author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Suárez, Demandante y Apelante, v. Suárez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre nulidad de cesión de derechos y acciones.
    No. 2261.
    Resuelto en enero 14, 1921.
    Demanda — Capacidad para Demandar. — Es errónea una sentencia que declara sin lugar por falta de personalidad de la aetora una demanda en que ésta pide la nulidad del traspaso fraudulento que hiciera su apoderado del derecho hereditario de -la demandante sobre bienes relictos al fallecimiento de un hermano suyo, alegándose como se alegó en la demanda que las tres cuartas partes de dichos bienes fueron heredados por el padre de éste, de • quien a su vez es heredera la demandante.
    Id. — Causa de Acción. — Aduce heehos suficientes para constituir causa de aeeión una demanda entablada para pedir la nulidad de. cierta escritura de cesión de derechos otorgada por medio de apoderado en la que se alega que éste, contraviniendo la voluntad expresa de la demandante y cuando ésta le había notificado ya por carta la revocación del poder, maliciosamente y en fraude de sus intereses traspasó cuantos derechos a ella correspondían en la heren-cia de su dicho hermano a * * * que "en dicho contrato no medió precio * * * ” y que "el cesionario o comprador indicado es persona que carece de recursos para hacer una operación como la concertada, y sabía, al figurar como adquirente, el fin con que dicha enajenación se hacía, que no era otro, que perjudicar a la demandante en sus legítimos derechos, im-posibilitando toda reclamación de su parte.”
    Los tedios están expresados en' la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. L. Méndez Vas y J. B. F.. Savage.

    Abogados del demandado-apelado Marcial Snárez: Sres. G. Goll y Cuchí y G. Cruzado Silva.

    Abogado del demandado-apelado José Rodríguez: Sr C. García de la Noceda.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Entablada demanda por Aurora Snárez y Suárez contra Marcial Snárez y Snárez y José Rodríguez y Alvarez en solicitud de la nulidad de cierta cesión de derechos y accio-nes, los demandados alegaron que dicba demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, ale-gando además el demandado Suárez, en una moción solici-tando la desestimación de la demanda, que la demandante carecía de capacidad para demandar. La corte de distrito tomó bajo su consideración el caso y lo decidió por sentencia de 7 de mayo de 1920 desestimando la demanda. Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

En la opinión emitida para fundamentar su sentencia, la corte de distrito se expresó así:

“Por medio de esta demanda se pretende la nulidad de una es critura de cesión de herencia otorgada por don Marcial Suárez y Suárez en su carácter de apoderado de la demandante a favor de don José Rodríguez Alvarez, ante el notario Carlos García de la Noceda en 14 de agosto de 1918.
“Los bienes que han sido objeto de esta transacción, según la demanda, pertenecen a don Cándido Suárez y Suárez, hermano de la demandante, y se relaciona en la demanda que el carácter de heredera de dicha demandante proviene del fallecimiento de don Juan Suárez Rodríguez ocurrido en España en 2 de junio de 1902, quien ya antes, por consiguiente, había heredado a su hijo don Cán-dido Suárez y Suárez, que falleció en esta isla el día 10 de agosto de 1901, sin haber otorgado disposición. testamentaria.
“Es evidente que dicha Aurora Suárez y Suárez, no tiene per-sonalidad para litigar con' el carácter de heredera de su hermano don Cándido, porque ella no es realmente heredera de su dicho her-mano, y por consiguiente no tiene derecho a intervenir en las con-trataciones que con motivo de dichos bienes hayan sido realizadas por don Marcial Suárez o per cualquiera otra persona, en su nombre y representación.
“Los equivocados conceptos en que don Marcial Suárez haya llevado a cabo esas transacciones, no crean ni otorgan a la deman-dante carácter de heredera de su hermano Cándido ni le dan per-sonalidad para litigar con relación a esos bienes.
“En el caso de Pas Alvares Suárez v. Bossy, Juez de Distrito de San J%ian, se mantuvo esta doctrina nuestra que ya habíamos establecido en aquel caso.
“La Corte Suprema se expresó así:
“ ‘La peticionaria está claramente en un error si quiere darnos a entender que los hermanos de Cándido Suárez debieron ser inclui-dos entre sus herederos. Habiéndole sobrevivido su padre y al-gunos hijos naturales los hermanos son parientes colaterales sin de-recho a ser considerados como herederos. El hecho positivo es que estos hermanos, que son algunos en numero, son todos herederos de su padre que a su vez era heredero de su hijo Cándido Suárez.’
“Esto mismo decimos nosotros ahora: Mientras las partes inte-resadas en estas contiendas como actores, no abandonen el pensa-miento de creerse herederos de don Cándido Suárez y Suárez y de-sistan de su propósito de intervenir en las transacciones relacionadas con la herencia de dicho finado, no podrán alcanzar el éxito que aspiran en sus gestiones.
“Ellas son las herederas de don Juan Suárez y Rodríguez y en tal concepto deben actuar en estos procedimientos.”

Hemos examinado la demanda y a nuestro juicio de ella resulta que la demandante no reclama derechos como here-dera de su hermano Cándido Suárez y Suárez, sino como heredera de su padre Juan Suárez y Rodríguez. Es cierto que los bienes de que se trata en el pleito proceden de la herencia de Cándido Suárez, hermano de la demandante, pero en la demanda se expresa con toda claridad que las tres cuartas partes de dichos bienes pasaron a Juan Suárez, padre de Cándido, a la muerte de éste, y que muerto luego de heredar el padre, pasaron dichos bienes a sus hijos, uno de los cuales es la demandante. Siendo esto así, caen por su base los fundamentos que tuvo la corte de distrito para desestimar la demanda.

• Se sostiene además en los alegatos de los ahogados de los demandados que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción porque de ella misma resulta que el demandado Suárez al vender al otro demandado Rodrí-guez los derechos y acciones de la demandante, actuó como apoderado de ésta, no habiéndose revocado el poder sino des-pués de la cesión.

La cesión cuya nulidad se pide se llevó a efecto el 14 de agosto de 1918. En la demanda se alega que el poder que la demandante había otorgado al demandado Suárez “estuvo en vigor hasta los primeros meses del año 1918, en cuya fecha la demandante comunicó por carta a don Marcial Suárez que deseaba no continuase en el ejercicio de tal poder, revocación que hizo en forma legal, en 24 de agosto de 1918, ante el no-tario de la Habana don Juan Antonio Lliteras, cuya revo-cación fué notificada al apoderado en esta ciudad, el doce (12) de diciembre de dicho año, por el notario de esta capital don Antonio Trujillo.”

Si esa fuera la -única alegación contenida en la demanda con respecto a tal extremo, tendrían tal vez razón los de-mandados, pero en la demanda se alega además que Snárez “contraviniendo la voluntad expresa de la demandante y cuando ésta le había notificado ya por carta la revocación del poder, maliciosamente y en fraude de sus intereses, tras-pasó cuantos derechos y acciones a ella correspondían en la herencia de su dicho hermano, a don José Rodríguez Alvarez, * * *} ” que ‘ ‘ en dicho contrato no medió precio alguno * * # ” y que “el cesionario o comprador indicado es persona que carece de recursos para hacer una operación como la concertada, y sabía, al figurar como adquirente, el fin con que dicha enajenación se hacía, que no era otro, que perju-dicar a la demandante en sus legítimos derechos, imposibi-litando toda reclamación de su parte.”

La sentencia se dictó sobre las alegaciones. Todo lo ale-gado en la demanda debe en tal virtud aceptarse como cierto. Y si es cierto que el demandado Suárez había sido ya noti-ficado por carta que se le revocaba el poder y el otro de-mandado Rodríguez sabía que se trataba de una transacción fraudulenta, claro es que lo actuado por ambos en contra de los intereses de la demandante está viciado de nulidad.

La expresión usada por la demandante en uno de los pasajes de la demanda que dejamos transcrito, a saber: “traspasó cuantos derechos y acciones a ella correspondían en la herencia de su dicho hermano” fué lo que dió origen seguramente a la conclusión a que llegó la corte sentencia-dora de que la demandante reclamaba como heredera de su hermano, y no siendo tal heredera, que no tenía persona-lidad, o más propiamente, que carecía de acción. Volvemos a decir que leída toda la demanda se concluye que la deman-dante reclama como heredera de su padre y no de su her-mano. Lo que sucede es que Cándido Suárez falleció en esta Isla en 1901, que sus bienes estaban situados aquí y que su padre residía en España. Parece que no se hizo división algnna entre el padre y los hijos naturales de Cándido, siendo la herencia administrada por el demandado Marcial Suárez. Al año siguiente, 1902, falleció el padre y Marcial continuó ádministrando los bienes y los herederos del padre continua-ron residiendo fuera de la Isla y así se hablaba siempre de la-herencia de Cándido porque esa era en verdad la realidad de las cosas.

La sentencia apelada debe revocarse y el caso devolverse a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

jRevocada la sentencia a/pelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Wole,

license: Public Domain

text:
    Carrasquillo, Demandante y Apelada, v. Bertrán et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios. Moción para agregar a los autos.
    No. 2301.
    Resuelto en enero 14, 1921.
    Corrección de Autos — Transcripción.—Un affidavit rendido por los árbitros, que jamás fué sometido a la corte inferior para su aprobación o para que dictara cualquier resolución, no puede ser incorporado a la transcripción des-pués de radicada en esta Corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. F. Gomales y C. Tra-vecier.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Gervony Gély y R. López Antongiorgi. El Sr. G. Jiménez compareció en el acto de la vista.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una solicitud para agregar un affidavit a la trans-cripción de autos. Según podemos entender, los apelantes en sn alegato impugnaron la acción adoptada por algunos árbitros y alegaron que no' debía ser tomada en consideración. Este alegado affidavit muestra por su faz ser un juramento de los árbitros respecto a las razones por las cuales ellos no tomaron acción, inculpando aparentemente a los apelan-tes. La apelada admite que dicbo affidavit fué radicado en la Corte de Distrito de Humacao después que la transcrip-ción de autos en este caso había sido presentada a esta corte. Alega, en resumen, la apelada, que o debía permitirse a ella radicar el affidavit en esta corte, o de otro modo no debié-ramos tomar en consideración la impugnación hecha por los apelantes a la actuación de los árbitros. Por supuesto, que en este sentido es prematuro para nosotros tomar ninguna acción con respecto a los alegatos o a los autos antes'de que el caso sea oído sobre sus méritos. Con respecto a la mo-ción para agregar un affidavit a los autos, la cual fué radi-cada en la corte de distrito después que la transcripción ha-bía sido recibida en esta corte, esto está claramente fuera de nuestras facultades.

