author: Juez Presidente Sr. Del Toro

text:
    American Colonial Bank & Trust Company of P. R., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1170.

    Sometido: Noviembre 14, 1939.

      Resuelto: Octubre 29, 1940.

      Fiddler, Córdova & McConnell y José G. Gonzúlez, abogados del pe-ticionario Am. Colonial Bank & Trust Co. of P. R.;

      Henry G. Molina y S. de la Fuente, abogados del Administrador Judicial, Interventor.
   Opinión del

Juez Presidente Sr. Del Toro

con la cual está conforme el

Juez Asociado Sr. Hutqhison.

La' disensión de este caso lia sido larga y repetida. Lleg’a el momento en que no es posible prolongarla más. Me doy cuenta de la fuerza de los argumentos que contiene el memo-rándum del Juez Asociado Sr. Travieso y de las manifesta-ciones hechas por el Juez Asociado Sr. De Jesús analizando la ley y todos los casos citados por los Jueces Asociados Sres. Wolf y Travieso durante' la discusión, y de que se trata de un caso extremo.

Técnicamente quizá la razón esté de parte del criterio que sustentan los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús, pero tomada en cuenta la exacta situación que surge de los autos, creo que la orden cuya nulidad se pide dentro del procedimiento de certiorari, se inspira eii la justicia y puede sostenerse interpretando liberalmente la ley y la jurispru-, dencia.

La presunción de correcta que tiene la resolución de la corte de distrito no ha, sido destruida a mi juicio. En tal virtud el auto expedido debe anudarse y declararse sin lugar la petición.

Estoy autorizado por el Juez Asociado Sr. HutcMson para decir que está conforme con esta opinión.

Opinión personal del Juez Asociado Señor Wolf.

Albaceas y Administradores — Administración Extranjera o Auxiliar — Ad-ministración Auxiliar — Sobre Activo de Finados en la Isla. — Cuando un hombre muere en una jurisdicción extranjera, siendo acreedor de una persona que no puede ser hallada y que no tiene otros bienes conocidos que los situados en Puerto Hico, y tales bienes, por lo menos según se alega, han sido transferidos a un supuesto cesionario fraudulento, el albaeea de dicho acreedor tiene derecho a perseguir dichos bienes cual si se tratara de un chose m action y a solicitar el nombramiento de un administrador, y cuando la Corte de Distrito de San Juan a instancia de parte designa un administrador auxiliar, tal nombramiento debe ser sostenido a fin de que el presunto cesionario pueda ser demandado en un procedimiento directo en San Juan (Opinión personal del Juez Asociado Sr. Wolf).

Originalmente se radicó una petición de certiorari ante mí, que a la sazón actuaba como juez de turno. Emití la siguiente opinión:

“Ésta es una solicitud de certiorari en la cual el suscribiente hu-biese estado inclinado a denegar la expedición del auto o la celebra-ción de una vista si no hubiese tenido dudas en cuanto a si la Corte de Distrito de San Juan podía nombrar como administrador auxiliar a un no residente de Puerto Rico. Sin embargo, en la vista la peti-cionaria no insistió en dicha falta de residencia.
“Charles Borda Klugkist le debía un dinero a Theodore Baetten-haussen. Este último vivía en el estado de Nueva York y murió allí testado. Lina E. Grey, Julius A. Roth, Kurt W. Baettenhaussen, como beneficiarios, y la Guaranty Trust Company of New York, como albaeea testamentaria del finado Baettenhaussen, radicaron una demanda ex parte en la Corte de Distrito de San Juan con el pro-pósito de que se nombrara a un tal George H. Emerson administrador auxiliar de la propiedad de Theodore Baettenhaussen en Puerto Rico. La Corte de Distrito de San Juan en su consecuencia nombró a George TI. Emerson administrador auxiliar.
“Se alegó en la corte inferior que Charles Borda no podía ser localizado, que no era residente ni había sido nunca residente de Puerto Rico, que era dueño de cierta propiedad inmueble en esta isla la cual transfirió o intentó transferir a su esposa y que esta última traspasó dicba propiedad en fideicomiso a la American Colonial Bank & Trust Company of Porto Rico, la cual compañía es la peticionaria en este caso. El propósito de Lina E. Grey et ais. apa-rentemente fué radicar una demanda que participase de la natu-raleza de una acción por un acreedor para anular el traspaso hecho por un intermediario a favor de la American Colonial Bank & Trust Company.
“Quizá la cuestión principal en este caso es decidir si el señor Theodore Baettenhaussen dejó propiedad alguna en Puerto Rico para recobrar la cual se podía nombrar un administrador. En otras palabras, la peticionaria sostiene que el derecho de un acreedor no garantizado a traer una acción para anular un traspaso de una pro-piedad por su deudor no constituye de por sí un gravamen o interés en dicha propiedad de tal manera que una corte prieda proceder a nombrar un administrador para su ejecución o cobro. La peticio-naria no ataca la doctrina del caso de Sánchez v. Soto Nussa, 14 D.P.R. 442. Ése fué un caso en donde los demandantes intentaban recobrar la posesión de una propiedad que ellos alegaban pertencía al finado.
“Supongamos que el Sr. Baettenhaussen viviese aún y que auto-rizase la interposición de una demanda en su nombre para anular el último traspaso a la American Colonial Bank & Trust Company. Dicha acción está expresamente autorizada por el artículo 1064 del Código Civil (ed. de 1930). No importa que la reclamación del Sr. Baettenhaussen estuviera basada en una simple deuda contractual.
“Lo que Baettenhaussen tenía era un derecho a traer una acción para anular los traspasos, si éstos eran anulables, que culminaron en el título o supuesto título a nombre de la American Colonial Bank & Trust Company. A su muerte dicho derecho recayó en su repre-sentante legal. En este caso se admite que el representante legal lo es la Guaranty Trust Company of New York, albacea testamen-taria. Mi opinión es que el derecho a traer una acción tanto por Baettenhaussen o por su representante era un derecho de propiedad {property right). La palabra “propiedad” es nomen generalisimum y algunas de sus interpretaciones pueden verse en Gleason v. Thaw, 236 U. S. 558; Pueblo v. Alcaide, 29 D.P.R. 184; 50 C. J. 740 y 763, la última cita bajo el título “dioses vn action”. A los fines del nombramiento de un administrador auxiliar la peticionaria no me convence de que no sea aplicable el concepto más amplio de la palabra ‘ ‘ propiedad ’ ’.
"Habiendo llegado a la conclusión, como lo be becbo, de que el derecho de acción, en manos de Baettenhaussen o de su representante, era un 'derecho de propiedad en Puerto Rico, resultaría claro que una corte de distrito tendría derecho a nombrar un administrador auxiliar para perseguir el supuesto derecho.
"Puedo también llamar la atención hacia el hecho de que la peti-cionaria, como la última que supuestamente recibió el título, es la verdadera demandada. Ni Charles Borda ni su esposa, después de haber efectuado sus traspasos, necesitan ser considerados. Todas las transferencias, de acuerdo con las alegaciones, fueron aparentemente voluntarias y dicha demandada no pudo adquirir nada que no fuese objeto de una acción por un acreedor.
"Se sugiere que no existe nada en las leyes de Puerto Rico auto-rizando el nombramiento de un administrador auxiliar. Cuando un hombre muere y deja en Puerto Rico propiedades, la prátiea de las cortes, en ausencia de un testamento, es nombrar un administrador judicial. Si tengo razón en el resto de mi argumentación, un ad-ministrador judicial pudo haber sido nombrado en cuanto a cualquier propiedad que Baettenhaussen dejase en Puerto Rico. Las partes y la corte denominaron a la persona nombrada un administrador auxiliar lo que a mi juicio equivale a un administrador judicial. A la peticionaria corresponde el crédito de que el suscribiente se haya sentido obligado a entrar en estas consideraciones, y se lamenta no haber podido desarrollar mejor la opinión.
"No ha lugar a expedir el auto solicitado."

El caso de Wyman v. Halstead, 109 U. S. 654, 656, lia resuelto que "las simples deudas constituyen activo en el domicilio del deudor." Pero que una administración auxi-liar puede incoarse en cualquier otra parte es cuestión que lia sido resuelta por el caso de Wilkins v. Ellett, 108 U. S. 256, en el que la corte dijo:

"No hay duda alguna de que el derecho a heredar los bienes muebles de un finado se rige por la ley de su domicilio existente en el momento de su muerte; de que el sitio adecuado para tramitar el procedimiento principal de administración de sus bienes es su domi-cilio; de que puede iniciarse un procedimiento de administración en cualquier lugar en que él deja bienes muebles; y de que un admi-nistrador como tal no puede instruir ningún pleito para recobrar una deuda existente al tiempo de la muerte de esa persona, en ningún' estado en que no se ha iniciado el procedimiento de administración.
“Mas la razón para la existencia de esta última regla es la pro-tección de los derechos de los ciudadanos del estado en que se inicia el litigio; y la objeción no descansa en ningún defecto del título del administrador a los bienes, sino en su incapacidad personal para de-mandar como administrador fuera de la jurisdicción que le designó.
t c :X: 4*' 4¡; 4o 4!; 4o 4o
“El administrador, a virtud de su nombramiento y autoridad como tal, obtiene el título de pagarés o de cualquier otro documento que evidencie una deuda, poseído por la persona intestada al tiempo de su muerte que vaya a poder del administrador; y puede vender, transferir y endosar los mismos; y los aclquirentes o endosatarios pueden instruir litigios a nombre propio contra los deudores en cual-quier otro estado, siempre que las deudas se funden en pagarés nego-ciables, y siempre que la ley del estado en que se entable el recurso permita al cesionario de una causa de acción que demande a nombre propio. Harper v. Butler, 2 Pet. 239; Shaw, C. J., in Rand v. Hubbard, 4 Met. 252, 258-260; Peterson v. Chemical Bank, 32 N. Y. 21. Y un administrador designado en un estado puede demandar a nombre propio en otro estado sobre un pagaré otorgado a favor de la persona intestada, al portador. Barrett v. Barrett, 8 Greenl. 353; Robinson v. Crandall, 9 Wend. 425.”

Que una reclamación del derecho a anular escrituras cons-tituye bienes de un finado y sobre los cuales puede instruirse una administración, ha sido resuelto en In Re Rees’ Estate, 212 P. 234. Copiamos del sumario:

“La reclamación del derecho a anular escrituras otorgadas por un finado, constituye propiedad de la naturaleza de bienes inmuebles sobre la cual puede tramitarse un procedimiento de administración.
“Es discrecional en una corte de testamentaría designar un ad-ministrador cuando los únicos bienes de un finado lo son una recla-mación del derecho a anular escrituras otorgadas por el finado.”

En Nueva York se ha resuelto que una cantidad adeudada por una casa comercial de Nueva York a un vecino de Ale-mania, que falleció y dejó bienes en Alemania, donde se tramitó el procedimiento de administración, bastaba para sostener un procedimiento incidental de administración en Nueva York. Matter of Warburg, 129 Misc. (N.Y.) 832.

