author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Portilla, Demandante y Apelante, v. García, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre ejercicio de la patria potestad.
    No. 1923.
    Resuelto en marzo 11, 1919.
    Transacción del Pleito — -Abogados'—Poder del Abogado para Transar por su Oliente — Gestiones Judiciales. — La seeeión 9 de la ley de 8 de marzo de 1906 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico y derogando leyes anteriores sobre la materia se refiere sola-mente al poder que tiene el abogado de un cliente eon relación a los proce-dimientos que se siguen en una corte sin que ese poder pueda tener el al-cance de obligar el abogado al cliente mediante transacción o arreglo o de cualquier otro modo en lo que respecta a cuestiones independientes del procedimiento y que afectan a la materia objeto de la acción más que al remedio. Morales v. Olivan, 24 D. P. R. 601.

      Allanamiento — Allanamiento Condicional — Condición Ajena a la De-manda — Sentencia Nula. — Cuando el allanamiento está afectado por nna condición extraña a la demanda, el abogado aetúa, al allanarse, fuera de sus facultades de representante o apoderado de sn cliente, y la sentencia dictada en esas condiciones puede anularse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Lopes Tisol.

    Abogados de la apelada: Sres. Juan J. Ortis Alibrán y Victoriano M. Fernández.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, presentó demanda enmendada en 8 de febrero de 1918, Eugenio Portilla contra Rosario Grarcía para que ésta le entre-gara su menor hija Angelina Carmen Portilla y Grarcía, ale-gando al efecto que por espacio de varios años habían llevado relaciones amorosas que habían terminado con la separación de ambos; que como resultado de dichas relaciones tuvieron dos hijos nombrados Angelina Carmen y Eugenio, de cinco y dos años de edad respectivamente, reconocidos ambos por demandante 31 demandada en el registro civil de esta ciudad; que la demandada siempre ha tenido bajo su custodia a la menor Angelina Carmen y el demandante le ha reclamado su entrega sin haberla conseguido; y que el demandante nunca ha sido privado de sus derechos de patria potestad, sobre su mencionada hija, ni tales derechos le han sido sus-pendidos.

A la anterior demanda se opuso la demandada represen-tada por su abogado M. Graetán Barbosa y para sostener su oposición alega que los niños Angelina Carmen y Eugenio eran hijos reconocidos del demandante y de la demandada; que la niña necesitaba sus cuidados y atenciones por ser de constitución delicada; que ella educaba a la referida niña en el Colegio de Párvulos de esta ciudad pagando el deman-dante un dólar mensual por su instrucción; que ella siempre ha observado excelente conducta, procurando infiltrár en su hija ejemplos de sanas costumbres y prácticas religiosas y que el demandante vivía en concubinato público con una mu-jer llamada Emilia García en el poblado de Puerta de Tierra de esta ciudad y sería un mal ejemplo para la niña si ésta fuera a vivir con su padre.

Llamado el caso a juicio la corte dictó sentencia que dice así:

“En 5 de septiembre de 1918 y en corte abierta se llamó este caso a juicio oral por su orden de señalamiento, y comparecieron las partes asistidas de sus respectivos letrados a la vista de este caso.
“Ambas partes leyeron sus alegaciones y la demandada por con-ducto de su letrado manifestó que se allanaba a la demanda, si el demandante tomaba a su cuidado el niño Eugenio G-arcía Portilla, hijo también de demandante y demandada.
“Y la corte a virtud de esas manifestaciones dicta sentencia disponiendo que los niños Angelina Carmen Portilla García y Eugenio Portilla y García, hijos de las partes en este pleito, queden bajo la patria potestad del padre, debiendo serle entregados a éste por la madre, en un término de tres días.
“El secretario librará la correspondiente orden de ejecución.”

Notificada la anterior sentencia al abogado M. Graetán Barbosa presentó este en 9 de septiembre de 1918 moción a la corte, que transcribimos a continuación:

“Ante la Honorable Corte comparece la demandada Rosario Gar-cía representada por el abogado que suscribe y respetuosamente soli-cita y expone:
“ ‘Que el día 5 del presente mes la corte dictó una orden en el caso arriba expresado disponiendo que los niños Carmen y Eugenio Portilla, de cinco y dos años de edad respectivamente, pasaran a poder del demandante, por ser de éste la patria potestad, así recono-cido y aceptado por el abogado de dicha demandada.
‘ ‘ Que la demandada al serle comunicada la orden no ha estado conforme con las gestiones de su abogado e insiste en que la corte le dé una oportunidad para presentar prueba de dicho caso, no ha-biéndolo hecho en el día del juicio por encontrarse enferma.
“Por'las razones expuestas esta demandada respetuosamente soli-cita de la corte suspenda los efectos de la sentencia y orden dictada el día 5 del presente mes en el caso antes dicbo y a la vez le permita practicar su prueba en el día 20 del presente mes para mayor reso-lución del caso.’ ”

Ambos letrados argumentaron la anterior moción y la corte dictó resolución en 20 de septiembre de 1918 dejando sin efecto su sentencia del día 5 del propio mes consignando como motivos de su resolución los siguientes:

“Este es un caso en el que parece haber surgido una divergencia de opinión entre la cliente y su abogado. La explicación de esto es lógica y sencilla; el abogado tiene que mirar el caso en su aspecto puramente legal; la parte interesada como madre de esos menores no entiende de ley alguna, ni de artículos de código que sea superior a su amor maternal, ni que pueda arrancar de sus brazos a sus hijos. De aquí la diferencia, explicable a la luz de un ligero estudio psicológico.
“Quizás no hay un caso en que mejor pueda hacerse aplicación al artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil permitiéndose una enmienda a un procedimiento o eximiendo siquiera sea tempo-ralmente, a una parte, de los efectos de una sentencia u orden, dic-tada por inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia. La corte no quiere privar a esta demandada de presentar prueba y ser oída,' aunque abriga una gran duda de que pueda ella presentar algo que destruya la eficacia del derecho de patria potestad. Pero como podrá después aparecer un hecho que al ser conocido hubiera cambiado la opinión del juez y que si hubiera privado a esta demandada de exponer y probar ese hecho, sería algo que pesaría con el peso del remordimiento sobre el juez, que' pudo oir y no oyó la alegación aquella.”

Contra la anterior resolución interpuso recurso de ape-lación la parte demandante.

La cuestión legal envuelta en el presente recurso se re-suelve por los principios que estableció esta Corte Suprema al resolver él caso de Morales v. Olivari, Juez Municipal, y Rodríguez et al., interventores, 24 D. P. R. 601.

Entonces dijimos:

“La sección 9ª. de 8 de marzo de 1906 determinando reglas para al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico y derogando leyes anteriores sobre la materia, dice así:
“ ‘Todo abogado, en tanto que no se le haya notificado por sus clientes la revocación de su representación, tendrá derecho para obli-gar al que lo haya elegido como tal en todas las gestiones que judi-cialmente practique en nombre de dicho cliente y que consten en las minutas de la corte ante la que tales gestiones se verifiquen pero no de otra suerte.’
“Opinamos que la sección transcrita se refiere solamente al po-der que tiene el abogado del cliente con relación a los procedimientos que se sigan en una corte, sin que ese poder pueda tener el alcance de obligar el abogado al cliente mediante transacción o arreglo o de cualquier otro modo en lo que respecta a cuestiones independientes del procedimiento y que afecten a la materia objeto de la acción más que al remedio. * * *
“Para mayor ilustración sobre ese particular véanse 6 C. J., p. 643, sec. 147; p. 657, sec. 169; p. 659, sec. 175; 2 R. C. L., p. 976, sec. 54; p. 986, sec. 63; p. 989, sec. 68; p. 995, sec. 75.”

En el presente caso no hubo nn simple allanamiento a la demanda por parte de la demandada representada por su abogado M. G-aetán Barbosa, sino un allanamiento afectado por la condición de que el demandante tomara a su cuidado lio solamente a la niña Angelina Carmen según prentendía en la demanda, sino también al niño Eugenio cuya entrega no se reclamaba por el demandante y era por tanto ajena a la demanda. El allanamiento fue más allá de lo que se pretendía en la demanda y la corte resolvió una cuestión que no estaba en issue al. disponer que ambos niños quedai’an bajo la patria potestad del padre a quien debían serle entre-gados por la madre en- el término de tres días.

La entrega del niño Eugenio era cuestión completamente independiente del procedimiento y el letrado M. Gaetán Bar-bosa actuó fuera de sus facultades de representante o apo-derado de la demandada al proponer al demandante la en-trega de ese niño como condición precisa para la entrega de la niña según pedía en la demanda.

De la moción aparece claramente que la demandada no estuvo conforme con las gestiones de su abogado Gaetán Bar-bosa según éste lo manifiesta expresamente en dicha moción; y la misma demandada Rosario García en escrito de 23 de septiembre de 1918, notificó a su abogado M. Gaetán Barbosa y al abogado del demandante que había retirado el mandato conferido a Gaetán Garbosa para representarla en el asunto, habiendo nombrado al licenciado Juan J. Ortiz Alibrán para que continuara representando sus intereses y derechos en el caso.

La sentencia era nula por su faz y podía ser anulada aun-que la nulidad no fuera solicitada al amparo del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil que es el 473 del de California. 97 Cal. 91.

Pero aun dentro del artículo 140 citado no aparece que hubiera manifiesto abuso de discreción por parte de la corte al proceder como procedió.

Si se puede considerar la sentencia pronunciada como re-sultado de una transacción o arreglo habido entre los aboga-dos de ambas partes, también adolecería de nulidad por falta de cumplimiento de las formalidades prevenidas pa.ra el caso por el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que atañe al artículo 358 del mismo Código no es de aplicación al caso por las razones que ya adujimos al resolver el caso No. 1907 de Harris Co. v. Barbosa, decidido en enero 31, 1919, (pág. 57).

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de Medina, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.()
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la propiedad de Guayama, denegando la inscripción de un espediente de dominio.
    No. 373.
    Resuelto en marzo 13, 1919.
    Inscripción — Dominio — Asiento Contradictorio. — No es inscribible en el re-gistro de la propiedad la declaración de dominio, dictada por tribunal compe-tente, de bienes cuyo dominio aparece ya inscrito a favor de distinto dueño.
    Expediente de Dominio — Expediente Posesorio. — El artículo 393 de la Ley Hi-potecaria se contrae a las informaciones posesorias y no bay en la ley pre-cepto alguno que lo baga extensivo a las informaciones de dominio.
    Los hechos - están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.

       Esto caso fue resuelto primeramente en julio 27, 1918, desestimándose el recurso por no haberse presentado el documento que tuvo ante si el registrador al hacer la inscrip-ción o anotación solicitada. En noviembre 11, 1918, se declaró con lugar moción de recon-sideración eximiendo al peticionario de los efectos de la sentencia dictada, permitiéndose que el documento acompañado a la moción forme parte de los autos.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 15 ele mayo de 1918 recaída en una in-formación de dominio la.Corte de Distrito de Guayama de-claró que la Sucesión de Moderado Medina había justificado el dominio de éste en cierta finca de 79 cuerdas radicada en el barrio de Montellano del término municipal de Cidra que compró en 15 de julio de 1911 al presidente de la corpora-ción Cidra Land Company. En la resolución se hace constar que la solicitud alegaba que el documento escrito de adqui-sición no es título inscribible y que se ignoraba si la enti-dad vendedora existía, así como el paradero del presidente que vendió a nombre de la sociedad.

Presentada esa resolución en el Registro de la Propie-dad de Guayama para que se verificara la inscripción de la finca a favor de Moderado Medina, el registrador la negó fundándose en primer término en que en el registro aparece inscrita a favor de la corporación Cidra Land Company una finca de igual cabida y cita en el mismo barrio, que es la misma descrita en la información de dominio, aunque con 'distintas colindancias, que se identifica además por la serie de adquisiciones que se citan en la resolución, que corres-ponde exactamente con las que aparecen del registro.

Para tener ante nosotros los mismos hechos que el regis-trador le pedimos que nos enviase certificación literal de los asientos de la finca a que se refiere en ese motivo de su negativa de inscripción y habiéndola recibido y examinado lle-gamos a la conclusión de que la finca a que se refiere la de-claración de dominio como adquirida por Moderado Medina en 15 de julio de 1911 por compra al presidente de la cor-poración Cidra Land Company es la misma cuyo dominio tiene inscrito dicha • corporación y que su presidente vendió en dicha fecha a Pedro Moderado Medina por escritura pú-blica cuya inscripción negó el registrador en el año 1916 por no acreditarse el acuerdo y la autorización que para verifi-carla concediera al presidente de la corporación la junta de sus directores.

En verdad, la parte recurrente no insiste en que se trate de diversas fincas pero sostiene que siendo la cadena de títu-los del informativo de dominio la misma que resulta del re-gistro y habiendo sido citadas todas las personas que la for-man y seguido los trámites legales en el expediente de do-minio, no debió el registrador negar la inscripción por es-tar limitada su misión a inscribir lo que se le ordenaba por la corte, sin revisar los fundamentos, pruebas y motivos que tuvo el juez para declarar el dominio y ordenar la inscrip-ción, y que no se solicita que se cancele la inscripción a favor de la corporación, ni la corte la ordena.

La cuestión, pues, suscitada por ese motivo de negativa de inscripción es si a pesar de estar inscrito el dominio de ]a finca a favor de la corporación Cidra Land Company de-be el registrador inscribirla a favor de Moderado Medina porque el juez de distrito declaró justificado el dominio de esa finca a su favor en una información tramitada con ese objeto.

Dispone el artículo 77 de la Ley Hipotecaria que las ins-cripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del do-minio o derecho real inscrito a favor de otra persona; el 82 dispone, entre otras cosas, que las inscripciones o ano-taciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su con-sentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación o su causahabiente o representantes legítimos; y el 83 que si constituida la ins-cripción o anotación por escritura pública procediere su can-celación y no consintiere en ella aquel a quien ésta perju-dique, podrá el otro interesado demandarlo a juicio decla-rativo.

Aunque la declaración de dominio aprobada por el juez no ordena la cancelación de la inscripción de dominio de la corporación Cidra Land Company, ni los recurrentes la soli-citan del registrador, sin embargo como el dominio de la finca no puede estar inscrito en el registro de la propiedad a favor de más de una persona, si se hiciera la inscripción que los recurrentes pretenden a, nombre de su padre el efecto sería el de quedar cancelada de derecho la inscripción anterior de la citada corporación, sin haberla vencido en un juicio declarativo en que se justificase que había perdido su dominio por venta válida que de él hiciera su presidente. Lo que se trata de conseguir con la inscripción que se pretende es la inscripción ele una trasmisión por venta sin justificar la autoridad que tuvo el presidente de la corporación citada para verificarla, como debió haberse hecho cuando por ese motivo el registrador negó la inscripción de Ja escritura pú-blica de 15 ele julio de 1911.

Pero aunque el Juez hubiera ordenado la cancelación de la inscripción de dominio de la corporación Cidra Land Company, como se decretó én el caso de Toro v. El Registrador de Mayagüez, 25 D. P. R. 474 por haber aplicado los trá-mites del ai’tículo 393 de la Ley Hipotecaria, no procedería hacerse la cancelación porque, como entonces dijimos, citando el caso de Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 228, el artículo 393 se contrae a las informaciones posesorias y no hay en la ley precepto alguno que lo haga extensivo a las informaciones de dominio y porque la inscripción no podrá llevarse a efecto sin la can-celación del asiento de dominio existente. Ginorio v. El Registrador, 2 S. P. R. 579 y Colón v. El Registrador de Caguas, 24 D. P. R. 770.

La resolución de la Dirección de los Registros de la Pro-piedad de España de 4 de enero de 1900 que cita la sucesión recurrente en apoyo de su pretensión de que se inscriba la información de dominio no es aplicable a este caso porque fue dictada como consecuencia de un pleito declarativo en el que se resolvió a quién correspondía el dominio.

No siendo, pues, inscribible el expediente de dominio apro-bado en el caso que resolvemos es innecesario que conside-remos y resolvamos los otros motivos de la negativa de ins-cripción.

Por la razón expuesta debe ser confirmada la nota recu-rrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Pacheco et al., Peticionarios, v. Hon. R. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de mandamus al Juez de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 171.
    Resuelto en marzo 14, 1919.
    Mandamus — Término en que las Cortes de Distrito y Municipales Pronun-ciarán sus Sentencias o Resoluciones en Todos los Casos Civiles. — De acuerdo eon la jurisprudencia establecida en el caso del Municipio de Que-bradillos v. El Secretario Ejecutivo de Puerto Pico, decidido en 11 de marzo corriente, el P. de la C. 79, titulado "Proyecto de ley para fijar el término en que las cortes de distrito y municipales pronunciarán sus sentencias o resoluciones en todos los casos eiviles, y para otros fines,” aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado de Puerto Rico, es ley por no haber sido devuelto por el Gobernador a la Asamblea dentro del término de diez días, con excepción de los domingos, fijado por la sección 34 de la Ley Orgánica, ya que la Asamblea no levantó sino meramente suspendió sus sesiones el 26 de noviembre de 1917 para continuarlas el 4 de febrero siguiente, no habiendo impedido por tal acto la devolución del proyecto por parte del Gobernador.
    Id. — Leyes Procesales. — Siendo de procedimiento, era aplicable la ley de que se trata a un pleito visto anteriormente y no fallado aun, pero concediendo al tribunal todo el término fijado por la misma para dictar la sentencia.
    Id.- — Sentencia—Derecho a que se Dicte. — Cuando las partes tienen un derecho absoluto a que el tribunal dicte sentencia, procederá el mandamus, pero este auto no se expedirá cuando el efecto del mismo sería el de revisar o contro-lar la discreción de una corte inferior. Para que pueda expedirse el auto, los peticionarios deberán establecer un derecho claro al remedio. Debe haber 'habido una previa solicitud a la corte a quo, y debe haber existido una ne-gativa por parte de dicha corte para actuar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Fernando Vázquez.

    Abogados del demandado: Hons. Attorney General y Jaime Sifre, Jr.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Francisco, José del Carmen, Miguel, Maximina, Ata-nasio de la Cruz, Isidora del Carmen y Juana. Pacheco y Becerril presentaron a esta Corte Suprema una solicitud para que se expidiera un auto de mandamus dirigido al Juez de la Corte de Distrito de Humacao, ordenándole que inme-diatamente dictara sentencia en el caso civil No. 3567, titu-lado Juan Francisco Pacheco y otros v. Diego Zalduondo, sobre reivindicación de finca rústica.

En la solicitad se alegó qne la vista del indicado pleito se celebró en la expresada corte el 19 de junio de 1917 y qne no obstante existir nna ley qne comenzó a regir el 5 de marzo de 1918 y qne dispone “qne el término en qne los jueces de distrito y los municipales pronunciarán sus fallos o resolu-ciones en toda acción civil, no excederá de sesenta días para éstos y noventa para aquéllos”, dicha corte de distrito no había dictado sentencia a la fecha de la solicitud, 15 de abril de 1918. Se expidió mandamiento ordenando al demandado que' expresara las causas por virtud de las cuales no debía dictarse el auto y así lo hizo el demandado en 10 de mayo de 1918. El 3 de junio se celebró la vista practicándose prue-bas y oyéndose los informes de los abogados de ambas par-tes. Ni se alegó por los peticionarios que hubieran pedido directamente a la corte de distrito que dictara sentencia en el pleito y se probó en la vista que no lo hicieron.

Sostiene en su alegato la parte demandada que el proyecto de ley a que hacen referencia los peticionarios nunca se con-virtió en ley porque la Legislatura, mediante la suspensión-de sus sesiones, impidió la devolución del mismo,'y discute ampliamente esta cuestión. El caso en este aspecto es igual al del Municipio de Quebradillas, v. El Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, decidido por esta Corte el 11 de marzo actual. De acuerdo con la jurisprudencia establecida, debe re-solverse que el P. de la C. 79, titulado “Proyecto de ley, para fijar el término en que las cortes de distrito y municipales pronunciarán sus sentencias o resoluciones en todos los casos civiles, y para otros fines”, aprobado por la Cámara de Re-presentantes y por el Senado de Puerto Rico, enviado al G-obernador y recibido en la oficina de éste a las 9 a. m. del 21 de noviembre, 1917, es ley por no haber sido devuelto por el Gobernador a la Asamblea dentro del término de diez días con excepción de los domingos, fijado por la sección 34 de la Ley Orgánica, ya que la Asamblea no levantó sino me-ramente suspendió sus sesiones el 26 de noviembre de 1917 para continuarlas el 4 de febrero siguiente, no habiendo im-pedido por tal acto la devolución del proyecto por parte del Gobernador.

Pero el demandado sostiene, además, que aunque tal pro-yecto se hubiera convertido en ley, no podría aplicarse a este caso, y aun más, que aunque fuera aplicable, debería negarse siempre la petición de mandamus, y en cuanto a estos extre-mos, tiene el demandado razón, a nuestro juicio.

Según los mismos peticionarios, la ley de que se trata co-menzó a regir el 5 de marzo de 1918. Siendo una ley de pro-cedimiento, era aplicable sin duda a un pleito visto anterior-mente y no fallado aun, pero concediendo al tribunal todo el término fijado en ella para dictar la sentencia, y dicho tér-mino no había transcurrido a la fecha de la solicitud, 15 de abril de 1918, ni aun a la de la vista, 3 de junio de 1918.

Además, aunque no fuera esto así, no deberíamos dictar el auto, porque los peticionarios antes de pedir el auxilio de esta corte, debieron acudir a la propia corte de distrito soli-citando el pronunciamiento de la sentencia de que se trata. Véase la jurisprudencia sobre el particular, tal como la con-densa Oye. Es como sigue:

“Cuando las partes tienen un derecho absoluto a que el tribunal dicte sentencia, procederá el mandamus pero este auto no se expe-dirá cuando el efecto del mismo sería el de revisar o controlar la discreción de una corte inferior. Para que pueda expedirse el auto, los peticionarios deberán establecer un derecho claro al remedio. Debe haber habido una previa solicitud a Ja corte a quo, y debe haber existido una negativa por parte de dicha corte para actuar.” 26 Cyc. 210, 211.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe dic-tarse sentencia declarando no haber lugar a librar el auto que se solicita.

No ha lugar a, librar el auto solicitado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Peesidente Se. Heenández, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Oriols, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, ' Sección Segunda, en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1365.
    Resuelto en marzo 14, 1919.
    Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravantes — Varón Adulto o Mayor de Veintiún Años. — Cuando en una denuncia se relatan hechos constitutivos de la circunstancia agravante 8ª. de la sección 6ª. de la ley sobre acometimiento y agresión, tal circunstancia puede apreciarse en contra del acusado aunque en la denuncia se consigne que las circunstancias agravantes consisten en que la agredida es una mujer y el agresor un varón adulto.
    Id. — Arma Mortífera — Identificación del Arma — CarIcter Dudoso del. Arma.- — Arma mortífera puede definirse como cualquier instrumento que cause la muerte o grave daño corporal al ser usado del modo corriente o usual y que su forma o construcción revela; y una vez identificada el arma con que se comete la agresión, la determinación de si es o no mortífera es una cuestión de derecho sobre la cual no es necesario practicar prueba al-guna a no ser que el carácter del arma sea dudoso, o dependa el que sea mortífera o no de la forma en que se usa, en cuyo caso es una cuestión de hecho que debe ser objeto de prueba y dejarse a la apreciación del jurad» o en su caso del tribunal sentenciador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión dol tribunal.

El presente es un caso criminal procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2ª.

La denuncia fué presentada por Carlos Yaldespino, P. I., contra Juan Oriols por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y en ella se expresa “que en 3 de febrero de 1918, a las 10 P. M. y en la calle del Pilar, Cataño, del distrito judicial municipal de Bayamón, que es parte del distrito judicial de San Juan, el acusado Juan Oriols, ilegal y voluntariamente y con la intención criminal de can-sar grave daño en la persona de Mercedes López Solá, le acometió y agredió con una cuchilla, causándole una herida en el lado derecho del cuello, de la que fué asistida en el hospital de Bayamón. ” La denuncia concluye con la explicación de que “las circunstancias agravantes en este caso consisten en que la agredida es una mujer y el agresor un varón adulto-’*

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 23 de diciembre de 1918 por la que declara culpable a Juan Oriols de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y lo condena a ocho meses de cárcel y costas, contra cuya sentencia interpuso el acusado recurso de apelación para ante-esta Corte Suprema.

Funda su recurso el apelante en que ni de la denuncia ni de las pruebas aparece que el acusado fuera un varón adulto o varón mayor de veintiún años, requisito indispensable para que pueda apreciarse como circunstancia agra-vante la que específicamente se expresa en la denuncia, se-gún jurisprudencia establecida por esta corte en el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D. P. R. 629.

■ El Fiscal acepta, y nosotros con.él, que ciertamente no es de apreciarse la circunstancia agravante de que se deja hecho mérito, pero que de todos modos han ■ concurrido las circunstancias agravantes enumeradas en los incisos 7°., 8°., y 9°., de la sección 6 de la ley sobre la materia aprobada en 10 de marzo de 1904.

La sección 6ª. de la ley citada dice así:

“Sección 6ª. — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:
“* “ * 7. Cuando se infiere una herida grave a la persona agregida. 8. Cuando se cometiere con armas mortíferas en circuns-tancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar. 9. Cuando' se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de in-ferir graves heridas corporales.”

Ni la denuncia ni las pruebas nos ponen en conocimiento-de la clase y extensión de la herida causada a la persona. agredida y por tanto nos falta base para apreciar la exis-tencia de la circunstancia 7ª.

En cnanto a la circunstancia 8ª. la denuncia consigna que el acusado acometió y agredió a la ofendida con una cuchilla causándole una herida en el lado derecho del cue-llo; y Mercedes López Solá, única testigo directa de cargo declara “que el día 3 de febrero el acusado fué dos veces a su casa y luego quería obligarla a que viviera con él, y una noche la llamó al lado de sus vecinos y llegó-y se le tiró encima, sacando una navaja y cortándola en el cuello, por no haber querido irse a vivir con él, habiendo sido asis-tida en la sala de socorros de Bayamón, a la que iba des-pués todos los días a curarse.” Para apreciar dicha cir-cunstancia es indiferente que la herida fuera causada con una cuchilla o con una navaja, pues por más que eu lenguaje vulgar con el nombre de navaja suele designarse aunque im-propiamente la cuchilla, ya dijimos en el caso de El Pueblo v. Galarza, 23 D. P. R. 361, que cuando el instrumento usado en un arma de fuego o un cuchillo puede en el primer caso probarse un revólver y en el segundo puede probarse cual-quier otro instrumento cortante parecido. Basta que una' u otra arma sea mortífera.

Se entiende por arma mortífera aquella que puede causar la muerte o producir grave daño corporal y una vez identi-ficada la clase de arma con que se cometiera la agresión, la determinación de si es o no un arma mortífera es una cues-tión de derecho People v. Tuque, 58 Cal., People v. Leyba, 74 Cal. 407, sobre la que no es necesario, por lo tanto, prac-ticar prueba alguna a no ser que el carácter del arma sea dudoso o dependa el que sea mortífera o no de la forma en que se usa, en cuyo caso es una cuestión de hecho que debe ser objeto de prueba y dejarse a la apreciación del jurado o en su caso del tribunal sentenciador. People v. Rodrigo, 69 Cal. 601 y People v. Leyba, supra. El Pueblo v. Rivas, 16 D. P. R. 611.

Arma mortífera puede definirse como cualquier instru-mentó que canse la muerte o grave daño corporal al ser usa-do del modo corriente y usual que su forma y construcción revele. 2 R. C. L. — Assault & Battery, párrafo 25,

La navaja o cuchilla en el presente caso, aunque no apa-rece que fuera ocupada e identificada, fué usada del modo corriente y usual, habiendo podido ocasionar la muerte o producir grave daño corporal a la agredida, atendida la re-gión del cuello en que fué causada la herida'. El arma em-pleada fué mortífera y de ahí que debe apreciarse como cir-cunstancia agravante calificativa del hecho la definida en el numero 8º.

T no importa que en la denuncia se consigne que “las circunstancias agravantes en este caso consisten en que la agredida es una mujer y el agresor un varón adulto.” En la denuncia se relatan hechos constitutivos de la circunstan-cia agravante 8ª. de la sección 6ª. de la ley sobre la ma-teria y eso basta para que tal circunstancia pueda apre-ciarse en contra del acusado. Es inmaterial que se le con-dene por una u otra de las circunstancias comprendidas en la acusación. Vaechter v. State, 30 S. W. 444. Yéase ade-más el artículo 362 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

. Por lo que atañe a la circunstancia marcada con el nú-mero 9°., ni de la denuncia ni de la prueba aparece que el hecho se ejecutó con intención premeditada para el fin cal-culado de inferir graves heridas corporales.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

Admite la opinión de la mayoría que no se probaron las circunstancias agravantes mencionadas específicamente en la denuncia, pero la corte pasa a considerar el caso ba-sada en la teoría de que en la denuncia aparecían otras cir-cunstancias agravantes. En otras palabras, que si bien por la denuncia se informó de modo específico al acusado de cier-tas circunstancias agravantes y es probable, si' no presu-mible, que la causa fuera juzgada a virtud de esa teoría, la corte a indicación del fiscal lia indagado la denuncia y la prueba y descubierto otra circunstancia agravante. Es cierto que fiemos resuelto que no es nécesario determinar en la de-nuncia ' el carácter de las circunstancias agravantes, pero si se Race tal descripción el que formula la alegación debe cir-cunscribirse a la misma. En el caso de Texas de Vaechter v. State, 30 S. W. 444, solamente se resuelve que cuando se alegan dos circunstancias agravantes el acusado puede ser declarado culpable por cualquiera de ellas, pero las autori-dades parecen indicar que en Texas tiene que ser alegada la circunstancia agravante como tal. 5 C. J. 775. La juris-prudencia general de ese Estado del cual fué tomada nues-tra ley sobre el particular sostiene que no puede, imputarse a una persona una circunstancia agravante y ser declarada culpable de otra. 5 C. J. 775.


text:
    Matta, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación contra resolución del Juez Asociado H. M. Hutcfiison, en procedimientos de habeas corpus.

    No. 1341.
    Resuelto en marzo 17, 1919.
    Habeas Corpus — Defensa de Haber Sido Expuesto Anteriormente por el Mismo Delito (Dormer Jeopardy). — La defensa de haber estado expuesto anteriormente o de haber sido absuelto o declarado culpable, por el mismo hecho delictivo, no autoriza al prisionero a ser puesto en libertad dentro de un procedimiento de habeas corpus. Tal defensa debe alegarse y resolverse en la corte en donde se está tramitando la causa origen de la prisión.
    Los fiechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Lilis Llorens Torres.

      Abogado de la parte contraria: Sr. Salvador Me'stre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra resolución del Juez H. M. Hntcliison, de esta Corte Supre-ma, anulando cierto auto de habeas corpus expedido por él mismo.

Julio de Jesús Matta alegó ante el Juez Hntcbison que se bailaba privado de su libertad por virtud de cierto man-damiento librado por el Juez Municipal de Caguas a conse-cuencia de una acusación formulada por el fiscal del distrito ante la dicba corte imputándole la comisión del mismo becbo que babía servido ya de base al propio fiscal para acusar al peticionario ante la Corte de Distrito de Humacao, en cuyo tribunal fué absuelto. En resumen, el peticionario alegó una previa absolución.

Se espidió el auto. Se celebró la vista y, finalmente,- el juez, bajo la autoridad del caso de Hovey v. Sheffner, 15 L. R. A. (N. S.) 227, anuló el auto expedido.

En el caso invocado se estudia ampliamente la jurispru-dencia sobre la materia que ba dejado establecida la siguiente regla general: la defensa de baber estado expuesto anterior-mente o de haber sido absuelto o declarado culpable,- por el mismo becbo delictivo, no autoriza al prisionero a ser pues-to en libertad dentro de un procedimiento de habeas corpus. Tal defensa debe alegarse y resolverse en la corte en donde se está tramitando la causa origen de la prisión. Véase tam-bién la decisión de esta Corte Suprema en El Pueblo v. Burgos, 18 D. P. R. 72.

Aplicada la regla general a este caso concreto, es nece-sario concluir que actuó correctamente el Juez Hutchison al anular finalmente el auto que babía expedido.

Debe confirmarse la résolución recurrida.

Declarado sin lugar él recurso y confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcliison no intervino.


text:
    Bardeguez, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Griiayama denegando la inscripción de un tes-tamento abierto.
    No. 383.
    Resuelto en marzo 18, 1919.
    Testamento Abierto — Testigos—Conocimiento del Testador — Inscripción.—• El no expresarse en un testamento que los testigos, o por lo menos dos de ellos, conocían a la testadora no convierte al testamento en una mera nuli-dad a priori. Tal omisión no constituye defecto que impida la inscripción del testamento porque puede entenderse suplida por la constancia del notario de dar fe, como en este caso, de haber llenado en el otorgamiento todas las formalidades legales, entre las cuales se halla la de que por lo menos dos de los testigos conocían a la testadora; y porque, además, es a los interesados a quienes incumbiría suscitar controversias acerca de su validez.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. G. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Grómez Laserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el testamento abierto otorgado por doña Ceferina Apa-ricio Pías por el cual instituyó como único heredero suyo a su esposo Juan Bardeguez Gruibbs, el notario hace constar lo siguiente:

“En tal forma la otorgante doña Ceferina Aparicio Pías expresa su voluntad a presencia de los testigos presentes y vecinos, mayores de edad que conozco personalmente que ven y entienden a la testa-dora que manifiesta conocerlos personalmente y que convienen con-migo el notario en el juicio favorable que nos merece su capacidad legal para este acto y son: '* * *
“ * * * de haberse cumplido todos los requisitos prevenidos en la sección correspondiente del Código Civil y de todo lo demás que aquí se consigna, yo el notario doy fe * *

El Registrador de la Propiedad de G-uayama se negó a inscribir dicho testamento “porque del mismo no consta quo los testigos instrumentales conocían a la testadora, formali-dad necesaria para dar validez al mencionado instrumento; y por la razón ulterior de no haberse acreditado el falleci-miento de dicha testadora.

Contra esa negativa de inscripción interpuso el heredero instituido el presente recurso gubernativo.

Al resolver recientemente, el 24 de febrero último, el caso de Chiqués v. El Registrador de Caguas, (pág. 91) con res-pecto a la inscripción de un testamento dijimos que el tercer motivo de inscripción era demasiado general y que el regis-trador debió expresar concretamente cuáles eran las formali-dades de la ley que habían dejado de cumplirse porque enton-ces hubiéramos estado en condiciones de decidir si dicha falta de cumplimiento era de tal naturaleza que convertía el testa-mento en una mera nulidad y si podía prescindirse de ella por la voluntad de las partes interesadas, en cuyo caso el registrador carecía de facultad para rehusar la inscripción.

Aunque en el caso presente el registrador expresó que el defecto consiste en que no consta en el testamento que los testigos conocían a la testadora, requisito que debe concurrir en por lo menos dos de los testigos de acuerdo con el artículo 693 del Código Civil en relación con el 695 que declara nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en el cap. 1, tít. 3º. del libro 3°., sin embargo esa falta en los testamentos no es de tal naturaleza que necesariamente lo convierta en una mera nulidad a priori porque pierde su virtualidad si los interesados aceptan eh testamento y convienen en respe-tarlo cual si le adornaran todos los requisitos legales; por-que es sólo a los interesados a quienes incumbe suscitar cues-tiones acerca de su validez por tal motivo y porque si bien el notario debe, en el cumplimiento estricto de sn deber, con-signar en el testamento quiénes de los testigos instrumentales conocen- al testador, tal omisión puede entenderse suplida por la constancia del notario, en términos generales, de dar fe de haber llenado todas las formalidades legales, entre las cuales se halla la de que dos de los testigos conozcan a la testadora, por cuyas razones el registrador no debió neg’ar la inscripción por ese fundamento. Resoluciones de la Direc-ción de los Registros de España de 26 de mayo de 1899; 26 de septiembre de 1904 y 30 de junio de 1915.

El otro motivo de la negativa lo encontramos justificado, porque siendo la muerte la que determina la transmisión de bienes al heredero hay que justificar tal hecho en el registro para que pueda inscribirse el testamento. Si el registrador hubiera pedido a la parte que le justificase ese hecho segu-ramente no hubiera tenido que consignar en su nota ese mo-tivo de negativa.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto al primer motivo en que se funda y confirmarse por el segundo.

Revocada la nota recurrida en cuanto al primer motivo, y confirmada en cuanto al se-gundo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.