author: El Juez PresideNtb Sr. Hernández,

text:
    The American Trading Company, Apelada, v. Monserrat, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 840.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Hipotecas — Cobro de Créditos Hipotecarios — Cancelación de Hipotecas. — El artículo 125 de la Ley Hipotecaria se refiere al.caso de venta de fincas hipo-tecadas a favor de varios acreedores para satisfacer el crédito de un primer acreedor que es preferente, y el artículo 131 de la misma ley supone que se enajena una finca que representa valor bastante para cubrir el plazo vencido que se cobra y los pendientes, y ninguno de dichos artículos es aplicable al caso en que se ejecuta pl.azo vencido de un crédito hipotecario habiendo otros plazos no vencidos del mismo crédito y el importe de la finca enajenada no alcanza a cubrir el importe del plazo vencido.
    Id. — Primee Acreedor Hipotecario. — No debe entenderse por primer acreedor hipotecario aquel cuyo crédito venza primeramente, sino aquel a cuyo favor fué inscrita primeramente en el registro de la propiedad la obligación hipo-tecaria, según así lo dispone el artículo 1828 del Código Civil revisado.
    Id. — Plazos de Una Misma Hipoteca. — Los plazos de una misma hipoteca no son créditos distintos los unos respecto de los otros, sino piartes de un mismo derecho hipotecario y salvo pacto en contrario no gofan entre sí do prolaeión alguna, aunque tengan distintos vencimientos, por ser iguales en derecho.
    Id. — Plazos de Una Misma Hipoteca Representados por Pagarés Hipoteca-rios — Adjudicación de las Fincas Hipotecadas en Pago Parcial dio un Plazo — Legislación Aplicable. — Cuando se vende o adjudica una o varias . fincas afectas a una hipoteca distribuida en varios piaros con distintos ven-cimientos, representado cada plazo por pagaré hipotecario, y el valor que se obtenga on la venta o adjudicación no sea suficiente para cubrir el importe dol pagaré o plazo vencido para cuyo pago se vende o adjudica la finca, no pudiendo por tanto ser satisfechos los plazos o pagarés posteriores por vencer, el producto líquido de la venta o adjudicación deberá ser prorrateado entre todos los acreedores, entregando al dueño del plazo o pagaré vencido y que demanda judicialmente su importe la parte proporcional que le corresponda, y depositándose la parte correspondiente a los demás plazos hasta su can-celación, con arreglo al articulo 1515 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable al caso según el artículo 176 del reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria, por cuanto ni esa ley, ni el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, ni la ley relativa a la manera do ejecutar las sentencias, de marzo 9, 1905, contienen precepto alguno sobre el particular.
    Id. — Cancelación de Hipoteca Afectante a Varios Plazos de Obligación Hipo-tecaria — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — En una demanda sobre cancelación de hipoteca que garantiza varios plazos de una obligación, (-uando la finca hipotecada ha 'sido adjudicada en pago parcial de uno de los plazos quedando otros por vencer, es necesario alegar para que pueda cancelarse la totalidad de la obligación hipotecaria, que del producto de la venta de la finca vendida o adjudicada ha sido destinada a los dueños de los otros pía: os la parte que en prorrateo les corresponda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados.de la apelante: Sres. Felipe Cacalduc j Edward 8. Paine.

    Abogado del apelante: Sr. Alfredo Amoldo.

   El Juez PresideNtb Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos consignados en la demanda qne originó él pre: sente caso y que fué presentada a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce con fecha 10 de junio de 1911, cuya súplica fué enmendada en 4 de diciembre siguiente, tales como han quedado fijados después de 'la eliminación de algunos de ellos mediante estipulación de las partes demandante y de-mandada de 15 de enero de 1912, aprobada por dicha corte, son sustancialmente los siguientes:

Primero. Que por escritura publica de 11 de mayo de 1900 Luis Arán y Lancy constituyó hipoteca voluntaria sobre 20 fincas de su propiedad en garantía de la suma de 130,000 pesos provinciales que confesó adeudar a Baudilio Duran y que se obligó a pagar a razón de 13,000 pesos provinciales en cada día 11 de mayo de los años 1901 a 1910, ambos inclusive, librando por el importe de cada uno de esos plazos un pagaré a la orden del acreedor Durán.

Segundo. Que los pagarés números 1 y 2 fueron satisfe-chos, cancelándose en cuanto a ellos el gravamen hipoteca-rio que pesaba sobre algunas de las fincas mencionadas en la escritura de constitución de hipoteca.

Tercero. Que el pagaré número 3 a vencer en 11 de mayo de 1903 fué endosado primeramente por Durán a la orden de Martín Serra y después por éste a la orden de la American Trading Company, la que siguió procedimientos hipo-tecarios para su cobro contra Francisca Arán, como admi-nistradora judicial de los bienes de Luis Arán ya fallecido, ante la Corte de Distrito de Mayagüez en 12 de junio de 1906, y como resultado de ese procedimiento fueron adjudicadas a The American Trading Company seis fincas que se describen en la demanda de las hipotecadas por Arán, por precio de $4,830, en pago parcial de la suma que se le adeudaba de dicho pagaré, ascendente a $6,804 de capital y $1,305.81 de intere-ses, otorgándosele escritura de adjudicación de dichas fincas en 20 de febrero de 1908 y entrando The American Trading Co. en posesión de ellas.

Cuarto. Que el pagaré número 5 a vencer en 11 de mayo de 1905 fué endosado .por Baudilio Duran a la orden de Con-rado Palau, quien extendió a continuación de dicho endoso tres más que fueron cruzados con una línea de tinta, después de los cuales extendió Palau otro endoso a la orden de Damián Monserrat Suro en Barcelona, (España) con. fecha 12 de sep-tiembre de 1910.

Quinto. Que tenedor Monserrat Suro del pagaré número 5, radicó demanda en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez por el procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria, contra The American Trading Company, exigién-dole como dueña de las seis fincas que le fueron adjudicadas el pago del mencionado documento, que según la demanda montaba a un valor de $12,948, habiendo dispuesto dicha corte que la parte demandada fuera requerida de pago, como así se hizo en 25 de abril de 1911 por término de 30 días, que habían de vencer en 25 de mayo siguiente, en cuyo día el márshal de aquella corte embargó todas las fincas adjudicadas a The American Trading Company y también expidió edictos anun-ciando su venta en pública subasta para el día 22 de junio del mismo año, con el fin de satisfacer la reclamación de Mon-serrat.

Sexto. Que el embargo y anuncio de subasta de las fincas se hizo antes de vencer el plazo de los 30 días que la corte concediera a The American Trading Company para veri-ficar el pago.

Séptimo. Que siguiendo por todos sus trámites el proce-dimiento iniciado por Monserrat, la demandante no tendrá oportunidad de defender sus derechos en buena contienda judicial, y surgiría una multiplicidad de procedimientos judi: ciales con Martín Serra, Conrado Palau, Sucesión Arán, Bau-dilio Durán y Damián Monserrat Suro, originándose gran-des gastos innecesarios y pérdida de tiempo a las cortes de justicia, siendo además muy difícil precisar la cuantía de los daños y perjuicios que habrían de ocasionarse a la deman-dante, los que era muy probable resultaran ilusorios o irre-parables, por cuanto Damián Monserrat Suro y la Sucesión ele Luis Arán según información eran insolventes.

La demanda concluyó con súplica, que luego fué enman-clacla, interesando se hagan por sentencia los siguientes pro-nunciamientos :

Primero. Que es nulo en todas sus partes el procedimiento hipotecario seguido por Damián Monserrat Suro contra The American Trading Company ante la Corte de Distrito de Mayagüez, en cobro del pagaré número 5 ya expresado, y nulas por consiguiente todas las órdenes y demás actuaciones que obran en dicho procedimiento.

Segundo. Que no teniendo carácter hipotecario el pagaré número 5 en cuánto a las fincas adjudicadas a The American Trading Company, se ordena la cancelación con referencia a ellas en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, de la hipo-teca que lo garantizaba, constituida por escritura pública de 11 de mayo de 1900, librándose el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad de Mayagüez; y por último, que se expida una orden de injunction preliminar previa pres-tación de fianza, ordenando al demando Damián Monserrat Suro, sus causahabientes y sucesores, abogados, agentes, em-pleados o subordinados, se abstengan desde la notificación de-la orden de ejercitar o hacer ejercitar acto alguno que en-vuelva gravamen, anuncio de subasta por edictos, venta O' remate de los bienes inmuebles de The American Trading' Company de que se trata en la demanda, hasta que recaiga nueva orden de la corte disponiendo lo contrario, con costas y honorarios de abogados al demandado.

A la demanda enmendada opuso el demandado Monserrat Suro la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y la corte de Ponce por razones consignadas en opinión de 31 de enero de 1912 estimó procedía dictar resolución desestimando la demanda en cuanto a la acción de nulidad de actuaciones en ella ejercitada, por carecer dicha corte de jurisdicción para conocer de dicha acción; y desestimando también la excepción previa general de no aducir la demanda hechos suficientes para constituir una causa de acción, respecto de la cancelación de hipoteca q.ue se pretendía en la demanda.

En cuanto a la orden de injwiction preliminar que fué uno de los pronunciamientos solicitados en la demanda, nada aparece del récord, pero el juez indica en su opinión, que ha sido objeto de consideración y resolución en otro procedi-miento independiente.

Con fecha 6 de febrero siguiente Damián Monserrat Suro presentó moción ■ a la corte para que dictara sentencia de acuerdo con las alegaciones, teniendo por renunciado el dere-cho del demandado a contestar la demanda para poder ape-lar de dicha sentencia, y esa sentencia fué pronunciada con fecha 12 de febrero de 1912 desestimando la demanda pre-sentada por The American Trading Company, en cuanto se re-fiere a la acción de nulidad de actuaciones en ella ejercitada, y ■declarando con lugar la misma demanda en cuanto a la acción ■de cancelación de crédito hipotecario, decretando y ordenando ■en su consecuencia la cancelación de la hipoteca constituida en escritura otorgada ante el notario de Mayagüez Don Mariano Riera Palmer en 11 de mayo de 1900, por Don Luis Aran y Lancy a favor de Don Baudilio Duran en cuanto pueda ella ■constituir un gravamen sobre las seis fincas adjudicadas a The American Trading Company, que se describen en la demanda, y en cuanto pueda dicha hipoteca constituir asimismo una garantía del plazo de la misma que venció en 11 de mayo ■de 1905 y que está representado por el pagaré número 5. que ;se describe y copia en la demanda, endosado a favor del de-mandado Don Damián Monserrat Suro, para lo cual se librará mandamiento por duplicado al Registrador de la Propiedad de Mayagüez, con las costas del litigio a cargo de la parte de-mandada.

