author: El Juez Asociado SeñoR Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Carreras, acusado y apelante.
    Núm. 9836.

    Sometido: Abril 28, 1943.

      Resuelto: Junio 1, 1943.

      Adolfo García Veve y B. Rivera Zayas, abogados del apelante; B. A, Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Juan Carreras fué acusado de atentado a la vida. Los hechos que dieron lugar a la acusación ocurrieron en Juncos el 18 de febrero de 1939. Celebrado el juicio, el jurado lo-declaró culpable del delito de acometimiento y agresión grave. El acusado estableció recurso de apelación contra la senten-cia que le impuso un año de cárcel.

La prueba del Pueblo fué al efecto de que estando Esteban V. Martínez parado con un amigo en una esquina en Juncos, pasó el acusado en sú automóvil e hizo un gesto que-dió lugar a que Martínez comentara con su acompañante:. ‘ ‘ ¡ Qué simpático está éste! ’ ’ Entonces el acusado detuvo su automóvil y le hizo tres disparos a Martínez. El primero-lo hirió en el pecho. Martínez sacó entonces su revólver, que estaba autorizado a portar como inspector de la. Administra-ción de Ajuste Agrícola. El segundo disparo lo hirió en la mano derecha, tumbándole el revólver, y el tercero lo hirió en la mano izquierda. El revólver de Martínez, que estaba cargado, y con el cual no se hizo disparo alguno, fué entre-gado a la policía en esas condiciones. La herida del pecho era grave y como resultado de ella le provino una pulmonía. Además, debido al disparo que le hirió la mano derecha,. Martínez no puede normalmente usar más dicha mano.

El acusado trató de probar que cuando dobló la esquina Martínez dijo: “Párate, canalla”, y sacó un revólver; que cuando detuvo el automóvil y vió el revólver de Martínez, tomó el que tenía un inspector de sanidad que iba a su lado y, sin abandonar el automóvil, hizo tres disparos, en defensa propia.

El Pueblo presentó prueba, como evidencia del móvil que tuvo el acusado para cometer el delito, al efecto de que Mar-tínez había declarado hacía ocho meses en un caso criminal ■en que se absolvió a Carreras por el delito de usar explosi-vos, y que desde entonces eran enemigos.

El acusado se queja de que la corte de distrito erró al permitir que el fiscal se refiriera en su exposición inicial ■del caso a la anterior acusación contra Carreras, e introdu-jera evidencia en relación con la misma. El récord demues-tra, sin embargo, que se hizo constar claramente durante todo el juicio, incluyendo las instrucciones de la corte al ju-rado, que Carreras había sido absuelto de la acusación anterior, que no se había hecho esfuerzo alguno para reproducir tal acusación, y que la prueba en cuestión estaba siendo ad-mitida y era relevante en el presente caso solamente para ■demostrar que Martínez había declarado contra Carreras— no necesariamente con veracidad — en el caso anterior, y por tanto establecer, de acuerdo con la teoría del Pueblo, un mó-vil para el ataque de Carreras a Martínez.

Aun cuando prueba para demostrar el móvil frecuente-mente es material, no siempre es indispensable, particular-mente cuando los hechos físicos son establecidos sin recurrir a evidencia circunstancial. Permitir su uso indistintamente tiene sus peligros. Las cortes, particularmente las de dis-trito, deben estar constantemente alertas para impedir que fiscales celosos en el desempeño de su deber traten de que se juzgue a un hombre por una acusación anterior, en vez •de que sea juzgado por la acusación ante la corte. Cf. Pueblo v. Días, 61 D.P.R. 903, resuelto en 17 de mayo de 1943.

Sin embargo en el presente caso se hizo constar repeti-damente que la única prueba que se ofrecía y que se admi-tió fue que Martínez había declarado contra Carreras en otro caso, surgiendo de ello un espíritu de enemistad entre ambos, y que el jurado consideraría tal prueba en cuanto al propósito de determinar el móvil de Carreras, y para nin-gún otro propósito. Por tanto creemos que en este caso se cumplió con las limitaciones que acompañan el uso de prueba para demostrar el móvil, según se ha establecido en Pueblo v. González, 57 D.P.R. 744, y en Pueblo v. Piazza, 60 D.P.R. 575.

La corte no cometió error al negarse a permitir que un testigo de la defensa declarara en cuanto a alegadas manifestaciones que Martínez había hecho sobre Carreras. El testigo no pudo fijar la fecha de tales manifestaciones. Por tanto, la corte no estaba en posición de determinar si tales manifestaciones, de haberse hecho, eran muy remotas para justificar su admisión. Además, el acusado no demostró, u ofreció demostrar, que Carreras tenía conocimiento de dichas manifestaciones.

Al contrainterrogar un testigo del acusado, el fiscal ■de distrito le preguntó si no había declarado en otro juicio ■en el que estaba envuelto el hermano del acusado, anunciando que era su propósito demostrar que el testigo había cometido perjurio en otras ocasiones en que estaba envuelto el hermano del acusado. Esta pregunta y la manifestación del fiscal de distrito fueron manifiestamente impropias, y debe ser ■censurado por ellas. Sin embargo, inmediatamente el acusado se opuso a la pregunta y la corte inferior sostuvo la objeción. A solicitud del acusado, la corte eliminó del récord todo lo relacionado con el incidente, e instruyó al jurado que no lo tomaran en consideración. Por todo ello, concluimos, ■de las circunstancias de este caso específico, que la pronta y •saludable actuación de la corte subsanó la conducta impropia del fiscal de distrito, y que el acusado no fue por ella suficientemente perjudicado a tal extremo que exija que revoquemos por esta sola razón la sentencia condenatoria.

Haciendo uso de una frase en ellas contenida, la defensa se queja de las instrucciones sobre defensa propia. Para resolver este error sería suficiente señalar el hecho deque el acusado ni excepcionó, ya general o específicamente,, las instrucciones, ni hizo solicitud alguna de instrucciones.. Sin embargo, hemos examinado en conjunto las instrucciones al jugado y encontramos que la corte de distrito fué escrupulosamente cuidadosa en dar instrucciones completas y justas sobre todas las cuestiones levantadas en el caso, incluyendo defensa propia.

Hubo más que suficiente prueba para justificar el veredicto en este caso. En verdad, si el jurado hubiera declarado culpable al acusado de atentado a la vida, no alteraríamos una sentencia sobre tal veredicto. De igual forma, encontramos que dadas las circunstancias de este caso, la sentencia de un año de cárcel fué benévola, y no vemos razón alguna para acceder a la solicitud del acusado para que se reduzca la misma a multa.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seüok Suydee,

license: Public Domain

text:
    Rafael A. González, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1525.

    Sometido: Mayo 25, 1943.

      Resuelto: .Junio 2, 1943.

      F. Fernández Cuyar, H. S. McConnell, E. Córdova Díaz y H. Gonzá-lez Blanes, abogados del peticionario; Samuel B. Quiñones, F. Oclwteco, Jr., F. García Quiñones y Justo A. Casablanca, aboga-dos del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Seüok Suydee,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso requiere la determinación de una cuestión que todavía no ha sido resuelta en esta jurisdicción. ¿Tiene un juez municipal, cuyo término de cuatro años vence mientras el Senado está en. receso, tal título el cargo de forma que no existe vacante alguna de dicho cargo, que impida por tanto al Gobernador hacer un nombramiento de receso a favor de una persona distinta?

El caso llegó ante nos de una manera excepcional. Ale-gando que tiene un título válido al eargo de juez municipal de San Juan, el 20 de mayo de este año, Rafael A. González radicó ante la corte de distrito una petición de injunction contra Manuel Orraca Torres, solicitando se ordenara per-manentemente a este último que no interviniera con su po-sesión del referido cargo hasta que se estableciera de con-formidad con la ley quién tenía un título legal al mismo. La petición contiene la siguiente alegación:

“3. El querellado alega tener título al cargo aludido de Juez Municipal de San Juan, Sección Primera, y con tal motivo se ha personado en el día de hoy en el salón de sesiones de dicha corte, desde las 7:30 de la mañana, sentándose en los estrados de dicha corte, y amenazando abiertamente al peticionario con impedirle, me-diante la fuerza y la violencia, el ejercicio de las funciones de su cargo, perturbándole así en la posesión del mismo y valiéndose para ©lio de miembros de la Policía Insular, a quienes ha ordenado impi-dan por la fuerza y violencia la entrada al salón de la Corte, del peticionario, quien aún retiene la posesión de sus oficinas en dicha Corte y a quien el querellado pretende impedir que celebre los jui-cios señalados para el día de hoy y cumpla con todos los demás de-beres judiciales del aludido cargo, cuyo cumplimiento ha de verificarse por el peticionario en el día de hoy.”

Asimismo, -en. la petición solicitaba se dictara un injunction preliminar y una orden de entredicho. La corte de dis-trito expidió una orden para mostrar causa, señalándola para vista, en cuanto al injunction preliminar, pero rehusó expe-dir la orden de entredicho. Dada la naturaleza de la con-troversia y el interés público en que se decida rápidamente la cuestión de derecho envuelta en este caso, expedimos un auto de o&rtiorari, de acuerdo con la Ley núm. 32, aprobada el 3 de mayo de 1943 (pág. 85) con el fin de revisar la reso-lución no apelable de la corte de distrito negándose a expe-dir la orden de entredicho.

De acuerdo con la sección 49 del Acta Orgánica, los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el concurso y consentimiento del Senado (Título 48 U.S.C. Sección 873). Pero de acuerdo con la sección 26 tales nombramientos pueden ser hechos sólo por el Gobernador cuando el Senado no esté -en sesión, para tener efectividad basta qne sean desaprobados por el Senado o hasta qne éste declare terminado sn próximo período de sesiones (Título 48 TJ.S.C. Sección 812). Orraca tiene un nombramiento de juez municipal, expedídole por el Gobernador durante el actual receso del Senado, después de haber expirado el 25 de abril, el tér-mino de cuatro años que tenía González para dicho cargo. Desde luego, para que este nombramiento sea válido' tiene que haber una vacante en el cargo en cuestión, a la fecha en que se le nombró. Orraca afirma que había tal vacante por el fundamento de que al expirar el término de cuatro años de González el 25 de abril, surgió automáticamente una vacante en el cargo.

Parece que no hay lugar a desacuerdo en cuanto a cier-tas consideraciones preliminares de derecho. Al posponer temporalmente la discusión del posible efecto del artículo 169 del Código Político, encontramos a las autoridades que sostienen casi unánimente que el vencimiento de un término fijo en un cargo, por sí solo, no impide que el incumbente siga holding over, desempeñando los deberes y recibiendo el sueldo de dicho cargo, aun en ausencia de la cláusula familiar que frecuentemente se añade a las disposiciones estatu-tarias y constitucionales que fijan los términos de los car-gos; es decir, que el término será por un período fijo “y hasta que su sucesor sea nombrado y calificado”. En ver-dad, los casos resuelven que, a pesar de la ausencia de dicha cláusula, tal funcionario público no solamente tiene el de-recho, si que es su deber, continuar actuando en tal capa-cidad. Los casos se fundan en la doctrina de que la ley aborrece las vacantes que podrían muy bien entorpecer im-portantes servicios públicos. Para impedir un paro en las actividades gubernamentales mientras se hacen nuevos nom-bramientos o renominaciones, las cortes, con'raras excepcio-nes, han declarado válidas por tanto las actuaciones realiza-das durante dicho interregno por funcionarios holding over sin autoridad expresa estatutaria o constitucional para ello. (People ex rel. Warren et al. v. Christian et al., 123 P. (2d) 368 (Wyo., 1942); Benson v. Mellor, 137 Atl. 294 (Md., 1927) ; Commonwealth v. Kelly, 185 Atl. 307 (Pa., 1936)).

