author: Ei, Juez Asociado Sjeñob Audbey,

text:
    Jacinto Suárez Migoya, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 644.

    Sometido: Junio 12, 1926.

      Resuelto: Julio 14, 1926.
    1. Registradores — Facultades—Calificación de Documentos Expedidos por la Autoridad Judicial — Cuestiones Resueltas por los Tribunales — Re-visión de las Cuestiones de Hecho o de Derecho Resueltas. — Fundada fla. negativa de inscripción de una partición de bienes y adjudicación al recurrente en que la resolución judicial en que se basa la partición es nula por .error de derecho en la aplicación do la ley, y siendo ésta materia vedada al registrador, dicho motivo de negativa de inscripción no puede ser sostenido.
    2. Partición de Bienes — Rescisión—Preceptos Estatutorios — Interpretación. —F1 artículoi 1041 del Código Civil se refiere a lesión en la partición de la herencia.
    3. Partición de Bienes — Partición bor Acto de las Partes — Inscripción— Fundamentos que, no Impiden la Inscripción — Lesión, en Adjudicación de Bienes Dados no Como Herencia Sino en Posesión Provisional. — Fun-dada la negativa de inscripción de una partición de -bienes y adjudicación al recurrente en que se adjudican a los presuntos herederos de un ausente una porción hereditaria de éste en proporción tal que se ocasiona una lesión para uno de los herederos en más de un cuarto de su haber, ese fundamento no impide la inscripción ya que los bienes que correspondían al ausente de que se trata se entregan a sus presuntos herederos no como herencia sino en posesión provisional y no puede haber lesión en una hereneia que no ha sido abierta por desconocerse el hecho de la muerta del causante.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscrip-ción de escritura de partición de bienes.

      Revocada.

      Eduardo Acuña Aybar, Heriberto Torres Sold j Luden Long champs, abogados del recurrente; el recurrido compareció por escrito.
   Ei, Juez Asociado Sjeñob Audbey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Lino Saldaña Skerrett se ausentó de esta Isla hace unos treinta y tres años estando casado con doña María del Oarmen Ortiz de Zárate y teniendo dos hijas de su matri-monio nombradas Isabel y Angela, de apellidos Saldaña y Ortiz de Zárate. Una de las hijas, Angela, murió en 1924 estando casada con don Jacinto Suárez Migoya, sin dejar descendientes ni testamento, habiendo sido declarados judi-cialmente herederos suyos sus padres en plena propiedad de por mitad para uno de ellos en dos terceras partes de sus bienes y en nuda propiedad del tercio restante en cuyo usu-fructo fue declarado heredero su viudo don Jacinto Suárez Migoya, ordenándose en la misma resolución que por la au-sencia e ignorado paradero del.heredero don Lino Saldaña Skerrett de existencia indeterminada su porción hereditaria no debe acrecer a sus coherederos de acuerdo con el artículo 125 del Código Civil en razón a que existen su hija Isabel y su esposa doña María del Carmen Ortiz de Zárate con de-recho a reclamarla, a. cuyas personas, de conformidad con el artículo 104 y siguientes del Código Civil, como presuntos herederos corresponde la posesión provisional de la cuota del ausente por lo que se dispuso que la porción hereditaria del ausente sea entregada en posesión provisional a su hija Isabel Saldaña Ortiz de Zárate y a su esposa doña María del Carmen Ortiz de Zárate para que como presuntos here-deros del ausente la conserven y disfruten, la primera en la cuota de dos tercios en plena propiedad, y la última en usu-fructo del terció restante.

Practicadas las operaciones particionales de los bienes de doña Angela Saldaña Ortiz de Zárate por las personas antes nombradas, todas mayores de edad, fue adjudicado en ellas a su viudo don Jacinto Suárez Migoya un crédito hipotecario de $3,000 y cuando trató de que fuera inscrito a su favor el registrador de la propiedad le negó la inscripción por los siguientes motivos:

“Denegada la inscripción del documento que precede, con vista de otros documentos complementarios, y en cuanto al crédito hipo-tecario de tres mil dollars que se describe en el inventario que grava una finca del Municipio de Cayey, perteneciente a la demarcación de este Registro, por los motivos de que, la resolución dictada pol-la Corte de Distrito, Segundo Distrito Judicial de San Juan con fe-cha 9 de mayo de 1925, la cual debió servir de base para la parti-ción, es nula y sin ningún valor ni efecto en cuanto a lo relativo a la herencia del ausente Lino Saldaña y Skerrett por in'currirse en un error de derecho al hacerse aplicación del Art. 125 del Código Civil de P. R., y disponer que los bienes del ausente, de existencia, inde-terminada fueran puestos en la posesión provisional de sus presun-tos herederos, toda vez que de acuerdo con dicho artículo los dere-chos del ausente acrecen a sus coherederos a no haber persona con derecho pfopio a reclamarlos, sin perjuicio del Art. 124 que le precede, de acuerdo con el cual, el que reclame un derecho que perte-nezca a un ausente de existencia desconocida, deberá probar que dicha persona existía en el tiempo en que se originó el derecho de que se trata, y no habiéndose probado la existencia del ausente en 'este caso, ni existiendo a favor de sus presuntos herederos el derecho de representación por no darse este derecho en la línea recta ascen-dente, ha debido adjudicarse toda la herencia a su esposa y cohere-dera Carmen Ortiz de Zarate, sin perjuicio de las acciones estable-cidas en el Art. 126 del mismo cuerpo legal, no obstante lo cual, de acuerdo con la aludida resolución se adjudica el haber del ausente Lino Saldaña y Skerrett en posesión provisional a sus presuntos herederos Carmen Ortiz de Zarate e Isabel Saldaña Ortiz Zarate esposa e hija respectivamente, que en participación distinta a la or-denada en la resolución, pues se adjudica la herencia en proporción de % partes para la primera y una % parte para la última, lo cual no es menos erróneo que lo dispuesto en la resolución referida, no ya tan sólo por los mismos fundamentos que se consignan para de-terminar la ilegalidad de la expresada resolución, sino también ade-más, porque en la hipótesis de corresponder la herencia a los pre-suntos herederos en posesión provisional, la proporción en que la misma se ha dividido, o sea % partes para la esposa y una % para la hija, no se ajusta a la proporción que ordena la resolución, la cual sería la de ley en tal caso, ocasionando tanto la distribución ordenada por la resolución como la practicada en la partición, una lesión para la heredera perjudicada Carmen Ortiz de Zárate de más de la % parte- de su baber, por cuya circunstancia la partición es rescindible de acuerdo con el Art. 1141 del Cód. Civil, tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor del heredero adjudicatario Jacinto 'Suárez Migoya al folio 54 del tomo 38 de Cayey, finca No. 477 duplicado, anotación letra A, consignán-dose además el defecto subsanable en cuanto a la resolución sobre declaratoria de herederos se refiere, de que en la hipótesis de que la misma fuere legal y errónea la calificación hecha, en ella no se dispone de la nuda propiedad del tercio que se ordena adjudicar a Carmen Ortiz de Zárate en usufructo.5 ’

En el recurso gubernativo que contra esa negativa lia interpuesto don Jacinto Suárez Migoya alega en oposición a la negativa de inscripción, en cuanto el registrador estima la resolución judicial nula, ineficaz y contraria a la ley, que dicho funcionario no está autorizado para examinar los fundamentos de esa resolución, o sea su justicia o injusticia intrínseca, ni para apoyarse en la apreciación que le merezca la legalidad de sus fundamentos para el efecto de denegar inscripciones.

El artículo 18 de la Ley Hipotecaria autoriza a los regis-tradores de la propiedad para calificar bajo su responsabi-lidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por autoridad judicial; disposición que hemos considerado en varias decisiones, entre ellas en el caso de Ramírez v. El Registrador, 16 D.P.R. 349, y más concretamente en el caso de Fernández contra El Registrador, 17 D.P.R. 1061, en el que como consecuencia de la facultad concedida por el ar-tículo 18 citado, declaramos que los registradores pueden calificar si el juez era competente por razón de la materia, la naturaleza y efectos de la resolución, si se dictó en el jui-cio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si contiene todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria son necesarias para que pueda practicarse la inscripción, pero que esa fa-cuitad no se extiende a apreciar los fundamentos de tales resoluciones, o sea la justicia o injusticia intrínseca de' las mismas ni a apreciar si la prueba fué o no suficiente; de-cisión que lia sido seguida en los casos de Compañía Azucarera, etc., v. El Registrador, 19 D.P.R. 162; Llul v. El Registrador, 21 D.P.R. 376; Carrillo v. El Registrador, 21 D.P.R. 435, y otros más de los tomos 22, 23 y 25 de nuestras •decisiones.

Según la nota recurrida el fundamento principal para ne-gar la inscripción es que la resolución judicial en que' se basa la partición de bienes y adjudicación al recurrente es nula y sin valor ni efecto en lo relativo a la herencia del ausente, o mejor dicho, a la cuota hereditaria del ausente, por error de derecho en la aplicación del artículo 125 del Código Civil al disponer que los bienes del ausente sean entregados provisionalmente a su hija, y a la esposa en el usufructo de un tercio, cuando toda la cuota hereditaria del ausente debe acrecer a su esposa como coheredera con el de su hija fallecida, lo que demuestra que el registrador se funda para su negativa en ser injusta la resolución por error en la aplicación de la ley, materia que está vedada al regis-trador, pues si tal facultad tuviera se convertiría en un juz-gador de todas las resoluciones de los tribunales, cualquiera que fuere su gerarquía. Por consiguiente, ese motivo de ne-gativa de inscripción no puede ser sostenido.

Otro fundamento de la negativa de inscripción es que en la partición se adjudican tres cuartas a la hija del ausente y una cuarta a la esposa, distintas a la ordenada por la resolución judicial, ocasionándose así una lesión para la esposa heredera de más de un cuarto de su haber por lo que la partición es rescindible de acuerdo con el artículo 1141, dice la nota, pero debe ser 1041 del Código Civil. Ese fundamento no impide la inscripción porque no entregándose los bienes que corresponderían a don Lino Saldaña a su hija y a su esposa como herencia sino en posesión provisional, no puede haber lesión en una herencia que 110 ha sido abierta por desconocerse el hecho de la muerte del causante. El ar-tículo 1041 citado se refiere a lesión en la partición de la herencia.

También hace constar el registrador en su negativa como defecto subsanable que en la resolución nada se dispone so-bre Ja mida propiedad del tercio que en usufructo se ordena entregar a' la esposa de don Lino Saldaña, pero como en la resolución no sé ha hecho la declaratoria de herederos del ausente porque no consta su muerte y solamente se manda a entregar su cuota hereditaria en posesión provisional, cuando aquélla se haga, si don Lino Saldaña ha llegado a heredar a su hija Angela, será la ocasión de determinar la resolución a quien corresponde la nuda propiedad de lo que en usufructo corresponda a la madre.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Andrés Arana, peticionario y apelado, v. La Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, recurrida y apelante.
    No. 3833.

    Visto: Mayo 19, 1926.

