author: per curiam: Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

text:
      In re Ciro Betancourt, Eduardo Betancourt y Manuel E. Romeu Fernández, querellados.

      Número: CP-2004-10

      Resuelto: 23 de abril de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Miriam Soto Contreras, Wanda I. Simmons García, Noemí Rivera de León, procuradoras generales auxiliares, Mariana D. Ne-grón Vargas, Kendys Pimentel Soto y Maite D. Oronoz Ro-dríguez, subprocuradoras generales, querellantes; Eduardo A. Betancourt, pro se; Manuel E. Romeu Fernández, pro se; Héctor L. Fuentes Romeu, abogado de Manuel E. Romeu; Igrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

El presente recurso disciplinario comenzó con la presentación de una queja presentada por el Sr. Luis A. Moyet contra los Ledos. Ciro A. Betancourt Meneses, Eduardo A. Betancourt Meneses y Manuel E. Romeu Fernández. A continuación, la conducta que motivó el procedimiento disciplinario.

I

El señor Luis A. Moyet le entregó $415,000 al licenciado Ciro Betancourt Meneses para que éste los depositara en una cuenta de plica escrow account. Luego de la entrega, el licenciado Ciro Betancourt Meneses abrió una cuenta en la institución financiera Paine Webber y depositó en ésta una suma monetaria ascendente a $300,000, y se quedaron con los restantes $115,000 como depósito en el Bufete Betancourt. Con posterioridad, la cuenta de Paine Webber fue cambiada; primero, en la misma institución bancaria a nombre de dos corporaciones del querellante, y luego a cuentas abiertas en Charles Schwab, a nombre de las mis-mas corporaciones.

Antes del cambio de las cuentas a Charles Schwab, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses retiró voluntariamente de la cuenta de Paine Webber $50,000. De igual forma, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses, así como su hermano, el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses, utilizaron los $115,000 dejados en depósito en su oficina; ambas cantidades fueron utilizadas para beneficio personal. Valga aclarar que el re-tiro y uso del dinero fue realizado sin el consentimiento del querellante, Sr. Luis A. Moyet.

Retirado y utilizado el dinero, el 3 de noviembre de 1994 los licenciados Betancourt Meneses se comprometieron a devolverlo. Muestra del compromiso es la carta que le en-viaron al Sr. Luis A. Moyet en la que aceptaron su respon-sabilidad por el retiro y el uso de los $165,000. El Ledo. Ciro Betancourt Meneses y su esposa, Sra. Norah Dexter García, le envió un pagaré al señor Luis A. Moyet por la suma de $50,000 con un interés al diez por ciento vence-dero a su presentación y pagadero en seis meses. Por la importancia en la presente controversia, transcribimos la carta en cuestión. Veamos:

November 3rd, 1994

Mr. Luis Moyet

President

Luda Corporation, Inc.

Escorial 742

Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920

Dear Mr. Moyet:

This will ascertain the Fact that this office has invested in various mortgages of a yearly term, the sum of $115,000 out of the money that you deposited in escrow with us for which we personally are responsible.

The balance of $300,000 was deposited in a Paine Webber account and is in the process of being transferred to an account under the name of the corporation.

As you know from the amount deposited in Paine Web[b]er Mr. Ciro Betancourt took the sum of $50,000 for which a Note is enclosed herein, which he expects to return within the next 60 days.

The mortgages will be deposited in the corporation account as they become due within the next six months.

Sincerely,

(Signed) Ciro A. Betancourt

(Signed) Eduardo A. Betancourt

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada Especial, pág. 9.

Ante el hecho de que los licenciados no pudieron satis-facer el dinero adeudado, el Ledo. Ciro Betancourt Me-neses y su esposa, señora Dexter García, otorgaron una escritura pública sobre hipoteca a favor del señor Luis A. Moyet ante el notario Romeu Fernández por $195,000. Dicha escritura pública sobre hipoteca estaba supuesta a constituirse sobre la residencia del matrimonio. El quere-llante expresó que, a pesar de que la deuda era por $165,000, la hipoteca estaba supuesta a garantizar $195,000 debido a que en ésta se pactaron $30,000 en con-cepto de intereses.

El referido instrumento público menciona que la propie-dad solamente está gravada por una primera hipoteca a favor de HF Mortgage por $65,456, cuando en realidad te-nía dos gravámenes adicionales, uno por $25,000 y otro por $24,000. Por ello, la hipoteca estaba supuesta a quedar inscrita en rango de cuarta y no de segunda, como éste especificó en la misma. Por ser la hipoteca de naturaleza constitutiva por su inscripción en el Registro de la Propie-dad, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses se comprometió a presentarla para su inscripción, de manera que ésta adqui-riera fuerza erga omnes, gestión que nunca realizó. El que-rellante, Sr. Luis A. Moyet, declaró que el Ledo. Ciro Be-tancourt Meneses le indicó que la había inscrito.

En otra transacción, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses gestionó con el Sr. Luis A. Moyet un préstamo con garantía hipotecaria con el Banco Santander, en el cual el Sr. Luis A. Moyet se obligó solidariamente. Pasado el tiempo, el Banco Santander le notificó al Sr. Luis A. Moyet que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses no estaba al día en los pa-gos, por lo que era necesario que éste procediera a realizar el pago correspondiente por ser esta una obligación solidaria. El Sr. Luis A. Moyet realizó múltiples gestiones tratando de cobrar las mensualidades vencidas —resul-tando éstas infructuosas— por lo que procedió a realizar los pagos y saldar la deuda para que no se viera afectado su crédito.

El querellante, Sr. Luis A. Moyet, atestó haberle dado múltiples oportunidades al Ledo. Ciro Betancourt Meneses para que éste le respondiera, por lo que tuvo que pagar sin obtener resultado. Indicó que el licenciado Ciro Betancourt Meneses le contestaba que no tenía el dinero para pagar la deuda y que estaba dispuesto a obtener un seguro de vida para asegurar la suma monetaria que fue utilizada por él para beneficio propio.

En cuanto a este asunto, el Ledo. Ciro Betancourt Me-neses alegó que cuando se enteró de que el Sr. Luis A. Moyet había pagado el balance adeudado al Banco Santan-der le dio personalmente al querellante y en presencia de su abogado un cheque por $1,700.58 para reponer el pago que éste había hecho al Banco Santander. Dicho pago ale-gadamente no fue aceptado por el quejoso. Por ello, proce-dió a consignarlo en el Tribunal de Primera Instancia. El querellante afirmó que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses se negó a pagar la deuda de $195,000 y la suma de $4,000 en concepto de honorarios de abogado, cantidades venci-das, líquidas y exigióles.

Ante este cuadro fáctico, el Sr. Luis A. Moyet presentó una demanda en cobro de dinero ante el Tribunal de Pri-mera Instancia. Indicó que incluyó al Ledo. Eduardo Be-tancourt Meneses por éste haber suscrito y firmado la carta donde atestaban haber utilizado el dinero y que se proponían restituirlo. Por otro lado, incluyó en el pleito al notario público Romeu Fernández por haber autorizado la escritura pública sobre hipoteca, supuesta a quedar en rango de segunda para garantizar los $195,000.

El 7 de noviembre de 1997 ordenamos la paralización del procedimiento disciplinario pendiente ante nos hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia resolviera la con-troversia ante su consideración. De igual forma, ordena-mos a los abogados querellados mantenernos informados sobre los procedimientos judiciales relacionados con la de-manda sobre cobro de dinero.

El Ledo. Ciro Betancourt Meneses aseguró que en nin-gún momento negó la deuda que tenía con el querellante ni se había negado a pagarla, pero que debido a su precaria situación económica tenía que acogerse a un procedimiento de quiebra. Igualmente, atestó que su hermano, el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses, no tenía responsabilidad al-guna hacia el quejoso, ya que siempre estuvo al margen de los acuerdos entre éste y el Sr. Luis A. Moyet. En cuanto al Ledo. Eduardo Betancourt Meneses, éste alegó que nunca firmó la carta aceptando la deuda y que existe gran dife-rencia entre su firma y la que aparece en la carta.

El notario público Romeu Fernández sostuvo estar ajeno a cualquier relación profesional o personal entre el Sr. Luis A. Moyet y el Ledo. Ciro Betancourt Meneses. Ex-puso, además, que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses tuvo la necesidad de utilizarlo como notario público en el otor-gamiento de la escritura por su relación de amistad y que, tratándose de un asunto personal, aceptó autorizarla.

El notario público Romeu Fernández declaró que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses preparó la escritura sobre hipoteca y que luego de éste revisarla y asegurarse, a su entender, de que estaba correcta, prosiguió con el otorgamiento. Aceptó que confió en la información provista por el Ledo. Ciro Betancourt Meneses, la cual expresaba que la propiedad en cuestión le pertenecía a éste y a su esposa, la señora Dexter García, y que el inmueble sólo estaba gravado por una primera hipoteca a favor de First Finance Caribbean Corp. h/n/c H.F. Mortgage Bankers.

De igual forma, aceptó que cometió el error de no veri-ficar el estado registral de la propiedad. Aseveró, a su vez, que éste hizo constar en la escritura que la hipoteca se constituiría para su inscripción en el rango que resultara del Registro de la Propiedad. Explicó que entregó al Ledo. Ciro Betancourt Meneses una copia certificada de la escritura sobre hipoteca en controversia y expresó que el propósito del Sr. Luis A. Moyet para incluirlo en la queja fue ejercer presión ya que, a su entender, ésta no tenía justificación alguna, al menos en su contra ni contra el Ledo. Eduardo A. Betancourt Meneses.

De acuerdo con una petición de quiebra según el Capí-tulo Trece de la Ley de Quiebras, el 6 de octubre de 1997 el Tribunal Federal de Quiebras ordenó la paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia contra el Ledo. Ciro Betancourt Meneses y su esposa, se-ñora Dexter García. El 14 de octubre de 1997, el foro pri-mario dictó una sentencia parcial que paralizó los procedi-mientos contra el Ledo. Ciro Betancourt Meneses y su esposa hasta que finalizaran los trámites en el Tribunal Federal de Quiebras. El 28 de septiembre de 1999, el refe-rido foro federal desestimó la petición solicitada por el Ledo. Ciro Betancourt Meneses y su esposa, señora Dexter García.

El 7 de marzo de 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial en la que condenó a los codemandados, Ledo. Ciro Betancourt Meneses, la señora Dexter García, la Sociedad Legal de Gananciales com-puesta por ambos y al Ledo. Eduardo Betancourt Meneses, a pagar solidariamente al demandante y aquí querellante una indemnización por la cantidad de $115,000. Dispuso, a su vez, que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales responderían por una suma adicional ascendiente a $50,000 por la cantidad uti-lizada para su beneficio.

