author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Elberta Crate & Box Company, demandante y apelada, v. Nitrate Agencies Co., Standard Fruit Company of Porto Rico, Standard Groves, Inc. y Juan Ramón Ramos, demandados y apelantes. La Misma, demandante y apelante, v. Los Mismos, demandados y apelados.
    Núms. 8235 y 8236.

    Sometidos: Mayo 21, 1941.

      Resueltos: Mayo 27, 1941.

      Henry O. Molina, abogado de Nitrate Agencies Co.; Rafael Buscaglia, abogado de Standard Groves, Inc. y Juan Ramón Ramos; Bubón c6 Ochoieco y Rodrigo Otero Sur o, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que motiva estos dos recursos fué dictada a virtud de una excepción previa que impugnó la suficiencia de la demanda. Así, pues, procederemos a reseñar sus alega-ciones para determinar entonces si como sostiene la deman-dante apelante la demanda expone hechos constitutivos de causa de acción.

Tomaremos la demanda enmendada complementaria como punto de partida, pues fué contra ella que se interpuso la excepción previa que motivó la sentencia apelada. En síntesis dice así: que la demandante Elberta Crate & Box Co., con fecha 2 de ag’osto de 1934 radicó en la corte inferior el pleito civil núm. 21379 de dicha corte, contra la Standard Fruit Co. of Puerto Rico en cobro de ciertos pagarés que se describen en la demanda, ascendentes a la suma de $4,000 de principal. Que para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera obtener la demandante, a su solicitud y el mismo día 2 de agosto de 1934, se embargaron cuatro fincas de dicha demandada, anotándose el embargo en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, el día 3 de agosto de 1934, en relación con dichas cuatro fincas. Que el 31 de agosto de 1934 se dictó sentencia en el referido pleito núm. 21379, que adquirió carácter de firme, por la cual fué condenada la demandada Standard Fruit Co. of Puerto Rico a pagar a la demandante las sumas reclamadas. Que dicha sentencia no ha sido pagada ni en todo ni en parte y que según información y creencia de la demandada, la referida Standard Fruit Co. of P. R. carecía, al radicarse la demanda en este caso así como en todas las fechas que en ella se relacionan, de otros bienes que no fueran las cuatro fincas antes mencionadas, y que el valor de todo su activo era insuficiente para cubrir su pasivo, circunstancias éstas que conforme alega la demandante, conocían todos los deman-dados en este pleito. Que el 21 de marzo de 1934 la aquí demandada Nitrate Agenciés Co. radicó también en la corte inferior el pleito núm. 20611 de dicha corte contra la misma corporación Standard Fruit Co. of P. B. en cobro de un número de pagarés que se detallan en la demanda, y por vía de aseguramiento de sentencia Nitrate Agencies Co. solicitó y obtuvo una orden que dispuso el embargo de bienes de la Standard Fruit Co. y en virtud de dicha orden, el 31 de marzo de 1934 se anotó el embargo sobre las cuatro fincas mencionadas que figuraban inscritas a nombre de la deman-dada Standard Fruit Co. of Puerto Rico. Que la corte inferior, con fecha primero de marzo de 1935 dictó sentencia a favor de la aquí demandada Nitrate Agencies Co. condenando a la Standard Fruit Co. a pagarle la suma ele $14,976.60, intereses, etc., y en ejecución de esa sentencia y de confor-midad con una orden de la corte inferior dirigida al márshal de la Corte de Distrito de Bayamón, dicho funcionario pro-cedió a vender y vendió en pública subasta, el 2 de julio de 1936 a la aquí también demandada Standard Groves, Inc., las cuatro fincas de que se ha hecho mérito, otorgándose la corres-pondiente escritura de venta judicial, que se inscribió en el Begistro de la Propiedad. Como consecuencia de estos hechos, alega la aquí demandante Flberta Crate & Box Co. que la anotación de embargo practicada a favor de' Nitrate Agencies Co. sobre las indicadas cuatro fincas es nula y con-secuentemente que no ha causado derecho alguno que sea preferente al adquirido por la demandante a virtud de su; embargo anotado posteriormente sobre las mismas fincas en el caso número 21379, seguido por ella contra Standard Fruit Co. of Puerto Eico. Que luego de adquiridas dichas fincas, Standard Groves, Inc. las agrupó, formando una de 539 euer-das, 743 milésimas, que también se describe en la demanda, y que en ejecución de sentencia dictada por la corte inferior el 22 de agosto de 1938 en el caso civil núm. 29999, seguido por la aquí demandada Nitrate Agencies Co. y por Armour Fertilizer Works, contra Standard Groves, Inc., dueña de dicha finca agrupada, el marshal de la Corte de Distrito de Bayamón adjudicó dicha finca a la Nitrate Agencies Co. el 16 de septiembre de 1938 y la adquirente la vendió a su vez al aquí demandado Juan Ramón Ramos, su actual dueño, por escritura de 23 del mismo mes. Se alega además en la demanda que el demandado Juan Ramón Ramos en la fecha en que. compró la finca en cuestión, conocía los vicios de nuli-dad de que adolecía el título de su vendedora y conocía tam-bién la existencia de este pleito por haberse anotado la demanda original en el Registro de la Propiedad, Sección Segunda. Termina la demanda con súplica de que se declare nula la anotación del embargo obtenido por Nitrate Agencies Co. contra Standard Fruit Co. en el pleito número 20611; que so declare preferente el anotado a favor de la demandante contra la demandada Standard Fruit Co. of Puerto Rico, y en su consecuencia que se declare también que la venta de dichas fincas en ejecución de sentencia en el citado caso 20611 no perjudica los derechos adquiridos por la aquí demandante Elberta Crate & Box Co., y que en todo caso cualquier venta hecha o que se haga de esas fincas estará sujeta al gravamen del embargo preferente trabado a favor de la aquí deman-dante en el pleito número 21379, solicitándose además que se impongan a los demandados las costas, gastos y honora-rios de abogado.

Tal fué la demanda contra la cual los demandados inter-pusieron las excepciones previas de indebida acumulación de partes demandadas, de ambigüedad y de falta de hechos cons-titutivos de causa de acción.

•El 25 de marzo de 1940 la corte desestimó las dos prime-ras excepciones y declaró con lugar la de insuficiencia de hechos determinantes de causa de acción, concediendo a la demandante 10 días para enmendar nuevamente la demanda. El 19 de abril siguiente, solicitó la demandante una prórroga de quince días para radicar la demanda enmendada, y la corte la denegó el 23 del mismo mes, a moción de la deman-dada, por el fundamento de que la demandante había tenido veinticuatro días para radicar dicha demanda enmendada, tiempo que a juicio de la corte era más que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que lo único que tenía que alegar era que la Standard Fruit Co. y Standard Fruit Co. of Puerto Rico eran dos corporaciones distintas. Seis días después de denegada dicha prórroga, no habiéndose enmendado la de-manda, a moción de la demandada Nitrate Agencies Co. se dictó la sentencia apelada, que declaró sin lugar la demanda, con costas a la demandante. Solicitaron los demandados que se ampliara dicha sentencia en el sentido de incluir a su favor un pronunciamiento de honorarios de abogado, a lo que no accedió la corte inferior. La demandante apeló de la tota-lidad de la sentencia, que es el recurso núm. 8236, y los demandados sólo apelaron de la negativa a concederles hono-rarios de abogado, siendo su recurso el marcado con el númerq 8235.

Consideraremos en primer término el recurso 8236, establecido por la demandante. La procedencia de este recurso gira alrededor del efecto legal que pueda haber tenido el omitirse las palabras “of Puerto Rico” del nombre de la Standard Fruit Co. of Puerto Eico, al dictarse la orden de embargo en el caso núm. 20611, seguido por Nitrate Agencies Co. contra Standard Fruit Co. of Puerta Eico. Si la omisión de esa parte del nombre de dicha demandada en la orden de embargo tuvo el efecto de anularlo y anular también la anotación que del mismo se hizo sobre las cuatro fincas inscritas a favor de Standard Fruit Co. of Puerto Eico, entonces tendríamos que resolver que la demanda aduce hechos y procedería la revocación de la sentencia. La demandante, a pesar de la oportunidad que le concedió la corte inferior al declarar con lugar la excepción previa, no pudo alegar que Standard Fruit Co. fuese una corporación distinta de la que fué demandada bajo el nombre de ^Standard Fruit Go. of Puerto Rico. Se trata simplemente de un mero error clerical al expedirse la orden de embargo, y así lo enten-dieron tanto la demandada al no protestar, como el regis-trador de la propiedad al anotar el embargo a pesar de que las fincas se bailaban inscritas a nombre de Standard Fruit- Co. of Puerto Rico. Lo esencial es que la Standard Fruit Co., así nombrada en la orden de embargo, sea la misma Standard Fruit Co. of Puerto Rico que fué demandada y cuyos bienes fueron afectados por el embargo anotado. Como se dijo en el caso de Marston v. F. G. Tibbetts Mercantile Co., 110 Me. 553, 87 A. 220, un error en el nombre de la parte demandada se entiende renunciado por ésta si dicha parte, aunque se halle en rebeldía, no hace alegación a ese efecto. Véase también el caso de First National Bank v. Jaggers, 31 Md. 38, 100 Am. Dec. 53, ambos citados en el de Riverside Irrigation Co. v. Cadwell, L.R.A. 1916 F, 724, que a su vez citan la corte inferior y los abogados de las demandadas. A nuestro juicio, como dijéramos antes, se trata de un mero error clerical en el nombre de la deman-dada, pero habiendo sido ella demandada bajo su nombre correcto, y estando las fincas afectadas por el embargo ins-critas a nombre de la demandada Standard Fruit. Co. of Puerto Rico, el error clerical ai redactar la orden de embargo es manifiesto y no cabe imaginar siquiera que cuando la corte inferior firmó dicha orden, tenía la intención de disponer el embargo de bienes de una entidad distinta de la deman-dada. 0^

A nuestro juicio, el embargo en cuestión es perfectamente válido y en su consecuencia las transacciones posteriores de los demandados que de dicho embargo derivan su validez, también lo son. Siendo ello así, procede desestimar el recurso núm. 8236 interpuesto por la demandante Elberta Crate & Box Co.

Considerando ahora el 8235 interpuesto por los demandados, opinamos que les asiste razón al sostener que la corte inferior no hizo buen uso de su discreción al rehusar' condenar a la demandante al pago de honorarios.de abogado.. La temeridad de la demandante es manifiesta. No sólo era. frívola su contención, sino que innecesariamente dilató por' varios años este pleito, a tal extremo que la demanda original fué radicada el 2 de julio de 1936 y conforme aparece de la moción de la propia demandante de 31 de agosto de 1938, en esa última fecha aun no habían sido emplazados los demandados, por haberse extraviado el emplazamiento, según alegó la demandante, lo que revela su falta de confianza en el éxito de este pleito.

Ante la temeridad de la demandante en la prosecución de este caso, procede declarar con lugar el recurso 8235, inter-puesto por los demandados y en su consecuencia modificar la sentencia apelada, ampliándola de modo que por ella se con-dene además a la demandante al pago de $150, por concepto de honorarios de abogado de los demandados, y así modifi-cada, confirmarla.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Pacheco Padró y Manuel de Catalán, acusados y apelantes.
    Núm. 8384.

