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El Juez Presidente Señor Travieso
      El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    José Cantellops Vega, demandante y apelante, v. Antonio Fernós Isern, Comisionado de Sanidad, demandado y apelado.
    Núm. 9066

    Sometido: Mayo 23, 1945.

      Resuelto: Junio 4, 1945.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Marchand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Las alegaciones esenciales de la solicitud de mandamus radicada en este caso son, en síntesis, como sigue:

El peticionario, José Cantellops Vega, desempeñó hasta el 30 de junio de 1942 el cargo de Jefe del negociado de Ins-pección General de Construcciones y Plomería, incluido en el Servicio Civil Clasificado, con un sueldo anual de 3,000. Al aprobar la Ley de Presupuesto que empezó a regir el Io. de julio de 1942, la legislatura alteró el nombre del cargo que ocupaba el peticionario, designándolo con el de “Inspector General de Construcciones y Plomería” con los mismos deberes, atribuciones y remuneración del cargo anterior.

.En septiembre 10 de 1942, el Comisionado demandado, en contestación a una solicitud de licencia que le dirigiera el peticionario, informó a éste que “de acuerdo con los records de esta Oficina, Ud. no ocupa cargo alguno en este De-partamento desde junio 30, 1942, en que por acción legisla-tiva cesó usted en el cargo de Jefe del Negociado de Inspec-ción General de Construcciones y Plomería”.

Alega el peticionario, que el efecto de la comunicación del demandado fué destituirle de su empleo, sin formularle cargo alguno; que el demandado le ha impedido continuar en el desempeño de sus funciones y se ha negado a reponerle en su cargo y a ordenar que le sean pagados sus sueldos, desde julio 1, 1942 hasta octubre 28, 1943, fecha de la solicitud.

Expedido el auto en forma alternativa, compareció el de-mandado y radicó su contestación, alegando: (a) que la pe-tición no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción; (b) que el demandante no era un empleado com-prendido en el servicio clasificado, porque ni tomó ni aprobó los exámenes de libre oposición requeridos por la ley, y era solamente nn empleado temporero, a virtud de nombramiento temporero que le fué extendido el ll de Julio de 1931; (c) que la Resolución aprobada por la Comisión de Servicio Civil, de febrero 26 de 1932, mediante la cual se concedió el 'Statibs de permanente a todos los empleados que ocupaban cargos temporeros al entrar en vigor la Ley de Servicio Civil, fué declarada nula e ineficaz por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Matos v. Veve, Márshal, 46 D.P.R. 356 y García v. Cordero, 62 D.P.R. 315; y (d) que el cargo que ocupaba el demandante fué suprimido por la legislatura en la Ley de Presupuesto de 1942 y en su lugar se creó un cargo nuevo con nombre, atribuciones y deberes distintos de los del cargo anterior.

La Corte de Distrito, después de examinar la evidencia aducida en la vista del caso, llegó a las siguientes conclu-siones :

1. El peticionario fué un empleado temporero basta fe-brero 26, 1932 en que la Comisión de Servicio Civil, de acuerdo con una opinión del Procurador General de febrero 19, 1932 lo clasificó como un empleado permanente.

2. Que en agosto 6, 1931, el peticionario aprobó un exa-men de Maestro Plomero con un promedio de 80.50 por ciento.

3. Que en junio 12, 1942 el peticionario aprobó otro exa-men de Ingeniero Sanitario, con un promedio de 92.10 por ciento.

4. Que el status de permanente adquirido por el peticio-nario a virtud de la citada opinión del Procurador General carece de efecto legal alguno, después de lo resuelto en Matos v. Veve y en García v. Cordero, supra.

5. Que no hay evidencia alguna de que el peticionario haya adquirido un status permanente a virtud de los exá-menes aprobados por el mismo.

Basándose en las anteriores conclusiones, la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas al peticionario.

En apoyo de su recurso el peticionario alega que la corte inferior erró: (1) al no resolver el punto en controversia relacionado con el cambio establecido en la nomenclatura del cargo que desempeñará el apelante; (6) al resolver que el apelante no estaba incluido en el Servicio Civil Clasificado y pudo ser destituido sin previa formulación de cargos; y (c) al desestimar la demanda.

La primera cuestión que debemos resolver es: ¿Era el peticionario, en junio 30 de 1942, fecha en que fue separado de su cargo, un empleado comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado, con derecho' a no ser separado o despedido de su empleo, salvo por cansas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele una oportunidad para ser oído en su propia defensa, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 28 de la Ley de Servicio Civil?

Para poder contestar la pregunta que hemos formulado, es necesario que hagamos un resumen de la prueba.

Para sostener su alegación de que él era un empleado permanente, el peticionario ofreció la prueba siguiente:

Exhibit Núm. 1 (demandante). Hoja de Servicio de José Cantellops, copiada de los Archivos de la Comisión y certi-ficada por el Secretario' de la Comisión de Servicio Civil, de la cual aparece que el peticionario ocupó varios cargos en el Departamento de Sanidad, desde julio 2, 1926 hasta agosto' 10, 1931, con carácter de empleado temporero; que en fe-brero 26 de 1932 la Comisión de Servicio Civil le reconoció el status de empleado permanente, por virtud de una opinión del Attorney General de fecha febrero 19, 1932; y que en julio 1, 1937 Cantellops ocupaba el cargo que ahora reclama, con sueldo de $3,000 al año „y con carácter permanente.

Exhibit Núm. 2 (demandante). Certificación del Secreta-rio de la Comisión de Servicio Civil, haciendo constar que en los archivos de la Comisión consta que José Cantellops Vega aprobó los siguientes exámenes:

Maestro Plomero, en agosto 6, 1931, promedio 80.50 por ciento.

Ingeniero Sanitario, en junio 12, 1942, promedio 92.10 por ciento.

El peticionario, José Cantellops Vega, declaró: Qne ocupó la plaza de Inspector General de Construcciones y Plomería desde que la misma fue creada en 1931; que la plaza ha sido designada con distintos nombres; que para ocupar dicha, plaza sufrió dos exámenes en el Servicio Civil; que el Co-misionado Dr. Fernós le exigió que se examinara para Maestro Plomero, se examinó y pasó los exámenes en 1931; que' en junio 22 de 1942, el Comisionado I)r. Berrios Berdecía quiso ascenderlo a otra plaza y entonces pasó los exámenes para Ingeniero Sanitario, con promedio de 92.10; que fue separado de su empleo sin que se le formularan' cargos y sin concederle audiencia; que los deberes que tenía el Jefe del Negociádo de Inspección General de Construcciones y Plomería son los mismos que ahora tiene el llamado Inspector General de Construcciones y Plomería, pasando la mitad del tiempo on la oficina y la otra mitad en viajes por la Isla inspeccionando las construcciones.

El Sr. Nicolás Durán, Secretario de la Comisión de Ser-vicio Civil, presentó la hoja de servicio (Exhibit 1), de la cual no aparece que el peticionario haya sido destituido; y la certificación de los exámenes aprobados por Cantellops (Exhibit 2). Declaró, que a virtud de dichos exámenes Can-tellops tenía elegibilidad para el cargo que estaba ocupando, y que se deduce que era elegible para dicho cargo desde el momento que está ocupándolo con carácter permanente; que no tiene conocimiento de que los deberes del cargo en cues-tión hubiesen sido cambiados por la Comisión, después de la aprobación del Presupuesto de 1942-43, en el cual se cam-bió el nombre del cargo; que en la hoja de servicio no apa-rece que se haya comunicado a la Comisión la abolición del cargo por algún cambio legislativo; que de acuerdo con los records que tiene bajo su custodia el señor Cantellops es un empleado permanente en el puesto que ocupaba; que de acuerdo con el récord, el peticionario adquirió permanencia en el puesto a virtud de .una opinión del Attorney General, ratificada por la Comisión; que no aparece en la hoja de servicio constancia de los exámenes tomados por el peticio-nario, constando solamente en la certificación expedida por el declarante.

Declaró el senador Celestino Marte: Que en los últimos días de la sesión legislativa, en abril de 1942, encontrándose el declarante en un Comité de Conferencias discutiendo so-bre las numerosas plazas que habían sido eliminadas del proyecto de Presupuesto, entre ellas la que ocupaba- el pe-ticionario Cantellops, se le acercó el demandado Dr. Antonio Fernós Isern y le indicó que lo que debía hacer para conseguir que la plaza de Cantellops fuese restablecida era ir a ver a Muñoz Marín (Presidente del Senado) y pedirle que la pusiera en el presupuesto, no como Jefe de Negociado y sí como Inspector General de Construcciones-y Plomería, con el mismo sueldo del cargo anterior; que fueron juntos, Fernós e Marte a ver al senador Muñoz Marín, quien ac-cedió a que la plaza fuera restituida con el nombre sugerido por el Dr. Fernós; y que entonces fueron los dos a la ofi-cina del senador Susoni, para informarle sobre lo acordado con el Presidente del Senado.'

Llamado por el demandado, volvió a declarar el Sr. Ni-colás Durán, Secretario de la Comisión de Servicio Civil, y dijo: que Cantellops aprobó el examen de Ingeniero Sani-tario en junio 12 de 1942; que no sabe por qué no se in-cluyó ese examen en su hoja de servicio, pero que de acuerdo con ésta él ocupa el cargo permanentemente; que desde antes del examen lo venía ocupando con carácter permanente. Repreguntado, contestó: Que Cantellops sufrió dos exáme-ncs; que en el rango que él tenía no hay ningún examen de mayor capacidad que el que él tomó y aprobó, que en la hoja de servicio no aparecen las eualificaciones posteriores a 1937, porque no se había enviado una terna de elegibles; y que es por eso que sólo aparece la resolución de la Comisión dán-dole el carácter de permanente. Preguntado: “¿Por qué no se llenó la hoja de servicio, en relación con el peticionario, del 1937 a 1942?”, contestó: “Puede ser un error del em-pleado a cargo de eso o sea que no se cursó ningún impreso 218. Si no aparece ningún asiento en la hoja de servicio, quiere decir o que no ha pasado ningún impreso número 218 o que ha habido algún error, pero yo certifico hasta la fecha en que está expedida la certificación”.

No estamos conformes con la apreciación que de la evi-dencia hiciera la corte sentenciadora. Su conclusión de que no hay evidencia alguna de que el peticionario haya adqui-rido un status permanente a virtud de los exámenes apro-bados por el mismo, es claramente errónea.

De acuerdo con la hoja de servicio, Exhibit 1 del deman-dante, en diciembre 6 de 1930 el peticionario ocupaba con carácter temporero, el cargo de Inspector Especial de Cons-trucciones, que era un cargo comprendido dentro del Servi-cio Civil Clasificado. En agosto 6 de 1931, por habérselo exigido el Comisionado de Sanidad, tomó y aprobó el exa-men de Maestro Plomero, mediante el cual había de adqui-rir permanencia en la plaza que entonces ocupaba como tem-porero. La aprobación de ese examen por el peticionario, por error, descuido o negligencia de los empleados de la Co-misión de Servicio Civil, no se hizo constar en su hoja de servicios. En los records de la Comisión consta — y el de-mandado no lo ha negado — que el peticionario tomó y aprobó dicho examen.

El examen aprobado por el peticionario en agosto 6 de 1931 y el hecho de que tanto el Comisionado de Sanidad como la Comisión de Servicio Civil permitiesen al peticio-nario ocnpar el cargo de Jefe del Negociado de Inspección General de Construcciones y Plomería, desde agosto de 1931 hasta el 30 de junio de 1942, fecha en que fué destituido, nos llevan a la inescapable conclusión de que el Comisionado y la Comisión de Servicio Civil reconocieron que el peticiona-rio había adquirido, mediante el referido examen, el status de un empleado permanente del Servicio Civil Clasificado, pues de no ser así, tendríamos que llegar a la conclusión al-ternativa, o sea que dichos funcionarios, a sabiendas o por negligencia mantuvieron al peticionario durante más de once años como empleado temporero en una plaza comprendida en el Servicio Civil Clasificado y que debía ser cubierta me-diante examen, infringiendo así las disposiciones de la sec-ción 24 de la Ley de Servicio Civil al efecto de que los nom-bramientos temporeros continuarán solamente hasta que se establezca el registro de elegibles y que “en ningún caso de-berán prolongarse tales nombramientos por más de cuatro meses, en total, ni se hará más de un nombramiento provisional a favor de una misma persona”. Como hecho adicio-nal que refuei’za la conclusión a que hemos llegado, haremos constar que la anotación de “permanente” que aparece en la hoja de servicio del peticionario fué hecha en marzo 10 de 1931, o sea cuatro días después de haber el peticionario aprobado el examen que hubo de tomar por orden de su jefe, el Comisionado de Sanidad.

Es un hecho no controvertido, que en junio de 1942, es-tando aún ocupando su cargo de Jefe del Negociado de Ins-pección General de Construcciones, el peticionario aprobó los exámenes para Ingeniero Sanitario. Y ya sabemos por la declaración del Secretario de la Comisión, quo en el rango que ocupaba el peticionario en esa fecha no hay ningiín exa-men mayor que el que él tomó y aprobó.

La corte inferior consideró como muy significativo el hecho de que en la hoja de servicio del peticionario no se hiciera constar que éste hubiese adquirido el status de em-pleado permanente, a virtud del primer examen. Y tomando como base ese solo hecho, llegó a la conclusión, a nuestro jucio errónea, de que el peticionario siempre conservó el status de empleado temporero. El hecho de que el.peticio-nario tomó y aprobó los dos exámenes quedó claramente es-tablecido por la declaración del funcionario que tiene bajo su custodia los records de la Comisión; y ese mismo funcio-nario, declarando como testigo del demandado, admitió que el no haberse anotado en la hoja de servicio- los exámenes aprobados por el peticionario, se debió a descuido o error del empleado de la Comisión encangado de hacer esas ano-taciones. Lo que da elegibilidad para y permanencia en un cargo comprendido en el Servicio Civil Clasificado, es la aprobación del examen y no la anotación que del mismo se haga en la hoja de servicio del empleado. Sería a todas lu-ces injusto el hacer responsable al empleado que aprobó su examen, de la negligencia o descuido de los empleados de la Comisión al no hacer la anotación en la hoja de servicio.

En la contestación del demandado y en la opinión de la corte inferior, se ha hecho referencia a una opinión del Attorney General, la cual, según se alega, sirvió de base a una resolución de la Comisión reconociendo al peticionario status permanente en el Servicio Civil Clasificado. Nos abstendremos de discutir los méritos de la citada resolución, por dos razones. La primera, porque dicha resolución no figura en los autos y desconocemos sus disposiciones; y la segunda, porque el peticionario basa su alegación de status permanente dentro del servicio clasificado en su aprobación de los dos exámenes y no en resolución alguna de la Comisión de Servicio Civil.

Por las razones expuestas, opinamos que en junio 30 de 1942, fecha en que fue separado de su empleo-, el peticiona-rio había adquirido status permanente en el Servicio Civil Clasificado, con derecho a la protección prescrita por la see-cion 28 de la Ley de Servicio Civil. La corte inferior erró al resolver lo contrario.

La segunda cuestión a resolver es si el cargo que ocupó el peticionario hasta junio 30 de 1942, fue abolido por la Legislatura o si se trata de un mero cambio de nombre para llevar a efecto la remoción de un empleado público, en violación de las claras disposiciones y del espíritu de la Ley de Servicio Civil.

La experiencia nos ha demostrado la frecuencia con que se recurre al reprochable procedimiento de cambiarle el nombre a un cargo público, para echar de él al que lo des-empeña bajo la protección de la Ley de Servicio Civil, sin formularle cargos y sin darle una oportunidad de defen-derse. Si los tribunales de justicia se declarasen impotentes para impedir la consumación de esas tácticas, la Ley de Ser-vicio Civil se convertiría en una farsa y los empleados más antiguos, más competentes y más fieles en el cumplimiento de sus deberes quedarían expuestos a los vaivenes de la po-lítica y a encontrarse el día menos pensado sin empleo y sin derecho a retiro. Esta Corte Suprema se ha sentido siem-pre obligada a proteger a aquellos empleados públicos a quienes se ha tratado de remover injustamente de sus car-gos. En Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60 D.P.R. 470, al sostener el derecho de la peticionaria a ocupar el cargo, no obstante el nuevo nombre con que se le designara en el nuevo presupuesto, dijimos (pág. 476):

"La jurisprudencia sostiene que un mero cambio de nombre uo es por sí solo suficiente para crear un nuevo cargo y abolir el que existía anteriormente. Cuando se suprime un cargo y en seguida se crea otro bajo una nueva designación, pero con iguales deberes que el anterior, las cortes amparan al funcionario perjudicado, por entender que el cambio se ha hecho con el propósito- de evadir las leyes del Ser-vicio Civil. (Citas).”

En Cruz Andréu v. Buscaglia, Tesorero, 61 D.P.R. 737, 746, resolvimos que cualquier cargo público comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado puede ser abolido de buena fe por la Legislatura, pero que “la Ley de Servicio Civil no puede ser evadida o ignorada mediante una ficticia o pretendida abolición de un cargo, como por ejemplo cuando se bace una mera alteración en su denominación, se separa del mismo al incumbente y se nombra en su lugar a otra persona para cumplir substancialmente las mismas obliga-ciones.” Véase: Colón Medina v. Iglesias, Jr., Comisionado, 64 D.P.R. 851.

En el caso de autos, como en el de Cruz Andréu, supra, el cargo que ocupaba el peticionario no fué abolido. De acuerdo con lo declarado por el peticionario y por el Sena-dor Iriarte,'sin que el demandado hiciera el menor esfuerzo para contradecirles, el cargo que aparece en el Presupuesto de 1942-43 bajo la denominación de “Inspector General de Construcciones y Plomería”, tiene los mismos deberes, atri-buciones y remuneración que correspoudían al cargo que hasta el día antes de empezar a regir dicho presupuesto ocupó el peticionario con carácter permanente, según hemos resuelto. La prueba demuestra claramente que se trata de un mero cambio de nombre para simular la abolición del cargo que ocupaba el peticionario y poder así separarlo del servicio, sin causa justificada. Siendo ello así, el peticiona-rio-tiene derecho a ser repuesto en su empleo.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra declarando con lugar la demanda y orde-nando la inmediata reposición del peticionario en su empleo y la aprobación de las nóminas correspondientes a los suel-dos que el peticionario tenia derecho ■a recibir, desde la fecha de su separación hasta la fecha en que se le reponga en su cargo, con las costas a cargo del demandado.

EN RECONSIDERACION

Sometido: Noviembre 15, 1945. Resuelto: Marzo 15, 1946.

El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 4 de junio de 1945 dictamos sentencia en el caso del epígrafe revocando la sentencia apelada'y declarando con lugar la demanda interpuesta por el demandante y apelante José Cantellops Vega, disponiendo en sn consecuencia la in-mediata reposición del demandante en el puesto que desem-peñaba en el Departamento de Sanidad de la isla de Puerto Rico, y la aprobación de las nóminas correspondientes a los sueldos a que éste tenía derecho a percibir desde la fecha de su separación hasta la de su reposición en su cargo.

El demandado y apelado nos pide que reconsideremos nuestro fallo, por los fundamentos que consignamos a conti-nuación :

Que dicha sentencia debe ser reconsiderada en el sentido de confirmar la recurrida, toda vez que la opinión que la fundamenta se basa, erróneamente, primero, en que en junio 30, 1942, fecha en que fue separado de su empleo, el peticionario y apelante había adquirido status permanente en el Servicio Civil Clasificado, con derecho a. la protección prescrita por la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, por-que la mera aprobación de un examen que exija el poder nominador a un empleado temporero que ocupe un cargo comprendido en el Servicio Civil Clasificado no le da el de-recho a permanencia en dicho cargo, y sí únicamente a figu-rar en la lista de elegibles que para ese cargo prepare al efecto la Comisión de Servicio Civil y a figurar, si su cali-ficación lo acredita, en la terna que certifique dicha Comi-sión al jefe nominador correspondiente; y, segundo, en que el cargo que ocupaba el peticionario y apelante en el Depar-tamento de Sanidad no fue abolido por la ley general de presupuesto de 1942. Termina el demandado y apelado so-licitando que, de no haber lugar a dicha reconsideración, se modifique la sentencia en el sentido siguiente: (a) decre-tando que el peticionario tenía derecho a reposición en el cargo de Inspector General de Construcciones y Plomería del Departamento de Sanidad hasta el 30 de junio de 1943 en que dicho cargo tuvo existencia legal, o disponiendo que la ordenada reposición esté condicionada a la existencia del cargo; (b) disponiendo que la ordenada aprobación de las nóminas relativas a los sueldos que el peticionario tenía de-recho a recibir lo sea conforme a la disposición (a) prece-dente; y (c) eliminar la imposición de costas al demandado y apelado por no haber existido temeridad de su parte.

La teoría del demandado y apelado en este caso descansa exclusivamente sobre las alegaciones d'e que el demandante y apelante no es, ni era en la fecha en que cesó en su cargo de Jefe del Negociado de Inspección General de Construccio-nes y Plomería del Departamento de Sanidad, un empleado comprendido en el Servicio Civil Clasificado, porque nunca tomó y aprobó los exámenes dé libre oposición que exige la Ley; y que el cargo que ocupaba el demandante y apelante fué abolido por la Ley General de Presupuesto correspon-diente al año económico 1942-1943, y que también fué supri-mido -por la Legislatura Insular en la Ley General de Pre-supuesto del año 1943-1944.

En otras palabras, el único reparo que puso el apelado al apelante para que éste pudiera estar comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado fué solamente el incumpli-miento del previo requisito de la aprobación de un examen. El apelante probó satisfactoriamente haber cumplido con este requisito previo-. Su prueba, en cuanto a este extremo, no fué controvertida en forma alguna. Quedó también pro-bado de manera incontrovertible que el apelante desempeñó el cargo de Jefe del Negociado'de Inspección General de Construcciones y Plomería desde agosto- de 1931 hasta el 30 de junio de 1942, fecha en que fuera destituido.

No podemos aceptar que un nombramiento de temporero pudiese prolongarse por más de cuatro meses de acuerdo- con las disposiciones de la sección 24 de la Ley de Servicio Civil, y que un funcionario bajo tal nombramiento estuviese desempeñando su cargo por once años. Podría en este caso argüirse que debido a la opinión que rindiera el Hon. Attorney General de Puerto Rico, con fecha 19 de febrero de 1932, en relación con la Ley de Servicio Civil de 11 de mayo de 1931, la Comisión de Servicio Civil fuera inducida a error al considerar, mediante resolución, al peticionario como empleado con status permanente dentro del Servicio Civil Clasificado-, y que por ello asimismo fuese inducido a error el Comisionado de Sanidad o sea la parte demandada; pero ¿podría alegarse tal motivo de error después de este Tribunal haber declarado nula e ineficaz la referida resolución según consta del caso de Matos v. Veve, Márshal, 46 D.P.R. 356, resuelto el 16 de marzo- de 1934? ¿Por qué si el status del peticionario no era el de permanente no se decretó su cesantía entonces con vista de la referida decisión de este Tribunal1? No se hizo tal cosa, y por el contrario siguió ocupando el cargo discutido por varios años más, percibiendo por sus servicios el correspondiente pago mensual, para lo cual y de acuerdo con la Ley, nóminas fueron remitidas men-sualmente en las cuales figuraba Cantellops, por el Depar-tamento de Sanidad al Auditor y Tesorero de Puerto Rico para su aprobación y orden de pago, nóminas que fueron expedidas con estricta observancia de la sección 26 de la Ley de Servicio Civil que dispone que la lista de pagos, comprobante o cuenta contendrá los nombres de las perso-nas a quienes ba de hacerse el pago, así como indicará la suma a pagarse y también una aseveración de que se han rendido tales servicios juntamente con la certificación de la Comisión de Servicio Civil acreditativa de que las personas nombradas han estado empleadas en el servicio del Gobierno Insular de Puerto Rico, a virtud de esta Ley y de las re-glas dictadas conforme a la misma.

Considerados todos los hechos y circunstancias especiales que concurren en este caso, y, especialmente, que tanto el Comisionado de Sanidad como la Comisión de Servicio Civil, fuere cual fuere el motivo o causa, consideraron y reco-nocieron al Sr. Cantellops, por más de once años, como un funcionario permanente del Departamento de Sanidad, no es posible llegar a otra conclusión, compatible con la justi-cia y la equidad, que no sea la de que el peticionario, para la fecha.en que fué separado de su empleo, en junio 30 de 1942, ya había adquirido un status permanente en el Ser-vicio Civil Clasificado con derecho a la protección prescrita por la sección 28 de la Ley de Servicio Civil.

Conocemos los preceptos de la Ley- de Servicio Civil y sabemos muy bien que la aprobación de un examen solamente da derecho al examinado a figurar en la lista de elegibles de la Comisión de Servicio Civil y, luego, a ser incluido si su calificación lo acredita, en una terna solicitada por el poder nominador para de ser seleccionado por éste, recibir tm nombramiento probatorio por el término de cua-tro meses y que de ser satisfactorios sus servicios durante este período de prueba, el funcionario' o empleado adquirirá un status permanente dentro del Servicio Civil Clasificado; pero el apelado y demandado en este caso concretó toda su contención al hecho exclusivo de que el Sr. Cantellops no había tomado ni aprobado examen alguno para ganar el status permanente como empleado público en el Servicio Civil Clasificado, lo que no probó, y por esto y los demás fundamentos .de nuestra opinión, fallamos en contra de sus pretensiones. El apelado no ha tenido en cuenta los pre-ceptos del art. 464,. inciso 14, del Código de Enjuiciamiento Civil, Estatutos Revisados de 1941, que establece la presun-ción controvertible de que una persona en posesión de un cargo público fué elegida o nombrada para dicho cargo, en debida forma, e incurre en el error de pretender que el Sr. Cantellops pruebe la validez o legalidad de su nombramiento. Éste solamente tenía que probar, como probó, que estaba en posesión del cargo en discusión sin que esta prueba fuera controvertida. Incumbía al apelado destruir esta presunción y no lo hizo; debió haber alegado en su contestación al re-curso de mmidamus y probado que Cantellops no tomó ni aprobó los exámenes del Servicio' Civil del cargo que ocu-paba; o que de haber tomado y aprobado dichos exámenes no fué incluido su nombre en la terna que solicitara al efecto el poder nominador, o que de haberlo sido, dicho poder no-minador no lo seleccionó para darle un nombramiento pro-batorio por el término de cuatro meses, o que de haber re-cibido tal nombramiento, no pudo conseguir su status per-manente por no ser satisfactorios sus servicios. Ninguna de estas circunstancias aparece de las alegaciones del deman-dado ni de la prueba aducida para destruir la presunción que asiste al demandante, a excepción de la alegación de no haber tomado y aprobado sus exámenes para cualificar como empleado permanente, la qne no fué probada. El peticiona-rio probó qne había tomado y aprobado los exámenes

No se ha aducido ni hemos podido encontrar razón alguna para qne alteremos nuestra conclusión de que el puesto qne ocupaba el peticionario en junio 30 de 1942 no fué abolido por la Ley de Presupuesto para el año fiscal 1942-1943; y qne por lo tanto el peticionario Cantellops te-nía derecho a ocupar dicho puesto durante el mencionado año fiscal y a percibir por sus servicios los sueldos fijados por la Ley de Presupuesto. El propio demandado así lo re-conoce cuando propone en su moción de reconsideración que se modifique la sentencia en la forma siguiente: “(a) de-cretando que el peticionario tenía derecho a reposición en el cargo . . . hasta el 30 de junio de 1943 en que dicho cargo tuvo existencia legal”; y “(b) disponiendo que la ordenada aprobación de las nóminas relativas a los sueldos que el pe-ticionario tenía derecho a recibir lo sea conforme a la dis-posición (a) precedente”.

El peticionario y el demandado han descansado en la Ley de Presupuesto para el año 1943-1944; el primero, para sos-tener que el cargo en controversia continuó existiendo por virtud de dicha Ley; y el segundo, para demostrar que el cargo fué expresamente abolido para dicho año fiscal. No es posible determinar, por la simple lectura de dicho presu-puesto, a cuál de las dos partes asiste la razón. La duda solamente puede ser disipada mediante la práctica de la prueba que las partes puedan aducir para'tratar de soste-ner sus respectivas contenciones.

Por las razones expuestas, se declara con lugar la mo-ción de reconsideración, se dejará sin efecto la sentencia re-currida y se devolverá el caso a la corte inferior con el único propósito de que ante ella se practique prueba en cuanto a la alegada existencia del cargo en controversia y en cuanto ai la alegada abolición del mismo por la Ley de Presupuesto para el año fiscal 1943 — 1944. Si de la evidencia resultare que el cargo ya no existe, el mandamus solicitado• sería improce-dente y la demanda deberá en ese caso ser desestimada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.

       El caso de Rodríguez v. Buscaglia, Tes., 63 D.P.R. 490, aun cuando pre-senta hechos similares a los del caso de autos, se distingue de éste en que el peticionario Rodríguez fué separado del cargo que ocupaba, año y medio después de liaber sido nombrado, por haberse hecho el nombramiento mediante ascenso sin examen de libre oposición, apareciendo de la prueba que Rodríguez ocupaba el sexto puesto en la lista de elegibles. Eñ el presente caso, a Cantellops se le separó del cargo después de haberlo ocupado ■ sin interrupción por más de once años; y de la prueba no resulta que en la época en que se le nombró, degpués de haber tomado y aprobado el examen, existieran otras personas con derecho a que se les hiciera figurar en una terna de elegibles.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Crown Beverages Inc., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9192.

    Sometido: Febrero 7, 1946.

      Resuélto: Marzo 19, 1946.

      James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, aboga-dos de la apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, y Nilita Vientos Gastón, abogada del Departamento de Justicia,, abogados ambos del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Crown Beverages, Inc. demandó al Tesorero para qne se le devolvieran ciertos arbitrios pagados bajo protesta. La corte de distrito dictó sentencia a sn favor en cnanto a ciertas partidas y desestimó la demanda en cnanto a otras. La demandante apeló de la segunda parte de la sentencia.

I

La sección 83 de la Ley de Rentas Internas disponía qne el impuesto del 2 por ciento sobre venta o con-sumo “establecido por las secciones 62 y 16 a de esta Ley, no gravará; . . . (11) La venta, uso o consumo de artículos importados o fabricados en el país qne se utilicen como en-vases o en la presentación o preparación de productos destinados para la venta o para la exportación, siempre que los citados artículos pasen con el producto a poder del comprador.” La demandante trajo a Puerto Rico botellas y cajas vacías que utilizó para envasar y vender Coca Cola, ginger ale y agua de soda. Alegaba que estas botellas y cajas estaban exentas del pago de arbitrios, de conformidad con la sección 83.

La corte de distrito rechazó esta contención por dos mo-tivos: (1) si una de las condiciones para exención, de con-formidad con la sección 83, es qne el título de propiedad del envase debe pasar al comprador, la exención no se aplica aquí, porque bajo los hechos de este caso el título a las bo-tellas y cajas era reservado por la vendedora y no pasaba al comprador; (2) de cualquier modo, la sección 83 no se redactó con la idea de establecer ya sea la reserva o la tras-misión del título a los envases como el factor determinante en cuanto a la aplicabilidad de la exención. Más bien la Le-gislatura estableció como fórmula, independientemente de la reserva o la trasmisión del título, que la exención se apli-cará solamente cuando el envase pasa definitivamente a la posesión del comprador, sin perspectiva de que vuelva a ad-quirirse por el vendedor para volverse a usar. Y como es-tas botellas y cajas pasaron a la posesión de los comprado-res sólo provisionalmente, la exención que se provee en la sección 83 no se aplica a ellas.

En cnanto al primer motivo, la demandante alega qne “la evidencia demostró qne . . . tanto el título de propiedad sobre el producto como sobre el envase pasan al comprador desde el momento en que se efectúa la venta, con el derecho, en el comprador, de devolver el envase y la obligación, en la demandante apelante, de volverlo a adquirir si está en buenas condiciones. ’ ’ Esta contención está basada en cierta prueba de qne en 1940 la demandante hizo ciertos cambios en sus sistemas de operaciones, contabilidad y facturas. ■

Con anterioridad .al 1940, las botellas y cajas en manos de los clientes se llevaban a los libros de la demandante como un activo, con una cuenta de depreciación para cubrir rotu-ras o no devolución. Algunas veces — pero no siempre, de-bido a la competencia — se exigían depósitos para garantizar la devolución. Sin embargo, con o sin depósitos, la mayoría de las botellas y cajas se devolvían a los empleados de la demandante en sus visitas diarias a los clientes.

Después de inaugurarse el nuevo sistema en 1940, no se incluían como activos las botellas y las cajas, sino que se consideraban como materiales que formaban parte del pro-ducto. Sin embargo, aun bajo el nuevo sistema, en la prác-tica la mayoría de las botellas y cajas vacías son devueltas por el cliente al hacérsele nuevas entregas, en algunos casos lo mismo que bajo el viejo sistema, con un depósito perma-nente en manos del vendedor para afrontar roturas o pér-didas.

Las facturas usadas bajo el viejo sistema contenían un aviso al comprador al efecto de que él no estaba comprando las botellas y las cajas y que se comprometía a devolverlas o a pagar una suma razonable por las mismas. La deman-dante afirma que este sistema ha sido abandonado y que ahora tiene lugar la compra incondicional de las botellas y las cajas por el 'Comprador. Pero esto no lo establecen las nuevas facturas, que contienen un aviso al efecto de quo el título de propiedad sobre las botellas no pasa al compra-dor Cf. Wichita Coca Cola Bottling Co. v. United States, 152 F.2d 6 (C.C.A. 5th, 1945).

La prueba de la demandante no nos convence que la corte de distrito erró al sostener que aun bajo el nuevo sistema la demandante se reservaba el título a las botellas y enva-ses. Tampoco encontramos aplicables, en vista de los hechos concurrentes, las autoridades citadas por la demandante para sostener sn contención de que después de 1940 el título pasó al comprador bajo contratos de compraventa o devo-lución.

También convenimos con el segundo motivo expuesto por la corte inferior para denegar esta reclamación de reembolso. Estamos convencidos de que bajo el lenguaje de la sección :83 ni la reserva ni la trasmisión del título, fueron tenidos en mente para que constituyeran el factor determinante en cuanto a la aplicabilidad de la exención. Creemos lo mismo que la corte de distrito, que la sección 83 fue ideada para que eximiera de tributación solamente los envases en rela-ción con los cuales se pudiera demostrar que pasaron inde-fectiblemente de las manos del vendedor sin que existiera convenio alguno al momento de la venta de que el vendedor asumiría nuevamente o podría asumir la posesión del envase para volverlo a usar. Nos parece claro que la exención se promulgó para beneficiar a aquellos cuyos productos exigían envases que, por su frágil naturaleza o por alguna otra ra-zón práctica o legal, están supuestos a usarse una sola vez. “Pasar con el producto” en esta ley significa que el vende-dor, al entregar el producto envasado, considerando que el envase es fungible, no tiene esperanza inmediata alguna de volverlo a adquirir para usarlo otra vez. Cf. Puerto Rico Paper Bag Co. v. Sancho, Tes., 53 D.P.R. 776; Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 942-44. Y como la demandante, tanto bajo el viejo como el nuevo sis-tema, siempre ha seguido una práctica por la cual readquiere la posesión de sus botellas y cajas para usarlas otra vez, es-•tos envases no pasan a la posesión de los compradores den-tro del significado de la sección 83.

Por tanto concluimos qne por las dos razones expuestas por la corte de distrito, las botellas y cajas no están exen-tas, a virtud de la sección 83, del arbitrio de 2 por ciento qne la demandante debe pagar una sola vez, de conformidad con la sección 16 a de la Ley de Rentas Internas. La corte de distrito no erró al negarse a ordenar la devolución de la cantidad de $1,772.33 por arbitrios e intereses y $148 por recargos pagados por las botellas y cajas.

II

La próxima cuestión es si unos anuncios de metal esmaltado que la demandante trajo a Puerto Rico para anunciar sus productos constituyen aparatos eléctricos para iluminación, que están gravados en un 10 por ciento por el inciso 19 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas. La corte inferior manifestó que el Tesorero llegó a la “sorprendente conclusión” de que los anuncios estaban sujetos a contribución por el inciso 19 en virtud del “hecho de que al anuncio van fijados dos brazos de metal qne sostienen dos reflectores donde pueden colocarse bombillas para iluminar el anuncio. No es el anuncio un ‘aparato para iluminación’, sino un objeto que puede ser iluminado, como no es ‘aparato para iluminación’ el salón de cuyo techo cuelga una lámpara eléctrica. Pero al igual que la lámpara eléctrica que cuelga del techo del salón es un aparato eléctrico para iluminación, aunque carezca de bombilla y alambre, entendemos que en este caso los reflectores y los brazos que los sostienen constituyen aparatos eléctricos. No nos ofrece base la prueba para determinar qué parte de la contribución pagada eorres-ponde al valor del anuncio, y qué parte a los reflectores y los brazos que a éstos sostienen. La sentencia dispondrá que el demandado verifique la valoración de los reflectores y sus brazos, liquide la contribución correspondiente, y devuelva a la demandante la parte de la contribución que corresponda al valor del anuncio en sí, con los intereses correspondien-tes.”

La demandante insiste en que los brazos y reflectores, así como también los propios anuncios, no están cubiertos por el inciso 19. Arguye que son partes del anuncio> y que so-lamente el alambre eléctrico, el cubo y la bombilla caen den-tro del significado de aparatos eléctricos. Pero el fin de los brazos y reflectores es iluminar el anuncio. Podría ser que se pudieran .usar para otros fines; pero eso es inmaterial aquí. Basta decir que fueron introducidos para usarse y se usaron exclusivamente como parte necesaria de un artefacto para iluminación. Como tales, constituían aparatos eléctri-cos para iluminación. La corte de distrito por tanto no co-metió error al negarse a ordenar la devolución de aquella parte de los $877.54 de arbitrios e intereses y de $80 por recargos que corresponde a los reflectores y brazos.

III

La corte de distrito también resolvió que cierta maqui-naria industrial pesada era tributable al 10 por ciento de conformidad con el inciso 27 de la sección 16 de la Ley de Eentas Internas, según quedó enmendada por la Ley núm. 108, Leyes de Puerto Pico, 1936 ((1) pág. 566), y se negó a ordenar la devolución de $9,190.26 en arbitrios e intereses y $319 por recargos. Ambas partes convienen en que esto fue un error en vista de nuestras decisiones en Compañía Cervecera de Puerto Rico, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 964, y Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., supra. Sin embargo, existe controversia en cuanto a si la deman-dante ya había pagado de conformidad con la sección 16 a el arbitrio de 2 por ciento qne ya hemos resuelto-debió pa-gar tal maquinaria, antes de exigirsele qne pagara las su-mas que aquí reclama. Cuando devolvamos el caso a la corte de distrito para que calcule los arbitrios a pagarse bajo el apartado II de esta opinión, esta cuestión debe también de-terminarse. De no haberse pagado el arbitrio del 2 por ciento, debe retenerse del dinero a ser devuelto a la deman-dante en este caso.

La sentencia de la corte de distrito será modificada, de conformidad con el apartado III, así modificada, se 'confir-mará la sentencia, y se devolverá el caso para que se calcule la suma que deberá devolverse a la contribuyente de acuerdo con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Córdova se inhibió.

      Ley núm. 85, Leyes de Puerto Bico, 1925 (pág. 585), según quedó enmendada por la Ley núm. 83, Leyes de Puerto Bico, 1931 (pág. 505); Ley núm. 4, Leyes de Puerto Bico, 1939, Sesión Extraordinaria (pág. 17).

      La opinión de la corte de distrito sobre esta cuestión, expuesta sucinta-mente, dice como sigue: “La prueba demuestra que la demandante se reserva el título a las cajas y-botellas en que envasa sus bebidas, y exige su devolueiós por el comprador, garantizando esa devolución mediante un depósito que se de vuelve al comprador al recibir la demandante los envases. No cabe la menor duda, por lo tanto, de que los envases no pasan definitivamente a poder del comprador, quien sólo los tiene en su posesión provisionalmente. Entendemos que la frase 'pasen con el producto a poder del comprador’ se refiere al caso corriente en que el comprador adquiere el envase definitivamente, y que por lo tanto no es aplicable al caso de las botellas y cajas del demandante.”

      Este aviso lee como sigue: “Nota: En el caso de botellas y cajas selladas o mareadas con el nombre de la compañía o marca de fábrica, el título de pro-piedad no se traspasa, aunque dielias botellas y cajas se hayan cobrado o car-gado ; tal cargo o cobro sólo representa un depósito para garantizar la devolución de dichas botellas y cajas. Este depósito será devuelto por la compañía cuand'o las botellas y cajas sean entregadas en buenas condiciones por el comprador. ’'

        Annotation, 52 A.L.R. 589; In re Allen, 183 F. 172 (Ark. 1910); Buck v. Commissioner of Internal Revenue, 83 F.2d 627 (C.C.A. 9th, 1936); People v. Cannon, 34 N.E. 759, 764 (N.Y. 1893); artículos 1363, 1631-2, Código Civil, ed. 1930.

       Claramente no es de aplicación a los hechos de este caso la exención en cuestión. Pero aun de ser dudosa su aplicación, no podríamos decidir en favor de la demandante. "Las exenciones contributivas no pueden inferirse; deben consignarse específicamente en lenguaje claro e inequívoco.” Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., supra, pág. 918.

      Ley núm. 85, según fué enmendada por la Ley núm. 108, Leyes de Puerto Rieo, 1936 ((1) pág. 566).


author: El Juez Asociado. Seúior Todd, Jr.,

text:
    Justina Reyes Machín, conocida por Lorenza Reyes Machín, demandante y apelante, v. Rafaela Torres y Manuel Buxó Quiñones, demandados y apelados.
    Núm. 9226.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 20, 1946.

      Ramos Antonini <& Ortiz, abogados de la apelante; Miguel Garda González, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado. Seúior Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, alegando ser uno de los herederos de doña María Beyes Machín, radicó demanda en la Corte de Distrito de Humaeao solicitando la nulidad de una escritura pública sobre venta de una finca otorgada por su causante a favor de la demandada. En la primera causa de acción alegó que dicha escritura no fue otorgada en un solo acto y en presencia de los testigos instrumentales y como- segunda causa de acción que la escritura era nula por no haber me-diado causa en el contrato. Los demandados contestaron la demanda negando sus hechos esenciales. El día del juicio la,demandante desistió de la segunda causa de acción alegada y presentó prueba para sostener la primera. Los demanda-dos no presentaron prueba.

No existe controversia entre las partes en cuanto al hecho de que la prueba de la demandante demostró que al otorgarse ante el notario Antonio L. López el 12 de junio de 1943 una escritura pública a virtud de la cual doña María Beyes Ma-chín vendió a doña Bafaela Torres, casada con don Manuel Buxó Quiñones, una finca rústica, dicho notario se trasladó a la casa de doña Bafaela, donde también residía la vende-dora, situada en un barrio de San Lorenzo; que allí firma-ron las partes y el testigo Heriberto Aponte; que luego el notario, el Sr. Juan Buxó y el testigo Aponte se trasladaron al pueblo de San Lorenzo al almacén del Sr. Ramón Selles, quien, a solicitud del notario, firmó la escritura como testigo después de haberla leído. No aparece de las alegaciones ni de la prueba si el notario ya había firmado la escritura cuando la llevó donde el Sr. Selles o si la firmó después.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda por los fundamentos siguientes: 1ro. porque el motivo de nulidad alegado no está incluido en la sección 20 de la Ley Notarial de Puerto Rico; 2do. porque siendo dicho defecto uno de carácter formal, si las condiciones del contrato son perfectas el mismo debe subsistir como documento privado; 3ro. porque “la parte que solicita dicha nulidad trae título de la que otorgó la venta, encontrándose la demandante en las mismas circunstancias y lugar en que se encontraría la vendedora si fuera ella la reclamante y por lo tanto impe-dida de ir contra la forma y manera en que fué otorgado el documento,” y 4to. en el hecho de que en Puerto Rico, “con muy raras excepciones firman al unísono los testigos instru-mentales con los otorgantes a pesar de que el otorgamiento de un contrato debe verificarse en un solo acto.”

En apoyo de su primer razonamiento la corte inferior citó los casos de Benitez Flores v. Llompart, 50 D.P.R. 670, y Sucn. González v. Federal Land Bank, 51 D.P.R. 469.

Estos casos no tienen aplicación alguna a los hechos del de autos. En el primero no se trataba de la nulidad de una escritura sino si celebrado un contrato de venta, obligatorio entre las partes, la circunstancia de no haberse elevado a escritura pública el mismo día del otorgamiento del contrato lo hacía ineficaz y se resolvió que esa circunstancia “en nada desvirtúa la fuerza obligatoria del convenio entre las par-tes”; y en el segundo se sostuvo que era un defecto formal que no producía la nulidad el hecho de que las hojas de una escritura impresa contuvieran más de veinticuatro líneas.

La sección 13 de la Ley Notarial en lo pertinente esta-blece que: ‘ ‘ Ninguna escritura pública, salvo lo que dispone esta Ley en casos especiales, podrá ser autorizada por el no-tario, sin la presencia de dos testigos; ...” y la sección 15 de la misma ley dispone que “La presencia de los testi-gos se requiere para la lectura, consentimiento y firma, que tendrán lugar en un solo acto.” Relacionadas con estas dos secciones están la 10 que impone al notario la obligación de hacer constar en toda escritura pública que otorgue “el lu-gar, año y día del otorgamiento ” y la 17 que deberá certi-ficar que ha leído “a las partes y a los testigos instrumen-tales o de haber permitido que las leyesen a su elección antes de que las firmen” las escrituras públicas que se otorguen.

Estos preceptos establecen ciertos y determinados requi-sitos que deben ser cumplidos por el notario al otorgar un instrumento público. La presencia de los dos testigos instrumentales con las partes en el momento del otorga-miento se requiere para “la lectura, consentimiento y firma que tendrán lugar en un solo acto.”

El requisito que requiere la presencia de los dos testigos ■en el momento de la lectura de la escritura, de por sí im-portante, lo es más aún al referirse al consentimiento y a la firma de los otorgantes. La lectura por las partes y los testigos o por el notario, el consentimiento de las partes al contrato que se otorga y la firma del documento por las par-tes y testigos, todo esto debe tener lugar en “un solo acto.” Estos requisitos tienen que ser cumplidos para que el ins-truniento otorgado pueda tener el carácter de público. El hecho de que el testigo Sr. Selles leyera la escritura, antes dé firmarla, no la convalida pues él no estuvo presente, a pesar de que así se haga constar en ella, cuando la firma-ron las partes en presencia del otro testigo instrumental del documento. El Sr. Selles, por haber firmado después que el convenio había sido hecho, sin estar él presente, de hecho no fue un testigo del otorgamiento de la escritura aun cuando su nombre aparece en la misma.

La sección 13, supra, prohíbe expresamente al notario autorizar ninguna escritura pública sin la presencia de dos testigos, salvo los casos especiales a que se refiere la ley en su sección 22 en cuanto a los testamentos. El hecho de que la sección 20, supra, especifique ciertos casos que vician de nulidad una escritura, no implica que ésos sean los únicos que puedan tener ese efecto. El artículo 12 del Código Civil (Ed. 1930) establece que “En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este código” y el artículo 4 del mismo cuerpo legal dispone que “Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez. ”

No podemos aceptar como argumento que pueda tener fuerza legal de clase alguna el que hizo constar la corte inferior en cuanto a que en Puerto Rico “con muy raras ex-cepciones firman al unísono los testigos instrumentales con los otorgantes,” pues, según dispone el artículo 5 del Código Civil, contra la observancia de las leyes no prevalecerá “el desuso, la costumbre o la práctica en contrario.”

Ahora bien, habiendo la demandante desistido de su segunda causa de acción en la cual atacaba la validez del contrato de compraventa por no haber mediado cansa, en el mismo, dicho contrato subsiste entre las partes. Picart v. De León, 22 D.P.R. 592; Ayllón y Ojeda et al. v. González y Fernández, et al., 28 D.P.R. 67. Siendo esto así, ¿qué in-terés o daño ha alegado o demostrado la demandante que justifique que ella pueda obtener un remedio en este caso? Ninguno a nuestro juicio. Como bien dijo la corte inferior, la demandante se encuentra “en las mismas circunstancias y lugar en que se encontraría la vendedora si fuera ella la reclamante,” y por tanto impedida de atacar la validez de la escritura otorgada por su causante. Véanse al efecto: Vázquez v. Santalís, et al., 26 D.P.R. 677; Sucn. González v. Federal Land Banh, 51 D.P.R. 469; Acevedo v. Romero, 54 D.P.R. 549.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       La sección 20 de la Ley Notarial (Art. 1678 Estatutos Revisados de 1941) dispone:

        ‘ ‘ Cuándo los instrumentos públicos serán nulos. — Serán nulos los instrumentos públicos:
      “1. En que haya intervenido como parte el notario que los autorice, o contenga alguna disposición a favor de éste.

        “2. En que sean testigos los parientes de las partes en ellos interesadas, o los parientes, escribientes o criados del notario autorizante.
      "3. En que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de conocimiento, o que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, signo y rúbrica del notario.”

      En el caso de Clark et al. v. Graham, 6 Wheat. 577, 19 U. S. 258, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que requiriendo las leyes de Ohio que todas las escrituras sobre bienes inmuebles deben otorgarse ante dos testigos, una escritura otorgada ante un testigo solamente, es nula.


author: El Jxjez Presidente Señor Travieso

text:
    Esteban Asencio, Etc., demandantes, contrademandados y apelados, v. G. Llinás & Compañía, S. en C., demandada, contrademandante y apelante.
    Núm. 9123.

    Sometido: Diciembre 7, 1945.

      Resuelto: Marzo 21, 1946.

      Luis López de Victoria y Leopoldo Tormes García, abogados de la apelante; Pedro Baigés Gomes y José Rosario Gelpí, abogados de los apelados.
   El Jxjez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda sobre reivindicación radicada ante la Corte de Distrito de Mayagüez, se alega que el demandante Asencio es dueño en pleno dominio de trece dieciseisavas partes de cada una de las dos fincas que se describen en la demanda, habiendo adquirido dichos condominios por com-pra a doña Tomasa Ithier y a sus tres hijos menores de edad, por escritura de 11 de abril de 1939; que los otros tres demandantes, los menores de apellido Ruiz Ithier, son dueños en pleno dominio de las tres dieciseisavas partes restantes en cada una de dichas fincas; que todos dichos condominios están debidamente inscritos a favor de los res-pectivos demandantes; y que la sociedad demandada posee dichas dos fincas y disfruta de sus productos, sin buena fe ni justo título, en contra de la voluntad de los demandantes y negándose a entregarlas. Se alega, además, que las dos fincas producen anualmente rentas y utilidades por valor de $5,000.

La sociedad demandada negó los hechos esenciales de la demanda y alegó en contrario que las dos fincas le pertene-cen en pleno dominio y posesión desde el 8 de diciembre de L931; que cuando Tomasa Ithier y sus hijos traspasaron, en abril 11 de 1939, trece dieciseisavas partes de las fincas al demandante Asencio, ellos no eran dueños de ninguna participación en dichos dos inmuebles, ya que las fincas para esa fecha pertenecían en pleno dominio a la demandada; que en el alegado traspaso no medió causa ni consideración al-guna, habiéndose simulado dicho traspaso con el propósito de defraudar a la demandada, a quien Pedro Ruiz Ruperto, causante de los menores demandantes, adeudaba más de $3,500, de lo cual tenían conocimiento todos los demandantes. Alegó, además, la demandada, que cuando se otorgó la escri-tura de 11 de abril de 1939 a favor del demandante Asencio, las fincas aparecían aún inscritas a nombre de Pedro Ruiz Ruperto y de su esposa Tomasa Ithier, con una anotación del embargo decretado a favor de la sociedad demandada en el caso civil número 15,023 de la Corte de Distrito de Ma-yagüez; y que aun cuando la demandada no había inscrito su título de adquisición, las dos fincas le pertenecían en pleno dominio desde diciembre 8 de 1931, por virtud de la escritura pública que le fue otorgada en la indicada fecha por el marshal, en la ejecución de la sentencia dictada, a su favor en el citado pleito.

La sociedad demandada interpuso una contrademanda, en la que alega, como primera causa de acción, que la de-mandada obtuvo sentencia a su favor en el pleito seguido por ella contra Tomasa Ithier y la sucesión de Pedro Ruiz Ruperto, en cobro de una cuenta por refacción y de ciertas obligaciones comerciales, que sumaban en total $3,511.99; que dicha sentencia fué ejecutada, celebrándose una subasta de bienes de dicha sucesión, entre los cuales figuraban las dos fincas que le fueron adjudicadas por el márshal en diciembre 8 de 1931; que inmediatamente después de otorgada la escritura de venta judicial, doña Tomasa Ithier, por sí y en representación de sus hijos entregó la posesión material de las dos fincas a la sociedad demandada; y que desde esa fecha, Gf. Llinás & Co., S. en C., ha poseído dichas fincas, pxi-blica y pacíficamente, de buena fe y con justo título. Se alega, como parte de dicha primera causa de acción, que el demandante Asencio, no obstante tener conocimiento de to-dos estos hechos y del título que sobre las dos fincas tenía G-. Llinás & Co., de mala fe y fraudulentamente se hizo otor-gar la escritura de 11 de abril de 1939, por la cual le fue-ron transferidos los condominios a que se refiere su de-manda; y que los otros demandantes sabían, cuando otor-garon dicha escritura, que ellos no tenían título alguno so-bre las fincas.

Contestaron los demandantes contrademandados negando específicamente los hechos alegados en la contrademanda e interponiendo entre otras defensas especiales la de nulidad de la ejecución y de la subasta de las fincas.

La corte inferior dictó sentencia a favor de los deman-dantes, basándola en los siguientes fundamentos:

1. One la sentencia dictada contra la Sucesión de Pedro Ruiz Ruperto nunca fue legalmente notificada a los deman-dados, porque el sobre que contenía la notificación, dirigido a la “Sra. Tomasa Ithier, Barrio Quemado, Mayagüez, P. R. ”, fue devuelto por no haber sido reclamado por la persona a quien iba dirigido; y habiendo sido ejecutada la sen-tencia antes do que fuera firme, la subasta, la venta judicial y la escritura otorgada por el márshal son nulas e ineficaces.

2. Que la referida sentencia es nula por haber sido dic-tada por el Secretario en violación del artículo 194 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, por cuanto en ninguna de las tres causas de acción que se ejercitaban en la demanda se trataba de recobrar una suma liquidada y 'aceptada por el deudor. La sociedad demandada interpuso el presente re-curso, alegando que la corte inferior erró: (a) al resolver que la sentencia dictada contra la Sucesión de Pedro Ruiz Ruperto nunca fue legalmente notificada a los demandados; y (b) al resolver que dicha sentencia es nula por saber sido dictada por el Secretario sin la intervención de la corte.

La sección 2 de la Ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, Edición 1933, pág. 138, dispone que en los casos en que se pueda establecer recurso de apelación, “será deber del Secretario de la Corte enviar a la parte perjudicada, o a su -abogado', al dictarse la sentencia .... una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada”.

En Sánchez v. de Jesús, 39 D.P.R. 844, el demandante alegó que nunca recibió la notificación de la sentencia de divorcio dictada en su contra; y que dicha notificación ha-bía sido devuelta al Secretario de la Corte de Distrito por la oficina de correos. Este Tribunal sostuvo la suficiencia de la notificación, diciendo:

“La parte que pierde el litigio, o su abogado, no está obligada a descansar en un cumplimiento perfunctorio de los deberes así im-puestos al secretario. Si elige depender del secretario y de la oficina de correos y no trata de cerciorarse del resultado de un pleito, no puede quejarse si la notificación estatutaria no es recibida por el curso ordinario. Todo lo que la ley exige del secretario es que envíe la notificación por correo y archive copia de la misma. El término para interponer una apelación empieza a correr desde la fecha en que se archiva esa notificación, y no desde la fecha en que la parte per-didosa la recibe.”

. Los componentes de la Sucesión demandada fueron em-plazados y notificados con copia de la demanda interpuesta por G-. Llinás & Co. y apercibidos de que en el caso de que no contestasen la demanda se dictaría sentencia en su contra por las sumas reclamadas por la firma demandante. Era a los demandados a quienes incumbía dar al Secretario una dirección más exacta, a la cual se les debería enviar to-das las notificaciones que fuera necesario hacerles en rela-ción con el referido pleito y que ofreciera mayor seguridad de que la notificación llegaría a su destino. Tuvieron am-plia oportunidad para hacerlo así y no lo hicieron. Su pro-pia negligencia ha sido la causa de que no recibieran a tiempo la notificación de la sentencia.

La corte inferior erró al declarar la nulidad de la noti-ficación de la sentencia, de la subasta y del título otorgado por el márshal a la sociedad demandada.

La segunda cuestión que tenemos que resolver es si el Secretario ,de la Corte de Distrito estaba facultad'o para registrar la sentencia en contra de la Sucesión demandada, sin la intervención de la Corte.

En el acto de la vista la sociedad demandada ofreció en evidencia el folio 20 del récord del caso civil núm. 15,023, G. Llinás & Cía., S. en C. v. Tomasa Xthier, et ais., que con-tiene la sentencia en rebeldía inscrita el 19 de mayo de 1931; y el folio 22 del mismo récord, en el cual aparece la notifi-cación de la sentencia hecha por el Secretario. Ninguna de las partes ofreció en evidencia la demanda radicada en el pleito núm. 15,023. Por lo tanto, carecemos de medios para poder determinar cuales fueron las alegaciones de dicha de-manda y resolver si de acuerdo con ellas el Secretario estaba autorizado para registrar una sentencia.

El artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933) enumera entre las presunciones disputables, que pueden ser controvertidas mediante otra evidencia, las siguientes: “20. Que se ha seguido el curso ordinario de los negocios.” Y “32. Que la ley ha sido acatada”.

Fueron los demandantes los que alegaron que la ley no había sido acatada. Y a ellos incumbía presentar la eviden-cia necesaria para controvertir la presunción de legalidad que acompaña a toda sentencia. No apareciendo de la trans-cripción de la evidencia que se presentara prueba alguna a ese efecto, no podemos llegar a otra conclusión que no sea la de que la corte inferior erró al declarar nula la sentencia registrada por el Secretario a favor de la sociedad G. Lli-nás & Co., S. en C.

La sentecia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra declarando sin lugar la demanda, con costas a cargo de los demandantes.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
      Juan Bautista Montalvo Benítez y Marcelino Pérez Sánchez, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1181.

    Sometido: Febrero 18, 1946.

      Resuelto: Marzo 21, 1946.

      José Veray, Jr., y Héctor Reichard, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 30 de diciembre de 1927 ante el notario Valentín Alvarez Olmedo, Juan Bautista Montalvo y Bení-tez, siendo mayor de edad, soltero y vecino de San Sebas-tián, reconoció adeudar a Mariano B. Acosta la cantidad de $500 que se obligó a pagar el 30 de junio de 1928, con inte-reses al 1 por ciento mensual. Hn garantía de ésa deuda y de un crédito adicional de $100 para costas, gastos y ho-norarios de abogado en caso de reclamación judicial, el deu-dor constituyó hipoteca a favor de su acreedor Acosta so-bre la finca rústica núm. 4001 radicada en el barrio Pozas de San Sebastián. Posteriormente, por escritura 132 otorgada en Aguadilla el 26 de octubre de 1931 ante el notario Francisco A. González Suárez, el expresado Mariano R. Acosta y su esposa prorrogaron el pago de la referida hipoteca,, obligándose el deudor a satisfacerla en la siguiente forma: $250 en el mes de marzo de 1932 e igual cantidad en el mismo mes del siguiente año, devengando intereses dicha suma a razón de 1 por ciento mensual desde la fecha de la prórroga, pagaderos con cada plazo. Pero para asegurar los $500 de principal, sus intereses y la suma adicional antes mencionada que ya habían sido garantizados con la finca rústica del barrio Pozas de San Sebastián de que hemos hecho referencia, se extendió también la hipoteca sobre otra finca rústica, la núm. 3468 propiedad del deudor Sr. Montalvo, radicada en el barrio Hato Arriba de San Sebastián. Se consignó en la escritura de prórroga de hipoteca que la finca del barrio Pozas, que antes respondía de la totalidad del crédito, sola-mente garantizaría $100 de principal, intereses y el crédito adicional de $100; y que la radicada en el barrio Hato 'Arriba respondería de $400 de principal con sus intereses. Presentada esta escritura de prórroga al Registro, se incu-rrió en el error de invertir las responsabilidades de cada finca, de suerte que la radicada en el barrio Pozas, que se-gún la escritura de prórroga, debería responder de $100 de principal con sus intereses y los $100 del crédito adicional, garantizó según el Registro, $400 de principal con sus inte-reses ; y la radicada en el Barrio Hato Arriba, que según la escritura debería garantizar $400 de principal, solamente aseguró, según el Registro, $100 de .principal con intereses y el crédito adicional.

Después de haber quedado así inscrita la hipoteca, tres parcelas fueron segregadas de la finca radicada en el barrio Hato Arriba, las cuales fueron vendidas a tres distintas personas y al inscribirse las ventas se consignó en el Regis-tro que cada una de las parcelas, como parte que eran de la finca del barrio Hato Arriba, estaban afectas a la hipo-teca de $100 de principal y $100 de crédito adicional. Así las cosas, el acreedor Mariano R. Acosta y su esposa com-parecieron ante el notario ■ Héctor Reichard y por escritura de 10 de noviembre de 1945, confesaron haber recibido de Marcelino Pérez Sánchez, dueño de una de las parcelas se-gregadas, la cantidad de $100 de principal de que, según el .Registro, respondía la finca radicada en el barrio Hato Arriba, otorgándole carta de pago y consintiendo que la hi-poteca fuese totalmente cancelada en cuanto a la referida finca de Hato Arriba, pero manifestando que la finca radi-cada en el barrio Pozas, seguiría respondiendo, conforme aparecía del Registro, de la cantidad de $400 de principal y sus intereses.

Presentada esta escritura para su inscripción, el Regis-trador denegó la cancelación de la hipoteca. Fundó su nota en que, según él, la causa o consideración para cancelar la hipoteca consistió, no sólo en el pago de $100 de que según el Registro respondía la finca del barrio Hato Arriba, sí que •también en dejar subsistente la hipoteca que por $400 gra-vaba la finca del barrio Pozas, según equivocadamente cons-taba del Registro. Entendió el Registrador que de esa forma el acreedor hipotecario estaba ratificando el error en que se había incurrido en el Registro, sin que en esa ratificación tomase parte el dueño de la finca del barrio Pozas, Juan Bautista Montalvo.

Es incuestionable que apareciendo del Registro que la finca del barrio Hato Arriba estaba afecta a una hipoteca por $100 de principal, y constando ese gravamen inscrito cuando adquirió su parcela Marcelino Pérez Sánchez, sin que conste que éste tuviese conocimiento personal del indicado error, al él dar al acreedor la cantidad de $100 y los intereses adeudados, tenía derecho a exigirle la cancelación total de la hipoteca sobre la finca de Hato Arriba. No podía Acosta, en cnanto a Pérez, dadas las circunstancias ex-presadas, alegar el error del Registro ni podía exigirle, como no lo exigió, ninguna prestación adicional como condición para otorgarle la escritura de cancelación. El hecho de que el acreedor Áeosta, por su sola cuenta, sin el concurso de Juan Bautista Montalvo, manifestase en la escritura que la finca radicada en el barrio Pozas continuaba afecta a una hipoteca por $400, no podía tener efecto legal alguno, ni variaba lo que aparecía del Registro. Consecuentemente el Registrador debió considerar esa manifestación de Acosta como superfina y no practicar ningún asiento en cuanto a la misma.

Procede, por lo expuesto, revocar la nota recurrida y or-denar al Registrador que proceda a inscribir la cancelación solicitada.

       Este error no fué cometido por el actual Registrador.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Luis E. Dubón, demandante, querellante y apelado, v. José Casanova Cintrón, demandado y José F. Casanova Cofresí, querellados y apelantes.
    Núm. 9211.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 25, 1946.

      Juan A. Faria y Lionel Fernández Méndez, abogados de los querella-dos apelantes; Dubón & Ochoteco y Otero Suro c6 Otero Suro, abogados del querellante apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los querellados apelantes, declarados culpables de desa-cato por la Corte de Distrito de San Juan, solicitan la re-vocación de la sentencia. Los liechos esenciales del in-cidente son como sigue:

En abril 21 de 1944, el Licenciado Luis E. Dubón radicó una demanda contra José Casanova Cintrón, reclamando una indemnización de $10,000 por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia del acometimiento y agresión de que fue víctima por parte del demandado. A petición del demandante la corte ordenó el embarga de treinta acciones comunes del capital social de la corporación “R. Vega e Hijos, Ine.’’, las cuales aparecían registradas en los libros de la corporación a nombre de dicho deman-dado, disponiéndose además, que el márshal debía requerir al demandado para que le entregara el certificado acredita-tivo de dichas acciones. Al ser requerido, el demandado in-formó al márshal que él había endosado las acciones, negán-dose en aquel momento a revelar el nombre del comprador. Al insistir el márshal para que le manifestase el nombre del comprador y la fecha de la venta, el demandado, que es-taba arrestado, pidió permiso para consultar con su abogado. Después de hablar por teléfono con su abogado, el deman-dado dijo al márshal que su abogado le daría los informes el lunes siguiente, o sea tres días después de la fecha en que se celebrara la conferencia. El lunes siguiente, el abo-gado del demandado informó al márshal que el demandado le había dicho que las acciones habían sido vendidas por él a su padre, el querellado José F. Casanova.

En mayo 8 de 1944, el demandante radicó una moción en la cual solicitó se expidiera una orden requiriendo' á los que-rellados para que comparecieran a mostrar causas por las cuales no debieran ser castigados por desacato. La orden fué expedida y los querellados comparecieron ante la corte ei día 15 de mayo de 1944. En marzo 20 de 1945 la corte inferior dictó sentencia declarando a ambos demandados in-cursos en desacato y ordenando al márshal que les requiriese nuevamente para que le hicieran entrega del certificado de acciones; y disponiendo, que si así no lo hicieren, procediese a encarcela^ a ambos demandados en la Cárcel de Distrito de San Jnan “hasta tanto se purguen del desacato cometido y entreguen al marshal el certificado de acciones objeto de la orden de embargo”. Los demandados apelaron. Alegan en apoyo de su recurso que la corte sentenciadora erró:

1. Al resolver que tenía jurisdicción para decretar la nu-lidad de una compraventa, en un procedimiento colateral sumario de desacato.

2. Al ordenar al querellado José F. Casanova que entre-gase el certificado de acciones, sin que el demandante pres-tara fianza a su favor para responder de posibles daños y perjuicios.

3. Al imponer a los querellados apelantes una pena de cárcel indeterminada si no acataban la orden dictada.

4. Al apreciar la prueba.

5. Al no resolver que la querella no aducía hechos cons-titutivos de desacato por parte de los querellados apelantes.

6. Al actuar con pasión, prejuicio y parcialidad.

Procederemos a discutir y resolver las cuestiones levan-tadas por los apelantes, en el mismo orden en que las he-mos expuesto.

¿Actuó la corte inferior dentro de los límites de su jurisdicción, cuando requirió a los querellados para que hicieran entrega del certificado de las acciones; cuando les citó para mostrar causa por las cuales no debieran ser cas-tigados por desacato; cuando declaró que la venta de las acciones por José Casanova Cintrón a su padre era simu-lada y hecha con el único propósito de entorpecer y dilatar la ejecución de la orden de embargo de dichas acciones; y, por último, cuando declaró a los querellados incursos en de-sacato y ordenó su encarcelación?

Insisten los apelantes en que la corte inferior no adqui-rió jurisdicción sobre la persona del querellado José F. Casanova, porque éste no fue llevado ante la corte en la forma y manera establecida por la ley; que dicho demandado sólo podía ser llevado ante la corte a través de nna acción ple-naria de nulidad de venta y no mediante citación por desa-cato en nn caso en el enal él no es parte; y que el título de José F. Casanova, como comprador de las acciones, no está comprendido en substancia y efecto dentro de la materia del pleito principal por daños y perjuicios. De acuerdo con la contención de los apelantes, aun asumiendo que la cesión de las acciones fuera simulada, la corte que decretó el embargo carecería de facultad para hacer comparecer ante ella a las partes que intervinieron en la simulación; y el único reme-dio que tendría el demandante que solicitó el embargo sería . el de instar una nueva demanda contra dichas partes solici-tando sentencia por la que se declarase la nulidad o la in-existencia de la cesión simulada.

No existe la menor duda en cuanto a que si después de haberse decretado 'el embargo de bienes de un demandado, éste los ocultare para impedir o dilatar el embargo, dicho deman-dado y cualquier persona que a sabiendas le hubiere ayudado a consumar la ocultación podrán ser citados para compare-cer ante la corte y castigados por desacato por su desobe-diencia u oposición a la orden de embargo. ¿ Existe alguna razón para que la regla sea distinta, cuando el demandado en vez de recurrir a la ocultación física de los bienes que han de ser embargados, recurre a la simulación de una ce-sión o venta de dichos bienes a una tercera persona, para que ésta pueda reclamarlos como suyos y evitar así el embargo? A nuestro juicio no existe razón alguna que pueda justificar una distinción.

La corte inferior, al ser informada de que su orden para el embargo de las acciones no había podido ser cumplimen-tada porque el demandado se negaba a entregar el certifi-cado, alegando que había vendido las acciones a otra persona; que el alegado traspaso de las acciones era simulado y efectuado sin que mediara causa o consideración, con el único propósito de impedir la práctica del embargo; y que el supuesto comprador de las acciones se negaba también a entregar el certificado, estaba obligada, en defensa de su dignidad y prestigio, a investigar los cargos formulados contra los querellados, y facultada para castigar a éstos por desacato a sus órdenes, si la evidencia demostraba a su sa-tisfacción que los cargos estaban bien fundados.

La jurisprudencia citada por el tribunal sentenciador sostiene que el acto de remover, ocultar, destruir o traspa-sar bienes para impedir que sean embargados preventiva-mente o en ejecución de sentencia, constituye un desacato al tribunal que espidió la orden. La regia es aplicable no' so-lamente a las partes litigantes sí que también a cualquiera otra persona que coopere o tome participación en el acto constitutivo del desacato. En el caso de Lamb v. Cramer, 285 U. S. 217, 76 L. Ed. 715, el demandado en un pleito para anular ciertos traspasos fraudulentos, transfirió a Lamb, su abogado, parte de los bienes envueltos en el litigio, alegando que lo había hecho en pago de honorarios. La Corte Su-prema Federal al confirmar la sentencia de desacato dictada contra el abogado Lamb, se expresó así:

“La corte inferior correctamente sostuvo que tomando como base los hechos expuestos en la petición, los procedimientos contra Lamb podrían ser, o una demanda en equidad, como se hizo por la demanda suplementaria radicada por el Síndico . . . o un proceso por desacato, como en el presente caso, o en ambas formas, para obligarlo a devolver a la custodia de la corte la propiedad ilegalmente transferida.
‘ ‘ El recibo y ocultación ilegal de la propiedad, la cual estaba en-tonces. in gremio legis (citas) tendía a nulificar cualquier decreto que la corte pudiese dictar en definitiva en el cam. Eso, y su detenta-eión de la propiedad después de haberse dictado la orden, constituía un fraude en contra del derecho de los demandantes a continuar el pleito hasta su terminación, y una obstrucción de la justicia consti-tutiva de un desacato a la corte, contra el cual podía procederse civil-mente. (Citas.)”

La corte inferior, después de examinar la evidencia pre-sentada en el acto de la vista para mostrar causa, llegó a la conclusión de que entre el querellado José Casanova Cin-tron y su padre, el otro querellado, nunca existió un contrato para la cesión de las acciones y sí una confabulación para evitar el embargo y hacer ilusoria la sentencia que pudiera recaer sobre el demandado. El juez sentenciador consideró como hechos demostrativos de la simulación, que el deman-dado, al ser requerido para que entregara el certificado, ma-nifestó que había vendido las acciones, rehusando revelar el nombre del comprador; que no fue hasta tres días más tarde que el abogado del demandado dijo al marshal que el deman-dado le había dicho que había vendido las acciones a su se-ñor padre el 17 de abril de 1944, o sea cuatro días antes de decretarse el embargo; que esas mismas acciones habían sido vendidas antes por el demandado a Ramón Vega por $11,000, lo que hace difícil creer que fuese cierto que el de-mandado las vendiera a su padre por $4,000; y, por último, que el cheque de $1,000 que se dice fue entregado por Casanova padre, en 17 de abril, como parte del precio de las ac-ciones, no fue presentado para su cobro hasta abril 25, 1944, o sea cuatro días después de decretado el embargo. La corte tuvo también en cuenta la relación de padre e hijo existente entre ambos querellados; el precio inadecuado de la supuesta venta; y el hecho de que las acciones nunca fueron transfe-ridas en los libros de la corporación a favor del supuesto comprador.

Las conclusiones de la corte inferior están justificadas por la evidencia. En realidad no vemos razón alguna para que el juzgador pudiera haber llegado a conclusiones dis-tintas.

Habiendo resuelto que el traspaso de las. acciones era simulado y que se efectuó después de expedida la orden de embargo, con el propósito de impedir’ el embargo, el tribunal sentenciador cumplió con su deber y actuó con plena ju-risdicción cuando declaró que el acto realizado por los que-rellados constituye un desacato. Si sostuviésemos lo contra-rio, tendríamos que admitir que el derecho a embargar bie-nes para asegurar la efectividad de una sentencia o para ejecutarla es pura ilusión, pues fácil sería en todos los ca-sos traspasar los bienes después de dictada la orden pero antes de que el márshal se incautase de ellos, obligando al demandante a perseguir los bienes a través de una serie de pleitos contra los partícipes en las simulaciones.

:[3] El segundo señalamiento carece de fundamento. En la orden de embargo de las acciones registradas a nombre del demandado José Casanova Cintrón se dispuso que el de-mandante debía prestar fianza por la suma de $3,000 a favor de dicho demandado. Practicada la investigación de los hechos denunciados en la querella por desacato y resultando de la evidencia sometida por ambas partes que el alegado traspaso de las acciones era inexistente, por haber sido si-mulado con el propósito de impedir el embargo, el Tribunal no estaba obligado por ley alguna a requerir la prestación de una fianza adicional a favor del simulado comprador de las acciones, como condición previa para poder ordenar a dicho comprador que entregara el certificado. Siendo el con-trato simulado e inexistente, el supuesto comprador no ad-quirió título, derecho o interés alguno sobre las acciones, las cuales continuaron siendo propiedad de José Casanova Cin-trón, a cuyo nombre aparecen inscritas en el registro de la corporación.

El tercer señalamiento envuelve una cuestión importante, levantada por primera vez en esta jurisdicción: ¿Tenía facultad la corte inferior para ordenar, como ordenó, que los querellados fuesen reducidos a prisión y allí mante-nidos, mientras no hagan entrega del certificado de las ac-ciones objeto del embargo?

La sección 1, inciso 2, de la Ley de Io. de marzo de 1902 “Definiendo el Delito de Desacato y Disponiendo la Pena Correspondiente ’ ’, enmendada por la Ley de 8 de marzo de 1906 (pág. 32), y por la núm. 102 de mayo 12 de 1937 (Art. 145, Código Penal), faculta a las cortes de distrito para cas-tigar por desacato a toda persona culpable de “obstinada desobediencia, u oposición intentada o realizada contra cual-quier decreto,- mandamiento u orden legal, expedido o dic-tado por algún tribunal en un pleito o proceso de que estu-viere conociendo”. La sección 2 de la misma ley autoriza a dichas cortes “para castigar el desacato a su autoridad con prisión por un período máximo de treinta (30) días, o con multa máxima de doscientos (200) dólares o ambas pe-nas, a discreción del tribunal”.

Sostienen los querellados apelantes que las citadas dispo-siciones legales no facultan a la corte inferior para imponer una pena de cárcel por un período de tiempo indeterminado. Sostiene en contrario el querellante, y así lo resolvió la corte inferior, que tratándose como se trata en este caso de un desacato de carácter civil, en el que “la acción de la corte va encaminada a proteger mediante un castigo un derecho particular comprendido en un litigio ante el mismo tribunal’, no es aplicable la citada “Ley Definiendo el Delito de Desacato” la cual se refiere única y exclusivamente a de-litos de desacato y no a desacatos de carácter, civil.

La corte inferior basa su sentencia en la doctrina de la facultad inherente que tienen y deben tener los tribunales de justicia para hacer cumplir sus órdenes y sentencias. Copiamos de la opinión emitida por el juez sentenciador:

"El castigo en el desacato criminal es de naturaleza punitiva; en el civil es de carácter coercitivo. De ahí que en el primero se imponga una multa o encarcelamiento por un término fijo, mientras que en el segundo, por regla general, se ordena la encarcelación del querellado hasta que éste cumpla la orden de la corte y a veces, im-poner una multa para beneficio de la parte querellante. De ahí que no es posible en un desacato civil imponer un castigo punitivo; ade-más de ilegal sería ilógico.”

Los- casos de desacato son sui generis. Estrictamente ha-blando, no son ni civiles ni criminales; ocupan la zona crepuscular entre casos tradicionales civiles y criminales. Germán v. Corte, supra; Sánchez v. Romany, Juez, 53 D.P.R. 596, 598. Sin embargo, los casos de desacato son clasifica-dos como civiles o como criminales para ciertos propósitos, tales como apelación y el tipo de sentencia que se pueda dic-tar. Es cierto que algunas de las normas invocadas para clasificar un desacato como civil o como criminal son impre-cisas y de difícil aplicación. El resultado es que las cortes algunas veces consideran un caso en parte como civil y en parte como criminal. Pero existe una distinción fundamental entre los casos de desacato, civiles y criminales, recono-cida por nosotros repetidamente. En el desacato criminal el procedimiento y la sentencia son punitivos, para vindicar la dignidad y la autoridad de la corte y sirven como freno a los delitos contra el público, independientemente de los de-rechos de personas privadas; mientras que en el desacato civil tanto el propósito del caso como el remedio obtenido en el mismo son de carácter reparador, para beneficio del que-rellante. Los conceptos opuestos son "reparador” versus "punitivo”. Moskovitz, Contempt of Injunctions, Civil and Criminal, 43 Col. L. Eev. 780, 823.

Esta diferencia en propósito entre el desacato civil y el criminal hace necesaria una diferencia en el remedio con-cedido : en los casos criminales se impone nn término fijo de prisión o multa, mientras que en el desacato civil se impone prisión compulsoria indefinida. Esto es así porque la pri-sión por un término fijo es puramente punitiva y no puede tener efecto reparador; cualquier caso en que se imponga tal prisión tiene por tanto que ser clasificado como desacato criminal. Por otro lado, nn término fijo no 'se puede recon-ciliar con la naturaleza reparadora del desacato civil y no puede imponerse en el mismo;. más bien una prisión com-pulsoria indefinida basta que el acusado cumpla con la or-den desacatada es la raison d’étre de un procedimiento de desacato civil. Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 418, 441-44; Lamb v. Cramer, 285 U. S. 217, 220-21; Raymor Ballroom Co. v. Buck, 110 F.2d 207, 211-12 (C.C.A. 1, 1940); Kreplik v. Couch Patents Co., 190 F. 565 (C.C.A. 1, 1911); Root v. MacDonald, 157 N. E. 684 (Mass. 1927); Ex Parte Paniagua, 33 D.P.R. 902, 909; Moskovitz, supra, págs. 801-4.

Es curioso que el poder de nuestras cortes para impo-ner un remedio coercitivo por tiempo indefinido en un caso de desacato civil nunca ha sido considerado en todos sus aspectos por este Tribunal. En el único caso en que ha sido discutida ampliamente esta cuestión, la dejamos sin resolver. Germán v. Corte, supra. Es cierto que en un número de ocasiones hemos creído necesario exponer la distinción axiomática existente entre desacato criminal (punitivo) y desacato civil (reparador). Pero el problema sólo ha sur-gido en casos donde se nos pedía que determináramos si el procedimiento en apelación en un caso específico debía ser civil o criminal. Véanse los casos citados en el escolio 5, supra.

En el ya citado caso de Germán v. Corte, en la nota núm. 3 que aparece al calce de la página 615, hicimos constar ]o siguiente:

“Notamos, sin embargo, que la Ley núm. 102, Leyes de Puerto Rico, 1937, no deja lugar a especulación sobre la cuestión ante nos, en cuanto a los casos radicados bajo tal Ley, en vista de su expresa disposición de que tales casos envuelven desacato criminal. . . , ” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933) provee que “toda corte tiene poder:”

“4. Para hacer cumplir sus sentencias, órdenes y providencias, y las órdenes que dicte un juez fuera de estrado en una acción o proce-dimiento pendiente ante la corte;”

El artículo 28 del mismo Código dispone que todo fun-cionario judicial tiene facultad: “2. Para obligar a la obe-diencia do sus órdenes legales, según se dispone en este Có-digo”. Y el artículo 29 provee que “Para el ejercicio efec-tivo de las facultades conferidas por el precedente artículo a un funcionario judicial, puede éste castigar por desacato en los casos dispuestos en este Código.” El Código de En-juiciamiento Civil no contiene disposición alguna que limite la facultad conferida a las cortes y funcionarios judiciales para castigar el desacato de carácter civil.

En el caso de Germán v. Corte, supra, esta Corte se abs-tuvo de considerar y resolver, por no estar envuelta en el recurso, la cuestión sobre “bajo qué circunstancia, si alguna, podría imponerse una sentencia que no sea por un término fijó”. (Nota núm. 3, pág. 615.)

La opinión de la Corte Suprema Federal en Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 418, 55 L. Ed. 797, arroja bastante luz sobre la cuestión que estamos conside-rando. Se presentó en dicho caso una moción para que se castigase a Grompers y a otros dos querellados por desacato, consistente en la violación de una orden de injunction dic-tada en un pleito civil, por la cual se prohibía a los quere-llados continuar el “boycott” de la compañía demandante. La orden de injunction era de carácter prohibitivo; y a los querellados se les imputó haberla violado al hacer lo que específicamente se les había prohibido que hicieran. La corte inferior les condenó a prisión por términos fijos. La Corte Suprema revocó la sentencia, expresándose así:

“No es el hecho del castigo, sino más bien su carácter y propósito que sirve con frecuencia para distinguir entre las dos clases de casos. Si se trata de un desacato civil, el castigo es un remedio, y se impone para beneficio del demandante. Pero en el caso de un desacato criminal, la sentencia es punitiva, para vindicar la autoridad de la corte. Ss cierto que el castigo de encarcelación puede ser un remedio y, al mismo tiempo, tener el carácter de punitivo, y muchos proeedi mientos de desacato civil han resultado no solamente en la imposición de una multa, pagadera al demandante, sino también en la encarcela-ción del demandado. Empero, la encarcelación por desacato civil se ordena cuando el demandado se ha negado a realizar un acto afirma-tivo requerido por las disposiciones de una orden que, ya en su forma o substancia era de carácter mandatorio. La encarcelación en tales casos no se impone como un castigo y sí como un remedio para obligar al demandado a hacer lo que se había negado a hacer. La sentencia en tales casos es que el demandado permanezca encarcelado a menos que realice el acto afirmativo requerido por la orden de la corte.
“Por ejemplo: Si el demandado se negase a pagar alimentos, o a entregar una propiedad que se le hubiere ordenado devolver a un Síndico, o ejecutar un traspaso requerido por una sentencia sobre cumplimiento específico, podría ser encarcelado hasta que cumpliese con la orden. A menos que existiesen elementos especiales de contu-macia, el negarse a pagar o a cumplir la orden debe ser considerado más bien como una resistencia a la parte contraria, que como un desa-cato a la corte. La orden de encarcelación en esta clase de casos, por lo tanto, no es para vindicar la autoridad de la ley sino un remedio que se utiliza con el fin de obligar al demandado a hacer aquello re-querido por la orden para beneficio del demandante. Si es encarce-lado, como muy bien se dijo en Re Nevitt, 54 C.C.A. 622, 117 Fed. 451, ‘él lleva las llaves de la prisión en su propio bolsillo’. ÍH puede poner fin a la sentencia y libertarse a sí mismo en cualquier momento, haciendo lo que anteriormente se había negado a hacer.
“Por otro lado, si el demandado hace lo que se le ordenó que no hiciera, la desobediencia es un hecho consumado. La encarcelación no puede deshacer o remediar lo que ya ha sido hecho, ni puede servir de compensación por el daño pecuniario causado por la desobediencia. Si la sentencia se limita a encarcelación por un período definido, al demandado no se le entrega una llave, y él no puede -acortar el tér-mino prometiendo no repetir la ofensa. Tal encarcelación no .tiene el efecto de un remedio de naturaleza coercitiva, sino simplemente el de un castigo por el acto de desobediencia ya consumado.”

En Commonwealth v. Lewis, (Pa.) 98 Atl. 31, el quere-llado fue encarcelado hasta tanto procediese a la demolición de un edificio, según le había sido ordenado por la corte. La orden de encarcelación fue confirmada en los términos siguientes:

“De acuerdo con los precedentes estatutos y autoridades, la dis-posición de la ley de 1836, limitando la facultad de imponer sentencia de encarcelación a desacatos cometidos en. la presencia de la corte, no tiene aplicación a casos de arrestos para hacer cumplir remedios civiles, cuando el propósito del arresto es hacer cumplir un decreto de una corte. La facultad de hacer cumplir sus decretos es necesa-riamente un incidente de la jurisdicción de las cortes. Sin esa fa-cultad un decreto sería en muchos casos inútil. ‘Todas las cortes tienen esta facultad, y necesariamente deben tenerla; de lo contrario ellas no podrían protegerse contra el insulto ni hacer obedecer sus-mandatos. Sin esa facultad las cortos serían ab jolutamente impo-tentes.’ (Citas.) En Commonwealth ex rel. Tyler v. Small, 26 Pa. 31, se dijo en la página 42:
“ ‘La encarcelación de la parte que ha cometido el desacato es una de las medidas ordinarias en todos los procedimientos de esta clase, y se ordena usualmente como una cuestión de rutina, hasta que se so-mete ; y como uno de los medios de hacer cumplir el decreto a favor del demandante.’ ”

Véanse: City of Scranton v. People’s Coal Co., (Pa.) 117 Atl. 673; In Re Stein, 7 F.2d 169; Denny v. State, (Ind.) 182 N. E. 313, 318.

Opinamos que en un caso de desacato civil, como lo es el de autos, en que el desacato consiste en la obstinada y contumaz resistencia de los querellados a obedecer la orden legalmente expedida por la corte inferior para la entrega al márslial del certificado acreditativo de las acciones per-tenecientes al demandado, la corte de distrito procedió con plena facultad y dentro de los límites de su jurisdicción al dictar la sentencia recurrida.. La encarcelación de los que-rellados no es un castigo impuéstoles por su desobediencia a la orden de la corte y sí un remedio coercitivo para obli-garles a hacer lo que la corte les ordenó que hicieran. Los querellados ingresarán en la prisión llevando consigo la llave que puede devolverles la libertad. Bastará que ellos obe-dezcan la orden del tribunal, entregando el certificado, para que ipso facto recobren su libertad.

Los tres señalamientos restantes carecen de méritos. Ya hemos hecho constar anteriormente que la prueba creída por la corte inferior y las circunstancias especiales del caso jus-tifican la sentencia recurrida. La querella formulada por el demandante adujo hechos suficientes para justificar la expe-dición de la orden para mostrar causa. No encontramos en todo el récord del caso hecho o circunstancia alguna que jus-tifique la imputación que se hace al juez sentenciador de ha-ber actuado baj.o la influencia de pasión, prejuicio o parcia-lidad.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

        Ex parte Kellog, 64 Cal. 343; In re Farr, 21 Pac. 273; Greite v. Hendricks, 24 N.Y.S. 546; Burtch v. Zeuch, (Ia.) 202 N.W. 542; y Miller v. Smerkins, 77 N.Y.S. 651.

        Lowenthal v. Hodge, 105 N.Y.S. 120; Bessette v. Conkey Co., 194 U.S. 324, 48 L. Ed. 997; King v. Barnes, 113 N.Y. 479; In re Cornblum, 232 N.Y.S. 22; Russell v. United States, 86 F.2d 389; Raymor Ballroom Co. v. Buck, 110 F.2d 207.

        Pueblo v. P. R. Ry. etc. y Puerto Rico Ilustrado, Inc., 59 D.P.R. 221.

        Germán v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 612.

        Germán v. Corte, supra; Pueblo v. P. R. Ry. L. & P. Co., 59 D.P.R. 221, 224-5; Sánchez v. Romany, Juez, 53 D.P.R. 596; Lawton v. Rodríguez, 38 D.P.R. 38, 55, 56; In re Montalvo, 22 D.P.R. 653, 656-7; In re González, 22 D.P.R. 28; Oronoz v. Montalvo, 21 D.P.R. 347.
      Consecuencia lógica de esta distinción viene a ser la de que en un caso de desacato civil el querellante agraviado puede transigirlo, Gompers v. Bucks Stove Ranger Co.., págs. 451-2, infra; mientras que en un desacato criminal la manifestación hecha a la corte por la demandante, persona privada, al efecto de que “el pleito lia terminado por adjudicación a su favor de las fincas embar-gadas y que ella como demandante ya no tiene interés en la confirmación de la, sentencia — no puede afectar . . . nuestra decisión . . .”. Gajero v. Valedón, 58 D.P.R. 140, 143.
      Si bien el demandante en un desacato civil de ordinario es una parte privada, tal procedimiento puede instarse en un caso apropiado por una agencia pública. McCrone v. United States, 307 U.S. 61; Moskovitz, infra, págs. 812-13.

      No hemos tenido la oportunidad de determinar si en un procedimiento de desacato está autorizado el pago de una multa al querellante privado. Moskovitz, supra, dice que (págs. 804 — 5): “El poder de concederle a un querellante privado una multa, como indemnización, según se ha dicho, se basa únicamente en un estatuto. Si bien hay autoridad para esto, un grupo igual de autoridades defiende la posición de que el poder para eonceder multas indemnizadoras es inherente, a menos que lo limite el estatuto. En algunas jurisdicciones encontramos estatutos que autorizan indemnizaciones a querellantes privados . . . La cuestión per-manece sin resolverse en esta jurisdicción.
      En las jurisdicciones donde se ha ordenado el pago de multas en procedi-mientos de desacato, una sentencia por multa fija es llamada desacato civil si la corte ordena que se le pague la multa al querellante. Fox v. Capital Co., 299 U.S. 105; Lamb v. Cramer, supra; Faymor Ballroom Co. v. Buck, supra, pág. 211; Foot v. MacDonald, supra; Kreplik v. Couch Patents Co., supra. Pero si la “multa se impone on parte como compensación al querellante y en parte como castigo, el aspecto criminal de la resolución predomina . . . ”. Nye v. United States, 313 U.S. 33, 42; Germán v. Corte, supra; Pueblo v. P. R. Ry. Lt. & P. Co. et al., 59 D.P.R. 221. “Cuando se ordena que se pague al estado una multa, la sentencia es punitiva y el procedimiento se considera como uno de desacato criminal.” Moskovilz, supra, pág. 790 y casos citados.