvo fija en los términos de la ley. Si se ha.-bía alterado o no, no era importante. Lo importante era y es si la ley en sí misma sostiene la interpretación última del tribunal y a nuestro juicio la sostiene.

A virtud de' todo lo expuesto este tribunal reafirma su criterio tal como aparece en el resumen dél caso de Ramíres v. American Railroad Co. 28 D. P. R. 181, 182, así:

“De acuerdo con la doctrina establecida en el caso de Brac v. Ojeda, 27 D. P. R. 658, cuando se conceden costas, éstas compren-den necesariamente algunos honorarios de abogado, a menos que tales honorarios se excluyan expresamente al dictarse la sentencia; en otras palabras, si lá corte de distrito cree que la parte victo-riosa en la acción no tiene derecho a honorarios, pero sí a costas, la sentencia, debe expresarlo así; y una vez concedidas las costas en la sentencia sin. excluirse los honorarios, la corte de distrito, de acuerdo con las prescripciones del artículo 327 del Código de En-juiciamiento Civil, aún tiene discreción respecto a la cuantía de los honorarios que han de concederse 'a la parte victoriosa que represente el valor total de los servicios prestados por su abo-gado o una parte de esa suma.”

Es un hecho sobre el cual se ha llamado la atención en repetidos casos, que en las cortes se vienen reclamando cre-cidas sumas de dinero por honorarios de abogado y que no existe una regia clara y precisa para determinar la cuantía.

Si el pensamiento del legislador y la jurisprudencia de esta Corte se estudian bien y se aplican en su propio espí-ritu, se verá que la regia existe. Consagra la ley el derecho a percibir honorarios. La cuantía queda a discreción de la corte. Esa discreción es amplísima, pues la corte no viene obligada a fijar lo que realmente haya pagado por honora-rios la parte victoriosa, sino la cantidad que represente el valor de los' servicios, y no toda la cantidad, en casos en que así las circunstancias que concurran lo demanden, sino una parte de ella. Todo depende, pues, de que los litigantes se-pan presentar su caso exponiendo a la corte las circunstan-cias concurrentes y que la corte con ánimo de hacer justi-cia pese y aquilate dichas circunstancias y dicte en cada pleito la resolución que proceda.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes': Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Jijez Asociado Se. Aldjkey,

text:
    Sucesión Gutiérrez et al., Demandantes y Apelantes, v. Pons et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre reivindicación.
    No. 2948.
    Resuelto en enero 25, 1924.
    Reivindicación — Dominio—Prescripción entre Presentes.- — Probado que el de-mandado compró en 1913 a “A” la finca objeto de la reivindicación; que “A” la había adquirido en 1907 de "B,” quien la compró en subasta judicial, j que la posesión del demandado por más de diez años entre presentes no ha sido interrumpida, es preciso concluir que el demandado ha adquirido el dominio por prescripción.
    Id. — Evidencia Inadmisible. — Evidencia de que fué nulo el procedimiento ejecu-tivo hipotecario que fué causa de la enajenación de la finca de los causantes de los demandantes, no puede aducirse en un pleito para reivindicar una parte de dicha finca seguido contra quien no fué qiarte en tal procedimiento ejecutivo, a fin de probarle que poseía a sabiendas de que no era dueño le-gítimo.
    Id. — Id.—Evidencia que no se propone para contradecir la del demandado sino para justificar hechos no alegados en la demanda, no es admisible.
    Los hechos están expresados en la opinión. '
    Abogados de los apelantes: Sres. L. Mercader y E. Marín.

    Abogado de los apelados: Sr. F. Parra.

   El Jijez Asociado Se. Aldjkey,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Hipólito Gutiérrez y de su esposa Martina Dávila demandó en reivindicación el año 1921 a Pablo Pons alegando que sus causantes fueron dueños hasta su muerte, ocurrida la del padre en 1902 y la de la madre en 1908, de una finca de 68 cuerdas de terreno de las cuales el demandado Pons está poseyendo 20 cuerdas sin título alguno y a sabiendas de que no es s-u legítimo dueño.

