author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Joaquín Díaz y Díaz, demandante y apelante, v. Francisco Delgado Negroni, casado con Rita Oppenheimer y Antonio Delgado Negroni, casado con Ruth E. Capple, demandados y apelados.
    No. 4115.

    Visto: Febrero 16, 1928.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelante; José Tous Soto, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de octubre de 1926, Joaquín Díaz entabló demanda de desahucio en la Corte de Distrito de Ponce contra Francisco y Antonio Delgado. Líos demandados excepeionaron la demanda. Sus excepciones fueron declaradas con lugar, y la corte, sin dar oportunidad al demandante para enmendar su alegación, dictó sentencia desestimando en todas sus partes la demanda. Pidió el demandante a la corte que reconsi-derara sn sentencia y le permitiera enmendar su demanda expresando la forma en que lo baria y 1a, corte negó su peti-ción. Entonces el demandante apeló para ante este Tribunal Supremo, señalando en su alegato la comisión de veintiún errores.

La demanda contiene tres causas de acción. En la pri-mera se alega como motivo para el desahucio el precario; en la segunda, la falta de pago, y en la tercera, el haber destinado las fincas arrendadas a usos no pactados.

Es tan claro que la tercera causa de acción no procede, que prescindiremos de referimos a ella a fin de no complicar demasiado esta opinión.., Aunque no puede afirmarse con tal seguridad lo mismo de la segunda causa de acción, sobre todo si se examina la enmienda propuesta, no nos referiremos a ella extensamente, limitándonos a indicar algo al final, ya que según la opinión que del caso fiemos formado, la sen-tencia apelada tendrá que revocarse porque la primera causa de acción aduce fiecfios suficientes sin duda alguna en cuanto a una de las fincas arrendadas.

No seguiremos al apelante en la discusión de sus errores en el orden y en el modo en que los fia señalado. ' Mucfios de ellos se refieren a manifestaciones fiecfias por el juez de distrito en la opinión que emitiera para fundar su sentencia y carecen por tanto de importancia decisiva, y varios otros tratan la misma cuestión bajo diferentes aspectos. Entre-sacaremos lo fundamental, y a ello concretaremos nuestro estudio.

Los hechos en que se basa la primera causa de acción, son, en resumen, los que siguen:

Que el 21 de octubre de 1924, por escritura pública, An-drés Negroni y su esposa Dolores Rodríguez, dueños de cuatro fincas rústicas: A, de 91 cuerdas; B, de 40 cuerdas; C, de 35 cuerdas, y D, de 100 cuerdas, las dieron en arrenda-miento a Francisco Negroni por término de diez años y canon de veinticinco dólares semanales pagaderos cada día lunes, habiéndose obligado el arrendatario a depositar dicho canon semanalmente en cualquier banco de Yauco a la disposición del entonces dueño Andrés Negroni; que el referido arrenda-miento “no fue ni fia sido inscrito en cuanto a la finca des-crita con la letra D”; que el matrimonio de los esposos Negroni-Rodríguez quedó disuelto por divorcio adjudicán-dose las fincas arrendadas de por mitad a ambos cónyuges; que el 26 de marzo de 1925,' por escritura pública que se inscribió en el Registro, Andrés Negroni vendió la mitad de dichas fincas al demandante Díaz, de cuya venta tuvieron conocimiento en el mismo día el arrendatario Francisco Ne-groni y los demandados Francisco y Antonio Delgado; que ni. en el referido contrato de venta ni en ninguna otra forma el demandante Díaz asumió el arrendamiento ni se obligó a respetarlo; que el 7 de abril, 1925, por escritura pública, doña Dolores Bodríguez vendió a los demandados Antonio y Francisco Delgado la otra mitad de las fincas arrendadas sin que los Delgado* asumieran el arrendamiento y se obli-garan' a respetarlo; que el 14 de abril, 1925, el demandante Díaz, demandó a los Delgado en solicitud de que se decre-tase a su favor el retracto de la mitad de las fincas que habían adquirido de doña Dolores, dictándose sentencia en febrero 20, 1926 favorable al demandante y en ejecución de la cual el mársbal, el 25 de agosto de 1926, por escritura pú-blica, le trasmitió el dominio de la otra mitad de las fincas arrendadas sin que el demandante asumiera y se obligara a respetar el arrendamiento; que en el citado día 7 de abril de 1925, pero posteriormente a la venta becba por' doña Dolores a los Delgado de que se ba becbo mérito, por escritura pública, el arrendatario Francisco Negroni sub-arrendó por todo el tiempo que le quedaba las dichas fincas. A, B, C y D a los demandados Francisco y Antonio Delgado, haciéndose constar en la escritura que siendo dueños los Delgado de la mitad de las fincas por compra a doña Dolores Bodríguez el arrendamiento quedaba extinguido en cuanto a la dicha mitad por consolidación de derechos, quedando los sub-arren-datarios únicamente obligados, al pago de $12.50 semanales al demandante Díaz, dueño de la otra mitad de las fincas por ' compra a Andrés Negroni, y que los demandados Delgado están detentando la posesión de las indicadas fincas especial-mente la de un condominio proíndiviso de una mitad sobre las fincas descritas con las letras A, B y C y la totalidad de la descrita con la letra D, sin pagar canon ni merced alguna y contra la voluntad del demandante, habiéndose negado a entregar la posesión al demandante.

Parece conveniente agregar que en el proyecto de enmien-das acompañado a la moción de reconsideración se propuso adicionar los hechos de la primera causa de acción con los que siguen-: “que la cancelación del arrendamiento sobre la mitad de dichas fincas, por confusión de derechos mencionada en la escritura de sub-arrendamiento, fué debidamente ins-crita en el Registro de la Propiedad de San Germán, en cuanto a las fincas A, B y C en fecha 28 de abril de 1925, apareciendo tales condominios libres del referido arrenda-miento.”

¶ además, que aparece del récord lo que sigue:

“En ocasión de estar el Ledo. José Tous Soto argumentando la moción de reconsideración, hubo el siguiente incidente: Demandado: ■ — ¿Fué inscrito el contrato de arrendamiento? — Demandante:—Fué. inscrito, pero cancelado por confusión de derechos en cuanto a la mitad de las fincas ‘A,’ ‘B,’ y ‘O,’ habiéndose hecho constar dicha cancelación en el Registro de la Propiedad. — Demandado:—Esta ad-misión está ante la corte a los efectos de juzgar este caso. — Juez:— Que se consigne en récord dicha admisión.”

Se indicaba de igual modo en el proyecto de enmiendas que se haría “constar en la súplica que el desahucio en pre-cario se le atribuye a la totalidad de la finca letra D, y a un condominio representado por una mitad adquirido de doña Dolores Rodríguez sobre las demás fincas A, B y O y que el resto de los condominios sobre estas tres fincas se trata de desahuciar por la causa de falta de pago.”

La resolución de este caso depende, pues, enteramente, de la interpretación que se dé al artículo 1474 del Código Civil que, copiado a la letra, dice:

“Artículo 1474. El comprador de una finca arrendada tiene de-recho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
“Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corres-ponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.”

Por los hechos que dejamos extractados, se verá cuán cuidadoso ha sido el demandante en alegar que en forma alguna pactó en contra del derecho que la ley le reconoce de dar por terminado el arriendo al comprar las fincas arren-dadas. La actitud del demandante no lia sido franca en cnanto a si se inscribió' o no el arrendamiento en el registro de la propiedad con respecto a las fincas A, B y O. Parece desprenderse ele todo que se inscribió, sosteniendo el deman-dante la. teoría de que fué cancelado por consolidación de derechos al adquirir los demandados la mitad de dichas fincas que luego pasó al demandante a virtud de la acción de retracto, pero como se alega de modo expreso que el arren-damiento no se inscribió con respecto a la finca D, surge de modo inevitable el problema. Con respecto a dicha finca D nos encontramos frente al caso de un contrato de arrenda-miento no inscrito en el registro que el comprador no se obligó a respetar al adquirir la finca. Siendo ello así, su derecho al desahucio parece tan claro a virtud del precepto legal aplicable vigente en Puerto Rico, que apenas puede discutirse.

La cuestión no es nueva ante este tribunal. En el caso de López v. Central Eureka, 27 D.P.R. 291, 294, dijimos:

“Sostiene la parte demandada y apelante que el demandante no es un tercero porque tuvo conocimiento directo del arrendamiento, según consta de la misma escritura de venta, y, por tanto, que es-taba obligado a respetar dicho contrato aunque no estuviera ins-crito en el registro.
“No es posible aceptar tal teoría. La Ley Hipotecaria dispone que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, (artículo 2, No. 59), podrán inscribirse en el registro de la propiedad, y es a virtud de la inscripción que surge el derecho del arrendatario a que si el arrendador vende la finca, el comprador respete su contrato en los términos que consten del registro. Si el contrato de arren-damiento no se inscribe, entonces, de no existir pacto en contrario, queda en toda su íuerza el precepto del artículo 1474 relativo al derecho del comprador a que termine el arrendamiento vigente al verificarse la venta. Las palabras de la ley demuestran que el le-gislador tenía en mente el caso en que el comprador estaba ente-rado de la existencia del contrato.
“Comentando Manresa el artículo 1571 del Código Civil español, igual al 1474 del nuestro, dice:
“ ‘De acuerdo con este criterio, el artículo 1571 sienta el prin-cipio de que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta. El punto de partida ds este criterio es la consideración de que siendo el arren-damiento un contrato que pasó entre el arrendador y el arrendata-rio, y mereciendo el comprador el carácter de tercero respecto del mismo, no puede prevalecer contra él un derecho de la categoría de los personales.
“ ‘El Código en este artículo ha instituido evidentemente una causa más de desahucio, causa que no arranca de hecho u .omisión del arrendatario como las demás que hemos examinado, sino del acto de traslación de dominio realizado por el arrendador, que, al engen-drar una nueva relación jurídica, ejerce positiva influencia sobre la antes existente por razón de los principios en que cada una se funda y del objeto común sobre que recaen, que es la finca arrendada.
“ ‘Antes de que la jurisprudencia de este artículo hubiese te-nido tiempo de formarse, oímos discutir si el derecho que al com-prador concede, podía o no ser ejercitado en forma de acción de desahucio y en el juicio de este nombre. Siempre estuvimos por la afirmativa, porque si lo que al comprador se concede es el derecho de hacer cesar un arrendamiento para que la finca quede completa-' mente a su disposición, no otro es el fin que con el desahucio se per-sigue, y porque si este juicio procede en aquellos casos en que el motivo resulta de un hecho claro y evidente, notoriamente de esta naturaleza es el hecho de la venta de que arranca el derecho del comprador. No puede, pues, caber duda de que se trata de una nueva causa de desahucio, y que en este juicio ha de tener efectivi-dad el derecho del comprador cuando el arrendatario no quiera re-conocerlo voluntariamente. Al Tribunal Supremo han llegado ya no pocos casos, y ni una vez siquiera se ha dejado de dar por su-puesto, que tal procedimiento sea el adecuado.
* # * * . # * *
“ ‘Lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. — En estas palabras esta-blece el párrafo l9 del artículo 1571 otra excepción al principio de que el comprador tiene derecho a que termine el arrendamiento. Lo dispuesto en-la Ley Hipotecaria es el contenido del número 59 del artículo 2°, o sea la determinación de los casos en que el arrenda-miento es inscribible, y, por lo tanto, derecho real, casos que ya sa-bemos cuáles son; lo dispuesto en la Ley Hipotecaria es el princi-pio del artículo 24 de la misma,, que dice que los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra los acreedores singularmente privile-giados por la legislación común.
“ ‘Consecuencia de estas disposiciones es que, cuando se trata de un arrendamiento inscrito en el registro de la propiedad, se trata de un derecho real que, por virtud de su inscripción, surte efectos contra tercero. El comprador, como tal tercero, tiene que estar y pasar por él, y, por lo tanto, no le asistirá el derecho a que el arren-damiento termine.’ 10 Manresa, Código Civil Español, 637, 640.
“Y esta Corte Suprema en el caso de Sosa vs. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D.P.R. 1149, interpretando y aplicando el repetido artículo 1474 del Código Civil Revisado, estableció la siguiente doc-trina que no deja lugar a dudas de ningún género:
“ ‘Celebrado un contrato de arrendamiento en virtud de docu-mento, sin pacto de respetar la posesión del arrendatario en caso de venta, dicho contrato tiene el carácter de personal y aún en el supuesto de que el comprador de la finca arrendada tuviera cono-cimiento de la existencia del mismo, esto no altera su naturaleza y el arrendatario está obligado a desalojar la finca si así lo exige el comprador.’ ”

Son varios los casos resueltos por esta Corte Suprema en igual sentido. Nos liemos referido al de López v. Central Eureka porque parece ser el único en el que estaba envuelto como lo está en éste un contrato de arrendamiento constante en escritura pública por un término mayor de seis años, conocido por el comprador al adquirir la finca arrendada.

Se ba sostenido vigorosamente en el seno del tribunal durante las largas discusiones a que ba dado origen la con-sideración de este recurso, que un arrendamiento por más de seis años aunque no esté inscrito en el registro constituye un derecho real y por tanto que el comprador de la finca si lo conoce al celebrar el contrato de compra está obligado a res-petarlo, esto es, que las palabras'“lo dispuesto en la Ley Hipotecaria usadas por el Legislador en el artículo 1474 se refieren no sólo a los arrendamientos ya inscritos como s'e resolvió en el repetido caso de López v. Central Eureka si que también a los incribibles aunque no lo estén.

Encuentra apoyo esa teoría en una decisión de la Corte Suprema de las Islas Filipinas. Nos referimos al caso de T. de Winkleman contra Vélez, 43 Jurisprudencia Filipina 632. Hablando por la corte el Juez Bomuáldez se expresó así:

"El punto fundamental en este litigio estriba en si la deman-dante, bajo las circunstancias del caso, puede o no apoyarse en lo estatuido en el artículo 1571 del Código Civil, al efecto de poder, como- compradora, dar fin a este arriendo vigente al tiempo de su compra de la finca.
“Veamos si, efectivamente, ampara a la demandante este pre-cepto legal cuyo texto es como sigue:
“ ‘Art. 1571. El comprador de una finca arrendada tiene de-recho a que termine el arriendo vigente, al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.’
“Como observa Manresa (10 Código Civil, pág. 637), en tanto concede la ley al comprador este derecho, en cuanto le considera tercero. De aquí que- cuando no es tercero, por haber entrado en el pacto de respetar el arrendamiento, o porque no le concede tal concepto la Ley Hipotecaria, entonces no le asiste el derecho de dar fin al arrendamiento.
“Hay, pues, en el artículo transcrito una regla general que es a la que se acoge la demandante, pero que no tiene aplicación en dos casos, a saber: Cuando hay pacto en contrario, o cuando la Ley Hipotecaria no reconoce al comprador como tercero.
“En cuanto al primer caso de excepción, es sabido que el pacto en contrario a que se refiere el artículo es el habido entre el ven-dedor y el comprador de- la finca, y no el otorgado entre el arren-dador y el arrendatario. En el caso ante Nos, no hubo tal pacto expreso en la escritura de traspaso del predio; pero la estipula-ción inserta en el contrato de arrendamiento, de- que éste se respe-taría en caso de venta de las fincas, era conocida por la compradora quien, antes de comprar el terreno, había leído dicho contrato. Ella, por consiguiente, hizo la compra conociendo tal pacto el cual vino de este modo a formar parte del contrato de venta otorgado a su favor. Si tal pacto no se hizo constar expresamente en la escritura de venta, fue, sin embargo, conocido y consentido por la compradora. Como la ley no exige que este pacto conste precisamente por es-crito, lo creemos suficiente cuando, como en el caso presente, aun-que sobreentendido, no puede dudarse que existe y fué consentido por la compradora. Análogo criterio sustenta este Tribunal en el asunto de Pang Lim y Gálvez contra Lo Seng (42 Jur. Fil., 296).
“La segunda excepción prevista en el artículo del Código Civil .tiene lugar .en los arrendamientos a que se refiere el número 5, del ■artículo 2, de la Ley Hipotecaria que dice:
“ ‘Art. 2. En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:
*******
.“‘5. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años, o los en que se hayan antici-pado las rentas de tres o más años, o cuando, sin tener ninguna de estas condiciones, hubiere convenio expreso de las partes para que se inscriban.’
“En estos casos el arrendamiento es conceptuado como derecho real (véase la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria, y ‘Le-gislación Hipotecaria’ por Galindo y Escosura, tomo 1, págs. 459-462) y, una vez inscrito, perjudica a tercero (art. 1549, Código Civil).
“Por manera que, cuando el arrendamiento de una finca, por hallarse en uno de los casos previstos en esta disposición última-mente citada, es inscribible y está inscrito, no le asiste al compra-dor de la misma el derecho de dar por terminado el arriendo.
“El cuestionado en la presente causa es por un período mayor de seis años. Es por consiguiente inscribible, y tiene por esto el concepto de un derecho real ante la ley. No está inscrito, es verdad, por no estarlo previamente el inmueble; pero la demandante, com-pradora del terreno así arrendado, lo adquirió con pleno conoci-miento de la existencia, duración y demás condiciones del arrenda-miento incluyendo el pacto de la subsistencia de éste, cuya escritura había leído. ¿Suple tal conocimiento la falta de inscripción del contrato de arrendamiento, para que éste pueda entenderse excep-tuado del precepto general contenido en el artículo 1571 del Código Civil?' La jurisprudencia contesta afirmativamente.
“ ‘Que siendo uno de los principales fundamentos y objetos de la Ley Hipotecaria el de la publicidad de las cargas o gravámenes que afectan a la' propiedad inmueble para que nadie sea responsa-ble de los que ignore, es indudable que con arreglo a dicha ley no puede considerarse como tercero al que, si bien no intervino en el acto o contrato inscrito, tuvo perfecto conocimiento al adquirir la finca por él poseída de las cargas impuestas sobre ella, doctrina que está de acuerdo con los principios de derecho, según los cuales no cabe impugnar aquello que se aceptó sin protesta o que expresa o tácitamente se consintió.’ (Sentencia de 8 de oct. de 1885, 58 Juris. Civil, pág. 460.)
“Esta doctrina ha venido reiterándose en sentencias posteriores del mismo Tribunal Supremo, como se puede ver en las dictadas en abril 5, 1898, en diciembre 6, 1901, en mayo 13, 1903 y en marzo 23, 1906.
“ ‘El objeto de la inscripción de un documento relativo a terre-nos, ■ censos, hipotecas, gravámenes o cualquiera otra clase de dere-chos reales, es el de notificar a terceras personas interesadas de la existencia de estos varios gravámenes sobre la finca. Si las partes interesadas tienen efectivamente conocimiento de la existencia de tales cargas o gravámenes, entonces la necesidad del registro cesa. Tampoco puede el que tenga conocimiento real de la existencia, de un gravamen, adquirir derecho alguno sobre la finca, libre de tal gravamen, por el mero hecho de que éste no se haya inscrito.
“ ‘Concluimos por tanto que la demandada, teniendo como te-nía pleno conocimiento de la existencia de la hipoteca en cuestión sobre la finca do referencia, no puede ahora aprovecharse de la cir-cunstancia de que la demandante no pidiera la translación de la misma al registro moderno con arreglo a la Ley Hipotecaria. El efecto de esta declaración expresa en la escritura de traspaso era equivalente a la inscripción de dicha hipoteca con arreglo a la Ley Hipotecaria(Obras Pías contra Devera Ignacio, 17 Jur. Fil., 46, 48.)
“ ‘El objeto de toda ley de registro es hacer saber a los que trafican con fincas los traspasos y gravámenes relativos a las mismas, y ampararles, de esta suerte, contra enajenaciones y cargas anterio-res y secretas. El conocimiento cierto que un comprador tenga de una hipoteca o título equivale a la notificación que resulta del re-gistro.’ (Patterson vs. De la Ronde, 8 Wall., 292; 19 U. S. (L. ed.). 415; Findlay vs. Hinde, 7 U. S. (L. ed.), 128; Landis vs. Brant, 13 U. S. (L. ed.), 449; Fowler and Badgett vs. Merrill, 13 U. S. (L. ed.), 736; National Bank of Genesee vs. Whitney, 26 U. S. (L. ed.), 443; Moelle vs. Sherwood, 37 U. S. (L. ed.), 350.)
“De esta doctrina común a Filipinas, a España, país de nues-tro abolengo jurídico en esta materia y a Norte América desde donde vienen incorporándose a nuestro derecho principios del anglo-sajón, es consecuencia y aplicación obvia el que el perfecto conoci-miento, por parte de la demandante, del arrendamiento en cuestión y del pacto de que subsistiría éste en caso de venta de la finca, produce en este caso particular, y en cuanto a ella atañe, los mismos efectos que la inscripción de dicho arrendamiento en el registro de la propiedad._
“Siendo esto así, este arrendamiento, no puede menos de entrar también en la última de las excepciones enumeradas en el citado artículo 1571 del Código Civil.
‘‘Los derechos, pues, adquiridos por el demandado como arren-datario de la finca aludida, conocidos por la demandante antes de comprarla, no pueden sufrir menoscabo, pues son incólumes ante tal traspaso.
“Carece, por tanto, la demandante de derecho alguno a dar fin al arriendo en cuestión, y, subrogada ella en la situación legal de la arrendadora, creada por tal contrato por ella conocido, incúm-bele respetarlo en todas sus partes.”

Hemos transcrito todo lo pertinente de la opinión, para ser justos al exponer los puntos de vista en contrario. No puede dudarse de lo persuasivo que es el razonamiento de la Corte Suprema de las Islas Filipinas, pero después de estudiar de nuevo la cuestión, estamos convencidos de que la teoría expuesta en los casos de Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D.P.R. 1149 y López v. Central Eureka, 27 D.P.R. 291, debe prevalecer. Ella constituye una regla de propiedad establecida desde ’hace años, seguida invariable-mente en decisiones posteriores y no alterada por la Legisla-tura no obstante la claridad con que fue expuesta.

Dejando a un lado las circunstancias peculiares que exis-ten en el caso de las Filipinas, (la finca no estaba inscrita y existía una estipulación en el contrato de arrendamiento de respetarlo en caso de venta, conocida por la compradora), diremos, con el debido respeto, que a nuestro juicio se dió en la decisión un alcance indebido a la palabra tercero apli-cada al comprador en el caso del artículo 1571 del Código filipino igual al 1474 del puertorriqueño.

Ello hubiera sido procedente si sólo contuviera el código civil el artículo 1452 igual al. 1549 del de Filipinas que dice:

“Con relación a terceros, no surtirán efecto los arrendamientos ■de bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el regis-tro, de la propiedad.”

Pero el legislador hizo más. Reconoció al comprador en general, irrespectivamente de su conocimiento o no, el de-reclio a terminar el arrendamiento de la finca comprada, estableciendo las excepciones que conocemos. La referencia a la Ley Hipotecaria sólo puede tener efecto cuando la Ley Hipotecaria se cumple, esto es, cuando el arrendamiento se inscribe.

Son muy interesantes y arrojan mucba luz sobre el alcance del precepto legal de que se trata, los comentarios de Scaévola sobre el artículo 1471 del Códig'o Civil Español, igual al 1452 del nuestro, pero son demasiado extensos para ser transcritos.

El precepto tiene sus raíces en el derecho romano. Las Partidas lo reconocieron. Dice Scaévola:

"En la ley 19, título VIH, Partida V, resuena el eco de la ley transcrita del Codex.
‘ Auiendo arrendado algund orne o alogado a otro casa o here-damiento, a tiempo cierto, si el señor della, la vendiere ante que el plazo sea cumplido, aquel que la del comprare bien puede echar della al que la, tiene alogada, mas el vendedor que gela logo, tenudo es de tornarle tanta parte del loguero quanto tiempo fiucaua que se deuia della aprouechar. ...” 24 Scaévola Código Civil, 658.

Dos excepciones, sin embargo, admitía la ley Alfonsina: primera, si el comprador se obligó al comprar la cosa a res-petar el arrendamiento, y segunda, cuando el vendedor la hubiera arrendado por toda la vida del locatario, o para siempre, "también del como de sus herederos”, es decir, en los casos de arrendamientos perpetuos.

Los autores Gómez y Covarrubias, pretendieron extender el beneficio de la excepción a los arrendamientos hechos por diez o má's años, pero Gregorio López opinaba lo contrario limitando el alcance de la, ley a los arrendamientos de por vida y a los transmisibles por causa de muerte.

Véase 24 Scaévola, Código Civil, 650 a 732.

Al explicar las razones que se tuvieron para redactar el número quinto del artículo dos de la Ley Hipotecaria en la forma en que aparece transcrito en la opinión de la Corte 'Suprema de Filipinas, en la Exposición de Motivos, se dijolo siguiente:

“Ni los arrendamientos por largo espacio de -años, ni aquellos, en que se hayan hecho considerables anticipaciones, son generado-res de un derecho real, quedando siempre limitados a una obliga-ción personal. De aquí ha dimanado la doctrina jurídica de que sólo el que adquiere el dominio en virtud de un título universal, está obligado a respetar el arrendamiento hecho por su antecesor, pero no el que lo hace por títulos singulares. Las circunstancias particulares que concurren en estos arrendamientos, los gastos a que suelen comprometer a los arrendatarios, y la protección debida a la buena fe, clave del crédito, exigen que acerca de este punto se mo-difique el derecho antiguo. Ya se había encargado la práctica de ir allanando el camino para la reforma, convirtiendo contra los cá-nones recibidos, en una especie de derecho real, los arrendamientos de que se tomaba razón en los registros de hipotecas. Y es que cuando el derecho escrito o la doctrina legal no alcanza a satisfacer una necesidad, se encarga la costumbre de llenarla; y cuando esto acontece, toca al legislador convertir en Ley y dar forma y regula-ridad a lo que ya es una necesidad reconocida. De este modo, sití perjuicio del dueño, que al enajenar o traspasar una finca no pre-tende barlarse de las obligaciones que contrajo con los arrendata-rios, sin daño del comprador de buena fe que entra en el contrato' con el conocimiento de una obligación de que es sucesor, se salvan, los justos derechos de los arrendatarios en los casos que en el pro-yecto se prefijan.
“La Comisión no debe ocultarlo: en ellos ha establecido ímp'íí-.eitamente un verdadero derecho real.”

Como puede verse los autores de la Ley Hipotecaria reco-nocen que ni los arrendamientos por largo espacio de años, ni aquellos en que se hayan hecho considerables anticipa-ciones, son generadores de un derecho real, quedando siempre limitados a una obligación personal, de donde emana la doc-trina de que sólo el que adquiere a título universal está obli-gado a respetar el arrendamiento hecho por su antecesor, pero no el que adquiere por títulos singulares, y reconociendo que ello resultaba injusto en muchos casos y basándose en el precedente que convertía, contra los cánones recibidos, en una especie de derecho real, los arrendamientos de que se tomaba razón en los registros de hipotecas, abrieron las puertas del nuevo sistema y permitiendo la inscripción en los registros de los arrendamientos que especifican, otorgaron a éstos al ser inscritos, la condición de'un derecho real.-

No fueron sólo los arrendamientos en que el término ex-cede de seis años los que se permitieron inscribir, si que también aquellos en que se anticipan las rentas por tres o más años o en que se pacta la inscripción. Si se es lógico en la aplicación del razonamiento, habría que reconocer que un arrendamiento por seis meses en que se pactara la ins-cripción, aunque no se llevara al registro, constituiría un derecho real. No creemos que ese fuera en modo alguno el pensamiento de los autores de la Ley Hipotecaria.

Hemos consultado la jurisprudencia de la Corte Suprema de España y hemos encontrado varias sentencias en las que si bien no se discute la cuestión envuelta, se aplica sin dis-tingos el artículo 1571 del Código Civil y hay una, la de 22 de noviembre de 1917, 138 J. C. 490, en la, que se trata de un arrendamiento que comenzaba el 19 de enero de 1912 y terminaba el 31 de diciembre de 1917, o sea por seis años, y en ella se resolvió:

“Que acreditado por la parte demandante el dominio de la Anea, por escritura de venta que en nombre del ejecutado, a instancia del Banco Hipotecario, le otorgó el Juzgado de primera instancia com-petente debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, y la posesión real y civil que le fué conferida judicialmente, ostenta, sin género de duda la personalidad requerida por el art. 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para ejercitar la acción de desahucio contra quien ocupe la finca por virtud de arrendamiento concertado con el dueño anterior, siempre que se le hubiese requerido, a los efectos del art. 1565 de dicha ley, para terminar1 el contrato, no por haber llegado el tiempo marcado en el mismo, sino por la exclusiva Voluntad del comprador en uso del derecho que le confiere el arfe. ■1571 del Código civil.”

Hemos consultado también, los comentaristas españoles. A Manresa lo citamos extensamente en el caso de López v. Central Eureka, supra, y ahora que volvemos a referirnos a él parece conveniente decir que si bien' califica de tercero' ál comprador con respecto al arrendamiento pactado por el dueño anterior, ,1o que dió lugar seguramente a la deducción que contiene la' decisión filipina (43 Jurisprudencia Filipina, 632, 634), lo hizo teniendo en mente el precepto literal del artículo 35 de la Ley Hipotecaria que califica de tercero al que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito, y tuvo buen cuidado luego de explicar-su criterio así: “Consecuen-cia de estas disposiciones es que, cuando se trata de un arren-damiento inscrito en el registro, se trata de un derecho real que, por virtud de su inscripción, surte efecto contra ter-ceros.” .Las itálicas nuestras.. . •

De Scaévola algo hemos di’cho y a través de él de Gómez, Covarrubias y Gregorio López.

Nada terminante se encuentra en Galindo o en Escriche que vaya en contra de nuestra interpretación del artículo 1474, y Morell dice:

“Al tratar de los derechos reales incluimos como uno de ellos el de arrendamiento, por estimar que ésa es su verdadera naturaleza.
“En el terreno de los principios puede considerarse, en efecto, el arrendamiento como un derecho real; en el terreno legal, no, pues no lo considera como tal el Código civil, ni bastan a darle ese carácter en absoluto las disposiciones de la ley Hipotecaria.
“Resulta, sin embargo, de los preceptos de esta ley que la ins-cripción modifica el carácter del arrendamiento, convirtiéndole de hecho, como decían los autores de la ley de 1861, en un derecho real, pero sólo en los casos en que esa inscripción existe.” 1, Mo-rell. Legislación Hipotecaria, 384.

Quizá deba consignarse también que no obstante haber estado defendidos los apelados por abogados de verdadero valer, no sostienen el criterio de que por el solo hecho dé tratarse de un contrato de arrendamiento por más dé seis años, el comprador estaba obligado a i’espetarlo. Su alegato es como sigue:

“Si el arrendamiento de los .consortes Andrés Negroni y Dolores Rodríguez a. los hermanos Delgado había sido inscrito en la fecha en que Joaquín Díaz compró a Andrés Negróni el condominio dé una mitád, el comprador véníá obligado a estar y pasar por dicho' arrendamiento en cnanto al condominio comprado, sin poder pretender que se extinguiera tal arrendamiento, en cuanto al condomi-nio comprado, en virtud de‘la compra. El arrendamiento inscrito constituía un verdadero derecho real unido a la cosa como el alma ál cuerpo. De igual modo al comprar los hermanos Delgado el condominio de la mitad restante (estando inscrito el arrendamiento sobre las fincas) venía-obligado a respetarlo en lo que atañe al con-dominio comprado, en las mismas circunstancias y términos que Joaquín Díaz.
“De igual modo, si no habiéndose inscrito el arrendamiento, Díaz pactó respetarlo al comprar, estaría obligado por el contrato e igualmente los Hermanos Delgado, si medió dicho pacto.
“De suerte, pues, que el único caso en que el comprador de una finca arrendada puede tratar el arrendamiento otorgado por su vendedor como inexistente, o mejor dicho, como terminado, es cuando el arrendamiento no se ha inscrito en el Registro y no media pacto entre arrendatario y comprador, de que éste respetaría el arrenda-miento. ’ ’

Parece conveniente agregar que nada de lo expuesto en esta opinión milita en contra de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de España y por esta misma Corte Suprema de Puerto Rico en relación con el concepto de ter-cero. La conclusión a que llegamos está limitada a fijar el alcance de los derechos que al comprador de una finca arren-dada reconoce el artículo 1474 del Código Civil.

La sentencia debe, pues, revocarse, como al principio dijimos. Se permitirá al demandado enmendar su alegación. Lo expuesto en su proyecto de enmiendas sobre la inscripción del arrendamiento es aún confuso. Si ello quiere decir que el arrendamiento se inscribió sobre la totalidad de las fincas A, B y C y luego se canceló sobre la mitad a virtud de la acción de retracto, nos inclinamos a creer que la cancelación indicada no beneficiaría al demandante. Tampoco es aún suficientemente clara la enmienda propuesta a la segunda causa de acción. Debe alegarse la cláusula del contrato con respecto al pago con entera precisión y de igual modo en qué consiste la falta de pago, porque si la verdadera obliga-ción del arrendatario consistía en depositar el canon en mi banco de Yauco durante la semana y así lo hizo, no habría cansa de acción.

Por virtud de todo lo expuesto,se revoca 'la sentencia ape-lada y el caso se devuelve a la Corte de Distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Guillermo Garau, demandante y apelado, v. Juana Ortiz, demandada; José Lebrón, interventor y apelante.
    No. 4278.

    Visto: Marzo 21, 1928.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      José J. Aponte, abogado del apelante; A. Porrata Doria, abog’ado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito que fué entablado en la Corte Municipal de Guayama, en el cual se reclama la suma de $186 y las costas. Para asegurar la efectividad de la sentencia, el de-mandante embargó una casa. José Lebrón reclamó la finca como suya e intervino en el pleito. La corte municipal dictó sentencia contra el tercerista, habiéndolo becbo anteriormente en rebeldía contra el deudor principal. El tercerista apeló. La Corte de Distrito de Guayaran dictó sentencia a favor del demandante y en contra del tercerista.

En su primer señalamiento de error el apelante se queja de que la Corte de Distrito de Guayama no expusoseparadamente los becbos y los fundamentos que tuvo para dictar sentencia. La corte de distrito dictó opinión y sentencia conjuntamente, en las que, entre otras cuestiones for-males, bailó que babía conflicto en la prueba, resolviéndolo a favor del demandante, por considerar que las declaraciones de los testigos del tercerista respecto al título de la casa no eran del todo convincentes, y en especial la declaración de la demandada Juana Ortiz. La ley de 12 de junio de 1925, leyes de ese año, página 179, dispone lo siguiente:

“En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de dis-trito, el juez de la misma, deberá hacer y archivar al mismo tiempo que dicte su sentencia, una opinión escrita, que se unirá a aquélla, en la que expondrá separadamente y de una manera breve, los he-chos que considere probados y las razones jurídicas en que funde su decisión. Cuando las resultancias de hecho se^ basaren en un conflicto de la evidencia, el juez expondrá los motivos que haya te-nido para dirimir el conflicto en la forma en que la hiciere; y en caso de apelación, el Tribunal Supremo deberá analizar dicha evi-dencia y determinar si las resultancias estuvieron justificadas o no.”

La opinión escrita se incluyó en la sentencia en un párrafo aparte. Si bien generalmente una corte debe hacer un aná-lisis mayor que el que se hizo en el presente caso, no bailamos que se cometiera error substancial alguno, especialmente cuando no se solicitó que la corte expusiera sus conclusiones.

Puede que baya habido algunas dudas en este caso. La prueba del tercerista tendió a demostrar que mucho de lo que la deudora Juana Ortiz poseía procedía de él. No exactamente de la prueba del tercerista, sino de toda la prueba, se desprendía que éste, aunque casado, vivía en unión de Juana Ortiz en la casa objeto de este pleito de tercería. Por otra parte, el dueño del solar manifestó que Juana Ortiz le pagaba el alquiler. La casa fué embargada en .cierta ocasión, como de ella, y posteriormente se anuló el embargo debido- á la intervención de Juana Ortiz y de Lebrón. Un agente de se-guro - prestó declaración tendente a demostrar que la casa estaba asegurada a nombre de Juana Ortiz, aunque quizá Lebrón era el que pagaba la prima. Juana Ortiz o compraba o se le permitía comprarle provisiones al demandante a nom-bre de ella cuando él estaba presente. La prueba de los obreros tal vez fué dudosa pero fué congruente con el título de Juana Ortiz.

El apelante trata de levantar en este tribunal la teoría, que aparentemente no fué suscitada en la corte inferior, de que él era un hombre casado, y como tal no tenía derecho a; hacerle una donación a Juana Ortiz. No se trataba de una donación en este caso. Aunque la prueba demostró que Juana Ortiz ganaba dinero independientemente, es posible que la mayor parte del precio de la compra procedió de Le-brón, pero no hay prueba directa de una donación. Sin embargo, hasta el momento en que la casa fué embargada, él le permitió a Juana Ortiz y la instaba a que apareciera ante el mundo como la dueña de la misma, y bajo esas circuns-tancias debe estar impedido de negar el título de ella. De todos modos, después de esa conducta, el tercerista debió haber establecido un título claro, cosa que dos cortes han decidido que dejó de hacer.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Clemente Falero, peticionario y apelante, v. Félix Calzada, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    No. 3586.

    Visto: Junio 12, 1928.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      González Fagundo <& González Jr., abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Clemente Palero apeló de una resolución negándose a admitirle fianza. Al presentar el fiscal alguna prueba, la Corte de Distrito de Humacao se negó a conceder el recurso de habeas corpus solicitado. La prueba sometida a la corte fue substancialmente la que sigue: Paula Acevedo declaró que entró en la tienda de Clemente Palero a comprar tabaco Rilado, y que allí estaban Luis Sánchez y Clemente Palero; que al entrar, oyó que Sátncbez dijo: “Vengo a que arre-glemos el asunto que tenemos pendiente;” que Palero con-testó: “Aquí no valen arreglos, aquí lo único que vale soy yo; ” que al contestar esto Palero, la declarante le pidió cinco centavos de tabaco Rilado, y él replicó: “No le vendo tabaco ni a la madre que me parió;” y entonces se dirigió a Sán-chez, quien le dijo: “Déjate de coraje que eso lo arreglamos a la buena,” y Palero le dijo a Sánchez: “Te voy a pegar un tiro;” que al oír esto, la declarante dió la espalda para salir de la tienda, pero que antes de salir oyó el disparo, y, mirando hacia atrás, vió a Palero con un revólver en la mano, y a Sánchez tendido en el suelo; que entonces la testigo echó a correr y oyó después otros disparos más.

José Daniel Mercado prestó declaración tendente a demos-trar que él se hallaba en los alrededores del sitio del suceso; que al oír una detonación parecida a un disparo de revólver, y al mirar hacia el establecimiento de Palero, vió a Sánchez tendido en el suelo; que al acercarse el declarante a prestarle auxilio a Sánchez, vió a Palero que estaba dentro dol esta-blecimiento con un revólver en la mano; qne Falero le dijo qne no se acercara porqne lo mataba; qne entonces el tes-tigo bnscó nn teléfono, pero qne, al no bailarlo, salió nueva-mente a la carretera y sintió y vió que Falero disparaba dos tiros más con dirección a Sánchez.

Uno pnede inferir fácilmente qne el apelante y el inter-fecto habían reñido, y qne el apelante estaba enteramente enfurecido por haber entrado el interfecto a sn establecimiento. Las palabras pronunciadas por el interfecto al en-trar en la tienda prima¡ facie eran inofensivas. Puede qne equivalieran o no a un desafío. Aún si hubiese mediado una provocación y si las palabras pronunciadas por el interfecto equivalían a un desafío, toda la prueba tiende a demostrar que los disparos, aunque se hicieran más o menos instan-táneamente, fueron deliberados y premeditados. Los dis-paros posteriores tienen alguna importancia. El uso de un arma peligrosa sin que medie provocación alguna, como en el presente caso, constituye prima facie un delito de asesi-nato. Caballero v. El Pueblo, 36 D.P.R. 69; Rodríguez v. Lugo, 36 D.P.R. 560; Ex Parte Curtis, 72 Cal. 188; Ex Parte Troia, 64 Cal. 152.

Por virtud de estas autoridades, no puede decirse que la prueba no es fuerte, y debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Oscar Pagán Rosell, demandante y apelante, v. La Sucesión de Juan Rivera Vélez, demandada y apelada.
    No. 4507.

    Visto: Junio 21, 1928.

      Resuelto: Julio 20, 1928.

      José Sabater, abogado del apelante; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante Oscar Pagán y Rosell lia ale-gado en su demanda que por escritura de 15 de noviembre de 1926 compró a don Juan Rivera Yélez y su esposa, una finca rústica, de cabida de 75 cuerdas o 29 hectáreas, 47 áreas y 79 centiáreas, en los barrios de Mayagüez Arriba y Quemado, término de Mayagüez, en precio de $7,000, tomando posesión de la finca; y que un mes antes de la presentación de su demanda, “Volteando dicha finca encontró el demandante que en ella se había instalado una tubería para el acueducto del municipio de Mayagüez, en una parte de la finca de una extensión de 1.080 metros cuadrados, o sea 270 metros de longitud por cuatro de ancho, ocupando una parcela de la finca del demandante que colinda al Norte y Sur con el río Yagüez, y al Este y Oeste con el resto de la finca”; que quiso disponer la siembra en dicha parcela, pero un celador del Municipio de Mayagüez le prohibió que sembrara, mani-festándole que el dicho municipio había adquirido el uso del terreno por concesión del anterior dueño, siendo ésa la pri-mera noticia que de tal concesión tuvo el demandante; que al requerir éste al municipio para que levantara la tubería, se le presentó por el requerido la primera copia de escritura otorgada por Juan Rivera Yélez concediendo al Municipio de Mayagüez el perfecto uso del terreno para instalación de la tubería del acueducto municipal, mediante precio pagado. Alegó que cuando le fué vendida la finca, el vendedor no mencionó en la escritura que existiera tal gravamen, ni dió-aviso al comprador de que hubiera esa servidumbre, y por el contrario, en la escritura se hizo constar que la finca' se hallaba libre de cargas. Alegó también que fallecido el ven-dedor Juan Rivera y Yélez le han sucedido los ahora deman-dados como sus herederos. Alegó que la servidumbre a favor del municipio no está inscrita en el registro, y el deman-dante no tuvo conocimiento de la misma basta un mes antes de entablar su demanda; que la servidumbre disminuye el valor de la finca comprada, por inutilizar para la siembra y explotación la parte ocupada; calculando los daños .en mil dólares. Y pidió que se dictara sentencia condenando a los demandados a pagar al demandante mil dólares, con las costas.

A la demanda se opuso por los demandados la excepción previa de falta de becbos suficientes para determinar causa de acción. Argumentada tal excepción, la corte dictó sen-tencia en el caso, después de declarar sin lugar aquélla, y declarando que no cabía enmendar la demanda.

Contra esa sentencia se ba interpuesto la presente apela-ción, señalándose por el apelante como único error de la corte el de declarar que la demanda no aduce becbos sufi-cientes para determinar causa de acción.

Encontramos que, en realidad, y cualquiera que fuera la interpretación que abora quiera darse a la demanda, ella se dirige a ejercitar la acción creada por el artículo 1386 del Código Civil de Puerto Rico. El texto de este precepto es como sigue:

“Art. 1386. — Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencio-narlo la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el com-prador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente.
“Durante un año a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la in-demnización. Transcurrido el año,- sólo podrá reclamar la indemni-zación dentro de un período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre.”

Es evidente que, siendo éste un precepto que prevé casos especialísimos, se requiere, para que se pueda ejercitar la acción que en él se establece, que se den todas y cada una de las condiciones que • a tal acción dan origen y vida. Es preciso qne la finca vendida esté gravada con nna servidumbre o carga, no aparente, y que de ella no se baya becbo men-ción en la escritura; esto, como materia de becbo, como elemento objetivo. Y es también preciso que “deba presu-mirse”, que el comprador no la hubiera adquirido, de conocer la existencia de tal carga o servidumbre; esto como una derivación, más o menos próxima, de lo declarado por el Código Civil, en el artículo 1233, que dice:

“Art. 1233. — Para que el error invalide el consentimiento, de-berá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del con-trato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.”
“El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.
“El simple error de cuenta sólo dará bigar a su corrección.”

De la demanda no aparecen esos extremos necesarios. La servidumbre de que se babla, por lo que de las alega-ciones resulta, es una servidumbre aparente, como lo es en la mayoría de los casos la de acueducto; el demandante la observó cuando fué a voltear la finca, en época que se ignora, porque del récord no aparece la fecba de la demanda ni la de su presentación, a las que se alude en la alegación en que se dice cuándo vió el demandante los signos de servidumbre; pero sí que volteó la finca después de la compra. Siendo la servidumbre aparente, esta misma calidad le da el carácter de publicidad necesario para que su inscripción no sea abso-lutamente indispensable, ya que es conocida por razón de su misma apariencia. Véanse a este proposito, las Sentencias del Tribunal Supremo- de España de 11 de enero de 1895, 23 de marzo de 1906, y 5 de abril de 1898. La doctrina legal de esas sentencias, y oteas que cita el comentarista Sr. Morell, al tratar en el tomo segundo de su obra sobre legislación hipotecaria, del artículo 23 de la Ley Hipotecaria de España, es que no tiene la calidad de tercero el que adquiere bienes legítimamente gravados con una servidumbre respecto de cuya existencia, por revelarse por signos ostensibles e indu-bitados, no puede dudarse, aunque tal servidumbre no estu-viera inscrita en el registro.

Al ejercitarse una acción de esta clase, deben establecerse, de becbo, los extremos necesarios para que ella se encuentre dentro del artículo 1386 del Código Civil: servidumbre no aparente, falta de manifestación, circunstancia de que, de haberse conocido el gravamen el comprador no habría ad-quirido la finca. Y esto no se ha becbo en la demanda de que se trata.

La excepción previa fue correctamente resuelta por la corte de distrito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Ramón Colón Caballero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 721.

    Sometido: Mayo 3, 1928.

      Resuelto: Julio 23, 1928.

      José E. Díaz, abogado del recurrente; el registrador recurrido, no compareció. '
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante .el notario don José E. Díaz, én' Manatí, y eír fecha 25' de enero de 1928, se otorgó una escritura de venta judicial, en la que, de una parte compareció el Má'rshal de la Corté Municipal. de Manatí, como vendedor, y de otra parte 'don ©áxnón Colón-Caballero. Dé la exposición en la escritura apa-rece que. ante la Corte Municipal de Manatí, Ramón Colón Caballero siguió un-pleito contra la Sucesión de Jóse Com-cepeión Vélez, compuesta de su viuda Juana Rodríguez-y sus ¡hijos María, Daureana,' Antonio, Victoriana, -Jacinta, Jóvino, Antonia y Claudio Vélez Rodríguez, y Nazario, Lina, EladiÓ yi Basilisa Agosto Vélez, pidiéndóse al tribunal una sentencia que ordenara a los demandados el otorgamiento de escritura de venta de una finca rústica, de '23 cuerdas dé terreno en el Barrio de Río Arriba, en Manatí, y cuya finca se describe en la escritura; que José Concepción Vélez y su esposa habían vendido a Ramón Colón Caballero dicha finca, por precio; dé quinientos dollars, obligándose a otorgar la escritura de compraventa, pero falleció inesperadamente José Concepción Vélez, sin otorgarla, y la sucesión no lo hizo tampoco, a pes.ar de haber sido requerida, por lo que se presentó la aludida demanda, emplazándose a los demandados, que no compare-cieron, por lo que se anotó su rebeldía, y señalado y visto el caso, la Corte Municipal de Manatí dictó sentencia orde-nando a los demandados el otorgamiento de la escritura, y a que de no hacerlo los demandados, la otorgase el marshal de la corte por ellos; y librada la orden, que se copia, para que el marshal otorgue la escritura, se procedió a ello, y el dicho funcionario la otorgó, realizando la venta de la finca en el ya citado precio. El registrador denegó la inscripción fundado en que la Corte Municipal de Manatí no tiene juris-dicción para ordenar el otorgamiento de escritura en el citado pleito .por no envolver el mismo reclamación alguna de dinero; por no acreditarse que los demandados sean los únicos here-deros de Vélez, ni sus circunstancias personales para acre-ditar si hay menores de edad.

Contra esta nota se ha interpuesto el presente recurso, fondado en que;:lá-interpretación.de las palabras “cobro de dinero” es- errónea puesto qne ellas comprenden toda acción por daños y la fundada en contrato, según el caso Floyd v. Blake, N. J. 11, y el caso Bravo v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 792; y en cuanto al segundo motivo de denegación se cita el caso Coy v. Registrador, 22 D.P.R. 432.

La decisión en el caso Bravo v. Corte de Distrito in terpreta la ley No. 10 de 1921, y da el sentido de la frase * ‘todo caso civil sobre cobro de dinero que envuelva una suma no mayor de cien dólares. ’ ’ Se copia en esa decisión el texto inglés del artículo, y la decisión es en el sentido de que la ley comprende, no sólo los casos de cobro de cantidad por razón de contrato, sino también los de cobro de dinero por •daños a la persona o a la propiedad.

En cuanto al caso Coy v. Registrador, que antes anotamos, ..se ña citado en relación con la segunda parte de' la nota .denegatoria; y no vemos la partidad en los hechos de este caso y los del ahora sometido a nuestra decisión. En el de Coy v. Registrador hay una sucesión que voluntariamente otorga una escritura de compraventa, y luego otra escritura -en - la que tres de los interesados, actuando como herederos de una hermana suya reconocen que ésta hermana había vendido su participación a ciertas personas, diez y seis años antes de la fecha en que se hace tal reconocimiento. Y en enante a esta participación recayó la nota denegatoria, contra la que se entabló el recurso.

Las declaraciones de este tribunal acerca de la jurisdic-ción de las cortes municipales en cierta clase de pleitos son terminantes.

En la decisión en el caso García v. Registrador, 23 D.P.R. 426, dijo, el tribunal que una venta hecha por un márshal en una acción, contra menores en reclamación de una cantidad confería jurisdicción a la. corte para que se otorgase la venta en cumplimiento-de su sentencia dictada contra los menores, pero una acción para que se obligara a los ’menores a otorgar •uña escrituró era algo que incumbía sólo ala corte de distrito. Es cierto que la razón fundamental se ¡baila en este caso en que la falta de jurisdicción de la corte municipal es manifiesta, y que el legislador lia decidido que a las cortes de distrito corresponde la alta inspección de la persona y bienes de los menores.

En el caso Ferraioli v. Registrador, 21 D.P.R. 503, se declaró que persiguiéndose por medio de la acción que la corte dicte una sentencia condenando a la demandada a tra-mitar una declaratoria de herederos, la corte municipal no tenía jurisdicción.

La doctrina en el caso Agüeros v. Registrador, 28 L.P.R. 268, sostiene la falta de jurisdicción de las cortes municipales para conocer de pleitos, contra menores de edad en los que se reclama el otorgamiento de una escritura de venta de finca.

Es de importancia aquí el concepto de “limitada” que a la jurisdicción de las cortes municipales debe asignarse. La limitación de esa jurisdicción aparece del artículo o sección 4 de la ley relativa a las cortes municipales, cuya sección aparece bajo el número 1173 de la Compilación de 1911, página 265 del tomo. Por ella se da jurisdicción a las cortes municipales en los asuntos civiles que.se promuevan en su distrito basta la suma de quinientos dollars, intereses inclusive. Parece claro que esa jurisdicción se confiere por y para cantidades o sumas en dinero, ya que se habla de intereses, y el concepto- de intereses no puede referirse a otra clase de bienes que al dinero, único que los produce. Comentando el artículo 355 del Código Civil Español, del que es copia el 362 de nuestro código, ha dicho el comentarista Scaevola:

“Los réditos del dinero están considerados como frutos civiles, según la letra y el espíritu del apartado tercero que estamos comen-tando. En él se menciona ‘el importe de las rentas perpetuas, vita-licias u otras análogas.’ Los diferentes casos y formas de interés del dinero no incluidos en dichos primeros términos se comprende-rán entre los que ha tratado de prever la frase ‘u otras análogas,' refiriéndose a rentas, porque esta palabra, en sentido genérico, ex-presa las muy variadas maneras con que el capital produce. ’ ’ Scae-vola, Código Civil, tomo 6, pág. 278.

En lo que afecta a precedentes en esta materia, conviene decir que en el código de Procedimiento Civil de California, aparece una sección, la 76, adicionada por enmienda de 1880, en la que se define y establece la jurisdicción de las cortes superiores, para todos los casos en equidad, para aquellos en que el objeto no es estimable en cantidad, .para los en que se halla envuelto el título a la propiedad, o la posesión, de bienes inmuebles, o la legalidad de contribuciones o impues-tos, casos de insolvencia, y otros civiles, y en los criminales por delito grave. La sección 112 del mismo código, deter-mina la jurisdicción de las cortes inferiores, entre ellas, las llamadas “Justices Courts,” y en el primer apartado del artículo, se encuentra la limitación por razón de cuantía, en. lá forma que, traducido, dice:

“1. En acciones que nazcan de contratos para recobrar dinero solamente, si la cantidad reclamada, intereses exclusive, no llega al trescientos dollars. ’ ’

Y en lo que toca a propiedad, solamente da jurisdicción a estas cortes con respecto a la mueble, cuando su valor es inferior a trescientos dollars.

En Puerto Pico se ha declarado definitivamente qne las cortes municipales son de jurisdicción limitada. En la decisión en el caso Lebrón v. F. Fresno y Co. y José Fuente Valle, 35 D.P.R. 700, dijo este tribunal:

“No bay duda alguna que, tratándose de una corte municipal, qne es un tribunal de jurisdicción limitada, su facultad para cono-cer del litigio no se presume.”

Y en la decisión en Marrero v. Registrador, 32 D.P.R. 891 se dijo por este tribunal:

‘‘Las cortes municipales lo son de jurisdicción limitada. No son cortes de récord. La jurisdicción general para conocer de los asun-tos civiles en primera instancia, salvo las excepciones fijadas por la ley, corresponde a los tribunales de distrito.”

Por las razones expuestas, debe confirmarse, y se confirma, la nota apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texibor,

text:
    Asamblea Municipal de Santa Isabel, demandante y apelante, v. José Manuel Santiago, Emilio Colón, Juan José Peña, Tomás Santiago Maldonado, Agustín Rodríguez, Herminio Rivera, Manuel Valle, Hermenegildo Santiago y Juan Díaz Robledo, demandados y apelados.
    No. 4616.

    Visto: Julio 9, 1928.

      Resuelto: Julio 23, 1928.

      Leopoldo Torines, abogado de la apelante,- Agustín E. Font, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texibor,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante y apelante alega ser la Asamblea Municipal de Santa Isabel, P. R., y estar integrada por José I. Colón, Presidente, Julio Zayas, Vice-Presidente, José Santiago Rivera, Mauricio Anés, Miguel Rivera, José Manuel Santiago, Juan José Peña, Emilio Colón y Tomás Santiago Maldonado, como miembros, y Antonio J. Aponte como Se-cretario. Y los demandados, según expresa la demanda, son José Manuel Santiago, Emilio Colón, Juan José Peña, Tomás Santiago Maldonado, Agustín Rodríguez, Herminio Rivera,. Manuel Valle, Hermenegildo Santiago, y Juan Díaz Robledo. . •

Es digno de atención que según aparece de la demanda' son, a tin mismo tiempo, parte de la entidad demandante, y personalmente, demandados, José Manuel Santiago, Emilio Colón, Juan José Peña y Tomás Santiago Maldonado. Como se alega que estos señores en unión de otros se hacen llamar la Asamblea Municipal de Santa ísalbel, y realizan actos que serían propios de una verdadera Asamblea Municipal, la! situación que por las alegaciones se crea es de difícil solu-ción, dado que los integrantes de la Asamblea demandante José Manuel Santiago, Juan José Peña, Emilio Colón y To-más Santiago Maldonado, atacan los actos de José Manuel Santiago, Juan José Peña, Emilio Colón y José Santiago Maldonado, como parte de otro cuerpo que se llama también Asamblea Municipal de Santa Isabel. Esta misma circuns-' tancia tiende a hacer más dudosa la acción ejercitada, por la confusión que de tales hechos nace.

La demandante presentó dos peticiones separadas: uná de injunction perpetuo, y otra de injunction preliminar; y las dos bajo alegaciones iguales.

Esencialmente, la demandante ha alegado ser la Asamblea Municipal de Santa Isabel, P. E.; que los demandados, de acuerdo, asumen ser la Asamblea Municipal de Santa Isabel, P. E., sin serlo, y en ese sentido, se hallan celebrando reu-niones, adoptando acuerdos con relación a asuntos de orden municipal, haciendo nombramiento de Alcalde interino, esta-bleciendo investigaciones como tal Asamblea, usando ilegal-mente de los libros de actas, y otros hechos similares; que esa conducta desmoraliza la administración, y puede crear una grave crisis, y causa daños de gravedad al Municipio de Santa Isabel, y quita sus poderes a la legítima Asamblea Municipal del mismo pueblo; y que de seguir en ella, se oca-sionarían grandes gastos de pleitos por o contra el municipio; que la demandante carece de remedio en ley. T pide se ex-pida un auto de injunction contra los demandados para que se abstengan de intervenir, llamándose Asamblea Municipal de Santa Isabel, en los asuntos de dicho municipio, y de per-turbar las funciones de la demandante. La diferencia entre la demanda de injunction y la de injunction preliminar, se llalla solamente en la calidad del remedio solicitado.

En 21 de abril de 1928, la Corte de Distrito de Gruayama dictó sentencia declarando sin lugar las solicitudes de injunction definitivo y preliminar. A la sentencia se une, formando parte de ella, una exposición de lieclios y opinión.

La sentencia se funda, sustancialmente, en que las pe-ticiones de injunction en este caso tratan de atacar la va-lidez de ciertos acuerdos tomados por los demandados, o de atacar el título de éstos para desempeñar los cargos de miembros de la Asamblea Municipal de Santa Isabel; y en ambos casos, la Ley Municipal de Puerto Rico da a los demandantes remedios que no son el de injunction. Se citan las decisiones en los casos Nieves v. Foote, 30 D.P.R. 817, y Cupril v. Parra, 33 D.P.R. 757.

Contra esa sentencia se interpuso el recurso de apelación que aquí resolvemos. Se señalan, a los fines del recurso, dos errores; los que siguen:

“1. Cometió error la corte inferior y abusó de su discreción al considerar que no procedía el injunction en el presente caso.
“2. La sentencia en este caso es contraria a la Ley.”

Los apelantes discuten y argumentan esos señalamientos, exponiendo puntos de vista., y presentando jurisprudencia., en cuanto a la suficiencia de la petición de injunction, la proce-dencia del remedio como principal y como auxiliar, el derecho a utilizar ese remedio por los funcionarios municipales de acuerdo con los autores y con la jurisprudencia, de varios Estados y jurisprudencia federal, la jurisdicción de la Corte de Distrito de Gruayama en casos de equidad, y la procedencia del injunction en casos como el presente, de acuerdo con la jurisprudencia de otros Estados.

En realidad, el verdadero punto en contienda en este caso, es la legalidad o ilegalidad del ejercicio de ciertos cargos municipales por. los demandados, y sobre esta base, la peti-ción de intervención de la jurisdicción, de equidad para im-pedir que los demandados realicen actos y tomen acuerdos cuya eficacia legal depende de la mayor o menor legalidad con que ocupen aquellos cargos.

En la Ley Municipal, tal como quedó enmendada por la Ley No. 11, 1924, bajo el título ‘‘Ley para enmendar los artículos 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 61, 65 y 72, y derogar los artículos 36, 37, 38, 39, 41, el párrafo décimo del 54 y el artículo 73, de la ‘Ley estableciendo un gobierno local, y reorganizando los servicios municipales,’ ” aprobada en julio 31 de 1919, y subsiguientemente enmendada, bay un artículo, el '65, cuyo texto dice:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funcio-narios municipales que lesione derechos constitucionales de los que-rellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
“ (b) Para suspender mediante injunction la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la constitución o las leyes insulares;
“(c)-Para compeler, mediante auto de mandamus el cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables.
“En los dos primeros casos la parte perjudicada podrá solamente establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de 30 días, a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolución u orden ha-yan sido publicados o comunicados a la parte querellante.”

Es perfectamente claro que, en Puerto Rico, el remedio de injunction, dentro de la Ley Municipal, se da para suspender o impedir la ejecución de acuerdos, resoluciones y orde-nanzas que lesionen a derechos reconocidos por la Ley Orgá-nica o las insulares. Pero no se da para impedir actuaciones o para discutir la legitimidad de la ocupación de cargos mu-nicipales.

En los casos Nieves v. Foote, 30 D.P.R. 817, y Cupril v. Parra, 33 D.P.R. 757, lia hecho este Tribunal la declaración de la doctrina legal en esta jurisdicción.

En Cupril v. Parra, citado, se dijo:

"Aun cuando estamos conformes con la conclusión a que llegó la corte inferior negando el injunction, el fundamento de la resolu-ción es enteramente erróneo. La razón esencial debe ser que el injunction no es el remedio adecuado para ejercer su acción el peticionario. En el caso de Nieves v. Foote, 30 D.P.R. 817, se estableció el principio de que el injunction, como remedio de equidad, no es el apropiado para ser ejerpido contra el funcionario o cuerpo que pueda destituir e impedir la destitución de un empleado público, ni contra la persona nombrada en lugar del oficial destituido para restringirle en el ejercicio de los deberes de su cargo. La razón de este principio parece que descansa en la teoría de que un cargo pú-blico no es un derecho de propiedad que la equidad pueda mante-ner o hacer respetar.”

Y se declaró asimismo, en ese caso;

"No importa cuál sea el color de su autoridad como tal alcalde, pues de todos modos esta cuestión no podía ser determinada me-diante el remedio de injunction.”

La cita que en dicha opinión se hace, 22 R. C. L. pág. 681, es importante. Bastan a nuestro fin, las primeras líneas de ella;

"El derecho a un cargo no puede juzgarse mediante una acción en equidad o injunction.”

Ni abiertamente, ni de manera colateral, puede ese derecho ser juzgado por medio de un injunction. Y siendo ésa la doctrina legal, los errores señalados no son tales, ni pueden apreciarse así en esta apelación. Decimos de ambos señala-mientos, porque realmente los dos errores señalados, pueden reducirse a uno y el mismo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Virgilio Rivera Aromí, demandante y apelante, v. Corporacíón Municipal de Santa Isabel, demandada y apelada.
    No. 4216.

    Visto: Noviembre 23, 1927.

      Resuelto: Julio 23, 1928.

      Adolfo Porratat Doria, abogado del apelante; Leopoldo formes, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Virgilio Rivera Aromí demandó en marzo de 1926 a la corporación municipal de Santa Isabel alegando que en julio de 1924 y como médico cirujano fué requerido por Manuel Néstor Rodríguez, alcalde entonces de.Santa Isabel, para que prestara sus servicios al referido municipio en el hospital y asistiendo a los enfermos pobres, debido a que no había médico alguno en dicha fecha en Santa Isabel, convi-niendo en que los honorarios del demandante le: serían paga-dos por dicho municipio; que aceptó esa proposición y du-rante catorce o quince días de ese mes de julio se trasladó diariamente de Coamo a Santa Isabel donde atendió a los enfermos de ese miinicipio en el hospital y en sus casas; servicios cuyo valor razonable estima en la cantidad de $525 que no le han sido pagados por el Municipio • de Santa Isabel a pesar de las diligencias que ha hecho para su cobro, por lo que solicitó sentencia que condenara al municipioi .de-mandado a satisfacerle la expresada cantidad.

Contestó el municipio demandado por conducto de su alcalde oponiéndose a esa reclamación y alegando que en julio de 1924 el demandante prestaba sus servicios como médico titular del municipio de Coamo estando por este motivo impedido de prestar cualquier servicio profesional a otra corporación municipal.

El día señalado para el juicio no asistió a él la corpora-ción demandada y el demandante presentó su declaración como única prueba, recayendo después sentencia declarando sin lugar la demanda contra la cual interpuso este recurso de apelación en el que tampoco lia comparecido la apelada.

El demandante declaró en el juicio que en julio de 1924 era médico titular de beneficencia en Coamo con un sueldo de $140 mensuales, estando limitados sus servicios a trabajar las ñoras de la mañana y ocupando las de la tarde en sus ■trabajos particulares en una clínica que allí tenía con el Dr. Ortiz; que el día 15 de ese mes y año' fué a yérle Manuel Néstor Rodríguez, alcalde entonces del municipio de Santa Isabel, con dos asambleístas del mismo, para que prestara sus servicios profesionales a los enfermos de esa municipalidad donde bacía más de un mes- que no ñabía médico de benefi-cencia, ofreciéndole que le serían pagados sus servicios no por nómina ni sueldo sino como servicios médicos; que el demandante aceptó asistir a dichos enfermos durante las ñoras de la tarde como lo ñizo durante quince días, habiendo tenido que ir a Santa Isabel en dos ocasiones por la noche: que el alcalde iba todos los días a buscarle a Coamo y que en dos veces que no fué le envió su chófer: que ha pasado su cuenta al municipio expresado por $500 más otros $25 por gastos de viaje y no le ha sido pagada; y que esa cantidad representa lo que hubiera ganado trabajando en Coamo por su cuenta durante las tardes, pues sus entradas como médico particular eran de $1,000 mensuales más o menos porque en esa clínica hacía trabajos de laboratorio, habiendo en esa época dos médicos solamente en Coamo, él y el Dr. Ortiz.

El alcalde es el jefe ejecutivo municipal pero no encontra-mos que entre las facultades que le confiere el artículo 29 de la Ley Municipal, según quedó enmendada en 1924, se halle la de celebrar el contrato que motiva la demanda que estamos con-siderando, ni el apelante nos ha citado precepto alguno en tal Sentido. La regla general de que cuando una persona requiere de otra que preste sus servicios la ley supone la promesa de pagarle el valor razonable de tales servicios, no tiene aplicación al caso de servicios médicos prestados a nna tercera persona si la relación entre el paciente y la persona qne solicita los servicios no es tal qne lleve consigo la obli-gación de darle asistencia médica. 21 R.C.L. página 412. Véase también la página 413 en relación con servicios a cor-poraciones. El acto del alcalde en este caso no obliga a la corporación municipal demandada porque ésta no requirió los servicios del apelante ni sancionó la conducta del alcalde, y, por tanto, no está obligada a pagar los servicios que a ins-tancia del alcalde prestó el demandante, por lo que la sen-tencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ricardo Rodriguez, acusado y apelante.
    No. 3534.

    Visto: Junio 19, 1928.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cualquier comunicación de un libelo a otfa. persona es una publicación del mismo. 36 C. J. 1223; 37 C. J. 141.

Una persona que distribuye bojas sueltas conteniendo materia libelosa, presuntivamente comunica su contenido a otras personas, y es culpable de publicar un libelo.

El apelante sostiene qne no pudo haber malicia en este-caso, toda, vez que él no sabía leer ni escribir. En verdad,, bubo prueba tendente a demostrar que tan pronto como el apelante descubrió la naturaleza de la publicación, destruyó las copias que le quedaban.

La malicia debe presumirse de la publicación misma. De lo contrario, los editores, los publicistas y otras personas más podrían eludir responsabilidades. 16 Cal. Jur. 166; In re Kowalsky, 73 Cal. 120; Commonwealth v. Snelling, 15 Mass. (Pick.) 337. Aquel que no conozca el contenido de una hoja suelta debe cerciorarse de ello antes de distribuirla. Si la distribuye, aunque lo haga por ignorancia, comete un acto ilegal intencionalmente.

De acuerdo con el artículo 245 del Código Penal, se pre-sumirá maliciosa toda publicación injuriosa si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla.

La Corte de Distrito de Ponce probablemente tuvo en mente la situación del acusado al limitar la pena a $25 de de multa. Las imputaciones del libelo eran graves, y no» vemos razón alguna para revocar la sentencia o intervenir en la discreción de la corte inferior al fijar la multa.

Debe confirmarse la ‘sentencia apelada.

El «Juez Asociado Sr. Texidor disintió, '


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Marín, acusado y apelante.
    No. 3385.

    Visto: Mayo 22, 1928.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      José de J. Tizol y lí. Rivera Zayas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El seis de abril de 1927, en el río “Manatí,” cerca del puente “Mata de Plátano,” jurisdicción de Ciales, apareció el cadáver de un hombre que luego fué identificado como el de Tomás Peraza, de cuarenta y seis años de edad, de raza blanca, hijo legítimo, casado, natural de Hatillo, P. ít., de profesión empleado.

Se creyó primero que se trataba de un ahogado. Sin embargo, como el cadáver presentara signos reveladores de actos violentos, se ordenó la práctica de su autopsia, y el facultativo que la practicaba — Doctor Eladio Izquierdo — en-contró “una herida en la parte temp oro occipital la que no solamente pasó el cuero cabelludo lacerándolo, sino también el cráneo, y de ahí pasó a la masa encefálica hiriendo una arteria, que es una ramificación de la cerebral posterior, y al ser cortada esta arteria hubo una hemorragia que causó la .muerte”. Otras contusiones, laceraciones y heridas existían. En junto,, seis. Abrió el doctor el corazón que estaba com-pletamente dilatado, y no encontró en él sangre alguna; abrió los pulmones, y no había agua en ellos; tampoco la había en los intestinos. No encontró equimosis reveladora de la acción de algún veneno, llevándolo todo a concluir que la herida que había afectado la masa encefálica era la que había producido la muerte.

Se ha dicho que Peraza era empleado. Trabajaba a las órdenes de Manuel Marín, mayordomo de la hacienda “Mon-serrate” a cargo de ciertas plantaciones situadas en la juris-dicción de Ciales.

Son- hechos admitidos que Marín mandó a buscar a Peraza con su otro empleado Antonio Collazo; que Peraza fue bien temprano el 5 de abril de 1927 a la casa en que Marín tenía su oficina y un cuarto con aparatos para Racer gimnasia; que Marín, que se encontraba allí, le encomendó cierto trabajo, y que a eso de las diez o las once de la mañana reg’resó Peraza. Los testigos Juan y Ramón Olmeda lo vieron llegar montado en una yegua, amarrar ésta en el garage y subir a la casa. No lo vieron salir. ¿Qué pasó en el interior?

Cruz Villalobos, pesebrero de Marín, que dormía en la casa-oficina, declaró en el juicio que llegó en el momento en que Marín le preguntaba a Peraza cómo estaban las cosas. Contestóle Peraza que bien y a su vez le preguntó si le Rabian dicbo algo “sobre unos palos de ron que se Rabia dado el día antes.” Replicó Marín que nada sabía, pero que estaba malo que un empleado como él bebiera. Dijo entonces Pe-raza que era cierto que se los Rabia dado, pero que no lo volvería a Racer más.

Siguió declarando el testigo que en ese momento llegó Antonio Collazo y cuando Peraza lo vió lo acusó de ser él el que traía los cuentos a Marín y éste dijo que no- y que qué le importaba. “Se quedó Peraza así y dijo: yo lo que tengo, que soy un socialista lo- más malo. Entonces Marín le tiró una trompada y lo trató de empuñar por el cuello y se empuñaron, y fui a quitarlos y no quiso. Marín dijo que nos largáramos para allá, y me tiré para atrás, y se fueron pe-gados, y con la misma le cogió Marín el revólver a Peraza que lo tenía en el chaquetón y lo tiró sobre la mesa del co-medor y se fueron pegados y cayeron a la parte del cuarto grande, y ahí al poco llamó Marín a Toño Collazo y le pidió la maceta.” Collazo cogió la maceta, un “indian club” que luego se reconoció debidamente y entró con ella en la habita-ción. El testigo dice que no vió lo que ocurrió en la habita-ción, pero afirma “que al momento salió Ramón Marín del cuarto con las manos llenas de sangre y la maceta en la manó. Se las lavó y dijo: £no se apuren, son hombres también.’ Se quedó la cosa en calma y salió y cerró la casa y me dijo que no dejara entrar a nadie y se fue con Toño Collazo . . . Begresó como a la una, le pidió que le ensillara el caballo y salió. Volvió como a las tres . . . Estaba allí Collazo . . . y se pegó con él a emburujar el cadáver y lavar y me dijo que me quedara bajo en el rancho velando, y después me mandó con Toño a que hiciera un hoyo detrás del rancho y le hice el hoyo y a los pocos momentos bajó Toño con la lata y me la dió para que la enterrara, una lata que contenía sangre y mamilas de tabaco . . . Fui a la casa de él a dormir ... y me acosté y a las ocho me llamó y me dijo que viniera con él ... en auto fueron a la casa . . . Entró y me dió un bulto ... y cogió el cadáver y se lo echó y lo tiró dentro del carro y entonces tiré el bulto también y se-guimos para la carretera de Ciales . . . hasta el puente ‘Mata de Plátanos’ y paró el carro a la baranda del puente y tiró el bulto. Volvimos para acá y me dijo que Dios libre que lo descubriera, que si lo descubría es perdido yo y él.”

¿Qué dijo Antonio Collazo? Confirma todos los antece-dentes y expresó que al llegar el día 5 a la casa en que estaba la oficina de Marín encontró a éste, a Villalobos y a Peraza y Peraza dijo: “¿Y éste le cuenta a usted algo?” Y con-testó Marín: “Eso tiene todo el que se emborracha, que le da con todo el que ve.” Peraza replicó: “Seré un socialista de los más malos” y Marín entonces “se le tiró encima y lo llevó pegado sobre el ceto y le sacó el revólver y lo tiró sobre la mesa y lo tiró sobre el cuarto y se le montó encima y lo cogió por la garganta y con el puño le daba ...” Que le pidió una maceta “y entonces brinco y le doy la botella esa”, (reconoce el indian club), y Marín le dió dos maretazos y se la pegó a la garganta y lo tumbó y le metió la maceta aquí y estuvo un rato con la maceta aquí pegada esprimiendo, que lo veíamos nosotros de acá.'.”

Befiere después cómo Marín salió del cuarto y se lavó las manos y lo amenazó con matarlo si lo descubría; cómo fué lavado el cuarto y enterrada la lata y cómo envolvieron el cadáver en una colchoneta que tomaron de la cama de Villa-lobos. Coincide en un todo con la declaración de éste. En lo único en que se nota discrepancia en sus declaraciones es en que Collazo dijo que ambos vieron a Marín agredir con la maceta a Peraza, mientras Villalobos afirma que él no vio qué pasó en el cuarto cuando entró en él Collazo con la maceta.

Erente a esa tremenda prueba, ¿qué opuso el acusado? Su propia declaración en la que afirma que al llegar Collazo, Peraza lo insultó y trató de írsele encima y como intentara sacar el revólver, intervino y se abalanzó sobre Peraza, le quitó el revólver y se agarró con él. Collazo quiso a su vez intervenir pero le dijo que no se metiera y entablaron lucha cuerpo a cuerpo y como Peraza lo derribara y sintiera que estaba perdiendo fuerzas, gritó: “Toño, dame una maceta, cualquier cosa, y en ese momento corrió Toño para el cuarto ... y sin encomendarse a nadie le dió el primer macanazo en la cabeza . . . asegundó con otro y sintió como que el cuerpo de ese individuo se desmongaba sobre mí . . Se paró se encontró lleno de sangre “y salí para afuera, al comedor, y le dije a Crucito: hágame el favor de darme un poco de agua para lavarme las manos y quitarme unas manchas de aquí. Y-, estaba allí él con Toño Collazo, y yo le dije a Crucito Villalobos, que estaba un poco atrás como lloroso y la cara de Collazo estaba espantada, y dije: no se apuren por nada. Ud. Crucito, ensílleme un caballo. Entonces, en ese momento que cogía el caballo me puse a pensar qué podía hacer en ese caso. Denunciar ese hecho ante la justicia, a un hombre que en ese momento en realidad me acaba de salvar la vida? Y entonces opté por callarme la boca, creyendo que de esa manera podía ocultarlo a la jus-ticia. ’ ’

Admite lo del levado del cuarto, lo del entierro de la lata, lo de la envoltura del cadáver en la colchoneta y el haberlo sacado por la noche con Villalobos y tirado al río. Sus exactas palabras en relación al incidente final, fueron: “Esperaba: alii a Antonio Collazo que había quedado en venir . . . No, señor; no llegó, y entonces me encontré con ese cadáver allí y no bailaba qné hacer, y siempre en la creencia de que podía ocultarlo a la Justicia decidí echarlo en el automóvil, . . . Llegamos a ‘Mata de Plátano’ y allí nos despojamos de éL”

Tal fué, en resumen, la prueba practicada. Con ella como base rindió el jurado un veredicto de culpable de asesinato en segundo grado y la corte dictó sentencia imponiendo a Marín la pena de veintidós años de presidio con trabajos forzados. No conforme el condenado apeló, señalando en su alegato la comisión de tr.es errores

Examinemos el primero.

Cuando el fiscal se dirigió al jurado en los comienzos del juicio explicándole cuál era su caso y lo que intentaba probar, la defensa se opuso a que hiciera referencia alguna a los hechos imputados al acusado en relación con la ocultación del cadáver de Peraza, basándose en que dichos hechos no habían sido alegados en la acusación. Se retiró el jurado, la corte oyó la argumentación de ambas partes y declaró no haber lugar a la oposición de la defensa. La cuestión volvió a suscitarse durante la práctica de las pruebas con el mismo resultado.

Al argumentar el error, no cita el apelante jurisprudencia .-alguna en apoyo de su contención. Sostiene que se trata de imputar un delito distinto al acusado, que no estaba preparado para su defensa y que tales hechos tendían a predisponer al Jurado en contra suya.

El fiscal hace una cita del tratado sobre “Criminal Evidence ” de Underhill, que a nuestro juicio resuelve debida-mente la cuestión planteada. Dice así:

“Está, bien reconocido qne la perpetración de un homicidio ori-•gína una perturbación mental en una persona complicada, que se ma-nifiesta con la subsiguiente agitación que se nota en su conducta. Si ■se niega' el cargo de que el aeusado mató, o si ello se apoya en evi-dencia circunstancial solamente, tal evidencia es peculiarmente ade-cuada. Si eu algo era rara, es propio demostrar la conducta del acusado en la noche del crimen. Ppr tanto, es pertinente probar que el acusado actuaba confusamente y de una manera que no era natural en él, que sus maneras eran excitadas y nerviosas, que hablaba con rapidez y en voz baja, y que poco tiempo después del crimen o cuando se le acusaba se veía pálido y aparecía sumamente intran-quilo.
“Si por su relación con el muerto era natural esperar que el acu-sado demostrara pena o aflicción al oir hablar de la muerte de la víctima, es propio demostrar que no lo hizo así. Cuando siendo el acusado pariente del muerto es natural que asistiera a su entierro, puede probarse que no lo hizo.
“También es pertinente la conducta del acusado después que se entera de que se sospecha de él. Cualquier acto que prueba o tienda a probar un esfuerzo o deseo de su parte de borrar la prueba del crimen, como por ejemplo lavándose las manos o la ropa para qui-tarse las manchas de sangre, u ocultando o destruyendo las armas, escondiendo objetos que se ha demostrado que pertenecían, al muerto, o su fuga o intentos de fugarse, o su nerviosidad o silencio al acu-sársele del crimen por primera vez, es siempre pertinente, pues de estos hechos, si no son explicados, el jurado puede darse justa cuenta de su condición mental y puede inferir que demuestran su culpabili-dad.”

Gomo razona luego el fiscal en su alegato, no hay duda alguna de que en una acusación, no es necesario alegar hechos anteriores y posteriores a la comisión del crimen, y el hecho de que en el presente caso no se haya alegado la ocultación del crimen por parte del acusado, no implica que El Pueblo no pudiera presentar esa prueba, que es siempre pertinente como parte del res-ges'tcie, para demostrar la condición de ánimo del acusado, la serenidad y sangre fría en la perpetra-ción del hecho, cuando, después de cometido, realiza como realizó en este caso los actos que conocemos que no indican otra cosa que un corazón pervertido y maligno, como dice el código tratando dél asesinato.

Los errores segundo y tercero pueden estudiarse y resolverse conjuntamente.

Al terminar su prueba el fiscal, la defensa solicitó la abso-lución perentoria del acusado porque la única prueba directa que existía consistía en la declaración de un cómplice. La corte no accedió explicando que daría las debidas instrucciones al jurado. Y se sostiene que la corte erró.

El apelante sostiene además que el veredicto es erróneo porque el jurado fue influenciado indebidamente por la prueba sobre la ocultación del cadáver y por la decisión, de la corte sometiéndole la cuestión de si el testigo Antonio Collado era cómplice o no, y si lo era, si existía suficiente corroboración.

Las instrucciones de la corte sobre esos extremos son amplísimas y correctas. El caso por entero quedó sometido al Jurado. Era para los jueces de becho decidir a quién creían, si a Collado o a Marín, y ellos resolvieron el conflicto en contra de Marín. Una vez decidido el conflicto, no cabe sostener que Collado fuera un cómplice o un coautor. Pero aunque ]o fuera, existe en la declaración de Villalobos una corroboración tan clara y tan fuerte que su testimonio Rubiera' sido siempre admisible.

Se trata de un caso claro, de un .crimen perpetrado con ensañamiento y crueldad extraordinarios, bien y prontamente investigado y sometido por el fiscal a la corte y al jurado. La corte dirigió serenamente .el juicio. La defensa tuvo todas las amplias oportunidades que nuestras leyes le garantizan y en verdad el veredicto del jurado no pudo ser otro que el rendido.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.