author: El Juez Asociado Señob, HutchisoN

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arcadio Colón, acusado y apelante.
    Núm. 6027.

    Sometido: Noviembre 18, 1936.

      Resuelto: Diciembre 16, 1937.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob, HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Eulogio Coto y Arcadio Colón fueron acusados de haber dado muerte a Juan Marrero, agrediéndole con un martillo. Al leérseles la acusación, cada uno de los acusados hizo la ale-gación de inocente, pidió juicio por separado y solicitó un pliego de particulares. Se señala como error el haberse denegado esta última súplica.

El artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la acusación debe contener:

“2. Una exposición de los actos constitutivos del delito, en len-guaje conciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla.”

La acusación en este caso cumplía con los requisitos exi-gidos por este artículo. Pueblo v. Coto, 48 D.P.R. 147. No obstante, el acusado Colón al tiempo de leérsele la acusación tenía derecho a un pliego de particulares, y el juez de distrito cometió error al declarar sin lugar su moción.

Si la evidencia en poder del fiscal no hubiese revelado cuál de los dos acusados fue el que dió el golpe fatal o en qué forma cada uno de ellos había participado en la comisión del delito, una manifestación a ese efecto hubiera suminis-trado suficiente motivo para denegar la súplica de Colón de que se le diera un pliego de particulares. Sin embargo, du-rante el juicio ocurrió que la teoría del caso sustentada por el fiscal era — y debió haberlo sido desde el principio — que Goto mató a Marrero con un martillo suministrádole para dicho fin por Colón y que Colón era un coautor (accessory before the fact). Bajo las circunstancias, Colón, a nuestro juicio, tenía claramente derecho a un pliego, de particulares. Bajo tales circunstancias, no es respuesta a una moción para que se suministre un pliego de particulares el decir que la acusación cumple con los requisitos del artículo 71 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal y que por tanto imputa un delito público. Parece igualmente fútil decir que la forma en que cada uno de los dos coacusados participó en la comi-sión del delito es cuestión que ya ellos conocían, a menos que el aforismo de que se presume que el acusado en una causa criminal es inocente hasta que se pruebe su culpabili-dad fuera fie una duda razonable, se haya convertido en letra muerta. De existir algo en sentido contrario en el caso de Pueblo v. Coto, supra, ello es hasta ese punto revocado pol-la presente opinión.

Empero, en el presente caso el letrado de Colón también representaba a Coto, y como resultado del juicio de Coto, estaba plenamente informado de la teoría del caso susten-tada’por el fiscal. El error cometido por el juez de distrito al declarar sin lugar la moción de Colón para que se le suministrara un pliego de particulares no es, por consiguiente, suficiente motivo para una revocación.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se eliminara la declaración de Ramona Ramírez, testigo de cargo.

Ramona Ramírez había vivido durante un corto período de tiempo con Colón. En respuesta a la pregunta de por qué había dejado a Colón, ella dijo que fue porque mientras él dormía hablaba muchísimos disparates y se tiraba por las ventanas y decía que una sombra no lo dejaba dormir. El acusado solicitó se eliminara esta declaración y pidió a la corte que instruyera al jurado que no la considerara. El fiscal de distrito dijo que esto era meramente un prólogo a lo que la testigo iba a decir. El juez creyó que sería mejor permitir que la testigo terminara su declaración a fin de deter-minar si era admisible o no. Los letrados de la defensa in-sistieron en que si Colón, mientras dormía, había hecho las manifestaciones atribuídasle, ellas eran inadmisibles, a pesar de todo lo demás qiie la testigo pudiera decir. Creemos que en esto los letrados tenían razón, pero la corte resolvió que la declaración de la testigo debía ser considerada en su tota-lidad a fin de determinar si era o no admisible. El acusado excepcionó esta resolución de la corte.

La testigo dijo que Colón le había manifestado en pre-sencia de Pocholo que él, Colón, había dado el martillo para que Coto matara a Marrero.

El interrogatorio entonces continuó así:

“Fiscal: Cuente qué más le dijo a usted Areadio Colón.
“Testigo: Pues, Areadio Colón me dijo a mí en su misma casa, delante de Pocholo . . .
“Juez: ¿Quién?
“Delante de Pocholo. Que él había dado el martillo para que Eu-logio Nogueras matara a Juan Marrero.
“Fiscal: ¿Quién es Eulogio Nogueras?
“Por lo presente será ese que está preso, porque yo no lo conocía.
“¿Pero él es Nogueras o Coto?
“Creo que es Nogueras o Coto.
• “¿Qué apodo tiene él en el pueblo?
“No le sé decir. Sé que le dicen' Eulogio Coto.
“¿Usted no lo sabe?
“No lo sé. Yo lo único que le puedo decir es lo único que él me dijo.
“¿Y usted dice que este acusado de noebe decía, qué?
“Decía muchos disparates y decía que había una sombra blanca al lado de él, y no podía dormir,‘y brincaba por una ventana.
“Fiscal: ¿Usted trataba de despertar al acusado?
‘ Testigo: Sí, señor.
“¿Qué le decía después de despierto él?
“Que veía una sombra blanca.
‘ ‘ ¿ Una sombra blanca, de qué ?
“Un difunto que le decían ... A mí se me olvida.
‘ ‘ ¿ Que él veía una sombra de un difunto ?
“Sí.
“¿Le decía el nombre del difunto?' — Si lo necesita tómese un po-quito de calma.
“De Juan Marrero.
1 ‘ Cuando le decía eso a usted, ¿ estaba despierto o seguía dormido?'
. “Cuando me lo dijo ya estaba despierto; pero se dormía otra vez y volvía otra vez con el desasió en la cama.
‘ ‘ ¿ Eso se repetía ?
“Se repetía, sí.
“¿Eso se repitió muchas noches?
“Se repitió, sí, señor. Y después-de eso yo le cogí miedo y me tuve que ir de la casa.
“¿Cuando eso sucedía, el acusado estaba tranquilo o sosegado?
“Tranquilo.
“Fiscal: ¿Cuando él le decía eso a usted, ya él estaba tranquilo?
“Testigo: Sí.
“¿Usted lo ayudaba a él para que volviera a conciliar el sueño?
“Lo ayudaba.
“¿Y usted acabó por cogerle miedo?
“Tanto se repitió el hecho, que'le" cogí miedo.
“ ¿ Y .eso ocurría en Coamo ?
“En Coamo.”

El juez de distrito declaró sin lugar una moción para, que se eliminara todo este testimonio y dijo que el jurado' apreciaría la declaración de esta testigo al igual que lo liaría oon la de cualquier otro testigo. Podría admitirse que el acusado no tenía derecho a que se eliminara toda la declara-ción. Sin embargo, el juez de distrito debió haber declarado con lugar la moción en tanto en cuanto la misma se refería a las manifestaciones hechas por Colón mientras dormía e instruido al jurado que hiciera caso omiso de tales manifes-taciones. Si la corte hubiera declarado con lugar la primera moción del acusado y dicho al fiscal de distrito que debía limitar su interrogatorio a las manifestaciones hechas por Colón mientras estaba despierto, se habría evitado mucha de la confusión en torno a lo que se dijo mientras él estaba dormido y sobre lo que manifestó mientras estaba despierto. No habiéndolo hecho así, la corte debió haber instruido al jurado que debía considerar solamente las manifestaciones que ellos resolvieran habían sido hechas por Colón mientras estaba despierto. People v. Robinson, 19 Cal. 41, 42; Martínez v. People, 132 Pac. 64; Ann. Cas. 1914C, 561; 18 L.R.A. (N.S.) 788.

Surge una cuestión más seria del esfuerzo persistente de parte del fiscal de llevar al ánimo del jurado, por un pretexto u otro, ciertas manifestaciones hechas por el coacusado Coto, después de haberse efectuado el móvil de la supuesta conspiración y, en su consecuencia, después que la conspiración, de haberla, había terminado. Fuera de cualquier cuestión relativa al motivo que Coto tuviera para hacer las manifestaciones, ellas eran inadmisibles por ser manifestaciones de un conspirador, no importa qué pueda decirse sobre su admisibilidad por otros motivos. Véanse 16 Corpus Juris 644, sección 1283; id. 656, sección 1309; id. 659, sección 1314; Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191.

El fiscal puso a Coto a declarar y luego de identificarlo como uno de los acusados' en el caso anterior de El Pueblo v. Coto y como testigo en el caso que se ventilaba, le preguntó • si antes del juicio que se celebraba había declarado en Coamo:. Eh acusado se opuso, y en el curso de la argumentación que--Surgió, el fiscal-citó eh caso de El Pueblo v. Sierra, 42 D.P.R. 504. Luego dijo que de la declaración prestada por Coto en el caso de El Pueblo v. Coto tenía mo-tivos para creer que éste sería un testigo hostil. El juez de distrito, luego de una prolongada discusión, manifestó que Coto hasta aquel momento no había demostrado hostilidad alguna, y por el momento declaró con lugar la objeción. El fiscal preguntó al testigo si recordaba haber declarado ante el Fiscal Rodríguez Serra. La corte declaró con lugar una objeción presentada. El fiscal preguntó al testigo si recor-daba haber sido citado como testigo de cargo y haber decla-rado ante el Fiscal Rodríguez Serra en una investigación preliminar del caso contra Arcadlo Colón y Eulogio Coto. El acusado se opuso y, luego de argumentos adicionales en pro y en contra, el juez sostuvo la objeción.

El fiscal preguntó a Coto si había sido acusado por la muerte de Juan Marrero. Él contestó: “A mí no. A mí se me acusó, pero yo no sé lo que pasó, yo no sé.” La siguiente pregunta hecha fué si el. testigo había prestado declaración jurada ante el Fiscal Rodríguez Serra mientras se investigaba la muerte de Juan Marrero. La corte sostuvo una objeción. El fiscal preguntó si el testigo había decla-rado en el juicio del caso de El Pueblo contra Coto. Éste contestó afirmativamente. El fiscal preguntó si su declara-ción había sido corta o larga.- El testigo contestó que había sido regular. El fiscal preguntó si en el curso de su decla-ración el testigo había admitido o negado la declaración pre-viamente prestada por él en Coamo ante el Fiscal Rodríguez Serra. La corte sostuvo una objeción. El fiscal preguntó si él había declarado en el caso de El Pueblo v. Coto en rela-ción con la participación de Arcadio Colón con el testigo en la muerte de Juan Marrero. El juez¿ interinamente, sostuvo úna objeción. El fiscal preguntó al testigo si conocía a-Arcadio Colón. Los letrados ele la defensa admitieron ese hecho.

