author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Raymond Casillas Díaz y Zaida M. Torres Martínez, peticionarios.

      Número: CC-2013-0144

      Resuelto: 26 de febrero de 2014

      Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar, y Ta-naira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, aboga-dos de la parte recurrida; Daniel A. Rivera Hernández, Jaime L. Pérez Valentín y Juan H. Pérez Frontera, aboga-dos de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos examinar si el Ministerio Pú-blico cumplió con su responsabilidad probatoria de demos-trar la culpabilidad de los peticionarios más allá de duda razonable. Particularmente, el recurso de autos brinda la oportunidad de expresarnos sobre el delito de escalamiento y aclarar los parámetros fácticos y legales que rigen su consumación conforme a los Arts. 203 y 204 del derogado Código Penal de Puerto Rico de 2004. En ese contexto, mediante este recurso dejamos palmariamente establecido en qué consiste el elemento subjetivo de intención que se requiere para el delito de escalamiento.

La adecuada atención de la controversia que nos ocupa exige que expongamos los antecedentes fácticos e inciden-tes procesales de mayor relevancia, así como el estado de derecho aplicable. Empero, adelantamos que luego de estu-diar con estricto rigor los alegatos de las partes y la trans-cripción del juicio en su fondo, revocamos parcialmente la sentencia recurrida en cuanto a las condenas por los deli-tos de escalamiento agravado y alteración a la paz. Unica-mente confirmamos respecto al delito de agresión menos grave.

I

Por los hechos acaecidos el 28 de septiembre de 2011, el Ministerio Público presentó acusaciones por los delitos de agresión grave y escalamiento agravado —conductas pros-critas en los Arts. 122 y 204 del Código Penal de 2004— en contra de los peticionarios, la Sra. Zaida M. Torres Mar-tínez (señora Torres) y su pareja consensual, el Sr. Raymond Casillas Díaz (señor Casillas). Asimismo, se presentó una acusación por el delito menos grave de alteración a la paz en contra de la señora Torres. En lo que respecta al delito de escalamiento agravado, el Ministerio Público pre-sentó la acusación siguiente:

[e]n el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico en el caso criminal NSCR 2011-1374 por Artículo 204 del Código Penal, delito, grave, del Pueblo de Puerto Rico versus Zaida M. Torres Martínez, [...] por el delito del Artículo 204 del Código Penal cometido de la manera siguiente: La referida acusada, Zaida M. Torres Martínez en concierto y común acuerdo con Raymond Casillas Díaz allá en, o para el día 28 de agosto del 2011, en Río Grande, Puerto Rico que forma parte de la juris-dicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas [...] criminalmente y estando ocupada penetró en la residencia, propiedad de la Sra. Lisette Vargas Gerena, con el propósito de cometer agresión agravada grave, amenaza, daños y otros delitos, como en efecto los cometió, consistente en que la aquí imputada llegó a la residencia, arriba mencionado [sic], en donde sin autorización, tuvo acceso a la misma agrediendo a la perjudicada, amena-zándola y rompiendo la ventana de la casa. Este [sic] hecho es contrario a la ley para tal caso, prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico [...] (Enfasis suplido).

En cuanto al delito de agresión grave, el Ministerio Pú-blico expuso lo siguiente en la correspondiente acusación:

[e]n el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico en el caso criminal NSCR 2011-1375 por Artículo 122 del Código Penal Grave, cuarto grado. El Pueblo de Puerto Rico versus Zaida M. Torres Martínez, el Fiscal formula acusación contra Zaida M. Torres Martínez [...] por el delito de Artículo 122, Código Penal Grave, cuarto grado, cometido de la siguiente manera: La referida acusada, Zaida M. Torres Martínez en concierto y común acuerdo con Raymond Casillas Díaz, allá en, o para el día 28 de agosto de 2011 en Río Grande Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente por cualquier medio o forma causó a la señora Lisette Vargas Gerena una lesión consis-tente en que la aquí imputada cogió a la perjudicada por los hombros, lanzándola sobre su esposo, Miguel Bauzó Torres, estando la perjudicada, dándole la espalda a la aquí imputada. Ésta la cogió por el cuello apretándola fuertemente a la vez que le aruñaba el cuello. Luego el imputado, Raymond Casi-llas Díaz, la aguantó por los hombros, mientras que la aquí imputada, Zaida Torres la mordía en el brazo derecho, arran-cándole un pedazo de carne. Luego en el forcejeo, Raymond la seguía sujetando por los hombros, pegándola contra una ven-tana de cristal rompiendo la misma e hiriendo a la perjudi-cada en el dedo meñique de la mano derecha. La peijudicada tuvo que ser atendida en el CDT de Río Grande, en donde el médico de turno la atendió limpiando las heridas, poniéndole una inyección anti-tetánica y recentándole antibiótico. Ya que debido a la mordida tiene una bacteria. Este hecho es contra-rio a la Ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico [.. .]

Las acusaciones presentadas contra el señor Casillas co-rresponden a las reseñadas, tanto en términos del delito de escalamiento agravado como en lo que respecta al delito de agresión grave. Luego de los incidentes procesales de rigor, el juicio por jurado se celebró los días 13 y 17 de julio de 2012. Durante el mismo, el Ministerio Público presentó la siguiente prueba testifical: el testimonio de los perjudi-cados, la Sra. Lisette Vargas Gerena (Lisette) y el Sr. Miguel Bauzó Torres (Miguel) junto al testimonio del agente Orlando Rivera Canales. Para cumplir fiel y ca-balmente con nuestra función revisora, presentamos a con-tinuación las circunstancias generales en las que se desa-rrollaron los hechos que originaron la controversia ante nos y un resumen de las partes pertinentes de los relatos ofrecidos por los testigos de cargo.

A. Circunstancias generales

Para el 28 de agosto de 2011, Lisette y Miguel sostenían una relación consensual de más de trece años, durante la cual procrearon dos hijos. Al momento de los hechos los niños tenían diez y cinco años de edad. Estos residían en una casa aledaña a la residencia de los peticionarios, la señora Torres y su pareja consensual, el señor Casillas. La primera es la señora madre de Miguel y suegra de Lisette. Ambas habían tenido diferencias en el pasado.

B. Testimonio de la Sra. Lisette Vargas Gerena

Durante el examen directo, Lisette expresó que en la fecha del 28 de septiembre de 2011 se encontraba junto a Miguel trabajando en el patio de su hogar. En horas de la tarde, este le mencionó que iba a buscar a sus hijos, quienes se encontraban en casa de su abuela materna, mientras ella se quedaba cocinando. Según explicó, transcurrieron como dos horas y Miguel no llegaba, “y eso causó como que, molestia en mí, y después vino y volvió y se fue de nuevo, y yo, ah, como que, como que mira éste, me puso a cocinar y se fue, me dejó solas [sic]”.

Una vez Miguel llegó al hogar, ambos comenzaron a dis-cutir en la parte baja de la residencia, mientras los dos menores se encontraban en la parte alta viendo televisión “casi a todo volumen”. Lisette le reclamó a Miguel “¿dón-de tú estás?, si yo te estoy esperando horas, me dijiste que venías ahora, si yo te hice arroz, chuleta, me dejaste la comida y te fuiste”. Mientras ambos discutían, Lisette observó a su suegra, la señora Torres, “bajando en bata” de su residenciad. Al verla, esta narró que sucedió lo siguiente:

R “Okay”. Miguel sube las escaleras, yo subo detrás de él. En-tonces Miguel se sienta con los nenes a ver los muñequitos y ella y dice, “que me voy a ...”
P ¿Quién entra? ¿Quién entra?
R La señora Zaida.
P ¿Entra a dónde?
R A la sala de mi casa.
P ¿Y quién le dio autorización a doña Zaida?
R Nadie.
P A entrar. ¿Nadie le dio autorización?
R No.
P “Okay”. Y ella entra a su casa, “okay”. ¿Y qué sucede cuando doña Zaida entra a su casa?
R Me voy a llevar los nenes, es lo que ella dice, que me voy a llevar los nenes, pero, arma.
P Pero, ¿por qué doña Zaida iba a su casa a llevarse a los nenes?
R Decía me voy a llevar los nenes. (Enfasis suplido).

Subsiguientemente, y ante la negativa de Lisette de ac-ceder a que la señora Torres se llevara a sus nietos, esta última empujó a Lisette sobre Miguel quien estaba sentado en el sofá y le dijo “si ustedes quieren matarse, mátense”. Lisette se levantó y al dirigirse al balcón, ob-servó al señor Casillas en la puerta de su residencia. Esta le indicó que se fuera de su casa. En ese momento, la señora Torres aruñó a Lisette por el área del cuello. Cuando Lisette se puso frente a la señora Torres, el señor Casillas la sujetó fuertemente por los hombros, forcejearon y la señora Torres la mordió en el área del hombro, mien-tras el señor Casillas aún aguantaba a Lisette. Acto seguido, el señor Casillas empujó a Lisette hacia una ven-tana y esta sufrió una herida en el dedo.