Ni el affidavit ni aparentemente nada de su contenido ja-más fueron sometidos en esta apelación a la corte de dis-trito para su aprobación o para que dictara cualquier reso-lución.

La moción para agregar el affidavit debe ser denegada.

Denegada la corrección de autos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y. Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison. •


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Solá, Tercerista-Apelante, v. Alejandro, Ejecutante, y Sucesión de Luther R. Bostick, Ejecutada-Apelada. Rojas, Tercerista-Apelante, v. Alejandro, Ejecutante, y Sucesión de Luther R. Bostick, Ejecutada-Apelada.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Huma-cao en pleitos sobre tercería de bienes muebles.
    Nos. 2375 y 2376.
    Resueltos en enero 14, 1921.
    Apelación — Escrito de Apelación — Notificación—Residencia.—-La alegación de que por mucho tiempo antes de la celebración del juicio la apelada tenía, su residencia en Curabo no niega el caso prima fame de que dicha apelada, se encontraba viviendo en Caguas al tratarse de notificarle el escrito de ape-lación.
    Id. — Id.—Cuando un apelante tiene veinte días o menos dentro de los cuales de-berá notificar una apelación y la apelada inteneionalmente hace que sea imposible para el apelante el poderla encontrar, quaere: Si no está ella im-pedida de poder negar su residencia en el sitio donde trató de ocultarse.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del tercerista-apelante: Sr. J. Vendrett.

    Abogados de la ejecutante y de la sucesión apelada: Sres. V. F. Rodrigues y J. Martines Favila.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En cada uno de estos casos se lia presentado una moción para que la apelación sea desestimada, idénticamente por las mismas razones, y fundada snstancialmente en los mismos affidavits. Siendo necesario notificar a la madre del menor, verdadera parte interesada en el pleito, de la apelación in-terpuesta en este caso, la apelada sostiene que el escrito de apelación fue indebidamente notificado, puesto que la noti-ficación por correo fue enviada en Caguas y no a Gnrabo, donde vivía la madre.

Aparece prima facie de los affidavits de notificación qué la madre vivía en Caguas y que el apelante no sabía su actual dirección local. La declaración jurada (affidavit) dé la madre para sostener la moción de desestimación es como signe:

"Yo Juana Alejandro Morales, juro solemnemente:
“Que soy la madre y única representante legal de Abigail Bos-tick Alejandro, demandada en este caso;
“Que no be sido declarada rebelde en esta acción;
“Que desde mucbo tiempo antes de la celebración del juicio de tercería de este asunto, tenía mi domicilio, y públicamente conocido en el pueblo de Gurabo;
“Que entre la ciudad de Caguas y el pueblo de Gurabo, punto de mi residencia, existe un servicio regular de correos;
“Que desde la celebración del juicio basta el día de boy no be recibido notificación alguna del demandante en que se haya no-tificado la apelación que dicen baber interpuesto contra la sentencia, no obstante las facilidades 'que para ello existen entre esta ciudad y' Gurabo. ’ ’

El otro affidavit era de cierta persona llamada Gonzalo López a quien le preguntó el encargado por el apelante para hacer la notificación, si Juana Alejandro, o sea la referida madre vivía en la casa de dicho Gonzalo López, quien con-testó al interrogante que en esa fecha ella tenía su domicilio conocido en el pueblo de Gurabo en la casa de una hermana de ella.

El apelante en contestación a los affidavits de la apelada presentó varios affidavits suyos. Aparece suficientemente de estos affidavits que en la fecha en que el encargado de hacer la notificación trató de notificar a Juana Alejandro, ella real-mente permanecía oculta dentro de un ropero en la casa de dicho Gonzalo López, y no podía encontrársele. Aparece del affidavit del abogado del apelante que cuando él trató personalmente de ver a la susodicha madre de la menor hubo cierto movimiento en la casa cuando él se acercaba a ésta, pero que no encontró a dicha Juana Alejandro, por estar en Oaguas la casa de Gonzalo López, a cuyo pueblo fué en-viada la notificación por correo. También aparecía suficien-temente de los affidavits, que tan pronto el término fijado por la ley para notificar a dicha Juana Alejandro había ven-cido, se le vió a ella andar libremente por las calles de Ca-guas donde el declarante jura que tenía entonces su resi-dencia. Los affidavits tienden a demostrar que la indicada Juana Alejandro tanto antes como hasta la fecha en que se hicieron las tentativas para notificarla y también cuando se puso en el correo la notificación, tenía su residencia en Caguas.

Estamos dispuestos a dar crédito a los affidavits del ape-lante, siendo esta la primera razón que tenemos para de-clarar sin lugar la moción de desestimación presentada. en este caso.

Además, se probó un caso prima facie del que aparecía que Juana Alejandro vivía en Caguas. El único Qontva-affi-davit es el presentado por la misma Juana Alejandro, pues Gonzalo López solamente manifestó que' él había dicho al abogado del apelante que Juana Alejandro vivía en Gurabo. El referido affidavit de la propia Juana Alejandro, por lo menos es ambiguo. No expresa distintamente como debiera que en la fecha en que fué enviada por correo esta notifi-cación ella vivía en Gurabo, sino solamente que desde mucho tiempo antes de la celebración del juicio en este caso se •encontraba vivienda en Gurabo. Non constat, debido a la ambigüedad, que Juana Alejandro haya estado viviendo en Caguas en fecha inmediatamente anterior a este pleito, pues mientras las palabras “desde mucho tiempo antes de lá cele-bración, ’ ’ frecuentemente quieren decir por mucho ■ tiempo antes de la celebración y hasta la fecha de la misma, pue-den también significar un período anterior a dicha celebra-ción, dejando un espacio de tiempo intermediario. Si en realidad de verdad Juana Alejandro había estado viviendo en Caguas en la fecha de la celebración del juicio y por poco tiempo antes, ninguna corte y ciertamente ningún jurado la declararía culpable de perjurio si se demostrara como hecho positivo que vivía en Caguas poco tiempo antes del juicio y por un número considerable de días después. No hubo sin embargo, ningún juramento por su parte de que fuera residente de Gurabo en la fecha en que trató de hacérsele la notificación del escrito de apelación.

Dudamos también, aunque no lo resolvemos directamente, que cuando una persona trata de eludir el servicio de noti-ficación y procura que otras personas nieguen su presencia en una casa valiéndose de ellas para que le ayuden a ocul-tarse en dicha casa, si tal persona está o no impedida de poder negar su residencia en el lugar donde trató de escon-derse y permaneció oculta. Véase en cuanto a esto los casos Widow of Vinot v. Celeste Bertrand, 6 La. Ann. 474; Moyle v. Landers, 78 Cal. 106; American National Ins. Co. v. Rodríguez, 145 S. W. 654. El caso Smythe v. Boswell, 20 N. E. 263, es también interesante por mostrar las facultades de la corte cuando el fraude del apelado impedía que se perfec-cionara la apelación.

Cuando un apelante tiene veinte días o menos dentro de los cuales lia de notificar una apelación y el apelado inten-cionalmente hace que el apelante no pueda encontrarla, no exigiendo la ley imposibilidades, el principio de impedimento {estoppel) que liemos sugerido quedaría robustecido.

Las mociones en cada uno de estos casos deben ser de-claradas sin lugar.

Negada la desestimación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rojas, Apelante, v. Alejandro, Ejecutante y Sucesión Bostick, Ejecutada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre tercería de bienes muebles.
    No. 2375.
    Resuelto en enero 14, 1921,
    por los fundamentos de caso No. 2376, Sola y. Alejandro, de enero 14, 1921.
   Sin lugar la moción sobre desestimación del recurso.

, Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison. -


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por seducción.
    No. 1553.
    Resuelto en enero 14, 1921.
    SeduccióN- — Prueba de Soltería de la Seducida. — En un caso de seducción bajo promesa de matrimonio El Pueblo de Puerto Rico tiene la obligación de probar que la seducida era soltera al tiempo de cometerse el delito.
    Id. — Promesa de Matrimonio — Prueba de Corroboración. — La declaración del padre y la madre de la sedueida, ereditiva de que después de la seducción el acusado les prometió que se casaría con aquélla, no constituye suficiente co-rroboración de la prueba de promesa de matrimonio que exigen la ley y la jurisprudencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    ' Abogado del apelante: Sr. P. Fajardo Martines.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante f-ué declarado culpable del delito de seducción bajo promesa de matrimonio y entre los errores señalados en su alegato existen dos que requieren la revocación de la sentencia por lo que será innecesario considerar los otros.

La primera actuación de la corte que tomamos en consi-deración es que la corte inferior cometió error al instruir al jurado que El Pueblo de Puerto Rico no estaba obligado •a probar que la denunciante era soltera. Tenemos que con-fesar que la corte de distrito estuvo justificada por la juris-prudencia de esta corte al adoptar tal resolución. El Pueblo v. Martínes, 13 D. P. R. 248, fué un caso en el cual esta corte resolvió que existía la presunción de que toda mujer nacía soltera y que la ley presumía que una vez establecido ese estado continuaba hasta que fuese cambiado. La corte sin embargo, también resolvió que la prueba mostraba que la joven era soltera y que el caso tendría que ser confirmado aún cuando la presunción no prevaleciera. En ese caso la joven tenía 17 años de edad.

La regla general de derecho es que todos y cada uno de los elementos de nn delito deben ser probados, pero ' aún cuando nos imaginemos casos en los cuales el peso' de la prueba fuera de la incumbencia del acusado, sin embargo la jurisprudencia es clara en el sentido de que en un caso de seducción el becbo de que la mujer es soltera deberá ser probado. People v. Krusick, 28 Pac. Rep. 794, fué un caso en el cual la corte instruyó debidamente al jurado, pero la corte de apelación resolvió' que la sentencia debía ser revo-cada porque no bubo prueba de que la denunciante era. sol-tera. La corte pasa entonces a decir que—

“El hecho de que algunos de los testigos en sus declaraciones al referirse a ella la llamaran, muchacha, joven, señorita, no sumi-nistra prueba alguna de este hecho, (de que no fuera casada.)”

Tales manifestaciones dice la corte, no eran otra cosa que opiniones de los testigos dadas sin llamárseles su aten-ción directamente a este punto en 'discusión (issue) y no hubieran sido admisibles como prueba directa para estable-cerlo, y cita la corte otras autoridades.

En el tomo 3'5 Cyc. página 1345 se dice:

“No se presumirá que la mujer era soltera, sino que el gobierno tiene la obligación de probar ese hecho y hacerlo mediante prueba directa.”'

