author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicomedes Feliciano, acusado y apelante.
    Núm. 6962.

    Sometido: Junio 16, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      Pedro M. Porrata, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Ponce formuló acu-sación contra Nicomedes Feliciano por un supuesto delito de violación cometido al yacer maliciosa y criminalmente con la niña menor de catorce años Angela Nieves Almodóvar, que no era su esposa, allá para el día 20 de octubre de 1935, en el municipio de Yauco. Celebrado el juicio ante un ju-rado, fue declarado culpable. Solicitó un nuevo juicio, que le fue denegado, dictándose después la sentencia que lo con-denó a cumplir un año de presidio con trabajos forzados. Contra esta sentencia se interpuso el presente recurso.

Tres son los errores que el apelante imputa a la corte inferior al solicitar la revocación de la sentencia, a saber:

“Prionero. — La Corte de Distrito cometió error al no ordenar la absolución perentoria del acusado por falta de prueba fehaciente constitutiva del delito de violación.
“Segundo. — La Corte de Distrito cometió error al instruir al ju-rado sobre el extremo relacionado con la necesidad de que la decla-ración de la perjudicada en un delito de violación tiene que estar corroborada por otra prueba.
“Tercero. — La Corte de Distrito cometió error al no concederle un nuevo juicio al acusado.”

De la evidencia resulta que el acusado Nicomedes Feliciano hacía más de 17 años que vivía en concubinato con Dolores Nieves, tía de Ángela, la perjudicada; que allá para el 20 de octubre de 1935 Dolores salió para el cine como a las 3:30 de la tarde, dejando al acusado durmiendo en su casa con las puertas abiertas. Abandonó el propósito de ir al cine y volviendo a su casa, la encontró con las puertas cerradas. Se asomó entonces por una rendija y vió a una joven sentada en la cama donde había dejado a su amante, de espaldas para el sitio desde donde ella observaba. No conoció a la joven de momento y llamó entonces a su vecina Rosa Julia Padilla para que la identificara, resultando ser su sobrina Ángela Nieves la persona que se hallaba sentada en la cama. Se retiró Rosa Julia para su casa y Dolores hizo que le abrieran la puerta y penetró en la casa. Al enfrentarse con Ángela y Nicomedes que vinieron a abrirle la puerta, dirigiéndose a la primera le preguntó por qué estaba allí en ausencia de ella, contestando aquélla: “Yo estoy aquí porqué yo he venido otras veces aquí a su casa.” Al mismo tiempo Nicomedes, dirigiéndose a Dolores, le ordenó que se callara ia boca. Declaró además Dolores que Angela vivía a alguna distancia de su casa, como cuatro casas de separa-ción, y que éstas quedan muy cerca unas de otras.

Declaró Eosa Julia Padilla que por indicación de Dolores observó por una rendija que había una joven sentada en la cama de Dolores y que la joven en cuestión resultó ser Án-gela Nieves; que no pudo ver al acusado, retirándose inme-diatamente Eosa Julia a su casa.

Ocupó la silla testifical Juan Nieves, padre de la perju-dicada, declarando que su hija nació en Yauco; que nunca había sido casada; que no tiene más de doce años de edad; que la madre de ella se llama Juana Almodóvar y que las abuelas paterna y materna se llaman Cruz Nieves y Juana Almodóvar, respectivamente.

Se presentó en evidencia una certificación expedida por el Eegistrador Demográfico y Encargado del Eegistro Civil de Yauco, de la que resulta que Ángela es hija legítima de Juan Nieves y de Juana Almodóvar y que dicha niña nació en Yauco el 2 de octubre de 1923, teniendo por consiguiente doce años de edad en la fecha en que se realizaron los actos que se im-putan al acusado.

Declaró la perjudicada que el 20 de octubre de 1935 es-tuvo en la casa del acusado, y a preguntas del fiscal, con-testó :

“Pues él estaba en casa y me elijo que fuera a su casa y yo fui y cuando yo fui me cogió y me acostó en la cama y me quitó los bloomers y se me trepó encima y me metió la parte que tienen de orinar los hombres en la parte mía y después me cogió en la falda.”

Continuó declarando que fue a la casa del acusado por-que éste la obligó, amenazándola con darle a su papá cierto papel que él tenía y que según parece la perjudicaba a ella. Declaró además que en varias ocasiones anteriores había realizado los mismos actos con el acusado y con otro hombre.

El Doctor Julio Eoca declaró que ejerce su profesión en Yauco; que examinó a la niña Ángela Nieves a solicitud del juez municipal; que sus órganos genitales exteriormente no habían adquirido su madurez completa; que no tenían el desarrollo propio de una mujer y que observó que el bimen había desaparecido; que la vagina era bastante amplia y las paredes no se tocaban, lo que demostraba que había te-nido contacto sexual varias veces.

Tal fué la prueba del fiscal en este caso.

La prueba del acusado consistió en la declaración de Dolores Nieves y en la suya propia. Declaró Dolores Nieves a preguntas del acusado que es hermana de Juan Nieves, padre de la perjudicada y que es cierto que después de haber declarado ante el Juez Municipal de Yauco con respecto a los hechos de este caso, Juan Nieves, en estado de embria-guez, la amenazó porque le habían dicho que iba a declarar en contra de su hija, requiriéndola a la vez para que decla-rase a favor de ella; que la testigo fué entonces donde el Juez Municipal de Yauco, comunicándole lo acaecido, y que este funcionario le aconsejó que no se preocupase y que de-bía declarar como anteriormente lo había hecho ante él. Aseguró la testigo a repreguntas del fiscal que su declara-ción en la corte de distrito era la verdad y nada más que la verdad y exactamente igual a la que había prestado ante el juez municipal.

Declaró el acusado, luego de advertido por la corte del derecho que tenía de abstenerse de hacerlo, que su mujer, Dolores, había salido para el matinée y que como él había pasado mala noche, se acostó, y estando acostado, se presentó Angela y se sentó al borde de la cama y. estando allí sentada llegó Dolores. Que ésta ie preguntó a la niña qué hacía y ella contestó que no hacía nada, que ella muchas veces había ido allí y que no le había pasado nada; que la niña salió y se fué tranquilamente; que cuando la niña llegó él estaba acostado y se levantó y que estaba solo en la casa.

Tal fué la prueba de la defensa.

Veamos ahora si se han cometido los errores que señala el acusado.-

De la relación de hechos qne antecede claramente resulta qne el fiscal probó nn caso prima facie de violación. Las de-claraciones de la niña y del Doctor Roca tienden a demostrar qne existió la violación, y las de Dolores Nieves y Rosa Julia Padilla tienden a conectar al acusado con la comisión del delito, existiendo así la corroboración que exige el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Por consi-guiente, la corte actuó correctamente al someter el caso al jurado. No existe, pues, el primer error.

No podemos decir lo mismo con respecto al segundo error.

En sus instrucciones a.1 jurado, al referirse a la prueba de corroboración que exige la ley, el juez inferior se expresó en los siguientes términos:

“De acuerdo con la ley, en casos de violación el acusado no puede ser declarado convicto por la sola declaración de.la mujer agraviada a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas. La prueba de corroboración no ha de demostrar por sí misma todos los elementos del delito; pero ella siempre debe tender a relacionar al acusado con el delito que se le imputa. En otras palabras, señores del jurado, la prueba de corroboración no tiene que ser, desde luego, de personas que hayan visto cuando se realizó el acto carnal, sino que puede ser cualquier prueba que satisfaga a los señores del ju-rado en el sentido de conectar al acusado con el delito que se le imputa. Prueba, corroborativa puede serlo la pericial médica de si la niña estaba o no desflorada; de personas que vieran al acusado con la niña en el momento en que se le imputa que se cometió el acto, y cualquiera otra prueba similar.” (Itálicas nuestras.)

La instrucción antes transcrita es manifiestamente erró-nea y evidentemente perjudicial a los derechos del acusado. Como muy acertadamente dijo el juez inferior, la prueba de corroboración debe tender a relacionar al acusado con el de-lito que se le imputa. Pero al instruir al jurado que “prueba corroborativa puede serlo la pericial médica de si la niña estaba o no desflorada,” incurre en el error de confundir los dos elementos distintos que deben ser considerados por el jurado al apreciar la evidencia en todo caso de violación: (a) la evidencia tendiente a demostrar qne la perjudicada lia sido violada y (6) aquélla que en adición a la de la per-judicada va dirigida a conectar al acusado con la comisión del delito. La declaración del Doctor Eoca única y exclusi-vamente tiende a demostrar que la niña había sido desflo-rada, pero en manera alguna conecta al acusado con la co-misión del delito.

La evidencia corroborativa que conecta al acusado con la comisión del delito la encontramos en las declaraciones de Dolores Nieves y Eosa Julia Padilla. Incumbía a los seño-res del jurado apreciar estas dos declaraciones y en caso de darles crédito determinar si suficientemente conectaban al acusado con la comisión del delito. De la conclusión a que ellos llegasen sobre estos dos extremos dependía necesaria-mente su veredicto. Si no creían estas dos declaraciones o si creyéndolas estimaban que no conectaban al acusado su-ficientemente con la comisión del delito, en cualquiera de los dos casos el veredicto debería ser favorable al acusado. Pero una vez que la corte les instruyó que la prueba pericial médica podría ser la prueba corroborativa que exige la ley, en nada podía afectar al veredicto la apreciación que el ju-rado hiciera de las declaraciones de Dolores y Eosa Julia, ya que siguiendo la instrucción de la corte, la declaración del Doctor Eoca vendría a suministrarles la corroboración que exige el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal y por lo tanto, aún descartando en absoluto las decla-raciones de Dolores Nieves y Eosa Julia Padilla, habría evi-dencia suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad. Pero ésa no es la ley. Tratando del efecto probatorio del informe médico en estos casos, ha dicho este tribunal por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“El mero hecho ele que la demandante haya sido violada, si es que lo ha sido, no tiende a demostrar Ique el acusado era culpable; y la declaración dc-l médico solamente tiende a demostrar que alguien ha tenido acceso carnal a ella.” (Itálicas nuestras.) El Pueblo v. Maldonado, 17 D.P.R. 23, 28.

Lo expuesto nos lleva a la irresistible conclusión de qne existe el segundo de los errores señalados y siendo éste evi-dentemente perjudicial a los intereses del acusado, se impone la revocación de la sentencia.

No aparece de los autos que se haya apelado de la reso-lución denegatoria de la moción de nuevo juicio; pero asu-miendo que se hubiera hecho, la conclusión a que hemos lle-gado al considerar el segundo error nos releva de la obliga-ción de discutir el tercero, pues debiendo devolverse el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio, re-sultará académica toda discusión sobre dicha resolución.

Procede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe. De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús León Martínez, acusado y apelante.
    Núm. 6973.

    Sometido: Junio 17, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      Leopoldo Tonnes García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Riscal, y Luis Tañer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de la Corte de Distrito de Ponce formuló acu-sación contra Jesús León Martínez por un supuesto delito de homicidio voluntario consistente en haber dado muerte ilegal a Jenara Cruz Vélez en ocasión de una súbita pen-dencia, haciéndole tres disparos de revólver que le produ-jeron dos heridas a consecuencia de las cuales falleció poco después de recibirlas.

