author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Juan y José Fuentes Leduc, demandantes y apelantes, v. Antero Aponte, demandado y apelado.
    Núm. 8682.

    — Sometido: Enero 14, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      F. González Carmona (F. González Fagunclo, en el alegato), abogado del apelante; Antonio Figueroa Rivera y Santiago Polanco Abréu, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En moción extensamente argumentada, el demandado ape-lado solicita la reconsideración de nuestra sentencia de 22 de diciembre último, por la cual revocamos la de la corte inferior y dictamos la que debió haber dictado dicha corte. En la citada sentencia condenamos al demandado a pagar a los demandantes la cantidad de cuatrocientos dólares de principal con intereses legales desde el 30 de marzo de 1942, fecha de la interposición de la demanda, más el crédito adicional de ciento veinticinco dólares para gastos y honorarios de abo-gado. Para la mejor inteligencia de las cuestiones que nos proponemos discutir, es conveniente hacer una breve exposi-ción de los antecedentes de este caso conforme resultan de los autos.

Por escritura de 3 de enero de 1929, Antero Aponte, el aquí demandado, recibió de Francisco Fuentes, causante de los demandantes, en presencia del notario, un préstamo pol-la cantidad de cuatrocientos dólares con intereses a razón del uno por ciento mensual y término de tres meses a partir de la fecha de la escritura, pactándose además un crédito adi-cional de ciento veinticinco dólares para gastos y honorarios de abogado en caso de cobro por la vía judicial. Para garan-tizar la devolución del préstamo, el deudor hipotecó a favor del acreedor una casa de su propiedad descrita en la escri-tura. En el año 1934 el préstamo no había sido aun devuelto, por lo que el acreedor Francisco Fuentes instó en la corte inferior un procedimiento ejecutivo para su cobro. A virtud de dicho procedimiento, la finca hipotecada fué adjudicada al acreedor en el año 1934; pero el deudor demandado quedó en posesión de ella a virtud de contrato de arrendamiento celebrado con el nuevo dueño, pactándose la cantidad de ocho dólares mensuales por concepto de alquiler. El ahora de-mandado continuó pagando los alquileres hasta el año 1939, pero desde esa fecha dejó de pagarlos aunque continuó ocu-pando la casa. Fue en 1941, estando siempre en posesión del inmueble, que instó un pleito en la Corte de Distrito de Humacao pidiendo la nulidad del procedimiento ejecutivo y reclamando los frutos producidos o debidos producir por el inmueble desde que fue adjudicado al acreedor hipotecario en el año 1934. Se alegó como único motivo de nulidad que, aunque se había pactado el pago de ciento veinticinco dólares para gastos y honorarios de abogado, dicha cantidad, de la cual se hizo mención en la penúltima cláusula de la escritura, no había sido hipotecariamente garantizada, y por consi-guiente no podía ser reclamada dentro del procedimiento eje-cutivo, y que la reclamación del referido crédito adicional dentro del aludido procedimiento lo viciaba de nulidad, La corte inferior dictó sentencia en aquel caso declarando nulo el procedimiento ejecutivo y condenó a los demandados a pagar las costas y cien dólares por concepto de honorarios de abogado; pero a pesar de solicitarse en la demanda que los demandados fuesen condenados a la devolución de los frutos o rentas producidos o debidos producir, ningún pro-nunciamiento hizo la corte a ese respecto, y no habiéndose establecido recurso por ninguna de las partes, quedó firme dicha sentencia.

Como el demandante en el pleito de nulidad, aquí deman-dado, no había pagado el montante del préstamo, los ahora demandantes radicaron este pleito en cobro de dichos cuatro-cientos dólares. No obstante no haberse concedido frutos o rentas al demandado en el pleito de nulidad, en la acción en cobro de dinero alegó el demandado que nada debía a los demandantes porque por concepto de alquileres les había pagado indebidamente la cantidad de cuatrocientos veinti-cuatro dólares, que excedía de la suma reclamada en la de-manda. La corte inferior desestimó la demanda, y fué esa la sentencia revocada por la nuestra de 22 de diciembre de 1943 (62 D.P.R. 722).

En la opinión que sirvió de fundamento a nuestra citada sentencia, sostuvimos que el contrato de arrendamiento cele-brado entre Francisco Fuentes y Antero Aponte era inexis-tente por falta de causa, pero a la vez sostuvimos que como el pago de cánones había sido hecho por error de derecho, Antero Aponte no podía reclamar su devolución, y citamos el caso de Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778.

En su moción de reconsideración el demandado apelado se queja de que la doctrina que impide la reclamación de lo pagado por error de derecho es injusta y que hemos adoptado un tecnicismo que opera de modo fatal para producir una positiva injusticia, etc. Empero, si examinamos la opinión que sirvió de base a la sentencia que anuló el procedimiento ejecutivo y que devolvió al demandado apelado el título de dominio de la casa hipotecada, veremos que no es el demandado apelado quien está en mejores condiciones para hablarnos de tecnicismos que producen injusticia. En el citado caso de nulidad de ejecutivo hipotecario, dijo en su opinión la corte sentenciadora:

“Posiblemente el resultado es injusto, al anular un procedimiento por haber sido incluido en la ejecución hipotecaria determinada suma de dinero. Sin embargo, no podemos ignorar la ley y la jurispru-dencia que nos indican claramente que el hecho de incluir en la ejecución hipotecaria partidas que no estén garantizadas por la hipa-teea, anula el procedimiento....
“Sería posible alegar que el notario que hizo la escritura de hipoteca es responsable de la forma en que se hizo el pacto referente a los $125 para costas y honorarios de abogado. Sin embargo, el acreedor firmó la escritura y está impedido por sus propios actos.”

No se entienda que estamos criticando la opinión a que acabamos de referirnos. La sentencia es firme y tiene la condición de cosa juzgada. Si nos referimos a ella, es para poner de manifiesto que el demandado apelado que tanto protesta de los que él llama tecnicismos cuando lo perjudi-can, los acepta gustoso cuando le son favorables. Además, el propio apelado en el alegato que radicó ante este Tribunal el 17 de julio del pasado año (págs. 10-12) cita extensamente de Manresa la doctrina que sostiene que los pagos hechos por error de derecho no son recobrables, y concluye luego diciendo que el error en este caso es de hecho y no de derecho.

En el presente caso no existe tal tecnicismo. Indepen-dientemente de si la doctrina de pago hecho por error de derecho es o no justa, podemos ir más lejos y sostener que el demandado no tenía derecho a reclamar de los aquí deman-dantes la.cantidad de cuatrocientos veinticuatro dólares que pagó por concepto de alquileres. Esto es así porque en la sentencia dictada en el pleito que el demandado instó y a virtud del cual se anuló el procedimiento ejecutivo y se res-tituyó al allí demandante, ahora demandado, el título de dominio de la casa en cuestión, no se hizo pronunciamiento alguno, como bien alegan los demandantes, con respecto a los frutos producidos o debidos producir por la finca desde que se dictó la sentencia en el procedimiento ejecutivo hasta que el mismo fue anulado, a pesar de que tales frutos o rentas fueron expresamente reclamados en la demanda sobre nulidad de procedimiento ejecutivo. No habiéndosele conce-dido al demandante el derecho a tales frutos, a pesar de haberlos reclamado, repetimos, aquella sentencia constituye cosa juzgada y le impide reclamarlos ahora.

Comentando Manresa el artículo 1308 del Código Civil español, igual al 1260 del Código Civil (ed. 1930) invocado por el demandado en su moción de reconsideración, dice:

“Hecha en la declaración judicial o extrajudicial de nulidad de un contrato la determinación de lo que las partes hayan de devol-verse, hay la primera, pero no suficiente, de las circunstancias para que la devolución proceda. Dedúcese de ser la primera tal deter-minación, que no basta declarar nulo el contrato, sino que además ha de hacerse esa apreciación completa de lo que cada uno haya de devolver al otro, debiendo, por tanto, solicitarlo así el actor y obtener tal declaración en la sentencia,, o a lo menos en la ejecución de ésta, con arreglo a las bases que la misma contuviese.” (Bastardillas nuestras.) 8 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 797.

Independientemente de la doctrina de pago hedió por error de derecho, el demandado apelado no puede reclamar los cuatrocientos veinticuatro dólares que produjo la casa hipotecada, sencillamente porque como hemos dicho antes, la sentencia dictada en el pleito sobre nulidad de procedi-miento ejecutivo, dentro del cual fueron reclamadas dichas rentas, no las concedió. Tampoco procede reclamarlas por vía de compensación porque para que la compensación pro-ceda es necesario que exista un crédito líquido y exigible, y el reclamado por el demandado no existe por las razones que acabamos de exponer.

El caso de Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811, invocado por el apelado, no es aplicable porque en aquél la sentencia que anuló el procedimiento ejecutivo condenó además a pagar al demandante los productos de la finca y en este caso ya se ha dicho no existió tal pronunciamiento.

No existiendo razón alguna para variar el criterio expre-sado en nuestra sentencia de 22 de diciembre de 1943, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


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text:
    María Josefa Santoni y Suárez y su esposo Gorgonio Yunque Sepúlveda, demandantes y apelados, v. G. Llinás & Cía., S. en C, demandada y apelante.
    Núm. 8825.

    — Sometido: Diciembre 10, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Luis Ijópez de Victoria, abogado de la apelante; José Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos Gorgonio Yunque Sepúlveda y María Josefa Santoni vivieron por espacio de treinta años en una casa de su propiedad en la población de Sabana Grande. Con excepción de la hija mayor, todos los demás hijos del matrimonio nacieron y continuaron viviendo en ella hasta que su educación exigió que la familia, con excepción del esposo, se trasladase temporalmente a Río Piedras con la intención de regresar al hogar una vez terminados los estudios. Mientras la familia vivía en Río Piedras la casa fue alquilada para hotel, pero el esposo continuó viviendo en una de sus habitaciones y hacía viajes periódicos donde su familia a Río Piedras. Estando la familia residiendo en Río Piedras, el señor Gorgonio Yunqué, por su propio derecho y como apoderado de su esposa, el diez de agosto de 1929 constituyó hipoteca sobre la casa a favor de la mercantil G. Llinás y Compañía, S. en C., en garantía de la cantidad de $5,883.81 que confesó adeudar a dicha mercantil. En la escritura de hipoteca hizo constar el señor Yunqué, por su propio derecho y como apoderado de su esposa, que no tenían derecho de hogar seguro sobre la casa, pero que en el supuesto de que lo tuvieran, expresamente lo renunciaban. Parece conveniente agregar que la escritura de poder otorgada por María Josefa Santoni a favor de su esposo no confería al mandatario facultad para renunciar al derecho de hogar seguro, y así lo acepta el abogado de la parte apelante. No habiendo sido satisfecha la deuda, la acreedora instó proce-dimiento judicial para su cobro, y el 12 de marzo de 1940 le fué adjudicada la casa por la cantidad de tres mil quinientos dólares. El marshal no depositó en la secretaría de la corte de distrito los quinientos dólares, valor del homestead, que como veremos más adelante, reclaman los deudores, ni soli-citaron éstos que dicha suma les fuese entonces entregada. Pero el 11 de abril de 1940 radicaron en la corte municipal correspondiente este pleito en reclamación de homestead. La corte inferior, en grado de apelación, dictó sentencia de-clarando con lugar la demanda y contra esa sentencia se interpuso el presente recurso.

