author: El Juez Presidente Señor del Toro, El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Félix Banuchi, demandante y apelante, v. El Distrito de Riego conocido por Servicio de Riego de Isabela, demandado y apelado.
    No. 5795.

    Sometido: Enero 12, 1932.

      Resuelto: Julio 12, 1932.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Attorney General Jarrees K. Beverley, Tomás 'Torres Pérez, Suhprocurador, j Antonio Pinero, abogado del Riego, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una demanda sobre daños y perjuicios enta-blada por Félix Banuchi contra el Distrito de Riego cono-cido por Servicio de Riego de Isabela.

El demandante alegó que era dueño de dos fincas rústicas habiéndose incluido en el distrito provisional de riego nna porción de 47 acres de nna de ellas y la totalidad, 12 cnerdas, de la otra, según se le informó por el propio distrito en agosto y octubre de 1928; que el 16 de diciembre de 1928 y el 9 de enero de 1929 comenzó a darse agua por el distrito para el riego de dichas parcelas, continuando basta el 26 de junio de 1929 en que “el demandante fué notificado por el demandado que desde dicho día sería suspendido por tiempo indefinido el suministro del agua”; “que en la notificación ... se informaba al demandante que tan pronto como las condiciones lo permitieran, le sería servida nuevamente el agua cuyo suministro se suspendía”; “que dicha agua . .. . no le ha sido suministrada ni entregada al demandante en ningún momento después . . . habiendo quedado las referidas parcelas privadas del servicio del riego, sin el consentimiento y contra la voluntad del demandante”; que al ser notificado, ya tenía el demandante sembradas de cañas de azúcar 21 cuerdas de la primera parcela y la totalidad de la segunda, produciendo él cosecho $7,040.25 menos de lo que habría producido si el riego hubiera continuado; que como consecuencia de la suspensión se vió obligado el demandante a vender sus fincas a la Central Cambalache por $6,000 menos de lo que hubiera podido obtener, causándosele así $13,040.25 de daños y perjuicios, que el demandante pide a la corte que ordene al .demandado que le pague, con costas.

Emplazado el demandado, excepcionó la demanda ale-gando que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Oídas ambas partes, la corte declaró con lugar la excepción. Pidió el demandante que se dictara sen-tencia y así lo hizo la corte, interponiendo entonces el de-mandante el presente recurso de apelación.

La sentencia de la corte se basa en una razonada resolu-ción que en parte dice:

“La teoría del demandante consiste en afirmar que una acción por' daños existe en contra de nn distrito de riego si dejare de suplir el,agua a que tiene derecho una persona en el distrito.
“-‘An action for damages will also lie against an irrigation district for the failure to supply water to which one within the district is entitled.’ Kinney on Irrigation and "Water Rights, Yol. 3, p. 3066. '• “La teoría del demandado.consiste en afirmar (1) que el deman-dado en este caso es una corporación pública; (2) que no existe eú la- Ley del Riego obligación contractual alguna entre el Servicio del Riego y los regantes; (3) que la acción ejercitada en este caso es tin tort’; y, (4) que debe establecerse en la demanda como un hecho esencial y necesario, el derecho del demandante a recibir el servicio del agua y que en este caso el demandante no tiene a su favor dere-cho alguno para exigir del demandado la entrega del agua, puesto !que sus tierras no han sido incluidas en el territorio de regadío, ni .tampoco hasta la fecha en que dejó de servírsele el agua había pa-gado cuota alguna ni tenía que pagarla tampoco, ya que estaba en el período de prueba, por lo que no se había establecido a su favor derecho alguno que implicara un deber por parte del demandado a servirle el agua.
: ■ “Ambas partes convienen en que la acción que se ejercita no es una acción ex-contractu y sí una acción in tori, por lo que no es necesario, a los efectos de esta resolución, determinar si existe o no .en la ley del riego obligación contractual entre el servicio del riego y los regantes.”

.Examina la corte las leyes 59 y 63 de 1919 (págs. 321 y ;849) creadoras del Distrito de Riego y sits enmiendas pos-teriores y concluye que la demandada es una corporación de .servicio público. Cita a 7 RC.L. 40, 14 C. J. 72, Long on Irrigation, 531-533, L.R.A., 1918 B, págs. 1010, 1012, en apoyo de su conclusión, y continúa así;

“Siendo el demandado una corporación pública, ¿as responsable 'de daños y perjuicios derivados de la omisión de dejar de suplir a los regantes agua para sus tierras incluidas en el distrito de regadío? Veamos, lo que a este respecto establece la jurisprudencia.
“ ‘Injuries from defects or torts. — A county is not liable for a, defect or want of efficiency in the plan of a drain, established pursuant 'to' statute; neither is it liable for the negligence or failure of the contractor to whom the work of construction is let to perform such work in accordance with the plan adopted. Nor is a county or %' drainage district liable- in damages for injuries caused by the tor-tious acts of its officers, but the remedy is against them personally; although the trustees, under whose control and supervision the district is, may be enjoined if they act without authority or willfully or maliciously.’ — 14 Oyc, 1057. — Hensley v. Reclamation Dist. No. 556 (121 Gal. 96). Cita además 9 Cal. Jur. 75; 19 C. J. 709-10; San Francisco Savings Union v. Reclamation Dist., 144 Cal. 639, y L.R.Á. 1918 B, 1011-1012.
“La teoría sostenida en los casos que comenta la precedente nota de que un distrito de riego no es responsable por daños a menos que así lo disponga la ley, no ha sido seguida por todas las cortes de la Unión. En muchos casos se ha resuelto lo contrario, pues si bien ¿e admite que tales distritos tienen el carácter de corporaciones cuasi públicas, en realidad no son agencias gubernamentales y no están, por tanto, exentos de responsabilidad. Véase Lawyers’ Reports, Annotated 1918 B, p. 1014-1015.”

Después de otras citas dé jurisprudencia, prosigue la corte de distrito:

“Para determinar la responsabilidad de un distrito de riego debe consultarse el estatuto que le ha dado vida. No aparece en la Ley número 63 de 1919, proveyendo para la construcción del Riego Pú-blico de Isabela y Aguadilla, ni en sus enmiendas posteriores, dispo-sición alguna reconociendo a un regante el derecho de demandar da-ños y perjuicios del servicio del riego por dejarle de suplir agua para sus tierras comprendidas en el distrito de regadío. El remedio que tiene el dueño o al arrendatario de tales terrenos si se considera perjudicado con la negativa del .Comisionado del Interior por abas-tecimiento de' agua, se encuentra claramente establecido en el ar-tículo 34 de • dicha Ley, el cual copiado en lo atinente a esta cues-tión, es como sigue:
“ ‘Art. 34.— . . . disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en esta Ley impedirá la debida distribución del agua por rotación entre los diversos predios de terreno por cualquier canal o lateral, y si algún dueño o arrendatario de tal terreno se considera perjudicado por la negativa del Comisionado del Interior de Puerto Rico sobre abastecimiento de agua, tal dueño o arrendatario podrá en-tablar una acción en la corte de distrito del distrito en que radicaren los mencionados terrenos para obligar al Comisionado del Interior de Puerto Rico a dejar entrar el agua al terreno; disponiéndose, ade-más, que si se entablase una acción por un arrendatario de cualquier terreno - o cualesquiera terrenos, según se dispone en este párrafo, el dueño del terreno o de los terrenos no quedará obligado por el fallo de dieba corte a menos que hubiere sido parte en el pleito; pero podrá hacérsele parte en dicho pleito, bien por el demandante o por el demandado, ya fuere a moción propia suya, del referido arrenda-tario, o de El Pueblo de Puerto Rico; y disponiéndose, también, que en caso que la coi'te falle en favor del demandante, el Comisio-nado del Interior de Puerto Rico inmediatamente abrirá el agua al recibir la notificación de dicha corte’; ...
“Resumiendo y para terminar, la Corte, del estudio de las cues-tiones levantadas por ambas partes, ha llegado a las siguientes con-clusiones: que los terrenos del demandante no habían sido incluidos en el distrito permanente del riego; que no se había pagado cuota alguna por el demandante a la fecha en que se suspendió la entrega de agua, debido a que se estaba en el período de prueba; que la acción ejercitada por el demandante no es una acción ex-contractu; que de la demanda no aparecen hechos que puedan determinar una acción in tort; que en este caso no se ha seguido la acción que ex-presa y taxativamente establece la ley sobre la materia contenida en el artículo 34 parcialmente transcrito; que de haberse seguido esta acción en ley hubiera el demandante conseguido su objeto inmediato, caso, desde luego, de que venciera en juicio; que el demandado es una corporación pública y que como tal, en un caso como el que ve-nimos considerando, a la luz de la jurisprudencia, el distrito de riego de Isabela no es responsable de daños y perjuicios por suspender el suministro de agua a un regante, especialmente bajo las alegaciones de la presente demanda, ya que analizada la jurisprudencia en re-lación con nuestra ley encontramos que es de más aplicación la de las cortes de aquellos estados que han resuelto que un distrito de riego no es responsable de daños y perjuicios a menos que así lo provea el estatuto.
■ “En virtud de las anteriores consideraciones, la Corte estima que debe declarar, como declara, con lugar la excepción previa opuesta a la demanda, sin especial condenación de costas.”

En su alegato la parte apelante señala la comisión de cua-tro errores, así:

“1. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla, co-metió error al resolver que los terrenos del demandante no habían sido incluidos en el distrito permanente de regadío.
“2. La susodicha Corte cometió error al declarar que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“3. La susodicha Corte cometió error al resolver que el deman-dante no ha seguido la acción que la Ley autoriza.
“4. La sobre dicha Corte cometió error al resolver que el Distrito demandado no puede ser demandado.”

Procederemos a estudiar conjuntamente los tres últimos errores, limitándonos a decir con respecto al primero que no existe porque la corte de distrito estuvo enteramente justifi-cada al sostener, a virtud de las propias alegaciones de la demanda, que las parcelas del demandante no habían sido incluidas en el distrito permanente de riego. La propia ley determina que dicho distrito se establecerá en 1932.

Después de un cuidadoso examen de todas las cuestiones envueltas a la luz de la ley y la jurisprudencia citada por las partes, nos inclinamos a resolver que un distrito de riego como el que aquí se trata es una corporación que participa de una naturaleza dual. Es pública con respecto a sus fun-ciones de tal naturaleza, pero debe considerarse como pri-vada en relación con los derechos privados de los terratenien-tes del distrito. ■ Como dijo el Juez Mac Lane de Idaho, ci-tado en Long on Irrigation, 531-533,

“Un distrito de regadío es una corporación cuasi pública, orga-nizada con fines comerciales para el beneficio particular de los due-ños de las tierras que se hallan dentro de sus límites. Estos son los miembros de la corporación, tienen el dominio de la misma y son los únicos beneficiados por su explotación. La corporación es, en lo que a la administración del negocio se refiere, dueña del sistema como propietaria más bien que en su carácter público, y como propietaria debe asumir y afrontar las cargas.”

Siendo ello así, nos inclinamos a decidir que dicho dis-trito de Eiego no está exento de ser demandado por daños y perjuicios, además del recurso que autoriza la propia ley No. 63 de 1919 en su sección 34.

Partiendo de esas conclusiones ¿alega la demanda hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada? A nuestro juicio la pregunta debe contestarse en la negativa.