Posteriormente, Miguel logró sacar de la casa a su ma-dre, la señora Torres, y el señor Casillas soltó a Lisette. Al verse el brazo, Lisette salió llorando y la señora Torres se burló. Airada, Lisette bajó las escaleras y la señora Torres se fue corriendo para su casa junto con el señor Casillas y se encerraron. Lisette la persiguió hasta su casa y le gritó: “si tú me vas a dar de verdad baja”. Más tarde en la noche, llegó un oficial de la Policía de Puerto Rico, quien le indicó a Lisette que había acudido al lugar en respuesta a una llamada del señor Casillas ante una alegada situación de violencia doméstica entre esta y Miguel. Al día siguiente de los hechos, Lisette acudió al Cuartel de la Policía a presentar una querella en contra de su suegra y del compañero consensual de esta última. Una vez en el cuartel, el policía le recomendó que fuera al hospital porque estaba sangrando en el área del dedo. Finalmente, Lisette indicó que acudió al hospital donde le atendieron las heridas y le pusieron una inyección antitetánica.

Durante su contrainterrogatorio, Lisette expresó que el 28 de septiembre de 2011 tuvo una "situación personal con su esposo”. Respecto al propósito para el cual entró la señora Torres a su residencia, Lisette sostuvo el siguiente intercambio con el abogado de defensa:

P Que sí, que estaba abierta [Za puerta]. Entonces, doña Zaida entró, ¿y qué ocurrió, qué le dijo doña Zaida? ¿A qué ella fue allí?
R "Vengo a llevar los nenes, me voy a llevar los nenes”.
P “Me voy a llevar los nenes”. O sea, que doña Zaida no llegó allí, a caerle encima a usted y a Miguel. ¿Verdad que ella no ..., que eso fue así? Contésteme.
RNo.
P Verdad que no. O sea, que ustedes estuvieron un momento allí hablando en el dime y direte ese de si se lleva a los nenes o no se los lleva. ¿Verdad que sí?
R Yo le dije que no se los iba a llevar los nenes. (Énfasis suplido).

Finalmente, Lisette reconoció que el mayor de sus hijos pudo haber llamado a su abuela mediante un teléfono celular que esta última le había regalado al menor.

C. Testimonio del Sr. Miguel Bauzó Torres

Miguel declaró durante el examen directo que el 28 de agosto de 2011 se encontraba junto a Lisette trabajando en el patio de su hogar hasta las 5:00 p. m. cuando salió con su cuñado. De acuerdo con este testigo, cuando regresó a su hogar aproximadamente a las 8:00 p. m., Lisette comenzó a reclamarle “mira, me dejaste la comida afuera, no te la comiste”. Así las cosas, Miguel narró que una vez observó que la señora Torres venía bajando, procedió a subir junto a Lisette al área donde estaban los dos menores. El testigo explicó que, una vez allí, su mamá, la señora Torres, entró a la residencia porque “ella entra así, ella va y viene”. Según expuso, la señora Torres “en-tró brava” y “quería llevarse a los nenes a todas formas” porque “supuestamente estamos peleando”.

Durante el resto del testimonio, Miguel describió el incidente acaecido entre la señora Torres, el señor Casillas y Lisette, conforme a la versión ofrecida por esta última durante su examen directo. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio Miguel añadió que ingirió bebidas alcohólicas previo a regresar a su hogar el 28 de agosto de 2011 y que cuando llegó, Lisette lo recibió con coraje. Según lo declarado por el testigo, la puerta de su hogar estaba abierta y la señora Torres entró con el objetivo de buscar a sus nietos.

Respecto al hecho de que su hijo mayor haya llamado a la señora Torres para que los buscara, Miguel sostuvo que este “tiene un celular que la abuela le regaló, y todo el tiempo se hablan, todo el tiempo. Cualquier cosita, fuu..., y para allá iba abuela a buscarlo”. Sobre este particular, a preguntas del Ministerio Público durante su redirecto, Miguel comentó: “[t]engo entendido que fue, que... [mi hijo] llamó a la abuela porque se quería ir... para casa de la abuela”.

D. Testimonio del agente Orlando Rivera Canales

Durante el examen directo, el agente Rivera testimonió que el 28 de agosto de 2011 se encontraba laborando en el turno de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. cuando recibió una llamada por medio del sistema 911 con una alerta sobre un apa-rente incidente de violencia doméstica. El agente de-claró que al personarse al lugar encontró un “revolú grande”. Señaló que entrevistó a los peticionarios y que estos le indicaron que Miguel y Lisette habían sostenido una “pelea” y que el nieto —el hijo mayor de Miguel y Lisette— les había llamado para que lo fueran a buscar. Según explicó, Miguel y Lisette le indicaron que habían tenido una diferencia, “pero no era nada de llegar a una Ley 54”. Durante el contrainterrogatorio, el agente Rivera expresó que vio la llamada que le hiciera el hijo de Miguel y Lisette desde su teléfono celular a la señora Torres y “[q]ue era que quería ir para donde abuelita”.

Finalmente, las partes dieron por sometido el caso y ofrecieron sus correspondientes informes finales. Luego de evaluar la prueba presentada para su consideración, el Ju-rado emitió un veredicto de culpabilidad en contra de los peticionarios por los delitos de escalamiento agravado y agresión en su modalidad simple. Acorde con ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió las sentencias condenato-rias en las que le impuso a cada uno de los peticionarios una pena de 3 años y un día de cárcel por el delito de escalamiento agravado y una pena de 90 días de cárcel por el delito de agresión, a cumplirse concurrentemente. Además, el Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo en contra de la señora Torres por el delito menos grave de alteración a la paz, por lo que le impuso una sentencia adicional de 90 días, a cumplirse concurrentemente con la anterior.

No contestes con estas determinaciones, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos separados. Sin embargo, ambos petitorios fueron consolidados por el foro intermedio. En estos, los peticionarios alegaron no haber tenido una representación legal adecuada, ya que habían sido representados por el mismo abogado, aun cuando tenían defensas encontradas. Según adujeron, ello ocasionó un conflicto de intereses que perjudicó su defensa. Argüyeron, además, que la prueba presentada no fue suficiente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable.

El 4 de febrero de 2013 el Tribunal de Apelaciones con-firmó las sentencias apeladas mediante una Sentencia ar-chivada en autos. En cuanto a la alegación de que los peticionarios no tuvieron una representación legal ade-cuada, el foro apelativo resaltó que no surgía que entre ellos existieran intereses encontrados y que los peticionarios no especificaron en qué consistían las alegadas defensas contradictorias. Asimismo, concluyó que el Ministe-rio Público cumplió con su deber de probar más allá de duda razonable todos los elementos de los delitos imputados. Sobre este particular, el foro apelativo inter-medio expresó lo siguiente:

En este caso, se presentó prueba suficiente para establecer la intención criminal de los apelantes y su conexión con los delitos por los cuales fueron encontrados culpables. Los ape-lantes fueron acusados de entrar a la residencia de Bauzó y Vargas y agredir a esta frente a sus hijos. Esencialmente, se-gún indicado, se probó que los apelantes penetraron la resi-dencia de los perjudicados sin el consentimiento de estos y Torres agredió a Vargas con sus manos y, luego, con su boca mientras Casillas agarraba a Vargas por sus brazos. Luego de examinar la transcripción del juicio, no tenemos duda de que la declaración de los testigos no es increíble y estos fueron explícitos y consistentes en sus testimonios. Ciertamente, la prueba de cargo le mereció credibilidad al juzgador y esta prueba fue suficiente en derecho para establecer los elementos de los delitos imputados.

Inconformes aún, el 26 de febrero de 2013 los peticiona-rios presentaron el requerimiento de epígrafe, en el cual expusieron los señalamientos de error siguientes:

Err[ó] el Tribunal de Apelaciones al determinar que a los peticionarios no se les violó su derecho constitucional a una adecuada representación legal al estar representados por un mismo abogado aun cuando ten[í]a conflicto de intereses por ellos, los peticionarios, tener defensas encontradas.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que los veredic-tos del Jurado no son contrarios a la prueba presentada y est[á\n sostenidos por dicha prueba.

Examinado el recurso presentado por los peticionarios, el 31 de mayo de 2013 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procede-mos a delinear el marco legal pertinente a la controversia que nos ocupa.

II

A. Presunción de inocencia y estándar de revisión apela-tiva

Como cuestión de umbral, debemos tener presente que el recurso ante nuestra consideración supone el ineludible ejercicio de evaluar la evidencia que tuvo el Jurado ante su consideración. Esto con el objetivo de determinar su suficiencia para validar las sentencias condenatorias confirmadas por el Tribunal de Apelaciones. Ante esta difícil tarea es preciso reiterar la vigencia de dos principios cardinales en nuestro ordenamiento jurídico penal: pri-mero, la presunción de inocencia que cobija a todo acusado de delito en Puerto Rico; segundo, la deferencia que merece la apreciación de la prueba realizada por el juzgador de hechos del foro primario.

1. Presunción de inocencia

Según nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, toda persona debe ser hallada culpable más allá de duda razonable. Esto es principio consustancial del precepto constitucional que dispone que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho [...] a go-zar de la presunción de inocencia”. Cónsono con esta disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal establece que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá ino-cente el acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabili-dad, se le absolverá”.