El foro primario declaró “no ha lugar” una solicitud de sentencia sumaria presentada por el licenciado Romeu y Fernández, y dispuso una vista en su fondo para fijar la responsabilidad civil de éste como notario público. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el notario público Romeu Fernández no tenía la obligación de realizar un es-tudio de título conforme a la norma establecida por este Tribunal en el caso Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-445 (1984). El foro primario indicó que pudo haber cum-plido con la norma mediante las debidas advertencias a los otorgantes de la conveniencia de hacer un estudio de título y consignar dicha advertencia en la escritura, cosa que nunca ocurrió. Concluyó que el notario público Romeu Fer-nández reconoció el error de no haber verificado el estado registral de la propiedad. Sin embargo, el caso fue archi-vado por inactividad el 21 de febrero de 2003.

No obstante, el 1 de mayo de 2003 emitimos una Resolu-ción en la que le ordenamos al alguacil de este Tribunal que se incautara de la obra y del sello notarial del señor Romeu Fernández por haber desatendido varios requerimientos nuestros, y lo suspendimos inmediata e indefinidamente de la abogacía y notaría mediante opinión “per curiam” de 30 de abril de 2003.

El señor Romeu Fernández solicitó —mediante una mo-ción— la reconsideración de la decisión de este Tribunal en cuanto a su suspensión indefinida por haber desatendido nuestras Resoluciones de 16 de octubre y 30 de diciembre de 2002. El 12 de marzo de 2004, le concedimos un término al Procurador General para que se expresara sobre dicha solicitud de reinstalación. En cumplimiento con la orden, el Procurador General expresó no tener objeción a su reinstalación. El 14 de junio de 2004 ordenamos la reins-talación de Romeu Fernández al ejercicio de la abogacía, mas no así a la notaría, debido a que su obra notarial ha-bía sido incautada y se encontraba bajo la investigación de la Oficina del Director de Inspección de Notarías. En la inspección se encontraron múltiples deficiencias, las cuales no han sido corregidas por el licenciado Romeu Fernán- dez; por todo lo cual, continúa suspendido indefinidamente de la notaría.

Imprescindible resulta mencionar que el 14 de diciem-bre de 2005 se celebró una conferencia inicial en la cual estuvo presente el Ledo. Ciro Betancourt Meneses, y en la cual la Procuradora General Auxiliar informó que no cons-taba en el expediente una contestación de la querella por parte de tal abogado, lo que propició el que se le diera un tiempo adicional para replicar. Celebrada una segunda conferencia sobre el estado de los procedimientos el 7 de marzo de 2006, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses no compareció. Su hermano, el Ledo. Eduardo Betancourt Me-neses, presentó ante la Procuradora General Auxiliar un informe médico suscrito por el doctor Sánchez Borrero el 13 de enero de 2006 donde se indica que el Ledo. Ciro Betan-court Meneses padece de una condición mental que lo inca-pacita para ejercer la profesión de la abogacía. Así las co-sas, se trajo esta situación ante nos y se solicitó que aplicáramos la Regla 15(a) y (c) de nuestro Reglamento.

Ante esta situación, el 10 de noviembre de 2006 emiti-mos una Resolución en la cual ordenamos la páralización de los procedimientos disciplinarios en cuanto al Ledo. Ciro Betancourt Meneses y ordenamos que se continuara el pro-cedimiento contra los demás querellados, Ledos. Eduardo Betancourt Meneses y Romeu Fernández. No obstante, a pesar de la paralización, este Tribunal nunca se expresó en cuanto a la activación de la Regla 15 de nuestro Regla-mento, supra. Por ello, la querella presentada contra el Ledo. Ciro Betancourt Meneses quedó sometida para nues-tra adjudicación.

A pesar de lo anterior, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses fue suspendido indefinidamente de la abogacía y notarí a por incumplir reiteradamente con el deber notarial de es-tampar los sellos de rentas internas, así como los sellos de impuesto notarial y adeudar una cantidad global de $24,441. Lo anterior demuestra claramente que a pesar de someter una certificación médica que declare que el Ledo. Ciro Betancourt Meneses está incapacitado para ejer-cer la profesión de la abogacía, y que por tal motivo alega-damente desatendió nuestras órdenes y dilató el procedi-miento disciplinario en su contra, el Ledo. Ciro Betancourt Meneses continuó ejerciendo la profesión de la abogacía y la notaría.

Expuestos los hechos, analicemos los cánones del Có-digo de Etica Profesional, así como las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial) aplicables a la presente controversia.

II

El Canon 18 del Código de Ética Profesional dispone que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. El Canon 19 dispone, a su vez, que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”.

Por otra parte, el Canon 21 del Código de Ética Profesional exige que todo “abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. ... Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales”. Dicha norma pretende evitar diversas ma-nifestacion.es de conducta antiética: una de ellas ocurre cuando su juicio profesional se ve afectado por intereses personales, esto debido a que la lealtad hacia el cliente debe ser completad. En In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1993) mencionamos varias instancias en las cuales consideramos impropio que los abogados se involucren en asuntos contrarios a la mejor defensa de su cliente. Todas esas instancias tienen un elemento común:

“[L]a imposibilidad legal de simultanear dos o más cargos, funciones o misiones en una misma persona. ... La premisa es sencilla: quien no sea independiente no está en condiciones de ejercer la profesión. ... De este modo se busca preservar la autonomía del abogado y prevenir cualquier tipo de dilución a la fidelidad que debe a su cliente.”

Expresamos en In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791, 807 (2003), que la norma establecida en In re Toro Cubergé, supra, “va dirigida a prohibir, de ordinario, las transacciones comerciales entre un abogado y su cliente, cuando éstas tienen el potencial de afectar el juicio profesional independiente del abogado o cuando éstas puedan afectar el deber de lealtad y fidelidad que se le debe al cliente”. A esos efectos, en In re Morell, Alcover, supra, págs. 805-806, dispusimos que

[l]as transacciones comerciales entre un abogado y su cliente o aquellas instancias en que un abogado, a sabiendas, adquiere un interés pecuniario, propietario o posesorio en un bien de su cliente, han motivado nutridas discusiones por los potenciales conflictos que acarrea. Estas han sido reconocidas como situaciones que podrían crear en el abogado un conflicto entre los intereses del cliente y los propios, pudiendo afectar su juicio profesional. A tales efectos, se ha resaltado que las transacciones comerciales con un cliente son inherentemente sospechosas. Esto pues, no sólo el juicio profesional independiente del abogado puede ser seriamente afectado por sus intereses personales en la transacción, sino que la naturaleza desigual de la relación abogado-cliente (en la que el abogado adquiere un sinnúmero de información í ntima del cliente y éste, a su vez, deposita su confianza y lealtad en el abogado), la hace susceptible de múltiples abusos.
Es precisamente la naturaleza de esta relación (mediante la cual un abogado adquiere numerosa información confidencial de su cliente, ganándose su confianza y lealtad)!,] la que la hace objeto de potenciales abusos. Cada vez que un abogado realiza una transacción con su cliente, se plantea la posibili-dad de que el letrado utilice sus destrezas legales y su posición para aprovecharse del cliente, utilizando, por ejemplo, su in-fluencia o la información confidencial obtenida para su bene-ficio personal. Por tales razones, los tribunales han sido suma-mente rigurosos al analizar estas transacciones.

De igual manera, el Canon 23 del Código de Ética Profesional exige que

[e]l abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado.
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que é stas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bie-nes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

En cuanto al Canon 35, éste pretende salvaguardar lo siguiente: “[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”.

Aplicable también es el Canon 38, el cual dispone, en esencia, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque él así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

Hemos señalado que esta norma “exige que los abogados se esfuercen al máximo en exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal, obligación que se extiende a su vida personal y privada”. Impone la obligación de evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.

En cuanto a los notarios públicos, éstos representan la fe pública, son responsables y tienen la obligación de conocer el estado registral de la propiedad sobre la cual otorgan una escritura pública. Al ser el notario público el principal custodio de la fe pública, éste tiene el deber de hacer las aclaraciones y advertencias pertinentes a los otorgantes para lograr un consentimiento informado de su parte. El notario público está obligado a advertir a los otorgantes la necesidad de inscribir todo documento que así lo requiera, no importa su grado de educación. Lo anterior es función inherente del notario público, máxime cuando se trata de un negocio jurídico de naturaleza voluntaria y la parte que se puede ver afectada por la falta de inscripción del documento público es un tercero que no comparece a su otorgamiento.

El Artículo 2 de la Ley Notarial dispone que todo notario público tiene la obligación de dar fe y autenticidad conforme a las leyes que regulan los diversos negocios jurídicos y demás actos, así como hechos extraju-diciales que se realicen ante él. En cuanto a este asunto, hemos resuelto que

[e]s indeclinable sn obligación de conocer el estado registral de la propiedad en su fruición principal de custodio de la fe pú-blica, base esencial del sistema del notariado. ... Es incuestio-nable la importancia que reviste investigar los antecedentes, las cargas y los gravámenes, al hacerse o autorizarse una es-critura, no sólo para efectos civiles o regístrales, sino también para efectos notariales, “ ‘porque la determinación de las car-gas es necesaria para la posterior concreción de la parte dis-positiva de las responsabilidades que contrae cada parte con-tratante ...’ ”. Incurrir en esta falta, convierte al notario en “ ‘coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador’ ”. (Citas omitidas.

Por todo lo cual, para evitar que un notario público asevere consciente o inconscientemente un hecho falso, éste tiene el ineludible deber de hacer las averiguaciones necesarias que requieren las más elementales normas de la profesión notarial. Cuando un notario público autoriza una escritura pública y hace constar que la propiedad está libre de cargas y gravámenes, y resulta que este hecho es contrario a la realidad registral, se viola la fe pública notarial. “[E]l notario que autoriza una escritura [pública] no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a la fecha del otorgamiento.” Lo que es más, dar fe de algo que no le consta equivale a faltar a la verdad. Es necesario mencionar que cuando un notario público incluye en un instrumento público información falsa, aunque no sea intencionalmente, viola el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, ya que falta a la honradez y ala sinceridad.

III

Aunque este Tribunal conoce sobre la suspensión indefi-nida del Sr Ciro Betancourt Meneses, así como de la sus-pensión indefinida de la notaría del licenciado Romeu Fer-nández, las alegaciones sobre violaciones éticas aquí presentes podrán ser consideradas en cualquier solicitud de reinstalación que éstos puedan presentar en el futuro. En cuanto al Ledo. Eduardo Betancourt Meneses, el Informe de la Comisionada Especial (Informe de la Comisionada) nos señala que la conducta desplegada por éste viola los Cánones 18, 19, 21, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profe-sional, supra.