De Ruling Case Law tomamos lo que sigue:

“Se ha dicho que en el derecho común existía una causa de ac-ción siempre que una persona ocasionaba daños a otra voluntaria o intencionalmente, sin justa causa o pretexto, y es de general conoci-miento el dicho de que dondequiera que existe un daño existe un remedio. Sin embargo, esta regla tiene por miras que el daño sea su-frido por el acto ilegal de un tercero, y si no hubo daño en el sentido legal de'la palabra, aunque haya habido perjuicio no existe causa de acción, por ser damrmm absque injuria. En su sentido legal significa daños resultantes de un acto ilegal. El hecho de que un caso sea nuevo no es óbice para que se obtenga una indemnización, siempre que el mismo pueda hacerse caer dentro de las reglas generales de derecho aplicables a actos torticeros. La piedra de toque para de-terminar si existe responsabilidad por un acto torticero es la cues-tión de si el demandado al actuar o al dejar de-actuar ha.hecho caso omiso de su deber. De igual modo el ejercicio en debida forma de un derecho no puede constituir un daño en el sentido legal de la pa-labra que dé lugar a una causa de acción. Los tres, principales acá-pites de la palabra deber con que se confronta la ley sobre actos tor-ticeros, a saber: abstenerse de causar voluntariamente daño a otro, respetar la propiedad de los demás, y usar debida diligencia a fio. de evitar perjudicar a otros, son todos de naturaleza comprensiva. Los actos que dan lugar a una acción de daños y perjuicios pueden ser clasificados como sigue: (1) los actos realizados intencional y voluntariamente, sin excusa legal o sin justificación y con la inten-ción expresa o tácita de ocasionar daño; (2) la comisión de detei’-minado perjuicio, o la omisión de dar cumplimiento a un deber especial o absoluto- que, por sí solo, constituye una invasión de los dere-chos de otro o la infracción de una obligación para con un tercero, que estaba exento de culpa, o un acto realizado u omitido en violación de un estatuto positivo que puede haber resultado perjudicial a alguien, de conformidad con las disposiciones del estatuto, que sin culpa al-guna contribuyera materialmente al perjuicio; no habiendo en uno u otro caso la intención o la esperanza por parte del demandado de que resultara perjuicio de tal acto u omisión; (3) la realización de un acto perjudicial, o su omisión .con el propósito de perjudicar sin invadir ningún derecho claro o absoluto de otro ni infringir ningún derecho positivo u obligación especial o absoluta; pero que ejerciendo debida diligencia y circunspección pudo haber sido prevista y evitada y la persona que haya sufiúdo la lesión puede ser una hacia quien el demandado tenía ■ en el momento del accidente cierta obligación condicional o limitada.” 26 R.C.L. 757, 758.

Julio 29, 1932.

En la demanda no se alegan los términos precisos bajo los cnales el demandado se obligó a servir el agua. Sólo se dice que dejó de servirla “sin el consentimiento y contra la voluntad del demandante”. No se imputa al demandado ningún acto ilegal, ninguna intención dañosa. Por el cóntrar rio, surge de la demanda y de la ley que se estaba sirviendo agua dentro de un distrito provisional, que se avisó la sus-pensión del’servicio con la promesa de ser renovado, tan pronto como las condiciones lo permitieran y que el deman-dante nada estaba pagando aún por el agua que recibía.

Por esos motivos, debe declararse sin lugar él recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino. •

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se ba presentado en este caso una moción solicitando la reconsideración de la sentencia que esta corte dictara el 12 de julio actual, bien dejando sin efecto dicba sentencia, ya adicionándola permitiendo al demandante enmendar su demanda de acuerdo con la opinión.

Hemos estudiado la moción y no creemos que deba acce-derse a la primera petición, pero sí a la segunda.

Los fundamentos en que basa su segunda súplica el ape-lante en resumen se formulan así:

“(a) Porque si el demandante pidió que se dictara sentencia en vez de optar por enmendar su demanda, ello se debió a que la sen-tencia de la corte de distrito impedía toda enmienda a la demanda, ya que resolvía, como uno de sus fundamentos, que el demandado no es responsable de daños, por ser una corporación pública; lo qu? bacía inútil toda enmienda.
“(6) Porque esta Hon. Corte .ha resuelto en su sentencia, según los términos de la opinión, que el referido Distrito puede ser deman-dado en una acción por daños y perjuicios; lo que hace enmendable la demanda. . ' >
“(o) Porque ello es de plena justicia, y no perjudica ningún de recho. ’ ’

Basta examinarlos en relación con lo dicho por esta corte en la opinión qne sirvió de base a sn sentencia, para concluir qne debe accederse a lo pedido.

Eh tal virtud se dictará una orden en el sentido de qne el caso se devuelve a la corte de distrito de sn origen para ul-teriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión y con la en qne se funda la sentencia de julio doce.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    José Nazario, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5439.

    Sometido: Diciembre 15, 1931.

      Resuelto: Julio 12, 1932.
    SENTENCIA de R. H. Todd, Jr., J. (Ponee), sobre excepción previa de falta de jurisdicción y de hechos suficientes constitutivos de causa de acción, declarando sin lugar la demanda-, sin costas.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Hon. Attorney General James B. Beverley y R. Cordovés Arana, Sub pro curador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre devolución de contribuciones paga-das bajo protesta. El demandante José Nazario se dedica en Ponce al negocio de la importación de café para venderlo on Puerto Eico al por mayor y al detall. Alega que de acuerdo con la Ley No. 19 de 1928 (p. 147) titulada Ley para regular la venta de café extranjero lo mismo puro que mez-clado con café de Puerto Rico, y para proveer fondos para la inspección y regulación de dicha venta y para otros fines, para dedicarse a su negocio se vió obligado a pagar y pagó bajo protesta desde julio 10, 1929 a junio 7, 1930, la suma de $1,353. Sostiene que dicha suma es una contribución ile-gal porque la ley que la impone es anticonstitucional y soli-cita en tal virtud que le sea devuelta, con sus intereses y costas.

Excepcionó El Pueblo la demanda porque no había dado su consentimiento para ser demandado y porque la demanda no' aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excepción fué declarada con lugar y habiendo el demandante renunciado su derecho a enmendar su de-manda, se dictó sentencia declarándola sin lugar, sin especial condenación de costas. El demandante apeló entonces para ante este tribunal.

Dos errores señala en su alegato, a saber: erró la corte al resolver que el demandante no estaba autorizado para recurrir al remedio que concede la Ley No. 8 de 1927 (p. 123) sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, y erró también al declarar que la Ley No. 19 de 1928 (p. 149) sobre venta de café no era anticonstitucional

Ambas cuestiones fueron estudiadas y resueltas en contra de lo que el apelante sostiene en el caso de Nazario v. Gallardo, Tesorero, 40 D.P.R. 791. Sin embargo, después de esa decisión esta propia corte dictó la de Suazo v. Lugo, Alcaide, 42 D.P.R. 57, y la Corte de Circuito de Apelaciones la de Lugo v. Suazo, el 7 de junio último, que favorecen al apelante.

Por la decisión de esta corte en el caso de Suazo, supra, quedó claramente resuelto que la Ley No. 19 de 1928 es an-ticonstitucional, pero no que se impusiera por ella una con-tribución. En el curso de la opinión, el Juez Asociado Sr. Texidor, hablando por la corte, se expresó así:

“Estas disposiciones de la Ley de 1928 para reglamentar la venta de café extranjero ¿contienen una imposición de contribuciones, o son determinantes de un derecho de inspección?
“Parece ser éste uno de los problemas más importantes del caso, y si lo fuera, encontraríamos ya una decisión, la-del caso Nazario v. Gallardo, Tesorero, 40 D.P.R. 791, en que se dijo que la ley creaba un derecho de inspección (inspection fee).
“En los casos Nazario v. Gallardo, supra, la cuestión más impor-tante era si se trataba de una contribución en la que el pago' bajo protesta' pudo dar margen a recobrar el importe.
“En este caso el apelante, y por él su representación el Abogado D. Juan B. Soto, presenta la cuestión en otros términos: Si, sea de-recho de inspección o contribución, pudo la. Legislatura crear una inspección de carácter de privilegio, discrimen o diferencia, en favor de unos comerciantes en café de Puerto Rico, y en perjuicio de otros que comercian o trafican en café extranjero, dentro del mismo te-rritorio. ’ ’

La sentencia de esta corte fue apelada para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito y al resolver el recurso la Corte de Circuito comenzó su opinión así:

“La cuestión principal envuelta en este caso es si la Ley de Puerto Rico de 1928 (No. 19) para reglamentar la venta de café extran-jero puede ser sostenida como ley de inspección válida o si debe ser considerada como una ley que fija una contribución de rentas inter-nas discriminatoria al café extranjero después de haber sido impor-tado a la isla para la venta, en violación del Artículo 3 de la Carta Orgánica de Puerto Riqo. ”

Estudia luego los hechos del caso, la ley y la jurispruden-cia, y dice:

“Aplicando el principio establecido en el caso de Foote, es de presumirse que el fondo creado por la Ley de 1928 es más de lo ne-cesario para sufragar los gastos de poner dicha ley en vigor y parti-cipa de la naturaleza de una contribución, toda vez que la ley pro-vee que el fondo será usado para pagar otros gastos distintos a los de inspección, y el gobierno no ofreció prueba para demostrar que el fondo no era en realidad mayor de lo razonablemente necesario para inspección.”

Continúa razonando, y expresa:

“Es cierto que la contribución impuesta a café extranjero hace una discriminación contra el mismo y a favor del café producido sola y enteramente en Puerto Rico, y siendo una contribución de ren-tas internas la Ley que la fija infringe las disposiciones del Artículo 3 de la Carta Orgánica, según fué enmendado, y es nula. Walling v. Michigan, 116 U. S. 446.
“Se ha sugerido que las disposiciones de la Ley de 1928 que exi-gen licencias y fijan un derecho de licencia de ochenta dólares al año para los traficantes al por mayor, de veinte dólares al año para los traficantes al detall, y sumas similares a sus agentes, son por sí mis-mas una contribución a un empleo. Si estos derechos de licencia equivalen a una contribución a un empleo, ellos son no obstante con-tribuciones de rentas internas, y siendo discriminatorias — toda vez que a los traficantes de café de Puerto Rico no se les exige tales li-cencias — su fijación como tales sería nula y en contravención del Ar-ticulo 3 de la Carta Orgánica según fué enmendado. Walling v. Michigan, 116 U. S. 446.”

Termina como sigue:

“La Corte Suprema de Puerto Rico resolvió en este caso que la Ley de 1928 era una ley de inspección, pero que hacía una discrimi-nación contra los traficantes en café extranjero a favor de aquellos que traficaran en café de Puerto Rico, y que era inválida por violar la cláusula sobre igual protección de las leyes contenida en la Carta Orgánica (Sección 2) y la Enmienda Catorce de la Constitución, y por infringir también la cláusula de comercio al fijar una carga in-debida al comercio interestadual y extranjero. Dicha Corte no re-solvió que la aludida ley infringía la Sección 3 de la Carta Orgánica por ser una contribución que hacía un discrimen contra artículos im-portados de los Estados Unidos o de países extranjeros en favor de artículos similares producidos o fabricados en Puerto Rico, debido a que ella consideró la carga impuesta como un derecho de inspección y no como una contribución. La cláusula de comercio no es exten-siva a Puerto Rico; y en vista de la conclusión a que aquí llegamos, es innecesario considerar si se infringió la Sección 2 de la Carta Or-gánica y la Enmienda Catorce.

“Si bien en el caso de Gallardo v. Questell, 29 F. (2d) 897, esta Corte resolvió que la Ley No. 22 de 1919, precursora de la Ley de 1928, no infringía la Sección 2 de la Carta Orgánica o la Enmienda Catorce, ella no consideró si la Ley No. 22 infringía la Sección 3 de la Carta Orgánica, y no se nos llamó la atención sobre la pertinencia de la Sección 3, ya que la parte apelada en cuyo favor la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico babía resuelto que la Ley era nula no radicó alegato ni Rizo argumentación verbal al-guna ante esta Corte.

