author: El Juez Presidente Señor del Toro, DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

text:
    Méndez & Company, demandante-contrademandada y apelada, v. Julio L. Busó, demandado-contrademandante y apelante.
    No. 5597.

    Sometido: Abril 28, 1932.

      Resuelto: Diciembre 24, 1932.

      R. A. Arroyo Ríos, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Méndez & Co., una sociedad mercantil domiciliada en San Juan, y Julio L. Buso, un agricultor de Humacao, celebraron un contrato por virtud del cual el segundo vendió a la pri-mera sesenta y cinco mil cocos a veinte y un dollars cincuenta centavos el millar.

Alegando que los cocos no le fueron entregados, Méndez & Co. demandó a Buso en reclamación de $1,087, costas, gastos y honorarios de abogado. La suma reclamada está formada por las de $108, valor de sacos vacíos proporcio-nados, $30 pagados por falso flete, $400 adelantados a cuenta del precio de los cocos, $249 invertidos en la recolecta y monda de los mismos y $300 por daños y perjuicios.

En su contestación se limitó el demandado a admitir el primer hecho de la demanda relativo a las partes y negó' todos los demás. Formuló contrademanda reclamando a su vez de la demandante $997.50 balance del precio de los cocos que le vendiera, $2,280 por pérdida de los cocos que viciosa-mente le embargó y $25,000 por daños y perjuicios que le causó además la acción judicial que el demandante le si-guiera; en junto $33,277.50 con más las costas, gastos y honorarios de abogado.

El contrato de compraventa fue verbal. Sostiene el de-mandante que se convino que la entrega de los cocos que-daba sujeta a sus órdenes; que el 6 de septiembre de 1928 ordenó en efecto que empezara la recolección y monda para recibirlos el 17 del propio mes, y que no obstante haber cum-plido por su parte todos los términos del contrato, el de-mandado bajo fútiles pretextos se negó y se niega a entre-garle las frutas que le vendiera. T sostiene el demandado que vendió a la demandante los cocos en cuestión y la de-mandante los recibió pidiéndole que le permitiera dejarlos en el sitio en que estaban amontonados para recogerlos en cualquier momento y que así las cosas sobrevino el 13 de septiembre de 1928 el huracán de San Felipe que ocasionó la pérdida de las frutas. En una palabra, alega la deman-dante que no llegó a verificarse la entrega y alega el deman-dado que la entrega se verificó y los cocos se perdieron cuando ya pertenecían a la demandante.

Fue el pleito a juicio. Practicóse prueba testifical y do-cumental por ambas partes, y la corte, basándose principal-mente en la última, dictó sentencia favorable a la demanante por la suma de $651. Eliminó de la reclamación el valor de los sacos y el de los daños y perjuicios y parte de lo que se alegó como gastado en la recolecta y monda de los cocos. La contrademanda fué declarada, sin lugar. '

No conforme la parte demandada apeló, señalando en sn alegato la comisión de tres errores, el primero cometido al apreciar la prueba, el segundo al admitir como prueba cierto documento y el tercero al declarar la contrademanda sin lugar.

El primero no fué cometido. Tampoco el tercero. Sí el segundo. Expuestas rápidamente, las razones que tenemos para llegar a esas conclusiones son las que siguen:

Conocemos' por la referencia que hemos hecho a las ale-gaciones en qué se basa la reclamación de la demandante y cómo se defiende de ella el demandado, atacando a su vez. Veamos qué demuestra la prueba.

El primer testigo que declaró por parte de la demandante fué su socio Francisco Guerra. Cuando terminó, los abo-gados de ambas partes estipularon que Emiliano Méndez declararía:

“Que Méndez y Compañía de la cual es socio gestor, celebró un contrato con el Sr. Julio L. Buso, para la compraventa de Sesenta y CiNco Mm cocos a razón de Veinte y Un Dólares goN Cincuenta Centavos el millar al barrer, sujeta la entrega de estos cocos a las órdenes de Méndez y Cía., y que en su oportunidad Méndez y Cía, lo requirió a él para la entrega de dichos cocos y éstos no fueron entre-gados. ’ ’

En esa estipulación está resumida también la declaración de Guerra. Ella presenta la prueba testifical de la deman-dante sobre los términos del contrato oral celebrado.

El demandado declaró personalmente en el juicio como sigue: r

“. . . que el contrato se hizo en los primeros días del mes de agosto y que desde entonces quedaron los cocos por cuenta y riesgo de los compradores; que nunca vendió sus cocos sino con esa condi-ción ; que e] precio convenido fué de Veinte y Un Pesos Cincuenta Centavos por millar de cocos propios para embarque, siendo por cuenta del vendedor el costo de la monda, pero todo otro gasto era por cuenta de Méndez & Cía., empezando por la clasificación de los cocos y los peones para envasarlos en los sacos- y pagar el camión que los condujera a San Juan. Que fué condición especial el que se recogieran los cocos por Méndez & Cía., dentro de pocos días, esti-mándose como pocos días lo usual que es de seis a ocbo días; que si el contrato se verificó en la primera quincena del mes de agosto, el testigo pensó que ellos procederían a recoger los cocos del quince al veinte de agosto, pero esperándose entre las prórrogas solicitadas y eJ tiempo en que quedó el Sr.. Francisco Guerra en venir a la finca, transcurrió el tiempo sin que viniesen a recoger los cocos.”

Y aportó la declaración de Luis Pereyó para demostrar cuál era la costumbre del lugar en esa clase de contratos. Dijo el testigo:

“. . . que como tal cosechero de cocos, está al tanto de las cos-tumbres y usos en la compraventa de cocos; que lo usual en el ne-gocio es que la persona que va a comprar los cocos, después de arre-glar el precio de la venta, el dueño de la finca procede a tumbar sus cocos, los amontona y entonces procede a poner personas para que los monden‘e inmediatamente después debe estar la persona que ha comprado los cocos, en la finca, para proceder a recoger los mismos.”

Veamos ahora lo que dicen los documentos.

El primero que encontramos’ es un cheque por $200 de 11 de agosto de 1928 de la demandante a favor del deman-dado, a cuenta del precio.

Sigue una carta de la demandante al demandado de 15 de agosto, que dice:

“. . . Con referencia a la preparación y embarque de sus cocos, tenemos el gusto de comunicarle que era nuestra intención preparar los en la próxima semana, pero no habiendo recibido una remesa de sacos que hemos pedido a Nueva York, no nos es posible hacerlo hasta que no lleguen los mencionados sacos, pues las existencias que tene-mos en el almacén no alcanzan para la cantidad de cocos que usted tiene. Es muy probable que antes de que cese este mes, se estén preparando y les agradeceríamos nos dijera antes más o menos el total de la producción de sus tumbas, para saber la cantidad de sacos vacíos que tenemos que avisar. Esperando su respuesta, nos suscri-bimos, . . .”

A ella contestó el demandado el 17 de agosto como sigue:

“. . . Con gusto contesto a su atta. carta avisándoles que el total de cocos puede llegar a sesenta millares. Esperando sus avisos, quedo ...”

En agosto 23, Guerra escribió al demandado.

“. . . He estado esperándote basta después de las tres, y be te-nido que salir. Hoy mandé despachar 500 sacos directamente, a tu finca. La semana entrante espero dar principio a la monda de tus cocos; pero será a mediados de ella. Te avisaré con tiempo cuándo debes empezar. Te saluda, ...”

El 25 de agosto le dice el demandado a la demandante:

“. . . No tengo ninguna de Uds. a que referirme, y me limito a informarles que tengo opción para unos cincuenta mil cocos de la Central Fajardo, de una de las fincas de esta compañía por Luquillo, y más o menos cuarenta mil dentro de pocas semanas. Esta compañía ba estado vendiendo sus cocos al Sr. Biascocbea desde baee mucbísimo tiempo, y tiene por costumbre vender los cocos ‘en la palma.’, es decir todo gasto, desde la tumba y recolecta basta el despacho por cuenta del comprador. El amigo Guerra debe estar bastante bien enterado de la producción y calidad de los cocos de Luquillo, así como del costo de tumba, monda, etc., en aquella región. El encargado de la venta de dichos cocos es familia mía y quiere cerrar la venta la semana en-trante. Indíqueme el límite máximo que uds. pueden ofrecer para ver. si yo puedo hacerles esta compra, pues en este caso no me parece' difícil vencer la competencia. Ayer, estando yo en la ciudad, un ca-mión entregó en mi finca un fardo de sacos vacíos, sin dejarme carta ni conduce ni documento alguno que acredite el origen de los sacos. Supongo que son de ustedes y los tengo bajo techo. Esperando sus noticias para dar principio a la monda de los cocos que les tengo vendidos, quedo de Uds. ...”