El Informe de la Comisionada concluye que el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses violó su deber de diligencia, lealtad y honradez hacia el Sr. Luis A. Moyet al no cumplir con su deber como depositario de las cantidades moneta-rias que éste confió en el Bufete Betancourt. También, in-dica que el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses utilizó el dinero para uso personal —sin el consentimiento del Sr. Luis A Moyet— le imprimió un uso distinto a los fondos confiados al Bufete Betancourt y no cumplió con lo acor-dado y deseado por el Sr. Luis A. Moyet.

El Informe de la Comisionada nos señala que el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses violó el Canon 21, supra, al involucrarse en los negocios del Sr. Luis A. Moyet, utili-zar su dinero en forma contraria a lo acordado y al obtener un beneficio personal. Arguye, además, que incurrió en violaciones a los Cánones 25 y 35 del Código de Ética Profesional, supra, al envolverse en un conflicto de interés por involucrar los fondos del cliente en un negocio relacio-nado con la propiedad en la que ubican sus oficinas de abogado, las cuales compartía con su socio y hermano, el Sr. Ciro Betancourt Meneses. En síntesis, aunque fue el Sr. Ciro Betancourt Meneses el que invitó al Sr. Luis A. Moyet a convertirse en deudor solidario de un préstamo, lo cierto es que el negocio involucraba la propiedad donde es-tán ubicadas las oficinas del Bufete Betancourt, del cual el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses también es dueño. Tal proceder no responde al deber de fiducia que debe per-mear en toda relación abogado-cliente.

A pesar de los señalamientos contenidos en el Informe de la Comisionada, ésta nos sugiere que consideremos los atenuantes siguientes en el caso del Ledo. Eduardo Betan-court Meneses y así lo hacemos:

1) El Ledo. Eduardo Betancourt fue admitido a la profesión legal el 6 de noviembre de 1979 y ala notarí a el 20 de octubre de 1980 y nunca antes había tenido que enfrentar un proceso disciplinario, por lo cual ha sufrido mucho, según ha expresado.
2) Su incumplimiento con los Cánones de Etica no proviene de actuaciones intencionales de él, ni de un patrón de conducta establecido. Por el contrario, es un hombre mayor que lo perci-bimos como una persona seria y respetuosa en todos los órde-nes de la vida, aunque excesivamente confiado, lo que lo llevó al descuido.
3) Ha mostrado arrepentimiento y dolor por todo lo que este proceso ha traído a su vida y su situación económica es muy difícil debido a ello.
4) No se aportó evidencia alguna que demostrase que el quere-llado se lucró personalmente. Por el contrario, se afectó económicamente.
5) Su papel fue pasivo en toda la controversia que dio origen a la queja que desencadenó en el procedimiento disciplinario que nos ocupa. De hecho, el quejoso afirmó en su queja que sólo lo incluyó por haber suscrito la carta del 3 de noviembre de 1994 con su hermano Ciro Betancourt. (Enfasis suplido.

Los hechos planteados en la presente acción disciplina-ria forzosamente nos llevan a coincidir con la Comisionada en que la conducta del Ledo. Eduardo Betancourt Meneses en nada exalta la dignidad de la profesión de la abogacía. Ahora bien, consideramos que dicha conducta, bajo sus circunstancias particulares, no lo hace indigno de ejercer la profesión de la abogacía. La conducta del Ledo. Eduardo Betancourt Meneses se debe, más bien, a la con-fianza depositada en su hermano y compañero del Bufete Betancourt, el Sr. Ciro Betancourt Menenses.

Considerando que el presente recurso disciplinario está íntimamente relacionado con el pleito en cobro de dinero que llevó el Sr. Luis A. Moyet contra el Ledo. Eduardo Be-tancourt Meneses y otros —cuya sentencia le ordenó al Ledo. Eduardo Betancourt Meneses que indemnizara soli-dariamente al Sr. Luis A. Moyet por $115,000 — además de que el Ledo. Eduardo Betancourt Meneses ha gozado de una excelente reputación por más de veintinueve años; que esta es la primera querella que se presenta en su contra y que nos demuestra estar sumamente arrepentido por las consecuencias causadas por su conducta, no debemos de imponerle una doble penalidad.

Por todo lo expuesto, y considerando los atenuantes con-tenidos en el Informe de la Comisionada, amonestamos al Ledo. Eduardo Betancourt Meneses y le apercibimos que de observarse una conducta similar en el futuro, podríamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita, a la que se unieron el Juez Presidente Se-ñor Hernandez Denton y la Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se unen el

Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez.

Disiento, pues entiendo que la prueba no demuestra de manera robusta y convincente que el Ledo. Eduardo A. Betancourt haya participado en el esquema elaborado por su hermano, Ledo. Ciro Betancourt, para utilizar y apro-piarse de los fondos pertenecientes al querellante.

El expediente demuestra, y así lo reconoce la Comisio-nada Especial en su informe, que lo único que relaciona al Ledo. Eduardo Betancourt con la conducta de su hermano es el que ambos compartieran una oficina bajo el nombre de “Bufete Betancourt” y el que su firma apareciera en una carta dirigida al querellante, Sr. Luis A. Moyet, en la cual se reconocía que el señor Moyet había depositado un dinero en una cuenta bancaria del bufete, que se había invertido parte de ese dinero y que el Ledo. Ciro Betancourt se había apropiado de otra parte del dinero depositado.

Sin embargo, el Ledo. Eduardo Betancourt ha alegado, desde el inicio de este proceso y del proceso ante el Tribunal de Primera Instancia al que hace referencia la opinión mayoritaria, que él nunca tomó dinero del querellante señor Moyet, no conocía la existencia del alegado depósito y no firmó la carta aludida. En efecto, cuando se compara la firma en dicha carta que se alega es suya con todos los documentos firmados por él que obran en el expediente, la diferencia es patente, y en ausencia de una determinación de la Comisionada Especial negándole credibilidad al tes-timonio del Ledo. Eduardo Betancourt, esta discrepancia sólo puede llevar a la conclusión de que el Procurador General no pudo probar, mediante prueba robusta y convin-cente, que el querellado, en efecto, firmó la carta.

En su Informe, la Comisionada Especial encontró pro-bado lo siguiente:

10. El quejoso, Luis Moyet, le hizo entrega a los licenciados Betancourt de la suma de [$415,000] para ser depositados en una cuenta plica (“escrow”) a nombre de su bufete. Del total de ese dinero, [$300,000] fueron depositados con el conocimiento y la autorización del señor Moyet, en una cuenta en Paine Webber.
11. Los restantes [$115,000] fueron mantenidos en depósito con el bufete, con el conocimiento y la autorización del quejoso.
12. Posteriormente, el querellado Ciro Betancourt retiró [$50,000] de la cuenta de Paine Webber, dejando un balance de [$250,000].
13. Para el mes de julio de 1994, Ciro Betancourt se compro-metió a devolver el dinero por él utilizado. Luego utilizó [$115,000], por lo que la deuda ascendió a [$165,000], (Énfasis suplido.)

La conclusión sobre la entrega del dinero a “los licencia-dos Betancourt” surge, estrictamente, de la carta en controversia.

En cuanto a esa carta, la Comisionada Especial expone lo siguiente:

15. El querellado Eduardo Betancourt asegura que él nunca suscribió esa carta y que la firma que aparece no es la de él. Aunque es cierto que la firma se observa diferente a la que figura en todos los demás documentos que obran en los diver-sos expedientes donde está la firma de él, no obstante, por no haber presentado prueba pericial a tales efectos, no es posible llegar a la determinación de que no la suscribió. (Énfasis suplido.

Surge, además, que la carta de referencia es realmente lo único que ata al Ledo. Eduardo Betancourt a los hechos antiéticos de su hermano. Según la Comisionada Especial:

30. En lo que respecta a Eduardo Betancourt, el quejoso afirmó en su queja que lo incluía porque suscribió en unión a su hermano el documento (carta de 3 de noviembre de 1994) haciéndose responsable por la utilización de los fondos objeto de controversia. (Énfasis suplido.

Concluye, entonces, la Comisionada:

Analizando los hechos a la luz de lo que contemplan dichos cánones, podemos concluir que aunque no hay ninguna evi-dencia de que el querellado Eduardo Betancourt utilizara los fondos del cliente Moyet para su uso personal, no obstante, éste formaba parte del Bufete Betancourt y el bufete fue el depositario de los fondos del señor Moyet. (Enfasis suplido.

Expone que “no duda” que el Ledo. Eduardo Betancourt “no tuvo participación alguna” en las transacciones entre su hermano y el señor Moyet, y que éste era cliente del Ledo. Ciro Betancourt y no del Ledo. Eduardo Betancourt. No obstante, como el Ledo. Eduardo Betancourt no pudo probar, mediante prueba pericial, que su firma en la carta fue falsificada, la Comisionada Especial concluye que éste conocía lo que estaba sucediendo, violó “su responsabili-dad” como miembro del bufete y de esa manera incurrió en la falta de diligencia prohibida por los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Concluye, además, que por la única razón de ser parte del “Bufete Betancourt”, el Ledo. Eduardo Betancourt tam-bién violó el Canon 21, que requiere lealtad a los intereses del cliente, así como el Canon 23 que protege la relación fiduciaria entre abogado y cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Todo ello a pesar de que quedó demostrado que el señor Moyet no era cliente del Ledo. Eduardo Betancourt, sino de su hermano, y que no participó en los malabares económicos que ideó su hermano.

Ante lo anterior no podemos concluir, como lo hace la mayoría, que la prueba mostrara —robusta y convincente-mente— la participación del Ledo. Eduardo Betancourt en las violaciones éticas de su hermano. No se demostró que fuera depositario del dinero que el señor Moyet confió al Ledo. Ciro Betancourt. No hay prueba alguna de que el Ledo. Eduardo Betancourt haya usado el dinero para su uso personal ni de que éste “le imprimió un uso distinto a los fondos confiados al Bufete Betancourt y no cumplió con lo acordado y deseado por el señor Luis A. Moyet”, según expone la opinión mayoritaria en sus páginas 18 a 19.

Sencillamente, la prueba no sostiene las conclusiones fácticas en las que se apoya la mayoría para concluir que el Ledo. Eduardo Betancourt violó los Cánones 18, 19, 21, 23 y 35 del Código de Etica Profesional.

En cuanto al Canon 38, éste, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. (Énfasis suplido. )

Con la prueba sometida en este caso, tampoco podemos concluir que el Ledo. Eduardo Betancourt no estuvo a la altura del sacrificio personal que requiere el Canon 38, al no fiscalizar la conducta de su hermano, pues tendríamos que inferir que esa obligación surge del sólo hecho de que trabajaban en la misma oficina. Ni los cánones de ética profesional ni su jurisprudencia interpretativa exigen que los abogados, socios de un bufete, sean responsables por las violaciones éticas en que incurran sus pares.

