author: El Juez Asociado Se>. Wole,

text:
    Velázquez, Demandante y Apelante-Apelada, v. De Choudens et al., Demandados y Apelados-Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre complemento de herencia y otros ex-tremos.
    No. 2265.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Herencia — Sucesión Testada — Nieto Natural — Derecho de Representación.— Habiendo ocurrido la muerte de la testadora en el presente caso cuando es-taba vigente la Ley de 9 de marzo de 1905, su nieto natural, o sea el hijo natural reconocido de su hijo legítimo, no tenía derecho de acuerdo con dicha ley a heredar en representación de sir padre natural fallecido; y no desprendiéndose de la cláusula testamentaria que se transcribe en la opinión que fuera la intención de la testadora convertir en heredero a su nieto natural, es preeiso concluir que éste no puede redamar parte alguna en la he-rencia de aquélla.
    Id. — Enmiendas Durante el Juicio — Discreción Judicial. — La concesión de per-miso para enmendar alegaciones durante el juicio descansa en la sana discre-ción de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte demandante: Sr. G. Domínguez Ru-bio.

    Abogado de la demandada: Sr. T. Rernardini.

   El Juez Asociado Se>. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Amelia Velazquez estableció esta acción a nombre de su hijo menor de edad Miguel de Choudens y Velázquez. La materia objeto de la controversia es la herencia de Elisa Cintrón y Sánchez, que falleció bajo testamento en el año 1905, o, lo que es importante para nuestros fines, después de la reforma hecha ese año por la Legislatura en las leyes de herencia.

El testamento fné otorgado en 15 de julio de 1904. El hijo menor de edad en favor de quien esta acción se esta-blece tiene parentezco con la testadora en esta forma. El es el hijo natural reconocido de un hijo legítimo de dicha testadora. Miguel de Choudens y Velázquez, dicho menor, tenía un hermano y una hermana cada uno de los cuales era también hijo natural y reconocido por su padre que falleció antes que la testadora. Había dos cláusulas en el testamento de dicha testadora, a saber:

“Lega- cinco cuerdas de terreno del predio que corresponde a la testadora en el barrio de. Cuatro-Calles para pagar a la niña Isabel (Bebé) hija natural reconocida de su hijo Miguel de Choudens y Cintrón, .los derechos que con tal motivo puedan corresponder a dicha niña en los bienes de la testadora y si sobrase, que queda el sobrante a favor de la misma niña, la cual es hija de Rosita Torres. Del pro-pio modo y con referencia al niño Miguel también reconocido de su hijo Miguel, destina para cubrir en lo que alcance sus derechos el solar de la otorgante, doble, que ocupan actualmente Luisa Mingó y Julián Mata. Con dicho solar deberán cubrirse los derechos del refe-rido niño Miguel, hijo de Amelia Velázquez y los del otro niño Rafael, hijo también de la antes referida Rosita Torres. Si algo faltase lo cubrirán los herederos de la otorgante que más adelante designará. ’ ’

Esta acción la establece la madre, demandante nominal en este caso, no solamente para recobrar el solar específico referido para su hijo, sino también una supuesta porción hereditaria que ella alega existe y es en exceso del terreno específicamente dejádole por su abuelo natural. Los otros dos hijos naturales fueron hechos demandados en el pleito y también lo fué José Francisco de Choudens y Cintrón. Este último era hijo de la testadora y él y 1111a de sns hermanas eran los herederos con derecho a lo qne quedaba nombrados en el referido testamento. La dicha hermana falleció y de-signó a su hermano como a sn único heredero, de modo qne la única otra persona hoy que tiene cualesquiera derechos hereditarios en oposición a los de los hijos naturales, es dicho demandado José Francisco de Choudens y Cintrón.

La Corte de Distrito de Gnayama no estuvo conforme con la demandante en que su hijo tuviera algunos derechos hereditarios pero declaró probado que el solar dejádole por testamento no había sido traspasado a él o a su madre, y ordenó que fuera entregado. Ambas partes interpusieron recurso de apelación.

La demandante en apelación sostiene que su hijo tiene derechos hereditarios en exceso al solar legado a él. Basa ella esta alegación en dos fundamentos: primero, que la ley en vigor a la fecha de la muerte de la testadora convirtió a su referido hijo en un heredero, y segundo, que el testa-mento mismo revela la intención por parte de la testadora de que dicho hijo natural fuera uno de sus herederos.

El derecho del hijo menor de edad en este caso depende de la- proposición de que habiendo fallecido antes de él el padre, él tiene el derecho de representación del padre. Esta corte ha resuelto que en materia de sucesión intestada las leyes de 1905 confirieron al hijo natural reconocido el de-recho de suceder a su padre por representación. Ex parte Smith, 14 D. P. R. 664, y esta es todavía la ley, Ortiz v. Rivera, 26 D. P. R. 332. También es la ley que los derechos a la sucesión se rigen por la ley en vigor a la muerte del causante. Ex parte Smith, supra; Correa v. Correa, infra, 18 D. P. R. 117. En otros varios casos, Correa v. Correa, 18, D. P. R. 117; Rijos v. Peña, 19 D. P. R. 147; Rijos v. Folgueras, 19 D. P. R. 149, la corte ha resuelto que en ma-teria de sucesión testada el nieto natural no tiene tal de-recho de representación, o sea cuando el hijo natural era hijo de un hijo legítimo. Sostiene la demandante qne estas últimas decisiones se refieren a una época en la cual ni en la sucesión intestada ni en la testada el hijo menor no tenía derechos de representación, y la demandante insiste en que sería absurdo resolver que un hijo natural menor de edad tuviera derechos hereditarios por representación de su padre cuando no hay testamento, cuyos referidos derechos de-saparecerían por el mero otorgamiento del testamento. Sin embargo, entendemos que esta es la ley. Un testador tiene un claro derecho a dejar su propiedad a cualquier persona que le plazca, salvando los derechos de los herederos for-zosos. Puesto que un hijo natural, hijo de un hijo legítimo, no es tal heredero forzoso, su abuela natural tenía un per-fecto derecho a prescindir de todo derecho de representa-ción que dicho hijo natural pudiera haber tenido. El hijo natural tiene derecho a suceder a su padre a falta de una disposición testamentaria en contrario. Una persona podría otorgar un testamento después del año 1905 y hacer caso omiso enteramente de sus nietos, hijos naturales de un hijo legítimo.- Creemos que la Corte de Distrito de G-uayama procedió correctamente al resolver que a falta de una in-tención por parte de la testadora de hacer a estos hijos na-turales herederos suyos no tenían ellos ningún derecho de acuerdo con la ley, para reclamar tal herencia.

jPué la intención de la testadora hacer a estos nietos naturales herederos suyos? ¿Tuvo la intención de que estos nietos naturales tuvieran otros derechos que los que hubie-ran tenido en el caso de no haber ella otorgado testamento alguno? Estas cuestiones resultan complicadas debido a la redacción algo ambigua de. dicho testamento. Es evidente que la testadora o el que redactó el testamento tuvo la idea de que los nietos naturales como los que ahora consideramos tenían algunos derechos que una testadora no podía negar-les. La fecha del testamento es tal vez su explicación. Sos-tenemos, sin embargo, que no aparece del referido testamento la intención ele hacer estos hijos herederos de ella o de dar-les más de lo qne específicamente les legó. Una cosa es tener nna idea o creencia de qne las personas tienen ciertos dere-chos y otra tener el propósito de qne tal creencia se con-vierta en nna realidad. Doña Elisa Cintrón y Sánchez tnvo la intención de qne sns nietos naturales tuvieran ciertos bie-nes inmuebles, fneran o no sns derechos legales iguales a los legados específicos. Si sus pretendidos derechos lega-les eran inferiores a dichos legados, semejante hecho no po-día militar en contra de ellos. Por otra parte no se ha revelado ninguna intención de dar a ellos algo más, a menos qne en realidad tuvieran ellos, vigente el testamento, más derechos legales que los bienes legados. Creemos que esto se desprende de las cláusulas citadas, pero también por una razón algo diferente.

■Elisa Cintrón tenía dos hijos legítimos a la fecha del otorgamiento de su testamento, así como al ocurrir su falle-cimiento. Ella clara e inequívocamente tuvo la intención de que ellos fueran sus herederos. El deseo que tenía en su mente era dar a estos hijos legítimos todo lo que tenía ex-ceptuando los legados específicos hechos a sus nietos natu-rales y respetando también cualesquier derechos legales que tuvieran. Nos sentimos obligados a declarar en beneficio de los herederos legítimos que en el testamento debió haber aparecido claramente la intención de dar a estos hijos más del solar específico, legado. Si el testamento nada hubiera dicho sobre el particular referente a los nietos naturales ellos no hubieran tenido ningunos derechos. Expresar una creen-cia en contrario no puede alterar la situación.

El demandado José Francisco de Choudens también in-terpuso apelación por el fundamento de que la propiedad a la cual hubiera tenido derecho este menor por el legado directo de acuerdo con el testamento ya le había sido entre-gada. No puede haber duda alguna de que se otorgó una escritura traspasando la supuesta porción a la madre del hijo menor de edad, pero la madre y al parecer la corte cre-yeron que la propiedad realmente no había sido entregada.

La declaración de la madre fué al efecto de qne ella que-ría que se le entregara una escritura y parecía admitir el hecho de estar ella en posesión. Por otra parte, el principal demandado juró que la propiedad en realidad había sido entregada a ella desde mucho tiempo antes.

La demandante también alegó como error el no haber la corte permitido hacerse una enmienda en el juicio. En cierto-período del juicio se levantó la demandante-y solicitó que su hermano fúera hecho parte demandante. Entonces tam-bién dicho hermano solicitó que se le tuviera como parte demandante. La corte negó ambas peticiones. El deman-dado muy acertadamente dice que la cuestión de una en-mienda en medio del juicio es cosa que' pertenece a la sana discreción de la corte y no vemos que haya abusado de ella.

' La fecha de la entrega de la propiedad antes mencionada es algo dudosa. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la sentencia debe ser revocada en tanto ordena la entrega de la propiedad pero debe devolverse el caso para que se determinen los frutos y productos, de haber algunos, durante el tiempo en que la demandante estuvo privada de la finca, si en realidad lo estuvo, y confirmada en los demás par-ticulares..

Confirmada la sentencia apelada en cuanto por ella se declara que él demandante no es heredero; revocándose en cuanto a la en-trega de la mitad del solar legado al mismo,, y se decreta que se le paguen las rentas de la mitad del solar, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- - ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Muñoz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1709.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Evidencia — Preguntas sobre Hechos Colaterales — Credibilidad del Testigo.— Mediante repreguntas, el acusado tiene derecho a poner de manifiesto el pre-juicio de un testigo de cargo a fin de suministrar al jurado o a la corte datos que permitan deducir el grado de credibilidad del testigo. Por ejemplo, es admisible en evidencia que el acusado durante el reexamen pregunte a un testigo de cargo en cuanto al motivo que le impulsó a ir a donde el juez a. decirle que estaba presente al cometerse el delito.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné declarado culpable por un delito de aco-metimiento y agresión grave y alega como error, primero, la oposición techa por la corte- a la pregunta formulada por la defensa en cuanto al motivo que impulsó a un testigo a ir donde el juez a decirle que estaba presente al cometerse el delito; y segundo, el prejuicio por parte de la corte sen-tenciadora al dictar sentencia.