Y en agosto 29 la demandante dice y contesta al deman-dado:

“. . . Acabándose de terminar su conferencia telefónica con el Sr. Guerra ayer mismo hemos recibido un cable tan desalentador con referencia al negocio de cocos que hemos resuelto esperar que pasen algunos días del mes de septiembre para proceder a la monda de sus cocos, pues las condiciones del mercado son tales que no nos permiten embarcarlos en los primeros días del mes. Si entre tanto Ud. necesi-tara alguna cantidad a cuenta de los mismos cocos Ud. sabe que ésta su casa puede facilitársela.. Con referencia a los cocos de la Central Fajardo es tan problemático el mercado de cocos este año que todos los compradores están indecisos en hacer compras, contando con me-jores precios en el futuro. No obstante, nuestra oferta de $20 en las palmas queda vigente hasta que Ud. nos diga el resultado de sus ges-tiones. Según le hemos indicado antes en el momento que resolvamos mondar sus coeos le avisaremos con dos días de anticipación. Espera-mos sus noticias sobre el particular y sin objeto para más nos suscri-bimos ...”

La carta que sigue es también de la demandante al de-mandado. Tiene fecha 6 de septiembre y dice:

”. . . Tenemos el gusto de informarle que Guerra piensa em-barcar los cocos suyos por el vapor del lunes día 17 del corriente mes, por lo cual le suplicamos que el martes de la entrante semana, dé prin-cipio a la monda de dichos cocos. Guerra procurará estar en su finca para ensacarlos y clasificarlos dos días después de haberse empezado la monda o sea el jueves. Guerra le agradecería que le tenga pre-parado algunos muchachos de los que saben clasificar y sean más rá-pidos en el trabajo para cuando él llegue no perder tiempo en buscar la gente; también 3 ó 4 hombres que sirvan para llenar y pesar los sacos. Gracias anticipadas por la buena atención que dispense a la presente y sin otro particular ...”

El 7 de septiembre independientemente el demandado se dirigió a la demandante así:

”... Les estimaré que me presten la suma de DOSCIENTOS Dóla-res, a- cuenta de los cocos que les vendí y que no han venido a recibir. Mucho he de agradecer reciban estos cocos cuanto antes, pues mien-tras más - tiempo pasen en el suelo, sin mondar, mayor cantidad de nacidos habrá el día de la monda, y esto me perjudica. ...”

Contestándole la demandante el día 11 como signe:

”... Oportunamente recibimos su atta. del 7 del cte. a la que no contestamos antes esperando al Sr. Guerra, pero en vista de que no ha llegado aún de la isla, hemos decidido enviarle nuestro adjunto cheque a su favor, por $200.00 dejando el resto del contenido de su carta, pendiente hasta que venga el Sr. Guerra, que será mañana o pasado. Rogárnosle nos dispense esta pequeña tardanza, y nos reite-ramos, ...”

El 13 de septiembre ocurre el tremendo huracán de San Felipe y el .17 escribe el demandado a la demandante:

”. . . 'Para poder recoger nuevamente los cocos que les vendí y que reguereteó el ciclón, tengo que hacer varios trabajos de limpieza, aparte de .la reconstrucción de las casitas y ranchos para los peones, y todo esto hoy cuesta el doble si se quiere conseguir quien trabaje. Les estimaré que me sitúen quinientos dólares a cuenta de dichos cocos para poder dar comienzo inmediato,a estos trabajos, a ver si puedo hacer entrega de los cocos dentro del más breve plazo ...”

El 25 del propio mes volvió a escribirles como sigue:

“. . . De la recogida de cocos en mi finca ha resultado que los cocos que me tumbó el ciclón, el montante de cocos secos de embarque que se pueden mondar pasa de ochenta mil, y es muy probable que pase de noventa mil, si no separo muchos para semilla. Los que por su aspecto se sabe que es probable que estén retoñados o a punto de retoñar, no dejaré que sean mondados, pues como estos Uds. no los reciben y no me es posible perderlos, me es de suma conveniencia dejarlos para semillas, como yo les había vendido a ustedes sesenta y cinco mil cocos más o menos, según aviso verbal que di a su señor Don Emiliano Méndez, resulta que los demás o sea el excedente de los que se habían tumbado no están convenidos en precio y condicio-nes. En vista de esto, les estimaré me hagan oferta por dichos cocos, bien.sea tomados sin mondar o mondados por mi cuenta y entregados en la salida de la finca. Si les parece conveniente, háganme una oferta por el total de cocos recogidos hasta hoy o mañana que se terminará ia recolecta, entendiéndose que los secos muy secos que han perdido ya la eoronita y que se comprende que están retoñados o a punto de reventar la manzana, son míos y no entran en la venta por necesitarlos yo para semillas. Si hacen esta oferta por’el total, debe entenderse que todo gasto, desde la recogida y la monda, etc. etc. son por cuenta de ustedes. Pendiente de sus avisos, dentro del más breve plazo po-sible, quedo de ustedes, ...”

Esta última carta aparece contestada por la demandante en septiembre 28, así:

. . Nos referimos al contenido de su estimada carta de Sept. 25 en la que nos informa que después de entregarnos los 65,000 cocos que nos tiene vendidos le sobrarán de. 20 a 25,000. No le hacemos hoy oferta por la cantidad en exceso de nuestra compra por no hallarse aquí el Sr. Guerra, pero ya Ud. sabe que siempre nos hemos entendido y esperamos no tropezar con la menor dificultad para cerrar con Ud. esa operación a,fin de que no tenga que entregar el total de la partida a dos firmas distintas y. por tanto en la primera entrevista que se celebre entre Ud. y nosotros trataremos de llegar, a un acuerdo res-pecto de los 20 ó 25,000 cocos que le quedarán, después de entregar nuestros 65,000 contratados. Nos preguntan del Norte la fecha en que podemos embarcar el total de los que le tenemos comprado, y necesitando pasar un cable diciéndoles la fecha en que saldrá de aquí la mercancía, suplicárnosle ponernos dos letras a -vuelta de co-rreo informándonos el día en que puede empezar a mondar para que el Sr. Guerra se apersone en Iiumaeao a ensacar y despachar la mer-cancía para ésta. ...”

Tres días después, un elemento extraño interviene y dirige al demandado la siguiente carta:

“San Juan de Puerto Rico, Io. de octubre de 3928. Sr. Don Julio Busó, Humacao, Puerto Rico. Muy Sr. mío y amigo: Por la pre-sente ofrezco a usted $24.00 por millar, tomados en la finca en el sitio en que se encuentran ahora, por todos los cocos que no tenga compro-metidos actualmente y pueda entregarme. Esta oferta quedará firme por cuarenta y ocho horas. Suyo afmo. S. S. (fdo.) Enrique Bias-coehea. ’ ’

Y eu 3 de octubre el demandado escribe a la demandante:

“. . . Acabo de recibir una carta del 2 d/c a la que me refiero. Tengo que aclararles: PrimeRO: Yo nunca he vendido a ustedes cocos con el entendido de que quedarían bajo mi cuidado esperando ilimita-damente, mientras mejorare el precio del mercado para estos frutos. Segundo : Los '65,000 cocos que les vendí en agosto, a principios del mes, debían esperar en mi finca algunos días, mientras se desocu-paba Guerra para venir a recibirlos, y si les sorprendió el huracán sin haberles sido entregados fué porque Uds. prefirieron seguir espe-rando mejoría en el precio, según dice la carta que Uds. me escribie-ron. TERCERO': Nunca les dije ni a Uds. ni a nadie, que yo perdería los cocos mondados por orden de Uds. en los días antes del temporal, y que se perdieron porque el temporal los barrió o porque el sol los rajó después de haberlos descubierto y reguereteado el ciclón. Pre-guntan Uds. que por qué yo no les había abordado en este sentido cuando estuve en su oficina, y tengo que contestarles: Porque había estado-confiando en la buena fe de Uds. y creía que recordarían todo lo que he tenido que citarles en mis últimas cartas y más porque es-peraba que Uds. supieran soportar sus pérdidas sin pretender que se las aliviara yo. Nunca me agradó mucho la desconfianza que Uds. demostraron al mandar a Guerra a ordenar trabajos en mi finca, y por este motivo hube de suponer que Uds. se guardaban alguna re-serva, muy silenciosamente para sin necesidad de decírmelo claramente con lenguaje sencillo, hacerme soportar la pérdida o hacerme llevar el asunto por las vías de cobro al alcance de todo el que pueda pagar abogado. A propósito debo decirles que los trabajadores que traba-jaron por orden de Guerra, haciendo lo que él ordenó, en mi finca necesitan sus jornales y pretenden someter a Guerra a la acción de la justicia si no viene a pagarles. Dicen TJds. que les están recla-mando el embarque de los 65,000 mil cocos, y ahora no sé a quien creer, pues Guerra me dijo que los cocos les habían sido cancelados por cable y que tendrían que perder dinero o venderlos baratos. Mucho lamento tener que decirles lo que este párrafo contiene, y lo siento no por ustedes sino por mí mismo: Si creen que el negocio de cocos es tal como Ucls. dicen, y que yo tengo que entregarles los 65,000 cocos y devolverles los $400.00 que me habían- anticipado, yo creo que TJds. tienen que perder los cocos que se habían mondado y que se perdieron por las razones que tantas veces he repetido, y si no están conformes, entonces intenten acción judicial contra mí; quién sabe si podrán ob-tener una sentencia favorable a ustedes que les consuele en sus pér-didas pues yo no tengo con qué consolarlos ...”

La carta de la demandante al demandado de 2 de octubre a que se refiere la del demandado que se acaba de transcribir no aparece en los autos.

Consta de éstos que después del huracán la demandante encomendó a Agustín Murat la recolección de los cocos, lle-gando a pagarle $221 en tres partidas, suspendiéndose el trabajo por orden del demandado trasmitida por su empleado Julio Rivera. Ninguna fruta llegó a extraerse de la finca por la demandante. Parece conveniente transcribir lo que sigue de la declaración del testigo Murat:

‘‘RepReguntado este testigo por el abogado del demandado, mani-fiesta : Que el Sr. Francisco Guerra le dió órdenes para que recogiera unos cocos en la finca de Don Julio Buso; que esas órdenes las recibió después de haber ocurrido el ciclón de San Felipe; que el Sr. Guerra le manifestó que la recogida de esos cocos las iba a pagar la casa de Méndez & Cía. y que por esto entiende el declarante que los cocos serían para ellos; que no puede decir la cantidad de cocos que reco-gió, porque el testigo estaba trabajando por días; que la finca del Sr. Buso es grandísima y dondequiera se hacía un montón y no puede decir la cantidad de cocos recogida; que entre los cocos había malos y había buenos, habiendo encontrado algunos cocos mondados y rotos; que habían muchos cocos dañados; que cerca de la finca hay un poyal y dentro del poyal había muchos cocos sin que pueda hacer el cálculo de los que hubiese en el póyal porque no los contó y ser un poyal ex-tenso ; que el mar cuando el ciclón de San Felipe se metió en la finca del Sr. Busó y llegó hasta el poyal . . . que debido a que los cocos habían sido mondados antes del ciclón y estaban tapados con pencas y gaspachos y el mismo viento de San Felipe les quitó las pencas y los gaspachos, y el agua que entró por los bajíos 'cogió los cocos y los regó por la finca y no dejó amontonado ninguno. Que le consta al declarante que antes del ciclón de San Felipe había cocos mondados en la finca del Sr. Busó, sin quei pueda decir el número de cocos que había, pero sí que eran muchos los cocos mondados y se encontraban tapados con pencas y gaspachos,- que los cocos amontonados, con el agua y el viento'se regaron por la finca y el sol los rajó, porque los cocos, una vez mondados no se pueden dejar ni dos horas al sol que si no se rajan.”

Con excepción de las afirmaciones del demandado en su declaración en el juicio y en su carta de tres de octubre de 1928, ninguna prueba existe en los autos sobre el hecho de que se hubiera acordado entre las partes contratantes que' una vez celebrado el contrato los cocos quedaran por cuenta y riesgo del comprador. El testimonio presentado por el demandado sobre la llamada costumbre del lugar, no sostiene su afirmación. ' Su propia prueba demostró además que no existía una regla fija, vendiéndose de diferente modo como en el caso de los palmares de la Central Fajardo. Por su-puesto, que si después de ordenada la monda de los cocos, el comprador sin motivo justificado hubiera rehusado recibirlos, su responsabilidad sería clara, pero ése en verdad no es aquí el caso.

Por lo que se desprende de la prueba, el contrato se veri-ficó así:' compra de sesenta y cinco mil cocos a $21.50 el millar, pagando el vendedor los gastos de tumba y monda y el comprador los ,de selección, recibo y envase y los de transporte desde la finca.

¿Cuándo debían entenderse entregados los cocos vendi-dos? A nuestro juicio cuando una vez mondados;, eran se-leecionados y recibidos por el1 comprador. Entonces sn propiedad pasaba definitivamente al comprador.

•¿Se fijó por las partes una fecba exacta para la entrega al celebrarse el contrato a principios de agosto de 1928? Ninguna a nuestro juicio. En tal caso se sobreentendía que el término de entrega debía ser nno razonable que garanti-zara los derechos de ambas partes.

La correspondencia cruzada entre las partes revela que el comprador fue dilatando el recibo, seguramente para ajustarlo a su conveniencia, pero siempre lo hizo comuni-cándose con el vendedor y aceptando éste expresa o implí-citamente la dilación aunque tratando de que no se extendiera demasiado.

Llegó finalmente el 6 de septiembre y el comprador comu-nicó al vendedor que pensaba embarcar los cocos el 17, supli-cándole que el martes de la entrante semana se diera prin-cipio a la monda, procurando Guerra estar en su finca dos días después de comenzada la monda, o sea el jueves.

De acuerdo con esa comunicación, no bay duda alguna que el vendedor pudo comenzar y parece que comenzó su tarea el martes sin que pueda asegurarse el número de cocos que llegó a mondar. ¿Cumplió el comprador enviando a Guerra el jueves? Consultados los almanaques, resulta que fué ese jueves el trece de septiembre en que ocurrió el terrible huracán de San Felipe. Por un acto de Dios aunque hubiera querido no .le hubiera sido posible cumplir su pro-mesa al comprador.

¿Cuáles fueron las consecuencias del desastre en relación con los cocos y cuál la reacción de las partes en cnanto a sus respectivas obligaciones?

El viento, la lluvia y el mar debieron ocasionar necesaria-mente la pérdida de millares de frutas, pero no hay un dato exacto y a virtud de las propias cartas del demandado se desprende que el daño mayor consistió en que los cocos fueron regados por la finca. La práctica es amontonarlos y los montones fueron deshechos yendo a parar los cocos a diversos sitios.

“Para poder recoger nuevamente los cocos qne les vendí y qne reguereteó el ciclón, tengo qne hacer varios trabajos de limpieza”, le dice el vendedor al comprador el 17 de sep-tiembre, y le pide qne le sitúe quinientos dólares a cuenta del precio porque tenía qne reconstruir casitas y ranchos y todo costaba el doble, comunicándole poco después que de la recogida efectuada era probable que los cocos pasaran de noventa mil, proponiéndole que le comprara el exceso.

De esas manifestaciones se deduce claramente que el ven-dedor reconocía que no había verificado la entrega y que se consideraba obligado a verificarla para lo cual se estaba preparando.