En respuesta a otras preguntas el testigo dijo que: había-conocido, a Colón'por espacio de seis meses,- había conocido a Colón durante unos cuatro meses con anterioridad a la muerte de Marrero; no recordaba la última vez que había visto a Colón antes de la muerte de Marrero; no recordaba cuánto tiempo transcurrió después de la muerte de Marrero antes de ver a Colón; vió a Colón después de la muerte de Marrero; no recordaba cuándo, pero lo había visto en Coamo, fué después de la muerte de Marrero; vió a Colón el mismo día y le había visto el día antes; había visto a Colón el día antes en la casa de Colón, en la calle St. Thomas, donde Colón tenía su ventorrillo; vió a Colón en su casa, no en el ventorrillo, como a las nueve o diez y media de la mañana; no había visto a Colón por la tarde ni por la noche; vió a Colón al siguiente día, cuando se halló muerto a Marrero; vió a Marrero el día antes de su muerte caminando por la calle St. Thomas; recordaba dónde Marrero había tenido su tienda; conocía la tienda bien; vió a Marrero en su tienda; no vió a Marrero en su tienda el día antes de su muerte, pero sí lo vió en la calle St. Thomas; no habló con Marrero en nin-gún momento durante dicho día ni durante la noche; había hablado con Colón varias veces porque él, Colón, tenía algu-nas reses y utilizaba al testigo en mandados; no vió a Colón el día siguiente al de la muerte de Marrero; estaba fuera de la ciudad aquel día; vió el cuei'po de Marrero aquel día, pero como era por la mañana, más tarde se fué para el campo a comprar unos mangos para venderlos en el pueblo, según era su costumbre; estuvo en el sitio en que se halló el cadáver hasta que éste fué levantado; vió cuando el cuerpo fué levan-tado; era tarde cuaiido regresó del campo y no vió a Colón durante la noche; vió a Colón en su ventorrillo unos dos días después de la muerte de Marrero; habló con Colón, pero no recordaba de qué hablaron; también habló con Colón en oca-siones posteriores; no recordaba cuándo había salido de Coamo; había continuado viviendo allí; había salido de Coamo unos dos meses después de la muerte de Marrero; se había ido a Cayey a un sitio que le llaman Rincón Sur de Cidra; después de su partida no volvió a ver a Colón; cuando lo llevaron de regreso a Coamo vió a Colón nuevamente, en el cuartel de la policía; llevaron a Colón al cuartel después de llegar el testigo; no podía decir quién ayudó al detective Modesti a localizar a Colón, porque no estaba con el detective ; no recordaba quién fué el que le señaló a Colón al detective porque él no estaba con Colón, sino en el cuartel; no recordaba haber acompañado al detective Modesti con el objeto de identificar a Colón, ni acompañó al detective; no había hallado a Colón en el cuartel porque trajeron a Colón después de haber llegado el testigo; no había prestado nin-guna declaración jurada antes de la llegada de Colón; no recordaba haber prestado ninguna declaración jurada en el cuartel; había visto al Fiscal Rodríguez Serra en el cuartel; no había prestado declaración alguna ante el Fiscal Rodrí-guez Serra; no recordaba haber firmado ninguna declaración ante el Fiscal Rodríguez Serra, porque ni siquiera sabía poner el número uno en un papel; no había hecho ninguna decla-ración ante el fiscal. Éste entonces solicitó permiso para presentar al testigo una declaración anterior que se decía haber sido prestada ante el Fiscal Rodríguez Serra. Luego de una manifestación preliminar por parte del fiscal que dirigía la causa, el juez retiró al jurado y continuó la discu-sión. Los letrados del acusado preguntaron al fiscal si du-rante aquel día o durante el día anterior no había interro-gado al testigo. El fiscal contestó que el día anterior había preguntado a Coto si iba. a declarar lo mismo que declaró en el caso de El Pueblo v. Coto, y Coto había contestado que sos-tendría su declaración en parte y la negaría en parte; que deseaba tener la oportunidad de aclarar ciertos extremos de su declaración porque ella contenía mucha verdad y mucha mentira.

El juez resolvió que al fiscal se le permitiría presentar a Coto la declaración que se decía haber sido prestada ante el Fiscal Rodríguez Serra, no con el fin de probar el caso de El Pueblo, sino, conforme se dice en el caso de El Pueblo v. Méndez, 39 D.P.R. 660, “para contradecir con ella el actual testimonio del testigo.” Los jurados ocuparon sus asientos y el fiscal, presentándole una declaración jurada fechada el 15 de agosto de 1931, preguntó al testigo de quién era la firma que aparecía en el documento. El testigo contestó: “Yo no sé de quién es; no, yo no sé leer.” El fiscal preguntó al testigo si aquella firma no era la suya y éste contestó nega-tivamente. El fiscal solicitó permiso para identificar la firma mediante otro testigo. Antes de permitir que se hiciera esto, el juez, a instancias del letrado del acusado, permitió a éste que repreguntara al testigo sobre la declaración ya prestada. Durante esta repregunta el testigo dijo que: no había pres-tado ninguna declaración ante el fiscal; había prestado su declaración en Coamo ante el Jefe de la Policía, cuyo nombre no sabía, ante el secretario de la corte de Ooamo, cuyo nombre tampoco sabía, y ante un detective llamado Firpo, que le había llevado a Ooamo; había otras personas presentes que él no conocía; su declaración fué prestada en la Corte Municipal de Coamo, no en el cuartel; que lo llevaron allí de un sitio llamado Rincón Sur de Cidra; le llevaron al cuartel y comen-zaron a interrogarle; él contestaba sus preguntas negativa-mente, pero había tanta gente en la calle oyendo, que le llevaron a la corte municipal, donde sólo había cinco per-sonas ; el Fiscal Rodríguez Serra no estaba entre esas cinco personas. La primera pregunta hecha por el jefe de la policía fué: “Dígame, Eulogio, ¿fué verdad que usted y Juan Pérez y Juan Marrero estuvieron en casa de Antonia Melén-dez?” El jefe, el secretario y el detective Firpo le tomaron la declaración; Rodríguez Serra no estuvo presente en nin-gún momento en la corte municipal; el secretario escribió la declaración a máquina.

La parte omitida de esta declaración describe lo sucedido durante la travesía de Rincón Sur de Cidra a Coamo, inclu-yendo trato cruel, amenazas e intimidación. De ser cierta la relación que a este respecto se hace, la declaración pres-tada por Coto en Coamo fué probablemente involuntaria.

El fiscal llamó como testigo a Juan Grierbolini, Secretario de la. Corte Municipal de Coamo. Gierbolini identificó la declaración prestada por Coto el 15 de agosto de 1931, como la que él, Gierbolini, babía escrito a máquina. Declaró que el jefe de la policía había hecho las preguntas; que la decla-ración fué suscrita y jurada ante el Fiscal Rodríguez Serra; que Rodríguez Serra no estuvo presente al tiempo en que se tomó la declaración; que Rodríguez Serra llegó durante la noche y la declaración le fué leída a Coto en presencia de Rodríguez Serra; que él — Gierbolini—leyó la declaración y Coto la confirmó; que él leyó la declaración dos veces porque el fiscal le instruyó que así lo hiciera; que después de la segunda lectura, el fiscal hizo que Coto la jurara; que Coto firmó el documento en su presencia, y la firma que aparecía en el mismo era la de Coto. En el examen de repregunta Gierbolini declaró: Que la declaración fué prestada en pre-sencia del jefe de la policía José González Bermúdez; que las otras personas presentes lo eran Pablo Murphy, Márshal de la Corte Municipal de Coamo, Leonardo Vargas, maestro de escuela, y el detective Modesti, conocido por Firpo; que para aquella época no había juez municipal en Coamo; que el Fiscal Rodríguez Serra no estuvo presente mientras se transcribió la declaración. En el examen redirecto el testigo explicó que el jefe de la policía llamó al fiscal y éste vino a Coamo; que el declarante firmó la declaración ante el testigo Gierbolini en el cuartel de la policía; que Coto en la época en que hizo su declaración no se quejó de habérsele sometido a violencia; que estaba, tranquilo; que su declaración fué espontánea. En respuesta a preguntas adicionales héchasle por el letrado de la defensa, el testigo contestó que las pre-guntas fueron hechas a Coto por el jefe de la policía; que el testigo no recordaba si Firpo había hecho algunas pregun-tas ; que el jefe de la policía hizo la mayoría de las preguntas; que llevaron a Coto del cuartel a la corte; que el jefe de la policía y Firpo fueron quienes lo llevaron.

Pedro Rodríguez Serra, Fiscal Auxiliar, declaró: que fué a Coamo a instancias del jefe de la policía de Coamo; que se dirigió al cuartel de la policía; que la declaración fué leída en alta voz dos veces a Coto; que él preguntó a Coto si ésa era la verdad de lo ocurrido y Coto contestó afirmati-vamente ; que él le preguntó a Coto si alguien le había ame-nazado o ejercido coacción o violencia contra él, o le había hecho algún ofrecimiento y Coto .contestó negativamente; que en presencia del testigo Coto suscribió y juró la decla-ración después de habérsele leído en alta voz en dos ocasiones y luego de habérsele pedido dijera si ella era exactamente lo que él había dicho y de haber contestado él afirmativa-mente; que la firma que aparecía en el documento era la de Coto; puesta ante el testigo; que la declaración fué fir-mada en presencia del testigo y a instancias suyas; que el testigo no vió señales o signos de violencia en la cara o en el cuerpo de Coto.

El fiscal presentó como prueba la declaración jurada para demostrar que Coto la había hecho. Luego de considerable discusión en pro y en contra en presencia del jurado, el juez lo retiró nuevamente y la cuestión en torno a si el documento era o no admisible con el fin indicado por el fiscal, de confor-midad con la doctrina del caso de Pueblo v. Sierra, fué una vez más discutida extensamente. El juez, después de deter-minar que el fiscal intentaba continuar su examen del testigo Coto en relación con otra declaración prestada por éste ante-riormente, se reservó su resolución sobre la cuestión ya sometídale y el jurado fué traído nuevamente a la sala de la corte.

Coto ocupó una vez más la silla testifical y al preguntarle el fiscal si había declarado en el caso de El Pueblo v. Coto, los letrados, luego de oponerse y de argumentar la cuestión, admitieron el hecho. Coto, en respuesta a una pregunta res-pecto a si recordaba haber declarado en el caso de El Pueblo v. Coto sobre la forma y manera en que él vió a Juan Marrero en la mañana en que éste fué encontrado en el hoyo, contestó afirmativamente. Al preguntársele los nombres de las per-sonas que había mencionado en su declaración en el caso de El Pueblo v. Coto como que acompañaban a Juan Marrero en la noche de su muerte, el testigo contestó: “Pues, yo declaré que con Arcadio Colón y con Juan Pérez.pero no es verdad eso.” Preguntado si recordaba dónde habían encontrado a Juan Marrero aquella noche, contestó que no recordaba. Preguntado si recordaba dónde Juan Marrero, Arcadio Colón y Juan Pérez le habían hallado aquella noche, contestó que no recordaba. Preguntado si recordaba dónde él y los otros habían hallado a Juan Santiago, contestó que no recordaba. Preguntado si conocía a Juan Santiago, con-testó afirmativamente. Preguntado si había oído a Juan Santiago declarar en el caso de El Pueblo v. Coto, declaró afirmativamente. Preguntado si había oído la declaración de Antonia Meléndez en ambos juicios contestó que la había oído declarar en el otro juicio, pero no en este caso. Al pedírsele que informara qué personas, si algunas, se reunieron en casa de Antonia Meléndez la noche que murió Juan Ma-rrero, él contestó: “Eso yo no lo puedo decir porque yo no sé qué personas se reunieron esa noche.” Preguntado si recordaba si Juan Marrero, Arcadio Colón, Juan Pérez y él habían visitado la casa de Antonia Meléndez aquella noche, contestó: “En ningún momento.” Preguntado si recordaba si en la mañana del día siguiente, bien temprano, cuando Juan Marrero amaneció muerto en el hoyo de Coamo, ellos vieron a Antonia Meléndez, él contestó: “No recuerdo.” Preguntado si recordaba cuántas personas había dicho él en el juicio contra Coto que andaban con Juan Marrero aquella noche, contestó: “Recuerdo haber dicho.” Al preguntársele cuántas personas estaban con Marrero y quiénes eran esas personas de acuerdo con su declaración anterior, contestó: “Dije que andaba yo, Arcadio Colón y Juan Pérez, pero eso no es verdad tampoco.”

Al día siguiente el fiscal llamó a Manuel Rivera, quien declaró- que Rodríguez Serra había, examinado a Coto en detalle sobre el contenido de la declaración prestada por Coto en Coamo y qne Coto babía suscrito la declaración en pre-sencia del testigo y de Rodríguez Serra. Cuando Coto ocupó nuevamente la silla testifical, el fiscal invocó el artículo 153 de la Ley de Evidencia y obtuvo, con la objeción de la defensa, permiso para hacer preguntas sugestivas en bien de la jus-ticia. Preguntado qué sabía sobre la muerte de Marrero, el testigo contestó: que como a las seis de la tarde, él y otros se estaban dando algunos palos frente al ventorrillo de Ma-rrero; que se separaron como de seis y media a siete; que como a las nueve él visitó la casa de su cuñado y al llegar a la casa de Lino Zambrana, estaban allí Juan Marrero, Juan Pérez y Pedro Pérez Zambrana; que él se detuvo a la entrada de la puerta y Marrero le dijo: “Ah, Yoyo, tú estás aquí, pero te has quedado sin darte el palo”, y el testigo contestó que eso no le hacía; que Marrero habló con los otros durante un ratito y se viró para donde él y le dijo: “Pero toma esos cinco centavos para que te des el palo”, y él cogió los cinco centavos y permaneció de pie un ratito más parado donde estaba; que entonces se fué para su casa y un amigo suyo, Marcelo, llegó y le propuso que dieran una vuelta por el Pue-blito y entonces le dijo que sí; que al pasar frente a la casa de Juan Santiago estaban allí Pedro Pérez y Marrero y al llegar al cafetín de un testigo llamado Roche, Marcelo dijo: “Vamos allá por el pueblo un rato,” y el testigo le contestó que no, que se iba a dormir, y Marcelo dijo: “Vámonos a dormir”; que la casa de Marcelo estaba más allá que la de él y al llegar a su casa se acostó y Marcelo siguió; que no sabía si Marcelo se fué para su casa; que él se acostó y a la mañana siguiente Pino Sosa, quien vivía al otro lado de la calle, vino y le dijo que Juan Marrero había sido hallado muerto y el cuñado del testigo dijo que se dejara de men-tiras, que no estuviera anunciándole la muerte a nadie; que fueron al sitio donde estaba el difunto y cuando llegaron allí había muchísima gente; que permaneció allí hasta que levan-taron el cadáver y entonces se fué para el campo a coger unos mangos para venderlos, según tenía por costumbre; que la investigación prosiguió y cogieron a bastante gente para investigar y a él nadie lo mentó para nada ni fué llevado al cuartel; que permaneció en Coamo durante unos dos meses y entonces le dijo a su hermana que se iba para Mayagüez porque en Coamo no había .vida para nadie y ella le dijo que se fuera a su casa a trabajar, y él se fué para la casa de ella,- que unos seis u ocho meses más tarde un amigo mani-festó al testigo que dos hombres estaban investigando dónde él vivía y que el testigo continuó viviendo en el sitio conocido con el nombre de Eincón Sur de Cidra; que como un mes más tarde se presentó Firpo con un hombre que se le había dicho al testigo era hermano del muerto. A partir de este punto el testigo continuó su relación substancialmente en la forma expuesta en la repregunta por los letrados del acusado, supra, con algunos detalles adicionales, como por ejemplo: que en la travesía de Eincón Sur de Cidra a Coamo, Firpo le dijo al testigo que lo iba a matar a golpes si al llegar al cuartel de la policía de Coamo no decía que él, Arcadio Colón y Juan Pérez habían matado a Marrero; que lo iba a poner picado del pecho; que tanto fué el miedo que cogió el testigo que todas las preguntas que le hacía el jefe de la policía de Coamo se las contestaba afirmativamente, pero que eso no era ver-dad; que el testigo no sabía nada absolutamente sobre el crimen de que se acusaba a él y a otras personas; que él era completamente inocente.

Preguntado por qué luego de haber prestado su declara-ción bajo la influencia de temor ante el jefe de la policía de Coamo, al ser preguntado por el Fiscal Eodríguez Serra, sin que estuviera presente el jefe de la policía, ni ningún policía, y sin temor de clase alguna, él había contestado al fiscal Eodríguez Serra afirmativamente, el testigo manifestó que no sabía que Eodríguez Serra era fiscal; que Eodríguez Serra le dijo más tarde que él era el fiscal. Preguntado si había tenido miedo cuando prestó su declaración ante Eodríguez Serra, el testigo contestó que no tenía miedo alguno. Pre-gnntado qué había declarado a Rodríguez Serra en relación con lo que él y Arcadio Colón habían hecho la noche en que murió Juan Marrero, contestó que él al fiscal no le había declarado nada. Preguntado qué habían hecho Arcadio Colón, Juan Pérez y él después de oscurecer, la noche que murió Marrero, él contestó: “Yo no hice nada; ahora, yo no sé de ellos lo que hicieron.” Preguntado dónde había visto por última vez a Juan Pérez y a Arcadio Colón aquella noche, contestó: “No los vi esa noche.” Preguntado respecto a qué hora vió a Arcadio Colón por última vez aquel día, con-testó que no había visto a Arcadio Colón después de- las 6:30 de la tarde. En respuesta a otras preguntas el testigo dijo que el sitio donde había visto a Arcadio Colón por última vez fué frente al ventorrillo que Arcadio Colón le había comprado a Marrero; que sabía que Arcadio Colón había comprado el ventorrillo porque la gente lo decía; que no había oído decir a Marrero tal cosa; que él y los demás no habían visitado la casa de Antonia Meléndez entre nueve y diez de la noche ni en ningún otro momento durante aquella noche. Preguntado si le había dicho al fiscal que dirigía el proceso que él y otros habían estado en la casa de Antonia Meléndez aquella noche entre nueve y diez y que todos ellos a excepción de Juan Marrero habían tomado licor, el testigo contestó: “Eso es según la declaración de Coamo; pero ésa la di yo, pero no es verdad.” Preguntado si recordaba haber decla-rado “aquí en la corte de distrito” en el caso contra él por el asesinato de Juan Marrero, que él, Arcadio Colón, Juan Pérez y Juan Marrero habían visitado la casa de Antonia Meléndez entre nueve y diez de la noche y que todos ellos habían tomado ron menos Juan Marrero, contestó: “Aquí yo no recuerdo haber declarado' eso.” Preguntado si no había declarado como testigo en la corte de distrito en el caso de El Pueblo v. Coto que él había pegado con un martillo a Juan Marrero por temor a Arcadio Colón, el testigo con-testó: “Aquí, no, en Ooamo sí, pero no es la verdad.” Pre-guntado si había declarado que Arcadio Colón le había pro-puesto matar a Juan Marrero con un martillo, él contestó: “Aquí la contesté que sí, que la había dado en Coamo, pero no era verdad.”

El examen, omitiendo las objeciones y los argumentos, prosiguió entonces así:

“Fiscal: ¿Y recuerda usted, testigo, lo que usted declaró aquí en esta corte, en el juicio de El Pueblo de Puerto Kico contra Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrero, sobre la razón que usted tuvo para negarse al principio a pegarle'con el martillo a Juan Marrero y por qué usted lo hizo después?
“Testigo. No recuerdo.
“Fiscal: ¿Y recuerda usted, testigo, lo que usted declaró aquí en el juicio de Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrex-o que usted al principio no quería pegarle a Juan Marrero porque era su amigo ?
“Testigo: Según la declaración de Coamo, sí, dije que sí, dije que sí, pero que no era verdad. -
“¿Y no recuerda usted, testigo, haber hecho en esta misma corte de distrito, en el juicio de Eulogio Coto por la muerte de Juan Ma-rrero, una demostración con este fiscal que le habla, cuando usted cogió una regla y le señaló al fiscal, puesto de espaldas para usted, dónde usted le había dado el martillazo a Juan Marre'ro ?
“Testigo: Yo recuerdo que le contesté a él que no tenía que hacer ninguna posición porque no había matado yo a nadie.
“Fiscal: ¿Y recuerda usted, testigo, haber declarado, haber con-testado a una pregunta de este fiscal en el caso de Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrero, que después de muerto Juan Marrero, Arcadio Colón y Juan Pérez lo metieron en el río, lo llevaron al río y lo metieron en el agua?
“Testigo: Yo no lo declaré. Usted me lo preguntó, y yo le dije qxxe según la declai’ación de Coamo, que sí, pero que no era verdad.
‘ ‘ Fiscal: ¿ Y quiénes declaró usted que habían metido en el río, en el agua, a Juan Marrero?
“Testigo: Usted me hizo una pregunta, y yo le contesté que según la declaración de Coamo, sí, pero que no es la verdad la declaración de Coamo ésa.
“Fiscal: Pero cuando yo le pregunté en la declaración ésa, a quién se refirió usted y quién dijo usted que habían sido las personas que habían metido a Juan Marrero en el río ?
“Testigo: Eso dije, dije eso en la declaración ésa de Coamo.
“Fiscal: Pero a qué personas se refirió usted, quiénes eran.
“Testigo: Arcadio Colón y Juan Pérez.
“Fiscal: ¿Y recuerda el testigo haber declarado a una pregunta en aquel juicio de Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrero, que Arcadio Colón y Juan Pérez volvieron después con ropa limpia para vestir a Juan Marrero ?
‘ ‘ Testigo: Eso es la declaración ésa de Coamo, que esa declaración no es verdad.
“Fiscal: Pero usted declaró aquí también en la corte en el juicio de Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrero, eso?
“Testigo: Yo no le declaré eso. Usted me hizo la pregunta y yo le contesté eso, que en la declaración de Coamo, que sí, pero que no era A^erdad.
“Fiscal: ¿Recuerda usted haber declarado en esta corte en el juicio de Eulogio Coto por la muerte’ de Juan Marrero, que todo eso había ocurrido entre una y las dos 'de la madrugada de aquella noche del día 30 de junio de mil novecientos treinta?
‘ ‘ Testigo: Recuerdo que usted me hizo la pregunta, y le contesté que según la declaración de Coamo, sí; pero no era verdad.
“Fiscal: ¿Y si no era verdad, por qué usted fijó esa hora en su declaración ?
“Testigo: Porque el mismo jefe me decía la hora, el jefe de la policía de Coamo.
“Fiscal: ¿Y usted contestaba por lo que le decía el jefe?
“Testigo: Por lo que me decía el jefe.
“Fiscal: ¿Y cuando el Fiscal Rodríguez Serra lo vió a usted, des-pués, y ya no tenía nada usted que ver con el jefe, y le preguntó la hora en que eso había ocurrido, por qué usted le dijo- esa misma hora ?
“Testigo: Pero al señor fiscal no le menté hora ninguna.
“Fiscal: No le mentó hora. ¿Y el Fiscal Rodríguez Serra no le preguntó a usted personalmente sobre toda la declaración que usted había dado?
“Testigo: No me-preguntó nada: Me la leyó.
“Fiscal: ¿Se la leyó?
‘ ‘ Testigo: Sí.
“Fiscal: ¿Entonces usted recuerda que el Fiscal Rodríguez Serra le leyó la declaración ésa?
‘ ‘ Testigo: Seguramente’ que lo recuerdo.
“Fiscal: ¿Y recuerda usted que usted firmó la declaración?
“Testigo: Eso, no lo recuerdo.
“Fiscal: ¿Y recuerda usted haber dicho a este fiscal en el caso de Eulogio Coto por la muerte de Juan Marrero, que cuando el golpe cayó sobre la cabeza de Juan Marrero, Juan Marrero estaba de es-paldas? ,
“Testigo: Según la declaración de Coamo, usted me hizo la pre-gunta, le dije que sí, pero no era verdad.
“Fiscal: Nada más.
“Juez: La defensa puede repreguntar al testigo.
‘1 Fiscal: Quiero hacer constar que todo el testimonio que he leído al testigo, le ha sido leído y las preguntas han sido hechas sobre ese testimonio anterior, con el propósito de contradecir a este testigo por su actitud en el testimonio directo y de acuerdo con el permiso que le concedió la corte al fiscal según el artículo 153 de la Ley de Evidencia y el 243 del Enjuiciamiento Criminal, y la jurisprudencia del caso de El Ptheblo v. Méndez en el tomo 39 página 660.
“Juez: Se hace constar así. La defensa puede empezar su inte-rrogatorio de repregunta.”

La manifestación hecha por el fiscal al terminar el examen directo debe ser interpretada en el sentido de que se refiere a aquella parte del examen que inmediatamente precedió tal manifestación. El examen de este testigo ocupó el tiempo y la atención de la corte y el jurado durante poco menos de dos días. Comprende unas doscientas páginas de la transcrip-ción taquigráfica. Desde principios hasta muy cerca de la terminación del examen directo envolvía un esfuerzo más o menos continuo de parte del fiscal de llevar ante el jurado las declaraciones anteriores hechas por el testigo, no con el fin de contradecir su declaración durante el juicio del pre-sente caso, sino como la declaración de un conspirador hecha después de haber terminado la conspiración. Fue durante el segundo día del examen, después que el fiscal había solicitado y obtenido permiso ,de la- corte para, hacer preguntas cap-ciosas y poco antes .de terminarse el examen directo,’ que ocurrió el incidente que se relata a continuación:

“Fiscal: ¡Y en esta misma corte ele distrito a este fiscal que le está preguntando ahora, qué le declaró usted en el juicio de El Pueblo de Puerto Rico contra usted que usted había hecho por mandato de Arcadio Colón?
“Defensa: Nos oponemos, señor Juez. Nos oponemos, porque no estamos investigando en el día de hoy el caso contra Eulogio Coto; estamos investigando el caso de Arcadio Colón, y lo que manifestó Eulogio Coto en aquel momento nada tiene que ver con el caso que estamos investigando hoy, siendo éste un testigo de El Pueblo de Puerto Rico que debe contestar única y exclusivamente lo que sabe, no lo que contestó ese día, y porque el fiscal no está haciendo esas preguntas para contradecir a este testigo ele acuerdo con los artículos 243 y 243 (sic) del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico.
“Fiscal: Estoy preguntando de acuerdo con el Art. 153 de la Ley de Evidencia.
“Juez: Lo que dice la defensa es que el fiscal no está preguntando al testigo para contradecirlo. ¿Es ésta, o no es ésta la cuestión?
“Fiscal: No le está preguntando para contradecirlo.

El Fiscal está preguntando de acuerdo con el Art. 153 de la Ley de Evidencia, preguntándole' lo que él sabe, lo que es de su propio conocimiento, y lo que él ha declarado como coautor de este mismo delito en juicio separado, de El Pueblo de Puerto Rico contra Eulogio Coto, siendo Eulogio Coto la persona que aparece en la acusación formulada contra Eulogio Coto y Arcadio Colón, la misma persona que habla hoy como testigo, y Arcadio Colón, mencionado en la acu-sación, el acusado que se sienta hoy en el banquillo.

“Defensa: El Art. 153 de la Ley de Evidencia, y como lo ha re-suelto S.Sa. a favor del fiscal, es que puede hacer preguntas sugestivas. Una cosa es la pregunta sugestiva, y otra cosa es si la pregunta es permisible en ley aunque sea sugestiva. A las preguntas sugestivas yo siempre me opondré aunque la corte las admita de acuerdo con el ruling de la corte, para tomar excepción. Otra cosa es que aunque sea sugestiva, si es permisible.
“Fiscal: Es permisible de acuerdo con la jurisprudencia y de acuerdo con la autoridad citada por el fiscal, en cuanto a que' toda declaración dada por un cómplice o coacusado en relación con los hechos comunes de él y de otro coautor, especialmente aquél que fué procesado conjuntamente con él y juzgado separadamente de él, es admisible en evidencia.
“Juez: Estamos cayendo de nuevo en la misma cuestión de ayer, que fué resuelta ayer, o que todavía no se ha resuelto, — que se resol-vió parcialmente.
“El Art. 153 de la Ley de Evidencia es el que se refiere a pre-guntas sugestivas; pero'no es al que la corte se quiere referir. Es al Art. 156 de la Ley de Evidencia, y al Art. 243 del Código de En-juiciamiento Criminal. Ese es el más aplicable.
“Fiscal: Pero eso es para contradecir. Yo no estoy contradi-ciendo.
“Juez: Y dice: ‘A la parte que presenta un testigo, no le es per-mitido impugnar su veracidad probando que es persona de mala re-putación; pero podrá contradecirlo, aduciendo prueba en contrario, y demostrando que en ocasiones anteriores ha hecho manifestaciones que no eoneuerdan con su actual declaración.’ (Art. 243 del Código, de Enjuiciamiento Criminal.)
“Eso es todo lo que puede hacerse de acuerdo con dicho artículo, explicado y aclarado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Méndez, 39 D.P.R., página 660 y 661. De modo que eso es lo que puede hacerse. Si no es para ese fin, entonces la corte sostiene la objeción de la defensa.
“Fiscal: Con la venia de la corte . . .
“Vamos a aclarar la diferencia que entiende el fiscal que existe entre los dos puntos. El fiscal está haciendo al testigo preguntas su-gestivas con la previa autorización de la corte y de acuerdo con el Art. 153 de la Ley de Evidencia. La pregunta que se le acaba de hacer al testigo es con el propósito no de contradecirle y demostrar lo que él haya manifestado anteriormente contrario a lo que ha ma-nifestado ahora, sino sencillamente para determinar lo que él sabe porque lo haya dicho en esta misma corte en el juicio de El Puebla de Puerto Kico contra él mismo como coacusado con Arcadio Colón y como coautor del delito de asesinato por la muerte de Juan Ma-rrero. Y la cuestión no es, según la entiende el fiscal, aquélla, sino, la de si se permite, si es permisible en derecho preguntar al coacu-sado que ya recibió un juicio por separado haciéndole preguntas su-gestivas, entendiendo el Ministerio Fiscal en este caso que es un de-recho de El Pheblo, en juicio separado contra Arcadio Colón, a pre-guntarle a Eulogio Coto como coautor ya convicto todo lo que él haya declarado como coautor de ese mismo delito por que se per-sigue a Arcadio Colón en esta misma corte y que le es de conoci-miento personal.
“Juez: Esta cuestión se discutió ayer muchísimo . . .
"Defensa: ¿Me permite la corte! . . . Si es una cosa resuelta por la corte. Yo creí que el fiscal estaba fundamentando su excepción. Él lo que ha solicitado es una reconsideración para que la corte vuelva sobre sí. Tenía la impresión de que el fiscal estaba fundamentando una excepción a la resolución de S. Sa. Lo que ha pedido es una reconsideración a la resolución de S. Sa.
"Juez: Estamos poniendo una discusión sobre otra innecesaria-mente.
"Defensa: Está en el récord taquigráfico lo que él dijo. El lia debido pedir la reconsideración en forma, pero empezó a discutir.
"Juez: No. La corte no va a reconsiderar ni nada. La corte lo que está diciendo es que se está repitiendo lo que se dijo ayer cua-renta o cincuenta veces ahora; el testigo está declarando desde ayer; y, naturalmente, se repite esta misma cuestión. Déme acá el volumen 39, para repetir una vez más las palabras de la Corte Suprema al pie de la letra, es lo único, — página 660.
"Este es un testigo del fiscal. ¿No es eso? ¿Es así?
"Fiscal: Sí, señor.
"Juez: ¿Es correcto?
"Fiscal: .Sí, señor.
Juez: De acuerdo con el Art. 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal: ‘A la parte que presenta un testigo no le es permitido im-pugnar su veracidad probando que es persona de mala reputación; pero podrá contradecirlo, aduciendo prueba en contrario, y demos-trando que en ocasiones anteriores, ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración.’
"Y la jurisprudencia del caso de El Pueblo v. Méndez dice, refi-riéndose a esta clase de evidencia y a estas situaciones (que se puede encontrar el fiscal con un testigo que trae a declarar y que espera que declare en cierto sentido y después no declara en ese sentido es-tando entonces el testigo dentro de las prescripciones del artículo que ya hemos citado del Código de Enjuiciamiento Criminal) : ‘Que el fiscal en ese caso tenía derecho a que se le diera una oportunidad para presentar esa evidencia, no para probar con ella su caso, sino para contradecir con ella el actual testimonio del testigo.’
"Son dos cosas distintas completamente. Por eso la corte le pre-guntó al fiscal si esa pregunta iba encaminada a contradecir el tes-timonio del testigo, o no. Y quiere decir que si hubiese sido una pregunta encaminada a contradecir el testimonio del testigo, aduciendo prueba en contrario, la corte podría admitirla; pero como el fiscal dijo que esa pregunta no era para eso, por eso la corte sostuvo la obje-ción. ” •

