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author: PER CURIAM:

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text:
      In re Miguel A. Deynes Soto, querellado.

      Número: CP-1998-17

      Resuelto: 23 de marzo de 2005

      Carlos Lugo Fiol, procurador general, querellante; Pedro Ortiz Álvarez, Brenda A. Vera Miró y Alex M. López Pérez, abogados de la parte querellada; Elpidio Batista Ortiz, co-misionado especial.
   PER CURIAM:

El Ledo. Miguel Deynes Soto (el querellado o senador Deynes Soto) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de mayo de 1981. Posteriormente, el 28 de diciembre de 1983, le fue expedida la licencia para ejercer como notario.

Durante el período en que el querellado se desempeñaba como Senador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su oficina fue objeto de una auditoría realizada por la Oficina del Contralor. De la prueba recopilada por dicho funciona-rio surgió, en esencia, que el querellado incurrió en la prác-tica de contratar empleados fantasmas. Específicamente, la auditoría reflejó que el querellado solicitó la ubicación de la Sra. Guillermina Exclusa Torres —con quien había procreado una hija— en la Comisión de Gobierno del Se-nado, pero que ésta nunca rindió labores para dicho cuerpo legislativo. Además, que a pesar de que tenía en su nómina a la Srta. Gloria Feliciano Sánchez como empleada regular, ésta no realizaba dichas funciones, dedicándose principal-mente a cuidar a la hija del querellado y de la señora Ex-clusa Torres, así como a realizar labores domésticas en la casa de esta última. Asimismo, que empleó al Sr. Israel Vega Mercado —quien simultáneamente era empleado a sueldo de la empresa Saint James Security Services — para que rindiera labores en sus oficinas de Aguadilla y Mayagüez a base de un arreglo mediante el cual el señor Vega Mercado le daría la mitad de su sueldo al querellado. Como resultado de estos nombramientos, la auditoría con-cluyó que se pagaron sueldos y beneficios marginales pro-venientes del erario ascendentes a $183,924.

Durante el 1993, como consecuencia del informe rendido por la Oficina del Contralor, la Oficina del Fiscal Especial Independiente presentó acusaciones contra el querellado por sesenta y ocho cargos de violaciones a los Arts. 201 (apropiación ilegal agravada y 166(a) (aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos del Có-digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sees. 4272 y 4352. Sin embargo, tras varios trámites procesales, el querellado y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo mediante el cual el primero se declararía culpable de tres cargos por violación al Art. 216(k) del Código Penal (delito contra fon-dos públicos). Por cada uno de estos cargos se le impuso una pena de cuatro años, a ser cumplidos concurrente-mente con el beneficio de sentencia suspendida. Se le im-puso, además, una pena de restitución por la cantidad de $48,000.

No obstante el acuerdo, el 6 de marzo de 1998 el Procu-rador General presentó un Informe ante este Tribunal en el cual relacionó la conducta incurrida por el querellado. Debido a la seriedad de los hechos imputados, mediante Resolución de 9 de octubre de 1998, ordenamos a dicho funcionario formular la querella correspondiente.

El Procurador General cumplió con lo ordenado el 17 de diciembre de 1998. En el pliego presentado se le imputó al querellado haber incurrido en conducta violatoria a las dis-posiciones del Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual obliga a todo abogado a conducirse de forma digna y honorable, tanto en el desempeño de su profesión como en su vida privada. El Procurador General fundamentó su querella en que, a su entender, la evidencia recopilada por la Oficina de la Contralor y por el Departa-mento de Justicia demuestra que el querellado se benefició personalmente de los dineros del Pueblo de Puerto Rico. Además, señaló que existe prueba suficiente para estable-cer que el querellado cometió los delitos imputados origi-nalmente, y que a pesar de que éste nunca resultó convicto por éstos, se puede concluir que incurrió en conducta delic-tiva de carácter grave y constitutiva de depravación moral.

Así las cosas, el 28 de enero de 1999 el querellado com-pareció ante nos mediante un escrito intitulado Contesta-ción a Querella, en el cual negó las alegaciones del Procu-rador General. Indicó, además, que los cargos por los que se declaró culpable no se relacionan con el ejercicio de la profesión legal y no implican depravación moral. El quere-llado presentó también la defensa de incuria y la de cosa juzgada, además de invocar que una acción disciplinaria en esa etapa le violaría su derecho a un debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes.

El 26 de febrero de 1999 emitimos una resolución en la que nombramos al Ledo. Elpidio Batista como Comisio-nado Especial. Sin embargo, luego de aproximadamente dos años fungiendo como tal, el licenciado Batista nos soli-citó que lo relevásemos de dicha encomienda. Mediante Re-solución de 30 de marzo de 2001, declaramos “con lugar” la petición del licenciado Batista y nombramos al Ledo. Wilfredo Alicea López como su sustituto.

Tras las audiencias de rigor, el 25 de febrero de 2003 el Comisionado Especial nos remitió su Informe sobre la querella de epígrafe. En éste, el honorable Comisionado determinó, basándose en la prueba testifical desfilada, lo siguiente:

1. No puede inferirse con razonable certeza que la Sra. Guillermina Exclusa Torres no realizaba labores en la Co-misión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, que presi-día el entonces senador Mariano Ríos, ya que la prueba fue insuficiente.

2. Tanto de la prueba testifical como documental puede razonablemente concluirse que la Sra. Gloria Feli-ciano Sánchez, aunque era empleada regular del Senado, apenas realizaba trabajos para dicho cuerpo; asimismo, que se dedicaba principalmente a cuidar a la hija del que-rellado y a realizar labores domésticas en la casa de Gui-llermina Exclusa Torres.

3. Que Israel Vega Mercado rindió labores para el Se-nado de Puerto Rico en las oficinas del senador Deynes Soto a base de un horario flexible e irregular, pero más o menos continuo y periódico, por cuya labor recibía una compensación. Igualmente, que entre el señor Vega Mercado y el senador Deynes Soto hubo un acuerdo verbal me-diante el cual el primero compartía su salario con el segundo.

4. Del testimonio ofrecido por los testigos del quere-llado se desprende que éste era un Senador muy laborioso, capacitado y dedicado.

5. Aunque para la fecha de los hechos existían normas y procedimientos para reglamentar la asistencia del personal de las oficinas de distrito de los senadores, éstas no se implementaban con rigurosidad y no se fiscalizaba la asis-tencia, sino que ésta se dejaba a la sana discreción de los propios senadores.

6. Respecto al personal de campo utilizado por los se-nadores, era difícil y complicado fiscalizar la labor rendida, pues no se le requería asistir diariamente a las oficinas para registrar su asistencia, y que la rendición de labores de dicho personal también se dejaba a la sana discreción de los senadores.

7. La transferencia de personal en las oficinas del Se-nado, así como la utilización del presupuesto de un senador para sufragar los gastos de otro, cuando el presupuesto de éste se le terminaba, estaba permitido en el Senado y no se consideraba una violación legal ni reglamentaria. Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 22-25.

A base de estas determinaciones, el honorable Comisio-nado Especial recomendó imponerle al querellado una fuerte censura y suspenderlo temporeramente del ejercicio de la abogacía.

En desacuerdo con las recomendaciones vertidas, el Pro-curador General presentó un escrito en oposición. Explicó que existía prueba clara, robusta y convincente para con-cluir que el traslado que el querellado le gestionara a la Sra. Guillermina Exclusa Torres fue con el único objetivo de ocultar la realidad de que ésta no rendiría servicio al-guno al Senado. Sobre ese aspecto, el Procurador General cuestionó cómo puede explicarse que ningún testigo pudo dar fe de que la susodicha trabajara alguna vez para el senador Mariano Ríos Ruiz. Asimismo, sostuvo que la prueba en cuanto a las labores que realizaba la Sra. Gloria Feliciano Sánchez para beneficio personal del querellado, así como el hecho incontrovertido de que éste acordara con el Sr. Israel Vega Mercado compartir el sueldo del segundo, son prueba de que el querellado incurrió en actos constitu-tivos de apropiación ilegal de fondos públicos, delito grave que implica depravación moral. Por ello, nos pidió que eli-minásemos las recomendaciones del honorable Comisio-nado Especial.

Tras solicitar y revisar la transcripción de la vista cele-brada ante el Comisionado Especial, el querellado compa-reció mediante un escrito intitulado Oposición del Quere-llado al Informe del Procurador General y Réplica a Comparecencia del Procurador General, presentado ante nos el 8 de agosto de 2003. El querellado objetó algunas de las determinaciones alcanzadas por el Comisionado Especial, por entender que no se sostienen a base de un están-dar de prueba clara, robusta y convincente. Del mismo modo, atacó la credibilidad del Sr. Israel Vega Mercado, catalogándolo como un “mentiroso patológico” que produjo su testimonio incriminatorio contra el querellado luego de que se le apercibiera de que sería procesado criminalmente. Asimismo, en cuanto a lo señalado sobre la Sra, Guillermina Exclusa Torres, el querellado indicó que no se pudo probar que ésta nunca hubiese trabajado en la oficina del ex senador Mariano Ríos. Finalmente, el quere-llado cuestionó nuestra facultad disciplinaria apuntando a que los hechos medulares de este caso difieren fundamen-talmente de aquellos que dieron lugar a nuestra decisión en In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001).

Atendidos los argumentos esbozados por las partes, de-bemos determinar si, a base de los hechos expuestos, pro-cede que sancionemos al querellado. Veamos.

