text:
    Casco Sales Company, Inc., licitador peticionario, v. Gobierno Municipal de Barranquitas y su Junta de Subastas, recurridos, R & B Power, Inc., González Trading, Diversified Equipment Corporation, Puerto Rico Wire Products, Inc. y Rimco, Inc., licitadoras.

      Número: CC-2006-403

      Resuelto: 19 de diciembre de 2007

      Rafael J. Vázquez González, de Vázquez & Vázquez, abogado de la parte peticionaria; Tomás Correa Acevedo, de Correa Acevedo Law Offices, P.S.C., abogado de las partes licitadoras.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde examinar qué efecto se le debe conferir a una determinación judicial mediante la cual se declara que una persona jurídica es un alter ego de otra que está impedida de licitar y contratar con las agen-cias del Gobierno, corporaciones públicas, municipios o con la Rama Legislativa o Judicial. Específicamente, debemos resolver si un dictamen judicial de ese tipo es vinculante y, por lo tanto, impide que en el futuro se le adjudique a la entidad declarada alter ego una subasta gubernamental distinta a la que dio lugar al dictamen en cuestión. Respon-demos dicha interrogante en la afirmativa.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El 20 de octubre de 2005, el municipio de Barranquitas celebró la subasta número 07-05-06 para adquirir un cargador frontal. A dicha subasta comparecieron las licitadoras si-guientes: CASCO Sales Company, Inc. (CASCO Sales); Ri-mco, Inc.; Diversified Equipment Corporation; Puerto Rico Wire Products, Inc.; González Trading, y R & B Power, Inc. Tras evaluar las propuestas, la Junta de Subastas del re-ferido municipio le concedió la buena pro a R & B Power, Inc.

Luego de la adjudicación, CASCO Sales le cursó una misiva al Alcalde del municipio de Barranquitas. Le advir-tió de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones en CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, en la cual se determinó que R & B Power, Inc. es un alter ego de Clemente Santisteban, Inc. corporación que se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por un delito cuyo elemento constitutivo es el fraude. En el referido dictamen, el Tribunal de Apelaciones dispuso, específicamente, que “queda prohibido a cualquier parte del Gobierno, incluyendo a los municipios y las corporaciones públicas, el otorgar contra-tos para la compra de productos o servicios con R & B Power, Inc”. Amparándose en esa Sentencia, CASCO Sales adujo que la Junta de Subastas del municipio estaba im-pedida de mantener la adjudicación a favor de dicha entidad.

Dado que el Alcalde no realizó gestión alguna con res-pecto a la carta enviada, CASCO Sales acudió ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar que se dejara sin efecto la adjudicación de la subasta por haberse realizado a favor de una entidad impedida de hacer negocios con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En específico, sostuvo que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, constituye cosa juzgada para efectos del presente caso y que, por ende, la parte recurrida estaba impedida de relitigar la capacidad de R & B Power, Inc. para licitar en subastas gubernamentales.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la de-terminación de la Junta de Subastas por entender que la determinación previa emitida por otro Panel de ese foro resultaba insuficiente para ser aplicada a los hechos de este caso. Entendió que “la persona jurídica acusada ante el foro federal fue la corporación Clemente Santisteban, Inc. y no sus funcionarios en su carácter personal, pu-diendo éstos hacer negocios como una entidad distinta a través de R & B Power, Inc.”. Abase de ello, concluyó que el dictamen emitido en CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, no tiene fuerza vinculante para efectos de este caso.

Insatisfecha, CASCO Sales acude ante nos para aducir que la doctrina de cosa juzgada se puede aplicar a los he-chos de este caso. Por eso, sostiene que erró el foro apela-tivo al negarle fuerza vinculante a la Sentencia emitida previamente, mediante la cual se había declarado a R & B Power, Inc. alter ego de Clemente Santisteban, Inc. y se le había prohibido al Gobierno contratar con dicha corpora-ción o adjudicar subastas a su favor. Cónsono con ello, alega que incidió dicho foro al no poner en vigor las dispo-siciones de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, la cual le prohíbe a las entidades de gobierno adjudicar su-bastas o contratos a favor de personas naturales o jurídicas convictas de ciertos delitos constitutivos de fraude, malver-sación o apropiación ilegal de fondos públicos.

Por su parte, R & B Power, Inc. sostiene que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al sostener el dicta-men de la Junta de Subastas, ya que la doctrina de cosa juzgada resulta inaplicable a los hechos de este caso. Fun-damenta su alegación principalmente en el hecho de que para el momento en que la Junta de Subastas y el Tribunal de Apelaciones emitieron su dictamen, la Sentencia me-diante la cual se determinó que R & B Power, Inc. es un alter ego de Clemente Santisteban, Inc. aún no había ad-venido final y firme. De igual forma, sostiene que no se cumplen los requisitos de la doctrina de cosa juzgada, ya que no existe identidad de partes ni de objeto entre el caso en que se determinó la inhabilidad de R & B Power, Inc. para participar en subastas gubernamentales y el caso que nos ocupa. A su vez, sugiere que mientras este Tribunal no determine que ella, en efecto, constituye un alter ego de Clemente Santisteban, Inc., no será obligatorio que se le considere como tal. Finalmente, R & B Power, Inc. aduce que, de ser vinculante de alguna forma la Sentencia que la declaró alter ego de la entidad convicta, cualquier limita-ción que la misma configurara caducó porque transcurrió el término establecido en la Ley Núm. 458, supra, como prohibición para que una entidad convicta pueda partici-par en subastas gubernamentales.

Examinada la petición presentada por CASCO Sales, acordamos expedir. Con el beneficio de los argumentos de las partes, procedemos a resolver.

II

El Art. 1 de la Ley Núm. 458, supra, 3 L.P.R.A. sec. 928, dispone que ningún jefe de agencia o dependencia del Gobierno, corporación pública, municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial, adjudicará subasta o contrato alguno para que realicen servicios o la venta o entrega de bienes a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier otro país, de ciertos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.

Tal como se deduce de la disposición mencionada, las entidades gubernamentales enumeradas en la ley están impedidas de adjudicar subastas o contratar con una persona convicta o que se ha declarado culpable en un tribunal estatal o federal por cualquiera de los delitos enumerados. A su vez, un análisis a la inversa nos lleva a concluir que una entidad convicta por cualquiera de los delitos enumerados en la ley o que se ha declarado culpable de cometer alguno de ellos, está imposibilitada de par-ticipar como licitadora en subastas gubernamentales. Véase, además, Costa Azul v. Comisión, 170 D.RR. 847 (2007). Es decir, dichas entidades, por virtud de ley y des-pués de una determinación de convicción, se encuentran impedidas de otorgar contratos para servicios o la venta o entrega de bienes con las agencias, corporaciones públicas, municipios y con las Ramas Legislativa y Judicial.

Ahora bien, la prohibición de adjudicar subastas o contratar con entidades convictas o que han hecho declaración de culpabilidad por alguno de los delitos incluidos en la ley, no necesariamente se limita a la persona natural o jurídica de que se trate. Ello en vista de que el legislador extendió su alcance para incluir otras entidades que pudieran responder a los conceptos “persona natural” y “persona jurídica”. En lo que respecta a la persona jurídica, la ley incluye a las corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, incluso aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona jurídica o subsidiaria de la misma. 3 L.RR.A. sec. 928a.

Por lo tanto, con respecto a las personas jurídicas, la prohibición se extiende —entre otros supuestos— a todo aquel que para estos fines sea considerado su alter ego. Generalmente, una persona es considerada un alter ego o conducto económico pasivo de otra cuando entre ambas existe tal identidad de interés y propiedad que las personalidades se hallan confundidas, de manera que la corporación no es realmente una persona jurídica independiente. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 D.P.R. 905, 925 (1993); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240, 244 (1968); San Miguel Fertil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424, 430 (1967).

Por esta doctrina, los tribunales prescinden de la ficción corporativa y, por ende, descorren el velo corporativo cuando reconocer a la persona jurídica equivaldría a “san-cionar un fraude, promover una injusticia, evadir una obli-gación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o defender el crimen”. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 798 (1992). Véase Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442 (1968).

La intención del legislador al incluir en la definición de “persona jurídica” a aquel que sea considerado para estos fines un alter ego de la entidad en cuestión fue, precisamente, evitar sancionar el fraude o que se derrote la política pública de lograr un uso adecuado de los fondos públicos cuando los contratistas privados realizan servicios o suministran bienes en consideración al pago de dichos fondos. Véanse: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 458, supra, 2000 Leyes de Puerto Rico 3099, 3100-3101; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821 (2007). Así surge del historial legislativo de la Ley Núm. 458, supra, en cuanto demuestra que en la definición de “persona jurídica” se incorporó al que sea considerado su alter ego para evitar que se burle el propósito de la ley mediante tecnicismos. Por ejemplo, se quiso evitar que “una compañía que resultare convicta de uno de los delitos enumerados, pudiera utilizar una subsidiaria o una compañía que en realidad sea un alter ego de la misma o simplemente cambiar el nombre, con el único propósito de burlar la justicia”. Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre P. del S. 1692 de 11 de noviembre de 1999, pág. 4.

Ahora bien, la peticionaria sostiene que un dicta-men judicial en el cual se declare que determinada persona jurídica es un alter ego de otra resulta vinculante en otros procesos judiciales según la doctrina de cosa juzgada. Por cosa juzgada se entiende lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o tribunal competente que lleva en sí la seguridad de su irrevocabilidad. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263 (2004). Su propósito es que los dictámenes judiciales cum-plan su fin o propósito, de manera que las decisiones contenidas en los mismos concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio. Íd.; Worlwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978). Para que pueda aplicarse dicha doc-trina tiene que concurrir entre el caso resuelto y el caso en que ésta se invoca la más perfecta identidad entre las co-sas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343; Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992).

Evidentemente aquí no convergen los requisitos aludidos. Primero, aunque existe una sentencia final y firme, la misma no versa sobre el asunto objeto de este litigio. La controversia en CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, se relacionaba con la Subasta SC-34-005 del Departamento de Agricultura, cuyo objeto era adquirir 60 máquinas de oruga “bulldozers”. Aunque en ese caso también se cuestionó la capacidad de R & B Power, Inc. para ser acreedora de la buena pro, lo cierto es que aquél trataba de un asunto diverso al que nos ocupa.

Por otro lado, no cabe duda que entre CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, y el de autos no existe perfecta identidad de partes. En el primero, las partes involucradas eran el Departamento de Agricul-tura, CASCO Sales y R & B Power, Inc., mientras que en este caso las partes son el Municipio de Barranquitas, CASCO Sales y R & B Power, Inc. Aunque, ciertamente, tanto CASCO Sales como R & B Power, Inc. concurren en ambos pleitos, existe una tercera persona en cada uno de ellos que impide la completa identidad de partes. Dichas personas tampoco litigaron en la misma calidad en uno y otro proceso, precisamente, porque defendían intereses diversos dada la naturaleza dispar de las subastas en cuestión. Resulta claro, por lo tanto, que la doctrina de cosa juzgada no es aplicable a los hechos de este caso.

Ahora bien, la inaplicabilidad de la doctrina mencio-nada no implica que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en CASCO Sales v. Departamento de Agri- cultura, KLRA2005-00366, carezca de efecto sobre el pro-ceso de subasta bajo análisis. Aunque la peticionaria se equivoca con respecto al fundamento para solicitar que se aplique el dictamen en cuestión, lo cierto es que su solici-tud procede al amparo de otro fundamento, a saber, porque existe una disposición de ley que así lo requiere.

HH HH t — I

Como vimos antes, al Art. 1 de la Ley Núm. 458, supra, prohíbe que las agendas, las corporadones públicas, los municipios y las Ramas Legislativa y Judicial adjudiquen subastas o contraten con personas naturales o jurídicas convictas de ciertos delitos o que han hecho alegación de culpabilidad. A su vez, el Art. 2 (3 L.RR.A. sec. 928a) de dicho estatuto incluye en la definición de "persona jurídica” a todo el que sea considerado para estos fines un alter ego de la misma. Si sustituimos el concepto “persona jurídica” por “alter ego” en el texto de la disposición, debemos concluir que las entidades gubernamentales mencionadas no pueden adjudicar subastas o contratar también con el que sea considerado para estos fines un alter ego de la persona jurídica convicta o que ha hecho declaración de culpabilidad, lo cual —sin duda— requiere que haya recaído una determinación a esos efectos.

Ahora bien, esto no implica que debamos endosar la teo-ría que subyace bajo las alegaciones de R & B Power, Inc. sobre que se requiere una determinación de “alter ego” en cada subasta en que participe, a menos que este Tribunal paute que ella, efectivamente, es un subterfugio de Cle-mente Santisteban, Inc. para licitar en subastas gubernamentales. Nada en la ley requiere que la declara-ción de “alter ego” la haga un tribunal de determinada jerarquía. Más bien, basta con que exista un dictamen rea-lizado por un foro con jurisdicción y competencia para que entre en función la prohibición de adjudicar subastas o contratar con la persona jurídica en cuestión.

De hecho, basta con tomar conocimiento judicial de un buen número de casos en los que el foro apelativo se ha enfrentado de una forma u otra a esta controversia, para comprender las consecuencias de una interpretación que conlleve una determinación de alter ego en cada proceso de subasta en que intervenga R & B Power, Inc. o cualquier otra entidad creada para burlar los propósitos del estatuto. Una norma a esos efectos propiciaría la coexistencia de dictámenes judiciales inconsistentes, lo que atentaría contra la estabilidad y seguridad jurídica de las partes. A su vez, dicho análisis implicaría un escollo sustancial en el proceso de aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 458, supra, lo cual tendría el efecto de impedir que el Estado se asegure de contratar con personas de probada honestidad. Todo ello, sin duda, iría en detrimento del valor custodiado por la Ley, que no es otra cosa que lograr el mejor manejo de los fondos públicos y combatir la corrupción en todas sus vertientes. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 458, supra, 2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 3009-3100.

Por otro lado, tampoco podemos avalar la postura de R & B Power, Inc. porque estamos impedidos de aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 458, supra, por el mero hecho de que a la fecha en que se adjudicó la subasta aún no era final y firme la Sentencia mediante la cual se determinó que para estos fines ella es un alter ego de Clemente San-tisteban, Inc. Téngase presente que la finalidad y firmeza del dictamen es requisito de la doctrina de cosa juzgada, la cual, como indicamos antes, no aplica a los hechos de este caso porque el carácter vinculante de la Sentencia emitida en CASCO Sales v. Departamento de Agricultura, KLRA2005-00366, viene dado por disposición de ley.

De todas maneras, la ausencia de firmeza en la declaración de alter ego al momento de la adjudicación de la subasta que nos concierne, no impide que pongamos en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 458, supra, sobre todo si tomamos en cuenta que una sentencia es efectiva hasta que sea revocada o anulada. Este resultado se impone todavía más si tomamos en cuenta que el adecuado manejo de los fondos del erario constituye un asunto investido de alto interés público. Así lo enfatizó el propio legislador como preámbulo del estatuto bajo análisis, en cuanto sostuvo que “[e]ntre las mayores responsabilidades del Gobierno, figura indudablemente el deber de velar por el uso y manejo apropiado de los fondos públicos y el evitar cualquier acto o conducta que afecte negativamente el uso adecuado de tales fondos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 458, supra, págs. 3009-3100. Precisamente, en consideración al valor intrínseco de la política pública que la Ley Núm. 458, supra, pretende vindicar, estamos llamados a interpretar sus disposiciones de forma tal que no se obstaculice su aplicación.

Además de lo anterior, cabe destacar que, si bien para esa fecha aún estaba pendiente de revisión el dictamen en cuestión, lo cierto es que hoy este dictamen goza de finali-dad y firmeza. Por lo tanto, conforme el mandato de la Ley Núm. 458, supra, debemos tomar conocimiento del mismo para determinar si procede mantener en vigor la adjudicación de la subasta a favor de R & B Power, Inc.

Por último, debemos señalar que —contrario a lo que aduce R & B Power, Inc.— el hecho de que haya transcurrido el término de prohibición establecido en la ley, no impide que pongamos en vigor sus disposiciones para efectos de la subasta objeto de revisión. Ciertamente, la prohibición de contratar o adjudicar subastas a favor de una entidad convicta o que ha hecho declaración de culpabilidad por uno de los delitos contemplados en la ley no es indefinida. Actualmente, dicha limitación tiene una duración de veinte años en casos por delito grave y de ocho años en casos por delito menos grave. 3 L.P.R.A. sec. 928d.

No obstante, antes de una enmienda introducida me-diante la Ley Núm. 84 de 29 de julio de 2001, la limitación en cuestión tenía una duración diez años a partir de la convicción correspondiente en casos por delito grave y de cinco años en casos por delito menos grave. Precisamente, este último término es el que aplica a los hechos de este caso, ya que la enmienda que aumenta el término no tiene efecto retroactivo. En conformidad con ello, y dado que Clemente Santisteban, Inc. se declaró culpable el 29 de mayo de 2001 por un delito menos grave, debemos concluir que el término aplicable de cinco años se cumplió el 29 de mayo de 2006.

Ahora bien, el hecho de que se haya cumplido el término de cinco años, aplicable a la prohibición de contratar o ad-judicar subastas a favor de Clemente Santisteban, Inc. o quien pueda ser considerado para estos fines su alter ego, no implica que el impedimento no existiera para la fecha en que se adjudicó la subasta. Debemos recordar que nues-tro dictamen no pretende disponer de la capacidad actual de R & B Power, Inc. para participar en subastas guberna-mentales, sino de su habilidad para resultar acreedora de la buena pro en la subasta que nos ocupa. Es decir, nuestra intervención se limita a pasar juicio sobre la corrección de la determinación emitida por la Junta de Subastas y ava-lada por el Tribunal de Apelaciones en este caso, y no pre-tende juzgar la elegibilidad de R & B Power, Inc. para in-tervenir como licitadora en subastas posteriores. Así, aunque ha transcurrido el término de prohibición aplica-ble, lo cierto es que para la fecha en que se adjudicó la subasta que nos ocupa la limitación estaba vigente.

Aclarado lo anterior, resulta forzoso concluir que no se puede sostener el resultado de la subasta celebrada en este caso. Ello ya que la prohibición de que las agencias, corpo-raciones públicas, municipios y las Ramas Legislativa y Judicial adjudiquen subastas o contraten con una persona jurídica convicta o que se ha declarado culpable de cometer alguno de los delitos contemplados en la ley, se extiende a todo aquel que para estos fines sea considerado un alter ego o subterfugio de ésta. Dado que un foro con jurisdicción y competencia ya llegó a la determinación de que R & B Power, Inc. se considera un alter ego de una entidad que hizo alegación de culpabilidad por un delito constitutivo de fraude, el municipio de Barranquitas estaba impedido de adjudicar la subasta a su favor y, por ende, de contratar con ella para servicios o la venta o entrega de bienes.

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dicta-men del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, el de la Junta de Subastas del Municipio de Barranquitas.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

       Para esa fecha, la Sentencia aludida aún no era final y firme, ya que R & B Power, Inc. había presentado un recurso de certiorari ante este Tribunal.

       Clemente Santisteban, Inc. se declaró culpable de violar la disposición en 18 U.S.C.A. sec. 1001(a), sobre declaraciones falsas (presentación de información falsa ante el Servicio de Aduanas Federal). No existe controversia en cuanto a que el fraude es un elemento constitutivo de dicho delito.

       Para la fecha en que el Tribunal de Apelaciones emitió esa determinación, la Sentencia mediante la cual se declaró que R & B Power, Inc. es un alter ego de Clemente Santisteban, Inc. aún no era final y firme porque —si bien se había dene-gado ya el recurso presentado ante esta Curia— todavía quedaba por resolver una moción de reconsideración presentada oportunamente.

       Los delitos por cuya convicción aplica la prohibición son los siguientes: (1) apropiación ilegal agravada en todas sus modalidades; (2) extorsión; (3) fraude en las construcciones; (4) fraude en la ejecución de obras de construcción; (5) fraude en la entrega de cosas; (6) intervención indebida en los procesos de contratación de subas-tas o en las operaciones del Gobierno; (7) soborno en todas sus modalidades; (8) soborno agravado; (9) oferta de soborno; (10) influencia indebida; (11) delitos contra fondos públicos; (12) preparación de escritos falsos; (13) presentación de escritos falsos; (14) falsificación de documentos, y (15) posesión y traspaso de documentos falsificados. La ley dispone que para fines de la jurisdicción federal o de los estados o territorios de Estados Unidos de América, aplicará la prohibición contenida en casos de convicción por los delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los de los referidos delitos. 3 L.P.R.A. sec. 928b.

       Nótese que, conforme al texto de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, la prohibición general de adjudicar una subasta gubernamental o contratar con una persona convicta o que ha hecho alegación de culpabilidad por alguno de los delitos mencionados, también se basa en un dictamen de un foro con jurisdicción y competencia (el que determina la convicción).

       Véanse, por ejemplo: CASCO Sales Company, Inc, v. Departamento de Agricultura (KLRA0500366); R & B Power, Inc. v. Autoridad de Energía Eléctrica (KL-RA200400557); CASCO Sales Company, Inc. v. Municipio de Vega Alta (KLRA200600686); Clemente Santisteban, Inc. v. Municipio de Toa Baja (KLRA0200692, KLRA0200877, KLRA.0200900); CASCO Sales Company, Inc. v. Departamento de Agricultura (KLRA200400270).

       Ello en vista de que el 19 de mayo de 2006 este Tribunal declaró “no ha lugar” una moción de reconsideración presentada por R & B Power, Inc., luego de haberse denegado una petición de certiorari mediante la cual se solicitaba la revoca-ción del dictamen que decretó su inhabilidad para licitar en subastas gubernamentales.

       Téngase en cuenta, además, que al adjudicar una controversia, este Tribunal —como norma general — debe aplicar la ley según la situación imperante en ese momento, y no según se encontraba al momento de la adjudicación en primera instancia. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 439 esc. 38 (1994); Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 872 (1991).

       Así surge del texto mismo de la enmienda, en el cual se dispuso que ésta comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación. Art. 6 de la Ley Núm. 84 de 29 de julio de 2001, Leyes de Puerto Rico, págs. 355-356. Ello, sumado al hecho de que la ley vigente establece que sus disposiciones no tendrán efecto retroactivo, despeja cualquier duda con respecto a su aplicación prospectiva. 3 L.P.R.A. sec. 928h.

       Esto, incluso, podría tener implicaciones adicionales a la mera revocación del resultado de la subasta. Ello porque, además de establecer la prohibición discu-tida, la ley también ordena la rescisión automática de los contratos vigentes para la fecha en que se declaró la convicción o culpabilidad. 3 L.P.R.A. sec. 928c.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Johnson & Johnson International Inc., peticionario, v. Municipio de San Juan, recurrido.

      Número: CC-2006-2008

      Resuelto: 19 de diciembre de 2007

      Juan F. Frau Escudero, de McConnell Valdés, abogados de la parte peticionaria; René M. Bermúdez Vélez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Johnson & Johnson International, Inc. (J&J) suscribió un contrato con el Municipio de San Juan (Municipio) so-bre el arrendamiento de un equipo médico para realizar ciertas pruebas químicas que se llevarían a cabo en el Hospital Municipal de San Juan. En el contrato se pactó, ade-más, que J&J supliría los reactivos químicos necesarios para realizar hasta un máximo de 600,000 pruebas al año con ese equipo. El canon de arrendamiento de la maquina-ria era de $15,000 mensuales. Por último, el contrato dis-puso que, de comprarse pruebas adicionales, éstas serían a razón de treinta y tres centavos la prueba y debían adqui-rirse mediante órdenes separadas.

Posteriormente, J&J le envió una factura al Municipio por $132,716.10, correspondiente a las pruebas que el Hospital Municipal de San Juan llevó a cabo en exceso de las 600,000 incluidas en el contrato. Ante la falta de pago del Municipio, el 3 de enero de 2001, J&J presentó una de-manda para el cobro del dinero y por incumplimiento de contrato en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En la demanda alegó que entre julio de 1998 a junio de 1999 el Hospital llevó a cabo 402,170 prue-bas en exceso de las seiscientas mil que incluía el contrato, a treinta y tres centavos cada una, lo cual asciende a la cantidad de $132,716.10. Señaló, además, que el Municipio le adeudaba el canon de $15,000 correspondiente a enero de 1996 y $3,988.24 por artículos necesarios para el uso y mantenimiento del equipo arrendado.

En su contestación a la demanda, el Municipio admitió que existía la cláusula en el contrato sobre el pago de las pruebas realizadas en exceso de 600,000, mas sin embargo, negó adeudar la cantidad reclamada por J&J. Indicó que las actuaciones no autorizadas de funcionarios municipa-les no obligan al Municipio y que cualquier transacción entre el Municipio y J&J no tiene fuerza vinculante en ausencia de un contrato por escrito.

J&J presentó una moción para solicitar que se dictase una sentencia sumaria. En la moción alegó que no existía controversia sobre el hecho de que se cobrarían treinta y tres centavos por cada prueba adicional realizada y que el Municipio así lo había admitido en su contestación a la demanda. Argumentó que el Municipio, mediante carta, re-conoció la validez de la deuda en tanto justificó el exceso de reactivos ordenados. En cuanto al canon de $15,000 alega-damente adeudado y a los $3,988.24 de materiales, adujo que según el contrato y la prueba documental provista, era evidente que el Municipio también adeudaba las cantida-des referidas.

El Municipio se opuso a la solicitud de la sentencia su-maria de J&J y, por su parte, presentó una moción de sen-tencia sumaria, en la cual solicitó la desestimación de las causas de acción en su contra. En la moción el Municipio adujo que: nunca se realizaron las órdenes de compra por separado para las pruebas en exceso de 600,000 pruebas dispuestas en el contrato; no se suscribió un contrato por separado ni se enmendó el contrato vigente para realizar las pruebas en exceso y, por ende, no se cumplieron con los requisitos de contratación aplicables según la Ley de Mu-nicipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos) y su jurispru-dencia interpretativa. Adujo, además, que no existía un partida presupuestaria para cubrir las pruebas en exceso y que éstas no fueron aprobadas por el Alcalde o la Asamblea Municipal.

El 23 de agosto de 2004, notificada el 2 de septiembre del mismo año, el tribunal de instancia emitió una senten-cia sumaria a favor de J&J. En ésta, le ordenó al Municipio que pagara el total de las reclamaciones ascendiente a $151,704.34, más las costas, los intereses y honorarios de abogado.

El 28 de septiembre de 2004, el Municipio solicitó la reconsideración de la sentencia sumaria. El 4 de noviem-bre de 2004, el tribunal de instancia emitió una orden, en la cual acogió, en parte, algunos de los planteamientos del Municipio. A tales efectos, el tribunal dejó sin efecto la sen-tencia sumaria en cuanto al canon de arrendamiento de $15,000 relacionado a junio de 1998 y la suma de $3,988.24 sobre los materiales que, según el contrato, eran necesa-rios para el uso y mantenimiento del equipo, sobre lo cual determinó que se celebraría una vista plenaria. Por otro lado, el foro primario denegó la reconsideración, en cuanto a la procedencia del pago por las pruebas realizadas en exceso de las 600,000 que incluía el contrato. En cuanto a esto expresó:

[S]e declara sin lugar la reconsideración presentada por en-tender que no existe controversia de hecho alguna que impida la adjudicación de dicho reclamo por la vía sumaria y por estar convencidos de que la norma de derecho aplicada fue la correcta.(Enfasis suplido.) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 146.

En vista de ello, el tribunal de instancia dictó una sen-tencia sumaria parcial al respecto y ordenó que la sentencia se registrara y se archivara. Dicha orden se notificó el 5 de noviembre de 2004.

Inconforme con la determinación, el 3 de enero de 2005 el Municipio acudió mediante “Recurso de certiorari” ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el tribunal de instancia incidió al imponerle el pago de las 402,170 pruebas realiza-das, en exceso de las 600,000, y al no desestimar la alega-ción en cuanto a los $3,988.24 por los materiales utilizados para realizar las pruebas químicas adicionales.

J&J presentó una moción de desestimación, en la cual adujo que el Tribunal de Apelaciones carecía de la jurisdic-ción para atender el recurso, porque el municipio había acudido pasado el término de treinta días para acudir ante dicho foro mediante certiorari. En síntesis, alegó que el tribunal de instancia había emitido una orden que no consti-tuía una sentencia parcial final, por lo que el Municipio contaba con treinta días para revisarla mediante un “cer-tiorari” y no sesenta días, término con el cual cuenta un municipio para acudir al Tribunal de Apelaciones me-diante un recurso de apelación.

El 2 de febrero de 2005, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una resolución en la cual acogió el recurso de certiorari presentado como de apelación por considerar que el Muni-cipio recurría de una sentencia final.

Por último, el 12 de septiembre de 2005 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la cual revocó la de-terminación de si procedía el pago de las pruebas adicionales. Revocó, además, la partida de $3,988.24 sobre los materiales utilizados para las pruebas, pero confirmó la procedencia del canon de arrendamiento de la maquinaria para jimio de 1998.

De dicha determinación, J&J acudió ante este Tribunal —vía certiorari— y adujo que el Tribunal de Apelaciones incidió

... al no desestimar por tardío el recurso presentado como uno de certiorari acogiendo el mismo como apelación y dictando Sentencia.
... al resolver que el Contrato suscrito entre Johnson & Johnson y el Municipio requería que las pruebas en exceso se veri-ficaran con órdenes de compra por escrito y firmadas por fun-cionario autorizado no obstante a que el contrato no contiene disposición alguna al respecto.
... al resolver que el alegado incumplimiento contractual en cuanto a no verificar las pruebas en exceso mediante órdenes de compra por escrito y firmadas por funcionario autorizado constituye una violación estaturia que hace nula la obligación contraída por el Municipio en cuanto al pago por dichas pruebas.
... En la alternativa, erró el TAen resolver que no procedía la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto contra el Municipio no obstante a que conforme a los hechos particula-res del presente caso se justificaba la aplicación de dicha doc-trina tratándose de un caso donde el Municipio había aceptado haber llevado a cabo las pruebas en exceso objeto de cobro por Johnson & Johnson según contratado y no hay prueba [al]guna de violación de ley o esquema contrario a la mejor administración pública. Recurso de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolverlo, procedemos a así hacerlo.

I

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, define lo que constituye una “sentencia” en nuestro ordenamiento jurídico. A estos efectos, dispone que “[e]l término ‘sentencia’ incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse”. íd. Dicho de otra forma, una sentencia “ ‘pone fin a la controversia existente entre las partes mediante una adjudicación final’ ”. García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 332 (2005), citando a U.S. Fire Insur. Co. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000). Véanse: Román et al. v. K-mart Corp. et al., 151 D.P.R. 731 (2000); Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656 (1953).

Sobre el particular, también hemos expresado que una sentencia es final si resuelve definitivamente el caso en sus méritos, de forma tal que sólo queda pendiente la eje-cución de la sentencia. García v. Padró, ante; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986).

De otra parte, hemos expresado que una “resolución” es un dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. Sabemos que el nombre no hace la cosa, por ello es necesario examinar la determinación del foro de instancia para asegurarnos si ésta constituye una resolución revisable, mediante certiorari o si se trata de una sentencia, la cual es apelable. García v. Padró, ante; U.S. Fire Insur. Co. v. A.E.E., ante; Román et al. v. K-mart Corp. et al., ante.

Por otro lado, según la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, si un pleito consiste de múltiples reclamaciones o partes, el foro de instancia puede dictar una sentencia final, en cuanto a una de las reclamaciones o una de las partes en particular. En cuanto a ello, dispone que esto es posible “siempre que [el tribunal] con-cluya expresamente que no existe razón para posponer dic-tar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresa-mente que se registre la sentencia”. íd.

En otras palabras, para que se entienda que un tribunal ha dictado una sentencia parcial final, según la Regla 43.5, ante, ésta debe concluir expresamente que no existe razón para posponer el dictamen de una sentencia sobre la recla-mación y tiene que haber ordenado expresamente que esta se registre. U.S. Fire Insur. Co. v. A.E.E., ante. “Así pues, tratándose de una sentencia final —aunque parcial— tan pronto es archivada en autos copia de su notificación, co-mienzan su decurso los términos preceptuados en las Re-glas de Procedimiento Civil para la presentación de mocio-nes y recursos post sentencia.” Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.PR. 49, 57 (2001). De no cumplir con estos requisitos, la sentencia es parcial y de carácter interlocutorio. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante.

Una vez se notifica y se archiva en autos una copia de una sentencia final, el término para apelar ante el Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir. La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que dicho término es de treinta días, contado desde el archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia.

No obstante, si alguna de las partes en el pleito es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios, los municipios, o una de sus agencias que no sea una corpora-ción pública, la regla concede un término de sesenta días para apelar. Como es sabido, este término es de carácter jurisdiccional. En otras palabras, pasados los días para presentar un escrito de apelación, la sentencia del tribunal de instancia se convierte en final y firme, y la parte pierde su oportunidad para apelar.

De otra parte, cuando lo que se quiere revisar ante el Tribunal de Apelaciones es una resolución interlo-cutoria, la revisión se tiene que presentar en el término de treinta días siguientes a la fecha de notificación de la reso-lución u orden recurrida. “Dicho término es de cumpli-miento estricto, prorrogable sólo cuando mediaren circuns-tancias especiales debidamente justificadas en la solicitud de certiorari.” 32 L.P.R.A. Ap. IIII, R. 53.1(d)(4).

Los tribunales tienen la discreción para extender un término de cumplimiento estricto únicamente cuando la parte demuestra una causa justa para la dilación. A estos efectos, los tribunales deben tomar en consideración dos elementos: (1) que en efecto existe justa causa para la dilación y (2) que la parte interesada acredite de manera adecuada la causa justa. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998); S.L.G. Szendrey v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007). En ausencia de ello, los tribunales carecen de discreción para extender el término y acoger el recurso ante su consideración. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997); S.L.G. Szendrey v. F. Castillo, ante.

II

J&J aduce que el Municipio acudió a destiempo al Tribunal de Apelaciones por haber presentado un recurso de certiorari el 3 de enero de 2005, pasados los treinta días para acudir. Alega que el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria parcial, no final, el 4 de no-viembre de 2004, notificada el 5 de noviembre del mismo año. Por ende, sostiene que ésta sólo era revisable me-diante certiorari dentro del término de treinta días el cual venció el lunes, 6 de diciembre de 2004.

La orden emitida por el foro primario atendió la moción de reconsideración instada por el Municipio relacionada a la sentencia sumaria emitida anteriormente por ese foro. En su orden, el tribunal de instancia dejó sin efecto su determinación previa en cuanto al canon mensual de $15,000 y sobre la partida de $3,988.24 por alegados ma-teriales necesarios para el mantenimiento del equipo. Ahora bien, dicho foro denegó la solicitud de reconsidera-ción sobre su determinación sobre la imposición de la par-tida por las pruebas hechas en exceso de 600,000. En cuanto a esa determinación, concluyó que no existía con-troversia de hecho alguna que impidiera la adjudicación de dicho reclamo por la vía sumaria. En vista de ello, ordenó que ésta se registrara y se notificara.

No hay duda de que la actuación del foro primario equi-vale a la emisión de una sentencia parcial final en cuanto a la partida de las pruebas hechas en exceso, pero no así en cuanto a las demás partidas, para las cuales ese foro deter-minó la necesidad de celebrar una vista plenaria para resolver en cuanto a éstas. Dicho de otra manera, relativo a la partida reclamada por las pruebas en exceso, el tribunal de instancia cumplió con los requisitos exigidos por la Re-gla 43.5 de Procedimiento Civil, supra, relacionados con la sentencia parcial final, revisable mediante apelación. A saber, concluyó expresamente que no existía razón para pos-poner el dictamen de una sentencia sobre la reclamación y ordenó expresamente que se registrara. Así pues, el Muni-cipio contaba con sesenta días para revisar este dictamen mediante un recurso de apelación y, por ende, presentó el recurso para revisar la determinación sobre las pruebas en exceso de 600,000 en el término jurisdiccional.

No obstante, la determinación del foro primario en cuanto a los materiales necesarios para el mantenimiento del equipo y sobre el canon de arrendamiento, era de ca-rácter interlocutorio revisable mediante el certiorari, puesto que no dispuso de éstos de manera final, sino que ordenó la celebración de una vista plenaria. En cuanto a ellas, el tribunal de instancia expresó:

La determinación relacionada a si el cheque 00127141 de 27 de agosto de 1998 corresponde al pago del canon de junio de 1998 requiere se presente prueba en un juicio plenario para su adjudicación. Asimismo ocurre con el reclamo relacionado a los gastos por concepto de artículos comestibles y piezas necesa-rias para el uso y mantenimiento del equipo. Apéndice del Re-curso de certiorari, pág. 148.

Quiere decir que en cuanto a esa determinación, y con-trario a la otra situación, el Municipio tenía treinta días para revisarla mediante certiorari. Habiéndose notificado la orden del tribunal de instancia el 5 de noviembre de 2004, el recurso de certiorari debió presentarse en o antes del 6 de diciembre de 2004. Es por ello que, en ausencia de una causa justa que excusara la dilación, el recurso ins-tando por el Municipio el 3 de enero de 2005 para revisar esas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones fue tardío. Es por ello que el foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción para pasar juicio en cuanto a estas determinaciones.

III

A. Reiteradamente hemos establecido la necesidad de aplicar normas restrictivas en lo que a la contratación municipal se refiere. Ello en aras de promover la rectitud en la administración pública, lo cual está revertido del más alto interés público. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.RR. 237 (2007); Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824 (1999).

Así, pues, el propósito de los estatutos que regulan la realización de obras y la adquisición de bienes y servicios para el Estado, sus agencias y dependencias, y los municipios, es la protección de los intereses y recursos fiscales del pueblo. De esta forma se evita el favoritismo, el dispendio, la prevaricación y los riesgos del incumplimiento. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007); Lugo v. Municipio de Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994).

En vista de lo anterior, los municipios deben actuar conforme a los procedimientos establecidos por la ley y nuestra jurisprudencia interpretativa a la hora de des-embolsar fondos públicos para pagar las obligaciones que éstos contraen. La Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. see. 97 et seq.), según enmendada por la Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004, le impone a las entida-des gubernamentales y municipales la obligación de man-tener un registro de los contratos que otorguen, como tam-bién deben remitir una copia de éstos a la Oficina del Contralor. A estos efectos, la Sec. 1(a) de la Ley Núm. 18 (2 L.RR.A. sec. 97(a)) dispone, en lo pertinente:

Las entidades gubernamentales y las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción al-guna, mantendrán un registro de todos los contratos que otor-guen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o de la enmienda.

Reiteradamente hemos resuelto que para que los contratos otorgados por los municipios sean válidos, es indispensable que el contrato conste por escrito. Además, se tiene que mantener un registro fiel que establezca la existencia del contrato y se acredite la certeza de tiempo. Esto es, que se llevó a cabo y se otorgó quince días antes y que se remita copia del contrato a la Oficina del Contralor, salvo determinadas excepciones. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, ante; CMI Hospital v. Depto. de Salud, 171 D.RR. 313 (2007); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988).

Una vez se cumplen con los requisitos expuestos, los contratos son válidos, exigibles y gozan de la publicidad requerida por nuestro ordenamiento jurídico para la sana administración de la política pública, en cuanto a la con-tratación municipal se refiere. Ello significa que el cumpli-miento con estos requisitos valida las asignaciones de fon-dos hechas para los contratos municipales en el presupuesto del Municipio para cada año fiscal.

En cuanto al desembolso de fondos municipales, el Art. 8.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4354, dispone, en lo pertinente:

Las obligaciones y desembolsos de fondos públicos munici-pales sólo podrán hacerse para obligar o pagar servicios, su-ministros de materiales y equipo, reclamaciones o cuales-quiera otros conceptos autorizados por ley, ordenanza o resolución aprobada al efecto y por los reglamentos adoptados en virtud de las mismas.
(a) Los créditos autorizados para las atenciones de un año fiscal específico serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente originados e incurridos durante el res-pectivo año, o al pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros del municipio durante dicho año.
(b) No podrá gastarse u obligarse en año fiscal cantidad al-guna que exceda de las asignaciones y los fondos autorizados por ordenanza o resolución para dicho año. Tampoco se podrá comprometer, en forma alguna, al municipio en ningún con-trato o negociación para pago futuro de cantidades que exce-dan a las asignaciones y los fondos. Estarán excluidos de lo dispuesto en este inciso los contratos de arrendamiento de pro-piedad mueble e inmueble y de servicios. (Enfasis suplido.)

Por ende, y según el artículo citado, un municipio por lo general no puede pactar el pago futuro de cantidades en exceso de la asignación presupuestada para un contrato en particular. Ello, no obstante, a manera de excepción, si un contrato es de arrendamiento de propiedad mueble o in-mueble o es un contrato de servicios, los municipios pue-den pactar un pago futuro que exceda la asignación original respecto a ese contrato.

Finalmente, resulta pertinente señalar que “cuando se trata de contratos municipales regidos especialmente por la Ley de Municipios Autónomos, la validez de los éstos tiene que determinarse considerando las disposiciones pertinentes a este estatuto especial, y no a la luz de la teoría general de obligaciones y contratos del Código Civil”. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, ante, pág. 725, Véanse: Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, ante; Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000).

B. En el caso ante nuestra consideración no existe con-troversia alguna en cuanto a la validez del contrato sus-crito entre J&J y el Municipio de San Juan. El contrato cumple cabalmente con todos los requisitos en cuanto a la contratación municipal, según hemos requerido reiterada-mente. De hecho, el Municipio recurrido así lo reconoce.

