text:
      In re Ricardo Santos Ortiz, querellado.

      Número: AB-2016-209

      Resuelto: 12 de junio de 2017

      Joseph G. Feldstein del Valle, subprocurador general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; lisa M. Torres Canales, querellante peticionaria; Ricardo Santos Ortiz, pro se.

   per curiam:

Hoy nos corresponde ejercer nuevamente nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por no acatar las órdenes de este Tribunal.

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

I—i

El Ledo. Ricardo Santos Ortiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2002 y prestó juramento como notario el 19 de junio de 2002. El 8 de julio de 2016 la Sra. Usa M. Torres Canales presentó la queja de epígrafe contra el licenciado Santos Ortiz. En síntesis, la señora Torres Canales indicó que para el 2010 solicitó los servicios de representación legal que la Unión de Organizadores y Personal de Oficina (Unión) les provee a sus miembros para el trámite de una querella sobre despido ante el Ne-gociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo (Negociado). A esos fines, se le asignó al licenciado Santos Ortiz como su representante legal.

La señora Torres Canales señaló que, luego de cele-brarse varias vistas, el árbitro del Negociado a cargo de su caso le informó al licenciado Santos Ortiz que era necesario presentar un alegato para la resolución del pleito. Sin embargo, el abogado nunca presentó el escrito. Además, adujo que el licenciado Santos Ortiz no planificaba reuniones con suficiente tiempo antes de las vistas para discutir el segui-miento del caso, no se comunicaba con ella para informarle sobre el estado del caso y tampoco le había entregado el expediente de su caso, a pesar de habérselo pedido en va-rias ocasiones.

Luego de la presentación de la queja, el licenciado Santos Ortiz renunció al caso ante el Negociado y solicitó que le concediéramos un término para entregar el expediente original a la Unión y una copia del expediente a la señora Torres Canales. En respuesta, este Tribunal emitió una Resolución el 20 de septiembre de 2016, mediante la cual le concedió un término de 5 días laborables para que el abo-gado entregara los expedientes y nos acreditara el cumpli-miento con lo ordenado.

El 4 de octubre de 2016 la señora Torres Canales pre-sentó una Moción urgente informativa, en la cual indicó que el licenciado Santos Ortiz aún no le había devuelto el expediente a pesar de la orden de este Tribunal. Conse-cuentemente, emitimos una Resolución el 14 de octubre de 2016 mediante la cual le concedimos al licenciado Santos Ortiz hasta el 20 de octubre de 2016 para que entregara el expediente original a la Unión y la copia de éste a la señora Torres Canales. Además, le advertimos que el término concedido era final e improrrogable y que su incumpli-miento podría conllevar la suspensión del ejercicio de la abogacía, independientemente de los méritos de la queja. Asimismo, le ordenamos al abogado que presentara su con-testación a la queja y especificara las razones por las cua-les no debíamos imponerle sanciones disciplinarias. Sin embargo, el abogado incumplió nuevamente con nuestras órdenes.

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2016 emitimos otra Resolución mediante la cual le concedimos al licenciado Santos Ortiz hasta el 21 de diciembre de 2016 para que entregara los expedientes. Además, dentro del mismo término, el abogado debía acreditar a este Tribunal el cum-plimiento con esta orden. De igual modo, reiteramos que el licenciado Santos Ortiz debía contestar los méritos de la queja AB-2016-0209 y que tendría hasta el 21 de diciembre de 2016 para ello. Finalmente, le advertimos al abogado que, independientemente de los méritos de la queja, el in-cumplimiento con las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, lo que podría acarrear la suspensión del ejer-cicio de la abogacía y la notaría.

Una vez vencido el término concedido al abogado, el 3 de febrero de 2017 el Procurador General presentó una Mo-ción urgente sobre Resolución de 14 de diciembre de 2016. En el referido escrito informó que el licenciado Santos Ortiz no ha cumplido con ninguna de nuestras órdenes. Par-ticularmente, señaló que se comunicó con la señora Torres Canales y ésta le indicó que el abogado aun no le ha entre-gado el expediente, por lo que está confrontando problemas con su caso. Así pues, el Procurador General entiende que la desatención del licenciado Santos Ortiz a este proceso constituye una violación a los Cánones 9 y 12 de Ética Pro-fesional, 4 LPRA Ap. IX. Aún hoy el abogado no ha compa-recido ante nosotros.

I—i

Como parte de nuestra facultad inherente de regular la profesión jurídica en Puerto Rico, nos corresponde asegu-rar que las y los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera res-ponsable, competente y diligente. A esos fines, el Código de Etica Profesional establece las normas mínimas de con-ducta que deben seguir los abogados y las abogadas que ejercen esta profesión.

Una de las disposiciones de mayor importancia en nuestro ordenamiento jurídico es el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, el cual establece que los abogados y las abogadas deben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Por ello, tienen que atender y obedecer estrictamente las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentren obli-gados a comparecer. Así pues, todo abogado y toda abo-gada tienen la obligación de responder diligente y oportu-namente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, especialmente en aquellos asuntos relacionados con procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional.

Cabe destacar que el incumplimiento con este de-ber demuestra un claro menosprecio a la autoridad de este Tribunal. Además, en reiteradas ocasiones hemos seña-lado que la actitud de indiferencia a nuestros apercibi-mientos sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente para una suspensión inmediata de la práctica de la profesión. De ese modo, desatender nuestros requeri-mientos es incompatible con la práctica de la profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra.

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A pesar de las múltiples oportunidades y apercibimientos de este Tribunal, el licenciado Santos Ortiz ha desplegado una conducta temeraria en desatención a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Ello, pues el abo-gado ha incumplido con todas las órdenes que hemos emi-tido y no ha comparecido a contestar los señalamientos im-putados en su contra. Esa conducta, en sí misma, constituye un craso incumplimiento con el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. Con su comportamiento, el licenciado Santos Ortiz nos ha demostrado que no tiene interés en practicar la profesión jurídica en esta jurisdicción.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata e indefinida del licenciado Santos Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Santos Ortiz deberá notificar de forma in-mediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultorio ni representa-ción legal, y debe devolverles los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución, incluyendo el expediente de la, Unión y d,e la, señora Torres Canales, y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión a todos los fo-ros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta días, contado a partir de la notificación de la pre-sente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inme-diatamente la obra y el sello notarial del licenciado Santos Ortiz y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Consecuentemente, la fianza notarial queda auto-máticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que la fianza estuvo vigente. Notifíquese per-sonalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Cabe destacar que el Ledo. Ricardo Santos Ortiz tiene 2 quejas activas adi-dónales a la de epígrafe ante este Tribunal; éstas son la queja AB-2015-126 y la queja AB-2017-45.

       La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos el 21 de septiembre de 2016.

       La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos el 17 de octubre de 2016.

       La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos el 19 de diciembre de 2016.

        In re Marín Serrano, 197 DPR 535 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Sepúlveda Torres, 196 DPR 50 (2016); In re Oyola Torres, 195 DPR 437, 440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

        In re Marín Serrano, supra; In re Sepúlveda Torres, supra. Véanse, además: In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).

        In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967 (2016); In re Stacholy Ramos, 195 DPR 858 (2016).

        In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 226.

        In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, supra. Véanse, además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

        In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, págs. 226-227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

        In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1 (2016).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Eric M. Pagán Díaz, querellado.

      Número: AB-2016-0166

      Resuelto: 12 de junio de 2017

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Yaizamarie Lugo Fontánez y Claudia A. Rosa Ramos, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte querellante; José A. Rosario Sánchez, querellante; Eric Martin Pagán Díaz, querellado, pro se; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

En esta ocasión nos vemos obligados a ejer-cer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión jurídica que ha incurrido en violaciones al Código de Etica Profesional y a la Ley Notarial de Puerto Rico. En atención a la inobservancia de los preceptos establecidos, suspendemos de la notaría al Ledo. Eric M. Pagán Díaz de forma inmediata por un término de tres meses.

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

1—1

El licenciado Pagán Díaz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1996 y prestó juramento como notario el 8 de febrero de 1996. El 1 de junio de 2016, el Sr. José A. Rosario Sánchez presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Pagán Díaz. En esencia, adujo que el 24 de diciembre de 2012 el abogado otorgó una es-critura de compraventa junto al Sr. Edwin Navarro Altaira de una propiedad perteneciente al señor Rosario Sánchez sin su conocimiento ni consentimiento. El señor Rosario Sánchez aclaró que le había otorgado un poder general, suscrito en inglés, a una amiga, la Sra. Lourdes Webb, para que lo ayudara con asuntos relacionados a la propie-dad, incluyendo su alquiler. Sin embargo, sostuvo que nunca la autorizó a vender la propiedad. A esos efectos, el señor Rosario Sánchez alegó que utilizaron otro poder re-dactado en español, en el cual cree que copiaron su firma. Además, indicó que nunca recibió compensación alguna por la venta de la propiedad.

Por su parte, el licenciado Pagán Díaz contestó la queja presentada en su contra el 18 de julio de 2016. En síntesis, señaló que el 24 de diciembre de 2012 otorgó una escritura de protocolización de documentos de poder general (escri-tura número 57). El abogado indicó que dicho poder se otorgó para que la señora Webb, amiga del señor Rosario Sánchez, lo representara en la escritura de compraventa (Escritura Núm. 58). Expuso que el señor Rosario Sánchez suscribió el poder protocolizado el 17 de septiembre de 2012 en Carolina del Norte. A su vez, adujo que el señor Rosario Sánchez se comunicó con él en varias ocasiones vía telefónica para indagar sobre la extensión del poder que iba a otorgar para consentir en la compraventa, pero no como vendedor ya que él había vendido el inmueble a otras personas mediante la Escritura Núm. 81 otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 20 de marzo de 2003. Por consi-guiente, el licenciado Pagán Díaz expresó que el señor Rosario Sánchez no era el dueño del inmueble vendido en la escritura de compraventa y que el poder era solamente para consentir a la venta, ya que la hipoteca que gravaba el inmueble estaba a su nombre. A esos fines, sostuvo que el señor Rosario Sánchez consintió a la venta. En cuanto a la firma del poder, alegó que ésta se podía corroborar con el original del poder que obra en su Protocolo.

