author: El Juez Asociado Señor Hutchisol

text:
    E. Solé & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, sustituído por R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7350.

    Sometido: Enero 24, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.
   El Juez Asociado Señor Hutchisol

emitió la opinión del tribunal.

Respondiendo a nna orden para mostrar cansas por las enales no debía expedirse nn injunction pendente lite en nna acción para impedir el cobro de ciertas contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico radicó nna moción para desestimar el recurso por falta de jurisdicción y por falta de equidad. Estos dos fundamentos fueron expresados en una forma más elaborada a través de diez razones específicas.

La corte de distrito, luegp de celebrarse una vista en la que se presentó alguna prueba, declaró sin lugar la moción y expidió un injunction preliminar.

De la demanda tomamos los siguientes becbos alegados:

La demandante se dedicaba, y siempre se ba dedicado desde su establecimiento, a la fabricación, producción y venta de camiones (trucks) y ómnibus (guaguas) de todas clases; entre los materiales usados en esta industria se incluían ciertas piezas o unidades cono-cidas con el nombre de chassis, que eran utilizadas por la demandante como materia prima indispensable para el funcionamiento y explota-ción de dicha industria; el día 11 de enero de 1932, la Comisión de Servicio Público de Puerto Pico, a petición de la demandante, declaró industria nueva a la referida industria y resolvió literalmente lo siguiente: “Eximir, como por la presente se exime, del pago de toda clase de contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley vigente sobre el particular, o sea,' la Ley núm. 40, aprobada el 25 de abril de 1930, a E. Solé & Cía., S. en C., de San Juan, en la industria que tiene instalada, consistente en la fabricación y montura de carrocerías de todas clases, cajas, chassis, plataformas y capotas para toda clase de vehículos”; en su resolución la Comisión fijó el día 14 de enero de 1934 como la fecha en que expiraba el término de dicha exención, y en julio 15 de 1934 prorrogó dicho término hasta el día 14 de enero de 1939; entre los chassis necesariamente usados por la demandante en dicha industria estaban los siguientes: núm. G-516,200, Modelo 241, núm. G-516,247, Modelo 241 y núm. G-516,254, Modelo 241, los cnales fueron importados por la deman-dante de los Estados Unidos para ser usados, y fueron usados, por la demandante, en su dicha industria como materia nueva (sic) nece-saria a los fines de la misma; el día 2 de julio de 1934, el Subteso-rero de Puerto Rico, actuando en representación del Tesorero, requi-rió el pago de $872.52 por concepto de contribuciones impuestas bajo el artículo 105 de la Ley de Rentas Internas, y que se recla-maban a virtud de la importación y uso de dichos chassis; el día 20 de julio de 1934 el Tesorero embargó un camión marca "Diamond T”, propiedad de la demandante, para asegurar el pago de la expre-sada suma de $872.52, más los recargos, hasta hacer un total de $978.20, y la demandante fué apercibida de que si no pagaba la contribución dentro de diez días, la propiedad embargada sería vendida con el fin de recobrar el importe de las mencionadas con-tribuciones, penalidades y costas; el demandado no tenía jurisdic-ción ni autoridad para imponer o cobrar la contribución aludida sobre materiales necesarios para el funcionamiento y explotación de dicha industria; el cobro de la referida contribución sujetaba a la demandante y a su industria a dificultades que ponían en peligro la marcha y existencia de la aludida industria, la cual estaba su-friendo las consecuencias de la depresión económica y la cual había concedido créditos y desarrollado sus actividades de acuerdo con cálculos y planes fundados en el hecho de hallarse exenta del pago de las referidas contribuciones; los daños que el demandado causaría a la demandante y a su industria, de permitirse al demandado pro-ceder al cobro de dicha contribución, eran de naturaleza irreparable, siendo imposible fijar la extensión y alcance de los mismos; la imposición y cobro de dicha contribución eran contrarios a lo dis-puesto en la Ley núm. 40 de 1930 y a las órdenes dictadas por la Comisión de Servicio Público mencionadas en la demanda, a la Ley Orgánica y a la Enmienda Décimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos; de permitirse al demandado imponer y cobrar la contribución, la demandante se vería obligada a pagar la misma bajo protesta cada vez que importase algún chassis para ser usado en su dicha industria y a solicitar su devolución en un pleito ordi-nario, lo que traería por consecuencia una multiplicidad de proce-dimientos, toda vez que la demandante con frecuencia importa tales chassis para ser usados en su referida industria; no existía ningún remedio legal ordinario para impedir al demandado que cobrase dicha contribución, y de no ser impedido mediante injunction, el demandado la cobraría, por carecer la demandante de otro remedio adecuado para impedir el cobro de dicba contribución.

Por medio de negativas y afirmaciones el demandado puso en controversia las alegaciones esenciales de la demanda y presentó seis defensas especiales.

El socio gestor de la demandante declaró snbstancial-mente como signe:

Solé & Cía. se dedica desde fines del año 1931 al negocio de cons-trucción de guaguas, camiones, guaguas de entregas, accesorios y capotas para estos vehículos; los viejos vehículos, al comprarse, son desarmados y reconstruidos; la carrocería y la cabina son cons-truidas y el chassis se modifica enteramente y las partes dañadas son cambiadas; la materia prima se obtiene parte en los Estados Unidos y parte en Puerto Rico; los chassis son traídos de Estados Unidos y las lámparas y la instalación eléctrica son también traídas de los Estados Unidos; los chassis son alterados, esto es, son alar-gados o acortados, según convenga y las sopandas son reforzadas; los chassis son también reforzados poniéndole vigas de hierro; la instalación eléctrica es alterada de acuerdo con la clase de vehículo que hay que entregar; las gomas son cambiadas y sustituidas por otras de un tamaño adecuado al vehículo; los aros de las ruedas son también cambiados de acuerdo con el tamaño de la goma que se va a usar; las contribuciones se pagan sobre los chassis que se im-portan y se venden, tal como han sido recibidos; esto ha sido hecho siete u ocho veces; las guaguas que han de ser montadas sobre los chassis se construyen casi totalmente con materiales comprados en Puerto Rico; en cuanto a los camiones, el chassis también se modifica de acuerdo con la clase de camión que se va a entregar; si la plata-forma es grande, hay que alargar el chassis; hay que reforzar las sopandas; hay que cambiar las gomas; hay que reforzar el chassis con vigas (crossmembcrs); las guaguas de entregas también se hacen de materiales comprados en Puerto Rico; también la madera, pin-tura, materiales eléctricos, el zinc, el material de capotas; desde los comienzos de su actual negocio, la demandante contaba con la exen-ción de contribuciones y sabía que la exención había sido concedida a otras industrias análogas; a fines del año 1931 la demandante obtuvo una exención de la Comisión de Servicio Público; la caja de una guagua es la parte que va encima del chassis y forma parte del chassis porque va agarrada con unas vigas que se le ponen al chassis a todo lo ancho; la demandante fabrica los asientos — las partes de hierro y otros materiales se compran en Puerto Rico; los chassis se traen de los Estados Unidos; la demandante no fabrica chassis “Diamond T”, pero los “reforma”; la “reforma” consiste en alargar o acortar el chassis; el chassis se alarga, poniéndose vigas a la parte de atrás del marco porque generalmente las guaguas son más largas que el chassis y para que la guagua esté bien apoyada, hay que poner unas vigas de acero a la parte de atrás; también hay que poner travesanos (cross-bars); hay que alargar y reforzar el marco (frame); se pone una viga a cada lado del marco o se usa una viga en forma de “Y” para alargar el marco y hay que ponerle un travesano para cruzar la “Y”; luego hay que poner unas vigas transversales para sostener la guagua en los costados, porque la guagua es mucho más ancha que el chassis; generalmente estas vigas son de hierro, soldadas o remachadas al propio chassis; las sopandas tienen que ser cambiadas porque siempre vienen muy flojas; éstas son reforzadas por cuatro o cinco hojas de repuesto; los “clips” y los tornillos centrales son cambiados; algunas veces la posición de las sopandas es cambiada con el objeto de traer el eje trasero para atrás; la demandante no fabrica chassis; el mismo procedimiento se sigue con respecto a los camiones y a las guaguas de entregas; si se obliga a la demandante a pagar contribuciones sobre los tres chassis descritos en la demanda o sobre otros 250 ó 260 chassis usados en la fabricación de vehículos de motor, ello significaría la ruina de la industria de la demandante; el Tesorero no ha tratado de cobrar contribuciones sobre los vehículos vendidos con posterioridad a la venta de los tres vehículos; los vehículos vendidos antes y después de esa época “están en las mismas circunstancias”; los daños irreparables consistirían en que la demandante tendría que pagar la contribución sobre los tres vehículos, cuya contribución la demandante no le ha cobrado al cliente.

La demandante ofreció en evidencia nna copia de nn docu-mento fechado marzo 4, 1934, y firmado por el Presidente y por los miembros de la Comisión de Servicio Público. Este documento se intitula así:

“En la Comisión de Servicio Público de P. E. — In re: Eeconside-ración de las solicitudes de prórrogas de exenciones de contribuciones concedidas a E. Solé & Cía., S. en C., A. Alvarez & Hnos., Pedro A. Pizá, Andxéu Aguilar & Co., Figueroa & Gautier y West India Machinery & Supply Company. — Casos núms. J-3680, J-3328, J-3596, J-3734, J-3720 y J-3597. — Eeconsideraeión y resolución nunc pro tunc, en todos y cada uno de los casos relacionados en el epígrafe.”

