author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ernesto Colón Aponte, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido
    Núm. 1196.
    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Marzo 6, 1947.

      Diego O. Marrero, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   EN RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 1ro. de julio de 1946 se presentó en el Registro de la Propiedad de Bayamón la escritura Núm. 3 de 30 de enero de 1946, otorgada ante el Notario Diego O. Marrero. En dicho documento se protocolizó el testamento mancomunado que con fecha 30 de abril de 1942 otorgaron en Saint Thomas,. Frans Alfred Hammer y su esposa Edith Pauline Hammer. A esta escritura se acompañó la Núm. 11, otorgada en San. Juan, el 8 de abril de 1946, ante el mismo notario. En ésta la co-testadora Sra. Hammer, a virtud del referido testa-mento, se adjudicó a sí misma una finca rústica radicada en el término municipal de Bayamón, inscrita a nombre de la sociedad de gananciales constituida por ella y su esposo. Se acompañaron, además, los documentos complementarios co-rrespondientes. El mismo día se presentó la escritura Núm.. 16, otorgada el 16 de mayo de 1946, ante el referido notario, por la cual Holger Bhode Fog, como apoderado de la Üra. Hammer, vendió la antes mencionada finca a Ernesto (Jolón Aponte.

El registrador denegó la inscripción del testamento por seis motivos que expuso en su nota de 22 de julio de 1946 y como consecuencia de esa denegación, el 12 de septiembre de 1946, fue retirada la escritura de compraventa a favor del recurrente sin que se hubiera practicado operación alguna.

Contra la nota denegatoria de la inscripción del testa-mento no se estableció recurso alguno, pero el 16 de septiem-bre de 1946 volvió a presentarle la escritura de protocoliza-ción del testamento con los documentos complementarios co-rrespondientes, así como la referida escritura de compra-venta. ■ En cuanto al testamento, el registrador lo devolvió sin practicar operación alguna, fundándose en que había sido denegada su inscripción por la nota de 22 de julio de 1946, la cual, según él, había quedado consentida.

En lo que respecta a la escritura de compraventa a favor del recurrente, la inscribió en cuanto a la mitad proindivisa que por concepto de gananciales, correspondía a la vende-dora Edith Pauline Hammer y denegó 'la inscripción en cuanto a la otra mitad pon no aparecer inscrita a favor de la transmitente, toda vez que había sido denegada la inscrip-ción del testamento, como antes hemos indicado.

Contra la negativa de inscripción del testamento y contra la nota de 16 de septiembre de 1946 por la que se denegó la inscripción de la escritura de compraventa en cuanto a la mitad indivisa de la finca, por no aparecer ésta inscrita a nombre de la vendedora, estableció el comprador el presente ■ recurso.

I

En el alegato que en apoyo de sus notas radicó el registrador, alegó como primera cuestión, que este recurso gubernativo debe desestimarse porque habiendo sido consentida la nota de 22 de julio de 1946, por la cual se denegó la inscripción del testamento, no podía volverse a presentar ese documento para sn inscripción.

Como el registrador sostenía que las dos veces en que se presentó la escritura de protocolización del testamento, así como la segunda vez que se presentó la escritura de com-praventa, diclios documentos fueron- presentados por la misma persona y el abogado del recurrente admitió que la primera nota por la cual se denegó la inscripción del testa-mento había sido consentida por no hallarse él en Puerto Eico ni haber tenido oportunidad de recurrir contra la misma, convinimos con el registrador en que, habiéndose consentido dicha nota por el recurrente, éste no podía vol-ver a presentar la escritura de testamento. Consecuente-mente, desestimamos el recurso por resolución de 13 de enero de 1947. Pero el recurrente solicitó la reconsideración y examinadas las constancias del Registro a virtud de'certi-ficaciones que solicitamos del registrador mediante una or-den para mejor proveer, aparece que las dos veces en que se presentó la escritura de protocolización de testamento lo fue por el Lie. Diego O. Marrero. Sin embargo, no consta que en ambas ocasiones él actuara como mandatario verbal de la misma persona. Si en realidad el Lie. Marrero, al pre-sentar por primera vez la escritura de protocolización de testamento, lo hizo como mandatario- verbal de Edith Pauline Hammer y la segunda vez actuó como mandatario verbal del recurrente, no podemos convenir en que éste venga obligado por la nota que consintió la vendedora, pues el recurrente, independientemente de Edith Pauline Hammer, tenía interés en inscribir el testamento para poder así obtener la inscrip-ción de la venta que se hizo a su favor. Colonial Co. v. Reg., 1 S.P.R. 396, 401; Jiménez v. Reg., 62 D.P.R. 353.

Ante la duda de que el recurrente hubiera consentido la primera nota pon la cual se denegó la inscripción del testa-mento, procede deja'r sin efecto nuestra resolución de 13 de enero de 1947, por la cual desestimamos el recurso y pasar a considerarlo en sus méritos.

II

Discutiremos conjuntamente los dos primeros fundamentos de la nota del registrador.

1. El primero, por el cual denegó la inscripción de la es-critura de- protocolización de testamento, consiste en que se trata de un testamento mancomunado otorgado por marido y mujer y qu.e tal testamento está prohibido por el art. 618 del Código Civil.

2. El segundo consiste en que no se lia demostrado cuá-les son las formas y solemnidades de los testamentos otor-gados en Islas Vírgenes, pero en el supuesto de que se hu-biera demostrado que tales formas y solemnidades han sido cumplidas, ello no convalidaría el testamento, toda, vez que, según el art. 11 del Código Civil, las leyes prohibitivas con-cernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas o por disposiciones o convenciones acordadas en países extranjeros.

El recurrente sostiene que la prohibición del art. 618 del Código Civil () va dirigida contra el testamento mancomu-nado otorgado en Puerto Eico y que el que declara inválido el 667() es el mancomunado otorgado por ciudadanos de Puerto. Rico fuera de esta Isla aunque esa forma de testar sea válida en el país de su otorgamiento. Partiendo de esta premisa concluye el recurrente que como el testamento en controversia fue otorgado por personas que no son ciudada-nos de Puerto Rico, en un país cuyas leyes autorizan tal tes-tamento, las prohibiciones de los artículos 618 y 667 no son aplicables y consecuentemente erró el registrador al califi-cario de inválido. Arguye además, que tampoco es aplicable el último párrafo del art. 11 del Código Civil porque el tes-tamento mancomunado no es contrario al orden público ni a las buenas costumbres.

El art. 618 no contiene la limitación que quiere impo-nerle el recurrente al efecto de que- el testamento mancomu-nado sólo está prohibido cuando se otorga en Puerto Rico. Lo que dicho artículo prescribe es que el testamento manco-munado no es válido en esta Isla. Comentando el art. 669 del Código Civil Español, del cual fué copiado literalmente el 618 del nuestro, expone Manresa las principales razones de orden público que movieron al legislador español a prohi-bir () el testamento mancomunado excepto en aquellas pro-vincias que se rigen por la legislación foral y ésta los auto-rice.() Dice el citado autor:

"Estos testamentos, mezcla informe de disposición mortis causa y de contrato, como en ocasión solemne le llamara un profesor distin-guido, eran incompatibles con el principio de la revoeabilidad esencial en materia de sucesión testada, y escasísimas ventajas podían ofrecer a cambio de los muchos inconvenientes que producían, por la con-fusión posible de los patrimonios, por la falta de espontaneidad de alguno de los otorgantes y por los peligros de fáciles sugestiones, y aim de evidentes captaciones, especialmente en los otorgados entre marido y mujer, en que a menudo solía baber una víctima de la seducción y del engaño.
"La ciencia condena el procedimiento, y no faltaron notarios en-tendidos que se negaron a autorizar tales actos, instruidos por la experiencia de que el cónyuge más enérgico imponía de ordinario su voluntad o su capricho al más débil, faltando así en alguno de los otorgantes la necesaria libertad para disponer de sus bienes por el predominio que el otro ejerciera en su ánimo.
“Tan escandalosos abusos, y las repetidas protestas que los mis-mos arrancaban, no podían pasar desapercibidos a la Comisión redac-tora del Código, y dando satisfacción cumplida a ellas, derogó para en adelante esta clase de testamentos. Pero la regla 2a. de las dispo-siciones transitorias del mismo dejó subsistentes los otorgados en dicha forma bajo el imperio de la legislación anterior, con las limi-taciones que más adelante expondremos; y, por lo tanto, interesa conocer las prescripciones del antiguo derecho, puesto que en la prác-tica, y en la diaria labor de los tribunales, pueden presentarse aún a la resolución de los mismos algunas disposiciones otorgadas en dicha forma. ’ ’ Manresa, Comentarios al Código Civil, ' t. 5, págs. 420-1 (2da. ed. 1905).

Es obvio que el testamento mancomunado otorgado por ciudadanos de Puerto Bico, en país cuyas leyes lo autoricen, para tener efecto en dicho país, no ofrece problema alguno de derecho internacional privado, y por consiguiente no es de aplicación la legislación de Puerto Bico que, naturalmente, no puede tener efecto extraterritorial. Pero el testamento que nos ocupa dispone de bienes inmuebles radicados en Puerto Bico y esa circunstancia hace que entre en juego el art. 11 del Código Civil, cuyos párrafos primero y tercero, respectivamente dicen así:

“Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen. ()
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“No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, su actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por disposi-ciones o convenciones acordadas en países extranjeros. ’ ’

Si no1 existiera el tercer párrafo del art. 11 y el art. 666 del Código Civil, () la interpretación qne da el recurrente al art. 667 sería plausible; pero ya hemos visto que el tes-tamento mancomunado ha sido prohibido por considerarlo contrario al orden público. Siendo ello así, la prohibición contenida en el art. 618 no queda sin efecto por el hecho de que el testamento que nos ocupa haya sido otorgado por per-sonas que no son ciudadanos de Puerto Rico, en un país cu-yas leyes lo autoricen. A este efecto dice De Buen:

"Como en la aplicación de leyes extranjeras debe regir, en todo caso, la limitación establecida en el art. 11, de que siempre queden a salvo las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos y sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, consideramos que nadie podrá fundarse en España en su estatuto personal para realizar un acto que contraríe aquellas normas.” 1 De Buen, Derecho Civil Español Común, (2da. ed. 1930) pág. 104.

Podría argüirse con visos de razón que, interpretando a contrario sensus el art. 667 del Código Civil, se llega a la conclusión de que cuando el testamento mancomunado es otorgado, como en el presente caso, por personas que no son ciudadanos de Puerto Rico en país cuyas leyes lo autoricen, tal testamento es válido en este país. Bastará decir para contestar este argumento que el art. 667 no es más que una excepción al art. 666, () excepción necesaria para que no pueda entenderse que, amparándose en el art. 666, los ciu-dadanos de Puerto Rico pueden burlar la prohibición del art, 618 otorgando, en países que lo autoricen, un testamento mancomunado que en todo o en parte, deba tener efecto en Puerto Rico.