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el acusado a fin de establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 143 (2009); Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457, 462 (2000); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988). Esto constituye uno de los imperativos más básicos y esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 24-25 (1984).

Ahora bien, en múltiples ocasiones hemos expresado que tal estándar de exigencia probatoria no significa que el Ministerio Público tiene que presentar prueba que esta-blezca la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 447 (2000); Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992). Lo que se requiere es prueba suficiente que “produzca certeza o con-vicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175. Véase, además, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000).

En este particular, la duda razonable que acarrea la absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria ni cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda producto de una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. En síntesis, existe duda razonable cuando el juzgador de los hechos siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo presentada. En atención a ese principio, los foros apelativos deben tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba en su totalidad. En Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996), señalamos que

[l]a suficiencia de la prueba es, pues, un análisis estricta-mente en derecho que, aunque recae sobre la evidencia, sólo busca asegurar que de cualquier manera en que se interprete la veracidad, los requisitos legales estarán presentes para po-der permitir cualquiera de los veredictos posibles. Ante prueba insuficiente, un jurado no podría hallar culpable al acusado irrespectivamente de si la prueba amerita o no su credibilidad. [...]
[...] Como primer paso a una determinación de suficiencia, el tribunal ha de cerciorarse que el Ministerio Público haya aducido [...] elementos del delito imputado. [...]
[...] También se exige que la evidencia conecte al acusado con los delitos imputados, una función eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar la suficiencia, éste ha de asegurarse de que la prueba de cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito imputado. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido).

Cónsono con lo anterior, la apreciación realizada por el juzgador de los hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una cuestión mixta de hecho y de derecho. Siendo así, la determinación de culpabilidad más allá de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 472 (1998); Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo v. De León Martínez, supra, pág. 765.

2. Estándar de revisión apelativa en casos de naturaleza criminal

Al evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable, los foros apelativos no debemos de hacer abstracción de la ineludible realidad de que los jueces de primera instancia y los jurados están en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba y los testimonios presentados. Por lo tanto, la apreciación imparcial de la prueba que realiza el juzgador de los hechos en el foro primario merece gran respeto y deferencia por parte de los foros apelativos. Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 99; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 316 (1991). Al respecto, en Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-789, hemos expresado que

[...] en el ejercicio de tan delicada función revisora, no pode-mos abstraemos de las limitaciones que rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un tribunal apelativo. Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a con-vicciones criminales, siempre nos hemos regido por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador [...]
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre recor-dar que el referido proceso analítico tiene que estar enmar-cado, por imperativo constitucional, en el principio fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda duda razonable. En consecuencia, y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, hemos revocado sentencias en las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable”. (Enfasis suplido y cita omitida).

Así, al revisar las cuestiones de hecho en condenas cri-minales, constituye norma reiterada de esta Curia que no intervendremos con la evaluación de la prueba realizada por el juzgador de hechos en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99; Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Ahora bien, hemos reiterado tal norma-tiva conscientes de que el juzgador de los hechos podría equivocarse en la apreciación de la prueba que realiza.

En ese escenario, hemos establecido que los foros apela-tivos podrán intervenir con tal apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 148. Véanse: Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Esto es, si de un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro primario surge duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del acusado fue establecida más allá de duda razonable, este Tribunal tiene el deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto condenatorio. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.

Expuesto el marco legal general aplicable, pasemos a revisar el delito de escalamiento agravado por el cual fue-ron hallados culpables ambos peticionarios, así como el de-lito de alteración a la paz imputado a la señora Torres.

B. Delito de escalamiento y escalamiento agravado

En el Código Penal de 2004, ordenamiento penal vigente al momento de los hechos, el delito de escalamiento estaba tipificado de la manera siguiente: “[t]oda persona que penetre en una casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, incurrirá en delito menos grave”. (Enfasis suplido). Si el delito de escalamiento descrito en el citado precepto “se comete en un edificio ocupado incurrirá en delito grave de tercer grado”, tipificado como escalamiento agravado. (Enfasis suplido). Según se deduce de las citadas disposiciones, el delito de escalamiento se com-pone de dos elementos esenciales: (1) la penetración en una casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, la cual debe estar ocupada para fines de determinar el agravante del delito (2) con el propósito de cometer el delito de apropiación ilegal o cualquier otro delito grave. Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 DPR 265, 269 (1971). Para fines de claridad, veamos los dos elementos de forma separada.

1. Primer elemento: penetración a un lugar protegido

Como primer componente para la consumación del de-lito de escalamiento, la persona debe penetrar en una de las estructuras protegidas, a saber, a una casa, a un edifi-cio u otra construcción, o a una estructura, sus anexos o dependencias. En cuanto al término edificio, desde Pueblo v. Cosme Vargas, 96 DPR 836, 840 (1969), hemos sostenido que es “cualquier estructura hecha para o dedicada a albergar personas o animales o a guardar cosas [...]”.

Posteriormente, esta definición fue acogida en el Código Penal de 1979 y ampliada en el Código Penal de 2004. Así, el Art. 14(k) del Código Penal de 2004 definía el término edificio como aquel que “[c]omprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales o para negocio”. Esto incluye “sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado”.

El término dependencia se ha entendido como los recintos y espacios que, sin ser por sí mismos la morada o el negocio, están naturalmente unidos y responden a las necesidades de actividad desplegada en el local principal. En Pueblo v. Hernández Solís, 110 DPR 388, 390 (1980), por ejemplo, indicamos que todo lo que es integral a la estruc-tura principal es una dependencia o anexo de esta. Mien-tras, vehículo se considera como un edificio para fines de la consumación del delito de escalamiento cuando está en su función de dar albergue a personas o de guardar cosas o animales.

Por su parte, la frase edificio ocupado, factor indispensable para el escalamiento agravado, comprende “cualquier casa, estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de personas, para llevar a cabo negocios en el mismo, para el cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no haya personas presentes”. Esto, además de sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado.

Respecto a la forma como se debe producir ese primer elemento de penetración, en ocasiones anteriores he-mos expresado que para efectos del delito de escalamiento, la penetración no tiene que ser completa ni es necesario que el cuerpo del escalador penetre en la casa o el edificio escalado. Esta puede ser parcial, ya que basta que el sujeto activo introduzca su mano dentro del lugar con una intención delictiva o que se utilice un imán o artefacto para llevar a cabo la penetración. Véase, e.g., Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 DPR 46, 49 (1965).

2. Segundo elemento: intención criminal

Conforme a los principios más básicos del derecho penal sustantivo, en nuestro ordenamiento jurídico ningún individuo puede ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si el hecho no ha sido realizado con intención o negligencia. Este principio de responsabilidad subjetiva tiene el propósito de imputar a un individuo únicamente aquellas acciones que son producto de su voluntad o aquellas que pudo prever o impedir. De esta manera, el sistema promueve el castigo únicamente para aquellos individuos que hayan obrado culpablemente.

Cónsono con tal postulado, el Código Penal de 2004 establecía los parámetros según los cuales se consideraba que un delito fue cometido con intención. Así, el Art. 23 del mencionado cuerpo legal disponía que un delito se cometió con intención cuando: (a) el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo; (b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor, o (c) el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado. De esta manera, el Art. 23 del Código Penal de 2004, supra, exponía varias modalidades de intención que atendían el aspecto mental requerido para la comisión de aquellos delitos cuya consumación no se satisfacía con una mera negligencia.

Ahora bien, en algunas disposiciones penales ese elemento mental de intención no es suficiente, ya que se requiere un componente subjetivo adicional para la realización del tipo delictivo. Es decir, para ciertos delitos es indispensable la existencia real de un fin o motivo ulterior como elemento clave para la consumación del hecho delictivo. De acuerdo con el Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte, “[e]n estos supuestos se requiere, además de prueba sobre la intención del sujeto, evidencia de que actuó con determinado propósito o estado mental que convierte su conducta en una particularmente reprochable”. Ese propósito o estado mental adicional a la intención definida en el Código Penal es lo que en ocasiones se denomina como “intención específica”.

Sobre este particular, es importante tener presente que la definición del término “intención específica” dependerá de la tipificación que la Asamblea Legislativa haya dis-puesto para el delito evaluado y del contexto en que utili-cemos tal categoría. Como explica el Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte en su obra Derecho penal sustantivo,

[djependiendo de la manera que se utilice el concepto inten-ción específica se puede referir a dos cosas distintas: (1) el “propósito” o “conocimiento” como modalidades de la intención (o sea, dolo directo de primer y segundo grado), o (2) un elemento subjetivo distinto a la intención. Por tanto, es necesario distinguir entre delitos que son de intención específica en el primero de los sentidos y delitos que son de intención especí-fica en el segundo.

Conforme a ello, un delito particular podría considerarse como un hecho delictivo de “intención específica” bajo una de las mencionadas acepciones, pero no necesariamente bajo la otra. Este sería el caso, por ejemplo, del delito de apropiación ilegal. Según expresamos en Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 DPR 188, 194 (1986), este delito “es uno que, por su naturaleza, exige que se realice con intención específica de apropiarse de los bienes”. En esa ocasión, utilizamos el término “intención específica” en la primera acepción mencionada. Es decir, en el sentido de que el delito se debe cometer con “propósito” o “conocimiento”. Empero, no sería correcto categorizar el delito de apropiación ilegal bajo la segunda acepción del término de “intención específica”, ya que la tipificación de este delito no conlleva un elemento mental adicional a la intención de apropiarse de los bienes. Así lo reconocimos recientemente en Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 715 (2011).

