author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Galán, Demandante y Apelante, v. Borinquen Trading Corporation, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Segundo Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2855.
    Resuelto en junio 18, 1923.
    D aíio-s y Perjuicios por Negligencia — Contrato de Obras y Servicios. ■— En este caso, a virtud de eierto accidente ocurrídole en‘tránsito para Cáyey a un automóvil de la demandada, “A,” dueño de un garage de Caguas, recibió instrucciones para que lo reparara y lo trajera a San Juan; “A” no lo trajo personalmente sino que encomendó a un chauffeur que lo hiciera; al conducirlo el chauffeur causó el accidente que originó la reclamación de da-ños a la demandada. Se resolvió: que tales hechos no demuestran que entre la demandada y.el chauffeur existieran relaciones de mandante y mandata-rio ni de principal y empleado {master and servant) sino un contrato de arrendamiento- de obras y servicios entre la demandada y “A,” por lo cual aquélla no es responsable de los daños causados por negligencia del chauffeur.

    Arrendamiento de Obras y Servicios — “Bailment.”— El arrendamiento de obras y servicios a que se refiere el artículo 1447 del Código Civil cae dentro de la denominación genérica de un “bailment” para beneficio mutuo, que significa la entrega de propiedad personal por una persona a otra en depó-sito para un fin específico, con un contrato expreso o tácito de que el depó-sito será fielmente cumplido y la propiedad devuelta o se dará debida cuenta de la misma cuando el fin especial ha sido cumplido, o guardado hasta que el depositante la reclame.
    Id. — Mandato.—Si bien el mandato y el arrendamiento de obras o servicios tie-nen sus puntos de contacto por lo que traen un origen común, se diferencian sin embargo, en ciertas características que les distinguen y sus consecuen-cias legales tienen que ser distintas. En el mandato el principio de represen-tación constituye la esencia de, este contrato, y eso precisamente es lo que le diferencia del contrato de arrendamiento de servicios, locatio opens faeiendñ.

    Depositante (Bailor)- — Depositario—Negligencia del Depositario. — Un depo-sitante (bailor) no puede ,ser responsable a una tercera persona por el uso negligente de su depositario, de la cosa depositada. Tal responsabilidad sólo podría sostenerse por virtud de la. teoría de que un depositante está en la relación de principal o amo para con el depositario, y que tal rela-ción no existe lo indica el hecho de que los deberes y obligaciones del de-positante y depositario son totalmente distintos, y que el primero no tiene control sobre los empleados del segundo. •
    Los beelios están expresados en la opinión. -
    Abogado de la apelante: Sf.'L'. Mendez-Ya&.

    Abogados de la apelada: Sres. C. S. Torres y M. Acosta Velarde.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de marzo de 1920 ocurrió en Santurce, parada 19, un accidente en el que un automóvil de la demandada arrolló al niño de corta edad, Antonio Sosa Galán, causándole va-rias lesiones de carácter grave; y alegándose que el acci-dente se debió a la culpa o negligencia del chauffeur que guiaba el auto, se estableció la demanda de este caso, fun-dándose además en los siguientes becbos: que la colisión su-cedió por negligencia del chauffeur que corría a gran velo-cidad en aquel sitio de gran pendiente y no poco movi-miento, sin tocar bocina ni ningún otro aparato para preve-nir al público del peligro que corría; que el automóvil ca-minaba por el centro de la carretera, en vez de ir por la de - recba, no fijando el chauffeur su atención en la guagua de donde el niño babía bajado en compañía de la madre para atravesar la carretera y no haciendo nada para evitar el choque, ya que desviándose a la derecha en un sitio tan an-cho como aquél, o doblando por la calle de “Dos Hermanos” o aplicando los frenos, lo hubiera, evitado.

La demandada negó los hechos esenciales de la demanda y alegó como materia nueva de defensa, la negligencia contri-butoria de la demandante y el hecho de que la persona que guiaba el automóvil, no era ni había sido empleado o agente de la demandante.

El caso fué juzgado y la corte inferior declaró sin lugar la demanda, por lo que se ha establecido el presente recurso.

En la opinión de la corte inferior se admite que el su-ceso se debió a la negligencia del chauffeur que manejaba el automóvil, pero al mismo tiempo declara irresponsable a la demandada por el fundamento de que la relación entre el dueño del garage que designó al chauffeur para traer dicho automóvil de Oaguas a San Juan y la demandada, es la demandante y mandatario' y no se probó que el mandatario estuviera facultado para nombrar un sustituto. Según la relación que de los hechos hace el juez sentenciador, noso-tros podemos llegar con vista de la prueba, a la misma Conclusión ele que a la demandada no se le puede imputar la negligencia del chauffeur, pero no en virtud del razona-miento legal sentado por la corte inferior, considerando al chauffeur como un mandatario sustituto sin facultad el man-datario para nombrarlo, sino más bien porque se trata sim-plemente de un contrato sobre arrendamiento de obras y servicios, y ésta es la verdadera cuestión legal que nos co-rresponde examinar y dejar resuelta en este caso.

De los hechos resulta que un automóvil de la demandada había sido vendido a cierta persona residente en Cayey; que al pasar el auto por Caguas tuvo una avería y se le dobló un tapalodo; que por orden del manager de la corporación demandada fué llevado al garage de un tal Francisco Pe-reirá, en Caguas, para ser reparado; que se ajustó la re-paración en $35, pero dándosele instrucciones a Pereira que una vez terminado el trabajo, trajera el automóvil a San Juan para ser examinado; que Pereira no trajo personal-mente el automóvil a San Juan, sino que encomendó al chauffeur Manuel Jiménez para hacerlo y a quien fué que le ocurrió el accidente al pasar por la parada 19 de San-turce arrollando al niño Sosa Galán y causándole las le-siones graves que describe la demanda.

Fundada en esos hechos la parte apelante presenta este caso bajo dos puntos de vista. Bajo el primero, sostiene el mismo razonamiento de la corte inferior, o sea la teoría del mandato, con la diferencia de que alega que la corte interpretó erróneamente las disposiciones que regulan el mandato, toda vez que no apareciendo que le estuviera pro-hibido a Pereira designar a un tercero para traer el auto-móvil a San Juan, la demandada era responsable por la culpa o negligencia del chauffeur que dió lugar al choque o coli-sión con el perjudicado. El segundo punto, sin abandonar el primero por su relación o semejanza, se refiere a la apli-cación del principio “respondeat superior”, intentándose establecer una relación de principal y empleado (master and servant) entre la demandada y el chauffeur. Pero nuestra conclusión es, que ni una ni otra teoría son aplicables a los hechos del presente caso.

Los artículos 1445 y 1447 del Código Civil prescriben:

“Artículo 1445. — El arrendamiento puede ser de cosas o de obras o servicios.”
“Artículo 1447. — En el arrendamiento de obras o -servicios, una de las iiartes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.”

'A los efectos de determinar las relaciones jurídicas, que surjan del artículo 1447 supra, entre las partes contratantesy terceras personas, se hace indispensable fijar su natura-leza y analizar los elementos que le distinguen de otras re-laciones contractuales como las referidas por el apelante que aunque similares pertenecen, sin embargo, a estipula-ciones contractuales diferentes.

El contrato que define el repetido artículo 1447, entra dentro de la denominación genérica de un “bailment” para beneficio mutuo. Se han dado varias definiciones de lo que-debe entenderse por tal contrato pero aunque todas ellas se-llan clasificado en dos grupos, según se siga a Blackstone o a los autores Kent y Jones, “sin entrar en una discusión de los muchos argumentos a favor y. en contra de uno u otro de estos dos variables criterios, puede-observarse que la pa-labra ‘bailments’ procede del francés ‘bailler’, y significa 'en-tregar’; y en su significación corriente, la que se ajusta a las autoridades modernas y es sustancialmente exacta, puede decirse que significa la entrega de propiedad personal por una persona a otra en depósito para un fin específico, con un contrato expreso o tácito de que el depósito será fiel-mente cumplido y la propiedad devuelta o se dará debida cuenta de la misma cuando el fin especial ha sido Cumplido, o guardado hasta que el depositante la reclame.” 3 R. CL. 72, 73.

La conexión de mandante y mandatario o de principal y agente que insiste el apelante que hay entre el chauffeur y .la demandada son también una derivación del “bailment” . del cual, habiendo hecho las autoridades una división téc-nica de sus diferentes derivaciones, las han comprendido en cinco clases las cuales con sus nombres romanos son como sigue: depositum, mandatum, commodatum, pignori accep-tum o vadium y locatum. Y esta última, o sea el arrenda-miento, ha sido subdividida en (1) locatio rei; (2) locatio operis faciendi; (3) locatio custodiae, y (4) locatio operis mercium vehendarium. Pero esta división y subdivisión técnica, que corresponde más o menos al viejo sistema Romano, se ha sustituido por una clasificación más moderna, que comprende tres grupos, y en su apoyo, se dice por las au-toridades y la jurisprudencia:

“La idea principal de nuestra ley con respecto a depósitos (iailments) está envuelta en la consideración de recompensa o no recompensa, y como se verá más claramente después; el principio fundamental es el pensamiento de que en aquella persona por cuyo trabajo o molestia no ba de ser compensado debe descansar más sim-plemente la obligación de cuidar. Por tanto de acuerdo con este principio, los depósitos (bailments) se clasifican abora bajo estas tres denominaciones: (1) Aquellos que son para único beneficio del depositante; (2) Los que son para beneficio exclusivo del depo-sitario; y (3) Los que son para beneficio de ambas partes.” 3 R. C. L. 80.
“Así, en la primera clase, los depósitos (bailments) para be-neficio del depositante, están comprendidos el depositum y man-datum; el commodatum está comprendido en la segunda clase, pues ■es un depósito (bailment) para único beneficio del depositario y la tercera clase, depósitos (bailments) para beneficio de ambas partes •comprende el locatum con sus subdivisiones, y pignory acceptum •o vadium3 id. 80.

