author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mercedes Sánchez Parra, acusada y apelante.
    Núm. 7013.

    Sometido: Mayo 18, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Arturo Aponte, Angel M. Villamil j Benjamín Ortiz, abogados de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Sánchez Parra fué acusada de un delito de asesinato. Al llamarse la vista del caso y antes de que se procediera a constituir el jurado, el fiscal redujo la califi-cación del delito a asesinato en segundo grado. El jurado la declaró culpable de homicidio voluntario. Solicitó nuevo juicio y le fué denegado. Dictóse sentencia condenándola a seis años de presidio con trabajos forzados. De la resolu-ción denegatoria del nuevo juicio y de la sentencia apeló para ante este tribunal.

En su alegato imputa a la corte sentenciadora la comi-sión de seis errores, a saber:

“1. La Corte de Distrito erró al permitir que cierta persona declarase sobre la llamada prueba de la parafina, contra la objeción y excepción de la acusada.
“2. La Corte de Distrito erró al permitir que un experto de-clarase que la mano del muerto no estuvo en contacto con arma al-guna.
“3. La Corte de Distrito de San Juan erró al no anular el veredicto del jurado por el fundamento de ser contrario a derecho y a la prueba, y negarse, por ese motivo, a conceder un nuevo juicio a la acusada.
“4. La Corte de Distrito de San Juan erró al ignorar la teoría del suicidio en sus instrucciones al jurado y al hacer caso omiso de las manifestaciones exculpatorias contenidas en la declaración escrita de la acusada que fué presentada como prueba por el fiscal.
“5. La Corte de Distrito de San Juan erró al dar instrucciones-de homicidio en este caso y al prescindir de los distintos grados o modalidades del mismo, hábiendo servido el error ante el jurado como ‘compromise1 o medio para condenar a la acusada en alguna forma.
“6. La Corte de Distrito de San Juan erró al negarse a tras-mitir al jurado la instrucción segunda solicitada por la defensa.”

Los errores señalados por la apelante están tan íntima-mente relacionados con la prueba que para la mejor inteli gencia de la discusión que habremos de hacer de cada uno d.-ellos, empezaremos con la relación de la evidencia que sirvió de base a las instrucciones de la corte y al veredicto del jurado.

En las primeras horas de la mañana del día 22 de diciem-bre de 1935 apareció el cadáver de Salvador Planadeball en la playa del Condado, en Santuree. Parecía estar recostado de una roca, con una pierna contraída y la otra extendida, como si estuviese sentado, y la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Presentaba una herida de bala en lá región parietal derecha y una erosión en una mano. El sombrero estaba en el suelo, boca abajo, y no apareció arma alguna ni casquillo de bala en sus alrededores. Vestía de blanco y tanto sus ropas como el sombrero estaban húmedos con motivo de la lluvia que cayera en la madrugada y en la mañana de ese día. La herida de bala no presentaba tatuaje ni evidencia alguna de haber estado en contacto con el humo de la pólvora. El sombrero, sin embargo, mostraba el fogonazo, y partículas de pólvora, que examinadas des-pués demostraron ser de la denominada pólvora negra, que según los peritos es la que corrientemente se usa. Ante la posibilidad de un suicidio, el cadáver fue trasladádo a una clínica y sus manos fueron sometidas a la prueba de la parafina por Eleuterio Hernández, uno de los expertos del Negociado de Investigaciones Criminales. La prueba de la parafina resultó negativa en ambas manos, lo que indicaba la ausencia de nitratos en las manos del interfecto y consi-guientemente la posibilidad de que el arma que causó la muerte hubiese sido disparada por otra persona, disminu-yendo así las posibilidades de un suicidio.

De la prueba resulta que el día 21 de diciembre de 1935 el interfecto y la acusada estuvieron de visita, como a las diez de la mañana, en la casa de Marcia Corretger, amiga de la acusada, quien residía en la calle Delicias, en Santuree. Ese día celebraban en la casa el cumpleaños de Carmen Baldorioty, hija de Marcia, y los invitaron a almorzar. Aceptaron, y se marcharon para volver a la hora del al-muerzo. Como a las doce del.día llegó él y poco después ella. Estaban disgustados y aunque se sentaron a la mesa, no almorzaron. La acusada le echaba cenizas de cigarrillo en el plato del interfecto. Estaba muy molesta porque en la mañana de aquel mismo día lo encontró hablando con una señora en el “Wonder Bar” y no vino inmediatamente donde ella. El le decía que se dejara de tonterías, que aquélla era la esposa de un amigo suyo que visitaba su casa y ella le contestaba que ella, la acusada, “era primero que nadie.” También fué motivo de disgusto el hecho de’ que la acusada insistía en que el interfecto se divorciara para entonces irse juntos a vivir a los Estados Unidos, luego que ella también se divorciara, y el interfecto le con-testaba que él no estaba dispuesto a divorciarse porque su mujer era buena, no le había dado motivos de divorcio y él no quería abandonarla con sus hijos. La acusada regresó luego a San Juan y frente al edificio Bouret se encontró con Carmen Baldorioty y Modesta Rivas, esta última nurse, que también vivía en la casa de Marcia Corretger. Las invitó que la acompañaran a la oficina del interfecto en el edificio Bouret, donde decía que tenía que recoger una carta. Subieron las tres a la oficina. El interfecto no estaba allí. La acusada fué hasta el escritorio de éste y tomó un pedazo de papel que luego fué ofrecido en evidencia y escribió: V Planas, te quiero. Si eres mío o no, dímelo. Siempre tuyo hasta el capullo”, y al dorso escribió: “Siempre tuyo hasta el capullo.” Este papel lo fijó en la pared con un alfiler, hecho lo cual derramó el tintero sobre el escritorio, desco-nectó el teléfono, cogió un portfolio de cuero conteniendo documentos- y salió con sus amigas. Fueron hasta “El Aquarium” y de allí salieron en automóvil para la casá de Marcia Corretger, llegando como a las seis de la tarde. Encontraron a Planadeball dormido en la cama de Marcia, y la acusada lo hizo levantar diciéndole que ella se marchaba para Ponee. Permanecieron, sin embargo, nn rato en ia casa, y ya oscureciendo, a invitación de la acusada, ésta y el interfecto salieron a pie con dirección al Condado. Tres testigos que se bailaban en los alrededores del edificio del club de los “ Afda”, entonces en construcción, declararon que vieron pasar, con dirección a la playa del Condado, una mujer y un hombre. La mujer caminaba rápidamente y el hombre la seguía como a un metro de separación. Que al llegar a cierto sitio, la mujer corrió y el hombre continuó detrás de ella. Algunos de estos testigos declararon que pudieron observar que ella iba vestida de oscuro y él de un color claro, no pudiendo distinguir sus rostros porque estaba ya bastante oscuro. Que una y otro se perdieron en la oscu-ridad de la playa. Uno de los testigos, después de desapa-recer ellos en la oscuridad observó como la luz de un ciga-rrillo que se extinguió algún tiempo después. Más tarde oyeron todos una detonación, pero no sospecharon que se tratase de un disparo de arma, porque en aquellos días, próximas las Navidades, acostumbraban los niños quemar petardos y creyeron que se trataba de uno de éstos. Una testigo, ama de llaves del Sr. Adrián Pérez, que vivía en la calle Nereidas frente a un solar desocupado que se ex-tiende hasta el mar, se hallaba acostando los niños cuando oyó la detonación. Salió al balcón y vió una mujer que venía corriendo sola de la playa. La siguió observando y al llegar la mujer a la esquina de las calles Condado y Nereidas, frente a la casa del Sr. Domenech, la luz del foco le permitió ver que la mujer vestía un traje azul marino, llevaba una cartera y el sombrero tenía una cinta negra.

Declaró Marcia Corretger que aquella misma noche del 21 de diciembre llegó la acusada a su casa diciéndole que Planadeball se había matado. Que la acusada tenía su ma-leta en la casa de la testigo y que se cambió el traje que llevaba, color azul marino, y se lo entregó diciéndole: “Ahí te dejo eso, pícalo, quémalo o haz lo que quieras.” Declaró también la testigo Modesta Bivas que a esa hora estaba arreglando su cama para acostarse, y al oír gente en la casa, bajó y se encontró que era la acusada, teniendo lugar entre ellas el siguiente diálogo :

“Muchacha, ¡tú estás aquí! Ya yo te hacía lejos de aquí.”
“Muchacha, cállete, que Planas se ha matado. Cuando vengan a preguntar aquí digan que no saben nada, que no me han visto.” (T. de E., pág. 229.)

La misma testigo le preguntó cómo se había matado Planadeball, pues lo había visto por la tarde y no tenía armas, y que la acusada le contestó:

“Yo tenía el revólver de él y él por la tarde empezó a decirme que le prestara el revólver, y últimamente me dijo: 'Préstame el revól-ver.’ ”

Que ella no había querido prestárselo, pero que tanto él la había molestado que se lo había dado y se lo echó en el bolsillo, y entonces dijo: “Fíjate lo que has hecho.” Declaró además esta testigo que la acusada cogió el revólver en la mano y lo echó dentro de la cartera. Lo tenía en el suelo y cuando estaban en la conversación ella lo cogió y entonces lo echó dentro de la cartera, pero antes lo limpió con la mano. Que la única persona que estaba en la habitación en aquel momento era Marcia Corretger, quien se hallaba acos-tada. Declaró también esta testigo que al decirle la acusada que Planadeball se había matado, le dijo que por qué no llamaba al hospital, porque quizás estuviera con vida, y le contestó la acusada que él estaba muerto, que lo sabía porque lo había tocado, y le dijo: “Déjalo, no vayas tú a meter la pata, tú no llames a ningún sitio.” En esos momentos llegó a la casa un automóvil donde venía un amigo de la testigo. Ésta le ofreció a la acusada si quería que ella y su amigo la llevasen a la casa donde ésta estaba hospedada y la acu-sada le contestó que no, que como la testigo iba a salir, cuando pasara por la parada 15 le hablase un automóvil para que viniera a buscarla. De la casa de Marcia Corretger la acusada fué aquella noche a la de la Sra. Amelia Bithorn, en el Condado. Durmió allí y por la noche pidió al esposo de la Sra. Bithorn que le consiguiera un automóvil para trasladarse a Ponce, saliendo a las siete del 22 de diciembre para dicha ciudad.

La declaración del Jefe de la Detective, Sr. Lloréns, es de gran importancia en el esclarecimiento de los hechos. Describe en primer término la posición en que encontró el cadáver cuando a las 7:30 de la mañana fué avisado por teléfono. Lo registró y asegura que no tenía armas. Explica luego las distintas gestiones que practicó, especialmente en la oficina del interfecto, corroborando la declaración de Modesta Bivas y Carmen Baldorioty sobre el estado de desorden en que la acusada dejó el escritorio. Declara que encontró allí una caja de cartas dirigidas al interfecto fir-madas “Merce”, y lo que es más importante, nos describe la entrevista que tuvo el lunes 23 con la acusada en la ofi-cina del Sr. Grotay primero y en la de la Comisión de la Policía Insular después. A este respecto declaró el Sr. Lloréns que respondiendo a una llamada telefónica fué a la oficina del Sr. Grotay, del periódico J’Accuse, encontrándose allí con la acusada. Le manifestó ella que estaba dispuesta a ir donde él quisiera. En presencia de la acusada le mani-festó el Sr. Grotay que ella había venido de Ponce para entregarse, porque tenía conocimiento de que la estaban buscando y quería evitar que la arrestaran en Ponce y per-judicar la reputación de su familia. Con respecto al inter-fecto le manifestó la acusada que había tenido un disgusto con él en San Juan que continuó en la casa de Marcia Corretger, y que la noche del 21 había salido de paseo con él a la playa. Allí volvieron a tener otro disgusto con motivo de que ella quería que él se divorciase por un viaje que proyectaba ella a los Estados Unidos. Que él no accedió y disgustada ella se puso de pie, diciéndole que habían ter-minádo sus relaciones. Que al dar ella unos pasos se oyó la detonación y volvió donde él creyendo qne lo había hecho para qne ella no se fnera. Que inspeccionó el cadáver y observó qne sangraba “por la parte derecha”, y al darse cuenta de que estaba muerto buscó el revólver por todas partes y no lo encontró. Qne ella tenía interés en encon-trarlo para suicidarse, y no hallándolo, regresó a la casa de Marcia Corretger a recoger algo qne tenía allí, pasando después a la casa del Sr. Mejías, esposo de la testigo Amelia Bithorn, cerca del Presbiteriano, donde durmió. Qne por la mañana temprano salió para Ponce y visitó a su tío, qne es abogado, en la Clínica del Dr. Pila. Qne al informarle lo qne'le había ocurrido su tío le dijo qne esperara qne de un momento a otro fueran a arrestarla y esto determinó su viaje a San Juan.

Presentó el fiscal en evidencia la declaración qne ante él prestó la acusada la noche del 23 de diciembre de 1935. Después de advertida por el fiscal de su derecho de abste-nerse de declarar y qne en caso de declarar su testimonio ■ podría usarse en contra suya, y luego de asegurar la acu-sada que su declaración era espontánea, que nada se le había ofrecido ni ninguna amenaza se le había hecho, procedió a describir lo sucedido en la playa en la siguiente forma:

“F. Pues entonces tenga la bondad de explicar lo que usted desee.
“A. Nosotros teníamos compromiso de ir a La Mallorquína ,< cenar . . .
“F. ¿Usted y Planas?
“A. Sí, señor.
“F. Siga.
“A. Y después pensábamos ir al Escambrón un rato y a él se le hizo tarde...
“F. ¿Se le hizo tarde a él?
“A. Sí, señor.
“F. ¿Qué hicieron entonces?
“A. Nos fuimos a pasear por el Condado.
“F. ¿Hasta dónde llegaron?
"A. Apreciarlo no lo sé. Sé que dimos unas cuantas vueltas a pie.
“F. Siga.
“A. Entonces él me indicó que fuéramos a la playa y allá fui-mos y yo me senté y él se quedó parado; entonces estuvimos hablando de ciertas cosas allí . . .
“F. De qué hablaron?
“A. De un viaje, que yo pensaba ir en enero a Nueva York.
“F. ¿Usted tenía el viaje ése sola o con él?
“A. Sola, con el propósito de ir a coger uno o dos meses de invierno.
“F. Siga.
“A. Entonces él me preguntó que cuándo yo me iba y yo le dije: ‘En la primera semana de enero’, y me dijo que sola no podría de-jarme ir, que nosotros teníamos que resolver nuestra situación.
“F. ¿Qué situación?
“A. La situación nuestra.
“F. ¿Cuál era la situación?
“A. La situación de ser nosotros dos casados.
“F. Siga.
“A. Hablamos y él me dijo: ‘Tu determinación es ésa;’ yo le dije: ‘Sí, me voy en la primera semana de enero.’ Porque él quería irse a fines de enero, porque él tenía que arreglar unos asuntos antes, porque él quería que no volviéramos más acá, por lo pronto.
“F. ¿De irse a vivir juntos los dos?
“A. Sí, señor.
“F. ¿Qué más?
“A. Yo me levanté y le dije que me iba, y él me dijo: ‘¿Te vas?’ y yo le dije: ‘Sí’, y caminé dos o tres pasos-..
“F. ¿Por qué le dijo que se iba del sitio?
“A. Porque yo suponía que él se vendría detrás de mí.
“F. ¿Qué pasó?
“A. Al caminar dos o tres pasos, sentí el disparo y viré para tras y lo llamé, porque en realidad yo creía que había sido para intimi-darme, 'y cuando me di cuenta de la realidad, empecé a buscar el revólver.
“F. ¿Lo encontró?
“A. No, señor.
“F. ¿Y por qué supuso que era un revólver?
“A. Me imaginé que sería un revólver, porque yo estuve con él y no le vi ningún revólver. O una pistola, no sé, pero yo no le he visto nada en los bolsillos.
“F. ¿Cómo lo sabe?
"A. Porque yo le puse la mano así y le saqué una cosa que tenía.
“F. 4Qué era esa cosa?
"A. Un detente de la nena.
“F. ¿Por dónde buscó el revólver?
“A. Por el lado de él.
“F. ¿Movió usted el cuerpo de él?
■ “A. No, señor.
“F. ¿Qué hizo usted entonces?
“A. Estuve como tres o cuatro minutos con él.
“ F. ,¿ Haciendo qué ?
“A. Buscando el arma y viendo si en realidad estaba muerto, porque me imaginaba que era cuestión de meterme miedo nada más.
“F. Entonces, ¿qué hizo usted?
“A. Me vine para la 18.” (Exposición del caso, pág. 24A-246.)

Presentó el fiscal también la declaración de Josefina Planadeball, esposa del interfecto, quien manifestó que el día de los sucesos el interfecto vestía de blanco, que su re-vólver estaba guardado en la mesa de noche y que lo entregó a la detective cuando se practicaba la investigación del caso.

La acusada, impugnando la declaración del perito del fiscal en relación con la prueba de la parafina, presentó un boletín impreso, publicado por el Departamento de Justicia de Washington, correspondiente al primero de octubre de 1935, en relación con la prueba de la parafina. Al terminar la prueba del fiscal, la defensa solicitó de la corte que orde-nara al jurado que trajese un veredicto absolviendo peren-toriamente a la acusada, por ser insuficiente la prueba de cargo. Denegó la corte la moción de la defensa y sometió el caso al jurado con la prueba de cargo solamente, con el resultado que ya conocemos.

Pasemos ahora a considerar los errores señalados por la apelante.

El primero dice así:

“La Corte de Distrito erró al permitir que cierta persona decla-rase sobre la llamada prueba de la parafina, contra la objeción y excepción de la acusada.”

Es sabido que cuando se dispara un arma de fuego, a menos que se use pólvora blanca o que el arma usada esté tan bien ajustada que no permita el escape de gases, los nitratos de la pólvora se adhieren a la mano del que dispara. De manera, pues, que el encontrar nitratos en la mano de una persona de quien se sospecha que. ha disparado un arma de fuego, es una circunstancia que tiende a demostrar que la persona disparó el arma. Por consiguiente, tal prueba arroja luz en cualquier investigación de esta índole, y a menos que exista una razón legal para rechazarla, debe ser admitida. Hace cincuenta o setenta y cinco años se descubrió el medio de determinar la presencia o ausencia de nitratos en relación con el disparo de armas de fuego, procedimiento éste que se denominó “prueba de la parafina o reacción de Lungeen.” Consiste la prueba de la parafina en aplicar parafina caliente, derretida, sobre la parte del cuerpo donde se sospeche la presencia de nitratos. Se forma con la parafina derretida una especie de guante. Al enfriarse la parafina, se retira ésta cuidadosamente y la. parte de la misma que ha estado en contacto con el cuerpo es tratada con cierto reactivo, y si en el cuerpo que vino en contacto con la parafina existió nitrato, éste se adhiere a la parafina y al ser tratada con la solución indicada las partículas de nitrato adheridas a la parafina se tornan de un color azul subido. Desde luego, la prueba de la parafina no es abso-lutamente segura, debido a que existen ciertas circunstancias bajo las cuales la presencia de nitrato en la mano de una persona no significa que ella haya disparado armas de fuego. Por ejemplo, una persona que ha estado fumando o que ha puesto sus manos en contacto con abonos químicos, al dispa-rarse un arma cerca de ella y sometérsele a la prueba de la parafina, dará resultado positivo, es decir, aparecerán los nitratos. Por el contrario, si una persona después de dis-parar un arma de fuego se lava bien las manos, lo más probable es que el resultado sea negativo. Negativo también será el resultado si la pólvora,usada es pólvora blanca o si el arma es de tal construcción que no permite el escape de los gases que produce la combustión de la' pólvora. Por estas razones la prueba de la parañna hay que recibirla con ciertas reservas, pero esto no implica que deba rechazarse, pues como anteriormente dijimos, la presencia o ausencia de nitratos en la mano de la persona sospechada de haber dis-parado un arma es una circunstancia a considerar en relación con el resto de la prueba.

En el caso de Commonwealth v. Westwood, resuelto por la Corte Suprema de Pennsylvania el 23 de noviembre de 1936, 188 A. 304, citado por el fiscal de este tribunal, se sostuvo que la prueba de la parafina en un casó de asesinato es admisible y competente. En el caso de Westwood se aplicó en la misma forma que se hizo en el de autos, con la sola diferencia de que aquí se aplicó al interfecto solamente, porque la acusada no consintió en que se la aplicaran a ella, mientras que en el caso de Westwood se aplicó al acusado y dió resultado positivo. Como se dijo en el citado caso:

“La presencia no explicada de partículas de pólvora parcialmente quemadas en la mano derecha del acusado pocas horas después del disparo, según declararon los químicos, si el jurado creyó que era cierta, era muy significativa. Si la muerte de la víctima se hubiese causado con arma blanca, la presencia inexplicada de sangre humana poco después del crimen, en la mano derecha de uno que tuvo opor-tunidad de cometerlo hubiera sido significativa.”

Y como toda evidencia que tienda a dar luz en uno u otro sentido es admisible a menos que su admisión esté prohibida, actuó correctamente la. corte inferior al admitir esta prueba.

De la propia prueba del fiscal surge en este caso la debi-lidad de la prueba de la parafina y que el jurado no pudo ser inducido a creer que por el solo hecho de que la prueba de la parafina practicada en el interfecto hubiese dado resul-tado negativo, tenía que tratarse necesariamente de un crimen y no de un suicidio. El jurado oyó toda la extensa prueba presentada por el fiscal y considerándola toda en conjunto, y entre ella la prueba de la parafina, estimó que la acusada babía dado muerte ilegal al interfecto.

A nuestro juicio no existe el primero de los errores señalados.

El segundo señalamiento de error dice:

“La Corte de Distrito erró al permitir que un experto declarase que la mano del muerto no estuvo en contacto con arma alguna.”

Después de explicar el perito cómo se tomó la prueba de la parafina, le interrogó el fiscal:

“F. ¿Y dice usted que dió resultado negativo?
“T. Sí, señor.
“F. ¿Qué indica eso?
“T. La ausencia de nitratos en la mano.
...
“F. Qué indica la ausencia de nitratos?
“T. La ausencia de nitratos en la mano del muerto nos indica a nosotros que su mano no había venido en contacto con arma alguna para recibir la combustión de la misma.’

A nuestro juicio la contestación del perito es perfecta-mente correcta y no pudo perjudicar injustamente los de-rechos de la acusada. Determinar si el interfecto había usado o no el arma era precisamente el objeto que se per-seguía con la prueba de la parafina.

Tampoco existe a nuestro juicio el segundo señalamiento de error.

El tercero de los errores señalados dice así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al no anular el vere-dicto del jurado por el fundamento de ser contrario a derecho y a la prueba, y negarse, por ese motivo, a conceder un nuevo juicio a la acusada. ’ ’

La cuestión primordial a determinar en este caso es si el interfecto murió por suicidio o si otra persona le privó de la vida. La prueba demuestra concluyentemente que el interfecto y la acusada se hallaban solos en el sitio de' loh sucesos y no existe posibilidad alguna que la muerte haya sido causada por una tercera persona. Examinemos, por consiguiente, todas las circunstancias que rodean el caso en relación con la conducta de la acusada y la explicación que nos da de lo sucedido.

En primer término, busquemos el móvil para el suicidio. No lo hay. La propia acusada nos dice que habían tenido un disgusto, pero que antes de ocurrir la muerte todo había pasado. Veamos la explicación que nos da la propia acusada.

“F. ¿ De qué hablaron?
“A. De un viaje, que yo pensaba ir en enero a Nueva York.
“F. ¿Usted tenía el viaje ése sola o con él?
“A. Sola, con el objeto de ir a coger uno o dos meses de invierno.
Í[F. Siga.
“A. Entonces él me preguntó que cuándo yo me iba y yo le dije: ‘En la primera semana de enero’, y,.me dijo que sola.no podría de-jarme ir, que nosotros teníamos que resolver nuestra situación.
“F. ¿Qué situación?
“A. La situación nuestra.
“F. ¿Cuál era la situación?
“A. La situación de ser nosotros dos casados.
“F. Siga.
“A. Hablamos y él me dijo: ‘¿Tu determinación es ésa?’ y yo le dije: ‘Sí, me voy en la primera semana de enero.’ Porque él quería irse a fines de enero porque él tenía que arreglar unos asun-tos antes porque él quería que no volviéramos más acá, por lo pronto.
“A. Yo me levanté y le dije que me iba, y él me dijo: ‘¿Te vas?’, y yo le dije: ‘Sí’, y caminé dos o tres pasos . . .
“F. ¿Por qué le dijo que se iba del sitio?
“A. Porque yo suponía que él se vendría detrás de mí.
“ F. ¿ Qué pasó ?
“A. Al caminar dos o tres pasos, sentí el disparo y viré para atrás y lo llamé, porque en realidad yo creía que había sido para intimidarme, y cuando me di cuenta de la realidad, empecé a buscar el revólver. (Exposición del caso, pág. 245'.)
“F. ¿La sola cuestión que trataron fué la del viaje a Estados Unidos?
“A. Sí, señor.
“F. ¿No bnbo contrariedad ninguna!
“A. No, él me dijo que no me dejaba ir sola.
“F. ¿Qué motivo era ése para que él se pegara un tiro!
“A. No sé, nunca me lo pude imaginar.
“F. ¿Ustedes no tenían disgustos!
£<A. Sí, señor, pero nunca babía sucedido nada.
“F. ¿Usted sospechaba que él pudiera tomar una actitud de esa naturaleza!
“A. No, señor.” (Exposición del caso, pág. 247.)

Si algún motivo hubiera existido para el suicidio, es indu-dable que la acusada no hubiese vacilado en declararlo, pues ello contribuiría a su absolución. Por él contrario, la prueba demuestra que si algún deseo tenía el interfecto era el de vivir, y lo revela el hecho de que quería a su esposa y a sus hijos y que aquel mismo día, horas antes de su muerte, en la casa de Marcia Corretger repetidas veces sostuvo en pre-sencia de varias personas y sin importarle disgustar a la acusada, que no quería divorciarse, que su esposa no le había dado motivos y que no estaba dispuesto a abandonarla a ella ni a sus hijos.

Sin embargo, a poco que se reflexione sobre la prueba, encontraremos las razones que pudo tener la acusada para matar al interfecto. La prueba demuestra que aquel día, en el almuerzo en la casa de Marcia Corretger, la acusada y el interfecto habían tenido un disgusto. Primero, por haberlo visto hablando con una señora en el “Wonder Bar” y no haber ido inmediatamente donde la acusada, diciendo ésta que ella “era primero que nadie.” Después, por la insistencia de la acusada, que pretendía que el interfecto se divorciara y se fuese con ella para Estados Unidos, y la firme resolución de aquél de no abandonar a su esposa y a sus hijos. En tales circunstancias, la acusada, que tenía la pretensión de ser “primero que nadie”, como ella decía, se sentía derrotada por la legítima, esposa del interfecto. Su orgullo de mujer estaba humillado. No era antes que la esposa, y es fácil imaginar hasta dónde puede llegar una mujer en tal situación. Su estado de ánimo en aquel día lo demuestra el papel que después de la discusión del medio-día le dejó en la oficina y que decía así:

“Planas, te quiero. Si eres mío o no, dímelo. Siempre tuyo hasta el capullo.”

Su resolución probablemente fué la que frecuentemente se toma en tales casos: yo o Nadie. Y la-única forma de llevar a cabo tal resolución era quitándolo del medio, y para asegurar su impunidad, momentos antes le registra los bol-sillos y se cerciora de que no tenía armas. Véase lo que resulta de su propik declaración:

“F. ¿Y por qué supuso que era revólver?
“A. Me imaginé que sería un revólver, porque yo estuve con él y no le vi ningún revólver. O una pistola, no sé, pero yo no le he visto nada en los bolsillos.
“F. ¿Cómo lo sabe?
“A. Porque yo le puse la mano así y le saqué una cosa que tenía.
“F. ¿Qué era esa cosa?
“A. Un detente de la nena. (Exposición del caso, 245-246.)

Lo lógico, lo natural, era que dada la índole de la herida que instantáneamente lo mató, y si no lo mató, por lo menos lo dejó exánime, lo natural, repetimos, es que el arma hubiera quedado en la mano que la usó, o de lo contrario muy cerca de la misma. Sin embargo la acusada la buscó con sumo interés por espacio de tres o cuatro minutos, según declaró, y no la encontró. No es posible pensar que después de re-cibir una herida como la que recibió el interfecto, pudiese tirar el arma al mar, a varios metros de distancia del sitio donde se hallaba al recibir el balazo. Ninguna otra persona había por allí en aquellos precisos momentos que pudiera haber cogido el arma. ¿No es ésta una circunstancia más demostrativa de que no se trataba de un suicidio y sí de un crimen? Sin embargo, momentos después de los sucesos la acusada sostuvo una conversación con Modesta Rivas, en la habitación de Marcia Corretger, y cuando la testigo Eivas se sorprendió de que Planadeball hubiera podido suicidarse porque ella no le había visto aquel día armas, la acusada le dice entonces que él tenía su revólver, que ella se lo había quitado unos días antes, pero que aquella tarde él insistió en que se lo prestara y ella se lo entregó. En aquel mismo momento la acusada guardaba un revólver en su cartera, no sin antes limpiarlo con la mano. Compárense estas dos situaciones contradictorias de la acusada y considérese ade-más la circunstancia de que según resultó de la declaración de la señora Planadeball el revólver del interfecto estaba en su casa el día de los sucesos, guardado en una mesa de noche y fué entregado por ella a la detective, después de la muerte de su esposo, y ofrecido en evidencia.

Otra circunstancia más a considerar en este proceso es el correr la acusada inmediatamente después de la muerte del interfecto a cambiarse de traje y ordenar que lo destruyeran, que lo quemaran, etc. Si era que el traje le traía recuerdos que no quería conservar, ¿por qué no destruyó también la cartera, el sombrero, etc.? ¿No era acaso que el traje la incriminaba? ¿Por qué antes de conferenciar con el Jefe de la Detective, Sr. Lloréns, en la mañana del 23 de diciembre, tuvo buen cuidado la acusada de pasar por la casa de Marcia Corretger para cerciorarse que el traje había desaparecido de acuerdo con sus instrucciones? Tratando de desvirtuar todas o algunas de estas circunstancias que hemos señalado, la defensa sugiere que todas estas actuaciones de la acusada, inconsistentes con su inocencia, se debieron a que era una señora casada, de familia distinguida, y no quería verse en-vuelta en un escándalo de esta índole. Este argumento no resiste el más ligero análisis ante la fuerza irresistible de los hechos. Sus relaciones con el interfecto eran públicas y notorias. No se ocultaban para salir juntos por las calles y sitios públicos de San Juan. Ella misma nos dice en su declaración que la tarde del crimen pensaban comer juntos en la “La Mallorquína” y luego pasar un rato por la noche en “El Escambrón.” Ella misma declara que se escribían diariamente por correo y á veces se comunicaban por telé-grafo. Su propio esposo, según ella declaró, al leer el lunes 23 el relato que hacía “El Mundo” del hallazgo del cadáver de Planadeball, a pesar de que el nombre de la acusada no aparecía en la reseña, se atrevió a preguntarle si ella no estaría envuelta en el asunto. ¿Por qué tenía que sospechar así de su esposa? ¿No era esto indicio de que las ilícitas relaciones de ella con el interfecto eran conocidas, o por lo menos sospechadas, por el esposo? ¡Y la acusada no se indignó al oír tales palabras en boca de su marido!

Además de todas estas circunstancias, existe la de que la herida no presentaba tatuaje, lo que de acuerdo con el in-forme pericial significaba que la boca del cañón del arma tuvo que hallarse, al ser disparada, a una distancia mayor de diez y seis pulgadas del cráneo del interfecto, pues si hubiera estado a una distancia menor de diez y seis pulgadas el tatuaje hubiera aparecido. No es lógico pensar que una persona que se dispone a suicidarse tome la precaución de colocar el arma de tal forma que la boca del cañón quede a una distancia mayor de diez y seis pulgadas. Y a todo esto agréguese si se quiere que la prueba de la parafina demos-tró que en la mano del interfecto no había indicio de nitrato, a pesar de que la pólvora que se encontró en el fogonazo del sombrero era de la llamada pólvora negra.

Es verdad que la jurisprudencia y la experiencia indican que la prueba circunstancial por indicios debe ser estudiada y recibida con cautela, pero cuando esa prueba es, como en este caso, incompatible con cualquier teoría razonable de inocencia, la prueba de indicios o circunstancial es suficiente para sostener un veredicto de culpabilidad. A nuestro juicio, la prueba que tuvo ante sí el jurado no justificaba otro vere-dicto que el de culpabilidad, y si de algo pecó, fue de bene-volencia al no declararla culpable de asesinato en segundo grado. Tampoco erró el juez inferior al denegar el nuevo inicio por insuficiencia de prueba.

No existe, a nuestro juicio, el tercero de los errores seña-lados.

El cuarto señalamiento de error dice así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al ignorar la teoría del suicidio en sus instrucciones al jurado y al hacer caso omiso de las manifestaciones exculpatorias contenidas en la declaración escrita de la acusada que fué presentada como prueba por el fiscal.”

En las instrucciones transmitidas al jurado se baila una que dice así:

‘ ‘ Si los Señores del Jurado, por el resultado de la prueba practi-cada, entienden que el Fiscal no ha probado delito alguno cometido' por esta acusada, ni que se ha probado más allá de toda duda razo-nable que la muerte de Salvador Planadeball se debió a acto alguno-realizado por la acusada; o si creen los Señores del Jurado, por el resultado de la prueba practicada, que Salvador Planadeball se sui-cidó ; o si entienden que hay duda razonable y fundada en cuanto a. la culpabilidad de la acusada, en cualquiera de estos casos el deber1 del jurado es rendir un veredicto de no culpable.”

Es cierto que cuando se presenta en evidencia la confe-sión o admisión del acusado que contiene manifestaciones exculpatorias, debe instruirse al jurado que tales manifesta-ciones deben ser consideradas como ciertas a menos que se destruyan. Yarborough v. State, 67 S. W. (2d) 612; Combs v. State, 108 S. W. 649. Pero tal regla no es aplicable a un caso como el presente en que la declaración de la acusada no-contiene confesión ni admisión alguna. Toda ella va enca-minada a demostrar que el interfecto se suicidó, y que ella no tuvo participación alguna en su muerte.

Los casos de Combs v. State y Yarborough v. State, supra, no son de aplicación al de autos. En el primero, se trataba de una verdadera admisión. En aquel caso, el acusado ad-mitió que él había dado muerte al interfecto, pero que la. muerte fué causada por accidente, de modo que no hubo intención criminal. Se sostuvo allí que la corte, de su propia iniciativa, debió instruir al jurado que incumbía al gobierno destruir la prueba de que la muerte había sido accidental.

En el segundo, en el de Yarborough v. State, supra, tam-bién se trataba de una admisión. Allí el acusado admitió que lanzó sobre la interfecta el cubo conteniendo la gasolina que se inflamó, y causó su muerte, pero a la vez alegó que lo había hecho por error al tratar de coger otro cubo de agua que había allí.

En el caso de People v. Fowler, 178 Cal. 657, 664, la Corte Suprema de California establece claramente la distin-ción entre confesión y admisión en la siguiente forma:

“Una confesión en derecho penal es una admisión o manifestación por una persona acusada de un crimen al efecto de que es culpable •del mismo. Una admisión se distingue de una confesión en el hecho •de que el término 'admisión’ en materia penal se refiere a cuestiones de hecho que no envuelven intención criminal mientras que una con-fesión es un reconocimiento de culpabilidad. 2 Wharton’s Criminal Evidence, 10a. ed., 622.”

People v. Elder, 55 Cal. App. 644, 204 P. 29.

Tampoco existe el cuarto de los errores imputados a la corte sentenciadora.

,[6] El quinto de los errores señalados dice así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al dar instrucciones de homicidio en este caso y al prescindir de los distintos grados o mo-dalidades del mismo, habiendo servido el error ante el jurado como ‘compromise’ o medio para condenar a la acusada en alguna forma.”

Bajo este señalamiento de error se queja la acusada de que la corte transmitió al jurado instrucciones de homicidio voluntario.

A nuestro juicio estuvo la corte justificada en transmitir-las, porque de la evidencia resultó que la acusada y el inter-fecto habían tenido disgustos el día de autos, que tuvieron •discusiones agrias, primero en casa de Marcia Corretger y después volvieron a repetirse en la playa del Condado, Además, el interfecto presentaba nna erosión en una mano.

La prueba es tan fuerte contra la acusada, que en el supuesto de que no hubiera existido base en la evidencia para transmitir instrucciones de homicidio voluntario, el error, de haberse cometido, lejos de haber sido perjudicial, fué beneficioso a la acusada y por lo tanto no puede pro-ducir la revocación de la sentencia.

Pasemos ahora al sexto y último de los errores señalados. Se expone así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al negarse a transmitir, al jurado la instrucción segunda solicitada por la defensa.”

Consiste este alegado error en que la corte sentenciadora rehusó transmitir la siguiente instrucción:

“La Corte instruye a los señores del jurado que meras sospechas no constituyen prueba de culpabilidad, no importa cuán graves y fuertes éstas sean, y la acusada debe ser exonerada libremente a me-nos que el hecho de su culpabilidad se pruebe fuera de toda duda razonable con exclusión de cualquiera otra hipótesis razonable de su inocencia que sea compatible con los hechos probados.”

La instrucción solicitada no sólo tiende a confundir al jurado por el lenguaje en que está redactada, sino que está incluida en la siguiente instrucción general que fué transmi-tida al jurado:

“En este caso ustedes oyeron hablar en los argumentos dé la prueba circunstancial. Ya les dije lo que es prueba directa. Hay también dos clases de prueba, que son reconocidas y admitidas por todos los tribunales de justicia, y en virtud de las cuales el jurado puede declarar y encontrar a un acusado culpable de un delito; una es la prueba directa, o sea aquélla que se produce por el testimonio directo o positivo de un testigo respecto a la comisión de un delito. Ya les expliqué que la persona que ve firmar un documento es prueba directa de que el documento se firmó. Esa es la prueba ocular. La otra clase de prueba es aquélla que se produce por el testimonio de una serie de acontecimientos entrelazados entre sí y que tienden a señalar, de manera suficientemente poderosa, la comisión de un delito por el acusado. Esta prueba, que se llama prueba circunstancial o prueba de indicios, puede consistir en admisiones del acusado, en amenazas hechas con anterioridad a la comisión del crimen, tendien-tes a demostrar que existía por parte suya animosidad del delito, o cualquier otro acto, declaración o circunstancia, admitidos como prueba, que tiendan a enlazar al acusado con la comisión del delito. Nada hay en la naturaleza de la prueba circunstancial o de indicios que la haga-menos segura que la otra clase de prueba, o sea la prueba directa. Pero la corte instruye a ustedes que para declarar culpable a un acusado por evidencia circunstancial solamente, es necesario no sólo que todas las circunstancias concurran para demostrar que 61 'cometió el delito de que se le acusa, sino que tales circunstancias sean inconsistentes con cualquier otra conclusión razonable. No es sufi-ciente que las circunstancias probadas coincidan, concuerden y hagan probable la hipótesis buscada para establecer el objeto de la acusa-ción, sino que deben excluir cualquier otra hipótesis fuera de la cul-pabilidad.' Es decir, que en casos en que la prueba sea de indicios deben probarse hechos que sean no solamente compatibles con la culpabilidad del acusado, sino que también sean incompatibles con toda razonable hipótesis de inocencia; y cada hecho aislado del que se ha de hacer la deducción de culpabilidad, debe demostrarse por medio de pruebas que satisfagan el ánimo y la conciencia del Jurado en el mismo grado en que es necesario satisfacerlos con respecto al hecho en cuestión en casos en que la prueba sea directa.”

No estando obligada la corte sentenciadora a transmitir una instrucción especial incluida en las genérales, tenemos que llegar a la conclusión que no cometió el sexto y último de los errores imputádosle.

No existiendo ninguno de los seis errores que señala la apelante, ni resultando del examen que hemos hecho de los autos que se haya cometido algún otro que perjudique los derechos sustanciales de la acusada, procede desestimar el recurso y .confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Gregorio Lugo, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 326.

    Sometido: Julio 10, 1939.

      Resuelto: Julio 21, 1939.

      Federico Tilín j J. Alemañy Sosa, abogados del peticionario; la de-mandada no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de octubre de 1937 se radicó contra el peticionario en la Corte de Distrito de Mayagüez una acusación por el delito de portar armas prohibidas. También se radicó contra él otra acusación por atentado a la vida, estando ambos delitos íntimamente relacionados. Se señaló el juicio en el caso de portar armas para el 31 de marzo de 1938 y ese día el acu-sado, por su abogado Lie. E. Báez García, solicitó se sus-pendiera el juicio en el caso de portar armas para celebrarse conjuntamente con el de atentado a la vida. Se allanó el fiscal, accediendo la Corte a lo estipulado entre el fiscal y la defensa.

El 23 de mayo de 1938, a petición del acusado y con el allanamiento del fiscal, la corte inferior ordenó el sobresei-miento y archivo de la acusación en el caso de atentado a la vida por haber transcurrido más de 120 días desde su radicación sin haberse celebrado juicio. En la misma focha concedió permiso al fiscal para que radicase una nueva acu-sación y así se hizo.

Volvió a señalarse el caso de portar armas para el 24 de mayo de 1938 y el día antes la corte, a moción del fiscal y sin intervención del acusado, suspendió el juicio por los fun-damentos que aparecen de la minuta de dicho día, que dice así:

“Lunes, 23 de mayo de 1938.
“Comparece el Hon. Fiscal del Distrito E. Díaz Viera, e informa a la Corte que este caso estaba señalado para verse junto con el caso que por ‘felony’ hay contra este acusado, del cual se ordenó el ar-chivo en el día de hoy, y solicita se suspenda para verse cuando se vea el nuevo caso que contra el mismo acusado ha radicado en este mismo día. La Corte así lo ordena, quedando el caso suspendido para verse en el caso- ‘ felony. ’ ’ ’

Así las cosas, el 22 de mayo de 1939 el acusado presentó en cada uno de los dos casos referidos una moción solicitando su sobreseimiento y archivo por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días que prescribe el Código de Enjuicia-miento Criminal. Se allanó el fiscal al sobreseimiento y archivo del caso de atentado a la vida y se opuso al de por-tar armas, alegando la estipulación del acusado para que este último caso se viera conjuntamente con el de atentado a la vida. La corte ordenó el sobreseimiento y archivo del caso de atentado a la vida y denegó la moción en el de portar armas, radicándose por el fiscal una nueva acusación en el caso de atentado a la vida.

Solicitó el acusado la reconsideración de la orden de la corte inferior denegando el sobreseimiento y archivo del caso de portar armas y no le fué concedida.

Con estos hechos por base, el acusado radicó la petición de este caso solicitando se expida un auto perentorio de mandamus dirigido al Hon. F. Navarro Ortiz, juez de la corte inferior, ordenándole qne sobresea y archive el caso número 10,226 qne contra el peticionario se signe en la Corte de Dis-trito de Mayagüez por nn delito de portar armas prohibidas.

El juez recurrido no ha comparecido en forma algnna.

A nnestro juicio la solicitad no justifica la expedición del anto de mandamus qne interesa el peticionario. Estipular on el acusado y el fiscal qne el caso do portar armas se celebrase conjuntamente con el de atentado a la vida, y basada en esta estipulación la corte suspendió el juicio del caso por portar armas que se había señalado por primera vez para el 31 de marzo del año pasado.

Hasta la fecha en que se radicó en este tribunal la peti-ción de mandamus, no se había celebrado el juicio en el caso* de atentado a la vida. Por consiguiente, el fiscal tiene dere-cho a descansar en la estipulación. Es verdad que la acu-sación por atentado a la vida se sobreseyó dos veces, pero también es cierto que inmediatamente después fué radicada de nuevo, y de la petición no consta que la última que se radicó haya sido sobreseída. Las acusaciones formuladas después de la primera son acusaciones distintas, pero el delito os el mismo: el de atentado a la vida. Si el acusado después de sobreseída y archivada la primera acusación deseaba tener un juicio rápido y prescindir de la estipulación, debió ges-tionar que se señalase de nuevo el juicio de portar armas, pero no lo hizo así.

Véase por analogía la opinión emitida por este tribunal el 19 del actual en los casos de mandamus números 327, 328 y 329, seguidos por César G-arcés contra la Corte de Distrito-de Arecibo, Hon. Luis Mercader, Juez sustituto (ante,, pág. 336).

No apareciendo que el peticionario tenga un derecho claro' al remedio extraordinario que solicita, procede denegar la petición de mandamus y anular el auto condicional expedido.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Arturo L. Echevarría, demandante, contrademandado y apelado, v. Madeleine Chabance, demandada, contrademandante y apelante.
    Núm. 7701.

    Sometido: Junio 9, 1939.

      Resuelto: Julio 22, 1939.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; G. Ruiz Nazario, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En abril 24, 1935, Arturo L. Echevarría demandó a su esposa Madeleine Ohabance en solicitud de divorcio.

La esposa en mayo 13, 1935, alegando ser insolvente, pidió a la corte que ordenara al demandante que consignara en secretaría “la suma de $750 para los gastos, costas, desembolsos y honorarios de abogado de la compareciente”, solicitando además $200 mensuales como pensión alimenticia.

Se opuso el demandante a la petición de litis expensas en cuanto a la cuantía alegando que cien dólares serían suficientes y a la pensión alimenticia por haber venido aten-diendo a su esposa de acuerdo con sus recursos. La corte fijó la pensión en cien dólares mensuales y ordenó el depó-sito de “ciento veinte y cinco dólares para honorarios de abogado”, sin perjuicio de que la demandada, listo el caso para vista, pudiera solicitar del demandante la entrega “de una suma razonable para los gastos y desembolsos necesarios para su defensa en el juicio.”

Contestó y eontrademando la demandada. Fué el pleito a juicio y la corte lo falló por sentencia de mayo 12, 1937 declarando la demanda sin lngar y con lugar la contrade-manda “con costas al demandante y contrademandado inclu-yendo en las mismas la cantidad de $150 para honorarios de ahogado de la demandada y contrademandante.”

Firme la sentencia, el demandante presentó nna moción alegando que había pagado a la demandada los desembolsos del pleito motivo por el cnal no había dicha demandada archi-vado reclamación alguna de los mismos y que en cuanto a los honorarios de abogado fijados en su sentencia por la corte en ciento cincuenta dólares, habiendo satisfecho ya ciento veinte y cinco en cumplimiento de la anterior resolu-ción sobre litis expensas, sólo le restaba por pagar veinte y cinco que ponía a disposición de la demandada como saldo de su obligación.

Se opuso la demandada y la corte resolvió la cuestión, así:

“Abora, la cuestión a resolver en este caso es si las litis expensas concedidas a la demandada y contrademandante participan del ca-rácter de honorarios de la defensa o de anticipo de cantidad con cargo a los bienes gananciales. Mi creencia es que la cantidad con-cedida como litis expensas no es otra cosa que un anticipo de los honorarios a que pueda tener derecho el abogado de la demandada, porque dicho abogado tiene derecho a cobrar ya gane o pierda el pleito. Lo que la ley reconoce es el derecho de la esposa a contar con algunos medios que le permitan defenderse en pleito iniciado, ya por ella o ya por el esposo. Es la circunstancia de que al deter-minarse finalmente en la sentencia la cuantía de los honorarios del abogado de la mujer, no tengo que tomar en cuenta, ni nunca he tenido en cuenta los honorarios previamente concedidos. Puede ser que en algún caso, como en el de Gairnes v. Cairnes, 100 So. 317, se conceda una cantidad mucho mayor para honorarios de abogado de la demandada en la sentencia que los honorarios concedidos como litis expensas, y esto robustece mi teoría de que son meros anticipos que hace el tribunal para que la mujer tenga medios de defenderse, o en caso de que el esposo fuese la parte pobre, también puede re-clamar cuando se trata de mujer rica, ya que según el código, son recíprocas las prestaciones que reconoce por origen el mutuo deber de sostenerse ambos cónyuges. Quien recibe el anticipo por concepto de litis expensas no es la mujer, sino el abogado de la mujer. Se hace innecesario que yo exprese mi criterio en cuanto a si este dinero de litis expensas puede o no conceptuarse como alimentos. Ya lo ha hecho por mí el Tribunal Supremo en el caso de Walkers v. Masson, 27 D.P.R. 278, a] resolver definitivamente que el abogado que repre-senta a una mujer en pleito de divorcio tiene derecho a que se le pague por sus servicios, aún en el caso en que se pierda el pleito, quedando a la sana discreción de la corte la cuantía, ya que es difícil precisar, al fijar la cantidad concedida como litis expensas, si ella ha de abarcar toda la cuantía o importe de los servicios que le preste el abogado. Por eso tal es mi fundamento al resolver que las litis expensas no constituyen otra cosa que un anticipo de las cantidades a que finalmente tenga derecho el abogado de la mujer, si ella re-sultare victoriosa en el pleito de divorcio. Si pierde el pleito, enton-ces la cantidad concedida equivaldría al importe total de los servicios prestados; pero si lo gana, la corte puede y debe, de acuerdo con la ley actual, fijar los honorarios del abogado de la mujer, de los que tiene necesariamente que deducirse la cantidad consignada por el marjdo como litis expensas. A mi juicio, la parte demandante y contrademandada tiene razón en lo que pide, por lo que se (loriara con lugar la moción y se declara bien hecha la consignación do ¡$2í5.00, y se declara así mismo cumplida la sentencia en lo que respecta a los honorarios de abogado concedidos al de la demandada j contra-demandante. ’ ’

T es contra esa resolución dictada en enero 10, 1938, nue el presente recurso de apelación se interpuso por la parte demandada que señala en su alegato cuatro errores come-tidos a su juicio por la corte al enmendar su sentencia, al sostener que la cantidad concedida como litis expensas era un anticipo de los honorarios, al incluir los ciento veinte y cinco dólares pagados como litis expensas en los ciento cin-cuenta acordados para honorarios en la sentencia y al de-clarar que la sentencia de honorarios quedó cumplida con el depósito de los veinte y cinco dólares adicionales.

Ambas partes han dedicado a este asunto una atención extraordinaria. Treinta y dos páginas cuenta el alegato, de la apelante y cuarenta el del apelado. A nuestro juicio la cuestión es sencilla y sn jnsta decisión depende de los tér-minos en que están dictadas la orden resolviendo la moción de la demandada sobre litis expensas, y la sentencia.

El criterio de la corte desde un principio se manifestó claro en el sentido de separar los desembolsos que hiciera la demandada cuando el pleito estuviera listo para juicio y los honorarios que era necesario pagar inmediatamente al abogado encargado de su defensa.

En cuanto a los desembolsos, no hay cuestión. Y en cuanto a los honorarios bien claro dijo la corte en su pri-mera resolución que los ciento veinte y cinco dólares acor-dados se concedían exclusivamente para honorarios de abo-gado de la demandada.

Llegó el momento de decidir en definitiva el litigio y al resolverlo en favor de la demandada fijó el montante de los honorarios de dicho abogado en ciento cincuenta dólares, y cuando la parte condenada al pago le pidió que lo tuviera por hecho en la forma que conocemos, esto es, adicionando veinte y cinco a los ciento veinte y cinco 'anticipados y la parte contraria se opuso, interpretando sus propias deci-siones resolvió de conformidad con la petición.

Nadie mejor que la corte de distrito podía interpretar el alcance de sus propias disposiciones, especialmente en una materia en que la ley deja a la sana discreción del tribunal tanto la concesión final de los honorarios como la fijación de la cuantía de los mismos.

Claro es que cuando se asigna como litis expensas, al principio del pleito, una cantidad para el pago de honorarios en un caso de divorcio y la parte a cuyo favor se hace la asignación pierde, los honorarios ya percibidos no se rein-tegran a la parte que los adelantó.

Pero eso no implica que los honorarios dejen de ser tales honorarios porque se anticipen y que no puedan tomarse en consideración para liquidar los que se fijen finalmente por la sentencia.

Dada la naturaleza peculiar del divorcio, cuando una de las partes carece de los' medios materiales necesarios para defenderse, la otra debe proporcionárselos, recayendo sobre la parte solvente la obligación de pagar la totalidad de los gastos del pleito. Ambos litigantes son socios y la sociedad debe en un principio soportar las cargas de su pretensa disolución cuando no se ha decidido aún cuál es el socio culpable.

Dentro de la condición ordinaria de los litigios, cada parte contrata su abogado y le hace a veces anticipos a cuenta de sus honorarios. El pago final dependerá de los términos del contrato y si éste fija una determinada suma y se han hecho adelantos sobre ella, no tendría derecho el abogado a cobrar del cliente si éste gana, la totalidad de los honorarios fijados por la corte cuando la totalidad fuere mayor que la diferencia entre la suma contratada y los anticipos.

En el caso de Walkers v. Masson, 27 D.P.R. 278, 280, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“También se negó la corte inferior a conceder honorarios de abogado pendente, lite. Creemos que esto fué un error. La esposa debe estar en condiciones de dar alguna compensación a su abogado a fin de obtener la debida representación durante el litigio. El abo-gado que la representa tiene derecho a que se le pague por sus ser-vicios aun en el caso de que se pierda el pleito. La cantidad que por ello debe pagársele queda a la sana discreción de la corte, . . . . ”

Véanse además los casos de Caraballo v. Rossy, Juez de Distrito, 27 D.P.R. 937 y Biaggi v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 486.

Se trata, pues, de una medida temporal, exigida por la necesidad mientras el litigio está pendiente y se fijan en definitiva los derechos de las partes, que guarda como es natural una relación de continuidad con dicha resolución definitiva.

Al dictar su sentencia fija el juez el valor razonable de los honorarios del abogado de la parte victoriosa si cree que hubo temeridad en la parte vencida tomando en considera-ción el grado de la misma. Si la corte dada la naturaleza del pleito ha ordenado nn anticipo, debe éste deducirse de la suma finalmente acordada a menos que la propia Corte ordene que se excluya y aquí la corte no sólo no dictó esa orden si que por el contrario sometídale dicha cuestión de-cidió .que el anticipo estaba comprendido dentro del valor razonable que fijó como compensación al abogado por sus servicios a su cliente.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la orden apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Peesibente Señor D$l Toeo

text:
    Hamburger Brothers & Co., Inc., tercerista y apelante, v. Luis F. Díaz Llenza, sustituído por Enrique Catoni Landrón, demandante y apelado, y Hamburger Brothers & Co., demandada.
    Núm. 7827.

    Sometido: Junio 2, 1939.

      Resuelto: Julio 22, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado de la apelante; Luis Pcreyó, abogado del apelado.
   El Juez Peesibente Señor D$l Toeo

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de octubre de 1934 el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao libró orden de ejecución al márslial de la misma por mandato del juez para satisfacer la sen-tencia por $633.97 dictada a favor de L. F. Díaz subrogado por E. Catoni en el pleito que sobre indemnización de daños y perjuicios siguiera en la expresada corte contra Hamburger Bros. .& Co., y en cumplimiento de la misma el márslial al día siguiente embargó un automóvil que depositó en la persona de Juan Jiménez, certificando además dicho funcionario que tres días después o sea el 8 de octubre de 1934 le fué presentado por A. Sierra como agente de Hamburger Bros. Co., Inc., un juramento reclamando como suyo el automóvil embargado para cuya entrega exigió una fianza por mil tres-cientos dólares o sea el doble del precio en que había sido el auto tasado prestando dicha fianza E. Gómez y J. M. Rocafort y ordenando en su consecuencia la entrega del auto a Sierra.

Archivados esos documentos, el secretario de la corte en 15 de octubre de 1934 hizo constar haber notificado a las partes que se había presentado por Hamburger Brothers Co., Inc., el escrito de buena fe que la ley sobre tercería ordena, reclamando como suyo el auto embargado, acompa-ñado de la fianza para su entrega.

En octubre 26 compareció Catoni, el demandado en ter-cería, y en noviembre 17, 1934, Hamburger Brothers & Co., Inc., radicó su demanda de tercería alegando ser una cor-poración constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y registrada en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, que el automóvil embargado era de su exclusiva pro-piedad y en ningún momento había pertenecido a Hamburger Brothers <& Co. que era una entidad distinta, y que nada debía a Díaz o a Catoni, ni tenían ellos ni habían tenido sentencia o reclamación alguna en su contra.

Contestó el demandado Catoni negando qne la tercerista fuera dueña del automóvil en cuestión y alegando como de-fensa especial qne -Hamburger Brothers & Co. estuvo ha-ciendo negocios en Puerto Rico sin estar autorizada por el Secretario Ejecutivo de la Isla y traspasó todo su activo a la tercerista siendo ambas una misma persona, o corpora-ción administrada por las mismas personas, y que el auto-móvil embargado era de la propiedad de Hamburger Brothers & Co. y así estuvo inscrito en el Departamento de Auto-móviles hasta la fecha del embargo.

Pué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por la siguiente sentencia dictada el dos de marzo de 1938:

“Habiéndose demostrado en el juicio de este caso que los negocios de Hamburger Brothers & Co. fueron traspasados a Hamburger Brothers & Co., Inc., la tercerista en este caso, la cual se hizo cargo totalmente del activo y el pasivo de la anterior, se declara sin lugar la tercería interpuesta en este caso, imponiéndose a los terceristas las costas en el procedimiento, así como una cantidad de $100.00 que se estima razonable como honorarios de abogado del demandado comparecido en autos.”

No conforme la tercerista, apeló, señalando en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte al estimar que por el solo hecho de que Hamburger Bros. & Co., Inc., se hiciera cargo del activo y pasivo de Hamburger Bros. & Co. debió declararse sin lugar la tercería interpuesta; al permitir que el testigo Arsenio Sierra fuera examinado acerca de sus relaciones con Hamburger Bros. & Co. mientras declaraba'como testigo de la tercerista, y al actuar en contra de la ley que regula el procedimiento de tercería.

Los dos primeros señalamientos se argumentan conjunta-mente.

La tercerista comenzó su prueba presentando la licencia expedida a su nombre del automóvil embargado. Luego introdujo al testigo Arsenio Sierra. Ésa fué toda la evidencia aportada en el pleito, pues la parte demandada ninguna otra introdujo, limitándose a descansar en la docu-mentación relativa al embargo. Precisa, pnes, conocer lo qne declaró y cómo se interrogó al testigo para resolver si se cometieron o no los errores señalados.

Dijo Sierra:

“P. ¿Cómo se llama el testigo?
“R. Arsenio Sierra.
“P. ¿A qué se dedica?
“R. A negocios de tabaco.
“P. ¿Trabaja para alguna compañía?
“R. Trabajo para la Corporación Hamburger Bros. & Co., Inc. “P. ¿Ud. sabe si esta corporación, allá para el mes de octubre era dueña de algún automóvil?
“R. Sí, señor.
“P. ¿De qué carro?
“R. De un carro Buick, licencia 677.
“P. ¿A quién le compraron ese carro?
“R. A Figueroa y Gautier.
“P. ¿En la fecha en que le fué embargado ese carro, en poder de quién estaba?
"R. De Hamburger Bros. & Co., Inc.
“P. ¿En alguna ocasión ese carro lia sido de Harmburger Bros. & Co.?
“R. Nunca.
"P. ¿Ni lia estado nunca en posesión de Hamburger Bros. & Co.? “R. Nunca.
‘ ‘P. ¿ Siempre lia estado bajo la posesión de Hamburger Bros. Co., Inc.?
“R. Sí, señor, Incorporada.
“P. ¿Quién pagó eso?
“R. Hamburger Bros. & Co., Inc.
“P. ¿Y quién lo compró?
“R. Arsenio Sierra.
“P. ¿En alguna ocasión ese carro ha estado inscrito a nombre de„ Hamburger Bros. & Co. ?
“R. Nunca.
“P. ¿Quién atiende a los gastos y sostenimiento de ese carro desde la fecha en que fué comprado?
“R. La Corporación.
“P. • ¿Qué corporación?
"R. Harmburger Bros. & Co., Inc.
“P. ¿Ud. sabe si esa Corporación que Ud. representa le debía alguna cantidad a Luis F. Díaz Lienza?
“R. No, señor,
“P. ¡Y a Enrique Catoni?
“R. No, señor.
“P. ¿Ud. sabe si bay alguna sentencia dictada contra esa Cor-poración ?
“R. No, señor.
“P. ¿A favor de alguna de estas personas que yo he nombrado? “R. En Puerto Rico ninguna.
“Nada más.
“Demandante.
“P. ¿Cuándo fue que adquirió Ud. ese carro para su represen-tada, en qué fecha?
“R. En el mes de marzo,
“P. ¿En el mes de mayo?
“R. De marzo de 1934.
“P. ¿Qué es Ud. de la Corporación Hamburger Bros. & Co., Inc. ?
“R. Representante.
* * # # # # «•
“P. ¿Ud. conoció a la compañía Hamburger Bros. & Co.?
“R. La conocí.
“P. ¿Con qué motivo vino Ud. en conocimiento de esa compa-ñía?
“R. Estuve primero colocado con Hamburger Bros. & Co.
“P. ¿Qué era Ud. de Hamburger Bros. & Co?
“Tercerista: Para oponerme, entiendo que eso lo podría probar-más tarde el compañero cuando lo utilice como testigo de él.
“Juez: No, porque ha declarado sobre ambas compañías. “Demandante: Él ha declarado sobre ambas compañías. “Tercerista: Lo ha declarado a preguntas mías.
“Juez: Él puede declarar.
“Tercerista: Respetuosamente tomamos excepción porque enten-demos que el compañero está tratando de probar su caso con nuestro, testigo.
“Demandante.
“P. ¿Qué era Ud. de Hamburger Bros. & Co.?
“R. Representante.
“P. ¿Manager?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Qué personas componían a Hamburger Bros. & Co.1?
“R. Que componía, yo conocí solamente a Hamburger.
“Juez.
“P. i Cómo ?
“R. Yo conocí solamente a Hamburger.
“P. ¿Qué es ese Hamburger?
“R. Benjamín Hamburger.
“P. ¿Qué ei-a Ud. de Benjamín Hamburger aquí en Puerto Rico?
“R. De él nada, de la sociedad.
“P. ¿Qué era Ud. de la sociedad entonces?
“R. Manager de la sociedad.
“P. ¿El apoderado para actuar a nombre de Hamburger Brothers & Oo.?
‘‘ R. Sí, señor.
“P. ¿Ese poder quién se lo dió a Ud.?
“R. La firma de Hamburger Bros. Co.
“P. Mire ese poder que yo le presento.
'“Tercerista: Sr. Juez, yo no quiero estar molestando a la Corte con oposiciones, que se entienda mi oposición a todo este interroga-torio por entender que es inmaterial, impertinente en este estado del procedimiento y que se anote mi excepción.
“Juez: Muy bien, como si se presentara la objeción, recayendo igual resolución de tomarse la misma excepción.
‘ ‘Demandante.
“P. ¿Ése es el poder que le dió a Ud. Luis Hamburger para actuar ?
“R. Luis Hamburger no.
“P. ¿Benjamín Hamburger, para actuar a nombre de Plambur-ger Bros, and Co. ?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Quiénes son las personas que han incorporado a la corpo-ración Hamburger Bros. & Co., Inc.?
“Tercerista: La mejor prueba sería una certificación de la in-corporación.
“Demandante: Está aquí pero yo quiero preguntarle a él porque él lo sabe, porque él es Manager de la corporación.
“Juez: Se admite la pregunta.
“Tercerista: Nosotros respetuosamente tomamos excepción, de la resolución de la Corte.
“R. Yo no conozco nada más que uno.
‘ ‘Demandante.
“P. ¿Quién es ese uno?
“B. Benjamín Hamburger.
“P. ¿Qué es Benjamín Hamburger de la Corporación Hamburger Bros. & Co., Ine.?
“R. El Presidente.
« Sí * » * * *
“P. ¿Y esa misma persona es la persona que era presidente o dueño de Hamburger Bros. & Co. ?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Es la misma persona?
“R. Sí, señor, pero cambiaron la entidad.
“P. ¿De manera que esta misma persona que es Presidente de la Corporación es el que era y le dió a Ud. poder para actuar en Hamburger Bros. & Co. ?
“R. A mí me dió la Corporación en general, no Benjamín. “Juez.
“P. ¿Dígame, señor, la entidad anterior, la entidad primera nombrada Hamburger Bros. & Co. existe todavía?
“R. No, señor.
“P. ¿Por qué no existe si Ud. lo sabe?
“R. Recesó el negocio de Hamburger Bros. & Co. en el año 1933. “P. ¿En virtud de qué cesaron?
“R. De que formaron corporación ellos.
“P. ¿Entonces se disolvió la sociedad?
“R. Se disolvió la sociedad por común acuerdo. ■
“P. ¿Por común acuerdo de sus socios?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Cómo se liquidó esa sociedad?
“R. En la forma de liquidarse, yo no estoy seguro de la forma de liquidarse cómo se bizo una Corporación.
“P. .¿Quién se bizo cargo del negocio y del capital?
“R. La Corporación.
“P. .¿La Corporación se hizo cargo de todo el capital?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Incluyendo el pasivo, desde luego?
“R. Sí, señor.
* * ■ «= * # # #
“P. Contésteme una pregunta que le voy a hacer, si Ud. lo sabe por ser Manager de esta Corporación, ¿la cantidad o la deuda, o lo que fuese, la reclamación mejor dicho por la cual se embargó ese automóvil era una responsabilidad contraída directamente por la Corporación o venía de la entidad anteiúor?
“R. Era de la entidad anterior.
“Tercerista.
“P. jUd. sabe si Hamburger Bros. & Co., Inc. se bizo cargo al pago de esa sentencia de Hamburger Bros.?
“R. No, señor.
“P. ¿Nunca?
“R. No, señor.
“P. ¿A Ud. le consta de propio conocimiento?
“R. Sí, señor.”

No creemos que se errara de modo manifiesto en la ma-nera como se condujo el interrogatorio. A nuestro juicio la parte demandada pudo repreguntar al testigo en la forma en que lo hizo sin tener que presentarlo como su propio testigo, ya que las repreguntas fueron la consecuencia lógica de las preguntas.

Es en cuanto al resultado de la prueba que tenemos duda. No se demostró de modo alguno que el automóvil embargado fuera a la fecha del embargo de Hamburger Bros. & Co. ni que estuviera inscrito a su nombre como se alegó en su con-testación por Catoni. Por el contrario la tercerista probó que el automóvil estaba registrado a su nombre cuando fué embargado.

De las diligencias de embargo surge la verdad de la sen-tencia dictada a favor de Catoni y en contra de Hamburger Bros. & Co. Y de la declaración de Sierra consta la íntima relación existente entre esa entidad y la corporación terce-rista. Sabemos que la tercerista es una corporación. No se conoce con exactitud qué era Hamburger Bros. & Co. Una misma persona, Benjamín Hamburger, fué su Presi-dente y es Presidente de la tercerista. Al disolverse Hamburger Bros. i& Co. la tercerista se hizo cargo de la liquida-ción, del activo y del pasivo, sin que se conozcan con exac-titud los términos del contrato. No se trata aquí de un pleito en cobro de sentencia seguido contra la tercerista como liqui-dadora. Se trata de un automóvil embargado directamente para el cobro de una sentencia contra Hamburger Bros. &■ Co., en liquidación, habiéndose practicado el embargo desig-nándose el automóvil como propiedad perteneciente al deudor y sobre esto en verdad la prueba falla en absoluto, existiendo por el contrario evidencia demostrativa de que el dicho auto-móvil es y era a la fecha del embargo propiedad de la terce-rista sin que exista el más leve dato que indique dentro de la evidencia que el automóvil fuera primitivamente de Hamburger Bros. & Co. y pasara de ella a la posesión de la tercerista.

Quizá se trate de una sentencia justa, pero no estando como no está sostenida por la prueba, no puede quedar en pie.

Habiendo llegado a esa conclusión, no es necesario que examinemos el tercero de los errores señalados. Por la exis-tencia del primero debe declararse el recurso con lugar, revocarse la sentencia apelada y dictarse otra reconociendo el derecho de la tercerista al automóvil en cuestión y en su consecuencia declarando nulo el embargo, con las costas al demandado, sin honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Pbbsidente Sbñoe Del Tobo

text:
    J. M. Blanco, Inc., demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7702.

    Sometido: Febrero 9, 1939.

      Resuelto: Julio 22, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y B. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Ga- ■ briel de la Haba y J. J. Ortiz Alibrán, abogados de la apelada.
   El Juez Pbbsidente Sbñoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

J. M. Blanco, Inc., una corporación organizada de acnerdo con las leyes de la Isla, demandó al Tesorero de Puerto Rico reclamando la devolución de ciertas contribuciones sobre in-gresos que pagó bajo protesta.

Ejercitó cinco causas de acción. Por la primera alegó que para el año 1930 liquidó una pérdida neta de $10,423.58 y el Tesorero sin motivo justificado la rebajó a $8,643.97; por la segunda, que el Tesorero le impuso una contribución sobre ingresos de $1,004.96, en concepto de deficiencia, para el año 1931, por haber agregado a su ingreso bruto $3,483.61, que la demandante nunca recibió, alegando además que cual-quiera que fuere su ingreso bruto tiene derecho a una exen-ción de cinco mil dólares de acuerdo con la Ley Núm. 74 de 1925 (pág. 401), sección 34 (ó); por la tercera, que para el año 1932 el Tesorero le impuso una contribución sobre ingresos en concepto de deficiencia ascendente a $965.83 por haberle agregado a su ingreso bruto $1,748 que nunca recibió, reclamando de igual modo la exención de cinco mil dólares; ' por la cuarta, que para el siguiente año 1933 el Tesorero le impuso $673.12 de contribución sobre ingresos en concepto de deficiencia, por haber aumentado su ingreso bruto en $1,805 que nunca percibió, reclamando de igual modo la in-dicada exención, y por la quinta que el Tesorero, para el año siguiente de 1934, le impuso $233.60 de contribución sobre ingresos en concepto de deficiencia, por haberle aumen-tado su ingreso bruto en $1,763 que nunca recibió, recla-mando de igual modo la exención de cinco mil dólares en vez de la de tres mil que le había sido concedida en todos los casos.

Después de acudir sin éxito ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la demandante, como ya indicamos, pagó bajo protesta las indicadas contribuciones que con sus intereses ascendieron a $2,795.41 e inició este pleito reclamando su devolución con intereses legales desde la fecha del pago, pidiendo además que se declarara inconstitucional la sección 6 de la Ley Núm. 18 de 1927 (pág. 145) que fué la que sirvió al Tesorero para imponer la contribución.

Contestó el demandado separadamente las alegaciones de cada una de las cinco causas de acción, explicando en cada caso su actuación y sosteniendo la validez de la misma.

Luego ambas partes presentaron a la corte la siguiente estipulación:

“Comparecen ahora la demandante y el demandado, por sus respectivos abogados, para estipular que se dicte sentencia en este caso, y al efecto, en virtud del estudio que han hecho de los récords oficiales en el Departamento de Tesorería, y de las alegaciones de las partes, convienen y aceptan los siguientes hechos:
“(1) En cuanto a la primera causa de acción, que se refiere al año contributivo de 1930, la demandante, a- los efectos de esta esti-pulación, acepta como probadas todas las alegaciones de hecho según aparecen de la contestación del demandado (apartados 1, 2, 3 y 4.)
“(2) En cuanto a la segunda causa de acción, que se refiere al año contributivo de 1931, la demandante acepta a los efectos de esta estipulación, como probadas, todas las alegaciones de hecho según se especifican detalladamente en la contestación del demandado (apar-tado 4to.) y el demandado acepta que el ingreso neto total de la de-mandante en este año ascendió a $10,355.97, y niega, como cuestión de ley, que la demandante tenga derecho a un crédito o exención de $5,000.00, de acuerdo con la Sección 36(5) de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925, cualquiera que sea su ingreso; y en contrario alega el demandado que la demandante no tiene derecho a crédito o exención alguna porque la ley aplicable a su caso, en 1931, no es la ley núm. 74 de 1925, y sí la Ley núm. 18 de 3 de junio de 1927, que la demandante considera nula por ser contraria al principio de uniformidad que establece la Carta Orgánica de Puerto Rico.
"(3) En cuanto a la tercera causa de acción, que se refiere al año contributivo de 1932, la demandante acepta a los efectos de esta estipulación, como probadas, todas las alegaciones del demandado, según aparecen de su contestación; y a los efectos de la cuestión de derecho planteada por la demandante, acepta el demandado que el beneficio neto total de la demandante en dicho año fué $13,544.48, estipulando en cuanto a esta cuestión de derecho exactamente lo mismo que han estipulado en cuanto al año 1931.
“ (4) En cuanto a la cuarta causa de acción, que se refiero al año contributivo de 1933, la demandante acepta a los efectos de esta «estipulación, como probadas, todas las alegaciones de hecho del demandado, según se especifican detalladamente en su contestación, y a los efectos de la cuestión de derecho planteada, el demandado .acepta que en el año 1933, el ingreso neto total de la demandante es $11,454.97, estipulando respecto de dicha cuestión de derecho lo mismo que han estipulado en la segunda y tercera causas de acción anteriores.
(5) En cuanto a la quinta causa de acción, que se refiere al año contributivo de 1934, la demandante acepta, a los efectos de esta estipulación, como probadas, todas las alegaciones de hecho del de-mandado, según aparecen detalladamente en su contestación, y a Jos efectos de la cuestión de derecho planteada, el demandado acepta que el ingreso neto total de la demandante en el año 1934 fué $9,756.22, alegando el demandado que la demandante sólo tiene derecho en este año a una exención o crédito de $3,000.00 y la demandante que tiene derecho a una exención de $5,000.00 por los motivos expresados an-teriormente.
“Los efectos de esta estipulación son considerar probados los he-chos según los alega el demandado, o lo que es lo mismo, que la de-mandante renuncia a las cuestiones de hecho planteadas, dejando subsistente para resolución del Tribunal la cuestión de derecho planteada en la segunda, tercera, cuarta y quinta causas de acción en lo que se refiere a la nulidad o validez de la sección 6 de la Ley número 18 de 3 de junio de 1927, y a la aplicación o no aplicación de la sección 36 (b) de la Ley número 74 de 6 de agosto de 1925.”

Y basándose en ella dictó la corte de distrito su sentencia fundándola en una relación de hechos y opinión de la cual transcribimos lo que sigue:

“Como resulta de la estipulación precedentemente transcrita, la demandante acepta los hechos alegados en la contestación en oposi-ción a la primera causa de acción. Aceptando tales hechos como ciertos, claro es que no debe prosperar .la primera causa de acción.
“En cnanto a las cuatro restantes cansas de acción, la cuestión a resolver es si el Tesorero al computar la contribución por deficien-cia debió aplicar y conceder la exención de $5,000.00 concedida por la sección 34 (b) de la Ley Núm. 74 de 1925, o si por el contrario es de aplicación la sección 6 de la Ley Núm. 18 de 1927 que no concede tal exención.
“Alega la demandante que la sección 6 de la Ley Núm. 18 de 1927 es nula por inconstitucional, y así lo resolvió esta Corte por el Juez que suscribe en el caso de Méndez Hnos. v. Manuel Y. Dome-nech, Civil Núm. 18140, en el que refiriéndose a esta cuestión, se expresó en los siguientes términos:
“ ‘Pasemos ahora.a considerar la segunda cuestión levantada por la demandante, o sea, el derecho que alega tener a una deducción de $5,000 de un ingreso neto por no exceder éste de $25,000 durante el período contributivo objeto de la contribución pagada bajo pro-testa.
“ ‘La sección 34 de la Ley Núm. 74 de 1925 en que se ampara la demandante, en lo pertinente dice así:
“ ' “Sección 34. — Para los fines de la contribución impuesta por la sección 28, solamente se concederán los siguientes créditos:
« # & * * #
“ ‘ “ (6) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de $25,000.00 un crédito específico de $5,000.00 y en los demás casos, un crédito específico de $4,000.00.”
“ ‘En el año 1927 se trató de enmendar el precepto antes trans-crito y al efecto se aprobó la Ley Núm. 18 de 1927 (pág. 487) cuya sección 6 dice así:
“ ‘ “Sección 6. — Que el apartado (5) de la Sección 34 de dicha Ley, quede por la presente enmendado en la forma siguiente:
“ ‘ “(b). — En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de $10,000 un crédito específico de $3,000.00, y en los casos en que el ingreso neto exceda de $10,000, no se concederá crédito alguno. Las corporaciones o sociedades ex-tranjeras (aún cuando tengan oficina o sitio de negocio en Puerto Rico) no tienen derecho al crédito de $3,000.00 que se concede a las corporaciones y sociedades domésticas.”
“ ‘Se alega por la demandante que esta Ley enmendatoria es inconstitucional, y que por consiguiente no puede afectar en nada ni mucho menos derogar la sección 34 (ó) de la Ley Núm. 74 de 1925, que ha quedado en vigor y al amparo de la cual reclama la exención de $5,000.00.
“ ‘Tiene razón la demandante. El caso de Domenech v. Havemeyer, 49 F. (2d) 849 aunque es un caso de contribuciones sobre beneficios excesivos, nos señala el derrotero a seguir en la solución del problema planteado.
“ ‘La sección 2 de nuestra Carta Orgánica exige que la Legisla-tura de Puerto Eico imponga contribuciones uniformes y la contri-bución impuesta por la enmienda de la Ley de 1927 no resulta uniforme desde el momento en que una corporación doméstica o so-ciedad cuyo ingreso neto no exceda de $10,000.00 tiene derecho a una exención de $3,000.00, mientras que otra sociedad o corporación de la misma naturaleza cuyo ingreso es de $10,001.00 no tiene dere-cho a exención alguna. Es claro que la Ley sería uniforme y por consiguiente constitucional si a todos los contribuyentes por igual se les concediese la exención de $3,000.00 sobre los primeros $10,000.00. Véase el persuasivo razonamiento de la Corte de Circuito de Apela-ciones Primer Circuito en el caso de Domenech v. Havemeyer, supra.
“ ‘Siendo como es inconstitucional la ley enmendatoria, la ley original no puede ser afectada por ella y está en toda su fuerza y vigor. Véanse al efecto 25 R.C.L. 906, sección 157; 11 A.L.R. 510, y 66 A.L.R. 1477 y su anotación.’ (Opinión de la Corte de Distrito de San Juan, en el caso de Méndez Hnos. supra, págs. 9 y 10.)
“Sosteniendo como sostenemos que la demandante tiene derecho a la exención de $5,000.00 que reclama, y que debió deducirse dicha exención durante los años contributivos de 1931, 1932, 1933 y 1934, procede en. este caso una sentencia declarando que la demandante tiene derecho a la exención antes mencionada por los cuatro años ya expresados, debiendo procederse a liquidar de nuevo la contribu-ción para dichos años, de acuerdo con los términos de esta opinión, debiendo devolverse por el Tesorero de Puerto Eico a la demandante cualquier balance que pudiere resultar a favor de ésta, con intereses legales desde la interposición de la demanda, que lo fué el día 22 de enero de 1937, hasta la fecha del pago, imponiéndose las costas al demandado sin incluir honorarios de abogado.”

. No conforme el demandado, apeló. Señala en su alegato tres errores, cometidos a su juicio por la corte, 1, al resolver que la Ley núm. 18, de 3 de junio de 1927, enmendatoria del apartado (6) de la sección 34 de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925, es inconstitucional; 2, al resolver que la demandante tiene derecho a una exención de $5,000 al com-putarse su ingreso neto tributable correspondiente a los años 1931, 1932, 1933 y 1934, a virtud de la exención que le concede la sección 34 (b) de la Ley núm. 74, de agosto 6 de 1925, y 3, al ordenar que por el Tesorero de Puerto Rico se liquide nuevamente la contribución objeto de este pleito, deduciendo del ingreso neto tributable' de la demandante la cantidad de $5,000 para cada uno de los años contributivos a que se refiere la demanda.

La misma cuestión constitucional que ahora se levanta se suscitó en el caso de F. Febles & Cía. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 778. La opinión de la corte en dicho caso, emitida por su Juez Asociado Sr. Wolf, dice:

“La demandante y apelada sostenía que bajo ía Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), tenía derecho a una rebaja de |5',000 de sus in-gresos netos al calcular su contribución sobre ingresos, mientras que el Tesorero solamente le permitía una rebaja de $3,000. El Tesorero seguía o trataba de seguir la Ley núm. 18 de 1927 (pág. 487), que, según él, solamente concedía a la apelada derecho a la deducción menor. La sección 34 (6) de la Ley núm. 74 de 1925 (Leyes de ese año, página 483), antes de ser enmendada leía así:
“ 'Sección 34. Para los fines de la eontrihución impuesta por la sección 28 solamente se concederán los siguientes créditos:
“ ‘(a) * # * * * * *
‘(b) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de veinte y cinco mil dólares, un crédito espe-cífico de $5,000 y en los demás casos, un crédito específico de $4,000.’
“La sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 (Leyes de ese año, pá-gina 491) que enmendó la sección 34 (b), supra, lee ahora de la manera siguiente:
“ ‘Sección 6. — Que el apartado (b) de la Sección 34 de dicha Ley queda por la presente enmendado en la forma siguiente:
“ ‘ “ (b) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de diez mil (10,000) dólares, un crédito es-pecífico de tres mil (3,000) dólares y en los casos en que el ingreso neto exceda de diez mil (10,000) dólares no se concederá crédito alguno. Las corporaciones o sociedades extranjeras (aún cuando tengan oficina o sitio de negocios en Puerto Rico), no tienen derecho al crédito de tres mil (3,000) dólares que se concede a las corpora-ciones y sociedades domésticas.” ’
“Bajo los preceptos de la ley de 1927 a una sociedad o corpo-ración con un ingreso neto de más de $10,000 no se le concede rebaja alguna. La ley de 1927 fue atacada como discriminatoria. La corte de distrito resolvió que la disposición arriba copiada de la ley de 1927 es inconstitucional.
“Existen dudas en la mente de algunos de los miembros de la Corte respecto a la constitucionalidad de la ley, cuestión que no discutiremos ahora por los motivos siguientes:
“La demandante tuvo un ingreso durante cada uno de los tres años de que se queja de menos de $10,000 y por tanto no íué afectada por las disposiciones de la Ley de 1927, que no otorgaba crédito .al-guno a las personas que recibieran más de $10,000. Nadie dudaría que la Legislatura tenía el derecho bajo un estatuto que por otra parte fuera constitucional, a fijar la rebaja en $3,000 más bien que en $5,000, si así lo hubiera deseado, como lo deseó. La parte del estatuto que concedía exenciones solamente a personas que recibían menos de $10,000 es un precepto independiente y el dejar de exentar a las personas que recibían más de $10,000 no está entrelazado con el hecho, ni de él depende, de que las personas que reciban menos de $10,000 tengan una exención. Una persona que recibe menos de $10,000 no queda perjudicada a no ser por la rebaja de su exención de $5,000, existente bajo la ley de 1925, a $3,000 bajo la ley actual. Indudablemente la demandante podría ser beneficiada al declararse la ley inconstitucional pero por el presente se halla solamente en la posición de tener derecho a una rebaja de $3,000 más bien que de $5,000. Una entidad que reciba más de $10,000 es la que sufriría verdadero perjuicio, de sufrirlo. Fácilmente podría suceder que las personas que reciban más de $10,000 nunca ataquen el estatuto por-que la ley podría ser derogada o enmendada antes de que éstas pu-dieran ser por ella afectadas. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que la demandante no fué afectada por la disposición legal y en su consecuencia que no tenía status ante la corte para atacar la validez del estatuto. Hatch v. Reardon, 204 U. S. 152, 160; Dillingham v. McLaughlin, 264 U. S. 370; Roberts & Schaeffer v. Emerson, 271 U. S. 50, 55; Standard Stock Food Co. v. Wright, 225 U. S. 540, 550; Southern Railway Co. v. King, 217 U. S. 524, 534; Cooley on Taxation, Yol. 1, sec. 367; véase nota en 19 Amer. & Eng. Annotated Cases, y casos en ella citados.
“Debe revocarse la sentencia.”

Si se tratara sólo del ejercicio de la quinta cansa de acción en la cnal el ingreso no excedió de. diez mil dólares, aplicada la regla sentada, debería revocarse la sentencia recurrida, ya que el Tesorero concedió la exención de tres mil dólares.

Pero en las cansas de acción segunda, tercera y cuarta los ingresos excedieron de diez mil dólares — en $355.97 en la segunda, en $3,544.48 en la tercera y en $1,454.97 en la cuarta— y el Tesorero de acuerdo con los términos expresos de la ley negó toda exención, lo que hace que la cuestión deba inevita-blemente resolverse.

El caso de Domenech v. Havemeyer, 49 P. (2d) 849 que sirvió de base a la corte de distrito para su declaración de inconstitueionalidad, fué aplicado por esta corte para resolver el de Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, 43 D.P.R. 892, en los términos que constan de la opinión de esta corte tam-bién emitida por su Juez Asociado Sr. Wolf, como sigue:

“Con posterioridad a la radicación del alegato de la apelante, la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito resolvió que la sección 17 de la ley, que fijaba la canti-dad de la contribución sobre beneficios excesivos, era inconstitucional por no ser uniforme. La corte, en Domenech v. Havemeyer, 49 F. (2d) 849, 852, dijo:
“ ‘Las contribuciones que ahora se tratan de recobrar en los tres pleitos son en gran parte contribuciones sobre beneficios excesivos. Las creemos prohibidas por la sección 2 de la Carta Orgánica (39 Stat. 952. . .), que exige que la Legislatura de Puerto Eico imponga contribuciones uniformes.
“ ‘Pero esta ley núm. 43 de 1921, en su sección 17 (3), intitulada “Contribución sobre beneficios excesivos”, dispone que: “Además de la contribución normal, se impondrá . . . sobre el ingreso neto que exceda de diez mil (10,000) dólares . . . una contribución por con-cepto de beneficios excesivos, como sigue: Cuando la proporción en-tre el ingreso neto y el capital invertido sea menos del 15 por ciento, 5 por ciento sobre el ingreso neto que exceda del 10 por ciento del capital invertido en el año contributivo.” A esto siguen, bajo, la sección 17 (3), diez párrafos qne tratan de los beneficios qne excedan del diez por ciento del capital invertido, en cada caso disponiendo contribnciones a nn tipo mayor sobre todo el exceso superior al 10 por ciento. Se signe qne un contribuyente cuyo ingreso neto fuera li-geramente menor — digamos 20 por ciento del capital invertido— tendría qne pagar una contribución por todo su ingreso neto superior al 10 por ciento a razón del 5% por ciento solamente; mientras que un contribuyente cuyo’ ingreso fuera ligeramente en exceso del 20 por ciento, tendría que pagar una contribución -del 6 por ciento sobre todo su ingreso neto superior al 10 por ciento del capital inver-tido. En otras palabras, una diferencia muy pequeña en el ingreso neto del contribuyente resultaría en un aumento substancial del tipo de la contribución a que estaría sujeto el volumen de sus ingresos. El tipo más alto (impuesto adicional o surtax) no queda limitado, cuando lo baya, a la cantidad en exceso del tanto por ciento a razón del cual empieza el tipo más alto, como sucede en la ley de contri-buciones federal. Compárense la ley de octubre 3, 1917, see. 2 (40 Stat. 300, 301), y la Ley de Rentas de 1918, see. 211 (a), 40 Stat. 1062. Esto no puede sotenerse.'
"La apelante obtuvo permiso de este tribunal para radicar un alegato adicional. El alegato se radicó y el gobierno no lo ba contes-tado. El razonamiento de la Corte de Circuito no nos deja duda ' alguna de que la ley de contribuciones sobre beneficios excesivos era en verdad anticonstitucional.”

De suerte que si el discrimen entre unos y otros contri-buyentes observado en la Ley núm. 43 de 1921 (pág. 313), sección 17, fué la base-de su declaración de inconstituciona-lidad, siendo dicho discrimen similar al que se observa en la Ley núm. 18 de 1927, sección 6, también debe servir de base a su declaración de inconstitucionalidad.

Ahora bien, ¿debe dicha declaración limitarse a la ley en cuanto resulta en realidad de verdad discriminatoria o hacerse en términos generales como lo hizo la corte de distrito, de tal modo que nula la enmienda quede en todo su vigor la ley que se trató de enmendar?

A nuestro juicio la declaración debe hacerse en forma limi-tada, de acuerdo con el razonamiento contenido en la opinión del citado caso de F. Febles y Co. v. Sancho Bonet, Tes., supra, que dejamos transcrita. Y siendo ello así, no tiene ‘ dereclio la demandante a la exención de cinco mil dólares que reclama sino a la de tres mil que fija la sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 en su parte constitucional.

A virtud de esta interpretación se da efecto a la voluntad legislativa en cuanto a la reducción de la exención de cinco a tres mil dólares (F. Febles y Co. v. Sancho Bonet, Tes., supra, pág. 780) y se concede la exención a todos por igual, lo mismo a los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de diez mil dólares que a aquéllos cuyos ingresos pasen de esa suma, desapareciendo en tal virtud el discrimen y quedando la ley como si estuviera redactada en la forma indicada por la propia corte sentenciadora para que resultara constitucio-nal, a saber, exención de tres mil sobre los primeros diez mil dólares en todos los casos.

En cuanto a la circunstancia de no haberse levantado ante la Junta de Revisión e Igualamiento la cuestión constitucional que se suscitó en la corte del distrito, puede contestarse con lo que se dijo al final de la otra decisión de esta propia corte que dejamos citada en extenso, a saber, Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, supra. Fué así:

“La apelante dedicó una parte considerable de su alegato para tratar de demostrar que este tribunal podía investigar la constitu-eionalidad de la ley a pesar de que se dejara de alegar la anticons-titucionalidad de la misma en el alegato original. La cuestión del señalamiento de errores cae claramente dentro de la discreción de la corte. La jurisprudencia citada por la apelante es también clara en el sentido de que no debe darse paso alguno que sostenga derechos alegados al amparo de un estatuto anticonstitucional. La cuestión asimismo queda abarcada por nuestro propio estatuto especial que lee así:
“ ‘Sección 1. — Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico consti- . tuirá de aquí en adelante un Tribunal de Apelación y no un Tribunal de Casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asun-tos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limi-tará solamente a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual íorma sus méritos para la mejor ad-ministración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demo-ras.’ ”

Por virtud de todo lo expuesto debe modificarse la senten-cia recurrida en el sentido de declarar anticonstitucional la sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 sólo en cuanto no concede crédito alguno en los casos en que el ingreso neto exceda de dies mil dólares, debiendo devolverse el caso al Tesorero para que practique la nueva liquidación no a base de una exención de cinco mil dólares si que de tres mil, y así modificada, deberá dicha sentencia recurrida confirmarse.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.