“Por las razones expuestas nuestra resolución es:
“Se confirma la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico, con costas en favor de la apelada.”

Siendo ésa la última palabra de la jurisprudencia, queda sin efecto la establecida en el caso de Nazario v. Gallardo, Tesorero, supra, y en su consecuencia debe reconocerse no sólo que la Ley No. 19 de 1928 es anticonstitucional, si que también que imponiéndose por ella una contribución, pudo pagarse bajo protesta y reclamarse siguiendo el procedi-miento establecido en la Ley No. 8 de 1927.

Debe revocarse la sentencien recurrida y dictarse otra de-clarando que la corte de distrito tiene jurisdicción para cono-cer del asunto y que la demanda aduce hechos suficientes para determinar la acción ejercitada, devolviéndose él caso para ulteriores procedimientos de conformidad con la opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Epifanio Pérez, acusado y apelante.
    No. 4763.

    Sometido: Junio 10, 1932.

      Resuelto: Julio 12, 1932.

      José L. Márquez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Epifanio Pérez fué denunciado en la Corte Municipal de Aguadilla porque “en uno de los días de julio de 1931 y en la calle Nueva de Aguadilla, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Aguadilla, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, . . . ilegal, voluntaria y maliciosa-mente y con la intención criminal de lucrarse en su propio beneficio y para impedir que su propio dueño volviera a po-seerlas, compró en 500 de los niños menores de 18 años de edad, Felipe Rivera y Andrés Cortés, las siguientes pren-das que babían sido robadas a la señora Belén Laguer por dichos niños: una pulsera de oro valorada en $50; dos me-dallas de oro valoradas en $10 y una eajita conteniendo va-rios collares, valorados en $5; todo esto, sabiendo el aquí acusado, que dichas alhajas habían sido robadas por los niños ya mencionados. Las alhajas se ocuparon y se ponen a la disposición de la Hon. Corte como evidencia.”

La corte municipal declaró culpable al acusado. Apeló éste para ante la corte de distrito y celebrado el juicio de nuevo fué condenado a sufrir cuatro meses de cárcel. Apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de dos errores.

Por el primero sostiene que la denuncia no imputa un delito público, porque no describe la cosa mueble comprada ó recibida con detalles suficientes que la individualicen. Cita a 17 E.C.L. 60.

•Conocemos lo necesario de la denuncia. Los objetos se describen como una “pulsera de oro valorada en $50”, etc. Al argumentar el error sólo se refiere el apelante a la pul-sera. Creemos que la descripción es suficiente, de acuerdo con 1a autoridad citada por el propio apelante. Después de exponer los principios generales sobre la materia.en la sec-ción 60, dice B.C.L. en la sección 61.:

“Sección 61. — Nombre del artículo hurtado. — Lá propiedad que se alega haber sido sustraída debe describirse por su nombre corriente y en las condiciones en que se hallaba al ser hurtada. La regla de procedimiento criminal adoptada en muchas jurisdicciones es que una acusación por el delito de hurtó es suficiente, én lo que a la descrip-ción de la propiedad sustraída se refiere, si se designa la cosa por el nombre genérico de la clase a que pertenece. Y es doctrina general- ■ mente aceptada que en tales casos se puede obtener una sentencia condenatoria probando que se ha sustraído ilegalmente una cosa es-pecífica que pertenece claramente a esa clase. Sin embargo, se ha decidido que una acusación que alega el hurto de ‘carne’ no es sufi-ciente, y que la clase determinada de la carne sustraída debe ser ex-presada. Un objeto que se alega haber sido hurtado puede ser des-crito por el nombre específico por el cuál se le conoce en el comercio, en las artes o en el negocio a que se le dedica.” 17 K.C.L., 56.

„ Esta misma corte efi el caso de El Pueblo v. Garcés, 36 D.P.R. 270, se expresó así:

“En segundo lugar se alega que no se describe en la acusación lo que significa el término ‘acumuladores’ que fueron los objetos com-prados y que esto hace defectuosa la • acusación.
“El vocablo ‘acumulador’ aunque en su origen tuyo un significado técnico, su uso se ha hecho corriente en el lenguaje vulgar, y su simple empleo en la acusación, sin más descripción, podía enterar en-teramente al acusado de cuál era el verdadero objetó comprado, sin tener que entrar én otros detalles para así quedar definido.”

El otro error se refiere a la insuficiencia de la prueba. Sostiene el apelante que lo es, porque no identifica las alhajas, porque el testimonio de los cómplices Rivera y Cortés no fué corroborado, porque no demuestra la intención de lucrarse por parte del acusado ni la de impedir que los verdaderos dueños de las prendas vuelvan a poseerlas.

Llama la atención realmente que manifestándose en la de-nuncia que las alhajas se ocuparon y se ponían , a la disposi-ción de la corte como evidencia, no -se presentaran en verdad en el acto del juicio, manifestando la perjudicada Belén La-guer que no había podido recuperarlas. Pero ello no implica, necesariamente falta de prueba. Es mejor y más claro pre-sentar la propiedad .en el juicio para ser identificada, pero no imprescindible. Lí en cuanto a la dueña, si no la tiene ya y se ocupó realmente, puede exigir su entrega o la responsa-bilidad consiguiente si no se verifica.

Examinadas las declaraciones de la Sra. Laguer, de los muchachos Felipe Rivera, de trece años, y Andrés Cortés, de quince, y del policía Martínez, encuéntrase en ellas prueba bastante con respecto a que las prendas hurtadas y vendidas luego al acusado son las descritas en la denuncia.

La idea de que las declaraciones de los í£cómplices” no fueron corroboradas surge de que uno de los muchachos, Rivera, manifestó que fué el propio acusado el que los mandó a cometer el hurto. El otro muchacho, Cortés, narra los he-chos de distinto modo. Dice que Rivera penetró en la casa y salió con una cajita de prendas diciendo- que se las había en-contrado, que se las dió y él se las vendió al acusado en se-senta centavos.

Rivera y Cortés fueron juzgados separadamente por el hurto y enviados a la Correccional de Mayagüez. Uno de los testigos de cargo fué el propio acusado. Esta causa se siguió independientemente por el delito previsto y castigado en el artículo 438 del Código Penal. TJna situación seme-jante surgió en el caso de El Pueblo v. Maceira, 40 D.P.R. 700 y esta corte dijo:

“El artículo 438 de nuestro Código Penal es perfectamente claro. La compra o la recepción de cosas muebles hurtadas, a conciencia de tal condición, constituyen un delito independiente del de hurto. Y en ese sentido los menores que en el juicio declararon no son cóm-plices.”

La prueba de la intención del acusado es clara. Prescindiendo de la declaración de Rivera y partiendo de la base de que al acusado no le constara directamente que los objetos habían sido hurtados, es suficiente para demostrarla el hecho de que valiendo mas de sesenta dólares, los compró por sesenta centavos a unos muchachos de 13 y 15 años de edad, de acuerdo con lo dispuesto en el propio artículo 438 del Código Penal y lo resuelto por la jurisprudencia. Estamos enteramente conformes con los razonamientos y conclusiones del juez de distrito al dictar su sentencia en corte abierta, a saber:

“La Corte cree que la prueba de cargo en este caso es conclu-yente y terminante al objeto de probar el delito imputádole a este acusado, reforzada dicha prueba en parte por la propia declaración del acusado. Respecto del conocimiento que pudiera tener del origen de estas prendas el acusado, éste hay que deducirlo, como dice el pro-pio estatuto, por la edad de los comisores del hurto que le fueron a vender dichas prendas al acusado, uniéndose a esta circunstancia 3a del precio irrisorio pagado a estos niños por el acusado a trueque de las prendas objeto del hurto. Este es un delito de los más repro-bables, porque no es el hecho de adquirir bienes muebles pertene-cientes a otra persona — como dice el estatuto — con el fin de'impedir que el dueño vuelva a poseerlos o con el fin de lucrarse el acusado, sino que se comete el delito a través de la corrupción de niños me-nores de edad, lo que es, más que un delito, un verdadero crimen social. ’ ’

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Daniel Sosa, J. P. Miranda, Miguel Angel Torres, Ramón Llovet, Juan Falú, Emilio Egozcue y Dr. Manuel Miranda, peticionarios y apelantes, v. Asamblea Municipal de San Juan, y Dr. Manuel Pavía Fernández, Alcalde Sustituto del Municipio de San Juan, demandados y apelados.
    No. 5189.

    Sometido: Marzo 17, 1931.

      Resuelto: Julio 12, 1932.

      Diego O. Marrero, J. de Guzmán Benitez y F. H. Dexter, abogados de los apelantes; C. Coll y Cuchí, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de San Juan pasó la ordenanza No. 55, que fué desaprobada por el Contador (Auditor) de Puerto Rico, debido a haberse inflado determinadas partidas, a, la ausencia de ciertas formalidades, a la omisión de varias .asignaciones necesarias, y al hecho de que finalmente las erogaciones serían mayores que los ingresos creados. En-tonces, con el propósito de reajustar el presupuesto, la asam-blea municipal adoptó la ordenanza No. 91 con fecha 5 de octubre de 1929. En esta nueva ordenanza o presupuesto, la asamblea suprimió parcialmente y en parte consolidó cier-tos cargos de tal forma que se trató de abolir determinado número de empleos. Todas o algunas de las personas que desempeñaban tales empleos incoaron este pleito a virtud del inciso (a) de la sección 83 de la Ley Municipal de 1928, ale-gando varios motivos de nulidad. Se le consideró como un procedimiento de certiorari bajo dicha ley, y se ordenó a los demandados, la Asamblea Municipal de San Juan y al Dr. Manuel Pavía .Fernández, alcalde sustituto, que trajeran a la corte ciertos documentos, y por orden judicial la orde-nanza fué dejada en suspenso hasta que otra cosa se dispu-siera.

Uno de los fundamentos de nulidad era que la re-moción de estos funcionarios se debía a causas políticas, toda vez que las personas que dirigían la administración municipal al tiempo de la aludida supresión pertenecían a un partido distinto al de las personas dejadas cesantes.

La Corte de Distrito de San Juan resolvió que no podían ser investigados por la corte los motivos que tuvo la asam-blea municipal para suprimir estos cargos. Los apelantes alegan qne se cometió error a este respecto y dedican una buena parte de su alegato para tratar de probar este error. Sientan como premisa mayor que una corte tiene derecho a examinar los actos administrativos de una asamblea. Como premisa menor sostienen que la ordenanza en cuestión fue un acto administrativo. Dudamos que una corte pueda inda-gar las razones determinantes de todos los actos administra-tivos, pero asumiremos que los apelantes tienen razón en su premisa mayor. Sin embargo, no tenemos duda de que están equivocados en su premisa menor. Una de las mismas auto-ridades citadas por los apelantes revela que la clase de acto municipal que puede ser considerado como administrativo es determinada obra o contrato. Los apelantes no nos conven-cen de que un presupuesto municipal o una ordenanza que lo ponga en vigor, en general no sea un acto de índole legisla-tiva. Un cúmulo de cosas puede hacerse a virtud de una or-denanza fijando el presupuesto. Pueden proveerse fondos para edificios, ordenarse la construcción de escuelas, crearse nuevos cargos y establecerse varias otras relaciones que en-tran en la vida comunal. Sin seguir más adelante, estamos convencidos de que la aprobación ordinaria del presupuesto por una asamblea municipal es un acto legislativo. Todo aquel que., crea que la aprobación del presupuesto no es un acto legislativo, puede acudir a las reseñas de algunas de las últimas sesiones del Congreso de los Estados Unidos.

