author: El Juez Asociado Seños Texidor,

text:
    Roberto H. Todd, peticionario y apelante, v. Asamblea Municipal de San Juan, recurrida y apelada.
    No. 4739.

    Sometido: Noviembre 19, 1928.

      Resuelto: Febrero 14, 1929.

      Feliú t& La Costa, abogado del apelante; R. Martinez Nadal, R. Sancho Bonet y L. A. Castro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos que aparecen de lo actuado son éstos:

En 13 de agosto de 1928, el Alcalde de San Juan de Puerto Eico, convocó una sesión extraordinaria de la Asam-blea Municipal de San Juan, para el día 14 de los mismos mes y año, expresando lá convocatoria los asuntos a tratar en tal sesión. En la convocatoria no se hace mención alguna de impeachment del alcalde, o de consideración de la conducta de dicho funcionario.

La Asamblea Municipal de San Juan se reunió en sesión extraordinaria los días 14 y 15 de dichos mes y año; y en la última de las expresadas fechas, suspendió su sesión legis-lativa, y se constituyó en tribunal para conocer de una acu-sación o capítulo de cargos que, contra el alcalde Eoberto H. Todd, presentó José Torres Silva, de San Juan, P. E. Se dió lectura a la acusación, y por mayoría de votos, se resol-vió que se establecía un procedimiento de impeachment, contra el alcalde, sobre la base de la querella presentada y se suspendió al alcalde, en su empleo, y en la percepción de sueldo. A esta sesión concurrieron, según el acta, siete de los once asambleístas que constituyen aquel cuerpo municipal.

Eoberto H. Todd presentó ante la Corte de Distrito de San Juan, P. E., una petición de certiorari, en la que se so-licitó la expedición del auto para que se remitiera lo ac-tuado, y se revisaran los acuerdos tomados por la asamblea en cuanto a la suspensión en el empleo y sueldo, y al impeachment, y al mismo tiempo, se ordenara la. suspensión de todo procedimiento en cnanto a tales acuerdos. La corte libró el auto, ordenando la remisión de la documentación, y ,1a suspensión de los acuerdos de la asamblea a que la peti-ción se refiere, basta la resolución definitiva del recurso de certiorari. Se remitió la documentación; y se celebró la vista del caso. Y la corte dictó sentencia, cuyo texto es así:

“Por los fundamentos consignados en la relación del Oaso y Opi-nión unida a los autos y que se Race formar parte de esta sentencia, ¿se declara con lugar la solicitud de certiorari, en cuanto se refiere al acuerdo o resolución de la Asamblea Municipal de San Juan, de 15 de agosto de 1928, por el cual el peticionario Roberto EL Todd fué suspendido de empleo y sueldo como Alcalde de San Juan, durante la sustanciación de los cargos formulados por José Torres Silva, y que sirvieron de ba'se para el procedimiento de impugnación pública (impeachment), y en su consecuencia se anula dicho acuerdo o resolución; y se ordena la devolución de los documentos originales remitidos por virtud del auto de certiorari expedido el 16 de agosto de 1928, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión: sin especial condenación de costas.”

A la sentencia se une opinión, que aparece en la trans-cripción.

Contra esa sentencia se ba interpuesto, el presente re-curso, por el Alcalde de San Juan.

Se señalan por el apelante cuatro errores, que se dis-cuten conjuntamente, procedimiento que no es el que se es-tablece por nuestras reglas.

El primer señalamiento de error es así:

“1. Que la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan erró al dejar de resolver expresamente que el acuerdo de la Asam-blea Municipal apelada, de agosto 15 de 1928, era nulo e ineficaz, en tanto en cuanto por el mismo se in'stituyó procedimiento de impeachment contra el Alcalde apelante. ’ ’

Notamos que, en realidad, no se discute o argumenta fundamentalmente este señalamiento de error. Para el que estudie la opinión de la corte, es claro que ésta cuando menos, quiso' resolver el extremo de que se trata. La sentencia en este particular, es defectuosa, por falta de expresión, y porque no hace anulación expresa del auto original de certiorari. En materia de resoluciones judiciales, es nece-sario huir de lo implícito, para dqr la mayor claridad y segu-ridad a lo que requiere pronunciamiento y declaración. Y esto más aún en los casos en que existe un estado de derecho, creado por una resolución transitoria quizás, pero resolución de todas maneras, y cuyo estado de derecho debe ser, o ele-vado a final o revocado y destruido, prevaleciendo, en el primer caso, el nuevo estado, o volviendo los cosas al en que se hallaban antes de dictarse la disposición transitoria.

Es evidente que el apelante no podía sostener, al mismo tiempo, las opuestas y contradictorias posiciones que apare-cen de la comparación del primer señalamiento con los otros tres. Y es claro también que la tendencia de la corte fue resolver que la asamblea tenía derecho a iniciar y seguir el procedimiento de acusación y juicio contra el alcalde. De-bemos, por consiguiente, descartar este supuesto error.

Los otros señalamientos, son así:

“II. Que igualmente erró dicha Corte de Distrito al fallar y resolver, en efecto, que el tal acuerdo de dicha Asamblea apelada, es válido en lo que respecta a la parte del mismo que es objeto de este recurso.
“III. Que igualmente cometió error dicha Corte de Distrito al resolver, en efecto, que la Asamblea apelada podía válidamente insti-tuir tal procedimiento de impeachment contra este apelante en una sesión extraordinaria convocada para considerar únicamente asuntos enteramente ajenos y distintos de un impeachment.
“IV. Que igualmente erró la dicha Corte de Distrito al resolver y fallar, en efecto, que una mayoría de la Asamblea apelada puede constituir a ésta en tribunal de impeachment o en se'sión para cualquier objeto, o de cualquiera naturaleza, sin que medie el con-sentimiento unánime de la totalidad de los miembros de la Asamblea apelada para celebrar sesión como tal tribunal de impeachment.”

Se discuten y argumentan como uno solo; y éste es el procedimiento que siguen ambas partes en el caso.

No se limita la discusión, por parte de la apelada, a las cuestiones propuestas por la parte apelante, sino que se levantan otras, cuyo examen y resolución puede tener interés.

La primera cuestión que plantea la parte apelada se re-fiere a la procedencia del certiorari como remedio en el caso. Arguméntase este punto con extensión, y ofreciéndose citas de autoridades. Pern es forzoso a esta corte estudiar, como previa, otra proposición: La Asamblea Municipal de San Juan fia sido parte en este procedimiento de certiorari, en el que había dos extremos para resolución: el impeachment y la suspensión de empleo y sueldo del alcalde Sr. Todd: el caso se resolvió declarándose, en esencia, que la Asamblea no podía suspender de empleo y sueldo al alcalde, y dejando vivo el procedimiento de impeachment. Apeló el peticiona-rio Sr. Todd, y no ejercitó recurso alguno la asamblea; para ésta la sentencia está aceptada; y al venir ante el Tribunal Supremo en esta apelación, su posición es la de parte apelada, que sostiene la sentencia, y no la de una parte que viene a atacarla; para esto tuvo un camino, el de la apela-ción. La pregunta que se impone a nuestro juicio es ésta: ¿Puede la parte apelada, que no ha ejercitado recurso al-guno, atacar la sentencia? La contestación debe ser nega-tiva.

En ocasiones distintas ha repetido este tribunal la teo-ría corriente de que el que consiente una resolución no puede alegar, con provecho, los errores en la misma. En el caso F. Gavilán y Co. v. Viuda de Garriga y otros, 38 D.P.R. 416, se incluye la fórmula latina “Consensus tollit errorem”, a raíz de decirse esto:

“Tal vez se cometió un error contra dicha firma pero general-mente en apelación sólo pueden corregirse los errores cometidos contra un apelante.”

Ciertamente, el litigante que consiente una sentencia, na puede invocar el carácter de “parte agraviada,” que se re-quiere por el .artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil.

“E's una regla bien establecida que las cortes de apelación exa-minarán solamente los errores señalados 'por el apelante (Jackson v. F. R. W. Co., 14 Cal. 22) y que no se tomarán en consideración aque-llos errores que el apelado alegue haberse cometido por la corte inferior (Popper v. Atheara, 42 Cal. 606.)”

Se lia hecho esta cita por este tribunal en el caso Carmen Puig y Monserrate Orrach v. Sucesión de Jacinto Polanco, 16 D.P.R. 741; y se citó en los casos Rivera v. Brignoni, 17 D. P. R. 1204, y el de F. Gavilán y Co. v. Viuda de Garriga y otros, supra.

No obstante, y para los fines de nuestra opinión, debemos decir algo sobre el certiorari y su procedencia.

Empecemos por el examen del artículo 2do. de la Ley Municipal, y su importancia como obstáculo a la petición de un certiorari.

Es indudable que, contra la resolución que la asamblea municipal dicte en un caso de acusación o impeachment contra el alcalde, tiene éste el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero para que este de-recho pueda ejercitarse, y aún, para que nazca este derecho, se precisa que se haya seguido todo el procedimiento y se haya dictado una resolución. ¿Puede esto significar que contra la instalación de un procedimiento de esa clase no tenga el funcionario remedio alguno, y se vea forzado a esperar durante toda la tramitación, y a que en el tiempo que ella dure, y durante ella queden en peligro su nombre, su tran-quilidad y su reputación?

Si el recurso de apelación se da contra la resolución de la asamblea declarando acerca de los cargos y decidiendo lo que pudiéramos llamar penalidad, ello no impide que para los demás actos anteriores a esa resolución se establezcan otros procedimientos. El certiorari en este caso se ha interpuesto con relación a la suspensión de empleo y sueldo y al estable-cimiento de acusación. Y contra esos procedimientos no hay el recurso de apelación de que ,se hace mérito en el ale-gato de la parte apelada, a menos que se arguya que el re-curso contra la resolución final, abraza las resoluciones ini-oíales y las intermedias en esta clase de casos: lo que no parece ser así.

En cuanto a si cabe o no .el recurso de certiorari contra resoluciones de la clase de las comprendidas en este caso, en atención a su esencial naturaleza, esto es, por ser ellas, según la apelada, de carácter judicial o cuasi judicial, aquí es forzoso el estudio de tales resoluciones, y el del certiorari en general y el especial de la Ley Municipal.

De la opinión que redactó el juez de distrito en este caso,-tomamos, porque deben ser tenidos en cuenta, los siguientes párrafos:

“ ... el acto de tomar el acuerdo de recibir tales cargos, ordenar su lectura, disponer el procedimiento de impugnación pública, y 'suspender de empleo y sueldo al querellado, no tiene el carácter de ju*' dieial.”

Y luego:

“Todo esto está en armonía con los más elementales principios del debido procedimiento de la Ley. Acusar y juzgar son dos cosas distintas. Guando la asamblea formula sus cargos, está acusando; y cuando la asamblea e'stá oyendo las pruebas en pro y en contra de esos cargos, y los resuelve, está juzgando. El primer acto, es uno de administración, es una mera función administrativa, acción fiscaliza-' dora; el segundo acto, es uno judicial, de pura labor de cuerpo juz-gador, de tribunal encargado de bacer justicia en esos casos. La ac-ción' judicial no comienza hasta el segundo de estos actos. Y estamos1 en el primero; cuando la asamblea demandada acusa al peticionario, en el ejercicio de una perfecta acción administrativa. Y es claro que para conocer de ese acto administrativo, esta Corte tiene perfecta jurisdicción.
‘ ‘ Se ha resuelto que la facultad de destituir por causa a un funcio-nario, aunque se ejercite en forma judicial, es de carácter administra-tivo. State v. Dahl (Wis.), 122 N. W. 748; Stiles v. Lowell, 233 Mass. 174; State v. Superior, 90 Wis. 612; Scm Antonio Fire etc. v. Bell (Tes. Civil A.) 223 S. W. 506; State v. Kennely, 75 Conn. 704.”

En el caso de Massachusetts que en la opinión se cita (Stiles v. Lowell, 233 Mass. 174) había un estatuto que daba al concejo municipal el poder, bajo las leyes reguladoras del servicio civil, de suspender o destituir a cualquier funcio-nario administrativo o ejecutivo o jefe de subdepartamento a quien tenía facultad de nombrar. Y la corte, al tratar de la clase de función ejercitada por los que hicieron la des-titución, dijo que si ellos habían seguido las reglas de las leyes de servicio civil, las funciones que ejercían fueron, hasta un cierto punto, judiciales. Y luego dijo:

“El poder para destituir a un funcionario en servicio público es por su naturaleza ejecutivo, cuando se le eon'sidera sólo por sí mismo. Murphy v. Webster, 131 Mass, 432. Cuando, como prere-quisitos esenciales al ejercicio de ese poder, deban formularse cargos específicos como fundamento para destitución, notificarse esos cargos a la persona que va a ser destituida, darse oportunidad para ser oída, y luego celebrarse una vista en que recaiga la decisión corres-pondiente, entonces la vista y la decisión participan también de la ‘naturaleza de una investigación judicial.’ McCarthy v. Emerson, 202 Mass. 352, 354. Driscoll v. Mayor of Somerville, 213 Mass. 493, 494. Swan v. Justices of the Superior Court, 222 Mass. 542, 548. State v. Common Council of Superior, 90 Wis. 612, 619. Las fun-ciones de los miembros del concejo municipal son iguales a las de las personak que deben decidir la capacidad de los votantes, funciones que, según dijo el Juez Presidente Shaw, son ‘a este respecto hasta cierto punto judiciales.’ Hablando con exactitud, la destitución por parte de un concejo municipal bajo estas circunstancias es un acto ejecutivo o administrativo que debe 'ser llevado a cabo en este particular en forma judicial. Véase el Caso Levangie’s, 228 Mass. 213.”

Parece claro que en la mayoría de las ocasiones las cor-tes han distinguido entre el poder o facultad para destituir, y el modo o forma de ejercitar tal facultad. Y aun nos pa-rece que el artículo 29 de la Ley Municipal, si se estudia cuidadosamente, no va más allá de crear la facultad y marcar su extensión; pero no establece la forma de proceder: fija el poder para acusar, investigar, oír y resolver, pero en realidad, no se marca el procedimiento.

El derecho, facultad o poder, de recibir los cargos y es-tablecer u oír la acusación es de orden administrativo. La asamblea no se constituye en tribunal más que para juzgar y resolver: y hasta que el momento de juzgar y resolver llega, la asamblea actúa en sn carácter normal,' esto es, como cuerpo administrativo, y no en el excepcional de cuerpo judicial. Por esa razón, estimamos que, antes de que la Asam-blea Municipal de San Juan se reuniera para recibir y oír la prueba y decidir con respecto a la suspensión o la desti-tución del funcionario, su actuación era puramente adminis-trativa. La facultad judicial, o cuasi judicial, que a esos cuer-pos se confiere, es excepcional, y está fuera del círculo cons-tante de sus atribuciones; las asambleas y concejos no son cuerpos u organismos judiciales, ni parte del Poder judicial del Estado, y cuando se les confiere-una facultad para actuar judicialmente, esa facultad no puede interpretarse de- una manera • liberal, sino restringida, ya que la interpretación restringida es la apropiada para todos los casos de excepción.

En la sesión que la Asamblea Municipal de San Juan celebró en fechas 14 y 15 de agosto de 1928, el Sr. José Torres Silva, entregó, a las 10 P. M. del 15 de agosto de 1928, al Secretario un escrito dirigido a la asamblea, pidiendo se juzgara y suspendiera en su cargo al alcalde, y se dispusiera lo necesario. En esa sesión se hallaban presentes los asam-bleístas Doctor López Sicardó, Francisco Angleró, Pedro J. Barbosa, Ramón Cabrera, Luis A. Castro, Gonzalo Diago y Marcos Ferrer Calderón, que constituían quorum. El dele-gado o asambleísta D. Pedro J. Barbosa, pidió la suspensión del Reglamento de la asamblea y que ésta suspendiera su sesión como cuerpo deliberante y se constituyera en tribunal para oír la acusación que contra el alcalde hacía el ciudadano José Torres Silva; y la moción fue aprobada, dándose luego lectura al escrito de acusación o cargos; y entonces el dele-gado Sr. Castro presentó moción para que • se estableciera procedimiento de impugnación contra el alcalde, teniendo como base la querella o escrito inicial, del que se debía dar copia al alcalde, fijándole término para contestar los cargos, y señalando fecha para la vista del caso, y suspendiendo de empleo y sueldo al dicho funcionario.

Cualquiera que fuere la medida que se adoptara con res-pecto a suspensión del reglamento, ella no pudo nunca tener eficacia para convertir en acto judicial, el que, por su esencia, no tenía más carácter que el de administrativo. Que se hayan, presentado cargos, no es bastante para que la asam-blea se constituya ipso facto en tribunal. Es forzoso que recaiga previamente un acuerdo acerca de la consideración de los cargos, y de si ellos ban de ser sometidos a la facultad, poder o jurisdicción judicial o cuasi judicial de la asamblea. Hubo, en este caso, una prematura constitución de la asam-blea en cuerpo judicial. La moción del Sr. Castro, obtuvo el voto conforme de los delegados Sres. Barbosa, Castro, Diago y Angleró; en contra votaron las delegados Sres. Ca-breras y López Sicardó; y se abstuvo el Sr. Ferrer.

Por esa moción del Sr. Castro se resolvió “establecer mi procedimiento de impugnación público contra el referido al-calde” (cursivas nuestras): lo que hace evidente que no se había empezado procedimiento alguno. Y por ello la asam-blea no estaba, ni podía estar, constituida como tribunal. (Véase el return, y especialmente páginas 27, 32, 33, 34 y 35- de la transcripción.)

La Corte de Distrito de San Juan, al actuar con respecto al certiorari de que se trata, estuvo dentro de su jurisdicción.

Hemos examinado la convocatoria para la sesión ex-traordinaria de la Asamblea Municipal de San Juan, citada para el 14 de agosto de 1928. Como una cuestión de hecho, es de declararse que no aparece entre las materias que habían de someterse a resolución de aquel cuerpo deliberante la acusación contra el alcalde, o la impugnación de éste.

Hna de las primeras cuestiones que se proponen y discu-ten, está presentada en estos términos:

“En Puerto Rico una Asamblea Municipal no puede instituir el procedimiento de impeachment del Alcalde Municipal en una sesión extraordinaria que ba sido convocada para tratar y tomar acuerdos sobre asuntos enteramente ajeno's y extraños al del impeachment

Ambas partes en el caso argumentan este extremo como el nervio de la apelación.

No es de discutir y resolver si las asambleas municipa-les tienen o no el poder inherente para destituir a los alcaldes. El artículo 29 de la Ley Municipal da a esas asambleas el derecho de establecer el procedimiento de impugnación del alcalde; aunque encontramos que la redacción del precepto legal pudo- ser más completa, y fijar de una manera clara el derecho a resolver, ya que fija los de oír la acusación, inves-tigar los cargos, llamar testigos, y castigar por desacato. Pero, en el procedimiento de impeachment se entiende la fa-cultad de decidir, aunque con la limitación que se establece en la Sección 2 del artículo I de la Constitución de los Es-tados Unidos en cuanto al impeachment por el Congreso; esto es, que en los casos de impeachment, la decisión o sen-tencia no puede ir más allá de la destitución y la inhabilita-ción para ocupar cargos de honor, confianza o provecho; sin perjuicio de que el convicto quede sujeto a juicio y condena de acuerdo con la ley. Diferenciase así la facultad admi-nistrativa de la puramente judicial, y afírmase mejor la in-dependencia de los poderes y los sagrados límites de sus esferas de acción.

La asamblea tiene amplia oportunidad de ejercer actos de impugnación pública en sus sesiones ordinarias y quizás de otra manera; pero en las sesiones convocadas por el alcalde mismo la asamblea no puede excederse de la convocatoria.

El párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Municipal que se cita, fija la celebración de sesiones extraordinarias, así:

“Celebrará también sus sesiones extraordinarias siempre que sea necesario, con duración de no más de dos días para todo's los muni-cipios. Estas sesiones extraordinarias serán convocadas por el Al-calde. Además, la Asamblea Municipal celebrará una 'sesión especial extraordinaria todos los años para considerar el presupuesto or-dinario del siguiente ejercicio, y la cual durará no más de cinco días en los municipios de primera categoría, y tres en los de 'segunda y tercera”;

Como ambas partes en el caso reconocen, no se dice en la ley, de una manera expresa, a qué trámites vienen sujetas estas sesiones para sn celebración. ¿Envuelve esto el com cepto o la idea de que las asambleas municipales en lo que se refiere a la celebración de sesiones extraordinarias puedan proceder en la forma que mejor les parezca, y apartándose de la forma constante y corriente marcada por los cuerpos deliberantes ? Indudablemente, no.

Creemos que a llenar ese vacío de la ley, ba venido el artículo 24 de la misma, al prescribir que las limitaciones impuestas por la Ley Orgánica de Puerto Rico a la Asam-blea Legislativá y a sus miembros son aplicables, basta donde fuere posible, a la asamblea municipal y los miembros de la misma. Si se quiere, puede estudiarse este precepto como limitativo, lo que quizá sea más conforme al propósito del legislador.

Por lo que se dispone en el Acta Orgánica de Puerto Rico, sección 33 de la misma, en las sesiones extraordinarias de la Legislatura la convocatoria es la única norma de los asun-tos a considerar. Legislación que en ellas no se especifique, no puede ser tomada en cuenta.

Si esa limitación impuesta por el Acta Orgánica no en-cuentra, en la forma de constituirse, o de actuar, las asam-bleas municipales, una imposibilidad, una incompatibilidad, para su aplicación, entonces es o debe ser, regla para las sesiones extraordinarias de las dichas asambleas. Hay un motivo al par lógico y de buen gobierno,- que requiere que los que ban de reunirse para deliberar y resolver en lo que afecta a los intereses de una comunidad, tengan previo cono-cimiento, siquiera previo aviso, de cuáles son los asuntos que han de ser sometidos a su consideración. Éste es el motivo que ba informado la legislación constante en los casos de cuerpos que deliberan y resuelven y no- encontramos en la ley municipal nada que pueda ser obstáculo a la aplicación, de la regla general.

Encontramos, en cambio, en este caso concreto, algo que llama nuestra atención. Se convoca a la asamblea para una sesión extraordinaria: la convocatoria contiene veinte y,seis capítulos detallando los asuntos que se han de someter a su deliberación, y entre los que no aparece la acusación contra el alcalde: la sesión empieza bajo esa convocatoria: y al segundo día de sesión se presentan los cargos contra el al-calde : y la primera medida que se toma, es la de suspender el reglamento para considerar u oír los cargos. Nos pa-rece extraño este procedimiento, que no se emplea con res-pecto a otros asuntos de tanta o más importancia: • al pre-sidente de la asamblea le pareció ilegal, y así lo manifestó explícitamente (pág. 34, transcripción).

Esto no quiere decir', en manera alguna, que la asamblea municipal no tenga el derecho de recibir un pliego de cargos o acusación contra el alcalde, ya que en cualquier tiempo puede recibirse, como una función administrativa; O' que deje de tener el derecho de instituir el procedimiento de impeachment. Pero ha de hacerse esto en forma legal, y de modo que los derechos de los asambleístas del pueblo, y del acusado, tengan las más completas garantías.