    Sometido: Mayo 1, 1941.

      Resuelto: Mayo 27, 1941.

      ,F. M. Susoni, Jr., abogado de los apelantes; IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo .y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pue.blo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.-

Por convenio de las partes estas dos cansas se vieron con-juntamente en la Corte de Distrito de San Juan y en apelación se ban tramitado en un solo recurso. Se originaron sepa-radamente ante la Corte Municipal de San Juan, a virtud de dos denuncias,, una contra Antonio Pacheco Padró por infrac-ción al artículo '243 del Código Penal, que lee así:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico, Sección Primera. — El Pueblo de Puerto Rico v. Antonio Pacheco Padró. — Criminal Núm. 10919. Sobre: Libelo. — - Denuncia. Yo, Rafael Martínez Nadal, vecino de Guaynabo, Puerto Rico, y Presidente del Senado de esta Isla, formulo denuncia contra Antonio Pacheco Padró por el delito de Libelo (infracción al artículo 243 del Código Penal), cometido de la manera siguiente: que allá por uno de los días del mes de agosto de 1938 y en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial municipal del mismo nombre, el acusado suscribió e hizo publicar en el periódico denominado ‘Florete’ que se edita los sábados en San Juan, Puerto Rico, un artículo que circuló en dicho periódico públicamente en esta ciudad, y entre otros ejemplares, en el marcado con el Núm. 402 (edición de 20 de agosto de 1938 de dicho sema-nario) siendo dicho artículo el siguiente: ‘Martínez Nadal defiende tercamente el monopolio de la energía- eléctrica. A medida que pasa el tiempo vamos conociendo menos a los muchos enemigos portorriqueños que tiene Puerto Rico. Nos vamos convenciendo de la apremiante necesidad que hay en nuestro país de hacer una verdadera labor de saneamiento político, para adecentarnos cívica-mente en forma que se permita a Puerto Rico tener frente a sus asuntos a hombres íntegros y leales, y no a mercaderes inescrupu-losos. La maldad del coloniaje está precisamente en que facilita y ampara el mangoneo y la corrupción en gran escala. La colonia termina por chuparse a los mejores hombres, por tragárselos y por hacer de ellos pobres guiñapos. Veamos, por ejemplo, la situación en que se ha colocado el señor Rafael Martínez Nadal, Presidente del Senado y de la Unión Republicana. Martínez Nadal ha tenido ■por mucho tiempo la confianza del pueblo, que lo ha apreciado sin diferencias partidistas. Tenía el aprecio y estimación general. Sus gestos, ¡ por lo menos, hacían que se le tuviera cierta estimación. Pero, de un tiempo a la fecha, Martínez Nadal ha entrado descara-damente en la obscura zona de los políticos faltos de principios. Ni cree en ellos ni vive para ellos. ¿Cómo puede explicarse que Martínez Nadal se convierta ahora en el paladín de la Porto Rico Railway, Light and Power Company? ¿Qué maravilloso hilo eléc-trico ha conectado a la persona del señor Martínez Nadal? Cuando está en el Senado Martínez Nadal es abogado. Y cuando está en las cortes Martínez Nadal es el Presidente del Senado. ¡Bonita manera tiene don Rafa de servir al país, burlando la confianza que en él depositaron las organizaciones portorriqueñas! Martínez Na-dal se coloca frente al Nuevo Trato para defender los intereses del pulpo eléctrico, que explota a miles de familias portorriqueñas con sus elevadas tarifas. Martínez Nadal sabe que en nuestro país es vital para la economía, para la agricultura, para el comercio y para las industrias, el abaratamiento de la energía eléctrica. ¡Y no obstante saber eso, Martínez Nadal se pone a defender a las compañías pri-vadas desde su sitial de Presidente del Senado! & Hasta dónde va a llegar el señor Martínez Nadal con esa política de entregamiento indigno a los intereses del monopolio eléctrico ? ' ¿ Cree el señor Martínez Nadal que el país no se entera de lo que pasa por debajo, por encima, o por detrás de los escritorios del Senado? ¿Por qué traiciona Martínez Nadal a Puerto Rico, poniéndose al servicio del monstruo de la electricidad? ¿Por qué resiste Martínez Nadal a la demanda pública de Puerto Rico de que se ponga en manos del pueblo la energía eléctrica? ¿Qué beneficio tiene Martínez Nadal en esa corriente de oro boricua que sale todos los años con destino al Canadá? Más honradez, más decencia política, más lealtad a Puerto Rico es lo que nuestro pueblo le pide al señor Martínez Nadal y al grupo que en las Cámaras obstaculiza la legislación que tiene por finalidad libertar a Puerto Rico del monopolio eléctrico que le agarrota. ¿Quiere entenderlo, por fin, el señor Martínez Nadal?’ El acusado, quien desempeña el cargo de Sub Director del dicho periódico denominado ‘Florete’, es el único autor del ar-tículo transcrito en la presente denuncia y gestionó su publicación con la maliciosa intención de difamar al Presidente del Senado de Puerto Rico, el denunciante en este caso, y para impugnar su hon-radez e integridad como tal Presidente del Senado de Puerto Rico, exponiéndolo al odio y ridículo público, a sabiendas de que las im-putaciones que hace son falsas y maliciosas. Hecho contrario a la Ley.”

Y la otra contra Manuel de Catalán, por infracción al artículo 253 del Código Penal, que alega lo siguiente:

‘‘En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico. Sección Primera. El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel de Catalán. Criminal Núm. 10939. Sobre: Infracción al artículo Núm. 253 del Código Penal. Denuncia. Yo, Rafael Martínez Nadal, vecino de fí-uaynabo, Puerto Rico, y Presidente del Senado de esta Isla, formulo denuncia contra Manuel de Catalán por el delito de infracción artículo núm. 253 del Código Penal (pu-blicación de retratos y caricaturas), cometido de la manera siguiente: que allá por uno de los días del mes de agosto de 1938 y en la ciu-dad de San Juan de Puerto Rico, que forma parte del distrito ¿judicial municipal del mismo nombre, el acusado Manuel de Catalán confeccionó e hizo publicar en el periódico denominado ‘Florete’, que se edita los sábados en San Juan, Puerto Rico, una caricatura del denunciante que circuló en dicho periódico públicamente y en la ciudad de San Juan, y entre otros ejemplares en el marcado con el núm. 402, edición de 20 de agosto de 1938 de dicho semanario, describiéndose en dicha caricatura del modo siguiente: Bajo el título ‘En el Senado’, aparece el denunciante en su carácter de Presidente del Senado, sentado en una silla presidencial, con ma-llete en la mano, y conectados a dicha silla presidencial del Senado de Puerto Rico aparecen dos aparatos o siuitches eléctricos unidos a las patas traseras de dicha silla, uno expresando que es la Maya-güez Light y otro expresando que es la Porto Rico Railway, Light, cuyas dos compañías le dan corriente a dicha silla y por ende, al Presidente del Senado, consignándose al final de dicha caricatura las siguientes frases: ‘las dos podeeosas Razones que motivan el sabotaje.’ Que el acusado Manuel de Catalán, quien trabaja para dicho semanario como caricaturista, es el único autor de la misma y confeccionó la repetida caricatura con la maliciosa intención de ofender al denunciante en su probidad, entereza, virtud, fama o mó-viles políticos, tendiendo a exponerlo al odio, ridículo o desprecio público, a sabiendas de que tal caricatura representa o imputa ac-ciones falsas y malicosas. Hecho contrario a-la ley.”

Ambos acusados fueron convictos en la corte municipal y vistas las causas ele novo en apelación los acusados fueron 1 ambién declarados culpables y condenados a sufrir una pena de seis meses de cárcel cada uno, de cuyas sentencias apelan para ante este tribunal y señalan la comisión de tres errores por la corte inferior al resolver que el fiscal no venía obli-gado a probar la malicia de los acusados, por constituir este caso la excepción a la regla, al considerar que los acusados en su carácter de periodistas cometieron libelo al publicar y hacer circular el artículo y la caricatura y al considerar y resolver que los acusados no probaron la veracidad de todos y cada uno de los particulares d*fr la supuesta pieza libelosa.

Considerando el primero, veamos lo que disponen los artículos del Código Penal que se dicen infringidos. El artículo 243, en el caso de Antonio Pacheco Padró, dispone lo siguiente:

‘£ Constituye libelo cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de escritos, impresos, signos, láminas, dibujos, u otra., forma análoga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, o impug-nar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supuestos, exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo público.”

Y en cuanto al caso de Catalán, el artículo 253 dice así:

"... Será asimismo ilícito publicar en cualquier periódico, cartel, hoja suelta, libro, publicación por entregas, o suplemento a los mismos, cualquiera caricatura de persona residente en Puerto Eico, la cual ofendiere de algún modo en su honor, probidad, entereza, virtud, fama o móviles comerciales o políticos a la persona carica-turada, o tendiere a exponerle al odio, ridículo o desprecio público.” (Itálicas nuestras.)

Para sostener el primer señalamiento los apelantes se basan en lo que dispone el artículo 249 del mismo cuerpo legal, que prescribe:

“Ningún noticiero, director o propietario de periódico podrá ser procesado por la imparcial y exacta relación de actos judiciales, legislativos, o de cualquier otro carácter oficial, o de cualquier ma-nifestación, discurso, argumento o debate que en ellos tuviere lugar, a no probarse que hubo maliciosa intención al relatarlos, lo cual no deberá presumirse del mero hecho de la publicación.”

Lo primero que resalta de una mera lectura de este último artículo es que establece un privilegio, reconocedor de la liber-tad de la prensa garantizada por nuestra Carta Orgánica, a favor de los periodistas que publiquen una “imparcial y exacta relación (‘report’ dice el texto inglés) de actos judi-ciales, legislativos o de cualquier otro carácter oficial o de cualquier manifestación, discurso, argumento o debate que en ellos tuviere lugar” y cuando ese relato es así exacto e imparcial deberá exigirse piueba de la maliciosa intención al relatarlos antes de que pueda considerarse cometido delito alguno. [2] La interpretación del privilegio debe ser es-tricta, pues las disposiciones del artículo 249 están limitadas por las del artículo 250 del Código Penal que dispone que:

“Las observaciones o comentarios infamatorios relacionados con el privilegio concedido en el artículo anterior no gozarán de inmu-nidad por razón de estar así relacionados.”

De manera que una relación o reseña exacta, justa e im-parcial de las actuaciones legislativas del denunciante Sr. Martínez Nadal, como la de cualquier otro legislador, nunca podría considerarse libelosa per se y al no presumirse mali-ciosa la publicación correspondería al fiscal probar la exisr teucia de la maliciosa intención. Pero cuando el relato o reseña deja de ser exacto e imparcial y además no es tal relato o reseña sino un artículo que comenta la actitud, que según el autor lia asumido el denunciante en relación con determinada legislación pendiente de aprobación o ya apro-bada y usa un lenguaje infamatorio e injurioso, cesa el pri-vilegio y la publicación tiene la presunción de ser maliciosa según el artículo'245 del Código Penal, que dispone:

“Se presumirá maliciosa toda publicación injuriosa, si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla.”