El 28 de julio de 2016, el señor Rosario Sánchez acudió nuevamente a este Tribunal. En esa ocasión expuso que del contenido del poder surgía que su propósito no era para vender propiedades. Por otro lado, negó que hubiese tenido co-municación vía telefónica con el licenciado Pagán Díaz. In-cluso, indicó que no conocía al abogado y que no fue hasta el 10 de junio de 2014 que consiguió su nombre y su número de teléfono. A su vez, añadió que el 7 de julio de 2014 se comu-nicó por primera vez con el licenciado Pagán Díaz y lo visitó esa misma semana a su oficina, donde su secretaria le faci-litó una copia de las escrituras en cuestión.

Así las cosas, el 29 de noviembre de 2016, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), a través de su Director el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, presentó su informe. En este concluyó que el licenciado Pagán Díaz infringió la Ley Notarial de Puerto Rico y el Código de Ética Profesional. Específicamente, señaló que el abogado impartió su fe notarial sobre hechos incorrectos al expresar que una parte se encontraba autorizada a comparecer en representación de su mandatario, cuando del poder conferido no surgía tal facultad, y omitió apercibir a los otorgantes sobre el estado registral real de la finca objeto de la escritura que originó esta queja. Ante ello, determinó que el licenciado Pagán Díaz infringió los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sees. 2002 y 2033, así como los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Además, indicó que éste también infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al incumplir con un requerimiento de ODIN para que sometiera un es-tudio de título, así como ante la demora en contestar la queja. Por último, ODIN recomendó la suspensión tempo-rera del abogado del ejercicio de la notaría por tres meses o, en la alternativa, que fuera censurado enérgicamente por la conducta incurrida.

Por otro lado, el 29 de diciembre de 2016, la Oficina de la Procuradora General (Procuradora General) presentó el informe correspondiente, en el cual coincidió con ODIN so-bre que el licenciado Pagán Díaz pudo incurrir en violacio-nes a los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Ello, pues entendió que el abogado dio fe de hechos falsos en una escritura de compraventa que no recogían la realidad registral de la finca en cuestión. Ade-más, entendió que el licenciado también infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir con los requerimientos de ODIN para que presentara un estu-dio de título al cual éste hacía referencia para justificar los hechos expuestos en la escritura de compraventa.

Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal de este caso, enmarquemos la controversia en el Derecho aplicable.

i—i f—I

A. La Ley Notarial de Puerto Rico

Es norma conocida que todo notario está obligado al cumplimiento estricto de la Ley Notarial de Puerto Rico, del Reglamento Notarial de Puerto Rico y de los cánones del Código de Etica Profesional Estas disposiciones ve-lan por que el notario ejerza su labor con esmero, diligencia y celo profesional

A esos efectos, el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2002, dispone lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dis-puesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpre-tar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] au-toridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original).

Así, cuando un notario autoriza una escritura, asevera, bajo la fe pública, que la transacción es válida y legitimad Ante ello, el Estado le confiere al documento autorizado por el notario una presunción de credibilidad y certeza de que lo afirmado es cierto y correcto, y que con-cuerda con la realidad. La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad notarial, por lo que quebrantarla conlleva la imposición de una severa me-dida disciplinaria. Por ello, cuando el notario no cumple con los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en una falta que conlleva consecuencias disciplinarias.

En cuanto a la obligación del notario de dar fe sobre la capacidad de los otorgantes, el Art. 15(e) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2033(e), indica que la escritura pública debe contener “la fe expresa del notario [...] de que a su juicio éstos tienen la capacidad legal nece-saria para otorgar el acto o contrato de que se trata”. Así, en el descargo de su encomienda, el notario tiene el deber de calificar la capacidad de las partes. “ ‘La calificación de la capacidad viene impuesta por la naturaleza y la fina-lidad del instrumento público: se trata de un requisito que conceptual y lógicamente viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del documento y del acto documen-tado’ ”.

Además, la capacidad de los otorgantes guarda corres-pondencia lógica con el consentimiento de los contratantes, requisito sine qua non de los contratos. La regla general es que su existencia surja con la comparecencia y presencia de la persona ante el notario; la excepción es el mandato o poder A esos fines, la profesora Torres Peralta explica lo siguiente:

Es indispensable dar fe de la capacidad legal de los otorgan-tes, como requisito para proceder al otorgamiento y autoriza-ción de un instrumento público. La Ley requiere que el Nota-rio haga constar en la escritura que, a su juicio, los otorgantes tienen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del instrumento. Tal aseveración ha de estar basada en un juicio informado y sabio, no en un acto caprichoso e infundado de parte del Notario.
La aseveración que a ese efecto se haga en la escritura pú-blica estará basada en los dichos de cada uno de los otorgantes. El Notario, no obstante, tomará en cuenta el cono-cimiento que tiene cada otorgante, así como su capacidad de observación y de su percepción personal y si necesario, la in-vestigación que debe efectuarse en las circunstancias. Este re-quisito se extiende, de igual manera, al compareciente repre-sentante en una escritura pública en que dicho otorgante comparezca como mandatario, agente, apoderado o comisio-nista y en toda otra capacidad representativa. (Enfasis suplido)

En Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 658 (2005), expresamos que “[e]s deber del notario que autoriza el otor-gamiento de una escritura [...] hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas de la profesión”. En ese sentido, indicamos en In re Davidson Lampón, 159 DPR 448, 461 (2003), que debido a que “la función del notario trasciende la de un autómata legalizador de firmas y pene-tra al campo de la legalidad de la transacción que ante él se concreta” (énfasis suprimido), al autorizar una escritura el notario debe: (1) indagar la voluntad de los otorgantes; (2) formular la voluntad indagada; (3) investigar hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio, y (4) darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y las consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo

B. El Código de Ética Profesional

El Código de Ética Profesional establece las nor-mas mínimas de conducta que debe exhibir todo miembro de la abogacía Así, pues, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que todo abogado debe “obser-var para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Ante una violación a este canon, “procede suspender inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción a cualquier miembro de la profesión legal que opta por ignorar nues-tras órdenes y muestra indiferencia ante nuestros aperci-bimientos de sanciones disciplinarias” Asimismo, este Tribunal interpretó que este canon se extiende tanto a los requerimientos de este Tribunal como a los de ODIN

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece el deber de diligencia y com-petencia con el que debe obrar todo profesional del Derecho. En lo que nos concierne, hemos interpretado que este canon tiene una “modalidad distinta cuando se trata de la función notarial”. Debido a la naturaleza de las funciones del notario y la delegación de impartir fe pública, éste tiene un deber mayor de diligencia y competencia. Es por ello que, “un notario que desconoce las normas ju-rídicas relativas al ejercicio de su profesión vulnera la na-turaleza misma del notariado e incurre en una violación a las normas éticas de nuestra jurisdicción”.

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, le impone a la clase togada del país el deber de proce-der con integridad, sinceridad y honradez frente a todos y en cualquier escenario. Este deber obliga a los abogados ante los tribunales, con sus representados, con las partes adversas y hasta en las relaciones profesionales con sus compañeros. Cónsono con lo anterior, para infringir el Canon 35 “[l]o fundamental es que se falte [objetivamente] a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profe-sión legal”. Por consiguiente, no es defensa no haber procedido deliberadamente, de mala fe, con la intención de engañar o defraudar, así como tampoco que no se le haya causado perjuicio a un tercero.

Es meritorio puntualizar que a todo abogado le está vedado proveer a los foros judiciales información falsa, inconsistente con la verdad, así como ocultar información cierta que deba ser revelada. No es sincero ni honrado inducir a error al tribunal empleando artificios o una rela-ción falsa de hechos o Derecho. Cuando un abogado le miente bajo juramento a un tribunal para promover su causa, falta a su deber de actuar con integridad.

La mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es antítesis de la conducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. La palabra de éste debe en todo momento ser tan buena y tan leal como la del propio magistrado, porque tanto el juez como el abogado son partícipes en una función excelsa que jamás debe ser lasti-mada por la falsedad.

De igual modo, a la luz de este precepto ético un abogado no puede suscribir hechos incompatibles con la realidad. Todo jurista ostenta la obligación ineludible de asegurarse que los datos consignados en cada documento que firma o redacta son veraces. La verdad es el princi-pio sobre el cual se erige la confianza ciudadana en la pro-fesión legal y en las instituciones de justicia, por lo que independientemente de si el abogado actúa en su función profesional o personal, su falta de sinceridad es absoluta-mente injustificable.

Como es sabido, la profesión de la abogacía y la notaría son ejes importantes en el ejercicio encomiable de impartir y adelantar la justicia en nuestra sociedad. Por ello, se requiere una continua introspección para ponderar si las actuaciones son cónsonas con las responsabilidades que acarrea ser un servidor de la justicia. En vista de ello, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios perso-nales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profe-sional impropia”. El precitado canon traza un deber para con la colectividad, pues, “cada abogado es un espejo en [el] que se refleja la profesión”.

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En este caso, el señor Rosario Sánchez señaló que tanto él como su esposa no prestaron su consentimiento para el otorgamiento de la Escritura Núm. 58, mediante la cual supuestamente le conferían a la señora Webb el poder para representarlos en una compraventa. A su vez, indicó que el poder conferido a la señora Webb no la autorizaba a enaje-nar la propiedad objeto de la compraventa. Finalmente, adujo que esta escritura contiene información errónea, pues dispone que el señor Rosario Sánchez había vendido previamente el mencionado inmueble.

De los documentos que obran en el expediente surge que, en efecto, la información sobre los antecedentes del negocio jurídico efectuado contenida en la Escritura Núm. 58, otorgada por el licenciado Pagán Díaz, se encuentra incompleta y alude a datos incorrectos. Específicamente, en ese instrumento público no se menciona el negocio jurí-dico recogido en la Escritura Núm. 15, en la cual el señor Rosario Sánchez y su esposa, representados por la señora Webb, les vendieron a los esposos García-Colón la propie-dad en cuestión, sino que afirmaba erróneamente que la titularidad de los esposos García-Colón surgía de la Escri-tura Núm. 81. Además, el abogado dio fe de que la propie-dad estaba gravada mediante una hipoteca a favor de Do-ral Mortgage LLC, constituida el 21 de septiembre de 2011 por $254,583.33, sin hacer referencia a la hipoteca inscrita a favor de Oriental Bank and Trust por $211,100, consti-tuida mediante la Escritura Núm. 114 de 20 de marzo de 2003 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 3 de junio de 2003, hipoteca que no había sido cancelada hasta la última certificación registral emitida en septiembre de 2016.

Así pues, el licenciado Pagán Díaz, como parte de su función notarial, debía conocer la situación y condición re-gistral de la finca antes de otorgar la Escritura Núm. 58 de compraventa, así como advertirles sobre esa situación a las partes. El abogado no podía descansar en las manifestacio-nes del señor Rosario Sánchez o de cualquier otra parte sobre la situación registral de la propiedad. Además, cabe destacar que los compradores estaban adquiriendo una propiedad de unos vendedores que no eran sus dueños re-gístrales al momento de otorgarse la escritura, y que es-taba gravada con una hipoteca que no se mencionó en el instrumento público. Sin embargo, no surge de la escritura ninguna advertencia específica al respecto. Consecuente-mente, las mencionadas actuaciones del licenciado Pagán Díaz infringen los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y los Cánones 18 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otra parte, en la Escritura Núm. 58 se especificó que la señora Webb había comparecido a esta en representa-ción del señor Rosario Sánchez y su esposa, en virtud del poder protocolizado mediante la Escritura Núm. 57. Sin embargo, del contenido de la Escritura Núm. 57 no surge que en las facultades conferidas a la señora Webb se en-contrara el enajenar o consentir a la enajenación de la pro-piedad mencionada. Debido a que el notario acreditó falsa o incorrectamente en la Escritura Núm. 58 que la señora Webb estaba facultada mediante la Núm. 57 a representar al señor Rosario Sánchez y a su esposa en la compraventa, éste infringió el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Finalmente, destacamos el hecho de que, en la Escritura Núm. 58, el licenciado Pagán Díaz hizo referencia a un es-tudio de título que nunca presentó en este procedimiento disciplinario, a pesar de habérsele requerido por ODIN. El abogado tampoco justificó su incumplimiento ante ODIN y no fue hasta que presentó su contestación ante la Procura-dora General que indicó que su incumplimiento se debió a que no contaba con dicho estudio de título en su expediente. Esa conducta, en sí misma, constituye un incumplimiento con el Canon 9 del Código de Ética Profesional.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata del ejercicio de la notaría del licenciado Pa-gán Díaz por el término de tres meses.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inme-diatamente la obra y el sello notarial del licenciado Pagán Díaz y entregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes. Consecuentemente, la fianza notarial queda automática-mente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que estuvo vigente. Notifíquese personalmente esta opi-nión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervino.

        In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 504 (2016).

       Íd.; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); In re Martínez Almodovar, 180 DPR 805, 815 (2011).

        In re Toro Imbernón, supra, pág. 505; In re Feliciano Ruiz, 117 DPR 269, 275 (1986).

        In re Toro Imbernón, supra.

       Íd.; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 500 (2013); In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).

        In re Toro Imbernón, supra.

        In re Martínez Almodovar, supra, pág. 816.

       Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 275, citando a E. Giménez-Arnau, Derecho notarial, Pamplona, Ed. Univ. Navarra, 1976, pág. 527.

        In re Martínez Almodovar, supra, pág. 817.

       Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 276.

       S. Torres Peralta, El derecho notarial puertorriqueño, ed. especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Sec. 8.27.

        In re Martínez Almodovar, supra, págs. 817-818. Sobre la obligación del notario de investigar los antecedentes regístrales del negocio jurídico que autoriza, véanse: In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 DPR 796, 801-802 (1988); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 442-444 (1984).

        In re González Acevedo, 197 DPR 360 (2017).

       Íd.; In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016); In re Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).

        In re González Acevedo, supra; In re Colón Collazo, supra; In re Ezratty Samo et al., 194 DPR Ap. (2016).

        In re González Acevedo, supra; In re Pórtela Martínez, 191 DPR 84, 90 (2014).

        In re González Acevedo, supra; In re Pórtela Martínez, supra; In re Colón Ramery, 138 DPR 793, 799 (1995).

        In re González Acevedo, supra; In re Pórtela Martínez, supra; In re Vargas Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014).

        In re Ramírez Salcedo, 196 DPR 136 (2016); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014). Véanse, además: In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147 (2014); In re Astado Caraballo, 149 DPR 790, 797 (1999).

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astado Caraballo, supra.

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra.

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41-42 (2011); In re Astado Caraballo, supra, pág. 799.

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astado Caraballo, supra, pág. 798.

        In re Ramírez Salcedo, supra.

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536, 538 (1998); In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Ramos y Ferrer, 115 DPR 409, 412 (1984).

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Rodríguez Gerena, 194 DPR 917, 923 (2016); In re Belli, Serapión, 148 DPR 685, 691 (1999).

        In re Ramírez Salcedo, supra; In re Martínez, Odell I, 148 DPR 49, 54 (1999); In re Belk, Serapión, supra.

        In re Ramírez Salcedo, supra.

        In re González Acevedo, supra.

       Íd.; In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327 (2016).

        In re González Acevedo, supra; In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319 (1974).


text:
      In re Julio Díaz Rosado, querellado.

      Número: CP-2015-13

      Resuelto: 13 de junio de 2017

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Ro-dríguez López, procuradora general auxiliar, abogadas de la Oficina del Procurador General; Julio Díaz Rosado, de Julio Díaz Rosado Law Office, pro se; Wilfredo Alicea Ló-pez, comisionado especial.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a discipli-nar a un miembro de la profesión legal por vulnerar sus deberes hacia su cliente. Los hechos que dieron inicio a este procedimiento disciplinario son los siguientes.

I—I

El 23 de julio de 2012, el Sr. Wilfredo Rodríguez Arbo-leda (quejoso) presentó una queja contra el Ledo. Julio Díaz Rosado. Alegó que el licenciado fue negligente en el desempeño de sus funciones, pues permitió que se dictase una sentencia en rebeldía en su contra. Añadió que el licenciado presentó una solicitud de relevo de sentencia en la que esbozó una teoría jurídica incorrecta, lo cual oca-sionó que se le responsabilizase por el dictamen sin permi-tirle argumentar sus defensas. Además, planteó que perdió su derecho a revisar el pronunciamiento porque el letrado presentó su recurso de apelación fuera de término.

El 24 de agosto de 2012, el licenciado Díaz Rosado pre-sentó su contestación a la queja. Por un lado, explicó que le indicó al quejoso que no tenía defensa para la acción en cobro de dinero, pero que existía la posibilidad de que la reclamación estuviese prescrita, lo cual dependería de la prueba que presentase la parte demandante. Por otro lado, señaló que no se le notificó la sentencia, por lo que afirmó que la determinación del foro primario lo tomó por sorpresa.

En ese contexto, expresó que protegió los intereses de su cliente, pues solicitó el relevo de la sentencia tan pronto se enteró del dictamen. Relató que el tribunal dejó sin efecto el pronunciamiento y señaló una vista para pautar los pro-cedimientos, pero indicó que posteriormente lo reinstaló mediante sentencia. Explicó que presentó una moción de reconsideración que fue denegada, por lo que acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari.

El licenciado Díaz Rosado aceptó que presentó el recurso un día después de haber vencido el término correspon-diente, pero alegó que la tardanza se debió al cúmulo de trabajo que se le asignó como abogado de oficio, lo cual a su juicio constituía justa causa para la demora. Así, explicó que el Tribunal de Apelaciones desestimó su recurso porque lo acogió como una apelación y argumentó que el certiorari era el vehículo apropiado para revisar el dictamen, por lo que planteó que las alegaciones del quejoso presentaban un asunto de derecho que no debía ser atendido en la esfera disciplinaria.

Posteriormente, referimos la queja a la Oficina de la Pro-curadora General y le concedimos un término de veinte días para que rindiese su informe, el cual presentó el 28 de marzo de 2014. En este, concluyó que el letrado incurrió en posibles violaciones a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al no indagar sobre el estado de los procedimientos, al permitir que se dictase sen-tencia en rebeldía contra su cliente y al presentar un re-curso apelativo fuera del término correspondiente. Además, resaltó que las notificaciones se enviaron a la dirección que el licenciado incluía en sus escritos, por lo que no existía razón para colegir que éstas no llegaron a su destino.

Por su parte, el licenciado Díaz Rosado presentó una Moción en Reacción al Informe de la Procuradora General, en la cual reiteró que no recibió las notificaciones, ya que éstas se le enviaron a una dirección incorrecta. Señaló que el tribunal le notificó a la “60-E Calle Esteban González, Bayamón, PR 00959”, mientras que su oficina ubicaba en la calle Esteban Padilla. Por otro lado, insistió en que la determinación del Tribunal de Apelaciones de acoger como apelación su recurso de certiorari constituía una controver-sia de derecho que no ameritaba el inicio de un procedi-miento disciplinario, por lo que solicitó que se ordenase el archivo de la queja.

Tras evaluar el informe de la Procuradora General y la réplica del letrado, ordenamos la presentación de una que-rella contra el licenciado. En cumplimiento con nuestra or-den, la Oficina de la Procuradora General presentó la que-rella de epígrafe, en la cual le imputó al licenciado haber infringido los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profe-sional, supra, por no defender adecuadamente los intereses de su cliente.

El 29 de agosto de 2015, el licenciado Díaz Rosado pre-sentó su contestación a la querella. En esencia, reiteró los argumentos que esbozó en sus escritos anteriores sobre la notificación defectuosa de las determinaciones judiciales y la presentación tardía del recurso apelativo.

El 26 de enero de 2016, nombramos a un Comisionado Especial para que recibiese la prueba y formulase las de-terminaciones de hecho y recomendaciones que estimase pertinentes. Luego de los trámites de rigor, el Comisionado Especial presentó su informe, en el cual concluyó que el licenciado cometió las faltas imputadas. A pesar de que reconoció que las notificaciones se cursaron a una dirección incorrecta, el Comisionado estimó que el licenciado debió ser más diligente en el desempeño de sus funciones. En ese contexto, resaltó que el letrado descansó exclusivamente en las notificaciones para organizar su calendario y no rea-lizó ninguna gestión en el pleito hasta que solicitó el relevo de la sentencia. Asimismo, recalcó que el recurso apelativo se presentó fuera de término independientemente de si se trataba de una apelación o de un certiorari.

II

El Código de Ética Profesional pauta las normas míni-mas de conducta que deben seguir los abogados en el des-empeño de sus funciones. In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 634 (2016); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014). Ello, con el propósito de garantizar un comportamiento ejemplar por parte de los letrados que be-neficie a la ciudadanía, a la profesión y a las instituciones de justicia. In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016); In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1027 (2012).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que todo abogado defienda los intereses de su cliente de forma capaz y diligente. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Así, cualquier actuación negligente por parte de un licenciado que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso con-figura una violación a este canon. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 763 (2015); In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 583 (2015). De igual forma, un letrado infringe el Canon 18, supra, cuando abandona o desatiende la causa de acción de su cliente. In re Armenteros Chervoni, 195 DPR 693, 701 (2016); In re Santos Cruz, 193 DPR 224, 229 (2015).

Por su parte, el Canon 38 de Ética Profesional, supra, exige que el abogado se empeñe al máximo de su capa-cidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión. In re Morales Lozada, 192 DPR 239, 243 (2015). “La responsabilidad ética y moral que rige la profesión legal requiere que todo abogado examine continuamente su com-portamiento, pues los abogados son el espejo donde se re-fleja la imagen de la profesión’ ”. In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 906 (2016) (citando a In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009)). Por ello, en reiteradas ocasiones hemos señalado que todo abogado debe actuar “con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce”. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 148 (2014). Véase In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005).

HH H-1 I—í

Según surge del expediente, el 3 de junio de 2010 el licenciado Díaz Rosado asumió la representación legal del quejoso y presentó una moción de prórroga para contestar la demanda. Sin embargo, el letrado abandonó el caso luego de presentar dicho escrito, por lo que el 21 de sep-tiembre de 2010, el tribunal dictó sentencia en rebeldía contra su cliente.

A pesar de lo anterior, el licenciado Díaz Rosado no tomó ninguna acción afirmativa en el pleito hasta el 6 de julio del 2011, cuando solicitó el relevo de la sentencia. Inicial-mente, el foro primario dejó sin efecto el pronunciamiento, pero posteriormente lo reinstaló mediante sentencia

Así, el 9 de diciembre de 2011, un día después de haber vencido el término correspondiente, el licenciado Díaz Ro-sado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y alegó como justa causa el cúmulo de trabajo que se le asignó como abogado de oficio. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una apelación y lo des-estimó por falta de jurisdicción.

Como vimos, el licenciado Díaz Rosado atribuye su falta de diligencia en la tramitación del caso ante el foro prima-rio a las notificaciones defectuosas que le cursó el tribunal. Es decir, el letrado sostiene que no incurrió en una falta ética porque la Secretaría del Tribunal de Primera Instan-cia le remitió las notificaciones a una dirección incorrecta.

Si bien es cierto que las notificaciones se enviaron a una dirección equivocada, la realidad del caso es que el licen-ciado permitió que transcurriese más de un año desde que asumió la representación legal del quejoso sin realizar ges-tión alguna en el pleito. Como es sabido, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, exige que los abogados actúen “en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Véanse: In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759, 763 (2016); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011). Así, ante la falta de una notifica-ción por parte del tribunal, el licenciado debió haber inda-gado sobre el estado de los procedimientos, por lo que su conducta infringió el Canon 18, supra. De igual forma, su comportamiento también vulneró el Canon 38, supra, pues no exaltó el honor y la dignidad de la profesión.

Por otro lado, el licenciado plantea que la determinación del Tribunal de Apelaciones de acoger su recurso como una apelación constituye una controversia de derecho que no activa nuestra jurisdicción disciplinaria. Consideró que, en un ejercicio de su juicio profesional, el certiorari era el ve-hículo procesal apropiado para revisar el dictamen, por lo que argumenta que la desestimación no fue producto de su negligencia. En ese contexto, afirma que la carga de tra-bajo que se le asignó como abogado de oficio constituye justa causa para la demora.

Al escoger presentar su recurso de certiorari un día des-pués de transcurrido el término correspondiente, el licen-ciado Díaz Rosado pasó por alto la posibilidad de que el Tribunal de Apelaciones lo acogiese como apelación —que era lo procedente en derecho— y lo desestimase por falta de jurisdicción. Como indicamos, toda actuación que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso configura una violación al Canon 18, supra. In re Miranda Daleccio, supra, pág. 763; In re Rivera Nazario, supra, pág. 583. Por lo tanto, su falta de diligencia durante el trámite apelativo también configuró un quebranto a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

> HH

Habiendo concluido que el licenciado vulneró los Cáno-nes 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, nos resta determinar cuál es la sanción correspondiente. A tales efectos, debemos considerar: el historial previo del abo-gado; su reputación en la comunidad; si esta constituye su primera falta; si alguna parte resultó perjudicada; la acep-tación de la falta y su sincero arrepentimiento; si la con-ducta se realizó con ánimo de lucro; si se trata de un com-portamiento aislado; el resarcimiento al cliente, y cualquier otra consideración pertinente a los hechos. In re Morell Bergantiños, supra, pág. 765; In re Rivera Nazario, supra, pág. 587.

En ocasiones anteriores hemos sancionado con una sus-pensión de tres meses las conductas similares a la incu-rrida por el licenciado Díaz Rosado. Véase In re Morell Bergantiños, supra; In re Ramos Hernández, 183 DPR 647 (2011); In re Amill Acosta, 181 DPR 934 (2011). Sin embargo, el Comisionado Especial recomienda que imponga-mos una sanción “leve o moderada”, ya que el licenciado goza de buena reputación en la comunidad, ha ejercido la profesión por más de diez años sin ser objeto de algún pro-cedimiento disciplinario y participa frecuentemente en los casos criminales de oficio que se le asignan.

En vista de lo anterior, suspendemos inmediatamente al Ledo. Julio Díaz Rosado del ejercicio de la abogacía y de la notaría por el término de un mes.

En consecuencia, el señor Díaz Rosado deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándolos y, de proceder, devolverá los honorarios que haya recibido para servicios profesionales que no podrá realizar. De igual forma, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo ante el cual tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. No hacerlo podría acarrear que no se le reinstale cuando lo solicite.

El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautar la obra notarial del señor Díaz Rosado y la entre-gará a la Oficina de Inspección de Notarías para la corres-pondiente investigación e informe. Notifíquese personal-mente al licenciado Díaz Rosado esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera García con-currió con el resultado e hizo constar la expresión siguiente:

Concurro con el resultado de suspender al licenciado Díaz Rosado del ejercicio de la abogacía y la notaría. Ahora bien, lo suspendería del ejercicio de la profesión por el término de tres meses.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez hizo constar la ex-presión siguiente:

Concurro con el resultado al que llega una mayoría de este Tribunal por entender que, si bien procede la suspensión del Ledo. Julio Díaz Rosado del ejercicio de la abogacía y la nota-ría, a juicio de éste, la conducta desplegada por el referido letrado —la cual se aparta de lo dispuesto en los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX— debe con-llevar su suspensión del ejercicio de la profesión por un tér-mino mínimo de tres meses. Véase, de forma análoga y a modo de ejemplo, como bien se señala en la Opinión per curiam, lo resuelto por este Tribunal en In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759 (2016); In re Ramos Hernández, 183 DPR 647 (2011); In re Amill Acosta, 181 DPR 934 (2011).
Abona a esta conclusión el hecho de que, en el presente caso, el quejoso quedó irremediablemente afectado por la conducta negligente del licenciado Díaz Rosado, ya que por las acciones de este último no tan solo se le anotó la rebeldía en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia y se dictó sentencia en su contra, sino que perdió su derecho a revisar, ante el foro apelativo intermedio, dicha sentencia, quedando así despro-visto de remedios para atender su particular situación. Tal errado y negligente proceder no deber ser condenado con la laxa sanción de un mes de suspensión del ejercicio de la abo-gacía y la notaría. Los atenuantes invocados para la reducción de la sanción a tan breve término no nos convencen.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

       El Ledo. Julio Díaz Rosado foe admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de 2006 y prestó juramento como notario el li de octubre del mismo año.

       En específico, el Sr. Wilfredo Rodríguez Arboleda relató que se enteró del dictamen cuando la representación legal de la parte demandante le notificó con copia de la sentencia. Queja, pág. 1.

       Informe de la Procuradora General, pág. 4.

       Íd.

       Moción en Reacción al informe de la Procuradora General, pág. 8.

       Según surge del expediente, la sentencia se notificó el 10 de octubre de 2011. Informe del Comisionado Especial, pág. 6.

       El licenciado Díaz Rosado presentó una moción de reconsideración ante el foro primario, la cual fue denegada mediante una resolución notificada el 8 de no-viembre de 2011. Íd., pág. 7.

       En específico, las notificaciones se cursaron a la calle Esteban González, en lugar de a la calle Esteban Padilla. íd-, pág. 5.

       De todos modos, la carga laboral de un abogado no constituye justa causa para la presentación tardía de un recurso. Véase In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 844 (2010).

       Informe del Comisionado Especial, pág. 11.


author: pee curiam:

text:
      In re Yarimar Soto Rivera.