El demandado se opuso basándose en qne la evidencia ■sobre la prórroga del término era inadmisible basta qne no .se mostrase nna declaración de exención. La demandante ofreció qne produciría lnego nna copia certificada de todas las resoluciones pertinentes. El juez admitió el documento •con la condición de qne la demandante presentase los docu-mentos anteriores a qne se bizo referencia y le concedió tres días a la demandante para presentar dichas resoluciones. El único documento qne se presentó, y se introdujo en evi-dencia posteriormente por la demandante fue el siguiente:

“En la Comisión de Servicio Público de Puerto Rioo
x‘In re:
“Caso núm. J.-3680
“E. Solé & Cía., S. en C., “Peticionaria,
“Petición.
“ Interesando exención de contribuciones y otros derechos, por concepto de in-dustria nueva, de acuerdo con la Ley núm 40 de abril 25 de 1930.
■“A la Honorable Comisión:
“Comparece el peticionario arriba indicado, E. Solé & Cía., S. en ■C., San Juan, representado por su socio gestor Juan Mascaré Soler, y, por conducto del abogado que suscribe, bajo juramento, respetuosa-mente expone y alega:
“1. Que vuestro peticionario es una sociedad mercantil debida-mente legalizada, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, y en la actualidad se dedica a la construcción y venta de camiones, ómnibus y carrozas en general.
“2. Que vuestro peticionario' tiene un capital en efectivo de $125,000 que está dedicando a la fabricación, producción, compra, venta, almacenaje, montura, reparación y modificación de carrocerías de todas clases, construcción y monturas de cajas de ómnibus (gua-guas) y camiones o chassis de automóviles, plataformas y capotas para toda clase de vehículos de motor, así como partes y accesorios de los mismos.
“3. Que los talleres y oficinas de vuestro peticionario se encuen-tran actualmente por la parada 6y2 de la Avenida Ponce de León núm. 28 y 30, Puerta de Tierra, San Juan.
“4. Que para llevar a efecto los fines de la empresa antes men-cionada, este peticionario emplea, entre mecánicos, carpinteros, ofi-cinistas, y peones, actualmente, un número no menor de 23 personas-diariamente.
“5. Que este peticionario actualmente se dedica, y en lo sucesiva se dedicará, al fomento y desarrollo de una industria o negocio igual al que actualmente se dedica la Auto Body Corporation, Río Piedras,. A. Alvarez & Hnos., San Juan, y Pedro A. Pizá, San Juan, quienes con anterioridad a esta fecha han obtenido la exención de contribu-ciones por orden de esta. Honorable Comisión de Servicio Público,, por concepto de industria nueva.
“6. Que la sección 3 de la Ley núm. 40 de abril 25, 1930, es aplicable a este caso para la exención de contribuciones, ya que, una vez concedida a una persona natural o jurídica la exención de con-tribuciones por el concepto de industria nueva, gozarán del mismo privilegio las demás que se establezcan en Puerto Rico para igual negocio o industria.
“En vbrtud de todo lo Cual solioitam;os : que esta Hon. Comi-sión exima a vuestro peticionario del pago de las contribuciones que determina la mencionada Ley núm. 40 de abril 25 de 1930 por el término que falte a la primera industria, o sea a la Auto Body Corporation, para la extinción de su privilegio.
“San Juan, P. R., 26 de octubre de 1931.
‘ ‘Respetuosamente,
“(fdo.) B. Sánchez Castaño.
“Sello de la Comisión.
“Yo, Juan Mascaró Soler, juro: Que me llamo como queda dicho y que soy socio gestor de E. Solé & Cía., S. en C., viudo y vecino de«San Juan, que todos los hechos alegados en la petición que precede, redactada por mi abogado Benicio Sánchez Castaño de acuerdo con los informes que le he dado, son ciertos y me constan de propio y personal conocimiento.
“San Juan, P. R., 26 de octubre, 1931.
“(fdo.) J. Mascaró
“Juan Mascaró Soler.”

El documento admitido condicionalmente contenía las siguientes disposiciones:

La Comisión había concedido una exención de contribuciones a la Auto Body Corporation, por concepto de industria nueva, con-sistente en fabricar, producir, comprar, vender, almacenar, montar, reparar y modificar carrocerías de todas clases, cajas, chassis, plata-formas y capotas para toda clase de vehículos de motor, por el tér-mino de cinco años, cnya exención vencería el 14 de enero de 1934; A. Alvarez ,& Hnos., Pedro A. Pizá, E. Solé & Cía., West India Machinery & Supply Co., Andrén Aguilar & Co. y Figueroa & Gautier, por dedicarse a igual industria o negocio que la Auto Body Corporation, solicitaron posteriormente que se les eximiera del pago de contribuciones, de acuerdo con la ley vigente núm. 40, aprobada el 25 de abril de 1980, por la parte del término que le faltaba a la Auto Body Corporation. En cada uno de estos casos, después de audiencia pública y de una investigación por los ingenieros de la Comisión, se llegó a la conclusión de que las peticionarias se dedi-caban a la misma industria o negocio que la Auto Body Corporation, y que las correspondientes órdenes de exención de contribuciones se habían expedido de acuerdo con la Ley núm. 40 aprobada el 25 de abril de 1930, especificándose que dichas industrias nuevas y sus edificios, maquinarias, materiales, franquicias, etc., y en general todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias, que sean ne-cesarios para su trabajo y funcionamiento, estaban exentos de toda clase de contribuciones por el tiempo que faltaba a la Auto Body Corporation; en abril de 1932 la Auto Body Corporation solicitó una pró-rroga de su término por un período adicional de cinco años para cubrir el término concedido por la ley, y la Comisión, en agosto de 1932, le concedió a la Auto Body Corporation la prórroga solicitada, extendiendo su exención de contribuciones por cinco años más, que vencerán el 14 de enero de 1939; los peticionarios indicados en el epígrafe continuaban dedicándose al mismo negocio que la Auto Body Corporation y habían solicitado que se les concediera, al igual que a la Auto Body Corporation, una prórroga de las órdenes de exención, y con tal motivo la Comisión celebró las vistas correspon-dientes el día 15 de enero de 1934; después de oír a las partes interesadas la Comisión había resuelto que había sido siempre su intención la de eximir de contribuciones a todos los componentes que una vez unidos dieran forma a un artículo nuevo y que, cuando así fuera, quedaran exentos de contribuciones todos los distintos com-ponentes del mismo, pero ello no obstante, se excluía del privilegio el chassis de algunos camiones construidos por los peticionarios; in-mediatamente después de dicha resolución los peticionarios .indicados radicaron una moción de reconsideración en cuanto a aquella parte de la mencionada resolución de 15 de enero de 1934, que eliminaba del privilegio de la exención el chassis de los.camiones construidos o fabricados por los peticionarios, alegando que tal extremo de dicba resolución afectaba considerablemente su negocio de manera que éste .quedaría reducido a una cuarta parte de su volumen, además del hecho de que la exclusión del chassis de los camiones fabricados por ellos era ilegal, de acuerdo con la ley y los antecedentes de estos casos; a virtud de la moción de reconsideración, la cual fué notificada a los Departamentos de Justicia y Tesorería, y después de habérsele con-cedido a ambos departamentos un término razonable para que expu-sieran todos los puntos legales que tuvieran a bien señalar, se cele-braron dos vistas en las cuales los peticionarios estuvieron represen-tados por los abogados Miguel Guerra Mondragón, - Juan Bautista Soto, Emilio S. Belaval y Angel M. Yillamil, y los Departamentos de Justicia y Tesorería por el Oficial Jurídico Rafael Cordovés Arana; la cuestión envuelta era al efecto de si los chassis, cuando se usaban en la fabricación de camiones, debían ser incluidos dentro de la propiedad exenta, no habiendo duda alguna en cuanto a los demás artículos, tales como guaguas, ambulancias, guaguas de entregas, etc.; los peticionarios alegaron que tal como surgía de la reconsideración hecha por la Comisión, los chassis habían sido incluidos, según expre-samente se dispone en sus órdenes, pero solicitaron oportunidad de aducir nueva prueba sobre este extremo, y la Comisión así lo hizo, dando oportunidad al Tesorero y al Procurador General para que comparecieran; para determinar este extremo se celebró una vista pública el 8 de marzo de 1934 y, después de oír la prueba, los Comi-sionados Landrón y Delgado llegaron a la conclusión de que los tra-bajos hechos en relación con los chassis y los camiones en la construc-ción de cajas y cabinas constituyen de por sí trabajos nuevos en tina, industria que no existía anteriormente en Puerto Rico y que también modificaba la materia prima, parte de la cual existe en los chassis, toda vez que se demostró que éstos se alargan, se acortan y se refuerzan, constituyendo un producto nuevo, distinto del que se importa en su estado original; partiendo de la orden de exención concedida a la Auto Body Corporation, la industria de referencia consiste en fabricar, producir, comprar, vender, almacenar, montar, reparar y modificar carrocerías de todas clases, cajas, chassis, plata-formas y capotas para toda clase de vehículos de motor, así como partes y accesorios de los mismos, y de ello se llega a la conclusión dé ijíié los artículos terminados de estas industrias son vehículos dé ñiotor, dé. cualquier clase que se produzcan, bien sean guaguas, camiones, guaguas' dé entregas, ambulancias ó cualquiera otra clase dé. vehículos dé ihótof, y dé acuerdo con la séccióii 2 de la mencio-nádá'Ley nuní. 4Ó' de 25 de abril de 1930, "dichas industrias nuevas, sus edificios, maquinarias, materiales, franquicias, etc., y en general, todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas in-dustrias, que sean necesarios para "su trabajo y funcionamiento, estarán exentos de toda clase de contribuciones.... ”

El documento también contiene extractos de Cooley on Taxation, una carta de un tesorero interino fechada diciembre 4, 1931, dirigida al abogado de A. Alvarez Hnos. y Pedro A. Pizá, y otros detalles interesantes que omitimos en aras de la brevedad. El párrafo final dispone lo siguiente:

“Por tanto, esta Comisión de Servicio Público de Puerto Rico resuelve confirmar, y por la presente confirma, su resolución de 15 de enero de 1934, prorrogando las exenciones de los peticionarios arriba indicados por el mismo período de tiempo que le falta a la concesionaria original, Auto Body Corporation, o sea hasta el día 14 de enero de 1939, revocando, como revocamos, aquella parte de la resolución que excluía de la exención los chassis de los trueles o camiones producidos por ellos, estando, como están, exentos del pago de toda clase de contribuciones en las industrias nuevas de los peti-cionarios, sus edificios, maquinarias, materiales, franquicias, etc. y en general todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias, que sean necesarios para su trabajo y funciona-miento, tales como los chassis, herrajes y demás materiales que uti-licen en la fabricación, producción, montura, reparación y modifica-ción de las guaguas o autobuses, camiones o trueles, guaguas de entrega o ‘deliveries’, y demás vehículos de motor, productos de las industrias mencionadas en el epígrafe.”