Es precisamente esa segunda acepción de la frase “intención específica” la que aplica al delito de escalamiento. Pueblo v. Reyes Bonilla, supra, pág. 267; Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 DPR 299, 303-304 (1961); Pueblo v. Rosado Pérez, 78 DPR 436 (1955). Contrario a lo señalado en Pueblo v. Robles González, 132 DPR 554, 565 (1993), el elemento subjetivo requerido en la figura del escalamiento no se satisface con alguna de las modalidades de la inten-ción que contiene el Art. 23 del Código Penal de 2004, supra.

Al respecto, nótese que escalamiento se define como la penetración a una de las estructuras especificadas en el Código Penal “con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave [...]”. Siendo así, este delito requiere para su consumación la concurrencia de un elemento mental adicional a la intención. En otras palabras, no basta la mera intención de penetrar la estructura, sino que se requiere que tal penetración tenga la finalidad de cometer un delito grave o apropiación ilegal. De esta forma, tal finalidad corresponde al “motivo” o la “razón” por la cual la persona penetró en la propiedad.

Cónsono con lo anterior, para efectos del delito de esca-lamiento, el Ministerio Público tiene la obligación de ale-gar en la acusación y, eventualmente, presentar evidencia tendente a demostrar dos elementos subjetivos distintos: primero, la intención de penetrar la propiedad, y segundo, el propósito de cometer cualquier delito grave o apropia-ción ilegal. Ambos corresponden a elementos esenciales constitutivos del delito de escalamiento que el Ministerio Público debe demostrar más allá de duda razonable.

En este punto resulta pertinente resaltar la imprescindible concurrencia y la simultaneidad que deben existir entre la intención específica de delinquir y la penetración a la propiedad. Por ello, “[s]i la intención de co-meter el delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave surge con posterioridad a la persona haber penetrado al lugar protegido por el artículo, no se da el delito de escalamiento”. Por lo tanto, la intención de cometer el delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave que surja con posterioridad a la penetración de la propiedad, no puede ser adjudicada como el elemento mental requerido para el delito de escalamiento. Finalmente, debemos recordar que la intención es una cuestión de hecho a ser evaluada y determinada por el jurado o el juez, en aquellos casos ventilados por tribunal de derecho. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 DPR 867, 878 (1989); Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 DPR 434, 442 (1989).

C. El delito de alteración a la paz

El Art. 247(a) del Código Penal de 2004 disponía que incurriría en delito menos grave de alteración a la paz toda aquella persona que “[p]erturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva, que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad [...]”. (Énfasis suplido). Para que se configure dicho delito, hemos enunciado como primer elemento que el perjudicado se encuentre en paz cuando el acusado interviene con este. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158; Pueblo v. De León Martínez, supra, pág. 767. En otros términos, para que una persona incurra en el delito de alteración a la paz es un requisito indispensable que la paz o tranquilidad de la víctima sea efectivamente alterada.

Al igual que establecimos en la discusión anterior, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de demostrar todos los elementos del delito de alteración a la paz más allá de duda razonable. Siendo así, “el estado anímico de la supuesta víctima antes del incidente debe ser objeto de prueba, toda vez que si la persona no estaba en un estado de paz y tranquilidad previo al momento de la manifesta-ción, no existe paz alguna que pueda alterarse”. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158. Conforme a ello, hemos expresado que la existencia de todos esos factores, incluyendo el estado emocional del perjudicado previo a la in-tervención del acusado del delito de alteración a la paz, no puede ser presumido por el juzgador de hechos. íd., pág. 177.

Con este marco legal como norte, procedemos a evaluar y resolver los méritos de la controversia ante nuestra consideración.

III

Primeramente, debemos enfatizar la normativa impe-rante en nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia que debemos brindar, en nuestra fun-ción revisora a nivel apelativo, a la apreciación de la prueba realizada por los juzgadores de hecho en los tribu-nales sentenciadores. Máxime, cuando se trata de una con-dena criminal. En vista de ello, reiteramos que los tribu-nales apelativos no debemos intervenir con dicha apreciación en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad, error manifiesto o cuando un análisis integral, detallado y minucioso de la prueba así lo justifique. Tomando tales principios en consideración, y luego de una lectura sose-gada de la transcripción de los procesos, entendemos que en el caso de autos hubo un error manifiesto al condenar a ambos peticionarios por el delito de escalamiento agravado y por el delito de alteración imputado exclusivamente a la señora Torres. Veamos.

Según reseñáramos, la evidencia presentada por el Mi-nisterio Público durante su exposición de la prueba de cargo consistió, esencialmente, de los testimonios brindados por Lisette, Miguel y el agente Rivera Canales. De los testimonios ofrecidos por Lisette y Miguel surge que tanto la señora Torres como el señor Casillas entraron a la residencia sin autorización. Es decir, ambos penetraron ilegalmente la residencia. Ahora bien, cada uno de los relatos ofrecidos coinciden en que la señora Torres entró a la residencia de Lisette y Miguel con el único objetivo de buscar a los menores ante una presunta discusión entre sus padres. Sobre este particular, Lisette testimonió que una vez la señora Torres entró a su residencia, esta dijo “[m]e voy a llevar a los nenes”. De hecho, en respuesta a las preguntas formuladas por el abogado de la defensa du-rante su turno de contrainterrogatorio, la propia Lisette reconoció que su suegra, la señora Torres, no entró a la residencia con el fin de “caerle encima”.

Cónsono con el testimonio ofrecido por Lisette, Miguel expresó que la señora Torres entró con el objetivo de buscar a los menores por la presunta discusión que surgió entre este y su compañera Lisette. Miguel reconoció que su hijo pudo haber llamado a la señora Torres para que lo buscara. Sobre esta posibilidad, indicó que tanto el menor como la señora Torres “todo el tiempo se hablan... [c]ualquier cosita, fuu..., y para allá iba abuela a buscarlo”. Esta versión fue confirmada tanto durante el testimonio de Lisette como durante el relato ofrecido por el agente Rivera Canales. En ese escenario, y sin evi-dencia alguna adicional, no hallamos base racional para imputarle a la señora Torres una intención criminal al momento de entrar a la residencia de su hijo.

Nótese que el incidente físico que se suscitó entre la señora Torres y Lisette surgió posteriormente, una vez Lisette se negó a acceder a que la señora Torres se llevara a los menores. Siendo así, y al no haber evidencia adicional que demostrara lo contrario, no debemos adjudicar a la señora Torres la intención de cometer el delito de agresión grave desde que entró a la residencia. Por lo tanto, esa intención de agredir y posterior ejecución no puede ser con-siderada como el elemento mental de intención adicional requerido para la consumación del delito de escalamiento. Como mencionáramos, “[s]i la intención de cometer el de-lito de apropiación ilegal o cualquier delito grave surge con posterioridad a la persona haber penetrado al lugar prote-gido por el artículo, no se da el delito de escalamiento”.

En lo que respecta al señor Casillas, ni el testimonio de Lisette ni el de Miguel ofrecen hecho base alguno que de-muestre que el primero entró a la residencia con la inten-ción de cometer un delito grave o el delito de apropiación ilegal. Por el contrario, de ambos testimonios surge que el señor Casillas llegó a la residencia una vez su compañera se encontraba dentro de esta en medio de un una discusión con Lisette. Incluso como parte de su teoría del caso, el propio Ministerio Público reconoció que la razón por la cual los peticionarios entraron a la residencia fue para llevarse a los nenes ante el hecho de que sus padres estaban en una disputa.

De esta manera, todos los testimonios ofrecidos durante el juicio coinciden en que los peticionarios entraron a la residencia de Miguel y Lisette con el fin de buscar a los menores, ya que presuntamente sus padres estaban discutiendo. Una vez Lisette se opuso a que se llevaran a los niños es que comienza la agresión. Tanto el testimonio de Lisette como el testimonio de Miguel así lo confirman al reconocer que los peticionarios penetraron la residencia con el propósito de buscar a los menores luego que uno de ellos llamara a la señora Torres por el celular. Aun cuando aceptáramos que la señora Torres entró a la residencia con coraje o “armá”, como mencionaron los testigos de cargo, ese simple hecho no nos permite concluir que su intención al entrar era cometer un delito de agresión o cualquier otro delito grave.

Ante este cuadro fáctico, concluimos que el Ministerio Público no cumplió con su responsabilidad de demostrar más allá de duda razonable cada uno de los elementos constitutivos del delito de escalamiento, según tipificado en el Art. 203 del Código Penal de 2004, supra. Conforme a lo expuesto anteriormente, el delito de escalamiento re-quiere que el Ministerio Público no tan solo presente evi-dencia dirigida a demostrar la intención de penetrar la es-tructura, sino que además debe presentar evidencia tendente a demostrar la intención específica y simultánea a la penetración de cometer delito grave o delito de apro-piación ilegal.

