text:
    Wilson Rivera Figueroa, recurrido, v. Joe’s European Shop et al., peticionarios.

      Número: CC-2011-710

      Resuelto: 2 de diciembre de 2011

      Sadi R. Antonmattei Goitia, de The Law Offices of Sadi R. Antonmattei, abogado de los peticionarios; William W. Díaz Natal, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

émitió la opinión del Tribunal.

La controversia que se presenta en el caso de autos nos permite interpretar por primera vez la Regla 52.1 de Pro-cedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V). En específico, debemos determinar si la denegatoria de levantar una ano-tación de rebeldía por parte de un tribunal de instancia está contemplada en la expresión “anotaciones de rebeldía” de la mencionada regla. Resolvemos tal interrogante en la afirmativa. Los hechos son los siguientes.

) — I

En enero de 2010, el Sr. Wilson Rivera Figueroa (recu-rrido) presentó una demanda por incumplimiento de con-trato y daños y perjuicios contra varios demandados, inclu-yendo los aquí peticionarios Joe Rodríguez, María Romero y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (peticionarios). Al mes siguiente, el tribunal de instancia dictó una orden mediante la cual acortó el término para diligenciar los emplazamientos a 90 días. El 10 de mayo de 2010 fueron emplazadas la Sra. María Romero y la socie-dad legal de gananciales, mas no así el Sr. Joe Rodríguez ni la tienda de su propiedad Joe’s European Shop.

Ese mismo día —10 de mayo— el foro de instancia con-cedió al recurrido un término de 20 días para que infor-mara el estado del proceso de diligenciamiento de los emplazamientos. De su parte, el 28 de mayo de 2010, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el Sr. Joe Rodríguez y la Sra. María Romero compareció al foro de instancia para solicitar una prórroga, con la intención de presentar posteriormente su alegación responsiva. Según solicitado, el 3 de junio de 2010, el foro de instancia le concedió a la mencionada Sociedad Legal de Gananciales hasta el 30 de julio de 2010 para que contestara la demanda.

Por otro lado, y en cumplimiento con la orden que emitió el foro de instancia el 10 de mayo de 2010, el recurrido compareció el 1 de junio de 2010 para informar que había podido emplazar a la Sra. María Romero y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ella y su esposo, el Sr. Joe Rodríguez, pero que luego de varias gestiones no había podido emplazar al Sr. Joe Rodríguez en su carácter personal ni a la tienda Joe’s European.

Luego de vencido el término original concedido para em-plazar a todos los demandados, el 21 de julio de 2010, el recurrido solicitó autorización para emplazar mediante la publicación de edictos al Sr. Joe Rodríguez y a Joe’s European Shop. Junto a dicha solicitud, el recurrido anejó copia del emplazamiento negativo. Así las cosas, el 29 de julio de 2010, el foro de instancia ordenó la expedición del empla-zamiento por edictos dirigido al Sr. Joe Rodríguez y ordenó que el recurrido informara en 30 días sobre las gestiones que se realizaran con relación a dichos emplazamientos..

El 12 de noviembre de 2010, el recurrido informó al foro de instancia que el 2 de septiembre de 2010 se habían pu-blicado los emplazamientos por edictos, y solicitó que se le anotara la rebeldía a los peticionarios. Así, el 23 de no-viembre de 2010, el foro de instancia anotó la rebeldía al Sr. Joe Rodríguez y Joe’s European Shop, y señaló una vista en rebeldía para el 10 de diciembre de 2010.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 2010, los peticionarios solicitaron la desestimación de la demanda. En particular, alegaron que no habían sido emplazados dentro del término de 90 días concedido por el foro de instancia el 1 de febrero de 2010, y que el recurrido no presentó causa jus-tificada para ello. El 6 de diciembre de 2010, los peticiona-rios también presentaron una petición de reconsideración a la anotación de rebeldía en su contra y reiteraron los planteamientos esbozados en su moción de desestimación.

Luego de múltiples incidentes procesales que no son pertinentes a la controversia que nos ocupa, el 31 de marzo de 2011, el foro de instancia anotó la rebeldía a la Sra. María Romero y a la sociedad legal de gananciales com-puesta por ésta y su esposo, debido a que, al igual que el señor Rodríguez en su carácter personal, hasta ese mo-mento ninguno de los tres había contestado la demanda. Además, el tribunal señaló otra vista en rebeldía para el 6 de septiembre de 2011.

Por último, el 4 de abril de 2011, los peticionarios con-testaron la demanda y presentaron, a su vez, un escrito el cual intitularon Moción mostrando causa y solicitando se levante la rebeldía a los comparecientes en el que, entre otros asuntos, alegaron tener “evidencia fotográfica y tes-tifical que demostrarla] la carencia de responsabilidad ha-cia la parte demandante y el deseo de defenderse ante [ese] Honorable Foro”. No obstante, el 20 de abril de 2011, el foro de instancia dictó una resolución en la cual se negó a levantar la rebeldía. Inconformes, los peticionarios presen-taron, dentro del término provisto, un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar de manera interlocutoria la negativa del foro de instancia a levantar dicha anotación de rebeldía.

Sin embargo, el 23 de junio de 2011, el foro apelativo intermedio desestimó el recurso por entender que no tenía jurisdicción. En su resolución, el Tribunal de Apelaciones señaló lo siguiente al interpretar la Regla 52.1 de Procedi-miento Civil, supra:

Al evaluar los autos advertimos que el asunto planteado versa sobre la denegatoria del levantamiento de la anotación de rebeldía, mas no sobre la anotación propiamente; escenario no contemplado por la precitada regla. Es decir, las determi-naciones relacionadas al levantamiento de la anotación de re-beldía no se encuentran dentro del espectro de decisiones revi-sables mediante el recurso discrecional del certiorari. (Enfasis suplido.

Inconformes, los peticionarios acudieron en recurso de certiorari ante esta Curia para advertir que el foro apela-tivo intermedio cometió el siguiente error;

Erró el Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdic-ción para atender de manera interlocutoria la revisión me-diante certiorari de una orden del tribunal de primera instan-cia denegando se levante una anotación de rebeldía. Petición de certiorari, pág. 8.

Por último, el 2 de septiembre de 2011 paralizamos, me-diante resolución, los procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción y ordenamos a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el recurso y revocar la Resolución del foro apelativo intermedio. La parte recu-rrida ha comparecido y estamos listos para resolver.

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A. La rebeldía

El propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación. Recordemos que “es nota constitutiva de la justicia el tiempo oportuno, por lo que una dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de injusticia”. En otras palabras, “justicia tarda equivale a la denegación de la justicia misma”. La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su deber procesal”.

De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal civil son tres los fundamentos por los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía. El primero y más común es simplemente por no comparecer al proceso después de haber sido debidamente emplazada. En este contexto el demandado que así actúa no incumple con un deber, pues tiene el derecho o la facultad de no comparecer si no desea hacerlo. Sin embargo, lo que el ordenamiento no permite es que, ante el ejercicio de esa facultad o derecho, el proceso se paralice. Es en ese momento que entra en función el mecanismo procesal de la rebeldía, de manera que la causa de acción continúe dilucidándose sin que necesariamente la parte demandada participe. Queda claro entonces que, en virtud de este mecanismo procesal, el ejercicio de la prerrogativa de un demandado de actuar en rebeldía no consigue dilatar el litigio en su contra y constituye una renuncia a la realización de ciertos actos procesales, en peijuicio de sus propios intereses.

El segundo fundamento para que una parte pueda ser declarada en rebeldía surge en el momento en que el de-mandado no contesta o alega en el término concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna moción previa de donde no surja la intención clara de defenderse. Desde ese momento la parte demandante puede solicitar o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte en rebeldía. El tercer fundamento surge cuando una parte se niega a descubrir su prueba después de habérsele reque-rido mediante los métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una parte ha incumplido con alguna orden del tribunal. En esta instancia, y como medida de sanción, el demandante puede solicitar o el tribunal motu proprio puede declarar en rebeldía a la parte que ha incumplido.

B. Regla 45.1 de Procedimiento Civil

El mecanismo de la anotación de la rebeldía se encuentra constituido en nuestro derecho procesal civil en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, la cual dispone lo siguiente:

Anotación
Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3) de este apéndice.
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admiti-das las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b) de este apéndice.
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia dictada en rebeldía.

Como adelantamos, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, provee un remedio para las situaciones en las cuales el demandado no comparece a contestar la demanda o no se defiende de ninguna otra forma, por lo que no pre-senta alegación o defensa alguna contra las alegaciones y el remedio solicitado. Además, aplica como sanción en aquellas instancias en las que alguna parte en el pleito ha incumplido con alguna orden del tribunal.

