source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Villamil Development, S.E., peticionaria, v. Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, recurrido.

      Número: CC-2006-528

      Resuelto: 1 de junio de 2007

      José Luis Vilá Pérez, abogado de la parte peticionaria; Edwin Ortiz Pietri y Jorge L. Sánchez Rodríguez, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Villamil Development (Villamil) es una sociedad especial organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se dedica al arrendamiento de propiedad inmueble. A su vez, es dueña de una parcela de terreno sita en la Ave. Ponce de León en Hato Rey. En ésta enclava un edificio de once pisos, de los cuales cuatro se encuentran destinados a oficinas, seis a estacionamiento y uno a comercio.

El 1 de julio de 2004 el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) le cursó a Villamil una notificación de contribución sobre propiedad inmueble para el año fiscal 2004-2005 respecto a la propiedad antes mencionada. En dicha notificación se detallaron las siguientes partidas:

Valor neto tributable: $2,922,668
1. Contribución anual: $235,274.77
2. Contribución primer semestre: $117,637.39
3. Contribución segundo semestre: $117,637.38

El 30 de julio de 2004 Villamil pagó al CRIM $105,873.64. Dicha suma corresponde a la contribución para el primer semestre, menos el 10% de descuento por pronto pago que dispone el Art. 3.43 de la Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad (Ley), 21 L.P.R.A. see. 5093, para cuando se efectúa el pago del importe de un semestre dentro del término de 30 días.

En esa misma fecha, Villamil presentó ante el CRIM una solicitud de revisión administrativa, en la cual objetó la valorización de la propiedad inmueble en cuestión. Adujo que el CRIM erró al incluir en la tasación del inmueble ciertas mejoras ascendentes a $175,701.00, hechas por varios inquilinos en sus respectivos locales, ya que éstas son tributables a los inquilinos.

El CRIM denegó la revisión solicitada debido a que Villamil alegadamente incumplió con el requisito jurisdiccional dispuesto en el Art. 3.48 de la Ley, 21 L.RR.A see. 5098a. Dicha disposición estatutaria establece, en lo pertinente, que previo a solicitar una revisión administrativa, el contribuyente debe pagar al CRIM, dentro del término de 30 días a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación sobre contribución: (1) la parte de la contribución con la cual estuviese conforme y un 40% de la parte de la contribución con la cual no estuviese conforme, o (2) la totalidad de la contribución impuesta. Sólo cuando el contribuyente pague la totalidad de la contribución impuesta podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en el Art. 3.43 de la Ley, supra.

Al respecto, el CRIM sostuvo que el pago de $105,873.64 efectuado por Villamil —el cual corresponde al importe de la contribución para el primer semestre menos un 10%— no cumplió con el artículo antes mencionado, por cuanto para poder acogerse al 10% tenía que pagar la totalidad de la contribución para el año fiscal 2004-2005, previo a solicitar una revisión administrativa. El CRIM sostuvo, además, que el pago efectuado por Villamil tampoco cumplió con el inciso (1) del Art. 3.48 de la Ley, supra, porque para ello tenía que haber pagado la parte de la contribución con la cual estuviese conforme y el 40% de la contribución con la cual no estuviese conforme.

Insatisfecho, Villamil presentó una demanda sobre impugnación de imposición contributiva contra el CRIM ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En ésta, además de esbozar sus argumentos respecto a la valorización de la propiedad inmueble, adujo que el pago realizado cumplió con el requisito jurisdiccional dispuesto en el citado Art. 3.48 de la Ley; ello debido a que de una interpretación integral del Art. 3.43 de la Ley, supra —el cual regula el descuento por pronto pago— y del Art. 3.48, antes mencionado, surge que el término “totalidad de la contribución impuesta” se refiere a la totalidad de la contribución semestral y no a la totalidad de la contribución anual.

El CRIM presentó una solicitud de sentencia sumaria. En ésta solicitó la desestimación de la causa de acción por falta de jurisdicción, ya que Villamil —previo a solicitar la revisión administrativa— no efectuó el pago de la totalidad de la contribución anual impuesta o, en la alternativa, el pago de la parte de la contribución anual con la cual estuviese conforme, más el 40% de la parte con la cual no estuviese conforme. Adujo que la Ley es clara al establecer, repetimos, que el pago puede ser el total anual menos el 10% de descuento por pronto pago o, en la alternativa, la parte de la contribución anual con la cual estuviese conforme, más el 40% de la parte de la contribución anual con la cual no estuviese conforme.

Luego de que Villamil presentara su oposición a la sentencia sumaria solicitada, y de varios trámites procesales, el tribunal de instancia declaró con lugar la sentencia sumaria presentada por el CRIM. Determinó que cuando en el Art. 3.48, supra, se hace referencia al término “totalidad de la contribución impuesta” se refiere a la cantidad indicada como contribución anual en la notificación emitida por el CRIM, y que dicho requisito no se cumple pagando la cantidad correspondiente a un semestre del año fiscal; por lo cual, para acogerse al 10% de descuento por pronto pago, previo a presentar una revisión administrativa, la Ley exige que el contribuyente pague la totalidad de la contribución anual y no un importe semestral de ésta.

Insatisfecho, Villamil acudió ante el Tribunal de Apelaciones aduciendo que el Tribunal de Primera Instancia había errado al así actuar o decidir. El tribunal apelativo intermedio confirmó la determinación del tribunal de instancia. Determinó que la ley es clara al imponer como requisito el pago del importe anual y que, en modo alguno, se señala en la Ley que la “totalidad de la contribución impuesta” se refiere al importe de un semestre del año fiscal.

Inconforme, Villamil acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal aduciendo que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que

[e]l artículo 3.48(a) de la Ley de Contribución Municipal dis-pone que el contribuyente que solicite revisión administrativa de la contribución sobre propiedad inmueble, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43 de la Ley, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento. Tales disposiciones permiten que el contribuyente se acoja al descuento de 10% si paga la contribución en dos plazos, en enero y julio de cada año fiscal. El Tribunal de Apelaciones erró al enmendar por fiat judicial los términos de pago de la contribución, exigiendo que el contribuyente adelante el pago del segundo semestre de la contribución previo el inicio del trámite administrativo. Petición de certiorari, pág. 4.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

La Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 —mejor conocida como la Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad— le confirió a los municipios el poder y la facultad de tasar, imponer, notificar, determinar y cobrar las contribuciones sobre la propiedad. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 689. A esos fines, el legislador le transfirió al CRIM todos los poderes, las facultades y las funciones relacionadas con las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico; funciones que antes ejercía por el Secretario de Hacienda.

En el 1998 dicha legislación fue objeto de enmienda. Así, mediante la Ley Núm. 135 de 11 de julio de 1998, el legislador adicionó el Art. 3.48 al cuerpo de la Ley, supra. Éste, en lo pertinente, dispone:

Sec. 5098a. Revisión administrativa e impugnación judicial de la contribución sobre la propiedad inmueble
(a) Revisión administrativa.-Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por el Centro de conformidad con las sees. 5706 y 5077 de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.
El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.
... Cuando la decisión sea favorable [al contribuyente], el Centro vendrá obligado a devolver al contribuyente la parte de la contribución cobrada en exceso, con los intereses correspondientes desde la fecha de pago de la contribución revisada.
El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.
(b) Impugnación judicial.-Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva realizada por el Centro, de conformidad con las sees. 5076 y 5077 de este título y el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se considerarán de carácter jurisdiccional.
... Si la decisión del tribunal fuere favorable al contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con posterioridad a lo establecido en esta sección, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente la contribución o la parte de ella que estimare el tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la contribución impugnada.
El contribuyente que desee impugnar la imposición contributiva, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto que pague la totalidad de la contribución impuesta e impugnada dentro de los_ términos prescritos por ley para tener derecho al descuento. (Enfasis nuestro.)

A su vez, dicho artículo de ley nos refiere al Art. 3.43 de la Ley, supra, el cual establece que:

Se concederán los siguientes descuentos sobre el importe semestral de la contribución sobre la propiedad inmueble correspondiente al año económico 1992-93 y años siguientes, si el pago se efectuare en la forma y dentro del plazo correspondiente.
(a) Diez por ciento (10%) del monto del semestre si el pago se efectúa dentro de treinta (30) días a partir de la fecha en que el recibo estuviere en poder del colector o del representante autorizado y así se anunciare.
(b) Cinco por ciento (5%) del monto del semestre si el pago se efectúa después de treinta (30) días, pero sin exceder de sesenta (60) días. (Enfasis nuestro.)

II

En síntesis, nos corresponde resolver si mediante el Art. 3.48, supra, el legislador impuso —como requisito jurisdiccional para la revisión administrativa o la impugnación judicial de la contribución impuesta— el pago de la totalidad de la contribución anual notificada o, simplemente, el pago de la parte de la contribución correspondiente a un semestre del año fiscal.

Por un lado, Villamil aduce que cuando el citado Art. 3.48 establece que el contribuyente no podrá acogerse al descuento por pronto pago “excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento”, la frase “dentro de los términos prescritos por ley” se refiere a las pautas establecidas en el Art. 3.43 de la Ley, el cual regula el descuento por pronto pago. De una lectura del citado Art. 3.43, podemos percatarnos que permite aplicarle un 10% o un 5% de descuento al importe semestral de la contribución, si el contribuyente paga dicho importe dentro del término de 30 ó 60 días, respectivamente. Villamil sostiene que debido a que la Ley permite el pago de la contribución en dos semestres, y a que el Art. 3.43 se refiere específicamente al pago del importe de un semestre, el término “totalidad de la contribución impuesta”, utilizado en el Art. 3.48, se refiere a la totalidad de la contribución para un semestre y no a la totalidad de la contribución anual. Es decir, sostiene que debido a que el Art. 3.43 regula el descuento basado en el importe semestral y a que dicho artículo hace referencia al pago por semestre, el término “totalidad” al que alude el Art. 3.48 se refiere a dicha cantidad parcial.

Por otro lado, el CRIM aduce que la frase “dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento” se refiere únicamente al término de 30 días dispuesto en el Art. 3.43 para tener derecho al 10% de descuento; término que, precisamente, coincide con el término jurisdiccional de 30 días para solicitar la revisión administrativa. Sostiene que la interpretación aducida por Villamil no tiene cabida ante el mandato claro de la Ley de que, para tener derecho al descuento, el contribuyente tiene que pagar la totalidad de la contribución impuesta, la cual, precisamente, se impone anualmente.

III

Luego de un detenido examen de las disposiciones legales en controversia, opinamos que la frase “totalidad de la contribución impuesta” se refiere a la totalidad de la contribución anual y no a la totalidad de un importe semestral de ésta. De igual forma, consideramos que la frase “dentro de los términos para tener derecho al descuento” se refiere al término de 30 días dispuesto en el Art. 3.43 para tener derecho a un 10% de descuento. Veamos por qué.

El Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, específicamente dispone que “[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. A su vez, el Art. 15 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 15, expresa que “[l]as palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”. En el presente caso, la propia Ley establece que la contribución se impone anualmente, esto es, el 1 de enero de cada año. Ello, en el uso corriente y general de las palabras, significa que sólo se impone una contribución para cada año fiscal y que el término “contribución impuesta” no puede referirse a otra que no sea a la contribución anual.

El hecho de que la Ley permita dividir el pago de la contribución para un año fiscal en dos semestres, no significa que la contribución se imponga dos veces al año y que cada importe semestral sea una contribución impuesta separada e independiente. De hecho, en el propio artículo en el que se establece el pago semestral de la contribución, el legislador hace referencia a la contribución impuesta como una sola y en forma alguna da a entender que los importes semestrales son contribuciones impuestas separadas e independientes. Véase Art. 3.41 de la Ley, 21 L.P.R.A. sec. 5091.

Por otro lado, dentro del uso corriente y general de las palabras, la frase “dentro de los términos” no tiene otro significado que no sea el transcurso de un lapso o período de tiempo. Tan es así, que de una lectura del Art. 3.48 en su totalidad, cada vez que el legislador recurrió a la frase “dentro de los términos” se refirió a un período de tiempo que, en este caso, no puede ser otro que el término de 30 días dispuesto en el Art. 3.43. El único lapso o período de tiempo al cual el Art. 3.43 hace referencia para tener derecho al 10% de descuento por pronto pago es al término de 30 días, el cual, precisamente, coincide con el término para presentar la revisión administrativa.

El que la Ley permita pagar la contribución anual en dos plazos, uno en julio y otro en enero, y que el Art. 3.43 haga referencia a los importes semestrales, no nos faculta ni es razón suficiente para darle una interpretación distinta al lenguaje claro y sin ambages utilizado por el legislador en el Art. 3.48 de la Ley. Las normas de hermenéutica legal así lo prohíben. La única contribución impuesta es la anual y para que el contribuyente pueda tener derecho a un 10% de descuento, previo a solicitar revisión administrativa, tiene que pagar la totalidad de la contribución impuesta, entiéndase, la totalidad de la contribución anual notificada por el CRIM. Así lo dispuso claramente el legislador en el Art. 3.48 antes citado.

En segundo término, el Reglamento emitido por el CRIM, en virtud de la Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad, confirma lo antes resuelto. Dicho reglamento, en su Art. IX(2), específicamente dispone que el contribuyente debe pagar la totalidad de la contribución anual impuesta previo a solicitar revisión administrativa. Véase Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo para Impugnar la Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad Inmueble, Reglamento Núm. 7221, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, 19 de septiembre de 2006, Art. IX, págs. 8-9.

Resulta pertinente señalar, además, que un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 135 del 11 de julio de 1998 —mediante la cual se adicionó el Art. 3.48 a la Ley Núm. 83 en cuestión— confirma lo aquí resuelto. Allí, en el Informe sometido por la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de Hacienda ante la Cámara de Representantes se expuso lo siguiente:

... primero se dispone que el contribuyente deberá radicar la solicitud de revisión administrativa dentro de los treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación. Además se establece que durante ese término, el contribuyente deberá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándosele el reembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. También se dispone que cuando se pague parte de la contribución, el contribuyente no se podrá acoger al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43. (Enfasis nuestro.) Informe sobre la P. de la C. 1543 de 12 de junio de 1998, pág. 2.

Ello significa que la frase “totalidad de la contribución impuesta”, incluida en el Art. 3.48 de la Ley, no puede referirse a un importe semestral, como aduce Villamil. Ciertamente, un importe semestral califica como “pagar parte de la contribución” y pagar únicamente una parte, impide que el contribuyente se acoja al descuento. Como único puede el contribuyente acogerse al 10% de descuento previo a solicitar revisión administrativa es pagando la totalidad de la contribución anual impuesta, pues pagar el importe semestral o, incluso, pagar la parte de la contribución con la cual estuviese conforme y el 40% de la parte con la cual no estuviese conforme es, indudablemente, “pagar parte” de la contribución.

Coincidimos con el CRIM respecto a que proceder con el pago de la cantidad correspondiente a un semestre, previo a la solicitud de revisión administrativa, presupone que ésta es la contribución impuesta e impugnada, lo que pro piciaría el absurdo de que el contribuyente tendría que solicitar otra revisión administrativa para la contribución impuesta e impugnada que compone el importe correspondiente al segundo semestre. De igual forma, coincidimos con el CRIM respecto a que la referencia hecha en el Art. 3.48 respecto al Art. 3.43 no constituye una modificación implícita de lo expresamente dispuesto en el Art. 3.48, “en el sentido de que basta con pagar el importe semestral de la contribución menos el descuento para cumplir con el requisito jurisdiccional de pagar”. Alegato de la Parte Apelada de 27 de febrero de 2006, pág. 12, Apéndice, pág. 25.

En fin, resolvemos que cuando el legislador hace referencia al término “totalidad de la contribución impuesta”, en el Art. 3.48 de la Ley, se refiere al pago de la totalidad de la contribución anual notificada por el CRIM y, por consiguiente, que para acogerse al 10% de descuento por pronto pago, previo a presentar una revisión administrativa o impugnación judicial, el contribuyente debe pagar la totalidad de la contribución anual y no un importe semestral de ésta. Ello sin perjuicio de lo expresamente dispuesto en el propio Art. 3.48 respecto a que de prevalecer el contribuyente en su impugnación, el CRIM estará obligado a devolverle la contribución pagada en exceso, con los intereses correspondientes desde la fecha de pago de la contribución revisada.

IV

En el caso hoy ante nuestra consideración, Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del término de 30 días a partir del depósito en el correo de la notificación de contribución. Dicho pago no fue suficiente para cumplir con el requisito jurisdiccional establecido en el Art. 3.48 de la Ley, pues la suma pagada no constituye la totalidad de la contribución anual menos el 10% de descuento, ni la parte de la contribución anual con la cual estuviese conforme más el 40% de la contribución anual con la cual no estuviese conforme. Para cumplir con lo establecido en el Art. 3.48 de la Ley, Villamil debió haber pagado al CRIM: (1) $226,788.41, suma que corresponde a la parte de la contribución anual con la cual estuvo conforme más el 40% de la parte de la contribución anual con la cual no estuvo conforme, o (2) $211,747.30, suma que corresponde a la totalidad de la contribución anual impuesta menos el 10% de descuento por pronto pago. No lo hizo. Por consiguiente, tanto el CRIM como los tribunales recurridos actuaron correctamente al denegar la impugnación presentada.

V

En mérito de todo lo antes expuesto, procede confirmar las sentencias emitidas por los tribunales recurridos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Es decir, tenía que pagar $235,274.77 menos el 10% de descuento por pronto pago, para un total de $211,747.30.

       Entiéndase que Villamil también podía optar por pagar $226,788.41, suma que corresponde a la parte de la contribución con la cual estuvo conforme, más el 40% de la parte de la contribución con la cual no estuvo conforme.

       Como puede deducirse de su texto, el Art. 3.48 (21 L.P.R.A. sec. 5098a) establece el mismo requisito de pago para el proceso de impugnación judicial de la contribución impuesta y notificada. Cumplido el requisito a nivel administrativo, se entiende cumplido a nivel judicial.

       Véase Art. 3.18 (21 L.P.R.A. sec. 5068), el cual, en lo pertinente, dispone que “[t]odos los bienes inmuebles serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados, para imponerles contribución, a nombre de la persona que fuere dueño de los mismos o que estuviere en posesión de ellos el día primero de enero

       Dicho artículo dispone, en síntesis, que “[l]a contribución impuesta sobre el valor de los bienes inmuebles será pagadera semestralmente al Centro de Recaudación o su representante, por adelantado, el día primero de julio y de enero de cada año”. (Enfasis nuestro.)

       El Art. 3.43 (21 L.P.R.A. sec. 5093) en cuestión también permite que se aplique un 5% de descuento a aquel contribuyente que realice el pago correspondiente luego de los 30 días, pero en o antes de los 60 días. Dicho 5% de descuento no aplica cuando el contribuyente solicita revisión administrativa debido a que éste por ciento de descuento adviene aplicable luego de transcurrido el término de 30 días jurisdiccional para solicitar revisión administrativa.

       Dicho artículo dispone que: “[c]onforme lo dispuesto en el Artículo 3.48 de la Ley 83, el Contribuyente que no estuviere conforme con la notificación de la imposición de la contribución o la notificación de cambio en la valoración según los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley 83, podrá solicitar por escrito al Centro Regional del CRIM correspondiente al municipio donde ubique la propiedad inmueble que concierne la solicitud de revisión o, en los casos correspondientes, a la Oficina Central del CRIM, conforme lo contemplan los Artículos V, XII, XV y XVI de este Reglamento, una revisión administrativa dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de depósito en el correo de la referida notificación siempre y cuando el Contribuyente, dentro del referido término de treinta (30) días: 1) pague al CRIM la parte de la contribución anual con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución anual con la cual no estuviere conforme; o 2) pague al CRIM la totalidad de la contribución anual impuesta para el referido año fiscal, según dispone el Articulo 3.48a de la Ley 83. El pago de la contribución del modo aquí dispuesto constituirá un requisito jurisdiccional para la presentación de una solicitud de revisión administrativa, según dispuesto por la Ley 83 y este Reglamento. Solicitudes presentadas fuera del término provisto por la Ley 83 y el presente Reglamento o sin que se hubiese efectuado el pago de contribución requerido por el Artículo 3.48 de la Ley 83 y este Artículo, se entenderán denegadas de plano, sin que para ello se requiera notificación al Contribuyente al respecto.” Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo para Impugnar la Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad Inmueble, Reglamento Núm. 7221, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, 19 de septiembre de 2006, Art. IX, págs. 8-9.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Rivera Pérez, a la que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Juan M. Negrón Ayala, recurrido.

      Número: CC-2005-754

      Resuelto: 1 de junio de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general; Mayra J. Serrano Borges, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, abogados de El Pueblo; Antonio Bauzá Torres, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Jurado que intervino, como juzgador de los hechos, en el proceso celebrado ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia contra Juan M. Negrón Ayala, por el delito de asesinato en primer grado y violación al Art. 4.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 457, rindió los veredictos de culpabilidad en ambos cargos. Luego de ser sentenciado, Negrón Ayala apeló ante el Tribunal de Apelaciones para imputar al foro primario, de manera principal, haber errado al negarse a instruir al Jurado sobre el delito de homicidio voluntario. El foro apelativo intermedio acogió dicho planteamiento y, en consecuencia, revocó las convicciones apeladas, devolviendo el caso al tribunal de instancia para la celebración de un juicio nuevo.

Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico acudió ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole al foro apelativo haber errado

... al concluir que, a la luz de la prueba presentada por el Ministerio Público y admitida en evidencia, era necesario que el juez que presidió los procedimientos impartiera instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, cuya ausencia diera lugar a la revocación del veredicto de culpabilidad y la sentencia dictada con el Sr. Negrón Ayala por el delito de asesinato en primer grado. Petición de certiorari, pág. 11.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolverlo, procedemos. Revocamos. Veamos por qué.

I

Conforme a la prueba presentada ante el tribunal de instancia, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2001 aproximadamente a eso de las 11:00 a.m. en las oficinas centrales de la Unión de Tronquistas. El Sr. Noel Colón González, entonces presidente de la Unión, falleció a consecuencia de seis disparos de revólver que le hiciera Negrón Ayala —hecho que no está en disputa— mientras ambos se encontraban solos en la oficina privada del señor Colón González.

Una lectura de los testimonios de los testigos que declararon durante el proceso demuestra, en síntesis, que a la hora mencionada el acusado Negrón Ayala, llevando una mochila en sus manos, entró con el señor Colón González a la oficina de éste, cerrándose la puerta tras ellos. Casi inmediatamente después, los testigos escucharon “voces altas” o una “discusión” provenientes de la oficina y luego escucharon varias detonaciones de armas de fuego, a intervalos de varios segundos. Los testigos —todos empleados de la Unión— vieron cuando Negrón Ayala salió de la oficina, le pidió a uno de ellos que se encargara de su hijo menor de edad —el cual se encontraba en su automóvil, en el estacionamiento de la oficina— y le entregó un revólver a otro de sus compañeros empleados con la súplica de que lo “desapareciera”.

El patólogo forense que practicó la autopsia de Colón González testificó que el cadáver mostraba seis heridas de bala “con trayectoria de abajo hacia arriba y otras con trayectorias de arriba hacia abajo”. El agente de la Policía de Puerto Rico, quien realizó la investigación preliminar del asesinato, ocupó a Negrón Ayala una carta de cesantía dirigida a éste por el señor Colón González.

Por otro lado, debe enfatizarse que el recurrido Negrón Ayala testificó en su propia defensa. Su testimonio, es de notar, resulta significativo y determinante para una solución correcta de la controversia hoy ante nuestra consideración. Esto es, si el tribunal de instancia estaba o no obligado a transmitirle a los señores del Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. Un análisis demuestra que el testimonio del acusado realmente se limitó a tratar de establecer defensa propia. Dicho de otra manera, la declaración prestada por Negrón Ayala en corte abierta no estableció la provocación o las circunstancias que requiere nuestra jurisprudencia para que el magistrado esté obligado a trasmitir una instrucción al Jurado sobre el delito de homicidio voluntario.

II

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al juicio por jurado que tiene toda persona que sea acusada por la comisión de un delito grave. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse, además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-439 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988). Igualmente, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, reconoce el derecho a ser juzgado por sus pares a todo acusado de un delito grave e incluso, en ciertas circunstancias, al acusado de un delito menos grave. Véanse: Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 D.P.R. 722, 727 (1994); Pueblo v. Cruz Correa, ante; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273.

Según este esquema le corresponde al Jurado, como encomienda principal, ser el juzgador de los hechos. Véanse: Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992), citando a Pueblo v. Cruz Correa, ante, págs. 276-278; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, pág. 439. Ello implica que el Jurado tendrá la última palabra no sólo en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino que, además, será quien determine —en caso de entender que el acusado incurrió en responsabilidad sobre los hechos que se le imputan— el delito específico, o el grado de éste, por el cual el imputado debe responderle a la sociedad. Pueblo v. Cruz Correa, ante, pág. 277; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, pág. 439. En resumen, su función comprende de evaluar la evidencia que sea presentada y admitida por el tribunal durante el juicio y llegar a las conclusiones de hechos correspondientes. Luego, aplicando el Derecho, según sea instruido por el juez que preside el proceso, deberá emitir un veredicto. Chiesa Aponte, op. cit, págs. 319-320. Además, el Jurado está llamado a aquilatar la prueba desfilada y es a quien le corresponde decidir si le da crédito o no. Pueblo v. Lorio Ormsby I, ante, págs. 727-729.

Ahora bien, en vista de que el Jurado está compuesto de personas desconocedoras del ordenamiento jurídico, para que éstos puedan desempeñar su función a cabalidad se requiere que sea correctamente instruido sobre el derecho aplicable por el juez que presida el proceso. Véanse: Pueblo v. Lorio Ormsby I, ante, pág. 727; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, pág. 439; Pueblo v. Cruz Correa, ante, pág. 277; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150 (1985). De este modo, las instrucciones al Jurado son el mecanismo procesal, a través del cual el Jurado conocerá el derecho aplicable al caso. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73, 79 (1971).

En varias ocasiones hemos enfatizado la importancia de las instrucciones que el juez debe transmitir al Jurado. Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968); Pueblo v. Burgos Dávila, 76 D.P.R. 199, 202 (1954); Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953). En términos generales, el acusado tiene el derecho a que se informe al Jurado de todos los aspectos del Derecho que, según cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000); Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507, 518 (1992); Pueblo v. Tufiño Cruz, ante. Esto es así, ya que “corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine los hechos”. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981).

Las instrucciones deben incluir los elementos del delito imputado, haciendo hincapié en que el Ministerio Fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los elementos del delito más allá de duda razonable. También debe incluir las instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para ese delito, es decir, sobre la intención o negligencia criminal requerida. Véase Chiesa Aponte, op. cit, págs. 331-332. Ello en vista de que el estado mental o mens rea es un elemento subjetivo que le corresponde determinar al Jurado a la luz de los hechos. Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, págs. 441-442.

Además, las instrucciones deben cubrir los elementos de aquellos delitos inferiores al imputado o comprendidos en éste; ello siempre y cuando la prueba así lo justifique. Véanse: Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860, 886 (1998); Pueblo v. Lorio Ormsby I, ante, pág. 727; Pueblo v. González Colón, ante, pág. 815. Esto es, no se le transmitirá al Jurado de forma automática una instrucción sobre delitos inferiores, sino que es necesario que exista evidencia sobre la cual el Jurado pueda inferir razonablemente que el acusado es culpable del delito inferior. Véase Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893, 910 (1938).

Vemos, pues, que el fundamento para impartirle al Jurado una instrucción sobre un delito inferior es que esté apoyada en prueba que la justifique. El problema es determinar qué implica el que “la prueba justifica las instrucciones.” Sobre este particular se ha expresado que:

[E]sío sólo puede significar que haya evidencia admitida, que de ser creída por el jurado, sería suficiente como cuestión de derecho penal sustantivo, para que el acusado prevalezca. El juez no debe aquí hacer juicio de credibilidad alguno para no impartir la instrucción, pues estaría usurpando funciones del jurado, en violación^ al derecho constitucional del acusado a juicio por jurado. (Énfasis suplido.) Chiesa Aponte, op. cit., pág. 332.

Ahora bien, la facultad que la ley le concede al Jurado no puede ser ejercitada caprichosa o arbitrariamente. Véase Pueblo v. Saltari, ante, pág. 910. A esos efectos hemos expresado que:

El veredicto que reduzca el grado de delito debe estar fundado en evidencia tendente a demostrar o capaz de producir duda razonable sobre la existencia del delito inferior; y si esa evidencia no existe, ni el juez puede transmitir instrucciones sobre el delito inferior, ni el jurado puede traer un veredictq reduciendo el grado del imputado en la acusación. (Énfasis suplido.) Id.

Es por ello que un juez actúa correctamente al denegar una instrucción sobre un delito menor incluido, si estima que la evidencia, aun pudiendo ser creída por el Jurado, resulta insuficiente en derecho para establecer la comisión del delito. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 332.

Refiriéndonos específicamente a la procedencia de una instrucción sobre el delito de homicidio, en el procedimiento seguido contra un acusado por el delito de asesinato hemos expresado desde Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561-562 (1950), citando y traduciendo a Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314-315 (1896), que:

“No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontrovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún [a] ... prueba a es[os] efecto [s], el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio ... es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fue homicidio ... y no asesinato.”

No obstante, hemos sido enfáticos en que el tribunal sentenciador no debe transmitir las instrucciones de homicidio, si los autos carecen de evidencia que justifique tal veredicto. Fomentar dicha práctica equivaldría a autorizar al Jurado a imponer un castigo diferente al prescrito para el delito que de hecho se cometió. Véanse: Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 395 (1970); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394, 398 (1953).

Como es sabido el Art. 85 del Código Penal de 1974 dispone, en lo pertinente, que comete el delito de homicidio “[t]oda persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. 33 L.P.R.A. sec. 4004. Es decir, se comete este delito al dar muerte a un ser humano, como consecuencia de una pendencia súbita o de un arrebato de cólera, causado por una provocación adecuada por parte de la víctima. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 46 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, ante, pág. 279. Se trata de un acto intencional e ilegal que causa la muerte, pero por existir circunstancias atenuantes la calificación del delito y la pena varían en beneficio del acusado. La circunstancia atenuante consiste en que el acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta.

El homicidio se comete sin que medie reflexión y premeditación, esto es, sin un plan previo para matar. Pueblo v. Moreno Morales I, ante, pág. 284. Del mismo modo, el elemento de maldad o malicia está ausente en este delito. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002). Estas características son las que, precisamente, diferencian al homicidio del asesinato en primer y segundo grado. Véanse: Pueblo v. Gómez Nazario, 121 D.P.R. 66, 73 (1988); Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684, 689 (1988).

El homicidio presupone que el autor de la muerte actuó movido por una provocación adecuada de tal naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar según sus impulsos mentales causados por la cólera, pendencia o emoción violenta. Véanse: Pueblo v. Negrón Caldero, ante; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, págs. 283-284; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, pág. 46; Pue blo v. Cruz Correa, ante, pág. 279. Sin embargo, la sed de venganza nunca será suficiente para catalogar el delito como un homicidio. 2 La Fave Substantive Criminal Law, Sec. 7.10(a), pág. 255 (1986); 1 Witkin & Epstein, California Criminal Law 2d, Sec. 515, pág. 582 (1988). Asimismo, hemos sostenido que

[s]i no existe esa provocación o si habiendo existido [la misma] no es lo suficientemente grave y la actuación del matador está fuera de toda proporción con el grado de la provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque el acusado no hubiese preconcebido la [idea]. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 667 (1943).

De lo anterior se desprende que para determinar la posible comisión del delito de homicidio hay que identificar, al menos, tres factores. Éstos son, que: (1) la muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en un arrebato de cólera o de pendencia súbita (heat of passion)', (2) la muerte esté precedida de una provocación adecuada, y (3) la muerte ha ocurrido antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor se hubiere razonablemente “enfriado” {cooling off period). R.N. Perkins y R.M. Boyce, Criminal Law, 3ra ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1982, pág. 85; La Fave, op. cit., pág. 573; C.E. Torcia, Wharton’s Criminal Law, 15ta ed., Nueva York, Ed. Clark Boardman Callaghan, 1994, Sec. 166, págs. 367-369.

Ahora bien, cuando hablamos del delito de asesinato nos referimos a un solo delito consistente en “dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”. Véase el Art. 82 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal), 33 L.P.R.A. see. 4001. Éste, a su vez, se divide en grados, atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al cometer el acto y al solo efecto de la imposición de la pena. Pueblo v. Rivera Alicea, ante, pág. 44; Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961). El asesinato es un delito que, por su definición y naturaleza, conlleva un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o condición en el acusado, compuesto por una deficiencia inherente en su sentido de moral y rectitud, sin preocupación por el respeto y la seguridad de la vida humana. Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135 D.P.R. 789, 800 (1994).

En cuanto a los grados del asesinato observamos que la diferencia radica en que el asesinato en primer grado requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de la deliberación. En el asesinato en segundo grado la muerte es maliciosa y premeditada, pero la deliberación está ausente. Véanse: Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4002; Pueblo v. Gómez Nazario, ante, pág. 73; Pueblo v. González Pagán, ante, pág. 689. Esto es, el asesinato en primer grado se caracteriza por la deliberación e intención específicas de matar. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 926 (1953). Ello a diferencia del asesinato en segundo grado, en el que basta con la malicia premeditada, sin la intención específica de matar. Aquí se refiere a la intención de realizar un acto o producir un grave daño corporal que con toda probabilidad resultará en la muerte de una persona. Pueblo v. Méndez, ante; Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 775 (1954).

La malicia premeditada, que es el elemento mental requerido en el delito genérico de asesinato, implica la ausencia de causa justa o excusa y conciencia al ocasionar la muerte de un semejante. Pueblo v. Carmona, Rivera, 143 D.P.R. 907, 914 (1997); Pueblo v. Robles González, 132 D.P.R. 554, 563 (1993); Pueblo v. Rivera Alicea, ante, pág. 45. Por otro lado, la deliberación es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración. Véase Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371, 375 (1967).

Cualquier período de tiempo, por corto que sea, será suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso puede ser tan rápido como el pensamiento. Véanse: Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 368 esc. 59 (1991). Esto es, tanto la deliberación como la malicia premeditada no requieren ne cesariamente de un plan previo ni que se conciban con mucho tiempo de antelación a los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, ante, pág. 368. No tiene que transcurrir determinado período de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma, ya que ambos elementos pueden concebirse en el momento del ataque. Véanse: Pueblo v. González Pagán, ante, pág. 689; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897, 899 (1974). A esos efectos hemos expresado que “la premeditación [y la deliberación] puede [n] formarse en un instante antes del acto, y puede[n] existir ...no obstante la rapidez con que el acto se haya realizado”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Méndez, ante, pág. 921.

Por otra parte, la deliberación y la malicia son elementos subjetivos que, de ordinario, no pueden comprobarse mediante prueba directa por lo que, en ocasiones, es preciso recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos pueden inferirse razonablemente. Pueblo v. López Rodríguez, ante, págs. 898-899; Pueblo v. Rosario, ante, pág. 375. Estos elementos pueden deducirse por: los actos y las circunstancias que rodearon la muerte', la relación entre las partes; la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado, así como de los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen. Véanse: Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061; Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, págs. 914-915; Pueblo v. Moreno Morales I, ante, pág. 287; Pueblo v. Rivera Alicea, ante, pág. 45; Pueblo v. López Rodríguez, ante, pág. 899. “ ‘Una intención maliciosa y criminal se presume por la manera ... [en] que ...se comet[é] un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro’ ”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, pág. 915, citando a Pueblo v. Santiago, 54 D.P.R. 167, 171 (1939).

Este Tribunal ha reconocido varias instancias en las que se puede inferir fácilmente la malicia premeditada o la deliberación. A modo de ejemplo, podemos señalar: (1) el acto de atacar a una persona con una arma mortífera, ya que de su uso puede inferirse la intención de matar o causar daños cuya consecuencia probable sea la muerte; (2) atacar con una arma a una persona desarmada; (3) dispararle a la víctima en más de una ocasión, a corta distancia y alcanzándola en la cara; (4) dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego y luego acercársele para dispararle tres veces más mientras le dice “para acabar contigo”; (5) ultimar a balazos a la víctima, luego de que ésta retrocediera y rogara para que no le disparara; (6) cuando sin mediar palabras el acusado le dispara a unos jóvenes y mata a alguno de ellos; (7) cuando sin mediar palabras el acusado le dispara tres tiros a un policía que le ordenó detenerse; (8) inferirle numerosas heridas punzantes a la víctima, atacándola por la espalda; (9) apuñalar a la víctima mientras otro lo agarra. Véanse: Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, pág. 907; Pueblo v. Rivera Alicea, supra; Pueblo v. Guzmán, Toro, 107 D.P.R. 700 (1970); Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125 (1977); Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369 (1980); Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R. 127(1979); Pueblo v. Garay, 105 D.P.R. 86 (1976).

Como expresáramos, son precisamente los elementos de la malicia y la deliberación los que distinguen un asesinato de un homicidio. Para determinar si, en casos como éste, la prueba justificaba impartir la instrucción sobre homicidio debemos, en primer lugar, examinarla para ver si en el acusado, al momento de matar, hubo elementos de malicia o deliberación, característicos del delito de asesinato. En segundo término, para determinar si, independientemente del hecho de la existencia de la malicia y premeditación se presentó prueba que justificaba, o hacia mandatoria, la instrucción al Jurado sobre el delito de homicidio voluntario. Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592 (2003).

III

Un análisis objetivo y sereno de la evidencia que desfiló en este caso ante el juzgador de los hechos a nivel de instancia —el Jurado— nos convence de que el Estado presentó prueba, más allá de duda razonable, de todos y cada uno de los elementos del delito por el cual fue convicto el recurrido Negrón Ayala —asesinato en primer grado— y que no desfiló prueba que hiciera necesario que el tribunal de instancia le trasmitiera al Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario.

Conforme a la prueba desfilada, el recurrido Juan M. Negrón Ayala entró —con una mochila— a una oficina de la Unión de Tronquistas en compañía del Sr. Noel Colón González, quien era el supervisor del primero y la persona asesinada por Negrón Ayala. Luego de que ambos entraron a la oficina, se escucharon unas “voces altas” o “discusión”; inmediatamente se escuchó una detonación de arma de fuego y, después, varias detonaciones más a intervalos de varios segundos; además, que Negrón Ayala salió de la oficina, le pidió a un empleado de la Unión que se encargara de su hijo menor de edad y le entregó un arma de fuego —el arma que causó la muerte— a otro empleado y le pidió a éste que la “desapareciera”.

Como podemos notar, de la prueba de cargo presentada, el juzgador de los hechos podía inferir razonablemente que: (1) el acusado recurrido llevaba el arma de fuego en la mochila, lo cual demuestra premeditación; (2) no hubo una discusión mayor, o conflicto, entre Negrón Ayala y Colón González después que entraron a la oficina, ya que el primer disparo se escuchó casi inmediatamente después, lo cual elimina la posibilidad de una provocación o arrebato de cólera que justificara la instrucción de homicidio voluntario al Jurado-, (3) el motivo de la agresión fue por haber sido despedido de su trabajo; (4) el acusado Negrón Ayala ciertamente tenía la intención específica de matar a Colón González, pues le disparó seis veces, y (5) el acusado actuó fríamente al cometer el delito, pues luego de los disparos, salió y dio instrucciones sobre el cuido de su hijo y solicitó que desaparecieran el arma de fuego, lo cual demuestra que estuvo en control de sus emociones todo el tiempo. Todo ello nos lleva a la conclusión de que lo ocurrido fue un asesinato en primer grado.

Por otro lado, el testimonio del propio acusado confirma que no se podía considerar, en lo absoluto, que el crimen cometido constituyera un homicidio voluntario, lo cual hubiera requerido una instrucción a esos efectos. Este testimonio no establece la provocación ni el arrebato de cólera que requiere nuestra jurisprudencia a esos efectos. Dicho de otra manera, aquí no hubo una provocación “de tal naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia o emoción violenta”. Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 608 (2003). Véanse: Pueblo v. Negrón Caldero, ante; Pueblo v. Moreno Morales, ante.

En resumen, creemos que estos hechos no representan a una persona que actúa bajo los efectos de una súbita pendencia o arrebato de cólera. Por el contrario, entendemos que los hechos demuestran claramente que estamos ante una muerte causada por una persona que actuó, fría y calculadamente, con sed de venganza, sentimiento que nunca podrá justificar una instrucción por el delito de homicidio voluntario.

En vista de lo antes expuesto, la única instrucción que realmente estaba justificada por la prueba fue la que, precisamente, se le transmitió al Jurado la del delito de asesinato y sus distintos grados. Por lo tanto, actuó correctamente el juez de instancia al negarse a impartirle al Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario.

IV

Procede, en consecuencia, revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez, a la que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

La Mayoría concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al negarse a impartirle al Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. So-mos del criterio que fue ofrecida y admitida prueba suficiente para justificar e impartir la instrucción. Le correspondía, entonces, al Jurado evaluar esa prueba y llegar a las conclusiones de hechos correspondientes. Por tal motivo respetuosamente DISIENTO del curso de acción tomado por la Mayoría.

Mediante el recurso presentado ante nos se solicita la revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, mediante la cual se revocó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que se declaró culpable al Sr. Juan M. Negrón Ayala (señor Negrón Ayala) por los delitos de asesinato en primer grado e infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas). El Tribunal de Apelaciones revocó las convicciones y devolvió el caso para la celebración de un nuevo juicio por razón de que el Tribunal de Primera Instancia había errado al no transmitir al Jurado las instrucciones solicitadas sobre el delito de homicidio. Veamos el cuadro fáctico que origina este recurso.

I

El 15 de noviembre de 2001, el señor Negrón Ayala entró a la oficina del Sr. Noel Colón González (señor Colón González), entonces presidente de la Unión de Tronquistas (la Unión), y lo mató de varios disparos con un arma de fuego. Sobre este hecho no existe controversia, ya que el señor Negrón Ayala lo admite.

El 26 de diciembre de 2001, el Ministerio Público presentó una acusación contra éste por el delito de asesinato en primer grado y por infracción al Art. 4.04 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 457i, por conducir y portar una pistola cargada sin haber obtenido una licencia y con la cual causó la muerte al señor Colón González.

Luego de varios trámites procesales, el 30 de abril de 2002 comenzó el juicio por Jurado. Al finalizar la presentación de la prueba, y antes de que se presentaran los informes al Jurado, la defensa del señor Negrón Ayala solicitó verbalmente que se impartieran las instrucciones sobre el delito de homicidio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, ya que no veía justificación para dicha instrucción y procedió a impartir instrucciones de asesinato en primer grado, segundo grado y legítima defensa. El Jurado emitió veredictos de culpabilidad por mayoría de diez a dos en el delito de asesinato en primer grado y por unanimidad en el delito de violación a la Ley de Armas.

Insatisfecho, el señor Negrón Ayala acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando la comisión de varios errores, entre ellos, la decisión del Juez del Tribunal de Primera Instancia de negarse a impartir instrucciones sobre el delito de homicidio. El 31 de mayo de 2005, el Tribunal de Apelaciones determinó que, ante la prueba presentada por las partes, y admitida durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a impartirle al Jurado instrucciones sobre el delito de homicidio. En consecuencia, el foro intermedio apelativo revocó las convicciones y devolvió el caso al foro primario para la celebración de un juicio nuevo.

Insatisfecho, el Procurador General acude ante nos mediante recurso de certiorari, alegando la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que, a la luz de la prueba presentada por el Ministerio Publico y admitida en evidencia, era necesario que el juez que presidió los procedimientos impartiera instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, cuya ausencia diera lugar a la revocación del veredicto de culpabilidad y la sentencia dictada contra el Sr. Negrón Ayala por el delito de asesinato en primer grado. Petición de certiorari, pág. 11.

II

Durante el juicio en su fondo, el Ministerio Público y la defensa presentaron pruebas y los testimonios de dieciocho testigos. A continuación presentamos, en síntesis, lo declarado por algunos de ellos, conforme a la exposición narrativa estipulada de la prueba, a los fines de exponer los hechos que originan el caso de epígrafe.

La Sr. Yolanda Landrau Ramos, recepcionista de la Unión y del Hoffa Medical Center, declaró que el 15 de noviembre de 2001, a eso de 11 Á.M., vio a los señores Colon González y Negrón Ayala caminar juntos hacia el área de las oficinas que quedaban en la parte de atrás. Atestó que mientras contestaba el teléfono escuchó una detonación, continuó hablando, escuchó entonces una segunda detonación y que al intentar salir de su área de trabajo escuchó una tercera detonación.

La Sra. Nilsa Salgado Díaz, Secretaria Ejecutiva de la Unión, declaró que presenció cuando los señores Colón González y Negrón Ayala entraron juntos a las oficinas del edificio de la Unión. A los dos minutos, mientras ella se dirigía a su oficina, escuchó dos detonaciones y antes de empezar a gritar por temor y avisarle a la señora Landrau Ramos que saliera de las oficinas. Mientras estaba 11a-mando al sistema de emergencias 911, miró y vio al señor Negrón Ayala pedir se llamara a la Policía, a una ambulancia y a un abogado.

El Sr. Ángel Figueroa Cortés, representante de la Unión de Tronquistas, vio a los señores Colón González y Negrón Ayala caminar por el frente de él y entrar a la oficina del señor Colón González. Observó que el señor Negrón Ayala llevaba una mochila en sus manos. Escuchó una discusión que provenía de adentro de la oficina y como a los cinco o siete segundos escuchó tres detonaciones. Las detonaciones provenían de la oficina del señor Colón González, en intervalos de tres a cuatro segundos cada una. Inmediatamente se dirigió a la oficina del señor Colón González y trató de abrir la puerta sin éxito. En ese momento, el señor Negrón Ayala le indicó que se llevara a su hijo que estaba en un vehículo en el estacionamiento de la Unión. Después, sintió unos golpes de patadas en el piso y escuchó al señor Negrón Ayala decir: “¡Cabrón, quién es el próximo!”. De nuevo escuchó al señor Negrón Ayala decirle que: “Llévate a mi nene que está en el parking”. Al llegar al vehículo del señor Negrón Ayala, notó que el vehículo estaba encendido y que el hijo de éste se encontraba dentro. En ese momento observó al señor Negrón Ayala salir de las oficinas de la Unión y entregarle un arma de fuego al Sr. Juan Viñas. Después observó al señor Negrón Ayala acercarse al vehículo encendido, hablar con su hijo, echar la mochila en el carro y entrar de nuevo a las oficinas de la Unión.

El Sr. José Santos Betancourt declaró que el arma de fuego —pistola Smith & Wesson 9mm, color marrón y negra, número de serie A-303533— se le extravió en octubre de 1980. Posteriormente se probó que esta fue el arma que le causó la muerte al señor Colón González.

El Sr. Juan Viñas, empleado en el Departamento de Mantenimiento y Mensajería de la Unión, testificó que estando en el salón de conferencias de la Unión, escuchó las voces altas de los señores Negrón Ayala y Colón González. Se percató que la voz más alta era la del señor Negrón Ayala. Más tarde escuchó un tiro, abrió la cortina pero no vio nada. Segundos más tarde escuchó una ráfaga de tiros provenientes de la oficina del señor Colón González. Se tiró al piso, vio a la Sra. Nilsa Salgado salir corriendo, se levantó y salió corriendo detrás de ella hacia la calle. Un tiempo después, volvió a las oficinas de la Unión y se encontró al señor Negrón Ayala quien le dijo “Cógela y desaparécela”, en alusión al arma de fuego. El señor Viñas cogió el arma que estaba todavía caliente y la escondió detrás de unos sacos de cemento en el salón de conferencias de la Unión. Tres días después procedió a entregar el arma al agente José A. Mojica Rivera.

El agente Agustín Rodríguez Pellot declaró que a eso de las 11:45 a.m. se le informó de un tiroteo en las oficinas de la Unión. Al llegar a las instalaciones encontró al señor Negrón Ayala intranquilo y caminando de lado a lado. Le notó manchas de sangre en los talones del pantalón, sin embargo no estaba herido en la pierna. El señor Negrón Ayala le indicó que no iba a hablar hasta que llegara su abogado.

El agente Manuel Pietri, declaró que a las 11:50 a.m. recibió información de que hubo un tiroteo en la oficina de la Unión. Al llegar a la escena notó una mancha de sangre en el tobillo al señor Negrón Ayala. El señor Negrón Ayala indicó que no estaba herido. Procedió a leerle sus derechos y se puso bajo arresto. Además, encontró una carta de cesantía en el bolsillo del señor Negrón Ayala.

El Dr. Luis Ariel Ortiz, médico generalista del Hoffa Medical Center, declaró que estaba en la Oficina Administrativa de la Unión cuando escuchó al Sr. Luis Viñas decir: “Llamen a la ambulancia que Juan mató a Noel”. En ese momento se dirigió a la oficina del señor Colón González, donde encontró su cuerpo herido y observó varias manchas de sangre en la pared. Describió que el señor Colón González estaba acostado y parecía que había chocado contra la pared y se había deslizado.

El Dr. Francisco Cortés González, patólogo forense, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, declaró que la autopsia del señor Colón González se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2001 y se preparó el informe médico forense el 11 de enero de 2002. Identificó seis heridas de bala en el cuerpo, con trayectorias de abajo hacia arriba y otras con trayectoria de arriba hacia abajo.

El señor Negrón Ayala declaró que el 15 de noviembre de 2001, tuvo una reunión a las 6:00 a.m. en Mayagüez. Su hijo lo acompañó ese día, ya que su esposa estaba en unos seminarios en Estados Unidos. Más tarde en la mañana recibió una llamada del señor Colón González en la cual lo citó a una reunión en las oficinas de la Unión. Al llegar a la Unión, ambos entraron a la oficina del señor Colón González y el señor Negrón Ayala se sentó en una silla. El señor Colón González abrió una gaveta del escritorio y le entregó al señor Negrón Ayala la carta de despido. Éste la leyó y le cuestionó por qué estaban tomando esa acción. A esto, el señor Colón González le indicó, “¿Esto es lo que hay?”; y el señor Negrón Ayala le dijo “Bueno, ustedes me van a tener que pagar la mesada que le pagaron a Gabby”. El señor Colón González ripostó alegadamente, “lo que te vamos a pegar a ti es un tiro, cabrón”. En ese momento observó al señor Colón González tratar de sacar una pistola del escritorio y fue, entonces, cuando se le abalanzó encima, forcejearon, momento cuando afirmó que la mente se le fue en blanco y que lo próximo que recuerda fue ver al señor Colón González a sus pies. No estaba consciente de cuántos tiros había disparado, no tenía noción de los casquillos en el piso ni de lo que había pasado.

III

La Constitución de Puerto Rico dispone que toda persona que sea acusada por la comisión de un delito grave tiene derecho a un juicio por un Jurado. La Regla 111 de Procedimiento Criminal reconoce el derecho a ser juzgado por sus pares a todo acusado de delito grave.

En nuestra jurisdicción le corresponde al Jurado el deber de actuar como juzgador de los hechos presentados durante el juicio. Ello implica que será ese Jurado quien tiene la última palabra no sólo en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino en cuanto a la responsabilidad de evaluar los hechos que se le imputan con relación al delito en específico, o el grado de éste, por el cual éste debe responderle a la sociedad. Su función principal es evaluar la evidencia presentada durante el juicio y llegar a las conclusiones de los hechos correspondientes.

Al finalizar el Ministerio Público y la defensa su presentación de la evidencia, el juez que preside el proceso instruirá al Jurado sobre el derecho aplicable al caso. Las instrucciones al Jurado deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos del delito imputado sino los delitos inferiores al delito imputado o comprendido en éste. También se deben incluir los elementos esenciales de las defensas argumentadas por el acusado, así como los puntos del derecho que según cualquier teoría pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. De igual forma se deben incluir instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para el delito imputado, es decir, sobre la intención o negligencia criminal requerida. Ello, en vista de que el mens rea es un elemento subjetivo que le corresponde determinar al Jurado a la luz de los hechos.

Las instrucciones sobre los delitos inferiores no serán transmitidas de forma automática al Jurado. Será necesario que exista evidencia de la cual el Jurado pueda razonablemente inferir que el acusado es culpable del delito inferior. Sobre este particular se ha expresado lo siguiente:

[E]sto sólo puede significar que haya evidencia admitida, que de ser creída por el jurado, sería suficiente como cuestión de derecho penal sustantivo, para que el acusado prevalezca. El juez no debe aquí hacer juicio de credibilidad alguno para no impartir la instrucción, pues estaría usurpando funciones del [Jlurado, en violación al derecho constitucional del acusado a juicio por [J]urado.

En Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561-562 (1950), citando a Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314— 315 (1896), nos expresamos sobre la procedencia de una instrucción por el delito de homicidio en un procedimiento seguido contra un acusado:

“No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontrovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a ese efecto, el [Jlurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio ... es al [Jlurado que incumbe determi nar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fu[e] homicidio ... y no asesinato.
Para la corte la prueba puede tender a demostrar de manera abrumadora que se trata en verdad de un asesinato, y no de un homicidio o de un acto de defensa propia. Empero, mientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibilidad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el [J]urado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal.” (Traducción y énfasis suplidos.)

En Pueblo v. Galarza, supra, pág. 562, citando a Kinard v. United States, 96 F.2d 522, 525 (1938), expresamos lo siguiente:

“Es cierto que la declaración del acusado fue abiertamente controvertida. Podría sostenerse que la prueba tendía a demostrar de manera abrumadora que se había cometido un asesinato más bien que un homicidio voluntario. ... No era el deber de la corte sentenciadora apreciar la prueba y determinar si el acusado era culpable de asesinato o homicidio, sino meramente determinar la cuestión preliminar de derecho, o sea si hubo tal carencia de prueba sobre homicidio que exigía que la cuestión no fuera sometida a la consideración del [J]urado ....
El hecho de que en el presente caso hubiera otra prueba altamente persuasiva de que se trataba de un asesinato, no afecta la aplicación de la regla enunciada.” (Traducción nuestra.)

Por frágil que sea, si de la prueba surge alguna evidencia que justifique un veredicto de homicidio, se deben comunicar las instrucciones de tal delito. “No importa lo increíble que pueda parecer determinada evidencia al juez que dirige la celebración de un juicio por Jurado. No es a él sino al \J\urado al que corresponde decidir sobre el crédito que deba darse a los testigos”. (Enfasis suplido.) Sin embargo, no se deben transmitir tales instrucciones si los autos carecen totalmente de evidencia que justifique tal veredicto. Permitir que se informen tales instrucciones de homicidio, cuando los autos están huérfanos de evidencia que justifique tal veredicto, equivale a autorizar al Jurado que imponga un castigo diferente al prescrito para el delito que se cometió.

El Art. 85 del antiguo Código Penal de Puerto Rico dis-pone que incurre en el delito de homicidio “[t]oda persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. (Énfasis suplido.) Los elementos de este delito radican en dar muerte a un ser humano, como consecuencia de una pendencia súbita o de un arrebato de cólera, causado por una provocación por parte de la víctima. Se trata de un acto intencional e ilegal que causa la muerte, pero por existir circunstancias atenuantes la calificación del delito y la pena varían en beneficio del acusado. La circunstancia atenuante se da cuando el acto del acusado consiste de una reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta. Según esta modalidad, la muerte de la víctima se produce sin mediar premeditación y sin un plan previo para matar. La provocación que mueve al autor del delito tiene que ser de tal naturaleza que lleve a una persona ordinaria perder su dominio por unos impulsos mentales causados por cólera, pendencia o una emoción violentad. Asimismo hemos sostenido que “[si] no existe esa provocación o si habiendo existido no es lo suficientemente grave y la actuación del matador está fuera de toda proporción con el grado de la provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque el acusado no hubiese preconcebido la idea”. El elemento de maldad o malicia está ausente en este delito. De igual forma, la sed de venganza nunca será razón suficiente para catalogar el delito de asesinato como un homicidio.

En la modalidad del homicidio por arrebato de cólera se requiere que exista una provocación previa que sea lo suficientemente capaz de lograr una reacción violenta, intencional, pero no calculada, ni preconcebida, en el hombre prudente y razonable. En cambio, en la modalidad del homicidio por súbita pendencia, se requiere la existencia de una pelea súbita, a la cual se entra sin la intención previa de matar o de causar algún tipo de daño corporal. Estas características son las que, precisamente, diferencian al homicidio del asesinato en primer y segundo grado. De transcurrir un lapso de tiempo durante el cual la persona pueda recobrar su autocontrol, o ha recapacitado o premeditado, entonces se tratará de un asesinato y no de un homicidio.

Sobre los factores necesarios para determinar la posible comisión del delito de homicidio hemos expresado lo siguiente:

Estos son: (i) que la muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en un arrebato de cólera o pendencia súbita (heat of passion); (ii) que la muerte estuviera precedida de una provocación adecuada, y (iii) que la muerte haya ocurrido antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor razonablemente se hubiera enfriado (cooling off period).

IV

La opinión mayoritaria sostiene que el foro intermedio apelativo erró al ordenar un nuevo juicio, ya que la única instrucción que estaba justificada por la prueba fue el delito de asesinato y sus distintos grados. Diferimos. Veamos.

El señor Negrón Ayala declaró que el día de los hechos el señor Colón González le entregó una carta de despido, a lo cual él le indicó que iban a tenerle que pagar una cantidad de dinero en concepto de mesada. A esto, el señor Colón González le contestó “[l]o que te vamos a pegar a ti es un tiro cabrón”. En ese momento observó al señor Colón González tratar de sacar un arma de fuego de una gaveta del escritorio y fue entonces cuando se le abalanzó encima, forcejearon, momento cuando sostuvo que se le fue la mente en blanco y lo próximo que recuerda fue ver al señor Colón González en sus pies.

Es menester señalar que el testimonio del señor Negrón Ayala es el único que narra lo que alegadamente ocurrió en la oficina del señor Colón González. El resto de los testimonios se limitan a describir lo que se escuchó antes de las detonaciones y lo que se pudo observar después de ellas. Sin embargo, dos testigos de cargo declararon que oyeron una discusión entre los señores Negrón Ayala y Colón González antes de las detonaciones. El testigo, Sr. Ángel Figueroa Cortés, escuchó una discusión que provenía de la oficina del señor Colón González y unos segundos después escuchó las detonaciones. El Sr. Juan Viñas narró que escuchó las voces altas de los señores Negrón Ayala y Colón González, momentos antes de la primera detonación.

Con el beneficio de la evidencia descrita, nos corresponde evaluar si el Tribunal de Primera Instancia tenía la obligación de impartirle al Jurado las instrucciones solicitadas por la defensa sobre el delito de homicidio. Como piedra angular de su teoría, la defensa intentó demostrar que la amenaza con un arma de fuego por parte del señor Colón González hacia el señor Negrón Ayala fue la causa de la reacción defensiva que provoca una reyerta entre ambos. Es durante ésta que el señor Negrón Ayala alegadamente sufre tal arrebato de cólera o súbita pendencia que causa que su mente se vaya en blanco y le dé muerte al señor Colón González, sin la malicia premeditada requerida para que constituya un asesinato.

Creemos que la evidencia presentada en el caso de autos era suficiente para que el Tribunal de Primera Instancia impartiera las instrucciones al Jurado sobre el delito de homicidio. Le correspondía entonces al Jurado aquilatar la versión del acusado y evaluar si el testimonio establecía que la muerte del señor Colón González era consecuencia de un homicidio. A nuestro entender, se presentó evidencia sobre la cual el Jurado estaba en posición de determinar si el señor Negrón Ayala se encontraba en un estado de súbita pendencia o arrebato de cólera al momento de causarle la muerte al señor Colón González. Hay pruebas de una discusión a puertas cerradas, una carta de despido, unas voces altas, de una alegada provocación al sacarse un arma de fuego, una posible legítima defensa, unos tiros, una alegada reacción violenta defensiva y un estado de intranquilidad por parte del acusado posterior al incidente. Están presentes elementos suficientes para permitir la instrucción de homicidio solicitada por la defensa. Se debió someter la cuestión al Jurado, para que fuera éste quien rindiera el veredicto que procedía.

La opinión mayoritaria enumera una lista de hechos que el juzgador debía “razonablemente inferir”. Comienza indicándonos que el juzgador debió “razonablemente inferir” que el señor Negrón Ayala llevaba el arma de fuego en la mochila, lo cual demuestra premeditación. Es menester recalcar que la prueba directa desfilada durante el juicio nunca estableció que en la mochila del señor Negrón Ayala había un arma de fuego. Sin embargo, de la misma forma que se podía “inferir razonablemente” que el arma de fuego se encontraba en la mochila del señor Negrón Ayala, podía también “razonablemente inferirse” que en la gaveta del escritorio del señor Colón González era donde se encontraba esa arma de fuego. Ciertamente, a la luz de la evidencia y del testimonio del señor Negrón Ayala, ambos asuntos podían ser “razonablemente inferidos” por el juzgador de los hechos. Por ende, era al Jurado, y no al juez, a quien le correspondía decidir cuál de ambas versiones podía determinar como cuestión de hecho, de forma indirecta.

La opinión mayoritaria expresa, además, que se debe inferir que no hubo discusión mayor, o conflicto, ya que el “primer disparo se escuchó casi inmediatamente después” que entraran a la oficina, y esto “elimina la posibilidad de una provocación o arrebato de cólera que justificara la instrucción de homicidio voluntario al Jurado...”. (Enfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 422. Es menester particulizar que el único testimonio que le narra al Jurado lo que alegadamente ocurrió dentro de la oficina del señor Colon González es el del acusado, señor Negrón Ayala. El señor Negrón Ayala testificó que después que reclamó el pago de mesada, fue que el señor Colón González le dijo “lo que te vamos a pegar a ti es un tiro, cabrón” y observó al señor Colón González tratar de sacar una pistola del escritorio. Fue entonces cuando se le abalanzó encima, forcejearon, y se le fue la mente en blanco. Se podía inferir que la conversación fue de corta duración, porque el señor Colón González amenazó al acusado con un arma de fuego en un espacio limitado de tiempo, lo que provocó el forcejeo entre ambos y el desenlace que ya conocemos. Ala luz de la evidencia y del único testimonio de los hechos que tenemos, ambos asuntos podían ser “razonablemente inferidos” por el juzgador de hechos. Por ende, era al Jurado y no al juez, al que le correspondía decidir a cuál de ambas versiones debía brindarle crédito.

No hay duda que el despido del señor Negrón Ayala por parte del señor Colón González fue lo que motivó la reunión entre ambos. Tanto es así, que al señor Negrón Ayala se le encontró una carta de despido en el bolsillo del pantalón. Según el testimonio del señor Negrón Ayala, se podía “razonablemente inferir” que lo que provocó la discusión inicial entre ambos fue el despido. Se podía inferir, como sostiene la opinión mayoritaria, pág. 422, “que el motivo de la agresión fue por haber sido despedido de su trabajo”. Pero también se podía “inferir razonablemente” que lo que provocó la situación y el enfrentamiento entre ambos fue la amenaza del señor Colón González y su movimiento para extraer un arma de fuego de su escritorio. Era al Jurado, y no al juez, a quien le correspondía formular razonablemente la inferencia que le permitiera determinar los hechos.

El juzgador de los hechos podía “razonablemente inferir”, que “el acusado Negrón Ayala ciertamente tenía la intención específica de matar a Colón González, pues le disparó seis veces...”. Opinión mayoritaria, pág. 422. No se encuentra en controversia que el señor Colón González recibió seis disparos. Se puede “inferir razonablemente” que disparar repetidas veces a una persona es evidencia de una intención específica de matar. Sin embargo, en el caso de marras no hay evidencia directa de que esa fue la situación. El único testigo de los hechos es el propio acusado. Su testimonio narra que cuando el señor Colón González sacó la pistola del escritorio, él se le abalanzó encima, forcejearon, se le fue la mente en blanco y que lo próximo que recuerda es ver al señor Colón González a sus pies. Según este testimonio, se puede “razonablemente inferir” que una persona amenazada con un arma de fuego sufra una reacción de tal magnitud que le cause que su mente se vaya en blanco. Y en ese alterado estado anímico, en medio de un forcejeo entre dos hombres, donde hay un arma de fuego implicada —in the heat of passion— se pierda la noción de cuántos disparos se hagan. Era al Jurado y no al juez, a quien le correspondía decidir a cuál de ambas versiones brindarle crédito.

Sostiene la Mayoría que el juzgador de los hechos podía “razonablemente inferir”, que el “acusado actuó fríamente al cometer el delito, pues luego de los disparos, salió y dio instrucciones sobre el cuido de su hijo y solicitó que desaparecieran el arma de fuego, lo cual demuestra que estuvo en control de sus emociones todo el tiempo”. Opinión mayoritaria, pág. 422. Sin embargo, a base de la prueba directa desfilada, el juzgador de los hechos también podía “razonablemente inferir” que si el señor Negrón Ayala, fríamente y con sed de venganza, premeditó la muerte del señor Colón González, no hubiera ido acompañado con su hijo menor de edad a cometer tal barbaridad.

De otra forma, un Jurado podía “razonablemente inferir” que el hecho de que el acusado solicitara que se desapareciera el arma y se cuidara a su hijo, eran actos instintivos de autoprotección, a poco tiempo de un incidente altamente violento, confuso y traumático. De nuevo, era al Jurado, y no al juez, a quien correspondía decidir a cuál de ambas versiones brindarle crédito.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que ante el panorama de posibles “inferencias razonables”, era el Jurado como juzgador de hechos, y no el juez, quien tenía que determinar si brindaba credibilidad al testimonio del señor Negrón Ayala.

Muy distinto sería el asunto si, por ejemplo, hubiera existido la evidencia incontrovertible de que el arma de fuego sí estaba en la mochila del señor Negrón Ayala. Dada esa situación, ya no era razonable inferir que el señor Negrón Ayala actuó como él dice que actuó. Pero esa evidencia no existe en este caso, lo único que tenemos es el testimonio del señor Negrón Ayala sobre lo que alegadamente ocurrió dentro de esa oficina. Era el Jurado quien tenía que decidir si brindaba credibilidad al testimonio del señor Negrón Ayala. Eso no le correspondía al Juez.

La opinión mayoritaria también expresa que el testimonio del señor Negrón Ayala no establece una provocación “de tal naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia o emoción violenta”. Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 608 (2003). Diferimos de tal criterio; el testimonio del señor Negrón Ayala establece que el señor Colón González le dijo “lo que te vamos a pegar a ti es un tiro, cabrón”, y que el señor Colón González trató de sacar una pistola de su escritorio. Entendemos que amenazar y a la vez sacar un arma de fuego es una provocación “de tal naturaleza que lleva a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia o emoción violenta”. Sacar un arma de fuego a otro ser humano, ciertamente, puede causar una “reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta”. (Enfasis suprimido.)

Hemos dicho que procede revocar una convicción cuando el resultado del juicio posiblemente hubiera sido distinto de haberse comunicado cierta instrucción al Jurado. Un juez no puede denegar una instrucción solicitada por la defensa sólo porque le parezca débil o de pobre calidad la evidencia presentada, si de esa prueba surge alguna evidencia que justifique cierta instrucción. Es deber del juez comunicar esa instrucción y permitir que sea el Jurado el árbitro final al esclarecer los hechos. Es al Jurado a quien le correspondía determinar si la versión de los testigos que escucharon una discusión y la versión del acusado merecían credibilidad suficiente como para configurar el delito de homicidio.

En su escrito, el Ministerio Público argumenta —y la Mayoría sostiene— que la instrucción solicitada por el delito de homicidio es incompatible con la teoría de legítima defensa que sostiene el señor Negrón Ayala. Sin embargo, este Tribunal ha expresado lo siguiente:

“Cuando tanto homicidio como defensa propia están en controversia y sostenidos por la prueba, deben darse instrucciones sobre ambos. Aunque se alegue defensa propia o se demuestre por la prueba, una instrucción de homicidio debe ser dada ....” (Énfasis suplido.)

No existe obstáculo alguno para que un juez emita ins trucciones separadas de homicidio y legítima defensa siempre y cuando sean sostenidas por la prueba desfilada. Si la prueba tiende a sostener tanto una instrucción de homicidio como una de defensa propia, es obligación del juez impartir ambas instrucciones al Jurado, y que sea el juzgador de los hechos el que decida. Por ende, respetuosamente entendemos que concluir que una instrucción de homicidio es incompatible con una de defensa propia no es correcto, pues, dado los hechos de este caso, son compatibles.

En el caso de marras, el juez debió impartir al Jurado las instrucciones de asesinato, homicidio y legítima defensa. Le correspondía al Jurado evaluar la evidencia presentada y llegar a sus propias conclusiones. Opinamos que el testimonio del acusado y la evidencia presentada en el caso de autos eran suficientes para que el Tribunal impartiera las instrucciones al Jurado sobre el delito de homicidio. Al no hacerlo, el juez usurpó las funciones del Jurado y posiblemente alteró el resultado final del juicio.

Concluimos que el resultado del juicio pudo haber sido distinto de haberse brindado las instrucciones solicitadas por la defensa. Un análisis objetivo y sereno de la evidencia que desfilara ante el juzgador de los hechos, nos convence de que se presentó prueba suficiente para justificar la instrucción del delito de homicidio. Se cometió un grave error peijudicial al acusado al no hacerlo. Procedía que el Tribunal de Primera Instancia impartiera al Jurado las instrucciones de: asesinato en primero y segundo grado; homicidio; la diferencia entre el asesinato y homicidio, y legitima defensa. Le correspondía al Jurado evaluar la evidencia presentada y llegar a las conclusiones correspondientes de hechos.

V

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones. Confirmaríamos la sentencia recurrida y devolveríamos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de un nuevo juicio. Por no ser ese el curso de acción de la Mayoría, respetuosamente DISENTIMOS.

       Algunos de los testigos no escucharon dichas “voces altas” o “discusión”.

       En síntesis, el testimonio prestado por Negrón Ayala fue a los efectos de que: luego de que Colón González y él entraron a la oficina, el primero le entregó una carta de cesantía; al él cuestionarle el porqué de ésta, Colón González le contestó “esto es lo que hay”; Negrón Ayala le requirió a renglón seguido el pago de la mesada, a lo que Colón González le replicó que lo que “le iban a pegar era un tiro”; que, inmediatamente, después de estas palabras vio a Colón González intentar sacar una pistola de su escritorio y fue, entonces, cuando él se le fue encima, hubo un forcejeo —su mente se le fue en blanco— y lo próximo que recuerda fue cuando vio a Colón González tirado en el piso. Como es de notar, no hay testimonio alguno a los efectos de que, como consecuencia de la conversación sostenida, él montara en cólera. Por el contrario, su mente "se le fue en blanco”, razón por la cual no hubo probabilidad alguna de un arranque de cólera por su parte.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 106-107; Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 455 et seq.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 252.

       íd., págs. 252-253.

       íd., págs. 90-112.

       íd., págs. 5-58.

       íd.

       íd., págs. 207-254.

       íd., págs. 208-211.

       íd., págs. 211-212.

       íd., págs. 212-216.

       íd., pág. 216.

       íd., págs. 216-220.

       íd., págs. 220-221.

       íd., págs. 221-222.

       íd„ págs. 223-225.

       íd., págs. 236-237.

       íd., págs. 240-247.

       Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse, además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-439 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988).

       34 L.P.R.A. Ap. II. Véase, además, Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 D.P.R. 722, 727 (1994).

        Pueblo v. Cruz Correa, supra.

       íd.

        Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592 (2003).

        Pueblo v. Cruz Correa, supra.

        Pueblo v. Rosario, supra.

       íd.

       íd.

       E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Uni-dos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 332.

        Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561—562 (1950). Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314-315 (1896).

        Pueblo v. Galarza, supra; Kinard v. United States, 96 F.2d 522 (D.C. Cir. 1938).

        Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 283. (1992); Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992).

        Pueblo v. Fernández, 49 D.P.R. 586, 592 (1936).

        Pueblo v. Rosario, supra; Pueblo v. Cruz Correa, supra, pág. 278; Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 820 (1981); Pueblo v. Galarza, supra.

        Pueblo v. Moreno Morales I, supra.

       33 L.P.R.A. sec. 4004.

       D. Nevares-Muñiz, Codigo Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, 6ta ed. rev., San Juan, Inst. Desarrollo Derecho, 2000, págs. 152-154.

        Pueblo v. Rosario, supra. Véase, además, Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 153.

       íd.

        Pueblo v. Moreno Morales I, supra.

        Pueblo v. Rosario, supra.

        Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 667 (1943).

        Pueblo v. Rosario, supra.

       íd.

       Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 154.

        Pueblo v. Rosario, supra.

         íd.

        Pueblo v. Rosario, supra, págs. 608-609.

       Véanse: Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002); Pueblo v. Moreno Morales I, supra, pág. 283.

        Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 607 (2003).

        Pueblo v. Rosario, supra, pág. 607.

        Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 96 (2000).

        Pueblo v. Fernández, supra.


text:
      In re Jorge Gordon Menéndez.

      Número: CP-2004-6

      Resuelto: 1 de junio de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Raúl Santiago Meléndez y Osvaldo Toledo Martínez, abogados del querellado; Julio E. Fontanet Maldonado, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, amicus curiae.

   RESOLUCIÓN

Vista la Moción del Ledo. Jorge Gordon Menéndez, en la cual se allana a la sanción impuesta por este Tribunal en su opinión per curiam de 18 de mayo de 2007, se le suspende inmediatamente de la profesión por el término de sesenta días, contado a partir de la notificación de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Roberto Torres Viera.

      Número: TS-9143

      Resuelto: 1 de junio de 2007

      José Ramón Castro Acevedo, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Luego de examinar la segunda moción para la reinstalación al ejercicio de la profesión legal del querellado Roberto Torres Viera, se reinstala a éste al ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo