author: El Juez Asociado Señor Wolf, juez asociado sr. Franco soto.

text:
    Partido Socialista, peticionario, v. Horace M. Towner, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico, demandado.
    No. 238.

    Sometido: Febrero 25, 1926.

      Resuelto: Marzo 12, 1926.
    Elecciones — Distritos o Precintos Electorales y Funcionarios Electorales —Nombramiento, Condiciones y Término del Cargo — Representante de los Partidos Políticos — Miembros Junta Insular de Elecciones. — Ha-biendo elegido la Legislatura dejar la facultad de nombramiento de los miembros de la Junta Insular de Elecciones al Gobernador y no a los par-tidos políticos interesados, la autoridad así conferida, eon ciertas limitacio-nes, cae dentro del poder discrecional de nombramiento del ejecutivo (Torres v. Concejo Municipal de Ghiánica, 33: 349, distinguido; Pagan v. Towner, 35: 1, aprobado).
    Solicitud de MaNdamus (jurisdicción original), para qué el Gober-nador proceda a nombrar a un miembro de la Junta Insular de Elecciones.

      Sin lugar.

      Bolívar Pagán, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Para obtener un auto de mandamus de esta corte el pe-ticionario, el Partido Socialista, no ba presentado becbos que sean esencialmente diferentes de aquellos que quedaron ante nuestra consideración en la solicitud de Bolívar Pagán cuya petición fué negada por nuestra sentencia y opinión de febrero 3, 1926. De acuerdo con la sección 1 de la Ley Electoral de 1924, leyes de ese año, p. 1, las dos personas representando los dos partidos políticos principales de la Isla ■ serán nombrados por el Gobernador a propuesta de los organismos directivos centrales de dichos partidos, y Bolí-var Pagán reclamaba el derecho a ser nombrado como re-presentando al Partido Socialista. Bolívar Pagán, como única persona propuesta para la Junta de Elecciones, tenía un interés suficiente en solicitar el auto y nuestra sentencia en manera alguna se- fundó en tal falta de interés. Behu-samos expedir el auto por otros fundamentos. Indicamos en el caso de Torres v. Concejo Municipal de Guánica, 33 D.P.R. 349, que si bien un partido político podría tener un derecho correlativo, la persona con derecho a un puesto en la asamblea municipal no podía ser excluida.

Pasando a los méritos nos encontramos con la sugestión de qne el presente caso no puede ser distinguido del caso de Torres, 33 D.P.R. 349, supra. Literalmente no hay mucha diferencia, si la hay, en algunas de las palabras empleadas por la legislatura. En el Caso Municipal la asamblea debe nombrar “a propuesta del organismo director local;” para la Junta de Elecciones el Gobernador debe nombrar “a pro-puesta de los organismos directivos centrales de dichos par-tidos.” Las condiciones, sin embargo, que rodean los dos nombramientos son totalmente distintas.

El caso de Torres v. Guánica procedía-a virtud de la teo-ría de que la entidad real con facultad para nombrar era el partido político interesado y que la facultad de la asamblea municipal era meramente secundaria o final. Haciendo un poco de historia de los nombramientos políticos dijimos que la legislatura tenía el derecho a dejar cubrir una vacante al partido político y así lo había hecho. Una idea que sur-gió fué también que la voluntad de un' pueblo soberano al elegir representantes, de otro modo sería anulada.

Aunque una junta de elecciones es un organismo alta-mente importante, ha sido seleccionada en formas innume-rables. En Puerto Eico es una junta permanente. No es elegida y la responsabilidad para su formación se ha dejado al Gobernador directamente por la legislatura e indirecta-mente por la Ley Orgánica.

“El poder ejecutivo supremo residirá en un funcionario ejecutivo, cuyo título oficial será ‘El Gobernador de Puerto Eico.’ ” “Tendrá la inspección y control general de todos los departamentos y negociados del Gobierno de Puerto Eico.” “Expedirá credenciales, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté autorizado.” Estas son algu-nas de las disposiciones de la sección 12 de la Ley Orgánica.

Como se ha indicado en el caso que hemos estado anali-zando, el poder de nombramiento puede ser conferido por la Legislatura al Gobernador o en alguna otra parte, quizá con ciertas limitaciones que no se mencionan específicamente en la Ley Orgánica. La consideración principal de esta opi-nión es que cuando la legislatura elige dejar la facultad de nombramiento al Gobernador, la autoridad así conferida cae dentro del poder de nombramiento del ejecutivo con los con-siguientes privilegios y responsabilidades.

Aunque los hombres versados en la política dudan de la exactitud completa de la división tripartite de las faculta-des gubernamentales en el Gobierno Federal, los Estados y Territorios, sin embargo, para la mayor parte de los fines legales hay una línea clara que establece una división en cuanto a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el Gobernador está investida la facultad ejecutiva. Los nom-bramientos son histórica y normalmente aquella parte del poder ejecutivo en la cual puede ser usada la discreción. 38 C. J. 700. Mientras que la Legislatura puede poner li-mitaciones tanto al poder ejecutivo como al judicial, no puede anular o destruir uno u otro. Algo de la facultad original debe quedar. La facultad de nombramiento es fundamental-mente una de selección y discreción; por tanto, cuando la Legislatura, para formar una junta de elecciones invoca la facultad ejecutiva de nombramiento con su correspondiente discreción y responsabilidad, intenta las consecuencias ordi-narias. Si el nombramiento que ha de hacerse no cae den-tro de las facultades ejecutivas de nombramiento del Go-bernador, no creemos que la legislatura pueda obligar al Gobernador a actuar en absoluto. Bajo su título de poder ejecutivo el Gobernador no puede ser requerido a hacer un nombramiento sin ejercitar su discreción.

Volviendo al caso de Torres es dudoso si al seleccionar los miembros para sus filas cuando la elección incumbe a la asamblea municipal, se está ejercitando la facultad ejecu-tiva de nombramiento.

El deber que incumbe al Gobernador, como dijimos en el caso de Pagán v. Towner, supra, es discrecional hasta cierto punto. Aunque la corte no debe tener el control de la selección particular que haya de hacerse, puede limitar dicha selección a las filas del Partido Socialista-y las per-sonas por él recomendadas, suponiendo siempre que dicho partido ciertamente obtuvo el segundo puesto en número de votos en la última elección. Tal limitación tiene derecho a hacerla la legislatura. Otros casos podrían surgir en que el auto procedería pero el peticionario no se ha colocado dentro de ninguna excepción reconocida a la regla sentada por nosotros en el caso de Pagán, supra, de que el Gober-nador no está obligado a nombrar a la única persona cuyo nombramiento se le someta.

Además, a pesar del hecho de que han sido presentadas a nosotros tres peticiones en los dos casos para el nombra-miento de Bolívar Pagán, el peticionario ha dejado de de.-cir las razones dadas por el Gobernador para-rehusar nom-brar a dicho Bolívar Pagán aunque la petición tendió a mos-trar que las razones eran conocidas del peticionario. Non constat independientemente de las anteriores consideracio-nes, que las razones para no nombrar a Bolívar Pagán hu-bieran justificado la actuación del Gobernador. El peticio-nario dejó de presentar todos los hechos ante esta corte.

El auto debe ser denegado.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.

opinión disidente del

juez asociado sr. Franco soto.

La opinión y sentencia última de la corte, de marzo 12, 1926, hace que deba insistir diciendo algo más de lo que con alguna amplitud expresé en mi voto disidente a la reso-lución de esta corte de febrero 3, 1926.

La cuestión envuelta es la misma, y no he podido encon-trar en la nueva opinión del tribunal, emitida por el Hon. Juez Wolf, algo que me hiciera variar en mis conclusiones. Si así hubiera sido, lo habría expresado con el placer del que descubre su error, porque las injusticias que descansan en equivocaciones son las más desafortunadas.

La corte reconoce que por los términos en que está con-cebido el estatuto, este caso no puede diferenciarse del caso de Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, 33 D.P.R. 349, pero hace la salvedad que por las condiciones que lo rodean son totalmente distintos. Una de las condiciones parece ser. que el peticionario en el presente caso “dejó de presentar todos los hechos ante esta corte.” Me parecía haber to-cado lo suficiente este punto en mi opinión anterior. Aña-diré ahora que en el caso de Torres, supra, p. 354, se de-claró que el tribunal estaba satisfecho “en vista de las citas del peticionario, de que en cuestiones de tan alta naturaleza pública un previo requerimiento para que se cumpla el acto en cuestión no es necesario.” Y las autoridades de que entonces quedó satisfecha la corte, son las citadas por el abogado de Torres en su alegato y que dicen lo siguiente:

“Las autoridades no están en armonía sobre la cuestión de cuándo es necesario un requerimiento como condición precedente a la concesión del auto. Es indudablemente la regia general si no invariable que en los casos en los cuales sólo están envueltos intereses privados, debe hacerse y alegarse un requerimiento. Hay una dis-tinción, sin embargo, entre casos que envuelven un mero derecho privado a que se cumpla un deber y aquellos en los cuales los inte-reses públicos generalmente son afectados, y en los que un ciuda-dano tiene el mismo interés en el cumplimiento de un deber público como otro. Cuando no están envueltos tales intereses generales y solamente son afectados meros derechos privados, el relator debe, en un procedimiento de mandamus, alegar y probar el requerimiento y la negativa por parte de la persona o personas a quienes se trata de obligar a actuar por medio del auto; pero cuando el deber es estrictamente de naturaleza pública, como cuando incumbe a un fun-cionario público y no es un deber especial que afecta peculiarmente al relator, no hay nadie especialmente facultado para exigir su cumplimiento ni tampoco necesidad alguna para un requerimiento y una negativa. En tal caso la ley que impone el deber es un reque-rimiento que continúa y el abandono en su cumplimiento una nega-tiva que también continúa. State vs. County Judge of Marshall, 7 Ia. 186; Chumersero v. Potts, 2 Mont. 242; Commonwealth v. Comm’rs of Alleghany, 37 Pa. St. 237; State v. Bailey, 7 Ia. 390; People v. Kipley, 49 N. E. 229; 171 Ill. 44; Attorney General v. Boston, 123 Mass. 460; State v. Board of Finance, 38 N.J.L. 259; State v. Jacksonville, 22 Fla. 21.” 2 Spelling, págs. 1191-92.
“Según el mejor criterio cuando el deber que se trata de hacer cumplir es uno que se tiene con el público en general, no es nece-sario ningún requerimiento para su- cumplimiento para que el de-mandado esté faltando como requisito previo a la solicitud de mandamus para compeler el cumplimiento del deber; en tales casos la ley misma está en lugar de un requerimiento y la omisión en cum-plir el deber requerido en vez de una negativa. People v. Kipley, 171 Ill. 44, 49 N.E. 229, 41 L.R.A. 775; State v. Spokane St. R. Co., 19 Wash. 518, 53 Pac. 719, 67 A.S.R. 739, 41 L.R.A. 515.” 18 R.C.L. p. 123.

Sería nimio negar el alto carácter o trascendencia pú-blica de la cuestión qne debatimos. ¿Cómo, pues, ser con-sistentes en este caso para insistir tanto en las razones o hechos que parece obligarse al peticionario a consignar en su petición, explicando la negativa del demandado? Y si ésta, sin embargo, ha sido alegada, explicándose que no se han aducido razones y más bien se muestra la 'actitud pa-siva y de reserva del demandado, ¿cómo exigir todavía que se expongan todos los hechos o motivos, si sólo por el de-mandado son conocidos? Esta es la condición impracticable que se intenta imponer al peticionario, pues únicamente disponiendo de una fuerza psíquica extraordinaria o telepá-tica es como tal vez podía sorprenderse las reservas menta-les del demandado.

El caso de Torres, ante, se fundó en principios de aplica-ción general. No se rectifica, por ejemplo, que “un deber ministerial legal puede existir aunque la persona a quien se trate de obligar mediante mandamus tenga que interpretar una ley o examinar a un propuesto miembro para ver si reúne las condiciones legales.” 33 D.P.R. 353. Se llegó también a la conclusión de que la Legislatura de Puerto Rico tenía derecho a dejar que se cubra una vacante por los organismos políticos y el pensamiento de esta corte se eleva a consideraciones de mayor amplitud en sentido de que por la Constitución de los Estados Unidos la facultad de nom-bramiento puede dejarse por el Congreso' al Presidente o a los jefes de departamentos sin dudar que el Congreso tiene el derecho de fijar tal facultad de nombramiento en alguna otra parte, y así asociando ideas, la corte declara que la his-toria de los Estados Unidos ha demostrado que los partidos políticos están reconocidos para varios fines como entidades legales. 33 D.P.R. 352. Munro, en su tratado sobre el Go-bierno de los Estados Unidos, dice lo siguiente:

“Sea cual fuere la teoría de la Constitución, las organizaciones de partidos en realidad se lian convertido en los grandes factores de-terminantes de la política en el gobierno americano.
“Las organizaciones americanas de partidos se han desenvuelto de los principios rudimentarios pero son ahora las instituciones más acabadas y eficientes de su clase en cualquier país. Págs. 330, 341.

A pesar de todo, es difícil comprender que fuera necesa-rio haber ido tan lejos en teoría para que luego, en la prác-tica, el poder ministerial de nombramiento, a propuesta de los organismos políticos dominantes, se limite solamente a hacer obedecer ciegamente a simples asambleístas munici-pales. Me resisto a pensar, sin embargo, si mi noción de la justicia es exacta, que sus reglas puedan ser de tal modo elásticas que dependa su virtualidad de las condiciones más o menos jerárquicas de un demandado.

Yo admito que el demandado en este caso tiene discre-ción al ejercer su poder ministerial de nombrar y aunque no hay discrepancia en que la discreción tiene su límite, mi punto de vista es que ella no puede tener más limitación que la que podían haber ejercido las asambleas municipales, al cubrir las vacantes ocurridas en su propio organismo. Se resuelve nuevamente, sin embargo, que la autoridad de nom-brar conferida al Gobernador cae dentro del poder de nom-bramiento del ejecutivo con los consiguientes privilegios y responsabilidades y que tal facultad es de selección y discre-ción. Esto es correcto en cuanto a los nombramientos que por nuestra constitución orgánica (Acta Jones) ha quedado» investido originalmente el Gobernador para hacerlos, pero con excepción de tales nombramientos que se especifican en el Acta Orgánica, no existe en la misma, cláusula alguna general que disponga que cuando exista una vacante en cualquier cargo público, el Gobernador nombrará la persona para cubrir la vacante. El Congreso nos dió un gobierno representativo con los tres poderes históricos coordinados y no privó a nuestra Legislatura del poder de autorizar a otros de hacer nombramientos o el derecho de delegar por medio del estatuto a algún otro la facultad ministerial de nombramiento. La Legislatura puertorriqueña hizo uso de su autoridad al decretar la ley de elecciones y en su sección Is- lo que prácticamente dice al Gobernador es: Nosotros he-mos dispuesto lo necesario para la creación, como lo hemos hecho, de una Junta Insular de Elecciones y deseamos que sean nombradas las personas que en la forma propuesta han de ocupar los puestos. ¿Quiere usted nombrarlos por noso-tros y hacerlo de modo que se cumpla nuestra intención ex-presa de garantizar una junta no partidarista?

Esta manera de ejercer la Legislatura su autoridad, que la tiene por el Acta Orgánica, no es una invasión del poder ejecutivo. Si el poder legislativo local no pudiera determi-nar las condiciones en que debe llenarse un cargo o los re-quisitos que debe reunir la persona elegible y las sugestio-nes que deben prevalecer en virtud del reconocimiento que ¡se ha dado a los partidos políticos principales para que [tenga efecto tangible el propósito que tuvo el legislador, 'había que decir entonces que la Legislatura no tenía nin-gún poder constitucional para decretar la sección L de la Ley Electoral en los términos que fué redactada. Sin embargo, el precepto no es una innovación en la historia del go-: Memo de los Estados. El- requisito del credo político del elegible y la propuesta o selección por los partidos domi-nantes es la regla estatutoria en muchos Estados y no la excepción. La ley interpretada en el caso de Torres es un ejemplo de la regla general. El caso reportado en 61 S. W. 218 es otro ejemplo práctico de cómo el Gobernador tuvo que seguir la propuesta de cierta organización para la com-posición de cierta junta examinadora.

Dada la teoría general de este caso y admitido, por otra parte, por todos qne el demandado tiene solamente cierta discreción al ejercer sn poder delegado de nombrar, no he podido ser convencido qne sea jnsto. negar de plano el mandamus sin expedir, por lo menos, el anto alternativo dando así nna oportunidad para conocer hasta dónde pnede alcan-zar tal discreción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señou Addbey,

license: Public Domain

text:
    Carmen María Nadal Carrión, demandante y apelada, v. Angel Carrión, demandado y apelante.
    No. 3611.

    Visto: Noviembre 6, 1925.

      Resuelto: Marzo 12, 1926.
    1. Injunction- — Injunctions Preliminares o Interlooutorios' — Fundamentos de, v Procedimiento para Obtenerlos — De la Petición o Solicitud — Ale-gaciones en la Misma — Petición Ambigua, Ininteligible y Dudosa. — Ra-dicado pleito sobre nulidad de adjudicación de bienes, y solicitado injunction para prohibir cobrar las rentas de los mismos, la alegación en la petición de injunction de que los bienes pertenecen a la demandante — no obstante ale-garse también que fueron adjudicados al demandado — no la hace ambigua, ininteligible y dudosa; aquella alegación es consecuencia del pleito principal.
    2. Injunction — Injunctions Preliminares o Interlooutorios — Fundamentos de, y Procedimiento para Obtenerlos — De la Petición o Solicitud — Sufi-ciencia de la Misma. — En petición de injunction — solicitado en pleito sobre. nulidad de adjudicación de bienes — para prohibir el cobro de las rentas, la alegación d'e que el adjudicatario escribió a los arrendatarios para que le paguen los arrendamientos, se resolvió suficiente, con las demás alegaciones, para solicitar la petición de prohibición mencionada.
    3. Injunction — Naturaleza y Fundamentos en General — Existencia de Otro Remedio Adecuado en el Curso de la Ley — Prohibición no Decretada de Acuerdo oon la Ley sobre Efectividad de Sentencia.. — Una parte no sufre perjuicio alguno con qne la prohibición decretada contra él se diete en un procedimiento de injunction en el que ha sido oído, y no de acuerdo con la Regla H de la ley para asegurar la efectividad de sentencias.
    4. Injunction — Injunctions Preliminares o Interlooutorios — Fundamentos de, y Procedimiento para Obtenerlos — Concesión del Injunction — Pro-nunciamiento Erróneo. — Solicitado injunction, en pleito sobre nulidad de adjudicación • de bienes, para prohibir al adjudicatario el cobrar las rentas, la resolución facultando a la demandante para cobrarlas, no habiéndose exi-gido fianza por las rentas, es errónea.
    Resolución de Angel Acosta, J. (Mayagüez), decretando nn injunction preliminar prohibiendo al demandado cobrar las rentas de bienes que le fueron adjudicados y cuya nulidad se solicita.

      Mo-dificada y confirmada.

      A. Nazario Lugo y Emilio Forestier Gregory, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Addbey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña María del Carmen Nadal Carrión demandó a Angel Carrión para que sea declarado nulo el juicio ejecutivo hipotecario que el segundo siguió contra la primera para el cobro de dos pagarés al portador garantizados con hipoteca de varias fincas cuyo resultado fué la adjudicación de esas fincas en subasta pública al ejecutante, siendo el fundamento principal de esa demanda de nulidad que esos pagarés hipo-tecarios han sido declarados nulos en otro juicio entre las mismas partes por haberse apoderado de ellos Angel Ca-rrión clandestina e ilegalmente sin causa o consideración y también por defectos de la demanda ejecutiva hipotecaria. Con la demanda de nulidad del ejecutivo hipotecario se pre-sentó una petición jurada de injunction a fin de que se pro-hibiera a Angel Carrión que cobrase las rentas de los bienes que le fueron adjudicados en la subasta alegándose que así intentaba hacerlo según cartas que escribió a algunos arren-datarios de los bienes; que el demandado se propone apelar de la sentencia que declara nulos los pagarés y la hipoteca que los garantiza, con el propósito de dilatar la terminación definitiva de ese. litigio: que si el adjudicatario de esos bie-nes cobrase sus rentas mientras dura este pleito, que ascien-den a |190 mensuales, la demandante perdería totalmente ese dinero porque el demandado es insolvente y carece de bienes para restituirlo en caso de que prosperase su de-manda, por lo que si se negara el injunction que se soli-cita la demandante sufriría daños irreparables. Se hicieron parte de la petición la demanda jurada establecida contra Angel Carrión sobre cancelación del gravamen hipotecario y el procedimiento ejecutivo hipotecario a que nos hemos referido, apareciendo que la primera se fundó en que si bien la madre de la demandante otorgó dos pagarés al por-tador garantizados con hipoteca tales pagarés no fueron ne-gociados, enajenados ni dados en garantía por la deman-dante ni por su madre, en cuyo poder se encontraban a su fallecimiento, y de los cuales se apoderó clandestina e ile-galmente Angel Carrión, persona insolvente a quien la ma-dre de la demandante proporcionó casa, comida y algunas pequeñas cantidades de dinero.

Oídas las partes con respecto a la petición de injunction la corte inferior lo decretó prohibiendo al demandado que practique acto alguno tendente al cobro de las rentas y or-denándole que mientras se dicte sentencia en el pleito no obstaculice el cobro de esas rentas por doña María del Carmen Nadal Carrión a la que se exigió que prestase fianza por mil dólares.