      Número: TS-16,532

      Resuelto: 15 de junio de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Yarimar Soto Rivera, pro se.

   pee curiam:

Una vez más nos vemos en la obligación de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra una abogada por incumplir con las órdenes de este Tribunal. En esta oca-sión suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Yarimar Soto Rivera. Veamos.

I—I

La licenciada Soto Rivera fue admitida al ejercicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007 y prestó juramento como notaria el 11 de marzo de 2008. El 24 de septiembre de 2015, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) nos re-mitió un Informe especial sobre incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su reglamento y en solicitud de remedios. Indicó que el 16 de julio de 2015 había enviado a la letrada una comunicación por correo certificado con acuse a la dirección que constaba en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). En esta comunicación le no-tificó ciertos incumplimientos con la presentación de los índices de Actividad Notarial Mensual y de los Informes Estadísticos de Actividad Notarial para varios años. Se-ñaló, además, que del expediente de la licenciada Soto Rivera no surgía que estuviera cubierta por una fianza notarial. La ODIN concedió a la letrada diez días para ren-dir todos los documentos adeudados. No obstante, la comu-nicación fue devuelta por el sistema de correo postal federal. El 31 de agosto de 2015, la ODIN remitió otra co-municación a la licenciada Soto Rivera en la que reiteró lo esbozado en la comunicación del 16 de julio de 2015. Ésta también fue devuelta.

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015 ordenamos la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el sello notarial de la letrada y le concedimos un término de diez días para mostrar causa por la cual no debíamos suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. El 17 de diciembre de 2015 la licenciada Soto Rivera compareció ante esta Curia. En esa ocasión indicó que estaba sufriendo problemas de salud desde septiembre de ese año. Adujo que su condición de salud había afectado su vida diaria por los constantes estudios que debía ha-cerse para monitorear su condición.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2015 la ODIN presentó una Moción notificando incumplimiento de orden y otros remedios. En ella señaló que la letrada incumplió la orden que habíamos emitido el 16 de noviembre de 2015, por lo que solicitó que evaluáramos la suspensión inme-diata e indefinida de la licenciada Soto Rivera de la notaría. Asimismo, el 29 de diciembre de 2015 la ODIN presentó su Informe sobre estado de obra incautada. Entre los defectos señalados, encontró Protocolos sin encuader-nar, la omisión de cancelar sellos de Rentas Internas, es-tampillas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Im-puesto Notarial y sellos para la Sociedad de Asistencia Legal en su Registro de Testimonios.

En vista de lo anterior, el 29 de abril de 2016 ordenamos a la licenciada Soto Rivera que, en un término improrroga-ble de treinta días completara y subsanara, a sus expen-sas, las deficiencias de la obra notarial. En la Resolución apercibimos a la letrada que podía ser objeto de sanciones disciplinarias si incumplía con la orden del Tribunal. La licenciada Soto Rivera no cumplió con nuestra orden, por lo que la suspendimos inmediata e indefinidamente del ejer-cicio de la notaría y le concedimos, además, un término final e improrrogable de treinta días para que mostrara causa por la que no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía. En aquel momento le advertimos que el incum-plimiento con esta orden podía acarrear la imposición de sanciones disciplinarias severas.

El 22 de febrero de 2017 la licenciada Soto Rivera com-pareció y alegó que no había sido su intención incumplir con las órdenes de este Tribunal. Argüyó que desde hace varios años está pasando por una situación económica difícil que se agravó por su condición de salud. De hecho, alegó que había sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones en el 2016 y que, de solicitarlo este Tribunal, podía evidenciarlas. Reconoció estar bien de salud en la actualidad, pero adujo que en esta ocasión se debía a la condición de salud de su padre. Señaló que su atención “ha estado en otra parte”. A diferencia de sus comparecencias anteriores, la letrada no proveyó evidencia alguna que sus-tentara sus alegaciones.

El 7 de marzo de 2017 compareció el Director de la ODIN. Nos informó que las deficiencias señaladas —desde julio de 2015— en la obra protocolar incautada no habían sido subsanadas. Además, solicitó que, de permitir que la letrada continuara ejerciendo la profesión, condicionára-mos nuestra determinación a que subsanara las referidas deficiencias en su obra protocolar en un término no mayor de noventa días.

El 20 de marzo de 2017, en vista de los señalamientos de la licenciada Soto Rivera, emitimos otra Resolución en la que concedimos un término improrrogable de quince días, contados a partir de su notificación, para que acredi-tara con prueba fehaciente las alegaciones relacionadas con su condición de salud. Nuevamente le apercibimos que el incumplimiento con la orden podía conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo su suspensión inme-diata e indefinida del ejercicio de la profesión. Dicha Reso-lución fue notificada el 21 de marzo de 2017.

No fue hasta el 10 de abril de 2017 que la letrada com-pareció ante esta Curia. Aunque incluyó varios documen-tos, indicó que el expediente no estaba disponible hasta después del 17 de abril de este año. Por ello, el 28 de abril de 2017 le concedimos una prórroga de diez días, contados a partir de la notificación de la Resolución, para que cum-pliera con la orden del 20 de marzo de 2017.

No obstante, el pasado 22 de mayo de 2017 el Director de la ODIN compareció nuevamente ante nos. En esta oca-sión notificó que el término conferido a la licenciada Soto Rivera venció el 15 de mayo de 2017 sin que cumpliera con lo ordenado. Asimismo, informó que la obra protocolar se encuentra en el mismo estado, prevaleciendo la falta de encuadernación de los Protocolos de 2008 al 2015 y las de-ficiencias arancelarias notificadas. Ello aunque han trans-currido casi dos años desde que la ODIN le requirió que subsanara las deficiencias en su obra protocolar.

I—I

En innumerables ocasiones hemos expresado que el ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abo-gado y toda abogada observen rigurosamente los requeri-mientos de este Tribunal. Este mandato ético se encuen-tra establecido, particularmente, en el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al señalar —en lo pertinente— que “ [e] 1 abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

En ese sentido, como funcionarios de este Tribunal, las y los profesionales del Derecho tienen un deber ineludible de respetar, acatar y responder diligentemente nuestras órdenes. Desatenderlas constituye una afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el referido Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Por consi-guiente, el incumplimiento con los requerimientos del Tribunal, según hemos resuelto en innumerables ocasiones, constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales y es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión. Reafirmamos que “[e] ste Tribunal no ha de to-mar livianamente el que un abogado asuma una actitud de indiferencia y menosprecio hacia nuestra autoridad”.

t-H 1—I 1—I

Nótese que, desde el inicio, concedimos varias oportuni-dades a la licenciada Soto Rivera para que cumpliera con los requerimientos de la ODIN y con nuestras órdenes. En varias ocasiones compareció fuera del término ordenado y en la última ocasión ni siquiera compareció. Así, el incum-plimiento con nuestras órdenes, más aún cuando la abo-gada ha sido apercibida expresamente de las consecuen-cias de su incumplimiento, constituye una falta severa con sus deberes éticos y un menosprecio a nuestra autoridad. La conducta de la licenciada Soto Rivera, al incumplir rei-teradamente nuestras órdenes, es totalmente contraria a la conducta que se espera de las y los miembros de la pro-fesión; ello no la hace merecedora de continuar ejerciendo la abogacía.

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En vista de lo anterior, suspendemos inmediata e inde-finidamente a la licenciada Soto Rivera de la profesión de la abogacía. Le concedemos —por última vez— un término de treinta días para subsanar las deficiencias de la obra protocolar, so pena de referir el asunto al Tribunal de Pri-mera Instancia para un proceso de desacato.

La señora Soto Rivera deberá notificar a todos sus clien-tes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolver-les cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no reali-zados, devolverles los expedientes de los casos pendientes e informar inmediatamente de su suspensión a los foros ju-diciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y certi-ficar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Señor Colón Pérez no intervino.

       La obra notarial fue incautada y la Resolución fue recibida por la licenciada Soto Rivera el 3 de diciembre de 2015.

       La letrada incluyó con su comunicación una copia de los documentos de una hospitalización y el resumen de alta.

       La licenciada Soto Rivera recibió esta Resolución el 26 de mayo de 2016.

        In re Aponte del Valle, 189 DPR 245, 249 (2013); In re Rivera Rosado, 180 DPR 698, 701 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 768 (2010).

        In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 914 (2016).

        In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 560 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009).

        In re Pastrana Silva, 195 DPR 366, 369 (2016); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

        In re Dávila Toro, supra, pág. 164. Véase, también, In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973 (2015).


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      In re Proyecto de Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.

      Número: ER-2017-06

      Resuelto: 15 de junio de 2017
   RESOLUCIÓN

En virtud del poder inherente de este Tribunal para re-glamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico y en concordancia con la normativa ética relacionada con la obligación de prestar servicios legales gratuitos a personas indigentes, reconocemos la necesidad de examinar con ca-rácter prioritario las normas vigentes que regulan las asig-naciones de oficio en los tribunales del País. Véase Canon 1 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, además: Pueblo v. Morales, 150 DPR 123 (2000); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993).

A tono con ello, se encomendó al Secretariado de la Con-ferencia Judicial y Notarial (Secretariado) la presentación de una nueva propuesta para regular las asignaciones de oficio en casos penales en los tribunales de Puerto Rico y extender su alcance a los procedimientos de naturaleza civil. En consecuencia, el Secretariado llevó a cabo un es-tudio exhaustivo del sistema que gobierna las asignaciones de oficio actualmente. Este proceso sirvió como punto de partida para diseñar una propuesta que aspira a promover una cultura de servicio pro bono entre las y los miembros de la clase togada. Asimismo, el enfoque de la propuesta persigue remediar las dificultades y atender las preocupa-ciones que han planteado tanto los jueces y las juezas como los abogados y las abogadas con relación al manejo y la implementación del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio. In re Nuevo Reglamento Abogados Oficio, 173 DPR 653, 673 (2008). Entre éstas, cabe señalar las siguientes: la falta de proporcionalidad en las asignaciones entre quienes ejercen la profesión jurídica en Puerto Rico; la proliferación de documentos normativos aplicables a la certificación de horas y la autorización de gastos rembolsables; la falta de certeza respecto al proceso requerido en etapas apelativas, y la ausencia de una nor-mativa aplicable a los procedimientos de naturaleza civil que, entre otras cosas, haga viable la acreditación de horas de educación jurídica continua por el servicio gratuito ofre-cido durante una representación legal de oficio.