El artículo 249 de nuestro Código, equivalente, al 254 del Código Penal de California, tiene su origen histórico en el derecho común de Inglaterra. En 1799, se resolvió por la Corte de King’s Bench, en el caso de Rex v. Wright, 8 T. R. 293, 101 Eng. Reprint 1396, que la publicación de una reseña de los procedimientos habidos en la Cámara de los Comunes no constituía libelo, aunque echara sombras sobre un indi-viduo. Dijo el Juez Lawrence en ese célebre caso:

“Si bien la publicación de dichos procedimientos puede per-judicar a la persona en cuestión, sin embargo, es de inmensa im-portancia para el público que los procedimientos de las cortes de justicia sean universalmente conocidos. Las mismas razones son aplicables también a los procedimientos del Parlamento; es de beneficio para el público, y hasta para los mismos cuerpos legisla-tivos, que reseñas exactas ele- sus procedimientos sean propagadas; y dichas entidades serán privadas de ese beneficio si ninguna persona pudiera publicar una reseña de sus procedimientos sin ser castigado por libelo.” (Itálicas nuestras.)

Véase la anotación en 19 A. L. R. 1470, 1499, sobre “Libel and Slander.”

En California se ha resuelto que un artículo, que después de hacer una reseña de un proceso por perjurio, comentaba que el acusado era más bien víctima que victimario, y que había sido el instrumento de otros, no tiene la protección del privilegio concedido por el estatuto a un “fair and true report of judicial proceedings.’’ Lyon v. Fairweather et al., 218 P. 477. Dijo la corte en su opinión, a la página 479:

“La publicación que el estatuto declara privilegiada es una re-lación imparcial y exacta de los hechos; el estatuto no incluye como privilegiados hechos fuera del récord o comentarios por el autor. Si del artículo en cuestión se hubieran omitido los últimos cuatro párrafos, el artículo hubiera caído dentro del privilegio tal como fué definido por el estatuto, pero uno no tiene nada más que leer los últimos cuatro párrafos para notar en seguida que dichos párra-fos contienen comentarios y no los hechos que se desarrollaron en la vista judicial que él artículo pretende reseñar.” (Itálicas nues-tras.)

En el caso de Pfister v. Sentinel Co., 108 Wis. 572, 84 N. W. 887, la Corte Suprema de Wisconsin declaró que:

“Un artículo en el que se decía que los demandantes y otro, por medio de su riqueza y poder político, habían obtenido un dominio absoluto sobre el alcalde y la mayoría del consejo municipal con relación a la obtención de una franquicia para un tranvía, y que el demandante, a pesar de dicha compra, no había perdido su prestigio en la comunidad y, por el contrario, continuaba siendo un miembro prominente de ella, no era privilegiado por no ser una relación de un acto oficial, ya que la parte esencial del artículo con-sistía de las conclusiones y deducciones del autor.” (Itálicas nues-tras. )

E11 36 Corpus Juris, pág, 3273, párrafo 264, se reconoce esta limitación al privilegio de que ningún director o repor-tero podrá ser procesado por la relación de actos judiciales o legislativos, al decirse:

“El artículo debe contener solamente aquello que ocurrió en el curso de los procedimientos, y cualquier materia añadida a eso por el editor, difamatoria del demandante, no es privilegiada, aunque se haya publicado de buena fe o creyéndose razonablemente que era cierta.” (Itálicas nuestras.)

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción y fué resuelta en contra de la teoría de los apelantes en el caso de Pueblo v. Sierra (a) Luis Dalta, 48 D.P.R. 261, donde se dijo lo siguiente:

"Como muy bien indica el apelante en su alegato la publicación comprende dos partes, una que manifiesta ser la relación de la ocurrido en la vista de un recurso ante esta Corte Suprema y otra que contiene los comentarios del publicista.
"Con respecto a esos comentarios el propio Código Penal, en su artículo 250, dispone: ‘Las observaciones o comentarios infama-torios relacionados con el privilegio concedido en el artículo anterior no gozarán de inmunidad por razón de estar así relacionados.’
"Examinada la evidencia aportada por el acusado, encuéntrase que en verdad muchas de las cuestiones que se dice en la publica-ción que planteó el abogado Coll y Cuchí» tienen apoyo en lo que el mismo abogado declaró que dijo y en las declaraciones de los testigos Caso y Bossy. Algunas no. Si de sólo esa parte de la publicación se tratara, nos inclinaríamos a la revocación de las sentencias recurridas, basándonos en una interpretación liberal de lo dispuesto en el artículo 249 del Código Penal.
"Pero hay más, el publicista va má.s lejos y en el título y el comienzo del artículo y en los párrafos finales del mismo hace afirmaciones imputando a los Sres. Guerra, Bodríguez Serra y del Valle la comisión de actos que de ser ciertos demostrarían su falta de integridad y virtud. ¿Y qué base tiene para hacer afirmaciones semejantes? Sólo el informe oral del abogado de una de las partes en un recurso controvertido que se somete para ser resuelto a un tribunal de justicia. Tal base, sin más no es suficiente. Lanzar a la publicidad como ciertas acusaciones tan graves con ese solo fun- clamento, no está justificado. La presunción de malicia subsiste y el delito debe entenderse cometido. La libertad de la palabra ha-blada o escrita no sufre llegándose a esa conclusión. Sólo se exige la responsabilidad que toda acción humana lleva consigo.” (Itálicas nuestras.)

Leído y examinado detenidamente el artículo publicado por el acusado Antonio Pacheco Padró no puede sostenerse que le cubre privilegio alguno. No es un relato o reseña de ningún acto legislativo, sino un artículo dedicado a comentar, desde el punto de vista del autor, la actitud del Sr. Martínez Nadal en relación con determinada legislación hidroeléctrica. Basta citar algunos conceptos usados para que resalte aún más que al leerse en conjunto, la gravedad de las imputa-ciones que contiene. Veamos:

“Pero, de un tiempo a la fecha, Martínez Nadal ha entrado des-caradamente en la obscura zona de los políticos faltos de principios. Ni cree en ellos ni vive para ellos. ¿Cómo puede explicarse que Martínez Nadal se convierta ahora en el paladín de la Porto Rico Railway, Light & Power Company? ¿Qué maravilloso hilo eléctrico ha conectado a la persona del Sr. Martínez Nadal? . . . ¿Hasta dónde va a llegar el Sr. Martínez Nadal con esa política de entre-gamiento indigno a los intereses del monopolio eléctrico? ¿Cree el Sr. Martínez Nadal que el país no se entera de lo que pasa por de-bajo, por encima, o por detrás de los escritorios del Senado? . . . ¿Qué beneficio tiene Martínez Nadal en esa corriente de oro boricua que sale todos los años con destino al Canadá? Más honradez, más decencia política, más lealtad a Puerto Itico es lo que nuestro pueblo le pide al Sr. Martínez Nadal . . . ¿Quiere entenderlo, por fin el Sr. Martínez Nadal?” (Itálicas nuestras.)

K¡1 hecho de que se use la forma interrogativa y no la afirmativa no favorece en nada al acusado ni hace variar lo infamatorio de los conceptos usados. Al hacer las dos preguntas últimas e inmediatamente decir “más honradez, más decencia política, más lealtad a Puerto Rico es lo que nuestro pueblo le pide al Sr. Martínez Nadal” claramente se está imputando por el autor al Sr. Martínez Nadal falta de honradez por estar recibiendo beneficios en la corriente de oro boricua que sale todos los años con destino al Canadá. La acusación es grave y maliciosa per se. No puede, en verdad, sostenerse que le proteja privilegio alguno.

En cuanto a la caricatura que apareció en el mismo número de Florete que el artículo, después de leer éste y especialmente la pregunta: ‘‘¿Qué maravilloso hilo eléctrico ha conectado a la persona de Martínez Nadal?” y ver en la caricatura la figura del denunciante sentado en una silla presidencial, con mallete en mano, y conectados a dicha silla dos aparatos o switches eléctricos por medio de alambres unidos a las patas traseras, uno diciendo Porto Rico Railway, Light & Power Co. y el otro Mayagíiez Light, sólo puede llegarse a la conclusión de que la caricatura es una demostración gráfica de parte de lo que dice el artículo y más aún cuando al pie de la caricatura se dice: “Las dos poderosas razones que motivan el sabotaje.”

En cuanto a caricaturas, el artículo 253, supra, no esta-blece privilegio alguno y no es aplicable, por tanto, el artículo 249, antes citado. En el artículo 253 no hay nada que exija que una caricatura se haya publicado maliciosamente. Sólo se declara ilícita su publicación si ésta “ofendiere de algún modo en su honor, probidad, virtud, fama o móviles comer-ciales o políticos a la persona caricaturada, o tendiere a expo-nerle al odio, ridículo o desprecio público.” Debe desesti-marse el primer error imputado.

El segundo y el tercero los discuten los apelantes conjuntamente. Se refieren a la prueba, la que hemos examinado detenidamente según aparece en la transcripción de evidencia y estamos enteramente convencidos que la presentada para sostener las denuncias, al ser creída por la corte inferior, era suficiente para declarar culpables a los acusados. No se alega que el juez actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad y no habiendo cometido manifiesto error al apreciar la prueba, no procede la revocación por el segundo señalamiento. En cuanto a que la corte erró al considerar y resolver que los acusados no probaron la veracidad de todos y cada uno de los particulares de la supuesta pieza libelosa, lo que tiende a probar la extensa prueba de los acusados es que con anterioridad a la publicación del artículo y de la caricatura objeto de estas acciones, la revista Florete realizó una intensa campaña a favor de la insularización de todas las fuentes hidroeléctricas del país y se opuso a que la Legis-latura de Puerto Pico aprobara determinado proyecto de ley que tendía, según dicho periódico, a favorecer a la Porto Pico Railway, Light ■& Power Co. y a perjudicar a la auto-ridad de Puentes Pluviales de Puerto Rico. Esta campaña cubre las ediciones de Florete de 2 de abril de 1938 a 13 de agosto del mismo año. En forma alguna ninguno de los artículos publicados y tampoco la prueba testifical tiende siquiera remotamente a demostrar la veracidad de las impu-taciones contenidas en el artículo publicado por el acusado Antonio Pacheco Padró en el número de fecha 20 de agosto de 1938, ni motivos justificados para hacerlas.

No está envuelta en estos casos, según insisten los apelantes, limitación alguna al derecho constitucional de libertad de la prensa. La campaña que la revista Florete llevó a cabo durante varios meses demuestra que mientras hizo buen uso de ese derecho nadie fue denunciado. Lo que garantiza la Constitución de los Estados Unidos y la Carta Orgánica de Puerto Rico es el buen uso pero no el abuso de ese derecho. Los derechos constitucionales de los individuos particulares son tan sagrados como la libertad de la prensa y el hecho de que el denunciante en este caso fuera un legislador no le privaba de su derecho a no ser difamado maliciosamente. Los periodistas gozan de un privilegio que les reconoce nuestro Código Penal en su artículo 249, pero si lo violan no pueden ir más allá y tratar de ampararse bajo el privilegio más amplio y protector de la libertad de la prensa. Ésta puede y debe ser libre sin necesidad de caer en la malicia, el escándalo o la difamación, y la garantía constitucional antes mencionada no constituye defensa alguna cuando se^ comete el delito de libelo.