Yendo un poco más lejos, de lo que los apelantes se que-jan específicamente en este caso es de la supresión de sus cargos. No podemos ver cómo la supresión de un empleo pueda ser otra cosa que un acto legislativo. No hallamos que la corte de distrito cometiera error al negarse a conside-rar los fundamentos que tuvo la asamblea municipal para aprobar la ordenanza.

Se atacó la capacidad de los peticionarios para instituir este recurso. La corte de Distrito de San Juan re-solvió que tenían suficiente capacidad o interés para impug-nar la ordenanza en lo que a su remoción la misma se refe-ría, mas no para atacar otras partes de la ordenanza. Se se-ñala como error esta resolución.

La corte inferior resolvió qne la ordenanza No. 91 de octu-bre 5 de 1929 dejaba de cumplir con la sección 42, párrafo (b), de la Ley Municipal, y sin embargo se negó a declarar que la ordenanza era nula e ineficaz. Los peticionarios sos-tienen que la corte cometió error a este respecto. Los dos señalamientos que anteceden pueden ser discutidos conjun-tamente.

Hemos examinado con detenimiento la Ley Municipal y no bailamos que se fije penalidad alguna por dejar de obser-var la sección 42 de la misma. Esa sección dispone:

“Los municipios no podrán asignar en sus presupuestos cantidad alguna para el pago de sueldos, sin que antes se layan consignado por su orden los créditos necesarios para las siguientes atenciones:
“(a) Deudas por capital e intereses vencidos o que hubieren de vencerse dentro del año económico para el cual se forma el presu-puesto, que no tenga fondos especialmente asignados para su amor-tización, mediante contribución especial;”

La ordenanza No. 91 no fue aprobada por el Contador de Puerto Eico debido a que el presupuesto disponía ciertos gastos en exceso de los ingresos. En cuanto fiemos podido seguir los autos y los argumentos de los apelantes, la dife-rencia era una cantidad relativamente pequeña. Por tanto, los apelantes, en ausencia de una penalidad específica, no nos convencen de que una ordenanza municipal importante pueda ser totalmente destruida a causa de una diferencia tan pe-queña. Creemos que el presupuesto podría ser corregido nuevamente en alguna forma o Pacerse algún nuevo reajuste en conexión con la oficina del Contador de Puerto Eico. Es evidente que a menos que el presupuesto municipal deba sub-sistir o caer totalmente, los peticionarios, como empleados ce-santes, no tenían interés en atacar el resto de la ordenanza o el fiaber dejado el municipio de “nivelar el presupuesto.”

Sea como fuere, nos parece imposible que una ordenanza municipal contentiva del presupuesto fracase a instancias de una persona que no tiene otro interés que el derivado de la supresión de su cargo. La Corte de Distrito de San Juan dijo que si los peticionarios hubiesen instado este litigio como contribuyentes quizá hubiera surgido una situación distinta, pero dudamos que la corte de distrito, aun a instancias de un contribuyente, hubiera dictado un fallo distinto. 'Subsistía el hecho de que los peticionarios no alegaron que eran contri-buyentes, sino que meramente se fundaron en haber sido re-; movidos de sus cargos.

ITenemos otra duda en este caso: la de si los peticiona-rios tenían alguna causa de acción a virtud de la sección 83 de la Ley Municipal. Un contribuyente posiblemente la te-nía, mas abrigamos la idea que estos funcionarios removidos de sus cargos debieron haber incoado algún pleito, como un quo warranto, impugnando su remoción o tratando de obte-ner daños y perjuicios. La diferencia que el presupuesto arrojaba no podía ciertamente favorecerles.

En el cuarto señalamiento de error se alega que la asamblea municipal no tenía facultad para aprobar la ordenanza No. 91 después de pasar la No. 55. De ser cierto esto, la ordenanza No. 55 continúa en vigor y los peticionarios ante los ojos de la ley tenían derecho a sus cargos y debieron haber radicado una petición de quo' warranto o algo por el estilo. La contención de los apelantes parece algo inconsistente con la idea de que los peticionarios fueron ilegalmente removidos de sus cargos por la ordenanza No. 91. Por otra parte, hasta ahora somos de opinión que una asamblea municipal tiene la facultad de adoptar una ordenanza para corregir otra anterior tachada como defectuosa por el Contador de Puerto Eico. Tenemos dudas respecto a si la asamblea o el municipio dieron los pasos formales prescritos para la corrección del presupuesto, pero no estamos seguros de que esa omisión destruya la ordenanza núm. 91, y como, según veremos, la cansa debe sobreseerse, bailamos innecesario ha-cer una determinación más específica.

El quinto señalamiento de error lee así:

“La corte de distrito cometió error al no resolver que el presu-puesto fijado por la ordenanza No. 91 era nulo e ineficaz en derecho, porque viola el artículo 34 de la Ley Orgánica de Puerto Rico en cuanto se relaciona con los artículos 7 y 24 de la Ley Municipal, porque el total del presupuesto de egresos excede al total del presu-puesto de ingresos en la suma de $651.00.”

Creemos que este señalamiento ofrece un apoyo pinto-resco a las consideraciones anteriores de esta opinión, toda vez que nos parece imposible que cuando el total de un pre-supuesto asciende a más de' $1,700,000, deba destruirse su efecto por cuestión de unos $651. En adición a lo que ya hemos dicho, creemos que quizá el municipio tendría el dere-cho de dejar sin efecto alguna asignación a fin de disponer de la diferencia.

La parte apelada solicitó la desestimación del recurso fundándose en que la controversia se refería al año fiscal 1929-1930 solamente, y que como dicho año transcurrió en su totalidad, cualquier fallo de esta corte resultaría académico. Los apelantes sostienen que el recurso no lo es, ya que de serlo casi cualquiera apelación en casos como el presente resultaría académica, debido al tiempo que tarda en resolverse esta clase de litigio. La objeción casi se contesta por sí misma. Si por transcurso del tiempo el caso se convierte en académico, las dificultades de obtener un fallo en apelación no presentan obstáculo alguno para su desestimacióu. No existe una verdadera controversia.

Los apelantes alegan que durante la vista los apelados admitieron que el primer señalamiento de error tenía verda-dera importancia. Por lo que podemos ver, las razones adu-cidas para la remoción de los peticionarios cada día tienen menos importancia, dado el tiempo transcurrido. La corte de distrito estaba tan en lo cierto al negarse a entrar en los motivos de la asamblea que no podemos ver cómo la conten-ción de los apelantes podría prevalecer.

Los apelantes no nos convencen con ninguna cita general de autoridades de que el presente recurso no sea académico.

Conforme hemos indicado antes en el curso de esta opi-nión, en lo que al mero derecho a los cargos se refiere, los peticionarios pudieron haber seguido un procedimiento dis-tinto. Después que una causa ha llegado a ser académica, no es la misión del recurso especial de certiorari en casos muni-cipales dilucidar los derechos in pais de personas removidas de sus cargos. Si los apelantes tienen algunos derechos por razón de sueldos o emolumentos, entonces habría menos mo-tivos para que resolviéramos tales derechos anticipadamente. Su derecho a litigar, en caso de que lo tuvieran, surgió al ser removidos de sus cargos.

Si bien hemos entrado en los méritos del caso, no obstante la apelación está sujeta, a ser desestimada, y así se ordena.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asocialo Señor Aldrey,

text:
    Juana Meléndez y Aleja Morales, demandantes y apeladas, v. Abelardo Morales, Felipe e Isabel Soto, menores representados por su madre con patria potestad Basilisa Soto y Santos Reyes, menor representado por su madre con patria potestad Delia Reyes, demandados y apelantes.
    No. 5317.

    Sometido: Abril 23, 1931.

      Resuelto: Julio 12, 1932.

      Lens (& Susoni, abogados de los apelantes; E. Martínez Aviles, abo-gado de las apeladas.
   El Juez Asocialo Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Meléndez, esposa que fué de Melitón Morales de quien se divorció, y Aleja o Alejandrina Morales, única bija de ese matrimonio, demandaron después de la muerte de Me-litón Morales al hermano de éste, Abelardo Morales, a Felipe e Isabel Soto, menores de edad representados por su madre natural Basilisa 'Soto, y a Santos Beyes, también menor de edad y representado por su madre natural Delia Beyes, ale-gando que subsistente el matrimonio de Melitón Morales y de Juana Meléndez fué comprada por los consortes una finca rústica de 19% cuerdas radicada en el barrio de Sabana Hoyo del término municipal de Areeibo: que para evitar Melitón Morales que esa finca le fuera embargada por una garantía que había dado la traspasó simuladamente a su hermano Abelardo Morales sin que mediara precio: que después de la muerte de Melitón Morales estuvo conforme Abelardo Morales en repartir ese terreno entre la hija legítima deman-dante y los tres menores de edad demandados por conside-rarlos hijos naturales reconocidos de Melitón, lo que no aceptó la demandante Alejandrina Morales pero Abelardo Morales por su sola cuenta entregó tres cuerdas y media de la finca a cada uno de los tres menores demandados y se reservó el resto de nueve cuerdas dividido en dos parcelas, una de cinco cuerdas y la otra de cuatro; y que los menores demandados no son hijos reconocidos de Melitón Morales. En la de-manda se describieron la finca principal y las parcelas en que fué dividida y se solicitó que la corte declarase que las dos demandantes son las únicas dueñas de la finca y que ordene que les sea entregada. Se opusieron los demandados a esa demanda y celebrado el juicio recayó sentencia declarando que las demandantes tienen un derecho a. esa finca de 19% cuerdas, una de ellas por sus gananciales y la otra como he-redera legítima: que los menores demandados tienen un de-recho a la herencia de Melitón Morales como hijos naturales reconocidos por él: y que tal finca corresponde a la sucesión de Melitón Morales. Contra esa sentencia interpusieron ape-lación solamente los demandados.

El primer motivo alegado para sostener este recurso es que la corte inferior erró ai considerar que los testigos identificaron la finca en sus declaraciones. Basta leer el testimonio de Francisco Bivera prestado en el juicio para quedar convencidos de que no sólo describió la finca de 19% cuerdas sino las distintas parcelas que de ella tiene cada uno de los demandados. Ese testigo no fue contradicho, y de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Evidencia la declaración de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio o traición.

El segundo motivo es por haber considerado el tribunal inferior cierta la simulación de la venta efectuada por Melitón Morales a favor de Abelardo Morales sin prueba alguna a favor de dicha alegación y con prueba en contra.

La corte inferior dijo en la opinión escrita para fundar su sentencia que el demandado Abelardo Morales estimó que siendo los tres menores de edad hijos 'naturales de Melitón Morales debía eorresponderles alguna participación en la finca y que por eso aprovechó la oportunidad del supuesto título a su favor para dividirla y entregar una parte a cada uno de ellos, conservando cinco cuerdas para Alejandrina Morales y reservándose cuatro cuerdas, creyendo que así fa-cilitaba la verdadera repartición y división transmitiendo él directamente a los interesados, bajo color de compraventa, la participación que en su opinión correspondía a cada uno. Y agregó la corte, esto produjo la confusión que existe en la mente de las demandantes al alegar en el hecho sexto de su demanda una confabulación que nunca existió entre los her-manos Morales, y que no pudieron probar las actoras. En esto se fundaron los apelantes para sostener su segundo mo-tivo de error. Sin embargo, la corte también dijo a conti-nuación que Abelardo Morales, demandado, con sus propios actos y admisiones puso de relieve que la venta formalizada en escritura pública de 10 de julio de 1913 de la finca Sabana Hoyo era simulada. Así, pues, la corte inferior declaró ter-minantemente la simulación de la venta de Melitón a Abe-lardo y lo único que hizo fué estimar que no hubo confabu-lación para quedarse Abelardo con la finca, como lo demos-traron sus actos de dividirla y de entregar porciones como él estimaba ser justo. La simulación de la venta declarada por la corte aparece de la prueba que fué presentada, siendo la única evidencia en contrario la escritura de venta que la corte declaró simulada, por lo que no existe el error alegado en segundo término.