Resaltamos a este punto que la Comisionada Especial reconoce en su Informe lo siguiente, como factores ate-nuantes que este Tribunal debe considerar:

2) Su incumplimiento con los Cánones de Etica no proviene de actuaciones intencionales de él, ni de un patrón de conducta establecido. Por el contrario, es un hombre mayor que lo per-cibimos como una persona seria y respetuosa en todos los órde-nes de la vida, aunque excesivamente confiado, lo que lo llevó al descuido.
4) No se aportó evidencia alguna que demostase que el quere-llado se lucró personalmente. Por lo contrario, se afectó económicamente.
5) Su papel fue pasivo en toda la controversia que dio origen a la queja que desencadenó en el procedimiento disciplinario que nos ocupa. De hecho, el quejoso afirmó en su queja que sólo lo incluyó por haber suscrito la carta del 3 de noviembre de 1994 con su hermano Ciro Betancourt. (Énfasis suplido.

Por todas estas razones, disiento de la opinión mayori-taria y ordenaría que se desestimara y archivara la querella.

       El Ledo. Ciro A. Betancourt Meneses fue admitido a la profesión de la abo-gacía el 27 de mayo de 1971 y a la notaría el 9 de junio de 1971. El Ledo. Eduardo A. Betancourt Meneses fue admitido a la profesión de la abogacía el 6 de noviembre de 1979 y a la notaría el 20 de octubre de 1980. El licenciado Romeu Fernández fue admitido a la profesión de la abogacía el 29 de mayo de 1980 y a la notaría el 3 de julio de 1980.

       Véase Escritura, pág. 5.

       11 U.S.C.A. secs. 1301-1330.

        In re Romeu Fernández, 159 D.P.R. 399 (2003).

        In re Aprobación Reglas, 164 D.P.R. 137, 150-151 (2005).

        In re Betancourt, 173 D.P.R. 716 (2008).

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       4 L.P.R.A. secs. 2001-2141.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).

       Íd., pág. 531.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Aviles, Tasado, 157 D.P.R. 867, 892 (2002).

       Íd.

        Chévere v. Cátala, supra; In re López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992); In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988).

        In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603 (1994).

       4 L.P.R.A. sec. 2002.

        In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 106 (2000).

        In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

       Íd., pág. 9.

        In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002).

       Véase Informe de la Comisionada Especial, págs. 13-19.

       id.

       Véase Informe de la Comisionada Especial, págs. 37-38.

       Véase Informe de la Comisionada Especial, pág. 11.

       El criterio que utiliza este Tribunal en casos disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Ello porque los casos disciplinarios contra los miembros de este Foro inciden sobre el derecho fundamental de los abogados a ganarse su sustento. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985). Para tales casos, en los cuales se niega un derecho fundamental, el debido proceso de ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medida con un criterio más riguroso que la preponderancia de la prueba, sin que se le aplique e el criterio de “prueba” más allá de duda razonable. In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008).

       Según explica la opinión mayoritaria, Ciro Betancourt fue suspendido inde-finidamente del ejercicio de la profesión, aunque por otras razones.

       Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada Especial, 17 de marzo de 2008, págs. 28-29.

       Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 80.

       Íd., pág. 34.

      8) Íd., págs. 34-35.

       El Procurador General es quien debió probar mediante evidencia clara, ro-busta y convincente que el Ledo. Eduardo Betancourt firmó la carta. Además, sabe-mos que no es necesario o imperativo presentar prueba pericial para demostrar un hecho particular, sino que ésta es permitida “[cluando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia ...”. Regla 52 de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Véanse, además: E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y federales, República Dominicana, Ed. Corripio, 1998, T. I, págs. 543-544; Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 194 (1995).

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       La Regla 5.1 de los Model Rules of Professional Conduct del American Bar Association exige a los socios de un bufete esfuerzos razonables para tomar medidas con el propósito de que los abogados de la firma actúen éticamente. No obstante, dicha norma no ha sido adoptada en nuestra jurisdicción.

       Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada Especial, 17 de marzo de 2008, págs. 37-38.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Wanda I. Marín Lugo.

      Número: AB-2008-182

      Resuelto: 23 de abril de 2009

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Etica Profesional del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Wanda I. Marín Lugo, pro se.

   RESOLUCIÓN

La peticionaria Wanda I. Marín Lugo solicita la recon-sideración de su suspensión inmediata e indefinida, la cual fue dictaminada mediante opinión per curiam y Sentencia de 18 de marzo de 2009 por no haber cumplido con nues-tros requerimientos ni con los de la Comisión de Etica del Colegio de Abogados.

Mediante Resolución de 25 de agosto de 2008 le conce-dimos un término de diez días a la peticionaria para que compareciera ante la Comisión de Etica a contestar sus requerimientos y para que compareciera ante este Tribunal a mostrar causa por la cual no debía ser disciplinada por no responder a los requerimientos de aquella entidad. Esa Resolución fue notificada personalmente a la peticio-naria el 9 de septiembre de 2008.

La peticionaria alega que compareció ante este Foro me-diante Moción en Solicitud de Prórroga en la cual solicitó un término de diez días finales para comparecer. Hemos examinado el expediente de la peticionaria y la referida Moción surge adjunta luego de la opinión per curiam y Sentencia de 18 de marzo de 2009 en la que suspendimos inmediata e indefinidamente a la peticionaria, aunque está ponchada por la Sección de Correo y por la Secretaría del Tribunal el 11 y el 24 de septiembre de 2008, respectiva-mente.

Aun cuando la peticionaria compareció oportunamente ante este Tribunal, faltó a la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, al no notificar a la Secretaría del Tribunal el cambio en su dirección postal, lo que causó que no recibiera los requerimientos de la Co-misión de Ética del Colegio de Abogados.

De acuerdo con lo anterior, reconsideramos la suspen-sión indefinida de la peticionaria y la limitamos al período de tiempo transcurrido por faltar a su deber de notificar el cambio de su dirección. Se le reinstala al ejercicio de la abogacía y se le ordena a que comparezca en un término final de diez días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados para que conteste la queja presentada.

Se le concede un término de quince días a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), contados a partir de la no-tificación de esta Resolución, para que exprese su posición con respecto a la reinstalación de la peticionaria al ejerci-cio de la Notaría.

Notifíquese personalmente a través de la Oficina del Al-guacil de este Tribunal. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Nelson Vélez Lugo, querellado.

      Número: CP-2005-11

      Resuelto: 27 de abril de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte querellante; Nelson Vélez Lugo, pro se.

   per curiam:

I

El Lie. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio de la abogacía y del notariado el 6 y 23 de junio de 1983, respectivamente.

El 1 de agosto de 2002, la señora Martí Rodríguez pre-sentó una demanda de divorcio y división de bienes ganan-ciales contra el señor Chávez Velázquez. El licenciado Vé-lez Lugo asumió la representación legal del demandado.

En ese pleito, el foro primario emitió tma resolución que ordenó la coadministración de los bienes de la Sociedad de Bienes Gananciales. Sin embargo, se alega que el señor Chávez Velázquez enajenó un automóvil perteneciente a la Sociedad Legal de Gananciales sin el consentimiento de la señora Martí Rodríguez. -

La señora Martí Rodríguez se negó a entregar el vehí-culo cedido. El licenciado Vélez Lugo, esta vez como abo-gado del adquiriente del vehículo, presentó una demanda contra la señora Martí Rodríguez por la alegada retención ilegal del vehículo. La señora Martí Rodríguez arguye que la función del licenciado Vélez Lugo en ambos pleitos vio-lenta el Código de Ética Profesional.

El Procurador General, cumpliendo con la orden de este Tribunal, presentó una querella contra el licenciado Vélez Lugo. En dicha querella, el Procurador General imputa tres cargos por violaciones a los Cánones 15, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En contes-tación a la querella, el abogado alega que en ambos pleitos los intereses que él representaba eran contrarios a los de la querellante, por lo que no había violación ética ni conflicto de intereses. Además, en su contestación se manifestó contra la querellante como “manipuladora” y de persona “que pretende tener credibilidad donde no la tiene”. Querella, pág. 2. El 25 de enero de 2006 nombramos un Comisionado Especial para que, luego de evaluar la prueba y los alega-tos, nos rindiera un informe con determinaciones de hecho y las recomendaciones que concluyera que procedían.

Finalizada su encomienda, el Comisionado Especial de-terminó que no se configuró la violación al Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, pues las palabras uti-lizadas no fueron suficientes para ofender a la querellante. Igualmente, no encontró prueba clara, robusta y convin-cente en cuanto a la violación al Canon 18, supra. No obs-tante, el Comisionado concluyó que al asumir la represen-tación legal del comprador del vehículo, el abogado, al menos, creó la apariencia de conducta impropia, conflicto de intereses y de injusticia.

El licenciado Vélez Lugo presentó una réplica al informe del Comisionado Especial. El caso quedó sometido para nuestra consideración el 20 de agosto de 2008. Con el be-neficio del expediente completo, estamos en posición de resolver.

II

El Código de Ética Profesional prescribe “las pautas mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada en el desempeño de su delicada labor”. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007). Los cánones requieren de los abogados un comportamiento honrado, sincero, digno y honorable. In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 424 (2000).

El Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados el deber de respeto hacia las partes contrarias. Un abogado que actúe inspirado por la animosidad o los prejuicios de su cliente viola las normas éticas de la profesión.

Un abogado tiene el deber de utilizar el lenguaje de ma-nera propia y respetuosa. Tiene que evitar el uso del len-guaje grosero o hacer imputaciones falsas y desprovistas de una razonable presunción de corrección. In re Vélez Cardona, 148 D.P.R. 505, 507 (1999). En síntesis, esta exigen-cia ética promueve el trato cortés y respetuoso del abogado hacia sus adversarios.

Un abogado debe evitar “que sus expresiones puedan ser interpretadas ... como que está poniendo en tela de juicio su honradez, moral y honestidad”. In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999). El deber de defender una posición con vehemencia no faculta a un abogado a proce-der de manera imprudente.

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, demanda de un abogado una labor profesional competente y celosa. Ahora bien, esto no es óbice para comportarse al margen de la ley.

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. (Enfasis suplido.)

El deber solemne que tiene un abogado con la justicia precisa un comportamiento decoroso. La justicia “debe ser inmaculada no sólo en su realidad interior sino también en su apariencia externa”. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 766 (1976). La mera apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa en el respeto que tiene la ciudadanía hacia sus instituciones de justicia. In re Gordon Menéndez I, supra. La norma ética que repudia la apa-riencia de conducta impropia constituye una base indepen-diente para la evaluación de responsabilidad profesional, íd. “No obstante, la apariencia de conducta impropia tiene que sostenerse sobre la impresión que se da al público de la violación efectiva de alguno de los Cánones de Etica Profesional.” In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 361 (2001).

Las determinaciones de hecho de un Comisionado Especial merecen gran deferencia, aunque esto no limita el poder de adjudicación de este Tribunal cuando éstas demuestren prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

III

Con el beneficio de las normas antes descritas, pasamos a evaluar los hechos que motivan la presente querella.

El licenciado Vélez Lugo expresó en la contestación a la presente querella que la señora Martí Rodríguez era una “manipuladora” y que pretendía “tener credibilidad donde no la tiene”. Querella, pág. 2. Al igual que el Comisionado Especial, consideramos que estas expresiones, aunque no sean las más apropiadas, por sí solas, son insuficientes para constituir una violación al Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra. No empece, reiteramos el deber de todo abogado de dirigirse a las partes adversas con res-peto y consideración. Es importante recalcar que un abo-gado se debe conducir con tolerancia y afabilidad hacia los demás cuando defiende sus posturas.

El Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, pre-tende asegurar que toda parte que solicita los servicios de un abogado, reciba un servicio idóneo y dedicado. Del ex-pediente no surge prueba que tienda a reflejar una actua-ción descuidada por parte del licenciado Vélez Lugo para con sus clientes. Aunque al aceptar la representación legal impugnada, el licenciado Vélez Lugo no actuó con pruden-cia, no surge que no haya actuado con la diligencia esperada.

No obstante, nos resulta clara la violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. Hemos reiterado consistentemente que un abogado debe evitar hasta la mera apariencia de conducta impropia. El fundamento para esto es sencillo y fundamental: la mínima posibilidad de conducta impropia lacera la imagen y confianza que el pueblo tiene en sus instituciones de justicia.

El licenciado Vélez Lugo, asumió la representación legal del adquiriente del vehículo para demandar a la señora Martí Rodríguez. En ese momento, el licenciado Vélez Lugo era abogado en el pleito de divorcio donde se inten-taba dividir los bienes gananciales, uno de lo cuales era el vehículo. Este proceder nos parece impropio. Al menos, esta actuación vulnera la confianza de los involucrados en nuestro sistema judicial. Es importante que un abogado entienda que en muchas ocasiones el exaltar el honor de la profesión conlleva prudencia y sacrificios.

El licenciado Vélez Lugo al proceder como lo hizo, ejer-ció su función con apariencia de impropiedad, cosa que está reñida con los cánones de ética profesional. Al repre-sentar al adquiriente del vehículo se sentaban las bases para un potencial conflicto de intereses. Cabe destacar que quien cedió el vehículo a su nuevo cliente era otro cliente suyo en un caso directamente relacionado con el vehículo. Este abogado conocía de la orden judicial que prohibía la cesión que trataba de legitimar en la demanda contra la señora Martí Rodríguez. Era deber del licenciado Vélez Lugo evitar la aparente o potencial conducta rechazada por las normas éticas.

Al determinar la sanción disciplinaria que pro-cede contra un abogado por conducta impropia, se debe considerar el previo historial del abogado, si el abogado goza de buena reputación, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si fue realizada con ánimo de lucro y cualquier otro factor pertinentes a los hechos. In re Díaz Ortiz, supra; In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

El licenciado Vélez Lugo anteriormente había tenido que ser amonestado por este Tribunal en In re Vélez Lugo, 168 D.P.R. 492 (2006), y en In re Vélez Lugo, 164 D.P.R. 751 (2005). En uno de estos procedimientos disciplinarios le censuramos enérgicamente y le señalamos apariencia de conducta impropia, y de la necesidad de evitar cualquier real o potencial conflicto de intereses.

Como mitigantes de su responsabilidad disciplinaria, es necesario señalar que: renunció a la representación legal impugnada por razón de la querella, el pleito se resolvió sin perjuicio a las partes involucradas y ha demostrado un sincero arrepentimiento.

Atendiendo todos los factores señalados, y por los fun-damentos antes expuestos, suspendemos al licenciado Vé-lez Lugo del ejercicio de la abogacía por el término de tres meses. Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta que dio lugar a esta querella, seremos mucho más severos en nuestra sanción.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su represen-tación y les devolverá los expedientes de los casos pendien-tes y los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, informará oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Debe certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí dispuesto dentro del término de treinta días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar que está conforme con la determinación del Tribunal respecto a la desestimación de cargos imputados por violaciones a los Cánones 15 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y que disiente de la conclusión del Tribunal de que el licenciado Vélez Lugo incurrió en violación del citado Canon 38 del Código de Ética Profesional, por lo cual des-estimaría la querella instada.


author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

text:
    Evaristo Quiñones Reyes, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección de Aguadilla, Hon. Frank Quiñones Vigo, recurrido.

      Número: RG-2007-02

      Resuelto: 28 de abril de 2009

      Heriberto Güivas Lorenzo, abogado de la parte peticionaria; Frank Quñones Vigo, Registrador de la Propiedad, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si como parte de una acción in rem dirigida a recuperar el título de un bien inmueble, un socio miembro de una sociedad especial puede solicitar la anotación preventiva de demanda al amparo de la excep-ción consagrada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad en el Registro de la Propiedad a pesar de que tal inmueble está inscrito a favor de la socie-dad especial a la cual pertenece, y el cual, alegadamente, fue transferido de manera ilegal a un tercer ente jurídico.

I

Para 1993, el Sr. Evaristo Quiñones Reyes junto a su esposa, Sra. Cecilia Badillo, adquirieron mediante una es-critura de compraventa sesenta parcelas, de aproximada-mente trescientas dieciséis cuerdas, ubicadas en los barrios Río Grande y Puntas del Municipio de Rincón. Ello con el propósito de desarrollar un complejo turístico y resi-dencial al que denominaron Punta del Mar.

En búsqueda del capital para desarrollar el proyecto, el señor Quiñones Reyes, el Sr. Nicomedes Barreto y el Sr. Arturo Correa Nieves procedieron a otorgar un contrato de inversión y, posteriormente, constituyeron dos sociedades especiales, a saber: Punta del Mar y Punta del Mar Beach Village. En el contrato de constitución de sociedad especial pactaron que la corporación Punta del Mar, Inc. sería socia y tendría la encomienda de dirigir y administrar los negocios de ambas sociedades especiales. Mediante Es-critura de Cesión de Participación de Bien Inmueble, el señor Quiñones Reyes y su esposa le cedieron 109.5 cuer-das a Punta del Mar Beach Village, S.E., y el remanente de dicha finca fue cedido a Punta del Mar, S.E.

Posteriormente, el Sr. Nicomedes Barreto vendió su par-ticipación en ambas sociedades especiales y en Punta del Mar, Inc. al señor Correa Nieves, por lo que éste advino socio y accionista mayoritario. A raíz de este suceso comen-zaron a surgir desavenencias entre el señor Quiñones Reyes y el señor Correa Nieves sobre la toma de decisiones y la administración de las sociedades especiales.

El pasado 28 de octubre de 2005, el señor Quiñones Reyes presentó una demanda contra el señor Correa Nieves, el Sr. Víctor Echeandía, Punta del Mar Inc., Banco Bilbao Vizcaya y Punta del Mar Village III, Inc. et al., en la que alegó, entre otras cosas, que el señor Correa Nieves trans-firió ilegal y fraudulentamente, sin su consentimiento y conocimiento, la Parcela D del Proyecto Punta del Mar, cuya titular registral es Punta del Mar Beach Village, S.E.

Indicó que la referida parcela fue transferida con la ayuda del Sr. Víctor Echeandía a la corporación Punta del Mar Beach Village III, Inc., et al., cuyo único accionista es el señor Correa Nieves. Alegó que de esta manera el señor Correa Nieves despojó a Punta del Mar Beach Village, S.E. de parte de su activo principal. Posteriormente, la parcela objeto de controversia fue gravada por el señor Correa Nieves con un préstamo hipotecario de $7,000,000 a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría.

Como resultado de lo anterior, el señor Quiñones Reyes expuso en su demanda las causas de acción siguientes: vio-lación al deber de fiducia, acción derivativa y directa de un accionista minoritario, daños y perjuicios, acción reivindi-catoría, descorrimiento de velo corporativo y nulidad de contrato. Como parte de la acción reivindicatoría instada, el señor Quiñones Reyes presentó ante el Registro de la Propiedad, sección de Aguadilla, una instancia registral so-bre anotación preventiva de demanda, acompañada de co-pia certificada de la demanda.

Tras evaluar los documentos presentados, el Registra-dor de la Propiedad, Hon. Frank Quiñones Vigo (Registra-dor), denegó la inscripción de la anotación preventiva por el fundamento siguiente:

El documento de referencia no tiene acceso al Registro de la Propiedad porque adolece de las siguientes faltas: El docu-mento no puede ser subsanado, por lo que se debe obtener y presentar nuevamente en el Registro con una ORDEN Y MANDAMIENTO [,] y si se prestó fianza, según lo determine el Tribunal. Rocafort v. Álvarezl[,] 112 DPR 563; Pérez v. Mercado v. Ramírez Rondón[,] 130 DPR 134; Isabel Acosta v. Sandra Valentín, 2003 TSPR 97. (Énfasis suplido.) Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 24.

Insatisfecho con dicha calificación, el señor Quiñones Reyes presentó un Escrito de Recalificación. Señaló que de acuerdo con los Artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), no tenía que presentar una orden y mandamiento judicial junto a la solicitud de anotación preventiva de demanda, ya que la titular registral de la parcela en controversia es Punta del Mar Beach Village, S.E., y éste es dueño del 42.75% del caudal social. La médula del razonamiento del recurrente es que la sociedad especial no posee personalidad jurídica distinta e independiente a la de sus socios especiales, por lo que éstos tienen un derecho real sobre la propiedad in-mueble de la sociedad especial, y por ello no tienen que gestionar orden y mandamiento judicial alguno para pro-ceder con la anotación preventiva de demanda.

Luego de examinar el Escrito de Recalificación, el Regis-trador denegó nuevamente la inscripción de la anotación preventiva de demanda y extendió una anotación de dene-gatoria por el término de sesenta días.

Contra la nota denegatoria del Registrador, el señor Quiñones Reyes presentó ante nos un Recurso Gubernativo. Objetó la calificación del Registrador por en-tender que no está obligado a gestionar una orden y man-damiento judicial según el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, para solicitar la anotación preventiva de demanda, puesto que tiene un derecho real inscrito sobre la finca en controversia.

Contrario a lo alegado por el señor Reyes Quiñones, el Registrador indicó en su alegato que la reclamación del recurrente no está fundamentada en un derecho real ins-crito puesto que la titular registral de la mencionada finca era Punta del Mar Beach Village, S.E., y ésta tiene una personalidad jurídica distinta a la de sus socios. Por ello argüyó que, en aras de obtener acceso al Registro, la soli-citud de anotación preventiva de demanda tiene que estar acompañada de una orden y mandamiento judicial, de acuerdo con los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, supra.