Yéase también el caso de People v. Weinstock, 140 N. Y. Suppl. 453.

En el caso de State v. Norman, 140 N. W. 815 se resolvió que la prueba era suficiente si los hechos y las circunstan-cias lógicamente sostienen la suposición de soltería, demos-trando también en orden a las dudas que hemos tenido, que era necesario probar por lo menos la soltería. A virtud de todo lo expuesto, no podemos regirnos por el caso de El Pueblo v. Martínes, supra. Como la cuestión es enteramente sencilla, la prueba de soltería deberá siempre presentarse.

El otro, error alegado en este caso por el cual se hace necesario revocar la sentencia es que no hubo- prueba corro-llorante de la denunciante de que fuera seducida bajo pro-mesa de matrimonio. Hnbp prneba corroborante de la se-ducción, pero no bnbo ninguna en cnanto a la promesa de matrimonio. A lo sumo, lo más que bay en este caso era la prueba suministrada por el padre y la madre de la joven de que después del acto carnal el acusado les prometió que se casaría con su bija. Sin embargo, la manifestación en cuanto a cualquier promesa anterior becba por el acusado queda enteramente sin corroborar y bemos resuelto que la corroboración de la promesa de matrimonio es tan necesaria como la de la seducción misma. El Pueblo v. Rosario, 25 D. P. R. 725.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Del Toro, Demandante y Apelado, v. The Juncos Central Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito.de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio.
    No. 2349.
    Resuelto en enero 18, 1921.
    Desahucio — Indemnización de Daños y Perjuicios. — El hecho de que el con-trato de arrendamiento de que se trata expresara que “la falta de cumpli-miento de uno de los contratantes a cualquiera de las condiciones estipuladas dará derecho al otro a la indemnización de los daños y perjuicios que se le irrogen, ” no excluye el derecho del arrendador a establecer la aeción de desahucio cuando proceda. Ambos recursos, el de desahucio y el de daños y perjuicios, pueden a la vez subsistir.
    Id. — Pecha del Pago de Cánones — Cánones Aceptados Fuera, de 'Tiempo. — Un contrato de arrendamiento no queda modificado para el futuro en lo que respecta a la fecha del pago fijada en el mismo, por el hecho de que el arrendador acepte el pago correspondiente a alguno de los plazos después de vencido el término, sobre todo cuando el arrendador protesta de tal irregularidad.
    Id. — Id.—-Renuncia del Derecho al Desahucio. — Cuando el arrendador acepta el págo del canon de arrendamiento correspondiente a un plazo, después de de vencido el término fijado en el contrato, aunque llaga tal aceptación bajo protesta, renuncia su derecho a desahuciar al arrendatario por falta de pago del canon correspondiente a dicho plazo.
    Id. — Eenuncia de Derechos. — Aún cuando se prescriba en el contrato que el arrendatario remitirá al arrendador el precio del canon en sobre certificado, si el arrendatario envía dicho precio en carta sin certificar y el arrendador lo acepta y percibe, renuncia con ello a cualquier derecho que pudiera tener por aquella violación del contrato.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. G. Goll Cuchí.

    Abogado del apelado: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión -del tribunal.

Se trata de nn pleito de desahucio. La demanda fné de-clarada con lugar y la parte demandada interpuso el pre-sente recurso de apelación. ' ■.

De las alegaciones y de las- pruebas resulta que el de-mandante Fernando del Toro es dueño de tres fincas rústi-cas que arrendó a.la demandada The Juncos Central Company, por término de diez años y canon anual de seis mil dólares, pagadero por semestres vencidos, debiendo enviarse su importe directamente al domicilio del arrendador, Madrid, España, en carta certificada, por uno de los vapores correos que salieran del puerto de San Juan, P. B.., para Europa, dentro de los quince días siguientes a cada vencimiento. El contrato comenzó el 1 de marzo de 1911.

El canon correspondiente al 1 de marzo de 1920 no fué remitido por la demandada al demandante hasta el 26 de .-abril siguiente, esto es, después de vencido el término fijado ■en el contrato. El demandante recibió dicho canon en su domicilio en sobre no certificado, lo cobró haciendo constar que se reservaba los derechos que'tenía contra la demandada a virtud del contrato y luego entabló la demanda origen de este pleito solicitando que la demandada fuera desalojada de las fincas de que se trata por falta de pago del arren-damiento en la forma y tiempo convenidos.

Se sostuvo por la demandada que a virtud de las actua-ciones de las partes, el- contrato había sido modificado en lo que respecta al tiempo en que debía verificarse el pago y se demostró que en varias ocasiones el pago se había hecho por la demandada y aceptado por el' demandante mucho después de vencido el plazo fijado en el contrato así: el de la primera quincena de marzo de 1912, el 19 de dicho mes; el de la primera quincena de marzo de 1913, en mayo 20; el de la primera quincena de marzo de 1917, en abril 7. Otros casos más de dilación se demostraron, pero consta de los autos que el demandante siempre protestó de ello.

Se sostuvo también por la parte demandada que conte-niendo como contiene el contrato de arrendamiento una cláu-sula que dice que “la falta de cumplimiento de uno de los contratantes a cualquiera de las condiciones estipuladas, dará derecho al otro a la indemnización de los daños y perjuicios que se le irroguen,” tal cláusula constituía suficiente garan-tía para los derechos del demandante. Y en relación con esto se probó que en cierta ocasión en que el demandante no recibió a tiempo el precio del arriendo, no inició una acción de desahucio sino un pleito en cobro de pesos.

1. Comenzando nuestro estudio por esta última cuestión, diremos que no tiene razón la apelante porque ambos recur-sos, el de desahucio y el de daños y perjuicios, pueden a la vez, subsistir. Así lo resolvió .el Tribunal Supremo de Es-paña en sentencia de 27 de marzo de 1900 que aunque no es obligatoria para este Tribunal Supremo de Puerto Rico, es convincente por la fuerza y verdad de sus razonamientos—

“Considerando,” dice el tribunal, que “aceptado como hecho indiscutible el de haber don Santiago Aranda G-arcía infringido la condición estipulada en el contrato, relativa al modo de laborear las tierras que de la propiedad de don Francisco de Paula Espinosa tiene en arrendamiento, la sentencia que declara haber lugar al desahucio aplica bien y debidamente el número tercero del artículo 1569 del Código Civil, citado en el primer motivo del recurso, por cuanto a la facultad que concede la ley al arrendador para desahu-ciar en el caso referido, no obsta en modo alguno lo convenido en la cláusula 11 a del contrato de arrendamiento, convenio, que de-biendo cumplirse según el sentido literal de su expresión, por ser claros los términos, en conformidad a los artículos 1091 y 1281 del mismo código, — los cuales, así como el 1278, rectamente entendió la sala, — de modo manifiesto, concede además al dueño una facultad que no excluye la acción de desahucio, antes bien podría hasta ser-virle de complemento;” 89 Jurisprudencia Civil, 417.

2. En cuanto a la modificación de la cláusula del contrato relativa a la fecha del pago, diremos que si bien a los efec-tos de penetrar en la justicia de este caso, la repetida dila-ción en los pagos y la actitud del demandante tienen su im-portancia, sin embargo, tal importancia no es decisiva por-que aún cuando el demandante aceptaba, es lo cierto que siempre protestaba, dejando con ello solucionado cada caso actual pero en toda su fuerza y vigor para el futuro el contrato.

3. Abora bien, de las alegaciones y de las pruebas surge un hecho que nos lleva necesariamente a la revocación de la sentencia apelada, a saber: que el demandante aceptó y recibió el importe del arrendamiento del semestre de que se trata antes de iniciar la acción de desahucio, y así, cuando estableció su demanda ya el pago estaba hecho en realidad de verdad.

Manresa, en el tomo sexto, página 14, de sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, condensa la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España sobre la materia, así:

“El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 30 de junio de 1883, que ‘si bien las leyes autorizan al desahucio de los arrendatarios por la falta del pago del precio convenido en los pla-zos estipulados, en ninguna de ellas se previene, ni se pactó en el contrato de arrendamiento de que se trata, que sea ineficaz el pago para dicho efecto, si no se realiza en el mismo día del vencimiento, antes bien, es conforme a justicia y a la letra y espíritu de dichas leyes, que no procede el desahucio por la falta de pago después de becbo éste espontáneamente por el arrendatario y de- recibido el precio por el arrendador, pnes de otro modo se fundaría la demanda en una causa falsa.’ Según esta sana doctrina, aunque baya ven-cido el plazo, no puede prosperar la demanda de desahucio, si se interpone después de verificado el pago o de baber consignado judi-cialmente el precio del arrendatario, como sucedió en los casos a que se refieren dicha sentencia y la de 20 de febrero de 1890. T por otra de 25 de junio de 1891, se estimó procedente el desahucio, por haberse consignado el precio después de presentada la demanda.”

Y ese mismo criterio guió, en sus decisiones, a las cortes de Inglaterra y de los Estados Unidos.

Walter Shirley Shirley, en su obra titulada “A Selection of Leading Cases in the Common Law,” página 104, dice:

“Las cortes se inclinan en contra de la rescisión de los arren-damientos, y, por lo tanto, echan mano ansiosamente de cualquier acto positivo del arredador del cual pueda inferirse que eligió pasar por alto la violación de lo convenido y continuar el arrendamiento. El más satisfactorio de los actos que envuelven una renuncia a la rescisión es, ‘la aceptación de cánones devengados después de la causa rescisoria,’ y si tales cánones son aceptados, no importa que el arrendador los recibiera bajo protesta y manifestara que no in-tentaba renunciar a la rescisión.”

Y resumiendo Cyc. la jurisprudencia de las cortes ame-ricanas, expresa lo que sigue:

“La aceptación por un arrendador de cánones devengados des-pués de la violación de una de las condiciones contenidas en el con-trato de arrendamiento, constituye una renuncia del derecho a de-mandar en rescisión del arrendamiento y a reocupar la propiedad por razón de tal violación, siempre que la aceptación ■ se haga con conocimiento pleno por parte del arrendador del hecho de la vio-lación y de todas las circunstancias del mismo.” 24 Oye. 1361-2.

4. Se insistió por el ahogado del demandante en el acto de la vista del recurso en que en este caso concreto el con-trato escrito celebrado era tan terminante, que la falta de Cumplimiento de cualquiera de sus estipulaciones sostenía su alegado derecho a la rescisión y al desahucio, y que aquí estaba admitida la violación de dos estipulaciones a saber: la relativa al envío del giro en sobre certificado y la que bacía referencia al pago puntual del precio del arriendo en el plazo convenido, motivo por el cual debía sin más discusión .con-firmarse la sentencia recurrida.