El tercero es porque la acción de las demandantes no fué declarada prescrita de acuerdo con los artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

Esos preceptos legales se refieren a que el dominio y de-más derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título, y a quién se considera ausente. La corte inferior no hizo aplicación de ellos a este caso porque la posesión de los demandados no ha sido con buena fe y justo título, y la parte apelante se limita a decir que la argumentación del error anterior sostiene el de ahora, p.-ro ya hemos visto que el demandado Morales tenía la ñuca si-muladamente. Con respecto a los otros demandados la corte inferior dijo: “Los otros demandados ocupan la misma po-sición de Abelardo Morales, pues no ignoraban que éste ca-recía de un título justo, y aun cuando Basilisa Soto declaró que ella pagó a Morales el importe de esas parcelas, no es posible dar crédito a estas manifestaciones pues ella no iba a pagar lo que a sus hijos pudiera corresponderles a virtud de un derecho hereditario, aunque la corte se explica benévo-lamente esa actitud de una madre qne en alguna forma desea asegurar un título de propiedad a sus hijos.” Por lo ex-puesto no existe el error alegado.

El cuarto y último fundamento de la apelación dice que la corte inferior cometió error al considerar válida en parte y nula en otra parte la venta efectuada por Melitón Morales a favor de Abelardo Morales.

Ni en la sentencia ni en la opinión de la corte para fun-darla hay declaración alguna de que la venta de la finca de 19% cuerdas sea nula en parte y válida en otra parte, como dicen los apelantes. Por el contrario, lo que existe en la opinión es la declaración precisa de que tal venta era simu-lada,; y en la sentencia, que la finca objeto de este pleito no es de la propiedad única y exclusiva de los demandados sino que corresponde a la sucesión de Melitón Morales.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Antonio Vivaldi Pacheco, demandante y apelado, v. Mariano Antonio, Joaquina Gertrudis y Juan Evangelista Rosauro Quijano, demandados y apelantes.
    No. 5452.

    Sometido: Mayo 1, 1931.

      Resuelto: Julio 15, 1932.

      E. Báez Garda, abogado de los apelantes; P. Fajardo Martínez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Vivaldi Pacheco compró por escritura pública de 1925 a los hermanos Mariano Antonio, Joaquina Gertrudis y Juan Evangelista Rosauro, todos de apellido Quijano, los condominios indivisos que ppr tres cuartas partes tenían en una casa con solar en el barrio Candelaria de-Mayagüez por precio de $500 para cada uno, que los vendedores confesaron haber recibido antes de dicho acto, en cuya casa tenía Nor-berta Castillo un usufructo como viuda de Ramón T. Quijano. El mismo día de esa escritura se otorgó un documento pri-vado en el que Vivaldi reconoció no haber entregado el precio de esa compra; que el precio de ella es de $625 para cada uno de los tres condueños; que esa cantidad la entregaría cuando se arreglara la cuestión del usufructo de Norberta Castillo y la titulación de la finca; que se comprometía a adelantar el dinero necesario para la titulación e inscripción en el registro de la propiedad; y que si el asunto llegaba a feliz término entregaría el precio descontando las cantidades que hubiera adelantado y que en caso contrario estaba dis-puesto a devolver los condominios a los vendedores previo el abono del dinero que les hubiera entregado. Cerca de cuatro años después Vivaldi demandó a los expresados tres hermanos alegando los hechos referidos y que había entre-gado a sus vendedores la cantidad de $552 integrada por las diversas partidas que especificó, una de las cuales es de $250 entregados a Joaquina Gertrudis el 12 de diciembre de 1925; y solicitó de la corte que los condenase a cumplir su contrato de venta o en su defecto a pagarle los $552 que les había en-tregado con sus intereses legales y las costas. En vista de esa demanda los demandados presentaron en la corte una proposición de transacción por la que estaban dispuestos a pagar la cantidad de $401 y no habiendo sido aceptada por el demandante continuó el pleito sn curso en vista de esa dife-rencia de $151.

Los demandados contestaron aceptando todos los hechos substanciales de la demanda, negando algunas de las entre-gas de dinero alegadas, que dejaban un balance en su contra de $401, y alegando como defensa que desde que el deman-dante pagó en 12 de diciembre de 1925 a la condueña y de-mandada Joaquina Gertrudis la cantidad de $250 de su con-dominio recibió las rentas de ese condominio consistentes en $8 mensuales de los alquileres que la casa produce, los que debe devolver.

En el juicio se probó que el demandante había estado re-cibiendo las rentas de ese condominio, aunque según él se le debían algunas, y los demandados probaron con los recibos que presentaron de Vivaldi que éste ha recibido por ese con-cepto la cantidad de $118.57.

La corte de distrito estimó que la prueba no era suficiente para condenar a los demandados al cumplimiento de su con-trato de venta pero sí para la rescisión de él, encontrando probadas las partidas de dinero reclamadas por el deman-dante excepto una de $50 por honorarios de abogado para una declaratoria de herederos de la que sólo había entregado Vivaldi $10 por lo que rebajó la diferencia de $40 de los $552 reclamados y condenó a los demandados a pagar al deman-dante la cantidad de $512, intereses legales y costas, contra cuya sentencia interpusieron los demandados este recurso de apelación.

Nada alegan los apelantes contra las partidas de dinero que integran la condena de pagar $512 pues su recurso se funda en otros motivos.

El primero de los aducidos es que la corte sentenciadora cometió error al no resolver que los demandados tenían derecho a recobrar del demandante las sumas de dinero que recibió por alquileres de la casa que pertenecía a los demandados.

Al tratar el Código Civil de la rescisión de los contratos declara en su artículo 1262 que la rescisión obliga a la devolu-ción de las cosas que fueron objeto del contrato con sus fru-tos y del precio con sus intereses. Como consecuencia de ese precepto de nuestra ley y de la rescisión decretada en este caso los demandados deben devolver al demandante los $512 que de él recibieron en consideración a la venta rescindida con sus intereses legales, en cuya suma están incluidos los $250 que Joaquina Gertrudis Quijano recibió como condueña de uno de los condominios vendidos, y el demandante debe devolver dichos condominios a los demandados con los frutos producidos, que son los alquileres de la casa correspondien-tes a uno de esos condominios, probados en cantidad de $118.57. No lo dispuso así la corte sentenciadora y en esto cometió el error alegado en primer término.

El segundo motivo de error está relacionado con el pri-mero pues se refiere a no haber tomado en consideración la corte inferior los recibos firmados y aceptados por el deman-dante creditivos de haber percibido alquileres de la casa. No tenemos que tratarlo especialmente porque antes hemos de-clarado que el demandante recibió cantidades por alquileres correspondientes a uno de los condominios y el montante pro-bado de ellos.

Se alega por los apelantes en su tercer motivo, que fué error de la corte no dictar sentencia por la cantidad de $401 o por cualquiera otra menor y haberla dictado por una suma mayor.

La sentencia fué propiamente dictada condenando al pago de los $512 por ser la cantidad realmente debida por los demandados y que deben devolver al demandante; y el único defecto de ella es no haber declarado que se probaron $118.57 recibidos por el demandante como frutos, que debe devolver con los condominios que le fueron vendidos. No es que la condena debió ser por $393.43, que es la diferencia entre los $512 entregados y los $118.57 que el demandante recibió como frutos, como dicen los apelantes, aunque de hecho así resultará al hacerse la devolución de la cosa con sus frutos y del dinero recibido con sus intereses. No creemos que la condena debió ser inferior a $512.

El cuarto motivo de error se funda en haber sido conde-nados los demandados a pagar intereses legales por las par-tidas de dinero que el demandante entregó a los demandados. Es claramente insostenible, pues habiendo sido hechas esas entregas a cuenta del precio de los condominios, al rescin-dirse el contrato entre las partes deben los demandados de-volver la parte del precio recibida con sus intereses legales por disponerlo así el artículo 1262 citado antes.

El último error alegado es por la condena de pagar las costas.

No creemos que haya error en la condena de costas pues aunque los demandados ofrecieron pagar $401 negando la cer-teza de varias partidas de la suma reclamada, sin embargo, se probó que debían al demandante $512: porque aunque en la demanda se pedía el cumplimiento del contrato de venta, también se solicitó que si esto no podía ser se ordenase la devolución del dinero entregado con sus intereses legales, lo que equivale a la rescisión del contrato, bajo cuyo aspecto fué celebrado el juicio y dictada la sentencia; y porque negando deber intereses legales de esa cantidad por precepto expreso de la ley tienen que pagar tales intereses como consecuencia de la rescisión.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser modificada en el sentido de declarar que él demandante ha recibido $118.57 como frutos del condominio de Joaquina Gertrudis Quijano y que di recibir el demandante la cantidad de $512 y sus intere-ses legales debe traspasar los condominios a los demandados con la cantidad que por frutos ha recibido; y así modificada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Quintana Racing Park, Inc., peticionaria y apelante, v. Comisión Hípica Insular de P. R. y sus miembros J. F. Richardson, Antonio Arroyo, Pedro Juan Barbosa, Enrique Gatell y José Dávila Ricci, demandados y apelados.
    No. 5822.

    Sometido: Junio 22, 1932.

      Resuelto: Julio 15, 1932.

      M. A. Martínez Dávila, abogado de la apelante; J. Martínez D’ávila, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por la Quintana Racing Park, Inc., contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de 25 de agosto de 1931 que declaró no haber lugar a expedir el auto de injunction que la apelante le pidió que expidiera contra la Comisión Plípiea Insular, a fin de que dicha Comisión no hiciera efectiva cierta multa que había impuesto a la apelante.

Los hechos se exponen con claridad y el derecho se aplica razonadamente en la relación del caso y opinión de la corte de distrito. Siendo ello así, nos parece apropiado transcri-birla. Dice: de dicho hipódromo, en violación del art. 144 del Reglamento de la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico destruyó los cuadros y pa-peletas usados en el juego de pool correspondientes a las carreras ce-lebradas en dicha fecha antes de expirar el término de sesenta días prescrito en el art. 144 del Reglamento antes citado.