Tomando dichos casos como punto de partida, González argumenta, a pesar de que su término de cuatro años según fué fijado por ley (Art. 1176, Estatutos Revisados de 1911, pág. 266) ha expirado, y de que los estatutos que crearon su cargo no contienen la cláusula familiar de holding over antes mencionada, que por inferencia de ley puede y dehe ac-tuar hasta que su sucesor sea nombrado y calificado, que significa, nombramiento por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado; y que el período durante el cual él está así holding over forma parte del término' de su cargo considerándose prorrogado en efecto legal el término del cargo original ya expirado hasta el período de tiempo en que actúe holding over. De prevalecer esta contención de González no puede haber duda de que, al no cesar en el cargo por otro motivo, no existe vacante que puede el Gobernador sólo cubrir válidamente mediante un nombramiento de receso, y que González cesaría en el cargo solamente cuando el Se-nado confirme el nombramiento hecho por el Gobernador a favor de su sucesor, y hasta que éste califique.

Al analizarlos, las verdaderas resoluciones de los casos pertinentes, aparte de las excepciones que se indicarán, no conllevan doctrina tan amplia. En todos ellos, con raras ex-cepciones que más adelante se discutirán, la cláusula familiar de holding over se encuentra en el estatuto o constitu-ción que se interpreta. () Convenimos sin vacilación en que bajo tales circunstancias “el período de holding over es parte del término del cargo y el incumbente es un funcionario de jiore.” (Attorney General ex rel. McKenzie v. Warner, 300 N.W. 63 (Mich., 1941)), y que “El derecho de actuar holding over bajo esta disposición es tan parte del término del cargo como el mismo período regular fijado por estatuto”. (People ex rel. Warren et al. v. Christian et al., supra). Al mismo efecto, Territory ex rel. Klock v. Mann, 120 Pac. 313, 15 (N. M., 1911). Es decir, en dichos casos la Legislatura, previendo que los términos de algunos funcionarios expira-rían mientras el Senado está en receso, dispuso por mandato estatutario específico que se prorrogaran dichos términos hasta que sus sucesores fueran nombrados con el consejo y consentimiento del Senado. Por tanto, no puede haber dis-puta alguna en cuanto a la teoría de que un funcionario que actúa bajo un estatuto de esta naturaleza está actuando holding over con título legal al cargo y que en su conse-cuencia no existe vacante en dicho cargo. Es evidente que el estatuto tiene dos propósitos: (1) retener en todo mo-mento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y consentimiento del Senado, incluyendo el período después de que su término ha expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir su sucesor; (2) evitar vacantes que la ley aborrece, toda vez que entorpecen la continuación de la administración de los asuntos públicos.

Pero cuando pasamos a considerar los funcionarios que están holding over .en los cargos que por estatuto tienen se-ñalado en término fijo sin el beneficio de la cláusula familiar de holding over, la situación es diferente. Es axiomático que las cortes casi universalmente han incluido pior inferen-cia en tales estatutos disposiciones judiciales que exigen que dichos funcionarios continúen desempeñando sus deberes y que legalizan tales actos. Pero esta doctrina está basada en la necesidad pública de evitar un colapso temporal en el Go-bierno. En resumen, tal actuación judicial se debe al segundo de los propósitos antes mencionados — que la ley aborrece las vacantes — y no al primero.

Esto se hace más evidente .cuando exploramos la distri-bución de poderes hecha por la constitución y los estatutos en relación con los nombramientos. El poder de nombramiento no es inherente el cargo de Gobernador. A ese respecto sólo tiene tales poderes como específicamente se le otorgan por la ley, orgánica o estatutaria. (People ex rel. Warren et al. v. Christian et al., supra; Heyward, v. Long, 183 S. E. 145 (S. C., 1935)). En los gobiernos federal, estatal e insular, se pensó que sería sabio disponer que muchos nombramientos, incluyendo los ejecutivos, estarían sujetos a la confirmación del Senado. Cuando tales nombramientos se hacen, repre-sentan la acción conjunta del Gobernador y del Senado. Es por tanto altamente importante que el incumbente de un cargo goce del sello de aprobación de estas dos ramas del Gobierno. Con estas consideraciones en mente, nos parece claro que cuando la Legislatura dispuso específicamente que un incumbente actuaría por cuatro años, y hasta que su su-cesor fuere nombrado y calificado, la intención legislativa ha sido expresada al efecto de que, una vez que una persona ha sido confirmada bajo tal estatuto, continuará en el cargo y poseerá un título legal sobre el mismo hasta que el Senado actúe sobre la nominación de su sucesor. Ese es el propó-sito primordial de la cláusula, aunque conlleva también el importante efecto de evitar dificultades administrativas como resultado de vacantes en los cargos. Por tanto es fácil com-prender cómo los casos han resuelto que bajo tal estatuto un funcionario holding over continúa disfrutando de un título legal al cargo.

Pero cuando un estatuto fija el término de un cargo y guarda silencio en cuanto a holding over, no encontramos mandato legislativo alguno de que la persona a quien el Se-nado ha confirmado deba continuar en su cargo después de haber expirado su término y que mientras actúa holding over gozará de título legal al cargo. Por el contrario, la Legis-latura ha dejado una laguna que podría tener fatales conse-cuencias en la administración a menos que las cortes vinie-ran en su rescate y resolvieran que las actuaciones de tales funcionarios son válidas, llevando a efecto el segundo de los propósitos referidos, es decir, conseguir la continuidad de las funciones gubernamentales. Las cortes han hecho esto. Pero al actuar así, las cortes meramente suplieron el modo práctico de vadear la laguna (stop gap). No pueden resolver por inferencia que la Legislatura específicamente dis-puso el que hubiera título legal durante el período de holding over, cuando la Legislatura optó por guardar silencio sobre la cuestión. Afirmar que una persona que permanece holding over bajo un mandato legislativo específico a ese efecto puede actuar válidamente y goza de un título legal sobre su cargo, mientras que otro que permanece holding over sin tal disposición estatutaria puede actuar válidamente pero no goza de título legal sobre su cargo, no es querer tra-zar una diferencia entre dos gotas de agua. Es evitar la dificultad práctica que podría surgir de cargos vacantes, pero al mismo tiempo cumpliendo la intención legislativa de cuándo está un cargo legalmente vacante, en contraste con .el desem-peño ininterrumpido de sus funciones. Estamos dispuestos a declarar válidas las actuaciones de un funcionario cuyo término ha expirado, pero que ha continuado actuando de-bido a que nadie lo ha reemplazado legalmente. No pode-mos dar el paso adicional de incluir en el estatuto lo que éste no contiene — que su término legal en el cargo cubre el período de tiempo en que actúa holding over hasta que su sucesor ha sido elegido debidamente.

Se argumenta que la Carta Orgánica ha conferido el po-der de nombramiento conjuntamente al Gobernador y al Se-nado, y que de permitir nosotros que el Gobernador susti-tuya por medio de un nombramiento de receso á favor de otra persona a una persona ya confirmada por el Senado, sería derogar la participación del Senado en tales nombra-mientos. No podemos aceptar este argumento. Lejos de disminuir las prerrogativas del Senado, el resultado a que llegamos se encamina exclusivamente a la intención de la Legislatura. Si ésta prefiere sostener en su cargo a una persona a quien una vez confirmó pero cuyo término lia ex-pirado, hasta que pueda pasar sobre su nuevo nombramiento o sobre el'nombramiento de su sucesor y evitar con ello que el Gobernador lo sustituya haciendo un nombramiento de re-ceso provisional, solamente tendría que añadirle al estatuto que fija el término del cargo la cláusula familiar “y hasta que su sucesor sea nombrado y calificado”. Muchos estatu-tos así lo disponen. Dichas palabras no están de más. Tie-nen propósito y significado definidos. El peticionario soli-cita que lleguemos ál mismo resultado en ausencia de tal es-tatuto. No podemos hacer eso. A la Legislatura corres-ponde la elección, y a ella se la dejamos.

Durante la vista oral surgió la cuestión en cuanto a cómo podíamos resolver, como resolvemos, que González podía ac-tuar válidamente, después de haber expirado su término, como un funcionario holding over, e inmediatamente declarar .que.existía una vacante en el cargo. Creemos que la contes-tación a esta pregunta se infiere de lo que hemos dejado ex-puesto. Es decir, G-onzález no ocupa el cargo en el sentido legal, técnico; solamente ejerce las funciones del cargo por la conveniencia pública. Existe una vacante legalmente, y una vez que sea cubierta debidamente, lo cual puede hacer el Gobernador por sí sólo cuando el Senado está en receso, des-aparece la necesidad imperativa de que González deba con-tinuar actuando y debe echarse a un lado. Desde luego, no existe requisito mandatorio alguno de que el Gobernador ac-túe. Si no actúa, González continúa holding over y sus ac-tuaciones oficiales son válidas. Pero una vez que el Gober-nador actúa, la vacante está cubierta, por lo menos tempo-ralmente. Algunos de los casos que se indicarán más ade-lante usan la fórmula de que González bajo las circunstan-cias de este caso es un funcionario de facto, que no existe un funcionario de jure en ausencia de la cláusula familiar de holding over, y que estando el cargo de jure vacante, el Go-bernador puede hacer nn nombramiento de receso para el mismo. Reconocemos que al llamar a González un funciona-rio de facto se está en efecto exponiendo una conclusión, en vez de aducir las razones para llegar a la misma. Pero estando conformes en cuanto a la corrección de la conclusión, creemos conveniente, como lo han hecho otras cortes, adop-tar tal designación como una caracterización breve del status de un funcionario bajo la situación 'de hechos con que nos confrontamos. En verdad, puede notarse que aun la’cues-tión 'de la vacante es algo metafísica. Supongamos, por ejem-plo, que el Gobernador ha elegido no actuar, y ha esperado hasta la próxima sesión del Senado para someter a éste el nombramiento del sucesor de González. ¿En qué momento es que ocurre la vacante? ¿Cuando el Gobernador nomina, ■el Senado confirma, el Gobernador expide el nombramiento o el nuevo funcionario califica? Es inútil especular sobre estos extremos en la solución de problemas prácticos de go-bierno. Una persona sale y la otra, ocupando su puesto, cu-bre la vacante. Insistir en cualquier razonamiento ulterior sería enfrascarnos en ejercicio mental dentro de una atmós-fera muy rarificada para las cortes.

Hay un argumento un tanto ingenioso que podría traerse •contra la idea de dar a la cláusula familiar de holding over ■el significado que le hemos atribuido. El argumento consiste ■en que la frase “hasta que su sucesor sea nombrado y cali-ficado” -significa hasta que su sucesor sea nombrado, bien durante un receso o por un término fijo debidamente confir-mado; que el Gobernador por tanto pudo otorgar a Orraca válidamente un nombramiento de receso el 26 de abril, sus-tituyendo con ello a González; que en su consecuencia existe una vacante desde el 26 de abril; y que toda la teoría ex-puesta anteriormente cae por tanto por su propio peso, toda vez que el resultado definitivo a que se llega mediante tal razonamiento', al efecto de que existe una vacante cuando un incumbente actúa holding over de acuerdo con una cláusula •específica de holding over, estaría en pugna con nuestra con-elusion anterior de que cuando existe una cláusula de holding over, un incumbente que así actúa tiene título legal a! cargo y que en su consecuencia no- existe vacante alguna en el mismo. Nuestra contestación debe ser que éste es un ra-zonamiento dentro de un círculo que por sí mismo demues-tra que la premisa en que se basa — que “hasta que su suce-sor sea nombrado y calificado” incluye nombramiento de re-ceso así como los permanentes — no puede aceptarse. No he-mos encontrado autoridad alguna que decida o que insinúe-que una cláusula de holding over -está dirigida tanto anom-bramientos de receso del sucesor como a nombramientos per-manentes. Por el contrario, en los casos que hemos exami-nado se encuentra la doctrina implícita de que esta cláusula específica se refiere sólo a nombramientos permanentes. En verdad, no entendemos que el peticionario alegue lo contra-rio. Y esto tiene necesariamente que ser así, ya que el Go-bernador deriva su poder para hacer nombramientos de re-ceso de una cláusula enteramente diferente para un propó-sito enteramente diferente. En contraste, la disposición de holding over, hablando en términos generales, se encuentra inmediatamente después del término del- cargo — el incum-bente, dicen los estatutos, ocupará el cargo por un período-de cuatro años y hasta que su sucesor sea nombrado y cali-ficado. Concluimos que el nombramiento a que se refiere tal cláusula específica de holding over es solamente- el nombra-miento permanente de un sucesor.