El caso quedó sometido en los méritos el 19 de marzo de 2007. Posteriormente, compareció ante nos Punta del Mar Beach Village III, Inc. y solicitó autorización para interve-nir en el caso de epígrafe. Alegó en su moción que tenía derecho a intervenir conforme a la Regla 21.1 de Procedi-miento Civil, puesto que su interés propietario sobre la finca en controversia se había afectado con el aviso de de-negatoria anotado en el Registro ya que se estaba reali-zando la segregación, liberación y venta de cada unidad de vivienda del proyecto. Indicó, además, que desconocía la existencia del presente recurso gubernativo y nos solicitó que le ordenáramos al señor Quiñones Reyes que le prove-yera copia de los escritos presentados para así defender adecuadamente su posición.

Por su parte, el señor Quiñones Reyes se opuso a la solicitud de intervención de Punta del Mar Beach Village III, Inc. y argüyó que la intervención no procedía porque la naturaleza del recurso gubernativo no es contenciosa. Se-ñaló que por tratarse de un proceso no contencioso entre el Registrador y la parte que interesa la inscripción, el Art. 77 de la Ley Hipotecaria solamente exige que el recurso gubernativo sea notificado al Registrador.

Luego de ponderar los argumentos esbozados por Punta del Mar Beach Village III, Inc. en su moción, declaramos “no ha lugar” su solicitud de intervención. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver.

II

Nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario ha instituido la anotación preventiva de demanda como un mecanismo que le imparte publicidad en el Registro de la Propiedad a la interposición de una litis, en la que se ejercita alguna pretensión procesal relativa al dominio o a los derechos reales sobre la finca en cuestión. La anotación preventiva de demanda es un asiento provisional que asegura transitoriamente ciertos derechos. Su función consiste en advertir que la titularidad del derecho inscrito está subordinada al resultado de un litigio. De esta manera, los futuros adquirentes de la finca conocerán las posibles causas de nulidad de los títulos inscritos, por lo que no podrán alegar desconocimiento de las causas de nulidad.

Al delinear los contornos de la figura de la anotación preventiva de demanda, en Segarra v. Vda. de Llórens, 99 D.P.R. 60 (1970), expresamos que el propósito de ésta es preservar el debido respeto a la administración de la justicia, ya que evita que las sentencias judiciales resulten inoficiosas por actos del demandado dirigidos a impedir la ejecución del fallo. De esta forma, se mantiene el status quo de la finca en controversia hasta la resolución del pleito y se impide la adquisición a non domino por un tercero del derecho reclamado en el proceso judicial. No obs-tante, es preciso señalar que la anotación preventiva no da ni quita derechos y carece de los demás efectos, defensivos y ofensivos, de una inscripción.

En conformidad con lo anterior, se colige que el propósito primordial de la anotación preventiva de de-manda es “ ‘asegurar un rango al derecho real que como consecuencia del litigio pueda constituirse, asegurando la retroactividad del mismo al momento de la anotación de la demanda frente a los terceros que hayan inscrito en el in-termedio algún derecho’ ”. (Énfasis suplido.) Esto signi-fica que de prevalecer el promovente en el litigio instado, la anotación preventiva se convertirá en un asiento definitivo de inscripción a su favor.

La anotación preventiva de demanda está regu-lada por los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. Los referidos artículos detallan las particularidades de la ano-tación preventiva de demanda así como el procedimiento a seguir para efectuar la anotación en el Registro. El Art. 112 de la Ley Hipotecaria dispone del modo siguiente:

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el Registro: 1ro. El que reclamare en juicio la propie-dad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modi-ficación o extinción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados dere-chos registrables. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2401.

Del texto antes transcrito surge que la anotación preventiva de demanda se efectuará en el Registro de la Propiedad si la acción judicial interpuesta está dirigida a afectar de alguna manera la titularidad del bien inmueble en cuestión o algún otro derecho real relacionado con el mismo. Por lo tanto, sólo tendrán acceso al Registro de la Propiedad aquellos derechos que, por sus propios términos, sean inscribibles.

Ahora bien, el Art. 113 de la Ley Hipotecaria dis-pone que la referida anotación “no podrá hacerse ... sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la presentación de copia certificada de la demanda”. (Énfasis suplido. Por su parte, el Art. 115.4 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 870.405, reitera lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, y dis-pone que la demanda deberá describir la finca afectada e identificar con claridad el derecho real inscrito sobre el cual se fundamenta la acción.

El artículo antes citado preceptúa dos maneras de efectuar la anotación preventiva de demanda. Como regla general, la anotación de demanda requiere la intervención de un juez como garantía para sopesar los méritos de la solicitud de quien promueve. Una vez el juez ha ponderado los méritos, expedirá una orden y mandamiento judicial, autorizando la anotación o la denegará.

A manera de excepción, puede practicarse en el Registro tal anotación sin la intervención judicial, siempre y cuando la causa de acción se funde en un derecho real inscrito como base para su ejercicio. Tal limitación fue introducida en la Ley Hipotecaria con el propósito de “evitar las anotaciones de demanda viciosas ... y la posibilidad de perjuicio inde-bido por acciones fraudulentas, aligera[ndo así] el trámite en las ejecuciones de hipoteca”.

A través de nuestra jurisprudencia hemos tenido la oportunidad de analizar la excepción consignada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra. Sobre estos extremos, hemos resuelto que de acuerdo con las reglas de hermenéutica, dicha excepción debe ser interpretada restrictivamente. Ello es así puesto que el juzgador no ha ponderado los méritos de la reclamación de quien promueve y porque tal ánotación puede convertirse en una inscripción definitiva. Además, en Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583, 589-590 (1975), expresamos que la liberalización injustificada de dicho procedimiento podría desembocar en coacciones y amenazas por parte del promovente.

Según lo anterior, es evidente que de la faz de la de-manda presentada por el promovente en el Registro de la Propiedad debe surgir claramente el derecho real sobre el cual se funda la acción. Nótese que lo determinante para decidir si procede la anotación de demanda no es si la ac-ción es de naturaleza personal o no. El punto neurálgico del análisis estriba en determinar si la acción entablada afecta el título de una propiedad inmueble; esto es, si la acción va encaminada a obtener una modificación jurídica de carácter real y su finalidad primaria es afectar o alterar el título inscrito del inmueble.

Ahora bien, es menester señalar que una vez el Registrador deniega la anotación de demanda sin orden y mandamiento judicial, por entender que no tiene como fundamento un derecho real inscrito, la anotación es insubsanable. Así lo reconocimos en E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 D.P.R. 566, 569-570 (1986), al resolver que tal defecto no puede ser subsanado, puesto que ello equivaldría a resucitar la desterrada anotación de lis pendens establecida en el ya derogado Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

III

La sociedad civil adviene a la vida jurídica gracias a un “contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias”. Tal entidad se distingue por la affectio societatis; esto es, la cooperación o empresa común hacia un mismo fin, propiciando así la unión de intereses de diferentes individuos para fines de lucro. La característica principal de la sociedad civil es que sus miembros responden con su patrimonio personal, subsidiaria y mancomunadamente de las obligaciones de la sociedad en caso de que el patrimonio social no sea suficiente para cubrirlas. Conviene indicar, además, que la responsabilidad de los socios es ilimitada, por lo que responden con todos sus bienes presentes y futuros.

Como se puede apreciar, la responsabilidad personal e ilimitada de los socios es una de las desventajas de esta figura. Ante tal realidad, y en aras de incentivar el desa-rrollo económico y ofrecer mayor protección a quienes se organicen como sociedad para conducir sus negocios, la Asamblea Legislativa incorporó a nuestro acervo jurídico la figura de la sociedad especial.

Contrario a la sociedad civil, los miembros de la sociedad especial gozan de responsabilidad limitada y, en el aspecto fiscal, no tributan como un ente separado, solamente tributan en su carácter individual. De esta forma, los socios tributarán las ganancias y las pérdidas de la sociedad especial en su planilla personal, de acuerdo con su participación distribuible en el ingreso o en la pérdida de la sociedad.

Para obtener el tratamiento contributivo diseñado por la Legislatura, es preciso que el setenta por ciento del in-greso bruto de la sociedad especial provenga de fuentes de Puerto Rico y que, por lo menos, setenta por ciento de tal ingreso sea producto de la explotación de ciertas activida-des, tales como: negocio de construcción, negocio de venta o arrendamiento de edificaciones, negocio turístico, negocio agrícola, etc. No obstante, para recibir dicho trata-miento fiscal es imperativo que los socios soliciten y obten-gan la aprobación del Departamento de Hacienda. Para ello, los socios tienen que otorgar una declaración jurada y presentarla en el Departamento de Hacienda dentro de los primeros noventa días del año contributivo en el cual han realizado la elección.

Respecto a la responsabilidad limitada de los socios, el Art. 1589 del Código Civil fue enmendado para disponer lo siguiente:

No obstante lo que se disponga en otra parte de este título, los socios que compongan una “sociedad especial” creada al amparo de las leyes aplicables vigentes y en cumplimiento con todos los requisitos del Suplemento “P” del Capítulo 3 de la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, cono-cida como “Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954” o de las sees. 8630 a 8658 del Título 13, parte del “Código de Ren-tas Internas de Puerto Rico de 1994”, y que lo expresen en su nombre con las siglas S.E. luego del nombre de la sociedad, no serán responsables con su patrimonio personal más allá de su aportación a la sociedad especial por las deudas y obligaciones de la sociedad, en caso de que el patrimonio social no alcance para cubrirlo. Nada de lo aquí dispuesto se deberá interpretar de forma tal que limite las obligaciones de un socio por sus actos personales.

Así, pues, en caso de que el patrimonio social no alcance para cubrir las obligaciones de la sociedad, los socios res-ponderán hasta el monto de su aportación a la entidad. En este renglón, la sociedad especial se asemeja más a una corporación que a la sociedad civil propiamente, puesto que en aquella los inversionistas sólo arriesgan el capital invertido.

Aunque en el aspecto contributivo la sociedad especial está reglamentada por el Código de Rentas Internas, en el matiz sustantivo rige el Código Civil. No obstante, el Código Civil aplicará supletoriamente, ya que en primera instancia regirá lo pactado en el contrato de sociedad especial. Ahora bien, en el aspecto externo, las normas del Código Civil son vinculantes y los socios no pueden dejarlas sin efecto.

Tras exponer la normativa relativa a la sociedad especial, pasemos a la controversia ante nuestra consideración.

IV

Como indicáramos anteriormente, debemos resolver si un socio especial puede solicitar la anotación preventiva de demanda al amparo de la excepción consagrada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, para recuperar un bien inmueble perteneciente a la sociedad especial, el cual apa-rentemente fue transferido ilegalmente a urna corporación cuyo único accionista es el otro socio especial.

En el caso de autos, el señor Quiñones Reyes presentó, en su carácter de socio de Punta del Mar Beach Village, S.E., una acción reivindicatoría para que la sociedad especial recupere una parcela que, alegadamente, fue transfe-rida ilegalmente por el señor Correa Nieves a la corpora-ción Punta del Mar Beach Village III. A tono con la causa de acción interpuesta, el señor Quiñones Reyes presentó en el Registro de la Propiedad una instancia registral sobre anotación de demanda preventiva en la parcela objeto de controversia.