Con miras a identificar estrategias de efectividad pro-bada que puedan adaptarse a nuestras necesidades, el Se-cretariado efectuó un análisis de los modelos de ofreci-miento de servicios legales a personas indigentes en varias jurisdicciones de Estados Unidos, en particular, las prácti-cas exitosas de los sistemas de asignaciones de oficio en procesos de naturaleza civil y penal. Además, investigó las prácticas y tendencias en el ámbito internacional. Finali-zado este proceso, y en cumplimiento con la encomienda asignada por este Tribunal, el Secretariado presentó opor-tunamente ante nuestra consideración un proyecto de Re-glamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico (proyecto de Reglamento).

Este Tribunal considera adecuado que, antes de evaluar los méritos del proyecto de Reglamento, se brinde oportu-nidad para que la comunidad jurídica y el público en general, así como aquellas entidades que a diario sirven a las poblaciones más vulnerables, puedan estudiarlo y remitir sus comentarios y recomendaciones al Secretariado. La con-sulta pública aquí autorizada tendrá una duración de se-senta días, contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

Con el propósito de asegurar una divulgación efectiva, se ordena a la Directora del Secretariado a que, con la colabo-ración de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administra-ción de los Tribunales, implemente un plan de divulgación efectiva que fomente una participación activa durante el proceso de consulta. El proyecto de Reglamento, la presente Resolución y cualquier documento diseñado por el Secreta-riado para facilitar la recopilación de comentarios, se publi-carán en la página principal del portal de la Rama Judicial.

Culminado el término concedido, el Secretariado tendrá un término de sesenta días para preparar un informe que contenga un análisis de los comentarios recibidos y presen-tar ante nuestra consideración un proyecto de Reglamento revisado. Será en ese momento que este Tribunal pasará juicio sobre el proyecto del Secretariado en conjunto con los comentarios recibidos y estará entonces en posición de emi-tir una deterininación final sobre el sistema que gobernará las asignaciones de oficio, tanto en los procesos judiciales de naturaleza penal como civil. Confiamos que este proceso de consulta a la comunidad aportará a la formulación de una reglamentación que redunde en una administración ágil y uniforme de las asignaciones de oficio.

Notifíquese al Director Administrativo de los Tribuna-les, a la Directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, y al Director de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Periodo de Exoneración para el Pago de Multas por Cumplimiento Tardío Establecidas al Amparo del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.

      Número: EM-2017-04

      Resuelto: 16 de junio de 2017
   RESOLUCIÓN

En el 1998 este Tribunal estableció un programa de educación jurídica continua obligatorio, el cual ha sido mo-dificado a través de los años. Véase In re Aprobación Reglamento PEJC, 198 DPR 254 (2017) (ER-2017-04); In re Enmdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015); In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005); In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998). Mediante ese programa se propicia el cumplimiento de las y los pro-fesionales del Derecho con el deber ético de mantener un alto grado de excelencia y competencia en el ejercicio de su profesión. En lo pertinente, el programa exige que toda persona admitida al ejercicio de la profesión legal cumpla con una cantidad mínima de 24 horas crédito de educación jurídica continua dentro de un periodo determinado. Dis-pone, además, una multa por cumplimiento tardío cuando un abogado o abogada no completa los créditos dentro del término aplicable.

Según los datos provistos por la Junta de Educación Ju-rídica Continua (Junta), hay una cantidad inaceptable de profesionales del Derecho que se encuentra en incumpli-miento con el Programa de Educación Jurídica Continua (Programa) y que adeuda pagos por concepto de multas por cumplimiento tardío.

Para propiciar el cumplimiento adecuado con los requi-sitos mínimos de educación jurídica continua, se dispone un periodo de exoneración de 1 año para el pago de multas por cumplimiento tardío emitidas por el Programa, periodo que comenzará el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. A partir de la entrada en vigor de la exoneración, se suspenderá temporalmente para las y los profesionales del Derecho la obligación de satisfacer las multas por cumpli-miento tardío adeudadas por los periodos vencidos o que venzan durante el periodo de exoneración.

Durante dicho periodo los profesionales del Derecho que se encuentren en incumplimiento deberán satisfacer el total de las horas créditos de educación jurídica continua adeuda-das para todos sus periodos, incluyendo aquellos cuyo ven-cimiento ocurra durante el periodo de exoneración. Transcu-rrido este año, el Programa iniciará una evaluación del cumplimiento de cada uno de las y los profesionales del De-recho y determinará las instancias en las que se cumplió oportuna y satisfactoriamente con el total de horas crédito adeudadas para todos los periodos vencidos en o antes de culminado el plazo de exoneración.

El Programa condonará de manera definitiva la deuda por concepto de multas por cumplimiento tardío al profesio-nal del Derecho que haya evidenciado satisfactoriamente, y dentro del término establecido, su cumplimiento con los pe-riodos vencidos dentro del año. En aquellas ocasiones en las que el Programa determine que no se evidenció oportuna y satisfactoriamente el cumplimiento, se restablecerá inme-diatamente la obligación de pagar lo adeudado en multas por cumplimiento tardío y la Junta procederá a referir el caso a la consideración de este Tribunal.

Notifíquese por correo electrónico al Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua y al Director de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


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      In re José A. García Ortiz, querellado.

      Número: CP-2014-0009

      Resuelto: 21 de junio de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, Tanaira Padilla Rodríguez, sub-procuradoras generales, y Yaizamarie Lugo Fontánez, pro-curadora general auxiliar; José A. García Ortiz, pro se; Wilfredo Alicea López, comisionado especial.
   per curiam:

Nos corresponde determinar si el Ledo. José Antonio García Ortiz, en su representación del Sr. Efraín Salicrup Santiago, incurrió en una conducta transgresora de los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por concluir que el letrado no fue diligente en el trámite y la presentación de la causa bajo su responsabilidad, que se expresó irrespetuosamente du-rante el proceso disciplinario y, en consideración a su his-torial disciplinario, estimamos apropiado suspenderlo in-mediatamente del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año.

I

La querella objeto del caso de autos fue presentada por el querellante el 8 de mayo de 2006. El 16 de noviembre de 2006, el licenciado García Ortiz contestó la querella. Mani-festó, entre otras cosas, que el Sr. Efraín Salicrup Santiago, querellante, había manifestado no tener interés en la queja presentada. Por ello, la Procuraduría General le cursó dos cartas al señor Salicrup Santiago, con fechas de 20 de diciembre de 2006 y de 2 de enero de 2007, para que se expresara en cuanto a la alegación del licenciado García Ortiz. Mediante una carta recibida en la Oficina del Procu-rador General el 9 de enero de 2007, el señor Salicrup Santiago manifestó que quería continuar el proceso disciplina-rio y que era falso que había hablado con el licenciado García Ortiz. En respuesta, el 5 de marzo de 2007, el licen-ciado García Ortiz presentó una carta ante la Oficina de la Procuradora General en la cual expuso que el señor Sali-crup Santiago le había manifestado su falta de interés en el proceso a la secretaria del letrado y al esposo de ésta. Además, indicó que de la queja del señor Salicrup Santiago “aflora la ingratitud” y expresó que:

Lamento mucho toda la situación pero comprendo que en este país está prohibido enfermarse o caer en desgracia por cualquier razón, son muy pocos los que dan la mano y muchos los que se convierten en fieras depredadoras o caníbales para hacer leña del árbol caído y jactarse de que obtuvieron parte del botín y eso incluye familiares, compañeros de profesión, los clientes que uno m[á]s estima y le tiene la mayor de la confianza. Olvidándose estos depredadores que cuando la hin-chazón de uno est[á] bajando la de ellos est[á] subiendo. La vida es un devenir, constantemente nos estamos viendo la cara. Querella de 26 de junio de 2014, Apéndice, pág. 13.

Con motivo de aclarar los hechos de la controversia, el 9 de mayo de 2007, la Procuraduría General le cursó una misiva al licenciado García Ortiz en la que le solicitó que, en el término de diez días, atendiera ciertas alegaciones que nunca respondió en su querella. Ante la incomparecen-cia del licenciado García Ortiz, la Procuraduría General procedió a presentar su Informe el 14 de agosto de 2007. Luego de solicitar varias prórrogas e incumplir con los tér-minos dispuestos en ellas, el licenciado García Ortiz pre-sentó su réplica el 23 de septiembre de 2008. Así las cosas, el 16 de enero de 2009 ordenamos a la Procuraduría General que presentara la querella. Sin embargo, antes de que ésta se presentara, el 10 de junio de 2009 suspendimos al querellado indefinidamente de la práctica de la abogacía. Véase In re García Ortiz [II], 176 DPR 123 (2009). Por ello, el 30 de diciembre de 2009 se ordenó el archivo administrativo de la queja de autos hasta tanto adviniera la reins-talación del licenciado García Ortiz.