“El día 12 de abril del 1931 se celebraron carreras en el hipó-dromo Quintana y la corporación Quintana Racing Park, Inc., dueña.
“El artículo 144 del Reglamento de la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico dispone lo siguiente:
“ ‘Art. 144. La Corporación, sociedad o dueño del hipódromo deberá guardar bajo llave durante un período mínimo de sesenta días los cuadros y papeletas que no resultaren premiados, conservándolos en el mismo estado en que se extrajeron de las urnas en el día en que se verificó el escrutinio.’
“Con fecha anterior al 26 de mayo de 1931, la Comisión Hípica Insular de Pto. Rico requirió a Quintana Racing Park Inc. para que expusiera razones poí las cuales no debía ser castigada por violación del art. antes citado y el día 26 de mayo compareció la ahora de-mandante y luego de exponer las razones que estimó procedentes, la Comisión le impuso una multa de $1,000. Con fecha 30 del mismo mes la ahora demandante solicitó reconsideración de dicha resolución y celebrada la vista de su moción ante la Comisión demandada, ésta reconsideró su resolución y dictó otra en 15 de junio último, impo-niéndole a la demandante una multa de $200.00, en vez de $1,000.00 que antes le había impuesto, resolución que fué notificada a la ahora demandante con fecha 16 de junio último.
“La demandante, Quintana Racing Park Inc., ha radicado ante esta Corte una solicitud de Injunction para impedir que la Comisión demandada realice el cobro de la referida multa o ejecute su reso-lución de 15 de junio último por la que le impuso la multa de $200 de que antes se ha hecho referencia y como fundamento de su solici-tud de Injunction alega que el art. 144 del Reglamento antes citado es nulo por carecer la Comisión de facultades para dictar reglas sobre materias que no se relacionen con la celebración de carreras de caballos en el hipódromo el día de las carreras.
“La Comisión Hípica contestó la demanda por la que virtual-mente acepta los hechos alegados en la misma, pero sostiene que el art. 144 de su Reglamento es válido y que tiene facultades para dictar Reglamentos sobre la materia en cuestión.
“La parte demandante funda su contención en que el art. 4 de la ley hípica aprobada en 1925, dice así:
“ ‘La Comisión Hípica Insular estará facultada para prescribir las reglas y condiciones por las cuales deba regirse la celebración de carreras en Puerto Rico, incluyendo todo aquello que se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas en las bancas ale-manas y pools, y todo lo que se relacione con la inscripción de ca-ballos en el studio oh.’
“ ‘Se faculta además a la Comisión Hípica Insular para imponer aquellas correcciones que creyere convenientes por infracciones de su reglamento sobre carreras de caballos.’
“Y alega la demandante que dicho art. 4 que vino a ser el 5 de la Ley Hípica de 1927 eliminó del art. 4 antes citado la frase:
“ ‘Incluyendo todo aquello que se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas en las bancas alemanas y pools.’
“Quedando el art. 5 de la Ley de 1927 redactado en la forma siguiente:
“ ‘La Comisión Hípica Insular estará facultada para prescribir el Reglamento por el cual deberá regirse la celebración de carreras en los hipódromos y será puesto en vigor previa aprobación del Go-bernador de Puerto Rico,' y sin perjuicio de que sea revisado o re-vocado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
“ ‘La Comisión Hípica Insular dictará reglas para regular los contratos entre los dueños de caballos y jockeys.’
“Esta modificación del art. 4 de la Ley de 1925 la interpreta la demandante en el sentido de que la Comisión Hípica Insular carece ahora de facultades par^a dictar reglamentos sobre todo aquello que no se refiera a la celebración de carreras en los hipódromos el día de las carreras.
“No estamos conformes con la interpretación que da la deman-dante a dicho art. 5 de la Ley Hípica, pues si alguna duda hubiere sobre las facultades que para dictar reglas sobre la materia tiene la Comisión Hípica, esta duda se desvanece tan pronto se examina la sección 49 de la Ley Hípica de 1927, que dice así:
■ “ ‘Art. 49. Todos los establecimientos para la conservación y explotación del negocio de venta de billetes de apuestas en la forma conocida por pool, bancas alemanas o pari-mutuel y la formación de libros de apuestas cuyo funcionamiento es permitido por las dispo-siciones de esta ley, estarán abiertos en todo tiempo a la inspección de la Comisión Hípica Insular; cualquier transacción que en rela-ción con las mismas no fuere efectuada de acuerdo con los reglamen-tos promulgados por la Comisión Hípica Insular, será ilegal y será prohibida por dicha Comisión, y establecida la culpabilidad de la persona responsable de dicha transacción ante un tribunal compe-tente, los utensilios utilizados en relación con la misma serán confis-cados y destruidos por orden de la Corte.’
“En relación con esta cuestión es conveniente tener en cuenta las disposiciones de los arts. 17 y 18 del Código Civil que dicen así:
“ ‘Art. 17. Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo1 las mías a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos puede ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro.
“ ‘Art. 18. El medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella o la causa o motivo que indu-jeron al poder legislativo a dictarla.’
“Del art. 49 antes citado aparece claramente que los estableci-mientos para la conservación y explotación del negocio de venta de-billetes de apuestas, bancas alemanas, etc., estarán abiertos en todo tiempo a la inspección de la Comisión Hípica Insular y aparece tam-bién claramente la facultad concedida a la Comisión para dictar re-glamentos sobre la materia cuando dice:
“ ‘Cualquier transacción que en relación con las mismas no fuere efectuada de acuerdo con los reglamentos promulgados por la Comi-sión Hípica Insular será ilegal y será prohibida por dicha comi-sión, etc.’.
“De modo que si la Comisión tiene el deber de'inspeccionar dichos establecimientos y puede legislar en relación con los mismos no hay duda alguna que para cumplir los deberes que se le imponen tiene derecho de exigir que los billetes de apuestas y cuadros se con-serven sin destruirse por un término de sesenta días, de modo que la Comisión dentro de dicho término pueda verificar cualquier ins-pección que fuere necesaria en relación con dichos documentos. Es éste un medio razonable que tiene la Comisión para poder llevar a efecto y cumplir debidamente el deber que le impuso el art. 49 de la Ley Hípica Insular.
“En cuanto a la facultad de la Comisión para imponer correc-ciones y castigos por infracciones de su reglamento, expresamente le concede tal facultad al art. 6 de la Ley Hípica Insular.”

Invoca el apelante para sostener la ausencia de facultades de la Comisión, la actuación de la Legislatura eliminando de la sección 4, las palabras a que se- refiere la propia corte sentenciadora, y la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Porto Rico Racing Corp. v. Comisión Hípica, 38 D.P.R. 280, que contiene una historia completa de las leyes sobre ca-rreras de caballos en esta Isla y un detenido estudio de los poderes de la Comisión, y que llega a la siguiente conclusión:

“Dos tendencias paralelas pueden notarse más o menos claramente en las leyes sucesivas que antes hemos mencionado. La primera, y tal vez la más obvia de las dos, es la creciente disposición de regula-rizar y reglamentar directa y detalladamente el negocio de hipódro-mos por medio de disposiciones estatutarias específicas que cubren el más mínimo aspecto del negocio. La segunda y concomitante fase de esa proposición general en la política legislativa es una inclina-ción aparente de cercenar las facultades de la Comisión Hípica Insular.”

• Si no existiera en la ley el artículo 49, quizá tendría razón el apelante. Habiendo en consideración lo eliminado de la sección 4 a la luz de las tendencias notadas en la opinión de esta corte en el caso que acaba de citarse, habría que resolver que la Legislatura había cercenado en la ley de 1927 la fa-cultad que antes otorgara a la Comisión sobre la materia.

Pero la propia Legislatura impuso a la Comisión el deber de inspeccionar todos los establecimientos para la conserva-ción y explotación del negocio de venta de billetes de apues-tas y expresamente ordenó que dichos establecimientos esta-rían abiertos en lodo tiempo a dicha inspección. E hizo más, dispuso que cualquier transacción que en relación con las apuestas fuere efectuada en dichos establecimientos en contra-vención a los reglamentos promulgados por la Comisión, sería ilegal. No importa que en la propia sección 39 dijera quo la culpabilidad de la persona responsable se establecería ante un tribunal competente. El precepto reglamentario de que se trata se dictó para poder cumplir la Comisión plenamente su deber de inspección y estar en condiciones de investigar y establecer la culpabilidad, si existiere, de cualquier persona que violara la ley o sus reglas de acuerdo con ella promul-gadas. El período fijado para la guarda de cuadros y pa-peletas premiados, parece razonable. La penalidad por la infracción de la regla independientemente de la penalidad que pudiera imponer la corte competente por la ilegalidad come-tida investigada por la Comisión y por ella establecida ante la corte, está autorizada por la sección 6 de la ley de 1927.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Isabel Buxeda Badía Vda. de Cestero y Santiago Buxeda Badía, demandantes y apelantes, v. Remigio Martínez Badía, José Martínez Rodríguez, Miguel y Teresa Buxeda Badía y Central Cambalache, Inc., demandados y apelados.
    No. 5798.

    Sometido: Junio 9, 1932.

      Resuelto: Julio 15, 1932.

      Isaías M. Crespo y Ulpiano Crespo Jr., abogados de los apelantes, Leopoldo Feliú, abogado de la Central Cambalache, apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Isabel Buxeda Badía, viuda de Cestero, y Santiago Bn-xeda Badía presentaron demanda ante la Corte de Distrito de Areeibo solicitando la nulidad de un testamento otorgado por Camila Badía Buxeda en 1ro. de septiembre de 1917. Se alega en la demanda que Camila Badía Buxeda cuando otorgó el mencionado testamento, se encontraba en completo estado de imbecilidad y enajenación mental y que dicho testamento fué hecho obedeciendo a instrucciones del demandado Be-migio Martínez Badía, quien tenía absoluto dominio sobre la persona de la testadora. Para justificar su carácter de he-rederos, en caso de que el testamento se declare nulo, los demandantes alegan que Camila Badía Buxeda falleció en Arecibo el día 2 de marzo de 1918 y que son sus únicos y universales herederos sus sobrinos aquí demandados, Miguel y Teresa Buxeda Badía y Bemigio Martínez Badía, y los de-mandantes Santiago e Isabel Buxeda, - quienes componen la sucesión legítima de la'citada Camila Badía Buxeda.

Se alega además en la demanda que en virtud del testa-mento así otorgado, el demandado Bemigio Martínez Badía se incautó, a título de heredero, de dos fincas que se descri-ben en la demanda y que del pleito civil No. 11070, seguido por Miguel y Teresa Buxeda Badía contra Bemigio Martínez Badía y otros, sobre nulidad de testamento otorgado por la referida Camila Badía Buxeda, pleito que se radicó ante la Corte de Distrito de Arecibo en 29 de octubre de 1918, fue tomada razón debidamente, por anotación al margen de las fincas descritas, en el registro de la propiedad de Arecibo a los folios 217 y 224 de los tomos 95 y 89 de Arecibo, el día 8 de noviembre de 1918.

La demandada Central Cambalache excepcionó la de-manda, alegando que no se aducen hechos suficientes para de-terminar una causa de acción en cuanto a la demandada y que dicha demanda es ambigua, ininteligible o dudosa.

La Corte de Distrito de Arecibo declaró con lugar ambas excepciones, basándose en que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y además en que es ambigua y dudosa, concediendo a los demandantes diez días para enmendar dicha demanda. Los demandantes soli-citaron la reconsideración de la resolución de la corte y pi-dieron que en caso de que dicha reconsideración fuese ne-gacla, se dictase sentencia para poder establecer el correspon-diente recurso de apelación ante este tribunal. La corte inferior dictó sentencia declarando sin Ingar la demanda, sin especial condenación de costas. De esta sentencia apelaron los demandantes, quienes atribuyen a la corte inferior los si-guientes errores:

Primero: Erró el tribunal inferior al declarar que la demanda adolece de falta de causa de acción en cuanto a la demandada Central Cambalache.

Segundo: Erró la corte al declarar que la demanda es ambigua, y dudosa.