En el contrato existen en efecto las siguientes cláusulas:

“El arrendatario no podrá dejar de satisfacer con puntualidad la cuota del arriendo, ni por accidente de fuerza mayor ni por casos fortuitos, extraordinarios o imprevistos.
# # «K * #
“La falta de pago puntual en las cuotas de arriendo en la forma convenida, será causa bastante para el desahucio de las fincas arren-dadas sin derecho The Juncos Central Company a reclamación ni prórroga alguna por las plantaciones que existan.”

La primera de dichas cláusulas nada tiene que ver con las violaciones en este caso alegadas y admitidas. G-uarda relación con los artículos 1478 y siguientes del Código Civil Eevisado que contienen ciertas disposiciones especiales para los arrendamientos de predios rústicos.

La segunda sólo tendría importancia en el caso de que se decretara el desahucio a los efectos de regular la cuestión de los frutos pendientes, pero en cuanto a que proceda el desahucio por la falta de pago del canon de arrendamiento en el plazo convenido, no hace el contrato ni más fuerte ni más débil. Sin que nada hubieran especificado las partes sobre el particular, la falta de pago del precio convenido de acuerdo con la ley (artículo 1472 del Código Civil Eevisado, No. 2 do.), hubiera sido motivo suficiente para desalojar al arrendatario. Siendo esto así, es aplicable a este caso con-creto la regla general que dejamos expuesta en cuanto al criterio que debe seguirse cuando el arrendador acepta el precio del arriendo antes de iniciar su acción. •

Falta sólo considerar la cuestión del certificado. En efecto en el contrato se dispone que los giros deben remitirse en cartas certificadas y aquí el giro correspondiente al semes-tre dé que se trata se envió en carta sin certificar, pero es lo cierto que el giro fué recibido y cobrado sin dificultad. El propósito del- certificado es sin duda el de garantizar el contenido. Y el contenido llegó seguro no obstante no ir certificado, quedando así cumplido en realidad el propósito. De todos modos aún cuando se aceptara que dicba violación era tan trascendental que hubiera podido servir de base para el desahucio, al recibirse y apropiarse el contenido de la carta, quedó renunciado el derecho del arrendador en tal sentido.

A virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia y desestimada la de-manda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Gutiérrez, Demandante-Apelada-Apelante, v. Herederos de Rafael Gutiérrez del Arroyo et al., Demandados-Apelantes-Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de cantidades.
    No. 2204.
    Resuelto en enero 18, 1921.
    Emplazamiento VAlido — Demanda Enmendada — Jurisdicción.—El hecho de que no hubiera sido enmendado el título de la demanda insertando los nombres de los hijos naturales reconocidos cuyo emplazamiento por ser partes necesa-rias decretó la corte a petición del propio demandante antes de dietar sen-tencia, no es motivo suficiente para anular la sentencia en rebeldía dictada contra dichos hijos naturales,' pues habiendo sido éstos emplazados perso-nalmente con copia de la demanda dirigida contra la sueesión de la cual ellos formaban parte, la omisión de sus nombres en la dicha demanda, si bien constituye un error, no pudo producir el efecto de engañarlos o per-judicarlos en sus derechos, ni es motivo bastante para concluir que la corte actuó sin jurisdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la demandante-apelada-apelante: Sr. Juan de Guzmán Bevátes.

    Abogados de los demandados-apelantes-apelados: Sres. Guerra .& Soldevila.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dolor'es Gutiérrez del Arroyo demandó a los “Herederos de Eafael Gutiérrez del Arroyo, representados por su alba-cea Isabel Mimoso y Dueño, y Francisco Robledo,” en pleito sobre entrega de cantidad y rectificación de contrato. Se emplazó a doña Isabel como representante legal de los here-deros y a Robledo. Se contestó la demanda por los deman-dados emplazados y cuando ya el pleito había sido sometido al juez para sentencia, la demandante presentó una moción a la corte alegando que Rafael Gutiérrez del Arroyo había fallecido bajo testamento dejando a su esposa doña Isabel como albacea e instituyendo como herederos a sus seis hijos legítimos menores de edad y a tres hijos naturales; que de-bido a un error los dichos hijos naturales, partes necesarias en el pleito, no fueron citados, y en tal virtud pedía a la corte que con suspensión del pronunciamiento de la senten-cia, ordenara la citación de los mismos. Y la corte accedió.

Hecha la nueva citación, los hijos naturales dejaron de comparecer. La demandante pidió que se anotara su rebel-día y, anotada que fué, la corte procedió a dictar sentencia pronunciándola en contra de los demandados. Se apeló de la sentencia firmando el escrito el abogado que había venido representando en el pleito a Isabel Mimoso, en el carácter en que ésta fué citada, y la apelación fué desestimada.

Así las cosas, comparecieron los hijos naturales, y pidie-ron a la corte de distrito que declarara nula la sentencia por haberse dictado sin jurisdicción en contra de ellos. La corte de distrito así lo declaró, y contra esa declaración es que se ha interpuesto el presente recurso por la demandante Dolores Gutiérrez del Arroyo.

Se admite por los hijos naturales que ellos fueron em-plazados personalmente y que de habérseles notificado con copia de una demanda enmendada conteniendo sus nombres, la jurisdicción de la corte hubiera sido completa y válida la sentencia.

A los hijos naturales se entregó con el emplazamiento una copia de la demanda original. No obstante pedir a la corte que citara a los repetidos hijos y haberlo así obtenido, la parte demandante no enmendó su demanda incluyendo sus nombres en el título de la acción. La parte demandante sostiene que no tenía que hacerlo porque el título tal como estaba comprendía a los hijos naturales y que en todo caso ello constituiría una mera irregularidad, ya que los dichos hijos por el texto de la demanda sabían que eran demanda-dos y en qué concepto, dirigiéndose como se dirigía la acción contra los herederos de Bafael Gutiérrez del Arroyo, y ex-presándose como se expresaba en el hecho XVIII de la de-manda que Bafael Gutiérrez del Arroyo había muerto bajo testamento en el cual había instituido como herederos a sus hijos legítimos y a sus tres hijos naturales.

Ambas partes han argumentado este caso ampliamente y citado mucha jurisprudencia en apoyo de sus respectivas pretensiones.

A nuestro juicio la demanda debió ser enmendada inclu-yendo en él título los nombres de los demandados cuya cita-ción fué solicitada y una copia de esa demanda enmendada debió haberse entregado al verificarse el emplazamiento, o bien debió entregarse a los hijos naturales al emplazárseles copia de la orden de la corte mandándolos citar como partes necesarias en el pleito. Pero el error cometido no priva de jurisdicción a la corte ya que es un hecho cierto que los de-mandados fueron emplazados personalmente y ya que del contenido de la demanda original resulta claro que la acción se dirige contra los herederos y que los hijos naturales lo eran, no pudiendo éstos, en tal virtud, haber sido engañados ni perjudicados en sus derechos. Siendo ello así, no debió decretarse la nulidad de la sentencia dictada.

Debe revocarse la orden recurrida de 2 de enero de 1920, volviendo las cosas al ser y estado que tenían antes de dic-tada dicha orden.

Revocada la resolución recurrida, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asocíalo Sb. Wolf,

text:
    González Hermanos, Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, denega-toria de la inscripción de un contrato de arrendamiento prorrogado.
    No. 471.
    Resuelto en enero 21, 1921.
    Arrendamiento Prorrogado — Arrendamiento no Inscribible por Palta de Convenio. — Una escritura de arrendamiento por tres años vencederos en 31 de diciembre de 1917, otra fechada en junio 14, 1916, prorrogando el con-trato hasta diciembre 31, 1920, j otra de fecha junio 27, 1918, extendién-dolo finalmente hasta diciembre 31, 1923, fueron presentadas al registro para inscripción, alegándose comprender los títulos un período, en conjunto, de 9 años. Recurrida la nota que denegó la inscripción por falta de con-venio expreso de las partes, se resolvió sostener la denegación por no llegar a seis años ninguno de los períodos en que fué extendido el arrendamiento . al otorgarse sucesivamente ambas prórrogas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Juan de Gusmán Benitez.

      El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, no compa-reció.
   El Juez Asocíalo Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En escrito de 27 de mayo de 1920 la sociedad González Hermanos solicitó del Registrador de la Propiedad de San. Juan, Sección Segunda, la inscripción' de cierto contrato d& arrendamiento de una finca rústica, a cuyo fin acompañó otras;, escrituras.

El registrador denegó la inscripción de la escritura de-arrendamiento por ser por un término de menos de seis años, y no contener el consentimiento expreso de las partes que; exige el apartado 5o. del artículo 2 de la Ley Hipotecaría, y también denegó la inscripción de las .dos escrituras de pró-rroga del arrendamiento por no haber sido inscrita previa-mente la escritura original del arrendamiento.

El recurrente sostiene que el registrador cometió, error al no considerar todas las escrituras en conjunto, que eran por un sólo término de nueve años y por consiguiente ins-cribibles.

La primera escritura de prórroga de arrendamiento fué otorgada en junio 14, 1916, y contenía la estipulación de que el arrendamiento debía prorrogarse por tres años a vencer en 31 de diciembre de 1920. El arrendamiento, según la escritura de su otorgamiento, de 14 de enero de 1915, babía de comenzar en primero de enero de 1915 y terminar en 31 de diciembre de 1917. En junio 27, 1918, hubo otra prórroga del término del arrendamiento original, a vencer en 31 de diciembre de 1923. Se habla de cada una de las prórrogas en el sentido de que terminan el 'día último de diciembre de 1920 y 1923 respectivamente.

No vemos cómo es que las partes hayan manifestado .al-guna vez su intención de hacer un arrendamiento por nueve años. • Se admite necesariamente que el primer arrenda-miento fué únicamente por tres años. Al otorgarse la escri-tura de prórroga de junio 14, 1916, el tiempo que quedaba por correr del arrendamiento y la prórroga alcanzaba a cuatro años y medio. Asimismo la segunda prórroga de junio 27, 1918, sólo bacía que el arrendamiento y su pró-rroga empezaran a contarse desde dicba fecba basta diciem-bre 31, 1923, faltando por tanto algunos meses para los seis años que es el límite más bajo fijado por la Ley Hipotecaria cuando no existe consentimiento expreso de las partes.

No vemos que fuera jamás presentada ninguna escritura en el registro que en la fecba'de su otorgamiento tuviera por objeto un futuro contrato de arrendamiento por término de seis años. .