HH HH

Reiteradamente hemos establecido que todo asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de la profesión legal —como la admisión o la separación de sus miembros— es facultad inherente de este Tribunal. In re Peña Peña, supra, pág. 649; In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

Hemos resuelto, además, que si se demuestra que la conducta del abogado no le hace digno de ser miembro de este foro, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aunque las actuaciones del abogado hayan surgido por cau-sas no relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones afecten las condiciones mora-les del querellado. In re Peña Peña, supra, pág. 650; In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999); In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685 (1999); In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999); In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); Colegio de Abogados de PR. v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980).

Del mismo modo, es norma reiterada que los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal son independientes de las acciones legales, ya sean criminales o civiles, que se deriven de la misma relación de hechos. In re Peña Peña, supra, pág. 650; In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Así pues, el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo no depende del resultado de un proceso criminal (In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994)), como tampoco se limita por el hecho de que el abogado y el cliente transijan sus diferencias mediante un acuerdo en el cual el segundo se compromete a no presentar cargos éticos ante los foros pertinentes. In re Acosta Grubb, supra; In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 (1986).

En cuanto a los abogados que se desempeñan como legisladores, hemos establecido que éstos deben observar una conducta que se adhiera a los mandatos éticos de la profesión. De hecho, hemos dicho que esta conclusión se refuerza por estar la labor legislativa revestida de gran interés público y por no desvincularse del todo del “quehacer legal”. In re Peña Peña, supra, pág. 658.

Asimismo, cuando una querella se ventila ante un Comisionado Especial, aunque nuestra tendencia general es a no alterar las determinaciones de hechos que éste emita, este Tribunal no está obligado a aceptar sus recomendaciones. In re Peña Peña, supra, pág. 657; In re Astado Caraballo, supra, pág. 800. Al evaluar la adopción de los hallazgos del Comisionado Especial, consideramos esencialmente si dichas determinaciones están sostenidas por la prueba testifical y documental. íd. Conforme a dicha evaluación, podemos adoptarlas, modificarlas e incluso rechazarlas, aun en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Id.

Finalmente, en cuanto a la carga probatoria requerida en un proceso disciplinario, en In re Caratini Aivarado, 153 D.P.R. 575 (2001), resolvimos que el criterio que ha de utilizarse es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas.

A base de este marco jurídico, analizamos la controver-sia ante nos.

HH hH I — I

En el caso de marras, el Comisionado Especial expresó en su Informe que la prueba desfilada por el Ministerio Público no satisfizo el estándar requerido para probar las alegaciones de fraude relacionadas a la contratación de la Sra. Guillermina Exclusa Torres. No obstante, determinó que de la prueba vertida podía concluirse que la Srta. Gloria Feliciano Sánchez, aunque era empleada regular del querellado, apenas realizaba trabajos para su oficina, y que se dedicaba principalmente a cuidar a la hija de éste. También, que el Sr. Israel Vega Mercado trabajaba con el querellado a base de un horario irregular y flexible, mien-tras detentaba un empleo en una empresa privada, y bajo acuerdo con el querellado para compartir la paga con éste. Así, luego de balancear estos hechos con otros atenuantes, el Comisionado Especial recomendó para el querellado una fuerte censura y la suspensión temporera de la abogacía.

El querellado, por su parte, sostiene que el Ministerio Público no probó las alegaciones respecto al acuerdo verbal entre él y el Sr. Israel Vega Mercado para que el segundo compartiera su sueldo con él. Arguye, además, que discipli-narlo en esta etapa —luego de que hizo alegación de cul-pabilidad por un delito menos grave que no implica depra-vación moral— viola su derecho a un debido proceso de ley. Por último, alega que los hechos de este caso son funda-mentalmente distintos a aquellos del caso In re Peña Peña, supra, ya que aquí supuestamente no se probó la existen-cia de empleados fantasmas. En conformidad, éste nos so-licita el archivo de la querella. No tiene razón el querellado.

Primeramente, como expresáramos en la sección anterior, los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal son independientes de las acciones legales, ya sean criminales o civiles, que se deriven de una misma relación de hechos. Por ende, contrario a lo que alega el querellado, su derecho al debido proceso de ley no se ve lesionado al ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en este asunto. Su argumento en cuanto a que el disciplinarlo se traduciría en la imposición de una doble pena (ya que cumplió una sentencia suspendida de cuatro años por los delitos que se declaró culpable) es totalmente infundado.

En cuanto a los méritos de los cargos presentados, aco-gemos las determinaciones de hechos del Comisionado Especial pertinentes a la contratación fraudulenta de la Srta. Gloria Feliciano Sánchez. Obra en autos prueba clara, ro-busta y convincente que demuestra que ésta rindió labores domésticas en la residencia de la Sra. Guillermina Exclusa Torres, pagadas con fondos públicos, con el conocimiento y auspicio del querellado, quien se benefició personalmente del producto de dichas gestiones.

Igualmente, suscribimos aquellas determinaciones refe-rentes a la contratación fraudulenta del Sr. Israel Vega Mercado. La prueba desfilada demuestra que el susodicho apenas rendía labores para la oficina senatorial del quere-llado, hecho que se refuerza al quedar probado que éste simultáneamente era empleado de la entidad Saint James Security. Además, resultó incontrovertido el hecho de que el querellado le solicitó compartir el sueldo como condición a su contratación y permanencia en el puesto.

No obstante, rechazamos la determinación del honorable Comisionado Especial en cuanto a que la prueba no estableció que la Sra. Guillermina Exclusa Torres no hu-biese laborado para la oficina del ex senador Mariano Ríos. Según consta en autos, las partes estipularon que el ex senador Mariano Ríos solicitó a la Oficina de Personal del Senado el traslado de la señora Exclusa Torres de la oficina del entonces senador Juan Rivera Ortiz a la suya, para todos los efectos de trabajo y presupuesto. Conforme a ello, es de esperarse que la señora Exclusa Torres compa-reciera a su lugar de trabajo y que sus compañeros fueran capaces de reconocerla e identificarla sin problema alguno. Sin embargo, de los testimonios en autos no surge que al-gún ex empleado del Sr. Mariano Ríos la conociera o que la recordara como ex compañera de trabajo.

A esos efectos, la primera testigo del Procurador General, la Sra. Alma E. Agosto García, declaró que de 1985 a 1987 trabajó para la oficina del ex senador Ríos en Guayama. Sin embargo, aunque identificó a la Sra. Norma Torres como su compañera de trabajo en dicha oficina, ex-presó que no conocía a la Sra. Guillermina Exclusa Torres.

El segundo testigo del Procurador General, Sr. Nelson R. Berrios Rivera, declaró que trabajó para el Sr. Mariano Ríos de 1983 a 1987. Además, que durante esa época cono-ció a la Sra. Norma Torres, identificándola como la mano derecha del ex senador. No obstante, indicó que el nombre de Guillermina Exclusa Torres no le era familiar.

La tercera testigo del Procurador General fue la Sra. Norma Torres. Ésta declaró que nunca trabajó para el que-rellado y que desempeñó labores para el ex senador Mariano Ríos desde 1971 hasta 1992. Explicó que se enteró de que aparecía en la nómina del querellado a través de la prensa, y que en dos ocasiones durante ese período, el ex senador Mariano Ríos le presentó a la señora Exclusa Torres en unas reuniones políticas. A pesar de ello, expresó que nunca le constó que la susodicha fuese empleada del ex senador Ríos.

En suma, a base de estos testimonios es inescapable concluir que la señora Exclusa Torres era una virtual des-conocida para los empleados del ex senador Mariano Ríos. Más aún, entre la evidencia admitida en este proceso fi-guró el expediente del Senado de Puerto Rico de la señora Exclusa Torres, del cual surge que su puesto con el ex se-nador Mariano Ríos conllevaba su presencia en el Senado. Si era así, ¿cómo es posible que nadie pudo dar fe de que ésta trabajó alguna vez para dicho senador? Resolvemos, por consiguiente, que contrario a lo concluido por el honorable Comisionado Especial, existe prueba clara, robusta y convincente para establecer que la Sra. Guillermina Ex-clusa Torres no desempeñó labores en la oficina del ex se-nador Mariano Ríos. Así, considerando que la señora Ex-clusa Torres tiene una hija con el querellado, es indiscutible que el sueldo que ésta cobraba por su empleo fraudulento en la oficina del senador Mariano Ríos —puesto que consiguió gracias a las gestiones del mismo senador Deynes Soto— benefició los intereses del querellado.

Por lo tanto, al evaluar la totalidad de la prueba presen-tada, concluimos que el querellado incurrió en la práctica de mantener y facilitar la contratación de empleados fan-tasmas mientras se desempeñó en el Senado de Puerto Rico. Peor aún, éste se benefició personalmente de dichas gestiones. Esta conclusión nos obliga a tomar las medidas más severas ya que, como expresáramos en In re Peña Peña, supra, tal proceder constituye una corrupción del más dañino calibre, pues al incurrir en esas prácticas el querellado se aprovechó —o consintió a que otros se apro-vecharan— de fondos pertenecientes al Pueblo.

Aun aceptando el hecho de que en aquella época no exis-tían controles suficientes, que muchas de estas prácticas eran generalizadas o que el querellado fue un buen sena-dor, ello no constituye paliativo suficiente ante la natura-leza de su conducta. Al participar de este esquema ilegal, el querellado incumplió con la ética profesional según antes expuesto.