La Corte Suprema de .California sostuvo la jurisdicción de la corte estatal para conocer de un caso entre no residen-tes, iniciado con el propósito de rescindir una escritura de venta de terreno situado fuera del estado de California. Copiamos del sumario:

“1. — Las cortes de este estado tienen jurisdicción sobre un litigio entre no residentes para rescindir, por fraude por parte del ven-dedor, la venta de una propiedad minera situada en un país extran-jero, cuando el contrato de compraventa fué celebrado en este estado y cuando la causa (consideration), consistente parcialmente en dinero y parcialmente en pagarés otorgados por un ciudadano de este estado, garantizados por hipoteca sobre terreno dentro del estado, está en poder del agente del vendedor, residente en este estado.
“2. — Siendo el verdadero objeto del litigio el obtener la devolu-ción a los compradores del dinero que fraudulentamente se les indujo a pagar por la propiedad minera y la cancelación de las garantías igualmente obtenidas mediante fraude, todo lo cual estaba dentro de la jurisdicción de la corte, el hecho de que ellos ofreciesen, con-forme estaban obligados en equidad a hacerlo, devolver a los ven-dedores el título de la propiedad minera, no priva a la corte de jurisdicción por el hecho de que en la acción esté envuelto el título de bienes situados en país extranjero.
“3. — Como la acción es virtualmente una in rem para ordenar la devolución de la causa (consideration) fraudulentamente obtenida de los compradores, la cual aún está dentro del estado, la corte superior tiene jurisdicción del litigio, no obstante no haber sido notificados nunca personalmente los vendedores del litigio ni de haberse some-tido jamás a la jurisdicción de la Corte.” Loaiza v. Levy, Judge, 24 P. 707.

Las diferencias existentes entre acciones in rem, in per-sonam j quasi in rem, se Lacen constar claramente en el caso de Gassert v. Strong, 98 P. 497. Nuevamente copiamos del sumario:

“5. SENTENCIA-JURISDICCIÓN-NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.-La notificación por edictos hecha a un no residente, no justifica una sen-tencia in personam en su contra, mas en un pleito dirigido contra bienes que están dentro de la jurisdicción de la corte, se puede dictar una sentencia ún rem.
“6. AcCIONbs — Formas—‘AccioNES in Personam..’ — Un procedi-miento m personam es uno, tanto en su forma como en su substancia, existente entre las partes que reclaman un derecho y en que la sen-tencia obliga a la parte perdidosa a cierta responsabilidad personal.
“7. SENTENCIA — ‘Aoctones in Rem.’ — Una acción in rem es un procedimiento para determinar el estado o condición de la cosa misma, y una sentencia m rem no es otra cosa que un decreto dictado sobre el estado de determinado asunto en cuestión.
“8. Aooiones — ‘AoCiones Quasi in Rem.’ — Una acción quasi in rem es aquélla en que se embargan los bienes de un no residente y se retienen los mismos para pagar las deudas que éste tiene con los ciudadanos del estado y los gravámenes que hubiere; y una acción quasi in rem difiere de una acción estrictamente in rem en que sólo se trata de afectar los intereses del demandado, en que se exige que se le cite y en que la. sentencia que se dicte es tan sólo concluyente entre las partes.
“9. — Sentencia—JuRISdicción.—La jurisdicción sobre la persona del demandado se adquiere primero mediante emplazamiento y luego mediante un recurso contra los bienes de él dentro de la jurisdicción de la corte. Mas en este último caso la parte demandada no es personalmente responsable de la sentencia que se dicte, fuera de la propiedad en cuestión.
“11.. — SENTENCIA-ESTABLECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA MlSMA ■ — Jueisdioción.—Una acción para establecer y exigir un fideicomiso sobre acciones corporativas que están en poder de una persona den-tro del estado, iniciada contra un no residente en cuyo poder está el título legal, es una acción quasi m rem, y la notificación por susti-tución del no residente está autorizada por el Código de Enjuicia-miento Civil en su sección 637 (Estatutos Revisados, see. 6520), y es suficiente para dar jurisdicción a la corte.1'

Es cierto que los casos de Wilkins v. Ellett, supra, y Wyman y. Halstead, supra, parecen pronunciarse en sentido contrario a los términos de esta opinión. Ellos fueron segui-dos por un caso posterior, Blodgett v. Silberman, 277 U.S. 1, en eil que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo:

“En el derecho común era aplicable ]a máxima mobilia sequnntur personmn. Ha habido bastante discusión y crítica en torno a la aplicación y vigencia de esa máxima, mas ella está, fijada de tal modo en el derecho común de este país y de Inglaterra, en tanto en cuanto a bienes intangibles se refiere, incluyendo “clloses in action”, irres-peetivamente de si éstas constan por escrito o en alguna otra forma y de si los documentos que evidencian las mismas se hallan en el estado del domicilio o en cualquier otro, y está tan ampliamente sostenida por casos de éste y otros tribunales, que debe considerársele como cuestión resuelta en esta jurisdicción, ora la misma pase o no con éxito una prueba filosófica.”

Sin embargo, existe diferencia entre el caso de Silberman ■ y el de autos. En el caso de Duehay y. Acacia Mutual Life Insurance Co., 124 A.L.R. 1280, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito- de Columbia se expresó así:

“El apelante descansa enfáticamente en el caso de Blodgett v. Silbermcm, 277 U. S. 1, 9, 10, 48 S. Ct. 410, 72 L. ed. 749. Ese caso, sin embargo, se refiere al poder del estado en que se baila el domicilio de un finado a fijar una contribución sobre sus bienes in-corpóreos. En él la Corte no consideró la cuestión aquí envuelta, es decir, si una propiedad intangible puede tener un situs separado e independiente del domicilio de su dueño para fines de administración. La regla, tal cual ha sido sentada en el caso de Silberman no está libre de excepción, aún en el campo contributivo. Véase Wheeling Steel Corp. v. Fox, 298 U. S. 193, 210, 56 S. Ct. 773, 80 L. ed. 1143. Creemos que no es aplicable al presente caso.”

En dicho caso se autorizó una administración auxiliar en la ciudad de Washington. El finado era vecino de Virginia y allí falleció. Sus únicos bienes en Washington eran una reclamación que se le adeudaba. La opinión de la cual se ha tomado la cita giró en torno a si los acreedores en Wásh-ington tenían preferencia a cobrar la reclamación o si ellos tenían que concurrir con los acreedores dei Virginia. La corte concedió preferencia a los acreedores dentro del dis-trito. Esa no sería una cuestión 'em el presente caso, toda vez que Baettenhaussen, conforme aparece de los autos, no tenía deudas en Puerto Rico. Creemos que bajo las circuns-tancias del caso la sucesión Baettenhaussen tenía derecho a un procedimiento auxiliar de administración.

De ser correcta la conclusión contraria, entonces el señor Baettenhaussen en vida, o sus representantes personales al fallecimiento de éste, que es precisamente la realidad, no pueden demandar a base de la reclamación existente en Nueva York, puesto qne según se desprende de los procedimientos el señor Borda no e¡s un residente del estado de Nuera York ni tiene bienes allí. Desde el punto de vista de la ley de vendedor y comprador y de la relativa a las cuentas de los acreedores {creditors’ bills), los bienes de un acreedor frau-dulento pueden ser embargados doquiera éstos radiquen, y en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos se puede nombrar un administrador auxiliar. Si esta recla-mación no puede cobrarse en Puerto Rico entonces la suce-sión del señor Baettenbaussen carece de remedio. Ubi jus, ibi remedium.

Opinión disidente del Juez Asociado Señor Travieso.

Noviembre 22, 1940.

Por el presente recurso de certiorari se nos pide que revi-semos y revoquemos la resolución dictada por la Corte del Distrito de San Juan, el 10 de mayo de 1937, nombrando a George H. Emerson, residente en New York, para el cargto de Administrador Judicial Auxiliar de los bienes del difunto Theodore Baettenbaussen en Puerto Rico.

En mayo de 1937, según aparece de los autos, Lina E. Grey, Julius A. Rotb, Kurt W. Baettenbaussen y Guaranty Trust Company of New York, pidieron a la Corte de Dis-trito de San Juan que nombrase a George H. Emerson admi-nistrador judicial auxiliar de los bienes de Theodore Baet-tenbaussen en Puerto Rico, y como fundamento de tal petición adujeron:

“A. Que Theodore Baettenhaussen murió testado en Nueva York, habiendo sido su testamento reconocido (admitted to probate).
“B. Que por una Corte de Nueva York se libraron cartas testa-mentarias a favor de uno de los peticionarios, Guaranty Trust Company of New York, en su carácter de albaeea nombrado como tal en dicho testamento.
“C. En el testamento de Theodore Baettenhaussen fueron insti-tuidos como herederos los otros peticionarios, Lina E. Crey, Julius A. Both y Kurt W. Baettenhaussen.
“D. Que al morir el causante éste era dueño de 15 pagarés de una suma total de $59,000 otorgados a su favor por Charles Borda, Klugkist y que además Charles Borda Klugkist adeudaba en esa misma ocasión a dicho Theodore Baettenhaussen la cantidad de $4,036.67, más intereses sobre dichas cantidades.
“E. Que no habiéndole sido posible a Charles Borda pagar dicha deuda, éste le dirigió una carta al comité que representaba los asuntos de Baettenhaussen, quien a la sazón estaba demente, diciendo que estaba haciendo todo lo posible para solventar dicha deuda y refiriéndose a ciertas supuestas propiedades que dicho Charles Borda Klugkist tenía en Puerto Rico.
“F. Que no habiendo podido Baettenhaussen cobrar el dinero-que se alega adeudado por Borda, por no haber sido localizado este-último, quien reside en los Estados Unidos de América, los herederos de Baettenhaussen contrataron los servicios del Ledo. Henry G. Molina para que trabara la acción necesaria en esta Isla para el cobro de dichos pagarés mediante el embargo de los bienes de Borda en Puerto Rico.
‘1G. Que resultó que los bienes de Borda en Puerto Rico habían sido traspasados por éste a su esposa en consideración a la cantidad de $1.00 y otras consideraciones, mediante escritura otorgada en Nueva York y que luego los esposos Borda transfirieron dichos bienes ‘in trust’ al American Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico.
“H. Que subsiguientemente el albacea, Guaranty' Trust Company of New York, demandó a Charles Borda y a su esposa y al American Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico en la Corte Federal y que dicha demanda fue desestimada porque dicha Corte adjudicó que un albacea extraño a esta jurisdicción no tenía, facultades para demandar en Puerto Rico.
“I. Que luego el Ledo. Molina fué autorizado por los herederos, de Baettenhaussen y por su albacea para que obtuviera el nombra-miento de George H. Emerson en una Corte de Puerto Rico como-administrador judicial auxiliar de los bienes de Theodore Baetten-haussen en Puerto Rico, para establecer cualesquiera acciones que fueran necesarias para cobrar la referida deuda.
“J. Que no existe disposición alguna en los Códigos y leyes de-Puerto Rico con referencia al nombramiento de administradores ju-diciales auxiliares (ancillary administrators).
“K. Que los peticionarios eran todos los interesados en el cauda] hereditario de Baettenhaussen y relevaron al señor Emerson de la prestación de una fianza.”

Tomando esos hechos como base, el Juez Llauger Díaz, de la Corte de Distrito de San Juan, nombró por resolución de 10 da mayo de 1937 al Sr. George H. Emerson, residente), en New York, administrador judicial auxiliar de los bienes-de Baettenhaussen en Puerto Rico, y el día 19 del mismo-mes declaró sin lugar una moción del American Colonial Bank and Trust Co. of Porto Rico sobre nulidad de dicho-nombramiento.

