author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. F. Carrera & Hermano et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez contra orden anulando rebeldía y contra sentencia, en cansa sobre daños y perjuicios.
    No. 1289.
    Resuelto en mayo 28, 1915.
    Desestimación de Apelación — Palta de Finalidad Práctica del Recurso— Sentencia Anulada Después de Establecida la Apelación. — Carece de finalidad práctica y debe desestimarse la apelación contra una sentencia que posteriormente fué anulada por falta de jurisdicción por la misma corte que la dictó y a virtud de moción de reconsideración presentada por el ape-lante.
    Apertura de Rebeldía — Abuso Manifiesto de Discreción. — No se revocará una orden de apertura de rebeldía mientras no se demuestre abuso manifiesto de discreción. En el presente caso se resolvió que la corte no procedió arbi-traria o caprichosamente sino guiada por las razones que le expuso el deman-dado y que ella .estimó aceptables, teniendo además el demandado una buena defensa en el pleito.
    Id. — Descuido Excusable. — Es mejor práetica permitir a las partes que se defien-dan y resolver las cuestiones oyéndolas que no la de sostener sentencias dic-tadas en rebeldía cuando se demuestra que el descuido en el cumplimiento de la Ley de Procedimientos ha sido excusable y no debido al deseo de entor-pecer 'y demorar la cuestión litigiosa. Véase Subió et al. vi Mayagüez Auto Garage, Ine., 20 D. P. R., 244.
    Id. — Petición de Eliminación — Conclusión Legal — Falta de Objeción.— Cuando una petición para que se elimine el juramento de una moción de apertura de rebeldía sólo contiene una conclusión legal, como es la de que el juramento carecía de los requisitos legales, sin expresar por qué, y en el acto de la vista de la moción se sustituye el juramento escrito por uno verbal recibido por el juez sin objeción alguna a tal procedimiento, no puede esto alegarse como un error en apelación.
    Id. — Juramentos—Hechos Relativos al Abogado — Gon-ocimiento Propio — Per-jurio. — Guando se trata de hechos que no ha de jurar la misma parte intere-sada sino su abogado, por ser relativos a éste, se presume que habían de-■constarle por propio conocimiento, y aunque la forma del juramento no se-ajuste estrictamente al artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, no por ello puede considerarse ineficaz y nulo.
    Prueba — Admisión de Prueba Indebida — Falta de Excepción. — Aun cuande una parte se haya opuesto a la presentación de cierta prueba, si ha sido admi-tida por la corte sin haberse tomado la correspondiente excepción, no puede discutirse el error en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Juan Quintero.

      Abogados de F. Carrera & Hermano: S.res. José Sabater y José G. Torres.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En 17 de noviembre, 1914, Agustín Hernández Mena pre-sentó demanda enmendada ante la Corte de Distrito de Maya-güez contra F. Carrera & Hermano y José Benet Colón para que amibos fueran condenados a pagar solidariamente al de-mandante la suma de $3,667 como indemnización de daños y perjuicios reales compensatorios, intereses desde el pro-nunciamiento de la sentencia, costas, gastos, desembolsos y honorarios' de abogado, cuya demanda fué notificada en el mismo día con copia al abogado José Sabater que venía lle-vando la representación de F. Carrera & Hermano y.al otro demandado Benet.

El demandado Benet opuso a la demanda enmendada la excepción previa de que no aduce becbos suficientes para constituir contra aquél una causa de acción; y como el otro demandado F. Carrera & Hermano no la hubiera contestado en 30 de noviembre citado, ya vencido el término legal para hacerlo, el demandante dirigió escrito al Secretario de la corte solicitando se hiciera constar la rebeldía de F. Carrera & Hermano y se anotara seguidamente la sentencia para el pago de los $3,667 especificados en la súplica de la demanda, más las Costas. En el propio día 30 de noviembre el secre-tario hizo constar la rebeldía de F. Carrera & Hermano, y. al día siguiente, Io. de diciembre, anotó la sentencia solici-tada a favor del demandante Agustín Hernández Mena.

También en 30 de Noviembre, 1914, el abogado José Saba-ter en representación de F. Carrera & Hermano excepcionó la demanda por el fundamento de que los hechos en ella ale-gados no determinan causa de acción, y además presentó moción jurada por el mismo Sabater para que se anulara la rebeldía y se le admitiera la contestación;, y discutida dicha moción la corte dictó resolución en 15 de diciembre de 1914 por la que anuló la rebeldía y admitió la contestación de F. Carrera & Hermano, dejando además sin efecto ni valor alguno la sentencia que poi virtud de la rebeldía anotara el secretario.

Contra la anterior resolución interpuso Agustín Hernán-dez Mena recurso de apelación para ante esta Corte Suprema en 24 de diciembre citado.

No aparece en el. récord copia del escrito de excepción previa opuesta por P. Carrera & Hermano- a la demanda y sí la sentencia que la resolvió registrada en 4 de febrero, 1915, por la qlie la corte declara que la ley está a favor de la excep-ción previa alegada por los demandados P. Carrera & Her-mano y en su consecuencia declara con lugar la excepción y ordena el sobreseimiento y archivo del caso en lo que se refiere a los expresados demandados con las costas, gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado a cargo del demandante.

De esa sentencia pidió reconsideración Hernández Mena en escrito de 9 de febrero de 1915 y en otro escrito de 17 del mismo febrero interpuso recurso de apelación contra la misma.

La moción de reconsideración fué declarada con lugar por resolución que copiada a la letra dice así:

“La corte, luego de oir la lectura de dicha moción y las argumen-taciones de las partes concurrentes, reservó su resolución hasta hoy ■20 de febrero de 1915, en que declara con lugar dicha moción y en •su consecuencia, decreta y ordena la nulidad de, como por’ la presente anula, la sentencia dictada en este caso con fecha cuatro de febrero de 1915, sosteniendo la excepción previa del demandado F. Carrera .& Hno., y ordenando el sobreseimiento y archivo del caso, en lo que a dichos demandados se refiere; por considerar que habiendo .ape-lado el demandante Agustín Hernández Mena con fecha 24 de diciem-bre de 1914,. de la orden de esta corte dé 15 de propio mes d'e diciem-bre anulando la sentencia en rebeldía y admitiendo la contestación ■del demandado F. Carrera & Hno., dicho recurso suspendió todo pro-cedimiento, y por tanto,' al dictarse la expresada sentencia de 4 de ■febrero de 1915, la corte obró sin jurisdicción.”

El apelante Agustín Hernández Mena en su alegato es-crito solicita la revocación de la orden, dé la Corte de Dis-tríto de Mayagüez de 15 de diciembre, 1914,. sobre milidad de la anotación de rebeldía y de la sentencia contra F. Carrera & Hermano y también la revocación de, la sentencia dictada por la misma corte en 4 de febrero, 1915, por la que declara con lugar la excepción de falta de cansa de acción y ordena el.sobreseimiento y archivo del pleito en cnanto a F. Carrera & Hermano; pero como esa sentencia fné anulada posterior-mente por la misma corte con fecha 20 de febrero, 1915, a virtud-de moción de reconsideración presentada por el pro-pio Hernández Mena, el recurso contra ella interpuesto debe desestimarse por carecer de finalidad práctica, y por tanto, sólo cabe discutir y resolver el otro recurso contra la orden de diciembre 15, 1914.

Alega la parte, apelante como motivos del recurso contra la orden de 15 de diciembre, 1914, los siguientes: Io. Que la corte de distrito cometió error al anular la anotación de rebel-día y dejar sin efecto la sentencia anotada por el secreta-rio contra F. Carrera & Hermano, por abuso en el ejercicio de la facultad discrecional que le concede el artículo. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. 2o. Que la corte cometió error al no anular ni declarar ineficaz el,juramento prestado en corte abierta por el abogado Sabater, referente a la moción de rebeldía. 3o. Que la corte cometió error admitiendo la prueba testifical propuesta por el abogado Sabater para sos-tener la moción de apertura de rebeldía, cuya prueba era impertinente, inadecuada e improcedente según el artículo 34 de la Ley de Evidencia.

En cuanto al primer motivo del recurso es de notar que el abogado de F. Carrera '& Hermano alegó en apoyo de su moción de apertura de rebeldía: (a) que en espera de la resolución de la excepción propuesta por el demandado Benet y por el excesivo trabajo que tenía, fué aplazando la contes-tación a la demanda para prepararla y radicaría en la semana que comenzó el lunes 23 de noviembre de 1914; (b) que en ese día 23 de noviembre el escribiente de su oficina dejó el .empleo que en ella tenía para dedicarse a otro y desde enton-ces tuvo el abogado que ocuparse personalmente de todos sus asuntos, aglomerándosele así el trabajo excesivo que ya sobre él pesaba; (o) que además había tenido un hijo de 8 meses de edad atacado de pulmonía durante toda la semana expre-sada, originándosele el consiguiente trastorno en sus asun-tos, debido a todo lo cual olvidó presentar la contestación a su debido tiempo, y al organizar los trabajos de su oficina en 30 de noviembre por ser primer día de semana, encon-tró la nota memorándum expresiva de tener que contestar la demanda, cuya contestación no pudo presentar en ese mismo día radicando en su lugar una excepción previa general con el fin de evitar que le fuera acusada la rebeldía, pero cuando presentó al secretario de la corte la excepción ya se había radicado la solicitud del demandante de que se anotara una rebeldía y una sentencia en contra de la mercantil de-mandada; y (d) que la sociedad F. Carrera & Hermano tiene una buena causa de acción en opinión del letrado que suscribe la moción, sin que haya sido su intención dilatar el curso del pleito, en prueba de lo cual acompaña la contestación a la demanda.

Impugnó Hernández Mena la moción de apertura de rebel-día de F. Carrera & Hermano alegando bajo juramento que ni ese demandado ni su abogado Sabater estuvieron ausentes ni enfermos ni impedidos por motivo alguno imprevisto para excepcionar y contestar la demanda o de pedir prórroga para hacerlo dentro de los diez días marcados por la ley; que en los días y noches transcurridos desde el 17 al 30 de noviem bre ele 1914 ha visto al abogado Sabater en su bufete conver-sando con varias personas y aun con el mismo demandante sobre cosas ajenas a sus trabajos profesionales y también en la calle y sitios públicos, en el café “La Palma” y en el Centro Español de Mayagüez durante períodos de tiempo suficientes que pudo dedicar á excepcionar y contestar la demanda o a pedir prórroga para ello dentro del término legal; y que según se desprende de la misma moción el abo-gado Sabater ha acaparado trabajo excesivo y despachado otros asuntos y pleitos con preferencia al presente, no siendo por tanto excusable la negligencia en que ha incurrido.