Si las disposiciones contenidas en el documento anterior pueden ser consideradas como evidencia de los hechos allí expuestos, parece enteramente claro que las órdenes o reso-luciones anteriores de la Comisión indicaban un propósito de eximir de contribuciones a las industrias que se dedicaran a la fabricación de chassis. Del testimonio del socio gestor de la demandante también aparece claramente que la deman-dante no se dedicaba a la fabricación de chassis. Un chassis, que es de por sí un producto terminado, no se transforma en algo nuevo o distinto por el mero hecho de haber sido acortado- — en ausencia de algiina explicación sob'fe la manera o método de efectuar tal acortamiento — ni por el proceso de remachar a sns costados vigas de hierro que se extiendan más allá de sn parte trasera para sostener así la parte tra-sera de la gnagna o de la carrocería del camión, el cual es más largo que el chassis, ni por el proceso de colocar trave-sanos (crossbars) para sostener los costados de una caja que es más ancha que el chassis; ni por el proceso de re-forzar las sopandas y cambiar las gomas o aros. Por su-puesto, el resultado es el mismo aun si el alargamiento se efectúa mediante el uso de dos vigas de hierro unidas a los costados del marco (frame) o por el uso de una viga en forma de “Y”. De todas maneras, el producto acabado de una industria exentuada no está exento. Véase Sancho Bonet v. Corona Brewing Corporation, 89 F. (2d) 479.

Sea cual fuere la intención de la Comisión de Servicio Público, nada hay que demuestre que en cualquiera de sus órdenes o resoluciones dictadas antes de marzo 14 de 1934 se hubiese declarado como exenta de contribución cualquier industria dedicada a la fabricación de guaguas, camiones, u otros vehículos de motor. Las disposiciones contenidas en la orden de marzo 4, 1934, hasta donde llegan, nos llevan persuasivamente a una conclusión contraria. No es necesario que decidamos ahora si la resolución de marzo 14 era, como dice la apelada, res judicata y obligatoria para el apelante, y no sujeta a ataque colateral, o si era, como alega el ape-lante, por lo menos en ciertos respectos, una nulidad absoluta.

Los tres chassis descritos en la demanda estaban, prima facie, sujetos a la contribución impuesta por la subdivisión 8 del artículo 16 de la Ley de Rentas Internas, tal como fué enmendado en 1931 (Leyes de ese año, pág. 505). Es, por lo menos, una cuestión debatible si dichos chassis fueron eximidos por la llamada orden nunc pro tune de marzo 14, 1934. Si el Tesorero creía y tenía razones para creer que las contribuciones podían y debían ser cobradas, era su deber tratar de cobrarlas. No estamos preparados para decir que él no tenía discreción con respecto a tales cues-tiones. No puede decirse en este caso, como se dijo en Durlach Bros. Inc. v. Domenech, 47 D.P.R. 654, qne él no estaba actuando en sn capacidad oficial o qne estaba actuando sin suficiente color de autoridad. De ordinario, como se dijo en dicho caso, las contribuciones deben ser pagadas bajo protesta. En Camuñas v. New York & Porto Rico Steamship Co., 260 F. 40, 50, la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito dijo:

“No es necesaria una discusión o cita de autoridades para de-mostrar que solamente en un caso muy claro está autorizada una corte de equidad a expedir un injunction qne tienda a mutilar al gobierno en el cobro de contribuciones necesarias para su subsistencia y para el cumplimiento de sus deberes públicos esenciales.” •

Una lectura de la opinión en el caso de The Texas Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 432, sería suficiente para distinguirlo.

El artículo 4 de nuestro estatuto local sobre injunctions, tal como fue enmendado en 1927 (Leyes de ese año, pág. 167) prohíbe el libramiento de un injunction “para impedir la imposición o cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.” La in-terpretación y aplicación de tales estatutos se discute en una anotación al caso de Huston v. Iowa Soap Co., 108 A.L.R. 173, 184.

De una anotación al caso de North American Old Roman Catholic Diocese v. Havens, 84 A.L.R. 1313, 1319, tomamos los siguientes extractos:

“Se ba resuelto por una gran mayoría de las cortes que han discutido el punto, qne la mera ilegalidad de una contribución, por haberse impuesto sobre propiedad exenta de contribuciones, no justi-fica la expedición de un injunction contra el cobro o imposición de la contribución, en ausencia de algún otro elemento, tal como la falta de un remedio legal adecuado, daños irreparables, cloud on title o multiplicidad de acciones, que presenten un caso para el ejercicio de la jurisdicción de equidad.” (Pág. 1319.)
“Para que se pueda conferir a una corte federal jurisdicción equitativa para impedir el cobro de una contribución estadual sobre derechos de patentes que estén exentos de contribución estadual, por el fundamento de que no existe un remedio legal adecuado y de que el querellante sufriría daños irreparables, se ba resuelto que no es suficiente exponer meramente la conclusión de que el cobro de la contribución resultaría en daños irreparables y que el querellante no tiene un remedio adecuado en derecho; debe existir alguna alega-ción de hechos específicos de los cuales la corte pueda inferir que los daños irreparables serían un resultado natural y probable. Indiana Mfg. Co. v. Koehne (1903) 188 U. S. 681, 47 L. ed. 651, 23 S. Ct. 452." (Pág. 1321.)
“Hay muy pocas autoridades que establezcan directamente la proposición de que la equidad impedirá el cobro de una contribución sencillamente porque se imponga sobre bienes que estén exentos de contribuciones por la ley, sin que se establezca cualquiera de los fun-damentos usuales para el ejercicio de la jurisdicción de equidad, tales como a cloud on title, multiplicidad de acciones o daños irre-parables.
“Los casos que resuelven meramente que el injunction es el remedio apropiado para poner en efecto una exención de contribu-ciones (subdivision 2, supra) constituyen una autoridad muy débil para sostener el principio de que la exención no es, sin ninguno de los otros elementos de la jurisdicción de equidad, suficiente para darle el derecho a un injunction a aquéllos que disfrutan de la exen-ción, aunque los casos reportados no demuestran la existencia de ninguno de estos últimos elementos en cada caso particular, donde las cortes no discuten este punto específico y los casos reportados no niegan positivamente la existencia de uno o más de estos elementos. Esta observación es aplicable aun si las cortes citaran en apoyo de su resolución que procede un injunction en contra de una contribu-ción sobre bienes exentos, la declaración de High en su tratado sobre Injunctions, al efecto de que ‘la tentativa de cobrar una contribu-ción sobre bienes que hayan sido exentos por una autoridad legis-lativa apropiada de la carga de una contribución, constituye un daño de naturaleza tan irreparable, que merece un remedio preventivo.’ ’’ (Págs. 1321-1322.)
“ Se ha resuelto definitivamente que en aquellos casos donde existe algún elemento en adición a la ilegalidad de la contribución que coloque el caso dentro de algún fundamento establecido de la juris-dicción de equidad, tales como ‘a cloud on title’, multiplicidad de acciones o daños irreparables, y no existe un remedio legal adecuado, la equidad concederá un injunction en contra de una contribución sobre bienes .que hayan sido exentos de tal contribución.” (Pág. 1322.)

La sección 3 de la “Ley disponiendo el pago de contribu-ciones bajo protesta; estableciendo nn procedimiento para autorizar el cobro y devolución de las mismas. ... y para otros fines,” aprobada el 19 de abril de 1927 (Leyes de ese año, págs. 123, 125) dispone en parte lo siguiente:

“El contribuyente que baya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la íeeba del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para obtener la devolución de la cantidad protestada. . . Una vez listo cualquier caso para juicio, el tribunal señalará día para la vista, a petición de cualquiera de las partes, con preferencia a cualquier otro asunto pendiente ante el mismo. Una vez que se dicte sentencia final, si ésta fuese favorable al contribuyente, el Tesorero de Puerto Rico procederá a reintegrar la suma que se ordene en la sentencia con cargo a cualquier fondo existente en Tesorería no destinado a otras atenciones, más los intereses sobre tal cantidad a razón del seis (6)' por ciento anual, computados desde la fecha de la radicación de la demanda ante la corte; o a instancia del contribuyente, deberá el Tesorero acreditar al contribuyente el montante total de la cantidad a reintegrar, para ser aplicada al pago de- cualquier contribución ya vencida y no satisfecha, o por vencerse en el futuro; Disponién-dose, que dicho crédito podrá ser transferido por el contribuyente y entonces el Tesorero de Puerto Rico acreditará el mismo a los cesionarios a todos los efectos de la ley. Las costas, desembolsos y honorarios de abogado se impondrán a discreción de la corte en la misma forma que en las demás acciones civiles.”

Si la demandante hubiera pagado bajo protesta los $872.52 originalmente exigídosle y hubiera instado demanda para recobrar dicha suma con intereses, ella hubiera'podido obtener una decisión final sobre la cuestión de la supuesta exención, dentro del mismo período de tiempo, o quizá dentro de un período menor que el transcurrido para obtener una decisión final sobre la cuestión relativa a su derecho a un injunction preliminar. No podemos asumir con la apelada que el Tesorero no hubiera esperado el resultado de tal litigio antes de tratar de recobrar las contribuciones sobre los 250 ó 260 “chassis” mencionados por el administrador general de la demandante en sn declaración.

El cobro de los $872.52, más recargos y costas, no pndo haber cansado daños irreparables. No se había hecho nin-guna amenaza de un requerimiento ulterior. Si el cobro obligado de la suma mayor envuelta en un requerimiento ulterior causará daños irreparables, es cuestión que surgirá cuando el Tesorero dé el primer paso en un procedimiento iniciado para tal cobro.

No hubo una alegación suficiente de daños irreparables. Durante la vista no se demostró satisfactoriamente que hubiera habido tales daños. La demandante tenía un re-medio adecuado en derecho.

