author: Ei, Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Josefina Fuentefría et als., peticionarias ante la Comisión.
    Núm. 155.

    Sometido: Marzo 6, 1939.

      Resuelto: Mayo 9, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y L. Negrón Fernández, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión recurrida; Virgilio Brunet y F. Rebollo López, abogados de las peticionarias ante la Comisión.
   Ei, Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de julio de 1935 trabajaba el obrero Miguel Parque descargando carbón de una bodega del vapor Comerlo, de la N.Y. & P.R. S/S Co., surto entonces en el puerto de Fajardo. Consistía su trabajo en traspalar el carbón de la estiba en la bodega a un “tobo” (cubo grande). Empezó su trabajo a las siete de la mañana y como a las doce del día lo sus-pendió para almorzar. Reanudó el trabajo a la una de la tarde, y como a las 2:15 más o menos, sufrió un síncope o colapso, a consecuencia del cual falleció unos instantes después.

Conforme aparece de la prueba, la bodega donde tra-bajaba Parque es la más calurosa del vapor. No tiene más ventilación que un pequeño hueco que los obreros denomi-nan “media jacha” y el sitio por donde pasa el “monta-carga” (winch). El resto de ella está cerrado. El calól-es allí tan intenso que frecuentemente los obreros se ven precisados a despojarse de su ropa de la cintura para arriba, empeorando sus condiciones de trabajo el tenerse que cubrir la boca y la nariz con un pañuelo para protegerse del polvo que levanta el carbón, obligándoles a veces el calor sofo-cante a salir sobre la cubierta en busca de aire fresco.

Eran éstas las condiciones en que según la prueba traba-jaba el obrero Parque en los momentos en que le sorpren-dió la muerte. Describiendo el suceso, sus compañeros de trabajo declaran que después de haber recesado de 12 a 1 de la tarde para almorzar y haber estado trabajando con-tinuamente desde las siete de la mañana, como a los tres cuartos de hora de reanudar su trabajo de la tarde, al intro-ducir la pala para coger carbón, Parque se desplomó al suelo. Su rostro estaba ennegrecido, tenía la lengua por fuera, sudaba profusamente y hacía esfuerzos por respirar. Al verlo así, sus compañeros lo sacaron de la bodega, no obs-tante lo cual falleció inmediatamente después. Conviene agregar que hacía años que Parque se dedicaba a este tra-bajo, así como a cargar sacos de 300 libras cuando no tra-bajaba en el carbón.

El Administrador del Fondo del Estado dictó resolución el 11 de enero de 1936, por la qne declaró que la muerte del obrero no fué causada por un accidente del trabajo com-prendido dentro de las disposiciones de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, (1) pág. 251), y con-secuentemente denegó la reclamación.

Recurrieron la viuda e bijas ilegítimas del fenecido, las peticionarias, para ante la Comisión Industrial, y ésta, des-pués de recibir y oír la prueba, tanto del Administrador como de las peticionarias, por los méritos de la evidencia revocó la resolución del Administrador y resolvió que la muerte del obrero Parque fué causada por un accidente del trabajo y que las personas que dependían de él para su subsistencia eran las peticionarias, o sea su viuda Josefina Fuentefría, y las bijas ilegítimas de aquél, menores de edad, llamadas Manuela Josefina González y Angela Amaro, con derecho a recibir una indemnización de acuerdo con lo pres-crito en el párrafo 16 del artículo 3 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 y las reglas establecidas.

No estando conforme el Administrador con la resolución de la Comisión Industrial, interpuso este recurso de revisión en el que señala dos errores que alega cometió la Comisión Industrial, a saber:

“Primero: La conclusión de la Comisión Industrial sobre la causa de la muerte del obrero Miguel Parque no está sostenida por la prueba médica en este caso,
“ (&) Por cuanto el informe de Medicina Tropical no establece causa alguna, indicando tan solo como mera posibilidad el que pu-diera baber sido heatstroke la causa, y
“ (b) Por cuanto la declaración del Dr. Luis C. Boneta, expre-sando que la causa segura de la muerte fué heatstroke, es insuficiente para servir de base a la resolución de la Comisión, toda vez que es una mera conclusión sin base alguna que la sostenga.
“Segundo: La Comisión cometió error al resolver que la muerte de dicho obrero provino de un accidente del trabajo, por cuanto una muerte ocasionada por heatstroke no es una muerte accidental tal como lo contempla el artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.”

El artículo 11 de la Ley núm. 45 antes citada, al conferir jurisdicción a este tribunal para revisar las resoluciones de la Comisión Industrial, expresamente limita el recurso de revisión a cuestiones de derecho solamente. Esta limitación, sin embargo, no significa que la comisión pueda actuar arbitrariamente estimando probado un liecbo esencial sin que exista evidencia legal y competente que sostenga su conclusión, pues si así interpretásemos el precepto legal, se infringiría la cláusula constitucional sobre el debido proceso de ley.

En el caso de Jillson v. Ross, (1915) R.I., 94 Atl. 717, se sostuvo por la Corte Suprema de Rhode Island que una conclusión de hecho enteramente desprovista de evidencia que la sostenga, constituye un error de derecho y debe ser revi-sada y anulada por la corte de apelación. En el de Employers’ Assurance Corporation v. Industrial Acci. Comm., (1915) Cal., 151 P. 423, se resolvió que una indemnización basada en testimonio de referencia no puede sostenerse. Y en el de Rec. v. Whittlesberger, (1914) 181 Mich. 463, 148 N.W. 247, se sostuvo que. para que los hechos probados por la “Industrial Accident Board” se estimen concluyentes, la conclusión de hecho debe estar basada en evidencia legal competente, no en mera suposición, adivinación o conjetura, ni en rumor o evidencia incompetente. Véanse las extensas monografías sobre la materia en L.R.A. 1916-A, págs. 23, 266, y L.R.A. 1917-D, 80, 188, y casos citados.

Sentada esta premisa, veamos si existe o no prueba legal competente que sostenga la conclusión a que llegó la Comi-sión Industrial al efecto de que el obrero Parque falleció a consecuencia de tabardillo (heatstroke).

En primer término tenemos el testimonio de los compañe-ros del fenecido que describen las condiciones en que aquél trabajaba, así como los síntomas externos que fácilmente pudieron ellos apreciar, que precedieron a su muerte. Luego tenemos el informe de la Escuela de Medicina Tropical, que aunque llega a la conclusión que la causa de la muerte no es evidente del examen practicado en las visceras, sin embargo advierte la posibilidad de que aquélla- baya sido causada por heatstroke. Finalmente tenemos el informe pericial del Dr. Luis C. Boneta que no está basado en con-jeturas como alega el recurrente, sino en la evidencia reci-bida por la comisión y en el informe de la Escuela de Medicina Tropical.

Es verdad que el informe de la Escuela de Medicina Tropical erróneamente parte de la base de que el fenecido tra-bajaba en un cuarto de calderas (boiler room) pero es tam-bién cierto que trabajaba en la bodega que ya conocemos, cuya temperatura y condiciones de ventilación la equiparan a un cuarto de calderas.

De la resolución recurrida tomamos los siguientes párra-fos en que se reseña el informe del Dr. Boneta:

“Declaró el Dr. Boneta que el informe de la Escuela de Medicina Tropical dice que bubo congestión del pulmón, congestión del cerebro, el hígado crecido, todos los cuales son síntomas corrientes en los tró-picos, que causan la muerte repentinamente; que hay quien padece todos estos síntomas sin saberlo y nadie lo advierte hasta que un día se muere; que lo más signiñeativo es la congestión del pulmón y congestión cerebral; que según han desfilado los testigos han ido declarando que Miguel Parque almorzó como de doce a doce y media, y casi inmediatamente, a la una, reanudó su trabajo en un cuarto donde existía una temperatura muy alta, y por lo cual había mucho calor, con el estómago cargado y acabado de almorzar, cayendo muerto después de haber sudado mucho; que ese historial y los síntomas son típicos de un heatstroke; que es lo característico, aun sin que se con-sidere la nota de la Escuela de Medicina Tropical; que de no haber visto dicha nota hubiese opinado exactamente igual después de oír la sintomatología previa y el historial del caso; que un prolongado esfuerzo del cuerpo en una temperatura alta puede producir una asfixia, es decir, una parálisis motora, donde se paraliza especialmente la respiración; que casi siempre sucede cuando se está en un cuarto donde hay poco oxígeno; que la posibilidad de que el obrero en cuestión tuviera una lesión en el miocardio se elimina al conocer que Miguel Parque trabajaba también cargando' sacos de 315 libras. El abogado del asegurador suplica que no se tome en consideración alguna lo expresado por el Dr. Luis C. Boneta, por cuanto que ba declarado sobre becbos erróneos.
“Sigue declarando el Dr. Luis C. Boneta a preguntas del abogado de la parte peticionaria, que una persona que padece del corazón no puede cargar sacos de trescientas quince libras, pues le causaría la muerte; que de haber tenido un corazón cardíaco el obrero en cues-tión al hacer una fuerza como para cargar sacos de 315 libras se hubiera muerto; que las lesiones del músculo del corazón pueden ser crónicas; que de haber tenido el lesionado una lesión crónica en la válvula mitral hubiera muerto al levantar sacos de trescientas quince libras; que la congestión cerebral, la congestión pulmonar con edema, todo es indicativo de que hubo una asfixia; que por asfixia puede morir el individuo instantáneamente, o tardar algunos minutos; que las muertes del corazón son instantáneas; que a veces el paciente dura algún tiempo; que los síntomas de estas muertes se parecen mucho, pero que no hay razón alguna para que una muerte bulbar haya de dejar un edema del pulmón; que de acuerdo con los datos de la patología que da la Escuela de Medicina Tropical, congestión prdmonar con edema, congestión cerebral, indican que se trata de una asfixia; que al rendir su opinión excluye por completo la posi-bilidad de una muerte como consecuencia de una lesión en la válvula mitral; que la Escuela de Medicina Tropical ofrece la posibilidad de que se trata de un heatstroke, pero él expresa como causa segura de la muerte del obrero en este caso el heatstroke.”

La conclusión a que llegó la Comisión Industrial no es, como hemos visto, arbitraria ni huérfana de prueba que la sostenga. Por consiguiente no podemos alterarla sea cual fuere la conclusión a que nosotros hubiéramos llegado al apre-ciarla, pues no nos es dable sustituir nuestro criterio por el de la comisión designada por la ley para conocer de esta materia.

No existe, a nuestro juicio, el primero de los errores señalados.

Consideremos ahora el segundo.

Las leyes de compensaciones a obreros, dondequiera que existen, están inspiradas en un justo sentimiento humani-tario y en un alto espíritu de justicia social. Se originaron a fines del siglo pasado, al convencerse el Estado de lo injusto •e inhumano que resultaba echar la pérdida de los accidentes del trabajo exclusivamente sobre el obrero y sus familiares, precisamente los menos preparados económica y socialmente para sufrirla. Las defensas que de acuerdo con la ley podían entonces interponer los patronos contra las reclamaciones de los obreros, tales como la de asunción del riesgo- (assumption of risk), la de fellow-servant rule, la de negligencia contri-buyente y otras, y lo dilatorio que resultaba el remedio que después de vencer todas esas barreras legales podían ofre-cerle los tribunales de justicia, hacían ilusorios los fallos a favor del obrero y sus familiares, pues raras veces llegaban a obtener una sentencia favorable, y cuando la obtenían, el hambre y la miseria los obligaban a venderla por una parte insignificante de su valor. Fué para remediar estos males que surgió la legislación especial sobre compensaciones a obreros y las comisiones o juntas que con distintas denomi-naciones han sido creadas para resolver estas reclamaciones de una manera sumaria, aunque siempre en armonía con la cláusula constitucional sobre el debido procedimiento de ley.