Alega la demandada apelante que erró la corte de distrito al resolver, a base de los hechos expuestos, que los deman-dantes apelados tenían un derecho de homestead sobre la casa en cuestión. Dentro de las circunstancias del presente caso, no cabe duda de que al tiempo de constituir la hipoteca y en todo momento posterior, el señor G-orgonio Yunque y su fa-milia han tenido constituido su hogar seguro sobre la casa en cuestión. El hecho de que la familia hubiese trasladado su residencia a otra población, no perjudica el derecho pre-existente de homestead, cuando como en el presente caso el cambio de residencia es de carácter temporal con ánimo de regresar- al hogar una vez cumplido el propósito que motivó el cambio de residencia. Courts v. Aldridge, 120 F. (2d) 362, 365; Farmers’ State Bank of Belvue v. Weeks, 26 P. (2d) 262; Grotberg v. First Nat. Bank, 210 N. W. 21. Cf. Miró v. F. Carrera & Hno., 42 D.P.R. 177.

La ley que imperaba en la fecha en que se constituyó la hipoteca permitía la renuncia del derecho de homestead pero para que ésta fuera efectiva, era preciso que se hiciese de un modo expreso y con el consentimiento de ambos cónyuges. Artículo 3, Ley para definir el Homestead, aprobada el 12 de marzo de 1903; López Rudón v. López, 48 D.P.R. 324; Quiñones v. Rodríguez, 58 D.P.R. 217.

Ya Remos dicho que en el presente caso la esposa no prestó su consentimiento para la renuncia del hogar seguro, toda vez que el poder que confirió a su esposo y que utilizó éste para constituir la hipoteca no le confería facultades para tal renuncia. El hecho de que el esposo pueda, estar en estoppel para reclamar el derecho de homestead, no puede perjudicar el derecho de la esposa a exigirlo, pues de otro modo equivaldría a sancionar una enajenación del homestead sin el consentimiento de la esposa.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia-


author: El Juez Asociado SeñoR de Jesús

text:
    Dolores de Vizcarrondo de Urrutia, demandante, contrademandada y apelante, v. Ramiro Luengo y Cabo, demandado, contrademandante y apelado.
    Núm. 8662.

    — Sometido: Noviembre 18, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Francisco Vizoarrondo, abogado de la contrademandada apelante,-Damián Monserrat, Jr., y Gabriel de la Haba, abogados del con-trademandante apelado.
   El Juez Asociado SeñoR de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Clara Knight, fue dueña de una parcela de terreno en Carolina que figuraba en el Registro de la Propiedad como la finca número 296 de Carolina. En el año 1912 dicha señora segregó de la indicada finca una parcela de 5,901 yardas cuadradas que vendió a Rafael Palacios Salazar, casado con Eva Knight. A esta nueva finca de 5,901 yardas cuadradas correspondió el número 646 de las fincas de Carolina en el Registro de la Propiedad, y en lo sucesivo nos referiremos a dichas dos fincas por sus números respectivos antes mencionados.

En 1918 Eva Acosta Knight adquirió la finca número 646 y la inscribió a su nombre. Más tarde, en 1927, adquirió tam-bién e inscribió a su nombre la finca número 296. En el año 1931, a solicitud de Eva Acosta Knight, el ingeniero Ignacio Morales practicó una mensura de las dos fincas, la número 296 y la número 646, y como eran colindantes entre sí el in-geniero las consideró y las hizo figurar en el plano que le-vantó al efecto como si de una sola finca se tratase. En la mensura fué incluida también otra parcela que años antes había sido segregada de la finca número 296. La superficie de todo el terreno objeto de dicha mensura ascendió a 95,138 metros cuadrados, equivalentes a 24.24 cuerdas. Las dos fincas, números 296 y 646, después de la mensura permane-cieron inscritas, naturalmente, como dos fincas distintas en el Registro de la Propiedad.

El 20 de octubre de 1931, después de la mensura a que hemos hecho referencia en el párrafo anterior, Eva Acosta Knight hipotecó una parcela de dieciocho cuerdas de la finca número 296 a favor del aquí demandado apelado en garantía de un préstamo por tres mil quinientos dólares. Inducida a error Eva Acosta Knight, sin duda por la forma en que se practicó la mensura al considerarse todo el terreno como si de una sola finca se tratase, 'consignó dicha señora en la escri-tura que aunque en el Registro de la Propiedad aparecía la finca número 296 con. una cabida de veinte cuerdas, era lo cierto que según la referida mensura sn cabida era de 24.24 cnerdas..

Al año siguiente, el 18 de noviembre de 1932, Eva Acosta Knight constituyó otra hipoteca por mil quinientos dólares a favor del aquí demandado apelado sobre la totalidad de la finca número 296. Estos dos préstamos fueron satisfechos por Eva Acosta Knight, y en el año 1934 fueron canceladas las dos hipotecas que los garantizaban. Libre así de cargas la finca número 296, Eva Acosta Knight la hipotecó entonces a favor del Federal Land Bank of Baltimore.

El 3 de enero de 1935 Eva Acosta Knight reconoció adeu-dar al aquí demandado apelado la cantidad de mil cien dóla-res, y en garantía de dicha suma constituyó hipoteca sobre la finca número 646, que como hemos dicho continuaba como finca separada en el Kegistro de la Propiedad.

El 26 de septiembre de 1936 Eva Acosta Knight vendió a la aquí demandante Dolores Vizcarrondo la finca número 296 sujeta al gravamen hipotecario que tenía a favor del Federal Land Bank of Baltimore. En la escritura describió la finca número 296 como de una superficie de veinte cuerdas, acla-rando sin embargo que según mensura practicada por el inge-niero Ignacio Morales la cabida de la finca había resultado ser de 24.24 cuerdas. En la escritura se hace constar que la venta incluía la totalidad del terreno comprendido en el plano antes mencionado.

Enterada en alguna forma la ahora demándente de que el demandado alegaba tener una hipoteca sobre parte de la finca que ella compró como de 24.24 cuerdas, el 29 de octubre de 1936 escribió al demandado solicitando le mostrara su tí-tulo, ya que según ella la vendedora no le había informado de la existencia de tal gravamen. El 21 de marzo de 1937 volvió la demandante a dirigirse al demandado sobre el mismo asunto, pero en ninguna de las dos ocasiones el demandado contestó la carta de la demandante.

El 20 de abril de 1937 el demandado instó procedimiento ejecutivo en cobro de su hipoteca de mil cien dólares sobre la finca número 646 y requirió de pago a Eva Acosta Knight. Habiendo descubierto después el ejecutante que Eva Acosta Knight había sido declarada incapaz, en agosto 1938 enmendó el escrito inicial, requiriéndose de pago entonces a su tutor. Continuó el procedimiento su tramitación, y el 23 de diciem-bre de 1928 se celebró la subasta, siendo adjudicada al ahora demandado la finca número 646 en pago de su crédito, otor-gándose la correspondiente escritura de venta judicial.

En el entretanto, el 6 de marzo de 1938 la demandante instó un procedimiento en la Corte de Distrito de San Juan interesando de la corte que a nombre de la incapacitada Eva Acosta Knight declarase que la venta hecha por ésta a la demandante por escritura de 26 de septiembre de 1936, no sólo comprendía la finca número 296, si que también la número 646 y otra parcela que no está envuelta en este litigio. La corte dictó la resolución solicitada por la demandante y en su consecuencia se inscribió a favor de la demandante la finca número 646. Inscrita así a favor de la demandante la finca últimamente mencionada antes de que se presentase al registro la escritura de venta judicial a favor del deman-dado, al solicitarse la inscripción de dicha escritura el regis-trador la denegó por hallarse dicha finca número' 646 inscrita previamenté a nombre de la demandante. Solicitó entonces el demandado en la corte inferior que la señora Vizcarrondo fuese notificada de conformidad con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, según fué interpretado en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, para que en el término de diez días a partir de la notificación liberase la finca pagando al ahora demandado, señor Luengo, las sumas reclamadas en el pro-cedimiento ejecutivo, o de lo contrario se ordenaría la cance-lación de la inscripción que a favor de ella se había practicado en el Registro de la Propiedad. La corte de distrito, por resolución de 16 de marzo de 1939, accedió a lo solicitado por el ahora demandado y ordenó que se hiciese a la ahora de-mandante la notificación a que se refiere el citado artículo 71 de la Ley Hipotecaria. Apeló de dicha resolución la ahora demandante y este tribunal, por entender qne la señora Viz-carrondo no era una adquirente pendente lite, ya que su tí-tulo, según había declarado la propia corte de distrito en resolución de 7 de octubre de 1938, surgía de la escritura de compraventa de 26 de septiembre de 1936, revocó la resolu-ción apelada sin perjuicio de que el acreedor hipotecario pudiese reclamar su derecho en el procedimiento ordinario correspondiente. Luengo v. Acosta, 56 D.P.R. 917. El 21 de octubre de 1938 Dolores Vizcarrondo instó la demanda del pleito que motiva este recurso, a virtud del cual solicitó la nulidad del procedimiento ejecutivo que había seguido Ramiro Luengo contra la anterior dueña de la finca, Eva Acosta Knight. Contestó el demandado y, para el caso de que pros-perase la demanda, a la vez contrademandó, solicitando que la contrademandada, señora Vizcarrondo, como dueña actual de la finca hipotecada, fuese condenada a pagarle la cantidad de mil cien dólares de principal de la hipoteca, $357.50 por concepto de intereses a razón del seis por ciento anual desde el 28 de febrero de 1935 hasta el 30 de junio de 1940, más los que se devengaren hasta el total pago de la deuda, y ciento cincuenta dólares de crédito adicional estipulados para los gastos, costas y honorarios de abogado en caso de-ejecución, más la suma de $81.60 por contribuciones pagadas por el con-trademandante y los intereses sobre esa suma hasta el día que fuese satisfecha, más las costas y honorarios de abogado de este litigio.

Contra la sentencia que declaró con lugar la demanda y la contrademanda, interpuso la señora Vizcarrondo el pre-sente recurso.-

Como la parte de la sentencia que declaró nulo el proce-dimiento ejecutivo no fue apelada por el demandado Luengo, este recurso se circunscribe a la parte de la sentencia que declaró con lugar la contrademanda.

La parte dispositiva de la sentencia, en lo que a la contra-demanda concierne, es como sigue:

“Se declara asimismo con lugar la contrademanda, y en su virtud se ordena la venta de la finca que se describe a continuación, para satisfacer al demandado-contrademandante Ramiro Luengo y Cabo la suma principal de $1,100, intereses al 6 por ciento anual sobre dicha suma desde febrero 28 de 1935 hasta su completo pago, $150 por concepto de costas y honorarios de abogado, y $49.59 por concepto de contribuciones: [se describe la finca]. ’ ’

La mera exposición de los hechos de este caso demuestra claramente la corrección de la sentencia apelada. La hipo-teca, como hemos visto, se constituyó por la persona dueña entonces de la finca número 646 y se inscribió debidamente en el Registro de la Propiedad antes de que la finca en cues-tión fuese adquirida por la aquí apelante. No hay duda, pues, que la apelante adquirió la finca número 646 ya sea como loarte de la finca número 296 ó como finca separada bajo el número 646, sujeta a la hipoteca a favor del contrademan-dante. La sentencia de este Tribunal en el caso de Luengo v. Acosta, supra, en nada afectó el derecho de hipoteca que tenía Luengo sobre esta finca, estando limitada dicha, senten-cia a la validez de un incidente del procedimiento ejecutivo que ha sido declarado nulo por la sentencia dictada en este caso por la corte inferior. Como dicha hipoteca no ha sido satisfecha, procede declarar con lugar la contrademanda que reclama el cobro de la misma así como los intereses deven-gados sobre dicha suma a razón del seis por ciento anual desde el 28 de febrero de 1935 hasta su completo pago, más los ciento cincuenta dólares estipulados por concepto de cos-tas y honorarios de abogado. [2] En cuanto a la reclama-ción por concepto de contribuciones, la corte muy acertada-mente la redujo de $81.68 reclamados por el contrademen-dante, a $49.59, fundándose en que de dichos $81.68 pagados por el contrademandante, $32.09 correspondían a los años fis-cales 193L-35 y 1935-36, cuando la demandante no era dueña de la finca hipotecada, no habiéndose hecho constar dicho pago en el Registro de la Propiedad.

