author: PER CURIAM:

text:
      In re Gloria A. Torres Román, querellada.

      Número: CP-2014-14

      Resuelto: 28 de junio de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Gloria A. Torres Román, pro se; Crisanta González Seda, comisio-nada especial.
   PER CURIAM:

⅜—I

La Leda. Gloria A. Torres Román fue admitida al ejerci-cio de la abogacía el 20 de enero de 1993 y al de la notaría el 27 de agosto de 1993.

El 23 de mayo de 2011, el Sr. Carlos Agosto Rodríguez presentó una queja contra la letrada de epígrafe. En ésta adujo que la licenciada Torres Román autorizó una escri-tura de hipoteca defectuosa —la Escritura Núm. 3 de 16 de septiembre de 2010—, la cual no pudo ser debida-mente inscrita en el Registro de la Propiedad por la falta de tracto sucesivo. El 8 de agosto de 2011, la licenciada Torres Román contestó la referida queja negando, esencial-mente, las contenciones formuladas por el señor Agosto Ro-dríguez y alegando haber sido inducida a error durante la otorgación de la escritura en cuestión.

Luego de los trámites de rigor, previa moción de la Ofi-cina de la Procuradora General, este Tribunal emitió una resolución y refirió la queja que nos ocupa a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para que hiciera las inves-tigaciones correspondientes y preparara un informe. Por lo tanto, el 21 de mayo de 2012, la ODIN rindió su informe, en el cual determinó que, en efecto, la licenciada Torres Román autorizó una escritura defectuosa. En consecuen-cia, la ODIN estimó que la licenciada Torres Román con-travino el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2002, y que, además, incurrió en conducta éti-camente reprochable. El 7 de mayo de 2013, por su parte, la Oficina de la Procuradora General rindió su informe. En éste fundamentalmente avaló la apreciación hecha por la ODIN.

En consideración a lo anterior, el 25 de abril de 2014 este Tribunal le ordenó a la Oficina de la Procuradora General que presentara la querella correspondiente. Dicha oficina, acatando la resolución emitida por este Tribunal, presentó una querella contra la licenciada Torres Román imputándole haber contravenido el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico y haber incurrido en una conducta éticamente reprochable al amparo de los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

El 15 de diciembre de 2014, la licenciada Torres Román compareció y acusó recibo, tanto de la querella presentada en su contra como del mandamiento para contestarla. Sin embargo, informó que sería sometida a una cirugía el 14 de septiembre de 2014 y que, luego, estaría fuera del País para recibir tratamiento médico en la Clínica Mayo hasta principios de febrero del 2015. Por lo tanto, solicitó una prórroga de seis meses para contestar la querella en cuestión. En atención a dicha solicitud, este Tribunal le concedió a la querellada un término de treinta días para que presentara su contestación a la querella. La licenciada Torres Román, empero, no presentó la contestación dentro del referido término.

El 25 de junio de 2015, este Tribunal designó a la Hon. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que recibiera la prueba sobre las presuntas faltas éticas de la licenciada Torres Román y rindiera el informe correspondiente. Nótese que, en ese momento, la quere-llada no había comparecido ni había solicitado una pró-rroga adicional para contestar su querella. Valga destacar que la licenciada Torres Román tampoco había presentado prueba sobre sus padecimientos de salud. Por lo tanto, el 13 de julio de 2015, la Comisionada Especial emitió una orden, en la cual pautó una vista y dispuso para que las partes elaboraran un informe de conferencia con antela-ción a vista en o antes del 31 de agosto de 2015. Asimismo, la referida orden pautó una conferencia con antelación a vista para el 1 de septiembre de 2015.

El 22 de julio de 2015, la licenciada Torres Román acusó recibo de la orden emitida por la Comisionada Especial a través de un correo electrónico dirigido a una funcionaría de la Secretaría de este Tribunal. Esto, no empece que en la orden en cuestión se le había indicado la dirección a la cual debía dirigir cualquier comunicación durante la pendencia del procedimiento disciplinario. En su mensaje, la quere-llada indicó que se encontraba en Rochester, Minnesota, recibiendo tratamiento médico y que tendría que some-terse a siete intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, alegó que tuvo que mudarse a dicho estado y que, además, des-conocía cuándo podría regresar a nuestra jurisdicción. Por otra parte, señaló que había solicitado infructuosamente asistencia legal del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Posteriormente, el 23 de julio de 2015, la querellada compareció nuevamente mediante una moción, en la que comunicó que, en lo pertinente, y dado su tratamiento médico, tendría que permanecer en Minnesota por dos años. Asimismo, en dicha comparecencia la querellada negó las alegaciones de la queja y dijo haber sido víctima de una estafa. En consideración de lo anterior, la licen-ciada Torres Román solicitó la suspensión del procedi-miento disciplinario en su contra hasta tanto se encon-trara en una situación de salud y económica propicia para poder defenderse apropiadamente. Añadió, también, que justamente por su situación de salud no pudo refutar el informe rendido por la ODIN. Es preciso destacar que la querellada no presentó ninguna evidencia tendente a pro-bar sus aseveraciones; en particular, la necesidad de so-meterse a siete intervenciones quirúrgicas y de permane-cer en el estado de Minnesota durante un período de dos años.

El 3 de agosto de 2015, la Comisionada Especial emitió una orden en la que concedió a la licenciada Torres Román un período de diez días para que sometiera evidencia que probara la veracidad de sus alegaciones. Por otro lado, en dicha orden se reiteró la fecha de la conferencia con ante-lación a vista, a saber, el 1 de septiembre de 2015. Asi-mismo, se le apercibió a la querellada que su incumpli-miento con la orden en cuestión podría acarrear sanciones disciplinarias.

El 15 de agosto de 2015 la licenciada Torres Román en-vió otro mensaje por correo electrónico a personal de la Secretaría de este Tribunal, haciendo caso omiso, una vez más, a la directriz de la Comisionada Especial, quien había señalado un apartado postal a donde debía enviarse toda comunicación durante la tramitación del procedimiento disciplinario. En esta comunicación la querellada indicó, entre otros particulares, que ya había enviado cierta prueba relacionada con su condición médica. Asimismo, se-ñaló que no divulgaría sus récords médicos.