Nótese que la anotación o denegatoria de anotación de una rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requi-sitos que establece la referida Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Estos son: que la parte contra quien se re-clama la anotación “haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma” en el término provisto, y que tal “hecho se pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo”. De cumplirse tales requisitos, el Secretario o la Secretaria del Tribunal procederá con la anotación solicitada. No obstante, existen circunstancias en las que tal anotación del Secretario o Secretaria del Tribunal no procede y la parte reclama con éxito que ésta se levante. Tal podría ser el caso, por ejemplo, en el que se anota la rebeldía o incluso se dicta sentencia en rebeldía —Regla 45.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V— pero la parte demandada no había sido emplazada.

De otra parte, aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional para el foro de instancia, tal discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por ejemplo, la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el tribunal podrá dictar “todas aquellas órdenes que sean justas”, entre ellas, sentencias en rebeldía. De manera que la anotación de rebeldía o dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción.

Por último, en su penúltimo párrafo la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, señala los efectos o las consecuencias de la anotación de rebeldía. Estos efectos se resumen en que se dan por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la alegación que se haya formulado en contra del rebelde y se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si esta procede como cuestión de derecho.

C. Regia 45.3 de Procedimiento Civil

La Regia 45.3 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V), dispone lo siguiente:

Facultad de dejar sin efecto una rebeldía
El tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2 de este título. (Énfasis suplido.)

Esta Regla 45.3 es similar a la derogada Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). En Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988), señalamos —en el contexto de una solicitud de re-levo de una sentencia en rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra— que nuestra visión jurisprudencial es vanguardista “en lo que atañe al ideal de que los casos se ventilen en sus méritos”. Esto es, el ideal que surge de nuestra jurisprudencia al conside-rarse el relevo de una sentencia en rebeldía es que los ca-sos se ventilen en sus méritos.

Refiriéndonos al texto de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra, en Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., supra, págs. 293-294, también señalamos lo si-guiente:

Las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, están estrechamente relacionadas. ... Expresamente sos-tenemos que los criterios inherentes a la Regla 49.2 de Proce-dimiento Civil, supra, tales como si el peticionario tiene una buena defensa en sus méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de relevo, y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de sen-tencia, son igualmente aplicables cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada sin efecto. (Énfasis suprimido.)

No obstante, aunque la facultad de un foro de instancia para dejar sin efecto una anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, se enmarca en la existencia de justa causa según los paráme-tros expuestos en Neptúne Packing Corp. v. Wakenhut Corp., supra, en Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 (1966), señalamos que esta regla se debe interpretar de manera liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia en rebeldía.

Nótese, entonces, que mientras en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, los requisitos a cumplirse para la anotación de una rebeldía —y lógicamente para que se levante tal anotación ante un incumplimiento— son los que se expresan en la propia regla, en la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el “dejar sin efecto” tal anotación dependerá de la existencia de justa causa. Por ejemplo, el demandando que reclama el levantamiento de una anotación de rebeldía porque puede probar que no fue emplazado debidamente al momento de la anotación, no necesita una “causa justificada” para probar el levantamiento de esa anotación de rebeldía. Su fundamento en derecho para lograr tal levantamiento sería el incumplimiento por parte del promovente con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. O sea, el promovente no podrá probar que la parte en rebeldía no contestó la demanda a pesar de haber sido debidamente emplazada, porque en realidad la parte no fue debidamente emplazada.

De igual forma —y para brindar otro ejemplo— si un codemandado a quien se le anota la rebeldía por alegada-mente no haber contestado en el término, puede probar que sí había contestado y que la anotación de la rebeldía en su contra obedeció a una confusión por parte del Secretario o la Secretaria ante los múltiples codemandados en el ex-pediente, su remedio es, de igual manera, solicitar que se levante la rebeldía por error en la implementación de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto es, la parte no dejó de presentar alegaciones o de defenderse, sino que la anotación obedeció a un error del tribunal.

Ahora bien, cuando la parte no puede utilizar la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, para conseguir el le-vantamiento de la anotación de rebeldía en su contra, ne-cesita entonces probar la “causa justificada” que requiere la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. Esto es, la parte podría presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente mínimo.

D. Regla 52.1 de Procedimiento Civil

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dis-puesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revi-sar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esencia-les, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis suplido.)

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, corresponde en parte a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 1979. La misma fue objeto de cambios fimdamen-tales dirigidos a evitar la revisión judicial de aquellas ór-denes o resoluciones que dilataban innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser revisadas una vez cul-minado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación. Otro de los cambios más fundamentales que aportó la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, es que permite que en los casos en los que el Tribunal de Apela-ciones emita un “no ha lugar” al certiorari, éste no tiene la obligación de fundamentar su decisión de no expedir el recurso.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece una clara prohibición a la revisión en certiorari de toda resolución u orden interlocutoria, con varias excepciones. La primera excepción comprende el que la revisión interlocutoria se dé en el marco de una solicitud al amparo de la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, esto es, una solicitud de remedio provisional. La segunda excepción que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece para que el Tribunal de Apelaciones pueda considerar recursos de revisión en certiorari de órdenes u resoluciones interlocutorias, es el caso de los injunctions u órdenes de entredicho provisional, preliminar o permanente. La tercera excepción se da en el caso de una denegatoria a una moción de carácter dispositivo, por ejemplo, una moción de desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las alegaciones.

Además de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, exceptúa de su prohibición toda resolución u orden interlocutoria al amparo de las Reglas 56 y 57 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y de la denegatoria de cual-quier moción de carácter dispositivo, también exceptúa otras circunstancias como son los casos de relaciones de familia, casos que revistan interés público o situaciones en las que revisar el dictamen evitaría un fracaso irremediable de la justicia. Por último, la Regla 52.1 de Procedi-miento Civil, supra, también exceptúa las siguientes reso-luciones y órdenes: decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hecho o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, y las anotaciones de rebeldía.

Por último, el tratadista José A. Cuevas Segarra plan-tea que las órdenes o resoluciones interlocutorias que emita el Tribunal de Primera Instancia relacionadas con anotaciones de rebeldía y sus relevos al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, sí son revisables por el Tribunal de Apelaciones.

III

Al igual que la Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), la Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) requiere que estas nuevas reglas se interpreten, “de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Por otro lado, en los casos de recursos de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias, la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones se extiende únicamente a ciertas circunstancias y a contadas resoluciones u órdenes interlocutorias ya mencionadas, entre las cuales se encuentran las “anotaciones de rebeldía”.

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional. Como ocurre en todos los casos en que se confiere discreción judicial, esta no se da en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. En el caso de un recurso de certiorari ante el foro apelativo intermedio, tal discreción se encuentra delimitada por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que en su Regla 40 detalla los criterios que se deben tomar en cuenta para ejercer tal facultad discrecional.

En el caso de autos, el foro apelativo intermedio se de-claró sin jurisdicción para atender discrecionalmente el re-curso de los peticionarios. Esto es, el Tribunal de Apelacio-nes determinó que carecía de autoridad para ejercer su discreción en cuanto a si debía intervenir o no en la con-troversia que tenía ante sí. Tal determinación fue errada. Nos explicamos.

La interpretación que el distinguido panel del Tribunal de Apelaciones hizo con relación a la expresión “anotaciones de rebeldía” de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, fue demasiado restrictiva. Tal interpretación, por un lado, no se ajusta al texto de la expresión y, por el otro, contradice el sentido de la Regla 1 de Proce-dimiento Civil, supra. Debemos recordar que las palabras, frases y sentencias de un estatuto se deben interpretar con “aquel sentido que esté más en armonía con todas las de-más partes del estatuto ...”.

La expresión “anotaciones de rebeldía” —en plural— no solo implica que el Tribunal de Apelaciones podrá discrecionalmente revisar cualquier determinación interlocutoria de las distintas clases de anotaciones de rebeldía que nuestro derecho procesal concibe; sino que, además, se refiere lógicamente a la respuesta del tribunal a tal solicitud. Entiéndase, jurisdicción para revisar interlocutoriamente en certiorari un error del tribunal en la anotación de una rebeldía, así como revisar la inacción o error del tribunal al negarse a anotar una rebeldía.

