author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Saurí y Subirá, Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado, y El Pueblo, Interventor.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    No. 173.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Devolución de Contribuciones — Contribuciones Pagabas Bajo Protesta — Em-plazamiento — Citación al Gobernador — Derogación de Leyes. — Al apro-barse la Ley No. 35 de 3933, autorizando demandas contra el Tesorero de Puerto Rico para la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, el legislador fijó su pensamiento de un modo general en la materia descrita en el título y en las expresamente comprendidas en el cuerpo principal del pro-yecto de ley, más bien que en los detalles de procedimiento; y si el precepto relativo a la citación al Gobernador de Puerto Rico contenido en el apartado 5o. del artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó derogado de algún modo, lo fué por mera deducción.
    Id. — Id.'—Demandas Contra El Pueblo de Puerto Rico — Citaciones al Gober-nador y al Attorney General. — La Ley No. 76 de 3936, autorizando deman-das contra El Pueblo de Puerto Rico, comprende claramente una acción para la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, y su artículo 33 deroga tácitamente cualquier excusa tácita que pueda estar permitida por la Ley No. 35 de 3933, respecto a la citación al Gobernador, pues siendo la acción contra el Tesorero, una acción contra El Pueblo de Puerto Rico, el dejarse en vigor esa derogación tácita del apartado 5o. del artículo 93 del Código de Enjui-ciamiento Civil, envolverá una. contradicción de los términos claros e inequí-vocos de la última expresión de la voluntad legislativa disponiendo que la citación se liará al Gobernador y al Attorney General, el cual requisito está en completa armonía con él procedimiento originalmente prescrito por el código.
    Id. — id.—Consentimiento de El Pueblo a Ser Demandado. — La Ley No. 35 de 3913, es un consentimiento formal por parte de El Pueblo de Puerto Rico a ser demandado para el cobro de contribuciones pagadas bajo protesta, y a no ser por la específica ratificación de tal consentimiento expresado en la sección 30 de la Ley No. 76 de 3 936, toda la ley anterior hubiera quedado derogada por la sección 2 de la posterior. Así la ley de 3931 únicamente continúa en vigor sujeta a las restricciones y limitaciones de la de 3936.
    Id. — Td.—Acciones o Procedimientos Contra el . Pueblo — Demanda Contra Funcionarios en su Capacidad Representativa. — En la Ley de 3936 no existe inferencia alguna de la intención por parte del legislador a eximir del requisito referente a la notificación del emplazamiento en cualquier acción o procedimiento contra El Pueblo do Puerto Bico, aquellas mismas acciones o procedimientos, cuando por su forma son contra cualquier funcionario en su capacidad representativa, y no debe intercalarse en el artículo 13 de dicha ley ninguna excepción que jamás tuvo en mente el legislador. Vbi lex non distinguit nee nos distinguere ,dedemus. '

    Id. — Id.—Demandas Contra El Pueblo de Puerto Rico — Citaciones al Gober-nador, al Attorney General y al Tesorero. — La Ley No. 35 dé'1911 y la No. 76 de 1916, pueden subsistir conjuntamente en cuanto se trata de la notificación del emplazamiento en acciones para el cobro de contribuciones pagadas bajo protesta, y deberán ser interpretadas, 1a. una en relación con la otra, en el sentido de exigir que se hagan tres notificaciones del emplaza-miento : al Gobernador, al Attorney General y al Tesorero.
    Abogado de los peticionarios: 'Sr. A. F. Castro.

    El Juez demandado Hon. Doming’o Sepulveda, no com-pareció.
    Abogado del interventor: Sr. Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial General.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción establecida por un contribu-yente contra el Tesorero .de Puerto Bico de conformidad con las disposiciones de la ley titulada “Ley disponiendo el pago de contribuciones- bajo protesta, estableciendo un procedi-miento para exigir la devolución de las mismas, y para otros fines,” aprobada en 9 de marzo de 1911.

El demandado presentó una moción a la corte solicitando que fuera anulado y declarado sin ningún valor el emplaza-miento, por las razones que siguen:

“Que aunque en la demanda se dice que se establece esta acción por Saurí y Subirá, el demandante, versus Charles F. Hill, Tesorero Auxiliar en funciones, con carácter interino, de Tesorero de Puerto Pico, en realidad de verdad la acción que se ejercita es contra El Pueblo de Puerto Rico (Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, 20 D. P. R. 86).
“Que según aparece del diligeneiamiento del emplazamiento en esta acción hecho por el marshal del distrito de San Juan, la noti-ficación del mismo se hizo en la persona de Charles F. Hill, Tesorero Auxiliar en funciones con carácter de interino, de Tesorero de Puerto Rico.
“Que de acuerdo con la sección 13 de la Ley No. 76, aprobada en 13 de abril de 1916 para autorizar demandas contra El Pueblo de Puerto Rico, ‘los procedimientos y toda alegación, notificación y docu-mento relacionado con cualquier acción o actuación, contra El Pueblo de Puerto Rico, serán notificados al Gobernador y al Attorney General en la forma provista por la ley,”’ y de acuerdo con el emplazamiento en este caso ninguno de estos requisitos ha sido cumplido.”

La resolución dictada por la corte de distrito declarando con lugar dicha moción ha sido sometida a nuestra conside-ración por virtud de esta solicitud de certiorari.

“Las acciones entabladas contra funcionarios de un Estado por representar al Estado en sus actos y responsabilidad y en las cuales aunque el Estado no es parte en los autos, es, sin embargo, la ver-dadera parte contra quien se solicita el remedio, y en las que si bien una sentencia a favor del demandante es nominalmente contra el demandado en su carácter individual, puede producir el efecto de regular la acción del Estado o de someterlo a responsabilidad, son acciones contra el Estado. 36 Oye. 915.
“En una acción seguida contra el Estado, o en la cual es parte un Estado, las diligencias deben notificarse al Gobernador y al Attorney General del Estado; y a falta de disposiciones estatutorias especiales sobre la materia, parece ser suficiente con que la notifica-ción se haga a cualquiera de estos funcionarios,”

aunque se ha dicho con alguna liberalidad que:

‘ ‘ Cuando el Estado no es parte en los autos, las diligencias deben notificarse al funcionario que se defiende a nombre del Estado.” 36 Cyc. 920.

Podemos, de paso, hacer referencia, sin, comentarios al caso de Poydras ele la Lande v. El Tesorero de Louisiana (Corte Suprema, año 1854), 17 How. 1, oue es el único que ha sido citado para sostener la proposición mencionada en último termino, por ser de gran ayuda para llegar a esta-blecer la .verdadera interpretación de su significación.

Pero no- nos interesan.' los principios generales .como no sea por la ventaja qúe de su débil 'luz podamos recibir al difundirla sobre la verdadera cuestión envuelta en este caso que es única y exclusivamente de interpretación estatntoria.

“El consentimiento del Estado para ser demandado es un acto completamente voluntario por su parte-, pudiendo éste, por tanto, de-terminar los casos en que puede ser demandado, sus términos y con-diciones, así como la forma en que lia de llevarse la acción; y sola-mente podrá ser demandado el Estado en los casos, forma, lugar y cortes que él determine, y quien quiera liacer uso de tal consenti-miento debe solicitar el remedio tal como lo prescribe la ley y cumplir enteramente con los términos y condiciones como han sido estable-cidos, estando las cortes en el deber de ver que se han observado los métodos de procedimiento prescritos. Cuando un Estado consiente en ser demandado en sus propias cortes, únicamente puede quedar obligado hasta el punto de su sumisión a la jurisdicción, la que a veces sólo alcanza a resolver la reclamación del demandante sin dis-poner nada respecto a su cumplimiento mediante procedimientos judi-ciales, en cuyo caso no puede dictarse una sentencia eficaz contra el Estado, pudiendo obtenerse el remedio solamente por una apropia-ción de la legislatura para satisfacer la sentencia de la corte. Sin embargo, cuando el Estado mismo se somete sin reserva alguna en cuanto a la jurisdicción de la corte, puede hacerse uso de esa juris-dicción para dar completo efecto a todo lo que el Estado ha permitido que se haga debido a su acto de sumisión; y en cualquier caso la corte está en el deber de examinar cuidadosamente los términos de la sumisión y dictar sentencia de conformidad con ellos. Pero por el hecho de consentir en ser demandado, el Estado meramente hace renuncia de su inmunidad. No admite por ello su responsabilidad para con el demandante o establece una causa de acción a su favor, o extiende su responsabilidad a ninguna causa que no haya sido reco-nocida previamente. Concede meramente un remedio para hacer cumplir una responsabilidad anterior y se somete a la jurisdicción de la corte, con sujeción al derecho que tiene a interponer cualquier defensa legal.” 36 Oye. 913.

Dispone el artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, entre otros particulares, que la citación irá dirigida al demandado y deberá contener los nombres y apellidos de las partes en la acción, el objeto de ésta en términos genera-les, y la prevención de que el demandado debe comparecer y contestar la demanda, además del aviso de que si no com-pareciere, el demandante solicitará de la corte le sea conce-dida la petición que hubiese hecho en la demanda.

El artículo 90 prescribe lo siguiente:

“Si se devolviere la citación sin haber sido «hecha a todos o a cualquiera de los demandados, el secretario, a petición del demandante, expedirá una segunda citación en la misma forma que la primera. ’ ’

Determina el artículo 93 que si el pleito fuese contra el Gobierno de Puerto Eico, la citación se hará al Gobernador de Puerto Rico, entregándole una copia de la misma.

El hecho de que desde el año 1911 al 1916 fuera o no su-ficiente con que se notificaran las diligencias solamente al Tesorero de Puerto Rico en una acción como ésta, no es una cuestión vital según el criterio que tenemos, del caso.

Y puede admitirse para los fines de esta opinión, si bien en este caso hay también bastante lugar para discusión, que la ley de 1911 comparada con la de 1916 es una ‘.‘ley especial” dentro del .significado de la regla generadla specialibus non derogat.

“Es una regla bien establecida que las prescripciones generales y específicas que están al parecer en conflicto, ya en el mismo o en diferentes estatutos, y sin tenerse en cuenta la prioridad en su apro-bación pueden subsistir conjuntamente, determinando y supliendo la específica las excepciones de- la general. ’ ’ Artículo Preliminar sobre Estatutos e Interpretación Estatutoria. 1 Estatutos Federales Ano-tados- (edición 2a.), página 165,'párrafo 142.

En uno de los principales casos, el de Rodgers v. The United States, 185 U. S. 83, la Corte Suprema por conducto del Juez Sr. Brewer, se expresó en estos términos: (Bas-tardilla nuestra.)

