author: El Juez Asociado Su. del Toro,

text:
    Alvarez, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad inscribiendo con defecto subsanable un contrato de arrendamiento.
    No. 497.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    Arrendamiento para Regir en Pecha Putera — Condición Suspensiva. — El hecho de que en un arrendamiento se estipule que el contrato no empezará a regir hasta determinada fecha, no autoriza al registrador para calificar el contrato como sujeto a una condición suspensiva.
    Id. — Calificaciones Susceptibles de Ser Recurridas. — El derecho a recurrir de las calificaciones de los registradores no se limita a los casos en que se impu-ten defectos subsanables o insubsanables al documento, sino que es extensivo a los casos en que el registrador rehúsa dar al documento todo su valor legal.
    Id — Estado Civil de los Otorgantes — Calificación Errónea. — Consignándose en la escritura en el presente caso en relación con el estado civil del arrenda-tario que éste es "casado, pero divorciado,” es necesario concluir que es errónea la calificación del registrador señalando como defecto subsanable el "no expresarse el estado civil del arrendatario.”
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del ■tribunal.

Juan Oancio Ortiz y A. Emilio Alvarez otorgaron cierto contrato de arrendamiento de varias fincas rústicas. En él se consignó que las fincas estaban en la actualidad arren-dadas a otra persona y que tal arrendamiento continuaría hasta diciembre de 1924, a partir de cuya fecha comenzaría el nuevo contrato cuyo término se fijó en diez años. En la escritura se dijo que el arrendatario era “casado, pero divorciado.”

Presentado el documento para su inscripción en el regis-tro, el registrador accedió pero consignando que lo hacía “sujeto a la condición suspensiva que el mismo contiene,” y con “el defecto subsanable de no expresarse el estado civil del arrendatario. ’ ’ Contra esa calificación interpuso el dicho arrendatario el presente recurso gubernativo.

Sostiene el recurrente que el contrato no contiene condi-ción suspensiva alguna y tiene razón a nuestro juicio. El arrendamiento quedó completamente ultimado. Sólo que co-menzaría a regir a partir de determinada fecha, y esto uo es una condición suspensiva dentro del significado de la ley. El registrador debió haberse limitado a inscribir el contrato de acuerdo con sus términos y nada más.

Alega el registrador que la cuestión que antecede no cabe considerarla en este recurso porque de acuerdo con la ley sólo cabe recurrir de las negativas o de las suspensiones de inscripción. Quizás si examináramos sólo el texto castellano de la ley, nos veríamos obligados a dar la razón al regis-trador, pero el texto inglés, es más amplio 'y, de conformidad con sus términos, cabe recurrir cuando el registrador rehúsa dar al documento todo su valor legal, como pudiera con-cluirse que sucedió en el presente caso. Véase la Compila-ción de 1911, página 450.

El defecto subsanable nó existe. Claramente dice la es-critura todo lo necesario con respecto al estado del arrenda-tario. Pudo limitarse a expresar que era divorciado o pudo consignar que estuvo casado y que en la actualidad estaba divorciado, pero tal como está redactada dice, repetimos, lo necesario, y el registrador no debió, por tanto, complicar la titulación con defectos que en realidad de verdad no existen. La naturaleza de los defectos a que se refiere la ley como insubsanables o subsanables, se desprende de la ley misma y de la jurisprudencia y generalmente dichos defectos pro-ducen la nulidad del título o avisan a los futuros adquirentes que hay algo en el título que no está claro y que debe inves-tigarse y despejarse antes de contratar en forma definitiva.

A virtud de todo lo expuesto procede revocar la nota re-currida en cuanto se refiere a la condición suspensiva y al defecto subsanable en la misma consignados.

Revocada la nota en cuanto se refiere a la condición suspensiva y defecto subsamable.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Gutiérrez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 2417.
    Resuelto en julio 14, 1921.
    Embargo — Bienes Exentos de Ejecución — Automóvil de un Médico EstA Exento de Embargo. — Como los estatutos eximiendo ciertos bienes de ejecu-ción, siendo por su naturaleza reparadores, deben ser interpretados liberal-mente en favor del deudor, la frase “or other equipment” (u otro equipo) usada en el texto inglés del ineiso 6o. del artículo 249 del Código de Enjui-ciamiento Civil, inmediatamente después de las palabras “un caballo con ve-hículo j arneses,” debe interpretarse en el sentido de incluir un automóvil.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. H. Blondet.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Márquez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en ejecución embargó un automóvil pertene-ciente a su deudor por sentencia, quien, alegando que era un módico en el ejercicio activo de su profesión, presentó una moción para que el automóvil fuese declarado exento de ejecución. La corte resolvió a favor del deudor y el acree-dor demandante apeló y alega dos fundamentos de error.

Uno de ellos fué que no bay prueba de que el deudor era un médico en el ejercicio activo de su profesión, basándose la alegación en el becbo de que la moción original del deudor solicitando exención no estaba jurada. La orden resolviendo la moción muestra que la corte oyó* a las partes. Por tanto surge la presunción de que la corte se convenció del becbo de que el deudor era un médico en el ejercicio de su profe-sión como fué alegado. Asimismo, incumbió al apelante de-mostrar que la falta de un juramento sobre los becbos ex-presados en la moción fué una cuestión presentada a la corte inferior y también debió baber presentado una exposición del caso para demostrar cual fué la prueba que la corte tuvo ante sí en la vista. Si no bubo ninguna ha debido expresar ese hecho.

La orden también expresaba además del hecho de nna vista, qne nna “primera” moción del deudor había sido ju-rada y esa primera moción no consta en los antos. La cues-tión principal es si nn médico en el ejercicio activo de sn profesión tiene derecho como dendor a alegar nna exención en cnanto a nn antomóvil qne nsa para fines de sn profesión. La corte inferior hizo nn examen cuidadoso del asunto y re-solvió haciendo citas de autoridades qne los estatutos qne de-terminan exenciones deben ser interpretados liberalmente en favor del deudor. Así lo dijimos en el caso de Laguna v. Quiñones, 23 D. P. R. 383. Ese fue nn caso en el cual el acreedor alegó que solamente las herramientas propias de nn barbero podían considerarse exentas, pero no aquellas usadas o que habían de usarse por sus empleados. En ese caso diji-mos lo siguiente:

“Se resolvió por la Corte Suprema de California en el caso de In re Estate of L. McManus, 87 Cal. 292, 10 L. R. A. 567, que los estatutos que eximen a la propiedad mueble de ejecución por venta obligatoria son reparadores por naturaleza y el objeto de los mismos es claramente proteger al deudor, proporcionarle el medio de conti-nuar su oficio y ganar así su subsistencia y la de su familia. La regla general ahora es que tales estatutos deben ser interpretados en sentido liberal para llevar a efecto el propósito humanitario que tuvo en cuenta el legislador. No solamente se da a los estatutos una in; terpretación liberal, sino que se ha declarado que las palabras ‘herra-mientas e instrumentos’ son aplicables a efectos que estarían exclui-dos por una estricta interpretación técnica. En el caso citado la corte examina los casos anteriores para establecer la clase'de cosas que estarían exentas. Revisando las autoridades, en Massachusetts, por ejemplo, Woods v. Keyes, 96 Mass. 236, vemos que un reloj de pared, una estufa, una cortina, un jarro y un cubre-mesa usados y necesarios en el negocio de una modista fueron considerados como comprendidos en las herramientas, instrumentos y dependencias; e ineidentalmente se dijo en dicho caso que una silla de barbero estaba excluida como utensilio. Allen v. Thompson, 45 Vt. 472. La idea de dar una interpretación liberal a los estatutos sobre exenciones ha sido observada generalmente.”

La corte inferior citó entre otras autoridades el volumen 11 de E. 0. L., 472.

Las palabras esenciales que ban de ser interpretadas son las que se enumeran en el artículo 249, párrafo 6, del Código de Enjuiciamiento Civil en Inglés, las cuales son las si-guientes :

“6. Two oxen, two horses, or two mules, and their harness; and one cart, wagon, dray or truck, by the use of ivhich a cartman, dray-man, truckman, Iwckster, peddler, hachmcm, teamster or other laborer habitually earns a living; and one horse with vehicle and harness or other equipment, used by a physician, surgeon or minister of the gospel in making his professional visits, with food for such oxen, horses or mules for one month.”

La controversia gira principalmente sobre el significado de la palabra “equipment” (equipo) en la relación en que se usa. El apelante, con bastante apariencia de razón sos-tiene que la idea principal del párrafo sexto es eximir los carros y caballos y que “equipment” (equipo) se refiere a arneses y cosas semejantes. También dice que la idea del estatuto es proteger a las personas que no tienen otro medio fácil de comunicación.

En cuanto a un médico, es evidente que la idea de la distancia no es la norma sino más bien la rapidez y facilidad con que puede visitar a sus pacientes y si ban de tenerse en cuenta consideraciones generales como ésta es, evidente que un médico deudor sólo podría quedar privado de sus medios .de fácil comunicación a costa de sus pacientes y por tanto de cierta parte de la comunidad.

