author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, y La Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, Etc., demandados.
    No. 1012.

    Sometido: Mayo 6, 1935.

      Resuelto: Mayo 24, 1935.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y Luis Janer, Sub-procurador, abogados del peticionario; Walter Rivera, A. Quirós. Méndez, y R. López Gutiérrez, abogados de la Comisión de Servicio Civil; Guerra-Mondragón é Soldevila, abogados del interventor Sr. Gallardo, demandado en el pleito principal.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico, Hon. Manuel Y. Domenech., suspendió de empleo y sueldo, previa formulación de cargos, al empleado Arturo H. Gallardo, inspector de colecturías del Departamento de Hacienda, habiéndole concedido un plazo para contestar por escrito dichos cargos. Formulada la con-testación y visto el caso en audiencia pública con la asistencia del Sr. Gallardo, el Tesorero declaró probados los cargos y destituyó al referido empleado, quien compareció ante la Co-misión de Servicio Civil alegando, entre otras cosas, que se le había destituido con carácter permanente sin haberse radi-cado ni oído cargo alguno contra él ante la referida comisión y sin haber tenido ésta intervención alguna en el asunto, vio-lándose así lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Ser-vicio Civil y la regla 42 del reglamento para la aplicación de la misma.

La Comisión de Servicio Civil se dirigió por escrito al Sr. Domenech, haciéndole saber que el Sr. Arturo H. Gallardo había recurrido ante ella y solicitado una revisión del caso, y que se había fijado el día 24 de septiembre de 1934 para que compareciesen las partes a exponer sus respectivas posi-ciones y a producir toda la prueba documental y testifical que tuvieran. En su contestación el Sr. Domenech negó que la comisión tuviese facultad alguna para investigar dicho caso, por no tratarse de una destitución decretada por motivos políticos o religiosos.

En 23 de octubre de 1934 la referida comisión, con vista de la prueba aducida y por los fundamentos contenidos en la opinión que emitiera al efecto, resolvió:

“1. Exonerar, como por la presente exonera, a Arturo H. Ga-llardo de todos los cargos formuládosle por el Hon. Tesorero de Puerto Rico; y
“2. Ordenar, como por la presente ordena, al Hon. Tesorero de Puerto Rico que reponga inmediatamente al referido Arturo H. Gallardo en su cargo de Inspector de Colecturías, Negociado de Contabilidad y Pagaduría, Departamento de Hacienda, con todos los de-rechos de empleado permanente en el servicio civil clasificado de Puerto Rico, para tener efecto esta reposición en la fecha en que fué suspendido de empleo y sueldo y más tarde destituido, 19 de marzo, 1934.”

El Tesorero de Puerto Rico acudió ante la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan solicitando la revisión de la resolución que se acaba de transcribir. El referido tribunal, después de oír a las partes, declaró sin lugar la so-licitud de revisión y confirmó la resolución recurrida. No conforme el Tesorero de Puerto Rico con esta resolución, lia solicitado de este tribunal la revisión de la misma por medio de este recurso de certiorari, basándose en los fundamentos que a continuación se expresan:

“Porque no debiéndose la destitución decretada por el Tesorero' de Puerto Rico contra Arturo H. Gallardo a motivos de índole-política o religiosa, la Comisión de Servicio Civil no tenía facultades, para ordenar su reposición, por lo que su resolución a tal efecto fue ° dictada sin jurisdicción y por tanto, careciendo diebo organismo-' de jurisdicción para dictar dicha orden de reposición, carecía la: Corte de Distrito de San Juan de jurisdicción dentro de este pro-cedimiento para confirmar dicha resolución y ordenar la reposición de Arturo H. Gallardo en su empleo de Inspector de Colecturías en el Negociado de Contabilidad y Pagaduría del Departamento de Hacienda.
“Porque la Ley de Servicio Civil autoriza a la Comisión de Ser-vicio Civil a reponer a un empleado o funcionario destituido por un funcionario nominador únicamente cuando la destitución se debe a razones de índole política o religiosa, y por tanto al dictar sen-tencia la Corte de Distrito confirmando la orden de reposición de-cretada a favor de Arturo H. Gallardo por la Comisión de Servi-cio Civil, actuó sin autoridad de ley y en exceso de sus poderes o facultades jurisdiccionales.
“Porque el procedimiento adoptado para la reposición de Arturo H. Gallardo no se ajustó a la ley, por cuanto no habiéndose plan-teado por Arturo H. Gallardo ante la Comisión de Servicio Civil la cuestión de que su destitución obedeciera a motivos de índole po-lítica o religiosa, ni habiendo sido destituido por tales causas, la Comisión no tenía facultades para celebrar, como celebró, un juicio de novo y dictar resolución a base de la evidencia ante ella prac-ticada, sustituyendo así la discreción del funcionario nominador por su propia discreción, especialmente cuando sus facultades están li-mitadas en estos casos a revisar la evidencia practicada ante dicho funcionario y las demás constancias del expediente, a fin de cercio-rarse si la separación se debió a razones de orden político o reli-gioso. Como consecuencia de lo expuesto, la sentencia de la Corte de Distrito a que antes nos hemos referido, basada en la evidencia que se practicó ante la Comisión, es contraria al procedimiento esta-blecido por la ley.”

La cuestión fundamental planteada por el peticionario en este caso es que, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Servicio Civil, la comisión únicamente puede reponer a un funcionario o empleado destituido en caso de que, previa audiencia, resultare que la destitución se debió a razones de orden político o religioso. No alega el Sr. Gallardo que su .destitución obedeciese a móviles religiosos o políticos. No Lay, ciertamente, en los autos, ni el más leve asomo de prueba que pueda recibir semejante interpretación. Fundado en esta ausencia de prueba es que alega el peticionario que la Comi-sión de Servicio Civil actuó sin autoridad cuando ordenó la reposición del referido empleado.

El artículo 28 de la Ley de Servicio Civil, que aparece copiado en toda su integridad en el caso de Pérez Marchand v. Garrido Morales (ante, pág. 457), se divide en .tres párrafos. El primero establece el principio de que nin-guna persona que ocupe una plaza o destino en el servicio clasificado podrá ser destituida o separada de su cargo sin causa justificada y formulación de cargos, y sin habérsele diado oportunidad de ser oída en su defensa. Estos cargos pueden presentarse por cualquier funcionario superior o por cualquier ciudadano, y serán oídos, investigados y resueltos a los treinta días de haberse radicado, por la comisión o por alguna persona o junta designada por ella para oír, investi-gar y determinar los referidos cargos.

Nótese que él texto castellano suprime la copulativa “y” que debe seguir a la palabra “ciudadano”, y que según queda redactada la última parte de este párrafo, los cargos serán presentados dentro de los treinta días después de su radica-ción, lo cual resulta un contrasentido. Lo lógico y lo natural es que los cargos queden presentados en el momento de ser radicados, y siendo ello así, es imposible que puedan presen-tarse a los treinta días de su radicación. También hemos notado que el texto castellano suprime las palabras “o por alguna persona o junta designada por la comisión para oír, investigar y determinar los referidos cargos.”

El segundo párrafo hace constar que el primero no limita la facultad de ningún funcionario superior en cuanto a suspender a un subalterno por un período de tiempo razonable que no excederá de treinta días, mientras el caso esté pen-diente de juicio y decisión. La suspensión deberá ser sin sueldo, pero la comisión tendrá autoridad para investigarla, y en caso de que la desapruebe, deberá ordenar la restitución del sueldo al empleado suspendido.

Hasta aquí hemos hablado de funcionarios superiores y únicamente de suspensiones, sin que haya sido necesario hacer grandes esfuerzos para interpretar las disposiciones de los dos primeros párrafos del artículo 28. Es el párrafo tercero el que resulta realmente confuso y ofrece dificultades en su interpretación. El artículo que venimos comentando establece una marcada distinción entre un funcionario superior y un funcionario nominador. Al primero se concede la facultad de suspender; al segundo se le reconoce el derecho de suspender y destituir. El texto inglés usa las palabras “appointing officer”, que significan funcionario que nombra. Las palabras “appoint” y “nominate” no son sinónimas, aunque hay ocasiones en que la última puede utilizarse en el sentido de significar nombramiento. Harrington v. Pardee, 1 Cal. A. 278, 82 P. 83, 84; 46 C. J. 484. En el presente caso ambos textos, el inglés y el español, se refieren a un funcionario que tiene la facultad de nombrar.

Es sabido que el poder general de nombrar lleva consigo, como una incidencia, la facultad de destituir “en ausencia de una disposición estatutaria que disponga lo contrario. ’ ’ Burnap v. United States, 252 U. S. 512.

El artículo 28, lejos de disponer lo contrario, hace constar que ninguna de las disposiciones en él contenidas limitará la facultad de ningún funcionario nominador para destituir o suspender a un subalterno por justa causa en bien de la efi-ciencia del servicio. Se arguye, sin embargo, que es la Comi-sión de Servicio Civil la que tiene facultades para ordenar la destitución. Esta afirmación se basa en que el mismo artículo dispone que se presenten ante diclia Comisión las razones que liaya habido para la suspensión o destitución y que se dé a la persona objeto de la separación debido aviso respecto a ésta y respecto a los cargos que se le formulan, así como la oportunidad de contestarlos por escrito y de presentar a la comisión la prueba que juzgue necesaria para su defensa.

Estas disposiciones, y las que le siguen, autorizando la revisión de la resolución de la comisión por la Corte de Distrito de San Juan, a solicitud de la parte, perjudicada, son las que introducen confusión y hacen que surjan dudas y va-cilaciones al aplicarse las reglas de interpretación. Estas dudas, en nuestro sentir, deben resolverse sosteniendo el prin-cipio general que reconoce al funcionario que nombra la fa-cultad de destituir, cuando no hay ley que disponga otra cosa. Aquí, como ya hemos dicho, no la hay. Existe, por el con-trario, una disposición que no sólo reconoce al funcionario nominador el derecho de suspender y destituir, sino que hace constar que nada de lo contenido en la ley limitará este de-recho, y no parece lógico asumir, en ausencia de una dispo-sición en contrario, clara y explícita, que el legislador tuvo la intención de destruir implícitamente lo que con tanto én-fasis hizo consignar de una manera expresa en la ley.

T si interpretáramos el precepto legal que venimos co-mentando en el sentido de que el funcionario nominador debe presentar los cargos a través de la comisión para que ésta los oiga y los juzgue, dictando luego su decisión, le estaría-mos arrebatando al referido funcionario la facultad de des-tituir que le concede la ley. Si el legislador hubiese tenido la intención de privar al funcionario nominador de una fa-cultad que siempre ha tenido, no hubiera establecido diferen-cias entre un funcionario superior y un funcionario domina-dor, concediendo al primero la facultad de suspender, y re-conociéndole al segundo el derecho de destituir. La Legisla-tura, según parece, ha querido respetar el principio general, acaso por entender que el jefe de departamento es el funcio-nario que está en mejores condiciones para juzgar si la des-titución de un empleado que trabaja a sus órdenes favorece o no al servicio público, de cuya eficiencia es el principal responsable. Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 210.