Contra esa sentencia interpuso recurso cíe apelación la re-presentación de Monserrat y Suro en cuanto ordena la can-celación de la hipoteca que garantiza el pagaré del deman-dado, correspondiente al plazo de 11 de mayo de 1905, de la hipoteca constituida por Arán a favor de Durán, por escritura ante el Notario Don Mariano Riera de Mayagüez, en 11 de mayo de 1900.

Ante esta Corte Suprema hay pendiente de consideración y resolución otro recurso de apelación interpuesto por la re-presentación de The American Trading Company contra la misma sentencia, en cnanto desestima la demanda con rela-ción a la acción de nulidad de actuaciones, cuyo recurso se decide en esta misma fecha.

La corte inferior funda su resolución objeto del presente recurso en los artículos 120 y 121 de la Ley Hipotecaria, me-diante cuyo examen establece que la acción de The American Trading' Company al dirigirse para el cobro de su crédito contra seis de las fincas hipotecadas por Arán, se ajusta per-fectamente a las disposiciones de nuestro derecho hipoteca-rio; y pasando luego a examinar los artículos 122,y 124 de la misma ley, llega a la conclusión de que habiendo pagado The American Trading Company, no con dinero contante sino con parte del crédito, motivo de la ejecución, el valor de lo que en venta produjeron las seis fincas hipotecadas, tiene de-recho a que con respecto a ellas se cancele totalmente en el registro la hipoteca constituida por Arán en escritura de 11 de mayo de 1900, ya que dichas fincas no garantizan el resto del crédito cargado sobre las otras fincas.

Los artículos que se dejan citados y que la parte apelante considera infringidos por aplicación indebida, dicen así:

“Artículo 120. — Fijada en la inscripción la parte de crédito de que deba responder cada uno de los bienes hipotecados, no se podrá repetir contra ellos con perjuicio de tercero, sino por la cantidad a que respectivamente estén afectos, y la que a la misma corresponda por razón de intereses, con arreglo a lo prescrito en los anteriores artículos.
“Art. 121. — Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que, si la hipoteca no alcanzare a cubrir la totalidad del crédito pueda el acreedor repetir por la diferencia contra las demás, fincas hipotecadas que conserve el deudor en su poder; pero sin pre-lación en cuanto a dicha diferencia, sobre los que después de inscrita, la hipoteca hayan adquirido algún derecho real en las mismas fincas.
“Art. 122. — La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se can-cele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos, bienes que se conserve, aunque la restante haya desaparecido; pero-sin perjuicio de lo que se dispone en los dos siguientes artículos.
“Art. 124. — Dividida la hipoteca constituida para la seguridad' de un crédito entre varias fincas y pagada la parte del mismo crédito* con que estuviere gravada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel a quien interese, la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto a la. misma finca.”

El texto de los artículos transcritos demuestra por sí solo-que ellos no resuelven la cuestión legal sometida a nuestra consideración, la cual no es otra sino la de si adjudicadas a. The American Trading Company en pago parcial del crédito' hipotecario de que eran dueños mediante endoso del pagaré-a la orden No. 3 que lo representaba, ha quedado extinguido-o nó el derecho hipotecario sobre esas fincas respecto del otro pagaré No. 5, cuyo cobro gestiona Doii Damián Monserrat.

En nuestro sentir los artículos de la Ley Hipotecaria que: pueden ser atinentes al caso son los siguientes:

“Artículo 125. — # * *. En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no supere al crédito hipotecario que se realice, los créditos restantes se enten-derán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el regis-tro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial en que consten la venta' o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia del crédito preferido, todas las ins-cripciones posteriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargo hechas también con posterioridad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudi-cadas.
“Esto se entenderá sin perjuicio de los demás derechos y acciones que los acreedores postergados puedan ejercitar contra su deudor con-forme a las leyes.
“Art. 131. — Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada, y aun quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca corres-pondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los intereses, se deducirá del precio.
“Si el comprador no quisiere la finca con esta carga, se depositará su importe con los intereses que le correspondan, para que sea pagado el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.”

Como se ve, el artículo 125 se refiere al caso de que se vendan o- adjudiquen fincas hipotecadas a favor de varios acreedores para verificar el pago a un primer acreedor que es preferente, y el 131 ordena lo que debe hacerse cuando se enajenare una finca hipotecada para el pago de alguno de los plazos vencidos de la obligación, quedando por vencer otros plazos de la misma. Ese artículo 131 supone que se trata de una finca que representa valor bastante para cubrir el plazo vencido y los pendientes, pues si así no fqera, nadie se arriesgaría a comprarla con perjuicio de sus intereses. En. los negocios nunca impera la idea del'perjuicio. '

Y no debe entenderse por primer acreedor hipotecario, aquel cuyo crédito venza primeramente, sino a cuyo favor fue inscrita primeramente en el registro la obligación hipotecaria, como lo estatuye expresamente el artículo 1828 del Código Civil, al ordenar que los créditos hipotecarios y refaccionarios anotados o inscritos en el registro de la propiedad, gozarán de prelación entre sí por el orden de antigüedad de las respec-tivas inscripciones o anotaciones.

No aparece de la demanda que los créditos de que son dueños The American Trading Company y Damián Monserrat consignados en pagarés a la orden, vencederos en 11 de mayo* de 1903 y 1905 y provenientes de una misma escritura, fueron inscritos en distintas fechas en el registro, ■ y antes por el contrario, parece que debieron ser inscritos en la misma fecha en que se verificó la inscripción de la escritura.

Los plazos de una hipoteca, como alega la parte apelante, no son créditos distintos los unos respecto de los otros, sino partes de un mismo derecho hipotecario, y salvo pacto en con-trario no gozan entre sí de prelación alguna por ser iguales en derecho. La inscripción es la que da la prelación, y no es cuestión a debatir que el derecho hipotecario correspondiente al pagaré de The American Trading Company fuera inscrito con anterioridad al derecho hipotecario correspondiente al pagaré de Don Damián Monserrat, ni que en la escritura de hipoteca se conviniera preferencia alguna entre ambos pagarés.

Según el artículo 79 dé la Ley Hipotecaria podrá pedirse y deberá ordenarse la cancelación total de las inscripciones y anotaciones preventivas, entre otros casos cuando se extinga por completo el derecho inscrito, y según el artículo 132 del reglamento para la ejecución de dicha ley, se considerará extinguido el derecho real inscrito, entre otros casos, cuando vendida judicialmente la finca y pago el primer acreedor hipotecario no quedare residuo para aplicar a los demás cré-ditos posteriormente inscritos, conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la ley.

No se trata en el presente recurso de un primer acreedor hipotecario y de créditos posteriormente inscritos. Los cré-ditos de The American Trading Company y de Damián Mon-serrat Suro son iguales en derecho. Faltando como falta pro-visión expresa en la Ley Hipotecaria, veamos ahora cuál es la resolución que debe adoptarse cuando vendida o adjudi-cada una o varias fincas para el pago de un plazo vencido de una obligación hipotecaria, el valor que se obtenga en la venta o adjudicación no baste para cubrir el plazo vencido, y no puedan, por tanto, ser satisfechos en forma alguna los plazos a vencer.

El artículo 176 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria prescribe que las disposiciones de la Ley de En-juiciamiento Civil vigentes, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas serán aplicables a los procedimientos para el cobro de cré-ditos hipotecarios, como supletorias en cuanto no se opongan a lo prescrito en la Ley Hipotecaria y en su reglamento.

Ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en Io. de julio de 1904, ni en la ley relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, aprobada en marzo 9 de 1905, encontramos precepto alguno que resuelva la cuestión pro-puesta, pero si acudimos a la antigua Ley. de Enjuiciamiento Civil, encontramos en ella el artículo 1515 que dice así:

“Artículo 1515. — Cuando se hubiere despachado la ejecución en virtud de títulos al portador con hipoteca inscrita sobre la finca ven-dida, si existieren otros títulos con igual derecho, se prorrateará entre todos el valor líquido de la venta entregando al ejecutante lo que le corresponda, y depositándose la parte correspondiente a los demás títulos hasta su cancelación, para lo cual podrá emplearse el proce-dimiento establecido en los artículos 96 y 90 respectivamente de la Ley Hipotecaria de cada una de las Islas de Cuba y de Puerto Rico.”

El anterior precepto puede servirnos de guía para la reso-lución del presente recurso.

Comentando el ilustrado tratadista Don José María Manresa y Navarro el artículo 1517 del Código de Enjuiciamiento Civil de España, de cuyo artículo es una reproducción el 1515 de nuestra antigua ley de Enjuiciamiento Civil ya transcrito, se expresa en los siguientes términos:

“Aunque el artículo 1517 se concreta al caso expuesto de títulos al portador, por analogía habría de aplicarse su disposición a los demás casos en que existan otros acreedores con igual derecho hipo-tecario que el del ejecutante; si así resulta de la certificación del registrador, el valor líquido de la vénta de la finca hipotecada se prorrateará entre todos entregándose al ejecutante el que le corres-ponda y consignando en la caja de depósitos la parte correspondiente a los otros acreedores.”

Estamos conformes con la opinión del Sr. Manresa.

Ahora bien, en la demanda no se expresa la cantidad o parte de gravamen de que debía responder cada una de las 20 fincas hipotecadas por Luis Aran y Lancy para garantir el pago de los diez pagarés expedidos a favor de Durán, ni tam-poco nos dice la cantidad de que debía responder cada una de las seis fincas que fueron adjudicadas a The American' Trading Company en solución del pagaré número 3 de que era tenedor. En dicho pagaré No. 3 por 13,000 pesos m. p. a cobrar en mayo 11, 1903, inserto en la demanda, consigna L. Arán, que en garantía de esa obligación y lo demás que totaliza la suma de 130,000 pesos provinciales y sus intereses al 6 por ciento anual, había hipótecado a favor de Baudilio Durán 20 fincas rústicas radicadas en el término municipal de Mayagüez, Las Marías y Cabo Rojo, según tocio consta más detallado de documento hipotecario de 11 de mayo de 1900.

El contenido de dicho pagaré nos revela que las seis fincas adjudicadas a The American Trading Company en pago par-cial de la obligación a que se refiere garantizaban otras obliga-ciones, entre éstas el pagaré No. 5 que también se inserta en la demanda, a vencer en 11 de mayo de 1905, que llegó a manos de Damián Monserrat Suro mediante endoso a su favor, habiendo dirigido éste su acción hipotecaria de cobro contra las seis fincas adjudicadas a The American Trading Company.