Viene el caso a reducirse a este extremo: si es de apli-cación la limitación del artículo o sección 33 de la Ley Or-gánica, como lo creemos, la asamblea’ municipal no tenía poder para tratar de ese asunto que no áparece en la convo-catoria para aquella sesión.

En cuanto a las citas de autoridades que se hacen por el apelante, no estamos completamente seguros de su perfecta aplicación al caso. Así, el caso Shugars v. Hamilton, 92 S. W. 564, más que a otra cosa sp refiere a la necesidad de da.r aviso escrito de la celebración de una sesión especial, y a que la sesión debe celebrarse en el sitio designado previamente por ordenanza. Pero encontramos en la decisión un párrafo en el que se hace declaración de doctrina legal que debe ser tenida en cuenta: es el que sigue:

“El concejo es el cuerpo legislativo de la ciudad, y ocupa hacia ella la misma relación general que la asamblea legislativa del estado hacia sus habitantes, y es importante para el biene’star de la ciudad y la debida administración de sus asuntos que los habitantes de ella que estén interesados en su's asuntos gubernamentales, sepan dónde y cuándo va a reunirse su cuerpo legislativo y cuándo se celebrarán sesiones extraordinarias del concejo, y cada miembro del mismo que puede ser notificado tiene derecho a que se le envíe una notificación es-crita de la hora y lugar en que se celebrará cada sesión, a fin de que todos los concejales puedan estar presentes y participar de las delibe--raciones del cuerpo municipal.”

En el caso Mills v. City of San Antonio, 65 S. W. 1121, había una carta municipal en la que se disponía que el al-calde podía citar sesiones especiales, el objeto de las cuales debía ser sometido al consejo por escrito y enumerán-dose en la citación los asuntos que habían de tratarse. En este caso había ya la autoridad directa y expresa de la carta o acta.

Las autoridades no son precisas y uniformes en cuanto al extremo en discusión. Pero es un heclm que en nuestra carta orgánica aparece la limitación antes citada en cuanto a las sesiones extraordinarias. Y que esa limitación es apli-cable a las asambleas municipales, nos parece también claro y lógico.

La duda que pudo caber aquí, nacía de la calidad del acto que realizó la asamblea: si él era de carácter adminis-trativo, legislativo o judicial. En cuanto a la presentación y recepción de cargos, hemos significado que el carácter de esos actos es administrativo, y que el procedimiento, a esa altura, no tiene todavía nada qué sea judicial. Y si esto es así, las limitaciones establecidas por el Acta Orgánica se ex-tienden a las asambleas municipales, en estos casos, y ellas no pueden proceder acerca de un asunto que no aparece de la convocatoria.

Nos parece de poco peso el argumento acerca de que si hay que incluir el impeachment como materia de la convoca-toria, el alcalde que es el posible acusado, no hará nunca una convocatoria en que tal asunto se incluya. Fuera de que eso no es más que una posibilidad, y no un hecho cierto, en cual-quier sesión ordinaria puede tratarse de esa acusación, con y sin la voluntad del alcalde.

En consecuencia de lo expuesto, procede revocar la reso-lución apelada, en él sentido de declarar con lugar él cer-tiorari y nulo el acuerdo de la Asamblea Municipal, de San Juan estableciendo el impeachment o impugnación, que es la parte de que se apela.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidoe,

license: Public Domain

text:
    Aníbal E. Boneta Colón, Néstor A. Boneta Colón, peticionarios.

      No- —
    Sometidos: Noviembre 5, 1928.

      Resueltos: Febrero 14, 1929.
   El Juez Asociado Señor Texidoe,

emitió, la opinión del tribunal.

En estos dos expedientes, la materia de lieelios es como sigue-:

Auíbal E. Boneta y Colón, acudió ante este tribunal, en 1921, alegando ser graduado de la Universidad Nacional de "Washington, D. O., con asistencia a las clases por tres años y solicitando sufrir examen; no dice en qué es graduado, ni qué examen solicita. Presentó su documentación, título, etc., y fué admitido para examen dé abogacía, que sufrió el 30 de marzo de 1921, siendo suspendido. De nuevo solicitó y ob-tuvo examen en noviembre del mismo año, y fué suspendido, en 23 del mismo mes. Por tercera vez obtuvo examen en marzo de 1922, y fué suspendido en 24 del mismo mes. En 1925 volvió a obtener examen, y fué suspendido en 25 de no-viembre del mismo año. Obtuvo otra vez examen en 1926, y fué suspendido en 26 de marzo del mismo año. Y ahora, de acuerdo con una Ley No. 78, de 1928, pide se le admita ejercer la profesión de abogado sin examen, por ser graduado de universidad acreditada de Estados Unidos, persona de buena conducta-moral, que acredita con declaraciones jura-das, y por haber desempeñado satisfactoriamente el cargo de Juez Municipal en Puerto Eico por más de cuatro años. En-tre los documentos que presenta se halla una declaración conjunta de los abogados Sres. Lorenzo Coballes y Luis Mercader, quienes juran conocer al peticionario, hace ocho años, y ser el mismo persona de intachable conducta, y re-putación, y digno de ser admitido al ejercicio de la profe-sión de abogado; y una certificación firmada por el Honorable . Attorney General de Puerto Rico, de la que aparece que Aní-bal E. Boneta ha venido prestando servicios satisfactorios como Juez de la Corte Municipal de Camuy desde 11 de enero de 1924 hasta la fecha en que se certifica, que es 29 de mayo de 1928.

Néstor A. Boneta Colón, en 1921 acudió a este tribunal, pidiendo se le admitiera, a examen para ejercer la abogacía. Presentó su documentación, título de la Universidad Nacional de Washington, asistencia a clases, conducta, etc., y fué ad-mitido a examen; en éste, que se efectuó el 29 de marzo de 1921, fué suspendido el aspirante. Pidió éste de nuevo el examen, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1921, y de nuevo fué suspendido. Por virtud de nueva petición, fué admitido a examen, que sufrió en 24 de marzo de 1922, y fue suspendido. Y ahora, de acuerdo con la antes citada Ley No. 78, de 1928, pide que se le admita al ejercicio de la profesión de abogado, sin examen; y acompaña a la petición una declaración ju-rada, conjunta, de los abogados Sres. Herminio Miranda y Luis Mercader, que acredita la buena conducta moral del pe-ticionario, su reputación buena, j que los declarantes le creen digno de ser admitido al ejercicio de la abogacía; y una de-claración jurada del abogado Lorenzo Coballes Gandía, que manifiesta que el peticionario desde enero de 1921 ha venido asistiendo con regularidad a la oficina de abogado y notario del declarante, y practicando con éxito las diversas ramas de la abogacía, auxiliando aL deciar ante en sus trabajos profe-sionales.

Como cuestiones de ley, encontramos las que siguen:

(a) La admisión de abogados al ejercicio' de la profesión en Puerto Rico, está regida, en primer lugar por Ley de 8 de marzo de 1906, a la que se incorporaron varias enmiendas, que aparecen en lá Compilación de 1911 (Secciones 151 y si-guientes hasta la 180) en la que se preceptuó que las perso-nas de buena conducta moral, mayores de 21 .años, ciudadanos de Estados Unidos o de Puerto Rico, que tuvieran diploma de abogado, expedido pór universidad acreditada, que no sea por correspondencia, podrían ser admitidos, presentando su diploma y certificado de asistencia personal a las clases por no menos de dos años, sufriendo examen acerca de las ma-terias que la ley señala, y ante la Corte Suprema de Puerto Rico, o el tribunal que ella nombrara, y obteniendo el informe favorable de la comisión de reputación. La sección 6 de la ley confiere a la Corte Suprema de Puerto Rico la facultad de redactar las reglas necesarias para cumplimiento de la ley. Las leyes anteriores quedaron expresamente derogadas.

La ley de 11 de marzo de 1909; creó la comisión de repu-tación, cuyos miembros son nombrados por la Corte Suprema de Puerto Rico, y a la que deben pasar por mandato de la ley, las solicitudes de admisión de aspirantes al ejercicio de la abogacía, pendientes ante la Corte Suprema, la que no podrá expedir licencia alguna para ejercer la profesión sin el previo y favorable informe de la comisión. En esa misma ley se declaran y fijan las facultades de la Corte Suprema de Puerto Eico para destituir y suspender los abogados en el ejercicio de la profesión, en casos determinados, y mediante cierto procedimiento.

La ley No. 38, de 13 de abril de 1916, confirmó la exi-gencia de la presentación de diplomas, examen ante el Tribunal Supremo, y el informe de la comisión de reputación, y la enumeración de materias para el examen. Pero en su sección 4, estableció que las personas de buena conducta moral, admitidas a ejercer como abogados en las Cortes Supre-mas de Estado o Territorio de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, o Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, que hubiera ejercido activamente por lo menos tres años, uno de ellos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, puede ser admitida, sin examen, previa solicitud y justificación de llenar aquellos requisitos. En la sección 5 de esta Ley se dice “Siempre que el Tribunal Supremo, en cualquiera de los casos especificados anterior-mente resuelva admitir a una persona al ejercicio de la pro-fesión de abogado, hará que dicha persona preste, ante el mismo, juramento.” .La sección 6 confirma la facul-tad de este tribunal para dictar reglas para el cumplimiento de la ley. Y en la sección 10 se expresa que esta Ley no se interpretará en el sentido de prohibir a la Corte Suprema, o a cualquier juez de la misma, que por cortesía autorice a cualquier abogado admitido en Estado o Territorio de los Estados Unidos o Distrito de Columbia, que visite esta Isla, para comparecer ante las cortes de la misma en casos espe-ciales.

La Ley No. 45, de 12 de abril de 1917, fué especial, para la admisión de aquellos que se habían examinado y obtenido un promedio del 60 por ciento en el último curso, y hubieran tenido práctica continua por diez años en oficinas en las que el trabajo requiriese conocimiento de derecho, a cnyas per-sonas se permitió el examen, sin necesidad de presentar diploma.

La sección 4 de la Ley No. 38 de 13 de abril de 1916, fue enmendada por la Ley No. 17 de 1925, en el sentido de per-mitir que aquellos que se hubieran graduado por lo menos con diez años de anterioridad a la aprobación de esta Ley No. 17, y probaren a satisfacción del Tribunal Supremo que habían practicado durante cinco años por lo menos, en un bufete de un abogado autorizado por el Tribunal Supremo para ejercer en Puerto Pico, o que habían servido satisfac-toriamente, por cuatro años, el cargo de juez municipal, fue-ran admitidos sin examen, probando que reúnen las condi-ciones expresadas; conteniendo la ley otras disposiciones y reglas en cuanto a los admitidos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico.

En el mismo año 1925, por Ley No. 91, de 22 de agosto, se enmendó la sección 3 de la de 13 de abril de 1916, con respecto a los que obtuvieran su diploma en la Universidad de Puerto Pico. Para nuestro caso presente, esta Ley no tiene apli-cación.

Tampoco tiene aplicación al presente caso la enmienda de 1927, Ley No. 12, referente a exención de examen para los graduados de la Universidad de Puerto Rico, en ciertas con-diciones.

La Ley No. 29 de 1927, enmienda la sección 2 de la ya citada de 13' de abril de 1916, en el sentido de que los no ad-mitidos que tuvieren su diploma de Universidad nacional o extranjera serían admitidos previa prueba satisfactoria para el tribunal examinador, de ser ciudadanos bona fide de los Estados Unidos de América, presentación de diploma no ob-tenido por correspondencia, examen ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, o tribunal por él designado, e informe favorable de la comisión de reputación.