La Corte de Mayagiiez tuvo en consideración tanto las razones alegadas por F. Carrera & Hermano para obtener la apertura de rebeldía, como la impugnación que a esas razones hizo el demandante Hernández Mena, y no encon-tramos que abusara de su discreción al dictar la orden ape-' lada en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dicha corte no proee--dió arbitraria o caprichosamente, sino, guiada por las razo-nes que le expuso el demandado y que ella estimó aceptables. También resulta de la declaración jurada del abogado y de la propia contestación que el demandado tiene una buena de-fensa en este pleito.

Nunca revocaremos órdenes de apertura de rebeldía mien-tras no se nos demuestre abuso manifiesto de discreción, lo que no-ocurre en el presente caso. Salazar v. Sucesión Kortright, 14 D. P. R., 134.

“Es mejor práctica permitir a las partes que se defiendan y resolver las cuestiones oyéndolas que no la de sostener sentencias dicta-dlas en rebeldía cuando se demuestra que el descuido en cumplir la Ley de Procedimientos ha sido .excusable y no debido al deseo de entorpecer y demorar la cuestión litigiosa.”
Rubio et al. v. Mayagüez Auto Garage Inc., 20 D. P. R., 244.

Examinemos el segundo motivo del recurso consistente en no haberse anulado el juramento prestado en corte abierta por el abogado Sabater con relación a la moción de rebeldía.

El juramento de la moción de apertura de rebeldía ex-presa “que el Licenciado Juez Sabater la suscribió y bajo juramento declaró que t.odos los hechos consignados en dicha moción son ciertos y verdaderos.” El demandante Hernán-dez Mena, después de haber impugnado dicha moción en los términos ya expresados, o sea en su fondo, la impugnó tam-bién en su forma por la razón de que el juramento carecía de los requisitos legales y era, por tanto, defectuoso, inefi-caz y nulo, solicitando que la corte dictara una orden elimi-liando diclio juramento; y al celebrarse la vista de la moción sobre apertura de rebeldía, Hernández Mena reprodujo su petición de eliminación, a lo que se opuso el abogado Sabater alegando que no era el momento de impugnar el juramento y solicitando además permiso de la corte para enmendarlo • en el acto, a lo que accedió el juez tomando juramento al abo-•gado Sabater en la siguiente forma: “Sr. Sabater, ¿Ud. jura que lia leído esa moción y que es verdad?”, a lo que contestó Sabater: “La lie escrito personalmente en maquinilla'en mi oficina y juro son ciertos todos los hechos que contiene.”

Como se ve, Hernández Mena sólo consignó una conclusión legal al expresar que el juramento carecía de los requisitos legales, sin expresar por qué, y en el acto de la vista de la moción sobre apertura de rebeldía no se opuso a que el jura-mento escrito fuera sustituido por el juramento verbal que el juez recibió a Sabater, ni hizo objeción alguna a tal proce-dimiento,-por lo que no puede hoy invocar en su defensa el error alegado.

Hernández Mena, en su alegato escrito en apoyo del recurso sostiene que ni en el juramento de la moción sobre nulidad de rebeldía, ni en el prestado ante la corte expresó Sabater que los hechos le constaban por propio conocimiento o por infor-mación y creencia que cree cierta, y que por tanto ambos jura-mentos carecen de los requisitos legales que exige el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, y por ser defectuosos son nulos. Tal explicación es tardía; pero aun dándosele con-sideración opinamos que tratándose de hechos que no había de jurar la misma parte interesada sino su abogado Sabater, rela-tivos a éste, según lo demuestra le mera relación de los mis-mos, es claro que habían de constarle por propio conoci-miento, y por tanto es indudable que la forma del juramento, aunque no se ajusta estrictamente al artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, es bastante para concluir que Saba-ter quedó sometido a la penalidad del perjurio si se probara que sus alegaciones no eran ciertas y que en su consecuencia el juramento de la moción de apertura de rebeldía no puede considerarse ineficaz y nulo. León et al. v. Colón et al., 21 D. P. R., 273.

Pero aunque así no fuera, la corte prescindió de ese jura mentó al recibir otro a Sabater en corte abierta; y como> Plernández Mena no impugnó ni objetó ese procedimiento, es. un lieelio que quedaron jurados los becbos consignados en. la moción con los efectos consiguientes.

Tampoco es sostenible el tercer motivo del recurso con-sistente en error cometido por la corte inferior al admitir prueba testifical impertinente para sostener la moción de apertura de rebeldía.

Esa prueba consistió en que el notario Eugenio Gréigel compareciera como compareció con su registro de affidavits de 1914 para mostrar al tribunal la nota escrita por él en dicho registro relativa a haber jurado Agustín Hernández Mena no tener participación alguna en la suma de que se deriva la cantidad reclamada en la demanda, y expresiva además de haber recibido el mismo Hernández Mena la suma de $500 en pago total de los servicios en que se basa su reclamación, cuyo recibo reconoció Hernández Mena como suyo.

Ciertamente que Hernández Mena impugnó la admisión de esa prueba al ser solicitada por la representación de F.' Carrera & Hermano antes de celebrarse la vista de la moción de apertura de rebeldía, y en el acto de la vista también se opuso a su admisión, pero como fué admitida por la corte y Hernández Mena no tomó excepción,- no podemos discutir el error que pudiera haber cometido la corte inferior bien con infracción del artículo que invoca Hernández Mena, bien con infracción de cualquiera otra regla de evidencia.

De todos modos, existan o nó el segundo y tercer error apuntados; la única cuestión a resolver en el presente caso se refiere al ejercicio de la sana discreción de la corte de Mayagüez al dictar la resolución apelada de 15 de diciem-bre de 1914 anulando la rebeldía de F. Carrera & Hermano y dejando sin efecto la sentencia que por virtud de esa rebel-día anotara el secretario.

No se ha demostrado según liemos dicho, abuso de - dis-creción.

Procede la confirmación de dicha resolución, desestimán-dose el recurso interpuesto contra la otra resolución de 4 de febrero del corriente año que ordenó el sobreseimiento y archivo del caso en cuanto a los demandados P. Carrera & Hermano.

Confirmada la resolución apelada de 15 de diciembre, 1914, y desestimado el recurso en manto a la sentencia de 4 de febrero, 1915.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Sr. Heenandez,

license: Public Domain

text:
    Colón, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo sobre inscripción de una escritura de venta con defectos subsanables.
    No. 230.

    Resuelto en mayo 28, 1915.
    Inscripción de Título — 'Legalidad del Título — Capacidad de los Otorgantes— Documentos Acompañados con los Títulos. — Según el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, los registradores calificarán ba.jo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capa-cidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras. En •el presente caso el registrador recurrido, para dar cumplimiento a dicto artículo, debió atender no solamente al título de compraventa que le fué presentado para su inscripción, sino'también a los poderes que acompañaron a ese título.
    Id. — Circunstancias Personales — Poderes.—No es necesario que las circuns-tancias personales de un vendedor representado por un apoderado consten en el título presentado al registrador para su inscripción, cuando constan en el poder acompañado con el mismo, por ser este documento parte inte-grante de aquél.
    Poderes — Circunstancias Personales — Ley Notarial — Instrucciones Genera-les Sobre la Manera de Redactar Documentos Públicos Sujetos a Regis-tro. — Cuando en el poder constan las circunstancias personales del vendedor, huelga repetirlas en el título otorgado por el poderado, pues basta que el notario dé cumplimiento a la sección 16 de la ley para regular el ejercicio rie la. profesión notarial, de 8 de marzo, 3906, y al artículo 2o. de la ins-tracción general sobre la manera de redactar los documentos públicos suje-tos a registro, de 16 de julio de 1879, dando fe de la edad,-estado, profe-sión y vecindad de los comparecientes.
    Los lieelios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Eduardo Marín Marién.

    El registrador recurrido Sr. José Marcial López, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Peesidente Sr. Heenandez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Utnado a 6 de julio de 1914 ante el Notario Eduardo Marín Marién, Leopoldo B. Strube como apoderado especial de los esposos Edward Maurer y Ellena Agatha Way Maurer, vendió a José Colón Serrano una finca rústica con cabida de 28 cuer-das de terreno radicada en el barrio de Tetuán, término municipal de dicha ciudad, según se describe en dicho docu-mento; y presentado úste en el Registro ele la Propiedad de Arecibo en unión de los poderes otorgados por los refe-ridos esposos a favor de Strube, fué inscrito por medio de nota que literalmente dice -así:

“Inscrito este documento al folio 220 del tomo 74 de Utuado, finca número 2636, inscripción 7a., con el defecto subsanable de no con-signarse en el mismo, la edad, profesión y vecindad de los cónyuges vendedores Edward Maurer y Ellena Agatha Way Maurer. Are-cibo' 26 abril, 1915. José Marcial López, Registrador.”

La nota transcrita está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por José Colón Serrano y la única cuestión legal a discutir en el presente recurso en si existe o nó el defecto subsanable invocado por el registrador.

En el poder otorgado por Edward Maurer se consigna •ser de 48 años de edad, natural de la República de Suiza, de estado casado, vecino del pueblo de Dunellen,. estado de New Jersey, comerciante, dando fe el notario de conocerlo per-sonalmente; y en el poder otorgado por la esposa Ellena Agatha Way Maurer, se expresa que es mayor de edad, ca-sacia y de la misma vecindad que su esposo, dando también fe de conocerla personalmente el Comisionado de Documentos ante quien se otorgó dicho poder.

En la escritura ele venta de que se trata no se insertaron esos poderes, pero se hizo referencia a los mismos manifes-tándose que el apoderado Leopoldo B. Strube es soltero, mayor de edad, agricultor y vecino de Arecibo.

No existe el defecto que como subsanable fué apuntado por el Registrador de la Propiedad de Arecibo.

Según el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los regis-tradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción, y la capacidad de los otorgantes por lo que resulta de las mis-mas escrituras; y por tanto, el registrador para la califica-ción hecha ha debido atender no solamente al título de com-praventa que le fué presentado sino también a los poderes que acompañaron a ese título. Para calificar el título tenía forzosamente que calificar los poderes, los que estimó bastan-tes, como lo demuestra el hecho de no haber opuesto a los mismos reparo alguno, subsanable o insubsanable.

Las circunstancias personales de los vendedores repre-sentados por Strube no constan en el título de compraventa, pero constando en los poderes acompañados a ese título, no era necesario que se hicieran constar también en éste, pues esos poderes eran parte integrante del documento que había de inscribirse.