En el alegato sometido en apoyo de la solicitud de revi-sión se aleg-a:

“1. Que la Corte ele Distrito ele San Juau carece ele jurisdicción, en este caso para nombrar un administrador judicial auxiliar de los bienes relictos en Puerto Rico del difunto Theodore Baettenhaussen por dos razones, a saber:
(a) Que no existen dentro de la Isla de Puerto Rico bienes al-gunos que pertenecieran a dicho Baettenhaussen en la época de su fallecimiento, ni existen actualmente bienes algunos que pertenezcan a la sucesión del dicho Sr. Baettenhaussen.
“ (b) Que, aun asumiendo-que existieren bienes pertenecientes al dicho Sr. Baettenhaussen, sujetos a administración por las Cortes de-Puerto Rico, la única corte que pudo haber nombrado un adminis-trador judicial es la Corte de Distrito de Arecibo, y no la de San Juan.
“2. Que, dadas las circunstancias del caso, la Corte de Distrito-de San Juan erró al nombrar a un no residente como administrador-judicial. ’ ’

La primera y principal cuestión que nos presenta este-caso es decidir si el difunto Baettenhaussen dejó propiedad alguna en Puerto Rico para recobrar la cual se pueda nom-brar un administrador judicial auxiliar. Sostiene la parte-peticionaria, que el derecho de acción de un acreedor no-garantizado para solicitar la anulación de un supuesto tras-paso de una propiedad hecho por su deudor con el alegado-propósito- de defraudar a sus acreedores, no constituye de por sí un gravamen o interés en la propiedad así traspasada de tal manera que una corte pueda proceder a nombrar un administrador para su ejecución o cobro. Sostienen, los inter-ventores la tesis contraria.

De acuerdo con el artículo 556 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, la petición en que se solicita la administración judicial de los bienes de un finado íl. . . se presentará en la corte de distrito que tuvierei juris-dicción en la última residencia de la persona finada o lugar donde radica la mayor parle de sus bienes,, y en ella se liará .constar bajo juramento:

“(1) La muerte de la persona finada.
“(2) * * * * * * *
(3) * * * * * * *
'“(4) * * * * * * *
■“(5) Que la persona finada dejó bienes sujetos a partición con expresión de la cuantía y naturaleza de dichos bienes.” (Bastar-dillas nuestras.)

La muerte de la persona o la presunción de muerte que de su desaparición se deriva en casos de ausentes, su resi-dencia al fallecer, o en la alternativa, que la persona finada dejó bienes sujetos a partición, son hechos jurisdiccionales que deben aparecer en la petición en que se solicita la admi-nistración de esos bienes, porque de otro modo el nombra-miento que de un administrador se hiciera sería coram non judice y por tanto nulo.

“Hechos JURISDICCIONALES. — Para que la concesión de cartas de administración sea válida deben' existir dos hechos jurisdiccionales: 1. El fallecimiento del causante; y 2, Éste debe haber residido en el Condado en la fecha de su muerte, o haber dejado bienes dentro del mismo. Ambos hechos deben coexistir antes de que se pueda decretar la administración: Beckett v. Selover, 7 Cal. 215, 68 Am. Dec. 237; Haynes v. Meeks, 10 Cal. 110, 70 Am. Dec. 703; Van Giessen v. Bridgford, 83 N. Y. 348; Burnett v. Meadows, 7 B. Mon. 277, 46 Am. Dec. 517.” 81 Am. St. Rep. 536.

Sobre este mismo extremo véase el resumen que de la jurisprudencia se hace en 11 E.C.L. página 84, así:

“Hechos Jurisdiccionales EN General. — Para hacer válida la concesión de cartas de administración la opinión de que ciertos he-chos jurisdiccionales deben existir está generalmente aceptado. Estos hechos son que la persona sobre cuyos bienes se concede la adminis-tración ha fallecido, y que en la fecha de su muerte era un residente del condado dentro del cual se decreta la administración, o si no fuera residente que él dejó bienes dentro de tal condado. Se ha dicho que el hecho de la muerte del intestado y el de su residencia dentro del condado son hechos fundamentales sobre los cuales deben descansar todos los procedimientos de administración subsiguientes, y que si el intestado no era un residente del estado en la fecha de su muerte, y no dejó bienes en el estado, ni se trajeron a éste nin-gunos posteriormente, no se ha conferido jurisdicción a la corte para conceder cartas de administración dentro de ningún condado del estado, y tales cartas, si fueren concedidas, son coram non judice y nulas. Los bienes constituyen un hecho jurisdiccional solamente en. ausencia de residencia legal en el condado.”

De la petición radicada por Lina E. Grey, Julius A. Both, Kurt W. Baettenhaussen. y Guaranty Trust Company ante la Corte de Distrito de San Juan, solicitando que: se nombrase a George H. Emerson administrador judicial de los bienes de Theodore Baettenhaussen en Puerto Bico, aparecen alega-dos afirmativamente los siguientes hechos:

“(1) Que el supuesto acreedor Theodore Baettenhaussen murió domiciliado fuera de Puerto Bico, en Nueva York.
“ (2) Que el supuesto deudor no está domiciliado en Puerto Bico, ni vive en Puerto Bico.
“ (3) Que la supuesta reclamación que tiene el acreedor contra el •deudor se originó de unos préstamos hechos en Nueva York (o por lo menos fuera de Puerto Bico), evidenciados por ciertos pagarés li-brados en Nueva York (o por lo menos fuera de Puerto Bico).
“(4) Que la única relación que pudiera tener el caso con Puerto Bico surge del hecho de que en enero 21 de 1933, el supuesto deudor Borda, siendo dueño de ciertos, bienes inmuebles en Puerto Bico, traspasó su interés en esos bienes, por medio de un documento otor-gado en Nueva York; y que, según alegan los herederos del acreedor, dicho traspaso fué en fraude de su causahabiente. ”

Como en la petición se lia hecho constar la muerte de Theodore Baettenhaussen y el acaecimiento de ésta fuera de Puerto Pico, es preciso determinar si los créditos contra Charles Borda Klugkist, de que Baettenhaussen era dueño al morir, constituyen bienes en Puerto Utico a los efectos de autorizar el nombramiento de un administrador judicial.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Wyman v. Halstead, 109 U. S. 654, 656, se expresó así:

“Está bien sentada la regla general de derecho, que a los efectos de decretar una administración todas las deudas contractuales no garantizadas son bienes (assets) en el domicilio del deudor; y que la localidad de tal deuda para este propósito no está afectada por el hecho de que se haya dado una letra de cambio o pagaré por dicha deuda, porque ni la letra ni el pagaré alteran la naturaleza de la deuda, sino que simplemente son evidencia de ella, y por consiguiente la deuda constituye bienes en el sitio donde vive el dudor sin im-portar el sitio donde se halle el documento o donde sea pagadero. (Citas.) ”

El anterior caso se cita con aprobación en Baker v. Baker, Eccles & Company, 242 U. S. 394, 400.

Sentados como hechos fundamentales que los bienes relic-tos al fallecimiento de Baettenhaussen consisten en simples pagarés no garantizados otorgados a su favor por Borda; que el intestado residió y su representante y su deudor resi-den fuera de y no se han sometido en manera alguna a la jurisdicción dei los tribunales de Puerto Pico; y que la única propiedad tangible en que pudiera tener algún interés el deudor Borda es un condominio de una tercera parte indivisa en una tinca ubicada en el Distrito Judicial de Arecibo, cuya participación se alega haber sido traspasada por Borda para defraudar a sus acreedores, formularemos ahora las dos cues-tiones de cuya resolución depende nuestra decisión en el presente .caso.

liJ ¿Tiene el tenedor de un 'pagaré no garantizado algún otro derecho substantivo que no sea el de exigir’ que la obli-gación le sea satisfecha a su debido tiempo?

2? ¿Tiene el tenedor no residente de un pagaré de tal naturaleza, sobre el cual no ha recaído sentencia, título o gravamen alguno sobre la propiedad de su deudor también no residente, que pueda servir de base para una resolución en el sentido de que el tenedor de dicho pagaré, muerto fuera de Puerto Rico, dejó bienes cuyo situs está en Puerto Rico y que pueden ser objeto de administración judicial?

La jurisprudencia que hemos examinado nos obliga a con-testar ambas cuestiones en la negativa.

En el caso de Pusey & Jones Co. v. Hanssen, 261 U. S. 491, 67 L. ed 763, el Tribunal Supremo Federal, por voz del Juez Asociado Sr. Brandéis, se expresó así:

. Con frecuencia se nombra un síndico a solicitud de un acreedor garantizado que teme que su garantía pueda ser menosca-bada. (Citas.) Con frecuencia se nombra un síndico a petición de un acreedor por sentencia que lia agotado su remedio legal. (Citas) Pero un simple acreedor contractual no garantizado no tiene, en ausencia de un estatuto, derecho substantivo alguno, legal o equi-tativo, en o sobre la propiedad de su deudor. Esto es verdad sea cual fuere la naturaleza de la propiedad, y aun cuando el deudor sea una corporación insolvente. El único derecho substantivo de un simple acreedor contractual es el de que se le pague su deuda a su debido tiempo. Su derecho adjetivo existe, ordinariamente, en la ley. Él no tiene derecho alguno en equidad hasta que haya ago-tado su remedio legal. Después que la orden de ejecución de una sentencia obtenida en ley ha sido devuelta insatisfecha, entonces él puede proceder en equidad por medio de una demanda de nulidad (creditors’ (Citas.) Por medio de tal demanda él puede remover cualquier obstáculo que impida que su sentencia en ley sea satisfecha; o puede, alcanzar propiedades de naturaleza equitativa; o puede proteger provisionalmente la propiedad de su deudor en contra del mal uso o deterioro, por medio de un injunction o de un síndico.”

Convenimos con los interventores en qne el derecho de acción qne la ley concede a nn acreedor para solicitar la nuli-dad de nn traspaso hecho por el deudor con el propósito de defraudarle es im derecho de propiedad; pero m> podemos convenir en qne sea nn derecho sobre una determinada pro-piedad del deudor. Como chose in action es y debe ser con-siderado como nn derecho de propiedad, mas no pnede ser considerado como nn derecho in rem, porque la mera tenencia de nn pagaré no garantizado no confiere al tenedor derecho, título o gravamen alguno sobre las propiedades de sn deudor, ni aun sobre aquellas que éste hubiese traspasado en fraude de sus acreedores. Asumiendo que Borda no hubiese hecho el traspaso que se dice hiciera fraudulentamente, ¿tendría el representante de Baettenhaussen acción alguna in rem contra el condominio de Borda, que pudiera servir de base para la alegación d'e que Baettenhaussen dejó bienes en Puerto Rico sujetos a administración judicial? Seguramente que no.‘ El representante del finado Baettenhaussen estaría obli-gado en ese caso a demandar a Borda en cobro de los paga-rés, incoando su demanda en el domicilio del deudor, por tratarse de una acción personal para hacer ’ejfectivas obliga-ciones que tienen su situs en el lugar del domicilio del deudor. Y después de obtener una sentencia-a su favor, el represen-tante legal del finado podría, en caso de no encontrar bienes para hacerla efectiva, hacer uso del remedio o derecho adjetivo adicional que la ley le concede para pedir la nulidad de cualquier traspaso fraudulento que hubier'ei hecho el deu-dor. Esa acción de nulidad seguramente podría ser enta-blada también en el domicilio del deudor por tratarse de una acción .o remedio de naturaleza personal que no confiere ni crea derecho o título alguno in rem.

Es cierto que la jurisprudencia en esta jurisdicción no requiere como condición previa para poder entablar la acción rescisoria que el acreedor tenga su crédito reconocido p'or sentencia y permite que en una misma acción se alegue y se pruebe la condición de acreedor y se pida la rescisión de un traspaso fraudulento. Sucesión Almazán v. López, 20 D.P.R. 537.