Esta 'discusión, al igual que muclia de la argumentación en torno a tentativas similares del fiscal durante el examen de este testigo, ocurría en presencia del jurado. La ten-dencia natural, de tanta discusión, en torno a lo que Coto había dicho como testigo mientras estuvo acusado por el ase-sinato de Juan Marrero o en su declaración jurada durante la investigación preliminar en Coamo, fué desviar la atención del jurado de la cuestión principal y crear la impresión de que la cuestión relativa a si Coto había dicho o no la verdad en ocasiones previas fué una cuestión fundamental en el caso.

Al terminarse la declaración de Coto, el juez mencionó el hecho de que la declaración jurada, de Coto ofrecida por el fiscal el día anterior no había sido admitida. El fiscal mani-festó que no insistiría' en que se admitiera el documento. El juez preguntó si el fiscal quería decir con esto que lo retiraba y este contestó afirmativamente. Nunca hubo cuestión alguna respecto a si Coto había hecho o no la declaración. Al mo-mento de ofrecerse el documento como prueba, la cuestión era si Coto lo había suscrito en presencia del fiscal. La única cuestión fué sobre la legitimidad de la firma o sobre si Coto había firmado gl documento en presencia del fiscal. El con-tenido del documento no tenía importancia a este respecto. El juramento hubiera agregado muy poco o nada a la evi-dencia que ya estaba ante la corte.

Ni la declaración jurada prestada por Coto en respuesta a las preguntas héchasle por el jefe de la policía en presencia de Firpo y de otros, ni la transcripción taquigráfica de la declaración de Coto en su propio juicio están ante este tribunal. Es una inferencia lógica que la declaración, no im-porta la que fuere, había, sido obtenida por el fiscal durante la repregunta de un testigo hostil.

El fiscal, conforme hemos demostrado, poco después de poner a Coto a declarar en el presente caso,.manifestó fran-camente que de la declaración prestada, por Coto en el caso de El Pueblo v. Coto, él tenía motivos para creer, que Coto sería un testigo hostil. El fiscal también habí^jgido -infor-mado por el propio Coto que su declaración en ¿1 caso de Colón no sería tan favorable al Pueblo como lo babía sido en el juicio de su propio caso. No obstante, si el fiscal creyó honradamente que Coto había dicho la verdad en la declara-ción jurada prestada en respuesta a las preguntas héchasle por el jefe de la policía en presencia de Firpo y de otras personas, no había razón alguna para que no pusiera a Coto a declarar con el fin de interrogarle, según hubiera hecho con cualquier otro testigo de cargo en un esfuerzo consciente de obtener de él una repetición ele su declaración anterior, en todo o en parte.

El artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 156 de la Ley de Evidencia (>que es en la actualidad el artículo 518 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933) son disposiciones saludables, que tienen por miras ayudar a la corte a conocer la verdad. Estos artículos no deben ser desmenuzados haciendo que la “sorpresa” sea una condición previa a la impugnación de los testigos propios. Podría aun argüirse con excelentes autoridades que toda vez que el mismo Coto estaba presente y sujeto a ser repregun-tado respecto a sus propias declaraciones ‘anteriores, tales declaraciones no eran contrarias a las reglas contra prueba de referencia. Véase 2 Wigmore (segunda edición) 459-460, sección 1018, párrafo (b). Sin embargo, si hemos de adherirnos a la regla establecida en el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 251, y en una serie de casos posteriores, la sentencia de la corte de distrito no puede ser sostenida. Véanse : El Pueblo v. Colón, 25 D.P.R. 629; El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263; El Pueblo v. Rodríguez Hernández, 36 D.P.R. 427; El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590; El Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23; El Pueblo v. Busigó, 51 D.P.R. 955, 956.

El fiscal no puso a Coto a ocupar la silla testifical con el objeto de demostrar con su declaración directa que Colón había instigado la comisión del asesinato. El fiscal tuvo el objetó $jo de ofrecedlas declaraciones anteriores de Coto como evidencia independendiente y positiva. Fué bajo la compulsión de resoluciones adversas que él finalmente hizo unas cuantas preguntas con el objeto de sentar la base para la impugnación de su propio testigo. En el ínterin, proba-blemente había hecho una impresión más fuerte en el jurado de lo que lo hubiera hecho si las declaraciones anteriores de Coto hubiesen sido admitidas desde el principio. No es nece-sario poner en tela de juicio la admisibilidad de estas decla-raciones con el fin de contradecir el testimonio directo de Coto en el presente caso.

El juez, luego de instruir al jurado, agregó a instancias del letrado del acusado, una instrucción especial al efecto de que el jurado debía tomar en consideración tan sólo la prueba “presentada” durante los cuatro días que duró el juicio y que no debía considerar para ningún fin evidencia que se había presentada en otro sitio o lo dicho por cualquier tes-tigo en cualquiera otra parte. Subsiste el hecho de que el jurado pudo haber sido influido indebidamente en la consi-deración de su veredicto por la prolongada discusión del fiscal en torno a la supuesta introducción de las declaraciones ante-riores de Coto como testimonio independiente y positivo, no obstante el hecho de que el juez de distrito clió la instrucción especial solicitada por el letrado del acusado y no obstante el hecho adicional de que las admisiones de Coto durante el juicio del presente caso fueron propiamente admitidas con el fin de contradecirlo.

La prueba de cargo, fuera de la larga controversia sobre las declaraciones y admisiones anteriores de Coto, no es tan concluyente que haga improbable que el jurado fuera indebi-damente influido por esa controversia. Esa prueba — a excep-ción del testimonio de Ramona Ramírez sobre la manifesta-ción que ella dice Colón hizo’ en presencia de Pocholo — era enteramente circunstancial. Se hizo la estipulación de que si Pocholo fuera llamado a declarar como testigo de descargo, él declararía que Colón no había hecho tal manifestación en presencia suya. Antonia Meléndez declaró que en la noche en que murió Marrero, Colón, Marrero, Coto y Juan Pérez estaban en la casa de ella entre ocho y nueve de la noche o poco antes de las nueve. Que como a las seis de la mañana del siguiente día, Colón, Coto y Pérez nuevamente pasaron por su casa sin Marrero y en respuesta a la pregunta de dónde habían dejado a Marrero, contestaron que lo habían dejado durmiendo. El abogado de Colón declaró que Antonia Meléndez le había dicho que la declaración prestada por ella ante el fiscal era falsa. Hubo prueba tendiente a demostrar que Colón, Coto, Pérez, Marrero y otro u otros estaban juntos en el ventorrillo de Colón entre siete y media y ocho de la noche; pero Colón estableció una fuerte coartada que comprendía el tiempo que medió entre las cinco de la tarde y las nueve o más de aquella noche. El cuñado de Coto declaró que Colón, aunque estaba bajo la influencia del licor, le dijo a Coto que tenía que irse a Cayey “porque si tú me descubres este caso, lo arreglamos los dos después.” Quizá haya otro testimonio digno de mención. No hemos leído una vez más la transcripción taquigráfica con el objeto de refrescar nuestra memoria sobre este punto. No hubo prueba satisfactoria de motivo. Podría admitirse que si el jurado creyó los testimonios de Eamona Ramírez, Antonia Meléndez y el del cuñado de Coto, sus declaraciones podrían considerarse como suficientes para sostener el veredicto. Dejan de convencernos de que el jurado hubiese rendido el mismo veredicto si no se hubiera dado tanto énfasis a las declaraciones y admisiones anteriores de Coto.

No nos es posible eludir la conclusión de que el jurado pudo haber basado su veredicto en parte en la declaración jurada de Coto prestada ante el jefe de la policía y en pre-sencia de Firpo o en la declaración jurada de Coto prestada en su propio juicio, o en ambas.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Damián Busquéts Almodóvar y María Flumiana Busquéts Almodóvar, demandantes y apelantes, v. Compañía Curtidora de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7416.

    Sometido: Diciembre 8, 1937.

      Resuelto: Diciembre 22, 1937.

      Luis Bios Algarín, abogado de los apelantes; Salvador Suau, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 9 de junio de 1936 la Corte de Distrito de San Juan resolvió este caso por sentencia “declarando sin lugar la de-manda en todas sus partes y absolviendo de la misma a la demandada, con imposición de las costas a la parte autora.” Según la demanda la parte autora la constituyen los herma-nos Damián y María Flumiana Busquéts Almodóvar.

Firme la sentencia, la demandada presentó su memorán-dum de costas como sigue:

“Honorarios del marshal, derechos por orden de embargo - $3.00
‘ ‘ Honorarios del secretario, radicación contestación_ 6. 00
“Sellos para inscripción embargo en el registro_ (i. 00
“Por notificación embargo a demandante_ 2.25
“Al taquígrafo, copia opinión y sentencia_ 3. 00
“Por honorarios de abogado de la parte demandada_ 479. 75
“Total $500. 00”.