Pero es que los comparecientes en la escritura de com-praventa son Leopoldo B. Strube, en concepto de apoderado-de los cónyuges vendedores, y el comprador José Colón Serrano, y se clió cumplimiento por el notario a la Sección 16 de la Ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico de 8 de marzo, 1906, y aun al artículo 2o. de la instrucción general sobre la manera de redactar los docu-mentos públicos sujetos a registro, de 16 de julio, 1879, dando-fe el notario como lo hizo, de la edad, estado, profesión y vecindad de los comparecientes, pues en los poderes ya se habían expresado esas mismas condiciones personales con relación a los esposos vendedores y holgaba repetirlas.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida en cuanto al defecto subsanable en ella consignado.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Benítez et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 85 del Código Penal.
    No. 723.
    Resuelto en mayo 28, 1915.
    Poder Ejecutivo — Delitos Cometidos por el Poder Ejecutivo — Juntas Esco-lares — Cuasi-Oorporaciones Públicas. — A los efectos del artículo 85 del Código Penal, los miembros de una junta escolar, que es una euasi-corpo-raeión pública, y cuyos deberes son los de administrar el sistema de escue-las comunes, están comprendidos dentro de la rama ejecutiva del gobierno.
    Funcionarios Ejecutivos — Definición.—Un funcionario ejecutivo es aquel cuyos deberes consisten principalmente en hacer que las leyes se cumplan.
    Poder Ejecutivo — Delitos Cometidos por el Poder Ejecutivo — Examen de las Pruebas. — Examinada la evidencia en este caso, se resolvió, que como nada demuestra que el juez de distrito que oyó toda la prueba, y dio crédito a la de cargo y declaró culpables a los acusados, cometiera error fundamental alguno, procede la .confirmación de su sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Engenio Benítez Cas-taño y Rossy & Guillermety.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presenté es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, por virtud de la cual los acusados Miguel Benítez y Pablo Luís fueron condenados, como .autores del delito menos grave previsto y castigado en el artículo 85 del Código Penal, a pagar una multa de $200 cada uno y en defecto del pago a sufrir tres meses de cárcel.

' Por virtud de la acusación se imputó a los acusados, que eran miembros de la Junta Escolar de Vieques, el hecho de haber pedido, como tales funcionarios, a determinada persona, la gratificación de $750, por ejecutar cierto acto ofi-cial que debían llevar a efecto sin percibir remuneración al-guna, a saber:' aprobar una ordenanza enmendada para la compra de una casa con fines escolares.

Los apelantes alegan, como fundamentos esenciales del recurso por ellos interpuesto, los siguientes:

Io. Que los acusados no pudieron ser declarados culpa-bles del delito previsto y castigado en el artículo 85 del Có-digo Penal, y

2o. Que la prueba, en todo caso, no fué bastante para sostener la sentencia dictada.

Examinemos el primer fundamento. El artículo 85 del Código Penal, es como sigue:

“Todo funcionario ejecutivo o administrativo que a sabiendas pidiere o admitiere cualquier emolumento, gratificación o recompensa, o promesa de ello, fuera de lo que la ley autoriza, por ejecutar algún acto oficial, será reo de misdemeanor.”

Los apelantes sostienen que ellos, como miembros de la Junta Escolar de Vieques, no eran funcionarios ejecutivos ni ministeriales y que, por tanto, el precepto penal que hemos transcrito y en el que se basan la acusación y la sentencia, no es aplicable.

El artículo 85 citado forma parte del título 8o. del Código Penal, que trata de los delitos cometidos por el Poder Ejé-cútivo y en contra de éste. Dicho título precede al 9o. que se refiere a los delitos cometidos por el poder legislativo, y el 9o. al 10°., que comprende los delitos cometidos contra la justicia pública. El legislador al proceder así, abarcó todas las ramas del Gobierno, con la evidente intención de que no quedara sin castigo acto alguno de naturaleza criminal con ellas relacionado.

Que los miembros de una junta escolar, que es una cuasi-corporación pública, no forman parte del poder legislativo ni del poder judicial, es tan claro, que no cabe ni siquiera discutirlo; sólo puede, pues, comprendérseles dentro-de la rama ejecutiva, a los efectos de la ley penal indicada.

La cuestión ha sido resuelta por la Corte Suprema del Estado de Wáshington. Dicha corte, en el caso de State v. Womack, 4 Wash., 19, 27, estableció la siguiente doctrina: <£Un funcionario ejecutivo es aquel cuyos deberes consisten principalmente en hacer que las leyes se cumplan, y puede interpretarse de manera que incluya los miembros de una. junta escolar, cuyos deberes son los de administrar el sis-tema, de escuelas comunes.”

Resuelta la primera cuestión suscitada en el sentido de que es aplicable el artículo 85 del Código Penal, veamos si la prueba practicada fuá o nó suficiente para establecer, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los acusados.

Joaquín Rodríguez, presidente de la junta escolar de la cuai eran miembros los acusados, relata detalladamente cierta transacción relativa a la compra de una casa de la propie-dad de José Agustín Díaz, para dedicarla a fines escolares. Intervino el Comisionado de Educación, se llegó a un acuerdo,, y se fijó el precio de la compra, pero hubo algunas dificul-tades con respecto al título que fueron debidamente subsa-nadas. Después de votada la ordenanza necesaria para la celebración del contrato, fué devuelta a la junta a fin de que ésta la enmendara 'incluyendo expresamente en la transac-ción ciertas dependencias de la casa. La enmienda era sen-cilla y el vendedor estaba enteramente conforme en que se hiciera. Esto no obstante, el asunto se iba dilatando, y refiere el testigo que un día recibió la visita del hijo del dueño de la casa que iba con objeto de ultimarlo, y le manifestó que creía que la actitud de los otros miembros de la junta se debía a que el vendedor no Rabia cumplido cierta oferta de hacer-les un regalo si la negociación se llevaba a efecto.

José Agustín Díaz, el dueño de la casa, declaró también con referencia a los preliminares del contrato y refirió que cuando le manifestaron que el asunto había sido enviado al Comisionado de Educación, el acusado Miguel Benítez le dijo que si se vendía la casa tendría que darles un regalito, con-testando el testigo, “sí, cómo no.”

Agustín Díaz Smaine, el testigo más importante de cargo, hijo del dueño de la casa, el que trató directamente con los acusados, refiere minuciosamente las varias conversaciones que con ellos tuvo y en las cuales le exigieron la suma de $750 para aprobar la enmienda a la ordenanza autorizando la compra. Su declaración ocupa más de seis páginas de la transcripción y es completa y convincente.

Por último, el testigo Cándido L. Prado, farmacéutico, asegura que oyó cierta conversación tenida en un lugar apar-tado de su botica por Agustín Díaz Smaine y el acusado Bení-tez, en la cual Benítez dijo a Díaz que la cantidad de dinero que le pedía para él, podía dársela en un documento cual-quiera, pero que la cantidad que exigía el otro acusado Luis debía dársela en dinero.

Esa es, en resumen, la prueba del Fiscal. Todos los es-fuerzos de las defensas al repreguntar a los testigos de cargo y al interrogar directamente a sus propios testigos, tendie-ron a demostrar que existían disgustos anteriores entre los acusados y los testigos, que los acusados no habían hecho a Díaz, padre, ni a Díaz, hijo, las peticiones por ellos refe-ridas, y que si la aprobación de la ordenanza enmendada se dilató, fué debido a cirqunstancias legítimas.

El juez de distrito que oyó toda la prueba, dió crédito á la de cargo y declaró culpables a los acusados. Nada de-muestra que cometiera error alguno al actuar de tal modo y su sentencia debe confirmarse. El único reparo que podría oponerse a su resolución final en esta causa, a nuestro juicio, no sería favorable, sino adverso a los acusados: Nos referi-mos a la pena impuesta a los apelantes, demasiado benigna, tal vez, atendidos los hechos por ellos perpetrados.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la .sentencia apelada.

, Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, Demandante y Apelante, v. Echevarría, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la" Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre cobro de dólares, intereses, costas y hono-rarios de' abogado.
    No. 1316.
    Resuelto en junio 2, 1915.
    Honorarios de Abogado — Sentencia en Rebeldía. — Para que el contrato sobre pago de honorarios de abogado pueda hacerse efectivo mediante sentencia registrada por el secretario sin necesidad de juicio, es necesario que la can-tidad reclamada esté determinada previamente por convenio entre las partes. Cuando esto no ocurre, es necesario que el tribunal intervenga y, fije la cuantía.
    Id. — Cantidad Indeterminada. — La obligación de pagar honorarios sin haberse determinado la cantidad, admite solamente el pago de los que son razonables.
    Id. — Cantidad Razonable — Facultades de los Jueces- — Secretarios.—Pe acuerdo con la ley son los jueces de las cortes y no los secretarios los. que tienen la facultad de determinar la cantidad razonable que deba pagarse por honorarios de abogado, en los casos en que proceda y se ordene dicho pago.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del- apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del "tribunal.

El Banco Comercial de Puerto Eico entabló demanda en la Corte de Distrito de Aguadilla, en cobro de seiscientos ■pesos, intereses, costas, gastos y honorarios de abogado, contra José Echevarría Maisonave.

La deuda del demandado se hizo constar, en un documento escrito en el cual se convino además “que en caso de eje-cución todos los gastos, costas y honorarios del abogado del Banco serían de cuenta del deudor,” sin fijarse cantidad alguna determinada para honorarios de abogado, ni estable-cerse una base cierta para el cálculo de los mismos.

Emplazado el demandado, no contestó la demanda, y acu-sada y anotada su rebeldía, registró el secretario sentencia condenándolo al pago de la suma reclamada, intereses y cos-tas. Nada expresó el secretario con respecto a los hono-rarios de abogado.

El Banco de Puerto Rico interpuso entonces el presente-recurso ' de apelación contra la sentencia registrada por el secretario. Dicho recurso está limitado a la cuestión de si atendidos los términos del contrato, base de la acción ejer-citada por el demandante, debió haberse condenado también al demandado al pago de honorarios.

. Un caso igual al presente fué decidido por esta Corte Suprema el 29 de abril último. Nos referimos al de El Banco de Puerto Rico v. Ereño et aL. En él, después de decidirse que el pacto sobre pago de honorarios de abogado en casos de reclamación judicial, es válido, dijo esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, lo que sigue:

“Para que este convenio pueda hacerse ae£ectivo mediante una sen-tencia registrada por el secretario sin necesidad de juicio, es nece-sario que la cantidad reclamada esté determinada por convenio entre las partes, ya especificando la que por ellos ha de pagarse, ya de alguna otra manera que mediante una simple operación aritmética permita conocer la suma que ha de ser pagada, como cuando se esti-pula un tanto por ciento de la reclamación que se haga; pero cuando no ocufre esto, es necesario que el tribunal determine el importe de esa obligación de pagar honorarios, ya que siendo ilíquida la oblú gación la rebeldía admite el derecho a pagarla, pero no la cantidad a que se tiene derecho. 23 Cyc., 753. La obligación de pagar hono-rarios sin haberse determinado la cantidad admite solamente el pago de los que son razonables. 20 Am. Ap. Cas., 1730-1734.”