De esa resolución apeló Angel Carrión para ante no-sotros alegando para que la revoquemos que la petición es ambigua, ininteligible y dudosa; que no expone hechos de-terminantes de causa de-acción, y que la demandante tiene un remedio suficiente, adecuado y rápido en el curso ordi-nario de la ley para obtener lo que solicita mediante injunction. El apelado no presentó alegato escrito y los aboga-dos de las partes no comparecieron a la vista de esta ape-lación.

La alegación de que la petición de injunction es ambigua, ininteligible y dudosa se hace descansar en que en una de sus alegaciones se dice que los bienes hipotecados han sido adjudicados al demandado mientras que en otra se consigna que la demandante es la dueña de esos bienes, pero no tiene razón el apelante en esa excepción porque la manifestación de la demandante de que los bienes le pertenecen a pesar de decir que fueron adjudicados al demandado es consecuencia de su pleito en que alega que es nula la adjudicación de bienes hecha al demandado en el ejecutivo hipotecario.

En cnanto a que la petición de injunction no aduce hechos suficientes para solicitarlo se dice que así es porque los casos 2- y 3° de la Ley sobre Injunction lo autoriza para actos ejecutados durante el litigio pero no para actos ante-riores a él como son los alegados referentes a que el deman-dado lia escrito antes de la radicación de la demanda a los inquilinos de sus fincas para que le paguen sus arrenda-mientos.

El artículo 3 de dicha ley dispone que podrá librarse un injunction en los casos que enumera, siendo el 2o así: “Cuando de la petición o declaración jurada resultare que la comisión o continuación de algún acto, durante el litigio, habrá de causar pérdidas o daños irreparables a algunas de las partes.” .De las palabras transcritas no aparece que solamente puede decretarse cuando las actos se cometan después de iniciado el pleito en que se solicita pues dice “cuando resultare que la comisión o continuación de algún acto”, lo que permite librar el injunction para impedir la comisión de ciertos actos durante el litigio por lo que la ale-gación de que el demandado ha escrito a los arrendatarios de las fincas para que les paguen los arrendamientos de ellas demuestra la intención de seguir cobrándolos durante el litigio, acto que como adjudicatario puede ejecutar si no causa perjuicio irreparable o de consideración a otra persona, pero que es suficiente con los otros hechos alegados para la petición de prohibición que se presentó.

Réstanos la última cuestión propuesta, fundada en que la demandante tiene remedio en la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, de acuerdo con su sección 2% regla H, según la cual en lo no previsto en las reglas anteriores el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia, alegándose que de acuerdo, con ella el tribunal hubiera ordenado que se depositaran dichas rentas y no hubiera dispuesto que sea la demandante la que las cobre privando al demandado de sus bienes sin un debido proceso de ley.

Aun cuando fuera aplicable la ley de efectividad de sen-tencias como en el caso de Goffinet v. Polanco 30 D.P.R. 835 Remos declarado que algunas de las reglas de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias surten el mismo efecto que una orden de injunction y llenan la misma for-malidad, y que la regla H confiere poder discrecional y equitativo a la corte, el apelante no lia sufrido perjuicio alguno con que la prohibición decretada contra él se baya dictado en un procedimiento de injunction en el que ba sido oído, y no de acuerdo con la regla H citada, por lo que no existe el error que alega,

Con respecto al particular de la resolución apelada referente a que el demandado no obstaculice a la demandante en el cobro de dichas rentas mientras se termina el pleito, o en otras palabras facultando a la demandante para cobrarlas, creemos que es erróneo pues como la fianza exigida por la Corte a la demandante sólo garantizará al demandado los daños y perjuicios que pueda sufrir por la or-den de injunction si se resolviese en definitiva que el pleito en que se decretó no es procedente, según la Sección 7* de la Ley de Injunctions y no la devolución de las cantidades que cobre, la corte inferior debió decretar que la demandante depositara esas rentas en el tribunal a las resultas del juicio o exigirle otra fianza por las rentas. En este ex-tremo debe ser modificada la orden recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Martirián Funtané, demandante y apelante, v. Joel Goldberg, dueño o manager de The Coney Island Amusement Shows, demandado y apelado.
    No. 3589.

    Visto: Mayo 7, 1925.

      Resuelto: Marzo 12, 1926.
    1. Alegaciones — Cuestiones en Controversia (Issues), Pruebas e Incongruen-cias (Variance) — Re las Pruebas — Su Admisibilidad Bajo las Alegacio-nes — Cuestiones en Issue. — Demandada una persona como dueño o repre-sentante de una empresa y negada por dicha persona la condición de dueño, prueba al efecto de que el demandado no era tal dueño es admisible en evi-dencia.
    2. Partes — Nuevas Partes y Cambio de Partes — De las Nuevas Partes— Obligación del Tribunal a Traerlas. — El artículo 74 del Código de En-juiciamiento Civil no puede interpretarse en el sentido de permitir al demand ido, so pretexto de incluir partes adicionales, comenzar una nueva acción cuando hubiera fracasado enteramente en la primera por no haber presen-tado una buena causa de acción contra el demandado original.
    3. Partes — Nuevas Partes y Cambio de Partes — De las Nuevas Pautes-Obligación del Tribunal a Traerlas. — .Ejercitada acción contra una persona como dueño o representante de una empresa, si apareciere en el juicio que dicha persona no era dueña ni tenía poder para asumir la representación del verdadero responsable, el dueño, la corte sentenciadora no está obligada a traer como parte demandada al verdadero dueño.
    4. Principal y Agente — Derechos y Responsabilidades con Respecto a Terce-ras Personas — Actos Ilegales o no Autorizados — Negligencia o Actos Ilegales de los Agentes y sus Empleados. — Si bien un sirviente o agente es personalmente responsable de un acto que real o presuntivamente él sabe es torticero, no es responsable por daños causados a un tercero por la mera omisión de cumplir debidamente un deber impuéstole por su patrono.
    SENTENCIA de Gabriel Gaste jón, J. (Guayama), declarando sin lugar demanda sobre daños y perjuicios, con costas.

      Confirmada.

      G. Domínguez Rubio, abogado del apelante; M. A. Martínez Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Martirián Funtané demandó a Joel Goldberg en recla-mación de daños y perjuicios. Alegó en sn demanda qne el 5 de junio de 1924 el demandado, “dueño o representante de nn espectáculo conocido con el nombre de Coney Island, integrado por dos aparatos, una estrella giratoria y nn ca-rrusel,” abrió dicho espectáculo al público; qne el deman-dante, previo pago, montó en nn caballito del carrusel, y que puesto el carrusel en movimiento, el caballito en qne mon-taba “se desprendió de nn artefacto, muelle, resorte o de algo que el demandante no puede decir con certeza” y el demandante fné lanzado a tierra recibiendo los golpes qne le ocasionaron daños y perjuicios cuyo valor estima en mil dólares.

.El demandado contestó negando qne fuera dueño del es-pectáculo y qne sus aparatos estuvieran bajo su control., Negó además qne los hechos hubieran ocurrido en la forma alegada por el demandante y como materia nueva de opo-sición a la demanda alegó que si el demandante sufrió la caída de qne se trata se debió “únicamente a sn inexperien-eia y a su negligencia, al estar tratando de hacer piruetas para demostrar ante el público su habilidad de jinete, y que a no ser por la negligencia del demandante .... no hu-biera ocurrido el accidente.”

Fué el pleito a juicio. Se practicó prueba sobre todos los extremos de la demanda y contestación y finalmente la corte dictó sentencia declárando la demanda sin lugar con costas al demandante. No conforme éste interpuso el pre-sente recurso de apelación.

Como hemos visto, el demandado negó que fuera dueño del espectáculo y que tuviera bajo su control sus aparatos. Llamado a declarar como testigo por el demandante, se ex-presó así:

“Que se llama Joel Golberg, conoce al Sr. Girod: estuvo en Guayama en el mes de junio de este año; concurrió a la Alcaldía, al Municipio a pagar algunos derechos para un espectáculo que se llamaba Coney Island, que estaba en Guayama. Fui a pagar por otro señor, pero el Coney Island no era mío. Yo solamente soy el manager, tengo un salario. El manager o representante soy yo por-que el otro no conoce el negocio y yo le enseño. Se compone el Coney Island ese de diferentes aparatos: la machina, la estrella, pi-cas y otros aparatos; y de todo eso yo soy el manager. Todos están bajo mi dirección. El me paga cincuenta pesos semanales.
“Repreguntado por el Ledo. Martínez contesta: El dueño de ese Coney Island es Fritz Warner. Cuando el Coney Island actuaba ahí, estaba aquí mismo, en la población. Estaba él Girando los apa-ratos funcionaban, dentro de los aparatos; yo soy como un secreta-rio, como él no conoce los negocios él dice que yo le ayude hasta que él conozca un poco y él no conoce muy bien ese negocio; es el primer año que él compró los aparatos y yo tengo doce de experiencia; pero él estaba ahí en el mismo sitio y la misma noche estaba ahí.
“Repreguntado por el Ledo. Domínguez contesta: Cuando hay que arreglar los aparatos, algunas veces él va solo y otras veces él me manda a mí. Cuando él no conoce él me manda a mí; cuando conoce va él. Fui a la Alcaldía a pagar la luz porque me mandó allá, fui a donde Girod porque me mandó allá.”

Siguió declarando el demandado como su propio testigo y explicó más detalladamente su negociación con Warner, presentando tres documentos, a saber: uno privado cuyas firmas fueron autenticadas el 15 de marzo de 1924 ante no-tario público, por el que el demandado aparece vendiendo a Fritz Warner, una machina (carrusel) de caballitos; otro privado autenticado también ante notario creditivo de la venta en 2 de marzo de 1924 por el demandado al dicho Warner de una ola giratoria, y una escritura otorgada en Aguadilla el 2 de junio de 1924 ante el notario público J. B. García Méndez, ratificando las ventas a que se refieren los documentos anteriores.

Refiriéndose a estos extremos el juez sentenciador en su relación del caso y opinión dijo:

“De la evidencia presentada aparece que a la fecha del accidente la propiedad del caxrousell no pertenecía al demandado y sí a nn tal Warner quien lo había adquirido de aquél hacía algún tiempo; y fundado en tal hecho se interesó -la desestimación de la demanda.
“Se alega por el demandante que tanto el dueño como el manager responden de las consecuencias del accidente; esto es verdad pero en cierto modo; el principal responde de los actos de su em-pleado pero nunca la acción puede dirigirse contra éste que al ac-tuar en nombre de aquél no asumía responsabilidades propias sino en nombre del principal o la persona por la cual actuaba.”