“Es un principio de interpretación de estatutos, que un estatuto de fecha posterior que por sus términos es general y. que no deroga expresamente a un estatuto especial anterior, por lo general no afec-tará a los preceptos especiales de dicho estatuto anterior. En otras palabras, cuando existen dos estatutos, el anterior especial y el posterior general, siendo los términos del general bastante amplios para que en ellos esté comprendida la materia prescrita en el especial, el hecho de que uno sea especial y el otro general establece la presun-ción de que el especial ha de considerarse como excepción al general, y no se considerará que el general deroga al especial, a menos que se mencione expresamente la derogación, o que las disposiciones del general sean claramente incompatibles con las del especial. En el caso de Ex parte Crow Dog, 109 U. S. 556, 570, este tribunal dijo lo siguiente:
“ ‘El texto de la excepción es 'especial y expreso: las palabras que se alega que constituyen la derogación son generales e inconclu-yentes. La regla es generália speciaUbus non derogat. “El prin-cipio, general que ha de aplicarse” ha dicho Bovil, C. J., en Thorpe v. Adams, (L. R. 6 C. P. 135), “a la interpretación de leyes del Parlamento, es el de que una ley general no ha de ser interpretada en el sentido de que deroga a una ley anterior especial, a menos que se haga alguna referencia expresa a la anterior legislación sobre la materia, o que exista necesaria incompatibilidad en que las dos leyes prevalezcan conjuntamente.” “Y la razón es” dijo Wood V. C., en el caso de Fitzgerald v. Champenys, (30 L. J. N. S. eq. 782; 2 Johns & Hem. 31, 54), “que habiendo tenido fija su atención la legis-latura' en una materia especial, y observado todas las circtmstancias dél caso y prescrito lo relativo a las mismas, no es su intención dero-gar luego por medio de una ley general por su propio acto, al no hacerse especial mención de que tal sea su intención.” ’
“En la obra de Black sobre Interpretación de Leyes, se trata la cuestión en la siguiente forma:
“ ‘Como corolario a la doctrina de que las derogaciones tácitas no son favorecidas ha venido a ser una regla establecida en la inter-pretación de estatutos, que una ley subsiguiente en que se trata una materia en términos generales y que no contradice expresamente los preceptos de un estatuto anterior especial no habrá de considerarse en el sentido de que su objeto fué afectar a las disposiciones más particulares y especiales de la ley anterior, a no ser que sea absolu-tamente necesario interpretarla en tal sentido para dar a sus palabras alguna significación..’
“De igual modo en la obra de Sedgwick sobre Interpretación de Ley Estatutoria y Constitucional, dice el autor en la página 98, y refiriéndose a esta regla, lo siguiente:
“ ‘La razón y filosofía de la regla es que cuando la mente del legis-lador se ha fijado en los pormenores de una materia y actuado por virtud de la misma, un estatuto subsiguiente en términos generales, o en el que se trata la cuestión en una forma general y que de modo expreso no contradice la ley original, no habrá de ser considerado en el sentido de que su objeto fué afectar a las prescripciones .ante-riores más particulares o terminantes, a menos que sea absolutamente necesario dar a la última ley tal interpretación para que sus palabras puedan tener alguna significación.’
“Y en el caso de Crane v. Reader, 22 Mich. 322, 334, el Juez Sr. Christiancy, hablando a nombre de la Corte Suprema del Estado dijo lo siguiente:
“ ‘Cuando existen dos leyes o preceptos, uno de los cuales es especial y particular y que comprende ciertamente la materia en cuestión, y el otro general, que de existir por sí solo comprendería la misma materia, estando así en conflicto con la ley o precepto especial, deberá considerarse que la especial tiene por objeto constituir una excepción a las leyes o preceptos generales, particularmente cuando dichas leyes o preceptos generales y especiales son contemporáneos, pues no ha de presumirse que la legislatura quiso que hubiera conflicto.’ ”

Por otra parte, “aunque dos leyes no estén en contradic-ción en todos sus particulares, si la última comprende la mate-ria de que se trata en la anterior y contiene además nuevos preceptos que demuestran claramente que fué una ley en sus-titución de la primera, producirá el efecto de una derogación. Y cuando el estatuto que se examina comprende toda la ma-teria de que tratan los anteriores estatutos, dicho estatuto deroga tácitamente a los anteriores, a no ser que aparezca algo en la naturaleza de la materia en cuestión del estatuto que se revisa, que manifieste una intención contraria * * *. Cuando un estatuto enmendatorio que pretende enmendar un estatuto que ya fia sido enmendado comprende toda la materia de que se trata en la enmienda anterior, el último queda derogado tácitamente.” Artículo preliminar, supra, página 167, párrafo 144.

De igual modo:

“Cuando la legislatura ha establecido claramente una regla para una clase de casos, no habrá de suponerse fácilmente que al elegir las palabras y frases, o al poner en vigor varios preceptos de la misma ley ha prescrito una regla distinta para otra clase de casos compren-didos en la misma razón que existió para los primeros; deberá adop-tarse una interpretación que evite tan absurda diferencia cuando la significación del estatuto como lo demuestra su texto sea discutible. Este es simplemente el principio general de que debe darse a todos los estatutos una interpretación razonable, expresado en forma más correcta, y se aplica con gran resultado en muchísimos casos. Las cortes deben hacer todo lo posible por evitar que se impute a la legislatura el propósito de establecer distinciones entre casos fun-dados ‘ en un sistema de razonar que es demasiado insustancial y sutil para regular los actos humanos. ’ ’ ’ Artículo Preliminar, supra, página 103, párrafo 76.

Además:

“ Cuando se deroga un estatuto y revalidan sustancialmente sus dis-posiciones en el estatuto derogatorio, se sostiéne que el último ocupa el lugar del viejo y que deja en vigor con modificaciones las pres-cripciones de la antigua ley en vez de anularlas o derogarlas, revali-dándolas como ley nueva y original. En un importante caso federal sobre esta materia se estableció una acción para recobrar derechos de pilotaje concedidos por el estatuto que fué derogado y revalidado sustancialmente mientras estaba pendiente la acción, habiéndose re-suelto que el nuevo estatuto no coartaba el derecho a seguir adelante con la acción hasta su término.” Artículo Preliminar, supra, párrafo 148.
“Hablando en términos generales, cuando se enmienda un esta-tuto ‘ de modo que lea como sigue,’ o se le revalida con cambios, o deroga en sus términos y revalida al propio tiempo con cambios, la ley enmendatoria o que revalida viene a sustituir a la original, la que entonces deja de tener .la fuerza y vigor de una ley indepen-diente ; pero esto no quiere decir que la original quede anulada para todos los fines, o que todo lo que contiene la posterior ha de consi-derarse como si hubiera sido prescrito primeramente en ella. Por el contrario la regla mejor y predominante es que todo aquello de la original que se repite en la posterior sin cambio sustancial en otras partes, así como también cualquier materia que sea enteramente nueva, es eficaz como nueva legislación.” Great Northern Ry. Co. v. United States, 155 Fed. Rep. 945.

Al aprobar la ley de 1911 el legislador fijó Su pensamiento de un modo general en la materia descrita en el título y en las expresamente comprendidas en el cuerpo principal del proyecto de ley más bien que en los detalles de procedimiento, acerca de los cuales no se dice una palabra. Si el precepto relativo a la notificación al Gobernador contenido en el ar-tículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó derogado de algún modo, lo fué por mera deducción de la autorización de una acción en forma en contra del Tesorero.

La ley de 1936 se titula “Ley para autorizar demandas contra El Pueblo de Puerto Rico.”

Las cortes de distrito están autorizadas para conocer de tales acciones, en los casos siguientes:

“(a) Acciones por daños y perjuicios basadas sobre contratos celebrados después que esta ley entre en vigor.
“(&) Acciones para reivindicar propiedad inmueble o mueble o derechos sobre la misma, siempre que la causa de acción origine des-pués de la aprobación de esta ley; Disponiéndose, que no se reco-brarán daños -y perjuicios ocasionados por El Pueblo de Puerto Rico con anterioridad a la época en que se entable la acción.”

Los artículos 2 y 10 prescriben lo siguiente:

“Artículo 2. — No podrá entablarse ninguna acción contra El Pueblo de Puerto Rico a menos que el consentimiento para ello esté expresamente incluido en las disposiciones de esta ley, y todo con-sentimiento, expreso o tácito, dado por El Pueblo de Puerto Rico y no incluido expresamente en esta ley, queda por la misma revocada.
“Artículo 10. — No habrá en caso alguno ningún otro recurso para el cobro de reclamaciones contra El Pueblo de Puerto Rico que el establecido por esta ley, y aquellos que están en la actualidad expre-samente autorizados por el Código Civil o por leyes de la Asamblea Legislativa; Disponiéndose, sin embargo, que todas dichas acciones serán entabladas solamente en las Cortes de Distrito Insulares.”

La sección 13 se transcribe al pie de la letra en la moción para anular el emplazamiento, supra. Según su faz com-prende claramente una acción de esta clase y es categóricament suficiente para derogar tácitamente cualquier excusa tácita que pueda estar permitida por la ley de 1911, relativa a que las diligencias deben ser notificadas al Gobernador, pues si la acción contra el Tesorero como lo autoriza la ley que acabamos de citar es una “acción o procedimiento contra El Pueblo de Puerto Pico,” como fuera de tocia duda lo es, y como lia resuelto este tribunal en el caso The Union Central Life Insurance Company v. Gromer, 20 D. P. R. 86, entonces al dejarse en vigor esa derogación tácita del párrafo 5o. del artículo 93 del código se contradirían hasta ese punto los términos claros, e inequívocos de la última expresión ili-mitada de la voluntad legislativa en cuanto al particular.

Lo que se propone la ley de 1916, como claramente apa-rece demostrado en el artículo 13, interpretado en relación con el alcance general y propósito de la ley, tal como lo in-dica su título y contexto al disponer que en todos los casos en que el Gobierno es el verdadero demandado cualquiera que sea la forma del procedimiento se hará la notificación al Gobernador y al Attorney General anticipándose asíp si no eliminando el formalismo de endosos rutinarios y comu-nicaciones oficiales por los debidos conductos administrati-vos, es procurar que se dé pronta atención a la cuestión de la defensa por los verdaderos representantes del Gobierno y dejar expedito el curso del procedimiento. Esa política está en completa armonía con el procedimiento originalmente prescrito por el código y se basa en un sano sentido común. No sólo no ocasiona grave injusticia, ni siquiera gran incon-veniente al demandante, sino que redunda en su beneficio, en tanto tiende a poner al Gobierno en condiciones de poder comparecer y contestar o de otro modo hacer sus alegacio-nes dentro del término prescrito por el estatuto, o al menos sin demora innecesaria.

La alegación de que si bien el actual procedimiento de hecho y en sustancia es una acción contra El Pueblo de Puerto Rico, es en su forma 'contra el Tesorero de Puerto Rico, me-ramente establece una diferencia superficial aunque sin de-terminar ninguna distinción fundamental. No se alega, ni puede alegarse, que con anterioridad al año de 1911 una ac-ción como ésta, o cualquier acción cuyo resultado de ser favorable traspasaría dineros del Tesorero Insular a manos de un demandante, pudo haberse entablado contra el Tesorero de Puerto Pico por la teoría de que siendo dicba acción contra el Tesorero no es una acción contra El Pueblo de Puerto Pico. La ley de 1911 es el consentimiento formal por parte del Pueblo de Puerto Pico „a ser demandado para el cobro de contribuciones que ban sido satisfechas bajo protesta. Me-nos en lo que respecta al consentimiento específico y ratifi-cación de dicho consentimiento expresado en el artículo 10 de la ley de 1916, indiscutiblemente que toda la ley de 1911 hubiera quedado derogada por las disposiciones terminantes del artículo 2 de la ley posterior. A la verdad que parece mucho más exacto aunque algo paradójico, decir que el único efecto lógico de los dos artículos interpretados conjuntamente en el orden que tienen en el texto es producir una derogación simultánea y revalidación o continuación de la ley de 1911, sujeta, sin embargo, a las restricciones, limitaciones y modi-ficaciones indicadas en el contexto.