Congruente con esa actitud del vendedor está la del com-prador que mandó él mismo' a recoger los cocos invirtiendo en ello la suma de $221.

¿Cuándo surgió la diversidad de criterios entre uno y otro? No consta con toda claridad. Quizá el comprador debió ser más considerado con el vendedor en atención a que si él no hubiera dilatado tanto el recibo, éste hubiera tenido lugar antes del huracán y debió avenirse a pagar el todo o parte de los gastos de la nueva recogida y amontonamiento, siendo esa conducta la causa de la nueva actitud del ven-dedor ; quizá si lo que movió a éste a adoptarla fué la carta de Biascochea ofreciéndole pagar algunos dólares más por cada millar de cocos que le vendiera. Nada puede asegu-rarse con certeza. Y limitándonos a los hechos mismos, tenemos que reconocer que los cocos jamás fueron entregados antes del ciclón y que teniendo el vendedor oportunidad de entregarlos después y habiendo actuado en los primeros días como si estuviera preparado para hacerlo, se negó luego a ello sin motivo justificado.

Siendo ello así, la sentencia que lo condenó a devolver los cuatrocientos dólares que recibiera a cuenta del precio y los doscientos veinte y uno gastados por la demandante en un trabajo que le correspondía, es la justa y procedente. No existe, pues, el primer error señalado.

El segundo error se refiere al cometido por la corte al admitir como prueba cierto documento firmado por Pedro Mulero, como capitán del balandro “Carmen María”, acu-sando recibo de cierta cantidad pagádale por la demandante por falso flete y Paciendo constar que el balandro fué fletado por la demandante para ir a cargar trescientos sacos de cocos de la finca del demandado y no pudo verificarlos por no estar la carga dispuesta.

Se opuso el demandado por no ser el documento la mejor evidencia y constituir prueba de referencia. Mulero no com-pareció.

No se trataba de un simple recibo. Por él se pretendió demostrar la ocurrencia de Pechos que de ser ciertos de-mostrarían que el demandado Pabia dejado de cumplir el contrato. Y esos Pechos no podían demostrarse de tal modo. Debió traerse a declarar la persona que redactó y firmó el documento, dándose oportunidad de repreguntarla.

Además, después de un estudio de toda la prueba sobre el particular, nos parece dudosa la existencia de ese gasto. Debe eliminarse la partida.

En cuanto al tercero y último señalamiento de error, no se necesita de esfuerzo alguno para concluir que no existe después de lo dicho con motivo de la discusión del primero. El vendedor no tiene derecho a reclamar al comprador el precio de la venta porque no le entregó la cosa vendida pudiendo Pacerlo y tampoco tiene derecho a reclamar la ex-traordinaria cantidad de daños y perjuicios que .reclama porque el embargo que la demandante practicó sobre los cocos que existían en su finca para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en este pleito fué legal y no vicioso.

Por virtud de todo lo expuesto, debe resolverse el recurso modificando la sentencia apelada eliminando de ella la par- tida de treinta dólares del falso flete, y así modificada, con-firmarse.

OPINIÓN CONCURRENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

Mi idea es que antes del ciclón no surgió en el vendedor demandado deber alguno de entregar los cocos. La prueba fué clara en el sentido de que basta esa fecha la demora, se-gún demostró la correspondencia, se debió enteramente a la súplica del comprador demandante. El vendedor fué tem-poralmente relevado de la necesidad de entregar. La de-mora en la entrega, aunque consentida, a mi juicio era a riesgo del comprador. Las posibilidades conectadas con esa demora son complicadas, v. g\, véase 55 C. J. 469, y no pre-tendo determinar cuáles hubieran sido las consecuencias si el vendedor hubiera insistido en un cumplimiento de acuerdo con el convenio de las partes. En realidad el vendedor no recabó sus derechos y aparentemente no hizo gestiones para entregar lo que podía o lo que quedó como resultado del temporal. Los cocos que quedaron no fueron mondados y amontonados listos para la entrega'. En verdad, la eviden-cia tendió a demostrar que el vendedor se negó a entregar o abandonó cualquiera idea de entrega al comprador. Apa-rentemente tenía otro plan en mente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Estados Unidos de América, demandante y apelado, v. Rafael Herrera Díaz, acusado y Adrián Nelson, interventor y apelante.
    No. 4814.

    Sometido: Diciembre 14, 1932.

      Resuelto: Diciembre 24, 1932.

      J. M. Calderón Jr., y Déla Torre <Ss Ratrmrez, abogados del apelante; José í?. González, Fiscal Insular de Prohibición y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Nelson era un traficante de automóviles. Un chauffeur que dijo tener el dinero necesario para efectuar un pago de contado, estaba gestionando la compra de un automóvil usado. Con permiso de un agente vendedor sacó el automóvil para probarlo. En la noche del siguiente día fué arrestado por transportar licores y el automóvil fué confiscado. Nelson apela de una resolución dictada después de ser convicto el chauffeur, en que el juez de distrito decidió que la prueba aportada por Nelson era insuficiente y en que se negó la de-volución del automóvil.

La propiedad del vehículo fué establecida fuera de toda duda razonable. El agente vendedor que permitió que el chauffeur sacara el automóvil para probarlo le había cono-cido por espacio de un año como empleado del doctor Vélez López. Nada hay que indique que el chauffeur hubiese sido anteriormente culpable de mala conducta. El agente ven-dedor no tenía conocimiento de nada que desacreditara al chauffeur y no tenía razón alguna para sospechar que éste fuese un contrabandista. Nada había que pudiera poner a Nelson o a su agente vendedor a la expectativa. El chauffeur obtuvo posesión del automóvil el 23 de diciembre. Se suponía que lo devolviera antes de las 6 de la tarde. Al siguiente día se le buscó infructuosamente. La primera noticia recibida por Nelson respecto al paradero del chauffeur fué que,éste había sido arrestado el día de Nochebuena por transportar ilegalmente una botella de champaña. Cuando el vendedor permitió que el chauffeur sacara el automóvil por varias horas dos días antes de Navidad, no tenía razón alguna para anticipar que su comprador en perspectiva se quedaría con el carro durante los días de fiesta, o que los funcionarios de prohibición se incautarían de éste, y Nelson no asumió el riesgo de la confiscación del vehículo.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    Yabucoa Sugar Company, demandante y apelante, v. El Municipio de Yabucoa, demandado y apelado.
    No. 5713.

    Sometido: Mayo 27, 1932.

      Resuelto: Enero 11, 1933.

      González Fagundo <& González Jr., abogados de la apelante; Antonio Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fue incoada para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta a un municipio. La demandante apela de una sentencia adversa.

Los molinos de azúcar y mieles están incluidos en el grupo “C” de la sección 2 de la ley aprobada el 28 de marzo de 1914 para autorizar a los municipios de la Isla a imponer contribuciones a ciertas clases de negocios e industrias allí enumerados. Leyes de ese año, página 181. Los ferroca-rriles están incluidos en el grupo “B”. El negocio de com-praventa de caña o azúcar no se menciona por su nombre ni está en forma alguna incluido en ninguno de los tres grupos. La sección 7 dispone: “Todo comerciante que dentro de un mismo establecimiento se dedique a negocios comprendidos en más de un grupo, pagará sobre la base del volumen total de los negocios becbos en cada grupo, al tipo prescrito en cada caso.”