Comentando Manresa el art. 733 del Código Civil Espa-ñol, igual al 667 del nuestro, dice:

“. . . Según expusimos en las consideraciones especiales de la presente sección, los documentos, y por lo tanto, los testamentos otor-gados en el extranjero, para que sean válidos y eficaces en España, necesitan, entre otros requisitos, que sea licito y permitido por las leyes españolas el acto o contrato objeto de los mismos. Así lo dispo-nía el Real Decreto de 17 de octubre de 1851: así lo ordena en general, para toda clase de documentos, el art. 600 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil [599 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico]; y esta es la teoría generalmente admi-tida. En su virtud, no siendo lícito y permitido en España el testa-mento de mancomún, según el art. 669 del Código, el otorgado en el extranjero en dicha forma carecería del requisito inicial indicado, y no podría surtir efecto alguno en nuestro país. (Bastardillas del autor.)

“Esto mismo es lo que viene a disponer el art. que examinamos, el cuál no declara nulo el testamento indicado, otorgado en el extran-jero, sino que se limita exclusivamente a privarlo de validez tan solo en España. Fuera de ella podrá ser o no válido según la legis-lación que impere; pero en España no podrá hacerse valer ni eje-cutarse o llevarse a efecto las disposiciones de sus cláusulas.” (Bastardillas nuestras.) Manresa, Comentarios al Código Civil Español, t. 5, pág. 695 (2da. ed. 1905).

Invoca el recurrente la resolución de la Dirección General de los Registros de 28 de octubre de 1894. Pero osa re-solución no sostiene su tesis. Allí se trataba de un testa-mento mancomunado otorgado en Aragón por vecinos de aquella provincia para tener efecto dentro de su territorio. () Pero, como la legislación foral de Aragón autoriza ese testa-mento, no estaba envuelto en dicho caso conflicto de leyes y la situación era igual a la que hubiese surgido tratándose de un testamento mancomunado otorgado en un país cuyas le-yes .lo autoricen, por ciudadanos de dicho país', para tener efecto dentro de su territorio".

No siendo válido ese testamento en Puerto Rico aunque haya sido otorgado en las condiciones en que lo fué, es de-cir, en un país donde está autorizado y por personas que no son ciudadanos de Puerto .Rico, dicho documento no puede trasmitir los derechos que tenía el testador en la finca de su propiedad radicada en Puerto Rico.

La naturaleza del defecto de que adolece el documento objeto de este recurso nos excusa de considerar los demás fundamentos de la nota recurrida. No erró el Registrador al denegar su inscripción y consecuentemente tampoco erró al inscribir la escritura de compraventa tan sólo en cuanto a la mitad de la finca que por concepto de gananciales, apa-recía previamente inscrita a favor de Edith Pauline Hammer.

Procede confirmar la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder concurre en el resultado.

      (1)El art. 618 del Código Civil prescribe:
      “No podrán tostar dos o más personas mancomunad amente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero”.

      (2)E1 art. 667 del Código Civil prescribe:
      “No será válido en Puerto Rico el testamento mancomunado prohibido por el artículo 618, que los ciudadanos de Puerto Rico otorguen en los Estados Unidos o en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes del estado o de la nación donde se hubiere otorgado”.

      (3)E1 testamento mancomunado es puramente de origen español. Surgió en España en el Fuero Beal, Ley 9, Tit.- VI, lib. III. Su autorización estaba limitada entonces a los matrimonios que después de pasado un año del casa-miento no habían tenido hijos ni existían parientes con derecho a heredarlos; pero si después tenían hijos en su matrimonio el testamente quedaba revocado. La Loy do Partidas lo prohibió excepto cuando fuere otorgado por caballeros al entrar en alguna batalla. Ley 33, Tit. XI, partida 5ta. ISTo obstante esa prohibición, el uso llegó a autorizarlo por. lo que, al aprobarse el Código Civil, fué necesario volverlo a prohibir. 12 Scaevola, Código Civil, pág. 186.

      (4) Artículos 12 y 13 del Código Civil Español.

      (B) Parece conveniente consignar que algunos autores entienden que el defecto del testamento mancomunado no es de mera forma, sino que va dirigido a lo substancial, o sea a la validez intrínseca del testamento. 5 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, (2da. ed. 1905) pág. 693; Wolff, Private International Law, p. 605; 3 Bond y Sánchez, Comentarios al Código Civil Español, lib. 3, pág. 305.

      (5i>)El art. 666 del Código Civil, en lo pertinente, prescribe:
      "Los ciudadanos de Puerto Rico podrán testar fuera de Puerto Rico, suje-tándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen”.

      (6)Sánchez Román, Derecho Civil,” t. 6., (Vol. 1) págs. 528-29 (2da. ed. 1910).

      (7)Parece pertinente consignar aquí los siguientes párrafos de la citada resolución de 28 de octubre de 1894:
      “Considerando que ante artículos tan categóricos no es legal estimar dero-gado precepto alguno del derecho foral por los del Código Civil, siquiera se trate de prescripción tan terminante y general cual la del art. 669:

      “Considerando que no puede tenerse en cuenta al resolver este recurso el art. 10 que el Registrador invoca, por la sencilla razón de que esto artículo tiene por objeto regular la eficacia extraterritorial de las Leyes, ora surja el conflicto entre la Ley española y la extranjera, ora entre un precepto del derecho común y otro del derecho foral, y la cuestión origen de este expediente no versa sobre la fuerza de una Ley aragonesa fuera del territorio de aquella provincia, sino sobre la vigencia de una determinada observancia antagónica de una prohibición del Código, por lo cual los únicos artículos que hay que consultar y aplicar son los ya citados 12 y 13; ...” (Bastardillas nuestras). Decretos Refe-rentes al Registro de la Propiedad (Años 1892-1895) págs. 586, 588.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño» Todd, Jb.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Herrera Cabrera y Francisco Morales, acusados y apelantes.
    Núm. 11730.
    Sometido: Enero 13, 1947.

      Resuelto: Marzo 7, 1947.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Hon. Procurador General In-terino Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron convictos por un jurado de un de-lito de hurto mayor y sentenciados a cumplir un año de pre-sidio.

La acusación en este caso fué radicada ante la Corte de Distrito de Arecibo el día 18 de abril de 1940.y el día 29 del mismo mes y año se procedió a dar lectura de la misma ha-biendo alegado los acusados ser inocentes y solicitado juicio por jurado. No fué hasta más de cuatro años después, o sea, el 16 de mayo de 1944, que se llamó el caso para juicio. Antes de dicho día (del récord no aparece la fecha exacta) el acusado Marcelino Herrera redactó personalmente y ra-dicó en corte una moción solicitando el archivo y sobresei-miento del caso por no haberse celebrado el juicio dentro de los ciento veinte días que provee el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Al ser llamado el caso para juicio, el juez sua sponie llamó la atención de que se había presentado dicha moción y el abogado, nombrado de oficio, de los acusados Marcelino Herrera y Francisco Morales, entonces hizo constar que tam-bién presentaba dicha moción en cuanto al otro acusado Morales. La corte entonces dijo: “Tiene que ser por escrito y notificadas al fiscal. Esta que se presentó tampoco está notificada al fiscal) de manera que la voy a declarar sin lu-gar. Tiene que notificarse con cinco días de antelación al fiscal.” El abogado anotó sn excepción y entonces ocurrió lo siguiente:

“La Corte hace constar que el acusado Marcelino Herrera redactó una moción de archivo sin notificación al fiscal, firmada por el propio acusado; que el otro acusado Francisco Morales no ha presentado moción alguna y que el abogado pretende presentarla ahora verbal-mente. Que la Corte entiende que las mociones de archivo deben ser por escrito, radicadas y notificadas al fiscal días antes de la vista, aun cuando pueden presentarse y discutirse el mismo día de la vista, porque de lo contrario el fiscal no estaría preparado para demostrar que hubo causa justificada para demorar el proceso.
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“Abogado Sr. Mercader: Pedimos la reconsideración porque el Tribunal Supremo acaba de resolver últimamente que estas mociones se pueden pedir y presentar en el momento de la vista y oralmente, y hacemos constar que está aquí el fiscal presente.
‘ ‘ Hon. Juez: No he dicho que no puedan discutirse el mismo día de la vista. He dicho que deben ser notificadas antes de la vista. El Fiscal necesita estar preparado para demostrar si hubo alguna sus-pensión o motivo justificado.
“Abogado Sr. Mercader: Excepción.”

El primer error señalado por los apelantes en este re-curso es el cometido, a su juicio, por la corte inferior al de-clarar sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento. El fiscal de esta Corte en su alegato se allana a la revocación solicitada por los apelantes por este motivo y a nuestro jui-cio procede.

Uno de los acusados, Herrera, radicó su moción de sobreseimiento" varios días antes del día señalado para el juicio y tanto él como el otro acusado, Morales, fueron defendidos por un abogado" nombrado de oficio quien hizo ex-tensiva la misma moción al acusado Morales. Bajo- estas circunstancias no vemos qué perjuicio podía causarse al fiscal tener que presentar prueba de la justa causa que hubiera podido existir para no haber celebrado el juicio dentro del término legal ya que dicha prueba se refería al mismo caso. Esto no obstante, la corte, moho proprio, desestimó la mo-ción de plano, sin qne aparezca del récord qne el fiscal si-quiera hubiera hecho objeción alguna.

La moción del acusado Herrera, aun cuando no fue noti-ficada al fiscal, fue presentada a tiempo. Si como alega el apelante, y admite el fiscal en su alegato, el abogado defen-sor fuó nombrado de oficio, dicho letrado estuvo justificado en hacer extensiva la moción del acusado Herrera al acusado Morales. Lo que no hubo fue justificación y prueba para de-mostrar la justa causa que'pudo existir para que.un caso de hurto mayor estuviera pendiente de juicio ante la corte inferior durante más de cuatro años. Y esa prueba corre poncha presentarla al fiscal.

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia apelada y devuelve el caso para que la corle inferior oiga la moción de archivo y sobreseimiento y si no se demostrare qne hubo justa causa para la dilación, la declare con hogar, y en caso contrario celebre un nuevo jxoicio.


author: El Juez PkesideNtb Señor Thavieso

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Crown Beverages, Inc., interventora.
    Núm. 126
    Sometido: Enero 13, 1947.

      Resuelto: Marzo 10, 1947.

      Hon. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández, J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar j Manuel Le-desma Dávila, abogado de la División Contribuciones, etc., abo-gados todos del peticionario; James li. Beverley, José López Baralt ■y R. Rodríguez Lebrón, abogados de la interventora, querellante en eJ pleito principal.
   El Juez PkesideNtb Señor Thavieso

emitió la opinión del tribunal.