La alegación única de que los demandantes y dos de los demandados son los únicos y universales herederos de la testadora es una conclusión legal que no basta por sí sola para determinar el carácter de herederos de los demandantes, especialmente en este caso en que no se dice que Camila Badía Buxeda falleciera sin dejar descendientes o ascendientes y en que no se alega el grado de parentesco existente entre los demandantes y la referida testadora. Aun asumiendo que los referidos demandantes son sobrinos de la Sra. Camila Badía Buxeda, lo que no aparece claro de la demanda, este grado de parentesco no sería bastante para considerarlos como partes interesadas, por las razones expuestas y porque no se alega que los padres de los demandantes hayan muerto, para que sus hijos, en el supuesto de que estos demandantes sean sobrinos de la testadora, pudiesen heredar en representación de sus padres.

No surgiendo de la demanda que los demandantes ten-gan interés en este litigio, es claro y evidente que la demanda no aduce hechos para establecer una causa de acción en su favor.

[2] En cuanto a la» alegación de litis pendencia», se alega en la demanda que la Central Cambalache, en 26 de septiembre de 1929, adquirió por cesión una hipoteca de $16,000 constituida a favor de Gertrudis Alvarez, y que dicha hipoteca fné debidamente inscrita sujeta al gravamen de litis penden- da existente en el registro de la propiedad. En 9 de sep-tiembre de 1919, seg’ún las alegaciones, la Central Cambala-che tomó en arrendamiento al demandado Remigio Martínez Badía las dos fincas descritas en la demanda. En 10 de no-viembre de 1919 Ernesto Fernando Schlüter cedió a la Central Cambalache nn crédito hipotecario existente sobre las dos fincas, y todas estas escrituras fueron inscritas en el re-gistro1 sujetas al mismo gravamen de litis pendencia. En 20 de septiembre de 1929 Remigio Martínez Badía adjudicó en pago de deuda a la Central Cambalache las mencionadas dos fincas, quedando afectas al gravamen del aviso de demanda interpuesta por Miguel y Teresa Buxeda Badía contra Remi-gio Martínez Badía.

Estas son substancialmente las alegaciones de la demanda en cuanto a la nota de lis pendens tomada en el registro de la propiedad en 8 de noviembre de 1918. No aparece de las alegaciones que los demandantes en este caso, Isabel Buxeda Badía viuda de Cestero y Santiago Buxeda Badía, fueran partes en el pleito civil No. 11070 seguido por Miguel y Teresa Buxeda Badía contra Remigio Martínez y otros. Los demandantes en dicho caso aparecen incluidos como deman-dados en la presente acción. No surge de las alegaciones el interés que los ahora demandantes hayan podido tener en la acción promovida en la Corte de Distrito de Arecibo en 29 de octubre de 1918. Si Miguel y T.eresa Buxeda Badía fueron los únicos demandantes, los que tomaron la iniciativa y promovieron aquella acción, a ellos incumbe exclusivamente continuar o desistir de aquel pleito, y en la demanda no se dice si ese pleito fué continuado o desistido, si se procedió con la debida diligencia y si se llegó o no a una decisión final. La demanda no dice en ninguna de sus alegaciones en qué estado se encuentra este pleito ni se explican las razones por que se ha promovido esta nueva acción, si es que en realidad se trata de acciones idénticas. Tampoco sabemos las causas to que se basa el pleito que fué objeto de la anotación de litis pendencia. Se dice únicamente en la demanda que fué aqué-lia una acción sobre nulidad de testamento otorgado por Ca-mila Badía Buxeda; pero la incapacidad para testar no es la única causa que puede determinar la nulidad de un testa-mento. La anotación de lis pendens únicamente puede cu-brir las causas alegadas en el pleito que aparece anotado en el registró de la propiedad. La presente acción se basa en la incapacidad mental de Camila Badía Buxeda para testar. La acción anteriormente iniciada ha podido también basarse en esta causa, pero nosotros no lo sabemos, porque no surge de las alegaciones de la demanda.

La corte inferior resolvió que la demanda es ambigua y dudosa, y, aunque la ambigüedad surge de la alegación de litis pendencia es evidente que hay también falta de hechos para aducir una causa de acción contra la demandada Central Cambalache, porque si se dictara sentencia sobre las alega-ciones no se podría condenar a la demandada apelada, que compró sujeta únicamente a la anotación de litis pendencia de un pleito cuyas causas de nulidad no se alegan en la de-manda y que no aparece relacionado con la presente acción.

El abogado de la Central Cambalache, en un cuidadoso alegato, plantéa la cuestión de que la anotación de lis pendens ha quedado extinguida por ministerio de la ley; pero nosotros no podemos entrar a considerar esta cuestión porque no surge de las alegaciones de la demanda la suerte que ha corrido el pleito anterior y la relación que puede tener ese pleito con la acción ahora entablada. Si dicho pleito continúa o no pendiente, si se desistió o se resolvió en sus méritos, si se tomó o no alguna acción con respecto a la anotación de litis pendencia y si se prosiguió o no con la debida diligencia, son cosas que ignoramos y que nos impiden considerar los méritos de la cuestión que plantea la demandada Central Cambalache por conducto de su abogado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    José González Reyes y Juana Reyes Torres, demandantes y apelantes v. Manuel González Reyes y Ernesto Fernando Schlüter, demandados y apelados.
    No. 5790.

    Sometido: Junio 22, 1932.

      Resuelto: Julio 15, 1932.

      F. Ramírez de Arellano, ahogado de los apelantes; E. Campos del Toro, ahogado del apelado Sr. Schlüter.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 6 de mayo de 1930 los demandantes radicaron una de-manda contra los demandados, acumulando en la misma dos causas de acción.

En la primera causa de acción se alega que los deman-dantes apelantes, en unión de otros hermanos, vendieron a Manuel González Eeyes una finca de cincuenta cuerdas que se describe en la demanda, siendo esta venta nula en cuanto se refiere a la participación de José González Eeyes y María Eita González Eeyes, porque éstos eran menores de edad cuando se llevó a cabo dicha venta sin haberse practicado el correspondiente expediente de autorización judicial.

Esta finca, según las alegaciones, fué rematada y adjudi-cada al demandado Ernesto Fernando 'Schlüter en pleito se-guido contra Manuel González Eeyes. Después de radicada la demanda original, los demandantes enmendaron en dos ocasiones la referida demanda, sin obtener permiso de la corte para radicar la última demanda enmendada.

En la demanda original se alegó que en la finca de 50 cuerdas y en la colindancia oeste con la carretera Central, la demandante Juana Eeyes Torres había edificado con su pro-pio peculio una casa de cemento. Se alegó también que la mencionada demandante Juana Eeyes Torres había sido des-poseída de dicha casa y amenazada de lanzamiento dentro de un término perentorio de quince días a partir del Io. de mayo de 1930.

En la demanda original y en la primera demanda enmen-dada se alegó que la referida casa fué fabricada por la suso-dicha demandante antes de la venta hecha a Manuel Gon-zález Eeyes. En la segunda demanda enmendada se alega que dicha casa fué construida con posterioridad a la venta hecha a Manuel González Eeyes, que la misma se edificó en una pequeña finca compuesta de tres cuerdas noventa centé-simas, colindante por el norte con la finca de 50 cuerdas que se describe en la demanda, y que por error en el procedí-miento de embargo y remate seguido por Ernesto Fernando Schiüter se incluyó dicha casa y predio de tres cuerdas cin-cuenta céntimos en la mencionada finca de 50 cuerdas. Se añade que se pretende desposeer a dicha demandante Juana Eeyes Torres de la casa y predio de terreno de 3 cuerdas 90 céntimos, habiendo sido amenazada de lanzamiento dentro de un término perentorio. La demandante Juana Eeyes Torres comparece como heredera de María Eita González Eeyes, quien según se alega en la demanda murió siendo soltera en 5 de marzo de 1926.

En la última demanda enmendada se solicita la nulidad de los títulos obtenidos sobre la finca de 50 cuerdas por los de-mandados Manuel González Eeyes y Ernesto Fernando Schiüter, y asimismo se pide que se entregue a la demandante Juana Eeyes ÍTorres la finca de tres cuerdas noventa centé-simas, así como la casa de cemento en dicha finca construida. El demandado Ernesto Fernando Schiüter presentó una ex-cepción previa a la demanda por indebida acumulación de ac-ciones, alegando que en la primera causa de acción se ejer-cita la acción de nulidad de título relacionada con una finca de 50 cuerdas y en la segunda causa de acción se pide que se excluya de cierto remate una finca de 3 cuerdas 90 cén-timos y una casa que fueron incluidas erróneamente en la su-basta que tuvo lugar al adjudicarse al demandado Schiüter las 50 cuerdas referidas. También presentó el demandado una moción solicitando que la segunda causa de acción fuese eliminada de la demanda. Esta moción para eliminar se basa en que en la segunda causa de acción se varía comple-tamente la causa de acción expuesta en la demanda original y primera demanda enmendada, consistiendo dicha variación o alteración en que en la última demanda se alega que la casa en cuestión no fué construida en el predio de 50 cuerdas per-teneciente al demandado Schiüter sino en otro predio de 3 cuerdas 90 céntimos que colinda con dicha finca, alegándose además que dicha propiedad no fué construida antes de ser vendida la finca a Manuel Martínez Eeyes sino con posterio-i'idad a dicha venta. Entiende el demandado que en esta úl-tima demanda se incluyó una nueva cansa de acción que no guarda ni tiene relación alguna con la primera causa de ac-ción que se ejercita en la demanda.

La corte inferior declaró con lugar la moción eliminatoria basándose, en que la segunda causa de acción que se alega en la demanda constituye una nueva, y distinta causa de acción que no es alegada ni en la demanda original ni en la pri-mera demanda enmendada, concediendo un término de diez días a los demandantes para enmendar nuevamente su de-manda.

Los demandantes solicitaron que la corte dictara senten-cia final para poder entablar el correspondiente recurso de apelación. De acuerdo con esta solicitud la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda, ordenando el ar-chivo del caso e imponiendo las costas a los demandantes, quienes apelaron de la sentencia y han radicado un alégalo ante esta corte, atribuyendo a la corte inferior los siguientes errores:

“La Corte erró al eliminar la segunda causa de acción de la se-gunda demanda enmendada por considerar que dicha enmienda cons-tituía una nueva y distinta causa de acción que no fué alegada ni en la demanda original ni en la primera demanda enmendada.
“Erró también la Corte al ordenar la eliminación de toda la de-manda, desestimándola, y ordenando el archivo del caso, e imponiendo las costas del procedimiento a los demandantes.”

Al enmendar por primera vez la demanda sin permiso de la corte, los demandantes hicieron uso de un derecho que les reconoce el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil. Cualquier alegación puede ser enmendada por primera vez sin que se solicite y obtenga permiso de la corte. Este derecho, del cual no puede privarse a las partes, es igual al que les asiste para presentar sus alegaciones originales. Es un derecho que debe ser ejercitado dentro del tiempo y en la forma especificada en el código, siendo muy distinto del derecho a enmendar permitido a las partes por el tribunal competente. Spooner v. Cady, (Cal. March 15, 1894) 36 Pac. Rep. 104. El derecho a enmendar, nna vez ejercitado, deja de existir y todas las enmiendas posteriores dependen del ejercicio de nna sana discreción por parte del tribunal. Tripp v. Yankton, 10 S. D. 516, 74 N. W. 447. La palabra predominante en el artículo del Código es la palabra “once” (una vez). Esta palabra define y limita la extensión del pri-vilegio para enmendar sin permiso de la corte. Una parte puede enmendar sus alegaciones como cuestión de derecho una vez, y solamente una vez. Si se desea presentar nna nueva enmienda debe solicitarse la correspondiente autorización. Orlick v. National Carbon Co., 176 App. Div. 600, 163 N.Y.S. 768.