El propósito fundamental de nuestra jurisprudencia es-' facilitar al acreedor los medios o procedimientos más rápidos y expeditos para el cobro de su crédito, permitiéndole conso-lidar en una sola demanda la acción en cobro de dinero, que es la principal, y la acción rescisoriá, que es una acción sub-sidiaria. Artículos 1243 y 1246 Código Civil, ed. 1930'. Tanto • el Código como la jurisprudencia reconocen como derecho adjetivo de un simple acreedor el de demandar para estable-cer su crédito, y al mismo tiempo pedir la remoción dei cual-quier obstáculo que pueda impedir se dé efectividad a la sentencia que se dicte a su favor. Pero ni 'el uno ni la otra conceden derecho substantivo alguno al acreedor sobre los bienes de>l deudor qu'e pueda ser considerado como propiedad ubicada en el sitio donde radican tales bienes.

De acuerdo con nuestra jurisprudencia, en una acción de esta natural'e¡za debe alegarse y probarse: (a) que el deman-dado es realmente deudor del demandante; (b) que el deman-dado enajenó sus bienes en fraude de su acreedor; (o) que el demandante ha sido perjudicado por tal enajenación; y (d) que el demandante no tiene otro recurso legal para obte-ner la reparación del perjuicio sufrido, que pedir la rescisión del contrato de enajenación. Sucesión Almazán v. López, supra. De lo expuesto se ve claramente que aun cuando la consolidación de las dos acciones está permitida, la prueba de la existencia de la obligación sigue siendo una condición precedente a la concesión de los dos remedios que la ley pro-vee, o sea (a) sentencia condenando al demandado al pago de la obligación, y (b) sentencia declaratoria de la nulidad del traspaso hecho por el deudor demandado.

Las precedentes consideraciones nos llevan a la conclusión de que el finado Theodore Baettenhaussen no dejó bienes que puedan ser -objeto de una administración judicial dentro de la Isla de Puerto Rico.

Existe una razón adicional que a nuestro juicio es por sí sola suficiente para la revocación de la resolución recurrida' y para la anulación del nombramiento de George H. Emerson como administrador judicial auxiliar. Nos referimos a la alegada falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de San. Juan para hacer tal nombramiento.

Ya hemos visto qu’e el situs de la deuda de Borda a Baet-tenhaussen, representada por simple, pagarés no garantiza-dos, es el domicilio del deudor Borda, quien reside fuera de la jurisdicción de Pu'erto Rico. Y ya ha sido resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones, en Domenech v. United Porto Rican Sugar Co., 62 Fed. (2d) 552, 555, que una pro-piedad así situada está fuera de la jurisdicción fiscal de la Legislatura de Puerto .Rico.

Ahora bien, arm cuando asumiéramos que la ley en este caso confiere, como pretende la parte interventora, al tenedor actual de los pagarés, o sea al Guaranty Trust Company of New York, en su carácter de albacea testamentario, algún título, derecho o interés sobre la propiedad que se dice fué traspasada por el deudor en fraude de acreedores, tendríamos que sostener que el situs de dicho título, derecho o interés es el Distrito Judicial de Arecibo, que es el distrito dentro del cual radica la Hacienda “Esperanza,” que es la propiedad sobre la que se pretende existe un derecho in rem para some-terla al pago de las obligaciones de un deudor ausente.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, después de enu-merar las personas autorizadas para solicitar la administra-, ción judicial de los bienes de una persona finada, dispone:

“. . . La petición se presentará en la Corte de Distrito que tu-viere jurisdicción en la última residencia de la persona finada o lugar donde radica la mayor partie de sus bienes, y en ella se hará constar bajo juramento: etc.” (Bastardillas nuestras.) Art. 556, Cód. Enj. Civ., ed. 1933.

No existe en nuestras leyes disposición alguna que expre-samente autorice el nombramiento de un administrador judicial auxiliar, para la administración d© bienes de una persona muerta fuera de Puerto Rico, con subordinación a la administración principal decretada por el tribunal compe-tente en el domicilio del testador o intestado. Sin embargo, esta Corte Suprema, inspirándose en “los principios de cor-tesía tomándolos en relación con dichas secciones 25 y 7 del Código Civil” resolvió en Sánchez et al. v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 14 D.P.R. 442, que procedía el nombramiento de. nn administrador judicial auxiliar de los bienes de Sánchez, para que dicho administrador pudiese reclamar para bene-ficio de los herederos ciertos bienes inmuebles que el testador poseía en Puerto Rico al ocurrir su muerte y que 'estaban ocupados ilegalmente por una tercera persona. La petición en dicho caso fué radicada ante la Corte de Distrito de Maya-güez, por ser el de Mayagüez el distrito judicial dentro del cual radicaban los bienes relictos cuya posesión y derecho de propiedad se reclamaban.

Creemos que no debe irse más allá de lo que fuimos en el citado caso de Sánchez et al v. Soto Nussa, supra. La petición para el nombramiento de un administrador judicial auxiliar debe gobernarse por las prescripciones de los artícu-los 556 a 559 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) y por consiguiente debe ser presentada en la Corte de Dis-trito que tuviera jurisdicción en la última residencia de la persona finada o en el lugar donde radiquen los bienes que ban de ser administrados.

Examinemos los casos citados en apoyo de la opinión de la mayoría.

En Sánchez v. Soto Nussa, 14 D.P.R. 442 (mayo 27, 1908), se resolvió por primera vea en Puerto Rico que aunque los estatutos del país no lo autorizan expresamente, por razón de comity (cortesía) puede nombrarse un administrador auxi-liar, ancillary administrator. En aquel caso se alegó que existían bienes inmuebles en Puerto Rico pertenecientes al finado, aunque en realidad estaban siendo poseídos por persona distinta del finado a la fecha de su muerte. Si bien es verdad, como se dijo por la corte inferior, el propósito del nombramiento era litigar, sin embargo, allí los represen-tantes del finado alegaban tener un derecho de propiedad sobre la finca, distinguiéndose así del caso de autos en que se trata de cobrar ciertos pagarés y no sé reclama derecho real alguno sobre el inmueble. Allí había un derecho real en favor de los representantes del finado, aquí se trata de una acción meramente personal.

En Pueblo v. Alcaide, 29 D.P.R. 171, se trata del derecho de propiedad y se cita eíl caso de Gleason v. Thaw, 236 U. S. 558, en el que se hace un estudio del concepto de “propie-dad.” Se resuelve en este último caso que ¡el derecho a cobrar honorarios no es propiamente un derecho de propie-dad, pero sin embargo para los fines de su protección se considera como propiedad.

Sobre este punto no existe, controversia, pues todos esta-mos de acuerdo en que un “chose in action,” o sea una causa de acción puede considerarse como propiedad para los fines de protección.

Las citas de 50 Corpus Juris, 740 y 763, no dan luz alguna en este asunto, pues ellas sólo se refieren al amplio concepto jurídico de la palabra “propiedad,” la que según las citas incluye las causas de acción (choses in action) las que cali-fica como bienes muebles (pág. 763).

El caso de Ree’s Estate, 212 P. 234, no sostiene la con-tención de la mayoría y más bien sostiene la del suscribiente. En este caso el administrador provisional había obtenido sentencia dejando sin efecto ciertos traspasos sobre fincas que alegaba pertenecían a la sucesión. Después de obtenida sen-tencia y mientras estaba pendiente de apelación, se solicitó el nombramiento de un administrador general. La corte de probate expidió el nombramiento, contra cuya resolución se estableció recurso, alegándose, como en el caso de autos que no existía propiedad que pudiese administrar y por consi-guiente no procedía el nombramiento de un administrador general. Se resolvió: “La reclamación del derecho a can-celar las dos escrituras de septiembre de 1919 constituía pro-piedad que podía servir de base a una administración (Estate of Daughaday, 168 Cal. 63, 141 P. 929); y dejando a un lado la cueistión de si estrictamente tal derecho es un bien inmueble (real property) es evidente que en el presente caso la corte de testamentarías como tal lo consideró. . . No debe perderse de vista que la sentencia anulando los traspasos había sido dictada dos meses y medio antes de que se expi-diese la orden que motiva esta apelación. Esta circunstancia probablemente indujo a la corte a valorar em $10,000 el dere-cho en litigio en ambos casos, las alegaciones de Lewellyn Rees sosteniendo que la propiedad misma que fue objeto de la venta tenía un valor de $75,000 a $100,000. Como la recla-mación del derecho a anular los traspasos era la única pro-piedad que la corte pudo tener en mente al llegar a sus conclusiones de hecho, la corte seguramente tuvo en mente dicha propiedad. Esta conclusión está sostenida por la prueba. . . Como hemos visto, la corte sentenciadora había pronunciado su sentencia anulando los traspasos antes de que se hiciese el nombramiento del apelado. Esta circunstancia bien pudo inducir a la corte de. testamentarías a opinar que el derecho a cancelar las escrituras era tangible y valuable a pesar de que existía todavía el derecho da apelación. La corte indudablemente entendió que la rendición de la senten-cia sacaba la reclamación de la categoría designada por la Corte Suprema en su opinión en Estate of Daughaday, en que se expresó así:

‘No está dentro de la contemplación de la ley que la mera alega-ción de una reclamación no obstante cuán visionaria e insubstancial sea, permita la expedición de cartas de administración dando así una especie de sanción judicial a pretensiones infundadas.’

Además, la corte le había dado ya una especie de sanción judicial a la reclamación a virtud del nombramiento de administradores especiales para que la reclamaran, pues los administradores especiales sólo pueden nombrarse para 'collect and take charge of the estate of the decedent . . . y1 para ejercitar tales poderes como fueren necesarios para la preservación de la herencia (estate). Habiendo obtenido el administrador especial sentencia en la Corte Superior, la sección de testamentaría (probate department) de la corte, ejercitó correctamente su discreción al sustituir la adminis-tración especial por una general.”

En el caso de autos no existe sentencia! alguna que anule el traspaso. Además, en el caso de Bees se alegaba que la propiedad pertenécía al “estate,” mientras que en el pre-sente caso los demandantes no reclaman ningún derecho especial sobre la propiedad, sino el derecho general a hacer efectivo su crédito sobre bienes del deudor.

El caso de Loaiza v. Levy, 24 P. 707, tampoco da luz alguna en este asunto. La cuestión envuelta en dicho caso era la siguiente: Ciertos individuos residentes en Méjico y dueños de ciertos terrenos mineros, mediante cierto fraude que practicaron en relación con muestras (samples) que tomaron de dichas minas, consiguieron que los expertos en minas, creyendo que las muestras eran legítimas y no habían sido alteradas, diesen un informe del que resultaba que el valor de dichos terrenos era mucho mayor del quei realmente era. En esas condiciones, consiguieron que dos corporacio-nes de Inglaterra, celebraran con ellos un contrato de com-praventa de las minas, por precio de $1,575,000, dei los cuales pagaron los compradores en California la cantidad de $710,000 en oro, y por el resto de $865,000 dieron un pagaré don inte-rés al 6 por ciento anual garantizado con hipoteca sobre bie-nes inmuebles radicados en San Francisco, California. Al advertir los compradores el fraude de que fueron víctimas demandaron en California, solicitando la rescisión del con-trato y obligándose a su vez a devolver a los vendedores todo cuanto de ellos habían recibido por virtud del contrato.' Se impugnó la jurisdicción de la corte por razón de que ni los demandantes ni los demandados con excepción de uno (Loaiza) eran residentes de California.