Las notas del registrador deben ser confirmadas.

Confirmadas las notas recurridas.

•Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Ferreira, Peticionario, v. López, Juez de Distrito, Demandado.
    Recubso de certiorari contra el Hon. José A. López Acosta, Juez de la Corte de Distrito de Guayama, en procedimiento sobre memorándum de costas.
    No. 305.
    Resuelto en enero 21, 1921.
    Jurisdicción — Cortes Municipales — Memorandum de Costas y Honorarios— Juicio de Noto. — Careciendo una corte municipal de jurisdicción para resolver sobre los méritos de un memorándum de costas y honorarios concedidos por la corte de distrito en apelación procedente de dicha corte municipal, es preciso concluir que la apelación de la resolución de esta última declarándose sin jurisdicción en tal procedimiento, no puede surtir el efecto de otorgársela a la corte de distrito.
    Id. — Id.—Quaere.—Si una corte de distrito puede dictar sentencia con inclusión de honorarios en cualquier caso, cualquiera que sea la suma envuelta.
    Id. — Ib.—Quaere.—Si la parte que obtiene sentencia-en la corte de distrito dic-tada en apelación procedente de la corte municipal, debe radicar su memo-rándum de costas dentro de diez días después de dictada la sentencia por la corte de distrito.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. G. Dominguez Rubio.

      . El Juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor: Sr. T. Bernardini.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Pag’án presentó una demanda contra Cervoni Díaz en la Corte Municipal de Guayama en cobro de la suma de $260.82. Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer obtuvo orden de embargo contra los bienes de la propiedad. del deudor. Angel Eerreira alegó que al-gunos de los bienes así embargados pertenecían a él y pre-sentó una tercería en el pleito justipreciando los bienes en $35.37. La corte municipal declaró sin lugar la tercería y dictó sentencia contra el tercerista sin especial condena de costas. El-tercerista interpuso apelación a la Corte de Dis-trito de Guayama la que a su vez dictó sentencia a favor del demandante desestimando la tercería, e imponiendo al ter-cerista las costas, desembolsos y honorarios de abogado, pol-lo que Pedro Pagan, o sea el primitivo demandante radicó un pliego de desembolsos no en la Corte de Distrito de Gua-yama sino en la corte municipal. A este memorándum así radicado en la corte municipal, el susodicho tercerista, peti-cionario ante este tribunal, se opuso porque (a) no existía ley que autorizara la condena a pagar honorarios de abogado ante la corte municipal; (b) porque no existía ley que auto-rizara la condena a pagar honorarios de abogado en un pleito visto de nuevo en la corte de distrito; (c) porque la Corte de Distrito de Guayama no tenía facultades dentro de la ley para establecer la condena del peticionario de honorarios de abogado, y por otras razones que no es necesario especificar.

La corte municipal desestimó el memorándum de costas declarándose incompetente para dictar sentencia sobre dicho memorándum. Esta resolución de la corte municipal fue apelada a la Corte de Distrito de Guayama. Al ser oído el caso en la corte de distrito el peticionario se opuso a la concesión de honorarios, por el fundamento adicional de que el pliego de honorarios no había sido radicado dentro de los diez días después de dictada la sentencia por la corte de distrito como exige la ley. La Corte de Distrito de Glua-yama emitió una extensa decisión u orden en la que resolvió que tenía jurisdicción para conocer del caso y señaló otro día para la discusión de la cuestión de si eran o no excesivos los honorarios de ahogado.

Una cosa se ve inmediatamente con claridad y es que la Corte Municipal de Gluayama no tenía jurisdicción para im-poner honorarios por virtud de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Gruayama. Fué, sin embargo, por la orden negándose a asumir jurisdicción del memorándum de costas que la cuestión de tal memorándum fué presentada a la Corte de Distrito de Gluayama en apelación. Si la corte municipal no tenía facultades para conceder tales honorarios de abogado la Corte de Distrito de Gluayama no podía ad-quirir facultades en apelación. No hay duda alguna de que la jurisdicción de la Corte de Distrito de Gluayama fué invo-cada solamente por razón de la apelación. Esto aparece su-ficientemente de la orden de la corte señalando otro día para considerar el memorándum de costas y después en octubre 8, 1920, la Corte de Distrito de Gluayama dictó sentencia en el caso así apelado fijando el memorándum en la suma de $82.

No discutiremos con la corte de distrito, aunque tenemos algunas dudas, la cuestión de si dicha corte puede en la actua-lidad dictar sentencia por honorarios en cualquier caso, no importa la suma que esté envuelta, basando en parte la corte su conclusión en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado por la Ley No. 38 de abril 12, 1917. Puede ser cierto que en un caso que esté debidamente ante ella la corte pueda dictar sentencia en apelaciones pro-cedentes de las cortes municipales e imponer honorarios contra la parte vencida. Creemos que el peticionario tiene ra-zón al alegar que el demandante debió haber radicado su memorándum de costas dentro de los diez días después de dictada la sentencia por la Corte de Distrito de Guayama como prescribe la ley. No es necesario resolver esta cues-tión absolutamente porque según hemos dicho la corte municipal carecía de jurisdicción para resolver sobre el memorán-dum de costas y la Corte de Distrito de Guayama no adquirió jurisdicción por virtud de la apelación.

La orden de septiembre 27, 1920, asumiendp jurisdicción del caso y la de octubre 8, 1920, por la cual se fija el memo-rándum de costas en la suma de $82, deben ser anuladas de-biendo devolverse el caso a la Corte de Distrito de Guayama con instrucciones de que desestime la apelación.

Anuladas las órdenes por las cuales la corte de distrito asumió jurisdicción y concedió costas, y devuelto él caso con instrucciones de que se desestime él recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Acosta et al., Demandantes y Apelantes, v. Porto Rico Telephone Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en plfeito sobre cumplimiento de contrato y daños y per-juicios.
    No. 2115.
    Resuelto en enero 24, 1921.
    Arrendamiento — Rescisión Automática del Arrendamiento — Devolución de la Finca Arrendada — Fuerza Mayor.- — -Cuando la cosa se destruye o pierde sin culpa del arrendatario, el derecho por parte de éste a la rescisión debe regirse por los principios generales que regulan la rescisión de los contratos. Así, pues, cuando la casa arrendada se hace inhabitable debido a fuerza mayor, el arrendatario puede abandonarla y negarse a pagar el canon, espe-cialmente si notifica debidamente al arrendador, sin que venga obligado a establecer previamente la acción rescisoria.
    Id. — Evidencia Inadmisible — FotograjIas.—La fotografía de un edificio pre-sentada eon el fin de probar que las paredes del mismo no están desaplo-madas, sin más demostración por parte del que la presenta, no es admisible en evidencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. B. Forés.

    Ahogados de la apelada: Sres. Charles Hartzell y F. Ra-mírez de Arellano.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del trihnnal.

Magdalena Acosta Forés era dneña de una casa de mani-postería de dos pisos en la calle de la Luna de San Germán. Ella alquiló el segundo piso de ésta casa a la South Porto Pico Telephone Company, que tuvo como sucesora a la Porto Pico Telephone Company. El término del arrendamiento vencía en 31 de mayo de 1924.

Como resultado de los temblores de octubre 11 de 1918, y de noviembre 12 del mismo año y debido a la actitud o a los actos de varias autoridades y a la de su mismo empleado, la compañía demandada creyó que tenía derecho a abandonar la casa y considerar rescindido el contrato de arrendamiento. La arrendadora, alegando que la casa no se encontraba en ruinas ni había quedado inhabitable a causa de los temblores, estableció esta acción para obligar a la demandada a seguir el contrato, o pagar a la demandante la suma de $1,320 que ella calculaba como daños y perjuicios.

La acción en manera alguna es para el pago de rentas debidas o vencidas. La cuestión litigiosa puede decirse que giró únicamente sobre el punto de si la casa estaba o no en ruinas, o si había quedado inhabitable. La corte de distrito declaró que debido a los temblores de octubre 11 y noviembre 12 de 1918, la casa quedó tan agrietada, desaplomada y prác-ticamente arruinada, que el arrendatario tuvo que aban-donarla por ser inaplicable al uso a que se destinaba y que este abandono de la casa fué ordenado y aconsejado por el alcalde de la ciudad de San Germán y el Sub-Comisionado del Interior. En vista de estos hechos la corte llegó a la conclusión de que si una cosa es destruida o perjudicada en tal forma que el arrendatario no pueda disfrutar o usar de la misma, entonces el contrato queda automáticamente res-cindido; que quedó probado que el edificio sufrió averías de tal magnitud, que se bacía imposible seguir utilizándola para el objeto requerido y aún cuando Rubiera sido posible repa-rarlo nunca Rubiera sido el mismo edificio que se arrendó, pues no podía ofrecer las mismas garantías y seguridad; que dada la naturaleza del servicio telefónico no sería posible abandonar temporalmente el edificio para volverlo a utilizar a los tres o cuatro meses, pues Rubiera sido necesario suspender el servicio público por tiempo indefinido con gran perjuicio para la compañía de teléfonos y para el público en general; que la corte no creyó necesario en un caso de esta naturaleza de un procedimiento judicial previo para rescin-dir un contrato de arrendamiento; que no se trataba de una rescisión por razones normales, o de conveniencia o de per-juicios para una o ambas partes, sino de la destrucción súbita de la cosa arrendada y por tanto no sería materialmente po-sible iniciar un procedimiento de rescisión en circunstancias tan anormales.

Interpuesta apelación contra dicba sentencia varios erro-res Ran sido alegados. Por conveniencia en el desarrollo de éstos, discutiremos primero la cuestión de si era necesario para la arrendataria iniciar una acción para rescindir el con-trato de arrendamiento. Los artículos del Código Civil que cita la apelante en apoyo de su contención de que tal acción era necesaria, son los siguiente: É|

“Artículo 1457. — El arrendador está obligado:
“1. A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato.
“2. A hacer en ella durante el arrendamiento todas las repara-ciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para él uso a que ha sido destinada.
“3. A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrenda-miento por todo el tiempo del contrato.”
“Artículo 1459. — Si el arrendador o arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.”
“Artículo 1461. — Si durante el arrendamiento es necesario hacer alguna reparación urgente en la cosa arrendada que no pueda diferirse hasta la conclusión del arriendo, tiene el arrendatario obli-gación de tolerar la obra, aunque le sea muy molesta, y aunque du-rante ella se vea privado de una parte de la finca.
“Si la reparación dura más de cuarenta- días, debe disminuirse 'el precio del arriendo a proporción del tiempo y de la parte de la finca de que el arrendatario se vea privado.
“Si la obra es de tal naturaleza que hace inhabitable la parte que el arrendatario y su familia necesitan para su habitación, puede éste rescindir el contrato.”