El Registrador denegó la solicitud de anotación preven-tiva de demanda presentada al amparo del Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, por el señor Quiñones Reyes —en su carácter de socio de Punta del Mar Beach Village, S.E.— por entender que la titular registral del bien inmueble en controversia era la sociedad especial, entidad jurídica con personalidad distinta e independiente a la de sus socios. No nos persuade su argumento.

Si bien es cierto que la sociedad especial po-see una personalidad jurídica independiente a la de sus socios, ello no es óbice para que los socios puedan com-parecer en tal carácter y en representación de la sociedad especial en aras de realizar ciertas y determinadas accio-nes encaminadas a salvaguardar y vindicar los derechos de tal ente jurídico. No cabe duda de que el socio, en repre-sentación de la sociedad especial, en este caso puede com-parecer al Registro de la Propiedad y solicitar que se prac-tique la anotación preventiva de demanda sin una orden y un mandamiento judicial. Claro está, ello será así siempre que el socio especial cumpla con los requisitos esbozados en los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, supra. De acuerdo con los referidos artículos, es preciso que la acción judicial que la inspira'. (1) esté fundamentada en un dere-cho real inscrito a favor de la sociedad especial, y (2) dicho litigio esté dirigido a alterar la titularidad del bien inmue-ble en controversia. Además, de cumplir con tales requisi-tos, debe surgir de la demanda que el socio ha comparecido en tal carácter y está actuando en representación de la so-ciedad especial y no en su carácter personal. Esa es la si-tuación del caso ante nos.

Es imperativo señalar que de la faz de la demanda pre-sentada por un socio debe surgir claramente que la acción judicial que insta es en representación de la sociedad especial y no en su carácter personal. Ahora bien, no basta con incluir en el epígrafe de la demanda que el socio comparece en tal carácter. Es preciso que la demanda incoada por el socio en el foro primario esté dirigida a salvaguardar los derechos de la sociedad. De esta manera, se evita que por motivos puramente personales y alegaciones destempla-das, un socio solicite anotar preventivamente la demanda instada, según la excepción que provee el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra.

El hecho de que la propiedad inmueble esté inscrita a favor de la sociedad especial no constituye impedimento para que un socio pueda solicitar la anotación preventiva de demanda de acuerdo con la excepción consignada en el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, supra, en una situación como la presente. Los socios, como miembros de la sociedad especial, tienen derecho a utilizar las herramientas del or-denamiento jurídico para proteger el haber social, el cual ha sido aportado por ellos. Más aún cuando las acciones entabladas están dirigidas a proteger o recuperar el título de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad especial.

Resolver que los socios en un pleito dirigido a recuperar la titula ' lad de un bien inmueble de la sociedad especial no pued solicitar la anotación preventiva de demanda vía la excepción consignada en el Art. 113 de la Ley Hipo-tecaria, supra, equivaldría a una interpretación demasiado restrictiva de dicho estatuto. Si bien la antedicha excep-ción debe interpretarse restrictivamente, ello no supone que haya que dársele una interpretación ilógica.

Conviene indicar que nuestros pronunciamientos no re-sucitan de manera alguna la desterrada figura del aviso lis pendens. Recordemos que la figura del aviso lis pendens le permitía al demandante gravar los bienes de su adversario con la mera presentación de la demanda, sin la interven-ción del juez. La unilateralidad y arbitrariedad de la anotación lis pendens nos movió a declararla ineficaz en Rocafort v. Álvarez, 112 D.RR. 563 (1982).

Como se puede apreciar, no estamos ante la figura de la anotación lis pendens, puesto que no procede la anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad con la mera presentación de la demanda por parte del socio especial. Como ya dijimos, el socio interesado en solicitar la anotación preventiva de demanda vía la excepción con-signada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, tiene que cumplir con cada uno de los requisitos siguientes: (1) la acción judicial esté fundamentada en un derecho real inscrito a favor de la sociedad especial; (2) dicho litigio esté dirigido a afectar la titularidad del bien inmueble en con-troversia, y (3) el socio actúe en representación de la socie-dad especial y no en su carácter personal.

Por lo tanto, resolvemos que en un caso como el pre-sente en el cual el litigio está dirigido a recuperar la pro-piedad inmueble de la sociedad especial, un socio puede solicitar la anotación preventiva de demanda bajo la excep-ción consagrada en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra.

Al examinar los documentos que obran en los autos del presente caso, surge con amplia claridad lo siguiente: (1) que el litigio instado está fundamentado en el derecho real inscrito; (2) que dicha acción está dirigida, inter alia, a obtener la modificación jurídica y de carácter real de la Parcela D en controversia, y (3) que el señor Quiñones Reyes ha presentado la demanda en su carácter de socio y en representación de la referida sociedad especial. Es menes-ter señalar que al ponderar cuidadosamente las alegacio-nes formuladas por el señor Quiñones Reyes y los docu-mentos anejados, razonablemente podemos concluir que no estamos ante una demanda frívola.

Por lo tanto, ya que la acción judicial tiene como funda-mento un derecho real inscrito y la demanda incoada cum-ple con cada uno de los requisitos esbozados, el señor Qui-ñones puede solicitar en el Registro de la Propiedad la anotación de demanda sobre la Parcela D en controversia vía la excepción consagrada en el Art. 113 de la Ley Hipo-tecaria, supra. Tal solución es la más justa y lógica. No tiene sentido jurídico resolver lo contrario.

Por los fundamentos antes expuestos, se le ordena al Registrador de la Propiedad, Hon. Frank Quiñones Vigo, que proceda a practicar en el Registro de la Propiedad la anotación de demanda solicitada por el señor Quiñones Reyes.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita, a la cual se unieron el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

a la que se unen el

Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Discrepo de la determinación que hoy anuncia este Tribunal. Entiendo que la conclusión a que llega una ma-yoría del Tribunal en el recurso gubernativo que nos ocupa es errónea en Derecho e incompatible con nuestro reciente dictamen en Linden Development v. De Jesús-Ramírez, 175 D.P.R. 647 (2009).

Los hechos en este caso son sencillos y se encuentran adecuadamente resumidos en la opinión mayoritaria, por lo que es innecesario reiterarlos.

I

En este caso, el Registrador de la Propiedad (Registra-dor), correctamente, se negó a inscribir una anotación pre-ventiva de demanda por entender que para ello era nece-sario obtener una orden judicial, ya que la titular registral de la propiedad era una sociedad especial y quien compa-recía a procurar la anotación era uno de los socios de la sociedad especial en su carácter personal. El recurrido ar-guye que por no tener la sociedad especial una personali-dad jurídica separada a la de sus socios, él no necesitaba una orden judicial para anotar el pleito pendiente.

Hoy, este Tribunal parece concluir que no existe una personalidad jurídica completamente independiente entre la sociedad especial y sus socios, por lo que estos últimos pueden comparecer a realizar ciertas acciones encamina-das a salvaguardar los derechos de la sociedad. Entre las acciones que puede ejercitar un socio, en beneficio de la sociedad, se encuentra la solicitud de anotación preventiva de demanda sin una orden judicial. Sin apoyo jurídico, la mayoría concluye: “No cabe duda de que el socio, en repre-sentación de la sociedad especial, en este caso puede com-parecer al Registro de la Propiedad y solicitar que se prac-tique la anotación preventiva de demanda sin una orden y un mandamiento judicial.” Opinión del Tribunal, pág. 877. La conclusión a que llega la mayoría, como habremos de ver, no tan sólo es contraria a lo que hemos dispuesto res-pecto a las sociedades especiales, sino que también es con-traria a lo que hemos sostenido y exige la propia Ley Hi-potecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) sobre cuándo procede dispensar de una orden judicial para inscribir en el Registro de la Propiedad una anotación pre-ventiva de demanda.

Aun cuando somos conscientes de que este resultado pu-diera ser simpático de acuerdo con los hechos en este caso, lo consideramos erróneo y en contraposición a lo que ha sido, hasta ahora, el estado de Derecho vigente.

II

La Opinión del Tribunal acertadamente señala que con-forme el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2402, para que el Registrador inscriba una anotación pre-ventiva de demanda es necesaria una orden judicial, salvo que la acción se funde en un derecho real inscrito por quien solicita la anotación y se presente en el Registro copia cer-tificada de la demanda. En los casos en que el anotante no posea un derecho real previamente inscrito, se requerirá una orden judicial que instruya al Registrador a realizar la anotación. Como sabemos, con la anotación preventiva de demanda se pretende salvaguardar derechos reales que afecten a una finca y, como asiento provisional, asegura transitoriamente ciertos derechos.

A pesar de lo anterior, la mayoría pasa a concluir que lo que se requiere para darle curso a la anotación preventiva no es ya que la acción instada se fundamente en un derecho real inscrito de quien la solicita, sino meramente que la acción instada afecte el título de una propiedad inmueble. A esos efectos la mayoría apunta: “El punto neurálgico del análisis estriba en determinar si la acción entablada afecta el título de una propiedad inmueble; esto es, si la acción va encaminada a obtener una modificación jurídica de carác-ter real y su finalidad primaria es afectar o alterar el título inscrito del inmueble.” (Enfasis en original.) Opinión del Tribunal, págs. 872-873. Para esta modificación de la norma, a mi juicio de efectos trascendentales debido a su elasticidad, no se ofrece apoyo jurídico más allá de la ex-presión misma de la mayoría. No puedo estar de acuerdo con este proceder.

Nuestra interpretación del Art. 113 de la Ley Hipoteca-ria no es, como señala la mayoría, “una interpretación iló-gica” del artículo analizado sino, más bien, un intento de rechazar “una liberalización injustificada” (Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583, 589 (1975)), del pro-cedimiento de anotación preventiva de demanda sin una orden judicial. Nuestra postura es la única que es cónsona con nuestros pronunciamientos anteriores, además de ser la única que respeta el lenguaje de la ley. En Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773, 777 (1981), indicamos que la anotación preventiva de demanda sin in-tervención judicial constituye “[la] excepción a la regla general que exige la intervención de un tribunal”, por lo que su interpretación tiene que ser restringida. Aseveramos que “hermenéuticamente, siendo una excepción, la misma necesariamente debe interpretarse en forma limitada, máxime cuando la excepción de ley versa sobre una mecá-nica procesal que tiende a gravar la finca objeto de la misma y que ha cobrado hoy, en nuestro medio forense, una vital importancia en la efectividad de los créditos”. (Énfasis nuestro.) íd., pág. 778.

