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    Fabiola Fernández Chaves, peticionaria, v. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad, Sección de Guayama, recurrido.

      Número: RG-2015-4

      Resuelto: 14 de abril de 2016

      Fabiola Fernández Chaves, pro se, parte peticionaria; Ismael L. Purcell Soler, registrador de la propiedad, Sección de Guayama, parte recurrida.
   SENTENCIA

El Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Pro-piedad de la Sección de Guayama (Registrador), notificó a la Leda. Fabiola Fernández Chaves (peticionaria) la denegatoria de inscripción de una escritura sobre segregación, liberación y compraventa. La peticionaria presentó el recurso gubernativo de epígrafe y arguye que, conforme a la Ley Núm. 216-2010, el Registrador estaba impedido de calificar dicha escritura. Sostiene que al transcurrir el término improrrogable de dos años que dispuso el Art. 5 de esta ley para calificar, el documento quedó inscrito automáticamente. En la alternativa, plantea que conforme a la normativa de Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 DPR 188 (1993), el Registrador erró al solicitar la cancelación de cierta hipoteca como requisito para proceder con la inscripción, independientemente de que el solar segregado fuera el último del proyecto residencial. Adelantamos que confirmamos la calificación del Registrador.

Pasamos a exponer un resumen de los hechos que son pertinentes para la resolución de la controversia y los fundamentos que sostienen nuestra decisión.

I

La peticionaria fue parte de las notarías y los notarios encargados de redactar y otorgar las escrituras de Segregación, Liberación, Compraventa e Hipoteca de los solares de la Urbanización Parques de Guásimas, que ubica en el municipio de Arroyo. Para el 8 de mayo de 2003 la peticionaria otorgó la Escritura Núm. 36 titulada Segregación, Liberación y Compraventa, mediante la cual se segregó y vendió el solar Núm. 13 del Bloque “F” de la urbanización. Es pertinente señalar que la finca donde ubica dicho proyecto residencial quedó gravada por una hipoteca que se constituyó en garantía de un pagaré a favor del Banco Santander, o a su orden, por la suma principal de cuatro millones de dólares. En este instrumento público, Monte Real Development Corp., tenedor del pagaré, liberó gratuitamente el solar de esa hipoteca. A esos efectos hizo constar en la escri-tura que la liberación no afectaba el importe del principal del pagaré ni el de la hipoteca que lo garantizaba.

El 20 de junio de 2003 la peticionaria presentó la Escritura Núm. 36 ante la Sección de Guayama del Registro de la Propiedad. Transcurridos doce años, el 8 de mayo de 2015, el Registrador notificó que el documento adolecía de las siguientes faltas que impedían su inscripción:

1. El solar F-13 que se segrega por el documento presentado es el último que queda por segregar de la finca 6502 de Arroyo y que forma parte de la Urbanización Parques de Guásimas. Para proceder con la inscripción del mismo, falta la cancela-ción de la hipoteca que grava la finca matriz por la cantidad de $4,000,000.00 que responde esta finca a favor del Banco Santander de Puerto Rico. De haberla presentado, favor de comunicar el asiento y diario. Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 DPR 609.
2. Según las siguientes Resoluciones aprobadas por ARPE se requiere la segregación de las calles.
Caso 01IU2-00007-02845 de fecha 03-06-2002, aprueba calle 11 plano 2176-G.
Caso 01IU2-00008-02845 de fecha 14-06-2002, aprueba ca-lles 11 y 12 plano 2176-H.
Caso 01IU2-00006-02845 de fecha 25-02-2002, aprueba ca-lles 10 plano 2176-F.
Caso 01IU2-00004-02845 de fecha 13-12-2001, aprueba ca-lles 6 y 9 plano 2176-D.
Caso 01IU2-00003-02845 de fecha 28-11-2001, aprueba ca-lles 7 y 8 plano 2176-C.
Caso 01IU2-00002-02845 de fecha 13-09-2001, aprueba ca-lles 2 y 3 plano 2176-B.
Caso 01IU2-00000-02845 de fecha 15-06-2001, aprueba ca-lles 1; 4 y 5 plano 2176.
Se debe presentar la segregación de las calles conforme a dichas resoluciones. Art. 68.4 LH y 93 LH. (Enfasis suplido).

Así las cosas, la peticionaria presentó ante el Registro un Escrito de Recalificación por estar en desacuerdo con las faltas señaladas. Sostuvo que el Registrador “esta[ba] impedido de notificar falta alguna sobre dicho documento”. Amparó su tesis en el Art. 5 de la Ley Núm. 216 (30 LPRA sec. 1824), que estableció un término improrrogable de dos años a partir de la vigencia de la ley para que los Registradores de la Propiedad calificaran ciertos documentos que no que-daron inscritos automáticamente por virtud de esa legislación. En vista de ello, argüyó que el término con el que contaba el Registrador para calificar la Escritura Núm. 36 presentada el 20 de junio de 2003 había vencido el 10 de febrero de 2013, puesto que la ley entró en vigor para el 10 de febrero de 2011. Su postura fue que como el Registrador incumplió con su obligación de calificar dentro de este término, la escritura quedó calificada e inscrita de manera automática desde esa fecha. En la alternativa, señaló que debido al tiempo transcurrido entre la presentación de la escritura y su calificación, sumado esto a otras circunstan-cias personales, le era imposible obtener copias e informa-ción sobre las escrituras de cancelación de hipoteca y de segregación de las calles.

El 1 de junio de 2015 el Registrador notificó a la peticionaria su determinación de sostener la calificación original. Explicó que el Art. 5 de la Ley Núm. 216, supra, no conllevaba que los documentos que no fueran calificados dentro del término dispuesto en la ley quedaran inscritos automáticamente luego de transcurrir dicho periodo.

Aun inconforme, el 19 de junio de 2015 la peticionaria acudió ante esta Curia mediante el recurso gubernativo de epígrafe para solicitar la revocación de la denegatoria de inscripción. Para fundamentar su petición expone las mismas razones que ya hemos reseñado. Sin embargo, en esta ocasión aduce argumentos adicionales dirigidos a objetar en los méritos la calificación del Registrador. A su juicio, no era necesario cancelar la hipoteca que grava la finca matriz. En cuanto a esto, sostiene que el Registrador incidió al no tomar en consideración lo que pautamos en Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, supra, referente a la validez de las liberaciones de hipoteca a título gratuito. En lo que respecta a la solicitud de las escrituras de segregación de las calles, se limitó a argüir que previo a la calificación en controversia se habían inscrito en el Registro sendas escrituras similares a la Escritura Núm. 36 relacionadas a otros solares de la misma Urbanización Parques de Guásimas, esto, sin que el Registrador hubiese tenido ante sí las escrituras de segregación que ahora solicitaba. Adujo que esa situación “creó un estado de derecho de acorde con las inscripciones anteriores” y que por ello el Registrador “después de 12 años no puede exigir lo que antes obvió”.

El 10 de julio de 2015 el Registrador compareció y presentó su alegato en oposición al recurso gubernativo. Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a resolver.

II

A. La calificación registral y La Ley Núm. 216

El principio de legalidad exige que se examinen o califi-quen los títulos que pretenden ingresar en el Registro, es decir, que se sometan a un examen minucioso acerca de su legalidad. Nos indica Rivera Rivera que ello es compren-sible cuando se trata de un sistema registral en el cual se reputan sus asientos como exactos y concordantes con la realidad jurídica civil. Por ello, hemos enunciado que la calificación constituye “piedra angular” del principio de le-galidad, puesto que le impone a los registradores de la pro-piedad la obligación de verificar que al Registro accedan únicamente títulos válidos y perfectos, de manera que go-cen de la fe pública registral. Así, los títulos defectuosos quedan rechazados del Registro, ya sea de forma definitiva o provisional. Esto se evalúa a la luz de las leyes vigentes a la fecha de su otorgamiento y las constancias del propio Registro.

De acuerdo al Art. 52 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, vigente para la fecha cuando se presentó la escritura de este caso, el Registrador debía registrar los documentos dentro de los 60 días siguientes a su presentación. Empero, este término podía extenderse cuando existiera justa causa, considerándose como tales, entre otras, la escasez de personal y materiales, la ausencia autorizada y prolongada del Registrador, el aumento inusitado de la presentación de documentos y la complejidad de los documentos presentados. A causa del atraso que estas situaciones generaron en el Registro, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 216.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216 se expresó que existía para la fecha de su aprobación una dilación de alrededor de 600,000 documentos sin calificar, los cuales se habían estado acumulando a través de los años. Se enfatizó además que ese atraso no solo atentaba contra el tráfico jurídico de bienes inmuebles sino que, en efecto, lesionaba los derechos de los ciudadanos:

El atraso en la inscripción de documentos, no solamente atenta contra el tráfico jurídico de bienes inmuebles, sino que lesiona derechos de ciudadanos que esperan 10 ó 15 años para que sus títulos queden inscritos. En ocasiones, se notifican faltas que impiden la inscripción y que por haber transcurrido tanto tiempo desde que se presentó el documento, es imposible resolverlas sin incurrir en gastos adicionales para el notario o la parte interesada.

