author: El Jtjez Peesidewte Sr. Hernández,

text:
    Hermida, Apelante, v. Márquez, Apelado.
    ApelagiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 864.
    Resuelto en mayo 5, 1913.
    Transacción — Consentimiento Nulo — Error—Dolo.—Cuando una parte presta su consentimiento a una transacción creyendo que la finca objeto de dicha transacción estaba sólo afecta a dos hipotecas y resulta que tenía una tercera hipoteca que aquella parte desconocía, tal transacción es nula' por haber sido prestado el consentimiento por error sobre sobre una condición esencial del contrato, sin que sea necesario para la existencia de tal nulidad el que la otra parte obrara con dolo.
    Costas — Honorarios de Abosados — Procedimiento.—En una sentencia que con-dena a una parte al pago de costas y honorarios de abogados no puede fi-jarse el importe de estos, sino que deben' fijarse en un memorándum de costas sujeto a impugnación mediante los trámites establecidos en los artículos -327 y 339 del código de Enjuiciamiento Civil enmendados por ley de marzo 12, 1908.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante:- Sr. Garlos Franco Soto.

    El apelado no compareció.
   El Jtjez Peesidewte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 23 de mayo de 1911 presentó demanda Angel Hermida y Jorge a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla, contra Baltazar Márquez y Palou para que se dictara fallo contra éste condenándole a pagar al demandante la suma de $800, intereses legales y costas que originara el procedimiento.

La expresada suma, según alega el demandante, procedía de un crédito por igual cantidad que había cedido Nicolás GHlormini a Angel Hermida por escritura pública de 15 de marzo de 1909, habiéndose originado tal crédito en transacción habida entre Grilormini y Márquez, en virtud de cuya transac-ción el primero se obligó a entregar al segundo cierta finca de su propiedad sobre la que pesaban dos créditos hipote-carios de que Márquez era dueño, obligándose éste a su vez a pagar a Grilormini la suma de $800.

El demandado impugnó la demanda por el fundamento de que la finca de que se trata había resultado gravada con otro crédito hipotecario de que no tuvo conocimiento al aceptar la transacción de que se deja hecho mérito, y además alegó la excepción de cosa juzgada por cuanto la cuestión envuelta en el presente caso había sido ya resuelta y decidida por la misma corte de distrito el 29 de octubre de 1910 en pleito numero 662 seguido por Baltazar Márquez v. Nicolás Gilormini.

Celebrado el juicio, el juez, apreciando las pruebas practi-cadas, llegó a las siguientes conclusiones de becbo:

Ia. Que siendo dueño Don Baltazar Márquez de dos cré-ditos hipotecarios que gravaban una finca de Don Nicolás G-ilormini, uno por valor de $12,000 constituido a favor de Don Octavio Giovanneti, y otro $3,000 que luego quedó reducido a $1,492.35 a favor de Don Antonio Alcóver, se suscitaron diferencias al gestionar Márquez el cobro, y para dirimirlas acreedor y deudor nombraron de conformidad entre ellos cuatro personas, dos por cada parte, para que acordaran lo que creyeran más justo, habiendo convenido esas personas a nombre de sus comitentes en que Gilormini adjudicaría a Márquez la finca en pago de los créditos hipotecarios de que era dueño Márquez, obligándose éste a su vez a entregar a Gilormini la suma de $800, $400 de contado y los otros $400 a un año plazo.

2a. Que ni en el acto de la transacción ni con anterioridad a ella se hizo mención de ningún otro crédito hipotecario que además de los dos expresados gravara la finca, de lo que estuvo ignorante Márquez hasta que el Notario Don Juan Za-carías Rodríguez encargado de redactar la escritura de ad-judicación de la finca en pago de las dos hipotecas de Már-quez, al examinar la documentación encontró que sobre la misma finca pesaba una tercera hipoteca por $2,000 a favor de Don Luis Gonzague, sobre lo cual llamó la atención de Márquez, quien estimándose desligado de la transacción con-certada, por no creerse obligado al reconocimiento de ese tercer crédito que ignoraba, acudió a la vía judicial para hacer efectivos los dos créditos hipotecarios, lo que obtuvo,, adjudicándosele en pago de aquéllos la finca hipotecada.

En vista de esos hechos y de los artículos 1232, 1233, 1236 y 1237 del Código Civil vigente, la corte dictó sentencia en Io. de marzo del año próximo pasado, por la que ordena que el demandante Hermicla no obtenga ni recobre nada del de-mandado Márquez y que éste vaya libre de toda responsa-bilidad, desestimando además la excepción de cosa juzgada alegada por el demandado y disponiéndo que el demandante pague las costas del juicio y la suma razonable de $150 como honorarios al abogado Salvador Snan, que lo es del de-mandado.

Contra la anterior sentencia interpuso la representación del demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y en sn alegato escrito alega como motivos del recurso los siguientes:

Primero. Que la Corte de Distrito de Aguadilla apreció con grave error la prueba e hizo indebida aplicación de los artículos 1236 y 1237 del Código Civil Revisado.

Segundo. Que la corte inferior infringió la ley para en-mendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en marzo 12 de 1908.

La parte apelante en su alegato escrito trata de demostrar mediante examen de las pruebas aportadas al juicio, que el demandado Don Baltazar Márquez, al aceptar la transacción habida entre él y Don Nicolás Grilormini, tenía conocimiento no sólo de los créditos de Griovanneti y Alcóver que habían de ser satisfechos a Márquez mediante entrega de la finca de Grilormini, sino que, además, le constaba la existencia del otro crédito a favor de Don Luis Gronzague, y en apoyo de este hecho invoca la declaración del mismo demandado, quien dice, “que recuerda haber escrito una carta a Grilormini en donde le hacía mención de la hipoteca de Gronzague para llevarla a inscribir.”

Dicha manifestación de Márquez no es bastante por sí sola para que en vista de ella, tengamos que aceptar que efectivamente Márquez al aceptar la transacción tenía cono-cimiento del crédito a favor de Gronzague, pues hemos exa-minado las cuatro cartas que aparecen en el récord con fechas 1, 7 y 31 de enero de 1909 y 14 de febrero del mismo año, la primera de ellas y la cuarta dirigidas por Márquez a Don Ricardo Méndez, y la segunda y tercera dirigidas por él mismo Márquez a Don Nicolás Grilormini y en ninguna de dichas cartas se hace la más ligera indicación de la hipoteca de Gonzague. Solamente en la carta de 31 de enero dice Már-quez a Gilormini, sería conveniente que él enviara la documen-tación de la finca o sean las escrituras de venta de Octavio y de Gonzague, y también las copias de las hipotecas, si las tenía, pues así podría irse redactando la escritura y abreviar el trabajo del notario.

En esa carta nada se dice de hipoteca a favor de Gonzague sino de venta hecha por Gonzague.

Tampoco en su declaración explica Márquez cuál fué la fecha en que escribió a Gilormini mencionándole la hipoteca de Gonzague, y si bien dice que no se sintió sorprendido cuando el Notario Don Juan Z. Rodríguez le expresó que ade-más de su hipoteca y de la de Alcóver, sobre la finca había otra de Gonzague, seguidamente añade que le extrañó mucho esa hipoteca porque ignoraba su existencia, a pesar de que tenía conocimiento de la venta de Gonzague a Gilormini.

El Notario Don Juan Z. Rodríguez refiere que, cuando se. preparaba para otorgar la .escritura de adjudicación de la finca por Gilormini a Márquez se enteró de que la finca había sido adquirida por Gilormini y Gonzague, quien vendió al otro su condominio, dejándolo éste hipotecado en garantía de dos pagarés por dos mil pesos que libró a favor del vendedor el comprador, y al que manifestó el testigo que eso era una hipo-teca, contestándole Gilormini que no era una hipoteca porque no -estaba inscrita y además estaba pagada, en vista de lo cual se retiró Márquez diciendo, que con $2,000 más no aceptaba, el arreglo ni podía cumplirlo, porque aparecía una cantidad mayor de los $800 que él había estado dispuesto a pagar.

Como se ve por lo expuesto, la -corte inferior no cometió error al no estimar probado por declaración del demandado-que éste al aceptar la transacción con Gilormini tenía conoci-miento de la hipoteca de $2,000 a favor de Gonzague. Már-quez ignoraba semejante hipoteca y al consentir en la transac-ción prestó su consentimiento bajo el supuesto de que sobre la finca de Gilormini no pesaban más hipotecas que las de Giovanneti y Alcóver, bajo cuyo supuesto fué que se obligó a pagar a G-ilormini la suma de $800, por. haberse éste pres-tado a hacerle entrega de la finca amistosamente, aunque re-, servándose Márquez el derecho de gestionar judicialmente el cobro de las hipotecas si así convenía a sus intereses. Y no cabe sostener como sostiene la parte apelante, que esa reservá muestra el propósito que tenía Márquez de burlar la transac-. ción hecha, dejando de pagar a Gilormini los $800 de que sé deja hecho mérito, pues sólo revela que Máfquez, por cual-quier eventualidad que pudiera ocurrir, no. quería renunciar su acción hipotecaria, de resultado más seguro que la pro-veniente de una transacción que no se elevaba a escritura pública.

Establece el artículo 1232 del Código Civil que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo; y según el 1233, para que el error invalide .el com sentimiento deberá recaer sobre la sustanciare la cosa que' fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado .motivo a cele-brarlo.

El motiyo impulsivo o causa que indujo.¡a; Márquez a aceptar la transacción no fué otro que: da; consideración de; hacerse pago de los dos créditos hipotepufio^ de que era dueño mediante la adjudicación y entrega,de.¡la finca hipo* tecada, libre ésta de cualquier otro gravamen, obligándose a pagar a Gilormini la suma de $800 en la forma;ya expuesta, una vez obtenida la adjudicación. La existencia de un tercer gravamen de $2,000 sobre la finca, desconocido para Márquez,, vició de nulidad el consentimiento que Márquez prestó a la transacción, bajo el.supuesto erróneo de que,..sobre la finca no pesaban más hipotecas que las dos que él.i,bn a,cobrar, por haber recaído el error de Márquez sobre .una ele. las condb¡ ciones que afectaba a la esencia de un contrato. qué Márquez no hubiera celebrado si hubiera sabido que..además de los $800 que había de satisfacer a Gilormini había, de pagar otros $2,000 para cancelar la hipoteca de Gonzague.,

Los artículos ya citados del' código han ¡. tenido debidá .aplicación por la corte inferior y no es necesario disentir si ha habido infracción de los artículos 1236 y 1237 del mismo código relativos al dolo, pues aun en el supuesto de que el consentimiento a la transacción no hubiera sido prestado me-diante dolo por parte de G-ilormini, lo fué por error en la forma ya expuesta y tal error era bastante sin necesidad de dolo para que quedara anulada la transacción y en su conse-cuencia, no puede exigirse al demandado el pago de los $800 que se le reclaman por el demandante.

Además,'la representación de la parte apelante no cita como infringidos los artículos 1232 y 1233, sino los 1236 y 1237 del Código Civil y lo hace bajo supuestos de hechos en-teramente distintos de los que la corte inferior ha tenido en cuenta para la aplicación de dichos artículos, por lo que si dicha corte no 'ha cometido error como hemos sostenido en la apreciación de las pruebas, cae por su base la infracción alegada.

Aunque el primer motivo del recurso es insostenible no sucede lo propio con el segundo, pues entendemos que la corte inferior infringió la ley para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en marzo 12 de 1908, al condenar al demandante a satisfacer la suma de $150 como honorarios al abogado del demandado.

Al resolver en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764, dimos interpretación a los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendados por la ley de 12 de marzo de 1908. Allí dejamos establecido que el derecho del litigante a que en el caso de que se le con-cedan las costas se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios devengados por su abogado, debe ser •declarado en la sentencia condenando expresamente al pago de honorarios, y allí también añadimos que en la impugnación del memorándum de costas, desembolsos y honorarios no podrá discutirse el derecho a cobrar las cantidades que dichos conceptos entrañan,, cuyo derecho habrá sido declarado por sentencia, sino la extensión de ese derecho, bien por ser exce-sivos los honorarios, bien por tratarse de partidas de costas y de desembolsos indebidas o excesivas.

Tenemos, pues, que la corte inferior pudo condenar al de-mandante a que pagara las costas del juicio y los honorarios •del abogado del demandado, pero no pudo fijar en la sen-tencia dichos honorarios, pues éstos deben fijarse en el memo-rándum que ha de presentarse para su cobro según el artí-culo 339 citado y que está sujeto a impugnación mediante los trámites establecidos en la ley.

Por las razones expuestas opinamos procede la confirma-ción de la sentencia apelada, menos en la parte relativa a que el demandante pague la suma de $150 como honorarios al abogado del demandado.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Santiago, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 601.
    Resuelto en mayo 6, 1913.
    Calumnia — Imputación de un Delito. — No constituyendo las palabras pronun-ciadas por el acusado la imputación, de un delito de abuso de confianza, ni de extorsión, ni de ningún otro delito, procede la revocación de la sentencia apelada y la absolución del acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. R. Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Su. Aldbey,

emitió la opinión del tri7 bunal.

Siendo Arturo G. López Secretario de la Corte Municipal de Guayama, presentó en ella una denuncia contra Florencio Santiago, imputándole qne: “Maliciosa, voluntaria y públi-camente y en descrédito del denunciante, qne es el secretario de la Corte Municipal de Guayama y en presencia de varias personas y no encontrándose presente el denunciante, se ex-presó acerca del denunciante, en los términos siguientes: ‘Que el Fiscal Mr. Foote estaba haciendo una investigación contra Arturo G. López, secretario de la corte municipal. Que eran tres cargos, pero que el peor era de un dinero de unas multas que no aparecía y que el Fiscal había hecho llevar los libros de la corte y de la cárcel para averiguar eso; y que además investigaba de una fianza, que el secretario había pedido $10 para recibirla. Que él había tenido que declarar la verdad, porque no se iba a poner en evidencia con el Go-bierno.’ T el susodicho acusado ilegal, voluntaria y malicio-samente se expresaba del denunciante en los conceptos arriba consignados, los cuales le imputan la comisión de dos delitos a saber: abuso de confianza y extorsión.”

Conociendo la Corte de Distrito de Guayama de esa de-nuncia en grado de apelación, dictó sentencia declarando culpable al acusado del delito de calumnia e injuria, imponién-dole una pena de multa, contra cuyo fallo interpuso el sen-tenciado el presente recurso de apelación.

La única cuestión promovida por el apelante, tanto ante nosotros como ante la corte inferior, es que la evidencia pre-sentada no es suficiente para que se declare que maliciosa y voluntariamente haya proferido palabras que sean constitu-tivas del delito de calumnia e injuria. Por su parte el Honorable Fiscal de esta Corte Suprema, así en su informe escrito como en el oral, sostiene la procedencia del recurso por las razones alegadas por el apelante, y pide que revoquemos la sentencia apelada y que absolvamos libremente al acusado.

La evidencia es contradictoria en un solo extremo, o sea, en el de si el apelante pronunció o nó las palabras que le atri-buyen los testigos de la acusación, pero como el juez declaró culpable al acusado, hemos de entender que resolvió ese con-fiicto en el sentido de que realmente las pronunció, y acep-tando su decisión en este particular, de acuerdo con la doc-trina que hemos establecido en multitud de casos, nos concre-taremos a examinar, dándolas por ciertas si son constitutivas o nó del delito de que ha sido declarado culpable.

De la evidencia presentada en juicio por la acusación re-sulta, que al salir el apelante del local de la corte en que se practicaba una investigación, fué llamado por Alfonso Torres y Pedro Rodríguez, quienes le preguntaron sobre lo que pa-saba en la corte, contestándoles el acusado que acababa de declarar en una investigación en contra de Arturo López, secretario de la corte municipal, y preguntado nuevamente por Rodríguez sobre el objeto de ella, les contestó que eran varias investigaciones, entre ellas, por sacar Arturo López recluidos del penal para sus servicios particulares en su casa, otra “sobre multas cobrables que no aparecen en los libros”; y como Rodríguez le replicara que eso no podía ser, porque ha-biendo multas cobrables tenían que aparecer en los talonarios, les respondió el acusado: “yo no sé, y motivado a eso han hecho subir los libros de la corte municipal y han hecho traer los libros de la cárcel de distrito a ver si vienen en concor-dancia, añadiendo que en aquellos momentos estaba decla-rando Don José Freirías sobre una fianza de $10 que cobró Arturo López.” Los párrafos copiados son de la declaración de Alfonso Torres con la que concuerda la de Pedro Rodríguez.

El taquígrafo que actuó en esa investigación, declaró que ésta se refirió a dos cargos; uno, el de utilizar Arturo López, los presos destinados al servicio de la corte, en trabajos par-ticulares suyos; y el otro, que realizaba trabajos de abogado,, sin que-se investigara nada con respecto a multa ni fianza de $10. Esta es toda la evidencia esencial de la acusación.

La ley que la corte inferior consideró infringida es la nú-mero 49 de las aprobadas en 9 de marzo de 1911, titulada “para definir y castigar el delito de calumnia e injuria” en cnyas dos primeras secciones se dice lo siguiente:

“Sección Ia. Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa im-putación beeha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“Sección 2a. Entiéndese también por calumnia, toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.”

Así pues, no era cierto qne la investigación contra el de-nunciante fuera como dijo el acusado “por multas cobrables que no aparecen en los libros” y “por una fianza de $10 que cobró el secretario”; pero de todos modos tales palabras no imputan al denunciante la comisión del delito de abuso de confianza ni el de extorsión a que se refiere en su denuncia, porque para que tales delitos existan, es elemento esencial la apropiación de bienes.de otra persona, obtenida en el primer caso, abusando de la confianza depositada en una persona o por razón de un cargo y en el segundo, obteniéndolos me-diante el abuso de fuerza, del temor o pretextando derecho para ello. Y como las palabras del acusado no atribuyen al denunciante la apropiación de ningunos bienes, no le imputan esos delitos, ni ningún otro, por lo que no existe el delito' definido en la primera sección de la ley.

No creemos tampoco que esas palabras estén compren-didas en la segunda sección, porque la manifestación de que no estuvieran consignadas en los libros ciertas multas y de que Freirías estuviera declarando con respecto a una fianza de $10 que cobró el secretario, en nada puede afectar a sú honra, crédito y reputación, porque han podido esas multas dejar de estar en los libros por alguna causa justificada, y el cobro de la fianza de $10 ha podido ser legalmente reclamado por él, ya que no dijo el acusado que tanto una cosa como la otra haya sido hecha por el denunciante en alguna manera que redundara en deshonra, descrédito o menosprecio de él.

Por tales, razones, la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo al apelante.

Revocada.

Jneces. concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Jnez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Orcasitas, Apelado, v. Márquez et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 945.
    Resuelto en mayo 6, 1913.
    Emplazamiento — Personas que Pueden Diligenciarlo — Modo de Compro-barlo. — Cuando una acción se entabla ante una corte de distrito, el márshal que debe diligenciar el emplazamiento, de acuerdo con el artículo 92 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, es el de distrito y no el municipal. Cuando el emplazamiento lo hace el funcionario autorizado por la ley, basta su cer-tificado para comprobarlo. Cuando se verifica por otra persona, bien sea esta un particular o un funcionario público, es necesario para su comprobación la declaración jurada de dicha persona prestada en la forma que exige el estatuto.
    Id. — Jurisdicción—Cumplimiento Estricto de la Ley. — Para que un demandado quede sometido a la jurisdicción de una corte, es necesario que se le cite en la forma que la ley prescribe y además que se devuelva a la corte una cons-tancia de haberse llevado a efecto la citación, ■ de la cual aparezca que se han cumplido debidamente todos los requisitos exigidos por el estatuto, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Enjuicia-miento Civil.
    Id. — Menores—Citación Personal. — Para que un demandado menor de edad quede sometido a la jurisdicción de una corte, es indispensable que se le cite personalmente, no siendo suficiente el emplazamiento hecho a su .tutor.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante, Palmira López: Sres. Víctor Burset y Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Socorro.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Orcasitas Muñoz entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan, en cobro de pesos, contra Genaro Márquez Roig y Palmira López Gnzmán, esta última como heredera de Antonio López Cuadra representada por su tutora Josefa López Bustelo. Expedido el emplazamiento, fué diligenciado en la siguiente forma:

“Certificado de diligenciamiento del márshal. Certifico: que re-cibí el presente emplazamiento a los ocho de la mañana del día 17 de octubre de 1912 y que notifiqué el mismo personalmente el día 17 de octubre de 1912 a Doña Josefa López y a Don Genaro Márquez, deman-dado mencionado en dicho emplazamiento, entregando a dicho deman-dado y dejando en su poder personalmente en Humacao una copia de dicho emplazamiento y en poder del demandado G. Márquez y J. López una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento. Fecha hoy día 17 de octubre de 1912. Florentino Hernández, márshal.”

Los demandados no contestaron la demanda. Se anotó su rebeldía a instancia del demandante y se registró la sentencia el 6 de diciembre de 1912. El 3 de enero de 1913, los deman-dados interpusieron contra ella el presente recurso de apela-ción basándolo en los dos motivos que siguen:

1. Que los demandados no quedaron sometidos a la juris-dicción de la corte porque el diligenciamiento de la citación no se hizo por ni a nombre del funcionario competente, y si se hizo por otra persona, no se acreditó debidamente.

2. Que la menor demandada no fué notificada personal-mente y no se la sometió nunca por tanto a la jurisdicción de la corte.

Examinemos el primer motivo. El apelante alega que te-nemos conocimiento judicial de que Florentino Hernández no era el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, ni el de la de Humacao, ni ninguno de los submárshals de cualquiera de dichas cortes. El apelado sostiene que si bien esto es así, de igual modo esta corte conoce que Florentino Hernández era el Márshal de la Corte Municipal de Humacao al tiempo de verificarse el emplazamiento y que, como tal, piído llevarlo a efecto y certificarlo válidamente.

El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué aprobado en 1904, dice así:

“La citación puede hacerse por el márshal del distrito donde se encontrare al demandado, o por cualquier otra persona mayor de diez y ocho años que no fuere parte en la acción. La citación' irá acom-pañada de una copia de la demanda a menos que dos o más de los demandados residieren en el mismo distrito, en cuyo caso sólo será necesario entregar una copia de la demanda a uno de los deman-dados. Cuando el márshal hiciere la citación, la devolverá a la oficina del secretario que la expidió, bajo su certificación de haber sido cum-' plimentada y de haber hecho entrega de la copia de la demanda que se hubiese acompañado a la citación. Cuando se diligenciare por cual-quier otra persona, se devolverá a la misma oficina, con la declaración jurada de dicha persona de que ha practicado la diligencia de citación y entregado la copia de la demanda, en caso de haberse acompañado. ’ ’

Dicho artículo fué adicionado en 1911 por la ley número 70, en el sentido de que al servirse la copia de la citación debe hacerse constar a su dorso y por quien la haga, una copia literal del diligenciamiento y fecha de éste consignado en el original.

El Código de Enjuiciamiento Civil comenzó a regir el 1 de julio de 1904, y en igual fecha comenzaron también a regir la ley .para reorganizar el sistema judicial en Puerto Eico y la ley creando el cargo de márshal de distrito.

Puerto Eico, por la sección Ia. de la ley sobre reorganiza-ción del sistema judicial de 1904, quedó dividido en siete dis-tritos judiciales. En la misma ley, en su sección 8a., se dice que habrá un juez municipal para cada distrito judicial municipal y se establecen y nombran los distritos judiciales muni-cipales. Estos preceptos han sido enmendados en diferentes ocasiones, pero las divisiones fundamentales de siete distri-tos judiciales en cada uno de los cuales existe una corte de distrito, y de varios distritos judiciales municipales en cada uno de lo*s cuales existe una corte municipal, ha subsistido, y, cuando se habla de un distrito judicial solamente, debe enten-derse uno de los siete en que está dividido Puerto Rico. Para designar un distrito judicial municipal, debe agregarse a las palabras distrito judicial, la palabra municipal.

Habiendo en consideración lo expuesto, es evidente que cuando el legislador en 1904, en el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, dijo que la citación podía hacerse “por el márshal del distrito,” se refirió a los márshals de las cortes de distrito, y nó a los municipales. Tal es la recta interpre-tación de dichas palabras, siempre que se trate, desde luego, de procedimientos tramitados en las cortes de distrito que fueron sin duda los que tuvo en su mente la Legislatura al redactar el Código de Enjuiciamiento Civil. Cuando se trate de procedimientos seguidos en las cortes municipales, al adap-tar a ellos las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, claro es que las palabras “márshal del distrito” interpre-tadas racionalmente, se refieren al márshal del distrito judicial municipal.

En el presente caso el procedimiento se originó en la Corte de Distrito de San Juan y, en tal virtud, el márshal a que se refiere el estatuto, era el de distrito y no el municipal.

Es cierto que la ley dispone también que el emplazamiento puede diligenciarse “por cualquiera otra persona mayor de' 18 años y que no fuere parte en la acción,” y que dentro del concepto “cualquiera otra persona” cabe comprender a un márshal municipal, pero si el márshal de la Corte Municipal de Humacao actuó en este caso como pudiera hacerlo cual-quiera otra persona, no debió haber certificado el acto, sino prestado y acompañado la declaración jurada que exige el estatuto.

liemos consultado cuidadosamente la jurisprudencia con respecto a esta materia y toda ella está conforme en que para que un demandado quede sometido a la jurisdicción de una corte, es necesario que se le cite en la forma que la ley prescribe, y, además, que se devuelva a la corte una cons-tancia de haberse llevado a efecto la citación, dé la cual aparezca que los requisitos exigidos por el estatuto se cum-plieron debidamente; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento. Civil.

Tal constancia, que constituye la prueba de la' citación,, debe ser auténtica y fehaciente. Si la citación la verifica el mársbal, basta su certificación expedida bajo, la fe del jura-mento que prestara para ejercer su cargo; si la lleva a efecto un submárshal regular que baya prestado, también un previo juramento para ejercer su cargo y que actúe por y bajo la autoridad del mársbal, basta de igual modo su certificación expedida y firmada por él a nombre del mársbal por y bajo cuya autoridad actúa, y, por último, si la realiza cualquiera otra persona, bien sea funcionario o particular, debe enr tonces acreditarse el acto por medio de la declaración jurada de dicha persona.

Estudiados los becbos de este caso a la luz de la ley y de la jurisprudencia, es necesario concluir que el primer motivo dél recurso está bien fundado. El diligenciamiento de lá citación no se autenticó en la forma que exige el estatuto. Ante la corte no existía la constancia debida de haberse prac-ticado la citación, y los .demandados no estaban aún, por tanto, bajo la jurisdicción de la corte.

De igual modo está bien fundado el segundo motivo del recurso. Aún aceptando como válido el certificado expedido por el Mársbal de la Corte Municipal de Humacao, resultaría siempre que la menor demandada no fué citada pérsonal-mente y que, en tal virtud, nunca quedó sometida a la juris-dicción de la corte, ni pudo anotarse su rebeldía, ni dictarse sentencia contra ella.

En la demanda se alega que Genaro Márquez y Antonio López debían cierta cantidad al demandante, que Antonio López murió y le berédó su bija' Palmira, menor de diez y ocho años, y que Josefa López fúé nombrada tutora de'lá menor Palmira. En el alegúío del apelado .se dice que PaL mira no era menor de diez y ocho, sino menor de ocho años! Esto podrá ser en realidad de verdad ló cierto,' pero como el récord no fue corregido, debemos atenernos a las resultancias del mismo. Además, el hedió de si Palmira es menor de diez y ocho o menor de ocho años, no afecta esencialmente a la resolución de la cuestión planteada.

El artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo pertinente, dice así:

“La citación se hará mediante entrega de una copia de la misma, como sigue:
“3. Si fuere contra un menor de catorce años que residiere en la Isla, a dicho menor personalmente, así como también a su padpe, madre o tutor; y si ninguno de éstos se encontrare en la Isla, en-tonces a cualesquiera de las personas que tuvieren a su cargo o cuidado ■dicho menor, o con quien viviere o en cuyo servicio estuviere em-pleado
“6. En los demás casos al demandado personalmente.”

De acuerdo, pues, cou la letra de la ley que es tan clara que no puede interpretarse de otro modo, en todo caso en que se demande a un menor de edad, es necesario que se le cite personalmente.

Esta cuestión no es nueva. Este Tribunal Supremo en el caso de Vías v. Sucesión Péres et al., 15 D. P. R., 732, estableció la siguiente doctrina: “Cuando los demandados son me-nores de edad el emplazamiento deberá notificarse al padre o representante del menor, siendo indispensable en todo caso la notificación personal de los menores demandados, ya conste © nó que son mayores o menores de 14 años; siendo ade-más necesario para que la corte adquiera jurisdicción sobre tales menores que el certificado de diligenciamiento por el márshal demuestre que han sido notificados personalmente.”

Y la Corte Suprema de California, interpretando y aplicando preceptos de ley iguales a los vigentes en Puerto Rico sobre la materia, en el caso de Fanning v. Foley, 99 Cal., 336, resolvió que una citación hecha al guardián de un menor sin verificarla personalmente además al menor, era insuficiente; que la rebeldía registrada en contra del guardián no obligaba ni al guardián ni al menor, y que el decreto dictado sobre la base de la rebeldía era absolutamente nulo.

A primera vista parece que la citación personal de un menor de catorce años, habiéndose citado a su representante legal, es completamente ineficaz y no responde a fin práctico alguno. Sin embargo, si se analiza la cuestión a fondo se verá que uno de los fines de la ley es, mientras ello sea posi-ble, el de asegurarse de modo directo de la existencia real y positiva del demándado antes de que quede sometido a la jurisdicción de la corte.

Por las razones expuestas, debe declararse con lugar ei recurso y revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Acha, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 506.
    Resuelto en mayo 7, 1913.
    Medicina — Ejercicio de la Misma — Venta del Aparato Oxydonor. — El simple anuncio y venta del aparato Oxydonor por una persona que no es médico no constituye por sí solo una infracción de la ley de marzo 12, 1903, regulando el ejercicio de la medicina.
    Id. — Ejercicio de la Misma sin Licencia — Venta del Aparato Oxydonor— Elementos del -Delito. — Para que el anuncio y venta del aparato Oxydonor jior una persona que no es médico constituya una infracción de la ley de marzo 12, 1903, regulando el ejercicio de la medicina, es necesario que se prueben los siguientes elementos: que el acusado recomendó, prescribió u ordenó a cualquiera persona el aparato Oxydonor para la cura, alivio o mitigación de cualquier dolencia o enfermedad moral o física; y que lo hizo después de haber recibido, o con el propósito de recibir, directa o indirectamente, cual-quier gratificación, dádiva o compensación.

      Los hechós' están expresados en da opinión.
    Abogado del Pneblo: Sr. Charles F. Foote, Fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. López Landrón, Rincón y Francis. - < > ■
   El Juez Asociado Sr. Aldkey,

emitió la- opinión del tribunal.

La ley proveyendo para la. organización de una junta de médicos examinadores, aprobada. qn 12 de marzo de 1903, obrante en la página 124 de los estatutos de ese año, dispone, que toda persona que deseare ejercer la medicina o cirugía, o cualquiera de sus ramos, o la obstetricia en esta Isla, deberá obtener de la junta que la ley crea, un certificado.o licencia mediante ciertos requisitos. .Y en la sección séptima se dis-pone, que para los efectos de la ley se considerará que ejerce la medicina, entre otros casos, la persona que recomendare, prescribiere u ordenare para el uso de cualquier persona,' al-guna droga, medicina, mecanismo, aparato u otro medio, fuere-o nó material,'para la cura, alivio o mitigación de cualquiera dolencia o enfermedad moral o física, o para la cura o alivio-de cualquiera herida, fractura o daño corporal u otra enfer-medad, después de habqr recibido, o con el- propósito de-recibir por ello, • directa o indirectamente, cualquiera gratifi-cación, dádiva o compensación.

Por la infracción de ese estatuto, fué acusado el apelante Eduardo Acha ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección. 2a., imputándole la acusación de que, entre los días de noviem- . bre de 1911 a julio de 1912, ilegal y voluntariamente y sin estar autorizado por la ley para ejercer la medicina en esta isla,, recomendó, prescribió y vendió un aparato llamado “Oxy-donor” para la cura de enfermedades físicas, con el propósito-de recibir por ello una compensación monetaria. Declarado-culpable y sentenciado a pagar una multa' de cien pesos, arresto por insolvencia y las costas, fué . que interpuso el acusado la apelación que motiva el presente recurso. ■

Entre ¿tras razones, fúnda el apelante su recurso en que-la evidencia no demuestra la comisión deh delito imputado, lo-que hace necesario que consideremos,1a evidencia aportada al juicio, durante el que aceptó el apelante que no es un médico.

El testigo Benito Recio declaró que es detective y que en el mes de junio fué donde el acusado para, ver si vendía los aparatos llamados “Oxydonor” .y si le nombraba agente de los mismos, contestándole Acha que no tenía inconveniente en ello — pero que tenía que comprarle cinco aparatos para empezar las ventas en las que le daría un tanto por ciento; que a sus preguntas le contestó el acusado que el aparato servía para curar todas las enfermedades, inclusa la peste bubónica y le entregó unos anuncios sobre las aplicaciones del aparato, sin que le cobrara nada por los consejos que le dió respecto al aparato.

José Labrador sólo declara respecto a la ocupación que como márshal hizo de algunos aparatos ‘ ‘ Oxydonor. ’ ’

Pedro Schira'declara que conoce y usa el “Oxydonor,” el que compró porque lo vió anunciado en un periódico y en-tonces fué donde el acusado quien le dió un catálogo por el que se enteró cómo se debía aplicar para las enfermedades; que aun cuando dijo a Acha que tenía una enfermedad, no le hizo éste ninguna indicación sobre el uso del aparato; no le prescribió, ordenó ni aconsejó que lo comprara ni le exigió compensación alguna, y le cobró $25 por el aparato.

Germán Díaz, es impresor y el Sr. Acha le pagó unos anuncios del “Oxydonor.”

José Aldea es administrador del periódico “El Heraldo Español” en el cual, por orden del acusado, se publicaron unos .anuncios del ‘ ‘ Oxydonor. ” .

Adalberto Díaz Mor compró un aparato “Oxydonor” al Sr. Acha y lo ha usado, sin que el acusado le hiciera indicación alguna al vendérselo, pero-le dió un prospecto; - que debido al buen resultado que le dió el aparato, escribió una carta diri-gida a los dueños, la que mandó a Acha.

Ildefonso Abudo, vió anunciado, el “Oxydonor”• y lo en-cargó al Sr. Acha, pagándole los veinte y cinco pesos que decía el catálogo y, en vista de que el aparato lo puso bueno, escri-bió Tina carta a la compañía como gratitud para que la pudieran publicar y sin que se la pidieran.

Evaristo Freiría, vio anunciado el “Oxydonor” y compró uno a Eduardo Acba.

Manuel Hernández dice que tiene un hijo que estuvo enfermo por algún tiempo y falto ya de recursos fué donde el Sr. Schira para que le prestara auxilios, quien le dijo fuera donde Aclia para que le prestara un aparato que le sería útil; así lo hizo y no tuvo .inconveniente alguno el Sr. Acha, pero le dijo que no podía salir de su oficina; el declarante le rogó que fuera con él a enseñarle cómo se aplicaba -y entonces acce-diendo el acusado fué y le aplicó el aparato llamado “Oxy-donor”; a los cuatro o cinco días volvió Acha a preguntarle cómo seguía el niño; que nada pagó al acusado pero en gra-titud escribió una carta a la compañía, la que entregó a Acha y como estaba incorrectamente escrita la corrigió; que cuando Acha fué a su casa le entregó un catálogo.

Siendo esta la evidencia presentada por la acusación, a más de algunas de las cartas de referencia y de anuncios hechos en periódicos, no podemos llegar a la conclusión de que sea suficiente para condenar al acusado. Toda ella; en conjunto, lo único que demuestra es que el apelante anun-ciaba y vendía los aparatos llamados “Oxydonor,” pero no que él lo recomendara, prescribiera u ordenara a alguna persona, ni tampoco que haya recibido directa o indirecta-mente alguna gratificación, dádiva o remuneración por la prescripción del uso del aparato “Oxydonor” y sí solamente el precio de él según catálogo. Es cierto que él aplicó dicho aparato al hijo del testigo Bermúdez, pero aun en este caso, ni lo prescribió ni recomendó, lo que hizo otra persona, ni cobró nada por el aparato ni por su aplicación hecha a ruego de dicho testigo.

En una acusación fundada en los hechos de la presente, una vez probado que el apelante no es un médico autorizado para ejercer la medicina en esta isla, lo que fué admitido, era necesario que se probasen, además, dos requisitos, fal-tando alguno de los cuales el delito no lia sido cometido, a saber: que por el acusado se recomendó, prescribió u ordenó a cualquiera persona el aparato “Oxydonor” para la cura, alivio o mitigación de cualquiera dolencia o enfermedad moral o física y además que tal cosa se hizo después de baber reci-bido o con el propósito de recibir directa o indirectamente cualquiera gratificación, dádiva o 'compensación.' ' '''

El mero becho probado de anunciar y vender el aparato “Oxydonor” no es constitutivo de delito, de acuerdo con esa ley; y con un estatuto análogo al nuestro,. declaró la Corte: de Sesiones especiales de la primera división de la ciudad de New York, en septiembre de 1909 en el caso de El Pueblo v. Dr. H. Sanche & Co., Incorporated 1908, que el anuncio y venta de dicho aparato “Oxydonor” no constituía delito alguno castigado en la ley reguladora del ejercicio de la medicina.

Si, pues, no se ban probado, como hemos indicado, todos, los elementos integrantes del delito de que se trata, el acu-sado no puede ser considerado como infractor de la ley a que nos hemos referido, siendo innecesario que discutamos la's, demás cuestiones propuestas por el apelante. '

La sentencia debe ser .revocada y absuelto el acusado.

:Revocada. '

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Miranda, Apelado, v. Camerón et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 965.
    Resuelto en mayo 7, 1913.
    Desahucio — Cuestiones de Derecho — Posesión en Concepto de Dueño. — Cuando en una acción de desahucio por precario el demandado contesta alegando que no posee en tal concepto, sino como dueño, y presenta alguna evidencia que aparentemente demuestre a la corte sentenciadora que su posesión no es pre-caria, no debe declararse con lugar la demanda de desahucio.
    •Id. — Posesión en Concepto de Dueño — Pruebas.-—Aun cuando un demandado en una aeción de desahucio en precario alegue1 en su contestación que posee en concepto de dueño, esta alegación por sí sola no es bastante para impedir que la corte inferior dicte sentencia declarando con lugar la demanda de desa-hucio, cuando la prueba del demandado no demuestra a primera vista que tenga aparentemente título alguno a la propiedad de la finca en litigio.
    Los hechos .'están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Herminio Miranda y ■Cay. Coll Cuchi.

    Abogado del apelado: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión que los apelantes suscitan ante esta Corte Suprema en este recurso, es la de si puede declararse con lugar una demanda de desahucio y ordenarse el lanza-miento de. unos demandados de las fincas que ocupan, cuando alegan en sq contestación que las poseen como dueños, y pre-sentan alguna evidencia para sostener tal alegación.

Varias veces ha sido tratada esa cuestión por esta Corte Suprema, pues ya se dijo en el caso de Mehrhof v. Rodríguez, 14 D. P. R., 67, lo siguiente:

* * y aquí repetimos lo que ya dijo esta corte en el caso de Redro Regalado v. Francisco Méndez, decidido en 12 de diciembre de 1904, que, según sentencia del Tribunal Supremo de España, de 8 de abril de 1897, no es un juicio de desahucio el adecuado para hacer de-claraciones de derecho más o menos controvertibles. No quiere decir esto, como'parece entender la parte apelante, que toda alegación de propiedad deba reservarse para otro juicio, pues si se alega como fun-damento de la demanda la posesión en precario por parte del deman-dado, bien puede alegar éste en su defensa que posee en concepto de dueño y traer al juicio justificación sobre ese extremo, en; cuyo‘caso, si se demostrare como sucede én el presente caso,, que el precario no existe, debe declararse sin lugar el desahucio, sin que por ello se pre-juzgue el resultado de un juicio ’ordinario en que las partes pueden discutir sus derechos dominicales sobre la misma finca objeto del desahucio. ’ ’

La más reciente de nuestras decisiones sobre el particular, es la del caso de Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R., 573, en el que dijimos lo que signe:

“El juicio de desahucio es un procedimiento especial cuyo'único fin es recuperar la posesión de algún inmueble, lanzando de él a quien lo detente sin título alguno para ello. Este juicio no sirve por tanto para resolver sobre el derecho de propiedad, y por eso cuando el demandado alega algún título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba, no debe decretarse el desahucio y debe-rán las partes discutir en juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca antes de que pueda prosperar tal clase de acción * '* *.
“En este caso la demandada, a la alegación de que poseía en pre-cario, contestó expresando que era dueña por título de compra y que como tal vendió a Pedro Olivo una parte de la finca, hecho éste reco-nocido por los demandantes; y como presentó alguna evidencia para probar su adquisición, ésto suscita la cuestión de si ella efectivamente es dueña o nó por título de compra, cuya controversia no puede resol-verse en un juicio de desahucio por no ser el apropiado para resolver cuestiones sobre propiedad.”

En consecuencia, cuando él demandado en desahucio por precario contesta alegando qne no posee en tal concepto, sino como dueño, y presenta alguna evidencia qne aparentemente demuestre a la corte sentenciadora qne su posesión no es pre-caria, no debe entonces declararse con lugar la demanda de desahucio.

Así,, pues, será necesario determinar en este caso con vista de la evidencia presentada, si hay alguna por parte de los demandados que aparentemente demuestre qne no poseen en precario sino en concepto de dueños.

La acción en este caso, fué ejercitada por el administrador judicial de la herencia dejada por Guillermo Camerón Schoon para beneficio de los herederos, y los demandados que son una parte de ellos, han alegado que son los únicos y exclusivos, dueños de las fincas objeto del juicio de desahucio. Para sos-tener esta alegación presentaron como única evidencia la de-claración del codemandado Guillermo Camerón, quien con respecto a este particular manifestó que su padre Guillermo' Camerón Schoon fué casado dos veces, teniendo hijos en am-bos matrimonios; que antes de morir los llamó a todos y les dividió sus fincas éxtrajudicialmente dando a cada uno una. parte de ellas; que desde entonces los demandados trabajan las fincas reclamadas; que- su padre no les hizo escritura de las fincas que les entregó, porque unos eran menores y otros mayores, pero se la hizo a un cuñado de ellos, Agustín Richard, para que luego éste se las traspasase a los deman-dados, lo que no ha hecho, y que luego hubo un pleito sobre nulidad de esa escritura.

Por la evidencia presentada por el demandante se viene en conocimiento de que en efecto, por escritura pública número 100 de Io. de agosto de 1904, Guillermo Camerón y Schoon y su esposa vendieron a Agustín Richard González cuatro fin-, cas, tres de las cuales son las que motivan el presente juicio, por cierta cantidad de dinero que confesaron recibida; pero muerto Guillermo Camerón Schoon en 1904, sin testamento, se hizo la declaratoria judicial de sus herederos, y posteriormente por sentencia firme de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito seguido por Carlos, Jaime Camerón y otros v. Agustín Richard y otros, fué anulada la escritura de venta de que hemos hecho mención, declarándose pertenecer a la Sucesión de Don Guillermo Camerón Schoon, las fincas en tales escrituras descritas y cancelándose los asientos que había producido en el registro de la propiedad, los que que-daron a nombre de Guillermo Camerón Schoon, según admi-siones del abogado de los demandados hechas dnrante el juicio.

No creemos por tanto que la evidencia presentada para demostrar que los demandados no poseen en concepto de pre-cario, sino de dueños, sea bastante para impedir qne la corte inferior dictara la sentencia qne pronunció declarando con lngar la demanda de desahucio, ya que no demuestra a pri-mera vista que los demandados tengan aparentemente título alguno a la propiedad de las fincas objeto del juicio de desa-hucio, con mayor razón cuanto que han admitido que la escri-tura de venta de Richard, no solamente fué anulada, sino que se declaró por sentencia que las fincas comprendidas en esa escritura, que son a las que se refiere el desahucio, pertenecen a la Sucesión de Guillermo Camerón Schoon, representada en este juicio por el demandante.

En el caso de Torres et al. v. Pérez a que hemos hecho referencia, lo mismo que en los de Pesquera v. Díaz, 8 D. P. R., 114 y Del Valle v. Andreu, 11 D. P. R., 418, citado por los apelantes, se declararon sin lugar las demandas porque los demandados presentaron pruebas para demostrar que ellos no poseían en concepto de precario, y en vista de ellas así lo estimó el tribunal en cada caso; mas habiendo llegado en el presente casó a la conclusión, de que la evidencia de los demandados no es suficiente para demostrar que no poseen en precario, la sentencia apelada debe ser confirmada. ■

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Áldrey,

text:
    Suau Hermanos, Apelantes, v. Coll, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 976.
    Resuelto en mayo 8, 1913.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador. — Cuando la prueba es contradictoria la apreciación que de la misma haya hecho el tribunal sentenciador será aceptada por esta corte, a menos que se demuestre que cometió error, en dicha apreciación.
    ■. Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Carlos'Franco Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Reicfoard y Reichard.

   El Juez Asociado Sr. Áldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes Suau Hermanos, establecieron el presente recurso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla que declaró'sin lugar la demanda* por ellos pre-sentada en la Corte Municipal de Lares y de la que aquélla conoció en grado de apelación.

De los dos motivos de error alegados por los apelantes es el primero, que la córte inferior erró en la apreciación de las pruebas.

Los demandantes alegan que son dueños de cierta finca en Lares en la que existe una muralla de su exclusiva propie-dad, y que el demandado Miguel Coll Mayol, contra la ex-presa oposición del demandante, ha fabricado una construc-ción descansando sobre una parte de dicha muralla, lo que perjudica a los demandantes y les priva del dominio que como dueños tienen sobre tal muralla, concluyendo con la súplica de' que se condenara al demandado a destruir l'á cons-trucción hecha por él en cuanto sea necesario para que quede expedita y a la libre disposición de su dueño' la parte de muralla indebidamente ocupada por el demandado.

La Corte de Distrito de Aguadilla fundó su sentencia ab-solutoria entre otros motivos, en que la alegación esencial de la demanda de que la construcción hecha por los derüandados descansa sobre una parte de la muralla que 1 dicen pertene-cerá, no aparece justificada por la evidencia que fué con-tradictoria. ' 1

La lectura de la demanda y las pruebas presentadas en el juicio, demuestran que lo discutido en este pleito es, si el techo de cierta construcción hecha por el demandado Coll en su casa, descansa o nó sobre la muralla del demandante, o. cubre parte dé ella, de tal modo que- pudiera impedirles subir-dicha muralla.

Para fundamentar el error alegado por la parte apelante,, se dice que todos los testigos presentados por el demandante están contestes en que el demandado ha hecho cierta construc-ción que cubre o proyecta sobre la muralla^propiedad dél de-mandante, sin que en este extremo exista mucha discrepancia con los testigos-:del demandadoj- incluyendo la declaración del mismo demandado y s-u contestación a la demanda. • ■

Examinaremos este motivo de error comenzando por la. contestación a la demanda. En ésta, el demandado alegó que no ha fabricado sobre muro de propiedad del demandante,, cuya manifestación contiene una negación de la demanda, y por tanto carece el apelante de razón para decir que dicho-demandado reconoce los hechos dé la demanda.

En cuanto a la evidencia presentada en el juicio, y con respecto al único hecho realmente en discusión entre las par-tes, cual es, el de si el demandado ha construido o nó sobre la muralla a que se refiere la demanda, diremos que en verdad tuvo razón la Corte de Distrito de Aguadilla al declarar que 'la prueba era contradictoria.

Tres testigos declararon por parte de los demandantes y dos por parte de los demandados y si bien los primeros sostu-vieron que el techo arreglado o construido últimamente por el demandado en su casa cubre un poco o parte -de la muralla de los Señores Suau,' aun cuando no descansa sobre’ la muralla, los testigos del demandado sostienen lo contrario, y afirman que ni está ese techo descansando sobre la muralla, ni aun cubriéndolo, a tal punto, qne si los demandantes quisieran le-vantar la muralla, podrían hacerlo sin obstáculo alguno. Y que hay contradicción entre los testigos de las partes, casi está reconocido por los propios apelantes al decir en su alegato que no existe mucha discrepancia entre los testigos de una y otra parte.

Si pues, como es cierto, la prueba es contradictoria en el hecho esencial en controversia, y la corte decidió ese conflicto en favor de la parte demandada, como no existe error en su apreciación, debemos respetarla y sostener su conclusión de que la demandante no probó su demanda, por lo que de acuerdo con el principio de que al actor incumbe la prueba de su acción, estuvo bien dictada la sentencia absolviendo al demandado.

No es por tanto necesario considerar el otro motivo de error, que no se refiere al fallo sino a los motivos del mismo, y en consecuencia la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado 'Wole,

text:
    Peñagarícano, Apelante, v. Peñagarícano et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 971.
    Resuelto en mayo 9, 1913.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Acto Solemne. — Es necesario ejercitar la acción de reconocimiento cuando el estado de hijo natural no consta por reconocimiento, hecho de una manera auténtica y fehaciente, de modo que el hijo natural reconocido pueda hacer eonstar su condición de tal en la misma forma que el hijo legítimo.

      Excepciones Previas — Conclusiones de Ley. — Como en virtud de la interposi-ción de una excepción previa solamente quedan admitidos aquellos hechos de la demanda que están bien alegados, por tanto la alegación hecha en una demanda de que un hijo está en posesión del estado de hijo natural, es insufi-ciente para producir ese efecto, por constituir una conclusión de ley.
    Hijos Naturales — Naturaleza de la Acción — Súplica de la Demanda. — Ni la súplica de la demanda ni el título de la acción determinan necesariamente la naturaleza de la causa de acción, la cual ha de derivarse de los hechos que la fundamentan.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado 'Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se solicitó en la súplica de la demanda que la corte dictara sentencia con las siguientes declarato-rias :

“1. Que la demandante es una bija natural reconocida de Manuel Antonio' Peñagarícano, que tal reconocimiento fué hecho por dicho señor por virtud de los actos que han sido alegados en la demanda, y que la demandante ha estado en la posesión constante ■ del estado de hija natural de dicho Sr. Peñagarícano, justificado por los actos directos de éste y de su familia.
‘ ‘ 2. Que la demandante es heredera forzosa de Don 'Manuel Antonio Peñagarícano.
“3. Que el testamento otorgado por Don Manuel Antonio Peña-garícano el día 6 de mayo de 1890 es nulo en cuanto a la institución de herederos por haberse preterido en él a la demandante; y nula la partición de bienes llevada a cabo por virtud de tal testamento.”

La cuestión que ha sido planteada en esta apelación es que la corte cometió un error al declarar con lugar la excepción previa que fué formulada a la demanda fundada en la pres-cripción, puesto que la acción entablada en este caso no es de filiación sino para obtener la declaración judicial sobre los derechos de un hijo cuyo estado bá sido ya establecido.

Los actos específicos del padre que han sido alegados'en la demanda fueron, que en el año 1873 sostuvo relaciones amoro-sas continuadas con la madre de la demandante, siendo ambos solteros y sin impedimento para contraer matrimonio; que cuándo la madre se encontraba encinta, el padre, prometién-dole siempre que se casaría con ella, indujo a la madre a ir a España, en donde nació la demandante el día 5 de mayo de 1873; que el mencionado padre socorrió a la referida madre durante su embarazo, mostrando' su solicitud para con la niña a quien llamaba bija suya; que desde el momento en que nació diclia niña la consideró como bija suya, llamándola así en sus cartas, entregando a la madre las cantidades de dinero necesarias para atender al sostenimiento de la bija, y pro-metiéndole en dichas cartas que se casaría con la madre y legitimaría a la bija a quien expresamente ■ reconoció como tal, no solamente ante su madre sino también en presencia de sus propios hermanos y primos; que la niña fué bautizada después en Puerto Rico en el año 1876 y en el acta del bau-tismo se declaró expresamente por mandato de su padre Don Manuel Antonio Peñagarícano, que la demandante era bija natural reconocida del Don Manuel Antonio, lo que se hizo a presencia y con anuencia de Don Juan Tomás Peñagarícano, hermano del padre y padrino del bautismo; que durante su vida el padre reconoció siempre a la demandante y atendió a sus necesidades; que la familia de Manuel Antonio Peñaga-rícano siempre trató a la demandante y la tuvo como la bija natural del Don' Manuel ‘ Antonio; y que éste falleció en España bajo testamento de fecha 6 de mayo del 1890 sin haber cumplido la promesa de.matrimonio hecha a la madre de la demandante y sin hacer disposición alguna en favor de la demandante. • ■ •

Los hechos1 alegados en la demanda indudablemente cons-tituyen una causa de acción "de reconocimiento o de filiación de la demandante con relación a Don Manuel Antonio Peñagarícano y contra esa acción cabe alegar la excepción de pres-cripción según hemos decidido ya varias veces; pero no mues-tran el estado’ de hija natural reconocida de la demandante por dicho Peñagarícahó, pues la demandante no ha alegado ningún acto solémne por parte de Don'Manuel Antonio Peña-garícano que revele en forma auténtica su voluntad de dar a la demandante el estado de hija natural reconocida saya, excusándola así de ejercitar la acción de filiación o de recono-cimiento. Si hubo algún acto específico de reconocimiento solemne del cual hubiera quedado constancia auténtica y feha-ciente, tal acto debió ser alegado para que sirviera de base a la declaratoria de un estado de filiación natural anterior-mente reconocido.

Ya dijimos al resolver el caso de Amsterdam et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 556:

“Creemos que de las disposiciones del Código Civil vigentes ante-riormente, así como de la práctica y jurisprudencia sobre el particular, puede correctamente deducirse la conclusión de que sin algún acto queen forma auténtica revele la voluntad del padre, de dar a su hijo tal estado, el hijo tiene solamente un derecho de acción para obligar al padre a que le confiera dicho estado. El artículo 135 del Código Civil Español, y el 189 del Código Civil de Puerto Rico, preveen los casos en que un padre puede ser obligado a reconocer a su hijo ilegítimo. Solamente puede ser obligado a ello por medio de una- acción, y puede decirse que tal acción sería innecesaria, únicamente en aquellos casos en que hubieran actos solemnes por parte del padre, que vengan a demostrar que tal obligación ha sido cumplida. Claramente se deduce de estos artículos, que aunque un padre haya ejecutado, como sucede en el caso de autos, una serie de actos tendentes a mostrar que deter-minada persona era hijo suyo, sin embargo, no puede decirse que él la haya reconocido, dentro de la acepción que legalmente tiene la pala-bra 'reconocimiento.’ Si él puede ser obligado a ello, entonces hay que convenir en que antes de obligársele, el desideratum no se ha logrado. Bajo tales circunstancias, y hasta que no haya algún acto solemne, o alguna declaración de parte de un tribunal, no puede de-cirse que el hijo ha sido reconocido, ni puede afirmarse que haya ad-quirido el estado civil de hijo natural reconocido.’’

Véanse también las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Puente et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 582, y de Rijos v. Folgueras et al., 16 D. P. R., 624.

En el presente caso propiamente se ejercita una acción de reconocimiento sean cuales fueren los términos en que está redactada la súplica de la demanda, pues ya hemos dicho otras veces y ahora repetimos, que ni la súplica de la demanda ni el títnlo de la acción determinan necesariamente la natu-raleza de la cansa de acción, la cnal ha de derivarse de los hechos qne la fundamentan. -

Si el objeto de la demanda hubiera sido que se dictara una simple resolución judicial acerca de un estado de hijo natural ya reconocido en forma solemne y auténtica, no hu-biera sido necesario a la demandante haber establecido en su demanda los elementos necesarios y esenciales de una ac-ción de filiación o reconocimiento. La mera referencia del reconocimiento en forma solemne y auténtica hubiera sido suficiente. Además, los actos especificados demuestran la posibilidad de un reconocimiento más bien que su verdadera existencia. Si es necesaria una declaración judicial según expresamos en el caso de Amsterdam v. Puente, citado anteriormente, el fin no ha podido alcanzarse. Los hechos expresados son aquéllos por virtud de los cuales puede obligarse a un padre a reconocer a su hijo y no muestran un estado que haya sido ya adquirido en forma solemne y auténtica.

Las resoluciones de este tribunal que dejamos citadas establecen que una acción de filiación es necesaria cuando el estado de hijo natural no consta por reconocimiento hecho de una manera auténtica y fehaciente, dé modo que el hijo natural reconocido 'pueda hacer constar su condición de tal en la misma forma que el hijo legítimo. Rijos v. Folgueras et al., 16 D. P. R, 624.

Teniendo ’ en cuenta cuanto dejamos expuesto y que la demandante ciertamente tenía más de treinta años cuando presentó la demanda, la acción había prescrito y debe por consiguiente confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeabt,

text:
    Axtmayer, Apelante, v. Ortiz, Apalada.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia.
    No. 943.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Apelación — Exposición del Oaso. — lina exposición del caso sin la aprobación del juez sentenciador carece de valor alguno legal.
    Id. — Alegato del Apelante — Exposición de Eebobes. — Guando el alegato del apelante no contiene la exposición de errores que exigen los artículos 42 y 43 del reglamento de este tribunal, esta corte puede pasar por alto los errores no puntualizados que no sean de carácter sustancial y aparezcan de los autos.
    Divoecio — Trato Cruel — Circunstancias que Deben Apbeciarse. — Para deter-minar en general si la conducta de uno de los cónyuges constituye trato cruel, debe tenerse en cuenta la ley, las circunstancias de cada caso, el estado físico y mental de las partes y su posición social.
    Id. — Cohabitación—Abandono—Debebes Matrimoniales. — La mera negativa de uno de los cónyuges a cohabitar con el otro sin abandonar todos los demás deberes matrimoniales, no constituye motivo de divorcio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. B. Wilcox.

    Abogado de la apelada: 8r. Francisco Socorro.

   El Juez Asociado Sb. MacLeabt,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción de divorcio entablada por el marido Henry Axtmayer contra su esposa Dolores Ortiz el día 4 de junio de 1912, en la que solicitaba se decretara el divorcio por el fundamento de trato cruel e intolerable que ocasionó un grave perjuicio al demandante, con motivo del cual se vió obligado a abandonar su casa y a vivir en otra parte. Se alega que este trato cruel consistió en el constante y persistente abandono por parte de la esposa de' los bijos de su matrimonio así como en no cumplir sus obligaciones domésticas y haberse negado a hacer vida marital con el demandante; mostrar constantemente mal carácter y emplear lenguaje despreciativo y abusivo hacia el demandante y una negligencia absoluta a cumplir todos sus deberes de esposa. La demandada negó todas las alegaciones esenciales de la demanda presentada por el demandante, y por vía de contra-demanda solicitó el divorcio fundado en trato cruel por las palabras groseras y ásperas qne empleaba el demandante al dirigirse a ella, así como las de “sucia,” “puerca,” “co-china,” “sin vergüenza como todas las demás puertorrique-ñas,” cuyas injurias se alega que produjeron a la demandada y contrademandante un grave y gran perjuicio en su salud,, dando esto por' resultado que la demandada se enfermara .gravemente y se viera obligada a guardar cama; y además alega la contrademandante, que repetidas veces durante un período de cuatro meses más o menos su esposo, el deman-dante, la trató cruelmente tirándole cucharas a la cara con ordinariez y violencia premeditada, que le causó una lesión en la misma. Celebrado el juicio de este pleito y oída la prueba del mismo, se dictó sentencia desestimando la demanda y declarando con lugar la contrademanda formulada por la demandada, negándose el divorcio solicitado por el deman-dante y decretándose éste a favor de la esposa.

Contra esta sentencia fué que la apelación en este case se interpuso el día 4 de noviembre último, habiendo sido' remitida debidamente la transcripción a este tribunal para su revisión. En los autos aparece lo que se dice ser una exposición del caso, pero está firmada únicamente por el abogado del apelante y carece de la aprobación del juez. No puede admitirse que en ella se cumple con la ley y las. regias de este tribunal, por lo que debemos considerar este caso como si no se hubiera presentado en los autos ninguna, relación ele hechos. Tampoco se determinan o especifican en el alegato del apelante los errores que se alegan fueron cometidos por la corte inferior de conformidad con las reglas. 42 y 43 de este tribunal, por cuyas razones debemos hacer caso omiso de todas aquellas cuestiones en las cuales no. aparezca de los autos que se ha cometido ningún error fundamental. Esto no obstante, hemos examinado la llamada ex-posición del caso y la prueba contenida en la misma y a la vez hemos leído cuidadosamente los alegatos y todas las de-más partes esenciales de la transcripción.

El apelante, al parecer, funda la revocación de la sen-tencia en este caso, en que los hechos no muestran que fuera él culpable del trato cruel que ha sido alegado por la apelada. La prueba es contradictoria en muchos particulares tanto como puede verse de la defectuosa transcripción, y si ésta puede ser examinada, de la misma aparece de modo suficiente que todas las alegaciones esenciales de la contrademandante quedaron satisfactoriamente probadas. Ambas partes solici-tan el divorcio por el fundamento de trato cruel, o injurias graves, o sea la cuarta causa que determina el artículo 164 del Código Civil, para que pueda decretarse el divorcio a favor del marido o de la esposa. Ninguna de las otras siete causas son de aplicación a las alegaciones o hechos de este caso. Este es un fundamento legal corriente en casi todos los Estados en casos de divorcio y si bien las disposiciones de los estatutos varían algo en su contenido, muchas de ellas determinan la ofensa como crueldad extrema o trato cruel e inhumano, o lenguaje parecido a éste. Al determinar cuál es la conducta que generalmente puede constituir crueldad por joarte de cualquiera de los esposos debemos tener en cuenta las disposiciones de los estatutos y las circunstancias de cada caso en particular, tomando siempre, en consideración las condiciones físicas y morales de las partes así como el carácter y condición social de las mismas. Fleming v. Fleming, 95 Cal., 430; Maddox v. Maddox, 189 Ill., 152; Huilker v. Huilker, 64 Tex., 1. Por lo menos debe probarse que la conducta entre las partes es tal que hace intolerable la vida conyugal; y aunque en algunos Estados no es necesa-rio probar que realmente ha habido daño corporal o temor de que se cause, sin embargo, la conducta debe ser de tal naturaleza que destruya la tranquilidad de espíritu y felici-dad de la parte agraviada, de manera tal que perjudique a su salud o anule enteramente los fines legítimos del matri-monio. Felton v. Felton, 94 Iowa, 739; Ellison v. Ellison, 65 Nebr., 412; Olberding v. Gohres, 107 La., 715.

Se ha resuelto que el uso sistemático y continuado de lenguaje soez, blasfemo y áspero por parte del marido en presencia de la mujer y dirigido a ella, que le cause sufri-miento mental y que pueda convertirse en un daño perma-nente para su salud, le da derecho a que se decrete el divorcio a su favor. Sin embargo, la mera aspereza de lenguaje, mal genio o rigorismo de carácter que no perjudica o quebranta la salud del demandante, no es un fundamento suficiente puesto que no constituye el trato cruel a que la ley se refiere. Andrews v. Andrews, 120 Cal., 184; Fitzpatrick v. Fitzpatrick, 47 N. Y. Suppl., 737; Braun v. Braun, 194 Pa. St., 287; Shaw v. Shaw, 17 Conn., 189; Duberstein v. Duberstein, 171 Ill., 133; Freeborn v. Freeborn, 168 Mass., 50.

El demandante alega una negativa por parte de su esposa a cumplir con sus obligaciones conyugales y la prueba es con-tradictoria en cuanto a ese punto. Encontramos que en algu-nos Estados la persistente y continuada negat'iya por parte de uno de los esposos a hacer vida marital, sin que exista una justa causa para ello, constituye un abandono aunque las partes continúen viviendo en la misma casa. Sin embargo, de acuerdo con la mayoría de las autoridades, la mera sepa-ración del lecho marital no es suficiente motivo para consti-tuir tal ofensa. Es necesario que exista también un completo abandono de otras obligaciones conyugales. Fritz v. Fritz, 138 Ill., 436; Throckmorton v. Throckmorton, 86 Va., 768; Fink v. Fink, 137 Cal., 559.

Deberá notarse que si bien el demandante alega que la demandada se negó a cumplir con sus obligaciones conyu-gales, clasifica, sin embargo, estos actos como constitutivos de crueldad y no de abandono, y alega que la crueldad con-siste entre otras cosas en la negativa a hacer vida común con el demandante. No se encuentra así establecido en las resoluciones que hemos podido examinar y en muchos casos se ha resuelto que la negativa a hacer vida común debe ser de tal naturaleza que obligue a la parte agraviada a aban-donar el liogar de su familia, y que éste baya sido el fin per-seguido por la parte culpable, lo que solamente constituye un abandono al transcurrir el término que el estatuto fija para el mismo. Holston v. Holston, 23 Ala., 777; Sisemore v. Sisemore, 17 Oregon 542; Camp v. Camp, 18 Texas, 528.

En este caso no hubiera podido alegarse como fundamento de divorcio el abandono aun cuando se hubiera probado el mismo, por no haber sido continuado por tiempo suficiente para cumplir con el estatuto. Examinando la demanda pre-sentada por el demandante bajo este aspecto, resulta entera-mente dudoso el hecho de si en la misma se alegaron hechos suficientes para constituir una causa de acción; o sea si los hechos en ella expresados constituyeron el trato cruel o las injurias graves con arreglo al estatuto.

Por consiguiente, habiendo examinado los hechos a que se ha hecho referencia en las alegaciones y aquellos de los mis-mos que según la llamada exposición del caso fueron pro-bados en el juicio, llegamos a la conclusión de que el esposo demandante no ha presentado un caso que le dé derecho a que se decrete el divorcio a su favor; sino que, por el con-trario, su esposa, la demandada, ha mostrado causa suficiente, si pueden examinarse las pruebas que resultan-de la trans-cripción, como así lo consideró la corte sentenciadora, para que se conceda el divorcio a favor de ésta como se hizo en la sentencia contra la cual se interpuso la presente apelación.

De conformidad con esto y después de un estudio detenido de los autos que han sido presentados en este caso, debemos llegar a la conclusión de que no existe en ellos absolutamente nada en que pueda fundarse la revocación de la sentencia dictada por la corte de distrito negando el divorcio al deman-dante y decretándolo a favor de la demandada en este caso. La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada en todos sus particulares.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Aldrey,

text:
    Vela, Apelante, v. Cruz et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 972.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Ejecución de Sentencia — Prescripción — Interrupción del Término. —. De acuerdo con los artículos 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento Civil el término legal para poder ejecutar u,na sentencia es de cineo años, sin que pueda excluirse del cómputo de dicho término, el período durante el cual haya podido estar en suspenso la ejecución de la sentencia, por orden de un tribunal. Millín v. Aldrey, dues de Distrito, 16 D. P. R., 393.
    Id.- — Notificación—Renuncia—Palta de Constancia en Autos. — Cuando de los autos consta que una moción solicitando la ejecución de una sentencia que ha prescrito ya, ha sido notificada a la parte contraria, sin que haya cons-tancia alguna de que ésta ha prestado su. conformidad para que se ejecute la sentencia, la manifestación hecha en la resolución de la corte de que declara con lugar la moción con la conformidad del abogado de la parte contraria, no está justificada por los autos y es insuficiente para producir la renuncia de un dereeho de la parte perjudicada.
    Id. — Registro de Sentencias Anteriores al Nuevo Código de Enjuiciamiento Civil. — No es necesario registrar en los libros de sentencias establecidos por el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil todas las dictadas con anterioridad, para que puedan cumplirse, y el' término de cinco años que señala el artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil debe empezar a contarse eon res-pecto a aquéllas desde que fué dictada y publicada ¿le acuerdo eon la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Artemio P. Rodríguez.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Pronunciada sentencia por la Corte Municipal de Bayamón en 24 de agosto de 1903 condenando a Isaías Cruz y a Florentina Reyes a pagar a Ricardo Vela la cantidad de 358 pesos setenta y cuatro centavos y apelada, fué decla-rada desierta la apelación en 19 de septiembre de 1903 y comunicado así a la corte inferior. En 18 de enero de 1904 dispuso el juez municipal que se enviasen los autos a la corte de distrito, en cumplimiento de una orden que ésta libró en las diligencias de abintestato promovidas por Floren-tina Reyes para que se le remitieran y también para que se suspendiera el procedimiento de apremio. En 28 de octubre de 1909 la corte de distrito declaró abandonadas las diligencias de abintestato y ordenó que cesara la suspensión del pro-cedimiento de apremio. En 27 de noviembre de 1911 el de-mandante solicitó de la corte municipal que ordenara el cumplimiento de la sentencia y al pie de la moción dice: “Notificado con copia en su fecba. E. Márquez, abogado de los demandados;” y la resolución de la corte dijo: “Vista la moción que antecede presentada por el abogado del deman-dante con la conformidad del abogado de la parte demandada, se accede a lo solicitado.”

Poco después, en abril de 1912, a petición de algunos de los demandados, la corte municipal anuló esa orden de ejecución y la resolución de la Corte de Distrito de .San Juan, Sección Ia. que la confirmó, fia motivado el'presente recurso de apelación interpuesto por el demandante o acree-dor por la sentencia.

Tres son los motivos en que se apoya el recurso:

1. Suspendido el procedimiento en. este caso mediante or-den dictada por la Corte de Distrito de San Juan en un juicio sobre abintestato en el que no era parte este demandante y apelante, ¿ debe o nó ser excluido, a los efectos de computar la prescripción de cinco años que para la ejecución de sen-tencias señala el actual Código de Enjuiciamiento Civil, el tiempo en que el procedimiento estuvo suspendido por orden superior ?

2. Habiéndose expedido la orden de ejecución de con-formidad con el abogado de la parte demandada según lo expresa la misma orden de la corte municipal, ¿pueden los de-mandados posteriormente pedir que se anule dicho manda-miento y que se suspenda definitivamente el remate por haber expirado el plazo para ejecutar dicha sentencia?

3. ¿lia expirado en verdad el plazo que la ley señala para la ejecución de sentencias, cuando dicha sentencia no aparece registrada según las disposiciones del vigente Código-de Enjuiciamiento Civil?

La cuestión propuesta en el primero de ellos está ya resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Millín v. Aldrey, 16 D. P. R., 393, que es exactamente igual al presente, coincidiendo hasta en las fechas y en las leyes que regían los procedimientos. En el de Millín se dictó la sen-tencia en Bayamón en 1903, lo mismo que en el presente caso: en ambos fué suspendida la ejecución de la-sentencia por orden de la Corte de Distrito de San Juan, sólo que en un caso esa orden se dictó en una tercería y en el otro en unas diligencias de abintestato; en los dos casos la orden de sus-pensión fué alzada en 1909; en ambos se ordenó la ejecución y luego se anuló y en uno y otro habían transcurrido más de cinco años desde que empezó a regir el Código de Enjui-ciamiento Civil de 1904 hasta que se pidió la orden de eje-cución, cuando ya estaba cumplida por ministerio de la ley de acuerdo con los artículos 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Sostiene el apelante que los casos difieren porque en el de Millín podía el acreedor intervenir en la tercería y pedir lo- conducente a su derecho, mientras que en el suyo, fué dictada en un abintestato donde no era ni podía ser parte el apelante. Este argumento es insostenible pues tanto por la antigua ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 972, como por la vigente de Procedimientos Civiles especiales, artículo 23, los acreedores con título escrito tenían y tienen derecho a intervenir en esas diligencias. Por consiguiente, la doctrina consignada en el caso de Millín antes citado, es de aplicación al presente y no existe el motivo de error alegado en primer término, pues había caducado el derecho de hacer cumplir esa sentencia.

Mas se alega en el segundo de los errores, que como los' demandados prestaron su conformidad para que la ejecución se llevase a efecto, no pueden luego pedir que se anule, por-que fué renunciada la prescripción de cinco años. El error alegado descansa sobre una base falsa. Lo que aparece en los autos es que la moción solicitando la ejecución fué no-tificada al abogado de los demandados; no consta su con-formidad para que se expidiera la orden de ejecución, y si bien en la resolución de la corte se dice por ésta que lia visto la moción con la conformidad del abogado de los de-mandados, sin embargo, como se trata de la renuncia de un derecho, no estimamos suficiente tal manifestación cuando no aparece de los autos que el juez estuviera justificado para hacerla.

En cuanto al tercer error de que no puede aplicarse ,el artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil porque éste exige el registro de la sentencia como punto de partida para contar los cinco años dentro de los que aquélla podrá ejecu-tarse, y que en este caso tal registro no consta que fuera hecho, diremos que la sentencia de 1903 fué suscrita por los jueces que la dictaron así como por el secretario, leída y publicada en audiencia pública y notificada a las partes, que era todo lo que la ley entonces vigepte exigía para que una vez firme pudiera ejecutarse, y como la sentencia se agre-gaba a los autos, todo esto constituía el registro de la sen-tencia. No era necesario, pues, llevar a los libros de sen-tencias creadas por el Código de Enjuiciamiento Civil todas las sentencia dictadas con anterioridad para que pudieran cumplirse, por lo que es insostenible el tercer motivo del recurso.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Belpré, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 592.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Apelación — Exposición del Caso — Condena Doble. — Sin una exposición del caso no puede este tribunal considerar la alegación hecha por primera vez en ape-lación tendente a mostrar que por hechos ocurridos en el mismo día y en las mismas circunstancias se han impuesto al acusado dos condenas en lugar de una.
    Id. — -Autos de Oteo Caso Distinto. — Cuando están pendientes de resolución dos casos contra un mismo acusado, esta corte no puede al resolver uno de ellos, tomar en consideración lo que arrojan los autos del otro caso, a menos que éstos se sometan a la consideración de la corte haciéndolos parte de los autos y del caso que se va a resolver.
    Alteración de la Paz Pública — Armas Prohibidas. — El delito de alterar la paz pública puede ser denunciado y perseguido separadamente del delito de usar armas prohibidas, aunque ambos se1 originen de hechos realizados en el mismo día y en las mismas circunstancias por el mismo acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales. ■■
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por Felipe Belpré contra sentencia que en grado de apelación y mediante celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Guayama, en 15 de enero del corriente año, conde-nando al apelante, como. culpable del delito de alterar la paz pública, a la pena de dos meses de cárcel y las costas.

La representación de la parte apelante ha alegado ante ■esta Corte Suprema por escrito y oralmente, que Belpré fné penado por la Corte de Distrito de Guayama en virtud de dos denuncias presentadas separadamente ante la corte municipal del mismo nombre, una de ellas por alteración de la paz pública y la otra por portar armas prohibidas, siendo idén-ticos los hechos que sirvieron de fundamento a cada nna de dichas denuncias, sin otra variante que la de especificarse en la segunda que el acusado portaba un revólver, por lo que somete a la consideración de esta Corte Suprema la cuestión legal de si ambos casos deben ser considerados conjunta-mente y resueltos por una misma sentencia con una sola pena o si en todo caso deben reducirse las penas impuestas a Bel-pré por resultar excesivas.

En la transcripción de autos que tenemos a la vista no hay pliego de excepciones ni escrito de exposición del caso y sólo aparecen: 1°., el escrito de denuncia en que se imputa a Belpré el hecho de que en 6 de noviembre del año próximo pasado y en la Calle de Agustín Calimano, de Gruayama, dis-trito judicial municipal del mismo nombre, en los instantes en que se celebraba una manifestación pública de carácter político, el mencionado acusado alteró con conducta provoca-dora y ofensiva el buen orden y la tranquilidad de la mani-festación; 2°., la sentencia por la que la Corte de Distrito de Gruayama después de haber hecho el denunciado la alega-ción de culpable del delito de alterar la paz pública, lo con-denó a la pena de dos meses de cárcel y las costas; 3°., el escrito del abogado del acusado interponiendo contra dicha sentencia recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Como se ve, el récord no ha venido preparado en forma tal que podamos considerar la alegación hecha ante esta corte en apoyo del recurso, tendente a mostrar que por hechos idén-ticos se han impuesto a Belpré dos condenas en lugar de una.

Una corte de apelación tomará en cuenta el contenido de sus propios autos cuando se le pida en debida forma, pero no tendrá en consideración, al resolver un caso, lo que arrojen los autos de otro caso distinto, a menos que éstos se sometan a la consideración del tribunal haciéndolos parte de los autos del caso que se considera. 3 Cyc., 179, 180.

De todos modos, en la denuncia que originó el presente caso no se imputó al acusado el hecho de portar una arma pro-liibida sino el de perturbar la paz pública y ese hecho pnede ser denunciado y perseguido separadamente del otro.

La pena impuesta no es excesiva.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Alclrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no. tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Peesidente Se. PIeknández,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Belpré, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 593.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Apelación — Exposición del Caso — Condena Doble. — Sin una exposición del caso no puede este tribunal considerar la alegación hecha por primera vez en apela-ción tendente a mostrar que por hechos ocurridos en el mismo día y en las mismas circunstancias se han impuesto al acusado dos condenas en lugar de una.
    In. — Autos de Otro Caso Distinto. — Cuando están pendientes, de resolución dos casos contra un mismo acusado, esta corte no puede al resolver uno de ellos tomar en consideración lo que arrojen los autos del otro caso, a menos que éstos se sometan a la consideración de la corte 'haciéndolos parte de los autos del caso que se va a resolver.
    Armas Prohibidas — Alteración de la Paz Pública. — El delito de usar armas prohibidas puede ser denunciado y perseguido separadamente del delito de alteración de la paz pública, aunque ambos se originen de hechos realizados en el mismo día y en las mismas circunstancias por el mismo acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Peesidente Se. PIeknández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Felipe Belpré contra sentencia que en grado de apelación y mediante celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Dis-trito de Gruayama, condenando al apelante como culpable del delito de portar armas prohibidas a la pena de dos meses de cárcel y las costas.

La representación de la parte apelante ha alegado ante esta Corte Suprema por escrito y oralmente que Belpré fué penado por la Corte de Distrito de Gruayama en virtud de dos denuncias presentadas separadamente ante la corte municipal del mismo nombre, una de ellas por alteración de la paz pública y la otra por portar armas prohibidas, siendo idénticos los hechos que sirvieron de fundamento a cada una de dichas denuncias, sin otra variante que la de especificarse en la segunda que el acusado portaba un revólver, por lo que somete a la consideración de esta Corte Suprema la cuestión legal de si ambos casos deben ser considerados conjuntamente y resueltos por una misma sentencia con una sola pena, o si en todo caso deben reducirse las penas impuestas a Belpré por resultar excesivas.

En la transcripción de autos que tenemos a la vista no hay pliego de excepciones ni escrito de exposición del caso y sólo aparecen: 1°., el escrito de denuncia en que'se imputa a Belpré el hecho de que en 6 de noviembre del año próximo pasado y en la Calle de Calimano, de Gruayama, en los mo-mentos en que se celebraba una manifestación política del Partido Unión de Puerto Rico, el 'mencionado acusado, ilegal y voluntariamente llevaba sobre su persona un revólver de 9 milímetros cuya arma le fué ocupada, encontrándose entonces aquél en estado de embriaguez; 2°., la sentencia por la que la Corte de Distrito de Gruayama, después de haber hecho el denunciado la alegación de culpable del delito de portar ar-mas prohibidas, lo condenó a la pena de dos meses de cárcel y las costas; 3°., el escrito del abogado del acusado interpo-niendo contra dicha sentencia recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Como se ve, el récord no ha venido preparado ,en forma tal que podamos considerar la alegación hecha ante esta corte en apoyo del recurso, tendente, a mostrar que por hechos ocurridos en el mismo día y en las mismas circunstancias se lian impuesto a Belpré dos condenas en lugar de una.

Una corte de apelación tomará en cuenta el contenido de sus propios autos cuando se le pida en debida forma, pero no tendrá en consideración, al resolver un caso, lo que arrojen los autos de otro caso distinto, a menos que éstos se sometan a la consideración del tribunal haciéndolos parte de los autos del caso que se considera. 3 Cyc., 179, 180.

De todos modos la denuncia que originó el presente caso se limitó al delito de uso de arma prohibida y ese hecho puede ser denunciado y perseguido separadamente del delito de per-turbar la paz pública.

La pena impuesta no es excesiva.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Su. Hernández,

text:
    Ex parte Carrillo, Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 608.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Habeas Corpus — Doble Condena — Trabajos Forzados — Costas.—La sentencia por delito de hurto de menor cuantía que impone al peticionario multa de $200 y costas y seis meses de cárcel con trabajos forzados no envuelve doble ' condena ni es nula o contraria a la ley, pues la corte sentenciadora estaba autorizada para hacer tales pronunciamientos por los artículos 431 del Código Penal y 324 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmendado por la ley de marzo 8, 1906, y por la ley de marzo 9, 1911, sobre imposición de costas en casos criminales.
    Id. — Delito Probado en el Juicio. — En un procedimiento de habeas corpus no cabe considerar si el hecho probado en el juicio no fué un delito de hurto, sino de daños maliciosos, pues tal cuestión debe discutirse en la apelación contra la sentencia.

      Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal„
    El apelante no compareció.
   El Juez Presidente Su. Hernández,

emitió la opinión del. tribunal.

El presente caso se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Gruayama a virtud de petición de habeas corpus de Francisco Carrillo, que después de tramitada en la, forma correspondiente, fué resuelta el 23 de abril próximo: pasado en el sentido de que el peticionario no era acreedor a la excarcelación solicitada y debía continuar preso, contra, cuya resolución interpuso aquél recurso de apelación para, ante esta Corte Suprema.

Sostiene el apelante que su prisión es ilegal y al efecto, alega: ¡

' (a) Que los hechos según fueron consignados en la denun-cia y resultaron probados en el juicio, no constituyen delito público.

(b) Que los hechos que le fueron imputados aun cuando, hubieran sido ejecutados por él mismo, no constituirían delito., de hurto de menor cuantía por el cual fué juzgado y senten-, ciado, sino un delito de daños maliciosos. ,

(e) Que la sentencia es nula y contraria, a la ley puesto1 que se le imponen dos condenás una de $200 de multa y costas y la otra de seis meses de cárcel y trabajos forzados.

El apelante no tiene derecho a la excarcelación que soli-, cita.

En la denuncia se imputa al acusado el hecho que en agosto 28 de 1912 a las 51/2 de la tarde en el barrio Palmas Atlas de Gruayama, del distrito judicial municipal del mismo nombre, voluntaria y maliciosamente y con intención crimi-, nal, sustrajo ele la finca dé Orlando Porrata un lechón propie-, dad de Maximino Saunión, valorado en $1.50, cuyo lechón. estaba al cuidado del denunciante Jesús Cruz, empleado de Saunión, habiendo privado a éste del referido lechón, el que destinó a su uso particular.

El acusado fué condenado por sentencia de 18 de noviembre de 1912 como cúlpable del delito de burto de menor cuan-tía a “la pena de $200 de multa y las costas y seis meses de cárcel con trabajó forzado.”

Los becbos relatados en la denuncia constituyen un delito público, que es el de burto de menor cuantía, definido en el artículo 426 del Código Penal y castigado en el 431 con multa máxima de $500 o cárcel por un término máximo de un año o ambas penas1 a discreción del tribunal.

> La sección 3a. de la ley de 8 de marzo de 1906 para derogar el artículo 323 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en-mendar el artículo 324 de dicho código y para otros fines, ordena que siempre que una persona fuere convicta de un delito menos grave y sentenciada a prisión en una cárcel de distrito por un período que exceda de 90 días, la corte podrá .a'su arbitrio disponer que se le ponga a trabajar en obras públicas durante el período de su encarcelación.

Y la ley de 9 de marzo de 1911 sobre imposición de costas ■efi. casos criminales ordena que cuando un fallo condenatorio ¡sea dictado por cualquier corte contra un acusado o acusa-dos en un caso criminal, las costas devengadas en el caso de-berán ser impuestas a dicho acusado o acusados como una parte de la sentencia de la corte.

Tenemos, pues, que además de constituir los becbos impu-tados al apelante un delito público y de ser ese delito un .hurto de menor cuantía, fué impuesta a aquél por el juez, la pena que podía imponerle con arreglo a los preceptos legales de que dejamos hecho mérito. Y no hubo dos condenas, sino una. sola.

¡ No cabe considerar en el presente recurso si el hecho pro-bado eipel juicio no fué un delito de hurto sino de daños maliciosos; esa cuestión pudo ser materia de un recurso de apelación y no de un procedimiento de habeas corpus.

Procede desestimar el presente recurso y confirmar la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Jnez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.