      Resuelto: Julio 14, 1926.
    Comisión Hípica Insular — Expulsión de Caballos de los Hipódromos — Requi-sito Previo Indispensable — Comportamiento del Jockey Como Causa de IjA Expulsión. — Para expulsar un caballo de los hipódromos o tachar su nombre del stud-hoolc como resultado de mal comportamiento del jodloey, es un requisito previo indispensable que al dueño del animal se lo dé una opor-tunidad razonable para ser oído.
    Sentencia de Pablo Perga, J. (San Juan), declarando con lugar petición de certiorari y anulando resolución de la Comisión Hí-pica Insular, sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Peliú, abogado del apelado; Son. George C. Butte, Attorney General, y F. G. Pérez Almiroty, abogados de la apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión Hípica Insular apela de una sentencia, fun-dada en la siguiente relación del caso y opinión del juez de distrito:

“Esta es una solicitud de Certiorari presentada por Andrés Arana contra la Comisión Hípica Insular, para revisar un acuerdo o resolución de la demandada de 2 de Noviembre de 1925, por el que se dispone la expulsión de un caballo de carreras denominado Metrallita, propiedad del peticionario y su eliminación del libro re-gistro (Stud-book) por el fundamento de que en una carrera en el hipódromo ‘Las Casas Racing Park’ que se explota en San Juan y que se celebró el día 12 de Octubre, 1925, en que dicho animal tomó parte, se empleó una pila seca eléctrica para excitarlo por el jokey que lo montaba en tal ocasión.
“La ley por virtud de la cual se establece este recurso es la nú-mero 21, aprobada el 2 de junio, 1925, que empezó a regir a los 90 días después de su aprobación, la que dispone, en su artículo 21, lo siguiente:
“ ‘Art. 21. — Las Cortes de Distrito tendrán jurisdicción a instan-cia de parte perjudicada:
“ ‘(a) — Para anular o revisar cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la Comisión Hípica Insular o de cualquiera de sus funcionarios o empleados que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las Leyes de Puerto Rico, mediante Certiorari.’
“El peticionario, como dueño del caballo de carreras expulsado, es parte perjudicada con derecho a establecer este recurso, y alega que el acuerdo o resolución de 2 de Noviembre, 1925, es nulo, inefi-caz e ilegal y de ningún valor ni efecto legal por los motivos y fun-damentos siguientes:
“ ‘1. — Porque la recurrida no tuvo nunca jurisdicción para to-mar tal acuerdo o resolución:
“ ‘(a). — -Porque no medió notificación previa alguna al peticio-nario de procedimiento o investigación de la recurrida en relación con tal caballo ni con el peticionario;
“ ‘ (b) Porque tampoco se dió al peticionario oportunidad alguna para comparecer y ser oído previa ni posteriormente en relación con tal acuerdo o con procedimiento o investigación en que estuviere en-vuelto el peticionario o dicho animal de su propiedad.
“ ‘(e) Porque habiendo derogado la ley creando a la recurrida, la Ley No. 86 de agosto 11 de 1923, dicha Ley No. 21 de 2 junio de 1925, no provejm para la continuación de las inscripciones de caba-líos hechas al amparo de la Ley así derogada o de cualquier otra ley anterior.
“ ‘2. — Porque el mencionado acuerdo, por las razones que se de-jan expuestas en los incisos precedentes, viola los preceptos de los artículos 4, inciso cuarto; y 12 de la mencionada Ley No. 21 de Junio 2, 1925, así como los incisos 1 y 9 del Art. 2 de la Ley Orgá-nica del país.
“ ‘3. — Porque la recurrida no tiene poder ni facultad de acuerdo con la mencionada Ley No. 21 de Junio 2 de 1925, para cancelar la inscripción de dicho caballo del peticionario ni para decretar su ex-pulsión como animal de carreras de los hipódromos de Puerto Rico.
‘4. — Porque tampoco tiene ni tenía la recurrida en dicha fe-cha facultad ni poder para imponer castigo alguno por el empleo de ningún objeto u aparato excitante a caballos de carreras, de acuerdo con el Art. 35 de la mencionada Ley No. 21 de Junio 2 de 1925, ni de acuerdo con ningún otro artículo o disposición de la tal Ley.
“ ‘5. — Porque tal acuerdo o resolución se tomó por la recurrida sin que tuviera prueba alguna en absoluto de que persona alguna usara la mencionada pila seca eléctrica en el dicho caballo mientras estuviera éste corriendo en carrera alguna, en ningún hipódromo de Puerto Rico. ’
“En el acto de la vista de la solicitud de Certiorari y como con-testación o return al auto, la Comisión demandada presentó certifi-caciones por el Secretario, con el sello de la Comisión de la inscrip-ción en el registro de caballos del país (Stud-books) del caballo media sangre denominado ‘Metrallita’ con fecha 20 de julio de 1925, a nombre de Fernando Castro, y de su venta a Andrés Arana, el peticionario, en Julio 28, 1925; del expediente titulado in Re Fernando Castro, dueño de caballos; y del expediente titulado tn RE Julián de la Cruz, jockey. En ambos expedientes se trata del hecho de haberse encontrado en la maleta del jockey Julián de la Cruz, por el Juez de Pesó José Casellas, una pila seca eléctrica en las carreras celebradas el Lunes 12 de Octubre, 1925.
“Y de dichos expedientes, a los efectos de este caso, aparece lo siguiente: Que informado el Jurado del hipódromo, después de la quinta carrera de las celebradas el día 12 de octubre, 1925, de la ocurrido con el caballo Metrallita, dicho jurado sometió el caso a la Comisión Hípica Insular para su resolución, acompañando la pila a que se hace referencia; que la Comisión acordó ■ en 13 de Octu-bre 1925, practicar una investigación de los hechos denunciados y dispuso la citación de Fernando Castro, dueño de caballos, y de Ju-lián de la Cruz, jockey, para que comparecieran el día 19 del mismo mes, a las 8 de la noche, a mostrar causas por las cuales no debían ser castigados por el hecho reportado y también acordó suspender al jockey Julián de la Cruz y a los caballos ‘Metrallita’ y ‘El Nene’ de tomar parte en las carreras hasta nueva orden de la Comisión; que el Sr. Luis Arana, con fecha 14 de octubre de 1925, se dirigió a la Comisión solicitando, como representante de Andrés Arana, el aquí peticionario, que se hallaba entonces ausente en los Estados Unidos, una audiencia para tratar el asunto respecto a la informa-ción verbal que le diera el Juez de Inscripciones de que los caballos ‘El Nene’ y ‘Metrallita’, propiedad de su representado, no podían ser admitidos a inscripciones; que la Comisión en sesión de 15 de Octubre, 1925, acordó contestar al compareciente Luis Arana que, estando el caso bajo investigación, podía comparecer y ordenó su citación oficial para el lunes día 19, a las 8 de la noche, en que se daría principio a dicha investigación, para depurar los hechos que habían dado origen a la expulsión temporal de los caballos mencio-nados; que el Secretario-Auditor dirigió a Luis Arana una comu-nicación, en 15 de octubre, 1925, de conformidad con lo dispuesto, citándolo para la investigación.
“De los récords taquigráficos de las investigaciones practicadas en los días 19 y 20 de octubre de 1925, aparece también que se llamó primeramente para investigación el caso de Julián de la Cruz, Jockey, quien asistió al acto en persona y representado por su abo-gado Gustavo Jiménez Sicardó; que éste manifestó en ese acto que tenía entendido que también estaba señalada la vista del caso contra el 'Sr. Arana, a quien asimismo representaba, referente a los ca-ballos ‘El Nene’ y ‘Metrallita’, y solicitó que dicho caso se viera en primer término, lo que denegó la Comisión; que investigado el caso contra Julián de la Cruz, en el día 19 la Comisión lo dió por terminado, y procedió luego, en el día 20, a la investigación contra Fernando Castro, dueño de caballos, quien compareció en persona y por su abogado Gustavo Jiménez Sicardó, y después de practicada la misma; el caso quedó también sometido en cuanto al referido Fernando Castro.
“Y en 2 de noviembre de .1925, la Comisión demandada, resol-vió dichos casos contra Julián de la Cruz y Fernando Castro, adop-tando un solo acuerdo como sigue:
“‘(a) Que se cancele, como por la presente se cancela, defini-tivamente, la licencia al jockey Julián de la Cruz, para actuar en los hipódromos de Puerto Rico.
“‘(b) Exonerar de toda culpa y responsabilidad al Sr. Fernando Castro, por falta de pruebas en la investigación.
“ ‘ (c) Exonerar al caballo conocido por “El Nene”, y
“ ‘(d) Expulsar al caballo “Metrallita”, eliminando su nombre del Stud-book.’
“Este acuerdo se adoptó por unanimidad, excepto en cuanto al último particular referente a la expulsión del caballo ‘Metrallita’ y eliminación de su nombre del Stud-book, en que votaron en contra los comisionados Sres. Díaz Collazo y Abril, explicando su voto el Sr. Díaz Collazo, entre otros fundamentos porque el castigo im-puesto resultaba perjudicial para el Sr. Arana, quien estaba au-sente de Puerto Rico, y a quien la Comisión no había oído, y no para el caballo. El Comisionado Sr. Martínez Dávila manifestó en-tonces, explicando su voto, que el jockey era un agente de Arana y que debía considerarse responsable al principal por los actos de su empleado o agente.
“Dicho acuerdo fué entonces comunicado al peticionario Andrés Arana, por medio de la siguiente comunicación:
“ ‘Noviembre 3, 1925. — Sr. Andrés Arana, San Juan, P. R. — ■ Señor: — Para su conocimiento y gobierno, le acompaño una copia de la resolución aprobada por la Comisión Hípica Insular en 2 de los corrientes, disponiendo expulsar al caballo “Metrallita” de su pro-piedad y eliminando su nombre del Stud-book. — Atentamente, (fo.) J. Peña Reyes, Secretario-Auditor.”
“De los documentos remitidos por la Comisión demandada clara-mente resulta que Andrés Arana, dueño del caballo ‘Metrallita’, no fué citado en forma, como se hizo en cuanto a Julián de la Cruz y Fernando Castro, ni se practicó investigación alguna en cuanto a él, pues si bien el acto de la vista del caso contra Julián de la Cruz el abogado Gustavo Jiménez Sicardó manifestó que también repre-sentaba al Sr. Arana y pidió que su caso fuera llamado en primer término, no se hizo tal cosa ni se practicó investigación contra dicho señor, quien entonces se hallaba en los Estados Unidos, y, por tanto, como dice el Comisionado Sr. Díaz Collazo, no se le oyó en modo alguno.
“La Ley creando la Comisión Hípica Insular, citada, establece, en su artículo 4, que la misma ‘deberá, en todo cuanto sea posible, seguir en sus investigaciones y actuaciones los procedimientos seña-lados en la ley a las cortes de justicia para la tramitación y despa-cho de sus asuntos’, facultándose a.los miembros de la Comisión, por el artículo 6, para tomar juramentos en todos aquellos casos o asun-tos que se relacionen con el cumplimiento de la ley y de su regla-mento; y dispone en su artículo 12 que sólo ‘por justa causa, pre-via audiencia de partes y oportunidad de defenderse, podrá suspen-derse temporalmente o revocar la licencia de cualquier hipódromo, dueño de caballos, jockey o cuadrero.’
“La expulsión del caballo ‘Metrallita’ y su eliminación del re-gistro equivale a un castigo para el dueño y no para el animal, como muy bien expresó el Comisionado Sr. Díaz Collazo, y parece a esta Corte que la Comisión demandada debió bacer al peticionario la de-bida notificación y darle la oportuna audiencia, antes de imponerle el castigo de la expulsión de su caballo y eliminación del registro. Desdo luego que no es necesario, que la notificación se haga con to-dos aquellos requisitos que ordinariamente se exigen en un procedi-miento criminal, ni que sean observadas todas las formalidades de un juicio, pero debe hacerse, y esto está en lo posible, una notifica-ción razonable que especifique las omisiones o infracciones imputa-das y debe darse una oportunidad también razonable para la de-fensa. La Comisión hizo notificación y dió la audiencia a Julián de la Cruz y Fernando Castro, como lo demuestran los dos expe-dientes tramitados, y nada había que les impidiera seguir el mismo procedimiento con Andrés Arana.
“Véase los casos de Belaval vs. Todd, 22 D.P.R. 633; Cintrón vs. Berríos, 24 D.P.R. 728; y Lavergne vs. Comisión de la Policía Insular, 27 D.P.R. 830, que tratan, precisamente sobre lo que se en-tiende por la frase ‘por justa causa, previa audiencia de partes y oportunidad de defenderse.’
“PoR las RAZONES expuestas, se declara con lugar la solicitud de eerüorari, y en su consecuencia, se anula la resolución o acuerdo de la Comisión Hípica Insular, de 2 de noviembre de 1925, en cuanto al particular letra (d) que se refiere a la expulsión del caballo ‘Me-trallita’, y la eliminación del libro de registro (Stud-book), sin especial condenación de costas. Regístrese sentencia y comuniqúese a la demandada.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que Arana tenía suficiente aviso de la fecha en que empezaría la inves-tigación pero convenimos con la corte inferior en que no se dió una oportunidad razonable a dicho dueño para ser oído. Tampoco podemos convenir con la apelante que en este caso no era necesario ni dar aviso ni oportunidad para ser oído.

