author: El Juez Asociado Se. MacLeary, JUEZ SR. MACLEARY.

text:
    Márquez v. New York and Porto Rico S. S. Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 599.
    Resuelto en mayo 5, 1911.
    Pruebas Contradictorias — Apreciación del Tribunal Sentenciador — Injus-ticia Manifiesta. — Es jurisprudencia constante de los Estados Unidos y de este tribunal, que cuando la prueba es contradictoria, la apreciación que de la misma ha heeho el tribunal sentenciador no será modificada en apelación, a menos que se demuestre que es claramente errónea o ha causado injusticia manifiesta a la parte vencida en el pleito.
    Responsabilidad de Patronos — Let Federal de junio 11 de 1906 — Cuestión Planteada por Primera Vez en Apelación. — Aún cuando no se haya plan-teado en el tribunal inferior, la cuestión de si es o nó aplicable a un caso de indemnización de daños y perjuicios, la Ley Federal de Responsabilidad de Patronos de junio 11, 1906, puede alegarse dicha cuestión por primera vez en apelación.
    Id. — Aplicación a Puerto Rico de la Let Federal de Responsabilidad de Patronos de junio 11 de 1906. — No siendo las alegaciones de la demanda en este caso suficientes para invocar la aplicación de la Ley Federal de Respon-sabilidad de Patrones de junio 11, 1906, es innecesario resolver si está o nó vigente en Puerto Rico dicha Ley Federal y qué efecto haya podido producir con respecto a la validez de esta Ley en los Territorios de los Estados Unidos, la declaración hecha por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a la antieonstitucionalidad de esa ley en lo que respecta al comercio entre Estados. (JEI Paso & Northwestern Pailroad Co., y. Gutiérrez, 215 U. S., 87.
    Id.' — Ley de Responsabilidad de Patronos de Puerto Eico — Demanda Insufi-ciente. — En una demanda de daños y perjuicios entablada por un empleado contra su patrono por lesiones recibidas y que por sus alegaciones no encaja dentro de los párrafos 2 y 3 de la sección 322 de los Estatutos Eevisados de Puerto Eico, teniendo, por tanto, que regirse por el párrafo Io. de la misma sec-ción, y cuya demanda no alega que el daño íué originado, o no descubierto, o no remediado por la negligencia del patrono o de cualquiera persona a su ser-vicio, no alega -hechos suficientes para constituir -una causa de acción de acuerdo con dicha ley.
    Id. — Conocimiento de los Defectos o Estado Peligroso del Sitio Donde se Trabaja — Aceptación del Eiesgo. — Después que un empleado se da cuenta del estado peligroso del sitio en que trabaja y de los defectos que tiene, y sigue trabajando en él después de haberle llamado la atención a su patrono y de haber éste rehusado corregir dichos defectos, se presume qué el empleado • ha aceptado los riesgos consiguientes al estado peligroso del sitio en donde trabaja y no puede luego, en caso de accidente, reclamar daños y perjuicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Ahogados del apelado: Sres. E. S. Paine y N. B. K. Petting ill.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del .tribunal.

El juicio en este caso tuvo lugar ante la Corte de Distrito de Ponce, en 20 de enero de 1910. La sentencia fué dictada en 29 de abril del mismo año, contra el demandante, de acuer-do con la ley y los hechos. El actor expone en su demanda, que la demandada, la New York and Porto Eico S. S. Co., es una corporación constituida legalmente en el Estado de New York, que hace negocios en Puerto Eico, dedicándose al ser-vicio de vapores para el transporte de pasajeros y mercan-cías entre los puertos de esta Isla, y el de New York; y alega dicho demandante que el día 15 de junio de 1909, estaba empleado por la compañía demandada en los trabajos de des-carga de uno de los vapores de la misma, en el puerto de Ponce; y que se hallaba trabajando en el ‘tween-dech/ o sea la bodega superior; y que entre la bodega superior y la inferior, había, en el suelo, una escotilla que estaba cerrada con varias tablas qne ajustadas las unas con las otras, forma-ban nna plataforma. Qne nna -de dichas tablas era demasiado corta, y no llegaba hasta donde debía llegar, para cerrar la escotilla; qne debido a este hecho, al pasar el demandante por dicha tabla, ésta se desprendió, cayendo al fondo de la bodega inferior, y arrastrando en sn caída al demandante; y qne éste, a consecnencia de tal accidente, snfrio lesiones de considera-ción, qne le cansaron daños y perjuicios por valor de nove-cientos noventa y nueve dollars ($999). .

La compañía demandada alega como primer defensa:

Io. Qne la caída de la tabla era debida a la manera negli-gente en qne la habían colocado el mismo demandante y sns camaradas, qne eran sns compañeros de trabajo.

2o. Qne el demandante no sufrió lesiones a consecnencia d© dicha caída.

3o. Qne no hubo negligencia por parte de- la compañía de-mandada.

En sn alegato, el apelante señala dos errores. Primero, qne la Corte de Distrito de Ponce ha errado en la aprecia-ción de las pruebas, no estimando evidenciado qne la caída del demandante se debió a negligencia de la compañía deman-dada. Segundo, qne la corte de distrito ha incurrido en error al desestimar la demanda, por no ser aplicable a este caso, la doctrina de qne la ' negligencia del fellow-servcmt (com-pañero de trabajo) es imputable al employee (empleado).

Las pruebas, tales como se hallan consignadas en la expo-sición de hechos, no son muy extensas, pero, ciertamente re-sultan un tanto1 contradictorias. El demandante declaró qne sn caída y las consiguientes lesiones, resultantes de la mis-ma, fueron cansadas por la defectuosa condición de algunos de los tablones qne formaban la compuerta de la escotilla. Por otra parte, el piloto del vapor declaró a favor de la com-pañía, demandada, que el accidente no fné cansado por ningún defecto de los tablones, sino por el hecho de qne al empezarse a sacar nna eslingada de sacos de arroz, algunos de los ta-blones de la plataforma fueron cogidos por las sogas de la eslinga, y sacados de su sitio, de modo que el demandante, qne seguía a la eslinga se fné por el agujero así formado. Con respecto a varios otros puntos importantes, los testigos del demandante y de la demandada, respectivamente, hicieron de-claraciones directamente contrarias las unas a las otras; y es una regia bien conocida, y que ha- sido establecida en la juris-prudencia americana, y en varias decisiones de este tribunal, que en los casos, en que las pruebas son contradictorias, las conclusiones del tribunal sentenciador no serán modificadas en la apelación, a menos que sean claramente erróneas o que resulten en manifiesta injusticia para la parte vencida en el . pleito. Morales v. Central Machete, 2 Castro 603, y casos allí citados. No podemos, por tanto, decir que el tribunal senten-ciador incurrió en error en la apreciación de las pruebas, y al no estimar que la caída del demandante era debida a la ne-gligencia de la compañía demandada.

Pasaremos, por tanto, al segundo señalamiento de erro-res que se funda en el motivo, según se ba alegado, de que la doctrina con respecto al fellow-servant no es aplicable al demandante, por ser éste un empleado de la compañía deman-dada. En relación con este punto, el demandante, que es el apelante ante este tribunal, sostiene que la Ley Federal titu-lada Employers’ Liability Act y aprobada en 11 de junio de 1906, es aplicable al presente caso. Esta afirmación era probablemente un concepto formado posteriormente, puesto que de los autos no aparece que esta cuestión fuera planteada ante la corte inferior. Pero esto no importa; se puede pre-sentarla abora ante este tribunal. El abogado de la compa-ñía demandada, en su argumentación final ante esta Corte Suprema, admite francamente que la citada ley del Congreso, es la verdadera ley; y que siempre que en una demanda se consignen los hechos .necesarios para la aplicación de dicha ley en un caso entre empleados y patronos, ante las cortes de esta isla, desde ese momento es aplicable exclusivamente, sin que sea necesario mencionar especialmente dicha ley en las alegaciones. Esto es claramente el efecto evidente de la re-solución dictada en el caso de El Paso & Northwestern Railway Co. v. Gutiérrez, Adm’x., 215 U. S., 87. En el dictamen emitido en ese caso, se discutió la primera Ley Federal ante-riormente mencionada como aprobada en 1906; y el tribunal declaró que aunque dicba ley liabía sido declarada anticonsti-tucional por el Tribunal Supremo, en cuanto se refería al co-mercio entre los Estados (interstate commerce) quedaba, sin-embargo, en vigor, y era aplicable a otras clases de comercio. Esta ley, según se ha dicho, había sido declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el año 1907; a lo menos en cnanto se refería al comercio entre los estados. (Véanse Employers’ Liability Cases, 207 U. S., 463. Véase también Atchison R. R. Co. v. Mills, que es un ca-so resuelto en Texas, 108 S. W., 480.) Pero se ha dicho por el Juez Sr. Day, en el dictamen que a nombre del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, emitió en el caso de Gutié-rrez, en 15 de noviembre de 1909, que:

“En la resolución de los Employers’ Liability Cases (casos refe-rentes a la responsabilidad de patronos), 207 U. S., 463, este tribunal no declaró anticonstitucional la ley de 11 de junio de 1906, 3073 Stat., 232, en cuanto se refería al Distrito de Columbia y los territorios, y expresamente se negó a interpretar dicha ley en el sentido de que fuera aplicable solamente a aquellos empleados de conductores públi-cos en dicho distrito y los territorios, que estaban ocupados en el comercio entre los estados.”

El Paso & N. E. Ry. v. Gutiérrez, 215 U. S., p. 88.

Pero cualquiera que sea el efecto que esta decisión pueda tener con respecto a la validez del Estatuto Federal en los Territorios de los Estados Unidos, no es necesario decidir en este caso tal cuestión en cuanto a Puerto Rico concierne, ya que las alegaciones de la demanda no son suficientes. En tal virtud dejaremos abierta la cuestión para decidirla cuando sea necesario. Sin embargo, dicho demandante tiene derecho a los beneficios de la Ley Insular, definiendo las relaciones entre patronos y empleados, y está sujeto a los términos de dicha ley. (Véanse los Estatutos Revisados de Puerto Rico, Art. 322’y siguientes, páginas 162 y siguientes.)

Las alegaciones contenidas en la demanda,, demuestran que la relación de amo y sirviente, o patrono y empleado, existía entre las partes, y se alega en dicha demanda, que el deman-dante, en el momento de ocurrir el accidente, procedía con el debido celo y diligencia; pero no se alega negligencia alguna por parte de la demandada que corresponda a alguna de las disposiciones de cualquiera de las tres subdivisiones del artí-culo 322 de la Ley Insular. Las subdivisiones dos y tres tra-tan de la negligencia por parte de los agentes del demandado. No se ha hecho en la demanda mención ni referencia a agente alguno; de modo que la subdivisión que debe aplicarse, es la marcada con el número uno (1). “Esta se refiere a defectos en el estado de vías de comunicación o en el de las obras o máquinas que se usen en relación con la empresa del patrono, o en ella misma. ’ ’ Declarando que la compuerta de una esco-tilla, por ser uno de los aparatos necesarios que se emplean en la empresa de la compañía demandada, está comprendida en la descripción hecha en la ley, bajo el nombre de maquinaria, debe observarse que la ley está ulteriormente limitada en sus términos, por las -palabras que siguen a las anteriormente transcritas, a saber: “Y el daño fuera originado, o no descu-bierto, o no remediado, por la negligencia del patrono, o de cualquier persona,” etc. Puesto que no existe alegación al-guna por la que se pretenda exponer quién es la persona por cuya negligencia este estado o colocación defectuosa de los tablones de la compuerta de la escotilla “fué originado o no descubierto o no remediado” debe entenderse que la-demanda por esta circunstancia deja de exponer un caso que esté com-prendido ‘ dentro de la Ley de Puerto Rico, relativa a la res-ponsabilidad de los patronos.”