En atención a lo anterior, se suspende inmediatamente por el término de seis meses al Ledo. Miguel Deynes Soto del ejercicio de la abogacía. Le imponemos el deber de no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir re-presentándolos y de informar oportunamente de su suspen-sión indefinida a los foros judiciales y administrativos del país. Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de la sentencia que se adjunta, su cumplimiento con estos deberes y notificarlo también al Procurador General. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial del licenciado Deynes Soto y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la acción correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió por los mismos fundamentos expuAestos en la opinión disidente que emitiera en el caso In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001). El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      C1) La Srta. Gloria Feliciano Sánchez recibió contratos de servicios profesionales del Senado de Puerto Rico para desempeñarse como oficinista del senador Deynes Soto. Dichos contratos cubrieron desde el 2 de abril de 1982 al 30 de junio de 1982, del 6 de mayo de 1983 al 30 de junio de 1983, y del 1 de julio de 1983 al 30 de jimio de 1984. El sueldo recibido por esos contratos fue de trescientos cincuenta dólares mensuales. Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 6.

       El Sr. Israel Vega Mercado estuvo asignado al cargo de Gerente del Área Oeste de la compañía Saint James Security Services desde el 1 de enero de 1986 hasta el 30 de septiembre de 1988. A su vez, el susodicho ocupó puestos transitorios como ayudante especial del senador Deynes Soto entre el 5 de junio de 1986 al 30 de junio del mismo año, del 6 de abril de 1987 al 30 de junio de 1987 y del 5 de octubre de 1987 hasta diciembre de 1988. El sueldo quincenal que el señor Vega Mercado devengaba de Saint James Security Services lo recibía en cheques oficiales de esa entidad. Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 6.

       El Art. 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4272, tipifica el delito de apropiación ilegal agravada de la manera siguiente:

        “Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años toda persona que cometiere el delito previsto en la sección 4271 de este título [apropiación ilegal] con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstan-cias:
      “(a) Apropiándose de bienes o fondos públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias públicas o a entidades priva-das de beneficiencia.”

       El Código Penal tipifica este delito de la manera siguiente:
      “Todo funcionario o empleado público que empleare en beneficio suyo o de un tercero trabajos o servicios pagados por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.” 33 L.P.R.A. see. 4352.

      6) El Art. 216(k) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4391, dispone que:
      “Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años, pena de o multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, todo funcionario, empleado público o toda persona encargada de recibir, guardar, traspasar, desembolsar o en cualquier forma afectar fondos públicos, que realizare cualesquiera de los siguientes actos:
      “(k) Descuidare o dejare de guardar o desembolsar caudales públicos en la forma descrita por ley.”

       Véase, además, In re Deynes Soto, 141 D.P.R. 335 (1996).

       La vista en sus méritos fue celebrada los días 22 de enero, y 12 y 28 de marzo de 2002. La prueba testifical desfilada por el Procurador General consistió del testi-monio de siete personas, a saber: Alma Enid Agosto García, Nelson R. Berrios Rivera, Norma Torres Rivera, Herbert González Valentín, Milagros Roldán Cortés, Amaldo Vázquez Acevedo e Israel Vega Mercado. Por su parte, la prueba testifical del querellado consistió en siete testigos, a saber: Pedro Ojeda Castillo, Zoraida Po-lanco Clavell, Genaro F. Pagán Figueroa, Teodoro Ruiz Mercado, Edgardo Suárez, Ledo. Miguel Hernández Agosto y su propio testimonio. Las partes acordaron que el testimonio del Ledo. Rafael Hernández Colón se habría de someter mediante una declaración jurada.

       Véase, además, Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29 (2001).

       Requerimos una carga probatoria más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento.

       Más aún, en su determinación de hechos núm. 16, el Comisionado Especial concluyó que al dejar el Sr. Israel Vega Mercado su trabajo en Saint James Security y solicitarle al querellado la totalidad de su sueldo, éste le dijo que si no podía darle la mitad que se buscara otro trabajo. Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 12.

      u) Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 6.


author: El Juez Asociado Señor Corrada Del Río

text:
    Jesús Cruz Negrón, recurrido, v. Administración de Corrección, peticionaria.

      Número: CC-2004-359

      Resuelto: 28 de marzo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte peticionaria; Carlos Mondríguez Rivera, abogado de la parte recurrida; Waleska Casiano Matos, abogado de la Administración de Corrección.
   El Juez Asociado Señor Corrada Del Río

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Jesús Cruz Negrón (el recurrido) extingue una pena de reclusión desde el 8 de octubre de 1987. A los vein-titrés años de edad fue sentenciado a cumplir cuatro tér-minos consecutivos de noventa y nueve años de reclusión por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y dos violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 411 et seq. Fue sentenciado como de-lincuente habitual, debido a una convicción previa por in-currir en el delito de apropiación ilegal agravada y otra convicción por violación al Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2406. Desde el 4 de noviembre de 1987, fue clasificado en un nivel de cus-todia máxima.

El 8 de enero de 2003, el recurrido presentó una petición de reclasificación del nivel de custodia ante el Comité de Clasificación y Tratamiento de la Administración de Co-rrección (Comité). El 28 de abril de 2003 el Comité reeva-luó el nivel de custodia del recurrido y determinó que éste debía permanecer en un nivel de custodia máxima. En apoyo de tal decisión, expresó lo siguiente:

Como medida de tratamiento. Por la naturaleza de los deli-tos de carácter extremo. Sentencia extremadamente alta. Poco tiempo cumplido con relación a la misma. Le falta más de 5 años para ser considerado por la Junta LBP. No obstante, to-mamos en conocimiento que el confinado ha cumplido 16 años y 1 mes de su sentencia en custodia máxima. Entendemos que este tiempo no es comparativo con la sentencia impuesta por el Honorable Tribunal. Ha [sic] esto añadimos que el confinado fue declarado delincuente habitual y las sentencias impuestas para todos los delitos aparejan sentencias de 99 años consecu-tivas entre sí. Por lo que el confinado deberá permanecer ob-servando ajuste por un tiempo adicional. Ubicación actual. Para que se beneficie de los programas disponibles y complete su 4to año.

Inconforme, el recurrido apeló la decisión ante el Director de Clasificación, quien la sostuvo por razones similares. Determinó el Director que, aunque el recurrido ha reali-zado esfuerzos legítimos para beneficiarse de los servicios ofrecidos por la Institución, el tiempo cumplido en confina-miento debe ser proporcional a la sentencia impuesta. En consecuencia, estimó que el recurrido debía permanecer tiempo adicional en custodia máxima, continuar obser-vando buenos ajustes y finalizar el cuarto año de escuela superior durante ese período.

De esa determinación, el recurrido acudió mediante re-curso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones (T.A.) el 24 de septiembre de 2003. Estimó dicho foro que el recu-rrido, tras dieciséis años clasificado en custodia máxima, observaba un excelente desempeño y que no había sido ob-jeto de acciones disciplinarias, por lo que resulta arbitrario que, sin algún fundamento que no sea lo extenso de la sen-tencia, la Administración de Corrección determine que el recurrido deba permanecer observando ajustes por un tiempo adicional. Finalmente concluyó que los fundamen-tos expresados por el Comité no cumplen con los criterios establecidos en el manual de reglas adoptado en 1979.

El Procurador General recurrió ante nos de ese dicta-men el 28 de abril de 2004 mediante un recurso de certio-rari, en el cual planteó la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al abrogarse [sic] las funcio-nes de la Administración de Corrección y así remover del nivel de custodia máxima a un confinado que ha sido sentenciado, como delincuente habitual, a cerca de cuatrocientos (400) años de prisión revisando de novo la determinación de la agencia.

Examinado el recurso, concedimos al recurrido un tér-mino de treinta días para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar el dictamen del T.A. Éste cumplió oportunamente con lo ordenado en el Escrito en Cumpli-miento de Orden.

Así las cosas, el 4 de octubre de 2004, el recurrido pre-sentó una moción informativa y de desestimación, me-diante la cual nos notificó que había sido reclasificado a un nivel de custodia de mediana seguridad y, por consi-guiente, el caso se había convertido en académico. Exami-nado el escrito, concedimos al Procurador General un tér-mino de veinte días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debíamos desestimar el recurso por académico. El 29 de noviembre de 2004, el Procurador General presentó su escrito en cumplimiento de dicha orden. Sostuvo que el caso de autos no debe ser desestimado, toda vez que presenta una excepción a la norma de academici-dad por constituir una cuestión recurrente o susceptible de repetirse. El 20 de diciembre de 2004, el recurrido presentó un escrito en oposición al presentado por el Procurador General. Consideradas las posiciones de ambas partes, es-tamos listos para resolver.

HH

De entrada, debemos precisar que un asunto no es justiciable cuando: se trata de resolver una cuestión política; una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover el pleito; después de comenzado el pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; las partes buscan obtener una “opinión consultiva”, o se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 422-21 (1994).

En el caso normativo E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958), expresamos que un pleito será académico cuando su sentencia, por alguna razón, no tenga efectos prácticos. Abundando sobre el tema, en Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980), resolvimos que el concepto “académico”, en la litigación, “recoge la situación en que, aun cumplidos todos los requisitos de justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución”. Al examinar la academicidad de un caso, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, para determinar si su condición de controversia viva y presente subsiste con el transcurso del tiempo. Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 759 (1999). En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991), citando al profesor Tribe, expusimos que

[u]na vez se determina que un caso es académico los tribu-nales, por imperativo constitucional (ausencia de “caso o con-troversia”) o por motivo de autolimitación judicial, deben abs-tenerse de considerarlo en sus méritos. Sin embargo, aun ante la presencia de un caso evidentemente académico, las comple-jidades de la doctrina nos llevan a preguntamos si existe al-guna razón que mueva al tribunal a considerar tal caso im-pregnado de academicidad.

Según esa normativa, se han elaborado una serie de excepciones que, de estar presente alguna de ellas, permiten que se considere un caso posiblemente académico, a saber:

... cuando se plantea una cuestión recurrente; si la situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene características de permanencia; o donde aspectos de la contro-versia se tornan académicos, pero persisten importantes con-secuencias colaterales. Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000). Véase El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo de la controversia exige el estudio de tres factores: la probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en el procedimiento, y la probabilidad de que la controver-sia evada la adjudicación o la revisión judicial. Cuando existe la probabilidad de que la controversia se repita o recurra, los tribunales deben considerar el asunto plan-teado a pesar de que se haya convertido en académico.

En cuanto a las partes en litigio, para que aplique la excepción del carácter recurrente no es necesario que al repetirse la controversia ésta afecte a las mismas partes. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra.

Además del carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado, y las partes en litigio, dicho asunto debe ser de naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión. Esto sucede con mayor frecuencia en aquellas controversias que son, de por sí, de muy corta duración, aunque pueden existir otras que ocasionen que una controversia eluda la revisión judicial. Asoc. de Periodistas v. González, supra.

Así, al evaluar la procedencia de este recurso, debemos concentrar nuestro análisis en la relación existente entre los eventos que originaron el pleito y la adversidad presente. Bajo estas normas, no albergamos duda de que el caso de autos proyecta, por su singularidad, probabilidades sustanciales de recurrencia sobre controversias similares y, además, por la naturaleza del procedimiento de reclasi-ficación de custodia puede ser susceptible de evadir la re-visión judicial. Angueira v. J.L.B.P., supra.

Resuelto lo anterior, procedemos a atender el caso en sus méritos.

I-H h-i

En el caso de autos, el recurrido cuestionó ante el T.A. la determinación de la Administración de Corrección de man-tenerle en un nivel de custodia máxima. Alegó que durante dieciséis años ha exhibido una buena conducta y que se ha beneficiado de los servicios de rehabilitación y trabajo que ofrece la institución carcelaria en la que cumple su condena. A su juicio, ello le merece ser reclasificado a un nivel de custodia mediana.

La controversia ante nos se ciñe a determinar si la buena conducta exhibida por un confinado y la participa-ción de éste en programas de rehabilitación y trabajo son los únicos factores que la Administración de Corrección de-berá tomar en cuenta al momento de determinar si procede un cambio en su nivel de custodia. Sin duda alguna, la respuesta a esta interrogante claramente debe ser en la negativa. Veamos.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico determina que

[s]erá política pública del Estado ... reglamentar las institu-ciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efec-tiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al trata-miento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 421.

Para cumplir con dicho mandato, el Art. 5(a) y (c) de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1112(a) y (c)), faculta a dicha entidad a “[e]structurar la política pú-blica en el área de corrección” y a “[flormular ... la regla-mentación interna necesaria para los programas de diag-nóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la clientela del sistema correccional”.

De acuerdo con esta facultad estatuida, y a tenor con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Administración de Corrección adoptó el Manual de Reglas para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento de las Instituciones Penales, Reglamento Núm. 2485 de 27 de febrero de 1979 (Manual de Reglas de 1979), y el Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 6067 de 22 de enero de 2000. Ambos reglamentos limitan la discreción de la Administración de Corrección en todos los asuntos relacionados con la clasificación de custodia de un confinado.

La determinación administrativa relativa al nivel de custodia asignado a un confinado requiere que se realice un balance de intereses adecuado. Por una parte, estará el interés público de lograr la rehabilitación del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del resto de la población penal; de la otra, estará el interés particular del confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia. Además, al momento de determinarse la procedencia de un cambio en el nivel de custodia, deberá considerarse una serie de factores subjetivos y objetivos, para cuya atención se requiere la pericia de la Administración de Corrección.

Entre los criterios subjetivos se destacan: (1) el carácter y la actitud del confinado; (2) la relación entre éste y los demás confinados y el resto del personal correccional; (3) el ajuste institucional mostrado por el confinado, entre otros. Por otro lado, entre los criterios objetivos que tomará la agencia para emitir su recomendación se encuentran: (1) la magnitud del delito cometido; (2) la sentencia impuesta; (3) el tiempo cumplido en confinamiento, entre otros. Véase la Regla 10 del Manual de Reglas de 1979, supra.

Para documentar el proceso de reclasificación del nivel de custodia de un confinado, se les asigna una puntuación a los factores antes expresados. Abase del resultado que se obtenga es que la Administración de Corrección recomienda un nivel de custodia que puede variar entre máxima, mediana, mínima o mínima comunitaria. En específico, entre los criterios objetivos que adopta el Manual de Clasificación de Confinados, supra, se encuentran: (1) la gravedad de los cargos y las condenas actuales; (2) el historial de delitos graves previos; (3) el historial de fuga; (4) el historial de acciones disciplinarias; (5) las condenas previas de delitos graves como adulto; (6) la edad del confinado, entre otros. Véase See. 7 del Manual de Clasificación de Confinados, supra. Si la suma de los primeros tres factores es mayor de siete, el confinado deberá ser asignado a un nivel de custodia máxima. En caso contrario, se entra a considerar los demás factores. Si el resultado obtenido resultara ser menor de cinco, y no existiese órdenes de arresto o detención contra el confinado, la escala recomienda un nivel de custodia menor. No obstante, la escala también provee varios renglones de modificaciones discrecionales, para aumentar o disminuir el nivel de custodia, entre los cuales se encuentra: la gravedad del delito, el historial de violencia excesiva, la afiliación prominente con gangas, que el confinado sea de difícil manejo, entre otras. Las instrucciones para completar el formulario de reclasificación de custodia establecen que en la categoría de “otras” se podrá incluir cualquier otro atributo relacionado con el confinado que justifique una modificación a un nivel de custodia más alto.

En específico, la Regla 10 del Manual de Reglas de 1979, pág. 6, dispone expresamente que “[e]n toda evaluación de un caso en que se considere la asignación de tipo de custodia ... deberán tenerse presente [también] los delitos cometidos, las circunstancias de éstos, la extensión de la sentencia dictada, tiempo cumplido en confinamiento y aquellos factores que garanticen la seguridad institucional y [de la sociedad en general]”. En cuanto a este aspecto (la seguridad institucional), al evaluar conjuntamente la gama de criterios, los tribunales han determinado que el interés público en la rehabilitación de la población penal y en la seguridad institucional debe prevalecer sobre el inte-rés particular del confinado en permanecer en un nivel de custodia en específico o en determinada institución penal.

Según el Manual, es al Comité de cada institución carcelaria a quien corresponde realizar la evaluación periódica correspondiente al nivel de custodia asignado a los confinados. En los casos en que el confinado se encuentre en un nivel de custodia máxima, la evaluación periódica se hará cada seis meses desde que se cumple con el primer año en tal clasificación. En el resto de los casos de custodia (intermedia, mínima, o mínima comunitaria), la evaluación se realizará cada doce meses. El propósito principal que persiguen estas evaluaciones periódicas es supervisar la adaptación del confinado y poder prestar una atención oportuna a cualquier situación pertinente que pudiera surgir. La Sec. 7(11) del Manual de Clasificación de Confinados, pág. 39, aclara que “[l]a reevaluación de custodia no necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación de custodia o en la vivienda asignada”. Es decir, este proceso de reevaluación es realizado por el Comité para atender las necesidades del confinado, observar su progreso y recomendar posibles cursos de acción en cuanto a su rehabilitación. Su reclasificación efectiva dependerá de otra serie de factores que han sido elaborados en los manuales y reglamentos antes discutidos, y los cuales tienen el efecto de limitar la discreción de la agencia al momento de adjudicar controversias relativas a la reclasificación de custodia de confinados.

Por lo general, la composición de estos comités la conforman peritos en el campo tales como técnicos sociope-nales y oficiales o consejeros correccionales. Estos profe-sionales cuentan con la capacidad, la preparación, el cono-cimiento y la experiencia necesarios para atender las necesidades de los confinados y realizar este tipo de evaluaciones. Por esta razón, una determinación formu-lada por el referido Comité debe ser sostenida por el foro judicial siempre que no sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada en evidencia sustancial. Es decir, siempre que la decisión sea razonable, cumpla con el procedimiento establecido en las reglas y los manuales, y no altere los términos de la sentencia impuesta, el tribunal deberá confirmarla.

Esta conclusión no es inusitada; está ampliamente avalada por nuestras leyes y jurisprudencia tanto en el ámbito local como federal. De acuerdo con la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2175, según ha sido interpretado previamente por este Tribunal, la revisión judicial de una actuación administrativa debe limitarse a evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida a menos que se demuestre que es arbitraria o caprichosa. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999); Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 (1997); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1991); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989). Esta ponderada norma de deferencia a las determinaciones fácticas administrativas descansa en que las agencias, por razón de experiencia y conocimiento especializado, están en mejor posición para resolver las controversias surgidas en torno a los asuntos que le fueron encomendados por ley. Id.