Debe confesarse que los casos en otras jurisdicciones des-cansan tan fuertemente en peculiaridades locales de estatu-tos y constitución y en la diferencia entre funcionarios elec-tivos y por nombramiento, que es difícil determinar cuán persuasivos son en nuestro caso. Además, las autoridades están divididas en lo que se refiere a la cuestión específica ante nos. Sin embargo, creemos beneficioso que examinemos algunos de los casos. '

El caso de Alcorn v. Keating, 181 Atl. 340 (Conn., 1935),. llega a la misma conclusión a que hemos llegado nosotros.. Dicho caso envolvía el nombramiento de nno de los miem-bros de la Junta Estatal de Finanzas y Control. La corte-dijo, a las págs. 341, 42:

“En su sentido elemental y técnico, la palabra ‘vacante’, al apli-carse a un cargo o puesto, significa la condición de no estar cubierto' u ocupado por un incumbente actual. No debe, sin embargo, tomarseen este sentido estricto en todos los casos. Puede suceder que a los efectos de constituir la vacante a que se hace referencia en una dis-posición constitucional o estatal y la cual se autoriza a cubrir en la forma allí descrita, no sea necesario que el puesto esté físicamente-vacante, sino que basta que no esté ocupado por un funcionario de pire. El término ‘vacante’, cuando es usado en esa forma, ‘es apli-cable tanto a un cargo ocupado por un usurpador o por un funcio-nario de facto o que está ‘holding over’, como a aquellos casos en que por razón de muerte o renuncia, el cargo queda sin incumbente-alguno.’ State ex rel. Eberle v. Clark, 87 Conn. 537, 547, 89 A. 172, 175, 52 L.R.A. (N. S.) 912.” (Bastardillas nuestras.)

La corte entonces cita con aprobación, de State ex rel. Lyons v. Watkins, 89 A. 178 (Conn., 1913), lo siguiente, que aparece a la página 342:

“. . . . la cuestión es si el anterior incumbente continúa en po-sesión del cargo como parte de su término original o si solamente permanece en él como un simple locum tenens o funcionario de facto. En algunos de estos casos se resuelve que la disposición en cuanto a holding-over crea un término nuevo y eventual; en otros, que simple-mente autoriza al funcionario anterior a cubrir temporalmente el cargo, de acuerdo con su antigua calificación, como un locum tenens; y en otros se resuelve que prolonga el término original hasta que so designe al sucesor. Cuando se decide que el término anterior con-tinúa, generalmente se resuelve que no existe vacante alguna a ser cubierta por la autoridad investida del poder para cubrir tales va-cantes; y, cuando el incumbente continúa en posesión del cargo tem-poralmente, se resuelve generalmente que existe una vacante que puede ser cubierta por quien esté autorizado a cubrirlas. En todos-ios casos la cuestión es una de interpretación de la disposición que-autoriza el holding over, y ésta es afectada por la naturaleza del cargo a cubrirse (v. g., bien electivo o por nombramiento), por el lenguaje del estatuto en particular, y por las circunstancias que rodean el caso específico.”

La corte indica entonces, a las págs. 342, 3, los dos as-pectos de la regla:

“Se ha decidido generalmente que cuando la disposición es al •efecto de que el incumbente ocupará el cargo hasta que su sucesor haya sido electo o nombrado y calificado, en ausencia de otras dis-posiciones o consideraciones que la modifiquen o la afecten, no hay vacante alguna a ser cubierta en la forma provista para llenar las vacantes por otra persona que no sea la que tiene poder para ello y en la forma originalmente autorizada para elegir o nombrar.
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“En ausencia de una disposición definitiva de que un funcionario ocupará el cargo no sólo durante el término específico sino que tam-bién hasta que su sucesor sea electo o nombrado y calificado, cuando se ha decidido que el incumbente tiene derecho a actuar holding over Rasta que se elija su sucesor, generalmente se le considera como fun-cionario holding over de facto solamente, de manera que su ocupación del cargo no impide la existencia de una vacante a ser cubierta por la .autoridad con poderes para ello. State ex rel. Lyons v. Watkins, supra, 87 Conn. 592, págs. 598, 600, 89 A. 178; State ex rel. Eberle v. Clark, supra, 87 Conn. 537, pág. 547, 89 A. 172, 52 L.R.A. (N. S.) 912; 46 C. J. págs. 968, 1058, y casos citados; 22 R.C.L. pág. 598; Mechem, Public Officers, §129, pág. 64.”

En el caso de Heyward v. Long, 183 S. E. 145 (S. C., 1935), -se trata extensamente este problema, afirmando la corte a la pág. 151 que “La regla general es que una persona que actúa holding over después de haber vencido su término legal, cuando no existe disposición de ley alguna en cuanto a holding over, se considera generalmente como un funciona-rio de facto. 46 C. J. 1058; State v. McJunkin, 7 S. C. 21; Williams v. Boynton, 147 N. Y. 426, 42 N. E. 184; In re Lieutenant Governorship, 54 Colo. 166, 175, 129 P. 811; State v. Watkins, 87 Conn. 594, 89 A. 178; People v. Beach, 77 Ill. 52; In re Krickbaum’s Contested Election, 221 Pa. 521, 70 A. 852.” Véase también, Smith v. City Council of Charleston, 17 S.E. (2) 860, 63 (S. C., 1941).

En People ex rel. Sergel v. Brundage, 129 N. E. 500 (Ill., 1920), la corte resolvió, en relación con la elección del pre-sidente de la junta de síndicos de nn distrito sanitario, que (pág. 503) “No existe significado técnico de la palabra ‘va-cante’, pero la regla del derecho común, cnando no ha sido modificada mediante estatuto, es qne existe nna vacante al expirar el término. Badger v. United States, 93 U. S. 599, 23 L. Ed. 991. En muchos casos los estatutos disponen que un funcionario puede actuar holding over después de la ex-piración de su término hasta que su sucesor sea electo y ca-lificado, y la ley contiene tal disposición en cuanto a los sín-dicos pero no en cuanto al presidente. Cuando un funcio-nario no está autorizado por estatuto a actuar holding over,, sus derechos, deberes y autoridad como tal funcionario pú-blico cesan, y no estando legalmente calificado para ejercer-los poderes y desempeñar los deberes del cargo, existe una vacante. Mechem on Public Offices and Officers, §§126, 396.”'

Al mismo efecto, Brown v. Quintilian, 184 A. 382 (Conn., 1936); State ex rel. Smallwood v. Windom, 155 N. W. 629 (Minn., 1915); Commonwealth ex rel. Kelley v. Kelly, 185 Atl. 307 (Pa., 1936). Véase también, Nota en 50 L.R.A. (N. S.) 365 y Anotación en 71 A.L.R. 848.

People v. Pittman, 1 N. E. (2d) 788 (Ill., 1936), va aun. más lejos de lo que es necesario en el presente caso en tanto en cuanto resuelve, refiriéndose a un inspector electivo de un pueblo que (pág. 789), “Cuando un funcionario, así electo,, desempeña el cargo a virtud de estatuto hasta que su suce-sor sea electo y haya calificado, su ocupación temporal no impide que se declare el cargo vacante, y que sea cubierto' por la autoridad competente para actuar en tal situación.” Al mismo efecto, el caso de State v. Young, 68 So. 241 (La., 1915), después de escudriñar las autoridades, resolvió en una opinión iluminadora que aun una cláusula general de-holding over de una constitución estatal no le impide al go-bernador hacer un nombramiento de receso para sustituir a un funcionario holding over.

Gosman v. State, 6 N. E. 349 (Ind., 1886), resuelve que aun la cláusula familiar de holding over no autoriza a una. persona que constitucionalmente es inelegible para ocupar el cargo en exceso de ocho años que continúe holding over des-pués de ocho años de servicio. Así lo resolvió la corte, a pesar de su conclusión de que de otra manera la cláusula familiar serviría para prolongar legalmente el término del in-cumbente, y que por tanto no existiría vacante alguna. De .conformidad con los hechos, la corte en su consecuencia re-solvió que existía una vacante. Pero también aquí, las auto-ridades están divididas. En Jones v. Roberts County, 131 N. W. 861 (S. D., 1911), la corte resolvió, contrario al caso ■de Indiana arriba citado, que un superintendente de escuelas de un condado que había servido cuatro años ininterrumpi-damente, disponiendo la constitución del estado que ninguna persona será elegible para tal cargo después de haber ser-vido cuatro años consecutivos, podía desempeñar los deberes •de tal cargo y recibir remuneración por ello, hasta que su su-cesor sea electo o nombrado y calificado, aun en ausencia de la cláusula familiar de holding over. La corte basó su deci-sión en la inferencia general que aborrece las vacantes. La ■corte, sin embargo, indica que el superintendente (pág. 863) “no [será] considerado en muchos aspectos un funcionario .de jure”. En State ex rel. Sikes v. Williams, 121 S. W. 64, 68 (Mo., 1909), se emplea lenguaje similar. “El derecho de un funcionario que así actúa holding over surge de la tole-rancia, en vez de título intrínseco alguno al cargo.”

Debe admitirse que el caso de Benson v. Mellor, 137 Atl. 294 (Md. 1927), es un caso idéntico que favorece totalmente la posición de González. Después de manifestar la regla general al efecto de que los incumbentes pueden actuar holding over hasta que sus sucesores hayan calificado, existiendo' o no una disposición expresa para ello, a no ser que haya mandato expreso en contrario, la Corte de Apelaciones de Maryland, después de admitir que ha habido declaraciones •en conflicto en las decisiones de Maryland, llega a la conclu-.sión que sostiene el peticionario. La corte afirma que el '.holding over es (pág. 298) “el cubrir un cargo impidiendo una vacante”, y dice “Parece que no bay distinción en cuanto •a este respecto entre holding over bajo autoridad expresa y '.holding over sin tal autoridad; el holding over en cada caso •es de la misma naturaleza, y su efecto y consecuencias pa-recen ser los mismos.” La corte agrega entonces el punto ya indicado al efecto de que el período adicionado de holding over es “de becbo, parte del término legal del cargo.”

Sin embargo, la corte no examina en modo alguno en de-talle o de alguna otra manera, la teoría ya indicada que dis-tingue entre holding over bajo una cláusula específica que prolonga el término, frente al holding over sin que exista tal •cláusula la cual por interpretación judicial dispone que se llene temporalmente la laguna. El caso de Maryland utiliza el argumento corriente contra las vacantes, pero la corte pasa por alto el hecho de que existe un remedio adecuado sin tener que recurrir al título legal sobre el cargo. En efecto el caso de Maryland sostiene que una cláusula tan impor-tante como la de, “hasta que su sucesor sea nombrado y calificado” contenida en una constitución o en un estatuto está de más. No podemos estar conformes con tal conclu-sión. El caso de Commonwealth v. Glass, 145 Atl. 278, 81 (Pa., 1929), cita y expresamente rechaza el de Benson v. Mellor, llegando a la misma conclusión que nosotros en esta cuestión. No nos convence el caso de Maryland y preferi-mos seguir los de Connecticut, Carolina del Sur y Pensil-vania. Llegamos a esta conclusión, aunque otros casos con-tienen insinuaciones similares. El caso de State ex rel. Rogers et al. v. Johnson, Mayor, 237 Pac. 12 (Wash., 1925), aunque no tan claro como el de Maryland debido a ciertas peculiaridades de la disposición estatutaria allí envuelta, pa-rece indicar que no existe vacante si un incumbente actiia holding over después de la expiración de su término, aun en ausencia de la cláusula familiar de holding over, aunque ad-mite que “no es la cuestión precisa” envuelta en dicho caso. McGuirk v. State ex rel. Gottschalk, 169 N.E. 521 (Ind., 1930), que también parece ser.contrario a la regla qne adoptamos,, descansa en un viejo caso de Connecticut (Harrison v. Simonds, (1877), 44 Conn. 318, 319), el cual, como hemos vistoen el caso de Alcorn, actualmente no constituye la ley en Connecticut.

Resta sólo indicar el posible efecto de dos artículosde nuestro Código Político. El artículo 169 (Estatutos Revisados, 1911, See. 2856, pág. 566), dice así:

“Por disposición del Gobernador y con la aprobación del Consejo-Ejecutivo, todo funcionario o empleado continuará desempeñando su cargo, y tendrá derecho a la remuneración del cargo aunque hubiere expirado el término de éste, hasta que su sucesor haya tomado po-sesión. ”

Orraca alega que la omisión de cumplir con dicho artículo-anula el derecho de González a actuar holding ov&r. Aunque tal disposición fue aprobada cuando nuestra Carta Orgánica era la Ley Foraker, que disponía la existencia de un Con-sejo Ejecutivo, con poderes considerablemente diferentes a los de nuestro actual Consejo Ejecutivo, sin embargo, Orraca, afirma que el artículo 169 está todavía en vigor. Resucitar este artículo del Código Político del limbo del olvido, daría lugar a algunas conclusiones sorprendentes. Si de acuerdo con la sección 26 de nuestra actual Carta Orgánica, se re-suelve que el Senado ha heredado esta -función del Consejo Ejecutivo anterior, el artículo 169 debe caer por estar en conflicto con las disposiciones de nuestra actual Carta Orgá-nica estableciendo un Senado con funciones exclusivamente-legislativas y que se reúne sólo durante algunos días en el año, en contraste con el Consejo Ejecutivo bajo la Ley For-aker, que tenía una combinación de deberes legislativos y eje-cutivos y se reunía casi constantemente. Resolver que nin-gún funcionario puede actuar holding ov&r sin la aprobación del Senado tendería, como una cuestión práctica, a anular-este status, excepto durante el limitado período en que el Senado esté en sesión. Tampoco podemos concluir que el actual Consejo Ejecutivo desempeña esta función. Sin con-siderar el hecho de que el presente Consejo Ejecutivo no he-redó bajo el Acta Jones o la función de confirmar nombra-mientos, que se trasfirió al Senado, o cualquiera de las fun-ciones anteriormente ejercitadas por el antiguo Consejo Eje-cutivo (Título 48, U.S.C. §777), hubiera sido enteramente ilógico para el Congreso el autorizar al Gobernador, como lo' hizo por la sección 26 del Acta Orgánica, a hacer por sí solo un nombramiento de receso a favor de un nuevo incumbente, mientras que una disposición de ley como el artículo 169, que se ajustaba a condiciones pasadas pero no presentes, conti-nuaba impidiendo al Gobernador el que dispusiera que un funcionario cuyo término ha expirado meramente actuará holding over, a menos que el Consejo Ejecutivo así lo apro-bara. Parecería claro sin discusión ulterior que el artículo 169 dejó de existir con la derogación del Acta Foraker y la desaparición del Consejo Ejecutivo, tal cual estaba consti-tuido bajo la misma.

Si resolviéramos que este artículo todavía está en vigor, no beneficiaría, desde luego, a González, toda vez que nece-sitaría la orden del Gobernador, que no se ha dado, aun si descartáramos por anticuada la necesidad de la aprobación dél Consejo Ejecutivo, para que pudiera seguir actuando holding over, “hasta que su sucesor haya tomado posesión”. Si la Legislatura sustituyera el artículo 169 con una cláusula verdadera de holding over, con operación automática y ajus-tada a nuestra actual Acta Orgánica, no habría duda de que los funcionarios holding over continuarían investidos de un título legal a sus cargos, y que los nombramientos de re-ceso para reemplazarlos serían nulos por no existir vacan-tes en los cargos en cuestión. Pero la decisión en cuanto a si prefiere el holding over después de haber expirado los tér-minos de los cargos, en vez de nombramientos de receso por el Gobernador solamente, continúa, repetimos, en manos de la Legislatura.

El artículo' 208 del Código Político (Estatutos Revisados, 1911, See. 2895, pág. 572) no es de aplicación a los hechos de este caso. Este artículo dispone los casos específicos en que queda vacante un cargo antes de vencerse el período de su duración. Aquí la cuestión consiste en si existe una vacante después de la expiración del término de un incumbente, pero mientras éste continúa actuando holding over. Se ha resuelto que los términos de tal artículo no son necesariamente exclusivos y que puede decirse que ocurren vacantes de la clase aquí envuelta, a pesar de la existencia de tal artículo (Toy v. Voelker, 262 N. W. 881 (Mich., 1935)).

De paso nos damos cuenta que el G-obernador estaba au-torizado para hacer, con anterioridad al cierre de la Legis-latura el 15 de abril de este año, un nombramiento antici-pado de cuatro años con el consejo y consentimiento del Senado para tener efecto el 26 de abril, el día después de expirar el término de González (People ex rel. Warren v. Christian, supra). Los casos sostienen tal acción, siempre y cuando que no ocurran cambios en la Gobernación y en el Senado entre la fecha en que se haga tal nombramiento an-ticipado y la fecha en que el nombramiento entre en vigor. Tal actuación hubiera evitado la cuestión levantada por el presente caso y hubiera otorgado al Senado la participación conjunta en tales selecciones que contempla la Carta Orgá-nica. Si la Legislatura en el futuro adoptara cláusulas ge-néricas, o específicas en cuanto al holding over en la forma usual, el Gobernador estaría impedido de hacer nombramien-tos de receso de la naturaleza del de Orraca. Como hemos visto, tendría solamente la elección limitada de someter an-ticipadamente el nombramiento de cuatro años mientras el Senado está en sesión, o dejar que el incumbente permanezca legalmente desempeñando el cargo en calidad de holding over hasta que se confirme el nombramiento de su sucesor en la próxima sesión del Senado.

No necesitamos discutir la disputa existente en este caso en cuanto al significado legal de la palabra “calificado”. La calificación, que incluye la toma de juramento de nn cargo, la prestación de nna fianza y otros pasos similares, quiere decir el realizar tales gestiones posteriores al nombramiento, ya sea éste de receso o permanente. Lo qne constituye la completa calificación no cae por tanto dentro de los límites de la presente controversia, que gira en torno a la validez del requisito que precede a la calificación — un nombramiento válido.

Pasamos a los aspectos procesales del caso. Como ya se ha indicado, este caso ha llegado ante nosotros de una manera poco acostumbrada. Éste no es el procedimiento corriente de quo warranto para determinar el título a un cargo público. Aquí tenemos un procedimiento de injunction para lanzar a Orraca de la posesión física de un cargo que, de acuerdo con las alegaciones de la petición, obtuvo de González, mediante violencia, estando éste holding over en dicho cargo, hasta que se determine de conformidad con la ley el título legal al cargo. Bajo tales circunstancias, cuando está en disputa el título sobre nn cargo, generalmente interviene la equidad, no a los fines de resolver controversias en cuanto al título del cargo, sino para dilucidar la cuestión de la posesión (Heyward v. Long, supra). Aunque Heyward v. Long, Ekern v. McGovern, 142 N. W. 595 (Wis., 1913), y otros casos deciden, como alega el peticionario, que aun un funcionario de facto tiene derecho, mediante injunction, a la-protección de su posesión física de un cargo hasta que se haya determinado la cuestión del título de conformidad con la ley, ningún resultado práctico se obtendría reinstalando a González en la posesión, en vista de nuestras consideraciones en cnanto a su alegado título legal sobre el cargo. Por el mismo fundamento, denegaremos la petición de injunction en auxilio de nuestra jurisdicción en este recurso de certiorari.

Ambas partes insisten en que decidamos en sus méritos dentro de este recurso de injunction la cuestión del título legal al cargo, bajo la teoría de que una vez que una corte de equidad asume jurisdicción, tiene poder para resolver toda la controversia envuelta. (Heyward v. Long, supra). No esta-mos preparados para resolver que como una proposición general deberíamos permitir que se sustituya el recurso de gno warranto, que es el corrientemente apropiado en tales casos, por el de mjimction. Pero en vista de las circunstancias es-peciales de este caso, y de conformidad con lo solicitado por las partes, pasaremos sobre la cuestión del título legal en este caso. En su consecuencia, resolvemos que Orraca tiene título legal al cargó en disputa.

Diremos algo en cuanto a las alegaciones de la petición de que Orraca, según se alega, tomó posesión del cargo a las siete y media de la mañana del 20 de mayo, y que re-tuvo dicha posesión mediante demostración de violencia. Orraca niega estas alegaciones. Toda vez que esta cuestión de hecho no ha sido litigada, no .estamos en posición de con-siderarla. Sin embargo, creemos de interés público indicar que, si el incidente ocurrió como se alega, aquéllos que en él participaron deben ser censurados. La cuestión legal en-vuelta en este caso era nueva e importante. El Gobernador tenía todo derecho a dilucidarla extendiéndole a Orraca un nombramiento de receso. Éste último tenía todo derecho a requerir de González la entrega del cargo. Al negarse Gon-zález a hacerlo, Orraca hubiera estado justificado en insti-tuir procedimientos legales con el fin de obtener la adjudi-cación de su título al cargo y la posesión física del mismo. El procedimiento en casos de tanto interés público es sufi-cientemente flexible y tiene muchos recursos, como demuestra vivamente el presente caso, para poder obtener una deter-minación rápida. Hacemos hincapié en que no estamos por la presente culpando a Orraca en este caso, toda vez que del récord en su condición actual no tenemos medio de conocer lo que realmente ocurrió. Pero asumiendo únicamente a los fines de esta opinión que las alegaciones de la petición sean ciertas, enfáticamente declaramos que es impropio de aqué-llos que serán llamados a administrar justicia a través de los procedimientos ordinarios de ley, obtener por violencia lo que creen que legalmente les pertenece, aun cuando final-mente se determine que la posición legal asumida por ellos era correcta. Estamos empeñados en una guerra concebida para sustituir la fuerza bruta por la ley y el orden. La de-mocracia empieza por casa. No debemos disipar esos prin-cipios sagrados al dirimir controversias domésticas.

El auto de certorari será anidado.

        People ex rel. Emerson v. Shawver, 222 Pac. 11 (Wyo., 1924); State v. Brown, 274 S. W. 965 (Mo., 1925); State ex rel. Standish v. Boucher, 21 L.R.A. 539 (N. D., 1893); Sweeney v. State, 204 Pac. 1025 (Ariz. 1922); Stephenson v. Powell, 150 S. E. 641 (Ga., 1929); State v. Bird, 163 So. 248 (Fla., 1935); State v. Tazwell, 111 P. (2d) 1021 (Ore., 1941); State v. Caulk, 138 Atl. 354 (Del., 1927); State v. Stafford, 34 P.(2d) 372 (Mont., 1934); Schackelford v. West, 74 S. E. 1079 (Ga., 1912).


author: El Juez Asociado Seños, De Jesús

text:
    Gregoria Ortiz, demandante y apelada, v. American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8692.

    Sometido: Abril 27, 1943.

      Resuelto: Junio 3, 1943.

      Mañano Aeosta Velarde, Federico Aeosta Velarde y Donald R. Dexter, abogados de la apelante; R. Atiles Moren, y Francisco Capó Pagan, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Dámaso Ortiz, de doce años de edad, fné arrollado por uno de los trenes de la apelante el 5 de mayo de 1938 entre 7:30 y 8 de la noche, cerca del Desvío Ferri, en el barrio Machuelo Grande, de Ponce. Horas después falleció a con-secuencia de la herida recibida. En reclamación de los da-ños y perjuicios que alegó haber sufrido con motivo de la muerte del indicado menor, su madre, la apelada, radicó el 5 de mayo de 1939 la demanda original en este caso, basando su causa de acción en las alegaciones de la segunda demanda enmendada, que pueden resumirse así:

Que la demandante es la única y universal heredera de su indicado hijo; -que en la fecha y sitio antedichos, la de-mandada, una corporación doméstica, por medio de sus em-pleados debidamente autorizados, operaba un tren de carga; que el maquinista que conducía la locomotora, Vicente Ber-mudez, sin ejercitar el debido cuidado, manejó la locomotora número 41 tan descuidada y negligentemente que arrolló a Dámaso Ortiz, pasándole sus ruedas sobre la rodilla y muslo derechos, siendo conducido al hospital Tricoche, donde mu-rió horas después.

