author: El Juez Asociado Señor Córdova DXvila,

text:
    Domingo Gilormini, demandante y apelante, v. Nicolas Lorenzo, demandado y apelado.
    No. 5662.

    Sometido: Diciembre 8, 1932.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      Víctor M. Rons, abogado del apelante; G. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova DXvila,

emitió la opinión del tribunal.

En la presente acción, iniciada por Domingo Gilormini contra Nicolás Lorenzo, se alega, que en 27 de abril de 1929, en la ciudad de Guayama, el demandante y el demandado ce-lebraron un contrato verbal mediante el cual el segundo ven-dió al primero toda la cosecha de hojas de malagueta de su finca, que estimó en quinientos quintales, más o menos, a un precio de $2.12 por quintal, comprometiéndose el vendedor a entregar dicha malagueta al comprador en partidas semana-les. Se alega además que el demandado entregó al deman-dante la primera partida de treinta sacos de malagueta y que más tarde se personó en la fábrica del demandante, donde manifestó que no podría entregar más malagueta porque la había vendido a la fábrica de Guamaní. El demandante re-quirió por carta al demandado para que cumpliese con lo con-venido, no habiendo dicho demandado contestado al deman-dante su comunicación. Continúa alegando el demandante que ya roto e incumplido por parte del demandado el refe-rido contrato, dicho demandado remitió en mayo 16 de 1929, otra partida de catorce sacos de hojas de malagueta que el demandante dejó por su cuenta hasta tanto le diese una ex-plicación satisfactoria por haber dejado de cumplir su parte del contrato, dirigiendo una comunicación a dicho demandado bajo pliego certificado que fue devuelta al demandante por la oficina de correos. Luego el demandado mandó a recoger los referidos catorce sacos de malagueta. Se establece tam-bién una segunda cansa de acción en la cual el demandante reclama ciertos daños y perjuicios que se le fian ocasionado con motivo del incumplimiento del contrato por parte del Sr. Lorenzo.

El demandado contestó negando generalmente los Lechos alegados en la demanda.

La prueba practicada en este caso es abundante y variada. La acción ejercitada se basa en un contrato verbal que se dice fue celebrado entre demandante y demandado en presencia de tres personas que trabajaban con el demandante en el momento en que, según éste, se llevó a efecto dicho contrato. La prueba es contradictoria. La corte inferior no dió cré-dito a la del demandante y sí a la del demandado. Se trata sencillamente de una cuestión de hecho sobre la cual ha emi-tido su juicio el tribunal juzgador. Las cuestiones de dere-cho planteadas surgen de errores que se atribuyen a la corte en la admisión de la prueba y en haber actuado movida por pasión, parcialidad y prejuicio, y haber incurrido en mani-fiesto error.

Dada la apreciación que la corte hace de los hechos, es claro que aun eliminada la prueba que se'considera errónea-mente admitida, hubiese llegado a la misma conclusión. El demandante y sus tres testigos, Dionisio Figueroa, Jesús Mauras y Juan Castoire, declaran que el demandado estuvo en la fábrica de esencia de malagueta de Domingo G-ilormini a ofrecer la hoja que tenía para vender, y convino en ven-derla en la forma que se alega en la demanda. Refiriéndose a estos testigos dice la corte inferior:

“La Corte no ba quedado convencida, por estos testimonios, de que tal cosa ocurriera en la forma y manera como se alega en la de-manda. Estos testigos incurrieron en contradicciones de importancia, algunos recordaron detalles de pequeña significación; y otros no pu-dieron dar una explicación razonable y lógica de ciertos detalles; al-gunos fijaron fechas de acontecimientos con exacta precisión y en cambio otros no podían establecer otros pormenores, siendo estos úl-timos acaso más importantes en la vida de estos hombres, que los que se relacionaban con el supuesto contrato.”

Continúa la corto discutiendo el testimonio' de estos testi-gos, a los cuales según se deduce de sus conclusiones, no da crédito alguno. Estos son ios testigos del demandante que se dice presenciaron el contrato. Refiriéndose a la declara-ción del demandado Sr. Lorenzo dice la corte inferior:

“La declaración que creemos lógica y razonable del Sr. Lorenzo explicando la operación que luzo con la malagueta, cómo la hizo por qué la hizo y dónde la hizo, han llevado a nuestro ánimo la impresión de que su testimonio merece entero crédito, y que pertenece a la clase de los que, aunque sea contradicho, dejan la huella de su certeza tan grabada en la mente del juzgador que difícilmente pueden destruirla o borrarla otros testimonios. Este testigo está en opinión de la corte en la categoría de aquéllos a que se refirió la Corte Suprema en el caso de Lausell v. R. R. . . .”

Expresa la corte inferior que la prueba no la fia conven-cido de la existencia del contrato y termina diciendo que el demandante no fia probado su caso. La apreciación de la prueba por la corte sentenciadora no debe ser cambiada, al-terada o modificada por esta corte de apelación sin razones que lo justifiquen. No sería tampoco empresa fácil para nos-otros formular nuestro juicio independientemente del tribunal sentenciador. Creemos que la corte estuvo justificada al declarar que el demandante no fia probado sus alegaciones. La corte a quo no creyó los testigos que aparecen presen-ciando el alegado contrato, muy acertadamente, a nuestro jui-cio, porque estos testigos, según se deduce de su testimonio, no dan la sensación de estar diciendo la verdad. La decla-ración del Sr. Gilormini aisladamente considerada no produce la misma impresión. Examinada la prueba en conjunto, sin embargo, no nos extraña que fiaya podido engendrar du-das en el ánimo del juzgador. La prueba es confusa y du-dosa, y lejos de esclarecer los fiecfios tiende más bien a obs-curecerlos. Es muy difícil espigar la verdad, cuando se exa-minan los autos y se analiza la prueba presentada por una y otra parte. La sentencia apelada declara que el contrato no ha sido probado. No creyó la corte inferior a los testigos que se dice presenciaron la alegada transacción. Esta evi-dencia, que no mereció crédito alguno, fué ofrecida por el propio demandante. La corte inferior, en presencia de esta prueba, que fué contradicha por la del demandado, dictó su fallo, que nosotros aceptamos, porque es dicha corte la lla-mada a apreciar la prueba y porque además creemos justifi-cada su conclusión de que el demandante no ha probado sus alegaciones. En cuanto al pronunciamiento sobre costas, en-tendemos que cada parte debe pagar las suyas y que debe modificarse el fallo de la corte ■inferior, confirmando la sen-tencia sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Díávila,

license: Public Domain

text:
    United Firemen’s Insurance Company, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 887.

    Sometido: Marzo 6, 1933.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      J. Henri Brown, C. Buis Nosario, G. JE. González y G. Benitez Gautier, abogados de la recurrente; el Registrador recurrido compa-reció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Díávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 4 de marzo de 1931, don René de Conrcenil y su es-posa Cándida López Quintana constituyeron hipoteca volun-taria a favor de la Srta. Teresa Enriqueta Santiago Oppen-lieimer para garantizar un préstamo de $18,000, más $2,000 de un crédito para intereses, otros $1,000 para costas, gastos y honorarios de abogado, y $100 calculados para responder de cualquier suma que tuviere que pagar la acreedora por concepto de primas de seguro en caso de no hacerlo el deu-dor. La hipoteca se constituyó sobre seis fincas, constando una de ellas, que se designó con el No. 3, de treinta y tres cuerdas sesenta céntimos de terreno, con dos casas enclava-das en la misma, una de altos y bajos y otra terrera.

La responsabilidad hipotecaria fué distribuida entre las fincas gravadas, asignándose a la referida finca un gravamen que entre principal, intereses, costas y primas de seguro, as-cendía a la suma de $9,100.

Convino el deudor en asegurar contra incendio la casa re-sidencia de altos y bajos existente en la finca mencionada y en endosar la póliza a la acreedora, para que en caso de siniestro pudiese cobrar su importe y abonarlo a lo que se adeudara, obligándose dicho deudor a pagar puntualmente la prima de dicho seguro. Conforme a lo convenido, el deudor don René de Courceuil, obtuvo de la recurrente United Firemen’s Insurance Company una póliza mediante la cual se aseguró contra incendio la referida casa por la suma de $3,000, y el mobiliario existente en la misma por $1,000. En esta póliza, procurada por el deudor hipotecario, se convino lo siguiente:

"Si hubiere pérdidas o daños bajo esta póliza, serán pagaderos a George Oppenheimer, tutor de Teresa Enriqueta Santiago Oppenheimer, como acreedor hipotecario (o síndico); y es convenido que este seguro, en cuanto al interés de dicho acreedor hipotecario (o síndico) únicamente, no será invalidado por ningún acto o negligen-cia. del deudor hipotecario o dueño de la propiedad aquí descrita, ni por ejecución u otros procedimientos o notificación de subasta rela-tiva a la propiedad, ni por cualquier traspaso de dominio del título sobre dicha propiedad, ni por ocupación de la propiedad para fines más peligrosos que los permitidos por esta póliza; Entendiéndose, que en el caso de que el dueño o deudor hipotecario dejare de pagar cual-quier premio adeudado sobre esta póliza, el acreedor biptecario (o síndico) efectuará tal pago, al serle exigido.
“Entendiéndose además, que el acreedor hipotecario (o síndico) dará aviso a esta Compañía de cualquier cambio de dueño o de ocupa-ción del riesgo, o aumento de riesgo, del cual tuviere conocimiento, y que, a menos que estuviere ya permitido en la póliza, será endosado sobre, la misma y el acreedor hipotecario (o síndico) pagará, al serle exigido, el premio adicional por tal aumento de riesgo, por el tiempo que subsista. De lo contrario esta póliza quedará nula y sin valor.
“Esta compañía se reserva el derecho de cancelar esta póliza en cualquier tiempo, según se estipula en la misma, pero en tal caso, esta póliza continuará en vigor a favor del acreedor hipotecario (o sín-dico) mencionado, únicamente, durante diez días subsiguientes a la fecha de notificación de cancelación al acreedor hipotecario (o síndico) citado, y esta Compañía tendrá derecho, al dar tal aviso, de cancelar este convenio.
“Si en cualquier tiempo esta Compañía pagare al dicho acreedor hipotecario (o síndico) cualquier suma por pérdida o daño bajo esta póliza y alegare que en cuanto al deudor hipotecario o dueño no exista responsabilidad por parte de la Compañía para tal pago, que-dará inmediatamente subrogada la Compañía en todos los derechos de la parte a la cual se hizo el pago, bajo tocias las garantías que tuviere como subsidiarias a la deuda hipotecaria, o puede, a su op-ción, pagar al acreedor hipotecario (o síndico) el importe total Ven-cido o próximo a vencer por concepto de la hipoteca, más intereses, y en su consecuencia recibirá una cesión y traspaso en pleno de la hipoteca y de cualesquiera otras garantías; pero ninguna subro-gación así hecha menoscabará el derecho del acreedor hipotecario (o síndico) citado, de recobrar el total de su crédito.”