El 20 de agosto de 2015, la Comisionada Especial emitió una resolución en la cual le comunicó a la licenciada Torres Román que, luego de una búsqueda exhaustiva, no había encontrado ningún documento relacionado con su trata-miento médico y las presuntas siete intervenciones quirúr-gicas a las que tendría que someterse. Tampoco había nin-guna evidencia que probara que, en efecto, la querellada tendría que permanecer durante un período de dos años fuera del País. En cuanto a sus expedientes médicos, la Co-misionada Especial señaló que era imperativo que la quere-llada presentara evidencia que justificara su incomparecen-cia, arm cuando estaba en todo su derecho de no divulgar información confidencial. Por último, se le apercibió nueva-mente a la licenciada Torres Román que, de no comparecer a la conferencia con antelación a vista pautada para el 1 de septiembre de 2015 ni presentar la evidencia que se le re-quirió, se solicitaría que este Tribunal impusiera las sancio-nes disciplinarias que estimara pertinentes. Ello, dado el reiterado incumplimiento de la letrada de epígrafe con las órdenes emitidas durante la pendencia del procedimiento disciplinario.

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2015 se celebró la conferencia con antelación a vista. La licenciada Torres Ro-mán, sin embargo, no compareció. Durante la celebración de dicha conferencia, además, trascendió que la querellada no le había notificado ningún escrito a la Procuradora General. Así, la Comisionada Especial emitió una orden para mostrar causa por la cual no debía referir el asunto a la considera-ción de este Tribunal con tal que se le impusieran a la licen-ciada Torres Román las sanciones correspondientes. Asimismo, pautó la continuación de la conferencia con antela-ción a vista para el 22 de septiembre de 2015, y así darle oportunidad a la querellada de comparecer. Tanto la orden como la minuta de la conferencia se le notificaron a la licenciada Torres Román, por correo electrónico y por correo ordinario, a la dirección provista por ésta.

El 8 de septiembre de 2015 se recibieron dos escritos en la Secretaría de este Tribunal, a saber, una carta y una moción. En éstos, esencialmente, la querellada reitera que ha informado su condición de salud y solicita que se posponga el procedimiento disciplinario en su contra hasta tanto esté en mejor posición para contestar la querella. Asimismo, indicó que envió prueba de que se encontraba recibiendo tratamiento médico en la Clínica Mayo debido a serios problemas de salud. Valga señalar que la licenciada Torres Román meramente se limitó a someter una copia de un brazalete de hospital con fecha del 23 de agosto de 2015. De otra parte, negó de modo general las alegaciones de la querella y adujo haber sido víctima de una estafa.

El 11 de septiembre de 2015, la querellada presentó va-rios documentos. En primera lugar, presentó una carta de la Clínica Mayo de 24 de julio de 2015, mediante la cual se confirmaba una cita médica. Asimismo, presentó un itine-rario de citas médicas, entre el 31 de agosto de 2015 y el 3 de septiembre de 2015. Es menester señalar que, según surge de dicho itinerario, no había ninguna cita pautada para el 1 de septiembre de 2015 ni para el 22 de septiem-bre de 2015. Nótese, también, que de los documentos some-tidos por la querellada surge que las citas médicas en cues-tión fueron notificadas con posterioridad al 22 de julio de 2015, fecha cuando la licenciada Torres Román acusó re-cibo de la notificación de la conferencia con antelación a vista. La licenciada Torres Román nunca utilizó dichas ci-tas médicas como justificación para solicitar que se pospu-siera la conferencia en cuestión.

El 22 de septiembre de 2015 se celebró la continuación de la conferencia con antelación a vista. La licenciada Torres Román no compareció. Por otra parte, en lo perti-nente, la Procuradora General solicitó que, sin trámite ulterior, se sometiera la conducta de la querellada a la consideración de este Tribunal. Ello, por entender que el reiterado incumplimiento de la licenciada Torres Román con las órdenes y resoluciones emitidas durante la pendencia del proceso disciplinario constituye una falta ética independiente de las que se le imputaron en la querella. Es decir, según alegó la Procuradora General, la conducta desplegada por la querellada vulneró las normas éticas que encarnan los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. De otro lado, también trajo ante la consideración de la Comisionada Especial el hecho de que la licenciada Torres Román no había actualizado su información personal en el Registro Único de Abogadas y Abogados (RUA), tal y como requiere la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Así, la Comisionada Especial acogió la recomendación de la Procuradora General y procedió a suspender el procedimiento disciplinario en curso. Por lo tanto, el 13 de octubre de 2015 presentó un Informe especial, en el cual detalló las incidencias acaecidas hasta entonces y recomendó que este Tribunal impusiera las sanciones que estimara pertinentes. La querellada, por su parte, respondió al informe en cuestión y, en esencia, repitió los argumentos esgrimidos durante el resto del proceso disciplinario en su contra.

Habiendo expuesto las circunstancias fácticas indispensables, procede auscultar las normas éticas pertinentes.

f—I HH

A

En primer lugar, el deber de respeto consagrado en el Canon 9 del Código de Ética Profesional condiciona la to-talidad de la conducta de un abogado en sus tratos no sólo con los tribunales del País, sino también con aquellas en-tidades que les asisten en el descargo de su delicada tarea, a saber, impartir justicia.

Así, en lo pertinente, el texto claro del Canon 9 dispone que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011). En consecuencia, los abogados están indefectiblemente obligados a cumplir toda orden emitida por un tribunal. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010). Ello, además, adquiere mayor importancia y relevancia durante la tramitación de un procedimiento disciplinario, dado los intereses públicos que lo informan. Véase, por ejemplo, In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015). Nótese también que, según ha dicho este Tribunal, “los abogados tienen la obligación de responder diligentemente a nuestras órdenes, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra”. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011).

Asimismo, la obligación de respeto y diligencia que subyace el Canon 9 se extiende a los requerimientos emitidos por la Oficina de la Procuradora General, la ODIN y los Comisionados Especiales, en tanto éstos son dependencias que, por delegación expresa, asisten a este Tribunal en el ejercicio de su poder inherente para regular la profesión legal. Véase, por ejemplo, In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012). Por consiguiente, el reiterado incumplimiento por parte de los abogados con los deberes encarnados en el Canon 9 es razón suficiente para suspenderlos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Véanse: In re Borges Lebrón, 179 DPR 1037 (2010); In re López de Victoria Brás, 177 DPR 888 (2010); In re Escalona Colón, 149 DPR 900 (1999); In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995).