La demanda fué contestada por Pons, y por el Crédito y Ahorro Ponceño como eviceionista, haciendo' una negación general de todos los hechos de la demanda y alegando Como defensa que Pons es dueño de dichas 20 cuerdas de terreno por prescripción adquisitiva del dominio, exponiendo los he-chos necesarios para ella.

Celebrado el juicio fué dictada sentencia contraria a-las peticiones de la sucesión demandante, la que interpuso este recurso de apelación.

Aunque en la demanda se dice que la finca principal es de 68 cuerdas de terreno, sin embargo, el conjunto de la prueba demuestra que es de 78 cuerdas, punto sobre el cual no hay discusión entre las partes.

Podemos admitir, de acuerdo con el primer motivo del recurso, que la sucesión demandante probó que sus causan-tes eran los dueños de la finca de 78 cuerdas y que los de-'mandantes son sus herederos.

Apesar de lo dicho no pueden los demandantes reivin-dicar las 20 cuerdas que redaman como parte de las 78 por-que el demandado Pons ha probado que las compró en 1913 al Crédito y Ahorro Ponceño y que éste las compró en 1907 a Manuel Mejías, quien las había comprado en subasta judicial, habiéndolas poseído Pons y el Crédito y Ahorro Pon-ceño por ese título por más de diez años en concepto de dueños, con justo título, entre presentes, quieta, pacífica-mente y sin interrupción, por lo que Pons ha adquirido el dominio de ella por prescripción de acuerdo con los artícu-los 1831, 1841, 1851, 1853 y 1858 del Código Civil.

Es cierto que la sucesión demandante alegó en su de-manda que Pons posee esa finca de 20 cuerdas a sabiendas de que no es su legítimo dueño y que trató de probar este hecho presentando, sin que le fuera admitido por la corte inferior, las siguientes diligencias del juicio ejecutivo que Manuel Mejías, cesionario de un crédito hipotecario consti-tuido por Hipólito Gutiérrez a favor de Manuel Belén Pérez sobre las 78 cuerdas, siguió para su cobro en 1907 contra Hipólito Gutiérrez en la Corte Municipal de Utuado, a saber: el escrito de demanda; el auto de la corte ordenando el requerimiento del demandado Hipólito Gutiérrez y el dili-geneiamiento hecho por el marshal; la solicitud de Mejías de que se dictara sentencia y su resolución; el mandamiento de ejecución que libró el secretario; el acta de embargo; el acta de remate y el edicto anunciándolo; un escrito final del demandante y la orden de la corte disponiendo que el márshal otorgara escritura de venta a Mejías.

No hubo error en la corte inferior al negar la admisión de esas diligencias porque aunque con ellas pudiera pro-barse que el juicio ejecutivo era nulo, no prueban que Pons-poseía a sabiendas de que no era legítimo dueño de las 20 cuerdas toda vez que no fué parte en ese procedimiento.

También se queja la sucesión apelante de que le fué ne-gado por la Corte que presentara evidencia para contrade-cir la del demandado Pons.

La prueba del demandado consistió en varios documen-tos públicos según los cuales Mejías compró en subasta judicial la finca de 78 cuerdas: que vendió 20 cuerdas de ella al Crédito y Aborro Ponceño y que éste vendió a Pons una finca grande nombrada “Anita”. La prueba testifical co-rrobora esas ventas y explica que al vender el Crédito y Aborro Ponceño la finca “Anita” compuesta de varias fin-cas, le vendió también la de 20 cuerdas y le dió posesión de ella, aunque por olvido no fueron incluidas en la escritura.

Los demandantes quisieron entonces presentar testigos y documentos para justificar que el título que ban presen-tado los demandados es nulo y la posesión es ilegal y de mala fe, pero no les fué permitido por la corte.