La casa fué destruida por un. incendio. La recurrente alegó que no tenía responsabilidad alguna para con. el ase-gurado en virtud de dicho incendio, satisfizo a la Srta. Santiago Oppenheimer la cantidad de $2,966.18 como importe ele la pérdida ocasionada por el siniestro, y dicha acreedora, en escritura pública, otorgada ante el notario Francisco Parra Capó en 3 de noviembre de 1932, confesó haber recibido de la recurrente la mencionada cantidad, y subrogó a la recu-rrente en. todos los derechos, acciones y privilegios que la acreedora tuviera o hubiera podido tener, bajo los términos del contrato de hipoteca llevado a cabo con el deudor Remé de Gourceuil y su esposa Cándida López Quintana, quedando colocada dicha compañía aseguradora, con respecto a la re-ferida suma, en el mismo lugar, grado y prelación que de acuerdo con dicho contrato de hipoteca había venido hasta entonces ocupando la Srta. Santiago Oppenheimer, sin limi-tación de índole alguna.

En 30 de diciembre de 1932, se presentó al Registrador de la Propiedad de Aguadilla para su inscripción una copia certificada de la escritura de subrogación, conjuntamente con una copia certificada de otra escritura en que se hace cons-tar que la recurrente aceptó la cesión parcial del crédito hi-potecario y subrogación de derechos, uniéndose a dicho do-cumento otra copia certificada de una escritura otorgada ante el notario Francisco Parra Capó sobre poder, conferido pol-la acreedora Teresa Enriqueta Santiago Oppenheimer a favor de don Jorge Oppenheimer Dalmau, quien a nombre de dicha señorita otorgó la escritura de subrogación. También se presentó una certificación creditiva de la inscripción de la tutela de Teresa Enriqueta Santiago Oppenheimer a favor de don Jorge Oppenheimer Dalmau, y otra certificación sobre emancipación de la referida señorita. El registrador de la propiedad denegó la inscripción de dichos documentos en una nota que dice así:

“Denegada la inscripción solicitada en este documento por no ser éste de los documentos que son inscribibles de acuerdo con el artículo dos de la ley hipotecaria y su concordante del Reglamento, tomándose en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días a favor de la United Firemen’s Insurance Company, de su derecho de subroga-ción. ’ ’

Alega el registrador recurrido que ha llegado a la conclu-sión de que los documentos que le fueron presentados no pue-den inscribirse, por no referirse a actos o contratos, docu-mentos y títulos inscribibles, y sí más bien a subrogación de derechos personales.

Hemos visto que el deudor hipotecario convino en asegu-gurar la finca hipotecada y en endosar la póliza a la acree-dora hipotecaria para que ésta, en caso de siniestro, cobrase su importe y lo abonase a su crédito. Hemos visto también que se aceptó por las partes que intervinieron en el contrato de hipoteca que la compañía aseguradora subrogaría a la acreedora hipotecaria en caso de que ocurriese un siniestro y se viese obligada a satisfacer a dicha acreedora el importe del seguro y se alegare por la compañía que no existe res-ponsabilidad para tal pago en cuanto al deudor hipotecario o dueño.

Según el artículo 152 de la Ley Hipotecaria el crédito hi-potecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimiento al deudor y que se inscriba en el registro. El Registrador recurrido arguye que la subrogación conte-nida en los documentos presentados para su inscripción no constituye una cesión parcial del crédito hipotecario en cuanto a la suma satisfecha por la recurrente, y sí más bien una subrogación personal, como ya se ha dicho anteriormente. El Registrador, para justificar su negativa, analiza las dife-rencias que existen entre la significación legal de las palabras “cesión” y “subrogación”. Opinamos con la parte recurrida qué existen algunas diferencias entre ambos términos, que tienen sin embargo una relación de coincidencia bastante acen-tuada; pero no estamos de acuerdo en que estas diferencias puedan afectar los derechos adquiridos por un cesionario o un subrogado en lo que respecta a la inscripción en el Regis-tro de la Propiedad. En ambos casos se efectúa una tras-misión de derechos y la trasmisión de un crédito hipotecario inscrito en el Registro es bastante para que la parte subro-gada pueda acogerse a las disposiciones del artículo 152 de la Ley Hipotecaria.

‘ ‘ Subrogación ’ ’, dice Scaevola en el tomo 19, página 1046 de sus “Comentarios al Código Civil”, “es la sustitución de un acreedor por otro como consecuencia del pago de la deuda. En esto se diferencia de la cesión, pues aunque algunos au-tores llegan a considerar sinónimos estos dos términos, es indudable que su relación no es de semejanza, sino de coinci-dencia, pudiendo ser equiparada a la que tiene entre sí las circunferencias secantes, puesto que obedeciendo a distinto motivo, teniendo un centro diferente, ocupan en parte el mis-mo espacio; y así, si la subrogación procede del pago, al fin y al cabo se traduce en una cesión de derechos, como la ce-sión, en sí misma independiente de la subrogación, tiene a su vez el efecto natural de traspasar al cesionario cuantos de-rechos corresponden al eedente contra el deudor.”

Ahora bien, ¿basta para que tenga efecto la subrogación que se haya pagado el importe de las pérdidas a la Srta. Oppenheimer y que la compañía aseguradora haya alegado que no tiene responsabilidad para con el deudor hipotecario?

La cláusula inserta en el contrato de seguro, que se de-signa con el nombre de “standard mortgage clause”, dice en su último párrafo que cuando la compañía pague al acreedor hipotecario cualquier suma por pérdida o daño, y alegue (claim) que en cuanto al deudor hipotecario o dueño no existe responsabilidad por parte de la compañía, ésta quedará completamente subrogada en todos los derechos del referido acreedor hipotecario contra todas las garantías colaterales que tuviese para el pago de la deuda hipotecaria.

En el presente caso la compañía aseguradora alegó no te-ner responsabilidad alguna para con el deudor hipotecario, y la Srta. Oppenheimer otorgó escritura de subrogación a favor de dicha compañía por la cantidad que le fué satisfecha como importe del seguro.

Cláusulas similares a la que.en estos momentos nos ocupa han sido interpretadas por los' tribunales en el sentido de que no basta para que tenga efecto la subrogación la simple alegación o claim de que la compañía aseguradora no tiene responsabilidad para con el deudor hipotecario. '

En Traders’ Ins. Co. et al. v. Race, 142 Ill. 338, 31 N. E. 392, la corte tuvo bajo su consideración una cláusula pare-cida a la que en estos momentos discutimos. Es innecesario exponer detalladamente los hechos que sirvieron de base a la opinión emitida por la corte. Baste con decir que los prin-cipios enunciados en dicha opinión son perfectamente aplica-bles al presente caso. El derecho a la subrogación, según la Corte de Illinois, no puede depender de la alegación escueta de que no hay responsabilidad bajo las pólizas, sino de los hechos que justifican tal alegación. “Para tener derecho a una cesión o subrogación,” dice la corte, “la alegación debe hacerse de buena fe y estar basada en un estado de hechos que bajo el contrato autorice la exención de responsabilidad. Los derechos de la parte asegurada no pueden depender de la alegación arbitraria de la compañía aseguradora.” Con-tinúa la corte diciendo que la compañía tiene el peso de la prueba para demostrar que la pérdida ocurrió bajo circuns-tancias que la eximían de responsabilidad para con el deudor.

En el caso de Sun Ins. Office of London v. Heiderer, 99 Pac. 39, la Corte Suprema de Colorado se expresó así:

“Se verá que la contestación no contiene defensa alguna basada en que Rosenthal (deudor hipotecario) haya violado alguna de las condiciones de la póliza; tampoco se exponen los hechos en que se basa el apelante para alegar que no tiene responsabilidad para con el deudor. Se admite, como se expresa en la demanda, que la com-pañía demandante reclamó no tener rsponsabilidad para eon Rosen-thal bajo la póliza y que en vista de esto demandó que la apelada (acreedora hipotecaria) le cediera un interés en la hipoteca antes de pagarle el montante de la pérdida, y que la apelada, con el fin de asegurar tal pago, ejecutó y entregó una cesión de intereses en la hipoteca equivalente a dicho pago. La teoría de la defensa es que la compañía apelante, habiendo pagado el montante de la pérdida bajo la póliza al acreedor hipotecario, no estaba obligada a hacerlo de acuerdo con los términos expresos de la cláusula, y .habiendo, según se convino, alegado al tiempo de verificar el pago que no existía res-ponsabilidad para con el deudor hipotecario, quedó legalmente subro-gada en los derechos del acreedor hipotecario sobre la cantidad pa-gada,; en otras palabras, la compañía apelante basa sus derechos a la subrogación en su manifestación escueta de que no existía por parte de dicha compañía responsabilidad para con el asegurado, sin alegar ningún lieclio que bajo los términos de la póliza la eximiera de res-ponsabilidad. En virtud del contrato de seguro Rosenthal tenía tanto derecho a ser indemnizado como el acreedor hipotecario, y si la pérdida era pagada al acreedor, tal pago redundaría en beneficio del deudor, reduciendo la deuda proporcionalmente. Antes de que el deudor pueda ser privado de este beneficio, debe demostrarse que ha violado las disposiciones de la póliza en algún particular que anulara dicha póliza con respecto a él. Su derecho no depende de la simple alegación de la compañía aseguradora. La apelante, por lo tanto, para valerse del derecho de subrogación en v'ez de aplicar el pago de la pérdida a la satisfacción de la hipoteca, debe alegar y probar un estado de hechos que bajo el contrato de seguro le dé derecho a que-dar exenta de responsabilidad para con el deudor.”

En el caso de Loewenstein v. Queen Ins. Co., 227 Mo. 100, 127 S. W. 72, la Corte Suprema de Missouri, interpretando una cláusula idéntica a la que forma parte del contrato de seguro que ahora consideramos, se expresó en los siguientes términos:

“Aun cuando ambos términos, ‘subrogación’ y ‘cesión’, se usan en las cláusulas de endoso hipotecario de estas dos pólizas, sin embargo, en tanto en cuanto al término ‘subrogación’ se refiere, su efecto es cero, a menos que, bajo los hechos del caso, la equidad pudiera otorgar una subrogación fuera del contrato, pero la cesión es diferente: ésta concierne a o se funda en un contrato. Las compañías aseguradoras en este caso, según aparece de sus alegatos, realmente descansan sólo en el contrato contenido en la cláusula de endoso hipotecario de las pólizas. Nosotros no entendemos, que, independientemente del con-trato, ellas reclaman ser las dueñas en equidad (equitable owners) de esta deuda hipotecaria y escritura de fideicomiso; y si ellas hicieran tal reclamación nosotros no hallamos nada en los hechos del caso que la sostenga. Consideremos el contrato. Ya hemos hecho mención de aquella clase de contratos en que el acreedor hipotecario, por su pro-pia cuenta y a su costo propio, toma un seguro sobre la propiedad hipotecada para su protección propia. Nada de esto hay en el presente caso, y aquellos casos en los libros que discuten los derechos relativos de las partes en tal contrato no nos son de ayuda alguna en el estudio que hacemos. Pero aquí tenemos un contrato en el cual se provee que, si el asegurador paga al acreedor hipotecario ‘y alegara (claim) que por ello, en cuanto al deudor hipotecario o dueño, nin-guna responsabilidad existía,’ entonces el asegurador se subragará en todos los derechos del acreedor hipotecario, y éste hará cesión de los pagarés y escritura de fideicomiso a la compañía aseguradora. El lenguaje que allí se usa es peculiar. Literalmente quiere decir que cuando la compañía paga la deuda, si ella alegara que no es respon-sable al deudor hipotecario, entonces no lo sería. Se ha dicho en apoyo de tal cláusula que la misma no significa que una mera alega-ción por la compañía aseguradora de que no es responsable será sufi-ciente para sostener la petición de subrogación, sino que la alegación debe ser una razonable. Ese requisito (qualification) no daría, sin embargo, validez a tal petición, porque una alegación podría tener alguna plausible o razonable apariencia, y sin embargo carecer de justificación legal.
“En Richards, Insurance Law, (3d. ed., p. 400) se dice: ‘A pesar de la fraseología de esta cláusula, sin embargo el derecho de la compañía a descansar en la subrogación depende no de su alegación de que la póliza está invalidada o anulada en cuanto al deudor, sino de prueba en cuanto a que ello es así. La compañía aseguradora no puede descansar en su alegación de que la póliza ha sido anulada con respecto al deudor o de que existían motivos razonables para creerlo así, sino únicamente en el hecho de que fué asi.’ Una compañía ase-guradora realmente no está en situación de hacer un llamamiento al sentido de justicia de los tribunales cuando ella emite su póliza ce-ñida o redactada en lenguaje tan in justo. Las pólizas de seguro no se redactan por hombres desconocedores del significado del lenguaje o de la ley de seguros. La cláusula en cuestión se titula en los ale-gatos ante nos y en los textos legales la ‘cláusula corriente de endoso hipotecario,’ por lo que inferimos que es una cláusula de uso general en compañías de seguro de primer orden y que su significado es lo que aparece de su contexto; esto es, que ellas (las compañías asegu-radoras) no son responsables si alegan que no lo son. Si esto es así, entonces se trata de un convenio para hacer a la compañía asegura-dora juez en su propia causa, lo que es tan irrazonable que ninguna corte debe hacerlo v'aler. Si, por el contrario, ello significa lo que el ilustrado escritor legal arriba mencionado dice que significa — esto es, que es la prueba del hecho y no la mera alegación del hecho lo que exoneraría a la aseguradora — entonces la cláusula tiene fundamento en razón y justicia sobre qué descansar. Pero si esa es la interpre-tación correcta, entonces las palabras ‘y alegara que por ello, en cuanto al deudor hipotecario o- dueño, ninguna responsabilidad exis-tía’ son innecesarias, porque si el deudor hipotecario realmente ha perdido su derecho, la ley no impondría a la compañía otra responsa-bilidad que la que contrajo con él de pagar la deuda hipotecaria aun en la ausencia de estas palabras en el contrato.”

En el caso de O’Neill v. Franklin Ins. Co., 159 App. Div. 313, confirmado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, la compañía aseguradora ofreció al acreedor hipotecario Crimmins el pago completo de su hipoteca y demandó, ale-gando que no tenía responsabilidad para con el deudor, una cesión y transferencia que no pudo obtener por haberse ne-gado dicho acreedor. De acuerdo con la póliza las pérdidas, en caso de ocurrir, debían pagarse al acreedor hipotecario, quedando a cargo de la deudora Mollie O ’Neill el pago de las primas. Los términos del contrato interpretado por la corte son idénticos a los incluidos en la póliza autorizada por la recurrente. De la opinión de la corte en este caso extracta-mos lo siguiente:

“. . . El seguro pagadero a Crimmins como acreedor hipotecario era para beneficio no sólo de él sino de la dueña, quien tenía derecho a que ese pago se aplicara a rebajar la deuda hipotecaria. Por tanto, sería injusto y contrario a la intención de las partes el que la compa-ñía aseguradora, efectuado el pago a Crimmins, sea subrogada en lu-gar de éste como tenedora (holder) de la hipoteca, y que por ello se prive a la dueña del beneficio de esa parte del dinero proveniente del seguro, a menos que ésta en alguna forma hubiera perdido su derecho. La contestación de la compañía aseguradora no 'suscita cuestión alguna de quebrantamiento del contrato de seguro por parte de la demandante, Sra. O’Neill, o que su derecho bajo la póliza de algún modo se haya extinguido, ni tampoco alega que, en cuanto a la demandante, no existe responsabilidad alguna bajo la póliza. El contrato para vender la granja no anulaba la póliza. Pero asu-miendo que, no obstante la forma de su contestación, la compañía aseguradora pudiera aiín alegar y probar contra el demandado Crim-mins cualquier defensa de que pudiera ella aprovecharse, somos de opinión de que incumbía a la compañía aseguradora probar en el juicio que en cuanto a la demandante, deudora hipotecaria y dueña, nin-guna responsabilidad existía contra ella. El contrato, según está contenido en la cláusula de endoso hipotecario, dice: ‘ Si en cualquier tiempo esta Compañía pagare al dicho acreedor hipotecario . . ., cualquier suma por pérdida o daño bajo esta póliza y alegare que en cuanto al deudor hipotecario o dueño no existe responsabilidad por parte de la compañía para tal pago, quedará inmediatamente subro-gada la compañía en todos los derechos de la parte a la cual se hizo el pago, bajo todas las garantías que tuviere cpmo subsidiarias a la deuda hipotecaria, o puede a su opción pagar al acreedor hipoteca-rio .. . el importe total vencido o próximo a vencer por concepto de la hipoteca, más intereses, y en su consecuencia recibirá una cesión y traspaso en pleno de la hipoteca y de cualesquiera otras garantías; pero ninguna subrogación así hecha menoscabará el derecho del acree-dor hipotecario ... de recobrar el importe de su crédito.’
“Es cierto que la compañía aseguradora demandada, mediante notificación, por escrito hecha al demandado Crimmins, alega que, en cuanto a la deudora hipotecaria, no existía responsabilidad alguna de su parte, más durante el juicio no probó que no fuera responsable para con la deudora hipotecaria. Por el contrario, antes del juicio propuso una sentencia a la demandante, que ésta aceptó, reconociendo así una responsabilidad, a fav'or de la demandante, bajo la póliza. Esta cláusula no debe interpretarse en el sentido de otorgar a la com-pañía aseguradora el derecho a la subrogación por la mera alegación de un derecho, sin fundamento alguno de hecho, y tal no fué la inten-ción o el objeto de la cláusula en cuestión. La alegación que ella po-dría aducir debe ser válida y estar bien fundada, y así ha sido soste-nido al interpretarse cláusulas de endoso hipotecario idénticas a la presente. (Traders’ Insurance Co. v. Race, 142 Ill. 338; Anderson v. Saugeen Mut. Fire Ins. Co., 18 Ont. 355; Bull v. North British Canadian Investment Co. & Imperial Fire Ins. Co. v. Bull, 18 Canada Sup. Ct. 697.) En este último caso se resolvió que la compañía de seguros no estuv'o justificada en pagar a los acreedores hipotecarios y en alegar subrogación sin litigar primeramente sobre su responsabili-dad (contesting its liability) hacia el deudor hipotecario y sin esta-blecer que estaba inmune de responsabilidad para con él.
“Puesto que la compañía de seguros demandada dejó de probaren juicio que bajo la póliza no tenía responsabilidad con respecto a la demandante (deudora hipotecaria), ella ha dejado de establecer el derecho a la subrogación en este litigio.”

No puede decirse que eu el presente caso se haya tras-mitido un derecho inscribible en el registro de la propiedad. Se afirma que la compañía aseguradora no tiene responsabi-lidad para con el deudor hipotecario; pero la afirmación del hecho no es el hecho en sí del cual depende el derecho a la subrogación. La simple afirmación de la compañía no basta para determinar la existencia del hecho. Ks necesario pro-barlo y el onus probandi corresponde a la compañía. Si se inscribiera la subrogación, la compañía subrogada podría ini-ciar un procedimiento ejecutivo contra el deudor y entonces éste tendría que acudir a un juicio declarativo contra la com-pañía para defender sus derechos, a pesar de que ésta es la llamada a probar que no tiene responsabilidades para con el deudor. Puede ocurrir que la alegación de la compañía de que está exenta de responsabilidades para con el dueño quede destruida por la prueba en el juicio plenario y entonces se habría dado el caso de haberse inscrito una trasmisión do derecho que no tuvo existencia legal y haberse permitido al subrogado hacer efectivo mediante un procedimiento sumario un derecho que nunca surgió a la vida.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor PIutohisoN,

text:
    The United Porto Rican Bank y The Baltimore Trust Company, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, et al., demandados.
    No. 892.

    Sometido: Marzo 6, 1933.

      Resuelto: Marzo 31, 1933.

      Walter L. Newsom, Jr., abogado de las peticionarias; Henry G. Molina, abogado de los interventores Carmen Fuertes et al.; Arturo Aponte, abogado de “Garzot & Fuertes”, también interventora.
   El Juez Asociado Señor PIutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Un arrendamiento a largo plazo, o dos o más arrendamientos similares, proveían que la arrendataria pag’aría los cánones trimestralmente y las contribuciones sobre la finca arrendada. The United Porto Pican Bank celebró nn contrato de refacción agrícola con la arrendataria. La escritura de arrendamiento disponía que los arrendadores notificarían con treinta días de anticipación al banco antes de proceder contra la arrendataria en caso de incumplimiento y extendía al banco el privilegio de evitar las consecuencias de tal incumplimiento mediante el pago de los plazos insolutos dentro del período precitado.

La arrendataria otorgó pagarés por dinero anticipádole por el banco. Algunos de estos pagarés fueron endosados por el banco a la Baltimore Trust Company. Posteriormente esta compañía y el banco incoaron acción en cobro de estos pagarés contra la arrendataria. La demanda contenía una alegación relativa a la existencia de un gravamen por refac-ción agrícola sobre unas dos mil cnerdas de caña de azúcar en estado de crecimiento y sobre el azúcar qne las 'mismas produjesen. Contenía otra alegación por información y creencia respecto a la continuada existencia del contrato de arrendamiento. Se bizo a los arrendadores partes demanda-das. Se solicitaba la ejecución del gravamen, la venta de la caña o del azúcar que la misma produjera y que se dictara cualquier otro decreto que correspondiera a. los derechos de los arrendadores.

Los demandantes solicitaron entonces el nombramiento de un síndico. Después de hacer una reseña de las alegaciones de su demanda, ellos adujeron en su petición lo siguiente:

* # « o « **
“i. Que dichas fincas las tenía 'arrendadas 'Garzot & Fuertes de sus respectivos dueños al momento de celebrarse el referido con-trato de refacción entre The United Porto Rican Bank y ‘Garzot & Fuertes’, y bajo información y creencia se alega que dichos contra-tos todavía están vigentes, no habiendo sido parte las demandantes en ninguna rescisión de dichos contratos, ni por convenio ni por pro-cedimiento judicial.
“7. Que desde principios del mes de noviembre de 1932 ni la de-mandada ‘Garzot & Fuertes’, ni los dueños de las fincas, ni ninguna otra persona, han prestado atención al cultivo y administración de dichas plantaciones de cañas, encontrándose las mismas en un estado de abandono desde dicha fecha hasta la actualidad, y como -resul-tado de dicha falta de atención y cultivo, dichas cañas han sufrido en su valor y continúan sufriendo, hallándose dichas plantaciones en el día de hoy notablemente necesitadas de inmediata atención y cultivo para evitar su pérdida en casi la totalidad de su valor.
“8. Que la demandada ‘Garzot & Fuertes’ es insolvente y no tiene fondos, recursos ni equipo suficiente necesarios para prestar la debida atención al cultivo y administración de dichas cañas, ni tampoco puede dicha demandada levantar los fondos ni- conseguir los necesarios re-cursos y equipo al efecto, ni ha demostrado intención alguna de pres-tar la debida atención al cultivo y administración de las mismas; y se alega bajo información y creencia, que los dueños de las respectivas fincas tampoco pueden prestar la debida atención al cultivo y admi-nistración de dichas cañas por falta de fondos, recursos y equipo necesarios, y que siendo muchos de los dueños mujeres, menores de edad y personas sin experiencia y conocimientos en negocios agrícolas, tampoco se hallan competentes y capacitados para afrontar dicho cul-tivo y administración.
“9. Que varias personas, pretendiendo tener la autoridad corres-pondiente, han prohibido a la demandante, The United Porto Riean Bank, entrar en dichas -fincas para encargarse del cultiv'o y adminis-tración de dichas cañas para evitar su pérdida, aunque dicha deman-dante está y siempre ha estado dispuesta a entrar en las fincas y prestar la debida atención al cultivo y administración de dichas cañas sin perjuicio a la demandada ni a los dueños de dichas fincas, y dicha demandante, The United Porto Rican Bank está, y siempre ha estado, dispuesta a pagar a los dueños de dichas fincas la parte proporcional de los cánones de arrendamiento correspondiente a la parte de dichas fincas que se halla sembrada en cañas y que sea necesaria para dichos cultivo y administración, desde la fecha de la entrada de dicha de-mandante, o desde la fecha de la entrada del síndico cuyo nombra-miento se solicita en esta solicitud.
“10. Que según la cláusula ‘K’ de la referida escritura No. 33 de 29 de julio de 1931, otorgada ante el notario Walter L. Newsom, Jr., en cuya escritura está consignado -el referido contrato de refacción, la demandante The United Porto Rican Bank, y/o los tenedores de los pagarés refaccionarios que se expidieron de acuerdo con los términos de dicho contrato y en que se basa la reclamación de este litigio, tienen derecho, en caso de que se dejaren ele pagar dichos pagarés en el día de su vencimiento, o sea el día 30 de junio de 1932, a entrar en posesión de las referidas plantaciones de cañas para hacerse cargo de la administración y cultivo ele las mismas, o el derecho de pro-ceder judicialmente al cobro de dichos pagarés y obtener el nombra-miento de un síndico para tomar posesión de dichas plantaciones de cañas y administrarlas de acuerdo con las órdenes de la corte, sin prestar fianza para conseguir el nombramiento de tal síndico.
“11. Que según el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente en una acción entablada por un acreedor para someter a su reclamación cualesquiera bienes o fondos, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos o producto de los mismos sea presumible, siempre que-se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir daños de consideración, como ha ocurrido y está ocurriendo en este caso.
“12. Que bajo información y creencia se alega que la demandada ‘Garzot & Fuertes’ ha faltado al pago de cánones de arrendamiento a los dueilos de las referidas fincas y que no se lian pagado las contri-buciones sobre dichas fincas por considerable tiempo, y que debido a la falta de, pago de dichos cánones, los dueños no están recibiendo in-gresos algunos de sus propiedades, cuya circunstancia es perjudicial a dichos dueños, y mediante el nombramiento de un síndico esta situa-ción será aliviada desde la fecha de la entrada de dicho síndico.
“ 13. Que el nombramiento de un síndico en este caso será de gran beneficio a tocias las partes y no perjudica en manera alguna cuales-quiera derechos o preferencias o gravámenes que alguna de las partes tenga o pretenda tener, toda v'ez que dentro de este pleito todas dichas cuestiones de preferencia pueden resolverse dentro de esta sindi-catura, y toda vez que el producto de la sindicatura se depositará en esta Corte pendiente ele'dichas resoluciones, y por lo tanto, el nom-bramiento de dicho síndico tendrá el efecto de evitar la posibilidad de una multiplicidad de pleitos.
‘ ‘ 14. Que si esta corte accede a esta solicitud y en su virtud nom-bra un síndico aceptable a las partes demandantes, dichas partes pue-den asegurar que el síndico, mediante los correspondientes certifica-dos de sindicatura puede levantar los fondos necesarios para prestar-la debida atención al cultivo, administración y recolección de dichas cañas.
“16. Que las demandantes, en su carácter de acreedores refaccio-narios, tienen un gravamen, interés y derecho sobre y en las referidas plantaciones, por un valor en exceso aún del valor estimado de dichas plantaciones de cañas.”

Se solicitaba el nombramiento de un síndico “para que éste se posesione inmediatamente de las plantaciones de ca-ñas ya referidas y la parte de las referidas fincas necesaria para su administración, y que cuide, cultive, administre, re-colecte y baga moler las referidas plantaciones de cañas, y de acuerdo con las órdenes de esta corte venda los azúcares, producidos por dichas cañas, basta tanto se termine definiti-vamente este litigio, a fin de que lo que produzcan las refe-ridas plantaciones de cañas se aplique en la forma que dis-ponga esta Hon. Corte y para atender los gravámenes pre-ferentes que pesan sobre dichas plantaciones y en cumpli-miento de cualquier sentencia u orden que se dicte en este-caso, solicitando igualmente que esta corte confiera y conceda al referido síndico todas las facultades que a su juicio fueren procedentes y necesarias para el debido y eficiente funciona-miento de esta sindicatura y la debida protección de los bie-nes envueltos en la misma, así como la debida protección de los derechos de las partes envueltas en este litigio, con po-deres para emplear, dirigir y despedir empleados que sean necesarios, comprar materiales, alquilar equipo, coger dinero a préstamo mediante la expedición de los certificados de sin-dicatura que pueda autorizar esta Hon. Corte, celebrar o adoptar contratos y convenios sobre transporte y molienda de cañas, y en general, poderes y facultades para hacer todo lo necesario en su administración, con la obligación de hacer los informes que esta corte ordene, y rendir cuentas de su administración, todo de acuerdo con las órdenes de esta corte y la práctica que se sigue en tales casos.”

Los arrendadores en s/u contestación negaron la existen-cia de cualquier gravamen en favor del banco y alegaron que todo gravamen que el banco pudiera tener sobre las planta-ciones de caña o sobre el azúcar que las mismas produjeren, había caducado. Negaron la existencia de los arrendamien-tos al tiempo en que los demandantes radicaron su demanda, o en cualquier época posterior al Io. de septiembre de 1932, fecha en que se habían rescindido los predichos arrendamien-tos en lo que a los arrendadores y sus propiedades concernía. Alegaron además que a partir de la fecha últimamente men-cionada se hallaban en posesión material de dichas fincas, así como de la caña que se cultivaba en las mismas. Se solici-taba se desestimara el recurso en lo que a ellos se refería.

En una contrademanda los arrendadores alegaron que la arrendataria y el banco habían dejado de pag’ar ciertos cá-nones de arrendamiento y determinadas contribuciones sobre las fincas arrendadas; que como resultado de haberse dejado de satisfacer las contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico había embarg-ado esas fincas y estaba anunciando la venta de las mismas; que cada uno de los contratos de arrendamiento disponía: “que para que la corporación arrendataria incu-rra en mora es necesario que haya dejado de pagar dos trimestres del arriendo dentro de los treinta días después de vencido el segundo de los mismos, en cuyo caso solamente será que podrán los arrendadores proceder judicialmente contra la corporación arrendataria; pero antes es indispensable que los arrendadores notifiquen su intención por escrito a The United Porto Rican Bank, por lo menos con un mes de ante-lación dentro de cuyo plazo se podrán todavía pagar los trimestres en descubierto”; que los arrendadores habían noti-ficado al banco que la arrendataria había dejado de pagar las contribuciones y que como dichos cánones y contribuciones no habían sido pagados ni por la arrendataria ni por el banco, y toda vez que la arrendataria era insolvente, dichos arren-damientos habían quedado rescindidos de común acuerdo en-tre los arrendadores y la arrendataria con fecha Io. de sep-tiembre de 1932, y que los arrendadores habían tomado po-sesión material y absoluta de sus fincas respectivas, fecha desde la cual las ameritadas propiedades habían estado en posesión única y exclusiva de los aludidos arrendadores; que en septiembre 1, 1932, en que se dió posesión de las citadas fincas a los dueños de las mismas, habían en ellas ciertas plantaciones de caña de azúcar que no estaban aún en estado de • madurez; que no habiéndose cumplido los contratos de arrendamiento por la arrendataria y habiéndose rescindido los mismos y habiéndose devuelto las fincas a sus dueños, és-tos tomaron posesión de ellas como dueños únicos y exclusi-vos de dichas plantaciones de caña, así como del terreno y sus anexos; que a pesar de no haber sido satisfechos dichos cánones y contribuciones, el banco alegaba tener un gravamen refaccionario sobre dichas plantaciones de caña y que el citado gravamen era preferente al de El Pueblo de Puerto Rico por el importe de las tres últimas anualidades y la co-rriente no pagada; que el banco alegaba para sí y para otros el derecho a apropiarse de dichas plantaciones de caña y del azúcar que las mismas produjeren sin obligación alguna de pagar los cánones vencidos e insolutos hasta el Io. de septiem-bre de 1932; que el banco había reconocido su obligación de pagar a los contraclemaiidantes el valor razonable del uso de aquellos terrenos ocupados por las plantaciones de caña o de los que se utilizaren para el cultivo o recolección de las mis-mas, pero se babía negado a convenir con los contrademan-dantes respecto a cuál sería dicbo valor razonable, así como a pagar a los contrademandantes cualquier suma por el valor razonable del uso y ocupación de sus fincas durante el cultivo o recolección de dichas cañas; que como consecuen-cia del referido derecho o gravamen alegado por el banco, a los contrademandantes les había sido imposible levantar fon-dos para la recolección de dichas cañas, que estaban madu-ras y en condiciones de ser molidas; y que si no eran moli-das inmediatamente los contrademandantes sufrirían graves daños. Se pedía se dictara un decreto así:

“(1) Que los contrademandantes sou los únicos o exclusivos due-ños de las plantaciones de cañas existentes en sus respectivas fincas, descritas en el párrafo dos de la demanda enmendada y en los Fjxhibits ‘A’ y ‘B’, y como tales dueños tienen derecho a recibir el valor total de los azúcares que las mismas puedan producir en la zafra de 1938 y venideras;
“(2) Que no existe gravamen (lien) o derecho' preferente alguno a fav'or de The United Porto Rican Bank, o a favor de cualquiera otra persona, corporación o entidad sobre o con relación a las planta-ciones de cañas existentes en las fincas de los demandados que se des-criben en el párrafo segundo de la eontrademanda, con excepción del gravamen (lien) o derecho preferente a favor de El Pueblo de Puerto Rico para el pago de contribuciones impuestas con relación a cada una de dichas propiedades;
“(3) Que en tanto se resuelve por esta Hon. Corte a quien co-rresponden dichas cañas y los derechos de las partes con relación a las mismas, se nombre un síndico (receiver) para que se posesione inme-diatamente de dichas plantaciones de cañas con el fin de recolectarlas y conseguir que se muelan 3^ vender los azúcares producidos por las mismas en la forma que disponga esta Hon. Corte con poderes para emplear, dirigir 3^ despedir los empleados que sean necesarios, com-prar o alquilar elementos de recolección, materiales >r equipos, y de tomar dinero a préstamo mediante la expedición de certificados de sindicatura (receiver’s certificates) con instrucciones de levantar fon-dos inmediatamente con tales certificados para pagar todas las con-tribueiones adeudadas o vencidas contra dichas fincas; de celebrar con-tratos sobre transporte y molienda de cañas y en general con todos los derechos y facultades inherentes para la debida administración y reco-lección de dichas cañas y la venta de dichos azúcares, todo con la oblig’ación de hacer los informes que esta Corte ordene, y rendir cuentas de su administración;
“(4) Conceder cualquier otro remedio que estime propio, y . . .”

Al mismo tiempo los contrademandantes radicaron una petición solicitando el nombramiento de un síndico. Kilos hicieron que su contestación y contrademanda formaran parte de la petición. En ésta los contrademandantes alegaron que si bien era cierto que se hallaban en la posesión física de sus respectivas propiedades y de las plantaciones de caña, el banco alegaba e insistía en que ellos no disfrutaban tal pose-sión, que no eran dueños de la caña de azúcar, y que tenía un crédito refaccionario sobre dicha caña superior a cual-quier derecho poseído por los contrademandantes, ya fuere como dueños del terreno o como dueños de la caña, y superior también al gravamen de El Pueblo de Puerto Eico por el importe de las contribuciones de las tres últimas anuali-dades y la corriente no pagada; que como resultado de estas reclamaciones hechas por el banco y sus cesionarios, a los peticionarios les había sido imposible obtener dinero alguno sobre dicha finca para el pago de las contribuciones o para la recolección de la caña; que el Tesorero había embargúelo las fincas de los peticionarios y había anunciado una subasta para el 20 de febrero, a menos que se nombrara un síndico con facultad para tomar dinero a préstamo mediante la ex-pedición de certificados de sindicatura, a fin de pagar las aludidas contribuciones y los gastos en que se incurriere; y por información y creencia alegaban que el banco y/o sus cesionarios tenía la intención de adquirir directa o indirec-tamente en la subasta las fincas de los peticionarios.

El día de la vista en la corte de distrito, o sea el 17 de febrero, después de declararse sin lugar una moción para que se pospusiera la vista, los demandantes retiraron su petición sobre nombramiento de síndico y excepcionaron la petición de los contrademandantes. La vista entonces prosiguió so-bre la petición de los contrademandantes y la excepción in-terpuesta a la misma, y el juez de distrito, después de oír las argumentaciones de los letrados de ambas partes, nom-bró un síndico. La parte dispositiva de su orden lee en parte como sigue:

“Se decreta y ordena, además, que el referido síndico tenga las siguientes facultades: para cuidar, cultivar, administrar, recolectar y hacer moler las plantaciones de cañas -existentes en las referidas fincas, y al efecto para que celebre los contratos que sean necesarios sobre molienda y transporte de dichas cañas.
“Se decreta y ordena, además, que dicho síndico tendrá y por la presente se le confieren facultades para tomar dinero a préstamo y ex-pedir y entregar como evidencia de tales préstamos certificados de sindicatura {receiver’s certificates), los cuales habrán de ser recogi-dos o satisfechos por el síndico de los primeros fondos que obtenga como resultado de la venta de los azúcares producidos por dichas cañas, con cuyos dineros o fondos tomados a préstamo el síndico habrá de satisfacer en primer lugar todos los créditos a fav'or de El Pueblo de Puerto Rico que estuvieren vencidos por el importe de las tres úl-timas anualidades de contribuciones impuestas sobre todas y cada una de dichas fincas y por la corriente no pagada, así como los gastos indispensables para atender a la administración, cultivo, cuido, y re-colección de dichas plantaciones de cañas.
“Y se autoriza, además, al síndico-a celebrar con el Tesorero de Puerto Rico un convenio, si es posible, para dejar sin efecto la subasta de las fincas de los contrademandantes que está señalada para el 20 del corriente, bajo la condición de que todas las contribuciones adeudadas serán pagadas por el síndico con los primeros fondos que entren en su poder.”

La diferencia esencial existente entre los poderes aquí conferidos al síndico y los enumerados en la súplica de la petición de la parte demandante para qne se nombrara un síndico, se baila en la disposición relativa al pago de las con-tribuciones atrasadas y en la autorización para celebrar un contrato con el Tesorero de Puerto Pico sobre tal pago. Po-dría admitirse que los demandantes estaban en el ejercicio de sus derechos al retirar su petición para el nombramiento de tin síndico y al oponerse a la petición de los contra-demandantes. Empero, la petición de la parte demandante no quedó extinguida. Subsistía como un documento del caso. Los demandantes aun estaban obligados por las admisiones y declaraciones de hedió en ella contenidas. Los contrade-mandantes tenían derecho a asumir que su petición sería in-terpretada y considerada a la luz de aquellas alegaciones in-controvertidas que contuviera la petición de los demandantes.

Hemos leído la mayoría de los casos citados en apoyo del texto en Clark on Receivers, tomo 1, pág. 125; 23 R. ü. L. 15, sección 9; y 53 C. J. 30, sección 15, en que se fundan los peticionarios en el presente recurso de certiorari. No tene-mos acceso a 19 N. J. Eq. El caso presentado por los con-trademandantes es excepcional. No cae dentro del razona-miento o del principio de las decisiones que sostienen que bienes en poder del dueño no serán puestos en manos de un síndico. En el presente caso la posesión de los contrade-mandantes era fútil, ineficaz y vana. Ellos estaban en po-sesión de propiedad susceptible de deterioro, o sea caña de azúcar lista para ser molida, que valía muchos miles de dó-lares y que carecería de valor a no ser que se cortara y mo-liera prontamente. Debido al procedimiento iniciado por los demandantes, las manos de los contrademandantes quedaron atadas. Se hallaban tan indefensos ante esta inminente pér-dida como lo hubiesen estado si la propiedad se hubiera ha-llado en poder de los contrademandados y estuviera próxima a ser destruida o disipada por ellos. Tal posesión por parte de los contrademandantes no era óbice para el nombramiento de un síndico, si este caso, fuera de la cuestión relativa a la posesión, era uno adecuado para ello.

El artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil auto-riza el nombramiento de un síndico en una acción entablada “por un acreedor para someter a su reclamación cualesquiera bienes o fondos, o entre socios, u otras personas que en co-mún posean o estén interesadas en bienes o fondos, mediante solicitud del demandante o-de cualquiera parte, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos o productos de los mis-mos sea presumible, siempre crae se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir da-ños de consideración.” También autoriza tal nombramiento “en todos los demás casos en que como basta el presente se ban nombrado sñidicos, conforme a los usos de las cortes de equidad.” En el presente caso los demandantes son acree-dores que ban incoado un procedimiento para que ciertas co-sechas estén sujetas a -su reclamación. Hicieron partes de-mandadas a los dueños del terreno. Aun en la teoría de los demandantes de que existía un arrendamiento, estos dueños, como arrendadores, tienen un gravamen sobre la caña de azúcar para garantizarles el pago de los cánones, el que de conformidad con los términos del contrato de arrendamiento mismo incluye también las contribuciones. El artículo 182, supra, autoriza el nombramiento de un síndico, bien a solici-tud de'un demandante “o de cualquiera parte, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos o productos de los mis-mos sea presumible, siempre que se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir da-ños de consideración.” Los demandantes mismos alegan que la plantación de caña no ha recibido cuido alguno desde no-viembre, que la arrendataria se halla insolvente y no está en condiciones de cultivar o recolectar la caña, que los arren-dadores y dueños del terreno están igualmente impedidos de actuar y que a menos que se haga algo para remediar esta situación inmediatamente el resultado será una pérdida casi total de la cosecha.

Los dueños del terreno no son solamente demandados con un interés presumible en la cosecha, como arrendadores, (si la teoría de los demandantes es correcta), sino que también son contrademandantes. En este carácter, ellos alegan tener, no un mero interés en las cosechas, sino un derecho exclu-sivo de propiedad. Dicen que el arrendamiento quedó res-cindido mediante convenio celebrado entre los arrendadores y la arrendataria, después de haberse notificado al banco que la arrendataria había dejado de pagar los cánones de arren-damiento y que el banco y sns cesionarios habían perdido cualquier gravamen que hubiesen podido tener sobre la co-secha. No obstante, ellos alegan que en vista de la actitud y actuación del banco al sostener su derecho, a ellos les ha sido imposible levantar fondos para recolectar la caña sobre la cual los demandantes alegaron tener un gravamen, y que si no se corta y muele esta caña inmediatamente sufrirán graves perjuicios. La sección 3 de la ley sobre contratos de refacción agrícola, según fué enmendada en 1925 (Leyes de ese año, pág. 347), dispone que el contrato de refacción agrí-cola celebrado con un arrendatario no podrá extenderse más allá del término y condiciones del arrendamiento, mas dice que “En caso de que el arrendatario o usufructuario por cual-quier título no cumpla sus obligaciones para con e1 dueño o representante de la propiedad, el acreedor refaccionario po-drá, al tener conocimiento de ello, cumplir tales obligaciones por cuenta del deudor y con cargo al crédito de refacción agrícola.” La teoría de los contrademandantes es que el banco renunció o perdió su gravamen por haber dejado de pagar las rentas al ser notificado del incumplimiento de la arrendataria, dejando así de restaurar el status quo, tal como lo hizo Molina en el caso de Molina v. Muñoz, 31 F. (2d) 727.

Conforme hemos demostrado, los contrademandantes también alegan la existencia de un gravamen por concepto de contribuciones superior a cualquier gravamen que puedan tener los demandantes sobre la caña de azúcar en cuestión. El artículo 291 del Código Político (Compilación de 1911, sección 2943) eximqde tributación “ (h) Los frutos por cosechar y productos de la tierra que sean precisamente propiedad del productor y mientras estén en poder de éste.” Según demuestra el contexto y especialmente el inciso (m), esto no significa necesariamente que las cosechas, como parte del terreno que las produce, no estén sujetas a un gravamen por concepto de contribuciones sobre el terreno. La sección 4 de la Ley sobre contratos de refacción agrícola, según fné en-mendada en 1925 (leyes de ese año, págs. 347, 349), da al crédito de refacción agrícola preferencia sobre todos los cré-ditos posteriores “excepción Lecha de los créditos por con-tribuciones a favor de El Pueblo de Puerto Rico, según lo dispone la ley.” La sección 15 de la misma ley, según fué aprobada en 1910, enmendó el artículo 1824 del Código Civil (hoy artículo 1823 de la edición de 1930), en tal forma que el crédito por refacción agrícola estuviese subordinado sola-mente al crédito por contribuciones, pero de todos modos su-peditado a dicho crédito.

Los letrados de los contrademandantes no están de acuer-do con la teoría de una empresa común, conforme se expone en el caso de Molina v. Muñoz, supra, pero alegan quo aun si fuera correcta el dictum en dicho caso y fuese aplicable a los hechos del presente, subsiste la cuestión de quién debe pagar las contribuciones.

No podemos convenir con los letrados de los demandantes, peticionarios en el presente recurso, en que el nombramiento de un síndico era nulo por falta de jurisdicción. Nos incli-namos a convenir con los letrados de los contrademandantes en que las cosechas están sujetas al gravamen por contribu-ciones v que por lo menos parte de las contribuciones puede muy bien ser pagada por el síndico del producto de la cose-cha. Evidentemente, la orden de la corte debió haber sido más específica en algunos respectos, pero los letrados de los contrademandantes dicen que este defecto ha sido subsanado por un contrato celebrado por el síndico con el Tesorero de Puerto Rico. Quizá la corte de distrito debió haber orde-nado solamente que el síndico pagara cierta parte de las con-tribuciones. Esta es cuestión que puede depender en parte de hechos y circunstancias que los autos no revelan. El auto de certiorari fué librado con el fin de determinar si la corte de distrito se excedió o no en sus facultades al nombrar un síndico. Otras cuestiones de menor importancia que no apa-recen haber sido discutidas adecuadamente durante la vista celebrada en la corte de distrito, pueden ser presentadas más ampliamente al juez de distrito y no es necesario resolverlas ahora.

Debe amolarse él auto expedido.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Cándido González, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Río Piedras, Hon. F. Marchán, Juez, demandada y apelada.
    No. 5886.

    Sometido: Diciembre 2, 1932.

      Resuelto: Abril 5, 1933.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; H. Torres Sola, abogado del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una corte de distrito libró auto de certiorari para revisar la orden de una corte municipal dejando sin efecto un embargo, y después de una vista anuló el auto. No hubo con-troversia respecto a la jurisdicción de la corte municipal y la corte de distrito resolvió que no se cometió error de pro-cedimiento alguno. A nuestro juicio, la corte de distrito pro-cedió acertadamente a este respecto.

La moción para anular el embargo se basaba en falta de una fianza suficiente. Tres días antes de la vista, el deman-dante radicó moción para que se aprobara una fianza substi-tuía que se acompañó a la moción. El juez municipal ordenó que se notificara la moción al demandado y que se fijara día para una vista. Ni se hizo notificación ni se fijó día.

Una vez celebrada la vista de la moción para anular el embargo, el jaez municipal se reservó su resolución y señaló un día para emitir su fallo. Ambas partes comparecieron por sus abogados en ese día y el juez pospuso su decisión para otra fecha. En esa fecha los abogados de las partes comparecieron de nuevo y el juez nuevamente fijó otro día. En ese día las partes comparecieron otra vez y el juez nue-vamente pospuso su fallo sin indicar cuándo lo daría. Nada hay que demuestre que en cualquiera de esas ocasiones el de-mandante hiciese referencia alguna a su moción sqlicitando que se aprobara una supuesta fianza para sustituir la origi-nalmente prestada, o que pidiera permiso para enmendar' el juramento de la justificación de garantía que el demandado había impugnado mediante una moción para que se anulara el embargo. En otra moción el demandado llamó la atención del juez municipal hacia la sección 14 de la Ley para asegu-rar la efectividad de sentencias, aprobada el Io. de marzo de 1902 (Estatutos Revisados de 1911, sección 5246), que re-quiere una decisión inmediata de cuestiones como las susci-tadas por la moción anterior del demandado, y pidió que esa moción fuese resuelta. El juez municipal entonces anuló el embargo.

Si el demandante interesaba que se resolviese su moción, debió haber procedido de acuerdo con la sección 14, supra, y a tono con la orden dictada por el juez municipal al radi-carse esa moción. Si deseaba una oportunidad para enmen-dar las declaraciones juradas de -que se trata, debió haber solicitado tal oportunidad. El no puede mantener esas cues-tiones ocultas ínterin se resuelve la única cuestión ante la corte y obtener entonces la revocación del fallo porque la corte municipal no ordene o sugiera, de propia iniciativa, una enmienda a las declaraciones juradas defectuosas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Quintana Racing Park, Inc., demandante y apelante, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico y sus miembros J. F. Richardson, Pedro J. Barbosa, E. Gatell, J. Dávila Ricci y E. Méndez, demandada y apelada.
    No. 5926.

    Sometido: Febrero 7, 1933.

      Resuelto: Abril 6, 1933.

      M. A. Martínez Dávila, abogado de la apelante; Diego O. Marrero, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Quintana Bacing' Park, Inc., presentó en la Corte de Distrito de San Juan en septiembre de 1931 una petición de certiorari contra la Comisión Hípica Insular ale-gando que dicha comisión impuso una multa de $200 a la cor-poración peticionaria por infracción del artículo 144 del re-glamento de dicha comisión, según el cual los cuadros y pa-peletas utilizados para el juego llamado pool en los hipódro-mos deben ser conservados por sesenta días: que esa reso-lución fue objeto de un recurso de injunction cuya sentencia ha sido apelada: que después de haber sido declarado sin lugar ese injunction por la corte de distrito, la Comisión Hí-pica dictó otra resolución requiriendo a Quintana Bacing Park, Inc., para que pague los |200 de multa en el término de cuarenta y ocho horas, apercibiéndola de que ’si no los hacía efectivos le suspendería la licencia de su hipódromo: qne la referida comisión no tiene poderes judiciales para ha-cer efectivo el cobro de la multa que impuso, por lo que ten-drá que promover un procedimiento ante la Corte de Distrito de San Juan para cobrarla: y que al imponer esa multa ac-tuaba la Comisión Hípica Insular constituida en tribunal para juzgar una supuesta infracción a su reglamento. La corte expidió el auto de certiorari solicitado pero después, a instan-cia de la Comisión Hípica Insular, lo dejó sin efecto; senten-cia que motiva esta apelación interpuesta por la corporación.

Los motivos alegados por la parte apelante en apoyo de su recurso son dos: 1, que la corte inferior erró al declarar que la resolución dictada por la Comisión Hípica no es revisable por certiorari; y 2, que también erró al resolver que la comisión tenía facultades para dictar la orden de requeri-miento de pago.

La cuestión fundamental es si la orden de la Comisión Hípica de requerimiento de pago de la multa que había impuesto en resolución anterior es revisable por certiorari interpuesto contra dicha comisión.

La apelante admite que la Ley Hípica de 1927 con sus enmiendas de 1929, que estaba vigente cuando presentó su solicitud de certiorari, derogó expresamente la ley anterior de 1925 que concedía recurso de certiorari especial para anu-lar o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la Comisión Hípica Insular, pero sostiene que no es ése el recurso de certiorari por ella interpuesto sino el clásico que .concede la ley de 1904 (Estatutos Revisados 1349) autori-zando auto de certiorari expedido por un tribunal superior a otro inferior, porque la resolución objeto de su recurso fue dictada actuando la Comisión Hípica en funciones cuasi ju-diciales, en cuyo caso dice ser procedente dicha clase de re-curso.

La ley de 1904 sólo concede la expedición del auto de cer-tiorari por un tribunal superior a otro inferior en asuntos de dicho tribunal, por lo que no siendo la Comisión Hípica Insular un tribunal de justicia no estaba autorizada la Corte de Distrito de San Juan para librar dicho auto contra la Comisión Hípica Insular y procedió correctamente al dejar sin efecto el auto que había expedido. En el caso de Texas Co., Inc. v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 40 D.P.R. 477, en el que se trataba de un recurso de certiorari clásico interpuesto contra resolución dictada por dicha comisión en funciones que se alegaban ser cuasi judiciales, este tribunal, después de copiar la definición de dicho auto según se halla en la ley de 1904, dijo que era evidente que esta clase de autos es aplicable solamente para revisar las actuaciones de las cortes y que si bien se invocaban los poderes inherentes de las cortes, cuando la Legislatura se ha expresado en la forma en que lo hizo en la ley general de certiorari, no hallaba jus-tificación alguna en ella para revisar actuaciones de juntas creadas por la Legislatura, diciendo después que las cortes en Puerto Pico no son cortes de derecho común. Cuando existe estatuto regulando la expedición del auto de certiorari su expedición es procedente solamente de acuerdo con sus disposiciones y no son aplicables las reglas del derecho co-mún. Así, en el caso de Degge v. Hitchcock, 35 App. (Dist. of Columbia) 226, se declaró que por no existir estatuto en el Distrito de Columbia regulando el auto de certiorari había que acudir a la ley común que lo autoriza contra cortes in-feriores y contra tribunales especiales que ejercen funciones cuasi judiciales. Cuando la Legislatura ha querido que las resoluciones de comisiones o juntas sean revisables por las cortes mediante auto de certiorari lo ha dicho expresamente. Además, la resolución objeto de la petición de certiorari en este caso no fué dictada por la Comisión Hípica Insular en funciones cuasi judiciales sino administrativas o ejecutivas para cumplimiento de su resolución anterior. En verdad la resolución que tendría carácter cuasi judicial fué la anterior imponiendo la multa, que no ha sido objeto del certiorari sino de un recurso de injunction. Por otra parte, la licencia del hipódromo no ha sido suspendida pues lo que hace la resolu-ción es apercibir con tomar tal decisión; y cuando se sus-pende tal licencia existe entonces recurso ordinario de ape-lación contra tal suspensión, seg’ún la sección 12 de la ley de 1927, no enmendada por la de 1929.

En vista de la conclusión a que llegamos es innecesario resolver el segundo motivo del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Da-vila están conformes con el resultado.


author: El Juez Presidente Señor del T-oro, DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

text:
    Carlos Sabater García, demandante y apelado, v. The Union Central Life Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 5802.

    Sometido: Enero 18, 1933.

      Resuelto: Abril 6, 1933.

      Manuel F. Rossy, Art envió P. Rodríguez y Adrián Agosto, abogados i de la apelante; José Sabater, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del T-oro,

emitió la opinión del tribunal.

Yersa este pleito sobre nulidad de un ejecutivo hipoteca-rio. Se sostiene en la demanda, en resumen, que la deman-dada, The Union Central Life Insurance Company, presentó en junio de 1926 en la Corte de Distrito de Mayagüez una “moción para requerimiento de pago” alegando que Carlos Sabater, el demandante, y su esposa, habían constituido a su favor una hipoteca sobre cierta ñuca rústica por $10,000 de capital, $13,491.80 de intereses y $500 para costas, dividida en veinte pagarés anuales de $1,174.59 cada uno, a vencer el primero en noviembre de 1921; que el deudor no había pa-gado ningún plazo por lo que se consideraba vencida la deuda, especificándose los plazos y los intereses y terminando con el siguiente “Resumen: Capital $14,666.11, Intereses $7,996.25, Costas y Honorarios $500”, alegando que la suma, $23,162.36, ei-a la que se debía; que de acuerdo con lo solicitado la corte por orden de 2 de junio, 1926, dispuso que se requiriera de pago al deudor y así lo hizo el marshal catorce días después; que The Union Central Life en septiembre 26, 1926, presentó una moción que no fué notificada al deudor ni de la cual tuvo éste conocimiento, manifestando que en la petición y orden de requerimiento hubo error en la suma de las cantidades por intereses por lo que presentaba una liquidación corregida que ascendía a $18,355.21, pidiendo que la finca hipotecada se vendiera en pública subasta para el pago de la deuda según la última liquidación; que la corte por orden de octubre 15, 1926, dispuso en efecto que se vendiera la finca de acuerdo con la última liquidación, y que el márshal en noviembre 15, 1926, procedió a vender la finca hipotecada y en ese mismo día, sin notificar al demandante ni a su esposa y sin que éstos tuvieran conocimiento de ello, pidió a la corte que dictara una orden adicional enmendando la de remate para corregir las cantidades que definitivamente debían pagarse, rectificándose la liquidación de $18,855-21 por la de $19,054.96, ordenando la corte que el remate se verificara por la suma rectificada. Insiste el demandante en las diferencias observadas y alega por último que de acuerdo con la escritura de hipoteca la verdadera cantidad que adeudaba era el importe del prés-tamo $10,000, más los intereses sobre dicha suma al 10 por ciento anual, seis años, $6,000 y el importe de las contribu-ciones no satisfechas que no especifica. Termina suplicando que süe dicte sentencia declarando nulo el procedimiento eje-cutivo hipotecario; con costas a la demandada.

La contestación de la demandada ocupa cinco páginas en maquinilla. Es larga y confusa. Acepta las rectificaciones, las explica y sostiene que todo se hizo a las claras y sólo se cobró finalmente al demandante lo que realmente debía.

Fué el pleito a juicio y la corte lo falló en febrero 25, 1931, en contra de la demandada. Las conclusiones de de-recho en que basó su sentencia fueron:

“Primera: Habiéndose presentado la demanda ejecutiva alegán-dose que el deudor no había pagado ningún plazo y se inició el eje-cutivo por los primeros plazos vencidos no hay duda ninguna que la ejecutante sufrió una equivocación en el cobro de su crédito que ha viciado de nulidad todo el procedimiento por la razón de que si la cantidad total del préstamo con sus intereses acumulados por un término de 20 años monta según la escritura de hipoteca a $23,491.80, no es posible que cobrándose solamente cinco años de intereses por la falta de pago, ascendiera la cantidad reclamada a $23,162.36 o sea a casi la totalidad del préstamo con los intereses acumulados por 20 años. En realidad la ejecutante ha debido, por lo mismo que se trataba de una cantidad total de $23,491.80 que comprende capital e intereses acumulados por 20 años al 10 por ciento anual, des-componer la operación de préstamo y calcular únicamente los intere-ses por el tiempo transcurrido, que eran los que realmente se debían y en tal caso nunca hubiera llegado la cantidad reclamada a más de $15,000.00 de capital e intereses acumulados en cinco años y a esa cantidad habría que haberle, agregado el importe de las contribu-ciones satisfechas sobre la finca hipotecada por la corporación acree-dora ejecutante.
“Regwnña: Habiendo hecho requerir la ejecutante al deudor para el pago de una cantidad casi igual al montante del préstamo con los intereses acumulados por 20 años o sea por $23,162.36, y habiendo después obtenido que se anunciara el remate por una cantidad menor o sea por $18,855.21 y después y en el mismo día del remate, habiendo rectificado esa cantidad y adjudieádosc la finca hipotecada por una cantidad mayor que la anunciada en los edictos de subasta y menor que la ordenada en el requerimiento de pago o sea por $19,054.96, no hay duda alguna que no se siguió el procedimiento mareado por la ley, habiéndose además incluido en esa cantidad de la adjudica-ción $500 para costas y honorarios de abogado de la corporación eje-cútante sin que se hubiera hecho tasación alguna de las costas real-mente causadas y de los honorarios que procedía se pagaran al abo-gado de la ejecutante.”

No conforme la demandada interpuso el presente recurso de apelación.

Examinados el legajo de ,1a sentencia y la exposición del caso resulta que en efecto se otorgó la hipoteca a que se re-fiere la demanda reconociendo el demandante deber a la de-mandada la suma de $10,000 que se comprometió a pagar con sus intereses que se calcularon y convinieron en $13,491.80 en veinte plazos anuales, suscribiéndose al efecto veinte pa-garés por $1,174.59 cada uno, que forman en junto el capital y los intereses indicados o sea la suma de $23,491.80.

Las partes contratantes estipularon que vencido un pagaré sin satisfacer se consideraría vencida toda la deuda, con el interés del 12 por ciento anual desde el vencimiento de cada pagaré. También que la compañía pagaría las contribucio-nes que dejara de satisfacer el deudor reintegrándose de ellas con el interés del 12 por ciento anual. Se fijó la suma de quinientos dólares para costas en caso de ejecución.

Cuando el procedimiento de cobro por la vía sumarísima que autoriza la Ley Hipotecaria se inició, se habían vencido cinco pag’arés. Se detalló cada uno en el escrito y se sumó su importe dando por resultado $5,732 porque al primero sólo se le asignó la suma de $1,033.64. A la suma se le adicionó la de $8,934.11 como resto del capital, obteniéndose el si-guiente resultado: $14,666.11. Entonces se especificaron los intereses devengados por cada uno de los pagarés vencidos y por el resto del capital, así:

“INTERESES:
“Del primer pagaré desde 1 noviembre del 21 a 1 abril del 26_ $547. 84
“Del segundo pagaré desde 1 noviembre 22 a 1 abril del 26_ 481. 58
“Del tercer pagaré desde 1 noviembre del 23 a 1 abril del 26__ 340. 63
“Del cuarto pagaré de 1 noviembre del 24 a 1 abril del 26_ 199. 68
“Del quinto pagaré de 1 noviembre 25 a 1 abril 26— 58. 73
“10 por ciento sobre el resto del capital de $8,934.11 de 1 noviembre 25 a 1 abril 26- 372. 25
“Suma_$7,732.71”

La suma tal como aparece se llevó al resumen a que nos referimos al extractar la demanda, obteniéndose la de $23,162.36, para el pago de la cual se requirió al deudor que abora establece este pleito de nulidad.

Basta revisar la suma de los intereses para concluir que no es la de $7,732.71, sino la de $2,000.71. Advertido el error, pidió el ejecutante su corrección como sigue:

“Resto del capital vencido- $8, 934.11
“Pagarés vencidos del 21 al 25- 5, 732. 00
“Redención y contribuciones_ 863.30
“Suma el capital_$15,529.41
“Intereses del resto del préstamo de los cinco pa-garés y de las contribuciones y redención de la finca_ 2, 825. 80
“Total_$18,355.21
' ‘ Y costas y honorarios_ 500. 00
“Total general_$18, 855. 21”

Se verá que se incluyen además $863.30 por redención y contribuciones e intereses de esa suma englobados en la par-tida de intereses por resto del préstamo y de los cinco paga-rés vencidos. Se acompañaron los documentos relativos a la redención de 1a. finca y pago de contribuciones. Todo sube a $18,855.21, en vez de los $23,162.36 del requerimiento.

La moción pidiendo la rectificación no se notificó al'deu-dor hipotecario y fué résuelta de conformidad.

Se publicaron los edictos anunciando la venta de la finca hipotecada en pública subasta especificándose la suma recla-mada de acuerdo con la rectificación.

En el mismo día de la subasta se hizo otra rectificación, a moción de la ejecutante no notificada al deudor, así:

“CapHal_ $8,652.93
“Contribuciones_ 863.30
“Intereses hasta el día del remate 15 noviembre
del 26_ 9,038.73
“Costas y honorarios_ 500.00
“Total_$19,054.96”

¿Convierten esas rectificaciones, hechas en la forma en que lo fueron, en nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido en este caso?

La inclusión de la partida de quinientos dólares para cos-tas v honorarios “sin que se hubiera hecho tasación alguna de las costas realmente causadas” ha dejado de tener impor-tancia después de la decisión de esta corte en el caso de Arsuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001, ratificada en decisiones pos-teriores.

El cobro de intereses se hizo de acuerdo con el contrato. No es como indica el demandante, a saber: seis años, seis mil dólares, o sea el diez por ciento sobre los diez mil pres-tados. Calculados los intereses se englobaron al capital y se pactó el pago de todo en veinte años suscribiéndose veinte pagarés. Vencido cada pagaré se convino el pago de intere-ses sobre la suma por él representada, a razón del doce por ciento anual.

En cuanto a las correcciones, después de un estudio cui-dadoso de los hechos, la ley y la jurisprudencia, nos inclina-mos a resolver que no producen necesariamente la nulidad del procedimiento.

La corte actuó con plena jurisdicción. La hipoteca que se ejecutó estaba debidamente otorgada. La deuda de acuer-do con lo pactado estaba vencida. El requerimiento se hizo como prescribe la ley. Es cierto que se requirió de pago por una cantidad mayor de la que se debía por intereses, pero bastaba una simple rectificación de la suma para concluir que se trataba de un mero error aritmético. El demandante no alegó que dentro del plazo del requerimiento ofreciera pagar lo que en verdad debía. Nada hizo. Dejó transcurrir el tér-mino v el procedimiento siguió adelante.

Advertido el error antes de publicarse los edictos, fué co-rregido. ¿Debió verificarse un nuevo requerimiento, sobre todo cuando se pedía la inclusión de las nuevas partidas so-bre redención y pago de contribuciones con intereses?

• La prudencia, la claridad que debe procurarse observar en todo procedimiento judicial, la oportunidad de actuar debida-mente que debe darse siempre a la parte contraria, sugieren una respuesta afirmativa, pero entendemos que en ausencia de perjuicio alguno, el solo hecho de la falta de la notificación cuando la rectificación en cuanto a los intereses surgía de los hechos mismos alegados en el escrito inicial y la adición so-bre el cobro de las contribuciones pagadas por el acreedor por haber el deudor dejado dé satisfacerlas, con sus intere-ses, no sólo estaba basada en los expresos términos del con-trato y en la ley, si que además comprobada con los docu-mentos acompañados a la moción según consta de la expo-sición del caso, no es bastante para anular el procedimiento.

Tampoco puede anularlo la segunda rectificación. Era innecesaria. Consistió en la inclusión de los intereses deven-gados hasta el momento de la subasta. La cantidad debida en octubre 15, 1926 en que se dictó la orden de remate era la de $18,855.21, y la cantidad por la que se adjudicó la finca al acreedor en el remate fué la de $19,054.96, o sea una dife-rencia de $199.75 a que montan los intereses devengados en-tre octubre 15, 1926, y el 15 de noviembre siguiente, día de la subasta.

Ningún derecho fundamental del deudor fué violado. La finca adjudicada finalmente en pago de $19,054.96 estaba va-lorada a los efectos del pago de contribuciones por su dueño en $12,640 y fué tasada por ambas partes al celebrarse el contrato en $15,000. Ningún perjuicio surge de los autos. Fuera de las indicadas rectificaciones, el procedimiento se ajustó a la ley. Un decreto de nulidad bajo tales circuns-tancias no es justo, a nuestro juicio.

Debe, en tal virtud, revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra declarando la demanda sin lugar, sin especial con-denación de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

OPINIÓN CON CURRENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

Cuando está envuelta una cuestión de contribuciones, al deudor debe dársele la oportunidad de satisfacerlas en el re-querimiento original. El que se dejara de hacerlo, sin embargo, no anuló, a mi juicio, el procedimiento ejecutivo en este caso. A lo sumo, si tales contribuciones no estaban ven-cidas, el deudor podría recuperarlas, tal vez aun del compra-dor. No creo que el procedimiento ejecutivo deba ser anu-lado por este defecto relativamente pequeño y convengo con la corte en que el error, si lo hubo, fué inofensivo. Según se dijo en la opinión de la mayoría, el contrato disponía el pago de contribuciones, y su cobro en este caso no perjudicó al deudor. En Carmen Gutiérrez Vda. de Crosas, v. María Longpré Benítez et al., resuelto el 16 de marzo, 1933, ante, pág. 667, quizás estuvimos un poco más en duda en cuanto al efecto de haberse dejado de incluir las contribuciones en el requerimiento original, pero tanto allí como aquí no surgió perjuicio alguno.