Ciertamente que no puede alegarse que la legislatura en el año 1916 no tuvo en cuenta la ley de 1911, y decir que no .fue su objeto incluir las acciones autorizadas en forma contra el Tesorero, o cualquier otro funcionario del Gobierno en su capacidad representativa, en las disposiciones del ar-tículo 13, seiba simplemente adicionar a dicho artículo me-diante legislación judicial una disposición que la legislatura en su sabiduría no creyó conveniente agregar.

No hay una línea, una palabra, ni una síliba ya en el ar-tículo 13, o en alguna parte de la ley de 1916, en que pueda basarse la más remota inferencia de alguna intención por parte del legislador de eximir del requisito referente a la notificación del emplazamiento en “cualquier acción o pro-cedimiento contra El Pueblo de Puerto Pico,” aquellas mis-mas acciones o procedimientos, cuando por su forma son contra cualquier funcionario en su capacidad representativa, y no debemos aplicar así indebidamente ninguna regla cono-cida de interpretación a fin de intercalar en ese artículo una excepción que jamás estuvo en la mente de sus autores. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Aunque en estas circunstancias esta máxima parece demasiado suave, sin embargo, es una contestación suficiente al argumento pre-sentado por el apelante en este caso.

Debemos hacer presente que la semejanza de criterio res-pecto a mucho de lo que se ha dicho acerca de este aspecto del caso, lo debemos a un excelente artículo publicado en el número de abril de la revista Notas Legales, bajo el título de “Revisión de Apelación por la Corte Suprema de los Es-tados Unidos limitada a tres meses,” por Charles C. Moore, autor del artículo preliminar a los Estatutos Federales Ano-tados, de donde hemos citado con tanta liberalidad.

Pero apenas si puede decirse que la cuestión de la dero-gación tácita está necesariamente envuelta en este caso, y quizás si se ha llamado la atención a ella más de lo que pueda estar justificado por las verdaderas circunstancias. La ley de 1916 no afecta en absoluto a la forma de la acción que' autoriza la de 1911, sin que dicha ley de 1916 niegue en su letra o espíritu la idea de una acción en forma contra el Te-sorero, o que se haga a él la notificación incidental del em-plazamiento si tal notificación es consecuencia necesaria y surge de la forma de la acción. Sus disposiciones en lo re-lativo a la notificación son afirmativas y no negativas, acu-mulativas y complementarias y no derogatorias. Ambos es-tatutos pueden existir conjuntamente en perfecta armonía en tanto se trata de esta cuestión del emplazamiento, y cada uno debe ser interpretado en relación con el otro a fin de exigir que se hagan tres notificaciones del emplazamiento, o sea, al Gobernador, al Attorney G-eneral y al Tesorero de Puerto Rico, en vez de ser notificado solamente el Tesorero, o él Gobernador y el Tesorero, como haya sido el caso con anterioridad a la ley de fecha más reciente.

La orden de la corte de distrito anulando el emplazamiento notificado al Tesorero y ordenando la presentación de una demanda enmendada debe ser anulada y la resolución qne sirvió de fundamento a dicha orden en tanto por ella se re-suelve qne es necesaria la notificación al Gobernador y al Attorney General debe ser confirmada.

Con lugar la solicitud y anulada la orden en cuanto por ella se declara nulo el em-plazamiento al Tesorero y ratificada en cuanto por ella se decide que debe empla-zarse también al Gobernador y al Attorney General, para lo cual se concedieron veinte dias.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- . ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Criado, Demandante y Apelada, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de títnlo e inscripción en el registro de la propiedad, y daños y perjuicios.
    Moción de la demandante y apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1675.
    Resuelto en mayo 21, 1917.
    Apelación — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Mocíón.—Apelada una sen-tencia, la Corte' Suprema adquiere jurisdicción para resolver si el recurso se estableció y perfeccionó en tiempo y forma. Tal cuestión puede susci-tarse por medio de moción de la parte interesada.
    Id.- — -Id.—Palta de Jurisdicción. — Actúa sin jurisdicción una corte de distrito que aprueba una estipulación de las partes por la que se concede a la apelante un plazo para presentar su exposición del caso, cuando dicha estipulación es archivada después de vencida una prórroga concedida anteriormente con dicho objeto.
    Id. — Estipulación de las Partes. — Es la corte y no los abogados la que puede extender el plazo fijado para la presentación de los pliegos de excepciones y de exposición del caso, y aun cuando generalmente la corte aprueba los convenios de los abogados de las partes sobre el particular, no está obligada a ello.

      Desestimación de Apelación — Falta de Exposición del Caso — Falta de Radi-cación de los Autos. — Cuando no se ha presentado en tiempo la exposición del caso y el término para radicar la transcripción de autos ha vencido sin que se hubiera ésta archivado en la secretaría de la Corte Suprema, procede la desestimación de la apelación.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Francisco Parra Capó.

    Ahogados de la apelada: Sres. Lopes de Tord é Zayas Pisarro y B. Rivera Zayas.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de febrero de 1917 la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en el pleito seguido por la sucesión de Miguel Criado y Blas contra Juan María Rivera y otro, sobre nu-lidad de título. La sentencia declaró con lugar la demanda y se registró el 20 de febrero, notificándose a los demanda-dos el 21 del mismo mes. El 21 de marzo de 1917 los deman-dados archivaron su escrito de apelación y el 29 del mismo mes solicitaron que el término que.les concedía la ley para presentar la exposición del caso se extendiera a treinta días. La corte accedió y el 20 de abril de 1917, día en que vencía el término extendido, los abogados de ambas partes firma-ron un convenio por virtud del cual acordaron que los de-mandados apelantes podrían disponer de un plazo impro-rrogable que vencería el día 5 de mayo de 1917 para presen-tar su exposición. Dicho convenio fue archivado el 21 de abril y aprobado el mismo día de su presentación por la corte de distrito.

Basándose en los anteriores hechos que constan de una certificación expedida por el secretario de la Corte de Dis-trito de Ponce, la parte demandante y apelada solicita de este tribunal la desestimación del recurso por haber actuado sin jurisdicción la corte de distrito al aprobar el 21 de abril el convenio de las partes sobre prórroga.

La parte apelante se opuso alegando que además de su moción de. desestimación presentada ante este tribunal, la apelada había pedido a la corte de distrito que declarara nula la aprobación que había impartido al convenio de los abogados, y que la dicha corte por resolución de mayo 1 de 1917, una copia certificada de la cual acompaña, se había negado a ello, por cuyo motivo continuaba tramitándose la exposición del caso en la corte de distrito. Y alegan además los apelantes que esta Corte Suprema no podía declarar la nulidad del convenio o de su aprobación sino en virtud de un recurso de apelación o de certiorari establecido contra la decisión de la corte inferior.

. El día 7 de mayo actual se celebró la vista de la moción de la apelada, con la sola asistencia de su abogado, quedando el caso sometido .definitivamente a nuestra consideración y resolución.

Apelada la sentencia dictada por la corté de distrito, esta Corte Suprema tiene jurisdicción para resolver si el recurso se estableció y perfeccionó en tiempo y forma, a virtud de moción de la parte interesada. Convenimos con los apelan-tes en que en un caso como el presente hubiera sido más pro-pio dirigirse a la Corte Suprema por medio de un recurso de certiorari, pero habiéndose acompañado a la moción de la apelada los documentos necesarios y habiendo tenido los apelantes la oportunidad de defenderse y de presentar como han presentado plenamente su caso, estamos en condiciones y no debemos por consiguiente rehusar la consideración y resolución de la cuestión esencial propuesta por la parte ape-lada. Véase Ex parte Deliz et al. v. Franco, 21 D. P. R. 526.

El párrafo primero del artículo 299 del Código de En-juiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1911, que es la ley aplicable, dice así:

“Archivada que sea una apelación contra una sentencia de una corte de distrito, la parte apelante dentro de los diez días siguientes a su archivo o de la prórroga que en su caso se le conceda por la corte, deberá presentar a ésta, entregando a la vez copia a la parte contraria, un 'pliego en el que hará constar las excepciones tomadas durante el curso del caso y una exposición de éste”

El término fijado por la ley es, pues, el de diez días, te-niendo la corte la facultad de prorrogarlo de acnerdo con las circunstancias que concurran.

Es la corte y no los abogados la que puede extender el plazo fijado por el estatuto. Generalmente la corte aprueba los convenios de los. abogados de las partes, pero esto no quiere decir que esté obligada a aprobarlos.- Ya dijimos en el caso de González v. Acha et al., 19 D. P. R. 1208, 1211, que “Es una regla bien establecida que después de vencido un término no puede prorrogarse. Las prórrogas deben soli-citarse antes de vencerse el término. Y es otra regia bien establecida que los convenios sobre prórrogas celebrados por los abogados no obligan a las cortes.”

En el presente caso la corte de distrito aceptó y aprobó el convenio, pero ¿pudo hacerlo como lo hizo el día 21 de abril, cuando ya había vencido el término prorrogado por ella misma? Si el convenio se hubiera archivado en la se-cretaría dentro del término prorrogado, la corte hubiera te-nido esa facultad, pero habiéndose radicado después dé ven-cido dicho término, había ya perdido claramente su juris-dicción y en tal virtud puede preseindirse de todo lo actuado por ella por ser enteramente nulo.

Esta cuestión ha sido ya resuelta de modo tan terminante po.r esta corte, que sólo rectificando la -regla establecida en el caso de Pardo v. Pardo, 19 L. P. R. 1188, y ratificada en el de Ex parte Deliz et al. v. Franco, supra, podríamos de-clarar sin lugar la contención de la parte apelada.

En tal virtud, no pudiendo la prórroga concedida surtir efecto alguno, es necesario concluir que no se presentó la ex-posición del caso en tiempo, y en su consecuencia que pro-cede la desestimación del recurso, ya que no existiendo ex-posición del caso, el término para radicar los autos venció treinta días después del en que se interpuso la apelación. (Párrafo último-del artículo 299 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal como quedó enmendado en 1911, y artículo 203 del propio código; sección 40 del Reglamento del Tribunal Supremo, 17 D. P. R. LXX; Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R. 38, y Ex parte Deliz et al. v. Franco, supra.) La apelación se interpuso el 21 de marzo de 1917. El término venció, el 2Q de abril de 1917. La moción de desestimación fué archi-vada en esta Corte Suprema el 23 de abril de 1917 y ni en esa fecha ni en el día 7 de mayo en que se celebró la vista (le la moción, ni aún, el apelante ha archivado la transcrip-ción de los autos en la secretaría de esta Corte Suprema.

Debe desestimarse, el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Juliá, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de soborno.
    No. 1060.
    Resuelto en mayo 21, 1917.