B

De otro lado, y ciñéndonos a las imputaciones éti-cas formuladas contra la licenciada Torres Román, conviene recordar que el Canon 12 del Código de Ética Profesional “requiere que los abogados presten atención minuciosa, sean diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal, en particular cuando se trata de procedimientos relacionados a la conducta profesional [de éstos]”. In re García Ortiz, supra, pág. 517. Véanse: 4 LPRA Ap. IX, C. 12; In re Ruiz Hernández, 177 DPR 963 (2010); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433 (2008); In re Ron Menéndez, 149 DPR 105 (1999).

De manera análoga a los deberes impuestos en virtud del Canon 9, la aplicación del Canon 12 no está limitada a las órdenes emitidas propiamente por este Tribunal, sino que también regula la conducta que los abogados deben observar con los requerimientos hechos por las diversas entidades que asisten a este Tribunal en el descargo de sus responsabilidades. Véanse: In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Lasalle Pérez, 153 DPR 368 (2001). Dada su enorme pertinencia para el caso que nos ocupa, debemos puntualizar que este Tribunal ha sido enfático al señalar que “un abogado actúa en contravención al Canon 12 [...] si no responde a las resoluciones del Tribunal Supremo [...]”. In re Massanet Rodríguez, supra, págs. 125-126. Véase, además, In re Rodríguez Bigas, 172 DPR 345 (2007).

C

Por último, la Regla 9(j) de este Tribunal dispone de manera taxativa el deber de todos los abogados en nues-tra jurisdicción de mantener actualizada su información personal en RUA. 4 LPRA Ap. XXI-B. Por lo tanto, cual-quier cambio en su dirección postal o física debe informarse oportunamente para que así conste en RUA. Véanse, en general: In re Toro Soto, supra; In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 (2012).

“Cabe mencionar que nuestro énfasis en la importancia de que todo abogado mantenga al Tribunal al tanto de sus direcciones y de su información personal no es novel. En reiteradas ocasiones hemos señalado la gravedad que conlleva no notificar de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal cualquier cambio ocurrido”. In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013). De hecho, este Tribunal ha suspendido un sinnúmero de abogados por el mero hecho de no mantener actualizada su información en RUA. In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242, 245 (2014). Véase, además, In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013).

HH HH

En el caso ante nuestra consideración, no cabe duda que la licenciada Torres Román hizo caso omiso no sólo a las resoluciones emitidas por este Tribunal, sino también a las órdenes y los requerimientos emitidos por la Oficina de la Procuradora General y la Comisionada Especial. Con su proceder, pues, obstaculizó y dilató injustificadamente el proceso disciplinario instado en su contra.

En primer lugar, nótese que, aun cuando la licenciada Torres Román adujo que sus padecimientos médicos le im-pedían comparecer y contestar la querella, ésta nunca acreditó su condición de salud. La confidencialidad de sus expedientes médicos, por otra parte, no es una carta blanca para justificar el obstinado incumplimiento de la licen-ciada Torres Román con los diversos requerimientos que le fueron hechos durante la pendencia del procedimiento dis-ciplinario en su contra.

Bien pudo la querellada procurar otro tipo de evi-dencia —como certificados médicos, por ejemplo— que pu-siera a este Tribunal en posición de poder aquilatar debi-damente los presuntos padecimientos de ésta. Ese no fue el caso. Más bien, la licenciada Torres Román insistió en que diéramos como buenas las alegaciones presentadas en sus comparecencias y decretáramos, sin más, la suspensión in-definida del procedimiento disciplinario. Al actuar de esta forma, la licenciada contravino flagrantemente los deberes éticos encarnados en los Cánones 9 y 12. Téngase en cuenta, además, que este Tribunal ha dispuesto que los padecimientos de salud de un abogado no lo excusan de cumplir con los deberes éticos que informan el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. In re Massanet Rodríguez, supra, pág. 128 (“[...] el hecho de que el estado de salud [de un abogado] sea delicado, no excusa el incumplimiento con las obligaciones impuestas a todo abogado que ejerce la profesión”). Véase, además, In re Grau Collazo, supra, pág. 945.

Por otra parte, es preciso destacar que, durante la tramitación del procedimiento disciplinario que nos ocupa, la licenciada Torres Román, a través de sus propias manifes-taciones, dejó claro que no había actualizado su informa-ción personal en el RUA. Al actuar de este modo, contra-vino la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, lo que, de suyo, es fundamento suficiente para imponer severas medidas disciplinarias.

Por lo tanto, en consideración de lo anterior, procede suspender inmediata e indefinidamente a la licenciada Torres Román del ejercicio de la abogacía y la notaría.

IV

Se suspende inmediata e indefinidamente a la licen-ciada Torres Román del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes de su inhabilidad para seguir representándolos, devol-verles cualquier honorario recibido por trabajos no realiza-dos e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Ade-más, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Es preciso señalar que, el 28 de octubre de 2013, el director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante este Tribunal mediante un escrito intitulado Moción informativa. En éste indicó que la licenciada Torres Román —a través de una comunicación escrita de 15 de octubre de 2013— expresó su interés en ser dada de baja del ejercicio de la notaría. Esto debido a la existencia de varias condiciones de salud, las cuales no fueron acredita-das en ese momento. Sin embargo, a modo de excepción, el licenciado Ávila de Jesús aceptó la entrega de la obra protocolar de la querellada, la cual, según sus tomos han sido aprobados, está depositada en el Archivo Notarial de San Juan.

       Nótese, empero, que la dirección provista por la licenciada Torres Román no es la misma que la que consta en el Registro Único de Abogadas y Abogados.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
      In re Irvin E. Prado Galarza, querellado.

      Número: CP-2011-20

      Resuelto: 29 de junio de 2016

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Zaira Z. Girón Anadón, Leticia Casalduc Rabell y Karla Z. Pacheco Alvarado, subprocuradoras generales, y Yaizamarie Lugo Fon-tánez, procuradora general auxiliar; Osvaldo Toledo Mar-tínez, abogado del querellado; Madeline Gotay Marcano, querellada; Irvin Prado Galarza, pro se; Eliadís Orsini Za-yas, comisionada especial.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a ejercer nuestro poder disciplinario para sancionar a un miembro de la profesión legal por incumplir con sus deberes hacia su cliente. Los hechos que iniciaron el proceso disciplinario ante nuestra consideración son los siguientes.