Ante un error cometido por el tribunal al anotar la re-beldía, la parte afectada tiene el derecho de solicitar que se levante tal rebeldía por no haberse cumplido con la citada Regla 45.1 de Procedimiento Civil. Una denegatoria a esa solicitud conllevaría, conforme al texto de la referida regla, el que se revise en certiorari e interlocutoriamente la de-negatoria del tribunal de levantar tal anotación de rebeldía. Por otro lado, la inacción o denegatoria del tribunal para anotar la rebeldía equivaldría a su incumpli-miento con lo dispuesto en la Regla 45.1. Por lo tanto, y nuevamente según el texto de la Regla 52.1 de Procedi-miento Civil, supra, la parte tendría el derecho a que dis-crecionalmente el Tribunal de Apelaciones revisara inter-locutoriamente tal error o inacción.

Por otra parte y como explicamos, solicitar mediante certiorari la revisión de una orden o resolución interlocuto-ria debido a que se anotó erróneamente una rebeldía —pues no se cumplió con lo dispuesto en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra— es distinto a peticionar que se revise interlocutoriamente la denegatoria a dejar sin efecto una anotación de rebeldía ante la existencia de la “causa justificada” que establece la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. Los fundamentos para la solicitud de revisión en ambas reglas son diferentes.

Sin embargo, qué sentido hace el que mientras una de-terminación al amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, de anotar —o rechazar anotar— una rebeldía pudiera ser revisable interlocutoriamente mediante certio-rari ante el Tribunal de Apelaciones, la determinación del foro de instancia al amparo de la Regla 45.3 de Procedi-mientos Civil, supra, de dejar sin efecto —o negarse a dejar sin efecto— tal determinación no pueda ser igualmente revisable interlocutoriamente en certiorari. Ciertamente, tal interpretación carecería no solo de consistencia, sino que contradiría el propósito de la Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, que requiere que las Reglas de Procedimiento Civil se interpreten de modo que se garantice “una solu-ción justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Nos explicamos.

Como hemos señalado, si la anotación de la rebeldía no responde a error alguno en la implementación de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, el rebelde todavía puede optar por conseguir que se deje sin efecto la anota-ción de la rebelda probando la causa justificada que re-quiere la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. Si el foro de instancia deniega esa solicitud y tal determinación no se pudiera revisar interlocutoriamente, la consecuencia sera que se dan por admitidos contra el rebelde todos los hechos correctamente alegados. Si la causa de acción contra el rebelde finalmente prevalece y en apelación resul-tase que ciertamente exista justa causa para que se dejara sin efecto la anotación de la rebelda, al levantar el rebelde tal error, probablemente el foro apelativo intermedio ten-drá que revocar la sentencia del foro de instancia por haber abusado de su discreción, y haberle causado en el proceso un grave perjuicio a la parte perdidosa. Eso, obviamente no cumple con el principio dogmático de nuestro derecho procesal civil de garantizar una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.

IV

Por todo lo anterior, determinamos que en el caso de autos el Tribunal de Apelaciones sí tiene jurisdicción y en el ejercicio de ésta pudiera, conforme a los parámetros de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, ejercer su discreción para expedir o negarse a expe-dir el recurso. En consecuencia, se expide el auto, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para trámites ulteriores, en conformidad con lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Según alegaron en el recurso, los peticionarios desconocían de la anotación de rebeldía en su contra que se emitió el 23 de noviembre de 2010.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 106 y 107.

       íd., págs. 129-130.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1340.

       R.L. Vigo, Etica y responsabilidad judicial, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 38.

        In re Pagani Padró, 181 D.P.R. 517, 569 (2011).

       R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-nexis, 2010, Sec. 2701, pág. 287.

       íd.

       íd.

       10A Wright and Miller Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sees. 2682 y 2686 (1998).

       Véanse: Reglas 9.3, 39.2(a), 34.3(b)(1) y 34.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

         Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93, 100 (2002).

       íd.

        Santos v. Moreda, 44 D.P.R. 546 (1933).

        Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966).

       La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, advierte que la sentencia en rebeldía que dicte el tribunal deberá cumplir con las disposiciones de la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, en las circunstancias que así lo ameriten. Esto es: “no se dictará sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una persona incapacitada a menos que estén representados(as) por el padre, madre, tu-toría), defensor(a) judicial u otro (a) representante que haya comparecido en el pleito. Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será notificada del señalamiento de cualquier vista en rebeldía que celebre.”

        Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809 (1978).

       Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1350.

       Véase Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Confe-rencia Judicial y Notarial, marzo de 2008, pág. 598.

       Hernández Colón, op. cit, Sec. 5515a, pág. 475.

       íd., pág. 477.

       Un remedio provisional es una orden que el tribunal dicta a solicitud de una parte por ser necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia en su momento. La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, menciona de manera no taxativa varios tipos de órdenes provisionales; a saber: el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura y una orden para hacer o desistir de hacer cuales-quiera actos específicos.

       Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

       Cuevas Segarra, op. cit, pág. 1508.

        Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).

       Dichos criterios son los siguientes:
      “(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      “(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
      “(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apre-ciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
      “(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      “(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
      “(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      “(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

        Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, et al., 21 D.P.R. 537, 549 (1914).


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Israel García Ojeda y Emmanuel Morales Acevedo, peticionarios.

      Número: CC-2011-976

      Resuelto: 5 de diciembre de 2011

      Ana Esther Andrade Rivera, de la División de Apelaciones, Sociedad para Asistencia Legal, abogada del peticionario
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari y la moción de paralización en auxilio de nuestra jurisdicción, no ha lugar.

Como señaló el Tribunal de Apelaciones en las páginas 13-15 de su Sentencia:

III

Los recurridos argumentan, esencialmente, que, como los agentes no corroboraron de forma alguna la alegada actividad delictiva informada en la confidencia, su intervención con los recurridos fue ilegal y toda la prueba ocupada como producto de tal intervención tiene que ser suprimida. No les asiste la razón.
La policía de Puerto Rico “tiene la obligación de investigar toda llamada telefónica recibida o información brindada por [la] ciudadanía referente a posible actividad delictiva”. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985). En este caso, los agentes, en cumplimiento de ese deber, así procedieron. Al lle-gar al lugar que se les informó por el radio, corroboraron la información recibida de que había una guagua Caraban blanca estacionada en la Avenida Toa Alta Heights. Asimismo, al estacionarse detrás de dicha guagua, bajarse de su vehículo y acercarse a la guagua, verificaron que en el interior de ésta había dos hombres y una mujer, como el retén les habita] co-municado por radio. Aun cuando en ese momento los agentes no habían corroborado la alegada actividad delictiva infor-mada en la confidencia, ciertamente estas peculiares circuns-tancias requerían que los oficiales del orden público continua-ran con la gestión investigativa legítima que habían iniciado, especialmente cuando lo que hicieron fue acercarse al conductor de la guagua para verificar que todo estuviera bien y que no estaba ocurriendo algún acto delictivo. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244, 247-248 (1988); Pueblo v. Ortiz Martínez, [supra,] pág. 144.
Así la intervención de los agentes con los recurridos ocurrió cuando tuvieron motivos fundados para arrestarlos, una vez se percataron de que uno de ellos recurridos tenía un arma de fuego. En estas circunstancias, los agentes tenían que arrestar a los recurridos y ocupar el arma de fuego hasta que éstos demostraran que tenían autorización para poseerla. Pueblo v. Corraliza Collazo, [supra,] págs. 248-249; Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684, 690 (1982). Por lo tanto, la intervención fue válida, los agentes tenían motivos fundados para arrestar a los recurridos e incautar las armas de fuego y municiones y el TPI incidió al ordenar la supresión de la prueba.
Contrario a lo que aducen los recurridos, aquí no aplica lo resuelto en Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999). En ese caso, el TSPR estableció que, cuando se recibe una confidencia de posible actividad sospechosa o delictiva, se re-quiere corroborar dicha actividad para poder detener o privar de su libertad a urna persona. En el caso de epígrafe, los agen-tes no detuvieron a los recurridos, sino hasta después de que tuvieron motivos fundados para entender que estaban delin-quiendo y su intervención con éstos, hasta el momento del arresto, fiie en cumplimiento de su obligación de investigar la posible actividad delictiva. Por ello, no aplica la decisión del TSPR antes citada.
Además, aunque ciertamente hubo algunas inconsistencias en los testimonios de los agentes, los mismos no resultan in-creíbles, ni carentes de detalles que conlleven que se descarten por irreales, ni carentes de detalles que conlleven que se des-carten por irreales. Sus declaraciones coincidieron en lo esen-cial en cuanto a que en la confidencia anónima se indicó que había una guagua Caravan blanca estacionada en la Avenida Toa Alta Heights en la que estaban dos hombres y una mujer gritando o pidiendo auxilio, y ello, excepto lo último, fue corro-borado por los [algentes Cantres y Domínguez. Pueblo v. Ca-milo Meléndez, 148 D.P.R. [539,] 559 — 560 [(1999)]. Lo anterior, motivó a los agentes a cumplir su deber de investigar las cir-cunstancias, y los llevó a ver a plena vista el arma que tenía uno de los recurridos. Por lo tanto, procede revocar la deter-minación de suprimir la prueba incautada a los recurridos por estos hechos.
Aclaramos que lo anterior, de forma alguna prejuzga la eva-luación de la prueba que realizará el juzgador en el juicio, cuando el MP tiene que probar la culpabilidad de los recurri-dos más allá de duda razonable. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 333-335.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta paralizaría y expediría. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al cual se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Disiento del curso seguido por una mayoría de este Tribunal por entender que los derechos constitucionales de dos individuos se verían altamente afectados. No debemos olvidar que esos derechos que una mayoría de esta Curia decide no reconocer, según el proceder en este caso, funda-mentan su existencia en la aplicación por igual a todo ciudadano.