Se desprende de lo que antecede, que si bien el mandato y el arrendamiento de obras o servicios tienen sus puntos de contacto por lo que traen un origen común, se diferencian sin embargo, en ciertas características que les distinguen y sus consecuencias legales tienen que ser distintas. En el mandato el principio de representación constituye la esencia de este contrato, y eso precisamente es lo que le diferencia del contrato de arrendamiento de servicios, locatio operis faciendi.

“Otro contrato con el que corre peligro de confundirse el arren- ■ damiento de obras o servicios es con el mandato. Suele señalarse entre ambos la diferencia que origina la absoluta necesidad del pre ció en el arrendamiento, al paso que el mandato se supone gratuito, según el artículo 1711, a no ser que el mandatario tenga por ocupa-ción el desempeño de servicios de la especie a que el mandato se re-fiere, en cuyo caso se presume la obligación de retribuirlo. Más el motivo de distinción fundamental entre uno y otro contrato, es-triba en la consideración del principio de representación que in-forma el mandato y que no toma parte pára nada en el arrenda-miento. La intención de las partes será el punto principal que habrá que poner en claro en los casos dudosos.” Manresa, Com. Cod. Civ., tomo 10, p. 414.

La misma autoridad refiriéndose al mandato en sus re-laciones con el‘arrendamiento de servicios, añade:

“Con posterioridad a la publicación del Código, el Tribunal Supremo, sin desdeñar ni repugnar la antigua doctrina de la gra-tuidad del mandato, ha fijado, a nuestro entender, con más acierto la naturaleza jurídica del mismo, basándola en la representación, de suerte que donde quiera que exista, hay un mandato. * * *.
“El mismo Tribunal, por sentencia fecha 27 de Octubre de 1899, ha fijado también la diferencia sustancial entre el arrendamiento de servicios y el contrato de mandato, al determinar el alcance del artículo 1544 y rechazar la aplicación indebida hecha por la sala del artículo 1709. Mientras en el primero, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto, en el mandato lo esencial es la representación confe-rida, y sin ella no existe el contrato. ’ ’ Manresa, Com. Cod. Civ , tomo 11, p. 421.

A la luz de los principios expuestos el dueño del garage donde se reparó el automóvil que causó el accidente no os-tentaba la representación de la demandada, pues aquél so-lamente ejecutaba una obra y prestaba un servicio por un precio cierto y sus actos por consiguiente, en relación con terceras personas por daños que recibieran, mientras que-daba el automóvil bajo su control y durante su entrega, no podían afectar en modo alguno a dicha demandada, ni me nos podía alcanzarle responsabilidad alguna a dicha deman-dada bajo el principio de “respondeat superior”, en el sen-tido de que la demandada tuviera, en su defecto de mandante, el carácter de principal en conexión con el dueño del garage y considerarse éste último su empleado. Tal relación tam-poco existe en este caso, pues para ello era esencial demos-trar que la demandada, tuvo intervención en la selección del chauffeur que condujo el automóvil así como el control y dirección del trabajo de ’dicho chauffeur en todos sus detalles.

“Parece estar muy bien establecido que un depositante (bailor-1 no puede ser responsable a una tercera persona por el uso negli-gente de su depositario, de la cosa depositada. Tal responsabili-dad sólo podría sostenerse por virtud -de la teoría de que un depo-' sitante está en la relación de principal o amo para con el deposi-tario y que tal relación no existe lo indica el hecho de que los de-beres y obligaciones del depositante y depositario son totalmente distintos, y que el primero no tiene control sobre los empleados del segundo.” 3 E. C. L. 145, 146.
“Los elementos esenciales son que el principal tendrá el control y dirección no sólo del empleo a que se refiere el contrato sino de todos sus pormenores, y tendrá el derecho de emplear a su gusto y mediante debida causa separar del empleo a aquellos que le sirven.” 18 R. C. L. 491.
“Es además, esencial la relación de principal y empleado, y la regla por supuesto es la misma cuando el fin es que el empleado procederá como un agente o representante del patrono o principal, que el principal tendrá la facultad y autoridad de dirigir y regular los actos del supuesto empleado. Teniendo esta facultad el principal debe responder. No teniéndola no puede ser hecho responsa-ble. Respondeat superior es la base de la responsabilidad; y si el patrono o principal carece de facultad para ordenar o dirigir los actos del alegado empleado o agente no hay ningún superior cuyo deber sea responder por los actos del inferior.” Id. id. 782-83.

Como en el caso que nos ocupa no aparece • que exista disparidad sobre los hechos, las cuestiones discutidas se han reducido a cuestiones de ley, y habiendo considerado que solamente se trata de un arrendamiento de servicios y obras celebrado entre la compañía demandada y el dueño del garage Sr. Pereira, no existe responsabilidad alguna que pueda imputársele a la demandada con motivo del accidente ocurrido y que ocasionó los daños que se han intentado re-clamar en esta acción.

Por las razones expuestas la sentencia inferior, debe con-firmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Jtjez Asociado Se. FraNOO Soto,

license: Public Domain

text:
    Méndez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de cancelación.
    No. 571.
    Resuelto en junio 18, 1923.
    Cancelación de Hipoteca — Inscripción.-—Otorgada escritura de cancelación Je una hipoteca por haber cumplido el deudor las obligaciones garantizadas por ésta, el registrador denegó la inscripción porque antes de cancelar, el hipotecario otorgó escritura de posposición comprometiéndose a no cancelar o ejecutar el gravamen ínterin el deudor pagara ciertas deudas contraídas con otros acreedores. Se resolvió: que desaparecida la obligación garanti-zada hipotecariamente, la posposición no impide la cancelación, porque lo que no existe no es susceptible de ser pospuesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. Mena.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Jtjez Asociado Se. FraNOO Soto,

emitió la opinión del tribunal. •

Presentada al Registro de la Propiedad de Caguas cierta escritura de cancelación, el registrador denegó inscripción fundándose en la siguiente nota:

“DENEGADA la inscripción de cancelación a que se refiere el precedente documento que es la escritura número 92 otorgada en Caguas el 15 de marzo de 1923 ante el Notario Andrés Mena La-torre, por observar que según el registro, y en virtud de la escritura No. 104 otorgada en Caguas el 13 de noviembre de 1918 ante el Notario Carlos B. Buitrago, la hipoteca que se cancela por dicha escritura No. 92, fue pospuesta por el mismo 'acreedor Francisco Méndez Jiménez y su esposa María Cano, obligándose a no cancelar ni ejecutar dicho crédito hipotecario hasta que se cumplieran por el deudor José B. Méndez Jiménez otras obligaciones de pagos a diversas personas, no constando del Registro que dichas obligaciones hayan sido cumplidas;”

Aparece de la escritura de cancelación que la hipoteca que se trata de cancelar se constituyó por el deudor para garantizar al acreedor hipotecario de dos obligaciones que dicho acreedor suscribió con el deudor con carácter solida-rio, a saber: una por $700 a la orden de Magín Arguelles y la otra por $2,225 a la orden de Pedro Orcasitas. Clara-mente resulta el carácter condicional de la hipoteca y su efec-tividad dependía de que vencieran aquellas obligaciones personales y el deudor no hiciera el pago; pero si por el con-trario se realizaba dicho pago, ipso facto quedaba sin efecto la hipoteca. Siendo estos los términos de la hipoteca y confe-sando el acreedor hipotecario que las dos obligaciones fueron pagadas por el deudor, sin que tuviera que satisfacer can-tidad alguna y que, por tanto, quería y Consentía que se can-cele totalmente la hipoteca, la consecuencia era que la hipo-teca quedaba extinguida y que surtiera todos sus efectos le-gales, incluso su inscripción -en el registro. Todo esto pa-rece sencillo, pero el registrador, quien no ha presentado alegato en apoyo de su nota, funda su negativa en que por virtud de otra escritura número 104, otorgada en Cáguas en 13 de noviembre de 1918, la hipoteca fué pospuesta por el acreedor hipotecario, obligándose a no cancelar ni eje-cutar dicha hipoteca hasta que se cumplieran por el deudor otras obligaciones de pago a diversas personas.

No aparecía, sin embargó, del récord la escritura nú-mero 104 citada, pero en virtud dé nuestra orden para me-jor proveer tenemos a la vista la certificación literal del asiento que causó en el registro dicha escritura y de ella resulta, realmente, que el acreedor hipotecario Francisco Mén-dez Jiménez se obligó a no cancelar ni ejecutar su hipoteca, originalmente sujeta a una condición suspensiva, dependiente de obligaciones distintas a las consignadas en la escritura número 104; pero asimismo se desprende de esta última es-critura que fué el propósito de su otorgamiento que el acree-dor hipotecario pospusiera la ejecución de su hipoteca, de-pendiendo su efectividad de que el deudor José B. Méndez Jiménez no pagara las dos obligaciones mencionadas en la escritura de hipoteca.

Claro es que posponiéndose la hipoteca a otros créditos personales que relata la escritura número 104, o a no ejecu-tarla dicho acreedor mientras no fueran satisfechos por el deudor José B. Méndez, esto equivalía a convenir que dichas obligaciones personales se hacían preferentes en su cobro a la hipoteca, pero desapareciendo la causa de dicha hipo-teca, o sea, manifestando el acreedor hipotecario en la es-critura de cancelación que José B. Méndez y Jiménez ha sa-tisfecho totalmente las dos obligaciones que garantizaba el acreedor hipotecario como su fiador solidario, siendo ésta la razón de la hipoteca, no vemos el motivo en que pueda haberse fundado el registrador, cuando a la desaparición de la causa tiene que seguir la de sus efectos.

Por otra parte, no perdiendo de vista la razón que tuvo el acreedor hipotecario para posponer la. hipoteca ciando y consintiendo la preferencia a otros créditos personales, la cancelación quitaba, en último término, toda contingencia a tal preferencia, quedando expedita con mayor razón la vía para el cobro de las obligaciones personales de que habla la escritura número 104, supra, y cumplido su propósito. Además, el hecho de que el acreedor hipotecario Francisco Méndez Jiménez se obligara a posponer su crédito eventual a las demás obligaciones personales del deudor, estipulando no cancelar ni ejecutar, no podía entenderse en el sentido de darle más extensión a la obligación de cancelar sino como una consecuencia a la prohibición de ejecutar y no de otro modo, pues es sabido que toda ejecución de un crédito hipo-tecario lleva consigo la cancelación del mismo.