Por lo expuesto, procede declarar sin hogar el reciorso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Alfonso Morales, demandante y apelante, v. Zoilo Álvarez, demandado y apelado.
    Núm. 8796.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      H. Ramos Mimoso, abogado del apelante; G. Rivera Cestero, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia recurrida fné dictada a base de nna excep-ción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción. Para determinar si la sentencia dirimió correcta-mente la controversia, precisa que hagamos una exposición de las alegaciones esenciales de las dos causas de acción expuestas en la demanda.

Como primera causa de acción se alega que allá por el mes de febrero 1940, en el pueblo del Dorado, el demandado re-quirió los servicios del demandante para que le gestionara la venta de una finca rústica propiedad del primero- por precio no menor de diecisiete mil dólares, conviniéndose que en caso de efectuarse la operación el demandante, en compensación de sus servicios, recibiría todo el mobiliario que existía en una casa radicada en la misma finca, mobiliario que el deman-dado, según el demandante, valoró en ochocientos dólares, y en adición recibiría el demandante una cantidad en dinero que se determinaría por ambas partes posteriormente; que el de-mandante verificó las gestiones correspondientes, logrando que la finca fuese vendida a Julio Morales por la cantidad de dieciocho mil dólares; y que el valor razonable de los ser-vicios del demandante incluyendo el valor convenido del mobi-lario, es de $925, que el demandado se niega a pagar.

La segunda causa de acción consiste en que el deman-dante convino con el demandado en gestionarle la venta de una partida de ganado que tenía el segundo en la finca men-cionada, obligándose el demandado a compensar los servicios del demándente mediante el pago de una suma razonable de acuerdo con el precio que se obtuviera por el ganado; que el demandante practicó las gestiones pertinentes y como con-secuencia de ellas el ganado fué vendido a Félix Alvarez por la suma de mil cuatrocientos dólares; y que el valor razo-nable de los servicios del demandante por la venta del ga-nado asciende a cien dólares, cantidad que no le ha sido satis-fecha a pesar de los requerimientos que con ese fin ha prac-ticado el demandante.

Termina la demanda suplicando sentencia por la cantidad total de mil veinticinco dólares, importe de las dos causas de acción, con intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas, incluyendo honorarios de abogado.

Resolviendo las excepciones previas interpuestas por el demandado, declaró la corte inferior que como parte del pre-cio de los servicios consistió en la entrega del mobiliario, la acción que debió ejercitar el demandante era la de incumpli-miento de contrato y no la de cobro de servicios, que fué la que pretendió ejercitar el demandante. Agregó la corte inferior que aun considerando las acciones ejercitadas como de arrendamiento de servicios, la demanda no aducía hechos en ninguna de sus dos causas de acción: (a) porque no se alega el elemento esencial de ese contrato, es decir, el precio cierto de los servicios, y (b) que en caso de no haberse fijado dicho precio, deberá alegarse que el mismo está establecido por los usos y costumbres del lugar donde se prestaron los servicios, y en tal caso el demandante venía obligado a alegar que se dedicaba a prestar esos servicios usual y frecuente-mente.

El contrato de arrendamiento de servicios, de conformidad con el artículo 1434 del Código Civil (ed. 1930), es aquel en virtud del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Excepto cuando se trate de un contrato de trabajo celebrado con un obrero, no es indispensable para su validez que el precio se pague en dinero o signo que lo represente. Puede el pago hacerse en especie, en dinero, o en dinero y especie, según lo convengan las partes. Es verdad que el Código de las Siete Partidas exigía como elementos integrantes del contrato de arrendamiento de servicios no sólo que fuese el precio cierto, si que se pagase en “dineros contados,” agregando: “Ca si otra cosa recibiese, que' non fnessen dineros contados, non sería loguero, mas sería contracto innominato: assí como diximos en la postrimera ley del título de los cambios.” (Ley Ia del Tít. 8o de la Partida 5a.) Pero el Código Civil, si bien adoptó la Ley' de Partidas en lo que al elemento del precio cierto respecta, no hizo lo mismo con el requisito del pago en dinero o signo que lo represente.

Empero, para que el contrato de servicios cumpla con el requisito del precio cierto, no es indispensable fijar de ante-mano su importe, pues el precio cierto existe a los efectos del artículo 1434 no sólo cuando está pactado expresamente, sino también cuando dicho precio es conocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar en que tales servicios se presta-ron.() Sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de octubre de 1899, 88 Jur. Civ. 105. Estudiando el elemento del precio cierto en este contrato, dice Scaevola:

“Precio cierto en la modalidad locativa que estudiamos es sinó-nimo de precio predeterminado, precio determinado y precio determinable, porque en cualquiera de estas tres formas, siempre que consensualmente coexista con la prestación personal, o la obra a ejecutar, podremos afirmar la presencia de un contrato de arren-damiento perfecto.
“Dijimos antes que la certeza del precio en el arrendamiento de servicios podía traer su origen, o de su predeterminación oficial (v. gr.: arancel), o del mismo contrato, si en él se estipuló cantidad precisa, o un tanto por unidad (de medida o tiempo), o de la cos-tumbre del lugar mediante apreciación a posteriori. Al primero le hemos llamado precio predeterminado, al segundo determinado y al tercero determinable. Cualquiera de estas tres variedades constituye sin ningún género de duda precio cierto.” Scaevola, Código Civil, tomo 24 (parte primera), págs. 430 y 435.

Aplicando el criterio enunciado por Scaevola, no cabe duda que de la faz de la demanda aparece en parte la existencia del precio cierto que exige la ley, y que es determinado en lo que respecta al mobiliario y determinable en cuanto al resto del precio, ya que fácilmente puede establecerse su valor por los usos y costumbres del lugar en que los servicios se pres-taron. Ello no obstante, la demanda carece de alegaciones esenciales para que aduzca hechos suficientes en sus dos cau-sas de acción. En lo que al mobiliario respecta, es claro que el demandante debió reclamar el mobiliario mismo, ya que eso fué lo pactado entre las partes, no pudiendo el demandante sustituirlo por su valor razonable sin que de la faz de la demanda aparezca razón legal alguna para tal sustitución. En cuanto al resto del precio, el determinable, no tratándose en este caso de servicios profesionales, no puede reclamarse el valor razonable de dichos servicios como hace el deman-dante, sino que debe alegarse el establecido por los usos y costumbres del lugar en que dichos servicios se prestaron. No es necesario alegar, como sostuvo la corte inferior, que el demandante “se dedicaba a prestar esos servicios usual y frecuentemente.” Esa alegación sólo es necesaria en la ac-ción establecida por un mandatario en cobro de sus servicios cuando no se pactó compensación, a fin de controvertir la pre-sunción de gratuito que conlleva el mandato de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil. Pero en el presente caso el demandado en ningún momento confirió su represen-tación al demandante, y por consiguiente no existió entre ellos la relación de mandante y mandatario.

Los casos de García v. Cañada, 11 D.P.R. 421; Agosto v. Woods, 13 D.P.E. 369, y Ledesma v. Araujo, 15 D.P.K. 249, 254, no sostienen la conclusión a que llegó la corte inferior al efecto de que la demanda no era susceptible de enmienda. Los casos de García v. Cañada, supra, y Agosto v. Woods, supra, fueron vistos en sus méritos y en las respectivas de-mandas no se alegó el preciso de acuerdo con los usos y cos-tumbres, limitándose los demandantes a reclamar los que ellos creían era el valor razonable de los servicios. Habiéndose visto los casos en sus méritos sin que se intentase siquiera probar el precio de acnerdo con los usos y costumbres, la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, no habién-dose suscitado en dichos casos la cuestión de si la demanda era o no enmendable.

En el caso de Ledesma v. Araujo, supra, la demanda alegó la existencia de un contrato de mandato, pero como el deman-dante no probó que el demandado se obligase a pagarle sus servicios ni probó tampoco que el demandante tuviese por ocupación el desempeño de los servicios a que se refiere el supuesto mandato, la demanda fué desestimada por presu-mirse gratuito el mandato, como queda anteriormente indi-cado..

Por último, el caso de Ex parte Capó y Rivera, 59 D.P.E. 899, 903, también invocado por la corte inferior, tampoco se aplicaba porque de conformidad con las alegaciones de la contestación radicada en aquel caso, en ningún momento se convino en pagar remuneración alguna por los servicios del demandante, declarándolo así probado la corte inferior, y habiéndolo así admitido el propio demandante; pero en el supuesto de que sin convenirlo expresamente las partes hu-bieren actuado en el entendido de que dichos servicios no habían de ser gratuitos, la demanda no alegó el precio de ellos de acuerdo con los usos y costumbres del lugar donde se prestaron.

No podemos convenir, sin embargo, en que la demanda no es susceptible de enmienda. El demandante sin duda puede enmendarla guiándose por los principios enunciados en esta opinión, y como la sentencia no fué dictada a petición del demandante, sino que la corte la dictó de su propia iniciativa, sin darle una oportunidad de enmendarla por estimar que no era susceptible de enmienda, procede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior con instrucciones de conceder al demandante un término razonable para enmendar la demanda.

      1 Sección 1 de la Ley de Contratos de Trabajo, Apéndice al Código Civil (ed. 1930), pág. 420.

       En lo que respecta al contrato de arrendamiento de servicios profesionales, prescribe el artículo 1473 del Código Civil que se estará para su remuneración a lo convenido entre las partes; mas cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe rasonctble de dichos servicios.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Julio Sigurani, demandante y apelado, v. Gabina Guzmán, demandada y apelante.
    Núm. 8875.

    — Sometido: Febrero 1, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; Francisco R. Flores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dió crédito a la .prueba del demandante y dictó sentencia en este caso declarando con lugar la demanda de desahucio en precario. La única cuestión de algún mérito relativo levantada por la demandada en este recurso es si de la prueba surgió un conflicto de títulos según sostiene la apelante.

Se probó que el demandante es dueño y está en posesión, desde el año 1939, de una linca de cuarenta cuerdas situada en el Barrio Arena de Utuado; que en el mes de marzo de 1943 la demandada, que tenía una casa en una finca de Juan Maldonado, la desarmó y volvió a construirla dentro de la finca del demandante Julio Sigurani sin el permiso de éste; que el demandante le llamó la atención a la demandada que no continuara colocando la casa en su finca y la demandada paralizó la obra pero tan pronto se fué el demandante, la demandada continuó la obra. Pocos días después el deman-dante radicó la presente acción.

La prueba de la demandada tendió a demostrar qne ella reconstruyó sn casa en una cuerda que le cedió Inés González pero la corte inferior, al apreciar la prueba en conjunto, llegó a la conclusión de que “la demandada, puesta de acuerdo con Inés González trasladó su casa de la finca de Juan Maldonado a un sitio frente a la finca de Inés Gon-zález” pero dentro de la finca del demandante. Además, la prueba documental de la propia demandada demostró que la finca de una cuerda a la cual ella trasladó su casa, no perte-necía a Inés González sino a doña Monserrate González quien la adquirió desde el año 1933.