En su alegato el apelante sostiene que la corte erró al admitir la prueba documental indicada y en todo caso al no cumplir con el deber que le imponía el art. 75 (debe ser el 74) del Código de Enjuiciamiento Civil al no resolver de-finitivamente el pleito trayendo al mismo como demandado a Warner.

Argumentando el primer error el apelante sostiene que “el demandado en este caso, fue la empresa, representada por su dueño o manager” y que los documentos admitidos sólo tendían a introducir confusiones.

La demanda comienza así; “Martirián Funtané Cintrón, demandante, vs. Joel Goldberg, dueño o Manager del Coney Island Amusement Shows.” Ya indicamos que en la de-manda se alega que el demandado era el dueño o represen-tante de nn espectáculo conocido con el nombre de Coney Island. No aparece, pnes, demandada la empresa sino el demandado como dueño o representante de la misma. Y siendo ello así, los documentos que demostraban de modo terminante que el demandado no era el dueño, fueron debi-damente admitidos.

En cuanto al efecto que pueda tener la alegación de que el demandante era el representante del espectáculo y la prueba aportada en relación con la misma, será considerado al estudiar el segundo error que envuelve la interpretación del artículo 74 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo en lo pertinente, dice:

“La Corte podrá resolver cualquier controversia entre las par-tes, siempre que fuere posible hacerlo sin perjudicar los derechos de otros, o salvando éstos; pero cuando no se pueda llegar a una completa resolución de la controversia sin la presencia de otras per-sonas, la Corte deberá entonces disponer la comparecencia de és-tas. ...”

John Norton Pomeroy en su obra “Code Remedies expone:

“Como la teoría en equidad sobre la cuestión de partes fué adop-tada en el nuevo sistema de enjuiciamiento, era natural esperar al-guna disposición para hacer cambios en las partes, ya añadiendo ya quitando. De acuerdo con esta expectación los códigos todos con-tienen secciones que prescriben regias. más o menos elaboradas y explícitas para guiar a las cortes en este asunto. Los códigos si-guen dos distintos tipos. Uno es la mera expresión en forma esta-tutoria de la doctrina relativa a la inclusión de partes adicionales que prevaleció largo tiempo en las cortes de equidad, añadiéndose una disposición que permite a,la corte ordenar sumariamente una intervención mediante moción en casos específicos, evitando así la demora y trabajo de una acción formal de'intervención. El código de New York adoptó esta forma y ha sido seguida, a veces con lige-ras variantes pero a menudo con exactitud literal, por la mayor parte de los códigos o leyes de práctica de los Estados. El otro tipo es enteramente distinto. Descarta enteramente todas las anti-guas nociones; va mucho más lejos que las concesiones de las cortes de equidad; crea, bajo el título de ‘Intervención’ una nueva divi-sión del enjuiciamiento. La noción fundamental es que la persona esencial y realmente interesada en el resultado de un litigio — la persona que tendrá derecho al beneficio final de una sentencia — puede en cualquier tiempo, en cualquier estado del caso, intervenir y ser hecha parte, de modo que toda la controversia posible termine en una acción y por una sola sentencia. Los Estados que han adop-tado este tipo con su mayor alcance son Iowa y California, y su ejemplo ha sido seguido en un número de otros Estados.” Pomeroy’s Code Remedies, 404-5.

Sigue el autor estudiando la materia y, en la página 411, expresa:

“Si una completa determinación de la controversia no puede hacerse sin la presencia de otras partes, la corte debe hacer que se incluyan como partes.”

Luego, en la página 413, completa su pensamiento así:

“Este deber perentorio no surge a menos que las condiciones del estatuto estén cumplidas, y la corte no ordenará la inclusión de nuevas partes demandadas contra la voluntad del demandante a menos que sean realmente necesarias en el sentido ya definido. De modo que, en una acción contra los endosantes de un pagaré, el de-mandante no será obligado a incluir al librador como co-demandado. Ni ha de ordenarse la inclusión de una nueva parte meramente con el fin de arreglar cuestiones entre dicha parte y el demandado en las que el demandante no tiene interés. El estatuto no permitirá al demandante incluir un nuevo demandado sin cuya presencia no. podría obiener sentencia pues entonces no tendría causa de acción. Tal procedimiento sería en efecto el comienzo de una nueva acción, y la disposición estatutoria asume que en la acción pendiente existe un derecho a recobrar contra los demandados originales. Al de-mandante no puede permitírsele, so pretexto de incluir partes adi-cionales, comenzar una nueva acción cuando hubiera fracasado en-teramente en la primera por no haber presentado una buena causa de acción.”

Aunque el autor en la división que establece al principio coloca a California entre los Estados que han adoptado el tipo de mayor alcance y nuestro Código sigue a California, y aunque sus conclusiones con respecto a que no cabe inter-pretar el estatuto en el sentido de permitir que se use para comenzar nuevas acciones, sólo están sostenidas por casos de Nueva York, nos parece el criterio tan lógico que será aceptado como norma por este tribunal. Nada en contrario se lia citado ni hemos podido encontrar en la jurisprudencia de California en el estudio que de la misma hemos llevado a efecto. Quizá sea conveniente recordar además que esta corte en el caso de J. Ochoa & Hno. v. José González Clemente & Co., decidió que “Cuando ejercitando una causa de acción que tiene su representado, el agente no la esta-blece a nombre de aquél como demandante sino a su propio nombre, el defecto no es de partes sino de falta de causa de acción y la demanda no es susceptible de ser enmendada.” 29 D.P.E. 1015.

¿Qué responsabilidad, según la demanda y la prueba, tenía el demandado?

Cyc., resumiendo la jurisprudencia, dice:

“Cuando el acto de un sirviente o agente es uno que él real o presuntivamente sabe -es torticero, él es personalmente responsable. ‘El que comete un acto ilegal o un acto legal en forma ilegal y daño positivamente agresivo a otro no puede evadir la responsabilidad por el mismo por el fundamento de ser agente de otro.’ Sin embargo, si la persona es meramente el instrumento inconsciente de otros al cometer el daño, no es personalmente responsable por las consecuencias, como cuando un sirviente o agente recibe bienes de quien él tiene derecho a creer es el dueño de ellos y meramente los transporta a otra persona. Ni es responsable el agente o sirviente a una tercera persona por daños causados por la mera omisión de cumplir debidamente un deber impuéstole por su patrono. La res-ponsabilidad en tal caso es solamente del patrono.” 38 Cyc. 470-71.

Entre los casos que apoyan el texto figura el de Van Antwerp v. Linton, 89 Hun. (N.Y.) 417, 35 N. Y. Suppl. 318 (confirmado en 157 N.Y. 716, 53 N.E. 1133), en el que se decidió que—

“En un caso en que los demandados fueron nombrados para constituir un comité de la junta de directores de una corporación para poner ciertos terrenos en condiciones para una partida de ba-lompié, y el demandante recibió daños debido a construcción defee-tuosa de las tribunas, se resolvió que la negligencia constituía una falta de cumplimiento y no envolvía la comisión en forma ilegal de un acto legal y que los demandados no eran responsables.”

Aplicando esos principios á los hechos tales como resul-tan de las alegaciones y las pruebas, es necesario concluir que el demandado no era responsable, y si no lo era, ni te-nía poder para asumir la representación del verdadero res-ponsable, el dueño, en el sentido de que un procedimiento se-guido contra él pudiera entenderse seguido' contra el dueño, es evidente que el demandante jamás llevó a la corte una verdadera parte demandada a la cual pudiera agregarse otra necesaria para ultimar debidamente la cuestión en-vuelta. Si el juez Rubiera ordenado la citación de Warner, de liecbo hubiera ordenado el comienzo de un nuevo pleito, y ya hemos visto que no es ese el espíritu ni el alcance del estatuto.

Habiendo llegado a la conclusión que antecede, no cabe entrar a estudiar y a resolver el caso en sus méritos, de-biendo simplemente confirmarse, por tal motivo, la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelante, v. Arturo Aponte, Jr., y Antonio González, demandados y apelados.
    No. 3553.

    Visto: Junio 16, 1925.

      Resuelto: Marzo 16, 1926.
    L Sentencia — Casos Contenciosos — Ooneormidad con las Diligencias (Process), Alegaciones, Pruebas y Veredictos y Conclusiones — Goneormidad con la Prueba Presentada —• Sentencia Sostenida ror la Evidencia. — Ejercitada acción en cobro de dinero en qufe se solicita sentencia contra va-rios demandados individualmente y eomo socios haciendo negocios bajo un nombre determinado, y estimada por la prueba la no existencia de la socie-dad, la sentencia que sólo condena a pagar a aquel de los demandados que originó y se hizo cargo de la cuenta reclamada, no es errónea.
    2. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Resolución Ne-gando Sentencia sobre las Alegaciones. — Dados los antecedentes del caso de autos y la naturaleza de la prueba producida y considerando que la ver-dadera cuestión litigiosa, entre las partes, se resolvió sin sorpresa, o falta de preparación para la demandante, la resolución de la corte negándose a dictar sentencia sobre las alegaciones se resolvió no fué perjudicial al de-mandante.

      SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Hmnaeao), declarando sin lugar la demanda sobre cobro de dinero en cnanto a ciertos demandados, y con lugar respecto a otro, con costas.

      Confirmada.

      Henry G. Molina, González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; Arturo Aponte, C. Travecier y Fernando Gallardo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La Central Pasto Viejo, Inc., inició este pleito en cobro de dinero contra Arturo Aponte, Jr., Antonio González y José López del Valle, solicitando de la corte inferior dictara sentencia contra dichos demandados “individualmente y como socios haciendo negocio bajo el nombre de ‘Aponte & González’ ” y condenarles a pagar a la demandante man-comunada y solidariamente la suma de $3,033.24, con inte-reses a razón del 9 por ciento anual, y costas. Para soste-ner esta petición se alegó, en resumen, que según ha sido informada y cree la demandante, los demandados constitu-yeron una sociedad agrícola bajo el nombre de Aponte & González, en o antes del día 3 de septiembre de 1921, con el fin de dedicarse a la siembra y cultivo de cañas de azúcar y que allá por el día 3 de septiembre de 1920 la demandante, a solicitud de Arturo Aponte, Jr., abrió una cuenta co-rriente a favor de la mencionada sociedad para los gastos de siembra, originándose así el saldo que se reclama.

La corte inferior dictó sentencia condenando a Antonio González a pagar dicha suma de $3,033.24, eximiéndole del pago de intereses y declarando sin lugar la demanda en cuanto a los demás demandados, siendo esa • declaración el motivo de' esta apelación.