La responsabilidad del demandante por los actos u omi-siones de sus compañeros de trabajo, no surge necesariamente en el presente caso; y, según nuestro parecer con respecto a los hechos y la-ley aplicable a los mismos, no es necesario se-guir discutiendo por más tiempo este hilo de la cuestión. To-davía será tiempo determinar basta qué punto la doctrina con respecto a compañeros de trabajo ba sido modificada por la Ley Insular relativa a la responsabilidad de los patronos, cuando se presente algún otro caso que directamente envuelva 'dicba cuestión.

'Es indiscutible que era el deber de la compañía deman-dada procurar para su empleado o sea el demandante en el presente caso, un lugar seguro para su trabajo; y con tal que el demandante hubiera demostrado que no bubo falta por su parte en este asunto, podría quizás baber recobrado una indemnización por daños y perjuicios, siempre que hubiera hecho las alegaciones necesarias para que su caso hubiera estado comprendido en el referido estatuto. Pero, según su propia admisión, él conocía los defectos de la plataforma antes de ocurrir el accidente. El dice especialmente por conduc-to de su abogado, que él y sus camaradas o compañeros de trabajo, le llamaron la atención al piloto sobre el mal estado de los tablones que formaban la plataforma, y que dicho ofi-cial le ordenó a la cuadrilla continuar el trabajo, alegando que los tablones estaban en buena condición, y diciendo “Good, good, go ahead” (bien, bien, continúen). Es verdad que el piloto mismo niega que se le había llamado la atención sobre el estado de la plataforma, pero el capataz de la cuadri-lla apoya con su testimonio las declaraciones de los testigos del demandante. Sin embargo, después de haberle llamado la atención al piloto, sobre el estado peligroso de la escotilla, y de los tablones que formaban la plataforma cubriéndola; y después de su negativa o descuido de remediar dichos defec-tos, o de prometer hacerlo más tarde, el demandante y sus compañeros de trabajo continuaron el trabajo sin ulterior protesta, asumiendo al hacerlo así, el riesgo que corrían al trabajar sobre una plataforma defectuosa. Está bien esta-blecido que aunque el empleado no está obligado a formar jui-cio con respecto al método del patrono de administrar su em-presa, y tiene el derecho de asumir que se ejercerá un cuidado razonable en procurar aparatos seguros tales como sean nece-sarios para administrar la empresa, sin embargo, esta regia está sujeta a la excepción de que cuando un defecto es conoci-do por el empleado y es tan evidente que él u otras personas puedan fácilmente verlo, no puede impunemente seguir usan-do el aparato defectuoso, a pesar de tal conocimiento y sin llamar la atención a su patrono sobre dicho defecto y hacer s-us objeciones. Si el empleado lo hace así, asume el riesgo incidente a tal situación. En otras palabras, si él tiene cono-cí -viento del defecto, y continúa al servicio de su patrono, sin llamarle a éste la atención sobre el mismo, o sin hacer obje-ción alguna contra dicho defecto, se. entenderá que ha elegido continuar al servicio de -su patrono a su propio riesgo, no obs-tante el defecto, y si ocurriese algún accidente debido al mis-mo, no podrá recobrar indemnización alguna por daños y per-juicios con motivo de tal accidente.

Choctaw, etc. R. R. Co., v. McDade, 191 U. S., 64.

El Juez Sr. Van Devanter, que recientemente ha ocupado un asiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, mien-tras fué juez de circuito, se expresó en los siguientes térmi-nos, con respecto a un caso un tanto análogo al que nos ocupa:

“Pero se ha -dicho que su intervención en el trabajo de colocar los . estacones en el vagón, no fué voluntaria, porque lo hizo en cumpli-miento de las órdenes de su jefe, o sea el conductor. La premisa es correcta, pero no le sigue la conclusión. Al interfecto le constaba que había peligro, y en ese sentido se encontraba en la misma situación que el conductor. Sin embargo, cumplió la orden de éste sin objeción, a pesar de que pudo optar por cumplirla o nó. La ley considera que tal .acción es voluntaria. Es un principio bien establecido que cuando un empleado sabe y comprende que el trabajo que esté próximo a emprender, envuelve peligro, acepta el riesgo de ser herido, o será culpable de negligencia concurrente, según sea el caso, aun cuando emprenda el trabajo bajo la orden o dirección del representante del patrono.”

Chicago Great Western Ry. Co. v. Gretty, 141 Fed., 913.

El apelante no puede eludir la fuerza de esta decisión diciendo que le llamó la atención al piloto, sobre el estado defectuoso de la plataforma qne cubría la escotilla. Esta excusa pudiera haberle sido útil, si el piloto, al llamársele la atención sobre el defecto, hubiera prometido remediarlo; pero no hizo tal promesa, y, en efecto, se negó virtualmente a remediar el defecto, o a prometer siquiera hacerlo, afir-mando que no había peligro y que la plataforma estaba en' buen estado. Y no habiendo tomado el piloto medida alguna para reparar o evitar el defecto, ni prometido hacerlo, no surge ninguna cuestión sobre si los oficiales del vapor tuvieron o nó una oportunidad para hacer las reparaciones. El deman-dante tenía conocimiento del peligro y la demandada se negó a remediar los defectos que se le habían indicado o a hacer promesa alguna con respecto a los mismos, colocando de este modo al empleado en la alternativa de negarse a continuar trabajando 'en el sitio peligroso, según lo había encontrado, o a asumir el riesgo de los defectos y peligros sobre ios cua-les había llamado la atención. No hay nada en estos concep-tos que, en nuestra opinión, sea contrario a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Insular relativa'-a la responsabilidad de los patronos, con tal que dichas disposiciones sean inter-pretadas justamente. (Veánse Estat. Rev. de Puerto Rico, Sección 329, p. 166.)

En un caso muy conocido, procedente del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, la Corte Suprema de los Estados Unidos hace las siguientes observaciones:

“El demandante había tenido experiencia en la clase de trabajo en que se encontraba ocupado, cuando sufrió su herida. Comprendió desde el principio el peligro que corría mientras trabajaba en la are-naria. No hubo garantía ninguna por parte del distrito, mediante su supervisor, de responder de los daños que pudiera sufrir con ante-rioridad al nombramiento de una persona que vigilara en la arenaria; y no estaba convenido tácitamente en el contrato entre el demandante y el distrito que podía exponerse a peligros temeraria o innecesaria-mente. Al contrario, si el distrito pudiera tener responsabilidad para con él por motivo de la negligencia de sus oficiales o funcionarios, bajo cuyas órdenes prestaba sus servicios el demandante, este tema la obli-gación ele proceder con el debido cuidado necesario para protegerse de los daños personales que pudiera sufrir en el desempeño de su deber, del cual pudiera nacer dicha responsabilidad. Si dejó de proceder con el expresado cuidado; si se expuso a peligros tan amena-zantes o evidentes que comprendió que de un momento a otro pudieran producirle daños, no obstante las promesas de la naturaleza alegada que la hiciera el supervisor del distrito, sería culpable, sin embargo, de negligencia concurrente que le privaría del derecho de recobrar daños por las heridas sufridas.”

Dist. of Columbia v. McElligott, 117 U. S., 621.

Por consiguiente, podemos repetir que toda vez que el demandante por su propia declaración demuestra que tenía conocimiento de los defectos que existían en la escotilla y en la plataforma que la cubría y de los consiguientes peligros, por los cuales estaba rodeado, y continuaba trabajando en el sitio inseguro sin que se adoptara medida alguna o hiciera ninguna promesa por parte del patrono, de remediar el defec-to, el demandante asumió así el riesgo de cualquier peligro que pudiera acecharle en su camino; y al ocurrir el accidente, no tenía en tales circunstancias derecho alguno para reclamar ninguna obligación por parte de la compañía demandada de indemnizarle por los daños que puede haber sufrido. Así es que con tal que las alegaciones contenidas en la demanda no hubiesen permitido aplicar las disposiciones de la Ley Insular, que regulan las relaciones entre patronos y empleados, el demandante no podría recobrar una idemnización por daños y perjuicios en virtud de dicha ley.

Siendo éste nuestro parecer con respecto a las cuestiones de que se trata, no es necesario examinar los otros aspectos del caso. Ninguno de los errores señalados por el apelante, puede serle útil, por no estar sostenidas por los autos. Siendo éste el caso, debe confirmarse la sentencia dictada por el tribunal inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y 'Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

DICTAMEN SEPARADO EMITIDO POR EL

JUEZ SR. MACLEARY.

El dictamen emitido en el presente caso, en el día de ayer, era el dictamen oficial de esta corte, o sea el dictamen con que todos los miembros del tribunal estaban de acuerdo; y aunque dicha opinión fué escrita por mí, en un solo punto, no tiene mi cordial aprobación. No hay vacilación alguna entre los jueces de la corte, con respecto a la cuestión de la confirmación de la sentencia del tribunal inferior; pues todos están de acuerdo con nuestra sentencia, dictada en tal sen-tido. Pero, algunos de nosotros, o por lo menos yo, no esta-mos conformes con el párrafo que dice: “Cualquiera que sea el efecto que esta decisión* pueda tener con respecto a la validez del estatuto federal en los territorios de los Estados Unidos, no es necesario decidir en este caso tal cuestión en cuanto a Puerto Rico concierne, ya que las ale-gaciones de la demanda no son suficientes. En tal virtud, dejaremos abierta la cuestión para decidirla cuando sea ne-cesario. ’ ’ La cuestión de si los Estatutos Federales son apli-cables a su caso, tal como éste ha sido presentado aquí, fué claramente planteada por el apelante, en su alegato. Con respecto a ese punto, digimos en el dictamen emitido ayer: “Esta afirmación era probablemente un concepto formado posteriormente, puesto que de los autos no aparece que esta cuestión fuera planteada ante la corte inferior. Pero, esto no importa; se puede presentarla ahora ante este tribunal. El abogado de la compañía demandada, en su argumentación final ante esta Corte Suprema, admite francamente que la citada ley del Congreso, es la verdadera ley; y que, siempre que en una demanda se consignen los hechos necesarios para la aplicación de dicha ley, en un caso entre empleados y pa-tronos, ante las cortes de esta Isla, desde ese momento es aplicable exclusivamente, sin que sea necesario mencionar especialmente dicha ley en las alegaciones.” Esta cuestión había sido objeto de la consideración del tribunal desde la fecha de la presentación del alegato del apelante en el pre-sente caso, o sea desde el 15 de octubre de 1910. Después de la primera vista, que se celebró el día 17 de enero último, creimos que dicha cuestión y algunas otras, eran de suficiente importancia para ordenar una nueva vista, con motivo de varias preguntas sometidas a los abogados, para su discusión. Dicha orden es como sigue:

‘ ‘ Atendida la importancia de las cuestiones legales envuel-tas en la resolución de este caso, es ordenado que el mismo sea señalado para nueva argumentación escrita y oral, sobre los siguientes puntos:
“Io ¿Son aplicables a los hechos de este caso, los esta-tutos sobre responsabilidad de patronos, aprobados por el Congreso y la Legislatura Insular? y en caíso afirmativo, ¿en qué sentido son aplicables?
“2o. ¿Aparece de los hechos de este caso, que el empleado asumió los peligros propios de su empleo?
“3o. ¿Qué obligaciones tenía el patrono en este caso, con relación a proporcionar a su empleado un sitio seguro, en que trabajar?
“4o. ¿Qué otras cuestiones pertinentes hay envueltas en la resolución de este caso?
“Para la celebración de la nueva vista de este caso ante el Tribunal Pleno, se señala el día tres de abril proximo, a las dos de la tarde.”

Esta nueva vista se celebró el día 3 del pasado mes de abril, y se admitió la constitucionalidad, fuerza y vigor de dicho estatuto. T sólo después de haberse estado conside-rando la referida cuestión, durante más de veinte y ocho se-manas, es que se sugirió una duda con respecto a ese asunto. Esas dudas fueron alegadas con tal persistencia, que para llegar a una decisión en dicho caso, era finalmente necesario, modificar la opinión. Yo, por mi parte, nunca dudé, por un solo momento, de que los distinguidos letrados que represen-taban las dos partes en el presente caso, y quienes admitieron la validez de las citadas leyes, y su aplicabilidad en Puerto Rico, tenían razón en cuanto a las conclusiones a que habían llegado después de meses de estudio, y después de dos vistas celebradas antes este tribunal, con un intervalo de setenta y seis días entre las mismas.

En mi opinión, era claramente el deber de este tribunal, resolver dicha cuestión de un modo u otro; especialmente cuando el derecho del apelante, de interponer recurso de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Enidos depen-día de nuestra resolución con respecto a ese punto. Sección 35 de la Ley Orgánica. Además, es de interés general para la Isla, que las leyes aquí vigentes, sean precisas y determi-nadas ; y no debe dejarse en duda la cuestión de si un Esta-tuto Federal está o nó vigente en nuestro pueblo. Los tribunales de la Isla, y menos que ninguno, el Tribunal Supremo, jamás deben dar lugar a que surjan dudas con respecto a las ■leyes que han de regir en nuestro pueblo, y por las que se determinan sus derechos y sus obligaciones. Ni la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni los abogados que postu-lan ante la misma, ni el foro de Puerto Rico, parecen haber tenido duda alguna sobre dicha cuestión. Siendo así ¿por qué hemos nosotros de hacer surgir una duda y luego dejar de resolverla? ¿Es esto sabio o patriótico? Yo creo que nó. Creyendo, por consiguiente, que era claramente el deber de este tribunal, declarar si los Estatutos Federales. con res-pecto a la responsabilidad de patronos, para con sus emplea-dos, estaban o nó vigentes en Puerto Rico, incluí original-mente tres párrafos en el dictamen del Tribunal, que dicen lo siguiente:

“Con arreglo a esta decisión, debemos declarar que dicha Ley Federal, que regula las relaciones entre ciertos patro-nos y sus empleados, está vigente en Puerto Rico, lo mismo que en otros territorios de los Estados Unidos.”

Después de haberse declarado- que esta primera ley era, a lo menos, hasta cierto punto, anticonstitucional, el Con-greso de los Estados Unidos aprobó una nneva ley sobre la misma materia, en 22 de abril de 1908. (Véanse Statutes at Large of the United States, chapter 149.) Esta ley reem-plazó la anterior, a lo menos con respecto a conductores pú-blicos que lo'eran mediante ferrocarriles; y toda vez que versa sobre la misma materia, y abarca toda la cuestión, de-roga implícitamente la ley primeramente mencionada en todo aquello en que las dos sean'contradictorias o incompatibles, pero en nada más. (Tracy v. Tuffly, 134 U. S., 223; U. S. v. Tyner, 11 Wall, 88 y 95; Cook Co. Nat. Bk. v. U. S., 107 U. S., 445; Norris v. Crocker, 13 How., 429; Bartlet v. King, 12 Mass., 537; Com. v. Cooley, 10 Pick, 36, 27 Mass; Com. v. Kimbal, 21 .Pick, 376; 38 Mass; Pierpont v. Crouch, 10 Cal., 315; Sutherland Stat. Cons., pp. 207 and 208; Guerra v. P. R. R., resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico en 7 de abril de 1905; véase Fed. St. Ann. p. 584, nota en p. 586.)

La última ley, según lo demuestra su título, se refiere únicamente a conductores públicos que lo son mediante ferro-carriles. Este'hecho la hace inaplicable al presente caso, y el demandante en este pleito, no puede reclamar los benefi-cios de dicha ley. Toda vez que la ley primeramente mencio-nada, con arreglo a sus términos, es aplicable a conductores públicos y sus empleados y limitada en su aplicación a dichos conductores y empleados es necesario que se haga en la de-manda la alegación de que la compañía demandada es un conductor público. No aparece en la demanda tal alegación, y no existe en los autos nada que demuestre que la compañía de-mandada sea tal conductor público. No podemos apartarnos de los autos, en busca de informes de esta índole. La com-pañía demandada puede ser un .conductor público o un conductor privado, y en la demanda deben exponerse los hechos necesarios para lograr que el caso esté comprendido dentro de la esfera de acción de la Ley Federal, si el demandante desea invocar la protección de la misma.

Según parece, estas observaciones fueron aprobadas por el tribunal; pero antes de firmarse definitivamente la senten-cia, resultó que surgieron dudas entre algunos de mis com-pañeros, y se suprimieron dichos párrafos.

Según yo pude comprender' el supuesto origen de dichas dudas, éstas nacieron de la creencia de que los referidos esta-tutos quizás fuesen localmente inaplicables en Puerto Rico. No acierto a encontrar en los mismos estatutos, cosa alguna que indique que ese era el parecer del Congreso, cuando dichos estatutos fueron aprobados. Ni encuentro, tampoco, en las Decisiones del Tribunal Supremo, nada que justifique la opinión de que la idea predominante en aquel augusto tribunal, haya sido de que Puerto Rico estaba excluido de la protección de aquellos estatutos. Examinemos las autori-dades.

Según la decisión dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la ley de 1906, sobre responsabilidad de patronos, era claramente aplicable a los Territorios, y cons-titucional en lo que a ellos hacía referencia. (Los casos sobre responsabilidad de patronos, 207 U. S., 463-541; El Paso & N. R. Co. v. Gutiérrez, 215 U. S., 87.)

En igual sentido se expresa, en su brillante opinión, el Señor Shepard, 'Juez Presidente del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, en el caso de Hyde v. Southern Ry. Co., 31 App. D. C., 466.

Entonces, ¿por qué no está dicha ley en vigor en Puerto Rico? Se sugiere que es o puede ser “localmente inapli-cable.” Con arreglo el artículo 14 de la Ley Orgánica, todas las leyes del Congreso que no son localmente “inaplicables,” se consideran que ‘‘ tienen la misma fuerza y efecto en Puerto Rico, que en los Estados Unidos.” ¿Qué es lo que hay en la esencia de esta ley, que la haga “localmente inaplicable”? En vano se ha hecho un examen minucioso de todas las sec-ciones de la misma, en busca de alguna razón por la que sea “localmente -inaplicable”; habiendo resultado también infruc-tuosa la investigación que hemos hecho de todas las deci-siones de este tribunal, y de las de todas las Cortes Fede-rales, con el fin de averiguar si algún juez lia sustentado o apoyado tal teoría.

En época tan remota como el año 1879, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fijó la facultad del Congreso para legislar para los Territorios. Dicho Tribunal por con-ducto de su Juez Presidente, Hon. M. R. Waite, se expresó en los términos siguientes:

“Todo territorio comprendido en la jurisdicción de los Estados Unidos, y que no forme parte de ningún Estado, debe necesariamente regirse por o de acuerdo con la autoridad del Congreso. Los terri-torios no son sino subdivisiones políticas del dominio de los Estados Unidos, no comprendido dentro de su propio territorio. La relación de éstos con el gobierno general, es muy semejante a la qué existe entre los condados y sus respectivos Estados, pudiendo el Congreso legislar para ellos en igual forma que lo baeen los Estados para sus organiza-ciones municipales. La Ley Orgánica de un Territorio equivale a una constitución, como ley fundamental del gobierno local. Es obliga-toria y obliga a las autoridades territoriales; pero el Congreso es supremo, y para los fines de este ramo de su autoridad gubernamental, tiene todas las facultades del Pueblo de los Estados Unidos, excepto aquellas que expresa o tácitamente hayan sido reservadas en las clausulas prohibitorias de la Constitución. En la Ley Orgánica de Dakota, no existía ninguna reserva expresa referente al poder del Congreso, para hacer enmiendas a las leyes de la Legislatura del Terri-torio, ni era necesario que existiera. Esa facultad es un atributo de la soberanía, y continúa hasta que sea quitada. No solamente puede el Congreso derogar leyes de la Legislatura de un Territorio, sino que también puede legislar expresamente para el gobierno local. Tiene facultad, para restablecer y poner en vigor una ley de la Legislatura del Territorio, que sea nula, y, asimismo, para anular una ley que esté en vigor. En otras palabras, el Congreso tiene plena y completa auto-ridad legislativa sobre los habitantes de los Territorios, y todos los departamentos de los gobiernos territoriales. Puede hacer con res-pecto a los Territorios, lo que, según la Constitución de los Estados Unidos el pueblo puede hacer para los Estados.”

National Bank v. County of Yankton, 133 U. S. Rep., 101.

Pero se sugiere, o puede sugerirse, que Puerto Rico no es un “Territorio” de los Estados Unidos, dentro del al-canee de la Ley sobre Responsabilidad de Patronos. ¿Por qué no? Al discutirse en el caso de la Iglesia Católica Ro-mana, la aplicabilidad de la Ley de 30 de julio, 1886, qne puso en vigor ciertas prohibiciones contra “las Legislatu-ras de los Territorios,” se declaró qne la ley era inaplica-ble, no porque Puerto Rico no estuviera comprendido en la palabra /‘Territorios,” sino porque aquella ley había sido • derogada por la disposición especial de la Ley Foraker, ex-presándose el Juez Presidente Fuller, a nombre del tribunal, con respecto a este asunto, en los siguientes términos:

“Pero, tales prohibiciones generales no son de aplicación en los casos en que se concede un permiso especial, en sentido contrario, por la Ley Orgánica de los Territorios en cuestión.”

Continúa más adelante en la opinión, el Juez Presidente, diciendo:

“La Ley de Puerto Rico que estamos considerando, meramente es una repetición del procedimiento seguido por el Congreso en el pasado, al organizar otros Territorios.”

Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U. S., 296, 307, 308. Esta opinión fué emitida en el año 1907, y en ella evidente-mente se considera a Puerto Rico como un Territorio de los Estados Unidos, al que debe aplicarse la legislación general del Congreso.

T al año siguiente el mismo eminente jurista, al hablar a nombre del mismo alto Tribunal, sostiene el mismo prin-cipio jurídico en un caso bien conocido, en el que la cues-tión que se discutía, era la aplicación de un estatuto que se había aprobado mucho antes de la guerra con España, y que disponía que podían reclamarse los prófugos de la justicia “a la autoridad ejecutiva de cualquier Estado o Territorio a donde hubieran huido dichos prófugos, etc.” Al terminar su opinión en dicho caso, el Juez Presidente dijo:

Puede afirmarse justamente o que Puerto Rico es un Territorio completamente organizado, aunque no es un Territorio incorporado a los Estados Unidos.”

State, ex rel. Kopel v. Bingham, 211 U. S., 468, 476.

Y en una parte anterior de la misma opinión, la corte adopta como definición de la palabra “Territorio,” según dicha palabra se usa en la legislación del Congreso, la si-guiente :

“Una parte del país, que no está comprendido en los límites de ningún Estado, y no admitida aún, como Estado, en la Unión, pero organizada de acuerdo con las leyes del Congreso, con una Legislatura separada, bajo un gobernador territorial, y otros funcionarios nom-brados por el Presidente y el Senado de los Estados Unidos.”

Kopel v. Bingham, 211 U. S., 475.

Esta definición se ha aplicado a esta Isla, y sú se hizo correctamente, entonces Puerto Rico es uno de los Terri-torios a los que se quiso hacer extensiva la ley de 1896, sobre responsabilidad de patronos. Si la primera ley es de apli-cación a Puerto Rico, entonces también lo es la segunda; puesto que ella es simplemente una ley enmendando la anterior, y se refiere solamente a conductores públicos que lo sean por ferrocarril. Con respecto a este particular, no puede existir por más tiempo ninguna duda en la mente más vaci-lante.