Hemos examinado la prueba presentada por ambas partes y no estamos en condiciones de resolver que la corte inferior cometió manifiesto error en su apreciación. No bubo, a nuestro juicio, prueba suficiente para establecer un conflicto de títulos. Tampoco estaba obligado el demandante, según sostiene la apelante, a radicar un injunction para impedir que la demandada continuara reconstruyendo la casa. La demandada suspendió la obra y la continuó clandestinamente sin permiso del demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Jk.,

text:
    Luz María San Antonio, demandante, apelante y apelada, v. Jiménez & Fernández, Sucrs., e Eagle Indemnity Company, demandadas, apeladas y apelantes.
    Núm. 8729.

    — Sometido: Febrero 16, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      F. Fernández Cuyar, abogado de la apelante apelada; y E. Martínez Rivera, abogado de las apeladas apelantes.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Jk.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda de daños y perjuicios en este caso y condenó a los demandados a pagar a la demandante $1,250 de indemniza-ción. Ambas partes apelaron y los recursos han sido conso-lidados.

El recurso de la demandante se limita a atacar la insu-ficiencia de la cuantía concedida. Resolveremos primero el de los demandados en el que alegan que la corte inferior erró (1) al resolver que el accidente sufrido por la deman-dante tuvo como causa próxima la omisión del empleado de la demandada al dejar de dar aviso cuando hizo mover la guagua hacia atrás, (2) al resolver que la demandante no fué negligente y que en el supuesto de que lo hubiera sido no está impedida de obtener indemnización, y (3) al condenar a los demandados a pagar una suma tan excesiva como $1,250 en la cual se incluyó $250 para honorarios médicos que no fueron reclamados. Trataremos los dos primeros señala-mientos conjuntamente.

Hemos leído la transcripción de la evidencia elevada en este caso y somos de opinión que la relación de hechos probados que consignó la corte inferior en su opinión revela una apreciación justa y acertada de la prueba presentada por ambas partes, y la cnal dice así:

¿ ‘... Que el día 23 de septiembre de 1941, a eso de las cinco de la tarde, en la calle de la Tanca de esta ciudad, y mientras la deman-dante caminaba por la acera izquierda de dicha calle en dirección de Norte a Sur, estaba estacionada en dicha calle, a la derecha de la misma en dirección de Sur a Norte, la guagua comercial tablilla número C-272, propiedad de la codemandada Jiménez & Fernández, Sucrs., manejada por un empleado de dicha codemandada, actuando allí y entonces dentro de.las atribuciones de su empleo, y detrás de la misma estaba estacionado también, a una distancia de tres o cuatro metros de la referida guagua, un automóvil de turismo. Que al tratar de cruzar la demandante la citada calle pasando entre dichos dos vehículos, y mientras estaba parada en la parte trasera izquierda de la mencionada guagua comercial, mirando hacia abajo, o sea, hacia 1 Sur de dicha calle, para ver si subían automóviles que le impidieran terminar de cruzar la misma, la referida guagua, sin dar aviso de clase alguna, dió marcha hacia atrás, dándole a la deman-dante con la parte trasera izquierda y lanzándola al pavimento. Que como resultado de dicha caída, la demandante sufrió lesiones y contusiones en su cuerpo, y la fractura del húmero izquierdo en el tercio superior del cuello con algún desplazamiento de la cabeza del húmero, habiendo sido recluida en el Hospital de Medicina Tropical, de esta ciudad, donde permaneció hospitalizada por espacio de veinti-cuatro días; que estuvo bajo tratamiento hasta junio 16 de 1942; que estuvo varias noches sin poder dormir, y especialmente el día del accidente pasó toda la noche sentada en un sillón, y ha sufrido fuertes dolores en el brazo izquierdo, el que ha quedado parcialmente inca-pacitado en un 25 por ciento de su extensión; que perdió ocho libras de peso, y perdió el apetito durante algún tiempo. Que a la fecha del accidente la demandante tenía cincuenta años de edad, era soltera, trabajaba en los Laboratorios Biológicos del Departamento de Sanidad, devengando un sueldo de $54 mensuales, y por ser la misma em-pleada temporera dejó de percibir su sueldo desde dicho día 23 de septiembre de 1941 hasta el día 1 de diciembre de 1941 fecha en que continuó trabajando con el Gobierno Insular en el Departamento de Sanidad, donde continúa devengando el mismo sueldo de $54 mensuales. Que el Dr. Noya, médico que la asistió, cobró por sus servicios la suma de $250, que es el valor razonable de los mismos. Que la codemandada Eagle Indemnity Company, a la fecha del acci-dente, era la aseguradora de la referida guagua comercial, para beneficio de terceros, que sufrieran daños como consecuencia de la operación de dicho vehículo.”

Nada liay en el récord que pueda justificar que esta Corte varíe en forma alguna las conclusiones de hecho a que llegó-la corte inferior, especialmente si tomamos en consideración la inspección ocular que el juez practicó y como consecuencia de la cual también hizo constar en su opinión lo siguiente:

“En el presente caso tuvimos oportunidad de inspeccionar la guagua que causó el accidente y de sentarnos en el asiento del guía de la misma, pudiendo llegar, después de dicha inspección, a la con-clusión de que, por grandes esfuerzos que se hagan para mirar hacia atrás por los espejos que existen en la misma, no es posible ver a una persona que esté parada en cualquiera de las esquinas traseras de dicho vehículo, siendo éste el motivo por el cual su conductor no pudo ver a la demandante, y siendo ello así el ehmiffeur de la code-mandada Jiménez i& Fernández, Sucrs. fué negligente al hacer retro-ceder dicho vehículo sin dar aviso de clase alguna y sin estar completamente seguro de que no había persona o cosa alguna detrás del mismo, para evitar el causar daño a persona o propiedad....”

Una situación de hechos'similar a los anteriormente ex-puestos surgió en el caso de Gaputo v. Wells, 149 Atl. 855 y la corte resolvió que aun en ausencia de un estatuto “la conducta del demandado bajo la ley común claramente cons-tituía negligencia.”

Los apelantes aparentemente fundan su recurso casi ex-clusivamente en los resuelto por esta corte en el caso de Laza v. White Star Bus Line, 51 D.P.R. 9. Los hechos pro-bados en el caso de autos demuestran que dicho caso es claramente distinguible. El demandante Laza se bajó de una guagua utilizada para el transporte de pasajeros que se detuvo detrás de otra que ya estaba estacionada; ambas tenían sus motores en movimiento y, sabiendo el demandante que ambas tenían que continuar su marcha empezó a cruzar de entre ambos vehículos. En ese momento la guagua delan-tera al iniciar su marcha tuvo que retroceder debido al de-clive de la carretera y cogió al demandante. Estos hechos demuestran no sólo la falta de negligencia de la demandada sino que el demandante asumió el riesgo de cruzar entre dos guaguas que en cualquier momento podían iniciar su movi-miento. Por el contrario, en el caso de autos, la demandante vió que tanto la guagua comercial como el carro de turismo estaban estacionados y con sus motores apagados y ella pasó sin dificultad alguna entre los dos vehículos. Nada podía indicarle que la guagua habría de moverse hacia atrás súbita-mente. El no haber dado el chófer de la guagua aviso antes de echarla hacia atrás fué la causa próxima del accidente y constituyó negligencia. Flores v. Sucrs. de Perez Hnos., 29 D.P.R. 1046; Sec. 31, Ley núm. 140 de 1940 (Leyes de 1940, (1) pág. 815); Hernández v. Alvarado, 41 D.P.R. 88.

No cometió error la corte inferior al resolver que aun cuando la demandante trató de cruzar la calle Tanca por un sitio distinto al especificado por unas ordenanzas munici-pales, ese hecho no fué la causa próxima' del accidente. La prueba demostró, que la demandante, aun cuando no cruzó la calle por la esquina donde estaba situado el policía, tomó todas las precauciones necesarias para cerciorarse de que por dicha calle no estaban transitando en ese momento otros vehículos. La actuación del chófer de la codemandada al efectuar la maniobra de alinear su guagua dejándola ir hacia atrás sin dar aviso de clase alguna, nada tenía que ver con el tránsito de otros vehículos por dicha calle y con cualquier obligación que la ordenanza municipal pudiera imponer a los peatones de cruzar por las esquinas y no por el medio de la calle. Si la guagua hubiera estado transitando por la calle Tanca con el debido cuidado y la demandante, negli-gentemente, se hubiera expuesto a cruzar dicha calle, en violación de las ordenanzas de tránsito, otra sería la situa-ción de hechos y las consecuencias legales que surgirían. En el caso de Caputo v. Wells, supra, también se presentó esta cuestión pues los hechos demostraron que la demandante cruzó por el medio de una calle larga, que también se detuvo para observar si venía algún vehículo y que en ese momento el demandado, que tenía su automóvil estacionado, dió marcha hacia atrás sin dar aviso alguno y arrolló a la demandante, y la corte dijo: “No podemos sostener que la demandante fuera negligente al cruzar la calle en un sitio distinto a la esquina (crosswalk); por el contrario,, los hechos probados demuestran que su conducta fué la de una persona razonable-mente prudente que se confrontara a una situación similar.”

Pasamos a considerar el tercer error señalado por los demandados y el recurso de la demandante, conjuntamente, ya que por ellos se plantea la razonabilidad de la cuantía de la indemnización concedida por la corte inferior. Los deman-dados sostienen que la cuantía es excesiva y la demandante por su parte arguye que es insuficiente y además que debió condenarse a los demandados a pagar honorarios de abogado.

En el reciente caso de Defendini v. White Star Bus Line, 60 D.P.R. 365, esta Corte, por considerarla inadecuada, aumentó de $500 a $1,000 la indemnización por sufrimientos físicos concedida al demandante, que si bien sufrió la frac-tura de un tobillo como consecuencia de un accidente de auto-móvil, no quedó con incapacidad permanente alguna. Tam-bién se aumentó de $100 a $200 los honorarios de abogados concedidos.

En el caso de autos también nos parece completamente inadecuada la indemnización concedida. Se probó, no sólo los sufrimientos físicos y mentales de la demandante, sino que su brazo izquierdo ha quedado permanentemente incapa-citado en un 25 por ciento en sus movimientos de extensión. De acuerdo con los hechos que la propia corte sentenciadora declaró probados el accidente se debió únicamente a la negli-gencia del chófer de la codemandada Jiménez & Fernández Sucrs. En cuanto a la forma en que ocurrió el accidente dicho chófer fué el único testigo de los demandados y en todo momento admitió que no había tocado klaxon.ni bocina al echar la guagua hacia atrás. La temeridad de los deman-dados al negar su responsabilidad por el accidente nos parece obvia.

Tomando en consideración los hechos concurrentes, cree-mos que la demandante tiene derecho a percibir una indemni-zación de $2,250 y que además los demandados deben ser condenados a pagar $200 en concepto de honorarios de abo-gado.

Se desestima el recurso de los demandados y se declara con lugar el de la demandante, y, en su consecuencia, se mo-difica la sentencia apelada en la forma anteriormente ex-puesta, y asi modificada, se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Fernando Méndez Valentín, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1138.

    — Sometido: Enero 24, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      José Salater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Domingo González Martínez compró e inscribió cierto in-mueble estando casado con Laura Antonia Vélez. Se divorció de su esposa en 1937. En 1942 González y su anterior esposa otorgaron una escritura de venta de la finca. Al serle pre-sentada para inscripción la escritura, el registrador la ins-cribió, pero hizo constar en la nota de inscripción que la misma se practicaba sujeta a las contingencias de la liqui-dación de la sociedad de gananciales.

Exactamente la misma cuestión envuelta en el presente recurso fue resuelta en favor del Registrador en Pérez v. Registrador, 62 D.P.R. 789, resuelto el 13 de enero de 1944.