Véase el artículo del Profesor Francis H. Bohlen, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, titu-lado “The Drafting of Workmen’s Compensation Acts”, publicado en 25 Harvard Law Review 328, y el del Dean Pound, de Harvard, titulado “The End of Law”, publicado en 27 Harvard Law Review 195, donde incidentalmente, pero de manera muy instructiva, se trata esta cuestión.

La monografía anteriormente citada en L.R.A. 1916-A, 23, 215, tratando de la interpretación que debe darse a las leyes de compensaciones a obreros, dice:

“A pesar de que las leyes de compensaciones a obreros son dero-gatorias de la Ley Común, las cortes generalmente han sostenido que siendo una legislación de remedio, deben ser interpretadas amplia y liberalmente. Una posición contraria ha sido tomada aparentemente por la Corte de Michigan. Probablemente ningún tribunal interpreta la ley de manera tan liberal que incluya empleados o accidentes que no están comprendidos dentro de sus disposiciones, ya expresamente o por necesaria implicación, aunque la Corte de Washington se ha manifestado en el sentido de que debe interpretarse de modo que incluya aquellos casos comprendidos en su espíritu aunque no lo estén dentro de la letra de la ley.”

El artículo 2 de la Ley núm. 45 de 1935 en lo pertinente dice:

“Art. 2. — Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que sufran lesiones o se inutilicen, o que pier-dan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del mismo ...”

Sostiene el recurrente en su segundo señalamiento de error que una muerte ocasionada por heatstroke (tabardi-llo) no es una muerte accidental dentro del significado del artículo 2 de la ley, que en lo pertinente acabamos de trans-cribir. Arguye que para que la lesión o la muerte sea com-pensable, necesariamente ña de producirse como consecuencia de un accidente (personal injury by accident). (Alegato del recurrente, pág. 10.) Pone gran énfasis en el caso de Bailey et al. v. Henry Knapp & Co. (resuelto por la Corte Suprema de Michigan en 1938), 279 N.W. 875, donde se sostuvo que la muerte de un obrero por heatstroke no es una muerte por accidente indemnizable dentro de la Ley de Compensaciones a Obreros a menos que concurran circunstancias no usuales o inesperadas.

La cuestión es nueva en esta jurisdicción. Por consi-guiente, estamos en condiciones de adoptar aquella interpre-tación que más armonice con el espíritu y propósito que inspiran la ley.

La razón que parece haber tenido la Corte Suprema de Michigan para interpretar estrictamente la Ley de Compen-saciones a Obreros es la antigua máxima de hermenéutica que declara que los estatutos derogatorios de la Ley Común deben ser estrictamente interpretados. Andrejwski v. Wolverine Coal Co., (1914) 182 Mich. 298, 148 N.W. 684.

En su artículo “The Common Law in tbe United States”, el Juez Stone, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, reprobando la tendencia de los tribunales a restringir inde-bidamente la ley estatutaria, negándose a interpretarla con la misma elasticidad con que interpretan los principios lega-les que emanan de las decisiones judiciales (judge-made law), ba dicTio que en la interpretación de estatutos de la índole del que nos ocupa, debe haber muy poco campo para la apli-cación de esta antigua máxima tendente a destruir los claros propósitos legislativos que tienden a elevar la ciencia del Derecho al mismo nivel de progreso en que se hallan sus hermanas la Economía Política y la Sociología. Véase 25 Harvard Law Review, págs. 4, 18.

Del propio caso de Bailey, supra, surge la vacilación del Tribunal Supremo de Michigan y se advierte que su decisión ha sido motivada más bien por la doctrina de stare decisis que por la aplicación de principios legales. Dice dicho tribunal:

"Aunque nos damos cuenta de la diferencia que existe en los estatutos de otras jurisdicciones, sin embargo hemos examinado las decisiones de otras cortes de última instancia referentes a sunstroke y a heat prostration. Trece de ellas sostienen que sunstroke y heatstroke son ‘accidentes’ dentro del significado de sus leyes de compen-saciones a obreros. (Citas.)

"Contrarios a esta doctrina son Kentucky, cuyo estatuto limita las enfermedades compensables a las causadas por accidente traumá-tico (véase Smith v. Standard Sanitary Mfg. Co., 211 Ky. 454, 277 S. W. 806), y quizás Maryland (Slacum v. Jolley, 153 Md. 343, 138 Atl. 244, 245). Véase, sin embargo, State Roads Commission v. Reynolds, 164 Md. 539, 165 Atl. 475.

"Empero, hemos resuelto que heatstroke no es una lesión que surge de un accidente.”

Contra la opinión de la Corte Suprema de Michigan vea-mos lo que dice el Profesor Bohlen en su artículo anterior-mente citado:

"Desde que se resolvió el caso de Fenton v. Thorley, todo lo que se requiere es que el daño sufrido por el demandante haya sido ines-perado. Ya no se requiere que causas ajenas al demandante, que hayan contribuido a producir el daño, sean en alguna forma no usua-les; basta que las causas conocidas y usuales hayan producido un resultado que en determinada ocasión no haya sido preconcebido ni esperado. El criterio para determinar si una lesión o daño es inespe-rado, y que si es recibido en una sola ocasión ocurre ‘por accidente’, es que el que lo sufra no haya calculado (intended) o esperado que el daño pudiera resultar como consecuencia del trabajo q5e realizaba en la ocasión en que lo sufrió. Lo que en realidad sea probable o aún inevitable por circunstancias ignoradas al que sufrió el daño es aún de menos importancia. La prueba es puramente subjetiva en el obrero lesionado.” Artículo citado, pág. 340.

La regia de interpretación que a esta ley de justicia social ha dado la Corte Suprema de Michigan, no está en armonía con el propósito de la ley, que por ser una de remedio, ins-pirada en la protección del obrero y sus familiares, debe ser liberalmente interpretada para lograr los fines perseguidos por el legislador. Optamos por la interpretación liberal que se le ha dado en Inglaterra y en 13 de los tribunales de ríltima instancia de los Estados Unidos, y siendo claro que el obrero, al realizar el trabajo donde encontró su muerte, no podía ni tenía motivo para esperar la desgracia que le ocurrió, pues era un trabajo que durante varios años venía realizando sin recibir daño alguno, tenemos que concluir que la Comisión Industrial no cometió error al resolver que Miguel Parque sufrió un accidente que le provino de un acto o función inherente a su trabajo, ocurrídole en el curso de éste y el cual fué la causa de su muerte.

Procede, por lo expuesto, confirmar la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Pico, de primero de agosto de 1938, objeto de este recurso de revisión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Travieso

license: Public Domain

text:
    West India Oil Company (P.R.), demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7606.

    Sometido: Abril 20, 1938.

      Resuelto: Mayo 10, 1939.

      Don. Procurador General B. Fernández García y E. Córdova Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; James R. Beverley, R. Castro- Fernández y J. López Baralt, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fue instituida de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 47 de abril 25 de 1931 (pág. 379), con el propósito de obtener una sentencia declaratoria de los dere-chos de ambas partes litigantes.

La demandante, West India Oil Company (P. B.), es una corporación doméstica que se dedica al negocio de importa-ción, compra y venta de petróleo y otros productos derivados del mismo. En relación con dicho negocio y para hacer más fácil el despacho y entrega de tales productos a sus com-pradores, la demandante estableció en la ciudad de San Juan, Puerto Bico, de acuerdo con las leyes federales (46 Stat. 743; 19 U.S.C.A., sección 1555), un tanque de depósito bajo fianza (bonded tank) para recibir y depositar en el mismo aceite de combustión (fuel oil) traído del extranjero a Puerto Bico. El aceite así depositado permanece en el tanque por un período de tiempo indeterminado hasta que es (a) reex-portado a un país extranjero; o (b) entregado a los vapores que lo compran para usarlo en la propulsión de sus máqui-nas; o (c) entregado a sus compradores para uso y consumo en Puerto Bico. Mientras permanece en el tanque de depó-sito, el aceite está bajo el control del Servicio de Aduanas del Gobierno Federal.

Desde diciembre de 1932 hasta agosto de 1935 la corpo-ración demandante extrajo del mencionado tanque de depó-sito alrededor de 46,000,000 de galones de aceite de combustión y los entregó a los vapores que lo habían comprado para usarlo en sus viajes al Continente y a países extranjeros.

El Tesorero de Puerto Bico sostiene que el aceite así entregado a dichos vapores en Puerto Bico está sujeto a una contribución de 2 por ciento ad valorem, la que asciende en el presente caso a $26,500, más o menos. Y para impo-nerla se ampara en las disposiciones de la sección 62 de la Ley de Bentas Internas de Puerto Bico, según quedó enmen-dada por la Ley número 17 de junio 3 de 1927 (pág. 459), la que transcribimos a continuación:

‘ ‘ Sección 62. — Se impondrá y cobrará, por una sola vez, sobre las ventas de cualesquiera artículos objeto de comercio, que no estén gra-vados en la sección 16 de esta Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la sección 83 de la misma, al tiempo de verificarse la venta en Puerto Rico, una contribución del dos (2) por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias, bien de contado o bien a crédito de dichos artículos, la cual contribución deberá pagar al final de cada mes la persona que haya efectuado dichas ventas.” (Bastardillas nuestras.)

Sostiene la compañía demandante que la sección 62, supra, no es aplicable al aceite extraído del tanque y entregado a los vapores, por las razones siguientes:

Ia. Porque dicho aceite nunca entra en Puerto Rico ni viene a confundirse con la propiedad del territorio, por ser el tanque algo equivalente a una zona franca, fuera del control del Gobierno Insular y bajo el control exclusivo del Gobierno Federal, no estando dicho aceite nunca al alcance de las leyes contributivas de Puerto Rico.

2a. Porque la contribución que así se trata de imponer sería una contribución sobre exportaciones, prohibida por la sección 3 de la Carta Orgánica de Puerto Rico.

3a. Porque dicha contribución constituye una carga directa sobre el comercio interestadual y extranjero, cuya impo-sición está fuera de las facultades de la Legislatura Insular.

4a. Porque el aceite de combustión-estaba todavía en el curso del comercio extranjero al tiempo de ser entregado a los barcos para uso en alta mar.

La Corte de Distrito de Sa.n Juan resolvió que el aceite en cuestión nunca había adquirido un sitios tributable en Puerto Rico y en consecuencia dictó sentencia a favor de la demandante. Apeló el demandado. Señala como errores específicos de la corte inferior el haber sostenido como váli-das cada una de las cuatro razones aducidas por la compañía demandante en contra de la imposición de la contribución; y como quinto error, el de haber condenado al demandado al pago de las costas.

Como complemento de la relación de hechos que antecede, haremos constar que según la declaración del Sr. Lee, segundo jefe de la compañía demandante, los contratos para la venta del aceite se firman en Nueva York entre la Compañía de Vapores y la Standard Oil Company of New York, la cual da aviso de haberse firmado tales contratos a la compañía demandante y esta entrega el aceite en Puerto Rico a cual-quier barco perteneciente a la compañía compradora que. lo solicite. Declaró además el Sr. Lee que cuando hay que hacer una entrega de aceite ellos avisan a la Aduana; que ésta inspecciona las válvulas del tanque para ver si el precinto no ha sido roto y supervisan la entrega y la cantidad entregada; que las facturas y los pagos se hacen en New York; que cuando el aceite viene de Aruba no se indica en ningún sitio la cantidad destinada al consumo local, ni la que ha de ser entregada a los barcos, ni la que ha de ser reexportada, sino que viene todo englobado y así se deposita en los tanques; que los tanques están situados en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan; que cuando se hace una entrega de aceite a los barcos el contrato de venta se celebra en New York, pero la entrega del aceite se hace en San, Juan.