La interventora radicó tina moción de desestimación por falta de jurisdicción, alegando que el término dentro del cual venía obligado el peticionario a radicar su solicitud de cer-tiorari ante este Tribunal venció el día 26 de octubre de 1946, y que dicha solicitud se radicó el día 28, del mismo mes, ca-reciendo por tanto este Tribunal de jurisdicción para enten-der del recurso.

En su contestación a la moción de desestimación arguye el peticionario que el día 26 de octubre de 1946 fué sábado, y que a pesar de las gestiones hechas para radicar su petición ese día, no le fué posible hacerlo, ya que las oficinas del Tribunal Supremo permanecieron cerradas todo el día 26 de octubre a tenor con una Eesolución de este Tribunal de fecha 9 de mayo de 1945. De igual manera y a virtud de una or-den ejecutiva del Gobernador de Puerto Bico todas las ofi-cinas del Gobierno permanecieron cerradas durante dicho día 26 de octubre y en la actualidad todavía permanecen cerra-das los días sábados.

Si por resolución de este Tribunal y por orden ejecutiva del Gobernador de Puerto Bico se hace saber a los litigantes que todas las oficinas del Gobierno permanecerán cerradas durante los sábados, no parece justo exigirle a una parte que goza de un término apelativo de 30 días, que vence sábado, que radique su apelación el día antes, o sea el día vigésimo-nono, ya que esto equivaldría a aeoitarle el término apela-tivo de 30 días que le concede la Ley. Tampoco sería justo obligar a un abogado que encuentra las oficinas del Tribunal cerradas, a iniciar gestiones para tratar de conseguir los funcionarios correspondientes de este Tribunal con miras a hacerles entrega de su petición de certiorari, o cualquier otro documento.

Resolvemos que mientras esté vigente la actual orden ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, así como nuestra Resolución de fecha 9 de mayo de 1945, debe considerarse el día sábado como si fuera no hábil a los fines de computar los términos que vencen en dicho día, y que cualquier tér-mino que venza un día sábado se entenderá prorrogado hasta el próximo día hábil.

Se declarará sin lugar la moción de desestimación radi-cada por la interventora.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
      In re Luis Vergne Ortiz, querellado.
    Núm. 65.
    Sometido: Marzo 5, 1947.

      Resuelto: Marzo 10, 1947.

      Luis Vergne Ortiz, pro se; Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se alegó en la querella en este caso que. el abogado Luis Vergne Ortiz actuando como notario público y en violación de la Ley Notarial, dió fe, en cuatro fechas distintas, de que cuatro personas suscribieron y juraron ante él cuatro pagarés, por $100 cada uno, habiendo dicho querellado re-gistrado los referidos juramentos en sn Registro de Affidavits, sin constarle qne las firmas eran de los otorgantes. Se alegó, además, qne a virtud de dicha actuación ilegal, Josefa Quiñones Yda. de Maldonado, dando crédito a sn firma notarial, se desprendió, en cuatro ocasiones distintas de la suma de $100.

El querellado, tanto al contestar la querella, como en la vista del caso, admitió los hechos antes expuestos y en su defensa alegó su buena conducta profesional durante veinti-ocho años, tanto como abogado y notario como Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, y admitió que “desvián-dose de sn invariable línea de conducta, el querellado, in-fluenciado por la vejez y aparente seriedad y corrección de Belén Olmeda, contra sn costumbre, "indebidamente, por com-placencia en pugna con el estricto cumplimiento de sn de-ber, aceptó qne dicha señora trajera a sn oficina las cuatro obligaciones antes reseñadas y las autorizó, recibiendo en cada caso una compensación de cincuenta centavos.”

Alegó y probó además el querellado que había satisfecho a Josefa Quiñones Yda. de Maldonado el importe de las cua-tro obligaciones mencionadas.

No hay duda alguna de que la actuación del querellado constituyó, no sólo conducta impropia y censurable, sino que ilegal, en él ejercicio de su profesión. Él mismo así lo re-conoce y admite, con humildad y franqueza, que dicen bien de su contextura moral. La perjudicada fue posteriormente resarcida por el querellado en el importe de los pagarés. ,

La complacencia en pugna con el estricto cumplimiento de su deber, confesada por el querellado, pudo haber ensom-brecido para siempre el buen nombre adquirido a través de muchos años de trabajo y de sacrificio. Si no existiera el concepto de responsabilidad que estamos convencidos existe en el querellado, debido a la forma en que ha confrontado los cargos formulados en esta querella, su actuación mere-cería un severo castigo.

.Porque a esta conclusión llegamos, somos de opinión que se cumplen los fines de la justicia suspendiendo al querellado en el ejercicio de su profesión de abogado y notario por un término de tres meses y así se ordenará.'


author: En Juez Asociado Señoii Hítybeb.

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Teódulo Llamas Muñiz, interventor.
    Núm. 136
    Sometido: Enero 10, 1947.

      Resuelto: Marzo 10, 1947.

      Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández j Garlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario ; Clemente Buiz Nazario y F. L. San Miguel, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   En Juez Asociado Señoii Hítybeb.

emitió la opinión del tribunal.

En este caso expedimos un auto de certiorari a solicitud del Tesorero para revisar la decisión del Tribunal de Con-tribuciones. De conformidad con nuestra práctica anterior, el'auto contenía una disposición rutinaria recabando del Tribunal de Contribuciones nos elevara cualquier prueba adu-cida en la vista. De acuerdo con esta disposición el Tribunal de Contribuciones ordenó a su taquígrafo-repórter que radi-cara dentro de veinte días la transcripción de la evidencia aducida durante la vista. El término expiró y no se radicó transcripción alguna. No obstante esto, el Tesorero radicó su alegato ante este Tribunal dentro del término fijado por nuestro Reglamento. El contribuyente ha solicitado la des-estimación.

Alega el contribuyente que este recurso no ha sido per-feccionado debido a que no se ha radicado la transcripción de evidencia de acuerdo con nuestra resolución. También alega que el Tesorero hace referencia en su alegato a la de-claración de varios testigos, y que no puede contestar los argumentos del Tesorero, basados en estas partes de las de-claraciones, a menos que se radique en este recurso la trans-cripción de evidencia.

Aprovechamos esta oportunidad para indicar que si bien nuestro mandamiento va dirigido al Tribunal de Contribuciones debido a que revisamos sus decisiones mediante una forma especial de certiorari, como cuestión práctica tales controversias se dirimen entre las partes que comparecieron ante el Tribunal de Contribuciones, y no entre la parte perdidosa y el Tribunal de Contribuciones. El deber de radicar la transcripción de evidencia le corresponde, por tanto, al peticionario, si éste tiene interés en traerla ante nosotros,. y no al Tribunal de Contribuciones, si bien como cuestión ele forma nuestro mandamiento va dirigido a este último.

Toda vez que nuestra revisión de las decisiones del Tribunal de Contribuciones está limitada a cuestiones de -dereclio, algunas veces podemos llegar.a nuestras conclusiones sin necesidad de utilizar la transcripción de evidencia, Por tanto sería una gestión innecesaria exigirle al peticionario la radicación de la transcripción de evidencia en todos los casos. Es el peticionario quien debe decidir si en su opinión las cuestiones que levanta en su recurso ante nos requieren que pasemos sobre toda o parte de la transcripción. Cuando el peticionario deja de tomar las pasos necesarios para traer la transcripción ante este Tribunal, corre el riesgo de que le resolvamos su recurso en contra cuando fuere necesaria la transcripción para poder determinar si el Tribunal de Contribuciones incurrió en error de derecho. Pero el peticionario tiene derecho a correr ese riesgo y a proseguir su recurso en este Tribunal sin radicar la transcripción de evidencia.

En vista de las anteriores consideraciones, recientemente /cambiamos nuestra práctica. Ya no ordenamos como cues-tión de rutina, al expedir un auto de certiorari para revisar •una decisión del Tribunal de Contribuciones, que se eleve la transcripción de evidencia. Ahora el ■ peticionario tiene el ■ deber de tomar a iniciativa propia los pasos necesarios en el Tribunal de Contribuciones para obtener y radicar aquí la transcripción de aquella parte de la prueba que desea que consideremos.

En este caso específico el Tesorero en su contestación a la moción de desestimación afirma que las cuestiones aquí envueltas son “primordialmente” cuestiones de derecho. Sin embargo, el hecho cierto es que el Tesorero en su ale-gato se refiere a una parte del testimonio. Si el Tesorero ' desea que consideremos dicho testimonio, éste debe ser presen-tado debidamente ante nos. De la misma manera, si el con-tribuyente cree que también son necesarias otras partes de la prueba, de suerte que podamos considerar las cuestiones suscitadas por el Tesorero, puede presentar en el Tribunal de Contribuciones una moción a ese efecto.

Toda vez que el lenguaje de nuestra resolución, dictada bajo la práctica anterior, empleada en este caso, puede ha-ber inducido a las partes a creer que no tenían deber alguno en lo que se refiere a la radicación de la transcripción de evidencia en este Tribunal, le concederemos al Tesorero diez días para radicar en el Tribunal de Contribuciones la corres-pondiente moción, de así elegirlo, en relación con este asunto. Si el Tesorero radica dicha moción solicitando que se eleve a este Tribunal sólo parte de la transcripción de evidencia, el Tribunal de Contribuciones deberá concederle al contribu-yente un término razonable para determinar si desea soli-citar que se incluyan también otras porciones de la trans-cripción.

El Tesorero ya ha radicado su alegato en este Tribunal. A menos que radique una moción para que se le permita ra-dicar un alegato enmendado, le concederemos al contribu-yente un término de treinta días para radicar el suyo aquí, contado a partir de la fecha en que se eleve la transcripción de evidencia o de la fecha en que las partes nos informen que no se radicará transcripción alguna.

El contribuyente también se queja de que los ocho errores contenidos en la petición de certiorari no se señalan y discuten separadamente en el alegato del Tesorero, según lo exige la Regla 11(a). Pero nuestras reglas no requieren que el contribuyente argumente en su alegato cada error señalado en su petición. En el alegato el Tesorero claramente señala dos errores que discute con toda amplitud. Por tanto en cuanto a este particular ha dado cumplimiento a nuestras Reglas.

Se declara sin lugar la moción de desestimación.'


author: El Juez PjresideNte ¡Señob, Tkavies®

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nemesio Arroyo Madera, acusado y apelante.
    Núm. 11584.
    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Marzo 11, 1947.

      C. II. Julia y Guillermo Pierluisi, abogados del apelante; IIon. Pro-curador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos del

      Toro, <ex Procurador General, en el alegato) y Joaquin Corred tiuwrez, Fiscal Auxiliar del Tribunal ¿Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PjresideNte ¡Señob, Tkavies®

emitió la opinión del tribunal.