Mediante la Ley Núm. 216 se implantaron varias estrategias que intentarían alivianar ese problema. Como parte de estas medidas, el Art. 2 estableció que quedarían inscritos a partir de la vigencia de la ley los documentos que se hubiesen presentado ante el Registro de la Propiedad al 30 de abril de 2010. Sin embargo, no gozarían de dicho beneficio los siguientes:

(a) Documentos que comprendan segregaciones de fincas.
(b) Documentos que comprendan agrupaciones de fincas.
(c) Documentos que comprendan agregaciones de fincas.
(d) Documentos que comprendan expropiaciones.
(e) Documentos que comprendan expedientes de dominio.
(f) Documentos en los cuales se rectifica la cabida o se describe un remanente.
(g) Documentos constitutivos de Régimen de Propiedad Horizontal.
(h) Documentos posteriores que surjan de los negocios jurídicos mencionados en los incisos (a) al (g) de esta sección, así como los documentos presentados con posterioridad a la vigencia de esta ley.
(i) Documentos notificados, caducados o en proceso de recalificación. (Enfasis suplido).

También se reseñó que era necesario adoptar una medida transitoria que ayudara a acelerar los trámites de inscripción, pero “sin menoscabar los principios básicos del derecho hipotecario y conservando la fe pública registrar y “sin que se afect[ara] la fe pública ni la presunción de corrección de los títulos inscritos”. Al ser así, el Art. 5 le concedió a los Registradores un plazo improrrogable de dos años, desde que entrara en vigor la ley, para calificar todos aquellos documentos que no quedaron inscritos ipso jure. Este precepto lee de la manera siguiente:

Los Registradores tendrán un plazo improrrogable no mayor de dos (2) años, a partir de la vigencia de esta ley, para calificar todos los documentos que no quedan inscritos en virtud de este capítulo. Documentos presentados a partir del 1ro de mayo de 2010, tienen que ser calificados, dentro de un término improrrogable de 90 días laborables, contados a partir de la vigencia de esta ley. El incumplimiento con los términos aquí dispuestos por razones atribuibles únicamente a la con-ducta del Registrador, conllevará la imposición de sanciones disciplinarias que se dispondrán en el reglamento.

Recientemente, en CRIM v. Registradora, 193 DPR 943 (2015), interpretamos el alcance de esta disposición en el contexto de un recurso gubernativo que se presentó antes de que el Registrador calificara la escritura que se interesaba inscribir. Dentro de ese marco, manifestamos que el legislador solo vislumbró un remedio reglamentario ante el incumplimiento del término de dos años para calificar. Concluimos que el incumplimiento de ese plazo no implicaba que el Registrador se hubiese negado a calificar y precisamos que “no pod[íamos], por fíat judicial, decretar que el documento quedó inscrito automáticamente por el mero transcurso del término improrrogable que estableció el legislador”. (Enfasis suplido).

Luego de exponer la normativa de derecho, procedemos a discutir los planteamientos de la peticionaria referentes a la autoridad que tenía el Registrador para calificar la Escritura Núm. 36.

HH l-H J—I

A. La Escritura Núm. 36 se presentó en el Registro para el 2003. Como comprendía una segregación y otros negocios relacionados, no quedó inscrita automáticamente por virtud de la Ley Núm. 216. En ese caso, el legislador confirió un término de dos años a partir de la vigencia de la ley para que se calificara. Empero, la calificación tampoco se realizó dentro de ese término. Ante estos hechos, la pe-ticionaria sostiene que la Escritura Núm. 36 quedó califi-cada e inscrita automáticamente, desde que transcurrió el plazo dispuesto para calificar. No le asiste la razón, pues esto no está contenido en ninguno de los catorce artículos que contiene la Ley Núm. 216.

Sabemos que “cuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Ya hemos seña-lado que en materia de hermenéutica debemos evaluar ini-cialmente el texto de la ley para determinar si su lenguaje es simple y preciso con relación a la controversia. Ciertamente, “no hay necesidad de recurrir al subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su propósito legislativo cuando su texto es claro”. Lo anterior responde a que cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa.

En este caso no es necesario auscultar el espíritu de la Ley Núm. 216 para concluir que no le asiste la razón a la peticionaria. El Art. 5, supra, es claro al determinar que el incumplimiento del término improrrogable solo conlleva una consecuencia disciplinaria. Tan reciente como el año pasado emitimos una opinión en la que, aunque en otro contexto fáctico, fuimos enfáticos al dictaminar que esta ley no disponía que un documento quedara inscrito auto-máticamente por el mero transcurso del término improrrogable que estableció el legislador. En otras palabras, esta ley no suprimió al Registrador de la Propiedad del deber de calificar las escrituras que quedaron exceptuadas de inscripción automática. Estas fueron las medidas que la Asamblea Legislativa entendió que eran necesarias a fin de atender la situación del atraso que experimentaba el Registro de la Propiedad. Consiguientemente, el Registrador actuó dentro de sus deberes y facultades al calificar la Escritura Núm. 36 objeto de este recurso.

Establecido esto, nos resta dilucidar si dicha calificación fue conforme a derecho.

B. La primera falta que señaló el Registrador alude a que la Escritura Núm. 36 no podía inscribirse porque se debía cancelar la hipoteca que grava la finca matriz. Según describimos, el solar F-13 es el último solar que se segregó de la Urbanización Parques de Guásimas, mientras, el pre-dio en el que radica dicho proyecto consta gravado por una hipoteca constituida en garantía de un pagaré por la suma de cuatro millones de dólares.

La finalidad de la hipoteca es garantizar o asegurar la satisfacción de un crédito dinerario. Como sabemos, en nuestro sistema registral inmobiliario permea el principio de indivisibilidad de la hipoteca que postula que la garantía hipotecaria “subsiste íntegra sobre todas y cada una de las partes del crédito mientras éste no se cancele”. A ese tenor, el Art. 173 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 establecía que

[l]a hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele, sobre la totalidad de los bienes hipotecarios aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquier parte de los mismos bienes que se conserven, aunque la restante haya desaparecido; pero sin pexjuicio de lo que se dispone en las dos siguientes secciones.

Por su parte, el Art. 174 de esa misma legislación consignaba que

[s]i una finca hipotecada se dividiere en dos (2) o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando volun-tariamente lo acordaren el deudor y acreedor. No verificándose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez.

Este principio de indivisibilidad se manifiesta en dos órdenes: en el jurídico y en el físico. En cuanto al as-pecto jurídico, aun cuando la obligación se disminuya, el derecho real de hipoteca continuará gravando la totalidad del inmueble o derecho. Respecto al aspecto físico, la hipoteca se mantendrá intacta “aunque la finca hipote-cada se divida o sufra cambios físicos”. De manera que, si se hipoteca un terreno y una parte de este desaparece, la hipoteca subsistirá en la parte restante; y si una finca única se divide en tres pedazos, cada uno de estos responderá por la totalidad del gravamen, salvo que a pacto en contrario se libere. En Banco de San Juan v. Registrador, 103 DPR 417, 419-420 (1975), ya habíamos manifestado que la característica de indivisibilidad permitía pacto en contrario.

La peticionaria sostiene que el Registrador erró en su calificación al no tomar en consideración que en Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, supra, modificamos nuestros pronunciamientos de Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 DPR 609 (1992), para admitir, a su juicio, el tipo de liberación que se realizó en este caso mediante la Escritura Núm. 36. No le asiste la razón. Nos explicamos.

En Casa Blanca Properties v. Registrador, supra, atendimos una controversia hipotecaria de carácter novel en nuestro ordenamiento jurídico para aquel entonces. En ese caso se constituyó una hipoteca sobre el terreno en el cual se iba a edificar un condominio y se otorgó un pagaré hipotecario por la suma de $1,425,000 para el fínanciamiento interino de la obra. Tras concluirse la construcción y so-meterse el condominio al régimen de propiedad horizontal, la hipoteca quedó gravando cada uno de los apartamentos de dicho condominio. Estos apartamentos eran liberados según se vendían a fin de que la suplidora del financia-miento permanente pudiera proveer un fínanciamiento que estuviera garantizado mediante una hipoteca con rango de primera. Trascendió que cuando se vendió el último apartamento, el Registrador denegó la inscripción por entender que no podía liberarse sin cancelar la hipo-teca que gravaba el terreno, es decir, la hipoteca del finan-ciamiento interino. Al justipreciar si la calificación fue correcta señalamos lo siguiente:

[...] la pretendida liberación del apartamento Núm. 9 de la Hipoteca del fínanciamiento interino atenta contra el principio de legalidad registral. Generaría una discrepancia impermisi-ble entre los asientos del Registro y la realidad jurídica. [...]
No es posible liberar un apartamento de un crédito hipoteca-rio afirmando que ‘[n]o se reduce en forma alguna ni el principal del pagaré ni la hipoteca’. Si el crédito hipotecado y el pa-garé no disminuyen, ¿en qué consiste la liberación? Nuestro ordenamiento registral no permite liberar en un asiento la hipo-teca y dejar vigente el asiento del derecho real de hipoteca [...]
En resumen, estamos ante un esquema anormal e impermisible. Si bien todos los apartamentos han sido “libera-dos” de la hipoteca de construcción, ésta no ha sido cancelada ni parcial ni totalmente. Como figura absurda permanente, subsiste en los libros del Registro de la Propiedad una hipoteca despojada por sucesivas liberaciones de toda garantía inmobi-liaria y desvinculada por completo del inmueble sobre el cual fue constituida. Simultáneamente, en el tráfico de valores sub-siste un pagaré engañoso, cuyo importe dice estar asegurado con primera hipoteca sobre el Condominio Casa Blanca. Tam-poco se han satisfecho los derechos arancelarios. (Énfasis su-plido y citas y escolio omitidos).

En ese caso también enunciamos que la estructura jurídica de las hipotecas representadas por títulos al portador o a la orden, imponía como único método de liberación la cancelación parcial o total, conforme al Art. 138 de la Ley Hipotecaria de 1979.