    Jurados — Sorteo de Nuevo Panel — Discreción Judicial. — El hecho de que el juez ordene que se sortee un nuevo panel de veinte y cuatro jurados y los combine con otros jurados regulares sorteados primeramente por resultar que varios de éstos fueron recusados por haber tomado parte en una causa semejante, de manera que había más de treinta jurados constituidos, no es una infracción del artículo 399 del Código de Enjuiciamiento Criminal que limita el número de jurados a veinte y cuatro, pues de acuerdo con el artículo 202 del mismo código el juez tiene amplia discreción sobre el particular. La • jurisprudencia demuestra que un mayor número de jurados no perjudica al acusado, que los estatutos semejantes son meramente directorios, y que no se revocará la sentencia, a no ser que haya abuso o perjuicio.
    Jd. — Recusaciones Motivadas. — No es un error desestimar ciertas recusaciones . motivadas, cuando la defensa no agota todas a las que tiene derecho.
    Soborno — Prioridad en la Presentación de Prueba — Discreción Judicial.— Se trataba de probar en una causa por soborno que un aspirante a farma-céutico había copiado distintas materias de diferentes estudiantes, pero en vez de demostrarse primero que los exámenes fueron copiados por dicho aspirante, se presentó como prueba el modelo del cual se había lieeho la copia. Esta prioridad en la presentación de una prueba antes que la otra, es dis-crecional en la corte y no constituye error. Debe probarse que se cometió abuso o que se ocasionó perjuicio.
    Id. — Junta de Farmacia — Suficiencia de la Prueba. — De la prueba resulta que el acusado era el Presidente de. la Junta de Farmacia, quien principalmente intervenía en la matrícula de los aspirantes; que un aspirante fué matriculado y admitido a exámenes por el acusado sin reunir los requisitos necesarios para ello; que el aspirante y un tío suyo celebraron entrevistas con el acusado, en la inteligencia todos de que la junta aprobaría los exámenes, para lo cual el aspirante debía enviar al acusado cien pesos por admitirlo a los exámenes y suministrarle las preguntas y contestaciones; que esta suma fué dada en un cheque entregado a uno de los hijos del acusado y depositada finalmente a la cuenta y crédito de éste. Hubo además prueba tendente a demostrar que los exámenes fueron copiados .de los papeles de otros examinandos. Se resol-vió: que esta prueba era suficiente; que no importaba el hecho de no haberse probado que el cheque fué entregado directamente al acusado, pues el jurado tenía derecho a inferir que el depósito, en la forma en que fué hecho, era para beneficio del acusado; que el cheque era prueba corroborativa de su entrega, así como el hecho de que el acusado estaba a cargo de los exámenes.
    Abogado de la apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogados del apelado: Sres. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo, y Luis Campillo, Fiscal del Distrito.

       Reconsideración denegada en junio 5, 1917.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante alega en primer término que se cometió error al elegirse el jurado. El artículo 199 del Código de Enjui-ciamiento Criminal prescribe lo siguiente:

“Siempre que los asuntos criminales del tribunal de distrito re-quieran la presencia del jurado para juzgarlos y no se baile presente ninguno, el tribunal puede dictar providencia disponiendo que se designe por sorteo un jurado para conocer de la causa y que se le cite a comparecer ante diebo tribunal. Dicha providencia debe expresar el número de jurados que ban de sacarse a la suerte, no debiendo este número exceder de veinte y cuatro, y el día y bora en que su presencia se requiera; y el tribunal puede disponer que los juicios criminales en que pueda necesitarse un jurado, se prorroguen basta hallarse cons-tuído dicho jurado.”

Los jurados regulares sorteados primeramente estaban constituidos, pero resultó que varios de ellos fueron recusa-dos por haber tomado parte en nna cansa semejante. En vista de esto el juez ordenó que se sortease otro panel de 24 y combinó con los últimos 24 jurados las personas elegibles del primer panel, de manera que había más de 30 jurados constituidos en la corte. El acusado se opuso a esto fundán-dose en que el artículo 199 limitaba el número de jurados a veinte y cuatro. En este caso hay suficientes indicios en los autos de que la corte tenía razón para creer que no ha-bía bastante con veinte y cuatro jurados y de aquí que ejer-citara su discreción de acnerdo con el artículo 202 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, él cual prescribe lo si-guiente :

“Si no concurriese un número suficiente de jurados debidamente sorteados y notificados, o no se pudieren obtener, en opinión de los jueces, sin gran dilación o gastos para la formación del jurado, el tribunal, si lo estima procedente, puede ordenar al secretario que a presencia del propio tribunal, extraiga de la urna los nombres de tantas personas como dicho tribunal crea suficientes para aquel objeto.”

Los casos de El Pueblo v. Acosta, 11 D. P. R. 249, El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R. 234, El Pueblo v. Vázquez, 20 D. P. R. 361, El Pueblo v. Pillot, 20 D. P. R. 376, demuestran que la corte tiene una amplia discreción en esta cuestión de sortear un jurado y no vemos que haya habido abuso o perjuicio para el apelante. La forma de hacer la elección fué a lo sumo una mera irregularidad como se in-dica en los casos citados. Iguales pronunciamientos se hacen en los casos de State v. Medley, 66 S. E. 358, State v. Watson, 10 S. E. 705, People v. Sowell, 145 Cal. 292, State v. Straub, 47 Pac. 227, People v. Richards, 82 Pac. 691, State v. Croney, 71 Pac, 783, para demostrar que un número mayor de jurados no puede perjudicar al acusado, que los es-tatutos semejantes son meramente directorios y que la corte no revocará la sentencia, a no ser que 'se demuestre que ha habido algún perjuicio.

Ciertas excepciones fueron tomadas al ser desestimadas las recusaciones motivadas, pero la defensa no agotó sus re-cusaciones y por consiguiente no se cometió error. Pueblo v. Kent, 10 D. P. R. 343, El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R. 234, El Pueblo v. Vázquez, 20 D. P. R. 361, El Pueblo v. Pillot, 20 D. P. R. 376.

El Gobierno trataba de probar que un aspirante copió distintas materias de diferentes estudiantes y en vez de de-mostrar primero que los exámenes fueron copiados por dicho aspirante, presentó como prueba el Gobierno el modelo del cual se liabía hecho la copia. La mera identidad era al-guna prueba circunstancial de que un papel había sido co-piado del otro. El hecho de hacer sido presentado como prueba uno de ellos antes que el otro es una prioridad en la prueba discrecional en la corte y el apelante no nos ha pro-bado que hubiera cometido abuso u ocasionado perjuicio.

En su octavo señalamiento de error sostiene el apelante que las manifestaciones hechas por el testigo Enrique P. Arroyo fueron admitidas erróneamente, puesto que no ten-dían a demostrar que los preguntas y contestaciones fueron facilitadas por el apelante. Pero el testigo dijo que el ape-lante le dió las contestaciones para que el testigo pudiera pasar en los exámenes y el peso de la declaración era de la incumbencia del jurado.

El noveno señalamiento de error se refiere a la suficien-cia de la prueba. En este señalamiento sostiene el apelante que Enrique. P. Arroyo y Arturo Boqué ambos eran cómpli-ces de cualquier supuesto delito por parte del apelante y que sus manifestaciones quedaron sin ser corroboradas. Tam-bién' alega el apelante que no hubo prueba de que él recibió el importe del cheque presentado como prueba del soborno. Allá para la fecha de los hechos referidos en la acusación formulada en este caso el apelante era Presidente de la Junta de Farmacia. Fuá él principalmente quien intervino en la matrícula de aspirantes a exámenes y la prueba, sin embargo, tiende a demostrar que Enrique P. Arroyo fué admitido por el apelante a los exámenes sin reunir las condiciones nece-sarias para ser matriculado, y que el apelante tenía conoci-miento de que no reunía estos requisitos. La prueba que ha sido traída a los autos principalmente por Arroyo y su tío Arturo-Roqué tendía a mostrar que cada uno de ellos había celebrado entrevistas con el apelante, en la inteligencia de que la Junta de Farmacia aprobaría a Arroyo en sus- exá-menes. El apelante, según esta prueba, indicó a Roqué que su sobrino debía enviar a dicho apelante la suma de $110, $10 para la matrícula y los $100 restantes para él, por haberlo admitido, y el apelante convino en suministrarle los medios para poder pasar, dándole las debidas preguntas y contes-taciones. Como consecuencia de esto fué librado un cheque a la orden de Arroyo, y entregado por éste a su tío Roqué, quien lo pasó a uno de los hijos dei apelante y éste a otro hijo, siendo depositado por el último a la cuenta y crédito del apelante y entendido por ambos hijos que era para, ser entregado a su padre, aunque tal vez para otro objeto. Se probó concluyente'meute el recibo del cheque y hubo fuerte prueba para demostrar que dicho cheque fué depositado a la cuenta del apelante, todo lo cual quedó probado indepen-dientemente de la declaración de Arroyo o dé su tío Roqué. No importaba el hecho de no haberse probado que el cheque fué entregado directamente al apelante. El jurado tenía de-recho a inferir por el depósito hecho a la cuenta del apelante así como por la forma en que se hizo dicho depósito, que era para beneficio del apelante. El cheque por sí tendía a co-rroborar lo manifestado por Arroyo y su tío Roqué. El hecho de que el apelante estaba a cargo de los exámenes, conside-rado en relación con otras pruebas, tiene fuerza corroborante, así como de haber sido matriculado Arroyo sin tener dere-cho a ello. Hubo prueba independiente tendente a demostrar que los exámenes en realidad fueron copiados de los pape-les de otros estudiantes. Sugiere el G-obierno que existe una duda técnica de consideración respecto a si la persona qtíe da un soborno'es un cómplice de la que lo recibe, puesto que la primera nunca podría ser declarada culpable en la misma causa como el que acepta el soborno. Gomo creemos que la prueba de corroboración fué suficiente, no resolveremos esa cuestión legal en este caso.

Hubo una apelación en este caso no solamente contra la sentencia, sino también contra la resolución denegando el nuevo juicio. En un alegato por separado y con relación a la moción de nuevo juicio, sostiene el apelante que la corte admitió indebidamente una certificación suscrita por Carlos Llauger en la cual se decía que él había examinado a Arroyo en ciertas materias necesarias para la matrícula. Llauger declaró que no conocía a Arroyo y éste manifestó que no fué examinado por Llauger, pero como éste último reconoció su firma y la certificación se encontraba entredós demás papeles que fueron ocupados y que pertenecían al ape-lante, no vemos que baya habido error.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wold,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez de Arellano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de soborno.
    No. 1075.
    Resuelto en mayo 21, 1917.
    Acusación — Vaguedades o Imperfecciones en su Exposición — Excepción Pe-rentoria — Especificación de Particulares. — Si la acusación es razonable-mente susceptible de poder ser interpretada en el sentido de que en ella se imputa ún delito público, cualquiera vaguedad o imperfección en su exposición se considera que ha sido renunciada cuando el acusado no opone a ella excep-ción perentoria o deja de radicar una solicitud para que se especifiquen los hechos (bill of particulars) antes del día señalado para el juicio.