Fueron adjudicadas esas fincas, según revela la demanda a The American Trading Company, por precio de $4,830 en pago parcial de su crédito de $6,804 de capital y $1,305.81 de intereses, sin que se alegue que fuera prorrateada aquella cantidad entre los demás acreedores o tenedores-de otros pa-garés "que con respecto n esas seis fincas tuvieran igual de-recho hipotecario que The American Trading Company, y tal alegación era esencial y necesaria en el presente caso para que fuera procedente la cancelación solicitada. Los hechos expuestos en la demanda no determinan causa de acción para dicha cancelación.

El estado de la legislación en Louisiana con respecto al «aso de pagarés garantizados con nna sola hipoteca,1 era el mismo que en Puerto Eico, esto es, no existía ninguna disposi-ción legal que directamente resolviera lo que debía hacerse cuando se vencía uno de los pagarés y vendidos los bienes hipotecados no alcanzaba el importe de la venta para pagar la totalidad de los pagarés garantizados. La Corte Suprema del Estado decidió varias veces el caso aplicando la regla de prorrateo y la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte Suprema del Estado. Véase el caso de Lovell v. Cragin, 136 U. S., 130, en donde se trata la cuestión ampliamente y en donde se establece, en resumen, la siguiente doctrina: “En Louisiana el tenedor de una o más series de pagarés garantizados por una hipoteca sobre bienes inmue-bles tiene derecho a participar a prorrateo en el producto líquido de la venta de los bienes hipotecados en un pleito iniciado por un tenedor de uno de los otros pagarés y puede ejercitarse la acción hipotecaria para exigir tal derecho fun-dado en la obligación que la ley le impone al comprador de pagar a prorrata la parte de la deuda representada por los pagarés-que no fueron objeto del juicio ejecutivo hipote-cario.”

Por las razones expuestas entendemos que procede la re-vocación ele la sentencia apelada en cuanto al pronuncia-miento a que se refiere el presente recurso, reservándose a la demandante los derechos que puedan asistirle para obtener la cancelación pretendida en la forma que proceda, mediante el cumplimiento de los requisitos necesarios con arreglo a los principios que dejamos establecidos y preceptos legales apli-cables al caso.

Revocada en la parle relativa al recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Alclrey.

EÍ Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Tobo

license: Public Domain

text:
    The American Trading, Company, Apelante, v. Monserrat, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce,
    No. 860.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Acción de Nulidad de Actuaciones — Procedimiento Sumario Hipotecario— Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — De acuerdo eoñ el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, existe la acción de nulidad de actuaciones de un procedimiento sumario para el cobro de una hipoteca, y, de conformidad con el artículo 76 del Código de Enjuiciamiento Civil, cualquier corte de distrito con arreglo a su jurisdicción puede conocer de dicha acción de nulidad de actuaciones cuando las partes hubieren con-venido expresa o tácitamente en someter el pleito a la decisión de la misma.
    Id. — Hipoteca Distribuida en Plazos — Pagarés a la Orden por el Importe de Cada Plazo — Adjudicación de las Eincas Hipotecadas en Pago Parcial de un Plazo — Derecho de los Dueños de los Otros Pagarés. — En el pre-sente caso se constituyó hipoteca sobre varias fincas rústicas a pagar en diez plazos y se expidió un pagaré por cada plazo a la orden del acreedor. Dueña la demandante del jiagaré número 3 y vencida y no satisfecha la deuda en él reconocida, la cobró por medio del procedimiento sumario que establece la ley hipotecaria, adjudicándosele seis de las fincas hipotecadas sin que se cancelara en el registro el gravamen general que pesaba sobre dichas fincas. Así las cosas, el demandado alegando ser dueño del pagaré número 5, entabló para cobrarlo el mismo procedimiento seguido por la demandante y lo dirigió contra, los bienes adjudicados a la demandante, basándose en que la hipoteca constituida sobre dichos bienes no estaba cancelada. La demandante inició entonces este pleito' solicitando la nulidad del procedimiento sumario estable-cido por el demandado. S'e resolvió: 1°., que vencida y no satisfecha la deuda reconocida en ’el pagaré número 3, la demandante pudo cobrarlo diri-giendo su acción contra los bienes hipotecados, pero teniendo en cuenta que dichos bienes al, par que el crédito de la demandante garantizaban otros créditos de igual naturaleza ya que todos emanaban de una sola hipoteca, la demandante sólo pudo adquirir, al adjudicársele dichos bienes en pago parcial de su crédito, la parte proporcional que en el producto de la venta repre-sentaba dicho crédito, quedando los bienes gravados para garantir la parte proporcional correspondiente a los demás acreedores; y 2°., que aplicando también al demandado el anterior principio, debe concluirse que no tiene derecho a cobrar en los bienes adquiridos por la demandante la totalidad de su crédito, sino la parte proporcional que pueda corresponderle.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sres. Felipe Gasalduc y Edward 8. Paine.

    Abogado del apelado: Sr. Alfredo A maído.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

The American Trading Company entabló tina demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra Damián Monserrat Suro, sobre nulidad de mi procedimiento hipotecario seguido por Monserrat en la Corte de Distrito de Mayagüez y sobre cance-lación de nn crédito hipotecario inscrito en el Registro de la Propiedad de Mayagüez.

El demandado' solicitó el traslado del pleito, pero lnego desistió, sometiéndose a la jurisdicción de la corte y alegando por vía de excepción previa, que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte resolvió que la demanda era suficiente en cuanto a que en ella se exponen hechos bastantes para sostener la solicitud de cancelación y resolvió, además, que carecía de jurisdic-ción para declarar la nulidad del procedimiento hipotecario.

A petición del demandado la resolución de la corte se re-gistró como sentencia el 12 de febrero de 1912. Por su sen-tencia la corte de distrito desestimó la demanda en cuanto a la nulidad del procedimiento hipotecario y la declaró con lugar en cuanto a la cancelación del crédito hipotecario. Contra la parte de la sentencia relativa a la nulidad del pro-’ cedimiento hipotecario, entabló- la demandante, The American Trading Company, el presente recurso de apelación. Nuestra misión, se limitará pues, dentro de este recurso, a considerar y a resolver si la Corte de Distrito de Ponce tenía o nó jurisdicción para declarar'la nulidad solicitada por la demandante, y si la tenía, a dictar, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1906, leyes de 1906, página 65, la sentencia que debió haber dic-tado la corte de distrito.

Los fundamentos que tuvo la Corte de Distrito de Ponce para declarar que no tenía jurisdicción, pueden reasumirse así: Que en la actualidad no existe la acción de nulidad de actuaciones; que tal, acción sólo existía anteriormente como un incidente a la demanda principal; que sólo puede obte-nerse la revisión y corrección de tina sentencia por virtud de una apelación o certiorari, o por moción directamente pre-sentada al mismo tribunal ante el cual se siguió el procedi-miento ; que puede darse el caso en que un deudor pudiera en-tablar una acción para que se declarara la nulidad de una adju-dicación hech.a en un procedimiento hipotecario y como mo-tivo y base de semejante petición, alegar y pedir que se decla-raran nulas las actuaciones, cuando los vicios y defectos de «que adolecieren fueran de tal naturaleza que justificaran di■eha petición, pero nunca en un caso como el presente en que se isolicita la nulidad de un procedimiento que se está trami-tando, ya que la resolución que se dictara sería completa-mente ineficaz, puesto que la Corte de Distrito de Ponce.no tendría facultades para ordenar a la Corte de Distrito de Mayagüez que dejara de actuar en el procedimiento declarado nulo.

Veamos si el juez de distrito tuvo razón o la tiene la ape-lante, The American Trading Company.

Después de consignar como regla general el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que no podrán suspenderse por medio de incidentes los procedi-mientos sumarios para el cobro de hipotecas, establece los casos excepcionales en que la suspensión puede obtenerse, y luego dice:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deu-dor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La compe-tencia para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.”

La prescripción legislativa que hemos transcrito, resuelve, entre otros extremos: 1, que cabe entablar un pleito sobre nulidad de actuaciones del procedimiento sumario para el co-bro de hipotecas autorizado por la Ley Hipotecaria y por su reglamento; y 2, que la competencia para conocer de dicho pleito se determinará por las reglas ordinarias.

Versando el pleito entablado en este caso sobre nulidad de un procedimiento hipotecario, tratándose como se trata de una córte de jurisdicción general como la de Distrito de Ponce y habiéndose sometido a dicha corte ambas partes, opi-namos que la regla ordinaria aplicable está contenida en el artículo 76 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice:

“Con arreglo a su jurisdicción una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases, cuando las partes hubieren convenido en someter dicho pleito a la decisión de tal corte.”

Y aplicando esa regla a este caso concreto, es necesario concluir que la Corte de Distrito de Ponce tenía jurisdicción para resolver y debió haber resuelto la cuestión de la nulidad del procedimiento hipotecario que se estaba tramitando en la Corte de Distrito de Mayagüez. Su sentencia, en el caso de decretar la nulidad, no tendría ciertamente el efecto de un mandato a la Corte de Distrito de Mayagüez, pero obli-garía a las partes sometidas a su jurisdicción.

Veamos si de los hechos alegados en la demanda, surge como consecuencia inevitable la nulidad solicitada por The American Trading Company.

Allá por el año de 1900 se constituyó una hipoteca sobre varias fincas para garantizar la suma de ciento treinta mil pesos. El deudor se obligó a pagar esa suma en diez plazos anuales de trece mil pesos cada uno, otorgándose para cada plazo un pagaré a la orden del acreedor. En cada pagaré se consignó lo que sigue: “* * *. En garantía de la anterior obligación y de lo demás que totaliza la suma de ciento treinta mil pesos provinciales y sus intereses al seis por ciento anual, he hipotecado a favor de dicho señor veinte fincas rústicas * * * según todo consta más detallado de documento hipotecario otorgado en esta misma fecha ante el notario de esta ciudad * * V’ Los pagarés se nume-raron con los números del uno al diez. Los correspondientes a los números 1 y 2 se pagaron y se canceló en cuanto a ellos el gravamen que pesaba sobre algunas de las lincas hipote-cadas. Dueña la demandante The American Trading Company del pagaré número 3 y vencida y no satisfecha la deuda en él reconocida, se dirigió para cobrarla contra los bienes hipotecados. Seguido el procedimiento que marca la Ley Hipotecaria se adjudicaron a la demandante seis de las fincas hipo-tecadas en pago parcial de su crédito, sin que se cancelara en el registro de la propiedad el gravamen general que pesaba sobre dichas fincas.

Así las cosas, Damián Monserrat Suro alegando ser dueñoy tenedor del pagaré número 5, entabló demanda para su cobro siguiendo los trámites marcados en la Ley Hipotecaria y, amparándose en que el gravamen que pesaba sobre las fincas adquiridas por la demandante estaba aún vigente en el registro, dirigió su acción contra las dichas fincas de 1a. demandante.