Es de esperarse que este tribunal aproveche la primera oportunidad para resolver cualesquiera dudas e incertidum-bres^ que la vacilación demostrada en el dictamen emitido en el día de ayer, pueda hacer surgir en la mente de los 'miem-bros del foro, y de otras personas interesadas en esta cues-tión; y que nosotros aceptemos las responsabilidades colo-cadas sobre nuestros hombros, por las leyes de nuestro país y desempeñemos todos nuestros' deberes para con el país y sus habitantes, sin .más demora ni vacilaciones.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Veve v. Lloreda, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de cei tioi ari.

    No. 72.
    Resuelto en mayo 5, 1911.
    Expropiación Forzosa — Partes Iníeresadas — Dueño—Arrendatario. De acuer-do con la sección 4 de la Ley de Expropiación Forzosa de marzo 12, 1903, enmendada en marzo 12, 1908, el procedimiento debe dirigirse contra el dueño o dueños del terreno que se trate de expropiar, pero en el caso de que dicho terreno estuviere arrendado, el arrendatario tiene derecho a intervenir en el procedimiento y a ser considerado realmente como parte interesada en el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: Sr. Manuel Tons Soto.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Garvan & Armstrong y Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso de certiorari. Presentada la solicitud, se expidió el auto dirigido contra el Juez de la Corte de Dis-trito de Hnmacao, ordenándosele que remitiera las actuacio-nes originales en el pleito de The Fajardo Development Co. v. Miguel Zalduondo Veve, sobre expropiación forzosa, y se señaló la vista del recurso para el 26 de abril último. En dicho día comparecieron, pór medio de sus abogados, la pe-ticionaria y la demandante en el pleito indicado en informa-ron oralmente, presentando además la dicha demandante un alegato escrito y concediéndose a la peticionaria tres días para contestarlo.

Examinado el caso en su totalidad, resulta que The Fa-jardo Development Co., una corporación 'organizada e in-corporada bajo las leyes del Estado de Connecticut, debida-mente autorizada para hacer y haciendo negocios en Puerto Pico, entabló en la Corte de Distrito de Humacao el 1 de. octubre de 1910, demanda contra Miguel Zalduondo Veve so-bre expropiación de cierta faja de terreno de su propiedad, que se estimó necesaria para la construcción de un ferrocarril.

Discutidas y resueltas las excepciones, previas y moción para eliminar del demandado, la corte de . distrito señaló finalmente el día 21 de abril de 1911 para la celebración de la vista.

Así las cosas, el día 11 de abril de 1911, compareció ante la corte de distrito Clotilde Veve, viuda de Yaamonde, y ale-gando su interés en el pleito por ser arrendataria del terreno que se intentaba expropiar, solicitó que se la considerara co-mo parte necesaria en el mismo, que se archivara cierto es-crito de excepciones previas que acompañaba y que se suspen-diera la vista. Y la Corte de Distrito resolvió:

“Hoy 12 de abril de 1911 la corte resuelve: a la solicitud de inter-vención en este caso, presentada por Doña Clotilde Veve; aunque no se acompaña por la peticionaria, la escritura de arrendamiento, a que se refiere su solicitud, y que comprueba su carácter de arrendataria de la finca objeto de expropiación, la corte en virtud del interés que la peticionaria alega tener, en los daños o perjuicios ocasionados por la expropiación de la finca, que dice ocupa, como arrendataria; y de acuerdo con la sección 5a. de la ley sobre expropiación forzosa, enmen-dada por ley de 12 de marzo de 1908, autoriza a la solicitante doña Clotilde Veve, Vda. de Vaamonde, para comparecer y alegar su de-recho por lo que respecta al interés que en la propiedad tuviere o reclamare, en el juicio señalado para el día 21 de los corrientes, sin que baya lugar a considerarla como parte necesaria, pues este concepto corresponde solamente al propietario del terreno, conforme a la sec-ción 4a. de dicha ley de expropiación. Se desestima, por tanto, la suspensión del juicio solicitada, y la de radicación de un pliego de excepciones previas; debiendo la parte peticionaria notificar esta resolución a la demandante.”

La peticionaria alega que habiéndosele negado el carác-ter de parte en el pleito sobre expropiación y su derecho a radicar excepciones previas en el mismo, se cometió por la corte de distrito un error de procedimiento que debe corre-girse por esta Corte Suprema dentro de este recurso de cer-tiorari.

La sección 4 de la ley sobre expropiación forzosa de 1903, enmendada -en 1908, dispone que hecha la declaración de uti-lidad pública de una obra, si los dneños de la propiedad que haya de ser expropiada no se aviniesen por cualquier mo-tivo a consentir la expropiación o expropiaciones que aquella requiera, determinará ello nna cansa de acción en favor del qne haya de realizar dicha obra y podrá éste ejercitarla contra los mencionados propietarios ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial en que radique el todo o parte de la pro-piedad de que se trate y en la forma ordinaria que el Código de Enjuiciamiento Civil determina para el ejercicio de las acciones.

El procedimiento debe dirigirse, pues, como se dirigió en el presente caso, contra los propietarios, por ser ellos los fundamentalmente interesados, ya que se trata de privarlos, por causa de utilidad pública y previo el pago de la indemni-zación correspondiente, de aquello que legítimamente les per-tenece.

Pero como es posible que existan otros interesados en la propiedad que se intente expropiar que puedan resultar per-judicados con la expropiación, el legislador también dispuso en la mencionada ley, sección 5a. enmendada, que todas las personas que ocuparen cualquiera de las propiedades des-critas en la demanda, o que tuvieren o pretendieren tener cualquier interés en la misma, o en ios daños y perjuicios oca-sionados por la expropiación, aunque no se les mencionare en ella, podrán comparecer y alegar su derecho, cada una por lo que respecta al dominio o interés que en la propiedad tu-viere o reclamare de igual modo que si su nombre figurare en la demanda.

Si es cierto que la peticionaria tiene arrendados los te-rrenos que se trata de expropiar, su derecho a intervenir en el pleito de expropiación es indiscutible, de acuerdo con la ley y la jurisprúdencia. Esta Corte Suprema en el caso de The American Railroad Company of Porto Rico v. José Vicente Quiñones, decidido el 11 de enero de 1909, dijo:

“Los derechos, no sólo del propietario, sino que también de cual-quier arrendatario deben tenerse en consideración por la corte que dicte una sentencia en un procedimiento de expropiación forzosa. El propietario tiene derecho a percibir el valor de su terreno y de cualesquiera daños causados con la privación de la propiedad; el arrendatario tiene derecho a percibir el valor del arrendamiento de ' la propiedad tomada y de cualesquiera daños que sufra por la destruc-ción de cosechas y demás, y esta indemnización debe pagarse tanto al propietario como al arrendatario, caso de haberlo, antes de que pueda disponerse de la propiedad para el uso público indicado. ’ ’

Iniciado el pleito de expropiación contra el verdadero dueño de los terrenos, se inició de acuerdo con la ley. El hecho de que la arrendataria de dichos terrenos no figurara como parte demandada, no daña en manera alguna el pro-cedimiento. En cuanto la dicha arrendataria quiso gestio-nar en el pleito, lo hizo y la corte se lo permitió, pero errando, a nuestro juicio, al no considerarla como parte necesaria en el pleito, pues una vez que se demuestra la existencia de un arrendatario que alega que tiene interés en el asunto y que se le causarán daños y perjuicios con la expropiación, tal arrendatario es parte en el procedimiento.

Entendemos que la corte de distrito erró también al no permitir que la peticionaria archivara su escrito de excepcio-nes previas. La corte debió permitir que tal escrito se archi-vara y si era por sus méritos improcedentes, debió haberlo desestimado. Si la Corte estaba convencida de que tales ex-cepciones eran manifiestamente improcedentes y se presen-taban con el solo objeto de dilatar el procedimiento, debió rechazarlas por tales razones, haciendo constar siempre que la arrendataria tenía abierto el procedimiento para alegar su derecho por escrito y probarlo en el acto de la vista.

En virtud de todo lo expuesto, debe anularse la orden de la Corte de' Distrito de Humacao de 12 de abril de 1910 dic-tada en el dicho pleito de The Fajardo Development Co. v. Miguel Zalduondo Veve, sobre expropiación y devolverse los autos a la mencionada corte para que continúe actuando en una forma que no sea inconsistente con esta opinión.

Con lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MaoLeary,

text:
    Marrero v. Skerret et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 580.
    Resuelto en mayo 5, 1911.
    Censos — Cura Ecónomo — Personalidad para Cobrar un Censo — Obispo Cató-lico de Puerto Eico. — El Obispo Católico Romano os la única persona que puede entablar una acción en cobro de los intereses de un censo, sin que un cura ecónomo ni un cura párroco tengan tales facultades.
    Id. — Prueba de la Constitución de un Censo — Acción en Cobro de Intereses de un Censo. — Para que pueda prosperar la acción de cobro de intereses adeudados de un censo es indipensable probar con la mejor prueba la exis-tencia de tal gravamen, siendo el documento original o una copia certificada del mismo la mejor prueba de la constitución de tal gravamen.
    Id. — Insuficiencia d'e la Prueba del Demandante — Prueba del Demandado— Negación General de la Demanda. — No habiendo probado el demandante las alegaciones de su démanda, no están los demandados en la obligación de pre-sentar pruebas algunas, siendo suficiente la negación general de la demanda.
    Censo — Cobro de Intereses — Prescripción—Acción Personal. — La acción en cobro de intereses de un censo tiene el carácter de personal y prescribe a los cinco años.
    Id. — Acción en Cobro del Capital de un Censo — Prescripción—Acción Real.— La acción en cobro del capital de un censo es de carácter real y prescribe a los treinta años.
    Id. — Reconocimiento de un Censo — Admisión en Perjuicio de Terceros. — Un supuesto reconocimiento de un censo hecho por los dueños de una finca en una época en que ya habían vendido dicha finca, no puede perjudicar a los causa-habientes que han adquirido con anterioridad a dicho reconocimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José L. Pesquera.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Sr. MaoLeary,

emitió la opinión, del tribunal.

En el presente caso, el Presbítero Alfonso Marrero, Cura Ecónomo de la Parroquia de Toa Baja, entabló este pleito contra los demandados, expresando los nombres de los mis-mos, y alegando que se encuentran en posesión de los terre-nos que componían la antigua hacienda “Julita,” con el fin de cobrar la suma de cuatro mil trescientos cincuenta y cua-tro pesos ($4,354) españoles, por concepto de reditos anuales de un capital a censo de tres mil seiscientos veinta y ocho pesos y setenta y cinco centavos ($3,628.75) macuquinos, co-rrespondientes a los últimos veinte y siete años; el cual censo se dijo afectaba a todos los terrenos de dicha hacienda “Ju-lita. ’ ’ En la demanda aparecen las siguientes alegaciones esenciales: '

“(a) La posesión por parte de los demandados de las diversas suertes o parcelas, en que se fraccionó la hacienda “ Julita.
“ (b) La de que sobre dicha hacienda pesa un capital a censo por la expresada suma de tres mil doscientos veinte, y cinco pesos cincuenta y cinco centavos españoles, equivalencia de tres mil seiscientos veinte y ocho pesos setenta y cinco centavos macuquinos, pertenecientes al Santísimo y al Bosario que se venera en la Iglesia Parroquial de Toa Baja, constituido por un anterior dueño de la finca nombrado José Canales, y reconocido primeramente por su sucesión y más tarde por Don Manuel Skerrett y por la Sociedad Skerrett Hermanos.
“(c) La del adeudo de los cánones de dicho censo, correspon-diente a los últimos veinte y siete años y ascendentes a cuatro mil tres-cientos cincuenta y cuatro pesos cincuenta y cuatro centavos españoles.
“ (d) La negativa al pago de esa suma, por parte de los deman-dados, a pesar de las amistosas gestiones del demandante. ’ ’

Las demandadas, Skerret, contestaron dicha demanda como sigue:

‘ ‘ Ia. Una negación general de todas y cada una de las alegaciones de la demanda.
“2a. Que las demandadas adquirieron la finca en cuestión, en el año 1879 a título de adjudicación que le hizo la Social Skerrett Her-manos, de cierta deuda consignada en escritura pública del año 1877; y que tal adjudicación se hizo libre de toda carga o gravamen y se inscribió en el registro de la propiedad, consignándose en orden a las cargas o gravámenes que le afectaban, específicamente lo siguiente:
“Sin que conocidamente se halle afecta a ninguna otra obligación, por más que debe llamarse la atención respecto a que, cuando se ins-cribió otra parte de la hacienda al folio 96 finca 20 de este tomo, se confesaron en el título que sirvió para dicha inscripción, gravámenes por 3,628.75 pesos, cuyos gravámenes, de los que no pudo venirse en conocimiento como inscritos, si afectaren al todo de la hacienda, de-berán ser considerados también ele la parte de este número.
Que muchos años después de hecha la adjudicación a las Srtas. Skerrett Ramirez, fué que la Social Skerrett Hermanos, promovió expediente posesorio de cierta finca de 208 cuerdas procedente de la hacienda ‘ ‘ Julita, ’ ’ y sobre aquella específica y determinadamente reco-noció un censo de 3,628.75 pesos a favor del Santísimo y del Rosario.
“3a. Que en el registro de la propiedad y en relación con la finca de estas apeladas, no había sido trasladado de los libros de la antigua anotaduría de hipotecas, asiento alguno referente al censo que ■ se reclama, y
4a. Que la acción ejercitada en cobro de pensiones de un censo se encontraba prescrita de conformidad con los preceptos de los artículos 1523, 1865 y 1867 del Código Civil revisado.”