En 1928, se aprobó la Le}r No. 78, a la que se acogen los peticionarios en estos casos. Según esta Ley, que enmienda la sección 4 de.la No. 38 de 1916 aquellos graduados como abogados eu universidad acreditada de Europa o Estados Unidos, que probasen a satisfacción del Tribunal Supremo que ban practicado por lo menos durante cinco años en bufete de abogado autorizado por el Tribunal Supremo para ejercer en Puerto Pico, y los que ban servido satisfactoriamente el cargo, de juez municipal durante cuatro años, siendo gra-duados de universidad acreditada de las antes citada, podrán ser admitidos sin examen. El texto de Ley es éste:

“Sección 4. — Toda persona de buena conducta moral que hubiere Sido admitida a ejercer la abogacía en la Corte Suprema de cual-quier Estado o Territorio de los Estados Unidos, o del Distrito de Columbia, o en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y hubiera estado ocupado activamente en el ejercicio d? la abogacía durante dos años o más, incluyendo por lo menos un año de ejercicio en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y todo aquel que, siendo ciudadano de los Estados Uni-dos, graduado de abogado en alguna universidad acreditada de Europa o de Estado's Unidos probare a satisfacción del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ha practicado durante cinco años por lo menos en algún bufete de un abogado autorizado para ejercer su pro-fesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, o que ha servido sa-tisfactoriamente el puesto de juez municipal por espacio de cuatro años, en ambos casos con anterioridad a la aprobación de e'sta Ley, podrá ser admitido a ejercer en las cortes de Puerto Rico, sin exa-men, dirigiendo por escrito una solicitud a la Corte Suprema y pre-sentando a dicha corte el informe favorable de la Comisión de repu-tación, y pruebas satisfactorias de haber sido admitido a ejercer ante cualquiera de las cortes mencionadas en esta sección, y de que ha estado postulando debidamente ante cualesquiera de dichas cortes de acuerdo con lo dispuesto en la pre'sente y por el término prescrito en la misma; Disponiéndose, sin embargo, quedas disposiciones de esta sección que requieren que el que solicite su admisión al ejercicio de la abogacía en las cortes de la Isla haya estado ocupado activamente en el ejercicio de la abogacía durante dos años o más no serán apli-cables a aquellas persona's que hayan sido admitidas a practicar y hayan postulado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, para Puerto Rico, con dos o más años de anterioridad al 20 de mayo de 1925; Disponiéndose, además, que tales personas serán admitidas al ejercicio de la abogacía en las cortes insulares de Puerto Rico sin sufrir ningún, otro examen, dirigiendo por escrito una solicitud a la Corte Suprema y presentando a dicha corte el informe favorable de la Comisión de Reputación y prueba satisfactoria de haber ‘sido admitida a ejercer ante cualesquiera de las cortes mencionadas en esta sección por dos o más años con anterioridad a la aprobación de esta Ley y prueba de haber postulado debidamente ante cualesquiera' de las cortes dichas; Y' disponiéndose, finalmente, que toda persona que en o antes del 20 de mayo de 1925, no estuviere facultada para ejercer la profesión de abogado en la Corte de Distrito de los Esta-do's Unidos para Puerto Rico, para poder ser admitida a ejercer en las cortes insulares, además de llenar los requisitos exigidos ante-riormente, tendrá que poseer un diploma de abogado expedido por una universidad acreditada a satisfacción de la Corte Suprema de Puerto Rico. ’ ’

La teoría general, y sostenida por la mejor práctica y la más sana lógica, es que, como los abogados son funciona-rios de los tribunales, el poder para admitir aspirantes al ■ ejercicio de la profesión, es judicial, y no legislativo, y con él están investidos los tribunales solamente. Parece uni-forme la doctrina de que esa facultad de admisión de abo-gados, .es de orden judicial, y no legislativo.

En el caso Ex-Parte Garland, 4 Wall 333, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó esta doctrina, y, en el caso Ex-Parte Secombe, 19 How. 9 U. S., se dice por el mismo tribunal que

“Por las reglas y práctica de las cortes de ley común, es exclusi-vamente para lo's tribunales determinar quién está calificado para ser, o continuar siendo, uno de sus oficiales, como abogado de la corte; tal poder es regulado, no obstante, por una sana y justa dis-creción judicial, salvaguardando los derechos e independencia de la profesión, tanto como la dignidad y autoridad del tribunal.”

En este caso, son de notar las siguientes circunstancias:

(a) Que se trata de una resolución de una Corte de Dis-tinto de los Estados Unidos que ejercía poderes de Corte de Circuito.

(b) Que la decisión dice que “en una corte de ese carác-ter, las relaciones entre la corte y los abogados que ante ella ejercen, y sus derechos y deberes respectivos, se hallan reguladas por la ley común. ’ ’

(o) Que el caso no fue de admisión al ejercicio de la pro-fesión, sino de eliminación del ahogado.

• De notar es también, que la Legislatura del Estado (Minnesota) había, por medio de estatuto, prescrito las con-diciones que debía llenar un aspirante para ser admitido a ejercer como abogado, y las faltas que podrían acarrear su destitución, y el procedimiento para esto; y el reclamante hizo constar que no aparecía que se le hubiera' enjuiciado •por alguna falta o delito. Pero la Corte Suprema opinó que el estatuto no había hecho otra cosa que dar eficacia a reglas generales de la ley común sobre las que siempre habían ac-tuado los tribunales.

El caso Ex-Parte Wall 107 U. S. R. 265, se refiere también a la eliminación de un abogado, sin que hubiere una convic-ción criminal en proceso separado; y en él se sostiene que el procedimiento para destituir es de los que están en la propia jurisdicción del tribunal ante el que él ejerce; y no-viola la disposición constitucional que requiere una acusa-ción y un juicio por jurado en casos criminales; que- no es un procedimiento penal, dirigido al castigo, sino para proteger a la corte contra la intervención oficial de personas que no tienen condiciones para ejercer como abogados ante la misma.

El caso de People v. Bissel, 68 Am. Dec. 591, fué uno en que se trató de una petición de mandamus contra’el goberna-dor de un Estado. La corte estudia .con gran acierto «la cuestión de división de poderes, o independencia de poderes en el Estado, y resuelve que cada departamento del gobierno tiene su propia esfera constitueionalmente, y actúa en ella con independencia; pero define el derecho de las cortes a determinar cuál es el sentido de las leyes aprobadas por la legislatura y también si la, legislatura tiene el poder de pasar tales leyes.

En el caso In Re Application for License to Practice Law, decidido por la Corte Suprema de Apelación de West Virginia en 15 de marzo de 1910, 67 S. E. 597, encontramos que un estatuto de West Virginia, establece, entre otros parti-culares, con respecto a la licencia para ejercer la abogacía, lo que sigue:

“Y la Corte Suprema de Apelación puede, al presentársele una copia debidamente certificada de la resolución de la corte del con-dado, antes mencionada, y al quedar satisfecha de que el peticiona-rio ha demostrado, mediante examen celebrado de conformidad con dicho reglamento, que está debidamente capacitado para ejercer la profesión de abogado ante las cortes de este Estado, y al quedar con-vencida asimismo de que tal reglamento ha 'sido cumplido en todas sus partes, expedir una licencia a dicho peticionario para que pueda ejercer la profesión de abogado ante las cortes de este Estado, y tal licencia deberá demostrar de su propia faz que todas las disposicio-nes de esta sección y de dicho reglamento han sido cumplidas, y, disponiéndose, que cualquier persona que presente copia debidamente 'certificada de tal resolución expedida por una corte de condado de •este Estado, así como un diploma de graduación del colegio de leyes de la Universidad de West Virginia, tendrá derecho, a la presentación de tales documentos ante cualquiera' de las cortes de este Estado, a ejercer la profesión de abogado ante todas las cortes del mismo, y la résolueión admitiéndole al ejercicio de la abogacía deberá especi-ficar todos los hechos relativos a tal admisión.”

El peticionario en aquel caso presentó certificación de la facultad de Leyes de la Universidad, y copia certificada de orden de la corte, demostrando haber comparecido y probado su edad, buena reputación y residencia; y pidió la licencia para ejercer la profesión.

La Asociación de Abogados de la ciudad de Charleston se opuso a la admisión del peticionario, exponiendo sus ra-zones, y presentando la prueba de sus alegaciones de hecho. Compareció el peticionario, e hizo petición to quash, fundada en ciertos méritos. En lo que es aplicable a este caso, cita-mos lo dicho por la corte al resolver:

“Estas proposiciones envuelven hasta cierto punto, la cuestión del poder de la legislatura para prescribir eualificaciones, reglás y reglamentos para obtener licencia y admisión al ejercicio de la abo-gacía, así como la de la propia interpretación del estatuto. Algunas cortes niegan, la autoridad de la legislatura, sobre la base de que las cortes tienen el exclusivo derecho de prescribir por sí mismas las cualifieaeiones de los auxiliares de la justicia, y las reglas y regla-mentos para su admisión, sin interferencia de una rama co-ordinada del gobierno. In re Day, 181 Ill. 90, 54 N. E. 646; 50 L. R. A. 519, In re Moseness, 39 Wisc. 509, 20 Ann. Rep. 55; In re Splane, 123 Pa. 527, 16 Atl. 481; In re Branch, 70 N. J. Law 537, 57 Atl. 431. La corte de Illinois en In Re Day negó la autoridad de la le-gislatura para requerir que la posesión de un certificado de gradua-ción de una escuela de ley de cierta calidad (standard) da derecho al que lo tiene para ser admitido al ejercicio de la profesión. Tal derecho, por el contrario, ha sido sostenido en New York. Yéase asi-mismo, In re Applicants for license to Practice Law, 143 N. C. 1, 55 S. E. 635, L. R. A. (N. S.) y nota 288.

Y en la misma opinión se lee:

“Pero, no obstante la jurisdicción de las cortes sobre la materia, se ha concedido generalmente que la legislatura puede, en el ejercicio de 'su police power, dictar reglas razonables y reglamentos para la ad-misión al ejercicio de la profesión, que serán seguidas por las cortes. Pero la legislatura no puede imponer reglas irrazonables, o privar a las cortes de su poder inherente para dictar otras reglás y condicio-nes de admisión para el ejercicio de la abogacía. In re Day supra, 181 Ill. 95, 54 N. E. 646, 50 L.R.A. 519; In re Leachi, 134 Ind. 665, 671, 672, 34 N. E. 641, 21 L.R.A. 701; 3 Am. & Eng. Ency. Law 287; 4 Cyc. 900; Ex-Parte Secombe, supra; In re Goodell, 39 Wis. 232, 20 Ann. Rep. 42.
Del caso Goodell, supra, se cita en la decisión de que tratamos, una parte interesante, de la que tomamos lo que sigue:
“Ciertamente, la legislatura, alguna que otra vez ha asumido el poder de prescribir reglas para la admisión de abogados al ejercicio de la profesión. Cuando éstas han parecido razonables y justas ha sido, generalmente, creemos, la voluntad de late cortes actuar de acuerdo con tales estatutos, en deferencia a los deseos de una rama coordinada del gobierno, sin considerar la cuestión de poder.”

Y hablando del acta de 1849, la misma corte en el caso Goodell, dice:

“Si, desgraciadamente, volviera a realizarse tal ataque a la dig-nidad de las córtete, sería tiempo de que ellas inquirieran si la regu-lación de la admisión está dentro del poder legislativo o dentro del poder judicial. Mientras tanto es un placer deferir a todo estatuto razonable acerca de la materia.”