Cobra vital importancia esta norma en aquellos casos en que la agencia revisada es la Administración de Correc-ción, en asuntos sobre la calificación de los confinados para determinar el nivel de custodia de éstos.

Cónsono con lo anterior, tanto los tribunales federales como los estatales en Estados Unidos consistentemente han reconocido que las autoridades carcelarias poseen am-plia discreción para adoptar e implementar las disposicio-nes reglamentarias necesarias para la consecución del in-terés del Estado en la rehabilitación de los confinados y en mantener la seguridad institucional y general. Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 337 (1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540 (1979).

En Bell v. Wolfish, supra, págs. 547-548, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó lo siguiente:

[T]he problems that arise in the day-to-day operation of a corrections facility are not susceptible of easy solutions. Prison administrators therefore should be accorded wide-ranging deference in the adoption and execution of policies and practices that in their judgement are needed to preserve internal order and discipline and to maintain institutional security. “Such considerations are peculiarly within the province and professional expertise of corrections officials, and, in the absence of substantial evidence in the record to indicate that the officials have exaggerated their response to these considerations, courts should ordinarily defer to their expert judgment in such matters”. We further observe that, on occasion, prison administrators may be “experts” only by Act of Congress or of a state legislature. But judicial deference is accorded not merely because the administrator ordinarily will, as a matter of fact in a particular case, have a better grasp of his domain than the reviewing judge, but also because the operation of our correctional facilities is peculiarly the province of the Legislative and Executive Branches of our Government, not the Judicial. (Escolios y citas omitidas.)

Esta doctrina fue reiterada en Hewitt v. Helms, 459 U.S. 469, 474 (1983), en el cual dicho foro sostuvo que:

In the volatile atmosphere of a prison, an inmate easily may constitute an unacceptable threat to the safety of the other prisoners and guards even if himself has committed no conduct; rumor, reputation, and even more imponderable factors may suffice to spark potentially disastrous incidents. The judgment of prison officials in this context, like that of those making parole decisions, turns largely on “purely subjective evaluations and on predictions of future behavior.”

Es en virtud de esta gran discreción que las autoridades correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar judicialmente sus actuaciones.

Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70 (2000); Rodríguez v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 734 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998); Rivera v. A & C Development Corp., supra; Com. Electoral P.I.P. v. C.E.E., 139 D.P.R. 48 (1995); Rubín v. Trías, 111 D.P.R. 481 (1982); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). La interpretación administrativa no tiene que ser la única que razonablemente se pueda llegar del estatuto, siendo suficiente que esté sostenida por evidencia sustancial, que sea razonable y que sea compatible con el propósito legislativo. Rodríguez v. Méndez & Co., supra. La razón principal detrás de la adopción de esta norma es la vasta experiencia y conocimiento (expertise) en relación con la materia que atienden día a día.

Conforme al marco jurídico antes expuesto, procede que resolvamos la presente controversia.

HH HH HH

Examinados los hechos del caso de autos, vemos que en 1987 el confinado fue condenado a cumplir cuatro términos consecutivos de noventa y nueve años de reclusión por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesi-nato y violación a los Arts. 5 y 8(A) de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418.

El T.A. expresó que la Administración de Corrección no tomó en cuenta el desempeño y la conducta del confinado en la institución carcelaria. Asimismo, determinó que la referida entidad no determinó nada referente a su historial social y delictivo, así como a su comportamiento durante los dieciséis años que ha estado recluido en la institución. Según el foro apelativo intermedio, lo que tomó en cuenta el Comité de Clasificación para denegar la reclasificación, como único y dominante criterio, fue la sentencia impuesta al confinado. Finalmente concluyó que los fundamentos ex-presados por el Comité de Clasificación no cumplen con los criterios del Manual de Reglas de 1979 ni con los índices ni el sistema de puntuación del Manual de Clasificación de Confinados. Ello, a su juicio, resultó ser una actuación ar-bitraria por parte de la Administración de Corrección. Erró el T.A. al resolver de esta manera.

Ciertamente, si la Administración de Corrección hu-biese tomado en consideración para reclasificar al confi-nado únicamente lo extenso de su sentencia, ello hubiese sido un claro abuso de discreción por parte de dicho cuerpo administrativo, pero éste no fue el caso. De un examen de las resoluciones emitidas tanto por el Comité como por el Director de Clasificación, vemos que ambos cuerpos consi-deraron otros factores, los cuales motivaron que se dene-gara la reclasificación del confinado a un nivel de custodia mediana.

Primeramente, de una lectura de los Acuerdos del Co-mité de Clasificación y Tratamiento en relación con el caso del confinado recurrido (los cuales contaron con la unani-midad de los tres miembros), vemos que, además de la sen-tencia impuesta, se tomaron como base para denegar la reclasificación los factores siguientes: (1) que el confinado fue declarado delincuente habitual, (2) la gravedad de los delitos cometidos, (3) la proporcionalidad entre el tiempo cumplido y el largo de la sentencia impuesta, y (4) que al confinado le faltaban ocho años para resultar elegible para la libertad bajo palabra. Como puede observarse, no sólo se tomó en cuenta la sentencia impuesta, sino otros criterios que los mismos reglamentos y manuales autorizaban a considerar.

Además de estos criterios, el Comité también consideró, conforme a la Regla 9(C)(1) del Manual de Reglas de 1979, la información que tenía del confinado a su disposición.

Sobre este último asunto, es menester llamar la aten-ción sobre el riesgo que representa la decisión alcanzada por el foro apelativo intermedio, ya que no tomó en consi-deración las dos reevaluaciones previas de clasificación de custodia que se le habían realizado al confinado. De una lectura de la evaluación que se le hiciera al confinado el 23 de enero de 2002, podemos observar que le fue denegada la reclasificación de custodia, porque no cumplió con el plan institucional asignado, ya que se ausentaba del área esco-lar y porque tenía una querella pendiente por posesión de una jeringuilla. En dichos acuerdos, el Comité determinó que el confinado necesitaba de controles de seguridad extras. Además, el 11 de julio de 2002 y el 2 de diciembre de 2002, el confinado finalizó el tratamiento de Trastornos Adictivos y la terapia de grupo para personas adictas, respectivamente.

La siguiente evaluación que se le realizó en el 2003 es la que el confinado cuestionó ante el tribunal apelativo. La actuación del Comité resulta compatible con el interés prioritario del Estado en preservar la seguridad institucio-nal y en proteger a la sociedad de aquellas personas que han violado las normas formales de comportamiento. Es decir, dicho Comité —que, como mencionáramos anterior-mente, está compuesto por dos técnicos sociopenales y por un oficial correccional— entendió como medida protectiva que el confinado debía permanecer un tiempo más en vigilancia. De esta manera, podían constatar con efectivi-dad si la rehabilitación del confinado fue efectiva. En estas circunstancias, no debemos intervenir con la determina-ción de la agencia de no reclasificar al confinado.

De otra parte, como medida para exhortar al confinado, tanto el Comité como el Director resaltaron los legítimos esfuerzos del confinado para beneficiarse de los servicios que la institución ofrecía y le indicaron que en lo que se le volvía a evaluar, debería finalizar el cuarto año de escuela superior y continuar observando buenos ajustes. Tanto la buena conducta exhibida por el confinado, así como su par-ticipación en distintos programas, fueron factores conside-rados por ambos cuerpos administrativos al reevaluarlo. No obstante, al estudiar el contexto en el que se ha desa-rrollado el caso, estos dos factores aunque importantes no fueron los únicos que habrían de considerarse para trans-ferir al confinado a un nivel de custodia mediano.

Por todas estas razones, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 17 de marzo de 2004 y se devuelve el caso a la Administración de Corrección.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió por entender que el caso se tornó académico. La Juez Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      C1) Apéndice, págs. 10-11.

       El Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 6067 de la Administración de Corrección de 22 de enero de 2000, establece mía disposición especial para confinados encarcelados continuamente anterior al 1ro de mayo de 1996, mediante la cual se establece que la puntuación del instrumento de clasifica-ción no redundará en un aumento del nivel de custodia de ningún confinado que haya estado encarcelado previo a esa fecha, a menos que la puntuación del confinado produzca un nivel mayor de custodia sólo como resultado de una o más violaciones disciplinarias o de uno o más delitos cometidos posterior a esa fecha. Aunque esta disposición aplica al caso ante nos, es inescapable el hecho de que el acusado, aun siendo reclasificado a un nivel de custodia mediana, debe recibir una revisión cada doce meses. Por esta razón, el asunto aquí planteado es susceptible de repetición.

       Si ia decisión sobre la reclasificación de un confinado incluye un asunto relacionado con la salud, un representante institucional de salud correccional tam-bién deberá formar parte del Comité.

       Del confinado no estar de acuerdo con la determinación del Comité, podrá cuestionarla ante el Director de Clasificación. De encontrarse aún inconforme, puede solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

      6) Cabe precisar que, aun cuando las instituciones correccionales disponen de tal discreción, los tribunales no abdican su responsabilidad constitucional para deli-near y proteger los derechos fundamentales. Así, en Sandin v. Conner, 515 U.S. 472 (1995), el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en ocasión de determinar si a un convicto le asiste un interés libertario bajo cierta reglamentación del sistema correc-cional de Hawaii, expresó:
      “[We recognize that] States may under certain circumstances create liberty interests which are protected by the Due Process Clause. But these interests will be generally limited to freedom from restraint which, while not exceeding the sentence in such an unexpected manner as to give rise to protection by the Due Process Clause of its own force, nonetheless imposes atypical and significant hardship on the inmate in relation to the ordinary incidents of prison life.” (Citas omitidas.) Véanse, además: Meachum v. Fano, 427 U.S. 215 (1976); Wolff v. McDonell, 418 U.S. 539 (1974).
      Es decir, en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere los términos de la senten-cia, las instituciones carcelarias merecen deferencia en cuanto sus interpretaciones y conclusiones.