La corte inferior al apreciar la prueba estimó la no existencia de la sociedad “Aponte & González” y de que Arturo Aponte, Jr., no tuvo intervención para que se abriera a su “solicitud” una cuenta corriente a favor de la entidad que aparece en los libros de la demandante bajo el nombre de “Aponte & González”. La corte inferior en esos puntos no hizo otra cosa sino resolver cuestiones de hedió en que algunas de sus circunstancias fueron ampliamente analiza-das en el caso No. 3767, Central Pasto Viejo, Inc., v. Arturo Aponte, Jr., de enero 29, 1926 (34 D.P.R. 890). Nos refe-rimos a la correspondencia que se alegó haberse enviado a Aponte incluyéndole extracto de cuentas y a las conferencias que Bar agaño y "Walker tuvieron con el demandado, inter-viniendo otras personas de una y otra parte. Pero al par-ticularizar la cuenta que por el presente pleito se reclama, aparece claramente que cuando se inició la llamada cuenta de refacción de Aponte & González, y que se alega que se abrió a requerimiento de Arturo Aponte, Jr., este deman-dado estaba ausente de Puerto Rico. Nada consta por es-crito en cuanto al contrato en sí de refacción y lo más im-portante de la declaración del administrador Baragaño en que trata de explicar el origen de la cuenta y las relaciones de los demandados entre sí y la central, dice así:

“Esta cuenta fue originada allá para fines de agosto o princi-pios de septiembre: el señor González acompañado del señor López del Valle, estaba en la oficina de la Central, y cuando yo entré en la oficina, se encontraban los dos dentro de la oficina, estando tam-bién el cajero de la Central, el señor Rafael P. Vargas, y el escri-biente Manuel Santiago, y al llegar yo a la oficina el señor Gonzá-lez me dijo que ellos iban a buscar un dinero para refacción de ca-ñas que estaban sembradas en la finca Santa Teresa y en el Caraco-lillo; que el. señor Aponte les dijo que ellos podían tomar algún dinero para la refacción.
“Y yo le dije que yo no tenía ninguna orden del señor Aponte para eso, y además, no se había hecho ningún contrato de refacción. Y me dijo entonces, que estaban sembrando cañas en la-finca Santa Teresa y en el Caracolillo que iban a ser molidas en la Central, y toda vez que era muy poco tiempo se podría dar el dinero, para en cuanto regresara el señor Aponte arreglar eso y pagarlo. Y yo ac-cedí a dar el dinero. Entonces el señor Aponte no llegó en diciem-bre y llegó en febrero, y entonces en diciembre yo le llamé la aten-ción al señor González, que la cuenta crecía y no había contrato de refacción, y entonces me informó que cuando el señor Aponte re-gresara que él se haría cargo de pagar la cuenta.
“¿Quién se baria cargo? — González; pero él nunca se bizo cargo de pagar las cañas. „
1 ‘ Hon. Juez. — ¿ Cuáles fueron las palabras, y dispense ? — El señor González me dijo que si al regresar el señor Aponte de su viaje, y estaban conformes, que el señor González se baria cargo de la cuenta, y eso nunca lo hizo, sino que después de llegar el señor Aponte, el señor González fué a buscar un semanal y yo le dije que no se lo podía dar, porque yo le había dado aquel dinero para cuando re-gresara el señor Aponte arreglar el pago de la cuenta o hacer un crédito refaccionario, y me solicitó que le diera el último semanal y que no tomaría ya basta que entre ellos no se arreglasen las cuentas.
“¿Y cuando regresó el señor Aponte tuvo usted con él alguna conversación con respecto a esa cuenta! — Sí, recién llegado cuando yo le dije eso del semanal él se vino para Humacao.
“¿Quién es él? — González, el que fué a buscar el dinero, y desde la oficina del señor Aponte creo que me habló. Ledo. Aponte: ¿Cree!. — Se me habló.
“¿Quién le habló? — Yo tengo la creencia que fué el señor Aponte, que me dijo que le diera el último semanal. — Ledo. Molina: Ya está hecha la pregunta y contestada.
“¿Por qué tiene esa creencia, señor Baragaño! — Porque lo re-cuerdo ahora, que creo que era la voz del señor Aponte me parece que fue él quien me habló en cuanto al semanal. — Ledo. Aponte: Yo pido la eliminación en cuanto a lo que manifiesta que cree. — • Testigo: Yo no podría decir que fué una conversación personal con el señor Aponte porque recordaría perfectamente el hecho. Yo creo-que fué por teléfono, desde su oficina.”

Esta declaración es más bien incongruente con la de-manda en donde se afirma que la cuenta se abrió a solicitud de Aponte, y por otra parte el testigo demuestra cierta inse-guridad al referir la conversación que tuvo con Aponte para así, no obstante, ecbar sobre él el peso de la responsabilidad de otros y que asumiera in sólidum la relación contractual. La corte inferior no pudo llegar a ese extremo y sus con-clusión fué correcta.

Resueltas las cuestiones de becbo, el único punto legal que levanta la apelante se refiere a la resolución de la corte inferior negando dictar sentencia sobre las alegaciones.

Sostiene la apelante que habiéndose jurado la demanda y no negándose específicamente sus alegaciones en la contes-tación por los demandados, ésta es insuficiente.

La demanda original se interpuso en octubre 6, 1921. Después de mociones para eliminar y excepciones previas y solicitud de prórroga para contestar, se anotó la rebeldía de los demandados, y en marzo 3, 1922, se dictó sentencia en su contra. En marzo 30, 1922, a petición de los demanda-dos, se dejó sin efecto la anotación y sentencia en rebeldía y los demandados archivaron su contestación. El juicio se se-ñaló por primera vez para el 24 de mayo de 1922 y fué sus-pendido a moción de los demandados. En diciembre 26, 1922, la demandante pidió permiso para presentar una de-manda enmendada, consistente la enmienda en la inclusión en la demanda de otro demandado, José López del Valle, por haberse enterado la demandante después de radicada la demanda primitiva, que aquél también había sido intere-sado o era uno de los socios de Aponte, G-onzález & Ca., y en añadirse a la cuenta objeto del pleito, el anticipo en efec-tivo de $112.35 a Aponte & Oía., por haberse omitido “como consecuencia de hechos establecidos en otro litigio ante esta corte,” según alega en su moción la demandante. La de-manda así enmendada fué archivada y luego de ser excep-cionada por falta de causa de acción, Jos demandados en fe-brero 27, 1923, contestaron la demanda en igual o parecidos dórminos que lo hicieron a la demanda original. El 3 de julio de 1923 fué que se presentó la moción pidiendo senten-cia sobre las alegaciones. Ya estaba señalada la vista del' caso para dos días después, julio 5, 1923, y al empezarse el juicio, que fué celebrado en dicha fecha, la corte inferior negó la moción de la demandante.

Bajo los antecedentes de este caso y fundada la demanda en la reclamación del saldo de una cuenta de refacción para la siembra de cañas y dada la naturaleza de la evidencia producida que se refería a la presentación de ciertos esta-dos de cuenta y de su alegada remisión al demandado Arturo Aponte, contra quien se hacía recaer todo el peso de la responsabilidad, lo que, en los particulares de esa prueba quedó ampliamente discutido, según más arriba se ba indi-cado, y que la verdadera cuestión litigiosa en este caso, en-tre las partes, se resolvió sin sorpresa o falta de prepara-ción para la demandante, parecía bien obvio que los deman-dados hubieran podido fácilmente enmendar su contestación y por consiguiente, la resolución de la corte de no acceder a dictar sentencia sobre las alegaciones, de acuerdo con lo que dispone el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, no fué perjudicial a la pretensión de la demandante.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: .El Juez Asociado SeñoR Fbanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mariano Rexach, acusado y apelante.
    No. 2684.

    Visto: Marzo 4, 1926.

      Resuelto: Marzo 16, 1926.
    1. Hurto — Proceso t Castigo — "Indictment” y Acusación y Denuncia — Su-ficiencia de las Mismas — Hurto Menor. — Urna denuncia por hurto menor que alega que el acusado . . . con intención criminal sustrajo un cerdo . . . valorado en $18 que pertenecía a otro que no es el acusado, es suficiente.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores Per-judiciales — Admisión de Prueba Objetada — Hechos a que se Refiere la Prueba que han sido Establecidos por Otra Prueba. — No constituye error perjudicial al acusado la negativa a eliminar la admisión de cierto testimonio de referencia cuando los hechos a que dicho testimonio se refiere han sido también declarados (admitidos) por el propio aeusado en su declaración.
    3. Hurto — Proceso y Castigo — Evidencia — Suficiencia de la Misma. —• Una prueba que tiende a establecer la posesión de la cosa sustraída en el acu-sado y que identifica ésta como siendo la misma que le había sido sustraída al perjudicado, es suficiente.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (Humacao), condenando al aeu-sado por delito de hurto menor, sin costas.

      Confirmada.

      Fernando Gallardo, abogado del apelante; José J5. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado. •
   .El Juez Asociado SeñoR Fbanco Soto,

emitió la .opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia que condenó al acusado a sufrir la pena de seis meses de cárcel por el delito de hurto menor.

El apelante apunta los siguientes errores:

“1. La corte erró al no declarar con lugar la excepción de que la denuncia no contenía hechos suficientes para imputar al acusado un delito público.
“2. La corte erró al permitir al testigo Casimiro Bios declarar sobre cosas que otra persona, que no era el acusado, le había dicho.
“3. La corte cometió error al no declarar con lugar la moción que sobre absolución perentoria presentara el acusado.
“4. La corte erró al declarar culpable al acusado del delito de hurto menor imponiéndole seis meses de cárcel.”

La denuncia que se excepciona por no contener hechos suficientes para imputar al acusado un delito público, en lo pertinente dice:

“. . . . el referido acusado allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención criminal sustrajo un cerdo color negro valorado en $18.00 y que pertenecía a la propie-dad de Santiago Figueroa.”

La denuncia tal como está redactada es suficiente. Ella expresa claramente que el cerdo pertenece a Santiago Figueroa, que no es el acusado, y por otra parte la jurispru-dencia de esta Corte Suprema tiene resuelto que cuando en una acusación, como ocurre en este caso, se usa el vocablo “sustraer,” esto “equivale de modo suficiente a una o más de las palabras inglesas ‘taking,’ ‘carrying,’ .‘leading’ o ‘driving away,’ no pudiendo hacerse propiamente ninguna objeción a su uso.” El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 112.

Se alega como otro error haber admitido el testimonio del testigo Casimiro Líos en cuanto declara que el individuo Basilio Díaz le informó delante del acusado que éste “le había ofrecido el cerdo y se lo daba en ocho dollars.” La defensa solicitó la eliminación de esta parte de la declaración fundándose que era de referencia; y a la negativa de la corte, la defensa tomó excepción. Como el acusado ad-mite en su declaración que tenía el cerdo en la plaza de Santurce para la venta ofreciéndolo en catorce dollars y que el individuo Basilio Díaz le ofreció ocho dollars, no vemos, bajo las circunstancias, que si hubo error en la resolución de la corte inferior, fuera perjudicial al acusado.

