author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Johnny González Rosado, peticionario, v. Yahaira Echevarría Muñiz, recurrida.

      Número: CC-2004-940

      Resuelto: 21 de noviembre de 2006

      Iván Crespo Arroyo, abogado de la parte peticionaria; Vanessa M. Rafols Sallaberry y Sylvia E. Pérez Arocho, abogadas de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia en este caso se circunscribe a cuando comienza a transcurrir el término de caducidad de la acción para impugnar un reconocimiento voluntario de paternidad, debido a su inexactitud. Resolvemos que dicho plazo transcurre desde el acto del reconocimiento.

I

No están en controversia los hechos que dan lugar al recurso de autos. Johnny González Rosado (peticionario) y Yahaira Echevarría Muñiz (recurrida) sostuvieron relaciones sexuales mientras compartían una relación sentimental. En el 2001 la recurrida quedó embarazada e informó al peticionario que el hijo sería suyo. En vista de ello, la pareja estableció su hogar en la casa del peticionario. El 17 de abril de 2002, la peticionaria dio a luz, y siete días después, el 24 de abril de 2002, el peticionario inscribió al recién nacido como hijo suyo en el Registro Demográfico (Registro).

Las partes se realizaron una prueba de paternidad el 3 de noviembre y recibieron su resultado el 3 de diciembre de 2002. Esta sugirió que el señor González Rosado no podía ser progenitor del menor a quien había inscrito. Consecuentemente, el peticionario impugnó su acto de reconocimiento voluntario mediante una demanda presentada el 19 de febrero de 2003, casi diez meses a partir de la inscripción del menor en el Registro.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la referida demanda a raíz de una moción de desestimación presentada por la parte recurrida y con el beneficio de una vista celebrada para discutir dicha solicitud. Resolvió que la acción sobre impugnación de reconocimiento voluntario había caducado al haber transcurrido tres meses, contados desde el acto de reconocimiento, sin presentarse. Concluyó, además, que no se había demostrado la presencia de error, violencia o intimidación en el acto de reconocimiento.

El peticionario acudió sin éxito al Tribunal de Apelaciones. Allí imputó dos errores al foro de instancia: (1) resolver que sólo con una demanda se evita la caducidad de una acción para impugnar un reconocimiento voluntario, y (2) determinar que no se probó la presencia de error en el acto de reconocimiento. Sin embargo, el foro a quo confirmó la sentencia apelada. Concluyó que una acción impugnatoria del reconocimiento voluntario caduca cuando no se presenta en los tribunales durante los tres meses a partir de la inscripción.

Inconforme, el peticionario acudió oportunamente ante nosotros. Acusa la comisión de errores análogos a los que llevó ante el Tribunal de Apelaciones, esto es, resolver que la acción de impugnación debe formularse inicialmente ante un foro judicial para ser válida y que el reconocimiento impugnado no ocurrió “bajo error o intimidación”. Petición de certiorari, pág. 3. Sostiene, en particular, que a pesar de haber impugnado extrajudicialmente su paternidad ante la recurrida, dentro de los tres meses siguientes a la inscripción, no pudo tener certeza sobre el error dentro de ese término. Ello debido a que las pruebas de paternidad precisan de un sujeto con al menos tres meses de edad, según le informaron; que el menor estuvo enfermo una vez cumplió dicha edad, y que el resultado de la prueba tardó un mes en llegar.

II

A. La filiación es aquel estado civil de la persona determinado por “la situación que, dentro de una familia, le asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en ella en virtud de la adopción o de otro hecho legalmente suficiente al efecto”. Castro v. Negrón, 159 D.P.R. 568, 579-580 (2003). Se trata de un vínculo jurídico que establece una amplia gama de derechos y obligaciones, cuya trascendencia es innecesario recalcar.

La filiación es una relación fundamentalmente jurídica que responde a ciertos imperativos de la política pública. El primero es recoger y reglamentar los vínculos biológicos entre las personas. Por eso hemos indicado que dichos vínculos son los criterios básicos de la filiación; esto es, que sus normas han sido diseñadas para lograr una correspondencia entre los vínculos biológicos y los jurídicos. A modo de ejemplo, la presunción de paternidad aplicable al cónyuge de una madre refleja, entre otras cosas, el supuesto empírico de que los hijos de una mujer casada suelen ser hijos de su marido. Más allá de esta función epistemológica, hemos reconocido que se debe procurar, en lo posible, una coincidencia entre la realidad biológica y la jurídica. Castro v. Negrón, ante.

Ahora bien, no es la filiación un desenfrenado culto a la biología, sino que responde, también, a ciertos intereses de los particulares y de la comunidad. En especial, existe un gran interés en la estabilidad de aquellos derechos y obligaciones derivados de la filiación. Ello procura evitar, entre otras cosas, que la cuestión filiatoria permanezca abierta indefinidamente, en perjuicio de quien aparece como hija y podría ser víctima de los conflictos conyugales entre los supuestos padres. A tal imperativo de estabilidad jurídica responden las normas que establecen presunciones, imponen términos perentorios de caducidad para la impugnación de las constancias filiatorias del Registro Demográfico, e insisten en estrictos requisitos de legitimación activa. Así, la relación biológica no es una condición necesaria ni suficiente de la relación filial.

Lo expuesto implica que las normas filiatorias reflejan una determinación de política pública sobre el balance apropiado de los intereses reseñados. Hacemos hincapié en ello para velar contra la tentación de suponer anticuadas o formalistas aquellas normas que no responden al criterio biológico. No se trata aquí de rechazar la verdad en pro de la mentira, sino de entender que la realidad biológica es sólo parte de la verdad, y no siempre la más justa.

B. Existen dos vías principales hacia la filiación paternal: la matrimonial y la extramatrimonial. De una parte, se presume hijo del cónyuge varón a quien nació bajo las circunstancias siguientes: (1) dentro de los 180 días de haberse celebrado el matrimonio, si el marido no impugna su paternidad; (2) después del referido plazo y durante el matrimonio; (3) antes de los 300 días a partir de la disolución del matrimonio. Arts. 113-114 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 461-462; Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991).

La filiación extramatrimonial, a su vez, queda establecida mediante el reconocimiento forzoso o voluntario. Castro v. Negrón, ante. En el segundo escenario, se entiende por reconocimiento “aquella declaración hecha por ambos padres (o por uno de ellos aisladamente), por cuya virtud acreditan que una persona es hija suya, siempre que ello se haga en las condiciones y mediante las formas prescritas por las leyes”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Pirámide, Vol. V, pág. 394. Véase Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 249 esc. 15 (1990). Véase, además, R. Herrera Campos, La filiación no matrimonial tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo de 1981, 1983 Rev. Der. Priv. 3, 12 (1983). La doctrina española describe los caracteres del reconocimiento de la manera siguiente: “Resulta incuestionable el principio legal y jurisprudencial que atribuye al reconocimiento de paternidad los caracteres de acto unilateral, personalísimo, formal y sobretodo irrevocable; ... perdiendo su fuerza legal únicamente si se acredita que se ha incurrido en un vicio de la voluntad .” (Enfasis nuestro.) S.TS 27 de octubre de 1993 (Ar. Núm. 7664). Véanse: Herrera Campos, op. cit, pág. 13; Puig Peña, op. cit, pág. 401 (“[El reconocimiento de un hijo, por ser] la confesión de un hecho, lógicamente es, como toda confesión, irrevocable y una vez hecha no puede arbitrariamente retirarse”). Véase, además, J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, págs. 1227-1232. El efecto del reconocimiento voluntario es una presunción de paternidad con efectos análogos a la filiación matrimonial. Castro v. Negrón, ante.

III

Debemos repasar las acciones dirigidas a impugnar la filiación, tanto matrimonial como extra-matrimonial. Un supuesto progenitor, entre otros, tiene derecho a impugnar la presunción de filiación matrimonial. Dicha acción tiene dos modalidades. Primero, el marido puede cuestionar su paternidad y demostrar que el hijo nació dentro de los ciento ochenta días de celebrarse el matrimonio o después de los trescientos días a partir de su disolución. Se trata aquí de un ataque dirigido a la presunción per se, tendiente a eliminarla, y no al nexo biológico. Por otro lado, el marido o ex marido puede establecer que no existe tal nexo, arremetiendo directamente contra la paternidad. Ambas modalidades las reconocimos en Almodóvar v, Méndez Román, ante, pág. 242:

A su vez esta impugnación de la paternidad del marido ha sido clasificada y distinguida por la doctrina en impugnación o desconocimiento riguroso de la paternidad y la denominada impugnación, o desconocimiento simple de ella. Bástenos con decir que en la primera corresponde al marido atacar la presunción legal produciendo prueba que descarte el nexo biológico. En la segunda, ha de negar la filiación probando que el hijo de su mujer nació en los primeros ciento ochenta días del matrimonio, o después de los trescientos días de la disolución del matrimonio. (Citas omitidas.)