H-i

El 1 de febrero de 2010, la Sra. Madeline Gotay Mar-cano (señora Gotay Marcano o quejosa) presentó una queja contra los licenciados Arturo L. Dávila Toro e Irvin E. Prado Galarza (querellado). En su escrito explicó que es la madre de Juan Carlos Moraza Gotay y de Freddie Fraticcelli Gotay, quienes fueron acusados por infracciones a los Arts. 106 y 122 del Código Penal de 2004 (33 LPRA secs. 4734 y 4750), así como por violaciones a los Arts. 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendada, 25 LPRA secs. 458c, 458d y 458n. Adujo que contrató a los licenciados Dávila Toro y Prado Galarza para que representaran a los coacusados e indicó que pactó honorarios de abogado ascendentes a $70,000 por la representación de ambos. Explicó que los hermanos fueron de-clarados culpables y sentenciados a prisión tras celebrarse el juicio y argüyó que el resultado adverso se debió a la representación insuficiente provista por los querellados.

Asimismo, la señora Gotay Marcano alegó que los licen-ciados violaron los cánones del Código de Etica Profesional, infra, pues abandonaron el procedimiento apelativo a pe-sar de haber recibido $3,000 por sus servicios. Además, sostuvo que los letrados no atendían sus llamadas y que nunca estaban disponibles para discutir el trámite que les encomendó. En consecuencia, solicitó la devolución de los $73,000 que pagó por honorarios de abogado y la imposi-ción de sanciones disciplinarias a los licenciados por su in-cumplimiento con el Código de Ética Profesional.

El 18 de noviembre de 2010, el licenciado Prado Galarza presentó su contestación a la queja. Explicó que la trami-tación del litigio tomó aproximadamente un año y que co-bró $35,000 por sus servicios. Indicó que a cada coacusado le imputaron un total de 11 cargos, entre ellos, cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y múlti-ples violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA see. 455 et seq., y sostuvo que durante la tramitación del pleito viajó a Mayagüez todos los días, pues participó en todas las etapas del procedimiento, excepto en la deter-minación de causa. Añadió que el Jurado declaró culpable a su cliente por asesinato en segundo grado, por una ten-tativa de asesinato y por violaciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y que éste fue sentenciado a más de 100 años de reclusión.

Explicó que presentó una apelación en enero de 2009 a favor de su cliente, en la cual impugnó los agravantes im-puestos por el tribunal y sostuvo que su apelación se con-solidó con la apelación presentada en el caso de Moraza Gotay por cuestiones de economía procesal. Además, ex-presó que las dilaciones en la presentación de la transcrip-ción no pueden atribuírsele, pues fue la quejosa quien se encargó de su preparación. Asimismo, sostuvo que hubo un problema de comunicación a nivel apelativo porque el co-rreo de Estados Unidos, por equivocación, dejó de llevar correspondencia a su oficina cuando alguien de la adminis-tración le informó que estaba cerrada. Más aún, explicó que si en ocasiones no hablaba con la quejosa era porque no había nada que informar.

Por último, expresó que decidieron unir a la Leda. Michelle González Pereira a la representación legal de los apelantes para poder cumplir con la extensa carga laboral que los aquejaba. Indicó que la quejosa consintió a la inter-vención de la licenciada González Pereira y que fue ésta quien redactó el alegato de las partes. Además, añadió que su gestión fue exitosa, pues el Tribunal de Apelaciones eli-minó los agravantes impuestos, según fue solicitado.

La quejosa presentó una réplica a la contestación del querellado y explicó que la comunicación con el licenciado cesó una vez éste recibió el pago por el trámite ante el Tribunal de Apelaciones. Relató que conoció que el tribunal es-taba solicitando una transcripción de la prueba cuando acu-dió a éste para verificar el estado de los procedimientos. Indicó que el querellado nunca le informó sobre la necesidad de presentar una transcripción y sostuvo que fue ella quien efectuó las gestiones necesarias para cumplir con dicha orden.

Además, expresó que, al no lograr comunicarse con los letrados, contactó a la licenciada González Pereira, quien entonces hizo el acercamiento a los querellados para unirse a la representación legal de los apelantes. Explicó que fue la licenciada González Pereira quien preparó el alegato y continuó con el trámite apelativo y sostuvo que la negligen-cia de los querellados le ocasionó gastos adicionales, pues pagó $5,000 a la licenciada González Pereira por honora-rios profesionales.

Posteriormente, referimos la queja a la Oficina de la Procuradora General para investigación conforme a lo dis-puesto en la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. La Procuradora General rindió su informe el 13 de abril de 2011. En lo pertinente, reseñó el siguiente trámite apelativo.

El 26 de febrero de 2009, el Tribunal de Apelaciones notificó una resolución en la que concedió un término de 30 días a la parte apelante para que gestionara la regrabación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instan-cia y preparara una transcripción privada. La resolución fue notificada al querellado a la dirección que obraba en el expediente de la apelación.

El 22 de abril de 2009, la señora Gotay Marcano pre-sentó un escrito titulado Moción Informativa Urgente, en el que informó que el licenciado Prado Galarza no cumplió con la resolución del foro intermedio y expresó que, a pesar de sus gestiones, no pudo contactar al letrado. Además, solicitó al tribunal la oportunidad de comunicarse con el querellado y expresó que, de ser necesario, gestionaría la regrabación de la vista.

El 20 de mayo de 2009, el Tribunal de Apelaciones noti-ficó una resolución en la que concedió al apelante un tér-mino de 15 días para cumplir con la resolución previa-mente notificada y para mostrar causa por la cual no debían imponérsele sanciones por haber incumplido con las órdenes del tribunal. La resolución se le notificó al que-rellado a la dirección de récord. No obstante, el correo la devolvió.

El 23 de julio de 2009, el tribunal notificó nuevamente la resolución devuelta al querellado. Esta vez, la resolución se notificó a la dirección de récord del letrado y a su direc-ción en el Apartado 9838 en Caguas.

El 2 de junio de 2009, la señora Gotay Marcano presentó otro escrito titulado Moción Informativa Urgente, en el cual expresó que aún no había logrado comunicarse con el licenciado. Además, indicó que acudió al Tribunal de Ma-yagüez para verificar los discos compactos de la regraba-ción del juicio y solicitó un término adicional para gestio-nar la transcripción de la vista.

El 8 de junio de 2009, el Tribunal de Apelaciones notificó una tercera resolución, en la cual le concedió al licenciado Prado Galarza 15 días para que reaccionara a la moción informativa presentada por la quejosa. Nuevamente, el co-rreo devolvió la notificación de esta resolución, por lo que se notificó nuevamente al licenciado a la dirección de su apartado en Caguas.

El 8 de julio de 2009, el foro intermedio notificó una resolución en la que impuso al letrado una sanción de $200 dólares por su reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal y le concedió un término de 10 días para que reaccionara a la moción informativa previamente presen-tada por la quejosa. Esta resolución se notificó al apartado del querellado en Caguas.