Desde el año 1904 este tribunal, en el caso de Ex parte Bird, 5 D.P.R. 247 (2a. ed.), al referirse a la libertad de la palabra y de la prensa garantizada por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, se expresó, por medio del Juez Asociado Sr. MacLeary, en esta forma:

“Nosotros creemos, sin duda alguna, que nadie, bajo estas dis-posiciones de la Constitución, aún si se sostuviera que está vigente en esta Isla, podría reclamar que por las mismas tendría derecho de publicar, a su capricho, cuanto le plugiera en cuanto a personas o funcionarios, o jueces de los tribunales, en sus relaciones públicas o particulares. En otras palabras, es la libertad de la prensa y no la licencia desenfrenada lo que se intenta proteger por esta dis-posición de la Constitución.” (Itálicas nuestras.)

No otra puede ser la doctrina que debe prevalecer.

No habiéndose cometido los errores señalados, procede la confirmación dé las sentencias en estos casos.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

-Julio 9, 1941

Los acusados apelantes'solicitan reconsideremos nuestra sentencia de mayo 27 de 1941 por la que confirmamos la dictada por la corte inferior. En su extensa moción de reconsideración se limitan los apelantes a promover ’de nuevo la cuestión del alcance que debe dársele al privilegio con-tenido en el artículo 249 del Código Penal e insisten en que de prevalecer la interpretación que a dicho artículo le damos en nuestra opinión anterior sería limitar el privilegio de la libertad de la prensa consignado en nuestra Carta Orgánica. Citan varios párrafos del conocido libro “Hold Your Tongue” de Morris L. Ernst y Alexander Lindey.

Aunque ya tratamos esta cuestión de la libertad de la prensa en nuestra anterior opinión, parece conveniente que ampliemos lo que allí dijimos con algunas citas adicionales, que no sean de nuestra propia jurisprudencia., para que se vea claramente que lo resuelto por este tribunal se ajusta estrictamente a lo resuelto por los más altos tribunales de los distintos Estados, así como por el Tribunal Supremo de Jos Estados Unidos.

En 11 American Jurisprudence 1113, sección 321, se expone en parte la doctrina sobre las limitaciones de la libertad de palabra y de la prensa, en esta forma:

“El derecho o privilegio a la libertad de palabra y de prensa, garantizado en las constituciones de los Estados Unidos y de los varios Estados, tiene sus limitaciones. No es un derecho absoluto pues aunque las limitaciones se reconocen sólo en casos excepcio-nales, la prohibición a que se legisle en contra de la libertad de palabra no tiene la intención de dar inmunidad para cualquier uso o abuso de lo dicho.
“Las limitaciones a dicho derecho pueden surgir por implicación pero frecuentemente existen por legislación expresa en la misma Carta Orgánica ya que muchas de las constituciones de los estados proveen la responsabilidad que resultará del abuso de la libertad o privilegio.
. í «■ * * « * * #
“De todas maneras no se puede sostener que bajo este derecho la prensa tenga la libertad de publicar o cualquier individuo tenga la libertad de imputar libelos y calumnias. ...”

Al mismo efecto véase 16 C. J. S. 627, sección 213.

Esta cuestión de la limitación a la libertad de la prensa está admirablemente tratada y resuelta en el caso de Near v. Minnesota, 283 U. S. 697, 713. En este caso la Legislatura del Estado de' Minnesota aprobó una ley a virtud de la cual pretendió conceder poder para suprimir cierta clase de perió-dicos que se dedicaban a publicar materia escandalosa y difamatoria, bajo la teoría de que eran un estorbo público (nuisance). Al llegar el caso en apelación al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y declararse que dieba legis-lación era anticonstitucional por violar la libertad de la prensa, dicbo tribunal en una brillante opinión de su Juez Presidente Sr, Hughes se expresó en la forma siguiente:

“Si eliminamos meros detalles de procedimiento, el efecto del estatuto, en sustancia, es que las autoridades públicas pueden llevar el dueño o editor de un periódico o revista a corte a base de un cargo de que está publicando materia escandalosa y difamatoria-— específicamente que dicha materia consiste de acusaciones contra los funcionarios públicos imputándoles conducta inmoral — y a menos que dicho dueño o editor pueda presentar evidencia que satisfaga al juez de que las acusaciones hechas por él son ciertas y fueron pu-blicadas con buenos motivos y para fines laudables, su periódico o revista será suprimido y la futura publicación del mismo se cas-tigará como desacato. Esto constituye, en su esencia, censura.
“La cuestión a resolver es si un estatuto que permita tales pro-cedimientos tendentes a restringir la publicación es consistente con el concepto de la libertad de la prensa como ha sido concebido y protegido a través de la historia. Al determinar el alcance de la protección constitucional, se ha considerado general si no univer-salmente que el propósito principal de la garantía es prohibir res-tricciones previas sobre la publicación. La lucha en Inglaterra dirigida contra el poder legislativo del otorgante de la licencia, culminó en el abandono de la censura sobre la prensa. La libertad que así se estableció fué descrita por Blackstone en la siguiente forma: ‘La libertad de la prensa es en verdad esencial para la existencia de un estado libre, pero dicha libertad consiste en no establecer restricciones previas sobre las publicaciones, y no en in-munidad de responsabilidad por materia criminal que sea publi-cada. Todo hombre libre tiene un derecho innegable a presentar ante el público cualquier argumento que desee formular; si se pro-híbe esto, se destruye la libertad de la prensa; pero si él publica materia impropia, maliciosa o ilegal, tiene que sufrir la consecuencia de su temeridad. ’ 4 Bl. Com. 151, 152; véase Story' On the Constitution, §§ 1884, 1889. La distinción entre el alcance de la libertad de prensa bajo nuestro sistema constitucional y aquella disfrutada en Inglaterra, fué indicada temprano en nuestra historia. Aquí, como dijo Madison, ‘los derechos fundamentales del pueblo están prote-gidos contra la ambición del poder legislativo así como del ejecutivo. Están protegidos, no por leyes equivalentes a privilegios, sino por constituciones equivalentes a leyes. Esta protección de la libertad de la prensa requiere que la prensa esté exenta no sólo de restric-ciones previas por el ejecutivo, como en la Gran Bretaña, sino tam-bién legislativas.’ Tratado sobre las Resoluciones de Virgina, Madison’s Works, vol. IV, pág. 543. Esta Corte ha dicho, en Patterson v. Colorado, 205 U. S. 454, 462: ‘En primer lugar el propósito principal de tales disposiciones constitucionales es “impedir que se impongan las restricciones previas sobre publicaciones que habían sido impuestas por otros gobiernos “y dichas disposiciones no prohíben el castigo subsiguiente por la publicación de aquella materia que sea considerada contraria al bienestar público. Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. 304, 313, 314; Respublica v. Oswald, 1 Dallas, 319, 325. La libertad preliminar se extiende tanto a lo falso como a lo cierto; el castigo subsiguiente puede extenderse también tanto a lo cierto como a lo falso. Éste era el estado de derecho en cuanto al libelo en su aspecto penal, imperante donde no había reglamentación estatutaria, en la mayoría de los casos y no en todos. Commonwealth v. Standing, ubi. sup.; 4 Bl. Com. 150.'
‘‘La crítica que se le ha hecho al comentario de Blackstone no se debe ai hecho de que la inmunidad de restricciones previas sobre publicación no haya sido considerada como merecedora de énfasis especial, sino al motivo de que esa inmunidad no puede considerarse que agota el concepto de la libertad de la prensa garantizada por las constituciones estatales y federales. Bl motivo principal de crítica ha sido 'que la mera exención de restricciones previas no puede constituir todo lo protegido por las disposiciones constitucio-nales’; y que ‘la libertad de la prensa podía convertirse en una burla y un engaño, y la frase misma un objeto de oprobio, si a pesar de que todo hombre tenía derecho a publicar lo que quisiera, las autoridades públicas pudieran castigarlo por publicaciones inofen-sivas.’ 2 Cooley, Const. Lim., 8th ed., p. 885. Pero se ha recono-cido que el castigo por el abuso de la libertad concedida a la prensa es esencial para la protección del público, y que las reglas del dere-cho común que le imponen al autor de un libelo responsabilidad por el delito, tanto como por la ofensa privada, no han sido abolidas por la protección extendida en nuestras constituciones. Id. págs. 883, 884. La ley de libelo en su aspecto penal descansa sobre esa base sólida.. En el presente caso, no tenemos. necesidad de investigar el posible alcance del castigo subsiguiente. El Estado por medio de sus leyes sobre libelo ha concedido sufi-ciente reparación, tanto pública como privada, por cualquier daño que el apelante haya cometido o pueda cometer a través de sus publicaciones. Según ha sido indicado, el estatuto aquí envuelto no tiene que ver con castigos; no dispone ningún castigo, excepto en caso de desacato por violación de una orden de la corte, pero sí contempla la restricción sobre la publicación a través de la supre-sión y el injunction.
“La naturaleza excepcional de sus limitaciones da énfasis al concepto general de que la libertad de prensa, a través de la historia y desde su inclusión en la constitución federal, ha significado, principal aunque no exclusivamente, inmunidad en cuanto a restricciones previas o censura. El concepto de la libertad de la prensa en este país había sido ampliado debido a exigencias del período colonial,, y debido también a los esfuerzos para independizarse de una ad-ministración opresiva. Esa libertad fué especialmente apreciada por la inmunidad que ofrecía a las restricciones previas en cuanto-a la publicación de críticas en contra de funcionarios públicos y de-acusaciones de mala conducta de los mismos. Como dijo el Juez Presidente Parker, en el caso de Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. 304, 313, con respecto a la Constitución de Massachusetts: ‘Además ha sido bien entendido, y aceptado como un comentario sobre esta disposición de la libertad de la prensa, que el propósito de dicha disposición legislativa fué el de prohibir todas aquellas restricciones previas sobre la publicación que habían sido puestas en vigor por otros gobiernos, y también aquí en nuestros primeros tiempos, para así cohibir los esfuerzos de aquellos patriotas que deseaban instruir a sus ciudadanos sobre sus derechos y los deberes de sus gobernantes. La libertad de la prensa es ilimitada, pero aquel que la usare será responsable en caso de su abuso.
“El hecho de que durante 150 años no se haya hecho casi nin-gún esfuerzo para imponerles restricciones previas a las publicacio-nes que comenten la mala conducta de funcionarios públicos, se debe al convencimiento de que tales restricciones violarían .el de-recho otorgado por la constitución. Los funcionarios públicos cuyo carácter y conducta son el tema de debate y libre discusión en la prensa, tienen sus remedios contra acusaciones falsas en acciones ■traádas bajo las leyes de libelo que proveen la debida reparación y castigo, y no en procedimientos encaminados a restringir la publi-cación de periódicos y revistas. El principio general de que la. garantía constitucional de la libertad de la prensa confiere inmu-nidad en cuanto a restricciones previas ha sido aprobado en muchas; decisiones interpretando las constituciones estatales.
“La importancia de esta inmunidad no ha disminuido. Si bien-es cierto que ataques temerarios contra hombres públicos, y esfuer-zos para desacreditar a aquellos que están tratando fielmente de-cumplir con sus deberes oficiales, ejercen una influencia maligna y merecen la más severa repulsa de parte de la opinión pública, no. puede decirse que este abuso sea mayor, y se cree que es menor •que el que caracterizó el período formativo de nuestras instituciones. Mientras tanto, la administración del gobierno se Ira hecho más compleja, las oportunidades para fechorías y corrupción se han multiplicado, el crimen ha adquirido proporciones alarmantes, y el peligro de su protección por funcionarios desleales y del menoscabo de la seguridad fundamental de vida y propiedad por alianzas criminales y negligencia oficial, da énfasis a la necesidad primordial de una prensa valerosa y vigilante, especialmente en las ciudades •grandes. El hecho de que se abuse de la libertad de la prensa por los proveedores de escándalo no hace menos necesaria la inmunidad de la prensa en cuanto a restricciones previas cuando se trata de mala conducta de un funcionario público. El castigo subsiguiente ■por aquellos abusos que pudieran ocurrir es el remedio apropiado, de acuerdo con el privilegio constitucional.”