La demandante pagó contribuciones como dueña de la central. Además de éstas se vió obligada a pagar contribu-ciones como' dueña de un ferrocarril y como traficante en azúcar. El caso fue visto y sometido con la declaración de un solo testigo. Su testimonio, tal cual aparece en la expo-sición del caso, fue como sigue:

“Que se llama, Antonio Agripino Roig, vice-presidente y admi-nistrador de la Yabucoa Sugar Co., que se dedica a la elaboración de azúcar que produce y embarca; que embarca lo que produce porque su negocio es producción de azúcar y embarque de ella para New York; que tiene ferrocarril para el movimiento interno de la corpo-ración y para el arrastre de sus productos; que no transportan pasa-jeros porque no es un ferrocarril para el servicio público ni tampoco transportan otros productos que no sean los suyos; única y exclusi-vamente lo tiene para el arrastre de sus cañas y el azúcar.
Examinado por el abogado de la demandada contestó que tiene colonos; que embarcan sus azúcares por el puerto de G-uayanés, o sea la playa de Yabucoa y que la transportan al puerto en ferrocarril; que ellos obtienen las cañas de los colonos para convertirlas en azúcar y que las muelen en la central; que la central obtiene el azúcar que se les liquida mensualmente quedándose la central con.el producto; ese producto lo embarca por el puerto de G-uayanés; que utilizan el ferrocarril para el transporte de todas sus propiedades y de todos los productos; que obtienen los productos de los colonos y los arrastran por ferrocarril y los embarcan utilizando el puerto de Guayanés.
“Examinado nuevamente por el abogado de la demandante, de-claró que ellos producen el azúcar en la central, y después de produ-cido se pone en sacos y se lleva al puerto y se embarca para los Es-tados Unidos, donde la refinan; que venden el azúcar para los Esta-dos Unidos.
“A preguntas de la corte contestó que ellos obtienen las cañas que. producen los colonos y se les liquida, porque bay que pagarles por sus cañas cada quince días y bay que pagarles en dinero y se toma como base el promedio de venta y la central paga en dinero, no en azúcar; que la central compra el azúcar a los colonos y después lo embarca. El becbo es que el colono no podría bacer nada con sus cañas ni con el azúcar porque los lotes de embarque y venta serían como de 5,000 sacos y ellos estarían sin encontrar mercado porque no les compra-rían en pequeñas Cantidades. Que la central vende o bace sus ventas en New York a los refinadores directamente y que cuando embarcan los azúcares están vendidos, pues se venden por anticipado.
“Examinado nuevamente por el abogado de la demandante de-claró que el azúcar se vende en los Estados Unidos y que la central no bace ninguna venta en Puerto Rico. Hay que venderla en la refinería y todos los gastos son por cuenta de la central.”

Los ferrocarriles mencionados en el grupo “B” son, según entendemos, ferrocarriles usados para el trans-porte de carga o pasajeros con fines lucrativos. Los comer-ciantes a que se Lace referencia en la sección 7, supra, son los que se dedican al negocio de compraventa con fines lucra-tivos. . La anterior declaración demuestra que la demandante explota su ferrocarril meramente como parte necesaria de su negocio, en el transporte de su propia caña e incidental-menté de la caña de otros'colonos que lia de ser molida en su central, tanto para conveniencia como para beneficio pro-pios, y para conveniencia y beneficio de otros colonos, y no para alquiler o con el objeto de obtener cualquiera utilidad derivada-directamente del negocio ferroviario como tal. Lilla demuestra qiie la demandante en forma muy similar compró el azúcar fabricado de la caña molida para otros colonos y la vende englobada con el azúcar producido por su propia caña y que baee esto principalmente como cuestión de con-veniencia y provecho para tales colonos más bien que con fines especulativos o lucrativos. De todos modos, según ya se ba indicado, el negocio de compraventa de azúcar para fines lucrativos no está incluido en ninguno de los tres grupos.

Nada bay que indique que el municipio hubiera impuesto ninguna de las contribuciones en cuestión en la forma pres-. erita por el inciso “f” de la sección 46 de la ley.

La sentencia apelada debe ser revocada y la de esta corte ordenará la devolución de las contribuciones pagadas bajo protesta, de conformidad con la súplica de la demanda y de las demandas complementarias.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

text:
    J. S. Waterman & Co., Inc., demandante y apelada, v. Méndez Hnos. & Co., compuesta de los socios J. M. Méndez y John Doe, demandada y apelante.
    No. 5219.

    Sometido: Enero 22, 1932.

      Resuelto: Enero 11, 1933.

      González Fagundo & González Jr., abogados de la apelante; Besosa & Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró sin lngar nna excepción previa interpuesta a la demanda, fundada en que ésta no aducía hechos suficientes para determinar nna cansa de acción. Luego, después de nn juicio sobre los méritos, la demandante obtuvo sentencia contra la demandada. Esa sentencia fné revocada en el caso de Waterman & Co., Inc., v. Méndez Hnos. & Co., 42 D.P.R. 302. Posteriormente, a virtud de nna moción de reconsideración, se dejó sin efecto la sentencia de esta corte y el caso fné oído de nuevo.

Como una de las condiciones del contrato, la de-mandante alegaba que si después de examinado el arroz al hacerse la entrega del mismo, la compradora tenía alguna objeción que hacer, debía inmediatamente notificar al agente de la vendedora, y en caso de que no se llegase a un acuerdo, la cuestión debería ser sometida a arbitraje, caso en el cual dentro del término de cinco días, contado a partir de la entrega, la compradora presentaría al secretario de la Cá-mara Local de Comercio un escrito solicitando tal arbitraje. La demandante también alegó que la demandada le había informado cierta diferencia existente en el arroz embarcado y la demandante, de conformidad con el contrato, informó a la demandada que estaba dispuesta a someter la controversia a arbitraje ante la Cámara de Comercio de San Juan. En la demanda entonces se alegan los hechos relativos al arbi-traje sucesivo y su resultado. De esas alegaciones es lógico' presumir que el arroz llegó a su destino; que la compradora tuvo oportunidad de examinarlo; y que la compradora lo examinó antes de negarse a aceptar los giros por el precio del mismo y a someter el asunto a arbitraje. Eso también se desprende de las admisiones y alegaciones contenidas en la contestación. Mediante prueba aducida durante el juicio, la demandada misma estableció fuera de toda duda los hechos especificados en nuestra opinión anterior como que fueron omitidos de la demanda. La demandada no había suscitado ninguna cuestión, ni en la corte de distrito ni en ésta, res-pecto a la falta de tales hechos.

La excepción de la demandada se basó en el artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil, que provee lo siguiente:

“Al alegar el cumplimiento de las condiciones establecidas en un contrato, no será necesario exponer los hechos probatorios de dicho cumplimiento, pero podrá manifestarse en términos generales que la parte cumplió debidamente todas las condiciones que le concernían, y si se impugnare dicha alegación, la parte que hizo ésta deberá pro-bar en el juicio los hechos que demuestren dicho cumplimiento.”

Este artículo no prescribe una fórmula estereotipada. Tampoco exige la alegación específica de que el demandante ha cumplido todas dichas condiciones ni prohíbe que se aleguen hechos que demuestren tal cumplimiento. La ape-lante insiste en que la demandante debió haber alegado que el arroz fue despachado de conformidad con las cláusulas del contrato y que el arroz así despachado era de la misma calidad que la especificada en el contrato. Este, que se copia íntegramente en la demanda, especificaba 500 pockets de arroz, tipo Núm. 252, para ser embarcados 250 pockets en '27 de enero y 250 pockets por primer vapor en febrero. La •demandante alegó que el citado arroz fue embarcado de acuerdo con dicho contrato de venta, como sigue: 250 pockets en enero 27, 1927, por el vapor “Ozama”; y 256 pockets en febrero 4, 1927, por el vapor “Isabela.” El juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la excepción.

Nos inclinamos a convenir con la apelante en que el juez de distrito cometió error al admitir la carta escrita por un testigo dos años antes del día en que se celebraba el juicio. Esta carta había sido utilizada para refrescar la memoria del testigo, un químico. En ella éste rendía un informe respecto al resultado de un examen que había practicado de varias muestras de arroz. Empero, antes de que la carta fuese ofrecida y admitida como prueba, el testigo declaró en relación con el examen del arroz por él practicado y sobre el resultado del mismo. La carta agregó muy poco o nada a lo ya dicho por él en la silla testifical. El error cometido por el juez de distrito al permitir que la demandante ofreciera como prueba esta carta, no es suficiente para justificar la revocación.

La contención de la apelante de que el juez de distrito cometió error al permitir al testigo Marxuach que declarara sobre el contrato acostumbrado de la Rice Millers Association, según se expone y desarrolla en el alegato, no requiere seria consideración.

Lo mismo podría decirse de los señalamientos cuarto, quinto, sexto y séptimo.

La contención final de la apelante es qne la sentencia es contraria a la prueba y a la ley aplicable al caso. Aquí la apelante se queja de qne se ha dejado de seguir el procedimiento indicado por los artículos 327 y 332 del Código de Comercio y 2080 y 2085 del Código de Enjuiciamiento Civil Español. El contrato celebrado por las partes en este caso disponía un arbitraje para ante la Cámara de Comercio. El caso fue sometido primeramente a la Cámara de Comercio y ésta lo resolvió a favor de la demandante. La demandada logró evadir el resultado de esa decisión, fundándose en que el convenio de someter el caso a arbitraje no constaba en escritura pública. Tinos dos años antes de celebrarse el juicio y dictarse la sentencia, el arroz había sido vendido y su producido entregado a la demandante. Esto se había hecho de conformidad con un convenio y estipulación entre las partes, y después que el mismo había sido aprobado por la corte. En esa forma, la demandada renunció cualquier derecho que pudiera tener a insistir en que se cumpliera estrictamente con las disposiciones del Código de Comercio y del Código de Enjuiciamiento Civil Español, como motivo para la revocación de la sentencia. De todos modos, la cuestión debió haberse suscitado en la corte inferior y se plantea •demasiado tarde ah presentarse por primera vez en apelación. No hubo error manifiesto en la apreciación de la prueba.

Se nos ocurre que tal vez el juez de distrito debió haber dictado sentencia por la diferencia existente entre el precio a que se compró el arroz y la suma recibida por la deman-dante como producido de la venta mencionada en la sentencia. La apelante no plantea esta cuestión y por tal motivo no Tiernos investigado ese aspecto del caso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Francisca A. Rivera Viuda de Hernández, demandante y apelada, v. Felipe Hernández Rivera y Mercedes González, demandados y apelantes.
    No. 5894.

    Sometido: Diciembre 13, 1932.

      Resuelto: Enero 11, 1933.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; Diego E. Ramos, abogado dé-la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Francisca A. Rivera viuda de Hernández vendió a su Lijo Felipe Hernández Rivera, por el precio de $1,500, una finca rustica denominada Dos Bocas, radicada en el barrio Río Arriba, de Arecibo, de cuyo precio el de-mandado quedó adeudando a la demandante la suma de $570, para garantir la cual constituyó hipoteca voluntaria sobre la finca que comprara, en favor de su madre. Alega la deman-dante que el día 7 de marzo de 1930 el demandado Felipe Hernández Rivera, manifestando que la Puerto Rico Relief Commission exigía como condición para darle un préstamo refaccionario la cancelación de la hipoteca que había cons-tituido sobre la finca en favor de la actora, recabó de ésta que la cancelara, prometiendo entregarle los $570 importe del crédito hipotecario en la siguiente forma: $270 en me-tálico y $300 en un pagaré.

Se alega que estas manifestaciones son insidiosas y que por medio de las referidas maquinaciones y palabras insidio-sas, a las cuales dió crédito la demandante por tener fe en su hijo en aquella época, el demandado logró la cancelación del crédito hipotecario, despojando a la actora del mismo, sin que mediara causa válida para la escritura de cancela-ción de hipoteca. Se dice en la demanda que el demandado, una vez obtenida la escritura, se negó a entregar los $270 convenidos y que además se apoderó del pagaré, despojando a la demandante de todo el importe de dicho crédito hipote-cario.

El demandado en su contestación niega las alegaciones de la demanda y alega que, habiendo satisfecho a la demandante el total de su crédito hipotecario y necesitando liberar la finca de gravámenes para solicitar un préstamo de la Comi-sión Rehabilitadora, ambas partes se trasladaron a la oficina del Ledo. Susoni, donde la demandante le otorgó la corres-pondiente cancelación, por haber recibido el total de la suma que le debía el demandado, y con el fin de que se evitase el tener que recurrir a la Comisión Rehabilitadora después de practicada la cancelación la demandante ofreció al deman-dado la cantidad de $270, suma que éste recibió y aceptó, suscribiendo un pagaré a favor de la demandante que ésta tiene en su poder.

La corte inferior declaró con lugar la demanda, decre-tando la nulidad de la escritura de cancelación y de la ins-cripción de dicho documento en el registro de la propiedad, quedando subsistente la hipoteca a favor de la demandante e imponiendo costas y honorarios de abogado al demandado. Cinco son los errores que se atribuyen a la corte inferior en el presente recurso. El primer error atribuido a la corte inferior se basa en que ésta debió haber declarado que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Hemos transcrito las alegaciones esenciales de la demanda. Vemos qne la demandante alega qne el demandado, con palabras y maquinaciones insidiosas, logró qne ella cancelase sn crédito hipotecario. Vemos además qne dicho demandado no le entregó los $270 qne prometiera pagarle, qne se negó a cumplir lo convenido, y qne la demandante autorizó la cancelación confiando en la entrega del dinero y en la verdad de las representaciones del demandado. Surge, a nuestro juicio, de la faz de la demanda qne la demandante fue víctima de un engaño y qne, como consecuencia del mismo, consintió en cancelar el crédito hipotecario. Las relaciones qne median entre las partes qne intervinieron en esta transacción son de tal naturaleza que la alegación de qne el demandado recabó la cancelación manifestando qne había qne liberar la finca para obtener un préstamo de la Comisión Rehabilitadora adquiere fuerza y vigor cuando se piensa qne se trata de un ruego dirigido por el interesado a su propia madre.

El artículo 1221 del Código Civil, edición de 1930, dice que hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. En la demanda se dice, usando las palabras del Código, que el demandado se valió de palabras y maquinaciones insidiosas para obtener la cancelación del crédito hipotecario.

Manresa, comentando el artículo 1269 del Código Civil Español, equivalente al 1221 de nuestro Código, dice que la esencia de esta especie de dolo se encuentra en el engaño que obtiene un consentimiento del engañado, arrancándolo, o a lo menos influyendo en él. Apunta el ilustre comenta-rista que es esto lo que quieren indicar las palabras “maqui-naciones insidiosas” a que se refiere la ley, entre las cuales está comprendido, entre otros, ‘ ‘ el abuso de la confianza y las mil formas, en suma, del engaño que pueden alucinar a un contratante, produciendo un consentimiento viciado, sin que sea necesario que aquéllas lleguen a constituir estafa, ni entrar bajo otro concepto en la esfera propia del Código Penal. ’ ’

Scaevola, comentando el mismo artícnlo, copia la defini-ción que de dolo nos ofrecen el derecho romano, las Partidas, y algunos códigos modernos, y dice: “En el fondo de todos los conceptos late la misma idea: engaño a nna de las partes por artificios o medios falaces qne impulsan a la otra a cele-brar un contrato convencida de la bondad del mismo en vista de lo maniféstado o becbo por su cootorgante. Dolo malo, según el derecho romano, es toda astucia, mentira o maquina-ción empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro.”

Es prácticamente la misma definición de las palabras insidia o asechanza: “Engaño‘o artificio para hacer daño a otro.” El Diccionario de la Real Academia Española define así la palabra maquinación: “Proyecto o asechanza artificial y oculta dirigida a un mal fin.”

De modo que al decirse que son insidiosas las alegaciones esenciales de la demanda y que con estas palabras y maqui-naciones el demandado logró que la demandante cancelara el crédito hipotecario, se está alegando la falsedad de la repre-sentación y el engaño y artificio de que se valió Felipe Her-nández Rivera para conseguir el mal fin que se proponía. Opinamos que la corte no cometió el error que se le atribuye.

Alega el demandado que la corte inferior cometió error al no declarar con lugar la moción de nonsuit. Hemos examinado cuidadosamente la declaración de la demandante Francisca Rivera, sus alegaciones juradas y las que el demandado hiciera también bajo juramento, y creemos que la corte inferior no cometió el error que se le atribuye al declarar sin lugar la moción de nonsuit. Si se tienen en cuenta las admisiones del demandado en su contestación y las declaraciones de la demandante, admitiéndolas como ciertas para los efectos de la moción presentada, se concluye fácilmente que la moción de nonsuit no procede y que la corte actuó acertadamente ai declararla sin lugar.