El acusado hizo alegación de inocente y solicitó juicio por jurado. Celebrado el juicio, el jurado rindió un veredicto declarándole culpable de homicidio voluntario y la corte lo sentenció a cumplir un año de presidio con trabajos forzados.

Resulta de la evidencia tanto de El Pueblo como de la defensa que la interfecta y el acusado habían vivido en concubinato por espacio de varios años; que la interfecta era una mujer díscola, pendenciera y adicta al licor, mientras el acusado era un hombre sin antecedentes penales, honrado, laborioso, y que a posar de faltarle una pierna, siempre había vivido de su trabajo; que cuatro o cinco meses antes de la muerte de Jenara, el acusado y ella se habían separado, lo cual no obstaba para que Jenara, impulsada por la pasión de los celos, fuese frecuentemente al ventorrillo de Jesús a provocarlo, amenazándolo con privarle de la vida; que el día de autos, el 9 de diciembre de 1934, como a las ocho de la noche, en momentos en que el acusado se disponía a cerrar su pequeño establecimiento, llegó allí la interfecta en actitud colérica, injuriándolo y amenazándolo con cortarle el cuello, y tomando una pesa de cuatro libras que se hallaba sobre el mostrador, lo agredió con ella cansándole nna he-rida en la frente que lo bañó en sangre. Fué en ese momento que el acusado, temeroso de la interfecta por su carácter y antecedentes que conocía, cogió el revólver que guardaba en la gaveta del diaria y le hizo los disparos fatales.

Refiriéndose al momento de los disparos, declaró el acu-sado :

“Al momento que me dió, que yo estoy entre medio del mostrador y el aparador ... y cuando me dió, me levanté y entonces tiré la mano así y encontré el revólver y le hice tres disparos, que no se los hice intencional, sino en estado de demencia, porque el golpe era grande, la hemorragia era terrible, y al hacerle los tres disparos, se apagó el quinqué . . . .” (Trans., pág. 122.)

Al preguntarle su abogado cuántas veces Jenara lo había amenazado de muerte, contestó:

“Eso era un sinnúmero, cuando le venía en ganas a ella. Por-que era una mujer terrible de genio. Ella no era mala, pero era terrible de genio. En el treinta y cuatro se fajó con un hombre, macho a macho.” (Trans., pág. 124.)

Más adelante, describiendo su estado de ánimo al recibir la agresión, declaró:

“P. Usted dice que cuando usted recibió el golpe ese con la pesa, le dió una ‘grima’ terrible?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Qué quiere usted decir con ‘grima’ terrible?
“R. Que me podía matar.
“P. ¿Que le dió a usted temor?
“R. Temor.
“P. Sí, a la vez que le dió el golpe ese, ¿qué decía?
“R. No decía nada.
“P. ¿No decía nada en ese momento?
“R. Cuando me provocaba sí. Desde luego, dejó de provocarme para darme. Desde luego, antes de darme me provocaba, pero des-pués me dió, y fué que yo le hice los disparos.
“P. ¿Y entonces fué que usted tuvo esa ‘grima’ que dice usted?
‘‘R. Que yo sabía que ella me mataba.
“P. Dígame, don Jesús, ¿usted dice que es un hombre inválido?
“R. Sí, señor.
“P. Al decir que es un hombre inválido, ¿qué quiso usted decir?
“R. Pues un hombre que yo cuento que no puedo afrontar nin-guna situación porque y<5 estoj- aquí — a un suponer — sentado, si me paro, pues las dos piernas no pueden trabajar, una con la otra. . . .
“P. ¿Usted no puede andar sin las muletas?
“R. No, señor. Yo me dedico al negocito ese que tengo y desde luego, me paro, y si no tengo las muletas, tengo que estar agarrado. Yo me llamo un hombre a la hora de ésta, inválido, porque no me puedo comparar con un hombre que tiene sus cuatro piezas, así es que no puedo afrontar ninguna situación ni ahora que estoy inválido ni antes porque siempre he sido una persona digna, ajena de pen-dencias.” (Trans., págs. 133 y 134.)

A repreguntas del fiscal, contestó el acusado:

“P. ¿Después que ella le dió?
“R. Sí, después que ella me dió le tiré.
“P. ¿De venganza, de coraje, de cólera?
‘‘R. Sí, seguro. (Trans, pág. 128.)
“P. ¿Y cuando usted vió a esa señora frente a usted, a usted no le dió remordimiento?
“R. Lo que me dió fué una ‘grima’ terrible.
“P. Perdóneme. ... ¿A usted no le dió remordimiento el ha-cerle tres disparos a ella?
“R. Porque como no se los hice en estado normal, sino con el golpe ése, lleno de rabia. . . . (Trans., pág. 130.)

Del interrogatorio que precede fácil es concluir que el acusado estableció un caso prima facie de defensa propia para ser sometido a la consideración del jurado. El hecho de que él disparase lleno de rabia, sediento de venganza, si se quiere, como admitió contestando una pregunta sugestiva del fiscal en que dicho funcionario usaba tales palabras, no le priva de presentar a la consideración del jurado los he-chos que a su juicio justificaban el homicidio por haber ac-tuado en legítima defensa. No hemos de pretender que un hombre inválido que recibe una agresión en la frente como la que recibió, repela el ataque con una sonrisa en los labios. Era humano que estuviese lleno de rabia y sediento de ven-ganza, condiciones éstas perfectamente compatibles con el razonable temor que en aquellos momentos pudiese tener de continuar recibiendo grave daño corporal o de perder la vida. Sus medios de defensa no eran iguales a los de un hombre en perfectas condiciones físicas. La mujer que lo agredió tam-poco era una mujer cobarde e inofensiva.

Al solicitar la revocación de la sentencia alega el acusado que la corte a quo cometió cuatro errores, a saber:

“Primero. — La corte cometió error grave y perjudicial para el acusado al bacer comentarios ante el jurado no autorizados por ley alguna en -esta Isla, tanto al comenzar el juicio como cuando trans-mitía al jurado las instrucciones.
“Segundo. — La corte cometió error grave y perjudicial para el acusado al transmitir al jurado la instrucción sobre legítima defensa que por escrito, y en tiempo y forma, el acusado había solicitado, y al comentar la corte que no conocía la aplicación de la jurispruden-cia de California citada por el acusado, y que esta Hon. Corte había citado con aprobación en el caso de El Pueblo v. Chico, 45 D.P.R. 500.
“Tercero. — La corte inferior cometió error grave y perjudicial para el acusado al transmitir al jurado las instrucciones haciendo una relación incompleta y hasta desviada de lo declarado por los distintos testigos e induciendo con ello a una errónea apreciación de los hechos por parte del jurado.
“Cuarto. — El veredicto en este caso es contrario a las pruebas y a derecho.”

Los dos primeros errores están tan íntimamente relacionados que a fin de evitar innecesarias repeticiones conviene discutirlos conjuntamente y así lo vamos a hacer.

Al comenzar el juicio, y mientras declaraba Asterio Torres, primer testigo del fiscal, se desarrolló el siguiente inci-dente entre el fiscal, la defensa y el juez:

“Fiscal. — ¿Cuánto tiempo usted los conocía a los dos, a ellos, antes de ser cónyuges?
“Yo los conocí juntos a ellos en otro barrio más arriba de Santa Isabel, que yo no recuerdo el nombre de él.
“¿En qué año los conoció?
“No recuerdo.
“¿Cuánto tiempo los conoció juntos a ellos, cuántos años?
“Pues, más o menos, como un año y medio. . . .
“Dígame una cosa, cuando usted conoció a este acusado con Je-nara Cruz Yélez como cónyuges, ¿él tenía las dos piernas, o una sola pierna ?
“Defensor: Eso es inmaterial, señor juez.
“Fiscal: Es para particularizar ciertos becbos de la acusación.
“Juez: Se admite. El jurado está viendo al acusado, a quien le falta una pierna, y ese becbo puede impresionar a los señores del jurado; de manera que es bueno que sepan si este señor tenía sus dos piernas o no las tenía el día de los becbos.
“Defensor: Por las manifestaciones de la corte, por el comenta-rio que hace. . . .
“Juez: La corte está dispuesta a comentar todo lo que crea que está dentro de ley y que cada uno cargue con su responsabilidad en los juicios por jurado ante la Corte de Distrito de Ponce: el Fiscal y el abogado defensor con la suya, el jurado con la de él y el juez con la que le corresponda.
“Defensor: Y el abogado defensor también. . . .
“Jioez: Por eso, ya lo be diebo, ‘el abogado defensor con la suya.’ Y que el Supremo resuelva en cuanto a esta situación en los casos de juicio por jurado.
“Defensor: Y el abogado también está dispuesto a cargar con la suya; y por eso toma excepción, porque el que debe hacer cualquier comentario para defender sus puntos de vista en cuanto a las cues-tiones que se levantan entre el fiscal y el acusado es el fiscal.
“Yo, por eso me opongo, porque si el acusado tiene una pierna menos, ese hecho no se está ventilando aquí ante los señores del ju-rado en este día; y el testigo lo que tiene que declarar son los becbos esenciales de la acusación, que son los 'que se exponen en ella y nunca ningún otro que pueda afectar al acusado en su condición física. Ese es el fundamento.
“Juez: Puede seguir el fiscal. . . .” (Trans., págs. 6 y 7.)

Si bien no debió haber sucedido este incidente, como acer-tadamente dice el fiscal de este tribunal, estamos de acuerdo con él en que no perjudicó los derechos sustanciales del acu-sado. Más bien tendió a beneficiarlo. Del incidente resultó que con anterioridad a los hechos que se le imputan y que dieron lugar a la muerte de Jenara Cruz Vélez, el acusado había perdido una pierna. Esa circunstancia, lo colocaba en mejores condiciones para alegar con éxito la defensa propia que si él hubiese estado en perfectas condiciones físicas. El hecho de que el juez, en el calor del incidente, mencionase al Tribunal Supremo, no pudo perjudicar los derechos del acu-sado, porque estando en el principió del juicio, declarando todavía el primer testigo del fiscal, el jurado no tenía motivos para creer que el juez hubiese formado ya la opinión de que ellos habrían de declararlo culpable y que consiguientemente el Tribunal Supremo habría de revisar la sentencia en ape-lación.

No existe, sin embargo, justificación alguna para las manifestaciones del juez al disponerse a transmitir la instrucción especial sobre defensa propia solicitada por el acusado. Dicha instrucción fué la siguiente:

‘1 Una persona puede repeler la fuerza con la fuerza en la defensa de la persona, bienes o vida contra uno que abiertamente intenta o trata por medio de la violencia o de la sorpresa de cometer un deter-minado delito misdemeanor o felony, o.cualquiera de ellos, o de cau-sar un grave daño corporal a su persona, y el peligro que justificaría al acusado a cometer el acto imputádole, puede ser real o aparente; y el jurado no tiene que considerar si el acusado estaba en verda-dero peligro de su vida o propiedad, sino solamente si las circuns-tancias eran tales que indujeran a una persona de mente sana a creer que su persona o sus bienes estaban expuestos a tal peligro; y si racionalmente podía así creerlo y tenía suficiente causa para estimarlo así, y cometió el hecho que se le imputa bajo tal creencia, aun cuando apareciera que el- interfecto no estaba armado, ustedes deben absol-verlo.” (Instrucciones, pág. 8.)