La resolución apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asocíalo Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Paper Bag Company, demandante y apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, Hon. Rafael Sancho Bonet, y Procurador General de Puerto Rico, Hon. Benigno Fernández García, demandados y apelados.
    Núm. 7672.

    Sometido: Abril 7, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      B. Rivera Zayas y Joaquín Velilla, abogados del apelante; Iíon. Pro-curador General B. Fernández García y V. Palés Matos, Procu-rador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asocíalo Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico que se dedica a “importar y exportar, comprar y vender, cortar y envasar papel de en-volver para uso comercial, y fabricar y exportar, comprar y vender bolsas de papel para todos los usos comerciales, así como importar y exportar papel para hacer bolsas, fabricar papel para envolver y para la manufactura de bolsas de papel.”

Amparándose en el inciso 11 de la sección 83 de la Ley núm. 83, aprobada el 6 de mayo de 1931 (pág. 505), solicitó de la corte de distrito que dictara una resolución o sentencia declaratoria interpretando la sección aludida, determinando la divergencia que existía entre dicha corporación y el Teso-rero en cuanto a si sus artículos estaban o no incluidos dentro de los términos del antes referido inciso 11 de la sección 83 de la ley de igual número de 1931.

Por sentencia del día 26 de noviembre de 1937 se resolvió que no lo estaban y que, por lo tanto, la demandante venía obligada a pagar el impuesto del 2 por ciento por los ar-tículos de su ramo que fabrique o venda en Puerto Rico, declarando además que la interpretación que a tal sección de la ley le dió el Tesorero es la correcta. Apeló-la deman-dante y señala en su alegato como único error de la corte inferior el haber declarado que estaba obligada a pagar el 2 por ciento que por concepto de arbitrios imponen las sec-ciones 16 a y 62 de la Ley de Rentas Internas, en contraven-ción de la sección 83, inciso 11, de esa misma ley.

El inciso 11 de la sección 83 de la referida ley dice textualmente así:

“. . . Disponiéndose, además, que el impuesto establecido por las secciones 62 y 16 a de esta Ley no gravará:
“11. La venta, uso o consumo de artículos importados o fabri-cados en el país que se utilicen como envases o en la presentación o preparación de productos destinados para la venta o para la expor-tación, siempre que los citados artículos pasen con el producto a, poder del comprador.’ ”

Interpretándolo la corte inferior en sn opinión dijo lo siguiente:

"Todo este pleito gira alrededor de la interpretación del inciso 11 del' artículo 83 de la Ley de Bentas Internas. La parte actora, según los términos de la estipulación, se dedica a ‘importar y ex-portar, comprar y vender, cortar y envasar papel de envolver para uso comercial y fabricar y exportar, comprar y vender bolsas de papel para todos los usos comerciales, así como importar y exportar papel para bacer bolsas, fabricar papel para envolver y para la manufactura de bolsas de papel.’ De modo que por los claros, términos de la estipulación, la actora comercia en papel y bolsas de papel. Éste es su ramo de actividad. No vende otra cosa. Su contención es que como tales artículos vendidos pasan al consumidor con lo que envuelven, ella (la actora) no está obligada a pagar el 2 por ciento ad valorem que señala la ley sobre las ventas que baga.
"A nuestro juicio, éste es un caso claro de lex scripta. Cuando el envase tiene un fin comercial y pasa con el producto al consu-midor o comprador, entonces no está sujeto al pago de arbitrio; en otro caso sí lo está. Esto es, cuando una persona fabrica artículos para ser vendidos a otras que los utilizan como envases, entonces es clara la aplicación del precepto de ley, ya que dichos artículos son objeto de comercio por sí solos. Para ilustrar: una persona que-vende ropa de hombre importa un cargamento de cajas de cartón sobre las que está ya impreso el nombre de su casa comercial y que-tienen por fin dichas cajas servir de envoltura a los trajes que vende;, con la venta de cada traje la caja pasa a poder del comprador; tales: envases no están sujetos al impuesto de la ley porque tienen un fin comercial, o sea el anuncio, la propaganda, del vendedor, y además, servir de envoltura al artículo vendido. Si por el contrario,, un comerciante trae cajas, sin rótulo, membrete o indicación alguna, y vende estas cajas a personas que se dedican a negocios que las utilizan como envases o envolturas de los artículos que venden, en estas condiciones, como se venden vacías, no tienen fin alguno comer-cial y están sujetas al impuesto de la ley, porque el artículo por sí solo es objeto de comercio; el que no paga impuesto alguno es el comerciante que las compra para utilizarlas como envolturas o envases, y para éste es que se ha redactado el 2do. párrafo de la sección 38 del reglamento, que parece es lo que ha originado en su interpretación este recurso. La situación de la parte demandante es clara e igual también la situación de la parte demandada. No creemos que la interpretación que le da el Tesorero a la ley la haga inconstitucional, ni dé motivo a multiplicidad de pleitos. Si algo significan las palabras ‘siempre que los citados artículos pasen con el producto a poder del comprador,’ que aparecen en el inciso 11 de la sección 83 de la ley, es lo que ilustramos con el ejemplo que dejamos expuesto y que no necesita mayor interpretación-.”

Y con esa opinión estamos de perfecto acnerdo. La ley exime del pago del arbitrio aquellos artículos que “pasen con el producto a poder del comprador,” pero no los manu-facturados por la demandante, que son por sí mismos objetos independientes de comercio.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., querellada.
    Núm. 2.

    Sometido: Abril 23, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, M. Guerra-Mondra-gón, B. Rivera Zagas y Lester P. Schoene, abogados del quere-llante; Jaime Sifre, Jr., Horacio Franceschi y Orlando Antonsanti, abogados de la querellada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

El propósito del presente recurso de Quo Warranto es juzgar el derecho y título de la querellada Rubert Hermanos, Inc., a continuar haciendo negocios como corporación en la Isla de Puerto Eico. Los hechos esenciales, según fueron alegados en la querella enmendada de El Pueblo de Puerto Eico, son como sigue:

Eubert Hermanos, Ine., es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Eico, cuyas cláusulas de incorpora-ción, archivadas en abril 27, 1927, proveen lo siguiente:

“Sección 4. — Los fines y propósitos para los cuales y para cual-quiera de los cuales se forma y constituye la corporación son los de realizar todas o cualesquiera de las cosas que más adelante se men-cionan al igual y con el mismo alcance que podían hacerlo personas naturales, a saber:
“(a) Dedicarse en la Isla de Puerto Rico o en cualquier otra parte a la fabricación de azúcares, mieles y demás productos deri-vados del azúcar.
“ (c) Construir, comprar, poseer, arrendar o en cualquier otra forma adquirir y fomentar, promover, organizar, manejar, dirigir y administrar empresas cuyo fin y objeto sean la siembra, cultivo y recolección de cañas de azúcar y la manufactura y venta de azúcares, tanto refinados como crudos, mieles y demás productos derivados del azúcar, y construir, comprar, poseer o en cualquier forma ad-quirir centrales, molinos, establecimientos y fábricas con todos los edificios, instalaciones, dependencias, accesorios e implementos nece-sarios o convenientes para la manufactura y elaboración de azúcares, mieles y demás productos derivados del azúcar....
“ (d) Dedicarse a la agricultura en general. Sembrar, cultivar y recolectar plantaciones de caña de azúcar, explotando en esa forma o en la que estime conveniente con uso de abonos y riegos, ya directa-mente, ya por medio .de arrendatarios o colonos, las tierras que. posea; comprar, vender y en cualquier forma comerciar en caña de azúcar
“ (/) Comprar, tomar en arriendo, poseer o en cualquier otra forma adquirir, vender, permutar y traspasar o en cualquier otra forma disponer de propiedad inmueble, derechos reales, fincas y plantaciones situadas en o fuera de la Isla de Puerto Rico hasta donde esto fuese racionalmente necesario para poder llevar adelante los fines y propósitos para los cuales se constituye y organiza la corporación; disponiéndose, sin embargo, que el derecho de la cor-poración a poseer y controlar tierras en la Isla de Puerto Rico estará limitado a quinientos acres solamente, y sujeto a las restricciones establecidas en el artículo tercero de la Resolución Conjunta de mayo 1 de 1900, aprobada por el Congreso de los Estados Enidos de América.” (Itálicas nuestras.)

Se alega en la querella que en violación de las precedentes disposiciones de sus artículos de incorporación y del artículo tercero de la Resolución Conjunta núm. 23 (31 Statutes at Large 716, U. S. C. A., Título 48, sección 752) la corporación demandada lia adquirido y es ahora la dueña con título en pleno dominio de varias parcelas de tierra con un área en exceso de quinientos acres, cuyas tierras son usadas por la corporación demandada para sembrar, cultivar y cosechar caña de azúcar; y que las tierras así poseídas, controladas y usadas por la corporación demandada tienen un área de 12,188 acres.

En la querella se solicita sentencia en que se declare can-celada la franquicia de la demandada, se ordene la inmediata disolución de la corporación demandada, prohibiéndole seguir haciendo negocios en Puerto Rico, y se condene a dicha demandada a pagar una multa, con los demás pronuncia-mientos que en equidad y justicia sean pertinentes.

Declaradas sin lugar por esta corte en julio 13 de 1937 una moción para eliminar ciertas partes de la querella en-mendada, radicada en marzo 16, .1937 (51 D.P.R. 939), y una excepción radicada el mismo día (51 D.P.R. 940), la corporación demandada radicó su contestación a la querella en agosto 19, 1937.

La contestación de la demandada, que en efecto es una alegación in confession and avoidance, levanta las siguientes defensas específicas:

1. La demandada admite qué fue incorporada con el pro-pósito, entre otros, de dedicarse a la agricultura, siembra de caña, tenencia, compra y posesión de tierras y plantaciones ; pero alega, que los dichos no son todos los fines y propósitos para los cuales fue incorporada y que por sus artículos de incorporación la corporación demandada estaba también au-torizada para dedicarse a la manufactura de azúcar, mieles y otros derivados de azúcar de caña, y para comprar, vender y generalmente comerciar en azúcar y sns derivados. ■

2. Que la limitación de quinientas cuerdas a que se refiere ■el párrafo (/) de la sección 4 de los artículos de incorpora-ción de la demandada y contenida en el artículo 3 de la Beso-lución Conjunta de mayo 1 de 1900, es aplicable tan sólo para el caso de que la corporación demandada quisiera dedi-carse a la agricultura como objeto principal; y que las demás restricciones de dicha Besolución Conjunta de que se hace mención, son aplicables a la corporación demandada en el ejercicio por ella del objeto de manufacturar, azúcar, que es un objeto industrial, y tales restricciones le prohíben tener o poseer bienes raíces a excepción de aquéllos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los pro-pósitos a que obedeció su creación.