De acuerdo con los términos del contrato, con la ley y con la jurisprudencia, es evidente que vencida y no pagada la deuda, The American Trading Company pudo cobrarla como la cobró dirigiendo su acción contra los bienes que la garantizaban. Ahora bien, esos bienes garantizaban otras deudas al par que el crédito de la American Trading Company y ésta no pudo adquirir como adquirió para sí la tota-lidad del producto de su venta, sino la parte proporcional correspondiente, continuando gravados los expresados bienes-para garantizar la parte proporcional correspondiente a los otros acreedores. Véase la decisión de esta Corte Suprema del día de hoy en el recurso número 840, The American Trading Company v. Damián Monserrat Suro, y la de la Corte Suprema, de los Estados Unidos en el caso de Lovell v. Cragin, 136 U. S., 130.

El hecho de que las seis fincas hipotecadas se adjudicaran a The American Trading Company, no cambia la naturaleza de la responsabilidad. Esta es la misma que si otra persona cualquiera hubiera asistido a la subasta pública de dichas fin-cas y hubiera pagado por ellas diez mil pesos. De dichos diez mil pesos en tal caso sólo hubiera procedido entregar a The American Trading Company su parte proporcional, en-tregando o reservando el resto para entregarlo a los demás acreedores. El derecho de éstos a partir de la venta de los bienes, queda reducido a su parte proporcional en el pro-ducto' de la venta, continuando los bienes gravados solamente para garantir el pago de esa parte proporcional.

Siendo esto así, es necesario concluir que la base en que descansa el procedimiento hipotecario iniciado por Damián Monserrat Sur o pretendiendo cobrar la totalidad del pagaré número 5 de que alega ser dueño y tenedor en las fincas ad-quiridas por la demandante y no la parte proporcional en el precio de la venta de dichas fincas, es insostenible, y no puede, en tal virtud, servir de fundamento a un procedimiento legal válido y eficaz.

Debe revocarse la sentencia en la parte en que ha sido apelada y declararse la nulidad del procedimiento hipotecario de que se ha hecho mérito.

Revocada y dictada sentencia declarando nulo el procedimiento hipotecario atacado en este pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    The American Trading Company, Apelada, v. Quevedo, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagñez.
    No. 979.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Hipoteca Representada por Varios Pagarés Hipotecarios — Adquisición de las Pin cas Hipotecadas en Pago de un Pagaré — Derechos de los Tenedores de los Pagarés Posteriores. — La compañía demandante dueña del pagaré hipotecario No. 3 de una serie de varios pagarés garantizados por una sola hipoteca, instituyó el procedimiento sumario hipotecario para el cobro de dicho pagaré y no habiendo comparecido lieitadores en el acto de la subasta, se le adjudicaron todos los bienes hipotecados en pago parcial del citado pagaré. La demandada dueña del pagaré No. 9' al vencimiento del mismo inició para su cobro el procedimiento sumario hipotecario contra ‘ ‘ The American Trading Company.” Durante la pendencia de este procedimiento dicha compañía pre-sentó una demanda para anular este procedimiento hipotecario y para que se cancelara en el registro la hipoteca que garantizaba los pagarés posteriores al pagaré No. 3. Se resolvió:
    1. Que "The American Trading Company” no tiene derecho a pedir la cancelación de la hipoteca en cuestión, porque en la adquisición de los bienes hipotecados no siguió los preceptos legales vigentes sobre la materia y no respetó los derechos recíprocos de los dueños de los otros pagarés.
    2. Que Inocencia Quevedo Castellano equivocó su derecho al ejercitar el pro-cedimiento sumario hipotecario, pues su causa de acción era contra "The American Trading Company” para que se le entregara una parte proporciona] del producto de la venta en pública subasta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: 8r. José Benet.

    Abogado de la apelada: Sr. Edward 8. Paine.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

The American Trading Company adquirió el pagaré hipotecario No. 3 de una serie concurrente de pagarés garantiza-dos por una sola hipoteca. Los pagarés anteriores fueron pagados en su oportunidad y al vencer y no ser pagado el pagaré No. 3, The American Trading Company utilizó el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria para cobrarlo y en el acto de la subasta, en virtud de que no comparecieron lieitadores, se le adjudicaron a dicha compañía todos los bienes gravados con la mencionada hipoteca, cuya adjudica-ción se hizo por la cantidad de $4,830, en pago parcial de su crédito. Estos hechos constan de una manera más detallada en la opinión emitida en el caso No. 840 The American Trading Company v. Monserrat, (pág. 979).

Cuando The American Trading Company comenzó el procedimiento sumario hipotecario para el cobro de su pagaré No. 3, estaban sin pagar otros pagarés 'garantizados por la misma hipoteca, ninguno de los cuales había vencido. Estos pagarés han sido causa de muchos pleitos, a saber: The American Trading Company v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 18 D. P. R., 356; The American Trading Company v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 18 D. P. R., 860; Quevedo v. The American Trading Company et al., 15 D. P. R., 459; The American Trading Company v. Monserrat, 18 D. P. R., 273; Quevedo v. The American Trading Company et al., 18 D. P. R., 955; The American Trading Company v. Quevedo, 18 D. P. R., 519, siendo casi todos procedimientos extraordinarios indebida-mente comenzados y no presentándose en ninguno de ellos la oportunidad clara de resolver la naturaleza esencial de la hipoteca envuelta.

El causante de la parte apelante en este caso era el dueño del pagaré No. 9 y antes de que venciera este pagaré entabló en la Corte de Distrito de Mayagüez un pleito radicado bajo el No. 1767, contra The American Trading Company, para sujetar a esta compañía al pago en su día del importe del citado pagaré No. 9, por la razón de que The American Trading Company había, en virtud de la adjudicación que hemos mencionado, adquirido el dominio de las fincas que quedaban gravadas con la hipoteca a que hemos hecho referencia. El citado caso No. 1767 de la Corte de Distrito de Mayagüez fué resuelto en dicha corte por medio de senten-cia contra la parte demandante, la cual fué confirmada por este tribunal en grado de apelación, por defectos en la trans-cripción de autos.

Después del vencimiento del pagaré No. 9, Inocencia QueVedo Castellano, o sea la apelante en este caso, alegando ser dueña de diclio pagaré, entabló procedimiento sumario en la Corte de Distrito de Mayagüez bajo el No. 3238, contra The American Trading Company. Durante la pendencia de este procedimiento sumario se inició también el presente pleito bajo el No. 3490 en la misma Corte de Distrito de Mayagüez, por The American Trading Company contra Inocencia Quevedo Castellano.

El objeto de la demanda presentada en la corte inferior en este pleito No. 3490 es anular el procedimiento sumario hipotecario, alegando la demandante como fundamento para ello la nulidad de uno de los endosos del pagaré No. 9, alegando asimismo, que dicho pagaré No. 9 por razón de los pro-recimientos 'basados en el pagaré No. 3 había quedado con-vertido en una obligación de carácter personal y que The American Trading Company adquirió los bienes libre de los créditos de la parte apelante. Uno de los pronunciamientos que se pedían en la demanda era el de que se declarara can-celada en el registro de la propiedad la hipoteca que garan-tizaba los pagarés ya descritos, pidiéndose también la nuli-dad del procedimiento hipotecario seguido bajo el número 3238. En 25 de noviembre de 1912-la corte dictó sentencia concediendo sustancialmente todas las peticiones de la de-manda.

Ya hemos visto en el caso No. 840 de The American Trading Company v. Monserrat, resuelto en el día de hoy, que The American Trading Company no tenía derecho a solicitar la cancelación de la hipoteca, porque al obtener la adjudicación de los.bienes en litigio no se había ajustado a la ley, y no había tenido en cuenta los derechos recíprocos de los dueños de los otros pagarés que aun tienen créditos hipotecarios pen-dientes.

Sin embargo, Inocencia Quevedo Castellano por el hecho de iniciar el procedimiento sumario hipotecario equivocó la acción que debía de ejercitar. Ella tenía una acción contra The American Trading Company para que se le entregara la parte proporcional que le tocaba del producto de la venta en pública subasta. Véase el caso No. 840 The American Trading Company v. Monserrat, resuelto en el día de hoy y el de Lovell v. Cragin, 136 U. S., 130.

Nos inclinamos a creer qne Inocencia Qnevedo Caste-llano no estaba impedida de ejercitar sn cansa de acción por el fnndamento de cosa juzgada, pero de cualquier manera qne fnera, esta cnestión carece de importancia pnes ninguna de las acciones qne se ban entablado por ella fundadas- en el pagaré No. 9 eran procedentes, pnes la causa de acción del verdadero dueño de ese pagaré era completamente dis-tinta de las ejercitadas.

Por tanto la sentencia apelada debe ser revocada en cnanto ordena la cancelación de la hipoteca en el registro y confir-mada en cnanto decreta la nulidad del procedimiento suma-rio hipotecario iniciado por Inocencia Quevedo Castellano contra The American Trading Company bajo el No. 3238.

Revocada la sentencia en cuanto ordena la can-celación de la hipoteca en el registro y con-firmada en cuanto anula el procedimiento sumario hipotecario.

Jueces concurrentes :vSres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Mollfulleda, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 158.
    Resuelto en octubre 10, 1913.
    Recursos Gubernativos — Casos en que Proceden. — Los recursos gubernativos solo proceden contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar los títulos que se presentan al registro,pero nó contra las demás resoluciones de los registradores que puedan afectar los intereses de las partes y contra las cuales puedan lós interesados utilizar los demás recursos; que la misma Ley Hipotecaria les franquea.
    Id. — Escrito Presentado al Registrador Pidiendo la Cancelación de Cierta Anotación. — Cuando una parte presenta escrito a un registrador de la pro-piedad pidiendo la cancelación de cierta anotación preventiva, la nota del' registrador devolviendo el escrito al interesado sin hacer operación alguna por no ser procedente lo que solicita, no puede ser revisada por medio de un recurso gubernativo.
    Los hechos están expresados en la resolución de esta corte-
    El recurrente compareció por escrito en nombre propio.
    El recurrido no compareció.
   RESOLUCIÓN.

Por cuanto Juan Mollfulleda presentó escrito al Regis-trador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., pidiendo la cancelación de cierta anotación preventiva, por carecer de-firma alguna el mandamiento en virtud del cual se extendió' dicha anotación, cuyo mandamiento según alega el recurrente,, fue presentado en dicho registro el 19 de mayo de 1910, siendo-dicho escrito devuelto al interesado por no ser procedente-lo que solicita, según nota del registrador de julio 8 de 1913.