Las cortes lian sido siempre muy liberales en permitir enmiendas a las alegaciones con el propósito de impartir jus-ticia entre los litigantes 3^ decidir controversias en sus mé-ritos. Las disposiciones de los estatutos, especialmente aqué-llas contenidas en los códigos de los estados que fian adoptado el sistema reformado de procedimiento, son similares, aunque difieren en algunos detalles.

El demandado Ernesto Fernando Schlüter pudo haber so-licitado la eliminación de la segunda demanda enmendada por haber sido presentada sin autorización de la corte, pero como su moción se limitó a alegar que se había aducido una nueva causa de acción, y la resolución de la corte se basó en este extremo, pasamos a considerar esta cuestión.

Son numerosas las decisiones de las cortes sobre la admisión o no admisión de enmiendas que cambien la causa de acción o que introduzcan una nueva causa de ac-ción. Las cortes no se manifiestan de completo acuerdo y se han emitido opiniones que están realmente en conflicto. Dice Pomeroy en su obra “Code Bemedies”, sección 566, cuarta edición:

“Al dar una interpretación práctica a las cláusulas de los códigos ha surgido un conflicto en las decisiones emitidas por los tribunales de los distintos estados, y a veces entre las emitidas por las del mismo estado, que es de todo punto imposible armonizar. Una clase de ca-sos ha establecido la regla, prevaleciente en ciertos estados, de que en todas las enmiendas voluntarias que una parte puede hacer como cuestión de derecho en sus propias alegaciones, así como en todas las enmiendas anteriores al juicio para efectuar las cuales la parte acude a la corte, incluyendo las dictadas necesariamente al declararse con lugar una excepción previa a la demanda, no se puede, bajo el nombre de enmienda, alterar la naturaleza y alcance del procedi-miento iniciado; tampoco puede el demandante substituir una causa de acción enteramente distinta por la que trató de aducir en su de-manda original. Otra clase de casos establece una regla muy dis-tinta. Una cuidadosa opinión emitida por la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York, que revoca una serie de decisiones que se pronunciaban en sentido contrario y que habían sido dictadas por tribunales inferiores en dicho estado, ha establecido que una de-manda puede ser enmendada voluntariamente como cuestión de dere-cho, substituyendo una causa de acción enteramente distinta por la originalmente presentada, siempre que el emplazamiento continúe siendo adecuado. No es necesario que la nueva causa de acción sea de la misma naturaleza o clase general que la archivada primera-mente; sino que- el demandante pueda, omitiendo una causa de ac-ción, substituir en su lugar otra de clase y naturaleza enteramente distinta, siempre que el cambio no exija una alteración del emplaza-miento. También se ha resuelto que una regla similar es aplicable a las contestaciones y defensas en ellas contenidas. En algunos es-tados se ha hecho extensiva esta interpretación liberal del código a aquellas enmiendas que exigen que el consentimiento de la corte sea dado mediante una moción, y se ha establecido también la regla de que aún en esa clase la causa de acción o defensa pueden ser alte-radas en su totalidad.”

La Corte Suprema de California, en el caso de Frost v. Witter, 132 Cal. 421, 64 Pac. Rep. 705, acepta la doctrina de qne nna completa y diferente cansa de acción no debe ser ad-mitida; pero dice qne la forma ilimitada en qne la regla se aplica en algunos casos no puede ser aceptada. Para mayor claridad copiamos parte de lo qne dice dicta corte después de citar varios casos en qne las enmiendas fueron admitidas:

“En otros estados las decisiones están en conflicto. Pom. Bern. & Bern. Bights, par. 566. En una clase de casos, que quizá es la más numerosa, se ha establecido la regla, dice el autor citado, de que una parte ‘no puede, bajo el nombre de enmienda, alterar la naturaleza y alcance de su acción;’ o, más bien, según agrega en el mismo capí-tulo, ‘no se puede substituir una causa de acción enteramente dis-tinta.’ Esta última, sin embargo, es una proposición de todo pün'.o diferente y es la forma en que generalmente se expone la regla, como por ejemplo en Shields v. Barrow, 17 How, 144, 15 L. Ed. 158, y en los casos de Alabama citados en la nota que aparece en el tomo 1ro. de Ene. Pl. & Prac., p. 463. Y es obvio que la forma sin restriccio-nes en que a veces se expone la regla — v.g., que una causa de acción nueva o distinta no puede introducirse mediante enmienda — no puede ser aceptada; pues la clase más común de enmiendas- es aquella en que se enmiendan las demandas que no aducen hechos suficientes para determinar una causa de acción, y en éstas, conforme ocurre frecuentemente cuando se adicionan nuevas partes, se introduce por primera vez una nueva causa de acción. Por tanto, todo lo que puede exigirse (usando las palabras del Sr. Pomeroy) es que no se presente ‘una causa de acción totalmente distinta;’ o, según dijo la corte en el caso de Shields v. Barrow, supra, ‘que el demandante no esté en libertad de abandonar toda la causa de acción presentada por su demanda y radicar una nueva por vía de enmienda’, o ‘de eliminar toda la substancia y súplica de su demanda e insertar una nueva causa de acción por vía de enmienda’; o según expresó esta corte en un caso antiguo, la enmienda no debe consistir en mateiüa ‘enteramente extraña a la demand'a original.’ Canal Co. v. Kidd, 28 Cal. 681. Por otra parte, bajo disposiciones estatutarias simila-res a las nuestras, la corte de apelaciones del estado de Nueva York ha repudiado enteramente la regla, y resuelto que es impertinente que la causa de acción aducida en la demanda enmendada sea o no nueva. Brown v. Leigh, 12 Abb. Prac. (N.S.) 193, y otros casos ci-tados; Pom. Rem. & Rem. Rights, pár. 566, pág. 649, nota 1. Nin-guna de las decisiones de este estado ha adoptado la regla expresa-mente, aunque la cuestión de que ha sido infringida se ha suscitado frecuentemente y ha sido denegada por motivos especiales, como, por ejemplo, que la enmienda no alteraba ‘materialmente’ la causa de acción (Louvall v. Gridley, 70 Cal. 510, 11 Pac. 777) ; o que la en-mienda no aducía una causa de acción ‘esencialmente’ distinta (Bogart v. Crosby, 91 Cal. 281, 27 Pac. 603); o que la materia no- era ‘enteramente extraña a la demanda original’, como en el caso de Canal Co. v. Kidd, supra. .Mas en ninguna de las decisiones se ha sentado la regla afirmativamente; y en el último- caso citado la corte rehusó considerar la cuestión de si una causa de acción distinta a la alegada originalmente, ‘o, hablando con más claridad, que original-mente-se trataba de alegar’, podía ser introducida mediante enmienda. Esto de conformidad con los casos citados más arriba, en cada uno de los cuales la causa de acción aducida en la demanda enmendada era más o menos bastante distinta a la original. Sin embargo, para los fines de este caso podría asumirse que la regla en su forma más liberal — según la han establecido los casos citados — ba sido tácita-mente reconocida y la cuestión a considerar será tomada como refe-rente sólo a su aplicación.”

En el caso de Martí v. Am. Railroad Co. 28 D.P.R. 737, esta corte cita varias autoridades que sostienen la doctrina de que no deben admitirse enmiendas’ que introduzcan una nueva causa de acción; pero en este oaso> la corte no tuvo necesidad de fijar su criterio sobre el alcance que debe darse a esta doctrina, porque se llegó a la conclusión de 'que no se trataba de una nueva, separada y distinta causa de acción. La doctrina sentada por la Corte Suprema de California es bastante liberal y amplia para que puedan realizarse los fines de la justicia, de acuerdo con la naturaleza del caso. Esta-blece esta doctrina' que cuando se trata de una causa de ac-ción completamente diferente, no debe admitirse la enmienda. Las cortes, en el ejercicio de una sana discreción, deben resolver cuándo deben rechazarse o admitirse estas enmiendas en bien de la justicia.

Examinemos abora las alegaciones originales y las en-miendas aj las mismas para ver si la segunda causa de acción últimamente alegada es o no completamente diferente a la alegada en la demanda original. Se dijo originalmente que la casa que reclama la demandante fue fabricada en la finca de 50 cuerdas que se describe en la demanda, y que dicha finca fué adjudicada a Ernesto Fernando Schliiter, quien apa-rece hoy como dueño absoluto de dicha finca. En la segunda demanda enmendada se alega que dicha casa se edificó en una finca de 3 cuerdas 90 centésimas que también se describe en la demanda y que colinda por el norte con la finca de 50 cuerdas, y que por error en el procedimiento de embargo y remate seguido por Ernesto Fernando Schlüter contra Manuel González Reyes se incluyó dicha casa y predio de 3 cuer-das 90 céntimos en el predio de 50'cuerdas. Se pide que se excluya de las ventas practicadas y del remate este pequeño predio de terreno y que se le entregue con la casa.en él fa-bricada a la demandante Juana Beyes Torres. Como se ve, de acuerdo con la demanda original, la obligación de Ernesto Fernando Sclilüter de devolver la casa o reconocer los dere-que a la misma alega la demandante, surge del acto de baber adquirido el dominio de las cincuenta cuerdas en virtud de un título cuya nulidad se alega. Abora, de acuerdo con la segunda demanda enmendada, la obligación de Scblüter surge de haberse incautado por equivocación de una finca comple-tamente distinta donde se dice fué fabricada la casa. En el primer caso Scblüter adquiere el dominio del inmueble donde se dijo fué fabricada la casa, en virtud de un título. En el segundo caso aparece incautándose por error de otra finca donde aliora se dice está enclavada la referida casa. La sú-plica no forma parte de la causa de acción. En Nueva York y Georgia se ha decidido, sin embargo, que cuando el litigante alega los hechos de tal modo que deja su intención en duda, la súplica puede servir para determinar1 la naturaleza de la acción. O’Brien v. Fitzgeral, 143 N. Y. 377, 38 N. E. 371; Steed v.Savage, 115 Ga. 97, 41 S. E. 272. En el presente caso la de-mandante Juana Beyes Torres alega que Ernesto Femando Scblüter se incautó por error del pequeño predio de 3 cuer-das 90 céntimos y pide que se le entregue este predio con la casa en él fabricada. Es indudable que se trata de una nueva y distinta causa de acción que requiere distinta prueba y que no afecta ni al codemandante José González Beyes ni al code-mandado Manuel González Beyes. Se trata de una reclama-ción que únicamente interesa a la demandante Juana Beyes Torres y en la cual no tiene ningún interés común con el otro demandante según se desprende de las alegaciones de la de-manda. No cometió error la corte inferior al eliminar la se-gunda causa de acción.

Alegan los demandantes que la corte a quo cometió error al desestimar la demanda y ordenar él archivo dél caso. La corte, al ordenar la eliminación de la segunda causa de acción, concedió a los demandantes diez días para enmendar-la demanda. Los demandantes presentaron moción a la corte diciendo que no intentaban enmendar las alegaciones y pi-dieron que se dictase sentencia final en el caso para poder apelar de dicta sentencia. La corte así lo tizo, pero los de-mandantes entienden que debió limitarse a dictar sentencia contra la segunda causa de acción, dejando en pie la primera. Una orden eliminatoria no es apelable, pero puede ser revi-sada en apelación de la sentencia final. La corte inferior no tizo otra cosa que acceder a los deseos de los demandantes para que la orden eliminatoria pudiese ser revisada. Si la sentencia de la corte se hubiese limitado a desestimar la se-gunda causa de acción, los demandantes habrían conseguido prácticamente la apelación de una orden que no está autori-zada por la ley y que únicamente puede ser revisada cuando se apela de la sentencia final en el pleito en que se dictó dicha orden.

Debe confirmarse la sentencia a/pelada.