Impugnaron el memorándum los demandantes. Replicó la demandada defendiéndolo y la corte aprobó las partidas de honorarios del márshal, sellos para inscripción del embargo y notificación del mismo, ascendentes a $11.25; rebajó a cinco los seis dólares reclamados por radicación de la contestación “porque el sello forense de $1 es una obligación del letrado que comparece y no costas impuestas a los litigantes”; eli-minó los tres dólares pagados al taquígrafo por copia de la opinión y sentencia por no ser un desembolso concedido por ésta y redujo los honorarios a $300.

Contra la resolución de la corte apelaron los demandantes para ante este tribunal. Radicada la transcripción, en octu-bre 30, 1936 archivaron su alegato señalando cuatro errores.

Celebrada la vista del recurso el 8 de diciembre actual, sin asistencia de las partes, al estudiar los autos advertimos que la apelada no había presentado su alegato y seguidamente encontramos unida al récord la siguiente

‘ ‘ Estipulación.
“Las partes, demandantes apelantes y la demandada apelada, por conducto de sus respectivos abogados que suscriben, de mutuo acuerdo han convenido y estipulado someter a esta Hon. Corte el presente re-curso sobre incidente de costas por sus méritos, mediante las alega-ciones constantes en el Legajo de Sentencia, sin necesidad de la vista que está señalada para el día 8 de diciembre actual a las dos de la tarde, y teniendo por eliminado de los autos el alegato radicado de los apelantes, ya que la apelada no ha radicado el suyo hasta el pre-sente. ’ ’

Lo estipulado no puede tener la sanción de la corte. He-mos dicho en varias ocasiones que no es buena práctica por parte del apelado el dejar de presentar su alegato. Eso no obstante sin tener el beneficio de un debate completo, hemos resuelto los recursos en tales casos, pero llegar a tanto como a prescindir del alegato del apelante no es posible. No sólo constituiría ello un abandono completo de las reglas de la corte, si que no habría qué resolver porque es en el alegato del ape-lante que se plantean las cuestiones que se pide al tribunal que examine y decida, de tal suerte que sin el alegato lo que procede es la desestimación del recurso.

Por virtud de lo expuesta debe dejarse sin efecto la vista, declararse no haber lugar a aprobar la estipulación de las partes y señalarse nuevamente él caso, teniendo1 así la ape-lada- la oportunidad de presentar su alegato dentro del tér-mino que fija el reglamento de este tribunal.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Cordova Da-vila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolp

text:
    La Sucesión de Pedro París Parrilla, compuesta de su Viuda Emiliana Pérez Benis y sus hijas Carmen Aída, Olga, Esperanza y Felícita París Pérez, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 19.

    Sometido: Noviembre 29, 1937.

      Resuelto: Diciembre 22, 1937.

      Angel A. Vázquez, abogado de la recurrente; Hon. Procurador General B. Fernández García, E. de Aldrey, Procurador General Au-xiliar y Luis Negrón Fernández y G. Aliles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Pedro París Parrilla presentó reclama-ción al Administrador del Pondo del Seguro del Estado en solicitud de indemnización por la muerte del referido Pedro París Parrilla mientras trabajaba en uno de los muelles de la Bull Insular Line. El Administrador del Fondo del Estado resolvió que la muerte del obrero no se debió a ningún ac-cidente sufrido mientras estaba en el cumplimiento de los deberes de su empleo, y esta decisión fué confirmada por la Comisión Industrial en apelación.

El interfecto era un obrero corriente de la Bull Insular Lino. Había becbo algunos trabajos en la mañana del día en que murió. En la tarde de dicbo día él y otros obreros recibieron instrucciones de trasladar una caja grande que pe-saba como 1,200 libras. Mientras se dedicaba a voltear dicba caja Pedro París Parrilla cayó al suelo y murió pocos minu-tos después. Ante la Comisión Industrial se adujo prueba pericial médica para demostrar que la muerte se debió a una afección cardíaca y no directamente al supuesto accidente.

La recurrente señala dos errores. El primero se refiere a que la Comisión Industrial consideró indebidamente un certificado preparado por el Dr. Koppisb de la Escuela de Medicina Tropical. Este certificado revelaba que el Dr. Koppisb babía practicado un examen microscópico del corar zón, los pulmones y otros órganos del occiso. Su informe tendió a demostrar que la muerte se debió exclusivamente a una estenosis aórtica y no al trabajo asignado al interfecto o a la caída. Otro médico, el Dr. Espinosa, estuvo presente al tiempo en que se practicó el examen microscópico. Esteprestó declaración al efecto de que la muerte de París Parrilla se debió al estado de su corazón y no al accidente. De suerte, pues, que el informe del Dr. Koppisb, tomado en consideración quizá erróneamente por la Comisión, no fué el único testimonio y su uso por la Comisión debe considerarse como un error no perjudicial.

El segundo señalamiento se dirige a la raíz del caso. La recurrente insiste en que el accidente fué la causa próxima e inmediata de la muerte del obrero. Sostiene que la muerte se debió directamente a la caída.

Las palabras esenciales de la ley aplicable son:

“Artículo 2. — Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quie-nes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en. el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de la ocupación, según se especifican en el artículo si-guiente. ...” (Ley núm.'45 de 1935, Leyes de ese año, pág. 251, 253.)

Las palabras más conspicuas para. nuestros fines son “como consecuencia del mismo.”

La Comisión Industrial cita un número de casos in pari materia en que, bajo circunstancias similares, los tribunales ban resuelto que la muerte ba de atribuirse a la enfermedad y no al trabajo asignado al obrero. Stombaugh v. Peerless Wire Fence Co., 164 N. W. 537, 15 N.C.C.A. 635; Matter of Collins v. Brooklyn Union Gas Co., 171 N. Y. App. Div. 381, 156 N.Y.S. 957, 15 N.C.C.A. 647; Lyons v. Fox New England Theatres (Conn.) 153 Atl. 778 (1931). Schneider Workmen’s Compensation Law, Tomo 1, 2da. edición, págs. 596 a 597. Thackway v. Connelly & Sons, 3 B.W.C.C. 37, 8 N.C.C.A. 106; Carter v. Llewellyn Iron Works, 2 Cal. I.A.D. Dec. 971. Konmol on Workmen’s Compensation, tomo 1, pág. 497. Nos inclinamos a convenir con ellos.

Desde luego, podría admitirse que el obrero no hubiera muerto el mismo día de no habérsele asignado el trabajo de ayudar a voltear la caja. Nuestra respuesta a esto es que el campo de casos en que un hombre moriría bajo semejantes circunstancias es relativamente pequeño. La recurrente, con-forme hemos visto, no entra en todas estas consideraciones, mas dadas las palabras de la ley no creemos que podemos decir que la muerte de París Parrilla fuera el resultado de un ac-cidente proveniente de un “acto o función inherente a su tra-bajo o empleo.”

Debe confirmarse la resolución de la Comisión Industrial.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor "Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José González, acusado y apelante.
    Núm. 6725.

    Sometido: Noviembre 23, 1937.

      Resuelto: Diciembre 22, 1937.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la opinión del tribunal.

José González fue acusado y convicto de haber cometido un asesinato en la persona de Luz María Rodríguez, quien en otro tiempo había sido su querida. Las circunstancias que precedieron a su muerte pueden resumirse de la manera si-guiente :

Que el acusado como a las once de la noche llegó a la casa donde él “tenía” a la interfecta; que le dijo a ella “¿sí o no?” y al ella contestarle “no”, sacó una pistola del bolsillo y le disparó, como resultado de lo cual ella murió; que en-tonces trató infructuosamente de suicidarse.

Estos hechos han sido más o menos aceptados. El seña-lamiento de errores dice:

“Primero: La corte cometió error al negarse a trasmitir al jurado instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario.
“Segundo: La corte cometió error al hacer el juez al perito Dr. Mejias Ruiz la siguiente pregunta: ‘ ¿ De manera, doctor, que enton-ces todos los sifilíticos pueden perder en cualquier momento su cons-ciencia y estar exonerados de cualquier responsabilidad penal en todo momento porque es posible que eso ocurra?
“Tercero: El veredicto es contrario a la prueba.”

Somos de opinión que a juzgar por la forma en que se desarrollaron los hechos, la corte inferior estuvo plenamente justificada en negarse a transmitir una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. Los fieclios no presentan base razonable sobre la cual se pueda fundar la teoría del apelante de que los disparos pudieron- haber resultado de una súbita pendencia o de un arrebato de cólera. Por el contra-rio, es nuestro parecer que la evidencia demuestra definitiva-mente que el acusado visitó a la muerta con la intención fija de matarla si su contestación era en la negativa. No debe-mos olvidar que la principal defensa descansaba en la su-puesta demencia del acusado, La tentativa de presentar un caso de homicidio voluntario fracasó por completo. El primer error no fué cometido.

La pregunta discutida en el segundo señalamiento fué, en nuestra opinión, enteramente propia, dado el testimonio que le había precedido inmediatamente. No hay imputación alguna de que la pregunta fuese hecha en un tono de voz in-crédulo o sarcástico, de suerte que debemos presumir que fué hecha en una forma seria e imparcial. No podemos ver, aun suponiendo que hubiese error, que la pregunta fuese per-judicial.

El último error supuestamente cometido es que el vere-dicto de asesinato es contrario al peso de la prueba, y, por lo tanto, que debió haberse rendido un veredicto de homicidio voluntario. Este punto ha sido cubierto al disponer del primer señalamiento de error, y no merece discusión ulterior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Las Monjas Racing Corporation, peticionaria y apelada, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, et als., demandados y apelantes.
    Núm. 7640.

    Sometido: Noviembie 29, 1937.

      Resuelto: Diciembre 23, 1937.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes; L. Feliú, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación de este recurso por haberse in-terpuesto fuera del término prescrito por la ley.

Se trata de un caso de mandamias resuelto por sentencia de agosto 26, 1937. La sentencia se notificó a' las partes el 7 de septiembre siguiente, archivándose con los autos la notificación el mismo día. El 27 del propio mes de septiembre la parte perdidosa presentó una moción de reconsideración que la corte declaró de plano sin lugar en noviembre Xo., 1937, notificándose a las partes al día siguiente quedando archivada el propio día la notificación con los autos. El 5 de noviembre dicha parte interpuso el presente recurso de apelación.

Basándose en esos hechos y en lo dispuesto en el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó en-mendado por la Ley número 67 de mayo 8, 1937, vigente cuando los hechos tuvieron lugar, es que se pide la desesti-mación.