La corte inferior al decidir el caso aceptó como doctrina legal indiscutible la contención de la compañía demandante de que un tanque de depósito bajo fianza, perteneciente como en este caso a una compañía privada, se convierte en zona franca o zona federal y como tal fuera del control o jurisdicción del Gobierno Insular, por el mero hecho de que empleados del Gobierno Federal supervisan e inspec-, cionan la entrada y salida del aceite combustible. Y habiendo adoptado dicha doctrina, el juez sentenciador se expresó así:

“Los tanques de adeudo (bonded warehouses), están bajo el control del Gobierno Federal. Esto no admite discusión y así lo acepta el demandado. Es claro que mientras el aceite de combustión esté en un tanque de adeudo, no está sujeto a contribución alguna por el territorio de Puerto Rico. Ya hemos visto por lo anterior, que para que la contribución pueda tener eficacia es necesario que la materia objeto de la contribución esté dentro de la jurisdicción insular. Mientras el objeto de comercio no se confunda con la pro-piedad del contribuyente en el territorio de Puerto Rico, el mismo está fuera de la jurisdicción. ... El mero hecho de que el tanque de adeudo esté dentro de nuestras aguas territoriales, no quiere decir que tenga nuestra legislatura jurisdicción para imponer una contri-bución sobre mercadería depositada en dichos tanques. Ni tampoco creemos que por el hecho de estar allí haya adquirido un situs contri-butivo que permita al Gobierno de Puerto Rico imponerle contribu-ción.” ,

Examinemos la jurisprudencia citada por el tribunal inferior en apoyo de su resolución.

En el caso de Surplus Trading Co. v. Cook, 281 U. S. 647, 74 L. ed. 1091, el Estado de Arkansas impuso contribuciones a un número de frazadas de lana que la corporación Surplus Trading Co. compró al Gobierno de Estados Unidos y que estaban depositadas en los almacenes del ejército en “Camp Pike.” Se negó dicha corporación a pagar la con-tribución basándose en que “la propiedad personal sobre la cual se imponía estaba situada en Camp Pike — una estación militar de movilización, entrenamiento y suministros de los Estados Unidos situada dentro de los límites exteriores de Pulaski County — cuyos terrenos habían sido comprados por los Estados Unidos, con el consentimiento de la Legislatura del Estado, con el propósito de establecer, construir y man-tener tal estación militar; y en que las leyes contributivas del estado no podían aplicarse a propiedad así situada, por oponerse a ello el artículo 1, párrafo 8, cláusula 17, de la Constitución Federal, que confiere al Congreso jurisdicción exclusiva sobre los terrenos comprados por el Gobierno Federal con el consentimiento de la legislatura estadual, para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, muelles y otros edificios necesarios. Al resolver que la contribución impuesta en este caso era ilegal, el Tribunal Supremo Federal se expresó así:

“No es poco usual que los Estados Unidos posean dentro de un estado tierras que están destinadas a y son usadas para fines públicos. Tal posesión y uso por sí solos no bastan para excluir dichas tierras de la jurisdicción del estado. Por el contrario, las tierras continúan siendo parte de su territorio y dentro del radio de aplicación de sus leyes con la salvedad de que éstas no pueden afectar el título de los Estados Unidos, ni obstaculizarle en el uso de las tierras, ni interferir en su derecho a enajenarlas. ’ ’

El caso fué decidido a favor de la compañía por el hecho de que Camp Pite es una reserva militar establecida en tie-rras compradas por el Gobierno Federal con el consentimiento de la Legislatura de Arkansas. Pero refiriéndose a las reser-vas militares establecidas en tierras adquiridas sin tal con-sentimiento estadual, el tribunal dijo:

“Si hubiese propiedad privada dentro de tal reserva, que no sea poseída o usada como un incidente del servicio militar, puede ser •obligada a pagar contribución al igual que cualquiera otra propiedad privada dentro del Estado. ’ ’

Es evidente, pues, que la jurisdicción federal excluye la autoridad y jurisdicción estadual solamente cuando las tierras han sido adquiridas por el Gobierno Federal para uno de los fines enumerados en el artículo 1 de la Constitución, supra, y la legislatura del estado ha otorgado su consentimiento para la cesión y renuncia de su jurisdicción. Véanse: Commonwealth v. Clary, 8 Mass. 72; Mitchell v. Tibbetts, 17 Pick 298; U. S. v. Cornell, 2 Mason 60, Fed. Cas. Núm. 14,867; State ex rel. Jones v. Mack, 62 Am. St. Rep. 811; Ft. Leavenworth R.R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525; U. S. v. Unzeuta, 281 U. S. 138, 74 L. ed. 761.

En el otro caso citado por la corte inferior, Standard Oil Co. y. California, 291 TJ. S. 242, 78 L. ed. 775, el Estado de California trató de aplicar el estatuto que imponía a todo dis-tribuidor una contribución sobre cada galón de gasolina “vendido y entregado por él en este Estado,” a cierta can-tidad de gasolina vendida y entregada por Standard Oil Co. al Post Exchange dentro del Presidio de San Francisco. La Corte Suprema del Estado sostuvo la validez de la, imposi-ción. El Tribunal Supremo Federal revocó la sentencia, diciendo:

“Considerando estas opiniones, parece claro que por la Ley de 1897 California renunció a toda posible reclamación de su derecho a ejercitar autoridad legislativa dentro del Presidio — colocó esa área fuera del campo de operaciones de sus leyes. Por consiguiente, su Legislatura no podía imponer una contribución sobre transacciones comenzadas y consumadas dentro de esa área.”
“Un Estado no puede legislar efectivamente sobre materias que están fuera de su jurisdicción y dentro de territorio sujeto solamente al control de los Estados Unidos.”

Véase: Annotation, 74 L. ed. 761.

En ü. S. v. Unsewta, supra, se trataba de un asesinato cometido en un vagón de ferrocarril dentro de los límites de la Reserva Militar de Fort Robinson en el Estado de Nebraska. La Corte Suprema sostuvo la jurisdicción exclu-siva del tribunal federal, expresándose por voz de su Juez Presidente Hughes como sigue:

“Cuando los Estados Unidos adquieren título sobre tierras, las cuales son compradas con el consentimiento de la Legislatura del Es-tado dentro del cual están situadas, 'para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, muelles y otros edificios necesarios’ (Const. Art. 1, párr. 8), la jurisdicción Federal es exclusiva de toda autoridad estadual. Con referencia a tierras adquiridas en otra forma, esta Corte dijo en Fort Leavemuorfh B. B. Go. v. Lowe, 114 U. S. 525, que la regla aplicable es distinta, y es la de que las tierras y los edificios construidos sobre las mismas para uso del gobierno nacional estarán libres de toda intervención y jurisdicción por parte del estado que pueda menoscabar el uso efectivo de los mismos para los fines para los cuales la propiedad fué adquirida. ’ ’

Véase: El Pueblo v. Suárez, 51 D.P.R.' 903.

Después de estudiar detenidamente los casos arriba cita-dos, nos vemos obligados a rechazar por insostenible la con-tención de que un tanque de adeudo perteneciente a y construido por una compañía privada sobre terrenos de su propiedad, situados en Puerto Rico, es una zona franca o propiedad federal, sobre la cual carece en absoluto de juris-dicción la legislatura insular, por el solo hecho de que los empleados de la aduana controlan e inspeccionan el movi-miento del aceite de combustión depositado en dicho tanque para facilitar el negocio de la compañía.

La cuestión que tenemos que considerar y resolver en el presente caso no es la de si la legislatura insular está o no facultada o tiene o no jurisdicción para imponer una contribución al aceite de combustión mientras éste perma-nece depositado in bond en los tanques de la West India Oil Company. No encontramos en la demanda de dicha com-pañía alegación alguna al efecto de que el Tesorero Insular haya tratado de imponer tal contribución. La cuestión que tenemos ante nos puede plantearse así:

¿Está legalmente autorizado el Tesorero de Puerto Rico para imponer y cobrar la contribución del 2% que provee la sección 62, supra, sobre el precio del aceite de combustión que la corporación demandante se comprometió a vender por contrato firmado en Nueva York y que entregó en el muelle en Puerto Rico, bombeándolo a los tanques de los vapores de las compañías compradoras?

La contribución a que se refiere la sección 62, supra, es una contribución sobre ventas {excise tax) que el Tesorero de Puerto Rico está obligado a imponer y cobrar, por una sola vez, sobre la venta de cualesquiera artículos objeto de comercio. Flores Alvares & Cía. v. Gallardo, 36 D.P.R. 117. De acuerdo con dicho estatuto, la referida contribución es imponible y cobrable “al tiempo de verificarse la venta en Puerto Rico.” Y es de la interpretación que demos a la frase, “al tiempo de verificarse la venta en Puerto Rico” que depende la solución del problema jurídico que se nos ha plan-teado y que pasamos a resolver.

Sentaremos como premisa indiscutible la de que el aceite de combustión es un artículo objeto de comercio, cuya venta, en el caso de que ésta se verifique en Puerto Rico, está sujeta al pago de la contribución. Y si la otra premisa, o sea la de que la venta del aceite en cuestión se verificó en Puerto Rico, quedase igualmente establecida, tendríamos que llegar a la conclusión inevitable de que el Tesorero procedió correc-tamente al aplicar a ella el estatuto.

Sostiene la corporación apelada que Rabiándose firmado el contrato de venta, extendido las facturas y pagado el precio en Nueva York, la venta del aceite debe ser consi-derada como verificada en Nueva York y no en Puerto Rico; y que el RecRo de que en el momento de concertarse la venta el aceite estuviese en Puerto Rico, dónde se Rizo la entrega al comprador, no autoriza al Tesorero a imponer la contri-bución de 2 por ciento sobre tal venta.

Arguye en contrario el Tesorero apelante que a los efec-tos contributivos una venta se verifica en el sitio donde se efectúa la entrega de la cosa vendida, careciendo de impor-tancia el sitio donde, se firme el contrato o se pague el precio estipulado.

La corporación demandante no Ra tenido a bien someter a nuestra consideración copias de los contratos celebrados en Nueva York entre ella y las compañías de vapores. Ni siquiera se Ra RecRo referencia a dicRos contratos en la peti-ción enmendada. El RecRo de la existencia de tales con-tratos surgió por primera vez de la declaración del Sr. Lee, a la que ya Remos RecRo referencia. Y si aceptamos esa declaración en su totalidad, lo único que podemos extractar de ella es que se trata de simples contratos, concertados y firmados en Nueva York, para la venta de ciertas cantida-des de aceite de combustión situado en Puerto Rico, que Rabría de ser extraído de los tanques de la compañía, medido y entregado en el muelle en Puerto Rico a los vapores de los compradores cuando éstos lo solicitaren.

No tenemos duda alguna en cuanto a que los contratos entre la compañía petrolera y las compañías navieras que-daron perfeccionados desde el momento en que fueron firmados en Nueva York, Rabiendo convenido las partes con-tratantes en la cosa objeto del contrato y en el precio, sin necesidad de la previa entrega de la nna o del otro. Artículo 1339 del Código Civil, ed. 1930. El convenio en cuanto a lá cosa y al precio es suficiente para constituir un contrato de venta válido y obligatorio entre comprador y vendedor, teniendo acción el primero para exigir la entrega de la cosa vendídale, y el segundo para reclamar el pago del precio convenido.

Pero no se trata aquí de determinar y fijar los derechos y obligaciones entre, el vendedor y el comprador y sí de la obligación que con un tercero, el estado, contrae todo ven-dedor que verifica una venta de un objeto de comercio dentro de los límites del estado.

Manresa, en sus Comentarios al Código Civil Español, al tratar sobre la perfección-y la consumación del contrato de venta, se expresa así:

“Desde que se consiente, y sin necesidad de ninguna otra circuns-tancia, el contrato, repetimos, está perfecto y nacen las obligaciones; pero la transmisión de la propiedad no existe hasta que la cosa no ha sido entregada. La entrega de la cosa se refiere al período de consu-mación; en el artículo que estudiamos se trata tan sólo de fijar el momento de la perfección.”
Dijimos que la tendencia más generalmente admitida afirmaba la doctrina.de la transmisión de la propiedad por el mero consentimiento y sin necesidad de la previa tradición, y que, por él contrario, nuestro Código continuaba exigiendo ese requisito para que la propiedad se entendiese transmitida. (Bastardillas nuestras.) 10 Manresa, pág. 60, 2da. edición.

Y el Comentarista Scaevola dice:

“Todas esas consideraciones nos llevan por la mano a declarar en su consecuencia que la transmisión del dominio de la cosa vendida del vendedor al comprador, se opera en él momento mismo en que él contrato se ha consumado, no cuando se perfecciona simplemente; etc.” (Bastardillas nuestras). 23 Scaevola 318.

Igual doctrina ba sostenido este Tribunal Supremo en Olivari v. Bartolomei, 2 Sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Eico 79; Capó v. Santiago A. Pansardi & Co., 44 D.P.R. 232; y Benítes Flores v. Llompart, 50 D.PJEt. 670. Véase: artículo 549 del Código Civil, ed. 1930.

La jurisprudencia estadual se pronuncia en el mismo sentido:

“El contrato para las prensas, aun cuando fue otorgado en Nueva York, debía ser cumplido y consumado en Louisiana.Las prensas y sus equipos continuaban siendo propiedad del demandante (vendedor) y a su riesgo basta que fuesen así probadas y aceptadas. Por esa razón la entrega de las prensas debía hacerse aquí. El con-trato por lo tanto debe ser considerado como un contrato de Louisiana, y las prensas afectas al gravamen que nuestras leyes reconocen a favor del vendedor.” De la Vergne Bef. Mach. Go. v. New Orleans & W. B. Go., 26 So. 455. Véase: 16 So. 764.
“Una venta se considera como hecha en el sitio en que se lleva a efecto mediante la transmisión de la propiedad del vendedor al com-prador.” 55 C. J. 213.

Véanse: Fred Miller Brewing Go. v. De France, 57 N. W. 959; Weil v. Golden, 141 Mass. 364, 6 N. E. 229.

“Por consiguiente, en ausencia de un convenio de las partes o de algunas circunstancias especiales en contrario, si se da una orden para ciertos artículos y la orden es aceptada mediante la entrega de los artículos a un porteador para ser embarcados con la intención de transmitir el derecho de propiedad sobre los mismos al comprador, el lugar del embarque es el lugar de la venta, por cuyas leyes debe regirse dicha venta. 55 C. J. 213. (Bastardillas nuestras.)
Véanse: Peo. v. Hill Top Metals M. Go., 133 N. E. 303. Peo. v. Young, 237 Ill. 196, 86 N. E. 589. City of Carthage v. Duvall, 202 Ill. 234, 60 N. E. 1099. Phoenix Packing Go. v. Humphrey Ball Go., 108 Pac. 952. Glaflin v. Mayer, 41 La. Ann. 1048, 7 So. 139.

En el caso de autos el título o derecho de propiedad, uo podía ser transmitido al comprador hasta que el aceite fuese extraído del tanque, medido y entregado a los vapores.

“La aceptación de una orden de entrega no transferirá la pro-piedad si queda algo por hacer, tal como pesar o medir, para identi-ficar los bienes o determinar la cantidad vendida.” 55 C. J. 562. Véanse páginas 530-542.
Véanse: Iron City Grain Co. v. Arnold, 215 Ala. 543, 112 So. 123. López (fe Morán v. Sobrinos de Ezquiaga, 34 D.P.R. 79.

De acuerdo con las autoridades citadas debemos llegar a la conclusión de que el contrato o promesa de renta cele-brado en Nueva York no quedó consumado basta que el aceite fué extraído del tanque, medido y entregado a los vapores en sus tanques.

Arguye la compañía demandante que al disponer que la contribución sobre ventas se impondrá y cobrará “al tiempo de verificarse la venta en Puerto Eico, ’ ’ la intención del legislador fué la de imponer y cobrar el tributo en el momento de la celebración o perfección del contrato de venta y no en el momento de su consumación por la entrega de la cosa vendida.

En el Diccionario de la Lengua Española, 1936, encontra-mos las siguientes definiciones:

VerifiCAR — (Del latín, verus, verdadero y facere, hacer). 3. Re-alizar, efectuar.
EfeCtuar — (Del latín, effectus, efecto). Poner por obra, ejecutar una cosa.
Realizar — Verificar, hacer real y efectiva una cosa.
CONSUMAR — Llevar a cabo de todo en todo una cosa.

Es evidente que los verbos “verificar,” “efectuar,” “rea-lizar” y “consumar” son todos expresivos de la misma idea o concepto: la ejecución o consumación de un acto.

Somos, pues, de opinión y así lo resolvemos que al dis-poner en la sección 62, supra, que la contribución de 2 por ciento se impondrá y cobrará “al tiempo de verificarse la venta en Puerto Eico” y que dicba contribución deberá pagarla “la persona que haya efectuado dichas ventas,” el le°gislador tuvo la intención y el propósito de imponer el tributo en el sitio y en el momento de la consumación de la venta por la entrega al comprador de la cosa vendida, sin tener en consideración la forma de pago del precio toda vez que la contribución es aplicable a todas las ventas “bien de contado o bien a crédito.” El sostener lo contrario haría muy fácil la evasión del pago de contribución de venta tanto eñ New York como en Puerto Eico, toda vez que las cortes de aquel estado lian resuelto que no se puede imponer la contribución cuando la cosa objeto del contrato se entrega fuera de la ciudad de Nueva York, aun cuando el contrato de venta se firme o perfeccione dentro de dicba ciudad. United Artists Corporation v. Taylor, 7 N. E. (2d) 254, 273 N. Y. 334, confirmando 248 App. Div. 207.

2. La contención de la corporación demandante de que la contribución que el Tesorero trata de imponer al aceite entregado a los vapores es una contribución sobre las exportaciones, prohibida por la sección 3 de la Carta Orgánica de Puerto Eieo, es a nuestro juicio insostenible.

“Exportar” significa enviar efectos y mercancías de un país a otro. “Exportación” (export) como nombre signi-fica la cosa exportada. Según se usa en la Constitución y en las leyes de Estados Unidos, generalmente, la transpor-tación de efectos desde este país a un país extranjero. El término “exportación” aparece así definido en la obra Corpus Juris:

“La separación de bienes de la masa de cosas pertenecientes a este país con la intención de unirlos a la masa de cosas perteneciente a algún país extranjero; el acto de llevar o enviar mercancía al extranjero;.” 25 C. J. 216.

En Swan, •etc. Go. v. U. S., 190 IT. S. 143, 47 L. ed. 984, se dijo:

“No puede significar simplemente el acto de sacar fuera del país ... Ni el mero hecho de que no existía el propósito de volver justificaría el uso de la palabra export. Carbón colocado en un vapor en San Francisco para ser consumido en propulsar el vapor hasta San Diego nunca sería así designado. Otro país o estado como punto de destino de la mercancía es esencial a la idea de exportación.”

3. La corporación demandante ba invocado la protección de la cláusula comercial (commerce clause) de la Constitución Federal, alegando que la contribución que el Tesorero trata de imponer y cobrar sobre el aceite entregado en Puerto Pico a los vapores “constituye una carga directa sobre el comercio interestadual y extranjero, y como tal la' legislatura de Puerto Rico carece de facultad para imponerla. ’ ’

liemos examinado la jurisprudencia federal sobre la materia, con el siguiente resultado.

En Kelley v. Rhoads, 188 U. S. 1, 4 L. ed. 359, el deman-dante se encontraba transportando su rebaño de ovejas desde el Territorio de Utah basta el Estado de Nebraska, atra-vesando el Estado de Wyoming. Mientras atravesaban dicho Estado, las ovejas pastaban en los campos que encon-traban en su camino. El Estado de Wyoming impuso y cobró al demandante una contribución de acuerdo con un estatuto que disponía que todo el ganado que fuese traído al estado con el propósito de' pastar en sus campos debería pagar contribución por el año fiscal durante el cual ingresó en el estado. El demandante invocó la protección de la cláu-sula comercial, alegando que las ovejas estaban en Wyoming, in transitu, como parte del comercio interestadual, y no esta-ban sujetas a tributación. La Corte Suprema así lo resolvió, y en su opinión, después de examinar la jurisprudencia anterior, dijo:

“La ley sobre esta materia, en cuanto se refiere a la interferencia con el comercio interestadual, ba quedado establecida por varios casos anté esta Corte, los que sostienen que la propiedad que está actual-mente en tránsito está exenta de contribución local, aun cuando si fuere depositada por un tiempo indefinido durante tal tránsito, por lo menos por causas que no sean naturales o falta de facilidades para su inmediata transportación, puede ser sometida a tributación por las autoridades locales. (Citas.)
“La substancia de estos casos es que, mientras la propiedad está estacionada por tiempo indefinido esperando ser transportada, o espe-rando una venta en el sitio a que va destinada o en algún punto intermedio, está sujeta a contribución. Pero si está actualmente en tránsito hacia otro estado, entonces se convierte en un objeto de comercio interestadual, y como tal exenta' de contribución local. ’ ’

En Americao'i, Steel i& Wire Co. v. Speed, 192 TJ. S. 500, 48 L. ed. 538, la demandante, corporación del Estado de New Jersey y dedicada a la manufactura de alambre, clavos, etc., en sus factorías en varios estados, con el propósito de faci-litar la venta y entrega de sus productos eligió la ciudad de Memphis, en el Estado de Tennessee, como un punto de distribución. Al llegar allí los productos eran depositados en un almacén de una Compañía de Transportes y ésta los entregaba a las personas a quienes los vendía la demandante. El Estado de Tennessee impuso una contribución a dichos productos y la compañía se negó a pagarla, alegando que los productos estaban en Tennessee en tránsito para ser entre-gados a los compradores y que la contribución que se tra-taba de imponer estaba en pugna con la Cláusula Comercial de la Constitución Federal. La Corte Suprema Federal sostuvo la validez del impuesto,, diciendo:

“Con estos hechos a la vista somos de opinión que la Corte inferior tuvo razón al decidir que los bienes no estaban en tránsito, sino, por el contrario, que habían llegado a su destino en Memphis y estaban allí en depósito a riesgo de la compañía, para ser vendidos y entregados a medida que los contratos para tal fin quedaban com-pletamente consumados.”

Véanse: General Oil Go. v. Gram, 209 TJ. S. 211, 52 L. ed. 754; Susquehanna Goal Go. v. Sov,th Amboy, 228 U. S. 665; Bacon v. Illinois, 227 U. S. 504; State v. Maxwell Motor Sales Corporation, 171 F. "W. (Minnesota) 566; '61 C. J. 241.

A nuestro juicio la contribución que el Tesorero trata de cobrar e imponer no está en conflicto con la citada Cláusula de Comercio de la Constitución Nacional.

4. La cuarta y última contención de la corporación demandante es que “el aceite de combustión estaba todavía en el curso del comercio extranjero al tiempo de ser entregado a los barcos para su uso en alta mar.”

Ya hemos hecho constar anteriormente que el Tesorero de Puerto Rico no ha pretendido ni pretende imponer una contribución de venta (sales tax) al aceite de combustion mientras éste permanezca depositado en el tanque de adeudo, bajo la supervisión y control de la aduana. Si tal cosa pre-tendiera, el caso sería fácil de resolver, pues una imposi-ción de esa naturaleza sería una clara contravención del artículo 1, sec. 10, párrafo 3, de la Constitución Federal que prohíbe a los Estados la imposición de tributos o derechos sobre importaciones o exportaciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de American Steel & Wire Go. v. Speed, supra, estableció en términos claros la distinción entre las importaciones del extranjero y las que se hacen de un estado a otro, diciendo:

“Desde Brown v. Maryland, 12 "Wheat. 436, 6 L. ed. 684, ha estado fuera de discusión que una contribución impuesta por los es-tados a los artículos importados, ya sea impuesta directamente a los artículos importados o indirectamente, gravando el derecho a disponer de los mismos, está en pugna con la disposición de la Constitución que provee que 'ningún estado impondrá, sin el consentimiento del Congreso, impuestos o derechos sobre importaciones o exportaciones’ (Artículo 1, sec. 10, párr. 3). Y Brown v. Maryland dejó sentado también que cuando los artículos eran importados ellos conservaban ese carácter, como importaciones, y no estaban por lo tanto sujetos ni directa ni indirectamente a contribuciones estaduales mientras 'permanecieran sin ser vendidos en los paquetes originales en que fue-ron importados. Un caso reciente que hace referencia a las autori-dades y enuncia de nuevo esta doctrina elemental es May v. New Orleans, 178 U. S. 496, 44 L. ed. 1165, 20 Sup. Ct. Rep. 976. Asu-miendo que los artículos sobre los cuales se impusieron en este caso las contribuciones estaduales estaban en los paquetes originales y no habían sido vendidos, si el traer dichos artículos a Tennessee de otro estado constituyó una importación, de acuerdo con la significación constitucional de esa palabra, es claro que no podrían ser ni directa ni indirectamente sometidos a contribución. Pero no habiendo sido. dichos artículos traídos del extranjero, no fueron importados en el sentido legal, y estaban sujetos a contribución estadual después de haber llegado a su destino-y mientras permanecían depositados en el estado para ser vendidos. Los varios estados, por lo tanto, no estando controlados en cuanto a tales mercancías por la prohi-bición contra la imposición de tributos a las importaciones, se decidió que los estados tenían la facultad, después que los artículos habían llegado a su destino y eran depositados para su venta, para impo-nerles contribución, sin discrimen, como a cualquiera otra propiedad situada dentro del estado.”

La cuestión envuelta en Brown v. Maryland, supra, era si la legislatura de un estado puede constitucionalmente impo-ner al importador de artículos extranjeros la obligación de obtener una licencia a un costo de $50, antes de que se le permita vender los artículos así importados. La Corte Suprema, por voz del Juez Presidente Marshall resolvió que dicha licencia era anticonstitucional por ser una contribución sobre importaciones. De la opinión del eminente jurista copiamos lo que sigue:

“Pero, aunque admitimos que los sanos principios de interpre-tación deben restringir a todas las cortes para no llevar las palabras de la prohibición más allá del propósito que persigue la Constitución, y que debe haber un momento en que la prohibición cesa y el poder fiscal estadual comienza, no podemos admitir que ese momento sea el instante en que los artículos entran en el país. Paréeenos obvio que esa interpretación echaría por tierra la prohibición.
“Es suficiente por el presente decir, en general, que cuando el importador ha actuado de modo tal en cuanto a la cosa importada que ésta se ha incorporado y mezclado con la masa de propiedad del país, entonces la cosa ha perdido quizás su carácter distintivo como una importación y ha quedado sujeta al poder fiscal del estado ; pero mientras siga siendo propiedad del importador, en su almacén, en la forma o paquete original en que fue importada, una contribución sobre ella es una contribución sobre importaciones demasiado clara para escapar la prohibición constitucional. (Bastardillas nuestras.)

Aplicando las regias establecidas por los casos que hemos citado, a los hechos del presente caso, tenemos inevitable-mente que resolver que cuando el importador extrajo del tanque de adeudo un determinado número de galones de aceite y los entregó a un vapor.en el muelle en Puerto Rico, para consumar una venta previamente pactada, dicha venta quedó sujeta a la tributación imponible de acuerdo con la sección 62 de la Ley de Rentas Internas, supra; que el aceite así vendido, extraído y entregado por el importador perdió su carácter distintivo como importación, ingresó a Puerto Rico como un objeto de comercio y quedó desde ese momento sujeto a la jurisdicción fiscal insular (West India Oil Go. v. Gallardo, 6 F.(2d) 523); que el hecho de que el aceite haya sido entre-gado a un vapor que ha de consumirlo en sus viajes en el comercio interestadual o internacional no da al aceite el carácter de exportación, toda vez que dicho producto no iba consignado a ningún puerto extranjero o nacional (Swan & Finch Co. v. U. 8., supra); que la mera compra de suminis-tros o equipos que han de ser usados en un negocio que constituye comercio interestadual no está tan identificada con ese comercio para hacer que la venta esté exenta del pago de la contribución que la ley insular impone por igual sobre todas las ventas verificadas o consumadas dentro de su juris-dicción (Eastern Air Transport v. Tax Comm., 285 IT. S. 147); y por último, que habiéndose hecho la entrega del aceite en el muelle, en la bahía de San Juan, la venta quedó consumada dentro de la jurisdicción fiscal de Puerto Eieo y por tanto sujeta al pago de la contribución del 2 por ciento, la que por su naturaleza es un excise tax, un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad. Gromer v. Standard Dredging Go., 224 U. S. 362.)

No habiéndose invocado la protección de estatuto federal alguno que otorgue a los barcos dedicados al comercio inter-nacional o interestadual el privilegio de poder comprar, o a las compañías petroleras el de poder vender, dentro de los límites de un estado, artículos objeto de comercio, sin tener que pagar los arbitrios (excises) locales sobre ventas rea-lizadas dentro de los límites del estado, debemos resolver que la West India Oil Co. está legalmente obligada a pagar la suma exigida por el Tesorero apelante. Sostener lo con-trario haría que la ley se convirtiera en discriminatoria en contra de los demás traficantes en el mismo negocio.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia recurrida, sin especial condenación en costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Félix Benítez Rexach, demandante y apelado, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7558.

    Sometido: Mayo 12, 1938.

      Resuelto: Mayo 11, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y F. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Miguel Guerra-Mondragón, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Félix Benítez Rexach entabló un pleito de injunction contra el Tesorero de Puerto Rico Rafael Sancho Bonet, basán-dose sustancialmente en los siguientes hechos:

Que era en todas las fechas que se mencionan en la demanda y al interponerla dueño de un “establecimiento o balneario conocido por el nombre de Escambrón Beach Club, situado en la Reserva Militar Federal del Escambrón, en la ciudad de San Juan”, sobre la cual “ejerce jurisdicción exclu-siva para todo propósito” el Gobierno de los Estados Unidos;

Que el demandado so color de una autoridad que no tiene ha tasado la propiedad mueble e inmueble que el deman-dante posee en dicha Reserva y le ha impuesto contribu-ciones montantes a $5,291.97 que intenta cobrar sumaria-mente en defecto de pago, a cuyo efecto en junio 25, 1936, le embargó dos edificios, dos casetas de baño, una casa, tres paseos, un puente, una planta de hielo y una caseta para orquesta situados en la repetida Reserva y que forman parte integral del dicho Escambrón Beach Club;

Que la tasación, imposición de contribuciones y embargo indicados son ilegales, habiéndose excedido el Tesorero demandado de modo arbitrario en sus facultades como tal; que de llevarse a cabo el cobro, el demandante sufriría daños irreparables consistentes en verse sujeto a pleitos innecesa-rios para recobrar dichas contribuciones que tendría que pagar bajo protesta, y que carece de todo otro recurso rápido, adecuado y eficaz.

Mientras se decidía el pleito en definitiva, solicitó la expe-dición de un injunction preliminar. Ordenó la corte al deman-dado que compareciera a mostrar causa, si la tuviere, por la cual no debiera concederse el remedio solicitado y lo puso en entredicho mediante fianza de quinientos dólares, y el demandado contestando la orden de entredicho y la solicitud de injunction preliminar, el 3 de septiembre de 1936 pidió a la corte que disolviera la primera y declarara sin lugar el segundo porque el derecho en que se fundaba la demanda no era claro y envolvía una controversia de títulos, porque tendía a' impedir el cobro de una contribución, porque los daños no eran irreparables ni se daría lugar a una mul-tiplicidad de procedimientos, porque el demandante no comparecía con manos limpias y porque tenía'un remedio adecuado en ley.

Como defensa afirmativa y de oposición a los hechos ale-gados sostuvo que el Pueblo de Puerto Rico era el dueño de los terrenos donde está el Escambrón Beach Club a virtud de convenio celebrado entre El Pueblo de los Estados Unidos de América y El Pueblo de Puerto Rico, mediante el cual el primero traspasó al segundo, a cambio de otra propiedad, los terrenos en cuestión que estaban en posesión en la actua-lidad de El Pueblo de Puerto Rico, estando únicamente pon-dientes de formalización los documentos correspondientes a la transferencia del título; que el demandante entró y está disfrutando de la posesión de dichos terrenos a virtud de contrato de arrendamiento celebrado en diciembre 18, 1931, con El Pueblo de Puerto Rico, estando en su consecuencia impedido de negar los términos de dicho contrato y el título de su arrendador, y que a virtud de lo alegado resultaba que la contribución fue impuesta y el embargo trabado de acuerdo con la ley.

Siete días después comparecieron las partes ante la corte, presentando el demandante la evidencia que sigue:

Contrato de arrendamiento celebrado el 15 de diciembre de 1931 entre El Pueblo de Puerto Rico representado por Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, y Félix Beni-tez Rexach, ingeniero, vecino de San Juan. Dice, copiado-a la letra, en lo pertinente, lo que sigue:

“ContRato de arrendamiento de un predio de terreno, propiedad' del Pueblo de Puerto Rico con sujeción a las siguientes cláusulas y condiciones.
“1. . . . radicado en los alrededores del sitio denominado Es-cambrón siendo parte de los terrenos del Gobierno Insular destinados: a la construcción del Parque Muñoz Rivera, de una SUPERFICIE de: diez mil, setecientos (10,700) metros cuadrados según aparece des-crito topográficamente en el plano que se une . . .
“2. ... se destinará y se usará como sitio de recreo y playa en conexión con un Balneario a construirse, y se edificarán en dicho-predio todas las obras y edificios necesarios . . .
“3. El canon de arrendamiento será de mil doscientos ($1,200) dólaRes anuales . . .
“4. El término del arrendamiento será de quince (15) anos y empezará a contarse un año después de la fecha de firmarse este con-trato, comprometiéndose el arrendatario Don Félix Benitez Rexach, a invertir en las obras una cantidad no menor de TREinta mil. (30,000) dólaRes, y siendo además convenido entre las partes, en que por cada dos mil (2,000) dólares que sobre la cantidad estipulada de dichos TReinta mil (30,000) dólaRes, invirtiere el Sr. Benitez Rexach, tendrá derecho a un año más de arrendamiento, pero con el entendido de que el término del arrendamiento (no) será mayor de TREINTA (30) años, sea cualquiera la cantidad adicional invertida.
“6. Al vencimiento de este contrato quedarán a beneficio del Par-que Muñoz Rivera todas las obras construidas y medios auxiliares de explotación, a excepción de todas las obras de carácter permanente que pasarán a la propiedad del Gobierno mediante su pago al arren-datario y previa tasación pericial nombrada por ambas partes.
“15. Este contrato está sujeto a la eventualidad de que se ultime por el Gobierno de los Estados Unidos el traspaso de los terrenos de la Reserva del Escambrón a favor de El Pueblo de Puerto Rico.”

Testigo Lucas Jiménez, Colector de Rentas Internas de San Juan. Se le mostró la notificación de embargo y reco-noció que estaba firmada por él, admitiéndose el documento sin objeción. Se describen los bienes embargados, así: •

“Finca urbana, situada en Puerta de Tierra, Escambrón, del mu-nicipio de P. R., con cabida de Solar del Gobierno Federal, conte-niendo las siguientes edificaciones, 2 edificios, 2 casetas de baño, una casa, 3 paseos, un puente, una planta de bielo, una caseta para or-questa, todo nuevo. Norte_, Sur-, Este Gobierno Federal, Oeste-”

A preguntas del demandado contestó que no se babía embargado solar alguno del G-obierno Federal.

Memorándum del Subtesorero al Tesorero de Puerto Rico de noviembre 12, 1935; carta del demandado al demandante de noviembre 21, 1935, y Bill Núm. 2394 presentado a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en abril 11, 1935, titulado, “Ley para autorizar la cesión de ciertas reservas militares a otros departamentos del Gobierno, y para otros fines”, en cuya página 3, líneas 12 a 13 se lee: “A El Pueblo de Puerto Rico: cierta parcela de terreno den-tro de la Principal Reserva Militar, San Juan, Puerto Rico, que contiene 46 acres, más o menos, conocida por el nombre de ‘Escambrón Tract’ ”, que se admitieron sin objeción.

Del memorándum se transcribe lo que sigue:

“Las contribuciones que adeuda el señor F. Benítez Rexach, según los apartados marcados 1 y 2 en la carta de fecha 6 de noviembre del señor Rexach, que se acompaña, corresponden a:
“1. Contribuciones sobre la propiedad inmueble en el Eseambrón Beach Club, desde el año 1933-1934 al 1935-36, ambos inclusive, y ascienden, con recargos e intereses, a $4,962.98. También adeuda por contribuciones sobre la propiedad mueble, por los mismos años, la cantidad de $328.99 o sea un total de contribuciones sobre la pro-piedad ascendente a $5,291.97.
“2. Contribuciones por compensaciones a obreros, desde el año 1926-27 al 1932-33, ambos inclusive, ascendentes a $1,773.34.
“3. Contribuciones por concepto de arbitrios, ascendentes aproxi-madamente a $2,355.95.
“Respecto a las primeras, o sea, contribuciones sobre la propiedad inmueble o mueble, el señor Benítez Rexach tiene la creencia de que el Tesorero carece de autoridad para imponer contribuciones sobre las edificaciones, mobiliario y enseres del Eseambrón Beach Club, porque dichas edificaciones, etc., están ubicadas sobre propiedad del Gobierno Federal.
“Basa su creencia el señor Benítez Rexach en que, de acuerdo con el artículo 291 del Código Político, la propiedad de los Estados Unidos y toda propiedad exenta del pago de contribuciones por las leyes de los Estados Unidos, estarán exentas de tributación para la imposición de contribuciones y, esto es un error, porque los edificios, mobiliario y enseres enclavados sobre tierra propiedad de los Estados Unidos, no pertenecen a los Estados Unidos y sí al señor Félix Be-nítez Rexach.
at

En la carta del demandado al demandante, se le dice:

“Ahora bien, en cuanto a solicitar la opinión del Procurador General con respecto a este asunto, a virtud de que el titular del Departamento de Hacienda es perito en derecho, parece pertinente que dicha opinión no se solicite, pues el que suscribe no tiene duda alguna, a virtud de los. hechos envueltos y de la jurisprudencia sen-tada en cuanto a las contribuciones de arbitrios y, por razón de no pertenecer la propiedad ubicada en el Eseambrón Beach Club al Gobierno Federal, de que las contribuciones fueron debidamente im-puestas y por consiguiente se adeudan por Ud.
“Esto no obstante, si Ud. tuviera alguna copia de documentación que justifique que la mencionada propiedad mueble e inmueble ubi-cada sobre los terrenos del Escambrón pertenecen o habrán de perte-necer en alguna ocasión al Gobierno Federal, tendré mucho gusto en revisar tal documentación, pues no cabe duda alguna que, de acuerdo con las disposiciones del artículo 291 de nuestro Código Político la propiedad de los Estados Unidos, y toda propiedad exenta del pago de contribución por las leyes de los Estados Unidos, estarán igual-mente exentas de tributación para la imposición de contribuciones por El Pueblo de Puerto Eico, pero no así aquella que, estando encla-vada en terrenos de los Estados Unidos, no perteneciere al Gobierno Federal.
“Mientras tanto, ruégole se sirva prestar su mejor atención al pago de las contribuciones de referencia, pudiendo pagarlas bajo protesta si Ud. lo desea, o en la forma y manera que, siendo menos lesiva a sus intereses, permita un arreglo de esta cuestión sin nuevas dilaciones, ya que el suscribiente está en buena disposición para con-ceder a Ud. las facilidades que sean pertinentes.”

A la admisión de cierta carta de Lewis M. Milbourne, Colector Interino de Rentas Internas de Baltimore, Md., se opuso el demandado por considerarla inmaterial y por no estar relacionada con la controversia. Fué admitida. Tiene fecha julio 15, 1935; está dirigida al Escambrón Beach Club, San Juan, Puerto Bico, y dice:

“The Commissioner of Internal Revenue, Washington, D. C. has directed this office to secure from your club the following detailed information necessary to determine whether or not it would be subject tp the Federal income tax.
“1. Complete explanation of the form of organization of the club; i. e., whether it is owned and operated by an individual, by a corporation or otherwise.
“(a) If the club is operated by a corporation, state the date of incorporation, where formed or organized and under what laws. A copy of the articles of incorporation and the by-laws or other form of rules and regulations governing the activities of such corporation should be given. •
“2. Whether income is derived from sources within the United States (exclusive of the income derived from the patronage of the club which is located within the grounds of the Escambrón Military Reservation). Explain in detail.
“ (a) Amount of income from such sources.
“You should also furnish copies of the club’s financial statements showing assets and liabilities as at the close of each of the years 193-1, 1933, 1932 and 1931 and all receipts and disbursements during the same periods.”

Testigo José Maduro, encargado de los contratos de arrendamiento en la Auditoría Insular. Reconoció dos car-tas que fueron admitidas en evidencia. La primera, fechada en marzo 10, 1932, la dirige Benítez Rexacb. a Esteves. Dice:

‘ ‘ En vista de las dificultades surgidas recientemente entre las au-toridades militares y el Gobierno Insular lo cual ha traído consigo la dilación de las obras en el Escambrón para el balneario, me per-mito traer a su atención lo siguiente:
“Cuando ultimamos los términos del contrato, según usted recor-dará, fue pactado de mutuo acuerdo que el término del arrenda-miento empezaría a contar un año después de la fecha de firmarse el contrato para de este modo no pagar arrendamiento alguno durante el tiempo que durase la construcción y empezar a pagar cuando el negocio empezase a producir algo, y calculamos que se necesitaría un año aproximadamente para realizar las obras.
“Resulta ahora, que han pasado ya tres meses y todavía el Con-greso no ha aprobado la transferencia, siendo también muy posible que transcurran muchos meses más sin que pueda yo empezar las obras.
“No deseo emplear mucho tiempo en explicarle más detallada-mente este punto, pues estoy seguro que usted se dará cuenta exacta de la situación.
“Le suplico que dejemos eso aclarado y le sugiero me escriba una carta en el sentido de que en vista de la situación que se ha pre-sentado, el contrato empezará a contar un año después de la fecha en que el Gobierno Federal le dé posesión oficial al Gobierno Insular de dichos terrenos, por tanto pagando arrendamiento un año después de haberlos yo recibido.”

Y la segunda, de marzo 17, 1932, es de Esteves a Rexacb. Lee:

“Se accede a lo solicitado de acuerdo con la cláusula 15' que en nota adicional aclaratoria aparece en el contrato de arrendamiento; es decir, que la fecha en que empezará a regir su contrato, será, en la misma fecha en que se traspasen esos terrenos a El Pueblo de Puerto Rico y usted pueda disponer libremente de los terrenos arren-dados, en. vez de contarse desde la fecha en que fué firmado el con-trato como se dice en.la cláusula 4.”

Reconocidas también por el testigo Maduro se admitieron una carta de marzo 28, 1932, dirigida por el Subauditor de Puerto Rico al Tesorero autorizando la cancelación de bor-derós por $46.40 y $600 expedidos a nombre del demandado, y otra de febrero 23, 1933, del Comisionado del Interior al Tesorero en relación con los dichos borderós y con las cartas de Benítez Rexach y de Esteves de las cuales se transcribió lo pertinente.

Testigo Armando Morales, Jefe Auxiliar de la División de Terrenos Públicos del Departamento del Interior. Reco-noció el plano que se introdujo en evidencia levantado en 1909, que sirvió de basé a la proclama del Presidente sobre reservas militares, comprendiendo los terrenos del Escam-brón. También reconoció la Proclama — Orden General Núm. 97 de julio 7, 1903 — que incluye los terrenos del Escambrón y que se admitió en evidencia. Y con ello terminó la prueba del demandante.

El primer testigo del demandado fué Guillermo Esteves, Comisionado del Interior de Puerto Rico desde 1918 a 1932. Dijo :

“Alrededor del año ’25, el Gobierno de Puerto Rico interesaba realizar ciertas permutas de terrenos insulares por terrenos fede-rales. Incluían estos terrenos numerosas parcelas de terreno de la propiedad federal que habían sido reservadas por el Gobierno de los Estados Unidos que el Gobierno de Puerto Rico interesaba conseguir. Alrededor de ese año la Legislatura de Puerto Rico pasó una ley autorizando al Gobierno de Puerto Rico a realizar una serie de per-mutas de terrenos y propiedades insulares por terrenos y propiedades federales. En general, la idea era que el Gobierno Federal entregara al Gobierno de Puerto Rico todas las tierras federales que se hallaran al Este de una línea que cruzara el Capitolio en dirección Norte-Sur; a cambio de eso El Pueblo de Puerto Rico daba otras propiedades. Entre estos terrenos que se encuentran al Este de esta línea Norte-Sur estaba la parcela del Escambrón, que se extiende al Este de la línea Norte-Sur pasando por el Capitolio. Estas gestiones se llevaban a cabo a virtud de correspondencia entre el Gobernador de Puerto Rico, la Secretaría de la Guerra, que era entonces el Departamento al cual estaba adscrito Puerto Rico, y los otros departamentos que tenían autoridad sobre esas parcelas, puesto que algunas estaban bajo el De-partamento de Comercio, otras bajo el Departamento de Marina, y otras bajo el Departamento de la Guerra. Para esa época el Go-bierno Insular había ya empezado a construir el Parque Muñoz Rivera y el límite de la parcela insular que queda frente a la Colec-tiva, que es hoy Parque Muñoz Rivera, se extendía solamente hasta una línea que más o menos ocupa hoy la extensión de la carretera de la Avenida Muñoz Rivera, en el Sur. Una de las parcelas, por tanto, que el Gobierno de Puerto Rico interesó más inmediatamente dentro de la permuta general que estaba gestionando, fué, por tanto, la parcela denominada ‘El Escambrón.’ El Departamento de la Guerra al discutir la permuta de esta parcela aparte de la permuta general de terrenos, exigió a El Pueblo de Puerto Rico que se le facilitara un tiro al blanco, puesto que es de conocimiento de todos que existía en el Escambrón el tiro al blanco del Regimiento. Por una Ley de la Legislatura se apropió dinero, fondos, para la adqui-sición de tierras, y entonces El Pueblo de Puerto Rico, con la apro-bación del Departamento de la Guerra, adquirió una parcela de terreno, que hoy se llama ‘El Campamento Buchanan’, a donde le instaló el tiro al blanco que tenía el Gobierno Federal en la parcela del Escambrón.
“Una vez que se le dió posesión por medio de una escritura al Gobierno Federal de la parcela del ‘Campamento Buchanan’ — escri-tura que aceptó el Gobierno de los Estados Unidos — el Gobierno de Puerto Rico procedió a ocupar la parcela del Escambrón, bajo auto-ridad concedida por el Departamento de la Guerra. ...”

Pedida por el demandante la eliminación de todo lo decla-rado, continuó el interrogatorio como sigue:

“A. — Dígame, señor Esteves, ¿usted, en su carácter de Comisio-nado del Interior, en aquella fecha tomó usted posesión de los terre-nos denominados ‘El Escambrón’?
“T. — Absolutamente. Tomé posesión y ejecutamos obras en ellos.
“A. — Usted acaba de declarar que tomó posesión El Pueblo de Puerto Rico y que ejecutaron obras allí. ¿Qué obras ejecutaron allí?
“T. — Las del Parque Muñoz Rivera, el parque de pelota, la carre-tera que da la vuelta por el mar. . . .
"A. — Ahora dígame, ¿y la construcción de esas obras ocupó algún tiempo ?
"T. — Ya lo creo. Están todavía en construcción en este mo-mento. Varios años.
“A. — ¿Y durante ese período de tiempo usted tuvo conocimiento de que el Gobierno de los Estados Unidos objetara la construcción de esas obras y ordenara la paralización de las mismas f
‘ ‘ T. — Hasta el año 1932 que yo estuve de Comisionado nunca tuve noticias de nada de eso.
“A. — ¿Y usted sabe si el Gobierno de los Estados Unidos tuvo conocimiento de que El Pueblo de P. R. había ocupado esos terrenos y que estaba fabricando esas obras?
"T. — Tiene que haber tenido conocimiento puesto que hay corres-pondencia, que debe existir en el Departamento del Interior, donde no se hace objeción a esas obras.
"Dte. — Para solicitar la eliminación.
"Juez. — Sí, que se elimine lo que dice la correspondencia esa.
"Demandado. — A.—Mostrándole al testigo un. documento. Es una copia de un cable.
"T. — Un cable de Creed F. Cox, Assistant del Jefe del Bureau de Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra, al Gobernador de Puerto Rico.”

Se admitió finalmente sin objeción el cable. Dice:

"Escambrón Tract comma agreement between War Department and Insular Government in nineteen twenty five and nineteen twenty six contemplated exchange of above tract for new target range without reservation of bathing beach stop Insular Government has carried out agreement at large expense and deeded Camp Buchanan to the United States stop Immediate transfer of Escambrón prevented by a change of the law necessitating reference to Congress stop While the War Department did not realize Insular Government would at once start construction comma it would not be justified in stopping construction now as embarrassment and loss to Insular Government and contractor would result stop Notify the Insular Government that objection to present construction work is withdrawn stop In order to prevent further complicating the matter during its consideration by Congress comma no further construction should be started on the site stop In view of fact that War Department is morally committed to the transfer and as Insular War Department should now show its good faith and permit the Porto Rican Government free use of tbe Escambrón Tract stop This would require discontinuing bathing by military personnel and fireing by antiaircraft organizations stop.”

Continúa declarando el testigo como signe:

“Demandado: A. — Testigo, aquí se ha presentado como evidencia un contrato de arrendamiento otorgado por el Comisionado del Interior con Félix Benítez Rexach en diciembre 18 de 1931. ,¿Ese con-trato fué otorgado por usted en su capacidad oficial?
“T. — -“Sí, señor.
“A. — ¿Los términos de ese contrato fueron discutidos por usted y el señor Benítez Rexach?
“T. — Sí, señor.
“A. — Y dígame, testigo, a virtud de ese contrato . . . ¿quién le entregó posesión al señor Benítez Rexach de los terrenos que él ac-tualmente ocupa?
“T. — El Departamento del Interior.
“A.' — ¿Se le entregó a virtud de ese contrato?
“T. — Sí, señor, a virtud de ese contrato.
“A. — ¿Y él entró en posesión de ese terreno a virtud de este con-trato ?
‘ ‘ T. — A virtud de este contrato.
“A. — Durante el tiempo en que el señor Benítez ha estado ocu-pando los terrenos del Escambrón ¿él inició la construcción de obras allí?
“T.- — Inmediatamente que firmó el contrato inició la construc-ción de obras.
“A.' — ¿Y para la aprobación de esas obras el señor Benítez Rexach tuvo que dirigirse a alguna persona?
“T. — Él sometió los planos al Departamento del Interior.
“A. — ¿Y ustedes se los aprobaron?
“T. — Sí, señor.
“A. — Y dígame, ¿usted sabe si durante el tiempo en que el señor Benítez Rexach ha estado ocupando, en su carácter de arrendatario, esos terrenos, él ha sido perturbado en la posesión de dichos terrenos ?
“T. — Hasta 1932, que yo tengo conocimiento oficial, nunca fué perturbado.
“A. — ¿Y el Gobierno Federal? ¿Usted sabe si el Gobierno Federal en alguna ocasión le prohibió a él la construcción?
“T. — A mí no me consta.
“A. — Me refiero hasta la fecha en que usted fué Comisionado.
“T. — Nunca tuve conocimiento de que fuera obstaculizado.”

Reconoce el memorándum que dirigiera como Comisio-nado del Interior al Gobernador de la Isla, que se admite en evidencia. Dice:

4 ‘ For some time past, the Governor of Porto Rico had been trying to find some possible way whereby the problem of constructing several important public works, such as a new insane asylum, a modern penitentiary, a new public park, and a public road to serve as a new traffic outlet to San Juan, might he solved.
“Many have been the efforts made to carry out this building program, and as the Insular Government did not possess the necessary sites for the purpose in view, an official correspondence was started with the Federal Authorities in order to secure certain lands owned by the Federal Government which were used as Military and Naval reservation, in" exchange for various public buildings belonging to the People of Puerto Rico, which on account of their proximity to the Military Post of San Juan, were desired by the Military authorities.
4 4 Seeing that both governments, the Federal and the Insular, were mutually interested in the exchange of these properties to meet their various needs, General McIntyre, Chief of the Bureau of Insular Affairs recommended in one of his letters, that a study should be made whereby the transfer of these properties might be accomplished. He recommended particularly, that as regards the construction of ‘Muñoz Rivera Park’ in Puerta de Tierra, the Insular Government should try to acquire near San Juan a suitable target range and aviation field, and to transfer same to the Federal Government in exchange for the lands known as the ‘Escambrón’, which might serve to increase the area of said park, extending its north side to the shores of the Atlantic Ocean.
“With these recommendations in mind, representatives of both governments, after several conferences, reached a satisfactory agreement, and a law was passed by the Legislature of Porto Rico, approved by the Governor on June 17, 1925, whereby the Governor of Porto Rico was authorized to purchase and equip a suitable target range and aviation field and to convey the same, with other properties, to the United States, and to accept from the United States certain properties that are no longer needed for the purpose by the United States; to authorize the issue of bonds of the People of Porto Rico in the sum of two hundred thousand (200,000) dollars to carry out such purchase, and for other purposes.
“Tbe bonds authorized by this Law were issued and sold; the target range and aviation field were constructed and transferred to the Military Authorities at San Juan, P. E. who are at the present •time in possession of them.
“As by section 2 of the above mentioned Law, the Governor of P. E. is authorized to accept, in the name of the People of Porto Eico several properties of the United States, among others, the parcel of land known as ‘El Eseambrón’, which is to be added to the “Mu-ñoz Eivera Park’, now under construction and it being necessary that the Insular Government be given now possession of this land, I respectfully request of you to take up the necessary steps with the Federal Government so that the required transfer might be made.”

Repreguntado por el demandante, contestó:

“Demandante: A. — Señor Esteves (mostrándole el contrato de arrendamiento entre el señor Esteves y el señor Benítez Eexach), ¿esta cláusula 15 a fué añadida cuántos días después del contrato ?
“T. — El contrato principal fué celebrado el 15 de diciembre de 1931 y la cláusula núm. 15 a fué añadida en diciembre 18 de 1931.
“A. — ¿Qué motivó esa cláusula 15 a?
“T. — Esta cláusula la motivó el pensar que el Gobierno de Puerto Eico, como todavía el Gobierno Federal no había pasado ninguna Proclama ni se había aprobado ninguna ley entregándole la reserva del Eseambrón a El Pueblo de Puerto Eico, se quiso dejar a salvo cualquier reclamación que pudiese el señor Benítez Eexach estable-cer más tarde en virtud de ejecutar obras ahí. Ese es el fin de la cláusula. La puse para proteger a El Pueblo de Puerto Eico.
“A. — Pero se contradice, sin embargo, con la cláusula anterior, en que se dice que El Pueblo de Puerto Eico es el dueño,
"T.----
“A.— Esa fué la primera modificación del contrato. Y la se-gunda, ¿cuál fué? ¿La recuerda?
“T. — La segunda modificación del contrato fué por carta; no había modificación del propio contrato, sino que el señor Benítez Eexach no recuerdo cuándo me envió una carta aclarando cuándo debía principiar a contar su contrato; una carta de marzo 10 de 1931.
“A. — Usted la contestó, ¿verdad?
“T.- — Sí, señor.
“A. — En esa carta ¿no le especificaba usted al señor Benítez Eexach que era el Congreso la única autoridad que podía darle título?
“T. — En la carta se dice que ya que el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado legislación para aprobar el traspaso de ese terreno, se accede a lo solicitado, o sea que el contrato empezaría a regir en la fecha en que se traspasasen estos terrenos a El Pueblo de Puerto Rico.
“A. — Es decir, ¿que desde esa fecba El Pueblo de Puerto Rico ha eximido al señor Benítez Rexach de pagar el canon de arrendamiento ?
( ( ip _
"Juez.- — Sí, si hasta el Auditor dejó de cobrarle.
“Dte. — Nada más.”

Compareció otra vez Armando Morales, ahora como tes-tigo del demandado, y preguntado al efecto, contestó:

¿Qué intervención tuvo el Gobierno Federal, si alguna tuvo, y a usted le consta, en relación con las obras llevadas a efecto por Félix Benítez Rexach en la parcela de El Escambrón de que se trata en este caso?
“T. — De acuerdo con la documentación que existe ahí en el ex-pediente de arrendamiento del señor Benítez Rexach, nosotros tene-mos una petición de él al Gobierno Federal pidiendo autorización para establecer unos pilotes y una red de alambre para evitar la entrada de peces a la ensenada que forma allí la playa del Escam-brón en este sitio y para la construcción de una plataforma de con-creto. De acuerdo con el Acta Orgánica, el Gobierno Federal tiene jurisdicción sobre las obras que se ejecuten en zona de aguas na-vegables. . . .
“A. — ¿Y ésa fué toda la intervención que tuvo el Gobierno Federal en este asunto?
“T. — Sí, señor.
“A. — ¿Y en cuanto a la tierra. . . . ?
“T. — No, en cuanto a los terrenos no tuvo ninguna intervención; los terrenos pertenecen a El Pueblo de Puerto Rico.
“A. — Y en cuanto a las obras no hubo. ...
“A. — Nada, nada. Como las tierras sumergidas pertenecen a El Pueblo de Puerto Rico, ellos también notifican a El Pueblo de Puerto Rico para si tiene que hacer alguna objeción. ...”

Por último llamó el demandado a declarar al abogado del demandante Sr. G-nerra Mondragón. Dijo:

“A.- — -Dígame, señor Guerra, ¿usted es apoderado del señor Be-nítez Rexach?
“T.- — Para este asunto y otro más.
“A. — ¿Usted, como tal apoderado, conoce todas las operaciones y todos los negocios del señor Benítez Rexach relacionados con El Escambrón ?
“T. — Casi todos.
“A. — Dígame, ¿usted sabe con motivo de ese conocimiento que usted tiene de los negocios del señor Benítez Rexach ahí en el Es-cambrón, usted sabe si el señor Benítez Rexach recientemente ha subarrendado El Escambrón?
“T. — Sí, como no. Desde el mes de junio o julio; a fines de junio.
“A. — ¿Y a virtud de ese contrato de subarrendamiento el señor Benítez Rexach ha de recibir alguna compensación o remuneración?
“T. — Él personalmente no. Le ha cedido el canon. . .
“A. — ¿Cómo es?
“T. — Que él personalmente no; le ha cedido el canon a su señora esposa.
“A. — ¿Lo recibe él y él se lo ha cedido a la esposa?
“T. — Lo recibe ella personalmente.
“A. — ¿Pero en principio pertenece a él directamente?
“T. — A los dos; son bienes gananciales.
* * # # * # #
“¿Usted sabe por qué autoridad está el señor Benítez Rexach ocupando eso?
“T. — Por la autoridad del contrato. Y está expuesto a que un Congreso que no entienda de estas cosas, de estos asuntos, no le dé la gana de pasar la Ley y el señor Benítez Rexach quedaría en el aire.
“A. — -¿Pero hasta la fecha el Congreso no ha intervenido con el señor Benítez Rexach?
“T. — En absoluto.
“A. — Y los beneficios de ese negocio, ¿Quién los percibe? ¿Be-nítez Rexach ?
' ‘ T. — ■Ahora ella.
“A.' — ¿A cuánto ascienden esos cánones de arrendamiento?
“T. — 24,000 pesos anuales. Y pueclo decirle que por anualida-des adelantadas también.”

Tal, en resumen, la evidencia practicada en 10 de septiem-bre, 1936. El primero de octubre siguiente archivó el deman-dado su contestación formulada en el mismo sentido que la que dió a la orden de entredicho.

Ambas partes presentaron entonces la siguiente estipula-ción:

‘ ‘ Que todas las cuestiones de derecho que tenían y tienen que sus-citar en el caso de autos fueron planteadas ya el día de la vista para mostrar causas el demandado por las cuales no debiera decretarse el injunction preliminar solicitado por la parte actora, y que fueron discutidas además en los respectivos alegatos presentados. Manifies-tan las partes que todas las cuestiones de hecho que tenían y tienen que suscitar fueron asimismo levantadas el día mencionado y que no teniendo más prueba que presentar que la ya aducida, estipulan y convienen, previa la aprobación de la Corte, que la decisión que dicte este Hon. Tribunal en el mencionado incidente de injunction preliminar, sea hecha extensiva, como decisión final al auto de injunction perpetuo.
“Aceptan asimismo las partes la existencia del convenio entre el Gobierno de 'Washington y el de Puerto Rico, tal como se desprende de la declaración del testigo Guillermo Esteves y del Exhibit A del demandado, obrante en estos autos. Y por último, las partes acep-tan, además, que se han hecho gestiones y se están haciendo ges-tiones por el Departamento del Interior de Puerto Rico cerca del Con-greso y de las autoridades de Washington para perfeccionar el título de los terrenos del Escambrón.”

La estipulación fué en efecto aprobada por la corte que resolvió el caso por sentencia de 19 de octubre, 1936, decla-rando la demanda con lugar. Y es contra dicha sentencia que se ha interpuesto el presente recurso de apelación por la parte demandada, basándose en el siguiente señalamiento de errores:

“1. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al resolver y declarar que El Escambrón Beach Club está ubicado en terrenos sobre los cuales los Estados Unidos de América ostenta título domi-nical y ejerce jurisdicción exclusiva.
“2. . . . al resolver y declarar que el Gobierno de Puerto Rico no tiene autoridad ni puede ejercer jurisdicción para imponer con-tribuciones a los edificios del demandante enclavados en los terrenos conocidos por El Escambrón dentro del territorio de Puerto Rico.
“3. . . al resolver y declarar que el derecho en que funda su petición el demandante es claro y no envuelve una controversia de título que no puede ser dirimido en este procedimiento sumario, siendo tal cuestión una para ser discutida y resuelta en un pleito plenario.
“4. . . . al resolver que el remedio solicitado por el demandante no viola las disposiciones de la ley que probibe la expedición de autos de injunction tendientes a impedir el cobro de contribuciones.
“5. . . . al resolver que el demandante bajo los becbos alegados en la demanda no venía obligado a pagar la contribución bajo pro-testa, remedio adecuado y eficaz que la ley le concede para la protec-ción de sus derechos.
“6. . . . al resolver y declarar que la demanda aduce becbos su-ficientes para conceder al demandante el remedio de injunction so-licitado.
“7. . . . al resolver y declarar que no es aplicable a este caso la doctrina de ‘estoppel’ y que el demandante no había actuado con manos limpias.”

Tras un estudio detenido de todas las cuestiones envuel-tas, opinamos que la sentencia apelada debe revocarse.

Los becbos surgen claros de las alegaciones y la evidencia y hablan tan fuertemente -a la conciencia del juzgador que éste puede y debe actuar sin vacilación alguna al pronunciar su fallo.

De modo terminante el legislador ba prescrito:

“No podrá otorgarse un injunction:
# >» # * * # *
“7. Para impedir la imposición o cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Pico.” Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Y aquí se trata del cobro de la contribución general que sobre toda propiedad impone la ley en Puerto Rico.

Es cierto que no obstante lo terminante del precepto legal citado, las cortes ban continuado expidiendo el auto equita-tivo de injunction en casos extraordinarios. Miller v. Nut Margarine Go., 284 TI. S. 498; Durlach Bros., Inc. v. Dome-nech, Tes., 47 D.P.R. 654. ¿Puede éste considerarse uno de ellos? En manera alguna a nuestro juicio.

En primer lugar si el peticionario creía que no debía pagar la contribución que se le cobraba, debió cumplir con la obligación que le impone y ejercitar el derecho que le concede la Ley Núm. 8 de 1927, Leyes de ese año, pág. 123, como sigue:

“Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obli-gado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas internas de su distrito, o del funcionario encargado de la recauda-ción, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector, o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se re-fiere al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo pro-testa, y precisando el montante de lo impugnado. Licha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encar-gado de la recaudación.”
“Sección 3. — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para ob-tener la devolución de la cantidad protestada. El Procurador General representará al Tesorero de Puerto Rico en tales pleitos. Una vez radicada la demanda, si se radicase en una corte insular, se tra-mitará de acuerdo con los procedimientos, términos y demás requi-sitos establecidos por el Código de Enjuiciamiento Civil, para una acción ordinaria. Una vez listo cualquier caso para juicio, el tribunal señalará día para la vista, a petición de cualquiera de las partes, con preferencia a cualquier otro asunto pendiente ante el mismo. Una vez que se dicte sentencia final, si ésta fuese favorable al contribuyente, el Tesorero de Puerto Rico procederá a re-integrar la suma que se ordene en la sentencia con cargo a cual-quier fondo existente en Tesorería no destinado a otras atenciones, más los intereses sobre tal cantidad a razón del seis (6) por ciento anual, computados desde la fecha de la radicación de la demanda ante la corte; o a instancia del contribuyente, deberá el Tesorero acreditar al contribuyente el montante total de la cantidad a rein-tegrar, para ser aplicada al pago de cualquier contribución ya ven-cida y no satisfecha, o por vencerse en el futuro; Disponiéndose, que dicho crédito podrá ser transferido por el contribuyente y entonces el Tesorero de Puerto Rico acreditará el mismo a los cesionarios a todos los efectos de la ley. Las costas, desembolsos y honorarios de abogado se impondrán a discreción de la corte en la misma forma que en las demás acciones civiles.”

Tenía, pues, a su alcance un recurso adecuado, rápido y eficaz. No había daños irreparables. Tampoco multiplici-dad de procedimientos. Si el pleito no se resolvía dentro del año económico, bastaría repetir el page bajo protesta cuando la fecba llegara e iniciar el pleito que quedaría resuelto por la regia sentada en el primero. Ése no es el caso de multiplicidad a que la jurisprudencia se refiere.

Y en segundo lugar el derecho alegado al no pago de la contribución es a lo sumo dudoso y los hechos presentan al peticionario no como la víctima de un error, ilegalidad o abuso por parte del Tesorero, sino como a un litigante que sabe y puede defenderse.

Por una suma de cien dólares mensuales recibió en arren-damiento diez mil setecientos metros cuadrados de terreno' en la isleta de San Juan, al lado de un Parque, para explo-tar un negocio lucrativo por un período de quince a treinta años con la garantía de que las , obras de carácter perma-nente que sobre, las tierras levantara sólo pasarían a la propiedad de sn arrendador mediante el pago de su valor.

No comenzó a satisfacer el canon en seguida. Tuvo un año libre por el contrato para iniciar sus trabajos y bregó-se aprovechó de algunas dificultades surgidas más bien apa-rentes que reales para pedir que se le reintegrara lo que-empezó a pagar y obtuvo el reintegro, y provocando por-medio de una carta hábil una contestación que se presta a interpretaciones, parece que continuó sin pagar no obstante confesar por medio de su apoderado en corte abierta que había subarrendado su negocio por un canon anual veinte veces mayor que el que debía satisfacer por las tierras.

Y cuando el arrendador, que lo fue El Pueblo de Puerto Rico por su Comisionado del Interior, le impuso y cobró por medio de su Tesorero por la propiedad que sobre la tierra tenía la misma contribución que paga cualquier otro pro-pietario en la isla, rehusó, negando el título del Pueblo que lo puso eu posesión, que lo ha mantenido en ella sin pertur-bación alguna, que le ha permitido establecer y desenvolver su negocio y beneficiarse del mismo. Y no sólo adoptó tal actitud si que pidió el amparo de la jurisdicción de equidad de las .cortes pasando por encima del procedimiento regular fijado por ley para todos los contribuyentes que consideren que se le cobra una contribución indebida.

No hay duda alguna que las tierras sobre las cuales se levantan las propiedades de que se trata formaron parte de la Reserva Federal, pero tampoco la hay que El Pueblo de Puerto Rico obtuvo la propiedad y posesión de las mis-mas a virtud de un contrato de permuta que celebrara con las autoridades federales, estando solamente pendiente a la fecha del contrato la ultimación del título que finalmente fué ■otorgado a virtud de ley federal aprobada en abril 26, 1938, 75th Cong., 3d Sess. Ch. 176, 52 Stat. 247.

Y siendo ésa la realidad de los hechos cuando el contrato •se celebró, durante todo el tiempo que el demandante disfrutó ■como sigue disfrutando de los derechos íntegros que el con-trato le concediera, sin perturbación alguna, y ahora, no -es necesario siquiera entrar a considerar la jurisprudencia que .se cita sobre el extremo de que la isla no podía imponer ■contribuciones a propiedades situadas en reservas federales, .sobre todo cuando no estamos considerando el caso para resol-verlo en definitiva, sino para decidir que no es uno tan claro y ■extraordinario que justifique la expedición del injunction.

Por las anteriores razones y por otras que podrían fácil-mente aducirse, procede la revocación de la sentencia■ ape-lada, dictándose, en su lugar, otra desestimando la solicitud, ■con costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Arroyo, acusado y apelante.
    Núm. 7670.

    Sometido: Mayo 8, 1939.

      Resuelto: Mayo 11, 1939.

      Antonio Arroyo, por su propio derecho • B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió Ja opinión del tribunal.

Antonio Arroyo fue convicto en la Corte Municipal de San Juan del delito de perturbar la paz pública, y especial-mente, la de Bolívar Pagán, a quien desafió y provocó usando palabras obscenas e indecorosas que no es necesario repro-ducir, con motivo de unas elecciones que celebraba el día 15 de mayo de 1938 cierto partido político en terrenos del Capitolio Insular.

La Corte de Distrito de San Juan también encontró al acusado culpable después de un juicio de novo, y le con-denó a pagar una multa de dos dólares, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, y las costas. Contra dicba sentencia se ba interpuesto el presente recurso de apelación por entender el acusado que la misma es contraria al derecho y a la prueba.

En su alegato no nos dice el acusado en qué forma es la sentencia contraria a la ley; y no fiemos podido hallar nada en ella que la contravenga. Tampoco encontramos que sea contraria a la prueba. Los testigos Angel Pérez Sega-rra y Marcelino González, jefe y subalterno, respectivamente, de la Policía Insular, y Bolívar Pagán, presenciaron los hechos y declararon que el acusado observó la conducta que se le imputa en la denuncia. El contrainterrogatorio que el acusado personalmente dirigió al primero y tercer testigos hizo que éstos se reafirmaran en todo cuanto contestaron a preguntas del fiscal y como no hubo prueba de defensa se hace necesario, a nuestro juicio, confirmar la sentencia.