Inmediatamente antes de transmitir esta instrucción al jurado, el juez se expresó en los siguientes términos:

“Yo he de daros a ustedes las instrucciones correspondientes a la defensa propia, pero, a petición de la defensa, he de daros éstas por escrito que me ha presentado, que es una jurisprudencia del Tribtinal Supremo, tomada de una decisión de California que se cita en un caso de nuestra Corte -Suprema, sin citarse los hechos que el Tribunal de California tuvo ante sí para dar esa instrucción. En otras palabras, no conocemos los'hechos del caso ele California; por lo menos, de la cita que se hace del tomo 17 no aparecen las cir-cunstancias que ttivo ante sí el juez de la corte de California para dar esta instrucción; pero nuestro Tribunal Supremo la cita con aprobación, y ahora a esta corte se le pide por la defensa que la misma sea transmitida al jurado en este caso, y esta corte la trans-mite, sin que este juez esté conforme con toda esa instrucción.” (Itá-licas nuestras.) (Instrucciones, pág. 7.)

Inmediatamente después de transmitir la instrucción que ya hemos transcrito, continuó el juez expresándose en los si-guientes términos:

“Pero os digo yo a ustedes, señores del jurado: para juzgar us-tedes si este acusado actuó o no en defensa propia, tienen que ir a la prueba. La prueba es la que tiene en todo caso el jurado que analizar, y después de analizarla, decir si les merece crédito la teoría que se establece, cualquiera que ella sea, y si ha sido justificada por la prueba." (Instrucciones, pág. 8.)

Al considerar la instrucción solicitada por la defensa, el juez sólo tenía ante sí estas tres alternativas: transmitirla íntegramente; modificarla si entendía que la misma no era del todo correcta o' que las circunstancias del caso no justifi-caban la instrucción en la forma solicitada; o denegarla si estimaba que la instrucción no era correcta o no estaba jus-tificada por la. evidencia. Pero es indudable que al transmi-tirla en la forma en que lo hizo, el juez de la corte inferior perjudicó grandemente los derechos sustanciales del acusado, pues de nada valía que transmitiese la instrucción si al así hacerlo empezaba por desacreditarla haciéndole saber al ju-rado que el propio juez no la aceptaba como correcta. No era necesario que se estableciesen los hechos que tuvo por base la corte de California para sancionar aquella instruc-ción. El principio primordialmente envuelto en ella es el de la doctrina de peligro aparente, universalmente aceptado, y sancionado por los artículos 209, inciso 3, y 210 del Código Penal de Puerto Rico.

Instruir al jurado que para determinar si un acusado actuó o no en defensa propia tiene que ir a la prueba y que la prueba es la que tiene en todo caso el jurado que analizar, y después de analizarla decir si le merece entero crédito la teoría'que se establece, dicho así escuetamente y sobre todo después de las manifestaciones que se hicieron antes de trans-mitir la instrucción solicitada por la defensa, equivalía a de-cirle al jurado que descartase por completo aquella instruc-ción que acababa de transmitírsele y aplicase su propio cri-terio. Es indudable que el jurado, para determinar si la de-fensa propia ha sido o no establecida, debe analizar la prueba, pero este análisis debe hacerse a la luz de la ley que le trans-mite el juez en sus instrucciones.

Resulta más evidente el perjuicio causado al acusado con motivo de las instrucciones de la corte al considerar las siguientes manifestaciones del juez al jurado :

“La defensa propia está sujeta a ciertas reglas o requisitos; y el primero de ellos es el que se señala en el artículo 54 de nuestro Código Penal que dispone que el derecho a la propia defensa en nin-gún caso se extiende a la inflicción de más daño que el necesario al objeto.' ¿Qué quiere decir esto, señores del jurado? Que si a uno le dan una bofetada, uno se puede defender de esa bofetada con otra bofetada, pero no infiriendo más daño que el que Je infieren a uno. En Puerto Pico se está tomando esto erróneamente y se ha llegado a creer que una bofetada se 'puede contestar con un tiro, para des-pués venir a decir a la corte, ‘le'pegué un tiro en defensa propia.’ Estoy dando a ustedes instrucciones legales, basadas en lo que dis-pone nuestra ley sustantiva en Puerto Rico, el Código Penal, que, mientras no sea enmendado, es la ley e®. Puerto Rico en esta materia —y lo sabe mi distinguido compañero el licenciado Tormes, que es miembro de la Legislatura.
“En un caso de homicidio, señores del jurado, en que se alega la propia defensa, es necesario no sólo creer, sino tener motivos funda-dos para creer, que al matar al agresor se hallaba el agredido en in-minente peligro de muerte o de grave daño personal. De manera que nuestra ley lo dice: no solamente es necesario creer, sino tener motivos fundados para creer. Y ésa es nuestra ley sustantiva, no es jicrispnidlencia de California que dice que después puede resultar que no hubo tal cosa o no resultó lo que uno creía y que así también queda justificada la defensa propia.” (Itálicas nuestras.) (Ins-trucciones, págs. 10 y 11.)

Esta instrucción es claramente errónea y no solamente desacredita la instrucción especial que a petición de la de-fensa transmitió la corte, si que también niega el principio del “peligro aparente” sancionado, como hemos visto, por nuestro Código Penal. La jurisprudencia toda, sin que co-nozcamos excepción alguna a la regla, admite, en relación con 1a- defensa propia, que ol acusado puede alegarla con éxito cuando tenga justificados motivos para creer que está en in-minente peligro de perder la vida o de recibir grave daño corporal, aunque después resulte que en realidad de verdad el peligro no existió. En el presente caso el acusado tenía perfecto derecho a que el jurado, libre de prejuicios, tomase en consideración este principio al determinar si él había ac-tuado o no en legítima defensa.

Al decirse en las instrucciones al jurado que “es Puerto Rico se está tomando esto erróneamente (se refiere a la defensa propia) y se ha llegado a creer que una bofetada se puede contestar con un tiro, para después venir a decir a la corte, ‘le pegué wn tiro en defensa propia’ ”, y después aludir directamente al abogado defensor diciendo, “mientras no sea enmendado, es la ley en Puerto Rico en esta materia ■ — y lo sabe mi distinguido compañero el licenciado Tormes, que es miembro de la Legislatura,” pudo transmitirse a la mente del jurado la idea de que el juez opinaba que el acusado en el presente caso se había extralimitado al defenderse y que no tenía derecho a que el jurado considerase su caso como uno de defensa propia.

Existió otra circunstancia, además, que necesariamente debió perjudicar los derechos sustanciales del acusado y fué la siguiente: al terminar la práctica de la prueba y quedar listo el caso para los informes del fiscal y de la de-fensa, cuando el fiscal había empezado a informar su caso al jurado, el juez lo interrumpió en la siguiente forma:

“¿Me permite el fiscal . . . ? Yo deseo que el abogado defensor ratifique o rectifique su teoría. El abogado defensor expuso la teo-ría 'ele la defensa propia, que el acusado actuó en defensa propia. En la declaración del acusado él lia insistido en que estaba en un estado de demencia con el golpe que recibió en la frente, habiendo actuado bajo el impulso de ese estado de demencia.” (Trans., pág. 136.)

Más tarde, en el curso de sus instrucciones, vuelve la corte a insistir en esta cuestión en la siguiente forma:

“Yo quise aclarar y que el abogado defensor aclarara ante us-tedes y en corte abierta, si sostenía su teoría de defensa .propia, o si quería rectificarla de acuerdo con la declaración que prestó el aeu-sado.” (Instrucciones, pág. 9.)

En justicia al acusado el jurado no debió oír tales mani-festaciones. Equivalen a indicar el juez al jurado que en su opinión el acusado no tiene derecho a alegar la legítima defensa, y como al establecerla, el acusado tuvo que admitir naturalmente que había sido el autor de la muerte, al des-cartar la defensa propia el jurado indefectiblemente tendría que rendir un veredicto declarándolo culpable de homicidio voluntario.

La experiencia nos ha enseñado que aunque el jurado con-sidera al abogado defensor y al fiscal partes interesadas en sus respectivas posiciones y recibe sus opiniones sobre la inocencia o culpabilidad del acusado con la consiguiente re-serva, no asume igual actitud con respecto a las manifesta-ciones del juez. En él ven al árbitro imparcial, sin más in-terés en la contienda que el de que se haga verdadera justi-cia, y como por razón de su cargo y de su profesión lo consi-deran su superior en materia de apreciación de pruebas, su opinión sobre la inocencia o culpabilidad del acusado es para ellos generalmente decisiva. Por esa razón el juez debe ser muy parco y evitar hasta donde sea posible cualquier gesto o manifestación que pueda ser interpretado por el jurado como indicativo de su opinión sobre los méritos del caso. El juez puede baeer a un testigo cualquier pregunta que crea ne-cesaria para aclarar, en bien de la justicia, cualquier punto obscuro que pueda haber quedado después de los interroga-torios del fiscal y de la defensa; pero no debe examinar a un testigo con el propósito de contradecirlo o desacreditarlo ante el jurado. Esa misión está reservada al fiscal y a la defensa.

No abrigamos duda alguna de que la corte cometió los dos primeros errores que le imputa el acusado.

Aunque la corte inadvertidamente omitió ciertos detalles al hacer la relación de la prueba, tan pronto fué advertida de la omisión rectificó y transmitió al jurado la correspondiente instrucción subsanando así el defecto en la exposición de la evidencia. Por consiguiente,' no existió este error.

No podemos convenir con la defensa en que el veredicto necesariamente es contrario a la evidencia y a derecho: Ya hemos dicho que el acusado estableció un caso prima facie de defensa propia, incumbiendo por tanto al jurado, luego de ser correctamente instruido, sobre la ley aplicable al caso, de apreciar la credibilidad de los testigos y de colocarse en las mismas circunstancias en que se hallaba el acusado al momento de la muerte, determinar si la evidencia aducida justificaba al acusado en creer que seguiría recibiendo grave daño corporal o que se hallaba en inminente peligro de perder su vida, o si la evidencia presentada en relación con la defensa propia produjo en su mente duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Grigsby’s Criminal Law, pág. 514, nota 89, y casos citados. No podemos, por lo tanto, sostener que el veredicto sea contrario a la prueba. Sólo podemos convenir con la defensa en que el acusado no tuvo una justa oportunidad de que el jurado considerase la evidencia a la luz de los principios legales aplicables a la legítima defensa.

Habiéndose cometido los dos primeros errores señalados por el acusado, y lesionándose con ello sus derechos sustan-ciales, procede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para la celebración de um, nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Matías de los Santos Fructuoso, demandante y apelado, v. José Seijo y Carmen Mercedes Gómez, demandados y apelantes. Félix de los Santos, demandante y apelado, v. José Seijo y Carmen Mercedes Gómez, demandados y apelantes.
    Núms. 7688 y 7689.

    Sometidos: Mayo 23, 1938.

      Resueltos: Julio 12, 1938.

      G. Iriarte, F. Fernández Guyar y 21. González Blanes, abogados de los apelantes; Aurelio Rivas, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelados solicitan la desestimación de estos recursos interpuestos por los demandados contra sen-tencias por virtud de las cuales se declararon con lugar las demandas en dos pleitos sobre injunction posesorio. Los pleitos se vieron conjuntamente en la corte de distrito y los fundamentos de sus sentencias se expusieron por dicha corte en una sola opinión. Seguiremos el mismo procedimiento.