En la citada decisión In Re Application for License to Practice Law, de West Virginia, se lee:

“En 3 Am. & Eng. Eney. L., página 287, se dice, de conformidad con algunos de los casos citados, que: ‘Está dentro de lás facultades de la legislatura prescribir los requisitos necesarios para la admisión al ejercicio de la abogacía, y lás cortes no tienen autoridad para ad-mitir a ninguna persona que no reúna los requisitos necesarios.’ ‘Pero la admisión de un aspirante al ejercicio de la profesión es un acto judicial, y el abogado al ser admitido se convierte en un fun-cionario y miembro de la corte; por tanto, la legislatura no tiene facultad para disponer que cualquier per'sona que reúna ciertos re-quisitos deba ser admitida; ésta no puede asumir funciones judicia-les y en todo caso las cortes están investidas de la discreción necesa-ria en cuanto a si un aspirante tiene derecho a ser admitido.’ ”

En el caso In Re Day, de Illinois, 54 N. E. Rep. 646, se disente extensamente si la facultad o poder para admisión es legislativa o judicial. Como fundamento, se presenta por la corte la historia de la admisión de abogados en Inglaterra, y al tratarse de los Estados Unidos, se dice:

‘ ‘ En esta nación las cortes de los Estados Unidos han regulado (controlled) la admisión de abogados. El primer Congreso recono-ció su poder en esa materia, y ellas lo han retenido siempre.”

T en la opinión (de la mayoría) se cita el caso Ex-parte Garland, 4 Wall 333, y se reafirma la doctrina de que la admi-sión de abogados no es de mero poder ministerial, sino un poder judicial. Se trata asimismo de la decisión en el caso In re Cooper, 22 N. Y. 67, en el que se sostuvo que el estatuto de la legislatura en que se admitía al ejercicio de la abogacía con diploma de Columbia College, era válido. En la deci-sión del caso In re Cooper, 22 N. Y. 183, 8 Smith, Court of Appeals Cases, se lee:

‘‘La Corte Suprema al resolver una solicitud sobre admisión al ejercicio de la abogacía, está actuando en funciones judiciales y no en el ejercicio de funciones puramente administrativas.”

En ese caso concreto se trató de.' la ley que, de la posesión de un título expedido por la Universidad de Columbia, bacía el único requisito previo para la admisión, y sustituía por el examen en dicha universidad el que se sufría en la corte. Pero como se ve, ni aún en ese caso rindió el poder judicial su privilegio en la materia de la admisión, al menos desde el punto de vista de la doctrina legal, que quedó sostenida en el párrafo que del Syllabus de la opinión hemos copiado. Es cierto que en la opinión se declara que el peticionario tiene el derecho, por ley, de ser admitido. Pero lo es asimismo que tal derecho tiene por base fundamental y primaria, que la constitución del Estado -“confiere el derecho absoluto de ser admitida, a toda persona que posea los requisitos necesa-rios.”

En el caso Ex-Parte Garland, 71 U. S. R. 333, es cierto que se trató del poder de admisión con relación a cortes federa-les, pero la doctrina declarada es de suma importancia. Se sostiene allí que los abogados no' son funcionarios de los Es-tados Unidos, sino funcionarios de las cortes, admitidos por éstas bajo la prueba de sus suficientes conocimientos legales y buena conducta privada, y que su admisión, y su exclusión no es el ejercicio de un poder ministerial,.sino el de un poder judicial.

Del precedente estudio obtenemos el convencimiento de que la facultad de admisión de aspirantes al ejercicio de la abogacía, es más de poder judicial que de ningún otro poder. Indudablemente, si los abogados son funcionarios de los tribunales, y tienen en ellos y ante ellos la misión de auxiliar la administración de justicia, si ellos cooperan con los tribunales en el ejercicio' de un poder tan sagrado, y si ellos se encuentran, por virtud de las disposiciones de la ley, fundada en la práctica sana, justa, lógica y constante, bajo la inspección de esos mismos tribunales, a éstos, antes que a ningún otro poder, corresponde la facultad de admitir o nO' a los que pretenden ser sus auxiliares y cooperadores en la más alta misión que puede encomendarse a un hombre o a un con-junto' de hombres.

Innegable el poder de las legislaturas para prescribir re-glas, y exigir condiciones a llenar por los que desean ser admitidos al ejercicio de la profesión. Pero creemos que ese poder no puede ejercitarse en sentido que se determine la admisión forzosa por los tribunales; y creemos que nunca ha sido la tendencia de esta legislatura, ni de ninguna otra anular el poder inherente y necesario de los tribunales en lo que afecta a la admisión de sus funcionarios.

Creemos que el término, “podrá ser admitido”, que se emplea en la ley, salva la facultad de la Corte Suprema para admitir o no, al aspirante. No se emplea el término impe-rativo “deberá”; lo que nos lleva a creer que la legislatura ha respetado la facultad de orden judicial, de esta corte, para la admisión.

Cuando existen dos interpretaciones de la Ley, una de acuerdo con su constitucionalidad, y la otra no, es la práctica de los tribunales ajustarse a la primera. A menos que el derecho que sé trata de ejercitar sea claramente contrario a la Constitución, el deber del tribunal es seguir la voluntad de la Legislatura; así lo ha sostenido este tribunal en el caso Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce et al., 19, D.P.R. 760-790; manteniendo la misma doctrina en los casos El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356, y El Pueblo v. Subirá, 27 D.P.R. 615. Y en ese sentido declaramos que el .propósito de la Legislatura no fué el de restar al Tribunal Supremo su facultad y poder para admitir, o no, a los aspirantes al ejercicio de la abogacía. La fórmula empleada por la ley de que se trata “podrá ser admitido”, facultativa o permisiva, y no imperativa, nos sostiene en esa conclusión.

En los exámenes sufridos por los aquí peticionarios ellos no tuvieron éxito en la tarea de demostrar su preparación. El tribunal está en el deber de requerir prueba de que aquella situación ha cambiado.

Sería may difícil establecer lo que se estima por práctica en el bufete de nn abogado autorizado, a menos qne la realización de trabajos de carácter auxiliar se denomine “práctica.” La práctica profesional tiene nna gran variedad de manifestaciones: la del jurisconsulto, que estudia y resuelve problemas de Derecho, presenta soluciones y aconseja determinaciones: la del abogado que asiste a los tribunales, y entiende en la celebración de los juicios, y argumenta sus pretensiones en los pleitos o en las causas: la del que prefiere el trabajo de redación de alegaciones y alegatos, o el de preparación de los casos para juicio. De todas for-mas, a este tribunal compete el declarar si la práctica de que se hace mérito por un peticionario que la alega, sería suficiente, tal como se alega y demuestra, para convencer de la capacidad del peticionario.

Se deniegan las solicitudes de los peticionarios Aníbal E. Boneta y Néstor A. Boneta para ser admitidos ál ejercicio de la profesión de ahogadlo, sin examen.


author: El Jijez Asociado Señob Texidob,

text:
    Salvador Fulladosa y Souffront, recurrente y apelante, v. La Corte Municipal de Mayagüez.
    No. 4755.

    Sometido: Noviembre 16, 1928.

      Resuelto: Febrero 14, 1929.

      Genaro Aliiery y L. Tormes, abogados del apelante; A. Ramírez Silva, abogado de la obelada.

   El Jijez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Eloy González Villalta, como elector inscrito en el muni-cipio de Mayagüez, solicitó de la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico que se excluyera de las listas electorales de inscripciones hechas en 1920 del municipio de Mayagüez, el nombre de Salvador Fulladosa Souffront, como elector, por no haber votado en 1924. Presentó una contra-declaración el elector del mismo municipio Tomás Ramírez Cuerda, ale-gando constarle que Fulladosa presentó excusa y la Junta Insular de Elecciones la resolvió favorablemente. La junta citada denegó la exclusión; y el peticionario González Vi-llalta, apeló de la resolución denegatoria, para ante la Corte Municipal, de Mayagüez, notificando la apelación a la Junta Insular de Elecciones, la que remitió el caso a la referida corte, que fijó día para oírlo', ordenando la notificación a las partes interesadas, y haciéndose tal notificación a Tomás Ramírez Cuerda, y a la Junta Insular de Elecciones. Se oyó el caso por la corte municipal, el 28 de julio de 1928, compareciendo el apelante Eloy González, personalmente y con su abogado, el eontra-reeusador, personalmente, y el elector- 'recusado Salvador Fulladosa Souffront, represen-tado por su abogado Emilio Forestier Gregory. Y la corte, después' de oír la prueba, declaró con lugar la recusación, y ordenó al Superintendente General de Elecciones que ex-cluyera el nombre de Fulladosa como elector. Éste presentó ante la Corte de Distrito de Mayagüez nna petición de cer-tiorari contra lá corte municipal ya citada y su Juez Gilberto López de Victoria; se expidió, el auto ordenando el envío de los autos originales; fué esta orden cumplimentada; ,y oído el caso por la Corte de Distrito de Mayagüez dictó ésta su sentencia, a la que se une la opinión declarando sin lugar la solicitud de certiorari. Contra esta sentencia se ha apelado ante este tribunal.

La parte apelante ha señalado cinco errores. El primero es como sigue:

“1. Cometió error la corte inferior al considerar que el recurso de apelación interpuesto por cierto Eloy González contra resolución de la Junta Insular de Elecciones negándose a borrar del Registro de electores eorrespondienté al Precinto de Electores de Mayagüez, era procedente y quedó perfeccionada con la sola notificación hecha a la Junta In'sular de Elecciones y sin haberse notificado para nada al peticionario-apelante que era la persona a quien se perjudicaba con dicha apelación.”

No existe el error que se señala/

Del récord aparece la sentencia dictada por la corte municipal. Su texto es como sigue:

“El día 28 de julio de 1928, fecha señalada por esta Corte para la vista del juicio en este caso, comparecieron el reeusador y apelante Eloy González, personalmente y asistido de su abogado Ledo. Pedro .Baigés Gómez; el elector recusado Salvador Fullado'sa S. del barrio Candelaria, del precinto electoral de’ Mayagüez, representado por su abogado Emilio Forestier Gregory, y también compareció personal mente el contra-recusador.
“La Junta Insular de Elecciones no compareció a pesar de apa-recer del récord de este caso que la misma había sido debidamente notificada.
“La Corte, luego de anunciar a late partes que se trataba de un juicio nuevo y de que podrían ofrecer y practicar toda la prueba que legal y pertinentemente correspondiente a este caso, procedió a oír la prueba ofrecida por ambas partes, el reeusador y apelante, el elector recusado y el contra-recusador, reservándose su resolución hasta el día de hoy en que declara que la Ley y los hechos están en favor del reeusador-apelante y en contra del elector recusado y por tanto declara con lugar dicha recusación y ordena al Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico que inmediatamente y sin excu-sas de clase alguna proceda a excluir el nombre del elector Salvador Fulladosa S. del barrio Candelaria del Municipio de Mayagüez de las listas electorales correspondientes a dicho Municipio de Mayagüez.
“Notifíquese esta sentencia a la Hon. Junta Insular de Eleccio-nes, al Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico, y a todas las partes que pudieran tener interés en la misma.” (Folios 13 y 14 de la transcripción.)

Del folio 14 de la transcripción aparece la diligencia de notificación a todas las partes.

El elector recusado Salvador Fulladosa, según resulta del récord, tuvo intervención en el juicio en apelación, fué oído, intervino en la prueba y fué notificado de la sentencia.

Y en lo que toca a la jurisdicción de la corte municipal, la adquirió conforme al artículo o sección 32 de la Ley Electoral, enmiendas de 1924, por la notificación de la apelación al Su-perintendente de Elecciones, que es el requisito allí exigido.

El caso de Padilla v. Corte de Paz de Maricao, 35 D.P.R. 306, que por el apelante se cita, no' es igual al que abora re-solvemos, y no es aplicable. En el caso presente el aquí ape-lante Fulladosa tuvo oportunidad para intervención en la vista, compareció en ella por su abogado, intervino en la prueba, y fué notificado de la resolución. En el caso Padilla no sucedió lo mismo.

Se sostiene como segundo error el que la corte consideró que el abora apelante babía comparecido ante la corte municipal representado^ por su abogado el Sr. Forestier, y se babía sometido a la jurisdicción, siendo así que del récord no aparece documento alguno que acredite tal comparecencia en representación del apelante.

