author: El Juez PjresjdeNte Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandate y Apelado, v. Morales, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por acometimiento y agresión con agravantes.
    No. 1998.
    Resuelto en abril 9, 1923.
    Suspensión del Juicio — Inspección Ocular — Discreoión Judicial. — No ha-biendo el apelante demostrado que la corto abusara de su discreción al ne-garse a suspender el juicio y al decidir la cuestión relativa a la inspección ocular, es necesario concluir que no so han cometido los errores señalados.
    Ataque con Intención de Cometer Violación — Acometimiento y Agresión Grave — Instrucción sobre la Edad del Acusado — Error no Perjudicial.— El delito imputado fué el de ataque para cometer violación. En sua instruc-ciones dijo el juez al jurado que podía también, de acuerdo con la evidencia, traer un veredicto de acometimiento y agresión grave por ser la agredida una mujer. El juez no bizo refereneia a que' el acusado en tal caso debía ser un varón adulto. Nada objetó el acusado, y el jurado lo declaró culpable de acometimiento y agresión grave. Levantada la-cuestión en apelación, se decidió: que aunque la instrucción fué defectuosa, atendidas todas las cir-cunstancias concurrentes, el'error cometido no había sido perjudicial ni lle-vaba consigo la revocación de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: JSr. B. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PjresjdeNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado la comisión de un delito de ataque con intención de cometer violación. Se señaló la vista y en el propio día señalado el acusado pidió a la corte que la suspendiera porque estaban ausentes dos testigos suyos que iban a declarar que el día a que se refiere la acusación el acusado se hallaba trabajando con ellos en un sitio muy distante del en que se alega que ocurrió el acto delictivo. La corte no accedió. Comenzó el juicio. Se practicó la prueba del Fiscal. El acusado solicitó que el jurado ins-peccionara el sitio de la ocurrencia. El juez dijo al ju-rado que a su juicio no debía acordarse la inspección pero que dejaba el caso a la decisión del jurado y éste por su propio acuerdo decidió que no era necesaria la inspección. El acusado solicitó entonces de la corte que instruyera al ju-rado en el sentido de rendir un veredicto de absolución, por no haberse corroborado la declaración de la ofendida. Ne-góse la corte y sometió el caso al jurado, con instrucciones, para que lo juzgara en su totalidad y rindiera el veredicto que estimara procedente. Una de las instrucciones, dice así:

“Si por el resultado de la prueba practicada ustedes creen que el acusado trató de echar al suelo a esta mujer con la intención de violarla debeis traer ún veredicto de culpable por el delito de ataque con intención de cometer violación. Si la evidencia introducida es para un delito de acometimiento y agresión grave, por ejemplo si el acusado quería darle un pescozón a esta mujer o se proponía ven-garse de su marido, debeis traer un veredicto de acometimiento y agresión grave pues la presunta agredida es una mujer. Si Uds. creen que no se ba cometido ninguno de los dos delitos entonces de-beis traer un veredicto de no culpable. Si teneis duda razonable de que se ba cometido delito alguno, entonces es vuestro deber dar al acusado el beneficio de la duda y debeis traer un veredicto de no culpable.”

El jurado finalmente rindió un veredicto de culpable de acometimiento y agresión grave. Pidió el acusado un nuevo juicio, que le fué negado. Y la corte dictó sentencia conde-nando al acusado a sufrir dos años de cárcel. El acusado interpuso entonces el presente recurso de apelación contra la resolución denegatoria del nuevo juicio y contra la sentencia. En su alegato señala la comisión de seis errores y los dis-cute. Al tratar del error error cometido por la corte al ins-truir al jurado en el sentido de que podía rendir un veredicto de acometimiento y agresión grave, dice:

“Entendemos que esta instrucción es errónea, porque por ella los señores Jurados ban podido creer, como parece que creyeron, que la circunstancia de ser la agredida una mujer era por sí sola suficiente para determinar y calificar de grave la agresión.
“Nada se dijo al Jurado con respecto a la edad del acusado, ele-mento esencial en el delito de acometimiento y agresión grave, cuando' el agresor es un varón adulto y la agredida una mujer. Este elemento, ba dicho esta I-Ion. Corte Suprema, debe quedar estable-cido por la prueba, sin que exista la presunción de que la corte (o el Jurado) juzgó la edad por la apariencia del acusado. (El Pueblo v. Ortiz, 29 D. P. R. 501.)”

Hay algo en el alegato del apelante que creemos conve-niente transcribir:

“Y nos parece oportuno hacer constar, que no es nuestro propó-sito, ahora, solicitar y obtener de esta Hon. Corte Suprema la cele-bración de un nuevo juicio, ya que esto sería exponer al acusado a que lo pudieran declarar culpable de un delito más grave; pero, de todos modos, habiendo el Jurado rendido nn veredicto nulo, el cual fué aceptado por la corte de distrito, la sentencia que se fundó en ese veredicto es también nula y, por tanto, procede la absolución del acusado; a menos que esta Hon. Corte Suprema usara de su fa-cultad para corregir la sentencia y ajustarla a la prueba, proce-diendo entonces a declarar culpable al acusado, de un delito de aco-metimiento y agresión simple, imponiendo la pena con arreglo a derecho.”

En cuanto a la suspensión del juicio, bastará decir que las circunstancias en que fué negada no revelan abuso de dis-creción por parte de la corte, y en cuanto a la inspección ocular, que el jurado finalmente resolvió por sí mismo. No se demostró ante el jurado, ni se ha demostrado ante nosotros, que fuera dicha inspección absolutamente necesaria. Nada indica que la corte abusara de la discreción de que tam-bién está investida en tales casos.

La- instrucción de. la corte en relación con el delito de acometimiento y agresión, es, sin duda alguna, deficiente. Debió referirse a la edad del acusado, pero éste no objetó, ni pidió que la instrucción fuera completada. Además, estu-diada la evidencia encuéntrase en ella base suficiente para considerar culpable al acusado del delito más grave que se le imputó, siendo por tanto, la instrucción y el veredicto, fa-vorables al mismo. El Pueblo v. Figueroa, 16 D. P. R. 373; El Pueblo v. Solares, 19 D. P. R. 145.

A virtud de lo expuesto, no habiéndose cometido error perjudicial alguno, debe declararse sin lugar el recurso y. con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la resolución negando nuevo 'jui-cio y la sentencia..

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, - Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Godet, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Jnan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de nna declaratoria de heredero.
    No. 539.
    Resuelto en abril 12, 1923.
    Estatuto Real — Declaratoria de Herederos — Súbdito Extranjero oon Bie-nes Inmuebles Situados en Puerto Rico — Derecho Internacional Pri-vado. — La declaratoria de herederos de un súbdito extranjero dueño de bie-nes inmuebles situados en Puerto Rico, en lo que a dichos bienes se refiere, corresponde hacerla a los tribunales de la isla que tengan competencia para ello.
    Los hechos están expresados en la qpinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. M. Oinorio.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San Juan se presentó nna copia certificada del auto firme dictado por el- juzgado de primera instancia del distrito de la Inclusa de Madrid, España, declarando único y universal heredero abintestato de doña Manuela Hilaria Godet y Ladrón de Guevara, fa-llecida en Madrid, España, el 21 de abril de 1920, en estado de soltería, a su hermano Miguel Godet y Ladrón de Guevara. La certificación está debidamente legalizada y se pre--sentó en el registro a los efectos de inscribir a nombre del heredero la casa número 13 de la calle San José, de esta ciu-dad de San Juan de Puerto Rico, que consta inscrita a favor de su causante. El registrador se negó a ello por me-dio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de otros, porque tratándose de una herencia en la que se compren-den bienes inmuebles radicados en Puerto Rico, carece d'e compe-tencia para dictar el auto de declaratoria de herederos el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, conforme a lo prescrito por los artículos 10, 11 del Código Civil, párrafo 4o. del artículo 2o. de la Ley Hipotecaria, artíeulo 5 de la misma, 52 de su Reglamento, re-solución de la Dirección de los Registros de 8 de febrero de 1866, y con arreglo a lo resuelto por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico en el tomo 22, pág. 369, tomo 24, pág. 753, debiendo en su' con-secuencia tal declaratoria ser dictada por un tribunal insular, como lo ordena la sección 19 de la Ley sobre Procedimientos Legales Es-peciales, debiendo regirse esta herencia y la declaración de la misma por las disposiciones relativas al Estatuto real; y se lia tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal al folio 171 del tomo 25 de San Juan, finca número 1051, anotación letra A.”