Se alega por el demandado que la corte erró al declarar con lngar la demanda, afirmando qne existe frande en el otorgamiento de la escritura de cancelación y que para ello se obtuvo el consentimiento de la demandante por medio de las maquinaciones insidiosas y engaños de ambos deman-dados, quienes según el tribunal, no ban pagado a la deman-dante ni el importe de la hipoteca ni suma alguna. Se alega además que la corte cometió un error grave y manifiesto1 al apreciar la evidencia, deduciendo de la misma conclusiones fatalmente contrarias a derecho. En primer lugar queremos hacer constar que la corte inferior no se refiere a ambos de-mandados cuando habla de maquinaciones insidiosas y en-gaños, sino exclusivamente al demandado Felipe Hernández Rivera. En la opinión de la corte inferior no se menciona a Mercedes González sino para decir que es esposa del de-mandado. En realidad la opinión de la corte inferior no hace cargo alguno a la referida señora y la sentencia dictada no le afecta en ninguno de sus pronunciamientos.

Discutiremos ahora los errores tercero y cuarto que aca-bamos de transcribir. Como hemos visto, en la demanda se alega que el demandado Felipe Hernández Rivera, por medio de palabras y maquinaciones insidiosas, logró que la deman-dante le cancelase el crédito hipotecario. Francisca Rivera declara que su hijo le dijo que le cancelara la hipoteca para hacer un negocio con la Comisión Rehabilitadora. En su contestación alega el demandado que necesitando liberar la finca de gravámenes para solicitar un préstamo de la Comi-sión Rehabilitadora, él y su madre se trasladaron a la oficina del Ledo. Susoni, donde se otorgó la escritura de cancelación. El importe del crédito cancelado no se pagó en presencia del notario autorizante. Dicho importe, ascendente a $400, fue pagado, según el demandado, el mismo día de la cancelación, por la mañana, como entre 6: 30 ó 7. El demandado explica que obtuvo este dinero de la propiedad, del fruto de café y varios cerdos que vendió y dice que recogió este dinero para pagarle a su madre y luego pasar la finca a la Rehabilitadora. Según el demandado, la madre, al recibir el dinero, distri-buyó $100 entre sns hijos, se qnedó con $30 y le dió $270 a Mercedes, sn esposa, para qne se los gnardara. Agrega el demandado qne la madre insistió en qne no llevara la finca a la Behabilitadora y le dijo: “Yo le di a guardar a Mercedes $270 y te los voy a dar sin intereses.” El demandado le dijo a sn madre qne la Behabilitadora no' le cobraba intereses. La madre le prometió no cobrarlos tampoco y entonces desis-tió de llevar a cabo el préstamo. Todo esto ocurrió el mismo día y horas antes de otorgarse la cancelación. La madre, en este corto intervalo de tiempo, regaló parte del dinero, re-tuvo $30 para sns gastos, le dió a guardar $270 a sn nuera y luego le prestó esta misma suma a sn hijo. Esta declara-ción de Felipe Hernández está en pugna abierta con las ale-gaciones de su contestación. En su contestación jurada dice el demandado qne la madre, con el fin de qne se evitase el tener qne recurrir a la Comisión Behabilitadora, después de practicada la cancelación, le ofreció la cantidad de $270, suma que aceptó. En sn declaración el demandado habla de las negociaciones qne dice haber llevado a cabo con la madre entre 6 y 7 de la mañana el mismo día de la cancelación, y agrega qne en el camino ella insistió en sns propósitos de entregarle el dinero sin intereses y el demandado desistió de llevar la finca a la Behabilitadora. El pagaré suscrito en la oficina del abogado Susoni cuando se hizo la cancelación demuestra claramente que el otorgamiento de este documento era cosa convenida de antemano entre las partes. Llamada anteción el hecho de que Felipe Hernández Bivera, que soli-citaba la cancelación de la hipoteca para hacer un préstamo, tuviese en su poder la cantidad de $400 y se desprendiera de esta suma para pagar una deuda que no estaba vencida y de la cual era acreedora su propia madre. Si es verdad que la madre le prestó $270 sin intereses, y que entonces el deman-dado desistió del préstamo a la Comisión Behabilitadora ¿poi-qué se hizo la cancelación total cuando ya el demandado había realizado su propósito, que era obtener el préstamo sin inte-reses? ¿A qué insistir en qne se cancelara totalmente el crédito hipotecario? Leyendo lá declaración del demandado nos explicamos perfectamente qne la corte inferior no diera crédito algnno a sn testimonio. Francisca Rivera declara qne sn hijo le ofreció qne si le cancelaba la hipoteca le daría $270 en dinero y $300 en nn pagaré, qne canceló la hipoteca y no ha recibido ni nn centavo de sn hijo, qne hasta los $300 qne le dió éste enando le vendió la finca, se los qnitó para ponerlos en el banco y no sabe qné negocio hizo con ellos; qne el día qne se canceló la hipoteca el notario Susoni le entregó nn pagaré qne allí se hizo; qne después de haber salido de la oficina Felipe le <juitó el documento para llevarlo, porque la demandante no tenía cartera ni nada, y ahora le ha negado el pagaré; qne cuando llegó a sn casa le dijo a la señora de Felipe qne le buscara el pagaré y le contestó qne no sabía dónde Felipe lo había puesto, y le dijo a éste qne le diera el pagaré y le contestó qne lo tenía en el baúl, qne le pidió el pagaré a la esposa de Felipe porque ésta guardaba los documentos del marido; que ha pedido qne se le pague o se le entregue el documento y qne no se le ha pagado ni un centavo ni se le ha devuelto el pagaré; qne cuando vino a cancelar la hipoteca tenía muy buenas rela-ciones con sn hijo y qne ahora no, por lo qne ha resultado, qne no vive con él, que después que a uno le pasan estos episodios es muy fuerte vivir; qne tenía fe en qne sn hijo le entregaría el dinero el día qne canceló la hipoteca, y qne si no hubiera sido así no hubiera ido a cancelarla.

No surge de la prueba la suerte qne ha corrido el pagaré otorgado en la oficina del abogado Sr. Francisco Susoni. El demandado declara qne una vez se le presentó sn hermano menor con el pagaré a vendérselo y el demandado, temeroso de qne le cobraran el documento sin él tenerlo, vino a Areeibo con sn hermano a consultar con el Sr. Susoni. En efecto, el Sr. Susoni declara que el demandado estuvo en sn oficina acompañado de otra persona qne dijo ser sn hermano y le enseñó el pagaré y preguntó qné debían hacer con él, con-testándole el testigo que ese documento era de la propiedad de la señora y que se le debía entregar para conservarlo y al vencimiento ejercer su cobro. Es de notarse que el Sr. Susoni, cuando en las preguntas que se le bacen se le llama hermano a la persona que acompañaba al demandado, tiene especial cuidado en repetir con insistencia que Felipe Her-nández le llamaba hermano, pero que él no lo conocía. Este hermano de que habla el demandado no compareció a declarar durante el juicio. El demandado admite que el día en que se otorgó la escritura de cancelación la demandante le entregó el pagaré, porque no tenía cartera, pero agrega que se lo de-volvió cuando, como de costumbre, se quitó el gabán donde lo guardaba. No cabe argüir que la pérdida del pagaré no perjudica a la demandante y que no hubo propósito de fraude, toda vez que el demandado reconoce la existencia del docu-mento y admite que no ha pagado. Esta admisión en el acto del juicio, bajo la presión de las circunstancias, cuando estaba allí el notario que hizo el pagaré, no basta para cohonestar los actos previos del demandado. Si éste, aceptando que poseía el pagaré, lo hubiese ofrecido como prueba sin ex-plicar satisfactoriamente su posesión y justificar el pago, no habría hecho otra cosa que confirmar lo alegado y declarado por la demandante. Su actitud en este respecto está en armonía con todos sus actos en el curso de la transacción. En cuanto a la suma consignada en dicho documento, la de-mandante dice que debieron ser $300, el demandado alega que fueron $270 prestádosle después de la cancelación, y el notario Sr. Susoni no se acuerda de la cantidad.