Al comenzarse el juicio del jocltey ocurrió el siguiente incidente:

“Sr. Jiménez Bicardó. Tengo entendido que para esta noche está señalada la vista del caso contra Julián de la Cruz y también tengo entendido que está señalada la vista contra el señor Arana, referente a los caballos ‘Nene’ y ‘Metrallita’, y si esto es así, yo so-licitaría de esta Comisión que antes de proseguir con el caso contra Julián de la Cruz, invirtiéramos ios términos y forma de la misma, es decir, que procediéramos primero a la de los caballos del señor Arana, que yo represento también, porque me parece que con ello, aligeraríamos el camino de la investigación.
“Sr. Días Collazo: Ya la Comisión estuvo considerando este asunto y quiere seguir este camino, esto es, celebrar primeramente la vista del caso del jockey J. de la, Cruz.
“Sr. Martínez Dávila: Entiendo que lo de los caballos es una consecuencia de lo del jockey.
“Sr. Jiménez Sioardó: Pero si yo lograra convencer a los caballeros de la Comisión, me parece que en esa forma aligeraríamos la investigación.
“Sr. Díaz Collazo: Ya la Comisión lo resolvió así. Seguir este camino.
“Sr. Jiménez Sioardó: Si ya está resuelto por la Comisión, en-tonces está bien.”

" Jill abogado de Arana hizo perfectamente claro su enten-dido de que se investigara, se viera y se condujera el caso contra Arana o contra los caballos de éste como un proce-dimiento o juicio distinto y separado, bien antes o después del caso del jockey. La Comisión aparentemente accedió a esta sugestión de celebrar juicios separados, aunque insistió en que se procediera con los casos en el orden que ya la Co-misión había determinado. La manifestación de Díaz Co-llazo de que la Comisión ya había considerado el asunto y deseaba resolver primeramente el caso del jockey, hecha en respuesta a la petición de que el caso contra Arana o contra sus caballos se resolviera primero, claramente indicaba que el caso últimamente mencionado se vería más tarde.

La opinión expresada por Martínez no era necesariamente, incompatible con el curso del procedimiento calculado por el abogado y por la Comisión.

El caso de Castro por su naturaleza al igual que éste dependía más o menos de otras circunstancias. Tan es así que desde el primer momento se convino en que la prueba presentada en el caso del jockey constituía el caso contra. Castro. Pero a Castro se le permitió entonces presentar su prueba, así lo hizo. De todos modos, Martínez expuso su propia opinión, mientras que la Comisión parece haber ha-blado por mediación de Díaz Collazo. T, sea esto también como fuere, si en aquel entonces la Comisión tenía en mente expulsar o exonerar el caballo o los caballos pertenecientes a. Arana fundándose en la prueba presentada en el caso del jockey, sin hacer ninguna otra investigación o sin celebrar un juicio separado en el cual se diera al dueño oportunidad de ser oído, se debió comunicar tal resolución al abogado. El hecho de no habérsele notificado tiende más o menos per-suasivamente a la conclusión de que en lo que a la Comisión o a una mayoría de ella se refería, la idea de expulsar uno-de los caballos y de exonerar al otro, sin las formalidades, de oir al dueño o a su representante fué una reflexión tardía.

La apelante insiste en que de acuerdo con el artículo 244 del Reglamento adoptado por la Comisión Hípica interpre-tado en relación con el artículo 256, no es necesario dar aviso a.l dueño cuando se va a expulsar un caballo como resultado del mal comportamiento del jockey, que ya ha sido debida-mente convicto y privado de su licencia.

Los artículos mencionados dicen así:

“Art. 244. — Todo jockey o trainer que, a juicio del jurado o de la Comisión Hípica Insular fuere culpable de liaeer perder el caba-llo por descuido, negligencia o por medios fraudulentos o sobornar a un jockey, o de combinarse con alguna persona para que se pierda cualquier caballo, o que utilizare cualesquiera medios ilícitos o ile-gales, será suspendido por el tiempo que determine el Jurado o la, Comisión Hípica Insular o incapacitado para montar o acondicionar ningún caballo de carreras 'y podrá ser excluido, además de los hi-pódromos de- Puerto Rico. Todo caballo que haya sido objeto de tales manejos será excluido, a juicio del Jurado o de la Comi-sión Hípica Insular de las carreras en todos los hipódromos de la isla.■ ■
“Art. 256. Queda terminantemente prohibida la aplicación de inyecciones y el empleo de drogas o cualquier sustancia, aparato u objeto que produzca efectos enervantes o excitantes en los caballos para ganar o perder una carrera excepto el foete o espuelas. La persona que infrinja este artículo será castigada con la expulsión definitiva de los hipódromos de Puerto Rico y sometida a los tribunales de justicia.”

No hallamos nada en estos artículos que sostenga la con-clusión que de ellos se desea inferir. Pero aún si se pudiera dar la interpretación sugerida por la apelante, la Comisión no tiene poder para derogar el artículo 12 o cualquier otra disposición específica de la ley que la creó. El expulsar un caballo o tachar su nombre del stud-book equivale en ese sentido a revocarle la licencia al dueño. Si a un dueño, sin notificársele ni dársele oportunidad de ser oído, puede pri-vársele del derecho de correr sus caballos, el estatuto que requiere tal notificación y vista como un requisito indispensable antes de revocarse una licencia no tendría efecto al-guno.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El -Juta Asociado Señor Wole,

text:
    María Sixta Martínez, promovente y apelante, v. Inés Colón, opositora y apelada.
    No. 3788.

    Visto: Enero 21, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Expediente de Dominio — Evidencia—Posesión Material del Peticionario-Casos en que es Necesario Demostrarla — Peticionario que Basa su Tí-tulo en la Prescripción.' — Cuando la prueba del opositor, en información de dominio, tiende a demostrar que él está en posesión de parte del terreno de que se trata, la peticionaria debe demostrar, para obtener un título de dominio satisfactoriamente, una posesión material) al presente especialmente si basa su título en la prescripción.
    2. Expediente de Dominio — Condición Precedente a su Radicación — Del Es-crito Inicial, 'Petición, Solicitud o Reclamación — Condición Precedente a su Radicación. — Aún cuando el peticionario en una información de do-minio tenga títulos' fundados o nó en la prescripción adquiridos por él o sus predecesores, antes de radicar su petición debe tener la posesión material del terreno de que se trata.
    3. Expedientb de Dominio] — Evidencia—Su--.Pertinencia,'Materialidad y Com-petencia en General — Prueba que Destruya.la Reclamación y Proteja, la' Posesión del Opositor. — T'oda prueba que tienda a destruir la redama-eión de la peticionaria en una información de dominio y que tienda a pro-teger la posesión del opositor es pertinente y material.
    4. Expediente de Dominio — Evidencia—Su Pertinencia, Materialidad y Com-petencia en General — Prueba que Destruya la Reclamación y Proteja la Posesión del Opositor. — En reclamación para un título de dominio en que el peticionario reclama parte del terreno obtenido de una persona, si ésta es testigo de aquél, cabe repreguntarle acerca de su posesión material al tiempo que él vendió o antes, especialmente cuando la reclamación se basa en parte, en la posesión de esa jiersona.
    5. Expediente de Dominio — Evidencia—Su Pertinencia, Materialidad y Com-petencia en General — Prueba que Destruya la Reclamación y Proteja la Posesión del Opositor. — En información de dominio, es admisible, para probar parcialmente la posesión material del opositor una demanda en la cual la peticionaria demandaba al opositor en reivindicación para reeobrar el mismo terreno en cuestión.
    6. Expediente de Dominio — Sentencia—Sentencia a Favor del Opositor — Con-cesión del Dominio de Parte de Terreno, no Reclamado por el Opositor. —Cuando en información de dominio el peticionario insiste en una descrip-ción específica del! terreno y no modera su reclamación, la corte no viene obligada' a actuar por él y Concederle el dominio de parte del terreno no reclamado por el opositor.
    7. Expediente de Dominio — Del Escrito Inicial, Petición, Solicitud o Recla-mación — Enmiendas Durante el Juicio. — SL en información de dominio puede un jietieionario enmendar su reclamación durante el juicio, quaere.

    SENTENCIA ¿Le Gabriel Castejón, J. (Griayama), declarando sin lu-gar la información promovida por la promovente.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio; Miguel Guzmán Texidor, abogados de la ape-lante; Benigno Fernández Garda, abogado de la apelada.
   El -Juta Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Inés Colón compareció ante la Corte de Distrito de G-uayama para oponerse al derecho de María Sixta Martínez a obtener nn título de dominio. La corte encontró y toda la prueba tendía a demostrar claramente que Inés Colón estaba en posesión de parte del terreno reclamado por María Sixta Martínez. Calculamos que la opositora estaba en posesión de más de la mitad del terreno reclamado.

La corte resolvió que para obtener nn título de dominio satisfactoriamente, la peticionaria debía demostrar una po-sesión material al presente, especialmente si se basaba el tí-tulo en la prescripción. La corte citó las decisiones de la Corte'Suprema de España de primero de marzo de 1904 y de 20 de mayo de 1914, Galindo y Escosura, vol. 1, p. 197, y García v. Altuna, 17 D.P.R. 459. Nos sentimos obligados a resolver que la corte inferior estaba correcta.

La apelante en sus varios señalamientos de error apa-rentemente trata de probar que confiaba en los títulos obte-nidos por ella. Si la apelante tenía títulos que no se fun-daban en la prescripción, o si ella tiene títulos', fundados en la prescripción, adquiridos por ella o por sus predecesores con más de diez años de antelación al comienzo de este pleito, o quizá aún en un período mucho más reciente, ella no puede obtener una información de dominio. Antes de radicarse tina reclamación para un título de dominio, el peticionario debe tener la posesión material. En este caso realmente la única posesión material demostrada, y eso dudosamente, da-taba de más de diez años de haberse radicado este pleito.

La peticionaria reclamaba parte del terreno obtenido indirectamente (mediately) de Pedro Rivera. Este fué un testigo de la peticionaria. En el examen de repreguntas a él se le preguntó acerca de su posesión material al tiempo que él vendió o antes. La apelante se opuso substancialmente, basándose en que la opositora alegaba que había comprado de una persona distinta a Pedro Rivera, que no tenía que ver nada con la posesión de Pedro Rivera. Todo aquello que tendiera a destruir la reclamación de la peticionaria protegería la posesión de la opositora y era pertinente y material. Además, la reclamación de la peticionaria en síntesis se basaba en parte de la posesión del citado Pedro Rivera. La corte no cometió error al admitir esta prueba.