Los dos últimos errores se refieren a la apreciación de la prueba y a nuestro juicio ella es suficiente para sostener la sentencia. No solamente tendió a establecer la posesión del cerdo en el acusado sino que la explicación de que se lo regaló su madrina siendo muy pequeño, es una manifestación que no creyó la corte inferior,1 quien seguramente tuvo en cuenta que el perjudicado identificó el cerdo como siendo el mismo que le había sido sustraído. La oportunidad, por consiguiente, que se le dió al acusado para explicar la posesión del objeto robado, más bien levantó un conflicto en la evidencia que fué dirimido por el juez sentenciador en contra del acusado.

La simple posesión de cosas robadas se discute en el caso de El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7, y no parece que por sí sola pueda constituir el delito de hurto. Allí se refiere que en los casos de California se declara que la po-sesión de la propiedad poco tiempo después de ocurrido el robo es una circunstancia sospechosa que en unión de otras exige al acusado que explique dicha posesión. Se citan las autoridades y se dice además:

“En el caso de Vidal, supra, se declaró, que habiéndose encon-trado al acusado en posesión de una yegua que había sido reciente-mente robada era suficiente con que se presentara alguna otra ligera prueba corroborante- de hechos que tendieran a inculparlo para so-meter el caso al jurado. Uno de los otros hechos que ha sido con-siderado como suficiente para declarar culpable a una persona que está en posesión de objetos recientemente robados es el de no expli-car dicha posesión cuando se le da la oportunidad de hacerlo. Thompson v. State, 41 S. W. 638; State v. Marshall, 74 N. W. 763; State v. King, 96 N. W. 712; 25 Cyc. 138.” El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 11.

Por todo lo expu,esto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    Margarita Blondet Viuda de Rubert, demandante y apelada, v. Generoso A. Flores, demandado y apelante.
    No. 3818.

    Visto: Marzo 5, 1926.

      Resuelto: Marzo 16, 1926.
    1. Cortes — Ooetes de Distrito — Apelaciones de las Cortes Municipales — Ca-sos Civiles — Desestimación—En General. — Los términos del último apar-tado de la sección 1 de la Ley No. 13 de 1917 (1917 (2), p. 225) son im-perativos.
    2. Cortes — Cortes de Distrito — Apelación de las Cortes Municipales — Casos Civiles — Desestimación—Transcript Presentado Euera del Término Es-tatuborio. — Radicada la transcripción fuera del término — en caso civil ais-lado a la corte de distrito — su radicación previa a una moción de desestima-ción no constituye impedimento alguno para que prospere dicha moción.
    Kbsoluctón de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), desestimando apelación contra sentencia de Corte Municipal sobre cobro de dinero.

      Confirmada.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante; B. H. Blondet, abogado ' de la apelada.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en cobro de dinero que se originó en la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda. La corte municipal dictó sentencia en julio 13, 1925, declarando con lugar la demanda y no conforme el demandado apeló en julio 16, 1925. En octubre 7, 1925, el demandado radicó la transcripción de autos en la Corte de Distrito de San Juan y la demandante en octubre 23, 1925, presentó una moción a la corte inferior solicitando la desestimación del recurso porque habían transcurrido más de veinte días desde la fe-cha en que se interpuso el escrito de apelación.

La corte inferior fundándose en el último apartado de la sección 1* de la Ley No. 13, aprobada en noviembre 14, 1917, (2) p. 225, desestimó la apelación.

No conforme el demandado apeló y alega que la corte inferior cometió error porque a la fecha de presentarse en la corte de distrito la moción sobre desestimación de apelación, o sea, en octubre 23, 1925, ya la transcripción para dicha apelación había sido archivada en la secretaría de la referida corte desde el 7 de octubre del mismo año, es de-cir, 16 .días antes.

El apelante para sostener sn moción invoca la jurispru-dencia sentada por esta Corte Suprema en los casos de Chiqués v. Dies, Jues Municipal et al., 26 D.P.R. 217, y Santini v. Cuevas Zequeira, Jues de Distrito, 21 D.P.R. 431. En estos casos se declaró que cuando ya ña sido radicada la transcripción de autos, aunque fuera del término pres-crito por la ley, esa presentación constituye impedimento eficaz para que prospere la moción.

Sin embargo, esta regla fue establecida interpretando la sección Is- de la ley para reglamentar las apelaciones contra las sentencias de las cortes municipales, aprobada en marzo 11, 1908 (Comp. 5332), pero más tarde dicha sección fue enmendada por la Ley No. 13, aprobada en noviembre 14, 1917, p. 226, en donde el último apartado dice:

“Si la transcripción no fuere radicada en la corte de distrito den-tro del término prescrito, o de la prórroga que dicha corte hubiere concedido al efecto, se desestimará la apelación.”

Convenimos con la corte inferior que los términos de la enmienda son imperativos y no dudamos que fué la inten-ción que tuvo el legislador al modificar la ley, disponiendo que se desestime la apelación cuando la transcripción del récord se radica fuera del tiempo estatutorio, a menos que se‘ hubieran concedido prórrogas, las que no se alegan que fueron solicitadas y obtenidas en este caso.

Dehe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Carmen Núñez Viuda de Rivera, demandante y apelada, v. Henry Ruga, demandado y apelante.
    No. 3722.

    Visto: Enero 22, 1926.

      Resuelto: Marzo 18, 1926.
    1. Obligaciones — Cumplimiento de las Mismas — Acciones-—Dañosi y Perjui-cios Derivados de la Palta de Cumplimiento — Obligación del Deudor a Indemnizarlos. — Cuando no existe alegaeión suficiente de dolo ni se funda en él la reclamación de pago de una obligación, el deudor no viene obligado a indemnizar daños y perjuicios derivados de la falta de cumpli-miento de su obligación.
    2. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Fundamentos de la Jurisdicción — Jurisdicción bob la Cuantía Envuelta — Ejercicio de Bos Causas de Acción — Improcedencia de Una de Ellas. — Cuando en una de-manda presentada en la corte de distrito se ejercitan dos causas de acción y una de ellas no procede, la corte carece de jurisdicción para dietar sen-tencia declarando con lugar la otra si la reclamación a que ésta se contrae no excede de $500.
    SENTENCIA ele Rafael Díaz Gintrón, J. (Ponce), declarando en parte con lugar demanda sobre cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, con costas.

      Revocada y dictada otra, sin costas.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; Arturo Ortiz Toro, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda que motiva esta apelación se alegó que el demandado valiéndose de falsas y fraudulentas simula-ciones por mediación de su mandatario, Sr. Rafael Hernán-dez, convino con el abogado de la demandante en pagar a la misma la suma de $200 en consideración a que desistiese de un pleito que seguía en la Corte de Distrito de Ponce bajo el número 11702 sobre nulidad y otros extremos contra el aquí demandado.” Alega después que con tal motivo desistió de dicho pleito y que el demandado por conducto de su mandatario manifestó que no podía pagar inmediata-mente y que había recibido un telegrama de su mandante de que estaría en Ponce en cierta fecha, pero no solamente no llegó en la fecha indicada sino que telegrafió nuevamente que no estaba dispuesto a pagar los $200 hasta que no ven-diera la casa objeto del anterior litigio y que además le bus-casen un comprador para la casa. También alegó que el demandado no ha pagado dicha cantidad.

En una segunda causa de acción se reproducen las ante-riores alegaciones y se expone además que la demandante tenía concertados varios proyectos los que no ha podido rea-lizar debido a las falsas y fraudulentas manifestaciones del demandado, por conducto de su mandatario, engañando a la demandante y a sn abogado y ocasionándole profundo su-frimiento moral y postración nerviosa, bailándose la deman-dante por tal motivo recogida en cama como consecnencia de tales actos ilegales del demandado; y qne por las falsas y fraudulentas manifestaciones del demandado la deman-dante ba sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de $1,000. Con esas alegaciones pidió sentencia a su favor por $200 e indemnización por $1,000.

La sentencia dictada en este pleito declaró con lugar la demanda solamente en cuanto a la primera causa de acción y condenó al demandado a pagar los $200 reclamados y las costas, contra cuyo fallo interpuso el demandado este re-curso de apelación.

El demandado alegó en la corte inferior que la segunda causa de acción no aduce becbos suficientes para la recla-mación que bace y que por esto la corte de distrito no tiene jurisdicción en el caso para conocer de la primera causa de acción por tratarse en ella de una cuantía de $200, siendo éste el primer motivo de su recurso de apelación.

De los becbos alegados en la demanda puede verse que la primera y principal causa de acción se funda en que el demandado valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones convino en pagar a la demandante $200 si ella desistía de otro pleito, como lo bizo, sin que la alegación que se bace de dolo exponga los becbos ocurridos para que el tribunal pueda llegar a la conclusión de que existió; pero de todos modos importa poco en este caso si existió dolo o nó para el convenio alegado ya que la demandante acepta el convenio al exigir el cumplimiento del mismo, que se dice ser consecuencia de él. Por consiguiente la demandante no tiene acción para la segunda causa alegada pues exigiendo el pago de los $200 convenidos no puede reclamar otra indemnización por el incumplimiento del contrato que los intereses legales de esa cantidad de acuerdo con el artículo 1075 del Código Civil, preceptivo de que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjui-cios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal, pues por no haber alegación suficiente de dolo ni fundarse en él la reclamación de pago, según hemos dicho, no tiene aplicación el artículo 1074 del mismo texto legal declarativo de que en caso de dolo el deudor responderá de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de su obligación. Por otra parte, la alegación de la segunda causa de acción de que la demandante no ha podido verificar varios proyectos que te-nía y que ha sufrido profundo sufrimiento moral y postra-ción nerviosa a tal punto que ha tenido que recluirse en cama como consecuencia de las falsas y fraudulentas simu-laciones del demandado, que son anteriores al convenio cuyo cumplimiento se exige, son daños tan remotos y fortuitos que no podría fundarse en ellos una sentencia condenatoria, por lo que la segunda causa de acción no expone hechos su-ficientes para ella.

Sentado lo que precede y teniendo que ser descartada de la demanda esa segunda causa de acción por el motivo expuesto, queda sólo en pie la primera causa de acción para el pago de $200 y sus intereses sobré la cual no tenía jurisdicción la corte de distrito por no llegar la reclamación a $500, hasta cuya cantidad corresponde conocer a las cortes municipales según la sección 4 de la Ley de marzo de 1904 (Comp: see. 1148) para reorganizar el sistema judicial. Hernández Mena v. Blanco, 22 D.P.R. 773, González v. Rosado, 23 D.P.R. 1, y Delgado v. Trujillo, 24 D.P.R. 484.

En vista de lo expuesto debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando que la segunda causa de ac-ción no contiene hechos suficientes para ella y que en cuanto a la primera causa de acción la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para conocer de la misma, sin especial condena de costas.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    A. Méndez & Hno., peticionarios y apelantes, v. Corte Municipal del Distrito Municipal de San Juan, Sección Segunda, Hon. Pedro Manzano Aviñó, Juez, demandado, y Roque González y Ca., Sucrs., interventores y apelados.
    No. 3797.