De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo que sigue:

“No existe eluda alguna respecto a la cancelación de la hipoteca de $570 por parte de doña Francisca A. Rivera viuda de Hernández, ya que se ha presentado por ella misma la escritura de dieba cancela-ción. Pero analizando profundamente la evidencia testifical aportada por ambas partes, el juzgador se inclina a conceder mayor crédito a la presentada por la demandante que a la del demandado. Y ello es así, porque la demandante trae ante el tribunal una teoría verosímil con visos de certeza y factible dentro de la lógica que rige los acon-tecimientos humanos, y sobre todo la confianza que se supone existe entre una madre y un hijo; mientras que la teoría aportada por el demandado, es, no sólo inverosímil, sino a todas luces nebulosa y al margen de la razón que inspira los actos de las personas. La Corte ha concedido entera credibilidad al testimonio de doña Francisca A. Rivera viuda de Hernández porque el juez no puede concebir que una señora que cuenta setenta años de edad, una anciana venerable, urda una trama para, después de obtenido el pago de una suma debí-dale por su hijo, comparecer ante un tribunal de justicia y, con gran serenidad e impertubable, exponer bajo juramento haber sido víctima de ciertas maquinaciones por parte de su propio hijo tendientes a defraudarla. Para percatarse que esta anciana estaba exponiendo la verdad, bastaba solamente contemplarla mientras testificaba. Porque, a pesar que los azares de la vida la precisaron a litigar contra su hijo, cada vez que miraba a éste, la ternura asomaba a sus ojos.
“Por otro lado, la teoría presentada por el demandado, según de-cimos antes, es obscura e indigna de credibilidad, porque no nos ex-plicamos cómo si Felipe Hernández Rivera estaba en tal situación económica que se proponía efectuar un préstamo con la Comisión Re-habilitadora, tuviese $400 en su poder para pagarlos a su señora ma-dre sobre la mesa de su casa el día 7 de marzo de 1930, antes de venir a otorgar la escritura de cancelación en Arecibo. Estamos segtiros que esa manifestación del demandado es completamente incierta, por-que de haber él tenido esos $400, no hubiese pensado en efectuar prés-tamos, ni menos se los hubiese pagado a doña Francisca, ya que él te-nía un margen tan amplio para satisfacer su deuda con ella, a razón de $100 anuales hasta el año 1933.’

La corte a quo dio completo crédito a la declaración de la demandante Francisca Rivera. El abogado del deman-dado arguye en su alegato que la demandante aceptó haber otorgado voluntariamente la escritura de cancelación y ad-mite que convino con su hijo en que la obligación del crédito hipotecario sería cambiada o sustituida por otra mediante la cual Felipe Hernández le había de pagar $270 en efectivo y el resto en un pagaré por $300 que se otorgó y recibió la demandante. Se cita en apoyo de esta contención el caso de Marrero v. Sucesión Marrero, 36 D.P.R. 629. La doctrina sentada en esta decisión es inaplicable al presente caso. En Marrero v. Sucesión Marrero, supra, se canceló nn crédito hipotecario de $2,000. Se otorgó un documento privado de $4,500 a favor de los acreedores hipotecarios, autorizado por sus deudores. La corte sentenciadora aceptó como cierta la explicación de los demandados de que dicho documento pri-vado se firmó el mismo día que la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, consignando en él una deuda simu-lada, para que el demandante Marrero, que era padre político de la viuda de Wenceslao Marrero y abuelo de los otros de-mandados, los demandara y embargara las fincas caso de que los otros acreedores de la sucesión, al saber que las dichas fincas quedaban libres de la hipoteca que sobre ellas pesaba, les reclamaran judicialmente sus créditos.. Por censurable que pudiera ser la conducta de los demandados en este caso y de los propios demandantes, la verdad es que de acuerdo con la apreciación de la prueba por la corte sentenciadora, los demandados no le debían nn centavo a los demandantes. Esta corte, sin embargo, examinando el caso desde el punto de vista de la teoría de los demandantes, se expresó en estos términos:

“Si la teoría de los demandantes expresada por su abogado en el juicio al presentar el documento privado de que se trata era cierta, entonces lo que se hizo fué sencillamente sustituir la obligación de pagar dos mil dólares en plazos anuales de quinientos, contraída por el causante de los demandados, por la de pagar cuatro mil quinientos en plazos anuales de doscientos cincuenta, contraída directamente por los demandados. La cancelación quedaba explicada. Eso no obstante, trató de sostener el demandante Marrero que firmó engañado la escri-tura de cancelación.
“Pero aceptando a los fines de este caso simplemente que el docu-mento privado pudiera admitirse como prueba, entonces 4 a qué anular la escritura de carta de pago y condenar a los demandados a pagar la deuda de acuerdo con el contrato original, si el mismo documento revela que la carta de pago fué cierta y no medió engaño sino que lo que se realizó fué un nuevo contrato?”

El presente caso no puede compararse al de Marrero v. Sucesión Marrero. En aqnel caso la corte sentenciadora creyó el testimonio de los demandados. En este caso la corte a quo, haciendo nn juicioso análisis de la prueba, declara que el demandado no dice la verdad y que la demandante le me-rece completo crédito. Allí los demandantes alegaron y no probaron que hubiesen sido engañados. En nuestro caso el engaño es manifiesto. La demandante no recibió los $270 en efectivo que se le ofrecieron. El pagaré que se otorgó a su favor no se encuentra en ninguna parte. El demandado aparece disponiendo de la cantidad de $400 y pagando una deuda que no estaba vencida en los momentos en que necesi-taba obtener un préstamo de la Comisión Rehabilitadora, y se da el caso de que este demandado, que declara haber recibido de la demandante $270 sin intereses, insista en la cancelación total del crédito hipotecario cuando, de ser ciertas sus manifestaciones, ya tenía en su poder el dinero que le hacía falta y no era necesario obtener ningún préstamo de la referida Comisión. Entendemos que se ha probado en este caso que Felipe Hernández Rivera, con palabras y ma-quinaciones insidiosas, indujo a la demandante a la cancela-ción del crédito hipotecario. El engaño de que fué víctima Francisca Rivera produjo un consentimiento viciado y la corte inferior estuvo muy acertada al decretar la nulidad de la cancelación del crédito hipotecario. Francisca Rivera de-clara que tenía fe en su hijo, en que su hijo le entregaría el dinero el día en que se canceló la hipoteca y que si no hubiera sido así no hubiera ido a cancelarla. Resulta evidente la presencia del dolo causante, sin el cual no se hubiera obtenido el consentimiento. La demandante fué inducida, inspirada y persuadida a consentir por las insidias del demandado. No es éste un caso de morosidad en el cumplimiento de una obligación. El demandado no reconoce deber a la deman-dante los $270 que éste dice le prometió pagarle inmediata-mente y que nunca le entregó, comprometiéndose además a suscribir un documento que después de otorgado no aparece en ninguna parte. Por el contrario, el demandado sostiene que satisfizo totalmente el crédito hipotecario, y alega que esos $270 le fueron facilitados por la madre después de la cancelación. La falsedad de esta alegación ha quedado de-mostrada, así como el engaño de que fué victima la deman-dante.

Alega por último el demandado que la corte inferior cometió error al condenar en costas a la sociedad de ganan-ciales. La sentencia dictada en este caso dice que se im-ponen las costas y honorarios de ahogado al demandado. Es claro que la corte inferior se refiere exclusivamente a Felipe Hernández Rivera y no a su esposa Mercedes González. Mercedes González y Felipe Hernández Rivera no habían contraído matrimonio cuando este último compró la finca y se constituyó el crédito hipotecario a favor de la demandante. No se ha probado que la esposa tuviese intervención en la cancelación de la hipoteca y por lo tanto la corte inferior actuó correctamente cuando se limitó a condenar en costas al demandado, o sea a Felipe Hernández Rivera.

Debe confirmarse la sentencia apelada.