Por las razones expuestas en la opinión emitida en dicho caso, la nota del Registrador será confirmada.


author: El Juez Asociado Señok SnydeR

text:
    Enrique Castro Martínez y José G. Salgado, haciendo negocios bajo el nombre de Rex Kennel & Sporting Club, demandantes y apelantes, v. Las Monjas Racing Corporation, demandada y apelada. Las Monjas Racing Corporation, demandante y apelada, v. Enrique Castro Martínez y José G. Salgado, haciendo negocios bajo el nombre de Rex Kennel & Sporting Club, demandados y apelantes.
    Núms. 8686 y 8687.

    — Sometidos: Diciembre 2, 1943.

      Resueltos: Marzo 6, 1944.

      Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados de, los apelantes; Edgar 8. Belaval, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

Para dilucidar controversias surgidas respecto a un con-trato de arrendamiento entre la arrendadora “Las Monjas Eacing Corporation” y los cesionarios de los primitivos arrendatarios, Sres. Castro y Salgado, se iniciaron dos liti-gios ante la Corte de Distrito de San Juan. Uno, iniciado por los subarrendatarios Castro y Salgado, solicitaba nn decreto declaratorio que interpretase las relaciones contrac-tuales existentes entre las partes debido a nna alegada mo-dificación del contrato original; y otro, incoado por la arren-dadora, solicitaba de la corte ordenara a los cesionarios (subarrendatarios) el cumplimiento específico del contrato envuelto en la controversia. Ambos pleitos envolvían el mismo asunto y la corte de distrito los resolvió con nna opi-nión. Castro y Salgado apelaron en ambos casos, los qne resolveremos por nna sola opinión.

Los hechos origen de estos litigios, pueden exponerse así: El 27 de abril de 1939 Las Monjas Eacing Corporation arrendó a Edward Serenaba y otros la pista para carreras de galgos y los terrenos y edificios adyacentes a la misma sitos en Hato Eey, Puerto Eico, por un término que expi-raría el 31 de diciembre de 1947. El canon era del 2 por ciento sobre el ingreso bruto de cada noche de carreras, pro-ducto de los juegos de “pool”, “pari-mutuel”, “subscription fund”, y cualquier otro efectuado en conexión con dichas carreras de galgos. El referido contrato fué modificado me-diante contrato escrito en 21 de septiembre de 1939, aumen-tando el 2 por ciento al 4 por ciento. En 14 de diciembre de 1939 los arrendatarios cedieron a Salgado y Castro el contrato así modificado. En enero del 1940 los cesionarios empezaron a explotar el negocio y para esa época convinie-ron verbalmente con los oficiales de la corporación en va-riar los términos del contrato al efecto de que en vez de pa-gar el 4 por ciento pagarían el 2 por ciento sobre el ingreso bruto de los juegos arriba mencionados. Hubo asimismo una modificación referente al “subscription fund”. El contrato escrito estipulaba que se pagaría el por ciento sobre los bo-letos emitidos para el juego del “subscription fund”, convi-niéndose en que se pagaría sobre los boletos vendidos. No hay controversia algnna en cnanto a estos hechos.

Las divergencias snrgen en cnanto al alcance de las mo-dificaciones habidas al contrato, esto es, si eran permanentes o si por el contrario, por el tiempo qne estimara conveniente la arrendadora. Los cesionarios alegan qne el convenio re-duciendo el por ciento a pagar sobre el ingreso bruto fué por todo el tiempo qne ellos estuvieran explotando el ne-gocio.

La corte de distrito analizó la prueba presentada, dió crédito a los testigos de la corporación y concluyó que la re-ducción del por ciento a pagar por los subarrendatarios no fué una modificación del contrato, y sí una mera concesión provisional háchales por la arrendadora. En cuanto a la modificación referente al “subscription fund”, la corte de distrito concluyó que a pesar de que la corporación estuvo dispuesta a hacerla permanente, esto no fué aceptado por los subarrendatarios, no habiendo por tanto modificación al-guna del contrato.

Apelados conjuntamente ambos casos, se señalaron dos-errores, a saber:

“1. Cometió error la corte inferior en su apreciación de la prueba-ai declarar que los arrendatarios comprendieron que la rebaja hecha en enero ele 1940 era provisional y que al expirar el término con-venido hicieron esfuerzos por hacer dicha modificación permanente y al declarar que no hubo una modificación verbal del contrato escrito de arrendamiento.
“2. Cometió error de derecho la corte inferior al declarar que de haber las partes convenido la modificación verbal del contrato escrito de arrendamiento ésta lo fué sin causa o consideración alguna y que el hecho de que la arrendadora aceptara el canon de arrenda-miento al tipo modificado no constituía una renuncia a su derecho a ¡exigir en el futuro las rentas convenidas.”

El primero de los errores apuntados se refiere a la. apreciación de la prueba. No se ha imputado manifiesto error o pasión, prejuicio y parcialidad, ni del récord aparece la existencia de éstos. Por tanto, no estamos autoriza-dos para intervenir con las conclusiones de hecho de la corte de distrito, toda vez que existía un conflicto en la prueba en cuanto a la alegada modificación verbal del contrato escrito.

No consideraremos los puntos suscitados por el segundo error, toda vez que las cuestiones de derecho en él levantadas están predicadas en la existencia del primer error, el cual, como ya hemos visto, no fué cometido por la corte inferior. Es decir, es académico el punto de si hubo causa o consideración para la alegada modificación verbal del con-trato, en vista de la conclusión de hecho de la corte de dis-trito de que no ocurrió, como se alega, modificación verbal alguna. .[4] Y de la misma manera, la contención de que el aceptarse una cantidad menor constituye una renuncia de la cantidad mayor como el canon a pagarse en el futuro, no está ante nos para ser resuelta {cf. Abarca v. Bank of Nova Scotia, 46 D.P.R. 931) toda vez que la corte inferior, dando crédito a los testigos de la corporación, dió como hecho pro-bado que la rebaja del canon era provisional y quedó condi-cionada expresamente a ser revocada a voluntad de la cor-poración.

Las sentencias de la corte de distrito serán confirmadas.


author: El Juez Asociado Señoh Snyder

text:
    Carlos Manuel Adorno, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    Núm. 1134.

    — Sometido: Diciembre 2, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      E. Pérez Gasalduc, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoh Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1941 Carlos Adorno adquirió cierta propiedad inmue-ble vendida en subasta pública en cobro de contribuciones no satisfechas. Para la fecha de la subasta la propiedad es-taba inscrita a nombre de Irene Pérez. El 23 de septiembre de 1941 el Colector de Rentas Internas expidió a Adorno el certificado de compra provisto en el artículo 347 del Código Político. Es importante indicar que, de conformidad con dicho artículo, tal certificado de compra, al ser inscrito, cons-tituye título absoluto de la propiedad a favor del compra-dor, siempre y cuando que el derecho de redención provisto por él artículo 348 no se ejercite por el dueño, sus herede-ros, o cesionarios.

Sin embargo del estudio del caso surge el hecho que Irene Pérez había fallecido en 1931, .10 años antes de la fecha de la subasta. Debido a ello Adorno inició un procedimiento ante la corte de distrito mediante el cual obtuvo el 11 de marzo de 1943 una declaración al efecto de que Aurelia Chacón Pérez era la única y universal heredera de Irene Pérez.

Adorno presentó luego al registrador la declaratoria de herederos y su certificado de compra, con el fin de obtener se inscribiera el título primero a nombre de Aurelia y des-pués a su propio nombre. Sin embargo, aparentemente por inadvertencia, también incluyó el certificado de defunción de Aurelia Chacón Pérez, demostrativo de que había fallecido en 1936, también con anterioridad a la subasta. En vista de estas circunstancias, el registrador actuó correctamente al negarse a inscribir la propiedad en dicha fecha a nombre del comprador en la subasta. (Véanse Cortés v. Registrador, 58 D.P.R. 12; Soto v. Registrador, 58 D.P.R. 15).

La nota del registrador será confirmada.


text:
    Antonio Escalera, demandante y apelante, v. Georgina Lokpez Finlay, demandada y apelada.
    Núm. 8831.

    — Sometido: Febrero 18, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Antonio Escalera, por su propio derecho; Mariano Aeosta Velarde, Federico Acosta Velarde j Daniel Pellón Lafuente, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito de daños y perjuicios iniciado por Antonio Escalera contra Georgina Lokpez Finlay. Después de radicada la demanda, Escalera inscribió en el Begistro de la Propiedad de San Juan un aviso de demanda. A solicitud de la demandada, este aviso fué cancelado en el Begistro por orden de la corte de distrito. El demandante ha ape-lado de dicha orden.

La demandada ha solicitado la desestimación del recurso. Ésta tiene razón en sus dos contenciones. La or-den no es apelable, en vista del hecho de que no se ha dictado sentencia final en el pleito principal (Artículo 295, Código de Enjuiciamiento Civil).

Además, la apelación es frívola. De conformidad con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, no procede la inscripción en el Begistro de un aviso de demanda de da-ños y perjuicios.

La moción de desestimación será declarada con lugar.


author: El Juez Asociado SeñoR Snydeb,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agripino Pedrosa, acusado y apelante.
    Núm. 10347.

    — Sometido: Febrero 3, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Federico E. Virella, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Snydeb,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue declarado culpable ante la corte de dis-trito por una infracción al artículo 138 del Código Penal. Dicho artículo castiga al funcionario público que acometiere a alguna persona “so color de autoridad y sin causa legí-tima” para ello.

El apelante sostiene que la corte inferior cometió error al pesar la prueba. La prueba del Pueblo fué al efecto de que el acusado vino al frente de la casa de Josefina Segaría, donde su hijo, Mario Pérez, estaba parado conversando con otra persona; que el acusado le preguntó a Pérez si él era Mario Pérez; que cuando éste le contestó afirmativamente, el acusado lo agarró y empezó a golpearlo con su macana; que cuando le gritó a su madre que lo atacaban, ésta salió de la casa para ver lo que pasaba; que en vez de contestar a las preguntas que la madre le hacía, el acu-sado también la agredió con la macana.

La prueba del acusado tendió a demostrar que fue al si-tio del suceso con el fin de arrestar a Mario Pérez, donde se le abofeteó y agredió; que tuvo necesidad de usar su ma-cana; y que cuando la señora Segarra trató de intervenir en ayuda de su hijo, el acusado la golpeó incidentalmente.

Alega el apelante que el fiscal no demostró que el acu-sado era un funcionario público y que actuaba en el desem-peño de su deber al momento de ocurrir el episodio en cues-tión. Por tanto., el apelante afirma que a lo sumo era culpable de acometimiento y agresión.

La contestación categórica a esta contención del acusado la encontramos en la propia declaración de éste sobre el propósito de sus gestiones en el sitio del suceso. Además, la prueba de los testigos del Pueblo era suficiente para jus-tificar la convicción, toda vez que declararon que “el acu-sado era conocido y tenido como policía' por las personas que se bailaban presentes en el lugar del suceso” (Pueblo v. Suárez, 25 D.P.R. 214, 215).

La única otra cuestión sustancial levantada por el apelante fué que se le privó de su derecho constitucional de asistencia de abogado toda vez que la corte de distrito negó al suyo suficiente oportunidad para realizar una investigación del caso y preparar una defensa.

Los hechos sobre este punto son que el caso ya había sido suspendido cuatro' veces a solicitud del abogado del acusado; que cuando se llamó el caso, el abogado Federico E. Yirella anunció a la corte que comparecía en represen-tación del abogado de récord para informar a la corte que este último no podía comparecer debido a que tenía un hijo enfermo y porque tenía “una serie de casos en la corte de Caguas”. El abogado Yirella solicitó una suspensión hasta nuevo señalamiento diciendo que “Si el caso tal vez hubiese sido llamado más temprano posiblemente nosotros hubiése-mos asumido la representación del acusado, pero también tenemos que temos pospuesto para las 2 de. la tarde un caso en la Corte de Caguas y este caso difícilmente nosotros ...