En cambio, nuestra jurisprudencia ha tenido claro que la acción impugnatoria correspondiente a la filiación extramatrimonial es una figura encaminada a desvirtuar, no la paternidad per se, sino el acto de reconocimiento voluntario. En Almodóvar v. Méndez Román, ante, sostuvimos que, aun cuando el efecto real de la impugnación es eliminar el estado filiatorio establecido, es innecesario impugnar directamente la condición de hijo, pues lo que se pretende anular es el acto mismo del reconocimiento. Incluso, citamos el criterio de Bossert en cuanto a que “[n]o hay acción de impugnación de la paternidad extramatrimonial, aunque pueda existir la acción de impugnación del reconocimiento”. Almodóvar, ante, págs. 241-242. Igual criterio acogimos en Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 540 (2005), al distinguir la “impugnación” de la “revocación”:

La impugnación, sin embargo, es un supuesto distinto, que se refiere no a un acto de voluntad contradictorio, sino a la acción de cuestionar en los tribunales la validez y efectividad jurídica del acto de voluntad original, por fundamentos jurídicos aceptados por el ordenamiento. Así, el principio de irrevocabilidad prohíbe al reconocedor invalidar su propia declaración anterior, o sea, arrepentirse, mientras la acción para impugnar un reconocimiento voluntario tiene como objeto que el estado deje sin efecto una filiación extramatrimonial legalmente establecida. (Énfasis suplido.)

En fin, hemos caracterizado las acciones impugnatorias como aquellas encaminadas a desvirtuar un reconocimiento voluntario para dejar sin efecto determinado estado filiatorio. Véanse, también: M.D. Díaz-Ambrona Bardají y F. Hernández Gil, Lecciones de Derecho de Familia, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1999, pág. 412 (“Hay que resaltar que lo que se impugna es el reconocimiento, independientemente de que el reconocedor sea en realidad padre o madre biológicos”).

En el contexto del reconocimiento voluntario, un vicio por error se configura mediante cierta disparidad entre la realidad y el entendimiento de quien reconoce. Nos dice el Tribunal Supremo español que error es “el falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración no efectivamente querida”. S TS 21 de mayo de 1963. Así, en Díaz-Ambrona Bardají y Hernández Gil, op. cit., pág. 412, se identifica dos modalidades de error, a saber: “a) por ignorancia, por no tener conocimiento exacto de la realidad, y b) por creer como ciertas determinadas circunstancias que no lo son.”

Las definiciones citadas sugieren que el reconocimiento de quien se tiene por hija, y no lo es, podría constituir un error viciante. Sin embargo, antes de Mayol v. Torres, ante, nuestra jurisprudencia contenía expresiones tendientes a rechazar esa conclusión. De ahí que resolviéramos en Oaks Reyes v. Ortiz Aponte, 135 D.P.R. 898 (1994), por vía de sentencia, que el reconocedor demandante debía probar un vicio del consentimiento, antes de ordenarse las pruebas de paternidad. Ello ante una escueta demanda, cuyas alegaciones se referían vagamente a las dudas del reconocedor sobre su paternidad.

Es en tal contexto normativo y procesal, que surge Mayol v. Torres, ante, donde establecimos una acción impugnatoria del reconocimiento voluntario debido a su inexactitud. El efecto de esta norma es permitir que un presunto progenitor impugne su reconocimiento voluntario mediante la ausencia del vínculo biológico, sin necesidad de probar otro vicio del consentimiento (e.g., su esterilidad al ocurrir la concepción). Amén de ello, señalamos que los tribunales debían ordenar las pruebas de paternidad correspondientes, siempre que el solicitante alegara con especificidad los hechos que provocan sus dudas. Explicamos que dichas normas establecen un mejor balance de los intereses en conflicto, haciendo énfasis en el breve plazo de caducidad que aplica a las acciones impugnatorias.

Ahora bien, la acción independiente de impugnación por inexactitud no deja de estar vinculada íntimamente con el concepto de error. Debemos recordar que todas las acciones impugnatorias se dirigen a desvirtuar el acto de reconocimiento. Y como expresamos en Mayol v. Torres, ante, dichas acciones se distinguen de la revocación, precisamente, porque no pretenden hacer viable un “acto de voluntad contradictorio”. Mayol, ante.

IV

A. La figura de la caducidad participa de una construcción estrictamente jurisprudencial al margen de textos legales, tanto bajo nuestro ordenamiento como el español. Su razón de ser es, principalmente, evitar la persistencia de incertidumbre de una relación o situación jurídica. En tal sentido, la caducidad “atiende a fines sociales relevantes, lo que le da cierto carácter de orden público”. F. Rivero Hernández, ¿Apreciación de oficio de la caducidad en todo caso?, 2001 Rev. Der. Priv. 465, 480 (2001).

El objeto de la caducidad —es decir, lo que caduca— son los derechos potestativos o de modificación jurídica. Aquí la jurisprudencia y normativa española nos presenta una madeja de posibilidades. La figura en cuestión se aplica a una variedad de situaciones, relaciones, acciones y derechos, entre los cuales destacan los retractos de colindantes, comuneros y coherederos, así como el derecho de tanteo. Aplica también a acciones rescisorias, tanto las de contratos en general, como las derivadas de la lesión y de la partición hereditaria. Rivero Hernández, ante, págs. 480-481. Finalmente, aplica a las llamadas acciones de estado, que comprenden desde la filiación hasta las de nulidad de matrimonio.

La caducidad filiatoria no admite interrupción. Así ocurre, incluso, en el ordenamiento español, el cual ha desteñido la figura. Un examen de los dictámenes de ese tenor evidencian que, aun cuando se han “admitido excepciones y flexibilidad ... no hay ... ningún caso que afecte a relaciones o acciones sobre estado civil de las personas —respecto de las que la caducidad es típica e indiscutida desde la primera hora— en que haya ocurrido lo mismo”. (Énfasis nuestro.) Rivero Hernández, ante, págs. 485-486. La jurisprudencia que así dispone “ha destacado que no se puede dejar el control de estos procesos ni la prueba de la real filiación al juego del principio dispositivo propio del proceso civil en nuestro sistema jurídico”, íd. E.g., T.C. 120/1984, 10 de diciembre; S.TS de 21 de mayo de 1988 (Ar. Núm. 6543); S.TS de 21 de septiembre de 1999 (Ar. Núm. 6949). Véase, además, R. Bercovitz, Comentario Sentencia T.S. 30 de mayo de 1984, C.C.J.C., 1984, pág. 1824, citado en Rivero Hernández, ante, pág. 487 (“La caducidad responde al deseo del legislador de que una situación de incertidumbre no se pueda prolongar, por lo que es apreciada de oficio. Ello se debe frecuentemente a una defensa del orden público, como ocurre en las acciones relacionadas con el estado civil de las personas y materias afines” (énfasis nuestro)). Véanse, también: S. de 30 de abril de 1940 (Ar. Núm. 304); S. de 25 junio de 1962 (Ar. Núm. 3051); S. de 26 de septiembre de 1997 (Ar. Núm. 6613).

B. El término para instar una acción sobre impugnación del reconocimiento voluntario es de caducidad. Véanse: Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562 (1966); Texidor Díaz v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 666 (1967). Véase, además, G. Velásquez, La extinción de la acción de filiación en el Derecho puertorriqueño, 17 Rev. C. Abo. P.R. 237 (1957). Del mismo modo se entiende en la doctrina española. J.A. Alvarez Caperochipi, Curso de Derecho de Familia, Madrid, Ed. Civitas, 1988, Vol. II, pág. 139. En Almodóvar v. Méndez Román, ante, establecimos su dies a quo. Cuando se trata de la violencia o la intimidación, el plazo de caducidad transcurre desde el momento cuando cesan dichas circunstancias. Almodóvar, ante, pág. 261. Cuando, por otro lado, la impugnación del reconocimiento obedezca a un error, “el término de caducidad de tres meses necesariamente debe contarse desde la fecha en que se llevó a cabo el reconocimiento”. íd.