      Soborno — Junta Pública — Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéuti-cos. — La Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéuticos es una junta pública y no privada, por lo que está incluida dentro del término "juntas” empleado en el artículo 111 del Código Penal.
    3». — Acusación con Cargos Distintos — Solicitar y Aceptar Soborno — Yere- ■ dicto Suficiente.- — En una acusación por soborno contenida en dos cargos, el primero de los cuales se basa enteramente en la teoría de solicitar un soborno y el segundo, en la de haberlo aceptado, cada uno de ellos es susceptible de poder ser considerado como una forma distinta de expresar un solo delito de acuerdo con el artículo 111 del Código Penal, por lo que un veredicto general se considera válido si uno de los cargos es suficiente.
    Id. — Entrega del Soborno en Distritos Distintos — Jurisdicción.—Cuando una persona a quien se imputa la solicitud de un soborno recibe parte del dinero en un distrito y la otra en otro distrito, iiuede acusársele en cualquiera de los dos distritos. Artículo 8, Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Testigos — Credibilidad de los Testigos — Delaciones de Amistad. — Ninguna corte, dentro de su discreción, debe permitir, en el período de la prueba,- que se insista indebidamente en el mero hecho de las relaciones de amistad de una persona con otra, con el fin de atacar la credibilidad de un testigo.
    Peritos — Impugnación de Prueba Pericial. — El mejor medio de impugnar la corrección de una prueba pericial es presentando otros peritos.
    Testigos — Repreguntas—Interés, Parcialidad, Perjuicio o Predisposición.— Una parte que en el examen de repreguntas interroga a un testigo con res-pecto a su interés, parcialidad, perjuicio o predisposición, no queda obligada por su negativa sino que puede contradecirlo por medio de otras pruebas, poí-no ser el asunto colateral por su naturaleza.
    I», — Credibilidad de los Testigos — Relaciones de Amistad. — Por tenor relación con el punto referente a la credibilidad, puede alegarse y considerarse si las relaciones de un testigo con una persona, o sus relaciones hacia esa persona, son de amistad o no lo son; pero no puede ser examinado un testigo so pre-texto de que va a impugnarse su veracidad, o a prepararse para ello, sobre cuestiones que no afectan a su crédito y que la parte que repregunta no tiene derecho a ponerlas de manifiesto para otros fines; ni es correcto poner de manifiesto cosas que aun siendo ciertas no tendrían una verdadera tendencia a hacer desmerecer la credibilidad del testigo.
    Prueba de Referencia — Rumor Público. — El principio legal, con ciertas excep-ciones, rechaza la prueba de referencia aunque sea lógica (art. 39 de la Ley de Evidencia); siendo el rumor público una de las más insidiosas formas de prueba de referencia.
    Soborno — Carta Admitida como Prueba que Lleva un Rumor Público al Ju-rado — Confrontación con los Testigos. — En esto caso se alegó y trató de probar que las preguntas a los exámenes con sus debidas contestaciones fueron entregadas a un aspirante por el acusado. Este presentó prueba peri-cial para demostrar que él no podía, por su inteligencia, capacidad y conoci-mientos, haber facilitado aquellas contestaciones que los mismos peritos cali-ficaron de equivocadas unas e incompletas otras. Mientras declaraba el perito el Fiscal ofreció como prueba una carta dirigida por aquél al acusado poniendo en su conocimiento un rumor público consistente en la forma anormal en que se .conducían ciertos procedimientos ante la Junta Examinadora de Farmacia, para demostrar que existía una gran amistad entre ambos y atacar así la veracidad del perito, pero no fué admitida por la corte. Posteriormente y mientras declaraba el acusado la carta fué admitida entonces como prueba. Se resolvió: que técnicamente la carta sólo debió ser admitida mientras declaraba el testigo, cuando podía tener una oportunidad de explicarla eon-forme a los artículos 156 y 159 de la Ley dé Evidencia; que dicha carta no era admisible para contradecir o impugnar al perito pues habían otros medios para probar la amistad entre el acusado y el perito; y que la admisión de la carta fué perjudicial al acusado porque envolvía un rumor público llevado al jurado y con el que fué confrontado y juzgado él acusado, contra lo dis-puesto en el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    INSTRUCCIONES AL JURADO-INSTRUCCIONES ADICIONALES-PALTA DE OBJECIONES A las ya Dadas — Renuncia—Eeror Fundamental. — Cuando al terminar la corte sus instrucciones al jurado el acusado solicita se den instrucciones adi-cionales, pero no hace objeción alguna a las ya dadas, se entiende que renuncia a cualquier error que pudiera existir, y el tribunal de apelación no lo tomará en consideración, excepto cuando se trate de un error fundamental.
    Td. — Duda Razonable — Presunción de Inocencia. — Es conveniente que cuando se instruye por la corte al jurado sobre la naturaleza de la duda razonable, se defina ésta con toda claridad. Aun cuando no se le pida, debe siempre; en bien de la justicia, instruirlo también en cuanto a la presunción de inocencia.
    Id. — Cuestiones de Derecho — Id. de Hecho. — La ley de 9 de'marzo de 1911 enmendatoria del párrafo 8 del artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal no impone al juez el deber de expresar su opinión acerca de todas las cuestiones de derecho suscitadas durante el juicio, ni el de hacer un resu-men de todos los hechos, debiendo limitarse a los términos de ese artículo.
    ■Soborno — Entrega y Cobro de un Cheque — Cosa de "Valor. — El hecho' de que un cheque sea entregado a un tercero para un fin ilegal no puede afectar a la cuestión de si en realidad de verdad recibió un acusado por soborno una cosa de valor, especialmente después de haberse cobrado el cheque, pues no era más ilegal que lo hubiera sido la misma entrega en metálico.
    Id. — Acusación Suficiente — Junta de Farmacia — Nombramiento Legal — Fun-cionarios de Facto. — En una acusación por soborno contra un miembro de la Junta de Farmacia, no es necesario alegar que el acusado era miembro de la junta “nombrada legalmente,” pues la acusación siempre hubiera sido válida si hubiera demostrado que el funcionario lo era de facto.

    Testigos — Presunción de Inocencia — Proceso Criminal' — Pregunta Erró-nea. — Hasta tanto que una persona no haya sido declarada culpable de un delito, existe la presunción de inocencia a su favor, y el hecho relativo a un proceso criminal no -tiende a desacreditarlo. Comete, por tanto, error una corte que permite que se pregunte a un testigo si no se había iniciado una causa contra él.
    hTüEVO Juicio — Consideraciones o Comentarios del Tribunal de Apelación.— . Las consideraciones o comentarios hechos por el Tribunal Supremo en sus opiniones no deben presentarse ante un jurado' o utilizarse como prueba en un nuevo juicio.
    Abogado del apelante: Sr. J. Henri Brown.

    Abogados del'apelado: Sres. Earle T. Fiddler,-Attorney

      General Auxiliar., Salvador Mestre, Fiscal del Supremo, y Luis Campillo, Fiscal del Distrito.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wold,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación en causa criminal la acusación formu-lada consta de dos cargos que son los siguientes:

“Primero. — El citado Clemente Ramírez de Arellano, allá entre los meses de septiembre de 1914 y enero de 1915, y en la jurisdicción del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, en ocasión de ser uno de los miembros de la Junta de Farmacia de Puerto Rico y, como tal, miembro de la Junta Examinadora de Aspirantes a Far-macéuticos, de una manera ilegal, voluntaria, corrupta y criminal, pidió un soborno a Rodolfo Bernal, aspirante a farmacéutico y quien se había de someter a examen ante dicha junta, consistente en la suma de trescientos dollars, con el entendido o en la inteligencia de entre-garle a cambio de dicha suma al referido examinando Rodolfo Bernal las contestaciones correspondientes a las preguntas de cada una y todas las asignaturas que determina la ley para tales exámenes y las que habían de ser objeto de los que se celebrarían o se celebraron en el mes de enero de 1915 en esta ciudad de San Juan; y las cuales era obligación aprobar para poder obtener el título y la licencia para ejercer la profesión de farmacéutico en Puerto Rico, entregándole tales contestaciones en la inteligencia de que aquél las copiaría y una vez copiadas las devolvería junto con las copias que de ellas hiciera a fin de, en virtud de los $300 pedidos a Rodolfo Bernal y, conforme a lo entendido y convenido, se comprometió a calificarle como bpenos los exámenes de esa manera copiados y falseados, dándole'un pro-medio suficiente para aprobar los mismos y otorgarle ilegalmente el título y con él la licencia para ejercer la profesión de farmacéutico en la Isla de Puerto Rico, lo que en aquel entonces era una cuestión pendiente en la Junta de Exámenes y sometida a su decisión.
“Segxmdo. — El citado Clemente Ramírez de Arellano, allá entre los meses de septiembre de 1914 y febrero de 1915, en la jurisdicción del Distrito Judicial de San Juan, en ocasión de ser uno de los miem-bros de la Junta de Farmacia, y, como tal, miembro de la Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéuticos para cuyos, cargos fué legalmente nombrado, de una manera ilegal, voluntaria, corrupta y criminal, convino en recibir y recibió de Rodolfo Bernal un soborno consistente en la suma de trescientos dollars siendo el referido Rodolfo Bernal uno de los aspirantes que se había de presentar a exámenes ante la Junta Examinadora; admitiendo dicha suma en la inteligencia o con el entendido de entregarle a cambio las contestaciones corres-pondientes a las preguntas dé cada una y todas las asignaturas que determina la ley para tales exámenes y las que habían de ser objeto de los que se celebrarían o se celebraron en el mes de enero de 1915, en la ciudad de San Juan antes dicha; y los cuales era obligación apro-bar para poder obtener el título y licencia para el ejercicio de la profesión de farmacéutico; entregándole tales contestaciones en la inteligencia de que aquél las copiaría y una vez copiadas se las devol-vería junto con las copias que de ellas hiciera, a fin de, en virtud de los $300 convenidos y recibidos de Rodolfo Bernal y, conforme a lo entendido y convenido calificarle como buenos los exámenes de esa manera copiados y falseados, dándole un promedio suficiente para aprobar los mismos, y, asimismo obtener que los demás miembros de la Junta Examinadora los calificaran como buenos y, de esa manera ilegal otorgarle el título y con él la licencia para el ejercicio de la pro-fesión de farmacéutico en la Isla de Puerto Rico; lo que en aquel entonces era una cuestión pendiente en la referida Junta Examinadora, en su carácter oficial y sometida a su decisión. Este hecho es con-trario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. (Firmado) Luis Campillo, Fiscal del Dis-trito.” t

En la exposición del caso se dice que fné presentada nna ex-cepción perentoria (demurrer) en la corte inferior, pero no lia sido incluida en los autos enviados a 'esta corte. Diclios autos demuestran que el acusado hizo la alegación de no culpable el día en que le fué leída la acusación. No existe nada en los autos que indique que el acusado obtuvo luego permiso en la corte inferior para formular una excepción perentoria (demurrer), o que hubiera sido presentada alguna excepción perentoria hasta el día del juicio. En el caso de El Pueblo v. París, (pág. 111), este tribunal resolvió que es demasiado tarde esperar hasta el día del juicio para formular una ex-cepción perentoria (demurrer) con tal carácter. Al llegar el día del juicio se ha renunciado ya a cualquier defecto que pueda contener la acusación y que en la ley común po-dría haber quedado subsanado por el veredicto. Si la acu-sación es razonablemente susceptible de poder ser inter-pretada en el sentido de que en ella se imputa un delito pú-blico, cualquier vaguedad o imperfección en su exposición sé considerará que ha sido renunciada. People v. Matuszewski, 138 Cal. 533; Rex v. Perrot, 8 English Ruling Cases, 116; Heyman v. Reg., 8 English Ruling Cases 126 y notas; 22 Cyc. 485. Se presume que en el día del juicio-el acusado tiene conocimiento de cuál es el objeto general de la acusa-ción. Si en ella se deja realmente de alegar un delito público, esa es una cuestión que puede levantarse en el juicio. El apelante trata de promover la cuestión de que en la acusa-ción no se imputa tal delito público, pero' las objeciones que presenta en realidad se refieren a imperfecciones en cuanto a su exposición, las que debe procurarse que queden aclara-das antes del juicio mediante una excepción perentoria (demurrer), o radicando en tiempo una solicitud para que se es-pecifiquen los hechos (bill of particulars).