Por cuanto con fecha 12 de julio último el citado Juan Mollfulleda radicó en la secretaría de este tribunal dicho escrito acompañado de otro en el cual solicita que esta corte revoque la nota mencionada del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., y en su lugar ordene la cancelación de la anotación preventiva ya mencionada.

Por cuanto según se deduce rectamente de los artículos-66 de la Ley Hipotecaria, 111 y 112 del reglamento para su ejecución, y 1°. de la Ley de Marzo 1, 1902, sobre recursos contra los registradores de la propiedad, dichos recursos sólo proceden contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar los títulos que se presenten al registro, pero no contra las demás resoluciones de los regis-tradores que puedan afectar los intereses de las partes y contra las cuales pueden los interesados utilizar los demás re-cursos que la misma Ley Hipotecaria les franquea.

Por cuanto la resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 1a., cuya revocación solicita Mollfulleda' no se refiere a documento alguno presentado por él mismo, para inscripción, anotación o cancelación.

Por tanto, vistos los textos legales citados y la resolución de esta Corte Suprema en el caso de Bartolomey v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, 2 S. P. R., 590,

Se declara no haber lugar a resolver el presente recurso, y comuniqúese a las partes a los fines procedentes.

No ha lugar a resolver el presente recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Vega et al., Demandantes y Apelantes, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    Moción para desestimar la apelación.
    No.-.
    Resuelto en octubre 10, 1913.
    Desestimación de Apelación — Regla 59 de esta Coste — Circunstancias que: Deben Existir. — Para que esta corte pueda desestimar una apelación de. acuerdo eon la regla 59, no basta el mero transcurso de 90 días desde la inter-posición del recurso sin que se haya radicado la transcripción de autos en esta-corte, sino que debe probarse además que la apelación no se ha proseguido con la debida diligencia, o de buena fe, o que es frívola.
    Id. — Diligencia del Apelante — Enmiendas a la Exposición del Caso. — Cuando,, como en el caso de autos, la corte inferior ordena que se hagan ciertas enmien-das a la exposición del caso, sin fijar término para presentar la exposición del caso enmendada, el hecho de que haya transcurrido mucho tiempo sin que la parte apelante hiciera las enmiendas ordenadas, no es suficiente por sí solo, para desestimar una apelación por falta de diligencia del apelante.
    Los bechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. José Martínez Bávila.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada en este caso solicita que desestimemos la apelación de acuerdo con la regia 59 de las de esta- corte según la cual, a pesar, de las prórrogas que pueda baber con-cedido el tribunal a quo podemos discrecionalmente desesti-mar la apelación cuando transcurran más de noventa días desde la interposición del recurso sin presentarse los autos de la apelación en la secretaría de esta corte, si se probare satisfactoriamente que la apelación no lia sido proseguida con la diligencia debida o de buena fe, o que es frívola. Para que podamos desestimar la apelación de acuerdo con esta regia, no basta el mero transcurso de los noventa días sino que debe probarse además que concurre alguna de las otras circuns-tancias que en ella se mencionan; y como en este caso tal prueba no nos ha sido presentada, no debemos acceder a lo solicitado.

Es cierto que la parte apelada trata de deducir la falta •de diligencia de la apelante del hecho de que habiendo orde-nado la corte inferior que hiciera enmiendas en el pliego de -exposición del caso que presentó a su aprobación para utili-zarla en la 'apelación, ha transcurrido mucho tiempo sin que hiciera las enmiendas ordenadas; pero como la orden de la corte no le fijó término para presentar el nuevo pliego enmen-dado, no podemos aceptar que en tales condiciones haya sido negligente la parte apelante, y si la falta de fijación de tér-mino demoraba la tramitación de'la-preparación del recurso, •debió la parte apelada solicitar de dicho tribunal que seña-lara un término al apelante. Antes de hacer uso del poder ■discrecional que para desestimar una apelación se establece ■en esa regia, habremos de estar satisfechos de la falta de -diligencia del apelante, y en este caso no lo estamos. La mo-ción debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martínez, Demandante y Apelado, v. El Pueblo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 834.
    Resuelto en octubre 14, 1913.
    Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Demandado — Jurisdicción.— El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento y es nula, por falta de jurisdicción, la sentencia que se dicte contra él sin ese requisito.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José F. Fernández.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda que originó esta apelación tiene por objeto la reivindicación por el demandante de cierta parcela de tierra que alega pertenecerle y está dirigida contra El Pueblo de Puerto Rico.

La única cuestión legal planteada, por el demandado como excepción a la demanda y en el alegato de errores, es que la Corte de Distrito de Ponce no tenía jurisdicción para cono-cer de tal reclamación ni para, declararla conjugar, como lo hizo, toda vez que El Pueblo de Puerto Rico no había pres-tado su consentimiento para ser demandado; y como tal cuestión ha sido resuelta ya favorablemente para el demandado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Rosaly v. El Pueblo de Puerto Rico, 227 U. S., 270, y su doctrina seguida por nosotros en el de Rubert Hermanos v. El Pueblo et al., decidido en 27 de junio último, (pág. 919), por los fundamentos en ellos aducidos, hemos de declarar que son nulos, por falta de jurisdicción, los pro cedimientos seguidos en este caso por la Corte de Distrito de Ponce y la sentencia apelada, sin perjuicio de que la acción pueda ejercitarse en forma legal.

Anulados los procedimientos y revocada la sentencia apelada reservando al demandante su acción contra El Pueblo, previo permiso de éste.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 617.
    Resuelto en octubre 14, 1913.
    Nuevo Juicio — Veredicto Contrario a la Prueba — Palta de Exposición del Caso. — Careciendo de exposición del caso la transcripción de autos, no puede este tribunal examinar la contención del acusado de que la corte inferior cometió error al 'denegar la moción de nuevo juicio, fundada en que el veredicto era contrario a la prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante no compareció.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez con-denando al acusado Arsenio Martínez, declarado culpable de un delito de violación, a sufrir la pena de cinco años de pre-sidio con trabajos forzados.

Aparece de la transcripción, qne se solicitó la concesión ■de nn nuevo juicio alegándose como motivo para ello, qne el veredicto del jurado era contrario a las pruebas, pero como en la transcripción no se lian incluido las pruebas practica-das, no tenemos base para disentir la contención del acusado v resolver si, al desestimarla, la corte de distrito cometió o nó algún error fundamental qne lleve consigo la n toca-ción de la sentencia apelada.

Y como del examen de los demás documentos que forman el récord de esta apelación, tampoco resulta que se haya cometido error fundamental alguno, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Pkesidente Se. Heenández

text:
    Dendariarena, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    Jurisdicción original.
    No. 108.
    Resuelto en octubre 16, 1913.
    ■Certiorari — Recurso de Apelación. — Es improcedente el recurso de certiorari cuando la única cuestión planteada en la solicitud se reduce a determinar si el juez de la corte inferior procedió o no con 'razón derecha al denegar la expedición de un mandamiento de certiorari, contra cuya resolución podía la parte perjudicada interponer recurso de apelación para ante esta corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció por escrito en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Pkesidente Se. Heenández

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una solicitud de certiorari de Maximiano Dendariarena contra el Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, Isidoro Soto Nussa, con súplica de que por esta Corte Suprema se deje sin efecto la resolución de la Corte de Distrito de Aguadilla de 12 de agosto del corriente año, denegatoria de expedición de auto de certiorari para revisar procedimientos de la Corte Municipal de San Sebastián, en el caso civil de Maximiano Dendariarena v. Joaquín Ramírez, en cobro de pesos, interesando además el promovente, se anule por esta corte una orden de injunction que en 9 de julio último dictó dicha corte municipal en el referido jui-cio y se lleve a ejecución la sentencia ya firme de 9 de junio que está en suspenso a virtud de tal orden de injunction.

No se alega error alguno de procedimiento cometido por el Juez de Distrito de Aguadilla al denegar la expedición del auto de certiorari, por su orden de 12 de agosto de 1913, y la cuestión que se presenta a-esta corte se reduce a deter-minar si el mencionado juez procedió o nó con razón derecha al dictar su resolución. Para llegar a ese fin tenía la parte expedito recurso de apelación, para ante esta Corte Suprema.

Procede denegar el auto de certiorari solicitado.

Desestimada la solicitud y denegada la expe-dición del mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    Cautiño et al., Demandantes y Apelantes, v. Muñoz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente dé la Corte de Distrito de Guayama.
    Moción para desestimar la apelación.
    No. 1038.
    Resuelto en octubre 17, 1913.
    Apelación — Transcripción de Autos — Prórroga para Presentarla. — La facul-tad para prorrogar el término para presentar en esta corte la transcripción de autos de una apelación radica en este tribunal, y las cortes de distrito carecen de jurisdicción para ello.
    Id — Exposición del Caso — Prórroga Prematura. — Una prórroga para preparar la exposición del caso o pliego de excepciones pedida antes de interpuesta la apelación es prematura y la orden concediéndola carece de eficacia legal alguna.
    Id. — Conclusiones de Hecho — Costas—Ordenes Incidentales Posteriores a la Sentencia. — De acuerdo con los preceptos del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, nn juez de distrito no está obligado a presentar conclusiones de hecho en apoyo de una orden aprobando un memorandwm de costas, quedando a su discreción el presentarlas o no cuando se trata de órdenes incidentales posteriores, ya se refieran a costas, honorarios de abogados, ejecución de sentencias u otras por el estilo dictadas después de la sentencia.
    Desestimación de la Apelación — Costas.—Habiendo sido dictada la orden ape-lada en junio 28, 1913, sin que hasta la fecha la parte apelante haya perfec-cionado su apelación, procede la desestimación de la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Herminio Díaz Navarro.

    Ahogados de los apelados: Sres. José C. Ramos y José Tons Soto.

   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La moción presentada en este caso es para que se deses-time una apelación. La apelación fné interpuesta el día 8 de julio de 1913 contra la orden de la Corte de Distrito de Guayama, dictada después de la sentencia fijando las costas, desembolsos y honorarios en el caso arriba expresado. El día en que se firmó la orden, o sea el 28 de junio de 1913, y por consiguiente con anterioridad a la interposición de dicha apelación, los apelantes en-este caso presentaron en la refe-rida corte una moción solicitando que se les concediera una prórroga de 30 días para presentar la transcripción (sic) del caso a los efectos de la apelación, cuyo plazo empezará a contarse desde la fecha en que formulara el juez de distrito sus conclusiones de hecho a que se refiere su expresada orden de 28 de junio. La referida moción fué concedida de acuerdo con lo en ella solicitado.