Los demás demandados presentaron contestaciones, va-rias de ellas análogas, y otras distintas, compuestas princi-palmente de negaciones generales. En el juicio, las cues-tiones a resolver resultaron ser las siguientes:

1. ¿ Tenía el demandante, como cura ecónomo, autoridad para entablar una demanda como la presente en cobro de los réditos de un censo perteneciente a la Parroquia de Toa Baja?

2 . ¿Existía realmente el censo expresado y descrito en la demanda; o si existía, se presentó en el juicio prueba legal alguna con respecto a la existencia del mismo ?

3°. ¿Ha prescrito el censo en que está basada la presente acción?

1. Examinando estas cuestiones por su orden, diremos que el demandante en el presente caso no demuestra tener autoridad alguna para entablar una acción como la presente con arreglo a nuestras leyes, tanto canónicas como civiles; el Obispo Católico Romano de Puerto Rico, es la única persona que puede entablar una acción como la que está pen-diente ante este tribunal, y ni siquiera el cura párroco mismo podría entablar semejante demanda, y mucbo menos un cura ecónomo que ejerce en su lugar. El Obispo de Puerto Rico es la persona a quien corresponde entablar pleitos en recla-mación de bienes pertenecientes a la Iglesia Católica Romana en esta Isla, y esta autoridad de que está revestido, es exclu-siva basta que se demuestre en debida forma lo contrario. No aparece en los autos alegación ni prueba alguna de seme-jante autoridad por parte del demandante fuera de la que acredita que es el Cura Ecónomo de Toa Baja. Su nombra-miento como tal por el Obispo no le confirió el derecho de entablar demanda con motivo de bienes como los de que se trata en el presente caso. Esto ba sido ya resuelto implícita-mente por este Tribunal Supremo, en los casos de la Iglesia, y tal resolución es suficiente por sí, para resolver este caso, y para autorizarnos a negar todo remedio al apelante. (1 Bouvier’s Law Dictionary, p. 246, verbum Bishop. Código Civil de Puerto Rico, artículos 1611-1619; Díaz Caneja v. Marxuach, 2 Dec. P. R., 460.)

2o. Si jamás existió un censo como el de que se trata, lo que podría ser, no se presentó en el acto del juicio ninguna prueba legal que demostrara la existencia del mismo. • Tal censo debió haberse creado mediante un documento público, y tal documento, que no fue presentado ni mencionado en el caso, hubiera sido la mejor prueba de la existencia de tal gravamen. Para sostener una proposición' de hecho, afir-mada por cualquiera de las partes, debe presentarse la mejor prueba con la cual pueda demostrarse dicha proposición. El documento original, por el que se creó el censo, no fue pre-sentado como prueba, ni se explicó en manera alguna la falta del mismo, ni se presentó copia certificada, ni copia simple siquiera de dicho documento, en los autos, ni se hizo referen-cia en estos últimos, a tales copias. No se presentó, en el acto del juicio, ninguna prueba legal de la existencia de dicho censo. La única prueba que el demandante intentó presen-tar, era una certificación del Registrador de la Propiedad de San Juan, expresando que la hacienda “Julita” estaba gra-vada con un censo de tal o cual cuantía. No aparece cuáles eran las condiciones — si es que las hubo — bajo las cuales se otorgó dicho censo; si era para misas para el descanso del alma del otorgante, o para cuidar su sepulcro, o para sos-tener un sacerdote, o para otro objeto, o si fué una simple do-nación sin condición alguna. Tampoco aparece que el asiento de dicho censo jamás haya sido trasladado de la antigua ano-taduría de hipotecas, al registro moderno, según lo exige el artículo 397 de la-Ley Hipotecaria. La prueba aportada no es suficiente para demostrar la existencia del censo, y éste fué el punto en que el Tribunal inferior basó su resolución a favor de -los demandados; en otras palabras, el tribunal sos-tuvo la excepción previa presentada contra la prueba; y le incumbía al demandante, tanto en el presente caso como en todos los demás, probar su derecho mediante pruebas sufi-cientes; y mientras no haga eso, los demandados no están obligados a presentar prueba alguna, ni a alegar otra de-fensa que la de una negación general. (Ley de Evidencia, Art. 108; Leyes de Puerto Rico, 1905, p. 141.)

3o. Pero, aún en el caso de que el demandante tuviera la autoridad necesaria para entablar el pleito, y hubiera pre-sentado el censo, de acuerdo con la certificación que presentó como prueba, la Ley de Prescripción impediría todo reco-bro, porque no se ha deducido la demanda dentro del tér-mino prescrito por la ley. De lá declaración de Don Andrés Crosas, aparece que por más de treinta años no se ha hecho esfuerzo alguno para cobrar réditos de ningún censo o gravamen. Por consiguiente, aún cuando la acción fuera una ac-ción real, según sostiene el demandante, aún entonces habría prescrito. El censo parece haber sido impuesto en 1879, o antes de dicho año. Sin embargo, los réditos del censo no son objeto de una acción real, sino de nna acción personal; y, por lo tanto, no pnede baber, en ningún caso, con arreglo a nuestra ley, recobro de los mismos por más de cinco años, de los demandados qne alegaron prescripción.

Es verdad, según sostiene el apelante, qne los herma-nos Skerrett, reconocieron qne sn finca estaba gravada con un censo; pero, en la época en qne hicieron tal reconocimiento, ya habían efectuado, mediante escritura, el traspaso de los terrenos qne poseían; y ninguna admisión por parte de los hermanos Skerrett, con respecto a gravámenes qne afecta-ban a cualquiera finca poseída por ellos, sería obligatoria para persona alguna, que hubiera derivado su título de dichos señores, en una época anterior al tiempo en que éstos hicieron tales admisiones . Además, los demandados Ske-rrett negaron que sus terrenos jamás hubieran formado par-te de la finca “Julita,” sobre la cual, según se alega, pesaba dicho censo; y la prueba no demuestra claramente seme-jante hecho. Parece que la prueba demuestra simplemente que la propiedad de los demandados Skerrett, colindaba con la de los hermanos Skerrett, que eran sus predecesores en la posesión del título de dominio. No se ha alegado que se haya hecho esfuerzo alguno para cobrar ninguna anualidad de los réditos de dicho censo, durante los últimos veinte y siete años, y con arreglo a la ley (Código Civil, arts. 1523, 1865 y 1867), una acción como la presente, hace mucho tiempo que ha prescrito.

Se ha indicado en el alegato, que ha debido dictarse sen-tencia contra Andrés Crosas O’Ferral, por no haber presen-tado prueba alguna en su propia defensa; y también contra Isabel Sampayo, por haber negado tener interés alguno en este pleito. Sin embargo, en ambos casos es necesario que el demandante pruebe su derecho, y puesto que no lo ha hecho así, los demandados Crbsas y Sampayo tienen derecho al beneficio de esa omisión; y el tribunal sentenciador no hubiera podido, con justicia, dictar sentencia contra los mis-mos en el presente caso. Puede ser que aparezcan en los autos otras cuestiones de menos importancia; pero esas cues-tiones no son esenciales para la resolución de este caso, dada la opinión que liemos formado de las cuestiones principales, discutidas anteriormente. Por lo que respecta a dos puntos de importancia vital, el demandante ha dejado de probar su derecho; y los demandados hán hecho a lo menos una defensa eficaz, o sea la de prescripción.-

Por estas razones, debe confirmarse, en todas sus partes, la sentencia dictada por la corte inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Presidente Sr. Hernández firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia, pero no con todos sus fundamen-tos.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado, Se. Aldeey,

text:
    Hernández v. Blanco et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayag’üez.
    No. 664.
    Resuelto en mayo 5, 1911.
    Oostas Suspensión del Juicio — Ordenes Inapelables. — La imposición de costas como condición previa para la suspensión de la vista de un pleito descansa en la facultad discrecional que el artículo 335 del Código de Enjuiciamiento Oivil concede a las cortes, y tales costas no están incluidas en la ley de costas de marzo 12, 1908, que se refiere únicamente a las costas nacidas del término del pleito por sentencia definitiva, y contra la imposición de aquellas costas, la ley no concede recurso de apelación.
    lD- Desistimiento pe una Demanda — Registro de la Sentencia de Desisti-miento-Sentencia Definitiva. — Desistida una demanda por el demandante, y dictada por el tribunal una orden teniendo al demandante por desistido de su acción con las costas, tal orden no es definitiva ni pone término al asunto mientras no se registre una sentencia, y hasta que se cumpla este requisito no tiene facultades la corte para hacer imposición de costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.

      Abogado de los apelados: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado, Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante seguía pleito contra los deman-dados ante la Corte de Distrito de Mayagüez para qne se anulase cierta escritura de préstamo hipotecario por dos mil pesos.

Señalado el día 13 de agosto de 1910 para la vista del juicio, el demandante solicitó la suspensión, oponiéndose los demandados, quienes interesaron qne si se acordaba, consig-nara el demandante los gastos en qne ellos habían incurrido; y la corte por sn orden del mismo día decretó la suspensión y qne el demandante satisficiera a los demandados las costas originadas.

En consecuencia, a los diez días presentaron los deman-dados su memorandum por esas costas, ascendentes a $37.70 y habiéndolo impugnado el demandante, la corte después de oir a las partes resolvió en 31 de agosto de 1910 aprobarlo solamente en cuanto a $7.70, contra cuya resolución el deman-dante estableció recurso de apelación para ante esta corte, a los efectos del que proceda en sn día contra la sentencia defi-nitiva, según su escrito de 2 de septiembre siguiente.

Posteriormente, el demandante desistió de continuar el pleito, y en 25 de noviembre de ese año, la corte lo tuvo por desistido a su perjuicio y con las costas. De la transcrip-ción de autos no consta que se haya dictado ni registrado sentencia de desistimiento.

Cuatro días después de esa resolución presentaron los demandados otro memorandum de costas qne alcanzaba a $85, sin incluir los $7.70 concedidos anteriormente.

Este memorandum también fué impugnado por el deman-dante y habiendo las partes sometido la cuestión a la corte, ésta resolvió en 12 de diciembre, reformándolo para que el demandante solo pagara $76.15.

De esta última resolución también apeló el demandante en escrito de 15 de diciembre último.

