author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Serra Ramírez, demandante y apelado, v. El Municipio de Ponce, demandado y apelante.
    No. 6053.
    Sometido: Enero 25, 1934.

      Resuelto: Julio 3, 1934.

      L. Tarmes García y Guillermo 8. Pierluisi, abogados del apelante; B. Atiles Moréis, y Erasio Arjona Siaca, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició por demanda que copiada a la letra en lo pertinente dice:

“2. Que el demandante Rafael Serra Ramírez contrató con El Munioipio de Poncb la realización de un trabajo de carretera con-sistente en la carretera municipal de Tibes a San Patricio celebrado dicho contrato en noviembre 3 de 1928, en el cual se obligó a reali-zar dicha obra por la suma de $8,091.09.
“3. Que el demandante realizó la obra de referencia, a satisfac-ción del Municipio de Ponce, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones del contrato, y la sometió y entregó al referido Mu-nicipio de Ponce, habiéndola éste aceptado en todas sus partes, desde cuyo momento'venía el municipio obligado a bacer efectiva, la tota-lidad del precio de la referida obra, estipulado en el contrato. Que el Municipio de Ponee, adeuda de la suma total de $8,091.09, precio del contrato, la suma de $1,500.00, la cual reconoció con fecha 12 de enero de 1929, por resolución número 7, serie 1929, aprobada por unanimidad por la Asamblea Municipal de Ponee, y firmada por el Hon. Alcalde de dicha ciudad de Ponce, y se obligó a satisfacer los intereses sobre dicha cantidad al 7% anual, devengados desde la fecha en que se incurrió la deuda hasta su completo pago.
"4. Que el Municipio de Ponee, aceptó 1a. obra de referencia, con fecha de enero 9 de 1929, desde cuyo momento viene obligado al pago de la cantidad de $1,500.00 que adeuda del importe total de la obra, con intereses al 7 % anual, hasta su total pago; y dicho Muni-cipio de Ponee, ni su Asamblea Municipal, ni ninguna de sus auto-ridades competentes hasta la fecha de hoy ha pagado dichos $1,500.00 ni sus intereses, ni parte alguna de las mismas, a pesar de los nu-merosos requerimientos al efecto; y no obstante de ello, el Munici-pio de Ponee se ha hecho cargo y ha utilizado la obra construida de acuerdo con el contrato de referencia, dedicándola al uso público.”'

El municipio demandado contestó así:

“2. Se niega el hecho segundo de la demanda en la forma en que; .está redactado y por falta de suficiente información.
”3. Se niega el hecho tercero de la demanda, y se sostiene en; contrario, que si el Municipio de Ponee incurrió en 12 de enero de; 1929 en alguna deuda u obligación de pagar el importe de mil qui-nientos dollaRs ($1,500.00) al demandante, dicho acto es nulo y ultra vires por parte del Municipio de Ponee, en tanto en cuanto-el Municipio de Ponee en esos momentos, o sea, en enero 12 de 1929,. no tenía fondos disponibles para poder pagar dicho importe de im. quinieNto DOLLARS, ni contaba con rentas o entradas durante el año. 1929 a 1930 para, poder incurrir en esa responsabilidad y hacer ese; pago, y si en ese gasto se incurrió en época anterior al 12 de enero de 1929, tampoco en el momento en que se incurrió en ese gasto,, había asignación alguna en el presupuesto del Municipio de Ponee-para pagar dicho importe, ni se contaba en ese año con entradas; suficientes en el Municipio de Ponee para poder pagar esa obligación, constituyendo cualquier acto del Municipio de Ponee en ese sentido un acto nulo y ultra vires por parte del mismo.
”4. Se niega el hecho cuarto de la demanda y se alega en con-trario que si el Municipio de Ponee no ha. pagado los un mil quinien-tos DOLLARS a que se refiere diebo hecho, es porque dicba partida no ha figurado en ningún presupuesto de gastos del Municipio de Ponee para ningún año. Diebo municipio de Ponce está sujeto a las Leyes que lo regulan para hacerse un pago de dinero por parte de dicba municipalidad, y tiene que cumplir estrictamente con lo que la Ley y los reglamentos de contabilidad promulgados por el Auditor de Puerto Rico prescriben y determinan.
“DefeNSas espeCiales. — Como defensas especiales alega el de-mandado.
“PRIMERA. — Excepción previa. — Que la demanda no aduce he-chos bastantes constitutivos de una buena y justa causa de acción a favor del demandante.
“2. Que en el presupuesto, del Municipio de Ponce para el año 1930-31 no figura partida alguna para pagar al demandante can-tidad alguna de dinero.
“3. Estoppel. Que el demandante está impedido de ejercitar esta acción de cobro de dinero por razón de que no acudió a impugnar el presupuesto del Municipio de Ponce para el año 1930-31, en el tiempo prescrito por la Ley, y el mismo fue confeccionado sin hacer consignar ninguna partida para el demandante.
“4. Que el Municipio de Ponce no podrá pagar al demandante cantidad alguna de dinero por ningún concepto, y menos por el que se alega en la demanda en este caso, sin la intervención directa del Auditor de Puerto Rico, tal y como lo determina la Ley y los regla-mentos de contabilidad vigentes.”

Trabada la contienda fue el pleito a juicio. Se llamó a declarar al propio demandante y al mostrársele cierto docu-mento ocurrió lo que sigue:

‘ ‘ ¿ Qué es eso ? — Éste es el contrato firmado por el Departamento del Interior.
“Tormes: Señor juez, el Municipio no se puede allanar a nada de esto, pero yo voy a hacer el siguiente convenio:
“Que si el señor Serra declarara, declararía sobre todos los extre-mos contenidos en la demanda; y entonces, dando por declarado eso, que la corte dicte sentencia sin especial condenación en costas. ,
“Atiles: Sí.
“Juez: Entonces, visto el convenio que propone el licenciado Tormes, abogado del Municipio de Ponce, sobre que el demandante Rafael Serra Ramírez, si declarara, declararía sobre los extremos que alega en su demanda, se solicita por el demandado Municipio de Ponce. . . .
‘ ‘ Tormes : T que si la corte dicta sentencia declarando con lugar la demanda, que ésta sea sin costas.
“Juez: Bueno. ¿Y ese proyecto se va a presentar?
“Atiles: Sí.
“Toemes: No bay objeción a eso.
“Juez: ¿Esta ordenanza?
“Atiles: Sí.
“Juez: Se admite entonces en evidencia la prueba que bay en autos, mareada con las letras A, B y C y el contrato celebrado por el Municipio de Ponce con el demandante, que se marca exhibit D.
“¿Entonces se solicita que de acuerdo con esta prueba se dicte sentencia por la corte?
‘ ‘ Tormes : Sí.
“Juez: ¿El demandado no presenta prueba?
“Tormes: No presenta prueba.
“Juez: Entonces la corte, vista la prueba del demandante y no habiendo el demandado presentado prueba alguna, la corte .declara con lugar la demanda en este caso y condena al demandado Muni-cipio de Ponce, a pagar al demandante Rafael Serra Ramírez, la suma de mil quinientos dólares. No se ha dicho nada de los inte-reses.
“Atiles: Los intereses están ahí en la ordenanza del Municipio.
“Torhes: Es una obligación que surge de la ordenanza; claro, los intereses de la corte tienen que ser al tipo legal.
“Juez: Aquí dice al tipo de siete por ciento desde la fecha en que se incurre en la deuda hasta su completo pago.
“Tormes: Tiene que ser entonces al siete por ciento.
“Juez: Más intereses al siete por ciento anual desde enero nueve de mil novecientos veintinueve hasta su total pago, sin especial condenación en costas.
“Tormes: Está bien.”

Los documentos admitidos en evidencia fueron: Exhibit A, una carta del Alcalde de Ponce de fecha enero 9, 1929, dirigida al demandante, comunicándole la aceptación provisional de las obras de construcción del camino “San Patricio,” primer trozo.

Exhibit B, resolución No. 7 de la Asamblea Municipal de Ponce “para reconocer varios créditos para ser pagados del presupuesto ordinario del año 1929-1930 a varias personas,” entre ellas al demandante el reclamado en este pleito. Se adoptó el 12 de enero de 1929. Su sección primera dice, en parte:

“Sección Ia. — Reconocer, como por la presente se reconocen, los siguientes créditos a favor de las personas que aquí se expresan:”

Y sus secciones segunda y tercera, leen:

“Sección 2a. — Que todos estos créditos deben ser consignados y por la presente se ordena se consignen en el presupuesto ordinario correspondiente al próximo año económico de 1929-1930 a favor de los referidos señores, tal y como se expresa en esta resolución.
“Sección 3a. — Que una vez consignados dichos créditos, el Muni-cipio de Ponce se compromete a hacer dichos pagos, más los intereses correspondientes al tipo de 7% anual devengados desde la fecha en que se incurrió la deuda hasta su completo pago.”