Sin embargo, un año después, en Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, supra, se solicitó la reconsideración parcial de una sentencia que habíamos emitido conforme a Casa Blanca. Nótese que en Plaza del Rey no se cuestionó la co-rrección de la norma que exigió el pago total de los aranceles correspondientes al valor de la hipoteca cuando se liberaba de gravamen el último apartamento individualizado. Más bien, se objetó lo referente a que la única forma de liberar una hipoteca en garantía de títulos al portador o por endoso fuera la cancelación total o parcial del gravamen. Al atender esos planteamientos reconsideramos los pronunciamientos de Casa Blanca a los únicos efectos de reconocer las libera-ciones gratuitas entre partes. Aclaramos que la vía del Art. 138 de la Ley Hipotecaria era necesaria exclusivamente cuando la finca hipotecada no se pudiera dividir, en otras palabras, “cuando se trate del remanente [...] sobre [e]l cual se aplica el gravamen hipotecario” nfasis suplido).

En el caso que nos ocupa, mediante la Escritura Núm. 36 se pretendió liberar al último solar de la Urbanización Par-ques de Guásimas de la hipoteca que, en garantía de un pagaré a favor del Banco Santander o a su orden, grava la finca en la que ubica ese proyecto residencial. Sin embargo, en ese mismo documento se hizo constar que esa liberación “no afecta [ba] el importe del principal del pagaré ni el de la hipoteca que lo garantiza[ba]”. Evidentemente, y a la luz de la jurisprudencia discutida, permitir dicha segregación y la liberación gratuita sin la correspondiente cancelación de hipoteca atenta contra el principio de legalidad ya que pro-piciaría una disyuntiva entre la realidad registral y extra registral; la existencia de una hipoteca desvinculada del in-mueble sobre el que recae. Es evidente que ese negocio jurí-dico no se realizó conforme a la jurisprudencia que hace poco más de dos décadas establecimos en este Tribunal. Por consiguiente, colegimos que no erró el Registrador en cuanto a la primera falta señalada. En efecto, para poder proceder a la inscripción de los negocios jurídicos contenidos en la Escritura Núm. 36, era necesario que se cancelara la hipo-teca que de acuerdo a los asientos del Registro, se encuentra constituida sobre la totalidad del inmueble en el que radica el solar “F-13” que sería segregado. Procedemos ahora a analizar los planteamientos relacionados a la segunda falta notificada por el Registrador.

En su segunda falta, el Registrador especificó que con-forme al Art. 93 de la Ley Hipotecaria de 1979, faltaba por presentar las escrituras de las segregaciones de ciertas ca-lles según las Resoluciones que había emitido la extinta ARPe. Este artículo establece lo siguiente:

En el caso de cualquier desarrollo urbano de una finca, no podrá registrarse segregación alguna, sin que antes se presen-ten los documentos en que se segreguen las parcelas dedicadas al uso común o público, y en que se consigne la cabida del resto del área destinada a estos propósitos con arreglo al plano e informes aprobados e inscritos en el Registro de Planos.

Cónsono con lo anterior, el Art. 101.1 del Reglamento Hipotecario, supra, dispone que “[s]erán segregados pre-viamente a cualesquiera otras parcelas, aquellas que de acuerdo con el plano aprobado por las agencias guberna-mentales concernidas deban segregarse para ser destinadas al uso común o público”.

En vista de ello, “el registrador está impedido de extender cualquier asiento relativo a un negocio jurídico si no se satisface la exigencia administrativa”.

En cuanto a esta segunda falta la peticionaria se limita a argumentar que, debido a que ciertas escrituras sobre segregaciones y compraventa de otros solares de la misma urbanización se inscribieron con ese defecto, no procedía que el Registrador requiriera esos documentos. La peticio-naria se circunscribe a exponer lo siguiente:

[...] al calificar e inscribir todas las escrituras sobre Segre-gación, Liberación y Compraventa otorgadas por la suscri-biente entre el 2000 y 2003, entiéndase escrituras otorgadas antes del 8 de mayo de 2003, sin tener ante s[í] las segrega-ciones de las calles de la Urbanización Parques de Guásima, según Resoluciones aprobadas por ARPE de fechas 2001 y 2002, el Registro de la Propiedad, sección de Guayama, creó un estado de derecho acorde con las inscripciones anteriores que incluye la escritura de Segregación, Liberación y Compraventa del 8 de mayo de 2003. Entendemos que después de 12 años no puede exigir lo que antes obvi[ó].

Es oportuno reiterar que al momento de ejercer su deber de calificar un documento, el Registrador está obligado a estudiar la legalidad del mismo, analizar si estos son váli-dos y perfectos como para poder entrar al registro. De acuerdo con el Art. 68 de la Ley Hipotecaria de 1979, una de las faltas que impiden la inscripción es cuando no se acredita el cumplimiento con las formalidades exigidas por las leyes. De acuerdo con el Art. 93 de la Ley Hipotecaria de 1979, supra, en los proyectos de desarrollo urbano el Registrador está impedido de inscribir segregación alguna si no se han presentado antes los documentos en que se segreguen las parcelas dedicadas al uso común o público según sea solicitado por las agencias administrativas pertinentes. Por ello, al no constar en el Registro las segregaciones de las calles, requeridas por ARPe, el Registrador estaba impedido de practicar la segregación solicitada. Ello es así, independientemente de los errores que se aducen que fueron cometidos en calificaciones previas relacionadas a otras escrituras. Cónsono con lo anterior, resolvemos que no erró el Registrador al requerir que se presentaran las escrituras de segregaciones correspondientes como con-dición para proceder con la inscripción.

IV

Por los fundamentos que preceden, se confirma la cali-ficación impugnada.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Oronoz Rodríguez concurrió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular concurrente.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular concurrente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conteste con confirmar la calificación del Registrador en el presente caso, puesto que estimo que éste no erró al requerir, en el ejercicio de su función calificadora, la can-celación de la hipoteca que gravaba la totalidad del inmue-ble y las escrituras de las segregaciones de ciertas calles dentro de la urbanización. No obstante, preciso abundar en el argumento de la peticionaria relacionado con la facultad calificadora del Registrador y los términos que la rigen.

Ciertamente, las disposiciones de la polémica Ley Núm. 216 de 2010, 30 LPRA see. 1821 et seq., no contemplan la inscripción automática de un documento en el Registro ante el incumplimiento del Registrador con el término im-prorrogable de 90 días para calificar. Como se indica en la sentencia que antecede, la escritura de segregación, liberación y compraventa presentada ante el Registro de la Pro-piedad, Sección de Guayama, fue calificada casi 12 años después de su presentación. A todas luces, el transcurso de tantos años para calificar el documento es injustificable.

Si bien es cierto que la Ley Hipotecaria de 1979 contem-plaba la existencia de justa causa para incumplir con el término de 60 días dispuesto en su Art. 52, 30 LPRA sec. 2255, término que fue extendido a 90 días por la Ley Núm. 216, la existencia de tal justa causa, no puede justificar una dilación de más de una década. Resulta oportuno su-brayar que la nueva ley hipotecaria prescinde de tal excepción. Así, el Art. 234 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 del 8 de diciembre de 2015, impone a los Registradores de la Propiedad el deber de calificar los documentos dentro del término de 90 días laborables desde su presentación sin contemplar la existencia de justa causa para su incumplimiento.

El Art. 234 de la nueva ley hipotecaria expresamente dispone, que “[e]l incumplimiento con el término dispuesto en este Artículo dará lugar a sanciones disciplinarias según se disponga por reglamento”. Art. 234, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015. Este precepto responde a la necesidad de que los Registradores realicen sus deberes eficientemente y sin incurrir en demoras que obstaculicen la inscripción de documentos en el Registro y redunden en la notificación tardía de faltas cuya rectificación podría re-sultar excesivamente onerosa para las partes interesadas. En lo sucesivo, una dilación en calificar como la que obser-vamos en este caso sería base suficiente para la imposición de sanciones disciplinarias.

El Registro de la Propiedad es una institución que tiene como finalidad la publicidad de la situación jurídica de los bienes inmuebles mediante la inscripción de los actos y contratos relacionados a éstos, a fin de proteger el tráfico jurídico. Considerando que la actividad registral está diri-gida principalmente a darle publicidad a ciertos actos jurídicos relacionados con los bienes inmuebles, se hace necesario que el Registro pueda ser “un medio técnico y adecuado, a través del cual se pueda dotar a tales actos de la forma precisa para conseguir dicha publicidad”. (Énfasis suplido). A. Sánz Fernández, Instituciones de derecho hipotecario, Madrid, Ed. Reus, 1947, T. 1, pág. 31.

Un sistema registral donde se presenta una escritura de segregación, liberación y compraventa, y transcurre más de una década sin que ese documento se califique, no es un sistema que facilite y propicie el tráfico eficaz de los inmuebles. Por el contrario, ese Registro no constituye el “medio técnico y adecuado” de que nos habla la doctrina. En estas circunstancias, verdaderamente, no se puede ha-blar de que sea un valor registral en nuestro entorno el principio de la seguridad jurídica. “[S]i el Derecho es el arte de lo justo y la Justicia es un valor superior que debe ser logrado por todo el Estado de Derecho, la seguridad jurídica supone la cristalización del principio, haciendo justo todo lo que tienda a ser seguro, a ofrecer seguridad”. J.M. Chico y Ortiz, Seguridad jurídica y revisión crítica de los principios hipotecarios, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, pág. 30.

La incertidumbre e inseguridad en el tráfico jurídico que genera la inacción de un Registrador al momento de cumplir con su deber ministerial de calificar documentos dentro del término prescrito por ley no pueden ser condonadas por este Tribunal. Los esfuerzos concertados de la Rama Legislativa de agilizar los trámites ante el Registro de la Propiedad serían fútiles si no se les exige a los Registradores calificar con celeridad los documentos presentados y se imponen las sanciones disciplinarias que conlleva su incumplimiento.

       30 LPRA see. 1821 et seq.

       Véase Recurso Gubernativo, pág. 2.

       Surge de la propia Escritura Núm. 36 que la hipoteca que grava el predio se había presentado al asiento 34 del tomo 520 del Diario de Operaciones del Registro de la Propiedad, Sección de Guayama. No consta en el legajo del caso la fecha cuando se inscribió la referida hipoteca, pero según surge de la calificación del Registrador de la Propiedad, en efecto, dicho gravamen quedó constituido sobre el inmueble.

       Presentada al asiento Núm. 165 del libro 595 del Diario de Operaciones.

       Véase Escrito de calificación, Apéndice, Exhibit 2. Cabe señalar que la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, ha sido derogada y sustituida por la Ley Núm. 210-2015 aprobada el 8 de diciembre de 2015, la cual entrará en vigor a los 90 días de su aprobación. Así también, la Ley Núm. 161-2009 derogó al Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 LPRA sec. 71 et seq.).

       Escrito de Recalificación, Apéndice, Exhibit 3, pág. 3.

       La Ley Núm. 216-2010 entró en vigor 45 días después de su aprobación.

       Véase Denegatoria de inscripción, Apéndice, Exhibit 1.

       Véase Recurso Gubernativo, pág. 9.

       L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 271.

       Íd. Véase, también, San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 860 (2013), citando a R. Roca Sastre y otros, Derecho hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, pág. 614.

        R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241, 246 (2002); Narváez v. Registrador, 156 DPR 1, 14 (2001).

       El Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979 dispone que “[l]os registradores calificarán, bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínse-cas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes”. 30 LPRA sec. 2267 (ed. 2005).

       30 LPRA 2255 (ed. 2005)

       Art. 66.2 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, de 9 de julio de 1980, según enmendado, Reglamento Núm. 2674 del Departamento de Justicia.

       2010 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1319, 1320.

       Íd.

       30 LPRA sec. 1821.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010, supra, pág. 1321.

       30 LPRA sec. 1824.

        CRIM v. Registradora, 193 DPR 943, 950 (2015).

       Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14.

        Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 543, 551 (2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 787 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 691 (2011).

        Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra, pág. 787.

        Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, supra.

        CRIM v. Registradora, supra.

        A.C.T. v. 780.6141M2, 165 DPR 121 (2005).

       Rivera Rivera, op. cit, pág. 493.

       30 LPRA sec. 2569 (ed. 2005).

       30 LPRA sec. 2570 (ed. 2005).

        Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 DPR 609, 614 (1992), citando a Morell.

       Íd.

       Rivera Rivera, op. cit., pág. 494.

        Casa Blanca Properties v. Registrador, supra, pág. 615.

       Íd., pág. 612.

       Íd.

       Íd., pág. 613.

       Íd.

       íd., págs. 615-617.

       Id., pág. 617. Este artículo lee de la manera siguiente:
      “Sin perjuicio de lo dispuesto en la see. 2460 de este título sobre la cancelación de gravámenes posteriores, las inscripciones de hipoteca constituidas para garanti-zar obligaciones representadas por títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, cualquiera que sea la denominación que se les asigne, se cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por los tenedores legítimos de los títulos expresados. En todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de los títulos y su inutilización o reducción parcial en el acto del otorgamiento. Si todos o algunos de dichos títulos se hubiesen extraviado o hubieren sido destruidos sin los requisitos anteriores, únicamente podrán cancelarse dichas inscripciones mediante la presentación de la sentencia firme en que se declare haber quedado extinguidas las obligaciones representadas por los referidos títulos.
      “En las escrituras de cancelación de títulos transferibles por endoso será obli-gación del notario hacer constar que el compareciente es tenedor por endoso o que el último endoso se hizo en blanco”. 30 LPRA see. 2462 (ed. 2005).

        Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 DPR 188, 190 esc. 1 (1993).

       Íd., pág. 195.

       Íd., pág. 194.

       Véase Apéndice, Exhibit 4, cláusula octava de la Escritura Núm. 36, pág. 5.

       30 LPRA sec. 2314 (ed. 2005).

       Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674, Art. 101.1.

       Rivera Rivera, op. cit., pág. 383.

       Recurso gubernativo, pág. 9.

       Este Artículo señala:
      “Serán faltas que impidan la registration del título presentado:
      (1) Las que causen la inexistencia del acto o contrato a registrarse o la nulidad o anulabilidad de éste o del documento presentado.
      (2) Las que se originen de obstáculos del Registro.
      (3) Las que se funden en disposiciones de este subtítulo.
      (4) El no presentar los documentos complementarios necesarios o no acreditarse el cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes”. (Énfasis suplido). 30 LPRA see. 2271 (ed. 2005).


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text:
    Héctor R. Díaz Vanga, peticionario, v. Comisión Estatal de Elecciones, recurrida.

      Número: CC-2016-0306

      Resuelto: 15 de abril de 2016

      Héctor R. Díaz Vanga, pro se, parte peticionaria; Manuel Iz-quierdo Encarnación y Héctor E. Pabón Vega, de Izquierdo, Pagán & Pabón, abogados de la Comisión Estatal de Elec-ciones, parte recurrida; Hamed G. Santaella Cario, abo-gado del Ing. Jorge Dávila Torres, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista; Jorge Martínez Luciano, de M.L. & R.E. Law Firm, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático.
   RESOLUCIÓN

Examinado el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar”. Se ordena la continuación de los procedimientos ante la Comisión Especial de Primarias del Partido Nuevo Progresista y la Comisión Estatal de Elecciones relacionados con las primarias al cargo de Senador por el Distrito de Arecibo, que quedaron paralizados mediante nuestra Orden de 6 de abril de 2016.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, vía facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un Voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo estuvo conforme con la determinación de la mayoría y emitió la expresión si-guiente:

Aunque ciertamente el día establecido por el Art. 8.012 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXII, 16 LPRA sec. 4122(2)(b), coincidió en un día feriado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) laboró ese día y estableció claramente, por todos los medios y para todos los aspirantes, que ese sería el último día para la presentación de los endosos. El propósito de una ley al permitir la dilatación de una fecha límite en la pre-sentación de un recurso ante un foro o, en este caso, endosos ante la CEE en días feriados, obedece a la realidad de que —como regla general— estos foros o agencias no laboran esos días. No obstante, en este caso la CEE decidió, en una actuación razonable dentro del marco de su Ley Orgánica —a la que es-tamos obligados a otorgar gran deferencia— sujetarse a la fe-cha de 15 de febrero establecida por la ley electoral como fecha límite para presentar los endosos debidos por los aspirantes. Así lo anunció y, finalmente, funcionó ese día como un día normal de trabajo. No veo en qué manera esto pudo haber peijudi-cado al peticionario en comparación con todos los miles de aspi-rantes que se encontraban en las mismas condiciones.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un Voto particular disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Estrella Martí-nez emitió un Voto particular disidente e hizo constar la expresión siguiente:

Disiento por considerar que una interpretación integral de las normas aplicadas en mi Voto particular disidente exigía concluir que la Comisión Estatal de Elecciones erró al no extender el término para que los aspirantes primaristas presen-taran sus endosos. Ello a pesar de que el último día era feriado legal, fundamento jurídico que hace irrelevante si la entidad estaba operando ese día. Lamentablemente, con la determina-ción de este Tribunal, hoy no se priva solamente al Ledo. Héctor Díaz Vanga de figurar como aspirante primarista por el Distrito Senatorial de Arecibo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, sino que queda afectada también la volun-tad de miles de electores que lo endosaron.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conforme con la determinación de este Tribunal de declarar “no ha lugar” el recurso de certiorari presentado. Resolver lo contrario implicaría desechar el texto claro del Artículo 8.012 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI (Ley Electoral), 4 LPRA see. 4122, y sustituirlo por una interpretación desvariada de la interacción entre esa ley y otras disposiciones de aplicación general contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil y el Código Político.

I

El Sr. Héctor Díaz Vanga, en calidad de aspirante a se-nador por el Distrito de Arecibo, comenzó el proceso de pre-sentar los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para participar en las primarias del Par-tido Nuevo Progresista. Con ese fin, a las 3:15 p. m. del 15 de febrero de 2016 acudió a la CEE para entregar las peti-ciones de endoso que se les requiere a todos los candidatos que desean participar en primarias. Ese mismo día, el señor Díaz Vanga redactó a mano una misiva dirigida a la CEE. En ésta explicó que se le había dificultado la entrega de los endosos oportunamente “debido a un gran tapón [...] en el expreso entre Manatí y Vega Baja”. Apéndice del Certiorari, pág. 175. Indicó, además, que como consecuencia del tapón, se le había averiado su vehículo de motor, en el que había olvidado algunos endosos requeridos. Por último, suplicó que se aceptaran los 641 endosos que entregaba y que se le permitiera entregar el resto posteriormente.

Así las cosas, el 16 de febrero de 2016, el señor Díaz Vanga acudió nuevamente a las oficinas de la CEE para entregar el resto de los endosos que había olvidado en su vehículo de motor. Esta vez, redactó una segunda misiva en la que expresó que el día anterior había expuesto “la situación que no [le] permitió entregar ante[s] de las 12:00pm” los endosos correspondientes. Apéndice del Certiorari, pág. 178. Asimismo, aseveró que la CEE había atrasado el proceso de distribución y recogido de endosos, lo que justificaba su tardanza al entregarlos.

Mediante una resolución, los Comisionados Electorales determinaron unánimemente que el señor Díaz Vanga ha-bía incumplido con los requisitos pautados en la Ley Electoral relacionados con la entrega de los endosos. Específicamente, determinaron que los endosos se habían entregado luego de la fecha límite establecida por ley para ello, esto es, el 15 de febrero de 2016 a las 12:00 p. m. Insatisfecho con esta determinación, el señor Díaz Vanga acudió al Tribunal de Primera Instancia. Allí reiteró su planteamiento en torno a cómo la CEE había dilatado el proceso de recogido de endosos. Por primera vez, también argüyó que, dado que el 15 de febrero de 2016 era un día feriado, la fecha límite para entregar los endosos se exten-día al día siguiente.

El Tribunal de Primera Instancia rechazó los plantea-mientos del peticionario, razonando que la fecha límite fi-jada por ley para entregar los endosos había sido un día laborable para la CEE. El Tribunal de Apelaciones, por su parte, denegó el recurso de certiorari presentado por el se-ñor Díaz Vanga concluyendo que éste tenía pleno conoci-miento de la fecha límite para entregar los endosos y de que la CEE estaría operando y recibiéndolos durante ese día. Insatisfecho con las determinaciones de los tres foros a quo, el señor Díaz Vanga acudió a este Tribunal mediante un recurso de certiorari y una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. Equivocadamente, una mayoría de los in-tegrantes de este Foro optó por paralizar los procedimien-tos de la CEE relacionados con las primarias para el puesto al que aspira el señor Díaz Vanga. Véase Díaz Vanga v. CEE I, 195 DPR 297 (2016) (Rodríguez Rodríguez, J., Voto particular disidente).

Expedir el recurso presentado para revocar las determi-naciones de los foros recurridos conllevaría avalar el uso de subterfugios y artimañas jurídicas por parte de un aspi-rante para justificar su incumplimiento con los requisitos uniformes exigidos a todos los candidatos. Esto, a su vez, significaría permitirle al señor Díaz Vanga entregar más de una tercera parte de las peticiones de endoso requeridas para participar en una primaria fuera de la fecha límite establecida por ley y reglamento para ello, y con la cual los otros aspirantes sí procuraron cumplir diligentemente.

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El texto del Artículo 8.012 de la Ley Electoral fija pal-mariamente como fecha límite para la entrega de las peti-ciones de endoso el 15 de febrero del año de las elecciones generales. Véase 16 LPRA sec. 4122. Por otra parte, el Artículo 8.011 dispone que “[l]a hora límite en todos los casos serán las 12:00 del mediodía; cuando alguna de estas fechas cayere en un día no laborable, la misma se correrá al siguiente día laborable”. (Énfasis suplido). 16 LPRA sec. 4121. Estas disposiciones apuntan claramente a que el cri-terio rector al momento de extender una fecha límite a las que aplica el Artículo 8.011 es que se trate de un día no laborable, y no de un día feriado. Por lo tanto, la referencia a “día feriado” contenida en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, es inaplicable al caso ante nuestra consideración.

Dado que el 15 de febrero de 2016 fue un día laborable en la CEE y el señor Díaz Vanga tenía pleno conocimiento de ello, estimo improcedente permitirle entregar tardíamente los endosos en cuestión. Las actuaciones del señor Díaz Vanga inequívocamente comprueban que éste sabía que la CEE estaría aceptando los endosos hasta el mediodía del 15 de febrero de 2016 por tratarse de un día laborable para esa entidad. Justamente por saber que la CEE operaría durante ese día fue que se personó, a las 3:45 p. m., a entregar parte de los endosos requeridos. Además, precisamente porque sabía que había incumplido con la fecha límite establecida mediante ley y reglamento, solicitó que se aceptaran tardíamente sus peticiones de endoso, justificando su tardanza en presuntos problemas con su vehículo de motor.

Por último, es importante subrayar que el señor Díaz Vanga no planteó inicialmente que el 15 de febrero de 2016 era un día feriado, por lo que procedía su extensión con-forme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil. Ese plantea-miento nunca estuvo ante la consideración de la CEE. En cambio, el señor Díaz Vanga sí planteó ante la CEE un supuesto retraso en el proceso de recogido y distribución de endosos, argumento que fue descartado por el foro primario. Es preciso reiterar, pues, que constituye una norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento que los foros apelativos deberán abstenerse de adjudicar controversias que no fueron planteadas ante el foro revisado. Véase Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 516 (2009); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).

III

Por los fundamentos que anteceden, avalo la determina-ción de una mayoría de este Tribunal de denegar el recurso de certiorari presentado por el señor Díaz Vanga y, consi-guientemente, confirmar las determinaciones de los foros recurridos fundamentadas en el texto claro de la Ley Electoral y el conocimiento irrebatible del señor Díaz Vanga de su incumplimiento con ésta.

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

A diferencia de la mayoría del Tribunal, opino que el Ledo. Héctor R. Díaz Vanga presentó oportunamente los endosos requeridos por la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), infra. Esto se debe a que la fecha límite para completar esa gestión fue un día feriado, por lo que procedía, por mandato de ley, que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la extendiera hasta el próximo día de trabajo. Por esa razón disiento respetuosamente.

I

El licenciado Díaz Vanga presentó su intención de ser candidato al cargo de Senador por el Distrito III de Arecibo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. Para poder aspirar a ese cargo, y conforme lo dispone la Ley Electoral, la CEE le requirió que presentara 3,000 peticiones de en-doso en o antes del 15 de febrero de 2016. El 1 de febrero de 2016, el licenciado Díaz Venga presentó los primeros 1,524 endosos ante la CEE. Posteriormente, sometió endosos adicionales hasta llegar a los 2,085. El 15 de febrero de 2016, fecha límite para completar esa gestión, el peticionario entregó 641 peticiones de endoso a la CEE, las cuales el organismo electoral aceptó en calidad de depósito. Al día siguiente, el 16 de febrero de 2016, el licenciado Díaz Vanga presentó 381 peticiones de endoso adicionales para completar los 3,000 requeridos por la Ley Electoral. La CEE, igualmente, las aceptó en calidad de depósito. Ese mismo día el peticionario presentó un escrito ante la agencia en el que solicitó que se recibieran y contaran todos los endosos que sometió. Alegó, además, que el retraso en la entrega de los documentos se debió a que la CEE le entregó las peti-ciones de endoso en dos partes, lo que atrasó el proceso. Tres días después, la CEE determinó que el peticionario no cumplió con la Ley Electoral al no presentar la cantidad de peticiones de endoso requeridas. Ese mismo día, la CEE le notificó al licenciado Díaz Vanga la cancelación de su noti-ficación de intención de candidatura.

Insatisfecho con la determinación de la CEE, el peticio-nario recurrió al Tribunal de Primera Instancia, donde ar-gumentó que, debido a que el 15 de febrero de 2016 fue un día festivo, la fecha límite para someter las peticiones de endoso se debía prorrogar al próximo día laborable, es de-cir, al 16 de febrero de 2016. El foro primario proveyó "no ha lugar” a ese recurso. En desacuerdo con ese dictamen, el licenciado Díaz Vanga acudió ante el Tribunal de Apelacio-nes y reiteró los reclamos que hizo ante el Tribunal de Pri-mera Instancia. El foro apelativo intermedio denegó el recurso. Entonces, el peticionario recurrió ante nos me-diante una petición de certiorari y, en esencia, planteó los mismos argumentos que hizo ante los foros inferiores, esto es, que la fecha límite para entregar las peticiones de en-dosos se debió extender hasta el martes 16 de febrero de 2016.

Luego de evaluar con detenimiento los planteamientos del licenciado Díaz Vanga, así como los de la CEE, entiendo que procede expedir el recurso de certiorari y revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones.

I—I HH

La Ley Electoral regula todo lo concerniente a los pro-cesos electorales en Puerto Rico. Una de las etapas inicia-les de ese proceso son las primarias, en donde los partidos políticos seleccionan los candidatos que aparecerán bajo sus insignias en las elecciones generales. Los requisitos con los que todos los aspirantes a alguna candidatura de-ben cumplir están en la Ley Electoral, así como en una serie de reglamentos adoptados por la CEE que comple-mentan al estatuto. Uno de los requisitos que deben cum-plir los aspirantes es la presentación de cierto número de peticiones de endoso, cantidad que varía según el cargo al que se aspira.

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el Art. 8.012 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4122(2)(b), dispone lo siguiente:

Los endosos requeridos por este subtítulo deberán ser reci-bidos y remitidos a la Comisión desde la certificación de la candidatura por el partido político o desde que se solicita una candidatura independiente hasta el 15 de febrero del año de las elecciones generales. (Enfasis suplido).

La CEE incorporó este mismo lenguaje en las Sees. 2.2 y 3.6 del Reglamento para los Procesos de Radicación de Candidaturas de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y para los Procesos con Antelación a Primarias y Elecciones Generales de la Comisión Estatal de Elecciones de 14 de octubre de 2015.

Por otra parte, el Art. 8.011 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4121, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

La Comisión y los partidos políticos abrirán el proceso de presentación de candidaturas el 1 de diciembre del año antes en que se celebrarán las elecciones generales hasta el 30 de diciembre del mismo año. Las fechas límites que aplicarán a los procesos y actividades relacionadas con dichas primarias serán establecidas mediante reglamento por la Comisión. La hora límite en todos los casos ser[á] las 12:00 del mediodía; cuando alguna de estas fechas cayere en un día no laborable, la misma se correrá al siguiente día laborable. (Énfasis suplido).

A su vez, el Art. 2.004 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4004, dispone que “[e]n el cómputo de los términos expre-sados en este subtítulo aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, Ap. V del Título 32, excepto para los fijados en las sees. 4015 y 4045 de este título[,] los cuales serán taxativos”. (Énfasis suplido). En esta misma dirección, el Art. 388 del Código Político señala que “[e]l tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último día, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido”. (Énfasis suplido). 1 LPRA sec. 72.

El peticionario sostiene que debemos interpretar el Art. 8.012 de la Ley Electoral, supra, a la luz de lo dispuesto en los citados Arts. 8.011 y 2.004 del mismo estatuto, así como lo dispuesto en el Código Político, y de esa forma concluir que debido a que el 15 de febrero de 2016 fue un día feriado por disposición de ley, la fecha límite para presentar las peticiones de endoso debía prorrogarse hasta el próximo día laborable, es decir, el 16 de febrero de 2016.

Para resolver ese planteamiento, debemos examinar si esas disposiciones modifican, de alguna forma, el texto del Art. 8.012, supra. Este dispone que la fecha límite para cumplir con la presentación de los endosos es el 15 de fe-brero del año en que se celebran las elecciones generales. Luego de un análisis cuidadoso de esas disposiciones, opino que la interpretación de la Ley Electoral que propone el peticionario es correcta, pero exclusivamente por las dispo-siciones del Art. 389 del Código Político, 1 LPRA sec. 73.

En primer lugar, considero que el alcance del Art. 8.011 de la Ley Electoral, supra, está limitado exclusivamente a los términos que la CEE establezca por reglamento y no a los términos creados por la Ley Electoral. La oración de este artículo que dispone que “cuando alguna de estas fe-chas cayere en un día no laborable, la misma se correrá al siguiente día laborable” hay que analizarla en conjunto con la oración que la precede y que claramente limita su apli-cabilidad a las fechas límites relacionadas con las prima-rias “establecidas mediante reglamento por la [CEE]”. (Enfasis suplido).

La fecha límite para presentar los endosos no es una fecha límite establecida por la CEE mediante reglamento. Se trata de una fecha específica establecida por la Ley Electoral. El hecho de que la CEE incorporara esa fecha límite a su reglamento no altera su naturaleza y origen estatutario. Por lo tanto, opino que la disposición conte-nida en este artículo, que permite correr esa fecha al próximo día laborable, no aplica a la fecha en controversia en este caso.

En segundo lugar, el texto del Art. 2.004 de la Ley Electoral, supra, limita la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil al cómputo de los términos establecidos en ese estatuto. Computar un término implica llevar a cabo un cálculo para, a partir de un suceso o una incidencia, cono-cer cuándo ha de terminar un período de tiempo determinado. Computar se define como: “1. Contar o calcu-lar en número algo, principalmente los años, el tiempo o la edad; 2. Tomar en cuenta algo, ya sea en general, ya de manera determinada”. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ra ed. (Edición del Tricentenario), México, Espasa Libros, 2014, pág. 590.

Para conocer la fecha límite que tienen los aspirantes para presentar los endosos que la Ley Electoral requiere, no es necesario llevar a cabo algún cálculo o cómputo. Al ser una fecha límite expresa, no movible, los aspirantes políticos conocen con anticipación el momento exacto en el que deben cumplir con ese requisito estatutario. De esa forma, no tienen que hacer ningún cómputo ni cálculo para conocer hasta cuándo tienen para cumplir con ese requisito. Por lo tanto, considero que el Art. 2.004, supra, tampoco aplica a la fecha límite establecida en el Art. 8.012, supra. Es decir, las Reglas de Procedimiento Civil no modifican ni alteran esa fecha límite.

Así pues, resta por determinar si los precitados artículos del Código Político alteran de alguna forma las disposiciones del Art. 8.012 de la Ley Electoral, supra, y por consiguiente, la fecha límite para presentar las peticiones de endoso. En primer lugar, es importante denotar que el Art. 388 del Código Político, supra, regula, al igual que el Art. 2.004 de la Ley Electoral, supra, el cómputo de términos para conocer cuándo concluye un período de tiempo para llevar a cabo determinado acto. Por lo tanto, esta disposición es igualmente inaplicable a la controversia ante nuestra consideración, puesto que aquí no hay nada que computar.

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En tercer lugar, debemos examinar si el Art. 389 del Código Político, supra, hace meritorio el reclamo del licen-ciado Díaz Vanga. Este artículo establece que “[c]uando al-gún acto haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de con-trato en un día señalado, y tal día ocurriere en día de fiesta, dicho acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto que si se hubiera reali-zado en el día señalado”. (Énfasis suplido). Luego de un riguroso examen de este artículo, me parece que es inescapable concluir que aplica a la controversia ante nuestra consideración.

El Art. 389 del Código Político, id., claramente establece que un acto que por ley se tiene que efectuar en una fecha cierta, que ese año es día feriado, se podrá llevar a cabo el próximo día de trabajo con el mismo efecto que si se hubiera llevado a cabo el día señalado. Adviértase que esta disposición no está limitada a escenarios donde se tiene que computar un término para conocer la fecha en que ter-mina un período de tiempo o plazo. Por el contrario; es más amplia y también aplica a fechas exactas predeterminadas por ley.

Este año, el tercer lunes del mes de febrero fue día de fiesta oficial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esa fecha se celebró el Día de los Presidentes y el Día de los Proceres Puertorriqueños. Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según enmendada, 1 LPRA see. 84; Art. 3 de la Ley Núm. 111-2014, 1 LPRA sec. 85. Precisamente por esto es que opino que la norma del Art. 389, supra, aplica a la fecha límite para la presentación de las peticiones de endoso ante la CEE. Se trata de una fecha cierta predeterminada por la Ley Electoral, que en unos años puede ser día feriado y en otros no. No se trata de un acto que se realizará siempre en un día no laborable. Si así fuera, el Art. 389, supra, no aplicaría.

Como en este año el 15 de febrero coincidió con un día feriado, la fecha límite para presentar los endosos se exten-dió hasta el próximo día de trabajo, es decir, el 16 de febrero de 2016. Así, opino que el licenciado Díaz Vanga, igual que todos los demás aspirantes, tenía hasta esa fecha para entregar los endosos requeridos por la Ley Electoral, supra. En consecuencia, considero que procede que la CEE evalúe todos los endosos que presentó el peticionario, conforme a la Ley Electoral y los reglamentos pertinentes.

El hecho de que la CEE decidiera trabajar durante un día feriado no altera mi razonamiento. La CEE bien pudo haber estado cerrada —u operando, como en efecto estuvo— y eso no hace inaplicable el Art. 389 del Código Político, supra, pues lo determinante es que el 15 de febrero de 2016 fue un día feriado. No hay duda de que las decisiones sobre gerencia pública le corresponden a las agencias administrativas. Lo que bajo ningún concepto puede ocurrir, como desafortunadamente avala una mayoría de este Tribunal hoy, es que en ese proceso la agencia haga caso omiso y no aplique una disposición expresa de un estatuto (el Código Político), en perjuicio de un ciudadano.

Finalmente, debe quedar claro que nos encontramos ante un procedimiento judicial que, si bien inicia en una agencia administrativa (la CEE), no se ciñe a las normas tradiciona-les de revisión judicial de decisiones administrativas. Este procedimiento está regulado expresamente por los Arts. 4.001 y 4.002 de la Ley Electoral, 16 LPRAsecs. 4031-4032, los cuales establecen unas normas especiales para este tipo de escenarios. Así, a diferencia de un procedimiento ordina-rio de revisión judicial de una decisión donde la parte recu-rre al Tribunal de Apelaciones, en estos casos la parte tiene que presentar su reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia. Ese foro, a su vez, celebra una vista en su fondo, recibe evidencia y formula sus determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. íd. En otras palabras, se trata de un juicio de novo ante el foro primario. Así, y a diferencia de un procedimiento ordinario de revisión judicial, allí las par-tes pueden presentar toda la prueba pertinente y todos sus argumentos de derecho, sin sujeción a lo planteado previa-mente en el procedimiento ante la CEE. Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1 (1989). Por lo tanto, el hecho de que el licenciado Díaz Vanga presentara por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia el argumento de que debía extenderse la fecha límite para presentar los endosos al 16 de febrero de 2016, no impide que lo consideremos en esta etapa y resolvamos a su favor.

IV

Por todo lo anterior, disiento respetuosamente de la Re-solución del Tribunal. En cambio, expediría el auto de cer-tiorari y revocaría la determinación del Tribunal de Apela-ciones para que la CEE evalúe todos los endosos que presentó el peticionario conforme a la Ley Electoral y los reglamentos pertinentes.

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Disiento por considerar que una interpretación integral de las normas analizadas en este disenso exigía concluir que la Comisión Estatal de Elecciones erró al no extender el tér-mino para que los aspirantes primaristas presentaran sus endosos. Ello a pesar de que el último día era feriado legal, fundamento jurídico que hace irrelevante si la entidad es-taba operando ese día. Lamentablemente, con la determina-ción de este Tribunal, hoy no se priva solamente al Ledo. Héctor Díaz Vanga de figurar como aspirante primarista por el Distrito Senatorial de Arecibo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, sino que queda afectada también la vo-luntad de miles de electores que lo endosaron.