Vista la sentencia de la corte municipal (folio 13, récord) y la notificación que de ella se bizo al abogado Sr. Forestier, como representante de Salvador Fulladosa (folio 14, récord) se bace insostenible este señalamiento de error. En un caso de certiorari, como el presente, la corte tiene como materia de hedió a considerar, la que aparece del return, sin que quepa que busque otros hechos, o se lance a hipótesis que no tendrían justificación.

En cuanto al tercer señalamiento de error, fúndase el apelante en que el caso de apelación de Eloy González contra la Junta Insular de Elecciones no se pudo incluir en calendario sin el previo pago de los derechos exigidos por la Ley No. 17 de 1915. Hemos visto esta Ley, y podemos preguntarnos en qué sección o artículo' de la misma se exigen tales derechos. No hay en. ella caso alguno de apelación ante las cortes municipales. Y, como con gran acierto y sano criterio, sostiene la representación del apelado, Sr. López de Victoria, exigir en estas apelaciones ante las cortes municipales el pago de derechos, sería establecer una desigualdad en favor de aquellos que apelan ante una corte de paz, y en daño de los que tienen que apelar ante una corte municipal, ya que en aquéllas no se pagan derechos de clase alguna.

El cuarto señalamiento de error aparece formulado como sigue:

“4. Cometió error la corte inferior al considerar que la Corte Municipal de Mayagüez adquirió jurisdicción sobre la materia del caso, tratándose como se trataba de una solicitud de exclusión por el fundamento de no haber votado el peticionario en las elecciones de 1924, cuyo fundamento de exclusión no está comprendido en la sec-ción 30 de la Ley Electoral vigente, tanto más cuanto el apelante ha-bía sido excusado por la Junta Insular de Elecciones por no haber votado en la's elecciones de 1924 y esa resolución que pudo ser ape-lada para ante la Corte de Distrito de 'San Juan de acuerdo con la sección 20 de la Ley Electoral vigente, adquirió el carácter de firme.5 ’

La sección 30 de la Ley Electoral da derecho a los que figuran eomo electores inscritos en un municipio, a pedir la exclusión de electores de dicho municipio si tienen razón para creer que figuran indebidamente inscritos. Entre los mo-tivos que allí se señalan para la exclusión se halla el de no reunir la persona las condiciones exigidas por la ley para ser elector en el municipio.

La sección 16 de la Ley de Elecciones, que se cita por el apelante, es como sigue:

“El voto será obligatorio: y toda persona inscrita como elector el día de las elecciones tendrá la obligación de votar en el precinto y colegio al cual perteneciere su inscripción en dichas elecciones; y fei dejare de hacerlo quedará privado del derecho del sufragio en las dos elecciones subsiguientes; Disponiéndose, si/i embargo, que nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de que cual-quier perspna quedará privada del derecho al sufragio por no haber votado en las elecciones celebradas en dos de noviembre de 1920, y todas las penas o responsabilidades que recayeren sobre cualquier persona por dicha razón quedan por la presente sin efecto.”

Esta asignación de. error tiene por base, no el- mejor derecho del posible elector a que se le incluyera en la lista, sino, como se expresa claramente por el apelante, el hecho de que la corte adquiriera jurisdicción sobre la materia del caso, por un fundamento de exclusión que se afirma no estar incluido en la sección 30 de la Ley Electoral vigente. Éste es, esencialmente, el fundamento del cuarto señalamiento de error.

El procedimiento utilizado por el apelante en este caso', es el del certiorari clásico, basado en materia de jurisdicción, o de procedimiento. La petición presenta como fundamentos los de falta de’jurisdicción en la corte municipal por falta de notificación de la apelación al ahora recurrente, falta de no-tificación del señalamiento de la vista, falta de pago de los derechos de arancel, insuficiencia de fundamentos para la ex-clusión, y carencia en el peticionario de otro remedio propio y eficaz en ley. (Páginas 2, 3 y 4 de la transcripción.) T en realidad, a esos extremos se refiere la sentencia apelada, en la que no se trata la cuestión de si el recurrente había sido, o no, debidamente excusado.

Seguramente es de lamentar que los límites estrictos del procedimiento' de certiorari, no nos permitan entrar en el estudio y resolución de otra cuestión que la de jurisdicción o de procedimiento. Este tribunal ba declarado qne el cer-tiorari no se ba establecido para bacer las veces de nn re-curso de apelación o de error, (Hernández v. Corte dé Distrito, 17 D.P.R. 524, citando las decisiones en los casos Hortensia Arribas v. Pedro Mirandés y Corte de Distrito, y Barreras y otros v. Aldrey, Juez de Distrito) y qne, “los autos de certiorari no pueden servir para revisar las senten-cias en el fondo, sino para determinar si ban sido dictadas dentro de las reglas que determinan la competencia de los jueces y si los procedimientos que la ley establece ban sido o no cumplidos.” Axtmayer et al. v. Aldrey, 14 D.P.R. 647, citado con aprobación en Delgado et al. v. Soto Nussa, Juez, en 18 D.P.R. 319, y en López v. Córdova Dávila, 18 D.P.R. 1.

En consecuencia, la sentencia se ajusta a los beebos y a la ley; y con esto decidimos en cuanto al quinto señalamiento de error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seño» Aldeey,

text:
    Miguel Fuentes, demandante-apelado, v. Providencia Canetty, demandada-apelante.
    No. 4158

    Sometido: Junio 10, 1927.

      Resuelto: Febrero 15, 1929.

      Francisco Soto Gras, abogado de la apelante'; Bolívar Pagan, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito ha estado demorado algún tiempo en este tribunal por el excesivo trabajo que tenemos, en el que mu-chas veces bay que dar preferencia a asuntos que ingresan recientemente.

En la parada 26% de la carretera entre San Juan y Santurce ocurrió nn choque entre el ómnibus (guagua) de servicio público “Puerto Rico,” que venía para San Juan, y otro de igual clase nombrado “Suprema Special” que marchaba en dirección contraria, resultando con nn brazo roto nn joven menor de edad que viajaba como pasajero en el ómnibus “Puerto Rico.” El padre de ese joven, en nombre de su bijo, demandó a Providencia Canetty corno dueña del ómnibus “Suprema Special” para que le pagase indemnización aleg’ando que el choque ocurrió exclusiva-mente por negligencia del chaulffeur de la demandada por ir caminando a más de 48 kilómetros por hora y porque al llegar cerca del ómnibus “Puerto Rico” trato de pasar a un automóvil con el que iba regateando. Se opuso la deman-dada a esta reclamación y celebrado el juicio recayó senten-cia condenatoria por la cantidad de $2,000 y las costas, contra cuyo fallo ha sido interpuesto este recurso de apelación.

Todos los motivos de error alegados por la apelante en apoyo de su recurso se refieren a la suficiencia de la prueba para sostener la sentencia, y así en el primero de ellos se dice que no es bastante para haber estimado la corte inferior que la demandada era la dueña del ómnibus “Suprema Special. ’ ’

Luis Fajardo declaró en el juicio que al hacer el emplazamiento de la demandada en este caso, Providencia Canetty, ella admitió que la guagua “Suprema Special” era suya; y siendo creída esa declaración es suficiente para estimar probado ese extremo y relevar al demandante de presentar otra clase de evidencia para probar la propiedad, pues las manifestaciones de una parte hechas fuera del tribunal son admisibles umversalmente como prueba contra ella. Wigmore sobre Evidencia, 2da. edición, vol. 2, pág. 504. Babbits, la ley aplicable a vehículos de motor, 3ra. edición, pág. 3309, sección 2139. La demandada no negó en el juicio la admisión que se le atribuyó y esto crea una fuerte presunción de que la hizo. 10 R.C.L. 887, sección 36. También declaró el testigo Bolívar Pagán sobre la propiedad, pero esa declaración era manifiestamente de referencia y fué propiamente eliminada. Otro testigo llamado Luis Ledee, policía insular, declaró que acudió en seguida al sitio del suceso y que el chauffeur de la guagua “Suprema Special”, Sixto Yargas, le manifestó que la guagua era propiedad de Providencia Canetty, pero esa declaración fué eliminada por la corte inferior por estimarla también de referencia; y aunque la apelada dice que debemos tener en cuenta esa de-claración para resolver este recurso porque era admisible y fué indebidamente eliminada por ser parte del res gestae, citando autoridades en apoyo de su afirfnación, sin embargo, no podemos tomarla en cuenta para resolver esta apelación porque aunque su eliminación hubiera sido indebida la reso-lución de la corte inferior hizo que la demandada y apelante no tuviera necesidad de presentar prueba para rebatirla. Independientemente de lo dicho dudamos si la demandada negó suficientemente la alegación jurada, de la demanda de ser ella la dueña de la guagua “Suprema Special,’£ pues su negación en ese particular fué la de negar que no era la dueña.

El segundo motivo do la apelación se funda en que hubo error en la corte al declarar probado que el chauffeur Sixto Vargas que guiaba la guagua “ Suprema Special” en el momento del accidente era empleado como tal con ese fin por la demandada.

Aparece probado claramente que Sixto Vargas conducía como chauffeur la guagua “Suprema Special” dedicada al servicio público de conducción do pasajeros en el momento del accidente. El manifestó en el juicio que era empleado en ella como chauffeur de Providencia Canetty, y aunque la de-claración de un agente no es prueba de la agencia, sin embargo, tal agencia puede deducirse de las circunstancias en cada caso; y como él iba guiando la guagua dedicada a un servicio público, propiedad entonces de la demandada, y como la dueña tenía el deber legal como porteadora pública de pa-sajeros en ómnibus de mantener ese servicio en el que nece-sitaba un chauffeur, si la dueña no manejaba personalmente el vehículo, puede inferirse de aquel hecho que Sixto Vargas conducía la guagua como empleado de la dueña (2 Corpus Juris, pág. 435, párrafo 32) corroborando esa conclusión es-tablecida prima facie el hecho de que la demandada no pre-sentó prueba en contrario y guardó' silencio en el juicio. 2 Corpus Juris, pág. 444 nota A. El hecho de la agencia y los poderes de un agente pueden ser probados por hechos y circunstancias, lo mismo que puede probarse cualquier otro hecho, sin que sea necesario probar un contrato expreso de empleo para establecer la relación de principal y agente, pu-diendo ser deducida tal relaciónele las circunstancias del caso. Babbit, citado antes, página 733, párrafo 1159.

Los tres siguientes motivos de error pueden ser considerados conjuntamente, como los trata el apelante,' y dicen así:

“Tercero. — La corte erró al declarar probado que el accidente ocurrió por la negligencia de la demandada.
“Cuarto. — La corte erró al declarar que tal negligencia quedó probada por una preponderancia de la prueba del demandante.
“Quinto.' — La corte erró al declarar que el demandante sufrió la-lesión de que se queja, debido a la negligencia de la demandada.”