3. Que entre los varios propósitos para los cuales se in-corporó y para los cuales fue autorizada por su franquicia, la corporación demandada escogió como su objeto principal la industria de fabricar y producir azúcares y mieles para vender en la Isla y en los Estados Unidos, para cuyo propó-sito adquirió la factoría azucarera conocida por “Central San Vicente”, que ha sido equipada para moler hasta 350,000 toneladas de azúcar en cada zafra; que con el fin de obtener y asegurarse de la materia prima indispensable para poder' dedicarse a la manufactura de azúcar, la corporación deman-dada, haciendo uso de una facultad incidental o implícita, adquirió también las tierras racionalmente necesarias para obtener de ellas, mediante la siembra y cultivo de caña de azúcar, parte de la caña de azúcar que necesita moler en cada zafra en su industria de fabricación de azúcar y mieies; y que las tierras así adquiridas no le proporcionan todas las éáñas que nécesitá en cáda zafra la faetoríá de la deman-dada; que la querellada no podría dedicarse a la industria dé manufacturar azúcar si tuviera que depender éntérahiénte dé las cáñás que pudiera- adquirir dé otros j qú’e para poder operar su empresa azucarera económica y eficientemente, la corporación demandada necesita sembrar y suplirse de una gran parte de la caña a ser molida en cada zafra, y que las-tierras de que es dueña en la actualidad son las que indispensable y racionalmente necesita para producir parte de la materia prima que necesita; y que al bacer lo anterior la demandada no ba violado en forma alguna su franquicia ni disposición alguna de la Resolución Conjunta de mayo 1 de 1900.

4. Admite la querellada que es dueña y controla 12,188 cuerdas de tierra; pero niega que se dedique a la agricultura en tales tierras, como fin u objeto principal corporativo. T alega en contrario que dedica parte de dichas tierras a obtener de las mismas mediante la siembra y cultivo las cañas que la corporación demandada necesita en su industria de manufactura de azúcar y mieles, cuya manufactura es el fin u objeto primordial de la corporación demandada y al que se ba dedicado desde que comenzó a bacer negocios.

5. La demandada niega que la tenencia o control por ella de una extensión de tierras tan vasta sea contraria a polítiea pública alguna del Pueblo de Puerto Rico y niega asimismo que tal tenencia o control esté en conflicto con el bienestar económico del pueblo de esta Isla.

6. Que la Resolución Conjunta restringiendo la tenencia o control de tierras por corporaciones fué aprobada por el Congreso en el año 1900; que desde entonces y hasta recien-temente varias corporaciones han sido organizadas en Puerto Rico con el propósito de dedicarse al negocio de manufac-turar azúcar y muchas de dichas corporaciones adquirieron tierras en exceso de quinientas acres con el propósito de obtener de las mismas la caña necesaria para la manufac-tura de azúcar y mieles; que El Pueblo de Puerto Rico-toleró, consintió y fomentó el desarrollo de la industria azu-carera a través de todos esos años, sin haber iniciado nunca procedimiento alguno para impugnar u objetar el derecho de una corporación azucarera a tener o controlar más de quinientos acres, siempre que la tenencia o control de tales tierras fuera razonablemente necesario para la producción de las cañas requeridas en la manufactura de azúcar; que El Pueblo de Puerto Eico ha cobrado y aún cobra contribu-ciones sobre las propiedades de dichas corporaciones y que por mediación de sus funcionarios, departamentos y otras agencias gubernamentales siempre tuvo o pudo haber tenido conocimiento de las tierras adquiridas por las corporaciones que así se dedicaban a la manufactura de azúcar; y que a pesar de esos hechos, no fue hasta el año 1935 que El Pueblo de Puerto Eico instituyó por primera vez procedimientos para impugnar el derecho de las referidas corporaciones a poseer más de quinientos acres de tierra para los fines indus-triales antes indicados.

7. Que la corporación demandada adquirió la central o factoría de azúcar y casi la totalidad de las tierras que ahora posee o controla en el año 1927; que desde esa fecha ha utilizado dichas factoría y tierras en el negocio de manufac-turar azúcar y mieles, obteniendo de esas tierras parte de las cañas requeridas para su referido negocio de fabricación de azúcar; que durante todo ese tiempo la querellada ha actuado abierta y públicamente, teniendo todas esas tierras inscritas a su nombre corporativo en los registros de la pro-piedad de Puerto Eico y pagando a El Pueblo de Puerto Eico todas las contribuciones impuestas sobre dichas propie-dades, sin que el Gobierno de Puerto Eico haya objetado al negocio de la corporación demandada o a la tenencia y control de más de quinientas cuerdas de tierra hasta que instara el presente procedimiento; y que por razón de su tolerancia y demora en incoar esta acción, el querellante está impedido (estopped) de solicitar la cancelación de la franquicia de la corporación demandada.

En el juicio celebrado el 7 de marzo de 1938 el Procu-rador General de Puerto Eico argumentó en representación del querellante que la contestación de la demandada prác-ticamente admitía todas las alegaciones esenciales de la que-relia y que la única contienda de hechos qne las alegaciones presentaban era la negación qne hacía la demandada de las alegaciones de la querella al efecto de qne la tenencia o control por la corporación demandada de fundos tan vastos de tierra es contrario a la ya establecida y frecuentemente anunciada política pública de El Pueblo de Puerto Rico y en conflicto con el bienestar económico del pueblo de la Isla.

En apoyo de sus alegaciones, el querellante ofreció en evidencia: (1) El volumen 33 (partes 1, 2, 3, 5 y 8) del Congressional Record”, conteniendo los debates en relación con la Resolución Conjunta núm. 23 de mayo 1, 1900, con el propósito de establecer la política pública que el Congreso trató de poner en práctica en Puerto Rico por medio de dicha resolución; (2) el trigésimo y trigésimoprimer Infor-mes Anuales del Gobernador de Puerto Rico al Secretario de la Guerra, fechados respectivamente agosto 21, 1930 y septiembre 1, 1931, con el propósito de establecer la política pública de El Pueblo de Puerto Rico relativa a la tenencia y control por corporaciones de grandes extensiones de tierra; (3) el Informe Anual del Secretario del Interior de los Esta-dos Unidos para el año fiscal 1937 (páginas 327 a 330); (4) las opiniones y decisiones de la Corte Suprema de Puerto Rico en los casos de Compañía Azucarera de la Carolina v. Registrador, 19 D.P.R. 152, Compañía Azucarera del Toa v. Registrador, 19 D.P.R. 759, La Isabella Grove, Inc. v. Registrador, 24 D.P.R. 257, The Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 24 D.P.R. 262, y Baetjer et al. v. Registrador, 48 D.P.R. 647; (5) la resolución de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico en el asunto de la petición radicada por la United Porto Rican Sugar Company solicitando fran-quicia para apresar, con fines de riego, las aguas del Río Humaeao, que aparece en los informes anuales de la Comi-sión al Gobernador, correspondientes al año 1930-1931, págs. 177-186; (6) la Ley núm. 33 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en julio 22, 1935 ((2) pág. 419); (7) la Ley núm. 47, aprobada en agosto 7, 1935 ((2) pág. .531); (8) la Ley núm. 45, aprobada en agosto 7, 1935 ((2) pág. 511); la Ley núm. 44, aprobada en agosto 6, 1935 ((2) pág. 509); (9) la Resolución Concurrente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en febrero 13, 1935. Todos estos documentos fueron admitidos con la objeción ■del abogado de la querellada, cuyas excepciones fueron -anotadas.

El querellante ofreció también en evidencia: (a) el censo de Puerto Rico correspondiente al año 1935, hecho por la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico (Puerto Rico Reconstruction Administration) y publicado por el Negociado de Imprenta del Gobierno, Washington, 1937; (b) el Informe sobre los Problemas Agrícolas de Puerto Rico (The Agricultural Problems of Puerto Rico), por Rafael Picó, Profesor de la Universidad de Puerto Rico y Consejero de la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, fechado mayo 18, 1936; (c) Informe de Parr & Co., agentes corredores de azúcar; (d) Monografía titulada “Tipos de Explotación Agrícola en Puerto Rico” (Types of Agricultural Exploitation in Puerto Rico), publicada por el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico en noviembre de 1935; (e) Tabla núm. 4, pág. 8, Censo de Puerto Rico, 1935, por P.R.R.A.; (/) Informe sobre la Industria Azucarera en relación con el sistema social y económico de Puerto Rico (Report on the Sugar Industry in relation to the social and economic system of Puerto Rico), por Esteban A. Bird, Jefe de la División de Investigaciones Económicas de la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, enero 23, 1937. La admisión de dichos docu-mentos fue debidamente objetada, tomándose excepción por el abogado de la querellada.

Al cerrar el querellante su caso, la querellada presentó una moción para que se archivara la querella. T habiéndose denegado dicha moción, la querellada sometió su caso sin introducir ninguna evidencia en apoyo de sus defensas es-peciales.