Lo corte inferior declaró sin lugar la moción de suspen-sión y continuó el juicio, representando al acusado el abo-gado Virella. Éste presentó una vigorosa defensa, y trajo algunos testigos que declararon a favor del acusado. Asi-mismo es significativo indicar que el abogado Virella ha (re-presentado también al acusado en este recurso de apelación.

En diversas. ocasiones hemos dicho que no existe regla que pueda ser aplicada automática e inflexiblemente a tales casos. Cada uno depende de sus hechos y circunstancias pe-culiares. Los hechos del presente caso no nos dejan duda alguna de que al acusado no se le privó de su derecho cons-titucional de asistencia de abogado (Véase Morales v. Saldaña, resuelto en febrero 9 de 1944, (ante, pág. 59.)

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Cecilio Echeandía Font, peticionario, v. J. Antonio Alvarado, Jefe Interino de la Penitenciaría Insular, demandado.
    Núm. 424.

    — Sometido: Enero 12, 1944.

      Resuelto: Marzo 7, 1944.

      Juan B. Soto, abogado del peticionario; B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abog'ados del demandado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión. del tribunal.

Cecilio Eeheandía Font, quien se encuentra recluso en la Penitenciaría Insular, radicó ante esta Corte Suprema una petición de Hábeas Corpus. En diciembre 16 de 1943 expe-dimos el auto solicitado para ser devuelto a la Corte de Dis-trito de San Juan. En diciembre 22 de 1943, considerando que la cuestión legal presentada en este caso es nueva en ésta jurisdicción y que su resolución habrá de afectar la si-tuación de muchos convictos que en la actualidad se- encuen-tran cumpliendo sentencia en la misma Penitenciaría, a mo-ción del Fiscal de esta corte y con la conformidad del peti-cionario, dictamos una nueva resolución ordenando que el peticionario fuese traído ante este tribunal el 12 de enero de 1944. .

El peticionario ingresó en la Penitenciaría Insular el 25 de agosto de 1925 a cumplir la sentencia de reclusión perpetua que le fuera impuesta por la Corte de Distrito de Arecibo. El 28 de marzo de 1941, el Gobernador de Puerto Eico le conmutó dicha sentencia y le redujo la pena a la de treinta años de presidio, que es la que el peticionario cumple en la actualidad.

Alega el peticionario que la sentencia de treinta años quedó extinguida y cumplida el día 12 de noviembre de 1942, de acuerdo con las disposiciones de la Ley número 180 de mayo 15 de 1943; y que no • obstante la buena conducta y asiduidad por él observadas durante todo el tiempo que lleva en el penal, el Jefe de la Penitenciaría lo mantiene bajo su custodia y lo priva de su libertad, alegando como único fun-damento que de acuerdo con su opinión la referida Ley nú-mero 180 de mayo 15 de 1943 no es de carácter y efecto re-troactivos. La sección 1 de dicha ley en lo pertinente, lee así:

“Sección 1. — A partir del primero de abril de 1907, todo! preso sentenciado o que en adelante se sentenciare, a prisión en la Peni-tenciaría o a prisión con trabajo en las cárceles de distrito de Puerto Rico, que observare buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, las cuales se com-putarán desde su admisión a la cárcel o penitenciaría, siempre que ingresare con posterioridad al primero de abril de 1907'.
i i & * * # # #
“ (8) Por una sentencia de treinta años o más, trece días en cada mes. ’ ’

Sostiene el peticionario que de acnerdo con lo dispuesto en la citada ley él tiene derecho a que se le rebajen trece días por cada mes natural transcurrido desde el 25 de agosto de 1925 o sea desde la fecha en que ingresó en la peniten-ciaría a cumplir la pena de reclusión perpetua.

En oposición a la petición sostiene el Fiscal:

(a) que los beneficios por buena conducta deben compu-tarse desde la fecha de la conmutación en adelante y no desde el ingreso del peticionario en el penal para cumplir la sen-tencia de reclusión perpetua; y

(b) que la citada Ley número 180 de 15 de mayo de 1943 no tiene efecto retroactivo.

Xa cuestión envuelta en este procedimiento es nueva en esta jurisdicción. Y la jurisprudencia que hemos podido en-contrar es escasa y hasta cierto punto contradictoria.

En el caso In re McMahon, 125 N. C. 38, 34 S. E. 193, el peticionario fué originalmente condenado a la pena capital, la que le fué conmutada por la de reclusión perpetua y ésta reducida más tarde a la de doce años. Habiéndole enmendado la ley de North Carolina, aumentando a cinco días los beneficios por cada mes, en todas las senten-cias, el peticionario reclamó los beneficios de la nueva ley desde la fecha en que comenzó a cumplir la sentencia de reclusión perpetua, alegando que sí se le acreditaban esos "beneficios él tenía 'derecRo a ser excarcelado por haber cum-plido la sentencia de doce años. Sostuvo la Corte Suprema de North Carolina, que cuando a un condenado a reclusión perpetua se le conmuta esa sentencia por la de un término de prisión, los beneficios de la conmutación estatutaria por buena conducta, se le deben acreditar solamente desde-, la fecha de la conmutación de la pena de reclusión perpetua en adelante. Dicha corte se expresó así:

“Nuestro punto de vista sobre este caso nos obliga a estar en desacuerdo con la contención del peticionario; y a sostener que él no tiene derecho a nada bajo las leyes de conmutación estatutaria, y que él no tenía derecho a nada bajo la sentencia de muerte im-puéstale originalmente; pero estamos obligados a sostener que él tiene derecho' ahora a más de lo que tenía entonces, que tiene derecho ahora a la conmutación estatutaria como un confinado por un término de años.
“La discusión de este caso nos lleva a las conclusiones siguientes: (1) Que un confinado por vida no tiene derecho a la conmutación estatutaria contenida en la ley de 1899 o en el estatuto de 1885, o en la sección 3445 del Cocfigo. (2) Que un preso cuya sentencia ha sido conmutada de reclusión perpetua a un término de años, tiene derecho a la conmutación establecida por dieho'js estatutos, a partir de la fecha de tal conmutación. (3) Que la ley de 1899 era enmen-datoria de las leyes anteriores, y solamente cambió la regla que debería seguirse después de su aprobación para determinar las con-mutaciones estatutarias. (4) Que la aprobación de la ley de 1899 no privó a los confinados de la conmutación estatutaria a que se habían hecho! acreedores hasta esa fecha, a la cual tienen aún dere-cho, así como también a la que les corresponda bajo la ley de 1899; que lo que ellos hubieren ganado antes de la aprobación de la ley de 1899 y lo que han ganado bajo la ley de 1899 podrá ser sumado para darles derecho a' ser excarcelados si, mediante esa suma, se demuestra que tienen derecho a ello por haber cumplido el término de años por el que fueron encarcelados.”-

El caso de State v. Wolfer, 127 Minn. 102, 148 N. W. 896, parece sostener la doctrina contraria. Empero, dicho caso puede distinguirse del de McMahon por el hecho de que de acuerdo con el estatuto de North Carolina los créditos por buena conducta deben hacerse de mes en mes; y no conce-diendo la ley beneficio alguno a los. sentenciados a reclusión; 'perpetua, no podía disminuirse la sentencia conmutada por el período servido bajo la sentencia de reclusión perpetua. De acuerdo con el estatuto de Minnesota, los créditos no se conceden de mes en mes. A los confinados en dicho estado no se les hacen rebajas mensuales por buena conducta, y no se les concede beneficio alguno hasta que estén en condicio-nes de ser excarcelados por la aplicación de todos los bene-ficios a que se hayan hecho acreedores por buena conducta.

Pasemos ahora a considerar el estatuto local o sea la Ley fijando rebajas en las sentencias de confinados en las insti-tuciones penales de Puerto Rico, aprobada en 14 de marzo-de 1907 (Comp. 1911, §§2047-2056) y enmendada por la Ley número 180 de mayo 15 de 1943 (pág. 653).

El primer párrafo de la sección 1, supra, es idéntico en ambas leyes. El legislador, teniendo en cuenta que el pro-pósito de la ley era el mismo en 1943 que en 1907, no alteró-dicho párrafo y se limitó a aumentar el número de días que en cada mes deberá acreditarse al confinado por buena con-ducta, de acuerdo con el término de prisión a que hubiere sido sentenciado. A los confinados por treinta años o más,, se les aumentó el crédito de diez días a que tenían derecho bajo la ley de 1907 a trece días en cada mes.

El último párrafo de la sección 1, tanto en la ley original como en la enmendada, lee así:

“Dicha rebaja se hará por el mes natural, y si la sentencia de 'algún preso contuviere una fracción dé mes, bien al principio o al ■fin de dicha sentencia, se le abonalrá un día por cada cinco días o> parte de los mismos, contenidos en dicha fracción.”

Dispone también la ley (sección 3) que la mala conducta del preso podrá ser castigada por las autoridades carcelarias-‘con la rebaja o cancelación de los abonos por buena con-ducta correspondientes al mes en que la falta se cometiere, y si ésta fuere de carácter grave, se someterá al preso a mayor rebaja y cancelación de abonos mediante aprobación del superintendente de prisiones.”

El peticionario; mientras estuvo cumpliendo la sentencia de reclusión perpetua no tenía derecho a rebaja alguna por buena conducta, ni estuvo tampoco sujeto a las penalidades provistas por la sección 3 de la ley para los casos de mala conducta. Es obvio que a un confinado para el resto de su vida en nada podría beneficiarle el abono ni perjudicarle la rebaja o cancelación de beneficios previamente concedidos.

La contención del peticionario- de que él tiene también derecho a la conmutación estatutaria de trece días en cada mes, desde el 25 de agosto de 1925 en que ingresó a cumplir la pena de reclusión perpetua, es insostenible.

El lenguaje de la sección 1 de la ley de 14 de marzo de 1907 es claramente prospectivo. La ley fue aprobada el 14 de marzo para empezar a regir en esa misma fecha. Mi-rando hacia el futuro, el legislador dispuso que “a partir del primero de abril de 1907” todo preso sentenciado a pri-sión en la Penitenciaría “que observare buena conducta y asiduidad, tendrá derecho” a las rebajas provistas en la misma sección. El legislador no concede el beneficio de esas rebajas al preso que haya observado o hubiere observado buena conducta, sino al que la observare después de la apro-bación de la ley.

El propósito fundamental de los estatutos que premian a los confinados con rebajas o abonos al término de prisión a que han sido condenados, es el de despertar en ellos el de-seo de observar, buena conducta para hacerse acreedores a los beneficios del estatuto. No es el propósito de esa legis-lación el de premiar al preso retroactivamente por la buena conducta que observó en el pasado. 41 Am. Jur. Prisons and Prisoners, secs. 41 et. seq.

El estatuto no contiene disposición alguna que expresa-mente declare que debe ser aplicado retroactivamente. Y ya hemos visto que de su contexto surge necesariamente que la intención de la legislatura fué todo lo contrario.

Considerando, pues, que tanto la ley de 14 de marzo de 1907 como la Ley núm. 180 de mayo 15 de 1943 son de efecto y carácter prospectivos, nos vemos obligados a resolver que el peticionario sólo tiene derecho a las rebajas a que se hu-biere hecho acreedor por su buena conducta, o sea a diez días en cada mes, desde y a partir del 25 de agosto de 1925, fecha de su ingreso en la Penitenciaría. La ley vigente en esa fecha era la de 14 de marzo de 1907. Al serle conmu-tada la sentencia de reclusión perpetua por la de treinta años de presidio, el peticionario adquirió el status de un confinado por un término de treinta años contados desde la fecha de su ingreso en el penal, y desde esa fecha adquirió también el derecho a las rebajas de diez días por cada mes de buena conducta de acuerdo con el estatuto entonces vigente. La Ley núm. 180 de mayo 15 de 1943 comenzó a regir a los no-venta días después de su aprobación, o sea el 13 de agosto de 1943. Desde esa fecha en adelante, el peticionario tiene derecho a que se le abonen trece días por cada mes durante el cual observare buena conducta.