Nada es necesario agregar. Sólo cabe aplicar la doctrina sentada, y, aplicándola, desestimar el recurso.' No es al secre-tario, sino a la corte a la qne corresponde decidir extremos como el indicado. De acuerdo con la ley, son los jueces de las cortes, y no los secretarios, los que tienen la facultad do determinar la cantidad razonable que debo pagarse por hono-rarios de abogado, en los casos en que proceda y ss ordene dicho pago.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PresideNte Se. Hernández,

text:
    Assise, Demandante y Apelada, v. Curet, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en causa sobre nulidad de matrimonio.
    No. 1314.
    Resuelto en junio 4, 1915.
    Registro Civil — Acta de Nacimiento — -Prueba de la Edad de Una Persona.— Ni en el Código Civil, ni en la Ley de Evidencia, existe preeepto estatutorio de que el acta de inscripción de nacimiento en el registro civil haya de ser siempre la única prueba de la edad de una persona, puesto que aun el artículo 320 del Código Civil, al ordenar que las actas del registro civil serán la prueba del estado civil, previene que esa prueba puede ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquellas actas, o hubieren desparecido los libros del registro civil, o cuando ante los tribunales se suscite contienda.
    Prueba Testifical — -Edad de Una de las Partes — Renuncia de' la Mejor Prueba — Acta de Nacimiento. — Cuando una parte permite sin objeción al-guna la presentación de prueba testifical para probar la edad de la otra parte, renuncia a la presentación de otra evidencia mejor que pueda existir, como es la certificación de inscripción del nacimiento en el registro civil.
    Pruebas — Elementos de Prueba — Objeciones.—El tribunal puede considerar todo elemento de prueba que se se le presente sin objeción de la parte contraria.
    Prueba Testifical — Euerza Probatoria de Declaraciones de 'Testigos — -Apre-ciación — Carácter Exhortatorio del Artículo 1216 del Código Civil. — El artículo 1216 del Código Civil, expresivo de que la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos debe ser apreciada por los tribunales conforme ■ a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuidando de evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba escrita, no tiene carácter preceptivo sino más bien exhortatorio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Rafael Lopes Landrón y Juan Gregory.

    Abogado de la apelada: Sr. Eugenio Benites Castaño.

   El Juez PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal..

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el deman-dado José Curet contra sentencia que en 10 de diciembre de 1914 pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declarando nulo el matrimonio celebrado entre dicho de-mandado y la demandante Gloria Assise, con las costas a cargo del mismo.

Alégase en la demanda presentada en 23 de abril, 1914. y enmendada en 14 de julio del mismo año, que demandante y demandado contrajeron matrimonio civil en 8 de abril del citado año ante el Juez Municipal de San Juan, cuando la demandante sólo contaba coloree años do edad, sin que hubie-ran llegado a vivir juntos ni a tener unión carnal.

Celebrado el juicio la corte estimó probadas las alega-ciones de la demanda y con ellas por base dictó la sentencia recurrida.

Fúndase el recurso en que solamente se aportó al juicio prueba testifical de la edad de la demandante, insuficiente para justificar su incapacidad para contraer matrimonio, con arreglo al número 3 del artículo 131 del Código Civil, invo-cando como infringidos los 320, 1186 y 1216.

En el escrito de exposición del caso ambas partes han estimado probado haberse justificado por medio de testigos que la demandante al celebrar el matrimonio con el deman-dado sólo contaba catorce años de edad, figurando entre los testigos la propia madre de María Assise, la que declaró que su hija había sido bautizada en 20 de junio de 1900, 8 días después de haber nacido.

A dicha prueba no se opuso excepción alguna.

Ni en el Código Civil ni en la Ley de Evidencia encon-tramos precepto estatutorio de que el acta de inscripción del nacimiento en el registro civil haya de ser siempre la única prueba de la edad de una persona, y aun el mismo artículo 320 que la parte apelante cita como infringido, al ordenar que las actas del registro serán la prueba del estado civil, previene que esa prueba puede ser suplida por otra? en el caso de que no hayan existido aquellas actas o hubie-sen desaparecido los libros del registro, o cuando ante los tribunales se suscita una contienda.

No nos toca considerar y resolver en el presente caso si la mejor prueba de la edad de la demandante hubiera sido la certificación de inscripción de su nacimiento en el regis-tro civil respectivo, pues no aparece que el demandado hiciera objeción alguna a que los testigos declararan sobre el particular, e ignoramos a mayor abundamiento si aquella certi-ficación pudo ser presentada. Véanse nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. de Jesús y El Pueblo v. Vega, 18 D. P. R., 591, y 20 D. P. R., 298.

El tribunal puede considerar todo elemento de prueba que se le presente sin objeción de la parte contraria. Falero v. Falero, 15 D. P. R., 118.

No cabe pues, estimar infringido el artículo 320 del Có-digo Civil.

El artículo 1216 que también cita el apelante como infrin-gido, expresivo de que la fuerza probatoria de las declara-ciones de los testigos debe ser apreciada por los tribunales conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil., cuidando de evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos, privados o algún principio de prueba escrita, no tiene en realidad carácter preceptivo sino más bien exhortatorio, según sentencia del Tribunal Supremo ele España de 30 de marzo de 1896, inter-pretando el artículo 1248 del Código Civil Español, igual al 1216 del Código Revisado.

El artículo 1186 relativo a que los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, haciendo prueba tam-bién contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los prime-ros,' cuyo artículo ha sido traído a consideración como para demostrar la improcedencia de la prueba aportada al jui-cio sobre la edad de la demandante contra lo que sobre esa edad expresaba el acta de su matrimonio con José Curet, tam-poco es de aplicación al presente caso en el que precisamente se ha suscitado contienda .sobre la verdadera edad de María Assise.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente SR. Hernández,

text:
    López, Demandante y Apelante, v. Sánchez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iiumaeao en causa sobre cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.
    No. 1271.
    Resuelto en junio 4, 1915.
    Mandato — Contratos Otorgados por Medio de Mandatarios — Pruebas—Ale-gaciones. — La prueba de que un contrato fué otorgado por medio de manda-tario sostiene la alegación de que fué otorgado por el mandante, pues los actos del mandatario deben reputarse actos propios del mandante.
    Id.- — Contratos por Medio de Mandatario — Mejor Prueba del Contrato — Error Perjudicial. — No es el mandante el llamado a suministrar la mejor prueba de la existencia del contrato celebrado por el mandatario, sino el propio mandatario, puesto que su declaración tiene que ser de más trascendencia en el juicio que la de su principal y por tanto en el caso de autos cometió error la corte al apreciar que no se había traído evidencia alguna de la existencia del contrato por no haber comparecido a declarar el demandante, y al estimar como perjudicial al mismo la falta de esa comparecencia cuando pudo comparecer a declarar.
    Non-Suit — Alegaciones de la Demanda — Examen de las Pbtjebas — Exami-nadas las alegaciones de la demanda y las pruebas en este caso se resolvió . que aquéllas se sostienen por el resultado de éstas y que la corte inferior erró al declarar con lugar la moción de non-smt.

    Jd. — Pruebas—^resunción.—En una moción de non-smt todo lo que de la prueba resulte de modo suficiente en favor del demfandante deberá considerarse como establecido; en otras palabras al ser interpuesta dicha moción debe presu-mirse que es cierta la prueba que tiende a sostener el caso del demandante y deberá ser considerada en el sentido más favorable para él y lo que la prueba tiende a mostrar debe ser tenido como probado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Rafael Arce Rollet y Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Juan B. Iluyhe.

   El Juez Presidente SR. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el de-mandante Gregorio López Paleó contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 29 de julio de 1914 decla-rando con lugar moción de non suit del demandado José Sán-chez, y en su consecuencia sin lugar la demanda con las cos-tas al demandante.

En la demanda, su fecha 10 de octubre, 1913, de que cono •ció originariamente la Corto Municipal de Caguas, y en grado ■de apelación mediante celebración de nuevo juicio la Corte de Distrito de Humacao, se alegan los siguientes hechos ade-más del relativo a la capacidad de ambas partes:

Primero. Que el demandante, hacia el día 8 de octubre •de 1913, celebró con el demandado José Sánchez un contrato verbal de compraventa en virtud del cual el demandado se •obligó a entregarle tres partidas de tabaco, de buena cali-dad y propio para la elaboración de cigarros, consistentes, la primera, en 6 fardos número 1 con peso de 321 libras netas .a $18 cada quintal o sean $77.58, la segunda, en 14 fardos nú-mero 2 con peso de Í033 libras netas a $14 quintal, o sean :$144.62, y la tercera, en 7 fardos número 3 con peso de 450 libras a $14 quintal, o sean $63, cuyas tres partidas ele dinero dan el precio total de $285.20.

Segundo. — Que las operaciones de clasificación, empaque, peso y liquidación del precio de dichas partidas de tabaco se hicieron por Manuel Señeris, en representación del deman-dante, con la intervención y conformidad absoluta del deman-dado a quien el demandante entregó en pago un cheque expe-dido a favor de José Sánchez por la referida cantidad de $285.20 a cargo del Banco Comercial de Puerto Pico.

Tercero. Que el demandado no ha entregado a Manuel Señeris, ni al demandante, ni a persona alguna en su nom-bre, el tabaco de referencia, ni parte del mismo apesar de los requerimientos que se le han hecho para que verifique la entrega.

Cuarto. Que el demandado con su proceder le ha obli-gado a hacer gastos y gestiones y le ha privado del goce y libre disposición del tabaco, causándole así perjuicios que estima razonablemente por ambos conceptos en cantidad no menor de $150.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado a entregar al demandante dentro de segundo día los 27 fardos de tabaco en el mismo estado y con igual peso al que tenían cuando se perfeccionó el contrato, o en su defecto a devolverle la suma de $285.20 que recibió, con intereses legales desde la presentación de la demanda, hasta su. total pago, y a abonarle además $150 en concepto de indemnización de daños y perjuicios con los intereses legales durante el tiempo expresado, siendo de cargo del demandado las costas y desembolsos que se originen con el pleito.

El demandado al contestar la demanda negó todos y cada uno de los hechos de la misma y como materia nueva consti tutiva de oposición o defensa, alega:

Io. Que el demandado vendió en 29 de septiembre de 1913 a.The Plantations Company representada por su gerente auto-rizado Gregorio López Falcó, tres estibas de tabaco en rama, dos de manojos a $14 el quintal y otra de tabaco deshojado a $18 el quintal, siendo ese el mismo tabaco a que se refiere la obligación. • •

2o. Que el demandado recibió a cuenta de la venta la suma de $285.25, debiéndole dicha corporación la suma de $160.80.

3o. Que el demandado radicó en la Secretaría de la Corte ’ de Distrito de Humacao una demanda exigiendo a The Plantations Company el pago de la cantidad debida y los daños; y perjuicios causados.

4o. Que el demandante Gregorio López Paleó no puede negociar por cuenta propia, por prohibírselo su carácter de gerente de la corporación citada, ni tampoco a nombre de otra persona.

El demandante presentó moción para que fueran elimina-dos de la contestación del demandado los hechos que alegó como materia de defensa, y esa moción fué declarada sin lugar.

Señalado día para la celebración del juicio, después de presentada por el demandante su evidencia, anunció el de-mandado una moción de non suit, y antes de que la hubiera hecho, el'demandante solicitó de la corte permiso para enmen-dar la alegación primera de la demanda en el sentido de que el contrato se había celebrado por conducto de Manuel Señe-ris armonizándose así la prueba con las alegaciones. La corte denegó el permiso solicitado y el demandado pidió en-tonces un non suit fundado en que la demanda alega que el demandante hizo un contrato verbal con el demandado y de la prueba resulta que fué Manuel Señeris quien hizo la negociación, por lo que procedía desestimar la demanda por falta de prueba del hecho principal que la fundamenta.

La moción de non suit fué declarada con lugar y en su consecuencia desestimada la demanda por sentencia que dictó la corte en 29 de julio de 1914 y que ha sido recurrida por la parte demandante, según dejamos ya expresado.

Alega la representación del apelante Gregorio López Falcó como motivos del recurso, los siguientes errores cometidos por la corte:

(a)"Al declarar con.lug’ar la moción de non suit presen-tada por la parte demandada.

(b) Al desestimar la, moción del demandante para que se le permitiera enmendar la demanda.

(c) Al declarar sin lugar la moción de eliminación de la materia nueva de defensa alegada en la contestación a la demanda.

Para considerar el primer motivo del recurso se hace necesario examinar las pruebas practicadas en el juicio a ■propuesta de la parte demandante, cuyas pruebas consistie-:ron en las declaraciones de los testigos Manuel Señeris, Ra:fael Sevilla Ruiz, Eugenio L. Martín, y Rafael Arce Rollet.

Manuel Señaris declara que allá por el año de 1913 tuvo intervención en un negocio de compra de tabaco por el deman-dante al demandado; que hacia el 8 de octubre de dicho año fué llamado por el demandante para tratar y recibir un tabaco de José Sánchez que fué clasificado, enfardado, mar-cado y pesado, resultando 27 fardos, 6 del número 1, 14 del número 2 y 7 del número 3, con. 19 quintales y 14 libras; que <el precio del tabaco fué convenido, el de la clase número 1 ;a $18 el quintal, y el de las clases 2 y 3 a $14; que entregó ;a Sánchez una nota de la liquidación practicada para que cobrara el importe del tabaco, quedando ese papel en poder’ de Sánchez; que el demandante no recibió el tabaco porque-;Sánchez se opuso a la entrega; que hizo la operación por mandato de Gregorio López para quien era el tabaco; y (que anteriormente el Don Gregorio y José Sánchez tuvie-ron un trato de tabaco que no llegó a realizarse, pues des-;pués de enfardarse 6 ó 7 fardos, se arrepintió Sánchez del aaegocio, lo que dió lugar a que pasados unos días le hablara ¡Sánchez por si podía arreglar el negocio con Don Gregorio, lo ique hizo obrando por encargo y mandato de Don Gregorio y haciendo el negocio con Sánchez en los términos ya (expresados.

Rafael Sevilla Ruiz afirma que es tenedor de libros de Gregorio López Falcó, de Tlie Plantations Company y de la West Indias; qne intervino en nn pago de dinero qne hizo López Falcó a José Sánchez como precio de nn tabaco por el año 1913; que José Sánchez se presentó en la oficina de The Plantations Company, con nota hecha por Manuel Señe-ris de un tabaco que se le había comprado, y López Falcó le dijo al testigo que liquidara dicha nota, como así lo hizo, extendiendo a favor de Sánchez un check por $285.20 con la firma particular de López Falcó; que los talonarios de che-ques de The Plantations Company y López Falcó'son distin-tos y hasta de diferente tamaño, firmando también el Don Gregorio los cheques de dicha corporación por ser partí-cipe y representante de ella; que cuando esa compañía no compra tabaco puede Don Gregorio comprar para él, y que en el año 1913 no hizo la compañía operación alguna de tabaco.

Eugenio L. Martín refiere que tuvo con Gregorio López Falcó un negocio en relación con un tabaco que López Falcó había comprado a José Sánchez,- cuya negociación no pudo llevarse a efecto porque Sánchez no quiso entregar el tabaco a López Falcó y éste en su consecuencia tampoco pudo veri-ficar la entrega al testigo.

Rafael Arce Rollet dice que como abogado de Gregorio López gestionó cerca de José Sánchez para que entregara' al López Falcó un tabaco que éste le había comprado, a cuya entrega se negó Sánchez porque había uno de calidad inferior que quería que comprara el López sin haber entrado en la negociación, la cual hubo de fracasar, si bien más tarde fué hecha por Señeris por orden de López Falcó.

La evidencia suministrada por la parte demandante de que acabamos de hacer un ligero extracto, tiende a demos-trar las alegaciones fundamentales de la demanda, a saber: Que demandante y demandado celebraron un contrato de com-praventa de determinados fardos de tabaco y en el contrato medió por orden y mandato de Gregorio López, Señeris, quien clasificó y pesó el tabaco conviniendo con Sánchez en su pre-cio; que ese precio ascendente a $285.20 fué satisfecho a Sánchez en un cheque con la'firma particular de López Falcó, y que el tabaco comprado no fué entregado al demandante.

No aparece de la prueba que el contrato de compraventa que ha originado la demanda fuera celebrado personal y directamente por el demandante con el demandado y sí que Manuel Señeris por mandato y orden del demandante se en-tendió con el demandado y ultimó con éste dicho contrato.

Señeris obró por cuenta y encargo- de López Falcó y con orden verbal suya, siendo por tanto un verdadero manda-tario del mismo con arreglo a los artículos 1611 y 1612 del Código Civil. El contrato de compraventa entre demandante y demandado quedó perfeccionado mediante el consentimiento de las partes contratantes, consentimiento prestado por el demandado a nombre propio y por el demandante mediante la intervención de su agente o mandatario Manuel Señeris.

No importa para los efectos del juicio que el demandante haya alegado en la demanda que él celebró con el deman-dado el contrato verbal de compraventa cuyo cumplimiento reclama, cuando, de la prueba resulta que ese contrato fué perfeccionado y ultimado por Manuel Señeris por encargo y orden del demandante. El contrato propiamente fué cele-brado por el demandante con José Sánchez, pues los actos del mandatario deben reputarse actos propios del mandante.

“La prueba de que un contrato fué otorgado por medio de un mandatario sostendrá la alegación de que ha sido otorgado por el mandante.”

9 Oye., 756.

“Cuando puede alegarse directamente que el contrato fué hecho por el mandante, la prueba de haberse otorgado por un agente, de éste debidamente autorizado, no constituye discrepancia alguna.”

16 Encyc. of Pleading & Practice, 903.

La corte inferior cometió error al apreciar que no se había traído evidencia alglma de la existencia del contrato por no haber comparecido a declarar el demandante que alegó en su demanda liaber celebrado el contrato yerbal con el de-mandado, debiendo estimarse como perjudicial al mismo la falta de esa comparecencia cuando pudo comparecer a de-clarar.

Manuel Señeris, como hemos dicho, obró en el contrato a nombre de G-regorio López Falcó, y por tanto su decla-ración tenía que ser de más trascendencia en -el juicio que la de su principal López Falcó. No era éste el llamado a suministrar la mejor prueba sino aquél.

Opinamos que las alegaciones de la demanda se sostie-nen por el resultado de las pruebas y que por tanto la corte inferior erró al declarar con lugar la moción de non siát.

“En una moción de non suit todo lo que de la prueba resulte de modo suficiente en favor del demandante deberá considerarse como establecido; en otras palabras, al ser interpuesta dicha moción debe presumirse que es cierta la prueba que tiende a sostener el caso del demandante y deberá ser considerada en el sentido más favorable para él, y lo que la prueba tiende a mostrar debe ser tenido como probado. Esta bien conocida regla con frecuencia ha sido enunciada y aplicada por este tribunal.”

Cummings v. H. & L. S. & R. Co., 26 Mont., 441.

No es necesario que examinemos el segundo y tercer moti-vos del recurso, pues los errores comprendidos en esos moti-vos, háyanse cometido o no, no habrían de influir en el resul-tado del presente recurso' en el cual propiamente se trata de resolver si la corte inferior cometió o no error al deses-timar la demanda por falta de prueba que sostenga sus ale-gaciones.

La prueba aportada al juicio es bastante para denegar la moción de non suit, y por tanto procede la revocación de la sentencia apelada, continuándose el juicio con arreglo a derecho.

Revocada la sentencia apelada; desestimada la moción de non-suit y ordenándose conti-núe el juicip con arreglo a derecho.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Escobar, Demandante y Apelante, v. Gámbaro et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San .Juan, Sección'Segunda, en causa sobre nulidad de sentencia e injunction.

    No. 1181.
    Resuelto en junio 7, 1915.
    Transcripción de Autos — Documentos Obrantes en Otro Pleito — Exposición del Oaso — Relación de Hechos. — No puede tomarse en consideración en una apelación la transcripción de documentos obrantes en otro pleito, a menos que, de acuerdo con la ley, fueran incluidos en una exposición del caso o relación de hechos aprobada por el juez inferior e incluida en la transcripción ' de los autos.
    Alegaciones — Sentencia Dictada por los Méritos de las Alegaciones' — Cono-cimiento Judicial. — Para los efectos de resolver la controversia por los méritos de las alegaciones, el' tribunal no puede considerar como de cono-cimiento judicial ningún hecho que no haya sido alegado en ellas.
    Conocimiento Judicial — Prueba de Hechos Alegados — Méritos de las Ale-gaciones. — El conocimiento judicial sirve para evitar la prueba de hechos alegados que, según la ley, puede y debe conocer el juez, y por tanto no tiene aplicación cuando se resuelven cuestiones sin prueba, por los méritos de los consignados en las alegaciones, partiendo de la base de que son ciertos por no haber sido contradichos.
    Injunction' — Cuestiones de Derecho Envueltas en el Pleito. — Al resolverse peticiones de injunction preliminares o provisionales debe tenerse cuidado de no anticipar las resoluciones de cuestiones de derecho envueltas en el pleitp.
    Sentencia — Presunción—Jurisdicción.—Las sentencias tienen la presunción de haber sido dictadas con jurisdicción sobre las personas y sobre la cosa liti-giosa, así como que para pronunciarlas se han seguido los procedimientos legales, a menos que lo contrario aparezca claramente de ella misma o se demuestre.
    Injunction — Fundamentos para Concederlo — Abandono o Descuido — Otros Remedios en Ley. — Una petición de injunction basada en la nulidad de una sentencia debe ser examinada cuidadosamente y los fundamentos para con-cederla son un tanto restringidos, no siendo suficiente que la sentencia sea injusta sino que debe aparecer también que ese resultado no fué motivado por abandono o descuido de la persona a quien perjudica, debiendo mostrar claramente que fué activo en la protección de sus derechos para tener derecho al injunction. También debe demostrarse que se han utilizado todos los remedios que la ley concede para evitar que la sentencia pueda cumplirse, cuales son el recurso de apelación, de nuevo juicio, y el de pedirle al juez que dictó la sentencia que la deje sin efeeto.

      Id. — Ex Debito Justitiae — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — La concesión de un auto de injunction preliminar o provisional no es ex debito justitim sino que descansa en la sana discreción del tribunal guiada por las circunstancias de cada caso, por lo que la resolución que dicte no será revo-cada en apelación a menos que se demuestre que abusó de tal facultad discrecional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: ¡Sr. T. D. Mott, Jr.

    Abogado de los apelados: Sr. Herminio Días Navarro.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan de Mata Escobar presentó demanda en el Tribunal' de Districto de San Juan, Sección Ia., que el mismo día fué-trasladada a la Sección 2a., contra Carlos Cámbaro Mojicá,, Ramona Gámbaro Escobar, Agustina Casado y Ramón Mar-tínez, como marshal, alegando que en 8 de noviembre de 1913-la Sección Ia. del Tribunal de Distrito de San Juan dictó-sentencia en pleito que sobre reivindicación y otros extremos-siguieron contra él Carlos Gámbaro Mojica y Ramona Gám-baro Escobar cuyos términos son los siguientes: ;

“El día 3 de noviembre de 1913 se llamó este pleito a juicio;, habiendo comparecido solamente la parte demandante representada por- su abogado Herminio Díaz Navarro, la que anunció estar lista para el acto. En su virtud, dicha demandante leyó sus alegaciones, introdujo su prueba practicándose ésta en debida forma y para poner la demanda de acuerdo con la evidencia introducida y con las admi-siones que hizo de la contestación, pidió y obtuvo permiso para en-mendar y enmendó la demanda.
“Hoy la corte, tomando en consideración las alegaciones de la misma, y basándose en los precedentes (findings),declara que la ley y los hechos están en favor de los demandantes y en contra de los demandados, y por tanto, declara que la finca rústica que se describe en el hecho octavo de la demanda últimamente enmendada corres-ponde a las respectivas herencias de Juan de Mata Escobar, de Flo-rentina Escobar y de Carlos Gámbaro Escobar, y por lo tanto, que su actual poseedor el demandado Juan o Juan de Mata Escobar,, debe entregarla al albacea nombrada por Juan de Mata Escobar, para que ésta proceda de acuerdo con los herederos instituidos o-judicialmente declarados a practicar en la forma legal correspon-diente, la liquidación, división y adjudicación de la herencia de Juan de Mata Escobar, de Florentina Escobar y de Carlos Gámbaro.
“Las costas, gastos y honorarios del abogado de la demandante se imponen a la parte demandada.
“El Secretario registrará esta sentencia y librará la correspon-diente orden de ejecución.
“Pronunciada.en corte abierta hoy día 8 de noviembre de 1913 y registrada hoy día 8 de los mismos mes y año. Firmado. Félix Córdova Dávila. Juez de Distrito. Sección Primera. Certifico: C. Marrero, Secretario Corte Distrito.”

Que tal sentencia es nula y sin ningún efecto legal porque abarca materia extraña a las cuestiones planteadas por las alegaciones, porque manda entregar la finca descrita en el .Hecho octavo de la demanda “últimamente enmendadá” que es de 369 cuerdas de terreno, siendo así que según el becbo tercero de dicba demanda la cosa reclamada se compone de dos porciones que ascienden a 266 cuerdas 33 céntimos apor-tadas a su matrimonio por Juan de Mata Escobar, las cua-les unidas a la porción aportada por la esposa Agustina Ca-sado forman una finca de 395 cuerdas cuya descripción total se hace, sin que las dos porciones que son objeto del litigio se encuentren descritas de ninguna otra manera en las ale-gaciones, las pruebas ni -en las conclusiones del juez {finding s)por lo que no puede saberse qué parte de la finca de 395 corresponde a las 266.33 cuerdas; que la dicba “demanda últimamente enmendada” en su apartado séptimo dice que de esa finca total se vendió un pedazo y en el octavo que en virtud de esta venta y segregación quedó la finca rústica .litigiosa reducida en su extensión y la describe según el plano identificado presentado como prueba como una -finca de 369 cuerdas, descripción que se refiere a la finca total de 395 cuerdas menos el pedazo vendido y no a las dos porciones que juntas hacen 266.33 cuerdas, que son la materia en liti-gio, pues según dicba demanda son las únicas que dejó a su muerte Juan de Mata Escobar, y de esa suerte la sentencia incluye la porción aportada por Agustina Casado, que no estaba en litigio; que por las mismas razones la sentencia decide cuestiones no planteadas y no está de acuerdo ni sos-tenida por las alegaciones; que además ni las alegaciones ni las-, pruebas presentan materia litigiosa porque no se hace descripción de las dos porciones de terreno dejadas por Juan de Mata Escobar para poder identificarlas y que la sen-tencia es imposible de cumplir porque manda que la finca se entregue al albacea nombrado por Juan de Mata Escobar, que es Agustina Casado, cuyo cargo no existía al tiempo en que se dictó porque había dejado de serlo muchos años antes por ministerio de la ley.

También alega la demanda que los demandados tratan de hacer cumplir tal sentencia y que su ejecución privaría al demandante de la posesión de la finca causándole graves e irreparables perjuicios -porque según su información y creencia los demandados, excepto Martínez, carecen de bie-nes con que responderle de los daños y» perjuicios que se le ocasionarán si se lleva a cabo la ejecución de la sentencia; que sobre la finca pesa una hipoteca vencida y si los deman-' dados llevan adelante la ejecución de la sentencia el acree-dor hipotecario entablará acción para cobrar su crédito, lo que resultaría en perjuicio del demandante, pues no tiene ahora dinero para pagar esa deuda y no le sería posible conseguirlo por estar la finca en litigio y la perdería valiendo mucho más de la cantidad garantizada con la hipoteca.

Con tales alegaciones la demanda concluye con la súplica de que se declara la nulidad de la expresada sentencia y que mientras puedan resolverse las cuestiones planteadas en ella se dicte auto de injunction prohibiendo a los demandados que verifiquen acto alguno para llevarla a cumplimiento y a Agustina Casado que tome posesión de la finca. La de-manda está jurada.

Señalado día por el juez para que los demandados com-parecieran a exponer las razones que tuvieran para que no se concediese la prohibición solicitada, alegaron éstos que no debía decretarse el injunction porque el tribunal carecía de jurisdicción para ello; porque aun cuando la tuviera, la demanda no expresa hechos bastantes para constituir una causa de acción, y porque la parte demandante es culpable-de negligencia. Algunos días después adujeron excepción-previa contra la demanda.

En 30 de junio de 1914 el juez dictó orden, que el mismo día fue registrada en el libro de sentencias, negando la peti-ción del auto de injunction y de ella apeló para ante noso-tros el demandante Juan de Mata Escobar.

Esto es todo lo que aparece de la transcripción de los. autos para la apelación, la que no contiene exposición de hechos aprobada por el juez. Sin embargo, con la transcrip-ción se presentó otro documento titulado también transcrip-ción de autos en el que el secretario del tribunal inferior certifica alegaciones y algunos documentos obrantes en otro pleito seguido por Carlos Gámbaro Mojica y Ramona Gám-baro Escobar contra Juan de Mata Escobar sobre reivin-dicación de propiedad y otros extremos. Nosotros no pode-mos tomar en consideración este documento porque no es la transcripción de los autos en que se dictó la orden ape-lada; porque si las constancias en él certificadas fueron pre-sentadas como prueba en la vista del injunction han debido traerse ante nosotros, de acuerdo con la ley, en una expo-sición o relación de hechos aprobada por el juez inferior e incluida en la transcripción de los autos, y porque si no fueron presentadas como prueba no podemos basarnos en ella para dictar nuestra resolución, ni aun teniendo en cuenta que el juez para dictar su resolución tomó conocimiento judicial de dicho pleito, según aparece de los fundamentos de la orden apelada, porque en este caso tenía que resolver la controversia por los méritos de las alegaciones conteni-das en la petición de injunction, y no estaba facultado para considerar como de conocimiento judicial ningún hecho que no fué alegado en ellas. Lowande v. García, 13 D. P. R., 271. El conocimiento judicial sirve para evitar la prueba de hechos alegados que, según la ley, puede y debe conocer el juez y por tanto no tiene aplicación cuando se resuelven cuestiones. sin prueba, por. los méritos de los consignados en las ale-gaciones, partiendo de la base de que son ciertos por no baber sido contradichos.

Por estas razones nosotros consideraremos únicamente la verdadera transcripción de autos para esta apelación y en ella nos basaremos para la resolución que dictemos.

De lo expuesto se desprende que cualesquiera que sean los fundamentos que tuvo el juez para dictar la orden que motiva esta apelación, lo que resolvió fué que no debía expe-dir el auto de injunction que pendente lite se le pidió y por tanto lo que nos toca resolver a nosotros es si procede con-firmarla o revocarla.

Aunque pretende la parte apelante que nosotros decida-mos en este recurso si la demanda de nulidad de la sentencia aduce o no hechos determinantes de causa de acción, y a dis-cutir esta cuestión está encaminado casi todo su alegato fun-dándose en que uno de los motivos que tuvo el juez para dic-tar la resolución apelada fué que la sentencia no es nula sobre su faz porque del examen del pleito en que fué dictada, del que tomó conocimiento judicial, se advierte perfecta con-gruencia entre lo solicitado por el demandante y lo contro-vertido por el demandado, nos abstendremos de considerar tal cuestión porque no es la que debe resolverse en este caso, sino únicamente si debe o no confirmarse la orden que negó la expedición del auto de injunction preliminar que pidió el demandante, pues al resolverse peticiones de injunctions preliminares o provisionales debe tenerse cuidado de no anti-cipar la resolución de cuestiones de derecho envueltas en el pleito, y no debemos dar motivo para que después se nos diga que hemos resuelto cuestiones que no estaban en contro-versia. Por consiguiente nos limitaremos a la única. cues-tión que surge de la orden apelada.

Por los antecedentes expuestos puede verse que no se alega falta de jurisdicción en el tribunal que dictó la sen-tencia sobre las' personas ni sobre la finca en litigio sino que se pretende la nulidad porque la sentencia manda entregar más terreno del que se reclamó, porque no se describió la finca reclamada y porque es .imposible entregarla a la persona que se ordena, en el carácter con que debe recibirla, por-que por ministerio de la ley ya no tiene el carácter o cargo de albacea que se le atribuye y que como medida provisional se solicita se expida un auto de injunction prohibiendo que la sentencia se ejecute mientras se resuelve si es nula.

Las sentencias tienen la presunción de haber sido dic-tadas con jurisdicción sobre las personas y sobre la cosa litigiosa, así como que para pronunciarla se han seguido los procedimientos legales, a menos que lo contrario apa-rezca claramente de ella misma o-, se demuestre, y en vir-tud de esa presunción los tribunales deben proceder con mu-cha cautela en la- concesión de autos prohibiendo su cumpli-miento. Una petición de remedio de esta naturaleza debe ser examinada cuidadosamente y los fundamentos para con-cederlo son un tanto restringidos, no siendo suficiente que lá sentencia sea injusta, sino que debe aparecer también que ese resultado no fué motivado por abandono o descuido de la persona a quien perjudica, debiendo mostrar claramente que fué activo en la protección de sus derechos para tener derecho al injunction; y como este recurso por ser extraor-dinario no se concede generalmente cuando existe remedio por la ley, es necesario además que se alegue que se han uti-lizado todos los que ella concede para evitar que la senten-cia puda cumplirse y en este caso el peticionario tenía el recurso de apelación, de nuevo juicio y el de pedirle al juez que dictó la sentencia que la deje sin efecto. Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D. P. R., 571; High on Injunctions, secciones 113, 114, 165, 166, 169, 170, 173, 175, 228, 230 y 231. 23 Cyc., 980 y 981.

Nada de esto se sabe por la petición de injunction y la falta de consignar esos hechos es motivo bastante para negar la solicitud.

Además, la concesión de un auto de injunction preliminar o provisional no es ex debito justitüe sino que descansa en la sana discreción del tribunal, guiada por las circunstancias de cada caso, por lo que la resolución que dicte no será revo-cada en apelación a menos que se demuestre que’abusó de tal facultad discrecional, lo que no se lia beclio en este caso. Morfi. v. Fajardo Development Co. y Abella v. Fernández, 17 D. P. R., 797 y 1063, respectivamente; García v. Torres, 20 D. P. R., 169, y León et al. v. Colón et al., 21 D. P. R., 273.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Turner, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador- de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, sobre negativa de inscripción, de una escritura de venta de fincas rústicas.
    No. 203.
    Resuelto en junio 10, 1915.
    Mandatarios — Sociedades—Gestores de una Sociedad — Prohibición de Adqui-rir Bienes del Mandante por el Mandatario. — El socio gestor de una socie-dad es el mandatario que tiene a su cargo la administración o venta de la propiedad perteneciente .a la misma, y en tal concepto está .comprendido directamente dentro de la prohibición establecida en el párrafo 2o. del artículo 1362 del Código Civil Revisado. En este caso se ratifica el principio esta-blecido en el de Jiménez v. El Registrador, 21 D. P. R., 329.
    Id.' — Corporaciones—Presidente de la Corporación — Administración o Venta de Propiedad Perteneciente a la Corporación — Junta Directiva. — El presidente de una corporación no es per se un mandatario de la misma al extremo de que quede comprendido dentro de la prohibición del artículo 1362, párrafo 2°., del Código Civil, sino la junta directiva elegida del seno de la corporación por los accionistas.
    Corporaciones — Funcionarios de una Corporación — Venta Anulable. — Es un principio de derecho americano que la venta de propiedad de una corporación hecha a los directores (corporate officers) de la misma, es anulable a instancia de la corporación, aunque existen excepciones a la regla, especialmente cuando la corporación es insolvente o cuando la venta es pública.

      Inscripción de Título — Nulidad del Documento — Deber del Registrador.— Cuando de la faz del documento presentado al registrador para su inscripción no aparece que sea nulo, dicho funcionario no está en el deber de anticipar cualquier acción que pudiera ejercitarse por razón del mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Gabriel Guerra.

    El registrador recurrido Sr. José S. Belaval no compa-reció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre ejecución de hipoteca seguida por el American Colonial Bank of Porto Rico contra la Standard Fruit Co., representada por su presidente John M. Turner, se ordenó al marshal que procediera a la venía-en pú-blica subasta de las fincas hipotecadas. En el acto de la su-basta no compareció ningún postor a excepción de John' M. Turner que compró dichas fincas hipotecadas por su propio derecho. Al ser presentada la escritura de venta en el regis-tro de la propiedad el registrador se negó a inscribirla por el fundamento siguiente entre otros que no han sido discu-tidos.

“Denegada la inscripción del precedente documento por el defecto insubsanable de ser el comprador, Mr. John M. Turner, al tiempo en que se otorgó la venta, presidente de la corporación demandada, a la que representó en el procedimiento ejecutivo; y cuyo comprador, por razón de su cargo, está comprendido en la prohibición del artículo 1362 del Código Civil vigente, aplicable al - caso según la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de treinta y uno de julio úl-timo, en el recurso de Maria Secundina Giménez v. Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera.”

Contra la precedente nota interpuso el presente recurso gubernativo el Sr. John M. Turner.

Debe observarse que el registrador funda principalmente su calificación en la opinión emitida por este tribunal en el caso de Giménez v. El Registrador, 21 D. P. R., 329. La cuestión envuelta en ese caso era claramente la de la venta de una propiedad perteneciente a una sociedad por su socio ¡gestor a su esposa. Este tribunal resolvió tomando en con-sideración la opinión del Sr. Manresa que el socio gestor de una sociedad es un mandatario que .tiene a su cargo la admi-nistración o venta de la propiedad de la sociedad y por tanto •que dicha venta estaba comprendida directamente en la pro-hibición establecida en el párrafo 2 del artículo 1362 del ■Código Civil, el cual es como sigue:

“Artículo 1362. — No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna inter-media :
“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o ena-jenación estuviesen encargados.”

Ratificamos nuevamente el principio establecido en dicho ■caso pero la cuestión que aquí se presenta es. la de si un pre-sidente de una corporación es per se un mandatario de la corporación de tal modo que quede comprendido en la pro-hibición del artículo 1362.

La regla general referente a esta cuestión no es susceptible ele ser interpretada erróneamente. Los negocios de una corporación son casi, universalmente administrados por una junta de su seno elegida por los accionistas. 10 Cyc., 787, nota 72. Es la junta directiva el mandatario, correspon-diente al socio gestor de una sociedad. Por regla general ningún funcionario tiene a su cargo la administración o venta de la propiedad de una corporación por el mero hecho de ■ser tal funcionario, como sucede con el socio gestor de una sociedad de aeüerdo con la misma ley. Se alega que como la junta está compuesta de sus directores de la cual el pre-sidente de la corporación en casi todas partes es uno de ellos, que la prohibición que comprende a toda la junta comprende también a. cada uno de los miembros que la forman. En contestación a esto diremos que uno solo de los directores no puede ordenar la venta de la propiedad de la corporación sin el consentimiento de los demás directores. La agencia, la resolución que ha de prevalecer no adquiere forma cabal sin la intervención de toda la junta la que generalmente se obtiene después de una reunión que ba sido convocada debi-damente. También la venta de la propiedad de una corpora-ción con frecuencia se lleva a cabo únicamente notificando a los accionistas. En el caso de una sociedad la voluntad del socio gestor prevalece en la sociedad como cuestión de derecho. Pero esto no ocurre en el caso del presidente de una corporación.

Es un principio ele la ley americana sobre corporaciones que la venta hecha a funcionarios que forman parte de la junta de una corporación puede ser anulada a instancia de dicha corporación aunque existen excepciones a esla regla especialmente cuando la corporación es insolvente o la venta es pública. Cook sobre Corporaciones, sección 653. Dicha venta es sin embargo anulable pero no es necesariamente nula. Fudickar v. East Riverside Irrigation District., 41 Pac., 1024. En vista de estas consideraciones y como de la faz del documento no aparece la nulidad como ocurrió en el caso Giménez v. El Registrador, supra, el registrador de San Juan no estaba en el deber de anticiparse a cualquier acción que hubiera podido adoptar la corporación. El con-trato de acuerdo con su faz cumplía con los requisitos del ar-tículo 1228 del Códig’o Civil, y no infringía la letra o el espí-ritu del artículo 1362. Cuando el fraude se alega el deman-dado tiene derecho a ser oído ante la corte. Negamos'expre-samente que sea nuestra intención el considerar si esta venta podría o no ser anulada por la corporación o sus accionistas. Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Benet et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. en cansa sobre daños y perjuicios por perjurio.
    No. 1282.
    Resuelto en junio 14, 1915.
    Baños y Perjuicios — Acción Civil por Perjurio — Remedio Penal — Artíoulos-1059 y 1803 del Código Civil — Interest Reipublicíe ut sit Pinis Litium.' — • La aeeión civil por perjurio no existía de acuerdo con la ley común de Ingla-terra, ni tampoco ha sido conferido tal derecho por los artículos 1059 y 1803-del Código Civil. El acto o daño a que hace referencia el artículo 1803. debe ser la consecuencia inmediata del daño y no puede referirse a una cosa tan remota como lo es una sentencia contra un demandante en que pierda o deje de ganar con motivo de la falsa declaración. Ni surgiría tampoeó la; obligación a que se refiere el artículo 1059, de una declaración falsa. En. bien del litigio en general el remedio es estrictamente penal. Interest reip¡i-'blioce ut sit finis litium.

    Los hechos están expresados en la opinión.'
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    El apelado- Sr. José Benet compareció en nombre propio.
    El apelado Sr. Mariano Riera Palmer no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión de] tribunal.

Este fué un caso en el cual la Corte de Distrito de Maya-güez declaró sin lugar una excepción previa formulada a la demanda. Posteriormente, pero sin existir constancia al-guna en los autos de cómo fué que quedó sometida la cues-tión a la corte, un juez que luego fué nombrado para la misma corte declaró con lugar una moción en la que se solicitaba que fuera dictada sentencia sobre los alegatos por ser insu-ficiente la demanda. Habiéndose concedido permiso al de-mandante para hacer enmiendas presentó éste su demanda enmendada renunciando por ello a las supuestas irregularida-des a las cuales hace referencia ahora en su alegato. Al ser radicada la demanda enmendada solicitaron los demandados del tercer juez que ocupó dicha corte que fuera eliminada dicha demanda y se dictara sentencia. La moción se fundaba en que la demanda enmendada era sustancialmente igual a lá original. Dicha moción fué declarada con lugar' dictándose sentencia a favor de los demandados. Si de nn examen de la demanda enmendada aparece que ésta es insuficiente de acnerdo con la ley, no es necesario considerar la demanda original o procedimientos interloeutorios puesto que no existe queja de la falta de audiencia debida.