Para probar el demandante cómo ocurrió el accidente pre-sentó su propia declaración, la de su abogado, que era un pasajero en la guagua “Puerto Rico”, y la de otro pasajero en ella llamado Miguel Pujáis, y según esas declaraciones el joven Miguel Fuentes iba sentado en el banco lateral iz-quierdo y posterior de dicho vehículo, pero ladeado y mi-rando hacia el frente de él, siendo lanzado a la carretera al ocurrir el choque, de donde fué recogido con el hueso cubito, del brazo izquierdo roto. El abogado y el otro testigo iban sentados en los asientos transversales de la guagua, que. también les permitían ver hacia adelante, diciendo los dos. primeros que la guagua “Suprema Special” se acercaba a mucha velocidad en regateo con otro automóvil y que al acer-carse la guagua “Puerto Rico” caminando por su derecha, trató en ese momento la guagua de la demandada de pasar al automóvil por la izquierda de éste, y que aunque la. “Puerto Rico” se desvió hacia su derecha hasta llegar cerca de la acera, su parte trasera y la delantera de la otra guagua chocaron, haciendo el otro testigo parecidas manifestacio-mes. La teoría de la demandada según sns testigos con-sistentes en -el ■chauff eur de la guagua, en el cobrador de da misma y en otro chauffeur qne iba en ella como pasajero, dné qne no iban en regateo con otro automóvil, el qne siempre Lué delante- de ellos pero qne al detenerse ese automóvil y tratar de [jasar por su izquierda ocurrió el choque porque ,1a gua'gtm “Puerto Rico” caminaba por el centro de la ca-rretera en vez de hacerlo por su derecha, habiendo dicho el chauffeur pasajero Julio de Jesús que elvautomóvil iba de-trás de la guagua “Suprema Special” y le pasó, tratando Inego de pasarle la guagua y ocurriendo el choque. La corte inferior que oyó declarar a los testigos dió crédito a los del demandante, exponiendo algunas razones para ello, y aunque' •el apelante hace una fuerte crítica de esa decisión y de los motivos dados para ella, entendemos que en último término 'significa que la corte creyó a los testigos del demandante y nó a los de la demandada en cuanto a la causa del acci-dente; y por el examen que hemos hecho de la prueba no encontramos justificación para declarar que tal decisión sea manifiestamente errónea. Le todos modos, aunque la guagua Puerto Rico” caminara por el centro de la carretera, la causa próxima del choque fué el tratar de pasar la “Suprema Special” al automóvil en los momentos en que no había es-pacio libre para ello por acercarse la otra guagua en direc-ción contraria.

El cuarto motivo de error es por haber concedido la corte al demandante como indemnización la cantidad de dos mil dólares. Ya hemos dicho que el demandante sufrió la rotura del brazo izquierdo del que ha quedado completamente bien después de su curación, la que tardó cuarenta o cincuenta días. Le la prueba aparece que esa rotura produce generalmente dolores físicos, y el demandante declaró que los tuvo. Además de esto se ha probado que siendo él un estudiante para el título de maestro rural, que podía obtener algunos meses después del accidente, tuvo entonces que suspender esos estudios porque la rotura del brazo le impedía hacer los trabajos prácticos de agricultura que se lé exigían. No hay prueba de que él dejara de ganar dinero alguno, como consecuencia de la rotura del brazo, de lo que él hubiera podido ganar si hubiera obtenido su título de maestro rural entonces, ni tampoco de lo que gastara en su curación, por lo que en tales condiciones la prueba y de acuerdo con los principios enunciados en el caso de Flores v. Suc. de Pérez Hnos., 29 D.P.R. 1046, entendemos que la indemnización de dos mil dólares es excesiva, siendo razonable la cantidad de mil dólares.

El séptimo señalamiento de error es por haber sido condenada en costas la demandada, o por lo menos sin excluir los honorarios de abogado.

Aunque la corte inferior no expresó sus razones para esa parte de su sentencia los hechos ocurridos justifican por sí mismos que la demandada fué temeraria al oponerse a la reclamación del demandante; y si esa oposición se hu-biera limitado a la cuantía de la indemnización reclamada, que fué reducida por la corte, entonces hubiera estado en condiciones la apelante de discutir si las costas debían serle impuestas o no.

El octavo y último motivo alegado es error al dictar la sentencia condenatoria. Claramente es consecuencia de los-otros errores alegados y resueltos, y como la apelante se li-mita a señalarlo sin argumentarlo, tampoco lo discutiremos nosotros.

La sentencia apelada debe conceder mil dólares como m-demvázación ál demandante y así modificada debe ser cootfir-mada.


author: El Juez Asocíalo Señor Hutchison-,

text:
    Enriqueta Acarón Viuda de Palmer, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 742.

    Sometido: Noviembre, 21, 1928.

      Resuelto: Febrero 15, 1929.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asocíalo Señor Hutchison-,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir un con-trato de arrendamiento por el término de diez años, otorgado por un apoderado, fundándose en que el documento no iba acompañado de la escritura de poder, y en lo referente a una novena parte de la finca arrendada, por el fundamento adicional de que tal condominio pro indiviso aparecía inscrito a nombre de un tercero.

La arrendataria admite la existencia de un defecto eñ la descripción de la finca arrendada, que fué anotado por el registrador, y admite que es correcta la resolución en lo que a la novena parte pro indivisa se refiere, pero apela de la negativa de inscribir el contrato de arrendamiento en lo re-lativo a las odio novenas partes restantes.

La sección 4 de la “Ley sobre recursos contra las reso-luciones de los registradores de la propiedad,” aprobada el primero de marzo de 1902, Estatutos Revisados de 1911, (see. 2183), dice así:

“Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción liarán constar los defecto's que contenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se bará constar la subsanación por medio de nota marginal.”

Cuando una escritura notarial parece haber sido otorgada por un apoderado y se presenta para su inscripción al re-gistro de la propiedad, el dejar de presentar la escritura de» poder no constituye un defecto insubsanable. Tal omi-sión “puede subsanarse” dentro del significado de la dis-posición arriba citada, según lia sido interpretada por esta corte en el caso reciente de Enrique Ramírez Prosperi v. Registrador de San Germán, 38 D.P.R. 771.

Véanse también los casos de Maestre v. Registrador, 14 D.P.R. 682; Gutiérrez v. Registrador, 14 D.P.R. 617; Calenti v. Registrador, 14 D.P.R. 692, y Fano v. Registrador, 15 D.P.R. 334.

La resolución recurrida debe ser revocada en lo referente a la negativa a inscribir las ocho■ novenas partes indivisas.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leonardo Ortiz Calderón, acusado y apelante
    No. 3532.

    Sometido: Diciembre 11, 1928.

      Resuelto: Febrero 19, 1929.

      L. Tomes y F. Parra Toro, abogados del apelante; José E. Fi-gucras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación que tenemos ante nos, después de expresar las correspondientes alegaciones relativas a la fecha, sitio y cosas similares, imputaba en efecto al acusado Leonardo Ortiz Calderón, que mientras guiaba un autocamión sin ejer-cer el debido cuidado, es decir, sin tocar bocina o aparato de dar aviso, ni usar el freno de emergencia, y caminando a una velocidad exagerada, arrolló y mató a Ramón Negrón. El caso fué visto ante el jurado y el acusado declarado- con-victo y sentenciado a dos años de presidio con trabajos for-zados.

El apelante discute los dos primeros señalamientos de error conjuntamente y ataca la suficiencia de la acusación. Sin ningún argumento real, el apelante dice que la acusación era deficiente al no alegar si el sitio donde ocurrió el acci-dente es uno concurrido y poblado; si el tráfico era numeroso o no, si el autocamión estaba dotado de una bocina, freno, etc., y si el acusado dejó negligentemente de usarlos. El acusado entonces sigue discutiendo lo que ocurrió durante el juicio. Si el automóvil en realidad no tenía ninguno de estos apara-tos de seguridad, la negligencia del acusado era aun mayor. La acusación tal vez pudo redactarse de otro modo o ale-gar diversas formas de negligencia en narraciones separadas, pero el acusado no hizo objeción alguna, a este respecto. La causa próxima del accidente fué la velocidad mantenida por el apelante basta el momento mismo del accidente. Él no tenía el dominio debido del autocamión, según exige la ley. El Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692; El Pueblo v. Blandford, 23 D.P.R. 625; El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658.

Igualmente .convenimos con el fiscal en que las objeciones' alegadas participaban de la característica .de defectos dei forma y el acnsado debió haberse opnesto antes del juicio, o debió haber solicitado un pliego de particulares. El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111; El Pueblo v. Parkhurst, 29 D.P.R. 920.

La conclusión de que el acusado no estaba ejerciendo el debido cuidado, según se alegaba en la acusación, fue sostenida ampliamente por la prueba, la cual tendió a demostrar que el día en que ocurrió el accidente el apelante venía guiando un autocamión que se dirigía de Ponce a Aibonito; que al acercarse a esta última ciudad se encontró con el entierro de un policía; que había un buen número de personas congregadas, entre ellas varios policías que asistieron a las ceremonias; que uno o más de los policías notaron que el autocamión- venía a gran velocidad y sin dar ningún aviso de alarma; que uno de los policías trató de indicar al acusado que detuviera el camión, pero que a pesar de sus esfuerzos el camión continuó marchando a la misma velocidad, y que cuando el acusado estaba bien cerca de la multitud, se desvió hacia a un lado con el propósito de evitar un choque, pero que no obstante, el camión arrolló a varias personas y mató a Ramón Negrón. La prueba del Pueblo tendió a demostrar que los frenos del camión estaban en mal estado y además que el acusado le había admitido a alguien que él sabía que los frenos estaban defectuosos. Bajo estas circunstancias no hay necesidad de considerar ninguno de los señalamientos de error que se refieren directamente a la prueba.

El tercer señalamiento se refiere al hecho de haber dejado la corte de instruir al jurado sobre ciertos aspectos de la ley sobre negligencia criminal. A petición del acusado la corte dió ciertas instrucciones relativas a la misma, y a la terminación de dichas instrucciones el acusado dejó de tomar excepción específicamente, o de solicitar instrucciones adicionales. Dudamos que se cometiera error alguno, pero de ha-berse cometido, fue renunciado. El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 171; El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 549.

El acusado se quejaba de ciertas instrucciones dadas por la corte casi literalmente del caso de El Pueblo v. Blandford, supra. Ese caso tal vez se refiera específicamente a los deberes de un acusado que pasa junto a personas que marchan en la misma dirección por una carretera, pero en realidad se refiere a los deberes generales de un acusado cuando guía un automóvil. El fiscal conviene en que en el presente caso la multitud se dirigía en dirección contraria. Tanto la corte como el apelante han citado el caso de Blandford para justificar sus posiciones respectivas. La corte automáticamente citó pasajes de dicho caso, que necesariamente no tenían aplicación alguna. No hallamos que el acusado sufriera perjuicio, alguno con motivo de las citas erróneas. Meras palabras superfinas no son generalmente fundamento para señalamientos de error.

El quinto señalamiento se refiere a haber dejado la corte de instruir al jurado que el acusado, al igual que los viandantes, tenía derecho a esperar que los peatones le dejaran paso, o algo a ese efecto. Sin embargo, nadie tiene derecho a caminar por una carretera a una velocidad indebida, y los hechos del presente caso, según podemos ver, no requerían-ninguna instrucción específica y la corte estuvo justificada al declarar sin lugar tal súplica.

' La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Antonio Guzmán López, menor representado por su padre Antonio Guzmán Muñoz, demandante y apelante, v. Manuel Ortiz, demandado y apelado.
    No. 4387.

    Sometido: Enero 25, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1929.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; Francisco González Jr., abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante alegaba snbstancialmente entre otras cosas lo que sigue:

Segundo. — Que el demandado Manuel Ortiz era en todas las fechas mencionadas en la demanda, dueño de un autoca-mión de servicio público que se destinaba al transporte de carga entre Yabucoa y otros pueblos de la isla.

Tercero. — Que el día 30 de mayo-, como a las diez de la mañana, el autocamión del demandado, guiado por su chauffeur Carlos del Campo, empleado del dicho demandado, iba desde Yabucoa a Maunabo, siendo conducido tan negligente-mente por la carretera, que al llegar a una curva a algunos kilómetros del pueblo de Maunabo, arrolló el automóvil en que viajaba el demandante, lo que le ocasionó a dicho1 deman-dante graves heridas y lesiones.

Cuarto. — Que el accidente de referencia, a virtud del cual recibió las heridas el demandante, fue ocasionado única y exclusivamente debido a la, negligencia del chauffeur, em-pleado del demandado, quien descuidada y desenfrenada-mente discurría de Yabucoa a Maunabo, sin tomar precaución de ninguna especie, y haciendo caso omiso del automóvil en que viajaba el demandante.