Especificando los actos de negligencia que imputó al conductor de la locomotora, alegó la demandante que el maqui-nista no tomó precauciones de clase alguna para evitar el accidente; que conducía dicha locomotora sin usar aparato de alarma y a una velocidad exagerada; que como resultado de dicho accidente la demandante se ha visto privada del ca-riño y ayuda de su fenecido hijo y ha sufrido angustias men-tales, estimando los daños en la cantidad de $2,500, por la cual solicita sentencia, incluyendo además las costas y una suma razonable para honorarios de abogado.

Desestimada la excepción previa interpuesta por la de-mandada, radicó ésta su contestación, en la cual negó las alegaciones de la demanda, y bajo el título de “Materia Nueva” alegó:

(a) Que la acción, al ser ejercitada, estaba prescrita de conformidad con el apartado 2o. del artículo 1868 en rela-ción con los artículos 8, 1802, el apartado 3o. del artículo 1860, y el artículo 1869, todos del Código Civil. Basa su contención la demandada en que como el accidente ocurrió el 5 de mayo de 1938 y la demanda se radicó el 5 de mayo de 1939, ya había transcurrido para esa fecha más de un año desde que la demandante se enteró del daño sufrido, y que por lo tanto la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción.

(6) Qne existió negligencia contribuyente por parte del menor, que fué la causa próxima y única del accidente.

(c) Que en la fecha del accidente el menor Dámaso Ortiz, sin el consentimiento o conocimiento de la demandada, se montó en uno de los vagones arrastrados por la locomotora número 41, y mientras el tren pasaba por el Ramal Barran-cas, se cayó o se lanzó del sitio que ocupaba en el vagón, yendo a parar a la vía, siendo arrollado por uno de los vagones, re-sultando su pierna derecha fracturada. Por último, que la demandada empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

En el acto del juicio y antes de dar principio a la práctica de la prueba, la demandante solicitó permiso para enmendar su demanda, haciendo constar que la corporación demandada fué organizada bajo las leyes de Nueva York y no de Puerto Rico como equivocadamente se había alegado. Con la oposi-ción de la demandada, la Corte permitió la enmienda, proce-diéndose al juicio.

La demanda fué declarada con lugar, basándose la senten-cia en las siguientes conclusiones de hecho y de derecho:

Que el accidente ocurrió entre claro y oscuro, que el tren venía a mucha velocidad y sin tocar pito o campana, y que el maquinista, teniendo como tenía conocimiento de que en aquel sitio acostumbraban jugar niños, debió anticipar la presencia de éstos, y sin embargo no ejercitó el debido cui-dado para evitar el accidente. Que la teoría del transgresor (trespasser) está condicionada en el sentido de que en sitios densamente poblados donde muchas personas acostumbran cruzar la vía del tren, la compañía debe tornar precauciones especiales. Que la obligación de la demandada de adoptar precauciones en evitación de accidentes no está limitada ex-clusivamente a los pasos a nivel. Que aunque el menor tenía doce años de edad, estaba aun en primer grado y no hay evidencia en el récord de que fuera un muchacho despierto, induciendo todo a creer que era tardío de comprensión y de poco desarrollo mental. Que la negligencia contribuyente es una defensa afirmativa que a la demandada corresponde es-tablecer, y que esta última no presentó prueba alguna para sostenerla, descansando exclusivamente en la prueba de la demandante en lo que a dicha defensa respecta.

¿Erró la corte a guo al permitir en el acto del juicio y antes de dar principio a la práctica de la prueba, que se enmendase la segunda demanda enmendada en el sentido de sustituir la alegación de que la demandada es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Eico por la de que lo fué de acuerdo con las de Nueva York?

No existe controversia en cuanto a la identidad de la corporación que fué demandada y se personó en autos. A ella pertenece el tren envuelto en el accidente y los que lo conducían eran sus empleados, actuando dentro de las atri-buciones de sus empleos. No existe en Puerto Eico otra corporación de ferrocarriles con ese nombre, ni se intentó siquiera demostrar que la demandada sufriera perjuicio al-guno con motivo de la orden permitiendo la enmienda. En tales circunstancias, preciso es concluir que actuó correcta-mente la corte sentenciadora al permitirla. Bahr v. American Railroad Co., resuelto el 17 de mayo de 1943 (61 D.P.R. 917).

¿Había prescrito la acción al radicarse la demanda original el 5 de mayo de 1939?

La causa de acción de la demandante fué dirigida a re-cobrar daños por la muerte de su hijo. Por consiguiente, no fué a partir de la fecha en que la demandante tuvo cono-cimiento de haber ocurrido el accidente, sino desde que tuvo conocimiento de la muerte, cuando surgió a su favor y pudo ejercitar la causa de acción. En la demanda se. alegó que el accidente tuvo lugar el 5 de mayo de 1938 “a las siete de la noche más o menos”, y que el herido fué trasladado al Hospital Tricoche “muriendo . . . horas más tarde”. La alegación así redactada es ambigua. Es susceptible de dos interpretaciones, a saber: que la muerte ocurrió el 5 de mayo, si la frase “horas más tarde” comprende un número de horas insuficiente para pasar de las doce de la noche del día del accidente, o que ocurrió el 6 de mayo si dicha frase se interpreta en el sentido contrario. Y como cuando una alegación es ambigua, como sucede en este caso, la alegación debe interpretarse en el sentido menos favorable para la parte que la hace — pues se presume que ha expuesto su caso en la forma más favorable a sus intereses — tenemos que acep-tar, a los efectos de la excepción previa, que el fallecimiento del menor tuvo lugar el 5 de mayo de 1938. Aitken v. Southwest Finance Corp. of Calif., 20 P. (2d) 1000; Miller v. Price, (Cal.) 284 P. 1035; Goodfellow v. Barritt (Cal.) 20 P. (2d) 740; Vilardo v. Sacramento County, 129 P. (2d) 165, Feldesman v. McGovern (Cal.) 112 P. (2d) 645. Pero el ar-tículo 388 del Código Político dispone que el tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se com-putará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, caso en el cual también será excluido. Y comentando el artículo 7 del Código Civil espa-ñol, idéntico al 8 del nuestro, que prescribe el significado que debe darse en las leyes a las palabras “meses”, “días” y “noches”, dice Manresa, refiriéndose al significado de “año”:

“El Código no habla de años, pero aplicando el principio en que inspira su art. 7°., parece que el año debe reputarse compuesto de doce meses naturales y consta de 365 días, a no ser que la ley o ci pacto hagan referencia a un año determinado y éste sea bisiesto.” Comentarios al Código Civil, tomo 1, pág. 89.

De conformidad con la evidencia, la demandante tuvo co-nocimiento del fallecimiento de sn hijo inmediatamente des-pués de haber ocurrido, por haber sido ella avisada del acci-dente y hallarse en el Hospital Trieoche con tal motivo. Así pues, si tomamos el 6 de mayo de 1938 como punto de par-tida para practicar la computación, es decir, si excluimos el día 5 de conformidad con el citado artículo del Código Polí-tico, tendremos por resultado que los 365 días vencieron el 5 de mayo de 1939, y por consiguiente al radicarse la de-manda en esta última fecha, la acción no estaba prescrita. Parece conveniente consignar que como cuestión de hecho el fallecimiento acaeció en las primeras horas del 6 de mayo de 1938, conforme resultó de la certificación de defunción ad-mitida en evidencia.

El caso de González v. Pérez, 57 D.P.R. 860, invocado por la apelada, no es de aplicación. Bastará decir que en aquél el accidente ocurrió en julio 17 de 1938 y la demanda fué ra-dicada en enero de 1940, adoptando el lesionado la posición de que no conoció la inutilidad de su pierna hasta 34 días después de ocurrido el accidente. Tanto tiempo había trans-currido en exceso del concedido por la ley para establecer la acción cuando la demanda fué radicada en enero 19 de 1940, que este Tribunal no tuvo necesidad de considerar el punto que ahora resolvemos.

Resueltas las dos cuestiones preliminares, pasamos a con-siderar los méritos del recurso.

¿Están sostenidas por la prueba las conclusiones de hecho a que llegó la corte? ¿Son correctas sus conclusiones de derecho?

De conformidad con las alegaciones de la demanda, al ocurrir el accidente el niño se hallaba parado en un camino vecinal que parte de un punto en la carretera a cierta dis-tancia del paso a nivel y sigue a lo largo de las vías del tren, apartándose después de pasar del sitio del accidente para perderse en otra dirección. Este camino, de acuerdo con las fotografías admitidas sin oposición de la demandante, no se halla adyacente a la vía del ramal en que ocurrió el acci-dente. Por .el contrario, de conformidad con la declaración no contradicha del ingeniero civil Octavio Angnsto Seda, tes-tigo de la demandada, entre la vía del ramal y el camino se halla el Desvío Ferri, y del centro de la vía general por donde iba el tren en el momento del accidente a la orilla más cercana del camino hay nna distancia de éy2 metros (T. de E., pág. 128). Véase también la fotografía marcada exhibit O de la demandada. De snerte que era físicamente impo-sible que estando el niño en el camino en cuestión, pudiera ocurrir el accidente a menos que hubiera habido un descarri-lamiento, y en este caso no lo hubo. No obstante esa alega-ción de la demanda, los testigos de la demandante que de-clararon respecto a la manera en que sucedió el accidente, o sea Eaúl Santiago, Reinaldo Gutiérrez y Miguel Martínez Almodóvar, lo describen así:

Raúl Santiago: Declaró que cuando fué a cruzar el paso a nivel vió venir el tren a gran velocidad y se detuvo para dejarlo pasar. No oyó pito o campana. Estaba oscuro y la locomotora traía las luces encendidas. Oyó gritos de mucha-chos y fué al sitio donde estaba el niño herido, como a se-senta pies del paso a nivel. El testigo se hallaba a cuatro metros del paso a nivel cuando oyó el tren y se dió cuenta de su aproximación por el ruido que hacía. Cuando llegó donde se hallaba el niño, habían alrededor de éste cinco o seis personas.

Reinaldo Gutiérrez: Declaró que vive como a 100 pies de la carretera y vió a Dámaso caminando por la vía, así como la locomotora, que venía ligero. Que el accidente ocurrió al oscurecer. Que no oyó aparato de alarma porque estaba pen-diente de su trabajo, arreglando un carro al frente de su casa, pero, oyó el ruido de la locomotora. En el curso de su declaración hizo el siguiente comentario: “No sé lo que le pasaría al muchacho, creo que él iba ciego y como allí es una pendiente, aunque la máquina quisiera aguantar, los va-gones se la llevaban. . . . Estaría aturdido cuando no vid la máquina.” Cuando el testigo fué a ver el muchacho le-sionado, tenía una pierna dentro de la vía y el cuerpo hacia fuera. Después del accidente fué cercado el desvío. El tra-yecto donde ocurrió el accidente es una recta. La locomo-tora no se detuvo. Cuando la locomotora arrolló al niño, éste se hallaba como a 100 pies del paso a nivel. El tren y el niño iban en direcciones contrarias. Desde que el testigo-lo vió hasta que lo arrolló la locomotora, el niño caminó diez pasos. Que los muchachos estaban jugando en el patio de la casa del testigo y .que el único que estaba dentro de la vía era Dámaso Ortiz; que el camino que pasa junto a la vía dista de ésta cinco o seis pies; que el sitio donde ocurrió el accidente es una barriada y si los muchachos querían se me-tían a la vía.