No obstante, el Municipio arguye, básicamente, que no se cumplió con la condición incluida en la cláusula sobre las pruebas en exceso. Al respecto, alega que no se efectuó una orden de compra por separado, como requería la cláu-sula y que, además, ello conllevaba realizar una enmienda al contrato original, sujeta a los requisitos de contratación municipal, lo cual no ocurrió. Por ende, según el Municipio, como no existe asignación presupuestada para la deuda en exceso, la cláusula es nula y la deuda no es exigible.

Al acoger los planteamientos del Municipio, el Tribunal de Apelaciones sostuvo:

En este caso la relación contractual entre las partes requería las órdenes de compra por separado y, naturalmente, éstas tienen que emitirse por escrito a través de las personas auto-rizadas para ello. Es de esta manera que se puede constatar, verificar, auditar y controlar el uso de fondos públicos de ma-nera que los desembolsos estén conforme a las obligaciones incurridas y a los fondos disponibles. Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 213.

No estamos de acuerdo. Primeramente, como reseñára-mos, el contrato cumplió con todos los requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico en lo que a la contratación municipal se refiere. Siendo ello así, sólo resta examinar la cláusula en controversia para determinar si lo pactado es válido conforme a la Ley de Municipios Autónomos.

J&J y el Municipio pactaron que cada prueba en exceso del máximo de 600,000 sería a razón de treinta y tres centavos y que éstas se adquirirían mediante órdenes por separado. Específicamente, la cláusula dispone: “Purchase over 600,000 tests will be at $0.33 and should be purchase [sic] on separate orders.” Apéndice del Recurso de certio-rari, pág. 37. No hay duda de que las partes pactaron que de hacerse pruebas en exceso, se cobraría por ello.

Ahora bien, el Municipio sostiene que no se cumplió con la segunda parte de la cláusula que dispone que las pruebas en exceso deben adquirirse mediante órdenes por separado. Sabido es que, en materia de la interpretación de los contratos, nuestro ordenamiento civil establece que “si los términos de los contratos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se atenderá al sentido literal de sus cláusulas”. 31 L.P.R.A. see. 3471. Véase CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996). Así, los términos claros son “aquéllos que por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión, razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959).

Una lectura de la cláusula en cuestión es todo lo que se necesita para concluir que ésta es clara y no impone con-diciones más allá de su fiel interpretación. La cláusula sólo le impone al Municipio el deber de ordenar por separado las pruebas en exceso. Aparte de ese requisito, la cláusula no especifica cómo se tenían que ordenar las pruebas. Ello quiere decir que, cuando la persona facultada por el Muni-cipio firmó el contrato, autorizó a que, de ser necesario, el Municipio ordenara pruebas en exceso de las 600,000 in-cluidas en el contrato independientemente de cómo las ordenara.

Lógicamente, si el contrato sólo disponía para la reali-zación de un máximo de 600,000 pruebas, para llevar a cabo pruebas en exceso de este número había que ordenar más reactivos. Obviamente, cada vez que se ordenaron reactivos para llevar a cabo las pruebas en exceso, éstas constituían órdenes por separado. De otra manera, hubiese sido imposible llevar a cabo más pruebas de las pactadas.

Como prueba de lo expuesto, surge del expediente que el Municipio ciertamente ordenó las pruebas en exceso. Me-diante misiva de 30 de junio de 1999, la Leda. Nyrma Co-lón, Directora de Servicios de Laboratorio del Hospital Municipal de San Juan, le remitió a las Ledas. Carmen Graulau, Administradora de la Oficina Ejecutiva de Salud del Municipio de San Juan, y Maritza Espinoza, Directora Ejecutiva del Hospital Municipal de San Juan, la factura de J&J por los reactivos ordenados en exceso. Dicha carta expresa, en lo pertinente: “Adjunto factura de la Compañía Johnson & Johnson por concepto de exceso de reactivos pedidos en el año a los términos del contrato.” (Énfasis suplido.) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 159.

Es forzoso concluir, entonces, que cónsono con la cláu-sula incluida en el contrato entre J&J y el Municipio, este último ordenó los reactivos en exceso por separado, tal y como se había pactado. No puede ahora el Municipio obviar lo que claramente había acordado con J&J para así burlar la deuda acumulada. Decidir de otra manera provocaría desconfianza y desconcierto entre los entes privados a la hora de contratar con los municipios, en abierta contraven-ción a los postulados de nuestra política pública.

Ahora bien, ¿puede un Municipio obligarse al pago futuro de cantidades que excedan la asignación de un contrato en particular? La respuesta, de ordinario, es en la negativa. En cuanto a ello, el Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autónomos, ante, expresamente prohíbe que los municipios se comprometan, mediante contrato u otro tipo de negociación, al pago futuro de obligaciones que ex-cedan a las asignaciones y a los fondos.

No obstante, esta disposición exceptúa de la prohibición a los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y a los contratos de servicios. Por esta razón, el Municipio no puede argüir que no existía asignación para el exceso de las seiscientas mil pruebas, provocando de esa manera la nulidad de la cláusula. Toda vez que el contrato cumplió con los requisitos para la contratación municipal, existía la partida presupuestaria asignada. Por ello, la par-tida en exceso sí es exigible por J&J, ya que el contrato de arrendamiento del equipo de laboratorio cae dentro de la excepciones pautadas en el Art. 8.004 de la Ley de Munici-pios Autónomos, ante, a saber: es un contrato de arrenda-miento de un bien mueble, esto es, de un equipo médico.

Dicho de otra manera, en este caso no sólo las partes previeron que posiblemente se necesitaría ordenar pruebas en exceso de las incluidas en el contrato, sino que la ley mediante el artículo reseñado prevé que los contratos ex-ceptuados, por su naturaleza, pueden resultar en un des-embolso de fondos en exceso del presupuestado y asignado. Así, pues, ciertamente, la cantidad adeudada por el Muni-cipio a J&J es exigible.

Por los fundamentos expuestos, procede revocar la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones. Concluimos que el Mu-nicipio de San Juan le adeuda a J&J $132,716.10 por 402,170 pruebas realizadas en exceso a treinta y tres centavos cada una. Procede, además, devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre vista en cuanto al canon de arrendamiento y la partida por mate-riales y mantenimiento del equipo de laboratorio alegada-mente adeudados por el Municipio, según dicho foro correc-tamente lo ordenara.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Cabe aclarar que el 20 de septiembre de 2004, este Tribunal emitió una resolución, debido al paso de la tormenta Jeanne, en la cual suspendimos todos los términos dispuestos en las distintas leyes, reglas o reglamentos aplicables a los pro-cedimientos y trámites judiciales que vencieron, o vencían, entre el 15 y el 30 de septiembre de 2004, incluso. Dispusimos, entonces, que esos términos vencerían el 1 de octubre de 2004, razón por la cual el término para que el Municipio de San Juan (Municipio) presentar la moción de reconsideración, que originalmente vencía el vier-nes 17 de septiembre de 2004, se extendió.

       Según surge del expediente, Johnson & Johnson International, Inc. (J&J) originalmente planteó que el Municipio adeudaba el canon de arrendamiento de enero de 1996, lo cual resultó ser un error tipográfico. Posteriormente, J&J aclaró que el canon adeudado correspondía a junio de 1998, como señala la factura que se le envió al Municipio y está en el expediente.

       La enmienda dispone, en lo pertinente, que no remitir un contrato municipal a la Oficina del Contralor “no será causa para que un tribunal competente declare la nulidad de cualquier contrato o negocio jurídico legalmente válido”. Quiere decir que dicho requisito es subsanable. “Sólo si ello no ocurre, presumiblemente, cabría ha-blar de la anulación del contrato.” Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718, 728 (2007).


text:
    Lydia M. Matías Lebrón et als., recurridos, v. Departamento de Educación et als., peticionarios.

      Número: CC-2006-746

      Resuelto: 19 de diciembre de 2007

      Salvador J. Antonnetti Stutts, procurador general, y Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Rafael A. Nadal Arcelay y Manuel De Jesús Sánchez Agostini, del bufete Cando, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C., abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de octubre de 2000 Lydia M. Matías Lebrón, entre otros maestros orientadores, y la Asociación de Maestros de Puerto Rico, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, una demanda en solicitud de sentencia declaratoria y por daños y perjuicios contra el Departamento de Educación, su entonces Secretario Víctor Fajardo y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alega-ron, en síntesis, que los demandados habían violado sus derechos constitucionales a la igual protección de las leyes y a igual paga por igual trabajo, “ya que arbitraria, capri-chosa e irrazonablemente, han discriminado y excluido a los demandantes de los beneficios concedidos a la Profesión Magisterial por la Ley de Carrera Magisterial”. Demanda enmendada, pág. 4. En vista a ello, solicitaron se declarase inconstitucional el Art. 1.03 de la Ley de Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. see. 311, se ordenara al Departamento de Educación a honrarle a los maestros orientadores los sala-rios concedidos por la Ley de Carrera Magisterial desde 1999 y concederle una compensación de $25,000 en con-cepto de daños y peijuicios a cada maestro orientador ex-cluido de los beneficios de la ley. Solicitaron, además, la certificación del pleito como de clase.

El 1 de junio de 2001, Olga Santiago Casiano, otros tra-bajadores sociales escolares y la Asociación de Maestros de Puerto Rico presentaron una demanda de índole similar contra el Departamento de Educación, su Secretario y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para esbozar las mismas alegaciones y solicitar remedios idénticos a los ex-puestos en la demanda presentada por Lydia M. Matías Lebrón y demás maestros orientadores.

En vista de la similitud entre sus alegaciones respecti-vas, los casos antes reseñados fueron consolidados.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2002, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 208 (18 L.P.R.A. see. 313), enmendó la Ley de la Carrera Magisterial a los efectos de extender sus beneficios a los maestros orientadores y trabajadores sociales escolares. No obs-tante, los recurridos se reiteraron en sus reclamaciones, y presentaron una demanda enmendada para solicitar el pago retroactivo de los beneficios de la Ley de la Carrera Magisterial desde su aprobación en 1999 y los daños que alegan les fueron ocasionados por haber sido excluidos de la aplicación de la ley original.

Tras varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2005, los recurridos solicitaron se certificara como clase a los

... empleados del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que han ocupado la plaza de Maestro Orientador y Maestro Trabajador Social del Sistema de Educación y que ejercían dichas funciones durante los años 1999 hasta 2003, y que fueron excluidos de la Ley 158 de 18 de julio de 1999, conocida como la “Ley de Carrera Magisterial”. Moción solicitando certificación de pleito de clase a tenor con la Regla 20 de las de Procedimiento Civil de 1979, pág. 8.