Nemesio Arroyo Madera, acusado de asesinato en segundo grado, antes de comenzar el juicio solicitó de la corte que si se rebajaba la calificación del delito de asesinato en se-gundo grado a homicidio voluntario, se declararía culpable. El íiseal se allanó a esta petición y el juez estuvo conforme con ello, pero el acusado, después de declararse culpable de homicidio voluntario, manifestó: ^Honorable señor. Yo le hice el disparo porque él me atacó con un puñal. En de-fensa.” Ante estas manifestaciones, el juez ordenó que con-tinuara el juicio por asesinato en segundo' grado. El acu-sado íué convicto de asesinato en segundo grado y senten-ciado a doce años de presidio y a dos meses de cárcel por portar armas.

Como primer señalamiento se alega que la corte a quo cometió grave error al no dar cumplimiento a la Ley núm. 33, de 3 de mayo de 1943 (pág. 87), interrogando a los jurados que actuaron en este caso respecto a si habían sido convictos de delito grave, tal y como lo dispone la mencio-nada ley.

Es deber de todo abogado, ilustrar e informar a la corte de alguna violación o falta de cumplimiento de las leyes en que la corte incurra, por inadvertencia u otro motivo. No debe el acusado permanecer callado y esperar basta la ter-minación del juicio para luego en apelación, si el veredicto le es adverso, señalar este incumplimiento de la ley por la corte inferior, como un error. No menciona el acusado ni aparece del récord en qué forma han sido perjudicados sus derechos. La regla establecida por este Tribunal es al efecto de que errores no perjudiciales al acusado no serán de por sí causa para revocar. En el caso de Pueblo v. Báes, 45 D.P.R. 512, donde se alegaba por el acusado que la corte ha-bía cometido error al no tomarle juramento .al jurado, este Tribunal dijo: “Además, el apelante estuvo representado en el juicio por dos abogados y no aparece protesta u objeción alguna en el juicio por la falta de ese juramento . . . ”. “Si el juramento en este caso no fue prestado por el jurado de-bió llamarse la atención de la corte para que ese defecto pu-diera ser corregido.” Y en Baldwin v. State of Kansas, 129 U. S. 52, citado por la corte en Pueblo v. Báes, supra, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“Una razón aún más contundente para contestar la alegación le-vantada es que ninguna objeción se hizo por el acusado apelante a la forma del juramento cuando se tomó o en ningún otro tiempo antes de haberse presentado el caso ante esta corte. Si existió alguna irre-gularidad a ese respecto debió haber sido levantada al momento en que ocurrió. . . . Un acusado no puede permanecer callado y silen-cioso a la expectativa y correr las eventualidades de una absolución y subsiguientemente, cuando se le declara culpable, hacer objeciones a una irregularidad en la forma del juramento. No solamente debe levantarse la cuestión cuando la irregularidad se comete, sino que la forma en que el juramento se tomó, así como la objeción debieron ser incorporadas en un pliego de excepción, a fin de que esta corte pueda ver si es o no suficiente.”

El alegado error no Ira sido perjudicial al acusado y no habiéndose levantado esta cuestión durante el juicio en la corte inferior, no debe levantarse en apelación.

El segundo señalamiento es que la corte cometió grave error al no aceptar la declaración de culpabilidad hecha por el acusado apelante del delito de homicidio voluntario, y sobre todo, al ordenar la continuación del juicio por el delito de asesinato en segundo grado, luego de aceptada la reducción del delito a homicidio voluntario y todo ello sin que el acusado apelante retirase su alegación de culpable o entrase alegación de clase alguna.

Basta leer la transcripción de evidencia para concluir que el alegado error no tiene fundamento. El acusado manifestó que deseaba declararse culpable de homicidio voluntario, pero alegó en seguida que él le disparó al interfecto porque éste le había atacado con nn puñal. Estas manifestaciones del acusado equivalían a una alegación de inocencia y justi-ficaron la resolución del juez de la corte inferior al ordenar que continuase el juicio. En el caso de People v. Barnard, (1938). 15 N.E.2d 915, donde el acusado se declaró culpable, pero luego quiso retirar su declaración, la corte, discutiendo este iiroblema, y hablando sobre el poder de la corte para ordenar que una declaración de culpabilidad sea retirada, dijo:

"La regla general es que depende de la sana discreción de la corte el resolver si la alegación del acusado puede ser retirada, cuando teniendo pleno conocimiento de la naturaleza .de la acusación que se le hace él se ha' declarado culpable. Se han reconocido cuatro excep-ciones a esta regla: (1) Cuando resulta que una alegación de culpa-bilidad fue hecha bajo una errónea impresión de los hechos o de la ley; (2) cuando existe una duda en cuanto a la culpabilidad del acusado; (3) cuando el acusado tiene una defensa digna de ser considerada por un jurado; y (4) cuando resulta que los fines de la justicia serán mejor servidos sometiendo él caso a un jurado.”

Otros casos a este mismo efecto son: People v. Throop, (1935), 194 N. E. 553; Commonwealth v. Dr. Paul, (1936), 184 A. 480. Si aplicamos la regla expuesta a este caso, te-nemos que aceptar que la corte inferior actuó correctamente, pues no solamente existía una duda en cuanto a la culpabi-lidad del acusado, sino que él alegó y creía tener una buena defensa.

Como tercer señalamiento se alega que la corte inferior cometió grave error al permitir al fiscal de distrito en su contrainterrogatorio al testigo Tomás E. Alcalá, introducir prueba de carácter en contra del acusado y también prueba de otros delitos, con el único objeto de impresionar desfavorablemente al jurado en contra del acusado y sin que éste hubiera introducido prueba de buena conducta o se tratase de una excepción de las reconocidas por la ley y la jurisprudencia; y que erró también al denegar la moción de “mistrial”.

El incidente que ha motivado este señalamiento, según aparece de la transcripción de la evidencia, fue, en síntesis, como sigue.:

El policía insular Antonio Caraballo declaró dos veces, a preguntas del Fiscal, que cuando él arrestó al acusado in-mediatamente después del encuentro en que resultó muerto Samuel Santiago Zambrana, el acusado no estalla herido ni tenía rasguño de clase alguna; y al ser repreguntado por la defensa: “¿Notó usted si las manos del acusado estallan lastimadas o heridas, o si tenían algún rasguño?”, el testigo contestó categóricamente “No las tenía”.

Con el propósito de sentar las bases para establecer la alegada defensa propia, el acusado presentó como testigo a Tomás E. Alcalá, Alcaide Auxiliar de la Cárcel de Distrito de Ponce, quien declaró que el documento que tenía en la mano era la hoja histórico penal perteneciente al acusado Nemesio Arroyo Madera. Preguntado por la defensa: “¿En qué condiciones físicas entró Nemesio Arroyo Madera en ese penal el día 21 de enero de 1944, si hay relación indicativa de eso?”, contestó:

“A todo preso que ingresa acusado de un delito de asesinato, homicidio o cualquier otro delito grave, de esa naturaleza, de acuerdo con disposición superior, el médico visitante del penal tiene que exa-minarlo para determinar si tiene alguna herida. En el legajo pertene-ciente a Nemesio Arroyo Madera hay una nota que pertenece al 21 de enero de 1944, al margen derecho donde dice: ‘Vicisitudes’.”

Continuó declarando: “Hay una nota que dice como si-gue: Tiene unos raspazos pequeños en la mano derecha y detrás de la oreja derecha. Firmado: Dr. Luis A. Yordán”; que esas notas se ponen el mismo «día que el preso viene al penal; que la nota del Dr. Yordán no tiene fecha; que cuando una nota no tiene fecha eso quiere decir que se prac-ticó el mismo día en que el preso ingresó en el penal; que cuando el doctor no viene el mismo día lo examina al día siguiente; que está seguro que el Dr. Yordán examinó al acusado el mismo día.

Terminó el interrogatorio del testigo, anunciando la de-fensa que no iba a presentar en evidencia la hoja histórico penal del acusado. Fue entonces que el fiscal hizo la si-guiente pregunta:

“Fíjese a ver si en relación con otros ingresos de este acusado ahí en la cárcel, si no lia habido ahí alguna nota del examen que le hayan hecho.” “Y añadió: ‘Dígalo. Por ejemplo, cuando ingresó por primera vez al penal en 29 de mayo de 1933 . . ”

Intervino el abogado defensor diciendo .que deseaba saber cuál era la pertinencia de la pregunta. Contestó el Fiscal que su propósito era “investigar la nota que el récord tiene en cuanto a si ese día que se le imputa la comisión de ese delito tenía ese raspazo en la oreja. Como el testigo acaba de decir que cuando llega un recluso se examina, a ver si las otras veces se ha hecho eso.” Se opuso la-defensa diciendo que “preferiría que el compañero dijera abiertamente que lo que él quiere que el testigo le diga es si este muchacho ha estado otras veces en la cárcel,” a lo que contestó el fiscal: “No es eso.” Insistió el fiscal en que él tenía derecho a pre-guntarle al testigo “si este acusado ha estado otras veces preso por otros delitos y si aparece ese examen.” Hizo cons-tar la defensa que “ya estamos a punto de un mistrial” y que “el Fiscal no puede hacer observaciones ante el jurado que tiendan a impresionar al jurado,” y entonces la Corte instruyó al jurado en la forma siguiente:

“Lo único que va la Corte a decir a los señores del Jurado, es que tengan en cuenta nada más que lo que aparece aquí como prueba. Las manifestaciones de los abogados cuando están dirigiéndose a un testigo, no constituyen evidencia. De manera que ustedes tomarán en cuenta únicamente que lo que se admita como prueba por la Corte. Lo que ocurre con esto es que la mejor evidencia para demostrar que este señor acusado tenía unos rasguños en la oreja era la declaración del Dr. Yordán; el compañero la ha dejado por otra prueba, se ha traído este récord, y el Fiscal ahora hábilmente trata de aprovecharse de eso. Ahora el compañero se opone a que pregunte sobre el resto del documento, parte del cual ya ha sido dado al Jurado.”

El abogado defensor tomó excepción y solicitó de la Corte qne ordenase nn mistrial. La Corte declaró sin lngar la mo-ción. Confirmó el fiscal interrogando al testigo con respecto al contenido del récord penal del acusado y el testigo de-claró que dicho récord partía del año 1933, cuando aún exis-tía la regla de anotar el resultado del examen médico; que cuando el acusado ingresó en el penal en 1933 el Dr. Yor-dán lo examinó y certificó que padecía de uncinariasis; que después de mayo de 1933 hay otra nota de ingreso en julio, 1935, pero no tiene nota de examen médico; que en septiem-bre de 1935 el Dr. Yordán volvió a examinarlo y encontró que padecía de uncinariasis; que después de eso no aparece consignada ninguna otra nota del Dr. Yordán basta el 1944. Preguntado por el Fiscal si hubo otros ingresos contestó que los hubo en 1935, 1936, 1937, 1938, 1941 y 1942.

Terminado el interrogatorio del Fiscal, preguntó la de-fensa si los ingresos a que se había referido el testigo ha-bían sido por actos de homicidio. Contestó»-el testigo que no, que había sido por delitos menos graves, como infracción a la Ley de Bebidas, portar armas, acometimiento y agresión grave y daños maliciosos.

Al renovar la defensa su moción de mistrial, la corte se expresó así:

"La Corte estaba inclinada a resolver que eso era un medio indi-recto de introducir evidencia que no era admisible, pero resulta que el Fiscal siguió preguntando sin la objeción de la defensa y el testigo contestando, y claro, el compañero Pérez Marchand le repreguntó y aclaró más, porque el Fiscal no le había preguntado sobre delitos, sino sobre asientos.”

La defensa hizo constar que “un fiscal no debe so pre-texto de habilidad, llevar al record para perjudicar la de-defensa de un acusado, cosas que en derecho no se pueden lle-var al récord.” Replicóle la corte que ésa es la doctrina y la regla “pero es que el acusado cuando le da margen al fiscal, entonces no puede quejarse de lo que le venga”. La corte puso fin al incidente dando al jurado la instrucción si-guiente :

£íLa Corte instruye a los señores del jurado en este momento, que pueden tener en cuenta todo lo que el testigo ha declarado para resolver este caso, pero el hecho de que aparezcan en un récord penal varios asientos en relación con ingresos de una persona por delitos menos graves, no demuestra, en cuanto a este caso, nada sobre la culpabilidad o inocencia del acusado en esto caso. O sea, este caso ustedes deben juzgarlo independientemente de cualquier otro caso, porque una persona puede haber estado en la cárcel,- en Fiscalía o cumpliendo una sentencia cien veces y ser inocente y una persona puede no haber estado nunca en la cárcel y ser culpable; de manera que los señores de] jurado tendrán en cuenta esa instrucción.”

La conducta del fiscal fué incorrecta y merecedora de censura; y la corte sentenciadora cometió un grave y per-judicial error al no sostener la objeción de la defensa cuando el fiscal comenzó el interrogatorio del testigo Alcalá, el pro-pósito evidente del cual era el de llevar a conocimiento del ju-rado el lieclio de que el acusado había sido en varias ocasiones anteriores arrestado por o convicto de delitos enteramente distintos y que no estaban en manera alguna relacionados con el delito de asesinato por el cual se le enjuiciaba en este caso. Una de las más elementales reglas de procedimiento criminal es la de que el fiscal no puede ni debe presentar evidencia tendiente a demostrar la mala reputación de un acusado, a menos que el acusado la haya presentado con el propósito de probar su buena reputación. Al presentar tal evidencia, el acusado pone su reputación en controversia, y en ese caso el fiscal puede presentar evidencia en rebuttal. 22 C.J.S. sección 676, pág. 1068.

En el caso de autos el acusado presentó la declaración del testigo Alcalá con el único propósito de probar que en el momento en que ingresó en el penal el acusado presentaba unos raspazos en la mano derecha y detrás de la oreja de-recha. El abogado defensor hizo constar expresamente que él no presentaba en evidencia la hoja histórico penal del acusado, qiie tenía en sus manos el testigo, y el fiscal no so-lamente no se opuso, sino que fué él mismo quien preguntó al testigo sobre el contenido de la nota de 21 de enero de 1944, firmada por el doctor Yordán.

La presentación en evidencia 'del contenido de la citada nota no estableció controversia alguna en cuanto al carácter o reputación del acusado. El fiscal no tenía derecho a pre-sentar evidencia tendiente a demostrar que el acusado había sido arrestado y encarcelado o convicto por otros delitos. En 22 C.J.S. sección 682, pág. 1084, encontramos la regla que consideramos aplicable a este caso:

“La regla general, la cual está sujeta a las excepciones expuestas en secciones 683-690, infra, es que, en un proceso por un delito deter-minado, evidencia que demuestro o tienda a demostrar que el acusado ha cometido otro delito enteramente independiente de y no relacio-nado con aquél por el cual se le está juzgando, aun cuando fuere un delito de la misma clase, es irrelevante e inadmisible, y tal evidencia de un delito independiente es inadmisible por la razón, entre otras, de que no tiende a establecer la comisión por el acusado del delito que se le imputa, que el acusado debe ser juzgado por una sola ofensa en un mismo momento, y que, de acuerdo con la más extensiva regla general, aplicable a todos los casos, civiles o criminales, la evidencia debe limitarse al punto en controversia. ”
Véase: State v. Spinks, 125 S.W. 2d 60.

El error cometido al permitir el interrogatorio del fiscal fué a nuestro juicio perjudicial al acusado, pues el efecto inevitable del mismo no pudo ser otro que el de llevar al ánimo del jurado la convicción de que el acusado era un hombre de mala reputación y de antecedentes penales. Las ins-trucciones de la corte sentenciadora, supra, aun cuando fue-ron dadas con el propósito de subsanar el error y evitar el perjuicio que éste pudiera haber causado al acusado, son insuficientes e incorrectas. En vez de instruir al jurado que no debería tomar en consideración nada de lo declarado por el testigo Alcalá en contestación a las preguntas del fiscal, la corte les instruyó “que pueden tener en cuenta todo lo que el testigo lia declarado para resolver este caso”. Estas palabras eran por sí solas suficientes para viciar el resto de la instrucción.

Siendo este error suficiente para justificar la revocación de la sentencia, creemos innecesario discutir los señalamien-tos referentes a la apreciación y a la suficiencia de la prueba.

La sentencia recurrida debe ser revocada y el caso de-vuelto a ¡a corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Sr. Snyder disintió.


text:
    Las Monjas Racing Corporation, promovente, v. Comisión Hípica Insular, demandada.
    Núm. 36.
    Sometido: Diciembre 6, 1946.

      Resuelto: Marzo 11, 1947.

      F. Fernández Cuyar, abogado de la promovente; Diego O. Marrero y Luis E. Bubón, abogados de la demandada.

      (1)La alegada infracción consistió en no habar corregido todas las deficien-cias qne la Comisión le ordenó corregir en su hipódromo. Las dejadas sin corre-gir, según la Comisión, fueron las siguientes:
      “1. El Paleo de la Comisión no había sido instalado en el sitio designado por el Presidente de la Comisión Hípica Insular.
      "2. Las instalaciones sanitarias del Grand Stand permanecen en muy mal estado.
      “3. La pizarra y tablillas para anunciar los caballos que toman parte en cada carrera no habían sido instaladas.

        “á. La cuadra existente en la pista entre los 1200 y 1100 metros continúa exactamente igual.

        “5. El recorrido y nivelación de la pista en la curva de los 1000 a 1300 metros no ha sido llevado a efecto.
      “6. Las aguas del zinc del paddock no han sido recogidas por medio de canales para evitar que invadan el frente de las jaulas de los caballos.
      ■ ‘ 7. En el paddock continúa viviendo una familia.
      “8. La construcción del hangar donde debe guardarse el 'Starting Gate’ durante el tiempo que lo utilice dicho hipódromo no ha sido terminado."

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria radicó en la corte inferior una petición de injunction contra la Comisión Hípica Insular. Sustan-cialmente alegó que es dueña del hipódromo Las Monjas para cuya explotación ha sido autorizada mediante licencia que le expidió la demandada, la cual no expiraba hasta el 31 de diciembre de 1946; que en consonancia con la asigna-ción de días de carreras tenía derecho a celebrarlas en los días 17, 19, 21, 24, 26 y 28 de noviembre y 1ro. de diciembre de 1946; que el día 6 de noviembre de 1946 fue emplazada por la Comisión Hípica Insular para que, compareciera ante ella el 12 de noviembre de 1946 para la celebración de nna au-diencia en relación con el cargo qne se le hacía de infringir los artículos 39 y 260 del Reglamento() aprobado por dicha Comisión; que se le conminó para que en dicha audiencia mostrase causas por las cuales no debían suspenderse inde-finidamente las carreras en su hipódromo, apercibiéndole que las asignadas a la peticionaria serían celebradas en otros hi-pódromos. Alegó, además, que en el día y hora fijados para la audiencia compareció ante la Comisión y contestó la or-den para mostrar causa, negando los hechos esenciales de la misma y levantando ciertas cuestion.es de derecho; que la Comisión no presentó prueba alguna en apoyo de los car-gos, alegando que no era necesario por su parte presentarla, toda vez que la Comisión y cáda uno de sus miembros tenían conocimiento directo y personal de los hechos; que era a la peticionaria a quien incumbía probar su defensa; que la pe-ticionaria protestó de esa resolución, expresó claramente su criterio de que la Comisión tenía la carga de la prueba para sustanciar los cargos y sometió el caso sin presentar eviden-cia; que el 12 de noviembre de 1946 la Comisión dictó re-solución declarando a la peticionaria culpable de infracción a los artículos 39 y 260 del referido Reglamento y como cas-tigo por tales infracciones le impuso la suspensión indefinida de la celebración de carreras en sil hipódromo * ‘hasta tanto las dichas deficiencias sean corregidas y aceptadas por la Comisión Hípica Insular.” (Bastardillas nuestras. ) Ter-minó la peticionaria alegando que la resolución de la Comi-sión es nula e ilegal, entre otras razones: (a) porque priva a la peticionaria de su propiedad sin el debido proceso de ley, infringiendo así sus derechos a una oportunidad de de-fensa, a confrontarse con los testigos en su contra y a re-preguntarles, así como a objetar a cualquier evidencia imper-tinente e inadmisible por cualquier motivo, antes de ser con-denada; (&) porque en todo caso la Comisión carece de facultad para suspender por sí sola la celebración de carre-ras en los hipódromos de Puerto Pico, sin que medie justa causa y aprobación del Gobernador; y (c) porque la ley no autoriza a la Comisión Hípica Insular a imponer como pe-nalidad o castigo por infracciones de su Reglamento, la sus-pensión de carreras y al así decretarlo, la Comisión usurpó funciones legislativas qne no le han sido delegadas. Alegó además que la resolución de la Comisión es abusiva, arbitra-ria e ilegal y que de no impedirse su ejecución, la peticio-naria sufriría daños irreparables, los cuales describe' en la petición. A base de estas alegaciones y de otras que es inne-cesario reseñar aquí, la peticionaria solicitó de la corte a quo que expidiese un auto de injunction dirigido a la Comisión Hípica Insular prohibiéndole hacer cumplir su resolución de 12 de noviembre de 1946 suspendiendo las referidas carreras y que se abstuviese de autorizar que las mismas se celebra-sen en cualquier otro hipódromo. Solicitó, además, un auto preliminar de injunction mientras se dictare el permanente y que hasta, tanto se expedía el preliminar, se dictase una orden de entredicho.

La corte inferior dictó una orden de entredicho y para mostrar causa, pero a moción de la Comisión, la dejó sin efecto y con fecha 20 de noviembre último, fundándose en la sección 4(3) de la Ley de Injunctions, según quedó enmen-dada por la Ley núm. 1, aprobada el 25 de febrero de 1946, ((1) pág. 3), se declaró sin jurisdicción y dictó sentencia des-estimando la petición de injunction con imposición de costas a la peticionaria. Contra esta sentencia se interpuso el pre-sente recurso de apelación. ()

I

Como la concesión de una licencia es un privilegio y no constituye propiedad ni produce derechos contractuales entre el concesionario y el Gobierno, su revocación no priva de derecho alguno garantizado por la Constitución. People v. Department of Health, 82 N. E. 187 (N.Y. 1907). Consecuentemente, al conceder una licencia, la Legislatura puede imponer las condiciones que estime convenientes para suspenderla temporalmente o para revocarla. En efecto, la Ley Hípica Insular, al conferir a la Comisión Hípica facultades para conceder licencias, le reservó el poder de suspenderlas temporalmente y el de cancelarlas o revocarlas. En cuanto a la suspensión temporal, la autorizó para decretarla sin necesidad de previa audiencia y no concedió revisión judicial. En cambio, la autorización para cancelar o revocar licencias la condicionó a que previamente diese oportunidad al eonee-sionario de ser oído en su defensa y concedió a éste el de-recho a revisión 'judicial. ()

Fijemos ahora la diferencia entre una suspensión temporal y una revocación de licencia. Una vez establecida esa distinción, pasemos entonces a determinar si la orden de la Comisión Hípica de 12 de noviembre de 1946 de que se querella la peticionaria, es una suspensión temporal o si, no obstante titularla así la Comisión, constituye en realidad una cancelación de la licencia.

La suspensión temporal, en distinción de la cancelación, la cual tiene carácter de permanente, debe ser por un período definido, el cual debe constar de la faz de la orden decre-tando la suspensión. En el caso de State v. Strauss, 49 Md. 288, (1878), se interpreta una ley de Maryland que autorizaba a la Junta de Comisionados de Policía de Baltimore, para qne siempre qne a sn juicio la paz y tranquilidad publicas lo re-quiriesen, ordenase el cierre temporal de todas las tabernas en la ciudad. Disponía, además, dicha ley, que toda persona que rehusare o dejare de cumplir dicha orden, incurriría en misdemeanor. Se imputó a Strauss el haber rehusado cum-plir una orden de dicha Junta, en la cual se disponía que los salones de bebidas fueran cerrados temporalmente “hasta nueva orden.” Al absolver al acusado, declaró la corte que aunque la Legislatura no se había excedido en su autoridad al conferir tal poder a la Junta de Comisionados de Policía, sin embargo, ésta se había excedido, pues su autorización para cerrar las tabernas estaba limitada a un período' corto y definido y consecuentemente la orden de cerrarlas “hasta nuevo aviso” era nula y no podía servir de fundamento a una acusación, toda vez que dicha orden resultaba indefinida.

En Black’s Lato Dictionary el vocablo “temporary” se define así: “Aquello que debe durar solamente durante un tiempo limitado, en distinción de lo que es perpetuo o inde-finido en su duración.” (Bastardillas nuestras.)

Examinemos ahora la orden de 12 de noviembre de 1946 para determinar su naturaleza. Dicha orden, en su parte dispositiva, dice así:

“POB TANTO, BE SUELVE :
“1. Declara no probadas las llamadas causas efe hecho y desestima en su totalidad las llamadas causas de derecho contenidas en el pliego sobre 'Mostración de Causas’ radicado por la querellada;
“2. Suspender la celebración de carreras en el Hipódromo de la querellada, Las Monjas Bacing Corporation, hasta tanto dichas defi-ciencias sean corregidas y aceptadas por la Comisión Hípica Insular;
“3. Ordenar, como por la presente ordena, al Juez de Inscrip-ciones para que proceda a celebrar las inscripciones para las carreras que han de llevarse a cabo los días 17 y 19 de noviembre de 1946, el día 13 de noviembre de 1946, a las 10:00 de la mañana, en el Hipó-dromo Las Casas, para que dichas carreras de los referidos d%t se lleven a efecto en dicho1 Hipódromo Las Casas.
“4. Que hasta tanto Las Monjas Racing Corporation corrija las deficiencias a que se refiere esta Resolución, las carreras restantes correspondientes a su turno, serán llevadas a efecto en los otros dos hipódromos de acuerdo con la distribución que haga la- Comisión Hípica Insular.
“5. Estos hipódromos correrán dichas carreras sin perjuicio de sus turnos ya distribuidos con anterioridad, según la resolución de esta Comisión de diciembre 14 de 1945.”- (Bastardillas nuestras.)

La orden de 12 de noviembre de 1946, como hemos visto, condena a la peticionaria a no celebrar carreras en sn hi-pódromo hasta tanto las deficiencias que hemos apuntado en la nota 1 hayan sido corregidas y aceptadas por la Comisión. Suponiendo que tales deficiencias pudiesen ser inmediata-mente corregidas — cosa que es físicamente imposible dada la naturaleza de las deficiencias — y que la peticionaria, por esa razón, tuviese en sus manos hacer definida la fecha de la ter-minación de las obras, cabe preguntar ¿en qué fecha las apro-bará la Comisión? El efecto legal es el mismo que el de la condición interpretada en el caso de State v. Strauss, supra. Allí podría abrirse la taberna cuando la Junta de Comisiona-dos de Policía tuviese a bien dictar “su nueva orden.” En el presente caso, la peticionaria podría celebrar carreras cuando, luego de terminadas las obras, la Comisión tuviese a bien notificarle la aceptación de las mismas, lo cual lo mismo podría ser una semana que dos o tres o más, después determinadas las obras. Resultando indefinida la orden, no puede ésta ser considerada como una suspensión temporal.

No siendo ésta una suspensión temporal y estando exclu-sivamente en manos de la Comisión el poder dilatar la acep-tación de las obras para corregir las deficiencias hasta el'lro. de diciembre de 1946, fecha en que vencía la licencia de la peticionara por ser ese el último día en que podía celebrar carreras en el año 1946, tenemos que concluir que la orden de 12 de noviembre de 1946 constituye una cancelación.

Tratándose de una cancelación o revocación de licencia! i,actuó la Comisión dentro de la,autoridad eonferídale 'por el art. 7 de la Ley Hípica, dispositiva de que “para can-celar cualquiera de las licencias expedidas por la Comisión Hípica Insular, ésta concederá a la parte una previa audien-cia y oportunidad de defenderse”? La Comisión notificó los cargos a la peticionaria y señaló día para la audiencia. Ese día compareció la peticionaria y negó los cargos, pero la Comisión se abstuvo de presentar evidencia alguna liara substanciarlos, alegando que por la investigación que babía hecho previamente, se había enterado de que las deficiencias no habían sido corregidas,

Esa no es la audiencia que contempla la ley. En el caso de Int. Com. Comm. v. Louis. & Nash. R. R., 227 U. S. 88, 93 (1913), se dijo por el Tribunal:

“La Comisión es un cuerpo administrativo y aun cuando actúa en una capacidad cuasi judicial, no está limitada por las reglas estric-tas, sobre admisibilidad de evidencia, aplicables en los pleitos entre litigantes privados. Int. Com. Comm. v. Baird, 194 U.S. 25. Pero cuanto más liberal es la práctica en la admisión de testimonio, t;anto más imperativa es la obligación de seguir las reglas fundamentales de evidencia por las cuales se reclaman o defienden derechos. En tales casos los comisionados no pueden actuar basados en su propia información como antiguamente podían hacerlo los jurados. Todas las partes deben ser completamente informadas de la evidencia some-tida o que ha de ser considerada, y debe dárseles oportunidad de re-preguntar testigos, de examinar documentos y de ofrecer evidencia en cxulieaeión o refutación. De ninguna otra manera puede una parte sostener sus derechos o hacer su defensa. De ningún otro modo puede ella poner a prueba la suficiencia de los hechos para sostener la conclusión, porque de lo contrario, aunque apareciese que la orden no estaba basada en evidencia, la manifiesta deficiencia podía ser siempre explicada bajo la teoría de que la comisión tenía ante sí, extraña y desconocida, pero presuntivamente suficiente información para sostener su conclusión. United States v. Baltimore & Ohio S. W. R. R., 226 U.S. 14.”

Sostienen la misma doctrina Crowell v. Benson, 285 U. S. 22, 48 (1932) y Moran v. School Committee of Littleton, 59 N.E.2d. 279, 281 (Mass. 1945).

Establecido que en el presente caso no se concedió a la peticionaria la previa audiencia y oportunidad de defensa que exige la sección 7 de la Ley Hípica Insular, procede ahora determinar si erró la corte a quo al denegar la peti-ción de injunction por falta de jurisdicción.

II

Como hemos visto, la corte a quo, al desestimar la petición de injunction, se fundó en la sección 4 de la Ley Para Definir los Injunctions, etc., según fue enmendada por la Ley núm. 1 de 25 de febrero de 1946, ((1) pág. 3). Antes de proceder al estudio de esta ley, conviene tener presente la intención legislativa, según fue exteriorizada en la exposición de motivos que la precede. Dice así:

“Artículo 1. — Exposición de Motivos. — Cualquier ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe considerarse consti-tucional a menos que y basta tanto se le declare nula por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable. La expedición de órdenes de entredicho y de injunctions por las cortes inferiores, en relación con la observancia de estatutos públicos y demás actuaciones de la admi-nistración pública, desorganiza el proceso ordenado de gobierno y crea incertidumbre y confusión en la observancia de la ley por motivo de la diversidad de opiniones entre los distintos jueces en cuanto a la validez o constitucionalidad de diversos estatutos y actos públicos”.

En armonía con la Exposición de Motivos, la sección 4 dice así:

“Sección 4. — No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho:
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“2 # * # # * * *
■“3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cual-quier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.
“Cualquier injunction preliminar, permanente, o con carácter de entredicho, inclwso cualquier orden 'para hacer efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la efectividad de una sentencia, que se baya expedido en las circunstancias expuestas en este inciso 3 y que esté en vigor a la fecha de vigencia de esta Ley o que en lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo.” (Bastardillas nues-tras.)

El transcrito precepto legal contiene dos modalidades:

(a) Prohíbe la expedición de injunction u orden de en-tredicho contra un funcionario público, corporación públiea, etc., para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico, a menos que previamente se hubiere determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha ley es inconstitu-cional o inválida; y

(?;) Prohíbe la expedición de injunction u orden de en-tredicho para impedir el cumplimiento de cualquier actuación de un funcionario público, corporación pública, etc., la cual actuación esté autorizada por ley de la Asamblea Legislativa, a menos que previamente se hubiere determinado por sen-tencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha actua-ción es inconstitucional o inválida.

En el presente caso la constitucionalidad o validez de la Ley Hípica Insular no ha sido cuestionada. Lo que ataca la peticionaria es la constitucionalidad o validez de la actua-ción de la Comisión. Siendo ello así, el primer paso que de-bemos dar para resolver si el caso de la peticionaria está comprendido dentro de la prohibición de la sección 4, es de-terminar si la actuación de la Comisión es una actuación autorizada por ley. El criterio para determinar si la actua-ción de un funcionario está autorizada por ley, no consiste en que la actuación sea válida o constitucional. Precisamente la determinación de la constitucionalidad o validez de la ac-tuación es lo que previamente a la expedición del entredicho ó auto de injunction, debe decretarse por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable. La pauta a seguir debe ser determinar si la actuación está comprendida dentro de la autoridad conferida por la ley al funcionario, corporación pública, etc.

Ya hemos visto que la autoridad concedida por ley a la Comisión Hípica para cancelar cualquier licencia expedida por ella, fue condicionada a que concediese a la parte “una previa audiencia y oportunidad de defensa.’5 Por consi-guiente, la actuación de la Comisión Hípica al cancelar la licencia de la peticionaria sin concederle la audiencia y opor-tunidad de defensa, es una actuación inválida no autorizada por la ley contra la cual no es de aplicación la prohibición de la sección 4 de la Ley de Injunction. Consecuentemente erró la corte inferior al denegar la petición de injunction por falta de jurisdicción.

Si no existiera un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley, procedería el recurso de injunction que en este caso solicitó la peticionaria. Maldonado v. Comisión Hípica, 64 D.P.R. 503 y Sifre v. Pellón, Juez, 54 D.P.R. 587. Pero la Ley Hípica Insular, en su sección 7, como hemos visto (nota 3), concede al perjudicado por la cancelación de la licencia de un hipódromo, un remedio adecuado y tan eficaz como el de injunction. Dicho remedio consiste en apelar para ante la corte de distrito donde reside el apelante. Es verdad que esa apelación no suspende los efectos de la resolución apelada, pero su suspensión puede obtenerse solicitando de la corte de distrito un auto de supersedeas previa prestación’de fianza. Este remedio, por supuesto, excluye el de injunction, y tratándose en este caso de una actuación no autorizada por ley, el auto de supersedeas no estaría prohibido por la Ley núm. 1 de 25 de febrero de 1946 ((1) pág. 3).

Siendo ello así, la sentencia qioe desestimó la petición de injunction y canceló la orden de entredicho, aunque predicada en fundamentos erróneos, es correcta en su resultado y por lo tanto procede su confirmación.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

        {-) Interpuesta la apelación, la peticionaria solicitó de este Tribunal que dictase un auto de injunction en auxilio de su jurisdicción y que mientras se dictaba éste, se expidiese una orden de entredicho, lo cual se hizo, previa pres-tación de fianza. No llegó a dictarse el auto de injunction en auxilio de nuestra jurisdicción porque cuando la Comisión presentó su memorándum faltaba tán poco tiempo para el último día de carreras asignado a la peticionaria que no había tiempo razonable para resolver la cuestión, por lo que, cuando hubiera podido dictarse resolución, hubiera resultado académico el injunction, toda vez que todas las carreras que la Comisión había ordenado suspender se habrían ya celebrado mediante la orden de entredicho dictada por este Tribunal. En la vista del injunction, las partes estipularon someter el caso en sus méritos y en-cuanto a esta faz del asunto el pleito no es académico, porque, tanto en la. corte inferior como en este Tribunal, se expidieron órdenes de entredicho y: podría la peticionaria tener responsabilidad en daños.

      (3)La sección 7 de la Ley Hípica Insular, según fué enmendada por la Ley núm. 11 de 18 de abril de 1932, decía así:
      “La Comisión Hípica Insular, podrá, por justa causa, previa audiencia de partes y oportunidad de defenderse, suspender temporalmente o cancelar la licen-cia de cualquier hipódromo, dueño de caballos, jockey, trainer o cuadrero; Disponiéndose, que cualquier resolución de la Comisión Hípica Insular cancelando cualquiera de dichas licencias, será apelable para ante la corte de distrito del lugar donde resida el apelante; la apelación no suspenderá los efectos de la resolución apelada a monos que la corto de distrito ante la cual se hubiere esta-blecido apelación dictare, previa prestación de fianza, un auto de supersedeas. El procedimiento para esta apelación será el mismo que rige en la actualidad para las apelaciones do las cortes municipales a las cortes de distrito.” (Leyes de 1932, págs. 199-200) (Bastardillas nuestras.)
      Dicha sección 7, según i'uó enmendada por la Ley núm. 17 de 15 de .julio de 1935, dice así:
      “Toda licencia expedida por la Comisión Hípica Insular deberá tener impresas las condiciones bajo las cuales so concede, reservándose la Comisión el derecho do revocarla, cancelarla o suspenderla temporalmente; Disponiéndose, ■ que para cancelar cualquiera de las licencias expedidas por la Comisión Hípica Insular, ésta concederá a la parte una previa audiencia y oportunidad de defen-derse; Disponiéndose, además, que cualquier resolución de la Comisión Hípica .Insular cancelando la licencia de cualquier hipódromo será apelable para ante la corte de distrito del lugar donde resida el apelante. La apelación no susqien-derá los efectos de la resolución apelada, a menos que la corte de distrito ante la cual se hubiese establecido la apelación, dictare, previa prestación de fianza, un auto de supersedeas. El procedimiento para esta apelación será el mismo que rige en la actualidad para las apelaciones de las cortes municipales a las cortes de distrito, en casos civiles.” (Leyes de 1935, Hes. Bxtraor., pág. í)7). (Bastardillas nuestras.)


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Crown Beverages, Inc., interventora.
    Núm. 126.
    Sometido: Diciembre 3, 1946.

      Resuelto: Marzo 12, 1947.

      Hon. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández, J. B'. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar y Manuel Le-desma Bávila, abogado, División Contribuciones, etc., abogados todos del peticionario; James R. Beverley, José López Baralt y R. Rodríguez Lebrón, abogados de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del. tribunal.

drown Beverages Inc., corporación dedicada a la manu-factura y embotellado de bebidas refrescantes y gaseosas, empezó desde el primero de julio de 1944 a introducir en Puerto Rico piezas y accesorios que alega sou esenciales e imprescindibles para el funcionamiento de su planta industrial. El Tesorero de Puerto Rico le requirió el pago de arbitrios sobre dichas piezas y accesorios. La interventora hizo el pago bajo protesta y acudió al Tribunal de Contri-buciones de Puerto Rico, alegando que los arbitrios le ha-bían sido cobrados ilegalmente por cuanto los artículos sobre los cuales se impuso la aludida contribución estaban cubier-tos por la exención contributiva dispuesta en la Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944 (pág. 167); y que las piezas y acce-sorios sobre los cuales el Tesorero impuso la contribución constituyen aparato y equipo que son esenciales para el fun-cionamiento de su planta industrial. La interventora soli-citó la devolución por el Tesorero de los arbitrios pagados bajo protesta, más intereses legales con costas y honorarios de abogado.

En su contestación el Tesorero aceptó el hecho de que las piezas y accesorios de referencia eran esenciales para el funcionamiento de la planta industrial de la interventora, pero negó que dichas piezas y accesorios estuvieran exentos del pago de arbitrios a tenor de las disposiciones de la Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944. El Tesorero ha interpretado dicha ley en el sentido de no eximir del pago de arbitrios las piezas y partes de repuesto cuando éstas sean introdu-cidas u obtenidas separadamente del equipo principal. Tal interpretación aparece consignada en el Reglamento de Exen-ción Industrial promulgado por el Tesorero de Puerto Rico el día 22 de agosto de 1944, a tenor con la Ley núm. 77 del 9 de mayo de 1944, Reglamento núm. 52, sección 2, artículo 4(e).

Sometido el caso al Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico éste resolvió, que habiendo aceptado el Tesorero en su contestación a la querella original y alegaciones suplemen-tarias que dichas piezas y accesorios eran esenciales para el funcionamiento de la planta industrial de la promovente, dichas piezas y accesorios están exentas del pago de arbitrios por la Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944, ordenando al Te-sorero que reintegrara a la querellante los arbitrios pagados bajo protesta más los intereses a razón de 6 por ciento anual.

Señala el Tesorero varios errores que a su juicio cometió el Tribunal de Contribuciones. Lbs disentiremos conjunta-mente por entender que la única cuestión envuelta en este caso es determinar si las piezas y accesorios aquí envueltos están amparados por la Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944, y por consiguiente exentos de los arbitrios impuestos.

La Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944 reza así:

“Sección 16-B. — Estarán exentos del pago de los arbitrios im-puestos por esta Ley toda maquinaria, aparato o equipo que sea esencial para el establecimiento y funcionamiento de plantas indus-triales. Disponiéndose,, que el Tesorero de Puerto Rico dictará los reglamentos que fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta sección.”

Y el Reglamento de Exención Industrial promulgado por el Tesorero de Puerto Rico el 22 de agosto de 1944, a tenor con la Ley núm. 77 de 9 de .mayo de 1944, Reglamento núm. 52, sección 2, artículo 4(e) dice:

“Maquinaria, aparato o equipo:
El alcance de la exención no ampara las partes, piezas y acceso-rios de la maquinaria, aparato o equipo industrial cuando sean im-portados u obtenidos en plaza separadamente del equipo principal del que eventualmente formarán parte o auxiliarán en su funciona-miento. Tampoco ampara la maquinaria, aparato o equipo cuando ésta venga a ser 'materia prima’ en aquellas industrias del tipo des--crito en el Artículo 4(a).”

Cuando la legislatura aprueba una ley necesariamente tiene una intención específica con respecto a todos los casos que posteriormente surgieren bajo esa ley. El problema es meramente determinar la intención legislativa, lo cual puede hacerse, considerando el propósito o motivos que tuvo la le-gislatura al aprobar la ley.

Es de conocimiento general que la situación económica y las condiciones sociales prevalecientes en esta Isla, causa-das por la densidad de nuestra población y por la falta de industrias en las. que puedan encontrar empleo nuestras cla-ses trabajadoras, sólo podrían ser remediadas mediante el establecimiento de nuevas industrias. Con el evidente pro-pósito de atraer al capital, tanto doméstico como extranjero, y de facilitar su inversión en el establecimiento y funciona-miento de plantas industriales en esta Isla, la Legislatura de ’ Puerto Rico lia venido desde el año 1919 siguiendo la política de eximir del pago de contribuciones y arbitrios a varias y determinadas industrias contribuyendo así de una manera práctica al fomento y desarrollo de la industrializa-ción insular.

Tenemos ante nos, otra Ley de exención contributiva, la núm. 77 de 1944. Esta ley exime del pago de arbitrios “toda maquinaria, aparato o equipo que sea esencial para el esta-blecimiento y funcionamiento de plantas industriales.” Esta nueva ley, también persigue el propósito de estimular y fo-mentar el establecimiento de plantas industriales en Puerto Rico. La intención legislativa,, se desprende del claro len-guaje del estatuto. No puede ser otra sino la de librar lo más posible a las plantas industriales de cargas contributi-vas, para así atraer el mayor número de ellas a nuestro país. El legislador no se ha limitado a fomentar el establecimiento de estas plantas industriales. Ha ido más allá y ha hecho extensiva su protección a su funcionamiento para que esa planta pueda funcionar continuamente, teniendo aparatos y accesorios de repuesto.

La ley enumera específicamente, toda maquinaria, aparato o equipo esencial para el establecimiento y funcionamiento de plantas industriales. Nótese que la ley usa la palabra “ma-quinaria”, en vez de usar la palabra “máquina”. La palabra “maquinaria”, como se usa común y ordinariamente, tiene una aplicación más amplia y su significado tiene más alcance y es más abarcador que el del término “máquina”. En Benedict v. City of New Orleans, 11 So. 41, se estableció que:

“ ‘Maquinaria’ se define como las partes de una máquina consi-derada en conjunto; también como la combinación de medios mecá-nicos para un fin determinado, tales como la maquinaria de una loco-motora, o de una exclusa de un canal, o de un reloj. ‘Maquinaria’ comprende diferentes implementos mecánicos, y su significado es más extenso que el de ‘máquina’.”

Y en Shaleen et al. v. Central Coal & Coke Co., 192 S. W. 225:

“Parece, sin embargo, que la palabra ‘maquinaria’ es más abar-cadora que la palabra ‘máquina’ e incluye implementos necesarios liara el funcionamiento de una máquina. ’ ’

Oíros casos a este mismo efecto son: Doty y. Oriental Print Works Co., 67 A. 586, y National Enameling & Stamping Co. v. Zirkovics, 251 Fed. 184.

Es claro que al hablar el legislador de “toda maquinaria” esencial para el establecimiento y funcionamiento de plantas industriales, fue su intención el incluir no solamente las má-quinas propiamente dichas, si que también las piezas, partes y accesorios de éstas, que son las que constituyen “maqui-naria”. Si la intención legislativa hubiera sido limitar la aplicación de la exención a las máquinas solamente, fácil le hubiera sido hacerlo constar así claramente expresando que la exención se otorgaba con respecto a “toda máquina”, y no con respecto a “toda maquinaria”, que es como reza el estatuto que consideramos. Entendemos que las partes, pie-zas y accesorios de plantas industriales, constituyen “maqui-naria”, aunque dichas partes estén separadas o hayan sido obtenidas separadamente de la máquina principal.

Además del término “maquinaria”, el estatuto incluye los términos “aparato” o “equipo”. En 3 Corpus Juris, pág. 252, aparato (apparatus) se define como:

“Una palabra genérica con el más comprensivo significado; im-plementos; un equipo de cosas dispuestas y adaptadas como medios para algún fin; cualquier instrumento complejo o pieza adaptable para una acción u operación específica, de los cuales se dan como ejemplos ios instrumentos mecánicos y químicos; ...”

Y en The Century Dictionary and Cyclopedia, Vol. I, aparato (apparatus) se define como:

"Un equipo de cosas provistas y adaptadas como medios para algún fin; especialmente una colección, combinación, o juego de ma-quinaria, herramientas, instrumentos, utensilios, artefactos o mate-riales dedicados, adaptados y necesarios para la realización de algún propósito, tales como trabajos mecánicos, experimentos, etc. ...”

Si de acuerdo con las definiciones expuestas, el término "aparato” incluye toda colección, combinación de maquina-rias, herramientas, instrumentos, utensilios, accesorios o ma-teriales usados, adaptados y necesarios para conseguir cual-quier fin, tal como el funcionamiento de la planta industrial de la interventora, preciso' es concluir que las piezas y ac-cesorios en controversia, también estarían incluidos dentro del término “aparato” y por tanto exentos de pago de los arbitrios cobrados por el Tesorero.

Finalmente, vamos a considerar la más importante de las tres palabras incluidas en el estatuto, que es la de “equipo”. En el caso de Laudan v. Sykes, 54 So. 3, habiendo una corporación otorgado una hipoteca sobre todos sus edificios, es-tructuras, mejoras, maquinarias, etc., haciendo constar que su intención era incluir toda la propiedad de cualquier des-cripción poseída por la corporación y que constituía parte de su “planta y equipo”, la palabra “equipo” se interpretó así:

“La palabra ‘equipar’ significa hacer las instalaciones necesa-rias para un servicio, o contra una necesidad de exigencia; preparar; suministrar todo aquello que sea necesario -para una acción eficaz en cualquier sentido. Y la'palabra ‘equipo’ significa todo aquello que se use para equipar; ... la designación colectiva para los artículos comprendidos en una instalación.”

La Corte al resolver este caso dijo:

“El establecimiento que la Compañía mantenía para llevar a efecto el negocio a que estaba dedicada, estaba equipado, no solamente con la maquinaria necesaria para la fabricación de aceite y hielo y para desmotar algodón, sí que también con aquellos muebles de oficina que le permitían llevar un récord de sus varias transacciones. Es necesario llevar libros y bacer muchas otras cosas relacionadas con tales negocios, las cuales sólo se pueden hacer convenientemente man-teniendo una oficina equipada con los muebles necesarios. Los ar-tículos en controversia constituyen por lo tanto parte del equipo de la Compañía. ’

La palabra “equipo” tiene un significado muy amplio que abarca no solamente la máquina propiamente dicha, sino un sinnúmero de otras cosas útiles para el funcionamiento de la planta. Equipo --- significa aquéllo que es esencial; aquéllo que es necesario, Eastern, Pennsylvania Power Co. v. State Board of Taxes and Assessments, 126 A. 216. En Old Colony Ins. Co. v. Kolmer; 136 N.E. 51, donde una pó-liza aseguraba un automóvil contra pérdidas por robo en el motor y equipo, se resolvió que cubría el robo de un rectifi-cador usado para cargar baterías de automóviles por co-rriente eléctrica; y que la palabra “equipo” significa todo aquéllo que es necesario para el funcionamiento y rendi-miento de un servicio eficiente. En este caso, el rectificador no estaba dentro del automóvil constantemente, sino que permanecía en un garage, y fué obtenido según alegaba el apelante separadamente del automóvil. La Corte hablando sobre este extremo dijo:

“Es obvio que un aparato no tiene necesariamente que estar unido a o ser llevado sobre o dentro de un automóvil para constituir parte de su equipo ...
“La mayoría de los dueños de automóviles llevan un gato de emergencia, cuando van de viaje, para usarlo cuando se vacían las gomas. Ese gato es seguramente una parte del equipo del automóvil. Algunos dueños tienen también otros gatos que guardan en sus garages, con los cuales levantan y sostienen sus automóviles cuando se quedan allí por un tiempo considerable. ¿ Puede razonablemente de-cirse que el primero es un equipo, pero los últimos no, simplemente porque uno es llevado dentro del automóvil mientras que los otros se quedan en el garage? . . . Somos claramente de opinión que no puede ser así, pues ello equivaldría a dar demasiada importancia a un hecho relativamente inmateria1.
“ ... No creemos que sea importante el hecho de qué el recti-ficador no fuera comprado con el automóvil, como una parte de su equipo, toda vez que un aparato adquirido con posterioridad, si es de tal naturaleza y es usado en forma tal que constituye un equipo, siempre lo sería a pesar del indicado liecho ...”

Tenemos que concluir que aun cuando aceptáramos que las palabras “maquinaria” y “aparato” no tienen un sig-nificado tan amplio que puedan cubrir las piezas y accesorios aquí envueltos, la palabra “equipo” usada en el estatuto los incluye, y por lo tanto están exentos de arbitrios. Consi-deramos que las piezas y accesorios son esenciales para el establecimiento y funcionamiento de la planta industrial de la interventora puesto que así claramente aparece de las alegaciones.

La doctrina de que las exenciones contributivas tienen que ser interpretadas restrictivamente y que las exenciones no se presumen sino que tienen que aparecer consignadas en lenguaje claro y preciso no es aplicable cuando la intención y propósitos legislativos son claros e inequívocos, como lo son en el presente caso. En el caso de Krause v. Peoria Housing Authority, 19 N.E.2d 193, 370 Ill. 356, la Corte dijo:

“ . . . Ann cuando es cierto que los estatutos de exención de contribuciones son interpretados estrictamente en contra de la exen-ción, sin embargo, si la intención de eximir cierta propiedad aparece claramente, debe dársele efecto.”

Y en el Vol. I de Mertens on Law of Federal Income Taxation, pág. 57, se dice:

“Es importante recordar, desde el principio, que las reglas de interpretación son ayudas para determinar la intención legislativa. Es obvio, por lo tanto, que las reglas no tienen función que desem-peñar cuando no existen ambigüedades. Cuando el significado es claro, el estatuto debe ser aplicado tal como aparece escrito.”

Terminado el análisis del estatuto, creemos que la interpretación dada por el Tesorero y consignada en el artículo 4(e) del Reglamento, supra, es nula por estar en pugna con la Ley núm. 77 de 9 de mayo de 1944. Como hemos ex-puesto, las piezas y accesorios en cuestión están exentos de arbitrios y el Tesorero de Puerto Rico no puede promulgar un reglamento que imponga contribuciones a cosas que lian sido exentas por ley. Consideramos aplicable la regla sen-tada por la Corte Suprema Federal:

“La facultad de un funcionario administrativo o de una junta para hacer cumplir un estatuto federal y para prescribir reglas y reglamentos para ese fin, no es la facultad de legislar — porque tal facultad no puede ser delegada por el Congreso — sino la facultad de adoptar reglas para llevar a efecto la voluntad del Congreso tal como aparece expresada en el estatuto. Una reglamentación que no-hace esto, pero que tiene el efecto de crear una regla que no está en armonía con el estatuto es una mera nulidad. Y para que una regla-mentación sea válida, no solamente debe ser consistente con el esta-tuto, sino también razonable. Además, ol estatuto define los dere-chos del contribuyente y fija la norma (standard) por la cual esos derechos deben ser determinados. La reglamentación constituye sola-mente un paso en el proceso administrativo. No altera ni podría alterar el estatuto.” Manhattan General Equipment Co. v. Commissioner, 297 U.S. 129.

Y en el caso de Ex Parte Irizarry, Núm. 441, 66 D.P.R. 672, se expuso:

“Es elemental en derecho que cuando la legislatura delega en una junta o persona poderes para promulgar reglamentos éstos, para ser válidos, no pueden estar en conflicto con las normas establecidas en la ley. Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466; Álemañy v. Comisión Industrial, 64 D.P.R. 888; Villa v. Comisión Industrial, 65 D.P.R. 562. El fin perseguido al delegar el poder de,reglamentación no puede ser otro que el de implementar la ejecución de la ley, pero nunca puede ese poder ejercitarse en tal forma que sustituya el criterio del legis-lador por el de la junta o persona autorizada a reglamentar. ’ ’

La resolución recurrida debe ser confirmada.

JW1 Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.