Por las razones expuestas la nota debe revocarse.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. "Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Deliz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción a la Ley de Andamios.
    No. 2084.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Ley de Andamios — Partes en Acciones Criminales — Denuncias.—Si tanto el dueño como el constructor de la obra son culpables de violación de la Ley de Andamios de 1913, uno y otfo pueden ser procesados.
    Id. — Barandillas—Prueba.—La existencia de barandillas protectoras es indispensable en toda obra y ninguna excusa es aceptable para ^justificar su in-existencia en determinado momento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Pinero.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando una ley permite en forma disyuntiva el proce-samiento, ya del dueño de la obra o de su constructor, si ambos son culpables, pueden los dos ser procesados. Se-gún entendemos, el uso de la palabra “o” es permitir que uno u otro, o ambos, sean denunciados, y el apelante no nos cita ninguna autoridad en contrario. La ley antes de ser enmendada decía que el dueño y constructor serían proce-sados dejaiido quizá algo en duda si uno podía ser denun-ciado sin el otro, pero tal caso no es el que está ante nues-tra consideración.

De la prueba presentada, aunque hubo algún conflicto, aparecía que una plataforma puesta en operación no tenía barandilla o cerca, en contravención a la ley de diciembre 1, 1917, Ley numero 46 de ese año. No importa que los emplea-dos del acusado fueran a poner tal barandilla en la plata-forma. La ley exige que exista realmente una.

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: En Juez Asociado Sb. Wokf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ribera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 2066.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    InscripcióN de Alambiques — Prueba de la Existencia del Alambique. — No necesita un testigo ser perito para poder declarar acerca de la existencia de un alambique. El Pueblo v. Negr&n, 29 D. P. R. 66.
    Id. — Ib.—Testigos Oculares. — La existencia de un alambique puede probarse por testigos oculares. No es necesario presentar el alambique en evidencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. Martines Nadal, Tormes & Colón.

    Ábog’ado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   En Juez Asociado Sb. Wokf,

emitió la opinión del tribunal.

Los dos primeros señalamientos de error se refieren a la admisión de prueba, porque durante la celebración del jui-cio de una causa por estar el acusado en posesión de un alambique sin tener licencia, se - permitió declarar a- dos policías sobre la existencia del alambique. También se opuso el apelante por el fundamento de que los policías no eran peritos. Los policías declararon con respecto a lo que’ habían visto y que parecía ser un alambique. Hasta tanto no estemos convencidos de lo contrario nos sen-timos obligados a resolver que no necesita un testigo ser pe-rito para poder declarar acerca de la existencia de un alam-bique. El Pueblo v. Negrón, 29 D. P. R. 55, caso en el cual el alambique fué presentado a la corte.

El apelante en su tercer señalamiento de error se queja de la apreciación de la, prueba, pero en la discusión del error se limita a la omisión por parte del Gobierno en traer el alambique ante la corte'. Sin embargo, los testigos pueden generalmente declarar sobre la existencia de un objeto fí-sico y el apelante no nos convence de que su caso es una excepción.

Sostiene el apelante como Cuarto señalamiento de error que él debió haber sido procesado, si acaso, por virtud de la Ley Volstead. Esta es una cuestión que hemos resuelto en sentido adverso al apelante en el caso de El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474, y en otros.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Tofo y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wiolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Delgado, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por daños maliciosos.
    No. 2087.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Daííos Maliciosos — Negligencia que Equivale a Malicia — Malicia.—El hecho de que el acusado disparara su revólver sobre un bulto que resultó ser un potro, porque creyó que era un fantasma, no justifica la ausencia de malicia.
    Id. — Prescripción — Alegaciones. — En el presente caso el apelante aparente-mente alega que no se probó que el delito estuviera dentro del período de su prescripción, pero tal alegación es generalmente materia de defensa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Soto Rivera.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wiolp,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de daños maliciosos por haber entrado en una propiedad particular y matado allí maliciosamente un potro perteneciente al perjudicado. No hubo duda alguna del disparo hecho al potro y el funda-mento principal de error fué que no se probó que existiera ninguna malicia.

Para justificar la ausencia de malicia hubo prueba ten-dente a acreditar, que mientras el acusado iba para un rosa-rio vio un bulto en el camino, creyó que era un fantasma y disparó contra él matando al potro. Sin embargo, una persona que hace uso de un instrumento peligroso como lo es un revólver, debe estar razonablemente segura antes de dis-parar de que no causará daño con el tiro. En este caso el acusado tenía motivos para creer que el objeto que se apa-recía podría ser otra cosa que no fuera un fantasma. Por el hecho de no tomar precauciones o por tal descuido po-dría inferirse la malicia. “Malicia” está definida de este modo en el Código Penal:

“Las palabras 'malicia1, ‘maliciosamente,’ denotan la comisión de un acto dañoso intencionalmente, sin justa causa o excusa, — -la esciente infracción de ia ley, en perjuicio de otro.”

En el presente caso, además, la corte tenía derecho ft creer, en vista de la prueba, como probablemente creyó en realidad, que los hechos sucedieron de otro modo.

También sostuvo el apelante que no se probó la fecha en que fué cometido el delito toda vez que no se especificó el año de la ocurrencia. Creemos que toda la tendencia de la prueba fué acreditar un suceso reciente. El apelante apa-rentemente lo que alega es que no se probó que el delito es-tuviera dentro del período de su prescripción, pero tal ale-gación generalmente es materia de defensa.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Ex parte José N. Quiñones, Peticionario.
    AdmisiÓN al ejercicio del notariado (moción de reconside-ración.)
    No. 442.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Abogados — Notarios—Requisitos Necesarios para Ejercer ed Notariado.— Aunque un abogado hubiera estado en condiciones de ser admitido al ejercicio del notariado antes de regir la Ley núm. 15 de 1914, si no recibe licencia del Tribunal Supremo para ejercer la abogacía hasta 1915, no puede ser autorizado a ejercer el notariado hasta que haya practicado la abogacía durante dos años contados a partir de la fecha de la admisión, según prescribe la citada ley de 1914.
    Los hechos están expresados- en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. F. Soto Gras.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José N. Quiñones, abogado admitido a ejercer su profe-sión ante los tribunales insulares desde el 27 de abril de 1915, solicitó en mayo 29, 1923, que se le admitiera a la práctica del notariado. Alegó en su solicitud que liabía ve-nido desempeñando cargos judiciales desde el 21 de diciem-bre de 1915 basta enero 3, 1923. Siendo ello así, vista la ley sobre la materia que requiere dos años de práctica de la abogacía y lo resuelto en el caso de Pereyó v. López et al. 22 D. P. R. 780, la solicitud fue negada.

No conforme el peticionario ba presentado un escrito solicitando da reconsideración de nuestra orden basándose en que si bien fué admitido a ejercer su profesión por esta Corte Suprema en 1915, es lo cierto que estaba en condi-ciones de serlo desde antes de estar en vigor la ley de 1914 que es la que exige el requisito de los dos años.

No es posible admitir tal razonamiento. La ley dice: “Desde la fecba de la aprobación de esta ley, sólo podrán ejercer la profesión notarial en Puerto Rico los que, por el becbo de estar ya admitidos como abogados o notarios, tienen el derecho de ejercer dicha profesión notarial; los que en lo sucesivo se admitan por la Corte Suprema a la práctica de la abogacía, después de haber practicado ésta dos años ante los tribunales de esta isla, * * '* .” Como puede verse sin esfuerzo alguno, según los términos de la ley, en ambos casos el punto de partida es la admisión, no el estar en condiciones de ser admitido.

En tal virtud debe declararse sin- lugar la reconsidera-ción solicitada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. "Wolf,

text:
    Parga & Frontera, S. en C., Demandante y Apelada, v. The Royal Insurance Company, Limited, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de póliza.
    No. 2935.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    SiíguboS' — Arbitraje—Laubo no Obligatorio. — Un asegurado que no acepta ol laudo arbitral a que se sometió, puede reclamar judicialmente la cuantía de la pérdida sufrida en la cosa asegurada. Tratándose de seguros, el ar-tículo 175 de la Ley núm. 66 de 1921 substituye al artículo 1721 del Có-digo Civil.
    Id. — Prueba de la Cuantía de la Pérdida. — Para fijar el valor que tenía una propiedad asegurada, la prueba de la valoración para fines contributivos es admisible.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. P. Fajardo.

    Abogado de la apelada: Sr. J. ¡Sabater.

   El Juez Asociado Sr. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Una cláusula de una póliza de seguro disponía la sumi-sión a un árbitro o árbitros para determinar la cuantía de la pérdida sufrida. Después de una pérdida, se convino en la sumisión a un arbitraje, se reunieron los árbitros y fi-jaron los daños en la suma de $525. No estando conforme la demandante con este laudo estableció demanda por el valor total del automóvil asegurado. La corte dictó senten cia por la suma de $1,000, que era el valor en tasación del automóvil y resolvió que el arbitraje fué en contravención al artículo 175 de la Ley de julio 16, 1921, el cual es como sigue:

“Art. 175. — Será ilegal - toda cláusula en un contrato de se-guros que impida al asegurado el derecho de reclamar en los tribunales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el accidente contra el cual se hizo el seguro el importe de cualquier pérdida sufrida j que hubiere sido objeto de dicho seguro. El Tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la Compañía, sino también el alcance de la pérdida.”