Indudablemente que aunque no lo expresan terminante-mente, estos artículos indican que en algunos de los casos a que se refieren, la intención.de establecer una acción y en cierto modo los comentaristas y los casos se pronuncian en el mismo sentido. Manresa, tomo 10, página 553; Scaevola, tomo 24 passim; Henry Rose Mercantile & Manufacturing Company v. Smith, 139 La. 224, y casos citados en el mismo. ¿Es imperativa tal acción por parte del arrendatario, o tiene éste un privilegio? ¿Comprende lp necesidad o el privilegio todos los casos ? Una cosa deberá observarse inmediatamente, o sea, que estos artículos tienen por objeto que el arrenda-tario pueda quedar y quede en posesión de la propiedad arrendada. Estos artículos suponen previamente la conti-nuación del arrendamiento y la acción que corresponde al arrendatario es rescindir el contrato por haber dejado de cumplir el arrendador con uno de los requisitos de dicho arrendamiento. Pero si la cosa arrendada ha sido destruida o se hace inhabitable, no vemos nada” en el código que haga imperativo establecer una acción de rescisión. El artículo 1459 demuestra que si el arrendador no cumpliere con las condiciones del arrendamiento el arrendatario podrá pedir la rescisión, pero el artículo 1461 prescribe al final que el arrendatario puede rescindir el contrato; asimismo los ar-tículos 1150 y 1152 del Código Civil prescriben lo siguiente:

“Artículo 1150. — Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada, cuando ésta se perdiere o des-truyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora.”
“Artículo 1152. — También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o física-mente imposible. * * * ”

En otras palabras, cuando la cosa se destruyere o per-diere sin culpa del arrendatario, el derecho a la rescisión por parte del arrendatario deberá estar regulado por los prin-cipios generales que regulan la rescisión de los contratos. Rescisión quiere decir una medida activa por parte del arren-datario pero ésta puede meramente consistir en el aviso al arrendador y probablemente en el abandono de la propiedad. Cuando la cosa se hace inhabitable y el arrendatario en ma-nera alguna puede disfrutar de ella creemos que podrá aban-donarla y negarse a pagar el precio del arrendamiento, es-pecialmente si notifica debidamente al arrendador como se hizo en este caso.

El artículo 1261 del Código Civil en el capítulo relativo a la rescisión de los contratos, prescribe lo siguiente:

“Artículo 1261. — La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.”

De modo que el mismo código tiene en cuenta otras me-didas además del pleito.

Asimismo y aparentemente donde rige la ley civil, como en Louisiana, el arrendatario puede, en casos como éste, opo-nerse a la acción para el cobro de los cánones de arrenda-miento. Denman v. López, 12 La. Ann. 823.

Manresa discute la obligación que tiene el arrendador de reparar la finca arrendada, en sus comentarios al artículo 1554 del Código Civil, equivalente al 1457 de nuestro código, en la forma siguiente:

“Esta cuestión fue ya discutida por los jurisconsultos franceses. De una parte Troplong, fundándose en la obligación que al arrenda-dor incumbe de hacer las reparaciones, dice en substancia, que toda reparación sea cual fuere su entidad, debe ser llevada a cabo por él. El arrendador debe mantener la cosa en estado tal que sirva para el uso a que se le destina; luego todo desperfecto, grande o pe-queño, provenga de caso fortuito o de cualquier otro motivo, debe ser reparado. La consecuencia de este modo de pensar es que si la cosa ha sido destruida, debe el arrendador reconstruirla.
“Nada más. violento que esta manera de considerar la cuestión: no se puede exigir al propietario que arrienda su finca que tenga un capital de reserva para llevar a cabo la reconstrucción de Ja misma, si por un accidente cualquiera se derrumba, ni que lo busque en condiciones ruinosas. Precisamente para llegar a utaa fórmula de harmonía en ese' supuesto es para lo que el proyecto de 1851 estableció la regla - del artículo 1487, distinguiendo entre la destrucción total que rescinde el contrato y la parcial que faculta al arrendador para optar entre la rescisión o la rebaja proporcional del precio.
# #
“Para el caso' de destrucción de la cosa no hay un precepto especial en el código, salvo el del artículo 1568; sin duda ha sido su propósito el dejar la solución sometida a los principios generales que rigen las obligaciones, como más adelante veremos. Según estos principios, la pérdida de la cosa (y eso viene a ser su destrucción) extingue las obligaciones que con motivo de ella se crearen. No hay, a nuestro juicio, otra solución posible dentro del código. Man-resa, Código Civil Español, Yol. 10, pp. 520, 521.” Véase también el caso de Henry Rose Manufacturing Co. v. Smith, 139 La., 224.

Aliora bien, si el arrendador puede considerar el contrato como rescindido y negarse simplemente a proceder, el mismo derecho recíproco para oponerse al pago es inherente en el arrendatario cuando la cosa ha sido destruida.

Además, en este caso la arrendadora, debida o indebida-mente, ha llevado forzosamente al arrendatario a la corte; y suponiendo que proceda una acción de la clase invocada, es imposible admitir que lo que el arrendador pide a la corte que declare existente el arrendatario no debe oponerse o .defender por el fundamento de ser inexistente por razón de lo que ha sucedido. Suponiendo, entonces, que la acción proceda, todo el derecho del arrendador a obtener una sen-tencia contra el arrendatario gira alrededor del punto de si la cosa arrendada quedó o no inhabitable o inservible para su ocupación. La mayor parte de los otros errores alegados por los apelantes, todos sin un señalamiento específico de errores, giran alrededor de esta cuestión.

La corte tenía derecho a suponer de la prueba en con-junto que la casa era inhabitable o inservible, lo que con-sideramos que en la mayoría de los casos son términos equi-valentes. Pero hay algo más. La casa fué arrendada pri-mitivamente a una compañía de teléfonos. Hubo prueba; ten-dente a demostrar que era una compañía corriente de ser-vicios telefónicos con un sistema de teléfonos públicos y a larga distancia. Además de esto, dos o más de las jóvenes vivían en la casa. El alcalde de la ciudad aconsejó a estas jóvenes que abandonaran la casa debido al peligro originado por los temblores.

Es verdad que la dueña de la casa ofreció hacer repara- . ciones después del primer temblor y que el superintendente de la compañía de teléfonos manifestó que debían aplazarse las reparaciones, pero la corte tenía derecho a creer, aún cuando hubiera prueba directa en contrario, cosa que no apa-rece de los autos, que la condición física quedó mucho peor y el daño era mucho mayor debido a las repetidas sacudi-das, de modo que si existía alguna obligación por parte de la arrendadora, la que, como hemos visto, niegan las mejores autoridades, esa obligación no quedó afectada por la actitud del superintendente. En verdad que su actitud "no podía producir efecto de acuerdo con la ley porque cuando existe la obligación de hacer reparaciones, entonces por virtud del artículo 1461 del Código Civil el arrendatario está obligado a tolerar las reparaciones. Decíamos que esta era mía com-pañía de teléfonos con un servicio completo. La corte de-claró probado y hubo prueba tendente a demostrar que sería necesario cambiar toda la instalación a otro edificio y enton-ces volverla a traer, operación que sería muy costosa, según declaró el superintendente. Los autos tienden a mostrar que tal traslado era indispensable y no vemos que la apelante ni siquiera niegue estos becbos. Sus testigos declaran en el sentido de demostrar que trabajando fuerte de día y de no-che las reparaciones podrían hacerse en menos de un mes y medio, que era el límite de tiempo fijado ,por el perito Blas Silva, pero la corte tenía derecho a dar por sentado, que para las reparaciones se necesitarían tres o cuatro me-ses, tomando en consideración la opinión de los' peritos en ese sentido. Todos sabemos por experiencia que cuando se necesitan materiales, y especialmente ahora, el cálculo mayor, por lo general, no es demasiado exagerado. Hacién-dose estas reparaciones era imposible que la compañía per-maneciera en el edificio.

Es verdad, como alega la apelante que las autoridades no dijeron que la casa estaba en condiciones ruinosas. Lle-gamos a la conclusión de que el edificio quedó hecho inhabitable porque la obra que el arrendador ofreció hacer equi-valdría a una reconstrucción y no a meras reparaciones, y esta conclusión está sostenida por Manresa, supra, Viterbo v. Friedlander, 120 U. S. 707, y Henry Rose Manufacturing Company v. Smith, 139 La. 224, supra. También opinamos que debido a ser el negocio del arrendatario el de una com-pañía de teléfonos, no podía continuar su servicio allí mien-tras el edificio se encontraba en condiciones peligrosas aún cuando este temor hasta cierto punto no fuera exagerado. Llegamos además a la conclusión, de que para hacerse las reparaciones que el arrendador ofreció hacer sería necesario para la compañía de teléfonos mudarse del edificio para es-perar la terminación de las reparaciones y entonces volverse a mudar, lo que por sí supone un estado inhabitable del edificio.

Para sostener las conclusiones de hecho a que hemos lle-gado tenemos un record incompleto de la prueba. La prueba documental jamás fué certificada por el juez, sino meramente adicionada a la transcripción y no tenemos facultades para considerarla. Parte de ella se refería a los avisos enviados por el alcalde; parte a la correspondencia de las partes. En una página el alcalde aparece aconsejando a las jóvenes que permanecieran en el edificio y el contexto es convincente de que él les aconsejó que se mudaran, estando omitida la palabra “no.” Hay innumerables palabras mal deletreadas, cuyo significado correcto tiene que ser adivinado. La decla-ración de Blas Silva, como ha sido transcrita, a veces es tan poco clara que nos deja en duda respecto a si fué fielmente reproducida en la exposición del caso. Como toda la prueba no está debidamente ante nos y existen numerosas omisiones y errores, la presunción a favor de las conclusiones de la corte podría ser refutada, de serlo, sólo con gran dificultad.

También hemos asumido que la arrendadora tenía una causa de acción en este caso si en verdad la casa era habitable, pero si su reclamación estaba bien fundada entonces el arrendamiento existía y ella solamente tenía derecho a la renta vencida, de la cual, según parece, en la fecha en que el pleito fué establecido no había vencido un mes completo. No siendo la acción en cobro de rentas, no había causa de acción. Aún cuando parte de las rentas se debiera, como necesariamente era menos de $500, la Corte de Distrito de Mayagiiez carecía de jurisdicción.

Hubo otro error alegado en cnanto a la negativa de la corte a admitir fotografías. Como el único propósito era probar que no se podía notar que el edificio estaba desaplo-mado, creemos que la corte estuvo enteramente justificada al resolver, sin más demostración por parte del apelante, que una fotografía no podría servir para ese fin, puesto que el ángulo de observación establecería una diferencia radical.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó conforme con la sentencia.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Limardo, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 328 del Código Penal.
    No. 1572.
    Resuelto en enero 24, 1921.
    Delito Contra la Seguridad Pública — Automóviles—Negligencia Criminal— Choques. — Un caballo no puede considerarse como excluido de las “cosas” u “objetos” mencionados en el artículo 328 del Código Penal, como fué enmendado por la Ley No. 51 de 1916, de acuerdo con el significado con que se usan tales palabras en el expresado artículo. Así pues, cuando un niño muere al caer, de un caballo, a consecuencia de lesiones que le produjera un automóvil que chocó con el animal por causa de la criminal negligencia de la persona que guiaba el vehículo, tal persona es culpable del delito definido y castigado por dicho estatuto.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El único error que ba sido alegado en este caso es que el artículo 328 del Código Penal, como fué enmendado, no es aplicable a un caso en que un automóvil cboca con un caballo y como consecuencia de esto cae al suelo un niño y se le causa la muerte. La teoría es que un caballo no es una cosa u objeto dentro de la intención de la ley.

El artículo 328 del Código Penal, como quedó enmendado, prescribe lo siguiente:

“Todo conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, loco-motora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación y cualquier despachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de es-tación o cualquier otra persona encargada .del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, lo-comotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación, que, por imprudencia temeraria o descuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, automóvil o embarcación, tren o cualquiera otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años.
“Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dollars, o en ambas penas a discreción de la corte."

La intención original de este estatuto, según lo entende-mos, fué el proteger a los pasajeros en los trenes y otros vehículos ■ de los efectos de choques y hacer responsables a los maquinistas y otros conductores de vehículos por su ne-gligencia cuando cualquier persona reciba alguna lesión como consecuencia de tal choque. Si se examina la jurisprudencia se verá que también surgen casos de negligencia cuando ocu-rren choques entre trenes y animales que causan lesiones a los pasajeros. Un animal es una propiedad. Es un objeto de venta y tráfico. Una manada de ganado sobre la vía, seguramente serían cosas u objetos. Si .un hombre viaja en una calesa tirada por un caballo, y un tren o automóvil choca con el caballo y no con la calesa, ¿podría decirse que- el cho-car con el caballo y no con la calesa hacía que el caso que--dara fuera del propósito del estatuto? No encontramos nadaen la razón que informa a la ley, o en sus términos, que nos permitiera decir que un caballo no es una cosa u objeto. Empleándose la palabra “objeto" o “cosa", en relación con otras palabras usadas en el estatuto ellas se referirían .par-ticularmente a cuerpos que se encuentran por el camino.

En el caso de El Pueblo v. González, 24 D. P. R. 613, resolvimos que cuando nn automóvil negligentemente cho-caba con una persona tal negligencia no estaba comprendida claramente en la intención de la ley. Una persona golpeada y lesionada por un vehículo no recibe la lesión como conse-cuencia de un choque con cosa u objeto. Cuando se pone en movimiento una fuerza que directamente ocasiona la muerte o causa lesión a una persona puede dudarse si esto es pri-meramente un choque tal como se entiende generalmente la palabra “choque”. La ley puede determinar directamente la muerte negligente ocasionada por un vehículo, El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625, o nna lesión por negligencia, El Pueblo v. Astacio, 23 D. P. R. 842. El artículo 328 pre-supone un choque entre dos objetos o cosas por el cual se ocasiona la muerte o recibe una lesión una persona que no es uno de los cuerpos envueltos en el choque.

No vemos cómo, el caso El Pueblo v. Lebrón, 26 D. P. R. 427, pueda servir necesariamente de norma en este caso. Resolvimos que cuando una persona recibía un golpe des-pués de un choque con una pared era de aplicación el ar-tículo 328. Es cierto que dijimos que la palabra “objeto” tendía a excluir la idea de un cuerpo en movimiento, pero lo que claramente se infería de toda la opinión era que una “cosa” podía comprender un cuerpo en movimiento. Está-bamos resolviendo que una pared era uno de los objetos com-prendidos en el alcance del estatuto. Un caballo es segu-ramente una cosa y un choque entre un caballo y un vehículo es claramente un choque dentro del mal denunciado por el estatuto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentenda apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asogiado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Luccioni, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en. cansa por adulteración de leche.
    No. 1574.
    Resuelto en enero 24, 1921.
    Leche Adulterada — Prueba.—Cuando la prueba en conjunto es terminante em cuanto a que el acusado era el dueño y tenía el verdadero control del puesta de leche, el tratarse de probar que la patente estaba a nombre de un empleado no podrá servirle de excusa para eludir su responsabilidad por la venta de,-leehe adulterada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. J. F. Fernández e 1. Sot-devila.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asogiado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal

En el presente caso el acusado fué declarado culpable del delito de adulteración de leche, siendo tres los errores que alega en esta apelación. Las partes discutieron también un cuarto error, el cual discutiremos debido a la relación íntima que tiene con los otros errores alegados *en el caso, pero los abogados deben tener el cuidado de alegar los erro-res si es que desean que esta ocupada corte los considere. '

Los tres errores que han sido alegados son los siguientes: (1) que la sentencia es contraria a la prueba; (2) que la corte cometió error al negarse a suspender el caso; y (3)' que la pena de un mes era excesiva. El pretendido error que no fué alegado específicamente era que la corte admitió indebidamente como certificación la contestación del Comi-sionado Municipal de Hacienda.a la carta del fiscal. /' 1 Hubo prueba suministrada por un empleado de que 'el depósito de leche pertenecía al acusado y la certificación, deí Comisionado Municipal también tendía a probar ese.extremo'. La prueba fué clara de que la leche estaba adulterada. 'El acusado no obstante, trató de demostrar principalmente. pqr su. propia declaración qne la patente para el puesto de leche estaba a nombre de la misma empleada Petra Montalvo qne declaró en contra de él. Gran parte de la objeción en cnanto a la insuficiencia de la prueba giró sobre el punto de si el acusado era o no el dueño del depósito.

. . La admisión de la contestación del Comisionado Municipal hubiera tenido relación con este punto en controversia. No emplearemos mucho tiempo en disentir si el Comisionado Municipal era el debido funcionario para hacer esta certi-ficación, porque la objeción del acusado no se hizo por ese fundamento, sino simplemente por ser incompleta la certi-ficación, objeción que es demasiado indeterminada para que ptfeda servir a un acusado en apelación. El fundamento de «objeción debe ser más específico, especialmente si el funcio-nario tiene algunos registros bajo sn control. No se pre-sentó objeción alguna de que la contestación no estaba debi-damente certificada.

No solamente es cierto esto, sino que se renunció el error al permitirse declarar a otro testigo sin formularse objeción (verdad es que era prueba de referencia) que él comprobó el hecho de que el depósito pertenecía al acusado por los registros municipales.

En el juicio el acusado no hizo aparecer muy claro el hecho de que la patente para el puesto había sido traspa-sada a esta empleada. La corte tenía derecho a creer que esto era de otro modo. ■ Sin embargo, aún cuando esta pa-tente fuera realmente traspasada a ella la corte tenía de-recho a creer por la propia declaración del acusado que él siguió siendo la persona que tenía el verdadero control del puesto. El establecimiento era de él. Todos los envases y vasijas del puesto pertenecían a él. Se probó que la leche era de él, por lo menos la prueba no demostró que ninguna otra leche sino la suya se vendía en el puesto, sino por el contrario que su leche fué vendida. La referida Petra Mon-talvo, debido a que el acusado no quería que ella continuara como tal empleada, babía de recibir dos centavos por cada cuartillo de leche vendido, pero no tenemos duda alguna de que él acusado ejercía un perfecto control en el puesto y que pudo haber retirado a Petra Montalvo cuando lo hu-biera creído conveniente. La prueba de ser él el dueño es tan fuerte que aún suponiendo que hubiera habido algún error en admitir la contestación del funcionario municipal, tal ad-misión no perjudicaba.

Con respecto a la negativa de la corte a suspender el caso, lo qne ocurrió fué que el acusado no podía encontrar a cierto testigo y qne la corte había suspendido el caso por tres horas para que él pudiera buscar a dicho testigo. Puesto que el mismo acusado anunció que estaba listo para el jui-cio, la corte parece haber sido liberal en el ejercicio de su discreción, pero de todos modos, no demostrándose que el testigo era importante o necesario, la actuación de la corte no puede considerarse ahora como error. Los medios de obtener una suspensión han sido discutidos por esta corte en los casos de El Pueblo v. Román, 18 D. P. R. 219 y Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, donde hemos discutido con alguna extensión, las medidas que son necesarias para obtener la suspensión de un caso.

Con respecto al tercer error alegado, hemos examinado la prueba y no encontramos ninguna razón para intervenir en la discreción de la corte al fijar la pena en un mes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Correa, Demandante y Apelante, v. Quiñones, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio.
    No. 2266.
    Resuelto en enero 25, 1921.
    Desahucio en Precario — Concubinato—Sociedad.—Aunque el concubinato no puede originar por sí solo una sociedad de gananciales, sin embargo, cuando no aparece desnuda de toda prueba la alegación del demandado en desahucio por preeario de que la casa objeto del procedimiento pertenece en común a las partes aún cuando aparezca inscrita a nombre de la demandante, por haber sido fabricada con peculio de una y otro cuando vivían en concubi-nato, y de que por acuerdo de ambos al cesar el concubinato ocupa la parte del inmueble de que se le quiere desposeer, la aeción de desahucio no debe prosperar, por no ser la adecuada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. M. F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. F. G. Más.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante-apelante Dominga Correa radicó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, con fecha 9 de octubre de 1919, una demanda contra el demandado Elias Quiñones sobre desahucio por precario, alegando ser dueña de una casa eii el pueblo de Carolina de cuya casa ocupa una parte el demandado en precario sin pagar merced al-guna, por cuya razón pide sea requerido para que la deso-cupe apercibido de lanzamiento.

El demandado contestó la demanda alegando como de-fensa que no posee la casa en concepto de precario sino a título de condominio en común y proindiviso con la deman-dante por haber sido fabricada con dinero de. ambas partes durante vida común que hicieron por espacio de trece años, como marido y mujer hasta el día 13 de junio de 1919 y tam-bién a virtud de convenio que celebraron, según el cual la demandante disfrutaría la mitad de la casa y el demandado la parte que ocupa hasta que se practicara la división de los bienes de la sociedad existente entre ambos.

La corte dictó sentencia en primero de noviembre de 1919 declarando sin lugar la demanda y de ella apeló la demandante.

No nos toca decidir en el presente juicio si la deman-dante es o no dueña exclusiva de la casa, pues esa no es materia propia de un juicio de desahucio, por ser este un procedimiento especial cuyo único fin es recuperar la pose-sión de algún inmueble lanzando de él a quien lo detente sin título alguno para ello, Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R. 573, sino si el demandado posee o no en precario la parte de la casa de que se trata.

La prueba de la demandante tiende a demostrar que Do-minga Correa inscribió a su favor en el registro la pro-piedad de la casa mediante escritura de 19 de abril de 1918, en la que ella hizo constar que la había edificado en solar que le cedió el Ayuntamiento del pueblo de Carolina por acuerdo de 15 de agosto de 1914; que pagó $4 al Tesoro Municipal de dicho pueblo por el permiso para la construc-ción (de la casa; y que el Alcalde de Carolina en 6 de oc-tubre de 1916 le concedió licencia para la reparación de la misma haciendo lo propio el ingeniero sanitario del Depar-tamento de Sanidad en 20 de noviembre del propio año.

Al presentar la demandante recibos de las contribuciones que había satisfecho por la casa, el demandado aceptó que Dominga Correa había venido pagando a nombre propio las contribuciones sobre la casa desde el año 1914 en que se cons-truyó hasta el año fiscal de 1919-1920.

El demandado presentó prueba testifical tendente a jus-tificar que viviendo en concubinato con la demandante cons-truyó la casa con dinero de los dos pagando unas veces la demandante los gastos semanales y otras veces el deman-dado y que al terminar la vida común de ambos la deman-dante convino' con el demandado en qne daría a éste la mitad de la casa o en qne ella se qnedaría con la misma pagando cien dólares por sn -participación al demandado, quedando éste en la casa hasta qne recibiera el pago de dicha cantidad.

Ciertamente el concubinato no puede ser por sí solo gene-rador de derechos de clase alguna en cuanto "a los que viven en tal estado y condición y .desde luego el concubinato no puedé'originar una sociedad legal de gananciales; pero pres-cindiendo en absoluto del concubinato, el demandado niega que posea en -precario la parte de casa que se le reclama pues alega que la casa pertenece en común y proindiviso a ambos por haberla construido con dinero de los dos y que en virtud de- convenio habido entre ellos al cesar la vida común ocupa la parte que se le reclama. Esa. alegación no aparece desnuda de toda prueba y por tanto es improcedente el desahucio, debiendo las partes discutir en juicio ordinario el título legal de la finca antes de que pueda prosperar la acción ejercitada, Torres et al. v. Pérez, supra.

La acción de desahucio sólo es procedente cuando entre el arrendatario y el arrendador o el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurí-dicas que las derivadas de dicho carácter y cuando acerca de ellas no existen dudas fundadas que requieran un exa-men y discusión propios solamente del juicio declarativo co-rrespondiente. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 29 de mayo de 1906, cuya doctrina aceptamos en el caso de Veve et al. v. The Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R. 282.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Negrón, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce ,en cansa por infracción de la Ley de Arbitrios.
    No. 1575.
    Resuelto en enero 27, 1921.
    Alambiques — Prueba Pericial. — No cometió error la corte inferior al estimar en el presente caso que era efectivamente un alambique el que, ofrecido como prueba, fué ocupado en tres piezas o secciones desconectadas pero compo-nentes de un solo todo. Si bien en tales casos la prueba pericial es conve-niente, no es, sin embargo, forzosamente necesaria.
    Id. — Arbitrios—Prueba Suficiente. — Declaraciones creditivas de que las tres secciones de qué se componía el alambiqué presentado a la corte fueran ocu-padas por la policía en la casa del acusado, una de ellas en el cielo raso, otra bajo un fogón y la otra junto a un recipiente conteniendo miel fer-mentada, unidas a una certificación del Tesorero de Puerto Rico según la cual no se había hecho declaración alguna por el acusado respecto al alam-bique, son suficiente prueba de una infracción a la seceión 61 de la vigente Ley de Arbitrios,
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal. .
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se formuló denuncia contra Ramón Negrón porque “ma-liciosa y voluntariamente tenía en su poder o custodia o a su disposición y bajo su control, un alambique o aparato des-tilatorio, sin haberlo inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Rico, firmando y archivando una declaración haciendo constar el sitio en donde dicho aparato destilatorio estaba situado o almacenado, su clase, capacidad y el nombre del dueño y el objeto para que se usaba o intentaba -usar, vio-lando así las disposiciones de la sección 61 de la vigente Ley de Arbitrios.” Se celebró finalmente el juicio en la Corte de Distrito de Ponce. El acusado por medio de su abogado excepcionó la denuncia, impugnó la prueba y solicitó el so-breseimiento de la causa. La corte resolvió todo en contra del acusado y lo condenó a pagar una multa de cien dólares ’ y, en defecto de pago, a sufrir un día de cárcel por cada dólar, sin que la prisión en conjunto pudiera exceder de treinta días. De esa sentencia apeló Negrón para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de dos errores.

.1. “La corte cometió error al apreciar como apreció que ¿anos • aparatos disgregados, que- estaban en distintas piezas eü' la casa del acusado, eran un alambique o aparato desti-latorio.” Argumentado ese error sostiene también él ape-lante-que era necesaria la. declaración pericial — que no exis-tió — para que la corte pudiera concluir que se trataba de un alambique..

'! De la declaración del testigo Alomar, policía, copiamos lo.que sigue:

“¿Vd. ocupó algún aparato para destilar ese dáa? — Sí señor, con una orden de allanamiento fuimos a la casa de este señor, el acu-sado, que en aquellos momentos no estaba allí, y ocupamos este aparato en diferentes partes. (El testigo señala un aparato que bay en la sala de sesiones de la corte,) el depósito y aquel tubo lo tenía en el plafón de la casa; el tubo de plomo torneado y parte liso y la serpentina la tenía en la cocina detrás de una tina que tenía miel fermentada, todo eso debajo del fogón bien tapado.”

Luego, el mismo testigo contestando a la defensa, se ex-presó así:

“¿Vd* dice que ese aparato estaba en 3 piezas? Sí señor. ¿Una dónde estaba? Aquel depósito estaba en el plafón de la casa; el tubo de eonección estaba en la cocina al lado de una tina con miel fermentada. — ¿Dónde estaba esa tina con miel? Se trajo a la Corte Municipal pero supongo que lo Rayan botado. — ¿Y qué más había allí? La serpentina que estaba en la cocina debajo del fogón.”

. •• El sargento Renta de la Policía Insular, declaró así, sobre sel extremo en cuestión:

' Ocupó Vd. en unión del Policía Insular Manuel Alomar,- ese día en la Playa de Ponce, algún aparato de destilar? Sí señor. ¿.C.omo- era ese aparato? Era un aparato que tenía un recipiente, una serpentina y un tubo.”

El aparato se presentó también como prueba.

Siendo esto así, a nuestro juicio, no erró la corte al esti-mar probado que el aparato que se ocupó era un alambique.

Si bien la prueba pericial es siempre conveniente en es-tos casos, ncr es absolutamente necesario. Los testigos eran hombres capaces de conocer en qué consistía el aparato des-tilatorio llamado generalmente alambique. Hablaron sin va-cilaciones. Además el aparato estaba allí y la corte pudo examinarlo y concluir que era en efecto un alambique.

Alambique, según el diccionario enciclopédico de la len-gua castellana, de Zerolo, es un “aparato de metal, vidrio u 'otra materia, para extraer al fuego y por destilación el espíritu o esencia de cualquier sustancia. Se compone de dos cuerpos; el inferior o caldera, y el superior o cabeza, que sirve de tapa y refrigerante, del cual arranca un cañón, vuelto hacia abajo donde se enchufa el tubo que da salida a la destilación. Algunos alambiques tienen sobre la cabeza un depósito exterior que se llena de agria.”

Esta descripción, se adapta perfectamente a la del apa-rato ocupado.

El hecho de que las piezas del aparato se encontraran en diferentes sitios, no empece para concluir que el acusado tenía el aparato, sin haberlo declarado como exije la ley. El haberse encontrado una parte del aparato en el cielo raso y otra tapada debajo del fogón, y sobre todo- el hallazgo de la lata con miel ya-fermentada, son circunstancias a consi-derar para juzgar la intención del acusado, aún cuando en verdad para que se entienda perpetrada la infracción que se le imputó bastaba simplemente alegar y probar que tenía en su poder, bajo su custodia o a su disposición y bajo su control el alambique sin haber hecho en Tesorería la decla-ración que exije la ley. Véase el caso de El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474.

2. “La corte cometió error en la apreciación de la prueba y al declarar como declaró sin lugar la moción de non suit, presentada por el acusado en tiempo y forma.” Hemos exa-minado la prueba y es suficiente a nuestro juicio. Conoce-mos ya parte de las declaraciones del policía Alomar y del sargento Renta. Declaran además que la casa en donde se ocupó el aparato era del acusado y que allí vivía él con su familia. Estas declaraciones, unidas al alambique mismo y a una certificación del Tesorero creditiva de que no se ha-bía hecho por el acusado declaración alguna con respecto al alambique, son bastantes para demostrar la certeza de la imputación contenida en la denuncia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción a la Ley de Salario Mínimum.
    No. 1525.
    Resuelto en enero 27, 1921.
    Salario Mínimum — Trabajo por Ajuste — Prueba Insuficiente. — La mera con-clusión del inspector del trabajo de que la empleada por ajuste, en un caso de violación a la Ley del Salario Mínimum, ganó menos de un dólar diario durante la semana expresada en la denuncia, no es prueba suficiente para sostener una sentencia condenatoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. B. Garda.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un proceso seguido bajo la Ley de Salario Mí-nimum, aprobada en junio 9 de 1919. La denuncia impu-taba el hecho de haber empleado el acusado a una mujer que trabajaba por ajuste cuarenta horas a quien sólo pagó $3.97. La prueba, sin embargo, como indicó el fiscal, no demuestra que ella en realidad trabajó en la semana a que se bace refe-rencia en la denuncia. La manifestación del inspector de qtie él no recordaba cuánto ganó pero que ganaba menos de un peso por día, era insuficiente. Por consiguiente.se bace imposible saber cuánto ganó en esa semana o cuánto hubiera ganado.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.