Sostuvo la corte quei si bien demandantes y demandados residían fuera de California, sin embargo, el contrato se había celebrado en California, existía propiedad que sería afectada por la sentencia em California, y que habiendo los demandan-tes recurrido a los tribunales de California se habían ellos sometido a sus tribunales, los que podían imponerles condi-ciones en su sentencia que deberían cumplir para poder hacer efectivos sus derechos, pudiendo, desde luego, obligarlos como parte de la sentencia a devolver el título de las propiedades que de los demandados habían obtenido en Méjico.

La acción en dicho caso era una acción in rem. No se trataba de una mera reclamación de una deuda.

El caso de Blodgett v. Silberman, 277 U. S. 1 (72 L. Ed. 749), se contrae al poder del estado donde fallece una persona para imponer contribución de herencia sobre bienes intangibles incluyendo choses in action radicados en otros estados. Se aplicó la regla de mobilÁa sequutur personam y se sostuvo que el Estado de Connecticut, que era el del domicilio del finado, tenía jurisdicción para imponer contribución aunque se hubiesen expedido pagarés o cualquiera otra evidencia de la deuda y tal evidencia estuviese en Nueva York (pág. 10). No hubo en este caso nombramiento de administradores o de receiver. Era una mera cuestión contributiva.

El caso de Wheeling Steel Corp. v. Fox, 298 U. S. 193 (80 L. Ed. 1143) trataba de la imposición de contribuciones sobre bienes intangibles de una corporación por el estado donde dicha corporación mantiene su negocio, estado dis-tinto de aquel en que radica su oficina principal. Se sostuvo que tal contribución no viola la cláusula del due process of laño.

En 11 R.C.L. 72, see. 68, se sostiene que un administrador judicial puede ser nombrado aun cuando la única propiedad del difunto consista de un chose in action.

Sin embargo, hemos estudiado los casos que bajo esta sección se citan, tanto en R. C. L. como en el Suplemento, y todos se refieren a casos en que el chose in action consiste en mm. causa de acción por daños por la muerte ilegal del finado y en los cuales existe estatuto que autoriza al admi-nistrador judicial a entablar la acción, por lo que los tribunales han dicho que el hecho de autorizar la legislatura al' administrador para entablar la acción, demuestra que fué la intención legislativa que el administrador fuese nombrado para así poder dar cumplimiento al estatuto. Véanse a este efecto: In re Post, 104 Atl. 652 (N. J.), donde se siguió la acción bajo la ley titulada “Death Act, An Act to provide for the recovery of damages in cases' where the death of a person is caused by wrongful act, neglect or default.” Ghilain v. Couture, 65 A.L.R. 553 (N. H. 1929).

Bn Appeal of Jenkins, 58 N. E. 568 (Indiana 1900), la causa de acción consistía en una por daños y perjuicios por la muerte del causante. Fue muerto mientras se hallaba dete-nido en la cárcel por el sheriff Henry Bushing y una turba /mob) entró en la cárcel y lo mató. Se sostuvo que el sheriff tenía la obligación de ejercitar cuidado razonable para pro-teger la vida y la salud de los presos.

En Davis v. Guarineri, 4 Am. St. Rep. 548 (Ohio 1887), Nicola Guarineri fue nombrado administrador de los bienes de la difunta Angela Guarineri, su esposa. Estableció esta acción de daños y perjuicios contra el droguista William P. Davis, por haber causado la muerte de dicha señora al ven-derle aceite de almendras amargas, que es venenoso, por aceite de almendras dulces, que fué lo que Guárineri le pidió para darle un purgante a su esposa. En el caso no se dis-cute si la finada dejó otros bienes ni se levantó la cuestión de si procedía o no el nombramiento de administrador.

El caso de Matter of Warburg, 129 Misc. (N. Y.) 832, no os autoridad para el caso presente. Es verdad que allí se dijo (pág. 834) que la Corte de Surrogate de New York tiene jurisdicción para considerar una petición de nombramiento de administrador auxiliar, aunque la propiedad que en New York tenía la Sucesión era una deuda que le debía cierta corporación residente en el Estado de New York. En el caso de autos el deudor Borda no reside en Puerto Rico.

De los autos del presente caso aparece que el testador Baettenhaussen tenía su domicilio y residencia y que falleció en Nueva York; que los pagarés otorgados a su favor por Borda no tienen situs dentro de la Isla de Puerto Rico; y que el único alegado derecho o título sobre propiedad que pudiera ser objeto de administración judicial se refiere a una propiedad inmueble radicada dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de Arecibo. La Corte de Distrito de San Juan, aun cuando tiene competencia para decretar una admi-nistración judicial en los casos en que se cumplen los requisitos previstos por la ley, carecía a nuestro juicio de jurisdicción para dictar la resolución recurrida.

Estoy autorizado para hacer constar que el Juez Asociado Sr. De Jesús está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wiole

license: Public Domain

text:
    West India Oil Co. (P.R.), demandante y apelada, v. Rosalinda Feliciana, Raquel Vicenta y Lydia Amada Martínez y del Moral, representadas por su padre con patria potestad, Angel Martínez, y Rafael Blanch, demandados y apelante el último.
    Núm. 8113.

    Sometido: Junio 6, 1940.

    Resuelto: Octubre 29, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante;

      José Garbia Miranda, abogado de la apelada;

      José Sabater, abogado de las codeman-dadas Martínez del Moral.
   El Juez Asociado Señor Wiole

emitió la opinión del tribunal.

La West India Oil Co. (P.R.), dueña en común pro indi-viso de un solar radicado en las Calles Betanctes, Santiago R- Palmer y Once de Agosto, de la ciudad de Mavagüez, radicó un pleito sobre resolución de comunidad de bienfes. Según las alegaciones de la demanda, aceptadas por los demandados, % partes de dicbo solar pertenecen a la deman-dante, % a Rafael Blanch, y el otro octavo en común a Rosalinda Feliciana, Raquel Vicenta y Lydia Amada Martínez del Moral. Las codemandadas Martínez del Moral convinie-ron en la división del solar luego de dictarse una sentencia pro confesso contra ellas. Al mismo tiempo radicaron una moción solicitando de la corte estableciera definitivamente en la sentencia que pudiera dictar, las participaciones pertene-cientes a cada una de las partes. En esta moción aceptaron que % partes de la finca pertenecían a la corporación deman-dante, mas alegaron que la mitad del cuarto restante, es decir, % de la propiedad les pertenecía, y que del octavo restante % partes de dicho octavo pertenecían a Rafael Blanch, y que el título de la otra tercera parte de la octava-parte de la totalidad del solar está en litigio ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la apelación interpuesta contra una decisión de la Corte de Distrito de Mayagüez, dictada en diciembre 8 de 1938, en el caso civil núm. 519 a favor de las referidas menores Rosalinda Feliciana, Raquel Vicenta y Lydia Amada Martínez del Moral contra Antonio Vivaldi Pacheco y Rafael Blanch, sentencia que concedió a las refe-ridas demandantes el derecho a retraer dicho condominio de la tercera parte de una octava parte.

Las demandadas solicitaron de la corte en su referida, moción, que al dictar sentencia hiciera constar definitiva-mente la proporción en que eran condueñas las comparecien-tes demandadas y el demandado Rafael Blanch y dispusiera, qu'a los contadores-partidores separaran la tercera parte de la octava parte del solar en cuestión y que dicha porción fuera definitivamente adjudicada de conformidad con la decisión, que dictara el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el recurso' de apelación que estaba pendiente.

El otro demandado, Rafael Blanch, radicó tina moción para eliminar y nna excepción previa, que fueron declaradas sin lugar, dictándose sentencia pro confesso en su contra.

La corte dictó sentencia decretando la partición y nombró un representante para cada una de las partes, a fin de que hicieran la distribución material de la finca. Dos meses más tarde los citados representantes radicaron un laudo ante la corte, en que hacían constar que a su juicio era imposible dividir la referida finca en tal forma que resultara justa para todas las partes interesadas.

A moción del letrado de la demandante la corte entonces ordenó la venta en pública subasta de dicho solar, y que los tres representantes de las partes tasaran el mismo, cosa que hicieron, hallando que el solar valía $12,000. La corte enton-ces decretó la venta en pública subasta de la propiedad y fijó un precio mínimo de $1,500 para la octava parte pertene-ciente a las menores. También ordenó al marshal que:

■ 1. — Consignara en la secretaría de la corte; tina vez efectuada la venta, los $1,500 pertenecientes a las menores;
2. — Consignara en corte para las menores, la octava parte de cualquier cantidad en exceso de $12,000 que- pudiera- obtenerse por la propiedad;
3. — Depositara en la secretaría de la corte 1/24 del valor de la finca, equivalente a la suma de $500, correspondiente a % parte de y8 parte perteneciente a Eafael Blanch, el título de la cual estaba pendiente en apelación ante la Corte Suprema.

Rafael Blanch apela de dicha sentencia y señala los siguientes errores:

“1. — La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al ordenar que el marshal de la corte de distrito retuviera la suma de $1,500, precio mínimo de los condominios de las menores, independientemente del precio que se obtuviera en el remate.
“2. — La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al señalar para la venta del condominio de las menores, un precio mínimo; y
“3. — La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al ordenar que la suma de $500 que corresponde al condominio que está en litigio, se quede depositado en la corte de distrito pendiente de la resolución definitiva del pleito de retracto seguido por Rosalinda Feliciana Martínez y del Moral, et als. v. Antonio Vivaldi Pacheco, et als. que está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

Los dos primeros errores señalados envuelven la misma cuestión legal. El apelante sostiene que en ambos casos la corte de distrito ba hecho un discrimen en favor de las menores. Alega además que el error ha sido cometido al aplicar equivocadamente el inciso 5 del artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933) que lee así:

“Artículo 614. — En todos los casos en que según el Código Civil necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización .judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho .menor o incapaz y de sus bienes, deberá presentarse la oportuna .■solicitud a la competente corte de distrito, haciendo constar en aquélla .bajo juramento los particulares enumerados a continuación:
!' ’ -“5. — En todo caso do venta de bienes inmuebles, y en el de bienes muebles, cuando el valor de éstos exceda de las cantidades señaladas en los artículos 229 y 282, inciso 5, del Código Civil, el precio que debe señalarse como tipo mínimo de la subasta pública de dichos bienes. ’ ’

Dicho artículo está íntimamente relacionado con el artículo 229 del Código Civil (ed. de 191Í) toda vez que fija el proce-dimiento a seguir al aplicar este último artículo.

Este tribunal ha resuelto en los casos de Martínes v. Registrador, 23 D.P.R. 356, y Sánchez v. Registrador, 21 D.P.R. 478 (citado con aprobación en Mercado v. Registrador, 41 D.P.R. 520 y Costa v. Piazza, 51 D.P.R. 689) que el artículo 229 del Código Civil tal cual fué enmendado por la Ley núm. 33 de 1911 no es aplicable a una división de bienes en comu-nidad en que están interesados menores de edad, y que dicha división se rige por el artículo 413 en relación con el 1027 de dicho código.

En vista de lo anterior, el referido fallo es manifiesta-mente erróneo. Sin embargo, conforme resolvió este tribunal en el caso de García v. Registrador, 23 D.P.R. 426 (citado en el de Colón v. Registrador, 38 D.P.R. 653), es el deber de la corte de distrito proteger el bienestar de las menores. Esto pudo y debió babetrse hecho fijando un precio mínimo para la venta de la finca en su totalidad. De ese modo los intereses de las menores estarían protegidos y al mismo tiempo no hubiera habido discriminación contra las otras parte® litigantes.

Dado el convenio de las partes, incluyendo a las menores y a todos los demás, sobre la venta de la totalidad de la finca, se hace innecesario resolver definitivamente el punto suge-rido en conferencia respecto a si en ausencia de tal consenti-miento la propiedad pudo o no ser vendida sin fijarse un precio mínimo.

En su consecuencia, la resolución debe ser modificada orde-nando al marshal que venda la propiedad en pública subasta por un precio mínimo de $12,000 de los cuales depositará en la corte la octava parte perteneciente a las menores, sujeta a su participación proporcional en las costas a pagarse.

El tercer error fué:

“3. — La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al ordenar que la -suma de $500 que corresponde al condominio que está en litigio, se quede depositado en la corte de distrito pendiente de la resolución definitiva del pleito de retracto seguido por Rosalinda Fe-liciana Martínez y del Moral, et ais. v. Antonio Vivaldi Pacheco, et ais., qne está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

Dada la resolución de esta corte en el caso número 7970, Martínez v. Vivaldi, de octubre 29, 1940 (véase la página que sigue), no hay necesidad de discutir este señalamiento.

Por las razones anteriores la resolución apelada debe ser modificada en la forma antes expuesta y así modificada, con-firmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Rosalina Feliciana, Raquel Vicenta y Lydia Amada Martínez y del Moral, menores de edad representadas por su padre con patria potestad, Angel Martínez González, demandantes y apelados, v. Antonio Vivaldi Pacheco y su esposa Eugenia Olivieri, y Rafael Blanch, demandados y apelantes.
    Núm. 7970.

    Sometido: Febrero 21, 1940.

      Resuelto: Octubre 29, 1940.

      Fnrique Báez García, abogado de los apelantes;

      José Sabater, abo-gado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del! tribunal.

En 1924 Doña Carmen Nadal y Ereyre, abuela de las demandantes y dueña de un solar urbano, permitió que Rafael Blandí construyera sobre el mismo una casa de ladrillos. En 1925 Doña Carmen autorizó a Blandí, que también era su arrendatario, que construyera otra casa sobre el solar.

Beatriz Mercedes Martínez y sus tres hermanas se con-virtieron más tarde en condueñas de una participación indi-visa del solar. Beatriz vendió su participación a Antonio Vivaldi Pacheco. Vivaldi vendió ésta y otras partidpaciones indivisas a Blanch.

Las tres hermanas entonces iniciaron el presente recursol para redimir la participación indivisa vendida por Beatriz a Vivaldi y por éste a Blanch.. La corte de distrito dictó sen-tencia en favor de las demandantes.

El artículo 1412 del Código Civil (edición de 1930) pro-vee:

“El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás con-dueños o de alguno de ellos.

Podría admitirse que Blanch — con anterioridad a la fecha en que adquirió de Vivaldi — no era un condueño del solar sobre el cual estaban construidos sus edificios. Véanse, sin embargo, las sentencias del Tribunal Supremo de España de: julio 12, 1881, 47 Jur. Civil 122; marzo 9, 1893, 73 Jur. Civ. 349; julio 9, 1903, 96 Jur. Civ. 140; y noviembre 27, 1906, 105 Jur. Civ. 821.

Aunque Blanch no fuera un arrendatario, aún así, él ten-dría ciertos derechos posesorios substanciales. Véanse Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, y González Martínez v. Marvel, 56 D.P.R. 466. Como dueño de las dos casas, edificadas ambas por él, en terreno de su arrendataria con conocimiento y consentimiento expreso de ésta, e inscritas a su nombre en el registro de la propiedad, él no era “un extraño” dentro del significado de esa frase tal cual la misma se usa en el artículo 1412, supra. En su consecuencia, las demandantes no tenían derecho a redimir la participación indivisa de Beatriz Martínez, vendida por ella a Vivaldi y por éste a Blanch.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado. Señor Wole

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, en su carácter de liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico; y El Crédito y Ahorro Ponceño, demandantes y apelantes, v. Sucesores y Herederos de Baltasar Mendoza Martínez, o sean su viuda Irene Carattini Cartagena, sus hijos Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza y otros, demandados y apelados.
    Núm. 8105.

    Sometido: Febrero 20, 1940.

      Resuelto: Noviembre 8, 1940.

      C. Domínguez Rubio y L. Domínguez Rovira, abogados de los apelan-tes;

      Antonio J. Amadeo, abogado de la Sucn. de Amador Trías, apelada.
   El Juez Asociado. Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En abril 30, 1930, Baltasar Mendoza Martínez suscribió un pagaré, al portador y a su presentación, por la suma de $66,000 con intereses al 10 por ciento. El mismo día otorgó hipoteca sobre 19 fincas rústicas, distribuidas en distintas cantidades, para garantizar el pagaré. Mendoza tomó a prés-tamo la suma de $46,000 del Banco Comercial de Puerto Rico y $20,000 del Crédito y Ahorro Ponceno. El referido día. entregó a los dos bancos el pagaré en garantía de los prés-tamos. Resultó más tarde que doce dei las fincas estaban previamente hipotecadas.

En noviembre 18, 1937, los aludidos bancos radicaron una petición para ejecutar siete de las fincas que garantizaban varias sumas hasta el importe total de $18,500. Sobre algu-nas de estas fincas había gravámenes posteriores a la inscrip-ción de la hipoteca.

Baltasar Mendoza falleció en 1932. Se demandó a sus herederos, y todos los acreedores o tenedores de gravámenes posteriores fueron incluidos como partes.

Al escrito inicial se acompañó un certificado del Regis-trador de la Propiedad de Guayama fechado el 16 de noviem-bre de 1937, demostrativo de que sobre dichas propiedades pesaban varios gravámenes posteriores. Esiei certificado demostraba además que la sucesión de Amador Trías Silva había demandado a un número de personas entre las cuales figuraba Baltasar Mendoza, y solicitado que se anotara la demanda al margen de la inscripción de la finca descrita bajo el número 5 en la petición. También se decía en el certifi-cado que la anotación había sido denegada toda veiz que no se desprendía que la sucesión Trías había demandado a la sucesión Mendoza y la finca en cuestión ya no estaba inscrita a nombre de Mendoza sino a nombre de sus herederos. El registrador rehusó hacer la anotación marginal y en septiem-bre 18, 1937, tomó anotación preventiva por 120 días, que expiraban en enero 16, 1938.

El auto dei requerimiento fué expedido y el márshal noti-ficó a los deudores. Pablo Léctora, persona particular, a instancias de los demandantes, notificó a los acreedores pos-teriores, mas según su diligenciado la sucesión Trías no pudo ser bailada. La dirección de los herederos no aparecía del registro..

Se publicaron también los edictos durante el término fijado por la ley. En junio 8, 1938, los peticionarios radicaron una petición enmendada y acompañaron a ella un nuevo certifi-cado del registrador espedido en mayo 28, 1938. De acuerdo con este certificado, la sucesión Trías designó a los herederos de Baltasar Mendoza como sustitutos de éste en el referido pleito, y a instancias de ella el registrador anotó un aviso de demanda en el caso 7296, sobre “Nulidad de procedimientos ejecutivos y reivindicación”, iniciado ante la Corte de Dis-trito de G-uayama. De dicho certificado también se desprende que la anotación de demanda fué hecha al margen de la sép-tima inscripción de la finca marcada con el núm. 5 en la peti-ción, y que la anotación fué hecha en febrero 11, 1938. Aun se desconoce la dirección de los herederos.

El 10 de junio de 1938 se libró un nuevo auto de reque-rimiento que fué notificado por el márshal a los deudores y por alguien a los acreedores posteriores; mas no parece haberse hecho esfuerzo alguno para notificar a la sucesión Trías.

Se publicó un nuevo edicto cuyo epígrafe lee así:

“(Título del caso.) Estados Unidos de América, el Presidente de los EE. TJU., SS: El Pueblo de Puerto Rico, a los sucesores y herederos de don Baltasar Mendoza Martínez, o sea su viuda doña Irene Carattini Cartagena; sus hijos, Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza; a Cristóbal Dávila; Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; West India Oil Company; The National City Bank of New York (acreedores embargantes posteriores). Y específica-mente, a la sucesión de Amador Trías Silva, compuesta de su viuda Adela Dufrend y sus hijos Arturo, Miguel Angel, Estela, José A. y Josefa Matilde Trías Dufrend (anotantes de una demanda).”

El edicto contiene la hora, el día y el lugar en que se habría de efectuar la venta. En la subasta todas las pro-piedades fueron adjudicadas a los demandantes. Éstos soli-citaron entonces de la corte qu'e dictara una orden cancelando todos los gravámenes posteriores. La corte dictó dicha orden en octnbrei 7, 1938, excepto en lo qne se refería; a la anotación de demanda en favor de la sucesión Trías, toda vez qne ésta no había sido notificada del anto de requerimiento o- en su defecto de la feicha y sitio en qne se celebraría la subasta.

En octubre 13 los demandantes solicitaron la reconsidera-ción y alegaron:

Que los herederos de Trías eran tenedores de gravámenes mas no acreedores, y que aunque lo fueran, no tenían que ser notificados del auto de requerimiento a no ser que su dirección apareciera del registro; y que habían sido notifica-dos expresamente por el edicto de la fecha y sitio de la subasta.

La moción fué vista en noviembre 7, 1938, y resuelta en septiembre 5, 1939. La corte reconsideró su orden original y aceptó el criterio de los apelantes al efecto de que los here-deros de Trías no eran acreedores y que, por ende, no era necesario notificarles con copia del auto de requerimiento, y dijo que los fundamentos de su resolución original eran erró-neos.

La corte, sin embargo, sostuvo su resolución por distin-tos motivos. Éstos son:

1. Que del certificado expedido por el registrador no podía saberse si la anotación de lis pendm-s se hizo a temor del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil o de confor-midad con el artículo 42 de la Ley Hipotecaria.

2. Porque una anotación de lis pendens tomada de con-formidad con el artículo 42 de la Ley Hipotecaria, no puede ser cancelada a no ser de acuerdo con la misma Ley Hipote-caria (Art. 77 et seq.) y con el reglamento para la ejecución de dicha ley (Art. 131 el seq.), o cuando la anotación tuviera más de 4 años (Art. 388-A. de la Ley Hipotecaria).

3. Porque, según la jurisprudencia de este tribunal, una anotación de lis pendens hecha de conformidad con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil no puede ser cancelada mientras el litigio está pendiente. Pueblo v. Fajardo Sugar Co., 51 D.P.R 893; Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354; Calderón v. Registrador, 54 D.P.R. 14.

Como no se demostró que la anotación tenía más de cuatro años o que el pleito iniciado por la sucesión Trías, había sido resuelto, la corte se negó a ordenar la cancelación del aviso de lis pendens.

Los demandantes apelan y señalan un error: el haberse denegado la cancelación.

La sucesión Trías radicó alegatos ante la corte de distrito y en apelación. Descansa en la resolución de la corte de distrito y en los casos en ella citados.

Sostiene dicha sucesión que el “aviso de demanda” a que se refiere el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil es distinto a la anotación de demanda provista por eil artículo 42 de la Ley Hipotecaria, no obstante tener ambas disposi-ciones efectos similares o idénticos en la mayoría de los casos.

El “aviso de demanda” del artículo 91 se toma en los libros del registro a instancias de parte, y sólo es menester que contenga (1) los nombres y. apellidos de las partes; (2) el objefo de la demanda o contestación; y (3) la descripción de la propiedad en litigio. Este aviso de demanda puede ser hecho por nota marginal.

La anotación de demanda practicada en armonía con el artículo 42 de la Ley Hipotecaria es más formal. Exige una providencia de la corte. Contiene la alegación de los daños y perjuicios que puedan irrogarse, y se hace mediante ins-cripción. Artículo 15, Ley Hipotecaria.

Toda vez que en el certificado del registrador se dice que la anotación de la demanda presentada por la sucesión Trías se hace por nota marginal, es evidente que ésta se efectúa de conformidad con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Del certificado del registrador también se desprende que la anotación de demanda fué hecha el 11 de febrero de 1938. Igualmente se desprende que la hipoteca ya había vencido en noviembre 18, 1937.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de po-sesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda, y el "demandado al tiempo de presentar la con-testación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo" que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el com-prador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Los demandantes en este caso adquirieron su hipoteca, y la misma había vencido antes del ‘ ‘ día de la presentación del aviso para ser anotado.” Por tanto, la anotación en sí no les afectaba.

Se ha resuelto que una persona que adquiere un derecho real antes de efectuar la anotación de lis pendens no queda afectada por la sentencia dictada en el casio a menos que haya sido parte en el litigio. Boerman v. Registrador, 31 D.P.R. 733; Sucn. Rodríguez v. Registrador, 35 D.P.R. 104; Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674.

' Los demandantes en este caso, Banco Popular de Puerto Rico y Crédito y Ahorro Ponceho, tenían un gravamen sobre la finca, que fué adquirido e inscrito- con anterioridad a la anotación de lis pendens. Ellos no pueden ser legalmente afectados por la sentencia que pueda obtenerse por la1 suce-sión Trías contra la sucesión Mendoza, a menos-que se le haga parte en diehio procedimiento, como tampoco pueden ser afec-tados los compradores en la subasta a que dé lugar la eje-cución de la hipoteca, por ser ésta válida y no constar en el registro algún vicio o defacto que la invalide. La .anotación de Us pendens entonces, carece de base, y pudo y debió haber sido cancelada especialmente en vista del hecho de que ambos procedimientos fueron radicados en la misma corte de dis-trito.

Las resoluciones de la Corte de Distrito de Guayama de octubre 7, 1938, y septiembre 5, 1939, deben ser revocadas, y en su lugar este tribunal dictará sentencia ordenando la can-celación de la anotación de lis pendens en controversia.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Regino Rosario, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    Núm. 1073.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Noviembre 8, 1940.

      L. Mercader, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente obtuvo sentencia contra Otilio Sandoval por la cantidad de $1,000 de principal, intereses siobre dicha suma a razón de 6 por ciento anual desde el 3 d'e junio de 1940, fecha de dicha sentencia, hasta su total pago, más las costas, incluyendo $100 por concepto de honorarios de abogado. Para asegurar la efectividad de esta sentencia, el recurrente soli-citó y obtuvo mandamiento de embargo sobre seis fincas del demandado y al presentar el mandamiento en el registro de la propiedad para su anotación, consignó solamente $6 en sellos de rentas internas, por lo que el registrador suspendió la anotación, por los fundamentos que consignó en la siguiente nota:

“Suspendidas las anotaciones de embargo solicitadas sobre seis fincas por no consignarse los correspondientes sellos de rentas in-ternas, ascendentes a veinticinco dólares, según el número 5 de la sección 22 de la ley núm. 32 de 1917, pág. 313, extendiéndose nota por 120 días al margen del asiento de presentación núm. 5, Diario 221. Arecibo a 16 de agosto de 1940.”

El precepto legal citado por el registrador, o sea la sección 22, núm. 5, de la Ley núm. 32 de 30 de noviembre de 1917 (tomo 2°., pág’.’ 313), en lo pertinente dice así:

“Número 5. Por cada inscripción o anotación y consiguientes notas marginales que no estén comprendidas en los números prece-dentes se cobrarán las cantidades fijas que se establecen en la escala siguiente:
Inscripciones Inscripciones o anotaciones o anotaciones extensas concisas
Por cada finca o derecho cuyo valor no llegue a ... . De $1,001 a $1,500_ $5.00 $4.00”

En las anotaciones de embargo sobre varias fincas no es indispensable, como sucede en las inscripciones d'ei hipoteca, distribuir la responsabilidad entre las distintas fincas a ser afectadas. Puede, no obstante, el interesado em la anotación del embargo hacer tal distribución; pero como en este caso no la hizo, es el deber del registrador practicar la anotación de embargo por toda la cantidad que se desea asegurar sobre cada una de las seis fincas que se describen en el mandamiento. Santini Fertilizer Co. Inc. v. Registrador de Guayama, 34 D.P.R. 412. Como el valor del derecho cuya anotación soli-cita el recurrente está comprendido entre $1,001 y $1,500, devenga, de acuerdo con la ley citada, $5 por la anotación extensa, más $4 por cada una de las cinco concisas, lo que hace un total de $25, que es precisam'e¡n!te lo que por concepto de derechos reclama el registrador.

No habiendo el recurrente consignado la cantidad de $25 en sellos de rentas internas, mlontante de los derechos por la anotación del mencionado embargo, actuó correctamente el registrador al suspender su anotación, por lo que procede declarar sin lugar él recurso y confirmar la nota recurttida.-


author: El Jijez Asociado Señor Wole

text:
    Cristóbal Dávila, demandante y apelado, v. Francisco Torres, Jr., demandado y apelante.
    Núm. 8028.

    Sometido: Mayo 22, 1940.

      Resuelto: Noviembre 12, 1940.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante;

      R. Hernández Matos, abogado del apelado.
   El Jijez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Cristóbal Dávila era un comerciante que vendía provisio-nes y artículos similares tanto al por mayor como al detall.

Francisco Torres, Jr., era un comerciante al detall y se dedicaba al tráfico de la misma dase de artículos que Cris-tóbal Dávila.

Según la demanda, Cristóbal Dávila vendió a Francisco Torres mercancías y efectos de comercio ascendentes a $421.06. Igualmente, según la demanda y la prueba, la cuenta no fné pagada. Un pleito en la' corte municipal tuvo por resultado una sentencia en favor del demandante, y la Corte de Distrito de Ponce dictó en apelación una decisión similar. En la corte de distrito’tuvieron lugar varios procedimientos, como por ejemplo, una moción pidiendo un pliego de parti-culares y algo similar, mas la única verdadera cuestión entre las partes fue si la acción había prescrito o no.

El artículo 1867 del Código Civil (ed. 1930) en su inciso 4 provee:

“Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
# $
“4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.”

La cuestión esencial en este caso es si el tráfico a que se dedica un comerciante al por mayor es distinto de aquél a que se dedica un traficante al detall. La corte de distrito en su decisión dijo qúe las partes -habían hecho un esfuerzo muy interesante para resolver el problema. Cada una de ellas cita las definiciones que dan los diccionarios de la palabra “tráfico” y de la palabra “mercader”, eitc. Cada una de ellas cita igualmente las decisiones de este tribunal. El efecto total en nuestras mentes es tal que creemos que el caso merece un examen de novo.

El único comentario que hemos hallado en el artículo equi-valente del Código Civil Español es el siguiente:

“Como resulta de la mera comparación de sus términos, se han ampliado en el Código los límites de esta regla de prescripción esta-blecidos en las leyes de la Novísima Recopilación que hemos indicado antes, extendiéndola a todas las ventas realizadas por todos dos mer-caderes en general, con excepción tan sólo de las hechas a los co-merciantes que se dediquen a la misma clase de tráfico, cuya excep-ción se funda en una razón de conveniencia fácilmente apreciable en beneficio del comercio para facilitar el tráfico y el desenvolvimiento del mismo.” Manresa, Cód. Civ., vol. 12, pág. 864.

Podemos deducir que la razón para aplicar esta regla de tres años' se debe a la máxima Interest repúblicas ut sit finis litium, y qua las negociaciones entre comerciantes de distinto tráfico son mucbo más frecuentes que entre comerciantes que tienen la misma clase de tráfico. Inmediatamente resulta que los comerciantes al por mayor y los traficantes al detall tienen necesariamente muchos negocios entre sí. Probablemente no liay mayores negocios entre comerciantes que aquéllos que se hacen entre un traficante al por mayor y un detallista.

Un comerciante al por mayor, por ejemplo, de ordinario conduce esa parte de su negocio en forma muy distinta a como lo hace un hombre que se dedica exclusivamente al negocio al por menor. Si el razonamiento aducido por una u otra parte es correcto como en un cincuenta por ciento, entonces quizá la máxima Ad ea quae frequentius acciduni jura adaptantur es aplicable.

La ideia de los estatutos de prescripción en general es que las reclamaciones terminen. Si las negociaciones entre un traficante al por mayor y un detallista son mucho más fre-cuentes que cualquiera otra clase de tráfico, la máxima tiene algún peso. Creemos que el negocio de un traficante al por mayor es distinto al de un detallista y que la prescripción de tres años debe cubrir el caso del demandado.

Da peso a este criterio el proceder dei la asamblea legisla-tiva al fijar las patentes a ser pagadas por los traficantes a los municipios. La Ley núm. 26 de marzo 28, 1914 (Leyes de 1913-14, pág. 181), colocó a los establecimientos al por mayor en una clase de por sí sin demostrarse la clase de negocio, mientras que a las tiendas al detall las clasificó de acuerdo con la naturaleza del negocio, por ejemplo: “tiendas de mercancías secas, colmados, tiendas de provisiones, mue-blerías, farmacias, droguerías, ferreterías, tiendas de sombreros, etc.” (Bastardillas nuestras.)

La sección íntegra lee así:

"Sección 2. — Los negocios e industrias’ sobre los cuales puede imponerse la patente que prescribe esta Ley, son los siguientes:
"Grupo A. — Establecimientos al por mayor, tiendas mixtas, tien-das de mercancías secas, colmados, tiendas de provisiones, mueblerías, farmacias, droguerías, ferreterías, tiendas de sombreros, tiendas de calzado, tiendas de efectos para caballeros, librerías o establecimien-tos de encuadernación de libros, bazares, tiendas de bicicletas o efectos para las mismas, quincallerías, bujerías, cafés, bóteles, restaurants, joyerías, establecimientos para la venta de automóviles o materiales para éstos o para guardar y reparar automóviles, tiendas de efectos-de escritorio, confiterías, salones para la venta de helados, dulcerías,, establecimientos para la venta de efectos de óptica, dentales o eléc-tricos, establecimientos para la venta de madera en bruto o elaborada,, casas de huéspedes, fondas, puestos de leche, salones públicos de-billar o de bolos, teatros, cinematógrafos y espectáculos semejantes? para diversión del público, relojerías, camiserías, talleres para com-poner zapatos con maquinaria, carpinterías, trenes de lavado al vapor o fuerza eléctrica, fábricas de hielo, hojalaterías, panaderías, estable-cimientos para la venta de objetos de plomería, barberías, estable-cimientos fotográficos, casas de empeño, agencias funerarias, impren-tas o casas editoras, talleres de herrar, caballerizas dedicadas a cuidar o alquilar caballos y coches, trasporte de personas o carga, mediante pago por automóviles, carros, carretas, coches o quitrines, servicio de exprés (sie), vendedores ambulantes, establecimientos de limpieza,, tintorerías, herrerías.
"Grupo B. — Bancos, casas de banca particulares, plantas de alum-brado o fuerza eléctrica, ferrocarriles, tranvías eléctricos, tranvía» * de sangre, almacenes públicos, hipódromos, compañías de teléfono-,, hornos de cal, fundiciones, litografías, aserraderos al vapor y movidos por fuerza eléctrica o hidráulica, talleres de máquinas, tenerías, taho-nas para pilar y lustrar café, muelles particulares, compañías o-agencias de anuncios comerciales, fábricas de sombreros movidas por maquinarias, fábricas de conservas alimenticias y fábricas que fa-briquen cualesquiera de los siguientes artículos: chocolate, baúles,, fósforos, aguas de soda y carbonatadas, pastas para sopa, jabón, velas, colchones, aceite de malagueta, aceite de castor, aceite de coco, ar-neses, sillas de montar, carros, coches, carretones, mosaicos, losetas y otros productos de cemento, ladrillos, gas, efectos de alfarería y cajas de tabacos.
"Grupo C. — Las industrias de molinos de azúcar y mieles y los negocios de corredores, comerciantes comisionistas, agentes con ofi-cinas permanentes, y corredores de bienes raíces.”