En el caso de autos, no hay duda de que el Ministerio Público no logró probar este elemento de simultaneidad entre la penetración a la residencia de Miguel y Lisette y la intención de los peticionarios de cometer el delito de apro-piación ilegal o cualquier delito grave. Por consiguiente, no se probaron más allá de duda razonable todos los elemen-tos del delito de escalamiento agravado y su conexión con los peticionarios. Ante ello, es evidente que el Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en lo que respecta al delito de escalamiento.

En ese escenario, tenemos la obligación de dejar sin efecto el veredicto condenatorio en lo que concierne al de-lito de escalamiento agravado. Una mera entrada no auto-rizada a una propiedad sin los fines ulteriores establecidos en el Código Penal, ciertamente no constituye escala-miento. Por ello, mantener la condena de escalamiento agravado en contra de los peticionarios equivaldría a con-siderar como constitutivo de delito unos hechos distintos a los consignados en el Art. 203 del Código Penal de 2004, supra. Esto no tan solo sería contrario a las concepciones más básicas imperantes en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además soslayaría nuestra responsabilidad como foro apelativo de revertir dictámenes que son contrarios a derecho.

En lo que concierne al delito de alteración a la paz im-putado a la señora Torres únicamente, resolvemos que en el presente caso no se cumplen los elementos del delito de alteración a la paz, según tipificado en el Art. 247 del Código Penal de 2004, supra, particularmente en su inciso (a). Anteriormente indicamos que uno de los elementos de dicho delito es que la paz de la víctima sea efectivamente alterada. Para que ese elemento se configure es necesario que la víctima se encontrase en un estado de paz o tran-quilidad previo a la intervención del acusado. No estaría-mos ante un escenario de alteración a la paz propiamente, cuando no hay ninguna paz o tranquilidad que pudiese ser alterada.

Luego de examinar la totalidad de la transcripción de la prueba testifical que obra en autos, concluimos que en el presente caso no se configuró ese primer elemento del de-lito de alteración a la paz. Como bien surge de la exposi-ción de hechos que antecede, cuando la señora Torres entró a la residencia de su hijo Miguel y su nuera Lisette, nin-guno se encontraba en un estado de paz o tranquilidad. Por el contrario, estaban en medio de una discusión de pareja. Por lo tanto, no se le puede imputar a la señora Torres haber alterado una paz que no existía previo a su intervención. Siendo así, también procede la revocación de la sentencia condenatoria en contra de la señora Torres en lo que respecta al delito de alteración a la paz.

En resumen, procede revocar la condena por el delito de escalamiento agravado y, en consecuencia, la correspon-diente pena de tres años y un día de reclusión impuesta a los peticionarios. Así mismo, corresponde revocar la con-dena por el delito menos grave de alteración a la paz y, por ende, la pena de noventa días impuesta en contra de la señora Torres. No obstante, luego de examinar con rigor el expediente en su totalidad y la transcripción de los testi-monios vertidos en el juicio, no vemos indicio alguno de que el juzgador de los hechos hubiese actuado con prejuicio, pasión, parcialidad o que existiese error manifiesto res-pecto al veredicto de culpabilidad por el delito de agresión menos grave en contra de los peticionarios. Por ende, con-firmamos la sentencia condenatoria en lo que concierne al delito de agresión menos grave.

IV

Por los fundamentos expresados, modificamos parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, la cual a su vez confirmó los dictámenes condenatorios emitidos por el Tribunal de Primera Instancia. Por una parte, revocamos el dictamen impugnado respecto a la de-terminación de culpabilidad por el delito de escalamiento agravado contenido en el Art. 204 del Código Penal de 2004, supra, en contra del Sr. Raymond Casillas Díaz y de la Sra. Zaida M. Torres Martínez. De igual forma, revoca-mos el fallo en contra de la Sra. Zaida M. Torres por el delito de alteración a la paz, tipificado en el Art. 247 del Código Penal de 2004, supra. Por otra parte, confirmamos el veredicto de culpabilidad por el delito de agresión menos grave, según tipificado en el Art. 121 del Código Penal de 2004 (33 LPRA see. 4749 (Supl. 2005), en contra de ambos peticionarios.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Arts. 203 y 204 de la Ley Núm. 149-2004 (33 LPRA sees. 4831 y 4832 (Supl. 2005)). Los hechos que originaron este recurso ocurrieron durante la vigencia del Código Penal de 2004, por lo que haremos referencia a dicho cuerpo legal para dis-poner de la controversia que nos ocupa. No obstante, es pertinente mencionar que la redacción del delito de escalamiento se mantuvo inalterada en el Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012. Siendo así, los elementos del delito continúan siendo los mismos. Véase Art. 194 del Código Penal de 2012 (33 LPRA see. 5264). La única modificación fue a los fines de aumentar la clasificación a delito grave y para fijar una pena de reclusión por un término fijo de cuatro años. Id. En lo que respecta al delito de escalamiento agravado, el Código Penal vigente añadió varias circunstan-cias específicas en las que se puede cometer el delito. De esta manera, se amplió su alcance al incluir cualquier otro lugar en donde la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad. Véase Art. 195(a) del Código Penal de 2012 (33 LPRA see. 5265(a)). Asimismo, se incluyó aquella propiedad asignada por el gobierno para brin-dar vivienda pública y la circunstancia de cuando medie forzamiento para la penetración. Véase Art. 195(b) y (c) del Código Penal de 2012, supra. A pesar de tales especificaciones, la penetración a una casa ocupada, con el propósito de cometer el delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave —circunstancias que se evalúan en el caso de autos— continúa considerándose como escalamiento agravado. En el nuevo artículo simplemente se añaden otras circunstancias que también podrían constituir la comisión de este delito. Consecuentemente, la doctrina que pautamos mediante esta Opinión es vinculante a la interpretación y aplicación de los Arts. 194 y 195 del Código Penal de 2012, supra.

       33 LPRA secs. 4750 y 4832 (Supl. 2005).

       Véase Transcripción del juicio en su fondo, págs. 60 (lns.7-23) y 61 (lns.1-19). Es preciso mencionar que ni la denuncia ni la acusación forman parte del expe-diente del caso de autos.

       Íd., págs. 62 (lns.7-23), 63 y 64 (lns.1-11). La señora Torres hizo una alega-ción de no culpabilidad en ambos cargos. íd., págs. 61 (lns.20-23) y 64 (lns.12-15).

       Íd., págs. 64 (lns.22-23), 65, 66 (lns.1-10, 20-23), 67-68 y 69 (lns.l72). Para ambas acusaciones, el señor Casillas hizo una alegación de no culpabilidad. íd., págs. 66 (lns. 11-14) y 69 (lns.3-6).

       Para propósitos de claridad de los hechos, procederemos a identificar a los perjudicados por su primer nombre.

       Los testimonios de estas tres personas constituyeron toda la prueba testifical presentada por el Ministerio Público. Véase Transcripción del juicio en su fondo, pág. 69 (lns.14-17). La otra evidencia presentada por el Ministerio Público corresponde a varias fotografías que reflejaban las heridas sufridas por Lisette y el Informe de Incidente preparado por el agente Rivera Canales.

       íd., págs. 86 (lns. 14-22) y 87 (lns.1-3).

       Tanto la residencia de los perjudicados —Miguel y Lisette— como la de los peticionarios —la señora Torres y el señor Casillas— están enclavadas en el mismo solar próximas una a la otra.

       Id., pág. 354 (lns.8-23).

       íd., pág. 88 (lns.13-16).

       Íd., págs. 88 (lns.17-18) y 89 (lns.18-21).

       Íd., pág. 88 (lns.21-23).

       Íd., págs. 90 (lns.7-23) y 91 (lns.1-2).

       Íd., pág. 90 (Ins. 18-22).

       Íd., pág. 91 (lns.1-2).

       Íd., págs. 95 (lns.18-23) y 96 (lns.1-17).

       Íd., pág. 97 (lns. 19-20).

       Íd., pág. 99 (lns.10-13).

       Íd., pág. 100 (lns.12-17).

       Íd., págs. 100 (lns.22-23) y 101 (ln.1-6).

       Íd., págs. 102 (lns. 17-23), 103 y 104.

       Íd., pág. 105 (lns. 10-23).

       Íd., págs. 110 (lns. 17—23) y 111 (lns.1-2).

       Íd., págs. 111 (lns.11-23) y 112.

       Íd., págs. 113 y 114 (lns.1-11).

       Íd., pág. 114 (lns.2-3).

       Íd., pág. 121 (lns.1-6).

       Íd., págs. 128 (lns.21-23) y 129 (lns.1-4).

       Íd., pág. 129 (lns.5-13). Si bien acudió al cuartel al día siguiente de los hechos, los cargos no fueron presentados el 29 de agosto de 2011, ya que, según explicó Lisette durante su testimonio, el Supervisor en el cuartel la envió al hospital porque “estaba botando sangre por el dedo”. íd. De igual forma, durante su testimo-nio Lisette expresó que no presentó cargos en contra de su suegra, la señora Torres, y su compañero consensual, el señor Casillas, porque “estaba acabando de ocurrir el problema”. Íd., pág. 122 (lns.12-18).