HH

El Ledo. Héctor R. Díaz Vanga (licenciado Díaz Vanga) aspira a participar en el proceso de primarias del Partido Nuevo Progresista para convertirse en candidato a Sena-dor por el Distrito de Arecibo. Para ello, se le requirió la entrega de 3,000 peticiones de endoso. Como parte de ese proceso, el 1 de febrero de 2016 el licenciado Díaz Vanga presentó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 1,524 peticiones de endoso y luego sometió endosos adicionales a fin de completar las peticiones de endoso antes del término dispuesto.

El 15 de febrero de 2016, el licenciado Díaz Vanga com-pareció ante la CEE a las 3:15 pm y entregó 641 peticiones de endoso. Luego, el 16 de febrero de 2016, acudió a la CEE y suministró 381 peticiones de endoso adicionales. En esa misma fecha, el licenciado Díaz Vanga solicitó a la CEE que se recibieran los endosos y, entre otras cosas, argu-mentó que ésta atrasó el proceso de distribución y recogido de dichos endosos.

El 19 de febrero de 2016, los Comisionados Electorales determinaron que el licenciado Díaz Vanga no cumplió con los requisitos de ley para la entrega de los endosos. Con-cluyeron que éste no presentó la cantidad requerida para ello en el último día del término dispuesto por la CEE, a saber, 15 de febrero de 2016. Así las cosas, la CEE notificó la cancelación de Notificación de intención de candidatura del peticionario.

En desacuerdo, el licenciado Díaz Vanga acudió ante el Tribunal de Primera Instancia. Al así hacerlo, reiteró que la CEE dilató el proceso para el cumplimiento de los endosos requeridos y que entregó la totalidad de éstos. A su vez, argumentó que en aquellos casos en que el último día del término recayera en un día feriado, la fecha se extendería hasta el día siguiente, por lo que reclamó que siendo el 15 de febrero de 2016 un día festivo, debía extenderse el término para presentar los endosos al próximo día laborable.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia el 7 de marzo de 2016, archivada en autos el 9 de marzo de 2016, en la cual declaró “no ha lugar” el recurso presentado por el licenciado Díaz Vanga. En específico, el foro primario concluyó que el último día del término fijado para presen-tar los endosos fue un día laborable para la CEE, por lo que el candidato incumplió con los plazos fijados para presen-tar los endosos requeridos. Asimismo, despachó el reclamo del licenciado Díaz Vanga en torno a la dilación de la CEE en entregar las peticiones de endoso, al concluir que la causa que impidió su candidatura fue su incumplimiento con el término fijado para presentar los endosos.

Inconforme, el licenciado Díaz Vanga acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, señaló que erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que no procedía la extensión del término para presentar los endosos al próximo día laborable por haber sido éste un día festivo. El 23 de marzo de 2016, archivada en autos el 28 de marzo de 2016, el foro apelativo intermedio emitió la Resolución de-negatoria del recurso presentado. Concluyó que el licen-ciado Díaz Vanga conocía que el 15 de febrero de 2016 era la fecha establecida como término final para presentar los endosos, en o antes del mediodía. Además, consideró el he-cho de que la CEE laboró en esa fecha, por lo que razonó que no existe justificación alguna para extender el término al próximo día.

Ante tales determinaciones, el licenciado Díaz Vanga acude ante este Tribunal y reitera que aplica la extensión de un día al término de entrega de endosos conforme lo dispone la ley electoral. A su vez, y ante lo inminente de que el sorteo para las papeletas para el cargo al que aspira estaba señalado para el 7 de abril de 2016, y el hecho de que se dispuso el 11 de abril de 2016 como la fecha para que se notifique a la CEE los cargos para los cuales habrá primarias en cada partido político, el licenciado Díaz Vanga nos solicitó la paralización de la preparación de las papeletas en torno a la primaria de Senador por el Distrito de Arecibo y el sorteo de números para la preparación de éstas.

En consecuencia, este Tribunal emitió una Resolución para conceder a la parte recurrida un término perentorio a fin de disponer del asunto ante nuestra consideración. Asi-mismo, acogimos la petición del licenciado Díaz Vanga de paralizar los procesos ante la CEE con relación a su candidatura. Sin embargo, el recurso de certiorari presen-tado por el peticionario ha desembocado en la convalida-ción de una interpretación errada.

HH HH

La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4001 et seq., rige los procesos relacionados con uno de los más fundamentales pilares de nuestra sociedad: el derecho a poder elegir los gobiernos de los pueblos. La Ley Electoral afianza la ga-rantía de expresión electoral que representa el más eficaz instrumento de expresión y participación ciudadana en un sistema democrático de gobierno. 16 LPRA see. 4002.

En lo que nos atañe, la Ley Electoral establece los pro-cesos para aspirar a la candidatura de un cargo electivo. A estos efectos, el estatuto dispone que las personas que de-sean aspirar a una candidatura para un cargo público elec-tivo por un partido político deberán cumplir con los requi-sitos que así se establezcan. Éstos deben ser aplicados y exigidos uniformemente a todas las personas que interesen aspirar a la candidatura. 16 LPRA see. 4111. De igual forma, establece las fechas para abrir las candidaturas y las fechas límites que los aspirantes tendrán que cumplir.

El proceso de candidaturas está regido por el Art. 8.011 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4121, que establece como fecha de inicio el 1 de diciembre del año antes en que se celebren las elecciones generales hasta el 30 de diciembre del mismo año. Asimismo, dispone que la hora límite en todos los casos será las 12:00 del mediodía y que “cuando alguna de estas fechas cayere un día no laborable, la misma se correrá al siguiente día laborable”. Id. Estos re-quisitos también aplican a los candidatos independientes. En cuanto a las primarias, el Art. 8.011 de la Ley Electoral dispone que la CEE establecerá mediante reglamento las fechas límites aplicables.

En el caso de las peticiones de endoso para primarias y candidaturas independientes, el Art. 8.012 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4122, requiere a los aspirantes que presenten una cantidad de peticiones de endoso depen-diendo del cargo electivo al que se interesa aspirar. Ahora bien, en ningún caso la cantidad de peticiones de endoso para primarias será mayor de 3,000, excepto los aspirantes a Gobernador y Comisionado Residente, para cuyos pues-tos se requiere no más de 8,000 endosos. 16 LPRA see. 4122(l)(a). A su vez, el Art. 8.012 de la Ley Electoral, supra, dispone expresamente cómo deben presentarse las pe-ticiones de endoso y prescribe cuándo vence el término para ello:

En ningún caso se podrá presentar más del ciento veinte por ciento (120%) de peticiones requeridas. Durante los últimos quince (15) días del periodo de presentación de peticiones de endoso para primarias ningún aspirante podrá presentar más del cincuenta por ciento (50%) de la cantidad máxima de peti-ciones requeridas. Los endosos requeridos por este subtítulo deberán ser recibidos y remitidos a la Comisión desde la certi-ficación de la candidatura por el partido político o desde que se solicita una candidatura independiente hasta el 15 de febrero del año de las elecciones generales. El aspirante o candidato tendrá un periodo de quince (15) días para subsanar los endo-sos invalidados por la Comisión. (Enfasis suplido). 16 LPRA sec. 4122(2)(b).

Por su parte, el 14 de octubre de 2015, la CEE aprobó el Reglamento para los Procesos de Radicación de Candida-turas de los Partidos Políticos, Candidaturas Independien-tes y para los Procesos con Antelación a Primarias y Elec-ciones Generales (Reglamento de la CEE). La See. 2.2 y la See. 3.6 del Reglamento de la CEE establecen el calendario y las fechas límites para los distintos procesos electorales. En cuanto al término para presentar los endosos, el Reglamento de la CEE incorporó automáticamente el lenguaje contenido en el Art. 8.012 de la Ley Electoral, supra, al establecer el lunes, 15 de febrero de 2016, como el plazo final del término concedido para la presentación del 100% de las peticiones de endoso para las primarias de todos los aspirantes de los partidos políticos y candidaturas independientes.

De igual forma, la See. 3.6 del Reglamento de Candidaturas Primarias 2016 del Partido Nuevo Progresista (Reglamento Primarias del PNP), aprobado el 13 de octubre de 2015, dispone como sigue:

Cualquier elector que desee concursar en unas primarias, ade-más de cumplir con los requisitos de ley y del reglamento, deberá presentar ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por la Ley Electoral para el cargo público electivo que interese aspirar.
En ningún caso se podrá presentar más del ciento veinte por ciento (120%) de peticiones requeridas. Durante los últimos 15 días del período de presentación de peticiones de endoso para primarias ningún aspirante podrá presentar más del cin-cuenta por ciento (50%) de la cantidad máxima de peticiones requeridas. Los endosos requeridos por la Ley Electoral deberán ser recibidos y remitidos a la Comisión desde la certificación de la candidatura por el PNP hasta el 15 de febrero del año de las Elecciones Generales. El aspirante o candidato tendrá un periodo de 15 días para subsanar los endosos invalidados por la Comisión. (Enfasis suplido). Reglamento Primarias del PNP en: https:! /www.pnppr.com/primarias/Reglamento- deCandidatura-Primarias-2016_201510221428.pdf (última visita, 7 de abril de 2016).