No conforme la parte interesada, interpuso el presente recurso gubernativo. En su alegato sostiene que si bien la cuantía del derecho sucesorio debe regularse por la ley de Puerto Iiico, el documento en que diclio derecho se declara habiendo sido otorgado en España debe regirse por la ley es-pañola. Cita en apoyo de su contención el artículo 66 de la Ley de Evidencia y los casos de Hecht v. Hecht, 12 D. P. R. 227 y Rojas Randall & Co., Inc., v. Registrador, 27 D. P. R. 21. El recurrente equipara la declaratoria de herederos a un testamento que hubiera otorgado un súbdito español en España y se hubiera presentado en uno de los registros de la propiedad de Puerto Bico para los mismos fines que se pre-sentó la declaratoria, y también parece que considera la de-claratoria similar a una escritura otorgada en el extranjero en la cual se hiciera contar un contrato de compraventa de bienes inmuebles situados en Puerto Bico.

No es enteramente así como surge la cuestión de la nota del registrador. Este sostiene que tratándose de una heren-cia en la que se comprenden bienes inmuebles radicados en Puerto Bico, carece de jurisdicción para dictar el auto de de claratoria de herederos, en cuanto a dichos bienes por su-puesto, el Juzgado de Madrid, correspondiendo dicha ju-risdicción a la corte de distrito de Puerto Bico competente.

Con respecto a cuál es la ley que regula la trasmisión de bienes inmuebles en esta Isla, no hay duda alguna. En el caso de Colón v. El Registrador de Aguadilla, 22 D. P. R. 369, se hizo un examen detenido de las disposiciones del Có-digo Civil sobre la materia tales como fneron revisadas por la Asamblea Legislativa de Pnerto Rico, y se decidió final-mente que:

“Interpretando los artículos 9, 10, 11, 282 y 284 del Código Civil vigente, en relación unos con otros, y todos a la luz de los cambios y enmiendas introducidas por la Legislatura en 1902 y Le-gislaturas subsiguientes, así como de la intención manifiesta y objeto de los mismos, el tutor español de menoi’es españoles residentes todos en España autorizado por el Consejo de Familia, conforme lo exige el Código Civil Español, o el apoderado o mandatario designado al efecto por dicho tutor, necesitan la autorización previa de la corte de distrito del lugar en donde radiquen los bienes para proceder a la cancelación de una hipoteca sobre bienes inmuebles radicados en Puerto Rico.”

Y en el ele Bracons v. El Registrador de San Juan, 24 D. P. R. 753, refiriéndose concretamente a transmisiones por herencia, dijo este tribunal que:

“Con arreglo al principio que informa el Código Civil revisado vigente en Puerto Rico, la sucesión de un súbdito español, catalán, con respecto a bienes inmuebles situados en esta isla, debe regirse por la ley portorriqueña y no por la legislación catalana.”

En el caso de Williams v. Kimball, reportado en 26 L. R. A. 747, la Corte -Suprema de Florida se expresó así:

“Esta proposición tendría el efecto de hacer depender la capa-cidad de una persona para heredar bienes raíces situados en este Estado, no de nuestras leyes sino de los estatutos varios ,de quizás cien o más Estados o países en que pudieran residir los diferentes interesados en una herencia. Bajo una situación tal de derecho un ciudadano del Estado con residencia en él pudiera quedar fuera del concepto de heredero y sin embargo tener derecho a participar de la herencia caso de vivir accidentalmente en un punto de la fron-tera de un Estado vecino. Esta contención del apelante es ins.os-tenible. Dentro del derecho común, que para nosotros es ley, todas las cuestiones sobre partición y trasmisión hereditaria de bienes raí-ces deben determinarse d'e acuerdo con la ley de la jurisdicción en que están situados los bienes. Hablando sobre la materia dice Story en su obra ‘Conflict of Laws’ (sec. 483): ‘ * * '* La herencia de bienes raíces se rige exclusivamente por la legislación del país en que los mismos están realmente situados. Ninguna persona puede heredar, excepto aquellas que están reconocidas como here-deros legítimos por las leyes del país; y ésas herederán en el orden y proporción que dichas leyes prescriban. Esta es la doctrina in-discutible dentro del derecho común.’ Tal es el criterio que preva-lece entre los tratadistas de derecho aún en aquellos países donde no rige el derecho común. ‘General aunque no universalmente, los juristas extranjeros sostienen la misma doctrina; y de con-formidad con ella declaran que en los casos de sucesión intestada la determinación de quiénes son las personas con derecho a la he-rencia debe regularse por la ley del lugar donde la cosa está situada, ya verse la cuestión sobre legitimidad, primogenitura, derecho de representación, consanguinidad o afinidad.’ Id., see. 484a. Entre un gran número de autoridades que sostienen las proposiciones de Story arriba citadas están Boyce v. St. Loúis, 29 Barb. 650; Dawes v. Boylston, 9 Mass. 337, 6 Am. Dec. 72; Bryan v. Moore, 11 Mart. (La.) 26, 13 Am. Dec. 347, y autoridades citadas en la nota corres-pondiente ; 3 Am. & Eng. Encyclop. Law, p. 566; Abston v. Abston, 15 La. Ann. 137; Potter v. Titcomb, 22 Me. 300; Elliott v. Minto, 6 Madd. Ch. 16; Chapman v. Robertson, 6 Paige 627, 3 L. ed. 1128, 31 Am. Dec. 264.”

Si la herencia de bienes raíces situados en Puerto Bico se rige, pues, exclusivamente por las leyes de esta Isla, pa-rece natural que se acuda a los tribunales del país para fijar el derecho hereditario.

En este caso concreto no habría conflicto. . El tribunal puertorriqueño dictaría seguramente la misma sentencia que dictó el tribunal español, porque la ley vigente en España es igual a la que está en vigor en Puerto Bico, pero no es esa la consideración que debe guiarnos. Podría ser distinta la ley y en tal caso ¿correspondería al registrador, un funcio-nario administrativo, decidir el conflicto?

Si examinamos los precedentes españoles encontraremos que según la Besolución de la Dirección General de Begis-tros de 8 de febrero de 1866, no se reconoció validez en Es-paña a una declaratoria de herederos hecha en Francia, y en general que la misma Ley ele Enjuiciamiento Civil — ar-tículo 956 — prescribe que para inscribir las sentencias ex-tranjeras en los registros es necesario además del testimonio de las mismas, el certificado de la providencia del Tribunal Supremo de la nación en que se declare que debe dárseles cumplimiento. Véase 1 Galindo, Legislación Hipotecaria, 507, y 4 Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 235.

■Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no contiene pre-cepto alguno sobre la materia. La parte recurrente cita el art. 56 de la Ley de Evidencia. Dicho artículo forma parte del capítulo que trata de los documentos y para fijar su al-cance es conveniente compararlo con los artículos 59, 60 y y 64 de la propia ley de Evidencia.

Aun cuando so reconociera a la declaratoria de herederos el carácter de una verdadera sentencia dictada por un tribunal extranjero con jurisdicción sobre la materia y las par-tes, siempre tendida que someterse de algún modo a un tribunal puertorriqueño para que fuera eficaz en Puerto Bico.