       Véase Apéndice del recurso, págs. 84-88.

       Véase Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento de 28 de abril de 2003, Apéndice del recurso, págs. 47-51.

       Debemos enfatizar lo que significa el hecho de que se transfiera al confinado a un nivel de custodia mediana. En ésta, el confinado estaría mayor tiempo fuera de su celda (a diferencia de la máxima en dónde puede estar fuera por sólo dos horas, y el resto del día en talleres y programas para su rehabilitación). Evidentemente, el confinado estaría compartiendo más tiempo con el resto de la población penal, lo que podría ser peligroso para él y para el resto de los confinados de no haberse rehabili-tado completamente.


text:
    Nancy I. Ortiz Irizarry, demandante y peticionaria, v. Departamento de Transportación y Obras Públicas, demandado y recurrido.

      Número: CC-2003-669

      Resuelto: 29 de marzo de 2005

      Martín González, abogado de la parte peticionaria; Anabelle Rodríguez Rodríguez, secretaria de justicia, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca dilucidar la validez de la detención del conductor de un vehículo de motor, que no ha cometido delito ni aparente infracción de ley alguna, cuando tal detención se realiza con el único motivo de verificar si dicho conductor y su vehículo poseen las licencias correspondientes.

HH

El 13 de marzo de 2003, en el pueblo de Coamo, Nancy Ortiz Irrizary (Ortiz) se dirigía a su casa luego de recoger a su pequeño hijo de la escuela elemental donde estudiaba, cuando fue detenida por el policía Héctor L. González (el agente), junto con otros agentes del orden público que lo acompañaban.

Al momento de la detención, Ortiz no había cometido infracción de ley alguna y tampoco había un bloqueo de carretera. El agente declaró que la referida intervención fue de naturaleza “rutinaria” para verificar los documentos de la peticionaria. Por su parte, Ortiz testificó que el trato del agente fue brusco, descortés y agresivo; que se puso nerviosa, por lo que cuando el agente le exigió la licencia del vehículo, no pudo localizarla entre los papeles de la guantera de primera intención, por lo cual el agente proce-dió a expedirle un boleto. Además, Ortiz se percató de que había dejado su cartera en su hogar con la licencia de con-ducir y así se lo informó al agente, por lo que éste le expidió otro boleto por ello.

Posteriormente, Ortiz localizó la licencia del vehículo en la guantera del vehículo y se lo notificó al agente, pero éste se negó a dejar sin efecto el boleto ya expedido. Dicho pro-ceder fue cuestionado por Ortiz y entonces el agente la amenazó con emitirle otro boleto por no tener a su hijo sujeto con el cinturón de seguridad del vehículo, lo cual no era cierto. Ortiz se marchó del lugar y le informó al agente que se querellaría por el mal trato que había recibido de él. En respuesta a esta manifestación de Ortiz, el agente pre-sentó una denuncia contra ella, en la que imputó falsa-mente que Ortiz lo había amenazado. La denuncia fue ar-chivada posteriormente porque el Tribunal Municipal no encontró causa contra Ortiz.

Así las cosas, Ortiz solicitó la revisión de los boletos re-feridos ante el Tribunal de Primera Instancia, conforme al procedimiento establecido por el Art. 24.05(k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 5685(k). La representación legal de Ortiz planteó que a base de la Sec. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 5302, el agente no tenía motivos suficientes para intervenir con Ortiz y que, por lo tanto, la intervención referida había sido ilegal.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evi-denciaría y, basado en la prueba desfilada, dejó sin efecto el boleto emitido por razón de que Ortiz no tenía la licencia del vehículo, pero declaró “sin lugar” el recurso de revisión en cuanto al boleto por no tener consigo su licencia de conducir.

Inconforme con dicho dictamen, Ortiz acudió al antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones y planteó de nuevo su alegación sobre la ilegalidad de la intervención del agente por carecer de motivos fundados para detenerla. Dicho foro denegó la expedición del recurso y señaló que el Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, le confería autoridad a los agentes del orden público para lle-var a cabo la detención rutinaria de un vehículo de motor con el solo propósito de verificar su “registration”. Además, consideró que este tipo de intervención constituía un regis-tro de tipo administrativo, el cual estaba sujeto a exigen-cias constitucionales menos rigurosas que las planteadas por Ortiz.

Inconforme con lo anterior, Ortiz acudió ante nos y plan-teó como único error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar el recurso de revisión de boleto de tránsito presentado por la peticionaria cuando el agente de la policía de Puerto Rico al intervenir con la aquí peticionaria lo hizo sin tener motivo fundado alguno [para] detenerla, ni haber ésta come-tido infracción a ley alguna en su presencia, ni ser un bloqueo parcial, lo cual fue admitido por el propio agente interventor al Tribunal de Instancia.

El 27 de octubre de 2003 expedimos el auto solicitado para revisar la sentencia dictada el 30 de mayo de 2003 por el tribunal apelativo. El 19 de diciembre de 2003 la peticio-naria presentó su alegato y el 8 de marzo de 2004, luego de concedérsele una prórroga para ello, la parte recurrida, por conducto del Procurador General, presentó el suyo. Con la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

El vigente Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito Puerto Rico, supra, que también estaba en vigor cuando sucedieron los hechos del caso de autos, dispone, en lo per-tinente:

Todo conductor de vehículo deberá detenerse inmediata-mente cuando un agente del orden, entiéndase Policía, Policía Municipal y Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recur-sos Naturales y Ambientales, se lo requiere y después que le informe el motivo de la detención y las violaciones de ley que aparentemente haya cometido, vendrá obligado igualmente a identificarse con dicho agente si así éste se lo solicitare, y tam-bién deberá mostrarle todos los documentos que de acuerdo con este capítulo y sus reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo.
Los miembros de la Policía o la Policía Municipal podrán detener o inspeccionar cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo estuviere siendo usado en violación de este capítulo o de cualquier otra disposición legal que reglamente la operación de vehículos u otras leyes o cuando estuviere su conductor u ocu-pantes relacionados con cualquier accidente de tránsito. A tales fines, estarán autorizados para bloquear el paso de dicho vehículo en cualquier vía pública cuando el conductor del mismo se negare a detenerse.
Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o ne-garse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en esta sección por un agente del orden público con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito. (Énfasis suplido.)

El referido artículo le concede autoridad a un agente del orden público para detener a un vehículo que transita por la vía pública. Sin embargo, como puede observarse, la propia ley requiere que para que pueda reali-zarse dicha detención deben existir motivos para ello. De acuerdo con la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, es necesario que se den dos circunstancias para que un agente pueda llevar a cabo la detención de un vehículo: (1) que el conductor haya cometido algún tipo de violación a la ley, y (2) que el agente le informe al conductor el motivo de la detención y las violaciones de ley cometidas. El conductor del vehículo, por su parte, deberá detenerse inmediata-mente y, solamente después que se le haya informado el motivo de la detención y las violaciones cometidas, estará obligado a identificarse, si el agente así lo requiere.

Es decir, en nuestra jurisdicción, el estatuto que autoriza a la Policía a detener al conductor de un vehículo condiciona dicho acto a que existan motivos para ello. El agente debe tener como mínimo un motivo o sospecha individualizada de que el conductor ha infringido una ley de tránsito u otra disposición legal, y así debe informárselo a dicho conductor. De lo contrario, no puede detenerlo.

En vista del claro lenguaje del Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, no es necesario hacer referencia a las exigencias constitucionales relativas a detenciones personales que surgen al amparo de la See. 10 del Art. II de nuestra Ley Fundamental, L.P.R.A., Tomo 1, que protegen a la persona contra cualquier clase de in-tervención con la libertad de movimiento o con el derecho a la intimidad, y que se extienden incluso a los vehículos de motor. Véanse: Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). Sin embargo, por razón de lo que indicaremos más ade-lante, queremos hacer una breve referencia in passim a Delaware v. Prouse, 440 U.S. 648 (1979), en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió un caso similar al que ahora nos ocupa. En dicho caso un agente de orden público detuvo a Prouse y encontró marihuana a plena vista en el piso del vehículo. Prouse fue acusado de pose-sión ilegal de sustancias controladas. El agente testificó que la única razón que tuvo para detener a Prouse fue ve-rificar su licencia de conducir y la licencia del vehículo, y que antes de detenerlo no había observado ninguna activi-dad delictiva ni violaciones de tránsito. El Tribunal Supremo federal concluyó que, excepto en aquellas situacio-nes donde exista como mínimo una sospecha razonable de que un conductor no posee licencia de conducir o de que su auto no está registrado, o que ha violado alguna ley, la detención del conductor del vehículo sólo para verificar su licencia de conducir y la del vehículo es irrazonable bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

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Ala luz de lo dispuesto claramente en el Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, es evi-dente que en la situación particular sometida a nuestra consideración no existían motivos para detener a la con-ductora del vehículo; por lo tanto, cualquier falta que haya resultado de dicha intervención ilegal no podía ser utili-zada en su contra. El propio agente policíaco testificó que no tenía motivo alguno para detener a Ortiz, salvo el de realizar un registro rutinario para verificar sus documentos. Es decir, el agente no tenía motivos fundados para creer que ella hubiese cometido o estuviera en vías de cometer algún delito. Tal detención está prohibida estatu-tariamente, de modo patentemente claro.