Nada podríamos agregar por nuestra cuenta a lo expre-sado por el más alto tribunal de la nación. El privilegio de la libertad de la prensa significa que no pueden ponerse tra-bas .o restricciones previas a la prensa con el fin de evitar que publique lo que desee, y que tampoco puede tolerarse en un. gobierno democrático como el nuestro la previa censura ■a lo que se desee publicar. Esto no significa, sin embargo, ■que la legislatura no tenga poder para restringir, en casos ■apropiados, dicho privilegio como lo ha hecho a virtud del .artículo 249 del Código Penal, y si el periodista viola dicho privilegio está sujeto, como se sostiene en el caso de Near y. Minnesota, supra, a la acción de libelo correspondiente.

Nada encontramos en la moción de reconsideración pre-sentada por los apelantes que nos permita variar la conclusión a que llegamos en la sentencia dictada, y como consecuencia se declara la misma sin lugar.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Camilo Amadeo Vargas, demandante y apelante, v. Compañía Azucarera del Toa, demandada y apelada.
    Núm. 8213.

    Sometido: Marzo 20, 1941.

      Resuelto: Mayo 28, 1941.

      Enrique Lefebre, abogado del apelante; Salvador Suau, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una sentencia sobre las alegaciones dictada en contra del demandante. La corteza de los becbos alegados en la demanda fué admitida a los fines de la excepción. La aplicación del derecho debe serlo, en tal virtud, a base de esa certeza.

El pleito se inició por Camilo Amadeo Vargas, mayor de edad, contra Compañía Azucarera del Toa, una corporación doméstica. El demandante' es hijo natural reconocido de Jesús M. Amadeo Antonmarchi. El padre falleció intestado on junio 27, 1927. En mayo 29, 1928, la corte de distrito de San Juan declaró herederos suyos a sus hijos Jesús M. Ama-deo García, Julio Amadeo Ortiz- y Sadi Amadeo, y al deman-dante en aquel entonces menor de edad, Camilo Amadeo V argas.

El causante poseía al morir como dueño dos fincas rústi-cas en Toa Alta una de 278 cuerdas y otra de 40. En junio 30, 1928, por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad se liquidó su herencia concurriendo los tres her-manos mayores de edad personalmente y el cuarto, el deman-dante, que tenía quince años de edad, representado por su madre con patria potestad Carmen Vargas, haciéndose constar que las deudas de lá herencia subían a $11,120 y que no existía efectivo para satisfacerlas, motivo por el cual se adjudicaron al coheredero Jesús M. Amadeo García para pagarlas 126.30 cuerdas valoradas en $7,500 de la finca mayor y la totalidad de la finca menor tasada en tres mil. Sostiene el demandante que como heredero de su padre le corresponde la cuarta parte pro indivisa de las 126.30 cuerdas y de las cuarenta cuerdas así adjudicadas, condominios que valen en la actualidad $7,500 y $2,500 respectivamente.

El coheredero adjudicatario vendió a la demandada por $24,290 en marzo 26, 1929, y ésta posee actualmente, las 126.30 y las cuarenta cuerdas. Para la adjudicación no se obtuvo la autorización que determina la ley núm. 32 de marzo 9, 1911 (pág. 126). La aprobación de la partición se impartió por la corte de distrito sin que los herederos apor-taran evidencia para acreditar la certeza de las deudas, ni para comprobar si la adjudicación de los inmuebles en pago de las mismas fué justa y razonable, inscribiéndose la adju-dicación y la venta en el registro de la propiedad.

Se pide una sentencia que declare nulos e inexistentes en derecho en cuanto a una cuarta parte las adjudicaciones y que esa cuarta parte es propiedad del demandante con sus frutos y utilidades, condenando a la demandada a así reco-nocerlo y a entregarle los dichos frutos y utilidades desde la fecha de la adquisición, con más las costas y honorarios si se opusiere.

Contra la demanda adujo la demandada las excepciones previas de ser ambigua, ininteligible y dudosa, de defecto de parte demandada y de falta de causa de acción. Las dos primeras fueron declaradas sin lugar y con lugar la última, y estimando la corte que la demanda no era susceptible de enmienda, procedió a dictar sentencia en abril 18, 1940, deses-timando la acción con costas.

Contra esa sentencia fué que el demandante interpuso el presente recurso de apelación cuya vista fué celebrada en marzo 20 último.

¿Surge de los hechos la inexistencia alegada? Veámoslo.

En junio 1, 1915, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, que bajo las leyes de Puerto Rico tales como regían en 1892, una viuda y un tutor ad litem no tenían autoridad para entre-gar los bienes de un menor en pago de una deuda de su difunto padre por medio de venta privada, ni existía facultad en juez alguno para aprobar una partición voluntaria como la que estaba envuelta en el pleito, resolviendo además que siendo la venta inexistente, el menor, al llegar a la mayor, edad, tenía derecho a reivindicar sus bienes.

Muy pronto — enero 28, 1916 — tuvo esta corte la oportu-nidad de aplicar la jurisprudencia en el caso de Del Rosario el al. v. Rucabado et al., 23 D.P.R. 473, decidiendo que las adjudicaciones en pago de deudas hechas directamente a los acreedores en la partición de una herencia en que existían menores de edad, sin haberse obtenido la autorización judicial previa que exigía la ley, eran inexistentes.

T poco después — junio 24, 1916 — en Ex parte Sotomayor et al., 24 D.P.R. 185, 193, dijo esta corte que la jurispru-dencia era aplicable al caso en que había menores de edad y se adjudicaban al cónyuge viudo inmuebles de la herencia para el pago de deudas.

Si la ley hubiera subsistido tal como entonces regía, la inexistencia de la partición en este caso sería manifiesta y la reivindicación procedente. Pero en 1917 la legislatura adicionó a la Ley de procedimientos legales especiales de 1905 el artículo 71A que lee como sigue:

“Artículo 71 A. — Siempre que se verificase una partición de he-rencia, en la cual hubiere interesados menores de edad, o incapaces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a herederos, o extraños; deberá someterse a la aprobación de la corte de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare satisfecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adju-dicación en pago, sin necesidad ele la subasta pública.” Ley núm. 44 de 1917, vol. 2, pág. 343.

Pasaron alrededor de trece años sin que se suscitara cues-tión alguna ante este tribunal con motivo de la aplicación en la práctica del nuevo precepto legal. En 1931 se presen-taron para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán las operaciones particionales de los bienes relic-tos por doña Rosario Cancel en las que existían menores y se adjudicaron bienes para el pago de deudas. No obstante haberse aprobado dichas operaciones por la corte del distrito 'el registrador negó la inscripción fundándose en Ex parte Sotomayor, supra, y Sucn. Alvares v. Registrador, 16 D.P.R. 602. Recurrió el interesado, y esta corte en su opinión, emi-tida por sn Juez Asociado Sr. Aldrey, después de transcribir el artículo 71A adicionado a la Ley de procedimientos legales especiales de 1905, dijo:

“En este caso, en el que la partición se redujo a dividir los bienes gananciales, dando su parte al cesionario del viudo supérstite y la otra mitad en común a los herederos, siendo las otras opera-ciones de adjudicación de bienes para el pago de deudas, la corte, con audiencia y conformidad del fiscal, aprobó la partición como justa, razonable y equitativa, aprobando así la certeza de la deuda y que la adjudicación hecha para su pago es razonable, por lo que no es necesaria la subasta pública.” Mercader v. Registrador, 42 D.P.R. 698, 700.

Nada más se lia dicho o resuelto luego en contrario sobre el particular. La ley existe. Sus términos son claros. Y lo expresado en Mercader v. Registrador, supra, directo.

A partir de la vigencia de la ley — la de 1917 arriba trans-crita — no es necesaria la previa autorización de la corte ni Ja venta en pública subasta aunque existan menores de edad entre los herederos cuando se adjudican bienes de la herencia a un coheredero para el pago de deudas hereditarias, bas-tando que se siga el procedimiento marcado en el artículo 71A de la Ley de procedimientos legales especiales.

Y como ése es este caso, no tiene razón el-demandante y apelante al invocar la ley núm 32 de 1911, pág. 126. Tal ley no le es aplicable.

Despejada de ese modo la situación, veamos'si'de la demanda puede deducirse la inexistencia de la adjudicación y por consiguiente de la venta a la luz de la ley en vigor. Copiaremos textualmente todo lo que en ella se dice a ese respecto. Es así:

“. ... y la aprobación por la Corte de Distrito de San Juan, P. B. se impartió sin que los herederos aportaran evidencia alguna para acreditar la certeza de las deudas de la herencia, ni para de-terminar si la adjudicación de los inmuebles en pago de las mismas fué justa y razonable, inscribiéndose así la adjudicación y la venta en el Eegistro de la Propiedad.”

No se alega, pues, la falta de "la aprobación. Al contra-rio, se afirma. No se imputa fraude a la demandada en la adquisición, ni conocimiento de que la aprobación de la corte se hubiera obtenido en violación de la ley. Todo lo que se consigna es que la corte impartió su aprobación “sin que los herederos aportaran evidencia ”, alegación que no excluye la posibilidad de que el propio documento sometido contuviera todo lo necesario para que la corte quedara satisfecha de la certeza de la deuda y de lo razonable y justo de la adjudi-cación.

No se trata del ejercicio de una acción de nulidad dentro del término de cuatro años. Se parte de la inexistencia de la adjudicación. Y la acción fué establecida después de diez años no ya de hecha la adjudicación al coheredero, de apro-bada por la corte, y de inscrita en el registro, si que de ven-didas por él a la demandada las fincas que se le adjudicaron.