El incidente en el cual descansa el primer señalamiento de error aparece del siguiente extracto que tomamos de los autos, a saber:

“Juan Gómez. — Declara que al medio día iba para la hacienda Barrióla y vió cuando el acusado le tiró dos veces con el cuchillo a Santiago Iglesias que se fué corriendo y lo subieron para la fábrica.
‘ ‘ Repreguntado por la defensa dice que él, es testigo en este pro-ceso porque él mismo en persona fué donde él juez a decirle que había visto el caso. Y cuando la defensa preguntó al testigo sobre el motivo que le impulsó a decirle al juez que había visto el caso, la corte se opuso a la pregunta y la defensa tomó excepción.”

El objeto y fin de la’pregunta excluida por el juez sen-tenciador aparece razonablemente de sn faz y la negativa a permitir cualquier investigación en este sentido equivale más Men a un abuso que no al ejercicio de la discreción judicial.

“Por lo general no se permitirá hacer una pregunta en el examen de repreguntas que sea claramente impertinente, pero un testigo puede ser repreguntado respecto a cuestiones impertinentes al punto en controversia (issue) para desautorizar su declaración por medio de lo que él mismo pueda decir en contestación, aunque no con el fin de contradecirle con otro testigo. Esto es así prescindiendo de la regla que prevalece en cuanto al alcance de las repreguntas acerca de cues-tiones que son precisamente esenciales al punto en controversia. Si bien respecto a estas cuestiones las repreguntas no pueden extralimi-tarse del interrogatorio directo, debe, sin embargo, permitirse la más amplia investigación en las cuestiones colaterales, hayan o no sido objeto de interrogatorio directo. En realidad esta clase de investiga-ción es uno de los fines más importantes del interrogatorio de repre-guntas por ser uno de los principales agentes para el descubrimiento de la verdad en investigaciones judiciales. Por medio de ella puede hacerse ver la relación del testigo con la causa o las partes, su inclina-ción o interés, de tener alguno, su disposición hacia la verdad y vera-cidad, y en verdad cualquier hecho colateral que pueda relacionarse con su veracidad e imparcialidad. Puede hacerse cualquier pregunta que razonablemente tienda a explicar, contradecir o desautorizar cual-quier declaración dada por él, o para establecer su certeza, memoria, veracidad o credibilidad. Las repreguntas con el objeto de tachar directamente la declaración del testigo no constituyen el límite del derecho. Aparte de la regla que prevalezca en una jurisdicción en cuanto al alcance de las repreguntas sobre cuestiones esenciales, siem-pre se permite al repreguntar establecer la base para tachar al tes-tigo mediante prueba de manifestaciones contradictorias hechas ante-riormente, y cuando el testigo admite que existe incongruencia entre su declaración y sus manifestaciones hechas en otras ocasiones, que se le examine en cuanto a los motivos que originan la incongruen-cia.” 28 R. C. L., see. 197.
“Las investigaciones en el estado de ánimo o disposición del tes-tigo para ocultar o desvirtuar la verdad no serán excluidas por ser colaterales. La predisposición por parte de un testigo hacia una. parte en la acción, es prueba de parcialidad que puede afectar a la credibilidad y el derecho a poner de manifiesto el hecho mediante repreguntas no debe a menudo negarse sin que se cometa abuso de discreción que sería perjudicial al litigante. En tales casos el límite-debido para el ejercicio de discreción por la corte sentenciadora con-siste en circunscribir las repreguntas al punto de que se revelen sola-mente aquellos hechos de donde aparezca la hostilidad, y rechazar todo aquello que sólo sería pertinente para justificar la hostilidad por parte del testigo, pues es la existencia del estado de ánimo lo que es esencial y no lo correcto o incorrecto de la transacción que la ocasiona.” Id. 612, see. 201.
“Un testigo puede ser tachado mostrándose su parcialidad, pro-bándose su parentesco cercano, simpatías, hostilidad o prejuicio, y esto puede hacerse por medio de su propia declaración, o por otra prueba. Es pertinente mostrar el estado de ánimo de un testigo cuando se le llama a declarar, con el fin de suministrar al jurado todos los hechos que son necesarios para una completa y razonable consideración de su declaración y para que pueda determinar el grado de credibilidad que ha de dársele. Por ejemplo, es procedente en las repreguntas preguntar a un niño en cuanto al estado de ánimo de sus padres hacia el acusado, si existe malquerencia y tal hecho es conocido del niño, siendo esa prueba admisible y pertinente por afectar a la credibilidad del testigo.” Idem 615, see. 204.

Véase también a “Wharton sobre Evidencia Penal,” tomo I, página 988, secciones 476, y siguientes.

La exposición en forma narrativa de todas las demás declaraciones aportadas al juicio es tan breve, que sería conveniente transcribirla íntegramente. Hacemos cita de los autos.

“Santiago Iglesias. — Este testigo declara que denunció a Francisco Muñoz porque le acometió con un cuchillo en San Lorenzo, en ocasión en que había allí un movimiento contra el comercio y la carne, con el objeto de abaratar el precio de la vida.
“Que mandó a comprar carne y le dijeron que si la compraba se la botaban. Entonces fué el testigo personalmente a comprarla y en un grupo en que estaba el acusado le dijo al testigo: ‘Con este hay que acabar.’ Al día siguiente, yendo el testigo para la ‘Colec-tiva,’ el acusado, que estaba debajo de un árbol, al pasar el testigo sacó un cuchillo y se le fué encima; el testigo corrió y el acusado lo persiguió, pero Hilario García se le fué detrás le quitó el cuchillo y salió herido en una mano. La defensa se opone a que el testigo declare lo que le pasó a Hilario García. La corte sostiene la decla-ración, la defensa tomó excepción.
“Sigue declarando el testigo que eso ocurrió el 3 de julio de 1920, en San Lorenzo, estando presentes Juan Gómez, Hilario García y Belén Claudio.
“A repreguntas de la defensa, declara: que toda la gente en San Lorenzo estaba en contra de él, pero que sin embargo impidieron que el acusado lo hiriera.
“Hilario García. — Declara que el 3 de julio estaba Francisco Muñoz recostado en un palo de jobos, cuando al pasar Santiago Igle-sias se le fué detrás con un cuchillo en la mano. Otro tabaquero que venía de abajo lo empuñó y el acusado le dijo: ‘Déjame dir que voy a darle a este.’ El acusado se le safó al individuo, se le. arre-mangó detrás a Iglesias, pero el testigo estaba allí y le quitó el cu-chillo.
“Repreguntado por la defensa dice: que le quitó el cuchillo al acusado pero que no entregó el cuchillo a la policía ni sabe a donde fué a parar dicha arma.
“Belén Claudio. — Declara que iba para la fábrica con don Santiago Iglesias, cuando el acusado Muñoz llamó a Iglesias e Iglesias salió corriendo sin que el acusado le hiciera nada. Que el acusado no tenía ningún cuchillo y que si lo hubiese tenido, la testigo estaba en condiciones de haberlo visto. También declara que el acusado no amenazó a Iglesias.
*#***##
“Hilario García. — El juez de su propia iniciativa vuelve a llamar al testigo Hilario García, quien se ratificó en su declaración anterior, declarando además, a preguntas del juez, que la señora Belén Claudio iba con Santiago Iglesias. Entonces el juez le hizo la siguiente pre-gunta: j De manera que esta señora debió haber visto el acto de sacar el cuchillo? A lo que el testigo contesta: No, porque ella cogió para arriba.
“A repreguntas de la defensa dice que el testigo es un hombre inútil que iba a pasear al matadero.
“Santiago Iglesias. — Este testigo es ñamado a iniciativa del pro-pio señor juez, para preguntarle si Belén Claudio iba con él a lo cual el testigo contesta que efectivamente iba acompañado de la señora y que ésta le gritaba: huye, huye Santiago, que te dan.
“Repreguntado por la defensa que por qué no había declarado eso mismo cuando fué llamado a declarar por primera vez, manifestó que porque no convenía o no se liabía acordado. Y vuelto a pregun-tar que por qué había olvidado una cosa tan importante, contestó: “como se olvidan muchas cosas licenciado.”
“Isidoro Vázquez. — A preguntas del fiscal declara que al entrar al taller el. día de autos no vió que pasara nada.
“Con este testigo terminó la prueba de cargo.
“Prueba de descargo:
“Ignacio Rivera. — Declara que el día de autos el testigo iba para la fábrica y se paró en un grupo que había de diez o doce personas, entre las cuales estaba el acusado Muñoz, quien le dijo a Santiago Iglesias que pasaba por allí: Oiga, Santiago, hágame el favor que tengo que hablar con usted: a lo cual Iglesias contestó: no puedo ahora. Y en el mismo grupo oyó el testigo una voz que dijo: ‘Huye Santiago, que te dan,’ pero no pudo averiguar la persona que dijo esto. Que Santiago salió corriendo y todo el mundo se echó a reir por la broma. Que el acusado se quedó quieto donde estaba y no es cierto que persiguiera a Santiago. Que si lo hubiera perseguido el testigo lo habría visto.
“El fiscal se limita a representar su oficio. Dice que es taba-quero.
“Enrique Vázquez. — Declara que el día de autos estaba fumando frente a la fábrica con un grupo que en el estaba el acusado Muñoz. Que al llegar Iglesias el acusado le dijo: Oye, Santiago, tengo que hablar contigo. A lo que Santiago contestó: que no tenía que .oir nada. Entonces una voz dijo: corre, Santiago, que te dan. Y que Iglesias salió corriendo. Que no hubo allí cuchillo ni persecución del acusado a Iglesias.
“Repreguntado por-el juez la ratifica la declaración y dice que la voz ‘corre que te dan,’ era una broma.

Al momento de dictar sentencia el juez de distrito sin referirse a ningún conflicto en la prueba respecto a si el acusado meramente habló a Iglesias o le acometió, dijo en parte lo siguiente:

“La corte ha oído cuidadosamente la prueba, le ha puesto toda su atención en escuchar la prueba en este caso, y se ha dado cuenta que esto es verdaderamente un hecho insólito en Puerto Rico, y que está tomando carta de naturaleza en Puerto Rico.
“Ya tenemos la costumbre que cuando hay un movimiento de huelga en el país, los que están en huelga se creen que tienen derecho más alto que los demás, y están equivocados. Esta corte ha mante-nido siempre el derecho que tienen los trabajadores a declararse en huelga; pero ese derecho de los trabajadores, termina donde em-pieza el derecho de todos los demás individuos de la comunidad que no quieren declararse en huelga. Tal parece que estos individuos que se declaran en huelga en Puerto Rico entienden que deben aso-ciárseles porque de lo contrario el que no lo haga así, debe ser amena-zado y debe ser objeto de la acritud de ellos. Y esta es una cuestión que no puede la corte tolerar. El acusado tiene perfecto derecho a declararse en huelga, y los otros, a declararse en contra de la huelga. Pero esto de tratar de crear el terror en Puerto Rico porque haya personas que no se adhieran a esos movimientos huelguistas, no puede consentirse. Esto es ya una anarquía en Puerto Rico, de menor cuantía, que no causa mayores daños al país, por su densidad de población y por lo exiguo de su territorio. Este acusado es un anar-quista y la corte lo declara culpable.
“Se dictará sentencia en este caso, el lunes a las nueve de la mañana.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que ni esta circunstancia ni otros particulares de que se queja el apelante en relación con el segundo señalamiento de error, liarían necesaria la revocación de la sentencia si no hubiera cometido error la corte sentenciadora en su pronta negativa a permitir que el testigo Gómez fuera repreguntado en cuanto al motivo que le impulsó a ir donde el juez a decirle que estaba presente al cometerse el delito. Al propio tiempo, de interpretarse el lenguaje al pie de la letra ciertamente da lugar a cierta duda respecto a si la corte inferior en ver-dad estaba considerando primero la cuestión de la culpabi-lidad o inocencia con relación al delito imputado en la de-nuncia a diferencia del carácter reprochable y actitud mental del acusado como anarquista.

