author: El Juez PebsideNte Se. HerNÁNDez,

text:
    Cintrón & Aboy, Demandantes, Apelados y Apelantes, v. Solá, Demandado, Apelante y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en una acción sobre cobro de dinero.
    No. 1106.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Deudores Solidarios — Interpretación del Contrato. — En este caso el pagaré dice: “Pagaremos solidariamente a Don Antonio María Sorba o a su orden, etc.” y esté suscrito por Sola e Hijo y Celestino Solé. Se resolvió: que la intención de las partes contratantes, que es la que ha- de servir de guía para fijar el alcance de las estipulaciones convenidas, se revela claramente por el texto del pagaré, cuya simple lectura demuestra que Solé e Hijo y- Celestino Solé se reconocieron deudores principales de Antonio María Sorba y se obli-garon solidariamente, aunque según el resultado de las pruebas la deuda se-contrajera en beneficio exclusivo de uno solo de los firmantes, o sea de Solá e Hijo.
    Documento Privado — Autenticidad—Escritura Pública. — Cuando la autentici-dad de un documento privado no es impugnada, es forzoso admitirla con arre-glo al artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil, y, siendo auténtico» tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen sus-crito y sus causa-habientes, según el 'artículo 1193 del Código Civil.
    Novación — Prórroga para el Pago de la Obligación — Deudores Solidarios— La prórroga otorgada por el acreedor a uno de los deudores solidarios sin variarse el objeto o condiciones principales de la obligación, ni sustituirse por otra la persona de los deudores, no puede estimarse como una novación extintiva de la obligación.
    Deudores Solidarios — Acción.—Según el artículo lili del Código Civil cuando existen deudores solidarios el acreedor puede dirigir su acción contra cual-quiera de ellos ó contra todos simultáneamente.
    Excepciones Previas — Excepción de Palta de Causa de Acción — Comisión de Cobranza — Cesionarios.—Alegada la falta de hechos suficientes en la de-manda para constituir una causa de acción, fundada en que el endoso del pagaré, sin expresión de fecha, únicamente puede entenderse como una simple comisión de cobranza, no siendo los demandantes dueños del pagaré, sino simples cesionarios subrogados en lugar del eedente, se resolvió: que ya se considere el- endoso como una comisión de cobranza, ya como una cesión de derechos, existe verdadera causa de acción para el cobro.
    Mora — Intimación al Acreedor. — Según el artículo 1067, del Código Civil no será necesaria la intimación de un acreedor para que exista la mora, cuando la obligación lo declara expresamente.
    Id. — -Préstamo Mercantil — Intereses.—Cuando se trata de un préstamo mer-cantil, es de aplicación el artículo 316 del Código de Comercio que dispone que los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas i deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pac-tado, o, en su defecto, el legal.
    Costas — G-astos y Honorarios de Abogado — Ley Aplicable. — Cuando existe con-venio entre las partes, la materia de costas, gastos y honorarios de abogado-debe regularse por aquél y no por los preceptos del Código de Enjuiciamiento» Civil, pues las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de las mismas, de; acuerdo con lo establecido en el artículo 1058 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la demandante-; Sr. Juan de Guzmán Benitez..

    Abogado del demandado: Sr. O. B. Buitrago.

   El Juez PebsideNte Se. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción ejercitada ante la Corte de Distrito de Hnmacao por la sociedad mercantil Cintrón & Aboy contra Celestino Solá para el cobro de un pagaré.

■ El pagaré de que se' trata, cuya autenticidad lia sido acep-tada por ambas partes, inserto en la demanda radicada en ■17 de agosto de 1912, dice así:

“Por $6,000, United' States Cy. ■ Valor al 30 de marzo de 1911. Pagaremos solidariamente a Don Antonio Haría Sorba, o a su orden, el día,treinta del mes de marzo del año mil novecientos once, la suma de seis mil dollars ($6,000), oro americano, valor recibido a nuestra ■ entera satisfacción, y le entregaremos a su vencimiento en la refe-'fida feeba. Dicba suma devengará en caso de demora el interés del doce por ciento anual. Nos sometemos expresamente a los tribunales insulares competentes, y nos obligamos a satisfacer las cos-tas y gastos que el cobro de dicha suma ocasione,- incluso los hono-rarios del abogado del acreedor se valga en su reclamación. Caguas, mayo 31 de 1910. Firmado. ‘Solá e Hijo.’ Firmado. Celestino 'Solá. Pá^uese a la orden de- Mateo Encabado, valor recibido. San •Juan, Puerto Eico, 4 de junio de 1912. Firmado. Antonio M. Sorba. .Páguese a la orden de ‘Cintrón & Aboy,’ valor recibido. Firmado. ■Mateo Eucabado.”

Alega la parte demandante como beclios fundamentales '•de la demanda, que én 31 de mayo de 1910 “Solá e Hijo” y el demandado Celestino Solá celebraron un contrato con -Antonio María Sorba en virtud del cual aquéllos se obliga-ron solidariamente a pagar a Sorba la cantidad de $6,000 • con sus intereses, bajo las condiciones que detalladamente ■Sé consignan en el pagaré transcrito; que según muestra ,dicho documento el crédito fue traspasado por Sorba a Don Mateo Eucabado y por Eucabado a Cintrón & Aboy, deman-dantes; que el capital e intereses de la deuda no han sido satisfechos por ninguno de los dos deudores solidarios, no ■obstante las gestiones practicadas para ello; y que los inte-reses adeudados al tipo convenido del 12 por ciento anual importan $960 del 30 de marzo de 1911 en que venció la obli-gación hasta el 31 de julio de 1912, y $60 los intereses que deben pagarse por cada mes que transcurra desde el 30 de ■agosto de 1912 hasta el día én que se verifique el pago.

La demanda concluye con la súplica de que se condene al demandado a pagar a lá -sociedad demandante'lá’ cantidad dé $6,000 de capital y $960 de intereses vencidos hasta el 31 de julio de 1912 y los nuevos intereses que se devenguen hasta el día del pago a razón de sesenta dollars cada mes vencido empezando el 31 de agosto de 1912, y las costas .y desembolsos que se causen, más $500 para honorarios del -abogado de lq parte demandante.

• El demandado al contestar la demanda alega que si bien suscribió el pagaré no tuvo intervención alguna en la opera-ción que lo originó, llevada a cabo- únicamente por Solá e ■Hijo y Antonio María Sorba para beneficio exclusivo de Solá e Hijo, a cuyo ruego expresado por su gestor Marcelino Solá Rodríguez, firmó el documento; que la mercantil Solá e Hijo finé disuelta en 8 de julio de 1911 y Antonio María Sorba, después de esa fecha, sin intervención ni conocimiento del ■demandado, celebró con el gestor Marcelino Solá Rodríguez un convenio en virtud del cual y mediante pago de intereses pactados entre ellos se prorrogó por determinado tiempo el pagaré; que existía en la ciudad de Caguas una sociedad mercantil Solá e Hijo, S. en C., sin nexo jurídico alguno con la disuelta Solá e Hijo, y Sorba celebró con Marcelino Solá «en su carácter de gestor de Solá e Hijo, S. en C., un nuevo convenio prorrogando el pagaré en ausencia y sin conoci-miento del demandado Celestino Solá, quedando asi aceptado que la firma Solá e Hijo, S. en C., fuera responsable del pago de los $6,000 importe del pagaré; que Solá e Hijo, S. en C. _ fué declarada en quiebra por la Corté de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico en 17 de mayo dé 1912 en vir-tud de petición hecha por su gestor Marcelino Solá Rodrí-guez, y en el estado o balance presentado figuró a favor de .Sorba el crédito de $6,000 que ahora se reclama; que Sorba Rabia aceptado que la sociedad Solá e Hijo fuera sustituida por Hola e Hijo, S. en C., pues en 3 de junio de 1912, o sea el día antes del endoso del pagaré, para formular su recla-mación en la quiebra de Solá e Hijo, S. en C., suscribió y .juró una declaración ante el Notario Carlos B. Buitrago, expresando que la dicha firma en quiebra le adeudaba. $8,000 por dos pagarés, uno de ellos de $6,000, el mismo a que se' refiere el presente pleito; y que el repetido pagaré es mer-cantil y fué endosado .después de su vencimiento.

Celebrado el juicio la corte inferior estimó probado que la cantidad de $6,000 a que se refiere el pagaré fué prestada, por Sorba a la sociedad mercantil Solá e Hijo para bene-ficio de esa sociedad; que Marcelino Solá firmó el pagaré como garantizador solidario; que vencido el documento Marcelino Solá como miembro de Solá e Hijo solicitó y obtuve del acreedor una prórroga que le fué concedida sin conoci-miento ni consentimiento del demandado, pero entendiéndose por el acreedor que la misma garantía continuaría; que, Marcelino Solá, requerido de pago contestó que no estaba obli-gado a verificarlo, y que la firma Solá.e Hijo está declarada, en quiebra sin haber sido satisfecho el montante del pagaré-ni por el demandado ni por ninguna persona, habiendo satis-fecho los Sres. Solá e Hijo la suma de $600 por razón de inte-reses vencidos de la obligación.

Ante esas conclusiones de hecho, y estimando la corte: aplicables al caso los artículos 1723 y lili del Código Civil,, pronunció sentencia en 31 de julio de 1913 ordenando que la. sociedad mercantil Cintrón & Aboy, recobre del demandado la suma de $6,000 montante del pagaré, más los intereses, del 12 por ciento anual a contar desde la fecha de la inter-posición de la demanda, sin especial condena de costas.

Ambas partes han apelado contra la expresada sentencia,, la parte demandada contra la totalidad de la misma, y la parte demandante en cuanto no condena al demandado a, pagar los intereses del pagaré desde el 30 de marzo de 1911 en que venció, y las costas y honorarios del abogado.

Alega la parte demandada como motivos del recurso los; siguientes:

“Primero. Que la corte cometió error al no estimar que la pró rroga concedida por el acreedor Sr. Sorba a Solá e Hijo, pfimero, y a Solá e Hijo, Sociedad en Comandita, después, extinguió la respon-sabilidad subsidiaria del fiador Celestino Solá por el hecho de tra-tarse de fianza solidaria.
11 Segundo. Que la corte cometió error al no estimar que el docu-mento objeto de la reclamación había sido novado por los actos lle-vados a cabo por el acreedor María Sorba.
“Tercero. Que la corte erró al apreciar que el acreedor al con-ceder la prórroga sin que estuviese presente el demandado, entendió que la misma garantía continuaría.”

Alegó además que la demanda no aduce hechos suficien-tes para constituir una causa de acción, por cuanto el endoso, sin expresión de fecha, sólo puede entenderse como una simple comisión de cobranza, y siendo ello así Cintrón & Aboy no son. dueños del pagaré, pero aun siéndolo no tendrían otro carácter que el de simples cesionarios subrogados en lugar del cedente quien a su vez lo estaba en lugar del acree-dor, perjudicando, por tanto, a los demandantes los actos ejecutados por el acreedor Sorba.

Antea de entrar a considerar los motivos del recurso, se hace necesario dejar establecido si Celestino Solá es en unión de Solá e Hijo un deudor solidario o si es un fiador-de Solá e Hijo.

En la obligación reclamada tanto Solá e Hijo como Celes-tino Solá el demandado, son deudores directos y principa-les que dicen “Pagaremos solidariamente a Don Antonio María Sorba o a su orden,” etc. La intención de las partes contratantes es la que nos ha de guiar para fijar el alcance de las estipulaciones convenidas, y esa intención se revela claramente en el pagaré sin la más ligera sombra de duda pues su simple lectura demuestra que ambos, Solá e Hijo y Celestino Solá se reconocieron deudores principales de Antonio María Sorba y se obligaron solidariamente. La auten-ticidad del documento no ha sido impugnada y es forzoso admitirlo con arreglo al artículo 119 del Código de Enjui-ciamiento Civil, y siendo auténtico tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes, según el artículo 1193 del Código Civil.

Y no se arguya que las pruebas aportadas al juicio de-muestran., que la deuda se contrajo en beneficio exclusivo de Solá e Iíijo y que el demandado sólo garantizó el cum-plimiento de la obligación, pues aunque así sea, siempre ten-dríamos que Celestino Solá sin beneficiarse con el dinero del pagaré y sin tener propiamente el carácter de deudor, quiso tomar dicho carácter al firmar el documento como deu-dor solidario para que Solá e Hijo recibiera el dinero de Sorba, quien sin. esa condición no lo hubiera facilitado. No importa que Celestino Solá dejara de beneficiarse del prés-tamo ; él convino en ser deudor solidario para servir a Solá e Hijo, y ese convenio quedó consignado en el pagaré al ser firmado éste por el demandado como deudor solidario. La ley del contrato' quedó establecida en el documento como última expresión de la voluntad de las partes, y a ella tiene que someterse Celestino Solá.

Bajo la teoría que dejamos establecida surge como con-clusión que el demandado Celestino Solá no es fiador de Solá e Hijo, sino deudor solidario de Antonio María Sorba con-juntamente con Sola e Hijo. Siendo ello así carece de base el primer motivo del recurso fundado en el artículo 1752 del Código Civil, preceptivo de que la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza y huelga por tanto discutir la cuestión extensamente debatida por ambas partes acerca de si dicho precepto legal es aplicable tanto a la fianza simple o común como a la solidaria.

En cuanto a'l segundo motivo del recurso es de consig-narse que según la representación de Celestino Solá, los actos llevados a cabo por el acreedor Sorba que determinaron la novación de la obligación consisten en que Sorba, primer acreedor del pagaré firmó una declaración en inglés ante el Notario Buitrago encabezada con el título del caso de Solá e Hijo, Sociedad en Comandita en quiebra ante la Corte Federal, y en esa declaración expresa Sorba con fecha 3 de junio de 1912, que dicha sociedad en quiebra le debía $8,000 proce-dentes de nn pagaré de $6,000 y otro de $2,000 vencidos res-pectivamente en marzo de 1911 y abril de ese. mismo año, expresando además Sorba no baber dicho a persona alguna que hubiera recibido garantía de la deuda.

Sobre esa declaración expresa Sorba bajo juramento que la prestó por consejo de Don Marcelino S.olá; que. éste fué quien buscó al abogado Sr. Buitrago; que firmó la decla-ración sin leerla pues no sabe inglés y que no la utilizó ante la Corte Federal ante la cual utilizó otra prestada ante el Sr. Soto Giras.

Visto el contenido de la declaración de Sorba y de las expli-caciones dadas por éste, no es posible afirmar como pretende Celestino Solá, que el deudor Solá e Hijo fuera sustituido por otro deudor, a saber, Solá e Hijo, Sociedad en Coman-dita.

En cnanto al tercer error huelga discutirlo por partir del supuesto de que se trata de una obligación de garantía o de ‘fianza constituida por el demandado y no de una obli-gación solidaria. Pero es que tampoco existe ese error pues el mismo apelante Celestino Solá reconoce haber declarado Antonio María Sorba que llevó a cabo la prórroga con Solá e Hijo en la creencia de que continuaba la g’arantía de Celes-tino Solá.

Tratándose como se trata de una obligación solidaria son de aplicación al caso los artículos lili, 1112 y 1110 del Código Civil que en lo conducente dicen así:

“Artículo lili. — El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente
“Artículo 1112. — El pago hecho por uno de los deudores solida-rios extingue la obligación * # *. ’ ’
“Artículo 1110. — La novación, compensación, confusión o remi-sión de la deuda, hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la obli-gación * *

Los demandantes Cintrón & Aboy, endosatarios del 'pa-garé de que se trata, ban ejercitado el derecho que les con- ' cede el artículo lili dirigiendo su acción contra uno de los deudores solidarios, o sea, contra Celestino Solá. La obli-gación no había sido extinguida por ninguno de los medios que establecen los artículos 1110 y 1112 que dejamos trans-critos. Por lo que atañe a la prórroga de la obligación otor-gada por Sorba a Solá e Hijo, no puede estimarse como una novación extintiva de la obligación, pues no ha habido varia-ción de su objeto o de sus condiciones principales, y en cuanto a la novación consistente en la sustitución del deudor por otro, falta prueba de dicha sustitución.

La alegación hecha ante esta Corte Suprema de que los. hechos expuestos en la demanda no determinan una causa de acción cae por su misma base, pues ya se considere el en-doso a favor de Cintrón y Aboy como una comisión de co-branza, ya sean éstos cesionarios de Sorba, pueden ejercitar los mismos derechos que éste, entre ellos el de cobro del docu-mento, que están ejercitando. Existe causa de acción.

Examinados los fundamentos del recurso de apelación in-terpuesto por el demandado Célestino Solá, pasemos a exa-minar igual recurso interpuesto por la parte demandante.

Dicho recurso tiende a obtener la revocación de la sen-tencia en el sentido de que sea condenado el demandado a pagar a los demandantes los $6,000 del capital representado por el pagaré y sus intereses del 12 por ciento anual desde Io. de enero de 1912 hasta el día del pago, con las costas, gas-tos y honorarios del abogado de los demandantes.

Examinemos los preceptos del Código Civil atinentes al caso comprendidos en los artículos 1067, 1068 y 1075 que transcribimos a continuación:

“Artículo 1067. — Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extra-judieialmente el cumplimiento de su obligación.
“No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:
‘11. Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. ’ ’
# * * ■ * # * *
“Artículo 1068. — Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”
“Artículo 1075. — Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el inte-rés legal. ’ ’

Según muestra el pagaré de que se trata, Solá e Hijo y Celestino Solá se obligaron en 31 de mayo de 1910 a pagar solidariamente a Don Antonio María Sorba o a sil orden en 30 de marzo de 1911, la suma de $6,000, cuya suma en caso de demora devengaría el interés del 12 por ciento anual, obli-gándose, además', a satisfacer las costas y gastos que el cobro de dicha suma ocasionara inclusos los honorarios del abol gado de que el acreedor se valiera en su reclamación.

Como se ve la ley del contrato fué que en caso de demora en el pago los deudores solidarios pagarían el interés del 12 por ciento anual, con costas, gastos y honorarios de abo-gado en caso de reclamación judicial.

De las pruebas practicadas en el juicio, o sea de las decla-raciones de Antonio María Sorba y Marcelino Solá, gerente de la firma Solá e Hijo, resulta que ambos convinieron en que fuera prorrogado por un año el documento, y que los intereses devengados fueron satisfechos hasta diciembre de 1911, adeudándose por tanto los vencidos desde Io. de enero de 1912.

La corte inferior cometió error al aplicar indebidamente •el artículo 1067 del Código Civil al ordenar en su sentencia que los intereses fueran pagados desde la fecha de la inter-posición de la demanda, estimando que desde entonces fué que incurrió en mora el demandado, o sea desde que se exi-gió judicialmente el cumplimiento de la obligación, pues ese mismo artículo previene que no será necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista, cuando la obligación lo declara expresamente, como sucede en el presente caso en que se estipuló expresamente que la cantidad adeudada de-vengaría en caso de demora en el pago los intereses del 12 por ciento anual.

Ocurre además que tratándose de un préstamo mercantil • según admisión lieclia por el mismo demandado, es de apli-cación el artículo 316 del Código de Comercio que dispone que los deudores que demoren ej. pago de sus deudas después • de vencidas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado o en su defecto el legal.

El deudor solidario Marcelino Solá está, por tanto, en el deber de -pagar los intereses vencidos y no satisfechos a con-tar desde Io. de enero de 1912, con sujeción a los preceptos de ambos Códigos, Civil y Mercantil.

Por lo que toca a la condenada de costas, gastos y hono-rarios de abogado no es materia que en el presente caso pueda regularse por los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por leyes de marzo Io. de 1905, y 12 de marzo de 1908, pues debe regirse por la ley del contrato consignada en el pagaré, según el cual el deudor solidario Marcelino Solá se obligó' a satisfacer las costas y gastos que el cobro de la deuda ocasionara, con inclusión de los honorarios del abogado de que el acreedor se valiera en su reclamación.

El artículo 1058 del- Código Civil establece que las obli-gaciones que nacen de los .contratos tienen fuerza de ley en-tre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Por las razones expuestas opinamos que procede la con-firmación de la sentencia apelada ' en cuanto. ordena que la parte demandante Cintrón & Aboy recobre del demandado Celestino Solá la suma de $6,000, y su modificación en cuanto ordena el pago de los intereses de dicha suma a razón del 12 por ciento anual desde la interposición de la demanda sin - especial condenación de costas, decretando en su lugar que la demandante Cintrón & Aboy recobre de Celestino Sola los' intereses del 12 por ciento annal a contar desde Io. de enero de 1912 y condenando además a Sola al pago de las costas, gastos y honorarios del abogado del demandante en la corte inferior.

Confirmada la sentencia apelada, pero modifi-cada en cuanto al pago de intereses, costas, gastos y honorarios de ahogado en la corte « inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Geo. P. Plant Milling Co. et al., Ejecutantes y Apelantes, v. Navas et al., Ejecutados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo en un procedimiento hipotecario.
    No. 1265.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Procedimiento Hipotecario — Personalidad—Procuradores—Abogados.—En la actualidad no existen en Puerto Bieo los procuradores a que se refiere el inciso primero del artículo 169 del Beglamento Hipotecario: de ahí que no puede dársele estricto cumplimiento a sus disposiciones, bastando que la compare-cencia se haga por medio de abogado legalmente autorizado para ejercer su profesión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Enjui-ciamiento Civil.
    Abogados — Funcionarios de la Corte. — De conformidad con los principios que informan la legislación vigente sobre la materia, un abogado debidamente autorizado para ejercer su profesión está considerado como un funcionario' de la corte.
    Procedimiento Hipotecario — Vencimiento de uno de los Plazos — Vencimiento* Total de la Obligación — Inscripción en el Registro. — El artículo 130 do la Ley Hipotecaría se aplica al caso en que vencido un plazo deba entenderse-vencida la totalidad de la deuda, estipulación que debe hacerse constar expre-samente e inscribirse en el registro, pero no impide que pueda cobrarse pol-la vía sumarísima el plazo vencido inmediatamente después de que lo sea;, tal como prescribe el artículo 168 del Beglamento Hipotecario.
    Id. — Certeza de la Deuda. — Para que pueda despacharse la ejecución, de acuerdo con la-letra y el espíritu de la Ley Hipotecaria es necesario que conste - am forma auténtica y fehaciente la certeza de la deuda.

      .Hipotecas — Deudas — Préstamos de Dinero — Obligaciones Puturas. — Aun cuando, generalmente, las hipotecas se constituyen para garantizar deudas previamente existentes o préstamos de dinero, ello no implica que no puedao constituirse para asegurar obligaciones futuras.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los ejecutantes: Sr. Antonio Sarmiento.

    Los ejecutados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Corte de Distrito de Arecibo por virtud de la cual dicha corte se negó a ordenar el requeri-miento del deudor en cierto procedimiento hipotecario.

El 29 de octubre de 1914, Geo. P. Plant Milling Co., de San Luis, Mo.; Texas Star Flour Mills, de Galveston, Texas, y The Wichita Mill Elevator Co., de Wichita Palls, Texas, por medio de'su abogado Don. Antonio Sarmiento, archiva-ron en la Corte de Distrito de Arecibo un escrito acompa-ñado de varios documentos, iniciando un procedimiento hipo-tecario sumarísimo contra Manuel G. Navas y Hortensia Bal-seiro Marín.

En el escrito inicial se alegaron, en resumen, los siguien-tes hechos:

1. Que Manuel G. Navas, esposo de Hortensia Balseiro Marín, con anterioridad al 10 de julio de 1913, se encontraba adeudando a las ejecutantes Tas siguientes cantidades: a Geo. P. Plant Milling Co., $2,000; a Texas Star Flour Mills, $1,500, y a The Wichita Mill Elevator Co., $1,427; en junto, $4,927.

2. Que el Sr. Navas se obligó a pagar esa deuda a cada uno de sus acreedores en cuatro plazos anuales a partir del 19 de Junio de 1913, con intereses al seis por ciento anual pagaderos con el plazo.

3. Que asimismo el Sr. Navas concertó con las razones sociales ejecutantes que éstas embarcaran mensualmente para él cien sacos de harina cnyo conocimiento sería amparado por giros a treinta días- vista a cargo del Sr. Navas.

4. Que para garantizar el pago de la deuda y de los giros, de los intereses y de los gastos, costas y honorarios de abo- • gado, Doña Hortensia' Balseiro Marín constituyó hipoteca a favor de las tres razones • sociales ejecutantes, sin prefe-rencias entre sí, sobre una finca rústica que debidamente se describe,

5. Que la hipoteca se constituyó por escritura pública y y se inscribió en el registro.

6. Que el Sr. Navas dejó de satisfacer el plazo de la deuda vencido el 19 de junio de 1914, que era de $500 en cuanto a Geo. P. Plant Milling Co., de $375 en cuanto a Tesas Star Flour Mills, y de $356.75 en cuanto a The "Wichita Mill Elevator Co., o sea, en junto, $1,231.75, y los intereses al seis por ciento anual de la deuda total de $4,917 desde junio 19, 1913, a junio 19, 1914, dejando de satisfacer también los si-guientes giros vencidos procedentes de embarques de harina, a saber: a Geo. P. Plant Milling Co., con gastos de protesto, $482.90; a Texas Star Flour Mill Co., con gastos de protesto, $481, y a The Wichita Mill Elevator Co., $470, que forman un total de $1,333.90.

7. Que la hipoteca de que se trata está subsistente y la finca que está sujeta a ella no se ha trasmitido a tercera persona .

En el hecho octavo se especifican las cantidades adeuda-das a cada de las ejecutantes y en el noveno se fijan los hono-rarios del abogado de los ejecutantes en $300.

Finalmente se invocan las razones legales por virtud de las cuales procede, a juicio de los ejecutantes, que la corte decrete el cobro de lo adeudado por la vía hipotecaria, y termina el escrito suplicando que se requiera a Manuel G. Navas y a su esposa Hortensia Balseiro Marín para que en el término de treinta días satisfagan las cantidades que se reclaman a cada una de las ejecutantes, apercibidos de que si no lo hicieren se procederá a la venta en subasta pública de la finca hipotecada.

Los documentos que se acompañaron al escrito inicial fueron:

A. La escritura de hipoteca. Las cláusulas sexta, octava y novena, de dicha escritura otorgada entre otras personas por Doña Hortensia Balseiro de Navas, copiadas a la letra, dicen así:

“Sexta. Que el Señor Don Manuel G. Navas ha- concertado con sus acreedores, y ahora de nuevo se obliga a ello, el pago de su' deuda en la forma siguiente:
“Una cuarta parte de su respectivo débito a cada uno de sus tres acreedores, al vencimiento de cada año, y durante cuatro a contar desde el diez y nueve de junio de este año de mil novecientos trece, con sus intereses al 6 por ciento anual, pagados con el plazo, que-dando en libertad el deudor de cancelar su deuda en cualquier fecha anterior a los plazos estipulados.
“Octava. Que para esta segunda parte del convenio o sea de la garantía para las remesas mensuales de harina de cada molino, en numero de cien sacos y en aquella cuantía que no resultase satisfe-cha a virtud de los giros, el mismo Don Manuel ofreció a sus acree-dores remitentes de la harina, garantía hipotecaria sobre la parcela que se ha segregado en una suma igual a mil y quinientos dollars, y todo ello durante los cuatro años convenidos.
“Novena. Que la Señora Doña Hortensia, identificada en absoluto con las obligaciones de su marido, en la forma que se ha detallado; de su espontáneo consentimiento hipoteca la finca segregada de veinte y cinco cuerdas con cuanto le sea perteneciente o se le incorpore, para responder de los cuatro mil novecientos veinte y siete dollars, de la deuda* de Navas y de los mil quinientos que se estipulan y fijan para responder de las remesas, no cubiertas de los cien sacos de harina por cada una de las casas acreedoras; y todo en favor de las tres, sin preferencias entre sí, debiendo además responder la finca de tres-cientos dollars .por intereses y de setecientos para gastos y costas y" derechos de abogados, con cuyo gravamen permanecerá el predio hasta que resulte su cancelación del registro de la propiedad.”

B. Protesto por ante notario de un giro de $475 librado por Deo. P. Plant Milling Co. contra Manuel Gr. Navas, acep-tado por éste el 2 de enero de 1914 y no pagado en el día de su vencimiento, no obstante baber sido debidamente, reque-rido para ello.

C. Protesto por ante notario de un giro de $475 librado por Texas Star Flour Mills contra Manuel G-. Navas, acep-tado por éste el 9' de enero de 1914 y no pagado en el día de su vencimiento, no obstante baber sido debidamente reque-rido para ello.

D. Cuenta de la cual aparece que Manuel Gr. Navas debía a Tbe Wichita Mill Elevator Co. en junio 19, 1913, $1,427, más $470 en noviembre 8, 19Í3, formando un total de $1,899. La cuenta está jurada ante un notario público del condado de Wicbita, Texas.

E. Escrito del letrado Sarmiento solicitando del registra-dor de la propiedad cierta certificación que aparece expedida a continuación por dicbo funcionario el 14 de octubre de 1914, creditiva de que la hipoteca de que se trata está inscrita en el registro en la forma que literalmente se transcribe; de que sobre dicba finca no pesa otra carga anterior o posterior que la hipoteca; de que la finca no ha sido trasmitida a tercero, y de que la hipoteca no ha sido cancelada ni total ni parcial-mente.

Sometidos el escrito inicial y los documentos acompaña-dos al mismo a la consideración de la Corte de Distrito de Arecibo, ésta, el 12 de noviembre de 1914, se negó a acceder a lo solicitado por las siguientes razones:

“No se aducen en el escrito inicial, hechos que determinen la. exigibilidad del crédito hipotecario, como se requiere en el inciso ter-cero del artículo 169 del Reglamento Hipotecario; pues no se alega el vencimiento de dicho crédito, ni la existencia de estipulación alguna sobre darlo por vencido cuando dejare de pagarse algún plazo.
“Se omite en los hechos 2o., 3o. y 4o. del escrito, la alegación de que el término convenido para el pago de los créditos garantizados con hipoteca, es el de cuatro años a contar del 19 de julio de 1913.
“Según el artículo 1092 del Código Civil, ‘las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exi-gibles cuando el día llegue.’
“El procedimiento ejecutivo hipotecario, según el artículo.-130 de la Ley Hipotecaria, será aplicable al caso en qne deje de pagarse una parte del capital del crédito, o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor su obligación, siempre que tal estipulación conste inscrita en el registro.
“Es así que en el caso presente, tal estipulación de que vencido un plazo y no pagado, el acreedor pueda ejercitar el procedimiento sumario hipotecario para su cobro, no consta ni inscrita en el regis-tro ni tampoco en la escritura de constitución de la hipoteca, luego no procede hacer efectivo el cobro de un plazo por el procedimiento sumario hipotecario, hasta el total vencimiento de la obligación.
“Tenemos, además, que con el escrito inicial del procedimiento, no se acompañan los comprobantes de la personalidad de los acree-dores, requisito exigido como esencial e indispensable, por el artículo 169 inciso primero, del Eeglamento Hipotecario.
“Y por último, en el documento que se acompaña como para acre-ditar el protesto por ‘ The "Wichita Mill Elevator Co. ’ del importe del giro vencido y del primer plazo de la cantidad adeudada y sus inte-reses, se hace constar por la suma de $1,897 dollars cantidad distinta de la de $912.37, que se consigna en el escrito inicial del procedi-miento. ’ ’

El 12 de diciembre de 1914 las ejecutantes archivaron su escrito de apelación, para el caso de que les íuera denegada cierta moción de reconsideración que presentaron y que en efecto fué declarada sin lugar por la corte de distrito por los mismos fundamentos de su resolución de 12 de noviembre y, además, “porque conteniendo la cláusula 6a. del contrato hipotecario, la condición de que los demandantes, le embar-casen mensualmente al demandado cien sacos de harina, re-sulta un contrato bilateral en está parte exigiendo la prueba previa de cumplimiento por parte de los demandantes.”

El recurso de apelación interpuesto se tramitó debida-mente ante este Tribunal Supremo, celebrándose la vista del mismo el 11 de marzo de 1915 y quedando desde entonces sometido a" nuestra consideración y resolución.

La primera cuestión que debemos considerar es la rela-tiva a la prueba de la personalidad de las sociedades ejecu-tantes. A nuestro juicio no existe la deficiencia anotada por el juez sentenciador.

El inciso primero del artículo 169 del Reglamento Hipo-tecario, invocado por el juez de distrito, prescribe que con el escrito inicial del procediniiento se fian de presentar: “Primero. Los comprobantes de la personalidad, inclusos los que acrediten el mandato del procurador, cuando no gestione por sí el mismo acreedor o su legal representante. ’ ’

En la actualidad no bay procuradores en Puerto Rico y, de acuerdo con la ley, artículo 51 del Código de Enjuicia-miento Civil, “la comparecencia ante las cortes deberá ha-cerse por medio de abogado legalmeríte autorizado para ejer-cer su profesión.”

Así se bizo en el presente caso. Las sociedades ejecutan-tes comparecieron directamente por medio de su abogado Antonio Sarmiento que está debidamente autorizado para ejer-cer su profesión en Puerto Rico y que de conformidad con los principios que informan nuestra legislación sobre la ma-teria está ■ considerado como un funcionario de la corte, y presentaron con su escrito inicial todos los documentos que exige el artículo 128 de la Ley Hipotecaria, entre los cuales figura la escritura de hipoteca, documento público en el que.' la personalidad de las sociedades acreedoras fue reconocida, por el deudor y por la dueña de la finca hipotecada para garantir la deuda.

Yeamos ahora si consta o no del escrito inicial y de los. documentos acompañados al mismo, la exigibilidad de los. créditos, y si en el caso de que eonste puede seguirse o no> para hacerlos efectivos el procedimiento sumarísimo que au-toriza la Ley Hipotecaria.

Cuando se otorgó la escritura de hipoteca, el ejecutado' Navas confesó deber a las sociedades ejecutantes $4,927, y se comprometió a pagarlos en .cuatro plazos anuales a par-tir del 19 de junio de. 1913.: Llegó el 19 de junio de 1914 y el deudor no pagó el plazo, y entonces, el 29 de octubre de 1914, los acreedores iniciaron este procedimiento liara' co-brarlo. A nuestro juicio, los términos del contrato son tan claros con respecto a este particular que la exigibilidad del pago del primer plazo de la deuda cuando el escrito inicial fué presentado, es manifiesta.

También se convino en la escritura de hipoteca que las sociedades ejecutantes remitirían al ejecutado Navas deter-minado número de sacos de harina mensualmente y que co-brarían su importe por medio de giros contra Navas paga-deros a treinta días vista. Se alega que cierta cantidad de sa-cos de harina fué enviada a Navas, que Navas aceptó los giros y que no los pagó dentro del plazo fijado. El escrito inicial ;se archivó después de vencida la deuda. La aceptación de los giros y la falta de pago de los mismos a su vencimiento, constan de actas notariales de protesto firmadas por el pro-pio deudor Navas. Siendo ello así, de igual modo nos parece enteramente clara la exigibilidad de la obligación en que estaba el deudor Navas de pagar el importe de los giros.

Por virtud de la escritura a que nos hemos venido refi-riendo, Doña Hortensia Balseiro y Marín, esposa del deu-dor Navas, afianzó las operaciones realizadas por su esposo con las sociedades ejecutantes, constituyendo al efecto una hipoteca sobre una finca de su propiedad en los términos y bajo las condiciones que hemos hecho constar anteriormente. ,Si se examinan esos términos y condiciones, se verá que la hipoteca, como es natural, guarda estrecha relación con las. •obligaciones que garantiza en la forma en que dichas obliga-ciones quedaron constituidas y que si ha de cumplir los fines para los cuales fué otorgada, es necesario que sea ejecutable ■en caso de falta de pago del primer plazo, o de cualquiera de los subsiguientes, de la deuda, o de falta de pago de los .giros -originados por las remesas de harinas dentro del plazo convenido y fijado por las mismas partes contratantes.

El artículo 130 de la Ley Hipotecaria invocado por el juez de distrito para fundar su conclusión de que en este caso no puede ejecutarse la hipoteca hasta el total venci-miento de la obligación, dice así:

“Lo dispuesto en los dos artículos precedentes será .igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del cré-dito o de los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciera alguno de ellos sin cumplir el deudor 'su obligación y siempre que tal estipulación conste inscrita en el registro.”

A nuestro juicio el artículo transcrito, que liace referen-cia a los artículos 128 y 129 de la Ley Hipotecaria, por los cuales se fija el procedimiento sumarísimo especial para el cobro de créditos garantizados con hipotecas, no ha sido bien interpretado por la corte de distrito. En nuestra opinión el indicado artículo 130 se aplica al caso en que vencido un plazo, deba entenderse vencida la totalidad de la deuda, y para que esto sea así, es claro que debe estipularse expre-samente e inscribirse la estipulación en el registro como re-quiere la ley. Pero lo dispuesto en dicho artículo no impide ■ que pueda cobrarse por la vía sumarísima el plazo vencido inmediatamente después de que lo sea, tal como prescribe el artículo 168 del Reglamento hipotecario que dice:

“Vencido, en todo o en parte, un crédito hipotecario, o sus inte-reses, el procedimiento para su cobro, en cuanto se dirija tan sólo contra los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará a las disposi-ciones de los artículos 128 y siguientes de la ley y a las de este regla-mento, completadas en la forma que el mismo señala por las de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Cuba, Puerto Rico o Filipinas res-pectivamente. ”

En cuanto a los giros, el caso es aun más claro, pues las obligaciones que representan estaban vencidas totalmente por el transcurso del plazo en que debían ser satisfechas.

El último de los fundamentos de la resolución recurrida ■ nos parece bien establecido. Para que pueda despacharse ejecución de acuerdo con la letra y el espíritu de la Ley Hipo-tecaria, es necesario que conste en forma auténtica y feha-ciente la certeza de la deuda. En este, caso la parte de la deuda de $4927 garantizada con hipoteca que debía satis-facerse el 19 de junio de 1913 constaba en un documento público inscrito en el registro, hallándose vigente, la inscrip-ción según certificación del registrador expedida quince días, antes de archivarse el escrito inicial del procedimiento. Las deudas procedentes de los giros librados por las ejecutantes. Geo. P. Plant Milling Co. y Texas Star Flour Mills, consta-ban por el documento público de que se ha hecho referencia, y además por los mismos giros aceptados por el ejecutado' Navas y debidamente protestados por ante un notario pú-blico. Mas la deuda procedente del giro librado por la otra ejecutante The Wichita Mill Elevator Co. no consta en la forma auténtica y fehaciente que la ley requiere. La cuenta rendida es confusa, necesita de explicaciones, y aunque está jurada, no aparece aceptada por el ejecutado Navas.

Examinados.todos los fundamentos de la resolución recu-rrida, procederemos al estudio del motivo adicional expre-sado por el juez de distrito para negarse a reconsiderar su resolución de 12 de diciembre de 1914. En efecto introduce alguna confusión la naturaleza del contrato sobre embarque de harinas por parte de las ejecutantes y pago de las mismas por parte del ejecutado Navas. G-eneralmente las hipotecas se constituyen para garantizar deudas previamente existen-tes o préstamos de dinero, pero esto no quiere decir que no-puedan otorgarse para garantizar contratos como el que esta-mos considerando. Es lo cierto que se otorgó la hipoteca, que esa fué la voluntad de las partes y no vemos obstáculo alguno para que pueda librarse la ejecución si la exigibili-dad de la deuda consta en la forma auténtica y fehaciente que en el caso de los giros de las ejecutantes (leo. P. Plant, Milling Oo. y Texas Star Flour Mills, esto es, por medio de giros aceptados por el ejecutado y debidamente protestados. En la misma Ley Hipotecaria se encuentran prescripciones regulando las hipotecas constituidas para asegurar obliga-ciones futuras. Véanse los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria y los Comentarios de Galindo, volumen 3, pág.’ 353 y siguientes, de la 4a. edición..

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos 'que debe revo-carse la resolución recurrida y-ordenarse al Juez de Distrito de Areeibo que proceda a decretar el requerimiento solici-tado con excepción de la partida de $470 reclamada por la ejecutante The Wichita Mill Elevator Co., por concepto de giros procedentes de remesas de harinas.

Revocada la resolución apelada, ordenándose a la corte inferior que proceda a decretar el requerimiento solicitado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    The American Railroad Company of Porto Rico, Demandante y Apelante, v. Wolkers, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de lo indebido.
    No. 1199.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Oobro de lo Indebido — Apreciación de la Prueba — Examen de las Pruebas.— Examinadas las pruebas practicadas, se resolvió que la apreciación que de ellas hizo el juez sentenciador es correcta, siéndolo también la conclusión que contiene su sentencia.
    Id. — Pago de lo Indebido — Cuasicontrato.—La materia del pago de lo inde-bido, como se denominaba anteriormente, o del cobro de lo indebido, como se designa boy, da origen a un cuasicontrato que los romanos distinguieron con el nombre de solwtio indebiti y que ba sido objeto de constante legislación y jurisprudencia.
    Id. — Cuasicontrato de Cobro de lo Indebido. — De acuerdo con la ley vigente y la jurisprudencia, para que exista el cuasicontrato de cobro de lo indebido, es necesaria la concurrencia de dos requisitos, a saber: (1), que so pague inde-bidamente, y (2), que se haga el pago por error o equivocación y no por mera liberalidad o por cualquier otro concepto.
    Id. — Error de Hecho — Error de Derecho. — El error que dá origen al cuasi-contrato debe ser de hecho y no simplemente de derecho.
    Id. — Conocimiento de los Hechos — Restitución de la Cantidad Pagada.— Cuando con conocimiento de los hechos se hace el pago indebidamente, no puede pedirse la restitución de la cantidad entregada.
    Los .hechos-están expresados. en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. G. Pérez Almiroty.

    Abogado del apelado: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación, interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito, de San Juan, Sección Ia., por virtud de la que se declaró sin lugar cierta demanda sobre cobro de lo indebido.

En la demanda se alega, en resumen, lo que sigue:

1, 2 y 3. Naturaleza, residencia y capacidad de las partes.

4. El 24 de marzo de 1912 y a causa de un accidente ferro-viario ocurrido a uno de los trenes de la demandante, falle-ció Félix Wolkers, quien en aquella ocasión conducía como' maquinista el tren de referencia.

5. Con tal motivo el demandado Justo Wolkers, corno padre legítimo de Félix, reclamó privadamente a la deman-dante los daños y perjuicios que alegó baber sufrido por la muerte de su hijo y entró en negociaciones con el Sr. Villard, director general de la corporación demandante. ‘ Esta se ba-ilaba en ellas asistida de su letrado Pérez Almiroty y Wol-kers del suyo Benitez Castaño.

6. La demandante creyó de buena fe las afirmaciones de Wolkers sobre el extremo de ser la única persona con dere-cho a tal reclamación y transó con él definitivamente el asunto entregándole al efecto la suma de dos' mil seiscientos dólares.

7. Así las cosas y cuando la demandante creía terminado definitivamente el asunto, fue demandada por la misma causa, por Tomás Sanjurjo, como defensor judicial de los menores Aurelia y Marcelina Wolkers, declaradas por la Corte de Distrito de San Juan, en un pleito seguido contra Justo Wol-kers y fallado en su rebeldía, bijas naturales reconocidas de Félix Wolkers.

8. Al hacer el pago a que se refiere el hecho 6, la deman-dante ignoraba la existencia de tales hijas naturales de Félix Wolkers, habiendo resultado negativas las gestiones que prac-ticara para averiguar si el dicho Félix Wolkers dejaba otros herederos que su padre.

9. El demandado Justo Wolkers, cobró y percibió de la demandante sin derecho a ello la suma que se ha especificado, por el motivo y en la ocasión que se han referido.

. 10. La demandante verificó dicho pago por error, al cual fué inducida por las manifestaciones cLel demandado quien le aseguró que su hijo Félix había muerto intestado y sin dejar descendencia legítima ni natural reconocida.

La demanda, que está jurada, termina con la súplica de que se dicte sentencia condenando al demandado a devolver a la demandante la suma de dos mil seiscientos dollars que le cobrara indebidamente y sin tener derecho a ello, con intereses legales, y pago de costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

En su contestación el demandado acceptó los hechos 1, 2, 3 y 4 de la demanda y negó los otros que-la misma con-tiene, y, como materia nueva, alegó, en resumen, que inme-diatamente después de ocurrida la muerte de Félix Wolkers, la demandante solicitó una transacción con el demandado,’ en su carácter de padre de Félix; que el demandado fué a las oficinas de la demandante y no habiéndose puesto de acuerdo con ella, designó como su abogado al Sr. Benitez Castaño; que antes de ultimarse la transacción, la deman-dante, por medio de su abogado Pérez Almiroty, hizo averi-guaciones sobre quiénes eran los herederos de Félix Wol-kers y averiguó en efecto que Wolkers murió siendo soltero y dejando dos hijas naturales no reconocidas en aquel enton-ces, no obstante lo cual aconsejó a la compañía que transara; que las dichas hijas naturales.de Félix Wolkers ya recono-cidas como tales por sentencia, entablaron demanda contra la compañía demandante en reclamación de daños y perjui-cios por la muerte de su padre, y la compañía tuvo a bien transigir dicho pleito.

La contestación, que también está jurada, termina supli-cando que se dicte sentencia declarando sin lugar la demanda con las costas, desembolsos y honorarios de abogado a. la demandante. • • •

El 24 de abril de 1914 se celebró la vista del pleito leyén-dose las alegaciones y practicándose las pruebas, y el 16 de mayo de 1914 el juez pronunció su sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

En su opinión el juez sentenciador Sr. Córdova Davila, analizando la prueba practicada y exponiendo las circuns-tancias del caso y las razones en que fundó su fallo, se ex-presa así:

“Este testimonio (se refiere al del abogado de la compañía deman-dante Sr. Pérez Almiroty), demuestra claramente que la corpora-ción demandante, cuando se llevó a efecto la transacción con Justo Wolkers, sabía que existían unos menores a quienes se tenían por hijos de Félix Wolkers, aunque en aquella fecha aún no habían sido reconocidos. Por tanto hay que llegar a la conclusión de que esta corporación, al satisfacer la suma exigida por Justo Wolkers, lo hizo a sabiendas de que tenía ante sí la perspectiva de un pleito, en caso de que los menores referidos llegasen a obtener la declaración de hijos naturales del fenecido Félix Wolkers. La parte demandante, hace mucho hincapié en las manifestaciones hechas por el demandado en la'escritura de transacción, asegurando que su hijo Félix, murió sin testamento y sin dejar descendencia legítima ni natural recono-cida, y que por consiguiente es él la única persona con derecho a recla-mar a la compañía. Por mucho que haya sido la mala fe de Justo Wolkers, que estamos muy lejos de defender, la corporación deman-dante tenía conocimiento de que habían unos niños a quienes se tenían por hijos de Félix Wolkers, y no pudo ser engañada por las manifes-taciones del demandado. Pero aun hay más; en la misma declara-ción prestada por el Sr. Pérez Almiroty, como abogado de la deman-dante, a raíz de las manifestaciones que anteriormente copiamos, se hacen las siguientes:
‘¿Vd. quiere décir que por los hechos de este asunto Vd. podría confiar en ganar este asunto' para la compañía ? Si señor, y si había-mos de gastarnos en el pleito mil pesos, pues esos mil pesos se los damos a los menores; por esta razón se ha hecho esta oferta, máxime cuando ya la compañía ha pagado dos mil pesos a Justo Wolkers.’
“La corporación demandante, satisfizo, según consta del récord, dos mil cuatrocientos dollars a los hijos naturales de Félix Wolkers, incluyendo los honorarios de abogado. Para justificar la conducta de la compañía ofreciendo mil pesos a los menores Clemente y María Wolkers, por vía de transacción, el Sr. Pérez Almiroty dice que se ofrece esta suma por las razones que indica, máxime cuando ya la compañía ha pagado dos mil pesos a Justo Wothers. Esto demues-tra que al ofrecer esta suma la corporación entró en sus cálculos la cantidad de dos mil dollars satisfecha ya a Justo Wolkers, y esta manifestación se hizo indudablemente con el propósito de influir en el ánimo de -la corte, teniendo en cuenta los desembolsos hechos ya por la demandante con anterioridad. Como estos récords de auto-rización judicial han sido presentados como prueba, debemos -hacer -constar que éste fué uno de los argumentos utilizados por el Sr. Lio-1 rens Torres para convencernos de que la transacción era razonable, y de que, como cuestión de equidad, algún peso debían tener en el ánimo de la corte los desembolsos hechos ya por la compañía. A nuestro juicio, la corporación demandante no tiene derecho a recial-mar una suma, cuyo pago -utilizó como argumento para poner de relieve ante la corte los- desembolsos hechos por ella, los cuales tuvo en cuenta, según se desprende de la declaración del Sr. Pérez Almi-roty, al ofrecer mil dollars a los hijos.de Félix Wolkers para llevar a efecto la transacción.
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“Fallamos este caso, desestimando la demanda, porque desde el punto de vista legal entendemos que la demandante no tiene derecho a querellarse, por haber satisfecho una suma, teniendo conocimiento de las consecuencias a que se exponía al hacerlo, y por haber utili-zado el pago de esta suma como elemento de prueba en el expediente de autorización judicial, y por haber entrado en sus cálculos el desem-bolso de la referida suma, al ofrecer a los menores una cantidad determinada por vía de transacción.”

Hemos examinado las pruebas practicadas y a nuestro juicio, la apreciación que de ellas hace el juez sentenciador es correcta,, siéndolo también la conclusión que contiene su sentencia.

La materia del pago de lo indebido, como se denominaba anteriormente o del cobro de lo indebido como se designa hoy tiene hondas raíces en la ciencia del derecho. Da ori-gen a un cuasicontrato que los romanos conocieron con el nombre de solutio indebiti; fué regulada por las Siete Par-tidas; ocupa la sección segunda del título XVI del Código .Civil Español que trata de las obligaciones que se contraen sin convenio y los artículos 1796 a 1802 del Códig’o Civil revi-sado; y ha sido estudiada y esclarecida por los tribunales y los tratadistas. Véanse las sentencias del Tribunal Supremo de España citadas en Pantoja, Repertorio de la Juris-prudencia Civil, 1838-82, tomo 2, págs. 266 y 267, y en el Re-pertorio de la Jurisprudencia Civil publicado por la Redac-ción de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, tomo 1, págs. 383 y 384, y también la de 23 de diciembre de 1903, reportada en la Jurisprudencia del Código Civil por V. A. M., tomo 12, pág. 70 y siguientes. Véase de igual modo la sen-tencia de esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Aremeles v. Báez, 20 D. P. R., 388, y las siguientes obras: 12 Manresa, Comentarios al Código Civil, 587 y siguientes; 4 Falcón, Código Civil, 420 y siguientes; 2 Pedregal, Código Civil, 830, y 1 Griorgi, Teoría de las Obligaciones, 30 y si-guientes.

De acuerdo con la ley vigente y la jurisprudencia, para que exista el cuasicontrato de cobro de lo indebido, es nece-saria la concurrencia de dos requisitos, a saber: 1°., que se pague indebidamente, y 2°., que se haga el pago por error o equivocación y no por mera liberalidad o por cualquier otro concepto. El error que da origen el cuasicontrato, debe ser de hecho y no simplemente de derecho.

Si alguna acción existía en contra de la corporación de-mandante por virtud de la muerte del maquinista Félix Wol-kers, tal acción correspondía a sus herederos. En este caso la demandante entendió qué el verdadero heredero de Félix Wolkers, lo era su padre legítimo Justo Wolkers, y con él transó el asunto. Luego de ultimada la transacción, un tribunal dictó sentencia declarando ciertas personas hijas natu-rales reconocidas de Félix Wolkers. De acuerdo con la ley, estas personas, es decir, las hijas naturales reconocidas, y no el padre legítimo, eran los verdaderos herederos. La compañía lo entendió así y cuando fué por ellas demandada, les propuso transar su reclamación y la transó en efecto.

No se trata en este caso de una deuda ficticia o previa- ° mónte solventada. La compañía demandante reconoció volun-tariamente la obligación en que estaba de indemnizar á lós herederos de su maquinista muerto mientras cumplía con los deberes de sn cargo. Lo anormal en este caso consiste en-' haber pagado la compañía por vez primera a una persona a quien creyó heredero y resultó no serlo.

El demandado Wolkers hizo constar en el contrato de transacción “que su expresado hijo murió sin testamento y sin dejar descendencia legítima ni natural reconocida y por consiguiente es él la única persona con derecho a reclamar de dicha compañía” y en la declaración que prestara en el acto de la vista, dijo: “Cuando se hizo esa transacción se decía que mi hijo tenía esos hijos, pero que no estaban reco-nocidos ni tenían madre. A mí me preguntaron si tenían madre viva o era casado, y ,dije, no señor; a mí no me pre-guntaron absolutamente nada más. Decían que esos hijos eran de ellos, pero como no eran casados, yo lo sabía por díceres, yo no tenía una prueba de que eran hijos de él.” .

Si los hijos en realidad de verdad no eran legítimos, ni tenían la condición de naturales reconocidos, .entonces el ver-dadero heredero era el demandado. No hay prueba directa alguna en los autos que demuestre que el demandado al tiempo de verificar la transacción, tuviera- conocimiento de que los hijos naturales de que se trata hubieran sido reconocidos debidamente por su padre y es un hecho cierto que para acre-ditar su condición de reconocidos, los hijos tuvieron que recu-rrir a los tribunales de justicia después de .llevada a efecto la transacción.

Ya hemos visto que la compañía ferroviaria demandante-tenía conocimiento de la existencia de los hijos naturales, cuando transó con el demandado. Quiere decir que la com-pañía se encontraba en las mismas condiciones que el deman-dado. Ambos sabían que existían personas que se decían hijos de Félix Wolkers, pero ambos’partieron de la base de que dichas personas no tenían derecho a heredar por no ser-hijos legítimos; ni haber sido reconocidos como hijos natu-rales.

Bajo tales circunstancias ¿puede concluirse que hubo-cobro de lo indebido por error de, becbo en este caso?

A nuestro juicio la existencia del segundo de los requi-sitos que fija la ley para que pueda exigirse la devolución de la cantidad pagada indebidamente, no se ba comprobado. La compañía demandante no puede alegar que actuó descono-ciendo la verdad de los becbos. Si existían bijos, éstos po-dían recurrir a los tribunales y acreditar ante ellos su filia-ción y en tal caso ellos y no el padre legítimo (artículo 909 del Código Civil revisado), serían los herederos del maqui-nista fallecido. La compañía no puede alegar ignorancia de la ley.

Si, pues, con conocimiento de los becbos, la compañía pagó’ al demandado, no puede abora volver sobre su propios actos y pedir la restitución de la cantidad bajo tales circunstan-cias entregada. Además, como consigna la corte sentencia-dora en la opinión que sirve de base a la sentencia' apelada, cuando la compañía demandante transó finalmente con los verdaderos herederos de Félix Wolkers y se acudió a la corte para que autorizara la transacción por ser dichos herederos menores de edad, la compañía invocó el becbo del pago al demandado a los efectos de graduar la cuantía de la indem-nización y la corte lo tuvo en cuenta para autorizar el con-trato en la forma en que se proponía. No queremos decir que la corte al proceder así actuara legalmente, pero expo-nemos lo ocurrido porque ello constituye un impedimento más para que la demandante pueda ejercitar con éxito la acción establecida en este caso.

Por las razones expuestas opinamos que debe confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Dumas, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Reoueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-tura de venta judicial de crédito hipotecario.
    No. 222.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Inscripción de Títulos — Cesión de un Crédito Hipotecario ya Cancelado.— No procede la inscripción de una escritura de venta de un crédito hipotecario, cuando del mismo registro aparece cancelado dicho crédito.
    Recursos Gubernativos — Deber del Recurrente — Alegato.-—En este caso el recurrente no presentó alegato alguno en apoyo del recurso y es al recurrente al que corresponde plantear el debate sobre bases ciertas y claras, no estando obligado el Tribunal Supremo a proceder por meras conjeturas que puedan deducirse más o menos lógicamente del examen de los documentos archivados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Salvador Picornell.

    El Registrador recurrido Sr. Felipe Cuchí Arnau no com-pareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama negándose a ins-cribir cierta escritura de venta judicial de crédito hipote-cario.

Del expediente aparece que el 19 de enero de 1915 com-parecieron ante el Notario Salvador Picornell, el marshal de la Corte Municipal de Río Piedras, Luis G-. Yila Mayo, y Félix Dumas, y el primero, en nombre de Pedro Yirella Uribe, vendió al segundo un plazo de cierto crédito hipote-cario inscrito en el Registro de la Propiedad de Guayama, -cuyo plazo se había embargado como de la propiedad del -dicho Yirella Uribe en dos pleitos que contra él siguiera Félix Dumas en la Corte Municipal de Río Piedras.No -consta la fecha dél embargo, consignándose en la escritura que fué anotado en el Registro. Las sentencias en cuya eje-cución se llevó a efecto la venta, se dictaron el 16 de octu-bre de 1914.

Presentada la escritura de venta judicial para su inscrip-ción en el registro, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente'nota, que es la recurrida:

“Denegada la inscripción del documento que precede, por apa-recer satisfecho y cancelado el plazo vendido, por escritura de carta de pago otorgada en Guayama ante el Notario D. Miguel Zavaleta el primero de junio de mil novecientos once, habiéndose hecho esa cancelación en este registro el día 6 .de octubre de 1914, por nota al margen de la inscripción séptima de la finca No. 395 al folio 34' vuelto del tomo 9'de Arroyo. Guayama, febrero tres' de mil nove-cientos quince. El Registrador. Félix Cuchí Arnau.”

El 10 de marzo de 1915 Félix Dumas, por medio de su abo-gado presentó los documentos en la Secretaría de esta Corte Suprema, manifestando no estar conforme con la nota que se lia transcrito y prometiendo alegar luego las razones en que basaba su no conformidad. El 20 de marzo se concedió al recurrente a su instancia una prórrog-a de diez días para presentar su alegato. Venció dicho término y nada adujo el recurrente.

T en verdad que a juzgar por la escritura y por la nota, ninguna razón derecha podía oponer el recurrente a la nega-tiva del registrador, porque si el crédito en cuestión estaba ya cancelado por escritura de carta de pago y por consi-guiente no tenía existencia legal en el registro ¿cómo iba. a inscribirse un documento por virtud del. que se transfería su propiedad?

Podría levantar alguna duda la circunstancia de consig-narse en .la escritura que los embargos se habían anotado en el registro, circunstancia que parece implicar la existen-cia del crédito cuando se anotaran los embargos. Pero si se examina la escritura, se verá que en ella misma se consigna. lo que sigue: “Este crédito fue constituido para ser satis-fecho en cuatro plazos, de los cuales los dos últimos han sido cancelados, quedando por tanto vigentes los dos primeros sobre los cuales se trabó el embargo, ’ ’ y nos parece ilógico que se solventaran los últimos plazos del crédito y quedaran pendientes los primeros. Además, si bien la cancelación se hizo el 6 de octubre de, 1914, fecha anterior a las sentencias pero posterior tal vez a la anotación de los embargos, es lo cierto que constaba en “escritura de carta de pago otorgada en G-uayama ante el Notario Don Miguel Zavaleta el primero de junio de mil novecientos once,” fecha que podría lógica-mente asegurarse que es anterior a la anotación de los em-bargos.

Por último diremos que no estamos obligados a proce-der por conjeturas. Es al recurrente al que corresponde plantear el debate sobre bases ciertas y' claras. El no lo ha hecho así y queda totalmente en pié la afirmación consig-nada por el registrador en su nota, esto es, la de que cuando se presentó para su inscripción en el registro la escritura de que se trata, el plazo del crédito hipotecario que apare-cía vendiéndose en la misma, estaba ya cancelado, y si el plazo del crédito hipotecario vendido estaba ya cancelado, el regis-trador no podía hacer otra cosa que negarse a inscribir la escritura.

Debe declararse no haber lugar al recurso y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Monge, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-tura de cesión de crédito hipotecario.
    No. 223.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Inscripción de Título — Transmisión o Gravamen del Dominio o la Posesión de Bienes inmuebles o Derechos Reales — -Inscripción Previa del Dere-cho. — Según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria para que el registrador pueda inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá estar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
    Id. — Inscripción Previa del Derecho — Cesión de Crédito Hipotecario — Cance-lación de Hipoteca.- — No puede un registrador verificar la inscripción de un título como lo es una escritura de cesión de crédito hipotecario, cuando el derecho que se trata de inscribir no está inscrito por haber sido satisfecho y cancelado en el registro.-
    Los hechos están expresados en la opinión. ■ .
    Abogado del recurrente: Sr. Salvador Picornell.

    El Registrador- recurrido Sr. Felipe Cuchí Arnau no com-pareció.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 19 de enero de 1915 otorgada ante el Notario Don Salvador Picornell Cardona, Don-Félix Dumas y Don Francisco Vargas García, asistidos de sus res-pectivas esposas hicieron cesión a Don Domingo Monge Her-nández de los dos primeros plazos de un crédito hipotecario constituido a favor de Don Pedro Virella Uribe, que le fue-ron adjudicados en remate judicial y presentada esa escri-tura de cesión de crédito hipotecario en el registro de la pro-piedad el día dos de febrero de 1915 para su inscripción, el registrador se negó a verificarla por el motivo que aparece en la nota puesta al pie del documento, la que dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento por apare-cer satisfechos y cancelados los plazos cedidos por escrituras de carta de pago y cancelación otorgadas en Guayama ante el Notario D. Miguel Zavaleta el once de abril de mil novecientos diez y primero de junio de 1911, habiéndose hecho esas cancelaciones en este registro el día seis de octubre de 1914, por notar al margen de la inscripción séptima de la finca No. 395 al folio 35 vuelto del tomo 9 de Arroyo. Guayama, febrero tres de mil novecientos quince. El Registrador. Felipe Cuchí Amau.”

Contra esta negativa .se interpuso en tiempo oportuno el presente recurso gubernativo en el que no ha presentado alegato alguno para demostrarnos las razones que tiene para que revoquemos la negativa del registrador.

Por los antecedentes expuestos se ve claramente que cuando en 2 de febrero de 1915 presentó Domingo Monge Hernández su título en el Registro de la Propiedad para su inscripción ya habían sido satisfechos y cancelados por escri-tura pública de 11 de abril de 1910 y Io. de junio de 1911 los plazos que le fueron cedidos'del crédito hipotecario y cons-taba su cancelación en el registro desde 6 de octubre de 1914, por lo que tenemos que declarar que el registrador recurrido procedió correctamente al negar la inscripción. Según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, para que el Registrador pueda inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o dere-chos reales, deberá constar previamente inscrito o-anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen; y como el derecho que se trataba de inscribir no estaba inscrito por haber sido. satis-fecho y cancelado, no podía el registrador verificar la ins-cripción que se le pidió.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Vargas, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Régistrador de la Pro-piedad de G-uayama denegando la inscripción de una escri-tura de venta judicial de crédito hipotecario.
    No. 224.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de las opiniones emitidas en los casos Nos. 222, Dumas v. El Registrador de Guayama, pág! 291, y 223 Monge v. El Registrar dor de Guayama, pág. 294.
    Abogado del recurrente: Sr. Salvador Picornell.

    El Registrador recurrido Sr. Felipe Cuchí Arnau, no com-pareció.
   Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison. . ’ .


author: El Juez Asociado Sk "Wole,

text:
    Trujillo & Mercado, Demandantes, Apelantes y Apelados, v. Sucesión Rodríguez, Demandada, Apelada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre injunction.

    No. 1174.
    Resuelto en abril 6, 1915.
    Aguas — Ley de Agua — Autoridades Administrativas — Ministro de Fomento — ■ Consejo Ejecutivo — Derechos del Concesionario. — De conformidad con la Ley de Aguas, artículo 152, es necesario que las autoridades administrativas, antes el Ministro de Fomento, boy el Consejo Ejecutivo, fijen lá cantidad de agua que a un concesionario le es permitido usar a los efectos de determinar sus derechos.
    Injunction — Reivindicación—Prueba..—Para que pueda expedirse un injunction permanente, la prueba del derecho debo ser clara, lo mismo que en una acción reivindicatoría.
    Aguas — Concesiones Administrativas — Derechos Indefinidos — Pruebas.— Cuando se ha demostrado que a una persona se ha concedido el derecho al aprovechamiento de cierta cantidad de agua, de un río, tal concesión no puede ser • restringida por otra permitiendo tomar aguas de un sitio más abajo del curso del río, cuando la prueba demuestra que si bien esta otra concesión es más antigua que la primera, es lo cierto que la cantidad de agua que podía tomarse por virtud de ella vino a quedar definida después, y espe-cialmente cuando tal agua puede ser obtenida extendiendo el canal a un punto más arriba, aunque con algún gasto.
    Concesiones Administrativas — Conflicto Entre las Mismas — Consejo Ejecu-tivo — Tribunales.'—Cuando existe conflicto sustancial respecto a' concesiones hechas por el Consejo Ejecutivo, tal conflicto debe ser resuelto 'administrati-vamente por dicha autoridad, porque una corte no puede originar derechos y sí solamente considerar derechos establecidos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. Todd & Castro.

    Abogados de la demandada: Sres. Gustavo Rodríguez y José G. Torres.

   El Juez Asociado Sk "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad apelante entabló demanda de injunction contra la sucesión demandada con el objeto de que esta última se abstuviera de utilizar las aguas del río Guayanilla. El juicio tuvo lugar primeramente ante un juez anterior' de la Corte de Distrito de Ponce, pero las pruebas escritas y los exhibits fuepon, por convenio de las partes, sometidos al Juez Sepulveda, el actual juez de Ponce, quien denegó el injunction. No existe en realidad conflicto alguno en cuanto a los hechos.

La demandante es .una sociedad agrícola y es dueña de tres haciendas denominadas “Rufina,” “Paro” y “San Co-lombano, ’ ’ siendo la caña el principal producto de las mismas. El demandado es el dueño de una finca rústica en el barrio de Jagua Alta, a orillas del río Guayanilla. Por más de 30 años, las denominadas haciendas “Faro,” “San Colombano” y “Rufina” han venido aprovechándose de las aguas del río Guayanilla, siendo dichas fincas y la factoría Rufina regadas por tales aguas. En mayo 2, 1913, Blas Rodríguez obtuvo del Consejo Ejecutivo una concesión o franquicia para regar treinta cuerdas de sus terrenos, siéndole permitido, tomar cuarenta litros por segundo de las aguas del río Guayanilla. Esta concesión fué hecha sin perjuicio de mejores derechos, que pudieran tener otras personas.

También' se ba mostrado que, después de concedida la. franquicia a Blas Rodríguez, la sociedad demandante acudió al Consejo Ejecutivo para que fijará la cantidad de agua que-dicha sociedad demandante tenía derecho a tomar de dicho-río en virtud de una antigua concesión que alegaba tener, y en marzo 26, 1908, dicho Consejo Ejecutivo adoptó una reso-lución que, con ciertas reservas, permitía a la demandante-tomar de dicho río 183% litros de agua por segundo, y la. demandante colocó un módulo para- determinar la cantidad exacta. La hacienda del demandado queda más arriba, si-guiendo el curso del río hacia el mar, que las de la deman-dante. También aparece demostrado que la sociedad deman-dante tiene dos tomas en el río G-uayanilla, una de ellas en la hacienda Colombano y la otra en la Rufina.' El módulo-está situado en una de dichas tomas, y de la otra que está más abajo, siguiendo el curso de la corriente, la demandante ex-trae, por medio de una bomba, el agua que se ha filtrado den-tro del cauce del río y que sale del punto de la segunda toma,, y se toma esta agua de un sitio más abajo del punto de donde-el demandado extrae su agua. En un hecho probado, según el dictamen de peritos, y de otras maneras, que la demandante-podría fácilmente, aun cuando con algún gasto de su parte, extendiendo su canal, extraer agua del mismo punto en que Blas Rodríguez extrae su agua, y así permitir a cada .una de-las partes tomar las cantidades respectivas de agua por- se-gundo concedidas por el Consejo Ejecutivo. Se ha probado asimismo en el juicio que en época de sequía las aguas del río Guayanilla son insuficientes para suministrar a la deman-dante los 183% litros de agua por segundo, aun cuando el demandado dejare de tomar agua alguna del río.

El Consejo Ejecutivo, como hemos visto, al hacer la con-cesión a Blas Rodríguez, lo hizo sin perjuicio de los mejores derechos que cualquiera otro pudiera tener. Igualmente, el Consejo Ejecutivo, al conceder el derecho a la demandante para tomar los 183% litros por segundo, lo hizo sin perjui-cio de los derechos relativos de los solicitantes o de Blas Ro-dríguez, o de cualesquiera otras personas, para tomar agua del río Gruayanilla, la determinación de los cuales derechos sería hecha por las partes interesadas o por las cortes.

En vista de los anteriores hechos, la corte inferior llamó la atención sobre el carácter de la prueba de la demandante, esto es, que su concesión original no fue probada, sino que solamente se presentó prueba secundaria indicativa de la exis-tencia del derecho a tomar agua del río Gruayanilla. Cierta-mente, la demandante introdujo varios exhibits y alguna prueba testifical- tendentes a demostrar que ella o sus cau-santes tenían el derecho de tomar aguas del río Gruayanilla, el cual derecho comenzaba en una fecha tan remota como 1843, pero no hay en la prueba ninguna clara indicación de la cantidad de agua a que la demandante tenía derecho. La prueba mostró que en varias ocasiones los causantes de la demandante habían recurrido a las autoridades administra-tivas para arreglar alguna cuestión entre ellos y otras per-sonas en cuanto al derecho a tomar agua del río. La socie-dad apelante señala como el punto más fuerte de su prueba que allá por el año 1873 las autoridades administrativas, a petición del entonces dueño de la Rufina y del entonces dueño de Paro y San Colombano, no siendo las fincas entonces poseí-das conjuntamente, expidieron una orden requiriendo a al-guien situado aguas más arriba que dejara de tomar agua del río para fines de riego, pero no hay nada en la prueba que demuestre qué cantidad de agua esa persona había to-mado del río Gruayanilla o qué daño había sido causado por tal motivo a los causantes de la demandante. La cuestión parece haber sido resuelta administrativamente y sin ninguna adjudicación de los derechos de los predecesores de la deman-dante. Se ha demostrado también por algunos de los exhibits que Don Guillermo Tirado, dueño de las haciendas Paro y San Colombano, y Don Dionisio Torres, dueño de la hacienda Rufina,-hicieron saber .a las autoridades administrativas que ellos se habían repartido las aguas regulares del río, esto es, no las extraordinarias de las inundaciones, pero no hubo prueba en cnanto a sns derechos relativos establecidos- por alguna concesión, y no había tampoco indicación alguna acerca de la cantidad que la demandante tenía dqrecho a tomar o la cantidad precisa de terreno que ella tenía derecho a regar. Con excepción de todo esto, no hay indicio alguno en la prueba en cuanto al estado de cultivo de las tres haciendas poseí-das por los causantes de la' demandante, en 1843, fecha en que las concesiones alegadas fueron originalmente hechas, ni de la cantidad de agua del río en esa época, ya mayor o menor que al presente. 1

Nosotros creemos que la apelante ha dejado completa-mente de establecer un derecho exclusivo ,a las aguas del río Gruayanilla o que probara alguna otra cosa fuera del hecho de que se le había concedido un derecho a tomar aguas de tal río. En tales circunstancias, la Ley de Aguas, sección 152, claramente expresa que es necesario que las autoridades administrativas, antes .el Ministro de Fomento, ahora el Con-sejo Ejecutivo, fijen la cantidad que un concesionario de aguas tiene derecho a tomar, pero como hemos visto, el Consejo Eje-cutivo, al hacer la concesión a los demandantes, expresamente rehusó determinar el derecho de la demandante, pero hizo la concesión de tomar 1831/2 litros por segundo, fundado en la teoría de que la demandante podría tener ciertos derechos que podía alegar ante una corte. El derecho de la deman-dante era indeterminado en cuanto a la cantidad de agua y ese derecho no ha sido determinado administrativamente por el Consejo Ejecutivo. La demandante ha dejado de de-mostrar que sus derechos eran exclusivos del derecho de Blas Rodríguez.

El peso de la prueba recae en la demandante, y ha dejado de establecer la cantidad de agua que tenía, derecho a tomar o que tenía un derecho exclusivo sobre tales aguas. En los alegatos se discute con bastante extensión el carácter ele las pruebas necesarias en un pleito de injunction. No necesita-mos entrar en consideraciones acerca de qué prueba as nece-saria en un-pleito de injimetion, pero diremos que, para que pueda expedirse un injunction permanente, la prueba del de-recho debe ser clara, siendo también cierto que en una acción reivindicatoria el demandante debe mostrar un derecho claro, y creemos que en este caso no ha demostrado tal derecho, ni para los fines de un pleito de injunction ni para un pleito en la forma ordinaria.

Además, la prueba mostró que el no haber obtenido los 183% litros por segundo en el punto de toma de la deman-dante, relativamente no tenía nada que ver con la toma del demandado, y que, extendiendo, su canal más arriba, la de-mandante podría tomar por completo los 183% litros por segundo. Oreemos que cuando se ha demostrado que a un demandado se ha concedido el derecho de tomar cierta’ can-tidad de agua, más arriba, tal derecho no puede ser restrin-gido por un derecho más o menos indefinido a tomar aguas más abajo, cuando la prueba demuestra que toda la canti--dad de agua concedida por las autoridades administrativas puede ser obtenida extendiendo el canal de la demandante. Se dió a la demandante el derecho de tomar 183% litros por segundo del río Gruayanilla y el demandado no puede ser res-tringido, en circunstancia alguna, si la prueba demuestra que el demandante puede obtener tal cantidad de agua, aunque con algún gasto, en un punto más arriba. Hay bastante dis-cusión en los alegatos acerca de los derechos de la deman-dante por prescripción, pero tal discusión solamente se refiere al título a tomar agua y en ningún modo al alcance de tal dere-cho, porque claramente se establece por la Ley de Aguas, sección 152, que, cuando la cantidad es indefinida, debe ser fijada por las autoridades administrativas, y en este caso el derecho claro de la demandante a tomar 183% litros por se-gundo únicamente surgió en 1908, por concesión hecha por tu Consejo Ejecutivo.

El Consejo Ejecutivo hizo concesiones a cada una de las partes, y, de existir algún conflicto sustancial entre ellas, fue o debe ser resuelto administrativamente por el Consejo Eje-cutivo. La corte no pnede originar el derecho. Ella sola-mente debe considerar derechos ya establecidos.

La sentencia debe ser confirmada.'

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hntchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Príncipe, Demandante y Apelada, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa- sobre daños y perjuicios.
    No. 1188.
    Resuelto en abril 7, 1915.
    Pruebas — Pruebas Adicionales — Discreción Judicial — Regla 24 de las Cortes de Distrito. — El que se permita a una parte presentar pruebas adicionales, una vez que ha anunciado a la corte que ha concluido con la prueba de su caso, es una cuestión que descansa en la sana discreción de la corte senten-ciadora, conforme la regla 24 de las cortes de distrito.
    Non Suit — Insuficiencia de la Demanda — Pruebas.—La insuficiencia de una demanda no puede ser impugnada directamente por medio de una moción de non suit, la que es dirigida solamente contra la prueba.
    Id. — Suficiencia de la Prueba. — El peso de la prueba es una cuestión que no puede ser promovida mediante moción de non suit. Lo que en tal caso hay que considerar es si existe o nó alguna prueba ante la corte.
    Pruebas — Moción Solicitando Permiso para Introducir Prueba Adicional— Forma de la Moción. — En una moción solicitando permiso para ’introducir prueba adicional, es inmaterial la forma en que la misma se presente, siem-pre que conste claramente a las partes que la corte permite que se presente la prueba adicional a solicitud de una de ellas.
    Id. — Razón o Excusa — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Sí debe o nó demostrarse razón o excusa para no haberse introducido durante el caso la prueba que se ofrece como nueva, así como las condiciones a que debe quedar sujeta la misma prueba, son cuestiones todas que descansan en la discreción de la corte, y su resolución no será modificada, a no ser que se demuestre claramente que ha abusado de dicha discreción.
    Non Suit — Prueba del Demandado — Renuncia.—Las mociones de non suit son dirigidas a la consideración de la eorte y cuando un demandado quiere sos-tener su objeción a la falta de prueba del demandante debe abstenerse de presentar la suya, porque de haeei’lo se entiende que renuncia a ella, y no será revisable en apelación si la evidencia que ha presentado el demandado suple los defectos que pudiera tener la prueba del demandante. Véase Días v. Minera, 19 D. P. R., 548.

      Pruebas — Dominio—Presunción.—Una vez acreditado el dominio se presume que continúa hasta tanto no se demuestre lo contrario.
    Id.- — Impugnación a la Declaración de un Testigo — Objeción Específica.— Cuando una parte desea impugnar la declaración de un testigo, su objeción debe ser especificada.
    NEGLIGENCIA' — FERROCARRILES-CRUCES POR UNA CARRETERA 'PÚBLICA — CADENAS Y Barreras. — -Las conípañías de ferrocarriles están en la obligación de poner1 cadenas, barreras u otros medios equivalentes en los cruces públicos. Esta falta de la debida protección por medio de cadenas, barreras o de otro modo constituye una prueba suficiente de negligencia.
    Conocimiento Judicial — Carreteras—Highway—Camino Público. — La palabra r‘carretera,” así como la inglesa “highway,” significa un camino público, y en el caso de autos la corte tenía derecho a tomar conocimiento judicial de que el camino entre Ponce y Santa Isabel es una carretera pública. Negligencia — Negligencia "Per Se” — Ferrocarriles—Falta de Luces — Cam-pana — Pito.—Aún admitiendo que el orden en que marcha un ferrocarril y el hecho de no llevar luces no constituye negligencia per se, la corte está jus-tificada para declarar que existe negligencia por la falta de luces y del debido orden, especialmente si resulta de la prueba que el servicio del tren era irregular y que éste marchaba sin tocar campana ni pito.
    Id. — Negligencia Oontributoria — Guía—Pasajeros.—La negligencia del que guía un coche no puede generalmente atribuirse al pasajero, a no ser que éste tenga dominio sobre el primero o exista algún otro elemento contributivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. F. G. Pérez Almiroty.

    Abogado de la apelada: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción establecida contra The American Railroad Company'of Porto Rico en reclamación de la' suma de $999, en concepto dé daños y perjuicios. La corte dictó sen-tencia a favor de la demandante por la cantidad de $500.

Habiendo anunciado durante el juicio la demandante por medio de su abogado que había terminado con la presenta-ción de la prueba de su caso, la demandada presentó una mo-ción de non suit fundada en varias razones, una de las cuales era la de no haberse probado que el sitio donde ocurrió el accidente, o sea, el cruce llamado “Cuatro Calles’7 fuera de la propiedad de la demandada. Entonces la corte, a moción de la demandante permitió la introducción de prueba adicio-nal, reservándose su resolución sobre la moción de non suit.

La actitud' que asumió la corte lia sido impugnada por distintos medios, .pero el error que se alega en lo que respecta a- este particular es el' de que la corte no debió Haber permi-tido que se presentara prueba adicional. Pero el que se per-mita a una.parte que presente pruebas adicionales .una-vez qué ha anunciado a' la corte que Ha concluido con 'la prueba de su caso es una cuestión, que descansa en la, sana, discre-ción de la corte sentenciadora. Esta materia está com-prendida en la regla 24 de lá corte dé’ distrito, la cual prescribe lo siguiente:.. .

'-‘Regla- 24. — La corte a su discreción en cualquier tiempo antes de que se concluyan los argumentos, cuando aparezca necesario para la debida administración de la justicia puede'conceder a una parte que supla una omisión en el testimonio, según los términos y bajo las limitaciones que.la misma corte prescriba.”

Otra-de las razones que sirvió de fundamento-a la'moción de non suit fué la de no Haber probado la demandante los daños y perjuicios alegados. La apelante parece fundar su argumentación en parte en la insuficiencia de la demanda, pero ésta no puede ser impugnada directamente por medio de una moción de non suit. Lidia moción se dirige solamente contra la prueba.

Luego inicia la apelante una discusión con el objeto de probar ló leve que fué la prueba referente a los daños y per-juicios, que los testigos principales tuvieron prejuicio y por-que los daños y perjuicios no eran de importancia. El peso de la prueba es una cuestión que no puede ser promovida, mediante moción de non suit. Lo que en tal caso liay que considerar es si existe alguna prueba ante la corte, y los autos muestran que existió dicha prueba.

El segundo error que como tal Ha sido alegado, se refiere a la forma de la moción presentada por la demandante soli-citando permiso para introducir la nueva prueba. La forma de la moción es inmaterial siempre que conste claramente-a las partes que la corte permite que se presente la prueba adicional a solicitud de una de ellas. Y en cnanto a que debe demostrarse la razón o excnsa por no haberse introducido anteriormente la referida prueba, así como a las condiciones a que debe quedar sujeta, son cuestiones todas que pertene-cen a la discreción de la corte y su resolución no será'modi-ficada a no ser que se demuestre claramente que ha abusado de dicha discreción. Se hicieron otros señalamientos de error con respecto a la moción de non suit, pero que no tenían, im-portancia, especialmente por haber continuado la demandada presentando su prueba. La moción de non suit quedó por sí abandonada por tal proceder. Díaz v. Rivera, 19 D. P. R., 548.

Para probar que el lugar denominado “Cuatro Calles” pertenecía a la demandada ocupó la silla testifical el abogado de-la demandante Sr. Tous Soto. Este declaró en substancia que le constaba positivamente que el ramal del camino de que se trata en este pleito pertenece a la American Railroad Company of Porto Rico y le constaba esto porque había inter-venido como abogado de la compañía en la expropiación de terrenos para construir dicho ramal. Esta prueba fué pre-sentada sin objeción alguna. En el examen de repreguntas el testigo declaró en substancia que su información se limi-taba a hace cuatro años. Siguió declarando el testigo que le constaba por la Gaceta Oficial sobre Corporaciones de las audiencias del Consejo Ejecutivo que no había habido cambio o traspaso de propiedad en los ramales de la American Railroad Company, y que la compañía no podía hacer ningún traspaso sin la autorización del Consejo Ejecutivo la cual no había sido dada en este caso, expresando el declarante que conocía todos los acuerdos del Consejo Ejecutivo en esa mate-ria por la Gaceta Oficial. Entonces la demandada dijo: “Si esos documentos existen la mejor prueba son los documen-tos. Tengo que oponerme a la declaración del distinguido compañero, porque entiendo que una declaración oral, por muy respectable que ella sea, no es la mejor prueba para pro-bar el punto en cuestión. ’ ’

La demandada no hizo ninguna moción para que fuera eliminada alguna parte de la prueba directa. La excepción tal como fué tomada se limitó únicamente a hacer la alega-ción de que las manifestaciones hechas por el testigo no cons-tituían la mejor prueba del contenido de ciertos documen-tos. Esos documentos eran ejemplares de la Gaceta Oficial. La objeción fué debidamente tomada en la forma en que se hizo. La corte cometió error al declarar sin lugar dicha obje-ción pero el error no era perjudicial.

No causó perjuicios el error porque habiendo declarado-ya el testigo sin’ que fuera impugnada su declaración que el ramal en cuestión pertenecía a la compañía desde cua-tro años antes, debía surgir naturalmente la presunción de-que la compañía era todavía dueña del referido ramal mien-tras no se probara lo contrario. El artículo 102, párrafo-31 de la Ley de Evidencia, dice lo siguiente:

“Que una vez prpbada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo .que ordinariamente duran las cosas de igual natu-raleza. ’ ’

Huss v. Community Hochhausen, 12 L. R. A., 620; Ford v. State of Mississippi, 35 L. R. A., 117. Una vez acreditado el dominio se presume que continúa hasta tanto no se demues-tre lo contrario. Los títulos se acreditan en esta forma.

Si la demandada deseaba impugnar toda la declaración 'del testigo Tous Soto, debió haber sido más específica la obje-ción. Falero v. Falero, 15 D. P. R., 118.

Ahora pasamos a considerar los llamados errores de fondo que han sido alegados por la apelante. La corte inferior declaró que la demandada era culpable de negligencia por .las cinco distintas razones que siguen:

(a) Por falta de luces y cadenas, barreras y otros medios ■equivalentes en el lugar en que ocurrió el accidente.

(b) Por no haberse tocado pito ni- campana:

(c) Por ir la locomotora a la cola del tren en vez de la parte dev delante del tren.

(d) Por no llevar luces el vagón de cabecera.

(e) Por no tener ni la locomotora ni los vagones frenos continuos, como lo exige la Ley Federal sobre Instrumentos de Seguridad.

La apelante pretendió demostrar que todos estos funda-mentos relativos a negligencia frieron erróneamente aprecia-dos por la corte inferior.

Creemos que el primer fundamento o sea el de la falta de luces y cadenas, etc., es el de más importancia. En el caso de Domínguez v. Porto Rico Railway Light and Power Co., 19 D. P. R., 1090, quedó claramente probado qne las com-pañías de ferrocarriles están en la obligación de poner cade-nas, barreras u otros medios equivalentes en los cruces pú-blicos. Alega, sin embargo, la apelante que en este caso no se demostró que el cruce fuera público. En su alegato se Lace cierta mención respecto al hecho de no haber alegado la demandante en su demanda que el cruce era público. La demandante habló de que iba por la carretera entre Ponce y Santa Isabel hacia el punto del ferrocarril en que ocurrió el accidente, lo cual es una alegación suficiente. De varias partes de la prueba también aparecía que el accidente tuvo lugar en el sitio llamado Cuatro Calles” de dicha carre-tera entre Ponce y Santa- Isabel. Creemos que la palabra “carretera,” así como la palabra inglesa “highway/’ signi-fica un camino público, y si hubo alguna duda en cuanto a su significado la corte tenía derecho a tomar conocimiento judicial de que el camino entre Ponce y Santa Isabel es una carretera pública. Esta falta de la debida protección por medio de cadenas, barreras o de otro modo, constituyó una prueba suficiente de dicha negligencia.

No es necesario discutir con mucha extención los otros •elementos de negligencia que declaró la corte que habían sido probados. Aun concediendo que, como sostiene el apelante •el orden en que marchaban los carros o el hecho de que no llevaran luces no constituye negligencia per se, opinamos que la corte estuvo justificada en declarar que había habido negligencia por la falta de luces y del debido orden, espe-cialmente habiendo resultado de la prueba que el tren mar-chaba a intervalos irregulares, y también declaró probado-la corte que de la preponderancia de la prueba aparecía que la demandada no había tocado campana ni sonado el pito. De acuerdo con estas consideraciones no es preciso resolver si está en vigor en Puerto Eico la - Ley Federal sobre Instru-mentos de Seguridad.

El segundo error hace referencia al hecho de haber per-'mitido la corte la presentación de nueva prueba para con-tradecir la alegación hecha de que el ramal de la carretera que atraviesa el cruce “Cuatro Calles” pertenecía a la com-pañía. Puede que el apelante esté en lo correcto al' decir que la corte no comprendió bien el carácter de las repregun-tas hechas por el abogado de la demandada, y que el abogado no hizo ninguna pregunta referente al dominio de dicho ramal. Sea esto como fuere, como hemos declarado que el dominio quedó probado en otra forma, si hubo algún error no era perjudicial.

El tercer error que ha sido alegado se refiere a la supuesta prueba de negligencia contributoria por parte de Luis Prín-cipe que guiaba el coche donde se encontraba sentada la de-mandante al ocurrir el accidente. Podría hacerse necesario que discutiéramos la prueba en cuanto a este particular si la negligencia de Luis pudiera imputarse a su hermano. Cree-mos que la negligencia del que guía el coche -generalmente no puede atribuirse al pasajero a no ser que éste tenga domi-nio sobre el primero o exista algún otro elemento que no se probó en es£e caso. Domínguez v. Porto Rico Railway Light & Power Co., 19 D. P. R., 1090. T el caso no varía de modo alguno por el hecho de que la demandante fuera hermana de la persona que guiaba- el coche ni prueba tampoco que ella tuviera autoridad sobre él porque le hubiera indicado a su hermano que llevara los caballos al trote para mayor segu-ridad pues a ella no .le gustaba ir ligero.

El único otro error trata del peso de la prueba en lo que-.-respecta a los daños y perjuicios. El doctor declaró que ■encontró contusiones y heridas leves y que la demandante podría sufrir ataques nferviosos, síntomas de perturbación digestiva o neurastenia como resultado del accidente. Y hubo prueba que mostraba que la demandante estuvo en cama unos trece o catorce días y tuvo que abandonar el trabajo por treinta y dos días. La prueba en cuanto a los daños y per-juicios de consideración no es robusta pero tampoco es muy severa la sentencia si se tienen en cuenta todos los perjui-cios ocasionados a la demandante y los demás que pudieron ocasionársele.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.