El Exhibit C es una certificación de la construcción de£ camino de San Patricio, primer trozo, con cargo a la asigna-ción de $1,500 de fondos ordinarios. Se expidió en enero 8 de 1929 por Lorenzo J. Dávila, Ingeniero Jefe del Departa-mento, con la aprobación de Guillermo Vivas, Director Municipal de Obras Públicas, y la conformidad de Rafael Serra Bamírez, Contratista, y de Vicente Santos, Inspector de Cons-trucciones.

Y el exhibit D es el contrato sobre construcción del camino, celebrado entre el municipio y el demandante, aprobado poi el Comisionado del Interior.

Como puede verse, el contrato surge claro de las alega-ciones y las pruebas. También la realización de las obras' por parte del demandante y su aceptación por parte del de mandado. No hay contienda en cuanto al precio. La can-tidad reclamada se debe. Que se pague, como ordenó la corte, parece que es la única conclusión a que debe llegarse.

Sin embargo, el municipio apelante sostiene que* el pago no puede decretarse porque el contrato que dió origen a la deuda es nulo, constituyendo su ratificación un acto ultra-, vires nulo también por tanto.

En primer lugar señala el municipio apelante como error la desestimación de sn excepción previa alegando qne la de-manda no adncía hechos suficientes para determinar nna cansa de acción, ya qne no expresa qne al celebrarse el contrato sobre construcción el municipio tenía fondos disponibles para el pago de la obra, y qne al reconocerse el crédito por la resolución No. 7 de sn asamblea el municipio tuviera fondos disponibles dentro de ese año económico para atender al pago y qne en efecto asignara la partida en el presupuesto de 1929-1930.

Nos inclinamos a creer qne la demanda es suficiente por-que debe presumirse el cumplimiento de los requisitos de ley en la celebración del contrato, y en tal virtud que la excepción fue debidamente declarada sin lugar.

Despejada así la situación, veamos si tal como fue el caso definitivamente sometido a la corte de distrito existía base suficiente para declarar como se declaró la demanda con lugar.

Sostiene la parte apelada que la no existencia de fondos cuando se celebró el contrato es una cuestión de defensa que el municipio estaba obligado a alegar y probar, lo que no hizo. Y por tanto que la demanda quedó en pie y si aduce hechos suficientes sostiene la sentencia.

Tiene razón el apelado. El municipio demandado hizo la alegación pertinente, pero omitió probarla. Y la presunción de que la ley fue acatada quedó subsistente.

Resumiendo la jurisprudencia sobre el particular dice Corpus Juris:

“La regla general es que toda presunción legal será aplicada con la mayor laxitud para sostener la validez de un contrato municipal, y la defensa de ultra vires debe sostenerse mediante la correspon-diente alegación y prueba, incumbiendo probar tal defensa a la parte que la suscita. Aun cuando las disposiciones del estatuto o de la franquicia sean imperativas, la presunción es que las autoridades al celebrar el contrato acataron el mismo. ’ ’ 44 C.J. p. 121,122.

Debe confirmarse la sentencia ree%trrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    José María y Juan Franceschi, Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios y apelantes, Ex parte; López de Tord & Zayas Pizarro, interventores y apelados.
    No. 6745.
    Sometido: Junio 25, 1934.

      Resuelto: Julio 9, 1934.

      Henry G. Molina j M. León Parra, abogados de los apelantes; López de Tord & Zayas Pizarro, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 23 de abril de 1934-, mientras se disentía en la Corte de Distrito de Ponce una moción presentada por los here-deros de don Francisco María Franceschi, proponiendo una garantía de $50,000, para asegurar el pago de la reclamación interpuesta por los interventores López de Tord & Zayas Pizarro en caso de qne obtuviesen nna sentencia a su favor, las partes en andiencia pública hicieron nna estipnlación qne copiada a la letra dice así:

“Ledo. Zayas Pizarro: Las partes están de acuerdo en que la administración judicial se limite a un cierto número de bienes que vamos a convenir para responder a la reclamación de los interven-tores López de Tord & Zayas Pizarro, de acuerdo con la fianza fijada por este Tribunal. En cuanto a los demás bienes, les serán entregados por el Administrador Judicial a los herederos, sin ninguna . clase de responsabilidad porque dejan de pertenecer a la administra-ción judicial, y los herederos pueden hacer lo que quieran con esos bienes. La administración judicial continuará solamente en cuanto a la' liquidación de la reclamación de los interventores antes nom-brados; y el administrador judicial se unirá a la oferta que hace la Sucesión Franceschi y seguirá defendiendo la herencia de Fran-eeschi en relación con la reclamación de los interventores López de Tord & Zayas Pizarro, como tal Administrador Judicial, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Kico de 7 de no-viembre de 1933, en el caso de certiorari número 898 — con la anota-ción en el registro de dichos bienes a que se refiere la oferta de la Sucesión Franceschi; aclarando el señor Zayas Pizarro que al hacer referencia anteriormente a la fianza señalada por la corte, esto no quiere decir que los bienes que han de dejarse tengan un valor de cincuenta mil dólares, sino que deben dejarse bienes en poder del Administrador que garanticen dichos cincuenta mil dollars.
“Ledo. León Parra: Se ha fijado la corte en lo que hemos tra-tado nosotros para venir a un acuerdo, sin fijarnos una pauta en cuanto al montante de esos bienes; y debe ponerse la muletilla ‘de acuerdo con la ley.’ La reclamación de estos señores no puede ser sino de acuerdo con la ley. Esto nos va a servir de pauta para in-dicar el valor de los bienes.
“Ledo. León Parra: En consideración a la posibilidad de que esta Hon. Corte, en uso de su discreción, pudiera decidirse por cual-quiera de las otras formas de fianza que ella establece en su resolu-ción de 21 de febrero de 1934, nosotros sometemos a la corte los mismos bienes que se ofrecieron, según aparecen descritos, en nuestra moción de 23 de diciembre de 1933, titulada ‘moción de reconsidera-ción. ’
“Al mismo tiempo, nosotros vamos a solicitar de la corte que si en cualquier momento se presentare un buen negocio de esos bienes que fuera beneficioso para los compañeros y para nosotros, nosotros pediríamos a la' corte, y la corte nos concedería el permiso, para venderlos, sustituyéndolos por otros, o depositando el importe en la corte.
“Ledo. Zayas Pizarro: Yo creo que sí. Lo mejor sería que se depositase en un banco para que así ellos tengan sus intereses.
“Ledo. León Parra: Suponiendo que el Pueblo de Puerto Rico le pague cuarenta y cinco mil dollars a Díaz García que le debe . . .
“Ledo. Zayas Pizarro: Aumentan esa suma en cinco mil dollars y la depositan; entonces eso se depositaría en la corte.
“Juez: Podría sustituirse la fianza de bienes retenidos por la fianza pecuniaria, la mejor fianza.
“La corte aprueba la estipulación acordada por las partes, que consta en el récord, en la forma que ha sido estipulada y convenida; y queda pendiente de dictarse una orden, la orden correspondiente, para señalar la garantía determinando en la misma los bienes.”

En 26 de abril de 1934, la corte, de acuerdo con lo conve-nido, dictó una orden limitando la administración judicial a ciertos bienes de la herencia y decretando que todos y cada uno de los referidos bienes continuasen bajo la administración judicial para responder hasta la suma de $50,000 a los se-ñores López de Tord y Zayas Pizarro de la efectividad de la sentencia que pueda recaer a su favor en la reclamación de honorarios que por la cantidad de $125,000 han presentado dentro del procedimiento de administración judicial por ser-vicios profesionales prestados como abogados en dicha admi-nistración y en numerosos pleitos relacionados con la heren-cia de Francisco María Franceschi.

En 31 de mayo de 1934, los referidos herederos solicitaron permiso para retirar la estipulación. La corte, después de oír a las partes, declaró sin lugar la referida moción, dejando en toda su fuerza y vigor la orden dictada en 26 de 'abril de 1934.

De esta resolución de la corte inferior apelaron los here-deros y ahora comparecen los señores López de Tord y Zayas Pizarro solicitando que se desestime la apelación porque la resolución no es apelable, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque fue dictada en virtud de estipulación acordada y consentida entre las partes y porque es frívola y se interpone con el único objeto de retardar y perjudicar los intereses de dichos abo-gados.

Los apelantes arguyen que el recurso interpuesto está autorizado por el inciso tercero del referido artículo 295 de la Ley Procesal Civil, según el cual podrá establecerse apela-ción para este tribunal de nna orden anulando o negándose a anular un embargo. En nuestro sentir, no cabe sostener que la orden de la corté inferior niega la anulación de un embargo, por la razón de que no se ba practicado embargo alguno. Los bienes reservados por la corte, en virtud de estipulación de las partes, vinieron a su poder en un proce-dimiento de administración judicial y no de una orden de embargo. El status de dichos bienes no ba cambiado. Con-forme a lo acordado por las partes y a lo decretado por la corte inferior, esos bienes continúan judicialmente adminis-trados para responder de la reclamación establecida por los señores López de Tord y Zayas Pizarro, en caso de que se dicte una sentencia a su favor. No se trata, pues, de una resolución negando la anulación de un embargo, y, por lo tanto, la orden de la corte inferior, que no está comprendida en ninguno de los incisos que componen el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es a todas luces inapelable.

Bebe desestimarse él recurso interpuesto.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Agustín Centeno, demandante y apelado, v. Armour Fertilizer Works, demandada, y Banco Territorial y Agrícola de P. R. y Maryland Casualty Co., demandados y apelantes.
    No. 6712.
    Sometido: Julio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 9, 1934.

      Rafael Buscaglia, abogado de los demandados apelantes; Salvador Suau, abogado del Síndico Interino del Banco Territorial; Henry G. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico y la Maryland Casualty Company establecieron en este pleito apelación contra la sentencia que los condena a pagar al ape-lado Agustín Centeno la cantidad de $435 como indemniza-ción por daños y perjuicios.

Para traer ante nosotros la prueba del juicio optaron los apelantes por que la transcripción de la evidencia fuera hecha por el taquígrafo de la corte. El taquígrafo radicó en la corte inferior la transcripción de la evidencia el 5 de julio de 1932 y la corte señaló el 9 de septiembre del mismo año para su aprobación. No comparecieron las partes ese día y fue señalado nuevamente para el 26 del mismo mes y año. En ese día comparecieron los apelantes pero el acto fue sus-pendido por estar en vacaciones el juez de la corte que había de aprobar la transcripción de la evidencia. Desde esa fecha, 26 de septiembre de 1932, no se hizo gestión alguna para esa aprobación y en 10 de mayo de 1934 nos presentó escrito el apelado para que desestimemos esa apelación por falta de prosecución.

En dos ocasiones suspendimos la vista de esa petición, la primera vez a instancia de todas las partes, y la segunda a solicitud de los apelantes. La vista tuvo lugar el 2 del pre-sente mes y año, habiendo presentado antes de ella los ape-lantes la transcripción de los autos para su apelación en la que figura la transcripción de la evidencia con su aprobación en 4 de junio de este año.

Los apelantes tratan de justificar la tardanza en la apro-bación de la transcripción de la evidencia alegando que el banco apelante fue puesto en sindicatura el 29 de septiembre de 1932: que el abogado del síndico del banco estuvo enfermo por mucho tiempo y murió en junio de 1933: que otro abo-gado del síndico nada pudo hacer porque los papeles del banco en el pleito los tenía otro abogado, qnien falleció a fines de 1933: qne en 15 de abril de 1934 el síndico del banco fné sustituido por el Banco de Puerto Rico, siendo nombrado un nuevo abogado para el actual síndico: y que este abogado no tuvo conocimiento de esta apelación basta que le fue notificada la moción de desestimación del apelado.

Los apelantes comparecieron conjuntamente desde el prin-cipio de este pleito representados por dos abogados sin ex-presar si cada uno de ellos representaba a uno de los deman-dados, pero por ciertas manifestaciones obrantes en los autos llegamos a la conclusión de que el abogado Toro Cabañas, que ba fallecido, representaba al banco demandado, y que la Maryland Casualty Company estaba representada por el abo-gado que abora se opone a la moción de desestimación en nombre de los dos apelantes.

Podemos admitir que el becbo de ser puesto en sindica-tura el banco apelante causó algún trastorno en 'esta apela-ción pero los dos años que transcurrieron sin bacer gestión ni él ni la Maryland Casualty Company para tramitar su apelación es tan grande que no lo encontramos justificado, teniendo en cuenta también que el abogado de la Maryland pudo gestionar la aprobación de la transcripción de la evi-dencia y que conociendo su abogado el asunto desde su ini-ciación estaba en condiciones de bacer saber a los abogados de la sindicatura del banco de la apelación que estaba pen-diente y del peligro de que fuera desestimada por falta de prosecución. Por eso no estimamos suficientes las razones alegadas en oposición a la moción del apelado. Además, si los apelantes hubieran comparecido en el primer señalamiento que hizo la corte para el 9 de septiembre de 1932, hubiera sido aprobada la transcripción entonces.

Esta apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Diego G. González, demandante y apelado, v. Marcelino Aldarondo, demandado y apelante.
    No. 5939.
    Sometido: Febrero 15, 1934.

      Resuelto: Julio 9, 1934.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Diego G. González inició pleito contra Marcelino Alda-rondo en cobro de la suma de $275, qne el supuesto deudor le debía. El demandante unió en dicho pleito nn crédito de $510.88 que Emilio González cedió y traspasó a Diego G. González. El pleito en su totalidad fné por $275 más los $510.88.

Los dos primeros señalamientos de error leen como sigue:

“1. La corte de distrito cometió manifiesto error de derecho al declarar sin lugar las excepciones previas formuladas por el deman-dado en oposición a la demanda del actor.
“2. La corte de distrito cometió manifiesto error de derecho al resolver que la acción del demandante no estaba prescrita por minis-terio de la ley.”

La teoría del apelante es que la acción en cobro de los $510.88 había prescrito y, por ende, que la corte no tenía jurisdicción para considerar el pleito por $275. Por tanto, suponiendo que la jurisdicción no surgía del montante de las reclamaciones, ambos señalamientos de error dependen de la cuestión de prescripción.

Este caso envuelve la interpretación del artículo 1526 del Código Civil Español, equivalente al 1429 del Código Civil de 1902 y al 1416 de la Edición de 1930. Este artículo lee así:

“Artículo 1416. — La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a los artículos 1172 y 1181.
“Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el registro.”

Las secciones a que se hace referencia en dicho artículo proveen lo siguiente:

“Artículo 1172. — Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.
“También harán prueba contra los contratantes y sus causaha-bientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros. ’ ’
“Artículo 1181. — La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en nn registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcio-nario público por razón de su oficio.
‘-‘La misma disposición se aplicará respecto al mandante, con rela-ción a los contratos efectuados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las excepciones que consignan los artículos 1232 y 1629 de este código, en sus últimos respectivos párrafos.”

Convenimos con el apelado en que la cesión de créditos a que se hace referencia en el artículo 1429 se refiere sola-mente a los derechos de terceros y que la misma no afecta a un deudor. Ambas partes han citado 10 Manresa 380, y una vez más convenimos con el apelado en que Manresa excluye, más bien que incluye, al deudor en la cesión de créditos.

El apelante alega que el artículo 1868, inciso 4, del Código Civil, que lee como sigue, es aplicable:

“Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“1.
“2.
“3.
“4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.”

En otras palabras, la teoría del apelante fué que ésta era una acción en cobro de efectos vendidos.

Sucede que tanto el cedente del demandante como el de-mandado eran comerciantes en provisiones que se dedicaban al mismo tráfico, y por ende, la prescripción de tres años no les es aplicable. Bajo estas circunstancias, convenimos con el apelado en que el Código Civil no fija término especial de prescripción alguno y que la causa de acción subsistiría durante un período de quince años.

El apelante hasta cierto punto se basó en el caso de Franceschi v. González, 42 D.P.R. 939, 945. Ese fué un caso en que resolvimos que una nueva promesa era similar a una causa de acción independiente y que la nueva promesa debía exponerse en la demanda. El apelado no se fundó en una nueva promesa, sino en gran parte en el hecho, según se ha hecho constar, de qne ambas partes eran comerciantes dedi-cados a la misma clase de negocios.

Consideramos qne la enmienda hecha durante el juicio para demostrar una fecha distinta no constituyó una sorpresa para el demandado, sino que quizá le dió derecho a basarse en la prescripción en el curso del juicio.

El apelado nos llama igualmente la atención hacia el hecho de que el apelante dejó de alegar la prescripción en debida forma, mas hallamos que es innecesario considerar esta cuestión.

El tercer señalamiento de error fue suscitado por la contestación y en él se alegaba que había habido incuria {laches) por parte del demandante. Los autos demuestran que la demanda fue radicada en diciembre 13 de 1928. Transcurrieron muchos meses sin que el demandante hiciera gestión alguna. La corte, en febrero 21 de 1930, expidió una orden para mostrar causa por la cual no debía archivarse el caso, y como el demandante no hizo gestión alguna, la corte dictó sentencia en abril 11 de 1930 decretando el archivo del caso. Más de seis meses después, o sea, en 25 de noviembre de 1930, el demandante presentó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia, ofreciendo excusas que parecieron suficientes a la corte inferior, y entonces se dictó una orden dejando sin efecto la sentencia y el caso fue a juicio. Después de dejarse sin efecto la sentencia, la corte procedió a señalar, dándose traslado de ello al demandado, la vista de una excepción previa que se hallaba pendiente. Este no compareció a sostener la excepción y la corte, después de la vista, declaró la misma sin lugar.

Nos inclinamos a convenir con el apelado en que el hecho de haber dejado el demandado de presentar objeción alguna a la actuación de la corte hasta que se radicó la contestación equivalía a una renuncia, especialmente el haber dejado de comparecer a la vista señalada para la discusión de la excep-ción previa. - .

La discusión principal a este respecto gira sobre la interpretación que debe dársele al artículo 140 del Código do Enjuiciamiento Civil, que lee como sigue:

“Artículo 140. — Podrá ia corte, en bien de la justicia, y en los términos que fuesen adecuados, permitir a una de las partes enmendar cualquier alegación o procedimiento, bien añadiendo o eliminando el nombre de alguna parte o corrigiendo un error en el nombre de la misma, o en cualquier otro particular, y en igual forma, prorrogar el término para la contestación o excepción previa. La corte puede también, a su arbitrio, después de notificada la parte contraria, permitir en la forma que estimare justa, una enmienda a cualquier alegación o procedimiento en otros particulares, y puede, en igual forma, permitir que se formule una contestación después del término prescrito por este Código, y también eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia; y cuando por cualquier razón que la corte o el juez de la misma estime satisfactorio, la parte agraviada hubiese dejado de solicitar algún recurso legal, durante el período judicial (term) en que se dictó dicha sentencia, orden o procedimiento objeto de la queja, dicha corte o juez en vacaciones, podrá conceder el remedio, mediante solicitud presentada dentro de un plazo razonable que no excederá de seis meses, contados desde la expiración del período judicial (term) ...”

Desde luego, la orden de la corte fue dictada más de seis meses después de abril 11, 1930. La corte y el apelado in-sisten en que los seis meses a que se bace referencia en el ártículo 140 no son aplicables a los hechos de este caso y que los seis meses se referían a otras cuestiones y no al archivo de la sentencia. Sin embargo, creemos que dichos seis meses se refieren a cualquier actuación tomada contra una parte.

Somos de opinión que el período de seis meses fijado en el Código de Enjuiciamiento Civil no es una limitación absoluta a la facultad de la corte, sino que en casos extraordinarios la corte puede actuar. No revocaríamos tal actuación a menos que se nos probara que había habido abuso de discreción y no estamos convencidos de que aquí se come-tiera tal abuso. La distinción que debe hacerse es que cuando la orden se dieta dentro de los seis meses, se necesitaría prueba bastante convincente del abnso de discreción para re-vocar, pero la actuación de la corte sería más fácilmente re-vocada si la corrección pretendida tuviera lugar fuera de los seis meses.

La lectura del artículo convence a uno de que el término de seis meses no empieza a contarse desde la fecha en que se dicta la orden dejando sin efecto la resolución o sentencia anterior, sino que se extiende por un período de seis meses contados a partir del día en que finalizó el término durante el cual se dictó la orden. De suerte que fácilmente puede exceder de seis meses y en algunos casos podría llegar, casi a ocho meses. Los autos guardan silencio respecto a la fecha de los términos de la corte en Aguadilla y hemos' determinado, puesto que podíamos tomar conocimiento judicial de ello, que el término durante el cual se dictó la orden no expiró hasta fines de mayo de 1930. Bajo estas circunstancias, la orden de la corte fué dictada dentro del término prescrito por la ley.

No hallamos pasión o prejuicio en la actitud de la corte inferior al apreciar la prueba y al negarse a creer el tes-timonio ofrecido por el demandado y sus testigos con relación al pago.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Florencio Alvarez, acusado y apelante. El Mismo, v. El Mismo.
    Nos. 5150 y 5151.
    Sometidos: Abril 20, 1934.

      Resueltos: Julio 11, 1934.

      Celestino Triarte y F. Fernández Cuyar, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. Florencio Alvarez fue acusado de haber cometido el delito de incesto con cada una de sus dos hijas, Angélica y Basilisa. Se presentaron dos acusaciones independientes, pero los casos fueron juzgados conjuntamente en la corte inferior y oídos también conjuntamente ante este tribunal. El caso fué visto sin jurado, y la corte declaró al acusado culpable en ambos casos.

Las dos hijas ocuparon la silla testifical y declararon en detalle respecto a los actos cometidos por el padre. Cada una de ellas, según su testimonio, presenció el acto carnal realizado por el padre con su hermana. Ellas dormían en la misma cama. Algún tiempo después de haber tenido lugar los supuestos aetos, la hermana mayor, Angélica, abandonó a su padre y se fué a la casa de su abuelo, donde vivían dos de sus tías. Ella no hizo inmediatamente mención de lo que su padre le había hecho. Durante algún tiempo le cesaron los períodos menstruales, de forma que una de sus tías la llevó nuevamente a la casa de su padre y le entregó la hija a su madrastra. Esta última llevó a la joven a un médico, quien la examinó. Entonces la joven volvió a la casa de su abuelo. Fué poco después de su llegada que una de las tías le examinó el vientre y encontró que estaba encinta, y entonces, a instancias de una de éstas, ella contó lo ocurrido y dijo: “Ay, madrina, el que me ba becbo el daño a mí es papá, mi padre.” Entonces una de las tías, o ambas, al continuar Angélica su explicación fué a la casa del padre y se trajo a la otra bija a su propia casa, y ésta también entonces informó a sus tías de lo sucedido. Esta última comunicación fué becba unos tres meses después de los supuestos sucesos.

Ambas tías declararon durante el juicio respecto a las manifestaciones bécbasles por las dos jóvenes y la defensa principal en apelación es que la cuestión de corroboración o res gestae era demasiado remota. La teoría en parte fué que cada una de las muebacbas, o ambas, debieron haberse querellado antes a alguien y que el testimonio de las tías era inadmisible. De los autos no se desprende claramente la edad de ninguna de las perjudicadas. La más joven declaró en el juicio que ella tenía 14 años de edad, y los hechos habían ocurrido como un año antes.

En primer lugar, surge de autos que cada una de las dos jóvenes corroboró fuertemente a la otra. En otras palabras, cada una de ellas declaró respecto al concúbito tenido por su padre con su hermana. Bajo estos hechos, no se necesi-taba ulterior corroboración, y podría suceder que la presen-tación del testimonio de las tías relativo a lo que las jóvenes les habían manifestado pudiera considerarse como acumula-tivo o no perjudicial, mas no basamos nuestra decisión en este fundamento.

Ora consideremos la cuestión desde el punto de vista de res gestae o de corroboración, los hechos salientes de este caso demuestran que Angélica no se querelló por temor, res-peto a su padre o debido a reserva natural, por lo menos hasta que se vió precisada a hacerlo así por las circunstancias dé su preñez y por la insistencia de sus tías. La otra hija aparentemente se quejó en la primera oportunidad razonable que tuvo. Angélica evidentemente no quería querellarse contra su padre.

Un caso de incesto de esta índole en que el padre está envuelto presenta un aspecto algo distinto a casos corrientes de violación, bajo los cuales han sido acopiadas la mayoría de las autoridades citadas por el apelante y por el fiscal. Algunas de las autoridades pertinentes del fiscal son, Wigmore sobre Evidencia, volumen 2, página 654, sección 1134; Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 22; Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130. Para nosotros es claro que los hechos de este caso de incesto se sucedieron en su secuencia natural y que la decla-ración hecha por Angélica a sus tías al ser íntimamente inte-rrogada por una de ellas, estaba en orden. Antes de eso Angélica creyó que sus períodos menstruales se tardaban y así también lo creyeron sus tías, quienes trataron de darle algunas medicinas para hacer que éstos volvieran a su curso normal. Estamos de acuerdo con la cita de 3 Wigmore-sobre Evidencia, página 738, hecha en el caso de El Pueblo-v. Arenas, supra, como sigue:

“Debe observarse que las manifestaciones no tienen que ser estric-tamente contemporáneas con la causa excitante; pueden ser subsi-guientes a ella, siempre que no haya habido tiempo para que la-influencia excitante pierda su influjo y sea disipada. La falacia,, anteriormente tenida en cuenta por algunas cortes, de que la mani-festación debe ser estrictamente contemporánea (Post, see. 1756> debe su origen a la aplicación errónea de la doctrina del acto-verbal. . .”

La “influencia excitante” a que Wigmore hace referencia-no había perdido su influjo en este caso.

El apelante también sostiene que la prueba no era su-ficiente para condenar al acusado en este caso. Es cierto-que el acusado negó haber tenido relaciones sexuales con-cualquiera de las hijas y que indicó, al igual que lo hizo su esposa, que Angélica había llevado relaciones amorosas con-un joven. La esposa del acusado también declaró al efecto-de que era imposible que él abandonara la habitación, segúrn había manifestado Angélica, sin ser oído por la testigo. Con-venimos con el fiscal en que la corte tuvo amplia prueba ante sí para condenar al acusado y que no estaba obligada a creer el testimonio ofrecido en sentido contrario.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Saturnino Perocier y su esposa Saturnina M. de Perocier, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 917.
    Sometido: Marzo 9, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.

      Enrique Báez García, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso seguido en la Corte Municipal de Mayagüez por Baudilia Ramírez como madre con patria potestad de los menores Guillermo, Carmen Socorro, Rafael Julio, Inés Rita y Carmen María Sosa y Ramírez contra Saturnino Perocier y su esposa sobre cobro de dinero, se dirigió al Registrador de la Propiedad del Distrito un mandamiento que dice:

“Por cuanto: — En el presente caso esta Corte Municipal dictó sentencia con fecha 9 de junio do 1933, a favor de los demandantes Guillermo, Carmen Socorro, Rafael Julio, Inés Rita y Carmen María Sosa y Ramírez, y librado mandamiento de ejecución al Márslial de la Corte, este funcionario vendió en pública subasta a dichos deman-dantes en 28 de julio del mismo año, por la suma de cien dollars, todo el derecho, título e interés que tenían los demandados en la finca urbana que se describirá más adelante, otorgándose por el Márshal a los demandados la correspondiente escritura de venta judicial bajo el No. 121 y fecha 31 de julio de 1933, ante el Notario Sixto Charneco Murillo, la cual se inscribió en el Registro de la Propiedad al folio 204 del tomo 222 de Mayagüez, finca número 4581 Duplicado, inscripción quinta.
“Por cuanto: — La finca vendida se describe de este modo: (se describe un solar de 226 metros cuadrados que contiene una casa terrera de madera).
“Por cuanto: — Esta Hon. Corte por resolución de 23 de agosto de 1933, que se halla firme, a moción de los demandados, declaró nulo y sin ningún valor ni efecto legal el emplazamiento en dicho caso y en su consecuencia declaró nulos asimismo todos los procedimientos, sentencias, órdenes, etc., recaídos en el litigio con posterioridad y como consecuencia del servicio de emplazamiento diligenciado o prac-ticado en dicho caso.
“Por cuanto: — En virtud de lo expuesto, los demandados solici-taron, con la conformidad de los demandantes, que se declarase nula también la escritura de venta judicial y su inscripción en el Registro, decretándose la cancelación de tal inscripción, de manera que las cosas se restablezcan al mismo estado en que se hallaban antes del emplazamiento; y la Corte dictó la siguiente orden:
“ ‘Vista la moción de los demandados y la conformidad de los demandantes, la Corte declara nula la escritura de venta judicial No. 121, de fecha 31 de jnlio de 1933, ante el Notario Sixto Charneco Murillo, y nula también la inscripción de la misma, hecha en el Registro de la Propiedad al folio 204 del tomo 222 del municipio de Mayagüez, finca No. 4581 Duplicado, inscripción quinta, y decreta la cancelación de dicha inscripción, disponiéndose que por el Secre-tario se libren los oportunos mandamientos, por duplicado y con las inserciones necesarias, al Registrador de la Propiedad de Mayagüez, para que proceda a verificar las oportunas cancelaciones en los libros a su cargo. — Mayagüez, P. R., febrero 1 de 1934. — Firmado:—C. R. Colón, Juez Mpal. Mayagüez.’
“Por tanto: — Por el presente se requiere a Ud., Registrador de la Propiedad de Mayagüez, para que proceda a verificar las cancela-ciones dispuestas por la Corte.”

El registrador se negó a hacer la cancelación por los siguientes motivos:

“Porque habiendo actuado dicha Corte Municipal sin jurisdicción por razón de la materia para dictar la Orden de cancelación de ins-cripción a que dicho mandamiento se contrae, toda vez que en asuntos que afectan a bienes de menores que se rigen por las provisiones del Código Civil, y en los de cancelación de inscripciones que se regula por la Ley Hipotecaria y su Reglamento, son las Cortes de Distrito las que tienen jurisdicción exclusiva para conocer de los asuntos de estas materias, por todo lo cual la referida Orden es nula y no tiene eeicaCia legal alguna. Artículo 229 del Código Civil y Marrero v. Registrador, 32 D.P.R. 891.”

No conforme Saturnino Perocier, interpuso el presente recurso gubernativo.

Para sostener su calificación dice el registrador en su alegato que del registro consta que la finca de que se trata estuvo hipotecada para responder de la suma de quinientos dólares a favor de los menores, quedando cancelada por confusión de derechos la inscripción de la hipoteca a virtud de la venta que se anula.

Y agrega que del récord original del pleito que tuvo a la vista para la calificación por habérselo llevado el Lie. Char-neco Murillo, aparece que declarada la nulidad por sentencia de la corte municipal de agosto 23,1933, se emplazó de nuevo a los demandados y la corte volvió a dictar sentencia en favor de los demandantes en diciembre 15, 1933, sentencia qne a su juicio curó, mmc pro tune, los defectos que pudiera tener la de junio 9, 1933, y que quedó firme porque habiéndose apelado de ella para ante la corte de distrito, se desistió del recurso devolviéndose el caso a la corte municipal para ulte-riores procedimientos.

De poderse tomar en consideración las constancias del registro y las del pleito a que el registrador se refiere, las cuestiones por él suscitadas requerirían tal vez algún estudio, pero dichas constancias no han venido a esta corte en forma auténtica y fehaciente y no pueden, por tanto, tomarse en consideración.

Podríamos obtener las del registro por medio de un auto para mejor proveer, y quizá exista algún medio para recla-mar las del pleito. No estamos, sin embargo, convencidos de que la justicia exija que se adopte medida extraordinaria al-guna en tal sentido.

Juzgado el caso por lo que resulta del mandamiento mismo, la jurisdicción de la corte municipal surge clara, a nuestro juicio. Ante ella acudieron los menores demandantes a ejercitar sus derechos, dictándose sentencia a su favor en un pleito en cobro de pesos, y era ante ella también que podían y debían acudir los demandados en dicho pleito en solicitud de que se declarara nula la sentencia dictada en el mismo. Y si la corte municipal actuó con jurisdicción al dictar la sentencia, claro es también que actuó con jurisdicción- al anularla.

Anulada la sentencia en ejecución de la cual se hizo la venta a favor de los menores que se inscribió en el registro, caen por su' base la venta y su inscripción. Siendo ello así, no puede dársele a la conformidad de los demandantes el efecto de avenirse a vender una propiedad inmueble para ,b cual, tratándose de menores, hubiera sido necesaria la auto-rización de la corte de distrito, según el artícnlo 229 del Có-digo Civil, 159 Ed. 1930, citado en sn nota por el Registrador.

El caso de Marrero v. Registrador, 32 D.P.R. 891 qne también cita el registrador en sn nota no es aplicable porqne aquí no se reclamó en la corte municipal la cancelación de ningnna hipoteca. Es cierto qne si la finca vendida estaba hipotecada, al inscribirse la venta a favor del dueño de la hipoteca la inscripción de ésta quedaría cancelada por confusión de derechos, pero ello no quiere decir qne el pleito se iniciara sobre cancelación de un gravamen hipotecario. El pleito versó sobre cobro de dinero y teniendo como tenía jurisdicción la corte municipal para conocer del mismo, tal jurisdicción se extiende z la adopción de todas las medidas necesarias para hacerla efectiva. Desde luego que anulada la venta llevada a efecto a virtud de la sentencia de la corte municipal, revive la hipoteca, si es que la finca vendida estaba hipotecada.

D&be revocarse la nota recurrida.


text:
    Juan Mendoza, peticionario y apelado, v. Junta de Comisionados de San Juan, P. R., formada por R. Rivera Zayas, Presidente, Germánico S. Belaval, Ramón Ramos Casellas, Eduardo González y Gabriel de la Haba, demandada y apelante.
    No. 6422.
    Sometido: Mayo 29, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.
    7. Valldejuli Rodríguez, abogado de la apelante; M. A. Martínez Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Mendoza, vecino de la Capital, dedicado a la venta de carne fresca en la ciudad procedente de mataderos de Guaynabo y otros pueblos de la Isla, inició este procedimiento de certiorari en la corte del distrito contra la Junta de Comi-sionados de San Juan en solicitud de que se declarara nula cierta ordenanza aprobada por la misma en enero 4, 1933. Se defendió la junta y sometido el caso finalmente a la corte fue resuelto en favor del peticionario por sentencia de abril 29, 1933.

Apeló la junta. La transcripción se radicó en junio 28, 1933. La apelante solicitó varias prórrogas archivando su alegato en febrero 17, 1934. En mayo 29 último se celebró la vista del recurso y el caso quedó sometido a nuestra con-sideración y resolución.

Parece conveniente transcribir íntegra la ordenanza cuya nulidad se pide. Es así:

“ORDENANZA NÚM. 118. — Para someter a inspección toda carne fresca de animales que se introduzca o venda en la Capital y que proceda de animales beneficiados fuera de los límites territoriales de la misma; para establecer las personas encargadas de esta inspec-ción; fijar derechos de inspección; establecer xoenalidades por las infracciones de esta Ordenanza y para otros fines.
“Ordénase por la Junta de Comisionados de San Juan:
“Sección 1. — Por la presente queda prohibida la introducción o venta de carne fresca de animales beneficiados fuera de los límites territoriales de la Capital de Puerto Rico, si dicha carne, antes de ser expuesta para su venta, no ha sido inspeccionada ni aprobada por el Director de Sanidad y Beneficencia de la Capital, o por sus agen-tes en la forma y manera que más adelante se provee, y sin que la persona que la introdujere o vendiere hubiere satisfecho el arbitrio de inspección correspondiente; Disponiéndose, que la carne refrige-rada que se importa de los Estados Unidos queda exceptuada de las anteriores disposiciones, por estar la misma sujeta a la inspección sa-nitaria del servicio de salud pública del Gobierno de los Estados Uni-dos, así como también las carnes frescas de animales beneficiados dentro de los límites del Gobierno de la Capital, las cuales quedan exentas de las disposiciones de esta Ordenanza, por cuanto las mismas están sujetas a una adecuada inspección y los mataderos están regla-mentados e inspeccionados por las autoridades del Gobierno de la Capital.
“Sección 2. — Toda persona que introdujere para consumo o venta a la Capital de Puerto Rico, carnes frescas de animales beneficiados fuera de los límites del Gobierno de la Capital, obtendrá una licencia expedida por el Departamento de Sanidad y Beneficencia de la Capital, cumplirá los requisitos que por reglamento dicho Departamento exigiere, y satisfará previamente a la Tesorería de la Capital, la suma de veinte centavos ($0.20) por cada arroba, como arbitrio o derecho de inspección.
“Sección 3. — Toda persona que introduzca dentro de los límites territoriales del Gobierno de la Capital, ofrezca a la venta o permitiere que se ofrezca a la venta, o toda persona que la venda, ofrezca o tu-viere en venta, carne fresca de animales que no haya sido previamente inspeccionada y aprobada por el Director de Sanidad y Beneficencia de la Capital, o por sus agentes o delegados, en la forma que se provee, incurrirá en pena máxima de $50.00, o prisión máxima de 15 días o ambas penas a discreción del Tribunal.
“Sección 4. — El Director de Sanidad y Beneficencia, en coope-ración con el Administrador de la Capital y el Tesorero de la misma, queda facultado para delegar la inspección que provee la presente Ordenanza, en los encargados de las plazas de mercado de San Juan, Puerta de Tierra y Santurce, así como en los comisarios de la Capital, cuyos empleados están adscritos a los Departamentos de Te-sorería y Administración de la Capital, hasta tanto la Juma de Co-misionados provea personal adecuado para este servicio de in:: moción.
“Sección 5. — Esta Ordenanza empezará a regir .a los veinte días después de ser aprobada y publicada, conforme provee la ley, y de-roga toda resolución, acuerdo u ordenanza que en todo o en parte estuviere en conflicto con sus disposiciones, y especialmente las dis-posiciones de la Ordenanza No. 58, aprobada por la Junta de Comi-sionados el día 5 de mayo de 1932.”

Los motivos de nulidad aducidos fueron:

(1) Violación del artículo 2 de la Ley Orgánica porqne se establece nna diferencia entre la carne que se introduzca en San Juan procedente de la Isla y la que procede del mismo San Juan o de los Estados Unidos;

(2) Violación del mismo precepto legal porque se obsta-culiza la competencia y venta de carne fresca en San Jnan ya qne se impone nn tributo a la que procede de la Isla y se exonera a la de las otras procedencias;

(3) El impuesto de veinte centavos por arroba de carne introducida en San Juan de la Isla es opresivo, injusto y arbitrario, toda vez que los introductores están obligados a pagar además un arbitrio a los municipios donde el ganado se sacrifica y la licencia por los puestos que utilizan para la venta;

(4) No es uniforme ya que impone una multa máxima de cincuenta dólares o prisión máxima de quince días a los vendedores de carne precedente de la Isla que infrinjan la ordenanza y no impone igual penalidad a los vendedores de carne de ganado sacrificado en San Juan o importada de los Estados Unidos sin la inspección y el pago del impuesto acordado por la misma;

(5) Prohíbe a los vendedores de carne procedente de la Isla ejercer dicho negocio en iguales condiciones que los vendedores de carne de las otras procedencias; y

(6) El Gobierno de la Capital no tiene autoridad de acuerdo con la ley de su creación para imponer el derecho de inspección que establece la ordenanza.

Comenzaremos nuestro estudio por el último, el marcado con el número 6.

Los habitantes de la Capital de Puerto Rico fueron cons-tituidos en una corporación política y jurídica por ley de mayo 15, 1931, leyes de 1931 p. 627, cuyas facultades legis-lativas se extienden dentro de los límites de su territorio a todo asunto de naturaleza local que se relacione “con su gobierno, rentas y asignaciones, recaudación y desembolsos, empréstitos, obras públicas, instrucción pública, beneficencia y salud públicas, orden, seguridad y limpieza públicas, poli-cía, cárceles, ornato, calles, parques, plazas, construcciones, mercados, mataderos, cementerios, alcantarillados, muelles, comercio, industrias, transportes, acueductos, alumbrado pú-Mico, y toda clase de servicios públicos y actividades en bene-ficio de la capital y para el fomento, progreso y bienestar de ésta; ...”

Dichas facultades se ejercen por medio de nn organismo de gobierno que se denomina Junta de Comisionados de San Juan, que puede imponer contribuciones y arbitrios razo-nables.

Las rentas de la Capital proceden de varias fuentes. Una es, según expresamente dispone el artículo 40 de la ley, “ (h) el producto de los arbitrios e impuestos que aprobare la Junta de Comisionados, entre los cuales figurarán los si-guientes : . . . (9) Sobre matanza de ganado en mataderos públicos o privados, que no exceda de treinta (30) centavos la arroba de carne de cerdo y de ganado vacuno y de cin-cuenta (50) centavos por cada cerdo, cabro o carnero; (10) En cualquier otro arbitrio o impuesto razonable que decretare la Junta de Comisionados.”

Abarcan, pues, las facultades legislativas de la Capital la salud pública en general y los mercados y mataderos en particular, extendiéndose hasta la imposición de arbitrios e impuestos sobre la matanza de ganado en mataderos públicos o privados.

En este caso no se trata de una contribución o impuesto sobre matanza de ganado. Según la ordenanza lo que se cobra es “la suma de veinte centavos por cada arroba, como arbitrio o derecho de inspección,” para imponer el cual tiene a nuestro juicio en principio pleno poder la Capital. Si debe vigilar por la salud del pueblo, si mercados y mataderos se ponen bajo su dirección, y si para inspeccionar las reses que se sacrifiquen en dichos mataderos y las carnes que se vendan en dichos mercados a los efectos de garantizar la salud del pueblo se ve obligada a incurrir en gastos, claro es que puede resarcirse de ellos mediante la imposición y cobro de un derecho de inspección.

Este extremo nos parece claro. Lo que debe investigarse es si el impuesto constituye o no un justo derecho de inspec-ción o si es en verdad nn arbitrio sobre venta de carne, y si sea derecho de inspección o arbitrio, es o no uniforme. Esto nos lleva al estudio y resolución de los otros cinco motivos alegados para pedir a la corte que decretara la nulidad de la ordenanza.

De intento transcribimos la ordenanza íntegramente. Le-yendo en conjunto sus disposiciones se advierte que el pensa-miento generador de ellas no fue la imposición de un justo derecho de inspección sino la imposición de un verdadero tributo a la carne que se introdujera de la Isla para ser vendida en San Juan en competencia con la procedente de reses sacrificadas en San Juan mismo. Y esa impresión se vigoriza examinando los argumentos que contiene el alegato de la parte apelante en pro de la ordenanza. El propósito de ésta evidentemente no fue garantizar la salud pública a virtud de una verdadera y eficiente inspección, sino el de proteger los intereses de los vendedores de carne de reses sacrificadas en San Juan.

Pero trátese de un derecho de inspección o de un impuesto, creemos que es aparente su falta de uniformidad. El que introduce para su venta en San Juan carne procedente de otros municipios de la Isla lo hace sujeto a las leyes generales insulares de sanidad y a las ordenanzas del municipio de origen y debe proveerse además en San Juan mismo de una licencia para vender y satisfacer el derecho que se le cobre por el uso del puesto en que venda la carne en el mercado. Esos derechos son uniformes y parecen suficientes para com-pensar los gastos de la inspección que para garantía de los habitantes de la ciudad debe realizar su gobierno. Mas el derecho de inspección o el tributo que exclusivamente impone la ordenanza a la carne introducida en San Juan procedente de la Isla, eximiendo de él a la carne procedente de reses sacrificadas en el mismo San Juan y a la carne introducida en San Juan procedente del continente, es desigual y con-trario a lo prescrito en el artículo 2 del Acta Orgánica, a saber: “Las leyes para la imposición de contribución en Puerto Rico serán uniformes.” Véanse los casos de Suazo v. Lugo, Alcaide, 42 D.P.R. 57, Lugo v. Suazo, 59 F. (2d) 386 y Nazario v. Domenech, 43 D.P.R. 792.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Victorio de la Rosa, demandante y apelado, v. Sucn. de Francisco L. Quevedo González compuesta de su Viuda Magdalena Arroyo y sus hijos legítimos Rubén, Esther, María y Gloria Quevedo Arroyo, demandados y apelantes.
    No. 6527.
    Sometido: Febrero 21, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.

      José Yeray, Jr., abogado de los apelantes; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Victorio de la Eosa demandó a Francisco L. Quevedo en reclamación de novecientos treinta y seis dólares, intereses y costas. Basó su demanda en los siguientes hechos:

En agosto 10, 1929, el demandado prestó al demandante cinco mil dólares que el demandante se obligó a devolver con sus intereses convenidos en ochocientos cincuenta dólares, en treinta plazos consecutivos de-ciento cincuenta dólares comen-zando en diciembre de 1929, a cuyo fin el demandante y su esposa cedieron al demandado un número igual de plazos por cánones de arrendamiento que debían percibir de la Central Coloso, Inc. El contrato se hizo constar en escritura pública.

No obstante haber declarado el demandante eii la escri-tura que había recibido cinco mil dólares, es lo cierto que sólo recibió cuatro mil doscientos.

El demandado ha venido percibiendo puntuahnente los cánones de arrendamiento cedidos y el demandante ha cum-plido con todas las obligaciones del contrato.

De acuerdo con los intereses estipulados para el préstamo de cinco mil dólares, corresponden a los ochocientos no en-tregados ciento treinta y seis.

El demandante ha requerido al demandado para que le entregue los ochocientos dólares y sus intereses y el deman-dado se ha negado, motivo por el cual se recurre a la vía judicial.

La demanda se presentó en diciembre 24, 1932. Murió el demandado y sus herederos Magdalena Arroyo, su viuda, y Rubén, Esther, María y Gloria Quevedo y Arroyo, sus hijos, comparecieron por medio de su abogado en marzo 6, 1933, y excepcionaron la demanda alegando que no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción y la contes-taron negando generalmente todos y cada uno de sus hechos.

Fué el pleito a juicio, ambas partes introdujeron evidencia y la corte finalmente declaró la demanda con lugar, con costas. No conformes, apelaron los demandados señalando en su alegato la comisión de siete errores que estudiaremos y re-solveremos una vez que hayamos expuesto lo ocurrido en el juicio.

Comenzó el demandante ofreciendo en evidencia la escri-tura creditiva del préstamo que fué otorgada ante el notario Arturo Reicbard. Se admitió sin oposición. Consta de ella el contrato en la forma indicada en la demanda y en cuanto al recibo del dinero prestado dice textualmente:

“Declaran don Victorio y su esposa doña Joaquina que han to-mado a préstamo a don Francisco L. Quevedo González la suma de CINCO mil DOLLARS, que declaran haber recibido en efectivo, antes de este acto . . .

Se llamó entonces a declarar a Cálida de la Rosa, bija del demandante. Conocía al Sr. Quevedo y conoce al Sr. Rei-cbard. En agosto, 1929, vivía con sus padres en Aguadilla, en la Cuesta, en la quinta de la viuda de Ducós, y allí fuá el Sr. Reicbard para que sus padres firmaran la escritura de un dinero que le prestara el Sr. Quevedo. El Sr. Reicbard leyó la escritura. Se le preguntó entonces:

“Cuando don Arturo leyó esa. escritura hizo alguna manifesta-ción su papá?”

Y el abogado del demandado dijo:

“Me opongo, señor Juez, por ser ésta prueba de referencia; me qpongo a que la testigo diga las manifestaciones que hiciera una-de las partes contratantes, porque la mejor evidencia es la parte misma. ’ ’

Discutida la cuestión por ambas partes, fuá resuelta por la corte como sigue:

“La Corte, vista la demanda y vista la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Rosado versus Rosado, 17 Decisiones de Puerto Rico, página 471, y por la relaeióíi que pueda tener en el caso que nos ocupa la-del tomo 1 de las Deci-siones de Puerto Rico, página. 439, y especialmente la del caso de Fernández et al. versus González et al., 16 Decisiones de Puerto Rico, página 651, siendo claro y terminante que puede, según las doctrinas y la jurisprudencia, traerse prueba extrínseca para demostrar la falta de consideración o causa en un contrato, por analogía — alegándose aquí que parte de la consideración no fué recibida — creemos que debe aplicarse la misma regla, y la misma teoría establecida por nuestro Tribunal Supremo y por el Tribunal Supremo de España en la sen-tencia que por nuestra Superioridad se invoca en el caso de Rosado versus Rosado. La Corte va a aceptar, con la oposición de la parto contraria, el testimonio de la testigo.”

El demandado tomó excepción por los siguientes funda-mentos :

“Primero, porque las manifestaciones que el demandante hiciera en presencia de la testigo y sobre las cuales va a declarar ella, cons-tituyen prueba de referencia y self-serving evidence; además, consti-tuyen una modificación del contrato, no siendo permisible tal prueba oral porque no se alega en la demanda fraude o sorpresa, según ba sido resuelto en el tomo 32 de las Decisiones de Puerto Rico, página 127, en el caso de Freiría & Compañía versus Cortés Hermanos & 'Compañía; segundo, porque la admisión de tal prueba constituye variar los términos de dicho contrato, 26 Decisiones de Puerto Rico, página 55, Nicorelli versus Ernesto López & Compañía; tercero, porque constituye además une. violación a los artículos 25, 28 y 101 ■de la Ley de Evidencia en vigor en Puerto Rico; y cuarto, porque ila admisión de la declaración de la testigo sobre las manifestaciones •que hizo el demandante en su presencia constituye una sorpresa en este acto para esta parte, toda vez que en corte abierta se encuentra el demandante en persona y la mejor evidencia sería su declaración en cuanto a ese particular, para. que la parte contraria tuviese el derecho a repreguntarle.”

Siguió declarando la testigo que su padre había hecho la manifestación de que faltaban por entregar ochocientos dó-lares, contestando el notario que como su padre y el Sr. Quevedo tenían tan buena amistad podría firmarse la escri-tura y ellos arreglarían luego la diferencia. Se firmó en-tonces la escritura. El Sr. Quevedo no estaba presente.

Anunció el abogado de los demandados que se proponía impugnar la declaración de la testigo. T a su vez el abogado del demandante anunció que iba a ofrecer el testimonio del propio demandante sobre lo que ocurrió en la transacción de que se trata a fin de colocar a la parte demandada en con-diciones de repreguntarle a cuyo efecto pedía el consenti-miento de dicha parte demandada. Ésta por medio de su abogado negó el consentimiento pedido.

Compareció Antonio Herrera, vecino de Agaadilla. Co-noce al demandante y al notario Reiehard. Éste fue a casa de aquél en agosto, 1929, sacó unos papeles y se puso a leerlos a don Victorio. Se suscitó igual cuestión que con la anterior testigo. El juez permitió que continuara declarando y el demandado tomó excepción en igual forma. Dijo que don Victorio manifestó que le faltaba un dinero y no firmaba el papel. Que don Victorio firmó finalmente “porque le dijo don Arturo que firmara el papel ese que tenía allí que des-pués se arreglaría eso del resto de los chavos; eso oí decir yo.” El testigo estaba en la casa esperando que don Victorio le pagara un trabajo que le había hecho en el jardín.

El tercer testigo que declaró fué Simón Vélez. Conoció al Sr. Quevedo y conoce al demandante quien lo mandó a buscar para que lo ayudara a hacer una liquidación con el Sr. Que-vedo. Se le preguntó: “¿Discutieron don Victorio y don Paco Quevedo el asunto?” Y el demandado se opuso “poí-no ser admisible en evidencia prueba en cuanto a transac-ciones entre una persona que haya fallecido y el' mismo de-mandante. ’ ’

La corte permitió la pregunta y el testigo contestó:

“Pues don Victorio de la Posa discutía con él y quería que don Paco Quevedo le liquidara una cuenta que tenía pendiente con él; don Victorio quería llevar la cuenta a una liquidación y entonces el señor Quevedo llamó a su hijo para que le hiciera en maquinilla una liquidación ligera y así lo hizo pocos minutos después.”

Vino el hijo Rubén e hizo la liquidación en maquinilla, que es la misma que se le muestra y que presentada como prueba fué admitida con la oposición del demandado. Dice:

“Documentos del Banco $2,255.00 — (en lápiz: ‘ojo’); Efvo. a él 40.00 — ( en lápiz: ‘de caña’); De una vaca devuelta 50.00 — (en lápiz: ‘O.K.’); — Entregádole por Licdo. Reichard 1,855.00 — (en lápiz: ‘O. K.’); — $4,200.00.-—Más 800.00 (en lápiz: ‘no’)- — $5,000.00. —•Mayo 23 de 1931. — (En lápiz: 2,255 (menos) 1,670 (igual a) 585.).”

Por último declaró como su propio testigo el demandante. Sabe que la Central Coloso pagó los 39 cánones de arrenda-miento de $150 cada uno. Nunca se le lian devuelto los $800 objeto del litigio.

Repreguntado por el abogado de los demandados contestó que comenzó las gestiones para que se le entregara lo que faltaba cinco días después de firmada la escritura, en forma amistosa. Que en 1930 estaba en San Juan, en el presidio. Escribió entonces a Quevedo. Reconoce la carta de julio 10, 1930.

La evidencia aportada por los demandados consistió en la declaración del notario Reicliard, abogado y notario do Aguadilla ante quien se otorgó la escritura. Fué a autori-zarla a casa del demandante acompañado del Sr. Quevedo \ los testigos. Se le pregantó si el demandante hizo la mani-festación de que faltaban ochocientos dólares y contestó:

“No, señor; no bubo esas manifestaciones; allí en aquel acto se dejaron en poder mío, para ser entregados a don Victorio de la Rosa con posterioridad y tan pronto como la Central Coloso se hubiera notificado de la cesión hecha y hubiera dado la conformidad al tras-paso, la suma de $1,850; de este dinero la misma noche le entregué yo a don Victorio de la Rosa, en mi casa, un check de $200.00 bajo mi responsabilidad personal a pesar de que todavía Coloso no había sido notificado de la cesión hecha ni había dado su consentimiento; el día 12 de agosto, o sea dos días después, sin estar todavía ultimado el asunto de Coloso le entregué $655.00 más; el día 14 de agosto don Victorio me indicó que ya estaba arreglado el asunto de Coloso y me pidió el balance o la liquidación en dos checks: uno de $200.00' y otro de $700.00 y así lo hice, y los $95.00 restantes del dinero que dejaron en poder mío los esposos De la Rosa-Labadie se los cargué' por la notificación y escrituras hechas en San Juan y por la escritura otorgada aquí en el. negocio este del señor Quevedo; con eso quedó saldada la cantidad que me había sido entregada, la que fué pasada al señor de la Rosa en los checks antes referidos, habiendo él co-brado tocios esos checks, los cuales le entregué yo a él personalmente-contra el Banco Comercial de Puerto Rico; la suma dejada en reserva en mi poder fueron $1,850.00.”

No vió allí a la hija del demandante, ni estaba allí el otro-testigo que declaró, Antonio Herrera.

En el testimonio de nno de los demandados, Rubén Que-vedo, que dijo que conocía a Simón Yélez quien estaba dis-gustado con él “porque últimamente ba cogido con mandarme papelitos a cogerme dinero prestado y como siempre se lo niego él parece que se lia disgustado conmigo.” Reconoció un papelito que le escribió bacía unos días pidiéndole $1.50 que le negó.

Se le mostró la liquidación que Yélez aseguró que había sido hecha, por él y no la reconoció como tal. Dijo que su padre no llevaba libros de ninguna especie. Depositaba sus fondos en el banco y en los mismos talonarios llevaba sus cuentas. Pagaba con cheques y a veces en efectivo.

Y por último en los cheques a que se refirió el notario Reichard, en el papel de Yélez y en la carta del demandante al Sr. Quevedo de julio 10, 1930, en la cual no le habla del dinero reclamado en este pleito. Le pregunta sobre sus ges-tiones y las de sus mutuos amigos y se refiere a una carreta que tenía en venta.

Hecho el resumen de la evidencia aportada y de las cuestiones suscitadas durante el juicio, estamos en mejores condiciones para estudiar y decidir los señalamientos de error, que pueden resumirse así:

Erró la corte, 1, al permitir declarar a la testigo Cálida de la Rosa sobre manifestaciones hechas según ella por el demandante al notario; 2, al no decretar la eliminación de dicha declaración; 3, al permitir declarar al testigo Herrera sobre el mismo extremo; 4, al permitir declarar a Simón Yélez sobre transacciones habidas con un difunto; 5, al ad-mitir como prueba el documento que el testigo Vélez dijo que había escrito en maquinilla Rubén Quevedo por orden de su padre fallecido; 6, al condenar a los demandados al pago de las costas; y 7, al actuar con pasión, prejuicio y parcialidad en la admisión y apreciación de la prueba, dictando la sen-tencia recurrida.

Estamos enteramente conformes con la parte apelada en que en un caso como éste, no obstante declararse en la escritura que se recibió toda la suma prestada, puede pre-sentarse evidencia de que no fue así.

Desde 1911 esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. MacLeary, en el caso de Rosado v. Rosado, 17 D.P.E. 471, 477, dijo:

‘ ‘ En tercer lugar, ¿ cometió error la corte inferior al permitir que el demandante negara haber recibido el precio de la venta, especi-ficado en la escritura, hecho que fué admitido a presencia del notario otorgante de la escritura y a pesar de la advertencia hecha en ella de que: ‘ confesado el recibo del precio de la venta, no cabe excepción contra, la certeza de dicha confesión, aun cuando luego resulte in-cierta la entrega en todo o en parte’?
“La doctrina de estoppel (admisión innegable) no puede ser in-vocada en este caso. Existe un estoppel, (admisión innegable) cuando una parte manifiesta que un hecho existe y la otra parte actúa de acuerdo con tal manifestación en perjuicio propio, no permitiéndose entonces al primero que niegue la alegación que primeramente hiciera. Eso no sucede en el presente caso. Si el comprador no pagó dinero alguno al vendedor, éste sabía lo que pasaba y ningún acto de ella estuvo fundado en tal manifestación. No hay estoppel. Se dice en nuestro Código Civil (Art. 1242) que los contratos sin causa no producen efecto alguno; y que la expresión de una causa falsa en un contrato (Art. 1243) da lugar a la nulidad del mismo. Y el artículo 1244 del Código Civil permite que se presente prueba con-tradictoria a la existencia de una causa que pueda sostener un con-trato. Y se declara además en el artículo 1245 del Código Civil que:
“ ‘Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condi-ciones esenciales para su validez.’
“Por consiguiente, se ve claramente que está permitida la investi-gación con respecto a las condiciones esenciales de un contrato una de las cuales es la existencia de una causa suficiente. En verdad que sería extraño que la ley considerara un contrato como nulo por expresarse en el mismo una causa falsa y no permitiera prueba refe-rente a su falsedad. La ley civil, según se encuentra en nuestro código, no difiere esencialmente en este punto de la ley común que siempre ha permitido que so muestre en el juicio la falta de una causa suficiente, aunque en la escritura se haya expresado una causa.
“Por lo tanto, la corte inferior no cometió error al permitir que el demandante negara qne pasara dinero alguno entre las partes y que fuera sostenida esta negativa, mediante prueba.”

Y como se expresa en 10 R.C.L. 1042:

“Con referencia a todos aquellos documentos que acusan recibo de una causa (consideration) boy en día ya ba quedado bien esta-blecido que se puede demostrar mediante prueba oral que en realidad no se pagó o recibió causa alguna, o que la causa fué mayor o me-nor o distinta a la expresada. Esto puede hacerse para todos los fines excepto para impugnar o destruir el documento. El importe de la causa o su clase no es considerado como parte esencial del contrato y está sujeto a ser contradicho o explicado, al igual que en cualquier recibo corriente.”

Este mismo caso demuestra lo sabio de la regla. Pres-cindiendo de lo declarado por los testigos de la parte deman-dante y limitándonos al testimonio del notario ante quien se otorgó la escritura llamado a declarar por los propios de-mandados encontramos que no es cierto que la totalidad del dinero prestado se recibiera con anterioridad al otorgamiento como en la escritura se consigna. El notario reservó en su poder $1,850 que fué entregando luego al demandante en varias partidas.

Si la variación de los términos del contrato en tal extremo fuera la única objeción, decidiríamos, pues, que no bubo error por parte de la corte de distrito al admitir los testimonios.

Pero existió una objeción más fuerte. Al solicitar el consentimiento de la parte demandada para que declarara el demandante, su abogado se expresó textualmente como sigue:

“Anunciamos, señor Juez, que ofrecemos como prueba ahora el testimonio del demandante don Yictorio de la Eosa, a fin de colocar a la parte demandada en condiciones de poder repreguntarle en rela-ción con todo lo que ocurrió en la transacción de que se trata, cons-cientes como somos de que no podemos utilizarlo como testigo nuestro a menos que la parte contraria dé su consentimiento para ello; y ahora pedimos el consentimiento de la parte contraria para que declare el testigo, porque de otro modo Su Señoría no tiene más remedio que rechazar ese testimonio de acuerdo con la teoría establecida en el caso de Wilcox versus Axtmayer et al., tomo 23 de las Decisiones de Puerto Rico, página 343.”

En el caso citado se sostiene que está aim en vigor la sec-sión 3 de la Ley para prescribir quiénes son testigos hábiles, aprobada en 1904, que dice:

"En las demandas por o en contra de los albaeeas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscitaren de transacciones habidas con éste.”

Y si se reconoce por el propio demandante apelado que él personalmente no pudo declarar sobre el extremo indicado, claro es que no puede hacerlo tampoco por medio de otros testigos que refieran sus manifestaciones.

Como se dice en 22 C. J. 217, “Prueba de referencia no se convierte en admisible debido al hecho de que el declarante ha salido del estado o país o se halla enfermo o no puede ser examinado y se ve obligado a declarar o no le es permitido declarar como testigo.”

Existen, pues, los errores 1, 2, 3 y 4. También el 5, por-que sin la declaración de Vélez nada vale la nota en maquinilla atribuida por él al Sr. Quevedo, fallecido, y a su hijo Rubén.

Y de igual modo existen el 6 y el 7, porque sin los testi-monios de la Srta. de la Rosa y de Herrera y Yélez no hay prueba que sostenga la demanda declarada con lugar por la corte sentenciadora. Sólo parece justo agregar en cuanto al 7 que no creemos que el juez actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Al contrario, surge de los autos que actuó guiado por el sentimiento de la justicia y el deseo de averiguar y fijar la exacta verdad de lo ocurrido, y quizá si logró averiguarla y fijarla en su sentencia. Admitió, sin embargo, testimonios que la ley no autoriza admitir y sn sen-tencia queda sin apoyo y cae. Eso es todo.

Bebe declararse con hogar el recurso, revocarse la sen-tencia apelada y dictarse otra declarando la demanda sin hogar, sin especial condenación de costas.