Pero sea esto como fuere, no podemos decir que el acu-sado no fué perjudicado por el error alegado en el primer señalamiento, y por esta razón, robustecida como está por otras circunstancias a que hemos hecho referencia, la sen-tencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Srés. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Buxó, Demandante y Apelante, v. Asamblea Municipal de Caguas, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en incidente de memorándum de costas en un procedi-miento de certiorari.

    No. 2432.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Abopado y Cliente — Abogado a Sueldo — Honorarios.—El hecho de que un aho-gado sea empleado por un cliente a sueldo fijo por meses o por años, no im-pide a dicho cliente, en un pleito en que se le eoneeden las costas, el obtener de la parte contraria una suma de dinero que represente el valor de los ser-vicios de dicho ahogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. B. Buitrago.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Vendrel.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos envueltos en este caso y las razones que in-forman la resolución apelada son los expresados por el juez sentenciador en la siguiente forma:

“En este caso, por sentencia de 18 de junio de 1920, fue desesti-mada la solicitud de certiorari presentada y anulado el auto preli-minar expedido, con imposición de las costas al demandante, quien interpuso apelación para ante e.1 Tribunal Supremo, que desestimó el recurso por resolución de 18 de enero de 1921.
“La demandada ha presentado un memorándum de costas ascen-dente a trescientos cincuenta y. cinco dollars ($355), que el deman-dante ha impugnado sólo en cuanto a los honorarios de abogado se refiere: 1, porque el abogado representante de la asamblea era un empleado del municipio con una retribución fija que se pagaba por mensualidades, y 2, porque la suma señalada de trescientos cincuenta dollars, ($350), por honorarios es excesiva, pues el trabajo realizado tiene a lo sumo un valor de cien dollars (100).
“La partida de cinco dollars ($5) por honorarios del secretario, que no se ha impugnado, se aprueba'.
“Las costas en esta acción se concedieron a la parte demandada, la Asamblea Municipal de Caguas, y dicha parte tiene derecho a recibir de la parte vencida, del demandante Francisco Buxó Villa-fañe, una cantidad que represente el valor de los servicios del abo-gado. Artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1917. Los honorarios no son para el abogado, sino para la parte que representa, y el hecho de que en este caso la asamblea municipal utilizara los servicios del Abogado Joaquín Vendrell, que fué oficial jurídico del municipio desde el 23 de diciembre de 1919 hasta el 30 de junio de 1920, con un haber de cien dollars (100) mensuales, no le impide recobrar una cantidad razonable que represente el valor de sus servicios.
“La'partida de trescientos cincuenta dollars ($350), por honora-rios de abogado, se reduce a doscientos dollars ($200), cantidad que la corte considera razonable, dadas las circunstancias del caso y vistos además los autos de este pleito.”

La teoría en que se funda esta apelación es la indicada en la siguiénte cita que hacemos del alegato del apelante, a saber:

“Sostenemos como único error de la honorable Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, P. R., la interpretación que da al artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la Ley número 38 aprobada en abril 12 de 1917.
“Tal interpretación es el fundamento de la resolución recurrida, y a es a saber:
* * * el hecho de que en este caso la asamblea municipal utilizara los servicios del Abogado Joaquín Vendrell, que fué oficial jurídico del municipio desde el 23 de diciembre de 1919 hasta el 30 de junio de 1920 con un haber de cien dólares mensuales, no le im-pide recobrar una cantidad razonable que represente el valor de sus servicios.’ (Folio 5 del Transcript.)
“El estatuto vigente sobre la materia, citado anteriormente, lee así:
“ ‘Sección 327 — Las partes * # '*
“ ‘En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, nna cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponién-dose * * * ’
“La letra y el espíritu del copiado precepto no puede ser otro que el de permitir que la parte victoriosa en un pleito o procedi-miento perciba de la parte Arencida el valor de los servicios de su abogado o una parte del mismo; pero nunca mayor cantidad de aquella percibida por el abogado. Permitir que la parte victoriosa obtenga de la vencida^más cantidad que aquella pagada por ella, ya no sería una imposición de costas y desembolsos, sino más bien una condena de indemnización en la proporción de la diferencia entre ambas cantidades.”

Convenimos con el apelante en que la suma concedida por honorarios de abogado debe representar el valor de los ser-vicios prestados; y para los fines de esta opinión puede admitirse que por lo menos generalmente dicha suma no .debe exceder de la cantidad realmente recibida por el abogado, o que ciertamente se le debe. Pero en este caso no hay nada que demuestre tal exceso. Suponiendo en pro del argumentó que la compensación por los servicios en cuestión estaba incluida en el sueldo de $1,200 anuales, si el tiempo y labor dedicados a este asunto en la corte de distrito comprendió un período de dos meses o más, o que de otro modo repre-sentaba aproximadamente una sexta parte del trabajo hecho o por hacerse durante el año, entonces como cuestión de simple cálculo aritmético parece inferirse que en realidad la asamblea municipal por lo menos pagó la suma de $200 por los servicios así prestados.

De todos modos no se cita ninguna autoridad para sos-tener la proposición de que el mero empleo de un abogado por meses, o años con un sueldo fijo mensual o anual cons-tituye un impedimento al derecho que la ley confiere a un cliente “de recibir de la parte vencida una suma de dinero que represente el valor de los servicios de su abogado, o de parte de dicha suma”; y hasta tanto se nos cite alguna autoridad semejante estamos obligados a ser de parecer con-trario.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Heenández,

text:
    Durán, Demandante y Apelante, v. Seda, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de venta y restitución de pro-piedad.
    No. 2452.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Nulidad de Venta — Menor de Edad — Estoppel.—Un menor que estando próximo a cumplir los 21 años induce a otra persona a creer de buena fe que ya los había cumplido y bajo tales condiciones le vende una finca haciendo constar en el documento privado otorgado que el vendedor era mayor de edad y tenía la libre administración de sus bienes y la necesaria capacidad para contratar, no tiene derecho a obtener la nulidad del contrato de compra-venta al am-paro de su minoría de edad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Otero Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. J. Alemany Sosa.

   El Juez Presidente Sr. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 19 de julio de 1920, Miguel Durán por su pro-pio derecho y como padre con patria potestad sobre su me-nor hijo legítimo, Juan Ramón Durán y Seda, presentó de-manda en .la Corte de Distrito de Mayagüez contra Modesto Seda para que se declarara la nulidad de un contrato de compraventa de cierta finca rústica que el demandante Juan Ramón Durán y Seda y el demandado Modesto Seda habían celebrado, y ordenara la entrega o devolución de dicha finca al demandante Durán y Seda con la suma de $150 por los frutos que produjo durante el año y tres meses que la había poseído el comprador. Como razón fundamental de esta acción alega el demandante Juan Bamón Durán y Seda, que era menor de edad cuando celebró el contrato con el deman-dado y que éste se aprovechó de esa circunstancia para com-prarle por $224 una finca que entonces valía y aún vale $562.

El demandado al contestar la demanda alegó que el de-mandante Juan Bamón Durán y Seda era mayor de edad y estaba en la libre administración de sus bienes al vender la finca, como así lo hizo constar en el documento privado de venta que firmó, y que la finca no tenía mayor valor que el precio de $232.75 que por ella pagó.

También formuló contrademanda el demandado para que el demandante Juan Bamón Durán y Seda fuera condenado a otorgarle escritura piiblica de .venta de la finca vendida por el mismo precio en que se verificó el contrato.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 10 de fe-brero de 1921 declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, con las costas del.juicio a cargo del de-mandante Juan Bamón Durán y Seda, quien- apeló de dicha sentencia.

La opinión que sirve de fundamento a la sentencia pro-nunciada, en la parte atinente, dice así:

“De la evidencia practicada, la corte encuentra probados los si-guientes hechos:
“El día 1 de febrero de 1919, en el barrio de Llanos Tuna, del término municipal de Cabo Rojo, Juan Ramón Durán y Seda, y el demandado Modesto Seda celebraron un contrato en virtud del cual el primero le vendió al segundo una finca rústica de su propiedad radicada en el mismo barrio de Llanos Tuna, por el precio de $223.75. Al practicarse la mensura de la finca ésta dió una cabida de una cuerda setenta y nueve céntimos. El precio se pagó en efec-tivo por un tal Villas Pagan a nombre de Modesto Seda, en dos veces; $205 el mismo día del contrato al vendedor Juan Ramón Durán y Seda, en la casa del señor Pagan; y $18.75 a Miguel Durán, padre del vendedor, algunos días después en el piueblo de Cabo Rojo.
“En todos los particulares del contrato celebrado por Juan Ra-món Durán y Seda y Modesto Seda; ofrecimiento de venta de la finca, mensura y entrega de ésta y hasta recibir parte del precio para su hijo, intervino Miguel Durán. Ambos de acuerdo manifes-taron constantemente al demandado Modesto Seda y a las otras per-sonas que intervinieron en el negocio, que Juan Ramón ya había cumplido su mayoría de edad, y que como tal tenía capacidad sufi-ciente para efectuar la venta. En el documento privado que otor-garon de este contrato también lo hizo constar el vendedor Durán y Seda declarando que era mayor de edad y tenía la libre administra-ción de sus bienes y la necesaria capacidad legal para tratar y con-tratar. El demandado Modesto Seda creyó de buena fe que Juan Ramón Durán y Seda era mayor de edad a la fecha en que se celebró el contrato y por tal virtud entró en él.
“Juan Ramón Durán y Seda se comprometió con Modesto Seda a elevar a escritura pública el contrato privado que había otorgado de la venta de la finca tan pronto como fuera requerido para ello, lo que no ha hecho, a pesar de que así se lo ha solicitado Modesto Seda.
“No existe evidencia crae haya probado la alegación de la de-manda de que el demandado obtuvo ventaja en el contrato porque la finca valía más de lo que él pago por ella; antes por el contrario, lo que se infiere de la prueba es que se pagó un precio razonable.
• “El día primero de febrero de 1919, o sea la fecha del contrato, no tenía todavía 21 años de edad Juan Ramón Durán y Seda. El juicio de este caso se celebró el día 20 de diciembre de 1920, en cuya fecha el expresado Juan Ramón Durán y Seda tenía 21 años y tres meses de edad. De su aspecto en general aparece ser mucho mayor, por lo que se explica claramente el buen resultado de su simulación y engaño al conducirse como de mayor edad cuando todavía no tenía 20 años.
“Como una cuestión de derecho, la corte llega a la conclusión de que tanto Miguel Durán como Juan Ramón Durán y Seda están im-pedidos de alegar la nulidad de la venta efectuada por el segundo a Modesto Seda y recuperar la propiedad vendida quedándose con el precio que se pagó por ella, porque ambos se confabularon y se pu-sieron de acuerdo para que Juan Ramón efectuara la venta como mayor de edad, y el comprador Modesto Seda así lo creyó de buena fe. — '(14 Ruling Case Law, 23, y siguientes.)
* * # *= * # #
“De las anteriores conclusiones de hecho y de derecho, resulta la obligación clara de Juan Ramón Durán y Seda de otorgar escritura pública al demandado Modesto Seda de la venta de la finca en litigio.
“Por todo lo cual, la corte es de opinión que debe desestimar, como desestima, la demanda en este caso, y se declara con lugar la contra-demanda, con las costas a cargo del demandante.”

Alega la parte apelante para sostener el recurso que la corte cometió error en la apreciación de las pruebas, y tam-bién en la aplicación del derecho con infracción del artículo 1230 del Código Civil por haber dado valor a un contrato en que el demandante no pudo prestar su consentimiento por ser menor de edad.

' Hemos examinado la evidencia aportada al juicio por am-bas partes y ella sostiene las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior. Juan Ramón Duran y Seda era real-mente menor de edad al celebrar con el demandado Modesto Seda el contrato de compraventa, y aunque él y su padre declaran no haber hecho manifestación alguna en el sentido de que Duran y Seda fuera mayor de edad, el mismo docu-mento privado de venta que firmó el vendedor y los testigos de la parte demandada tienden a probar lo contrario. La corte resolvió el conflicto de la evidencia a favor del deman-dado y a su apreciación debemos atenernos por no haberse demostrado que hubiera obrado influida por pasión, prejui-cio, parcialidad o manifiesto error.

Bajo las anteriores conclusiones de hecho, encontramos que lejos de ser erróneas, se ajustan a ellas las de derecho que estableció la referida corte.

En apoy'o de la validez del contrato de compraventa cuya nulidad se solicita, invocamos la doctrina establecida en el caso de García et al. v. Garzot, 18 D. P. R. 866; y para sos-tener la contrademanda nos referimos al artículo 1247 del Código Civil preceptivo' de que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la crea-ción, transmisión, modificación o extinción de derechos rea-les sobre bienes inmuebles. Si el demandante Juan Ramón Durán y Seda vendió al demandado Modesto Seda la finca rústica de que se trata de cuyo contrato le otorgó documento privado, debe ser eompelido a llenar la formalidad de la escritura pública, según previene el artículo 1246 del mismo código.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hntcbison.


text:
    Martínez et al., Peticionarios y Apelados, v. Martínez, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en procedimientos sobre administración judicial.
    Moción para que se desestimen los recursos establecidos.
    No. 2329.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Desestimación de Apelación — Transcripción Defectuosa. — Al prepararse el transcript de apelación el apelante no puede elegir a su gusto de los autos de la corte inferior aquellas alegaciones y documentos o partes aisladas de los mismos que puedan sostener sus contenciones y omitir o excluir lo que pueda ser desfavorable a su propósito, obteniendo así una ventaja indebida sobre su adversario y consiguiendo una revocación basada en un certificado, que sólo muestra que existen dichos documentos así seleccionados o aquella parte de su contenido. Así, pues, una transcripción en la cual se copian literal-mente algunas constancias del legajo de la sentencia y otras se consignan sustancialmente, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 299 del Có-digo de Enjuiciamidhto Civil; y cuando el apelante, que ha tenido tiempo para corregirla, no lo ha hecho, procede declarar con lugar una moeión del apelado solicitando la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. P. Martines.

    Abogados de los apelados: Sres. C. Franco Soto y J. B. Soto.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Víctor P. Martínez interpone recurso de apelación contra dos resoluciones de fecha 3 y 7 de julio de 1920, dictadas en el curso de una administración judicial, la primera modifi-cando y enmendando el primitivo informe de un contador partidor y ordenando la preparación y presentación de nn nuevo informe que comprenda los cambios así sugeridos, y la segunda aprobando y adoptando dicho informe final.

Los apelados solicitan la desestimación de la apelación por no haberse presentado el legajo de sentencia u otra base adecuada para una decisión sobre los méritos.

El secretario de la corte de distrito, a solicitud del ape-lante y como constancias que habían de constituir los autos en apelación en este caso, certifica en substancia lo siguiente:

1. Que el día 15 de marzo de 1917, Cecilia Méndez, repre-sentando a sus hijos menores de edad, los peticionarios en este caso, radicó el escrito jurado inicial de este caso.

2. Que el día 28 de abril de 1917 el opositor Víctor P. Martínez radicó su escrito de impugnación a la solicitud de administración judicial.

3. Que entre los hechos relacionados en el escrito inicial aparece el de que—

“El causante Víctor Martínez y Martínez, déjó a su fallecimiento bienes sujetos a partición entre sus herederos, los cuales bienes se encuentran en poder del hijo legítimo Víctor Primo Martínez y González, quien los está usufructuando desde entonces, sin haber entregado parte ninguna de los mismos ni de sus productos a sus hermanos los solicitantes, por valor de cincuenta mil setecientos cua-renta dollars ocho centavos. Y, en el escrito de oposición jurado por el señor Martínez, niega éste el hecho referido, y de los affidavits acompañados y suscritos por Emiliano Beauchamp Angleró y José Diepa Pérez, aparecen éstos jurando con fecha 28 de abril de 1917, por ante el notario don Alfredo Blasco Pagán, que hecha una liqui-dación del caudal d'e don Víctor Martínez y Martínez, teniendo a la vista todos los antecedentes y datos necesarios, resultó un déficit contra el caudal dejado por los esposos don Víctor Martínez y doña Secundina González, de veinte y nueve mil trescientos cincuenta y nueve dólares noventa y tres centavos, por lo cual resultó mayor el activo que el pasivo.”

4. Que por resolución de fecha 7 de mayo de 1917 se de-cretó la administración judicial de los bienes de Víctor Mar-tínez y Martínez y se nombró administrador a Juan Martín Oronoz.

5. Que en mayo 11 de 1917, fué recibida por correo y archivada la moción del opositor Víctor P. Martínez ape-lando de la resolución de 7 de mayo de 1917, por la que se nombró administrador judicial a Oronoz y de otra resolu-ción de igual fecha, por la que se concedió a los menores la cuota alimenticia de $100 mensuales.

6. Que con fecha 26 de mayo de 1917, Oronoz aceptó y juró su cargo de administrador judicial.

7. Que las cartas de administración fueron expedidas con fecha 29 de mayo de 1917 y en esa misma fecha se expidió mandamiento al marshal para que diese posesión de los bie-nes al administrador judicial.

8. Que en escritura número 63, otorgada en Aguadilla a 15 de septiembre de 1917, ante el Notario Enrique González Mena, en la que comparecieron don Juan M. Oronoz, como administrador judicial de los bienes del finado don Víctor Martínez y Martínez, y doña Cecilia Méndez y Velázquez,, como madre con patria potestad de sus hijos Pedro Angel y Laura María Martínez y Méndez, siendo el objeto de dicha comparecencia, según manifestación hecha por el Sr. Oronoz, proceder a cumplimentar lo dispuesto en los artículos 35 al 37 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, relativos a la formación del inventario de los bienes del fallecido don Víctor Martínez y Martínez, a cuyo efecto citó para concu-rrir a dicha notaría, en la fecha mencionada, a las nueve de la mañana, al heredero legítimo de dicho finado, don Víctor Primo Martínez y González, quien se excusó de asistir a aquel acto, alegando, entre otras causas, según la manifes-tación del mismo Oronoz, y por medio de notificación escrita dirigida a dicho señor, que los menores Pedro Angel y Laura María no tienen derecho a la herencia; y citó también a doña Cecilia Méndez y Velázquez, como madre y represen-tante de dichos menores, no habiendo citado a los acreedores, por no serle conocidos, sin perjuicio de citárseles por edic-tos, de acuerdo con la ley. En cayo acto doña Cecilia Mén-dez procedió a denunciar como bienes de la herencia y con arreglo a los datos que aseguró haber obtenido de los libros del registro de la propiedad, los bienes siguientes: (Se des-criben.)

Que doña Cecilia Méndez, expuso: que según informa7 ción y creencia que tiene y que cree cierta, las fincas desig-nadas que aparecen en primero, segundo, quinto, sexto y séptimo término, forman parte de una finca que se denominó-“Bejucos” hoy “Villa Milagros,” la que es de mayor cabida y en la que existen los siguientes establecimientos, no pu-diendo determinar la diferencia de cabida ni el valor de esta diferencia, puesto que todos los valores los ha consignado con arreglo a datos tomados del registro de la propiedad y los cree ajustados a la verdad. Dichos establecimientos son: (Se describen.) T expuso también doña Cecilia Méndez que los datos relatados en cuanto a las diversas fincas y crédi-tos que se han reseñado, están arreglados a las informaciones y notas tomadas en el registro de la propiedad, por lo que los cree ciertos, ignorando si hay algunos otros bienes que puedan considerarse como pertenecientes a la herencia de don Víctor Martínez y Martínez, cuyas afirmaciones hace bajo juramento a los efectos legales.

Que la mencionada escritura fué aceptada por los concu-rrentes, leída íntegramente por el notario, y firmada por Juan M. Oronoz, por los testigos llamón Torres Alvarez y Juan Pellot y por el Notario señor González Mena, y no por doña Cecilia Méndez por manifestar no saber, pero lo hizo a sus ruegos el primero de dichos testigos.

9. Que con fecha é de febrero de 1918 y a virtud de mo-ción presentada por el administrador judicial Oronoz la corte nombró como contador-partidor a Alfredo Blasco Pagán, no» apareciendo qne esta orden fnese notificada a las demás partes.

10. Qne aparece agregada a los antos nna copia certi-ficada de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 19 de febrero de 1918, confirmando las resoluciones de 7 de mayo, 1917, cuyas órdenes se refieren al nombra-miento de administrador judicial y concesión de alimentos provisionales para los menores Pedro Angel y Laura María.

11. Que, en el caso arriba citado y al folio 52 de la ter-cera pieza existe la constancia siguiente:- (Aquí sigue una aceptación de nombramiento de partidor suscrita por Alfredo Blasco Pagán.)

12. Que en 27 de mayo de 1918 se radicó en esta secre-taría el informe relativo a la división de bienes, verificado por el contador partidor, licenciado Alfredo Blasco Pagán; de cuyo informe resultan los siguientes datos: (Las cons-tancias aquí extractadas del informe referido comprenden unas diez páginas de los autos que incluyen además una re-seña más o menos completa de la propuesta distribución de los bienes incluyendo un inventario de la propiedad sujeta a partición, de conformidad, según se dice, con una reso-lución de la corte de distrito de mayo 2 de 1918, en cum-plimiento de la sentencia de esta corte dictada en marzo 15 de 1918.)

13. Que el escrito de oposición a la aprobación del pro-yecto de partición presentado por el opositor don Víctor P. Martínez.y González con fecba 12 de junio de 1919, fué ra-dicado en esta secretaría con fecba 14 de dicbo mes y año, y él contiene entre otras las alegaciones siguientes: (Las alegaciones aquí referidas, en unión de la argumentación y cita de autoridades en apoyo de las mismas, comprenden va-rias páginas de los autos.)

14. Que unido a los autos de este caso existe el siguiente documento que copiado a la letra dice así: (Sigue una sen-tencia sobre declaratoria de herederos a favor de Víctor Primo Martínez como único y universal heredero de Víctor Martínez y Martínez y de Secundina González y Gómez, de fecha septiembre 27, 1912, debidamente certificada por el secretario de la Corte de Mayagüez de donde aparecen in-dicios de haber sido inscrita varias veces en el registro de la propiedad al parecer como título a varias propiedades inmuebles.)

15. Qne en los autos de este caso aparece la siguiente resolución, que copiada literalmente dice: (La resolución que aquí se transcribe de fecha julio 3, 1920, expresa haber presentado el contador-partidor Blasco Pagan su informe relativo a la partición de bienes; la radicación de una mo-ción por la promovente interesando se aprobase el proyecto de partición tal cual fue radicado por el contador; la pre-sentación de una moción impugnando dicho proyecto de par-tición por Víctor P. Martínez; el señalamiento de estas mo-ciones para su vista en junio 26, 1918; la imposibilidad de oir a las partes en esa fecha por haberse establecido proce-dimiento de certiorari por Víctor P. Martínez; la devolución de los autos a la corte inferior en junio 16, 1919, y la sub-siguiente vista de las mociones arriba referidas en la cual comparecieron tanto el abogado de Cecilia Méndez como el apelante en este caso quienes formularon no solamente los argumentos expuestos en sus mociones sino otros muchos en apoyo de sus pretensiones. En la resolución se procede en-tonces a aprobar el proyecto de partición, no tal cual fue redactado por el contador-partidor, sino con muchas modi-ficaciones, incluyéndose en el inventario ciertos bienes que .fueron omitidos por el contador-partidor y excluyendo del mismo varias fincas por las razones que se indican, y en vista del fallecimiento del anterior partidor y de lo extensas que son estas modificaciones nombra un sucesor y ordena que se haga un nuevo inventario, avalúo, liquidación, par-tición y adjudicación de los bienes en proceso de adminis-tración, de acuerdo con los términos y disposiciones de dicha resolución.)

16. Que con fecha 7 de julio de 1920 fué incorporado a los autos de este caso el inventario, avalúo, liquidación, par-tición y adjudicación de los bienes quedados al fallecimiento de don Víctor Martínez y Martínez, tal como quedó hecho por don Arturo Reichard, de acuerdo con la resolución de esta corte de distrito, de fecha 3 de julio de 1920, que ha sido transcrita en el párrafo décimoquinto de esta certi-ficación.

17. Que si bien no aparece por resolución o diligencia constancia de los títulos a favor de don Víctor Martínez y Martínez que se hayan entregado a los señores Blasco y Rei-chard, en su carácter de contadores, nombrados por esta corte, resulta, sin embargo, que a los autos de este caso corre unida una certificación del Registrador de la Propiedad de Mayagüez, referente a dos fincas, una de noventa y cinco cuerdas trece y medio céntimos y otra de veinte cuerdas, ambas en el barrio de “Purísima Concepción” de las Ma-rías, adquiridas por el causante don Víctor Martínez y Mar-tínez, e inscritas a favor de don Víctor Primo Martínez y González como heredero abintestato del mismo, y rola tam-bién en los autos la certificación sobre declaratoria de here-deros que se ha copiado íntegra en el párrafo déeimoeuarto de esta certificación, cuya declaratoria aparece inscrita a favor de don Víctor Primo Martínez y González, como heredero abintestato de don Víctor Martínez y Martínez, en cuanto a un crédito hipotecario de veintisiete mil ochocientos trece dollars ocho centavos; también en cuanto a una finca de 33 cuerdas en “Guatemala” de San Sebastián; en cuanto a otra finca de 40 cuerdas 51 céntimos, en el mismo barrio y término; en cuanto a otra de 51 cuerdas 70 céntimos, en el barrio “Hato Arriba” de dicho término; otra de 53 cuerdas 47 céntimos; otra de 16 cuerdas 22 céntimos y otra de 182 cuerdas en el barrio de “Perchas” de San Sebastián; y si bien no aparece haberse comunicado al señor Martínez el nombramiento de contador recaído primero en don Alfredo Blasco y Inego en don Arturo Reicliard consta, no obstante, que el Sr. Martínez fué citado por el contador Blasco para el acto de la división a la cual no concurrió y consta tam-bién haber sido oída su impugnación al proyecto de parti-ción hecho por Blasco, cuya impugnación fué desestimada al aprobarse en definitiva la partición enmendada de acuerdo con la orden de la corte, por el nuevo contador don Arturo Reichard, cuya aceptación del cargo consta haber tenido lu-gar con fecha 3 de julio de 1920.

18. Que en los autos de este caso existe la siguiente' re-solución: (Sigue la resolución de julio 7, 1920, aprobando el informe final como fué presentado.)

19. Que con fecha 21 de julio de 1920, Víctor P. Mar-tínez fué notificado de las resoluciones de julio 3 y 7 de 1920.

20. Que en los autos de este caso existe archivado con fecha 31 de julio de mil novecientos veinte, el escrito de apelación hecho por don Víctor P. Martínez y González, y cuyo tenor literal es el siguiente: (Se copia el escrito de apelación.)

21. Que en estos mismos autos consta la notificación del escrito de apelación precedente, así: (Sigue una copia literal.)

Y en conclusión, el secretario certifica además “que todas las constancias relacionadas en la presente certificación, así como también las inserciones literales de algunos extremos del record del caso arriba titulado, son conformes con lo que resulta de dichos autos; y que, al expedir tal certificación relacionando unos extremos y transcribiendo literalmente otros, ha sido por haberlo así solicitado el opositor y ape-lante don Víctor P. Martínez. Y, que todos los puntos rela-cionados y los insertos literales, forman, de acuerdo con la petición del dicho señor Martínez, el record de la apelación en el presente caso, entablada por aquel opositor contra las resoluciones de esta corte de distrito de 3 y 7 de julio último, referente la primera a enmiendas en el proyecto de partición, y comisión dada a don Arturo Reicfiard del Valle, para re-dactar la partición final calcada en el proyecto presentado por el contador-partidor fallecido, señor -Alfredo Blasco Pa-gán, como más extensamente se expresa en diclia orden, que lia sido transcrita literalmente en otro sitio de la presente certificación; y la segunda referente a la aprobación defini-tiva de la mencionada partición.”

Fundado en este resumen fiecfio .en fragmentos, diez y odio errores fian sido alegados.

Haremos referencia a las cuestiones que se fian tratado de plantear únicamente en tanto sea necesario para explicar el peligro y dificultad envueltos en cualquier tentativa para determinar tales cuestiones tomando por base los datos con-tenidos en los autos incompletos que tenemos ante nuestra consideración.

Transcribimos el primero, segundo y décimocuarto seña-lamientos con lo suficiente de la argumentación fiecfia en el último de éstos para indicar la fuente que se nos cita' en cuanto a los fiecfios en que se funda:

“A. El inferior erró al dar posesión y expedir las cartas testa-mentarias al administrador Sr. Oronóz en 26 y 29 de mayo de 1917 motivado a hallarse suspendida su jurisdicción motivado haber radi-cado este opositor en dichos autos el 11 de aquel mes de mayo su apelación contra resolución de 7 del mismo mes decretando la admi-nistración y nombrando al Sr. Oronóz administrador.
”B. De la misma manera erró el inferior al expedir el manda-miento el 29 de mayo de 1917 al marshal, para que diera posesión de los supuestos bienes -del causante al administrador Sr. Oronóz, pues se hallaba suspendida su jurisdicción en virtud de aquellas ape-laciones.
“N. Erró el inferior al mandar a pagar al administrador remo-vido Oronoz, el tanto por ciento sobre el capital por propia moción y sin audiencia ni defensa de esta parte.
“Tal error se halla justificado como los anteriores y además pol-los siguientes:
“En los procedimientos civiles se procede a instancia de parte interesada y nunca por propia moción pues entonces equivaldría a constituirse en juez y parte lo que viola e infringe el artículo 23 de Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Además un administrador removido como el Sr. Oronoz por su negligencia y su culpabilidad en el desempeño de su cargo, no puede obtener remuneración por unas obligaciones que no ha cumplido. En efecto el Sr. Oronoz y la Cecilia Méndez han declarado bajo juramento ante aquel inferior, que las cuotas alimenticias que se le mandaron dar a los menores como alimentos, no se le daban y que se gastaban entre el Sr. Oronoz, la Cecilia Méndez y el abogado Franco Soto, esto dió motivo que el mismo inferior removiese del cargo al Oronoz de administrador judicial, la Cecilia Méndez con la pérdida de la patria potestad sobre aquellos menores y el nombra-miento de tutor para que lo representase. Esos hechos son del cono-cimiento personal del inferior y constaban en el record aquel del inferior por medio de la certificación librada por el taquígrafo Eva-risto Estrille, y hoy aparece en el record en la secretaría de esta honorable corte agregada en el certiorari número 228 Martínez v. Crosas.”

Los autos nada dicen respecto a ninguna orden de des-titución y de no haber sido por la admisión contenida en el señalamiento decimocuarto, hubiéramos quedado en la si-tuación de tener que proceder por virtud dé la teoría de que el administrador primeramente nombrado continuó actuando en todo el procedimiento, y es el administrador quien según la resolución de julio 3, 1920, rindió sus cuentas finales, in-ventario y liquidación de los bienes en junio 16 de ese año. Pero si el nombrado primeramente fué destituido el medio corriente y ordinario hubiera sido el pronto arreglo final de sus cuentas y entrega de posesión a su sucesor, en cuyo caso la cuestión promovida en el primero y segundo señala-miento vendría a ser una cuestión académica y el error, de haber alguno, suponiendo que no fué subsanado por los de-más procedimientos subsiguientes, supra, no sería perjudi-cial. Por otra parte, al considerar el señalamiento décimo-cuarto no puede esperarse que tengamos que buscar en otros autos archivados en esta corte los hechos en los cuales el apelante se funda para solicitar la revocación de las reso-luciones apeladas en este caso.

En cuanto a los alegados errores que surgen de la apro-bación de la partición final será bastante con decir que no tenemos ante nos todos los escritos y' documentos en los cuales la corte inferior basó su resolución. Hasta la misma petición mencionada en los párrafos primero y tercero de la certificación del secretario se echa de menos. En cuanto al contenido de la escritura No. 63 a la cual se hace referencia en el párrafo octavo del resumen, que representa ser un inventario de la propiedad perteneciente a los bienes, nadá sabemos fuera del hecho de que Cecilia Méndez parece que hizo ciertas manifestaciones ante el notario. En el párrafo duodécimo se nos dice que el informe presentado en mayo 27, 1918, por Blasco Pagán, muestra ciertas cosas. Respecto a lo que pueda revelar en cuanto a otros extremos que pu-dieran haber influido en la corte inferior y justificado su actuación nada nos consta. Asimismo en el párrafo déci-motercero se enumeran ciertos motivos de oposición que se dicen fueron presentados a la corte inferior pero la alega-ción en donde constan estas objeciones no la tenemos a la vista. Además, el juez sentenciador en la resolución de julio 3 hace mención de una moción radicada por el peticionario solicitando la aprobación del informe hecho por el contador y expresando los motivos de la acción así invocada; pero esta moción a virtud de la cual actuó' el juez sentenciador al apro-bar el informe después de hacer ciertas modificaciones al mismo no está en los autos ni se hace referencia a él en nin-guna otra parte de ellos. Así también en el décimoséptimo párrafo no solamente sé nos niega el. privilegio de examinar el certificado del registrador de la propiedad al cual se hace referencia en él, sino que ni siquiera aparece que este cer-tificado jamás fuera sometido como prueba bien ante el par-tidor o ante la corte para su consideración en relación con el informe de tal partidor. Estamos privados de toda opor-tunidad para considerar cualesquiera razones qne hayan po-dido ser aducidas por el juez de distrito al resolver las ob-jeciones promovidas por el apelante a la aprobación del in-forme hecho por el contador ‘-‘cuya impugnación fue deses-timada al ser aprobada finalmente la partición enmendada.” La resolución de 7 de julio no menciona para nada ninguna moción, objeción o impugnación hecha por el apelante. Si el secretario pretende certificar en cuanto a lo que él deduce de la resolución en cuestión, entonces por lo menos debimos haber estado en libertad para poder llegar a nuestras pro-pias conclusiones; pero si los autos de la corte inferior con-tienen cualquier resolución expresa sobre la cuestión así pre-sentada a la corte sentenciadora tenemos derecho a que se someta esa resolución a nuestra consideración.

Discutir y resolver las numerosas cuestiones sometidas por el apelante, no obstante la moción para desestimar la apelación, implicaría que el apelante en cualquier caso puede elegir a su gusto de los autos de la corte inferior todas aque-llas alegaciones y documentos o partes aisladas de los mis-mos que puedan sostener sus contenciones y omitir o excluir lo que pueda ser desfavorable a su propósito, obteniendo así una ventaja indebida sobre su adversario y consiguiendo una revocación basada en un certificado que sólo muestra que exis-ten dichos documentos así seleccionados o aquella parte de su contenido.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, adicionado pol-la ley de 1917 como fué enmendado en 1919, determina en términos precisos lo que habrán de contener los autos en apelación. El artículo 303 nos permite cierta latitud al de-terminar si una apelación será desestimada por falta de los “documentos requeridos” o si se dará al apelante una opor-tunidad de completar unos autos defectuosos. Pero, sujetos a esta restricción, los preceptos estatutorios respecto a qué es lo que constituirá el legajo de sentencia, incluyendo la exposición o pliego de excepciones o transcripción alterna-tiva, si alguna hubiere, y en cuanto a cómo serán preparados y certificados, son imperativos y deben ser observados, por lo menos en substancia al presentarse cuestiones para ser revisadas por esta corte. El lenguaje empleado por' muy liberalmente que sea interpretado no tiene por objeto, auto-riza ni permite el procedimiento adoptado por el apelante en este caso.

Podemos agregar sin comentario alguno para indicar los principios generales envueltos así como la tendencia de cri-terio en este sentido en otras jurisdicciones, las siguientes citas: 4 C. J., página 59; artículo 1648, página 98; ar-tículo 1703, página 131; artículo 1741, página 140; artículo 1760, página 416; artículos 2112 y siguientes, página 424; artículo 2130, página 449; artículo 2166, página 553; artículo 232, página 731; artículo 2662, página 735; artículo 2665, página 736; artículo 2666, página 751; artículo 2685, página 285; artículo 2738; 2 “Hayne New Trial and Appeal,” página 1276; artículo 230, página 1385; nota 3 b, página 475; ar-tículo 265, página 1520; artículo 273; Featherman v. Granite County, 28 Mont. 462; Glavin v. Lane, 29 Mont. 228; Butte Mining & Mill. Company v. Kenyon, 30 Mont. 314; In re Dougherty’s Estate, 34 Mont. 336; Kimball v. Semple, 31 Cal. 658; Larkin v. Larkin, 26 Cal. 323; Miller v. Thomas, 78 Cal. 509; Shain v. Eikerenkotters, 88 Cal. 13; Thompkins v. Montgomery, 116 Cal. 120; Matter of Paige, 12 Idaho, 410; Estate of Broome, 162 Cal. 258; Going v. Guy, 166 Cal. 279; Erving v. Napa Valley Brewing Company, 18 Cal. App. 135.

Durante seis meses o más que han transcurrido desde la radicación de la moción que ahora consideramos el apelante no ha demostrado ningún deseo de enmendar los autos y las apelaciones deben ser desestimadas;

Desestimadas las apelaciones.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Valle, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por escalamiento en primer grado.
    No. 1636.
    Resuelto en junio 2, 1921.
    Evidencia — Prueba de Referencia. — La declaración de un policía sobre conclu-siones a que llegara como resultado de una investigación practicada por él mismo, es inadmisible como prueba. El policía debe deelarar sobre los he-chos que le consten j es al jurado al que corresponde llegar a conclusiones.
    Id. — Derechos del Acusado — Admisiones del Acusado. — Para que la admisión de culpabilidad hecha por un acusado pueda ser usada en su contra, debe haberlo sido voluntariamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Valldejuli Rodrigues.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Valle fué acusado como autor de un delito de escalamiento en primer grado consistente en haber penetrado, allá por el 26 de noviembre, 1919, de anoche, en la casa co-mercial de Yumet & Cía., situada en Aguadilla, P. R., con el propósito de cometer hurto. Fué juzgado por un jurado y declarado culpable. La corte lo condenó a sufrir un año de presidio y no conforme apeló para ante este tribunal.

Sostiene el apelante en su alegato que la corte cometió varios errores, siendo el primero de ellos el “haber permi-tido que declarara el testigo de referencia Eugenio Ducós.”

Según los autos la declaración del testigo Ducós fué.como sigue:

“A preguntas del fiscal este testigo- dice: Que se llama como queda dicho; es policía insular en Aguadilla; conoce al acusado; tuvo que intervenir acerca de unos cigarrillos y unas latas de carne que babía vendido; que eso lo sabe por información, que él tuvo co-nocimiento de haberse cometido un hecho y fué a investigarlo.
“El abogado defensor solicita que se elimine esta declaración por ser un testigo que sabe los hechos por investigación o información de los mismos, y no es por tanto un testigo hábil para declarar sobre hechos, pues solamente testigos de conocimiento pueden declarar.
“Juez: La materialidad o inmaterialidad de los hechos se puede saber solamente después de declarar, y desestima la petición de la defensa.
“El abogado defensor tomó excepción.
“Sigue declarando el testigo a preguntas del fiscal: que tuvo información de haberse cometido un robo. ¿Le preguntó al acu-sado! — Sí señor, y él me manifestó que le había vendido unos ci-garrillos a un tal Cancio; tuve conocimiento de que hubo un hurto.
“¿Tuvo sospechas con quién? — -Con este individuo. Lo cogimos Milán y yo y él mismo nos manifestó que había vendido unos ci-garrillos.
“Abogado: Me opongo.
“Juez: Tiene que indicar la manera que ha sido hecha esa mani-festación, si ha sido libre y espontáneamente.
“Fiscal: ¿Coercionaron a.este individuo, lo amenazaron con pe-garle para que él declarara?- — No señor, él mismo de su espontánea voluntad; delante de unos cuantos y del Sr. Yumet, no recuerdo bien; averiguamos que había vendido unos cigarrillos y unas latas.
“Abogado: Me opongo.
‘ ‘ Juez: Admitida.
“La defensa tomó excepción.
“Tuve información de que había vendido unos cigarrillos “Casino” y unas latas de carne, lo llamamos a él.
“Abogado defensor: Me opongo, dice que tuvo noticias que se había hurtado eso, eso es evidencia de referencia y pido que se borre del record.
“Juez: Es resultado de la investigación.
“Abogado defensor: tomo excepción.
“Sigue preguntando el fiscal: ¿Qué hizo después de eso? — Arres-tamos al individuo éste. Me manifestó. que varias veces había en-trado por la parte de atrás y había cogido en la casa de Yumet cajas de cigarrillos; hacía ya varios meses.
“Pregunta el juez: ¿El está preso? — Ese día no estaba preso. Esa noche estaba en la plaza del Tamarindo.
“¿Vd. lo llamó? — Sí, señor; declaró de su propia voluntad; únicamente le dije que tenía conocimiento de que había vendido unos cigarrillos al señor Cancio y entonces él manifestó que era verdad.
“¿Le advirtió de que todo lo que decía podía ser utilizado en su contra?' — Sí, señor.
“Abogado defensor: Solicito de la corte que se borre del record y se tenga como no.prestada este último extremo de la declaración del testigo Eugenio Dueós, por entender que no lia sido el resultado de una investigación judicial. Segundo: por entender que un po-licía no es un funcionario autorizado para hacer investigaciones a menos que no se le ordene por una corte o funcionario competente. Tercero: Por entender que el testigo al preguntarle al acusado no lo ha hecho de acuerdo con la ley, perjudicando en este sentido al acusado en su propia libertad.
“Juez: Sin lugar.
“Abogado: Tomo excepción.
“A preguntas de la defensa el testigo contesta: Que no vió cuando el acusado penetró en el establecimiento de Yumet, no re-cuerda la fecha.”

En el fondo, tiene razón, a nuestro juicio, la defensa, y el error cometido fué de tal modo perjudicial al acusado por la influencia decisiva que pudo tener en el jurado, que se im-pone la revocación de la sentencia apelada.

Convenimos en que un policía a quien se le ha avisado de la comisión de un delito pueda y deba practicar gestiones inmediatas para averiguar quién es el autor del mismo, y convenimos en que si a virtud de los indicios que descubra se pone en contacto con alguna persona que él piensa que es el autor y esa persona le hace manifestaciones voluntarias en relación con su participación en el hecho, en el juicio que se siga contra tal persona, tales admisiones voluntarias son prueba permisible, pero con lo que no podemos convenir es con que se permita declarar a ese policía desde el principio como en este caso, no obstante la reiterada oposición del acusado: “tuve que intervenir acerca de unos cigarrillos y unas latas de carne que había vendido (el acusado), que eso lo sabe por informaciónque tuvo sospechas con ese indi-viduo (el acusado);” “averiguamos que había vendido unos cigarrillos y unas latas;” “tuve información de que había vendido unos cigarrillos ‘Casino’ y unas latas de carne,” y que el juez admita todas esas manifestaciones y sostenga que puede hacerlas el testigo porque son el resultado de una investigación por él practicada.

El jurado no debe formar su juicio por las conclusiones del policía a las cuales llegara a consecuencia de la investi-gación. No es el policía el que puede declarar culpable al acusado, sino el jurado. ¿Cómo? A virtud de las pruebas que se practiquen de acuerdo con la ley.

Claro está que sería ir contra la naturaleza de las cosas el sostener que el policía no actuara mediante conclusiones que fuera formulando para sí, pero no son esas conclusiones las que él tiene que revelar al jurado, sino los becbos de los cuales puedan haberse derivado a fin de que el jurado forme independientemente, por sí sólo, su propio juicio.

Además, es tan informal la manera como se introdujo y fué admitida una prueba tan importante y decisiva como la admisión de su propia culpabilidad por parte del acusado contenida en la declaración del policía, que no podemos pa-sar por alto ese hecho.

Los fiscales de distrito son letrados que deben conocer la Ley Criminal especialmente con pleno dominio sobre ella, y deben ser los primeros en respetar los derechos de los acu-sados. Cuando esta actitud se sigue constante y firmemente por su parte, un gran prestigio moral y una autoridad que influye por sí misma, son la consecuencia de ello. No se debe preguntar como se preguntó aquí a un policía. “¿Tuvo sospechas con quién?” Ni se debe introducir una admisión sin demostrar antes que era en verdad voluntaria.

Por virtud de todo lo expuesto, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso a la corte de distrito de su origen para la celebración de un nuevo juicio.

Habiendo llegado a la conclusión que antecede se bace innecesario examinar los otros errores señalados, debiendo hacerse constar que habiéndolos estudiado, estamos conven-cidos de que ninguno de ellos nos llevaría a la absolución del acusado.

Revocada la sentencia y ordenada la celebra-ción de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Bertrán et al., Demandantes y Apelantes, v. Carrasquillo et al. Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero. Memorándum de costas.
    No. 2427.
    Resuelto en junio 2, 1921.
    Honorarios de Abogado Excesivos — Memorándum de Costas — Valoración de Honorarios de Abogado.- — Si el montante de los honorarios de abogado no está prescrito por el estatuto, la corte tiene poder discrecional para fijarlo, sin que esté constreñida por las opiniones de abogados sobre el valor de los servicios. Las circunstancias que deben considerarse en tales casos, se ex-presan -en la opinión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogados de los apelados: Sres. R. Lopes Antongiorgi y F. Gervoni Gély.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso sobre honorarios de abogado. En la Corté de Distrito de Humacao se entabló demanda por los apelantes contra los apelados en reclamación de nueve mil dólares. Formularon excepciones previas los demandados y discutidas que fueron, las declaró sin lugar la corte de dis-trito. Contestaron entonces la demanda. Los demandantes presentaron una moción eliminatoria que fué discutida y re-suelta en contra de los mismos. Se celebró el juicio. Duró un solo día. Terminada la prueba de los demandantes, los demandados presentaron una moción de non suit que fué de-clarada sin lugar. Los demandados no presentaron prueba. La corte finalmente dictó sentencia en contra dé los deman-dantes imponiéndoles las.costas.

Los demandados archivaron su memorandum que com-prende sólo dos partidas, una de cinco dólares por honora-rios del secretario y otra de mil quinientos por honorarios de abogados.

Los demandantes impugnaron la partida de honorarios de abogado por excesiva. La corte aprobó los cinco dólares del secretario y fijó en mil los honorarios., de abogado.

Apelaron los demandantes para ante esta Corte Suprema y sostienen en su alegato “que la cantidad fijada por la corte es excesiva si se tiene en cuenta el trabajo intelectual que tuvieron que realizar los letrados para contestar la demanda y la cuantía envuelta en el litigio. Basta examinar las ale-gaciones para llegar a la conclusión de que el trabajo de los letrados de los demandados no vale la suma fijada por la corte y que al conceder esa suma abusó de su discreción * * * .

En este pleito la parte demandada no presentó prueba alguna y se limitó a discutir las cuestiones de derecho ya plantea-das en su’contestación, cuestiones que no eran de gran im-portancia y que no requerían un detenido estudio.”

Contestan los apelados que la argumentación de los ape-lantes “se combate a sí misma, pues es natural presumir que la corte al conceder la suma de honorarios que concedió tuvo en cuenta las circunstancias especiales del caso y el tra-bajo material y mental realizado.”

Corpus Juris, resumiendo la jurisprudencia sobre la ma-teria, dice:

“El montante y partidas cobrables como honorarios de abogado debe basarse desde luego eri los estatutos o las estipulaciones de las partes autorizando su concesión. Aunque hay algunas autoridades en sentido contrario, si el estatuto fija una suma específica la corte no puede -conceder una suma mayor; pero si más de la cantidad prescrita por el estatuto es cobrada, el error queda subsanado si el exceso se reembolsa antes de establecerse apelación. Si el montante no está prescrito por estatuto, la corte tiene la facultad, dentro-de los límites de la discreción judicial, de fijar el montante de los hono-rarios de abogado; y a menos que se demuestre que la corte ha abusado de su discreción la corte revisora no intervendrá. Al fijar la cantidad que ha de ser concedida, la corte no está constreñida por las opiniones de abogados sobre el'valor de los servicios, sino que hasta cierto punto debe actuar a juicio propio al determinar su valor, puesto que tiene los conocimientos y habilidad necesarios para formar una opinión razonablemente correcta sobre qué compensación sería justa y razonable. Es, desde luego, factible para la corte el examinar prueba al determinar qué cantidad sería justa y razona-ble; y de acuerdo con algunas decisiones, la corte debe hacerlo así, aunque se ha resuelto que la corte sentenciadora no tiene necesidad de oir declaraciones sobre lo razonable de unos honorarios de abogado incluidos en la condena de costas, cuando no se ofrezca prueba sobre la naateria. ” 15 C. J. 117-118.

En Puerto Rico la ley no fija el montante, sino la corte. La misma obra, Corpus Juris, en su estudio sobre “Attorney and Client,” dice:

“Las circunstancias que han de ser consideradas al determinar la compensación que ha de recobrarse, son la extensión y naturaleza de los servicios prestados; el trabajo, tiempo y molestias envueltos; la índole e importancia del litigio o asunto en el cual fueron presta-dos los servicios; la responsabilidad impuesta; la suma de dinero o el valor de la propiedad a que afecte la controversia, o comprendidos en la gestión; la habilidad y conocimiento requeridos para la ejecu-ción de los servicios; el carácter profesional y reputación del abo-gado ; los resultados obtenidos/ y si los honorarios son o no precisos o eventuales, siendo una regla reconocida que un abogado puede debidamente cobrar honorarios mucho más crecidos cuando son even-tuales que cuando no lo son. También puede considerarse por el jurado la condición económica del demandado, no para aumentar la suma a más de una compensación razonable sino para determinar si puede él pagar o no una justa y razonable compensación por los servicios prestados, o como un incidente al establecer la importancia y seriedad de los intereses envueltos en el litigio. Pero lo que ha de ser honorarios razonables debe depender en gran parte de los hechos de cada caso en particular, y ser resuelto como cualquier otro hecho en controversia en un procedimiento judicial. Si bien se aceptan las opiniones y merecen debida consideración, las cortes están bien auto-rizadas para formar un criterio independiente sobre tales cuestiones, y es su deber hacerlo así.” 6 Corpus Juris, 750 a 752.

Aplicando los anteriores principios a este caso particular, creemos que el apelante tiene razón. Sólo tres escritos formuló el ahogado de los demandados, a saber: las excep-ciones, la contestación y ía moción de non suit, y por solo tres días se vió obligado a concurrir a la corte, esto es: a discutir las excepciones, a argumentar la moción elimina-toria y a intervenir en la vista. Examinadas las alegacio-nes no revelan cuestiones difíciles y complicadas. Segura-mente que el abogado dedicó varios días al estudio del caso y fué consultado varias veces por su cliente y en el curso del asunto tuvo su atención pendiente de él, pero creemos que la suma de mil dólares es realmente excesiva. La de seiscientos dollars nos parece suficiente.

Por virtud de todo lo expuesto, debe modificarse en el sentido indicado la orden apelada.

Modificada la orden apelada de manera que los demandantes paguen en concepto de ho-norarios la suma de seiscientos dólares..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjhbz Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Bertrán et al., Demandantes y Apelantes, v. Carrasquillo, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iínmacao en pleito sobre cobro de dinero. Memorándum de costas.
    No. 2428.
    Resuelto en junio 2, 1921.
    Honorarios de Abogado Excesivos. — Al valorar el importe de honorarios de abogado debe tenerse en cuenta generalmente la cuantía y naturaleza de la materia del pleito, la dificultad de las cuestiones de dereeho que de eUos surjan, si se celebró juicio o no y el tiempo que baya durado. Por lo que, teniendo en cuenta que en el presente caso la única cuestión envuelta versó sobre la prescripción de la acción de cobro, que no se celebró juicio y que la cuantía reclamada es de poco más de mil dólares, es preciso concluir que . la cantidad de $800 concedida por la corte inferior es excesiva y que cuatro-cientos dólares por honorarios de abogados es una cantidad razonable en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogado de la apelada: Sr. F. Cervony Gely.

   El Jtjhbz Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Anulada una adjudicación de bienes hecha al padre de los demandantes en pago de un crédito, sus herederos esta-blecieron demanda para que les fuese pagada por la deman-dada la cantidad de $1,804.76 que 'proporcionalmente le co-rresponde en la deuda.

La demandada alegó en excepción previa que la acción de cobro estaba prescrita y así lo resolvió la corte inferior y condenó a los demandantes al pago de las costas y hono-rarios de abogados. En el memorándum de costas se recla-maron cinco dólares que se pagaron al secretario y tres mil dólares por honorarios de abogados y habiendo sido impug-nada esta última partida como excesiva la corte inferior la fijó en la cantidad de $800, resolución que han apelado los demandantes alegando qne la corte abusó de su poder dis-crecional al fijar dicha cantidad.

Se hace muy difícil establecer reglas precisas respecto a la cuantía de los honorarios de abogados en los pleitos. Sin embargo, creemos que para su valoración debe tenerse en cuenta generalmente la cuantía y naturaleza de la ma-teria del pleito, la dificultad de las cuestiones de derecho que de ellos surjan, si se celebró juicio o no y el tiempo que haya durado.

- De acuerdo con las anteriores regias y toda vez que la única cuestión versó sobre la prescripción de la acción de cobro, que no se celebró juicio y que la cuantía reclamada es de poco más de mil dólares, entendemos que la cantidad concedida por la corte inferior es excesiva y que cuatrocien-tos dólares por honorarios de abogados es una cantidad ra-zonable en este caso.

La resolución apelada debe ser modificada.

Confirmada la resolución apelada, modificán-dola en el sentido de fijar la cuantía de ho-norarios de ahogado en cuatrocientos dó-lares.

Jueces concurrentes:' Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. C. Fernández & Co., S. en C., Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Ley de. Arbitrios.
    No. 1737.
    Resuelto en junio 6, 1921.
    Rentas Internas — Acusación Insuficiente. — Cuando una ley define y castiga diversos delitos, una acusación por infracción a dicha ley es insuficiente si en vez de exponer los hechos determinantes de la comisión de alguno, de los delitos definidos y castigados sólo hace una referencia general a la ley infringida.
    Id. — Causa de Acción — Alcoholado—Bebida Alcohólica. — El hecho de que el Departamento de Tesorería decida que cierto alcoholado que había sido con-feccionado según la fórmula anteriormente autorizada de acuerdo con la ley por dicho Departamento, contiene demasiado alcohol por lo que no se ajusta a la sección 5, Título I de la Ley No. 55 de 1919, no es razón paTa imputar a los fabricantes de tal alcoholado la" comisión de un delito, a menos que el Gobierno alegue y pruebe que los fabricantes prepararon dicho líquido con el fin de dar indirectamente al público una bebida alcohólica.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. G. Goll Cuchí.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes O. Fernández & Co. fueron acusados por una infracción de la ley en la siguiente forma:

‘‘El fiscal formula acusación contra C. Fernández & Compañía por- una infracción de la ley de Arbitrios de Puerto Rico, aprobada en 15 de junio, 1919, misdemeanor, cometida de la manera siguiente: Los citados C. Fernández & Compañía con anterioridad a la presen-tación de esta acusación y en el barrio de Santurce de la municipa-lidad de San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, fabricaron para fines industriales, un líquido llamado ‘Alco-holado Iris,’ cuya preparación por su olor y sabor puede conside-rarse y usarse como bebida, dejando de pagar el impuesto de un dollar ($1). por cada litro o fracción de litro del referido líquido así fabricado. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Los acusados fueron juzgados por virtud de una estipu-lación sobre hechos probados y condenados a pagar $100 de multa, y costas.

Este es otro de los muchos casos en que los apelantes no han presentado un señalamiento de errores por separado. El señalamiento de error es a manera de una alegación y un índice de las cuestiones alegadas en apelación siendo casi indispensable para el rápido despacho de los asuntos. En todo alegato debe hacerse primero una exposición del caso, después un señalamiento de errores en el cual todos los que han de alegarse deben especificarse; luego deben ser argu-mentados separadamente como se hizo en este caso. Sin embargo, encontramos que los errores son fundamentales y los consideraremos. El primer error es que la acusación no imputa un delito público. Convenimos con los apelantes en que la acusación no determina ningún caso concreto de vio-lación de la ley, sino que sólo hace una referencia general a una de las leyes de arbitrios, a saber, la número 55 de junio 15 de 1919. En la cita que bacen los apelantes al caso de El Pueblo v. Borqiie, 25 D. P. E. 595, la corte se expresó como sigue:

“La denuncia no imputó al acusado infracción concreta alguna. Tampoco siguió las palabras del estatuto. La sección 12 de la Ley No. 75 de 1916 que se alega como infringida, contiene ocho apartados. El primero es general, los otros se refieren a casos específicos. En una denuncia beefia de acuerdo con esa sección para concluir que se han seguido las palabras del estatuto no basta que se exprese en general, que el ahmiffeur ‘no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vidas y propiedades,’ sino que es necesario especificar además que realizó algún hecho en violación de alguna o algunas de las varias disposiciones concretas contenidas en dicha sección. La necesidad de tales alegaciones específicas se verá por la consideración del segundo error en el cual los apelantes alegan que no hubo ninguna prueba de culpabilidad. La acusación era in-suficiente. ’ ’

La exposición concreta de los hechos en este caso, es la siguiente:

“Comparecen ante esa honorable corte de una parte El Pueblo de Puerto Rico, representado por el fiscal del distrito y de otra parte, C. Fernández & Co., S. en C., representada por su abogado C. Coll y Cuchí, estipulan que los hechos que se expresan a continua-ción son aquéllos que real y efectivamente ocurrieron y que dieron origen a la acusación en este caso, y estipulan que tales hechos ten-gan todo el valor y efecto de hechos probados en el curso del juicio oral y público que pesa sobre ellos y por virtud de esta estipulación, someten a la jurisdicción de esta honorable corte la culpabilidad de dicha firma por violación de la Ley de Arbitrios de Puerto Rico.
“I. Que la firma C. Fernández & Co. fue constituida debida-mente con arreglo a las leyes de Puerto Rico por escritura número cincuenta y dos otorgada '¡ante el notario Enrique Lefebre en San Juan de Puerto Rico el día diez y seis de octubre de 1919, siendo su socio gestor don Cándido Fernández y sus comanditarios don Enrique Rincón Plumey don Artemio Figueroa Hernández y que José E. Benedicto es el Tesorero de Puerto Rico y lo era desde junio 27 de 1919 hasta la fecha de la interpqsición de esta estipulación.
“II. Qiue con arreglo a ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobada el 15 de junio de 1919 y conocida eon el No. 55 de dicho año y con el nombre de Ley de Arbitrios de Puerto Rico, C. Fernández y Compañía, S. en C., solicitó de José E. Benedicto, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, la correspondiente licencia o certificado de patente para explotar el negocio de fabricación de perfumería; y después de haber archivado la fianza que le fué exi-gida a favor del Tesorero de Puerto Rico, se le autorizó para que obtuviera en la Colecturía de Rentas Internas de San Juan, la pa-tente correspondiente, por comunicación de junio 27, 1919.
“III. Que de acuerdo con dicha comunicación la firma C. Fernando": & Co., S. en 0., solicitó del Colector de Rentas'Internas la patente de fabricación de perfumería con alcohol de primera clase, pagando los derechos de Rentas Internas correspondientes, en un sello por valor de cincuenta dollars cancelado debidamente en dicho certificado de patente.
“IV. Que con arreglo a la sección 33 de los Reglamentos Pro-mulgados bajo la Ley de Prohibicionistas, Circular No. 936 del De-partamento de Hacienda de Puerto Rico, C. Fernández y Compañía; S. en C., entre otras, envió a la consideración del Departamento de Hacienda de Puerto Rico una fórmula de alcoholado que conocería con el nombre de alcoholado ‘Iris,’ solicitando el permiso para su fabricación, siempre y cuando que dicho alcoholado estuviera de acuerdo con las prescripciones de la ley.; y después de haber sido estudiada dicha fórmula por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y por el Departamento de Sanidad, C. Fernández & Co., S. en C., el día 17 de octubre de 1919 recibió una comunicación oficial autorizándole a la fabricación del dicho alcoholado ‘Iris’ con arreglo a dicha fórmula aprobada por el dicho Departamento de Hacienda.
“V. Que de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Hacienda C. Fernández & Go., S. en C., compró tres libros especiales de venta por el mismo Departamento de Hacienda para hacer constar en los mismos las entradas y salidas del alcohol, así como la forma y manera en que fueron preparadas las distintas perfumerías de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Hacienda de Puerto Rico; y especialmente en el caso de' fórmula de alcoholado ‘Iris,’^C. Fernández & Co., S. en C., nunca fabricó cantidad alguna de dicha perfumería, sino en presencia de un agente de Rentas In-ternas de Puerto Rico, quien comprobó en todos y cada uno de los casos en que fué fabricado dicho alcoholado que el mismo había sido estrictamente fabricado de acuerdo con la fórmula aprobada por el Departamento de Hacienda y estricto cumplimiento de los Regla-mentos y Ley de Arbitrios.
“VI. Que en o alrededor del día 9 de diciembre de 1919 el Teso-rero de Puerto Rico, por medio de sus agentes, ordenó la confiscación de todo el alcoholado llamado ‘Iris,’ existente en los almacenes de la firma C. Fernández & Co., S. en C., y en otros sitios, apoderándose de dicha propiedad, sin que a C. Fernández y Compañía, S. en C., se le avisara el motivo por el cual se efectuaba dicha confiscación én un producto de perfumería cuya fórmula había sido anteriormente autorizada por el mismo Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
“VII. Que inmediatamente después de haberse efectuado dicha confiscación de los bienes propiedad de C. Fernández & Co., S. en C., sin haber habido proceso legal de ninguna especie, José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, ordenó a sus agentes de Rentas Internas que se personaran en las oficinas de C. Fernández y Compañía S. en 0., y contra la voluntad de dicha sociedad escribieran sobre el certificado de patente las palabras siguientes: ‘Revocada en ésta por orden del Tesorero de Puerto Rico, 12/9/19. J. Martínez Chapel. Agente de Rentas Internas.’ Que el dicho agente de rentas internas notificó al gestor de la sociedad que su patente queda revocada y que se abstuviera de fabricar más perfumería, previniendo esta orden del Tesorero de Puerto Rico, privando así a la sociedad del ejercicio de un negocio que legítimamente había establecido en amparo de las leyes de Puerto Rico, después de haber pagado les derechos de contribuciones que le fueron exigidos y de haber cumplido con todos los demás requisitos de la ley. Que el mismo día 9 de diciembre C. Fernández & Co., S. en C., recibió una comunicación del Tesorero de Puerto Rico advirtiéndole que por haberse provisto de cierta cantidad de alcohol sobre el cual se pagó él importe de 50 centavos que señala la Ley de Arbitrios, con el fin de convertirle en perfu-mería, y habiéndose comprobado que el producto alcohólico denomi--nado ‘Iris,’ por dicho Departamento de Hacienda, elaborado con dicho alcohol, no se ajustaba a las disposiciones de la sección 5, tí-tulo 1, de la referida ley, se dejaba revocada la licencia de Rentas Internas que le había sido expedida a la sociedad C. Fernández & Co., S. en C., por el Departamento de Hacienda el 6 de octubre de 1919 para fabricación de perfumería coñ alcohol.
“VIII. Que dicho C. Fernández y Co., S. en C., han fabricado dicho alcoholado ‘Iris’ como perfumería y como tal alcoholado única-mente después de haber sometido fórmula al Departamento de Hacienda de Puerto Rico, y haber obtenido la aprobación de dicho de-partamento para la fabricación de dicho alcoholado; y dicha fórmula fué sometida al Departamento de Hacienda el 17 de octubre de 1919 y el alcohol comprobado a que se refiere dicha comunicación lo fué el 5 de noviembre de 1919, y en otras fechas posteriores, o sea mucho después que el Departamento dé Hacienda había autorizado la fa-bricación del alcoholado ‘Iris,’ como perfumería y cuando el Depar-tamento de Hacienda sabía .que dicho alcohol iba a ser usado a ese fin, no sólo por lo anteriormente éxpuesto, sino porque un agente de Rentas Internas del Departamento de Hacienda personalmente inter-vino en todos y cada uno de los actos de fabricación de dicho alcoho-lado ‘Iris,’ con arreglo a la dicha fórmula.”

El fiscal dice que aunque todas estas cosas fueron hechas con conocimiento . del Departamento de Tesorería, sin embargo que los apelantes eran culpables de haber hecho un líquido que por su olor y sabor podía considerarse y usarse como bebida. No se alega o demuestra que el objeto de ellos al poner este tónico del pelo en el mercado so pretéxto de que era un artículo para el tocador fué dar al público una bebida alcohólica. El hecho de que el departamento luego encontró que era tal bebida alcohólica y que contenía dema-siado alcohol, probablemente era cosa que estaba dentro de las facultades discrecionales del Departamento de Tesorería de Puerto Rico, pero esa no es razón para imputar a los apelantes la comisión de un delito a menos que el gobierno se proponga demostrar, que los acusados hicieron, esta pre-paración con el fin de dar indirectamente al público una be-bida- alcohólica.

La sentencia apelada debe ser revocada, debiendo absol-verse a los acusados.

. . Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resolución de este caso.