       Íd., págs. 129 (lns.15-23), 130, 131 y 132 (lns.1-18).

       Íd., pág. 166 (lns.6-11).

       Íd., págs. 189 (lns.8-22) y 190 (lns.1-4).

       Íd., págs. 234 y 235 (lns.1-3).

       Íd., pág. 271 (lns.13-23).

       Íd., pág. 272 (lns. 1-7).

       Íd., pág. 274 (lns. 14-20).

       Íd., pág. 275 (lns.15-20).

       Íd., pág. 276 (ln. 8).

       Íd., pág. 276 (lns.19-20).

       Íd., pág. 277 (lns.1-4).

       Íd., págs. 277 (lns.5-23) y 278-295.

       Íd., págs. 305 (lns.9-19) y 306 (lns.6-21).

       Íd., págs. 314 (lns.2-23), 315 (lns. 1-11) y 316 (lns.18-20).

       Íd., pág. 333 (lns.5-9). De acuerdo con el testimonio de Miguel, los nenes tienen muy buena relación con su abuela. Este describió que los menores son “muy engreídos” con la señora Torres. íd., pág. 313 (lns.17-23).

       Íd., pág. 333 (lns. 17-23).

       Íd., pág. 337 (lns. 1-14).

       Íd., pág. 339 (lns.2-6).

       Íd., págs. 341, 342 (lns.1-3).

       Íd., pág. 340 (lns. 14-17).

       Íd., págs. 353 (lns.3-23) y 361 (lns.13-14).

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 24r-25 y 33-34. Tras el veredicto de culpabilidad, los peticionarios presentaron una solicitud de nuevo juicio basado en las Reglas 187 y 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, y una solicitud para que se anulara el veredicto. Véase Apéndice de la Petición de certio-rari, págs. 67-76. Mediante una extensa resolución emitida y notificada el 20 de agosto de 2012, el Tribunal de Primera Instancia denegó tal petitorio. íd., págs. 78-108.

       Véase Transcripción del juicio en su fondo, pág. 66 (lns.9-18).

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 35-62. Los casos consoli-dados por el Tribunal de Apelaciones corresponden a KLAN201201475 y KLAN201201476. íd., págs. 17-25 y 26-34, respectivamente.

       Id., págs. 2-16.

       Íd., pág. 8.

       Íd., pág. 13.

       Íd., pág. 14.

       Petición de certiorari, pág. 16. No es necesario discutir el primer señala-miento de error, ya que entendemos que la discusión y resolución que formularemos más adelante respecto al segundo error dispone del presente caso.

       Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Ibmo 1, ed. 2008, pág. 343.

       Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

       Véase, además, W.R. LaFave y A.W. Scott, Jr., Handbook on Criminal Law, Minnesota, West Publishing Co., 1972, pág. 44.

       Respecto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla 110 de Eviden-cia establece que el juzgador de los hechos tiene el deber de “evaluar la evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados [...]”. 32 LPRA Ap. VI. Esto a tenor con los principios establecidos en el mencionado precepto, entre ellos, el inciso (c): “Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. Id.

        Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581-582 (1996).

       Véanse, además: Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 DPR 188 (1986); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, 621 (1981); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 DPR 56, 60 (1966).

       Véanse, además: Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 173 (1997); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 16 (1995); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299 (1991); Pueblo v. Fradera Olmo, 122 DPR 67, 79 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 648; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).

       Art. 203 del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4831 (Supl. 2005)). Este artículo procede del Art. 170 del derogado Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4276 (ed. 2001)). En el Código Penal vigente, el delito de escalamiento se encuentra tipificado en el Art. 194 (33 LPRA sec. 5264). Como mencionáramos en el escolio 1, los elementos del tipo del delito de escalamiento permanecen inalterados, pero la pena aumenta a un término fijo de cuatro años de reclusión.

       Art. 204 del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4832 (Supl. 2005)).

       Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, pág. 279.

       En este caso, el apelante alegaba que el edificio penetrado no era uno de los protegidos por el estatuto de escalamiento. Pueblo v. Cosme Vargas, supra, pág. 838. Según sostuvo, "para que pueda cometerse escalamiento el edificio penetrado debe tener cuatro paredes y que el almacén en el cual penetró sólo tiene tres paredes, un techo y una cerca”. Id. En aquella ocasión no aceptamos tal contención y establecimos que “[e]l propósito del estatuto no es proteger una clase de edificio a diferencia de otros [...] sino que es proteger la vida y la propiedad”. Id., pág. 840.

       Como referencia a la definición del término edificio incluida en el Código Penal de 1974, véase el Art. 7(9): “[c]omprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales”. 33 LPRA sec. 3022(9) (ed. 2001).

       33 LPRA sec. 4642(k) (Supl. 2005).

       Íd. En el Código Penal de 2012 se copió ad verbatim la citada definición de edificio. Véase Art. 14(o) del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5014(o)).

       Véase Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 280.

       Art. 14(i) del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4642 (Supl. 2005)).

       Íd. Esta redacción de edificio ocupado permanece inalterada en el Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5014(p)).

       Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 281. Véase, además, R. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico (2004), Puerto Rico, Ed. Chrisely, 2007, págs. 215-216.

       Véase Art. 22 del Código Penal de 2004 (33 LPRA see. 4650 (Supl. 2005)). Para una explicación más detallada sobre este principio, véanse: S. Mir Puig, Derecho penal: parte general, 8va ed., Buenos Aires, Ed. IB de F, 2008, págs. 123-127. Véase, además, 1 LaFave Criminal Law 2d Secs. 6.1-6.5, págs. 421-514 (4ta ed. 2003).

       Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 36; Informe del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 2302,14ta Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria, 22 de junio de 2003, pág. 23. Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Derecho penal puertorriqueño: parte general, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 200.

       L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, San Juan, Pubs. JTS, 2007, Cap. 7, Sec. 1, pág. 141.

       Art. 23 del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4651 (Supl. 2005)).

       Para una discusión detallada sobre las implicaciones de estas tres modalidades de intención bajo el derogado precepto del Código Penal de 2004, véase Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 711-712 (2011). Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., págs. 143-163.

       Chiesa Aponte, op. cit., págs. 163-164.

       Íd., págs. 165-166. Véase, además, L.E. Chiesa Aponte, Intención específica, intoxicación voluntaria y otros demonios, 73 Rev. Jur. UPR 83 (2004).

       En Pueblo v. Robles González, 132 DPR 554, 565 (1993), esta Curia expresó que el escalamiento constituía un ejemplo de aquellos delitos de intención específica, pero entendida esta frase como una modalidad de la intención según definida en el Art. 15(a) del derogado Código Penal de 1974, sustituido posteriormente por el Art. 23(a) del Código Penal de 2004, supra. Como expondremos más adelante, tal aseveración es incorrecta, ya que el elemento subjetivo requerido en el delito de escalamiento contiene un elemento mental adicional a las modalidades de intención definidas en el referido Art. 23 del Código Penal de 2004.

       Art. 203 del Código Penal de 2004, supra.

       Nevares-Muñiz, Código Penal..., op. cit., 3ra ed. rev., 2008, pág. 275.

       Íd.

       33 LPRA sec. 4875 (Supl. 2005). Este Art. 247 disponía específicamente tres modalidades en las que se podía incurrir en el delito de alteración a la paz, a saber:
      “Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:
      (a) Perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofen-siva, que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad;
      (b) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una expectativa razonable de intimidad, o
      (c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones o palabras insultantes u ofensivas que puedan pro-vocar una reacción violenta o airosa en quien las escucha”. íd.

       Véase el escolio 6.

       Véase el escolio 16 y el texto citado. Véase, además, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 314 (lns.2-23), 315 (lns.1-11), 316 (lns.18-20), 353 (lns.3~23) y 361 (lns.13-14).

       Véase el escolio 16 y el texto citado.

       Véase el escolio 32 y el texto citado.

       Véase el escolio 43 y el texto citado.

       Véase Transcripción del juicio en su fondo, pág. 333 (lns.5-9). Véase, además, el escolio 44.

       Íd., págs. 234 y 235 (lns.1-3).

       Íd., págs. 353 (lns.3-23) y 361 (lns.13-14).

       Nevares-Muñiz, Código Penal..., op. cit, 3ra ed. rev., 2008, pág. 275.

       Véase Transcripción del juicio en su fondo, págs. 75-82 y 83 (lns.1-15).

       Véase escolio 16 y texto citado.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Juan Javier Guadalupe Díaz.

      Número: TS-8968

      Resuelto: 28 de febrero de 2014

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías; Juan Javier Guadalupe Díaz, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender a un notario por incumplir con los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Por los fundamentos esbozados a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Juan J. Guadalupe Díaz del ejercicio de la notaría.

I

El licenciado Guadalupe Díaz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de julio de 1988 y al ejercicio de la notaría el 15 de agosto de 1998. El 21 de mayo de 2013, el Director de ODIN, Ledo. Manuel E. Avila De Jesús, pre-sentó ante esta Curia una "Moción informando aprobación con deficiencias de obra notarial incautada y otros remedios”. En esta nos informó que la Inspectora de Protocolos había culminado el proceso de inspección de la obra notarial del licenciado Guadalupe Díaz.