Miguel Martínez Almodovar: El testigo hacía media hora que estaba parado en el paso a nivel. Estaba oscuro. No oyó aparato de alarma, pero se dió cuenta que venía la loco-motora por la luz de ésta, que se ve de lejos, y por el ruido-que hacía. Después de pasar la locomotora, un muchacho vino a avisarle que el tren había matado a alguien. El sitio del accidente es más arriba del paso a nivel. Que al llegar donde estaba el niño encontró que éste tenía las piernas den-tro de la vía y el cuerpo hacia fuera. Que el niño no era de aquel barrio y le manifestó, cuando fué a prestarle auxilio, que iba por la vía arriba y que la locomotora lo había arro-llado. Declaró además el testigo que llegó a la conclusión de que la locomotora venía ligero por el ruido que hacía.

El testigo de la demandada Rafael Rivera, a repreguntas del abogado de la demandante declaró en relación con la cos-tumbre de jugar en el sitio del accidente:

“P. ¿Y Ucls. acostumbraban a jugar allí al palo, al esconder?
“R. Allí al frente.
“P. ¿Frente a la vía?
“R. A la casa.
“P. ¿Donde principia el camino que va pegado a la vía?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Acostumbraban todos los días jugar ahí?
“R. Algunas tardes.
“P. ¿De cinco a'siete de la noche todas las tardes?
“R. Jugábamos.” (T. de B., 159.)

Debemos tener en cuenta en relación con esta declaración que el camino empieza en la carretera a unos treinta metros del paso a nivel y que entre el empalme del camino con la carretera y el paso a nivel hay dos casas, siendo una de ellas la de la guardabarrera. (T. de E., 138.) También debemos tener presente que del paso a nivel al sitio del accidente hay una distancia de 42 metros. (T. de E., 125.)

La prueba de la demandada tiende a demostrar, mediante manifestaciones que hiciera el niño a algunos de sus testi-gos, que el lesionado se había montado en uno de los vago-nes del tren y al pasar de un vagón a otro se cayó, siendo arrollado por las ruedas de uno de ellos.

Veamos ahora si dando entero crédito a la prueba de la demandante relacionada con el accidente, las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó la corte a quo, en que basó su sentencia, están sostenidas por la prueba.

Que el accidente ocurrió al oscurecer y que la locomotora traía sus luces encendidas, está perfectamente sostenido por la prueba. Dos testigos de la demandante declararon que el tren venía a mucha velocidad y sin tocar aparato de alarma. Los de la demandada que presenciaron el accidente, entre ellos dos que no eran empleados suyos, sostuvieron que ve-nía a poca velocidad y que oyeron tocar pito y campana. Esta manifestación de los testigos de la demandada encuen-tra apoyo, hasta cierto punto, en el hecho de que la guarda-barrera, cuya casa está a 42 metros del sitio del accidente, recibió el aviso de la aproximación del tren con tal anticipa-ción que le permitió extender las cadenas a uno y otro lado del paso a nivel. Pero como la evidencia fué contradictoria y la corte sentenciadora dió crédito a la de la demandante, aceptaremos que el tren venía a mucha velocidad y que no hizo uso de aparato de alarma. Empero, no podemos acep-tar como correcta la conclusión de la corte inferior al efecto de que el maquinista tenía conocimiento de que en el sitio del accidente acostumbraban jugar niños y que debía antici-par la presencia de éstos y ejercitar el debido cuidado para evitar el accidente. Un solo testigo de la demandante, Reinaldo Gutiérrez, declaró que aquella tarde los muchachos es-taban jugando etí el patio del testigo. Otro testigo de la de-mandada, Rafael Rivera, quien en la fecha del accidente tenía veinte años de edad, declaró a repreguntas del abogado de la demandante, que él y otros muchachos jugaban algimas tardes frente a la casa. El mero hecho de que algunos mu-chachos jugasen en un sitio más o menos distante de la vía del ferrocarril, no imponía deber alguno a los empleados de la demandada de anticipar que en los momentos de pasar por allí el tren pudiese haber muchachos dentro de la vía. No debemos perder de vista que los trenes tienen sus itine-rarios a que deben ajustarse, y solamente debe obligárseles a reducir la velocidad y a tomar extraordinarias precaucio-nes cuando en realidad exista un motivo razonable que lo justifique. Además, el que algunas tardes los muchachos ju-gasen en dicho sitio no es un hecho tan ostensible que justi-fique la conclusión de la corte a quo al efecto de que los em-pleados de la demandada sabían de estos juegos y consiguien-temente tenían el deber de tomar precauciones. De la prueba no resulta que los empleados de la demandada tuviesen co-nocimiento de tales juegos. Por el contrario, las declaracio-nes no contradichas de dichos empleados demuestran que supieron por primera vez del accidente cuando fueron arres-tados en Ponce en momentos en que engrasaban la locomo-tora para salir para Guayanilla.

No encuentra apoyo en la evidencia la conclusión de la corte sentenciadora al efecto de que todo induce a creer que el niño era tardío de comprensión y de poco desarrollo mental. Lo natural es que toda persona tenga por lo menos in-teligencia normal, y por consiguiente debe presumirse, mien-tras no se demuestre lo contrario, que este niño no era men-talmente defectuoso. Es verdad que al ocurrir el accidente el niño tenía doce años de edad y que según declaró su ma-dre estaba en primer grado de instrucción primaria, pero esto no implica necesariamente que fuese “tardío de com-prensión y de poco desarrollo mental”. Hay analfabetos de toda la vida que a pesar de no haber recibido instrucción tienen inteligencia natural, y por el mero hecho de que no sepan leer y escribir no hemos de concluir que son mental-mente defectuosos. Puede que la falta de instrucción se deba, como corrientemente sucede, a falta de oportunidad para recibirla. El hecho de que el niño caminase por la vía en la forma en que lo hacía el día del accidente tampoco sig-nifica necesariamente defecto mental, pues constantemente estamos viendo- que personas inteligentes y aun cultas incu-rren en actos de negligencia que a veces les cuesta la vida.

La evidencia toda demuestra que el niño era un transgresor {trespasser), pues él no había sido invitado por la compañía para caminar por la vía, ninguna gestión hacía para la compañía en aquellos momentos, ni tenía licencia expresa o tácita para caminar por la vía de la demandada. Siendo el menor un transgresor, el único deber que con respecto a él tenían los empleados de la compañía era, una vez descubierta su presencia en el sitio de peligro, usar diligencia razonable para no hacerle daño. Tanto el maquinista como el fogonero tienen otros deberes inherentes a sus empleos respectivos, y no tratándose de un paso a nivel ni siendo aquél un sitio densamente poblado, como equivocadamente sostuvo la corte inferior, pues sólo había dos casas, una de ellas de la empleada de la compañía, ni teniendo ellos cualquier otro motivo para anticipar la presencia de alguna persona, no venían obligados a estar constantemente mirando hacia la vía para descubrir algún transgresor que pudiese caminar por ella. .[7] Tampoco era deber de la compañía mantener' en la locomotora nn centinela constantemente vi-gilando la vía; [8] ni era deber de sns empleados tocar apa-rato de alarma excepto en el paso a nivel, a menos qne vie-sen o tuviesen motivo para crear qne podían bacer daño a alguna persona o animal qne estuviese en la vía o próxima a penetrar en ella.

Podría quizá argüirse que habiendo ocurrido el accidente a una distancia de 42 metros del paso a nivel, la demandada venía obligada a tocar aparato de alarma y reducir la velo-cidad. Tendría alguna fuerza el argumento si el accidente hubiera ocurrido en el paso a nivel, puesto que el toque de aparato de alarma es para avisar a los que atraviesan la vía por dicho sitio. De manera que no era ése un deber que la demandada debía al indicado menor. Véase Ferrer e Hijo v. American Railroad, Co., 39 D.P.R. 40. Pero .aunque lo fuera, no fué ésa la causa próxima del accidente, pues con-forme declaró un testigo de la demandante, Raúl Santiago, que estaba en la carretera a más de cuatro metros del paso a nivel, se dió cuenta de la aproximación del tren por el ruido que traía y por la luz de la máquina, que alumbraba la vía. 'Además, si el niño, que caminaba de frente hacia la locomotora, no pudo oír el ruido del tren ni mucho menos fué afectado por el foco de la locomotora — que tuvo por ne-cesidad que herir fuertemente su pupila — no vemos qué in-fluencia hubiera tenido el haberse tocado pito o campana.

No existe ninguna ley fijando un máximo de velocidad, excepto en los pasos a nivel. Los deberes impuestos por la ley a la demandada constan en el apartado (g) del artículo 3 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, que dice así:

“ (q) Aparatos de seguridad en cruces, etc. — Si se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá construir y conservar cadenas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cru-ces a nivel de las carreteras públicas insulares y en los demás cruces públicos que la Comisión designare, y, con sujeción a las reglas, re-glamentos y órdenes de la Comisión, deberá cercar o de otra manera adecuada guardar o proteger sus vías, en aquellos sitios que la Co-misión designare, de modo que los animales no puedan entrar en ella; deberá instalar en sus locomotoras campanas y silbatos que, deberán usarse al acercarse a curvas, tímeles y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere necesario como advertencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes los qué reducirán la velocidad al mí-nimum en los cruces de calles; y deberá usar, después de la puesta del sol, las luces que sean necesarias y que, la Comisión determine Leyes de Puerto Rico, 1917, pág. 433. (Bastardillas nuestras.)

En el caso de McCarthy v. New York, N. H. & H. R. Co., (C.C.A.) 240 F. 602, un padre instó acción de daños y per-juicios contra una compañía de ferrocarril por la muerte de su hijo, que tenía entre seis y siete años de edad. Demostró la evidencia que el demandante vivía en una casa que había alquilado a la compañía. Los terrenos de la casa se exten-dían hasta la vía del ferrocarril, que distaba unos 25 ó 30 metros de la escalera de la parte de atrás de la casa. No existía cerca alguna que separase la vía de los terrenos de la casa, ni el contrato de arrendamiento imponía a la arren-dadora el deber de ponerla'. El niño penetró en la vía en momentos en que venía el tren. Según declaró el maqui-nista, él vió al niño cuando éste se hallaba a una distancia de treinta pies de la locomotora y aplicó el freno de emer-gencia y trató de parar tan pronto como pudo, pero según su declaración no contradicha, un tren que corra a 40 millas no puede pararse a una distancia menor de alrededor de 300 pies. La madre del niño' declaró que en el momento del ac-cidente se hallaba en una casa vecina; que la casa donde ella estaba tenía todas las ventanas y la puerta abiertas de par en par y que no se había usado aparato de alarma. El maquinista aseguró en su declaración que él tocó el pito tan pronto como él vió al niño en la vía. Al confirmar la sen-tencia que desestimó la demanda, la corte se expresó así:

‘ ‘ Toda persona que va a la propiedad de otra es un transgresor si va allí por mera curiosidad o para fines propios y sin invitación ex-presa o tácita ni para cumplir nn deber para con el demandado. Un niño de tierna edad puede ser nn transgresor. (Citas.) Aunque en Kansas City Suburban Belt R. Co. v. Herman (Kan. App.) 62 Pac. 543, se decidió que un niño de cuatro años no podía ser un trans-gresor, y la misma corte en Missouri Pacific R. Co. v. Prewitt, 7 Kan. App. 556, 51 Pac. 923, decidió que un niño de dos años no podía ser un transgresor, la regla general, sin embargo, es que la tierna edad del niño no puede tener el efecto de imponer un deber donde antes no existía, y el hecho de que el transgresor sea un niño no impone .al dueño de la propiedad obligación alguna de mantener su propie-dad en condiciones de seguridad. (Citas.)
“La regla general es que una compañía de ferrocarril no tiene la obligación de ejercitar vigilancia activa para impedir hacer daño a los tranagresores en sus vías o derechos de paso mientras su presencia en ellos no sea conocida. (Citas.) En cuanto a los transgresores la regla es que debe ejercitar e.uidado razonable para evitar hacerles daño después de descubrir el peligro en que se hallan. (Citas.) Como regla general un ferrocarril no tiene más deber hacia un niño que es un transgresor que el que tiene hacia un adulto. (Citas.)
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“El conflicto en la evidencia bajo las circunstancias del caso no tiene importancia, toda vez que no hay evidencia en el récord ai efecto de que el maquinista viera al niño a una distancia mayor de 30 pies ni tampoco hay evidencia que impusiera a los empleados a cargo de la locomotora el deber de estar mirando hacia adelante mientras se aproximaban al sitio del accidente . . .
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“En un número de casos las cortes han resuelto que cuando la evidencia tiende a demostrar que existe un motivo para esperar que hayan personas en la vía en el sitio donde ocurre el accidente, la compañía es responsable por la negligencia del maquinista al no tratar de descubrirlas aunque él no las hubiese visto en la vía. (Citas.) Pero si no existen motivos para esperar que haya personas en la vía y el maquinista no vió la persona lesionada, en tal caso la compañía no es responsable de su negligencia al no tratar de descu-brirla. (Citas.)
“La compañía puede ser responsable a un transgresor por dejar de ejercitar cuidado razonable para descubrirlo y evitar hacerle daño cuando tenga motivos para anticipar su presencia en aquel sitio. Pero en este caso no hay evidencia que indique que el demandado tuviese motivo para esperar que hubiese alguna persona en el sitio donde ocurrió este accidente.”