El 6 de agosto de 2009, el licenciado Prado Galarza pre-sentó una moción en la cual sostuvo que no fue su inten-ción desacatar las órdenes del tribunal, pero que por error de la administración del edificio, se le había notificado al correo que su oficina había sido desalojada. Así, indicó que no recibió ninguna de las órdenes del tribunal durante va-rios meses y solicitó la reconsideración de la sanción impuesta. Además, indicó que la trascripción del juicio es-taba prácticamente terminada.

El 19 de agosto de 2009, el tribunal le concedió al que-rellado 5 días para que presentara la transcripción de la prueba. Esta resolución fue notificada a la dirección de ré-cord, la cual fue confirmada por el letrado como su direc-ción postal. Sin embargo, el querellado incumplió nueva-mente con el término provisto. En atención a ello, el 10 de septiembre de 2009, el foro intermedio notificó una resolu-ción en la que concedió 5 días al letrado para que mostrara causa por la cual no debería ser referido a este Tribunal.

El 15 de septiembre de 2009, el querellado presentó una Moción Informativa en la cual explicó que la transcripción de la vista se demoró y solicitó un término adicional de 30 días para culminarla. El 2 de octubre de 2009 compareció la quejosa y sometió la transcripción solicitada.

Luego de varios trámites procesales, el 13 de abril de 2010, el Tribunal de Apelaciones notificó una resolución en la que concedió a la parte apelante un término de 30 días para presentar su alegato.

El 23 de abril de 2010, la licenciada González Pereira presentó una Moción Asumiendo Representación Legal. Expresó que los apelantes contrataron sus servicios, que se comunicó con los licenciados Dávila Toro y Prado Galarza, y que éstos no tuvieron reparo con que se uniera a la re-presentación legal. Así las cosas, el tribunal notificó una resolución declarando “con lugar” la moción presentada por la licenciada González Pereira.

El 10 de mayo de 2010, la licenciada González Pereira solicitó un término adicional de 10 días para presentar el alegato. El término le fue concedido a la letrada mediante resolución notificada el 19 de mayo de 2010. El correo de-volvió la notificación de esta Resolución que se había en-viado al licenciado Prado Galarza. Finalmente, los apelan-tes presentaron su alegato el 1 de junio de 2010 a través de la licenciada González Pereira.

Tras examinar los documentos ante su consideración, la Oficina de la Procuradora General concluyó que el quere-llado pudo haber incurrido en violación a los Cánones 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra, y nos solicitó que ordenáramos el inicio de un procedimiento disciplinario.

Luego de evaluar el informe, ordenamos que se presen-tara una querella contra el licenciado Prado Galarza. En cumplimiento con nuestra orden, la Oficina de la Procura-dora General presentó la querella de epígrafe y le imputó al querellado: (1) violar el Canon 12 por causar dilaciones indebidas en la tramitación de la apelación; (2) infringir el Canon 18 por no defender diligentemente los intereses de su cliente; (3) violar el Canon 19 por no mantener a su cliente informado durante la tramitación del litigio; (4) quebrantar el Canon 20 al no rembolsar a la querellante los honorarios adelantados por una gestión profesional no realizada; (5) infringir el Canon 35 por no ser sincero ni honrado hacia el Tribunal, y (6) violar el Canon 38 por no esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión, así como por haber incurrido en conducta impropia.

En consecuencia, el 5 de enero de 2012 diligenciamos personalmente al licenciado Prado Galarza una resolución en la que se le concedió un término de 15 días para contes-tar la querella.

El 19 de enero de 2012, el querellado nos solicitó un tér-mino adicional de 30 días para presentar su contestación. Tras evaluar la solicitud del letrado, el 8 de febrero de 2012 le notificamos una resolución en la que le concedimos el tér-mino adicional solicitado. Sin embargo, el licenciado Prado Galarza incumplió con el término provisto.

Así las cosas, procedimos a nombrar a una Comisionada Especial. Tras recibir su designación, la Comisionada Especial señaló la vista inicial para el 21 de agosto de 2013. Sin embargo, dicha vista fue suspendida, pues la Oficina de la Procuradora General solicitó enmendar la querella.

Tras evaluar dicha petición, el 20 de agosto de 2013 pa-ralizamos el procedimiento disciplinario y autorizamos la presentación de la querella enmendada. Asimismo, conce-dimos al querellado un término final e improrrogable de 5 días para que presentase su contestación a la querella. No obstante, el licenciado Prado Galarza presentó su contes-tación el 30 de agosto de 2013.

Posteriormente, la Oficina de la Procuradora General presentó una querella enmendada en la cual añadió un sép-timo cargo. En éste imputó al querellado el haber infringido los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, por desatender las órdenes de este Tribunal. Según explicó, la querella de epígrafe se presentó el 27 de diciem-bre de 2011 y el querellado no presentó su contestación hasta el 30 de agosto de 2013, lo cual conllevó la dilación innecesaria del procedimiento y configuró una violación a estos cánones.

Tras evaluar la prueba ante su consideración, la Comi-sionada Especial recomendó el archivo de la querella. Ex-plicó que el licenciado Prado Galarza no fue contratado por la señora Gotay Marcano, sino que ésta contrató al licen-ciado Dávila Toro, quien a su vez unió al querellado a la defensa. En consecuencia, sostuvo que las comunicaciones con la quejosa se efectuaron a través del licenciado Dávila Toro, por lo que el querellado nunca tuvo acceso directo a su cliente. Por lo tanto, concluyó que el licenciado Prado Ga-larza fue participe de una relación de servicios profesionales muy peculiar, la cual le imposibilitó desempeñar sus funcio-nes a cabalidad. Ahora bien, la Comisionada recomendó or-denar la devolución de $1,000 dólares, pues estimó que el querellado no perfeccionó el recurso de apelación.

Inconforme, la Oficina de la Procuradora General compa-reció mediante un escrito titulado Reacción al Informe de la Comisionada Especial y expresó que los cargos imputados al querellado se probaron con prueba clara, robusta y convincente.

Con el beneficio del Informe de la Comisionada Especial, así como con las comparecencias de las partes, procedemos a determinar si el querellado incurrió en las faltas imputadas.

II

Los abogados ejercen una función revestida del más alto interés público, que genera obligaciones y responsabilidades con sus clientes y con el tribunal. In re Pujol Thompson, 171 DPR 683, 688 (2007). Los cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión, de modo que se promueva un comportamiento ejemplar por parte de los letrados en el desempeño de sus funciones. In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013).

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone al abogado el deber de tramitar las causas que le son encomendadas con puntualidad y diligencia, lo cual conlleva desplegar todas las diligencias ne-cesarias para asegurar que no se causen dilaciones indebidas. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011). El abogado está obligado a cumplir con este deber en todas las etapas de los procedimientos. Id., pág. 36. Así, la continua desobediencia a las órdenes del tribunal configura una in-fracción al Canon 12 y expone al letrado a una acción disciplinaria. íd.; In re Collazo I, 159 DPR 141, 148 (2003).

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, requiere que todo miembro de la profesión defienda los intereses de su cliente de una forma capaz y diligente. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010). En lo pertinente, el Canon 18 dispone que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. 4 LPRA Ap. IX.

Por lo tanto, en reiteradas ocasiones hemos re-suelto que aquellas actuaciones negligentes que puedan conllevar, o que en efecto conlleven, la desestimación o el archivo de un caso configuran una violación al Canon 18, supra. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 939-940 (2011); In re Pujol Thompson, supra, pág. 689.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, exige que el abogado mantenga a su cliente informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 30 (2008). Por lo tanto, un abogado contraviene este canon cuando no atiende los reclamos de información de su cliente o cuando le niega información del pleito. íd., pág. 31. Cabe resaltar que el deber de informar es unidireccional; es decir, que el deber “es del abogado para con el cliente, mas no del cliente para con el abogado”. In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 753 (2011).

De otra parte, los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, obligan al abogado a rembolsar cualquier cantidad que se le haya pagado por servicios profesionales que no ha prestado. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 495 (2015). Ello, pues “[Constituye una grave falta que el abogado retenga una suma de dinero que le adelantó el cliente en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió”. In re Pereira Esteves, 131 DPR 515, 523 (1992).

Por otro lado, el Canon 35 (4 LPRA Ap. IX) impone a los miembros de la profesión legal la obligación de condu-cirse con sinceridad y honradez ante los tribunales, con sus representados y en las relaciones con sus compañeros de profesión. In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 797 (1999). En consecuencia, el abogado “no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede tampoco ocultarle información certera que deba ser revelada”. (Enfasis suprimido). Id., pág. 798. Véase In re Filardi Guzmán, 144 DPR 710 (1998). Este deber se infringe por el mero hecho de faltar a la verdad, pues la violación se configura aunque no esté presente la intención de defraudar. In re Iglesias García, 183 DPR 572, 578 (2011).

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que el abogado se esfuerce al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión. In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011). La responsabilidad ética y moral que rige la profesión legal requiere que todo abogado examine continuamente su comportamiento, pues “los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión”. In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009). Por lo tanto, éstos de-ben actuar conforme al puntual sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen. In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117-118 (2004).

Por último, el Canon 9 (4 LPRA Ap. IX) dispone que los abogados deberán observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. Todo abogado tiene la obligación de responder con prontitud a los requerimientos y a las órdenes de este Tribunal. In re Otero Encarnación, 179 DPR 827, 831 (2010). Más aún, este deber se extiende a los procedimientos disciplinarios que se efectúan en su contra. In re Torres Viera, 179 DPR 868, 870 (2010). En consecuencia, cuando un abogado no atiende con diligencia los requerimientos de este Tribunal y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos, procede que lo suspendamos de la profesión. In re Aponte Cabrera, 179 DPR 1, 16 (2010).

Como es sabido, el procedimiento disciplinario considera la designación de un Comisionado Especial, el cual recibirá la prueba presentada y rendirá un informe con sus determinaciones de hecho para nuestra consideración. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 201 (2012). El Comisionado Especial ejerce una función similar a la del juzgador de instancia, por lo que “se encuentra en una posición aventajada para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad [...]”. In re Salas Arana, 188 DPR 339, 346 (2013). Por lo tanto, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. íd. Ahora bien, las conclusiones de derecho del Comisionado no obligan a este Tribunal.

III

Iras evaluar el expediente ante nuestra consideración, así como las comparecencias que lo acompañan, concluimos que el querellado infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

En primer lugar, el licenciado Prado Galarza violó el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, pues no fue puntual y exacto en la tramitación de la apelación de su cliente. Según surge del expediente, el querellado presentó el recurso de apelación ante el foro intermedio el 13 de febrero de 2009 y no volvió a comparecer ante ese tribunal hasta el 6 de agosto de 2009. Ello a pesar de las múltiples órdenes emitidas en las que se solicitó la presentación de la transcripción de la vista. Como mencionamos, la continua desobediencia a las órdenes del tribunal configura una infracción a este canon. In re Nieves Nieves, supra, pág. 36.

De igual manera, concluimos que la demora del quere-llado en presentar la transcripción solicitada y el correspon-diente alegato violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. El licenciado Prado Galarza conocía o debió conocer que no había perfeccionado el recurso y que ello exponía a su cliente a una posible desestimación. Según mencionamos, este canon exige que el abogado defienda los intereses de su cliente de una forma capaz y diligente. In re Rivera Ramos, supra, pág. 664. Así, aquellas actuaciones que expongan al cliente a una posible desestimación o archivo de su recurso denotan indiferencia, desidia y despreocupación por parte del letrado, y configuran una infracción a este canon. In re Amil Acosta, supra, págs. 939-940.

Por otra parte, el Canon 19, supra, impone a los miembros de la profesión legal la obligación de mantener a sus clientes informados sobre todo asunto importante que surja durante la tramitación del caso en el cual participan. In re Mulero Fernández, supra, pág. 30. Este deber de informar es unidireccional e indelegable. In re Cuevas Borrero, supra, págs. 204—205; In re Muñoz, Morell, supra, pág. 753. Según surge del expediente, el querellado delegó al licenciado Dávila Toro su obligación de informar, pues era éste quien le comunicaba a la señora Gotay Marcano el estado de los procedimientos. En consecuencia, concluimos que el licenciado Prado Galarza violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Más aún, según surge del Informe de la Comisionada Especial, el licenciado Prado Galarza recibió un cheque por la cantidad de $1,500 dólares para la tramitación del recurso apelativo del señor Fraticcelli Gotay. Sin embargo, el letrado limitó su participación a la presentación del recurso de apelación y no llegó a perfeccionarlo. Los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, supra, imponen a los abogados el deber de rembolsar toda cantidad adelantada en concepto de honorarios por servicios profesionales que no han prestado. In re Pestaña Segovia, supra, pág. 495. Por consiguiente, el licenciado Prado Galarza incurrió en una falta ética al retener los honorarios recibidos.

Además, el querellado violó el Canon 35, supra, al con-testar la queja, pues indicó que decidió unir al pleito a la licenciada González Pereira “[p]ara poder cumplir con la extensa carga laboral [...]”. Sin embargo, el Informe de la Comisionada Especial demuestra claramente que fue la señora Gotay Marcano quien optó por unir a la licenciada González Pereira para que atendiera la apelación de su hijo. Como mencionamos, este deber se infringe por el mero hecho de faltar a la verdad, aunque no exista intención de defraudar. In re Iglesias García, supra.

Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, proscribe la conducta impropia real o aparente. In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247, 258 (2014). Tras evaluar el expediente ante nuestra consideración, concluimos que el querellado incurrió en conducta impropia al no tramitar la apelación de forma diligente, al no informar a su cliente sobre las incidencias procesales del recurso que presentó y al retener los honorarios cobrados por una gestión que no realizó. Por lo tanto, concluimos que el licenciado Prado Galarza infringió los preceptos del Canon 38.

Finalmente, el querellado incurrió en una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al desaten-der las órdenes de este Tribunal durante el procedimiento disciplinario. Como mencionamos, este canon impone a los miembros de la profesión la obligación de atender con prontitud las órdenes y los requerimientos de este Tribunal. A pesar de que la Oficina de la Procuradora General presentó la querella ante nuestra consideración el 27 de diciembre de 2011, el licenciado Prado Galarza no pre-sentó su contestación hasta el 30 de agosto de 2013. Tal proceder demoró sustancialmente el procedimiento disci-plinario del letrado y configuró una infracción a este canon.

IV

Habiendo concluido que el querellado infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, nos corresponde determinar cuál es la sanción apropiada. Según hemos señalado, al momento de imponer una sanción disciplinaria debemos considerar: el historial previo del abogado; su reputación en la comuni-dad; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si la conducta se realizó con ánimo de lucro, y cualquier otra consideración pertinente a los hechos. In re Peña, Santiago, 185 DPR 764, 787 (2012).

Según surge del expediente, el licenciado Prado Galarza no demostró estar arrepentido, pues no aceptó las faltas imputadas. Ahora bien, el querellado ha ejercido la profesión por más de 20 años sin que se haya sostenido procedimiento disciplinario en su contra y goza de buena reputación en la comunidad juridica.

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos del ejercicio de la abogacía y de la notaría al Ledo. Irvin E. Prado Galarza por el término de dos meses y ordenamos que devuelva a la señora Gotay Marcano $1,000 dólares por honorarios.

En consecuencia, el licenciado Prado Galarza deberá no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles aquellos honorarios recibi-dos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, deberá informar oportunamente de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo ante el cual tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y certi-ficar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días contados a partir de la noti-ficación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautar la obra notarial del licenciado Prado Galarza y la entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para in-vestigación e informe correspondientes.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al licenciado Prado Galarza.

El Juez Asociado Señor Rivera García

concurrió e hizo constar la expresión siguiente:

Concurro con el resultado expuesto en la Opinión per cu-riam que antecede en la medida que está de acuerdo con la suspensión del Ledo. Irvin E. Prado Galarza del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Sin embargo, entiendo que la suspen-sión del letrado debió ser por un término de seis meses.

       Según surge del expediente, la queja contra el Ledo. Dávila Toro fue archi-vada administrativamente, pues éste había sido previamente separado de la profesión. Informe de la comisionada especial Eliadís Orsini Zayas, págs. 1-2.

       El licenciado Dávila Toro defendió al señor Moraza Gotay, mientras que el licenciado Prado Galarza representó al señor Fraticcelli Gotay.

       Queja por violación al Código de Ética Profesional de los abogados, 1 de febrero de 2010, págs. 2-3.

       En específico, la señora Gotay Marcano sostuvo que entregó mil dólares al licenciado Dávila Toro y dos mil dólares al licenciado Prado Galarza para la trami-tación de las respectivas apelaciones. Queja..., pág. 2.

       Informe de la comisionada especial Eliadís Orsini Zayas, pág. 14.

       “para poder cumplir con la extensa carga laboral, el licenciado Dávila y yo resolvimos unir a otra compañera que en aquel momento trabajaba con nosotros en la oficina, la licenciada Michelle González Pereira”. Réplica a querella, 18 de noviem-bre de 2010, pág. 3.

       Según surge de este informe, las partes estipularon que fue la licenciada González Pereira quien se comunicó con el licenciado Prado Galarza para unirse a la representación de los apelantes. Informe de la comisionada especial Eliadís Orsini Zayas, pág. 9.

       Sin embargo, según surge del expediente personal del querellado, el 6 de febrero de 2015 este Tribunal emitió una Resolución en la que le concedió al licen-ciado Prado Galarza un término final de 15 días para cumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y para pagar la cuota por el cumplimiento tardío. No surge del expediente que el letrado haya cumplido con lo ordenado.


author: per curiam:

text:
      In re Joel E. Reyes Martínez, querellado.

      Número: AB-2011-138

      Resuelto: 29 de junio de 2016

      Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Yaiza-marie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Morgan Paz Cruz, quejoso; Carlos G. Salgado Schwarz, abo-gado del querellado; Joel E. Reyes Martínez, pro se.

   per curiam:

Es doctrina firmemente establecida que este Tribunal no vacilará en disciplinar a los miembros de la profesión jurídica que incumplan con nuestras órdenes y requerimientos. A pesar de ello, nuevamente nos vemos obli-gados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un abo-gado por su incumplimiento con las obligaciones ante este Tribunal.

HH

El Ledo. Joel E. Reyes Martínez (licenciado Reyes Mar-tínez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de agosto de 2009. El 13 de mayo de 2011 el Sr. Morgan Paz Cruz (señor Paz Cruz) presentó una queja contra el licen-ciado Reyes Martínez. Sostuvo que contrató los servicios del abogado por $2,500 para que lo representara en un caso de violencia doméstica. Señaló que adelantó $500 de la suma acordada. Asimismo indicó que, luego de cobrar ese dinero, el letrado no compareció a los procedimientos pau-tados, que no realizó las gestiones encomendadas y que le indicó que no tenía tiempo para atender su caso, ya que tenía otros asuntos más importantes. El señor Paz Cruz alegó que hizo un plan de pago que no pudo cumplir por falta de trabajo y que por ello el licenciado Reyes Martínez le manifestó que no le interesaba continuar como su repre-sentante legal.

El licenciado Reyes Martínez solicitó una prórroga para contestar la queja presentada. Transcurrido el término provisto, se le concedió un término adicional. Tampoco cumplió con el referido término. Así las cosas, emitimos la Resolución de 10 de enero de 2013, en la que le concedimos un término final y le advertimos que su incumplimiento podía conllevar sanciones disciplinarias severas, inclu-yendo la suspensión de la profesión.

Finalmente, el letrado contestó la queja presentada. Aceptó que fue contratado por el señor Paz Cruz y que recibió un abono de $500 por sus servicios. Indicó que en varias ocasiones intentó comunicarse con su representado sin éxito. Además, expresó que en ningún momento se negó a representarlo por el incumplimiento con el acuerdo de pago y que tampoco desatendió sus obligaciones.

Posteriormente, el 16 de junio de 2014, la Oficina de la Procuradora General (Procuradora General) presentó el Informe de la Procuradora General. De éste se desprende que el licenciado Reyes Martínez no compareció a dos citaciones de vista preliminar de su representado. Empero, éste alegó que informó al tribunal y que la razón para la incomparecencia se debió a un conflicto de calendario. La Procuradora General señala que del expediente criminal no surge gestión alguna de parte del letrado a favor de su cliente que no fuera la cancelación de las dos vistas preli-minares y una solicitud de renuncia de representación legal, por lo que éste estaba obligado a devolver el dinero adelantado de inmediato. A su vez, destaca que el licen-ciado Reyes Martínez está en la mejor disposición de devol-ver la cantidad que le fue adelantada, aunque no reconoce que cometió las faltas éticas. Ante ello, la Procuradora General recomendó el archivo de la queja una vez el abogado acredite que devolvió el dinero recibido del señor Paz Cruz.

Considerando lo expuesto, este Tribunal emitió la Reso-lución de 25 de septiembre de 2014, en la que ordenó al licenciado Reyes Martínez que le devolviera al señor Paz Cruz la suma de $500 recibidos como adelanto en el tér-mino de treinta días y que, a su vez, acreditara el cumpli-miento con lo ordenado. Asimismo, dispusimos el archivo del asunto condicionado a la devolución de la cantidad referida.

A pesar de que en la Resolución emitida le apercibimos de su deber de cumplir con diligencia nuestras órdenes, el 4 de junio de 2015 la Procuradora General compareció me-diante una Moción Informativa y en Solicitud de Remedio, en la cual nos informó que el licenciado Reyes Martínez no había cumplido con lo ordenado. En consecuencia, emiti-mos una Resolución el 26 de junio de 2015 en la que le concedimos al letrado un término para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo de la abogacía por haber incumplido con nuestra orden del 25 de septiembre de 2014. Le apercibimos nuevamente que su incumpli-miento conllevaría una sanción disciplinaria severa que podría consistir en la suspensión del ejercicio de la abogacía.

El licenciado Reyes Martínez presentó el 5 de agosto de 2015 una Moción Informativa y en Cumplimiento de Or-den, en la que expuso que hizo múltiples gestiones para encontrar al señor Paz Cruz, pero que éstas fueron infructuosas. De igual forma, nos expuso que supo que el señor Paz Cruz se encuentra recluido en prisión. Ante tal realidad, señaló que estaba en la disposición de consignar el dinero a este Tribunal.

Acorde con lo informado, emitimos la Resolución de 13 de mayo de 2016, notificada personalmente el 17 de mayo de 2016, ordenando al licenciado Reyes Martínez que con-signara a este Tribunal, en el término de 30 días, $500 a favor del Secretario del Tribunal, mediante giro postal o cheque de gerente. Advertimos que el beneficiario de esos fondos lo sería el señor Paz Cruz. Asimismo, le ordenamos que continuara realizando gestiones para localizarlo y que nos mantuviese informados. Empero, el licenciado Reyes Martínez no ha cumplido con lo dispuesto.

H-⅜ (—H

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, requiere que todo abogado observe una con-ducta de respeto y diligencia hacia los tribunales. Todo le-trado está obligado a responder diligente y oportunamente a los requerimientos y órdenes de este Tribunal, particularmente aquellos relacionados con los procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional. In re Colón Cordovés, 195 DPR 543 (2016); In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fontán la Fontaine, 182 DPR 931, 935 (2011); In re García Incera, 177 DPR 329 (2009).

Cuando un miembro de la profesión legal incumple con nuestras órdenes y demuestra indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias, incurre en una conducta suficiente para su suspensión inmediata. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3-4 (2011); In re Tió Fernández, 178 DPR 681, 683 (2010); In re López de Victoria Brás, 177 DPR 888, 891 (2010). Es norma reiterada que constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales desatender las órdenes de este Tribunal y que tal conducta infringe el Canon 9. In re Fidalgo Córdova, supra; In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011); In re García Incera, supra.

Conforme a la norma jurídica enunciada, procedemos a atender el asunto ante nuestra consideración.

HH I—i ⅜-H

Según los hechos relatados, el licenciado Reyes Martínez no ha consignado la suma de $500 ante este Tribunal según se le requirió mediante la Resolución de 13 de mayo de 2016; mucho menos ha notificado cualesquiera gestiones que haya realizado para localizar al señor Paz Cruz. Esto es en clara contravención al mandato de este Tribunal. Con tal displicencia, el letrado simplemente ignoró nuestros aperci-bimientos de que su incumplimiento podría conllevar su suspensión de la abogacía.

La conducta desplegada denota que el letrado atendió livianamente nuestros requerimientos. Con su proceder, se constituyó una afrenta a este Tribunal que requiere que ejerzamos nuestro poder inherente de regular la profesión y lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejerci-cio de la abogacía.

IV

A tenor con lo expuesto, suspendemos inmediata e inde-finidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Joel E. Reyes Martínez. Se le impone, por consiguiente, al señor Reyes Martínez el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y de-volverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportuna-mente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam”y Sentencia.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Joel E. Reyes Martínez a través de la Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       El retraso en someter el informe se debió a que el licenciado no contestó a tiempo una serie de requerimientos que hizo la Oficina de la Procuradora General.

       El caso criminal culminó con una alegación de culpabilidad y se reclasificó el delito a uno menos grave. En ese momento, el quejoso fue representado por la Leda. Marta Aponte Rabassa, de la Sociedad para Asistencia Legal.