Aunque teníamos alguna duda sobre esto en la vista, las palabras son claras y la palabra “alcance” en castellano en inglés es “amount”. En el tomo 26 de Corpxis Juris, página 416, citado por la corte inferior encontramos la si-guiente cita:

“Una cláusula general sobre arbitraje que requiere la sumi-sión a árbitros de la responsabilidad de la compañía antes de que pueda establecerse una acción basada en la póliza, es nula por ser un convenio que priva a las cortes de su jurisdicción. Pero a me-nos que otra cosa se prescriba en el estatuto, una cláusula de una póliza que requiere la sumisión a arbitraje de cualquier diferencia en cuanto al importe de la pérdida, antes de que pueda establecerse acción fundada en la póliza, de este modo haciendo el arbitraje una condición precedente para recobrar, se ha declarado generalmente que es válida.”

Pero tenemos un estatuto sobre la materia. Véase tam-bién el tomo 26 de C. J., página 469. De modo que la sumi-sión del importe de la pérdida al arbitraje no es obligatoria para el asegurado en Puerto Pico. El artículo 1721 del Có-digo Civil no puede beneficiar a la apelante, 'puesto que la ley de 1921 es posterior. Las demás autoridades citadas por la apelante no están considerando la existencia de un estatuto.

El apelante no nos cita ninguna autoridad respecto a que la corte inferior no tiene derecho a considerar la valoración dada al automóvil para los fines de la contribución y nos in-clinamos al parecer de que tal prueba es admisible. Or-dinariamente y a falta de fraude el dueño fijará un valor bajo y no alto a su propiedad para los fines de la contri bución. Además, bubo otra prueba ante la corte por tratar la demandante de probar una valoración mayor.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Parga y Frontera S. en C., Demandante y Apelante, v. The Royal Insurance Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de póliza.
    No. 2952.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Costas — Discreción Judicial. — Iíizo buen uso de su discreción al no imponer la corte las costas a la demandada en este caso de daños y perjuicios, pues habiéndose sometido la demandante a un arbitraje cuyo laudo estimó insufi-ciente, la demandada estaba justificada en creer que los daños no eran ma-yores que la tasación hecha por los árbitros, especialmente toda vez que la demandante trataba de recobrar una cantidad mayor que la que realmente fué determinada por la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. P. Fajardo.

    Abogado de la apelada: ;Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

• La parte sustancial de esta apelación está resuelta en nuestra opinión y sentencia del caso No. 2935.

En cuanto -a la omisión de la corte inferior en impo-ner las costas a la demandada, esa era una cuestión dentro de la sana discreción de la corte y no vemos que se haya cometido abuso alguno. En realidad de verdad, después de haberse sometido la demandante a un arbitraje la deman-dada estaba justificada en creer que los daños no eran ma-yores que la tasación hecha por los árbitros, especialmente toda vez que la demandante trataba de recobrar una can-tidad mayor que la que realmente fué determinada por la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Núñez, Demandante y Apelante, v. Lacot, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación y petición de herencia.
    No. 2794.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Hijos Legítimos — Presunción de Legitimidad — Prueba Insuficiente del Con-cubinato.- — En el presente caso la madre alegó que la presunción de legiti-midad de su hija nacida dentro de los 3'00 días subsiguientes al divorcio no debía prevalecer- La prueba de la imposibilidad física para el intercurso a que se refiere el artículo 131 del Código Civil tendió a demostrar la sepa-ración de los esposos desdo que estaba pendiente el pleito de divorcio vi-viendo ella en Peñuelas y él on Ponee. Se probó que ambas poblaciones están tan próximas que en la época del nacimiento de la alegada hija natural, Peñuelas era parte del distrito judicial de Ponce. Se resolvió: que tal prueba es insuficiente para destruir la presunción de legitimidad y menos cuando no se probó el alegado concubinato entre la demandante y el su-puesto padre natural, eomo requiere el artículo 189 del Código Civil antes de la enmienda de 1919.
    Id. — Filiación.—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia la condición o estado de un hijo natural o ilegítimo ha de determinarse por la ley en vigor a la fecha de su concepción o nacimiento, según sea el caso.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. E. Flores Colón.

    Abogados de la apelada: Eres. J. y M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Núñez, casada con Luis Maldonado, obtuvo sen-tencia de divorcio contra él en 17 de noviembre de 1904. En 7 de septiembre de 1905, dió ella a luz; a la niña Araceli. Como esta niña nació dentro de los 301 días de la disolución del matrimonio, se presumirá, como declaró pro-bado la corte inferior que es legítima a tenor del artículo 181 del Código Civil, el cual es como sigue:

“Art. 181. — Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución.
“Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que la im-posibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen prece-dido al nacimiento del hijo.”

La demandante Carmen Núñez, sin embargo, en repre-sentación de su hija alegó que ésta era hija ilegítima de Luis Becerra Lacot, concebida y nacida después del divorcio. Como fundamento particular para la alegación que hace de ser su hija heredera de Luis Becerra, alega la madre un es-tado de concubinato público, que Luis Becerra y Carmen Núñez vivieron públicamente, bajo el mismo techo y como marido y mujer.

Celebrado el juicio, la Corte de Distrito de Ponce declaró probado que Araceli Núñez es hija legítima de los esposos divorciados, Luis Maldonado y Carmen Núñez, y declaró también probado que la demandante no había establecido un caso de acuerdo con sus alegaciones.

La apelada, madre de Becerra, reconoce que un hijo ile-gítimo o hasta adulterino podría tener derecho a una recla-mación contra su supuesto padre de haber nacido entre los años 1902 y 1911, durante cuyo período el Código Civil no establecía distinción alguna entre los hijos naturales en particular y los hijos ilegítimos en términos amplios. La ape-lada, sin embargo, llama la atención a que de acuerdo con el artículo 184 del Código Civil sólo el padre puede disputar la legitimidad de un hijo y si bien puede alegarse la ausencia para demostrar la imposibilidad física del trato carnal, no se probó en forma debida la ausencia como se pretendió ha-cerlo.

Lo que la apelante trató de demostrar fué que mientras -estaba pendiente el pleito de divorcio Luis Maldonado y ■Carmen Núñez vivieron separadamente, el esposo en Peñue-las y la esposa en Ponce. La apelante cita jurisprudencia al efecto de que cada caso de alegada incapacidad física, o de ausencia, debe juzgarse por sí mismo y que no deben es-tablecerse reglas definidas. Los comentaristas citados ha-biaban en gran parte de segundos matrimonios y del depó-sito de, la esposa y otras condiciones que no existen en este caso. Nos sentimos obligados a sostener que la demandante Carmen Núñez no ba refutado con éxito la presunción de legitimidad como se consigna en el artículo 181 del Código Civil.

La apelada en verdad llama la atención al becbo de que vivir en Peñuelas no excluye la posibilidad del contacto fí-sico. Esta no es la “ausencia” de que babla el Código Civil o las decisiones de los comentaristas. Peñuelas en la fe-cha de la concepción de la niña Araceli Núñez era parte del distrito judicial de Ponce. Su proximidad ba sido revelada por los mismos testigos del caso. Carmen nació en Peñue-las. Becerra iba frecuentemente allá y uno de los testigos vivía allí. Incumbía a la apelante demostrar la imposibili-dad física del contacto.

Por supuesto que puede uno fácilmente entender la ac-titud de la demandante, asumiendo que sus alegaciones son ciertas. Ella entonces sabría que Araceli no podía ser la bija de Maldonado y que era la bija de Becerra, y vería una injusticia en no permitir que fueran establecidos los verdaderos becbos. La misma Araceli Núñez, que era una mucbacba de diesciséis años, dijo al ser llamada a declarar que una persona sin nombre no es nadie. Ella trataba de probar su verdadero parentesco según ella. Sin embargo, ni los deseos de la madre o de la bija pueden prevalecer. La sociedad, Como se expresa en el Código Civil, ba rodeado de fuertes presunciones la legitimidad de los bijos nacidos mientras existe el matrimonio y por trescientos días des-pués de su disolución. Es algo curioso observar la tenta-tiva de la misma bija para destruir la presunción de legi-timidad, pero es imposible para esta corte el bacer excep-ciones en contra de la letra del Código, por no decir de su espíritu. La apelante dejó de probar un caso dentro de la excepción que claramente menciona el Código.

También declaró probado la corte que las alegaciones de la demanda relativas' al concubinato no habían sido pro-badas. Hubo alguna prueba tendente a acreditar que Luis Becerra y Carmen Núñez vivieron juntos y bajo el mismo tedio y que él pasó algunas noches enteras con ella, pero la prueba no es enteramente satisfactoria. La prueba, sin embargo, es mucho más robusta, en nuestra opinión, de que Luis Becerra tenía su hogar con su madre durante el pe-ríodo de la concepción de la niña y que él rara vez vivió o durmió fuera de la casa. Ciertamente que no se probó tal concubinato como el que requería el'artículo 189 del Có-digo Civil antes de su enmienda en el año 1911, el cual es como sigue:

“Art. 189. — El padre está obligado a reconocer al hijo ilegí-íno en los casos siguientes:
“1. Cuando existe escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sostenimiento.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

Le acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta corte la condición o estado de un hijo natural o ilegítimo ha de determinarse por la ley en vigor a la fecha de su concep-ción o nacimiento, según sea el caso. Morales v. Sucesión de C. Cerame, 30 D. P. R. 843; Ramírez v. Ramírez, 30 D. P. R. 617.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Pbesidente Se. del Tono,

text:
    Díaz, Demandante y Apelante, v. Llompart et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 2863.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Bjenes Gananciales — Bienes Privativos — Hipoteca; Ejecución de — Prueba.-^-Cuando una mujer casada ejecuta una hipoteca que le pertenece privativa-mente, no es necesario que intervenga su marido en la ejecución eomo parte demandante.
    Id. — Id.—Intereses.—Los intereses producidos por los bienes privativos du-rante el matrimonio, son gananciales, pero no habiéndose demostrado en este caso que los intereses cobrados fueran percibidos constante el matri-monio, no puede sostenerse que la ejecución comprendiera bienes gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. González.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Tous Soto.

   El Juez Pbesidente Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito iniciado de acuerdo con el artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en solicitud de la nulidad del procedimiento ejecutivo sumario seguido en la Corte de Distrito de Humacao por los herma-nos Antero, Natalio, Andrea y Concepción Llompart y Pe-reirá en cobro de cierta deuda y parte de sus intereses ga-rantidos, deuda e intereses, con una hipoteca cpnstituída sobre una casa propiedad de la demandante Isolina Díaz y Rodríguez.