La demanda estaba debidamente jurada, y el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone qué:

“. ... Si se jurare la demanda, la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica. ”

El demandado contestó así:

Primero. — -Niega el hecho primero de dicha demanda por falta de información.

Segundo. — Niega igualmente el hecho segundo de dicha demanda.

Tercero. — Niega asimismo el hecho tercero de dicha de-manda, también por falta de información.

Cuarto. — Niega el hecho cuarto de dicha demanda.

Quinto. — Del mismo modo niega el hecho quinto.

Tal contestación no levanta controversia alguna. 21 R.C.L. 566-67, párrafo 123; Delano v. Jacoby, 96 Cal. 275; Boyer v. Concejo de Administración de Guayama, 34 D.P.R. 21.

Durante el curso del juicio el letrado del demandante informó que si bien podía solicitar una ¡sentencia sobre las alegaciones en vista de que los hechos alegados en la demanda habían sido admitidos por la contestación, no obstante, presentaría parte de su prueba en apoyo de ciertas alegaciones de la demanda con el fin de que la corte tuviera ante sí los hechos detalladamente y dictara sentencia por una cantidad que estuviese de conformidad con los daños y perjuicios sufridos por el demandante.

El abogado que había radicado la contestación no estaba presente durante el juicio, y otro abogado que compareció entonces a nombre del demandarlo, no hizo objeción alguna a la indicación hecha por el letrado del demandante.

Al ser llamado el segundo testigo, el abogado del deman-dante recordó a la corte la manifestación que había hecho anteriormente al efecto de que los hechos alegados en la demanda habían sido admitidos por la contestación y que ésta no contenía una negación específica de las alegaciones segunda y tercera de la demanda, y de que podía solicitarse ujia sentencia sobre las alegaciones.

Entonces el letrado del demandado manifestó que él no había radicado la contestación en cuestión y que tampoco había sido preparada en su oficina.

El único testigo llamado por el demandado fué el chauffeur Carlos del Campo, quien dijo que él pidió a Manuel Ortiz el truck prestado a fin de traer algunos muebles de Maunabo a Tabucoa.

El abogado del demandante solicitó de la corte que elimi-nara esta declaración por ser impertinente y que no era,' ni podía ser, motivo de defensa. La corte declaró sin lugar la objeción y el demandante se anotó excepción.

Después que el conductor del camión había hecho su ver-sión del accidente, el abogado del demandado solicitó que se dictara una sentencia declarando sin lugar la demanda en vista de que al momento de ocurrir el accidente Carlos del Campo no estaba prestando servicio alguno a Manuel Ortiz, ni estaba bajo sus órdenes, ni en el desempeño de sus fun-ciones, ni existían relaciones de principal y empleado. Ade-más, porque no había en las alegaciones de la demanda hecho alguno respecto a este particular, y porque las actuaciones de un agente o empleado no son imputables a.1 principal cuando el empleado no está en el desempeño de sus obliga-ciones, con tanta mayor razón “cuanto que la prueba del de-mandante ha omitido estos hechos.

El juez de distrito en su “Relación del caso y opinión” no hizo referencia alguna a la cuestión de procedimiento, pero halló “como hechos establecidos durante el juicio que el autocamión perteneciente al demandado y guiado por su chauffeur Carlos del Campo, después de haber pasado su parte delantera, chocó con las ruedas de atrás con el auto-móvil en que viajaba el demandante; que la. versión del ac-cidente hecha por el conductor del autocamión, examinada a la luz de los hechos físicos no controvertidos, era increíble, y que sin duda alguna el accidente se debió a la negligencia de dicho conductor.

Sin embargo, el juez de distrito, después de hacer estas conclusiones, dirigió su atención al aspecto legal del caso, según la teoría del demandado, y discutió extensamente los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, la doctrina de respondeat superior, la máxima qui. fácil per alium fácil per se, y un número de decisiones de esta corte. No hay-duda alguna respecto a los principios generales de derecho así discutidos. La única cuestión es si son aplicables o no a los hechos del presente caso.

•No hay ninguna prueba directa de que el conductor del canaión actuara dentro de las atribuciones de su empleo en el momento en que ocurrió el accidente. Pero no podemos asumir con la corte inferior que es necesario presentar prueba directa del hecho último. En la demanda sel alega, y el juez de distrito halló como hecho establecido por la prueba, que el autocamión pertenecía al demandado, que se usaba para transportar carga y que al tiempo del accidente era conducido por Carlos del Campo, un empleado del deman-dado. Creemos que eso es suficiente.

En la página 502 de •’Wigmore sobre Evidencia, tomo 5 (segunda edición), bailamos lo- siguiente:

“ (2) Cuando el daño es ocasionado por el acto torticero del conductor de un vehículo, y la persona lesionada demanda al dueño del vehículo que es una persona distinta al conductor del mismo, es nece-cario que el demandante, para probar su caso, demuestre que el conductor del vehículo era agente del dueño y que en el momento del ac-cidente actuaba dentro de las atribuciones de su empleo. ¿ Pueden estos dos hechos presumirse de la mera propiedad del vehículo? La respuesta debería ser afirmativa si tomamos en consideración la faci-lidad relativa de la prueba entre las partes, las costumbres usuales de los dueños de vehículos y lo conveniente que es imputar la responsa-bilidad de no obtener prueba a la persona que posea un aparato de valor y peligroso, y quien, por consiguiente, debe tomar precaucio-nes especiales contra su mal uso por persona's irresponsables. La in-diferente irresponsabilidad de los conductores de vehículos en general, -su notorio egoísmo de monopolizar las carretera's contra los peatones, y la prevaleceneia de homicidios involuntarios por las per-sonas que conducen vehículos, quienes no dan valor alguno a las vidas de los demá's en comparación con sus propias conveniencias,— todos estos factores modernos exigen que esta regla y toda otra re-gla aplicable sea empleada para mejorar el grado de cuidado que debe exigirse a los dueños de vehículos:
“No obstante, las cortes han tomado puntos de vista opuestos; algunas imponen al peatón inocente el peso de la prueba. En general las cortes son propensas a seguir una actitud poco práctica, in-humana y demasiado cautelosa.”

La regla anteriormente enunciada parecería ser aplicable a fortiori entre el dueño de un autocamión guiado negligen-temente, y el conductor cuidadoso de un automóvil cuya po-sición con frecuencia es más difícil y cuya oportunidad para evitar el daño es generalmente menos favorable que la del peatón que está igualmente alerta.

Véase el caso de Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 499.

La mejor práctica hubiese sido alegar expresamente que el conductor del autocamión actuaba dentro de las atribu-ciones de su empleo en el momento del accidente. Si se hubiese presentado una excepción previa y la corte inferior la hubiese declarado con lugar, no es probable que tal re-solución hubiese sido revocada en apelación. Maldonado v. Ávalo Collazo, 38 D.P.R. 526. Si el demandado hubiese pre-sentado una objeción oportunamente, el demandante hubiera tenido oportunidad de enmendar la demanda. Tanto la forma de la contestación como la actitud del letrado del demandado durante todo el curso del procedimiento, admi-tieron la suficiencia de la demanda para los fines del juicio. La objeción fué presentada demasiado tarde al ser levantada por primera vez después que la omisión en cuestión había sido suplida por la prueba del demandante.

Puede suceder que con la presentación de prueba para establecer hechos admitidos, el demandante igualmente renunciara su derecho de objetar a la prueba, ofrecida por el demandado sobre una controversia no levantada por la contestación. Pero según vemos la prueba admitida por encima de tal objeción, la cuestión carece de importancia.

Carlos del Campo no declaró, como dice el juez senten-ciador, que el autocamión estaba cargado de muebles de su pertenencia. No dice aun que él hubiese cogido prestado el autocamión. Lo que dijo fué que él había pedido a su patrono que le prestara el autocamión a fin de traer algunos muebles de Maunabo a Tabucoa y que se dirigía de Yabucoa a Maunabo. Por tanto, no hay conflicto entre esta'declara-ción y la del demandante al efecto de que el autocamión es-taba vacío en el momento en que ocurrió el accidente. A juzgar por la declaración de del Campo, su principal pudo haberle dicho que se cargara a sí mismo, o al dueño de los muebles en cuestión, el precio corriente, o un tipo más bajo, o que trajera los muebles con otros efectos y mercancías que tuvieran que transportarse en el curso ordinario de los negocios. Del Campo no dice que él se dirigía a buscar los muebles, o que no actuaba dentro de las atribuciones de su empleo en el momento qne ocurrió el accidente. Esa pnede qne sea nna inferencia legítima de lo qne él dijo sobre sn solicitud de qne se le diera permiso para nsar el autoca-mión, si sn declaración a este respecto puede ser aceptada por el valor qne de sn faz merezca. Pero si a la luz de todas las circunstancias esa declaración no inspira confianza, tam-poco estaba la corte inferior, ni lo está esta corte, obligada a creerla o a ampliarla, haciendo de la misma conclusiones innecesarias.

Del Campo atribuye el accidente a la mucha velocidad qne traía el automóvil, el qne, según él, venía subiendo la pendiente a razón de 20 o 25 millas por hora, mientras él viajaba como a 8 o 10. También insiste en qne él iba por la derecha de la carretera, qne tenía el dominio del autoca-mión y qne ya se había parado-, qne el automóvil pudo muy bien haber pasado al autocamión echándose un poco más a la derecha, ya qne la cuneta era llana, pero qne cuando le aplicaron los frenos el automóvil patinó y chocó con la rueda posterior del autocamión. La prueba del demandante fué al efecto de que el automóvil se había detenido y estaba parado a la derecha del autocamión cuando fué chocado por la rueda posterior de éste.

Del Campo dice también, sea inadvertidamente o por al-' guna otra causa, que tenía por costumbre caminar por el centro de la carretera hasta que oía que se acercaba algún vehículo, y que entonces se echaba hacia la derecha. Una colisión entre la rueda posterior y el parachoque (bumper) de un carro que esté parado' a la derecha de una carretera, sería el resultado lógico de la tentativa tardía por parte del conductor de un autocamión de abandonar el centro de la carretera y de pasarle al vehículo que está parado, antes de que la parte posterior del autocamión hubiese tenido su-ficiente espacio. No hubo duda alguna en la mente del juez sentenciador en el presente caso respecto a la cuestión de negligencia por parte del conductor del autocamión.

Manuel Ortiz, el demandado en el presente caso, al día siguiente del accidente manifestó al padre del deman-dante, Antonio Guzmán, que mandara a reparar el carro y le enviara la cuenta a él, para él a su vez enviársela a la com-pañía de seguros, ya que el autocamión estaba asegurado. Aquí tenemos una admisión implícita de responsabilidad por parte del principal, e incidentalmente una admisión similar de que el conductor del autocamión estaba actuando dentro de las atribuciones de su empleo en el momento en que ocu-rrió el accidente. Esta admisión proviene de la persona más interesada en que se establezca la única defensa levan-tada durante el juicio. Según los autos revelan, solamente Ortiz podía corroborar la prueba del único testigo que ocupó la silla testifical a favor del demandado. El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Tal admisión, no explicada, es más que suficiente para contrarrestar cualquier inferencia más o menos dudosa que pudiera hacerse de la declaración de del Campo al efecto de que había solicitado permiso para usar el autocamión.

Incumbía al demandado neutralizar, de no destruir mediante preponderancia de prueba, la presunción de que el conductor del autocamión actuaba dentro de las atribuciones de su empleo. El demandado ha dejado claramente de hacer esto.

La sentencia apelada debe ser revocada, y en su hogar esta corte dicta sentencia a favor del demandante por la suma de quinientos dólares, con las costas.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.