Para probar parcialmente su posesión, la opositora ofreció como prueba una demanda en la corte municipal en la cual la apelante demandaba a la apelada en reivindicación para recobrar el mismo terreno en cuestión. Esta demanda era necesariamente una admisión solemne de que la opositora estaba en posesión del terreno reclamado. La apelante se opuso a la admisión de esta prueba por motivos que no entendemos claramente. Se dijo algo, como en el párrafo anterior, de una posesión que dependía de un título y no la posesión material. La corte estaba enteramente justificada al admitir la demanda.

El único otro error alegado que es necesario discutir se refiere al no conceder la corte a la peticionaria el dominio del solar no reclamado por la opositora. En la corte inferior la discusión principal fue sobre los derechos en conflicto de estos dos vecinos. Nadie sugirió a la corte que debía dictar una sentencia respecto a parte del terreno. Cuando un demandante insiste en una descripción específica y no modera su reclamación, la corte no está obligada a actuar por él.

Además, la corte no está obligada a actuar de agrimen-sor y determinar para un peticionario cuáles son los límites de una reclamación disminuida (diminished claim).

También tenemos dudas de si en una información de dominio, con su aviso a las autoridades públicas, etc., puede un peticionario enmendar su reclamación durante el juicio, pero es innecesario resolver específicamente esta cuestión.

No encontramos que se haya cometido error alguno, y la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico a instancias de Eugenio Padilla Ríos, Tomás Oramas López, Pablo Coronado Larracuenta, José Frontera Maristany, Modesto Rivera Domefuch, Francisco Martínez Rodríguez, Felipe Nery Quiñones y José Casta Fornés, peticionarios y apelantes, v. Joaquín Oms Sulsona, Alfredo López López, Mateo S. Rivera, Juan Miró Barneset, Juan S. Martínez, Joaquín González Ríos, Simón Simonetti y Pablo Tórrellas, demandados y apelados.
    No. 3882.

    Visto: Abril 15, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Quo WARRANTO — JURISDICCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIO — DE LAS COSTAS del Procedimiento — Derecho a Ellas — Honorarios de Abosado del De-mandado. — Según la Lev de 1902 relativa al procedimiento de quo warranto (Comp. 1324), e independientemente de cualquier cuestión de temeridad, un demandado en dicho procedimiento tiene derecho a una suma razonable por concepto de honorarios de abogado.
    2. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Honora-rios de Abogados.- — -Atendidas las circunstancias del caso de autos j la can-tidad concedida como honorarios, ésta se redujo a $300 como una cantidad razonable por los servicios prestados.
    Resolución de Charles E. Eoole, J. (Mayagüez), aprobando memo-rándum de costas.

      Modificada y confirmada.

      Benet <& Souffront, abogados de los apelantes; Luis Muñoz Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes, quienes fueron condenados a pagar las costas, apelan de la resolución de la corte inferior y alegan que la cantidad concedida por concepto de honorarios de abogados es excesiva. El procedimiento objeto de estas cos-tas fué un quo warranto entablado con. el consentimiento del Attorney General. En el caso original la corte de distrito dictó sentencia a favor de los demandados porque creyó que el certiorari era el remedio exclusivo. Resolvimos que el certiorari no era el único remedio, pero confirmamos la sen-tencia de la corte inferior, basándonos en el hecho de que la petición, de acuerdo con la Ley de Elecciones, fué presen-tada demasiado tarde. El Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455.

De modo que aparece que los apelantes tenían el consen-timiento del Attorney General para presentar la citada pe-tición y solamente dejaron de obtener una vista, sobre los méritos, debido a que la acción había prescrito, pues debió haber sido presentada dentro de los quince días de haberse anunciado el resultado de las elecciones.

Convenimos con los apelados, sin embargo, que independientemente de cualquier cuestión de temeridad, según la ley de 1902, Estatutos Revisados, Sección 1324, reía-tiva al procedimiento de quo ivarranto, nn demandado tiene derecho a una suma razonable por concepto de ^honorarios de abogados.

Esta sección dice así:

“Siempre que se pronuncie alguna sentencia a favor de algún demandado, éste recobrará del demandante las costas, incluyendo una suma razonable para honorarios de abogado.”

En el caso de El Pueblo, por querella de Ramón Salgado v. López, 30 D.P.R. 259, la corte inferior había concedido honorarios de abogados al peticionario en un procedimiento de quo warranto y se alegaba que solamente el demandado tenía derecho a tales honorarios de abogado de acuerdo con la citada Ley de 1902. Nos sentimos obligados a declarar que el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil era una ley de. aplicación general y que la intención de la Legis-latura fue incluir todos los casos en los cuales no aparecía claramente una intención diferente. En otras palabras que un peticionario también tenía derecho a honorarios de acuerdo con la ley en general. Esta resolución nuestra no milita contra la intención de la Legislatura de que de acuerdo con la mencionada Ley de 1902 debía concederse una canti-dad razonable por concepto de honorarios de abogados al demandado cuyo derecho a poseer un cargo había sido ata-cado sin éxito alguno. Generalmente es de interés para el público que los oficiales estén en función.

Estaba dentro de las atribuciones de cada parte en este caso saber que el procedimiento de quo warranto fue ini-ciado demasiado tarde. Por consiguiente, los méritos de la reclamación del peticionario no pueden desempeñar un gran papel. El demandado pudo defenderse simplemente ale-gando la prescripción, pero de todos modos se, vió obligado a utilizar los servicios de un abogado. Bajo todas las cir-cunstancias expuestas, creemos que $300 es una cantidad ra-zonable por tal concepto.

La cantidad concedida debe ser reducida a $300 y después de modificada la sentencia debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.


text:
    Mercedes Marín Brignoni, demandante y apelante, v. Wilbert P. Parkhurst, demandado y apelado.
    No. 3784.

    Visto: Junio 17, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Divorcio — Cuidado o Custodia y Manutención de dos Hijos — Persona a Quien Corresponde. — La custodia de los niños sigue la patria potestad, y ésta corresponde o se da por ley al cónyuge que obtuviere el divorcio.
    2. Divorciado — Cuidado o Custodia y Manutención de ios< Hijos — Tiempo para Solicitarla Una Vez Decretado el Divorcio — En General. — Decretado el divorcio, el cuidado o custodia de los hijos puede solicitarse de la corte en cualquier tiempo por el cónyuge inocente, aún cuando ésta haya asentido con su silencio a que la corte pusiera, por su sentencia, los hijos bajo la patria potestad del cónyuge culpable.
    ResoltjciÓN de M. Rodríguez 8erra. J. (San Juan, Segundo Dis-trito), declarando sin lugar moción de la demandante sobre re-consideración de sentencia.

      Revocada, enmendándose sentencia objeto de reconsideración en el sentido de conceder a la deman dante la patria potestad y custodia de sus hijos.
    O. M. Wood, Luis E. Bubón, Félix Ochoteco, Jr., abogados de la ape-lante; Salvador Mesíre, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una apelación que exige que se resuelva con pron-titud razonable, ya que se trata de la custodia de un niño. Sin embargo, el procedimiento está algo complicado y la-mentamos que el abogado del apelado no asistiera a la vista del caso ni presentara alegato.

Con fecba 4 de junio de 1924 la apelante Mercedes Marín Brignoni obtuvo una sentencia de divorcio contra su esposo, Wilbert P. Parldiurst. En dicba sentencia, aunque la de-mandante resultó victoriosa, la corte ordenó que los dos hi-jos habidos durante el matrimonio continuaran bajo la pa-tria potestad del padre.

Posteriormente la demandante se llevó nno de los niños para sn casa, alegando que este niño estaba abandonado. Ella presentó prueba a ese efecto. Entonces bay en los autos una petición radicada a nombre del demandado y firmada por su abogado, solicitando que el citado niño fuera puesto al cuidado de su hermano Norman E. Parkhurst, a quien el demandado había confiado la custodia del niño. La petición, en lo que al nombre se refiere por lo menos, no fué presen-tada por Norman E. Parkhurst, según alega el apelante, sino a nombre del mismo demandado.

Después de varias mociones preliminares atacando la pe-tición y la jurisdicción de la corte, la demandante contestó en 10 de octubre de 1924. Aparece después en los autos una moción de la demandante fechada 4 de octubre de 1924, en la cual ella solicita la reconsideración de la sentencia. La corte declaró sin lugar todas las mociones de la demandante. La corte dijo que su decisión de que los hijos continuaran bajo la patria potestad del padre se debía a que la deman-dante había manifestado que no tenía medios para hacerse cargo de los niños. Con su silencio hasta cierto punto la demandante había asentido a la actuación de la corte al po-ner los niños bajo la patria potestad del padre.

No obstante, la ley es imperativa y da la patria potestad al cónyuge que obtuviere el divorcio. Artículo 175 del Có-digo Civil. Polanco v. Alvarez, 33 D.P.R. 943; Mallén v. Vidal, 25 D.P.R. 669.

La mayoría de esta corte es de opinión que la custodia de los ■ niños sigue la patria potestad. Sin embargo, si se dejara esto a nuestra discreción, estamos todos de acuerdo en que bajo los hechos del presente caso debe darse a la demandante la custodia de los niños. Son muy jóvenes y la prueba tiende a demostrar que la madre es la persona que está en mejores condiciones para tenerlos a su cuidado. Ella vive entre parientes que están dispuestos y en posición de ayudarle a cuidarlos.

El fiscal de esta corte presentó nn informe, según el cual él es de opinión que Rabia algo como un impedimento (estoppel) contra la demandante a causa de no Raber ella tomado acción alguna contra la sentencia de la corte inferior al tiempo que fué dictada. No tenemos duda de que algo incidental al divorcio, como la pensión alimenticia o el cuidado de los Rijos, puede solicitarse de la corte en cualquier momento.

Debe revocarse la orden declarando sin lugar la moción de reconsideración, enmendarse la sentencia y concederse la patria potestad a la demandante, poner los niños bajo el cui-dado de ella y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    La Sucn. de Vicente Soltero Pagán, representado por su viuda Trinidad Acosta y sus hijos Vicente, Alberto y Félix Pagan Acosta, demandantes y apelantes, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandada y apelada.
    No. 3641.

    Visto: Noviembre 13, 1925.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones del Tribunal Inferior, Sobre la Prueba — Suficien-cia de "ésta para Sostener Aquéllas. — En el caso de' autos — acción de daños y perjuicios por muerte — la demanda se declaró sin lugar por insufi-ciencia de la prueba del demandante para sostener los alegados actos cons-titutivos de culpa y negligencia de los empleados de la demandada. Exami-nada la prueba y la demanda, se resolvió que las conclusiones de la corte inferior sobre la prueba estaban plenamente justificadas por dieba prueba.
    2. Ferrocarriles Urbanos (Street Railroads)- — Reglamentación y Explotación (Operation) — Acciones por Daños Causados — Evidencia—Suficiencia de la Misma — Negligencia Oontrirutoria y Descuido — Persona que Cruza la Vía Férrea. — En este caso — acción de daños y perjuicios por muerte— se resolvió la evidencia demostraba que la muerte ocurrió por negligencia y descuido del causante de los demandantes.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando sin lugar la demanda con costas.

      Confirmada.