En la demanda correspondiente al recnrso Nnm. 7688, Ma-tías de los Santos alegó substancialmente que dentro del año precedente a su presentación estuvo en posesión real y material de una parcela de terreno, que describe; que los deman-dados acompañados de sus empleados en mayo 13, 1937, sin su consentimiento y contra su voluntad, violentamente, pene-traron en dicha parcela, cortaron árboles y construyeron una cerca encerrando dentro de la misma una porción de ciento dos metros cuadrados que se describe, tomando posesión de ella y despojando de su posesión al demandante; que el mismo día y en la misma forma los demandados destruyeron una cerca de alambre que marcaba la colindancia norte de la parcela poseída por el demandante y construyeron una le-trina privando al demandante de la posesión del terreno que ocuparon para ello, que se describe, y que. sobre la porción que ocuparon y cercaron comenzaron a fabricar una casa.

Y en la demanda correspondiente al recurso Núm. 7689, Félix de los Santos substancialmente alegó que se hallaba en posesión real y material de cierto solar, que describe, y que los demandados violentamente y contra su voluntad pene-traron en el mismo quitando una cerca de alambre que mar-caba la colindancia sur que lo separaba del solar que ocupaba el otro demandante Matías de los Santos y cavaron un hoyo para ser usado como parte de una letrina, ocupando con la caseta de la misma el espacio de terreno que describen, des-pojando de su posesión al demandante.

Contestando la primera demanda los demandados acep-taron “que el demandante, como simple detentador, ha ocu-pado dentro del año precedente a la presentación de su de-manda y en el presente ocupa actual y corporalmente la casa que se describe en dicho apartado tercero de la demanda y que, asimismo ocasionalmente transita por y disfruta de la parcela de terreno que también se describe en el mencionado apartado tercero; aceptan asimismo que el demandante ha utilizado como letrina una caseta situada al fondo de la pro-piedad descrita; niegan los demandados que dentro del año precedente a la presentación de la demanda, o en cualquier otro tiempo, haya estado el demandante en posesión real y material, o de clase alguna, de la finca que se refiere el repe-tido párrafo tercero de la demanda, y, por el contrario, alegan los demandados que si bien el demandante y su familia han venido detentando y detentan la casa ubicada en el terreno mencionado disfrutando y usando ocasionalmente dicho te-rreno y la caseta de maderas aludida en la descripción hecha en el párrafo tercero de la demanda, son los demandados y no el demandante quienes han estado en posesión civil y jurídica dentro del año precedente a la presentación de la demanda y desde noviembre 21 de 1932, fecha en la que la demandada Carmen Mercedes Grómez redimió una finca con cabida de mil metros cuadrados,.... de la cual forma parte la parcela descrita en el tantas veces mencionado apartado tercero de la demanda y la que por no pagarse las contribu-ciones sobre la propiedad se adjudicara el Pueblo de Puerto Eico en subasta pública.”

Aceptaron además la realización de los hechos que se les atribuyen pero sosteniendo que actuaron con derecho para ello, y contrademandaron alegando que eran dueños en pleno dominio de una parcela de terreno, de mil cinco metros cua-drados en Barrio Obrero de Santurce, que describen, dentro de lá cual estaba comprendida la que el demandante alega que poseía, e imputaron al dicho demandante actos constitu-tivos de perturbación del derecho de los demandados, pidiendo a la Corte que ordenara la cesación de los mismos.

La contestación a la segunda demanda es similar, alegán-dose en la parte de la misma titulada “Materia nueva consti-tutiva de oposición” lo que sigue:

“. . . . que la codemandada Carmen Mercedes Gómez es dueña y tiene la plena'y entera propiedad, así como la posesión civil, de las parcelas que se describen en los. apartados tres y cuatro de la demanda, . . .
“Que el demandante ocupa de mala fe y abusando de la toleran-cia de los demandados la casa descrita en el apartado tercero de la demanda y transita a su antojo y sin autorización de los demandados por la finca de Carmen Mercedes Gómez.
“Que en el mes de enero los demandados instaron una acción de desahucio contra el demandante Félix de los Santos, y contra su padre Matías de los Santos y esta Honorable Corte dictó sentencia ad-versa a los demandados por no haberse precisado con la evidencia los límites y linderos exactos del inmueble que en la finca de la de-mandada ocupan en precario Matías de los Santos y Félix de los Santos, . . .
“Que de constituir posesión la tenencia y detentación del deman-dante de la casa descrita en el apartado tercero de la demanda, así como las transgresiones del demandante en la parcela de terreno a que dicho apartado se refiere, alegan los demandados que dicha po-sesión, de existir ésta, concurriría con la posesión civil y jurídica que ellos tienen, siendo esta última posesión, así como el ejercicio de los derechos posesorios de los demandados protegibles interdictalmente con tanta o mayor razón que la mera detentación o tenencia de la cosa. ’ ’

La Corte de Distrito, basándose en las alegaciones y en la evidencia practicada en el acto de la vista, resolvió ambos pleitos, como ya hemos indicado, en contra de los demandados.

¿ Son frívolas las apelaciones que éstos interpusieron, como sostienen los apelados? Tras un estudio cuidadoso de los autos creemos que en verdad lo son.

Transcribimos casi íntegra la materia nueva de la contestación de los demandados en el segundo pleito, porque élla da el tono de su teoría, aun tratando de reducir a actos de mala fe y tránsito tolerado los de posesión que reconoce que realizaban y siguen realizando en parte los demandantes. Éstos alegaron y demostraron algo más. Probaron la posesión material adversa del inmueble por su parte en la forma y por el tiempo que la ley, interpretada por la jurisprudencia, dice que debe protegerse mediante el procedimiento de injunction autorizado por la Ley núm. 43 de 1913 (pág. 85), según enmendada por la núm. 11 de 1917 ((2) pág. 221). “Entendemos que los demandantes han probado las alegaciones de su demanda”, consignó expresamente la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión.

Quizá en la parte demandada en ambos litigios esté el verdadero título de propiedad y como consecuencia el derecho a la posesión de las porciones de tierra de que se trata, pero es lo cierto que la posesión material adversa la tenían los demandantes y desde hace años en Cividanes v. Obén y Vázquez, 34 D.P.R. 802, 812, dijo esta corte:

“Si bien la demanda de intervención habla en términos generales y sin hacer diferencia alguna entre la posesión natural y la civil, la única cosa envuelta, si no la única cuestión que podía ser levantada aquí, era y es si el demandante estaba en posesión real del terreno en el cual las casas edificadas por los interventores estaban situadas. Si es así, él tiene derecho al inmediato restablecimiento de tal po-sesión, aparte de cualquier derecho que los interventores puedan te-ner, de ser alegados en la debida acción para lanzar al administrador de cualquier parte o porción o de la totalidad del terreno, o prohi-birle que intervenga con el ejercicio por parte de los interventores de cualquier derecho que puedan tener a participar en tal posesión, o solicitar cualquier otro remedio, bien sea en ley o en equidad.
“Mientras no se pruebe de un modo claro que existió error, si lo hubo, en las anteriores decisiones de esta corte, estamos obligados a resolver de conformidad con las mismas y de acuerdo con la historia del interdicto de recobrar de la Ley romana, que el espíritu y objeto de nuestro estatuto es desalentar aquella conducta tendente a provo-car una violación de la paz, para dar a las partes en posesión un día ante la corte, obligando a las partes que no están en posesión a acu-dir a las cortes para establecer sus derechos en vez de tomar la ley por su mano. Parece ser consecuencia de 4a precedente proposición que una posesión civil anterior y coexistente, o un derecho posesorio en ley o equidad, no es ninguna defensa contra un procedimiento para recobrar la posesión material una vez que ha sido perdida como consecuencia de procedimientos violentos o clandestinos empleados por un demandado. Yéase también el tomo 6 de Manresa, Comenta-rios a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, Tercera Edición, Título 20, págs. 142, 149, 152, 153, 155 y 157.”

Expresando luego en el de Fernández v. González, 41 D.P.R. 726, 728:

“El artículo 446 del Código Civil que también cita la corte, en el que se dice que los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión, no es para ser considerado y te-nido en cuenta al resolver esta clase de injunctions en los que, como hemos dicho, sólo se ventilan cuestiones de hecho y no el derecho con que el demandante usaba el camino y, por consiguiente, si por tra-tarse de actos meramente tolerados no queda afectada por ellos la posesión del dueño de la finca. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de abril de 1884, tomo 54 de la Jurispru-•dencia Civil, ‘el interdicto de recobrar, no sólo compete a los que tienen la posesión jurídica, sino también a los que se hallan en la tenencia de la cosa o lo que es lo mismo en la simple ocupación actual y corporal de ella con derecho o sin él. . .’ Y en la de 20 de no-viembre de 1913, Jurisprudencia Civil, tomo 125, pág. 356, del mismo tribunal, también se dice: ‘ Basta leer el art. 446 y sus concordan-tes del Código Civil para convencerse de la vigencia de la Ley Pro-cesal y sostener con ella que en los interdictos, si no han de perder su propia naturaleza al punto de hacer inútil el juicio plenario, sólo puede discutirse el hecho de la posesión para protegerla de toda per-turbación momentánea, nunca sobre el derecho efectivo de la misma que ha de consistir en el por qué y cómo se posee.’ ”

Y recientemente en Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 573, 576:

. . . el punto primordial en un caso de este género es siempre sólo una cuestión de posesión material y física en lo que a ocupación personal se refiere, nunca una cuestión de posesión o de derecho de posesión civil, implícita o legal. Cividanes v. Obén y Vázquez, supra; Pérez v. Marrero, supra; Sucn. Maldonado v. Maldonado, supra; Pérez v. Pérez, 38 D.P.R. 753; Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Vol. 6, págs. 147, 148; Manresa, Comentarios al Código Civil (ed. 1929), Vol. 4, págs. 142, 145, 223; 6 Manresa 278 y 281.”

Hemos examinado el extenso alegato presentado por la parte apelante para sostener sus recursos y la verdad es que para declarar éstos con lugar habría que revocar o modificar por lo menos substancialmente la jurisprudencia de esta Corte Suprema sobre la materia establecida en una larga serie de casos durante un considerable número de años con toda fijeza y claridad y dicha parte no nos ha convencido de que ésa sea la línea necesariamente justa a seguir en estos casos.

Deben declararse las mociones con lugar y desestimarse ambos recursos.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Josefina Fabián de Lozana, demandante y apelada, v. Swiggett, Inc., Juan J. R. Fuertes, A. Casanova Prats, Roberto C. Barbosa, Marie Lefranc Pla y Pedro Rodríguez, demandados y apelante el último. La Misma v. Los Mismos; Juan J. R. Fuertes y Abelardo Casanova Prats, apelantes.
    Núms. 7760 y 7761.

    Sometidos: Junio 6, 1938.

      Resueltos: Julio 12, 1938.