El apelante resume su ataque a la acusación diciendo que .el Fiscal debió haber alegado positivamente que el acusado solicitó o recibió un soborno de $300, en el entendido o inte-ligencia de que el acusado pasaría al aspirante Bernal y la expediría su título y licencia para ejercer como farmacéu-tico. La acusación contenía todos estos hechos, aunque algo difusamente, de modo que quizás fue necesario hacer una pe-queña inferencia o síntesis, pero era una inferencia que cual-quier hombre de inteligencia ordinaria tendría necesaria-mente que hacer. No tenemos dudas de que con la acusación quedó notificado el acusado de que se le imputaba el hecho de haber solicitado y recibido un soborno para pasar al as-pirante y expedirle su título y licencia.

Tal vez si esta mala inteligencia surge en parte por ale-gar el apelante que ésta es una causa seguida de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, el cual prescribe lo siguiente:

“Todo funcionario ejecutivo o persona elegida o nombrada para un cargo ejecutivo, que pidiere, aceptare o conviniere en aceptar cual-quier soborno con el entendido o en la inteligencia de que tal soborno habrá de influir en su voto, opinión o determinación en cualquier asunto pendiente o sometido a su decisión, en sn calidad de funcio-nario, incurrirá en pena de presidio por un término mínimo de un-año y máximo de catorce años, perdiendo además su empleo y que-dando por siempre inhabilitado para ejercer ningún cargo público.”

Pero convenimos con el Gobierno en que el delito come-tido en este caso es contra la justicia pública y que está com-prendido en las prescripciones del artículo 111 del Código Penal que a continuación transcribimos:

“Toda persona que sobornare o intentare sobornar a algún concejo municipal o miembro de alguna junta, corporación, comisión electoral u otro funcionario con objeto de influir en la resolución de dicho miembro o funcionario, en algún asunto pendiente ante el cuerpo a que perteneciere éste; así como todo miembro de cualquiera de los cuerpos mencionados en este artículo que recibiere o admitiere dicho soborno, incurrirá en la pena de presidio por un término máximo de diez años, quedando incapacitado para ejercer cargo público en Puerto Rico.”

El acusado era un miembro de la Junta de Farmacia. La enumeración hecha en el artículo citado de las palabras “juntas,” “corporaciones,” etc., indica de modo suficiente que la idea de la Legislatura fué referirse a cualquier junta pú-blica. La Junta de Farmacia desempeña un papel impor-tante para el público, está organizada por la Legislatura y bajo ningún concepto es una junta privada; que tanto la corte como el abogado entendieron que la acusación se fun-daba en el artículo 111 está claramente demostrado por las instrucciones dadas por la corte al jurado y a las cuales no se formuló objeción, en cuyas instrucciones se repiten las palabras de dicho artículo casi al pie de la letra.

Por medio de una moción para suspender el pronuncia-miento de la sentencia (in arrest of judgment) impugnó el apelante la, jurisdicción de la corte. El artículo 8 del Código-de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente:

“La jurisdicción correspondiente a los delitos, radica en la corte de distrito del respectiYO distrito judicial dentro del cual se come-tieren. ’ ’

La supuesta falta de jurisdicción no aparecía de la acu-sación, pero en el juicio se hizo conocido el hecho de que de los trescientos dólares recibidos por el acusado doscientos le fueron entregados en Manatí dentro del Distrito Judicial de Arecibo y que solamente recibió cien dólares en el distrito de San Juan; y también es un hecho admitido que el primi-tivo convenio en aceptar dichos trescientos dólares quedó per-feccionado en Arecibo. Es asimismo cierto que la matrícula de Bernal se hizo en San Juan; que los últimos cien dóla-res se recibieron aquí; que las preguntas y contestaciones para pasar en los exámenes las copió Bernal en San Juan y se las entregó en esta ciudad al acusado. San Juan es el sitio para la entrega del título y la Junta de Farmacia está establecida aquí.

El primer cargo se basa enteramente en la teoría de so-licitar un soborno y el segundo más propiamente en la de haberlo aceptado, cada uno de los cuales es susceptible de poder ser considerado, como una forma • distinta de expre-sar un solo cielito de acuerdo con el artículo 111 del Código Penal.

Alega, por tanto, el apelante que el primer cargo no puede ser considerado suficiente, pires todos los actos de solicita-ción que han sido alegados tuvieron lugar en Arecibo y que como el jurado puede haber encontrado ambos cargos sufi-cientes, o cualquier de los mismos, que el veredicto emitido es malo por ese motivo. Pero desde el pronunciamiento hecho por Lord Mansfield en el caso de Peake v. Oldham, Cowper, 275, un veredicto general, como el de este caso, ha de con-siderarse como válido si uno de los cargos es suficiente aun-que todos los demás sean malos. Claassen v. United States, 142 U. S. 140, 146. En este caso no hay disputa alguna sobre ■ el recibo de los trescientos dólares. El esfuerzo hecho én el juicio fué respecto al objeto que había en aceptar dichos trescientos dólares. Todo tiende a establecer la culpabili-dad del acusado bajo el segundo cargo de la acusación y es-tamos justificados en llegar a la conclusión, en vista de-los lieclios del juicio, de que si el jurado encontró culpable al acu-sado de algún delito tuvo que haber sido de acuerdo con el segundo cargo, o de lo contrario fué completamente negli-gente al pesar la prueba sometida a su consideración.

Convenimos con el apelante en que los supuestos actos del acusado hubieran conferido jurisdicción a la Corte de Dis-trito de Arecibo, puesto que allí se solicitó y recibió un dinero, pero estamos convencidos de que la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Eico también fueron ofendidas en San Juan, admitiendo la veracidad de la acusación. De igual modo quedó consumado finalmente un delito en San Juan aunque su comienzo o parte de sus actos tuvieron lugar en Arecibo. Toda persona que pone en acción cualquier clase de fuerza, bien sea física o moral, por virtud de la cual se comete finalmente un delito en un lugar distinto de aquel donde se inició la fuerza, podrá ser acusada en el sitio de su ejecución. Frecuentemente puede acusársele en cualquiera de los dos lugares. In re Palliser, 136 U. S. 257; Benson v. Henkel, 198 U. S. 1, 15; Hyde and Schneider v. United States, 225 U. S. 347; United States v. Thayer, 209 U. S. 39; El Pueblo v. Nogueras, 23 D. P. R. 332.

El apelante para demostrar que el delito fué cometido en Arecibo, alega que por el hecho de ser recibidos allí los dos-cientos dólares hubo un perfecto y completo delito sin que hubiera de esperarse a que se entregaran los últimos cien dólares. Asimismo hubo un delito completo, en San Juan al recibir el acusado los cien dólares aquí.

Pospondremos el llamado tercer señalamiento de error hasta que consideremos lo que fué un error fundamental en este caso, o sea, la admisión de la carta escrita por el Dr. del Valle Sárraga, con todas las circunstancias que la rodeaban. La corte en sus instrucciones condensa suficientemente bien la teoría que presentó la defensa. Fué admitida la acepta-ción de los trescientos dólares, pero la defensa presentó prueba tendente a demostrar que eran para comprar un tí-tulo de una escuela por correspondencia, que el apelante re-cibió dicha suma de Bernal. En la acusación se alegó, y la prueba tendió a mostrar, que las preguntas a los exámenos, con sus debidas contestaciones fueron entregadas al aspi-rante Bernal por el acusado. Para destruir esta prueba el acusado presentó prueba pericial con el fin de demostrar que siendo el acusado un hombre de inteligencia, de gran capa-cidad profesional y extensos conocimientos técnicos, no po-día haber facilitado contestaciones que los mismos peritos dijeron unas veces que estaban muy equivocadas y otras que eran incompletas. La declaración del Dr. del Valle Sárraga tendía a demostrar que la contestación a la primera pregunta de la serie sometida al perito fué dada correctamente, pero no muy bien desarrollada. Con respecto a la segunda pre-gunta el perito dijo que la contestación del alumno era com-pletamente mala. Que la contestación a otra pregunta podía pasar, y refiriéndose todavía a otra contestación, manifestó que estaba trunca.

Todo el interrogatorio directo fué meramente pericial y la corte tuvo alguna duda respecto a si la declaración de un perito podía ser atacada en la misma forma que la de otro testigo cualquiera y muy propiamente llegó a la conclusión de que podía serlo. Mientras declaraba el Dr. del Valle, fué presentada.como prueba una carta dirigida por éste al acu-sado, sosteniendo la acusación, si es que seguimos su teoría, que dicha carta tendía a probar que existía una gran amis-tad entre el Sr. del Valle y el 'apelante. Diremos al empe-zar que ninguna corte dentro de su discreción debe permi-tir que se insista indebidamente en el mero hecho de la amis-tad de una persona con otra en el período de la prueba, con ■el fin de atacar la credibilidad de un testigo. La carta fué presentada como prueba mientras, estaba declarando el Dr:-1 del Valle Sárraga,' pero no fué admitida por la corte. Pos-teriormente y hallándose declarando el acusado fné admi-tida la carta. Dicha carta dice lo siguiente:

“Amigo Don Clemente: Sin tiempo para verle personalmente y eon el fin de no llamar la atención, decido escribirle dos letras sobre un asunto de capital importancia para Ud., suplicándole, por supuesto, absoluta reserva para sus compañeros del Board y. asimismo la destruc-ción de esta carta tan pronto como se entere de ella. Se trata de que Ud., con su independencia de carácter y buen criterio prover-biales, remedie de raíz ciertas 'deficiencias que pueden hacernos daño a todos.
“Me consta de una manera positiva que 24 horas antes de los exámenes, se saben en la calle, seis de las diez preguntas, de las dos materias que tocan en turno para el día siguiente. ‘Los del campo,’ como llaman mis alumnos a muchos de los que vienen a examinarse sin preparación' alguna, y solamente confiados en las triquiñuelas de última hora, hacen alarde después que se examinan, de la inmu-nidad de que gozan, no sólo consiguiendo parte de los programas por anticipado, sino hasta .cambiando papeles; y hasta se ha dado el caso de uno, que afirma que en los exámenes pasados sustituyó pape-les hechos después de los exámenes por los que hizo en el examen mismo. Si Ud. desea datos concretos yo puedo dárselos, aun cuando mi objeto no es el chisme, como es natural que así sea, sino que Ud. con las energías que Ud. sabe desplegar cuando es así necesario, ponga remedio a esto, proponiendo medidas apropiadas dentro del seno del Board, y sin que note nadie que esto obedece a cosa alguna concreta. De ahí nace el que mis alumnos de primer año, se quieran examinar, sin saber nada de segundo y tercero, de estos dos últimos años. De ahí nacen también los continuos libelos que están escribién- „ dose en contra mía y del Board. Y de no ser así, porque veo venir el escándalo si no se remedia esto hoy, ahora; y porque dentro del Board tengo amigos y compañeros a quienes tengo el deber de estimar pro-' fundamente y defenderlos bajo toda circunstancia, no me atrevería a escribirle esto a Ud., ni aun en la forma privadísima en que lo hago. Y, abusando quizás, del hecho de que hemos sido doblemente compa-ñeros, me voy a tomar la libertad de darle algunas ideas, como remedio, por si le son de alguna utilidad.
“Disponer que en lo sucesivo y desde hoy mismo, se redacten los programas en el momento del examen y no recogiéndose las preguntas el día anterior. En todos loo casos someter a los candidatos a un examen oral ligero sobre las mismos preguntas del examen, u otras relacionadas, en el momento de retirarse el candidato y al entregar sus papeles, y así llegar a la conclusión do que no ba copiado.
“Puede estar seguro de que al escribirle esto he creído de buena fe prestarle un buen servicio a mis compañeros y que he defendido los intereses de mis alumnos, como es mi deber.
“Yo guardaré absoluta reserva y confío en que sus acertadas medi-das darán lugar a cambios saludables, sin que nadie se aperciba, ni se exalte la delicadeza del vecino.
“Por este servicio que le pido, dentro de la más estricta justicia, le estará agradecido su affrno. amigo,
“(Firmado) R. del Valle Sárraga.”

Después de haber hecho antes el acusado varias protes-tas hizo una objeción formal en estos términos:

“La defensa anota con permiso de la corte, una excepción, fun-dada en los siguientes motivos-. 3. El documento ele que se trata es una carta del Dr. del Valle Sárraga, de donde no resulta en manera alguna un prejuicio favorable de dicho doctor con respecto al acu-sado; 2. Porque por el contrario, del contenido de la carta resulta un prejrdcio adverso al mismo acusado; 3. Porque para demostrar las relaciones existentes entre el Dr. del Valle Sárraga y el acusado, por medio de este documento, debió hacerse, no en la declaración del •acusado, sino en la declaración del Dr. del Valle Sárraga; 4. Porque la pregunta del Fiscal que ha determinado la presentación de este documento, no se refiere a ninguna materia que haya sido objeto del interrogatorio directo; 5. Porque el único objeto manifiesto de la presentación del documento, es llevar ante la consideración del jurado, acusaciones -dirigidas contra Clemente Eamírez, no por medio de prueba directa sino por medios indirectos e inadmisibles de una carta.”

liemos descrito la declaración directa del Dr. del Valle. Aunque no somos peritos, dicha declaración retine todos los caracteres de una verdadera declaración completa, razona-ble y franca hecha por el testigo. Era una prueba pericial y uno de los mejores medios de impugnar su corrección hubiera sido presentando otros peritos químicos de los cua-les hay muchos en la isla y que El Pueblo cíe Puerto Rico puede fácilmente tener a su disposición. No se trató en ma-nera alguna ele demostrar que fueran falsos los hechos cien-tíficos declarados por el Dr. del Valle. Toda presunción de ley y del sentido común estaba en favor de la veracidad de nna declaración pública ele esta naturaleza, pues los hechos de la química,' en contraste con los de la medicina, son sus-ceptibles de poder ser demostrados fácilmente y respecto a los cuales, por lo menos en lo qúe se refiere a la simple quí-mica envuelta en este caso, serían muy pocos los peritos que estarían en desacuerdo. Los hechos de química que se en-seña a un grupo de candidatos a farmacéuticos tienen nece-sariamente que ser más o menos determinados. Entonces, a menos que el Gobierno supiera o tuviera motivo para creer que la declaración del Dr. del Valle era falsa no tenía dere-cho a tomar el’tiempo de la corte tratando de atacar su cre-dibilidad. Consta de los autos que desde la fecha en que de-claró primeramente el Dr. del Valle el Gobierno tuvo sufi-ciente oportunidad para haber investigado la verdad o fal-sedad de las manifestaciones hechas por el Dr. del Valle, por ser hechos materiales en la naturaleza y que dependen muy poco de la conciencia de un testigo en particular.

Al ser interrogado el Dr. del Valle acerca de las rela-ciones que tenía con el apelante declaró que sus relaciones eran amistosas, pero más bien de carácter profesional que personal, y en la carta no había nada que contradijera esta manifestación. Como dicha carta contenía muchas pruebas y aun prueba lógica de que se estaban copiando los exáme-nes, no debió haber sido admitida como prueba so pretexto de contradecir o impugnar a un testigo, a menos que real-mente tendiera a contradecir o a impugnar su declaración. Si el objeto fue probar la amistad que había entre las dos personas, y hubiera negado del Valie esa amistad, había otros medios de probar dicha amistad que no fuera por la forma dudosa de presentar una carta que contiene una materia lógi-ca pero impertinente y que probablemente jamás podía ha-ber sido presentada legalmente a la consideración del jurado en ninguna otra forma en el juicio.

Una parte que en el examen de repreguntas interroga a un testigo respecto a sn interés, parcialidad, prejuicio o predisposición, o sobre cosas que tienden a demostrar dicho interés o predisposición,, no queda obligado por sn negativa sino qne pnede contradecirlo por medio de otras pruebas por no ser el asunto colateral por sn naturaleza. People v. Wong Chuey, 117 Cal. 624, 49 Pac. 833; 40 Cyc. 2674.

Por tener relación con el punto relativo a la credibilidad puede alegarse y considerarse si las relaciones de un testigo con una persona, o sus relaciones hacia esa persona son de amistad o no lo son. People v. Anderson, 105 Cal. 32, 38 Pac. 513; 40 Cyc. 2656.

Pero no puede ser examinado un testigo so pretexto de que va a impugnarse su veracidad, o a prepararse para ello, sobre cuestiones que no afectan a sn crédito y que la parte que repregunta no tiene derecho a ponerlas de manifiesto para otros fines. 40 Cyc. 2566, y casos citados en la página 2568.

T no es correcto poner de manifiesto cosas qne aun siendo ciertas no tendrían una verdadera tendencia a hacer desme-recer la credibilidad de un testigo. Ducharme v. Holyoke Street Ry. Co., 203 Mass. 384, 89 N. E. 561; 40 Cyc. 2572.

Se nos hace imposible comprender la tenaz insistencia por parte del Fiscal en hacer que esta carta fuera a manos del jurado como no hubiera sido para probar el rumor público y otras cosas que en ella tienden a demostrar la relación del acusado con el delito. Se permitió que este rumor público pasara a la consideración del jurado prácticamente sin nin-guna restricción. Es verdad que la corte al admitirlo limitó el efecto de dicho rumor al objeto de contradecir al Dr. del Valle. Técnicamente la. carta sólo debió haber sido admi-tida mientras el mismo Dr. del Valle declaraba y cuando él podía tener la oportunidad de explicarla, de conformidad con los bien conocidos principios de evidencia contenidos en los artículos 156 y 159 de la Ley de Evidencia. La restric-ción que hizo la corte de esta carta fué al terminar una discu-sión acalorada respecto a si era o no admisible dicha carta. La corte en sus instrucciones no' trató de restringir el efecto de la carta o el uso que podía hacerse de ella. La carta, en realidad de verdad, fné tomada en consideración por el ju-rado en todos sus particulares. Aun cuando la carta hubiera sido admisible en evidencia todavía diríamos que hubo error en este caso, pues no se hizo la debida restricción respecto a la misma.

El principio legal, con ciertas excepciones, rechaza la prueba de referencia aunque sea lógica. Artículo 19- de la Ley de Evidencia, Leyes de 1905, página 72; 16 Cyc. 1192.

El rumor público es una de las más insidiosas formas de prueba de referencia. Chamberlayne, tomo 4, párrafo 2572; 16 Cyc. 1213; 34 Cyc. 1821.

En este caso estamos obligados a resolver que el acu-sado fue juzgado en parte, por un rumor público. En este sentido no fué confrontado con los testigos en su contra, como lo exige al artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sino que fué confrontado con un rumor público que se trajo a la consideración- del jurado so pretexto de contrade-cir a un testigo, o sea la misma conducta que hemos repro-chado en el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D. P. R. 251.

También en el caso de El Pueblo v. Ortis, 22 D. P. R. 680, al concurrir los jueces disidentes con la opinión de la mayo-ría sobre este punto, llamaron la atención hacia el hecho de haberse tratado de presentar prueba que por otros concep-tos era admisible so pretexto de atacar el carácter del acu-sado. No es posible hacer repreguntas sobre el rumor pú-blico, o siquiera analizarlo.

De acuerdo con las leyes de Puerto Eico el acusado tiene derecho a un juicio por jurado en casos de delitos graves (felonies). Por varios siglos ciertas clases de pruebas, se-cundarias o de otro modo incompetentes, como la de referen-cia, las Leyes de Evidencia han impedido que sean someti-das a los jurados ingleses y americanos. La Ley de Eviden-cia lia sido introducida deliberadamente en Puerto Pico y las cortes están obligadas por virtud de la misma. No será bastante con permitir que un fragmento de prueba lógica sea sometida al jurado y tratar entonces de decir que la pre-sentación de esta prueba, que debió haber sido excluida no perjudicaba, puesto que la mayor preponderancia de la prueba estaba en contra del acusado de todos modos. Si la gran preponderencia de la prueba estaba en contra del acusado, entonces había menos motivo por parte del Fiscal para insistir tenazmente en la admisión de la carta del Dr. del Valle Sárrag-a. Si el Fiscal puede presentar al jurado' la prueba que tiene un efecto probatorio y después de su ad-misión se alega que no perjudica, nos encontramos enton-ces con un caso en que un hombre ha sido juzgado por un delito grave (felony), no por un jurado, sino prácticamente por la corte. Si esta carta no era importante para convén-¡cer al jurado de la culpabilidad de Clemente Ramírez de Are-llano, entonces ¿por qué insistir el Gobierno en su presen-tación a pesar de las protestas y bien razonadas objeciones del apelante? El Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan probablemente sabía mejor que ninguna otra persona si era o no necesaria esta carta para convencer al jurado en este caso. La conservación del juicio por jurados en casos de de-litos graves (felonies) consideramos que es esencial a la li-bertad en Puerto Rico, y no deben favorecerse los medios indirectos de presentar rumores públicos a la consideración del jurado.