I

El 28 de noviembre de 2011, Israel García Ojeda pre-sentó ante este Tribunal un recurso de certiorari junto con una moción urgente en auxilio de jurisdicción. En esta úl-tima solicita que paralicemos un pre-trial señalado para el 5 de diciembre de 2011 en el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Bayamón, en lo que atendemos el recurso de certiorari. En dicho recurso, el peticionario soli-cita que revoquemos una determinación del Tribunal de Apelaciones que revocó la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), en donde dicho foro de-claró con lugar una solicitud de supresión de evidencia.

Por hechos ocurridos presuntamente el 20 de diciembre de 2010, el Ministerio Público presentó varias denuncias contra el peticionario y Emmanuel Morales Acevedo por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000 (25 L.P.R.A. sec. 455 et seq.). Tras la determinación de causa probable en vista pre-liminar y la presentación de las respectivas acusaciones, los acusados presentaron sendas mociones para solicitar la supresión de la evidencia incautada. En éstas alegaron que la evidencia obtenida fue producto de una intervención ba-sada en una confidencia anónima que no se corroboró y que el registro fue ilegal por no haber motivos fundados para la detención sin orden judicial. En la vista de supresión de evidencia declararon los agentes José J. Cabrera García, Julio Cantres Rivera y Luis Domínguez. Veamos cada de-claración por separado.

En síntesis, el agente Cabrera declaró que el 20 de diciembre de 2010 él trabajaba como retén del radio operador del cuartel de Toa Alta cuando alrededor de la 1:05 pm recibió una llamada anónima con voz de hombre y que le indicó que en la Avenida Toa Alta Heights había un vehí-culo tipo minivan parecido a una Caravan, en cuyo interior se escuchaba a una dama gritar y pedir auxilio, y dos indi-viduos, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Cabrera cursó la información a través del radio operador y luego los agentes Cantres y Domínguez indicaron que iban a intervenir con un vehículo similar al de las descripciones. En el contrainterrogatorio, el agente Cabrera indicó que el informante nunca le dio el número de tablilla del vehículo ni la descripción física de las personas dentro del vehículo. Asimismo, declaró que el informante nunca se identificó ni pudo corroborar si la persona había dado información anteriormente. El agente tampoco anotó la llamada en la bitácora de recibir llamadas anónimas porque en ese cuar-tel no se utiliza ninguna bitácora para esos fines, a pesar de que en otros cuarteles sí. Cuando los agentes Cantres y Domínguez se personaron al lugar y se comunicaron con Cabrera, nunca le dijeron si en efecto había una dama pi-diendo auxilio. Tampoco le pidieron refuerzos.

Por su parte, el agente Cantres declaró que mientras patrullaba con Domínguez recibió a través del radio opera-dor la información ofrecida por el confidente. Indicó que nunca le dieron el número de tablilla, la descripción física de las personas dentro del vehículo ni el número de puer-tas del vehículo. Al dar con un vehículo minivan blanco en el lugar indicado, el agente Cantres se bajó de la patru-lla y percibió a dos hombres en la parte delantera del ve-hículo y a una dama en el asiento de atrás. Declaró que antes de intervenir en la escena, el vehículo estaba apa-gado y que no se había cometido ningún tipo de violación de ley, incluso la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000 (9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.). Asimismo, declaró que la dama no gritaba ni pedía ayuda, nadie forcejeaba con ella, sus vestiduras no estaban rotas ni había muestra de violencia alguna hacia ella, aunque ella sí se veía exhausta, como desesperada, nerviosa y sudorosa. Al acercarse por el lado del conductor se percató que debajo de la pierna del pasajero se no-taba como las cachas de un arma de fuego. Al percibir eso, se lo indica a su compañero Domínguez y éste procede a ocupar el arma y arrestar al pasajero (Israel García). Cantres ordena al conductor (Emmanuel Morales) que se baje del vehículo y cuando éste lo hace, Cantres le ocupa un arma de fuego que estaba debajo del muslo del conductor.

Luego de arrestar a los acusados, se arresta también a la dama, quien resultó ser hermana del aquí peticionario (Israel García). Sin embargo, nunca se le preguntó a ella si era la persona que había estado gritando. Posterior al arresto de las tres personas y en el mismo lugar de los hechos (por lo tanto, previo a transportar el vehículo al cuartel para realizar el inventario adecuado), Cantres ob-servó un bulto negro entre las sillas delanteras, que estaba abierto con una bolsa ziplock y balas adentro. Procedió a incautarlo también.

El agente Domínguez hizo declaraciones similares a las de Cantres. Sin embargo, contrario a lo declarado por Can-tres y Cabrera, y a preguntas del juez que presidió la vista, Domínguez declaró que la información recibida por el retén íue sólo sobre la minivan blanca, el lugar donde se encon-traba y la mujer que gritaba. No mencionó nada sobre el supuesto hombre con un arma de fuego dentro de la minivan. A preguntas del juez sobre si eso fue lo único que recibieron por parte del retén, el agente respondió en la afirmativa. Domínguez igual declaró que al llegar a la escena no había signos de violencia en la dama, no se ob-servaba nada sospechoso en relación con la información transmitida por radio, no había notado nada delictivo den-tro del automóvili ni vio el arma de fuego debajo del muslo del conductor ni las cachas de un arma debajo de la pierna del pasajero, según la versión de Cantres. No fue hasta que Cantres le menciona lo de las cachas del arma, que Domínguez le ordena al pasajero bajarse del vehículo. En cuanto al supuesto bulto negro que estaba abierto den-tro del vehículo, Domínguez declaró que lo incautaron des-pués que los tres ocupantes del carro ya estaban arrestados. Incluso, el agente testificó que de la interven-ción que Cantres y él realizaron ninguno tomó notas ni apuntes sobre lo sucedido.

El Art. II, Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, garantiza el derecho del pueblo a la pro-tección de sus personas, casas, papeles y efectos contra re-gistros, incautaciones y allanamientos irrazonables. Igual dispone que por autoridad judicial sólo se expedirán órde-nes autorizando registros, allanamientos o arrestos cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación. Dicha sección finaliza plasmando que la evidencia obte-nida en violación de lo anterior es inadmisible en los tribunales. Esta norma general de la Constitución tiene como excepción lo establecido en la Regla 11 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En cuanto a la frase motivos fundados que menciona la Regla 11, hemos expre-sado consistentemente que significa la posesión de aquella información o conocimiento que lleven a una persona ordi-naria y prudente a creer que la persona a ser detenida ha cometido un delito. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173, 182-183 (1999).

Respecto a los arrestos que efectúen agentes del orden público cuando reciban una confidencia sobre una su-puesta actividad delictiva, en Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977), este Tribunal adoptó una norma de cua-tro criterios para evaluar las circunstancias en que una confidencia puede servir de base para la existencia de causa probable. Los criterios son: (1) que el confidente pre-viamente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes, y (4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse. Pos-teriormente, en Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992), reafirmado en Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994), expresamos que siempre hemos exi-gido que el agente haya corroborado la confidencia, ya sea mediante observación personal o por información de otras fuentes. Más aún, en Pueblo v. Ortiz Alvarado expresamos que al momento de determinar si existe causa probable hay que hacerlo a base de criterios de razonabilidad, puesto que tener meras sospechas no basta.

Finalmente, es importante señalar que el hecho de que en un registro o allanamiento se encuentre evidencia delic-tiva no se puede utilizar como fundamento para convalidar su ilegalidad. Pueblo v. Serrano, Serra, ante, pág. 185. Lo que debemos evaluar es la conducta previa al registro para determinar si efectivamente había causa probable o motivo fundado para llevarlo a cabo. Id.

Es preciso analizar los hechos de este caso según el de-recho vigente para determinar si la intervención y posterior incautación de la evidencia fue legal o no. De entrada, concurrimos con la interpretación del Tribunal de Primera Instancia a los efectos de que las declaraciones de los agen-tes en la vista de supresión de evidencia denotan contra-dicciones en cuanto a la información que el agente Cabrera les brindó por radio. La presente controversia es similar al caso Pueblo v. Serrano, Serra, ante. En aquel caso, tonos agentes recibieron confidencias acerca de un vehículo cu-yos ocupantes tenían armas de fuego. El confidente no in-formó el número de tablilla del vehículo ni la descripción física de los ocupantes, sólo el color del vehículo y el lugar donde se encontraba. Los agentes de la Policía vieron un vehículo similar en el lugar indicado e intervinieron con los ocupantes. Allí, igual incautaron unas armas de fuego ilegales. Este Tribunal examinó los hechos y determinó que la intervención fue contraria a derecho puesto que los agentes no tenían motivos fundados razonables para inter-venir con los ocupantes del vehículo, ya que no corrobora-ron la confidencia recibida. Sostuvo el Tribunal en dicho caso:

Una confidencia sobre posible actividad delictiva, por sí sola, no es suficiente para privar de su libertad a uno de nuestros conciudadanos; tiene que haber corroboración de actividad sos-pechosa o delictiva. En otras palabras, la confidencia recibida no se corrobora con cualquier información que tienda a esta-blecer que, alguna parte del contenido de la misma, es veraz. Tiene que haber, repetimos, corroboración de actividad sospechosa. (Enfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Serrano, Serra, ante, pág. 187.

Tras determinar que no había motivos fundados para intervenir con el vehículo, este Tribunal concluyó que tam-poco se satisfacía la aplicación de la doctrina de evidencia ilegal a plena vista debido a que el agente “no tenía dere-cho a estar en el lugar desde donde alegadamente observó la pistola ... ”. (Enfasis suprimido.) Pueblo v. Serrano, Serra, ante, págs. 189 — 190.

En el presente caso, nos encontramos con hechos total-mente similares. Por cierto, en la vista de supresión de evidencia los dos agentes que intervinieron con el vehículo reconocieron que al llegar al lugar donde se encontraba la minivan blanca no había indicios de la comisión de ningún delito, ni la dama gritaba pidiendo auxilio ni mostraba sig-nos de violencia. En otras palabras, no hubo corroboración de actividad delictiva o sospechosa. Además de no tener motivos fundados razonables para intervenir debido a la falta de corroboración de actividad sospechosa, nos llaman la atención otros hechos del caso que le restan credibilidad a las declaraciones de los agentes.

Cabe destacar: el agente retén no apuntó en ninguna bitácora la hora ni la información que recibió del confi-dente; los agentes Cantres y Domínguez no escribieron ningún apunte o notas sobre el incidente ocurrido; el agente Cantres fue el único que observó las armas de fuego, a pesar de que Domínguez también declaró haber estado parado frente al pasajero y observar el vehículo por dentro; el agente Domínguez declaró haber observado de-tenidamente el vehículo por dentro y mencionó que no ha-bía nada delictivo adentro, aunque luego supuestamente apareció entre las sillas un bulto negro abierto y con balas; en las declaraciones juradas los agentes omitieron infor-mación importante que luego expresaron en la vista; el agente Cantres alega que el retén le mencionó que había un hombre armado dentro del vehículo, mientras que Do-mínguez no lo menciona; la bolsa negra con municiones estaba totalmente abierta y expuesta a simple vista.

Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocen-tes como para creer declaraciones que nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961). Ante las incongruencias tácticas que presenta este caso, así como la falta de corroboración de actividad sospechosa ante una confidencia anónima y la ausencia de motivos fundados para intervenir con los ocupantes del vehículo, resulta forzoso concluir que la evidencia ocupada se obtuvo como consecuencia directa de la acción ilegal original de intervenir con los ocupantes del vehículo; esto es, la ocupa-ción que se realizó es “ ‘fruto del árbol ponzoñoso’ ”. Pueblo v. Serrano, Serra, ante, pág. 189.

Aparte de todo lo anterior, debemos recordar que al en-frentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a con-vicciones criminales, siempre nos hemos regido por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba co-rresponde, en primera instancia, al foro sentenciador, por lo que los tribunales apelativos sólo intervendremos con dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de pa-sión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 788-789 (2002); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991). En el caso ante nos, no vemos que el Tribunal de Primera Instancia haya proce-dido con error, prejuicio o arbitrariedad. El foro de instan-cia pudo observar directamente a los agentes que declara-ron y convencerse de la falta de credibilidad en sus testimonios, así como de las contradicciones entre ellos. Es nuestra función, pues, darle deferencia a dicho foro.

En consecuencia, expediría el recurso de certiorari pre-sentado y revocaría la determinación del Tribunal de Ape-laciones que dejó sin efecto la supresión de evidencia dic-tada por el foro de instancia.

       Sentencia de 31 de octubre de 2011 y notificada el 3 de noviembre de 2011.

       Véase Transcripción Vista sobre Supresión de Evidencia, pág. 14, Apéndice, pág. 113.

       Mencionó haber recibido la misma información que declaró Cabrera en la Vista sobre Supresión de Evidencia.

       Véase Transcripción Vista sobre Supresión de Evidencia, págs. 45-46, Apén-dice, págs. 144-145.

       En el contrainterrogatorio, el agente Cantres reconoció que en la declaración jurada que brindó dos días después de los hechos no mencionó nada con relación a la dama. íd., págs. 49-50, Apéndice, págs. 148-149.

       íd., pág. 36, Apéndice, pág. 135.

       íd., pág. 72, Apéndice, pág. 171.

       íd., pág. 120, Apéndice, pág. 219.

       Cabe señalar que esa contradicción entre la declaración de Domínguez y la de Cantres, en el sentido de que según este último se les informó sobre un hombre con un arma de fuego dentro de la minivan mientras que Domínguez no mencionó eso, fue un factor que el Tribunal de Primera Instancia consideró para declarar “con lugar” la supresión de la evidencia. Véase Minuta Resolución, Apéndice, pág. 37.

        Es meritorio hacer énfasis en la contradicción entre esa declaración de no haber visto nada delictivo dentro del automóvil y la aparición del bulto negro supues-tamente abierto entremedio de las sillas y expuesto a fácil observación.

       Véase Transcripción Vista sobre Supresión de Evidencia, pág. 102, Apén-dice, pág. 201.


text:
    José Antonio Bechara Fagundo y Carlos Emilio Bechara Fagundo, peticionarios, v. Hon. María Rodríguez Cintrón, Registradora de la Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sección de San Germán, recurrida.

      Número: RG-2009-5

      Resuelto: 5 de diciembre de 2011

      José M. Biaggi Landrón, abogado de la parte peticionaria; María Rodríguez Cintrón, registradora de la propiedad de Puerto Rico, Sección de San Germán, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos resolver si un miembro de una sucesión puede solicitar una anotación preventiva de de-manda en el Registro de la Propiedad al amparo de la ex-cepción consagrada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2402 (Ley Hipotecaria de Puerto Rico). Esto, a pesar de que los in-muebles objeto de controversia en la demanda cuya anota-ción se solicita están inscritos a nombre de su causante y otros, y no surge del Registro de la Propiedad ningún do-cumento pendiente de inscripción mediante el cual se transmita un derecho real o se reconozca el derecho here-ditario a favor del solicitante.

I

El 30 de noviembre de 2009 los Sres. José Antonio y Carlos Emilio Bechara Fagundo (peticionarios) compare-cieron ante este Tribunal mediante un recurso gubernativo. Nos solicitan la revisión de la denegatoria de recalificación que el 6 de noviembre de 2009 emitió la Re-gistradora de la Propiedad, Hon. María Rodríguez Cintrón (Registradora), en el Registro de la Propiedad, Sección de San Germán (Registro), y que se ordenara la inscripción de la “Instancia” solicitando anotación preventiva de de-manda en el Registro. A continuación un resumen de los hechos que dieron lugar a este recurso.

A. En noviembre de 2008 el Sr. José Antonio Bechara Fagundo (señor Bechara Fagundo) presentó ante el Regis-tro una copia certificada de una demanda sobre Sentencia Declaratoria. En ella figuraban como parte demandante los peticionarios en este caso, Melissa y Mari Olga, ambas de apellidos Bechara Fagundo. Como parte demandada, Western Shopping Center Norte, Inc., Inmobiliaria Be-chara Bravo, Inc., Dennis Bechara Bravo, Eileen Bechara Bravo y la sucesión de José Antonio Bechara Bravo com-puesta por sus herederos: Antonio José Bechara Bravo, Sylvia Bechara Irizarry, Sylvia Irizarry Estrada y Fulano de tal.

Los demandantes cuestionaron, por varios fundamen-tos, la validez de dos escrituras sobre Protocolización de oferta de permuta, adhesión y permuta (escrituras) que otorgó el Sr. José Antonio Bechara Bravo (causante). Según surge del expediente, en las referidas escrituras el cau-sante permutó su participación abstracta, común y proin-divisa sobre unas propiedades inmuebles que pertenecían a una comunidad hereditaria compuesta por él, sus dos hermanos, Dennis y Eileen Bechara Bravo, y la Sra. Zaida Bravo Monagas, por acciones de las corporaciones Western Shopping Center Norte, Inc. e Inmobiliaria Bechara Bravo, Inc. Según alegaron los demandantes, el efecto de convali-dar las escrituras de permuta antes aludidas era “privar y/o [sic] lesionar la porción correspondiente a la legítima de los demandantes en el caudal del Causante”.

Junto con la copia certificada de la demanda, el señor Bechara Fagundo presentó ante el Registro un documento intitulado “Instancia” en que solicitó a la Registradora rea-lizar la anotación preventiva de la referida demanda al amparo de los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402. En agosto de 2009 la Registradora emitió una notificación de denegato-ria de inscripción, fundamentada en que la acción de los demandantes en el foro primario no tenía como base un derecho real inscrito, por lo que debían obtener una orden del tribunal para poder anotar la demanda en el Registro. La Registradora también señaló que se debía acreditar la notificación a la parte adversamente afectada de que la demanda se presentaría en el Registro, conforme a lo dis-puesto en el Art. 115.2 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Pro-piedad, Reglamento Núm. 4783 de 1992 (Reglamento Hipotecario).

Inconforme con esa determinación, el señor Bechara Fa-gundo presentó oportunamente ante el Registro una solici-tud de recalificación. En noviembre de 2009 la Registra-dora nuevamente emitió una notificación de denegatoria de inscripción por los mismos fundamentos que expuso en la denegatoria de agosto de 2009. Aún en desacuerdo con la determinación de la Registradora, los peticionarios pre-sentaron ante este Tribunal el recurso gubernativo de referencia.

En síntesis, los peticionarios alegan que la Registradora erró al denegar la solicitud de anotación preventiva de la demanda en el Registro porque no tenían un derecho real inscrito como base para su acción y requerirles una orden del tribunal a esos efectos, conforme al Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. En particular, los peti-cionarios señalan que en las escrituras cuya nulidad se reclama en el foro primario y de las constancias en el Re-gistro surge que las fincas sobre las que se solicita anota-ción preventiva están inscritas en común proindiviso a nombre del causante y sus dos hermanos, Dennis y Eileen Bechara Bravo. Señalan, además, que ante el fallecimiento del causante, sus herederos le sustituyen y advienen comu-neros proindiviso de los inmuebles en cuestión. Asimismo, los peticionarios manifiestan que el causante otorgó un tes-tamento ológrafo que fue debidamente adverado y protoco-lizado, en el que reconoció a los peticionarios, demás de-mandantes, y los codemandados Antonio José Bechara Irizarry, Sylvia Bechara Irizarry y Sylvia Irizarry Estrada como herederos suyos.

Finalmente, los peticionarios invocaron lo resuelto por este Tribunal en Quiñones Reyes v. Registrador, 175 D.P.R. 861 (2009), y adujeron que debido a que no existe persona-lidad jurídica distinta entre la comunidad hereditaria y los miembros que la componen, los herederos obtuvieron la misma titularidad que el causante ostentaba registralmente. Por lo anterior, los peticionarios arguyen que al presentar la copia certificada de la demanda —inclu-yendo como anejo las escrituras y el acta de protocolización del testamento ológrafo del causante— ante el Registro, cumplieron con la excepción establecida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, y lo resuelto en Qui-ñones Reyes v. Registrador, supra.

Por su parte, la Registradora expresó en su alegato que ciertamente quienes surgen como titulares de las fincas sobre las que se presentó copia certificada de demanda en el Registro son el causante, sus dos hermanos, Dennis y Eileen Bechara Bravo, y la Sra. Zaida Bravo Monagas, mas no los peticionarios. Asimismo, señaló que tampoco surgía del Registro algún documento que estuviera pendiente de inscripción mediante el cual se les transmitiera a los peti-cionarios algún derecho real sobre las fincas en controversia. Específicamente, la Registradora indicó que no se presentó en el Registro el acta de protocolización del testamento ológrafo que los peticionarios alegan les re-conoce derecho hereditario en común proindiviso sobre las fincas objeto de controversia en el foro primario. Tampoco presentaron en el Registro las escrituras, sino que copias simples de estas —al igual que ocurrió con el acta de pro-tocolización del testamento ológrafo— fueron anejadas a la copia certificada de demanda. Así, pues, la Registradora sostiene que los peticionarios necesitan una orden del tribunal para que ella proceda con la anotación preventiva de demanda en el Registro porque los recurrentes no cumplie-ron con la excepción del Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. Veamos el derecho aplicable a la controversia.

II

[1 A. El Registro de la Propiedad tiene como propó-sito la registración de los actos y contratos relativos a los bienes inmuebles mediante un sistema de publicidad de títulos. Se da publicidad a los títulos que contienen las adquisiciones, modificaciones y extinciones del dominio y demás derechos reales sobre dichos bienes, así como los derechos anotables sobre los mismos, y de las resoluciones judiciales que afectan la capacidad civil de los titulares. El Registro de la Propiedad es público, por lo que cualquier persona puede examinar el estado jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.

Los Registradores de la Propiedad son los funcionarios públicos a cargo de las secciones del Registro de la Propiedad. Como parte de sus responsabilidades, el Art. 64 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2267, en la parte pertinente establece que

Dios Registradores calificarán, bajo su responsabilidad la le-galidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los registradores fundamentarán su ca-lificación de los actos y contratos a registrarse en los documen-tos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes.
En cuanto a los documentos expedidos por la .autoridad judicial, la calificación expresada se limitará:
(1) A la jurisdicción y competencia del tribunal; a la natura-leza y efectos de la resolución dictada si ésta se produjo en el juicio correspondiente; y si se observaron en él los trámites y preceptos esenciales para su validez;
(2) a las formalidades extrínsecas de los documentos presen-tados, y
(3) a los antecedentes del Registro.

Así, el Art. 64 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, ordena a los registradores a calificar “bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento”. Reiteradamente hemos expresado que la calificación registral constituye la piedra angular del principio de legalidad y exige del Registrador un juicio de crítica jurídica sobre la validez y eficacia de los negocios jurídicos contenidos en los documentos presentados para que solo tengan acceso al Registro de la Propiedad los títulos que cumplan con las exigencias legales. Así, pues, el Registrador de la Propiedad califica los documentos para extender o denegar la inscripción, anotación, nota o cancelación solicitada. De igual forma, surge del Art. 64 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, que la función calificadora del Registrador se limita a los “documentos que se presenten, los asientos registrars vigentes y las leyes”. Por lo anterior, un registrador de la propiedad no puede descansar en suposiciones o interpretaciones en el ejercicio de su facultad para calificar los documentos presentados ante el Registro de la Propiedad para su inscripción.

Un principio medular en nuestro ordenamiento registral inmobiliario es el principio de tracto sucesivo, el cual surge del Art. 57 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2260, y establece que

[p]ara registrar documentos por los que se declaren, trans-mitan, graven, modifiquen, o extingan el dominio y demás de-rechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previa-mente registrado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos.
Se denegará la registración de resultar inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorga la transmisión o gravamen. No obstante, podrán inscribirse sin el requisito de la previa inscripción las resoluciones y ejecutorias, que se re-fieren en las sees. 2761 a 2777 de este título.

En otras palabras, el principio de tracto sucesivo “exige que el historial jurídico de cada finca inmatriculada, res-pecto de sus sucesivos titulares regístrales, aparezca sin saltos ni lagunas”. Esto es, que para que se cumpla con el principio registral de tracto sucesivo debe constar regis-trado previamente el derecho de la persona que otorgó el acto que pretende inscribir en el Registro. Por lo anterior, se requiere que “el transferente de hoy sea el adquirente de ayer y que el titular registral actual sea el transferente de mañana”. Consecuentemente, si no se cumple con el principio de tracto sucesivo, procede la denegatoria de la inscripción.

B. Por otra parte, la anotación preventiva es un mecanismo que imparte publicidad en el Registro a la interposición de una litis, en la que se ejercita alguna pretensión procesal relativa al dominio o a los derechos reales sobre la finca en cuestión. Tiene el propósito de advertir que la titularidad del derecho inscrito está subordinada al resultado de un litigio. Dicho de otro modo, la anotación preventiva de demanda “[asegura] un rango al derecho real que como consecuencia del litigio pueda constituirse, asegu-rando la retroactividad del mismo al momento de la anota-ción de la demanda frente a los terceros que hayan inscrito en el intermedio algún derecho”. (Énfasis suprimido.) Por otro lado, hemos señalado que la anotación preventiva no da ni quita derechos y carece de los demás efectos, defensi-vos y ofensivos, de una inscripción. Sin embargo, de pre-valecer el promovente en el litigio instado, la anotación pre-ventiva se convertirá en un asiento definitivo de inscripción a su favor.

Los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, regulan la anotación preventiva de demanda. El Art. 112 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, enumera quiénes podrán pedir la anotación preventiva. En su parte pertinente, el Art. 112 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, establece que puede pedir anotación preventiva,

1ro. El que reclamare enjuicio la propiedad de bienes inmue-bles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna ac-ción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la vali-dez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos refe-rentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos registrables.

En relación con los incisos uno, dos y tres del Art. 112 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, el Art. 115.2 del Reglamento Hipotecario, supra, dispone que “se notificará al afectado por la anotación de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil y deberá acreditarse tal notificación, de manera fehaciente, ante el Registrador en cualquier mo-mento antes de inscribirse la venta judicial o sentencia correspondiente”.

Por otra parte, el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, establece que

[e]n el caso del número uno [del artículo anterior], no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzga-dor, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la presentación de copia certifi-cada de la demanda.

Es decir, que como regla general, la anotación preven-tiva de demanda requerirá una orden y mandamiento judicial autorizando la anotación en el Registro. A manera de excepción, puede practicarse tal anotación sin la interven-ción judicial cuando la acción tenga como base un derecho real inscrito por quien solicita la anotación. En todos los casos, el solicitante debe presentar copia certificada de la demanda.

En Quiñones Reyes v. Registrador, 175 D.P.R. 861 (2009), nos expresamos acerca de la referida excepción establecida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. En ese caso resolvimos que a pesar de que una sociedad especial tiene una personalidad jurídica independiente a la de sus socios, estos, en representación de la sociedad especial, pueden acudir al Registro y solicitar la anotación preventiva de demanda sin orden y mandamiento del Tribunal, siempre que el socio especial cumpla con los requisitos esbozados en los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria de PuertoRico, supra.

En aquella ocasión fuimos enfáticos al mencionar que el socio que solicita la anotación preventiva de demanda al amparo de la excepción establecida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, tenía que cumplir con todos los requisitos de tal artículo. Con particularidad, mencionamos que: (1) la acción judicial tenía que estar fundamentada en un derecho real inscrito a favor de la sociedad especial; (2) que el litigio fuese dirigido a afectar la titularidad del bien inmueble en controversia, y (3) que el socio actuara en representación de la sociedad y no en su carácter personal. Respecto a esto último, dijimos que de la faz de la demanda que presenta un socio debe surgir que instó la acción judicial en representación de la sociedad especial, y no en su carácter personal. No basta con in-cluir en el epígrafe de la demanda que comparece en tal carácter.

De acuerdo con la normativa reseñada, evaluemos las faltas notificadas por la Registradora al denegar la anota-ción preventiva de demanda en este caso.

III

La Registradora emitió una notificación de denegatoria de inscripción porque la acción de los peticionarios en el foro primario no tenía como base un derecho real inscrito, por lo que debían obtener una orden del tribunal para po-der anotar la demanda en el Registro conforme el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. La Registra-dora también señaló que los peticionarios debían acreditar su cumplimiento con el requisito de notificación previa es-tablecido en el Art. 115.2 del Reglamento Hipotecario, supra. Por su parte, los peticionarios sostienen que la Re-gistradora erró al denegar la inscripción de la anotación preventiva de demanda en el Registro, ya que los peticio-narios contaban con un derecho real inscrito como base para su acción: el derecho de su causante.

Como expusiéramos, uno de los peticionarios, el Sr. José Antonio Bechara Fagundo, presentó ante el Registro una copia certificada de demanda y una instancia mediante la que solicitó a la Registradora la anotación preventiva de la misma. Recordemos que en la referida demanda parte de una sucesión impugnó ante el foro primario la validez de unas escrituras mediante las cuales su causante permutó su participación abstracta, común y proindivisa sobre unos inmuebles. Tales bienes pertenecían a una comunidad here-ditaria compuesta por el causante, sus dos hermanos, Dennis y Eileen Bechara Bravo y Zaida Bravo Monagas, y ellos eran los que constaban en el Registro como titulares de las fincas.

Así las cosas, al momento de calificar los documentos pre-sentados en el Registro por el señor Bechara Fagundo, la Registradora se percató de que los bienes sobre los que se solicitó la anotación preventiva de demanda estaban inscri-tos a nombre de personas distintas a las que pedían la refe-rida anotación. Asimismo, indicó que del Registro no surgía que los peticionarios hayan sido titulares regístrales o ten-gan algún derecho real sobre dichas fincas. La Registradora señaló que tampoco surgía del Registro algún documento que estuviera pendiente de inscripción, mediante el cual se les transmitiera a los peticionarios algún derecho real sobre las fincas. Específicamente, la Registradora destacó que no se presentó en el Registro el acta de protocolización del tes-tamento ológrafo que los peticionarios alegan les reconoce derecho hereditario en común proindiviso sobre las fincas objeto de controversia en el foro primario, ni las escrituras de permuta. Es decir, no había tracto sucesivo en el Registro que reflejara el derecho real inscrito de los peticionarios.

Por lo anterior, la Registradora concluyó que el señor Bechara Fagundo no tenía como base un derecho real ins crito para su acción en el foro primario. En consecuencia, el señor Bechara Fagundo no cumplió con la excepción esta-blecida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, y la Registradora insistió en la denegatoria de la solicitud de anotación preventiva de demanda en el Regis-tro hasta tanto los peticionarios obtuviesen una orden y mandamiento del tribunal.

Como discutimos, la Registradora en su función califica-dora debe asegurarse que solo tengan acceso al Registro los títulos que cumplan con las exigencias legales. Dicha fun-ción calificadora está limitada por el Art. 64 de la Ley Hi-potecaria de Puerto Rico, supra, pues ese artículo establece que la Registradora fundamentará su calificación única-mente en “los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes”. La Registradora no puede basar su calificación en suposiciones o interpretaciones.

En este caso, no hay constancia en el Registro del dere-cho real inscrito de los peticionarios sobre el cual funda-mentan su acción en el foro primario. Los documentos que los peticionarios señalan como fuente que les reconoce su derecho hereditario sobre los bienes del causante —entién-dase, las escrituras de permuta y el acta de protocolización de testamento ológrafo— fueron presentados como copias simples incluidas como anejos en la copia certificada de demanda cuya anotación preventiva se solicita. Al presen-tar los documentos de esa manera, ni las escrituras ni el acta de protocolización de testamento ológrafo tienen ac-ceso al Registro como títulos sujetos a calificación y posterior inscripción. Tampoco la Registradora podía basarse en ellos para suplir la falta de tracto sucesivo que surgía del Registro. Esto es así, pues, según el Art. 42 de la Ley Hi-potecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2205, para ins-cribir los títulos en el Registro, “deberán constar en escri-tura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o funcionario competente, en la forma que prescriben las leyes y reglamentos, salvo en los casos en que expresamente la ley establezca una forma distinta”.

La Registradora, a base de los documentos que se presen-taron adecuadamente, los asientos regístrales vigentes y las leyes, no podía concluir otra cosa. Los bienes inmuebles ob-jeto de controversia no estaban inscritos a nombre de los peticionarios, sino a nombre de su causante. A falta de cons-tancias en el Registro que acreditaran la condición de here-deros que tenían los peticionarios, o documento mediante el cual adquirieran o se les transmitiera la titularidad de los inmuebles en cuestión, inscribir la anotación preventiva de la demanda en este caso hubiese contravenido el propio Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra.