Varias consideraciones nos convencen que la acción de impugnación por inexactitud debe estar sujeta a un plazo idéntico. Hemos visto, en primer lugar, que la filiación matrimonial puede soslayarse mediante dos acciones, una dirigida a impugnar la paternidad y otra a impugnar la presunción. Empero, sea cual fuera la modalidad instada, nuestra jurisprudencia establece claramente que existe un solo término de caducidad para impugnar la presunción de filiación matrimonial correspondiente a una hija nacida dentro del matrimonio. Al respecto, vale la pena citar de nuestra opinión en Almodóvar v. Méndez Román, ante, págs. 252-253:

... Como sabemos, por virtud de las disposiciones del citado Art. 117 del Código Civil, el marido tiene el término de tres meses desde la inscripción del nacimiento, si se hallaba en Puerto Rico, y el término de seis meses desde que tuvo conocimiento del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico, para radicar la acción de impugnación de legitimidad. Ello tiene la consecuencia de que el niño que nace de mujer casada consolida su estado filiatorio respecto de su padre al transcurrir dichos períodos de tres o seis meses, pues pasado “el mismo” su status familiae resulta ser inatacable por el padre por razón de haber caducado la acción que a esos efectos la ley le concede a éste. (Énfasis suprimido y en el original.)

Obsérvese cómo, en ambos casos, el término de caducidad y su dies a quo son idénticos.

Por otro lado, hemos visto que la decisión en Mayol v. Torres, ante, no pretendió descartar toda afinidad entre las acciones de impugnación por error e inexactitud, sino establecer un balance más adecuado de los intereses en conflicto. Tratándose, pues, de dos acciones muy parecidas, cabe aplicarles el mismo plazo de caducidad. Máxime, cuando su brevedad fue una de las consideraciones que incidió poderosamente en el balance de intereses efectuado.

Finalmente, debemos puntualizar la importancia que supone la certeza en la fijación del término de caducidad. En tal sentido se ha indicado:

El plazo de caducidad para impugnar los estados civiles claudicantes debe computarse siempre desde la misma fecha. De lo contrario se prolonga durante márgenes temporales inciertos la falta de firmeza del estado civil impugnable, lo que no es aconsejable, pues razones de seguridad jurídica exigen plazos de impugnación cortos y bien determinados. De poco sirve que el plazo de caducidad sea breve si no se sabe cuál va a ser el día que marca el comienzo del cómputo. (Enfasis nuestro.) M. de la Cámara Álvarez, Reflexiones sobre la filiación ilegítima en Derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, pág. 105.

Nuestra decisión no sostiene la tesis de que la paternidad jurídica es preferible a la biológica. Más bien, se quiere evitar que la filiación se torne en “un semillero de impugnaciones, muchas de ellas maliciosas ... [frente al] mal que pueda suponer que haya alguien que aparezca como hijo del que posiblemente no lo generó”. M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiación natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, pág. 8.

Conviene añadir que la posibilidad de investigar con métodos científicos la paternidad biológica no es incompatible ni detracta de la importancia que reviste para el ordenamiento que los plazos que inciden sobre las relaciones de familia sean de caducidad. En este aspecto, resulta relevante la S.TS 14 de marzo de 1994 (Ar. 1777,) que dice:

... Es cierto que la Ley permite la investigación biológica de la filiación y paternidad, pero también lo es que no ha introducido en nuestro sistema una investigación indiscriminada, perturbadora del orden interno familiar y contraria al estado civil y posesión de hecho del mismo que gozan las personas. La Ley apoya la verdad material, pero a favor de los hijos y de la familia, no como elemento distorsionador del orden interno, por ello limita el círculo de los legitimados y establece plazos de caducidad de las acciones. (Enfasis nuestro.)

Es decir, que independientemente de la importancia que reviste la investigación biológica —la cual en España goza de rango constitucional— no cabe soslayar los términos de caducidad para instar la correspondiente acción de impugnación de reconocimiento.

La posición que hoy acogemos establece el balance más justiciero respecto a los variados intereses que matizan esta controversia. Es decir, entre la finalidad que persigue la investigación sobre la paternidad, que es la adecuación de la verdad jurídica-formal a la verdad biológica, frente a los valores trascendentales de la protección de la familia en general y las hijas e hijos en particular, así como el de la seguridad jurídica en el estado civil de las personas.

V

Dada la normativa expuesta, el recurso nos presenta una controversia relativamente sencilla. El peticionario impugnó su reconocimiento voluntario mediante una demanda presentada casi diez meses a partir de éste. El plazo de caducidad aplicable era de tres meses y comenzó a transcurrir desde el acto de reconocimiento. Dicho término era inmune a la interrupción extrajudicial. Por ende, debemos concluir que la acción impugnatoria ha caducado.

VI

Por todo lo anterior, se expide el auto solicitado y se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad y disidente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente.

Opinión de conformidad y disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con el dictamen de la mayoría del Tribunal en cuanto a que la acción judicial para impugnar un reconocimiento voluntario de filiación, por incompatibilidad con la realidad biológica, debe estar sujeta a un breve plazo de caducidad de tres meses, que es el mismo que fija el Código Civil para la acción de impugnación de la llamada filiación matrimonial. Ello, además, en vista de que en Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990), este Tribunal resolvió que, en virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sólo puede existir en nuestro ordenamiento jurídico un único plazo para incoar acciones que procuran la impugnación del estado o condición de “hijo”. íd., págs. 256-257. Tal plazo protege la estabilidad jurídica de la constancia filiatoria.

Con lo que no estoy conforme es con la camisa de fuerza que dispone la mayoría del Tribunal en su opinión sobre cuándo comienza a transcurrir el plazo aludido. Resuelve la mayoría que el breve término debe contarse desde la fecha cuando se llevó a cabo el reconocimiento. Ello significa, en el caso de autos, que el padre jurídico, que aquí impugnó su anterior acto de reconocimiento voluntario, tenía que realizar tal impugnación antes de conocer la razón que lo motivó a realizarla. En términos prácticos, por un lado se establece jurídicamente el derecho a impugnar y por toro lado se hace imposible ejercer ese derecho.

La mayoría del Tribunal no explica ningún modo claro ni convincente, por qué no debe adoptarse aquí la juiciosa norma española sobre el particular. En el ordenamiento español, el plazo en cuestión comienza a transcurrir a partir del momento en que se conoce la realidad biológica que motiva la acción de impugnación. Ello significa, en efecto, que el plazo para incoar la acción en cuestión comienza a transcurrir desde que se conocen los resultados de las pruebas científicas de paternidad. Se trata de una norma sencilla, precisa, objetiva y justa, que evita las ominosas dificultades judiciales de la norma que decreta la mayoría del Tribunal en su opinión.

Es concebible que en casos extremos la aplicación de la norma española pueda ser adversa al interés social en la estabilidad de las determinaciones filiatorias. Sin embargo, esa posible consecuencia es de mucho menor rango que la alternativa de mantener un estado civil fundamentado en la falsedad y el engaño. No debe olvidarse que el fin primordial que se persigue en este asunto es la consecución de la verdad. Como bien reconocimos en nuestra decisión en Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 554 (2005), la acción de impugnación que aquí nos concierne tiene su raíz en el “principio de veracidad”: que la paternidad jurídica se fundamente en la filiación biológica. Reiteramos allí que en el pensamiento jurídico moderno se preconiza aquella investigación de la paternidad que tiene como objeto “abrir caminos a través de los prejuicios y los tecnicismos legales para hacer que brille la verdad y se reconozca a todos los fines legales la relación biológica entre padres e hijos”. Id., pág. 553. No debemos ahora dar al traste con esta alta valoración de la verdad, convirtiendo en la práctica el descubrimiento de la realidad biológica en un acto estéril, que no puede tener consecuencias jurídicas afines.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

En Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517 (2005), reconocimos la vigencia en nuestro ordenamiento de la acción de impugnación de la filiación por inexactitud, sin embargo no establecimos el plazo para ejercitarla. Por entender que el dies a quo de esta acción es distinto al que establece la Mayoría de este Tribunal y que la acción del peticionario podría no estar prescrita, disiento.

La demanda presentada por el peticionario en este caso pretendía impugnar un reconocimiento voluntario de filiación, alegando vicios en el consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia determinó, correctamente, que el peticionario no demostró que en el acto del reconocimiento medió error, violencia o intimidación como requiere nuestra jurisprudencia. Véase Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990).

Sin embargo, por sus alegaciones en cuanto a la paternidad biológica del menor, el peticionario tiene disponible la acción de impugnación de filiación por inexactitud, que reconociéramos en el caso Mayol v. Torres, supra. Valga recordar que en ese caso no sólo reconocimos esta acción, sino que señalamos que estaba sujeta a un plazo de caducidad. En nuestra decisión no tuvimos oportunidad de precisar el término para ejercitar la acción ni la fecha o el evento a partir del cual empieza a transcurrir el plazo de caducidad, es decir, el dies a quo de esta acción. En la opinión mayoritaria que hoy emite este Tribunal se establece que el término para ejercitar la acción de impugnación por inexactitud comienza a transcurrir desde el acto de reconocimiento de la filiación. No estoy de acuerdo. Por el contrario, considero que esta decisión restringe excesivamente el derecho a impugnar y cambiar una realidad jurídica inexacta.