Esta es la única prórroga que ha habido en los procedi-mientos con respecto al particular, según aparece de los archi-vos de la corte de distrito y lo acredita la certificación expe-dida por el secretario. Técnicamente los apelados tienen razón en la alegación que han hecho de que a los apelantes mo les fué concedida ninguna prórroga para presentar un pliego de excepciones o exposición del caso ya que la pró-rroga pedida fué para presentar la transcripción. La Corte de Distrito de Guayama no tiene facultad para prorrogar el término dentro del cual deberá presentarse la transcripción de autos. La facultad para prorrogar el término' dentro del cual ha de presentarse la transcripción de autos de una ape-lación corresponde a este tribunal y no a ninguna corte de distrito. Por tanto, la orden de la corte prorrogando el tér-mino para la presentación de la transcripción, interpretada técnicamente carecía de autoridad legal.

Aun. en el caso de que se considerara que la orden pro-rrogando el término se refería solamente al pliego de expo-sición del caso, corno sostienen los apelantes, dicha orden fué dictada prematuramente. No había ninguna apelación pendiente al día 28 de junio de 1913. La moción solicitando prórroga se refiere únicamente a la prórroga a los efectos de la apelación. En varios casos hemos resuelto que la inter-posición ele una apelación antes de que se dicte la senten-cia no surte efecto alguno y de igual manera no lo surtiría una orden prorrogando el término para presentar un pliego o exposición cuando no hay pendiente una apelación o moción, .■solicitando nuevo juicio a que haga referencia dicho pliego o exposición.

El abogado ele los apelantes sostuvo, sin embargo, que de acuerdo con el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil según lia sido enmendado, el término dentro cual debe presentarse el pliego de excepciones o exposición solamente empieza a correr a partir de la fecha en que se archiven las conclusiones de hecho. Numerosas han sido las apelaciones interpuestas contra órdenes semejantes en las que no se ha hecho tal alegación. El artículo 227 según ha quedado enmen-dado por la ley de marzo 9, 1911, es como sigue:

'‘Art. 227. — En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito, el juez de la misma hará y archivará una relación breve del caso, exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión.”

No se hace' necesario resolver en esta opinión si la re-lación a que la ley se refiere es o nó parte integrante de la sentencia, toda vez que un hecho aparece claramente y éste es que el artículo 227, según ha sido enmendado, es solamente aplicable a las decisiones en juicios definitivos y no a las órde-nes subsiguientes de carácter incidental que pueda dictar una corte, ya sean éstas impugnadas o no, o se refieran a costas, honorarios, ejecuciones u otras órdenes de carácter incidental dictadas después de la sentencia. Es una cuestión que queda a discreción de la corte el formular o nó conclusiones en relación con tales órdenes. La interpretación que damos a este artículo resulta aún más evidente si se tiene en cuenta el- hecho de que el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil está comprendido en el Capítulo VII de dicho código, el cual se -refiere al modo de dar y registrar las sentencias. Los capítulos subsiguientes' hacen referencia a los procedi-mientos posteriores a la sentencia.

La orden fué dictada, en 28 de junio, 1913, y desde enton-ces hasta ahora no aparece que los apelantes hayan hecho nin-guna gestión para perfeccionar o proseguir la apelación. Los apelantes confiaron enteramente al parecer en las conclusio-nes de hecho que había de archivar el juez, pero la moción sobre desestimación fné notificada a los apelantes allá para el 10 de septiembre, 1913, habiendo tenido dichos apelantes tiempo suficiente para activar la apelación sin qne hubieran hecho nada. En un caso sobre memorándum de 'costas, que es una cuestión que descansa principalmente en la discreción de la corte sentenciadora, procederíamos con cautela para revocar y no vemos además por qué tenían los referidos ape-lantes que confiar o esperar a que se presentaran las con-clusiones de hecho o por qué era necesario un gran período de tiempo para la preparación de los datos relativos a dicha apelación.

Debe desestimarse la apelación.

Con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Asociado. Sb. del Tobo,

text:
    Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Gfuayama.
    No. 153.
    Resuelto en octubre 20, 1913.
    Recursos Gubernativos — Tercer Recurso. — En este caso se presentó por tercera vez, acompañada de nuevos documentos, cierta escritura de venta de finca rústica para su inscripción en el registro, y el registrador volvió a negarse a inscribirla. Por tercera vez se acudió a este Tribunal Supremo y se resolvió que habiéndose presentado la escritura acompañada de nuevos documentos y habiendo el registrador apreciado el efecto de los mismos, podía esta corte entrar a considerar y a resolver en su fondo, el recurso establecido.
    Herencia Yacente — Inscripción Previa a Pavor de los Herederos. — Exami-nados los documentos presentados por el recurrente al registrador, se resolvió que no eran suficientes para demostrar que se trataba de una herencia yacente . y que por tanto, este caso estaba comprendido en la excepción a la regla general que prescribe la previa inscripción de los bienes de la herencia a nombre de los herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrenteSr. C. Dommguez Rubio.

      El registrador sustituto .Sr. Luis Capó, compareció por escrito.
   El Juez Asociado. Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte Municipal de Salinas por Maximino Pomales contra la sucesión de Pedro García, en cobro de la suma de $425 de que García era deudor al deman-dante, fué condenada al pago la expresada sucesión, y habién-dose librado orden al márslial de dicha corte para la ejecu-ción de la sentencia, fué adjudicada al acreedor Pomales, en pública subasta celebrada el 15 de marzo de 1913, una finca rústica de 28 cuerdas por precio de $100, en pago parcial de la suma reclamada, otorgándosele en la misma fecha escri-tura de venta por el marshal ante el notario Domínguez Rubio.

. Presentada dicha escritura para su inscripción en el regis-tro, el registrador se negó a inscribirla por dos razones, siendo una de ellas la de “no aparecer inscrita la finca a nombre de la sucesión demandada.”

Interpuesto recurso gubernativo contra la nota del regis-trador, fué resuelto por esta corte en 2 de junio de 1913 con-firmando la nota recurrida por el motivo indicado. Pomales v. El Registrador, (pág. 637).

Presentada de nuevo la escritura de referencia en el regis-tro, volvió el registrador a negar su inscripción, y apelada su nota, fué confirmada de igual modo por esta Corte Suprema, por resolución de 28 de junio de 1913. Pomales v. El Registrador, (pág. 947).

Presentada por tercera vez la repetida escritura en el registro acompañada" de ciertos documentos tendentes según el recurrente a probar que la herencia del deudor García estaba yacente y que por tanto no era necesario inscribir la finca vendida a favor de sus herederos, el registrador tam-bién negó la inscripción por medio de la siguiente nota contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo:

“Denegada la inscripción del precedente documento por el defecto de no aparecer inscrita la finca a nombre de la sucesión demandada, pues no resulta de los documentos que se acompañan a éste, esté aún yacente la herencia de Don Pedro García, único caso en que pudiera evitarse esa previa inscripción. Guayama, agosto cineo de mil nove-cientos trece. El Registrador. Felipe Cuchí Aman.”

Lo primero que debemos considerar es si podemos, aten-didas las circunstancias de este caso, entrar o nó a resolver en su fondo el recurso establecido.

Si el mismo documento se hubiera presentádo en el regis-tro en las mismas condiciones en' que se presentó la vez pri-mera, es bien claro que no podríamos entrar a decidir en su fondo el recui’so que está abora. sometido a nuestra considera-ción. Pero, como según aparece de la nota de presentación y de la negativa recurrida, la escritura en cuestión se pre-sentó acompañada de otros documentos con el propósito de demostrar que el caso estaba comprendido en la excepción a la regla general que prescribe la previa inscripción a nombre de los herederos, han variado las circunstancias y, en tal virtud podemos y debemos resolver en su fondo el recurso establecido.

¿Demuestran los nuevos documentos presentados que se trata de un caso de herencia yacente? Yeámoslo.

Dichos documentos son tres, a saber: 1, una certificación del secretario de la Corte Municipal de Salinas creditiva de que el juicio en cobro de dinero a que ños referimos al prin-cipio de esta opinión, se siguió por “Maximino Pomales Navarro, demandante, v. La Sucesión de Pedro García y Carmen Colón, su viuda, que la componen sus hijos Inocencio, Vicenta, Pabiana, Silvestre, Bibiana por sí y como herederos de su hermano Lázaro, fallecido sin sucesión y la sucesión de Bernardo Barcia y Colón que la componen sus hijos Julio, Juana, Gregoria y Gregorio García y Díaz, demandados;” de que los dichos demandados fueran citados personalmente; de que se dictó contra ellos sentencia en rebeldía; de que se les notificó la sentencia por correo; de que se anunció la venta-je la finca embargada por edictos, y de que los dichos deman-dados no hicieron en ningún momento gestión alguna en el asunto; 2, una certificación del secretario de la corte de dis-trito, creditiva de no haberse promovido en dicha, corte nim gún expediente sobre declaratoria de herederos por ninguno de los individuos nombrados en el escrito pidiendo la certifi-cación y que son los mismos que figuran como demandados en el pleito tramitado en el Juzgado Municipal de Salinas, y 3, una declaración jurada de Inocencio García, afirmando que ni él ni ninguno de sus hermanos han hecho gestión alguna para hacerse cargo de la herencia de su padre, muerto hacía unos siete años, ni de su madre, en atención a que a todos les constaba la certeza de la cuenta de Pomales, cuya cuantía excedía del valor de la finca.

Examinados, pues, los documentos presentados, es nece-sario concluir que no demuestran de modo concluyente la existencia del hecho que se pretendió probar con ellos. Al contrario, ponen de manifiesto que Pedro García, el deudor de Pomales, murió varios años antes de que se iniciara el pleito que dió origen a la escritura de 15 de marzo de 1913 ;• que dejó al morir bienes consistentes por lo menos en la finca vendida; que nada se indica siquiera sobre la admi-nistración y disfrute de esa finca durante un período de unos, siete años, debiendo presumirse en tal virtud que era admi-nistrada y disfrutada por sus herederos; que el acreedor-esperó los dichos siete años para cobrar su deuda y dirigió entonces el procedimiento contra la Sucesión de García y no contra la herencia yacente, y que si bien no consta que los. herederos de García hayan aceptado expresamente la heren-cia, tampoco consta que la hayan renunciado o repudiado en legal forma.

En su consecuencia el caso queda en las mismas condi-ciones que cuando vino por vez primera ante este Tribunal Supremo y debe continuar regido por los principios consignados en la opinión de esta corte emitida por el Juez Presidente Sr. Hernández el 2 de junio de 1913, Pomales v. El Registrador, (pág. 637), al resolver aquel recurso.

Procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

.El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. Hernández,

text:
    Medina, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo .contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 150.
    Resuelto en octubre 23, 1913.
    Registradores de la Propiedad — Facultades para Revisar las Resoluciones Judiciales. — Si bien el artículo 18 de la Ley Hipotecaria otorga a los regis-tradores la facultad de calificar bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial, dicha facultad no los autoriza a examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales, ni a apoyarse en la apreciación que hagan de la legalidad de sus fundamentos para el efeeto de denegar la inscripción de éstos, por mas que les sea permitido considerar si se han dictado con la necesaria competencia y en el correspondiente juicio.
    Id. — Expediente de Dominio — Deposiciones de Testigos — Affidavits.—No pro-cede denegar la inscripción de la resolución de una corte de distrito aprobando un expediente de dominio, cuando los testigos han declarado por medio de depo-sición ante un juez de jpaz de dicho distrito nombrado al efecto por la misma corte, pues la doctrina sentada en el caso de Meléndez v. JSl Registrador, 17 D. P. R., 605, es aplicable solamente a los affidavits, pero nó a las deposiciones de testigos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El Registrador Sr. Felipe Cuchí Arnau compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 16 de noviembre de 1912, que dictó la Corte de Distrito de G-uayama en expediente promovido por Juan Medina para justificar el dominio ele una finca rustica con 21 cuerdas más o menos, de terreno, situada en el barrio de “Catruo” del pueblo de la Cidra, ordenó dicha corte que íuera inscrito en el registro de la propiedad el dominio de la expresada finca a favor del peticionario, por haberse cum-plido con las formalidades del artículo 395 de la Ley Hipo-tecaria; y presentada copia certificada de tal resolución en el registro para que se llevara a cabo la inscripción ordenada, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

.“Denegada la inscripción de este documento por aparecer del mismo haber sido prestadas las declaraciones de los testigos ante autoridad distinta de la que conoce del expediente, y tomada anotación preventiva de la denegación de acuerdo con la ley de Io. de marzo de 1902 al folio 161 del tomo 15 de Cidra, finca No. 940 (inscripción) digo -anotación letra A. Guayama, junio 23 de 1913. El Registrador, Felipe Cuchí Arnau.’!

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Juan Medina.

Alega la parte apelante como fundamento del recurso, que los registradores carecen de facultad para revisar las reso-luciones judiciales y cita en apoyo de su alegación el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Ramos v. El Registrador, 16 D. P. R., 60; Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R., 348; Hernández v. El Registrador, 16 D. P. R., 464, e Inchausti v. El Registrador, 17 D. P. R., 596.

Ratificamos y reproducimos la doctrina que ya hemos dejado establecida en nuestras decisiones citadas por la parte recurrente, acerca de que, si bien el artículo 18 de la Ley Hipotecaria otorga a los registradores la facultad de cali-ficar bajo su responsabilidad y para el único efecto de admi-tir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial, dicha facul-tad no los autoriza a examinar los fundamentos de las reso-luciones judiciales ni a apoyarse en la apreciación que hagan de la legalidad de sus fundamentos para el efecto de dene-gar la inscripción o anotación, por mas que les sea permitido considerar si se han dictado con la necesaria competencia y en el correspondiente juicio.

Las resoluciones invocadas por el registrador no son aplicables al presente caso, pues la primera de ellas se refiere a una información posesoria en que fueron admitidos como prueba affidavits o declaraciones juradas, y la segunda a un expediente de dominio que vino en apelación a esta Corte Suprema contra resolución de la Corte de Distrito de Arecibo, y no contra nota del registrador de ese distrito, en cuyo recurso, por tanto, bien pudo esta Corte Suprema entrar a examinar los fundamentos de la resolución apelada y la co-rrección de los procedimientos de la corte inferior.

En la resolución que motiva la nota recurrida de que setrata, encontramos que los testigos Don Ramón Ortiz y Don Concepción Díaz declararon por medio de affidavits jurados, y suscritos ante el Juez de Paz de la Cidra, nombrado al efecto por la Corte de Distrito de Guayama, y si ello es así bien podemos deducir que no se trata de affidavits propiamente dichos en la forma en que los define el artículo 124 de la Ley de Evidencia, sino de deposiciones con.notificación a las par-tes que intervenían en el expediente.

La doctrina que dejamos establecida en el caso de Meléndez v. El Registrador, 17 D. P. R., 605, es de aplicación solamente a los affidavits, pues según allí dijimos invocando el artículo 128 de la Ley de Evidencia, un affidavit es general-mente un procedimiento secundario o algo que sirve de apoyo o comprobación para otros documentos o procedimientos o expresamente permitido por alguna otra prescripción de esta ley o de cualquiera otra en Puerto Rico. Ahora añadimos que un affidavit como prueba atinente al fondo del asunto en una acción o en un procedimiento especial, carece de efi-cacia legal.

No sucede lo propio con una deposición, que según el artículo 125 de la citada Ley de Evidencia es la declaración escrita que se hace bajo juramento con notificación a la parte contraria para que pueda asistir y repreguntar. La deposición ofrece garantías probatorias que no ofrece el affidavit, y por tanto bajo ciertas condiciones puede admitirse en el juicio o procedimiento especial.

Deposiciones han sido las de los testigos Don Ramón Ortiz y Don Concepción Díaz, prestadas ante el Juez de Paz de la Cidra por delegación del Juez de Distrito de Guayama, cuyo proceder al delegar y su apreciación acerca de la prueba practicada, no puede discutirse por el Registrador de la Propiedad de Guayama, según doctrina ya consignada en las decisiones de esta Corte Suprema anteriormente citadas.

Esos puntos legales podrían ser materia de un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutorio del expediente de dominio, pero no levantarse por un registrador opo-niendo reparos a dicha resolución dictada por la Corte de Distrito de Guayama dentro de los límites de su jurisdicción y en expediente apropiado al efecto.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revocación de la nota recurrida, debiendo el Registrador de Guayama proceder de acuerdo con los principios legales que dejamos consignados.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Al-drey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso7 ción de este caso.


author: El Juez Presidente Sb. PIernández,

text:
    Flores, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Eeotjrso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Propiedad de G-uayama.
    No. 151.
    Resuelto en octubre 23, 1913.
    ' Bienes de Menores — Ejecución de Sentencia — Venta Judicial. — Es válida y por tanto inscribible en el registro la venta de bienes de menores hecha por el marshal en pública subasta en cumplimiento de la ejecución de una sentencia dictada contra los mismos.
    Id. — Autorización Judicial para Vender Bienes de Menores. — Los preceptos de lá Ley No. 33 de marzo 9, 1911 solo se refieren a las ventas de bienes de menores que se gestionan voluntariamente por la representación de los mismos, pero no a las ventas ordenadas por la autoridad judicial para la ejecución de sentencia contra menores.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José G. Ramos.

    El Eegistrador Sr. Felipe Cuclií Arnau, compareció -por escrito.
   El Juez Presidente Sb. PIernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio civil seguido ante la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Guayama, por Eulogia y Cayetana Ledée y Torres contra los menores Rufo, Jovita y Manuel Ledée y Soto, representados por su legítima madre María Soto Díaz, se dictó sentencia a favor de las demandantes por la suma de $200, y para hacerla efectiva se expidió orden en 16 de enero del corriente año al marshal de aquella corte, Don Sergio de la Mata y Dalmau, quien en cumplimiento de ella embargó cierta finca de la propiedad de los menores y procedió a la venta de la misma en pública subasta, habiendo sido adjudicada por precio de $1,106.98 al mejor postor Don Alejandro Flores de Jesús, a cuyo favor otorgó el marshal escritura de venta en 10 de marzo del corriente año, por ante el Notario Don Eafael Cintrón Lastra.

Presentada copia de dicha escritura al Registrador de la Propiedad de Guayama para su inscripción en el registro, fue ésta denegada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción de este documento porque bailándose la finca objeto de la venta, inscrita a nombre de los menores Rufo, Jovita y Manuel Ledée, únicamente la madre previamente autorizada por el juez del distrito, puede vender la expresada finca, y tomada anotación preventiva por término de 120 días de conformidad — de Io. de marzo de 1902 al folio 96 vuelto del tomo 4o. de Arroyo, finca No. .164 (inscripción) digo anotación letra A. Guayama, junio once de mil novecientos trece. El Registrador, Felipe Cuchí Aman. ’ ’

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema, y entendemos que no se ajusta a derecho.

La ley relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, aprobada en marzo 9, 1905 y los preceptos legales del título 10 del Código de Enjuiciamiento Civil que tratan de la ejecución de sentencias en pleitos civiles, en la parte en que no han sido derogados y deben por tanto tener apli-cación, son generales y no establecen excepción o privilegio alguno en favor de los menores de edad. Afectan a toda clase de personas sin distinción alguna. “Ubi lex non dis-tinguit nec nos distinguere debemus.”

La Ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, invocada por el Registrador de Guayama, que determina las formalidades que han de llenarse para la venta de bienes de menores de edad, se refiere a las ventas que se gestionan voluntariamente por la representación de los menores pero no a las ventas orde-nadas por la autoridad judicial para la ejecución de senten-cias contra menores. Y tiene que ser así, pues los represen-tantes de los menores no siempre estarán dispuestos a cum-plir voluntariamente las obligaciones de sus representados.

Considerada en los términos expuestos la única cuestión legal levantada en su nota por el Registrador de G-uayama, opinamos que procede la revocación de la misma, debiendo dicho registrador proceder de acuerdo con los principios le-gales que dejamos consignados.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeai'y no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey

text:
    Andino, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la. Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 154.
    Resuelto en octubre 29, 1913.
    Mandato — Cobro Extrajudicial de Créditos Hipotecarios por Mandatario con Eaoultades para Ejecutar y Cancelar Hipotecas. — En este caso el poder contenía la siguiente cláusula: “Cuarta. Para que dén y tomen dinero a préstamo en nombre del mandante, exigiendo y prestando o constituyendo las garantías o hipotecas que tengan por conveniente, ejecutando y cancelando las ya constituidas y vencidas y las sucesivas.” Se resolvió: que el manda-tario autorizado para cobrar judicialmente hipotecas y otorgar cancelaciones de las mismas, estaba implícitamente autorizado para cobrarlas y cancelarlas en el caso de que el deudor pagase voluntariamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Travieso e IHarte.

    El Eegistrador Sr. José S. Belaval compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

José López Pérez como apoderado de los esposos José Pérez Martínez y Rosario F. Villamil, reconoció en escritura publica de 14 de febrero de este año, haber recibido como tal apoderado de dichos señores, el importe de un crédito hipotecario debido a sus mandantes por Víctor Andino Vivar, por lo que le dió carta de pago de esa cantidad y consintió en que fuera cancelada la hipoteca constituida en garantía de esa deuda. Presentada esa escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 1a., para su inscripción, el registrador se negó a inscribirla por el único fundamento de que el apoderado no tiene facultades para cobrar, contra cuya negativa se ha interpuesto en tiempo oportuno el pre-sente recurso gubernativo en solicitud de que revoquemos la ■expresada nota y ordenemos la inscripción del documento.

El poder que al recurrente otorgaron los esposos Pérez Martínez y Villamil, entre otras facultades le confiere la siguiente:

“Cuarta. Pa.ra que den y tomen dinero a préstamo en nombre del mandante, exigiendo y prestando o constituyendo las garantías •o hipotecas que tengan por conveniente, ejecutando y cancelando las ya constituidas y vencidas y las sucesivas.”

Es cierto que ni esta cláusula ni otra alguna del poder autoriza expresamente al mandatario para cobrar los cré-ditos de sus mandantes, pero, sin menospreciar la regia ele de-recho de que los mandatos deben interpretarse siempre restric-tivamente, podemos, interpretando racionalmente esa cláu-sula, llegar a la conclusión de que al revestir los mandantes a su apoderado con la facultad de ejecutar y de cancelar las hipotecas ya constituidas y vencidas y las sucesivas, le dieron también implícitamente poder para cobrar las cantidades garantizadas por las hipotecas que podía ejecutar y cancelar, toda vez que siendo el primer trámite de la ejecución el requerimiento de pago, no se concibe que autoricen al apoderado para ejecutar la hipoteca vencida sin que al mismo tiempo esté autorizado para obtener los resultados de la ejecución, ya porque el deudor pague al ser requerido para ello, o ya para recibir la cantidad que se obtenga en la subasta con que termine la ejecución. Este razonamiento es aplicable igual-mente para el caso de cancelación por el pago voluntario del deudor hipotecario. La facultad de ejecutar y de cancelar hipotecas lleva en si el poder de gestionar el cobro de las cantidades garantizadas por las hipotecas y de recibir el importe de ellas. Una interpretación similar a la que sostenemos se dió por esta corte en el caso de Franceschi v. El Registrador de la Propiedad, 13 D. P. R., 233, al resolver que el mandato que autorizaba para reclamar, cobrar y percibir cuantas cantidades de dinero, frutos, u otras especies se estuvieren adeudando o adeudaren en lo sucesivo al poderdante, otor-gando los corrrespondientes recibos, cartas de pago y can-celaciones totales o parciales, implícitamente autorizaba para aceptar o recibir la venta de una finca en pago de lo que se (iebía al poderdante.

En cuanto a los casos de Villar v. El Registrador, 17 D. P. R., 434, y el de Iturrondo v. El Registrador, 17 D. P. R., 437, que el registrador recurrido cita en apoyo de su nota denegatoria de inscripción, no encontramos que la doctrina en ellos consignada sea pertinente al presente caso, porque lo que declaran es que la facultad concedida a un apoderado para hipotecar, no incluye la de tomar dinero a préstamo, por cuanto podía constituirse hipoteca sin mediar préstamo; mas cuando se faculta para ejecutar y cancelar una hipoteca constituida en garantía de un préstamo, no vemos que pueda ejercitarse ese poder si no se tiene el de recibir la cantidad del préstamo.

Por las razones expuestas, la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la inscripción del documento a que se refiere este recurso.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez,

text:
    Morales, Demandante y Apelado, v. Pabón, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 985.
    Resuelto en octubre 30, 1913.
    Enmienda de Demanda — Inclusión de Partes Demandadas — Errores que no Causan Perjuicios. — No constituye error perjudicial para la parte demandada la enmienda de una demanda incluyendo nuevas partes demandadas, cuando la corte al dietar sentencia omite hacer pronunciamiento alguno en cuanto a dichas nuevas partes, pues tal error si acaso, sería perjudicial al demandante, y no habiendo éste apelado de la sentencia, es ocioso discutir dicho error ale-gado por la parte demandada.
    Fiadores — Principal Pagador — Fianza Solidaria. — Los pagarés en litigio fueron, garantizados por dos fiadores en la siguiente forma: "jSTos constituimos: fiadores y principales pagadores del importe de esté documento, con la misma obligación que el deudor directo.'’ Se resolvió que si bien la frase "principal pagador” tiene el mismo alcance que la de "fiador solidario,” en este caso, como los fiadores no expresaron que cada uno de ellos por sí respondía solidariamente del importe de las obligaciones, no puede ser responsable cada fiador de la totalidad de la obligación, sino ambos conjuntamente sin vínculo de solidaridad y dividiéndose por tanto la obligación entro ellos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. José Ramón Freyre.

    Ahogado del apelante: Sr. M.. del Toro Colberg.

   El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente pleito se originó en la Corte Municipal de Cabo Rojo, y a virtud de recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que en él recayó, conoció del mismo mediante celebración de nuevo juicio la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez.

La demanda fué dirigida primeramente por Claudio Morales contra Bernardo Pabón, con súplica de que éste fuera con-denado a pagar al demandante la suma de $450 con intereses legales, costas, desembolsos y honorarios de abogado, pro-cedente aquella suma de dos pagarés, uno de ellos por valor de $250, de fecha 12 de enero de 1911, vencido en 12 de julio del mismo año, y el otro por la suma de $200, de fecha 19 de junio del expresado año, vencido en 19 de junio de 1912, ambos documentos suscritos por Luis E. Marini como deudor, y por Arturo E. Marini y el demandado Bernardo Pabón como fiadores.

En la demanda se insertan íntegros los mencionados paga-rés y en uno y otro consta por medio de obligación que sus-criben Arturo E. Marini y B. Pabón, que éstos se constituyen fiadores y principales pagadores del importe de cada docu-mento, con la misma obligación que el deudor directo.

El demandado admitió que los dos pagarés en que se basa la demanda son auténticos, que ambos están vencidos y que ni total ni parcialmente ban sido satisfechos, admitiendo tam-bién el demandante, que el demandado ofreció pagarle la mitad del importe de la deuda consignada en los pagarés por ser esa la parte proporcional de que únicamente debía responder como fiador.

Después de contestada la demanda, el demandante la en-mendó en el sentido de que fueran condenados tanto Pabón •como el otro fiador Arturo E. Marini y el deudor Luis E. Marini a pagar mancomunada y solidariamente a Morales la suma de $450 con intereses, costas, desembolsos y honorarios de abogado. El demandado se opuso a la admisión de tal en-mienda. El juicio terminó por sentencia que dictó la Corte de Mayagüez en 11 de marzo del corriente año, por la que condena al demandado Pabón a pagar al demandante Morales la suma reclamada de $450, importe de los dos pagarés, con más los intereses legales de dicha suma o sea el 6 por ciento anual desde la interposición de la demanda hasta el completo pago, sin especial condena de costas, contra cuya sentencia inter-' puso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Dos errores alega la parte apelante como motivos de su recurso: uno de ellos, consistente en la admisión de la' en-mienda de la demanda, y el otro, en haber declarado al de-mandado Pabón deudor solidario, condenándolo en su conse-cuencia al pago del montante total de los dos pagarés.

Juzgamos ocioso discutir el primer error alegado, pues la corte al dictar sentencia en los términos en que lo hizo pres-cindió de la enmienda hecha a la demanda y por tanto nin-gún agravio causó.al demandado Pabón. La parte agraviada hubiera sido en todo caso el demandante, y éste no ha apelado •contra la sentencia por la omisión de pronunciamiento res-pecto del deudor directo y del otro fiador Arturo E. Marini.

La única cuestión, pues, a resolver es si la obligación de los fiadores Arturo E. Marini y Bernardo Pabón es man-■comunada o solidaria, pues mientras el demandado Pabón afirma lo primero, el demandante sostiene lo segundo.

En defensa de sn recurso invoca la parte apelante los artí-culos 1104 y 1105 del Código Civil vigente.

Esos artículos dicen así:

“Artículo 1104. — La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con ■el carácter de solidaria.”
“Artículo 1105. — Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.”

Los artículos transcritos examinados en relación con la obligación de fianza son concluyentes y decisivos de la cuestión fundamental del presente litigio.

En cada uno de los pagarés de que se trata, dicen Arturo E. Marini y B. Pabón: “Nos constituimos fiadores y prin-cipales pagadores del importe de este documento, con la misma obligación que el deudor directo;” es decir, que los expre-sados Marini y Pabón, representan juntos la entidad jurídica del fiador y no constituyen doble obligación de fianza sino una sola garantizadora de la obligación principal, pues no expresaron en los pagarés que cada uno de ellos por sí, individual o personalmente, garantizaban su pago, por más que asumiendo el carácter de principales pagadores los dos con-juntamente y unidos por un vínculo común quedaran obligados en la misma formavque el deudor directo.

Reconocemos que la frase principal pagador tiene el mismo alcance que la de fiador solidario, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de octubre de 1875 en el caso de José Fontova v. Zamora, Costa y Co., y la de esta Corte Suprema en el caso de Salgado v. Villamil et al., 14 D. P. R., 449; y haciendo aplicación de esa doctrina al presente caso, opinamos que Arturo E. Marini y Bernardo Pabón son fia-dores solidarios en relación con el deudor directo Luis E. Marini, pero no con separación e independencia entre sí, cual si se tratara de dar doble garantía al cumplimiento de las obli-gaciones contraídas, sino conjuntamente o sea mediante una sola garantía, constituida por dos personas distintas sin lazo de solidaridad en las mismas. Del texto de los pagarés no resulta que cada uno de los fiadores se obligara solidaria-mente, y por tanto entre ellos debe prorratearse la respon-sabilidad contraída en concepto de principales pagadores.

Así se dará aplicación al artículo 1738 del código citado que concordante con los artículos ya transcritos, dice así: ,

“Artículo 1738. — Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer, a menos que se baya estipulado expresamente la solidaridad.”

- La solidaridad de cada uno de los dos fiadores en el pre-sente caso no ha sido convenida por modo expreso, si bien es. solidaria la responsabilidad de ambos conjuntamente, por el concepto que juntos tienen de principales pagadores, con la misma obligación que el deudor directo.

Por las razones expuestas procede la revocación de la sen-tencia apelada y que se dicte otra condenando al demandado Bernardo Pabón a pagar al demandante Claudio Morales la suma de $225, sin perjuicio de los derechos que asistan al demandante para cobrar de quien o quienes corresponda el resto del total montante de los dos pagarés, sin especial con-dena-de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

jRevocada la sentencia y dictada otra conde-nando al demandado al pago de $225, reser-vando al demandante su derecho para cobrar el resto del importe total de los dos pagarés a quien corresponda, sin especial condena de costas.

Jilecos Concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.