Por las razones expuestas, procede declarar sin lugar el recurso y anular el auto expedido.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Justo Muñoz Colón, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Alberto S. Poventud, Juez, demandada.
    Núm. 1534.

    — Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 7, 1944.

      iLeopoldo Tomes Garda, abogado del peticionario; B. Hernández Matos, abogado del interventor, demandante en el pleito principal; B. Bivera Zayas y G. Bivera Gestero y Hartzel, Kelley <& Hartzel, Bafael O. Fernández y José L. Novas, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

- El 10 de diciembre de 1942 el obrero José Torres Gon-zález radicó una querella en la'Corte Municipal de Ponce en reclamación de salarios contra el que babía sido su patrono, Justo Muñoz Colón. La corte municipal la desestimó, por lo que recurrió entonces para ante la corte de distrito. En la corte de distrito el obrero enmendó su querella de suerte que en lo sustancial alega: que allá para el 20 de junio de 1936 el querellante y el querellado celebraron verbalmente un contrato de servicios; que a virtud de dicho contrato el obrero se obligó con el patrono a prestarle sus servicios como celador y encargado de las fincas y del ganado del patrono, ordeñarle las vacas, distribuir la leche y otros trabajos ne-cesarios en dichas fincas, obligándose a su vez el patrono a pagarle un salario semanal de cinco dólares por siete días de ocho horas de trabajo; qne el obrero cumplió su contrato desde el 20 de junio de 1936 hasta el 18 de noviembre de 1940, incluyendo domingos y días feriados; que a requeri-miento del patrono, empezaba su labor a la una de la ma-ñana y la continuaba hasta las doce del día, reanudándola después a la una de la tarde para terminarla a las cinco de la tarde; y que durante todo el tiempo indieado el obrero recibió de su patrono el salario convenido de cinco dólares semanales por las ocho horas diarias de trabajo, pero no re-cibió compensación alguna por las siete horas extras que diariamente trabajó y cuyo valor, según el obrero, asciende a $2,056.80, que el patrono se ha negado a pagarle, por lo cual reclama sentencia por dicha cantidad con intereses le-gales desde la radicación de la querella.

Impugnó el patrono la jurisdicción de la corte de distrito, solicitó la eliminación de ciertos particulares de la querella y contestó. En su contestación alegó el patrono que el obrero nunca realizó las labores que alega; que ningún día trabajó más de ocho horas; y que por el trabajo realizado el obrero recibió puntualmente el precio convenido a razón de cinco dólares semanales. Alegó además ciertas defensas, entre ellas la de prescripción de la acción, las cuales, en cuanto fuere necesario para la resolución de las cuestiones envuel-tas, serán discutidas oportunamente en esta opinión.

La corte de distrito desestimó las cuestiones de derecho suscitadas por el patrono, y penetrando en los méritos del caso declaró que de conformidad con la prueba el contrato de servicios era por semanas de siete días de ocho horas de trabajo diarias a razón de cinco dólares por semana; que el obrero había trabajado siete horas extras durante 1,612 días, o séa un total de 11,284 horas extras, y no 10,284 como 'equivocadamente reclamaba el obrero; calculó la jornada de ocho horas diarias a razón de setenta y dos centavos, o sea nueve centavos por, hora, y tomando ese precio por base, con-cedió compensación sencilla por dichas siete horas y doble compensación por la novena hora, por lo qne dictó sentencia a favor del obrero por la cantidad de $1,160.64, sin costas ni honorarios de ahogado.

A fin de qne se revise dicha sentencia, el patrono presentó ■en este tribnnal nna petición de oertiorari. Habida cuenta de qne las cuestiones envueltas son de interés público, expe-dimos el auto de conformidad con la Ley núm. 32 de 3 de mayo de 1943 (pág. 85).

Siguiendo el orden lógico, la primera enestión a resolver es si este tribnnal tiene o no jurisdicción para conocer de este caso. Es cierto qne la sección 12 de la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), según fné enmendada, dispone qne en los juicios por reclamación de salarios agrícolas no se dará más de nna apelación, y qne como el caso se inició en la corte municipal, al apelarse de su sentencia para ante la corte de distrito tuvo efecto la primera y única apelación qne concede la ley. Pero el recurso qne ahora nos ocupa no es una apelación, sino un auto de certiorari de naturaleza especial, puesto que bajo los términos expresos de la ley que crea dicho recurso pueden revisarse cuestiones tanto de derecho procesal como de derecho sustantivo, y se expide el auto prescindiendo del hecho de que la resolución o sentencia de que se trate sea o no revisable mediante apelación ordinaria ante el Tribunal Supremo. No siendo, pues, éste un recurso 'de apelación, la sección 12 de la Ley núm. 10 de 1917 antes citada no nos priva de jurisdicción-para conocer del mismo.

Resuelta la cuestión preliminar a que acabamos de referirnos, pasaremos al nervio de este recurso, es decir, determinar si el contrato de servicios comprendía solamente ocho horas diarias de trabajo como declaró probado el juez, ■o si por el contrario incluía las quince horas diarias que alegó haber trabajado el obrero.

La función de un recurso de certiorari, como es el pre-sente, no es revisar cuestiones de’hecho, sino de derecho; pero cuando las conclusiones de hecho a que llega el tribunal inferior no están sostenidas por la evidencia, en ese caso-el error que comete el tribunal inferior al dar por probado un becho que no está sostenido por evidencia alguna, es un error de derecho revisable por certiorari. Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 753, 762, y casos ci-tados.

En el presente caso la conclusión a que llegó la corte inferior al efecto de que el obrero se obligó con el patrono a trabajar ocho horas diarias solamente, no encuentra el más ligero apoyo en la evidencia. La única prueba que en el récord existe sobre ese particular es la declaración del pro-pio obrero. En su examen directo declaró que ganaba cinco dólares semanales y trabajaba quince horas diarias. Trans-cripción de evidencia, pág. 7. Nada declaró tendente a de-mostrar que su contrato fuese por jornadas de ocho horas. En cambio, el examen de repreguntas demostró lo contrario:

“Cuando usted convino trabajar con clon Justo Muñoz, ¿usted sabía que tenía que hacer todo ese trabajo que dijo ahora, por cinco pesos ? —Sí, señor.
“iUsted sabía eso? —Sí, señor.
“¿Y usted observó ese contrato de arrendamiento de servicios en lesa forma hasta esa fecha? —Sí, señor.
“¿Y no reclamó nunca nada? —No, señor.
“La primera vez que usted fué a reclamar, después de. haber dejado de trabajar, que fué donde la supervisora, ¿cuándo fué?' ■ — El diecioteho de noviembre de mil novecientos cuarenta.
“¿Después de usted haber dejado de trabajar con don Justo? i — Sí, señor.
“¿Entonces, usted convino con don Justo en trabajar por cinco pesos semanales en esa forma? —Sí, señor.
<!.*= * # ■* * # *
“En ese período! del treinta y seis, del año treinta y sa’s al año-cuarenta, a que usted se ha querido referir, ¿siempre hizo la misma clase de trabajo para don Justo Muñoz? —La misma.
“¿Para lo que usted fué hablado, para ganar cinco dólares sema-nales ? —Sí, señor.
“¿Nunca hizo trabajo distinto? —No, señor. Después hacía el trabajo que veía la vaquería, y estaba en la finca volteándola.
“¿Don Justo Muñoz en alguna ocasión se comprometió a pagarle más de cinco dólares semanales, por ese trabajo que usted hacía para él? —No, señor.”

Eso es todo lo que aparece del récord respecto a las horas de trabajo. Con esa evidencia no comprendemos cómo pudo la corte inferior llegar a la conclusión de que el con-trato de servicios se celebró por ocho horas diarias, cuando el propio obrero declara terminantemente que dicho contrato comprendía las quince horas que él trabajó. Estando el tra-bajo realizado por el obrero dentro de lo que él contrató por cinco dólares semanales, es de perfecta aplicación lo dicho por este Tribunal en el caso de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, 98:

“Nosotros, po:r supuesto, ni p'or inferencia rii de otro modo, refor-maremos el contrato existente entre, las partes para hacer que el $1.68 cubra las doce horas. Pero si la prueba que se presente en el juicio demuestra que tal fue en realidad la intención o convenio entre las partes, o que existía una costumbre prevaleciente a ese. efecto, los obreros han obtenido una victoria ilusoria con nuestra decisión al efecto de que tienen derecho a compensación por las décima, undécima y duodécima horas, a razón del tipo corriente. Es decir, si las partes en realidad convinieron en que el obrero reci-biría $1.68 por doce horas, resultando que el tipo po'r hora es 14 centavos, el obrero ya ha sido totalmente compensado al tipo ordi-nario por todas las doce horas, aunque él tendrá, desde luego, dere-cho a la compensación extra por la novena hora que el estatuto específicamente dispone deberá recibir.”

La conclusión a que aqabamos de llegar no impide, sin embargo, que el obrero tenga la correspondiente compensa-ción extra por la novena hora de cada día por él trabajado, conforme sostuvimos en Cardona v. Corte, supra. Según de-claró probado la corte inferior, el obrero trabajó durante 1,612 días, a razón de quince horas diarias, y siendo ello así le corresponde la compensación extra que determina la ley por la novena hora de cada uno de los 1,612 días por él tra-bajados. Como él trabajaba ciento cinco horas semanales por cinco dólares, nña 'simple operación aritmética demos-trará qne el precio por cada Hora de trabajo era de $.0476, y por lo tanto la compensación adicional asciende a $76.73, y no a $290.16 como resolvió la corte inferior estimando el salario a razón de nueve centavos por bora y no a $.0476 como resulta de acuerdo con el contrato celebrado.

Alega el patrono que como el obrero reclamó por primera vez la compensación adicional cuando radicó la que-rella en la corte municipal el 10 de diciembre de 1942, la ac-ción en cobro de los servicios prestados antes del 10 de diciembre de 1939 está prescrita de conformidad con el ar-tículo 1867 del Código Civil (ed. 1930), que en lo pertinente dispone:

“Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“3. La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el im-porte de sus servicios, y de los suministros o desembolsos que hubie.-sen hecho, concernientes a los mismos.
“El tiempo para la prescripción de las acciones a que se. refie-ren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.” (Bastardillas nuestras.)

Tanto el patrono como el amicus curiae sostienen que el término prescriptivo de tres años empezó a correr desde que al final de cada semana recibió el obrero el pago de su sa-lario y no desde que dejó de prestar sus servicios el 18 de noviembre de 1940, como sostiene el obrero. Los primeros basan su tesis en sentencias relativamente recientes del Tribunal Supremo de España, y especialmente las de 26 de mayo y-19 de diciembre de 1933. El obrero a su vez invoca la interpretación que basta que se dictaron dichas senten-cias el Tribunal Supremo de España venía dando al artículo 1967 del Código Civil español, igual al 1867 del nuestro. Esa interpretación es al efecto de que la prescripción empieza a correr desde que dejaron de prestarse los servicios respec-tivos. Aplicándola al presente caso tendremos que la pres-cripción no empezó a correr sino desde el 18 de noviembre de 1940, cuando el obrero dejó de prestar sns servicios al patrono. Habiéndose radicado la querella el 10 de diciem-bre de 1942, es evidente, de acuerdo con dicba interpreta-ción que la acción no ba prescrito ni en todo ni en parte.

Un examen de las sentencias del Tribunal Supremo de España citadas por el patrono y el amicus curiae demuestra la inaplicabilidad de las mismas en esta jurisdicción. Ello es así porque como se dice en la sentencia de 19 de diciem-bre de 1933, aquel tribunal entiende que por ser el Código de Trabajo posterior al Código Civil, el artículo 1967 de este último debe subordinarse a lo prescrito en el artículo 18 del primero, que según se transcribe en el alegato del obrero dice así:

“El contrato de trabajo, cualquiera que sea, durará el tiempo estipulado.
“A falta' de estipulación expresa, y salvo el caso de prueba de costumbre en contrario, se entenderá concertado: por día, cuando la remuneración sea diaria, aun cuando su pago se efectúe por sema-nas o por quincenas; por meses, cuando la remuneración sea men-sual, y anual, si es por años.”

El referido Código de Trabajo no rige en Puerto Rico y por consiguiente el artículo 1867 de nuestro Código Civil no está sujeto a tal subordinación. Pero independientemente del aludido Código de Trabajo, el Tribunal Supremo de Es-paña, justificando la nueva interpretación que da ahora al Código Civil, incurre en el error de interpretar el artículo 1967 en relación con el 1969 del mismo Código, el cual lite-ralmente dice así:

“Artículo I960 [Español]. — El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”

Decimos que es erróneo interpretar el artículo 1967 del Código Civil español en relación con el 1969 porque este úl-timo, por ser de carácter supletorio, sólo debe aplicarse de acuerdo con sus propios términos a los efectos de determi-nar el punto de partida de la prescripción, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine. Pero como esa disposición especial la contiene el artículo 1967 al disponer, “El tiempo para la prescripción de las acciones a que se re-fieren los tres párrafos anteriores se contará desde que de-jaron de prestarse los respectivos servicios” (bastardillas nuestras), no procede aplicar esa disposición general de ca-rácter supletorio. La frase desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios, si es que hemos de entender sus palabras en su más corriente y usual significación, de acuerdo con el uso general y popular de las voces, artículo 15 del Código Civil, no puede significar otra cosa sino que la pres-cripción en este caso empezó a correr desde el 18 de noviem-bre de 1940, fecha desde la cual el obrero dejó de prestar los servicios que desde el 20 de junio de 1936 venía prestando ininterrumpidamente al patrono. Consecuentemente, en con-sonancia con el artículo 1867 de nuestro Código Civil, debe-mos resolver que la acción en este caso ejercitada no está prescrita ni en todo ni en parte, ya que desde el 18 de no-viembre de 1940, fecha en que el obrero dejó de prestar sus servicios, hasta el 10 de diciembre de 1942, en que se radicó la querella en la corte municipal, no había transcurrido el término de tres años que para la prescripción de esta clase de acciones fija el citado artículo 1867 del Código Civil.

Nos damos cuenta de que la conclusión a que llegamos en este caso en lo que respecta a la compensación del obrero puede aparecer hasta cierto punto injusta para él, pero la compensación de cinco dólares semanales por el trabajo que él realizaba en quince horas diarias fué lo que él convino en su contrato de servicios, siendo de aplicación una vez más lo que dijimos en el caso de Cardona v. Corte, supra, pág. 97:

“De acuerdo con el Fair Labor Standards Act el tipo acostum-brado o el fijado en el contrato no podrá ser menor que el tipo mínimo allí establecido. Pero, como ya hemos indicado, la Ley núm. 49 no dispuso tipo mínimo alguno, y, excepto en cuanto a convenios colec-tivos, nada existe a modo de ley insular a la que. se haya llamado nuestra atención, que impida que las partes lleven a cabo un con-trato a base de salarios de hambre.”

Como no se trata en este caso de nn recurso de apela-ción, dentro del cual podríamos dictar la sentencia que debió haber dictado la corte de distrito, procede anular la senten-cia recurrida y devolver- el caso a la corte inferior para que proceda a dictar la que corresponda en armonía con los prin-cipios ermnciados en esta opinión.


text:
    En Mocion de Reconsideracion

    Abril 19, 1944.

      (1) Lies. José López Baralt y Leopoldo Tornes García, en la moción de reconsideración.

   En este caso el peticionario ha presentado una moción de reconsideración alegando que es errónea lá interpretación que dimos al último párrafo del artículo 1867 del Código Civil. Insiste el peticionario que debemos seguir la interpre-tación que el Tribunal Supremo de España dió al artículo 1967 del Código Civil Español [igual al 1867 del nuestro] en su sentencia de 19 de diciembre de 1933. De conformidad con dicha sentencia de España, el tiempo para la prescrip-ción de la acción en cobro de salarios debe empezarse a contar desde que el empleado recibió el pago de su salario semanal, quincenal o mensual, según fuere el caso, por ser en tal momento cuando eficazmente pudo y debió reclamar el empleado cualquier deficiencia en el pago de su salario.

Arguye el peticionario que cuando el contrato de servi-cios es por término indefinido, si se conviene pagar los servicios semanal, quincenal o mensualmente, se presume que el contrato se ha celebrado por el término mínimo de una semana, una quincena o un mes, según fuere el caso. En apoyo de su contención el peticionario invoca ciertos casos tomados de una nota de Curpus Juris. Cree también el peticionario encontrar apoyo para esa presunción en el ar-tículo 1478 del Código Civil, el cual no tiene su equivalente en el Código Civil español, y dice así:

“Todo empleado de industria o de cualquier otro negocio lucra-tivo, contratado sin tiempo determinado, cuyo sueldo fuese convenido por mes, quincena o semana, que fuere destituido de su cargo sin justa causa y sin previo aviso de quince días de anticipación, por lo menos, tendrá derecho a recibir de su principal o patrono el sueldo que tuviere devengado, y el de un mes, una quincena, o una semana adicional, según fuere el caso. ...” (Bastardillas nuestras.)

La presunción que invoca el peticionario sin duda existe en los estados de donde proceden los casos por él citados. Pero en Puerto Rico esa presunción no existe ni puede en-contrarse, como pretende el peticionario, en el artículo 1478 del Código Civil. El propósito de dicho artículo es conceder una indemnización predeterminada para aquellos casos en que no existiendo término fijo en el contrato de servicios, el petrono destituye al empleado sin justa causa y sin previo aviso de quince días de anticipación. Para fijar esa compen-sación alguna norma precisaba establecerse, y el legislador optó por tomar como medida de la compensación el salario de una semana^ una quincena o un mes, según qué el sueldo se pagase por semana, quincena o mes respectivamente. Pudo haber fijado cualquiera otra norma sin que por ello pueda entenderse que se fijó término al contrato.

Esa presunción existe en España, pero es a virtud del ar-tículo 18 del Código de Trabajo de dicha nación, que dice así:

“El contrato de trabajo, cualquiera que sea, durará el tiempo estipulado.
“A falta de estipulación expresa, y salvo el caso de prueba de costumbre en contrario, se entenderá concertado: por día, cuando la remuneración sea diaria, aun cuando su pago se efectúe por semana o por quincena; por meses, cuando la remuneración sea mensual, y anual, si es por años.”

Mas en Puerto Rico, como dijéramos en la opinión principal, no rige dicho Código de Trabajo, ni ninguna otra ley similar, y por consiguiente tenemos que interpretar el ar-tículo 1867 de nuestro Código Civil de conformidad con sus propios términos, considerados a la luz de su historia legis-lativa.

El artículo 1967 del Código Civil Español tiene su génesis en la Ley 10, Título 11, Libro 10, de la Novísima Recopila-ción, dispositiva de que la acción para cobrar lo adeudado a sirvientes y menestrales por concepto de servicios pres-tados debía establecerse .“dentro de tres años después que fueren despedidos de los tales señores,” a menos que se pro-base que la prescripción había sido interrumpida por reque-rimientos de cobro hechos dentro de dicho período. Códigos Españoles, tomo 9, página 339.

No podía ocultarse al autor de la ley de la Novísima Recopilación a que acabamos de referirnos la enorme des-ventaja en que se hallaba a principios del siglo dieciséis, fecha de la ley, el desvalido obrero con respecto al poderoso “su señor.” Sólo a riesgo de perder su trabajo se hubiera atrevido entonces el obrero reclamar de su patrono lo que justamente le debiese por concepto de salario. Y para que las inás de las veces el derecho del obrero no resultase ilu-sorio, dispuso aquella ley que la prescripción no empezaría a contarse sino desde la fecha en que el' obrero hubiese que-dado libre de la influencia del patrono.

Pero al aprobarse en el siglo diecintieve el Código Civil español, sus autores se dieron cuenta de que al variar la naturaleza de los servicios que venía prestando el obrero, se operaba una novación que extinguía el contrato anterior para dar paso a un nuevo contrato. Estas consideraciones sin duda los movieron a restringir el alcance de la ley de la Novísima Recopilación, de suerte que el período prescriptivo se contase a partir de la terminación de cada contrato sin tener en cuenta que el obrero continuase al servicio del mismo patrono, y llevando a cabo su propósito dispusieron en el último párrafo del artículo 1967 del Código Civil:

“El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de pres-tarse los respectivos servicios.” (Bastardillas nuestras.)

Si 'el propósito de los autores del Código Civil hubiera sido crear la presunción de que el contrato de servicios sin término definido se entendiese vencido a la terminación de cada se-mana, quincena o mes, según fuere el caso, cuando los servicios fueren pagados por semana, quincena o mes, respectivamente, y que por consiguiente el término de prescripción se empezará a contar desde que el patrono había hecho cada pago, fácil-mente le hubiera sido así expresarlo, conforme lo hizo en re-lación con el arrendamiento de predios urbanos cuando el contrato no fija término al arrendamiento El Tribunal Supremo de Cuba en sentencia núm. 99 de 2 de diciembre de 1905, interpretó el artículo 1967 del Código Civil en la misma, forma en que lo hacemos en el presente caso, e igual interpre-tación le dieron siempre los comentaristas del Código Civil español y el propio Tribunal Supremo de España hasta que surgió en aquel país el Código de Trabajo. Mas aquí, donde ese último Código no rige, no es posible aplicar a casos como el presente el artículo 1869 de nuestro Código (1969 del espa-ñol), que cuenta la prescripción desde que la acción pudo ejer-citarse. Esto es así porque el artículo 1869, de acuerdo con sus propios términos, se aplica “cuando no haya disposición especial que otra cosa determine,” y esa disposición especial está expresada, como hemos visto, en el último párrafo del artículo 1867, que para casos como el presente preceptúa que la préscripción se empieza a contar “desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.”

Los modernos medios de defensa de que en el presente dis-pone el obrero para defender sus derechos, hacen innecesario para él y quizás injusto para el patrono mantener a este úl-timo sujeto a la amenaza de una reclamación de salarios por todo el tiempo que pueda durar un contrato de servicios sin término definido y hasta tres años después de haberse dejado de prestar los respectivos servicios. En muchos casos el pa-trono corre el riesgo de perder la evidencia que hubiera po-dido usar en su defensa si el pleito contra él se hubiera presentado dentro de un plazo razonable; en otros, puede ■crecer a tal extremo el montante de la reclamación que la sentencia que lo condene a pagarla pueda producir su ruina económica. Pero esas consideraciones, lógicas y justas como son, deben ser sometidas a la Asamblea Legislativa y no a los tribunales, a quienes les está vedado pasar sobre la bondad y sabiduría de las leyes.

Procede por lo expuesto denegar la moción de reconside-ración.

       “Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. ...” Articulo 1581, Código Civil Español (art. 1471, Puerto Rico, ed. 1930).