Véase lo que dice Billing Case Law, resumiendo la juris-prudencia, sobre el efecto en general de sentencias extranje-ras. Es como sigue:

. “Aunque lia sido generalmente admitido por las cortes de este país que una sentencia extranjera es concluyente en aquellos asun-tos con que incidentalmente viene a tener relación, o cuando el de-mandado la invoca para hacer una alegación de cosa juzgada, las decisiones están en conflicto en cuanto al efecto de una sentencia tal cuando se trata directamente de su validez, como por ejemplo cuando una corte del país es llamada a ponerla en vigor mediante un pleito basado directamente en dicha sentencia. La mayoría de las decisiones americanas publicadas, y especialmente las más anti-guas, están de acuerdo con el criterio que de viejo sustentaban las cortes inglesas, y sostienen que bajo tales circunstancias no se dará efecto concluyente a la sentencia extranjera, sino que será conside-rada sólo como prueba prima facie de los derechos y asuntos que en ella, por su faz, se deciden, pudiendo investigarse los méritos de la controversia. Hay, sin embargo, autoridades que declaran lo con-trario, aún entre las más antiguas decisiones del país, y la tendencia de las decisiones modernas parece ser seguir la doctrina inglesa que hoy prevalece, y sostienen que una sentencia extranjera sobre una materia que está dentro de la jurisdicción de la corte, teniendo la corte jurisdicción sobre las partes, de manera que éstas estaban personalmente obligadas por la sentencia, en el país en que fué dictada, es concluyente en este país en cuanto al asunto en ella de-cidido, cuando ha habido un juicio sobre los méritos y no se ha de-mostrado fraude alguno o falta de jurisdicción. De acuerdo con la regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, si una corte competente con jurisdicción sobre la materia y sobre las partes, y mediante las debidas alegaciones y pruebas y una oportu-nidad para presentar defensas contra las mismas, y los procedi-mientos están en consonancia con el enjuiciamiento de una juris-prudencia civilizada, y están contenidos en un record claro y debi-damente formalizado, la sentencia es prueba prima facie, cuando menos, de la verdad de lo en ella decidido; y debe considerársele como concluyente sobre los méritos del asunto juzgado en el tribunal extranjero, a menos que se demuestre algún motivo especial para impugnarla, como, por ejemplo, demostrando que está viciada por fraude o prejuicio, o que debido a los principios del derecho inter-nacional y a la cortesía de este país no debe dársele entero crédito y valor.” 15 R. C. L. 919-20.

Con objeto de ver si encontrábamos alguna disposición específica sobre la materia, liemos examinado el Tratado de Amistad y Relaciones Generales entre los Estados Unidos de América y España de 3 de julio de 1902 que aparece en el vol: 33, segunda parte de los Estatutos at large de los Estados Unidos. A él pertenecen las siguientes disposiciones que guardan relación con el caso pero que nada concreto resuel-ven sobre la cuestión especial que se examina:

“Artículo III. — Cuando por fallecimiento del que posea por cualquier concepto bienes inmuebles en el territorio de una de las Partes Contratantes dichos bienes debieren pasar, según las leyes del país donde radican, a manos de un ciudadano o súbdito de la otra, y éste por la legislación del país donde se hallan situados dichos bienes inmuebles estuviese incapacitado para ello, se concederá al mencionado ciudadano o súbdito un plazo de tres años para ven-derlos, prolongándose este plazo prudencialmente, si las circunstan-cias lo hiciesen necesario, y asimismo para retirar los productos de ellos, sin restricción ni intervención y exentos de todo derecho o carga de sucesión, de testamentaria o administrativos, que no fuesen ■aquellos que se impongan o impusieren en casos similares a los ciu-dadanos o súbditos del país del que se sacaren dichos productos.
“Los ciudadanos o súbditos de cada una de las partes Contra-tantes tendrán plenas facultades para disponer de sus bienes mue-bles en los territorios de la otra, por testamento, donación o de otra suerte; y sus herederos, legatarios y donatarios, que sean ciudada-nos o súbditos de la otra Parte Contratante, bien residan o no en ■dichos territorios, sucederán' en los expresados bienes muebles, y podrán tomar posesión de los mismos, sea directamente o por re-presentación, y disponer de ellos a su voluntad, abonando única-mente aquellos derechos que están obligados a abonar los ciudadanos o súbditos de la Nación donde se hallen los bienes referidos, en casos semejantes.
“En el evento de que los Estados Unidos concediesen a los ciu-dadanos o súbditos de una tercera Potencia el derecho de poseer y conservar bienes inmuebles en todos los Estados, territorios y do-minios de la Unión, los súbditos españoles disfrutarán de igual de-recho; y sólo en ese caso, recíprocamente, los ciudadanos de los tados Unidos lo disfrutarán también en los dominios de España.”
“Artículo VI. — Los ciudadanos o súbditos d'e cada una de las Altas Partes Contratantes tendrán libre acceso a los Tribunales de la otra, de conformidad con las leyes que rijan la materia, así para la persecución como para la defensa de sus derechos en todos los grados de la jurisdicción establecida por la ley.” * * *
Artículo XXVII. — Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cón-soles y Agentes Consulares de las respectivas Altas Partes Contra-tantes, tendrán, conforme a las leyes de su país y a las instrucciones j reglamentos de su propio Gobierno, en cuanto sean compatibles con las leyes locales, el derecho de representar a los herederos au-sentes, desconocidos o menores de edad, parientes inmediatos o re-presentantes legales de los ciudadanos o súbditos de su país, que mueran dentro de su jurisdicción consular; así como de aquellos de sus compatriotas que mueran en el mar, cuyos bienes sean llevados a su demarcación consular; y de comparecer personalmente, o por me-dio de delegado que los represente en todos los procedimientos rela-tivos al arreglo de sus bienes, hasta que los herederos o represen-tantes legales comparezcan por sí mismos.” * * *

Tampoco el Tratado de París resuelve en concreto la cuestión. Y es que parece sobreentendido que sólo los tribu-nales de la Isla son los llamados a decir la última palabra en cuanto a la trasmisión por herencia de los bienes inmue-bles en ella situados.

“El título sobre sus tierras es precisamente la materia que cada soberanía conserva el derecho exclusivo de regular por sus propias leyes. ‘Una soberanía no puede con seguridad permitir que el título sobre sus tierras se determine por una autoridad extraña. Cada Estado tiene su política fundamental en cuanto a la posesión de tierras; una política que está escrita en su historia, le es familiar a su pueblo, está incorporada a sus instituciones y se adapta a su suelo.’ (Wharton, Conflict of Laws, p. 636, see. 272)” 18 C. J. 809, nota.

Esto no quiere decir, desde luego, que cuando un súbdito extranjero muera en su país y allí sus herederos obtengan de acuerdo con las leyes allí vigentes, la declaración de su derecho, tal documento carezca de valor en Puerto Rico. Lo que sí quiere decir es que si los herederos necesitan fijar sus derechos como tales en relación con bienes inmuebles situa-dos en Puerto Rico tienen que acudir a los tribunales de Puerto Rico para determinarlos de acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico. Los tribunales de la Isla recono-cerán a los documentos que se les presenten el valor que tengan y ante ellos se seguirá el procedimiento total o com-plementario que requieran las circunstancias que concurran en cada caso particular.

La misma decisión de Hecht v. Hecht, 12 D. P. R. 227, ci-tada por el recurrente, es ilustrativa de la conducta que debe seguirse. Véase con qué cuidado la corte de distrito y este Tribunal Supremo limitaron el alcance de su resolución a los bienes situados en Puerto Ric'o, expresamente aclarando el Supremo “que las resoluciones dictadas o que se dicten en procedimientos judiciales, seguidos en el Cantón de Ginebra sobre bienes muebles o inmuebles de don Felipe Iiecht allí existentes, no pueden ser afectados por dicha sentencia (la de la corte de distrito que se ‘confirma), sin perjuicio del derecho que asista a las partes interesadas para impugnarlas ante jurisdicción competente.”

El caso de Rojas, Randall & Co., v. Registrador, 27 D. P. R. 21, también citado por la parte recurrente, no se opone a los principios establecidos en esta opinión.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Argüeso et al., Demandados y Apelados.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 2585.
    Resuelto en abril 13, 1923.
    CANCELACIÓN BE TÍTULO EXTINGUIDO-CAUSA DE ACCIÓN — -DEMANDA SUFI-CIENTE. — Una demanda en la cual se alega el dominio de cierta tinca que se describe y la existencia do un derecho adverso inscrito pero extinguido, con la debida súplica de que sea cancelada la inscripción del mismo, aduce hechos suficientes para constituir causa de acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado de los apelados: Sr. R. Cuevas Zequeira.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior después de reseñar los hechos alegados en la demanda declaró con lugar la excepción previa a la misma formulada por las razones que pasamos a transcribir:

“Aún cuando en la súplica de la demanda se pide que se declare que la finca es de la exclusiva propiedad de Pablo Ruiz y que se can-cele la inscripción que de la misma aparece en el Registro de la Propiedad a nombre de los demandados, claramente la acción que se ejercita es nna personal sobre otorgamiento de escritura, y habiendo transcurrido más de 15 años desde el día en que pudo ejercitarse, o sea desde el 12 de febrero de 1901, dicha acción está prescrita y por tanto la demanda no aduce hechos suficientes para determinar la causa de acción establecida.”
“El caso presente cae de lleno dentro de la doctrina establecida en el de Berríos v. Dávila, 28 D. P. R. 821.”