I

El peticionario circunscribió su argumentación al efecto interruptor de la impugnación extrajudicial sobre el término para incoar la acción de impugnación. En la opinión mayoritaria se establece sin más que la caducidad filiatoria no admite interrupción. Sin embargo, si bien esto es cierto como norma general, un análisis de los contornos jurídicos de la caducidad o la decadencia —como se le conoce en la doctrina francesa e italiana— nos lleva a matizar esa conclusión. Veamos.

A pesar de su larga historia dentro del Derecho Civil, la caducidad ha estado carente de regulación en el Código Civil, por lo cual resulta ser una figura jurídica algo enigmática, aún en nuestros días. Han sido la jurisprudencia y la doctrina quienes han delineados sus contornos, y lo han hecho mayormente en función de la prescripción. Véanse: M. García Amigo, Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Ed. Derecho Reunidas, 1979, pág. 907; J. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, pág. 47. La caducidad se produce cuando la ley o la voluntad de las partes fijan un término para ejercitar un derecho —sea el cumplimiento de un acto, el ejercicio de una reclamación o el ejercicio de una acción judicial— de modo que una vez transcurrido el término, la parte interesada queda impedida de ejercer su derecho o de realizar el acto. F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, T. I, 1959, pág. 774. En otras palabras, la caducidad surge cuando se impone la observancia de un término perentorio para el ejercicio de un derecho. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, Vol. 1, pág. 569. Se trata, pues, de un término fatal a partir del nacimiento del derecho, dentro del cual éste se debe ejercitar. Véase García Amigo, op. cit, pág. 907.

La caducidad se aplica, por lo general, a facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio en una situación legal. Su propósito es reforzar el estado de derecho preexistente. Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 570, 574 (1966). Por esta razón, la caducidad suele establecer un término de vida corto a los derechos que protege. Es por esos mismos fundamentos que los plazos de caducidad no admiten, como norma general, causas de interrupción, sino que las acciones deben ser ejercitadas dentro del tiempo hábil de manera exitosa para que no caduquen. J.L. Lacruz Berdejo, A. Luna Serrano y F. Rivero Hernández, Elementos de Derecho Civil I—Volumen tercero, Barcelona, Ed. Bosch, 1990, pág. 375; García Amigo, op. cit., pág. 907; Espín Cánovas, op. cit., pág. 568.

No obstante, la jurisprudencia española y los tratadistas reconocen que la caducidad puede quedar interrumpida por casos fortuitos, por hechos independientes a la voluntad de quien debe ejercer la acción, por causas ajenas al tenedor del derecho o cuando el ordenamiento jurídico exige que, antes de la presentación de la demanda, se efectúen ciertos actos administrativos. Véanse: Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 380; García Amigo, op. cit., pág. 908; Sentencias del Tribunal Supremo de España de 23 de diciembre de 1983, de 8 de noviembre de 1983, de 8 de septiembre de 1983, y de 25 de mayo de 1965. Cf. M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, See. 108, pág. 535. En otras palabras, el ordenamiento jurídico español ha comenzado a reconocer que al tenedor de un derecho sujeto a un término de caducidad no se le puede penalizar cuando eventos fuera de su control no le han permitido realizar, dentro del término establecido, el acto exigido para reivindicar su derecho. Tampoco se puede penalizar al tenedor del derecho cuando éste ha iniciado su acción dentro del término de vida de su derecho pero no ha terminado, por causas ajenas a su voluntad, todo el trámite requerido dentro de ese término. Esta posición es muy acertada, ya que permite preservar el estado de derecho preexistente al mismo tiempo que protege aquellos que no pudieron actuar por razones fuera de su control o que fueron diligentes en iniciar los trámites para reivindicar sus derechos dentro de los términos de las acciones sujetas a la caducidad.

Por otra parte, el tipo de acción que se requiere para entender que se está ejercitando el derecho sujeto a un plazo de caducidad depende de la voluntad de las partes o de la ley, y puede ser el cumplimiento de un acto, el ejercicio de una reclamación o el ejercicio de una acción judicial. Nuestra regulación civil reconoce, en varias instancias, que el ejercicio de un derecho sujeto a un término de caducidad no es necesariamente por medio de la vía judicial. Por ejemplo, el derecho del poseedor de un enjambre de abejas ajeno a retenerlo u ocuparlo, si el propietario no lo persigue en dos días, está sujeto a un término de caducidad según la doctrina. Véanse: Art. 552 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1953; Puig Brutau, op. cit., pág. 47; Bonet Ramón, op. cit., pág. 776. Por la naturaleza de la acción, lo único que se requiere es que el tenedor del derecho persiga el enjambre o no lo haga en dos días para que se mantenga o mute el estado de derecho preexistente; no es necesario presentar una acción judicial. Otro derecho, cuyo ejercicio no requiere intervención judicial, es el derecho al retracto convencional, que se puede exigir directamente al comprador. Véanse los Arts. 1396-1397 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1396-1397. Así, el requisito de presentar una acción judicial dentro del término de caducidad lo determina la naturaleza del derecho.

En el caso de la acción para impugnar un reconocimiento voluntario de filiación o de la acción para impugnar una filiación matrimonial, el objeto de las acciones es que el Estado deje sin efecto una filiación legalmente establecida. Véase J. Lacruz Berdejo et al., Elementos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, pág. 512. Por lo tanto, en el caso de la impugnación de un reconocimiento voluntario de la filiación o de la impugnación de una filiación matrimonial, ya que se requiere un acto del Estado que ordene el cambio en la filiación, la reivindicación del derecho sólo puede ser por la vía judicial. Además, la certidumbre sobre el estatus filiatorio de las personas que persigue nuestro ordenamiento sólo es asequible por la vía judicial.

El peticionario aduce, en síntesis, dos fundamentos para sustentar que su acción no había caducado. Primero, que no era necesario que la presentara ante un tribunal. En cuanto a esta contención, según antecede de nuestra discusión, estimo que no le asiste la razón; debió presentar su acción de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia. Su segunda contención es que sus actos y sus requerimientos a la recurrida interrumpieron el período de caducidad. Respecto a esto entiendo que tampoco tiene razón.

Como expusiera, las acciones sujetas a los términos de caducidad, por regla general, no son susceptibles de ser interrumpidas, a excepción de casos muy específicos en los que se permite la interrupción, a saber: (1) por la imposibilidad, ajena al tenedor del derecho, de ejercer su acción, o (2) por la diligencia del tenedor del derecho al cumplir con los actos que se le requieren como antesala a la presentación de la acción. Ante las circunstancias que presenta el peticionario sobre los eventos que alegadamente no le permitieron tener certeza en cuanto a su relación biológica con el menor, estimo que es cuestión de prueba que el tribunal de instancia debe dirimir. Una vez recibida y aquilatada la prueba, el tribunal debe entonces determinar si la situación del peticionario amerita la interrupción del término de caducidad para la acción de impugnación por inexactitud del reconocimiento voluntario de la filiación. Sin embargo, esto no es suficiente para adjudicar adecuadamente la controversia que se le ha presentado a este Tribunal, pues faltaría precisar el término dentro del cual se debe ejercitar la acción.

II

La opinión mayoritaria resuelve que la acción de impugnación por inexactitud debe estar sujeta a un plazo de caducidad idéntico al de la impugnación por reconocimiento voluntario, es decir, tres meses. Estoy de acuerdo con este pronunciamiento. Entiendo que mientras nuestra Asamblea Legislativa no provea para lo contrario, la acción de impugnación de la filiación por inexactitud, sea para impugnar un reconocimiento voluntario o una filiación matrimonial, debe estar sujeta también a un plazo de caducidad de tres meses.

Ahora bien, la opinión mayoritaria resuelve que el término de caducidad debe contarse necesariamente desde la fecha cuando se llevó a cabo el reconocimiento. No comparto este criterio sobre el dies a quo del plazo para instar la acción. Debemos recordar que la caducidad no puede correr contra lo inexistente. Almodóvar v. Méndez Román, supra, pág. 261. Sólo desde el momento cuando nace el derecho es que la caducidad puede operar y los términos comenzar a transcurrir. En otras palabras, este Tribunal debió determinar cuál es el evento específico que da paso al nacimiento de la acción de la impugnación de la filiación por inexactitud para poder saber cuándo es que caduca dicha acción, y no sujetarlo, sin más, al momento del reconocimiento voluntario.

Para poder determinar cuándo nace la acción de impugnación de la filiación por inexactitud hay que comprender qué intereses protege y de qué forma pretende hacerlo esta acción. Mediante la acción de impugnación por inexactitud se pretende contradecir el contenido mismo del reconocimiento, es decir, la existencia de nexo biológico entre el reconocedor (o aquel afectado por la presunción de la filiación matrimonial) y el reconocido. G.A. Bossert y E.A. Zannoni, Régimen legal de filiación y patria potestad: Ley 23.264, 2da reimp., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, pág. 245. Como bien sostiene el Tribunal Supremo Constitucional de Italia, la acción de impugnación de la filiación por inexactitud está inspirada en el principio de orden superior de que ninguna apariencia falsa de estado o derecho debe permanecer viva. Véanse Senteza N. 158 del 1991 y Sentenza N. 112 della Corte Costituzionale.

Sobre esta misma premisa es que este Tribunal ha ido actuando. En Castro v. Negrón, supra, advertimos que la doctrina legal estaba dando un nuevo giro en cuanto a la impugnación de la filiación, con el objetivo de tratar, en lo posible, de que la realidad biológica coincida con la realidad jurídica. Por eso, nuestro propósito al reconocer la acción de impugnación de la filiación por inexactitud en Mayol v. Torres, supra, fue el promover que las personas posean una filiación jurídica con aquellos que biológicamente son sus padres.

No obstante, en Oaks Reyes v. Ortiz Aponte, 135 D.P.R. 898, 899 (1994), sostuvimos que, al solicitar pruebas genéticas para impugnar un reconocimiento voluntario, no resulta suficiente el meramente alegar que se tienen dudas sobre la paternidad del menor. Asimismo, en Mayol v. Torres, supra, dejamos claro que para que el promovedor de la acción pueda presentar ante el tribunal su solicitud, ésta tiene que estar fundada en alegaciones específicas que, dándolas como ciertas, tiendan a demostrar a satisfacción del juzgador que existe una verdadera duda sobre la exactitud de la filiación derivada del reconocimiento voluntario. La verdadera duda sobre la realidad biológica es necesaria para la presentación de una acción de este tipo, porque de otro modo se atentaría contra la seguridad jurídica y emocional que otorga la filiación jurídica preexistente, y se socavaría la política pública que busca el bienestar de los menores y la consecución de la verdad. Además, se violarían los principios más elementales de la justicia, pues no se puede intentar cambiar un evento tan fundamental en la vida de las personas sin tener dudas claras y fuertes sobre la realidad en la que se fundamenta, es decir, sobre la correspondencia entre la realidad biológica y la realidad legal. Siendo ello así, la acción de impugnación de filiación por inexactitud no puede nacer hasta que el impugnador tenga conocimiento o indicios confiables de la inexactitud biológica, o el conocimiento de hechos que puedan llevar a un juzgador a tener una duda verdadera sobre la exactitud de la filiación.

Este razonamiento fue el que llevó tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Casación de España a declarar en varias sentencias que el dies a quo del plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de la filiación por inexactitud debe ser el momento en el cual el promovedor de la acción tuvo conocimiento de que no era el verdadero padre. También, los hizo moverse a reconocer que la verdad biológica prima sobre los formalismos de los términos en los códigos, permitiendo de este modo que la verdad material prevalezca en muchos casos en los cuales ésta no hubiera prevalecido si se hubiera atendido el tenor literal de las normas codificadas. Véanse: Resolución Núm. 1140/2002, Sala Ia de lo Civil, Tribunal de Casación, Sentencia 3-12-2002; Sentencia Núm. 825/2003, Sala de lo Civil, Tribunal Supremo; Sentencias del Tribunal de Casación de lo Civil 23-3-2001, y 30-1-1993; S. 12-06-2004; S. 15-10-2003 (España). Tanta es la importancia que la jurisprudencia española contemporánea ha puesto sobre el conocimiento, por parte del impugnador, de la realidad biológica como requisito para que pueda ejercitar la acción de impugnación de la filiación por inexactitud, que ha declarado que no se le puede exigir que la ejerza antes de que conozca ese hecho, y que el desconocimiento de la realidad biológica debe dar lugar a las mismas consecuencias que el desconocimiento del hecho del nacimiento cuando se impugna la filiación matrimonial. Por esta razón, el Tribunal Supremo Constitucional declaró inconstitucional el plazo para la impugnación de la paternidad matrimonial por inexactitud biológica que proveía la ley. Véanse: S. 138/2005, 26 de mayo de 2005; S. 156/2005, 9 de junio de 2005.

En otras palabras, nuestro homólogo español determinó que, al igual que en el caso de la filiación matrimonial, la acción de impugnación de la filiación por inexactitud no está sujeta al plazo de caducidad hasta el momento en que se conozca el hecho base en el que se sustenta. En el caso de la filiación matrimonial, ese hecho base es el nacimiento del menor, y en el caso de la acción por inexactitud biológica, el hecho base es la verdad biológica. De otro modo, se violaría el principio general de que los plazos comienzan a transcurrir desde que el afectado pudo llevar la acción o conoció los hechos que justificaban su causa de acción, principio que hemos usado en otras ocasiones para casos similares a éste. Véase Castro v. Negrón, supra.

La norma española exige, pues, que se tenga conocimiento de la inexactitud biológica para que comience a transcurrir el periodo de caducidad. En nuestro caso, no creo prudente adoptar esa norma en toda su extensión. Más bien, el balance de intereses entre el derecho de un individuo a impugnar y cambiar una realidad jurídica inexacta, el derecho de las personas a la seguridad de su estado civil, y el interés del Estado en la estabilidad de las determinaciones filiatorias y las responsabilidades alimentarias, junto a la ausencia de acción legislativa para regular las acciones de impugnación de la filiación, nos constriñe a la adopción de una norma menos amplia. Además, actualmente la ciencia provee un método confiable para la comprobación de la paternidad, cuya accesibilidad impone a quien dude, o tenga razón para dudar de ésta, una obligación de actuar con diligencia. Por esto, resolvería que para que el término de caducidad de la acción de impugnación de la filiación por inexactitud comience a transcurrir no es necesario que el impugnador conozca de la inexactitud biológica. El término debe transcurrir a partir de que el impugnador tenga dicho conocimiento o tenga indicios confiables de la inexactitud biológica, o conozca de hechos que puedan llevar a un juzgador a tener una duda verdadera sobre la exactitud de la filiación, lo que ocurra primero.

III

Por todo lo anterior, revocaría la sentencia recurrida y devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los procedimientos, según la acción de impugnación de reconocimiento por inexactitud que reconociéramos en el caso Mayol v. Torres, supra. Correspondería a ese tribunal determinar desde qué momento el peticionario tuvo conocimiento o indicios confiables de la inexactitud biológica, o el conocimiento de hechos que pudieran llevar a un juzgador a tener una duda verdadera sobre la exactitud de la filiación, para luego resolver si en efecto la acción había caducado.

       El foro apelativo no se expresó con respecto al segundo error señalado, por entender, inter alia, que era innecesario.

       Véanse, entre otros: I. Cortero Cutrillas, La impugnación de la paternidad matrimonial, Barcelona, Pubs. Universitat Jaume I, 2001, Cap. 1; M. Pena Bernardo de Quirós, Derecho de Familia, Madrid, Universidad Complutense, 1989, pág. 439 y ss; L. Diez-Picazo y A. Guitón, Sistema de Derecho Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. IV, pág. 247.

       No siempre la filiación jurídica ha de coincidir con la biológica. Sobre este particular se ha señalado: “La primera [la jurídica] es mucho más rica y compleja que el mero dato o lazo biológico en cuanto categoría jurídica y social que es y en la que se integran componentes metajurídicos, elementos varios: volitivos, afectivos, sociales, formales. Destacan en ella, además, unos importantes roles que la sociedad y el Derecho confieren a los protagonistas de dicha relación, donde lo funcional y lo social tienen a veces mayor trascendencia que el mero elemento natural o biológico.” J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, pág. 1077.

       Añadimos en Castro v. Negrón, 159 D.P.R. 568 (2005), que “[1] os Arts. 119 a 122 del Código Civil permiten que el subsiguiente matrimonio de los progenitores convierta la filiación que inicialmente fue extramatrimonial en una filiación matrimonial para todos los efectos y respecto a todas las personas”. Véase 31 L.P.R.A. sees. 481-484.

       Las expresiones siguientes de Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 261-262 (1990), son ilustrativas:
      “En cuanto a este punto específico, conviene recordar lo expresado a esos efectos en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y, en adición, unas palabras del Tribunal Supremo de España a los efectos de que es preciso que el error alegado ‘se compruebe y derive de hechos transcendentales que afecten directa y notoriamente [a] la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre sólo de él pudo concebir, sin que sea lícito de otro modo la suposición del error, pues equivaldría [a] autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo estado civil, permanencia que afecta al interés social y consiguientemente al orden público ...’. S. de 25 de junio de 1909, Núm. 93, 115 Jurisprudencia Civil 499.”

       Adviértase que el Art. 39 de la Constitución de España de 1978 le confirió rango constitucional al derecho a la investigación de la paternidad. El artículo dis-pone lo siguiente: “La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.” De esta forma, el texto de la Constitución dio por terminado el sistema legal prevaleciente hasta entonces en el Código Civil de prohibir la investigación de la paternidad. El texto constitucional declaró, además, la igualdad de todos los hijos. En cumplimiento con este mandato constitucional se dictó la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que modificó el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. “La redacción actual del artículo 127 del Código civil es fruto de esta reforma, declarando la investigación de la maternidad y de la paternidad, admitiendo para ello toda clase de pruebas, incluso las biológicas.” M.D. Díaz-Ambrona Bardají y F. Francisco Gil, Lecciones de Derecho de Familia, Madrid, Ed. C. Est. Ramón Areces, 1999, pág. 400.

       Cabe recordar que ello no priva al menor de su posible causa de acción filiatoria vis-á-vis un tercero —el alegado padre biológico, quien no es parte en este litigio— acorde con lo que resolvimos en Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, 154 D.P.R. 645(2001).

       El peticionario no ha colocado a este Tribunal en posición de evaluar si el foro de instancia actuó con prejuicio o error manifiesto, de modo que pudiera intervenir con esta conclusión. Por otra parte, según hemos aseverado por años en nuestra jurisprudencia, la alegación del peticionario de que inscribió al niño porque la recurrida le indicó que si no lo hacía antes de que pasara diez días del nacimiento le impondrían una multa penal, no constituye error, violencia ni intimidación que vicie el reconocimiento voluntario que hizo del menor. Véanse: Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645 (2001).

       Si bien hicimos referencia al “breve plazo de tres meses” para impugnar el reconocimiento como elemento de la política pública contra el arrepentimiento. Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517 (2005).

       De igual modo ocurre con el reclamo del propietario de animales amansados que han sido ocupados, que si no se reclaman luego de veinte días desde la ocupación, pasan a ser propiedad de quien los ocupó. La naturaleza de la acción, la redacción del artículo y la época en la que se redactó nos indican que la reclamación de la que se habla no es una reclamación judicial, sino que basta con la reclamación y la búsqueda de los animales en el fundo ajeno.

       Aun si las partes se pusieran de acuerdo en cuanto al asunto, necesitarían de la intervención judicial para poder efectuar el cambio en la filiación.

       Es interesante notar que los legisladores italianos establecieron que la acción de impugnación de la filiación por inexactitud no prescribiría y que podría ser incoada por cualquier persona interesada en cualquier momento. La constitucionalidad de este artículo que establecieron los legisladores italianos fue impugnada en la década de los noventa, pero la legislación fue sostenida por el Tribunal Supremo Constitucional italiano. Véase Sentenza N. 112, 9-22 aprile 1997, della Corte Costituzionale; Articolo 263 del Codice Civile Italiano.
      El texto del artículo en italiano es el siguiente:
      “Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitá
      “II riconoscimento puó essere impugnato per difetto di veridicitá dall’autore del riconoscimento, da colui che é stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
      “L’impugnazione é ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
      “L’azione é imprescrittibile.” Codice Civile, 8va ed., Roma, Ed. Jandi Sapi, 1979, T. 1, pág. 267.

       El rechazo al formalismo en las nuevas tendencias jurisprudenciales españolas llevó al Tribunal Supremo a sostener que seguir el formalismo de la ley e ignorar que el impugnador sólo puede llevar la acción cuando tiene conocimiento de la verdad biológica conllevaría instaurar por la ley situaciones de indefensión para el padre designado por la filiación y una clara injusticia. Véase la Sentencia Núm. 825/ 2003, Sala de lo Civil, Tribunal Supremo de España; STS 12-06-2004, Sala Primera, Tribunal Supremo de España.


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text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 24 de Noviembre de 2006.

      Número: EM-2006-06

      Resuelto: 21 de noviembre de 2006
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido libre a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el viernes 24 de noviembre de 2006, con cargo a vacaciones.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts.. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73) y se considerará el viernes 24 de noviembre de 2006 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término que haya de vencer ese día se extenderá hasta el lunes 27 de noviembre de 2006, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Departamento de Asuntos del Consumidor, Región de San Juan, agencia recurrida, y Orlando González Rivera, querellante y recurrido, v. Junta de Directores Condominio Sandy Hills, querellada y peticionaria.

      Número: CC-2004-929

      Resuelto: 27 de noviembre de 2006

      Arlyn González-Díaz y José de la Cruz Skerrett, abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos determinar si la Junta de Directores de un condominio sometido al régimen de la propiedad horizontal debe contar con el voto unánime del Consejo de Titulares para desistir de una acción judicial instada a nombre de éste para corregir alteraciones efectuadas en la fachada del inmueble. Veamos.

I

El Sr. Orlando González Rivera (González Rivera) es titular de un apartamento en el Condominio Sandy Hills (condominio), localizado en Fajardo, Puerto Rico. En 1999, fue electo Presidente de la Junta de Directores del condominio y ocupó ese puesto hasta 2002.

Tras el paso del huracán Georges, González Rivera hizo un recorrido por los apartamentos del condominio, con el fin de documentar los daños sufridos a consecuencia del fenómeno atmosférico. Mientras realizaba la inspección, González Rivera anotó las alteraciones de fachada que pudo observar en cada uno de los apartamentos que visitó. Durante su recorrido, se percató de que algunos titulares habían instalado rejas y portones distintos a los originales, tanto en los balcones, como en las puertas de entrada de los apartamentos. Además, habían instalado cortinas y tormenteras permanentes en los balcones, y extendido las puertas o ventanas hasta el balcón, entre otras alteraciones.

Por esta razón, la Junta de Directores contrató un bu-fete de abogados para que investigara y preparara una opinión legal sobre las alteraciones de fachada descubiertas. Luego de ello, los abogados le recomendaron a la Junta de Directores notificar a los condominos sobre las violaciones encontradas y ejercer su obligación de hacer valer la ley.

La Junta de Directores acogió las recomendaciones de sus abogados y cursó una misiva a los titulares para informarles sobre las infracciones a la Ley de la Propiedad Horizontal y la necesidad de revertir la fachada a su estado original. Además, la Junta advirtió a los titulares la posibilidad de tomar acción judicial, de no corregirse las alteraciones señaladas.

Posteriormente, el condominio celebró una asamblea ordinaria en la que se discutió la posibilidad de enmendar la escritura matriz del condominio con el fin de legalizar los cambios hechos a la fachada. Sin embargo, no se obtuvo el voto unánime de los titulares, requerido para autorizar una enmienda a la escritura matriz.

Aproximadamente un año y medio después, González Rivera presentó una demanda en representación del Consejo de Titulares, solicitando un interdicto permanente contra noventa titulares del condominio, incluyendo dos miembros de la Junta de Directores. En ese momento, González Rivera todavía era Presidente de la Junta de Directores del condominio. Solicitó la restitución inmediata de los apartamentos a su estado original, más costas y honorarios de abogado. Para esta gestión, González Rivera no obtuvo el consentimiento previo del Consejo de Titulares ni consultó con la Junta de Directores antes de presentar la demanda.

Luego de la iniciación del pleito, el condominio celebró su asamblea anual ordinaria y eligió una nueva Junta de Directores. Seis de los siete miembros de la nueva junta habían sido demandados en el referido pleito.

Así las cosas, la nueva Junta de Directores convocó una asamblea extraordinaria para proponerle al Consejo de Titulares desistir del pleito incoado, ya que, a su juicio, González Rivera no tenía la autoridad para demandar a los condominos a nombre del Consejo de Titulares. Esta asamblea no contó con el quorum necesario, por lo que la Junta emitió una segunda convocatoria de asamblea extraordinaria para discutir su propuesta.

En desacuerdo con la manera de proceder de la nueva Junta de Directores, González Rivera presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El ex presidente le solicitó a la agencia que emitiera una orden de cese y desista contra la nueva Junta de Directores, por entender que sus intentos por desistir del pleito judicial eran contrarios a derecho.

La nueva Junta de Directores celebró la asamblea ex-traordinaria sin que DACo se hubiese expresado sobre la querella de González Rivera. La mayoría de los presentes votó a favor de desistir de la demanda pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. A consecuencia de ello, González Rivera enmendó su querella, informó a DACo sobre la votación y reiteró su solicitud para que la agencia emitiera una orden en la que prohibiera cualquier intento por desistir de la acción incoada por él. Según adujo, la votación había sido ilegal y era contraria a los mejores intereses del condominio.

DACo emitió una resolución preliminar, ordenando el cese y desista. Además, citó a las partes para una vista administrativa en la que la Junta de Directores debía mostrar causa por la cual no debía decretarse la permanencia del interdicto.

Celebrada la vista, DACo concluyó que González Rivera tenía la capacidad representativa para instar una demanda a nombre del Consejo de Titulares, aun sin el consentimiento previo de la Junta de Directores y del Consejo de Titulares. En vista de que la acción judicial versaba sobre alteración de fachada, DACo razonó que la decisión de desistir de dicho pleito requería el consentimiento unánime de los titulares. Por esta razón, decretó la permanencia de la orden de cese y desista, y ordenó a la Junta a ser diligente en la tramitación del litigio. Dicha determinación fue reiterada por DACo ante la presentación de una moción de reconsideración.

Insatisfecha, la Junta de Directores presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la resolución de DACo.

Inconforme, la Junta de Directores comparece ante este Tribunal mediante una petición de certiorari. En esencia, argumenta que erraron tanto el Tribunal de Apelaciones como DACo al avalar la acción de González Rivera de presentar la demanda por alteración de fachada sin contar con el consentimiento previo del Consejo de Titulares. Además, arguyen que debe permitírsele al Consejo de Titulares desistir de la acción incoada, ya que cuentan con el consentimiento de la mayoría de los condominos para así proceder.

Vistos los argumentos presentados, concedimos un término a la parte recurrida para que mostrase causa por la cual no debíamos revocar la sentencia del foro apelativo. En vista de que dicha parte no ha comparecido, procedemos a resolver las controversias sin trámite ulterior.

II

De entrada, es menester aclarar que la función revisora de los tribunales con respecto a las determinaciones de las agencias administrativas es de carácter limitado. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). Así se desprende de la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2175, al establecer que “[fias determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”.

Sin embargo, las conclusiones de derecho de la agencia pueden ser revisadas en todos sus aspectos. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004). Esto significa que dichas conclusiones serán confirmadas por los tribunales en la medida en que se ajusten al mandato de ley. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). A tenor con lo anterior, los tribunales no avalarán una interpretación estatutaria que afecte derechos fundamentales, que resulte irrazonable o que conduzca a la comisión de injusticias. Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 852 (2005); Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881 (1999).

Con este marco jurídico, nos corresponde pasar juicio sobre una conclusión de derecho de DACo, la cual estableció el requerimiento del voto unánime del Consejo de Titulares para poder desistir de una demanda iniciada por el antiguo Presidente de la Junta de Directores. Procedemos a analizar si dicha determinación es cónsona con la ley y con nuestros pronunciamientos sobre el régimen de la propiedad horizontal.

III

La ley vigente al momento de los hechos ante nuestra consideración era la antigua Ley de la Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 31 L.P.R.A. see. 1291 et seq. Esta pieza legislativa fue extensamente enmendada por la Ley Núm. 103 de 25 de abril de 2003, conocida como la Ley de Condominios. No obstante, los pronunciamientos que procedemos a exponer son igualmente aplicables al estado de derecho actual.

A. La Ley de la Propiedad Horizontal estableció los mecanismos para tramitar los inevitables conflictos que surgen al residir en una estructura con elementos comunes diversos titulares. Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 D.P.R. 495 (2002); Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988). Como parte del esquema legislativo, la propia ley proveyó los organismos que componen el gobierno interno del régimen, identificándolos como la Junta de Directores, incluyendo a su Presidente, y el Consejo de Titulares. Id.

El Consejo de Titulares, compuesto por la totalidad de los titulares del condominio, es el organismo rector y deliberativo, además de ser la entidad investida por la ley con personalidad jurídica y dominio sobre todas las áreas comunes del condominio. Art. 38 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293b; Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, supra; Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 D.P.R. 488 (1993); Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978). La personalidad jurídica del Consejo de Titulares es independiente a la de cada uno de sus miembros. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., supra.

El Consejo de Titulares, a su vez, elige una Junta de Directores. Ésta compone el órgano ejecutivo de la comunidad de condominos con el deber de

[a] tender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares. Art. 38-D(a) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a).

Además, debe “[c]umplir y hacer cumplir las disposiciones de [la Ley de la Propiedad Horizontal], del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares”. 31 L.P.R.A. see. 1293b-4(i). Véase Amill v. J. Dir. Cond. Fumarada, supra.

El Presidente de la Junta de Directores tendrá la responsabilidad de representar al Consejo de Titulares en cualquier acción judicial y en todo asunto que afecte a la comunidad. Art. 38-E de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4A. Con relación a las facultades del Presidente de la Junta de Directores, en Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 D.P.R. 315, 332 (1998), resolvimos que éste tiene autoridad para acudir a los tribunales con el fin de lograr el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Horizontal, sin necesidad de obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, siempre que la acción esté relacionada con facultades que le fueron expresamente delegadas por la ley.

Según concluimos en aquella ocasión, la facultad de la Junta de Directores o su Presidente de presentar una demanda a nombre del Consejo de Titulares, sin contar con su aprobación, dependerá en gran medida de la naturaleza de la potestad que le concede la ley y de la agilidad que la Asamblea Legislativa pretendió conferirle en su gestión administrativa. Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas Inc., supra. Véase, además, M.J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la junta de directores y del presidente para llevar acciones a nombre del condominio, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 492-496 (1995).

Aunque, sin duda, la mejor práctica sería obtener el consentimiento previo de una mayoría del Consejo de Titulares para incoar una acción, pueden surgir instancias en las cuales sea preciso acudir a los tribunales con premura, por lo que resulta enteramente razonable acudir al cauce judicial sin notificarlo a los condominos. Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, pág. 330. Sin embargo, el Presidente está obligado a informar posteriormente a los titulares sobre el curso de acción tomado dentro de un plazo razonable, ya que ello implica el uso de fondos comunitarios. íd., pág. 333.

A pesar de que la Ley de la Propiedad Horizontal de 1958 no disponía las instancias en las que el Presidente de la Junta de Directores tenía que solicitar el consentimiento del Consejo de Titulares previo a la presentación de una acción judicial, sí surge claramente de la jurisprudencia una presunción de que el Presidente de la Junta tiene la autoridad para presentar una demanda a nombre del Consejo de Titulares. Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, pág. 331; Godreau, supra, pág. 496. De hecho, la Ley de Condominios, Ley Núm. 103, supra, adoptó ex-presamente dicho principio en su Art. 30, que enmienda el Art. 38-E de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra.

No obstante, en vista de que es el Consejo de Titulares el cuerpo deliberativo y normativo encargado de tomar las decisiones de trascendencia para los condominos, es éste el que posee la facultad de tomar las decisiones sobre el curso que ha de seguir el caso. Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra; Godreau, supra, pág. 492. A consecuencia de lo anterior, el desistimiento voluntario de una causa judicial pendiente es una determinación que le corresponde inherentemente al Consejo de Titulares.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Horizontal no estableció cómo se habría de determinar si el Consejo de Titulares, en efecto, decide desistir del pleito judicial iniciado a su nombre. Es por ello que estamos llamados a realizar una interpretación “constructiva e imaginativa” de esta ley para encontrar una solución. Véase Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775 (1963). Claro está, en dicho ejercicio debe imperar la razonabilidad, puesto que nada logramos con resultados impracticables. En particular, debemos determinar si por el hecho de que la demanda intente vindicar derechos relacionados con la fachada del inmueble, se requiere el voto unánime de los titulares para desistir de esta reclamación, tal y como lo concluyó DACo.

B. La aprobación de la Ley de la Propiedad Horizontal adelantó el propósito de armonizar el disfrute de cada apartamento por su titular y las limitaciones a ese disfrute en interés de la colectividad. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., supra. En este sentido, la ley delimita las mejoras, las modificaciones, las reparaciones y la limpieza que un titular puede llevar a cabo en su apartamento. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138 D.P.R. 150, 154-155 (1995).

Estas limitaciones se reflejaron en el Art. 15 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291m, que estableció, en lo pertinente:

(d) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su apartamiento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás, ni cambiar la forma externa de las fachadas, ni decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonalidades distintas a las del conjunto.
La infracción a estas reglas dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho. (Enfasis suplido.)

Anteriormente, hemos definido el concepto fachada como el diseño arquitectónico y estético exterior del edificio, según se desprende de los documentos constitutivos del condominio. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, supra, pág. 157; M.J. Godreau, El condominio: el régimen de la propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, págs. 152-152. La prohibición de la alteración de la fachada es una de las más neurálgicas de nuestro ordenamiento y una de las que más controversias ha generado, pues “es una materia en la cual chocan con frecuencia los estilos de vida y gustos individuales de un titular, con los del resto de los propietarios y con la armonía que debe prevalecer en la vida en un condominio”. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, supra, pág. 155.

Por tal motivo, cuando se trata de alteraciones que afectan la estética del edificio, al igual que a sus condiciones de seguridad, es necesario que las obras sean autorizadas por todos los propietarios. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, supra, pág. 157. Por ello, el Art. 16 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 129 ln, exige el consentimiento unánime de los titulares del condominio para realizar cualquier obra que afecte, menoscabe o disminuya el valor de los elementos comunes. Véase Godreau, El condominio: el régimen de la propiedad horizontal en Puerto Rico, op. cit., pág. 128.

No obstante lo anterior, no se deben confundir los estándares aplicables para efectuar un cambio de fachada, u otro cambio similar, con aquellos que gobiernan el acto de decidir si vindicar o no posibles derechos afectados por tales alteraciones. Con respecto a esto último, debemos señalar que las decisiones para las cuales se exige el consentimiento unánime de los condominos son aquellas “de especial envergadura y en las que se verían afectados los intereses fundamentales de cualquier propietario”. Godreau, El condominio: el régimen de la propiedad horizontal en Puerto Rico, op. cit., pág. 117. La unanimidad, como requisito para validar ciertas acciones, representa una exigencia de difícil consecución y, en muchas instancias, frustraría con un alto rigorismo el manejo reflexivo del régimen de la propiedad horizontal. Véase Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la junta de directores y del presidente para llevar acciones a nombre del condominio, supra, pág. 483 esc. 6. Es por eso que la Ley de la Propiedad Horizontal dispone expresamente aquellas instancias en las que el legislador entendió apremiante exigir la unanimidad de los titulares. Sin embargo, en ninguna de ellas se encuentra el desistimiento voluntario de una reclamación judicial o administrativa.

Debemos mencionar, además, que la Ley Núm. 103 de 25 de abril de 2003, al enmendar la Ley de la Propiedad Horizontal, introdujo el precepto siguiente:

Toda transacción judicial o extrajudicial que exceda de cinco mil (5,000) dólares deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. En los condominios comerciales o profesionales, el Reglamento podrá fijar otra suma. Art. 38-E de la Ley de Condominios, supra.

Como es de notar, esta nueva disposición tampoco exige el requisito de unanimidad, aunque se trate de ponerle fin a una reclamación judicial.

Ante este escenario jurídico, no podemos concluir que se requiera unanimidad para desestimar una demanda incoada a nombre del Consejo de Titulares, independientemente de los derechos que se pretendan vindicar mediante dicho trámite judicial. Por tratarse de un requisito excepcional, es preciso limitar los supuestos en que se requiere unanimidad a aquellos casos provistos en la ley.

Una demanda judicial implica inexorablemente el desembolso de fondos comunitarios, a veces, en cantidades significativas. No se justifica que un solo titular pueda destinar el uso de dichos fondos a una actividad a la que la mayoría se opone por diversas razones, poniendo así en riesgo la capacidad de sufragar otros gastos necesarios para el mantenimiento del condominio. Esta consideración adquiere mayor importancia cuando existe la posibilidad de que el conflicto comunitario llegue a su fin por medios extrajudiciales, posibilidad que —para disiparse— dependería del voto de un solo titular. Por consiguiente, resolve-mos que la decisión de desistir de un pleito es una determinación que deberá contar con el aval de una mayoría de los titulares. Esto por corresponder a una decisión sobre “asuntos de interés general para la comunidad”. 31 L.P.R.A. sec. 1293b(k).

Partiendo de estas consideraciones, determinemos el resultado de su aplicación a los hechos de este caso.

IV

Luego de realizar las investigaciones y advertencias pertinentes, González Rivera, en su capacidad de Presidente de la Junta de Directores, presentó una demanda de injunction contra noventa titulares del condominio. La demanda fue presentada a nombre del Consejo de Titulares. El propósito de la demanda era lograr la restitución inmediata y total de la fachada del inmueble que supuestamente había sido alterada por varios cambios efectuados por los demandados en sus apartamentos, en alegada violación a la ley, a la escritura matriz y al reglamento del condominio. Ante estos hechos, podemos presumir que González Rivera tenía la autoridad para presentar la referida demanda a nombre de los titulares.

Según hemos indicado, no era necesario que González Rivera obtuviera previamente la autorización del Consejo de Titulares, pues se trataba de la interposición de una acción a nombre de éste para hacer valer la ley y para proteger los mejores intereses del condominio. Por lo tanto, entendemos que dicha acción legal fue iniciada conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable.

Sin embargo, la controversia de autos no culminó con dicho trámite. Posteriormente, la mayoría del Consejo de Titulares eligió una nueva Junta de Directores. Ésta inició las gestiones para obtener el consentimiento necesario para desistir de la demanda entablada por González Rivera. En su segundo intento, la Junta logró conseguir el aval de la mayoría de los titulares presentes en la asamblea convocada a tales efectos. De esta forma, la autoridad que poseía González Rivera para continuar promoviendo la reclamación judicial quedó desvanecida. Desde ese momento le corresponde a la nueva Junta de Directores hacer valer la voluntad del Consejo de Titulares, consistente en desistir de la demanda incoada sin que se requiera para eso unanimidad entre los condominos.

Lo resuelto en Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, no altera nuestra conclusión. En ese caso, el titular que figuraba como demandado por el Consejo de Titulares en varias acciones era, precisamente, el dueño de más del cincuenta y un por ciento de las participaciones en el edificio. Tomando esto en consideración, y en atención al principio de buena fe y a las normas que prohíben el abuso del derecho, resolvimos que no era necesario considerar su participación en los elementos comunes para determinar si se satisfacía el criterio de mayoría para ratificar la presentación de las reclamaciones judiciales. Una conclusión distinta hubiera conllevado reconocerle a un solo titular un poder de veto sobre todo acto del Consejo de Titulares que pudiera ser contrario a sus intereses personales.

En este caso, por el contrario, no existe prueba de mala fe ni de abuso de derecho. Tampoco se nos ha puesto en condición de determinar que los titulares que votaron a favor del desistimiento son los mismos condominos que figuran como demandados en el pleito iniciado por González Rivera, ni se nos ha presentado prueba de que ellos son, exactamente, quienes constituyeron la mayoría en esa determinación. No se trata, pues, de un solo titular (con mayoría de participaciones) que pretende el desistimiento de la reclamación entablada en su contra, sino de un acto promovido por un conjunto de titulares que constituye la mayoría de los condominos. Así, en ausencia de prueba en contrario, debemos presumir que la intención de desistir responde a una decisión tomada de buena fe por una mayoría legítima de los titulares.

Aclarado este extremo, y a la luz del análisis que ante-cede, concluimos que la nueva Junta de Directores puede solicitar el desistimiento de la demanda instada a nombre del Consejo de Titulares a causa de las alegadas alteraciones de fachada. Dicha gestión no requiere el voto unánime del Consejo de Titulares, siendo suficiente para esos fines el voto afirmativo de una mayoría de los condominos, como en efecto ocurrió.

No obstante lo anterior, nada impide que, en casos similares, siempre que se satisfagan los criterios jurisdiccionales y de justiciabilidad, cualquier titular afectado pueda incoar una demanda contra sus vecinos por las alteraciones a la fachada.

V

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, la Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Ya para esta fecha, el Tribunal de Primera Instancia había ordenado el desistimiento sin perjuicio de la causa judicial iniciada por González Rivera, aun cuando el nuevo Presidente de la Junta de Directores manifestó que no podía solicitar el desistimiento hasta tanto se revocara la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).

       Por ejemplo, se requiere unanimidad para la alteración del uso fijado en la escritura matriz para un apartamento; para constituir una hipoteca sobre los elementos comunes; para destinar algún elemento común a un particular; para transformar un elemento común general en un elemento común limitado; para construir nuevos pisos, sótanos o excavaciones, o para realizar obras que afecten la seguridad, solidez y conservación del edificio, entre otras actividades. Véase M.J. Godreau, El condominio: el régimen de la propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, págs. 127-128.