• La ley de 1914 fue declarada en vigor pon la Ley Municipal en 1928 (Ley núm. 53 de 1928, pág’. 335).

La Ley núm. 106 de marzo 13, 1913 (pág. 152), fijó una Contribución por patente de $200 a los comerciantes al por mayor y a la mayoría de los otros establecimientos ya men-cionados que hacían, negocios en menor escala, generalmente como de $60. Probablemente la razón por la cual no se fijó la misma cantidad para los distintos negocios en 1914 fue porque se impuso un tipo por cada $1,000 de negocio y los mayoristas de ordinario tendrían que pagar más que los ■detallistas.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la demanda.


text:
    Teodoro Aguilar, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Peimera, recurrido.
    Núm. 1076.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Noviembre 12, 1940.
    JET. Torres Sola, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Basándose en el artículo 388-A de la Ley Hipotecaria, el recurrente, en su carácter de dueño de cierta finca urbana radicada dentro de la demarcación territorial del Registro de la Propiedad de San Jnan, sección primera, presentó, con fecha 20 de ag’osto de 1940, al registrador correspondiente, nna solicitud jurada interesando la cancelación, entre otras cargas que afectaban dicha finca, de dos notas marginales de aviso de demanda, practicada la primera el 7 de agosto de 1904 y la segunda el 9 de febrero de 1919, teniendo por consiguiente para dicha fecha cada una de dichas anotaciones más de cuatro años de extendida, sin que existiese en el regis-tro constancia alguna a favor de la vigencia de tales notas.

Denegó el registrador la cancelación de los dos avisos de demanda por haberse extendido las anotaciones a virtud del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil y no haberse presentado una orden de la corte decretando su cancelación, conforme se resolvió por este tribunal en el caso de Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354.

En el recurso que se ha interpuesto contra la ameritada nota, invoca el recurrente el caso de Morales v. Registrador, 40 D.P.R. 242, y el artículo 388-A dei la ley antes citada, que en lo pertinente dice así:

“Artículo 388-A. Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respec-tivo registro:
“ (b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, ano-taciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de manda-miento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá un (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corte competente la prórroga de la anotación.”

En el caso de Morales v. Registrador, supra, se suscitó extensamente la misma cuestión que ahora nos ocupa, al negarse el Registrador de la Propiedad de Caguas a cance-lar un aviso de demanda que bahía sido anotado con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Sostenía el registrador qne la Ley núm. 12 de 29 de agosto de 1923 ((2) pág. 37) entonces en vigor, en lo pertinente igual al párrafo b del artículo 388-A de la ley antes citada, lo que autorizaba a cancelar mediante declaración jurada eran los avisos de demanda anotados a virtud de mandamiento judicial, y como la que se babía anotado era con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, procedió a denegar la cancelación.

Interpretando el precepto legal a que venimos refiriéndo-nos, dijo este tribunal por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro:

“En Puerto Rico anótanse las demandas a virtud de dos dispo-siciones de ley, una consignada en la Ley Hipotecaria y otra en el Código de Enjuiciamiento Civil. Si se sigue el procedimiento mar-eado en la Ley Hipotecaria es necesaria la orden judicial; si se escoge el del Código de Enjuiciamiento Civil basta la gestión de la parte interesada. Velázquez v. Registrador, 27 D.P.R. 268, 270.
“No,bay duda alguna de que el pensamiento del legislador al decretar la Ley núm. 12 de 1923, fué general y amplio y tendió a liberar las fincas de cuantos gravámenes injustificados tuvieran, a fin de hacer más fácil a sus dueños la contratación- en relación con ellas.
“Siendo esto así, ja qué intepretar sus preceptos de modo tal que el requisito exigido para el último caso se aplique a los primeros, quedando destruido el propósito del legislador en cuanto a uno de ellos, o sea, el de las anotaciones de demandas para el cual no se necesita el mandamiento judicial?
“Creemos que la ley es susceptible de interpretarse dando vida independiente a cada uno de los actos cuya cancelación se ordena. Cuando el legislador se refirió a la cancelación de anotaciones de demanda, conociendo como tenía que conocer que podía verificarse tanto a virtud de mandamiento judicial como sin él, no es posible concluir que fuera su intención la de limitar su disposición al primer caso, cuando en verdad de entre los dos es el que está revestido de mayor solemnidad.”

Ocho años más tarde, el 24 de noviembre de 1937, el regis-trador ahora recurrido se negó a cancelar una anotación de aviso de demanda que tenía más de cuatro años de extendida y que se había practicado a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, por no habérsele pre-sentado una orden de la corte decretando' su cancelación, motivando así el caso de Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354, en el que luego de citar la parte pertinente del artículo 388-A de la Ley Hipotecaria antes transcrito, se dijo por este tribunal:

“Entre las personas que pueden pedir anotación preventiva bajo el inciso 1 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria está — ‘el que de-mandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitu-ción, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.’
“De conformidad con el artículo 43—
“ ‘En el caso del número l9 del artículo anterior, no podrá ha-cerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima, y en virtud de docu-mento bastante, al prudente arbitrio del juzgador.’
“Las ‘anotaciones de embargo y prohibiciones de enajenar’ que preceden inmediatamente a la frase ‘anotaciones de demanda’ (suits) son, desde luego, autorizadas por una orden de la corte y no pueden obtenerse sin tal orden. Inmediatamente después de la frase ‘ano-taciones de demanda’ están las plaabras ‘y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial. ’ Interpretando la palabra ‘suits’ — o la frase más inteligible del texto castellano ‘anotaciones de demanda’ — a la luz de su contexto, el significado debe limitarse, a nuestro juicio, a- aquellas anotaciones de lis pendens que han sido hechas ‘en virtud de mandamiento judicial.’ No se exige tal man-damiento como condición precedente a la presentación de una anota-ción de lis pendens a tenor del artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil. Una anotación hecha de conformidad con dicho ar-tículo continúa en vigor mientras esté pendiente el recurso.
“Nuestra conclusión es que los registradores de la propiedad no están autorizados por el artículo 388-A de la Ley Hipotecaria para cancelar una anotación de Us pendens una vez expirado el período de cuatro años contado a partir de la anotación. Tal cancelación puede obtenerse fácilmente, desde luego, al terminarse el litigio. Hasta entonces debe continuar en vigor, a menos que la corte ordene su cancelación. ’ ’

Es indudable que el caso de Fernández v. Registrador, supra, está en manifiesto conflicto con el dei Morales v. Registrador anteriormente resuelto. De ser correcta la decisión del primero, revocó sub silentio el caso de Morales; pero estudiando los razonamientos expuestos en uno y otro casos forzoso es concluir que este último es el que correctamente interpreta la ley. Si al presentarse el caso de Fernández se hubiese llamado la atención del tribunal hacia lo resuelto en el de Morales, indudablemente que por la fuerza de sus razonamientos su doctrina hubiera prevalecida. Hemos transcrito in extenso los razonamientos expuestos en uno y otro casos y ellos hablan por sí, sin que sea necesario agregar algo más a lo dicho en Morales v. Registrador. El propio registrador recurrido, que fue precisamente el que dió lugar a.l caso de Fernández v. Registrador, en el brevísimo memo-rándum que e¡n apoyo de su nota ha presentado en -este recurso, dice lo siguiente:

“El presente caso más que un recurso contra la nota del Regis-trador es una moción de reconsideración ante esta Corte Suprema.
“En honor a la verdad el Registrador recurrido, antes de la de-cisión de esta Corte de fecha 24 de noviembre de 1937 (Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354), creía que la intención de la Legislatura era la de permitir la cancelación por prescripción de cualquier aviso de demanda anotada en el Registro de la Propiedad.
“Pero desde la fecha antes indicada, este funcionario está obli-gado a actuar de acuerdo con dicha decisión en la cual se da una interpretación gramatical y correcta al art. 388-A de la Ley Hipote-caria.” (Paréntesis nuestro.)

Una interpretación gramatical, asumiendo sin aceptarlo que la del caso de Fernández fuese correcta, jamás debe pre-valecer cuando su aplicación tienda a hacer fracasar el pro-pósito del legislador al aprobar la ley. Es una ley de remedio (remedial legislation) la que estamos interpretando y por consiguiente debe se(r liberalmente interpretada. “Think things instead of words,” aconsejaba el Juez Holmes, y así se hizo en la decisión del caso de Morales. Se deter-minó el propósito legislativo y de acuerdo con el mismo se clió a la ley aquella interpretación más en armonía con lia intención del legislador, sosteniendo que la frase “y cuales-quiera otras hechas e,n virtud de mandamiento judicial” no califica ni restringe en manera alguna, el significadlo de las palabras “las anotaciones de embargo, prohibiciones de ena-jenar, anotaciones de demanda . . por el contrario, lo que intentó el legislador al agregar tal frase fué darle mayor amplitud al remedio que ofrece la ley que nos ocupa a aquellos propietarios cuyas fincas aparecen en alguna forma afectas a cargas, anotaciones o avisos que como cuestión de hecho no existen pero que constituyen un obstáculo á lá contrata-ción y por consiguiente perjudican el crédito territorial. Temeroso el legislador de que la autorización al registrador para verificar tales cancelaciones se entendiese limitada a las inscripciones o anotaciones específicamente mencionadas, adi-cionó l,a referida frase, disipando así cualquier duda que pudiera haber sobre la interpretación de la referida ley.

En el caso de Calderón v. Registrador, 54 D.P.R. 14, en el que fué ponente el juez qua suscribe esta opinión, el Regis-trador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, se negó a cancelar una anotación de aviso de demanda extendida en el año 1900 a virtud de mandamiento judicial porque la cancelación se solicitaba mediante affidavit y según él debía hacerse mediante mandamiento judicial, invocando en su apoyo, equivocadamente, el caso de Fernández v. Registrador, supra. Contrario a la contención del registrador, se había resuelto en el referido caso de Fernández que las anotaciones de demanda practicadas a virtud de mandamiento judicial podían cancelarse mediante solicitud jurada, pero no así los aviaos de demanda anotados con arreglo al artículo 91. del Código de Enjuiciamiento Civil, para la cancelación de los cuales precisaba una orden del tribunal. Como el aviso1 de demanda que se trataba de cancelar en el caso' de Calderón había sido anotado mediante mandamiento judicial, dijimos' entonces que precisamente por los fundamentos expuestos en el caso invocado por el Registrador, procedía la cancelación que él denegaba. No era necesario entonces, como lo .es abora, revocar el caso de Fernández, supra, para la correcta resolución del recurso.

Se presenta abora la necesidad de revisar la jurispruden-cia y así lo hacemos, opinando, por las razones expuestas, que el caso de Fernández v. Registrador debe entenderse expresa-mente revocado, y siendo entonces de aplicación al de autos la jurisprudencia establecida en el de Morales v. Registrador, procede declarar con lugar el recurso, revocar la nota recu-rrida y ordenar que se practiquen las cancelaciones de las anotaciones, antes mencionadas.