text:
      In re Sharon M. Hernández López, querellada.

      Número: TS-16,345

      Resuelto: 10 de febrero de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, en in-forme; Radamés C. Marín Montalvo, abogado de la quere-llada; Sharon M. Hernández López, pro se; Crisanta Gon-zález Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde determinar si la Leda. Sharon M. Hernández López incurrió en una conducta contra-ria al Código de Ética Profesional al abandonar un litigio y desatender inicialmente el proceso disciplinario que se llevó en su contra. Concluimos que violó los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, infra.

rH

La licenciada Hernández López fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 2007 y a la práctica de la notaría el 20 de febrero de 2008. El 4 de noviembre de 2011, el Sr. José A. Nicolau Martínez contrató los servicios de la licenciada Hernández López para que lo representara en un litigio sobre despido injustificado, debido a que su antiguo representante legal renunció. Según el contrato de servicios profesionales suscrito por las partes, los hono-rarios de la licenciada Hernández López equivaldrían al veinticinco por ciento de la suma obtenida por el señor Ni-colau Martínez en resarcimiento. El quejoso hizo un depó-sito inicial de $500 a la licenciada Hernández López para cubrir los gastos de manejo del caso.

No empece lo anterior, la licenciada Hernández López no compareció a una vista celebrada por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de enero de 2012. En su lugar, envió al Ledo. Benancio Santana Rabell para que la sustituyera. Así pues, el foro primario señaló otra vista para el 16 de mayo de 2012, pero la abogada tampoco compareció. Surge del expediente que en esa ocasión no fue sustituida por otro abogado, por lo que el tribunal de ins-tancia emitió una orden de mostrar causa dirigida a la abogada. No surge del expediente que la licenciada Her-nández López haya comparecido para mostrar causa.

El foro primario señaló otra vista para el 23 de julio de 2012, donde se estableció un calendario de trabajo me-diante el cual los abogados de las partes prepararían el informe de conferencia con antelación al juicio. Además, se pautó una conferencia y vista transaccional para el 31 de octubre de 2012. Sin embargo, llegado ese día, la licenciada Hernández López no compareció ni se excusó. Además, aunque las partes habían acordado los pormenores del in-forme de conferencia con antelación al juicio, se presentó únicamente con la parte que le correspondía al abogado de la parte adversa, pues la licenciada Hernández López no se comunicó con su contraparte ni fue a la reunión acordada. Debido a que la abogada se ausentó a la vista de 31 de octubre de 2012, el abogado de la parte adversa solicitó en corte abierta la desestimación con perjuicio del pleito.

El 8 de noviembre de 2012, el foro primario emitió una orden, por segunda ocasión, para que la licenciada Hernán-dez López mostrara causa por la cual no debía desesti-marse el caso. Sin embargo, luego de expirado el término concedido, la letrada presentó un informe de conferencia con antelación al juicio incompleto y firmado únicamente por ella. Posteriormente, la licenciada Hernández López sometió un escrito en el que adujo que el día de la confe-rencia con antelación al juicio se encontraba en otra sala del Tribunal de Primera Instancia atendiendo otro caso que se tardó más de lo previsto, por lo que presentó sus excusas. Por su parte, el abogado de la parte adversa so-metió por escrito su solicitud de desestimación por el his-torial de incumplimiento de la letrada. Por consiguiente, el tribunal le ordenó a la abogada Hernández López que pre-sentara la posición del señor Nicolau Martínez en un tér-mino de diez días. No obstante, esta no lo hizo.

El 28 de noviembre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia le requirió nuevamente a las partes que presen-taran el informe de conferencia con antelación al juicio. Ahora bien, a pesar de que se presentó el informe com-pleto, ese escrito no contó con la firma de la licenciada Her-nández López porque ella no asistió a la oficina del abo-gado de la parte adversa, aunque había acordado hacerlo. Además, ese abogado le informó al foro primario que la licenciada Hernández López nunca le notificó los escritos que presentó al tribunal. Posteriormente, el 21 de diciem-bre de 2012, el abogado de la parte adversa presentó una segunda moción de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia dispuso que esa moción se discutiera el 6 de fe-brero de 2013, es decir, durante la próxima vista de confe-rencia con antelación al juicio.

La audiencia se celebró el día señalado pero la licen-ciada Hernández López se ausentó. Entonces, el foro pri-mario desestimó la demanda del señor Nicolau Martínez con perjuicio. Posteriormente, este último compareció mediante otra representación legal y logró que se dejara sin efecto la sentencia desestimatoria, pero se le impuso una sanción de $1,000.

Por estos hechos, el 19 de julio de 2013 el señor Nicolau Martínez presentó la queja que inició este procedimiento disciplinario. En su escrito, alegó que contrató a la licen-ciada Hernández López el 13 de octubre de 2011 para que continuara su caso sobre despido injustificado debido a que el abogado que había presentado la demanda renunció. Sin embargo, el señor Nicolau Martínez señaló que el 15 de fe-brero de 2013 recibió por correo una copia de la minuta de la vista que se celebró el 6 de febrero de 2013. De esa forma, supo que su caso se había desestimado por abandono. Ese mismo día acudió al Tribunal de Primera Instancia para examinar el expediente. Así se enteró del contenido de la sentencia y de otras órdenes y señalamientos del foro pri-mario que la licenciada Hernández López no le había noti-ficado, a pesar de que se había comunicado con ella en va-rias ocasiones. La abogada solo le dijo que el caso se encontraba en trámite. Por último, el señor Nicolau Martí-nez manifestó que solicitó la renuncia de la abogada y la entrega del expediente por varios medios, pero que no ob-tuvo respuesta de la letrada.

El 19 de agosto de 2013, la Subsecretaría de este Tribunal envió a la licenciada Hernández López copia de la queja que presentó el señor Nicolau Martínez por correo certifi-cado con acuse y le solicitó que se expresara sobre la queja dentro del término de diez días. Sin embargo, la abogada no compareció. El 23 de septiembre de 2013 se le ordenó nue-vamente que contestara la queja en su contra, pero tampoco compareció. Así pues, el 27 de diciembre de 2013 se le noti-ficó personalmente una Resolución en la que se le concedió un término final de cinco días para que contestara la queja en su contra. Fue entonces que la licenciada Hernández Ló-pez presentó su contestación.

En su escrito, la abogada ofreció disculpas por la tar-danza en contestar y expuso que para noviembre de 2012 comenzó a reducir su carga laboral por recomendación de la Dra. Lymari Díaz. Asimismo, argumentó que cerró su ofi-cina por dificultades económicas. Expuso que estaba bajo la impresión de que había renunciado a la representación legal del señor Nicolau Martínez y que le había instruido a su asistente que le enviara el expediente al querellante. Re-saltó que dejó de recibir notificaciones del tribunal, por lo que concluyó que había sido relevada de la representación legal. También alegó, escuetamente y sin evidenciar, que quedó embarazada para marzo de 2013 y que sufrió ciertas complicaciones. Por último, la abogada Hernández López certificó en su contestación que el mismo día envió el expe-diente del caso al querellante mediante correo certificado con acuse y se comprometió a notificarnos cuando él lo recibiera. Posteriormente, le remitimos copia de la queja y su contestación a la Procuradora General para la presenta-ción de un informe y sus recomendaciones al respecto.

En respuesta a esa encomienda, la Procuradora General nos presentó su informe. Determinó que el manejo del caso por la licenciada Hernández López, su desatención y tar-danza relacionadas con el cumplimiento de las órdenes del foro primario y las de este Tribunal durante este proceso disciplinario, así como la tardanza en la renuncia solici-tada por el cliente, podían constituir violaciones de los Cá-nones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profe-sional, 4 LPRA Ap. IX. Examinado el informe y luego de expirado el término que le concedimos a la letrada para que se expresara en torno a este sin que lo hiciera, le orde-namos a la Procuradora General que presentara la quere-lla correspondiente.

El 15 de octubre de 2015, la Procuradora General.pre-sentó la querella disciplinaria contra la licenciada Hernán-dez López y le imputó violaciones de los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38, supra. El 19 de octubre de 2015 se diligenció, personalmente, un mandamiento de este Tribunal para que la abogada contestara la querella dentro del término de quince días. No obstante, luego de expirado el término concedido para ello, la abogada compareció a través de su representación legal y solicitó una prórroga de veinte días para presentar su contestación. Al filo de la prórroga soli-citada, la licenciada Hernández López nos evidenció que le envió un giro postal al señor Nicolau Martínez por $1,000 como rembolso del pago de la sanción económica que le impuso el foro primario. Finalmente, la abogada presentó su contestación a la querella el 9 de diciembre de 2015.

La letrada expresó que no representó los intereses del señor Nicolau Martínez de manera adecuada debido a un error de juicio. Así, aceptó que incurrió en las faltas que le imputó la Procuradora General en la querella. Contesta-ción a querella, pág. 2. Sin embargo, argumentó que lo anterior representa un evento aislado que no volverá a repetirse. La licenciada Hernández López anejó una decla-ración jurada de una dienta. En esa declaración se expresa la satisfacción de la dienta con el desempeño de la letrada.

También argumentó que ha llevado alrededor de diez casos de oficio, seis de ellos durante el 2015. Por último, pidió disculpas y aseguró que está avergonzada y arrepen-tida por lo sucedido. Designamos a la exjueza del Tribunal de Primera Instancia, Hon. Crisanta González Seda, como Comisionada Especial para que recibiera prueba, realizara sus determinaciones de hecho y nos presentara sus recomendaciones.

Luego de varios trámites procesales, se celebró la confe-rencia con antelación a la vista ante la Comisionada Especial. En esa vista, la abogada Hernández López renun-ció libre y voluntariamente a la continuación de los procedimientos. Así, aceptó ante la Comisionada Especial que incurrió en las faltas imputadas en la querella. Las par-tes solicitaron que no se celebrara la vista en su fondo. No obstante, la letrada solicitó que se admitieran unas declara-ciones juradas de compañeros abogados en las que se da fe de la capacidad y el profesionalismo de la querellada. La Procuradora General no mostró reparos a que se admitieran las declaraciones juradas como prueba de carácter. Asi-mismo, la Procuradora General solicitó, sin objeción de la querellada, que se admitiera como prueba el expediente del caso José A. Nicolau v. González Trading Inc., DPE2011-0121.

E1 27 de junio de 2016, la Comisionada Especial rindió un informe con sus determinaciones de hecho y conclusio-nes de derecho, las cuales acogemos.

HH H — I

El Código de Ética Profesional recoge las normas que rigen la conducta de la clase togada en nuestra jurisdicción. In re Rivera Grau, 196 DPR 522 (2016). El abo-gado, como funcionario del tribunal, debe conducirse con diligencia y honradez, y no debe incurrir en conducta impro-pia en el ejercicio de su labor. Además, debe mantener a su cliente informado sobre todo desarrollo en su caso, así como solicitar oportunamente el permiso del tribunal para ser re-levado de la representación legal cuando su cliente no inte-rese que continúe como su representante.

A. El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente a este caso, que los aboga-dos deben "observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los abogados cumplan pronta y diligentemente las órdenes de todos los tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Asumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes o las de nuestros funcionarios y organismos, denota una falta de respeto hacia nuestra autoridad, lo que constituye una violación del Canon 9, supra. In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016). En otras palabras, aquel abogado que ignora, rechaza o menosprecia nuestros requerimientos consiente a que lo separemos de la profesión legal. In re Amiama Laguardia, 196 DPR 844 (2016).

B. Por otro lado, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, establece que los abogados tienen el de-ber de ser puntuales en su asistencia, así como concisos y exactos en el trámite y la presentación de las causas de sus clientes. Esa obligación exige desplegar todas las diligen-cias necesarias para que no se causen dilaciones indebidas en la tramitación y solución de los casos. In re Polanco Ortiz I, 196 DPR 126, 132 (2016). Es decir, el precitado canon compele a cumplir estrictamente las órdenes judiciales. íd. En torno a los procesos disciplinarios, la norma que encarna el Canon 12, supra, exige que los abo-gados respondan con premura a todos los requerimientos relacionados con las quejas por conducta profesional. In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2010).

C. Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, exige que los abogados defiendan los intereses de sus clientes “diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad [...] ”. Este canon dispone que es impropio que un abogado asuma la representación legal de un cliente cuando es consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente, y que no puede prepararse sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 762 (2015). En ese sentido, “un abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que se le encomendaron en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin retrasos”. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Por esa razón, “[e]n el ejercicio de la abogacía no hay espacio para que sus miembros actúen con displicencia, dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que se le[s] han delegado”. (Énfasis suprimido). In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 583 (2015). Así, un abogado transgrede el Canon 18 cuando exhibe una conducta negligente que pueda aca-rrear, o en efecto acarree, la desestimación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado. In re Rivera Nazario, supra, citando a In re Pietri Torres, supra.

D. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece con claridad que es deber ineludible de todo abogado “mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Ese deber es parte integral de la relación de fíducia existente entre el abogado y su cliente. En ese aspecto, un abogado incumple con las dis-posiciones de la norma impuesta por el Canon 19 cuando no atiende los reclamos de información que el cliente soli-cita; no le informa del resultado adverso de la gestión en-cargada; la acción se desestima o se archiva; no mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente le niega al cliente información sobre el caso. In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 638 (2016), citando a In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014).

E. El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento que deben seguir los abo-gados al renunciar a la representación legal de un cliente. Específicamente, este canon dispone que una vez los abo-gados comparecen en representación de un cliente, deben obtener el permiso del tribunal para renunciar a la representación. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1016-1017 (2013). En esa línea, el Canon 20 requiere que antes de renunciar a la representación legal de los clientes, los abogados tomen medidas razonables para evitar perjui-cio a los derechos de estos. Además, tan pronto la renuncia se materializa, o cuando el cliente lo solicita, los abogados están obligados a entregar a su cliente el expediente y todo documento relacionado con el caso. Véanse: In re Rivera Navarro, 193 DPR 303, 316 (2015); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 161-162 (2014).

F. Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, entre otras cosas, que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales [...] ”. Este canon impone la obligación de evitar el incurrir en una con-ducta impropia. In re Rivera Grau, supra, pág. 536. Ade-más, este precepto ético obliga a todos los letrados a hacer su propia y cabal aportación para la consecución de una mejor administración de la justicia. In re Hoffmann Mouriño, 194 DPR 179, 188 (2015).

I — i I — i HH

A. A la licenciada Hernández López se le imputa haber transgredido los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Luego de evaluar cuidadosa-mente los hechos ante nuestra consideración, el informe de la Comisionada Especial y la posición de la letrada, con-cluimos que esta se apartó de lo que dictan los precitados cánones.

En este caso, la licenciada Hernández López ignoró las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el caso del señor Nicolau Martínez. De hecho, el foro primario tuvo que recalendarizar varias vistas y emitir órdenes para mostrar causa, y tampoco se logró someter el informe con antelación al juicio a tiempo debido a que la licenciada no lo firmó. Asimismo, desatendió inicialmente los requeri-mientos de este Tribunal para que contestara la queja en su contra. Por esas razones, la licenciada Hernández López transgredió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Su desidia y ausencias injustificadas provocaron el retraso innecesario del caso del quejoso y el proceso disci-plinario que se llevó en su contra. Por eso, la letrada Her-nández López violó también el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.

La letrada abandonó el caso para el cual se le contrató. A pesar de las oportunidades que le brindó el foro primario, la abogada Hernández López no representó diligentemente los intereses del señor Nicolau Martínez hasta el punto de la desestimación por falta de interés. Además, ello ocasionó que el Tribunal de Primera Instancia impusiera una san-ción de $1,000 al querellante. Por esta razón, concluimos que la abogada Hernández López transgredió el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

A pesar de los desarrollos del caso (entiéndase, las órde-nes del foro primario para que el señor Nicolau Martínez expusiera su posición en tomo a las solicitudes de desesti-mación de la parte demandada y la sentencia de desesti-mación), la licenciada Hernández López no realizó esfuer-zos razonables para mantener informado al señor Nicolau Martínez sobre los desarrollos de su caso. De esa manera, transgredió los postulados del Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Luego de estas incidencias, el señor Nicolau Martínez solicitó la renuncia de la letrada. Resalta el hecho de que esta nos certificó en su contestación a la queja que ese mismo día remitió el expediente del caso al señor Nicolau Martínez, por correo certificado. Es decir, a pesar de que el quejoso le solicitó la renuncia y el expediente en febrero de 2013 a través de varios medios, la licenciada Hernández López devolvió el expediente del caso luego de que se le presentó la queja ante este Tribunal. En su informe, la Procuradora General nos señaló que el querellante le ma-nifestó que no había recibido el expediente del caso. In-forme de la Procuradora General, pág. 5. Cabe destacar que ese informe se presentó cuatro meses después de que la licenciada Hernández López nos certificara, sin eviden-ciar, el envío del expediente al señor Nicolau Martínez.

Hemos resuelto en innumerables ocasiones que todo abogado debe devolver el expediente del caso a su cliente sin dilación. Tampoco surge que la licenciada Her-nández López hubiese tomado medidas para evitar algún perjuicio al quejoso. Indiscutiblemente, la licenciada Her-nández López violó el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

El desempeño de la licenciada Hernández López como abogada del señor Nicolau Martínez se distinguió por un patrón de desidia, despreocupación y omisiones, hasta lle-gar al punto de provocar la desestimación del caso. De esa manera, el proceder de la letrada fue contrario a la obliga-ción que tiene todo abogado de esforzarse al máximo de su capacidad para exaltar el honor y la dignidad de la profesión. La actitud de la licenciada Hernández López re-flejó una imagen que dista mucho de lo que es en realidad una práctica de la abogacía honorable y digna. Por esa ra-zón, la licenciada Hernández López violó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

B. Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado que incurrió en una conducta con-traria al Código de Ética Profesional, consideramos los fac-tores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comu-nidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado peijuicio a alguna parte; (4) la aceptación y arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agravante aplicable a los hechos. Véanse: In re Rivera Grau, supra, pág. 539; In re Nazario Díaz, supra, pág. 642.

A pesar de la conducta que exhibió la abogada, la Comi-sionada Especial nos sugiere varios atenuantes en su in-forme: que la letrada aceptó la conducta que se le imputó; que se evitó un desfile de prueba innecesario al renunciar a la vista en su fondo; que la licenciada Hernández López se mostró sinceramente arrepentida durante el proceso, y que aseguró que su conducta no se volvería a repetir. Además, surge que este es el primer procedimiento disciplinario contra la licenciada Hernández López, que resarció al que-rellante la sanción económica que le impuso el foro prima-rio y, por último, que existe evidencia de que ella goza de buena reputación como abogada y en su carácter privado.

IV

Al tomar en cuenta las consecuencias de la conducta de la abogada y los atenuantes que señaló la Comisionada Especial, suspendemos a la Leda. Sharon M. Hernández López inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la no-taría por el término de tres meses.

Se ordena a la licenciada Hernández López que notifique inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y les devuelva cuales-quiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmedia-tamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún trámite pendiente. Además, se ordena a la licenciada Hernández López que evidencie el envío del expediente del caso José A. Nicolau v. González Trading Inc., DPE2011-0121, al señor Nicolau Martínez. Por último, la abogada deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inme-diatamente la obra y el sello notarial de la licenciada Her-nández López y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia a la licenciada Hernández López a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Este caso fue objeto de una desestimación sin perjuicio debido a que el señor Nicolau Martínez no anunció su nueva representación legal dentro del término pro-visto por el tribunal.

       La minuta en la que se señaló la vista de conferencia con antelación al juicio para el 6 de febrero de 2013 también se le notificó al señor Nicolau Martínez, pero este tampoco compareció.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

license: Public Domain

text:
      In re Magda Morales Torres, María I. Torres Alvarado y Ligia E. Santos Torres.

      Número: AB-2014-192

      Resuelto: 10 de febrero de 2017

      Magda C. Morales Torres, Ligia E. Santos Torres y María Ive-lisse Torres Alvarado, abogadas peticionarias; Rafael Luis Vissepó Vázquez, juez superior, en comparecencia especial.
   RESOLUCIÓN

Examinados los escritos titulados Comparecencia en Cumplimiento de Resolución, presentados el 29 de julio de 2014 por la Leda. Magda Morales Torres, la Leda. María I. Torres Alvarado y la Leda. Ligia E. Santos Torres, se refiere a la Oficina del Procurador General para la investigación e informe correspondiente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emi-tió un Voto particular disidente, al que se unieron la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez. La Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco apercibiría y archivaría la queja.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

al cual se unen la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

Disiento del curso de acción de una mayoría de este Tribunal por entender que no procede referir este asunto al Procurador General. Los hechos que provocaron esta queja ya fueron investigados y adjudicados por diversos organis-mos, incluyendo este Foro.

I

En el 2014, las licenciadas Magda Morales Torres, Maria J. Torres Alvarado y Ligia Santos Torres (conjunta-mente, las licenciadas) solicitaron que el Juez Administra-dor, Hon. Lind O. Merle Feliciano, evaluara cierta conducta del Hon. Rafael Vissepó Vázquez al amparo de los Cánones de Ética Judicial. Pidieron que determinara si procedía que el asunto se refiriera a este Tribunal. El 10 de julio de 2014 remitimos la referida solicitud de evaluación a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para la investigación correspondiente. El juez Vissepó Váz-quez, por su parte, refirió posteriormente cierta conducta de las abogadas por, presuntamente, violar el Código de Ética Profesional.

Así las cosas, conforme proveen las Reglas de Disciplina Judicial, la Unidad Especializada de Investigaciones adscrita a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT llevó a cabo una investigación que dio pie a la formulación de car-gos en contra del juez Vissepó Vázquez ante la Comisión de Disciplina Judicial. Dicho organismo autorizó la presenta-ción de una querella contra el juez Vissepó Vázquez. Con-viene destacar que en la querella —y pertinente a la reac-tivación del procedimiento investigativo que una mayoría autoriza hoy sobre la conducta de las abogadas— la OAT imputó al juez Vissepó Vázquez el cargo siguiente: “[e]l Querellado, al no lograr que las abogadas desistieran del proceso disciplinario que ellas estaban canalizando a tra-vés del Tribunal, intervino en el caso en el cual estaba inhibido para forzar un procedimiento disciplinario en contra de las abogadas y desalentar así la investigación que éstas estaban promoviendo”.

Tras llevar a cabo los procesos correspondientes, la Co-misión de Disciplina Judicial concluyó que no existía prueba clara, robusta y convincente en cuanto a algunos cargos. Sin embargo, determinó que ciertas expresiones y comentarios del juez se apartaron de lo dispuesto en varias disposiciones de los Cánones de Ética Judicial, por lo que recomendó a esta Curia sancionar al juez Vissepó Vázquez.

Examinadas rigurosamente las actuaciones del juez Vis-sepó Vázquez a la luz del estándar probatorio aplicable, el 7 de octubre de 2016 este Tribunal ordenó archivar la que-rella que pesaba en su contra. Concluimos que la prueba que presentó la OAT no demostró de forma clara, robusta y convincente infracciones a la ética judicial. Véase In re Vis-sepó Vázquez, 196 DPR 560 (2016). Con ello culminó el trámite contra el juez Vissepó Vázquez, mas quedó pen-diente la determinación de este Tribunal en cuanto a sus imputaciones contra las licenciadas.

II

Por surgir estrictamente del mismo núcleo de hechos y habiendo la OAT, la Comisión de Disciplina Judicial y esta Curia evaluado acuciosamente todo lo concerniente a los intercambios verbales y escritos entre las licenciadas y el juez Vissepó Vázquez, procedía disponer de este asunto sin trámites ulteriores, según se ha hecho en otras ocasiones. No obstante, con el referido a la Oficina del Procurador General, una mayoría de este Tribunal dilata innecesaria-mente la queja que presentó el juez Vissepó Vázquez contra las abogadas y reactiva el procedimiento investigativo en su contra.

Reitero que no hay razón que justifique ese curso de acción. Más aún, resulta perjudicial y poco práctico utilizar los recursos limitados del Estado para activar la maquina-ria de la Oficina del Procurador General y de este Tribunal, a los efectos de indagar sobre unos eventos que ya se investigaron. En cambio, procede que este Tribunal, ha-ciendo uso efectivo de su poder inherente y de la informa-ción ya recopilada, evalúe la conducta de las abogadas al amparo del Código de Ética Profesional.

Por otro lado, este Tribunal revisó recientemente los mecanismos con los que evalúa, investiga y sanciona a los miembros de la Judicatura que infringen los cánones que rigen la ética judicial. Al hacerlo nos expresamos con celo sobre el derecho al debido proceso de ley de los jueces y las juezas, y la importancia de proteger la independencia judicial. Igual reconocimos el imperativo de “asumir una nueva postura proactiva y flexible que [...] sirva como me-canismo profiláctico de cualquier conducta antiética que pueda socavar la integridad del sistema judicial [...] ”. Este espíritu unánime de proveer una apertura más cabal a los ciudadanos y las ciudadanas pudiera verse lacerado con actuaciones como estas. A fin de cuentas, solo podemos ser guardianes de nuestro recinto judicial cuando nos en-teramos de aquella conducta que pudiera estar reñida con la ética judicial.

Insisto en que debemos ser custodios celosos del espacio sosegado y amplio que deben tener los miembros de la pro-fesión legal y la ciudadanía en general cuando quieren traer a nuestra atención instancias en las que estiman que algún miembro de la Judicatura ha actuado en contraven-ción de nuestros postulados éticos. Lo fuimos con el juez Vissepó Vázquez y lo debimos ser con las licenciadas.

Me preocupa el efecto desalentador que puede tener el referido de las licenciadas a la Oficina del Procurador General. En particular, me inquieta el efecto disuasivo natural que pudieran tener los abogados y las abogadas de presentar quejas contra jueces y juezas por miedo a que es-tos, en aparente represalia, refieran su conducta ante este Tribunal. Advierto que en este caso el referido contra las abogadas se dio posterior al referido de las licenciadas sobre la conducta del juez Vissepó Vázquez. Más aún, la OAT le imputó al juez utilizar el proceso disciplinario contra las abogadas para "intentar desviar o atacar el proceso de queja iniciado por ellas sobre las expresiones que él emitió”.

Si bien somos enfáticos en que no permitiremos que se utilicen los procesos disciplinarios contra los jueces y las juezas como estrategias para obtener inhibiciones infunda-das en los litigios, adelantar agendas personales, entre otras, tampoco podemos avalar, ni siquiera en apariencia, que se utilicen los procesos disciplinarios contra los aboga- dos y abogadas como táctica de intimidación o, peor aún, de represalia. Este Tribunal ha protegido una y otra vez —en múltiples contextos— a quien denuncia lo que percibe es una conducta incorrecta. Ello cobra mayor resonancia cuando se trata de relaciones donde el poder privilegia a uno sobre otro y donde nuestro poder inherente debe des-cargarse equitativamente.

Por todo lo anterior, habiendo examinado la información recopilada por la OAT durante su investigación —inclu-yendo las mociones que provocaron la queja contra estas abogadas— y la información que surge de los procesos ante la Comisión de Disciplina Judicial, incluyendo el Informe que le rindió a este Tribunal, archivaría la queja. Al igual que un grupo de Jueces y Juezas de este Tribunal hicimos con respecto a las expresiones del juez Vissepó Vázquez, apercibiría a las letradas de que su conducta hacia los tribunales debe caracterizarse por el mayor respeto y que tie-nen que evitar el comportamiento que pueda entenderse como que atenta contra el buen orden en la administración de la justicia. De esa forma, en vez de malgastar nuestros recursos limitados y los de la Oficina del Procurador General, los empleamos de manera más eficiente.

       La conducta que le imputaron al juez Vissepó Vázquez y la que este le imputó a las licenciadas ocurrió durante los procedimientos en el caso Awilda Rodríguez Berríos v. Wilfredo Colón Ortiz, Civil Núm. EAC2009-0015. En cuanto a la conducta que refirió el juez Vissepó Vázquez, este Tribunal le concedió un término a las licen-ciadas para que se expresaran sobre dicho asunto.

       4 LPRA Ap. XV-B. Véase In re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564 (2014).

       Informe de la Comisión de Disciplina Judicial de 27 de junio de 2016, pág. 4, en In re Vissepó Vázquez, 196 DPR 560 (2016), Caso Núm. AD-2014-3.

        In re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, supra, pág. 564.

       Comparecencia en torno al Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, al amparo de la Regla 30(A) de Disciplina Judicial, pág. 32, en In re Vissepó Vázquez, supra, Caso Núm. AD-2014-0003.

       En particular, la Regla 3 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV, dispone que no se investigará una queja o solicitud de separación que “(c) pretenda utilizar indebida-mente el procedimiento disciplinario o de separación para lograr la inhibición de un juez o jueza en un caso en particular o cualquier ventaja en un caso o procedimiento ante su consideración Véase además, In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633 (2016).

       Voto concurrente emitido por el Juez Asociado Señor Colón Pérez, al cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en In re Vissepó Vázquez, supra.


author: per curiam:

text:
      In re Gerán González Acevedo.

      Número: TS-9,391

      Resuelto: 14 de febrero de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en Informe; Gerán González Acevedo, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde ordenar la suspensión inmediata e indefinida de un profesional del Derecho por violar los Cánones 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

HH

El Ledo. Gerán González Acevedo fue admitido a la pro-fesión de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y al de la notaría el 17 de enero de 1977. La presente acción discipli-naria se remonta a la inspección de la obra notarial del abogado González Acevedo efectuada en el 2014. Durante la inspección, la Leda. Margarita Portalatín Aguilar, ins-pectora de Protocolos y Notarías, identificó un patrón rei-terado de remisiones tardías de las notificaciones de ins-trumentos públicos y la falta de cancelación de aranceles. Desde aquel entonces, el licenciado González Acevedo ini-ció la subsanación de los defectos señalados por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Sin embargo, tales es-fuerzos fueron insuficientes. Ante esto —y considerando la gravedad de los defectos señalados — , el 10 de agosto de 2015 este Tribunal ordenó la incautación de los Protocolos y del único sello notarial registrado por el licenciado Gon-zález Acevedo.

Posterior a la referida incautación, el abogado continuó subsanando parcialmente las deficiencias señaladas du-rante aproximadamente un año. Luego de múltiples opor-tunidades, este Tribunal emitió una Resolución y Orden el 19 de septiembre de 2016 confiriendo un término final e improrrogable de treinta días al licenciado González Acevedo para que subsanara las deficiencias de su obra proto-colar correspondiente a los años 2006, 2007, 2009, 2011 y 2012. No obstante, el 19 de octubre de 2016 venció el tér-mino sin que el licenciado González Acevedo cumpliera con lo ordenado.

En vista de ello, compareció el Ledo. Manuel Ávila de Jesús, director de la ODIN, quien además de alertar sobre el referido vencimiento del término, señaló ciertas prácti-cas indebidas de la notaría por parte del licenciado Gonzá-lez Acevedo. Así pues, el Director de la ODIN presentó un informe especial suscrito el 17 de octubre de 2016 por la inspectora Portalatín Aguilar, quien constató la existencia de dos escrituras aparentemente autorizadas por el licen-ciado González Acevedo once meses luego de haberse in-cautado la obra y el único sello notarial registrado. Véase Informe especial sobre obra notarial del Ledo. Gerán Gon-zález Acevedo; notario número 9391, pág. 2. La Inspectora narró que mientras se encontraba en la oficina del Ledo. Víctor M. Soto Hernández, se presentó la Sra. Ruth Miriam Miranda Nieves, una de las partes otorgantes del ins-trumento intitulado Escritura Número 16 sobre Capitula-ciones Matrimoniales de 8 de julio de 2016 (Escritura Número 16). La señora Miranda Nieves entregó —tanto al licenciado Soto Hernández como a la Inspectora— la copia certificada del instrumento público para que le orientaran sobre la validez de éste. En la copia de la Escritura Nú-mero 16 consta la rúbrica, la firma y un sello notarial con el nombre del licenciado González Acevedo, aunque la tipo-grafía del grabado del sello es distinta a la del sello regis-trado e incautado. También, llamó la atención de la inspec-tora Portalatín Aguilar que el instrumento inicia como una capitulación matrimonial, pero luego se convierte y con-cluye como una escritura de donación.

Posteriormente, la señora Miranda Nieves se comunicó con la Inspectora para indicarle que, al visitar al licenciado González Acevedo, éste le entregó una copia simple de una escritura intitulada Capitulaciones Matrimoniales, Nú-mero 17, de 6 de julio de 2016 (Escritura Número 17). En ésta comparece igualmente la señora Miranda Nieves como una de las partes otorgantes. Sin embargo, la Escri-tura Número 17 muestra algunas variaciones en la redac-ción, en contraste con la Escritura Número 16. Asimismo, la Escritura Número 17 presenta el craso error de que se autorizó dos días antes que la Escritura Número 16.

Por su parte, el licenciado González Acevedo compareció el 7 de noviembre de 2016 mediante una Moción solici-tando breve término para replicar. Alegó que estuvo hospi-talizado y solicitó un término para contestar las alegacio-nes relacionadas con los índices notariales, la aparición de un sello notarial con su nombre en ciertas escrituras y diversos asuntos relacionados con la subsanación de los de-fectos de los Protocolos notariales.

Consecuentemente, el 21 de noviembre de 2016, este Tribunal emitió una Resolución en la que ordenó la incau-tación de cualquier otro sello notarial que el licenciado González Acevedo ostentara y que, dentro de un término de diez días, mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dido de la profesión de la abogacía y la notaría. También se le proveyó un término de treinta días para que culminara la subsanación de los defectos de su obra protocolar corres-pondiente a los años 2006, 2007, 2009, 2011 y 2012.

Así las cosas, la Resolución fue notificada personal-mente el 1 de diciembre de 2016. En vista de ello, el 8 de diciembre de 2016 el licenciado solicitó una prórroga de cinco días adicionales. Sin embargo, no fue hasta el 21 de diciembre de 2016 que el licenciado González Acevedo com-pareció mediante un Escrito en cumplimiento de orden y otros extremos. Pese a que este escrito fue presentado tar-díamente, el licenciado evidenció algunos trámites de sub-sanación de sus Protocolos y solicitó la baja voluntaria de la abogacía. De igual forma, expresó que continuaría sub-sanando todos los defectos pendientes en su obra notarial.

II

El Código de Ética Profesional establece las nor-mas mínimas de conducta que debe exhibir todo miembro de la abogacía. El Canon 9 del Código de Ética Profesional dis-pone que todo abogado debe “observar para con los tribuna-les una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Ante una violación a este canon, “ ‘procede suspender inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción a cualquier miembro de la profesión legal que opta por ignorar nuestras órdenes y muestra indiferencia ante nuestros apercibimientos de san-ciones disciplinarias’ ”. In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016). Véase In re Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016). De igual forma, este Tribunal interpretó que el Canon 9 se extiende a los requerimientos de este Tribunal y de la ODIN. In re Colón Collazo, supra; In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, págs. 8-9, 194 DPR Ap. (2016).

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece el deber de diligencia y competencia con el que debe obrar todo profesional del Derecho. En lo que nos atañe, hemos interpretado que este canon tiene una “modalidad distinta cuando se trata de la función notarial”. In re Portela Martínez, 191 DPR 84, 90 (2014). Véase In re Ortiz Medina, 175 DPR 43 (2008). De-bido a la naturaleza de las funciones del notario y la dele-gación de impartir fe pública, éste tiene un deber mayor de diligencia y competencia. In re Portela Martínez, supra, pág. 90; In re Colón Ramery, 138 DPR 793, 799 (1995). Es por ello que “[u]n notario que desconoce las normas jurídi-cas relativas al ejercicio de su profesión vulnera la natura-leza misma del notariado e incurre en una violación a las normas éticas de nuestra jurisdicción”. In re Portela Martínez, supra, pág. 90. Véanse: In re Vargas Velázquez, 190 DPR 730 (2014); In re Ortiz Medina, 175 DPR 43 (2008).

Como es sabido, la profesión de la abogacía y la notaría son ejes importantes en el ejercicio encomiable de impartir y adelantar la justicia en nuestra sociedad. Así, pues, requiere de una continua introspección; de ponderar si las actuaciones son cónsonas con las responsabilidades que acarrea ser un servidor de la Justicia. Véase In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327 (2016). En vista de ello, el Canon 38 del Código de Ética Profesional dispone que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exalta-ción del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. 4 LPRA Ap. IX. El precitado canon traza un deber para con la colectivi-dad, pues “[c]ada abogado es un espejo en [el] que se refleja la imagen de la profesión”. In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319 (1974).

H — i H — i i — i

Durante dos años, el licenciado González Acevedo no tomó las acciones suficientes para subsanar la totalidad de las deficiencias notificadas por la ODIN. Pese a que este Tribunal le ha brindado múltiples prórrogas, el licenciado ha sido indolente en cumplir lo ordenado. De por sí, esta conducta displicente constituye una causal para su suspen-sión inmediata de la profesión.

Empero, la conducta del licenciado aquí censurada no se circunscribe únicamente a su inobservancia con las órde-nes de este Tribunal y de la ODIN. Estimamos que las dos escrituras —en las cuales aparece la firma, el sello y la rúbrica del licenciado González Acevedo— fueron autoriza-das por éste luego de haberse incautado su obra y sello notariales.

Respecto a este asunto, la ODIN alertó a este Tribunal sobre la alegada práctica indebida de la notaría por parte de este abogado. Posteriormente, la ODIN informó que la se-ñora Miranda Nieves solicitó que se le informara si en el índice notarial correspondiente a julio de 2016 constaba la escritura de capitulaciones matrimoniales en la que ésta fi-gura como otorgante. La ODIN interpretó tal solicitud como un hecho que abona a comprobar que el licenciado González Acevedo ejerció la notaría estando inhabilitado para ello.

Por otra parte, es meritorio recordar que un Tribunal puede hacer su propia apreciación sobre los hechos susten-tado en prueba documental. Véase In re Ortiz Burnet, 152 DPR 542, 549 (2000). En el presente caso, la ODIN adjuntó a su informe las copias de las escrituras en cuestión, por lo que pudimos evaluar la forma y el contenido de éstas.

Ante tales alegaciones, se le proveyó al licenciado Gon-zález Acevedo un término para que se expresara sobre las dos escrituras en cuestión. Sin embargo, éste nada dispuso sobre tan delicado asunto en su Escrito en cumplimiento de orden. En vista de lo antes mencionado, colegimos que el licenciado González Acevedo otorgó las escrituras en una clara contravención a los Cánones 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional. Sin duda alguna, la autorización de tales escrituras, luego de haberse incautado el único sello notarial registrado por el licenciado González Acevedo, consti-tuye una afrenta a la seguridad jurídica y contraviene los deberes fundamentales del notario. Ello, pues, y a modo de recordatorio, el notario es “ ‘un profesional del Derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una pre-sunción de verdad, los actos en que interviene, para cola-borar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos priva-dos’ (Énfasis suprimido). P. Malavet Vega, El derecho notarial en Puerto Rico, Puerto Rico, Eds. Omar, 2010, pág. 83, citando a Giménez Arnau, Derecho notarial español, pág. 44. Asimismo, al examinar las escrituras en cuestión, reluce la falta de destreza en el manejo del derecho sustan-tivo en los negocios jurídicos contenidos allí.

El licenciado González Acevedo, a pesar de no exponer las razones por las cuales no debe ser suspendido de la profesión legal, solicitó a este Tribunal que autorizara su renuncia voluntaria a la práctica de la abogacía y la notaría. No obstante, dar paso a la petición del licenciado González Acevedo tendría el efecto de abrir las puertas al subterfugio, permitiéndole esquivar así las consecuencias disciplinarias que acarrean su incumplimiento con las obli-gaciones que rigen la profesión legal. Por ende, tal proce-der minaría el poder inherente de este Tribunal para regular la profesión legal y velar por el más fiel cumplimiento de las normas éticas por parte de la clase togada.

Finalmente, para determinar la sanción que se impondrá, requiere evaluar el historial de conducta del abogado. Así, pues, deben considerarse factores como los siguientes: “si goza de buena reputación, si aceptó la falta, su sincero arrepentimiento, si realizó la conducta impropia con ánimo de lucro y cualquier otro factor pertinente”. In re Portela Martínez, supra, pág. 93. Véase In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013). A esos efectos, cabe señalar que en la actualidad obra contra el licenciado González Acevedo una queja presentada el 11 de agosto de 2016.

IV

En atención a lo anterior, se ordena la suspensión inme-diata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría del licenciado González Acevedo. Se le impone el deber de notificar a sus actuales clientes su inhabilidad de conti-nuar representándolos, devolverles los honorarios por tra-bajos no realizados e informar inmediatamente de su sus-pensión a cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga casos pendientes. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opi-nión “per curiam” y Sentencia.

Asimismo, se le ordena que, en un término de sesenta días, subsane a sus expensas las deficiencias señaladas por la ODIN. Notifíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El licenciado González Acevedo adeuda, además, los índices Notariales co-rrespondientes a los periodos de septiembre a diciembre de 2015 y enero a septiem-bre de 2016, y el Informe de Actividad Notarial Anual del 2010.

       Surge del informe especial que “[l]a señora Miranda Nieves indicó que su esposo está llevando un procedimiento de quiebra personal ante otro abogado y le preocupa el efecto que pudiera tener la escritura defectuosa contra su persona y bienes en dicho procedimiento”. Informe especial sobre obra notarial del Ledo. Gerán González Acevedo; notario número 9391, de 17 de octubre de 2016, pág. 2.

       El 7 de noviembre de 2016, la Unidad de Informes Notariales, adscrita al Registro General de Competencias Notariales, recibió una solicitud presentada por la señora Miranda Nieves. En ésta se solicitó a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) que “informe si consta en el índice o está registrada [la] Escritura de Capi-tulaciones Matrimoniales”, en la cual la señora Miranda Nieves figura como otorgante. Véase Moción Informativa de la ODIN de 22 de noviembre de 2016.

       Posterior a la Resolución emitida por este Tribunal, el 23 de noviembre de 2016 compareció el Director de la ODIN mediante una Moción Informativa, en la cual adjuntó el Informe de seguimiento a obra notarial incautada, Protocolos 2013, 2014 y 2015 del Ledo. Gerán González Acevedo, notario número 9391. En éste se enumeran los nuevos señalamientos de deficiencias en la obra notarial para el pe-riodo comprendido por los años 2013 al 2016.

       Debemos señalar que una queja ética, por sí sola, no es un hecho constitutivo de conducta impropia o de mala reputación. Sin embargo, entendemos necesario hacer constar la queja pendiente, por ser éste un asunto de naturaleza ética que forma parte del expediente del licenciado González Acevedo.