Finalmente, los peticionarios alegan que de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal en Quiñones Reyes v. Registra-dor, supra, ellos, en su carácter de representantes de la co-munidad hereditaria, cumplieron con la excepción recono-cida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. Alegan los peticionarios que si este Tribunal recono-ció que, aim cuando existe personalidad jurídica indepen-diente entre una sociedad especial y sus socios, un socio especial puede solicitar anotación preventiva de demanda al amparo de la excepción establecida en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, aunque el inmueble en controversia esté inscrito en el Registro a nombre de la so-ciedad, cuánto más no debe reconocerse lo mismo a las co-munidades hereditarias y sus miembros, pues en ese caso no existe personalidad jurídica distinta.

Las circunstancias de los peticionarios en este caso se distinguen claramente de las que enfrentamos en Quiñones Reyes v. Registrador, supra. En ese caso, el señor Quiñones en carácter de socio especial de la sociedad, solicitó anota-ción preventiva de demanda en la que el bien inmueble en controversia estaba inscrito a nombre de la sociedad especial. Ante ese hecho, resolvimos que a pesar de que la sociedad especial tiene una personalidad jurídica indepen-diente a la de sus socios, estos, en representación de la so-ciedad especial, pueden acudir al Registro y solicitar la ano-tación preventiva de demanda sin orden y mandamiento del Tribunal, siempre que el socio especial cumpla con los requi-sitos esbozados en los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra.

Debemos recordar que en Quiñones Reyes v. Registrador, supra, enfatizamos que el socio especial que invocara la ex-cepción del Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, debía cumplir a cabalidad con dicho artículo. Es de-cir, que la acción judicial que inspira la anotación preven-tiva de demanda en el Registro (1) tenía que estar funda-mentada en un derecho real inscrito a favor de la sociedad especial-, (2) que el litigio fuese dirigido a afectar la titulari-dad del bien inmueble en controversia, y (3) que el socio actuara en representación de la sociedad y no en su carácter personal.

Los peticionarios argumentan que cumplen con los re-quisitos mencionados, pues, según alegan, de la faz de las alegaciones de la demanda surge que los títulos de los in-muebles en controversia se verán afectados con el resul-tado del pleito incoado en el foro primario. Arguyen que la demanda se presentó “considerando la repercusión y bene-ficio a todos los herederos del caudal”, y que como miem-bros de la sucesión del causante tienen derecho a solicitar la anotación preventiva de demanda. Acerca del derecho real inscrito como base para su acción, expresaron que os-tentan el título inscrito en comunidad de su causante.

Al examinar los hechos del caso de referencia al amparo de los criterios del Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra, y lo resuelto en Quiñones Reyes v. Registrador, supra, como vimos, los peticionarios incumplen con un re-quisito importante. Esto es, ni los peticionarios, ni la co-munidad hereditaria que alegan representar, tienen un de-recho real inscrito como base para su acción en el foro primario. Precisamente, en eso último se distingue Quiño-nes Reyes v. Registrador, supra, del caso ante nuestra consideración. En Quiñones Reyes v. Registrador, supra, la controversia no se trataba de un problema de tracto suce-sivo sino del carácter representativo del solicitante. Acce-der a la propuesta de los peticionarios no solo implica con-travenir el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, sino, además, pasar por alto el principio registral de tracto sucesivo, pues en casos como este, no consta registrado previamente el derecho de la persona que otorgó el acto que se pretende inscribir en el Registro.

Por lo anterior, no erró la Registradora al denegar la so-licitud de anotación preventiva de demanda en este caso. Le corresponde a los peticionarios obtener y presentar urna or-den o mandamiento judicial que instruya a la Registradora a practicar la anotación preventiva de demanda que solici-tan, tal como lo exige el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra. Además, deberán notificar a las partes adversamente afectadas por dicha anotación, según el Art. 115.2 del Reglamento Hipotecario, supra. En la alternativa, los peticionarios deberán solicitar a la Registradora la ins-cripción de su derecho hereditario conforme al Art. 95 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2316. De esa forma, los peticionarios tendrán el derecho real inscrito que requiere la excepción del Art. 113 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, supra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la nota denegatoria que emitió la Hon. María Rodríguez Cin-tron, Registradora de la Propiedad, Registro de la Propie-dad, Sección de San Germán el 6 de noviembre de 2009.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       Específicamente el incumplimiento con los requisitos del Art. 33 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2051; incumplimiento con los Arts. 1232 y 1388 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3453 y 3856; nulidad e ineficacia de la comparecencia por poder y de las escrituras, y falta de capacidad del causante para otorgar las escrituras. Apéndice del Recurso Gubernativo, págs. 30-35.

       Estas son: Escritura Núm. 7 sobre Protocolización de oferta de permuta, adhesión y permuta otorgada el 19 de julio de 2007 ante el notario Enrique Alcaraz Micheli y Escritura Núm. 8 de Protocolización de oferta de permuta, adhesión y permuta otorgada el 17 de septiembre de 2007 ante el mismo notario.

       Los demandantes en ese caso solicitaron al Tribunal de Primera Instancia, entre otras cosas, que se declarara nulo e ineficaz el traspaso o permuta de los inmuebles descritos en las escrituras objeto de controversia en el foro primario por acciones de las referidas corporaciones y que se ordenara a la Registradora a abste-nerse de inscribir en los libros a su cargo las referidas escrituras mediante las cuales se traspasaron o permutaron los bienes inmuebles. Apéndice del Recurso Guberna-tivo, pág. 39.

       Quien compareció ante la Registradora fue el Sr. José Antonio Bechara Fa-gundo por medio de su representación legal, el Ledo. José M. Biaggi Landrón. Sin embargo, el recurso gubernativo de referencia fue presentado por los hermanos Sres. José Antonio y Carlos Emilio Bechara Fagundo (los peticionarios).

       Véase Apéndice del Recurso Gubernativo, págs. 47-52.

       Según surge del alegato de la Registradora, de todas las fincas mencionadas en las escrituras, solo dos (6029 y 6030) correspondían a la demarcación del Registro de la Propiedad, Sección de San Germán. Además, las escrituras para esas fincas que no aparecen presentadas en el Registro. Alegato de la Registradora de la Propiedad, pág. 2.

       Alegato de la Registradora de la Propiedad, pág. 10.

       Art. 7 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2051.

       Art. 23 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2101.

       Art. 8 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2052.

        BL Investment v. Registrador, 173 D.P.R. 833, 839 (2008); Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710, 719 (2005); Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 D.P.R. 698, 706 (1992).

       Art. 67 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. see. 2270. Véase BL Investment v. Registrador, supra, pág. 839.

        preciosas y pel Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802, 809 (1981).

       L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Editores Jurídica, 2002, pág. 219.

       R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. II, Vol. 1, pág. 429.

        Quiñones Reyes v. Registrador, 175 D.P.R. 861, 870 (2009).

       íd.; Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 69 (1970).

        Quiñones Reyes v. Registrador, supra, pág. 871; Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 678 (1989), citando a J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Librería Bosh, 1977, pág. 269.

        Segarra v. Vda. de Lloréns, supra, pág. 69.

        Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra, pág. 678.

       Véase Art. 114 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. sec. 2403.

        Quiñones Reyes v. Registrador, supra, pág. 878.

       íd., págs. 879-880.

       íd., pág. 878.

       Alegato de la Registradora de la Propiedad, pág. 3.

       En el contexto de anotaciones preventivas de derechos hereditarios hemos resuelto, a modo ilustrativo, que el testamento y el certificado de defunción de un causante son documentos esenciales cuando se trata de un legado y para la inscripción del derecho hereditario. Rosado v. Registrador, 118 D.P.R. 577, 583 (1987). Respecto a la inscripción del derecho hereditario, en Herederos de Collazo v. Registrador, 172 D.P.R. 776, 788-789 (2007), añadimos que en casos de sucesiones testadas los intere-sados deben presentar una certificación del Registro de Testamentos acreditativa de que el testamento no ha sido revocado o modificado y la certificación sobre cancelación de gravamen de contribución sobre la herencia en el Departamento de Hacienda.

        Quiñones Reyes v. Registrador, supra, pág. 878.

       íd., págs. 879-880.

       para una exposición más detallada de la inscripción del derecho hereditario en el Registro de la Propiedad, véase Herederos de Collazo v. Registrador, supra.