Ambas apelaciones lian sido presentadas juntas ante esta Corte Suprema el día Io. de febrero de este año, en una trans-cripción de autos, con la misma relación de hechos y en nn solo alegato de errores han sido tratadas.

De lo relacionado claramente se ve que se trata de dos apelaciones distintas, una contra resolución de 31 de agosto y otra de la de 12 de diciembre de 1910.

La primera resolución sobre costas es consecuencia de la facultad discrecional que el artículo 335 del Código de En-juiciamiento Civil concede a las cortes para imponer condi-ciones para .la suspensión de la vista de los pleitos, en los términos que creyeren justos, y por tanto, las costas o indem-nización concedidas por ese motivo no son aquellas a que se refiere la ley aprobada en 12 de marzo de 1908 para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, nacidas de la terminación del asunto por sentencia definitiva o decisión que le ponga término, que son para las que' dicha ley concede apelación.

Pudo la corte haber fijado la cantidad que estimara con-veniente y justa como condición de la suspensión y ordenar su pago, so pena de continuar la vista del asunto, sin que fuera apelable esa resolución porque la ley no autoriza tal apelación.

En cuanto a la segunda, fué tomada contra la resolución de la corte inferior que fijó la cantidad de costas que el de-mandante debía pagar como consecuencia de su desistimiento de la acción; y el derecho a cobrarlas y a que se fijen por la corte, ha de fundarse en la terminación definitiva del asunto.

Es cierto que se dictó una orden teniendo al demandante por desistido de su acción con las costas, pero tal orden no es definitiva ni pone término al asunto mientras no se regis-tre una sentencia, por exigirlo así el artículo 192 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, comprendido en el Capítulo I, Título IX que trata de esas sentencias y confirmado en el caso de Page v. Page, 77 Cal., 83.

Además, ya hemos resuelto en varias ocasiones que mien-tras no se ha registrado nna sentencia definitiva, el asnnto no está terminado. (Véanse los casos de “La Compañía de Ferrocarriles v. La Línea Férrea del Oeste y otros, decidido en 12 de mayo de 1905; Otero v. Sucesión de A. Monroig, 23 de febrero de 1909; José la O. Cintrón v. Figueroa, 16 diciembre, 1907.)

La ley de 12 de marzo de 1908, para enmendar los artí-culos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, estatuye el procedimiento para determinar las costas después de una sentencia definitiva; y como ésta no existe en el caso pre-sente, no estaba facultada la corte para fijarlas de acuerdo con la ley, por lo que cometió error.

Por los motivos expuestos, debemos desestimar la apela-ción interpuesta contra la resolución de 31 de agosto de 1910; y en cuanto a la otra apelación contra la de 12 de diciembre del año próximo pasado, debemos declarar con lugar el re-curso y revocar la orden apelada.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Hernández, y Aso-ciados Sres. MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Su. MacLeabt,

text:
    Bithorn et al. v. Ball et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 659.
    Resuelto en mayo 8, 1911.
    Traslado de'un Caso a Otro Distrito — Acciones Para Determinar la Validez de un Testamento — Petición Escrita Dirigida a la Corte. — De acuerdó con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil la petición escrita inte-resando el traslado de un pleito de un distrito a otro, debe dirigirse a la corte que es la que tiene facultades para concederlo o denegarlo, y no a la parte contraria.
    Id. — Fundamentos Erróneos de una Resolución — Resoluciones Ajustadas a Derecho por Otros Fundamentos — Facultades del Tribunal Supremo.— Aún cuando el fundamento en que descansa la resolución apelada sea erróneo, ol Tribunal Supremo tiene facultades para examinar si dicha resolución está justificada por fundamentos distintos ajustados a derecho.
    —Interpretación de Ley — Acciones Sobre Validez de Testamentos- Juris-dicción de las Cortes de Distrito. — El artículo 66 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales tal como quedó enmendado por ley de marzo 8, 1906, no priva a las cortes de distrito que no sean la del distrito del último ' domicilio del finado, o del distrito en donde radican la mayor parte de sus bienes de jurisdicción para conocer de acciones sobre validez de testamentos.
    Id — Acciones Sobre Validez de Testamentos — Preceptos del Código de Enjui-ciamiento Civil. — Todas las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil referentes a la presentación de la demanda, iniciación de la acción, emplaza-mientos, contestación, traslado del pleito, excepciones previas, juicio, etc., rigen y son aplicables a las acciones para determinar la validez de testa-mentos mencionados en el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9, 1905.
    Obiter Dictum. — Constituye obiter dictum el párrafo de la opinión emitida por este tribunal en el caso de Fajardo v. Tió, resuelto en febrero 24, 1911, con-cebido en los siguientes términos: 1 í esta no es la declaración jurada y fun-dada a que hace referencia el artículo 82. La declaración jurada y fundada es una en que el que la suscribe expone hechos bastantes que permitan a la corte ver que él tiene una buena defensa en la acción.J;
    Id,_Suficiencia de la Declaración Jurada Eundamentada ("Affidavit of Merits”) — Opinión del Abogado — Buena Defensa de la Acción. — Es sufi-ciente y cumple con los requisitos del Código de Enjuiciamiento Civil sobre la materia, la declaración jurada fundamentada interesando el traslado de un pleito en la cual se alega que el demandado ha expuesto fielmente a su abogado los hechos del caso y que, según su opinión, el demandado tiene una buena defensa de los méritos de la acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Tom Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Asociado Su. MacLeabt,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fue establecido para anular un testamento. Los demandados presentaron una moción solicitando el traslado del caso de la Corte de Distrito de Arecibo a la de San Juan. La moción se fundaba en el artículo 66 de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales, y en el artículo 81 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil. Se expresa en la mo-ción que la misma va acompañada de una declaración jurada y fundada y que el testamento y certificación de defunción se presentarán oportunamente; adjuntándose a la vez las excepciones previas que se alegan contra la demanda. Alega además la moción, que.el fundamento legal de la misma es que el-último domicilio del testador Bernardo Huicy fue San Juan y no Arecibo, según resulta de la referida declaración jurada, radicando en San Juan la mayor parte de los bienes del finado, siendo también esa ciudad el domicilio de la mayor parte de los demandados.

La resolución dictada en 22 de octubre de 1910, decla-rando sin lugar la moción es como sigue:

“Oscar y Waldemar Bithorn et al. v. Adolfo Ball Huicy et al. Nulidad de testamento.- Siendo el día señalado para la vista de la moción de traslado presentada en este caso, compareció el abogado Don Félix Santoni sustituyendo al compañero Don José Tous Soto, sin que compareciera la representación de los demandantes. El abogado Sr. Santoni sometió por. sus propios méritos la referida, moción-a la con-sideración de la corte, la que dicta la siguiente resolución: ‘ Entiende la corte que de acuerdo con el artículo 82 del Código de Enjuicia-miento Civil, si el demandado desea cambiar el lugar del juicio, debe presentar declaraciones juradas sobre los méritos de su defensa y de-mandar por escrito el traslado de la otra parte. La notificación de la moción para cambiar el lugar del juicio no es la demanda que la ley exige. Una demanda por escrito es esencial para la validez de una orden cambiando el lugar del juicio, según lo tiene declarado el Tribunal Supremo de California en los casos de Estrada v. Oreña, 54 Cal., 407; Byrne v. Byrne, 57 Cal., 348; Warner v. Warner, 100 Cal., 11. No consta de los autos que el demandado haya solicitado por -escrito, de la otra parte, el traslado de la causa, según preceptúa el referido artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil. Por las razones expuestas, la corte declara sin lugar la moción presentada por los demandantes.’ ”

Se interpuso apelación contra la expresada resolución para ante esta corte, la que abora está sometida a nuestra consi-deración. Deberá notarse que esta moción fue denegada por no constar de los autos que el demandado baya solicitado por escrito de la otra parte, el traslado de la causa, según preceptúa el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo dispone que el juicio se celebrará en él lugar en que se establezca la demanda, a menos que el demandado presente nna declaración jurada y fundada, y pida, por es-crito, que el juicio se celebre en el distrito correspondiente. Es evidente que la corte inferior sostiene que esta petición debe hacerse a la parte contraria en la acción. Se citan tres casos de California en apoyo de esta interpretación del estatuto. Ellos son los de Estrada v. Oreña, 54 Cal., 407; Byrne v. Byrne, 57 Cal., 348, y Warner v. Warner, 100 Cal., 11. Con respecto a este particular, el estatuto de California es igual al nuestro. (Código de Enjuiciamiento Civil de Pome-roy, art. 396.) Estos casos que hemos mencionado no sos-tienen la interpretación que la corte inferior da a nuestro estatuto, expresando simplemente que la petición debe ha-cerse por escrito; no siendo suficiente la notificación de la mo-ción para que se cumpla con el estatuto. En ellos no se dice que la petición deba hacerse a la parte contraria en el pleito. A nuestro juicio tal interpretación no es digna de aproba-ción, porque la petición debe hacerse a alguna persona o tribunal que tenga facultad para concederla, facultad que en este caso no tienen los demandantes; pero la corte inferior está facultada para ordenar el traslado de la causa, y es a ese tribunal a quien debe dirigirse la solicitud. Es verdad que la palabra pedir, según la emplea.el estatuto, no es muy propia o adecuada, y sería mejor usar cualquiera de las pala-bras rogar, exigir o solicitar, pero sin embargo, la petición debe dirigirse a la corte que pueda concederla o negarla, se-gún las circunstancias del caso. Pero sucede a veces, que aunque la resolución que una corte dicte esté fundada en un motivo erróneo, puede no obstante, ser una resolución co-rrecta. Por consiguiente, aunque la razón expresada por la corte inferior para negar esta moción en la que se solicita el traslado del juicio, pueda ser, como lo es en este caso, a nuestro juicio, infundada, veamos si está o nó justificada por otros fundamentos.

En primer lugar, se sugiere que este caso está compren-dido en el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de Puerto Rico y no se rige en absoluto por núes-tro Código de Enjuiciamiento Civil. Veámoslo. Según nues-tros estatutos un pleito como el presente, que envuelve la validez de un testamento, debe entablarse en la corte de dis-trito que tenga jurisdicción territorial sobre la última resi-dencia del testador o sobre el sitio donde radican la mayor parte de sus bienes. (Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales, art. 66; Leyes de la Sesión de 1905, pág. 152.) Este fijaría la jurisdicción en el presente caso en la ciudad de San Juan. Aunque la Ley de Procedimientos Legales Especiales es posterior al Código de Enjuiciamiento Civil, ¿puede de-clararse que modifica a la anterior ley de tal modo que prive completamente de jurisdicción a las cortes de jurisdicción general, en donde el caso puede haberse presentado indebida-mente, y exigir su traslado sin tener en cuenta las disposi-ciones de los artículos 81, 82 y 83 del Código de Enjuicia-miento Civil? Creemos que nó. La Ley de Procedimientos Legales Especiáles no niega de modo absoluto la jurisdicción de cualquier otra corte, sino simplemente expresa que la corte del domicilio 'del finado-es donde.se debe seguir la acción para determinar la validez de un testamento. (Art. 66, pág. 152, Leyes de 1905.)

Supongamos que un hombre resida y muera en Aguadilla, donde tiene todas sus propiedades pero que todos su here-deros vivan en San Juan. ¿Están éstos incapacitados para dar jurisdicción a la Corte de Distrito de San Juan? De ningún modo. Supongamos’ que el caso se estableció en Agua-dilla, ¿no puede dicho caso ser trasladado a San Juan por conveniencia de los testigos? Sin duda alguna. Si un caso puede ser trasladado, o en otras palabras, si las disposiciones del artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil pueden ser invocadas, ¿no es la cuestión referente a la eficacia de un tes-tamento, mencionada en la ley de 1905, sino un ejemplo de le-gislación en pari materia de las disposiciones del Título Y (arts. 75, 76, 77, 78, etc.) del Código de Enjuiciamiento Civil? Parece que nó. ¿Puede considerarse el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales como que tiene otro efecto que uo sea el de agregar otro caso a los ya enumerados en los que puede establecerse una acción? Ciertamente que nó. El texto del Código de Enjuiciamiento Civil es todavía.más im-perativo. Dispone en su artículo 75, que un juicio puede cele-brarse en tal distrito sujeto a la facultad de poder ser tras-ladado. Como la acción mencionada en el artículo 66 de la ■Ley de Procedimientos Legales Especiales debe estar sujeta a todas las disposiciones del. Código de Enjuiciamiento Civil con respecto a la presentación de la demanda, e^ principio, ci-taciones, contestación, excepciones previas, celebración del juicio, etc., no debe seguramente estar excluida del efecto be-néfico de las disposiciones de los artículos 82 y 83. De un examen detenido encontramos que el artículo 83 se refiere a todos los casos especificados en el artículo 82, y a otros más. El artículo 83 es una simple ampliación para los fines de una completa clasificación de lo dispuesto en el artículo 82, o sea que el juicio puede celebrarse en el distrito en que se esta-blece “a menos que el demandado, al comparecer y contestar o formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada, y solicite por escrito, que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.” Por tanto, creemos que la Ley de Procedimientos Legales Especiales y el Código de Enjuicia-miento Civil, deben interpretarse conjuntamente y ser harmo-nizados; de modo que llegamos a la conclusión' de que este caso y otros análogos, deben considerarse como comprendi-dos en las prescripciones de los artículos 82 y 83 mencionados anteriormente, debiéndose agregar a la moción en la que se solicita el cambio o traslado de la causa la declaración jurada y fundada. Además, no existe nada en la ley de 1905, que in-terpretada debidamente exima la controversia de un testa-mento del efecto de las disposiciones del artículo 50 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil en donde se define lo que es una acción. Esta es evidentemente una acción, según ese tér-mino se interpreta en el estatuto. Entendemos, finalmente, también por esta razón, que la acción definida en el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905, se rige para todos sus fines por el Código de Enjuiciamiento Civil, y que los artículos 82 y 83 de la misma son de aplica-ción al presente caso.

No debe olvidarse, sin embargo, qne el demandado debe presentar una declaración jurada y fundada al comparecer y presentar su contestación o excepciones previas. El docu-mento presentado en este caso como una declaración jurada y fundada, es como sigue:

“Affidavit de méritos.. Yo Adolfo Ball y Huicy, juro solemne-mente : que soy uno de los demandados en este caso, y el único que reside en Arecibo, que todos los demás demandados residen y tienen su domicilio en la ciudad de San Juan, dentro del distrito judicial del mismo nombre; que Bernardo Huicy falleció en Miramar, sitio de Santurce del término de San Juan donde tuvo su último domicilio; que la mayor parte de los bienes dejados por Bernardo Huicy se encuentran y se encontraban en el momento de su fallecimiento en el término municipal del Distrito Judicial de San Juan, consistiendo principalmente en acciones de la Compañía de Redes Telefónicas de dicha ciudad y en un solar en- Miramar; que los demandados han expuesto fiel y completamente los hechos de este caso a su abogado Don José Tous Soto y en opinión de éste, tenemos una buena defensa en los méritos contra la presente demanda.”

¿Puede considerarse que con esto se fia cumplido con el es-tatuto? La declaración jurada expresa de modo inequívoco “que los demandados fian expuesto fiel y completamente los hechos de este caso a su abogado,” hacieüdo mención de su nombre, ‘1 quien es de opinión que tenemos una buena defensa en'los méritos, contra la presente demanda.” El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil que exige que el deman-dado cuando solicite el traslado del juicio, presente una decla-ración jurada y fundada, es una copia del artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. (Véase a 3 Po-meroy pág. 141.) Por lo tanto, debemos examinar las deci-siones de California para poder hacer una interpretación del estatuto. (Bonilla v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., resuelto por este tribunal en 12 de abril de 1909.) Un gran número de casos de este Estado sostienen que una declaración jurada como la que está sometida a nuestra consideración y aún otras más pobres, son suficientes para que se cumpla con los requisitos del estatuto. (Véase a Woodward v. Backus, 20 Cal., 141; Nickerson v. California Raisin Co., 61 Cal., 268; Watkins v. Degener, 63 Cal., 500; Buell v. Dodge, 63 Cal., 553; Rathgeb v. Tiscornia, 66 Cal., 96; y Nolan v. Duffie, 125 Cal., 334.)

En varios casos este tribunal ba considerado cuestiones referentes a traslados de cansas, pero en ninguno de ellos se ba considerado y resuelto de modo directo la cuestión que precisamente se ba presentado en este caso. En 25 de marzo de. 1909, tuvimos sometido a nuestra consideración el caso de Arzuaga y Co. v. Aramburu, pero el fundamento que se alegó para que se trasladará el pleito fué el de la conveniencia de los testigos, y aunque fué presentada una declaración jurada y fundada, no se consideró por este tribunal. En el caso de Bonilla v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., resuelto por esta cor-te en 12 de abril de 1909, no se presentó ninguna declaración jurada y fundada, pero la corte sentenciadora fué de opinión que la contestación jurada suplía a dicba declaración jurada, opinión que parece estar sostenida por la de este tribunal. El caso de Río v. Vásques, resuelto en veinte y uno de diciembre último, era uno en que se trataba del traslado de la causa, pero no se presentó ningún affidavit of merit's no surgiendo en dicho caso la cuestión referente a la suficiencia del mismo. En el caso de Fajardo v. Tió, este tribunal emitió una opinión en 24 de febrero último, en la que declaraba que la declaración jurada presentada como un affidavit of merits era insuficiente, porque simplemente expresaba que el demandado vivía en otro distrito. En la‘opinión se dice: “Esta no es la declaración jurada y fundada a que bace referencia el artículo 82. La declaración jurada y fundada es una en que, el que la sus-cribe expone beebos bastantes que permitan a la corte ver que él tiene una buena defensa en la acción.” Los casos de Buell v, Dodge j Nickerson v. Cal. Raisin Co., de California, se citan en apoyo de esta proposición. Pero de un examen más detenido de dichos casos, se verá que -no se resuelve así la cuestión; y que la proposición enunciada es más amplia de la que justifican los casos de California. . Si seguimos la juris-prudencia de California, debemos circunscribir la proposición enunciada en el caso de Fajardo a las declaraciones juradas que se presenten, sin tomar en consideración la cuestión re-lativa a la opinión del abogado y excluir los casos como el que se ha presentado en la declaración jurada que ahora con-sideramos. Podemos propiamente hacer esto, puesto que en el último caso de Puerto Rico que se ha m’enciónado, no fué presentada en absoluto ninguna declaración jurada y fun-dada, y la proposición transcrita de la opinión fué realmente un obiter dictum.

Los casos de nuestro tribunal que brevemente hemos exa-minado son los únicos que hemos podido encontrar en donde se trate de traslado de causas, o por lo menos en que se dis-cuta lo que es una declaración jurada y fundada. Por tanto, estamos obligados a seguir los casos de California y a decla-rar, que una declaración jurada que exprese que el demandado ha expuesto fielmente a su abogado los hechos del caso, y que, según la opinión de su abogado, tiene 'una buena .defensa en los méritos, contra la demanda, es una en que se cumple con todos los requisitos de nuestro estatuto sobre la materia.

Por tanto, habiendo cumplido los demandados y apelantes con todos.los requisitos.de los estatutos que rigen los trasla-dos de causas, debieron haber alcanzado éxito en la corte inferior. Por las razones expresadas en esta opinión, la resolu-ción negando la moción en la .que se solicitaba el traslado a otro distrito, y contra la cual se ha interpuesto esta apela-ción, (jebe revocarse y concederse el traslado solicitado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    García v. Preston et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Iinmacao.
    No. 590.
    Resuelto en mayo 9, 1911.
    Médico — Cobro de I-Ionorarios por Servicios Profesionales — Palta de Causa de Acción — Médico Llamado por una Persona Para Asistir a Otra. — En las demandas que se entablan por un médico para el cobro de honorarios por servicios profesionales prestados a un enfermo a petición de otra persona que no está obligada a suministrarle .asistencia médica, para que la demanda alegue una causa de acción es necesario exponer hechos tendentes a demostrar que la persona que llamó al médico se hizo responsable del pago de sus hono-rarios, y en ausencia de tal alegación, la demanda es insuficiente.
    Id.' — Relación de Patrono y Empleado— Responsabilidad del Patrono por la Asistencia Médica a su Empleado. — La relación de patrono y empleado exis-tente entre el enfermo y la persona que llamó el médico no es bastante por sí sola para hacer responsable al patrono que ha llamado a un médico para que asista a su empleado enfermo, a menos que exista por parte del patrono la oferta de remunerar tales servicios.
    Id. — Médico Llamado por la Esposa para Asistir a un Empleado Enfermo— Responsabilidad del Marido. — El haber sido llamado un médico por la esposa para asistir a un empleado enfermo no hace al marido como miembro de la sociedad conyugal responsable del importe de los servicios profesionales pres-tados, a menos que exista una oferta de pagar.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Hartsell y Rodrigues Serra.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso envuelve en sn esencia la suficiencia de una de-manda. La acción se estableció primeramente en la corte municipal de Naguabo de donde pasó en grado de apelación a la Corte de Distrito de ílumacao. Cuando llegó el día de la celebración del juicio en la corte de distrito, después de una discusión, las partes convinieron en eliminar el cuarto párrafo de la demanda y dejar a la corte que resolviera si la demanda así enmendada mostraba una causa de acción. La corte dictó sentencia a favor del demandante y contra los demandados por la suma de quinientos dollars y costas.

La demanda qn,e ]ia de examinarse, según ha sido enmen-dada, es como signe:

“El demandante arriba mencionado, Casimiro García del Yalle, por medio de sns abogados Aponte y Aponte, ante la corte comparece demandando a Gustavo R. Preston, su señora esposa Doña Emma de Preston, también arriba nombrada y alega.
“Primero: Que el demandante es médico cirujano, con derecho a ejercer su profesión teniendo abierta su oficina en el pueblo de Na-guabo, dentro de este Distrito Judicial Municipal.
“Segundo: Que allá por el día 4 de diciembre de 1909, a instan-cias y ruego de la demandada, Emma R. de Preston, acudió a su casa habitación (que lo es también la del otro demandado Gustavo Preston) a fin de dispensar de sus servicios profesionales en la curación y asisj tencia de un empleado del demandado (el dicho Sr. Gustavo Preston) en una enfermedad de cáncer en la vejiga, con hemorragia continua. El enfermo de referencia era conocido con el nombre de Mr. Sheldon.
“Tercero: Que los demandados Gustavo Preston y Emma R. de Preston son marido y mujer y viven bajo un mismo techo, en un barrio dentro del término municipal de Naguabo, denominado ‘Río Blanco,’ quedando dicha casa a larga distancia del susodicho pueblo de Naguabo.
“Quinto. Que el demandante, cumpliendo con los deseos de la señora Preston, asistió a Mr. Sheldon hasta el día 12 de diciembre de 1909, permaneciendo algunas veces durante toda la noche junto a la cabecera del enfermo y sin dejar pasar ni un solo día sin que traba-jase en la curación difícil que se perseguía. El demandante alega, que también a ruego e instancia de la señora Preston, acompañó al enfermo hasta San Juan, donde le dejó en el Hospital Presbiteriano, habiéndole antes y durante todo el camino atendídole y asistídole con el mayor cuidado.
“Sexto: Que estos trabajos profesionales valen por lo bajo la suma de quinientos dollars, suma ésta que no ha satisfecho los demandados a pesar de los requerimientos que para su pago se les ha hecho.
“Séptimo: El demandante alega que antes de acudir a la vía judicial para evitar todo litigio, redujo el montante de sus honorarios a la suma de $205, por cuya cantidad estuvo dispuesto a dar recibo de saldo a los demandados, pero se han negado al pago tanto de una suma como de otra.
“Por lo que a la corte suplica: se sirva pronunciar sentencia a favor del demandante, y en contra de los demandados, por la expre-sacia suma de $500 y las costas. Humacao, P. R., 10 de enero de 1910. (Firmado) Aponte & Aponte, Abogados del demandante.”

Según nuestro procedimiento, la demanda deberá contener una exposición en lenguaje usual y conciso de los hechos que originan, la acción. Artículo 103 del Código de Enjuicia-miento Civil. En un caso muy antiguo de California, el Juez Sr. Field declaró “que solamente deben exponerse hechos. Es-to significa, hechos en contraposición con la ley, argumentos, hipótesis y prueba de los hechos.” (Green v. Palmer, 15 Cal., 412.) En el caso de Bank of the Metropolis v. Guttschlick, 14 Pet., 27, se declaró “Que es una regla en las alegaciones, que se expresen los bechos de acuerdo con el efecto legal de las mismas.”. (Véase también el caso de Marshal v. Baltimore and Ohio R. R. Co., 16 How., 328.)

En la ley común las causas de acción se determinan en los códigos de los Estados y en la mayor parte de estas jurisdic-ciones solo se exige que la demanda exprese hechos que, según la ley común, serían necesarios. (Budd v. Multnoman St. Ry. Co., 7 Pac., 102; McAllister v. Kuhn, 96 U. S., 87; Nebeker v. Harvey, 21 Utah, 373, 60 Pac., 1031, y casos; Pomeroy Code Remedies, art. 347; Stevens v. Mayor, etc., of New York, 84 N. Y., 305.)

Según estos principios se ha resuelto generalmente que cuando la ley, de acuerdo con el sistema de la ley común o de Código, implicaría una promesa de pago, según determinados hechos, no era necesario que tal promesa se expresara en la demanda. (Pomeroy Code Remedies, art. 432 y siguientes, 4a. Edición, pág. 578 y siguientes; Voigt v. Brooks et al. [Mont.] 48 Pac., 550; opinión emitida por el Juez Sr. Hunt, en donde se citan casos Kraner v. Halsey, 82 Cal., 210; Wilkins v. Stidger, 22 Cal., 236.) De conformidad con los ante-riores principios, un médico que presta sus servicios profe-sionales a un hombre en uno de los Estados, no tiene que ale-gar ni probar la existencia de alguna promesa en un pleito que se siga contra dicha persona. Aquantum meruit proce- dería. (Wilkins v. Stidger supra. Dale v. Donaldson Lumber Co., 3 Am., St. Rep., 226; 2d Am. & Eng. Enc., Vol. 22, 790, 30 Cyc., 1592.) La ley implicaría nna promesa de pago si nn hombre prestara servicios importantes a otro, y nn médico en los Estados Unidos no es nna excepción de esta regla. Sin embargo, la corriente de autoridades en los Estados Unidos se expresa en el sentido de qne el mero llamamiento qne se hace a nn médico para qne preste sns servicios a nna .tercera persona que se encuentra enferma o sin amparo no hace responsable a la persona qne lo llama. (30 Cyc., 1597, 2d Am. & Eng. Enc., Vol. 22, 790-791; Cotnam v. Wisdom, 12 L. R. A. [N. S.], 1090 y nota; Norton v. Rourke, 18 L. R. A. [N. S.], 176 y casos; Williams v. Brickrell, 75 Am. Dec., 88; Wharton & Stille’s Medical Jurisprudence, Vol. 3, sección 467.) El oaso principal y qne ha sido citado frecuentemente es uno qne no hemos podido examinar, (Meisenbach v. Southern Cooperage Co., 45 Mo. App., 232), pero en el caso de Norton v. Rourhe, se cita nn párrafo de aquél, a saber: “La razón y principio en qne se funda esta regla son obvios. . . . Cuando nna persona gravemente herida o quizás sin poder solicitar auxilio, o el sufrimiento sea tal que no pueda hacerlo, cualquier persona acudirá inmediatamente donde el médico más cercano en cum-plimiento de un deber humanitario. Si por el hecho de ir dicha persona en busca de los auxilios de un médico, la ley le hiciera responsable para con el médico en el pago de sus hono-rarios por todo el tiempo de su asistencia, entonces muchos se abstendrían de cumplir con ese deber, y entonces el enfermo podría morirse por falta de la necesaria e inmediata asis-tencia. Ni tampoco expresa la ley, interpretada propiamente/ que la persona que llama al médico, o hace que sea llamado, se hace responsable de los honorarios de dicho médico.” En Nueva York y quizás en pocos otros sitios la regla varía algo. Los casos de New York están revisados en el caso de Foster v. Meeks, 18 Miscellaneous, 461. Pero al parecer no hay caso alguno en que se declare que el simple llamamiento es bastante para que se establezca la-responsabilidad. En el caso de Brad ley v. Dodge, 45 How. Pr., 57, por ejemplo, el demandado dejó su tarjeta de comerciante al empleado del médico manifes-tando en ella al médico que pasara a visitar al enfermo inme-diatamente. En el caso de Foster v. Meeks se presentó prue-ba en el juicio de que el demandado atendería al pago. Sin embargo, los casos dé New York son -las excepciones, siendo necesario, según las autoridades citadas por el demandante durante el juicio, que por lo menos aparezcan otras circuns-tancias además del simple llamamiento para que quede obli-gado un demandado en tales casos, en que el beneficio de los servicios lo lia recibido un tercero.

No fiemos podido encontrar ningún caso en que se inter-prete una demanda en que fiayan sido prestados servicios por un médico a una tercera persona, como sucede en este caso. Es una regla en alegaciones fiecfias de acuerdo con el Código, que solamente deben alegarse los fiecfios en que la acción se funde. (McCaughey v. Schuette, 117 Cal., 224; McAllister v. Kuhn, 96 U. S., 87, supra; Columbus H. V. & T. Ry. Co. v. Gaffney, 61 N. E., 154.) Si la demanda que consideramos pudiera ser considerada como la exposición de los fiecfios en que la acción se funda y necesarios para una causa de ac-ción, quizás podría ser declaraba con lugar: Aunque no se fia podido encontrar ningún caso en que se interprete una de-manda en que la cuestión envuelta sean los servicios suminis-trados por un médico a una tercera persona, sin embargo, se fian interpretado contratos implícitos por beneficios recibidos por terceras personas. En Conrad Nat. Bank v. Great Northern Ry. Co., 61 Pac., 3, la Corte Suprema de Montana dijo: “Ni son las alegaciones de la demanda suficientes para que pueda fundarse en las mismas una sentencia por alimentos, casa, artículos, utensilios, y mercancías suministrados a los empleados del demandado a petición de este último. No es necesario alegar una promesa de pago cuando los fiecfios, según se alegan, implican una promesa, como cuando, la sub-sistencia, habitación, etc., se suministran al demandado a peti-ción del mismo; pero cuando el suministro o la entrega se , hace a una tercera persona a petición del demandado, enton-ces no apareciendo algo más, no se presume que ha habido promesa alguna de parte del demandado de pagar por una entrega o suministro de alguna cosa que se haga a un tercero, y aunque tal cosa se haga a solicitud del demandado, según la ley eso implica que .el demandado esté en la obligación de pagar. El hecho de que se haga la entrega a ruego del deman-dado es compatible con la idea de que el tercero o la persona que recibió los efectos tenía crédito adquirido. La relación de patrono y empleado no lleva consigo ninguna obligación por parte del principal de donde la ley presuma una promesa de pago por los beneficios que solamente recibió el empleado. Debe alegarse o la promesa expresa o los hechos de donde se deduce tal promesa, así como también, que el crédito se le hizo al principal y no al empleado (Chit. Pl., pp. 308, 356); o la alegación debió haberse hecho en un sentido general, que el alimento, casa y provisiones, fueron- suministrados al principal a su petición. (Porter v. McClure, 15 Wend. 187.)

Por iguales razones, y de acuerdo con las autoridades, creemos que la demanda sería insuficiente en los Estados Unidos. Los hechos no son suficientes para deducir de los mismos la existencia de una promesa de pago por parte de la Sra. Preston. En la demanda no hay nada que demuestre que la Sra. Preston hiciera sino lo que hubiera hecho otra persona cualquiera movida por sentimientos humanitarios. La Sra. Preston mandó a buscar al médico a su casa donde el enfermo se encontraba, le indicó que lo asistiera y permane-ciera a su lado, suplicándole después que lo acompañara a San Juan; pero en estas manifestaciones no hay nada que in-dique que la Sra. Preston trataba con esto de obligarse ella y su marido al pago de la deuda. La manifestación de que en este caso buho inteligencia entre las partes, hubiera sido un hecho en el que se podría fundar la acción. En la demanda no hay nada que demuestre que los Sres. Preston estaban en tales relaciones para con el enfermo que justificaran al mé-dico en creer que ellos y no el enfermo eran los responsables. No se alega en la demanda qne por la conducta o proceder de la Sra. Preston, ella estaba impedida de negar el contrato. Es cierto que la demanda expresa que el enfermo era un em: pleado del demandado el Sr. Preston; pero ese hecho por sí solo no lo hace responsable como miembro de la sociedad conyugal contra la que parece qqe se ha establecido esta ac-ción. Con respecto a un sirviente se- ha declarado- que a falta de alguna estipulación, el principal no tiene obligación legal alguna de suministrarle asistencia médica' si se enferma o sufre algún daño mientras desempeña sus obligaciones, es-tando revisados los casos en la nota del caso de Kemhuorth 4 L. R. A. [N. S.], 53. En el caso de T. W. & W. R. R. Co. v. Rodríguez, 47 Ill., 190, se declaró que cuando un empleado queda inhabilitado y desamparado en el servicio de la com-pañía no hay alguna razón por la cual ese hecho no pueda ser una causa bastante para fundar en él una promesa de pago. En el presente caso, sin embargo, no existe alegación de ninguna clase de que haya obligación para con el empleado, moral o de otra clase, por parte de los Sres. Preston. El hecho de que el empleado estuviera viviendo en la misma casa que ellos si alguna cosa indica es que no era un empleado ordinario.

En la vista del caso, los apelantes hicieron renuncia de todas las cuestiones relativas a la facultad de la Sra. Preston para obligar a su esposo, y de todas las cuestiones referentes a su responsabilidad como mujer casada. No obstante, es im-posible que pueda prescindirse de estos hechos que han sido admitidos, al resolver si una mujer en estas circunstancias, por los actos y palabras que han sido referidos, trató de utili-zar los servicios profesionales del médico, o si el médico fue inducido por dichos actos y conducta a creer que la Sra. Preston solicitaba sus servicios.

Los hechos expuestos en la demanda no determinan un contrato entre las partes, los Sres. Preston y el demandante. El enfermo recibió el beneficio de los servicios del médico y no existe nada que muestre que los apelantes obraron -impul-sados por alguna consideración como se exige en todos los Contratos, según los artículos 1241-1244 del Código Civil. El apelado nos cita la enmienda hecha a la sección 1486 del Có-digo Civil. Esa.sección, sin embargo, solamente confiere al profesional el derecho a un valor razonable por sus servicios en los casos en que no existe convenio alguno con respecto a su remuneración y surja un desacuerdo con respecto a los mismos. Esto no constituye un contrato entre las partes, si ellos no han hecho ninguno. Por tanto, debemos declarar que no se mostró una causa de acción. Si el demandante tenía una causa de acción, estaba en condiciones de poderla mostrar. Debe revocarse el caso y declararse con lugar la excepción previa formulada por el demandado, de que la de-manda no expresa hechos bastantes que determinen una causa de acción y permitirse al demandante que enmiende su de-manda dentro del término que con tal objeto pueda conce-derle la corte inferior.

Revocada.

Jueces concurrentes: 'Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no tomó parte en la resolu-ción de este caso.