      Luis Muñoz Morales y José G. Torres, abogados de la apelante; T. E. Brown, y Clemente Buiz Nazario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sucesión de don Vicente Soltero demandó a la Porto Rico Railway, Light & Power Oo. reclamándole indemniza-ción por la muerte de su causante don Vicente Soltero ale-gando que ocurrió en la parada 28 de la línea férrea de ca-rros eléctricos por culpa y negligencia de los empleados de la demandada, consistente en que no detuvieron el carro en dicha parada siendo obligatoria, en omitir el aviso o toque de campana al acercarse el carro eléctrico a dicho sitio y en mantener en mal estado los frenos y su mecanismo.

Celebrado el juicio, la corte de distrito dictó sentencia, declarando sin lugar la demanda fundándose en que la evi-dencia que presentaron los. demandantes no era suficiente para sostener sus alegaciones porque no se probó que fuera obligatoria la parada de los carros en aquel sitio sino que solamente se detienen allí para coger o dejar pasajeros; que la preponderancia de la evidencia está en contra de los de-mandantes en cuanto a que el motorista no tocara la cam-pana en señal de peligro y que lo que la evidencia tiende a probar, es que el accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia o descuido del propio interfecto que no guardó la necesaria precaución cuando después de desmon-tarse de una diligencia automóvil (guagua) en aquel sitio para dirigirse a la estación del ferrocarril se lanzó ciega-mente sobre la vía de los carros eléctricos, en los momentos mismos en que se acercaba el carro que lo arrolló, sin que el motorista pudiera darse cuenta de su presencia con tiempo bastante para evitar el accidente.

Contra esa sentencia ha interpuesto esta apelación la parte perjudicada por ella alegando como único motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al considerar que no se justificaron las alegaciones de la demanda.

Hemos examinado la evidencia presentada en el juicio en la corte inferior y las conclusiones de ésta las en-contraíaos plenamente ¡justificadas, pnes no solamente deja-ron de presentar los demandantes evidencia de que el carro eléctrico que causó la muerte por la cual se reclama no es-taba en buenas condiciones, lo que quiere deducirse por los apelantes del mero hecho de no haberse detenido a distancia de cinco metros, sino que por el contrario la demandada probó con un perito que el carro tenía su mecanismo y frenos en buenas condiciones. No probaron los demandantes estatuto, ordenanza o reglamento que impusiera deber a la demandada de detener su carro en aquel sitio; la evidencia en cuanto a si fué tocada la campana de alarma fué contradictoria aun-que preponderante en favor de la demandada. Y también convenimos con la corte inferior en que lo que demuestra la evidencia es que la muerte ocurrió por negligencia y des-cuido de don Vicente Soltero quien llegó a aquel sitio en una guagua de la que bajó y cogió su maleta para atravesar la vía para llegar a la estación del ferrocarril sin darse cuenta de que estaba muy próximo un carro de la demandada, que lo arrolló a pesar de que el motorista trató de pararlo dán-dole contramarcha, hecho que es muy parecido al ocurrido en el caso de García v. San Juan Light & Transit Co., 17 D.P.R. 627. En el caso de El Pueblo v. Vázquez, 33 D.P.R. 194, se juzgó la responsabilidad criminal del motorista por el mismo hecho que motiva esta apelación y después de una extensa opinión en que se trataron detenidamente las cues-tiones envueltas en este recurso, revocamos la sentencia condenatoria y absolvimos al acusado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Tiburcio Llorens Torres, demandante y apelante, v. Ana Josefa Omedes Quiñones, demandante y apelada.
    No. 3859.

    Visto: Mayo 19, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Apelación—Re-visión — Cuestiones de Hecho y Conclusiones.' — Resultando documental-mente cierto en el caso cío antos que, la demandada tome") posesión judicial de la finca de que se trata; vista la prueba del demandante respecto a la fecha en que la finca se desocupó y al cobro de arrendamientos hechos pot él, se resolvió: que la corte inferior estuvo justificada, con vista de dicha prueba, a no dar crédito a la del demandante j al no estimar probado' que éste estuviera) en posesión de dicha finca cuando la ocupó judicialmente la demandada.
    SENTENCIA de- B. TL. Todd Jr., 3. (Ponce), declarando sin lugar pe-tición de injunction para recobrar la posesión, con costas.

      Con-firmada.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Erasto Arjona Siaca, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Para sostener el demandante su recurso de apelación en este caso contra la sentencia dictada en su contra alega error en la apreciación de la prueba y que es contraria a la prueba y a derecho, lo que trata conjuntamente.

El apelante presentó el 13 de octubre de 1925 demanda jurada de injunction para recobrar la posesión de una casa alegando que estaba en posesión material de ella desde bacía más de dos años j que en uno de los días del mes de agosto de 1925 la demandada Ana Josefa Omedes, de manera vio-lenta y fraudulenta y sin'orden legal, tomó posesión de ella privando al demandante de su posesión. La demandada se opugo a esa reclamación y celebrado el juicio fue dictada sentencia declarando sin lugar la demanda, siendo uno de sus fundamentos que el demandante no había probado la posesión que alegaba tener porque la corte no daba crédito a sus testigos.

La evidencia para probar la demanda consistió en la de-claración del demandante, en dos testigos yf en los autos de un pleito seguido por Ana Josefa Omedes contra Pedro Oliver en el que consta que el 7 de julio de 1925 fue dada po-sesión judicial de dos terceras partes de dicha casa a Ana Josefa Omedes en cumplimiento de sentencia recaída en él. El demandante no declaró en el juicio que tenía la posesión de la casa por más de dos años, como alegó en su demanda bajo juramentó, sino que la casa era de José Cruz quien la poseyó basta febrero de 1925 en cuya fecha se la compró, habiendo seguido José Cruz cobrando sus rentas hasta el mes de junio, y desde entonces las cobró el testigo' por me-diación de Juan Vázquez. Este testigo, Vázquez, declaró que cobraba las casas del demandante y que la de este pleito la vivió Miguel Angel García hasta el mes de agosto de 1925 en que le entregó la llave de la casa y que sólo tuvo que ver con esa casa por dos meses pues antes nada sabía de ella. Miguel Angel Vázquez declaró que vivió esa casa como un año habiéndosela alquilado a José Cruz y después al deman-dante, a quien pagaba la renta, habiéndola desocupado en el mes de agosto de 1925, y que el último pago de arrendamiento que hizo a José Cruz fue el 22 de junio de 1925 y desde en-tonces hasta agosto, pagó al demandante.

En vista de que documentalmente resulta cierto que la demandada tomó posesión de la casa judicialmente el 7 de julio de 1925 y que los testigos del demandante dijeron que en el mes de agosto fué desocupada la casa por Miguel Angel García y que fueron cobrados arrendamientos de ella hasta el mes de agosto, estuvo justificada la corte inferior en no dar crédito a la prueba del demandante y al no estimar probado que el demandante estuviera en posesión de la casa cuando la ocupó judicialmente la demandada, por lo que no existe el error alegado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob 'Wolp,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Ramos, acusado y apelante.
    No. 2794.

    Visto: Junio 22, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Registros y Secuestros (Searches and Seizures) — Registros y Secuestros Ilegales — Actuaciones .'no Constitutivas de Registros y Secuestros Ile-gales. — Cuando un policía ve o sabe que una persona se dispone a botar un arma prohibida y la ocupa, su actuación no constituye un registro u ocu-pación ilegal.
    2. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración. — Cre-dibilidad de los Testigos en General — Cuestiones que no Afectan la Credibilidad. — Una ocupación ilegal no afecta la credibilidad de un testigo ni debilita su declaración.'
    SENTENCIA de Angel Acosia Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Felipe Colón, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob 'Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El único error señalado por el apelante ataca la sentencia de la corte declarando al acusado culpable del delito que se le imputa. El apelante cita la sección de la ley para demostrar que el registro o la ocupación del arma en este caso fué ilegal. Un testigo había declarado que un policía ocupó el arma en momentos en que el acusado se disponía a botarla. Cuando un policía ve o sabe que un hombre se dispone a botar un arma prohibida y la ocupa, no podemos resolver que esto constituye un registro u ocupación ilegal. Sin embargo, en ningún sitio en los autos aparece que se presentó objeción alguna a la forma de la supuesta ocupación del arma y no nos es posible concebir la materialidad de esta alegación. Una ocupación ilegal no afecta la credibilidad de un testigo ni debilita su declaración.

Un policía declaró que otra persona botó otra arma, pero que no le fué posible hallarla, ya que cayó o probablemente cayó en un pequeño cañaveral. La ocupación del arma tuvo lugar en las afueras del pueblo de Juana Díaz, en la Calle Muñoz Rivera. El policía dijo que por allí no había casas. El otro testigo de El Pueblo dijo que había casas a ambos lados de la calle.

Contradicciones de esta clase entre testigos honrados de una de las partes son tan frecuentes en casos criminales y en casos de accidentes que prácticamente forman la regla general. Es raro que los testigos de una de las partes estén de acnerdo respecto a los detalles. Es mnclio más probable estar en completa armonía en casos en que los. testigos ban sido preparados. La supuesta contradicción fue sobre un punto enteramente colateral. El juez, al ser necesario, po-día, creer a uno de los testigos, o pudo no creer a ninguno de los dos respecto a la cuestión colateral, y sin embargo ba-ilar que ambos testigos decían la verdad al manifestar que el acusado portaba un arma prohibida. El apelante dice que babía otras contradicciones entre los dos testigos del go-bierno, pero no las indica ni tampoco nos ba sido posible bailarlas.

Hubo un fuerte conflicto en la prueba. El acusado y sus testigos trataban de demostrar que el arma fue recogida del suelo y que nunca estuvo en poder del acusado. Sin embargo, no bailamos razón alguiia para distinguir este caso del volumen de decisiones en las cuales bemos resuelto que la apreciación de la prueba corresponde al juez sentenciador. Ei este caso se hubiese visto ante un jurado, nadie en cir-cunstancias normales podría esperar una revocación basán-dose en los hechos. Cuando el caso es resuelto por la corte, mucho menos debe esperarse hallar parcialidad, prejuicio o indebida apreciación de la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Concepción Santiago y Félix Feliciano, acusado y apelante.
    No. 2800.

    Visto: Junio 18, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    1. Obstruir la Justicia (Obstructing Justice) — De la Acusación o Denuncia— Suficiencia de las Mismas — Resistencia a Policías. — Denunciada una persona por resistir a un policía al tratar éste de ocupar un licor en la casa de aquél, cuando la denuncia ni describe la comisión de un delito con dicho licor ni la ejecución de una orden de allanamiento, ella no imputa el delito •de resistir a. un funcionario previsto en ol artículo 137 del Código Penal.

      2. Bebidas Embriagantes — Delitos—Mera Posesión de Bebidas — En Oasa Particular. — La mera posesión ele "bebidas embriagantes en una casa particular sin nada más, no es un delito.
    Sentencia de Gabriel Caslejón, J. (Humacao), condenando a los acusados culpables de infracción al artículo 137 del Código Penal.

      Revocada y absueltos los acusados.

      Adolfo García Veve, abogado de los apelantes; José E. Eiguerasf abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso era como sigue:

“Yo, Félicot García, P. I. No. 395, vecino de Fajardo, P. R., calle del Río, número_, mayor de edad formulo denuncia contra Concepción Santiago y Félix Feliciano, por delito de Inf. al Art. 137 del 0. P., cometido de' la manera siguiente: Que en 30 de Nov. 1:30 P. M. de 1925, y en el sitio Maternillo de la Playa de Fajardo, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, P. R., que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. R., los acusados arriba mencionados, allí y entonces, maliciosa, voluntaria e ilegalmente y en los momentos en que el denunciante en unión al Jefe de Distrito y del guardia Tomás Díaz, trataban de ocupar un licor en la casa de los acusados, éstos voluntariamente resistieron, demoraron y estor-baron la acción de las autoridades allí presentes, sujetando al de-nunciante, derribándolo al suelo, dando tiempo a que la señora de la casa cogiera el licor y lo botara.”