En la demanda enmendada se expresa que los demanda-dos maliciosa y falsamente juraron respecto a la veracidad ■de hechos contra el demandante que no eran ciertos. Los apelados se fundan en parte en el hecho de que la manifes-tación hecha por uno de los demandados fué por informa-ción y creencia mientras que la del otro demandado fué acep-tada como verdadera por la corte,’ apareciendo ambos hechos de la demanda. Pero los'apelados se basan, principalmente en el hecho de que no existe acción civil por perjurio. Esta no existía de acuerdo con la ley común de Inglaterra siendo el parecer de las autoridades que si se permitiera la acción tcivil por perjurio serían interminables los litigios. Phelps v. Stearns, 4 Gray 105, 64 A. D., 61; Pico v. Cohn, 91 Cal., 134; Taylor v. Bidwell, 65 Cal., 489. 1 Cyc., 68. Tampoco Iba jádo conferido tal derecho por los artículos 1059 ó 1803 (del (Código Civil como alega el apelante. El acto o daño a que hace referencia el artículo 1803 debe ser la consecuen-cia inmediata del daño y no puede referirse a una cosa tan remota como lo es una sentencia contra un demandante en .que pierde o deja de ganar con motivo de la falsa declarator.. Ni surgiría tampoco la obligación a que se refiere el .artículo 1059 de’una declaración falsa. En bien del litigio <en .general el remedio es estrictamente penal. Interest rei-puhliam mí sit finis litium. La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada-.

. (Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados :del Toro y Aldrey.

, El .Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución xLc este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Viera, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción en parte de nna escritura de venta de ciertas participaciones.
    No. 229.
    Resuelto en junio 18, 1915.
    Inscripción de Títulos — Venta de Participaciones en Procedimiento Hipo-tecario — Inscripción a Nombre de Persona Distinta de los Demandados.- - De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, debe denegarse la inscripción de una escritura de venta de participaciones en una propiedad otorgada por el márshal en procedimiento hipotecario, cuando las referidas participaciones están ya inscritas a nombro de persona distinta de los deman-dados a cuyo nombre se hizo la venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Benitez Flores.

    El registrador recurrido, Sr. José Marcial López, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Al inscribirse la venta de ciertas participaciones en nna propiedad la cnal se describe en nna escritura que fné otor-gada por el márshal do la Corte de Distrito de Arecibo como consecuencia de los procedimientos sobre ejecución de hipo-teca que tuvieron lugar en dicha corte, el Eegistrador de la Propiedad de Arecibo, citando el artículo 20 de la Ley Hipo-tecaria, denegó la inscripción del traspaso que también se pretendía hacer en dicha escritura de ciertas otras partici-paciones en la misma propiedad, fundándose en que las refe-ridas participaciones ya habían sido inscritas a nombré de “persona distinta de los otros demandados, a cuyo nombre se hizo la venta.”

Debe confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Cintrón, Demandante y Apelado, v. Colorado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobré reclamación de daños y perjuicios.
    No. 1273.
    Resuelto en junio 18, 1915.
    Sociedades — Sociedades bajo un Nombre Común — Demanda en Particular contra Uno de los Socios — Palta de Causa de Aoción. — De acuerdo con el artículo 73 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando dos o más personas asociadas en cualquier negocio lo realizan tajo un nombre común, comprenda éste o nó los nombres de dichos asociados, podrán ser demandados bajo dicho nombre común, haciéndose en ese caso la citación a .uno o más de ellos, pero la responsabilidad no puede exigirse a uno solo en particular porque su perso-nalidad es distinta de la que pueda tener como socio y no habría' contra él causa de acción.
    Id. — Joint Tort Eeasors — Aplicación de esta Teoría. — La teoría que se designa en la nomenclatura jurídica americana con el nombre de joint tort feasor no es aplicable a un caso como el de autos en que se ha demostrado la existencia de una sociedad, la cual, así en sus derechos como en sus obligaciones, debe regularse por la ley bajo cuyo imperio funciona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Días Collazo.

    Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de acción ejercitada por José Cintrón en repre-sentación 'de sn hija menor Rosa Cintrón, ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Eafael Colorado en reclama-ción de daños y perjuicios.

Aléganse como hechos fundamentales de la demanda que en 15 de febrero de 1913 el demandado Eafael Colorado era arrendatario del teatro denominado “Novedades” en la ciu-dad de Mayagüez y en él se dedicaba al negocio de dar al público espectáculos cinematográficos y de otras clases; que en la noche del expresado día Eosa Cintrón asistió a una fun-ción cinematográfica dada en el mencionado teatro bajo el control y dirección del demandado y al terminar el espec-táculo, sin que mediara culpa ni negligencia alguna por su parte y sí por la del demandado o de sus agentes, sirvientes o empleados, cayóse una silla de un balcón o galería alta del edificio cansándole una fierida en el cráneo, magulladuras y contusiones en diferentes partes de su cuerpo con fuerte con-moción nerviosa general y grandes dolores físicos, por lo que se vió obligada a guardar cama unos veinte días y a uti-lizar servicios médicos y medicinas para su tratamiento; y que ha sufrido daños en cuantía de $999, a saber $699 pol-la lesión craneana, contusiones y dolores físicos, y $300-por gastos de médico y medicinas.

La demanda concluye con la súplica de que se condene al demandado a pagar al demandante la expresada suma con más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

El demandado en su contestación niega los hechos en que se funda la demanda y como materia nueva constitutiva de defensa especial alega: que el teatro de Mayagüez denomi-nado “Novedades” funcionaba en la fecha indicada bajo el control, en calidad de arrendamiento, de la sociedad “Cine Puerto Pico” representada por E. Terrats, según contrato de arrendamiento que dicha sociedad celebró en Io. de diciem-bre de 1912, por término de un año con Don Damián del Moral, dueño del aludido teatro.

Celebrado el juicio la corte pronunció' sentencia en Io. de abril de 1914 por la que declara con lugar la demanda y en su consecuencia condena al demandado Eafael Colorado a que pague al demandante en la capacidad con que compa-rece en.el litigio, la suma de $999 con más las costas, gastos, desembolsos y honorarios del abogado del demandante,, contra cuya sentencia interpuso el demandado recurso de ape-lación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como único motivo del recurso que, actuando como actuaba el teatro “Novedades” de Maya-güez bajo el control, en calidad de arrendamiento, de la socie-dad industrial “Cine Puerto Eico” constituida por escritura pública entre Eafael Colorado y Eafael Terrats como socios, no- es posible que se pueda demandar solamente a uno de sus socios o sea a Colorado, sin brindar una oportunidad al otro socio para ser oído y vencido en juicio de acuerdo con la ley, y por ese fundamento solicita la revocación de la sentencia apelada.

Con relación al motivo en que se funda el recurso, la evi-dencia aportada al juicio demuestra los siguientes extremos:

A. Que por documento privado que presentó el mismo demandante como prueba, Don Damián del Moral arrendó el teatro “Novedades” de Mayagüez a Rafael Colorado y R. Terrats por término de un año a contar desde el día Io. de diciembre de 1912 por precio de $100 mensuales, y bajo las demás condiciones que se expresan en dicho documento, el cual termina así: “Firmado, pp. D. del Moral, Angel Mar-tínez. Cine Puerto Rico. R. Colorado, R. Terrats.”

B. Que por escritura pública que a su vez el demandado ofreció como prueba, documento otorgado en 10 de- junio de 1912 ante el notario Don Damián Monserrat y Simó, Rafael Colorado y Rafael Terrats constituyeron una sociedad industrial por término de dos años a contar desde el 27 de marzo del año expresado, con capital social de $6,000 que ambos socios aportaron de por mitad en dinero efectivo, material y créditos. El objeto de dicha sociedad, según reza el mismo documento, era el de especular en el negocio de exhibiciones cinematográficas, compraventa de material adecuado, alqui-ler de películas y demás operaciones propias del ramo; ambos socios tendrían indistintamente la administración de la socie-dad, pudiendo cada cual en nombre de ella efectuar contra-tos de todas clases y realizar todos los actos propios de la índole de la empresa; y semestralmente había de practicarse un inventario y balance para conocer el estado de la socie-dad y saber lo que a cada socio correspondiera en los bene-ficios o pérdidas si las hubiere.

Como se ve, no era el demandado Rafael Colorado sino la sociedad “Cine de Puerto Rico’’.quien arrendó el teatro “Novedades,” de Mayagüez, a Don Damián del Moral, y los beneficios así como las pérdidas que hubiera en el funciona-miento de dicha sociedad cuyo fin era especular en el nego-cio de exhibiciones cinematográficas, no habían de ser exclu-sivamente para el demandado Colorado sino repartidos entre éste y su socio Terrats.

La responsabilidad originada por el desgraciado accidente en que so funda la demanda no puede exigirse al demandado, cuya personalidad es distinta de la que puede tener como socio y administrador de la mencionada sociedad.

En la forma en que se ha ejercitado la acción, ni el deman-dado Colorado como particular puede ser condenado por sen-tencia al pago de la indemnización total que se le reclama para hacerla efectiva con bienes propios o con la partici-pación que tenga en dicha sociedad, ni tampoco puede ser condenada a prestar esa indemnización la sociedad industrial “Cine Puerto Rico,” ni Rafael Terrats en unión de Colorado, pues ni esa sociedad ni Terrats han sido oídos en el juicio.

El artículo 73 del Código de Enjuiciamiento Civil, al que ha debido sujetarse el demandante en el ejercicio de su acción, dice así:

“Artículo 73. — Cuando dos o más personas, asociadas en cual-quier negocio, lo realizan bajo un nombre común, comprenda éste o nó los nombres de dichas personas los asociados podrán ser deman-dados bajo dicho nombre común, haciéndose en ese caso la citación a uno o más de los asociados; y al fallo del pleito quedarán obliga-dos los bienes comunes de todos los asociados, de igual modo que si todos hubiesen sido demandados personalmente en virtud de su común responsabilidad. ’ ’

Opinamos que la acción ejercitada no ha podido prosperar contra Colorado sino que ha debido -ejercitarse contra éste en representación de la sociedad “Cine Puerto Rico,” o contra Colorado y Terrats como únicos miembros de dicha socie-dad, y así por el fallo que recayera en el pleito, quedarían obligados los bienes comunes de ambos asociados, de igual modo que si los dos hubieran sido demandados personalmente •en virtud de su responsabilidad común.

No hay en el presente caso defecto de partes demandadas sino falta de cansa de acción contra Eafael Colorado que como tal ha sido demandado sin relación alguna con la socie-dad “Cine Puerto Rico.”

Aleg’a la parte apelada que Colorado y Terrats, por el hecho de estar ligados, si en realidad lo estaban, en el nego-cio y explotación del teatro “Novedades,” vinieron a ser lo que se designa en la nomenclatura jurídica americana con ■el nombre de joint tort feasors y que por tanto la acción ha estado bien ejercitada contra Colorado solamente.

Esa teoría no es aplicable al presente caso en que se ha demostrado la existencia de la sociedad “Cine Puerto Rico” ■de que son miembros Colorado y Terrats, cuya sociedad, así en sus derechos como en sus obligaciones, debe regularse por la ley bajo cuyo imperio funciona.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia' apelada y absolverse al demandado de la demanda en la forma en que ha sido interpuesta.

Revocada la sentencia apelada absolviéndose al demandado de la demanda.

Jueces concurrentes: Sres.' Asociados Wolf, del Toro y' Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.