El demandante no hizo enmiendas a su demanda y es-tablece apelación contra nna sentencia que declara sin lugar dicha demanda.

El artículo 282 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Cualquiera persona puede promover una acción contra otra que reclame un derecho o participación en propiedad real que fuere opuesto a dicha acción para el efecto de que se resuelva la contra-dicción entre ambas.”

El caso de Berríos v. Dávila fué pura y simplemente una acción para obligar al cumplimiento específico de otorgar una escritura. La súplica no comprendía ni sugería la posi-bilidad de algún otro o ulterior remedio. Puede ser que los hechos alegados pudieron haberse considerado suficientes para establecer una acción con el fin de resolver cualquier contradicción o defecto en el título, de haber habido cualquier. indicación por remota que fuere de semejante propósito, pero esa no es la cuestión que ahora pende ante nuestra consi-deración. La teoría de la demanda en el caso de Berrios aparece indicada en la argumentación del caso en apelación como ‘ha sido reseñada en la opinión.

Algunos meses después de la decisión del caso de Be-rrios el abogado del demandante y apelante en dicho caso radicó la demanda que ahora consideramos, la cual presenta hechos algo semejantes en forma muy distinta.

Se alega en este caso que el demandante es dueño de la finca que se describe en la demanda; que dicha finca fué ad-quirida por compra en la forma que asimismo se determina; qne mucho antes de tal adquisición el causante de los ven-dedores del demandante había vendido la finca en cuestión a Manuel Argueso y Luis Minel; que al mismo tiempo de tal compraventa Argueso y Minel otorgaron un contrato pri-vado en el cual convinieron que en el caso de llevar a efecto la explotación de una mina que se encontraba en la finca dichos compradores reconocerían al vendedor el 25 por ciento neto sobre los beneficios que de la misma resultaren, bien si ésta se explotare o si fuere vendida; que posteriormente los referidos Argueso y Minel, en unión de su vendedor, causante del demandante, otorgaron una escritura pública dejando sin valor ni efecto el contrato privado antes,men-cionado y convinieron que si dentro del plazo de dos años subsiguientes no convinieren Argueso y Minel continuar con la finca, la pasarían en venta a su referido vendedor a quien otorgarían la correspondiente escritura; que al vencer el término citado últimamente en 12 de febrero de 1901, Ar-gueso y Minel entregaron la finca a su referido vendedor quien tomó posesión material de la misma desde ese día y la vino poseyendo sin interrupción alguna hasta su muerte;-que después continuaron en posesión de dicha finca sus here-deros y en la actualidad el demandante; que Argueso y Mi-nel en ningún momento traspasaron el título de la finca a que se ha hecho referencia; habiéndose ausentado el primero de la isla y muerto el segundo en la fecha que se indica en la demanda.

La súplica de la demanda, como indica el juez sentencia-dor, pide que se dicte sentencia en contra de los demanda-dos, declarando que la finca es de la exclusiva propiedad del demandante, y que se cancele la inscripción que de la misma aparece en el registro de la propiedad a nombre de Manuel Argueso y Luis Minel.

En el caso de Arrington v. Liscom 34 Cal. 365, 94 Am. Dec. 722, se resolvió, según consta del sumario del tomo ci-tado en último término, lo siguiente:

“Uu título inscrito de una finca que aparentemente es buena constituye un defecto a un título a la misma que ha sido adquirido subsiguientemente por posesión adversa de acuerdo con el estatuto de prescripción y el poseedor tiene derecho a haeer que desaparezca. Y no está obligado dicho poseedor a tener que esperar a que sea ata-cado antes de que pueda reducir la prueba de su título a la forma de récord permanente.”

En el mismo caso la corte de California al resolver una moción de reconsideración, dijo en la página 729, entre otras cosas, lo siguiente:

“Si está extinguido el título de Liscom, bien por la ejecución que ya ha tenido lugar, o por la posesión adversa de doce años, en-tonces su escritura que representa un título extincto, no le confiere ningún actual derecho subsistente, ya en ley o en equidad, y sólo puede ser una sombra que ejerce su funesta influencia sobre el título del demandante, reduciendo el valor de su propiedad, y el deman-dante tiene derecho a hacer que desaparezca. Admitiendo que las proposiciones legales del demandante que sur jen de los hechos ale-gados sean correctas, la súplica de la demanda es adecuada al caso que ha sido alegado. Y el demandante nada solicita en la súplica de su demanda que sea incompatible con esta teoría de su caso. Aunque la súplica no puede auxiliar al presentarse un caso que por otra parte se presenta defectuosamente en la demanda, puede muy bien servir para mostrar qué clase de caso supone -el deman-dante que ha probado, y la naturaleza del remedio al cual se con-sidera con derecho. Puede indicar el objeto que el demandante pre-tende realizar.”

En casos como éste, una demanda en la cual se alega el dominio de la propiedad que en ella se describe y la exis-tencia de un derecho adverso sobre la misma, con. la debida súplica en que se solicita un remedio, parece especificar he-chos suficientes para constituir una causa de acción. Véanse los casos de People v. Center, 66 Cal. 551, Mining Co. v. Mining Co., 83 Cal. 589, y el de Davis v. Crump, 162 Cal. 513.

Por virtud de lo anterior procede la revocación de la sen-tencia apelada.

Revocada la. sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomaron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Ciuró, Demandante y Apelante, v. Ciuró et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reconocimiento de hijo natural.
    No. 2719.
    Resuelto en abril 16, 1923.
    Filiación — Prueba del Reconocimiento Hallada Después de Fallecido el Padre o Madrt!' — Prescripción de la Acción de Filiación. — Una persona na-cida en diciembre 11, 1869, no tiene derecho a pedir su reconocimiento como hijo natural al amparo de un documento que se alega descubierto en agosto de 1919 en el cual el supuesto padre natural, fallecido en 1908, le reconocía como su hijo. En cualquier momento anterior a 1902, o en otras palabras, durante la vigencia del Código Civil Español, el hallazgo de tal documento hubiera aprovechado al demandante^ pero no después. La enmienda introdu-cida en 1911 al artículo 194 del Código Civil extiende el término de las ac-ciones vigentes a la fecha en el caso de que un documento creditivo del reco-nocimiento fuera hallado subsiguientemente, pero no revive derechos ya pres-critos.

      Id. — Id.—Quaere.—Si la comunicación del documento a dos personas no es una publicación quo excluya al demandante del beneficio de la excepción señalada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. D. Sepulveda.

    Abogados de las apeladas: Sres. G. Brunet y J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Como esta fué una sentencia dictada sobre las alegacio-nes las afirmaciones hechas en la demanda deben ser teni-das por ciertas. De ellas aparece que hacia fines del mes de agosto, 1919, el demandante tnvo conocimiento del siguiente documento:

“Por el presente documento yo Cristino Ciuró y Ortega, mayor de edad y vecino de este partido, declaro que lie tenido un hijo natural con Ana Santiago, llamado Rafael y quiero que en la pila bautismal se ponga como Rijo reconocido mío llevando mi apellido con los derechos que le cobija la ley, habiendo nacido ese niño el día 1,1 de diciembre del año 1869 en esta feligresía, y para que consta hago el presente ante los testigos que suscriben en Juana Díaz, a siete de Mayo de 1870. — (Firmado y rubricado). — Cristino Ciuró.— Testigo Osvaldo Goico. — Testigo José Rivera.”

Después de formulada una contestación, la corte dictó sentencia a favor de los demandados basada en la teoría de que los derechos del demandante Eafael Ciuró para esta-blecer una acción habían caducado y quedado extinguidos en virtud de lo determinado en el artículo 199 del Código Civil Eevisado en relación con la regla 4a. de las disposi-ciones transitorias de ese código y que la ley de marzo 9, 1911, enmendando el artículo 194 del Código.Civil no tenía el alcance de revivir la acción, citando casos de esta corte.

La ley de marzo 9, 1911, enmendando el artículo 194, es Como sigue:

“Art. 194. — Las acciones para el reconocimiento de hijos natu-rales, sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres, o un año después de su muerte, salvo en los casos siguientes:
“1. Si el padre o la madre hubiesen fallecido durante la menor edad del hijo, en cuyo caso éste podrá deducir la acción antes de que transcurran los primeros cuatro años de su mayor edad.
“2. Si después de la muerte del padre o de la madre apareciere algún documento de que antes no se hubiese tenido noticia, en el que reconozcan expresamente al hijo.
“En este caso la acción deberá deducirse dentro de los seis meses siguientes al hallazgo del documento.
“El reconocimiento hecho a favor de un hijo que no reúna las condiciones del párrafo primero del Artículo 193, podrá ser im-pugnado por aquellos a quienes perjudique.”

Este precepto legal es una reproducción exacta del ar-tículo 137 del Códig’o Civil Español. ,

La presente demanda fué radicada el 28 de enero de 1920 y como el documento según se lia alegado fué bailado a fines del mes de agosto, 1919, la acción se inició dentro de los 0 meses del hallazgo del alegado documento.

En el caso de Orta v. Arzuaga, 23 D. P. R. 260, al revi-sar la anterior jurisprudencia, resolvimos que una ley no podía' tener efecto retroactivo. En ese caso el padre había muerto dentro del año anterior al comienzo de la acción, que es el tiempo limitado en el artículo 194, supra. Allí el hijo había nacido en el año 1874 y por tanto tenía 38 años al es-tablecer su acción. Según esta corte el demandante debió haber establecido su acción dentro de los dos años después de llegar a su mayoridad de acuerdo con el artículo 199 del Código Civil y resolvimos que la ley de 1911 no revivía la ac-ción. Analizamos el caso de Campbell v. Holt, 115 U. S. 620, y lo diferenciamos. Anteriormente en el caso de Jesús v. Sucesión de Pérez Villamil, 18 D. P. R. 403, habíamos resuelto la misma cuestión y en el de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R. 559, resolvimos que la prescripción de los derechos de un hijo natural era de un orden distinto a la prescrip-ción ordinaria de las deudas 3r no podía ser interrumpida. Para más amplia discusión el caso de Orta v. Arzuaga es en su totalidad pertinente. El presente caso es distinto. En éste tenemos el hallazgo de un documento del cual el deman-dante no tuvo ningún conocimiento hasta su hallazgo en agosto de 1919. Tal vez alguno de nuestros razonamientos en los anteriores casos no es aplicable toda vez que el ape-lante no tuvo oportunidad durante la vida de su padre de presentar el documento en cuestión. El susodicho padre fa-lleció en 30 de abril de 1908. Sin embargo, entre el año 1902 y 1911 el hallazgo de un documento semejante al que ahora- se considera no hubiera servido a un hijo natural si de acuerdo con el artículo 199 vigente entonces él no había establecido su acción dentro de los dos años después de lle-gar a su mayoridad.

Aquí el demandante llegó a su mayoridad en el año 1890. Si en cualquier momento antes de 1902 él Rubiera bailado el documento, este Rubiera servido a sus fines, pues el artículo 137 del Código Español estaba entonces en vigor pero ese artículo fue derogado en el año 1902.

El apelante nació bajo el imperio de la Ley de Toro. De acuerdo con sus disposiciones la acción prescribía a los 20 años. Por tanto si Ra de invocarse cualquier legislación particular anterior debe ser la de Toro más bien que el artículo 137 del antiguo código.

El caso se encuentra precisamente en la misma situación que si el artículo 137 del Código Civil Español jamás Rubiera existido. La cuestión es si por virtud de la aprobación de la ley de 1911 la legislatura tuvo la intención de revivir de-recRos que Rabian quedado extinguidos enteramente bajo la previa legislación. No encontramos ninguna prueba de tal intención como no sea el lenguaje preciso que Ra sido em-pleado. ¿ Podría suponerse que la legislatura tuvo la inten-ción de que hombres de edad madura, de 50 años en el pre-sente Caso, adquirieran repentinamente derechos contra sus padres, familia o su propiedad cuando bajo todas las proba-bilidades tales derechos, y especialmente los derechos de propiedad, hubieran sido adquiridos desde mucho antes? Una razón más poderosa que stare decisis (como en el caso de González v. Benitez recientemente confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos) subsistiría e indica-ría un criterio contrario.

A los estatutos se les da una interpretación previsora. El artículo 3 del Código Civil prescribe que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran expresamente lo contrario. Este artículo lo interpretamos en el caso de Orta v. Arzuaga y en casos anteriores, en el sentido de que la ley de 1911 no podía revivir lo que ya había prescrito. El ape-lante sostiene que es ahora que se le confiere por primera vez una causa de acción. La cansa de acción existió antes. La prueba faltaba. Lo que la ley de 1911 hace es extender el término de las acciones que existían en la fecha de su aprobación en el caso de que un documento fuera hallado subsiguientemente.

Los apelados también llaman la atención hacia el hecho de que el artículo 194, como fué enmendado, está redactado en lenguaje que es algo dudoso. Dice, “Si después de la muerte del padre o de la madre apareciere algún docu-mento * * *. Sostienen ellos que estas palabras sólo pueden aplicarse a un documento que sale por primera vez a la luz después de la muerte del padre o madre. El docu-mento en cuestión era conocido por dos personas en el año 1870. No era secreto como un testamento o un documento particular ocultado por el padre. Preferimos fundar nuestra decisión en otras consideraciones, pero la alegación de los apelados no carece de mérito. Ni hemos considerado si en esta clase de acciones es necesario alegar la aceptación de la herencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El- Juez Asociado- SR. Filasco Soto,

text:
    Boerman, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, negando una ano-tación.
    No. 566.
    Resuelto en abril 16, 1923.
    Anotación de Demanda en el Registro — Artículo 20 de la Ley Hipotecaria— Debido Proceso de Ley. — Una moción para anular la sentencia dictada en pleito' de filiación fallado a favor de la demandante, quien a virtud de la sentencia adquirió cierto condominio que inscribió a su nombre j traspasó luego a título de venta, no puede anotarse en el registro al amparo del ar-tículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues permitir la anotación sería permitir que el comprador, que no ha sido parte en el procedimiento, quedara expuesto a ser privado de su propiedad sin ser oído.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sra. Ii. Tormes.

    El registrador recurrido compareció por escrito. 1
   El- Juez Asociado- SR. Filasco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando hacer uso del artículo 91 del Código de Enjui-ciamiento Civil, Mrs. Charles M. Boerman solicitó del re-gistrador de la propiedad, la anotación de una moción me-diante la cual pedía a la corte de distrito dejar sin- efecto cierta sentencia por la que se declaró a Amelia M. Marrero hija natural reconocida del finado Charles M. Boerman, y se le adjudicó como consecuencia de dicha sentencia parte de una finca, inscrita al folio 104 del tomo 63 ele la sección Ia. del Registro de San Juan.

El registrador denegó la anotación por el fundamento que consignó en la siguiente nota:

“Denegada la anotación que se solicita en el anterior documento por hallarse inscrito el condominio de 3.601 dollars 46 centavos a favor de Don Jorge Romany y Delgado, que no ha sido demandado y es persona distinta de las partes litigantes,' y se toma en su lugar anotación preventiva por término legal con vista de una copia de la moción presentada a la Corte interesando se deje sin efecto la sen-tencia dictada en el pleito.”

No conforme cou la calificación del registrador, se esta-bleció por la recurrente el presente recurso.

Del récord resulta que después de haberse adjudicado a Amelia M. Marrero el condominio que fue inscrito a su nom-bre en el registro, la citada Marrero vendió al mismo Jorge Romani y Delgado, por escritura otorgada el 4 de febrero de 1922, ante el notario José Tous Soto, inscribiéndose luego dicha venta en el registro a favor del comprador. Aparece además, que la moción que se pretende anotar en el registro como aviso de demanda, se presentó en el pleito de filia-ción iniciado a nombre de Amelia M. Marrero, despnés de dictada sentencia en favor de la demandante, con el pro-pósito de obtener la nulidad de la referida sentencia, así como de todo lo actuado en dic'bo pleito.

Asumiendo, para los efectos solos de la argumentación, que una moción como la presentada, equivale a un aviso de demanda, no vemos, sin embargo, la posibilidad de que pudiera anotarse en el registro cuando el condominio sobre el cual tenía que producir sus efectos conforme a lo que se pretende, liabía pasado y estaba inscrito a nombre de persona distinta de la demandante, Amelia M. Marrero. Esto, sin duda, afectaría en su esencia el artículo 20 de la Ley Hipotecaria que si bien por su letra parece referirse sola-mente cuando se trata de transferencias de dominio, pose-sión o derechos reales, es lo cierto que su espíritu alcanza a los embargos o a los avisos de demanda que autoriza el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Nuestra con-clusión en este punto podemos verla confirmada en el co-mentario que hace G-alindo, en su obra sobre Legislación Hi-potecaria, del artículo 20, diciendo, en parte, lo siguiente:

“ * * Si el juez, en juicio civil o criminal, ordena el embargo de fincas, o en juicio ordinario prohíbe su enajenación, o de-creta la anotación de demanda, no podrá anotarse el mandamiento, si las fincas en él comprendidas no aparecen inscritas a nombre de la persona contra la que se decretó el embargo o la prohibición de enajenar, o a nombre del demandado, según los casos, así como tam-poco se inscribirán las adjudicaciones de fincas, si no constan ins-critas a favor de la persona contra quien se hubiere seguido el pro-cedimiento.” G-alindo, Legislación Hipotecaria, Tomo 2, pág. 155

Por otra parte teniendo en cuenta lo que en potencia sig-nifica la anotación que se pide, su finalidad en la sentencia sería la cancelación de las inscripciones verificadas no sólo a favor de Amelia M. Marrero sino también de su comprador Jorge Bomaní y Delgado, quien, nó lia sido parte en el pro-eedimiento y a quien no podía perjudicar la resolución de la corte en caso de accederse a la solicitado en la moción, por el principio de que nadie puede ser vencido en juicio sin ser oído, o lo que es lo mismo: el comprador sería despojado de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, que es pre casamente lo que lia previsto el artículo 82 de nuestra ley hi-potecaria cuando, refiriéndose a las formas cómo debe can-celarse una inscripción o anotación preventiva, dispone que no se podrá cancelar una u otra hechas en virtud de escri-tura pública, sino por providencia ejecutoria, para lo cual necesariamente tenía que oirse a las partes a quienes podía perjudicar la cancelación; y así en lo ■ pertinente el citado artículo, dice:

“Art, 82. — -Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su con-sentimiento para la cancelación la persona cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causa-habientes o represen-tantes legítimos.
“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamien tos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de este ar-tículo. ’ ’

Pero examinando estrictamente los términos de la mo-.ción que se quiere hacer valer como un verdadero aviso de demanda, no puede considerarse comprendida corno tal en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, que invoca la recurrente para pedir su anotación en el registro, porque no se trata de una verdadera demanda en la que se haya com prendido todas las partes que del registro aparecen con in-terés en el condominio y cuya cancelación se interesa obte-ner por medio de una simple moción.

La recurrente sostiene, no obstante, que el comprador Bomaní no es tercero e insiste en que ha debido verificarse la anotación. Esto nos conduciría a entrar de lleno en el fondo de la cuestión y en este recurso carecemos de juris-dicción para que discutiéramos los méritos del caso y, bajo esta consideración, tampoco nos sería permitido examinar la jurisprudencia que cita la recurrente en la que se discute y examina el carácter de tercero por no ser de oportunidad su aplicación a la cuestión planteada en el presente recurso.

Por todo lo expuesto, se confirma la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Se. FbaNco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sucesión Serrallés, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la Ley número 91 de 1919 sobre contrato de trabajo.
    No. 1977.
    Resuelto en abril 17, 1923.
    Trabajo — Pago de Salarios a los Obreros- — Constitucionalidad de la Ley so-bre Contrato de Trabajo. — En el presente caso la prueba demuestra que el obrero trabajaba eon la denunciada por un jornal pagadero semanalmente; que era costumbre de la acusada entregar tickets a los trabajadores, los que oran taladrados diariamente, significando el taladro el tiempo que había trabajado el obrero y las cantidades que tenía devengadas; que un tal Juan de Dios Colón mantenía nominalmente una tienda de provisiones en terreno y casa de la central, toda vez que la acusada era la que además facilitaba el dinero para la compra de provisiones y en dicha tienda el obrero citado, haciendo uso del ticket ya referido, voluntariamente tomó cierta cantidad de provisiones, cuyo importe le fué descontado por la acusada del semanal que había ganado por su trabajo. Se resolvió: que tales hechos constituyen una violación de la Ley num. 91 de 1919 sobre contrato de trabajo, cuya constitucionalidad se declara por el Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Parra Capó é Torres Córdova.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. FbaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la corte inferior declaró culpable a la acusada “Sucesión de J. Serrallés,” por infracción de la Ley mini. 91 sobre contrato de trabajo, promulgada en marzo 31 de 1919, imponiéndole un dólar de multa y las costas.

La denuncia tal como fué formulada, es como sigue:

“Que en la semana que terminó en Die. 15, 1921, y en la hacienda Poneeña de Juana Díaz, del Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz, P. R., la acusada Sucesión de J. Serrallés, que se ¡de-dica al cultivo y elaboración de caña y azúcar, respectivamente, ile-gal, voluntaria, y con intención de violar la Ley, infringieron las secciones Ia. y 3a. de la Ley No. 91, sobi’e contrato de trabajo, pro-mulgada en marzo 31, 1919, de la manera siguiente: En la se-mana que terminó en 15 de diciembre de 1921, la sucesión de J. Se-rrallés, contrató y utilizó en faenas agrícolas de caña, al obrero Ra-món Santiago, quien se ganó en esa semana, la .suma de $2.60 y le descontaron $’2.55, importe de provisiones tomadas en el estable-cimiento de Juan de Dios Colón, que tiene en la hacienda Poneeña, d'e Juana Díaz, cuyo descuento figura en el sobre que se acompaña, timbrado con la firma Sucn. de J. Serrallés, correspondiente a la semana que terminó en diciembre 15, 1921. La acusada ha violado las sgecion.es Ia. y 3a. de la referida Ley No. 91, que dicen en parte: 'en todo contrato celebrado con obreros los salarios de éstos, exelu--sivamente se pagarán en moneda legal de los EE. TJU., etc., y no en. otra forma.”

Y la ley citada, que se alega haberse infringido, en sus secciones Ia. y 3a. dice:

“Sección 1. — En todo contrato celebrado con obreros se pagarán los salarios de éstos, exclusivamente en moneda legal de los Estados Unidos, y si por convenio especial, por costumbre o por cualquier otro motivo percibiere, antes de la fecha regular del pago de su salarió, un anticipo en metálico será legal que el patrono descuente dicho anticipo. Si en un contrato de trabajo celebrado se estipulare que todo o' parte de los salarios, se pagasen en otra forma que en me-tálico, será nulo tal contrato en todo lo referente a la promesa o ■ compromiso de que se paguen los salarios en otra forma que en mo-neda legal de los Estados Unidos.
“Sección 3. — El total de los salarios debidos a un obrero, se le pagarán en moneda legal de los Estados Unidos y no en otra forma, a intervalos que no excederán de una semana: Disponiéndose, que cuando un obrero sea retirado o tenga que retirarse del trabajo du-rante cualquier día de la semana, será obligación del patrono ha-cerle efectivo el próximo sábado el importe del número de días tra-bajados. Todo pago de salarios hecho a un obrero por el patrono mediante mercancías o en otra forma que no sea en moneda legal de los Estados Unidos, será nulo.’7

La apelante hace la asignación de varios errores pero todos se reducen a sostener: 1°., que la lev sobre contrato de tra-bajo promulgada en 31 de marzo de 1919 es inconstitucional; y 2°., que la prueba no sostenía las alegaciones de la de-nuncia.

La cuestión en primer lugar envuelta y que debemos con-siderar es si la ley sobre contrato de trabajo es contraria a nuestra Neta Orgánica o a la Constitución de los Estados Unidos.

Aunque la legislación que se discute representa una in-novación en nuestros estatutos, ella ya había sido conocida en Inglaterra desde el siglo 14, estableciéndose la prohi-bición del pago de los salarios a obreros en ninguna forma de pago que no fuera en moneda de curso legal.

En 1831 se hizo la consolidación de las diferentes leyes sobre el pago de salarios bajo lo que se conoce c'on el nom-bre de Truck Act; y' si bien, por supuesto, no se ha co-nocido que ninguna cuestión ha existido en Inglaterra en cuanto a la constitucionalidad de dicha acta, dado el sistema de leyes en aquella nación, es lo cierto que la historia nos dice que los hechos que dieron lugar a dichas leyes demos-traron que la clase trabajadora, en cuanto al pago de sus salarios, fue considerada en una situación desventajosa en relación con los patronos, y entonces se consideró la regula-ción del pago de tales salarios como materia propia del poder de policía, el cual exigió la necesidad de legislar para co-rregir un mal que se consideró de interés público y social. En tal sentido, no era de extrañar que los mismos hechos se repitieran y qne se originara una legislación más o menos parecida en los Estados Unidos con motivo de que llegó a ser habitual de que un gran número de patronos mantuvieran almacenes generales y tiendas en o cerca del lugar en donde los obreros trabajaban y a quienes se les pagaba sus salarios en todo o en parte en mercancías tomadas en dichos esta-blecimientos. Y esto mismo ha ocurrido en Puerto Rico. De aquí es lógico pensar que surgieran leyes de diferentes Estados, incluso Puerto Rico, más o menos similares a las antiguas leyes de Inglaterra, sobre la misma materia, para corregir el mismo mal e impedir que la situación de los tra-bajadores se hiciera de peor condición y más angustiosa, sometiéndolos a una especie de monopolio en el sentido de obligarles de un modo directo o indirecto a percibir sus salarios o jornales en artículos que no representan el tipo legal (standard value) de lo que se trata de sostener esta-bleciendo la moneda de curso legal para el pago de los mis-mos. Pero, como ocurre con frecuencia, las leyes de carac-teres semejantes a la nuestra, habían de suscitar interpreta-ciones diversas y opuestas en los tribunales de los diferentes Estados, pero de un estudio cuidadoso que hemos hecho de la. jurisprudencia, nuestra conclusión es que los buenos prin-cipios que fueron la base de la legislación inglesa han preva-lecido con más énfasis y fuerza en la jurisprudencia ame-ricana, por la sencilla razón de que si aun se daba protec-ción a los obreros- en un gobierno cuya estructura consistía en una diferencia de clase, títulos, rangos y procedencias, como el inglés, naturalmente que los principios que afecta-ban el bienestar público y persiguen la felicidad individual tenían que florecer con más vigor bajo las instituciones ame - ricanas en las que -no se reconoce la distinción de clases y se proclama la igualdad de todos los hombres ante la ley.

XJna ley parecida a la nuestra se aprobó en West Virginia en marzo 7 de 1891, disponiendo que el pago de los sueldos de los trabajadores no debe hacerse sino en moneda legal. La sección Ia. de dicha ley literalmente dice:

"1. Será ilegal por parte de cualquier corporación, compañía, razón social o persona ocupada en cualquier industria o negocio, expedir, vender, dar o entregar, directa o indirectamente, a cual-quier persona en el empleo de dicha corporación, compañía o razón social en pago de los sueldos que se adeudan a tal trabajador o por vía de adelantos por trabajos por hacer, cualquier certificado, ficha, giro, cheque u otra prueba de obligación que no sea pagadero o re-dimible en dinero legal, y en caso de que tales certificados, fichas, giros, cheques u otras pruebas de obligación fueren así expedidos, vendidos, dados, o entregados a dicho trabajador, será interpretado, tenido y considerado en todas las cortes y lugares como una promesa de parte de la corporación, compañía, razón social, o persona que ex-pida, venda, dé o entregue los mismos, de pagar las suma especificada en ella en dinero legal a la persona mencionada en dichos docu-mentos, o al tenedor de los mismos. Y la corporación, compañía, razón social o persona que de tal modo expida, venda, dé o entregue dichos papeles, será, además, culpable de misdemeanor; y al ser con-victa de dicho delito multada en una suma no menor de $25 ni mayor de $100, y, a la discreción de la Corte, el funcionario o agente de la corporación, compañía o razón social, o la persona que expida, venda, dé o entregue los mismos, podrá ser encarcelada por un término no menor de diez días ni majmr de treinta.”

Y la sección 2a. dice:

“2. Si cualquier corporación, compañía, razón social o persona obligare o compeliere, o tratare de obligar o compeler, a un .em-pleado a comprar mercancías o provisiones en pago del sueldo adeu-dádole, o que pudiere adeudársele de cualquier corporación, com-pañía, razón social o persona, será culpable de misdemeanor, y al ser convicta del delito será castigada como se dispone en la precedente sec-ción. Y si cualquier corporación, compañía, razón social o persona, en pago del sueldo que adeude o pudiere adeudar a un empleado vendiere directa o indirectamente a éste mercancías o provisiones a precios más altos que los precios razonables o los precios corrientes del mercado al contado podrá obligarse en una acción civil a dicha corporación, compañía, razón social o persona a pagar doble la suma cíe los cargos hechos y pagado por dichas mercancías o provisiones en exceso del valor razonable o verdadero en efectivo de las mismas. ’ ’

Esta ley fné atacada de anticonstitucional, pero la Corte Suprema de aquel Estado, en el caso de State v. Peel Splint Coal Co., 36 W. V. 805-6, declaró la constitucionalidad de dicha ley. Este es uno de los casos de más importancia y en él se examinan las diferentes cuestiones, que la apelante pre-senta en ese caso como motivos de error. La Corte Suprema de West Virginia sostiene que la legislatura, al aprobar dicha ley, no ha traspasado su poder inherente de establecer reglamentaciones razonables de policía o que ha violado la constitución del Estado. Uno de los razonamientos más con-vincentes en la opinión de la corte es que el demandado es una corporación que disfruta de extraordinarios privilegios, que le permiten a ella y a sus asociaciones similares de ro-dearse de un vasto número de trabajadores contratados, quie-nes necesitan ser protegidos contra todo' plan fraudulento o sospechoso en el pago de sus salarios. Se dice, además:

“No fundamos esta decisión tanto en el hecho de que el negocio queda afectado por el uso público como en el motivo más poderoso de que la tranquilidad pública y el bien y la seguridad de la comuni-dad exigen, cuando el número de empleados es tal que contratos es-pecíficos con cada trabajador sería improbable si no imposible, que en contratos generales la justicia prevalecerá en cuanto al operador y el minero; y en los arreglos de la compañía con los muchos tra-bajadores, con quienes el Estado, por legislación especial, ha per-mitido a los dueños y encargados rodearse, que se haga desaparecer toda, ocasión para cometer fraude.
“A-menudo se apela al Estado para suprimir huelgas, para desautorizar conspiraciones del trabajo, para oponerse al boycott como perjudicial a la industria y al comercio; y no hay motivo por el cual el mismo poder de policía (police power) no se invoque para evitar que el trabajador sea la víctima del poder opresivo de esa com-binación artificial del capital que se ha originado y hecho posible por razón de una legislación especial del Estado.” Id. id., 820.

Y para demostrar que no se trata de una legislación de clase, se cita el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Railroad Co. v. Becksmith, 129 U. S. 26, 34, en el que se sostiene qne no era inconstitucional como reglamen-tación de policía, requerir a ferrocarriles de cercar sus vías, aunque otros no puedan ser requeridos para cercar su te-rreno y también que una ley requiriendo a tales corporacio-nes para indemnizar ganado lanar muerto en su vía no es un ejercicio injustificado del poder de policía. Y tomando como base esas conclusiones, la Corte Suprema de West Virginia continúa diciendo: °

“Si no puede oponerse la objeción de legislación de clase a tal legislación que se dirige contra una clase de corporaciones solamente, es difícil comprender porque las leyes que se dirigen contra otras corporaciones y que llevan el fin directo de evitar el desorden y des-contento popular, regulando la manera de pesar el carbón y prohi-biendo lo que generalmente se denomina el método pluck me de pago, no deba considerarse como un ejercicio legítimo del poder de policía del Estado.” Id. id. 281.

Con anterioridad a la ley de 1891, cuyas secciones bemos citado, otros reglamentos de policía habían prohibido en West Virginia el empleo de mujeres y menores de doce años. Esta legislación fué seguida por una ley {Act 1887) que se aplicaba solamente a personas, firmas y corporaciones o aso-ciaciones ocupadas en minas o alguna clase de manufactura, pero no a ninguna otra clase o clases de personas. Una de las secciones de esa ley prohibía expedir ninguna orden u otra clase de papel para el pago de sueldos a menos que dicha orden, o papel representara ser redimible por su valor que en sí representa en moneda legal de los Estados Uni-dos. Esta sección fué en verdad declarada anticonstitucio-nal en el caso de State v. Goodwill, 33 W. Va. 179. La ra-zón que tuvo la corte para esa declaración fué la odiosa dis-tinción que hacía separando a los mineros y a los manufac-tureros del resto de la comunidad, imponiendo sobre ellos cargas que no imponía a otros; pero en el análisis de la nueva ley de 1891, que fué objeto del caso de State v. Peel Splint Coal Co., supra, las objecciones en aqnel caso desaparecie-ron y en la opinión de la corte se dice:

“En la ley que abora consideramos esta objeción se bace desapa-recer cuidadosa y completamente como se verá en un examen de la sección 1, c. 76, Leyes de 1891, en la cual se prescribe que será ilegal para- cualquier corporación, compañía, razón social o persona dedi-cada a cualquier industria o negocio expedir a empleados en pago de salarios cualquier certificado, ficba, giro,, cheque u otra prueba de obligación, pagadero o redimible en otra forma que no sea dinero legal.” Id. id. 822.