Para sostener su alegación de que “equipment” (equipo) se refiere a cosas relacionadas con carros' y caballos, el ape-lante cita de Wapples sobre Casa Solariega y Exenciones, página 804, lo siguiente:

' “Un estatuto eximía un carro o carretilla de equipaje. Un quin-callero tenía un vehículo de cuatro ruedas con un guardafango en-frente, con baranda en la parte de arriba y en los lados del mismo, puertas en cada lado y gavetas atrás. Para ayudar a la corte en la interpretación de las palabras ‘carro o carretilla de equipaje’ el abo-gado del demandante hacía derivar la palabra ‘carretilla de equipaje’ o más bien ‘truck’ del Francés y el abogado del demandado la deri-vaba del Griego y ambos apelaron al diccionario de Webster. La corte, sin embargo, tuvo en cuenta los artículos enumerados, exentos por el estatuto: bueyes, caballos, muías, trineos de bueyes o trineos de caballo, un carro o carretilla de caballo y dijo que los vehículos ‘tenían por objeto corresponder a los animales que se empleaban’ y todos eran para ayudar al trabajo más bien que al tráfico. Y por tanto la tienda del quincallero sobre ruedas no estaba exenta,”

Las citas son del caso de Smith v. Chase, 71 Me. 164, las que no tenemos a mano.

Nosotros, sinembargo, siguiendo la idea de una interpre-tación liberal resolvemos con la corte inferior que la palabra “equipment” (equipo) debe referirse a cualquier otro medio por el cual un médico bace sus visitas. Los traductores del Código al Español así lo entendieron, pues tradujeron la pa-labra “equipment” (equipo) por “medio de conducción.” Hasta este punto la idea de la Legislatura está en armonía con la interpretación dada a las palabras por la corte inferior. La corte hace las siguientes citas de Webster:

“Equipo (Equipment). — Acto de equipar o condición de ser equi-pado, como para un viaje o expedición. Todo lo que se usa en equi-par. Lo necesario o el apresto para una expedición o viaje; los artículos comprendidos en un equipo; equipaje * *
“EquipáR (Equip). — Suministrar para el servicio, o contra una necesidad o exigencia; armar, abastecer con todo lo que es necesario para la debida acción en cualquier forma; suministrar armas o un armamento; provisiones, municiones, aparejo, etc., como barcos o tropas. ’ ’

También lo siguiente de la obra “Words and Phrases”, tomo 3, página 2432:

“Los equipos {equipments) de una mina de carbón son todos sus auxiliares necesarios y comprenden muías de minas, que son una parte esencial de sus aparatos y sin las cuales no pueden funcionar.” Rubey v. Missouri Coal and Mining Company, 21 Mo. App. 159, 169.
“En la iey de 1876, 0. 260, que exceptúa los ‘equipos’ pertene-cientes a una institución de caridad o de beneficencia de contribu-ción, tal término ‘significa los muebles visibles y tangibles, enseres y aparatos de la institución que son corrientes y necesarios para las operaciones que allí se realizan.’ Pueden incluir la biblioteca, va-jilla y muebles necesarios del edificio de un colegio, pero no incluyen las dotaciones o inversión del ingreso con el cual se sostiene él trabajo de caridad y se sufragan los gastos. Appeal Tax Court of Baltimore City v. St. Peter’s Academy, 50 Md. 321, 345.

La corte también indicó que aparece en la cita que se hace del caso de Laguna v. Quiñones, supra, que las palabras “he-rramientas” habían sido objeto de una interpretación liberal y en ellas se comprendían caballos, vagones, trineos y hasta un omnibus cuando se necesitaba por el dueño de un hotel, citándose el tomo 11 R. C. L. 514-, como sigue:

‘En la mayor parte de las jurisdicciones los caballos y vehículos están incluidos bajo expresas exenciones de estatutos; pero cuando el estatuto no está redactado en tal forma puede suceder que una reclamación de exención de un caballo y vagón se haga por virtud de la alegación de que éstos pueden considerarse como herramientas del oficio. La regla es, sin embargo, que un caballo no puede ser considerado como una herramienta, aparato, instrumento o imple-mento del negocio. De conformidad con esto se ha resuelto que un caballo usado por un médico en su profesión no está exento como ‘herramienta e instrumento'’ y que los caballos y vagón de una persona dedicada al carreteage de carbón de piedra no están exentos como ‘implementos de su negocio.’ Por otra parte hay autoridades al efecto de que una exención de herramienta comprende un vagón o trineo necesarios para llevar a cabo la ocupación del deudor, y que comprende el vagón y los arneses de un caballo empleados por un médico en visitar a sus pacientes, y que son razonable-mente necesarios para ese fin. También el arnés y calesa 'en relación con un caballo que está exento, empleado por un agente de seguros en el negocio, son ‘herramientas e implementos’ usa: •dos por el deudor con el fin de llevar a cabo su negocio. También un omnibus perteneciente al dueño de un hotel usado por él en su negocio está exento de ejecución, de acuerdo con un estatuto que exime ‘las herramientas e instrumentos necesarios de cualquier mecánico, minero u otra persona que los usa y los tiene con el objeto de llevar a cabo su oficio o negocio.’ Sin embargo, un juego de arneses no está comprendido en las palabras ‘herramientas corrientes del oficio’ como se emplean en un estatuto de exención, ni tampoco está exento un automóvil como herramienta o instrumento.”

En el tomo 11 de R. C. L. 521 se trata la cuestión un poco más directamente, donde se dice lo siguiente:

“Se ha considerado que el vehículo comprendido en un estatuto . que exime para cierta clase de personas un coche de caballos y vagón, u otro vehículo usado en ganarse la vida, comprende también una bicicleta o un automóvil.”

Ahora bien, aunque nuestro estatuto no emplea las pala-bras “u otro vehículo” sí dice “or other equipment’’ (u otro equipo), y estas palabras en su relación deben significar un automóvil, porque el caballo con vehículo y arneses des-critos en el estatuto son ya el equipo de un médico para atender a sus pacientes.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apealada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sk. Wolf,

text:
    Kennerley, Demandante y Apelado, v. Kennerley, Demandada y Apelante.
    Apelación procede,nte de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Primera, en pleito sobre divorcio.
    No. 2334.
    Resuelto en julio 14, 1921.
    Divorcio por Trato Cruel — Becriminaoión.—El acometimiento y agresión del esposo contra la esposa unido a la intimidad de aquél con otra mujer a la cual a pesar de las protestas de la esposa dispensaba atenciones de índole sufi-ciente a levantar sospechas, constituyen la defensa de recriminación por trato cruel que hace ineficaz la acción de divorcio por trato cruel ejercitada por ol esposo.
    Id. — Id.—El divorcio es un remedio para beneficio de uno de los esposos agravia-dos que no ha sido la eausa voluntaria y determinante de los aetos en que se funda para invocarlo, y no está al alcance de una persona que en desaten-ción de la solemnidad de los Idzos conyugales impulsa al otro cónyuge a ob-servar una conducta que sería inexcusable de cometerse contra un marido o mujer que verdaderamente trataba de sostener las relaciones matrimoniales; asi pues, cuando la mala conducta de la parte demandada es consecuencia de la mala conducta de la parte demandante, la separación no debe decretarse.
    Id. — Prueba Insuficiente. — Para que constituyan crueldad legal las imputacio-nes de adulterio o de trasmitir una enfermedad venérea alegadas en deman-das presentadas y desistidas anteriormente por la demandada, es necesario demostrar que tales imputaciones se hicieron maliciosamente.
    Id. — Prueba Insuficiente — Oausa de Acción. — En el presente caso se resolviór que de acuerdo con la demanda y la prueba, las cuales se consignan en la opinión, no asiste al demandante una causa de acción de divorcio por trato cruel contra la demandada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. Sifre, Jr. y J. Mar-tínez Dávila.

    Abogados del apelado: Sres. O. B. Frazer y J. de J. Tizol.

   El Juez Asociado Sk. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de divorcio presentada en este caso ha sido resumida por el apelado sustancialmente como sigue: Que la demandada durante algún tiempo pasado había constan-temente insultado al demandante en publico y en presencia de sus amigos y asociados en negocios, llamándole por medio de varios epítetos obscenos; que la demandada había deman-dado al demandante dos veces solicitando el divorcio pero había desistido de las demandas; que estas dos demandas estaban fundadas en la imputación falsa de que el deman-dante había infestado a la demandada con una enfermedad repugnante y que la demandada había hecho la misma mani-festación a varios amigos y conocidos del demandante con notable perjuicio del mismo; que la demandada había cons-tantemente perseguido al demandante en las casas de sus amigos y donde quiera que iba insultándole; que la deman-dada hizo todo lo que estuvo en su poder para conseguir la convicción del demandante por un supuesto delito de ten-tativa de homicidio, un delito grave, por el cual fué absuelto, por un jiiradó; que la demandada sobornó a tres operarías del teléfono on la Estación Central para conectar su teléfono eon el del demandante de modo que ella pudiese subrepticia-mente oir cualquier conversación que el demandante sostu-viese con cualquier otra persona y que durante varios años con anterioridad al pleito la demandada había llevado a cabo una sistemática persecución del demandante.

En cuanto a las cuestiones de defensa tiene razón el ape-lado, por lo menos técnicamente, al decir que la apelante funda su contestación y defensa en la doctrina de recrimi-nación y convenimos con el apelado de que en esta corte la apelante hizo poco o ningún esfuerzo por atacar el caso por trato cruel contra ella presentado por dicho apelado.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandante y en su opinión, después de examinar las alegaciones, se expresó como sigue:

“Se ha probado que la demandada imputó en diferentes ocasiones al demandante el haberle transmitido una enfermedad infecciosa (sífilis), alegación que bajo juramento aparece hecha por la deman-dada en las demandas de divorcio presentadas contra su esposo, de su admisión en el acto del juicio, sin que se aportara prueba alguna para sostener su certeza, y en cambio, el demandante justificaba no haber padecido nunca de esa enfermedad, y como consecuencia no habérsela transmitido y resultar por tanto, esa alegación, una impu-tación falsa.
“Resulta también probado que la demandada auxiliada por la policía e impulsada por los celos, ha perseguido al demandante de una manera pública y notoria, exponiéndolo al ridículo.
“Resulta probado que en su afán de conocer las conversaciones que pudiera tener su esposo con determinada señora, consiguió que tres telefonistas conectaran el teléfono del demandante y el de la mencionada señora con el de la demandada.
“Asimismo la corte considera como un hecho probado que a virtud de las gestiones que hiciera la demandada en la fiscalía del Distrito de San Juan, la denuncia que la policía presentara contra el deman-dante por un delito de acometimiento y agresión grave, en la Corte Municipal de Río Piedras, pasara a la fiscalía y que por el asst. fiscal, después de una investigación, se calificara el hecho de aten-tado a la vida y se incluyera en la acusación a la Sra. "Wlnthrop, exponiendo a que su esposo fuera condenado por un delito felony, bajo cuya acusación tuvo que comparecer ante la corte y sufrir un juicio por jurado, del que salió absuelto.
“Kesulta probado que en los días en que su esposo se encontraba pendiente del juicio que se le seguía ante la corte por un delito de felony, la demandada penetró en el domicilio de su esposo provo-cándolo e injuriándolo y formulando nueva denuncia contra su es-poso ante el ‘assistant fiscal’ del distrito, por un delito de acometi-miento y agresión grave, dando lugar a que fuera de nuevo arrestado, puesto bajo fianza, para que más tarde la corte sobreseyera el caso a petición del fiscal.
“La demandada basa su defensa en la teoría de la recriminación.
“La demandada no ha probado a juicio de la corte, que entre su esposo y la Sra. Winthrop hubieran relaciones de tal naturaleza que constituyeran adulterio ,- las relaciones de amistad y las relaciones sociales por muy asiduas que sean, no son bastantes para llevar a nuestro ánimo la creencia firme de la existencia de un adulterio; por otra parte, la prueba aportada por la demandada tendente a probar que su esposo pasó la noche del 7 de septiembre de 1918, no la considera la corte bastante. Esta prueba consistió en la declara-ción de la demandada y la de un policía insular, contrarrestada por la declaración del jefe de distrito, que alega que practicaron un rer gistro en la casa y no encontraron al demandante; la demandada y el policía insular, alegan que al amanecer lo vieron asomado a uno de los balcones de la casa objeto del registro, la declaración de la demandada ha sido contradicha muchas veces por sus testigos, espe,L cialmente por el assistant fiscal, y dada su manera de declarar res-pecto a las veces que estuviera en la fiscalía y al objeto que allí la llevara, forzosamente la corte tiene que ver sus afirmaciones con cierto cuidado, sobre todo cuando no aparecen suficientemente corro-boradas. ’ ’

Suponiendo únicamente por el momento que él apelado presentó un caso de trato cruel contra la apelante, consi! doraremos la alegada defensa de recriminación. La deman-dada-apelante para sostener su referida defensa alega un acometimiento y agresión cometido con ella en mayo 18, 1919, las relaciones públicas e íntimas con otra mujer por parte del demandante y el abandono de la demandada hacia la fecha de dicho acometimiento y agresión. El demandante fué declarado culpable de este acometimiento y agresión y aunque prestó declaración tendente a suavizarlo y a sus con-secuencias para la demandada, sin embargo, es evidente se-gún los autos y la opinión que este acometimiento y agre-sión tuvo realmente lugar.

La apelante misma no insiste en que el apelado fué culpable de adulterio, la corte fué de criterio contrario a tal conclusión y no vemos que la apelante mostrara un caso de recriminación por el motivo de adulterio. No obstante es inevitable la conclusión en vista de los autos y de los becbos declarados probados por la corte de que la amistad entre el demandante y -otra mujer era muy marcada en verdad, que él era muy asiduo en sus atenciones con ella y que frecuen-temente estaba en compañía de ella bajo circunstancias tales que obligaban a levantar sospechas, todo esto a pesar de las protestas y oposiciones de su esposa.

Las autoridades sostienen, como indica el apelado, que la defensa de recriminación debe ser de tal naturaleza que dé derecho a un demandado a un divorcio independientemente. Puede o no ser cierto como ha sugerido la corte inferior y el apelado que un sólo acto de violencia no sería fundamento de divorcio, pero creemos que este acto de violencia unido a la conducta general del demandante con su esposa, parti-cularmente en relación con esta otra mujer, y el subsiguiente abandono de la demandada, fueron todos actos equivalentes en su relación general a constituir un caso de trato cruel igual en grado por lo menos a la tendencia general de actos de crueldad que se alegan en la demanda y prueba del de-mandante, y bastantes jpara hacer ineficaz la acción, supo-niendo que sea suficiente la demanda.

Alega especialmente la apelante el abandono como ma-teria de recriminación. El apelado contesta basado en la teoría de la interrupción debido al pleito de divorcio esta-blecido contra él. Ninguna de las partes ha citado autori-dad sobre la cuestión de la interrupción. Necesariamente que si el apelado no probó un caso de trato cruel el tér-mino para el abandono correría pero por supuesto que si no bay ningún caso de trato cruel no es necesario conside-rar ninguna cuestión particular de recriminación. En rela-ción con esto no discutiremos con amplitud la alegada cues-tión de condonación por el becbo de desistir la demandada de las dos demandas presentadas por ella excepto para sos-tener que el desistimiento de una acción nunca impediría a un demandado en un procedimiento de divorcio de poder evitar una sentencia de divorcio cuando la defensa era la mala conducta del demandante. El Estado tiene un gran interés en sostener el matrimonio y no pondrá ningún impe-dimento u otro obstáculo a un demandado para facilitar el camino al divorcio.

Como bemos dicbo la apelante en su alegato fundó su defensa en la teoría de la recriminación, la cual .exige, de acuerdo con las autoridades, que se prueben hechos que le proporcionen independientemente un fundamento para el divorcio. Las cortes, sin embargo, en un caso de divorcio, ge-neralmente escudriñarán todos los procedimientos para cer-ciorarse de si el demandante tiene derecho al divorcio. La mala conducta de un demandante para constituir una defensa por el motivo de provocación, justificación o excusa no ha de ser tal que por sí dé derecho al demandado a un divorcio, distinguiéndose así de la mala conducta que constituye la defensa de recriminación, la cual debe por sí ser suficiente como fundamento de divorcio. 19 C. J. 77, y especialmente los casos citados en las notas 54 a la 57.

La apelante aunque no establece su defensa distintamente en el motivo de provocación, en su 'contestación expone los hechos y en el alegato hace cita de la sentencia dictada por esta corte en el caso de Fernández v. Hernández, 8 D. P. R. 243, donde se dice lo siguiente:

“El cónyuge que ejercita la acción trascendental de divorcio que ha de romper el vínculo matrimonial y destruir el hogar que nació por el mutuo amor y en donde existen hoy hijos inocentes, debe estar limpio de toda culpa, debe ser una verdadera víctima que agotó todos los medios amistosos para detener el mal en su origen.”

La contestación simplemente expresa los hechos de donde una corte podría colegir los motivos de provocación o excusa y todos eran anteriores o contemporáneos a los alegados ac-tos de crueldad de la demandada. Encontramos prueba ro-busta en este caso de que la causa que dió lugar al trato cruel como se alega en la demanda o tanto de él que pu-diera quizás considerarse cruel fué la conducta del deman-dante y particularmente sus relaciones con otra mujer a las cuales nos hemos referido.

Boeck v. Boeck, (Idaho) 161 Pac. 576, fué un caso en que la corte declaró probado que la actitud de la esposa hacia su marido era indiferente, fría, desagradable y quejosa y tendía a impulsarlo, y lo impulsaron a ciertos actos los cua-les en ausencia de la mala conducta por parte de ella hu-bieran equivalido a extremada crueldad como se define en el estatuto. La corte se expresó como sigue:

“El divorcio es un remedio pará beneficio de uno de los esposos agraviados que no ha sido la causa voluntaria y determinante de los actos en que se funda para invocarlo, y no está al alcance de una persona que en desatención de la solemnidad de los lazos conyugales impulsa al otro cónyuge a observar una conducta que sería inexcusable de cometerse contra un marido o mujer que verdaderamente trataba de sostener las relaciones matrimoniales.”

En el caso de Barber v. Barber, 168 App. Div. 212, en el cual la corte inferior había dictado sentencia a favor de la mujer fué revocada la sentencia manifestando la corte que cuando la mala conducta del demandado es la consecuencia * de la mala conducta del demandante la corte no decretará una separación. Jones v. Jones, 64 So. 4, es un caso seme-jante, en el que la corte declara culpable a la mujer de tal mala conducta provocativa que anula su derecho al remedio.

Bn el caso de May v. May, So. 679, la corte dijo lo si-guiente :

“La crueldad frecuentemente es un término de significación rela-tiva y cuando la esposa lia hecho recaer sobre sí misma el trato cruel de que se queja por su propia mala conducta la culpa en gran modo la tiene ella y sería necesario presentar una caso mucho más completo que si su conducta no pudiera tacharse.”

Véase también el caso de Voss v. Voss, 147 N. W. 634; nota a Thompson v. Thompson, 5 A. L. R. 719, donde se in-dican casos en los cuales la conducta que pone en peligro la vida no sería suficiente para un divorcio si tal conducta fué provocada por el demandante, y véase también las notas a 19 C. J. 77.

Un hombre o una mujer puede ser culpable de una con-ducta que esté muy lejos de constituir un verdadero adul-terio y esta teoría de provocación o excusa ser todavía sufi-ciente fundamento para impedir que se decrete un divorcio por crueldad. MacAllister v. MacAllister, 75 N. W. 256, fué un caso en el cual el esposo estaba reputado como buen cantante y con frecuencia recibió invitaciones de personas. Su esposa se oponía a que se reuniera con ciertas mujeres, particularmente con aquéllas de mala reputación. El per-manecía fuera de la casa mucho e innecesariamente debido a algunas de estas compañías. Los autos mostraban y la corte hizo el comentario de que en varias ocasiones su con-ducta fué tal que debió saber que seriamente pondría a prueba la creencia de su esposa en su fidelidad como esposo. De estos hechos la corte llegó a la conclusión de que aunque la infidelidad matrimonial no existía, sin embargo, su acción para obtener el divorcio por el fundamento de serios sufri-mientos mentales debido a los cargos hechos por la esposa a los hijos y a otras personas, no podía prevalecer.

Pero si no hubiese sido por su mala conducta los cargos hechos contra ella le hubieran dado derecho a un divorcio.

Ruttledge v. Ruttledge, (Mo.) 139, S. W. 1180, fué un caso en el cual un marido empezó y sostuvo relaciones con una prima hermana suya no obstante las repetidas protestas de la esposa y bajo circunstancias que indicaban sospechas. El divorcio fué solicitado por el fundamento de que la es-posa le había proferido indignidades tales como el acusarle falsamente de adulterio, llamarle por epítetos, pelear con él, etc. La corte se expresó en estos términos:

“Estamos convencidos de que los actos de la demandada por los~ cuales el demandante solicita el divorcio ‘fueron la consecuencia natural o probable de su misma conducta y por tanto atenúan los. actos del demandado y rebajan la naturaleza ofensiva a un grado, inferior del que la ley exige para justificar la ruptura del lazo ma,-trimonial. ’ Owen v. Owen, 48 Mo. App. 208.”

De modo que la mala conducta de un demandante redu-cirá el grado de la ofensa. En el caso de Spofford v. Spofford, (Idaho) 108, Pac. 1054, la corte dijo lo siguiente:

“Según las circunstancias de este caso los actos probados contra el apelado no pueden ser considerados como que constituyen extre-mada crueldad dentro de la significación del estatuto. Sección 2649, Códigos Revisados. Con esto no queremos significar que la conducta del apelado en este sentido sea recomendable o que un hombre ha de soportarla para siempre con paciencia. E] apelante, sin embargo, no ha estado libre de culpa y censura. El ha seguido una línea de conducta en relación con otras mujeres tendente a levantar sospechas por parte de la esposa y a encender las llamas de los celos. Es lógico decir que los autos dejan enteramente de mostrar que el apelante ha estado relacionado-ilícitamente con ninguna de estas mujeres; y más bien nos inclinan a la creencia de que no ha sido así; pero él ha sido indiscreto e imprudente en su conducta y ciertamente estaba en el deber para consigo mismo- y su esposa de ‘evitar la apariencia del mal.’ Es tan enteramente esencial a la felicidad y tranquilidad domésticas que las partes al matrimonio se conduzcan de tal modo que cada una de ellas esté fuera de sospechas por parte de la otra como en realidad lo es A estar libre del acto de que se sospecha.”

Véase también a Ashton v. Grucker, 48 La. Ann. 1199, 1200.

Otra corte ha considerado el principio mediante provo-cación o excusa en la forma de nn impedimento (estoppel). Paige v. Paige, 161 N. C. 175. Los siguientes son párrafos de este caso:

“La infelicidad doméstica de ellos se debe todo aparentemente a la mala conducta de la esposa.
“Nadie pnede ir contra sns propios actos.”

Es posible que estemos equivocados en resolver que todos los actos de la demandada como han sido imputados en la demanda hubieran estado justificados por la mala conducta del demandante, pero eso nos lleva a otro aspecto del caso. El apelado sostuvo en la vista que los actos en conjunto de la demandada constituyeron crueldad. El no se basó tanto en ningún acto específico imputado en la demanda. De acuerdo con las regias de esta corte el fiscal ha presentado un informe en donde declara entre otras cosas que los fun-damentos de divorcio alegados en la demanda no han sido probados. El apelado, aunque la apelante no insistió en esto como error, previo que la corte tal vez lo consideraría sua sponte, como lo hacen las cortes especialmente en casos de divorcio, y por tanto argumentó la cuestión.

La mayor parte de la materia específica alegada en la demanda no fué suficientemente probada. Gran parte de la controversia en la corte inferior giró sobre la cuestión de si la demandada había contribuido en hacer que un caso de misdemeanor contra su marido se convirtiera en una acusa-ción por tentativa de homicidio, de cuya acusación fué él absuelto por un jurado. El juez de la corte inferior resolvió que la Sra. Kennerley había contribuido de tal modo, pero no podemos entender esta conclusión puesto que el fiscal au-xiliar declaró como testigo y varias veces negó que ella fuera responsable de que se le acusara de la ofensa más grave. El declaró que ella iba frecuentemente a su oficina a hablar de sus disgustos y a hacer, ella misma, cargos, creyendo que el fiscal podría ayudarla en sus dificultades con sn esposo, idea que es común a muchas mujeres, según dijo, pero negó ro-tundamente que ella solicitara que se siguiera una causa en el caso particular en cuestión. Ella, efectivamente, informó bien respecto de lo que realmente había sucedido. Ella y otras personas le suministraron informes que servían de base para el cargo más grave. El juez, que era entonces el fiscal, sin embargo cree que ella contribuyó en cambiar la acusa-ción. Hay algo en la opinión de la corte y en el alegato del apelado que puede inducir a uno a creer que el juez tuvo algo en su mente que no hizo aparecer en los autos. Si fué así, es innecesario hacer deducciones pues no ha sido reve-lado y estamos limitados a los autos. En ellos no encon-tramos absolutamente ninguna justificación para hacer el cargo de que la esposa solicitó que la acusación más grave fuese presentada contra su esposo. No podemos suponer por un momento que la acción del fiscal o su auxiliar fué consecuencia del acto o palabras de la demandada. El fiscal auxiliar declaró que hizo la acusación después de la debida investigación. Estamos obligados a creer que el fiscal cum-plió con su juramento y acusó, no por nada que le dijera la señora Kennerley sino por virtud del examen de los testigos, y el hecho de haber sido absuelto el demandante no tiende a demostrar que el fiscal no tuvo razón para creer que tenía un caso para un proceso. Además, si la señora Kennerley suministró informes para subsanar una mala impresión tal como la que el ministerio fiscal tenía, esto no puede consi-derarse crueldad. Ni siquiera muestra una actitud mental maliciosa. No encontramos prueba alguna de crueldad en esta acción por parte de ella aún suponiendo que creyendo culpable a su esposo ella había solicitado que se siguiera el proceso, hecho que no ha sido probado y que ni siquiera es probable.

La demanda imputaba el hecho de que la esposa había alegado en dos distintas demandas por ella presentadas, que su esposo le había transmitido nna enfermedad infecciosa y qne tal cargo era falso. La demanda no expresaba qne estos cargos se hicieron maliciosamente. La prneba, annqne fué impugnada por la demandada en cnanto a la fecha respecto a la cual se declaró, tendía a demostrar que los cargos eran falsos, y la corte así lo creyó, pero no hubo ninguna otra prueba de malicia que no fuera la de que cada vez la señora Kennerley desistió de su cargo. Dijo ella que había desis-tido porque no quería sostener sus cargos y quería que su esposo volviera a unirse a ella. Ella juró la veracidad de los cargos y su prueba en este particular fué admitida por estipulación, conviniendo las partes en que ella así lo decla-raría. Los cargos como estos tienen cierta analogía a la per-secución de una causa, criminal o .civil. Dijo la Corte Su-prema de los Estados Unidos, en el caso de Stewart v. Sonneborn, 98 U. S. 1812, caso que ha sido muy citado:

“Ha quedado- bien establecido que no puede sostenerse una acción contra un demandante o denunciante que-ha fracasado a menos que se demuestre afirmativamente que fué movido en su conducta por malicia o algún motivo indebido o avieso. * * * A pesar de lo que se ha dicho en algunas decisiones respecto a una distinción entre acciones para procesos y pleitos civiles, ambos casos en la actualidad requieren sustancialmente los mismos elementos.”

Véase también el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 796. En el tomo 19 C. J. 51, se dice que ordinariamente los cargos falsos de adulterio proferidos ya por el marido o la mujer maliciosamente y sin debida causa constituyen cruel-dad de acuerdo con la ley; para que sean por tanto cruel-dad legal los cargos falsos de adulterio o de transmitir una enfermedad venérea, lo que prácticamente es la misma cosa, debe demostrarse que se han hecho maliciosamente. No hubo tal prueba en este caso.

El cargo de haber sobornado a tres señoritas del teléfono para conectar el teléfono de la demandada con los teléfonos del demandante y la otra mujer es uno de los actos de cruel-dad y persecución imputados a la demandada. Francamente que no vemos ningún acto de crueldad liacia el demandante. Fué a lo sumo una curiosidad no muy correcta originada por los celos pero no hay nada en la prueba de que el deman-dante fué agraviado o perjudicado por esta conducta por parte de la demandada. No consta que la señora Kennerley hiciera ninguna manifestación a las señoritas del teléfono cuando las sobornó suponiendo que ella en realidad las sobor-nara, hecho que ha sido negado por ella. El soborno no fué probado pero solamente el superintendente de la compañía de teléfonos, no obstante la objeción de la demandada, hizo una manifestación de que a petición del Capitán Kennerley había hecho una investigación y que como resultado de ella dos señoritas fueron destituidas. El mismo no hizo la inves-tigación y según parece ni siquiera habló con las señoritas despedidas. Por virtud de esta investigación basada en re-ferencias, la separación de las dos señoritas y de alguna prueba de que los teléfonos efectivamente fueron así conec-tados, la corte inferior declaró probado el hecho de que la señora Kennerley había sobornado a las jóvenes. No cree-mos que la corte en un caso ordinario declararía culpable a la señora Kennerley de soborno u otro cargo semejante ba-sado en tal prueba.

El demandante declaró tendente a mostrar que la deman-dada y su madre fueron a su cuarto y con revólver en mano ella solicitó que procediera a hacer la división de los bienes gananciales, los cuales, alega la demandada, fueron aportados principalmente por ella. Hay prueba considerable de que las cuestiones económicas jugaron un papel importante en las desavenencias de este matrimonio. Este supuesto acto de crueldad en particular no fué alegado en la demanda y no parecía inspirar al demandante un gran temor, pues él des-armó a su esposa, y el acto alegado, al parecer, no produjo ninguna impresión en el juez sentenciador puesto que no lo mencionó.

Iíay otros cargos específicos en la demanda qne o no fueron probados, o comentados por la corte o el apelado.

Queda el cargo general de trato cruel por medio de pa-labras en las llamadas telefónicas y así continuado por un número de años. La corte manifestó que esta conducta co-menzó antes del año 1918, pero no encontramos prueba de relaciones muy tirantes antes de ese año y el demandante mismo dijo que las primeras desavenencias serias comenza-ron en el año 1918. Las partes tuvieron algunas desave-nencias en el año 1917, pero la señora Kennerley regresó a los Estados Unidos y toda la situación desagradable sur-gió al volver a Puerto Rico en abril de 1918. Después de esa fecha hay prueba considerable de conducta que era desa-gradable y mortificante y probablemente no la debida con-ducta de una esposa para con su marido bajo circunstancias normales, pero no encontramos que la conducta de la esposa sea suficiente para un divorcio por el fundamento de cruel-dad. Aunque la demanda habla de actos de crueldad hay muy poca prueba de que la demandada constantemente in-sultaba al demandante en público y a presencia de sus amigos y asociados en los negocios, llamándole por epítetos obs-cenos o de que ella constantemente seguía al demandante a las casas de sus amigos y a todas partes donde iba, insul-tándole. Hubo un caso de insultos de esta naturaleza en su casa, pero la prueba fué tan contradictoria en este particular que no podemos encontrar la crueldad imputada. He-mos dejado.de mencionar otro acto específico de crueldad, o sea que la demandada y un policía penetraron en la casa donde se suponía que estaba el demandante y practicaron un registro.' Esta fué, sin disputa, la casa donde la otra mujer vivía, pero la prueba no revela que o la señora Ken-nerley o el policía, se condujeron de tal modo que su con-ducta afectara necesariamente al demandante. A falta de algún acto específico o palabra de la señora Kennerley a alguna otra persona que no fuera el policía que la acompa-ñaba, no encontramos un acto de crueldad. No podemos bailar en ninguno de los actos de la demandada ese elemento de malicia o crueldad que ordinariamente daría derecho a un demandante a obtener un divorcio, y esto independiente-mente de la cuestión de provocación la que también debe jugar un papel. Por supuesto, incluimos en esta conclusión que ninguno de los cargos específicos fué probado.

Este fué un caso en el cual el demandante se fundaba en cargos específicos para establecer los cargos generales. No habiéndose probado satisfactoriamente ninguno de los actos específicos declaramos que el cargo general fué insu-ficientemente probado.

La sentencia apelada debe ser revocada y desestimarse la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolb,

text:
    Román, Demandante y Apelante, v. Vázquez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre indemnización por seducción.
    No. 2453.
    Resuelto en julio 14, 1921.
    Derechos Civiles — Voluntad Legislativa — Limitación Constitucional — El Có-digo Civil no es la única fuente de los derechos civiles, sino que deberá pre-valecer la voluntad de la Legislatura donde y como quiera que haya sido ex-presada a menos que exista alguna limitación constitucional. Al ser apro-bado el Código de Enjuiciamiento Civil no existía tal limitación en la Ley Orgánica y en dicho código se confirieron por primera vez varios derechos de acción.
    Id. — Pastes en Acciones Civiles — Seducción—Acción Ex Delicto. — El padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, podrá deducir una acción como demandante por la seducción de una hija que no hubiese llegado a su mayoría de edad. La acción es ex delicto y no está compren-dida en los principios que regulan las acciones ex eontraciu.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogado del apelado: Sr. J. R. Aponte.

   El Juez Asociado Sb. Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada snrgió por virtud de nna excepción formulada a la demanda, la cual es como sigue:

“1. Que demandante y demandado son mayores de 21 años, siendo la primera madre con patria potestad sobre su hija menor, huérfana de padre, Julia Adorno, y ambos son vecinos de Arecibo.
“2. Qiue el demandado llevó relaciones amorosas por algún tiempo con la hija menor de 1a. demandante, Julia Adorno, y en 6 de diciembre de 1919, en Arecibo, el demandado, valiéndose de reiteradas e insistentes promesas de matrimonio, consiguió tener comercio carnal' con su repetida hija menor de edad, Julia Adorno, quien para dicha fecha era una niña de diez y siete años de edad, soltera y de excelente buen nombre y reputada por pura y de intachable carácter casto, siendo el demandado igualmente en el expresado tiempo, de estado soltero.
“3. Que el referido demandado luego de seducir a su referida hija, no la honró casándose con ella, sino por el contrario al amparo de su ascendiente amoroso sobre ella, la ilusionó maliciosa, dolosa e ilegalmente, ofreciéndole a espaldas de la demandante innumera-bles ventajas para conseguir su desmoralización y obtener que si-lenciara e intentase variar el curso de los acontecimientos verídicos que acusaban su' maldad y su delito.
“é. Que la mencionada hija menor de la demandante Julia Adorno, a causa de los actos ilegales referidos cometidos por el de-mandado, ha sufrido en su reputación, no le ha sido posible obtener un matrimonio en buenas condiciones, y ha sufrido moralmente de un modo intenso secuela de la burla incorrecta del hombre que le ofreció su amor para engañarla, y con todo lo cual le ha causado daños y perjuicios que la demandante estima en una suma no menor de seis mil dollars.
“En tal virtud de la corte solicitamos se sirva dictar sentencia condenando al demandado Bruno Vázquez, seductor de Julia Adorno, a que pague a la demandante para su mencionada hija, la suma de seis mil dollars por daños y perjuicios eausádoles, y que sea conde-nado además, a pagar los gastos, costas, incluyendo honorarios de abogado de la demandante.”

La corte declaró con lugar la excepción previa sosteniendo que si bien los artículos 58 y 59 del Código de Enjuiciamiento Civil conferían un derecho de acción a la mujer soltera se-ducida, o a su padre o madre, tal ley era adjetiva y debía acudirse al Código Civil; que el artículo 1059 del Código Civil como fué enmendado por la ley de marzo 10, 1904, limi-taba las obligaciones civiles por delitos o faltas a las dispo-siciones del Código Civil; que el derecho a resarcimiento conferido por el artículo 44 del antiguo Código Civil español no fué transcrito en el Código de Puerto Rico, y que por tanto, estamos limitados al artículo 1803 de dicho Código Civil; que tal sección era la única susceptible de poder ser invocada y que los daños y perjuicios allí expresados son siempre extracontractuales por seducción bajo promesa de matrimonio que surgen ex contractu; que la acción no pro-cedía además porque la demandante tenía diez y siete años de edad y esta corte ha resuelto en el caso de Martí v. Rivera, 27 D. P. R. 391, que cuando había consentimiento la menor debe tener menos de catorce años para que tenga un derecho de acción por seducción.

Convenimos con la apelante que en ese caso esta corte no resolvió que cuando se alegaba una promesa de matri-monio y de seducción, no procedería una acción si la mujer era mayor de catorce años. No se alegó en ese caso que la seducción tuvo lugar bajo promesa de matrimonio y además el caso fué resuelto sobre un conflicto de prueba respecto a si había habido algún engaño puesto en práctica por el acusado.

La corte incurre en error al declarar que un derecho no puede ser creado en un Código de Enjuiciamiento Civil, o que el Código Civil es la única fuente de los derechos civiles. Eso podría ser un sistema ideal, pero es la voluntad de la Legislatura la que lia de prevalecer donde quiera y como quiera que Laya sido expresada, por lo menos hasta que al-guna limitación en la forma de sus leyes se establezca por una constitución, como la limitación contenida en nuestra actual Ley Orgánica. Un derecho sustantivo frecuentemente se confiere por una fuente tan inesperada como una Ley de Presupuesto, aunque ese resultado se hace ahora imposible por la presente Ley Orgánica. En 1904 cuando el Código de Enjuiciamiento Civil empezó a regir no había limitación parecida en la Ley Orgánica. En ese código mismo varios derechos de acción se confieren -por primera vez. El título XI se titula “De las Acciones en Casos Especiales,” y empe-zando con una por estorbo (nuisance) se determinan nume-rosas acciones. En tiempos de España una acción criminal llevaba consigo la civil, de modo que en realidad la idea de un resarcimiento no estaba limitada a los términos del Có-digo Civil. El artículo 1059 del Código Civil como fué en-mendado y que ha sido citado por la corte, fué anterior en sus efectos al Código de Enjuiciamiento Civil, última ex-presión legislativa. Sin embargo, no encontramos nada en ese artículo que establezca una limitación al derecho de una Legislatura para crear nuevas acciones fuera del dominio del Código Civil aún cuando una Legislatura pudiera obli-garse ella misma o a una Legislatura subsiguiente. El ar-tículo 1059 dispone lo siguiente:

“Artículo 1059. — Las obligaciones civiles nacidas de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones de este Código.”

Los artículos 58 y 59 del Código de Enjuiciamiento Civil prescriben lo siguiente:

“Artículo 58.- — Una mujer soltera puede deducir, como deman-dante, una acción por haber sido seducida, y para obtener por medio de dicha acción el importe de los daños pecuniarios o ejemplares que se decretasen a su favor.”
“Artículo 59. — Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, podrá deducir una acción como demandante por la seducción de una hija que no hubiese llegado a su mayoría de edad al ocurrir la seducción, y asimismo podrá el tutor deducirla por la seducción de una pupila menor de edad al ocurrir la seducción, aunque la hija o pupila no viviese con el demandante, ni estuviese a su servicio al tiempo de la seducción o después de ella, ni mediare pérdida de servicios.”

Estos artículos han. sido copiados de un Capítulo sobre las Partes en Acciones Civiles, y la intención de la Legisla-tura de establecer una nueva causa de acción tal vez no es tan clara como podría serlo, pero las palabras textuales allí contenidas son como sigue:

“Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, podrá deducir una acción como demandante por ia seduc-ción de una hija. * * * ”

Que es lo que constituye seducción es otra cuestión, pero cuando existe una previa promesa de matrimonio la seduc-ción se infiere más fácilmente.

Además, en cuanto al significado del Código Civil la ten-dencia general de las decisiones de esta corte es interpretar liberalmente las disposiciones de los artículos 1059 y 1803 del Código Civil. Hablando en rigor la acción es una por seducción siendo la promesa de matrimonio solamente una circunstancia concomitante para hacer precisa la seducción. Por tanto la acción es ex delicto y no cae dentro de los prin-cipios de una ex contractu como ha sugerido la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser revocada debiendo conce-derse diez días al demandado para formular su contestación.

Revocada la sentencia apelada y concedido al demandado un término de dies dias para formular su contestación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Mazarredo et al., Demandantes y Apelantes, v. Ramírez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre reivindicación de inmuebles y otros ex-tremos.
    No. 2295.
    Resuelto en julio 14, 1921.
    Apelación — Alegato Insuficiente — ■ Señalamiento de Errores en el Ale-gato. — Un señalamiento de errores es por su naturaleza como una alegación, y en la corte de último recurso juega el.mismo papel que una demanda en la corte de jurisdicción original. El objeto del señalamiento de errores es apuntar los errores específicos que se alega haber sido cometidos por la corte infeiior, con el fin de exponer a la vista de la corte de revisión y de los abogados do la parte contraria los iiuntos sobre que los abogados del apelante se proponen solicitar la revocación de la sentencia o decreto, y li-mitar la discusión a esos puntos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogados de los apelados: Sres. E. Acuña, Reichard & Reichard, y S. y A. Garda Ducós. ,

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de mayo de 1920 la Corte de Distrito de Aguadilla decretó la eliminación total de la demanda enmendada pre-sentada en este pleito y los demandantes apelaron para ante este tribunal. Elevados los autos, los demandantes archiva-ron su alegato que contiene una breve relación del caso, y como asignación y exposición de errores lo que sigue:

“La presente apelación se funda en varios errores cometidos por la Corte de Distrito de Aguadilla, los cuales se expresan a conti-nuación :
“1. La corte apelada erró, en su resolución de 23 de julio de 1919, al declarar con lugar las excepciones de falta de causa de acción contra las acciones de reivindicación, de nulidad y de indemnización ejercitadas en la demanda original primitiva.
“2. La corte apelada erró, en su expresada resolución de 23 de julio de 1919, al declarar con lugar las demás excepciones interpues-tas contra dicha demanda original.
“3. La corte apelada erró, en su última resolución definitiva de 24 de mayo de 1920, al declarar que la demanda enmendada no contiene alegaciones suficientes para determinar las acciones que en ella se ejercitan.
“4. La corte apelada erró, en su final resolución de 24 de mayo de 1920, al declarar con lugar la moción para eliminar y al decretar la eliminación de la demanda enmendada, y al no darle a las deman-dantes oportunidad para enmendar su pleading de demanda si lo juzgaban procedente.
“Y reservándose el derecho de argumentar oralmente o por escrito dichos errores, los demandantes y apelantes, suplican a la honorable Corte Suprema que, previos los trámites legales, se sirva revocar la decisión apelada o sea la última resolución dictada por la corte de Aguadilla con fecha 24 de mayo de 1920, y disponer que continúe la tramitación del pleito y demás pronunciamientos que se juzguen necesarios y procedentes.”

Los apelados archivaron también sn alegato y, entre otras, levantaron la siguiente cuestión:

“El alegato del apelante no contiene la exposición de los errores que fundamentan el recurso, exigido por la sección 42 del Reglamento de esta corte; y tal omisión determina la desestimación de la ape-lación de acuerdo con la sección 60 del mismo.”

Y argumentaron la cuestión así:

“La sección 42 del reglamento de esta Suprema Corte, impone al apelante entre otras obligaciones, la de presentar al tribunal den-tro de los diez días siguientes al archivo de la transcripción del record, un alegato escrito o impreso que debe contener (a) una relación fiel y concisa del caso, tal como de los autos resulte; y (6) una ex-posición de los errores en que funda su recurso; y la sección 60 del propio reglamento capacita discrecionalmente al tribunal para en cualquier tiempo desestimar toda apelación en que el apelante dejare incumplido cualquiera de los deberes o requisitos que la ley o dicho reglamento le imponen.
“¿Ha cumplido en este caso el apelante con lo ordenado en la sección transcrita? Indudablemente nó.
“Como dejamos consignado en el párrafo séptimo precedente, de nuestra Relación del Caso, y como evidencia el alegato del apelante, éste se ha limitado a repetir en cuatro distintos párrafos, que la corte erró al dictar las resoluciones a cuya revisión aspira, en cada uno de los particulares que tales resoluciones contienen sin exponer en qué consiste el error, ni las razones o motivos que permiten afir-mar la existencia de tales errores.
“Y consignar somera y escuetamente que la corte lia errado, no es a nuestro modo de ver, exponer los errores en que se funda un recurso. El señalamiento o exposición de errores que exige el regla-mento y la práctica consagra, debe contener necesariamente los dos elementos integrantes: (a) expresión concreta y específica de la materia errónea, y (5) expresión, cuando menos sintética, de las razones o fundamentos que al apelante inducen a sostener como errónea la actuación o resolución de la corte que motiva el recurso.
“La omisión en el alegato del apelante de estos particulares, que son reglamentarios, no se suple con manifestaciones genéricas, y de todo punto vagas e inconcretas, aunque sean repetidas, de que la corte inferior erró al dictar la resolución de que se recurre: porque esto en definitiva no es otra cosa que reptir lo que ya se dijo implícita-mente en el escrito anunciando la apelación ante la corte inferior.
“Todo el que apela de una resolución judicial, lo hace por en-tender que dicha resolución es errónea, ya en sus fundamentos de hecho, o bien en los de derecho. Su primera actuación implícitamente envuelta en el hecho de apelar, es por consiguiente, acusar de errónea la resolución apelada. Más para que esta acusación o imputación pueda ser sometida a la consideración y resolución de una corte de apelación, precísase y requiérese, por mandato imperativo de lógica, traducido en precepto de ley existente en todo procedimiento regu-lador de apelaciones, (artículo 42 del reglamento' en nuestro caso), que se exprese y consigne de un modo claro y específico (a) en qué consiste el error imputado, y (b) cuáles son las razones o motivos que el apelante tiene para estimar errónea la resolución recurrida, cuáles son los fundamentos de la imputación de errónea que hace a la resolución apelada. Esto y no otra cosa puede significar la frase ‘exposición de los errores en que funda su recurso’ empleada en el reglamento. Si el particular del error no se puntualiza, ni se funda-menta, siquiera sea en forma concisa la apreciación del apelante, el problema jurídico a resolver en la apelación, no resulta planteado, y el Tribunal de Apelación, que no puede proceder por adivinación, carece de los elementos necesarios para resolverlo: y es por ello que el precepto reglamentario citado, al igual que toda ley procesal regu-ladora de la materia de apelaciones exije al apelante, el planteamiento claro y específico del problema que ha de resolver, en sus extremos necesarios de materia errónea, y fundamento del cualificado erróneo.
“De otra parte es de considerar que la posición del apelante, limi-tándose en su alegato de apelación a repetir sencillamente que la-corte ha errado en las resoluciones que cita, sin especificar los errores ni fundamentar su imputación, resulta notoriamente ventajosa sobre la de los apelados, que a esta hora, merced a la habilidad de los de-mandantes, ni saben ni pueden presumir, en qué estriban los errores que a la corte inferior se atribuyen, ni qué razones tiene el apelante para sostener su tesis en el caso; y como todo trámite procesal se encamina e inspira en el honesto principio de absoluta igualdad entre los litigantes, y repudiación de toda situación de sorpresa, o ventaja para una parte con daño para la otra, es por ello que los apelados entienden llegado el caso de impetrar de esta Suprema Corte, que velando por la pureza del procedimiento y por el exacto cumplimiento de sus propias reglas procesales, ejercite la facultad que le concede la sección 60 del reglamento.
“La mejor demostración de que el apelante no se presenta en este debate en la forma abierta y legal que requiere su condición de ape-lante, se encuentra en aquel párrafo final de su alegato, precedente a la súplica, en que de modo expreso se reserva el derecho que cree asistirle de argumentar oralmente o por escrito los errores de la resolución apelada.
“El valor de esta reserva es a este tribunal el único que compete establecerlo y seguramente lo hará con la justificación que acostum-bra : más a los apelados ha de serles permitido analizando su alcance, presentar dicha reserva como una patente admisión de parte del ape-lante de que ha dejado incumplidas las disposiciones del reglamento en la materia que nos ocupa, toda vez que si hubiera establecido y presentado antes los errores de la resolución apelada, no precisaba reservarse el derecho de argumentarlos.
“Nuestra contención en el particular que nos ocupa viene soste-nida por los siguientes casos resueltos por esta honorable corte, a saber: Axtmayer v. Ortiz, 19 D. P. R. 499; Santiago v. Somonte, 20 D. P. R. 301; Goble y Jiménez v. Truyol, 27 D. P. R. 392; Bank of Canada v. MacCormick, 27 D. P. R. 415.
“También apoya nuestra tesis el siguiente principio: . ■
‘Assignment of Errors. — Nature and Object. — An assigment of errors is in the nature of a pleading, and, in the court of last resort, it performs the same office as a declaration or complaint in a court of original jurisdiction. The object of an assignment of errors is to point out the specific errors claimed to have been committed by the court below, in order to- enable the reviewing court and opposing counsel to see on wheat points plaintiff’s counsel intends to ask a reversal of the judgment or decree and to limit discussion to those points.’ 2 Cyc. 980.”

El alegato de los apelados se notificó a los apelantes el 12 de marzo último y no obstante haberse el punto levan-tado en la forma tan clara, razonada y amplia que acaba-mos de ver, los apelantes comparecieron a la vista del re-curso el 18 del propio mes sin ejecutar acto alguno revelador de su intención de cumplir con el precepto reglamentario. Se limitaron a argumentar, por medio de su distinguido e ilustrado letrado, su caso oralmente.

Sedentemente este tribunal fia expresado de una manera inequívoca su criterio en relación con el perfeccionamiento de las apelaciones. Es imposible que podamos cumplir con nuestros deberes, si los casos que a esta corte se someten no se presentan en debida forma.

El 20 de abril último el tribunal desestimó la apelación en el caso de la Sucesión Suro contra la Sucesión Prado. Allí se dijo:

“En el alegato se discuten al parecer un número de errores, sin una clara determinación de los mismos. * * * El alegato * * * no es una notificación suficiente a la parte contraria de las cuestiones en que se ha de insistir en el acto de la vista y sería de muy poca ayuda para la corte.”

Y el 16 de junio próximo pasado se desestimó también la apelación en el caso de Díaz v. Cividanes, tratándose la ma-teria ampliamente en la opinión en la que se cita el caso de Bell v. Germani et al., 107 Pac. 630, que contiene un pá-rrafo tan expresivo como éste:

“Se supone que el alegato es el conductor del abogado que lleva a la corte los hechos esenciales del caso de su cliente, la exposición de las cuestiones legales envueltas, la ley que él hubiera aplicado y la aplicación que él desea que se dé por la corte.”

Si tuviéramos que proceder a la resolución de este re-curso, tendríamos que recurrir a nuestra memoria, más o menos fiel, para recordar los argumentos de los apelantes, o convertirnos en abogados suyos. Esto no debe suceder.

No habiendo, pues, los apelantes perfeccionado su ape-lación en la forma que nuestras reglas y la práctica y la jurisprudencia de los tribunales exigen, debe declararse con lugar la petición de los apelados y desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres, Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Cadilla et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2371.
    Resuelto en julio 19, 1921.
    Obligación Condicional. — Vendida una Anea en $2,000, el comprador pagó la mitad del precio al vendedor reteniendo la otra mitad para entregársela al recibo del título de dominio inscrito que el vendedor se comprometió a instar en seguida. Se resolvió: que era .una obligación condicional y no a plazo la contraída por el vendedor.
    Id. — Cumplimiento de la Obligación Condicional. — Cuando el cumplimiento de una condición no depende exclusivamente de la voluntad del obligado, sino también de la de un tercero a quien no puede compelerse de modo alguno, si aquél ha hecho cuanto estaba de su parte, cumple con su obligación y tiene derecho a qne el otro contratante cumpla con lo pactado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Méndez Vas.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por el demandante Agustín Hernández Mena contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en septiembre 28, 1920, declarando sin lugar la demanda inter-puesta contra William E. Mullenboff, William Ludwig Mul-lenboff y Francisco M. Cadilla, en cobro de dinero, por el fundamento de que los becbos en ella alegados no son sufi-cientes para determinar una causa de acción.

Los becbos alegados en la demanda que debemos aceptar como ciertos para la decisión del recurso son los siguientes:

Primero. Por escritura pública de 15 de enero de 1912 Julio Maisonet Eivera vendió a William E. Mullenboff una finca rústica que se describe en la demanda, cuya posesión -estaba inscrita a su favor en el registro de la propiedad, por precio de $2,000 de los cuales el comprador pagó al ven-dedor $1,000 reservando en su poder los $1,000 restantes, con la obligación de pagarlos al mismo vendedor tan pronto éste le entregase certificación debidamente inscrita en el re-gistro de la propiedad del auto de la Corte de Distrito de San Juan aprobando la información que dicbo Maisonet de-bía iniciar enseguida para acreditar el dominio de la finca a favor del comprador Mullenhoff, dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la escritura mencionada.

Segundo. El comprador William E. Mullenboff inscribió su título de compraventa en el registro de la propiedad y en la inscripción se hizo constar la responsabilidad del pago de los $1,000 resto del precio de la venta, a favor de Julio Maisonet, como carga que pesaba sobre la finca, especificán-dose la obligación del comprador de reservar en su poder dichos $1,000 para pagarlos a Maisonet tan pronto éste le entregase la certificación inscrita del dominio de la finca a favor de Mullenboff.

Tercero. Por escritura de 17 de enero de 1912 William E. Mullenboff constituyó hipoteca voluntaria sobre la finca para asegurar un préstamo de $2,000 e intereses a favor de su padre William Ludwig Mullenboff, inscribiendo éste su derecho de hipoteca en el registro y mencionándose en la inscripción que la finca se bailaba afecta a la carga de los referidos $1,000 pendientes de pago cómo parte del precio de venta.

Cuarto. Posteriormente la mercantil “ Plaza Provision Company” entabló demanda contra William E. Mullenhoff ante la Corte Municipal de San Juan en cobro de $300, inte-reses- y costas; y condenado en rebeldía el demandado Mul-lenhoff al pago de la cantidad reclamada, fué embargada la finca y vendida en pública subasta el día 11 de febrero de 1913 por precio de $500 a Francisco M. Cadilla, a cuyo favor' otorgó el marshal de la corte escritura de venta que también fué inscrita en el registro, haciéndose constar en la inscrip-ción la carga mencionada.

Quinto. El abogado Manuel Moraza, siguiendo instruc-ciones de Julio Maisonet Rivera, inició a nombre de William E. Mullenhoff, en 17 de enero de 1912, ante la Corte de Dis-trito de San Juan, expediente ex-parte para justificar el do-minio de la finca a favor de William E. Mullenhoff y dicha corte por resolución de 29 de abril de 1912 desestimó la soli-citud, cuya resolución fué confirmada en grado de apelación por esta Corte Suprema por sentencia de 16 de abril de 1913 bajo el fundamento de ser insuficiente la prueba que" el pro-movente había aportado para justificar el dominio.

Sexto. Con motivo de la sentencia de esta Corte Suprema de 16 de abril de 1913, Julio Maisonet, representado por el abogado Manuel Moraza, practicó diligencias inmediatamente para promover de nuevo a nombre de William E. Mullenhoff el correspondiente expediente de dominio, subsanando la in-suficiencia de la prueba que antes había dejado de aportar; pero no le fué posible llevar a efecto, la promoción del nuevo expediente por el motivo de que William E. Mullenhoff le negó su autorización para ello, bajo pretexto de que la finca había pasado a ser propiedad de Francisco M. Cadilla, im-pidiendo así a Julio Maisonet cumplir el compromiso con-traído por escritura de 15 de enero de 1912 y cobrar a Mul-lenhoff los $1,000 que éste debía pagarle tan pronto le en-tregara la certificación de dominio de la finca debidamente inscrita en el registro de la propiedad.

Séptimo. Por escritnra de 27 de enero de 1920, Julio Mai-sonet transmitió a título de cesión a favor de Agustín Her-nández Mena el crédito de $1,000 que le estaba adeudando William E. Mullenhoff cediéndole también todos los derechos y acciones para recobrar dicho crédito, el cual no ha sido satisfecho total o parcialmente ni al eedente Julio Maisonet Rivera ni al cesionario Agustín Hernández Mena.

Octavo. El cesionario Agustín Hernández Mena con el fin de cumplir el compromiso contraído por Julio Maisonet con William E. Mullenhoff en la escritura de venta de la finca de 15 de enero de 1912 solicitó autorización por escrito me-diante cartas remitidas bajo pliego certificado al actual dueño de la finca Francisco M. Cadilla para iniciar a nombre de dicho Cadilla y justificar a su favor el dominio de la finca, haciéndole saber al propio tiempo que su silencio sería inter-pretado por el demandante como una negativa a conceder la autorización solicitada, y quedaría así cumplida en todas sus partes la condición estipulada para el pago de los $1,000 resto del precio de la finca, a cuyas cartas y solicitud jamás dió contestación Cadilla.

La demanda concluye con la súplica de que se condene a los demandados William E. Mullenhoff como deudor principal y a Francisco M. Cadilla como poseedor de la finca a pagar al demandante los $1,000 que se le adeudan con inte-reses legales y las costas y se declare asimismo en defecto de dicho pago que el demandante tiene derecho preferente sobre William Ludwig Mullenhoff y Francisco M. Cadilla para hacer efectiva en la finca su reclamación, pudiendo em-bargarla y ejecutarla.

La anterior demanda fué exeepcionada por el demandado Francisco M. Cadilla bajo el fundamento de que sus alega-ciones no determinan una causa de acción y celebrada la vista de la excepción el juez la sostuvo y dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda con las costas al demandante.

Consigna el juez en sn opinión como fundamentos de la sentencia:' (1) Qne tratándose como se trata de nna obli-gación a plazo o a día cierto y no de nna obligación con-dicional, la denda no es exigible por no haber entregado el vendedor Jnlio Maisonet Eivera al comprador William E. Mnllenhoff la certificación del título dominical de la finca inscrito en el régistro de la propiedad; (2) que siendo co-rrelativa la obligación del comprador de entregar al ven-dedor los $1,000 resto del precio de la finca con la obliga-ción del vendedor de entregar al comprador previamente la certificación del título dominical inscrito en el registro den-tro del término de seis meses desde que fué otorgada la es-critura de compraventa de 15 de enero de 1912 y no habiendo cumplido el vendedor con su obligación está impedido y tam-bién lo está su cesionario Agustín Hernández Mena para reclamar la suma adeudada.

Alega el apelante en apoyo del recurso que la corte co-metió error al calificar como calificó en su opinión de obli-gación a plazo y no de obligación condicional la que es objeto de la demanda y por haber dejado de tener por cumplida la condición para el pago de la cantidad adeudada cuando el obligado a ese pago había impedido voluntariamente al acreedor el cumplimiento de la condición negando su auto-rización para la instrucción del expediente de dominio.,

Según el artículo 1092, sección 2a., Capítulo III, Título I, Libro IY, del Código Civil Reformado, son obligaciones a plazo aquéllas para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, y sólo serán exigibles cuando el día llegue, en-tendiéndose por día cierto aquél que necesariamente ha de venir aunque se ignore cuando, pues si la incertidumbre con-siste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condi-cional y se regirá por las reglas de la sección precedente.

En el presente caso la obligación de pagar el comprador al vendedor los $1,000, resto del precio de la venta de la finca rústica vendida, cuando el vendedor le entregara certi-ficación debidamente inscrita en el registro de la propiedad del auto de la Corte de Distrito de San Jnan aprobatorio de la información de dominio de la misma dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la escritura de venta, no es una verdadera obligación a plazo pnes la aprobación judicial de la información de dominio y la entrega de la certifi-cación de dicho anto al comprador en el período de tiempo indicado no eran hechos ciertos qne necesariamente habían de venir sino hechos mny eventuales dependientes de que el juez impartiera su aprobación a la información con vista del resultado de las pruebas que se practicaran y del derecho aplicable al caso, estando subordinada su inscripción en el registro de la propiedad a la calificación del registrador. El promo vente y su abogado pudieron creer con la mejor buena fe que habían llenado todos los requisitos necesarios para obtener la aprobación del expediente de dominio y el juez sin embargo estimar lo contrario.

Siendo ello así, había incertidumbre en si había de llegar o nó el día para el cumplimiento de la obligación, y por tanto, ésta debe regirse por las reglas de la sección Ia. del capítulo, título y libro ya expresados del código.

Entre esas reglas está comprendida la del artículo 1086, que invoca el recurrente, preceptiva de que se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiere volunta-riamente su’cumplimiento; pero aunque el demandante alega haber solicitado autorización por escrito mediante cartas re-mitidas bajo pliego certificado al demandado Francisco M. Oadilla para iniciar a su nombre y justificar a su favor el dominio de la finca haciéndole saber - que su silencio sería interpretado por el demandante como una negativa a con-ceder la autorización y quedaría cumplida en todas sus par-tes la condición estipulada para el pago de los $1,000 sin que el demandado diera contestación a dichas cartas, no por ello es de aplicarse al demandado el precepto del artículo citado aún dada la presunción de que el demandado recibiera las cartas, pnes su silencio no implica qne aceptara los efec-tos que a ese silencio atribuye el demandante. Esos efectos no podían ser los que éste arbitrariamente fijara sino los que la ley estableciera, y no conocemos precepto legal alguno que sancione tales efectos.

Pero entre las reglas que gobiernan las obligaciones con-dicionales encontramos la comprendida en' el artículo 1082 del Código Civil que dice así:

“Art. 1082. — Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este Código.”

Y comentando Manresa el artículo 1115 del Código Civil Español, cuyo texto es igual al 1082 del Código Civil Revi-sado, refiriéndose a casos en que el cumplimiento de la con-dición dependa en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero a quien no pueda com-pelerse para que tenga realización, se expresa en los siguien-tes términos:

“En tales casos, la jurisprudencia anterior al Código Civil tenía declarado que el acreedor habiendo realizado cuanto de él dependía, pudiera exigir el cumplimiento de las obligaciones. Este cumpli-miento, ficto, no real, expresamente no está admitido por el Código que se limita a declarar válidas tales condiciones y la obligación por ellas afectada; pero tampoco lo rechaza y en su silencio, y como doc-trina, puede en la jurisprudencia mantenerse su antiguo criterio.” Manresa, comentarios al Código Civil, Tomo 8, p. 122.

La jurisprudencia a que se refiere el ilustrado comenta-rista español la encontramos consignada en las sentencias del Tribunal' Supremo de España de 19 de noviembre de 1866 y 23 de febrero de 1871.

En la primera de diclias sentencias se consigna:

“Que si bien el demandante se impuso- en los contratos la obliga-ción de acreditar los trabajos con certificados del ingeniero-jefe de la línea, aquella obligación no dependía de su voluntad sino de la de un tercero a quien no podía compelerse por medio alguno, puesto que no estaba obligado-; y habiendo apreciado la Sala sentenciadora, según las pruebas practicadas que Cremades hizo cuanto estaba de su parte para cumplir lo convenido '* * iS la ejecutoria al im-poner a los recurrentes la obligación de cumplir lo convenido, sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer por consecuencia de la recepción definitiva de las obras, no ha infringido la ley del contrato, ni la Ia., tit. 1°., libro 10 de la Novísima Recopilación y 12, tit. 11., Partida 5a., que hablan de las obligaciones en general, ni las sentencias que se invocan de este Supremo Tribunal.”

T en la segunda, el mismo sabio( tribunal sostiene,-—

“Que cuando el cumplimiento de una condición no depende de la voluntad del obligado, sino de la de un tercero a quien no puede compelerse de modo algímo, si aquél ha hecho cuanto estaba de su parte, cumple con su obligación y tiene derecho a que el otro contra-tante cumpla con lo pactado, cuya doctrina es también la admitida por este Supremo Tribunal.”

En el presente caso, como liemos dicho antes, el cumpli-miento de la condición no dependía exclusivamente de la voluntad del acreedor sino de hechos ajenos al mismo. La escritura de venta se otorgó en 15 de enero de 1912 y en 17 del mismo mes inició el acreedor vendedor, Julio Maisonet Rivera, ante la Corte de Distrito de San Juan, expediente para justificar el dominio de la finca a favor del comprador; la información de dominio fué desestimada por resolución de 29 de abril de 1912 de la que apeló Maisonet Rivera, ha-biendo sido confirmada por esta Corte Suprema en sentencia de 16 de abril de 1913 cuando ya había vencido con exceso el término señalado para la entrega del certificado inscrito en el registro del auto aprobatorio del dominio; Maisonet Rivera practicó inmediatamente diligencias para subsanar la insuficiencia de la prueba, pero no consiguió su propósito por haberle negado William. E. Mullenhoff autorización para ha-cerlo, por haber pasado la finca a ser propiedad de Francisco M. Cadilla; y últimamente el demandante Agustín Hernán-dez Mena, cesionario de Julio Maisonet, por medio de cartas certificadas solicitó autorización de Cadilla para iniciar a nombre de éste y a su favor el expediente de dominio de la finca sin .que obtuviera contestación alguna.

La falta de cumplimiento de la condición impuesta al acreedor para el pago por el deudor del precio aplazado de la venta no ha dependido exclusivamente del acreedor Julio Maisonet Rivera ni de su cesionario, el hoy demandante, Agustín Hernández Mena, sino primeramente de la Corte de Distrito de San Juan y de esta Corte Suprema, que dene-garon la aprobación del expediente de dominio, y después de terceras personas, a saber: William E. Mullenhoff y Francisco M. Cadilla.

Ante esos hechos no puede someterse al acreedor a una especie de cláusula penal que no fué convenida en el contrato, privándole del derecho de cobrar un crédito que legítima-mente adquirió por escritura de 15 de enero de 1912, aunque afectado para su cobro por una condición cuyo cumplimiento no ha dependido de su exclusiva voluntad, y hacemos apli-cación de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de España, que aunque es anterior al Código Civil, no está en contradicción con sus preceptos, sin perjuicio del derecho del comprador a ser reintegrado por el vendedor de los gastos que pueda causar la instrucción del expediente de dominio.

Es de revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de su origen para procedimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia ajelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y .Hutchison disin-tieron.