En efecto dicho artículo como enmendado dispone:

“Artículo 292. — Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de definitiva y firme, podrá ser revisada de 'acuerdo con lo prescrito en este código, y de ningún otro modo.
‘ ‘ Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil podrá, dentro del término impro-rrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos de' una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término impro-rrogable de cinco días desde la fecha del- archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radicar en la corte que hubiere dictado la sentencia o resolución una petición ex parte’ para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolu-ción, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de dere-cho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco (5) días después de haberse radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate se computará en la forma prevista por este código, como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o reconsideración. Si la corte resol viere reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para ape-lar se computará desde la fecha del archivo, como.parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha por el seretario de la corte a la parte perdidosa de la resolución definitiva del tribunal.” (Leyes de 1937, pág. 199.)

De acuerdo, pues, con la ley, cuando la moción de reconsi-deración fue presentada ya había vencido el término impro-rrogable que la misma concede para- ello. .No pudo presen-tarse la moción y si no pudo, menos puede surtir el efecto de interrumpir el término de .un mes que fija el artículo 295 del propio Código de Enjuiciamiento Civil para establecer el recurso. La jurisprudencia establecida por esta corte anterior a la aprobación de la enmienda al artículo 292 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil — Gran Logia de Distrito, etc. v. Logia Víctor Rojas, Inc., 48 D.P.R. 914; Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917, y otros — quedó afectada por la enmienda que constituye la ley que actualmente regula la materia.

El hecho de que el juez no resolviera la moción dentro del término de cinco días que también fija el estatuto, no influye en este caso porque la moción fué presentada sin autorización de ley. Hasta qué punto la enmienda puede impedir a una corte reconsiderar su sentencia dentro del término en que la dictara a virtud de gestión de parte interesada hecha después de transcurridos quince días o por su propia iniciativa, no es cuestión que deba necesariamente resolverse en este caso, porque la corte aquí no reconsideró, ni siquiera oyó a las partes sobre la reconsideración, si que lo que hizo fué declarar de plano sin lugar la moción.

Tampoco tiene importancia el que el hecho de “no haberse presentado la moción de reconsideración a los quince días de haberse notificado la sentencia” se debiera “a la firme creencia del abogado” de los apelantes “de que todavía prevalecía la antigua regla de procedimiento que ha venido observándose desde hace mucho años”. La enmienda comenzó a regir a los noventa días de aprobada y estaba ya en todo su vigor como hemos dicho cuando la moción de reconsideración fué presentada y sabido es que “la ignorancia de las leyes no escusa de su cumplimiento.” Artículo 2 del Código Civil, ed. de 1930.

Invoca el apelante en apoyo de su contención el caso de Vinson et al. v. W. T. Carter & Bro., 166 S. W. 363. Procede de la Corte Suprema de Tejas. La opinión es breve y substanciosa. Dice así:

“En la petición en que se solicita se expida un recurso de error se demuestra que no se radicó moción de reconsideración en la Corte de Apelaciones Civiles dentro del término prescrito por el estatuto. Se sostiene que el dejarse de radicar tal moción dentro del término fijado por la ley se debió a una demora indebida y no anticipada en sn trasmisión por expreso. Con fecha 8 de enero, 1914, la corte declaró sin lugar una moción en que se solicitaba permiso para radicar la moción de reconsideración mmc pro itmc. Entonces se ra-dicó una segunda moción de igual naturaleza, la que fué declarada sin lugar el 22 de enero del mismo año. La petición solicitando un recurso de error fué presentada en la Corte de Apelaciones Civiles más de treinta días después de haberse desestimado la primera moción en que se solicitaba permiso para radicar la de reconsideración, pero dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se declaró sin lugar la segunda moción.
“No nos negaríamos a considerar la petición en que se solicita un recurso de error, a pesar de que la Corte de Apelaciones Civiles no ha actuado directamente sobre la. moción de reconsideración, si tuviéra-mos jurisdicción y fuésemos del criterio de que se ha demostrado suficientemente que el dejar ele radicar la moción de reconsideración oportunamente se debió a un accidente o a alguna causa- distinta a la negligencia de la parte peticionaria. Sams v. Creager, 85 Tex. 497, 22 S. W. 399. Sin embargo, es aparente que carecemos de juris-dicción. A fin de que esta corte tenga jurisdicción para conceder un recurso de error, no es esencial que la petición sea radicada en la Corte de Apelaciones Civiles dentro de treinta días, contados a par-tir de la fecha en que se declara sin lugar la moción de reconsideración. Schleicher v. Runge, 90 Tex. 456, 39 S. W. 279. Cuando, bajo circunstancias como las que aquí concurren, la Corte de Apelaciones Civiles se niega a considerar una moción de reconsideración, su pro-ceder al desestimar la moción en que se solicita permiso para radi-caría, necesariamente fija el término a partir del cual ha de contarse el período prescrito para la radicación de la petición, pues en tal caso el declarar sin lugar la moción en que se solicita permiso para radicaría equivale a una desestimación de la moción para reeonsi-rar. Una regla distinta permitiría que se prorrogara el término fi-jado por el estatuto para radicar la petición del recurso de error, sim-plemente mediante la radicación de- mociones sucesivas de la misma naturaleza.
“Debe declararse sin lugar la moción por falta de jurisdicción.”

Lo iónico que podría favorecer a los apelantes es que no consta que la corte sentenciadora dejara de considerar la moción por no haberse presentado en tiempo, limitándose a declararla, sin lugar, lo que envuelve una consideración de la misma para llegar a la conclusión de que carecía de méritos. Pero es que la enmienda — que es la ley — está redactada de tal modo que cuando la petición de reconsideración se declara simplemente sin lugar no suspende el término para apelar. Para que lo suspenda tiene la corte que haber resuelto recon-siderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción. Y eso no sucedió en este caso. Cuando la corte no resuelve la moción dentro de los cinco días, lo que debe hacer la parte es apelar dentro del término de ley no obstante la pendencia de la reconsideración a los efectos de no perder su derecho.

Se trata de un caso de ley escrita y no pudiendo conside-rarse excusable la conducta de la parte por el solo hecho de desconocer dicha ley, nos vemos obligados a concluir que esta corte carece de jurisdicción por haberse interpuesto la apela-ción fuera de término y en tal virtud que debe declararse la moción de la parte apelada con lugar y en su consecuencia desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PeesideNte Señor Del Toro

text:
    Miguel A. de León, recurrente y apelado, v. Alcalde Municipal de Hatillo, Sr. Francisco Estrades, recurrido y apelante.

      Núm. 7628.

    Sometido: Noviembre 20, 1937.

      Resuelto: Diciembre 23, 1937.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; Dubón <& Ochoteco, aboga-dos del apelado.
   El Juez PeesideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo dejando sin efecto la resolución dictada por el Alcalde de Hatillo desti-tuyendo de su carg’o al Tesorero-Director Escolar del muni-cipio. Y se pide la desestimación del recurso por no ser ape-lable la sentencia.

La ley aplicable lo es la sección 29 de la Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Pico (Ley núm. 53 de 1928, pág. 335), tal como quedó enmendada en 1931 por la Ley núm. 98 “Para enmendar los artículos 7, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 48, 54 y 66, y enmendar el inciso ‘f’ del artículo 46, y adicionar un inciso ‘W a dicho artículo 46, todos de la ‘Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico’, aprobada en 28 de abril de 1928, y para otros fines,” que prescribe en lo pertinente lo que sigue:

“Los funcionarios administrativos y empleados municipales sólo podrán ser removidos de sus puestos por el alcalde, y de esta decisión podrán apelar en un solo efecto, el funcionario o empleado perju-dicado para ante la corte de distrito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de hecho y derecho envueltas esa la apelación dentro de un plazo no mayor de treinta días desde la radicación de la demanda en apelación, y de la sentencia que dictare la corte de distrito resólviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las partes.” (Leyes de 1931, pág. 595).

Es tan clara la ley que no es a nuestro juicio susceptible de otra interpretación que no sea la .qiie le da la parte ape-lada, a saber, que no autoriza el recurso que se ha interpuesto para ante esta Corte Suprema:

Así parece reconocerlo el propio recurrente pero sostiene que aquella parte de la ley que prescribe “y de la sentencia que dictare la corte de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las partes,” es nula por ser contraria a la siguiente disposición contenida en el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título, fue're incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido ex-presada en el título.”

Está tan desprovista de razón la contención del apelante, que no nos detendremos a analizar las decisiones que cita para sostenerla. Con la jurisprudencia establecida en dichas decisiones estamos conformes, pero no con que aplicada a este caso sostenga la contención del apelante.

Conocemos el título de la ley de 1931. Cumple con los re-quisitos de la Carta Orgánica sobre el particular. La en-mienda introducida no lo fue insertando en la ley alguna ma-teria nueva, extraña al estatuto, sino en perfecta armonía con el mismo.

Si se estudia toda la sección 29 se verá que el propósito de la Legislatura fue limitar la investigación a dos instan-cias ordinarias, la primera ante la asamblea municipal o el alcalde y la segunda ante este Tribunal Supremo cuando de destitución de alcaldes se trate y ante las cortes de distrito cuando está envuelta la remoción de funcionarios adminis-trativos y empleados municipales por el alcalde.

El caso de Venegas v. Corte, 41 D.P.R. 465, no es apli-cable porque interpreta el estatuto como regía antes de la enmienda de 1931.

Debe declararse la moción con lugar y en su consecuencia .■desestimarse el recurso '¡por falta xd,e jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Moisés Carrión, acusado y apelante.
    Núms. 6680 y 6681.

    Sometidos: Diciembre 3, 1937.

      Resueltos: Diciembre 23, 1937.

      Carlos H. Juliá, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En estos casos bubo prueba tendente a demostrar que el acusado Moisés Carrión se bailó con el denunciante Segundo Vázquez en una de las calles del pueblo de Loíza y, luego de un cambio de palabras que carecen de importancia, sacó un re-vólver y le bizo tres disparos sin lograr herirle. Cuando llegó la policía ya Carrión había desaparecido y fué imposi-ble localizar la supuesta arma. Estos hechos se desprenden de la declaración de Segundo Vázquez. Carrión fué convicto de acometimiento grave y de portar armas. En apelación para ante este tribunal su única objeción se dirige a la apre-ciación de la prueba hecha por la corte inferior.

La conclusión del juez sentenciador se basó prácticamente sólo en la declaración del denunciante. Aunque él era la parte perjudicada y su declaración debe ser cuidadosamente analizada por una corte sentenciadora, no estamos dispues-tos a revocar la decisión de dicho tribunal en lo que a su credibilidad se refiere. La prueba no es quizá tan fuerte como pudiera imaginarse, pero en los autos aparece lo su-ficiente para sostener la sentencia • de la corte inferior en ambos recursos.

Las sentencias deben ser confirmadas.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Rodríguez Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 6829.

    Sometido: Diciembre 8, 1937.

      Resuelto: Enero 11, 1938.

      Severo O’Neill Torres, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

■ El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra Rafael Rodríguez Díaz imputándole una infracción del artículo 11 de la Ley núm. 67 de 1934 (pág. 459), consis--tente en haber usado ilegal, voluntaria y maliciosamente el día 4 de marzo de 1936, en Manatí, un cartucho de dinamita, para causar daño en la casa residencia de Rosario Freytes,. haciendo explotar el mismo sobre una de las vigas del bal-cón de dicha casa. .

■ Celebrado el juicio el 30 de marzo de 1937, la corte de-claró culpable al acusado del delito imputádole y le impuso una multa de doscientos cincuenta dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer no pudiendo exceder la prisión de noventa días.

Apeló Rodríguez para ante este tribunal y en su alegato sostiene que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit que presentara y al condenarlo sin prueba suficiente para ello.

La prueba de cargo consistió en las declaraciones de Rosario Freytes, Hipólito Nango Larregui, Carmen Nieves, Luis Freytes, Rafael del Valle Sárraga y Alfredo Fabiani, y la de descargo, introducida después de declarada la mo-ción de nonsuit del acusado sin lugar, en los testimonios de Herminia Real, José Navedo y el del propio acusado.

Declaró Rosario Freytes, en resumen, que reside en Manatí donde tiene tres casas, viviendo en una de ellas con su familia; que conoce al acusado, quien le tuvo alquilada una habitación de otra de sus casas que queda como a treinta pies de la en que vive; que el primero de marzo se encontró con él y le preguntó si era cierto que babía dicho que para mudarse de la habitación cuyo alquiler no le pagaba desde hacía tres meses tenía el testigo que darle cinco dólares y le contestó que sí que era verdad, a lo que le replicó que tenía ocho hijos y no pensaba echarse encima otro más; que cuatro días después explotó la bomba en su casa. .

Larregui declaró que como a las once y media de la noche del 4 de marzo de 1936 sintió una explosión; que antes de la explosión se encontró con el acusado, hablaron y cada uno siguió rumbo a sus respectivas casas que quedan muy cerca; que poco después cuando se estaba acostando oyó la explo-sión, se levantó y vió gente parada frente a la casa de Freytes, salió y pudo ver los efectos de la explosión en la dicha casa: una viga rota y el techo atravesado por tablas, retirándose al cabo de unos minutos, sin que viera allí al acusado.

Carmen Nieves, de cuarenta y cuatro años, casada, con diez hijos, y que vive en medio de las casas habitadas por Freytes y e>l acusado, separadas la de éste y la suya por un pequeño callejón, dijo que sintió la explosión y se levantó y vió el daño que causó en la casa de Freytes; al día siguiente como a las seis de la tarde vió al acusado “recogiendo su mudanza”. Salió al balcón y se puso a conversar con Luis Freytes, que por allí pasaba, cuando oyeron “la palabra de-Rafael Rodríguez Díaz dentro del hogar: ‘volé una y dos casas que me faltan’ decía a su esposa. Lo podía oír bien. Luis siguió su camino ... y yo me eché para adentro.”

Repreguntada, repetidamente se mantuvo en lo dicho, ma-nifestando además, que no era enemiga del acusado, ambos eran compadres. “Desde luego” dijo, “la justicia entra por casa. Si un hermano mío es traicionero y le vuela su casa, un hermano mío, yo declaro la verdad. ’ ’

Luis Freytes, hermano de Rosario, confirmó en un todo la declaración de Carmen Nieves. Conversando con ella oyó al acusado cuando decía “esta gente se creen que soy algún tonto; volé ésta y me faltan dos casas más” y agregó: “Carmen me miró a mí y yo a ella, y seguí mi camino y me fui. Cuando regresé del pueblo se lo dije a Rosario. Se pasó a la investigación de la Policía y fuimos el sábado siguiente a la corte municipal a jurar la declaración.”

. El policía Fabiani declaró que acudió al sitio del suceso y encontró a la familia Freytes gritando, que debajo de la casa halló una mecha y un pedazo de la viga que había destrozado la explosión; que allí mismo se indicaba al acusado como autor del delito; que registraron su casa y nada encontraron en ella, lo arrestaron y lo pusieron en libertad, volviendo a arrestarlo cuatro o cinco días después.

El perito Del Valle Sárraga, después de haber examinado la mecha ocupada, a una pregunta hipotética basada' en la descripción dada por los testigos de la explosión y sus efectos, contestó:

“Si se oye el ruido fuerte de una detonación violenta y si al mismo tiempo se observa que el piso del balcón presentaba unos ori-ficios de mayor diámetro que el del techo y los demás y si además allí se observaron fragmentos del piso demostrativos de que había ocurrido desgarre por dilatación de gases, que sucede en todas las explosiones, dilatación violenta de gases, se puede contestar esa pre-gunta en la afirmativa de que en efecto ocurrió una explosión con una substancia química detonante y explosiva, y esa explosión ocu-rrió de abajo a arriba e inmediatamente'debajo del piso del balcón.”

Tal fué en substancia la evidencia que el acusado sostuvo en su moción de nonsuit que era insuficiente.

Desestimada la moción, declaró Herminia Real, esposa del acusado, que cuando la explosión ella y su marido estaban acostados y se levantaron y fueron a ver sus efectos; que como a la media bora los guardias registraron su casa y nada encontraron; que al día siguiente cuando se estaban mudando su marido no hizo manifestación alguna con respecto a que volara una casa y volaría dos más; que era comadre de Carmen Nieves, pero habían peleado por cuenta de una bija.

José Navedo, que dormía en un cuarto al lado del acusado manifestó que al sentir la explosión lo llamó y no le contestó y volvió a llamarlo contestándole entonces y que fue con él al sitio del suceso.

El propio acusado por último, dijo que era carpintero, que en la noche del cuatro llegó a su casa de once a once y media y después de acostado sintió una explosión que iluminó toda su casa y sacudió su cama; que la gente empezó a decir que habían volado el hospital y en esto lo llamó Navedo y le contestó que por qué se iban a levantar si era el hospital; que a los pocos momentos dijeron que era en casa de Freytes y fueron allá y estuvieron unos minutos,' volviendo a acos-tarse y así se encontraba cuando llegó la Policía a registrar su casa y lo arrestó.

Convino en que sostuvo con Rosario Freytes la conversa-ción sobre el alquiler de la casa que habitaba, pero dijo que no tuvo con él disgusto alguno, que lo que le manifestó fué que no podía pagarle porque estaba sin trabajo. Cree que ni estando loco haría las manifestaciones que puso en boca suya la testigo Nieves. Asegura que Luis Freytes no estaba por todo aquello; que cuando la mudanza estaban presentes familiares de Rosario Freytes, “doña Juana, que hace poco murió de repente y el suegro de él;” que estaba disgustado con la testigo Nieves. Niega en absoluto que fuera el autor del hecho que se le imputa y cree que su arresto se debió a que Rosario Freytes dijera a la Policía que sospechaba de él “porque me había salido a cobrar el mes y no había pagado y había cogido coraje.”

Tras un estudio cuidadoso del caso opinamos que habiendo merecido entero crédito al'juzgador la prueba de cargo, no cabe sostener que sea de tal manera insuficiente que no pueda basarse en ella una sentencia de culpabilidad.

Que la explosión ocurrió es evidente; que el acusado había tenido una conversación con el dueño de la casa en que vivía, que lo presenta como un hombre que es capaz no sólo de dejar de cumplir sus obligaciones si que de exigir que se le pague., en vez de él pagar, para deshacerse de él, es también claro si se cree la declaración de Rosario Freytes; y que en efecto fué él el que intentó volar el hogar de su casero por medio de un explosivo, brotó de sus propios labios en el momento mismo en que con su esposa se ocupaba de mudarse de la casa cuyos alquileres debía, si se da crédito a las afirmaciones de Carmen Nieves y Luis Freytes.

Descansó su conciencia el juzgador en la realidad del de-lito y en la veracidad" del dicho de dos testigos. Pudo hacerlo y su conclusión debe ser respetada por nosotros.

El recurso será declarado sin lugar y confirmada la sen-tencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agapito Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 6783.

    Sometido: Diciembre 14, 1937.

      Resuelto: Enero 11, 1937.

      José Veray, Jr..j E. González M-ena, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la. opinión del tribunal.

Se trata de un delito de portar armas prohibidas. El acusado fué condenado por la Corte Municipal de Aguadilla y luego, en apelación, por la Corte de Distrito. Insiste en que debe absolvérsele porque la evidencia aportada por El Pueblo es insuficiente por no haberse ocupado el arma y por-que dicha, evidencia es además- contradictoria en sí misma.

Tres testigos presentados por el fiscal declararon de modo terminante que el acusado G-uzmán fué a la casa de Juan Hernández situada en el barrio Voladoras de Moca y le pidió hablar con su hija. Llamada ésta, Guzmán la requirió de amores y como se negara a acceder a su demanda, sacó un revólver, lo “escocotó”- y lo cargó de balas y-dijo, según palabras textuales de la hija, “que él era allí el guapo, que si en el cuarto me entraba y me escondía, allí mismo me enamoraba porque él era un hombre.” Intervinieron varias personas y una de ellas, José Méndez, llevó a su casa al acusado que se encontraba ebrio.

Por el solo hecho de que el arma no fuera ocupada no puede sostenerse que la evidencia sea insuficiente. . La prueba en tal caso debe ser clara y convincente porque el juez tendrá que descansar en la apreciación de los testigos, pero si éstos le merecen entero crédito, puede basar en sus testimonios su conclusión de que lo que portaba el acusado — en este caso un revólver — lo era en realidad. El Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940, 943; El Pueblo v. Nieves, 35 D.P.R. 53, 54; El Pueblo v. Scott, 36 D.P.R. 802, 804.

Tampoco- es necesario que el testigo sea mecánico, militar, comerciante o experto en armas de fuego para conocer que lo que otra persona que está al alcance de su vista tiene en sus manos es un revólver, bastando que el testigo muestre que conoce lo que un revólver es, sobre todo si la persona que porta el arma la abre y la carga, como sucedió en este caso, en su presencia.

Y por el hecho de que se advierta alguna que otra contradicción en la propia prueba de cargo como sucedió en este caso en que uno de los testigos del fiscal dijo que había ido a comer a casa de Hernández lo que no fue corroborado por la hija de éste, no tiene que concluirse necesariamente que la totalidad de la evidencia no merece crédito, cuando dicha evidencia es en lo substancial uniforme, clara y convincente.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.