Constituye el que se hace en tal virtud no un ataque ' directo si que colateral al procedimiento de aprobación, ba-sado exclusivamente en la falta de evidencia, imposible a estas alturas. A este respecto parece conveniente transcribir lo que dice en su opinión la corte sentenciadora:

“Pero se alega que los herederos no aportaron evidencia alguna para acreditar la certeza de las deudas de la herencia ni para de-terminar si la adjudicación de los inmuebles en pago de las mismas fué justa y razonable. Y la cuestión a resolver ahora, .si por ese motivo, puede atacarse colateralmente la sentencia de esta corte aprobando . dichas operaciones particionales. La regla prohibiendo ataque colateral de sentencias • se aplica generalmente a toda clase de sentencias, decretos u órdenes dictadas por cortes de jurisdicción competente en toda clase de procedimientos judiciales. 34 C. J. 514, sec. 816. Tanto en González v. Anglada, 33 D.P.R. 1021, como en Fernández v. Ayllón, 69 L. Ed. 209, se sostuvo que la sentencia dictada en un procedimiento sobre autorización judicial para ena-jenar bienes de menores de acuerdo con el artículo 80 de la Lej'- de Procedimientos Legales Especiales (artículo 614, Código de Enjui-ciamiento Civil, Ed. 1933) no estaba sujeta a ser atacada colate-ralmente, y que si la corte tenía jurisdicción sobre la persona y sobre la materia, ningún error o irregularidad que no fuera juris-diccional podía invalidarla. No vemos razón alguna por qué los mismos principios no deban ser aplicables a las sentencias dictadas en procedimientos sobre aprobación judicial de particiones de acuerdo con el artículo 605, supra; y si ello es así, la próxima cuestión a considerar es si la falta de presentación de prueba por parte de los herederos de la certeza de la deuda y de la justicia y razonabilidad de la adjudicación priva de jurisdicción a la corte para impartir su aprobación a las operaciones particionales en forma tal que la sentencia dictada esté sujeta a un ataque colateral.
“Podemos afirmar que las cortes cuantas veces se han confrontado con la situación expresada, o sea-, una sentencia dictada sin haberse presentado evidencia alguna, otras tantas han sostenido que es sim-plemente errónea y no es nula. En George v. Dill, 120 N. W. 448, dijo la Corte Suprema de Nebraska:
“ ‘Indeed, the courts have gone so far as to say that a judgment entered in the absence of any evidence is valid and binding until set aside by some regular proceeding. In Clark v. Superior Court, 55 Cal. 199, it is said: “If, after acquiring jurisdiction of the parties and the subject-matter, a superior court should order a judgment for one of the parties without a trial, such judgment would not be ‘without or in excess of the jurisdiction’ of the court, although it might be erroneous, and in such case the only remedy would be by appeal.”. If, after acquiring jurisdiction of the parties and subject-matter of an action a superior court should order judgment in favor of one of the parties without a trial, that judgment would neither be without nor in excess of the jurisdiction of such tribunal, although it might be erroneous as any judgment might be, if rendered upon the naked pleadings of a case where the pleadings raised a material issue.’ ”

Cita la corte extractos de lo resuelto en el mismo sen-tido en los casos de Ex parte Bennett, 44 Cal. 84; Grieshaber v. Knoepfel, 198 N. Y. S. 302, y Life & Casualty Ins. Co. v. Clark, (Tenn. 1932) 54 S. W. (2d) 965; se refiere a 15 Cal. Jur., sección 158, pág. 82, n. 2; 34 C. J. 562, sección 862, n. 23, y termina expresando:

“Los fundamentos de la regla anteriormente expresada son cla-ros: se trata de un principio de orden público para mantener la santidad y la seguridad de las sentencias judiciales. Obligar a un comprador de un adjudicatario en una partición donde haya habido menores ir más allá del récord e investigar si hubo o no hubo prueba para satisfacer a la corte de los extremos exigidos por el artículo .605, supra, sería colocar un peso indebido sobre sus hombros. Todo lo que la ley exige es que la corte tenga jurisdicción sobre la materia y sobre las personas.”

Bajo esas circunstancias y tratándose como se trata de una demanda que liabía sido ya enmendada, está justificada la actitud que asumió la corte de distrito resolviendo el pleito en definitiva al declarar con lugar la excepción.

No debe en modo alguno interpretarse nuestro criterio como que consideramos de poca importancia el cumplimiento estricto de la nueva ley. Una corte de distrito y un fiscal que se den cuenta exacta de la responsabilidad que esa ley les impone, deben exigir evidencia clara y terminante de la certeza de la deuda y de la justicia de la adjudicación en cada caso. Su intervención constituye la última garantía que la ley otorga a personas incapaces de defenderse por sí mis-mas. T esa garantía debe ser una realidad, no un mero trámite.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Eulogio, Josefina, Alfonso, Luz María, Antonio, Lucía Mercedes y Rafael Angel Riera Bengoechea, asistido este último de su madre Josefina B. Vda. de Riera, demandantes y apelantes, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8288.

    Sometido: Mayo 22, 1941.

      Resuelto: Mayo 28, 1941.

      Riera & Aponte, abogados de los apelantes; lion. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodrigues Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, dueños de un solar de 2,146.90 metros cuadrados, radicado en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan, reclaman la devolución de $656.65 pagados bajo protesta, por contribuciones impuestas al referido solar por el año económico 1938-39 y primer semestre de 1939-40, ale-gando en substancia: que desde el año 1928 basta el año económico 1937-38 dicho solar fué valorado por -el Tesorero a razón de $2.50 por metro cuadrado; que ésa es la justa y razonable valoración que debe darse a dicha propiedad; que en 28 de julio de 1938, el Tesorero notificó a los demandantes una nueva valuación para el año 1938-39, a razón de $12 el metro cuadrado; que los demandantes recurrieron en al-zada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la cual redujo la tasación al tipo de $10 por metro cuadrado y se negó a reconsiderarla; que el valor de $21,470 que se ha dado a la propiedad en cuestión no representa el verdadero y razo-nable valor del inmueble en el mercado, siendo la nueva valua-ción excesiva, injusta, opresiva, errónea e ilegal; y, por último, que las condiciones de la propiedad no han variado desde el año económico 1937-38, siendo su valor efectivo actual el mismo que tenía en aquel año, o sea $5,368.

En su contestación el demandado negó que la tasación fuera injusta o excesiva y como materia nueva alegó, (a) que el solar de los demandantes es resto de otro de 2,864.48 m¡/c, que los demandantes obtuvieron de El Pueblo de Puerto Rico, por permuta con un valor de $28,700, o sea a razón de un poco más de $10 por metro cuadrado; (b) que la tasación del solar, para el año 1927-28, a razón de $2.50' por m. c. no representa el valor de los terrenos para el año 1938-39, pires en el año 1927 dichos terrenos se encontraban a nn nivel más bajo que el de la carretera y allí desaguaban todos los terrenos de los alrededores, no habiéndose terminado aún la Avenida Fernández Juncos, y que la tasación fué revisada, subiéndose el valor de los terrenos, debido a haberse ter-minado la carretera y a que los terrenos fueron rellenados por El Pueblo de Puerto Pico a nivel de la nueva avenida; (c) que en julio 14, 1939, El Pueblo de Puerto Rico vendió a Pedro A. Pizá un solar casi inmediato al de los demandantes, aunque no tan bien situado, a razón de $12.50 por metro cuadrado; (d) que los demandantes no tienen derecho a recla-mar cantidad alguna por el año 1939-40, por cuanto ellos no solicitaron retasación de la propiedad hasta ese año, ni se les hizo retasación alguna, ni acudieron ante la Junta de Revisión e Igualamiento para la tasación de dicho año.

Visto el caso, la Corté de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas a los demandantes, quienes no estando conformes interpu-sieron este recurso, en el que alegan que la corte inferior erró al apreciar la prueba y que la sentencia es contraria a la evidencia y a la ley.

Examinemos la prueba.

La de los demandantes consistió en la declaración de dos testigos y en la presentación de los documentos necesarios para probar que el pago había sido hecho bajo protesta.

Antonio Riera, uno de los demandantes, declaró en cuanto a las gestiones realizadas por él para tratar de conseguir la reducción de la tasación; que los demandantes vendieron terrenos contiguos al solar en litigio, al Pueblo de Puerto Rico, a $3.50 por metro cuadrado; que los demandantes pusie-ron un anuncio ofreciendo en venta los solares y nadie se interesó en comprarlos, a pesar de haber tenido el anuncio por más de un año; que esos terrenos son ganados al mar y pantanosos y no se puede fabricar en ellos sin hincar pilo-tes, lo que aumenta el costo de la construcción; que el relleno que se alega constituye una mejora, fué lieclio con basura, lo que resulta un inconveniente para las excavaciones que baya que bacer para edificar; que los demandantes estarían dispuestos a dar esos terrenos a $15 el metro.

José Montilla, ingeniero civil, declarando como experto en tasaciones, dijo que tomando en consideración que para poder fabricar en el solar sería necesario gastar mucbo dinero en una cimentación con pilotes, él estima que un valor de $5 a $6 por metro sería razonable; que en ese sitio de la Avenida Fernández Juncos bay solares que valen más; que en todos los terrenos robados al mar bay que hincar pilotes.

La parte demandada presentó como único testigo al Sr. Vicente A. Texera, tasador de la propiedad por el Gobierno Insular, quien declaró: que fué él quien tasó los terrenos de la Sucesión Hiera en 1937 y para ello tomó en conside-ración la situación del terreno, el acceso a las vías de comu-nicación, la configuración del terreno y la importancia del sitio donde radica el inmueble; que le dió un valor de $12-el metro, aunque consideraba que su valor en el mercado no debía ser menos de $15, pero teniendo en cuenta las valo-raciones de los demás terrenos ganados al mar le dió un valor de $12 el metro; que se bizo una valoración general de todos los terrenos de esa demarcación de la Carretera Nueva, a razón de $10 el metro, exceptuando las esquinas que se tasaron a $12 el metro cuadrado; que el solar de .Riera, a pesar de ser esquina fué tasado a razón de $10 el metro; que a ese precio ban sido tasados todos los terrenos basta el Club Náutico; que los terrenos de Riera son mejores que los otros que llegan basta dicho club, porque tienen ac-ceso al malecón y está dragado el caño donde atracan los vapores; que los terrenos de Smallwood, que son iguales a los de Riera están tasados a $10 y $12 el metro y se vendie-ron a $15 y $18 el metro cuadrado; que los terrenos de Pizá fueron tasados en la misma época a $10 el metro; y que todos esos terrenos están en la zona comercial de San Juan.

No nos convence la argumentación de los apelantes para sostener que la sentencia es contraria a la prueba. La corte inferior dió entero crédito a la declaración del tasador Sr. Texera, quien estimó en $12 el metro cuadrado como valor razonable de los terrenos en cuestión. El propio testigo de los demandantes, Sr. Montilla, tasó los mismos terrenos en $6 el metro, mientras el demandante insistió en que debía restablecerse la valoración anterior de $2.50 el metro cua-drado. La sentencia recurrida aceptó el tipo fijado por la Junta de Revisión e Igualamiento de $10 por metro cuadrado, teniendo en consideración el lieclio de que todos los terrenos colindantes con los de los demandantes fian sido igualmente valorados.

Nuestra intervención, para hacer arbitrariamente una valoración distinta a la hecha por la Junta de Revisión e Igualamiento y aprobada por la corte inferior, no estaría justificada. No apareciendo de la evidencia aducida por los demandantes que la tasación sea tan alta que deba ser con-siderada como confiscatoria y opresiva, es nuestro deber sos-tenerla, pues es principio bien sentado el de que toda tasa-ción se presume correcta, justa y razonable, hasta que por medio de evidencia clara y convincente se demuestre que no lo es. Véanse: Wanson v. Snohomish County, 71 P. (2d) 170 ; Washington Union Coal Co. v. Thurston County, 2 A.L.R. 1546; Cooley on Taxation, 4a. ed., vol. 3, capítulo 18, sección 1199, pág. 2401; y Viera v. Domenech, Tes., 53 D.P.R. 327.

Debe confirmarse la sentencia.


author: Ei. Juez Asociado Seños. Travieso

text:
    José Agustín Guerra, demandante y apelado, v. Municipio de Río Grande, demandado y apelante.
    Núm. 8343.

    Sometido: Mayo 19, 1941.

      Resuelto: Mayo 28, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y A. Torres Braschi, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante; Carlos D. Váz-quez y Diego Guerrero Noble, abogados del apelado.
   Ei. Juez Asociado Seños. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado .solicita la desestimación del xecnrso, alegando que el mismo es frívolo y ha sido inter-puesto con el único propósito de dilatar la ejecución de la sentencia.

La frivolidad del recurso surge de la mera exposición de los hechos del caso.

El 21 de junio de 1932, la Corte Municipal de Río Grande •dictó sentencia en rebeldía contra el Municipio de Río Grande, •condenando a éste a pagar al demandante José Agustín Guerra la suma de $300 con intereses legales desde la fecha de radicación de la demanda, sin costas.

No habiendo podido hacer efectiva dicha sentencia y ha-'biendo transcurrido el término de cinco años fijado por el .artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil para poder ejecutarla, en 31 de agosto de 1939 José Agustín Guerra radicó ante la Corte Municipal de Río Grande una nueva •demanda en cobro del importe de dicha sentencia de $300, más $126 por intereses legales desde la feha en que fué dic-tada.

Las defensas presentadas por el municipio demandado •fueron: (a) insuficiencia de los hechos alegados en la de--manda; (5) que el municipio cumplió con la sentencia al ■consignar su importe en el presupuesto para el año fiscal '1932-33, y al ordenar al Tesorero Municipal el pago de $336.20, importe total del principal e intereses devengados hasta aquella fecha, suma que el Auditor de Puerto Rico se negó a hacer efectiva por considerar que la deuda objeto de la reclamación había sido contraída fuera de los créditos asignados en el presupuesto correspondiente al año en que se contrajo; y (c) que el remedio adecuado es el de mandamus.

No existe disputa alguna en cuanto a los hechos. El municipio adeudaba al demandante $300, suma que fué redu-cida a sentencia en 1932. El demandado no solamente’per-mitió que el caso fuese fallado en rebeldía, si que también hizo incluir en su presupuesto de 1932-33 la partida nece-saria para su pago. No obstante haberse hecho dicha asig-nación, el hecho es que el demandante no ha recibido aún el importe de su acreencia. La Corte inferior desestimó las defensas interpuestas por el municipio deudor, por conside-rar que la inclusión de una partida en el presupuesto para pago de una sentencia no es .evidencia de que el pago se haya efectuado.

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso por ser evidente su frivolidad.


author: Ex, Juez PkbsideNtb Señoe Bbx Tobo

text:
    Pablo Pedroza, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer, Juez, demandada.
    Num. 1248.

    Sometido: Mayo 26, 1941.

      Resuelto: Mayo 29, 1941.

      José C. Liver a, abogado del peticionario; J. Valide juli Rodríguez,, abogado de los interventores.
   Ex, Juez PkbsideNtb Señoe Bbx Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de certiorari. El auto fué expedido y señalada la vista para mayo 26 en curso comparecieron el peticionario por su abogado y Timoteo e Ilustrada Castro y Federico Rodríguez, personas interesadas y afectadas por la resolución que pudiera dictar esta corte, por el suyo. La corte demandada se limitó a remitir por su Secretario los autos originales cuya revisión se pide.

Los comparecientes Castro y Rodríguez pidieron la anu-lación del auto expedido y la desestimación de plano de la solicitud, entre otros motivos jjorque el remedio que se ejer-cita no está autorizado por la ley. Ambas partes fueron oídas sobre el particular y sobre todos los extremos de la solicitud.

Se trata de un caso de desahucio resuelto por sentencia de mayo 17, 1938, en contra de los demandados. Éstos fue-ron lanzados de la propiedad envuelta — una finca rústica— en septiembre 14, 1940. Cuatro días después el demandante, alegando que los demandados habían ocupado la finca de nuevo, pidió a la corte sentenciadora que ordenara su cita-ción para comparecer ante ella a exponer razones por las cuales no debería castigárseles por desacato.

Accedió la corte. Se citó a, los demandados. Compare-cieron. Ocurrieron varios incidentes y finalmente la corte, en diciembre 12, 1940, declaró sin lugar la moción del deman-dante, esto es, no haber lugar a castigar por desacato a los demandados, en resumen, porque “nuestra ley de desahu-cio no autoriza en ninguna de sus secciones castigar por-desacato a un demandado que realice lo que aquí realizáron-los demandados.Hemos buscado en nuestros esta-tutos alguna disposición en que pudiera fundarse esta corte-para declarar con lugar la moción del demandante, porque-creemos que la actitud asumida por los demandados mereceen realidad correctivo inmediato, pero esta situación espe-cífica no está comprendida como desacato en ninguna de las disposiciones estatutarias, máxime cuando, aun admitiendo que en una orden de lanzamiento en juicios de desahucio, pudiera conminar la corte a los demandados a no perturbar la posesión del demandante, después de ejecutado el lanza-miento, so pena de incurrir en desacato, no aparece del dili-genciado del mársbal que en este caso específico se cumpliera con esa parte dispositiva de la orden de lanzamiento.”

De suerte que la corte se declaró sin autoridad de ley para juzgar el caso e imponer la pena que, como.desacato, pudieran conllevar los actos imputados a o realizados por los demandados. Siendo ello así, no procede revisar su actuación por medio del auto de certiorari, de acuerdo con l'o ya resuelto por este propio tribunal. Transcribiremos lo dicho en Smallwood, etc. v. Corte, 53 D.P.R. 742, 743. Esasí:

"Inclinados a resolver por el estudio de los méritos de la cues-tión envuelta que el juez estuvo equivocado al interpretar la ley especial sobre la materia — artículo 6 de la Ley núm. 61 de 1916 (pág. 126), tal como fué enmendado por la Ley núm. 40 de 1925— pág. 249 — en el sentido de no permitir que se recurriera a la citación por publicación de acuerdo con lo preceptuado en el Código de Enjuiciamiento Civil — artículos 92 y siguientes — en ningún caso .nos encontramos que nuestra propia jurisprudencia nos impide ¡seguir adelante dentro de esté recurso de certiorari por no ser dicho ■recurso el procedimiento adecuado, sino el de mandamus.
"En el caso de El Pueblo v. Gaetán, Juez Municipal, 46 D.P.R. 632, 635, dijo esta corte por medio del Juez Sr. Wolf:
“ ‘Estamos inclinados a convenir con el Gobierno en que el de-lito imputado era misdemeanor, y en que, de ser susceptible de dos interpretaciones, procedía la acusación por el delito menor.
“ ‘El apelante sostiene, sin embargo, que no hubo error de pro-cedimiento en la corte municipal, y estamos conformes. La acusa-ción fué radicada oportunamente, y se presentó una excepción pe-rentoria, que fué vista. La corte municipal pudo o no estar equi-vocada al declararse sin jurisdicción, pero meramente decidió la cuestión que tenía ante sí.
“ ‘Más bien creemos que el mandamus hubiera sido el remedio .adecuado para obligar a la corte municipal a conocer del caso. Cuando esta Corte denegó la apelación en un procedimiento de desahucio, el mandamus fué el remedio invocado. Petition of Zeno, 14 F. (2d) 418.’
“Y mucho antes en el caso de Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169, 1170, citado con aprobación en el de Hull v. Corte, 42 D.P.R. 151, 153, había dicho:
“ ‘Los otros actos de los cuales se queja son resoluciones relativas a la suficiencia en derecho de los hechos admitidos en las alegaciones, que den derecho a los demandantes a obtener una sentencia a su favor. La regla es que la resolución de una corte al declarar sin lugar o con lugar una excepción previa no constituye un error de procedimiento, sino que es el ejercicio del criterio judicial al resolver una cuestión de derecho. Tampoco constituye tal resolución de una corte el ejercicio de una facultad discrecional en el sentido de permitir a una parte que caracterice tal acción de abuso de discre-ción tal como esta frase se entiende en derecho. El juez; en trá-mites de excepciones previas y los semejantes, tiene que resolver de acuerdo con la ley, y si decide erróneamente comete un error, pero su decisión no es de carácter discrecional.’
“Jurisprudencia que está ampliamente sostenida por las auto-ridades del continente. Citaremos algunas:
“En Boone v. District Court, 38 Idaho 688, 224 P. 429, la Corte Suprema del Estado resolvió :
“ ‘La decisión de una corte al-efecto de que no oirá y determi-nará una causa, bajo la asunción errónea que no tiene la jurisdic-ción requerida para ello, es equivalente a negarse a ejercitar su jurisdicción, y el mandamus procede para obligar a tal corte a tomar jurisdicción del caso.’
“Refiriéndose a cuándo es procedente el auto de certiorari, dice Ruling Case Law, resumiendo la jurisprudencia sobre el particular,
“ ‘Además, debe tenerse en cuenta que los oficios del auto de certiorari son simplemente determinar la validez de los procedi-mientos seguidos ante una corte de justicia, porque no se ha cum-plido con los requisitos esenciales de la ley, o por falta de jurisdicción por parte de la corte que está entendiendo de ellos. Nunca se ha usado el auto para determinar la corrección de la resolución cuando se ha cumplido con los requisitos de la ley, y cuando la corte tenía jurisdicción y era, por tanto, competente. Así que se ha decidido que la jurisdicción de la corte para revisar por certiorari debe restringirse a la validez externa de los procedimientos seguidos en la corte inferior. No puede ejercitarse para revisar la corrección intrínseca de la sentencia recaída, basada eii la ley o en los hechos. Los poderes de revisión de la corte no deben confundirse con su jurisdicción apelativa.’ 5 R.C.L. 251.
“Y en el volumen 82 de American Law Reports, págs. 1165, 1158, se encuentra sobre la procedencia del auto de mandamus, lo que sigue:
“ ‘Procede la expedición de un auto perentorio de mandamus para obligar a un juez de una corte de circuito a tomar jurisdicción sobre una causa la cual se negó a oír debido a su creencia errónea al efecto de que no tenía jurisdicción para ello, especialmente cuando, como en el caso de autos, el juez una vez asumió jurisdicción, y su negativa a mantenerla va a resultar perjudicial al interés de las partes envueltas en el caso. Hargadine-McKittrick Dry Goods Co. v. Garesche, (Mo.) 227 S. W. 824.’
‘Si una corte erróneamente decide como cuestión de derecho que no tiene jurisdicción, y por tanto deniega a un litigante el de-recho a ser oído en los méritos y se niega determinar los hechos o a continuar entendiendo del caso, procede el mandamus a menos que no exista un remedio adecuado por apelación. . . .’ State ex rel Musselshell County v. District Court, 89 Mont. 531, 300 P. 235.
“Debe anularse el auto expedido y devolverse el expediente original remitido a la corte de distrito de su origen.”

Igual resolución es la que procede y debe dictarse en este caso.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    Sergio S. Peña, demandante y apelante, v. Josefina Flores de Ordóñez, demandada y apelada.
    Núm. 8320.

    Sometido: Mayo 28, 1941.

      Resuelto: Mayo 29, 1941.

      P. Pérez Pimentel, abogado del apelante; A. Quirós Méndez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión, del tribunal.

El peticionario Sergio S. Peña desempeñaba el cargo de Director de Beneficencia del Municipio de Loíza cuando el dip, 13 de septiembre de 1940, la demandada Josefina Flores de Ordóñez en su carácter de Alcaldesa de dicbo Municipio, le formuló cargos y suspendió de empleo y sueldo. Contes-tados los cargos, se celebró una vista y practicada la prueba de ambas partes la Alcaldesa consideró probados los cargos y destituyó al Dr. Peña. Radicó éste entonces una petición de mandamus en la Corte de Distrito de San Juan alegando que fué destituido sin justa causa y solicitando se ordenara su reposición. Además de excepcional’ por falta de becbos y contestar la petición la demandada radicó una moción soli-citando se anulara el auto condicional expedido por ser impro-cedente el recurso extraordinario de mandamus en este caso pues el peticionario tiene un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley. Oídas las partes la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la excepción previa, anuló el auto expedido y desestimó la petición. El peticionario esta-bleció el presente recurso de apelación en el que señala como único error el baber la corte inferior resuelto el caso en la forma antes expresada.

El artículo 29 de la Ley Municipal vigente (Leyes de 1931, pág. 613) en lo pertinente, dispone lo siguiente:

"Los funcionarios administrativos y empleados municipales sólo podrán ser removidos de sus puestos por el alcalde, y de esta de-cisión podrán apelar en un solo efecto, el funcionario o empleado perjudicado para ante la corte de distrito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de heebo y derecho en-vueltas en la apelación dentro de un plazo no mayor de treinta días desde la radicación de la demanda en apelación, y de la sentencia que dictare la corte de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las partes. ...”

La corte inferior, al interpretarlo y aplicarlo, en su rela-ción del caso y opinión, se expresó, en parte, así:

“No hay duda que este precepto legal confiere al funcionario destituido el derecho de apelar para ante la corte de distrito corres-pondiente de la resolución dictada por el alcalde y dispone ade-más que tocias las cuestiones de hecho y derecho sean consideradas y resueltas dentro de un plazo no mayor de treinta días. Éste»es un remedio no solamente adecuado, sino tan rápido como el mandamus y está firmemente establecido, que generalmente, cuando existe el remedio de apelación, no procede el mandamus. Ésa es no solamente la jurisprudencia americana, sino que también la de nuestra Corte Suprema. Hace muchos años en Rivas v. Consejo Ejecutivo, 16 D.P.R. 670, se sostuvo el principio. Se trataba de un mandamus para ordernar al Consejo Ejecutivo que repusiera al peticionario en las listas electorales. Contra la decisión del Consejo Ejecutivo excluyendo a un elector cabía el recurso de apelación para ante la corte municipal. Al denegar el mandamus por la existencia del remedio en apelación, dijo la Corte Suprema:
“ ‘El mandamus es una acción o procedimiento judicial de na-turaleza civil, extraordinario en el sentido de que puede sostenerse solamente cuando no existe otro recurso adecuado, de carácter privilegiado en cuanto que la expedición, así del alternativo como del perentorio, es discrecional y tiene por- objeto hacer efectivos derechos legales claros y compeler a los tribunales a que conozcan o procedan en el ejercicio de su jurisdicción, o a las corporaciones tanto públicas, como privadas y a las juntas públicas, comisiones o funcionarios, a ejercer su jurisdicción o discreción y cumplir deberes oficiales que resultan de su cargo, comisión o estado y son clara y perentoriamente ordenados por la ley como absolutos y oficiales. (26 Cyc. 139 y casos citados.) ’
“ ‘La ley electoral marcaba el procedimiento al peticionario, y tal procedimiento debió seguirse hasta el fin, removiéndose los obs-táculos que se le presentaron ejercitando los recursos que la ley concede.’ ”

Cita además la corte inferior los casos de Morera v. Corte. 55 D.P.R. 742; Pérez Marchand v. Garrido, 48 D.P.R. 457; Nieves v. Lutz, 45 D.P.R. 637 y otros, todos sostenedores de la misma doctrina expuesta en el de Rivas y. Consejo Eje-cutivo, supra. El apelante no nos convence de que haya razón alguna especial en este caso que haga variar la apli-cación de dicha doctrina. EL caso de Branizar v. Mendín, 43 D.P.R. 29, que cita el apelante para demostrar que procede el recurso de mandamus en un caso como el de autos, no debe interpretarse que tenga ese alcance porque no aparece de sus hechos que se planteara ante la corte inferior ni ante este tribunal, la cuestión legal envuelta y resuelta en éste.

Se confirma la sentencia apelada.


text:
    Celia Olmedo Woods, demandante y apelada, v. Romualdo Rivera, Pablo Meléndez y Philip El Koury, demandados y apelantes.
    Núm. 8363.

    Sometido: Mayo 26, 1941.

      Resuelto: Mayo 29, 1941.

      E. Martínez Rivera, abogado de los apelantes; Miguel Olmedo Tosté, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de abril de 1941 la demandante apelada radicó una moción solicitando la desestimación de la apelación en este caso, la que notificó a los demandados apelantes en la misma fecha y fue señalada para ser vista el día 26 de mayo último. El mismo día de la vista los apelantes radicaron una moción “para que se ordene desglose de escrito de la apelada y eli-minación de materia impropia.” Oídas las partes en cnanto a esta moción suspendimos la vista de la otra sobre deses-timación.

Lo que los apelantes solicitan sea eliminado son dos párrafos de la moción de la apelada que leen así:

“Que en el entretanto, después de celebrada la vista en la corte inferior el 27 de enero, 1941, pero antes que el Hon. Juez Jorge L. Córdoba, dictara su sentencia, el demandado Philip El Koury, por conducto de su abogado E. Martínez Rivera, radicó en la Secretaría de la Corte, sin notificar a la demandante, o su abogado, — y en forma tan subrepticia y colusoria que pudo lograr del Secretario que prescindiera de la práctica establecida de notificar a la otra parte la resolución de la corte, — una moción en la que, sin respeto debido a la corte, consignó la falsedad de que ‘la corte había dictado sen-tencia en este caso declarando sin lugar la demanda en todas sus partes, que esta sentencia era firme, y que procedía la cancelación de lis pendens anotado en los libros del Registro de la Propiedad.’
“A esta moción, el juez Hon. R. La Costa, Jr., tomado por sor-presa, o confiado en la honorabilidad del abogado, proveyó con un ‘como se pide,’ a una moción cuya súplica envolvía el libramiento de un mandamiento al registrador para que cancelase un lis pendens anotado al margen de la inscripción de una propiedad en litigio.”

Alegan los apelantes que las anteriores manifestaciones constituyen materia impropia y extraña a la cuestión esencial del asunto sometido a esta corte y que son infundadas según lo comprende la copia certificada de una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 20 de mayo de 1941 en este mismo caso en relación con imputaciones simi-lares de la apelada ante aquella corte; que dichas manifes-taciones han sido hechas por el representante de la apelada maliciosamente con el único propósito de inferir» una ofensa personal y gratuita al ahogado de los apelantes y, por último, que dichas manifestaciones son contrarias a las reglas de esta corte y a los Cánones de Ética Profesional y constitu-yen una falta de respeto y de consideración también al Juez Sr. La Costa de la corte inferior y a este tribunal.

De la resolución dictada por el Juez Sr. La Costa que se acompaña a la moción de los apelantes aparece qne dicho magistrado hace constar, en relación con manifestaciones similares a las anteriormente transcritas, lo siguiente:

“Cuando esta corte'dictó la orden de que se queja la demandante, no fué sorprendida ni engañada. Los hechos alegados en la moción que dió origen a dicha orden no eran falsos; la misma no fué tra-mitada en forma subrepticia.”

La moción que dió lugar a esta resolución fué radicada el 26 de abril y solicitaba que se castigara por desacato a los demandados y a su abogado Lie. Edelmiro Martínez Rivera, y la corte la declaró sin lugar.

Las manifestaciones contenidas en los dos párrafos antes transcritos son claramente impertinentes e inmateriales a la cuestión planteada sobre desestimación de apelación. Tan es así que los propios apelados recurrieron ante la corte inferior ocho días después de radicada la moción ante esta corte, solicitando un remedio en relación con las alegadas actuaciones de los demandados y de su abogado. La corte inferior ya resolvió esas cuestiones en contra de la apelada y para nada podríamos tomar en consideración dichas mani-festaciones al resolver si procede o no la desestimación del recurso.

Tanto las regias de las cortes de distrito como nuestro Reglamento y los Cánones de Ética Profesional aprobados en julio 19 do 1935 (véase 48 D.P.R. págs. YIII-NXI) con-sideran una mala práctica el que se hagan imputaciones per-sonales en las alegaciones y alegatos, ya que el prestigio de la profesión debe mantenerse al más alto nivel. Como se dijo en el caso de López de Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823, 831:

1 ‘. . . El campo de la contienda judicial está, o debe estar, cerrado a la admisión de cualquier violencia, y de él se halla proscrito todo lo que tienda a personalismo y dureza de expresión: no es campo de batalla, en el que se pueda usar cualquier clase de armas, sino justa o torneo, en el que para defender, y para hacer triunfar la razón de nuestras contenciones, bastan la espada de la razón, y la inven-cible fuerza de la ley.”
Es cierto que, pasando sobre una cuestión similar, en el casó de Benítez v. Borinquen Trading Corporation, 33 D.P.R. 495, esta corte resolvió lo siguiente:
"Atendidas todas las circunstancias concurrentes, creemos que no procede decretar las eliminaciones solicitadas, limitándonos a cen-surar cualquier desviación de las buenas prácticas que consisten en circunscribirse a los hechos y a la ley, sin penetrar innecesaria y apasionadamente en el terreno personal.”

Sin embargo, el caso de autos es más fuerte y somos de opinión que no debemos permitir que subsistan en-las alega-ciones de la apelada los párrafos antes copiados, y como con-secuencia, se declara sin lugar la moción de los apelantes en cuanto a que se ordene el desglose de la moción de la apelada ■i¡ con lugar en cuanto a que se ordene la eliminación de dichos párrafos en la moción enmendada que deberá radicar la ape-lada al efecto dentro del término de diez dias.