No tenemos duda de la admisibilidad o pertinencia de la evidencia introducida por el querellante. Mucha de la evidencia consiste de estadísticas y de historia legislativa, de las cuales la corte puede y debe tomar conocimiento judicial cuando a ella se le llama específicamente su atención. Véanse: Sección 36, párr. 8, Ley de Evidencia de Puerto Rico; City Bank Farmers’ Trust Co. v. U. S., 74 F. (2d) 692; Ponce v. Roman Catholic Apostolic Church in Puerto Rico, 210 U. S. 296, 52 L. Ed. 1068; Monk v. Ehret, 219 P. 452, 192 Cal. 186; Chicago R. I. & P. Ry. Co. v. Gist, 190 P. 878, 79 Okl. 8; James v. Kuhn, 8 P. (2d) 526, 121 Cal. App. 69; Fortinberry v. State, 283 S. W. 146; Ex Parte Lewis, 135 So. 147, 101 Fla. 624; U. S. v. Payne, 264 U. S. 446, 68 L. Ed. 782; Greene County v. Lydy, 172 S. W. 376, 263 Mo. 77; Miller v. U. S., 57 F. (2d) 424; Fidelity Union Trust Co. v. Reeves, 98 N. J. Eq. 412; Grimmer v. Tenement House Department of the City of New York, 204 N. Y. 370; Hill v. Rae, 158 P. 826, 52 Mont. 378, L.R.A. 1917-A 495; Jasper County Farm Bureau v. Jasper County, 286 S. W. 381, 315 Mo. 560; Frost v. Corporation Commission of Oklahoma, 26 F. (2d) 508, revocado (1929) 278 U. S. 515, 73 L. Ed. 483; Sligh v. Kirkwood, 237 U. S. 52, 59 L. Ed. 835; Tolfree v. Wetzler, 25 F. (2d) 553.

Lo que sigue es un compendio de los hechos históricos, records y estadísticas que se han traído a nuestra atención.

|T?uerto Rico tiene un área total de 3,435 millas cuadradas, equivalentes a 2,198,400 aeres, de los- cuales 1,222,284 son de tierra labrantía. La población de la isla en 1898, cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos, era de 953,243 personas. El área total dedicada al cultivo de caña de azúcar era, en aquel tiempo, de 70,000 acres.

Los debates del Congreso en el año 1900, mientras se discutía la ley para imponer el 25 por ciento de la tarifa de Dinley a todos los productos importados de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa y la Carta Orgánica (Foraker Law), para proveer un gobierno civil para Puerto Rico (31 Stat. at Large, Chap. 191, p. 77), demuestran la previsión de aquellos miembros del Congreso que expresaron sns te-mores de qne el comercio libre entre Puerto Eico y Estados Unidos haría de la isla nn sitio demasiado atractivo para la inversión de grandes capitales en azúcar y en tabaco, con el resultado probable de qne quedaría la mayor parte, si no la totalidad de la tierra de labrantío, bajo la propiedad y el control de los trusts de azúcar y tabaco. Este temor se intensificó cuando en el año anterior, en 1899, la isla fue devastada por un ciclón, con la consiguiente pérdida de la cosecha, y la depreciación e hipoteca de sus mejores tierras. Para prevenir el desarrollo de un monopolio agrario que se adueñara de y controlara los mejores terrenos de esta pe-queña isla tan densamente poblada, y que eventualmente convirtiera a la isla en una enorme fábrica de azúcar ope-rada por un proletariado medio esclavo, y para fomentar el fraccionamiento de la isla en pequeñas parcelas operadas y controladas por sus dueños, el Congreso aprobó la Besolu-ción Conjunta núm. 23, aprobada el primero de mayo de 1900, la sección 3 de la cual lee como sigue:

“Sección 3. — .. .Ninguna corporación será autorizada para con-ducir el negocio de compra y venta de bienes inmuebles ni se le permitirá poseer o tener bienes inmuebles excepto aquéllos que sean razonablemente necesarios para llevar a cabo los propósitos para que fué creada, y toda corporación que en adelante se autorizare a dedi-carse a la agricultura será restringida por su carta constitutiva 4 la tenencia y control de terrenos que no excedan de quinientos acres; y se considerará que esta disposición prohíbe a cualquier miembro de una corporación dedicada a la agricultura de que se interese en cualquier otra corporación dedicada a la agricultura. Las corpora-ciones, sin embargo, pueden prestar dinero con garantía de bienes inmuebles, y comprar bienes inmuebles cuando sea necesario para el cobro de préstamos, pero venderán los bienes inmuebles así obte-nidos dentro de los cinco años de haber recibido el título a ellos. Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y haciendo negocios allí, quedarán sujetas a las disposiciones de esta sección en cuanto sean aplicables.”

Desde la Edad Media hasta el presente, los soberanos y los parlamentos han considerado sn deber el proteger a sus súbditos y a sus ciudadanos contra los atentados por parte de las grandes combinaciones de capital para monopolizar las tierras propias para el labrantío, que son la base de la riqueza de cualquier comunidad. Son numerosos los esta-tutos y los precedentes que podrían citarse para sostener la. validez y la sabiduría de la legislación aprobada con el pro-pósito de poner en efecto dicha política agraria. Los esta-tutos de Mortmain en Inglaterra y la legislación española podrían citarse como precedentes. El Congreso de los Es-tados Unidos, con el propósito de proteger al pueblo de los territorios no incorporados, aprobó leyes prohibiendo la te-nencia de tierras por corporaciones en exceso de cinco mil aeres, aun cuando algunos de esos territorios tenían un área de 100,000 ó de 200,000 millas cuadradas. Véase 24 Stat. L. 476, 1er. Supp. 2 Rev. Stat. of U. S. 2ed. p. 556, enmendadas por la ley de 9 de marzo de 1888, 25 Stat. L. 45, 1st. Supp., 582. Véase también McQuaide v. Enterprise Brewing Co., 14 Cal. App. 315, 111 P. 927; Commonwealth v. Railway Co., 132 Pa. St. 591, 19 A. 291; Ronaldson & P. Co. v. Bynum, 122 La. 687, 48 So. 152; Jackson v. Western Union Tel. Co., 269 F. 598; Shelby v. Hummel, 266 U. S. 633, 69 L. Ed., 479; Commonwealth v. N. Y. L. R. & W. R. Co., 114 Pa. St. 340, 7 A. 756; Late Corporation of the Church, etc. v. U. S., 136 U. S. 1, 34 L. Ed. 481; Trustees of the Catholic Church v. Manning, 72 Md. 116, 19 A. 599; House of Mercy v. Davidson, 90 Tex. 529, 39 S. W. 924; In re Hood Realty Co., 2 F. (2d) 344 (sic); In re McGrow Estate, 11 N. Y. 66, confirmado en 136 U. S. 152; Washburn on Real Property, 6a. ed., secciones 134 y 135; 4 Thompson on Corporations, 3a. ed., secciones 2451 y 2475; Tiffany on Real Property, sección 504.

En el año 1917, el tema de la limitación sobre la tenencia de tierras que pueden ser legalmente poseídas o controladas por corporaciones en Puerto Rico se trajo otra vez a debate por el Congreso federal. Se reafirmó la prohibición y se incorporó en la nueva Acta Orgánica, conocida por Ley Jones, en la forma que signe:

“See. 39. . . . .
“Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sentido de revocar o en alguna forma menoscabar o afectar la disposición contenida en la Sección 3 de la Resolución Conjunta aprobada en 1 de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de bienes inmuebles. El Gobernador de Puerto Rico dispondrá que se tenga preparado y se someta al Congreso en la legislatura que principiará el primer lunes de diciembre de 1917, un informe de todos los bienes inmuebles usados para fines agrícolas y poseídos, bien directa o indirectamente, por corporaciones, sociedades o indi-viduos, en cantidades que excedan de quinientos acres.”

La sabiduría y la previsión de los patrocinadores de la política agraria insular englobada en la antes mencionada legislación federal, han sido demostradas por acontecimientos posteriores. Puerto Rico, que atrajo la atención del Congreso en 1900 por la densidad de su población, desde entonces ha casi duplicado el número de sus habitantes, el censo de 1935 llevado a cabo por la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, una agencia federal, demostrando que la isla tenía en esa fecha una población de 1,723,534 habitantes, o sea un promedio de 501 personas por milla cuadrada; que 72.3 por ciento de esta población vive en la zona, rural y depende enteramente de la actividad agrícola para su subsis-tencia; que la isla tiene como promedio algo menos de un acre cuadrado de tierra de labrantío por habitante de la zona rural; que 251,000 acres, o sea una quinta parte de toda la tierra propia para la agricultura, se emplean para la producción de caña de azúcar; que no menos de 196,757 acres, o sea un poco menos del 70 por ciento del área total sem-brada para la producción de caña de azúcar, es de la pro-piedad de, o está controlada por, compañías que a su vez están controladas casi exclusivamente por accionistas ausen-tes; que las compañías así organizadas y controladas manu-facturan, normalmente, el 59 por ciento del total del azúcar producido por la Isla, controlando por tanto casi el 40 por ciento del total de la riqueza agrícola insular, y que durante la década de 1920 a 1930 el número de acres combinados de todos los fundos administrados por sus dueños decreció en 318,232 acres, mientras que el número total de acres operados por administraciones extrañas aumentó en 325,425 acres.

Esta corte necesariamente tiene que tomar conocimiento' judicial de los hechos antedichos, que constituyen elementos del problema más intrincado que confronta el pueblo de esta isla. Y tenemos que convenir con el abogado del querellante en que la existencia de grandes fundos de terreno en un pequeño país agrícola, anormalmente sobrepoblado y sin otras industrias básicas que aquéllas necesarias para la pre-paración de los productos agrícolas para el mercado, es con-traria al bienestar económico de sus habitantes.

En el año 1935, la Asamblea Legislativa de Puerto Eico, inspirada por el deseo de cooperar con la Administración Nacional en el desarrollo de sus planes para la reconstruc-ción económica de la isla, aprobó varios estatutos, el propó-sito común de los cuales es proveer las medidas remediales necesarias para poner coto a los monopolios de tierras existen-tes y prevenir que se continúe violando las disposiciones del Acta Orgánica, supra. Dichos estatutos son los siguientes:

1. Ley núm. 33, aprobada en 22 de julio de 1935, que confiere a la Corte Suprema de Puerto Eico jurisdicción original exclusiva para conocer de todo procedimiento de quo warranto ■ por violación de las disposiciones de la sección 752 del Título 48 U.S.C.A., y provee que la violación de dichas disposiciones constituirá motivo bastante para que se inicie un procedimiento de la naturaleza del quo warranto. (Leyes de 1935, sesión espeeial, pág. 419.)