En verdad, la evidencia propuesta no era para contrade-cir la del demandado sino para justificar hechos no alega-dos en la demanda, por lo que no podemos declarar que la corte negara erróneamente su admisión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sre's. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Vall-Spinosa, Demandante y Apelante, v. Nitrate Agencies Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre cobro de comisiones (memorándum de costas).
    No. 3059.
    Resuelto en enero 28, 1924.
    Costas — Honorarios de Abogado — Discreción Judicial. — Aún cuando la impug-nación al memorándum de costas haya sido eliminada por extemporánea, el juez inferior puede reducir el importe de los honorarios de ahogado incluidos en el mismo. •
    Id. — Id.—Id.—En ausencia de una clara demostración de abuso de discreción, el Tribunal Supremo no elevará la cuantía de honorarios de abogado fijada por la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abogado de la apelada: Sr. H. F. Besosa.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso condenando a la deman-dada a pagar al demandante la suma de $1,624, intereses y costas, apeló la demandada y el Supremo modificó la senten-cia condenándola al pago de $1,124, intereses y costas, y así modificada, la confirmó. Devuelto el pleito a la corte de dis-trito, la parte victoriosa archivó' su memorándum de costas incluyendo en el mismo una partida de $500 por honora-rios de abogado. Impugnó la demandada el memorándum, pero su impugnación fuá archivada fuera de término. La demandante pidió que se eliminara y finalmente la corte dictó la siguiente resolución:

“La corte declaró con lugar la moción del demandante sobre impugnación al memorándum de costas por haberse radicado fuera de término y teniendo en cuenta la modificación de la sentencia por la corte superior y la facultad de la corte para apreciar el memo-rándum de costas, aprueba éste rebajando a $250.00 la partida de ho-norarios de abogado.”

Contra esa resolución de la corte interpuso el deman-dante el presente recurso de apelación, señalando en sn ale-gato la comisión de tres errores, a saber:

“I. — La corte erró al considerarse en este caso con facultades para rebajar el memorándum de costas; a pesar de reconocer que la impugnación fué radicada fuera de término.
“IL — La corte erró al rebajar la partida de honorarios basán-dose exclusivamente en el hecho de haber rebajado el Tribunal Supremo la cuantía de la sentencia en quinientos dólares.
“III. — La corte erró al no declarar que el trabajo de autos y la temeridad de la demandada justificaban la partida de quinientos dollars del abogado; o cuando menos fué excesiva en la rebaja.”

Aceptando que eliminada la impugnación, a los efectos de la decisión de este caso el juez de distrito deba enten-derse colocado en la misma posición que lo estaría si la parte perjudicada voluntariamente hubiera dejado de com-parecer, aún así, creemos que la corte tenía facultades para reducir los honorarios.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la concesión de honorarios y la fijación de su cuantía, en esta Isla, des-cansan enteramente en la sana discreción de la corte. Véase Fragoso v. Marxuach, decidido el 25 de enero de 1924 (pág. 960.) Lo lógico es que la parte perjudicada se queje y alegue y demuestre las circunstancias que puedan favorecerle, pero •aunque dicha parte nada'gestione, la corte puede actuar en la forma que estime en justicia procedente. El asunto está enteramente bajo su control.

Resuelto el primer error estudiaremos y resolveremos conjuntamente el segundo y el tercero.

La circunstancia de haber rebajado el Supremo la cuan-tía de la sentencia, era claramente propia para ser conside-rada por la corte de distrito, pero aunque así no lo fuera, como el verdadero fundamento que la corte sentenciadora tuvo para actuar en la forma en que lo hizo fué el libre ejercicio de su facultad para juzgar el caso por sus propios méritos, tales como resultaban de -los autos mismos, ten-dría que demostrarse que había abusado de su discreción y, después de un estudio cuidadoso, no nos sentimos inclina-dos a decidirlo así:

Examinadas las decisiones de esta corte, se verá que la tendencia de ellas ha sido rebajar la cuantía fijada por las cortes de distrito. Tendría que ser un caso muy meritorio aquel en que esta corte alterara el juicio de la corte senten-ciadora elevando la cuantía.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.