La admisión de esta carta era perjudicial porque eviden-temente fué presentada como prueba de tal modo que llevó un rumor público a la consideración del jurado. Fué per-judicial, porque permitía al jurado dudar de la declaración del Dr. del Valle cuando éste hacía manifestaciones que es de presumirse eran en favor del acusado. Si fué verdadera la declaración del Dr. del Valle, y existe, como hemos visto, una presunción en su favor, el acusado tenía derecho al be-neficio de esta declaración exenta de impugnación. ,

Nos fiemos referido al fiecfio de que la corte nada dijo en sus instrucciones que limitara el efecto de esta carta. En realidad la corte dió énfasis en sus instrucciones a dicha carta. Refiriéndose a este punto la corte dijo lo siguiente:

“Se presentó también como perito al Sr. del Valle Sárraga. A este testigo, al ser interrogado por el Fiscal en su período de cross-examination, se le presentó una carta suscrita por él, en su capacidad de amigo del acusado Sr. Ramírez, y como jefe también de una escuela que él tiene en donde varios alumnos cursan estudios de farmacia y deben recibir aprobación ante la Junta de Farmacia.
“Esa carta, como recordarán los señores del jurado, levantó un vivo incidente ante esta corte. La ■ corte tuvo dudas al principio respecto a la admisión de ese documento y detuvo su resolución, pero más tarde el Fiscal examinó al mismo acusado sobre los distintos particulares de la carta, haciéndolo en forma tal, que la corte no tuvo duda ninguna respecto a la procedencia de ese documento, y por esa razón le admitió.
“No quiero hacer ninguna consideración ante los señores del jurado respecto a la procedencia de la admisión de ese documento, porque el debate más importante surgió ante la presencia del jurado. El de-fensor estuvo conforme en tratar esa cuestión ante el jurado y por esa razón la corte no mandó retiraros.
“Ese documento ha sido ampliamente examinado y discutido en los brillantes informes que se han pronunciado ante vosotros por las distinguidas representaciones de El Pueblo y el acusado.
“En ese documento, que pasará a manos del jurado, se habla por el Sr. Sárraga de un rumor público, consistente en la forma anormal en que se conducían ciertos procedimientos en la Junta Examinadora de Farmacia, y que le llamaba la atención a su amigo, la persona a quien la carta iba dirigida, para que él interpusiera toda su influencia a fin de que este estado de cosas cesara y fuera corregido completa mente.
“La corte no tiene duda de que este documento ha sido bien admi-tido, y por eso lo admitió; de otra manera hubiera sido rechazado.
“Tanto ese documento como los demás que se han presentado, pasarán a la consideración de los señores del jurado, para su examen, y para que vosotros le déis el valor probatorio que creáis que merecen.
“Después de esta declaración del acusado; vuelve a repetirse-la prueba de peritos de la defensa, y al efecto comparecieron dos peritos más; el mismo Dr. del Valle Sárraga, que vino a declarar sobre el fondo de la carta y explica los motivos que tuvo para redactar esa carta, y manifiesta que al escribir esa carta, se fundó en la informa-ción que le habían hecho sus alumnos.”

Si examinamos las anteriores instrucciones se verá que la corte no solamente dejó de limitar cuidadosamente el uso que había de hacerse de la carta del Dr. del Valle, sino que volvió a llamar la atención hacia el rumor público en ella contenido. En vista de las circunstancias de este caso, como ya hemos dicho, creemos que estos comentarios hubieran cons-tituido un error perjudicial aun cuando el Dr. del Valle hu-biera negado su amistad con Clemente Ramírez de Arellano. Los autos muestran que al ser presentada esta carta como prueba, pero afLtes de sqr admitida, el Fiscal empezó a leer parte de su contenido en voz alta. El jurado estaba presente y por las palabras pronunciadas podía venirse en conoci-miento de la naturaleza de la carta. Es impropio para el Fiscal hacer esto y la defensa se opuso, pero no tomó excep-ción. Si la carta hubiera sido excluida sería una importante ¡cuestión si el leer esta carta en voz alta, aunque de buena fe, no fué un error perjudicial aun cuando no se tomara ex-cepción.

El tercer señalamiento de error se refiere a las instruc-ciones. El apelante ádmite el hecho de no haberse tomado excepción a ninguna parte de las instrucciones de la corte. De acuerdo con la jurisprudencia constante de este tribunal,' por lo general no tomaremos en consideración aquellos erro-res relativos a las instrucciones a los cuales no se hubiere tomado excepción, a no ser que estemos convencidos de que el error es fundamental. Los abogados de un acusado son los mejores jueces para juzgar el hecho de si la corte les concede todo aquello a que tienen derecho y en este caso al ter-minar la corte sus instrucciones los abogados del acusado solicitaron que se dieran al jurado instrucciones adiciona-les, pero no hicieron ningún comentario acerca- de las ins-trucciones ya ciadas. *Se sostiene casi umversalmente qne con éste proceder se renuncia a cualquier error qne pudiera existir. No constando qne se hubiera tomado alguna excep-ción la corte de apelación tiene qne presumir qne los ahoga-dos quedaron bastante satisfechos con las instrucciones. Si fuera de otro modo el Estado quedaría sujeto a los gastos que ocasionan los frecuentes nuevos juicios. Comentaremos, sin embargo, una o dos de las instrucciones.

El punto relativo a la duda razonable no fue muy bien explicado al jurado en esta forma:

“La duda razonable es un concepto difícil de expresar. Duda razonable no es la duda caprichosa, no es la antojadiza, sino la duda fundada en la lógica misma de los hechos controvertidos; es la duda que nace de la falta de algún elemento de prueba, de alguna cosa que surja durante el juicio, fundada en los mismos hechos discutidos.
“Si vosotros estimáis que esa duda razonable existe, es vuestro deber darle al acusado el beneficio de ella y absolverlo.”

En el caso de El Pueblo v. Neváres, 10 D. P. R. 94, citando del caso de Hopt v. Utah, 120 U. S. 430, indicamos una forma de instrucciones sobre duda razonable. A veces las cortes han considerado válidas las instrucciones • en las cuales sim-plebrente se dice al jurado que no deben declarar culpable al acusado si tienen alguna duda razonable. Por otra parte, a veces es conveniente que la corte defina con alguna ampli-tud la -naturaleza de -la duda razonable.

La corte dejó de instruir al jurado respecto a la presun-ción de inocencia, y el apelante nos cita el caso de People v. Macard, 73 Mich. 25, para demostrar que las cortes han revocado sentencias sin que se hubiera tomado excepción a dicha omisión. El apelante admite, sin embargo, que no es ésa la práctica en Texas, ni lo es tampoco en otros Estados; y en el caso de People v. Wah Hing, 15 Cal. App. 195, 114 Pac. 416, se dijo que el dejar de dar instrucciones acerca de la presunción de inocencia no constituye error si la corte dice al jurado que deberá estar satisfecho de la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable. Coffin v. United States, 156 U. S. 446, opinión del Juez Sr. White que da luz sobre este punto. La corte aun cuando no se le pida, debe siempre en bien de la justicia dar instrucciones sobre la presunción de inocencia. El no hacer esto al pedírsele fué motivo de revo-cación en el caso de Coffin v. United States, supra.

Los demás-errores con respecto a las instrucciones caen dentro del principio relativo a los errores que han sido re-nunciados por no haberse tomado excepción. La corte inferior estuvo algo equivocada en cuanto a su deber al comen-tar sobre la prueba. Dice la corte que la ley le impone el deber de tener que expresar su opinión acerca de todas las-cuestiones de derecho suscitadas durante el juicio, y tiene, según parece, la idea de que ha de hacer un resumen de to-dos los hechos. No es así. La ley de 9 de marzo de 1911 para enmendar el párrafo 8 del artículo 233 del Código de Enjui-ciamiento Criminal prescribe al juez la norma o pauta a que ha de ajustarse en sus instrucciones al jurado y no debe se-pararse de ella. De todos modos cuando la corte ha con-siderado'•minuciosamente los hechos debe evitar tener que expresar alguna opinión en contra del acusado y concluir por decir al jurado que él es el sólo y exclusivo árbitro de las cuestiones de hecho.

No examinaremos ninguna de las demás instrucciones, pero debemos agregar que un razonable número de las cen-suras hechas por el apelante podrían haberle servido en ape-lación de haberse formulado objeciones y tomado excepcio-nes en la corte inferior.

Con respecto al cuarto señalamiento de error .creemos que se equivoca el apelante en cuanto a la naturaleza del che-que. Un cheque según el artículo 534 del Código de Comer-cio es un documento que permite al librador retirar, en su provecho o en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado. El hecho de ser entregado a nn tercero para un fin ilegal no podía afectar a la cuestión de si en realidad de verdad recibió un acusado una cosa de valor, especialmente después de haberse cobrado dicho cheque. No era más ilegal que lo que hubiera sido la misma entrega en metálico. Por tanto,"sostenemos que no hubo incongruencia en la presentación como prueba de ha-berse entregado estos cheques. El acusado realmente re-cibió el -dinero que representaban y los aceptó previamente como pago.

Creemos que era meramente superfino alegar en la acu-sación que el acusado era un miembro de la junta “nombrada legalmente.” La acusación siempre hubiera sido válida si se hubiera demostrado que el funcionario era de facto.

No creemos que se cometió. error al permitirse al Fiscal que tratara de probar por medio del testigo Bernal que éste no reunía las condiciones legales para tomar el examen. ' La prueba del lugar de sus estudios y de donde había estudiado, a lo sumo sería un error que no perjudicaba:

Con respecto a la declaración del testigo Enrique Arnaldo para probar que él había copiado las mismas preguntas -y ¡contestaciones que fueron copiadas por el acusado, opina-mos que era prueba pertinente independientemente del hecho de que sus manifestaciones tendían a corroborar a Bernal, y esto lo creemos, porque la prueba tendió a mostrar un plan por parte del acusado y de otras personas para admitir per-sonas incompetentes a los exámenes y darles sus títulos. People v. Bidleman, 104 Cal. 608, 38 Pac. 502. People v. Sternberg, 111 Cal. 3, 43 Cal. 198, 12 Cyc. 411, 8 R. C. L. 202 et seq. Debemos, sin embargo, prevenir al Gobierno de que "un rumor público no podía ser empleado con este objeto.

Se cometió error al preguntar al testigo Calderón Aponte si no se había iniciado una causa contra él. Hasta tanto una persona no haya sido declarada culpable existe la presunción de inocencia a su favor, y el hecho relativo a un proceso criminal no tiende a desacreditarlo. Es innecesario tratar de esta cuestión puesto que el caso va a ser devuelto a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio y puede evi-tarse el error.

Como este caso va a ser devuelto para la celebración de un nuevo juicio, debemos advertir al G-obierno que no sola-mente no debe ser presentado como prueba el rumor público, sino que no debe tratarse de presentar ante el jurado nin-guna de las consideraciones hechas por este tribunal. He-mos temido que en algunos casos los comentarios hechos por esta corte prácticamente han sido utilizados como prueba en casos que han sido devueltos para la celebración de un nuevo juicio.

Después de considerar los autos en conjunto no estamos satisfechos de que el apelante tuvo el juicio imparcial que exige nuestro sistema de leyes, debiendo revocarse la sen-tencia y devolverse el caso para que se celebre un nuevo juicio,.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la ■ ' celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.