author: El Juez Asociado Señor Texjdor,

text:
    María Echevarría, Vda. de Subirá, Concepción Subirá y su esposo Manuel A. Frau y Providencia Subirá y su esposo Salvador Perelló, demandantes y apelantes, v. Rafael Saurí, demandado y apelado.
    No. 4902.

    Sometido: Marzo 4, 1929.

      Resuelto: Abril 26, 1929.

      Henry Q. Molina, M. León Parra y Gustavo Rodríguez, abogados de los apelantes; B. V. Pérez Marehand, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texjdor,

emitió la opinión del tribunal.

Resuelto un pleito seguido por María Echevarría, viuda de Subirá, y otros demandantes contra Rafael Saurí, como demandado, sobre.injunction, la parte demandante presentó un memorándum de costas, en el que se incluye una partida de doce mil dólares para honorarios de abogados, en la forma que sigue:

“Honorarios de abogados por investigación de los hechos, estudio detenido de la ley, preparación de demanda con 5 causas de acción, preparación de petición sobre ‘restraining order’ e injunction pen-dente lite, preparación de declaraciones juradas, orden inhibitoria y ‘restraining order’; preparación para juicio y comparecencia ante la Corte de Distrito un día, resoluciones con resultado favorable; preparación de nueva orden fianza, estudio de moción sobre apertura del caso, preparación y contestación y otra comparecencia ante la Corte de Distrito en oposición a la moción como resultado favorable para los demandantes. Valor de dichos servicios teniendo en cuenta la importancia del caso por la dificultad de las cuestiones envueltas $12,000.00.”

El demandado formuló oposición a esos honorarios, y se tramitó el caso, presentando las partes sus pruebas. La corte dictó su resolución en 7 de diciembre de 1928, redu-ciendo la partida por honorarios a $2,000, y condenando al demandado a pagar, de esa partida, la suma de $1,000. Contra esa resolución se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Dos errores se señalan por la parte apelante, El pri-mero, relativo a la fijación de cuantía de los honorarios en $2,000, y el segundo relativo a la condena al demandado, del pago de la mitad de esos honorarios.

En lo que afecta a la cuantía, hemos examinado la prueba que se ofrfeció a la corte de distrito? y es forzoso que nos ocupemos de algún particular de la misma!

Desde luego, el éxito de las gestiones del abogado, su triunfo ante los tribunales, o en una transacción, es elemento que no podemos considerar, ni decisivo, ni de importancia, al graduar sus honorarios. El éxito no depende ex-clusivamente del abogado, aunque en su consecución tenga una parte importantísima; el éxito se halla fuera de sus manos, ya que lo crea y consagra un tercero, el juez o el jurado. No es extraño encontrar grandes trabajos forenses en asuntos en que el éxito, por unas u otras razones, no ha acompañado al esfuerzo del jurista; éste debe ser remunerado de acuerdo con otros elementos. La honorabilidad del profesional, y como consecuencia, la confianza que inspira al cliente y la tranquilidad de que éste goza aun navegando en las procelosas aguas de un litigio; el grado de cultura jurídica del abogado; su devoción al estudio; todo ello en términos generales; y en cada caso particular, los escollos y dificultades del caso, los problemas a presentar y a resolver; el empleo del tiempo, que es en la profesión uno de los elementos de producción, son datos a considerar en la remuneración, que se ha llamado con justicia “honorarios,” y no de otra forma, y datos con respecto a los que tiene el éxito una escasa importancia.

Indudablemente, el trabajo del abogado en este caso, no íué sencillo y fácil. No podemos convenir en que, como dijo nn testigo en el caso, las cuestiones de posesión sean de poca monta, desde el punto de vista del estudio. En la materia de posesión se presentan frecuentemente cuestiones de más difícil resolución que las que se suscitan en materia de do-minio.

Pero en este caso, no creemos que la corte de distrito actuó con error al ñjar los honorarios en una suma de dos mil dólares. Se trata de un injunction posesorio, en el que si bien bubo necesidad de estudio, y de esfuerzo intelectual, y de empleo de tiempo, la remuneración por $2,000, si bien no es excesiva, no es tampoco injusta.

En lo que afecta al segundo error, creemos que la corte incurrió en el señalado.

Los Jueces Sres. Presidente accidental Wolf y Asociado Hutchison entienden que aunque la corte al dictar su reso-lución tenía discreción para imponer el pago de una parte de los honorarios al demandado y eximirle de 1.a otra parte, no había en este caso concreto justificación alguna para tal exen-ción y los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor entienden que la corte una vez impuesto el pago de las costas y por virtud de la sentencia no tenía discreción en el momento de dictar la resolución apelada para liberar del pago de parte de ella al demandado Rafael Saurí.

Bebe confirmarse la resolución apelada en cuanto a la cuantía de los honorarios de abogado, y revocarse en lo de-más, dictando en su lugar una que condene al apelado' a pagar los dos mil dólares en aquel concepto.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Horace Mann Towner, Gobernador de Puerto Rico, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan.
    No. 642.

    Sometido: Febrero 12, 1929.

      Resuelto: Abril 26, 1929.

      Hon. Attorney General James B. Beverly y Tomás Torres Pérez, abo-gados del peticionario; J. Valdejulli, a nombre de los intervento-res ; Bolívar Pagán, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Al comenzar esta opinión, permítasenos decir que estuvi-mos plenamente convencidos durante la vista de este caso y aún lo estamos, de que la petición radicada por el Procurador General ante esta corte no contenía reflexión personal alguna contra las actuaciones de los jueces de la Corte de Distrito de San Juan al ordenar la continuación del status quo ori-ginalmente creado por el procedimiento especial de certiorari provisto por el estatuto, para impugnar las elecciones de Barceloneta. El Procurador General meramente era de opi-nión que el hacer que el Gobernador suspendiera la expedi-ción de los certificados de elección produciría un estado anárquico en Barceloneta.. En su uso estricto, la palabra “anárquico” significa la ausencia o la insuficiencia de go-bierno y el Procurador G-eneral trataba de decir, acertada o equivocadamente, que Barceloneta quedaría sin tal gobierno.

Decir con motivo de una orden expedida por una corte que no habría gobierno en un municipio, podría concebirse como una razón por la cual este tribunal debería expedir un auto de certiorari. Sin embargo, consideraremos discrecio-nalmente el recurso en este caso para aclarar algo más rá-pidamente que por medio de un recurso de apelación, la con-fusión o duda existente en una comunidad importante debido a las actuaciones de uua corte. Esto sería especialmente cierto si estuviésemos convencidos de que las cuestiones sus-citadas son de interés general y propensas a afectar otros litigios similares. En general, las contiendas electorales de-ben ser resueltas con prontitud, pero bay que resolverlas cuidadosamente.

Consideraremos someramente la cuestión del juraramento de la petición. En último caso daríamos oportunidad al Procurador General para enmendar, si fuere necesario. Por otra parte, eliminando la cuestión de si existe o no una falta de gobierno, los hechos necesarios para la decisión de este caso son indisputables. La contestación los admite. Cuando una contestación admite los hechos esenciales, pueden considerarse como renunciadas las objeciones al juramento. En un solo escrito, la demandada se opuso al juramento, excepcionó la demanda y contestó. Tenemos la idea de que tal vez técnicamente, para atacar la falta de juramento debió haberse radicado una moción de eliminación por separado. Si bien la frase es alto tirante, la suficiencia del juramento, después de haberse radicado las alegaciones, puede ser sometida a un examen pragmático. En tanto en cuanto el juramento se refiere a cuestiones aliunde, no creeremos necesarios considerarlas.

La Corte de Distrito de San Juan decidió una petición de certiorari contra los allí recurrentes. Resolvió que la acción de la Junta de Elecciones había sido correcta. Al final de la opinión emitida por la corte inferior, se resolvió que, de conformidad con el artículo 89 de la Ley Electoral, unas elecciones, al ser impugnadas, no podían considerarse como determinadas definitivamente hasta que hubiera una sentencia final; y que, por consiguiente, el status quo esta-blecido por el certiorari debía conservarse. La actuación original de la corte en respuesta a la siíblica de la petición, ordenó al Gobernador de Puerto Rico, pendente lite, que no entregara los certificados de elección a los contendientes de los peticionarios, y también disponía que se notificara al Gobernador con copia de la orden.

De acuerdo con el artículo 188 del Código de Enjuicia-miento Civil, una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. La sentencia dictada en este caso contra los peticionarios era o debió ser tal sentencia definitiva. Si no era una sentencia definitiva, no solamente era inapelable, sino que cuando ya dejó de ser apelable con motivo del tiempo transcurrido o debido a haber sido confirmada, por su forma, si no por su substancia, era ejecutiva. Los jueces de la Corte de Distrito de San Juan, al dictar su sentencia, no tenían derecho a asumir como parte de la sentencia que las partes perdidosas en realidad apelarían. Una apelación era solamente una probabilidad. Las partes que perdieron el litigio podían ha-ber aceptado la sentencia. Al dictar una sentencia y al li-mitar á la vez sus efectos, la Corte de Distrito de San Juan se excedió en sus facultades o erró fundamentalmente, si su intención fue resolver la controversia entre las partes. La corte no necesitaba anticipar la posibilidad de una apelación. Las decisiones se fundan en hechos sucedidos y en contro-versias que realmente han surgido.

Convenimos con. los querellados en que el espíritu de la sección 89 de la Ley Electoral fue suspender la actuación de la Junta de Elecciones al radicarse un procedimiento de certiorari para impugnar una elección. Este recurso de certiorari es el único remedio judicial existente dado espe-cíficamente a los candidatos para impugnar el resultado de unas elecciones. La parte pertinente de la sección 89 dice así:

“Y disponiéndose, además, que el resultado del escrutinio de unas elecciones, según' se declarare por la Junta Insular de Elecciones, y publicare por el Superintendente General de Elecciones, será defini-tivo, a menos, que fuere impugnado por certiorari u otro procedi-miento legal autorizado, que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese escrutinio ante una corte de competente jurisdicción, y por la presente se au-toriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan. ...”

La intención de la Legislatura fué conceder un remedio rápido ante las cortes a las personas contra quienes la Junta Insular de Elecciones dictara su decisión.

Por tanto, en el presente caso la Corte de Distrito de San Juan actuó muy bien dentro de su jurisdicción al expedir una orden dirigida al Gobernador para que se abstuviera de expedir los certificados de elección mientras se substanciaba el litigio.

Sin haber sido traído el Gobernador al pleito, la Corte de Distrito de San Juan no adquirió jurisdicción sobre su persona, y no podía obligarlo en su sentencia. Es doctrina casi universal que cuando puede dictarse una sentencia u orden contra una persona, ésta debe ser traída ante la corte mediante notificación o aviso de alguna clase. Windsor v. McVeigh, 93 U. S. 274; Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 741; Reynolds v. Stockton, 140 U. S. 254, el que aprueba y cita del caso de Munday v. Vail, 34 N.J.L. 418, en que la corte dijo:

“Es una proposición establecida por un cúmulo de autoridades que una corte no puede salirse de la esfera señaládale, y que su ac-tuación es nula en relación con personas ajenas a sus procedimien-tos. ’ ’

Al discutir el derecho del Gobernador a radicar un certiorari ante este tribunal, los interventores, quienes representaban a las personas que perdieron las elecciones, dijeron en su alegato que el Gobernador era un extraño a los procedimientos en la corte de distrito.

Cuando una corte ordena a una persona que haga o que no haga una cosa y se le notifica de ello, surge una obligación de parte suya, y tiene suficiente interés o ha sido suficien-temente perjudicada para que pueda revisar mediante cer-tiorari las actuaciones de la corte, si ésta no procede de acuerdo con la ley. Delgado v. Corte de Distrito de Mayagüez, 8 D.P.R. 509; Amadeo v. Rossy, 21 D.P.R. 350. El caso que aquí se presenta es bien extraordinario.

Al tener una persona conocimiento real puede compare-cer ante la corte para destruir la supuesta sentencia u orden dictada contra ella. Tal vez hubiese sido mejor dar los pasos necesarios ante la corte de distrito para corregir estos defectos, pero discrecionalmente, debido a la forma en que en realidad se desarrolló el procedimiento, haremos caso omiso de esta falta.

Al tiempo en que se radicó este certiorari no se había in-terpuesto recurso de apelación contra lo actuado por la corte de distrito. Los autos certificados, sin embargo, demuestran que después se interpusieron recursos de apelación. Discu-tir el efecto de una apelación para suspender la expedición de un certificado es entrar en una cuestión que no está ante nosotros, y por eso dejaremos de considerarla.

Bajo las circunstancias reseñadas, aquella parte de la sentencia de la corte de distrito que prohibía al Gobernador expedir certificados de elección, debe ser amolada, sin que de otro modo se destruyan los efectos de la sentencia. Se de-vuelve el caso a la corte de distrito para ulteriores procedi-mientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez PresideNte Señob del Tobo no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Rafael Saurí, demandante-apelante-apelado, v. José Saurí, Carmen Saurí e Isabel Tristani Viuda de Saurí, demandados-apelados-apelantes.
    No. 3549.

      Sometido: Enero 15, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1929.

      Tons Soto & Pérez Marchcmd, abogados del apelante-apelado; F. Parra Gapó-j José y Alberto S. Puvenlud, abogados de los apela-dos-apelantes.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Saurí presentó, ante la Corte de Distrito de Ponce, una demanda contra José Saurí, Carmen Saurí e Isabel Tris-tani, viuda de Saurí. En esa demanda se alegó que deman-dantes y demandados, como -herederos de Félix Saurí y Vivas, por medio de escritura pública, se dividieron entre sí los bienes de herencia del susodicho, adjudicándose un con-dominio de la mitad a doña Isabel Tristani, y el condominio de la otra mitad, por terceras partes a los herederos don Rafael, don José y doña Carmen Saurí; se describen los bienes, que son varias casas y solares, fincas rústicas, y ac-ciones de Santa Isabel Sugar Company, Crédito y Ahorro Ponceño, y Banco Comercial; se alega que el demandante y los demandados, por la misma escritura constituyeron una comunidad de bienes, en la forma que aparece de la cláusula 17 de la escritura, y que la comunidad se estableció por tér-mino indefinido, que finalizaría a voluntad de cualquiera de sus miembros; que los condueños José y Carmen Saurí han notificado al demandante que desean cesar en la comuni-dad; que -los bienes de ésta son susceptibles de cómoda división, excepto las fincas urbanas, que no lo son; que du-rante la administración de la comunidad por el demandante, tal comunidad adquirió 82 bueyes, 55 acciones del Crédito y Ahorro Ponceño, 20 acciones de Santa Isabel, una bomba instalada por valor de $15,907.17, y otros bienes; . y que los condueños no se han podido poner de acuerdo en cuanto a la división de los bienes comunes; y, en cuanto a esta causa de acción, pidió en la súplica que se decretara la división de las fincas rústicas en partes correspondientes a los condominios; que las fincas urbanas se vendan en pú-blica subasta, y se distribuya el precio; que los muebles y semovientes se dividan en lotes; que para la división, en lotes, de las rusticas se nombren tres referees que bagan la división y presenten el informe a la corte para aproba-ción; y la condena de costas.

En la demanda se ejercitó otra causa de acción, de la que no hemos de tratar por hallarse resuelto el recurso que se refiere a la misma. (38 D.P.B. 765.)

Excepcionaron los demandados, y una vez que se declaró sin lugar la excepción, contestaron a la demanda, con los siguientes extremos esenciales: Admitiendo la existencia de comunidad, y la de los bienes, pero adicionando que en la finca San Antón o Cuatro Galles existe una bomba con diez pozos a distancia regular, y que permite el riego y cultivo de caña en la finca; y que hay además un desvío de-vía férrea, una grúa para cargar caña, y casas de vivienda, y de mayordomo; que una de las fincas, antes de ser ndqm-rida, se'componía de otras tres: la “Constancia,” con con-cesión exclusiva de agua, bomba, almacén, casas para peones, otra para mayordomo, ranchón y herrería; y las haciendas “Parnaso” y “Playa” también con concesiones de agua, utilizando ima bomba; y que esas fincas a los fines del riego, continúan separadas; que las fincas rústicas descritas en la demanda han sido utilizadas siempre por las partes en ei pleito como una sola explotación, dedicadas a caña de azú-car, sembrada en los terrenos a propósito, y dé jando el resto para pastos, y utilizándose los implementos como para una sola explotación, hallándose sometidas a un contrato de cultivo y molienda con la corporación “Saurí y Subirá”; aceptan la divisibilidad del ganado y acciones, y niegan la de los demas bienes en su esencia, y por no admitir cómoda división; y en cuanto a las rústicas especialmente porqué la .división tendría que hacerse, no en cuatro partes, muchas más, dada la forma en que están reparti<M¡N<9s nos para cañas, y los para pastos, lo que la propiedad, y en cuanto a las fincaj^íÉfM Antón, porque toman el ag’ua de la bomba y los diez pozos, y no pudiéndose dividir la -bomba, el reparto de las tierras traería como resultado que algunos de los condueños tu-viera que abandonar el cultivo de la caña, o baeer grandes gastos, y que la bomba y los pozos quedarían sin dividir, y lo mismo las casas, el desvío y la grúa, y porque la.finca que se marca con el número 8 se baila dividida, a los efec-tos del riego, en otras tres, con concesión exclusiva cada una parada toma de agua, procedente de distintos ríos, y sería necesario dividir las concesiones, quedando siempre en in-división los canales principales, la toma de agua y la bomba, y que trabajándose las fincas como una sola explotación es-tán dotadas del material e implementos necesarios, que son en su mayoría indivisibles, y que el reparto entre cuatro personas, obligaría a éstas a adquirir más material, con grandes gastos, y además porque la división ocasionaría ei establecimiento de distintas servidumbres; y porque las fin-cas están sujetas a un solo contrato de cultivo y molienda; y porque la división baria desmerecer las fincas grande-mente. Admitieron la adquisición de‘ bienes durante la co-munidad, y entre los adquiridos, la bomba, respecto a la que alegaron no ser divisible, porque forma un todo que que-daría, inútil si se dividiera, y lo mismo las bombas, desvíos, canales, casas y máquinas. Admitieron que no ban llegado a acuerdo en lo que toca a la disolución de comunidad en las fincas rústicas con sus pertenencias, pero no así en cuanto a las urbanas y los valores cotizables. Y pidieron: que se distribuyan las acciones proporcionalmenteque los mue-bles y semovientes se dividan én lotes proporcionales; que los demás bienes se vendan en pública subasta al mejor postor.

La corte, después de celebrado el juicio y oída la prueba, dictó sentencia que, en lo que se refiere a esta causa de acción, ordena y decreta que los bienes semovientes y mue-bles de la comunidad se dividan en lotes proporcionales al interés de cada partícipe; que las fincas urbanas se vendan en subasta pública al mejor postor, y se divida el producto entre los dueños proporcionalmente; que las fincas rústicas se dividan en lotes que se adjudiquen a cada uno d¿.los par-tícipes, “adjudicándose a cada uno de éstos una porción de terreno en cada finca proporcional a su condominio,” y or-denándose el nombramiento de tres árbitros, uno por cada una de las partes, y el tercero a nombrar por la corte, para proceder a la división y someter un informe a la corte para aprobación. Y resuelve asimismo en cuanto a la segunda causa de acción, que no es objeto de este recurso.

En esta apelación tenemos que considerar, en primer lugar, una moción para desestimar, presentada por la parte demandante y apelada. Esta moción ba sido discutida con toda amplitud, y con gran lucidez, por ambas partes, que fian presentado alegatos que revelan profundo y concienzudo estudio de la materia. Pero creemos que la cuestión a resolver no trae envueltas serias dificultades.

La moción se funda en que:

(a) La sentencia fué notificada al abogado de los de-mandados el 25 de octubre de 1924, y éste apeló en fecba 22 de noviembre de 1924, o sea 29 días después de la noti-ficación.

(b) Que de acuerdo con el número 39 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil la apelación contra senten-cia interlocutoria en pleito sobre partición de propiedad real, debe interponerse dentro de los diez días de dictada y re-gistrada la sentencia.

(Je) En la sentencia en este caso, si bien es definitiva en cuanto a la reclamación de sueldos y cantidades, es sola-mente interlocutoria en lo que se refiere a la división de los bienes, toda vez que para llevar a efecto la división es pre-ciso nomorar árbitros y que éstos bagan y sometan un in-forme, y entonces dictará la corte sentencia definitiva.

En la forma en que la demanda plantea ante la corte el problema, éste no es otro que el de si cabe, o no, ordenar que se proceda a la división de los bienes, como una lógica consecuencia de la disolución de la comunidad. El deman-dante ha pedido a la corte que decrete la división de las fincas rústicas, la venta de las urbanas y la división de su producto, la'división en lotes, y adjudicación, de semovien-tes y muebles, y el nombramiento de árbitros para hacer la división de las rústicas. Desde luego, su posición para sos-tener ahora que el nombramiento de árbitros, y su interven-ción, obstaculiza. la creencia de que la sentencia sea final y definitiva, no es fuerte. El demandante pidió una sentencia de la que fuera parte integrante esa medida; y no hay que suponer que lo pidió para otro objeto que para obtener re-solución final. Podemos decir que ni esa petición en la de-manda, ni la declaración que a ella corresponde en la sen-tencia, son absolutamente necesarias, si bien no redundan. Pero, en realidad, ésa es una medida para la ejecución de la sentencia, y puede solicitarse y decretarse después de ser aquélla firme; no es una parte indispensable en la resolu-ción del caso, si bien lo es en la ejecución de lo resuelto.

Del estudio y comparación de las peticiones de la de-manda y las de la contestación, aparece con toda claridad que el punto en contienda no es otra que la división de las fincas rústicas; división que pide el demandante., fundán-dose en (pie las fincas son por su naturaleza divisibles; y a la que se oponen los demandados, fundándose en que no lo son, al menos todas ellas, y en que, de serlo, la división sería incómoda y haría desmerecer los bienes. Quedó, pues, re-ducida la cuestión a ese extremo. Y la corte decidió, en síntesis, que los bienes eran divisibles, y que la comunidad podía y debía resolverse; y en la sentencia fijó el modo y forma de la división, y el cuánto de las participaciones. ¿Puede, en derecho, irse más allá, judicialmente, de lo que ha ido la corte en esta sentencia? Si una parte ha soste-nido la afirmativa en cuanto a la divisibilidad, y su derecho a que la comunidad se extinga, y la otra la negativa, la corte al decidir en favor de la teoría legal de una de las partes ha resuelto definitiva y finalmente sobre los derechos de las partes en el pleito. La ejecución- de la sentencia, se llevará a cabo por la intervención de los árbitros, interven-ción que no es de carácter judicial, sino puramente técnica, o, si se quiere, ministerial. Y la sentencia así dictada, se baila dentro de las condiciones, y tiene los elementos que señala el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En esta jurisdicción, y en el caso Mazarredo v. García, 31 D.P.R. 771, bemos declarado que

“Una orden eliminando la demanda enmendada por ser substan-eialmente igual a la original, y condenando en costas, gastos y hono-rarios al demandante, y que observa las formas de una sentencia, tiene el carácter de sentencia final.”

En el caso Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25, se trataba de una comunidad de bienes cuya extinción se reclamaba por el demandante; la sentencia fué dictada en 2 de noviembre de 1916, y apelada en 2 de diciembre del mismo año; en ella se declaró terminada la comunidad, y se ordenó la venta en pública subasta, del inmueble de que se trataba. En la opinión de este tribunal se dijo:

“Una sentencia, según está definida por la misma ley, es la de-cisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o proce-dimiento. Artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil. El se-cretario deberá llevar, con el protocolo de la corte un libro que se ti-tulará ‘Libro de Sentencias,’ en el cual se registrarán éstas, dice el mismo código en su artículo 231.
“En el presente caso se celebró un juicio en corte abierta y el pleito quedó sometido a la corte. Luego ésta archivó su sentencia por escrito decidiendo definitivamente los derechos de las partes, y el secretario la registró en el libro de sentencias. El hecho de que en la sentencia aparezcan las palabras: ‘dada en Cámara,’ no tiene importancia a nuestro juicio.”

La moción para desestimar la apelación debe declararse sin lugar.

En cuanto a la apelación presentada por los demandados, ella se funda en dos señalamientos de error. El primero de ellos se refiere a la imposición de costas a los de-mandados; y el segundo, al decreto de división de las fincas rústicas en forma de parcelas, y no en la forma de venta en pública subasta, como han solicitado los demandados.

En cuanto a la imposición de las costas a los demandados, el error en la sentencia es manifiesto y palmario.

La demanda contenía dos causas de acción: una, la de división de bienes de comunidad, y otra la de pago de ser5-vicios. En relación con la primera, los demandados han ad-mitido y aceptado la partición de determinados bienes, y aun en la forma que en la demanda se propone, y han re-sistido la partición de otros, y para su caso, han pedido que se hiciera la venta, y la división del producto, lo que en rea-lidad es una forma de partición. La sentencia es adversa al demandante, por lo que afecta al pago de cantidades por servicios; y en lo que atañe a.la partición, resuelve en el sentido de la venta de acciones y ganado, y de las fincas urbanas, y decreta la división de las rústicas en forma par-celaria, y no en venta -en subasta pública: éste es, en rea-lidad, el punto a que ha venido a concretarse el litigio.

La oposición a la división de las rústicas y a la forma en que se pide en la demanda, tiene un fundamento en la interpretación de la ley; no es una oposición caprichosa, insostenible e irrazonable; tiene, como todas estas materias, un pro y un contra, aspectos distintos, y hasta antagónicos, perfectamente discutibles. No puede, en buena lógica, de-cirse que de parte de los demandados haya habido temeri-dad. Mejor podría afirmarse que la hubo de parte del de-mandante al ejercitar acción en reclamación de cantidad por servicios.

Si no puede sostenerse la existencia de mala fe o teme-ridad en una persona que litigia, más que cuando no existo nada que justifique su acción o su defensa (Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582); si es base de la declaración de teme-ridad la falta de razón en la parte para sostener su acción o' sus defensas (Vivas v. Hernaiz, Targa & Co., 24 D.P.R. 836); y si cuando del examen de la cuestión en litigio se llega a la conclusión de que los extremos de hecho y de. derecho eran enteramente debatibles, no pueden imponerse', costas a una de las partes (Nevares v. Nevares Hermanos, 37 D.P.R. 857), no han debido imponerse a los demandados las costas en este pleito. El error en este particular es ma-nifiesto.

El segundo señalamiento exige un examen más ex-tenso. Se han presentado tantas cuestiones, se ha hechola cita de autoridades con tal profusión, que es fácil olvidar*algún extremo importante.

Entre los bienes que se describen, como sujetos a divi-sión, están los siguientes:

1. La estancia San Antón, de 113 cuerdas de terreno, para cañas, pastos y arbolado, y' en la que se contienen cuatro casas de madera, una bomba para riego, con diez pozos de tubos, una grúa y un desvío de vía férrea, casa de mayordomo y casa para vivienda. La demanda rela-ciona solamente las cuatro casas; pero del caso resulta la existencia de las otras casas, desvío, etc. La bomba apa-rece en la demanda por separado, si no estamos equivocados.

2. Una finca de una extensión de una cuerda y seis va-ras; y otra de veinte y cinco centésimas de cuerda.

3. La hacienda para cultivo de caña, llamada “Constan-cia,” con 994 cuerdas 33 centésimas de otra, de terreno, en parte dedicado a cañas, otra a pastos, y otras a plaza y callejones, con represa en el río, canales, dos concesiones de agua, casas para vivienda, y para el peonaje, casas para máquinas, almacén, otras casas, bomba, etc. Está situada en el término municipal de Ponce.

Respecto a esas fincas los demandados sostienen que no son divisibles, por su naturaleza, y porque la división resul-taría perjudicial para los condueños.

Un primer motivo alegado por los demandados consiste en que tratándose de una sola explotación agrícola que re-quiere tierras propias para cañas y otras para pastos, la división entre cuatro condueños, en partes o porciones diversas, y no en cuatro parcelas, sino en muchas más, dada la forma en que se hallan los terrenos, traería un gran des-merecimiento para las propiedades envueltas.

No estamos conformes con este argumento. El artículo 408 del Código Civil de Puerto Rico, estatuye que los pro-pietarios no pueden exigir la división de la cosa común, cuando de hacerse, resulta la cosa inservible para el uso a que se destina. En puridad, hay un conflicto, en el campo del derecho fundamental y filosófico, entre la libertad del condomino para no permanecer en la comunidad, y el per-juicio que a los copropietarios pueda seguirse por razón de la división de las cosas comunes. Y la ley ha resuelto ese conflicto en el sentido de respetar la libertad de los que no quieren permanecer en ese estado, y desean fijar su pro-piedad de una manera más tangible y perfecta. Sólo en el caso de que el valor de la cosa común se destruya, hacién-dose la cosa inservible, se recorta y anula el derecho del comunero. Pero no en el de que la división haga simple-mente desmerecer, o decrecer, el valor de las cosas.

No obsta a lo que venimos diciendo la regla del artículo 413 del código y su correlativa del artículo 1029; antes nos parece que la confirma y corrobora. Declaramos que, en cuanto a la división entre comuneros, cabe la aplicación de las reglas para la división de la herencia, en cuanto no haya conflicto fundamental entre una y otra institución. Y así, cabe que se pida y se obtenga la adjudicación con compen-sación por exceso, y la venta en subasta, en sus casos. Pero esto, que puede ser un modo de suplir la división material, o de sustituir con el valor en venta, el valor material, el valor en uso y disfrute de la porción o participación en la cosa que fué común, no es un principio declaratorio del ca-rácter de indivisibilidad, sino- una regia de puro espíritu utilitario y circunstancial. El artículo 1029 del Código Civil contiene dos extremos: uno, el de ser la cosa indivisible; otro, el de que la división haga desmerecer mucho la cosa dividida. El primero de ellos fundamental y absoluto; el segundo utilitario, relativo, circunstancial.

La consecuencia extraída por los ilustrados abogados de los demandados es extremada, va demasiado lejos. Dicen así en su alegato:

“De modo que no es solamente indivisible legalmente una cosa cuando resulte inservible para el uso a que se la destina, sino también cuando desmerece mucho por su división.”

No es ése el espíritu, ni ésa la letra, de la ley. Entre la cosa indivisible por su naturaleza, y la posibilidad de pér-dida de valor por consecuencia de la división, hay una gran diferencia.

Se nos cita la sentencia del Tribunal Supremo de España de 14 de junio de 1895, en esta forma:

“Para resolver sobre la divisibilidad de una cosa común hay que atender antes que nada a la esencia de los bienes; y si la división impone un gasto considerable a los partícipes y los beneficios serían menores que explotados en comunidad, disminuyendo por tanto su valor, no deben dividirse.”

Piemos examinado la sentencia a que se refieren los ape-lantes. Encontramos que en aquel caso se trataba de una finca urbana cuya división requería una obra importante y costosa, y ocasionaba una merma en el valor en sí, y en el valor en renta en las resultantes de la división. La senten-cia del juzgado ordenó la venta de la finca en pública subasta, y la Audiencia confirmó el fallo del inferior. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia. El primer motivo legal, o considerando de la sentencia, dice:

' ‘ Considerando que la sentencia no infringe los artículos 401 y 404 del Código Civil, citados en el primer motivo del recurso, porque si Men la casa en cuestión, es, como todos los bienes corporales, por punto general, divisible materialmente, no lo es por su esencia, toda vez que la división impondría un gasto considerable a los partícipes, las dos casas resultantes quedarían en malas condiciones de solidez, y los productos de ellas menores de los que Roy obtienen sus condue-ños, y por lo tanto, menor su valor, circunstancias todas que sirven de fundamento a la sala sentenciadora para declarar, acertadamente, indivisible por su esencia y por su naturaleza, la casa de que se trata.”

Aun siendo respetable' la autoridad que se invoca, quizá no podemos estar conformes con todos los.razonamientos del Tribunal Supremo de España. En primer lugar, porque nos parece un poco indeterminado el cóncépto de divisibilidad y es más que probable que en el que la sentencia acepta se ha-yan confundido las causas puramente jurídicas con las utili-tarias y circunstanciales. Así la consideración de la merma en las- rentas o productos, nos parece que para nada puede influir en el concepto jurídico de la divisibilidad, ya que el producto o renta depende de un gran número de condiciones, inestables. La consideración del gasto que impone la división, no puede ser tampoco un elemento absoluto.

Encontramos sí, la diferencia entre el concepto de divisi-bilidad material, que es propio de todas las cosas corpora-les, y el de divisibilidad legal, que es de tenerse en cuenta en relación con las circunstancias. Un cosa puede ser susceptible de material división; pero si las cosas producto de tal división quedan sin valor, o desmerecen mucho (Art. 1029, Código Civil), o cuando la división deja inservible la cosa para el uso a que se destina (Art. 408, Código Civil) entonces no cabe, legalmente, realizar una división que la cosa podría sufrir materialmente. El obstáculo no es de la esencia de la cosa, sino de la disposición de la ley. Pero, aun entonces, no se reduce y cohibe la libertad del comunero para no per-manecer en la comunidad, sino que la ley crea la solución que sustituye la división de la cosa misma por la división de su valor en venta.

Para nosotros es indudable que muchas de las reglas de la división o partición de herencia, las que se refieren a la forma de proceder a la división, son aplicables a la de la cosa común. Ese es el precepto del artículo 413 del Código Civil.

Estudiando más hondamente estos preceptos, vemos que hay casos en que los condueños están impedidos de pedir la división como aparece del artículo 408 del Código Civil. Creemos que se refiere el texto a la división material de la cosa; y nos confirma en esa creencia el contenido del ar-tículo 411 del mismo código, que es como sigue:

‘ ‘ Cuando la cosa común fuere esencialmente indivisible, y los con-dueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemni-zando a los.demás, se venderá y repartirá su precio.”

Ambos artículos se complementan, y salvan al mismo tiempo el derecho de una persona a no permanecer en co-munidad de bienes, y la dificultad que a la división se opone por la calidad de indivisibilidad de la cosa común.

Que las fincas rústicas de que se trata son divisibles, es, en este caso, un problema que no puede tener una sola y única solución. Lo son los terrenos, cualquiera que sea la explotación a que se dediquen, y la clase a que pertenezcan, ya que al establecer los lotes, para igualar sus valores, habría que fijar compensaciones que son inevitables. Pero aquí hay además bienes que están integrados con las fincas, que con ellas, por ellas y para ellas, tienen un valor, y que por su propia naturaleza son indivisibles, como la bomba para riego, que en las fincas y con ellas vale más de $15,000, y que sin ellas quizá no vale más de un veinte por ciento de lo que costó; apante de que no es divisible. Esa bomba, como el desvío, las casas, etc., fueron puestos en las fincas por la voluntad de los partícipes, forman parte del inmue-ble, del que no pueden separarse sin gran detrimento, ocu-pan una parte del terreno, que no podría dividirse, a menos de destruir el valor de aquéllas, y son por sí, y por esas ra-zones circunstanciales, materialmente indivisibles. Lo son, también, a nuestro entender, las concesiones y tomas de aguas para el riego.

No tenemos necesidad de estudiar los motivos de orden secundario, como la comodidad de la división, etc. Lo que tenemos que atender es la naturaleza de los bienes, la des-aparición de su valor por la división, y la posibilidad de aplicación de la fórmula sustituta de la división material.

En el caso Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25, este tribunal declaró la existencia de una comunidad de bienes que babía de distribuirse; aparecía que la finca objeto de la comuni-dad tenía un frente muy estrecho a la carretera, y no podría dividirse dando salida a ella a las dos porciones; y se de-claró que debía venderse la finca en pública subasta, y re-partir el precio entre los condueños. Esta es la forma de división que pudo y debió regir en el caso presente.

Pué, pues, error de la corte de distrito decretar la divi-sión material y parcelaria de las fincas rústicas de que se trata en este litigio.

Debe revocarse en parte la sentencia apelada, dictándose otra en que se ordene la venta en pública subasta de las fin-cas rústicas de que se trata en el caso, y de los bienes a ellas anexos, y la división del resultado de la venta entre los partí-cipes en la comunidad, proporcionalmente a sus participacio-nes, sin especial condena de- costas, y confirmándose en los demás extremos.

El Juez Asociado Señor Wolf, disintió. (Véase el pre-facio.) ,


author: El Juez Asociado Señor Wou?,

text:
    Alejandro Buitrago, demandante y apelante, v. Ernestina Girod Lube, demandada y apelada.
    No. 4474.

    Sometido: Marzo 12, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1929.

      L. Tormes, abogado del apelante, P. E. Anglade, abogado de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Wou?,

emitió la opinión del tribunal.

Después de declarar con lugar una excepción previa a la demanda presentada en un caso de divorcio, fundado en abandono, la Corte de Distrito de Gfuayama, al dejar el de-mandante de enmendar su demanda, dictó sentencia a favor de la demandada. El demandante apeló.

La teoría de la corte inferior fué que las alegaciones de la demanda en que se exponía el abandono eran meras conclusiones de derecho; que dichas alegaciones en la forma en que estaban expresadas no excluían la posibilidad de una separación mediante consentimiento; que de la demanda no se desprendía exactamente cuándo empezaba a correr el año, ya que no aparecía la época en que el marido hizo sus primeros esfuerzos para que la esposa regresara al hogar, puesto que desde esa fecha determinada es que empieza a correr el tiempo del abandono. El fiscal de esta corte está de acuerdo con la conclusión a que llegó la corte inferior, y cita algunas autoridades al efecto de que no basta el abandono, sino que la intención de abandonar debe también aparecer. La apelada sostiene los argumentos expuestos, y entre otras cosas alega que el hecho de la separación por uno de los cónyuges sería insuficiente para la concesión del divorcio si tal separación es causada por el mal comportamiento del otro cónyuge. Esta es quizá otra manera de decir que el abandono debe estar acompañado de la intención de abandonar.

Las palabras esenciales de la demanda a considerar son las siguientes:

“3. — Que la demandada aquí, Ernestina G-irod Lubes, desde allá por el día 19 de junio de 1926, mientras vivía bajo un mismo fceebo con el demandante aquí en esta ciudad de Guayama, Puerto Rico, lo abandonó, llevándose consigo todo el ajuar de la casa donde como antes se alegó los mismos residían como marido y mujer, y sin que desde entonces haya vuelto a convivir con el actor en ninguna forma.
“4. Que el demandante' aquí, en distintas ocasiones durante el año transcurrido desde que la demandada, su esposa, le abandonó, la ha requerido para que vuelva a vivir con el mismo, y la misma se ha negado a ello.”

El estatuto que cubre esta materia es excesivamente la-cónico. Dice así, artículo 164 del Código Civil:

“Las causas de divorcio son:
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“5. — El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un término mayor de un.año.”

En lo que respecta a los hechos necesarios para sostener una denuncia o acusación es que la ley exige el mayor rigor. No obstante,- cuando se crea un delito estatutorio, general-mente es suficiente si al seguir las palabras del estatuto, se expresan en esta forma los verdaderos hechos constitu-tivos del delito. Una regla similar debe prevalecer en lo que a divorcios se refiere, especialmente en vista de que los hechos que dan lugar al mismo son por lo general menos y más sencillos y están al alcance del entendimiento de una persona de inteligencia ordinaria. Ni en las alegaciones ni en la prueba se exige que se sea tan estricto como en el campo del derecho penal.

Nos inclinamos a creer que la demanda hubiese sido su-ficiente si en ella se hubiera alegado que la esposa había abandonado al marido en determinada fecha y que tal aban-dono había continuado hasta el día en que se radicó la de-manda, asumiendo que el período transcurrido comprendía más del término estatutorio de un año. La palabra “aban-donar” es perfectamente entendida y su definición, de haber alguna diferencia, es más clara en español qne en inglés. Por ejemplo, en inglés la palabra “desertion” no es de nso tan corriente como “abandonar” en castellano.

Del becho del abandono’ se infiere o se presume la intención de abandonar. En el caso de Catinchi v. Catinchi, 27, D.P.R. 418, dijimos:

“El estatuto establece como causa de divorcio el abandono por más de un año y aunque debe coexistir la intención de abandonar, dicha intención generalmente puede inferirse del abandono.”

Los hechos presentados en evidencia podrían sembrar la duda de si se demostró algo así como la intención de aban-donar, y en tal caso el demandante está en la obligación de aducir otros hechos que demuestren esa intención. De otro modo la falta de intención es cuestión de defensa.

Ni el caso de Jirot v. Crispín, 23 D.P.R. 823, ni el de Mas v. Muñoz, 35 D.P.R. 870, sostienen la conclusión del fiscal de que la intención de abandonar debe ser alegada. En cada uno de dichos casos tratábamos de los hechos que deben aparecer en el juicio y las circunstancias en ninguno de estos casos satisficieron a la corte de que hubiera la intención de abandonar.

Tampoco está el marido en la necesidad de solicitar una reconciliación a menos que la separación se haya efectuado bajo circunstancias tales que den lugar a dudas de que la se-paración se realizó con el propósito de abandonar. Catinchi v. Catinchi, supra, y autoridades. Por tanto, el estatuto empieza a correr desde el primer momento en que se aban-dona.

Aunque en el presente caso una alegación más sencilía hubiese sido suficiente, la demanda era más específica. La esposa no sólo dejó a su esposo sino que se llevó todo el ajuar consigo. Esta actuación por parte de ella claramente le impondría el deber de demostrar que no era su intención abandonar al esposo, o que se fué de la casa con su consen-timiento. Además, en la demanda se alegaban suficientes tentativas de reconciliación por parte del esposo.

Desde luego, al ser devuelto el caso, la demandada esta-ría en libertad de probar cualesquiera defensas que tenga, y tal vez pueda hacer uso de alguna de la jurisprudencia ci-tada. Meramente decimos que la demanda es suficiente.

No podemos resolver que en forma alguna en la demanda se alegara una conclusión de derecho, y la sentencia debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Pedro Vieira y su esposa Blasina Dávila, demandantes y apelantes, v. Guillermo Alvarez Blondet, demandado y apelado.
    No. 4554.

    Sometido: Febrero 1, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1929.

      J. Martínez Dávila, abogado de los apelantes; A. Rivas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la apelación de nna orden dictada después de una sentencia, en- que la sentencia original, la opinión de la corte y la prueba aducida durante el juicio no han sido elevadas a este tribunal. Inferimos de los autos, de las alegaciones, la moción, la orden apelada y los alegatos* qne Guillermo Alvarez Blondet otorgó, por lo menos nomi-nalmente, nna hipoteca a favor de Pedro Yieira. Sucedió qne la propiedad descrita en la escritura de constitución de hipoteca no era la que las partes habían convenido. Ale-gando este extremo, y además, que Alvarez Blondet, aun-que dispuesto a arreglar el asunto, había confesado la ver-dad, Pedro Vieira instituyó un procedimiento para que se resolviera el contrato de hipoteca. Según hemos dicho, no tenemos a la vista la sentencia, pero por el presente inferi-mos que la corte accedió a la súplica de la demanda y de-claró que el contrato de hipoteca había sido resuelto.

Posteriormente, el demandado compareció ante la corte y solicitó y obtuvo una orden cancelando la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad. El demandante, original apeló.

No vemos razón alguna para diferir de la conclusión a que llegó la corte inferior, o sea, que cuando un contrato de hipoteca queda resuelto, su inscripción debe ser cancelada. La teoría de la parte apelante era que el demandado no tenía derecho a la cancelación hasta tanto no hubiese devuelto al demandante el importe que había tomado a préstamo, y arguye que en realidad un contrato no puede considerarse como resuelto hasta tanto se haya devuelto la cosa que fue entregada. Sin embargo, en el presente caso el apelante mismo fue el que solicitó la resolución del contrato, y las disposiciones del artículo 1262 del Código Civil son aplicables a la persona que solicita la rescisión. Parecería que la resolución del contrato y la orden de pago aparecen en forma disyuntiva en la sentencia.

Cualesquiera dudas que tengamos deben ser resueltas a favor del apelado, por no estar ante nosotros los autos en debida forma. Generalmente, para revisar una resolución dictada después de una sentencia, ésta y otros procedimien-tos deben formar parte de la transcripción de autos, y este caso no es una excepción a la regla. No basta que se nos envíen las alegaciones, la moción y la resolución dictada después de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Oscar Bravo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 762.

    Sometido: Abril 22, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1929.

      José Sabaier, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Tres personas vendieron al recurrente los condominios que cada una de ellas tenía en seis fincas, rústicas por pre-cio de $2,750, que distribuyeron así: por la finca que des-cribieron con la letra A, $1,000; por la que tiene letra B, $250; por la C, $250; por la D, $500; por la E, $250, y por la F, $500.

El documento de esa venta fué presentado en el registro de la propiedad para su inscripción acompañado de $12.50 en sellos de rentas internas, pero el registrador lo devol-vió sin practicar operación alguna en sus libros porque los derechos arancelarios ascienden a $20.50, que el comprador se ha negado a pagar, y por esto se ha interpuesto este re-curso gubernativo.

No hay discusión en este caso en que dichas cantidades son las exactas según el punto de vista del recurrente y del registrador, por lo que la única cuestión en controver-sia es que según el recurrente cuando varios condueños ven-den sus condominios a una sola persona el registrador no puede cobrar por la inscripción de los varios condominios así vendidos sino por una sola inscripción a favor del com-prador de los condominios adquiridos, mientras que el re-gistrador sostiene que siendo en este caso tres los condue-ños que venden en cada finca debe cobrar por las tres ad-quisiciones que hace el recurrente aunque a su favor baga una sola inscripción.

Según el recurrente, si diez herederos adquieren en pro indiviso una finca que vale $10,000 cada uno debe pagar $4.50 por la inscripción que se baga a su favor, en total $45; pero que cuando los diez venden a una persona esos condominios, el comprador sólo pagará $10 por la inscrip-ción de esos condominios a su favor, y cita en su apoyo a G-alindo y Eseosura, tomo 4, página 748, 4!> edición reim-presa en 1903, quien dice que en el caso de inscribirse una finca a -favor de varios herederos pro indiviso el registrador percibirá de cada interesado aunque sólo practique una ins-cripción porque cada heredero adquiere el derecho heredi-tario áe .determinada cantidad en el valor de una finca; pero que tal doctrina no debe hacerse extensiva al caso de venta de una sola finca a favor de varias personas pro in-diviso porque en realidad no hay más acto que el de trans-misión del dominio de la finca. No consideraremos los mé-ritos de esa opinión porque no tiene relación alguna con el caso presente pues no se trata en este caso de venta de una finca a varias personas pro indiviso, sino de la venta de varios condominios a una sola persona. Más apropiada es la cita que nos hace el Registrador de Morell, tomo 5, pá-gina 303, que trata directamente la cuestión a resolver en este recurso, diciendo lo siguiente:

“Dudoso se considera por algunos si en el condominio pueden siempre verse varios derechos o uno solo. Pero si una finca pertenece . proindiviso a tres, y cada uno enajena su respectiva participación a diversas personas o a una misma en diferentes épocas, nadie dudará de que procede cobrar por tres derechos. Seguir otra regla por el mero hecho accidental de realizarse la adquisición en un mismo acto y por un solo individuo, sería poco lógico, equivaldría a cobrar por personas y no por derechos. Así, pues, si uno vende a seis una finca, cada adquirente debe pagar sus honorarios con arreglo al valor de la parte indivisa que adquiere; si uno compra a seis, adquiere seis dere-chos distintos, cada uno con un valor propio y especial, aunque re-ferente a una misma finca.
“Podrá discutirse la cuestión, en el último caso, porque en él la inscripción se extiende ya a favor del adquirente sin proindivisión alguna, reuniendo en sus manos derechos que eran diferentes, pero que al reunirse constituyen uno solo. No debe discutirse en el caso primero, en el cuaL se inscriben'realmente seis derechos diferentes a favor de seis diferentes personas.”

Opinamos que aunque se haga una sola inscripción a favor del recurrente por los tres condominios que le han sido vendidos en cada finca, se inscriben a su favor las ad-quisiciones de tres condominios y por eso tiene que pagar por cada uno de ellos. Si por cualquier motivo sólo fuera inscribible la compra de uno de esos condominios nadie du-daría que debería cobrarse por esa inscripción, aunque no se solicitara o no se hiciera la inscripción de los otros.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señioe Texidob,

text:
    Mariana de Jesús Padilla, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 749.

    Sometido: Marzo 5, 3929.

      Resuelto: Mayo 2, 1929.

      Nazario & García Méndez, abogados de la recurrente: el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señioe Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso se lia acompañado una copia de opinión y sentencia en caso civil No. 3148, Mariana de Jesús Padilla v. Ignacio Soltero, sobre reivindicación de inmueble, Corte Municipal de San Germán, P. R.; y de ella aparece que en la demanda se dedujeron las siguientes peticiones: Que se declare: 1. Que la demandante es la heredera de Blas Padilla, y única dueña de la propiedad dejada por él a su muerte; 2. Que la demandante tiene derecho a qne se le entregue la dicha casa; 3. Que la demandante tiene derecho a percibir como indemnización ciento veinte dólares por be-neficios dejados de percibir; y por último solicita las cos-tas y gastos.

Do esta demanda se dió el aviso de que hace mención el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La Corte Municipal de San Germán dictó sentencia en el caso, declarando con lugar la demanda; y el demandado apeló; pero desistió de su apelación, y el pleito se devolvió aí tribunal de origen. Entonces la demandante, con co-pia certificada de la sentencia firme, y de la moción y orden de desistimiento, presentó al registrador petición para que convirtiera en inscripción la anotación tomada en el caso. 111 registrador denegó la petición, tomando anotación por el término de ley. Su nota es como sigue:

“Denegada la conversión que se solicita por el precedente docu-mento, con vista de otros, y tomada en su lugar anotación preven-tiva por el término de ciento veinte días a favor de la demandante Mariana de Jesús Padilla, al folio 209 vuelto del tomo 87 de este Ayuntamiento, finca No. 3677, anotación letra ‘c’, porque si bien dicha anotación de demanda, se solicitó y obtuvo al amparo de lo preceptuado en el Artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, que se equipara en su esencia y finalidad al inciso primero del Artículo 42 de la Ley Hipotecaria y el 91 del Reglamento para su aplicación; pero es también igualmente cierto, que tal anotación al presente es ineficaz y no tiene efecto legal alguno y por tanto es inexistente para producir los efectos de una conversión en inscrip-ción definitiva, por los íundamento's siguientes-. Primero-.— (a) Por-que según se desprende de los documentos presentados en este Re-gistro que se marcan con el No. 1 la demanda fué resuelta definiti-vamente ante la Hon. Corte de Distrito de Mayagüez el día 27 de noviembre último* en virtud del desistimiento que hiciera el deman-dado por conducto de su abogado, de la apelación que interpusiera para ante dicha Corte, de la sentencia que dictara en dicha demanda la Corte Municipal de esta ciudad,, el 26 de marzo del pasado año. (&) Porque resulta de los Libros del Registro y de dicho documento presentado, que después de terminado el referido pleito ante la ci-tada Corte de Distrito, por el desistimiento de apelación, fué que se obtuvo en este Registro, la. anotación de la demanda, que originó dicha sentencia apelada, en virtud del documento presentado el día tres de diciembre último, asiento No. 244 del tomo 75 del Diario, pues si bien aparece del Registro que anteriormente había sido soli-citada la anotación de demanda, en este caso por dos veces, una fué denegada y su nota consentida y la otra fué retirada, por su presen-tante, habiéndose presentado nuevamente según resulta en el Libro Diario 75 antes citado, asiento No. 244, fecha tres de diciembre úl-timo, anotada dicha demanda al folio 206 del tomo 87 de esta ciu-dad, al margen de la inscripción Primera de la finca arriba citada. En este caso procede la ejecución de la sentencia y no una con-versión de inscripción de, la anotación de la demanda: Segundo:— Porque siendo una de las causas de acción de la demandante Mariana de Jesús Padilla, su carácter de heredera de Blas Padilla Torres, la Corte Municipal de esta ciudad obró sin jurisdicción al declarar a ésta como única y universal heredera del referido Blas Padilla a su bija Mariana de Jesús Padilla, la demandante, conclusión legal que sólo compete a las Cortes de Distrito, pues sólo ba podido eslabo-narse en la demanda dicho hecho histórico y jurídico con los docu-mentos y demás pruebas presentadas en la misma para la resolución del caso en general.”

La primera cuestión a resolver es la de si la Corte Municipal de San G-ermán tenía o no jurisdicción. Si la declaración que de esa corte se hubiera solicitado fuese la general de declaratoria de herederos con efecto de la misma ciase, esto es, generales, no habría duda alguna de que carecía la corte de jurisdicción. Pero, aunque no está bien presentada la petición de la demanda, no es ése el caso. En las decisiones de este tribunal en los casos Morales v. Landrau et al., 15 D.P.R. 782, y Soriano et al. v. Rexach, 23 D.P.R. 573, se ha determinado claramente la doctrina jurídica en este extremo.

En el primero de dichos casos, se estableció lo siguiente:

“Además, si con arreglo al artículo 665 del Código Civil, los de-rechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte, y, según el artículo 669 del mismo código, los herede-ros suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todob sus derechos y obligaciones, es lógico deducir que para la justificación del derecho sucesorio alegado en la demanda con relación a Petrona y Dolores Morales Oquendo han podido venir al juicio las actas de defunción de las mismas.
“Habiendo fundado los demandantes su acción entre otros hechos en su calidad de herederos de Angel Oquendo sin que tal hecho hu-biera sido admitido por los demandados, aquéllos han podido jus-tificar esa calidad en el presente juicio sin necesidad de acudir para ello a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, si bien esa justi-ficación sólo puede tener alcance y eficacia con relación a los de-mandados en el caso concreto de que se trata, pues para fines ge-nerales, o cuando se trate de obtener declaratoria de herederos, que en este juicio no ha sido solicitada, debe acudirse al capítulo 3o. del título Io. de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que esta-blece el modo y forma de obtener aquella declaratoria.”

T en el segundo, Soriano et al. v. Rexach, lo que sigue:

“Y por vía de suplemento al último párrafo citado debemos agre-gar que, a menos que esté envuelto algún elemento que dependa del tiempo y de la memoria, u otra circunstancia excepcional, no parece existir una verdadera razón por la cual la prueba documental que ha sido presentada, examinada y considerada por el abogado de la parte contraria antes de ser admitida, y las declaraciones prestadas por los testigos en el juicio sobre los méritos en cuanto a los intere-ses contrarios de las partes contendientes que han sido sometidas a una severa observación judicial, hecha más intensa por la lucha entre- los litigantes y sujetas a la fuerte prueba de un examen de re-preguntas, no deban ser consideradas como que tienen más impor-tancia intrínseca y verdadero valor probatorio, y, por tanto, que hasta constituye una prueba mejor del h4eho que trata de estable-cerse, que la mera copia certificada de una orden que ha sido regis-trada en un procedimiento ex parte, sobre declaratoria de herederos, en el que no hay la misma oposición a la admisión de documentos, y solamente son examinadas por su abogado o por la corte, las partes interesadas en establecer el hecho, y sus testigos, sin ninguna inter-vención de parte contraria.”

Y en el caso de Cerezo v. Rivera, 35 D.P.R. 537, se ha declarado lo que sig'ue:

“(3) La alegada falta de jurisdicción de la corte de distrito se sostiene como consecuencia necesaria de una supuesta falta de ju-risdicción en la corte, municipal. La jurisdicción de la corte municipal se ataca por el fundamento de que un procedimiento especial sobre declaratoria de herederos sólo puede ser establecido en la corte de distrito.
“La contestación a esta alegación a falta de algo más persuasivo que una manifestación de la premisa envuelta y la conclusión a que se pretendió llegar puede verse en el hecho de que la presente acción no es principalmente, o en un sentido general u ordinario, un proce-dimiento sobre declaratoria de herederos. La cuestión de herederos en este caso fue un punto incidental y quedó resuelta únicamente en cuanto al demandante y el demadado para poder establecer un eslabón necesario en la cadena del título del demandante.”

En este extremo la nota del registrador es errónea.

La parte recurrente sostiene que de acuerdo con el artículo 142 del Reglamento para ejecución de la Ley Hi-poteearia procedía la conversión de la anotación en inscrip-ción definitiva, al ser adquirido el derecho anotado, por aquel a enyo favor se hizo la anotación. Y cita los casos Dávila v. Registrador, 24 D.P.R. 707, Álvarez v. Quilichini, 24 D.P.R. 161, y Cerezo v. Rivera, 35 D.P.R. 537.

La Ley Hipotecaria, en unión de sn Reglamento, consti-tuye un todo harmónico, con preceptos de tal forma relacio-nados entre sí, que la lesión a nno de ellos, repercute y se siente en todo el organismo y la aplicación de nnó de ellos produce efectos en los demás.

El artículo 42 de la Ley Hipotecaria viene a llenar la ne-cesidad de la publicidad, de consuno con la de la legalidad, con relación a actos y contratos, que, o por su propia na-turaleza, o por circunstancias especiales que afectan a su forma extrínseca, o por circunstancias de tiempo, o por ra-zones puramente regístrales, no puede tener inmediata en-trada en el registro, de manera final y definitiva. Acerca de esto han dicho G-alindo y Escosura lo que sigue:

“Son. las anotaciones preventivas unos asientos de carácter provisional que se extienden en los libros del Registro en que constan: los títulos que afectan a la propiedad, que por carecer de algunos de los requisitos exigidos por la ley, o por cualquier otra causa, no pue-den ser inscritos; las reclamaciones judiciales del dominio y los demás derechos reales; las responsabilidades preventivas e interinas que afectan a las fincas, y la falta de capacidad' del dueño para disponer de ellas, hasta que, subsanados los defectos, resueltas las reclama-ciones, determinada la responsabilidad y ejecutoriada la capacidad o incapacidad del dueño, se convierta el asiento provisional en ins-cripción definitiva, o se cancele.”

En nuestro sistema de registro, si se acepta en la total pureza de sus principios, no cabría nada transitorio y temporal, ni cabría que los libros del registro contuvieran nada que se refiera a derechos u obligaciones de carácter personal. Pero es lo cierto que muchas de las obligaciones personales, se reflejan en los bienes inmuebles, o se resuelven de ma-nera que los afecten, y que derechos de aparente carácter transitorio tienen una solución definitiva que afecta a los inmuebles. T como aquéllos y éstos, por virtud del sistema hipotecario a que se ajusta nuestra ley, no tienen una in-mediata cabida en el registro como inscripciones, se lia re-suelto el problema con la introducción de la anotación pre-ventiva, durante cuyos efectos se puede purificar el título de sus defectos, o declararse el derecho, o preservarse éste de una forma final, como ocurre con las anotaciones por defecto del título, o con las de reclamación de dominio u otro dere-cho real, o la de legado, o la de refacción.

El número Io. del artículo 42 de la Ley'Hipotecaria es así:

“Artículo 42. — Podrán pedir anotación preventiva de sus res-pectivos derechos en el Registro público correspondiente:
“1. El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmue-bles, o la constitución, declaración, modificación o extinción de cual-quier derecho real.”

Y en relación con ese precepto, el artículo 43 de la misma ley, dice:

“Artículo 43. — En el caso del número 1 del artículo anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima, y en vir-tud de documento bastante, al prudente arbitrio del juzgador.”

Nótase en el texto del artículo-41, que la anotación se da a favor del que en juicio pide el dominio, u otro derecho real a constituir, declarar o modificar o a extinguir. Es evidente la justificación de la anotación preventiva, dirigida a asegu-rar la eficacia del futuro fallo acerca de un dereoho real. El precepto, en esta parte, no va más allá: se ciñe a la posi-bilidad de la existencia de un derecho real que se refiera a bienes inmuebles; y para nada tiene en cuenta los bienes muebles, ni los derechos de orden puramente personal, que son objeto de otros apartados del artículo, como el 2°., el 3"., el 4o.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, en su texto exacto, como se declaró por este tribunal en la opinión

en el caso Manrique de Lara v. Registrador de San Germán, 23 D.P.R. 864, dice:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante, al tiempo de presentar la de-manda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se. solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que con-tenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.”

En la misma opinión se dice:

"Como se ve el texto inglés no exige como 'condición para la ano-tación de la demanda o de la contestación que el demandante, y en su caso el demandado, pidan se declare que lo que reclaman es suyo, sino que basta que la acción que se ejercita afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.”

Percíbese, a primera vista, la diferencia entre este ar-tículo y el de la Ley Hipotecaria que hemos citado. Para la anotación preventiva se requiere que la demanda lo sea de propiedad o de cualquier derecho real. Para el aviso al Registro, en el caso del artículo 91, de acción que afecte al título o derecho de posesión, sin que pueda precisarse el exacto sentido del verbo "afectar,” ni la época o tiempo a que el artículo se refiere”. Para la anotación preventiva de Ley Hipotecaria, la.necesaria intervención del juez, como ga-rantía más sólida. Para la de procedimiento, la determina-ción de la voluntad de la parte. En la anotación preventiva de que se trata, se establece por el Reglamento en su ar-tículo 126 la forma completa, el mejor aviso a todos, en que se ha de extender. Para la anotación con arreglo a la ley procesal, basta una nota marginal. Para la anotación pre-ventiva hipotecaria en este caso, la garantía de que habla el artículo 91 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipo-tecaria: para la nota con arreglo a la ley procesal, sin ga-rantía alguna.

Como aviso, los dos procedimientos producen el efecto de avisar: el uno en forma más firme, solemne y segura. Pero aparte de eso, existe entre ambos una diferencia digna de aprecio.

Se lia citado el caso Dávila v. Registrador de Humacao, 24 D.P.R. 707, y el de Álvarez v. Quilichini, 24 D.P.R. 161. En el último pitado, se trata de una anotación preventiva por razón del registro (no aparece inscrita la finca y falta el título) que tenía eficacia por 120 días, y que según apa-rece (página 166, tomo 24, D.P.R.) babía caducado. T en el primer caso, Dávila v. Registrador, supra, se babla de la-anotación preventiva de una demanda para recobrar la po-sesión y el dominio de un inmueble, y de sus efectos con arreglo al artículo 71 de la Ley Hipotecaria.

No son los hechos en estos casos iguales, o análogos, a los del presente; ni las resoluciones hacen declaración en cuanto al aviso de demanda, y a la nota que él puede produ-cir en el registro de la propiedad.

En la opinión disidente en el caso Jordán v. Gómez et al. 18 D. P. R. 157, se dijo lo que sigue:

“La anotación en el registro del aviso de una demanda inter-puesta con relación al título o derecho de posesión de una propie-dad inmueble, no puede producir más efecto que el que le atri-buye el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, o sea el de considerarse que el comprador o la persona que adquiriera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento para los efectos legales de la acción pendiente entre las partes designadas en el aviso.
“Dicho aviso es equiparable en su esencia a la anotación preven-tiva de una demanda sobre propiedad de bien inmueble o derecho real, a que. 'se refiere el número Io, del artículo 42 de la Ley Hipote-caria, y por tanto ambas diligencias tienen que producir idénticos resultados. ’ ’

No se deduce de estas palabras que el aviso de la de-manda produzca todos y cada uno de los efectos de la ano-tación de demanda de propiedad que se creó en el número Io. del artículo 42 de la Ley Hipotecaria,. Antes - al contrario “no puede producir más efecto que el que le atribuye él ar-tículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil” (cursivas nues-tras) o sea el de notificar a cualquier comprador o adqui-rente de gravamen, de la pendencia de un litigio acerca del título o la posesión. Si ello es así, no liay razón alguna para crear, a favor de la nota producida por el artículo 91 de la Ley Procesal, un efecto, como el de la conversión, que no aparece de dicha ley, y que en la Hipotecaria se concede o da a determinadas anotaciones, rodeadas de más só-lidas garantías, y aparentes en el registro en otra forma, y con mayor especificación que aquélla.

A más de esto, liay un título, que es la sentencia de ad-judicación, que es inscribible. Es verdad que en los casos de la legítima anotación preventiva de Ley Hipotecaria, si se obtiene la declaración ele propiedad puede hacerse la con-versión, de acuerdo con el artículo 142 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria; pero es un hecho que de una nota de aviso en el registro, en la que consten los nom-bres de las partes en el pleito, el objeto de la demanda, y la descripción de la propiedad en litigio, no pueden extraerse ios datos que se requieren por el citado artículo 142; o al menos, sería sumamente difícil hacerlo. Esto, desde el punto de vista práctico.

Entendemos que no se ha derogado, ni expresa ni implí-citamente el precepto del número l9 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria. Hay otra forma más de pública notifica-ción, la del artículo 91 de la Ley Procesal; pero ésta no de-roga la anotación preventiva de derecho inmobiliario, que va, en sus efectos, más allá que la procesal.

■Debe confirmarse la nota recurrida, en cuanto a la con versión, y revocarse en lo que afecta a la jurisdicción de la corte municipal.


author: P]l Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Antonio Portela, demandante y apelado, v. Rafael Saldaña, demandado y apelante, y Pablo Vilella Jr. y Agustín Balseiro, demandados y apelados.
    No. 4452.

    Sometido: Noviembre 20, 1928.

      Resuelto: Mayo 2, 1929.

      J. Valldejuli Rodrigues, abogado del apelante; José Martines Dá-vila, abogado del demandante apelado.
   P]l Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Eafael Saldaña, un deudor solidario, fué requerido para mostrar cansas por las cuales no debía ser obligado por una sentencia dictada en una acción sobre un pagaré en la que no había sido emplazado como demandado, y apela de una sentencia adversa dictada en el procedimiento prescrito por los artículos 307 a 312, inclusive, del Código de Enjui-ciamiento Civil.

La exposición del caso dice que durante la vista de la orden para mostrar causa el abogado de Saldaña presentó una moción alegando que el procedimiento era nulo y con-trario a derecho. Los motivos señalados fueron que el em-plazamiento entregado a Saldaña no se refería a la senten-cia ni expresaba que la misma estuviera sin satisfacer, ni especificaba la cantidad que de ella se adeudaba; y que al demandado no se le suministró copia del affidavit, según lo requiere el artículo 309 del Código de Enjuiciamiento Civil. El señor letrado también sostenía que la obligación des-crita en el emplazamiento no era solidaria en cuanto .a Saldaña.

Saldaña entonces solicitó permiso para introducir prueba con el fin de demostrar que el márshal no había entregado a¡ demandado todos los documentos y certificaciones men-cionados en el diligenciamiento. El juez de distrito mani-festó que no admitiría prueba alguna a menos que fuera para demostrar que el diligenciamiento del márshal era falso, porque el diligenciamiento era prueba prima facie de los hechos en él expuestos; que, a los efectos del diligen-ciamiento del márshal, la corte no admitiría otra evidencia que el diligenciamiento mismo, sin perjuicio de cualquier derecho de acción que el demandado pudiera tener contra el márshal; y que lo que la corte quería decir era que el dili-genciamiento era la única garantía prima fácie que tenía la corte. El abogado manifestó que no había cuestión alguna de falsedad o veracidad respecto a lo consignado por el márshal, pero que podía haber habido algún error; que los documentos aludidos en el diligenciamiento, si bien consta-ban en el expediente, no habían sido radicados en secretaría. El juez entonces expresó que, según se había indicado ya, los documentos estaban unidos a los autos, pero no mostraban señal de radicación alguna. El abogado ofreció entonces traer al secretario para probar que esos papeles no habían sido radicados. La corte manifestó que si la contención del letrado era que los documentos no habían sido radicados por no tener señal alguna de radicación, entonces la cuestión era una de derecho, y no liabía necesidad de presentar prueba alguna. El ahogado entonces solicitó que se permitiera de-clarar al secretario, y ello le fué concedido. Acto seguido, el secretario declaró que los documentos no tenían señal de radicación alguna.

Se señala como error la denegación de la moción del demandado dirigida a la validez del procedimiento. Los autos no revelan que se denegara la moción. El affidavit entregado al demandado y el diligenciamiento del márshal indican que los fundamentos especificados en la moción eran puramente ficticios. La corte inferior no se negó de manera definitiva a admitir prueba para contradecir el diligenciamiento del márshal. Por el contrario, el incidente anteriormente reseñado tiende a la conclusión de que si el demandado hubiese insistido en aducir tal prueba, la corte hubiera accedido, como lo hizo cuando se renovó la oferta de sentar al secretario en la silla testifical. De todos modos, si puede decirse que la corte inferior se negó a admitir prueba alguna en apoyo de la moción del demandado, no se anotó excepción contra esa negativa. La ausencia de una marca c!e radicación no podía invalidar la entrega de los documentos de rigor que había hecho el márshal en la forma pro-vista por el Código de Enjuiciamiento Civil.

Saldaña también excepcionó la demanda de la ac ción original por falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, toda vez que el demandante no alegaba la entrega del pagaré. Al terminarse el incidente que va hemos discutido, el abogado del demandante solicitó' que se dictara resolución al efecto de que en una orden para mostrar causa por la cual un deudor solidario no debía quedar obligado por una sentencia ya dictada, el demandado nO' podía excepcional' la demanda que había servido de base para tal sentencia. Al mismo tiempo, el abogado manifestó que el demandante estaba preparado para proseguir con el juicio sobre los méritos del caso, y que deseaba aducir su prueba, sin perjuicio de que la corte determinara la cues-tión de la introducción de prueba por el demandado, y el juez de distrito dijo que él creía que era propio admitir la evi-dencia. El demandado anotó excepción de la resolución de la corte por el fundamento de que había sido citado para mostrar causa y no para un juicio. El demandante enton-ces presentó su prueba.

El apelante ahora se queja de que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción, y al resolver que no po-día permitírsele a un deudor solidario que presentara una excepción previa en un procedimiento de esta índole. Evi-dentemente, la corte inferior no desestimó la excepción pre-via. Tampoco la corte determinó definitivamente la primera de las dos cuestiones sometidas por el abogado del deman-dante. En el alegato del apelado se cita el caso de Cooper v. Burch, 140 Cal. 548, que expone la regla en California-No se nos cita autoridad alguna en apoyo de un criterio; contrario.

Si la excepción previa hubiese sido declarada con lugar, el demandante habría tenido una oportunidad para enmen-dar su demanda. La omisión en la demanda fue suplida por la prueba presentada durante el juicio en la corte inferior. Bajo las circunstancias, la demanda puede ser considerada como si se hubiese enmendado para ajustarla a la prueba.

Las otras cuestiones, tal como están discutidas en el ale-gato del apelante, no demandan seria consideración.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey, JUEZ 'ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Rafael del Valle Zeno, demandante y apelante, v. Jesús María Rossy y Enrique Umpierre, demandados y apelados.
    No. 4774.

    Sometido: Enero 22, 1929.

      Resuelto: Mayo 2, 1929.

      M. Rodríguez Serra, abogado del apelante; L. Llorens Torres, J. B. Soto j Jesús M. Bossy, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Los antecedentes de este caso pueden verse en Rossy v. Del Valle, 34 D.P.R. 726; Del Valle, peticionario, resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston; y Rossy v. Del Valle, 37 D.P.R. 381. De •ellos y de las pruebas presentadas en este juicio aparece «que en 7 de agosto de 1924 Jesús M. Eossy demandó ante la Corte de Distrito de San Juan en juicio de desahucio a Ea-fael del Valle Zeno por incumplimiento de algunas cláusu-las del contrato de arrendamiento que con él hizo para la explotación de la cantera de tina finca del demandante. Se celebró ese juicio y la corte de distrito declaró sin lugar la demanda de Eossy por el fundamento de que no tenía causa de acción para el desahucio porque el contrato celebrado entre él y del Valle con respecto a la finca no era de arren-damiento, pero en apelación revocamos esa sentencia y de-volvimos los autos a la corte inferior la que entonces dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenó el lan-zamiento del demandado si no lo desocupaba en término de veinte días. De esta sentencia apeló del Valle para ante nosotros, pero a instancias de Eossy la desestimamos en 15 de febrero de 1926, y comunicada nuestra resolución a la corte de distrito que dictó la sentencia, ésta dispuso su cum-plimiento y en 10 de marzo de 1926 el márshal de la corte dió posesión a Eossy de su finca sin que llegaran a ser sa-cadas de ella las máquinas que del Valle tenía en la misma para su negocio porque dos días después quedaron parali-zados los procedimientos para la ejecución de la sentencia por orden de la Corte de Circuito de Boston dictada en nna petición de mandamus que le presentó del Valle. Ese proce-dimiento de mandamus fné resuelto por dicha Corte de Cir-cuito en 5 de agosto de 1926 anulando la desestimación de la apelación y disponiendo que el recurso de del Valle fuese resuelto por sus méritos. Dicha resolución fué recibida en este tribunal en enero de 1927 y en 12 del mismo mes y año acordamos el restablecimiento de la apelación de del Valle, y así lo comunicamos a la Corte de Distrito de San Juan, la que dos días después dejó sin efecto la ejecución de su sen-tencia hecha en 10 de marzo de 1926 y dispuso que el márshal restableciera la situación de la finca al estado que tenía antes de dicha fecha. Posteriormente, en 28 de julio de 1927, dictamos sentencia confirmando la que había dictado la corte de distrito en el juicio de desahucio y de ella apeló del Valle para ante la Corte de Circuito de Boston.

Mientras esos hechos ocurrían del Valle demandó a Bossy y a otra persona, para que les pag’uen determinada cantidad de dinero por los daños que alega haber sufrido después del 10 de marzo de 1926 por haber sido privado de la posesión de la finca arrendada. En el juicio convinieron del Valle y Bossy, con aprobación de la corte, en que se tratase en primer término si en vista de la prueba que se presentase de ciertos hechos el demandante tiene ácción para recobrar da-ños, y que si esa cuestión fuese resuelta a favor del deman-dante se procediese entonces a la prueba de la cuantía de ellos. Practicada la prueba en cuanto al primer extremo la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y contra ella interpuso del Valle este recurso de apelación.

Al tener lugar la vista de esta apelación ante nosotros había dictado la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston, el 27 de noviembre de 1928, sentencia confirmando la nues-tra en la apelación de del Valle contra la sentencia de desahucio.

El apelante alega varios motivos de error para sostener su recurso pero los trata conjuntamente porque todos ellos los concreta en nna sola cuestión; la de si en vista de los hechos ocurridos tiene causa de acción en este pleito.

Es cierto como dice el apelante que su apelación contra la sentencia de desahucio produjo el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia apelada por disponerlo así el artículo 297 del Código de En-juiciamiento Civil y que no podía ser ejecutada mientras su apelación no fuese- resuelta definitivamente; pero cuando la Corte de Distrito de San Juan ordenó el cumplimiento de su sentencia de desahucio contra del Valle había quedado firme esa sentencia por haber desestimado este Tribunal Supremo la apelación de' del Valle y por no haber pendiente ningún recurso admitido a del Valle contra la sentencia, por lo que entonces no era de aplicación el artículo 297 citado, y la po-sesión dada a Eossy no podía causar perjuicio a del Valle que éste pudiera reclamar; y aunque posteriormente fué anulada la resolución de este Tribunal Supremo que hizo ejecutable la sentencia de la corte de distrito, por haber sido anulada por la Corte de Boston la resolución desesti-mando la apelación de del Valle, si la posesión dada a Eossy oí) esas condiciones ha causado a del Valle daños éstos se-lían damnum absque injuria y por tanto no recobrables. Además, habiendo resuelto definitivamente la Corte de Ape-laciones de Boston que Eossjr tuvo razón al establecer su demanda de desahucio contra del Valle; quedando así confir-mada nuestra sentencia y la que dictó la Corte de Distrito do San Juan decretando el desahucio, es indudable que Eossy tenía derecho de acuerdo con esa sentencia a la posesión de su finca cuando le fué dada por la Corte de Distrito de San Juan, por lo que del Valle no tiene contra él la acción que ejercita en esta demanda.

La sentencia apelada debe' ser confirmada.

• El Juez Asociado Señor Wolf disintió y el Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ 'ASOCIADO SR. WOLE.

Al tiempo de interponerse la apelación en este caso en la corte de distrito para ante el Tribunal Supremo, Eafael del Valle Zeno estaba en posesión de una finca, no obstante ha-berse dictado una sentencia de desahucio contra él. La Corte de Circuito de Apelaciones, a pesar de la resolución desestimando el recurso dictada por este tribunal, resolvió que la apelación interpuesta contra esa sentencia por Eafael del Valle había sido debidamente perfeccionada. Por tanto, dicho Eafael del Valle, según resolvió la Corte de Circuito, tenía cierto derecho de posesión mientras estuviera pen-diente el recurso. Tal vez era un derecho muy limitado, pero si su apelación quedó perfeccionada, él tenía ese dere-cho. No importa que del Valle tuviera el deber de entregar la posesión de la finca. Cuando una parte que está en pose-sión apela, la ley le concede el derecho de retenerla mien-tras esté pendiente el recurso. La sentencia de la corte interior queda en suspenso. Aunque los daños pueden ser le-ves en este caso en particular, pueden ser graves en algún otro. Por lo menos en forma nominal, del Valle tenía, de-recho a algunos daños susceptibles de prueba. Por tanto, disiento.