    Visto: Febrero 5, 1926.

      Resuelto: Marzo 18, 1926.
    3. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Término para Establecer los Procedimientos — Comienzo del Término— Existiendo Orden Especial Modificando la Sentencia. — Dietada orden especial después de sentencia, modificando en términos directos la sentencia previamente dietada, la fecha de la enmienda es la verdadera feeha de la sentencia, desde la cual empieza a correr el término para apelar.
    2. Apelación y Error — Revisión—Discreción del Tribunal Inferior — Ordenes en, y Actuaciones Habidas Después de Sentencia — Modificación o En-mienda de los Términos de la Sentencia — Orden Librando una Parte del Pago de Costas. — Tienen que ser muy poderosas las razones aducidas para que el Supremo revoque una decisión de un tribunal inferior modifi-cando una sentencia en el sentido de librar a una parte del pago de costas.
    'Resolución de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), reconsiderando resolución anterior, excluyendo de la misma la condena de costas a la parte interventora.

      Confirmada.

    Moción sobre desestimación de apelación presentada por los apela-dos.

      Sin lugar.

      A. Marín Marión, abog’ado de los apelantes; J. Yalldejuli, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Boque González y Cía., Sucesores, demandaron a A. Mén-dez y Hno. ante la Corte Mnnicipal de San Jnan. Obtuvie-ron sentencia a sn favor. Solicitaron ejecución de la misma. Se accedió librándose la correspondiente orden al márshal, procediéndose por éste a anunciar la subasta de los bienes embargados. En tal estado el procedimiento, pidieron los demandados a la corte mnnicipal que anulara la orden de ejecución porque la sentencia no les había sido notificada debidamente. La corte se negó a ello. Los demandados entonces solicitaron de la corte de distrito un auto de cer-tiorari que fné expedido. Boque González & Cía. pidieron intervenir en el certiorari y se les permitió. Archivaron una contestación adicional y oídas todas las partes intere-sadas la corte de distrito resolvió el caso finalmente anu-lando la orden de ejecución por entender que la sentencia no había sido notificada en debida forma e imponiendo las costas a los interventores. La sentencia en el certiorari se dictó y registró el 6 de agosto de 1925. El 13 de agosto los interventores pidieron queda sentencia se reconsiderara en el sentido de exonerarlos del pago de las costas alegando entre otras razones la de haber obedecido la regla de la corte. A. Méndez & Hno. se opusieron a la reconsideración. El 2 de septiembre de 1925 dictó la corte una orden que dice:

“Vista la moción de reconsideración en este caso, atendidas las especiales circunstancias del mismo y la pequeña cuantía envuelta, la corte reconsidera su anterior resolución dictada el día 6 de agosto excluyendo de la misma la imposición o condena de costas a la parte interventora. ’ ’

La orden se notificó a A. Méndez y Hno. el 5 de septiem-bre y no conformes con. ella apelaron el 5 de octubre para ante este tribunal.

Señalada la vista del recurso para el 5 de febrero úl-timo, el 2 de dicho mes los interventores solicitaron que la apelación fuera desestimada porque tratándose de una or-den especial después de sentencia había sido interpuesta, vencido el término legal. Se opusieron los apelantes y en el día de la vista ambas partes fueron oídas sobre la mo-ción y sobre el fondo del asunto.

La cuestión suscitada en la moción ha sido resuelta por la jurisprudencia de California. Véase 2 Cal. Jur. 161 a 163, donde consta un resumen' de las muchas decisiones de la Corte Suprema del Estado sobre la materia algunas de ellas en conflicto entre sí. Hay una enteramente aplicable, la de Elledge v. Superior Court, 131 Cal. 279. Fué emitida por la corte y en lo pertinente, dice:

“La orden que se trata de anular fué una orden especial dic-tada después de sentencia final, modificando en términos directos la sentencia previamente dictada, y por disposición expresa del esta-tuto es apelable. (Código de Enjuiciamiento Civil, art. 939.) Aun-que se hace referencia al memorándum de costas como base para la actuación de la corte, su orden afecta a la sentencia y no al memo-rándum de costas. La orden podía ser revisada bien mediante ape-lación directa contra ella, independientemente de una apelación contra la sentencia, o su corrección podría determinarse en una apela-ción contra la sentencia tal como había quedado modificada de acuerdo con los términos de la orden.”

Y como la fecha de la enmienda es la que debe tomarse como la verdadera fecha de la sentencia en tal caso, (Hayes v. Silver Creek, etc., Co., 136 Cal. 238), es necesario con-cluir que habiéndose interpuesto la apelación un mes des-pués de la enmienda, lo fué dentro del término de ley.

La apelación no va a los verdaderos méritos del caso. La propia parte apelante aceptó finalmente que no habiéndose hecho la notificación de la sentencia 'de acuerdo con el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, siguiendo lo resuelto por esta corte en el caso de Rodrigues, v. Corte de Distrito de Mayagües, 31 D.P.R. 300, dicha notificación era nula y por tanto caía por su base la orden de ejecución dictada a su instancia. Lo único que está envuelto es si la corte de distrito abusó o nó de su discreción al modificar la sentencia en el sentido de librar a los interventores del pago de las costas.

Tendrían que ser muy poderosas las razones aducidas para que esta corte revocara una decisión de la corte de distrito en tal sentido. Y tales razones no se han aducido aquí. Al contrario, nos parece lógico el criterio último del tribunal sentenciador. Se trataba de un certiorari dirigido contra el juez. Los interventores habían obtenido una re-solución favorable. Trataron de sostenerla. Es cierto que la cuestión a decidir había sido ya resuelta en contra por esta corte, pero es cierto también que no está desprovista de razón la teoría de que en ausencia de una disposición expresa de la ley rija para las notificaciones de sentencias en. las cortes municipales la misma regla que se aplica en las cortes de distrito, que era la teoría que al parecer sos-tuvo la corte municipal.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar a desestimar el recurso ni a revocar la sentencia ape-lada en la parte en que lo fue.


text:
    A. Alvarez & Hnos., peticionarios, v. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 507.

    Visto: Febrero 8, 1926.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Oostas — Cuantía, Tasaoi-ón y Partidas — Pago Convenido p.or Contrato— Reclamación y Concesión en General — Fijación de su Importe. — No obstante haberse convenido el pago de las costas y honorarios por contrato, si dichas costas y honorarios se reclaman en general en la demanda al esta-blecerse el pleito y se conceden también en general por la sentencia, la fija-ción de su importe y su cobro debe ajustarse al procedimiento mareado por la ley.
    2. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en General —Renuncia del Derecho — Omisión de Archivar el Memorándum Dentro del Término. — Cuando una parte a cuyo favor se hace el pronunciamiento de costas en una sentencia, no archiva su memorándum dentro del término fijado por la ley, se entiende que renuncia su derecho a percibirlas.
    Certiorari para revisar resolución de Pablo Berga, J. (San Juan), por la que se negó la aprobación al memorándum o liquidación de costas de los peticionarios.

      Anulado el attto expedido.

      Francisco Soto Gras, abogado de los peticionarios.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Reclamados los autos del pleito No. 241 seguido en la Corte de Distrito de San Juan por A. Alvarez y Hermanos contra Isidoro Mitehel, sobre cobro de dinero y cumplimiento de contrato, a virtud -del auto de certiorari expedido a ins-tancias de A. Alvarez y Hermanos, resulta de ellos que el 5 de junio de 1924 se dictó sentencia “condenando al de-mandado a pagar a la demandante la • suma de $1,057.75, in-tereses y costas, desembolsos y honorarios de abogados”; que apelada dicha sentencia, para ante esta Corte Suprema, fue confirmada el 1 de agosto de 1925; que los demandan-tes no archivaron memorándum de costas dentro del tér-mino de ley; que el 21 de septiembre de 1925 pidieron a la corte que ordenara la ejecución de la sentencia y la corte accedió; que en cumplimiento de la orden de ejecución se vendió en pública subasta, el 28 de octubre de 1925, una casa del demandado en $1,575.00; que el marshal envió a la se-cretaría de la corte como producto líquido de la venta la suma de $1,524.87; que el 1 de diciembre de 1925 los de-mandantes presentaron una moción de pago de sentencia que contiene un párrafo que dice: “Que a los efectos de li-quidar la sentencia en cumplimiento de contrato dictada por esta Hon. Corte, la reclamación del demandante se detalla así: Importe de la sentencia, $1,057.75. — Intereses hasta 30 de noviembre de 1925, $185.24. — Pagado al perito contable, $25.00. — Radicación demanda, $5.00. — Emplazamiento, $1.00. — Orden de embargo, $3.00. —■ Calendario, $5.00. — Registro del embargo, $11.00. — Honorarios de abogado, $300.00.- — Total, $1,589.99”; que la corte declaró con lugar la moción en cuanto a la suma de $1,239.99 importe de la sentencia y “sin lugar en cuanto a las demás partidas por constituir costas, gastos y honorarios que debieron reclamarse en el memo-rándum de costas”; que no conformes los demandantes pi-dieron a la corte que reconsiderara su resolución y así lo hizo la corte “con el fin de que las partes comparezcan y discutan la cuestión ampliamente, a cuyo efecto la deman-dante notificará al demandado la minuta de diciembre 1 de 1925 y el demandado tendrá cinco días para impugnarla, transcurridos los cuales será dicha minuta sometida a la aprobación de la corte mediante señalamiento en calendario especial”; que el 4 de enero de 1926 comparecieron en efecto las partes ante el juez de distrito y los demandantes presentaron prueba y el demandado impugnó la moción bajo el fundamento de que los demandantes carecían de derecho por no haber archivado el memorándum de costas y desem-bolsos dentro de los diez días de recibida en la corte de dis-trito la sentencia confirmatoria del Supremo, y que la corte, después de consignar en una opinión las razones que para ello tenía, decidió otra vez que sólo cabía ordenar el pago del importe de la deuda y no el de las costas y honorarios de abogado.

Sostienen los peticionarios que el criterio de la corte de distrito es erróneo porque el pago de las costas que ellos re-clamaron fué convenido en el contrato, y siendo ello así, no estaban obligados a seguir el procedimiento marcado por la ley para los casos en que el pago de las costas surge exclusi-vamente de la sentencia.

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en 1908 (Comp. see. 5383), dice: “Las costas se reclamarán por la parte a la que hayan sido concedidas, entregando al secretario de la corte, dentro de los diez días siguientes al en que se haya hecho firme la sen-tencia o decisión que haya puesto fin al asunto, un memo-rándum de dichas costas, de los desembolsos necesarios he-chos en el pleito por el reclamante y del montante de la minuta de honorarios de su letrado. La veracidad de ese memorándum deberá ser jurada por la parte o su abo-gado.”