La última parte del artículo 28 es terminante: - La comi-sión podrá reponer a un funcionario o empleado separado, sólo en caso de que, previa audiencia, resultare que la sepa-ración se debió a razones de orden político o religioso. El texto inglés usa la palabra “removal”, el español “separa-ción”, que no es exactamente lo mismo, porque un empleado puede ser separado por causas que realmente no equivalgan a una destitución. Ahora bien, si la comisión únicamente puede reponer al funcionario o empleado cuando la destitu-ción se deba a razones políticas o religiosas, ¿para qué im-ponerle el deber de investigar y decidir cuestiones ajenas a la religión y a la política? ¿Cabe concebir que la ley haya querido encomendarle a este organismo una labor completa-mente inútil y que no ha de surtir efecto alguno, limitado como está a ordenar la reposición únicamente cuando la polí-tica o la religión hayan motivado la destitución del empleado ? En realidad no concebimos cómo pueda atribuirse a la Asam-blea Legislativa una intención que prácticamente no conduce a ningún fin. T no se diga que la comisión actúa como árbitro o referee y que el funcionario nominador conserva el derecho de dictar la résolución definitiva, porque un árbitro se nombra cuando hay que decidir una cuestión y no cuando ésta ha sido ya decidida, como ocurre una vez destituido el empleado o funcionario. La facultad de reponer que se concede a dicho organismo en los casos en que intervenga la religión o la política es un argumento adicional que pone de relieve una vez más la autoridad del funcionario nomi-nador para destituir, ya que sin destitución no puede haber reposición y que, cuando la ley la ordena, es porque parte de la base de que el funcionario nominador ha ejercido sus fun-ciones destituyendo por justa causa a su subordinado. Tam-poco puede aceptarse, como alega la comisión, que el funcionario nominador destituya sumariamente, y que la comisión es la que tiene autoridad para resolver el caso en su fondo, porque ese funcionario, que solamente puede destituir por justa causa, no puede destruir los derechos de su subordi-nado mediante una destitución sumaria. El empleado no resulta indefenso por el hecho de que no se hayan concedido facultades más amplias a la comisión. La ley fija la pauta a seguir y de sus palabras se deducen los organismos llama-dos a intervenir para proteger los derechos del empleado: para una destitución por razones de carácter político o reli-gioso, la Comisión de Servicio Civil; para una destitución arbitraria y sin causa, cuando no intervenga la religión o la política, los tribunales de justicia. El funcionario nominador no tiene autoridad para destituir arbitrariamente a un su-bordinado. En el ejercicio de sus funciones, debe ajustarse a las disposiciones de la ley, formulando cargos, oyendo al empleado, y destituyendo si es necesario, cuando existe una causa para la destitución. Si no se cumple con los requi-sitos de la ley y, por causas ajenas a la política y a la religión se decreta arbitrariamente una destitución, el empleado des-tituido puede acudir a los tribunales de justicia para obtener la debida reparación.

La última parte del artículo 28 se recomienda por su pre-cisión y claridad y no deja campo abierto a la interpretación judicial. No es posible, mediante especulaciones mentales, destruir un precepto de fácil y sencilla comprensión.

Se hace hincapié también en las disposiciones del artículo 22 de la Ley de Servicio Civil. Este artículo se refiere a la certificación de las listas de elegibles, y dispone, entre otras cosas, que ninguna persona certificada y nombrada en la forma que se establece en dicho artículo cesará ni será sepa-rada, ni disfrutará de licencia, ni será transferida o redu-cida en sueldo o categoría, excepto por razones que tiendan a mejorar el servicio, expresadas por escrito y previa opor-tunidad de ser oída por la comisión, y sólo con el consenti-miento y aprobación de ésta.

Estas disposiciones, contenidas en el artículo 22, requieren que la comisión oiga y consienta; pero no conceden a dicho organismo el derecho de juzgar y decidir, a no ser que se considere implícito en la facultad de oír. Esta facultad de resolver parece concedida a la comisión en el primer párrafo del artículo 28, cuando los cargos son formulados por cual-quier funcionario superior o cualquier ciudadano. En este primer párrafo no se hace mención de los cargos formulados por un funcionario nominador. La comisión es un organismo de carácter administrativo que no tiene facultades judiciales inherentes. Estas facultades no pueden reconocérsele a me-nos que hayan sido concedidas por la ley. El artículo 28, en su párrafo tercero, habla de la notificación de los cargos al empleado una vez expuestas las razones que tuvo para la suspensión el funcionario nominador, de la oportunidad que se le ofrece a dicho empleado para contestarlos y de la re-solución de la comisión. Parece razonable deducir del con-texto de todo este párrafo que estas atribuciones se conceden a dicho organismo para el caso de que tenga que ejercer la facultad de ordenar la reposición del empleado destituido, si resulta que la misma se debió a razones políticas o religiosas. Es en este caso de destitución, en virtud de las razones adu-cidas, por un funcionario nominador, que la comisión aparece investida con la facultad cuasi judicial de reponer, que nece-sariamente lleva consigo la facultad de juzgar. Cuando se trata de cuestiones ajenas a la religión y a la política, la in-tervención de la comisión resulta nula y baldía, porque nada puede resolver con respecto a la reposición del empleado des-tituido.

El conflicto que pueda existir entre el artículo 22 y las disposiciones que comentamos del artículo 28, debe resol-verse en favor de este último artículo. Cuando existe incom-patibilidad entre dos porciones de una ley, la última en el orden numérico de las mismas debe prevalecer. United States v. Updike et al., 25 Fed. (2d) 746; Building Supplies Corporation v. Wilcox, 284 Fed. 113; Staten v. State, 80 S. E. 850; United States v. Jackson, 143 Fed. 783, 789; In re Richards, 96 Fed. 935, 939.

Se cita también la regla 42 adoptada por la Comisión de Servicio Civil, la cual dispone, entre otras cosas, que la comisión puede ordenar la reposición de un empleado destituido, cuando aparezca, previa audiencia, que los cargos formulados contra el funcionario o empleado no ban sido probados, o que la destitución se debió a razones de índole política o religiosa. Esta regla de.la comisión no se ajusta estrictamente a las disposiciones de la ley. La comisión puede reponer cuando la destitución se deba a razones políticas o religiosas, pero no cuando a juicio de la comisión los cargos no bayan sido probados. La ley no autoriza al referido organismo para reponer cuando a su juicio no se prueben los cargos, y por lo tanto la regia que pretenda añadir a la ley este nuevo fundamento para la reposición, carece de validez legal.

Esta corte, en el caso de Pérez Marchand v. Garrido Morales, supra, interpretando el párrafo tercero del artículo 28 de la Ley de Servicio Civil, se expresa en los si-guientes términos:

“La cuestión de la suspensión no es la decisiva en el pleito. Lo es la de la destitución decretada en noviembre 14 por el Comisio-nado demandado, basándose en que la contestación de la peticiona-ria a los cargos que al suspenderla le formulara, no era satisfacto-ria.
¿Tuvo poder el Comisionado demandado para actuar en la forma en que lo hizo?
“La contestación a esa pregunda requiere el examen detenido del párrafo tercero y último de la sección, el más obscuro de ellos.
“Comienza disponiendo de una manera expresa que la regla general fijada en el primero no limita 'la facultad de ningún fun-cionario nominador en cnanto a suspender o destituir a un subal-terno por causa justa, en bien de la eficiencia del servicio.’ Si ahí terminara, no habría dificultad, pero continúa tras una coma •diciendo ‘presentándose ante la Comisión, por escrito, las razones para la suspensión y dándose a la persona objeto de la separación debido aviso respecto a ésta y respecto a los cargos que se le formu-lan, así como la oportunidad de contestarlos por escrito y de pre-sentar ante la Comisión la prueba correspondiente que juzgue ne-cesaria para su defensa, ’ y la dificultad surge entonces.
“¿Debe entenderse que el legislador dispuso que la destitución no puede decretarse hasta que los cargos sean trasmitidos a la Co-misión y se dé oportunidad de comparecer ante ella al empleado o funcionario contra quien se formulan? Esa interpretación encuen-tra apoyo en la forma en que aparece el párrafo redactado, pero de seguirse destruiría el poder que se comienza reconociendo al fun-cionario nominador y que se le ha reconocido siempre, sujeto desde luego su ejercicio a las limitaciones que la justicia exige. El fun-cionario nominador quedaría limitado a la formulación de los car-gos. Sería la Comisión la que tendría el poder de destituir des-pués de investigarlos.
“Lo que sigue disponiendo el párrafo que examinamos sobre trá-mite y revisión de la resolución de la Comisión por las cortes, no ayuda mucho para la exacta fijación del pensamiento del legislador. Lo dispuesto finalmente, a saber: ‘La Comisión podrá reponer a un funcionario o empleado separado, sólo en caso de que previa au-diencia, resultare que la separación se debió a razones de orden polí-tico o religioso’, da la clave, a nuestro juicio, para la resolución definitiva del problema, porque no puede existir reposición sin sepa-ración, y porque el propio legislador habla de empleado o funcio-nario separado, esto es, ya separado cuando comienza a actuar la Comisión.
“Y así la interpretación lógica, la que da vida a todo lo dis-puesto en la ley y está conforme con los precedentes y la jurispru-dencia, es la que reconoce al funcionario nominador la facultad de destituir por justa causa, que significa formulación de cargos y oportunidad de defensa ante el propio funcionario, enviándose el expediente a la Comisión de Servicio Civil que lleva el récord de todos los empleados y funcionarios de la isla y ante la que el em-pleado o funcionario separado tiene una nueva oportunidad de de-fenderse y obtener su reposición, en el caso de que la separación se deba a razones de orden político o religioso.
“La teoría de la peticionaria es que el demandado no pudo des-tituirla por sí solo. Pudo, a nuestro juicio, según la interpretación que acabamos de dar al estatuto.
“Si el comisionado demandado hubiera actuado al ejercitar su poder de una manera arbitraria, sin formulación de cargos y opor-tunidad de contestarlos, estaríamos conformes en que el mandamus procedería sin necesidad de aguardar la acción de la Comisión, pero a nuestro juicio la corte sentenciadora no erró al decidir que aquí se formularon cargos y se dió oportunidad a la peticionaria para con-testarlos como los contestó en efecto por escrito. No importa que se comenzara por la suspensión y que erróneamente se hiciera refe-rencia al párrafo segundo de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, en vez de hacerla al párrafo tercero. La suspensión fuá un paso que pudo conducir como condujo a la destitución. La ley se cumplió sustancialmente. ’ ’

Este caso ha sido amplia y laboriosamente discutido en los interesantes alegatos presentados por la Comisión de Servicio Civil y los abogados del interventor Arturo H. Gallardo. Hemos estudiado todos los argumentos aportados por las partes interesadas y hemos llegado a las conclusiones esta-blecidas en esta opinión después de un estudio detenido de las cuestiones planteadas. Arturo H. Gallardo fué destituido por el Teorero de Puerto Rico después de haberse formulado cargos contra él y de celebrada una vista a la cual asistió representado por sus abogados. Como ya hemos dicho, no hay el más leve asomo de prueba en los autos de que la destitu-ción se debiera a razones de índole política o religiosa. La comisión, por lo tanto, no tuvo facultades para ordenar la reposición del empleado destituido.

Debe anularse la sentencia de la Corte de Distrito de fecha 4 de febrero de 1935 en el caso origen de este recurso, así como la resolución de la Comisión de Servicio Civil de fecha 23 de octubre de 1934.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.

      (1) Véase la página 552 et seq.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Santos Rosado, recurrente, v. El Registrador Sustituto de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 953.

    Sometido: Mayo 20, 1935.

      Resuelto: Mayo 24, 1935.
    El recurrente no compareció; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

Al Registrador de la Propiedad de Aguadilla se le pre-sentó un documento que contiene un contrato de hipoteca cuya inscripción negó, y no habiendo sido recogido ese documento por la persona que se lo presentó fue enviado por el regis-trador a este tribunal de acuerdo con la ley sobre recursos gubernativos de Io de marzo de 1902 (Comp. 2180-2190). Las partes interesadas han dejado de presentarnos alegatos.

El documento que fué presentado al registro de la pro-piedad para su inscripción está otorgado en el Estado y ciu-dad de Nueva York ante un notario público autorizado para ejercer allí esa profesión y contiene la constitución de una hipoteca sobre un condominio de cierta finca.

El registrador interino de Aguadilla se negó a inscribir dicha hipoteca, según aparece de la nota puesta en ese do-cumento, por lo siguiente:

“Denegado el documento que precede porque no es uno de aque-líos comprendidos en el artículo 2 de la Ley Hipotecaria y su con-cordante del Reglamento, porque el artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico dispone que los bienes inmuebles están sujetos a la ley del país en que están sitos y además porque de acuerdo con los ar-tículos 2850 al 2853 del Código Político sobre creación y nombramiento y facultades del Comisionado de Escrituras de Puerto Rico esta clase de documento debe ser legalizado ante el referido Comisionado de Escrituras de Puerto Rico, tomándose en su lugar anotación preven-tiva por 120 días, a todos los efectos legales al folio 229 del tomo 75 de Aguadilla, finca número 111 sextuplicado, anotación A, con el defecto subsanable de no expresarse el pueblo donde radica la finca hipotecada.”

No hay duda de que según el artículo 10 del Código Civil los bienes inmuebles están sujetos a las leyes del país en que están sitos y que según el artículo 11 del mismo código las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos se rigen por las leyes del país en que se otorgan, a menos que sean autorizados por funcionarios públicos o consulares de los Estados Unidos en países extranjeros, en cuyo caso se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes de los Estados Unidos. El registrador no negó la inscripción por defecto de forma en el documento ni porque no cumpla con las leyes de este país en cuanto a la constitución de la hipoteca. El motivo de su negativa es porque entiende que la hipoteca en cuestión debió ser constituida en Nueva York ante el Comisionado de Escrituras de Puerto Rico de acuerdo con el Código Político en sus artículos 163 al 166 (Estatutos Revisados 2850 al 2853). Por esos artículos se dispone que el Gobernador pueda nombrar en cada uno de los Estados y Territorios de la Unión Americana o en cualquier Estado extranjero uno o más comisionados por cierto tiempo: . que cada comisionado tendrá un sello oficial en el que aparezca su nombre, las palabras “Comisionado de Puerto Rico” y el nombre del Estado o Territorio y ciudad o condado donde resida: que todo comisionado puede, en el Estado o Territorio para que ha sido nombrado, recibir y certificar juramen-tos y tomar deposiciones y declaraciones' juradas, legalizar reconocimientos y otorgamientos de escrituras o cualquier otro documento público que baya de utilizarse o registrarse en Puerto Rico, y suministrar las pruebas y constancias de tales escrituras cuando el otorgante niegue su autenticidad: que todos esos documentos certificados por el comisionado bajo su sello oficial tendrán el mismo valor y efecto que si fuesen recibidos o autorizados y certificados por los funcio-narios competentes de esta isla, y serán admitidos como prueba en todos los tribunales de Puerto Rico: y, por último, dispone que esos comisionados están autorizados para cobrar determinados emolumentos.

En ninguna parte de esa ley se dice que el documento en cuestión debió ser otorgado necesariamente ante el Comisio-nado de Escrituras de Puerto Rico en el Estado y ciudad de Nueva York, y que por esj;o no pueda ser inscrita la -hipo-teca; conclusión que no es sostenible en vista de que no bay tal precepto en la ley. En el caso de Rojas, Randall & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R. 21, se trataba de un documento sobre transmisión de bienes inmuebles otorgado en Nueva York ante un notario de aquella ciudad que no era el Comi-sionado de Escrituras de Puerto Rico y ordenamos la inscrip-ción del documento; aunque entonces no fue negada la ins-cripción por el motivo que lo ha sido ahora. En otro caso, Negrón v. Registrador, 34 D.P.R. 787, negó el registrador la inscripción porque el documento estaba otorgado ante el Comisionado de Escrituras de Puerto Rico en Nueva York y ordenamos la inscripción diciendo que una escritura o un poder otorgado ante un Comisionado de Escrituras para Puerto Rico en el Estado de Nueva York si de otro-modo no está sujeto a objeción es tan suficiente para que pueda ser inscrito en esta isla como si fuera otorgado ante un notario público, bien aquí o en otra parte.

En cuanto al defecto subsanable consignado por el registrador por no expresarse en el documento el pueblo en que radica la finca hipotecada, nos parece que no debe subsis-tir toda vez que para anotar como anotó la negativa de ins-cripción en la finca núm. 111 sextuplicado del tomo 75 de Aguadilla tuvo que saber el pueblo dónde la finca hipote-cada radica.

La resolución apelada debe ser revocada y ordenarse la inscripción del documento sin el defecto que consignó el re-gistrador.


author: El Juez Presidente Señor Del Torio,

text:
    Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 de la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América, y la Logia Víctor Rojas No. 9728, demandantes y apelantes, v. Logia Víctor Rojas, Inc., demandada y apelada.
    No. 6580.

    Sometido: Abril 4, 1935.

      Resuelto: Mayo 27, 1935.

      Pascasio Fajardo Ma/rtínez, abogado de los apelantes; Susoni & Lens, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

La Gran Logia de Distrito del Ditrito No. 41 de la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América, con domicilio en San Juan, y la Logia Víctor Rojas No. 9728, afiliada a dicha Orden y domiciliada en Arecibo, demandaron ante la corte del distrito a la Logia Víctor Rojas, Inc., domiciliada también en Arecibo, en solicitud de una sentencia condenando a la demandada a entregar a la demandante Logia Víctor Rojas No. 9728 el edificio y finca descritos en la demanda con todos los mnebles, útiles y enseres del templo en el mismo instalado, los libros, documentos y cualquiera otra propiedad en dinero o mnebles pertenecientes a la deman-dante el 10 de septiembre de 1930 y que se hubieren cobrado después por alquileres u otro concepto por la demandada llamándose continuadora de la demandante], y declarando nulo el traspaso hecho a la demandada de la indicada finca de la demandante y su inscripción en el registro y nula tam-bién, en cuanto pueda significar un traspaso a favor de la demandada de la finca en cuestión, la hipoteca sobre ella constituida el 5 de agosto de 1930 ante el notario Susoni, debiendo la demandada dentro del término de diez días ren-dir a la demandante una liquidación de los pagarés al por-tador relacionados con dicha hipoteca con devolución de los mismos o de su importe.

Para pedir esa sentencia se basaron las demandantes substancialmente en los siguientes hechos:

La primera de las demandantes o sea la Logia de Distrito No. 41 es el organismo director en esta isla con juris-dicción sobre todas las logias oddfélicas de Puerto Rico afi-liadas a la Orden por conducto de su Comité Administra-tivo de Philadelphia, Pa., orden que es una asociación ins-tituida para la ayuda mutua social y progreso espiritual de sus miembros y posee bienes materiales para la celebración de sus cultos y la realización de sus obras benéficas, siendo la segunda una logia local con domicilio en Arecibo, afiliada a la Orden desde mayo 8, 1916 en que recibió su carta de dispensación, con un reglamento interior cuyo artículo 1 dice:

“Art. 1. — Esta Logia llevará por nombre ‘Víctor Rojas’ y ten-drá su residencia en Arecibo, siendo su afiliación a la ‘Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América’ y cuyo registro general de la orden • lo indica el número 9728, sometiéndose • a las disposiciones de la Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41, bajo la .dependen-cia del Subcomité Administrativo de la Orden.”

El 9 de diciembre de 1925 la demandante Logia Víctor Rojas No. 9728, compró a doña Luisa Moreno una faja de terreno en la calle Cervantes de Arecibo y el 15 de marzo de 1926, arrendó al municipio nn solar contiguo a la faja, levantando sobre ambos un edificio destinado a templo.

En reunión celebrada en septiembre 10, 1930, Rufino Serrano, que ejercía con carácter interino el cargo de Noble Grande de la dicha logia demandante, Rigoberto Campudo-nis, Secretario de la misma, y otros de sus miembros se de-clararon libres e independientes de la demandante Gran Lo-gia de Distrito No. 41 y del Comité Administrativo de Philadelphia por los motivos que expresaron y acordaron for-mar otra logia con el mismo nombre de Víctor Rojas que in-corporaron de acuerdo con la ley sobre asociaciones que no tienen por objeto beneficios pecuniarios, inscribiéndola en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico. Esa logia así in-corporada es la demandada en el pleito.

Para la reunión de septiembre 10, 1930, no fueron cita-dos varios de los miembros financíales de la logia y miem-bros que asistieron se negaron a consentir en la separa-ción, no obstante lo cual el acuerdo aparece adoptado por unanimidad.

No se notificó previamente la intención de separarse a la Gran Logia del Distrito bajo cuya jurisdicción actuaba la de Arecibo, ni al Comité Administrativo de Philadelphia y cuando se notificó a la primera, después de adoptado dicho acuerdo, fué por ella desaprobado y declarado nulo dis-poniendo que la logia continuara funcionando con los miem-bros que habían permanecido leales.

Pocos días antes de la separación los miembros disiden-tes de la logia que controlaban su dirección otorgaron una hipoteca al portador por cuatro mil quinientos dólares con el pretexto aparente de pagar ciertas deudas que estaban en sn mayor parte satisfechas y el móvil verdadero de ase-gurarse el control de la propiedad para realizar más tarde el traspaso a la nueva organización.

Los miembros disidentes quedaron en posesión material del edificio, muebles, útiles y libros y de gran parte de la correspondencia y documentos de la demandante, que con-tinúan detentando a pesar de la orden de la primera de las demandantes y de los requerimientos de la segunda, y con fecha febrero 5, 1931, después de haber sido notificada la. demandada de una demanda de desahucio interpuesta por la Logia Víctor Bojas No. 9728, Vicente Vega y Bigoberto Campudonis, llamándose Noble Grande y Secretario, respec-tivamente, de la Logia Víctor Bojas No. 9728, comparecie-ron ante notario y otorgaron una escritura en la cual ha-ciendo constar el acuerdo de separación se traspasaron a sí mismos, a favor de la Logia Víctor Bojas, Inc. la finca en cuestión, logrando luego que la escritura se inscribiera in-debidamente en el registro.

La demandada detenta en la actualidad la repetida finca,, obstaculiza a la segunda de las demandantes en el cobro de sus rentas y pretende aparecer como su continuadora con derecho al disfrute de sus bienes.

Contestó la demandada en resumen aceptando la perso-nalidad de la Logia de Distrito demandante y negando la de la Logia Víctor Bojas No. 9728 a partir del 10 de sep-tiembre de 1930, negando además otros particulares de la demanda. Sostiene que en la actualidad la logia deman-dante Víctor Bojas No. 9728 no existe, siendo la Logia Víctor Bojas, Inc. la existente en su lugar con pleno derecho a las propiedades en disputa de las que se encuentra en pose-sión.

Pué el pleito a juicio y la corte declaró que para adop-tar el acuerdo de separación no se cumplió la regla de la Orden contenida en la sección primera de la Ley No. 98 de. los Estatutos Generales de la misma, a saber: “Sec. 3,— Cualquier Logia que desee separarse de la Orden deberá anunciarlo al Subcomité Administrativo con tres meses de anticipación, y pagará todas las deudas pendientes con la Orden enviando junto al pago, su Dispensación y obras se-cretas al Subcomité Administrativo”, y luego dijo:

“Si la demandada no siguió con estricta rectitud la norma fijada por los cánones de la Orden, a fin de que se la pueda considerar des-ligada de la misma, es imperativo (que el juzgador declare y resuelva la inexistencia de tal separación. En otras palabras, se impone una resolución declarando inválida, inexistente y nula la separa-ción verificada por la demandada, debiendo considerársela como que continúa afiliada y bajo la obediencia de la Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 y del Subcomité Administrativo de Filadelfia, basta tanto no verifique su emancipación en forma válida y legal.
“Una vez decidido que la demandada, no cumplió estrictamente con las reglas a que venía obligada para declararse independiente, por cuya circunstancia hay que continuar considerándola como parte integrante de y sometida a la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América, ¿ viene el juzgador obligado .a fallar 'sobre las propie-dades disputadas? Entendemos que no, porque el dilema es de una diafanidad irrefragable; si dentro de la lógica y en la realidad de la ley, la demandada no ha dejado de integrar la Fraternidad, de la cual se suponía separada, es obvio que resulta innecesario, y hasta contraproducente, que se dicte resolución sobre los bienes, ya que si no ha habido separación, no ha surgido la situación que podría justificar una acción sobre los mismos. Además, el hecho de que la demandada haya tratado de disolver el vínculo >que la unía a la Ins-titución Oddfélica, no sería suficiente justificación para imponerle el castigo de despojarla de sus propiedades y entregarlas a la na-ciente logia organizada por los afiliados que no siguieron a los disidentes. Porque los bienes adquiridos por la. Logia Víctor Rojas No. 9728 no pertenecen al nombre; la denominación es algo empí-rico, algo convencional utilizado solamente para designar la ins-titución, sino que son propiedad de la entidad jurídica, que en nom-bre colectivo de sus asociados los posee y ejecuta sobre ellos actos de señorío y dominio, y, estando dentro de las facultades de cual-quier organismo fraternal el cambiar a su arbitrio de denominación, no advertimos razones convincentes que induzcan al juzgador, por-que tal cosa se haga, .a decretar un despojo.
“La propiedad es algo consubstancial con la persona, ya sea ésta natural o jurídica, y un mero cambio de nombre no puede con-llevar la pérdida de bienes legítimamente adquiridos por una aso-ciación.
“Resuelto que la demandada, Logia Víctor Rojas Inc., en puri-dad de verdad, no se ha desintegrado de la Orden Oddíéliea, ¿cuál es el status del organismo que .actualmente funciona en la ciudad de Arecibo con el nombre de ‘Logia Víctor Rojas No. 9728?’ A juicio del juzgador, tal logia debe considerarse inexistente y ca-rente de vida jurídica y social. ¿Por qué? Por varias razones muy sencillas. La primera: que no ha obtenido carta de dispen-sación del Organismo Superior y viene actuando con la misma fran-quicia otorgada a la demandada, la cual ni es transferible, ni es utilizable por entidad alguna, que no sea la genuina a quien se li-brara. Segunda: porque viene detentando una denominación que es patrimonio exclusivo de la demandada, quien, mientras no efec-túe su independizaeión en forma correcta y legal, es dueña absoluta del nombre ‘Víctor Rojas No. 9728.’ Tercera,: porque no pueden coexistir, a la vez, dos cuerpos con un solo aliento vital, y siendo ambas una sola, no vive la pretensa suplanta,dora. Y otras más, de las cuales hacemos gracia por no .alargar innecesariamente esta opinión.
“La Logia directriz, en Puerto Rico, de la fraternidad oddfélica debe actuar en consonancia con las circunstancias concurrentes y dar los pasos pertinentes a recabar la, cancelación de la incorpora-ción de la demandada en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico.
“Por tales consideraciones, esta Corte es de opinión que en este caso procede se dicte una sentencia declarando con lugar la demanda y, en su consecuencia, declarando inválida, inexistente y nula la se-paración verificada por la demandada, Logia Víctor Rojas Inc., del seno y obediencia de lá Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 de Puerto Rico y del Subeomité Administrativo de Filadelfia de la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América; debiendo conside-rarse, a virtud de esta sentencia,, que la referida Logia Víctor Rojas Inc., continúa afiliada, en el seno y bajo la obediencia de la Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 de Puerto Rico y del Sub-Co-mité Administrativo de Filadelfia de la Gran Orden Unida de Odd-fellows en América, hasta tanto no verifique su separación y eman-cipación en forma válida y legal. Todo ello sin especial condena-ción de costas.”

Se registró una sentencia de conformidad el 13 de abril de 1933 y de ella apelaron ambas partes. La apelación de la demandada lia sido al parecer abandonada. La de las demandantes se limitó por sn escrito como signe:

“La presente apelación se formula aceptando y acatando la alu-dida sentencia en aquella parte de la misma que declara con lugar la demanda con relación a la nulidad de los procedimientos segui-dos por los socios rebeldes por no haberse cumplido con los by-laws de la orden al tiempo de la separación, reservándose estos apelan-tes el derecho de levantar en este recurso todas aquellas cuestio-nes que justifiquen las alegaciones de la demanda, súplica de la misma, de conformidad con los hechos probados en corroboración a todo ello y en virtud de todo lo cual la sentencia apelada es in-consistente, así como todo error que esté justificado por' la trans-cripción de evidencia que en su día se apruebe.”

Perfeccionado el recurso, sólo lia archivado alegato la parte apelante que fue la única que compareció al acto de la vista del mismo.

Aun cuando la cuestión no está envuelta estrictamente, diremos que la prueba demuestra en verdad que la separación se llevó a efecto dejando de cumplirse con las reglas de la orden y que demuestra además — declaraciones de Norman E. Parkhurst, Giran Secretario de la Logia de Ditrito No. 41, y José Gotay Abmedina, Gran Secretario Anterior de la misma, varios documentos y testimonios de Alejo Pérez, Primitivo Barrios, Pantaleón Rosario, Pedro Martínez, Francisco Correa, José Mayol, José Urbinas, Carmelo Pérez, Rosendo Vázquez y José Dolores Díaz — que la Logia Víctor Rojas No. 9728 demandante continuó funcionando en Arecibo con varios de sus antiguos miembros y otros nuevos, reconocida como tal por los organismos centrales de la orden, y que siendo ello así, resulta incongruente la segunda parte de la opinión y sentencia de la corte de distrito con la primera.

A nuestro juicio declarada nula y por consiguiente inefi-caz la separación, la que subsiste con derecho al disfrute de sus propiedades no es la logia de nueva creación, la de-mandada, sino la original, la demandante. Esto es evi-dente por sí mismo. Volviendo a ella los que de ella se se-pararon ilegalmente, es que podrán continuar en el seno de la Orden y de sn logia y en el disfrute de las propiedades de ésta, no incorporados separadamente como pretende la corte de distrito.

Debe, en tal virtud, revocarse la sentencia recurrida en la parte en que lo ha sido y dictarse otra declarando la de-manda con lugar, con las costas a la demandada.


author: El Juez Asociado Seño® Aldbey,

text:
    Julio R. Brenes, peticionario y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico; Julio B. Barinas, Colector de Rentas Internas de Ponce, P. R.; Augusto R. Soltero, Superintendente de Seguros y Charles E. Winter, Procurador General de Puerto Rico, recurridos y apelados.
    No. 6307.

    Sometido: Mayo 23, 1934.

      Resuelto: Mayo 28, 1935.

      IS. Campos del Toro y Angel M. Yillamil, abogados del apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Horton y M. Rodrigues Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Seño® Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Julio R. Brenes presentó en la Corte de Distrito de San Juan una solicitud de acuerdo con la ley uniforme de sen-tencias declaratorias (No. 47) de 1931 (pág. 379) para que el tribunal dictase la resolución que en justicia proceda en vista de los siguientes hechos que expondremos en resumen. En la solicitud se dice bajo juramento que el peticionario es un porteador público: que el Colector de Rentas Inter-nas de Ponce notificó al peticionario que por orden del Tesorero de Puerto Rico quedaban embargados cinco vehículos de motor y que si transcurrían diez días sin satisfacer al Tesorero de Puerto Rico la cantidad de $720.97 serían vendi-dos esos vehículos en subasta pública para cobrar el montante de esa deuda: que tal cantidad se le cobra por concepto de cuo-tas para el fondo del Estado creado por los efectos de la Ley Núm. 85 de 1928 (pág. 631), cuyo artículo 37 dispone que un funcionario administrativo denominado Superinten-dente de Seguros debe calcular, usando su personal crite-rio, la cantidad necesaria para mantener solvente el men-cionado fondo, siendo facultad de ese funcionario clasifi-car los distintos patronos de obreros a los cuales sea apli-cable la ley, debiendo al mismo tiempo y sobre la misma base fijar tipos de cuotas que serán pagados por los patro-nos de obreros en cada grupo, todo ello a los efectos de la creación y mantenimiento del expresado fondo del Estado: que de acuerdo con la sección 38 de esa ley el Tesorero de Puerto Rico, tomando en cuenta exclusivamente la clasifica-ción y tipo de cuota determinados por el Superintendente de Seguros, tiene el deber de imponer, tasar y recaudar a todo patrono de obreros las cuotas correspondientes: que en virtud de esas prescripciones legales, no hay disposición legislativa válida por la cual se pueda compeler legalmente al peticionario a pagar la cantidad qne se le cobra y qne mo-tivó el embargo de sns bienes porqne la determinación de la snma necesaria para proveer a las erogaciones de cual-qnier organismo o dependencia del Estado es función le-gislativa qne no pnede ser delegada a fnncionarios públi-cos administrativos: y porqne la fijación de nn tipo de cnota snjeto al cnal contribuyen los ciudadanos al sosteni-miento de los gastos del Estado, bien generales o especiales, también es facultad de la Legislatura qne no pnede delegar en funcionario alguno de otro carácter. También alega qne como consecuencia de lo expuesto no está obligado a pagar la cantidad que se reclama y que la discrepancia entre el Tesorero de Puerto Eico y el peticionario debe ser resuelta por la corte.

El mismo día de radicada esa solicitud presentó el peti-cionario una moción 'jurada a la corte para que decretase la paralización del cobro que le bace el Tesorero de Puerto Rico basta que la precedente solicitud del peticionario sea resuelta, reproduciendo para ello sus anteriores alegaciones, exponiendo además que en dicbo día vencía el plazo que se le fijó para pagar: que los fines de la justicia serían me-jor servidos y cumplidos si el Tesorero detiene el cobro y la venta de los bienes embargados, los cuales está usando el peticionario en el transporte de pasajeros en Ponce, evi-tando así un daño grave e irreparable tanto al público de Ponce como el peticionario: y que de la petición y de la jurisprudencia aparecen méritos batantes para justificar la suspensión interesada. La corte de distrito resolvió esa mo-ción de acuerdo con lo en ella interesado pero después, a petición del Tesorero de Puerto Rico, la reconsideró y dejó sin efecto, por lo que Julio R. Brenes interpuso la presente apelación.

El apelante dice que al dejar la corte inferior sin efecto la orden que babía dictado cometió error al estimar que la moción que motivó la orden prohibitiva no aduce hechos su-ficientes que establezcan un daño irreparable que la justifique y al declarar que dicha orden prohíbe el ejercicio del poder conferídole por la ley al Tesorero y contraviene la prohibición establecida por la Ley Núm. 26 de 1927 (pág. 167) que reglamenta la concesión de injunctions.

La orden que la corte inferior dejó sin efecto y que el apelante quiere que revoquemos es claramente una orden de injunction dictada por la corte prohibiendo al Tesorero cobre cierta contribución y haga vender bienes a tal fin mientras se resuelva si es o no nula la ley en que el cobro se funda.

La teoría del apelante es que el injunction que decretó la corte es procedente y debe ser puesto en operación otra vez, ya se tome en cuenta que la cantidad que el Tesorero cobra no está autorizada por disposición válida de la ley o ya que los vehículos embargados se están usando en el servicio público de transportación de pasajeros en Ponce, por lo que su venta acarrearía un grave e irreparable daño tanto al público como al apelante.

La Ley Núm. 26 de 1927 que enmienda la de injunction de 1906 (Comp. 1354) dispone en su sección cuarta en rela-ción con sus apartados 3 y 7 que no podrá decretarse un injunction para impedir el cumplimiento de un estatuto pú-blico por funcionario de la ley, en beneficio del público; ni tampoco podrá impedir la imposición o cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de los Estados Uni-dos o de Puerto Pico. Esa sección y apartados citados son aplicables al caso presente porque el Tesorero de Puerto Rico es un funcionario de la ley que al cobrar la cantidad que reclama al apelante estaba tratando de cumplir un es-tatuto de Puerto Rico para beneficio del público. Prohibición similar en cuanto a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico se encuentra en el artículo 48, párrafo 2°., de nuestra Carta Orgánica, preceptivo de que en esa corte no podrán sostenerse pleitos con el fin de restrin-gir la tasación o cobro de contribución alguna impuesta por las leyes de Puerto Rico. En el caso de Roosevelt, Gobernador, v. Corte, 42 D.P.R. 836, en el que nna Corte de Distrito dictó nna orden restringiendo al G-obernador de Puerto Rico de poner en vigor una ley, cuya orden revocamos, se dijo por los jueces que intervinieron en ese asunto que se presume que una ley de la Legislatura es constitucional y que ninguna corte en un caso que envuelva la inconstitucio-nalidad de un estatuto debe actuar para restringir al de-mandado, a menos que baya una fuerte demostración de tal inconstitucionalidad. La alegada inconstitucionalidad de la ley en este caso no es de tal naturaleza que contenga una fuerte demostración de su inconstitucionalidad, de suerte que sirva de fundamento para impedir que el Tesorero de Puerto Rico cumpla con los deberes que le impone la ley. El apelante cita el caso de People v. Havemayer, 60 F. (2d) 10, en el cual la Corte de Circuito de Boston declaró incons-titucional una ley de Puerto Rico para el cobro de cuotas del riego, pero esa decisión fué revocada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico carecía de juris-dicción para conocer del asunto y consiguientemente de ella carecía también la Corte de Circuito de Boston en apelación. Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U. S. 476.

En resumen, la nulidad de una ley de la Legislatura debe ser muy evidente para que sin una sentencia que declare su nulidad esté justificada una corte en prohibir que se ponga en cumplimiento. No se encuentra en esas condicio-nes la ley impugnada en este caso y por esto no cometió la corte inferior error al dejar sin efecto la prohibición que había decretado.

Después de lo expuesto queremos decir, sin sugestión de las partes, que dudamos mucho que en procedimientos seguidos de acuerdo con la ley citada de 1931 puedan librarse órdenes como la que interesó el apelado, dada la naturaleza de esa ley y que el único precepto de ella que se refiere a medidas adicionales es su artículo 8, que las com cede cuando se fundan en una sentencia o decreto declara-torio.

La resolución apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alipio Rivera Ramos, acusado y apelante.
    No. 5774.

    Sometido: Mayo 21, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1935.

      F. González, Jr., abogado del apelante; JR. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Atixiliar, abogados ele El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Alipio Rivera Ramos fue denunciado por un delito de al-terar la paz cometido en la calle G-eorgetti de Humacao como a la una de la madrugada del día 1 de diciembre de 1934. Se alega en la denuncia que el acusado, voluntaria y mali-ciosamente, y en aparente estado de embriaguez, alteró la paz y tranquilidad del inmediato vecindario y especialmente la de los denunciantes, con un fuerte escándalo que formó pro-nunciando frases obscenas, dichas en alta voz, en forma es-trepitosa e inconveniente y al alcance del oído de mujeres y niños, dando lugar con su conducta desordenada y ofen-siva a que se alterara la paz y tranquilidad del inmediato vecindario y especialmente la de los denunciantes. Hemos silenciado las frases obscenas que se le atribuyen al acusado en la denuncia, porque bemos de referirnos más adelante a las que fueron objeto de prueba, que son las únicas que po-demos tomar en consideración.

La corte inferior declaró culpable al acusado y le con-denó a pagar diez dólares de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer.

Se alega como único motivo de error que la sentencia es contraria a la prueba y que no está sostenida por ninguna de las alegaciones de la denuncia. Arguye el acusado que el elemente público, indispensable para la comisión de un de-lito de alteración de la paz, no quedó probado, porque nin-guna de las frases que se ponen en labios del acusado apa-recen dichas en forma estrepitosa e inconveniente ni al al-cance del oído de mujeres y niños.

La querella aparece autorizada por el policía Guillermo Fernández. La prueba aportada consistió en el testimonio del policía insular Otilio Encarnación, quien acompañaba al guardia Fernández el día en que ocurrieron los becbos denunciados. Declara el referido testigo que encontrándose con su compañero en la Plaza Muñoz Rivera de Humacao, como a la una de la madrugada, oyeron que se cantaba una canción en la calle de Georgetti. Se acercaron al sitio donde se cantaba y allí encontraron al acusado y a otros jóvenes, a quienes preguntaron si tenían permiso para cantar. Alipio, algo ebrio, en actitud colérica, le dijo al guardia Fernández que eran abusos de la policía y pronunció allí frases fuertes, diciendo: “Coño, estos guardias son unos pendejos, y yo soy un hombre serio y de respeto.” Entonces el guardia arrestó al hombre y lo agarró por el brazo, interviniendo el testigo en ese momento en que uno de los compañeros del acusado quiso brjincar sobre el otro guardia-; que el declarante baló por su macana en una actitud fuerte, diciendo: “Fuera todos los que estén pegados del guardia ”5 que los jóvenes se despegaron y arrestaron a Alipio, llevándolo.a la cárcel, y que arrestaron también a sus demás compañeros, pero como se portaron correctamente los soltaron y dejaron arrestado al acusado; que todos los jó-venes cantaban y tocaban en grupo; que estaban en ánimo alegre; que el único que babló en la forma relatada fué Alipio; que los demás no Rabiaron; que los llevaron a la cárcel para tomar nota y después los soltaron; que cuando uno de los jóvenes brincó bacia el guardia fué que el tes-tigo sacó la macana como medida de precaución, diciéndole que se retirara y que entonces se despegaron; que no puede decir a qué se debió la actitud de este joven; que nadie de-mostró una actitud violenta de darle al guardia. Se le pre-gunta que por qué sfi estaban tranquilos y ninguno intentó agredir al guardia bizo uso de la macana, y contesta que también ba declarado que estaban en una actitud violenta y amenazadora y que en el momento en que intervino se fue-ron para encima del policía Fernández y entonces baló por la macana, diciéndoles: “Fuera, no se peguen del guardia”; que babía visto a estos jóvenes en otras ocasiones dando serenatas, que son muy buenos mucbacbos todos, jóvenes de escuela la mayor parte y buenas personas; que intervi-nieron porque existe una ordenanza en Humacao que no per-mite cantar después de las doce de la nocbe sin obtenerse un permiso del Alcalde.

Terminada la declaración de este testigo, el fiscal mani-festó que el otro guardia se encontraba enfermo y que su evidencia, de comparecer, sería cumulativa. El acusado no presentó prueba alguna. Su defensa se basa en que 110 quedó probado el elemento público, indispensable, a su jui-cio, para la comisión de un delito de alterar la paz. En apoyo de esta teoría cita los casos de El Pueblo v. Vaz, 28 D.P.R. 926; Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R. 74 y Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 339. En El Pueblo v. Ruiz se resolvió que no basta decir en una denuntiia que se usaron por el acusado frases amenazadoras o se adoptó cierta actitud agresiva, si no se expresa que dichas frases o actitud produjeron en rea-lidad de verdad el fecto de perturbar la paz de determi-nada o determinadas personas, pues esta perturbación cons-tituye la ofensa delictiva. En el presente caso se alega que el acusado pronunció frases obscenas, dichas en alta voz, en forma estrepitosa e inconveniente y al alcance del oído de mujeres y niños, dando lugar con su conducta desordenada y ofensiva a que se alterara la paz y tranquilidad del inme-diato vecindario y especialmente la de los denunciantes. Prescindiendo por ahora de los hechos y refiriéndonos ex-clusivamente a la denuncia, no hay duda de que en la misma se imputa al acusado un delito de alterar la paz.

En el caso de El Pueblo v. Ruiz se resolvió que el delito denunciado no estaba comprendido en el artículo 368 del Código Penal. En Pueblo v. Ways, esta corte refiriéndose a la cuestión del elemento público que el acusado considera indispensable para que exista el delito de alterar la paz, se expresó así:

“Se ha insinuado que por más que la ley castiga la alteración de la paz de un individuo, siempre, para que exista el delito, es ne-cesario el elemento público. Estamos conformes. Hemos visto que el artículo 368 forma parte del título que comprende los delitos contra la paz pública. La naturaleza de los diversos actos que abarca el indicado artículo y el espíritu general del mismo, así lo demandan. Pero tal elemento existe en el presente caso. La conducta del acu-sado para con el denunciante fué en público y expresamente se alega en la denuncia que la actuación del acusado dió lugar a la reunión de muchas personas ...”

En el presente caso la evidencia aportada no demuestra que el acusado se produjese en forma estrepitosa o que sus palabras hubiesen sido dichas al alcance del oído de mujeres y niños. Se probó, sin embargo, que fueron pronunciadas en actitud colérica y en presencia de los mismos jóvenes que acompañaban al acusado. El policía Encarnación nos dice que cuando Alipio Rivera pronunció estas palabras, el po-licía Fernández lo agarró por un brazo y lo arrestó. El tes-tigo hizo uso de la macana en el momento en que uno de los jóvenes brincaba encima del policía. De su declaración se deduce que hubo cierta alteradión de la paz. Afirma, el tes-tigo que los jóvenes estaban en una actitud violenta y ame-nazadora cuando hizo uso de la macana, aunque hace cons-tar que nadie demostró una actitud violenta de darle al guardia. Las palabras que aparecen dirigidas por Alipio Rivera a los policías resultan, a nuestro juicio, mortificantes y ofensivas. Se calificó de abusadora la actitud de estos funcionarios del orden público y se pronunciaron palabras obscenas que tendían a herirlos y mortificarlos.

De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal puede alterarse la paz pública por medio de una conducta desordenada u ofensiva. En la denuncia se alega que el acusado düó lugar con su conducta desordenada y ofensiva a una alteración de la paz. La palabra “ofensiva” ha sido definida como algo que sirve o se usa con intención de ofender, desagradar o mortificar. Funk & Wagnalls’ New Standard Dict. 1913. La referida palabra se define como aquello que injuria o hiere los sentimientos o causa desagrado, in-vita a la provocación o provoca ira. Esta definición la tomamos del caso de People v. Whitman, 157 N. Y. Supp. 1107, donde se acusó a una mujer de haber dirigido a otra epítetos viles bajo un estatuto que castiga el uso de lenguaje desordenado u ofensivo. En el referido caso la corte se expresó así:

“No hay duda de que el lenguaje dirigido a la mujer del quere-llante por la acusada es ofensivo dentro del significado de las ante-riores definiciones. En un sentido amplio, tal lenguaje constituye üna grosera violación de las reglas ordinarias de urbanidad, buena vecindad y buenas maneras, y si se dice en alta voz, de modo que pueda ser oído por el público, debe ser considerado como una ofensa contra el orden público y la decencia. El uso de tal lenguaje en ocasión y en un sitio en que pueda ser oído por otras personas ade-más de aquélla a la cual se dirige, tiene la tendencia de ofender al público por la razón del significado vil y obsceno de las palabras. La verdad es que de cualquier modo que se juzgue, el uso de tales palabras debe ser ofensivo a la persona atacada.”

Esta corte, en el caso de El Pueblo v. Ways, supra, dice lo siguiente:

“ ‘Offensive,’ en general, significa, 29 Cyc. 1353, cualquier cosa que causa disgusto, que produce dolor u origina sensaciones desagra-dables. ’ ’

Como hemos dicho, las palabras obscenas y ofensivas fue-ron pronunciadas por el acusado en actitud colérica y en pre-sencia de sus compañeros. La ofensa aparece inferida pú-blicamente, habiéndose producido como consecuencia de la misma, según lo demuestra la prueba practicada, cierta al-teración de la paz.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Cordova Dávila,

text:
    Cancio Pérez, demandante y apelante, v. José Claudio, demandado y apelado, y South Porto Rico Sugar Co. of P. R., interventora y apelada.
    No. 6916.

    Sometido: Marzo 31, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1935.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; F. Manuel Toro, abogado de la interventora apelada.
   El Juez Asociado Señob Cordova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de marzo de 1930, José Claudio y South P. R. Sugar Co. celebraron un convenjio titulado “Contrato Privado de Compraventa de Cañas.” Conforme a lo estipulado, el co-lono se comprometió a tener sembradas y cultivadas para las zafras de 1931 a 1935, inclusives, cierto número de cuer-das de plantaciones de cañas de azúcar. Según reza el con-trato, Claudio vendió además a la interventora South P. R. Sugar Co. todas las cañas que habían de producir dichas plantaciones en las zafras de 1931 a 1935. Los gastos de siembra, cultivo y cosecha habían de ser por cuenta de Claudio; los de elaboración por cuenta de la factoría. La in-terventora se comprometió a pagar a Claudio periódicamente, según se fuesen elaborando las cañas, cantidades que se de-terminarían de acuerdo con el grado de sucrosa que contu-vieran las cañas y por el precio promedio del azúcar en el mercado de Nueva York. De estas sumas pagaderas a Claudio podría la interventora retener en su. poder, para hacerse cargo de cualquier suma y sus intereses que le estuviera adeudando el colono como cantidad vendida o por vencer en cada zafra, la parte que fuese necesaria.

El párrafo sexto del contrato dice así:

“Si ‘El Colono’ necesitare fondos para las atenciones propias de la siembra y cultivo de las referidas cañas, la Central podrá fa-cilitarle, en concepto de anticipo, a cuenta del respectivo valor y precio de las cañas, y bajo las condiciones que se acordare, pero sin venir obligado a ello, los precisos; siendo el documento en que con-signe el anticipo, parte integrante del presente contrato.”

La cláusula K del referido contrato dispone que en caso de serle imposible a la central moler las cañas del colono a su debido tiempo, éste puede molerlas donde mejor le pareciese, haciendo constar que las cañas así molidas “no se entende-rán comprendidas en la presente venta, salvo que la Central hubiese hecho anticipos o préstamos al colono,” en cuyo caso los importes líquidos de esas cañas quedarán a dispo-sición de aquélla “hasta donde fuere necesario”, para cu-brir totalmente los anticipos o préstamos. Los otorgantes de este documento, que se denomina de compraventa de ca-ñas, convinieron en que el contrato que el mismo contiene surtiese efectos legales de acuerdo con lo provisto en la ley de contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, apro-bada en marzo 10 de 1910. Este documento fué presentado al Registro de Contratos Agrícolas, donde se hizo constar, en mayo 12 de 1930, lo siguiente: “Anotado el contrato de refacción agrícola a que se refiere el documento que precede. .

La interventora adelantó dinero a Claudio para la refac-ción de las cañas durante el año de 1931, y al terminarse la zafra de dicho año y liquidarse la cuenta, resultó el colono adeudando a la factoría $1,252.55. Reconoció el colono esta deuda en un pagaré que fué garantizado con hipoteca sobre ciertos bienes muebles. Asimismo la interventora adelantó dinero para la cosecha de 1932, terminada la cual resultó adeudando Claudio la suma total de $1,316.20, incluyendo dicha suma la deuda proveniente del año anterior.

En 31 de enero de 1933 Cando Pérez demandó a José Claudio en cobro de la suma de $2,068 con sus intereses. Ob-tuvo orden de aseguramiento de sentencia y embargó todo derecho, título, acción o interés que tuviese el demandado Claudio en las cañas próximas a ser cosechadas en las An-eas comprendjidas en el contrato de compraventa de cañas a que nos hemos referido. Se nombró al demandante de-positario administrador de las cañas, y éstas fueron molidas en la factoría de la South P. E. Sugar Co. El azúcar pro-ducida fué vendida, arrojando un total de $1,324.89 después de hechas ciertas deducciones con las cuales están confor-mes las partes. Intervino entonces la South P. E. Sugar Co. en el litigio, contestando la demanda de Cancio Pérez y ale-gando tener preferencia sobre el producto de las cañas em-bargadas hasta que su crédito con el demandado, ascendente a. $1,316.20,- fuese satisfecho. Se dictó sentencia condenando a Claudio a pagar al demandante la suma reclamada y re-solviendo .que,el crédito de la interventora por concepto de adelantos refaccionarios tenía preferencia, en cuanto al pro-ducto de. las cañas embargadas, sobre el crédito, del demandante.

De. esta sentencia, en cuanto concede preferencia al cré-dito de la interventora, apela el demandante, señalando tres errores que pueden reducirse a dos, a saber: que erró la corte al considerar que el contrato entre el colono y la inter-ventora de marzo 12, 1930, fué uno de refacción agrícola y, no de compraventa de cañas, y al resolver que dicho con-trato perjudicaba al demandante, a pesar de no haberse he-cho constar en el Eegistro que se adelantara suma alguna a Claudio para la refacción de las cañas.

La posición que adopta el apelante no parece favorecerle, porque, a su juicio, el convenio celebrado por las partes' tiene el carácter- de un contrato de compraventa de cañas y no de molienda y refacción. El apelante sabe que la compraventa de las cañas implica necesariamente para Claudio la pérdida del dominio de las mismas en 1930, muck antes de interponerse la presente acción, y, en el su-puesto de que se tratase de un contrato de compraventa, es claro que el embargo trabado en 6 de febrero de 1933 no po-dría perjudicar los derechos adquiridos anteriormente por la compradora de las referidas cañas, South P. R. Sugar Co. No obstante creemos con la corte inferior que el contrato era, más bien que de compraventa, uno de molienda de ca-ñas y refacción. Las cañas quedaban en posesión del co-lono, quien costeaba los gastos de producción de la cosecha y asumía todos los riesgos hasta que dichas cañas se con-virtiesen en azúcar. No se obligó la factoría a pagar el valor de las cañas, sino a liquidar los azúcares producidos, de acuerdo con el precio en el mercado de Nueva York. Ló-gicamente se deduce que la intención de las partes no fué vender las cañas, sino contratar su molienda. Así se hace resaltar particularmente en la cláusula K del contrato, a que nos hemos referido, y que dispone en síntesis que aque-llas cañas que no pudieran molerse en la Central se enten-derían excluidas del contrato, a no ser que dicha Central hubiese hecho anticipos al, colono, en cuyo caso el producto de las cañas habría de quedar a disposición de la factoría para atender al' pago de los, anticipos.

Aunque el contrato en su mayor parte se ocupa de la mo-lienda de las cañas, comprende también adelantos para su refacción, los cuales han de ser pagados preferentemente del producto de las cañas. . El párrafo sexto dispone que si el colono necesita fondos para atender a la siembra y cultivo de las cañas, la central podrá facilitarlos en concepto de anti-cipos, a cuenta del valor y precio de las cañas, y el colono faculta a la central para retener, del producto de la venta de los azúcares, la suma necesaria para cubrir lo anticipos hechos. En el párrafo décimo convienen las partes en que el contrato lia de surtir efectos legales de acuerdo con la ley de contratos de refacción agrícola y molienda de cañas de marzo 10 de 1910. La forma en que las partes contra-tantes hacen constar sus estipulaciones no es la más reco-mendable para perfilar un contrato de molienda y refacción, pero creemos que sustancialmente se trata de un contrato de esta naturaleza, y así parece haberlo entendido el Regis-trador al verificar su inscripción.

Es verdad que los adelantos refaccionarios, aunque se llevaron a cabo de acuerdo con el convenio celebrado, no se hicieron constar en el registro, y es cierto también que no se fijó en dicho contrato la cantidad máxima que podía adelantarse para fines de refacción; pero debe tenerse en cuenta que se trata en este caso de un acreedor embargante, que no puede destruir en virtud de un embargo los derechos adquiridos por la interventora en la fecha en que fué trabado. Un acreedor que embarga no es un tercero dentro del significado de la ley y no adquiere más derechos sobre los bienes embargados que los que tenía el deudor en cuyo lugar se subroga. Commercial Credit Co. v. Soto, 41 D.P.R. 397; Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83. Los derechos de un acreedor embargante con respecto a la propiedad embargada deben ser determinados por el estado del título al tiempo en que el embargo se practicó. El acreedor, que no contrajo su crédito a base de las cañas y sus frutos, no puede afectar con su embargo derechos anteriormente adquiridos por la South P. R. Sugar Co. sobre la referida propiedad. No hay discusión alguna con repeeto a la cuestión de los anticipos. La prueba de la interventora sobre este extremo no ha sido contradicha. A mayor abundamiento la deuda de Claudio a la South P. R. Sugar Co. há sido reconocida por un documento auténtico suscrito ante notario en 21 de septiembre de 1931, o sea un año y cuatro meses antes dé haberse interpuesto la presente acción.

Arguye el apelante, no obstante, que aún tratándose dé un cohtráto refaccionario, la interventora no tenía gravamen alguno sobre las cañas embargadas en 1933, ya que no se probó que adelantara suma alguna para la cosecha de dicho año y sí solamente para la de 1931. En otras palabras, la parte apelante sostiene la teoría de que adelantos hechos en virtud de un contrato refaccionario tienen prefe-rencia solamente sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron. No estamos conformes con este criterio. Ya esta corte ha sentado la doctrina contraria en el caso de Gómez v. American Colonial Bank, 34 D.P.R. 148, donde se sostuvo que el crédito refaccionario del demandado American Colonial Bank constituía un gravamen preferente sobre los frutos, a pesar de que los adelantos refaccionarios fue-ron invertidos en cosechas anteriores a la envuelta en el litigio.

El apelante invoca el artículo 1826 del Código Civil, ed. 1930, que dispone que si concurren dos o más créditos respecto a determinados bienes muebles, los créditos por anticipo de semillas y cultivo serán preferentes sobre otros créditos en cuanto a los frutos de la cosecha para que sirvieron. Es indiscutible que la preferencia acordada por los artículos 1822 y 1826 del referido cuerpo legal se limita a los frutos que fueron objeto de los adelantos. Pero es que el gravamen refaccionario concedido por la ley de marzo 10 de 1910 no está sujeto a esa limitación. La referida ley fué adoptada precisamente para facilitar los préstamos a agricultores, y con ese fin tiende a ofrecer mayores garantías al prestamista. Si el Código Civil, en su artículo 1822, hubiese ofrecido las garantías necesarias, no habría sido preciso adoptar una ley especial sobre la materia. La preferencia establecida por dicho artículo es tan limitada que no puede razonablemente ofrecerse por sí sola para estimular inversiones de capital con fines agrícolas. Si continuara limitándose esta preferencia a los frutos objeto de los adelantos, el acreedor correría el riesgo de que debido a sequía, temporal o cualquier otra causa, el valor de los frutos de la cosecha para que sirvieron los adelantos podría ser insufi-ciente para cubrirlos, careciendo en este caso el acreedor de la garantía de la próxima cosecha, aunque estuviese dis-puesto a refaccionarla, ya que la nueva cosecha sólo respon-dería preferentemente, según el artículo 1822, de los ade-lantos hechos exclusivamente para su producción.

La ley (No. 37) de marzo 10 de 1910 (Leyes de 1910, pág. 122, Comp. 52-72) vino a ofrecer al capital precisamente aquellas garantías que no existían en la legislación hasta entonces vigente, y en su sección 4a., según fue enmendada, dispone de una manera expresa que el crédito de refacción gozará de preferencia sobre los frutos objeto del gravamen durante los años comprendidos en el contrato y siempre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del im-porte de su crédito.

En vista de las disposiciones de la ley especial sobre la materia y de nuestra decisión en el caso de Gómez v. American Colonial Bank, supra, llegamos a la conclusión de que el gravamen refaccionario en este caso no está limitado a los adelantos hechos para la cosecha de 1933, sino que tam-bién garantiza los efectuados para la cosecha de 1931, parti-cularmente teniendo en cuenta que el contrato es compren-sivo de las cosechas de 1931 a 1935, inclusives.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José R. Vélez, demandante y apelante, v. El Municipio de Añasco, demandado y apelado.
    No. 6474.

    Sometido: Noviembre 13, 1934.

      Resuelto: Mayo 29, 1935.

      M. Figueroa del Rosario, abogado del apelante; Ildefonso Freyre, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Yélez inició este litigio para que se determinara su su-puesto derecho a que el municipio de Añasco le suministrara agua, de conformidad con las disposiciones de cierta franqui-cia concedida a dicho municipio. Éste excepcionó alegando falta de hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, falta de jurisdicción, y la existencia de otra acción pen-diente entre las mismas partes. La corte de distrito declar.6 sin lugar la primera y tercera de dichas excepciones, mas, resolviendo que la Comisión de Servicio Público tenía juris-dicción exclusiva sobre la materia, sostuvo la segunda y de-sestimó la demanda.

Vélez alegó que el municipio, actuando como corporación de servicio público, posee, mantiene y explota un sistema de acueducto para abastecer de agua potable a los habitantes del pueblo de Añasco mediante el pago de los tipos correspondientes por dicho servicio, de acuerdo con una franquicia que le fue otorgada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico en julio 31 de 1923 y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la misma Comisión con posterioridad a instancia del demandado; que el demandante es dueño de un Hosco sito en un solar en la plaza Ibáñez de Añasco; que el demandante se dirigió al Alcalde con fecha 10 de mayo de 1933 solicitando servicio de agua para dicho Hosco, remitiendo al mismo tiempo un giro postal por la suma de $2.25 a la orden del tesorero municipal por concepto de depósito para responder del pago del agua que se consuma en caso de que se faltare al pago de alguna mensualidad de dicho servicio de agua, según requieren las tarifas propuestas por el demandado y aprobadas por la Comisión de Servicio Público; que el municipio por representación de su alcalde contestó al demandante dicbo requerimiento, negándose a prestarle el referido servicio de agua y alegando que lo im-pide un pleito de desahucio pendiente y la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe establecer o mantener ne-gocios dentro de la plaza pública; que “la franquicia otor-gada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Pico al demandado el día 31 de julio de 1923 le autorizó y le autoriza para construir como construyó, y poseer, mantener y explotar, como posee, mantiene y explota, un sistema de acueducto para servir agua potable a la comunidad de Añasco, P. B., pero sin establecer discriminaciones, prefe-rencias ni privilegios en dicho servicio y con la obligación de prestar servicio a todos los ciudadanos por igual, siem-pre que paguen los tipos o tarifas aprobados por la dicha Comisión y a que antes se ha hecho referencia, y con arre-glo a las disposiciones de los artículos 2, 3, párrafos (a) y (&); 8, párrafo (b), y demás aplicables de la Ley de Ser-vicio Público de Puerto Bico, aprobada el 6 de diciembre de 1917; ’ ’ que ‘ ‘ el hecho de que exista entre las partes mismas un pleito de desahucio en precario, en apelación ante el Tribunal Supremo de Puerto Bico, y relacionado con el mismo edificio, que el mismo demandado reconoce que es propiedad del demandante, no impide ni es motivo legal para que por el demandado no se preste el servicio de agua al dicho edificio porque la dicha acción de desahucio no priva al demandante del uso, goce y disfrute del dicho edi-ficio mientras se substancia el dicho pleito y sin dicho ser-vicio de agua el edificio no podría ser utilizado por el de-mandante ni por persona otra alguna y quedaría práctica-mente clausurado y expropiado; asimismo alega el deman-dante que el hecho de que exista, si existe, una ordenanza prohibiendo establecimientos de negocios en la plaza principal de dicho pueblo donde está ubicado el edificio del de-mandante tampoco es motivo legal para no darle servicio de agua porque actualmente el diclio edificio está desocupado y el demandado no puede prejuzgar de antemano el uso a que vaya a destinar el dicho edificio el demandante para aplicarle de manera irrazonable a priori la dicha orde-nanza;” que “de acuerdo con las leyes sanitarias vigentes el dicho edificio antes descrito no podría ser abierto por él, ni utilizado, usado ni gozado en forma alguna, sin que esté provisto del servicio de agua y que la acción del demandado, negándole el servicio de agua sin justificación legal alguna constituye una clausura forzosa del edificio y una expropia-ción sin el debido proceso de ley;” y que “por los hechos expuestos ha surgido y existe una controversia entre el de-mandante y el demandado con respecto a la aplidación e interpretación de la dicha franquicia y a la aplicación e in-terpretación de los artículos 2, 3 y 8 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, aprobada en diciembre 6 de 1917, con respecto a los poderes y deberes del demandado otor-gados y exigidos por la dicha franquicia y por la referida ley, y con respecto al derecho del demandante a que se le rinda servicio de agua en el dicho edificio o en cualquiera otro de su propiedad con arreglo a la dicha franquicia y a la dichá ley, y que una sentencia declaratoria de esta corte interpretando la dicha franquicia y la dicha ley de servicio público y aclarando los derechos del demandante y del de-mandado derivados de dicha franquicia y de dicho estatuto pondría fin a dicha controversia y despejaría la incertidum-bre en este caso.”

Se solicitó se dictara sentencia que incluyera los siguien-tes pronunciamientos:

“ (A) Que el demandado Municipio de Añasco, P. R., posee, man-tiene y explota en el pueblo de Añasco, P. R., un sistema de acue-ducto que abastece de agua potable a la dicha población, según la franquicia aprobada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico en julio 31 de 1923, y que en tal actividad el municipio deman-dado debe ser considerado como y es una compañía de servicio pú-blico, y que por los términos de dicha franquicia y de las tarifas aprobadas después por la misma Comisión de Servicio Público de Puerto Rico como tal compañía de servicio público está obligado a dar servicio a todas las personas ([ue lo soliciten dentro de la comu-nidad sin discriminación, preferencia ni privilegio, si pagaren dichas personas los tipos fijados en dichas tarifas, así como también está obligado a ello por las disposiciones de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, artículos 2, 3 y 8, y otros, aprobada el 6 de diciem-bre de 1917; y
“(B) Que el demandante amparado por la dicha franquicia y por la dicha Ley de Servicio Público tiene el derecho de que se rinda por el demandado servicio de agua en el dicho edificio o kiosco o en cualquier otro edificio de su propiedad en la población de Añasco, P. R., siempre que el demandante como ha prometido y está dispuesto a hacerlo pague por dicho servicio los tipos fijados por la tarifa aprobada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico; y
“ (C) Conteniendo todos aquellos otros pronunciamientos que fue-ren de ley en el caso.”

El apelado se funda en el artículo 38 de la Carta Orgá-nica en relación con la sección 32 de la Carta Orgánica anterior; Estatutos Revisados de 1911, secciones 338-357, y más particularmente las secciones 345, 347, 348 y 351, y los artículos 14, 24, 25, 61 y 67 de la Ley de Servicio Público de 1917 (Leyes de ese año, pág. 433). La sección 2 de la “Ley relativa a sentencias y decretos declaratorios,” etc., aprobada el 25 de abril de 1931 (Leyes de ese año, pág. 379), dispone que:

“Toda persona .... cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un ... . franquicia, podrá obtener la determinación de cualquier divergencia acerca de la interpretación o validez de dichos .... franquicia. Y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven.”

No podemos convenir con el letrado del apelado en que la palabra “franquicia” no incluye las otorgadas por la Comisión de Servicio Público. No importa cuál baya sido la regla con anterioridad a la aprobación de la ley de 1931, las cortes de distrito tienen actualmente facultad y juris-dicción, a nuestro juicio, para interpretar las franquicias concedidas por la Comisión de Servicio Público y considerar cuestiones relativas a derechos que, según se alega, se de-rivan de aquéllas.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señou Aldkey,

text:
    Guillermo, Rafaela y José Conde, demandantes y apelados, v. Municipio de Ponce, demandado y apelado.
    No. 6367.

    Sometido: Marzo 8, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1935.

      B. Atiles Moréu, abogado del apelante; Fernando Zapater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señou Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpuso el municipio de Ponce contra sentencia que lo condena a pagar a los demandantes cierta cantidad de dinero como indemnización.

La demanda la interpusieron los tres hijos de Juan Conde Toro alegando que su padre fue enterrado en el cementerio perteneciente al municipio de Ponce; que compraron a dicho municipio el terreno en que fue enterrado su padre, en cuyo sitio pusieron una cerca de madera y una cruz; y que posteriormente, en mayo de 1930, el municipio de Ponce por medio de sus empleados abrió y permitió que se abriera la sepultura donde yacían los restos de Juan Conde, permi-tiendo que se enterrara en dicha sepultura el cadáver de otra persona, sin consentimiento de los demandantes, pro-fanando de ese modo aquella tumba y los restos del padre de los demandantes, por lo que alegaron haber sufrido per-juicios cuyo pago reclamaron.

Uno de los motivos alegados por el apelante para sos-tener este recurso es que la sentencia condenatoria es con-traria a la prueba.

En el juicio se probó que Juan Conde Toro murió en la tarde del 2 de diciembre de 1915, siendo enterrado al día siguiente en .el cementerio de Ponce perteneciente al muni-cipio demandado; que en enero del año siguiente, 1916, los Rijos de Juan Conde compraron al municipio de Ponce por $2 un lote de terreno de dos metros cuadrados en dicho ce-menterio, que fue deslindado, en el que estaba enterrado su padre, y colocaron en dicho sitio una verja de madera y una cruz también de madera con un cuadrito con un cristal que tenía la fecha de fallecimiento de Juan Conde Toro, diciendo en la parte de abajo “peopiedad”; que los deman-dantes iban algunas veces al cementerio a la tumba de su padre y que el día 2 de noviembre de 1930, que es el dedi-cado a los muertos, la hija del demandante fué al cemen-terio y encontró que la verja y la cruz de la tumba de’ su padre no estaban en aquel sitio y había en su lugar otra cruz en la que se decía “Francisca Arroyo, julio 15, 1930,” quien efectivamente falleció en esa fecha. No se presentó eviden-cia alguna para probar que en Mayo de 1930, según dice la demanda, ni en fecha alguna los empleados del municipio abrieron y permitieron que se abriera la sepultura de Juan Conde; tampoco hubo evidencia de que esa sepultura fuera abierta y de que en ese sitio fuese enterrada alguna persona, pues aunque los demandantes declararon que había sido inhumada otra persona no dijeron haber visto tal cosa. La prueba del municipio demostró que tiene encargada del cementerio una persona instruida e inteligente, quien nunca supo de los hechos alegados por los demandantes.

En resumen, no se probó que los empleados del munici-pio demandado exhumaran los restos de Juan Conde ni que ellos quitaran la verja y la cruz que allí había; ni siquiera que tal exhumación fué hecha por persona alguna ni que en el terreno comprado por los demandantes fuera enterrada Francisca Arroyo, pues aunque la cruz con su nombre fué puesta en ese sitio por alguien, tal hecho no es prueba con-cluyente de que fué enterrada allí. Ni siquiera se trató de probar por los parientes de Francisca Arroyo o por perso-nas que asistieron a su entierro que fué enterrada en ese sitio.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolutoria.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Flores, acusado y apelante.
    No. 5696.

    Sometido: Mayo 29, 1935.

      Resuelto: Junio 3, 1935.

      Pedro Baigés Gómez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Flores interpuso esta apelación contra la senten-cia que lo condena a sufrir treinta días de cárcel por delito de abuso de confianza. El fundamento de su apelación es que la denuncia formulada contra él no le imputa delito al-guno, por lo que debe ser absuelto. El fiscal de este tribunal está conforme con esa alegación del apelante.

La denuncia en cuestión dice así:

“Yo, Rafael Martínez Peña, vecino de San Juan, P. R., Calle Avenida Ponce de León No. 212, mayor de edad, formulo denuncia contra José Flores por delito de abuso de confianza cometido de la manera siguiente: Que en uno de los días comprendidos entre el vein-ticinco de octubre de 1933 y 4 de junio de 1934, y en Mayagüez, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, P. R., que a su vez forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., el refe-rido acusado José Flores, maliciosa, ilegal, voluntaria y criminal-mente, con el deliberado propósito de defraudar como defraudó al denunciante Rafael Martínez Peña se apropió y dispuso de un Juego de Sala No. 745-7 valorado en la suma de $35.00 que le fuera con-fiado a dicho acusado José Flores en virtud de un contrato de venta condicional de bienes muebles celebrado por él con Méndez López & Cía. Sucrs. que hacen negocios bajo el nombre también de Borinquen Furniture Co., cuyo contrato fué cedido por esta Compañía al de-nunciante y éste al ejecutar el contrato por falta de cumplimiento y de pago y obtener una orden para la reposesión de los bienes para ser ejecutada por el Marshal de esta Corte Municipal de Mayagüez, P. R., no pudo cumplirla o ejecutarla porque el acusado José Flores le manifestó a dicho funcionario' ‘que no entregaba dichos bienes mue-bles porque no los tenía, que no había comprado a la demandante tales bienes muebles, que nunca había firmado contrato alguno de venta condicional a la demandante en este caso,’ siendo lo .cierto que dicho acusado José Flores vendió dicho juego de sala No. 745-7 a Genaro Bassat y de tal suma dispuso el precitado acusado del' re-ferido juego de muebles y de- su importe, valor y producto utili-zándolo en su propio y particular beneficio y defraudando de este modo al denunciante Rafael Martínez Peña a título de cesionario en la suma de $31.00 moneda legal de los Estados Unidos de América.

Esa denuncia, en resumen, imputa a Flores que habiendo comprado mediante un contrato de venta condicional varios muebles para sala los vendió a tercera persona antes de que hubiese pagado todo el precio de su adquisición, perjudicando así al denunciante en la cantidad de $31.

La Ley Núm. 61 de 1916 (pág. 126) enmendada en su artículo 6 por la Ley Núm. 40 de 1925 (pág. 247) y en sus ar tículos 4 y 10 por otra ley, la Núm. 88 (pág. 671), del mismo año que la anterior, autoriza los contratos para la venta de bienes muebles y semovientes bajo la condición de que la propiedad de los mismos será retenida por el vendedor con-dicional basta que dichos bienes sean pagados en su totali-dad o hasta que ocurra cualquier futuro evento o contingen-cia. En esa ley no hay precepto alguno que haga constitu-tivo de delito y penable el hecho de que el comprador condi-cional venda los bienes así adquiridos a tercera persona antes de haber satisfecho todo el precio de su compra condi-cional, por lo que tendremos que acudir al Código Penal para determinar si el acto realizado por el denunciado es constitutivo del delito de abuso de confianza por el cual fué condenado.

El elemento esencial del delito de abuso de confianza es la relación fiduciaria entre el perjudicado y el acusado. El Pueblo v. Vélez, 37 D.P.R. 905. Por esto dice el artículo 445 del Código Penal en su texto inglés que constituye abuso de confianza la fraudulenta apropiación de bienes por una persona a quien le han sido confiados. Esa relación fidu-ciaria o de confianza no existe en este caso porque los mue-bles para sala fueron entregados a Plores por virtud de' un contrato condicional y no meramente por la confianza que en él tuviera el que vendió dichos muebles. Según hemos de-clarado en el caso de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, el comprador en una venta condicional es un verdadero dueño de los bienes comprados, pero en' un dominio sujeto á des-aparición por medio de la resolución, o sea por el acaeci-miento deh suceso que constituye la condición del contrato: En algunas jurisdicciones como en California' se han intro-ducido enmiendas al Código Penal para comprender como abuso de confianza hechos como los imputados al apelante, y en otras se ha creado un nuevo delito.

Por todo lo expuesto entendemos que la denuncia no'im-puta i al apelante él delito por el cual fué condenado y debe-ser absuelto.