El 14 de junio de 1922 la corte de distrito dictó senten-cia declarando sin lugar la demanda. La sentencia se basa en una cuidadosa opinión que estudia todas las cuestiones suscitadas en el pleito y que contiene la siguiente declara-ción ele hechos probados:

“1. Juana Borras y G-inart siendo dueña de la finca anterior-mente descrita, hipotecó la misma al Sr. Jaime Llompart y Prats para responder a éste de la devolución de la cantidad de dos mil dollars que le'-había prestado y del pago de sus intereses a tipo con-venido, fijando en mil doscientos dollars el montante de intereses (¡ue quedaban garantizados en perjuicio de tercero, ampliándose la hipoteca, a cien dollars más para responder de gastos judiciales en caso de ejecución.
“2. Fallecido Jaime Llompart y Prats, abintestato, sin dejar descendencia legítima, ni descendientes ilegítimos reconocidos, su madre señora Catalina Prats viuda de Llompart, alegando ser su única ascendiente solicitó de la Corte de Distrito de Iíumacao se le declarara su única y universal heredera como así se hizo, promo-viéndose más tarde por los hoy demandados Llompart y Pereira una acción declarativa contra dicha señora a fin de que fueran declarados hijos ilegítimos reconocidos de Jaime Llompart y Prats, apareciendo de la demanda todos los hechos necesarios .para deter-minar la filiación así como la condición de naturales a favor dé de los demandantes y en cuyo pleito recayó sentencia, que adqui-rió el carácter de firme y ejecutiva, haciéndose la declaración solici-tada en la demanda.
“3. A virtud de esa sentencia y sin notificar nuevamente a la señora Prats Yda. de Llompart, los demandantes Llompart y Pe-reirá obtuvieron se dejara sin efecto la declaratoria de heredero pronunciada a favor de aquélla, fueran ellos declarados herederos de Jaime Llompart-y Prats y se ordenara la cancelación en el Registro de la Propiedad de Caguas, del crédito hipotecario antes referido que había sido inscrito a favor de ella a petición de Francisco Ramis Borras, actual esposo de la demandante Isolina Díaz Rodríguez, actuando como mandatario de ésta.
“4. Incoado un ejecutivo hipotecario para cobro de la misma hipoteca y expedido el auto de requerimiento se alegó por Isolina Díaz Rodríguez la forma en la cual se había obtenido la declara-ción de heredero a favor de los ejecutantes, la nulidad de la decla-ratoria de heredero a favor de ella y la cancelación de la ins-cripción, dejándose entonces sin efecto el auto por la corte de dis-trito que lo había dictado y cuya resolución fué ratificada por. el Tribunal Supremo de Puerto Rico y entonces los señores Llom-part y Pereira iniciaron ante este mismo Tribunal un declarativo contra Catalina. Prats viuda de Llompart a fin de ampliarse la anterior sentencia de filiación en el sentido de declarar que en la concepción y nacimiento de ellos habían concurrido las condiciones requeridas por la ley vigente en la época de tales aconteeimientos,-para adornar a los hijos de la condición de naturales y también para que se anulara la declaratoria de herederos de Jaime Llom-part y Prats a favor de su madre, se declarara que los demandan-tes eran únicos herederos de Jaime Llompart y Prats, se decre-tara la cancelación de cualquiera inscripción extendida en el re-gistro de la propiedad a favor de Catalina Prats Yda. de Llom-part, por título sucesorio de su hijo y muy especialmente la de transmisión del crédito hipotecario referido.
“5. En tal declarativo se dictó sentencia, en rebeldía de la de-mandada, previa celebración del juicio, concediéndose a los deman-dantes todas las peticiones formuladas en la demanda, notificándose el pronunciamiento a Catalina Prats Yda. de Llompart mediante envío por correo, bajo pliego certificado, de copia de la sentencia, a la dirección que aparecía del diligenciamiento del emplazamiento y firme la sentencia se expidió mandamiento al registrador de la propiedad de Caguas para que cancelara las inscripciones que se-habían ordenado.
“6. Se tramitó nueva declaratoria de herederos por los seño-res Llompart y Pereira obteniendo nuevamente su declaración de únicos herederos de Jaime Llompart y Prats y se extendieron en el registro de la propiedad tanto la cancelación antes dicha como la inscripción del crédito hipotecario, por título de herencia, a favor de los hijos de dicho causante.
“7. Durante la sustanciación del declarativo los señores Llom-part y Pereira cedieron a Ramón Donis Figueroa el crédito hipo-tecario y el dinero entregado por éste quedó en poder del heredero Antero Llompart y Pereira, sin que parte alguna del mismo lle-gara a poder de Concepción Llompart y Pereira, esposa de Yietorio Milán, y esa cesión se dejó sin efecto posteriormente mediante un contrato que las partes calificaron de rescisión y que tuvo por objeto quedar dueños nuevamente del crédito hipotecario los Sres. Llompart y Pereira y devolver al señor Donis y Figueroa la misma cantidad de dinero recibida de éste y cuya devolución efectuó el mismo Antero Llompart y Pereira personalmente.
“8. Asi las cosas se promovió el ejecutivo hipotecario que es objeto de impugnación y con cuyo escrito inicial, que no ha sido impugnado, se acompañaron: (a) El título de constitución de la hipoteca, (ó) la declaratoria de heredero de Jaime Llompart y Pe-reirá a favor de los ejecutantes, (c) la escritura de cesión otorgada por éstos a favor de Ramón Donis Figueroa, (d) la escritura de rescisión de dicha cesión, (e) el mandamiento expedido al registra-dor de la propiedad de Caguas para la cancelación de la inscrip-ción del crédito hipotecario a favor de Catalina Prats Vda. de Llom-part y (/) certificación del registro de la propiedad de Caguas ere ditiva de no encontrarse canceladas ni estar pendiente de cancela-ción la inscripción del crédito hipotecario, conteniendo- traslado literal de todas las inscripciones de transferencia del crédito hipo-tecario y del dominio de la finca que había tenido lugar desde la constitución de la hipoteca hasta la última transferencia según el registro y según los hechos, incluyendo los asientos que habían sido cancelados y los asientos de cancelación, esto es, conteniendo un traslado literal de cuanta operación se había efectuado en el re-gistro en relación con el crédito hipotecario.
“9. Expedido el auto de requerimiento fué solicitado por la ejecutada Isolina Díaz Rodríguez la reposición del procedimiento, lo que le fué denegado, interponiendo entonces recurso de apela-ción contra la resolución denegatoria y cuyo recurso ha sido deses-timado por el Tribunal Supremo.
“10. Dictada la providencia de remate fué cumplimentada, su-bastándose la finca y adjudicándose a los demandantes, sujeta a una primera hipoteca.”

No conforme con la sentencia la demandante apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de varios errores. No obstante no haber sido los errores se-ñalados de acuerdo con lo que prescriben nuestras reglas, los hemos estudiado y a nuestro juicio no han sido cometi-dos por el tribunal sentenciador. La única cuestión dudosa es la de si el crédito ejecutado en cuanto se refiere a la de-mandada Concepción Llompart tenía o nó el carácter de ganancial.

El procedimiento hipotecario se siguió por doña Concep-ción, de estado casada, en unión de sus hermanos. No in-tervino el esposo y se sostiene que por esta circunstancia el procedimiento es nulo. Conocemos los hechos declarados pro-bados por la corte y de ellos resulta que no se trataba de un bien ganancial, sino privativo. La apelante no ha de-mostrado que la corte errara de modo manifiesto al .apre-ciar la prueba.

Sostiene además la apelante en sn alegato, lo que signe:

“Admitiendo en hipótesis que el condominio del crédito hipo-tecario fuese privativo de la esposa, lo sería el capital, pero de nin-gún modo los intereses por él devengados con posterioridad a la fe-cha en que se efectuó el enlace de los esposos Milano-Llompart, de acuerdo con lo estatuido en el número 3 del artículo 1316 del Có-digo Civil revisado, expresivo de que son bienes gananciales, entre otros que no es del caso enumerar, ‘Los frutos, rentas o inte-reses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cón-yuges. ’
“En consecuencia, habiéndose ordenado en el ejecutivo 8046 el pago, no sólo del principal del crédito hipotecario, sino también de, un mil doscientos dollars de intereses, la parte de éstos devengada vigente el matrimonio Milano-Llompart, en cuanto a un condominio ascendente a una cuarta parte, es ganancial y a su cobro debió concurrir inexcusablemente el marido en vez de la esposa.”

No consta que esta cuestión se levantara en la corte inferior y cualquiera que pudiera ser la importancia que tu-viera desaparece si se considera que sólo se c'obró parte de los intereses devengados o sea aquella que fué garantizada con la hipoteca y que no constando la fecha del matrimonio de doña Concepción, no hay una base segura para poder afirmar que se cobraron intereses correspondientes a la so-ciedad de gananciales.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Torrellas, Demandante y Apelante, v. Santos, Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación.
    No. 2555.
    Resuelto en junio 19, 1923.
    Reivindicación — Causa de Acción — Ratificación de Partición Anulablb — Bie-nes de Menores Vendidos para Pago de Deudas Contra la Herencia— Estoppel. — En la partición aprobada por la corte, de la herencia relicta al fallecimiento del esposo y padre, se adjudicó una finca a la viuda para pago de una deuda contra la herencia, en la cual interesaban menores, cuya finca, vendida a la acreedora para pago de la deuda, pasó finalmente a poder de las demandadas. Al ser mayores de edad, los menores ejercitaron actos de dominio en bienes adjudicádosles en la partición y en otros adjudicados en ella a la viuda y finalmente adquiridos por ellos a título hereditario. Muer-tos también los herederos, dos hijas de uno de ellos demandaron la reivindi-cación de la finca adjudicada y vendida para pago de deudas. Se resolvió: 1°., que los actos de dominio realizados por los herederos convalidaron la partición anulable, por lo que las demandantes, aunque jamás hubieran rea-lizado por sí actos de dominio sobre la finca que intentan reivindicar, care-cen de causa de acción; y 2°., que una escritura de partición es una totali-dad y un interesado que la ha aceptado en parte no puede rechazarla en parte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. ,Sabater.

    Abogado de las apeladas: Sr. A. Amoldo.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte inferior emitió una opinión que es como sigue:

"En la partición de la herencia de don Emilio Patxot y Blanch se adjudicó a la viuda del causante, doña Ana Torrellas, la finca descrita en el hecho tercero de la demanda, para pagar a doña Josefa Tió Segarra, un crédito por siete mil doscientos ochenta y dos, pesos, treinta y seis centavos, que murió adeudándole don Emilio Patxot.
“Dicha participación fué aprobada por el Juzgado de Primera Instancia de Mayagüez, por auto de once de mayo de mil ochocientos noventa y cinco.
“Y en ella, es decir, en dicha partición, se comprendió además de la finca adjudicada a doña Ana Torrellas para pago de bajas, un condominio por la mitad en la Hacienda Isabel valuado en quince mil setecientos sesenta y cinco pesos, del que se adjudicó a la viuda una participación en pleno dominio, por mil novecientos no-venta y cinco pesos cuarenta y dos centavos, y otra en usufructo por cuatro mil quinientos noventa y dos pesos cincuenta y dos centavos, adjudicándose a los herederos don Gerónimo Pascasio y don'Emilio Patxot y Torrellas, una participación de cuatro mil quinientos no-venta y dos pesos cincuenta y dos centavos a cada uno.
“Doña Ana Torrellas vendió a doña Josefa Segarra la finca des-crita en el hecho tercero de la demanda para pago de su crédito contra el causante de la herencia; y ésta vendió después dicha finca a doña Carmen y doña Manuela Santos, en este caso demandadas.
“Doña Ana Torrellas falleció en Mayagüez, el día diez y seis de octubre de 1896, y fueron declarados únicos y universales here-deros de ella don Gerónimo Pascasio y don Emilio Patxot y Torrellas, y éstos con ese título inscribieron su derecho hereditario sobre la participación adjudicada en la partición de la herencia de don Emilio Patxot y Blanch en el condominio de la Hacienda Isabel.
“Cuando se practicó la partición de la herencia de don Emilio Patxot y Blanch, eran menores de edad los herederos don Geró-nimo Pascasio y don Emilio Patxot y Torrellas.
“Siendo mayores de edad estos herederos arrendaron a don José A. y don Francisco Menéndez el condominio que tenían en la Hacienda Isabel, que se les adjudicó en la partición de la herencia de don Emilio Patxot y Blanch, por escritura otorgada ante el notario don Mariano Riera con fecha 18 de enero de 1906, y dicho título fué inscrito en el registro de la propiedad.
“Y posteriormente por escritura otorgada ante el mismo notario, con fecha 24 de mayo de 1905, vendieron el condominio por la mitad que tenían en la Hacienda Isabel a doña Estela Bianchi.
“Muerto don Emilio Patxot, sin dejar más herederos que su hermano don Gerónimo Pascasio del mismo apellido, y muerto éste después dejando por únicos y universales herederos a sus hijas Ana y Clotilde Patxot y Torrellas, y su viuda doña Clotilde Torrellas, presentan esta demanda en reivindicación de la finca adjudicada a doña Ana Torrellas en la partición de la herencia de don Emilio Patxot y Blanch, para pago del crédito que tenía contra el causante de la misma, doña Josefa Tió Segarra.
“Dados estos hechos y teniendo en cuenta la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo en los casos Vázquez v. Santalís, (D. P. R. 26, 677), y Díaz v. Balseiro (D. P. R. R. 27, 141), esta corte llega a la conclusión de que las demandantes carecen de toda acción contra las demandadas, contra las que no tienen acción o derecho a reivindicar, la finca de que se trata, ni derecho o acción a pedir, la nulidad de la partición, porque ésta ha prescrito.”

En el caso de Vázquez v. Santalís, 26 D. P. R. 677, y en el de Díaz et al. v. Balseiro & Georgetti, 27 D. P. R. 141, se estuvo conforme o admitió, según sea el caso, que lo mismo que en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, las varias adjudicaciones en pago de terrenos específicos fueron origi-nariamente nulas o anulables, pero que, a diferencia de dicho caso de Longpré v. Díaz, los actos de las partes han ra-tificado o confirmado las adjudicaciones de tal modo hechas. Que las adjudicaciones eran originariamente nulas o anula-bles surgió del hecho de que la propiedad en cuestión perte-necía a menores y por tanto que no podía existir ninguna ena-jenación ele dicha propiedad sin una ■ autorización judicial previa. Las apelantes tratan de distinguir aquí el presente caso del de Vázquez v. Santalís o del de Díaz et al. v. Balseiro & Georgetti, debido a varias cosas.

La principal cuestión de diferencia en la cual se ha insis-tido, es que en esta acción ninguna parte del terreno especí-fico que fué objeto de la primitiva adjudicación y de la pre-sente reivindicación, jamás estuvo en posesión de las de-mandantes y que nunca ejercitaron ellas el más leve acto de posesión o de dominio sobre dicha propiedad específica. En el caso de Vázquez v. Santalís y en el de Díaz et al. v. Balseiro & Georgetti, supra, ciertas partes de la propiedad es-pecífica, o habían pasado al control o la posesión de los me-nores herederos, o se habían unido ellos para arrendar dicha propiedad específica. El hecho de si surgió una ratificación o confirmación es la verdadera cuestión en el presente caso. Encontramos la prueba sobre la confirmación o ratificación más robusta que en el caso de Díaz Llenza confirmado re-cientemente por la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, 285 Fed. 132.

Como en ese caso la Corte de Apelaciones llamó la aten ción hacia el hecho de que el testamento en que se nombra-ban contadores partidores no parecía haber sido tomado en consideración por las cortes inferiores, diremos, de paso, que tenemos cierta duda de si un nombramiento hecho en testa-mento de contadores partidores que posteriormente dividen la finca entre los herederos no podría distinguir el caso de Longpré, supra, aunque existen fuertes dudas en sentido con trario. En aquel caso hubo un mero contrato privado y no había ninguna partición judicial o cuasi judicial como la que existe cuando se nombran contadores partidores por testa-mento o por la corte, quienes es de presumirse son personas desinteresadas. También es dudoso, cuando hay una parti-ción de los bienes del testamento en la cual intervienen conta-dores partidores y la subsiguiente aprobación de los procedi-mientos de la corte, si todo el procedimiento de testamen-taría no es reconocido por la ley local y si no es semejante a los varios modos de partición que tienen lugar en los diferentes Estados de los Estados Unidos, siendo allí la parti-ción normalmente hecha por “commissioners” y ratificada por la corte. Los arreglos extrajudiciales frecuentemente se recomiendan en los testamentos en los cuales general-mente se nombran contadores partidores. Los arreglos de familia son muy comunes en Puerto Rico. Estas son todas cuestiones a las cuales no hemos prestado especial atención para los fines de este caso pues después de la decisión en el caso de Díaz v. Longpré todo el mundo ha asumido que una adjudicación o dación en pago es un contrato ilícito para ha-cerlo cualquier persona en procedimientos de testamentaría en el cual están interesados menores.

La cuestión en el presente caso es, como indicó la corte inferior, que los herederos menores después de ser mayores de edad heredaron de su madre todos los derechos obtenidos por ella por virtud de la escritura original de partición No, 646 relativa a los procedimientos de testamentaría de Emilio Patxot; que ellos inscribieron dichos derechos y ejercitaron varios actos de dominio en toda o en una parte de la propie-dad heredada. Hacemos la distinción porque la escritura en cuestión si bien fué ofrecida como prueba en la corte inferior no se transcribe en los autos íntegramente y cualquier duda en cuanto a ella debe resolverse en favor de la senten-cia. La referida madre era la misma persona a quien la pro-piedad específica en cuestión había sido adjudicada. Asi-mismo dichos herederos menores adquirieron directamente de acuerdo con .la escritura de partición y algunos de los ac-tos descritos por la corte inferior reconocían igualmente la validez de la escritura de. partición independientemente de la herencia de la madre. No importa que dichos menores he-rederos no ejercitaran ningún dominio físico o civil sobre la propiedad específica adjudicada que es objeto de este pleito. Aquí las demandadas son dos mujeres que compran una pro-piedad. Si ellas consultan a un abogado, se presumiría que éste sabe que una adjudicación en pago de propiedad de me-nores era probablemente anulable. Escrudiñando el origen del título vería él que los' derechos de sus clientes se origi-naron en una escritura de partición. Partiendo de nuevo de esta escritura encontraría que los menores herederos acep-taron directa o inmediatamente varios derechos por virtud de la escritura de partición y podía aconsejar debidamente a sus clientes que ellos tenían derecho a comprar. Aunque puede haber casos en los cuales los derechos o propiedad que se trasmiten a los herederos sean divisibles, sin embargo, mientras no estemos fuertemente convencidos de lo contra-rio, nos sentimos obligados a sostener, como en el caso de Vázquez v. Santalís, supra, que una escritura de partición es una totalidad y que nadie puede ciertamente redamar por virtud de ella y tratar también de anularla parcialmente.

Asimismo las demandantes nada lian hecho por restable cer el status quo ante. Ellas no están ofreciendo poner en colación ninguna parte de la herencia recibida de sn madre. También en el testamento del cansante se declaró qne toda la propiedad era ganancial. Por tanto la esposa tenía una par-ticipación de una mitad en toda y cada parte de ella. Por consiguiente, las demandadas tendrían derecho a esa partici-pación de una mitad. De igual modo y como hemos decla-rado hasta cierto punto en el caso de Díaz et al. v. Balseiro & Georgetti, en tanto estas demandantes recibieron algo de su madre estarían ellas obligadas hasta el alcance de esta herencia a compensar a estos compradores por virtud de la garantía implícita de que' el título que ella traspasó era vá-lido. Aunque basamos nuestra confirmación enteramente en el fundamento de la ratificación, los hechos referidos, se-gún revelan los autos, nos inclinamos a creer que por sí se-rían suficientes para anular el título de las demandantes.

Debe confirmarse la sentencia' apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto firmó: “Conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Sb. Wole, H'ON. JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO. El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. The Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios (mo-ción sobre desestimación de apelación).
    No. 2983.
    Resuelto en junio 20, 1923.
    Resuelto en reconsideración en julio 26, 1923.
    Exposición del Caso Presentada Euera de Tiempo — -Discreción Judicial.— El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no confiere discreción a las cortes de distrito para admitir y resolver una exposición del caso o pliego de excepciones después de vencido el término regular o las prórrogas que haya podido obtener el apelante.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Transcripción en ej Tribunal Supremo. — Una apelación que no se lia radicado a tiempo en a Corte Suprema debe ser desestimada aunque el apelante justifique que está pendiente de resolverse por la corte inferior una moción invocando la dis-creción de la corte para que admita la exposición del caso fuera de término.
    Los hechos .están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. H..Brown y G. Ruis.

    Abogados del apelado: Sres. Rincón & Vizcarrondo.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En contestación a una moción para qne se desestime la apelación, la apelante está conforme en que su término para presentar una exposición del caso había vencido, pero alega que había presentado una moción a la corte de distrito para que se le permitiera archivar su exposición de nuevo. Nin-guno de los documentos que sirvieron de base a la moción presentada en la corte de distrito han sido certificados a esta corte y a la apelada no. sé le dió ninguna oportunidad en este procedimiento para desestimar la apelación, de com-batir los hechos alegados en justificación de la apelación que se hace a la discreción de la corte inferior.

La apelante funda su oposición a la moción de desestima-ción en la facultad discrecional que tiene la corte de distrito para admitir una exposición del caso después de haber ex-pirado el término regular. Sostuvo la apelante en la vista que esta facultad se confiere por virtud del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y citó decisiones de California en este sentido, siendo el artículo 473 el equivalente en eso estado.

En el caso de Belaval v. Córdova, 21 D. P. R. 537, dijimos, arguyendo:

“Para evitar cualquiera inala interpretación que pueda ocurrir, debemos añadir que no tenemos necesidad de resolver y no resol-vemos, qué remedio podría o no obtenerse en caso de que el récord fuere entregado por el taquígrafo después de la prórroga del término de treinta días señalado en el estatuto, o de una prórroga del mismo debidamente autorizada, en tales circutnstancias que, sin mediar falta por parte del apelante o error, por su inadvertencia, sorpresa o ne-gligencia excusable, pudiera afectar de un modo serio y adverso a su derecho de apelación. Cualquiera que sea la jurisdicción que pudiera tener y ejercitar una.corte, después de notificada la parte contraria, o que de otro modo sea inherente o haya sido conferida expresamente por el artículo 140 del código, u otra prescripción de ley, cualquiera que fuera el remedio que en equidad pudiera pro-porcionar, y cualesquiera que fueran los términos y condiciones que pudiera imponer en tales circumstancias, parece razonablemente clara en cualquier caso que pueda ocurrir, que la mera' entrega del ré-cord después de vencido el término del estatuto, difícilmente pro-duciría ipso facto el restablecimiento de prórrogas ya vencidas, de1 facultades ya perdidas, bien por no haber sido ejercitadas oportu-namente, o si se ejercitaron, se habían agotado completamente,— prórrogas concedidas y facultadas ejercitadas, si es que se concedie-ron o ejercitaron — única y exclusivamente por virtud de los precep-tos contenidos en los artículos 299 y 353, ninguno de los cuales es. por sí suficientemente amplio para comprender el caso hipotético' que ha sido sugerido.”

Pero necesariamente no resolvimos que el artículo 140 po-día ser invocado porque esa cuestión no estaba ante la corte. Claramente que esa opinión meramente sugería que en al-guna parte debía residir la facultad para eximir a un ape-lante cuando existía una demora excusable en presentar una exposición del caso. Con anterioridad a la decisión en el caso de Belaval v. Córdova, supra, habíamos resuelto que el artículo 140 no era aplicable, Deliz v. Franco, 21 D. P. R. 526, en el que se cita el de Pardo v. Pardo, 19 D. P. R. 1188. En este último caso el Juez Asociado Sr. del Toro y en el caso de Deliz los Jueces Asociados del Toro y Hutchison estuvieron conformes Con la sentencia pero no con la opi-nión. En ambos estaba envuelta la aplicabilidad del ar-tículo 140, habiendo la corte de distrito tratado de ejercitar una facultad de acuerdo con dicho artículo.

Sea eso como fuere la jurisprudencia de California no es muy satisfactoria y fué diferenciada en el caso de Pardo v. Pardo, supra. Examinaremos nuestros estatutos especiales para considerar dónde es que reside o debe residir la facul-tad. Las cortes de distrito tienen facultad para prorrogar el término de radicación de una exposición del caso pero en ninguna parte del código se les confiere facultad para dar o crear una nueva oportunidad. En el año 1909 por virtud de reglas de esta corte las apelaciones podían ser desestimadas si el apelante no radicaba su transcripción de autos dentro del término de 30 días cuándo no había ninguna exposición pendiente. Por la Ley No. 70 de 1911 el apelante quedaba obligado a radicar la transcripción en esta corte dentro del término de 30 días después de la aprobación de un pliego' de excepciones o de haber sido aprobada una exposición del caso, pero nuestras reglas quedaron sin cambiar en cuanto a la necesidad de radicar dentro de 30 días a partir del escrito de apelación cuando no había ningún pliego de excepciones o exposición. Estrictamente el derecho a desestimar des cansa en esta corte desde el momento en que no existe ningún procedimiento para obtener la aprobación de un pliego o exposición.

La moción de desestimación debe declararse con lugar.

Desestimada la apelación.

Juez concurrente: Sr. Asociado Aldrey.

El Juez Presidente Sr. del Toro firmó: “Conforme con la sentencia”.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

H'ON. JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Congruente con mi criterio en los Casos de Deliz v. Franco, 21 D. P. R. 526 y Pardo v. Pardo, 19 D. P. R. 1188, estoy conforme con la sentencia porque a mi juicio no se ha demostrado que exista un caso verdaderamente apropiado para que el juez de distrito pueda ejercitar las facultades que le confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero no porque dicho juez carezca de facultad. A mi juicio sólo existe un término verdaderamente jurisdiccional en las apelaciones: El de la interposición del recurso. Sobre los demás tienen control la corte sentenciadora y esta Corte Suprema, en bien de la justicia. Claro es que sólo a virtud de circunstancias excepcionales, que no se ha demostrado que existan aquí, estaría justificada la concesión de un nuevo tér-mino para radicar la exposición del caso.

Eesolución Sobre Beoonsideración de Julio 26, 1923.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los fundamentos que hemos tenido para desestimar esta apelación han sido consignados en una opinión anterior donde se cita el caso de Pardo v. Pardo, 19 D. P. R. 1188.

En el mismo tomo y en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Santiago, 19 D. P. R. 1193, ratificamos nuestro criterio de que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no te-nía ninguna aplicación a los pliegos de excepciones y otros documentos semejantes y también llamamos la atención al hecho de que el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado en el año 1911 no era semejante a ninguna disposición del Código de Enjuiciamiento Civil de California.

El abogado insiste ahora en llamarnos la atención ha-cia la teoría de que el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil fué tomado de California y por tanto, como es de presumirse, con la interpretación que se le ha dado en ese Estado. Discutimos algunas de las diferencias de práctica en el caso de Pardo v. Pardo, supra. Podemos agregar que la regia de interpretación invocada está sujeta a un número de excepciones y una de ellas es cuando la interpretación que se le da en el Estado de origen está en conflicto con el claro significado del estatuto. Whitney v. Fox, 166 U. S. 637 647. Según indicamos en el caso de Pardo v. Pardo, supra, la Corte Suprema de California no observó el claro signifi cado de las palabras empleadas. Además, por la apelación es la Corte Suprema de Puerto Pico la que adquiere juris-dicción sobre un caso -y cuando se invoca un privilegio ex-traordinario es esta corte la que tiene la facultad de conce-derlo, suponiendo que la facultad existe. A la corte inferior se le confiere específicamente sólo el derecho a prorro-gar el término. -No se le confiere ninguna facultad para crear un nuevo término.

El principio más o menos aplicable a estas cuestiones es interest reipublicae ut sit finis litium. Cuando la corte inferior en una resolución y razonada opinión se negó á crear un nuevo término, la demandada interpuso apelación contra esa resolución y alega ahora que debimos haber esperado a que se perfeccionaran los autos en el último caso. Los de-rechos de una parte a una sentencia ganada podrían de este modo posponerse indefinidamente. Todo lo relativo al re-medio suponiendo un caso adecuado, debe quedar en la cone a la cual se transfiere la jurisdicción.

Debe denegarse la moción.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados A Id rey y Franco Soto. El Juez Presidente Sr. del Toro firmó: “Conforme con la resolución.”

El Juez Asociado Sr. Hutchison, disintió.


author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Borque et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por asesinato.
    No. 2068.
    Resuelto en junio 20, 1923.
    Apelación — Gran Jurado — Sentencia—Ordenes no Apelables. — No es una sentencia final, aunque se titule “sentencia,” y por tanto no es apelable, una decisión de sobreseimiento de una acusación declarada 1 ‘ infundada ’ ’ por el Gran Jurado, que reserva al fiscal el derecho de presentar nueva acu-sación ante otro Gran Jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. L. Pereyó y L. Pe-rey ó, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Humacao sometió al Gran Ju-rado una acusación imputando a Fulgencio Borque y Pablo Borque el hecho de haber dado muerte ilegal con malicia pre-meditada a Cirilo Carrillo, el 5 de enero de 1923, y el Gran Jurado, el 28 de marzo de 1923, investigada la causa, con-signó al pie del documento: “Acusación infundada.” La corte dictó el mismo día la siguiente “Sentencia. Habiendo el Gran Jurado declarado infundada la acusación en este caso, la corte ordena el archivo y sobreseimiento de la misma, así como la cancelación de las fianzas prestadas por los acu-sados para su libertad provisional, reservando al fiscal el derecho de presentar nuevamente la acusación ante otro Gran Jurado.”