Por otro lado, la opinión mayoritaria, sin discutir sus-tantivamente la normativa relativa a la sociedad especial, parece concluir que no existe una personalidad jurídica completamente independiente entre la sociedad y sus so-cios, y que como consecuencia, éstos pueden comparecer a realizar ciertas acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de la sociedad, incluso la que nos ocupa. Especí-ficamente, se señaló en la opinión: “Los socios, como miem-bros de la sociedad especial tienen derecho a utilizar todas las herramientas del ordenamiento jurídico para proteger el haber social, el cual ha sido aportado por ellos.” Opinión del Tribunal, pág. 878. Como resultado de ello, se le or-denó al Registrador que inscribiera la anotación preven-tiva de demanda presentada para inscripción en este caso.

Disiento de este curso de acción porque entiendo que es de todo punto incompatible con nuestros recientes pronun-ciamientos en Linden Development, ante, e implica apar-tarnos de la norma claramente establecida en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982). Asumir la posición de la mayoría necesariamente conlleva desatender el hecho de que la sociedad en nuestro ordena-miento posee una personalidad jurídica independiente a la de sus socios.

Primero, en Santa Bárbara Co. resolvimos que ante una reclamación a la sociedad por alguna obligación, ésta res-ponderá en primer lugar con todo su patrimonio, y de éste no ser suficiente, los socios responderán en su carácter personal, subsidiaria y mancomunadamente de las obligacio-nes de la sociedad. Ello así pues, como sabemos, es un prin-cipio establecido en el derecho civil que la sociedad es un ente jurídico separado de sus socios, el cual puede tener, y comúnmente tiene, un patrimonio individual distinto al de sus socios.

Esta conclusión, sin embargo, no desdibuja la persona-lidad jurídica distinta de la sociedad con respecto a sus socios. Cuando en Santa Bárbara Co., aludimos a que am-bos no tienen una personalidad jurídica completamente in-dependiente, nos referimos a la anomalía de que a pesar de que son personas jurídicas distintas, los socios, en algunas ocasiones, responderán por las obligaciones de la sociedad.

No podemos extrapolar dichas aseveraciones a otros contextos, como lo son las facultades que confiere la Ley Hipotecaria a titulares de derechos reales en ciertas circunstancias. Es por ello que estimo errado el curso tra-zado por la mayoría. En el contexto del Registro de la Pro-piedad, no debe haber duda de que la sociedad y sus socios son dos personas jurídicas independientes. Ciertamente, por ser una ficción jurídica, la sociedad actuará a través de sus socios. Pero en dichos casos, los socios actuarán en re-presentación de la sociedad y no en su carácter individual.

Es ahí donde reside el problema de fondo de la ponencia. En este caso, el señor Quiñones Reyes presentó una copia certificada de una demanda en la cual en su carácter personal reclamó a su socio en la sociedad especial por alega-dos malos manejos con los haberes sociales. Cuando el Re-gistrador observó el epígrafe de la demanda y lo comparó con la finca en cuestión procedió, naturalmente, a denegar el asiento, pues el señor Quiñones Reyes no tenía derecho inscrito alguno a su favor en la finca. Este proceder es correcto, ya que la ley es clara en que la excepción es para aquellos casos en que la demanda se refiere a un derecho inscrito. La vía que tenía disponible el señor Quiñones para mantener el status quo de la finca era acudir al Tribunal de Primera Instancia y solicitar una orden a esos efectos.

Además, las expresiones y conclusiones de este Tribunal hoy son difíciles de reconciliar con nuestros pronuncia-mientos en Linden Development, obviados por el Tribunal. En Linden Development nos expresábamos sobre la socie-dad de responsabilidad limitada y las consecuencias de no renovar su inscripción en el Registro de Sociedades de Res-ponsabilidad Limitada del Departamento de Estado. Apun-tamos que la sociedad civil “es producto de la convención pues para surgir requiere la existencia de un contrato”. Además, indicamos que, “[c]on su otorgamiento, el contrato de sociedad da lugar a la creación de una persona jurídica distinta a los socios, con un patrimonio separado com-puesto por los bienes, dinero o industria aportado por éstos”. (Énfasis nuestro.) Ello no es incompatible con el he-cho de que, vía excepción, los socios puedan responder de las obligaciones de la sociedad cuando “los haberes de ésta no alcancen a cubrirlas”, tal y como resolvimos en Santa Bárbara Co., ante.

Esta excepción, que opera de manera subsidiaria cuando los bienes de la sociedad son insuficientes para cu-brir las obligaciones de la sociedad, no derrota el postulado básico de que con el contrato de sociedad se da paso “a la creación de una persona jurídica distinta a los socios...”. De lo contrario, la excepción derrotaría o haría ineficaz la regla general. Nuestra interpretación de Santa Bárbara Co. y de Linden Development no es absurda ni ilógica, sino, por el contrario, es la que se ajusta a la naturaleza misma de la sociedad civil según dispone la doctrina y nuestra reciente jurisprudencia. Es decir, es una interpretación conforme a derecho.

Por otro lado, sostenemos que darle curso a la posición de la mayoría implicaría resucitar solapadamente la figura del aviso “lis pendens”, mediante la cual se lograba la ano-tación de un pleito con la mera presentación de una copia certificada de la demanda ante el Registrador. En Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 569 (1982), al descartar su con-tinuada vigencia en nuestro ordenamiento, catalogamos al lis pendens como una figura de inferioridad técnica y subs-tantiva en comparación con la anotación preventiva de demanda. Véase, además, Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539 (1929).

El profesor Mojica Sandoz, en su tratado de Derecho hipotecario, nos señala que el lis pendens no es una figura aceptable en nuestro ordenamiento registral. “ ‘Y es que una medida cautelar de lis pendens o anotación preventiva de demanda respecto a la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación, o extinción de cualquier derecho real, debe estar rodeada de ciertas ga-rantías que impidan la promoción ad libitum muchas veces caprichosa o interesadamente perturbadora de pleitos cuya sola existencia sustrae las fincas del comercio inmobiliario con grave perjuicio de la contratación general y de la eco-nomía del país.’ ” L. Mojica Sandoz, Derecho Hipotecario de Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, págs. 61-62, ci-tando a D.A. Aguirre, Proyecto de Ley Hipotecaria, San Juan, Departamento de Justicia, 1961, págs. 45-46.

Por las razones previamente expresadas, disiento de la opinión que hoy se dicta. Soy del criterio, al igual que el Registrador de la Propiedad, que para anotar preventiva-mente la demanda en este caso era imprescindible una or-den judicial que así lo ordenara. En consecuencia, confir-maría la denegatoria de inscripción.

       Véase Demanda, Apéndice del Recurso Gubernativo, págs. 10-11.

       íd., pág. 11. El señor Quiñones Reyes adujo en su demanda que primero constituyó una sociedad especial con el Sr. Nicomedes Barreto, a la que denominaron West Coast Development. Posteriormente, ambos acudieron a Standard Mortgage para obtener financiamiento. Cabe señalar que el presidente de dicha entidad finan-ciera era el señor Correa Nieves. El señor Quiñones Reyes alega en su demanda que el señor Correa Nieves les sugirió a él y al Sr. Nicomedes Barreto que buscaran un socio inversionista. Luego de evaluar la situación, aceptaron al señor Correa Nieves como socio especial.

       Tras la venta de la participación del Sr. Nicomedes Barreto al señor Correa Nieves, las participaciones en las sociedades especiales cambiaron de la manera siguiente: el señor Quiñones Reyes tiene una participación de 42.75% en ambas sociedades, mientras que el señor Correa Nieves posee el 52.25%. Respecto a Punta del Mar, Inc., el señor Quiñones Nieves es dueño del 45% de las acciones, mientras que el señor Correa Nieves posee el 55% de las acciones.

         30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       30 L.P.R.A. sec. 2280.

       R. Roca Sastre y L.M. Roca Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, T. IV, Vol. 1, 1979.

        Segarra v. Vda. de Llórens, 99 D.P.R. 60, 69 (1970).

       L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 451.

        Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, (1989).

       Íd., pág. 678.

       30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402.

       Art. 114.1 del Reglamento Hipotecario, 30 L.RR.A. sec. 870.401.

       Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2402. Conviene señalar que el Art. 115.4 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 870.405, reitera lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, e indica que la demanda deberá identificar con claridad el dere-cho real inscrito sobre el cual se fundamenta la acción y la descripción de la finca afectada. Asimismo, el Art. 115.5 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 870.406, dispone que cuando la anotación preventiva se fundamente en un derecho real inscrito, el Registrador de la Propiedad no exigirá que se acredite la notificación al afectado por la anotación.

       Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el alcance del P. del S. 792, 8va Asamblea, 3ra Sesión Ordinaria de 1979, pág. 11.

       Véanse: Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563 (1982); Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773 (1981); Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583 (1975).

       Aun cuando dichos pronunciamientos ocurrieron en el contexto del aviso de lis pendens estatuido en el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. sec. 455, son aplicables a la excepción dispuesta en el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, ya que en ésta el juez no tiene la oportunidad de evaluar los méritos de la solicitud de quien promueve.

       32 L.P.R.A. ant. sec. 455.

       Art. 1556 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4311. Como se puede apreciar, de dicha definición se desprende que tal contrato es de naturaleza consensual, onerosa, bilateral o plurilateral, de gestión colectiva y de tracto sucesivo.

        Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 547 (1997); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 188 (1985).

       Véase Ley Núm. 8 de 19 de julio de 1985 (13 L.P.R.A. secs. 3330, 3355 y 2411).

       Véase C. Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, Pubs. Puertorriqueñas, 1999, pág. 453. El profesor Díaz Olivo resalta en su libro que el tratamiento fiscal de la sociedad especial es uno de sus grandes atractivos puesto que en las corporaciones no es posible deducir las pérdidas de las mismas en las planillas personales de sus miembros.

       Véase Ley Núm. 8, supra.

       Véase Sec. 1392(a) del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8642(a).

       Íd.

       31 L.P.R.A. sec. 4372.

        Marcial v. Tomé, supra, págs. 546-547.

       Díaz Olivo, op. cit, pág. 430.

       Véanse: Linden Development v. De Jesús-Ramírez, 175 D.P.R. 647 (2009); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982).

        Rocafort v. Álvarez, supra, págs. 570-571.

       Esta expresión, hecha al margen del contenido del contrato de sociedad, deja la puerta abierta a que cualquier socio pueda realizar actos en el Registro de la Propiedad y, en otras instancias, siempre que éstos constituyan un uso de “todas las herramientas del ordenamiento jurídico para proteger el haber social”.

       Valga aclarar que el hecho de que el señor Quiñones Reyes inste un pleito que incluye reclamaciones relacionadas con su condición de socio de Punta del Mar Village, S.E., no implica que dicha sociedad sea parte en el referido pleito, como parece concluir la mayoría. Como claramente surge del epígrafe de la demanda, la parte demandante en el presente pleito es el señor Quiñones Reyes quien, aunque comparece como socio de Punta del Mar Village, S.E., no lo hace en representación de dicha sociedad especial.