author: per curiam:

text:
      In re Alexis Irizarry Vega, querellado.

      Número: CP-2015-0010

      Resuelto: 25 de agosto de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez y Tanaira Padilla Rodríguez, sub-procuradoras generales, y Yaizamarie Lugo Fontánez, pro-curadora general auxiliar; Aníbal Medina Ríos, abogado de Ángel Marrero Figarella; Alexis Irizarry Vega, pro se; Angel Marrero Figarella, pro se; Jeannette Ramos Buo-nomo, comisionada especial.
   per curiam:

El 8 de julio de 2015, la Oficina del Procura-dor General (OPG) presentó una querella contra el Ledo. Alexis Irizarry Vega, en la que le imputó la violación de los Cánones 12, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Luego de evaluado el caso de autos, acogemos las deter-minaciones de hecho de la Comisionada Especial y deter-minamos que el licenciado Irizarry Vega violó los Cánones 12, 18 y 38. A continuación presentamos los hechos que dieron origen a las faltas éticas antes mencionadas.

HH

El licenciado Irizarry Vega fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994 y prestó juramento como notario el 4 de enero de 1995. Representó al Sr. Efraín Cesáreo Quiñones y a la Sra. Eleida Cesáreo Quiñones, quienes son hermanos, en un proceso judicial sobre impug-nación de herencia, y presentó una demanda con estos pro-pósitos el 11 de enero de 1996. El 14 de marzo de 1996 la parte demandada en ese pleito presentó la contestación a la demanda y una moción de sentencia sumaria en la que solicitaba la desestimación del caso.

El 31 de julio de 1996 el Tribunal de Primera Instancia concedió a los clientes del licenciado Irizarry Vega un tér-mino de quince (15) días para contestar la moción de sen-tencia sumaria. No obstante, una vez transcurrido ese tér-mino, el licenciado Irizarry Vega solicitó una prórroga de veinte (20) días adicionales para contestar debido a una alegada enfermedad.

Esta prórroga fue concedida. Sin embargo, el licenciado Irizarry Vega presentó una moción solicitando un término adicional de veinte (20) días, pues sostuvo que la resolu-ción que le concedió la prórroga no le fue notificada dentro del término concedido y que las partes estaban próximas a lograr una transacción.

El 21 de octubre de 1996, el Tribunal de Primera Instan-cia notificó una sentencia —emitida el 27 de septiembre de 1996— en la que desestimó la demanda puesto que los de-mandantes no controvirtieron los documentos presentados por la parte demandada en la moción de sentencia sumaria. Ante esta situación, los hermanos Cesáreo Quiñones le soli-citaron la renuncia al licenciado Irizarry Vega y este les en-tregó el expediente sin solicitar ningún remedio post sentencia.

El licenciado Irizarry Vega presentó mociones para soli-citar la renuncia a la representación legal el 29 de agosto y el 3 de diciembre de 1997, pero ambas fueron denegadas por no proveer la dirección de sus clientes. Esta no fue provista por el letrado hasta el 26 de enero de 1998.

El 23 de diciembre de 1997, el Tribunal de Primera Ins-tancia expidió citaciones a los demandantes para una vista de ejecución de sentencia señalada para el 19 de febrero de 1998. El licenciado Irizarry Vega no asistió a la vista a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia aún no lo había relevado de la representación legal de los demandantes. No obstante, en esa vista el tribunal aceptó su renuncia.

El 7 de mayo de 2004, la Sra. Eleida Cesáreo presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Irizarry Vega y otro abogado por sentirse inconforme con la repre-sentación legal brindada por estos.

Aunque en un inicio el licenciado Irizarry Vega solicitó que se desestimara la queja porque no había sido contra-tado por la Sra. Eleida Cesáreo Quiñones, posteriormente admitió haber representado a ambos hermanos y argu-mentó que actuó diligentemente en todo momento. Con-forme a los procedimientos de este Tribunal, referimos el asunto a la OPG. El 28 de octubre de 2005, la OPG pre-sentó su informe sobre la investigación realizada. Poste-riormente, el 23 de diciembre de 2013, enmendó su informe y concluyó que el licenciado Irizarry Vega había incurrido en varias violaciones al Código de Ética Profesional. El 24 de abril del 2015 ordenamos a la OPG que presentara la querella correspondiente.

El 8 de julio de 2015 la OPG presentó la querella contra el licenciado Irizarry Vega y le imputó los cargos siguien-tes: (1) violación a los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional al no oponerse oportunamente a una moción de sentencia sumaria, no solicitar remedios post sentencia y no comparecer a la vista del 19 de febrero de 1998; (2) vio-lación al Canon 35 del Código de Ética Profesional al expo-ner en su contestación a la queja y en otras comparecencias ante este Tribunal hechos que no eran ciertos, y (3) violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional por no haber exaltado el honor y la dignidad de la profesión legal.

Por su parte, el licenciado Irizarry Vega planteó que no pudo contestar oportunamente la moción de sentencia su-maria debido a que sus clientes prefirieron buscar una transacción y no le proveyeron los documentos necesarios. Expuso el letrado que sus clientes lo desautorizaron para continuar la representación legal una vez notificada la sen-tencia y que por ello no solicitó remedios post sentencia ni compareció a la vista posteriormente. En su contestación, el letrado admitió que olvidó presentar oportuna y adecua-damente la moción de renuncia de representación legal.

En relación con las imputaciones realizadas bajo el Canon 35, supra, indicó que no sometió información falsa a este Tribunal y que las discrepancias surgidas entre sus testimonios fueron meros errores ocasionados por el tiempo que había transcurrido desde los hechos.

El 4 de mayo de 2016 nombramos a la Comisionada Especial Hon. Jeannette Ramos Buonomo. Celebrada una vista ante la Comisionada Especial, la OPG y el licenciado Irizarry Vega acordaron someter el caso por sus respectivos expedientes. En la vista, el letrado aceptó que algunas de sus actuaciones pudieran constituir faltas éticas y las atri-buyó a su falta de experiencia al momento de los hechos.

La Comisionada Especial concluyó que el licenciado Iri-zarry Vega violó los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, mas no así el Canon 35. Con la comparecencia del letrado y el informe de la Comisionada Especial procedemos a resolver.

¡-H HH

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de tramitar las causas de su cliente de manera responsable, con puntualidad y diligencia. In re Nazario Díaz, 195 DPR 623 (2016). Ese canon dispone lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

Consistentemente hemos establecido que la incompare-cencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así como las actuaciones y omisiones que pongan en riesgo la causa de acción del cliente, son infracciones patentes del Canon 12. In re Nazario Díaz, supra, pág. 635; In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016). In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012). De igual forma hemos seña-lado que “[e]l deber de ser puntual en el trámite del litigio y desplegar todas las diligencias necesarias frente al tribunal ha de cumplirse por el abogado en todas las etapas del pleito”. In re Nazario Díaz, supra, pág. 635. Véase In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 750 (2011).

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Pro-fesional, supra, impone a todo miembro de la clase togada el deber de defender a su cliente de forma capaz y diligente. In re Nazario Díaz, supra, pág. 636. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente, indica que:

Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Como hemos expresado, “[e]l deber de diligen-cia constituye una obligación básica y elemental del abo-gado hacia su cliente”. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Al definir lo que constituye diligencia, hemos mencionado que “ 'implica que el [abogado] realice las ges-tiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la controversia’ (Corchetes en el original). In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759, 763 (2016). Véase In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 940 (2011), citando a S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 179. En el cumplimiento de este deber, el abogado debe desplegar “ 'en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable’ ”. In re Nazario Díaz, supra, pág. 636. Del mismo modo, hemos señalado insistentemente que el deber de diligencia profesional es incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia en el trá-mite de un caso. In re Pietri Torres, supra, pág. 488.

Existen conductas específicas que contravienen lo dispuesto en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, tales como: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal’, (2) no contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una ac-ción; (6) cualquier tipo de acción negligente que pueda con-llevar o que, en efecto, resulte en la desestimación o el ar-chivo del caso. Id.

También se infringe el Canon 18 cuando: (1) no se res-ponde a planteamientos medulares; (2) se ignoran órdenes judiciales o administrativas; (3) se incurre en errores cra-sos; (4) se desatiende o abandona el trámite de un caso, y (5) se permite que la acción se desestime sin realizar esfuerzos para evitarlo. In re Nazario Díaz, supra, pág. 637.

Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que “[l]a con-ducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sin-cero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utili-zando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho”. Por lo tanto, “ ‘el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon’ ”. In re Valentín Custodio, supra, pág. 547.

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, supra, establece que “[e]l abogado deberá esfor-zarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apa-riencia de conducta profesional impropia”. Es por ello que hemos señalado que “ ‘por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen’ ”. In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014).

Refiriéndonos al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, hemos explicado que la “conducta [de los abogados] no se mide con los mismos parámetros que a un individuo particular”. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 148 (2014). Por esta razón, los abogados tienen que tomar conciencia de que la confianza pública descansa en su forma de actuar. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 586 (2015).

Por último, cabe señalar que, aunque no estamos obligados a aceptar el informe de la Comisionada Especial en un procedimiento disciplinario contra un abogado, de or-dinario sostendremos sus determinaciones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Esto, pues sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Vilches López, 196 DPR 479 (2016).

Luego de exponer el Derecho aplicable, pasamos a anali-zar si la conducta del licenciado Irizarry Vega en efecto cons-tituyó una violación a los referidos Cánones 12, 18, 35 y 38.

r-H

Después de analizar los hechos del caso, así como las nor-mas éticas aplicables, concluimos que el licenciado Irizarry Vega incurrió en violaciones a los Cánones 12, 18 y 38, supra.

En primer lugar, en cuanto a la violación al Canon 12, el licenciado Irizarry Vega incurrió en dejadez y falta de dili-gencia en la tramitación de la causa de sus clientes en el proceso de impugnación de herencia. Ejemplo de ello es que no contestó la moción de sentencia sumaria presen-tada por la parte demandada en el caso a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia le había concedido un tér-mino adicional para contestarla al encontrarse enfermo el licenciado. A pesar de contar con veinte (20) días adiciona-les al término original de quince (15) días, el licenciado Irizarry Vega no contestó la moción de sentencia sumaria.

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal de Pri-mera Instancia dictó sentencia en contra de los clientes del licenciado Irizarry Vega. A renglón seguido, los clientes se molestaron y le solicitaron la renuncia al licenciado Iriza-rry Vega una vez le fue notificada la sentencia. El letrado, inmediatamente, les entregó el expediente, e incumpliendo con sus deberes éticos, no solicitó ningún remedio post sen-tencia siendo todavía abogado de la parte. Como resultado de la falta de diligencia del licenciado Irizarry Vega, los clientes vieron perdida su causa de acción. El letrado, ade-más, se ausentó injustificadamente a la vista de ejecución de sentencia señalada para el 19 de febrero de 1998 a pe-sar de que el Tribunal de Primera Instancia no había acep-tado su renuncia como representante legal de los herma-nos Cesáreo Quiñones. Con estas conductas, el letrado violó los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra. Asimismo, con el comportamiento antes reseñado, el licenciado Irizarry Vega faltó al honor y la dignidad de la profesión violando así el Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, supra. No obstante, con relación a la posible vio-lación del Canon 35, supra, acogemos las conclusiones de la Comisionada Especial, quien tras examinar el testimo-nio del letrado concluyó que este no actuó con ánimo de inducir a error a este Tribunal.

Finalmente, la sanción que este Tribunal impon-drá debe tomar en cuenta ciertos factores que hemos esta-blecido jurisprudencialmente. Entre ellos se encuentran: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si esta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medio en su actuación; (7) resarcimiento al cliente, y (8) cuales-quiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agra-vantes, que medien según los hechos del caso. In re Morell Bergantiños, supra. Véase In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 37 (2008). De igual forma, se ha reconocido como un atenuante la falta de cooperación del cliente. In re Guadalupe, Colón, 155 DPR 135, 157 (2001).

En primer lugar, debemos señalar como atenuantes que los clientes no le brindaron la documentación necesaria al letrado para poder contestar la moción de sentencia suma-ria presentada por la parte demandada. En segundo lugar, el licenciado Irizarry Vega mostró su sincero arrepenti-miento por la conducta imputada.

Sin embargo, encontramos serios agravantes a la con-ducta del licenciado Irizarry Vega. En el pasado, este Tribunal ha amonestado y suspendido al letrado por conducta antiética. En In re Irizarry Vega, 151 DPR 916 (2000), suspendimos de la abogacía y la notaría al letrado por un tér-mino de seis (6) meses debido a la violación de los Cánones 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Más recientemente, en In re Irizarry Vega, 176 DPR 241 (2009), amonestamos al letrado por incumplimiento con el Canon 35 en la tramitación de una apelación ante la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración. En ese caso le aper-cibimos que su conducta en el futuro debía estar acorde con el honor y la dignidad de la profesión legal. Id., pág. 250. De igual manera le advertimos que en el futuro debía ser más riguroso en la tramitación de sus causas. Id. Sin duda, el historial previo del licenciado Irizarry Vega funciona como un agravante. Del mismo modo, el que a sus clientes se les desestimara la causa de acción por su falta de dili-gencia es un agravante adicional que tenemos que conside-rar a la hora de imponer la sanción.

Tomando en consideración los atenuantes y agravantes correspondientes, determinamos suspender al licenciado Irizarry Vega del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres (3) meses,

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolver-les cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no reali-zados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá gestionar la incautación de la obra y el sello notarial del licenciado Irizarry Vega y entregarlos a la Oficina del Director de Ins-pección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presi-denta Oronoz Rodríguez se inhibió.

       A pesar de la comparecencia de la parte demandada, el licenciado Irizarry Vega solicitó el emplazamiento por edicto de la parte demandada y, posteriormente, solicitó que se les anotara la rebeldía.

       El otro letrado compareció a la vista de ejecución de sentencia del 19 de febrero de 1998 para representar a los hermanos Cesáreo Quiñones como resultado del inci-dente surgido con el licenciado Irizarry Vega. Lamentablemente, este falleció durante el trámite del proceso disciplinario y no es parte del proceso disciplinario en cuestión.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 10. Al respecto, la Comisionada Especial indicó:
      “El Lcdo. Irizarry Vega aceptó que proveyó cierta información incorrecta du-rante este trámite disciplinario, según señaló la OPG. Sin embargo, adujo que esto no fue producto de una intención deshonesta sino de errores de memoria consecuen-cia del tiempo transcurrido desde los hechos y no contar con una copia del expediente del caso. Tras examinar el breve testimonio del letrado, le adjudico credibilidad y concluyo que este no actuó de forma deshonesta ni con ánimo de inducir a error a este Tribunal”. Íd.

       Anteriormente, por violaciones a los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, hemos impuesto una sanción de tres (3) meses de sus-pensión del ejercicio de la abogacía. Véase In re Roldán González, 195 DPR 414 (2016); In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015); In re Pagán Hernández, 141 DPR 113 (1996).


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

license: Public Domain

text:
    Berardo A. Quílez-Velar, Marta Bonelli-Cabán, Berardo Quílez-Bonelli y Carlos A. Quílez Bonelli, peticionarios, v. Ox Bodies, Inc., recurrido.

      Número: CT-2016-0010

      Resuelto: 31 de agosto de 2017

      José Luis Ubarri García, David W. Román Rodríguez, de Ubarri & Román, y Luis R. Mena Ramos, de Luis R. Mena Ramos Law Office, abogados de la parte peticionaria; Francisco J. Colón Pagán y Francisco E. Colón Ramírez, de Colón & Colón, PSC, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Tenemos ante nuestra consideración una pregunta cer-tificada de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. Ésta nos permite analizar el efecto que tiene el límite de responsabilidad que cobija a un munici-pio sobre su codeudor solidario en una acción de daños y perjuicios. Por considerar que la pregunta certificada pre-senta una controversia novel de derecho puertorriqueño, sin cuya dilucidación el tribunal federal se vería impedido de disponer del caso, procedemos a contestarla.

I

A

Los hechos del presente caso se remontan al 1 de octu-bre de 2010. Aquel día, la Sra. Maribel Quílez Bonelli, ma-dre de 28 años, conducía su vehículo en el carril de la extrema izquierda en la Ave. Román Baldorioty de Castro, cuando impactó un camión perteneciente al Municipio de San Juan. El camión estaba equipado con un parachoques trasero diseñado por la compañía Ox Bodies. No obstante, al momento del impacto, la parte trasera del camión pene-tró la cabina del vehículo de la señora Quílez Bonelli, oca-sionándole serias heridas. Posteriormente, falleció a causa del accidente.

Por la tragedia acaecida, el Sr. Berardo Quílez Velar, la Sra. Marta Bonelli Cabán, el Sr. Berardo Quílez Bonelli y el Sr. Carlos Quílez Bonelli, padres y hermanos de la se-ñora Quílez Bonelli (los demandantes), presentaron una demanda sobre daños y perjuicios en los foros federales y estatales.

En el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes presentaron una demanda enmendada el 1 de noviembre de 2011, en la cual alegaron negligencia y nombraron como demandados a: el Estado Libre Asociado, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el municipio de San Juan (Municipio) y su aseguradora, Integrand Assurance Company (Assurance). Así las cosas, el 16 de mayo de 2014, Assurance consignó $500,000 en el Tribunal de Primera Instancia, cantidad que representaba el tope del seguro de responsabilidad del Municipio. Posteriormente, el foro de instancia ordenó que los fondos consignados se les entrega-ran a los demandantes y desestimó la demanda en cuanto al Municipio.

Por otro lado, en el foro federal, los demandantes habían presentado una demanda enmendada el 20 de marzo de 2013 contra Ox Bodies debido al diseño defectuoso del para-choques trasero del camión. Luego, Ox Bodies y su compa-ñía matriz presentaron una demanda contra tercero en contra del Municipio de San Juan. El 16 de mayo de 2014, el mismo día en que se llevó a cabo la consignación de fondos en el tribunal estatal, el Municipio le informó a la corte federal de la consignación. Consecuentemente, la corte federal desestimó la demanda en cuanto al Municipio el 4 de sep-tiembre de 2014, sin objeción alguna de Ox Bodies. Cele-brado el juicio, el Jurado concluyó que Ox Bodies respondía a los demandantes, según una teoría de responsabilidad ab-soluta, debido al diseño defectuoso del parachoques trasero y otorgó daños que totalizaron $6,000,000. Además, el Ju-rado adjudicó la responsabilidad por los daños de la manera siguiente: le atribuyó 20% de la responsabilidad a Ox Bodies, 80% al Municipio (que ya no formaba parte de la de-manda) y 0% a la señora Quílez Bonelli.

En atención a ello, la magistrada Silvia Carreño Coll determinó que Ox Bodies solo debía compensar los daños por los cuales era directamente responsable, entiéndase, 20% del total, que equivalía $1,200,000. La magistrada re-solvió que, puesto que el Municipio estaba cobijado por un límite de responsabilidad y éste ya había alcanzado ese límite mediante la consignación de fondos en el foro esta-tal, Ox Bodies no tenía derecho de nivelar contra el Municipio. A la vez, la magistrada Carreño Coll razonó que, si un demandado solidario pierde su derecho de nive-lación contra su codeudor debido a la inmunidad o limita-ción de responsabilidad estatutaria de este último, éste solo debería responder frente al demandante en proporción a su responsabilidad. Para llegar a esa conclusión, trazó una analogía con nuestra jurisprudencia de nivelación contra el patrono en casos de daños presentados por el obrero contra un tercero. Por lo tanto, concluyó que Ox Bodies no respondería por el 80% de responsabilidad adjudicada al Municipio.

Inconforme con la determinación, los demandantes acu-dieron en apelación a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. Estos arguyen que, aun-que Ox Bodies no pueda nivelar contra el Municipio, sigue siendo un deudor solidario del total de los daños otorgados, entiéndase $6,000,000. Por lo tanto, tiene la responsabili-dad de pagar la totalidad de la cuantía. La Corte de Ape-laciones consideró que la controversia presentaba uña in-terrogante importante del derecho de daños de Puerto Rico y, consecuentemente, nos certificó la pregunta siguiente:

¿Fue correcto el dictamen de la magistrada de limitar los da-ños otorgados contra Ox Bodies a $1,200,000 y negarle a los Quílez los daños solidarios otorgados por el jurado, ascendien-tes a $6,000,000? (Traducción nuestra).

K

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El auto de certificación interjurisdiccional permite que los tribunales federales y los tribunales supremos de los diversos estados de Estados Unidos de América nos pre-senten preguntas del Derecho puertorriqueño, cuya contes-tación puede determinar el resultado de un asunto judicial ante el tribunal solicitante. Véase Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 817 (2008).

Según la regla que lo permite, el auto de certifica-ción interjurisdiccional tiene dos requisitos, a saber: que la pregunta certificada pueda determinar el resultado del asunto judicial y para la que no existan precedentes claros en nuestra jurisprudencia. 4 LPRA sec. 24s(g). En el pasado, hemos rechazado contestar una pregunta certificada si la corte federal podría ignorar nuestra respuesta y resolver la misma controversia, a través de fundamentos fede-rales distintos a los nuestros. Véase Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 DPR 780 (1982). Ello, ya que, en ese supuesto, nuestra decisión se tornaría consultiva. Id., pág. 794.

En el caso de autos, nuestra respuesta a la pregunta cer-tificada pondría fin al asunto judicial ante la Corte de Ape-laciones y no hay precedente en nuestra jurisprudencia que atienda el caso puntualmente. Así las cosas, estamos en po-sición de considerar el auto de certificación presentado.

B

Las obligaciones con una multitud de deudores pueden ser de naturaleza mancomunada o solidaria. Mien-tras que, en la obligación mancomunada, cada deudor cum-ple con su parte de la deuda de manera independiente, en la obligación solidaria cada deudor tiene el deber de satisfacer la totalidad del crédito que ostenta el acreedor. 31 LPRA sec. 3101. Véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012). Véase, además, E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Ed. Butterworth, 1991, T. V, pág. 136. A su vez, en las obligaciones solidarias, el deudor solidario, que pague la totalidad de la deuda, luego puede reclamar a sus codeudores la parte que corresponda a cada uno mediante una acción de nivelación. 31 LPRA sec. 1098. Véase García v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138 (1951).

Ahora bien, en nuestro ordenamiento, el Art. 1090 del Código Civil establece una presunción de mancomuni-dad, salvo pacto expreso al contrario. 31 LPRA sec. 3101. Sin embargo, jurisprudencialmente, rechazamos extender la presunción de mancomunidad al campo de la responsa-bilidad civil extracontractual, en aras de proteger al damnificado. Así, en una acción sobre daños extracontrac-tuales, cualquiera de los cocausantes del daño es responsa-ble de pagar su totalidad de éste. Véase Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 195-196 (2016).

Como mencionamos, en las obligaciones solidarias, cada deudor está obligado a responder por la totalidad de la deuda. Asimismo, para recobrar su acreencia, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos simultáneamente. Véase 31 LPRA see. 3108. No obstante, en el caso de autos, el codeudor solidario es un municipio, protegido por un límite de responsabilidad esta-blecido en la Ley de Municipios Autónomos. 21 LPRA see. 4704. Ya que el Municipio está asegurado, el límite de res-ponsabilidad estatutaria aplicable es “el grado de la indem-nización cobrable real y efectivamente provista por dicho seguro en cuanto a un suceso en particular”. 26 LPRA see. 2004. Por ello, los demandantes se verían impedidos de re-cobrarle más de lo permitido por el límite de responsabili-dad, entiéndase, el tope del seguro del Municipio.

Resta por considerar si al codeudor solidario de un mu-nicipio se le puede exigir la totalidad de la deuda, indepen-dientemente de si la cantidad de la deuda que le corres-ponde al Municipio excede el límite de responsabilidad que protege a este último.

C

Hemos tenido más de una oportunidad de analizar la consecuencia de un deudor cobijado por inmunidad estatu-taria sobre su codeudor solidario.

En el contexto de inmunidad patronal por accidentes en el trabajo, resolvimos la interrogante hace más de cin-cuenta años. En Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 DPR 574 (1964), la demandada intentó instar una de-manda contra tercero para responsabilizar al patrono del demandante por el daño sufrido. Ello, pese a que el daño del demandante ocurrió en el lugar de trabajo y, por lo tanto, el patrono era inmune ante una reclamación directa del obrero debido a la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo. En esa ocasión, concluimos que la “inmu-nidad estatutaria no puede disolverse a través del medio indirecto de la demanda de tercero”. Id., pág. 582. Por lo tanto, de resolverse finalmente que el patrono era respon-sable por una porción de los daños, la demandada no hu-biera podido ejercer una acción de nivelación en su contra para recobrar lo que ésta pagó en exceso.

Posteriormente, ante una situación de hechos similar a Cortijo Walker, concluimos que el patrono, a quien intenta-ban traer como tercero demandado, “n[o] respondería de manera indirecta como un tercero demandado, ni podría la demandada resarcirse luego del patrono como un colabora-dor con ella del daño”. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 DPR 170, 181 (1966). Empero, en Vda. de Andino fuimos más allá, e indicamos que, debido a la inmunidad del patrono colaborador del daño, la demandada únicamente tenía la obligación de resarcir el daño “en proporción a su propia culpa y al grado en que colaboró a producirl[a]”. íd., pág. 182. Esa norma la reiteramos un año después en Rosario Crespo v. A.F.F., 94 DPR 834, 849 (1967).

Asimismo, hemos llegado a una conclusión afín con re-lación a la inmunidad interfamiliar en el campo de la res-ponsabilidad civil extracontractual que establece el Código Civil en el Art. 1810A. Véase 31 LPRA sec. 5150. Luego de vacilar por unas décadas en cuanto a la normativa aplica-ble en estos casos, en concluimos de manera definitiva que:

[E]n un caso donde un menor sufre daños en parte a causa de la culpa o negligencia de un miembro de su círculo familiar ín-timo, procede descontar la proporción de negligencia de dicho familiar del monto total de los daños adjudicados a favor de la parte demandante, independientemente de que implique dismi-nuir la indemnización del menor que sufrió los daños. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 184 (2008).

Resolvimos así, pues esa solución evita una posterior acción de nivelación contra el miembro de familia cocau-sante del daño que socavaría por completo la protección conferida mediante la inmunidad estatutaria. Véase id. Como ha comentado el profesor Alvarez González, la solu-ción a la cual llegamos en Colón Santos fue “correcta y justiciera”, pues evita “el equivalente funcional de una de-manda entre miembros del núcleo familiar por los daños sufridos por uno de ellos”. J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 78 Rev. Jur. UPR 457, 467-468 (2009).

En primer lugar, en los casos reseñados, impedimos que un demandado ejerciera una acción de nivelación contra un cocausante inmune estatutariamente. Como ya indica-mos, permitir una acción de nivelación en ese supuesto so-cavaría, en términos prácticos, la inmunidad conferida por ley al cocausante del daño. Eso sería inaceptable, pues im-plicaría pasar por alto las fuertes consideraciones de polí-tica pública que llevaron al legislador a conferirle inmuni-dad a determinada persona.

En segundo lugar, rechazamos imputarle a un codeudor solidario la responsabilidad de pagar por la porción de los daños atribuible a un codeudor cobijado por una inmuni-dad estatutaria. Si un codeudor es inmune por razón de una ley que así lo prescribe, su porción de la deuda no debe formar parte de la deuda solidaria. Asimismo, si un codeu-dor está cobijado por un límite de responsabilidad estipu-lado por la ley, como en el caso de autos, pues su porción de la deuda no puede rebasarse del límite establecido.

Por último, es menester señalar que la lógica que subyace todos estos casos está explícitamente enmarcada en nuestro Código Civil. El Art. 1101 señala las excepcio-nes que puede hacer el deudor solidario contra la reclama-ción del acreedor. La jurisprudencia, que adoptó la regla de solidaridad para casos de responsabilidad civil extracon-tractual, nunca discutió este artículo; sin embargo, éste es parte esencial de la teoría de las obligaciones solidarias. Este artículo nos indica:

El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la natu-raleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás, sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables. 31 LPRA sec. 3112.

Como explica el tratadista Gómez Ligüerre en cuanto al Art. 1148 del Código Civil español, análogo a nuestro Art. 1101, la frase “parte de deuda se refiere a la relación in-terna [entre los deudores] y, en contra de la finalidad a la que responde la solidaridad pasiva, se permite a uno de los codeudores que oponga al acreedor excepciones que ni le son propias ni proceden de la obligación”. C. Gómez Ligüerre, Solidaridad y derecho de daños: los límites de la responsabilidad colectiva, Pamplona, Ed. Civitas, 2007, pág. 69. Como razona José Puig Brutau:

[S]e trata, por supuesto, de una regulación orientada por criterios de política pública, en lugar de ser derivación inflexible de la naturaleza de la obligación solidaria. Además, si no estuviese así establecido, el acreedor podría evitar la eficacia de las excepciones personales de algunos deudores a base de dirigirse contra cualquiera de los demás obligados. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, págs. 170-171.

A manera de ejemplo, Vázquez Bote nos ilustra que “el acreedor que pactó con un menor podría eludir el régimen especial de anulabilidad, reclamando a los restantes deu-dores [...] y el deudor a quien se reclama el pago puede oponerse a satisfacer la proporción del menor, precisa-mente por ser éste menor”. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Equity Pub. Co., 1991, T. V, pág. 146.

Si bien los casos discutidos nunca mencionan este artículo, en la práctica aplicaron su postulado al pie de la letra. Las inmunidades o los límites de responsabilidad que se establecen por ley son excepciones, o defensas, per-sonales que puede presentar un deudor. Así, éste puede servirse de la inmunidad o el límite de responsabilidad es-tatutaria de otro codeudor en la porción de la deuda de la cual sea responsable ese otro. Por lo tanto, hoy resolvemos que un deudor solidario puede valerse del límite de respon-sabilidad estatutaria que cobija a un municipio codeudor, en la porción de la deuda que sea atribuible a ese municipio.

I—I i—I

En el caso de autos, debido al límite de responsabilidad establecido por ley, los demandantes solo podían recuperar del Municipio hasta $500,000, el tope de la indemnización cobrable real y efectivamente provista por el seguro del Municipio. Por lo tanto, ante los demandantes, el Munici-pio ostentaba una defensa personal de límite de responsa-bilidad estatutaria. Ahora bien, la cantidad de $500,000 ya había sido consignada en el Tribunal de Primera Instancia, por lo cual los demandantes no podían recuperar dinero adicional del Municipio en el foro federal, razón por la cual el Municipio fue desestimado del pleito. En cuanto al co-deudor solidario permaneciente en el pleito, Ox Bodies, éste podía oponer la defensa personal del Municipio en la parte de la deuda que el Municipio fuese responsable, en-tiéndase, ochenta por ciento (80%). Así lo hizo. Por lo tanto, la magistrada Carreño Coll hizo lo correcto al limitar la responsabilidad final de Ox Bodies a $1,200,000, equiva-lente al veinte por ciento (20%) de los daños otorgados por el Jurado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Estoy conforme con la determinación emitida por este Tribunal de concluir que, debido al límite de responsabili-dad establecido por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un codeudor solida-rio de un municipio en un caso de daños y perjuicios puede presentar tal defensa y valerse del límite en la porción de la deuda que sea atribuible a ese municipio. Sin embargo, ante el vacío jurisprudencial que existe en cuanto a la apli-cación del Art. 1101 del Código Civil, infra, considero ade-cuado abundar en torno a sus efectos.

Con ello en mente, procedo a exponer el trasfondo fác-tico y procesal que originó la controversia ante nos.

I—I

El 1 de octubre de 2010, la Sra. Maribel Quílez Bonelli conducía un vehículo de motor junto a su hijo menor de edad como pasajero. En su trayectoria impactó un camión que pertenecía al municipio de San Juan (Municipio), el cual estaba detenido. El camión tenía, en su parte trasera, un parachoques diseñado por la compañía Ox Bodies, Inc. (Ox Bodies). Al ocurrir el impacto, el parachoques penetró la cabina del vehículo. Cinco días después, la señora Quílez Bonelli falleció debido a las heridas resultantes del accidente.

A raíz de estos eventos, los familiares de la señora Quí-lez Bonelli (demandantes) presentaron demandas de daños y perjuicios tanto en el foro estatal como en el federal. Par-ticularmente, en el Tribunal de Primera Instancia deman-daron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autori-dad de Carreteras y Transportación, el Municipio y su aseguradora. Por su parte, el Municipio demandó como ter-cero a Ox Bodies. Asimismo, los demandantes demandaron a Ox Bodies en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte de Distrito), al existir diversidad de ciudadanía, quien a su vez trajo como terceros demandados al Municipio y a su aseguradora.

Así las cosas, los demandantes transigieron y acordaron con el Municipio en el Tribunal de Primera Instancia que su aseguradora consignaría el tope de la póliza de su cu-bierta pública, es decir, $500,000. La cantidad depositada debía ser distribuida entre los demandantes en el caso de que se le atribuyera responsabilidad al Municipio. Con-forme a este acuerdo, se desestimó la demanda estatal en cuanto al Municipio y su aseguradora, y al tercero deman-dado, Ox Bodies. AJ notificarle a la Corte de Distrito sobre la consignación en el foro estatal, se desestimó la demanda federal contra el Municipio. No obstante, permaneció la acción contra Ox Bodies.

En el foro federal, el Jurado otorgó $6,000,000 por da-ños, los cuales distribuyó de la manera siguiente: 80% de la responsabilidad al Municipio y 20% de la responsabilidad a Ox Bodies. A pesar de ser un codeudor solidario, la Corte de Distrito determinó que Ox Bodies solo debía responder por el 20% de la cuantía otorgada, es decir, $1,200,000. El referido foro destacó que, debido al límite de responsabili-dad que cobija al Municipio, Ox Bodies estaba privado de su derecho a nivelar contra éste. En consecuencia, resolvió que Ox Bodies solo estaba obligado a indemnizar los daños que causó directamente. Para sustentar su determinación, hizo una analogía entre la responsabilidad limitada de los municipios y la inmunidad patronal en las reclamaciones de daños y perjuicios.

Inconformes, los demandantes acudieron a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (Corte de Apelaciones). En esencia, argüyeron que Ox Bodies, como todo codeudor solidario, era responsable por la totalidad de la deuda ante el acreedor. Asimismo, argu-mentaron que la relación interna entre los codeudores no debe afectar los daños que se les otorgaron a los demandantes Por otro lado, Ox Bodies sostuvo que no se le debe responsabilizar por la totalidad de los daños, ya que no tiene derecho a nivelar contra el Municipio.

La Corte de Apelaciones consideró que la controversia no contaba con precedente en el Derecho puertorriqueño, por lo cual presentó una certificación interjurisdiccional con la pregunta siguiente:

¿Fue correcto el dictamen de la magistrada de limitar los da-ños otorgados a los Quílez-Velar a $1,200,000, que corresponde al porcentaje de responsabilidad de Ox Bodies, y negarle los daños solidarios determinados por el jurado, ascendientes a $6,000,000?

Examinada la situación fáctica, procedemos a exponer el marco jurídico aplicable a la controversia ante nuestra consideración.

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Los municipios autónomos de Puerto Rico gozan de un límite de responsabilidad en casos de daños y perjuicios. La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico precisa que éstos responden por un máximo de $75,000 por persona, o de $150,000 cuando los daños se le ocasionen a más de una persona o cuando sean varias causas de acción. Art. 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4704. Sin embargo, cuando un municipio obtiene un seguro de responsabilidad, éste res-ponderá hasta el tope de la cubierta. Art. 20.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2004.

Recientemente, definimos el término de límite de responsabilidad. Indicamos que se refiere a “una limitación impuesta por la Asamblea Legislativa a las cuantías com-pensables por actos u omisiones culposos o negligentes”. Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud, 197 DPR 876, 884 (2017). Es decir, explicamos que, en el caso de la res-ponsabilidad limitada, existe una causa de acción, pero la indemnización por los daños sufridos será limitada. En consecuencia, esta limitación que establece la Ley de Mu-nicipios Autónomos puede ser interpuesta como una de-fensa ante los reclamos de un acreedor.

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A. Como es sabido, ‘[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Este artículo “protege el deber general de diligencia necesario para la convivencia social”. C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad civil extracontractual: un estudio basado en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., San Juan, [ed. del autor], 2009, pág. 19 (citando a Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 818 (2008)). Por ello se ha determinado que del daño surge la obligación de resarcir al damnificado. S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).

En cuanto a las obligaciones, es de conocimiento que cuando se tiene más de un deudor se pueden clasificar como mancomunadas o solidarias. “En las primeras, la deuda puede ser dividida y cada deudor responde única-mente por la parte que le corresponde. En las segundas, la deuda se considera indivisible y cada deudor responde in-distintamente por la totalidad de la deuda”. (Citas omitidas). Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 194 (2016). Al respecto, el Código Civil de Puerto Rico establece que, cuando concurren varios acreedores o deu-dores en una obligación, se presume que ésta es mancomunada. Art. 1090 del Código Civil, 31 LPRA see. 3101. No obstante, este Tribunal ha determinado que este principio no aplica en materia de responsabilidad civil ex-tracontractual y que, por lo tanto, se responde solidaria-mente por los daños ocasionados. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 705 esc. 2 (1987).

En ese sentido, la solidaridad se fundamenta en su uti-lidad para ser un instrumento con el cual se pueda satis-facer de mejor forma los fines de la relación de la cual nace. En el caso de solidaridad de deudores, esa utilidad sería el aumento de la seguridad de que la deuda será satisfecha, en el tiempo oportuno y que el acreedor podrá elegir qué deudor puede cumplir de mejor forma. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XV, Vol. II, pág. 227. Así, la característica principal de la solidaridad es la trascenden-cia de las actuaciones de cada uno de los sujetos respecto a los demás titulares del crédito o la deuda. Íd., pág. 258. En otras palabras, la utilidad de la solidaridad entre los deu-dores, o la solidaridad pasiva, es hacer más segura la po-sición del acreedor. Ello, ya que, al haber más deudores, a cada uno se le puede exigir el cumplimiento total de la deuda. Una vez satisfecho el acreedor, los deudores deben resolver entre sí. M. Albaladejo, Derecho Civil, 8ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. II, Vol. I, pág. 105.

La solidaridad implica una relación externa entre el acreedor y los codeudores, en la cual cada deudor responde por la totalidad de la deuda ante el acreedor. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 563-564 (1994). De igual forma, surge una relación interna entre los codeudores que “per-mite al deudor solidario que haya pagado más de lo que le corresponde, reclamar a los demás codeudores las porcio-nes correspondientes”. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 654 (2003) (citando a Art. 1098 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3109). A esta relación interna se le llama “derecho de nivelación, de recobro, de reintegro, de reembolso, de contribución o de regreso”. J.R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones: curso de Derecho Civil, 2da ed. rev., San Juan, Ed. UIA, 1997, pág. 93. Ahora bien, examinemos los efectos del Art. 1101 del Código Civil, 31 LPRA see. 3112, en la controversia planteada.

B. El Código Civil de Puerto Rico establece en su Art. 1101, supra, lo siguiente:

El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la natu-raleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás, sólo podrá servirse en la parte de la deuda de que éstos fueren responsables.

Este precepto proviene del Art. 1148 del Código Civil de España, el cual contiene el mismo texto. Mediante estas dis-posiciones, ambas jurisdicciones contemplan una “excepción al principio de solidaridad con fundamentos bien justificados”. E. Vázquez Bote, Derecho civil de Puerto Rico, San Juan, Eds. Jurídicas, 1973, T. III, Vol. I, pág. 159.

Los tratadistas del Derecho puertorriqueño y español reconocen que el Art. 1101 y el Art. 1148, respectivamente, debilitan los principios de la solidaridad que establecen que cada deudor responde por la totalidad de la deuda ante el acreedor. “[S]upone una desviación del principio de que se parte en la obligación solidaria, aflorando a la relación externa el contenido de la interna”. Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 100. No obstante, destacan que, “en lugar de ser una derivación inflexible de la naturaleza de la obli-gación solidaria”, por criterios de política pública se per-mite que un deudor levante defensas de los demás deudo-res o suyas para evitar “pagar una deuda ajena y además indebida”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3era ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, págs. 170-171. El propósito, por lo tanto, responde a evitar una interpretación restrictiva de la solidaridad que daría paso a que el deudor pague la deuda, “sin poder luego reclamar, definitiva o temporalmente, el reintegro al codeudor”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 17ma ed., Madrid, Ed. Rius, 2008, T. III, pág. 168.

Por ello, entienden que este “efecto exorbitante no tiene porqué [sic] formar parte de la estructura típica de la soli-daridad de deudores, ya que nadie debe verse obligado a responder de una deuda inexistente, a menos que se haya comprometido a ello expresamente”. A. Cañizares Laso, Código civil comentado, Navarra, Ed. Civitas, 2011, Vol. III, T. IV, pág. 310. Es más, reconocen que “el deudor soli-dario debe poder utilizar, también externamente, como cualquier deudor, todos los medios de defensa existentes frente a la reclamación de una obligación que le es propia y de la que es obligado principal”. Id., pág. 311. Ello resolve-ría “la vieja preocupación de por qué los deudores solida-rios han de soportar y prorratearse la parte de la deuda común que uno de ellos rigurosamente no debe en cuanto puede excepcionar el pago”. A. Cristóbal Montes, Excepciones oponibles por el deudor solidario, 74 Rev. Der. Priv. 863, 874 (1990).

Se ha argumentado que la intención de los legisladores no fue extender las consecuencias de la solidaridad al ex-tremo de impedir la aplicación de excepciones personales. A pesar de que la solidaridad tiene el fin de garantizar que los derechos de los acreedores no disminuyen y que puedan re-clamar a cada deudor sin limitación ni condición, se ha se-ñalado que podría ser antijurídico que, en ciertas circuns-tancias, como la nulidad de la obligación para un deudor, se conserve íntegramente hacia los otros deudores. A esos efec-tos, es que se han reconocido las excepciones personales de los deudores. Q.M. Scaevola, Código Civil comentado y con-cordado extensamente y totalmente revisado y puesto al día por Francisco Ortega Lorca, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. XIX, págs. 880-882. Por lo tanto, “la incapacidad de uno de los deudores solidarios [...] podrá alegarse por el in-capaz para librarse totalmente del pago inmediato; y por el otro para librarse de la parte de deuda que en la relación interna —en la realidad— corresponde al incapaz”. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Dykinson, 2011, T. II, Vol. I, pág. 43.

El citado Art. 1101 no especifica cuáles son las defensas que se pueden invocar por parte de los codeudores solidarios. Más aún, se ha reconocido lo difícil que es cono-cer cuáles son las excepciones específicas que se derivan de este articulado. J. Caffarena Laporta, La solidaridad de deudores: Excepciones oponibles por el deudor solidario y modos de extinción de la obligación en la solidaridad pa-siva, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, págs. 1-2. Sin embargo, el artículo si precisa que los deudores pueden invocar las excepciones siguientes: (1) que se derivan de la naturaleza de la obligación; (2) personales del deudor de-mandado, y (3) personales de los otros deudores.

Las excepciones que se derivan de la naturaleza de la obligación son aquellas propias del origen de ella y que surgen durante su desarrollo o afectan su vigencia. Cañi-zares Laso, op. cit. Se refieren “a las defensas derivadas del contenido, creación, vicisitudes y, en general, circunstan-cias objetivas de la deuda”. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 393. Estas pueden incluir el “objeto ilícito, falta de forma, prescripción o extinción por cualquiera de las causas permitidas por ley”. Vélez Torres, op. cit., págs. 90-91. Su característica particular es que pueden ser opuestas por cualquiera de los deudores solidarios y su efecto es para todo el grupo de deudores. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 394.

Cuando se trata de las excepciones personales, típica-mente se hace referencia a reclamaciones de vicios de con-sentimiento y falta de capacidad para contratar. Cañizares Laso, op. cit. Véase, también, Vélez Torres, op. cit., pág. 91. No obstante, las defensas personales pueden ser más abar-cadoras y generales:

[L]a palabra “personales”, aplicada a las excepciones que en cada deudor singularmente concurran, no significa exclusiva y rigurosamente que se refieran a las circunstancias de su capa-cidad personal o especial consentimiento, sino que compren-den todas aquellas excepciones que de un modo especial se concreten en su deuda propia.
Al hablar pues, de excepciones personales se quiere decir peculiaridades de cada obligación parcial comprendidas en la solidaridad, bien porque sean aquéllas varias distintas, bien porque, aun siendo ésta una sola, tiene al fin [...] que conside-rarse dividida entre los varios obligados. (Enfasis suplido). J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. I, págs. 536-537.

Es decir, lo que constituye una defensa personal se puede interpretar liberalmente, recordando siempre que las defensas personales a nombre de otros deudores solo liberan al deudor que las utilice en la parte de la deuda que corresponda al deudor a quien personalmente le aplica la excepción. Cañizares Laso, op. cit. Albaladejo expone que las excepciones personales “tienen su origen en la relación propia y distinta del acreedor con cada uno de los deudores”. Alb al adejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 393-394. Así también, se-ñala que “[l]os codeudores del titular de la excepción personal no vendrá obligado a pagar la parte de la deuda que, en virtud de tal excepción, se extingue en beneficio de todos”. Íd., pág. 398.

Este Tribunal no ha atendido directamente el Art. 1101 del Código Civil, supra. No obstante, opiniones recientes han demostrado una tendencia hacia una interpretación evolutiva de la solidaridad en el campo de la responsabili-dad civil extracontractual que refleja coherencia con el uso de este artículo.

Así, por ejemplo, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), este Tribunal incorporó la solida-ridad in solidum, proveniente de Francia y adoptada por España, a nuestro ordenamiento de responsabilidad civil ex-tracontractual en materia de prescripción. La solidaridad in solidum o imperfecta sostiene el efecto primario de que cada uno de los deudores responde por la deuda entera ante el perjudicado. Íd., pág. 380 (citando a A. Cristóbal Montes, Mancomunidad o solidaridad en la responsabilidad plural por acto ilícito civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 36). Sin embargo, a diferencia de la solidaridad regular, la soli-daridad in solidum no cuenta con el efecto secundario de la representación entre los codeudores. Contempla, entonces, una autonomía entre los deudores porque, contrario a una relación contractual, estos no están "animados por una vo-luntad común”. Íd., pág. 381 (citando a C. Gómez Ligüerre, Solidaridad y derecho de daños: Los límites de la responsabilidad colectiva, Navarra, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 99). En consecuencia, determinamos que el afectado por un daño debe interrumpir el término prescriptivo de la causa de ac-ción contra cada uno de los cocausantes.

Posteriormente, en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 208, sostuvimos la incorporación de la solidari-dad in solidum al establecer que el causante que no es incluido en la acción de daños y perjuicios en el término prescriptivo no puede traerse luego como tercero demandado. Además, siguiendo la lógica de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, concluimos que tampoco hay un derecho de nivelación en contra de éste, porque no sería necesario. La acción prescrita contra un deudor solidario implica que se extingue su obligación ante el acreedor y los demás cocausantes. Íd., pág. 209. Por lo tanto, estableci-mos que la partida del cocausante que no fue demandado en el término prescriptivo de un año se reduce de la tota-lidad de los daños. Íd., pág. 210.

A pesar de que este Tribunal no hizo mención del citado Art. 1101 en estas opiniones, ciertamente es coherente con estas interpretaciones. Al igual que lo dispuesto en este ar-tículo, se permitió que cocausantes de un daño presentaran defensas que se derivan de la naturaleza de la obligación civil extracontractual, en esos casos la prescripción, para reducir la cuantía del daño por la que son directamente responsables. Este Tribunal, entonces, favoreció la evolu-ción de la solidaridad para que persiga una “más equitativa distribución de los daños y de los riesgos, evitando la drás-tica distinción del Código Civil de obligar al ‘todo’ o a nada según se trate de culpa o de otra circunstancia”. J.R. León Alfonso, La categoría de la obligación in solidum, Sevilla, Pubs, de la Universidad de Sevilla, 1978, pág. 103.

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de España sí ha reconocido las defensas que provienen de su Art. 1148. En un caso de daños y perjuicios por un accidente automo-vilístico, ese foro supremo expresó que “cada uno de los deu-dores debe cumplir íntegramente la prestación, pudiendo en casos como el presente, conforme al art. 1148, cada deudor solidario [...] utilizar todas las excepciones que deriven de la naturaleza de la obligación”. S. de 7 de mayo de 1993, Re-pertorio de Jurisprudencia Núm. 3464/1993. En ese mismo año, el Tribunal Supremo de España reconoció la prescrip-ción como una defensa de un codeudor solidario. S. 23 de junio de 1993, Repertorio de Jurisprudencia Núm. 4722/ 1993.

C. En Puerto Rico, la solidaridad goza de ciertas excepciones. Una de ellas ocurre, por ejemplo, cuando los patronos que les proveen a sus empleados el seguro pro-visto por la Ley del Sistema de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo no pueden ser demandados por daños y perjuicios. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 LPRA sec. 21). Hemos sostenido esa inmunidad al prohibir que el demandado por daños y peijuicios traiga como ter-cero al patrono. Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 DPR 574, 582 (1964). Cónsono con ello, más adelante de-terminamos que los codeudores de un patrono inmune sólo responden “en proporción a su propia culpa”. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 DPR 170, 182 (1966). Véase, también, Rosario Crespo v. A.F.F., 94 DPR 834, 849 (1967). Por lo tanto, en estos casos no hay necesidad de acudir en nivela-ción contra el patrono, porque la cuantía de responsabili-dad de éste ha sido descontada de la indemnización que recibe el perjudicado.

Otra excepción a la solidaridad consiste en la inmuni-dad interfamiliar. Art. 1810(A) del Código Civil, 31 LPRA sec. 5150. Este Tribunal ha reafirmado que un menor está impedido de alegar daños y perjuicios contra un miembro del círculo familiar cercano, cuando se afecta la unidad familiar. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 184 (2008). Al igual que bajo la inmunidad patronal, en estas situaciones se reducen las partidas de daños por el porcentaje atribuible al familiar. Id. Por ello, el cocausante del daño no puede demandar al familiar como tercero ni nivelar contra él.

En ambas circunstancias, la inmunidad, como excepción a la solidaridad, implica que el damnificado no será indem-nizado por la totalidad de los daños que sufrió. La propor-ción de culpa que se les atribuya a los cocausantes inmu-nes no será compensada, ya que se descuenta del monto total de los daños adjudicados. Por esta razón, los cocau-santes no pueden traer a la parte inmune como terceros ni nivelar contra éstos. La inmunidad, entonces, constituye una excepción significativa al principio general de la soli-daridad que exige que todos los deudores respondan por la totalidad de la deuda.

D. Por otra parte, adviértase que el Código Civil de Puerto Rico establece diáfanamente, en su Art. 1098, que la insolvencia económica de un deudor solidario será su-plida por los demás codeudores. Art. 1198 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3109. En caso de que un codeudor sea inca-paz económicamente de pagar por su responsabilidad en los daños, sus codeudores solidarios pagarán la parte co-rrespondiente del primero a prorrata de la deuda de cada uno. íd. Debido a que la disposición es expresa, la insolven-cia económica no puede ser una defensa del codeudor soli-dario ante el acreedor según el citado Art. 1101. Albaladejo coincide con esa apreciación al exponer que por “lo que no resulta liberado el deudor, aunque le haya sido personada su parte, es de suplir [...] la insolvencia de otros codeudores”. Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 100. Véase, además, Gómez Ligüerre, op. cit., pág. 69.

Ahora bien, resulta pertinente resaltar que la insolven-cia económica es distinguible de la responsabilidad limi-tada de un municipio. El legislador se ocupó de disponer expresamente que la insolvencia económica no será impe-dimento para indemnizar al acreedor por los daños adjudicados. En ese caso, los demás codeudores suplen la responsabilidad del insolvente proporcionalmente. Por ello, “hay una mutua cobertura del riesgo de insolvencia”. (Citas omitidas). Puig Brutau, op. cit., pág. 173. De esa forma, la Asamblea Legislativa proveyó un remedio para que se asuma el riesgo de manera proporcional. Por el con-trario, según expuesto, en el caso de la responsabilidad limitada de los municipios, no existe norma que disponga de proceso alguno para la distribución de responsabilidad entre los codeudores solidarios según este escenario.

IV

Cónsono con el Art. 1101 del Código Civil, las expresio-nes recientes de este Tribunal Supremo y las interpretacio-nes de los tratadistas, concluyo que un codeudor solidario puede presentar el límite de responsabilidad que cobija a otro codeudor como una defensa personal del último para no responder por su porciento de responsabilidad. Cierta-mente, el límite de responsabilidad de un codeudor es una peculiaridad que surge de una de las obligaciones parcia-les, lo cual constituye una defensa personal conforme al Art. 1101 del Código Civil. Véase Manresa y Navarro, op. cit. De esta manera se evita que todo el que coincida como codeudor solidario con un municipio se vea forzado a pagar la parte no cubierta por éste, por la limitación de respon-sabilidad que se le ha otorgado por ley. El efecto de permi-tir la defensa es disminuir de la deuda solidaria la cuantía correspondiente al deudor con responsabilidad limitada. Por ende, al igual que se determinó en Maldonado Rivera v. Suárez, supra, la discusión sobre nivelación sería inne-cesaria, porque los codeudores no pagarán en exceso de su responsabilidad.

Ante ese cuadro, estoy conforme con lo pautado en la opinión mayoritaria. Pesa en mi dictamen el razonamiento aquí expuesto en torno al discutido Art. 1101 del Código Civil, supra. En segundo término, también comparto la analogía en que se ancla la opinión mayoritaria sobre la inmunidad patronal y la inmunidad familiar.

V

Por los fundamentos expuestos, resulta incuestionable que el límite de responsabilidad del municipio es una de-fensa personal que puede ser oponible por un codeudor solidario, conforme el Art. 1101 del Código Civil, supra. Siendo ello así, estoy conforme con la decisión emitida por este Tribunal.

       La argumentación analógica —forma inductiva de argumentar— es una he-rramienta indispensable en la aplicación del Derecho. La analogía le permite a una parte o a un magistrado sostener que un asunto debe atenderse o resolverse de cierta manera porque hay otro —semejante al primero en lo esencial— que se atendió o resolvió de esa manera. Así, el principio legal o la norma que se aplicó en la primera situación se aplicará igual a la segunda, según las similitudes esenciales o materia-les entre ambos casos. R. J. Aldisert, Logic for Lawyers: A Guide to Clear Legal Thinking, Nueva York, Ed. Clark Boardman Co., 1989, Cap. 6. La analogía permite razo-nar a base de ejemplos y opera solamente cuando existe un vacío legal respecto a la controversia planteada en un caso. Véase Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014).

       “Was the magistrate judge correct in this case to limit the damages award against Ox Bodies to $1,200,000 and deny Quilez a joint and several damages award of $6,000,000 against Ox Bodies?”

       Véanse: Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994); Molina, Caro v. Dávila, 121 DPR 362 (1988); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357 (1982); Torres Pérez v. Medina Torres, 113 DPR 72 (1982); Quintana Martínez v. Valentín, 99 DPR 255 (1970).

       Por su parte, el profesor Bernabé Riefkohl ha comentado que la solución correcta sería impedir una acción de nivelación contra el familiar inmune, pero re-querirle al demandado que pague la totalidad de los daños otorgados. Véase A. Bernabé Riefkohl, Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples y el aparente conflicto entre las doctrinas de la solidaridad y la inmunidad, 79 Rev. Jur. UPR 1091 (2010). Sin embargo, esa propuesta nos parece desacertada, en tanto permite que el demandante evada la inmunidad estatutaria de un cocausante del dañodirigiéndose contra otro cocausante.

         Nótese que no está ante nuestra consideración un cuestionamiento a la eons-titucionalidad de la acción de legislar límites de responsabilidad a entidades públicas.


text:
      In re Medidas Judiciales ante el Paso del Huracán Irma.

      Número: EM-2017-05

      Resuelto: 5 de septiembre de 2017
   RESOLUCIÓN

El 4 de septiembre de 2017 el Servicio Nacional de Me-teorología emitió un aviso de huracán para todo Puerto Rico ante la inminencia del paso del huracán Irma. En vista de la situación climatológica y el riesgo a la vida y a la propiedad que pudiera representar este huracán, se decreta la suspen-sión de los trabajos en la Rama Judicial a partir de las 12:00 del mediodía del 5 de septiembre de 2017 hasta nuevo aviso.

Como resultado de lo anterior, al amparo de nuestra fa-cultad para reglamentar los procedimientos judiciales y con-forme a lo dispuesto en los Artís. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA secs. 72 y 73), todo término que venza hoy 5 de septiembre de 2017, y mientras dure la emergen-cia, se extenderá hasta que las condiciones del tiempo per-mitan reanudar las labores en los tribunales.

Se ordena la difusión inmediata de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Extensión de Términos ante el Paso del Huracán Irma y la Pérdida del Servicio Eléctrico.

      Número: EM-2017-06

      Resuelto: 11 de septiembre de 2017
   RESOLUCIÓN

Tras el paso cercano a Puerto Rico del huracán Irma, el sistema eléctrico sufrió averías a través de todo Puerto Rico. Al día de hoy, todavía no se ha restablecido en su totalidad el servicio de energía eléctrica en muchos sectores.

Por lo tanto, para evitar que las partes se vean imposi-bilitadas de presentar sus recursos debido a esta situación, se extenderán hasta el miércoles 13 de septiembre de 2017 los términos que quedaron en suspenso desde el martes 5 de septiembre de 2017 y que hubiesen vencido hoy lunes, 11 de septiembre de 2017, por ser el próximo día laborable. Ello, al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales y conforme a lo dispuesto en los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA secs. 72 y 73).

Se recaba que los abogados y las abogadas, así como las partes, deben hacer los arreglos necesarios para cumplir con la presentación de los escritos correspondientes con-forme a lo aquí dispuesto.

Se ordena la difusión inmediata de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: El Juez Asociado .Se. Wole,

text:
    Urriza, Demandante y Apelada, v. Villanúa et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en nn caso sobre alimentos provisionales.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 654.
    — Resuelto en enero 13, 1914.
    Alimentos Provisionales — Consignación en Casos de Apelación. — Aun cuando de acuerdo con el artículo 84 de la ley de procedimientos legales especiales de marzo 9, 1905, los preceptos de la ley de desálmelo son aplicables a los procedimientos para reclamar alimentos provisionales, sin embargo como según precepto expreso de la Ley la apelación no suspende la ejecución de la sen-tencia en los casos de alimentos provisionales es indudable que la intención del legislador ha sido que los preceptos de la ley de desahucio se apliquen a los casos de alimentos provisionales hasta que se dicte la sentencia y que no es necesario que se haga consignación alguna para apelar.
    Id. — Transcripción de Adtos — Término para 'Presentarla. — El término para presentar la transcripción de autos en un caso sobre alimentos provisionales se rige por los preceptos generales del Código Enjuiciamiento Civil y el término de cinco días de que trata la sección 13 de la ley de desahucio de marzo 9, 1905, no tiene aplicación a la presentación de la transcripción de autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog'ados de la apelada: Sres. Alvares Nava y Domínguez y Francisco de la Torre.

    Abogados de los apelantes: Sres. José de Diego j Luis Méndez Vaz.

   El Juez Asociado .Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son los fundamentos en que se basa esta moción para que la apelación sea desestimada. La acción establecida en la corte inferior fué para obtener una pensión alimenticia de $50. Habiendo la corte dictado sentencia contra el deman-dado condenándole a satisfacer dicha pensión, interpuso éste oportunamente recurso de apelación contra la misma. Alega la apelada, sin embargo, que el apelante dejó de consignar las pensiones alimenticias como lo exige la ley, y además que no se archivó la transcripción de autos en este tribunal en tiempo oportuno.

La ley dispone que en acciones sobre alimentos provisio-nales los procedimientos deberán ajustarse a los de la ley sobre desahucio, y como dicha ley exige que se haga una con-signación o depósito al interponer apelación, sostiene la ape-lada que tal depósito deberá hacerse en acciones sobre alimen-tos provisionales. En los pleitos de desahucio la apelación produce el efecto de suspender la ejecución de la sentencia, pero no ocurre lo mismo en acciones sobre alimentos o en otros procedimientos especiales que se rigen por el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Este artículo es el mismo que prescribe que los procedimientos en reclamación de alimentos provisionales se tramitarán en la forma pres-crita para el juicio de desahucio, disponiendo claramente que la ejecución de la sentencia en esa clase de juicios no será .obstaculizada por virtud de la apelación que se interponga. Por tanto, es evidente que la intención de la legislatura fué ¡solamente hacer que el procedimiento sobre alimentos pro-visionales se tramitara según el prescrito por la ley de desa-hucio, hasta el momento de dictarse sentencia. Véase el caso de Rodríguez v. Gómez, 16 D. P. R., 850.

Los apelantes, sin embargo, presentaron una certificación de la que aparece que se libró orden de ejecución, habiéndose cobrado la suma de $150 por virtud de la misma, o sea por la cuantía de las pensiones que no habían sido satisfechas hasta la fecha de la ejecución. No. vemos razón por la que pueda exigirse a un apelante que llaga un depósito en casos sobre reclamación de alimentos provisionales.

La moción es sumamente insuficiente en lo que respecta al primer fundamento que se alega para la desestimación, pues meramente se expresa en ella que no se lia cumplido con la orden, lo que podría sencillamente ser una conclusión de derecho; además en la moción no se alega que se deba nada.

En cuanto a la segunda parte de la moción, el término dentro del cual debe archivarse la transcripción se rige por el Có-digo de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con las disposicio-nes de la Ley de Procedimientos Legales Especiales. El juez obrando dentro de sus facultades concedió una prórroga, y no existe base alguna para declarar con lugar la moción formu-lada por la apelada. Esta al parecer fundó sus alegaciones en el artículo 13 de la Ley de Desahucio, que dispone que los secretarios y los taquígrafos practicarán las diligencias que les incumbieren dentro del preciso término de cinco días, con-tados desde la fecha de la presentación del escrito de apela-ción. Evidentemente que este artículo no tiene aplicación al caso.

Debe desestimarse la moción.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Otero, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Dictrito de Mayagüez, en un caso de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 644.
    — Resuelto en enero 13, 1914.
    Acometimiento y Agresión a un Policía — Delito Contra la Justicia Pú-blica. — El acometer y agredir ilegalmente a un policía, sabiendo que es tal policía y que se halla en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de causarle daño en su persona, constituye un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, prescrito en la ley de marzo 10, 1904, y es de naturaleza distinta del delito contra la justicia pública previsto y castigado en el artículo 137 del Código Penal.
    Id. — Delitos Contra el Poder Ejecutivo. — El artículo 84 del Código Penal que castiga el delito de impedir a-un funcionario ejecutivo que cumpla cualquiera obligación impuéstale por la ley, no ha sido derogado por la ley de marzo 10, 1904, que determina y castiga el delito de acometimiento y agresión, ffl Pueblo v. Yaleourt, 16 D. P. E., 728.
    Id. — Móviles del Delito — Graduación de la Responsabilidad del Acusado.— Los móviles que hayan impulsado a un acusado a cometer el delito de aco-metimiento y agresión, pueden ser tomados en consideración por la corte sentenciadora para graduar la mayor o menor responsabilidad del acusado a los efectos de la imposición de la pena.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez dictada el 11 de septiembre de 1913, por la cual se condenó a Francisco Otero a pagar una multa de $50 y en su defecto a sufrir dos días de cárcel, como autor de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte sen-tenciadora, erró:

(a) Al desestimar la excepción del acusado de que los hechos, tales como aparecían de la faz de la denuncia, no cons-tituían el delito de acometimiento y agresión grave, sino un delito contra la justicia pública.

(ó) Al apreciar las pruebas y concluir que se había pro-bado la existencia del hecho denunciado, y

(c) Al no declarar al acusado exento de responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el número 6 de la sección 2 de la ley para determinar y castigar el acometimiento, etc., apro-bada en marzo 10, 1904.

Examinemos el primer error. La denuncia, base del pro-ceso, en lo pertinente, dice así:

“Yo, Alfredo Schmidt, P. I. '* * * formulo denuncia contra Francisco Otero, mayor de edad, vecino de esta ciudad, por delito de acometimiento y agresión grave, cometido de la manera siguiente: que en 25 de mayo de 1913, y en Barrio Mayagüez Arriba, (sitio cono-cido por Play Ground) del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, P. R., el acusado Francisco Otero, maliciosa, voluntaria y criminal-mente, y con la intención de causarme grave daño corporal, me aco-metió y agredió con un paraguas, causándome una contusión en el lado derecho del cuello; este hecho ocurrió a las 4.30 p. m.
“El acusado al cometer el delito expresado, sabía que yo era un Policía Insular, y que en aquel momento me encontraba, en funcio-nes oficiales de mi cargo como tal Policía Insular.”

La sección 1 de la ley para- determinar y castigar el delito de acometimiento, etc., aprobada en marzo 10 de 1904, prescribe que constituirá nn delito de acometimiento y agresión “todo acto ilegal de inferir algún daño violento a la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cuales-quiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplearen,” y, la sección 6a. de la expresada ley dispone que todo acometimiento y agresión será considerado con cir-cunstancias agravantes en varios casos, entre ellos “cuando se cometa en la persona de un funcionario legal en el cumpli-miento de sus deberes, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial. ’ ’

Una simple lectura de la denuncia y de la ley aplicable es suficiente para concluir que el hecho imputado en la pri-mera al apelante cae de lleno dentro de las prescripciones de la segunda, y que, por tanto, al resolverlo así, la corte sen-tenciadora no cometió error alguno.

El delito contra la justicia pública previsto y castigado en el artículo 137 del Código Penal a que se refiere el ape-lante, es de naturaleza distinta. Se comete por “toda persona que voluntariamente resistiere, demorare o estorbare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla,” j se castiga, cuando no hubiere otra pena señalada, con multa máxima de $5,000 y cárcel por un término máximo de un año.

En el presente caso no se imputó al acusado la intención voluntaria de resistir, demorar o estorbar al policía denun-ciante en el cumplimiento de los deberes de su cargo, sino la de acometer y agredir ilegalmente al policía, sabiendo que era tal policía y que se hallaba en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de causarle daño en su persona.

El razonamiento empleado en el caso de El Pueblo v. Valcourt, 16 D. P. R., 728, para sostener que el artículo 84 del Código Penal no fue derogado por la ley para determinar y castigar el delito de acometimiento, etc., de 1904, puede invo-carse en apoyo de nuestra decisión en el presente.

Examinemos el segundo error. Forma parte de los autos una exposición del caso que contiene toda la amplia prueba practicada en el acto de la vista. Hemos leído cuidadosa-mente dicha prueba y los testigos de cargo imputan directa-mente al acusado el hecho de haber acometido y agredido con un paraguas al policía denunciante, mientras éste se encon-traba, vistiendo su uniforme, en el ejercicio de su cargo. La corte creyó el testimonio de dichos testigos y nada demues-tra en los autos que errara al proceder de tal modo.

Examinemos, por último, el tercero de los errores alega-dos. Aparece de la prueba que el 25 de mayo de 1913 se cele-bi'aba en Mayagüez, en un sitio apropiado para ello, un juego de base-ball; que como de costumbre la policía se encontraba allí prestando sus servicios; que el público estaba muy inte-resado en el juego y la policía tenía que contenerle para que no penetrara en el lugar reservado para los jugadores; que estando cumpliendo con esta misión el policía denunciante, cayó al suelo un hijo menor de edad del acusado, según algu-nos testig’os de descargo a consecuencia de un golpe que con su macana le diera el policía; que el niño fué recogido por uno ele los testigos ele la defensa; y que el acusado gritó que eso era un abuso y acto seguido acometió con su paraguas al policía.

No bay nada en los autos que demuestre que el policía de-nunciante acometiera directamente al hijo del acusado, ni menos que estuviera acometiendo y agrediendo al niño cuando el acusado le acometió y agredió con su paraguas.

Siendo éstos los hechos, se impone la conclusión de que el acusado no está exento de responsabilidad criminal, ya que no tuvo necesidad en modo alguno de agredir al policía para defender a su hijo, y, en tal virtud, que la corte sentenciadora tampoco cometió el error que se le atribuye.

Lo acaecido con el niño puede tomarse en consideración para explicar los móviles que impulsaron al acusado a cometer el delito, y, en su consecuencia, para graduar su mayor o me-nor responsabilidad. La corte así lo hizo y al imponer al acu-sado el mínimum de la pena fijada por la ley, apreció el hecho de la manera más favorable que pudo hacerlo en pro del acusado.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Alclrey.


author: El Juez Asociado ,Sb. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Laureano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre hurto de menor cuantía.
    No. 646.
    — Resuelto en enero 13, 1914.
    Alegato del Apelante — Errores Fundamentales. — Cuando la parte apelante no presenta alegato, la corte sólo examinará los errores fundamentales. Hurto de Menor Cuantía — Posesión de los Bienes Bobados — Circunstancias de la Comisión del Delito. — Tal vez la posesión de bienes robados inme-í:alar-ente después del robo per sí sola no produzca la presunción de culpa-bilidad en el poseedor, pero generalmente concurren otras circunstancias que deben ser tenidas en consideración para determinar la culpabilidad del acusado.
    Id.- — Forma de Adquisición del Artículo Bobado. — El no poder una persona explicar cómo adquirió la posesión de un artículo robado, a pesar do dársele oportunidad para ello, constituye una de las circunstancias de la comisión del delito suficiente para declarar culpable al acusado. En la opinión se analiza la jurisprudencia sobre esta cuestión.
    Id. — Posesión de Bienes Bobados — Circunstancias que Establecen la Cul-pabilidad del Poseedor. — Cuando una persona que se está lavando las manos deja una sortija en un lavabo y teniendo que salir de pronto, desaparece dicha sortija, y al acusado que tenía acceso a dicho sitio por estar empleado en la misma fábrica se le halla en posesión de dicha sortija, y al ser pregun-tado sobre ella contesta que se la compró a un negrito, sin que pueda luego presentar a dicho negrito, y sin que en el acto del juicio pruebe ser de buena reputación, tales circunstancias son suficientes para declarar culpable al acu-sado del delito de hurto de dicha sortija.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

   El Juez Asociado ,Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna de las muchas apelaciones en cansa criminal sometidas a la consideración de este tribunal en la que el apelante no ha presentado alegato ni hecho compare-cencia alguna hasta el día de la vista. Esta práctica es suma-mente deplorable e impone una labor más, tanto a la corte como al Fiscal. Si se espera hasta el último momento para solici-tar la intervención de los abogados en los casos, entonces de-berá) hacerse una moción al tribunal pidiendo permiso para archivar el alegato y notificarse ál Fiscal de esta corte. Si entonces denegare el tribunal la solicitud el abogado habrá cumplido enteramente con sus deberes para con la corte y su cliente. No debe el abogado asistir a la vista sin justificar debidamente la razón que ha habido para no formular el ale-gato, pues de no cumplirse con este requisito no considerare-mos otros errores que los que sean fundamentales, como los de falta de jurisdicción y los de que la acusación no imputa un delito público.

El apelante fné juzgado y declarado culpable de un delito de hurto de menor cuantía tanto en la corte municipal como en la de distrito, habiendo sido condenado por esta última a sufrir dos meses de cárcel. La única cuestión que ha planteado el apelante se refiere a que la mera posesión de un artículo robado no hace surgir presunción alguna de culpa, y que no habiéndose probado más que la posesión del objeto robado, la prueba fué insuficiente para declarar culpable al acusado.

Los hechos ocurrieron de la manera siguiente: Bernabé Pascual, o sea el denunciante, era dueño de una sortija. Es un maquinista encargado de cierta máquina en la fábrica de tabacos “La Colectiva.” Fué a lavarse las manos y se quitó la sortija, poniéndola sobre el lavamanos; en eso gritó una mujer que se había pillado una mano en una máquina y corrió a auxiliarla. Cuando volvió por la sortija ya no estaba allí. Algún tiempo después recuperó el perjudicado la sortija en la tienda de José Trápaga. José Trápaga la había comprado a un policía llamado Jacinto González quien la compró a Angel María Castro. Angel María Castro la había comprado al acusado Ignacio Laureano. Uno de los policías siguió la pista del anillo desde que salió del acusado hasta que fué a poder de Trápaga. Al ser preguntado el acusado cómo obtuvo la sortija, contestó que la había comprado a un negrito. El poli-cía le dió tiempo al acusado para que buscara al negrito, y habiendo transcurrido dos semanas sin que éste apareciera, procedió el policía a arrestar a dicho acusado. Este también era empleado de “La Colectiva” al ocurrir el robo de la sor-tija y tenía acceso al sitio donde Bernabé Pascual dejó el anillo. La sortija valía menos de $15.

Durante la vista el Fiscal de este tribunal alegó que de acuerdo con el criterio de la mayoría de las cortes la posesión de objetos recientemente después de haber sido robados, esta-blece una presunción de culpa y exige al acusado que expli-que dicha posesión, constituyendo prueba suficiente para jus-tificar una sentencia condenatoria; y cita el caso de Knickerbocker v. The People, 43 N. Y., 177, y otros. El Fiscal admite el hecho de ser distinta la regla en California, de cuyo Estado fué tomado nuestro Código Penal. El principio en California y otros Estados es que la simple posesión de objetos roba-dos sin concurrir otras circunstancias no es suficiente para declarar culpable al acusado. People v. Swinford, 57 Cal., 86; People v. Brown, 48 Cal., 253; People v. Wong Chong Suey, 110 Cal., 121.

Expresa Wigmore en el párrafo 2513 de su obra sobre Evidencia, que “una de las cuestiones que han dado más que hacer sin provecho alguno ha sido la de si en ciertos "casos el hecho de encontrarse el acusado en posesión de los bienes robados hace surgir la presunción de que él fuera.el ladrón.” Esa es ciertamente, dice el tratadista, una deducción de hecho. Wharton en su obra de Evidencia Criminal, párrafo 758, edición décima, hace iguales consideraciones como también Chamberlayne en la Ley Moderna de Evidencia, párrafos 1123 y siguientes. Manifiesta este último autor en el párrafo 1124, que “cualquiera que sea la debida consideración que se dé como prueba a la presunción de culpa por no explicarse la posesión cuando no aparece sostenida por otra prueba, la cues-tión puede resultar académica en la mayoría de los casos. Raras veces ocurrirá que dicha posesión no vaya acompañada de hechos que no la determinen.” Tal fué también el criterio del Juez Asociado de este Tribunal, Sr. MacLeary, reciente-mente fallecido, que siendo entonces Juez Asociado de la Corte Suprema de Montana, emitió la opinión del tribunal en el caso de Territory v. Boyle, 7 Mont., 250. En dicho caso la corte se expresó como sigue:

“El apelante alega que la prueba no es suficiente para sostener el veredicto. Qué la posesión de objetos recientemente robados no es por sí bastante para declarar culpable por ladrón al poseedor de los mismos es un principio que ha quedado bien establecido- y la corte instruyó al jurado en tal sentido. Pero casi siempre concurren otras circunstancias en la transacción que explican dicha posesión.”

Estaríamos dispuestos, a adoptar la jurisprudencia del Estado-de California y demás Estados de igual procedencia en cuanto a este punto, aun cuando fuera necesario para nosotros el resolver un caso sobre la simple posesión ele obje-tos robados después de ocurrido el robo, si bien en este caso no tenemos necesidad de dictar una resolución tan específica. En los casos ele California se declara que la posesión de la pro-piedad poco tiempo después de ocurrido el robo es una cir-cunstancia sospechosa que en unión de otras exige al acusado que explique dicha posesión. People v. Kelly, 28 Cal., 424; People v. Luchetti, 119 Cal., 501; People v. Vidal, 121 Cal., 221; People v. Wilson, 135 Cal., 331; People v. Matezuski, 11 Cal. Apps., 465. Véase también el caso de Territory v. Doyle, 7 Mont., 250 y el de State v. Sanford, 8 Idaho, 187.

En el caso de Vidal supra se declaró, que habiéndose encon-trado al acusado en posesión de una yegua que había sido recientemente robada era suficiente con que se presentara al-guna otra ligera prueba corroborante de hechos que tendieran a inculparlo para someter el caso al jurado. Uno de los otros hechos que ha sido considerado como suficiente para declarar culpable aúna persona que está en posesión de objectos recien-temente robados es el de no explicar dicha posesión cuando se le da la oportunidad de hacerlo. Thomason v. State, 41 S. W., 638; State v. Marshall, 74 N. W., 763; State v. King, 96 N. W., 712; 25 Cyc., 138.

De igual manera el valor de la explicación que se hiciere es una cuestión que debe dejarse á la consideración del jurado si el caso se celebra ante él. 25 Cyc. 138. En el presente caso no sólo estaba el acusado en posesión de la sortija robada, sino que se encontraba colocado en la misma fábrica de donde el querellante era empleado y tenía acceso al cuarto de donde fué tomada la sortija. Se le dió la oportunidad de que expli-cara el hecho de haberse hallado ésta en su poder y manifestó que la había comprado a un negrito a quien no pudo presen-tar a pesar de las dos semanas que le dió el policía para que lo hiciera. Cuando una persona aparece en posesión de obje-tos. que han sido robados recientemente y se le ofrece la oca-sión de que explique tal posesión, tendrá ésta para con la socie-ciad la obligación de explicar dicha posesión y de no hacerlo así al juez o jurado qne conozca clel caso, el tribunal de ape-lación no revocará la sentencia condenatoria qne se dicte.

Si nn hombre está en posesión de objetos rebados y no puede presentar a la persona de quien los obtuvo, por lo general podrá ofrecer prueba de su buen carácter con anterioridad al hecho para contrarrestar su posesión sospechosa y el juez o jurado, según sea el caso, deberá siempre estar satisfecho de la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable.

Este caso fue juzgado por el juez ante quien compareció el acusado y dicho juez tenía derecho a determinar si la expli-cación hecha por el referido acusado acerca de la compra que hizo al negrito era satisfactoria. No solamente concurrió el elemento de si fué satisfactoria dicha explicación sino que la oportunidad que tuvo el acusado de coger la sortija era también una circunstancia que había de ser considerada por el juzgador.

No encontramos que se haya cometido error alguno y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.