Desde el 1905, este Tribunal, en el caso de Pérez v. The American Railroad Co. of P. R., 9 D.P.R. 218, por voz de sn Juez Asociado Sr. MacLeary, estableció la regla en esta jurisdicción, expresándose en los siguientes términos:

“En primer lugar, debemos conocer la situación en que se encon-traba el interfecto con respecto a la compañía demandada, y cuáles eran los derechos y obligaciones existentes entre ambos. Si el cruce hubiera estado en un camino público y se hubiera encontrado el in-terfecto de viaje por el camino, de una manera legal, los derechos del viajero y los de la compañía del ferrocarril hubieran sido iguales y recíprocos; pero por cuanto el tren se encontraba necesariamente limitado a su vía, y uno que vaya a pie puede gobernar sus movimien-tos de una manera tal que evite un choque, más ligeramente que puede hacerlo el maquinista con tal objeto, la obligación se impone al que va a pie, para dejar el camino y tomar precauciones razonadas para su propia defensa. Morrissey v. Eastern R. R. Co. (126 Mass. 377). 30 Am. Rep. 687.
“Pero cuando el que marcha a píe va por la vía del ferrocarril, o atraviesa la misma por un cruce particular, sin tener permiso del amo del terreno, o de la compañía de ferrocarril, entonces dicha persona es un infractor de la ley, y únicamente tiene derecho a tal cui-dado de parte de los empleados de la compañía del ferrocarril, a fin de impedir la imprudencia, y se evite causar perjuicio voluntaria-mente. El que traspase la vía del ferrocarril, debe tomar extraordi-narias precauciones para su propia guardia, y a no ser por descuido o negligencia de parte de los empleados de la compañía del ferrocarril, ni la persona perjudicada ni sus herederos, si la muerte proviene, pueden entablar una acción contra la compañía de ferrocarril para recobrar daños y perjuicios ocasionados por el choque. (Citas.)” (Págs. 223-4; bastardillas nuestras.)
“Parece que existe la creencia entre la gente de la costa del norte, que la vía del ferrocarril es un camino público, y que todo el mundo tiene derecho a andar por ella, o correr a caballo por la misma cuando le plazca, y algunas veces los que .van a pie dudan con respecto a si ellos deben dejar el camino a la locomotora o no. Ya es tiempo de que en esta Isla se sepa, como en el continente, que el uso de una vía de ferrocarril está reservado solamente a la compañía de ferrocarril y al propietario del suelo, con exclusión de los demás, excepto cuando está cruzada por un camino público. Esta regla es necesaria, no ya para la protección de la propiedad, sino para la conservación de la vida. ...” (Pág. 225.)

Véase además Helring v. Delaware & Hudson Co. (C.C.A. 1931), 54 F. (2d) 493.

A nuestro juicio la prueba que tuvo ante sí la corte a quo no demostró que la demandada hubiese dejado de cumplir algún deber hacia el menor, y por consiguiente tendremos que resolver que la demandada no fue culpable de negligencia. [11] Pero en caso de que lo hubiera sido, tampoco sería responsable del accidente, porque la evidencia de la propia parte demandante demuestra que el niño fue culpable de negligencia contribuyente,. [12] pudiendo la demandada descansar exclusivamente en la prueba de la demandante para sostener dicha defensa. Véanse la monografía titulada Burden of Proof •as to Contributory Negligence, que aparece en 33 L.R.A. (N. S.) 1085, especialmente a la página 1183, y los casos de Emanuel et ux. v. Wise et ux. (Wash. 1941) 118 P. (2d) 969, Cruse v. Dole (Kan. 1942) 124 P. (2d) 470, y Peavey v. City of Miami (Fla. 1941) 1 So. (2d) 614, 618.

Procede declarar con lugar el recurso, revocar la senten-cia apelada y dictar otra declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociad» Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ambrosio Rosado Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 9875.

    Sometido: Mayo 21, 1943.

      Resuelto: Junio 4, 1943.

      Federico García Veve, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociad» Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se radicó acusación contra el acusado por el cielito de portar un revólver, en violación de la sección 1, Ley núm. 14, Leyes de Puerto Rico, 1924 (pág. 115). Fué juzgado, convicto y sentenciado a un mes de cárcel por la corte de distrito.

En apelación, alega el acusado, entre otras cosas, que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar su moción sobre supresión de prueba en relación con la ocupación del arma en cuestión. La moción fué debidamente radicada con anterioridad al juicio, pero por estipulación de las partes la corte no la consideró basta que el testimonio en relación con la ocupación fué presentado durante el juicio.

El policía que arrestó al acusado declaró que el 5 de noviembre de 1940, que era el día de las elecciones que se celebran en Puerto Rico cada cuatro años, estaba de recorrida por varios barrios de Guaynabo, toda vez que babía sido informado que algunas personas estaban impidiendo a los electores ir al pueblo a votar; que cuando llegó al barrio Sonadora observó que el acusado' tenía “un bulto aquí. Indicando.”; que en su consecuencia lo registró encontrándole el revólver que ocupó. En la repregunta, el policía declaró que no tenía orden de allanamiento; que el acusado, que usaba gabán, estaba pacífico y sobrio; que no alteraba la paz, sino que simplemente conversaba ordenadamente con algunos amigos; y que el acusado no bacía ostentación ni alarde de que portaba un arma de fuego.

No podemos ver cómo puede escaparse a la conclusión de que este registro es ilegal. La única base posible para el registro fue la afirmación del policía de que observó que el acusado tenía “un bulto aquí. Indicando.” El permitir un registro involuntario debido a tal indicio sería anular un de-recho constitucional fundamental por el mero ipse dixit de un policía de que pensó que una parte del cuerpo de una persona le pareció abultada. Resolver así equivaldría a dero-gar de un plumazo un concepto constitucional que no puede violarse si es que deseamos permanecer libres. Resolvemos que el registro y la ocupación en este caso fueron ilegales.

Sin embargo, el pueblo alega que no importa cuán ilegal el registro pueda haber sido bajo la sección 10, Ley núm. 14, Leyes de Puerto Rico, 1924, la evidencia que resulte del mismo es admisible contra del acusado. Aunque ninguna de las partes lo cita, esta Corte resolvió en Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548, en una exhaustiva opinión del Juez Asociado Sr. De Jesús, que prueba obtenida mediante una orden de allanamiento ilegal no es admisible en evidencia. Cuando como en el presente caso no se expide orden de allanamiento alguna, la evidencia obtenida mediante registro ilegal es, de conformidad con el caso de Gapriles, inadmisible a fortiori (Pueblo v. Decós, ante, pág. 148, resuelto en 1 de junio de 1943). El caso de Pueblo v. Argues Nieves, 39 D.P.R. 387, citado por el Pueblo, se puede distinguir por sus hechos, debido a que la pistola en cuestión fue ocupada como resultado de un allanamiento hecho en relación con un arresto por juegos prohibidos. Sin embargo, añadimos que cualquier inferencia que pueda surgir del caso de Argues al efecto de que impera en esta jurisdicción una regla diferente a la que se sigue en este caso, fué eliminada definitivamente por el caso de Gapriles.

En vista de nuestra conclusión en cuanto a la ilegalidad del registro, es innecesario considerar los otros errores se-ñalados.

La sentencia será revocada y se dictará una nueva sen-tencia absolviendo al acusado y ordenando se le devuelva el revólver.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Antonio Marques Arbona, demandante y apelado, v. Angel y Luis Colón y Elena Mercado, demandados y apelantes.
    Núm. 8690.

    Sometido: Abril 8, 1943.

      Resuelto: Junio 8, 1943.

      Luis Mercader y Francisco M. Cadilla, abogados de los apelantes; Antonio Lens Quena, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo emitió

la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre reivindicación. En la demanda se alega que el demandante es dueño de una finca de siete cuer-das setenta y cinco céntimos, situada en Hato Abajo de Are-cibo; que Francisca Gómez, causante de los demandados, era dueña de otra finca colindante de diecinueve cuerdas, con 2,447 metros 79 centímetros; que en septiembre de 1932, el demandante y Francisca Gómez, de mutuo acuerdo, procedie-ron a deslindar sns dichas fincas utilizando los servicios del agrimensor Arturo Puig, practicándose la mensura, recti-ficándose los linderos y quedando en posesión cada parte de sus fincas como fueron deslindadas; que fallecida Francisca Gómez, sus herederos los demandados entraron en posesión de la finca de su causante y se apropiaron sin el consenti-miento y con la oposición del demandante de una faja de te-rreno del demandante de 72 metros 10 centímetros de frente por 46 metros 46 centímetros de fondo en lindes por el norte con una calle, por el sur y este con terrenos de los deman-dados y por el oeste con finca de José Matienzo, y que re-queridos al efecto los demandados se han negado a entre-garle la faja, causándole con ello perjuicios por la suma de mil dólares.

Los demandados contestaron negando general y específi-camente los hechos de la demanda y alegando como defensas que el demandante no es el solo dueño' de la finca de siete cuerdas setenta y cinco céntimos; que su causante ni ellos verificaron deslinde ni convenio alguno con el demandante en relación con las fincas de que se trata; que la finca de diecinueve cuerdas con 2,447 metros 79 centímetros fué he-redada por los demandados y otras personas sin que esas otras personas hayan sido traídas al pleito; que la faja que se pretende reivindicar forma parte de dicha finca y ha es-tado siempre en la posesión de los demandados y de su cau-sante como dueños de la misma, quieta, pacífica y continua-damente, y que invocan en su favor lo dispuesto en el ar-tículo 1863 en relación con el 1859 del Código Civil.

Trabada así la contienda, fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron prueba, dictando la corte sentencia en contra de los demandados declarando que la parcela recla-mada por el demandante es de su propiedad y por tanto que los demandados deben dejarla a su libre disposición y pagar las costas del litigio incluyendo cien dólares para honorarios de abogado.

Los demandados apelaron para ante este Tribunal, señalando ocho errores. Sólo tendremos que resolver el séptimo para revocar la sentencia. Se refiere al cometido pol-la corte sentenciadora al apreciar la prueba.

Ésta consistió en una escritura, un plano y las declara-ciones del demandante y de los agrimensores Arturo Puig, José R. Lacomba y Ramón G-elábert, por la parte actora, y en un plano, varios documentos y algunos testigos por parte' de los demandados.

Apreciándola la corte sentenciadora, en su opinión y sen-tencia, se expresó así:

“Para el 1932 Francisca Gómez era dueña de una finca que co-linda por el norte con otra del demandante Antonio Marques Arbona. Debido al sitio donde radican ambas propiedades, cerca de la ciudad, son propias para dedicarlas a urbanización, estando la vía férrea si-tuada hacia el este y la carretera por el norte, donde también tiene' pequeña parte el municipio.
“Con el propósito de determinar la eolindancia correcta de ambas fincas y de fijar la extensión exacta de una calle que se dejó entre ambas urbanizaciones, y que corre por la parte norte de la parcela que era de Francisca Gómez, acordaron practicar un deslinde que hizo el agrimensor Puig, persona veraz quien declaró en el juicio. El plano presentado por el demandante en relación con tal declaración,, además de lo declarado por Marques, explica en substancia lo que se-llevó a efecto con el deslinde, y el beneficio que obtuvieron ambas urbanizaciones.
“Tomando como base el título del demandante, o sea midiendo-desde la carretera hacia el sur, se llegó a la conclusión de que a Marques le faltaban un buen número de metros cuadrados.
“Él dejó 721 metros de su terreno para la mitad de la calle, y toda vez que la señora Francisca Gómez se beneficiaba de toda la calle, con terreno que no era de su propiedad, tuvieron que extender el lí-mite de la finca de Marques hacia el sur, para compensar la mensura, tomando un pequeño cuadro de 72 X 46 metros en la esquina noroeste de la parcela de Francisca Gómez. Así quedaron las cosas estable-ciéndose la nueva posesión respectiva de conformidad con el deslinde-efectuado.
“Posteriormente a ese deslinde falleció Francisca Gómez y ahora los demandados que son herederos de ella, se niegan a respetar lo re-conocido por sn cansante y detentan con actos la posesión del referid» cnadro qne se describe en el hecho sexto de la demanda.
“Los demandados insisten en qne Francisca Gómez no realizó-convenio formal alguno con Marques sobre el deslinde. Estamos con-vencidos por la prueba que aunque la señora Gómez no hubiese estado personalmente en el terreno durante el acto del deslinde, lo autorizó y aceptó expresamente y estuvo representada por persona designada por ella al efecto. Todo demuestra que se actuó de buena fe y cual-quier punto técnico omitido no debe ser obstáculo para respetar una-situación de hecho -que benefició a la finca de Francisca Gómez, pues-no hay duda alguna que la calle al norte de la parcela es de un gran valor para la urbanización y que valía la pena el reconocer que la finca de Marques se extienda tomando el cuadro objeto de la contro-versia, pues Marques también sacrificaba un buen número de metros cuadrados para dar-realidad a la calle, en forma estable.
“No era indispensable hacer escritura pública del resultado del deslinde. Los puntos variaron algo, pero el deslinde se hizo do acuerdo con la documentación y Marques no obtuvo por la mensura,, más terreno del que tenía, según su título. En los deslindes siempre se establecen algunas variaciones para compensar, el terreno que falta, pero el título sigue siendo el mismo dela escritura original. El plano-levantado viene <a ser un complemento de la titulación y los puntos, señalan la posesión.”

Hemos examinado cuidadosamente toda la evidencia apor-tada y a nuestro juicio- no justifica las conclusiones a que-llegó la corte sentenciadora. No- hay prueba suficiente de que la causante de los demandados estuviera conforme en entregar al demandante y decidiera entregarle como resul-tado de un deslinde la parcela que éste reclama a sus here-deros. A lo sumo puede concluirse que habiendo surgido diferencias entre los dueños de las fincas colindantes a con-secuencia de la construcción de una calle, estuvieron confor-mes en principio en la práctica de una mensura de las mis-mas con el propósito de zanjarlas, pero ello por sí solo no quiere decir que se llegara a acuerdo alguno concreto y de-finitivo sobre entrega de determinada porción de terreno.

Dentro del título del demandante no está incluida la par-cela reclamada. La escritura sólo demuestra que el deman-dante adquirió una finca de siete cuerdas setenta y cinco cén-timos en lindes por el norte con la carretera de Arecibo a Hatillo y con la de Arecibo a Lares, en construcción, por el oeste con Eduardo Rosso y solar del Municipio de Arecibo, por el sur con el resto del predio principal del que se se-gregó la finca y por el este con Manuel Olmo y la American Railroad Company, mientras que la parcela linda por el norte con una calle, por el sur y este con terrenos de los de-mandos y por el oeste con José Matienzo. Para poder ins-cribir esa parcela en el registro- a favor del demandante, se necesitaría una titulación especial.

Y .ello surge con-mayor claridad, aún del plano presen-tado por el propio demandante. No se trata de variación en las colindancias, si que de un gran solar al otro lado de una calle dentro de la finca de los demandados, de una parcela individual, separada y distinta de la finca del demandante.

Para resolver .que el demandante se convirtió en dueño de esa parcela se necesita prueba de su trasmisión de igual naturaleza que la exigida para la adquisición de cualquier propiedad inmueble. No hubo escritura pública. No hubo pacto alguno privado por escrito. Sólo se aporta prueba de nn convenio oral que para que fuera suficiente tendría que ■ser clara, concreta y terminante, y no lo fué. Veámoslo.

Como ya indicamos, el propio demandante declaró en el juicio. Contestando a su abogado dijo que con motivo de la ■construcción de una calle le cogieron parte de su finca hacia el norte. Se quejó a Francisca Gómez, dueña de la finca co-lindante, y “se acordó deslindar la finca, la parcela mía, y se nombraron dos agrimensores.” El nombrado por él fué Puig. La señora Gómez nombró a Marrero para que la re-presentara y al agrimensor Lacomba. “Se convino que una vez deslindada la parcela que tenía, que le faltó una canti-dad de metros me lo darían en la parte sur de la misma par-cela, junto con un convenio que se hizo, para que mañana que se abriera la calle la proporción que cogiera frente a la misma parcela que ellos tenían quedara la calle por el me-dio y era compensado con metros de la parcela que faltaba, y se deslindó y se cercó.”

Repreguntado contestó que fué a casa de la señora Gó-mez con su abogado Lens; que ella encargó a Marrero para que se entendiera en el asunto; que lo sabe porque vió a Marrero en unión del agrimensor y estuvieron viendo la me-dida y parece que era el hombre en quien tenía confianza; que no volvió a hablar con ella; que no sabe en qué queda ella después; que se midió su finca faltando como tres cua-dros ; que le entregaron la parcela de acuerdo con el plano; que le parece que fué el señor Marrero; que es de suponer que Marrero tuviera poder de doña Paca; que el convenio-fué con los agrimensores; que no fué directamente con doña Paca.

Intervino su abogado señor Lens, y contestó como sigue:

“P. Fíjese en. lo que le pregunta. Cuando habló con ella, ¿qué convinieron? R. Deslindar. P. ¿Y qué más? R. Después que ha-blé con ella fué con los encargados. ... P. ¿Usted convino con ella? R. Que se deslindara. P. ¿Y si faltaba? R. Que entregaría en una parcela. Convine con ella que entregaría la diferencia. P. Fué lo que estipularon directamente. Cuando se refiere a entregar, ¿se refiere al sitio? R. Sí, señor. P. ¿Pero el convenio fué con ella?’ R. Una vez que se hiciera el deslinde, que hubiera una diferencia estaba conforme que se arreglara la parcela que faltara. P.¿Qué? R. Que se entregara. P. ¿A quién? R. A mí. P. ¿Y entonces se-le entregó esa parcela? R. Sí, señor, que apreciaron los agrimen-sores. ” .

Repreguntado de nuevo, declaró:

“P. ¿Convino en entregar esa misma parcela? R. Convino que si había una diferencia ella estaba conforme. P. ¿Se arreglaría por Marrero? R. La determinaron los agrimensores. P. ¿No llegó el convenio sobre cantidad y sitio? R. Sí, señor, al sitio y que faltaba. P. ¿ En qué sitio se la iban a dar ? R. Al compás de la parcela mía. P. ¿Ella se lo dijo? R. Convinimos eso. P. ¿Verdad que no con-vino con ella más que el deslinde? R. La reclamación mía fué que me faltaba terreno.”

Bastaría esa sola declaración del propio demandante para sostener lo qne dijimos en relación con la insuficiencia de la prueba, pero veamos lo que declararon los demás testigos.

El agrimensor Puig, la persona veraz a que se refirió la corte, dijo que encargado por el demandante midió su finca, .interviniendo Nicomedes Marrero en representación de la “viuda de Fio rito,” la causante de los demandados, que mi-dió luego la finca de dicha causante acompañado del agri-.mensor Lacomba representando a la viuda, encontrando La-comba 19.76 cuerdas y él 19.80, más o menos lo que dice el título; que a la finca del demandante le faltaban setenta y siete céntimos de cuerda y para compensar la falta segregó la parcela en la finca de la viuda que marea el plano, con la conformidad de Marrero; la viuda no estuvo presente en el deslinde; él fué a su casa dos veces con un individuo que lo acompañaba en sus trabajos y que lamenta que haya muerto, •conviniendo en cederle en su finca lo que faltaba. La decla-ración es confusa en cuanto a si la falta se debía o no al te-rreno dedicado a calle.

El agrimensor Lacomba negó que remidiera la finca en representación de la causante de los demandados y dijo que lo hizo a invitación del señor Puig por ser él quien la había medido anteriormente, y que se encontró que la finca tenía la cabida que marcaba el título. Insistió en que no fué au-torizado por la dicha causante de los demandados para in-tervenir en el deslinde ni menos para ceder terreno alguno. El testigo figura en la prueba del demandante. Sin embargo parece justo aclarar que al final de su declaración el abo-gado del demandante le preguntó y el testigo contestó como .sigue:

“P. ¿Por quién fué citado para venir a la corte? R. Me citó la •corte. P. ¿Como testigo de quién? R. De la mensura que practi-qué con estos señores.”

Por último el tercer agrimensor Gelabert dijo que el de-mandante lo llamó “para que midiera la parcela de terreno que tenía allí debido a qne tenía información de que ciertos puntos habían sido removidos, y al efectuar .el deslinde en-contré que faltaban alrededor de unos sesenta y siete cénti-mos de cuerda, y le informé a don Antonio Marques y no in-tervine en nada más.” Luego dijo que Lacomba había in-tervenido en representación de “la otra parte.”

Con esa prueba no es posible, repetimos, declarar al de-mandante dueño de la parcela en cuestión. Sólo en la decla-ración de Puig hay algo que tiende a conectar personalmente a la señora Gómez con la cesión de la parcela después del deslinde y es tan impreciso que no proporciona al juzgador la base sólida que se necesita para declarar probada una trasmisión del dominio de una propiedad inmueble.

Llama la atención que si la última conversación del agri-mensor Puig con la señora Gómez tuvo lugar después de practicado el deslinde y elegida y marcada la parcela en el plano levantado, el agrimensor no recogiera la conformidad de la señora Gómez al pie del plano, que es lo menos que suele hacerse en tales casos.

Eso en cuanto a la prueba de la parte demandante exa-minada por sí sola. De la de los demandados, sólo nos re-feriremos al testimonio de Marrero. En lo pertinente, dijo:

“P. ¿Conoció a doña Francisca Gómez viuda de Oliveras? R. Sí, señor.P. ¿Alguna vez tuvo que ver con alguna mensura de la ñuca de ella hecha por Arturo Puig? R. Quien la hizo fué con Lacomba. P. ¿Junto con don Arturo Puig o no? R. Mandó a ha-blar un agrimensor y hablé al agrimensor Lacomba. ... P. ¿Qué tuvo que ver Lacomba con Arturo Puig después ? R. Don Arturo . . . P. ¿ Qué tuvo que ver don Arturo con referencia a esa finca de doña Paca después de mandar a medir los terrenos? R. El agrimensor midió. P. ¿Quién? R. Lacomba, y decía que estaba exacta la men-sura, y esa fué la palabra que le dijo a Lens.”
“P. ¿En alguna oportunidad usted ha cedido algo a nombre de doña Paca Gómez a don Antonio Marques de Arecibo? R. No, señor P. ¿Nunca? R. No, señor. P. ¿Nunca ha tenido relaciones de man-dante y mandatario de esa señora? R. No, señor. P. ¿Qué era de ella? R. Pariente. P. ¿Iba a la casa de ella? R. Iba así a cu-rarla, porque estaba medio mala. P. ¿No es cierto que nunca baya hecho cesión de sus terrenos en ninguna forma? R. No, señor. P. ¿Está seguro? R. Sí, señor.”

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando la demanda sin lugar con las costas al demandante incluyendo doscientos dólares de honorarios de abogado.