El Departamento de Educación se opuso a la solicitud fundamentado en que los recurridos no acreditaron su cumplimiento con los requisitos establecidos en la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En resolución notificada el 8 de agosto de 2005, el Tribunal de Primera Instancia certificó el pleito como de clase. Luego de enumerar los requisitos establecidos en la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, para la certificación de un pleito de clase, determinó que los recu-rridos los satisfacían. También concluyó que se cumplieron con los requisitos de la Regla 20.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El Departamento de Educación solicitó reconsideración. Este sostuvo que los recurridos no habían descargado el peso de la prueba de demostrar que cumplían con los re-quisitos de la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, y que el tribunal debió celebrar una vista evidenciaría antes de certificar el pleito como de clase. El tribunal le concedió un término al Departamento de Educación para expresarse sobre el asunto. Contando con la posición de la agencia y, luego de celebrar una vista de seguimiento, el tribunal de-negó la solicitud de reconsideración del Departamento de Educación, reiterándose en la certificación del pleito como de clase.

De tal determinación, el Departamento de Educación recurrió al Tribunal de Apelaciones. Argüyó que los recu-rridos incumplieron con los requisitos de la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, ya que su solicitud se funda-mentó en meras especulaciones y no se cumplió con el aná-lisis riguroso exigido jurisprudencialmente. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de instancia respecto a la certificación del pleito de clase. Fundó su de-terminación en que las diferencias entre la preparación académica y la experiencia de los recurridos no era óbice para la tramitación del pleito como de clase. Señaló que el tribunal podría clasificarlos en grupos a los fines de conce-der los remedios a los que tuvieron derecho cada miembro. Concluyó, indicando que no hubo abuso de discreción por parte del tribunal de instancia al certificar el pleito como de clase, sin celebrar antes una vista evidenciaría, porque ello no es obligatorio. Además, señaló que el tribunal de instancia expuso y explicó las razones que guiaron su de-terminación y que éste certificó el pleito como de clase, porque entendió que tenía ante sí todos los requisitos para tomar su decisión.

Inconforme con tal dictamen, el Departamento de Edu-cación acudió ante este Tribunal —vía certiorari— plan-teando que erró el tribunal apelativo intermedio al resolver que procede certificar el pleito como de clase, aun cuando ese foro reconoció que las circunstancias fácticas de los recurridos no son análogas. Sostuvo, además, que éstos no demostraron su cumplimiento con los requisitos esta-blecidos en la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, y la jurisprudencia aplicable.

Expedimos el recurso. Resolvemos.

I

A. Según el derecho constitucional de toda persona a obtener una educación y él interés de garantizar la excelencia académica en nuestra sociedad, la Asamblea Legislativa, a través de la Ley de la Carrera Magisterial, Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999 (18 L.P.R.A. see. 310 et seq.), instauró un sistema de rangos magisteriales y proce-dimientos para ascensos y la revisión de salarios para los maestros y personal educativo, a través de planes indivi-duales de mejoramiento profesional y programas de educa-ción continua.

El Art. 1.03 de la referida ley, ante, establecía que serían miembros de la carrera magisterial los maestros y maestros bibliotecarios del Sistema de Educación Pública que: (1) posean certificados regulares de maestro en la categoría en que se desempeñen, (2) tengan nombramiento permanente y (3) estén trabajando como maestros de salón de clase o maestros bibliotecarios en las categorías para las cuales se les expidió el certificado regular de maestro.

A través de la Ley Núm. 208 de 28 de agosto de 2002 (18 L.P.R.A. see. 310 et seq.), se enmendó el Art. 1.03 de la Ley de la Carrera Magisterial, ante, a los efectos de extender la aplicación de esta ley a los orientadores escolares, trabaja-dores sociales escolares, coordinadores de programas voca-cionales, coordinadores industriales y maestros especialis-tas en la tecnología instructivo que posean certificados docentes expedidos conforme a la ley.

Según lo dispuesto en el Art. 1 de la nueva ley, 18 L.P.R.A. sec. 311b, se promulgó el Reglamento de la Ca-rrera Magisterial, Reglamento Núm. 6761 del Departa-mento de Estado, 5 de febrero de 2004. En su Art. 2.01, pág. 2, éste dispone que son miembros de la carrera magisterial los que cumplan con los requisitos expuestos en el citado Art. 1.03 de la Ley de la Carrera Magisterial. Dicho artículo, según expuesto, fue enmendado mediante la Ley Núm. 208, ante, a los únicos efectos de incluir a los traba-jadores sociales y orientadores escolares, entre otro personal escolar.

La activación como miembro requiere, en primera instancia, la presentación de la solicitud correspondiente, firmada por el solicitante y entregada al Director Escolar. Art. 4.05 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. sec. 315d. El paso siguiente es la preparación de un Plan de Mejoramiento Profesional conforme a los requisitos im-puestos en la ley. Una vez el Director Escolar y su Comité de Evaluación acreditan que el solicitante presentó su plan, y que éste cumple con lo establecido en la ley y el reglamento, le será otorgada al solicitante una certifica-ción a tales efectos. Esta solicitud certificada será entre-gada al Superintendente de Escuelas y posteriormente el Secretario de Educación; éste la evaluará y la aprobará de forma final, si estima que se cumplieron con los requisitos legales para ello. El Secretario de Educación tiene la facul-tad indelegable de reconocer las clasificaciones y los nive-les en la carrera magisterial. Art. 3.02 de la Ley de la Ca-rrera Magisterial, 18 L.P.R.A. sec. 314a; Art. 5.03 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 13.

Los planes de mejoramiento profesional son programas de acción individual de cinco años, “diseñados por los miembros de la Carrera Magisterial con el fin de ampliar y renovar sus conocimientos, perfeccionar sus destrezas y dirigir sus esfuerzos a las metas que ellos mismos se han propuesto”. Art. 6.01 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 16. Véase el Art. 4.01 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. see. 315. Cada plan se divide en cinco etapas y combina la información relativa a: (1) los estudios formales del miembro; (2) sus horas de participación en actividades de educación continua; (3) la práctica supervisada en su área de especialidad y las actividades académicas, estudiantiles, de investigación, de orientación a los alumnos y padres, y (4) el adiestramiento al personal docente de la escuela y de atención a estudiantes con necesidades particulares. Incluye todo lo que contribuye al mejoramiento de la escuela y la comunidad. Art. 6.03 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, págs. 16-17; Arts. 4.02 y 4.04 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.PR.A. secs. 315a y 315c. El miembro debe presentar un nuevo plan de mejoramiento profesional cada cinco años o perderá su condición de miembro activo. Art. 6.06 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 17.

El desarrollo de los planes de mejoramiento profesional es una responsabilidad exclusiva del miembro. Art. 4.07 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.RR.A. see. 315f; Art. 6.07 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 17. Conforme al Art. 2.05 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 3, cuando el solicitante no presente o complete su plan de mejoramiento profesional en el tiempo establecido por la ley, no será considerado como un miembro activo, razón por la cual no podrá solicitar un ascenso en nivel ni la revisión de su nivel. Art. 4.08 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. sec. 315g. Lo anterior se debe a que la condición de un miembro activo es un requisito indispensable para obtener los beneficios relativos a las revisiones de los salarios y ascensos que fija la ley.

El Reglamento de la Carrera Magisterial dispone que el Secretario de Educación reconocerá como miembro activo a todo el personal docente que haya solicitado y acreditado el nivel que le corresponde, según lo dispuesto en el Art. 8.01 de la referida Ley, 18 L.P.R.A. see. 310, el cual ubica a los miembros en niveles desde el I al IV. Art. 2.03 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 2. Véanse los Arts. 2.03 a 2.06 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. secs. 313b-313d-l.

Los diversos niveles establecen el lugar donde ocupa el personal docente incluido en la ley, según la jerarquía de su profesión y tomando en cuenta sus años de experiencia y preparación académica. Art. 2.01 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. see. 313; Art. 5.01 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 12. También contitu-yen un reconocimiento del esfuerzo y compromiso de los miembros de la carrera magisterial que han cumplido con sus planes de mejoramiento profesional y por ello le es con-cedido un aumento en el salario básico del miembro. Arts. 5.02 y 5.06 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, págs. 12-13 y 15-16; Art. 3.01 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.RR.A. see. 314.

Un miembro puede solicitar ascender al nivel siguiente si cumple con sus planes de mejoramiento personal y ob-tiene evaluaciones satisfactorias de su desempeño. Para ello, debe presentar una solicitud de acenso con copia cer-tificada del plan de mejoramiento profesional y los docu-mentos que acrediten su cumplimiento con éste, y tras una evaluación del expediente, el Secretario de Educación emite su determinación final al respecto. Los años de ser-vicio por sí solos no le califican para un ascenso en nivel. Art. 5.05 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 15; Art. 3.03 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. sec. 314b.

También los miembros pueden solicitar revisiones de los salarios una vez concluyan satisfactoriamente cada una de las etapas de su plan de mejoramiento profesional. Los ade-lantos se autorizan para promover el cumplimiento de cada etapa de su plan. Arts. 2.10 y 2.11 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. secs. 313h y 313i; Art. 7.01 del Re-glamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 18.

Los miembros de la carrera magisterial son evaluados periódicamente mediante un análisis de sus planes de me-joramiento profesional, entrevistas, visitas a sus centros de trabajo y evaluaciones del desempeño académico de sus estudiantes o el desempeño de sus labores. Art. 6.02 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. sec. 317f. Ello en aras de alentar el desarrollo de sus destrezas profesio-nales y asegurar que sean ubicados en los niveles magiste-riales correspondientes. Art. 6.01 de la Ley de la Carrera Magisterial, 18 L.P.R.A. see. 317.

Toda determinación del Secretario de Educación es revisable a través del procedimiento de quejas y agravios establecido en la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico así como en el convenio colectivo entre el Departamento de Educación y el repre-sentante exclusivo de los empleados. Art. 7.11 del Regla-mento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 21.

B. Reiteradamente hemos expresado que los pleitos de clase constituyen “una forma especial de litigación representativa que permite a una persona o grupo de personas demandar a nombre propio y en representación de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya pero no se encuentran ante el Tribunal”. Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, 169 D.RR. 705, 714 (2006). Su propósito es fomentar la economía judicial mediante la adjudicación simultánea de los elementos comunes de varios litigios, evitando reclamaciones múltiples y pronunciamientos inconsistentes. Además, facilita la concesión de remedios a quienes no les resultaría conveniente presentar una reclamación individual en vista de que las sumas individuales que están en controversia no son cuantiosas. Íd.; García v. Asociación, 165 D.RR. 311 (2005); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988).

La Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, corresponde sustancialmente a la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.A. En vista de la similitud entre su contenido e interpretación, la jurisprudencia federal sobre ésta resulta persuasiva al evaluar el alcance de dicho estatuto en nuestro ordenamiento. García v. Asociación, ante; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante.

La Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante, establece los requisitos para un pleito de clase, disponiendo que

... uno o más miembros de una clase podrán demandar o ser demandados como representantes de todos los miembros de la clase solamente si: (1) la clase fuere tan numerosa^que la acu-mulación de todos los miembros resultare impracticable; (2) existieren cuestiones de hecho o de derecho común a la clase; (3) las reclamaciones o defensas de los representantes fueren típicas de las reclamaciones o defensas de la clase; y (4) los representantes protegerían los intereses de la clase de manera justa y adecuada.

El que solicita la certificación de un pleito como uno de clase tiene el peso de la prueba de demostrar que se han cumplido los cuatro requisitos señalados. García v. Asociación, ante; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante.

En Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, discutimos detalladamente los requisitos de numerosidad, comunidad, tipicidad y adecuada representación, cuyo cumplimiento exige la Regla 20.1, ante. Sobre el primero, indicamos que el número de personas que componen una clase no es decisivo, ya que el factor determinante es que la clase fuere tan numerosa que su acumulación resultaría imposible, y ello varía caso a caso. Basta con que el promovente demuestre que la acumulación de todas las partes sería sumamente inconveniente y crearía obstáculos en la tramitación del pleito. Para ello, es útil tomar en cuenta la dispersión geográfica de las personas afectadas, la posibilidad de identificarles para propósitos del pleito, la naturaleza del caso, la cuantía de las reclamaciones y la capacidad de cada miembro para hacer valer sus derechos individualmente. No es necesario probar el número exacto de los miembros de la clase, sino llevar a cabo un estimado razonable de un número potencial. Consecuentemente, es un requisito relativamente fácil de cumplir.

En cuanto al requisito de comunidad, enfatizamos en Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, que la necesidad de la existencia de una cuestión de hecho o de derecho común a la clase, aun cuando éstas no surjan del mismo acto o evento. Asimismo, destacamos que dicha determinación es de naturaleza cualitativa y no cuantitativa, por lo cual, una sola cuestión de hecho o de derecho es suficiente cuando es cualitativamente relevante.

El requisito de tipicidad exige la existencia de una relación entre las reclamaciones de los demandantes y las de la clase que éstos intentan representar, con el fin de que se promuevan los intereses de todos los miembros de la clase.

Por último, el que pretende representar a una clase debe proteger los intereses de los miembros adecuadamente, en atención al principio constitucional del debido proceso de ley. Notablemente, el requisito de una representación adecuada está ligado íntimamente al de tipicidad, ya que sólo se asegura una representación adecuada cuando ambos, la clase y el representante, tienen un fin común. Así, no deben existir conflictos sustanciales entre los intereses del representante y el de los miembros ausentes que impidan que el representante asegure una litigación agresiva y vigorosa a favor de los miembros de la clase. Ello incluye la contratación de un representante legal competente.

El cumplimiento con los cuatro requisitos ex-puestos es de suma importancia debido a que quienes representan la clase tienen la gran responsabilidad de defender los intereses de aquellos miembros de la clase que no estén presentes, y para los cuales la sentencia que recaiga en su día será vinculante, claro está, salvo para el que opte por excluirse del pleito cuando ello es factible.

De otro lado, la Regla 20.2 de Procedimiento Civil, ante, provee las tres categorías de pleitos de clase según las cuales se puede tramitar un caso. Basta con que el promovente del pleito de clase demuestre que se cumplen los requisitos de una de las categorías reseñadas, aunque podría certificarse el pleito según más de una de éstas. 1 Moore’s Federal Practice 3rd Sec. 23.40[2] (2007).

Aun cuando el tribunal de instancia tiene una amplia discreción para determinar si procede la certificación de un pleito como de clase, el tribunal deberá cerciorarse de la procedencia de la certificación mediante un análisis riguroso de la prueba presentada por el que solicita la certificación. La certificación no puede descansar únicamente en meras alegaciones del promovente a los efectos de que cumplió con los requisitos establecidos en la ley. En ocasiones será necesario ir más allá de las alegaciones que el promovente expone en la demanda e, incluso, en algunos casos la celebración de una vista será el mejor curso de acción para cerciorarse de que se han satisfecho los requisitos legales para la certificación. García v. Asociación, ante. Véanse: Bacon v. Honda of America Manufacturing, Inc., 370 F.3d 565 (6to Cir. 2004); Allen v. Leis, 204 F.R.D. 401 (2001); Zinser v. Accufix Research Institute, Inc., 253 F.3d 1180 (9no Cir. 2001).

Ahora bien, hemos destacado que la celebración de una vista a esos efectos no es mandatoria, sino descansa en la sana discreción del juzgador. Como sabemos, la discreción requiere el ejercicio de la razonabilidad, tomando en cuenta los hechos particulares del caso. Ciertamente, un juez abusa de su discreción cuando, sin razón para ello, descarta hechos materiales que inciden directamente sobre la resolución del caso o fundamenta con su decisión en prueba inmaterial o irrelevante. Es decir, abusa de su dis-creción cuando actúa de forma irrazonable, parcializada o arbitraria. García v. Asociación, ante; Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).

II

Al argumentar su único señalamiento de error, el De-partamento de Educación sostiene que la certificación de un pleito de clase sólo es procedente cuando el tribunal queda convencido, luego de un análisis riguroso, de que su promovente ha descargado su obligación de demostrar que cumple con los requisitos para tal certificación. A su juicio, los recurridos no han satisfecho el peso de la prueba señalado. Igualmente, cree que el tribunal de instancia no tenía ante sí la prueba necesaria para asegurar que se cumplieron con los requisitos de la Regla 20 de Procedi-miento Civil, ante.

El Departamento de Educación señala, además, que el esquema legislativo dispuesto en la Ley de la Carrera Magisterial exige un trato distinto a cada profesional que se acoja a los beneficios allí concedidos, y las diferencias entre las clasificaciones y el nivel magisterial de éstos imposibi-litan la certificación del pleito como de clase. Sobre el particular, indica que la clasificación de cada miembro de la carrera magisterial se determina tras una evaluación de sus circunstancias particulares, entre ellos, su experiencia, preparación académica, evaluaciones de su desempeño do-cente, participación en cursos de educación continua y su cumplimiento con el plan de mejoramiento profesional. Sólo tras ese análisis podrían determinarse los beneficios a los cuales tiene derecho cada individuo.

En vista de lo anterior, el Departamento de Educación argumenta que no existe una clase con reclamaciones típi-cas y comunes que amerite la certificación. En apoyo a su argumento, reitera que los remedios de la Ley de la Ca-rrera Magisterial no aplican automáticamente, sino re-quieren actos afirmativos por parte del que desea disfrutar de sus beneficios. A saber, éstos deben solicitar acogerse a la Ley, acreditar su cumplimiento con los requisitos esta-blecidos en ésta y en el reglamento, y obtener la aprobación del Secretario de Educación. Como consecuencia, no basta con que los miembros de la clase sean trabajadores sociales escolares y maestro orientadores escolares si no se han acogido a los beneficios de la ley.

Por último, señala el Departamento de Educación que los recurridos no pudieron establecer el número aproxi-mado de los miembros de la clase, ya que las reclamaciones versan sobre los beneficios dejados de percibir desde 1999 hasta el 2003 y la parte demandante no identifica cuáles miembros estaban activos durante ese periodo como tam-poco informa cuántos de ellos se han retirado ni los que han iniciado sus labores después de la aprobación de la ley en 1999 o luego de las enmiendas de 2002.

De entrada, es preciso enfatizar que, según expresamos García v. Asociación, ante, el tribunal de instancia no tiene la obligación de celebrar una vista evidenciaría previo a la certificación de un pleito de clase. En el caso de autos, distinto a lo ocurrido en García v. Asociación, ante, el tribunal de instancia expuso detalladamente las razones por las cuales, a su juicio, los recurridos cumplieron con los requisitos para la certificación del pleito de clase. Además, ambas partes tuvieron una oportunidad amplia para exponer sus respectivas posiciones. Un examen del expediente nos convence de que el Departamento de Educación realmente no ha demostrado que tal actuación sea irrazonable, razón por la cual no podemos avalar el planteamiento del Departamento a los efectos de que el tribunal de instancia abusó de su discreción al no celebrar una vista evidenciaría, previo a certificar el pleito de clase.

No obstante lo anterior, y aun cuando no avalamos com-pletamente la posición asumida por el Departamento de Educación, concluimos que erraron los foros recurridos al determinar que procedía la certificación del pleito como de clase. Veamos.

Se desprende de la normativa jurídica antes discutida que las enmiendas a la Ley de la Carrera Magisterial tu-vieron el efecto de extender los beneficios de la ley a los maestros orientadores escolares y trabajadores sociales es-colares del Sistema de Educación. Ello significa que, tras las enmiendas de 2002, los maestros orientadores y traba-jadores sociales escolares, excluidos inicialmente de la aplicación de esta ley, adquirieron el derecho a presentar una solicitud para ser activados como miembros de la ca-rrera magisterial y reclamar la preparación de un Plan de Mejoramiento Profesional. El solicitante será acreedor de los beneficios de la ley sólo cuando el Secretario de Educa-ción apruebe su solicitud y certifique que el solicitante ha cumplido con los requisitos del Art. 1.03 de la Ley de Ca-rrera Magisterial, ante, y demás requisitos legales para ello.

El Art. 4.05 del Reglamento de la Carrera Magisterial, ante, pág. 12, establece que el nuevo personal docente in-cluido en la Ley Núm. 208, ante, que no reclame el nivel que le corresponde al amparo del Art. 8.01 de la ley, dentro del año siguiente a la fecha de la aprobación de las enmien-das de 2002, perderá el derecho a así hacerlo. Como conse-cuencia, permanecerá sin nivel específico en el sistema.

De la Ley de la Carrera Magisterial y del reglamento surge claramente que los beneficios de la carrera magisterial no se adquieren de forma automática. Por el contrario, la ley y el reglamento imponen los requisitos numerosos y de cumplimiento estricto. El empleado debe solicitar su inclusión y acreditar continuamente su cumplimiento con el plan de mejoramiento personal, además de desempeñarse satisfactoriamente en todas sus labores. De no hacerlo, pierde los beneficios que concede la ley; se trata de un proceso continuo.

En Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, atendi-mos una situación análoga a esta controversia. En dicho caso, un grupo de maestros de instrucción pública presen-taron una demanda para solicitar una sentencia declarato-ria, el interdicto y por daños y perjuicios según el funda-mento de que no habían obtenido nombramientos con carácter permanente, según la Ley Núm. 312 de 15 de mayo de 1938 (18 L.P.R.A. see. 214), únicamente porque no eran miembros del Partido Nuevo Progresista. En vista de lo anterior, sostuvieron que fueron objeto de un discrimen político.

En dicha ocasión denegamos la certificación del pleito de clase al concluir que los requisitos impuestos, por la ley particular que es objeto del caso, creaban obstáculos insu-perables que impedían la tramitación del pleito como de clase. Resolvimos que los criterios legislativos existentes para la otorgación de nombramientos permanentes a los maestros del entonces Departamento de Instrucción Pú-blica exigían un análisis de las circunstancias individuales de cada miembro de la clase antes de determinar la exis-tencia de una cuestión común, y ello impedía la adjudica-ción del caso mediante este mecanismo. Destacamos que debido a las variaciones en la preparación académica, ex-periencia, años de servicio y evaluación de los candidatos, entre otros factores, éstos no eran acreedores automáticos de los beneficios que solicitaban. Consecuentemente, aun concluyendo que, en efecto, hubo discrimen político, ello de por sí no implicaba que procedía su nombramiento perma-nente ni le eximía a los demandantes de satisfacer los re-quisitos impuestos por la ley para ser nombrados a esos puestos. Así, claramente había una ausencia de cuestiones comunes de hechos o de derecho que a su vez impedía una representación adecuada, dos de los requisitos establecidos por la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante.

En Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, también señalamos que el propósito de la tramitación de un pleito de clase quedaba derrotado “si llegado el momento de eje-cutar la sentencia todos y cada uno de los miembros repre-sentados ausentes tuviesen que revalidar, con la prueba individual, su derecho a beneficiarse del pleito de clase”. Por último, aclaramos que la denegatoria de un pleito de clase no incidía sobre los méritos de cualquier reclamación individual ni impedía la certificación del pleito como uno de clase en etapas avanzadas del procedimiento, ya que una vez iniciado o continuado el descubrimiento de prueba podría resultar el método más efectivo para la tramitación del pleito. Véase, además, Bacon v. Honda of America Manufacturing, Inc., ante.

De una estipulación de hechos que llevaron a cabo las partes en este caso, surge que a sólo trescientos cuarenta y cuatro maestros orientadores y trabajadores sociales esco-lares les fueron aprobadas sus solicitudes y planes de me-joramiento profesional correspondientes. Si bien las partes estipularon que los 1,994 trabajadores sociales y maestros orientadores escolares que obran como tales en el Departa-mento de Educación “se inscribieron en la Carrera Magisterial”, hemos expresado que lo esencial para disfrutar de tales beneficios es la aprobación de la solicitud y de los planes de mejoramiento profesional por parte del Secretario de Educación.

Debe quedar claro que no estamos resolviendo que en el presente caso procede denegar la certificación debido a que los remedios a los cuales pueden ser acreedores los recurri-dos son variados o distintos, ya que ello no es razón válida para denegar un pleito de clase. Véanse: Pettway v. Harmon Law Offices, 2005 U.S. Dist. Lexis 21341; Payne v. Goodyear Tire & Rubber Co., 216 F.R.D. 21 (D. Mass. 2003); Moore’s, ante, Sec. 23.24[4]. Tal situación puede subsanarse mediante la creación de subclases dentro de la clase. Véase la Regla 20.3(d) de Procedimiento Civil, ante.

Sin embargo, conforme a la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante, resulta esencial que existan cuestiones comu-nes de hecho o de derecho entre los miembros, así como reclamaciones que sean típicas tanto para los miembros como para los representantes de la clase, con el fin de ga-rantizar que los intereses de los miembros ausentes sean representados de forma justa y adecuada.

Claramente, no existen cuestiones de hecho o de derecho comunes entre aquellos que se han acogido a los beneficios de la Ley de la Carrera Magisterial y los que todavía no han recibido la aprobación del Secretario de Educación, los cuales son la mayoría. Los primeros pueden reclamar inmediatamente los aumentos salariales que otorga la ley, mientras a los segundos no les asiste tal derecho.

Más aún, sería sumamente oneroso y derrotaría el pro-pósito del pleito de clase, la necesidad de determinar, pre-vio a la certificación del pleito, el nivel al cual perteneciere cada trabajador social u orientador escolar, ya que ello re-quiere un análisis individualizado de cada miembro de la clase propuesta. Tómese en cuenta, además, que si el tribunal resolviera que la ley aplica retroactiva, para deter-minar la cantidad que se le adeuda a cada miembro de la carrera magisterial, sería necesaria la fijación del nivel y los salarios que le hubiesen correspondido en 1999. Es de-cir, el análisis necesario se remontaría a los años de expe-riencia y preparación académica de cada miembro desde 1999. Sería ilógico otorgarle beneficios a los cuales el tra-bajador social u orientador escolar no era acreedor en 1999, en conformidad con la experiencia y preparación aca-démica que tenía entonces. Claramente, la determinación en torno a si al trabajador social u orientador escolar le asisten los beneficios de la Ley de la Carrera Magisterial no es sencilla de por sí y se complica grandemente, cuando se trata de muchos reclamantes con preparaciones acadé-micas y experiencias diversas.

Tomando en cuenta todo lo expuesto, resulta forzoso concluir que el pleito de clase no es el mejor método para adjudicar la controversia. Regla 20.2(c) de Procedimiento Civil, ante. Erraron, en consecuencia, al así dictaminarlo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación.

III

Ahora bien, la Regla 20.3(d) de Procedimiento Civil, ante, faculta a un tribunal a tramitar un pleito de clase con respecto a cuestiones específicas. Véase Moore’s, ante, See. 23.24[7]. Al amparo de ello, el Departamento de Educación nos solicita que ordenemos la tramitación del pleito como de clase únicamente si procede la aplicación retroactiva de la Ley de Carrera Magisterial. De así determinarlo, los miembros que decidan acogerse a este procedimiento po-drán tramitar sus reclamaciones individuales sin el riesgo de adjudicaciones inconsistentes sobre esta cuestión es-tricta de derecho. Estamos de acuerdo.

La controversia de derecho sobre la retroactividad de los beneficios concedidos en la Ley de la Carrera Magisterial puede ser adjudicada como un pleito de clase, en tanto es una cuestión de estricto derecho, común entre todos los maestros orientadores y trabajadores sociales escolares que se acogieron a los beneficios de dicha ley y cuyas soli-citudes ya fueron aprobadas por el Secretario de Educación. Tómese en cuenta que las partes han estipu-lado la cantidad de trabajadores sociales y maestros orien-tadores escolares a quienes les aplican los beneficios allí concedidos porque presentaron y les fueron aprobados sus planes de mejoramiento personal. Se satisfacen los requi-sitos de numerosidad, comunidad, tipicidad y adecuada re-presentación para certificar el pleito de clase únicamente en cuanto a este aspecto. Se evita, además, la posibilidad de sentencias conflictivas sobre éste.

En resumen, concluimos que procede la certificación del pleito de clase para adjudicar, exclusivamente, la contro-versia relativa a la retroactividad de los beneficios de la Ley de la Carrera Magisterial. Ahora bien, la clase sólo incluirá a aquellos trabajadores sociales y maestros orien-tadores escolares que actualmente son miembros de la ca-rrera profesional, porque presentaron su solicitud y planes de mejoramiento profesional al amparo de la ley, y éstos fueron aprobados debidamente por el Secretario de Educación.

IV

En consideración a lo antes expuesto, procede dictar Sentencia modificatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones a los efectos siguientes: se confirma su determi-nación sobre certificación de pleito de clase únicamente res-pecto al aspecto o controversia relativa a la retroactividad de los beneficios de la Ley de la Carrera Magisterial, revo-cándose todas sus otras determinaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta confirmaría el dic-tamen recurrido en su totalidad.

       La referida disposición reglamentaria establece que un pleito será sostenible como de clase cuando se satisfaga, además de los requisitos de la Regla 20.2 de Procedimiento Civil, al menos uno de los requisitos siguientes:
      “(a) la tramitación de pleitos separados por o en contra de miembros individua-les de la clase crearía un riesgo de,
      “(1) adjudicaciones inconsistentes o variadas con respecto a miembros in-dividuales de la clase, que establecerían normas de conducta incompatibles para la parte que se opone a la clase, o
      “(2) adjudicaciones con respecto a miembros individuales de la clase, que para todos los fines prácticos dispondrían de los intereses de otros miembros que no sean partes en las adjudicaciones o, empeorarían, o impedirían sustancialmente su habilidad para proteger sus intereses; o
      “(b) la parte que se opone a la clase ha actuado o ha rehusado actuar por razo-nes aplicables a la clase en general, en forma tal que resulte apropiado conceder finalmente un remedio mediante interdicto o sentencia declaratoria correspondiente con respecto a la clase en general; o
      “(c) el tribunal determina que las cuestiones de hechos o de derecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cualesquiera cuestiones que afecten so-lamente a miembros individuales, y que el pleito de clase es superior a otros métodos disponibles para la justa y eficiente adjudicación de la controversia. Los asuntos pertinentes para las determinaciones incluyen:
      “(1) El interés de los miembros de la clase en controlar individualmente la tramitación o defensa de pleitos separados;
      “(2) la naturaleza y alcance de cualquier litigio relativo a la controversia ya comenzado por o en contra de miembros de la clase;
      “(3) la deseabilidad de concentrar o no el trámite de las reclamaciones en el foro específico;
      “(4) las dificultades que probablemente surgirían en la tramitación de un pleito de clase. 32 L.RR.A. Ap. III.

       Cabe señalar, sin embargo, que éste podrá ingresar posteriormente a la ca-rrera magisterial en el Nivel I si cumple con los requisitos para la clasificación en ese nivel y si el plan de mejoramiento profesional.


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      In re Extensión de Términos por Motivo de la Mañana del 24 y el Día 31 de Diciembre de 2007.

      Número: EM-2007-12

      Resuelto: 20 de diciembre de 2007
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido libre con cargo a vacaciones a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial la mañana del lunes 24 de diciembre y el lunes 31 de diciembre de 2007.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, disponemos que al computar los términos establecidos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judicia-les, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73) y se con-siderará la mañana del lunes, 24 de diciembre de 2007, medio día feriado, y el día lunes 31 de diciembre de 2007, como día feriado. Cualquier término a vencer el 24 de diciembre de 2007 se extenderá hasta el miércoles 26 de diciembre de 2007, próximo día laborable. Además, cualquier término que venza el 31 de diciembre de 2007 se extenderá hasta el miércoles 2 de enero de 2008.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo