text:
    Rosalía Sánchez, et als., demandantes, apelantes y apelados, v. Margarita Sánchez, et als., demandados, apelados y apelantes. Los Mismos, demandantes, apelados y apelantes, v. Los Mismos, demandados, apelantes y apelados.
    Núms. 7478 y 7479.

    Sometidos: Febrero 6, 1941.

      Resueltos: Abril 30, 1941,

      .Arturo Aponte, abogado de los demandantes,. apelantes y apelados; Joaquín Yendrell, abogado de los demandados, apelados y ape-Jantes.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn solo pleito. Contra la sentencia dictada en el mismo apelaron los demandantes y también, separada-mente, los demandados, pero los alegatos presentados son comunes a ambos recursos. Comenzaremos nuestro estudio por el interpuesto por los demandados.

El pleito surgió eu el seno de una familia. Cuatro her-manos vivos y trece hijos de cuatro fallecidos demandan a .seis hijos de otro hermano en reclamación de condominios, .arreglo de cuentas y abono y distribución de frutos, todo en ’relación con cierta finca urbana, único bien qne heredaron <de su causante doña Juana Montañez viuda de Sánchez.

Alegaron los demandantes que doña Juana fué dueña hasta la hora de su muerte ocurrida el 4 de mayo de 1923 de •dicha finca consistente en solar de diez y seis metros de frente por diez y siete de fondo en la calle de Santa Rosa de la ciudad de Humacao, con casa de manipostería techada de zinc de doce metros de frente por diez y siete de fondo con horno de cocer pan y dedicada a panadería.

Que años antes de morir, doña Jnana tomó a préstamo a Wifredo Bertrán dos mil dólares qne garantizó con hipo-teca sobre la finca, hipoteca que quedó inscrita finalmente a favor de la viuda de Bertrán, Margarita Picornell, y que vencida la deuda, muerta ya deña Juana, la acreedora pro-cedió a su cobro por la vía judicial, señalándose el 28 de diciembre de 1929 para la venta en pública subasta de la finca hipotecada.

Que el aquí demandante Félix Sánchez y Esteban Sánchez, causante de los aquí demandados, se comunicaron con los otros herederos de doña Juana y acordaron que se rematara la finca adjudicándose bien a Félix, ya a Esteban, por dos mil quinientos dólares a que ascendía el crédito con sus inte-reses y costas, suma que aportarían Félix mil y Esteban mil' quinientos, conviniéndose en que el adjudicatario traspasaría luego la finca a todos los herederos deduciendo las aporta-ciones, y que en efecto la finca fue rematada'y adjudicada, bajo las estipulaciones indicadas, a Esteban.

Que ya adjudicada la finca a Esteban, se convino en que Félix y Esteban retendrían la finca mediante el canon de cien dólares mensuales con el que amortizarían los dos mil quinientos que habían aportado, después de lo cual se pro-cedería a repartir los bienes .entre todos los herederos, y que cuando se estaba preparando la finca para utilizarla y cobrarse de ella los hermanos Félix y Esteban, enfermó éste súbitamente, y murió en mayo 8, 1930, sin que se llevara a efecto el convenio, quedando la finca a disposición de los inte-resados, y que no obstante constar a los demandados, here-deros de Esteban, la verdad de todo lo ocurrido, tomáron posesión material del inmueble el 26 de enero de 1931, ale-gando ser dúeños absolutos del mismo, habiendo arrendado una parte de él, cobrando las rentas y negándose a distribuir-las y a proceder a la división del fundo — que tiene un valor de -ocho mil dólares — entre ellos y los demandantes.

Los demandados excepeionaron la demanda por ininteli-gible y dudosa. Su excepción fué declarada sin lugar y con-testaron. lili resumen, negaron que la adjudicación de la finca a su causante se hiciera bajo convenio alguno y alegaron que son dueños absolutos por herencia de su padre Esteban de la finca en cuestión.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia que contiene los siguientes pronunciamientos: 1, que la casa objeto del litigio pertenece en común pro indiviso a deman-dantes y demandados, en la proporción que a cada uno corres-ponda como herederos de Juana Montañez viuda de Sánchez; 2, que todos los herederos adeudan, en proporción de sus derechos, los dineros que aportaron dos de ellos, Félix Sán-chez, mil dólares, y Esteban Sánchez, mil quinientos dólares, y sus intereses legales desde diciembre 28, 1929, fecha de la subasta de la casa en cuestión; 3, que corresponde a deman-dantes y demandados todo lo que haya producido la casa desde enero 24,1931, en que tomó posesión de ella la sucesión deman-dada, y también lo producido desde la fecha del remate hasta la de la toma de posesión. De esos productos se pagarán los créditos de Félix y Esteban, y el sobrante será de los here-deros en la proporción que les corresponda como tales, y 4, que las costas del litigio incluyendo una cantidad razonable para honorarios de abogado sean pagadas por los demanda-dos.

Señálansc en el alegato once errores atribuidos a la corte sentenciadora, los tres primeros al permitir declarar a los testigos González Fagundo, López del Valle e Ignacio de Jesús sobre manifestaciones héchasles por dos de los deman-dantes y sobre transacciones habidas con el difunto causante de los demandados; el cuarto por negarse a eliminar dichas declaraciones; el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo por haber permitido declarar a los testigos Agustín Díaz, Félix Sánchez y Eafael Mas sobre las dichas manifestaciones y transacciones y al último sobre la forma del pago de las con-tribuciones de la finca en litigio; el noveno al apreciar la prueba actuando con pasión, prejuicio y parcialidad; el décimo al dictar sentencia a sabiendas de que una de las demandantes había fallecido, y el undécimo al imponerles las costas y honorarios de abogado.

El octavo señalamiento de error no se discute por los apelantes en su alegato. Los siete primeros se argumentan conjuntamente y así procederemos a su estudio, comenzando por exponer lo sucedido en cada ocasión separadamente.

Francisco González Fagundo, abogado y notario, dijo que conoció a Esteban Sánchez y conoce a Margarita Sánchez y que tuvo y tiene con ellos íntima amistad; que antes de la subasta de la casa tuvo una entrevista con Félix, Esteban y Manuel Sánchez con el fin de conseguir dinero para la subasta; que Esteban le. vendió una casa en mil dólares a Providencia Ramírez.

Se opuso el abogado de ios demandados por ser inmate-rial lo de la venta. Argumentó extensamente el abogado de los demandantes. La corte resolvió que el testigo podía declarar. Tomaron excepción los demandados.

Siguió diciendo que Félix Sánchez tenía unos pagarés hipotecarios y los negoció para levantar fondos, mil dólares. Se opusieron los demandados por no haberse probado aún el convenio alegado en la demanda y la corte admitió la evidencia con su objeción.

Continuó refiriendo que el día de la subasta estuvieron previamente en su oficina Félix, Esteban y Manuel Sánchez y discutieron sobre cuál de ellos adquiriría la finca, acordán-dose de primera intención que fuera Manuel que era soltero y no tenía deudas pero luego cambiaron de opinión y lo hizo Esteban.

“P. — En la conversación que tuvieron, ¿ usted sabe si la finca iba a sacarla Esteban Sánchez para don Esteban Sánchez o para otras personas ?
“R. — Para todos; para el conjunto.
“P. — ¿Para la sucesión entera?
“R. — Sí, señor.
.“P. — ¿La sucesión de quién?
"R. — De doña Juana Montañez.
"Lie. Yendrell: Nos oponemos a todo esto se está entrando al testigo en un campo muy distinto.
‘ ‘ Testigo: Con el buen entendido de que habría de reintegrarle a don Félix su dinero y a don Esteban por igual.
"Lie. Yendrell: Todo esto es inmaterial:
"Hon. Juez: ¿Se opone a esta declaración, o sea a que era para la comunidad, reconociendo los derechos de cada uno en cuanto a la cuantía aportada por- cada uno de ellos?
"Lie. Yendrell: Nosotros estamos alegando que es inmaterial por-que el testigo está declarando sobre ciertos extremos que no guardan relación con los hechos alegados en la demanda.
"Hon. Juez: La corte apreciai'á la evidencia ahora y en conjunto luego.
"Lie. Vendrell: Con nuestra excepción.”

Llamado José López del Valle, abogado, registrador de la propiedad, amigo íntimo de ambas partes y hermano polí-tico del demandante Félix, dijo que se enteró de los pasos que daban Esteban y Félix para buscar dinero para pagar la hipoteca; que consultaron con él y les aconsejó que "para evitarse el trámite de la mar de declaraciones de herederos por tratarse de una sucesión muy larga . . . continuasen la ejecución ... y en el remate la sacara uno de ellos dos y luego el que la sacara” la repartiera entre todos.

Los demandados objetaron la prueba “por ser inmaterial y además de referencia. ’ ’ La corte admitió la evidencia j los demandados tomaron excepción.

Continuó declarando que “sacó un momentito” y fue a la subasta y allí “Esteban Sánchez me dice: ‘Oye, Pepe, ¿no os lo mismo que se ponga la casa a nombre mío?’ Y yo le dije: ‘Creo que para ustedes es lo mismo.’ Llamé a Félix y le dije: ‘Dice Esteban que se ponga la casa a nombre de él’, y Félix dijo: ‘Lo mismo da que se ponga a nombre de él.’ Que sabe del dinero que se pagó en la subasta porque estuvo en el acto de la misma hasta que se terminó; que Esteban Sánchez pagó $2,500; que no sabe cómo se aportó ese dinero; que el testigo no tuvo intervención en el diñero.Que el convenio fue . . . que. después que se le adjudicara a uno de ellos, que con la renta que produjera la casa, para ellos no gravarse, ellos tomarían posesión de la finca en arrendamiento y con la renta de la casa ellos se cobrarían,; Esteban Sánchez cobraría sus $1,500 y Félix Sán-chez $1,000 y después que la finca estuviera limpia, que no se debiera nada, entonces repartirla en la parte proporcional que le correspondía a cada uno. Que la finca se iba a repar-tir entre los nueve-herederos de doña Juana Montañez.”

Los demandados, por su abogado, sin objetar la última parte de la declaración del testigo, lo repreguntaron obte-niendo las siguientes contestaciones:

“Que las manifestaciones con respecto a la forma en que se iba a adjudicar el inmueble fueron hechas en distintos sitios; la pri-mera vez que estuvieron considerando lo que querían hacer fué en la oficina del testigo pero que estuvieron los dos a consultar al testigo si no había peligro al hacer eso y yo le dije negativamente que no había peligro en que se adjudicara- a uno de los dos la posesión de la finca; que el testigo no le aconsejó que hicieran constar todo eso en algún documento público, porque no tenía conocimiento, que en-tre los dos hubiera ocurrido algo con estos familiares; que el testigo tenía conocimiento de los que componían la sucesión con todas sus estirpes.
“P. — j Usted tení'a conocimiento de si el convenio había llegado .a conocimiento de ellos también?
“C. — ¿De quién?
“P. — De todos los demás, con excepción de Félix y Esteban Sán-chez.
“C. — Y Manuel que estaba con ellos y ellos hablaban en nombre de todos.
“Que como lo que se iba a hacer era para beneficio de todos ellos no creía necesario hacer constar el convenio en documento alguno, no obstante existir una sucesión tan numerosa con sus respectivas es-tirpes; .P. — ¿De modo que buenamente ellos se prestaban a dar mil dólares el uno y mil quinientos el otro para pro-teger el inmueble en beneficio de los demás interesados? — ít.—En be-neficio de ellos como hermanos y sobre lo que les correspondía a to-dos los familiares. — P.—¿ No le explicaron en qué forma habían de co-brarse de esos mil dólares Félix Sánchez y de los mil quinientos Esteban?— E. — Esos mil pesos y los mil quinientos habrían de cobrár-selos de la misma renta 'que produjera el edificio. — ■ P. — ¿Estaba arrendada esa panadería? — E.—La panadería no sé si estaba arren-dada. Sé que había una tienda en el mismo edificio también.- — • P.— ¿No sabe de quién era esa tienda? — E.—No, me parece que es del mismo que está allí, un tal Sixto. — -P.-—¿A cuánto asciende la renta de esa casa?— E. — Una panadería lo menos que renta aquí en Hu-macao son cien pesos.— P. — ¿Pero Ud. no sabía si estaba arrendada ésa?— E. — Y ésa tiene, además, un sitio donde tiene una tienda que paga veinticinco pesos mensuales.— P. — ¿Pero estaba o no estaba arrendada cuando eso?— E. — No sé— P. — ¿Ud. conoce la casa?— E. — La conozco.— P. — ¿Acordaron ellos delante de Ud. algo con respecto a la forma en que se iban a hacer.los gastos de reparaciones de esos edificios?— E. — No, en presencia mía no acordaron eso.- — - P. — ¿No acordaron tampoco en presencia de Ud. quién había de co-brarse primero y en qué forma iban a disponer de la renta ?- — ■ E. — No. El propósito era quedarse con la casa para todos después de pagarse la deuda.— . . . .”

Ignacio de Jesús, protocoiista. Dijo que celebró una con-ferencia con Esteban Félix y Manuel Sánchez, y surgió el siguiente incidente:

“Lie. Vendrell: Un momento, Sr. Juez. Yo deseo que el com-pañero me diga primero cuál es el propósito de la declaración de este testigo.
“Lie. Aponte: El propósito de la declaración de este testigo es demostrar ante V. H. que con motivo de un procedimiento ejecutivo hipotecario que se seguía en la oficina del Lie. Francisco González Fagundo a nombre de doña Margarita Picornell contra los herede-ros de doña Juana Montañez, que son los demandantes y los deman-dados en esta acción, con excepción de doña Margarita que era la viuda de don Esteban, los interesados Esteban, Félix y Manuel fue-ron a la oficina de un Francisco González Fagundo al efecto de pa-gar o arreglar el pago de ese crédito hipotecario.
“Lie. Vendrell: Pues, Sr. Juez, me voy a oponer a que el testigo declare sobre este convenio o transacción habida entre el causante y los demandados porque el testigo está incapacitado para declarar sobre eso.
“Juez: La corte declara sin lugar la oposición.
“Lie. Vendrell: Tomamos excepción y antes de entrar en el exa-men de este testigo vamos a solicitar de su señoría, para que conste en récord, que ordene la eliminación de todas las declaraciones pres-tadas basta abora por todos los’ testigos que ban declarado en este asunto, por entender que están comprendidas dentro de las disposi-ciones de la ley para prescribir quiénes son testigos hábiles y para derogar el art. 1215 del Código Civil de 10 de marzo de 1904.
“Juez: La corte declara sin lugar la moción eliminatoria por en-tender que ninguno de esos testigos es parte en .el litigio. Puede se-guir preguntando.
“Lie. Vendrell: Con nuestra excepción.”

Continuó declarando “que dos o tres días antes de la subasta, que fué allá en diciembre del año 1929, Félix y Esteban Sánchez estuvieron donde el testigo a decirle que ya tenían conseguido el dinero y que pensaban entregarlo para evitar que se celebrara la subasta; . .. . que el testigo les aconsejó a Félix y Esteban Sánchez que a ellos no les con-venía entregar ese dinero y sí que se verificara la subasta, porque como había cuatro hijos fallecidos, además de la madre, porque así ellos adquirían un título limpio y sin gran-des gastos, porque en declaratorias de herederos y otros docu-mentos les iba a costar un capital, y parece que ellos, Esteban y Félix Sánchez, resolvieron aceptar lo que el testigo les aconsejó;.”

Siguió el testigo declarando sobre la forma del reintegro de lo aportado por Esteban y Félix y fué extensamente repreguntado por el abogado de los demandados.

Agustín Díaz. . Comenzó a declarar y ocurrió lo que sigue:

“Lie. Vendrell.' — Lo trae también para encadenar la prueba re-lacionada con el mismo convenio que se alega en la demanda.
“Lie. Aponte. — Una admisión más.
“Lie. Vendrell. — Entonces vamos a levantar la misma cuestión con respecto a la inhabilidad de este testigo para declarar sobre estos extremos.
“Juez. — La corte resuelve lo mismo: La misma resolución.
‘ ‘ Lie. Vendrell. — Excepción.
“Juez. — Por entender que no es parte.
“Lie. Vendrell. — Con nuestra excepción.”

Su testimonio corrobora la evidencia sobre el convenio de subastar la casa a nombre de uno para todos los herederos.

Félix Sánchez, uno de los demandantes, declaró con la oposición de los demandados que la panadería instalada en la casa en litigio era una de las mejores de Iiumacao. Pre-guntado sobre el convenio para la compra en la subasta,' se opusieron los demandados y la corte sostuvo su oposición por tratarse de una parte en el pleito..

Preguntado sobre quién continuó en la posesión de la finca después de subastada, el testigo contestó, con la objeción de los demandados desestimada por la corte y su excepción:

“T. — La Sucesión de Juana Montañez, y le pagaban a Rosalía Sánchez, el que tenía arrendada la casa para una tienda que está en la esquina.
“Lie. Aponte.' — -¿Cómo se llama ese individuo?
“T. — Felipe Silva.
“Lie. Aponte. — ¿Cuánto pagaba Silva por ese pedazp que tenía arrendado ?
“T. — $25.
“Sigue declarando eí testigo que el.Sr. Silva sigue viviendo en el mismo sitio y que ahora le paga a la sucesión de don Esteban Sánchez.
“Lie. Aponte. — ¿Quiere decir que antes de ponerlos el márghal en posesión, le pagaba a doña Rosalía Sánchez, y después que el márshal los puso en posesión le pagaban a la Sucesión de don Esteban Sán-chez? ¿Es eso lo que usted quiere decir?
“T. — Sí, señor.”

Con la objeción y excepción de los demandados se le per-mitió que contestara que las reparaciones de la casa las paga-ban entre el testigo y Esteban.

Preguntado sobre si después de la muerte de Esteban Sánchez habló con sus herederos sobre el asunto, contestó:

“Sobre el asunto ese do la deuda que tenía la Sucesión de Juana Montañez con la de Esteban Sánchez y con lo que él había aportado para la ejecución de la finca descrita.
. . habló .con doña Margarita, o sea la viuda de don Esteban Sánchez y que ella requirió al testigo para que le pagara los $1,500 aportados por Esteban Sánchez para la finca.
. . que al requerirlo doña Margarita para que buscara los $1,500, el testigo le contestó que harían todas las diligencias para conseguirle el dinero; que en vista que no pudieron conseguir el dinero doña Margarita le 'dió el asunto a don Francisco González Fagundo para'que le cobrara a la sucesión; que el testigo no ha pagado los $1,500.
“. .'. que| don Francisco González Fagundo como abogado re-quirió ai testigo en nombre de doña Margarita Fuentes para que le buscara el importe de los $1,500 aportados por Esteban Sánchez para la.finca; que el testigo le dijo al Lie. González Fagundo que buscaría el dinero; que después doña Margarita Fuentes Yda. de Sánchez se negó a recibir el dinero y le dijo que ella tenía cuatro hijos mayores y lo que querían ellos era la casa.” ' ■

Rafael Mas, márshal de la corte de distrito, declaró que el precio de la subasta de que se trata le fué pagado mil cuatrocientos dólares en cheques y mil cien en efectivo, que mil salieron de Félix Sánchez, se los entregó él, Esteban le pagó mil cuatrocientos en los' cheques y cien en efectivo. Mientras declaraba el testigo el abogado de los demandados dijo “Que conste nuestra Oposición y nuestra excepción.” Luego le repreguntó extensamente.

Para sostener que los errores uno al siete se cometieron invocan los apelantes la ley de 1904 decretada para prescri-bir quiénes son testigos hábiles y para derogar el artículo 1215 del Código Civil, Leyes de 1904, pág. 121, y las decisiones de esta corte en los casos de Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343 y De la Rosa v. Sucesión Quevedo, 47 D.P.R. 175. Y para impugnar los dichos señalamientos de error descan-san los apelados en que los apelantes están impedidos de invocar la ley de 1904 porque no excepcionaron debidamente a tiempo la evidencia.

En la primera ele las decisiones citadas por los apelantes se resolvió:

“La sección 3 de la ley prescribiendo quiénes son testigos hábiles y derogando el artículo 1215 del Código Civil y demás leyes, órdenes y decretos que se opusieren a la misma, aprobada en 10 de marzo de 1904 (Leyes 1904, pág. 121), no ha sido derogada expresamente por la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 (Leyes 1905, págs. 86-143), ni está en conflicto con ella.”
“En la actualidad en Puerto Rico una parte en un pleito insti-tuido contra los herederos o representantes legales de un finado por virtud de transacciones habidas con éste, no puede declarar como testigo, sin antes ser llamado por la parte contraria.” Wilcox v. Axtmayer 23 D.P.R. 343.

Y en la segunda:

“Pero existió una objeción más fuerte. Al solicitar el consen-timiento de la parte demandada para que declarara el demandante, su abogado se expresó textualmente como sigue:
“ 'Anunciamos, señor Juez, que ofrecemos como prueba ahora el testimonio del demandante don Vietorio de la Rosa, a fin de colocar a la parte demandada en condiciones de poder repreguntarle en re-lación con todo lo que ocurrió en la transacción de que se trata, conscientes como somos de que no podemos utilizarlo como testigo nuestro a menos que la parte contraria dé su consentimiento para ello; y ahora pedimos el consentimiento de la parte contraria para que declare el testigo, porque de otro modo Su Señoría no tiene más remedio que rechazar ese testimonio de acuerdo con la teoría esta-blecida en el caso de Wilcox versus Axtmayer et al., tomo 23 de las Decisiones de Puerto Rico, página 343.’
“En el caso citado se sostiene que está aún en vigor la sección 3 de la Ley para prescribir quiénes son testigos hábiles, aprobada en 1904, que dice:
“ ‘En las demandas por o en contra de los albaceas testamenta-rios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o rela-ciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscita-ren de transacciones habidas con éste.1
“Y si se reconoce por el propio demandante apelado que él per-sonalmente no pudo declarar sobre el extremo indicado, claro es que no puede hacerlo tampoco por medio de otros testigos que re-fieran sus manifestaciones.
“Como se dice en 22 C. J. 217, ‘Prueba de referencia no se convierte en admisible debido al hecho dé que el declarante ha salido del estado o país o se halla enfermo o no puede ser examinado y se ve obligado a declarar o no le .es permitido declarar como testigo.’ ” De la Rosa v. Sucn. Quevedo, 47 D.P.R. 175, 183.

De suerte que lo más lejos que lia ido la jurisprudencia hasta ahora sobre el particular en esta jurisdicción es a que de acuerdo eon la ley indicada ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, o en las demandas por o en contra de los herederos y represen-tantes legales de un finado que se suscitaren de transacciones habidas con éste, sin que pueda tampoco dicha parte hacerlo por medio de otros testigos que se refieran a sus propias manifestaciones. Debe llamarse la atención hacia el hecho de que el resumen en el caso de De la Rosa v. Sucn. Quevedo, supra, es más amplio de lo que el texto de la opinión, en la parte que dejamos transcrita, permite.

De suerte que aplicando la propia jurisprudencia invo-cada por los apelantes debe resolverse que si bien excluye lo declarado por los testigos en relación con lo dicho por los demandantes Félix y Manuel Sánchez, no impide que las manifestaciones hechas por el causante Esteban Sánchez en contra de su interés según lo declarado por los testigos que no son partes en el pleito puedan ser tomados en considera-ción para su fallo por la corte.

En el caso de Lezcano v. Sucesión Sifonte, 42 D.P.R. 400, 402, esta propia corte por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor se expresó así:

“Providencia Díaz Lienza no es una de las partes en el caso; ni siquiera la representante legal de su hija, la demandante, que está representada por su padre con patria potestad. La circunstancia de que la suma de que se trata fuere regalada por ella a su hija, y puesta a nombre de ésta en su cuenta de ahorros en el Banco Territorial está perfectamente explicada; y no da a la declarante el carácter de parte en el caso, que se ha instituido, se ha tramitado, y se ha decidido, por Patria Monserrate Lezcano.
“La decisión en el caso Wilcox v. Axtmayer et al. (23 D.P.R. 343) que se cita por el apelante no le es en realidad favorable. Allí se discute y resuelve si una parte en un pleito contra los herederos de un finado puede declarar respecto a ciertos extremos, sin ser llamado como testigo por la otra parte. No es éste el caso actual..”

Véase además el estudio que sobre la limitación contiene la opinión de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. Górdova Dávila en el caso de Colón v. Sucn. Tristani, 45 D.P.R. 227, 229.

En cuanto a que de no ser objetada las declaraciones de que se trata serían admisibles, no hay duda alguna. Resolviendo esa cuestión esta propia corte en Cestero v. Sucn. Cestero, 35 D.P.R. 991, 993, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“La apelante está equivocada al suponer que la inhabilidad (incompetency) de un testigo según la sección 3 de la Ley de 1904 es absoluta. El estatuto mismo demuestra que puede ser fácilmente renunciado si el testigo es llamado' por la parte contraria. Y las decisiones demuestran generalmente que puede renunciarse a esta clase de inhabilidad, al igual que a declaraciones de referencia, al estatuto de fraudes y a otras muchas causas de inhabilidad (incompetency)i.”

¿Se objetaron las declaraciones de González Fagundo, López del Valle y de Jesús? Se objetaron en efecto pero la primera por “inmaterial” y la segunda por “inmaterial y además de referencia.” La tercera, al comenzar, por “inca-pacitado” siendo entonces que se pidió la eliminación a vir-tud de la ley de 1904, eliminación que estuvo limitada a las dos primeras. Siguió declarando De Jesús y la parte final de su declaración no fue objetada y sabemos lo que contestó en repreguntas. Luego se siguió invocando la ley más o menos formalmente, repreguntando siempre el abogado de los apelantes los testigos.

En el caso de Fagan v. Lents, 156 Cal. 681, se resolvió que ‘'cuando una objeción a un testimonio sobre la base de que es inmaterial, irrelevante e incompetente por razones espe-cíficas se deniega propiamente, otro motivo a su admisibili-dad, que no se levantó en la corte inferior, no puede urgirse en apelación. ’ ’ Aplicada estrictamente esa regla a las decla-raciones de (González Pagundo y López del Valle baria que no pudiera invocarse abora en contra de ellas la ley de 1904, pero aunque así no fuera' existe algo más que elimina la restricción y es que al dejar de impugnar'gran parte de los testimonios que versó sobre la existencia y condiciones del convenio alegado en la demanda y al entrar voluntariamente en el trámite de repreguntas alrededor del mismo, los^ deman-dados abandonaron su oposición, encontrándose abora impe-didos de bacer valer sus objeciones.

Por el noveno error se sostiene que el juez apreció la evidencia con pasión, prejuicio y parcialidad y que la sentencia es contraria a la prueba.

Del examen que bemos beebo de los autos no encontramos rastro alguno de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juez sentenciador. Del tono de su opinión tampoco se des-prende. Al contrario, lo que surge es su deseo de acertar y bacer justicia. Expresamente bizo constar en ella que no tomaba en consideración para formular sus conclusiones la evidencia admitida en contra de la ley de 1904 y la jurispru-dencia de esta corte, yendo' así más lejos de lo necesario, excepción becba del testimonio del demandante Félix Sán-chez, en relación con transacciones celebradas con su hermano fallecido Esteban causante de los demandados.

Dió entero crédito a las declaraciones de G-onzález Fa-gundo, López del Valle y De Jesús y a las otras que cono-cemos y la verdad es que creídos esos testimonios unidos a la prueba documental demostrativa de la procedencia del dinero para la subasta obtenido por los hermanos Félix y Esteban en la exacta forma que los testigos expresan y tomada en consideración además la declaración del deman-'dañte Félix Sánchez en lo que respecta a las admisiones de Margarita Sánchez no rebatidas por ésta, no es posible con-cluir que la sentencia no esté sostenida por la prueba. Lo está, y ampliamente en verdad.

El décimo error levanta la cuestión de la nulidad de la sentencia por haberse dictado a sabiendas de que una de las demandantes, Ascensión Sánchez Montañez, había fallecido después de iniciado el pleito.

Se invoca al argumentarlo el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil y el caso de Hernández v. Hutchison, 20 D.P.R. 517. Lá cuestión no fué suscitada en la corte de distrito. La muerte de la dicha demandante cuyos intereses son enteramente afines a los de los otros demandantes surge de ciertas manifestaciones hechas por el testigo López del Valle en el curso de su declaración no con ese propósito espe-cífico y no consta que se le llamara sobre ella la atención a la corte ni que fuera tomada en. cuenta, ni advertida siquiera por la misma.

Siendo ésas las circunstancias que concurren nos parece que están en lo cierto los apelados al impugnar el señala-miento de error a base de no haberse levantado la cuestión en la corte inferior. La acción no termina a virtud del falle-cimiento de la parte y de haberse suscitado la muerte de que se trata pudo a tiempo seguirse el procedimiento marcado por el propio artículo del Código de Enjuiciamiento Civil que se invoca, el 69.

Estudiado el recurso como lo hemos hecho en su totalidad estamos en perfectas condiciones de decidir que la corte no erró ni abusó de su discreción al imponer a los demandados el pago de las costas y honorarios de abogado, especialmente cuando presentada evidencia sobre el conocimiento del convenio y sobre la actuación de los demandados en armonía con el mismo tratando de recobrar el dinero que su causante adelantó, no fué rebatida específicamente pudiendo serlo si Margarita Sánchez hubiera declarado y se hubiera liamado a la silla de testigos para interrogarlo sobre tal extremo al abogado González Fagundo.

Decidido el recurso interpuesto por los demandados procederemos al estudio y resolución del establecido por los demandantes.

Se funda en un solo señalamiento de error, a saber, que Ja sentencia debe ser modificada en el sentido de que el pago de los frutos lo sea desde diciembre 28,1929, y no desde enero 24, 1931. Se argumenta por ios apelantes como sigue:

“En la demanda pedían los demandantes que se cumpliera el acuerdo entre los interesados, a saber: que las cantidades prestadas por don Esteban y don Félix Sánchez se pagaran con las rentas a razón de $100 mensuales, según el convenio; pero como la corte inferior no aceptó la declaración de don Félix Sánchez por ser parte en el litigio y prohibirlo el estatuto, la sentencia se limitó a reco-nocer la deuda y ordenar su pago desde el día de la subasta, 28' de diciembre de 1929, pero limitó el pago de las rentas o frutos a los interesados a partir del 31 de enero de 1931 solamente. Es decir, que desde una fecha hasta la otra (año y un mes) los demandantes: no van a tener rentas, no obstante producir el inmueble $100 men-suales por la panadería, $25 por el otro local destinado a tienda,, y no sabemos cuánto por la parte destinada a vivienda (por no de-cirlo el récord), mientras que tendrán ellos que pagar los intereses por todo ese lapso de tiempo.”

Oreemos que la sentencia no debe modificarse. La evi-dencia no esclarece a satisfacción del juzgador lo que exac-tamente ocurrió entre la fecha de la subasta y la de la entrega formal de la posesión de la casa a los demandados. Hay indi-caciones en ella de que las rentas se entregaban a doña Eosalía una de las demandantes. En ese período fue que ocurrió Ja súbita muerte de Esteban origen de toda esta contienda familiar con sus necesarias implicaciones de trastornos admi-nistrativos. Y que la posesión de los demandados se compartía o se discutía y entorpecía por lo menos por los demandantes lo prueba el hecho de haber pedido los deman-dados a la corte que ordenara a su márshal que se la entregara formalmente. La responsabilidad de los demandados en cuanto a la entrega del producto de la finca para ser repar-tido en la forma que se establece en la sentencia sólo es indiscutible a partir de esa toma de posesión o sea desde enero 24, 1931.

A virtud de todo lo expuesto deben declararse sin lugar ambos recursos y confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Carmen Vázquez, demandante y apelada, v. Emilio Zeda y Teresa Zeda Martínez, demandados y apelantes.
    Núm. 8211.

    Sometido: Abril 18, 1941.

      Resuelto: Abril 30, 1941.

      J. Yaldejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; Isaías M. Crespo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Emilio Zeda Martínez y la que fné sn ■esposa, la demandante Carmen Vázquez, eran dueños de bie-nes gananciales consistentes en nn condominio de siete octavas partes de nna casa y solar en Arecibo. Alega la demandante, qne el demandado Zeda, siendo aún sn esposo, la requirió para qne otorgara a sn favor nna escritura de poder, facultándole para qne a nombre de los dos vendiera la citada propiedad; qne en vez de nn poder, el demandado bizo redactar nna escritura por la cual aparecen ambos cón-yuges vendiendo el citado condominio a la otra demandada, Teresa Zeda Martínez, hermana de Emilio, “por un precio simulado el cual ni en todo ni en parte ni en ninguna forma fné pagado por la demandada”; qne la demandante firmó la escritura bajo la confianza que tenía en sn esposo y en la hermana de éste; que nunca fué el propósito de la deman-dante vender la propiedad y que si lo hizo fné debido a las falsas simulaciones de ambos demandados; qne después de haber firmado dicha escritura, la demandante, siguiendo ins-trucciones de su esposo se ausentó para los Estados Unidos, y que su esposo aprovechando su ausencia radicó contra ella una demanda de divorcio en la que alegaba “que no existen bienes gananciales entre ellos,” defraudando así la buena fe de la demandante. Pide la demandante que se decrete la nulidad de dicha escritura y que se ordene la cancelación de su inscripción en el registro de la propiedad.

Contestaron los demandados negando todos los hechos expuestos en la demanda y alegaron que dichos hechos son insuficientes para determinar causa de acción contra los demandados.

El caso fué visto y quedó sometido el día 5 de octubre de 1939. El día 13 del mismo mes, la demandante solicitó se abriera el caso de nuevo y que se le permitiera ofrecer en evidencia una certificación del registrador de la propiedad acreditativa de que el mismo día en que se otorgó la escritura cuya nulidad se pide, o sea en octubre 4, 1937, la demandada Teresa Zeda otorgó una escritura de hipoteca en garantía de un bono hipotecario al portador por $6,000. La corte infe7 rior, apoyándose en la decisión en Sucrs, de L. Villamil & Co., S. en C. v. Quintana, 45 D.P.R. 929, ordenó la reapertura del caso y admitió la certificación, no obstante la oposición de los demandados.

En noviembre 15, 1939, la corte inferior dictó sentencia declarando nula e inexistente la supuesta venta “en cuanto a ios derechos de la demandante, o sea en cuanto a una mitad de 7/8 partes en el valor de la finca que se describe en la demanda, ’ ’ y ordenó la cancelación de la inscripción en cuanto o. dicha mitad. Apelaron ambos demandados y alegan que la corte sentenciadora cometió error al declarar con lugar la demanda sin haberse demostrado la existencia de fraude; al decretar la liquidación de la sociedad de gananciales, que no fue pedida por la demandante; al dejar sin efecto un documento notarial con prueba débil y en contra de la pre-sunción de su legalidad; y ai dictar una sentencia no sos-tenida por la evidencia.

Examinaremos la prueba. La demandante ofreció primeramente una estipulación en la que las partes litigantes convinieron que la demandante si estuviese presente declararía lo siguiente:

“Que ella es divorciada de Emilio Zeda; que el día 4 de oc-tubre de 1937 ella firmó una escritura que no leyó ni le íué leída ante el notario Aníbal Boneta; que ella ignoraba el propósito de dicha escritura; que su esposo Emilio Zeda le informó que era un poder autorizando a él a vender o hipotecar la propiedad descrita en la demanda; que ella no recibió dinero alguno de Emilio Zeda en pago de la propiedad; que ella no ha vendido nunca propiedad alguna a Teresa Zeda y mucho menos la propiedad descrita en la demanda; que ella se íué para los Estados Unidos el día 7 de octubre de 1937, o sea tres o cuatro días después del otorgamiento de dicha escritura porque su esposo la engañó ofreciéndole que iba a vender la casa para con el dinero irse a vivir con ella a Nueva York y poner entre ambos un negocio o bodega en esa ciudad; que dicha escritura se otorgó en el cafetín de Emilio Zeda y allí estaban pre-sentes solamente el Lie. Boneta, Emilio Zeda, Carmen Vázquez y Candita .Santiago; que la casa siempre ha estado y está siendo ad-ministrada por Emilio Zeda como dueño de ella.”

Candita Santiago, a quien se menciona en la precedente estipulación como presente en el acto de firmarse la escri-tura, declaró: que un día a principio de octubre, yendo ella con la demandante hacia el cementerio, encontraron en su camino a Emilio Zeda, el demandado, quien las llamó y las invitó para que fueran a su cafetín situado por detrás del Asilo, por Salsipuedes; que en el cafetín, en un reservado, estaba Aníbal Boneta, el notario, con unos papeles; que Emilio le pidió a Carmen Vázquez “que le firmara para darle un poder para vender la casa, porque quería irse a Estados Unidos a poner un negocio allá; que ella dudaba y le pre-guntó a Aníbal Boneta si le perjudicaría en algo y Boneta lo dijo que no, que sólo era un poder de venta, que firmara y la hostigaba para que firmase; que Carmen Vázquez no leyó la escritura, pues cuando empezó a leerla, Zeda le decía: ‘•'Acaba de firmar; si es para vender; quiero acabar de vender esto para irme y embarcarme contigo”; que nadie leyó la escritura; que los únicos allí presentes eran Boneta, Emilio Zeda, Carmen Vázquez y la declarante; que en cuanto ella sepa no se pagó dinero alguno; que Carmen Vázquez firmó porque Emilio Zeda le dijo que era un poder para vender. Repreguntada, reafirmó su declaración de que cuando Carmen trató de leer la escritura, Zeda la hostigaba diciéndole: “Avanza, firma el poder para vender”; y ella firmó, creyendo que era un poder y no una venta.

Andrés Vázquez, hermano de padre de la demandante, declaró: que al enterarse por su hermana de que ésta había firmado un documento a su marido, fue a ver a Emilio Zeda y le pidió que le enseñase los papeles; que Zeda le dijo: “No te apures, que es un poder que me dió para vender la casa y este cafetín y cobrar un dinero de una hipoteca y después me tengo que ir para el Norte; que él insistió en que le mos-trara los papeles, para verlos y leerlos y Zeda le dijo que los tenía su abogado; que en esa conversación estuvieron presentes Francisco y José Ernesto Tirado, a quienes él invitó precisamente para que oyesen lo que él iba a hablar con Zeda; que Zeda le dijo que la casa no la había vendido toda-vía; que eso se lo dijo después de su hermana haber firmado la escritura que firmó en el cafetín; que su-hermana embarcó para Estados Unidos el 7 de octubre de 1937 y él tuvo que pagarle el pasaje; que no pudo ver el documento porque Boneta estaba jugando gallos.

José Ernesto Tirado, testigo de la demandante, corroboró la declaración de Andrés Vázquez en cuanto a la conversación entre éste y el demandado Emilio Zeda.

Los demandados ofrecieron en evidencia una copia de la escritura en controversia, cuyo párrafo segundo lee así:

‘ ‘ SEGUNDO: Los esposos primeros comparecientes venden, ceden, renuncian y traspasan a favor del segundo compareciente señora doña Teresa Zeda Martínez los condominios en el inmueble aquí descrito, con cuanto le es anexo y permanente, con sus usos y servi-dumbres, por la cantidad de dos mil dollars, cantidad que los vende-dores confiesan haber recibido en este acto en billetes de banco del curso legal de manos del adquirente, por lo que le dan carta de pago en forma.” (Itálicas nuestras.)

Y para sostener la validez de la escritura impugnada, los demandados ofrecieron como única prueba el testimonio de Narciso Batista, cuyo nombre aparece en la escritura como testigo de su otorgamiento. Declaró: que conoce a la deman-dante y a los demandados; que el 4 de octubre de 1937 vió a la primera señora que está por ahí en la oficina de Aníbal Boneta; que vió allí también a Juan Rodríguez, un señor que le compró una casa y yo; que no recuerda haber visto allí a Carmen Vázquez; que lo que hacían allí era una escritura o venta, no recuerdo bien; que Boneta le leyó, pero él no se tomó interés y firmó, firmando también Juan Rodríguez; que todo eso ocurrió en la oficina de Boneta; que puede que Carmen Vázquez estuviera allí, pero no sabe si estaba.

Después de considerar y pesar toda la evidencia, la corte inferior llegó a las siguientes conclusiones:

(a) Que Carmen Vázquez, la demandante no dió un con-sentimiento expreso para un contrato real de compraventa.

(5) Que si bien es cierto que la demandante estampó su firma en la escritura, ella no tuvo el propósito de consentir una enajenación gratuita de los condominios.

(c) Que el demandado Emilio Zeda tuvo el propósito de perjudicar a la que era su esposa para evitar que ella le reclamara gananciales después del divorcio.

(d) Que no fué real la entrega de los dos mil dólares y que la escritura fué únicamente un instrumento simulado a favor de la hermana para evitar la liquidación de ganan-ciales cuando se decretase el divorcio.

Las referidas conclusiones están ampliamente justificadas por los hechos y circunstancias que la prueba ha dejado esta-blecidos. Es cierto que existe la presunción legal en favor de la validez de la escritura pública que ha sido impugnada. Empero, esa presunción no es concluyente y puede ser con-trovertida mediante evidencia demostrativa de que en su otorgamiento no se cumplió alguno de los requisitos necesa-rios para su validez o que los hechos en ella relatados son contrarios a la verdad.

Si tomamos en consideración que entre los dos demanda-dos existe la relación de hermanos; que la escritura se hizo poco antes de embarcar la demandante para Estados Unidos; que el hermano de la demandante fué quien le pagó a ésta, el pasaje; que poco tiempo después de embarcarse la deman-dante, el demandado entabló demanda de divorcio; que en el momento en que se firmó la escritura en el cafetín del demandado sólo estaban allí el notario, el demandado Zeda, la demandante y su acompañante Candita Santiago, sin que aparezca que en aquel acto estuviesen presentes la supuesta compradora y los testigos instrumentales; que el mismo día en que adquirió la finca por piecio de $2,000, la compradora Teresa Zeda la hipotecó en garantía de un pagaré por $6,000; que la finca en controversia estuvo antes 'afecta a una hipo-teca por $8,000; y, por último, que el notario que autorizó la escritura y los demandados, todos ellos, vecinos de Arecibo, pudiendo haber comparecido a sostener la validez del docu-mentó impugnado, se abstuvieron de hacerlo, de lo cual surge la presunción legal (artículo 464 del Código de Enjui-ciamiento Civil, ed. 1933) de que esa evidencia fué volunta-diamente suprimida, porque de ser ofrecida hubiese resultado adversa a la parte demandada, es inevitable llegar a la conclusión de que la escritura de 4 de octubre de 1937 fué preparada y otorgada con el propósito deliberado y frau-dulento de privar a la demandante de su propiedad y que la demandante fué inducida a firmarla por las falsas y fraudu-lentas representaciones del demandado, quien le hizo creer que lo que firmaba era un poder y no una venta.

Los demandados apelantes llaman nuestra atención hacia lo manifestado por la corte inferior al decidir en contra de los demandados la moción de nonsuit formulada al terminar la prueba de la parte actora. Dijo la corte:

“En realidad la prueba está débil, pero habiendo evidencia hasta la fecha de que se llevó a un sitio a la demandante para un propó-sito, o sea para otorgar un poder y que resultó después una venta y apareciendo, además, que en ese momento de firmar no se entregó importe alguno por el contrato que allí se estaba haciendo y que tampoco se leyó el contrato, cosa que hasta ahora tenemos que suponer probado, salvo prueba en contrario, la corte estiende que es prefe-rible antes de dictar una resolución oír prueba de la parte contraria, para estar en condiciones más seguras para hacer justicia.” (Itá-licas nuestras.)

Es evidente que el juez sentenciador consideró que había evidencia que, salvo prueba en contrario, era suficiente para establecer tres hechos esenciales: (a) el engaño de que fué víctima la demandante, o sea la falta de consentimiento; (b) el no haberse pagado en el momento de firmar el precio de la venta, o sea falta de causa; y (c) el no haberse dado lectura a la escritura antes de su otorgamiento. El juez sentenciador, al calificar de débil la prueba, tuvo sin duda en mente que toda la prueba aducida por la demandante pudo ser fácilmente destruida con la declaración del notario auto-rizante de la escritura y con el testimonio de los demandados para probar cuándo, cómo y en qué forma se había verificado el pago del precio de la alegada venta. Nada hizo la parte demandada para desvirtuar la evidencia aportada por la demandante para controvertir la presunción de legalidad de la escritura impugnada, y habiendo sido creída esa prueba por la corte sentenciadora es nuestro deber respetar su fallo.

La alegación de la demanda de que la supuesta venta se hizo “por un precio simulado el cual ni en todo ni en parte ni en ninguna forma fué pagado por la demandada,” está sos-tenida por la evidencia. La escritura en la forma en que está redactada (párrafo 2°., supra) no establece presunción alguna en cuanto al pago del £¡recio. Todo lo contrario, la presunción que surge de los hechos del caso y de lo expuesto en el párrafo segundo de la escritura es la de haberse otor-gado ésta a título gratuito. Y esa presunción, repetimos, no ha sido controvertida. Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869; artículo 40, Ley Hipotecaria; Manresa, vol. 8, pág. 755. El notario no da fe de que la entrega del precio se verificase en su presencia. La da solamente de que los vendedores confesaron haberlo recibido en aquel acto. Contra esa alegada confesión está toda la prueba de la deman-dante y el silencio elocuente del único testigo de los deman-dados, a quien, no obstante haber sido testigo del otorgamiento de la escritura, nada se le preguntó en cuanto a la entrega del precio.

La corte inferior, teniendo en cuenta que Zeda y la demandante están divorciados, decretó la nulidad de la venta solamente en cuanto a los derechos de la demandante. Es éste un error que puede y debe ser subsanado. Si la escritura es falsa y simulada en cuanto a los derechos de la demandante, debe serlo también en cuanto a todo lo que en ella se dice. Falsus in uno falsus in omnibus.

La sentencia recurrida debe ser modificada en el sentido de declarar nula e inexistente en su totalidad la escritura núm. 86 de 4 de octubre de 1937, otorgada ante el Notario Aníbal Boneta, debiendo cancelarse totalmente la inscripción que de la misma se hiso en el Registro de la Propiedad. Y así modificada debe confirmarse con sus pronunciamientos en cuanto a costas 'y honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
      Banco de Ponce, recurrente, v. El Regstrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1086.

    Sometido: Mayo 2, 1941.

      Resuelto: Mayo 5, 1941.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 21 de abril de 1936 inscrita en el Regis-tro de la Propiedad el 25 de mayo de 1938, Fidel María Collazo constituyó hipoteca a favor del Banco de Ponce sobre una casa y solar radicados en Aibonito. Con posterioridad a la constitución de dicha hipoteca,'la finca gravada fué objeto de un procedimiento de apremio instado por el Colector de lientas Internas de Aibonito para hacer efectivos los siguien-tes créditos: $168.71 por concepto de contribuciones territo-riales sobre la finca en cuestión; $143 por concepto de contribuciones sobre ingresos y $142.40 por cuotas de indem-nizaciones a obreros adeudadas las dos últimas sumas por Fidel María Collazo. El embargo practicado en el proce-dimiento de apremio se anotó en el Registro de la Propiedad el 10 de febrero del año pasado, celebrándose la subasta el 4 de abril siguiente y expidiéndose certificado de venta a favor de José Aponte Garay el 23 de agosto último.

Intentando redimir la finca, el Banco de Ponce ofreció a.! comprador Sr. Aponte Garay solamente la cantidad repre-sentada por el montante de la contribución territorial, los intereses correspondientes y costas devengadas, pero no la totalidad del precio pagado con sus intereses y costas deven-gadas. Habiendo rehusado Aponte Garay aceptar la canti-dad ofrecídale, recurrió el Banco de Ponce al procedimiento prescrito por los artículos 349 y 350 del Código Político, pre-sentando al Registrador de la Propiedad de Guayama la docu-mentación pertinente, depositándose además en poder de dicho funcionario la cantidad rehusada por Aponte Garay, más los honorarios del registrador y solicitando de éste que le expidiese el certificado de redención, a lo cual no accedió el registrador por los fundamentos expuestos en una extensa nota que resume así:

“Por lo expuesto me niego a expedir el certificado de redención solicitado ya que a juicio del suscribiente el Registrador carece de autoridad legal para determinar y resolver sobre la alegada prefe-rencia y prelaeión -del crédito del Banco de Ponce, cuya facultad corresponde a las cortes de justicia, pudiendo el Registrador de la Propiedad expedir certificado de redención únicamente previo el pago de la cantidad total del valor de la compra en pública subasta, junto con el interés anual a razón del 12 por ciento, así como todas las costas devengadas y contribuciones vencidas según taxativamente señala el artículo 348 dél Código Político de Puerto Rico.”

Dos son las cuestiones planteadas en este recurso guber-nativo interpuesto por el Banco de Ponce contra la nota del registrador, a saber:

1. ¿Es improcedente, como sostiene el registrador, consideradas las circunstancias de este caso, revisar su resolución dentro de un recurso gubernativo ?
2. Asumiendo que proceda el recurso, ¿tiene derecho el recurrente, dentro de las circunstancias expuestas, al certificado de redención uegádole por el registrad'"'?

Los artículos 349 y 350 del Código Político a que acudió el recurrente y que establecen el procedimiento ante el registrador para obtener el certificado de redención cuando el comprador de un inmueble vendido para el pago de contribuciones rehúsa aceptar el precio de venta y gastos ocasionados, nada disponen con respecto al recurso que pudieran tener los interesados contra la decisión del registrador. Pol-lo tanto, debemos examinar la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad (Comp. 1911, pág. 450, 451), para determinar si una resolución dé esa índole es revisable mediante un recurso gubernativo. De acuerdo con la citada ley sólo puede interponerse recurso gubernativo contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar los títulos que se presenten al registro.

En el caso de Mollfulleda v. Registrador, 19 D.P.R. 1001, se presentó al registrador de la propiedad un escrito pidiendo la cancelación de cierta anotación preventiva por carecer de firma alguna el mandamiento a virtud del cual se extendió dicha anotación. Contra la negativa del registrador se estableció un recurso gubernativo y resolviéndolo se dijo por este tribunal :

“Por cuaNto según se deduce rectamente de los artículos 66 de la Ley Hipotecaria, 111 y 112 del reglamento para su ejecución, y Io. de la ley de marzo 1, 1902, sobre recursos contra los regis-tradores de la propiedad, dichos recursos sólo proceden contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar los títulos que se presenten al registro, pero no contra las demás resoluciones de los registradores que puedan afectar los intereses de las partes y contra las cuales pueden los interesados utilizar los demás recursos- que la misma Ley Hipotecaria les franquea.
“Por Cuanto la resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 1A, cuya revocación solicita Molíulleda no se refiere a documento alguno presentado por él mismo para inscrip-ción, anotación o cancelación.
“POR tanto vistos los textos legales citados y la resolución de esta Corte Suprema en el caso de Bartolomei v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, 2 S.P.R. 590,
“Se DECLARA No haber lugar a resolver el presente recurso, y coxmmíqnese a las partes a los fines procedentes.”

En el caso de Comunidad Religiosa, etc., v. Registrador, 55 D.P.R. 928, la recurrente presentó una solicitud al regis-trador pidiendo se practicase la inscripción de cierto censo, y como según alegaba la recurrente, no pudo encontrar el título original de constitución del mismo, en apoyo de su solicitud presentó copia certificada de la resolución dictada el 11 de febrero de 1907 por la Corte de Distrito de San Juan decla-rando justificado el dominio a favor de doña Lorenza Valdés y una declaración jurada de la madre priora de la comunidad recurrente haciendo constar la existencia del censo, el cobro de los cánones y la falta de documento' alguno referente a la constitución de dicho gravamen.

El registrador devolvió los documentos sin practicar ope-ración alguna, por no acompañarse la escritura constitutiva del censo que se trataba de inscribir y no ser la solicitud un documento inscribible ni anotable.

Oponiéndose el registrador a que este tribunal conociese del recurso, alegó que no se trataba de un caso en que el registrador hubiera dejado de calificar o denegado la ins-cripción por defecto insubsanable o la haya practicado con defecto subsanable, únicos casos en que de acuerdo con la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, como alegó el registrador, puede recurrirse para ante esta Corte Suprema.

Desestimando el recurso se dijo:

“En Molfulleda v. Registrador, 19 D.P.R. 1001, esta Corte Suprema resolvió, aplicando el artículo 66 de la Ley Hipotecaria y los artículos 111 y 112 del reglamento, que el recurso gubernativo contra las resoluciones de los registradores procede solamente contra ]a negativa del- registrador a inscribir, anotar preventivamente o can-celar los títulos que fueren presentados al registro, pero no contra otras resoluciones del registrador que puedan afectar los derechos de las partes y contra las cuales las partes interesadas pueden invocar otros remedios legales. Véase Galindo, vol. 2, pág. 633.
'“El documento presentado por la recurrente no es un título. Es una simple solicitud ex parte, por la que se pretende, sin audiencia de los dueños de la finca sobre la que se dice pesa el gravamen del censo, convertir en inscripción definitiva una simple mención hecha 32 años antes de radicarse la aludida solicitud de la recurrente.”

En el caso de autos tampoco se trata de un recurso contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar un título, sino de un procedimiento pura-mente es parte ante el registrador de la propiedad, en que el recurrente, como peticionario, a juicio del registrador no cumplió con el requisito de ofrecer al comprador de la finca y luego consignar en el registro “la cantidad total del valor de la compra en pública subasta, junto con el interés anual a razón del 12 por ciento, así como todas las costas deven-gadas y contribuciones vencidas.”

Por consiguiente, no procede revisar la resolución del registrador mediante recurso gubernativo.

La conclusión a que llegamos nos impide considerar la segunda cuestión planteada, pues de hacerlo así estaríamos considerando los méritos de un recurso del cual carecemos de jurisdicción para conocer.

Se declara no haber lugar a resolver el presente recurso, y comuniqúese a las partes a los fines procedentes.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Fabriciano, Tomasa y Francisco Cartagena, demandantes y apelados, v. Elías Rodríguez, Sínfora Rodríguez o Sínfora o Sinforosa Cartagena Rodríguez y José Vergara, demandados y apelantes.
    Núm. 8130.

    Sometido: Marzo 6, 1941.

      Resuelto: Mayo 6, 1941.

      José G. Rivera, abogado de los apelantes; Luis-Mendín Sqbat, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Fabriciauo, Tomasa y Francisco Cartagena demandaron a Elias Rodríguez, Sínfora Rodríguez o Sínfora o Sinforosa Cartagena Rodríguez y a José Vergara en solicitud de una sentencia que declarara la nulidad de ciertas inscripciones hechas en el Registro Civil y el Demográfico de Aguas Bue-nas y condenara a los demandados a satisfacerles dos mil dólares de indemnización y a pagar las costas del pleito y los honorarios de abogado.

A ta.1 efecto alegaron tres- causas de acción. En la pri-mera sostuvieron que son los únicos herederos legítimos de Nicasio Cartagena López y de su primera esposa Josefa Her-nández, habiendo fallecido Cartagena López en Aguas Bue-nas en junio 15, 1938, sin otorgar testamento; que cinco días después de su muerte la demandada Elias Rodríguez com-pareció al Registro Demográfico de Aguas Buenas y a virtud de falsas manifestaciones inscribió como hija legítima suya y de Cartagena López a la demandada Sínfora Rodríguez haciéndose constar en la inscripción P-326 que Sínfora había nacido en mayo 5, 1894, a sabiendas de que nació en junio 17, 1897, y fué bautizada como hija natural suya en enero 30, 1898, según consta al folio 140 del tomo 16 de Bautismos de la parroquia de los Santos Reyes de Aguas Buenas; que Cartagena López, casado antes con Josefa Hernández, con-trajo matrimonio con Elias Rodríguez en agosto 15, 1932, y que la demandada Sínfora Rodríguez se casó en septiembre 8, 1923, con José Vergara con el nombre de Sinforosa Rodrí-guez con cuyo nombre lia continuado basta el presente.

En la segunda causa de acción se reproducen los becbos expuestos en la primera y se agrega que el demandado José Vergara compareció al Registro Civil de Aguas Buenas y solicitó y obtuvo la inscripción de siete bijos tenidos con la demandada Sínfora Rodríguez haciendo constar falsamente que eran nietos por la línea materna de Cartagena López.

Reprodúcense en la tercera causa de acción los becbos de la primera y de la segunda y se agrega que con motivo de las indicadas falsas inscripciones los demandantes se ban visto impedidos de verificar las operaciones particionales del caudal relicto por su causante Cartagena López y de recibir las participaciones que en el mismo les corresponden sufriendo perjuicios que estiman en dos mil dólares.

Como uno de los demandantes — Francisco Cartagena Hernández — fuese menor de edad, se le nombró defensor con encargo de representarlo en el pleito a su hermano de doble vínculo Fabriciano.

Emplazados los demandados, presentaron una larga mo-ción de eliminación y nulidad de juramento que fué declarada sin lugar. Dedujeron entonces excepciones previas de falta de becbos suficientes contra las tres causas de acción y, ade-más, la de existir otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa y la de indebida acumulación de acciones. Las excepciones se desestimaron por la corte en julio 21, 1939, concediéndoseles diez días para contestar.

La contestación acepta la verdad de ciertos becbos de la demanda y niega la de otros. Alega que las inscripciones se verificaron de acuerdo con la ley y que el error en la fecha del nacimiento de Sinforosa, se cometió de buena fe.

Como materia de defensa especial y de oposición a la primera causa de acción sostiene que Nicasio Cartagena López y Elias Rodríguez desde antes de 1894 y por muchos años, siendo ambos solteros, sin impedimento para contraer matrimonio sostuvieron relaciones amorosas naciendo' como consecuencia de ellas Sinforosa, conocida por Sínfora Car-tagena y Rodríguez que fue siempre tenida por Cartagena López como su bija en público y en privado; que' Cartagena López contrajo matrimonio en julio 29, .1901, con Josefa Her-nández, matrimonio que subsistió basta la muerte de la esposa ocurrida en julio 21, Í928, y que en agosto 15, 1932,, Cartagena López y Elias Rodríguez legalizaron su situación contrayendo matrimonio y quedando de tal modo legitimada su bija Sinforosa a virtud de lo dispuesto en el artículo 180/ del Código Civil, ed. 1911.

Como materia de defensa especial y de oposición a la segunda causa de acción alega que desde agosto 15, 1932, no sólo quedó legitimada Sinforosa con derecho a usar el apellido Cartagena si que también sus bijos habidos en su matrimonio con José Vergara.

Y como materia de defensa especial y de oposición a la tercera causa de acción sostiene que no aduce hechos sufi-cientes para determinarla.

El 18 de agosto de 1939 se celebró el juicio y el pleito quedó resuelto por sentencia de septiembre 21 en la siguiente forma:

“. . .la corte declara con lugar la demanda por entender que Sínfora Rodríguez, conocida hoy por Sínfora Cartagena Rodríguez, no era hija natural de Nicasio Cartagena y que al inscribirla Elias. Rodríguez como hija legítima de aquél, lo hizo violando las dispo-siciones del Capítulo 4, libro 1 del Código Civil vigente, por tal razón se declaran nulas y sin valor alguno las inscripciones que apa-recen en el Registro Demográfico de Aguas Buenas bajo los números P-326, 706 y 501, así como las inscripciones que aparecen en el Re-gistro Civil del mismo municipio, a los folios 341, 538, 392, 349, 78, tomos 29, 30, 31, 32 y 34 de la sección de nacimientos, condenando a los demandados a pagar solidariamente a los demandantes la can-tidad de $500 por daños y perjuicios, con más las costas, gastos y $150 por concepto de honorarios de abogado,”

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación cuya vista tuvo lugar el seis de marzo último. Doce señalamientos de error contiene el alegato de los apelantes como cometidos por la corte los dos primeros al declarar sin lugar su moción de eliminación y nulidad de juramento y al desestimar sus excepciones previas; los cinco siguientes al admitir en evidencia la relación del caso y opinión en el pleito núm. 14,105, de Humacao, la partida de bautismo de Sinforosa Rodríguez, cierta certificación negativa del Regis-trador Demográfico de Aguas Buenas y siete certificaciones de nacimiento englobadas; el octavo, el noveno y el décimo, al no admitir en evidencia la declaración de su testigo Lau-rentino Vargas, al eliminar del récord lo que Nicasio Car-tagena dijera a Vargas con respecto a su intención de legitimar a su hija Sinforosa y en general al no admitir 'declaraciones de testigos de los demandados; el once al dictar ■sentencia movido por pasión, prejuicio y parcialidad contra la demandada Elias Rodríguez y el doce al condenar a los ‘demandados al pago de quinientos dólares como indemniza-ción y al de las costas y honorarios de abogado.

Según la opinión que del caso hemos formado, el recurso debe prosperar por haberse cometido los errores octavo al décimo que serán los únicos que estudiaremos por escrito extensamente. Con respecto a los dos primeros bastará decir que el error que pueda haberse cometido al no decretarse las eliminaciones solicitadas no es aparente ni perjudicial, que el juramento si bien imperfecto no es nulo y que la demanda aduce hechos suficientes porque si en ver-dad las inscripciones se hicieron sin base y con malicia su nulidad debe decretarse y si con ello se entorpeció a los legítimos y únicos herederos en la liquidación de la herencia, causándoseles los consiguientes perjuicios, tienen derecho a ■ser indemnizados. Los cinco errores sobre admisión de evi-dencia, tampoco son aparentes dado el propósito de los demandantes al introducir los documentos y el alcance pro-batorio que los mismos tienen, y la comisión de los dos últi-mos puede aceptarse como consecuencia de la de los octavo al décimo sin que haya que decidir sobre la: imputación de pasión, prejuicio y parcialidad que se hace al juez senten-ciador.

Los errores 8 y 9 se señalan por los apelantes, así:

“8o. La corte apelada cometió error al no admitir en evidencia la declaración del testigo de los demandados Sr. Laurentino Vargas, en su carácter de Ministro Evangélico, con respecto a todo lo que realmente le declaró Nicasio Cartagena sobre sus propósitos al re-solverse a contraer matrimonio con Elias Rodríguez, etc.
“9o. — La corte apelada cometió error al ordenar que se eliminase del récord la declaración que le hiciera Nicasio Cartagena al testigo de los demandados Sr. Laurentino Vargas, Ministro Evangélico, con respecto a su intención de legitimar a su hija Sinforosa, sin haber solicitado la eliminación la parte contraria.’-'

Y consta de la transcripción de evidencia en relación con ellos lo que en seguida expondremos.

Después de referirse detalladamente el ahogado de los demandados a su defensa especial a la primera causa de acción, llamó a declarar al testigo Laurentino Vargas y ocu-rrió lo que sigue:

“DEMANDADO: ¿Cómo se llama Ud.?
“R. — Laurentino Vargas. •
“P. — ¿Conoció Ud. a don Nicasio Cartagena?
“R. — Por espacio de veinte años.
“P. — ¿Conoce Ud. a doña Elias Rodríguez?
“R. — El mismo tiempo.
“P. — ¿Y conoce a doña Sinforosa Cartagena Rodríguez por el mismo tiempo?
“R. — No por el mismo tiempo; menos, como 15 años.
“P. — ¿A qué se dedica el testigo?
“R. — Soy ministro evangélico.
* * * * * # *
“P. — ¿En qué año lo conoció por primera vez?
“R. — Desde el .año 1919.
“P. — ¿Dónde vivía él entonces?
“R. — En el Barrio Bayamoncito de Aguas Buenas.
“p._¿El vivía casado o con alguna señora o en qué forma vivía él?
“R._Cuando yo le conocí personalmente en el 1919, le conocí viviendo con doña Elias Rodríguez; no eran casados.
“p._¿Se refiere Ud. a esta señora que está aquí?
“R. — Sí, señor.
“p._¿Ud. sabe si para esa fecha él era casado con otra señora?
“R. — No lo sabía.
“P. — ¿Pero lo supo después?
“R._Supe después que se había casado viviendo con ella. Nunca conocí a la señora de él.
“P. — ¿Pero lo supo después?
£ ‘R. — Sí, señor. Ya tenía hijos en doña Elias Rodríguez.
“P._¿ Cuántos?
“R. — Uno.
“P. — ¿Cuál era el hijo?
“R. — La hija, Sínfora . . .
“P. — ¿ Sinforosa ?
“R. — Entonces Sínfora Rodríguez.
“P. — ¿Cómo supo Ud. que la señora era hija del señor Nicasio Cartagena?
“R. — Porque me lo dijeron ellos mismos.
“P. — ¿Quién se lo dijo?
“R. — La señora Elias Rodríguez y el difunto Nicasio Cartagena y otros amigos.
“DemaNdaNte: Pedimos la eliminación de lo que le dijera el difunto.
“Se. Juez: .¿Qué dice el testigo?
“Demandado •. Las manifestaciones que le hizo el difunto.
‘ ‘ Se. Juez : La corte quiere preguntar a ambos letrados, si puede admitirse evidencia oral contra evidencia documental con respecto a la. inscripción de una persona en el registro demográfico.
“Demandado.- Hay dos medios para que una persona pueda re-clamar la inscripción de un hijo ilegítimo a reconocido o legítimo, una es la que se ha traído ante la corte y la otra es por declaración del padre.
“Se. Juez: Entonces huelga lo que el testigo ha dicho aquí. Si hay prueba documental en cuanto a la inscripción de Sínfora o Sinforosa Rodríguez, inscripción que se verificó a solicitud de la madre, ¿cómo se va a destruir con evidencia oral?
“DEMANDADO: Aparece después inscrita como bija de Nicasio Cartagena.
“Sr. Juez: La corte no puede admitir evidencia que no sea ad-misible. Si esta señora, que es una de las partes aquí, que es de-mandada, Elias Rodríguez, ¿cómo ella va a atacar su propia con-ducta habiendo comparecido en el 1898 a inscribir una hija natural como suya?
“Demandado: Eso no es óbice en absoluto para que ahora adopte la actitud que está ahora adoptando. Esta es una defensa nuestra. La parte demandante alega que la inscripción se hizo falsamente, y nosotros vamos a probar que se hizo en virtud de un matrimonio.
“Sr. Juez: Adelante.
“Demandante: Hay evidencia documental de la inscripción de hija natural.
“Sr. Juez: Hija natural de Elias Rodríguez.
‘ ‘Demandante : Hija natural de Elias Rodríguez, Sínfora Rodrí-guez, que así aparece bautizada e inscrita en la parroquia donde se bautizó.
* 4í * i! * >» *
“Demandado : (Dirigiéndose al testigo). ¿A qué se dedicaba Ud. en el año 1932?
“Testigo: Al ministerio.
“P. — ¿Dónde lo ejercía?
“R. — En Aguas Buenas.
“P. — ¿Quién celebró el matrimonio de Elias Rodríguez y Niea-sio Cartagena?
“R. — Un servidor.
“P. — Antes de la realización de ese matrimonio, don Nicasio Cartagena le había hablado a Ud. con respecto a. . . .
“Demandante: No conteste.
“Sr. Juez: Fundamento de la oposición.
“Demandante: El fundamento es el siguiente: si el testigo, como ministro evangélico, celebró el contrato matrimonial entre Ni-easio Cartagena y Elias Rodríguez, la única prueba admisible es el documento que nosotros hemos presentado. Ninguna otra prueba de las manifestaciones hechas por Juan o por Pedro se puede traer.
“Sr. Juez: Fuera de lo que aparece de la certificación, no es ad-misible.
‘ ‘DESMANDADO: El testigo va a declarar'con respecto a lo que le declaró Nicasio Cartagena.
“SR. Juez: El documento habla por sí. La corte sostiene la objeción.
“DEMANDADO: Parece que la corte no ha entendido bien las cosas.
Sr. Juez: Sí, señor, la corte ha entendido, pero parece que S. S. pretende que el testigo se refiera a otras cosas que no están en la certificación.
“Demandado: Manifestaciones hechas por el propio Nicasio Car-tagena con respecto a cuál era el propósito de él al casarse. (Argu-menta.)
‘ ‘ Sr. Juez : La corte ya resolvió. La corte no permite 'la declara-ción del testigo con respecto a este extremo.
“Demandado: Tomamos excepción, por el fundamento de que, cuando' se trata del reconocimiento de un hijo natural o la legitima-ción de un hijo ilegítimo, se verifica de dos maneras: primero, por el-acto del padre hecho constar en documento público, y para hacer eso es necesario que el padre comparezca ante un ministro de la religión, o sea, ante un sacerdote y le diga qué es lo que él quiere hacer. El ministro está aquí para que él diga qué es lo que le dijo el difunto Nicasio Cartagena que él quería hacer para darle un nom-bre a la hija.
“Sr. Juez: Pero no se lo dió en un documento.
“Demandado: Por eso, porque no se lo dió en un documento, queda esto. Y mediante prueba testifical es admisible la evidencia que trata y demuestra cuál fue la intención del padre al casarse.
“Sr. Juez: La corte no admite esa evidencia testifical.
“Demandado : Nosotros tomamos excepción por los motivos dichos anteriormente.
“Testigo, tenga ]a bondad de explicarle a la corte todo lo que Ud. sabe.
“Testigo: El señor Nicasio Cartagena llegó a mi casa y me ex-presó el deseo de contraer matrimonio. Entonces yo venía a casa, al campo, donde ellos vivían y él me expresó, al llegar yo allí, ?,1 deseo que él deseaba casarse porque deseaba ■ cumplir con un deber moral y social y a la vez, darle el nombre a la familia, a sus hijos, puesto que tenía otros hijos más y deseaba darles los mismos pri-vilegios. . . .
“P. — ¿Le dijo algo con respecto a la hija Sínfora. . . .?
“Demandante: Nos. oponemos y peclimos la eliminación.
“Sr. Juez: Con lugar la oposición. 'La corte ordena la elimina-ción sobre la declaración que le hiciera Nieasio Cartagena con res-pecto a la intención de legitimar otros hijos.
“DEMANDADO: ¿Qué le dijo él que quería hacer con respecto a. esta hija!
“R. — Que era un deber social y que. . . .
‘‘DEMANDANTE: Nos oponemos.
“Sr. Juez: Con lugar la oposición.”

.El testimonio de Vargas era admisible. El error de la corte es manifiesto. La declaración del ministro no era con-traria al acta de matrimonio. Tendía a explicar el propó-sito que tuvo Cartagena López, según sus propias manifes-taciones, al contraerlo.

El número 4 del artículo 397 del Código dé Enjuicia-miento Civil, ed. 1933 — 35 de la Ley de Evidencia — dispone que:

“De conformidad con las precedentes disposiciones, podrá pre-sentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
“4. El acto o declaración, verbal o escrito, de una persona que hubiere fallecido, o se hallare fuera de la jurisdicción del tribunal, con referencia al linaje, nacimiento, ascendencia, edad, matrimonio, muerte o parentesco, de cualquiera persona relacionada por sangre o matrimonio con dicha persona; el acto realizado, o declaración hecha, por un difunto, contra su interés, ¡respecto a sus bienes.”

Y en el caso de López v. López, 47 D.P.R. 837, esta propia Corte decidió:

“Un abogado y notario que actúa no como letrado sino como notario con instrucciones recibidas de su cliente, puede declarar respecto a éstas.”

Véase Colón v. Sucn. Tristani, 45 D.P.R. 227.

Y que el error cometido perjudicó a los demandados lo demuestra el siguiente pasaje de la opinión que sirve de base a la sentencia. Dijo el juez sentenciador:

‘ ‘ Opina la corte que la única, .cuestión a resolver en este caso es, si de conformidad con la prueba aportada, puede llegarse a la con-elusion o inferirse que Sínfora Rodríguez, conocida hoy por Sínfora Cartagena, era hija natural de Nicasio Cartagena y María Elias Rodríguez. Fuera de la declaración de María Elias Rodríguez no hay evidencia que satisfaga a la corte de que Sínfora Rodríguez, conocida hoy por Sínfora Cartagena, era hija natural de Nicasio Cartagena. Según la declaración de María Elias Rodríguez y la prueba documental consistente en su propia declaración al inscribir a Sínfora Rodríguez en el Registro Demográfico de Aguas Buenas en 20 de junio de 1938 como hija legítima de Nicasio Cartagena, ésta nació en el año 1894, y según la fe de bautismo, nació en el año 1897. Considera la corte que desde el año 1894 ó 1898 hasta el año 1938, si Nicasio Cartagena hubiese tenido la intención de reconocer a Sínfora Rodríguez como hija natural suya, tuvo tiempo y oportu-nidad para hacerlo; y si María Elias Rodríguez hubiera deseado que el hombre con quien contrajo matrimonio en el año 1932 hubiere reconocido a su hija nada más fácil hubiera sido que consignarlo así en la declaración prestada por los contrayentes en la celebración del matrimonio. Nada de esto se hizo, lo que lleva al Tribunal a la conclusión de que Nicasio Cartagena no reconoció a Sínfora Ro-dríguez, conocida hoy por Sínfora Cartagena, como hija natural suya. ’ ’

Si el ministro evangélico que celebró el matrimonio de Cartagena López con la demandada Elias Eodríguez hubiera declarado en armonía con lo indicado por el abogado de los demandados y su declaración hubiera merecido entero crédito a la corte, la decisión final de ésta hubiera tenido que ser distinta ya que le hubiera proporcionado la evidencia nece-saria para concluir que Sínfora era hija de Cartagena López y Elias Eodríguez, que nació antes de casarse Cartagena López con Josefa Hernández fallecida en 1928 y que quedó legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres en 1932. Y entonces el tinte de maliciosa falsedad que según la demanda mancha y anula las inscripciones, desaparecería, quedando reducidos a meros errores cometidos de buena fe los que en ellas se advierten que podrían servir de base a un decreto de corrección pero no al de nulidad que se pide y que no serían suficientes para sostener la concesión de daños y perjuicios que se solicita ya que substancialmente la realidad sería que Sinforosa Rodríguez, hija natural recono-cida de Nicasio Cartagena López y Elias Rodríguez, nacida en 1897, quedó legitimada en 1932 por el matrimonio subsi-guiente de sus padres y que sus hijos podrían ostentar váli-damente el apellido de sus abuelos debiendo distribuirse la herencia de Cartagena López entre todos sus herederos incluyendo entre ellos a Síní'ora o Sinforosa.

En tal virtud debe revocarse la sentencia recurrida y el pleito devolverse a la corte de distrito de su origen para la celebración de un vmevo juicio.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Alfonso Muriente, demandante y apelante, v. Angel María Yumet Méndez y su esposa Tomasa Chacón, demandados y apelados.
    Núm. 8252.

    Sometido: Mayo 1, 1941.

      Resuelto: Mayo 7, 1941.

      Isaías 31. Crespo, abogado del apelante; García Méndez & García Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal. Este pleito se originó en la Corte de Distrito de Areeibo y a moción de los demandados fué trasladado a la de Agua-dilla. Alegó el demandante que Emiliano Rodríguez Suazo y su esposa constituyeron hipoteca a favor de los esposos demandados en garantía de un préstamo por $2,600, distri-buyéndose la responsabilidad hipotecaria entre varias fincas de los deudores. Que posteriormente la suma adeudada quedó reducida a $1,000, garantizando una de las fincas hipo-tecadas, que se describen en la demanda, y que fué luego vendida al ahora demandante, la cantidad de $350 de principal, sus intereses a razón de 1 por ciento mensual, y una parte proporcional del crédito adicional para costas y hono-rarios de abogado. Que estando vencida la hipoteca, el demandante, por conducto de su abogado, Sr. Isaías Crespo, escribió al demandado notificándole, su propósito de pagarle la suma garantizada por su finca, contestando por escrito el Sr. Yumet que no -recibiría el pago de dicha suma si no se le satisfacía la cantidad total de $1,000 garantizada por la finca del demandante y por las que retenía Emiliano Rodrí-guez Suazo. Que nuevamente se dirigió el demandante al demandado, notificándole que su abogado le llevaría a su residencia en Aguadilla la suma de $357, o sea $350 de principal, $3.50 de una mensualidad vencida y los $3.50 restantes correspondientes a una mensualidad adelantada, y que a la vez le llevaría un proyecto de escritura de cancelación de la referida hipoteca por $350, para ser firmado por los deman-dados al recibir dicha cantidad. Que el mismo día le contestó el demandado diciéndole que él no tenía negocio alguno con el demandante, rehusando así la oferta de pago que se le hacía. Que en vista de la actitud asumida por los deman-dados y deseando el demandante liberar su finca del indicado gravamen, acompañaba a la demanda la cantidad de $350 de capital, más $3.50 de intereses vencidos, sumas que cons-tituían el montante de la deuda garantizada por la finca de referencia. Terminó la demanda con súplica de que se reci-biese dicha cantidad de $353.50 que así ponía el demandante a disposición de los demandados y se condenase a éstos a otorgar la correspondiente escritura de cancelación de hipo-teca sobre la finca del demandante, con apercibimiento de que de no otorgarla, la otorgaría el mársbal, debiendo además condenarse a los demandados al pago de las costas y a la cantidad de $100 por concepto de honorarios de abogado.

Contestaron los demandados admitiendo sustancialmente los hechos esenciales de la demanda antes reseñados; pero alegaron como materia de defensa que el demandante no había contratado con el demandado ni había éste autorizado el pago, ni se había obligado a recibir cantidad alguna que no fuese la totalidad de la deuda, ascendente a $1,000, y que dicha suma de $1,000 estaba vencida y era líquida y exigible, suma que aceptarían los demandados juntamente con los gastos y honorarios de abogado con motivo de este pleito, que estimaron en la cantidad de $300. Reprodujeron los demandados las excepciones previas de insuficiencia de hechos determinantes de causa de acción y la de falta de jurisdic-ción por razón de la cuantía, por tratarse, según ellos, de la .consignación de una cantidad menor de $500. Terminó la contestación con súplica de que se declare sin lugar la de-manda, con costas y gastos al demandante, y se le condene además al pago de $300 por concepto de honorarios de abo-gado.

Celebrado el juicio y recibida la evidencia de una y otra parte, que consistió principalmente en las escrituras de cons-titución de hipoteca y cheques en pago de los intereses, fue desestimada la demanda con costas al demandante, conde-nándole además al pago de $150 por concepto de honorarios de abogado.

Veamos los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar esa sentencia. En la “Relación de Hechos y Opiniónr’, los expone así el juez sentenciador:

“De la evidencia ofrecida por las partes en el acto del juicio resulta probado a entera satisfacción del tribunal que los demandados no han realizado contrato alguno con el demandante, ni han convenido ni autorizado el pago, ni se han obligado a recibir suma alguna de la deuda pendiente de $1,000, que no sea dicha totalidad de $1,000; que el contrato original entre Yumet y Rodríguez Suazo a que se refiere la escritura número 102 no fué variado nunca, que Yumet no aceptaba nunca pago de intereses mensuales, si tales pagos no constituían la totalidad de los intereses de la deuda, los que se le enviaron en muchas ocasiones en dos checks uno de $6.50 y otro de $3.50, bajo un mismo sobre, resultando claro de la evidencia apor-tada que cuando esto no se hacía, Yumet devolvía los intereses que le eran remitidos,' resultando además de la evidencia ofrecida que estos hechos le constaban a Muriente.
“El artículo 1123 del Código Civil de 1930, que corresponde con el 1137 del Código de 1902, expresamente dispone que no podrá compelerse al acreedor a recibir las prestaciones en que consiste la obligación, a menos que el contrato expresamente lo autorice. He-mos examinado las escrituras ofrecidas en evidencia, y ellas no autorizan tal cosa. A mayor abundamiento, no ha habido convenio posterior que modifique tales escrituras, según resulta de la evidencia aportada.
“Independientemente de los hechos expuestos anteriormente, re-sulta también claro para el tribunal que no se trata de una acción real, sino de una acción en que los demandados se niegan a recibir una cantidad de dinero que quiere pagar el demandante, y que dichos demandados objetan porque debe venir acompañada de la totalidad de la deuda o prestación original. Se discute la forma o cuantía del pago; se trata claramente de una acción de consignación, que es personal. González v. Lebrón et al., 24 D.P.R. 399. El propósito principal de este pleito es por tanto la consignación. La cuantía envuelta es de $350. Siendo ello así, no tendría jurisdicción esta corte. The Juncos Central Co. v. Toro, 30 D.P.R. 330.
“Estimamos, por todo cuanto hemos expuesto anteriormente, que los demandados no están obligados a recibir la cantidad de $350 que ofrece el demandante y por la evidencia ofrecida está el tribunal además plenamente satisfecho de que se trata de una acción personal, en la cual la cuantía envuelta es menor de $500. Un examen cui-dadoso por el demandante de todos estos hechos le hubiera demos-trado fácilmente que la acción no debía prosperar. Es por tanto indudable que ha actuado con temeridad. Habida cuenta de todas estas circunstancias, y considerando todos los factores que deben pesarse en la fijación de honorarios, tales como la capacidad de los abogados, el éxito alcanzado y cuanto se ha sostenido en los casos de Bertrán et al. v. Carrasquillo, 29 D.P.R. 559, y Canals v. Vidal, resuelto por el Honorable Tribunal Supremo con fecha 3 de abril de 1940 (56 D.P.R. 457), la corte declara sin lugar la demanda y condena al demandante a pagar a los demandados la cantidad de $150 por honorarios de abogado, más las costas.”

Si bien la acción fné denominada “Consignación de Dinero”, del contexto- de la misma, como puede verse, resulta que la acción establecida es virtualmente la plenaria sobre otorgamiento de escritura de cancelación y no el procedi-miento de jurisdicción voluntaria prescrito en los artículos 1130 al 1135 del Código Civil, ed. 1930, bajo el epígrafe “Del ofrecimiento de pago y la consignación.” El fin o propósito de la acción en este caso establecida no es simplemente con-signar la cantidad adeudada y así verificar el pago de la obli-gación. La consignación o depósito de la cantidad a dispo-sición de los demandados no es más que el medio para poder lograr el fin, que es la cancelación del gravamen hipotecario. No se trata, pues, como sostiene la corte sentenciadora y los apelados, de una mera acción personal cuya cuantía es menor de $500. Se trata de una acción para cancelar el derecho real de hipoteca que poseen los demandados sobre un inmue-ble del demandante. En tales circunstancias, sea cual fuere el valor pecuniario de ese derecho, corresponde a la corte de distrito y no a la municipal conocer de la acción.

En el caso de Marrero v. Registrador de Mayagüez, 32 D.P.R. 891, se resolvió esta misma cuestión. Sobre cierta finca rústica del término municipal de Mayagüez se había constituido una hipoteca para garantizar la suma de $244. Se inició un pleito solicitando la cancelación del gravamen, interponiéndose la demanda en la corte municipal. Ordenada la cancelación del gravamen, se expidió mandamiento dirigido al registrador para que la verificara, negándose éste a prac-ticarla, entre otros motivos porque la corte municipal había actuado sin jurisdicción por razón de la materia. Al resolver el recurso interpuesto contra la nota del registrador, dijo esta corte:

“La cuestión fundamental envuelta en este recurso es la de si una corte municipal tiene jurisdicción para ordenar la, cancelación de una hipoteca.
“Si se atiende únicamente a la cuantía envuelta en el litigio, sería necesario decidir la cuestión a favor del recurrente, pues dicha cuantía es menor de quinientos dólares. Pero si se toma en consi-deración la materia objeto del pleito, la nota recurrida se sostiene.
“Las cortes municipales lo son de jurisdicción limitada. No son cortes de récord. La jurisdicción general para conocer de los asun-tos civiles en primera instancia, salvo las excepciones fijadas por la ley, corresponde a los tribunales de distrito.
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“Ahondando más en el estudio de la legislación antigua y la vigente, esta misma corte, en el caso de Valdivieso v. Rivera, 19 D.P.R. 702, decidió que la cuantía de quinientos dólares fijada'por la ley de marzo 10, 1904, que reorganizó el sistema judicial de la Isla, de-termina la jurisdicción de las cortes municipales para conocer de los asuntos civiles ordinarios, pero no de los regulados por leyes es-peciales.
“La cancelación de hipotecas se, regula por la Ley Hipotecaria y su reglamento y aunque el caso es distinto del de los tres que hemos citado (pleitos de nulidad de procedimiento hipotecario), los razo-namientos que llevaron al tribunal a decidir en dichos tres casos que la jurisdicción exclusiva correspondía a las cortes de distrito, son aplicables.” (Paréntesis nuestro.)

La que acabamos de citar no es la única decisión de este tribunal que sostiene esa doctrina. Véanse al mismo efecto Colón Caballero v. Registrador, 38 D.P.R. 653; Perocier v. Registrador, 47 D.P.R. 165, 169; y Nasario y. Muñís, 54 D.P.R. 51, 54.

Establecida la jurisdicción de la corte de distrito para conocer de este asunto por razón de la materia, réstanos resolver si, contrario a lo que sostienen los apelados y la corte sentenciadora, el apelante tenía derecho, una vez vencida la hipoteca, como en este caso lo estaba, a exigir la cancelación del gravamen hipotecario que afectaba su finca, previo pago de la suma por ella garantizada, sin necesidad de satisfacer el resto del préstamo garantizado por otras fincas.

El artículo 124 de la Ley Hipotecaria, que terminante-mente resuelve la cuestión, dice así:'

‘‘Artículo 124. -Dividida la hipoteca constituida para la Seguri-dad de un crédito entre varias fincas y pagada la parte del mismo crédito con que estuviere gravada alguna de ellas, se podrá exigir, por aquél a quien interese, la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto a la misma finca. Si la parte de crédito pagada se pudiere aplicar a la liberación de una o de otra de las fincas gravadas, por no ser inferior al importe de la responsabilidad especial de cada una, el deudor elegirá la que haya de quedar libre.”

Comentando idéntico preeepto .de la Ley Hipotecaria de España, dicen los Sres. Galindo y Escosura:

‘‘Ya hemos dicho que por la división se fracciona la hipoteca y se forman tantas con vida propia e independiente, cuantas son las fincas; por lo tanto, si se paga toda la cantidad de que responde una, respecto a ésta la cancelación que se haga no es parcial, sino total, porque ya no garantiza el resto del crédito sobre otras fincas. (V. Res. de 8 de octubre, 1886, y 12 de julio, 1899.)” 3 Galindo y Escosura, ‘‘.Legislación Hipotecaria”, 4a. od., 269. (Bastardillas nuestras.) ,

En la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 3861 (1 Galindo y Escosura, “Legislación Hipotecaria ”, ,4a. ed., pág. 128), la Comisión de Códigos, refiriéndose a esta materia, dice lo siguiente:

“Más sucederá a veces, cuando se haya distribuido un crédito hipotecario entre diferentes fincas,' que la parte del crédito satisfe-cho pueda aplicarse a la liberación de una u otra de las gravadas, por no ser inferior al importe de la responsabilidad especial de cada una: en este caso la Comisión no ha dudado que la elección debe corresponder al deudor, ya porque es regla general que su con-dición es la favorecida por el derecho, ya porque a él corresponde decir, al hacer el pago, a qué finca quiere libertar de la carga hipo-tecaria. ’ ’

La misma cuestión fue resuelta por este tribunal Lace treinta y nueve años, en el caso de Frontera v. Registrador, 2 S.P.R. 709.

El Lecho de que los intereses de la hipoteca sobre esta finca fuesen remitidos desde Arecibo a los demandados en un cheque bajo el mismo sobre en que se enviaban los corres-pondientes al resto del crédito y que el demandado devol-viese ai demandante el cheque de intereses cuando no venía junio con el otro, a lo cual parece dar tanta importancia el juez sentenciador, es complelamente inmaterial, pues esa mera condescendencia o tolerancia del demandante no le priva del derecho que le reconoce la ley a exigir la cancelación del gravamen hipotecario que afecta su finca pagando a su ven-cimiento el montante del mismo.

La exposición que hemos hecho de las alegaciones y del Derecho aplicable al caso resuelve adversamente a los deman-dados sus excepciones previas antes indicadas. Parafra-seando ahora a la corte inferior, debemos decir que un mero examen por los demandados de la ley aplicable al caso les hubiera demostrado fácilmente la razón que asistía al deman-dante, y que por lo tanto han actuado con temeridad al opo-nerse a sus justas pretensiones.

Procede revocar la sentencia apelada, y en su lugar dictar la que debió haber dictado la corte.inferior, a saber: decla-rar con lugar la demanda y condenar a los demandados a que en el término de cinco días contados a partir de la fecha en que se reciba el mandato en la corte inferior, otorguen escritura de cancelación total de la hipoteca de $350 de principal que afecta la finca descrita en la demanda, siendo de cuenta del apelante todos los gastos de dicha escritura, así-corno los de su inscripción en- el Registro de la Propiedad, apercibiéndose a los demandados apelados que de no otorgar dÁcha escrihtra dentro del plazo indicado, procederá el már-shal a otorgarla, quedando a disposición de los demandados la suma depositada a su favor por el demandante; e imponer a los demandados las costas de este pleito y condenarles ader más al payo de $100 por concepto de honorarios del abogado del demandante por sus servicios prestados en la corte inferior.


text:
    Eusebio Morales, etc., demandantes y apelados, v. Severiana López, et als., demandados; Pilar Soria, interventora y apelante.
    Núm. 8333.

    Sometido: Abril 28, 1941.

      Resuelto: Mayo 8, 1941.

      Víctor Rivera Colón, abogado de la apelante; Aureliano Rivas Rosario, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de autos, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de los demandantes en agosto 5 de 1939. Apelaron algunos de los demandados, y el recurso fue considerado frívolo y desestimado por resolución de julio 10 de 1940 (57 D.P.R. 301), remitiéndose el mandato a la corte inferior el 16 de noviembre del mismo año.

En diciembre 4 de 1940, cuando ya se había ejecutado y cumplido en todas sus partes la sentencia, Pilar Soria radicó ante la corte inferior una moción solicitando permiso para intervenir en el procedimiento y contestar la demanda. Dicha moción fné acompañada de otra titulada “Moción de nulidad y de anulación de todo lo actuado ” y de una contestación. En diciembre 20 de 1940, la corte inferior, después de oír a las partes y sin que se sometiera a su consideración evidencia alguna, declaró sin lug’ar la moción por considerar que había sido presentada tardíamente. . En diciembre 23 de 1940 se notificó a Pilar Soria la resolución y se archivó en autos copia de la notificación. El 30 del mismo mes Pilar Soria solicitó la reconsideración de la resolución. En enero 2, 1941, "la corte inferior rechazó de plano la moción de reconsidera-ción. El 17 de enero de 1941, Pilar Soria apeló para ante esta Corte Suprema.

El día 6 de marzo de 1941, los demandantes apelados radi-caron una moción para que se desestime el recurso (a) por-que la resolución denegando la intervención no es apelable; (ó) porque aun cuando dicha resolución fuera apelable, el recurso fué interpuesto después de vencido el término legal fijado por el artículo 295(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo término no fué interrumpido por la interposición de la moción de reconsideración, por haber sido ésta recha-zada de plano; (c) porque la apelante no ha radicado la transcripción del récord; y (d) porque el recurso es clara-mente frívolo.

Creemos innecesario entrar a discutir y resolver los tres primeros fundamentos de la moción, porque a nuestro juicio la frivolidad del recurso es tan clara y aparente que procede su desestimación.

En el párrafo primero de su moción de intervención, dice 1a. apelante:

“Que durante la tramitación de este juicio adquirió la finca que es objeto de. los procedimientos judiciales de reivindicación y la cual fué ordenada entregar a la parte demandante, y le ha sido en-tregada en efecto.’'

De los autos aparece que la demanda de reivindicación fue radicada en la Corte de Distrito de San Juan el día 6 de diciembre de 1937 y que el día 7 del mismo mes dicha demanda fué anotada en el Registro de la Propiedad de acuerdo con las disposiciones del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Si la apelante, según ella alega, adqui-rió la propiedad durante la tramitación del pleito sobre nuli-dad de procedimiento ejecutivo hipotecario, de la venta y de su inscripción y sobre reivindicación y daños,, entablado contra sus antecesores en título, es evidente que ella adquirió la propiedad con conocimiento de la pendencia de dicho pleito, según lo dispuesto en el citado artículo 91. Pudo la apelante intervenir en el procedimiento en cualquier momento durante su pendencia, y no lo hizo. Su petición de intervención, radi-dicada cuando ya la sentencia había sido ejecutada mediante la entrega a los demandantes de la posesión de la finca por ellos reivindicada y la inscripción de su derecho en el Regis-tro, fué interpuesta tardíamente y no erró la corte inferior al declararla sin lugar. Véase: artículo 72, Código de Enjuiciamiento Civil; Reyes & Pagán v. Corte, 52 D.P.R. 654; y Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, 56 D.P.R. 395, en donde se sostuvo que procede intervenir en un pleito no obstante haberse dictado y ejecutado la, sentencia en el mismo, cuando la sentencia que pueda recaer o dictarse en el inci-dente de intervención en manera alguna afecte la ya dictada y ejecutada en el pleito principal, circunstancia que no con-curre en el caso de autos, pues el objeto principal de la inter-vención es solicitar la nulidad dé todos los procedimientos y que se deje sin efecto la sentencia ya ejecutada.

Por las razones expuestas debe desestimarse por frívolo el recurso.