A menos que se esté cometiendo un delito o a menos que tenga una orden de allanamiento un policía no tiene más derecho de entrar a una casa particular y empezar'a registrarla que cualquier otro ciudadano. De manera que una denuncia que: ni describe la comisión de un delito ni la ejecución de una orden de allanamiento, no imputa el delito de resistir un funcionario, según lo expresa el artículo 137 del Código Penal,, que dice así:

“Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare, o estor-bare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dollars y cárcel por un término máximo de un año.1 ’

No aparece de la denuncia que los policías estuvieran en la casa de los acusados en el cumplimiento de un deber. La mera posesión de bebidas embriagantes en una casa particular sin nada más no es un delito. El Pueblo v. Muñoz (35 D.P.R. 360).

Durante el juicio se demostró que los policías realmente poseían una orden de allanamiento, pero no encontramos que la mostraran o hicieran saber a los acusados que la poseíam De modo que aún si la denuncia hubiese sido suficiente, es-tamos inclinados a creer que hubiéramos estado obligados a declarar que la prueba era insuficiente.

La sentencia debe ser revocada y absolverse los acusados.


author: El Juez Asociado Señob, Hutchison,,

text:
    Luisa Pérez González, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3702.

    Visto: Enero 13, 1926.

      Resuelto: Julio 15, 1926.
    Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo— Procedimientos — Procedimientos de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Apelación Contra Sentencias Dictadas por los Tribunales al Revisar Dichos Procedimientos — Revisión—Cuestiones de IíeohO' y Con-clusiones. — Examinada la pruelia en este caso se resolvió la corte inferior cometió error al apreciarla.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Revocada y devuelto el caso para ulte-riores procedimientos.

      Alberto García Bucos, abogado de la apelante; Hon. Attorney General George G. Butte, G. Llattge-r Díaz y Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Hutchison,,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante presentó una demanda solicitando la re-visión de un fallo adverso de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros y apela de raía sentencia declarando sin lugar la demanda.

La relación del caso y opinión dictada por el juez de dis-trito es como sigue:

“Primero: Que Justo Velazquez González en 6 de abril de 1922 era un capataz de carretera, empleado por el Gobierno Insular, ga-nando un salario de $0.75 diarios.
“Segundo: Que mientras estaba ocupado en sus faenas como tal capataz en dicha fecha 6 de abril de 1922, sufrió una herida pe-queña en un pie, que no le impidió continuar su trabajo.
“Tercero: Que posteriormente, o sea el 25 de abril de 1922, fa-lleció Justo Velázquez González, a consecuencia de séplicopioemia de origen traumático, iniciada tal infección en una herida que se produjo el expresado Velazquez con un clavo del zapato, en la re-gión plantar del pie izquierdo, cerca del talón, desarrollándose la co-rrespondiente infección o linfagitis.
“Cuarto: Que la causa de tal infección, y por tanto, de la muerte de Justo Velázquez González, no fue debida a un accidente del trabajo que ocurriera a este capataz mientras trabajara para el Departamento del Interior y dentro de las funciones o como conse-cuencia de las mismas inherentes a su cargo.”

bin el sexto y último señalamiento se alega que la corte cometió error al apreciar la prueba, y después de un estudio minucioso del récord estamos enteramente de acuerdo con esta' alegación de la apelante.

La declaración no contradicha de varios testigos demues-tra concluyentemente que mientras Velázquez trabajaba con un pico, la punta de éste tropezó con una piedra y le per-foró el zapato del pie izquierdo cerca del talón, por el sitio que se junta la suela del zapato con la piel del mismo, pe-netrando en el pie. No bay conflicto alguno sobre este punto en la prueba aducida durante el juicio. La resolución de la corte sobre este aspecto del caso es indudablemente correcta.

A fin de que el récord bable por sí mismo y no por con-ducto de un comentarista, transcribimos totalmente la decla-ración, de un empleado de la demandada que ocupó la silla de los testigos en doble carácter, como testigo de ambas par-tes, junto con toda la prueba presentada por la Comisión después de la demandante haber terminado de presentar la suya:

“Declaración jurada del testigo y perito doctor Cancio: Fue ofrecido este testigo por la demandante como perito también; la demandada aceptó la capacidad del declarante e hizo suya la decla-ración del mismo, en cuya virtud éste bajo juramento e interrogado por la demandante declaró: que se llama Miguel Rodríguez Cancio Vendrell; es médico-cirujano; ejerce en San Sebastián, P. R.; co-noció a Justo Velázquez y González, a quien vió allá por el 10 de abril de 1922. Que dicho Velázquez González murió, lo que le consta al testigo porque él fue quien certificó la muerte. Que cuando dicho Velázquez González falleció, éste vivía en la carretera de Moca a San Sebastián, ahí por el kilómetro 11, y era de color blanco. Que dicho individuo falleció de séptico piohemia de origen traumá-tico.
“Prueba documental: En este acto la parte áetora presentó como prueba, siendo admitida sin oposición y mareada exhibit ‘B’ de la demandante la certificación expedida en Moca, en 29 de abril de 1922 por el Encargado del Registro Civil de dicho pueblo y cre-ditiva del fallecimiento de Justo Velázquez y González. Continua-ción de la declaración del Dr. Cancio: Continuó declarando dicho testigo bajo el mismo juramento prestado y, a preguntas de la parte actora contestó: que la muerte de referencia le provino a dicho Ve-lázquez González de algún puntazo que se hizo asunto de un proceso infeccioso que dió lugar al flemón difuso del pie; la infección, por descomposición del pus, se generalizó, dando lugar a una séptico-piohemia que indiscutiblemente fué la causa inmediata de la muerte de dicho lesionado. Que antes de morir el referido Velázquez Gon-zález, el perito lo examinó y le encontró un flemón difuso en el pie izquierdo, de origen traumático, presentando una herida pun-zante en la planta de dicho pie izquierdo, hacia el lado de adentro del mismo, o sea por la mitad del pie, por el sitio donde está la cos-tura de la piel del zapato con la suela; y presentaba además otra ligera herida más hacia el talón del mismo pie. Interrogado por el señor Fiscal,- el perito contestó: que- recuerda que dicho lesionado, cuando el testigo lo examinó tenía, además de dicha herida punzante, una ligera incisión superficial en la región plantar, pero más hacia el talón; pero ésta le había sido dada por un practicante de Moca con objeto de sacar el pus; que era una herida muy superficial, la que apenas había traspasado parte de la piel; pero que la herida que se infectó fué la punzante, la de la planta que era la que es-taba cerca de la costura de la suela y la piel del zapato. Que la otra se veía claramente que había sido dada con un bisturí. Que la he-rida que presentaba gravedad no era la dada con el bisturí porque ésta se efectuó para darle salida al pus; que el paciente tenía in-fectado todo el miembro, todo el pie, con una grave séptico-piohe-mia; que recuerda bien que la herida que tenía la infección no era la del talón, sino la otra (señalando el testigo el pie izquierdo, en-tre la planta y el talón, por el sitio donde se junta la suela con la piel del zapato). Que conoce al señor Calventy pero no recuerda a Juan Bautista Soto Latorre, investigador de la Comisión de In-demnizaciones a Obreros, pero puede ser que también lo conozca. Que recuerda haber informado a la Comisión de que hacia el 11 de abril de 1922 fué a visitar a Justo Velazquez González; que allí se enteró que ya el Dr. Jiménez Serra, de Aguadilla, y un practi-cante de Moca le había verificado una incisión en la región plantar del pie izquierdo; que de su examen dedujo que el paciente había recibido una lesión punzante, bastante seria, que- se había hecho asunto de un proceso infeccioso que dió lugar al flemón difuso del pie; que la infección, por descomposición del pus, se generalizó, dando lugar a una séptico-priohemia de la cual murió el paciente cuatro o cinco días después. Que el declarante es médico de la Co-misión de Indemnizaciones a Obreros, en San Sebastián, desde hace algunos años, siendo sus deberes, como tal, asistir a los lesionados. Que hace 5 6 6 años viene ejerciendo como médico de dicha Comi-sión demandada; siendo sus deberes curar a los lesionados cuando reciben algún accidente; que dicho lesionado, cuando el testigo fué a verle, ya tenía dos heridas, pero una era punzante y la otra una in-cisión hecha con un bisturí en el talón del pie izquierdo; que la herida punzante era la que se había infectado y esa estaba más hacia fuera de la planta, hacia el lado del pie; que la lesión pun-zante fué la que aparecía infectada; que la otra había sido dada con objeto de buscar el pus: es decir, una herida fué como explora-ción y la otra casual. Que no vió los zapatos de ese hombre ni le llamaron la atención de que tuviera clavo mohoso alguno; pero que la herida punzante no correspondía con la de un clavo de zapato. Vuelto a preguntar por el abogado de la demandante, el testigo contestó: que la infección fué producida en la herida punzante; que cuando el testigo fué a visitar al paciente éste estaba grave, te-nía delirio y no se encontraba en aptitud de ponerse con cuentos ni explicaciones; que no le preguntó cómo se había hecho la herida, sino que le enseñó el pie y encontró un flemón difuso enorme. In-terrogado por el Hon. Juez, el perito contestó que la herida pun-zante pudo ser ocasionada con la punta de un pico de los que usan en la carretera, que se zafara de una piedra y saltara a esa región del pie; que no hay manera de confundir una herida punzante con una incisión; que la herida punzante fué la infectada y no la in-cisión practicada como medida exploratoria para ver si había pus; que el flemón era difuso; se bacía necesario darle cloroformo al paciente y abrir el pie por distintas partes; pero cuando el decla-rante fué a ver al paciente ya era tarde.
“Prueba de la demandada: Declaración jurada del doctor Jimé-nez: Compareció este testigo, prestó juramento y a preguntas de la parte demandada contestó: que se llama Buenaventura Jiménez Serra; que se dedica al ejercicio de la medicina y cirugía, la que ejerce, hace once o quince años en Aguadilla; que es graduado de la universidad de Michigan y está desempeñando el cargo de médico de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, entre Moca y Agua-dilla desde que se fundó tal Comisión; que como tal empleado, tiene la obligación de curar a los lesionados. Que recuerda haber asistido al lesionado Justo. Velazquez González en abril de 1922; que lo fué a ver por cuenta del municipio de Moca; que llegó a la casa del enfermo y se encontró éste allí y, como se trataba de una infección de una pierna, y como es costumbre del declarante pregun-tarle a todo el mundo si está asegurado en la Comisión de Indemni-zaciones, pues también le preguntó a ese enfermo y éste le contestó que no era accidente del trabajo; que éste tenía una herida en un pie, la que estaba llena de pus, por lo que el declarante le dijo a su practicante que- fuera a abrirle el pie; que no recuerda si la he-rida procedía de la planta del pie. — -Repreguntado por el deman-dante, el testigo contestó: que es médico de la Comisión de Indem-nizaciones a Obreros y como tal gana $100.00 mensuales. Que no le preguntó al lesionado qué quería decir él por ‘accidente del trabajo’, ni le explicó lo que el declarante le quería signiñear con estas pala-bras; que el obrero estaba muy grave cuando le dijo esto; que esa fué la última enfermedad de su paciente, pues de ella murió. Que en el informe que el declarante mandó a la Comisión no dijo nada de esas manifestaciones que le hizo el lesionado. Que sólo acostum-bra hacer los informes cuando se trata de- accidentes del trabajo.- — ■ Vuelto a interrogar por el Fiscal, el testigo contestó: que visitó dicho enfermo con su practicante Manuel Rosa, de Moca.- — A repre-guntas del demandante, el testigo dijo: Que ése no es un practicante autorizado, es un enfermero, que le ayuda en los casos, y que el tes-tigo le dijo a este enfermero que podía abrir el pie infectado. — El demandante ofreció prueba de rebuttal en cuanto a la declaración de este testigo.
“Declaración de Juan Bautista Boto Latorre: Compareció este testigo, prestó juramento y, a preguntas del Fiscal, contestó: que se llama según se deja expresado; es investigador de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, cargo que ocupa desde liace próxima-mente cinco años. — Que allá por el año 1922, como tal empleado, tuvo que intervenir en la muerte del obrero Justo Velázquez; que, por orden de dicha Comisión, practicó una investigación en la casa en que había muerto dicho señor Velazquez; que allí encontró un zapato que le dijeron era de los que usaba el lesionado; que el za-pato mostraba una rotura en forma triangular en el pie izquierdo; que al terminar el testigo el examen del zapato, llegó a la conclu-sión que el zapato había sido cortado en forma triangular como con una cuchilla; que ese zapato era viejo y tenía unos clavitos que sobresalían un poco del talón. Que el testigo tomó varias declara-ciones, una de ellas al Dr. Cancio. — En este acto el Fiscal le pre-sentó al testigo un documento y el testigo, a preguntas del Ministerio Público, manifestó que ese documento lo. había firmado el Dr. Rodrí-guez Cancio ante él y bajo juramento.
“Exhibit ‘A’ de la demandada.- — -En este momento el Fiscal pre-sentó como prueba y fué admitida por la Corte y marcada exhibit ‘A’ del demandado, una declaración jurada por el Dr. Rodríguez Cancio en San Sebastián, el día 11 de agosto de 1922, ante J. B. S. Latorre, investigador; y la cual copiada literalmente dice así: ‘Mo-delo No. 5B. — R. 5646 Dec. 28, 1921 — 5,000.—Caso No. 20,707. — Go-bierno de Puerto Rico — 15.—Comisión de Indemnizaciones a Obreros —Declaración Jurada — Yo, Miguel Rodríguez Cancio, mayor de edad, vecino de San Sebastián, de profesión médico-cirujano, bajo juramento declaro: Que, hacia mediados de abril del corriente año, fui requerido por el vecino de Moca, Justo Velázquez González, para hacerle una visita que ofreció pagarme, alegando llamarme como médico particular y no de la Comisión de 'Indemnizaciones. — Que allí supe que antes había sido visitado por el Dr. Jiménez de Agua-dilla y que un practicante de Moca le había practicado una incisión en la región plantar del pie izquierdo. — Que de mi examen deduje que el paciente había recibido una lesión punzante en dicha región, la cual se había hecho asunto de un proceso infeccioso que dió lugar al flemón difuso del pie. — La infección por descomposición del pus, se generalizó, dande lugar a una séptico-priohemia de la cual supe murió cuatro o cinco días después.' — Que no tuve noticias allí de que fuera un accidente del trabajo y que imaginé que así debe ser cuando me llamaron como médico privado. — Que es cuanto tengo que decir con respecto al caso y al efecto lo firmo en San Sebastián a 11 de Agosto de 1922.. — (fdo.) M. Rodríguez Cancio. — Jurada y sus-crita ante mí: (fdo.) J. B. S. Latorre — Inv.’
“Declaración jurada de Tícente Calventy: Compareció este tes-tigo, prestó juramento, y, a preguntas del Fiscal, contestó: que se llama Vicente Calventy; es sobrestante de Obras Públicas desde hace 5 años; que conoció a Justo Velázquez González, trabajando éste como capataz auxiliar, bajo las órdenes del capataz Pedro Va-lentín, en la carretera que va de Moca a San Sebastián; que vió a dicho Velázquez antes del día 6 de abril de 1922; que, cuando un obrero se lesiona, el deber del capataz es comunicarlo a la oficina del declarante; que éstas eran las instrucciones que tenía Pedro Valentín; que el día 17 de abril de 1922 fué que se le notificó que dicho obrero recibiera la lesión objeto de este caso. — Repreguntado por la parte actora, el testigo contestó: que esas órdenes fueron dadas por el declarante a su capataz Pedro Valentín, orden que éste no cumplió en el caso de autos, pues no le hizo la notificación en seguida. — Vuelto a interrogar por el señor Fiscal, el declarante expuso: que dicho lesionado trabajó como año y medio bajo las órdenes del declarante; y con el Departamento por más de 14 años. —A preguntas del Hon. Juez, el testigo manifestó: que ni el día 6 de abril de 1922 ni el 17 del mismo mes y año visitó a dicho en-fermo; que no lo vió ni habló con él nada.”

Si el objeto del abogado al presentar el Exhibit “A” de la demandada era atacar la veracidad de la declaración del testig’o Cancio Vendrell, tal esfuerzo fué evidentemente un fracaso. La declaración directa e inequívoca del Dr. Can-, ció Vendrell permanece prácticamente sin contradecir, en notable contraste con la combinación poco convincente de ad-misiones, circunstancias e inferencias relacionadas remota-mente, contenidas en la prueba aducida por la demandada.

El Dr. Jiménez no dice que encontró más de una herida en el pie, ni ningún otro rasguño, puntazo o raspadura que pudiera haberse infectado. Por lo menos dos testigos que vieron el pie inmediatamente después del accidente declaran que sólo había una herida. Velázquez le dijo a un amigo que le visitaba, un día o dos después de abandonar el trabajo, que la herida se le había puesto grave. El Dr. Jiménez dice que al tiempo de su visita el paciente estaba en un estado grave. El Dr. Cancio lo halló delirando. Miembros de la familia llamados a la silla de los testigos en la prueba de rebuttal negaron que Velázquez hiciera la manifestación im-putádale por el Dr. Jiménez; pero si lo dijo o no, no es una cuestión decisiva.

Cuando cortes de última instancia no están de acuerdo acerca de lo que constituye un accidente dentro del signifi-cado de disposiciones más o menos parecidas en las varias Leyes de Indemnizaciones a Obreros, la opinión de un ca-pataz auxiliar de una cuadrilla que trabaja en una carretera, difícilmente puede considerarse como concluyente sobre este punto. Velázquez pudo haber estado bajo la impresión de que una herida que él mismo se había infligido, independiente de las circunstancias, nunca podía considerarse como un acci-dente “proveniente de cualquier acto o función inherente a ‘su trabajo’ o empleo o que ocurriera dentro del curso de éste, por consecuencia del mismo.” Él no fue repreguntado sobre esto punto por el médico y no se podía conseguir para ser repreguntado durante el juicio. Si su declaración pu-diera interpretarse como una admisión de que la infección no se originó en la herida punzante producida por el pico, no ha sido corroborada siquiera por la declaración del Dr. Jiménez, y estaría en contradicción con toda la prueba del caso, a excepción únicamente con el zapato viejo hallado por otro de los testigos presentados por la Comisión.

El zapato sobre el cual parece fundarse el caso por parte del gobierno, por la identificación que de él se pudo hacer, se menciona como uno de los zapatos que Velázquez usaba. No se desprende que fuera un zapato que formaba parte de un par, o que fuera un zapato usado por Velázquez pocos momentos antes’ de su enfermedad. El agujero triangular visto por el investigador, si se hubiera hecho con un corta-plumas como insinúa el testigo, no fue producida por un pico y no habiéndose demostrado especialmente qué parte del zapato fue cortado, es una circunstancia que tiende más bien a. la conclusión de que el zapato en cuestión no era el zapato por el cual pasó la punta del pico. Pero aún si se hubiese demostrado que éste era el zapato usado por Veláz-quez en los momentos del accidente, habría el hecho de que no ha} otra prueba en este caso para sostener la teoría de que se trataba de una infección originada en un rasguño o puntazo producida por los clavos del talón del zapato. La posibilidad de tal infección es enteramente demasiado re-mota, para compensar, superar o afectar la preponderancia de evidencia clara en apoyo de la alegación de la demandante de que la muerte fué producida por la infección de la herida recibida por Velázquez mientras trabajaba.

La sentencia apelada debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    Cristóbal Morales, demandante y apelante, v. P. González & Cía., S. en C., y Pedro González y González, demandados y apelados.
    No. 3890.

    Visto: Junio 8, 1926.

      Resuelto: Julio 16, 1926.
    Sociedades — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Personas —Acciones por o en Contra de las 'Firmas -o Socios — Partes en las Ac-ciones — Firmas y Socios Como Demandados — Acciones en Cobro de Dinero, — En acciones en cobro de dinero establecidas contra una compañía en comandita, el socio gestor de la misma puede ser incluido como demandado.
    Sentencia ele Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda en cuanto al demandado Pedro González y González, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      P. Soto Oras, abogado del apelante; José Martínez Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cristóbal Morales entabló demanda contra P. González y Cía., S. en C., y Pedro González, sobre cobro de pesos. El demandado Pedro González es socio gestor de sn codeman-dada P. González & Compañía, S. en C.

Los demandados opusieron a la demanda varias excep-ciones previas entre ellas la de defecto de partes demanda-das basada en- que habiéndose llevado a efecto el contrato que sirve de base a la reclamación entre el demandante y la demandada P. González y Compañía, S. en C., no' cabe de-mandar al socio gestor Pedro González porque la responsa-bilidad de éste sólo surgiría cuando la sociedad no pudiera responder por sí misma.

La corte desestimó las otras excepciones y declaró con lugar la de defecto de partes demandadas. Se registró sen-tencia a petición del demandante que interpuso entonces el presente recurso de apelación.

A nuestro juicio erró la corte sentenciadora. El deman-dante interpretó perfectamente el alcance de la decisión de esta Corte en el caso de M. Lamadrid y Cía. v. Torrens Martorell y Cía. et al., 28 D.P.R. 879, y comprendió en su de-manda a la sociedad y al socio. En lo único que debió ser más preciso fue en la súplica de su demanda, pero ello no importa.

El resumen del caso citado, dice:

“El socio de una compañía regular colectiva queda colocado, para todos los fines prácticos en el lugar de un fiador solidario de la sociedad, por lo que puede ser incluido como demandado en una acción establecida contra ésta para cobro de dinero; y para dejar a salvo su derecho al beneficio de excusión que le reconoce el ar-tículo 237 del Código de Comercio, bastará que la sentencia dis-ponga que sólo sean embargados y ejecutados bienes particulares del socio demandado para satisfacer la sentencia, en el caso de que el márshal devuelva la orden manifestando que no ha encontrado bienes de la sociedad o que los ejecutados no alcanzaron a cubrir el importe de la sentencia.”

Es cierto que los hechos en el caso de Lamadrid, supra, eran algo distintos, pero la amplia discusión de los princi-’ pios envueltos y el análisis de la ley y de las decisiones de Filipinas que la opinión contiene fijan claramente el crite-rio de la corte en el sentido de la procedencia de dirigir la acción desde sns comienzos contra la sociedad y contra el socio, en evitación de complicaciones, dificultades o dilaciones futuras. Claro es que la sentencia no podrá ejecutarse en bienes particulares de los socios colectivos sino después de haberse hecho excusión del' haber social, pero dictada la sentencia de tal modo, queda de una vez todo resuelto sin perjuicio para nadie, sin violar derecho alguno, y el marshal puede seguir en la ejecución hasta el fin en caso nece-sario, bajo la dirección, por supuesto, de la corte.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. "Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Las razones por las cuales disiento fueron expuestas en el caso de Sucesores de M. Lamadrid & Co. v. Torrens, Martorell & Co., 28 D.P.R. 881. La corte no dice por qué el artículo 1600 del Código Civil no es de aplicación y me pa-rece que dicho artículo hace aún más claro que no surge una causa de acción contra un socio individualmente hasta que no se ha procedido contra la sociedad.


author: El Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    Ramón y Julia Petrilli, Nieves y Enrique y Eduardo Ortiz Petrilli, demandantes y apelantes, v. Rogelio Pérez, demandado y apelado.
    No. 3854.

    Visto: Abril 28, 1926.

      Resuelto: Julio 16, 1926.
    1. Reivindicación — Alegaciones t Evidencia — De la Demanda — TItulo o Do-minio (Ownership) del Demandante — Alegación Suficiente del Título.— La abnegación de que los demandantes ‘ ‘ son dueños de un condominio de... ” sobre cierta finca que describen, es suficiente para establecer el título sobre la finca reclamada en una aeeión reivindicatoría.
    2. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — De la Demanda — Su Suficien-cia en General — Reivindicación de un Condominio en Una Finca — Omi-sión de Consignar el Dueño del Condominio Restante. — Alegándose que el demandado está en posesión de la totalidad de la finca sin buena fé ni jnsto título privando con ello a los demandantes de su posesión y dominio del condominio de que son dueños, no es insuficiente la- demanda porque dejo de consignar quién sea el dueño del condominio restante.
    Sentencia de Angel Acosba Qtrintero, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda con costas.

      Revocada.

      Arjona <& Arjona, abogados del apelante; Felipe Colón Díaz, abo-gado del apelado.
   El Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia en este caso se dictó sobre las alegaciones.

Los demandantes sostienen en sn demanda qne son due-ños de un condominio de diez y seis avas partes y noventa y ocho centésimas de otra sobre cierta finca rústica que des-criben debidamente y, además, que el demandado sin buena fe ni jnsto título detenta la finca descrita en su totalidad, privando a los demandantes de la posesión y dominio de su condominio. Solicitaron que se dictara sentencia conde-nando al demandado a restituirles el condominio en cuestión.

Alegó el demandado que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y la corte declaró la excepción con lugar. Los demandantes pidieron que la resolución se registrara como sentencia. Así se hizo y los demandantes interpusieron entonces el presente recurso de apelación.

La corte sentenciadora basó su resolución en que en la demanda no se alegó “un verdadero título sobre la finca reclamada, superior al que pueda tener el demandado;” en que tampoco se alegaron “hechos que acrediten cómo fue o es que vinieron a ser dueños (los demandantes) del men-cionado condominio;” en que no se expresa que el condomi-nio sea proindiviso, y en que no se consigna quién sea el dueño del condominio restante.

Los apelantes alegan que la corte sentenciadora erró. Tienen razón a nuestro juicio.

La Corte Suprema de California en el caso de Johnson v. Vance, 86 Cal. 129, 130, se expresó así:

“Esta es una acción de reivindicación. Se alega en la demanda que el día_de junio de 1887, la demandante ‘era dueña en pleno dominio, y con derecho a la posesión’ del terreno descrito (section 31, township 3 north, range 9 east, Mount Diablo base and meridian) y que posteriormente en el mismo mes el demandado en-tró en el terreno, desalojando a la demandante del mismo. Se in-terpuso una excepción previa general a la demanda y fué declarada sin lugar.”
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“Se sostiene que la excepción previa debió haber sido declarada con lugar porque la única alegación en la demanda respecto al tí-tulo de la demandante sobre la finca objeto de reivindicación es que ella era ‘dueña en pleno dominio,’ etc. Y se alega que esto era la expresión de una conclusión de derecho y no de un hecho último, siendo por tanto insuficiente. Este criterio no puede sostenerse. En el caso de Payne v. Treadwell, 16 Cal. 243, se hizo la misma ob-jeción a la demanda y fué desestimada, y la ley tal como allí fué establecida respecto a la suficiencia de una alegación semejante a la que aquí consideramos ha sido aprobada y seguida en numerosos casos posteriores. (Garwood v. Hastings, 38 Cal. 217; Turner v. White, 73 Cal. 299; Heeser v. Miller, 77 Cal. 192; Souter v. Maguire, 78 Cal. 543.)”

La anterior jurisprudencia resuelve los dos primeros motivos que tuvo el juez de distrito para declarar con lu-gar la excepción.

En cuanto a si el condominio es proindiviso, nos parece que resulta claramente de la demanda que lo es.

Y en cuanto a quién es el dueño del condominio restante, creemos que no puede considerarse la demanda como fatalmente defectuosa porque no lo alegue en términos ex-presos. Es suficiente que se diga que el demandado está en posesión de la totalidad de la finca sin buena fe ni justo título, privando con ello a los demandantes de su posesión y dominio del condominio de que son dueños. La contienda queda así debidamente entablada.

Debe revocarse la sentencia recurrida y declararse sin • lugar la excepción, concediéndose diez días al demandado, contados a partir del en que la sentencia de esta corte sea registrada en la corte inferior, para contestar la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario Ortega, acusado y apelante.
    No. 2805.

    Visto: Junio 16, 1926.

      Resuelto: Julio 16, 1926.
    1. Registros y Secuestros (Searches and Secures) — Registros y Secuestros Ilegales — Actuaciones no Constitutivas de Registros y Secuestros Ile-gales. — Aún cuando no se haga ostentación maliciosa o manifiesta de un arma, cuando de la prueba aparece que el acusado se impresiona al ver un policía y su actitud misma le descubre entregando espontáneamente un re-vólver que porta, ello no constituye un registro o busca ilegal.
    2 Armas- — Portar Armas Prohibidas — Intención u Objeto — Intención u Ob-jeto con, que se Conduce el Arma.- — El objeto o intención con que un acusado conduce un arma es elemento para considerar en cada caso de acuerdo con las circunstancias especiales que concurran.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Tomás Paz, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Mario Ortega fué sentenciado a cumplir treinta días de cárcel por la portación de un revólver en sn persona.

Eafael Zernto, policía insular, presentó la denuncia y la parte esencial de su declaración en que se refieren los he-chos, dice como sigue:

“P.- — ¿Usted iba de recorrida por ese barrio? R. — Fui con el señor Tomás Grillasca persiguiendo un individuo que tenía fiado el señor Grillasca. P — ¿De modo que era un prófugo ese individuo? R. — Sí. Estaba prófugo. P. — ¿En qué barrio fué? R.- — -Barrio Rubias. P. — ¿Cómo y de dónde ocupó usted el revólver? R. — Pues resulta que yo estaba hablando con Mr. Miner, el inspector de es-cuelas de Yauco y el señor Grillasca en la carretera, cuando venía este muchacho por la carretera, y al enfrentarse conmigo se cerró el gabán, y entonces me dió malicia y le dije que qué llevaba él y entonces me entregó el revólver.”

Tomás Grillasca dijo:

“R. Ahí estábamos los tres cuando el señor éste (señalando al acusado) venía en un caballo y con una capa en la mano y el poli-cía vió algo y fué seguido donde él y le sacó el revólver.”

El apelante levanta como motivo de error no haber la corte inferior absnelto perentoriamente al acusado porque el registro fué ilegal, no apareciendo que se hiciera ostentación maliciosa o manifiesta del revólver. Si partimos de la declaración del policía diciendo que al cerrarse el gabán el acusado y preguntarle qué llevaba, dicho acusado le entregó el revólver, en realidad no puede sostenerse que hubo un registro o busca en ningún sentido en la persona del acusado. Parece más bien que el acusado se impresionó a la vista del policía y su actitud misma le descubrió entregando espontáneamente el cuerpo del delito. Es cierto que la declaración de Grillasca dice que el revólver venía en la capa y que el policía se lo sacó al acusado, pero de todos modos se trata entonces de determinar la credibilidad de uno u otro testigo y el fallo de la corte inferior descansó indudablemente en la declaración del policía, a quien creyó enteramente.

La prueba de descargo establece además que el acusado era el peón dpi Dr. Arrache y que no pudiendo éste ir a una finca en automóvil por existir un derrumbe en la carretera que impedía el paso, pidió un caballo que le trajo el acu-sado con un paraguas y una capa.

Por las circunstancias peculiares de este caso la cuestión a resolver es si el objeto o intención con que el acusado conducía el revólver es un elemento para considerarse en este caso. La jurisprudencia en ese punto se resume así:

“En algunos estados se ha resuelto que el delito de portar ar-mas no constituye una excepción a la regla general de que para cometerse un delito es necesario que haya intención criminal, y en acusaciones por tal delito las cortes han tomado en consideración, al determinar si se ha violado o nó la ley, la intención con que se portaba el arma. En dichos estados se ha resuelto que si una persona solamente porta un arma como artículo de comercio, sin inten-ción alguna, razonablemente inferible, de usarla como arma, no es culpable del delito de acuerdo con la ley. Se ha resuelto además que la regla que antecede os aplicable cuando el acusado porta para su casa un arma acabada de comprar. De igual modo se ha re-suelto que si se descompone un arma, su dueño puede llevarla a un taller de reparaciones y traerla nuevamente a su casa después de reparada, sin que se le pueda hacer responsable criminalmente. Pero aún en los sitios que prevalece la anterior doctrina, se ha re-suelto que una persona que porta un arma prohibida como un ar-tículo de comercio debe llevarla directamente al sitio donde va a ser entregada, y si se demora o se desvía de la ruta directa innecesaria-mente, se le puede hacer responsable de portar armas prohibidas. En otros estados las cortes han resuelto que la intención, de una persona acusada de portar armas prohibidas es inmaterial, y que si porta un arma ocultamente sobre su persona, contrario a la ley, es culpable del delito que se le imputa, independientemente de- la causa por la cual portaba el arma. En apoyo de esta regla se ha resuelto que la intención criminal consiste en la intención de portar el arma ocultamente, y que no depende de la intención de usarla, y que el objeto de la ley no es prohibir la portación de un arma mortífera para usarla, sino evitar la ocasión y la tentación de usarla que surge- al conducirla ocultamente. Cuando se pone un arma en el bolsillo de una persona sin su conocimiento o consentimiento, tal persona no es culpable de portar armas prohibidas, aunque usando razonable diligencia hubiese podido averiguar que tenía tal arma en el bolsillo.” 8 B.C.L. pax*. 309, pág. 288.

La diferencia de opinión que se advierte en las autori-dades parece más bien aparente y todo indica que cada caso debe decidirse de acuerdo con las circunstancias especiales que concurran.

La prueba de defensa consistió en el testimonio del Dr. Arrache y del propio acusado. Tendió a establecer que el revólver venía en un bolsillo de la capa y que el acusado ignoraba su contenido. El Dr. Arrache dijo, sin embargo, que no podía afirmar que el peón ignoraba que lo traía consigo.

Es cierto, según se desprende de la prueba, que el acu-sado cumplía un encargo, apareciendo entre los objetos que iba a entregar un revólver, pero esto por sí solo no le exo-neraba de responsabilidad. La circunstancia que excusaría al acusado sería si él ignoraba que portaba el arma. Dada la manera, sin embargo, en que declara el policía que le fué entregada, Rabia que presumir que el acusado tenía co-nocimiento qne la conducía.

Por lo expuesto, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.