En efecto, el propio Estado, representado aquí por el Procurador General de Puerto Rico, se ha allanado a la posición presentada por Ortiz. En su escrito ante nos, el Procurador General nos ha manifestado su parecer de que el boleto de tránsito del caso de autos debió ser anulado, debido a que el agente no procedió conforme a derecho al expedirlo, pues no tenía motivo alguno para detener a Ortiz, según lo dispuesto por el Art. 10.22 de la Ley de Vehí-culos y Tránsito de Puerto Rico, supra, y lo resuelto en Delaware v. Prouse, supra.

En virtud de lo anterior, resolvemos que el agente no tenía autorización para detener a Ortiz, por lo que erraron los foros inferiores al validar dicha detención.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para revocar los dictámenes del foro apelativo y del foro de instancia en este caso.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      !) El concepto “motivos fundados” se ha definido en nuestra jurisprudencia como aquella información y conocimiento que lleva a una persona ordinaria y pru-dente a creer que la persona intervenida ha cometido un delito, independientemente de que luego se establezca o no la comisión del delito. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 337 (1999), citando a Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 504 (1988).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Robinson Rodríguez Medina e Ivis Romeu Palermo, demandantes y peticionarios, v. Eleuterio Pérez Torres, Felicita Ortiz Ramírez y otros, demandandos y recurridos.

      Número: CC-2003-104

      Resuelto: 30 de marzo de 2005

      Nelson Vélez Lugo, abogado de la parte peticionaria; José Toro Iturrino, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Robinson Rodríguez Medina era propietario de dos terrenos colindantes localizados en el barrio La Haya en el municipio de Lajas. Rodríguez Medina adquirió estos terrenos mediante la compra de las participaciones heredi-tarias de la sucesión de su padre, el Sr. Efraín Rodríguez Destres, por la suma total de $56,000. La referida compra se hizo mediante la Escritura Núm. 22 de compraventa de participación de herencia otorgada en Lajas ante el notario Luis A. Torres Iturrino, el 20 de abril de 1994.

En uno de estos predios de terreno enclava una estruc-tura que Rodríguez Medina utilizaba para operar un nego-cio de supermercado. La descripción que consta en el Re-gistro de la Propiedad de dicho terreno es la siguiente:

Urbana: Porción de terreno localizado en el Barrio Lajas del término municipal de Lajas, Puerto Rico, con una cabida superficial de quinientos ochenta y nueve punto cuarenta y siete metros cuadrados (589.47 me). Colinda por el Norte en veinti-trés punto ochenta y ocho metros con terrenos de Hipólita Ro-dríguez Santiago, por el Sur en treinta y seis punto cero seis metros con el remanente de la finca principal, por el Este en catorce punto treinta y cinco metros con el remanente de la finca principal y por el Oeste en veintisiete punto setenta y dos metros con un camino.
Enclava una estructura de concreto dedicada a negocio. Sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 3.

Rodríguez Medina le vendió al Sr. Eleuterio Pérez Torres, el 30 de junio de 1998, el terreno antes descrito. Ini-cialmente, se hizo un contrato privado escrito a mano en el que se expresaba que se vendía dicho terreno con una ca-bida aproximada de seiscientos metros cuadrados a Pérez Torres. El precio de venta fijado en dicho contrato privado fue de $76,769, de los cuales en ese momento se anticipó la cantidad de $5,000, con el acuerdo de que el resto sería pagado dentro de un período de noventa días a partir del día en que se firmó dicho contrato.

Dicho negocio jurídico fue formalizado el 17 de agosto de 1998, mediante la Escritura de Compraventa Núm. 692, otorgada ante el notario Luis M. Olivares. El predio se des-cribió con sus linderos establecidos y como un solar con una cabida de 589.47 metros cuadrados; ello conforme a su ins-cripción en el Registro de la Propiedad. Asimismo, en la escritura de compraventa se estipuló el precio de $70,000 por la venta del terreno.

Pérez Torres arrendó dicho terreno al Sr. Leoncio Iriza-rry y a su esposa, la Sra. Carmen Martínez. Irizarry y su esposa comenzaron a operar, en la estructura enclavada en el mencionado terreno, un negocio de colmado conocido como “La Haya Food Market”. Éstos, adicionalmente, cons-truyeron una estructura en forma de tarima y otra en forma de kiosco para la venta de pinchos en la colindancia con el terreno propiedad de Rodríguez Medina. Al ente-rarse de la construcción de estas nuevas estructuras, Ro-dríguez Medina le solicitó, tanto a Irizarry como a Pérez Torres, que las removieran, ya que éstas se encontraban en el terreno todavía perteneciente a él. No obstante la solici-tud de Rodríguez Medina, las estructuras no fueron removidas.

Ante esta situación, el 16 de agosto de 2001 Robinson Rodríguez Medina, su esposa Ivis Romeu Palerm y la so-ciedad legal de gananciales compuesta por ambos presen-taron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, contra Eleuterio Pérez Torres, su esposa Felicita Ortiz Ramírez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y contra Leoncio Iriza-rry, su esposa Carmen Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

Rodríguez Medina y su esposa alegaron en la demanda que eran propietarios del terreno que colindaba con el ven-dido por ellos mismos a Pérez Torres. Además, alegaron que Pérez Torres tenía en su solar una estructura dedicada a negocio, la cual arrendaron al Sr. Leoncio Irizarry y a su esposa Carmen Martínez. Asimismo, alegaron que Irizarry y su esposa construyeron una estructura en forma de ta-rima y otra en forma de kiosco para la venta de pinchos, con la anuencia de Pérez Torres, en una parte del terreno que es propiedad de los demandantes, habiendo así inva-dido la propiedad de éstos y violado su derecho a disfrutarla.

Los demandantes alegaron, además, haber realizado gestiones extrajudiciales para que los codemandados remo-vieran dichas estructuras, resultando infructuosas. De este modo, Rodríguez Medina y su esposa solicitaron del foro de instancia que ordenara a los codemandados la remoción de las estructuras construidas en su propiedad y que les con-denara al pago de dos mil dólares en concepto de honora-rios de abogado.

Los codemandados contestaron la demanda y reconvinieron. En la contestación a la demanda aceptaron la construcción de las estructuras en controversia, pero ne-garon que éstas fueran construidas en la propiedad de los demandantes; en la reconvención alegaron que sufrieron angustias mentales por las actuaciones intencionales o cul-posas de Rodríguez Medina, quien había hostigado y per-seguido a los codemandados acusándolos de haberle robado terreno, y había presentado unas querellas infundadas con el propósito de perturbar a los codemandados en el uso y disfrute de su propiedad. De esta forma, solicitaron del foro de instancia que condenara a los demandantes al pago de la suma de $10,000 en daños y perjuicios.

Luego de varios incidentes procesales, el 7 de marzo de 2002, las partes presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia el informe de conferencia con antelación al juicio. En dicho informe los demandantes alegaron que cuando se suscribió el contrato privado, ellos le indicaron a Pérez Torres: que no recordaban exactamente la cabida del solar, pero acordaron que, tan pronto firmaran las escrituras, medirían y fijarían las colindancias conforme surgía de la Escritura Núm. 29 sobre segregación y compraventa otor-gada el 11 de septiembre de 1979. Asimismo, alegaron que, aunque los codemandados sabían cuales eran los puntos de colindancias establecidos, ya que se habían hecho las me-didas del terreno por un agrimensor, éstos construyeron la tarima y el kiosco en terreno que le pertenece a los demandantes.

Por su parte, los codemandados alegaron que la venta fue por un área total de terreno que aparecía cercada. Que como el peticionario les hizo creer que la propiedad ven-dida era el lugar debidamente cercado, y al ser una venta por precio alzado, esa porción de terreno era parte del con-trato de compraventa, por lo que le pertenece al compra-dor, el señor Pérez Torres.

Así las cosas, el 21 de junio de 2002 se celebró el juicio en su fondo, en el que declararon como testigos el deman-dante Rodríguez Medina, el agrimensor Rafael Rivera y el codemandado Pérez. Finalmente, el tribunal de instancia dictó sentencia, declarando “con lugar” la demanda y orde-nando a la parte demandada hacer entrega a los deman-dantes de 141.77 metros cuadrados de terreno que tenían en su poder.

El foro de instancia fundamentó su determinación en que cuando se otorgó el contrato privado, las partes habían acordado que tan pronto se firmaran las escrituras, medi-rían y fijarían las colindancias conforme surgía de la escri-tura que evidenciaba su titularidad, por lo que el terreno adquirido por Pérez Torres tenía claramente establecidos sus linderos y sus puntos en forma precisa utilizando ins-trumentos de alta precisión, y éstos estaban mencionados hasta las centésimas de metros en la escritura de compraventa. Determinó, además, que Pérez Medina, al contratar un agrimensor para que midiera el terreno y co-locara los puntos correspondientes, demostró que su inten-ción al contratar era que los linderos establecidos estuvie-ran de acuerdo con la cabida expresada en la escritura de compraventa, y no hasta la verja, como éste había alegado. De esta manera, determinó el referido foro que el área de terreno de 141.77 metros cuadrados reclamada por el de-mandante era propiedad de éste. Por otro lado, declaró “no ha lugar” la reconvención presentada por los codemandados.

Inconformes con la referida sentencia, el 26 de septiem-bre de 2002 los codemandados presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones alegando, en sín-tesis, que había errado el tribunal de instancia al declarar “con lugar” la demanda porque la parte demandante no tenía derecho a recobrar el exceso de terreno que resultó en el solar adquirido por los demandados, ya que el contrato de compraventa efectuado por las partes fue por precio al-zado y no por unidad de medida. Asimismo, alegaron que había errado el referido foro en su análisis de la prueba testifical

El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia, el 27 de noviembre de 2002, mediante la cual revocó la determina-ción del Tribunal de Primera Instancia, expresando que la venta original se hizo a precio alzado y, por lo tanto, el vendedor estaba obligado a entregar todo lo comprendido dentro de los linderos, aunque hubiera más superficie den-tro del terreno de lo que se expresó en el contrato.

El 13 de diciembre de 2002, los demandantes presenta-ron una moción de reconsideración, alegando que el te-rreno fue vendido por acuerdo de las partes en conformidad con la descripción precisa contenida en la escritura y en el Registro de la Propiedad, la cual establecía claramente los linderos donde estaba comprendido el predio objeto de la compraventa. El Tribunal de Apelaciones la denegó.

Inconforme con la determinación, los codemandantes re-currieron ante este Tribunal —vía certiorari— impután-dole al foro apelativo intermedio, en síntesis y en lo perti-nente, haber errado al aplicar, de forma incorrecta, la doctrina de precio alzado, puesto que la venta del predio en controversia se hizo por los linderos y la obligación del ven-dedor era entregarle todo lo comprendido dentro de ellos.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de todas las partes y estando en posición de resolver el recurso, procederemos a hacerlo así.

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La venta por precio alzado es aquella en que el comprador se obliga a pagar determinada cantidad de dinero por toda la cabida de un inmueble que resulte existir dentro de unos linderos ya establecidos en el contrato. Véanse: Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 D.P.R. 70 (1994); Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975); J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: derecho de contratos, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1990, T. IV, Vol. II, pág. 172. A ella se refiere el Art. 1360 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3820, que dispone:

En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo aunque resulte mayor o menor cabido o números de los expresados en el contrato.
Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas ven-didas por un sólo precio; pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere, sufrirá una dismi-nución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado por no confor-marse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló. (Énfasis suplido.)

En Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, ante, pág. 75, expresamos que en

...la venta por precio alzado, el vendedor tiene que “entregar la cosa cierta, que es la finca individualizada mediante la des-cripción de sus linderos. Todo lo que estos comprendan ha de ser entregado a cambio del precio convenido”.... El funda-mento son los linderos, no un tanto por unidad de medida. Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que efec-tivamente tiene la finca, no da margen a reclamación o indem-nización alguna. (Énfasis suplido.)

De igual forma, J. Puig Brutau, en si obra Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 169, nos dice al respecto:

Por tanto, en las ventas a precio alzado hay que entregar la cosa cierta que es la finca individualizada mediante la desig-nación de sus linderos. Todo lo que éstos comprendan ha de ser entregado a cambio del precio convenido. La circunstancia de que se haya hecho constar en el contrato la cabido o número, a pesar de que de ello no se haya hecho depender la cuantía del precio, no se puede repercutir en un aumento del mismo, aun-que la cabida contenida dentro de los linderos sea superior a la que se hizo constar en el contrato; pero, en cambio, puede re-percutir en una disminución del precio convenido si el vende-dor no puede entregar todo lo comprendido dentro de los lin-deros de la finca vendida por un precio alzado, sin perjuicio de que, en semejante caso, el comprador prefiera desistir del con-trato ante la imposibilidad de recibir la cosa en si integridad, si no le interesa recibirla con una rebaja proporcional del precio. (Enfasis suplido.)

Cónsono con lo expuesto, si la compraventa de un bien inmueble se hace por precio alzado, el vendedor entregará todo lo que se comprenda entre los linderos, aun cuando exceda la cabida o el número expresado en el contrato. Conforme a ello, cuando estamos ante una venta a precio alzado, lo importante es determinar cuáles eran los linderos establecidos por las partes al momento de suscribir el contrato de compraventa.

HH H-1

Con este trasfondo doctrinal en mente, analizamos los hechos ante nos. En el presente caso, como correctamente señaló el Tribunal de Apelaciones, nos encontramos ante una venta por precio alzado, ya que en efecto ésta no se hizo a razón de un tanto por unidad de medida. Se pactó una cantidad por el terreno completo.

Ahora bien, la venta por precio alzado, como indicára-mos, se hace por los linderos establecidos en el contrato de compraventa. En este caso, acorde con las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, los linderos se establecieron claramente en la escritura de compraventa del terreno en controversia, suscrita por ambas partes. He-cha la venta a precio alzado, el comprador Pérez Torres tenía derecho a toda la superficie de terreno dentro de los linderos establecidos en el contrato, aunque dicha superfi-cie fuera mayor a la expresada en la escritura, pero no a una superficie adicional que se extendiera fuera de dichos linderos.

A tono con lo anterior, en este caso no se trata de que, al fijar los linderos, el terreno vendido resultó tener una su-perficie en metros cuadrados mayor que la cabida expre-sada en la escritura. Se trata de que Pérez Torres tenía en su posesión una superficie de 141.77 metros cuadrados que se extendía fuera de los linderos especificados en la escri-tura de compraventa. Por lo tanto, entendemos, como lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, que era la intención clara de los contratantes vender una superficie de terreno específica, tal y como surge de la escritura.

En ese sentido, en cuanto a la posible intención de las partes, el foro de instancia encontró probado que en el mo-mento en que se suscribió el contrato privado Rodríguez Medina le indicó a Pérez Torres que no recordaba exacta-mente la cabida del solar. No obstante, las partes acorda-ron que, tan pronto firmaran las escrituras, medirían y fijarían las colindancias conforme surgía de la escritura que evidenciaba su titularidad.

La posición de los recurridos es que el contrato de compraventa fue por un área total de terreno que aparecía cercada y que el peticionario les hizo creer que la propiedad vendida era el lugar debidamente cercado. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia encontró probado el hecho de que el propio codemandado, Pérez Torres, contrató después de la venta al agrimensor, Sr. Rafael Rivera —el cual declaró en el juicio— para que le midiera el solar objeto de controversia, y colocara los puntos correspondien-tes por el lugar donde establece la escritura de compraventa. Conforme a las determinaciones de hecho del foro de instancia, es forzoso concluir que, al momento de suscribir el contrato, las partes establecieron los linde-ros de acuerdo con la descripción y con la cabida del te-rreno contenidas en la escritura de compraventa. Igual-mente claro resulta ser que la porción de terreno, aquí en controversia, no se encontraba dentro de los linderos esta-blecidos en dicha escritura.

En virtud de lo antes expuesto, el foro apelativo intermedio erró al ignorar por completo las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, ya que de éstas surgía que, al momento de suscribir el contrato de compraventa, los linderos del terreno vendido a precio alzado estaban claramente establecidos por las partes. A esos efectos, concluimos que los 141.77 metros cuadrados de terreno en controversia le pertenecen a Rodríguez Medina y a su esposa Ivis Romeu Palermo, por lo que los recurridos deben hacerles entrega de éste.

HH HH

Por los fundamentos anteriormente expuestos, procede expedir el auto de “certiorari” y dictar una sentencia revo-catoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      0 Es importante señalar que para evitar que las personas que iban al super-mercado se estacionaran en el otro terreno perteneciente a Rodríguez Medina, éste construyó una verja cerca de la colindancia de ambos terrenos.

       Este terreno fue adquirido por el padre del peticionario, el Sr. Efraín Rodrí-guez Destres, mediante Escritura Núm. 29 sobre segregación y compraventa otor-gada el 11 de septiembre de 1979 ante el notario Arcadio Toro Goyco. Los solares fueron lotificados por la Administración de Reglamentos y Permisos el 12 de julio de 1979 en el caso Núm. 79-57-0304 MPL.

      s) Ni del expediente del caso ni de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia surgen las razones por las que el precio convenido en la escritura de compraventa fue menor a la estipulada en el contrato privado suscrito por las partes.

       En sus determinaciones de hechos, el Tribunal de Primera Instancia no es-pecifica a qué escritura se refiere.

      B) Ello no obstante, los apelantes posteriormente le informaron al Tribunal de Apelaciones que entendían que no era necesario, para resolver el recurso, una expo-sición narrativa de la prueba, a la cual renunciaron.

      ®) El peticionario también señaló como segundo error el que el Tribunal de Apelaciones incidió al revocar la determinación de “no ha lugar” dada por el Tribunal de Primera Instancia a la reconvención de los codemandados. No obstante, la discu-sión de este señalamiento de error resulta innecesaria, puesto que esa determinación del Tribunal de Primera Instancia advino final y firme, ya que los codemandados en este caso no solicitaron la revisión de esa determinación en su recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones.

       Es norma en materia de interpretación de los contratos que para juzgar la intención de los contratantes “deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”. Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3472. De igual manera, “cuando los términos de un contrato son claros y libres de ambi-güedades, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3471.

       Como sabemos, es doctrina reiterada que los tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la prueba que realizan los tribunales de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 63 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001).

       Este caso representa un claro ejemplo de la máxima que postula que son los hechos los que determinan el derecho, no a la inversa. Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938 (1997); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 310 (1992).