Los Protocolos de 2000, 2002-2004 y 2008-2011 se apro-baron luego que el notario subsanara las deficiencias señaladas. No obstante, los Protocolos de 2001, 2005, 2006 y 2007 se aprobaron con deficiencias luego de un proceso administrativo en el cual el letrado acreditó que estas eran insubsanables. Por su parte, el Registro de Testimonios co-rrespondiente a los asientos 27,737-40,351 quedó pen-diente de aprobación, pues no se adhirieron los sellos de asistencia legal en 8,538 asientos, lo que equivale a una deuda de $25,641.

En vista de lo anterior y según la Regla 77(k) del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, el licenciado Guadalupe Díaz solicitó una reunión con el Director Auxiliar. Se le concedió un término de sesenta días para satisfacer el pago total de los aranceles adeudados.

El 26 de octubre de 2012, el licenciado Guadalupe Díaz solicitó un término adicional para pagar la deuda. En aten-ción a ello, se le concedió un término final e improrrogable de sesenta días para cumplir con la deuda. También se advirtió al notario que el incumplimiento con la obligación arancelaria conllevaría referir el asunto ante este Tribunal. No obstante, al 15 de mayo de 2013, fecha cuando el Director de ODIN nos presentó su informe, el notario no había satisfecho la deuda arancelaria.

Atendido el asunto, el 13 de septiembre de 2013 emiti-mos una Resolución en la cual concedimos al licenciado Guadalupe Díaz un término final de diez días para que subsanara la deficiencia arancelaria y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la profesión. También lo apercibimos de que su incumplimiento conllevaría la sus-pensión automática de la profesión y el referido al Depar-tamento de Justicia para el inicio del procedimiento de desacato.

Luego de esto, el letrado compareció en cuatro ocasiones para mantenernos informados de varios casos que tenía pendientes, siendo la última comparecencia el 18 de no-viembre de 2013. Desde la primera comparecencia, informó que había logrado cancelar 2,405 sellos de asistencia legal para un total de $7,215. Informó también que, una vez recibiera más honorarios de abogados, procedería a cance-lar los sellos adeudados. No obstante, hoy, el notario no ha subsanado la deuda arancelaria existente.

II

Hemos sostenido en innumerables ocasiones que los notarios tienen el deber, una vez se le señalan faltas en su obra notarial, de subsanarlas y concertar una reunión con ODIN para la reinspección de los Protocolos. In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). También, hemos expresado que “[n]ingún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contact [e] para verificar si se corrigen adecuadamente los señalamientos que dicha oficina efectúe, máxime cuando la imagen de la profesión y la suya propia está en tela de juicio”. Íd.

Por otro lado, los abogados tienen la obligación ineludible de responder con diligencia a los requerimientos de este Tribunal y de ODIN. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011). Véanse, además: In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013); In re Buono Colón, 187 DPR 379, 382-383 (2012). El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige de todos los letrados el mayor de los respetos hacia los tribunales. Por ello, todo abogado debe responder con diligencia a los requerimientos y órdenes emitidas por este Tribunal. In re Martínez Class, 184 DPR 1050 (2012).

No obstante, una y otra vez nos vemos obligados a suspender abogados que muestran indiferencia y menosprecio a nuestras órdenes. In re Buono Colón, supra, pág. 383. Ello, a pesar que es una norma reiterada que ante el in-cumplimiento con el deber de responder nuestros requeri-mientos y la ignorancia a los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejerci-cio de la profesión. In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).

HH H-I

A pesar de que el licenciado Guadalupe Díaz compareció en múltiples ocasiones ante la ODIN y este Foro, este ha demostrado dejadez en subsanar la deuda arancelaria en abierta violación a las órdenes emitidas por ambos entes. Tanto la ODIN como este foro le hemos concedido múltiples términos, desde junio de 2012, para satisfacer la deuda arancelaria. No obstante, hoy, el notario sigue adeudando la cantidad de $18,399.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Juan J. Guadalupe Díaz del ejercicio de la notaría. Se ordena la incautación de su obra notarial reciente, así como de su sello notarial. Estos últimos debe-rán ser entregados al Director de ODIN para la correspon-diente investigación e informe suplementario. Por último, se refiere al letrado al Departamento de Justicia para la investigación correspondiente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


text:
      In re Gilberto Rodríguez Zayas, querellado.

      Número: AB-2012-45

      Resuelto: 28 de febrero de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Gisela Rivera Matos, procuradora general auxiliar, y Tatiana M. Grajales Torruellas, subprocuradora general; Gilberto Ro-dríguez Zayas, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos vemos obligados a ejer-cer nuestra función disciplinaria para suspender a un abo-gado por incumplir con los requerimientos de este Tribunal en un procedimiento disciplinario iniciado en su contra. Por los fundamentos que exponemos a continuación, sus-pendemos inmediata e indefinidamente al Ledo. Gilberto Rodríguez Zayas del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I — I

El licenciado Rodríguez Zayas fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982. El 7 de febrero de 1983, juramentó como notario. Por ser nombrado Juez Municipal, solicitó su renuncia a la notaría en el 1986. Luego, renunció al cargo como juez y en 1995 fue readmi-tido al ejercicio del notariado.

El 6 de febrero de 2012, el Sr. Luis Mercado Figueroa (quejoso) presentó una queja juramentada contra el licen-ciado Rodríguez Zayas. Expresó que contactó al letrado para que lo representara en una vista administrativa ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco). Luego de esa conversación inicial, el licenciado solicitó $800 por los servicios, de los cuales el quejoso le adelantó $400 en la primera visita que hizo a su oficina. El quejoso alegó que el licenciado cobró los $400 por un trabajo que no realizó: haber solicitado una prórroga para contestar una moción de desestimación que nunca contestó.

Surge de una resolución emitida por Daco que el señor Mercado Figueroa compareció a la vista administrativa junto al licenciado Rodríguez Zayas como la parte querellante. Sin embargo, en la vista, la parte querellada presentó una contestación y moción de desestimación a la que la parte querellante se opuso y solicitó 20 días para presentar su oposición por escrito. A falta de comparecen-cia, Daco concedió otra prórroga, pero la parte querellante no presentó su oposición. Daco desestimó la querella.

El 16 de febrero de 2012, la Secretaría de este Tribunal remitió una carta al licenciado Rodríguez Zayas para que en un término de 10 días compareciera y presentara su reacción por escrito sobre la queja.

El 12 de marzo de 2012, el licenciado Rodríguez Zayas presentó sus comentarios. Aceptó que había sido contra-tado por el quejoso, quien le pagó $400 dólares de $800 que había requerido por sus servicios. Indicó que no había ac-tuado de manera contraria a los cánones del Código de Ética Profesional, pues cumplió con su responsabilidad de orientar al quejoso e informarle que no tenía probabilida-des de prevalecer en el caso. Explicó que no presentó la contestación a la moción de desestimación porque, tras analizarla, entendió que su cliente no tenía razón. En es-pecífico, de un análisis de los documentos llevados por el quejoso pudo determinar que la reclamación estaba pres-crita y que aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Argüyó que le explicó esto y le informó que, como el caso no conti-nuaría, le iba a cobrar solo $300 por el análisis y la com-parecencia a la vista y le devolvería $100 de los que fueron adelantados. Añadió que el quejoso no le indicó que tuviera prueba para rebatir las alegaciones de la moción de deses-timación ni le solicitó que presentara una moción de reconsideración.

No obstante, continuó explicando que luego coincidió con el quejoso en un velorio, donde le dijo que solo le cobra-ría $200, por lo que le devolvería $200. Según él, el señor Mercado Figueroa estuvo de acuerdo con esos honorarios. Adujo que le recalcó que le diera seguimiento para que no se le olvidara. Luego, el licenciado Rodríguez Zayas ex-presa que confrontó problemas de salud, como ataques de asma, que lo obligaron a mantenerse en reposo, razón por la cual no había hecho la devolución de los honorarios.

Más adelante, señaló el licenciado, volvieron a coincidir en otro velorio donde se le acercó para disculparse y expli-carle los problemas de salud que había enfrentado, pero que el quejoso le faltó el respeto. Según él, le insistió en que lo llamara para darle la dirección y enviar el dinero, pero este no lo hizo. Por último, el quejoso reiteró su dis-posición para devolver los $200.

Referimos este asunto a la Oficina del Procurador General, la cual nos sometió un informe. En este indicó que se comunicaron con el quejoso por teléfono y que este señaló que el querellado nunca le informó que no compareciera a contestar la moción de desestimación. De hecho, el señor Mercado Figueroa mencionó que se enteró de su incompa-recencia cuando se le notificó la Resolución de Daco. Ade-más, en el informe se expone que se comunicaron con el querellado y este señaló que no existió un contrato escrito entre ellos y reiteró los señalamientos de su contestación a la queja.