2. Ley núm. 44; aprobada el 6 de agosto de 1935, que dispone que la propiedad privada podrá ocuparse o des-truirse

“para llevar a cabo y desarrollar cualquier plan general de recons-trucción económica en beneficio general de la comunidad insular, puesto en práctica por el Pueblo de Puerto Rico o por el Gobierno -de los Estados Unidos... y especialmente' para la redistribución o fraccionamiento de tierras concentradas en latifundios, o el estable-■cimiento de centrales o factorías públicas para la fabricación de azúcar o cualquiera industria o actividad.” (Leyes de 1935, sesión especial, pág. 509.)

3. Ley núm. 47, aprobada el 7 de agosto de 1935. Sus •disposiciones pertinentes leen como sigue:

“Sección 1. — Que la sección 2 de la ‘Ley estableciendo los pro-cedimientos de quo warranto, aprobada en 1ro. de marzo de 1902’, queda por la presente enmendada en la forma siguiente:
“ ‘Sección 2. — ...; o cuando cualquier corporación, por sí, o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente, ejer-cite derechos o realice actos o contratos en contravención a las ex-presas disposiciones de la Carta Orgánica de Puerto Rico o de cual-quiera de sus estatutos, el Fiscal General o cualquier fiscal de dis-trito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del quo warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; y si a juicio de la corte ante la cual se radicare el asunto resultare de las alega-ciones que existe probable fundamento para instruir las diligencias del caso, podrá acceder a la petición y ordenar que se instruya infor-mación de acuerdo con la solicitud. Cuando a juicio de la corte los distintos derechos que varias personas tengan sobre un mismo cargo •o franquicia puedan determinarse claramente en el mismo procedi-miento, podrá conceder permiso para incluir a todas dichas personas en la misma petición, con el objeto de determinar sus respectivos derechos a tal cargo o franquicia.
“ ‘Cuando cualquier corporación por sí o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente esté poseyendo ilegal-mente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio proce-dimiento, instar la confiscación de dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.
“ ‘En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropiación Forzosa.’
“Sección 2. — La sección 6 de la referida Ley estableciendo los procedimientos de ‘quo warranto’, aprobada en 1ro. de marzo de 1902, queda por la presente enmendada del modo siguiente:
“ 'Sección 6. — • .
“ 'En todos los casos en que quedare satisfactoriamente probado, a juicio de la corte, que la corporación o corporaciones ban realizado-actos o ejercitado derechos no conferidos por la ley, o en contraven-ción a las expresas disposiciones de la misma, en la sentencia que recaiga, se decretará la disolución de la "entidad demandada, si fuere doméstica, la prohibición de continuar haciendo negocios en el país, si fuere extranjera, la nulidad de todos los actos y contratos reali-zados por la corporación o entidad demandada, y se decretará, además, la cancelación de los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Rico, y cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Rico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos. A estos efectos deberá fijarse el justo valor de los bienes sujetos a enajenación o confiscación en la misma forma fijada en los casos de expropiación forzosa.
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(Leyes de 1935, sesión extraordinaria, p. 531.)

La demandada insiste dentro de estos procedimientos que la Resolución Conjunta núm. 23, de 1ro. de mayo de 1900,, es nula porque contiene un discrimen arbitrario en contra de las corporaciones agrícolas; que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no tiene poder para conferir a esta Corte-Suprema jurisdicción original exclusiva en procedimientos de quo warranto basados en violaciones a las leyes limitando la cantidad de tierras tenidas por corporaciones, correspon-diendo tal jurisdicción exclusivamente a la Corte Federal de Puerto Rico; y que la querella no expone hechos sufi-cientes constitutivos de causa de acción en contra de la corporación querellada. Se hace innecesaria una discusión más amplia de dichas cuestiones. Las mismas fueron levan-tadas, plenamente discutidas y decididas en contra dé las corporaciones en El Pueblo de Puerto Rico v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico et als., (Quo Warranto núm. 1), 50 D.P.R. 163, y 51 D.P.R. 876.

Si hubiésemos tenido dudas sobre el poder de la Legis-latura de Puerto Rico para aprobar las leyes números 33, 44 y 47, supra, dichas dudas hubieran sido desvanecidas por la decisión unánime rendida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Pueblo v. The Shell Company (P.R.) Ltd. et al., 302 U. S. 253, 260, en que la cuestión envuelta era la validez de la ley local contra los trusts, que por su sección tercera confería jurisdicción a las cortes de distrito de la isla sobre violaciones a esa ley. Se alegaba por la compañía demandada que la ley Sherman contra los trusts, complementada por la Ley Clayton de 1914, cubría toda la materia que abarcaba la ley local contra los trusts, y que, por lo tanto, esta última era nula; y que la sección 4 de la Ley Sherman confería jurisdicción a las diferentes cortes de distrito de los Estados Unidos. Manteniendo la validez del estatuto local, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su Juez Asociado, Sr. Sutherland:

“1. El artículo 14 de la Ley Foraker, aprobada el 12 de abril de 1900, e. 191, 31 Stat. 77, 80, disponía que las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no fuesen localmente inaplicables, tendrían el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, con algunas excepciones que son irrelevantes a este caso. El artículo 27 (pág. 82) disponía que ‘todos los poderes legislativos locales concedidos en esta ley residirán en una Asamblea Legislativa... ’ Y en el artículo 32 (pág. 83-84) se disponía que la autoridad legis-lativa ‘se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables. . .’ Estas diversas disposiciones se mantienen en vigor por los artículos 9, 25 y 37 del Acta Orgánica de marzo 2 de 1917, c. 145, 39 Stat. 951. Estas disposiciones no difieren sustancialmente de las diversas disposiciones referentes a los poderes de los territorios continentales organizados e incorporados de los Estados Unidos, con respecto a los cuales esta corte dijo en Clinton v. Englebrecht, 13 Wall. 434, 441, que la teoría bajo la cual estos territorios habían sido organizados ‘siempre ha sido la de con-ceder a los habitantes todos los poderes de gobierno propio que fuesen consistentes con la supremacía y la supervisión de la autoridad nacional y con ciertos principios fundamentales establecidos por el Congreso’; y en Hornbuckle v. Toombs, 18 Wall. 648, 655-656, dijimos ‘Los poderes así ejercitados por las legislaturas territoriales son cas’i tan amplios como aquéllos ejercitados por cualquier legis-latura estadual.’ Véase también Cope v. Cope, 137 U. S. 682, 684, donde esta corte, al hablar de esta disposición general típica con-tenida en el Acta Orgánica de Utah, dijo que con las excepciones mencionadas en la propia disposición, ‘el poder de la legislatura territorial era aparentemente tan pleno como el de la legislatura de un Estado.’ En Maynard v. Hill, 125 U. S. 190, 204, fué señalada la similaridad esencial de las diversas disposiciones con respecto a los poderes de legislaturas territoriales, y se dijo que lo que era ‘materia apropiada de legislación’ se determinaría ‘por un examen ■de las materias sobre las cuales las legislaturas ban estado en el hábito de actuar con el consentimiento y aprobación del pueblo que ellas representan.’
“La concesión de poder legislativo con respecto a materias locales, contenido en el artículo 32 del Acta Foraker y continuada en vigor por el artículo 37 del Acta Orgánica de 1917 es tan amplia y com-prensiva como el lenguaje usado pudiese ser capaz de hacerlo. La cuestión primordial que surge de la impugnación a la validez de la ley que estamos considerando es al efecto de si la materia cubierta por la ley es una ‘de un carácter legislativo que no sea localmente inaplicable’. No es necesario argumentar para demostrar que una conspiración con el propósito de restringir el comercio dentro de los límites territoriales de Puerto Rico es claramente una materia local y que ella cae bajo los términos precisos del poder concedido por los artículos 32 y 37 de las leyes respectivas en las cuales se encuentra la concesión. Habiendo sido otorgado el poder sin limitación ex-presa, una conclusión al efecto de que el actual ejercicio del poder está prohibido por la existencia del artículo 3 de la Ley Sherman, debe descansar sobre la asunción de que un estatuto congresional en el que se penaliza cierta conducta local específica y un estatuto de Puerto Rico al mismo efecto no pueden coexistir. Prestando debida atención al status del territorio, al carácter de su gobierno estable-cido, a los términos positivos de la concesión congresional de pode-res y .a la ausencia de conflicto entre ambas leyes, dicha asunción debe ser rechazada.
“2. El propósito de la Ley Foraker y de la Ley Orgánica era el de concederle a Puerto Rico plenos poderes de propia determina-ción local, con una autonomía similar a aquellos estados y de los territorios incorporados. Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U. S. 362, 370; Porto Rico v. Rosaly, supra, pág. 274. El efecto fué el de conferirle al territorio muchos de los atributos de euasi-soberanía disfrutados por los estados, por ejemplo, inmunidad de acciones sin su consentimiento. Porto Rico v. Rosaly, supra. A virtud de estas leyes fué erigida la típica estructura gubernamental americana, consistente de los tres departamentos independientes— legislativo, ejecutivo y judicial. ‘Un cuerpo político’ — una comu-nidad — fué creada. 31 Stat. 79, see. 7, c. 191. El poder de imponer contribuciones, el poder de enactar y ejecutar leyes y otros poderes gubernamentales característicos fueron concedidos. Y en lo que se refiere a materias locales, como ya fiemos demostrado con respecto a territorios continentales, los poderes legislativos fueron conferidos, casi, si no simplemente, tan amplios como los ejercitados por las legislaturas estaduales.
“Esta amplia concesión de poder legislativo fiecfia por el Con-greso reconoce claramente la gran conveniencia de depositar en el gobierno local la responsabilidad de investigar ofensas locales y per-, seguirlas en los tribunales locales. La Corte Suprema insular, en este caso se expresó en términos enfáticos sobre la sabiduría' de tal control local con respecto a la materia cubierta por la ley que estamos considerando. Aunque con evidente repugnancia, echando abajo la ley por ser inválida, dicha corte dijo: ‘El derecho de la legislatura y de las autoridades insulares a perseguir y castigar los monopolios que se cometen dentro de nuestra jurisdicción es realmente inapreciable. Así lo entendió nuestra Asamblea Legis-lativa cuando se permitió legislar sobre la materia. Es ésta una legislación saludable y necesaria que debiera hacerse efectiva a través de los tribunales insulares. Hay que convenir en que El Pueblo de Puerto Rico tiene un interés especial en llevar a los tribunales a los ciudadanos que violen sus propias leyes. Por mucho interés que pueda tener el Gobierno Nacional para perseguir esos delitos, puede darse el caso de que pasen inadvertidos para las auto-ridades federales o que por una circunstancia u otra no se despliegue la misma actividad y el mismo interés que debe esperarse de las autoridades locales.’ ”

No debería ser necesario el presentar argumentos para demostrar que la monopolización de tierras agrícolas dentro de las fronteras de Puerto Rico es también una materia claramente local que cae dentro de los términos precisos de los poderes concedidos por el artículo 32 de la Ley Foraker y por el artículo 37 del Acta Orgánica de marzo 2 de 1917.