Ante esa realidad, del Art. 8.012 de la Ley Electoral surge que el término para presentar los endosos discurre “desde la certificación de la candidatura por el partido po-lítico o desde que se solicita una candidatura indepen-diente hasta el 15 de febrero del año de las elecciones generales”. 16 LPRA sec. 4122(2)(b). Conforme a la defini-ción de la Real Academia Española, el vocablo “término” se define, entre otras, como un “último momento de la dura-ción o existencia de algo”, o un “[p]lazo de tiempo determi-nado”, por lo que obviamente uno de los propósitos de un término es fijar con exactitud un periodo de tiempo, inde-pendientemente de que éste tenga que ser computado o cuente con fechas ciertas. Precisamente, a nivel jurídico, se define “término” como “[p]lazo, espacio entre dos fechas.—Período de tiempo que tiene por efecto retardar la ejecución de una obligación o de decidir la extinción de ésta, bien sea en una fecha específica o cuando ocurra un suceso futuro de acaecimiento seguro”. (Énfasis suplido). I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 2da ed. rev., New Hampshire, Equity Pulishing Corp., 1989, pág. 289.

El Art. 8.012 de la Ley Electoral, supra, contiene un plazo entre dos fechas para ejecutar la obligación de entre-gar los endosos, por lo que indudablemente es un término. En consecuencia, la Ley Electoral provee un plazo, un es-pacio entre dos fechas que variarán de candidato a candi-dato dependiendo de su fecha de certificación.

Por lo tanto, la controversia que se trae ante nuestra consideración gira en torno a qué procede cuando esa fecha final del aludido término cae en un día festivo, como ocurre con el 15 de febrero de 2016 por disposición expresa del legislador mediante la aprobación de la Ley Núm. 111-2014 (1 LPRA sec. 85).

El Art. 2.004 de la Ley Electoral establece que “[e]n el cómputo de los términos expresados en este subtítulo aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Ap. V del Título 32, excepto para los fijados en las secs. 4015 y 4045 de este título[,] los cuales serán taxativos”. 16 LPRA sec. 4004. Al remitirnos a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, resalta que la Regla 68.1 (32 LPRAAp. V) construye la forma como habrán de computarse los términos concedi-dos por ese cuerpo procesal, las órdenes del tribunal o por cualquier estatuto aplicable.

En concreto, y en lo relevante a la polémica de autos, la Regla 68.1, supra, establece que el último día de un tér-mino se “incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día le-galmente feriado”. (Enfasis suplido). El lenguaje contenido en la Regla 68.1, supra, es diáfano. La referida regla cla-ramente dispone que los sábados, domingos y los días de fiesta legales no se considerarán para cumplir con algún término, plazo fijado o fecha límite, y que éste se extenderá al próximo día que no sea sábado, domingo o legalmente feriado. El lenguaje no hace referencia alguna a si ese día fue o no un día laborable. Siendo ello así, “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Esto responde a que cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa. Véase Spyder Media Inc. v. Mun. San Juan, 194 DPR 547 (2016).

La Regla 68.1, supra, a su vez, es cónsona con las disposiciones contenidas en el Código Político, el cual fue in-corporado al aprobar las reglas procesales civiles. Véase Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378 (2015). El Código Político establece expresamente que “[e]l tiempo en que cualquier acto prescrito [por] la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e inclu-yendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido”. (Énfasis suplido). 1 LPRA see. 72. También, dispone claramente cuál es el efecto de que el día de cumplimiento recaiga en un día feriado. A esos fines, el Art. 389 del Código Político ordena que “[c]uando algún acto haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado, y tal día ocurriere en día de fiesta, dicho acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto que si se hubiera realizado el día señalado”. (Énfasis suplido). 1 LPRA sec. 73.

En general, los días feriados se rigen por las disposiciones contenidas en el Código Político. Éste establece como día de fiesta oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el tercer lunes de febrero de cada año, el cual se cono-cerá como el “Día de los Proceres Puertorriqueños: Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román Baldo-rioty de Castro, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré”. 1 LPRA sec. 85. Este año, el tercer lunes del mes de febrero se celebró el 15 de febrero de 2016, es decir, el último día del término dispuesto por la Ley Electoral, el Reglamento de la CEE y el Reglamento Primarias del PNP para presentar los endosos correspondientes. En consecuencia, el 15 de febrero de 2016 es un día legalmente feriado al que le aplica la disposición contenida en la Regla 68.1, supra, como ordena el Art. 2.004 de la Ley Electoral, supra.

III

En el caso de autos, el licenciado Díaz Vanga reclama, entre otras cosas, que completó la entrega de endosos para las primarias el 16 de febrero de 2016. A pesar de ello, fue notificado por la CEE que los Comisionados Electorales en-tendieron que no presentó la cantidad de peticiones de en-doso requeridas en el plazo establecido. Por consiguiente, la CEE le canceló la intención de candidatura para el puesto de Senador por el Distrito de Arecibo. El licenciado Díaz Vanga sostiene que la CEE y los foros revisados erra-ron al no aceptar los endosos amparados en que éstos de-bían presentarse el 15 de febrero de 2016, puesto que la CEE laboró ese día. Fundamenta su posición en que la fe-cha límite correspondió a un día legalmente feriado. De esta forma, razona que procedía extenderse el término al próximo día que no fuera sábado, domingo o feriado, según la Ley Electoral. A mi juicio, le asiste la razón.

Establecido que la Ley Electoral impone la aplicación de la Regla 68.1, supra, a los términos contenidos en el pro-ceso electoral que nos ocupa, resulta un hecho irrefutable que el último día del término para presentar los endosos para las candidaturas a primarias —dispuesta por la Ley Electoral y los reglamentos aplicables— coincidió con que el tercer lunes del mes de febrero de este año fue un día de fiesta legal. Como mencioné, en esa fecha se celebró el Día de los Proceres, por lo que procedía extender esa fecha hasta el próximo día que no fuese sábado, domingo ni un día legalmente feriado. El hecho de que la CEE laborara ese día no puede impedir la aplicación del claro mandato de la Ley Electoral. No podemos ignorar el precepto esta-tutario sustituyendo su letra clara.

IV

Por los fundamentos expuestos, disiento del resultado en el caso ante nuestra consideración. En su lugar, hubiese expedido el recurso y revocado al Tribunal de Apelaciones para ordenar a la CEE que evaluara la totalidad de los endosos presentados por el licenciado Díaz Vanga, con-forme a la ley y a los reglamentos aplicables.

       A diferencia de lo expresado en el Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, estimo que el relato del señor Díaz Vanga de los inconve-nientes que le impidieron llegar a la CEE antes del mediodía del 15 de febrero de 2016 son altamente relevantes. Véase Voto particular disidente (Estrella Martínez, J.), pág. 405 esc. 1 (“estas consideraciones son totalmente irrelevantes [...]”). Las justificaciones ofrecidas por el señor Díaz Vanga evidencian su conocimiento de que, primero, el 15 de febrero de 2016 era un día laborable para la CEE; segundo, que los endosos debían ser entregados antes de las 12:00 p. m. ese día, y tercero, que éste era plenamente consciente de que entreba los endosos tardíamente.

       Nótese que la razón por la cual la Regla 68.1 alude a días feriados como motivo para extender el vencimiento de un término es la imprecisión en torno a cuándo éste comienza y culmina en lo que respecta a días en el calendario. Por otra parte, cuando se señala una fecha límite pautada de antemano y con precisión, tal y como la que establece el Artículo 8.012 de la Ley Electoral, sería desacertado aplicar con automatismo irreflexivo las disposiciones de la Regla 68.1. Más aún cuando la extensión de esa fecha límite está específicamente condicionada a que se trate de un día no laborable en la agencia de la que se trate. Cabe destacar, como lo hizo el Tribunal de Apelaciones al denegar el recurso de certiorari presentado por el señor Díaz Vanga, que el propósito principal de la extensión de los términos es no afectar los derechos de las partes al exigirles que realicen una acción en un día en que el ente gubernamental ante el cual deben realizarla no está en operaciones. Véase Díaz Vanga v. C.E.E., KLAN201600344, pág. 12. Además, consideraciones relacionadas con el principio de especialidad militan a favor de la aplicación de la fecha límite establecida en la Ley Electoral. En este caso, el texto claro del Artículo 8.012 ha de tener primacía ante las normas de aplicación general contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil y el Código Político, en la eventualidad de que éstas aplicaran.

       Además, el licenciado Díaz Vanga indicó que el día 15 de febrero de 2016 su vehículo presentó desperfectos mecánicos. Asimismo, explicó que, por olvido involun-tario, no entregó todos los endosos en esa fecha, ya que éstos se encontraban en su otro vehículo. No obstante, estas consideraciones son totalmente irrelevantes ante el derecho que se expondrá en este Voto Particular Disidente.

       Advertimos que el referido reglamento no establece los días en que la Comi-sión Estatal de Elecciones labora. Solo se limitó a implantar el calendario para los procesos de primarias. Asimismo, la See. 6.6 del Reglamento aclara que los términos establecidos en este reglamento, “no prescritos por la Ley Electoral, podrán ser va-riados por la Comisión en casos meritorios y por causa justificada y notificando siempre a las partes”. Reglamento para los Procesos de Radicación de Candidaturas de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y para los Procesos con Antela-ción a Primarias y Elecciones Generales, Comisión Estatal de Elecciones, 14 de octubre de 2015, See. 6.6, pág. 28.

       Diccionario de la Real Academia Española, disponible en http://dle.rae.es/ ?id=ZZ0hKcs (última visita, 14 de abril de 2016).

       En esa misma fecha también se conmemora el Día de Jorge Washington y el Día de los Presidentes. 1 LPRA. see. 84. Por otra parte, es menester aclarar que los días feriados de la Rama Judicial se rigen por la Regla 28 de Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XII. Ésta también incluye el tercer lunes de febrero como día feriado.