El 22 de abril de 2010 reinstalamos al licenciado García Ortiz al ejercicio de la abogacía y notaría, pero éste fue suspendido nuevamente el 11 de diciembre de 2012 por el término de seis meses. Véase In re García Ortiz [III], 187 DPR 507 (2012). Finalmente, el 23 de diciembre de 2013, reinstalamos al querellado a la abogacía de esta última suspensión y ordenamos la reactivación de la queja de autos. Consecuentemente, la Procuradora General pre-sentó su querella el 26 de junio de 2014. En ésta se consignaron los siguientes cargos por violaciones al Código de Ética Profesional:

PRIMER CARGO: El licenciado García Ortiz violó los precep-tos del Canon 9 de Ética Profesional al no comparecer a la vista del 28 de abril de 2006 y desatender la orden emitida por el Tribunal en dicha fecha y las subsiguientes en el caso C AC2003-4114 hasta que fue relevado de la representación legal del querellante en agosto de 2006.
De igual modo, el licenciado García Ortiz no cumplió con los preceptos del Canon 9 de Ética Profesional al no cumplir con el requerimiento de información realizado por la Oficina de la Procuradora General del 9 de mayo de 2007 durante la inves-tigación de este procedimiento disciplinario.
SEGUNDO CARGO: El licenciado García Ortiz incurrió en violación al Canon 12 de Ética Profesional, el cual dispone que es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas para que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de las causas, al no comparecer a la vista del 28 de abril de 2006 y desatender las órdenes emitidas por el Tribunal en el caso C AC2003-4114 desde dicha fecha hasta que se le relevó de la representación legal del querellante en agosto de 2006, más de dos meses después de haberle sido solicitada la renuncia por su cliente.
TERCER CARGO: El licenciado García Ortiz actuó en contra-vención a los preceptos del Canon 18 de Ética Profesional, el cual impone a los abogados el deber de defender diligente-mente los intereses de su cliente, al abandonar la causa de su cliente, no comparecer a la vista del 28 de abril de 2006, no cumplir las órdenes emitidas por el Tribunal, incluyendo aquellas para culminar el descubrimiento de prueba, ni solici-tar el relevo de representación legal según le fuera solicitado por su cliente, para que éste pudiera conseguir prontamente otro abogado que lo representase, siendo necesario que ello fuera solicitado por el cliente al Tribunal.
CUARTO CARGO: El licenciado García Ortiz violó los precep-tos del Canon 20 de Ética Profesional al abandonar la repre-sentación de su cliente sin solicitar el relevo de representación legal al tribunal y sin tomar las medidas necesarias para evi-tarle un perjuicio a su cliente. Ello, a pesar que desde el 9 de mayo de 2006 le fue solicitado por su cliente la renuncia y le fuera entregado el expediente por su secretaria, siendo nece-sario que el querellante acudiera en dos ocasiones al Tribunal a solicitar el relevo del abogado y le fuera concedido a solicitud de éste, más de dos meses después de haberle sido requerida la renuncia al abogado.
QUINTO CARGO: El licenciado García Ortiz quebrantó los preceptos del Canon 38 de Ética Profesional al no exaltar el honor y la dignidad de la profesión, aunque al así hacerlo con-lleve sacrificios personales, ni evitó la apariencia de conducta impropia, al abandonar la causa de acción de su cliente sin solicitar la renuncia al Tribunal y sin que la misma le fuera concedida, al no cumplir con las órdenes del Tribunal, al no defender diligentemente los intereses de su cliente y al expre-sarse de forma irrespetuosa hacia éste en la comparecencia del 5 de marzo de 2007 ante la Oficina de la Procuradora General. Querella de 26 de junio de 2014, págs. 10-11.

Nombramos Comisionado Especial al Hon. Wilfredo Ali-cea López. Tras varios trámites procesales, éste nos rindió el correspondiente informe el 12 de abril de 2016, en el que recomendó una sanción moderada al letrado. Así pues, con el beneficio de sus determinaciones y recomendación, pro-cedemos a resolver.

rH

Los hechos de la queja de autos, debidamente documen-tados, demuestran que el señor Salicrup Santiago contrató los servicios del licenciado García Ortiz para que lo repre-sentara en una demanda por impugnación de confiscación y de daños contra el Estado Libre Asociado (ELA) y el Sr. Emilio Tirado Castejón (haciendo negocios como Garage Leo).

Surge del expediente del caso C AC2003-4114 que el li-cenciado García Ortiz se ausentó a:

1) Una vista el 5 de mayo de 2004, por cuya ausencia el Tribunal le ordenó cancelar el sello de suspensión;
2) Una vista sobre el estado del caso, el 17 de noviembre de 2004;
3) A la continuación de la Conferencia con Antelación a Juicio, el 28 de abril de 2006. A ésta, compareció su cliente, el señor Salicrup Santiago, por su cuenta. El Ledo. José A. Vélez Morales, representante legal de Garaje Leo, indicó en la vista que no se pudieron tomar las deposiciones acordadas porque el querellado llamó para cancelarlas. Ante la incomparecencia del licenciado García Ortiz, el foro de instancia le impuso la cancelación del arancel de suspensión en un término de 10 días y le ordenó radicar una moción donde expusiera los mo-tivos de su incomparecencia y coordinara el descubrimiento de prueba que faltaba, con el apercibimiento de que su incumpli-miento acarrearía una sanción de $700.00.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2006, el señor Sali-crup Santiago presentó una moción por derecho propio en la cual informó que había recibido el expediente del caso de la Sra. Zaida Oliveras, secretaria del licenciado García Ortiz. Asimismo, manifestó que no se sentía a gusto con la manera como el licenciado García Ortiz lo representó y que éste no le informaba nada con relación a las incidencias del caso. Por lo tanto, mediante la moción solicitó que el que-rellado fuera relevado de su representación legal.

Así las cosas, el 30 de mayo de 2006, el foro de instancia notificó una Resolución en la cual concedió al querellado hasta el 10 de junio de 2006 para que se expresara sobre la moción del señor Salicrup Santiago. El 20 de junio de 2006, el tribunal emitió otra orden en la que concedió al quere-llado hasta el 30 de junio para cumplir lo ordenado. Ante la incomparecencia del licenciado Garcia Ortiz, el foro prima-rio notificó una Orden el 14 de agosto de 2006, en la cual le indicó al querellado que no cumplió con las órdenes previas del tribunal y le impuso una sanción de $200. Le informó, además, que el caso tenía un señalamiento de vista para el 6 de octubre de 2006.

Mediante otra moción por derecho propio, el 18 de agosto de 2006, el señor Salicrup Santiago solicitó nueva-mente que se relevara al querellado de su representación legal, puesto que había acudido a otros abogados pero nin-guno contrataría con él hasta tanto el tribunal decretara el relevo de representación. En atención a ello, el 31 de agosto de 2006, el tribunal emitió una orden relevando al licenciado García Ortiz de la representación del señor Sa-licrup Santiago y le concedió a este último hasta el 30 de septiembre de 2006 para conseguir nueva representación legal.

El Comisionado Especial, el Hon. Wilfredo Alicea López, encontró probados todos estos hechos mediante la debida presentación de prueba documental por parte de la Oficina de la Procuradora General. El Comisionado Especial tam-bién tomó nota del testimonio presentado por el querellado y de su ex secretaria legal, la Sra. Zaida Oliveras Torres. Esta declaró que trabajó con el querellado alrededor de diez años y que a principios de 2006 éste sufrió un infarto con parálisis facial, por lo cual estuvo hospitalizado y cerró la oficina aproximadamente por un año. Además, indicó que debido a la ausencia del querellado, llamaba a los tribunales para suspender las vistas pendientes, entregaba los expedientes a los clientes y les orientaba sobre el trá-mite a seguir. Empero, el querellado no presentó otra prueba para corroborar el testimonio de la señora Oliveras Torres ni de que sus ausencias estuvieran excusadas en momento alguno.

H-i H-1

Entre los valores principales que deben conservar los abogados está el respeto a los tribunales, ya que ellos son funcionarios de éstos y están sujetos a su autoridad. Por ello, el Canon 9 del Código de Ética Profesional señala que “ [e] 1 abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Como corolario necesario de este canon, he-mos resuelto repetidamente que los abogados deben acatar las órdenes de los tribunales. Hemos formulado varias acepciones de este deber. Así, hemos encontrado a un abo-gado incurso en una violación al Canon 9 por hacer caso omiso, por meses, a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Véase In re De León Rodríguez, 173 DPR 80 (2008). Además, hemos disciplinado a una abogada por no acatar los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General cuando esa oficina descarga una encomienda de este Tribunal dentro de un proceso disciplinario. Véase In re Deliz Terrón, 175 DPR 335 (2009). Por último, en repe-tidas ocasiones hemos sancionado a abogados por incum-plir con nuestras propias órdenes durante un proceso disciplinario. Véanse: In re Aponte del Valle, 189 DPR 245 (2013); In re Torres Alicea, 188 DPR 498 (2013); In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013); In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244 (2013).

De igual manera, a la clase togada se le exige diligencia en la tramitación de las causas del cliente, pues para este último un desliz del abogado puede resultar en el menoscabo de un derecho. Por ello, el Canon 12 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone a los abogados un deber de actuar responsable y diligentemente al mane-jar las causas de la representación que asumieron. Véanse: In re García Ortiz [ZZZ], supra, pág. 515; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35—36 (2011); In re Vélez Báez, 176 DPR 201, 207-208 (2009); In re Rosado Nieves, 159 DPR 746, 757 (2003). El referido canon reza:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente. 4 LPRA Ap. IX, C. 12.

Cónsono con el Canon 12, las ausencias a las vistas deben ser una rara excepción y siempre se debe solici-tar su suspensión de antemano. La ausencia injustificada a una vista señalada por el tribunal constituye una conducta irresponsable y poco profesional, en violación al Canon 12. Véanse: In re García Ortiz [III], supra, pág. 516; In re Ríos Pérez, 179 DPR 630, 637 (2010).

Si el Canon 12 establece los deberes de competen-cia y diligencia del abogado para con los tribunales, el Canon 18 gobierna la relación abogado-cliente. Así, el Canon 18 indica que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. 4 LPRA Ap. IX.

Como ha comentado el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, muchos procedimientos disciplinarios ante este Tribunal versan sobre el deber de diligencia del abogado, “[a]un cuando el término diligencia no parece ser de difícil entendimiento S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2010, pág. 180. Y la realidad es que el deber de comparecer a las vistas del tribunal en el caso de su cliente debe ser intuitivo para cualquier abogado, pero en repetidas ocasio-nes hemos tenido que disciplinar a abogados por incumplir con esa responsabilidad. Véanse, por ejemplo: In re Armenteros Chervoni, 195 DPR 693 (2016); In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013); In re Plaud González, 181 DPR 874 (2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 800-801 (2007); In re Soto Colón, 155 DPR 623 (2001). Aún si el abogado está atravesando por una situación personal difícil, ello no justifica su desatención del caso. Véase In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1013 (2013).