      Angel N. Parra, abogado del apelante Sr. Rodríguez; A. Casanova Prats y Juan B. Fuertes, pro se; J. Sifre y O. J. Antonsanti, abogados de Swiggett, Inc., y Damián Monserrat, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El ocho de marzo último Josefina Fabián de Lozana, dueña de la casa número diez y nueve de la calle de San Justo de esta ciudad de San Juan, demandó en desahucio a los ocu-pantes de- la misma Swiggett Incorporated, Juan José E. Fuertes, Abelardo Casanova Prats, Eoberto C. Barbosa, Marie Lefranc Pía y Pedro Eodríguez, alegando que en junio 5, 1933, arrendó dicha casa a Swiggett Incorporated por canon de seiscientos dólares mensuales durante el resto del año y setecientos después hasta la fecha del vencimiento del contrato que se fijó para el quince de febrero de 1938, .pagadero dicho canon por mensualidades vencidas; cjue Swiggett entró en posesión de la totalidad de la finca y como arrendatario subarrendó diferentes locales de la misma a los otros demandados, sujetos los subarriendos al contrato principal; que vencido éste y requeridos los demandados para que desocuparan el inmueble, no lo hicieron, motivo por el cual acudía a los tribunales en solicitud de una sentencia decretando el desalojo de acuerdo con la ley.

Los demandados Fuertes, Casanova, Barbosa, Lefranc y Eodríguez contestaron la demanda negando sus hechos y alegando como defensas especiales que dicha demanda no era suficiente, que era ambigua, ininteligible y dudosa, que acumulaba partes demandadas indebidamente y también ac-ciones, que la corte no tenía causa de acción y que de existir algún contrato de arrendamiento entre la demandante y los demandados, tal contrato había sido renovado por virtud de tácita reconducción.

El demandado Eodríguez archivó otra contestación sepa-rada en la cual alegó que sus relaciones con Swiggett fueron siempre las de arrendatario y arrendador, enterándose que Swiggett no era el dueño en febrero 15, 1938, cuando le comunicó el cese del contrato; que es un tercero en relación con el contrato entre Swiggett y la demandante, y que des-pués del vencimiento del contrato las partes lo mantuvieron subsistente.

Con vista de las alegaciones y las pruebas la corte de distrito en abril 9, 1938, dictó sentencia declarando la de-manda con lugar, sentencia que se notificó a los demandados perdidosos el diez y nueve de ese mes. Los demandados Fuertes y Casanova apelaron el veinte y cinco, notificando al Secretario y a la demandante.

El demandado Rodríguez pidió que la sentencia fuera reconsiderada y su petición se declaró sin lugar en abril 27, En mayo 4 siguiente apeló de la sentencia y de la negativa de reconsideración.

Aparece además de los autos que para perfeccionar su apelación, Fuertes y Casanova prestaron una fianza y que la fianza fué impugnada por la demandante, siendo declarada nula e ineficaz por la corte en mayo 12, 1938.

Así las cosas, la demandante presentó el once y el trece de mayo último dos mociones solicitando por la primera la desestimación de la apelación interpuesta por el demandado Rodríguez y por la segunda la desestimación del recurso establecido por los demandados Fuertes y Casanova. Dichas mociones se señalaron para verse y se vieron en junio seis, 1938, con la sola comparecencia de la demandante. El de-mandado Rodríguez había radicado tres días antes una opo-sición por escrito.

Las mociones de desestimación se fundan en varios mo-tivos.

El de frivolidad, común a ambos recursos, aunque parece aparente, no puede ser considerado y resuelto en firme porque no se ha elevado a esta corte la transcripción de la evidencia que sirvió de base a la corte para decidir el pleito.

Surge, sin embargo, claro y comprobado de las constancias existentes que el recurso interpuesto por los demandados Fuertes y Casanova cayó por su base al declararse nula e ineficaz la fianza que se prestara para perfeccionarlo. Y ello es suficiente para su desestimación. Véanse los casos de Pol v. Corte, y Suau, Int., 48 D.P.R. 379, y Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445, 448, en el último de los cuales se dijo:

“Es el deber del apelante presentar dentro de dicho término nna fianza suficiente. Si impugnada resiste el ataque, queda en pie; si cede, es como si no existiera, no pudiendo concederse un nuevo tér-mino para prestar otra en su lugar, que es lo que en verdad re-suelve el caso de Figueroa v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 690. . . .”

Y surge comprobado y claro también de las constancias existentes que esta corte no tiene jurisdicción para conocer del otro recurso interpuesto por el demandado Rodríguez porque se estableció fuera de término. La sentencia se dictó como hemos dicho en abril 9 y se notificó el 19. El escrito de apelación no se archivó hasta mayo 4 siguiente o sea mucho después de los cinco días que la ley — art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933 — concede para ello, sin que la moción de reconsideración pudiera haber producido el efecto de interrumpir el término porque fué simplemente declarada sin lugar. Véase Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R. 445. Ello aparte de que Rodríguez no prestó la fianza exigida por la ley.

Por esos motivos y sin necesidad de entrar en la consi-deración y resolución de los otros que además se aducen, deben las mociones prosperar y en su consecuencia decretarse la desestimación de los dos recursos interpuestos contra la sentencia de desahucio de abril 9, 1938.


author: El Juez PresideNte Señor Del Tobo

text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Rodríguez, Angelina M. de Rodríguez y Rafael Rodríguez, demandados y apelantes; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 7390.

    Resuelto: Julio 12, 1938.

      Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; G. Domínguez Rubio y Luis Dominguez Rovira, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de nuestra decisión de mayo trece último (ante. pág. 174), por seis motivos.

Es el primero que habiéndose suscrito el pagaré en que se funda la reclamación el 5 de septiembre de 1931, fecha en que había comenzado a regir la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables aprobada en abril 22, 1930 (Ley núm. 17 de 1930 pág. 173) por virtud de la cual quedó derogado el artículo 532 del Código de Comercio, dejó de existir el fundamento para distinguir entre pagarés mercantiles y no mercantiles en que se funda la jurisprudencia de esta Corte a los efectos-de aplicar la ley de prescripción.

Si el derogado hubiera sido el artículo 946 del Código de Comercio y se hubiera decretado una nueva regla de pres-cripción, entonces habría que interpretar la nueva regla, pero mientras tal artículo siga como sigue en vigor, habrá que recurrir a los otros preceptos del código que fueron el producto de la misma mente legislativa y a la jurisprudencia sentada, para fijar el alcance de sus disposiciones. De ahí .que para decidir lo que son “pagarés de comercio” a los efectos de aplicar el dicho artículo 946 del Código de Comer-cio, deba seguirse tomando en consideración lo definido por el propio legislador en otra parte del cuerpo legal de que se trata aunque esa otra parte haya sido derogada, a menos desde luego que se hubiera dispuesto expresamente lo con-trario al decretarse la derogación, y ése no es aquí el caso.

El segundo motivo para pedir la reconsideración es el de que los razonamientos de nuestra decisión son contrarios al.espíritu que informa universalmente los estatutos sobre uniformidad de instrumentos negociables.

Estamos conformes en que debe tenderse siempre a la uniformidad en esta clase de instrumentos y a la mayor sencillez, facilidad, garantía y universalidad en la contrata-ción, pero ello no quiere decir que cuando se trate de la pres-cripción de acciones puedan abolirse por interpretación judicial distinciones bien conocidas y establecidas que van a la substancia de la transacción.

Se sostiene por los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto que aunque la Ley núm. 17* de abril 22, 1930, al enmendar el Código de Comercio no hubiera abolido en cuanto al pagaré a la orden el requisito de proceder de una transacción mercantil, esta corte siempre habría errado al decidir que la obligación de que se trata no era mercantil y que era a los demandados a quienes correspondía probar que el pagaré no era de tal naturaleza, al no dar aplicación al artículo 462 del Código de Enjuiciamiento Civil y al no tomar en consideración para resolver sobre la naturaleza mercantil del documento el hecho de haber sido otorgado por una institución bancaria.

Para resolver que los indicados motivos no están bien fundados, bastaría referirnos a nuestra propia decisión pu-blicada en este mismo volumen a la página 174. Fueron los demandados los que alegaron la prescripción como defensa. Sostuvo el demandante que el pagaré que ellos firmaron y le entregaron no era de comercio y por tanto qne la prescrip-ción del artículo 946 del Código de Comercio o sea la de tres años qne fné la invocada, no procedía. Y así qnedó trabada la contienda.

Al.analizar la evidencia tanto la corte inferior, según se desprende de los fragmentos de sn opinión transcritos en la nuestra, como esta corte, dieron toda la fuerza que se debía a la presunción, pero concluyeron finalmente que la presun-ción quedó destruida por el resto de la prueba. Si alguna obscuridad pudiera advertirse, debe quedar aclarada en tal sentido. Las propias declaraciones de los demandados en vez.de favorecer su caso, militan en contra suya. De ellas no surge la naturaleza mercantil de la transacción habida entre las partes de la que fué expresión final el documento, sino más bien lo contrario.

La parte de la opinión de esta corte que los demandados consideran opuesta a la doctrina de stare decisis o sea aquella porción de su penúltimo párrafo que se refiere a las decla-raciones de los demandados, no tiene el alcance que éstos le atribuyen, pero parece conveniente decir para evitar desvia-ciones en la jurisprudencia, que se ratifica la doctrina de los casos de Barceló & Cia., S. en C. v. Olmo, 48 D.P.R. 247, Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7 y Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863 a que se refieren en su moción los demandados— casos que se citaron y aplicaron en la propia decisión cuya reconsideración se pide — a saber:

“La naturaleza del préstamo depende del carácter de la transac-ción misma., conforme lo revelan las circunstancias que rodean el caso o los hechos que la preceden, mas no el fin para el cual se hace, ni la forma en que su producto era invertido o utilizado.” Barceló & Co., S. en C. v. Olmo, 48 D.P.R. 247, 249.
“Antes de esas, dos sentencias, ya había dicho el mismo Tribunal en 24 de noviembre de 1894 que los pagarés a la orden no son aqué-llos cuyo importe se va a dedicar al comercio, sino los que proceden de operaciones comerciales, pues .sólo éstos tienen valor jurídico de documentos mercantiles.” Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7, 16.
“Esta Corte y el mismo Tribunal Supremo de España han de-clarado que los pagarés a la orden a que se refiere el artículo 532 del Código de Comercio no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que proceden de operaciones de esta clase, palabras éstas que subraya el Tribunal Supremo de Es-paña en su sentencia de 24 de noviembre de 1894, . . . Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863, 867.

La circunstancia de qne nno de los otorgantes del docu-mento fuera un banco, no determina necesariamente la natu-raleza mercantil del documento. No son sólo préstamos mer-cantiles los que realizan los bancos. Aceptando que uno de los otorgantes en este caso, dicho banco, pudiera considerarse como un comerciante, bastará que nos refiramos al caso de Barceló & Co., S. en C., supra, en la parte qne dice:

“No podemos convenir con la corte inferior en que la transac-ción original celebrada por López y Carlos Olmo fué una transac-ción mercantil. Un préstamo no es necesariamente una transacción mercantil. Ni López ni Carlos Olmo eran comerciantes al momento en que se efectuó el préstamo. De haber sido comerciantes uno u otro, o si ambos hubieran sido comerciantes al momento de efectuarse el préstamo, tal hecho no hubiese convertido el préstamo en una tran-sacción mercantil.”

No ha lugar a la reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    María Andrea Mattei Lartigaut, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1022.

    Sometido: Mayo 6, 1938.

      Resuelto: Julio 12, 1938.

      L. López de Victoria,, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.

       Not a : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Allá para el año 1929 María Andrea Mattei Lartigaut, la recurrente, adquirió el título de ciertos bienes inmuebles que se dividieron en dos parcelas y que se describen como Ay B. El título anterior fué debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad de San Germán. Posteriormente, la recu-rrente bizo .que un ingeniero midiera la parcela B y éste bailó que la finca tenía un área, dentro de sus propios lin-deros y rumbos, de 90.30 cuerdas en vez de 52.66 cuerdas.

A fin de obtener un título inscribible por el área en ex-ceso resultante de la anterior mensura, la recurrente pre-sentó un expediente de dominio ante la Corte de Distrito de Ponce. La sentencia dictada dispuso que la referida área en exceso fuera inscrita en el registro. Al presentársele la aludida sentencia el Registrador de la Propiedad de San Ger-mán se negó a inscribir el título por los siguientes motivos:

“. . . por observarse que la porción de terreno o parcela letra B de que se interesa tal inscripción, a virtud de la mensura que se dice fué practicada por el agrimensor José Ramírez Gaudier, arroja una superficie de 90 cuerdas 30 céntimos, existiendo por tanto un exceso de cabida en la misma constante de 37 cuerdas 64 cén-timos, sin que de la resolución anterior aparezca expresado en forma específica que en el Tribunal que aprobó el expediente se haya presentado el plano correspondiente a dicha mensura, no ha-biéndose presentado tampoco el mismo en esta oficina, ni certifica-ción alguna del propio agrimensor creditiva de que se haya hecho citación de los colindantes de dicha parcela de terreno al verificarse tal mensura, lo que constituye un factor indispensable al objeto del deslinde y mensura de una propiedad, toda vez que el plano por sí solo, aunque se hubiese presentado, nada prueba en conclusión para llenar el correspondiente procedimiento de ley ...”

La recurrente sostiene en su recurso que el registrador se ha excedido en sus facultades oficiales, toda vez que ha calificado hechos que no tienen relación con la jurisdicción o competencia de la corte ni con el procedimiento por ella seguido.

El registrador sostiene que no sólo se dejó de citar a los propietarios colindantes sino también que el procedi-miento escogido por la peticionaria era erróneo.

El procedimiento adecuado, según el registrador, hubiera sido que un perito agrimensor midiera la finca, con citación de todos los dueños de los predios colindantes, y entonces acudir ante un notario público, con el plano de la mensura debidamente certificado por todas las partes, a fin de que el notario redactara un acta para corregir la inscripción. Si se hubiesen adoptado esas medidas, el registrador hubiera revisado la inscripción original a fin de ajustarla a los he-chos.

El procedimiento sugerido por el registrador es sin duda alguna el más rápido y adecuado y el que mayores garantías ofrece no sólo al interesado en inscribir el exceso de cabida de la finca, si que también a los propietarios colindantes que pudieran ser afectados por una inscripción practicada a sus espaldas.

El procedimiento en este caso fué radicado aparentemente de conformidad con los artículos 395 y siguiente de la Ley Hipotecaria, que en lo pertinente lee así:

“Todo propietario que careciere de título escrito de dominio, cualquiera que sea la época en que hubiese tenido lugar la adqui-sición, podrá inscribir dicho dominio justificándola con. las formali-dades siguientes:
“1. Presentará un escrito al juez de primera instancia del par-tido en que radiquen los bienes, o al del en que esté la parte principal, si fuese una finca enclavada en varios partidos, refiriendo el modo con que los haya adquirido, y las pruebas legales que de esta adquisición pueda ofrecer, y pidiendo que, con citación de aquel de quien procedan dichos bienes, o de su causahabiente y del ministe-rio fiscal, se le admitan las referidas pruebas y se declare su dere-cho.
“2. El juez dará traslado de este escrito al ministerio fiscal, citará a aquel de quien procedan los bienes o a su causahabiente, si fuera conocido, y a los que tengan en dichos bienes cualquier de-recho real; admitirá todas las pruebas pertinentes que se ofrezcan por el actor, 'por los interesados citados o por el ministerio fiscal en el término de ciento ochenta días, y convocará a las personas igno-radas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, por me-dio de edictos que se fijarán en parajes públicos y se insertarán tres veces en los periódicos oficiales de la provincia de ultramar res-pectiva, a fin de que comparezcan si quieren alegar su derecho. (Bastardillas nuestras.)

Es evidente que la recurrente no carecía de título escrito de dominio sobre la finca cuya cabida se trató de rectificar en el registro mediante la tramitación de un expediente de dominio, sin citación de los propietarios colindantes que pu-dieran ser perjudicados por la inscripción de un exceso de cabida, que en este caso alcanza al 70 por ciento de la que aparece inscrita en el registro. La recurrente alega en su escrito estableciendo el presente recurso, “que el referido expediente de dominio se tramitó ante la Corte de Distrito de Ponce para acreditar rm exceso de medida que resultó de la mensura de una finca rústica propiedad de la peticionaria, la cual finca ya estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de San Germán.” En la propia sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce, aprobando la información de do-minio y ordenando la inscripción de la parcela “B” de acuerdo con la cabida resultante de la nueva mensura, se hace constar que el inmueble en cuestión “está inscrito a nombre de la peticionaria a título de dominio, libre de carga y gravamen, etc.”

Teniendo la recurrente un título de dominio escrito e ins-crito en el registro, en el cual aparecen claramente descritos los linderos de la finca, que son los mismos dentro de los cuales se practicó la nueva mensura, si de dicha mensura re-sultó una cabida mayor que la que se hiciera constar en el registro, el remedio más rápido, más adecuado y más justo, que ha sido sancionado por la jurisprudencia de esta Corte Suprema, es practicar una mensura de la finca con citación de los propietarios colindantes en el caso de que la diferencia entre la cabida inscrita y la resultante de la nueva mensura fuere mayor de un 20 por ciento. Si la diferencia fuere me-nor de un 20 por ciento, el registrador está facultado para hacer la correspondiente rectificación en los libros del re-gistro, aun cuando no se hubiere citado a los colindantes. Véanse: Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218; Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867; Ripoll v. Registrador, 40 D.P.R. 808; Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246; Aboy Vda. de Cintrón v. Registrador, 52 D.P.R. 150; Odriozola, Jurisprudencia Hipotecaria, páginas 772 a 777.

No estamos conformes con la contención de la recurrente de que el registrador recurrido fué muy lejos en su calificación. El caso de Sucesión Estrella v. Registrador, 41 D.P.R. 756, citado por la recurrente, justifica a nuestro juicio la calificación recurrida. Esta Corte Suprema se ex-presó así:

"Cuando la corte de distrito ha hecho la declaratoria de dominio, ésta debe ser tenida por buena y suficiente si la corte tenía juris-dicción y el procedimiento seguido fué el marcado por la ley. En esos dos particulares, jurisdicción y competencia, y procedimiento, puede el registrador opinar en su calificación; no en la justicia o error de la resolución, que están fuera de su autoridad, y su cri-terio.”

Tampoco ayudan a la recurrente los demás casos citados en su alegato. En el caso de autos el registrador no ha in-vadido el campo de acción, ni ha impugnado en manera al-guna la apreciación de la prueba hecha por el tribunal sen-tenciador. El registrador ha calificado como error de pro-cedimiento la tramitación de una información de dominio para acreditar el de una finca que ya está debidamente ins-crita en el registro a su cargo, con título escrito de dominio a favor de la dueña peticionaria. Opinamos que el registra-dor recurrido procedió correctamente al denegar la inscrip-ción solicitada y que su nota debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Seño» Travieso

text:
    Basilio Piñero, et als., demandantes y apelantes, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7644.

    Sometido: Abril 21, 1938.

      Resuelto: Julio 12, 1938.

      Miguel Guerra-Mondragón, abogado de los apelantes; Ilon. -Pro-curador General B. Fernández García y Enrique fíórdova Díaz, Subprocurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 20 de septiembre de 1937 los peticionarios, Basilio Pinero y otros, radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una demanda enmendada de injunction contra Rafael Sancho Bonet, en su capacidad de Tesorero de Puerto Rico, para que se abstuviera, por sí o por medio de sus subalter-nos, de cobrar la contribución impuesta por una ordenanza del Municipio de Río Piedras, adoptada en sesión extraordi-naria de la Asamblea Municipal de dicho pueblo, celebrada el 23 de febrero de 1937 y aprobada respectivamente por el alcalde y por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, en 24 de febrero y 23 de marzo de 1937. Alegaron los peticionarios en la corte de distrito que dicha ordenanza es nula:

“(a) Porque no fué expuesta al público, cual lo estatuye por ma-nera imperativa el inciso (c) del artículo 46 de la Ley núm. 53 de 23 de abril de 1928 (pág. 335), por un término no menor de 20 días;
“(ó) Porque no fué publicada, antes de ser sometida al Consejo Ejecutivo, en un periódico de Puerto Rico de gran circu-lación, tal cual lo dispone el citado inciso (c) del artículo 46 de la Ley núm. 53 de 1928, sino que fué publicada en el periódico ‘El País,’ que no es un diario de gran circulación;
“ (c) Porque no llegó a poder del Tesorero de Puerto Rico, debida-mente aprobada por el Consejo Ejecutivo, el día quince o antes del mes de marzo de 1937 sino que llegó a poder del demandado el día 23 de dicho mes, en violación abierta de lo previsto en el segundo párrafo del apartado (2) del in-ciso (c) del artículo 46 de la mencionada ley núm. 53 de 1928;
“ (d) Porque parte del fondo especial que la sección 2a. de dicha ordenanza crea será aplicado a obras, y fines cuyo costo es incluíble y está incluido en el presupuesto de fondos ordi-narios del Municipio de Río Piedras;
“ (e) Porque la sección 4a. de dicha ordenanza pugna con lo esta-tuido en el párrafo segundo del apartado (2) del inciso (c) del artículo 46 de la mencionada ley núm. 53 de 1928 por cuanto que por dicha sección se intenta extender el término por el que habrá de regir la contribución adicional impuesta por la sección la. de dicha ordenanza.”

También alegaron qne:

“. . . carecen de todo otro recurso que les brinde rápido, efi-caz y adecuado remedio, ya que de acogerse a las disposiciones de la Ley núm. 8, ‘disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta/ aprobada el 19 de abril de 1927, se verían privados de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, por razón de que:
“(a) Dicha ley no dispone la creación de un trust fund que asegure en cualquiera eventualidad la devolución al contribuyente de las contribuciones indebidamente cobradas, más los intereses;
“(6) Dicha ley dispone arbitrariamente que las contribuciones municipales indebidamente cobradas se le paguen al contribuyente, después de sentencia final, en dos plazos: la mitad en el primer semestre y la otra mitad en el segundo semestre del siguiente año económico; posponiendo, en esta forma, la devolución de lo recaudado, por el término de un año;
“(c) Dicha ley no provee el pago de intereses al contribuyente sobre la cantidad satisfecha bajo protesta en el caso de que la con-tribución, por ser ilegal, sea recobrable.”

El 7 de septiembre de 1937, al radicarse la demanda original, la corte inferior señaló el día 21 de ese mismo mes para oír a las partes, dejando basta tanto en entredicho al demandado, previa fianza de $3,000. El día señalado com-pareció el Tesorero para impugnar la demanda y solicitar qne se dejase sin efecto la orden de entredicho, por entender, entre otras cosas, qne de acnerdo con el artículo 83 de la Ley núm. 53, “Estableciendo nn sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico,” aprobada en 28 de .abril de 1928, Leyes de ese año, págs. 335, 399, la acción es-taba prescrita.

El 30 de octubre de 1937 la corte inferior desestimó la pe-tición de injunction preliminar y anuló la orden de entredicho basándose para ello en que la acción estaba prescrita, tal cual lo alegaba el demandado. Los peticionarios apelaron de esa resolución para ante esta Corte Suprema.

Los cuatro señalamientos de error que aparecen en el alegato de los apelantes presentan a nuestra consideración dos cuestiones fundamentales que pueden expresarse así:

Ia. ¿Erró la Corte de Distrito de San Juan al decidir que la acción de los demandantes estaba prescrita a tenor del Artículo 83 de la Ley Municipal de 1928, y por el transcurso de 30 días a contar desde la publicación de la ordenanza en el periódico “El País”!

2a. ¿Cometió error la corte inferior al desestimar la petición de injunction preliminar ?

La facultad del Municipio demandado para aprobar una ordenanza como la impugnada en el presente caso, se deriva del artículo 46, inciso (c), de la Ley núm. 53 de 1928, que lee así:

“Los ingresos municipales consistirán:
“(«).
“(b).■
“(c) En cualquier recargo de la contribución sobre la propie-dad imponible del municipio, siempre que así se acordare, por lo menos, por las dos terceras partes del número total de miembros de que se componga la Asamblea Municipal. Las ordenanzas impo-niendo estos recargos requerirán la aprobación del Consejo Ejecutivo, previo informe del Tesorero de Puerto Rico. Dicho recargo no podrá exceder del uno por ciento sobre la valoración de la propiedad, com-putándose cualquier contribución adicional sobre dicha valoración, para fines municipales autorizada al presente, o que en lo futuro se autorizare. Dichas ordenanzas deberán ser expuestas al publico por un término no menor de veinte días y publicadas dos veces en una semana en un periódico de Puerto Iiico de gran circulación antes de ser sometidas al Consejo Ejecutivo. Tal recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propiedad, solamente podrá des-tinarse a los fines siguientes:
. . Dicho recargo o contribución adicional sobre la valo-ración de la propiedad se recaudará por el Tesorero de Puerto Rico, sirviendo de autoridad al efecto, una copia certificada de la ordenanza que adoptare la Asamblea Municipal, aprobada en la forma dis-puesta en el inciso (c) de este artículo y se impondrán tomando como base la tasación hecha por el Departamento de Hacienda.
"Dicho recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propiedad cuando haya de aplicarse a los fines especificados en el apartado (2) de este artículo, podrá imponerse solamente para regir durante el año económico siguiente a aquél en que se aprobare la ordenanza correspondiente; pero cuando haya de aplicarse al pago de empréstitos con sus intereses — apartado (1) de este artículo— podrá imponerse para los años que sean necesarios hasta la total redención de dicho empréstito e intereses. En ningún caso este recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propie-dad podrá cobrarse en el mismo año económico en que fuere votado por la Asamblea Municipal y aprobado por el Consejo Ejecutivo. La ordenanza de la Asamblea Municipal imponiendo cualquier con-tribución adicional incluyendo la conocida por ‘school tax,’ sobre la valoración de la propiedad, deberá estar en poder del Tesorero de Puerto Rico, debidamente aprobada por el Consejo Ejecutivo, el día quince o antes del mes de marzo. Si algún municipio dejare de aprobar por cualquier circunstancia la ordenanza correspondiente para imponer en cualquier año económico la contribución para es-cuelas conocida por ‘school tax,’ la referida contribución se enten-derá, y por la presente se ordena que se dé por impuesta, ,para re-gir en dicho año económico, al mismo tipo que rigió en el año anterior y el Tesorero de Puerto Rico deberá proceder a su cobro en la forma acostumbrada.” (Bastardillas nuestras.)

Reduciendo a términos más simples el proceso por el cual se convierte en ordenanza un proyecto para recargar la con-tribución sobre la propiedad imponible, vemos que consiste de los siguientes trámites: . ■

1. El proyecto imponiendo el recargo debe ser aprobado por lo me-nos por las dos terceras partes del número total de miembros de que se componga la Asamblea Municipal.

2. Deberá ser expuesto al público por un. término no menor de veinte días.

3. Deberá ser publicado dos veces en una semana en un periódico de Puerto Rico de gran circulación antes de ser sometido al Con-sejo Ejecutivo.

4. Informe del Tesorero de Puerto Rico.

5. Aprobación por el Consejo Ejecutivo.

6. Deberá estar en poder del Tesorero de Puerto Rico debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo, el día 15 o antes del mes de marzo.

El artículo 83 de la Ley Municipal dispone:

“Artículo 83. — Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada:
(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Asamblea Municipal, de la Junta Administrativa, del Alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgá-nica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
“ (Z>) Para suspender, mediante injunction, la ejecución de cual-quiera ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la contribución (el texto inglés dice ‘Constitution’) o las leyes insulares;
“ (c) Para compeler mediante auto de mandmvas, al cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de Ios-funcionarios municipales por malicia, negligencia, o ignorancia inex-cusables.
“En los dos primeros casos la parte perjudicada podrá solamente' establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolución u orden hayan sido promulgados o comunicados a la parte querellante; En-tendiéndose, que cuando la ordenanza o resolución deba ser publicada de acuerdo con esta Ley, el término expresado de treinta (30) días, empezará a contarse desde la fecha de la publicación de dicha orde-nanza o resolución.”

La ordenanza en cuestión dispone (sección 5a.) que ésta “entrará en vigor tan pronto la misma sea aprobada por el Consejo Ejecutivo de Puerto Pico, y sus disposiciones, en tanto én cnanto a la imposición de la contribución se refiere, a partir del día primero de julio de 1937.” De la certifica-ción presentada por los demandantes aparece que la orde-nanza fue aprobada por el Consejo Ejecutivo de Puerto Pico el día 23 de marzo de 1.937. No encontramos disposición legal alguna que exija, como requisito esencial para su va-lidez y efectividad, que una ordenanza deba ser publicada después de ser aprobada por el Consejo Ejecutivo. Debemos resolver por lo tanto que la ordenanza en este caso empezó a regir el día 23 de marzo de 1937, al ser aprobada o promul-gada por el Consejo Ejecutivo de Puerto Pico.

El artículo 83 de la Ley Municipal, supra, fija un término de treinta días dentro del cual la parte que se considere perjudicada por una ordenanza municipal podrá establecer demanda de certiorari, para la anulación o revisión de la ordenanza, o de injunction para suspender su ejecución. La única cuestión envuelta en el presente caso es: ¿Cómo y cuándo empezará a correr el término prescriptivo ? El estatuto es a nuestro juicio lo suficientemente claro, para que basándonos en él podamos enunciar las siguientes reglas:

Ia. Cuando se trata de una ordenanza que requiere para su validez la aprobación del Consejo Ejecutivo, el plazo de treinta días para establecer demanda de certiorari o de injunction deberá computarse a partir de la fecha en que la ordenanza haya sido promulgada o aprobada por el Consejo Ejecutivo.

2a. Cuando se trata de una ordenanza que sólo requiere para su validez la aprobación y firma del alcalde, el término de treinta días deberá contarse a partir de la fecha en que la ordenanza haya sido notificada a la parte querellante.

3a. Cuando se trata de una ordenanza que tenga sanción penal y que deba ser publicada de acuerdo con lo que dis-pone el artículo 74 de la Ley Municipal, o en cualesquiera otros casos en que la publicación de una ordenanza o resolu-ción sea requisito esencial para su validez, el término de treinta días deberá contarse desde la fecha de la publicación de la ordenanza o resolución.

En el caso de autos la publicación de la ordenanza des-pués de su aprobación por el Consejo Ejecutivo no es requi-sito esencial para su validez. La ordenanza empezó a regir el día 23 de marzo de 1937, fecha de su aprobación por el Consejo. Y de acuerdo con su sección 5a., la imposición de la contribución empezó a regir el día 1 de julio de 1937. La demanda original fue interpuesta el día 7 de septiembre de 1937, o sea cinco meses y catorce días después de haber sido aprobada la ordenanza por el Consejo Ejecutivo y sesenta y siete días, después de haber quedado impuesta la contri-bución.

No erró el tribunal inferior al sostener que el término fijado por el estatuto para suspender la ejecución de la or-denanza mediante injunction había transcurrido con exceso y que la acción estaba prescrita.

Debe confirmarse la resolución.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

text:
    Dolores Semidey, demandante y apelada, v. Antonio Viqueira, Jaime Viqueira y Loreto Viqueira Villanueva, demandados y apelantes.
    Núm. 7773.

    Sometido: Junio 20, 1938.

      Resuelto: Julio 12, 1938.

      Erasto Arjona Siaca y Ramón A. Gadea Picó, abogados de los ape-lantes; Alberto S. Poventud y R. Hernández Matos, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de este caso se radicó originalmente en la Corte de Distrito de Ponce el 16 de julio de 1932. No com-parecieron los demandados y el 24 de octubre de 1934 se radicó demanda enmendada. No fué basta el 21 de febrero de 1935 que comparecieron por primera vez los demandados, al solo efecto de solicitar prórroga para presentar alegacio-nes. Radicaron una excepción previa a la demanda el 24 de mayo de 1935, que fué desestimada el 6 de agosto si-guiente. No hicieron más alegaciones contra la demanda y el 9 de octubre de 1935 se anotó su rebeldía. El 20 de enero de 1937 se dictó sentencia en rebeldía y un mes des-pués radicaron los demandados una moción de reconsidera-ción que fué desestimada el 5 de enero de 1938, interponiendo recurso de apelación para ante esta corte el 3 de febrero si-guiente. Optaron los apelantes por la presentación de una exposición del caso y después de solicitar y obtener tres pró-rrogas, la última de las cuales expiró el 11 de mayo último, no solicitaron otras en la corte inferior ni pidieron que se restableciera el término por este tribunal.

Con estos hechos por base, el 26 de mayo próximo pasado radicó la demandante en este tribunal una moción en que so-licita que se desestime la apelación interpuesta por los de-mandados.

Es evidente la táctica dilatoria seguida por los apelan-tes desde que se inició este pleito contra ellos en la corte inferior allá por el año 1932 hasta que se radicó en este tribrunal la moción, solicitando la desestimación. Alegan, sin embargo, los demandados qne la sentencia qne contra ellos se dictó en rebeldía es manifiestamente errónea a la vez qne injusta y, protestando qne no han sido negligentes en. el per-feccionamiento de la apelación, solicitan qne se desestime la moción de la demandante apelada y se les conceda nn plazo de treinta días para radicar la exposición del caso en la corte inferior.

Antes de decidirnos a desestimar la apelación hemos exa-minado el error qne los demandados apelantes impntan a la corte inferior, a fin de determinar si en efecto la apelación interpuesta por los demandados tiene méritos o si por el contrario es frívola,' en cuyo caso resultaría inútil el resta-blecimiento del término para la radicación de la exposición del caso.

Del proyecto de exposición del caso qne acompañan los propios apelantes a su escrito de oposición a la moción de la apelada, tomamos los siguientes datos:

La demandante apelada nació en Yanco, el 22 de marzo de 1896, y por sentencia de la Corte de Distrito de Ponce de 30 de junio de 1932, confirmada por este tribunal el 30 de enero de 1934, fné declarada hija natural reconocida de Lucas Solivellas Vicéns, quien falleció el 12 de febrero de 1929, bajo testamento que otorgó el primero de octubre de 1927, en el que instituyó por sus únicos herederos a los de-mandados, sus sobrinos Antonio y Jaime Viqueira, y dejó dos legados en metálico de $4,000 y $1,000 respectivamente a María Antonia Camacho y Mariano Rodríguez. No dejó el testador ascendientes ni más descendientes que su hija la demandante apelada.

Tratando de demostrar los apelantes que la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce es errónea, dicen en su moción de oposición radicada en esta corte:

“Esta es una apelación de carácter especialísimo, pues con ella no se intenta perjudicar o molestar en lo más mínimo a la demandante Dolores Semidey, ni afectar sus derechos hereditarios como bija natural reconocida, sino única y exclusivamente corregir un grave error cometido por la Corte de Distrito de Ponee en la sentencia en rebel-día por ella dictada contra los aquí demandados apelantes.
“Los demandados apelantes pidieron la reconsideración de la sen-tencia, y su aclaración en el sentido de que la sentencia se limitara a conceder a la demandante Dolores Semidey sus derechos heredita-rios como hija natural reconocida, ascendentes, según el artículo 769 del Código Civil, a un tercio de los bienes del causante don Lucas Solivellas. La sentencia, dictada en rebeldía, no por culpa directa de los demandados sino de su abogado, residente en San Juan, con quien era muy difícil hacer contacto, no se limitaba a conceder a dicha demandante su indicado tercio de herencia legítima, sino que co-metió el error grave de concederle la totalidad de los bienes de la herencia, no obstante existir un testamento válido, reconocido y men-cionado en la propia demanda de Dolores Semidey, en el que hay una institución de herederos a favor de los aquí apelantes, y además, varios legados. (Sobre Filiación, Civil núm. 4131, Corte de Distrito de Ponce.) Este testamento no ha sido nunca anulado y su existen-cia es admitida por la demandante apelada en su demanda ante la corte inferior.
“En su consecuencia, no se trata de una herencia intestada sino de una herencia testamentaria, y por lo tanto, aun habiendo una hija natural reconocida, el causante o testador podía disponer de parte de sus bienes, siempre que respetara la porción que la ley asigna como legítima al hijo natural reconocido. El testador no cumplió con la ley en cuanto a este último extremo, o sea, pretirió a Dolores Semidey. Ésta tenía y tiene el perfecto derecho a pedir su legítima, y, en su consecuencia, ejercida acción petitoria de herencia, lo que procedía era modificar el testamento para dar cabida en sus disposi-ciones a la legítima de dicha hija natural, pero mantenerlo válido y subsistente en toda aquella parte de que el testador podía disponer libremente, aun teniendo una hija natural reconocida.
“La Corte de Distrito de Ponce, en vez, de hacer esto, declaró a dicha hija natural dueña de todos los bienes, habiendo ésta sorpren-dido fraudulentamente al tribunal e impresionándole erróneamente en el sentido de que dicha hija natural hereda todos los bienes, a pe-sar de existir un testamento en gran parte válido y compatible con la existencia de dicha hija natural reconocida.
“Cometido el error, los demandados apelantes vencidos en rebel-día, por culpa de su abogado residente en San Juan, solicitaron la reconsideración de la sentencia, al solo efecto .de que la corte corri-giera la misma, dejando en pie aquella parte del testamento que no puede ser afectada por la existencia de la bija natural reconocida, es decir, sosteniendo la institución de herederos a favor de los de-mandados y los legados. La Corte de Distrito de Ponce, probable-mente, sin leer con mayor detenimiento el alegato de los demandados, y sin estudiar la cuestión con el prolijo cuidado que su trascendencia ameritaba, declaró sin lugar la reconsideración, reiterando el grave error cometido y dejando a los demandados apelantes en un plano-de indefensión, y víctimas del fraude y el dolo cometido por la deman-dante apelada, al pedir derechos en exceso de lo que la ley le confiere, y al confundir y engañar al tribunal inferior sobre este punto.”

Veamos si la corte inferior cometió en realidad el error qne le imputan los apelantes.

El artículo 742 del Código Civil (edición de 1930), igual al artículo 814 del Código Civil español, dispone lo siguiente :

“Art. 742. — La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la institución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean ino-ficiosas.
“La preterición del viudo o viuda no anula la institución; pero el preterido conservará los derechos que le concede el presente código.
“Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testa-dor, la institución surtirá efecto.”

De acuerdo con el artículo antes transcrito, la preterición de la demandante, que por ser hija natural reconocida es heredera forzosa del testador, produjo necesariamente la nu-lidad de la institución de heredero, y como los herederos ins-tituidos en el testamento no son herederos forzosos por tra-tarse de sobrinos, claro es que el caudal hereditario todo de-bió pasar a la demandante sujeto, desde luego, a las mandas y mejoras hechas en el testamento.

Ya hemos visto que la demandante nació en el año 1896; que el testamento se otorgó en el año 1927; que el testador falleció en el 1929, y que la demandante fué declarada hija natural reconocida en el año 1932, o sea después de otorgado el testamento y fallecido el testador. El hecho de que la de-mandante haya sido reconocida después de muerto el testa-dor no excluye su caso del precepto del artículo 742, supra, pues como bien dice Manresa, “en los hijos naturales equi-vale al nacimiento el hecho de ser reconocidos o legitimados por concesión real, después de otorgada por el testador su última voluntad.” 6 Manresa, Código Civil, 356. De modo que, ya consideremos a la demandante, a los efectos de este artículo, como nacida después de muerto el testador por ha-ber sido reconocida después de dicha fecha, aplicando por analogía lo dicho por Manresa con respecto a los hijos natu-rales reconocidos o legitimados por concesión real, o ya la consideremos como nacida en la fecha en que realmente na-ció, en el año 1896, en cualquiera de los dos casos la preteri-ción siempre tuvo efecto, de acuerdo con el precepto legal antes citado.

Comentando Manresa el artículo 814 del Código Civil es-pañol, y en la página 360 del tomo antes citado, dice lo si-guiente :

“La interpretación que rectamente se desprende del art. 814, es la de que sólo valen, y eso en cuanto no sean inoficiosas, las disposi-ciones hechas a título de legado o mejora. En cuanto a la institu-ción de heredero, se anula. Lo que se anula deja de existir, ¿ en todo, o en parte? No se añade limitación alguna, como en el art. 851, en el que se expresa que se anulará la institución de heredero en cuanto perjudique a la legítima del desheredado. D'ebe, pues, entenderse que la anulación es completa o total, y que este artículo, como especial en el caso que le motiva, rige con preferencia al 817.” (Itálicas nuestras.)

Refiriéndose a la aplicación de este precepto a los hijos naturales reconocidos, el mismo autor, en la página 354 del mismo tomo, se expresa en los siguientes términos:

“Se dice por algiín comentarista que el artículo no prevé el caso de preterición de los hijos o padres naturales. El legislador no in-curre en tan gran falta. No habla de parientes, que sería el caso en que, por no añadirse el calificativo de naturales, cabría afirmar que sólo se refería a la familia legítima-, habla de herederos forzosos, prescindiendo de su clase de parentesco, y es evidente que el padre y el hijo natural son herederos forzosos en línea recta, pues la palabra línea no es patrimonio de los ascendientes y descendientes legítimos; podrá limitarse en aquéllos al lazo entre hijos y padres, sin subir ni bajar más; pero aplicada a los herederos forzosos tiene una signifi-cación tan clara, que no cabe duda alguna en esta cuestión. Así lo prueba la contraposición de esos herederos en línea recta (descen-dente o ascendente) al cónyuge y la consideración de ser absurdo que el legislador al tratar de la preterición se olvidase del hijo y del padre natural. Quiere pretenderse que la sentencia de 16 de enero de 1895 sirve de apoyo a la referida opinión, y precisamente al resolver la cuestión ventilada estudia los arts. 814, 815 y 817 como re-lacionados con el caso que la motivó, y como aplicables, por tanto, a los hijos naturales, como veremos en su lugar.”

Este tribunal, en el caso de Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467, aplicó también el precepto citado a la preterición de un hijo natural reconocido. En aquel caso el demandante era hijo natural reconocido del testador. En su testamento el padre instituyó por su única heredera a la demandada, su legítima hija, María Camila Teresa de Jesús Iturrino, y pre-tirió al demandante. Se dijo entonces por la corte:

“El artículo 802 del Código Civil (edición de 1911) claramente establece que la preterición de alguno o de todos los herederos forzo-sos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento, o sea que nazcan después de la muerte del testador anulará la institución del heredero, pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inofi-ciosas.
“Con arreglo al anterior precepto es nula la institución de única heredera hecha por el Dr. Juan Dionisio Iturrino a favor de la de-mandada con preterición del demandante que es hijo natural recono-cido del mismo, debiendo sostenerse la validez y eficacia de las me-joras y legados hechos en dicho testamento.
“Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada, menos en cuanto declara nulo el testamento otorgado por el Dr. Juan Dionisio Iturrino, entendiéndose que esa nulidad afecta solamente a la institución de la demandada María Camila Teresa de Jesús Itu-rrino Rivera, como única heredera del mismo, debiendo participar el demandante de los derechos hereditarios qne le corresponden con arreglo a la ley vigente en la fecha del fallecimiento de sn padre. ’ ’

Véase también el caso de Ex parte Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126, 129.

Ya Mcimos resaltar el becbo de que los herederos insti-tuidos en el testamento de don Lucas Solivellas eran mera-mente herederos voluntarios y no forzosos. En el caso de Iturrino v. Iturrino, la heredera instituida, María Camila Teresa de Jesús Iturrino, era heredera forzosa. Por consi-guiente, aunque - se anuló la institución de herederos y se abrió la sucesión intestada, participó de sus derechos heredi-tarios la hija legítima en concurrencia, desde luego, con el hijo natural reconocido que había sido preterido. En el caso que ahora nos ocupa no puede suceder lo mismo, pues no siendo los herederos instituidos herederos forzosos, corres-ponde a la demandante apelada la totalidad de la herencia, sin perjuicio de los legados hechos en el testamento, y siem-pre que éstos no sean inoficiosos.

Por consiguiente, la Corte de Distrito de Ponce inter-pretó y aplicó correctamente la ley al declarar con lugar la demanda y conceder a la demandante la totalidad de la he-rencia, sujeto a los legados.

Siendo ello así, ningún error se subsanaría con esta ape-lación, la que no solamente resulta frívola, sino que de per-mitirla restableciendo el término expirado para la radica-ción de la exposición del caso, se perjudicarían innecesaria-mente los derechos de la demandante a gozar de la herencia de que ahora la están privando los demandados apelantes.

Por lo expuesto procede denegar el término para radicar la exposición del caso y desestimar la apelación interpuesta por los demandados.