La demandada es una corporación autorizada a dedicarse a la agricultura y expresamente restringida por su carta constitutiva al dominio y control de no más de 500 acres de terreno. Ella ha admitido por sus propias alegaciones qne ella es dueña de y controla 12,188 aeres de terreno la mayor parte de los cuales se dedican al cultivo de caña de azúcar. Estamos convencidos que el querellante ha presentado un caso que le da derecho al remedio solicitado en su querella. Nuestra convicción no se debilita en lo más mínimo por ninguna de las dos defensas específicas levantadas por la demandada.

El hecho de que a la corporación demandada también se le autoriza por sus artículos de incorporación a dedicarse a la industria de manufacturar azúcar, no puede librar a dicha corporación de las restricciones impuestas sobre ella por el Acta Orgánica y por sus propios artículos de incorporación (artículo 4, pár. (/), supra), cuando ella se dedica a la agricultura. Los fines y propósitos de la ley no pueden ser tan fácilmente evadidos y derrotados. El sostener tal defensa le haría posible a una corporación, a pesar de las disposiciones del Acta Orgánica y de sus propios artículos de incorporación, el ser dueña de, controlar y monopolizar todos los terrenos de Puerto Rico dedicados al azúcar, mediante la sencilla alegación de que ella se dedica a la manufactura de azúcar como su negocio principal y que necesita todos dichos terrenos para plantar, cultivar y producir toda la caña que necesita para su central, estando ésta equipada para producir más de un millón de toneladas de azúcar.

De mucho menos fuerza es la alegación de que El Pueblo de Puerto Rico está impedido de reclamar actualmente la disolución de la franquicia corporativa de la demandada debido a la aquiescencia del Gobierno y a su tardanza en exigir que cumpliese con la ley. La infracción continuada del estatuto prohibitorio durante cierto número de años no puede ser invocada por el infractor como base o fuente de su supuesto derecho a continuar ad perpetuam en el dominio y control de terrenos en exceso de la cantidad permitida por el estatuto. El permitir tales alegaciones, le haría posible al dueño de una casa de juegos o de una casa de prostitución el alegar inmunidad de persecución y el disfrutar del derecho de continuar en tal negocio ilegal al probar su operación durante determinado número de años sin haber mediado intervención alguna de las autoridades policiacas.

El peso arrollador de las autoridades favorece la propo-sición que un estatuto no puede ser derogado por no uso a menos que a tal no uso se acompañe la aprobación de esta-tutos irreconciliables o el establecimiento de una política legislativa opuesta o a menos que las circunstancias hayan variado de tal manera que el objeto del estatuto haya des-aparecido o su razón de existir haya cesado. 39 Cyc. pág. 1085, párr. F; 59 C. J. see 532, pág. 928; Pearson v. International Distillery et al., 34 N. W. (Iowa) 1, confirmado en 128 U. S. 1. En Gulf Refining Co. v. City of Dallas, 10 S. W. (2d) 151, 158, se dijo:

“.A juicio nuestro la doctrina de ‘ley obsoleta’, tal como es aplicada en varias ocasiones al derecho común, nunca ha sido recono-cida por ninguna de las cortes de este país como aplicable a una disposición legislativa ni, ciertamente, a una disposición constitu-cional. ’ ’

En Interstate Forwarding Co. v. Vineyard, 3 S. W. (2d) 947, 957, la alegación de “no uso” fue desestimada usando la Corte de Apelaciones Civiles de Texas el siguiente len-guaje :

“.... En su último análisis, la posición del apelante es que si a un funcionario a quien se le ha impuesto el deber de hacer efectiva determinada ley deja de hacerla efectiva contra todas las personas obligadas a observar sus disposiciones, el funcionario de esa manera ha suspendido la ley. No podemos estar conformes con dicha posi-ción. Descansa tanto el deber sobre el ciudadano para observar los mandatos claros de la ley como descansa sobre el funcionario encar-gado de hacer efectivos sus términos y disposiciones, la obligación de desempeñar tal deber y la validez de un estatuto no puede ser menoscabada de esa manera y solamente se puede intervenir con su ejecución. En otras palabras, la ley permanece en toda su fuerza y vigor aunque, por decirlo así, en un estado latente debido a su no ejecución. Esto es consistente con las siguientes reglas de inter-pretación estatutaria: ’ ’

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en Chicago, etc. R. R. Co. v. Iowa, 94 U. S. 155, 162, dijo:

“Carece de importancia el becbo de que el poder de reglamenta-ción qne estamos abora considerando no fué ejercitado por más de 20 años después que esta compañía fué organizada. Un poder guber-namental que existe en la actualidad no se pierde a través del no uso. Un buen gobierno nunca ejerce sus poderes extraordinarios excepto bajo circunstancias que así lo requieran.”

Y en Louisville & N. R. Co. v. U. S., 282 U. S. 740, 759, la misma corte dij o:

“La práctica continuada por largo espacio de tiempo y la apro-bación de autoridades administrativas pueden ser persuasivas en la interpretación de disposiciones dudosas de un estatuto, pero no pueden alterar disposiciones que son. claras y explícitas al referirse a los becbos del caso. El dejar de hacer efectiva una ley no la altera. La buena fe de los porteadores en • las transacciones del pasado puede ser incuestionable pero ello no justifica la continuación de la práctica.” (Itálicas nuestras.)

Véase: Standard Oil Co. v. Fitzgerald, 86 F. (2d) 799; State v. Burr, 84 So. 61, 74; State v. Meek, 67 P. 76; State v. Nease, 80 P. 897; y Parker v. Board of Dental Examiners, 14 P. (2d) 67, en el qne se resolvió:

“.... La acción retardada de parte de aquéllos que están encar-gados de bacer efectivas las leyes no puede tener el efecto de anular la ley. Puede ser considerado por la corte como una razón para mitigar la pena, pero el departamento judicial no está obligado absolutamente a considerarlo.”

Es cierto qne El Pneblo de Pnerto Rico hasta ahora no había tomado ningnna acción directa y positiva para hacer efectivas las limitaciones de la .Resolución Conjunta de marzo 1,1900. Pero también es cierto qne las disposiciones de dicha Resolución Conjunta fueron promulgadas de nuevo y hechas parte de la Ley Orgánica de 1917, cuya acción es, a nuestro juicio, una expresión clara de la voluntad del Congreso de continuar en efecto y de mantener viva la política legislativa que disponía una limitación de la tenencia de tierras por corporaciones que se dedicasen a la agricultura en Puerto Eico. Nuestra atención no se lia llamado a la aprobación, ya sea por el Congreso o por la Legislatura local, de estatuto alguno que establezca una política legislativa distinta e irre-conciliable. Por el contrario, la intención y propósito claro y evidente de las leyes números 33, 44 y 47 de 1935, supra, fueron el de establecer los medios procesales para hacer efec-tivas las restricciones sobre la tenencia de tierras y esta Corte Suprema en todas sus decisiones, dictadas en recursos gubernativos contra las negativas de un registrador a ins-cribir escrituras de compra en favor de corporaciones, que envolvían más de 500 acres de terrenos, resolvió consistente-mente que no era una de las funciones de los registradores al pasar sobre la validez de tales adquisiciones, sugiriendo mientras tanto que el remedio apropiado debería ser el de una acción directa y positiva por el Estado en contra de la corporación infractora, con el objeto de poner a prueba su derecho a tener tales terrenos en violación del estatuto y con el objeto de cancelar su carta constitutiva.

Por las razones que anteceden es nuestra opinión que debe dictarse sentencia en favor del querellante y en contra de la demandada en este caso, con los siguientes pronuncia-mientos :

1. Declarando y resolviendo que la corporación deman-dada, Eubert Hermanos, Inc., está dedicada a la agricultura y es culpable de poseer como dueña y controlar 12,188 acres de tierra en violación de las disposiciones de la Eesolución Conjunta núm. 23 del Congreso de los Estados Unidos (31 Statutes at Large 716, U.S.C.A., Título 48, sec. 752), de la sección 39 de la Ley Orgánica de Puerto Eico y de sus propias cláusulas de incorporación, por todas las cuales disposiciones dicha corporación demandada está expresa-mente limitada y restringida a la posesión y control de tierras que no excedan de 500 acres.

2. Ordenando y decretando la caducidad y cancelación de la licencia de la corporación demandada y de sus cláusulas de incorporación.; y ordenando y decretando además la in-mediata disolución de dicha corporación y la liquidación de :sus negocios.

3. Imponiendo a la corporación demandada el pago de las 'Costas y desembolsos de este procedimiento, incluyendo la suma de $2,000 como honorarios de abogado.

1 4. Sentenciando a dicha demandada al pago de una multa

en la suma de solamente tres mil dólares, dicha suma ha-biendo sido fijada tomando en consideración la tardanza de parte del querellante en instituir estos procedimientos.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con muchas partes de la opinión y con el primer pronunciamiento de la sentencia. En cuanto a algunos de los otros pronuncia-mientos tiene algunas dudas sobre el poder de la corte, que quizás puedan disiparse después de un estudio más detenido, dudando también de que aun teniendo la corte el poder, deba ejercitarlo en la forma en que lo ha hecho, reservándose expresar con mayor amplitud su criterio.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no tomó parte en la de-cisión de este caso.