Sigue el artículo marcando el procedimiento que debe seguirse para oir a la otra parte y resolver en definitiva, y establece que contra la resolución que se dicte cabe el re-curso de apelación. Nada en él revela que no sea un proce-dimiento para todos los casos en que haya que fijar el im-porte de las costas después de dictada la sentencia y de he-cho, como dice el juez sentenciador en su opinión, a todos los casos se ha venido aplicando en Puerto Rico.

La circunstancia de que el pago de costas y honorarios se conviniera en el contrato previamente por las partes, no quiere decir .que la cuestión no quedara sometida a la deci-sión de la corte. De acuerdo con el contrato se reclamaron las costas y honorarios en la demanda, en general, y como la violación del contrato quedó demostrada en el juicio, uno de los pronunciamientos de la sentencia fue condenar al deman-dado al pago de las dichas costas y honorarios, sin fijar la suma.

El procedimiento a seguir estaba .previsto en la ley y si los demandantes no se aprovecharon de él no tienen motiva de queja alguna pues la oportunidad fué amplia y completa.

Las decisiones de esta corte citadas por los peticionarios no resuelven de modo terminante este caso. En ellas se es-tablece que cuando el pago de las costas y honorarios se com viene previamente por'las partes, la corte debe reconocer el convenio, pero ello no quiere decir que la fijación de su im-porte cuando no se determina en la sentencia misma y su cobro no deba ajustarse al procedimiento marcado por la ley.

Fuera de las decisiones de esta corte los peticionarios no citan jurisprudencia alguna. Esta materia de costas es am-plísima. Corpus Juris, por ejemplo, dedica más de trescien-tas páginas de su tomo quince, donde se citan miles de casos, a tratarla, y de él tomamos lo que sigue:

“Una parte con derecho a costas puede renunciarlo y dicha re-nuncia puede ser expresa o tácita.
“El derecho a costas puede ser renunciado por virtud de la omi-sión de radicar una solicitud al efecto dentro del término fijado por el estatuto.” 15 C. J. 106.

En ausencia de citas pertinentes que pudieran sostener la contención de los peticionarios, creemos que debe soste-nerse el criterio de la corte sentenciadora.

Debe anularse el auto expedido y devolverse el pleito a la corte de su origen.


author: El Juez Asociado Señoe Feanoo Soto,

text:
    María Frías Viuda de Recurt, demandante y apelada, v. Manuel González, María N. Viuda de González e Ignacio Arroyo Martínez, demandados y apelantes.
    No. 3862.

    Visto: Marzo 15, 1926.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Leerás y Pagarés — Acciones—Peso de la Prueba — Extinción de la Obli-gación. — Al demandante, en acción sobre cobro de pagaré, no incumbe pro-bar su alegación de que el mismo no ha sido satisfecho; el efecto de tal alegación; al ser controvertida, como en este caso, no es otro que echar sobre el demandado el peso de la prueba en cuanto a la extinción de la obligación.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Desestimación— Apelación Erívola. — Fundada moeión de desestimación en que no puede •señalarse motivo alguno de error contra la sentencia apelada, y apareciendo de la moción de oposición que se trata de una apelación enteramente frívola y con el fin de dilatar los procedimientos, procede desestimar el recurso.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Con lugar.

      José C. Rivera, abogado de los apelantes; González Fagundo & Gon-zález, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Feanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada fnnda sn moción solicitando la desestimación del recurso en que ningún motivo de error puede señalarse contra la sentencia de la corte inferior, sosteniendo que la apelación resulta frívola.

• La acción es en cobro de nn pagaré por $1,200, con inte-reses al 12 por ciento y costas, incluso $200 que se fijaron para honorarios de abogado y, suscrito y entregado por los demandados a la orden de la demandante. La obligación se copia en la demanda, vencida en noviembre 24, 1924, ale-gándose que no había sido satisfecha.

No contestaron primeramente los demandados por lo que se dictó sentencia en rebeldía, pero luego a sn moción la sentencia se dejó sin efecto y se les permitió contestar, ne-gando “generalmente todos y cada uno de los hechos esen-ciales de la demanda, excepto el referente a que los deman-dados suscribieron en la forma en que aparece copiado en dicha demanda el pagaré que se relaciona en la misma.”

Durante el juicio los demandados no practicaron prueba alguna, y la corte inferior, haciendo constar en su sentencia que la evidencia producida por la demandante justifica en un todo los hechos alegados, declaró con lugar la demanda.

Los demandados admitieron en su contestación la autenticidad del pagaré y esa admisión, envolviendo por sí sola la existencia de la obligación, establece un caso prima facie a favor de la demandante. La alegación de que el pagaré no había sido satisfecho, por su carácter negativo, no era cosa que pudiera incumbir a la demandante probar. El solo efecto de tal alegación, si es controvertida, es echar sobre los demandados el peso de la prueba en cuanto a la extinción de la obligación. Art. 108 de la Ley de Evidencia, aprobada en marzo 9, 1904. En este artículo aparece incorporado el 1182 del Código Civil Revisado el que a su vez, en condiciones análogas, se aplicó en el caso de Cochón v. Correa, 32 D.P.R. 734, y esta corte por voz del Juez Aldrey, dijo:

“Según el artículo 1182 del Código Civil incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone. Por consiguiente habiendo probado el demandante la obligación cuyo cumplimiento reclama, constante en un docu-mento suscrito por los demandados y cuya autenticidad y otorga-miento no han negado, la prueba de su extinción por el pago corres-pondía a los demandados que lo opusieron y por tanto el tribunal inferior cometió error al estimar que en vista de esa alegación de los demandados debía probar el demandante que el pago no había sido hecho. ’ ’

Se hace inútil además considerar la oposición del apelante en otros puntos, pues su argumentación indica que se trata de una apelación enteramente frívola y con el fin de dilatar los procedimientos.

Por todo lo expuesto, la moción debe declararse con lu-gar y desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Dominga Aponte Moreno, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3700.

    Visto: Noviembre 24, 1925.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones bor Accidentes del Trabajo— Procedimientos — Procedimientos de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Revisión por los Tribunales — De la Desmanda — Sueiciencia.-— Para poder reclamar a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros indemni-zación por la muerte de un obrero, de acuerdo con la Ley No. 10 de 1918 (pág. 55), es necesario alegar y probar que el patrono empleaba regular-mente más de tres obreros.
    Sentencia de Rafael Díaz Gintrón, J. (Ponee), declarando sin lu-gar demanda sobre reclamación de compensación por accidente del trabajo, sin costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz y Alfonso Quintana Cajas, abogados de la ape-lante; Hon. Attorney General George C. Butte, Carlos Llauger Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de abril de 1924 Dominga Aponte Moreno acudió a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros solicitando que le concediera indemnización por la muerte del obrero Je-sús Aponte ocurrida el 31 de diciembre de 1918 por haber caído de una escalera mientras trabajaba como hojalatero poniendo unas canales en la residencia de don Pedro Juan Armstrong y recibido tan fuerte golpe en la cabeza que mu-rió el mismo día, dependiendo ella y Flora Moreno, madre de crianza de Jesús Aponte, del jornal que éste ganaba, que era de $1.50 diario. En enero de 1925 la Comisión de In-demnizaciones a Obreros negó esa petición de indemnización fundándose en que habían transcurrido más de cinco años desde la fecha del supuesto accidente, del que no tenía co-nocimiento con excepción de la solicitud; en que la madre de crianza no tenía derecho a indemnización de acuerdo con la ley vigente en 1918, y en que la prima Dominga Aponte no probó su carácter de beneficiaría por exigir la ley la de-pendencia exclusiva para subsistir de lo que ganaba el obrero.

En apelación contra esa resolución, Dominga Aponte Moreno presentó demanda en la Corte de Distrito de Ponce y alegó substancialmente que el 31 de diciembre de 1918 Je-sús Aponte era un obrero joven y saludable y trabajaba como hojalatero en la residencia de don Pedro J. Armstrong en Ponce poniendo unas canales en un edificio de dos pisos y habiendo falseado la escalera donde estaba cayó y reci-bió un golpe del que murió dos horas después: que dicho obrero no dejó descendientes ni ascendientes, siendo la de-mandante prima hermana suya y la única persona de más cercano parentesco que dependía exclusivamente para su subsistencia de lo que él ganaba, con quien vivió hasta su muerte; que nunca fué notificada de que tenía derecho a.-in-demnización: que en 1924 reclamó ante la Comisión de In-demnizaciones a Obreros que la indemnizara por ese accidente pero le fué negado ese derecho según la resolución que acom-paña a la demanda; y que la demandante no ha renunciado a los beneficios de la ley ni persona alguna la ha compensado por la muerte de Jesús Aponte.

La Comisión de Indemnizaciones a Obreros contestó la demanda y alegó varias defensas, siendo una de ellas que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción y que el derecho para reclamar está prescrito de acuerdo con el artículo 8 de la Ley No. 10 de 1918, en cuya última defensa fundó exclusivamente la corte inferior su sentencia declarando sin lugar la demanda después de celebrado el juicio.

En la apelación que ha interpuesto la demandante contra ese fallo trata de demostrar que la corte inferior cometió error al declarar que la acción ejercitada está prescrita pero PQdemos dejar a un lado esa cuestión porque existe otra más fundamental y previa cual es si la demanda aduce he-chos suficientes para la acción que se ejercita.

La demandante funda su derecho a ser indemnizada en la Ley No. 10 de Indemnización por Accidentes del Trabajo aprobada en 25 de febrero de 1918, que estaba vigente cuando ocurrió la muerte de Jesús Aponte, pero esa ley no le concede tal derecho porque el fondo de seguro se forma con el dinero de los patronos sujetos a la ley, que son los que em-plean más de tres obreros, y como de ese fondo se pagan las indemnizaciones nos parece lógico que sólo tienen dere-cho a cobrar de él las indemnizaciones establecidas por la ley los obreros que trabajan con patronos que emplean más de tres obreros, porque no sería justo ni equitativo que los patronos sujetos a la ley paguen por los que emplean me-nos de tres obreros, y, por tanto, llegamos a la conclusión de que para que un obrero o sus herederos, según esa ley, pueda reclamar a la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros indemnización por la muerte de un obrero es necesario alegar y .probar que su patrono empleaba regularmente más de tres obreros, alegación que no se hizo en este caso ante la Comisión ni en la demanda en la corte de distrito. Si examinamos la prueba encontramos que teniendo necesidad el Sr. Armstrong de que fueran arregladas las canales de su casa contrató esa reparación con Aquilino Collazo quien con Jesús Aponte hacía ese trabajo. El caso de Rodríguez v. Sucesión Paoli, 31 D.P.R. 486, tiene alguna analogía con el presente.

Por el motivo que acabamos de exponer la sentencia ape-lada debe ser confirmada.