Por otro lado, el Canon 20 establece un procedi-miento específico para renunciar a la representación legal de un cliente:

Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar la representación de su cliente el abo-gado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten per-juicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; conce-derle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, inclu-yendo la notificación al tribunal de la última dirección cono-cida de su representado. [...] 4 LPRA Ap. IX.

Asimismo, al renunciar a la representación legal, el abo-gado le debe entregar el expediente y todo documento rela-cionado con el caso. Véase In re García Ortiz [III], supra, pág. 520. Específicamente, el abogado debe entregar el ex-pediente sin demora; debe hacerlo tan pronto renuncie a la representación legal o cuando el cliente le solicite la entrega. Véanse: íd., pág. 520; In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666 (2010); In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 72 (2008); In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 262 (2006).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profe-sional regula la preservación de la dignidad de la profesión. En su enunciado, en lo pertinente, indica que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exalta-ción del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. 4 LPRA Ap. IX. Así, hemos determinado que los abogados se deben com-portar respetuosamente en el desempeño de sus gestiones profesionales. Por ejemplo, hemos suspendido a un abogado por proferirle expresiones obscenas a una funcionaria del tribunal. Véase In re Rodríguez Rivera, 170 DPR 863 (2007). Asimismo, respecto a los compañeros de profesión, suspen-dimos a un abogado por hacer comentarios sexistas a com-pañeras abogadas. Véase In re Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1996). En otro caso, suspendimos a un abogado por sacarle la lengua a una abogada y amenazar a otro violenta-mente durante una deposición. Véase In re González Carrasquilla, 164 DPR 813 (2005).

De los referidos casos se desprende que los aboga-dos se deben comportar con decoro y respeto en todo ám-bito de su desempeño profesional. Ello incluye, indudable-mente, la relación que sostiene el abogado con el cliente. Por ello, aun cuando ha terminado la relación abogado-cliente, y el cliente ha entablado una queja ética contra el abogado, este último está obligado a dirigirse a su ex-cliente con el honor y la dignidad que debe distinguir a la profesión legal. No podemos exigir menos, pues [Ija esta-tura moral e intelectual inherente al ejercicio de la aboga-cía impone un debate jurídico libre de personalismos y po-siciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba”. García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321, 323 (1975).

I—I <

De entrada, cabe señalar que luego de la reactivación de la queja disciplinaria de autos, el licenciado García Ortiz sostuvo en sus comparecencias ante el Comisionado Especial que la Procuraduría General cometió incuria en su ma-nejo del caso. Así, considera que la dilación en presentar la querella lo dejó en un estado de indefensión. Sobre el particular, concluimos que nos parece totalmente inmeritorio el planteamiento del querellado, puesto que ya desde el 2006 conocía de la querella contra él, por lo cual tuvo tiempo ade-cuado para preparar y preservar la prueba que usaría en su defensa. Además, la querella se presentó en el 2014 debido a las faltas disciplinarias del mismo letrado; al suspendérsele en dos ocasiones separadas, esta queja se archivó hasta tanto se le reinstalara. Atendida esa defensa del querellado, procedemos a discutir los señalamientos en su contra.

En la queja de autos, durante el caso de impugnación de confiscación en el cual el licenciado García Ortiz repre-sentó al señor Salicrup Santiago, el licenciado se ausentó a tres vistas diferentes. Debido a su segunda incomparecen-cia, el juez de instancia le ordenó cancelar el sello de suspensión. En la tercera ocasión, el juez le ordenó nueva-mente que cancelara el arancel de suspensión y acreditara los motivos de su incomparecencia. Además, el represen-tante legal de Garaje Leo indicó que, debido a la falta de diligencia del licenciado García Ortiz, no se pudieron to-mar las deposiciones necesarias, lo cual ocasionó una dila-ción en los procesos.

Posteriormente, el foro de instancia emitió múltiples ór-denes para que el licenciado García Ortiz respondiera a las manifestaciones del señor Salicrup Santiago en torno a la calidad de su representación legal y a la solicitud de este último de relevar al querellado de su representación. El querellado no respondió a ninguna de ellas, lo que desem-bocó en una orden del tribunal que relevó al abogado de la representación del señor Salicrup Santiago.

Sin duda, las incomparecencias del licenciado García Ortiz al tribunal violaron los Cánones 12 y 18 del Código de Etica Profesional, puesto que así demostró una actitud indolente en cuanto a su deber de diligencia para con el tribunal, sus compañeros y las partes. Ciertamente, acorde con el Canon 18, los abogados solo deben asumir la repre-sentación legal de un cliente si consideran que pueden ren-dir una labor competente.

Como hemos adelantado, fue el señor Salicrup Santiago quien, claramente disgustado con el manejo del caso por parte del licenciado García Ortiz, tuvo que solicitar al Tribunal que relevara al querellado de su representación. Em-pero, acorde con lo que dispone el Canon 20, es el abogado quien debe solicitar la renuncia al tribunal si se percata que no puede continuar rindiendo un servicio competente. Tanto el querellado como su exsecretaria legal declararon que éste sufrió de varios problemas de salud durante el periodo en controversia. Si bien los problemas de salud del licenciado García Ortiz explican sus incomparecencias, no por ello las justifican. Era su deber informarle al tribunal y a sus clientes lo sucedido y solicitar la renuncia en todos los casos que había asumido. Al no hacerlo, el querellado violó el Canon 20 del Código de Etica Profesional.

Por otro lado, al dejar de contestar las múltiples órdenes del Tribunal de Primera Instancia y los requerimientos de la Procuraduría General dentro de su proceso disciplinario, el licenciado García Ortiz incumplió con su deber de obser-var el mayor respeto para con los tribunales. De esta ma-nera, violó el Canon 9 del Código de Etica Profesional.

Por último, las expresiones contenidas en la misiva a la Oficina del Procurador General del licenciado García Ortiz de 5 de marzo de 2007 dejan mucho que decir. Aden-trado en su proceso disciplinario, despotricó contra su ex-cliente, acusándolo de “aflorar de ingratitud” cuando toda la prueba documental demuestra que el querellado dejó indefenso al querellante en su caso judicial. Su declara-ción a los efectos de que su excliente le “cayó encima” como fiera depredadora o caníbal y su sutil amenaza de que “cuando la hinchazón de uno está bajando la de ellos está subiendo”, dista mucho del debate jurídico libre de personalismos que debe ejemplificar los abogados y se reduce a vulgar diatriba que nada contribuye al desarrollo del caso. Al expresarse de esa manera —en una carta dirigida al Procurador General dentro de un proceso disci-plinario regido por este Tribunal—, el querellado falló a sus deberes bajo el Canon 38 del Código de Ética Profesional.

V

Cabe destacar que los dos procesos disciplinarios más recientes contra el letrado —In re García Ortiz [III] e In re García Ortiz [II]—, se iniciaron por quejas similares a la del caso de autos. En ambas, los querellantes alegaron que el licenciado García Ortiz, o abandonó el caso o no les man-tuvo al tanto del mismo. Asimismo, concluimos en ambos casos que el licenciado García Ortiz incumplió con su deber de diligencia al atender órdenes emitidas dentro del pro-ceso disciplinario. Véase In re García Ortiz [III], supra, págs. 523-524; In re García Ortiz [II], supra, pág. 131.

Así, en consideración a las violaciones éticas antes ex-puestas y al pobre historial disciplinario del licenciado García Ortiz, lo suspendemos inmediatamente del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año.

El licenciado García Ortiz tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para ejercer la profe-sión y seguir representándolos, devolverles los expedientes de casos pendientes y devolverles cualesquiera honorarios que haya recibido por trabajos no realizados. Asimismo, debe informar oportunamente a los distintos foros judicia-les y administrativos de su suspensión, si tiene algún asunto pendiente en éstos. Además, deberá certificarnos el cumplimiento de estos deberes dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se inhibió.

       Véase In re García Ortiz [III], 187 DPR 507 (2012); In re García Ortiz [II], 176 DPR 123 (2009): In re García Ortiz [I], 133 DPR 666 (1993).

       El 31 de agosto de 2007 emitimos una Resolución en la cual le concedimos veinte días al querellado para que se expresara sobre el informe de la Procuraduría General. Éste incumplió con el término concedido. Por ello, el 21 de diciembre de 2007 emitimos otra Resolución en la cual le concedimos, de nuevo, veinte días para que mostrara causa por la cual el Tribunal no debía ejercer su función disciplinaria e imponerle sanciones por su incumplimiento. El licenciado García Ortiz respondió a esta segunda Resolución mediante un escrito presentado en el Tribunal el 28 de marzo de 2008, mucho después del término provisto. Solicitó un término de treinta días para cumplir con lo ordenado. En atención a ello, y mediante una Resolución de 4 de abril de 2008, le concedimos el término adicional de treinta días que solicitó. Ya en incumplimiento con el término de treinta días concedido, el 16 de julio de 2008, el licenciado García Ortiz presentó una solicitud de prórroga ante el Tribunal solici-tando quince días más para responder al informe. Mediante una Resolución de 29 de julio de 2008 le concedimos un término improrrogable de quince días para expresarse sobre el informe. La Moción en cumplimiento de orden del licenciado García Ortiz, en la cual se expresó sobre el informe, se entregó en el Tribunal el 23 de septiembre de 2008, nuevamente en incumplimiento con el término (esta vez improrrogable) otorgado.

       Por ejemplo, en el caso disciplinario de 2009, los querellantes “señalaron que el querellado cobró honorarios sin realizar la gestión para la que fue contratado”. In re García Ortiz [II], supra, pág. 124. Asimismo, en el caso de 2012, la quejosa mani-festó que, luego de contratar al licenciado García Ortiz, estuvo varios meses tratando de localizarlo sin resultado alguno y que el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia en su contra debido a la inacción del querellado. Véase In re García Ortiz [III], supra, pág. 511.