El 2 de abril siguiente los acusados pidieron a la corte que dejara sin efecto su orden de 29 de marzo anterior con-cediendo permiso al fiscal para presentar una nueva acusa-ción por haber sido dicho permiso concedido sin que el fiscal alegara justa causa para ello. La corte oyó a las partes y, el 17 de abril último, estimando que el procedimiento se-guido era erróneo, reconsideró la sentencia de 28 de marzo de 1923 en cnanto por ella se reserva al fiscal el dereelio de presentar nuevamente el caso a la consideración de otro Gran Jurado, y sin perjuicio de 'que el fiscal pueda presentar de nuevo .en forma la cuestión a la corte.” Acto seguido com-pareció el fiscal alegando en una moción jurada las razones que tenía para solicitar de la corte permiso para someter la acusación a otro Gran Jurado, acompañando a su moción la declaración del testigo Blas Carrillo, y la corte, el 23 de abril, dictó la siguiente resolución:

“Consideradas la moción del fiscal y el documento que la acom-paña, cuya vista se celebró con asistencia de ambas partes el día 23 de abril de 1923, esta Corte estima, bajo las circunstancias del caso y haciendo uso de la discreción que le otorga la sección 39 de la Ley de Gran Jurado, concede al fiscal el permiso que solicita para someter este caso a la consideración del Gran Jurado que próxima-mente va a constituirse en esta corte.”

Contra esa resolución de la' corte interpusieron los acu ■ sados el presente recurso de apelación, señalando en su ale gato la comisión de cuatro errores que pueden condensarse en uno, a saber: abuso de discreción por parte de la corte al conceder el permiso para la presentación de la acusación ante otro Gran Jurado.

■ Señalado el 24 de mayo último para la vista del recurso, comparecieron las partes y el fiscal solicitó la desestimación del mismo porque la orden de 23 de abril no era apelable. Tiene razón el fiscal.

El artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal concede al acusado el derecho a apelar, 1, de una sentencia condenatoria definitiva; 2, de una providencia negando un nuevo juicio, y 3, de una providencia dictada después del fallo que afecte los derechos substanciales de la parte, y los apelantes sostienen que siendo la “sentencia” de 28 de marzo que ordenó el archivo y sobreseimiento de la acusa-ción, un fallo definitivo, la resolución de 23 de abril tenía el carácter de una providencia dictada después del fallo que afectaba los derechos substanciales de la parte, siendo, por tanto, apelables de acuerdo con los términos expresos de la ley, pero, a nuestro juicio, la llamada “sentencia” de 28 de marzo no es el fallo a que se refiere la ley. No obstante ha-berla denominado “sentencia,” la idea de fin definitivo que caracteriza las verdaderas sentencias, parece que no estuvo en la mente de la corte cuando consignó en ella lo que sigue: “reservando al fiscal el derecho de presentar nuevamente la acusación ante otro Gran Jurado.” La corte persistió en su reserva en su segunda resolución. La “sentencia” de 28 de marzo pudo en realidad de verdad ser final si el fiscal no hubiera gestionado y obtenido permiso para presentar la acusación ante otro Gran Jurado, pero lo gestionó y lo ob-tuvo y la condición de interlocutoria de la “sentencia” quedó entonces definitivamente fijada.

Además, la cuestión ha sido resuelta por la Corte Su-prema de California que sentó en los casos de People v. Clarke, 42 Cal. 624, y People v. Ahkim, 44 Cal. 384, la siguiente doctrina:

■ “La providencia que afecte los derechos substanciales en casos criminales de la cual se puede apelar es solamente una orden dic-tada después de la sentencia final. Una orden que somete una causa criminal ignorada por un gran jurado a otro gran jurado no es apelable sino que es una orden intermediaria o procedimiento que puede ser revisado en apelación de la sentencia final.”

Debe recordarse que el Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Eic'o contiene también el artículo 363, que dice:

“Art. 363. — Al establecer el acusado el recurso de apelación contra una sentencia, el tribunal puede revisar cualquiera de los decretos o providencias intermediarias que giren sobre el mérito del asunto o que hayan podido afectar el fallo.”

Por virtud de lo expuesto debe desestimarse la apelación establecida quedando la cuestión de fondo para ser resuelta en el caso de que se presente una nueva acusación debida-mente endosada por el Gran Jurado y bajo ella sean conde-nados y apelen los acusados de la sentencia.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

text:
    Körber & Cía., Demandante y Apelada, v. Orrach, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2708.
    Resuelto en junio 20, 1923.
    Cobro de Dinero — Prueba Contradictoria — Pasión, Prejuicio, Parcialidad o Error Manifiesto. — En el presente caso se trata del cobro de materiales suplidos al encargado de la ejecución de una obra por cuenta del adminis-trador de la misma. La prueba, parte de la cual se inserta en la opinión, es contradictoria respecto a si el primero compró los materiales cuyo im-porte se reclama, con autoridad del segundo; y no habiéndose demostrado que al apreciarla actuara la corte movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o cometiera error manifiesto, se confirmó -la sentencia.
    •Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado de la apelada: Sr. H. G. Molina.

   El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Korber & Oía. demandó a Guillermo Orraeh en cobro de $1,438.10, precio de ciertos materiales vendidos por la de-mandante a un representante del demandado. Durante la vista, y a virtud del endoso de cierto cheque, quedó redu-cida la reclamación a $1,018.10. Practicadas las pruebas, la corte dictó sentencia en contra del demandado y éste inter-puso contra ella el presente recurso de apelación.

Noventa y siete páginas contienen el alegato del apelante. Los errores se dividen en tres grupos, así: 1, errores por inexactitud de ciertos lieclios cuya existencia equivocada-mente se supone; 2, errores en la apreciación de la prueba, y 3, errores de derecho. Luego se especifican y argumentan veintiún errores.

Sucedió que la corte de distrito escribió una larga y mi-nuciosa opinión para fundar su sentencia y la parte apelante analiza y compara y comenta esa opinión en relación con las alegaciones y las pruebas, también extensa y minuciosa-mente. No seguiremos igual método. En el fondo sólo nay envuelta en el recurso una cuestión, a saber: ¿cometió la corte sentenciadora error manifiesto al apreciar la prueba?

A. nuestro juicio es evidente que el demandado Orrach contrató con el Departamento del Interior de Puerto Eico la construcción de ciertos kilómetros de la carretera de Oorozal a Barros y encargó la ejecución de la .obra 'a su sobrino José B. Salvá. Declarando el propio demandado en el acto de la vista, dijo:

“A. ¿Quién tenía allí encargado. — T. La parte administrativa era la mía y la parte material del trabajo era de él.
“A. ¿La parte administrativa era de Ud? — T. Sí señor.
“A. ¿Qué hacía Ud. en la parte administrativa? — -T. Buscar dinero, proporcionar dinero.
“A. ¿A quién? — T. Al Sr. Salvá.
“‘A. ¿Además de eso que hacía Ud. en la parte administrativa?— T. Nada más. Lo demás era trabajo material, atender la obra y buscar recursos.
“A. ¿Ud. dice atender el trabajo material? — T. No he dicho eso. Yo proporcionaba' los recursos necesarios para la administra-ción de la obra y Salvá estaba encargado de la ejecución de los tra-bajos de la construcción, trabajos"materiales.
“A. ¿Lo único que tenía Ud. que ver con la obra era facilitar los recursos? — T. Sí señor.
“A. ¿Ud. no hacía las compras de materiales! — T. No señor.
“A. ¿Ud. no empleaba los peones! — T. No señor.
“A. ¿Ud. no hacía nada sino facilitar al Sr. Salvá dinero! — T. Sí señor. ’ ’

Es evidente también qne Salvá compró para la obra a la demandante los materiales cayo precio se reclama en este pleito. La demandante sostiene qne Salvá actuó con autori-dad del demandado y qne el demandado reconoció finalmente la cuenta y se comprometió a pagarla. El demandado sos-tiene que no autorizó a su sobrino para hacer tal compra a crédito ni reconoció la deuda. La prueba es contradictoria en esos extremos esenciales. Las declaraciones de William Munich, de Francisco G-atell y de José B. Salvá sostienen la contención de la demandante. Su propia declaración,'la del demandado.

Parece conveniente transcribir lo que sigue, de la segunda declaración de Salvá prestada después de haber declarado el demandado. Dice así:

‘‘A. ¿Qué facultad o autorización, si alguna, le dio a Ud. el Sr. Orrach para abrir cuentas y comprar materiales para la obra de Co-rozal a Barros! — .T Aunque verbalmente había un compromiso nues-tro yo era el único que intervenía en el negocio y por consiguiente estaba autorizado para comprar, alquilar y hacer todo lo que fuera necesario.
“A. ¿Sabe Ud. si le constaba al Sr. Orrach que Ud. estaba to-mando materiales en la casa de Korber para esa obra! — T. Indiscu-tiblemente. '
“A. ¿-Por qué indiscutiblemente! — T. Porque eran necesaiúos para la construcción de la carretera.
“A. ¿El sabía que Ud. estaba tomando materiales en la casa de Korber! — T. Sabía que eran de Korber.
“A. ¿Cómo lo sabía él! — T. Informado por mi. * * *
“A. ¿Cuando Ud. fué a la casa de Korber a hacer esa cuenta dice Ud. que llevó autorización dé su tío! — T. El mismo contrato lo llevó, lo enseñó. El habló con esos señores y le dijo: éste es mi sobrino que está autorizado para comprar.”

El juez resolvió el conflicto en contra del demandado y no habiendo éste demostrado satisfactoriamente que la corto sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio o par-cialidad, ni que cometiera error manifiesto, de acuerdo con la jurisprudencia constante de este tribunal, debe confir-marse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.