En Indiana la ley exige a los dueños de minas pagar a los trabajadores cada dos semanas en moneda legal de los Estados Unidos. El caso de Hancock v. Yaden, 121 Ind. 336, sostiene la constitucionalidad de dicha ley.- Uno de los puntos más salientes de la opinión de la corte es como sigue:

“Nuestra sentencia es que la disposición del Estado que pro-híbe el otorgamiento de contratos, renunciando ■ un derecho al pago en dinero es una que la legislatura tenía facultad para poner en vi-, gor. En la página 369, 121 Ind., y página 254 (23 N. E. Rep.) la corte expresa sus motivos para esta opinión, los cuales comprenden substancialmente el fundamento que hemos considerado. En resu-men la corte se expresa en estos términos:
“'El Estatuto produce efectos sobre ambos, el principal y el empleado. Es verdad que en su funcionamiento práctico pueda es-pecialmente beneficiar al que gana un salario; esa no es ninguna falta. En todos los casos la falta no es tan grave que obliga a las cortes a eliminarla. No fija ningún .precio sobre el trabajo de nin-gún hombre. Deja a las partes hacer eso. Pero sí les exige que se abstengan de contratar, antes de que la relación de patrono y em-pleado comience, en cuanto al pago en alguna forma que no sea1 en moneda legal de los Estados Unidos. No impide a las partes el ponerse de acuerdo después que los salarios han sido ganados y los servicios prestados, aunque sí requiere que el contrato anterior no dispondrá que el pago pueda hacerse en alguna otra forma que no sea en dinero de la nación.’ ” Id id. 825.

Una ley semejante también rige en el Estado de Maryland y la jurisprudencia ha sostenido igual teoría que en los casos que liemos examinado. En el caso de Shafter v. Mining Co. 55 Md. 74, se sostiene la ley expresándose la corte así:

“Estando admitido que la Legislatura, al incorporar a la Union Mining Co., se reservó el derecho de alterar o enmendar su carta constitutiva según le pareciera conveniente, no puede existir duda alguna de que la Legislatura pueda decretar una ley prohibiendo a la corporación pagar a sus empleados en otra forma que no sea en dinero, y que podía prohibir a la corporación celebrar contratos con ellos para pago en algo que no fuese dinero.”

Es cierto que en el Estado de Pennsylvania se declaró an-ticonstitucional una ley análoga a las ya mencionadas y así áparece en el caso de Gorcharles v. Wigeman, 113 Pa. State Rep. 431, pero aparte que esta decisión no se funda por ser opuesta a la Constitución Federal sino que la motivó una disposición peculiar del Estado, posterior a ese caso, la Legislatura de Pennsylvania aprobó una ley prohibiendo en absoluto a las compañías mineras o manufactureras de es-tablecer “tiendas” o “almacenes generales de provisiones” en donde ningún artículo fuese vendido a menos que no sean aquellos artículos fabricados por ellos mismos. Leyes de 1891, p. 256.

Los Estados de Tennessee y Virginia lian aprobado le-yes similares a las ya mencionadas y su constitucionalidad lia sido sostenida no sólo por sus respectivas cortes supre-mas sino en apelación por lá Corte Suprema de los Estados TJnidos. Knoxville Iron Co. v. Harbin, 183 U. S. 13 y 15 .Law Ed. 1288.

Los hechos en este caso demuestran quo Ramón Santiago era un jornalero que trabajaba en la central de la Sucesión demandada por un jornal pagadero semanalmente; que era costumbre de la acusada entregar tickets a los trabajadores, los que eran taladrados diariamente, significando el taladro el tiempo que había trabajado el obrero y las cantidades que tenía devengadas. Resulta asimismo de la prueba que un tal Juan de Dios Colón mantenía nominalmente una tienda de provisiones en terrenos y casa de la central, toda vez qne la demandada era la qne además facilitaba el dinero para la compra de provisiones y en dicha tienda Ramón Santiago, haciendo nso del ticket ya referido, voluntariamente tomó cierta cantidad de provisiones, cuyo importe le fue descon-eontado por la acusada del semanal que había ganado por su trabajo. En este caso Santiago había devengado $2.65 durante la semana, había tomado provisiones en la tienda por valor de $2.60, recibiendo en su consecuencia la diferen-cia de cinco centavos en dinero. No aparece que se haya unido al record el ticket original, pero si un sobre de la central que en la parte externa del mismo podemos ver el jornal total y el descuento.

La cuestión, pues, de los hechos que se persiguen, no se refiere a que se haya ejercido coacción con el trabajador para obligarle a comprar en tiendas de la acusada con el ticket que expedía la central, en el que que se anotaba la canti-dad de trabajo y el jornal devengado.

La ley supone que los hechos se realizan voluntariamente, pero así realizados los prohibe para evitar que directa o in-directamente se pueda cometer fraude mermándose de algún modo el jornal del trabajador tan penosamente ganado y res-tablecer la libre contratación de poner al obrero en condicio-nes de disponer de su jornal para gastarlo donde, en virtud de la libre competencia, podría obtener un mejor precio con su dinero sonante.

Se alega, sin embargo, por la apelante, que el ticket ad-vierte al obrero que le da derecho a recibir el importe de su jornal en dinero. Pero aparte que no tenemos a la vista el ticket de referencia y el cual solamente sería redimible según alega el apelante en dinero en la tienda de la central, y no en otra parte, la ley nuestra aparece más estricta en sus tér-minos en relación con las leyes que hemos examinado .y no encontramos nada que se oponga a la autoridad que tuvo la Legislatura de Puerto Pico para establecer la prohibición • que prescribe la sección 3a. de la Ley sobre contrato de tra bajo supra, como regulación comprendida dentro del poder de policía, y sin que en nada pueda haber afectado el prin-cipio constitucional de la libre contratación. Si se conside-rara que este principio hubiera sido afectado, entonces se habría negado a las legislaturas la autoridad para declarar la naturaleza y efectos de los contratos, a legalizar algunos y a invalidar o prohibir enteramente otros. Tal poder ha sido, por el contrario, siempre reconocido. En nuestros estatutos tenemos disposiciones que prohiben el contrato que fija un interés usurario y se considera tal cuando excede de más del 12% anual. En ellos se prohiben las ventas recíprocas en-tre marido y mujer, y uno y otro no pueden disponer de sus bienes gananciales sin su mutuo y expreso consentimiento. El dolo invalida contratos con el fin de impedir el fraude, y así existen otras y parecidas declaraciones en relación con la naturaleza y validez de los contratos. No vemos, por tanto, diferencia entre esas prescripciones, en cuanto al po-der de nuestra legislatura, y la prohibición que establece la ley sobre el contrato de trabajo, ya que su fin es hacer desaparecer las oportunidades para el fraude, siendo función propia del poder de policía, y porque según fué declarado por esta Corte Suprema en junio 13, 1922, en el caso de El Pueblo v. Porto Rican-American Tobacco Co., “cada traba-jador es dueño de y debe recibir todo lo que gana sin estar sujeto a extrañas presiones que le obliguen a ceder parte de su jornal involuntariamente, y para que este propósito pudiera cumplirse y la ley no resultara ilusoria, la prohi-bición impuesta por la misma tenía que ser como fué general, absoluta. ’ ’

Por las razones expuestas, la sentencia debe ser confir-mada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    El Pueblo, Demandante-Apelado v. Serrallés, Demandado-Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la ley No. 91 sobre contratos de trabajo.
    Nos. 1976 y 1978.
    Resueltos en abril 17, 1923,
    por los fundamentos del caso No. 1977 de El Pueblo v. Serrallés, de abril 17, 1923.
    Abogados del Apelante: Sres. Parra Capó y Torres, Cor-dova.

    Abogados del Apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.