En su informe, la Oficina del Procurador General entendió que era necesaria una adjudicación de credibilidad, por existir hechos contradictorios, para dilucidar si el licen-ciado Rodríguez Zayas incurrió en una violación a los cá-nones del Código de Ética Profesional. Respecto a los $200 que el querellado quedó en devolver al quejoso, concluyó que es una conducta que podría ser violatoria al Canon 23 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Tras examinar dicho informe, el 6 de junio de 2012 emi-timos una resolución en la que concedimos al querellado un término de 20 días a partir de su notificación para ex-presarse sobre el informe presentado por la Oficina del Procurador General. Advertimos que, de no comparecer, se entendía que se allanaba a las recomendaciones del informe. Como este no compareció, emitimos una segunda resolución el 6 de julio de 2012 en la que le concedimos otro término de 20 días para que se expresara.

En respuesta, el licenciado Rodríguez Zayas presentó una moción urgente de prórroga para que le concediéramos 20 días adicionales para replicar al informe. Alegó que no había podido contestar antes por razones de enfermedad. En atención a su moción, el 15 de agosto de 2012 emitimos una resolución accediendo a lo solicitado. Aclaramos que el término sería final para cumplir con nuestra Resolución de 6 de julio de 2012.

El 25 de agosto de 2012, el querellado compareció y rei-teró no haber incurrido en conducta antiética. Ante esa situación, el 25 de enero de 2013 ordenamos al abogado a que devolviera los $200 y, una vez lo acreditara, archiva-ríamos la queja con apercibimiento. Sin embargo, el 14 de agosto de 2013 la Oficina del Procurador General presentó una moción informativa ante este Tribunal en la que nos notificó que habían transcurridos más de seis meses sin que el querellado acreditara su cumplimiento con nuestra orden. Al día de hoy, más de un año después de emitida la orden, el querellado no ha acreditado su cumplimiento.

II

Todo abogado tiene el deber de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Montes Díaz, 184 DPR 90 (2011). Así lo exige el Canon 9 del Código de Ética Profesional al establecer que

[e]l abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o aten-tados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe interve-nir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.
El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerroga-tivas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa. 4 LPRA Ap. EX.

Hemos enfatizado que la naturaleza pública de la profesión de la abogacía impone al abogado el deber de responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con investigaciones disciplinarias, particularmente, porque puede poner en entredicho su conducta profesional. In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766 (2010).

Lamentablemente, hay miembros de la profesión legal que no cumplen con este principio deontológico y nos vemos obligados a ejercer nuestra función disciplinaria. In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011). Consecuentemente, cuando un abogado incumple con el deber de responder a nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995). Esto, pues configura una falta independiente a los méritos de la queja presentada cuando un abogado incumple con esa disposición ética. In re Prieto Rivera, 180 DPR 692 (2011). Necesariamente, esto nos permite atajar los patrones de dejadez e inobservancia de parte de los miembros de la profesión que son incompatibles con el ejercicio de la abogacía. In re González Barreto, 169 DPR 772 (2006).

Recientemente, reiteramos que “[d]esatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. (Enfasis en el original). In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 126 (2013), citando a In re Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (1999). “Implica indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia las autoridades, particularmente este Foro”. (Enfasis en el original). Id.

III

Incumplir con nuestros requerimientos es una conducta incompatible con la profesión legal. Aun así, frecuente-mente nos vemos obligados a suspender miembros de la profesión por incumplir con esta responsabilidad como parte de los procedimientos iniciados en su contra. Hoy nos encontramos ante la conducta de dejadez del licenciado Ro-dríguez Zayas.

Definitivamente, este abogado ha actuado de forma re-prochable al incumplir con nuestra Resolución de 13 de enero de 2013, en la que le ordenamos devolver los $200 al quejoso. Esto, aun cuando, en lugar de continuar con el procedimiento disciplinario, condicionamos el archivo de la queja a que acreditara su cumplimiento con nuestra orden. Desafortunadamente, desde esa fecha no hemos recibido ninguna comunicación de parte suya.

Nuevamente, el incumplimiento con nuestras órdenes conlleva la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, así como la posible imposición de otras sanciones disciplinarias. En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefinidamente al licenciado Rodríguez Zayas del ejercicio de la abogacía y la notaría. Este deberá notificar a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede con-tinuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún caso pendiente. Estas gestiones se certificarán a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión y sentencia.

Además, el Alguacil de este Tribunal procederá a incau-tar la obra notarial del licenciado Rodríguez Zayas y su sello notarial, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    Ignacio Villarmarzo García, Ex parte.

      Número: TS-5345

      Resuelto: 3 de marzo de 2014

      Ignacio Villamarzo García, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a ejercer nuestra función disciplinaria para suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) durante el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 e ignorar los requerimientos de este Tribunal. Por los fundamentos que esbozamos a continuación, ordena-mos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Ignacio Villarmarzo García del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado Villarmarzo García fue admitido al ejerci-cio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y juramentó como notario el 19 de mayo de 1977. Como fue nombrado Registrador de la Propiedad, cesó en el ejercicio del nota-riado por varios años, y el 26 de abril de 2007 fue readmitido.

El 10 de octubre de 2012, la Directora del PEJC, Leda. Yanis Blanco Santiago, nos informó que el licenciado no cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005) (Reglamento de 2005), durante el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Surge del Informe sobre In-cumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua que se le envió un Aviso de Incumplimiento para otor-garle, entre otras alternativas, sesenta días adicionales para tomar los cursos. Transcurrido casi un año desde ese aviso sin que cumpliera, el PEJC le envió una citación para una vista informal.

Celebrada la vista, en la cual el licenciado estuvo pre-sente, el Oficial Examinador recomendó otorgarle una pró-rroga final. Vencida la prórroga, el PEJC le concedió una segunda prórroga de tres días para que informara su cumplimiento. El licenciado no contestó.

Llegado el asunto a nuestra consideración, concedimos un término de veinte días al licenciado Villarmarzo García para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión por in-cumplir con los requisitos del PEJC y por no comparecer ante el PEJC cuando fue requerido. Oportunamente, el li-cenciado compareció mediante una moción en la que soli-citó un término adicional para presentar unos documentos acreditativos de que había ofrecido cursos aprobados por el PEJC que se podrían acreditar a la deficiencia en créditos que tenía.

Vista su moción, el 10 de enero de 2013 concedimos un término adicional de veinte días para que cumpliera con nuestra Resolución anterior. En febrero de ese año, el li-cenciado solicitó otra prórroga, por lo que le concedimos un término de diez días adicionales. Luego, presentó una con-testación a la querella en la que alegó que tenía todos los documentos que le permitirían completar los cursos exigi-dos por el Reglamento de 2005.

Tras evaluar la moción, el 9 de abril de 2013, le conce-dimos treinta días para que presentara la certificación de cumplimiento emitida por el PEJC. A esta fecha, casi un año después, no ha comparecido para dar cumplimiento a nuestra orden. El querellado tampoco ha pagado la cuota por cumplimiento tardío.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que,

[a] fin de viabilizar el objetivo de representación legal ade-cuada para toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la partici-pación en programas educativos de mejoramiento profesional: ayudando a los tribunales, juntas y demás autoridades en la promulgación de normas y requisitos adecuados que orienten los programas educativos de las escuelas de derecho y el pro-ceso de admisión al ejercicio de la profesión; y sirviendo en comités, seminarios y organismos con funciones relacionadas con la divulgación, mejoramiento y aplicación de los cánones de responsabilidad profesional.

De acuerdo con ese canon, la Regla 28 del Reglamento de 2005, pág. 587, requiere que los abogados tomen veinticuatro créditos de educación jurídica continua cada dos años, en cursos que ofrezca alguna institución acreditada con esos propósitos. Cada abogado tiene hasta treinta días después de vencido el término para acreditar su cumplimiento con los créditos.

Además, el Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige a todo abogado responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009). Particularmente, es indispensable obedecer a tales requerimientos cuando se trata de procedimientos disciplinarios. In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013).

Consecuentemente, cuando un abogado incumple con el deber de responder a nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995). Frecuentemente, nos vemos obligados a suspender miembros de la profesión ante actitudes de indiferencia y menospre-cio a nuestros señalamientos. In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011).

Asimismo, nos hemos visto obligados a reiterar que incumplir con los requerimientos de este Tribunal es, en sí mismo, una violación a los cánones del Código de Ética Profesional. In re Fiel Martínez, 180 DPR 426 (2010).

i — I HH 1 — I

Como hemos expresado, la inobservancia de los requeri-mientos y las órdenes de este Tribunal es una conducta reprochable de los miembros de la profesión legal. Lamen-tablemente, en esta ocasión, el licenciado Villarmarzo García no ha cumplido con nuestra orden emitida el 9 de abril de 2013. Tampoco ha certificado su cumplimiento con los requisitos del PEJC. Casi un año después de notificada nuestra Resolución en la que concedimos un término de treinta días, el licenciado no ha cumplido.

Por lo anterior, se suspende inmediata e indefinida-mente al Ledo. Ignacio Villarmarzo García del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los requisitos del PEJC y no atender los requerimientos de este Tribunal. Este deberá notificar a sus clientes que por la suspensión no puede continuar con su representación legal, y le devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, de-berá informar su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones las certificará a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia. Además, el Algua-cil de este Tribunal procederá a incautar la obra notarial del licenciado Villarmarzo García y su sello notarial, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Las Juezas Asociadas Señoras Rodríguez Rodríguez y Pabón Charneco no intervinieron.