text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Omar Vélez Bonilla, recurrido.

      Número: CC-2012-372

      Resuelto: 30 de octubre de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Ricardo E. Ale-gría Pons, procurador general auxiliar, Jeanette M. Co-llazo Ortiz y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocurado-ras generales, abogados del peticionario; Ana Rosa Montes Arraiza, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Whenever potentially exculpatory evidence is permanently lost, courts face the treacherous task of divining the import of materials whose contents are unknown and, very often, disputed.

La justicia demanda la verdad porque precisa de ella para manifestarse. “Baste recordar que el propósito del jui-cio no es obtener una convicción, sino la depuración de he-chos en búsqueda de la verdad”. De ahí, que el debido proceso de ley constitucional exija que el acusado tenga la oportunidad de examinar con tiempo suficiente, no solo la prueba que obra en su contra —en vías de impugnarla — , sino aquella que obra a su favor, sea sustantiva o para impugnación.

Por eso, hemos señalado reiteradamente y en variadas circunstancias que cuando el Estado falla en descubrir evi-dencia que resulta material y exculpatoria, el debido pro-ceso de ley exige inimpugnablemente la celebración de un nuevo juicio.

Pero, ¿qué ocurre cuando la prueba que el Estado falla en descubrir no puede clasificarse como exculpatoria, sino que meramente tenía el potencial de serlo? Esa es la con-troversia que nos ocupa en esta ocasión.

I

Los hechos de este caso están muy bien expuestos en la sentencia de la cual se recurre, por lo que pasamos a re-producirlos casi en su totalidad. El 9 de agosto de 2010, el Sr. Saúl García Batista trabajaba como cajero de la gasoli-nera JJG Service Station en Yauco. A eso de las diez de la noche, alegó el señor García Batista que mientras cuadraba la caja registradora, un individuo se le acercó y le compró una cajetilla de cigarrillos y una Coca Cola. A los pocos mi-nutos, la misma persona regresó armada con una pistola y le exigió que le entregara el dinero de la caja registradora y que no se moviera. Luego de un minuto o minuto y medio, el individuo alegadamente se marchó con más de dos mil dó-lares producto del asalto y abordó un vehículo Nissan Al-tima gris “charcoal” con tablilla HND115.

Mientras el individuo se marchaba en el vehículo, el se-ñor García Batista señaló que lo observaba a través del sis-tema de cámaras de seguridad. Acto seguido, el empleado abordó su vehículo, una guagua de 1987, y persiguió el Nissan Altima que, se alega, abordó el asaltante. Durante la marcha, el cajero impactó el Nissan Altima con su guagua por la parte trasera, por lo que el asaltante hizo cuatro dis-paros desde su ventana. Luego, el cajero perdió de vista el vehículo del asaltante mientras se alejaba en dirección ha-cia Sabana Grande; entonces desistió de la persecu-ción.

Posteriormente, la Policía de Puerto Rico identificó en el municipio de Yauco el Nissan Altima gris con tablilla HDN115 en el que presuntamente escapó el asaltante y que fue impactado por la parte trasera, según descrito la noche de los hechos por el señor García Batista. Acto seguido, se arrestó a su ocupante. Ocho días después de la noche de los hechos, en una rueda de detenidos el señor García Batista identificó al Sr. Ornar Vélez Bonilla (recurrido) como el asaltante. Ese mismo día, el Ministerio Público presentó tres denuncias contra el recurrido por el delito de robo y las otras dos por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Habiéndole encontrado causa probable para arresto y presentadas las denuncias en su contra, el 31 de agosto de 2010 el recurrido presentó una Moción Solicitando Orden, en la cual alegó la existencia de prueba exculpatoria con-sistente en videocintas del día de los hechos y solicitó el auxilio del tribunal para la presentación de esa evidencia. En la moción, el recurrido no argumentó en qué medida el vídeo requerido constituía prueba exculpatoria y mucho menos sobre cuál sería su importancia o alcance.

El 1 de septiembre siguiente se celebró la vista preliminar. De la resolución correspondiente surge que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) tomó conocimiento de la solicitud presentada por el recurrido. El Ministerio Pú-blico, por su parte, formuló su oposición a la solicitud, ale-gando, en síntesis, que el vídeo al cual se hacía referencia no contenía prueba exculpatoria, sino prueba que corrobo-raba la conexión del imputado con los delitos por los cuales se le denunció. Además, manifestó que no utilizaría ese vídeo durante la vista preliminar. En esa ocasión, el agente Ricardo Pontón Cruz (agente Pontón), testigo de cargo, in-formó que el vídeo en cuestión no fue grabado por la Policía de Puerto Rico, sino que se trataba de una grabación pro-ducto del sistema de seguridad de la gasolinera. Explicó que, como parte de la investigación, hizo una regrabación del vídeo en un dispositivo removible (USB), pero que no había podido reproducirlo en su oficina, por lo que no es-taba disponible para ser entregado al tribunal.

Luego de haber escuchado los alegatos de las partes, el TPI denegó la solicitud del recurrido. Fundamentó su de-terminación al destacar las particularidades de la vista preliminar al amparo de las Reglas 23 y 95 de Procedi-miento Criminal, 34 LPRAAp. II, a saber, que en la etapa de vista preliminar el Fiscal solo viene obligado a presen-tar aquella prueba que establezca un caso prima facie contra el acusado, que no existe el derecho a descubrimiento de prueba por parte del imputado, salvo las declaraciones juradas de los testigos que allí declararon y circunstancias especiales del debido proceso de ley. Además, expresó que le correspondía a la defensa poner al tribunal en condicio-nes de determinar si el vídeo en cuestión realmente era prueba exculpatoria.

Así el trámite, el 10 de septiembre de 2010, el Ministe-rio Público presentó las acusaciones correspondientes. Al día siguiente, el recurrido presentó la estilada Moción en Razón de Regla 95 de las de Procedimiento Criminal y el Debido Procedimiento de Ley. Como parte de los requeri-mientos, solicitó toda fotografía o vídeo que tenga en su poder el Ministerio Público o la Policía, tomada como re-sultado de o relacionada con el caso de epígrafe.

El 18 de octubre de 2010 se celebró una vista en la que se discutieron las mociones presentadas por las partes. En esta, el Ministerio Público informó que tenía el vídeo y que harían las gestiones necesarias para que se trajera el equipo para poder verlo, ya que no lo habían podido repro-ducir en la oficina.

El 29 de octubre de 2010, la defensa presentó una Mo-ción Informativa y Solicitando Remedios, en la cual reiteró que el Ministerio Público no le había entregado copia del vídeo de las cámaras de seguridad de la gasolinera, el cual calificó como esencial para la defensa del recurrido, y soli-citó el auxilio del tribunal para que le ordenara entre-gárselo. Nuevamente, en esa moción el recurrido no argu-mentó en qué medida el vídeo requerido constituía prueba esencial para su defensa y, mucho menos, sobre cuál sería su importancia o alcance.

Ese día, la defensa también presentó una Moción al Am-paro del Debido Proceso de Ley e Impugnando el Procedi-miento de Identificación. En ella resumió el testimonio del señor García Batista, y cuestionó el arresto y la posterior identificación del recurrido por parte de este. Sin embargo, nuevamente en esa moción el recurrido no mencionó el re-ferido vídeo, a pesar de que, según alegaba, su contenido constituía prueba exculpatoria.

El 12 de noviembre de 2010 la defensa presentó una Moción Informativa Urgente y Solicitando Remedios. En ella hizo constar la entrega de dos discos compactos (CD’s) por parte del Ministerio Público y las gestiones infructuo-sas para poder ver su contenido. En esa moción, el recu-rrido advirtió que desde la vista preliminar estuvo requi-riendo el auxilio del tribunal de instancia para examinar el vídeo del día de los hechos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, tampoco el recurrido argumentó en qué medida el requerido vídeo constituía prueba exculpatoria y, mucho menos, cuál sería su importancia o alcance.

Ese mismo día, el Ministerio Público presentó una Oposición a la Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley e Impugnando Procedimiento de Identificación. Alegó, en síntesis, que el criterio de que la validez de una identifica-ción sea a la luz de la totalidad de las circunstancias se cumplió en este caso, que el señor García Batista identificó al recurrido mediante rueda de detenidos y que dicho pro-cedimiento no fue sugestivo.

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2010 se celebró una vista en la cual la defensa indicó que no podía ver el vídeo según entregado por el Ministerio Público. En esa ocasión, el Fiscal se comprometió a verificar si en su propia compu-tadora se podía ver el contenido de los CD entregados a la defensa. Según la discusión de la vista, el tribunal ordenó nuevamente al Ministerio Público a hacer las gestiones ne-cesarias para reproducir el vídeo a la defensa.

El 10 de diciembre de 2010 se celebró otra vista, en la cual se volvió a atender el asunto del vídeo. En esta oca-sión, la defensa informó que ni siquiera el técnico de com-putadoras del tribunal pudo reproducir el vídeo, y que este era necesario para la vista de supresión de identificación.

El 20 de enero de 2011 la defensa presentó una Moción Urgente Solicitando Orden, e Informativa y sobre Otros Extremos. Sostuvo que, luego de innumerables gestiones e intentos fútiles, no habían logrado acceso al vídeo del día de los hechos. Argüyó que al no tener acceso a esa prueba, la cual calificó como exculpatoria, procedía la desestimación de los cargos contra el recurrido. En esa ocasión nuevamente el recurrido catalogó el vídeo de exculpatorio, pero no dio de-talle alguno en torno a su alcance o valor exculpatorio.

El 28 de enero de 2011 se celebró una vista y la defensa informó que, a pesar de todas las gestiones, aún no habían podido ver el contenido del vídeo. Por su parte, alegó que el vídeo era esencial para la defensa y que, de entender que era exculpatorio, solicitaría que el tribunal lo examinara. De la misma forma, informó que había acordado acudir con el agente Pontón a la gasolinera a intentar ver el vídeo desde el dispositivo “USB” del agente. El agente indicó que la cinta del establecimiento se había borrado, por lo que tenía que verificar si se podía ver desde la copia que había realizado.

El 2 de marzo de 2011, la defensa informó al tribunal sobre las gestiones realizadas hasta el momento y que estas habían sido infructuosas. El dueño de la gasolinera mani-festó que no podían ver el vídeo en el equipo del local porque había ocurrido otro asalto y entendía que se podía borrar el vídeo de este último incidente. Conscientes de que las cáma-ras de seguridad del local borraban a los treinta días, el tribunal citó al agente Pontón para que acudiera con su “USB” a la gasolinera para ver si se podía reproducir el ví-deo desde el dispositivo.

Según ordenado, el 23 de marzo de 2011, las partes acu-dieron al tribunal junto al agente Pontón y allí se les ordenó comparecer a la gasolinera ese mismo día para ver el vídeo desde el equipo del local. Al día siguiente, la defensa pre-sentó una Moción Incluyendo Documentos (Regla 95-A), en la que informó que no pudieron ver el vídeo en la gasolinera y que había acordado con el Fiscal para que este se llevara el “USB” al Instituto de Ciencias Forenses para que un es-pecialista intentara extraer el vídeo.

En la vista de supresión de identificación celebrada el 27 de abril de 2011, la defensa informó que llevaba solici-tando el vídeo desde la etapa de vista preliminar y que aún no había tenido oportunidad de verlo. Por otra parte, el Ministerio Público expresó que estaba imposibilitado de re-producir el vídeo y que estaba esperando por los resultados del Instituto de Ciencias Forenses.

En esa ocasión el tribunal determinó que la Moción de Supresión de Identificación no tiene nada que ver con el vídeo y que esta ni lo mencionaba. Por ello, entendió que no se debía postergar más la vista esperando por el vídeo. A su vez, el TPI ordenó que si se lograba reproducir el vídeo, la defensa tendría derecho a este. La defensa con-testó que el vídeo era necesario porque la intervención que se hace con su cliente estuvo basada en un número de ta-blilla que anotó un testigo, que intervino con la persona que estuvo conduciendo el vehículo. Alegó que la esencia de la supresión era si se veía o no a la persona, puesto que la situación fue muy rápida. Entonces, el TPI determinó que, en cuanto a la discusión sobre la supresión de identifica-ción, se presumiría que el vídeo no mostraba la tablilla del vehículo. Esto, haciendo la salvedad de que tal determina-ción podría variar una vez las partes le presentaran evi-dencia a estos efectos.

El 11 de mayo de 2011, la defensa presentó una Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley y Solicitando Deses-timación, en la que esbozó el derecho aplicable en torno a la prueba exculpatoria y reseñó jurisprudencia norteame-ricana en la cual se atiende una situación muy similar a la de autos.

Nuevamente, el 13 de mayo de 2011, la defensa presentó una Moción Informativa, solicitándole al tribunal de ins-tancia que tomara conocimiento de que en ese día habían comparecido a Fiscalía y le había hecho entrega de los dos CD que habían recibido por parte del fiscal, a los fines de que fueran examinados por el perito del Instituto de Cien-cias Forenses (ICF).

El 18 del mismo mes y año se celebró una vista para dilucidar el asunto del vídeo. En esta, el Ministerio Público informó que no tenía el vídeo solicitado, toda vez que el sis-tema de seguridad de la gasolinera tiene una duración de treinta días y, pasado ese tiempo, lo grabado en el vídeo no se retiene. Además, informó que la Sección de Evidencia Digital y Multimedios del ICF indicaba que no se podía recu-perar el vídeo del CD; que había un vídeo captado en el “pen drive” del agente Pontón, pero que, después de haberle he-cho una foto secuencia, ese vídeo correspondía a los hechos de otro caso. El TPI, por su parte, reconsideró las expresio-nes sobre la vista del 27 de abril de 2011 y mencionó juris-prudencia norteamericana que atiende la situación en la que una evidencia crítica para la defensa del acusado, que fue solicitada a tiempo, no se produzca por el Estado. Por ello, concedió un término de quince días al Ministerio Pú-blico para replicar a la Moción de Desestimación.

El 15 de junio de 2011, el Ministerio Público presentó su oposición a la segunda moción de desestimación. Alegó, en síntesis, que las imágenes de las cámaras de seguridad en cuestión nunca habían estado disponibles al Ministerio Pú-blico ni a la defensa, por lo que le llamó la atención que la defensa alegara que se trataba de prueba exculpatoria. Se-ñaló, además, que la centralidad de las imágenes de las cámaras de seguridad era mínima porque había un testigo presencial de los hechos y no debían ser penalizados con la desestimación del caso cuando había una imposibilidad fí-sica de producir las imágenes.

Así el trámite, el 27 de junio de 2011, el TPI celebró una vista para considerar la solicitud de supresión de identificación. Surge del acta de la vista que el tribunal de instancia acogió el planteamiento del recurrido, pues deter-minó que la no disponibilidad de los vídeos impidió a la de-fensa presentar su caso de una manera adecuada. El tribunal concluyó, además, que era esencial para cumplir con el requerimiento del debido proceso de ley el que los vídeos estuviesen disponibles para la defensa. En vista de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso. Ahora bien, surge del expediente que el foro primario fun-damentó su determinación en dos casos de la jurisprudencia federal. Así lo expresa el acta de la vista del 27 de junio de 2011, en la cual se señala lo siguiente:

Luego del Tribunal escuchar los argumentos tanto de la De-fensa como el Ministerio Público; y de acuerdo a lo que señala la Defensa en su Moción sobre la jurisprudencia en los casos del norte, People vs North Worth, Brady vs Maryland. Estos casos resuelven juicios en su fondo donde se ha informado que la no disponibilidad de cierta evidencia, en particular de cier-tos vídeos en poder de la Policía, ya sea por causa intencional o negligencia, se resuelve que si estos vídeos fueron materiales para que la Defensa pudiera presentar su cas [o] de forma ade-cuada, es una violación al debido proceso de ley.

Finalmente, el 27 de octubre de 2011, el TPI emitió su resolución por escrito, en la que concluyó lo siguiente:

El deber de preservar evidencia material es parte del deber de producirla. A pesar que en el caso de epígrafe el tribunal de-claró No Ha Lugar la producción de la videocinta para la etapa de la vista preliminar, dicho pedido en etapa de supre-sión de evidencia debe declararse Ha Lugar, pues la no dispo-nibilidad por causas atribuibles al estado de una videocinta que alegadamente capta los hechos que motivan los cargos de epígrafe niegan el debido proceso de ley del acusado.

Inconforme, el Ministerio Público presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que, en lo pertinente y en síntesis, planteó que había errado el foro de instancia al concluir que la cinta de vídeo contenía evi-dencia exculpatoria per se. No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso. En su sen-tencia, y después de hacer un extenso recuento de la doc-trina relacionada a la importancia del proceso de identifi-cación, el foro apelativo intermedio dispuso como sigue:

En el recurso ante nuestra consideración, el Ministerio Fiscal no descubrió al recurrido el vídeo de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Fundamentó su contención en la imposibili-dad física para descubrirlo. A la luz de lo anterior, el TPI des-estimó el caso contra el recurrido [...]
Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra con-sideración, y habiéndose confirmado la negligencia del Estado para preservar dicho vídeo, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no vemos motivo para interve-nir con la determinación del foro primario.

Ante la denegatoria del Tribunal de Apelaciones de expe-dir el recurso, el Ministerio Público recurrió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, el cual expedimos. Los errores planteados en el recurso son los siguientes:

1. Incidió el Tribunal de Apelaciones al inferir sin ninguna prueba que lo sustentara, que la cinta de vídeo tomada de la cámara del garaje “JJG Service” constituía prueba exculpa-toria.
2. Incidió el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedi-ción del recurso, a pesar de que no hubo prueba de mala fe o conducta impropia del Estado en el manejo de la cinta de vídeo.
3. Incidió el Tribunal de Apelaciones al soslayar la normativa vigente sobre la materia. En particular el caso de Arizona v. Youngblood, 488 US 51 (1988), que revocó el caso People v. Harmes, 560 P 2d 470, en el cual el Tribunal de Primera Instancia había fundamentado su decisión.

II

Como se ha dicho, en nuestra jurisdicción el derecho del acusado al descubrimiento de prueba se rige por lo dis-puesto en las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, específicamente las Reglas 94 y 95. Sin embargo, existen instancias en las cuales el derecho al descubrimiento de prueba tiene una base más amplia, cimentada en la cláusula del debido proceso de ley de nuestra Constitución.

A. El deber constitucional de descubrir la evidencia excul-patoria

En Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963), caso normativo citado por la ilustrada sala de instancia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que el Estado tiene la obligación de descubrir toda evidencia favorable que sea relevante a la inocencia o al castigo del acusado, independientemente de la buena o mala fe del Ministerio Público. En este caso se advierte que el incumplimiento por parte del Estado con relación a esta norma constituye una violación al debido proceso de ley consagrado en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución federal.

Ahora bien, como parte del deber de descubrir, el Estado está obligado a preservar y entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que conozca o que recopile du-rante o con posterioridad al proceso investigativo. En ese contexto, es menester recordar al Ministerio Público que, como bien se implica en la definición que estableciéramos en Pueblo v. Echevarría Rodríguez, supra, evidencia exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de producir la absolución del acusado. No se requiere tal potencial. Es más bien toda evidencia que lla-namente pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su materialidad o confiabilidad. Su confiabilidad —cuán creíble es— y su materialidad —cuánto aporta en favor del acusado— son un asunto que corresponde evaluar al foro de instancia.

Por otra parte, en Pueblo v. Hernández García, 102 DPR 506 (1974), adoptamos lo resuelto en Brady v. Maryland, supra, y establecimos que el Ministerio Público está obligado a descubrir cualquier tipo de evidencia que sea relevante a la inocencia o al castigo del acusado, independientemente de que la evidencia en cuestión cumpla o no con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal. Señalamos, entonces, que el incumplimiento con esta norma constituye una violación al debido proceso de ley constitucional.

Posteriormente, en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979), un caso en el que la defensa solicitaba unos informes que no se encontraban en posesión del Ministerio Público, “nos adherimos a la doctrina de Brady v. Maryland, ante y de United States v. Agurs, 427 US 97 (1976), al puntualizar que ‘es responsabilidad del Estado en su obligación de proveer un juicio justo bajo la cláusula de debido proceso de ley, y aun sin mediar solicitud de la defensa, revelar cualquier evidencia exonerante en su poder o vicios de falsedad en su prueba que de permanecer ocultos e ignorados sofocarían la verdad en la sala de justicia’ (Énfasis suprimido).

B. Evidencia potencialmente exculpatoria

Ya hemos mencionado que prueba exculpatoria es, en síntesis, toda aquella que resulta favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo. De forma que si la evidencia en cuestión, por la razón que sea, no alcanza esas características, no califica como prueba exculpatoria. Por otro lado, existen circunstancias en las que no es posible determinar la calificación de evidencia pertinente que el Estado no preservó. En otras palabras, situaciones en las que no es viable discernir si la evidencia pertinente recolectada por el Estado en la etapa investigativa y que ya no existe, obraba a favor o en contra del acusado. Tal tipo de evidencia se denomina evidencia potencialmente exculpatoria. En el caso normativo Arizona v. Youngblood, 488 US 51 (1988) (Youngblood), el Tribunal Supremo federal estableció el parámetro mínimo con relación a un reclamo de debido proceso de ley, ante la pérdida de evidencia “potencialmente exculpatoria”.

En Arizona v. Youngblood, supra, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a la situación de un niño de diez años que fue brutalmente sodomizado. El día de los hechos y conforme al protocolo establecido, al menor se le tomó una muestra de material genético de su ano, para someterla al correspondiente examen de ADN. Además, se incautaron varias piezas de ropa del niño, aunque en ese momento no se les sometió a pruebas ni se preservaron con la diligencia debida. El problema surgió cuando el material genético to-mado el día de los hechos en el cuerpo del menor no fue suficiente para poder realizar las pruebas de ADN. Enton-ces, el Estado intentó utilizar el material genético que se encontraba en la ropa incautada, encontrando que por su negligencia —al no refrigerarla— se habían estropeado las muestras y era imposible recuperarlas.

Ante esta situación, el acusado Youngblood planteó que el Estado había violado su debido proceso de ley al ser negligente y no preservar la evidencia que podría favorecerle en su defensa. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal no aceptó tal planteamiento. Ciertamente la Corte se encontraba ante una gran incertidumbre: de las piezas de ropa del niño haber sido preservadas diligentemente y habérsele realizado las pruebas de ADN, estas hubieran mostrado la identidad de la persona que había sodomizado al menor. De manera que en realidad esta evidencia podía exonerar al acusado, pero de igual manera podía inculparlo. Por eso, el Alto Foro federal determinó que las piezas de ropa no eran evidencia exculpatoria, sino potencialmente exculpatoria. Ante tal circunstancia, el Tribunal determinó que, a menos que el acusado pudiera demostrar que el Estado actuó de mala fe, el no preservar evidencia potencialmente exculpatoria no constituye una violación al debido proceso de ley. Como el acusado Youngblood no probó que las muestras se estropearon por la mala fe del Estado, el Tribunal concluyó que no se le había violado su derecho a un debido proceso de ley.

Situaciones como las de Youngblood, el propio Tribunal Supremo federal las había adelantado en California v. Trombetta, 467 US 479, 486 (1984), al señalar que “cada vez que evidencia potencialmente exculpatoria se pierde perma-nentemente, los tribunales enfrentan la traicionera tarea de adivinar la importancia de materiales cuyo contenido es desconocido y, muy frecuentemente, disputado”. (Traducción nuestra). Por otro lado, notemos que como habíamos men-cionado, en Brady v. Maryland, supra, el Tribunal Supremo federal determinó que era irrelevante la buena o mala fe del Estado en la determinación de una violación del debido proceso de ley por no descubrir evidencia, cuando esta fuera evidencia exculpatoria. No obstante, en Youngblood, el parámetro no es el mismo por tratarse de evidencia no preservada a la cual no se le ha podido deter-minar valor exculpatorio, si alguno. Así que nos encontra-mos ante mera evidencia potencialmente exculpatoria.

Ahora bien, en Youngblood, el Tribunal Supremo federal no definió lo que constituía “mala fe” en el contexto de evi-dencia potencialmente exculpatoria. Aquellas jurisdiccio-nes en las cuales la norma de Youngblood se ha adoptado han sido las que se han visto forzadas a definir el concepto. En general, en esas jurisdicciones se ha definido “mala fe” como la actuación intencional o el esfuerzo consciente de un agente o funcionario del Estado de desaparecer la eviden-cia, buscando afectar así el resultado del proceso criminal.

El requisito de mala fe establecido en Youngblood ha recibido fuertes críticas, principalmente porque puede pro-ducir resultados no deseados. Esto, pues en muchos ca-sos resulta prácticamente imposible que en términos rea-les un acusado pueda demostrar la mala fe del Estado sin conocer la razón que provocó la inaccesibilidad de la evi-dencia potencialmente exculpatoria. Una búsqueda de los casos en los que se ha tratado de probar la mala fe del Estado demuestra que en solo 7 de 1,675 se ha tenido éxito.

Claro está, con relación al requisito de mala fe establecido en Youngblood es importante señalar que este es el mínimo que cada estado o territorio está obligado a reconocerle a un acusado. De manera que si el acusado logra probar que en la no preservación de evidencia potencialmente exculpatoria el Estado actuó con mala fe, procedería sin más su absolución.

III

Para poder determinar cuál será la norma que se ha de seguir en el supuesto de prueba potencialmente exculpato-ria, es menester repasar primeramente cuáles han sido los parámetros que hemos determinado en casos de evidencia exculpatoria. Solo así podemos establecer los parámetros coherentes con relación a una evidencia que por no ser ex-culpatoria exige un requerimiento mayor al acusado.

A. Materialidad de la prueba

En Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, y fundamentándonos en United States v. Agurs, supra, introdujimos por primera vez el elemento de materialidad de la prueba a descubrirse, al disponer que

[e]l concepto de materialidad, y la obligación del fiscal de re-velar ante la solicitud de la defensa, han de ser consubstan-ciales con el eminente interés en asegurar que toda evidencia significativa que tienda a establecer inocencia sea presentada al juzgador de los hechos.

Por otro lado, en Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003), aclaramos el concepto materialidad requerido en casos de evidencia exculpatoria al señalar, basándonos en Kyles v. Whitley, 514 US 419, 434 (1995), y United States v. Bagley, 473 US 667, 678 (1985), que:

[...] el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpato-ria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal des-cubrimiento en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. Ello de-penderá de la relevancia y materialidad de la evidencia supri-mida; esto es, si la supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en el resultado del juicio. Esto deberá ser analizado a base de un estándar de "probabilidad razonable”. (Énfasis suplido y en el original).

Como surge de nuestra jurisprudencia, en instancias en las que hemos evaluado la alegada violación al debido pro-ceso de ley por incumplimiento del Estado en descubrir evidencia claramente exculpatoria, hemos sido consisten-tes en exigir que el acusado no solo demuestre que la evi-dencia le era favorable, sino que era constitucionalmente material para su defensa. Esto, analizado a base de un estándar de probabilidad razonable. Siendo así, es claro que ese requisito de materialidad no podría ser sino el mí-nimo exigido en instancias como las del caso de autos.

B. Negligencia del Estado como requisito en la alternativa

Por otro lado, limitar las posibilidades del acusado úni-camente a la regla de Youngblood, o sea, a que tenga que probar la mala fe del Estado, lo entendemos cuanto menos utópico, por la dificultad —sino imposibilidad— que esto representa. Además, es injusto, pues no debemos subesti-mar el hecho de que, como finalmente ocurrió con el propio señor Youngblood, tal prueba, de haber sido debidamente preservada, tenía el potencial de favorecer o incluso exone-rar al acusado.

Considerando lo anterior, en circunstancias en las que la evidencia no preservada por el Estado sea potencialmente exculpatoria, entendemos más justo y pragmático añadir un requisito en la alternativa al de mala fe del Estado; este es, negligencia. En este contexto, definimos “negligencia” como aquella circunstancia en la que el Estado haya fallado en ejercer el cuidado que una persona común ejercería.

C. Análisis a seguir en el caso de evidencia no preservada

En el caso de un reclamo de violación al debido proceso de ley por evidencia que no está disponible por no haber sido debidamente cuidada o preservada, el TPI deberá considerar los siguientes tres factores, en orden de prelación: (1) determinar que la evidencia no está disponible por una acción u omisión del Estado; (2) determinar que la evidencia constituía evidencia pertinente conforme se define en la Regla 401 de Evidencia de Puerto Rico, y (3) determinar que, según la teoría de la defensa, de estar disponible esta evidencia obraría a favor del acusado. Ahora bien, debemos recordar que “evidencia potencialmente exculpatoria” no es evidencia exculpatoria que no está disponible. Como ya hemos señalado, “evidencia potencialmente exculpatoria” es aquel tipo de prueba que no está disponible y de la cual no podemos determinar a ciencia cierta si hubiera obrado a favor o en contra del acusado. Sin embargo, para que el acusado pueda cumplir con este tercer parámetro, tiene que poner al tribunal en posición de determinar, partiendo del supuesto de que hubiera sido exculpatoria, cómo esta prueba pudo haberle ayudado.

Además, en cuanto a este tercer factor propuesto y con-forme al estándar de probabilidad razonable, evidencia “potencialmente exculpatoria” no significa aquella que hu-biera producido la absolución del acusado, sino que hu-biera sido suficiente como para minar o socavar la con-fianza en el resultado. Esta es una evidencia que de haberse presentado a posteriori hubiera llevado a pensar a una persona prudente y razonable que el fallo o veredicto, aunque podría sostenerse, “ya no es tan confiable”.

D. Análisis en caso de evidencia “potencialmente exculpa-toria”

En los casos en los que el acusado plantee una violación al debido proceso de ley por la pérdida o destrucción de prueba potencialmente exculpatoria, el Ministerio Público debe exponer la razón de las circunstancias que lo llevaron a perder o destruir la evidencia en controversia. El acusado, a su vez, podrá presentar la evidencia que entienda pertinente y necesaria al asunto. De lo presentado, el tribunal determinará si las actuaciones del Estado son constitutivas de mala fe o negligencia.

En los casos en que el tribunal encuentre que las actua-ciones del Estado son constitutivas de mala fe, conforme he-mos definido en esta opinión, procedería la desestimación. Mientras que en los casos en que el tribunal entienda que el Estado fue negligente, aplicará una presunción a favor del acusado, según se establece en la Regla 301(c) de Evidencia. Por su parte, cuando el Ministerio Público pruebe que sus acciones no se deben a la negligencia o mala fe, entonces el TPI determinará que no ha habido violación al debido pro-ceso de ley.

IV

Pasemos, entonces, a resolver la controversia ante nues-tra consideración. Según los hechos del caso, nos encontra-mos ante una aparente violación de la cláusula de debido proceso de ley, por el no descubrimiento por parte del Es-tado de evidencia no disponible; esto, por no haber sido debidamente cuidada o preservada. Siendo así, y conforme a los parámetros establecidos previamente, el primer paso es determinar si la evidencia se encontraba bajo la custo-dia y el control del Estado, y si bajo según ese control se echó a perder, se destruyó o desapareció. No existe duda en cuanto a que el vídeo en cuestión, aunque no fue grabado por la Policía, una vez incautado estuvo en todo momento bajo el control del agente Pontón, de la División de Robos, y que fue él quien regrabó otro material sobre la última copia viable que existía.

Con relación al segundo parámetro a determinar, tam-poco existe duda en torno a que el vídeo hubiera consti-tuido evidencia pertinente al caso. Como menciona el foro de instancia en su resolución, el vídeo constituía “una gra-bación tomada por las cámaras de seguridad del garaje JJG Service Station que grabaron visuales de lo ocurrido”. Es claro que ese vídeo constituía evidencia que hubiera cumplido con los parámetros de la Regla 401 de Evidencia, supra.

El tercer punto que se ha de considerar es si la evidencia no disponible tiene el potencial, según la teoría de la defensa, de favorecer al acusado. En el presente caso, aunque desde antes de la celebración de la vista preliminar el acusado estuvo reclamando que se le entregara el vídeo por ser “exculpatorio”, lo cierto es que en aquel entonces no lo fundamentó, así como tampoco en sus múltiples mociones. No obstante, de las actas de las vistas argumentativas se desprende que la defensa fundamentó su solicitud del vídeo con el argumento de que sería para impugnar el testimonio del señor García Batista. Esto, ya que la identifica-ción de su cliente se basaba en el testimonio del señor Gar-cía Batista. La defensa específicamente buscaba impugnar la interacción del testigo con el acusado y si este tuvo la oportunidad de observar la tablilla del vehículo. A estos efectos, en la Minuta de la vista de supresión de identificación de 27 de abril de 2011, la defensa argumentó que solicitó el vídeo porque la intervención que se hizo con su cliente estaba basada en el número de tablilla que un testigo anotó el día de los hechos. Nueve días después, la Policía intervino con el conductor del vehículo correspondiente a la tablilla anotada. La defensa adujo que la esencia de solicitar la supresión era precisamente suprimir la identidad, ya que el vídeo no estaba disponible para corroborar si el testigo tuvo la oportunidad de anotar la tablilla por la brevedad de los hechos.

A los fines de atender la situación anterior, el TPI hizo constar que el vídeo no mostraba la tablilla del vehículo. La defensa expresó que le preocupaba que se sustituyese el vídeo por el testimonio de una persona que declararía que vio el auto, lo describa, ve la tablilla, la memoriza o la escribe y les brinda esa información a los agentes. Ahora bien, el tribunal determinó que puede que todo eso no esté en el vídeo pero sí el haber hecho la gestión de anotar la tablilla.

Una vez satisfechos los requerimientos anteriores, para que el acusado pueda demostrar una violación al debido proceso de ley ante evidencia potencialmente exculpatoria, tiene que probar que el Estado obró de mala fe o, en su defecto, que actuó con negligencia. Por ello, toda vez que el TPI no celebró vista a estos fines y desestimó el caso, pro-cede revocar los tribunales inferiores y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procesos correspon-dientes conforme lo aquí resuelto.

V

Por todo lo anterior, se revocan las determinaciones de los foros “a quo” y se devuelve el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señoras Rodríguez Rodríguez y Pabón Charneco concurrieron con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

        California v. Trombetta, 467 US 479, 486 (1984).

        Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 247 (1979). Véase Pueblo v. Delgado López, 106 DPR 441 (1977).

        United States v. Bagley, 473 US 667 (1985); Giglo v. United State, 405 US 150 (1977).

        Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520 (2003); Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 77 (1995); Pueblo v. Hernández García, 102 DPR 506 (1974).

       Art. 198 del Código Penal de Puerto Rico de 2004 (33 LPRA sec. 4826).

       Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 404-2000 (25 LPRA secs. 458c y 458n).

       Según expresó el foro primario en su Resolución de 1 de septiembre de 2010, “[e]n el caso que nos ocupa, la defensa se limitó a exponer que el Ministerio Público debió entregarle el vídeo en su poder porque el mismo poseía prueba exculpatoria; sin embargo, no argumentó en qué medida este vídeo constituía prueba exculpatoria, así como tampoco sobre la importancia y el alcance de lo que podía evidenciar el vídeo. La defensa no ha demostrado con especificidad su argumento sobre la prueba exculpatoria. Una simple alegación general no rebate las exigencias procesales en la etapa de vista preliminar, ni puede escaparse de la limitación establecida en las Reglas de Procedimiento Criminal y su jurisprudencia interpretativa”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 34.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 23.

       Íd., pág. 28.

       Íd., págs. 152-153.

       34 LPRA Ap. II.

        Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 534; Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 511. En la jurisdicción federal, véanse: United States v. Agurs, 427 US 97 (1976); Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963).

        Pueblo v. Arzuaga, supra; California v. Trombetta, supra.

        Pueblo v. Arzuaga, supra, págs. 536-537.

        therefore hold that unless a criminal defendant can show bad faith on the part of the police, failure to preserve potentially useful evidence does not constitute a denial of due process of law”. (Enfasis suplido). Arizona v. Youngblood, 488 US 51, 58 (1988).

        State v. Kohel, 320 Wis.2d 705 (2009); State v. McGill, 324 NW2d 378 (1982).

       N. Bay, Old Blood, Bad Blood, and “Youngblood”: Due Process, Lost Evidence, and the Limits of Bad Faith, 86 Wash. U.L. Rev. 241 (2008); E. Bawden, Here Today, Gone TomorrowThree Common Mistakes Courts Make When Police Lose Or Destroy Evidence With Apparent Exculpatory Value, 48 Clev. St. L. Rev. 335 (2000); M. Lembke, The Role of Police Culpability in Leon and Youngblood, 76 Va. L. Rev. 1213 (1990).

       Chen, The Youngblood Success Stories: Overcoming The “Bad Faith” Destruction of Evidence, 109 W. Va.L. Rev. 421 (2004).

        Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 247.

       Bay, supra.

        Black’s Law Dictionary, 7ma ed., Minnesota, Ed. Thomson West, 1999, pág. 1057.

       32 LPRA Ap. VI.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 24.

       La Regla 401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, dispone:

        “Regla 401. Definición de evidencia pertinente

      “Evidencia pertinente es aquélla que tiende a hacer la existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o declarante”.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 121.

       Íd.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Roberto Pérez Rivera, Lissette María Rivera Guzmán y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Hon. Carmen E. Ávila Vargas, Registradora de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrida.

      Número: RG-2013-0006

      Resuelto: 30 de octubre de 2013

      Juan H. Soto Sold del Bufete Juan H. Soto Sold, abogado de la parte peticionaria; Carmen E. Ávila Vargas, registra-dora de la propiedad, Sección Segunda de San Juan.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

I

Hoy reafirmamos una característica fundamental de nuestro ordenamiento registral inmobiliario: la facultad li-mitada de un Registrador de la Propiedad al momento de calificar. Específicamente, resolvemos que un registrador no puede revisar la razonabilidad y la validez de unas con-diciones restrictivas inscritas previamente en el Registro de la Propiedad. Veamos.

II

El 18 de julio de 2008 los esposos Roberto Pérez Rivera y Lissette María Rivera Guzmán (los peticionarios) otorga-ron una escritura titulada Escritura Matriz sobre Conver-sión al Régimen de Propiedad Horizontal del Condominio Padín 170. Mediante esta escritura, los peticionarios pretendían someter al régimen de propiedad horizontal la Finca Núm. 1,564 (Finca #1,564). Dicho solar forma parte de la Urbanización Huyke en San Juan.

La mencionada escritura fue presentada el 22 de diciembre de 2009 ante la Sección II del Registro de la Pro-piedad de San Juan. El 6 de diciembre de 2012 la Regis-tradora de la Propiedad, Hon. Carmen E. Avila Vargas (la Registradora), notificó una serie de faltas que impedían que se constituyera el régimen de propiedad horizontal. En lo aquí pertinente, señaló que la Finca #1,564 está sujeta a ciertas condiciones restrictivas que requieren que toda edi-ficación que allí se construya sea para albergar no más de dos familias, entendiéndose que la edificación debe ser de dos plantas, cada una habitada por una familia distinta. La Registradora concluyó que tales condiciones restrictivas creaban un impedimento para la constitución del régimen de propiedad horizontal ya que, según la escritura sujeta a calificación, el inmueble en controversia está compuesto por tres apartamentos residenciales, dos de los cuales se encuentran en la segunda planta.

En desacuerdo, el 26 de diciembre de 2012 los peticio-narios presentaron un escrito de recalificación. La Regis-tradora, el 26 de abril de 2013, denegó nuevamente la ins-cripción utilizando como justificación las mismas faltas notificadas inicialmente y extendió una anotación preven-tiva de denegatoria. Inconforme, el 14 de mayo de 2013 los peticionarios presentaron ante nos el presente recurso gubernativo.

En esencia, los peticionarios alegaron que las condicio-nes restrictivas sobre la Finca #1,564 se relacionan al uso residencial del terreno, y no a la intensidad de dicho uso. Por lo tanto, debido a que cada uno de los tres apartamen-tos del inmueble se ha destinado para uso estrictamente residencial, los peticionarios razonaron que no se ha va-riado la naturaleza del uso permitido por las condiciones restrictivas ni el propósito del urbanizados Sostuvieron, además, que la interpretación de las condiciones restricti-vas que realizó la Registradora limitaba injustificada-mente su derecho propietario. Señalaron que el aumento poblacional en la zona urbana de San Juan no justifica la permanencia de amplias residencias familiares en el cen-tro de dicho municipio. Por consiguiente, aducen que lo que proponen no es una desviación de las condiciones restricti-vas establecidas hace siete décadas, sino una atemperación a las necesidades de desarrollo actuales.

Por otro lado, los peticionarios sostuvieron que el pro-ceso de calificación no se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA see. 2001 et seq. (Ley Hipotecaria). Específicamente, aducen que la Regis-tradora no cumplió con el Art. 71 de esa ley, 30 LPRA see. 2274 (Art. 71 de la Ley Hipotecaria), el cual establece un término de 30 días para extender una anotación preven-tiva de denegatoria si, luego de recibida la solicitud de re-calificación, el registrador decidiera mantener su califica-ción original. En el caso de autos, los peticionarios señalan que la anotación preventiva se extendió unos cinco meses luego de presentada su solicitud de recalificación.

La Registradora sometió su alegato ante nos el 31 de mayo de 2013. Contando con el beneficio de la comparecen-cia de ambas partes, procedemos a resolver.

III

“La calificación [registral] es piedra angular del principio de legalidad [...]”. Distribuidora Gas PR v. Registradora, 188 DPR 351, 361 (2013). Como parte de este principio fundamental de nuestro ordenamiento registral, los registradores de la propiedad tienen la obligación de verificar que todo documento presentado ante el Registro de la Propiedad sea válido y perfecto. Íd.; R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241 (2002). De esta manera, se permite que sólo tengan acceso al Registro los títulos que cumplan con las exigencias legales aplicables. Rigores v. Registrador, 165 DPR 710 (2005).

Para desempeñar esta función calificadora, el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2267 (Art. 64 de la Ley Hipotecaria), dispone que los registradores únicamente podrán revisar los documentos que se presenten ante el Registro, los asientos regístrales vigentes y las leyes. Bechara Fagundo v. Registradora, 183 DPR 610 (2011). Dicho de otra manera, el registrador no puede fundamentar su determinación en lo que no conste en los títulos presentados y en el contenido del Registro. Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373 (1993); L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Eds., 2012, pág. 279. Además, le está prohibido descansar en suposiciones o in-terpretaciones al evaluar los documentos presentados ante el Registro. Bechara Fagundo v. Registradora, supra; Cabassa v. Registrador, 116 DPR 861 (1986).

El Art. 64 de la Ley Hipotecaria también establece que los registradores carecen de la facultad para evaluar la validez de las calificaciones efectuadas y de los asientos extendidos anteriormente por otros registradores o por ellos mismos. Basándose en el principio de legitimación, dicha disposición decreta que tales asientos extendidos, así como los actos inscritos, gozan de una presunción de validez y deben ser respetados por el registrador hasta tanto los tribunales declaren su nulidad. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538 (1991); Rivera Rivera, op. cit. Es decir, el registrador tiene una obligación de atenerse al estado de derecho creado por las inscripciones anteriores. Cabassa v. Registrador, supra. El que alegue la nulidad de un acto o contrato inscrito en el Registro tiene que acudir ante un foro judicial para que éste determine su validez, ya que el estado de derecho creado por las inscripciones anteriores sólo puede ser alterado por una orden judicial. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640 (2008).

Hemos resuelto, además, que en nuestro sistema registral inmobiliario los registradores no están facultados para realizar tareas propias de jueces, Cabassa v. Registrador, supra, ni para declarar la existencia de un derecho dudoso entre partes. Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652 (2001). En fin, las funciones de los registradores están limitadas únicamente a determinar si un documento es inscribible o no. íd. Lo anterior se infiere claramente del Art. 67 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2270, el cual dispone que “[l]a calificación hecha por el registrador de los documentos presentados será a los únicos efectos de extender o denegar la inscripción, anotación, nota o cancelación solicitada [...]”.

Como mencionamos anteriormente, la Ley Hipotecaria especifica que al momento de calificar los registradores pueden utilizar el propio Registro. Así pues, el registrador debe acudir a los asientos vigentes para realizar una comprobación de datos, tales como la identidad de la finca y la búsqueda de cargas y gravámenes. Rigores v. Registrador, supra. Esto tiene el propósito de identificar aquellas faltas que surgen del Registro y que impiden la registration del título presentado. Rivera Rivera, op. cit., pág. 280. Una de las faltas que surge del propio Registro, y por la cual el registrador está autorizado a denegar la inscripción de un título, es “la existencia de condiciones restrictivas que impiden el acto o contrato que se pretende inscribir”. (Cita omitida). Rigores v. Registrador, supra, pág. 728.

Las condiciones restrictivas se constituyen unilateralmente por el urbanizador como parte de las servidumbres en equidad y sirven para limitar las facultades de los futuros adquirentes con respecto al uso destinado y las edificaciones permisibles dentro de la finca gravada. Rodríguez et al. v. Gómez et al., 156 DPR 307 (2002). Para asegurar su validez y eficacia, las servidumbres en equidad tienen que establecerse como parte de un plan general de mejoras, constar de forma específica en el título de la propiedad y ser inscritas en el Registro. Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374 (2003). Una vez se cumple con estos requisitos, las servidumbres forman derechos reales oponibles erga omnes. Rodríguez et al. v. Gómez et al., supra.

El Registro es público para quienes tengan interés en conocer sobre el estado jurídico de los inmuebles y derechos reales inscritos. Por lo tanto, el mismo sirve como el notificador por excelencia a terceras personas sobre la existencia de condiciones restrictivas. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521 (2002). Dado el principio de publicidad registral, se considera que el Registro le “otorga pleno conocimiento al que adquiere un terreno que está sujeto a la servidumbre en equidad ó restricción”. Id., pág. 536. Tales adquirientes tienen el deber de cumplir con las condiciones restrictivas impuestas por la servidumbre, por lo que no se les debe permitir cualquier conducta o actuación prohibida por éstas. Íd.; Rodríguez et al. v. Gómez et al., supra.

Si un titular entiende que las condiciones restrictivas a las cuales está sujeto su solar deben ser modificadas, o que ya las mismas están extintas, debe solicitar una sentencia declaratoria ante un tribunal. Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 (1986). Véase también Sabater v. Corp. Des. Eco. del Pastillo, Inc., 140 DPR 497 (1996) (Sentencia). Específicamente, hemos señalado que el recurso de sentencia declaratoria sirve para obviar la inseguridad y los peligros que surgen por el desconocimiento de la vigencia de las servidumbres. Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra. Resolvimos en aquel entonces que de existir controversias entre una construcción propuesta y las restricciones a las cuales está sujeto un solar, es responsabilidad del propietario utilizar la sentencia declaratoria antes de proceder con cualquier obra. De no acudir al tribunal, los propietarios asumen los riesgos de cualquier actuación en contravención de las condiciones restrictivas, así como de los daños producto de sus acciones. íd. Véase Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra.

IV

En su alegato ante nos, la Registradora sostiene que debemos confirmar su calificación inicial, ya que existen condiciones restrictivas a las cuales está sujeta la propie-dad de los peticionarios que impiden el acto que se pre-tende inscribir. Argumenta, además, que queda al margen de su competencia como registradora determinar la razo-nabilidad de las condiciones restrictivas. Esto, según ella, le compete únicamente a los tribunales. Le asiste la razón.

En primer lugar, es importante notar que en el caso de autos no hay controversia sobre el hecho de que la Finca #1,564 está sujeta a una servidumbre en equidad válida-mente inscrita en el Registro. Tampoco está en controver-sia que en la segunda planta del inmueble que se pretende someter al régimen de propiedad horizontal se construye-ron dos apartamentos para albergar dos familias distintas, algo que está claramente prohibido por las condiciones res-trictivas que afectan la mencionada finca. Por constar inscritas, dichas limitaciones gozan del principio de publi-cidad registral, por lo que se otorga pleno conocimiento de las mismas a los peticionarios. Véase Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra. Consecuentemente, ellos tenían el deber de respetarlas. Al denegar la calificación solici-tada, la Registradora se percató oportunamente de que los peticionarios incumplieron con tales restricciones.

La Registradora tiene la potestad y el deber de auscul-tar en el Registro si existen obstáculos que impiden que se someta el inmueble al régimen de propiedad horizontal. No hay duda de que la existencia de las restricciones que pro-híben que haya más de un apartamento por piso es una de las razones por la cual la Registradora podía válidamente denegar la inscripción del título. Véase Rigores v. Registra- dor, supra. Contrario a lo argumentado por los peticiona-rios, el hecho de que los apartamentos en controversia con-tinuasen teniendo un uso residencial no significa que no se estén violando las condiciones restrictivas impuestas por la servidumbre de equidad.

En su Escrito de Recalificación, así como en su recurso gubernativo ante nos, los peticionarios arguyen que la Re-gistradora erró al denegar la inscripción, ya que el aumento poblacional en San Juan no justifica la permanencia de re-sidencias amplias en dicho municipio y las restricciones alu-didas vulneran su derecho propietario. No obstante, como bien indica la Registradora, al momento de calificar los re-gistradores sólo pueden tomar en consideración los docu-mentos presentados ante el Registro y los asientos extendi-dos previamente. Véanse: Art. 64 de la Ley Hipotecaria; Bechara Fagundo v. Registradora, supra. Los argumentos que proponen los peticionarios están sujetos a la evaluación de factores extraregistrales, los cuales no constaban en los documentos presentados ante el Registro. Por esta razón, la Registradora acertadamente rechazó adentrarse en los argumentos interpuestos por los peticionarios.

Asimismo, y más fundamental aún, la Registradora ca-recía de la competencia para pasar juicio sobre la razona-bilidad de las condiciones restrictivas. En primer lugar, no estaba facultada para evaluar su validez, ya que las mis-mas fueron inscritas anteriormente por otro registrador. Por consiguiente, la Registradora tenía el deber de ate-nerse al estado de derecho creado por las condiciones res-trictivas, las cuales se presumen válidas. Véanse: Art. 64 de la Ley Hipotecaria; Cabassa v. Registrador, supra.

Además, los registradores gozan únicamente de la facul-tad para extender o denegar la inscripción solicitada, no para determinar si las condiciones restrictivas debían ser modificadas o extinguidas. Lo último es una controversia puramente extraregistral, la cual queda fuera de su competencia. Acorde con lo anterior, la Registradora ejerció sus facultades calificativas correctamente al respetar las restricciones impuestas por la servidumbre en equidad y denegar la inscripción solicitada.

Por otro lado, en situaciones como la de autos, donde las partes solicitan que se le reconozcan derechos que no cons-tan en el Registro, los registradores no pueden servir como jueces. Véase Cabassa v. Registrador, supra. Es amplia-mente conocido que el único facultado para adjudicar dere-chos dudosos es el tribunal. Consecuentemente, si los peti-cionarios entendían que las condiciones restrictivas debían ser modificadas o extinguidas debido a cambios en el vecin-dario, o que las mismas ya no eran razonables, les corres-pondía haber empleado el recurso de sentencia declaratoria. Véase Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra. Tal procedimiento les hubiese permitido esclarecer cuáles eran las limitaciones existentes y si éstas continuaban vigentes a pesar de los cambios que, según ellos, podían ocasionar su modificación o extinción. Al obviar este mecanismo, los peti-cionarios escogieron el vehículo procesal inadecuado.

Finalmente, debemos señalar que los peticionarios tie-nen la razón al sostener que el proceso de recalificación no se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento señalado en el Art. 71 de la Ley Hipotecaria debido a que la Registra-dora, luego de recibida la solicitud de recalificación, se tardó más de cinco meses en extender la anotación preven-tiva de denegatoria. Sin embargo, esta demora no produjo efecto alguno en el documento presentado para calificación. Anteriormente hemos expresado que el tér-mino de 30 días establecido por el Art. 71 de la Ley Hipo-tecaria es de carácter directivo, no fatal. Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 DPR 675, 683 esc. 5 (1982). Ahora bien, aunque este término es sólo directivo, los registrado-res todavía tienen una obligación de hacer un esfuerzo para cumplir con él. El Art. 66.3 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, según enmendado, Reglamento Núm. 2674, Departamento de Estado, 9 de julio de 1980, pág. 29, establece un procedimiento de queja ante el registrador en cuestión y, en caso de ser necesario, ante el Director Admi-nistrativo del Registro de la Propiedad. De modo que, si los peticionarios entendían que no existía una causa justifi-cada para la demora, pudieron haber presentado su re-clamo directamente ante la Registradora.

Por todo lo anterior, resolvemos que la Registradora ac-tuó correctamente al denegar la inscripción solicitada ya que, debido a sus facultades limitadas al momento de cali-ficar, estaba vedada de revisar la razonabilidad y la vigen-cia de unas condiciones restrictivas inscritas en el Registro como parte de una servidumbre en equidad. Esta determi-nación le compete únicamente a los tribunales mediante un recurso de sentencia declaratoria.

V

Por los fundamentos expuestos anteriormente, procede-mos a confirmar la recalificación recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Finca Núm. 1,564 está inscrita al folio 32 del tomo 197 de Río Piedras Norte. Fue segregada originalmente de la Finca Núm. 27, inscrita al folio 119 del tomo 146 de Río Piedras Norte y está compuesta por el solar núm. 32 de la manzana “B” de la Urbanización Huyke.

       La Registradora también notó la presencia de otras faltas que deben ser atendidas luego de que sea subsanado el primer impedimento señalado, específica-mente, la ausencia de varios documentos requeridos para inscribir una escritura pública sobre propiedad horizontal en el Registro de la Propiedad. Véase Art. 22 de la Ley Núm. 104 de 25 junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de la Propiedad Horizontal, 31 LPRA sec. 1292. Debido a que en esta ocasión sólo nos pronunciaremos sobre el efecto de las condiciones restrictivas según aludido en los señalamientos consignados por la Registradora, no discutiremos las faltas adicionales.

       El Art. 68 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 LPRAsec. 2271, establece específicamente que serán faltas que impiden la registraeión del título presentado “H]as que se originen de obstáculos del Registro [...]".

       La servidumbre, según consta en la Escritura Núm. 65 otorgada el 9 de septiembre de 1946 y debidamente inscrita en el Registro, en lo pertinente dispone:
      “1. La edificación que se levante en cada uno de los solares será dedicada única y exclusivamente para fines de residencia y no más de dos familias, entendiéndose que cuando una edificación se construya para albergar dos familias, ésta será de dos plantas cada una de las cuales albergará una familia distinta”. Apéndice del Alegato de la Registradora, pág. 81.


author: per curiam:

text:
      In re Hon. Roberto L. García Vega, Juez Superior Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, querellado.

      Número: AD-2011-3

      Resuelto: 1 de noviembre de 2013

      Cristina Guerra Cáceres, Félix J. Fumero Pugliessi y Germa-rie Méndez Negrón, abogados de la Directora Administra-tiva de los Tribunales; Efraín Guzmán Mollet, abogado del querellado; Aida N. Molinary de la Cruz, José L. Miranda de Hostos y Lourdes V. Velázquez Cajigas, comisionados de la Comisión de Disciplina Judicial.
   per curiam:

Nos corresponde evaluar el comportamiento del exjuez Roberto García Vega, a quien se le imputaron infracciones a los Cánones de Ética Judicial. Esas imputa-ciones tienen su génesis en el procedimiento disciplinario AD-2011-3. En específico, al entonces juez se le atribuye-ron transgresiones a los Cánones 1, 3, 23 y 30 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

Durante el trámite del proceso disciplinario, el licen-ciado García Vega renunció a su cargo de Juez Superior. Así pues, el asunto que tenemos ante nuestra considera-ción es analizar si las actuaciones del licenciado García Vega en el desempeño de su cargo como juez, generaron violaciones al Código de Ética Profesional.

I

El Ledo. Roberto L. García Vega juramentó el 18 de no-viembre de 2009 al cargo de Juez Superior. Comenzó a rea-lizar sus funciones en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado.

El viernes, 28 de enero de 2011, en horas de la noche, el licenciado García Vega conducía su auto marca Toyota Ya-ris color blanco de 2010. Lo acompañaba la Leda. Lizette Meléndez a quien buscó esa noche en un condominio en Hato Rey. Mientras el licenciado García Vega transitaba en dirección de Hato Rey a Santurce, dobló a la izquierda en la avenida Roberto H. Todd. Cuando llegó a un semáforo que tenía la luz roja detuvo el vehículo. En ese momento, alrededor de las 11:15 p. m., transitaba por el carril dere-cho de la avenida Roberto H. Todd en dirección a la ave-nida Kennedy, pues iba a llevar a la licenciada Meléndez a recoger su vehículo que estaba estacionado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Detrás del auto del licenciado García Vega había un auto compacto y luego una guagua alta, donde estaban las Sras. Zamarys Rodrí-guez Suárez y Shala Andújar Santos. Antes de que el se-máforo con luz roja cambiara a luz verde, el licenciado Gar-cía Vega emprendió la marcha.

Esa misma noche, la enfermera Luciana Genao salió de trabajar a las 11:00 p. m. de su trabajo en el edificio Caribbean Tower en Miramar. Salió del edificio, abordó su vehículo Mitsubishi Montero Sport de 1999 e inició la marcha hacia su residencia, ubicada en la urbanización Villas de Caney, en Trujillo Alto. La señora Genao transitaba por el carril derecho de la avenida Fernández Juncos y se detuvo ante el semáforo que interseca con la avenida Roberto H. Todd, pues la luz estaba roja. Al cambiar la luz a verde, la señora Genao prosiguió la marcha. En tanto, el licenciado García Vega inició la marcha con la luz roja e impactó la guagua de la señora Genao por el lado del conductor.

Al recibir el impacto, la señora Genao pensó que "iba a morir”. El guía de su guagua se rompió, el vehículo perdió control, comenzó a moverse de forma zigzagueante, dio va-rias vueltas, se trepó en la acera y pasó entre un árbol y un poste de luz. Finalmente, el vehículo de la señora Genao impactó un poste de señal de tránsito que estaba en el carril exclusivo de la Autoridad Metropolitana de Autobu-ses y se estrelló en la vitrina del local Makro hasta termi-nar en su interior. La señora Genao perdió el conocimiento.

En el momento en que ocurrió el incidente, el agente Angel Vélez Rosado se encontraba junto con el agente Ro-dríguez Ñeco frente a la Pizzeria la Putanesca, en la Pa-rada Núm. 18 en Santurce. En particular, orientaban a un ciudadano sobre qué hacer respecto a un acto de vanda-lismo que ocurrió en el lugar. Mientras dialogaban con el ciudadano, se escuchó un frenazo. El agente Vélez Rosado se viró, vio el impacto y observó que el carro que conducía el licenciado García Vega se detuvo y dio la impresión de que iba a estacionarse en la Farmacia Walgreens, que es-taba cerca. No obstante, el auto no se detuvo y prosiguió la marcha. En ese momento el agente Vélez Rosado comenzó a perseguir el auto del licenciado García Vega. Por su parte, la señora Rodríguez Suárez también observó que el vehículo no se detuvo y decidió seguirlo para anotar el nú-mero de la tablilla.

El agente Vélez Rosado le indicó con gestos al licenciado García Vega que se parara, ya que su motora no tenía si-rena, aunque sí estaba identificada como un vehículo ofi-cial de la Policía. El entonces juez García Vega siguió la marcha y atravesó dos semáforos con luz roja. Segundos después el agente Vélez Rosado alcanzó el vehículo, se paró a su lado izquierdo y ordenó al licenciado García Vega que se detuviera. Este último se estacionó en la estación de gasolina Shell de la calle Labra, intersección con la calle Nueva Palma, seis cuadras después del lugar de la colisión. De esa forma, el licenciado García Vega rebasó las calles Torre de la Vega, Corchado, Las Palmas, Progreso, Valencia y Nueva Palma antes de detenerse. La señora Ro-dríguez Suárez también detuvo su guagua en el garaje Shell, a veinte pies del vehículo del licenciado García Vega.

El agente Vélez Rosado le preguntó al licenciado García Vega “si él se había percatado de que había ocasionado un accidente”. Este contestó en la afirmativa. El agente le dijo que no se estacionó en el lugar del accidente. El licenciado García Vega le contestó que se iba a estacionar. De modo irónico, el agente Vélez Rosado le cuestionó “si se iba a estacionar en la casa ya que desde el lugar del accidente a donde yo pude intervenir en ese lapso de distancia había mucho espacio para estacionarse”. Durante su testimonio el agente indicó que el licenciado García Vega podía esta-cionarse al lado de la Farmacia Walgreens, o en el puesto de gasolina Texaco que se encuentra frente a la farmacia. La señora Rodríguez Suárez también se bajó indignada de su vehículo y le cuestionó “es increíble, usted no se iba a parar, o sea, acaba de ocasionar un accidente”. El licen-ciado García Vega respondió “mala mía”.

El agente Vélez Rosado testificó que al detener el vehí-culo observó que en el lado izquierdo del guía había unas latas de cervezas. También le preguntó al licenciado García Vega si había ingerido bebidas alcohólicas, a lo que con-testó que sí. Sin embargo, el agente no pudo especificar si las latas de cervezas estaban frías o calientes. El agente Vélez Rosado desconocía que el licenciado García Vega era juez y que su acompañante era abogada. Se enteró más de un año después.

Mientras tanto, la señora Genao recobró el conocimiento al sentir que se asfixiaba, ya que entraba humo en la guagua. De lejos escuchaba voces que le preguntaban: “¿Estás sola, puedes salir?” Trató de abrir la puerta del auto pero no pudo porque estaban cayendo muchos crista-les de la vitrina del local de Makro y de su guagua, así que se quedó pillada. Al llegar los paramédicos le ayudaron a salir, mientras ella temblaba y sentía mucho miedo. El agente Edwin Medina Rosado auxiliaba al personal de emergencias médicas para sacar a la señora Genao del ve-hículo cuando recibió un mensaje por radio del sargento Ortiz indicándole que pasara más adelante, como a siete calles, porque tenían a “la otra parte del accidente”.

A las 11:30 p. m. el agente Medina Rosado llegó a la estación de gasolina Shell donde se encontraban el licen-ciado García Vega, el agente Vélez Rosado y el sargento Ortiz. El último dio instrucciones al agente Medina Rosado para que investigara el accidente. El agente Vélez Rosado se retiró del lugar y las señoras Rodríguez Suárez y Andú-jar Santos permanecieron observando.

El agente Medina Rosado solicitó al licenciado García Vega que saliera del vehículo para entrevistarlo y le soli-citó su documentación. Testificó que en ese momento per-cibió en el vehículo unas latas de cerveza Medalla en el portavasos. Cuando el agente Medina Rosado entrevistó al licenciado García Vega, percibió un fuerte olor a alcohol, por lo que le dijo que tenía motivos fundados para some-terlo a una prueba de alcohol. Luego de leerle las adverten-cias de rigor, lo arrestó. El agente Medina Rosado no en-trevistó a la licenciada Meléndez porque ella no “era parte de la investigación”. Aun así, ella se acercó al agente Medina Rosado y adujo que las latas de cervezas eran suyas y no del licenciado García Vega.

Acto seguido, montó al licenciado García Vega en la pa-trulla para transportarlo a la División de Tránsito, Sección de Patrullas y Carreteras, donde se realizaría la prueba de alcohol. En el garaje Shell permanecieron el sargento Ortiz junto a otros policías, las señoras Rodríguez Suárez, Andú-jar Santos y la licenciada Meléndez, a quien el licenciado García Vega le entregó las llaves de su vehículo.

El agente Medina Rosado llevó al licenciado García Vega a la División de Tránsito ubicada detrás del Cuartel de la Policía de la Calle Eleanor Roosevelt. Durante el tra-yecto el licenciado García Vega expresó que deseaba some-terse a la prueba de sangre. Una vez llegaron a la División de Tránsito le informaron que no había envases para rea-lizar esa prueba. El agente Medina Rosado decidió hacer la prueba de aliento, pero el licenciado García Vega se negó y no se sentó en el área para hacer la prueba ni sopló en la máquina Intoxilyzer. Sobre esa situación, el agente Medina Rosado testificó que desconocía que podía llevar al licen-ciado García Vega a un hospital para hacerle la prueba o ante un magistrado para que se ordenara la prueba de aliento. Admitió que nunca había trabajado con pruebas de sangre.

Sin duda la investigación realizada por la Policía fue deficiente. No se sacaron fotos del vehículo ni se confiscó. No se emitió una multa al licenciado García Vega por pasar la luz roja del semáforo. Tampoco se expidieron boletos por tener envases abiertos de bebidas alcohólicas en el vehí-culo (Art. 7.01 de la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA see. 5201) ni se confiscaron las latas de cerveza.

Mientras estaban en la División de Tránsito, el licen-ciado García Vega mencionó al agente Medina Rosado que era juez. El agente Medina Rosado testificó:

[M]e enteré en la entrevista que le hice al caballero [...] parte cuando él me menciona su empleo pues me pide cierta consi-deración [...] Yo le dije pues mi trato va a ser independiente-mente el mismo tal y cual trato a todo el mundo. Fuera de eso nosotros no teníamos ningún problema, incluso cuando se so-licitó la cita nosotros nos sentamos y de acuerdo al Schedule de él fue que se le dio una fecha. Informe final de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 7.

Añadió el agente que para citarlo inicialmente le dio una fecha, pero el entonces juez García Vega la rechazó porque en ese día tenía que atender su sala en el tribunal. Finalmente se dejó ir al licenciado, quien fue recogido por la licenciada Meléndez en el vehículo Toyota Yaris chocado.

En la madrugada del sábado, 29 de enero de 2011, el licenciado García Vega y la licenciada Meléndez acudieron al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la calle Hoare, donde convalecía la señora Genao. Allí preguntaron por la condición de esta última y hablaron con el médico que la atendía. También se comunicaron directamente con la señora Genao, quien estaba acostada en una cama y sufría mucho dolor. El licenciado García Vega se identificó como la persona involucrada en el accidente con ella. La señora Genao le dio tres números telefónicos de contacto y su dirección residencial. También le comentó que su hijo la buscaría al CDT.

El agente Medina Rosado también acudió al CDT a en-trevistar a la señora Genao. Allí habló con el médico y tomó los datos que entendió necesarios para preparar su informe. Luego lo completó y dejó en blanco el encasillado que proveía para especificar la ocupación del licenciado García Vega. Al momento de rendir el informe no había entrevistado a las señoras Rodríguez Suárez y Andújar Santos.

Entre las 9:00 a. m. y 10:00 a. m. del día después del accidente, la señora Genao fue dada de alta médica y su hijo menor fue a recogerla. En el CDT le hicieron varios exámenes, le inyectaron medicamentos y le dieron un refe-rido médico. Como consecuencia del accidente tuvo golpes, abrasiones, así como laceraciones en la espalda, la cara, el tobillo y otras partes del cuerpo. No tuvo fracturas.

Entre las 2:00 p. m. y 2:30 p. m. de ese mismo día, el licenciado García Vega y la licenciada Meléndez fueron a la residencia de la señora Genao. Allí vieron los daños del vehículo y el licenciado García Vega ofreció llevarlo a un hojalatero para que lo arreglara.

Al día siguiente el licenciado García Vega y la licenciada Meléndez volvieron a la residencia de la señora Genao en compañía de un hojalatero. Se inspeccionó el auto. El hoja-latero concluyó que era pérdida total. Entonces, el licenciado García Vega indicó a la señora Genao que podían acudir al Seguro Compulsorio para tratar de solucionar la situación.

Uno o dos meses después del accidente, pero antes de ir al Seguro Compulsorio, la señora Genao se enteró de que el licenciado García Vega era juez porque su esposo se lo dijo luego de recibir una llamada telefónica citándola para que un fiscal la entrevistara. La persona que llamó a la casa de la señora Genao informó que el licenciado García Vega era un “funcionario del gobierno”.

Posteriormente la señora Genao y el licenciado García Vega acudieron al Seguro Compulsorio. Esa oficina, me-diante una fórmula, le otorgó a la señora Genao de $3,500, suma menor al valor del auto. Ante esa situación, la señora Genao le reclamó al licenciado García Vega que el vehículo costaba más de la cantidad que le había dado el Seguro Compulsorio. El licenciado García Vega se ofreció a pagarle la diferencia para completar el valor del auto, unos $5,000. La señora Genao se quedó con el auto que, según el licen-ciado García Vega, conservaba piezas en buen estado.

Varios meses después del accidente el licenciado García Vega y la licenciada Meléndez acudieron por tercera vez a la residencia de la señora Genao. En esa ocasión la licen-ciada Meléndez le expresó a la señora Genao que “yo soy abogada y él es juez”. Luego el licenciado García Vega le entregó $1,800 en efectivo, la diferencia entre el valor del vehículo y el pago del Seguro Compulsorio. Esa cantidad superaba la suma total del vehículo, así como los gastos de grúa y otros relacionados. Además, se llevó un recibo para la firma de la señora Genao. La licenciada Meléndez en-tregó el recibo a la señora Genao para que lo firmara y le preguntó si ella o su esposo lo querían leer. Su esposo dijo que no y la señora Genao tampoco lo leyó, según ella, por-que su esposo tiene 81 años y ella no estaba en condiciones de leer. También estaba su hijo, quien tampoco leyó el documento. Entonces, la licenciada Meléndez leyó en voz alta el recibo que especificaba que la señora Genao renun-ciaba a reclamaciones civiles y criminales por causa del accidente. La señora Genao firmó el recibo y lo fotocopió en una máquina que tenía en su casa.

La señora Genao recibió tratamiento médico y psiquiá-trico a través de la ACAA. Testificó que ya no puede des-empeñarse como enfermera práctica por los dolores y es-pasmos que sufre.

En el caso penal contra el licenciado García Vega se de-terminó causa probable para arresto por violación a los Arts. 4.02, 5.07, 7.02 y 7.05 de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA secs. 5102, 5128, 5202, 5205. A raíz de esa determi-nación se emitió una orden administrativa en la que se suspendió al licenciado García Vega de sus funciones judiciales. También se autorizó el inicio de una investiga-ción administrativa sobre posible conducta antiética.

El 23 de septiembre de 2011, luego de recopilar la prueba y con el beneficio de la comparecencia del licen-ciado García Vega, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) presentó un Informe de Investigación. El 11 de octubre de 2011 la comisionada asociada Delia Lugo Bougal, determinó la existencia de causa probable para au-torizar la continuación de los procedimientos.

La OAT presentó una querella contra el licenciado Gar-cía Vega imputándole violaciones a los Cánones 1, 3, 23 y 30 de Etica Judicial, supra. En específico, en el primer cargo se le atribuyó al licenciado García Vega incurrir en conducta impropia al provocar un accidente automovilís-tico en el que resultó herida una persona y en el que hubo daños a la propiedad ajena, y luego abandonar apresura-damente el lugar en vez de detenerse. Asimismo, se le im-putó en el segundo cargo incurrir en conducta indebida al manejar su vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, provocando el accidente en cuestión. Por úl-timo, en el tercer cargo se le atribuyó al licenciado García Vega utilizar la autoridad y prestigio de su cargo como juez para influir indebidamente al solicitar un trato favorable por parte de la Policía de Puerto Rico y hacer que la señora Genao firmara un relevo de responsabilidad tanto en el ámbito penal como en el civil.

El 12 de diciembre de 2011 el licenciado García Vega solicitó la paralización del procedimiento disciplinario hasta que culminara el procedimiento penal que corría de forma paralela. La OAT se opuso a esa solicitud. La Comi-sión de Disciplina Judicial denegó la paralización. El 3 de enero de 2012 el licenciado García Vega contestó la quere-lla y negó todas las alegaciones como mecanismo para “pre-servar los derechos fundamentales del juez querellado mientras estén vigentes las denuncias criminales”. La Co-misión de Disciplina Judicial señaló la fecha para una vista evidenciaría y obligó a las partes a que se reunieran. El 7 de febrero de 2012 el licenciado García Vega volvió a solicitar la paralización del proceso disciplinario. La OAT se volvió a oponer al pedido y la Comisión de Disciplina Judicial denegó nuevamente la paralización.

El 14 de marzo de 2013 se suspendió el proceso por mo-tivos de salud de la representación legal del licenciado Gar-cía Vega. La Comisión concedió más tiempo para la presen-tación del informe de conferencia entre abogados y pautó la vista para el 30 de mayo de 2012.

El 23 de abril de 2012 se presentó una tercera moción para paralizar el procedimiento, que se declaró “no ha lugar”. El 9 de mayo de 2012 se presentó el informe de conferencia con antelación a la vista.

Inconforme con la denegación de la paralización del pro-ceso, el licenciado García Vega acudió ante este Tribunal mediante una moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de orden provisional en la que pidió la interrupción del procedimiento. El 18 de mayo de 2012 declaramos esa mo-ción “no ha lugar”.

Luego de varios incidentes, el licenciado García Vega presentó una cuarta solicitud de paralización del procedi-miento disciplinario, a la luz de lo resuelto por este Foro en Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592 (2012). En ese caso resolvimos que un referido a la División de Integridad Pú-blica del Departamento de Justicia para que ausculte si procede la designación de un Fiscal Especial Indepen-diente, constituye justa causa para prorrogar los términos de juicio rápido, por lo que no procedía la desestimación de los cargos penales contra el licenciado García Vega. La Co-misión de Disciplina Judicial no autorizó la paralización.

Luego de que la Comisión celebrara las vistas evidencia-rías correspondientes, las partes presentaron sendos me-morandos de derecho con sus planteamientos finales. En esencia, la OAT sostiene que el licenciado García Vega abandonó el lugar luego de ocasionar el accidente, bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que utilizó su posición como juez para influir al agente Vélez Rosado y la señora Genao. Por su parte, el licenciado García Vega sostuvo que no se probaron los cargos con el quantum de prueba requerido. Negó que se haya ido a la fuga y sostuvo que no se detuvo en el momento porque quería encontrar un lugar seguro para estacionarse. Además, indicó que no acostum-braba ingerir bebidas alcohólicas. También impugnó la in-tervención policiaca y cuestionó la existencia de las latas de cerveza. En cuanto al tercer cargo expresó que nunca intentó influenciar de forma indebida a la señora Genao ni al agente Vélez Rosado. Asimismo, sostiene que con su con-ducta no violentó su deber de conducirse de forma ética y respetuosa con todas las personas con que tuvo que comu-nicarse durante el proceso.

Así, el caso quedó sometido en los méritos para que la Comisión de Disciplina Judicial emitiera su recomendación. Esa Comisión formuló su informe el 19 de abril de 2013. Se concluyó por unanimidad de los comisionados que el licen-ciado García Vega incurrió en la conducta imputada en el primer cargo, violando los Cánones 1, 3 y 23 de Etica Judicial, supra, al provocar un accidente automovilístico, causar daños e irse a la fuga. Hubo discrepancia en cuanto a los cargos segundo y tercero en los cuales se le imputó al licen-ciado García Vega manejar su vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes y utilizar la autoridad y prestigio de su cargo como juez para solicitar un trato favorable por parte de la policía e influir en la víctima del accidente para que firmara un relevo de responsabilidad. Los comisionados Aida Molinary de la Cruz, Juan Salgado Morales y Carmen Sierra Corredor sostienen que esos dos cargos quedaron probados. Por su parte, los comisionados Evelyn Benvenutti Toro, José Miranda de Hostos y Lourdes Velázquez Cajigas concluyeron que la O AT no probó esos cargos.

También hubo discrepancia en cuanto a la sanción a imponerse. Los comisionados Molinary de la Cruz, Salgado Morales, Sierra Corredor y Benvenutti Toro recomendaron como sanción la destitución del licenciado García Vega de su cargo de juez superior. Por otro lado, los comisionados Miranda de Hostos y Velázquez Cajigas recomendaron como sanción una suspensión de empleo y sueldo por el término de seis meses.

Mientras este Foro deliberaba sobre el asunto, el licen-ciado García Vega renunció a su cargo de Juez Superior y el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, le aceptó la renuncia. A la luz de ello, emitimos una resolución en la que ordenamos al licenciado García Vega que mostrara causa por la cual su conducta no debía ser sancionada al amparo del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Nuestra orden se cumplió.

Luego de evaluar el expediente, estamos en posición de resolver.

II

En In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 75 (2008), sostuvimos que “los abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de la profesión legal”. En consecuencia, los abogados son acreedores de las garantías que ofrece el debido proceso de ley en su vertiente procesal en aquellos procedimientos disciplinarios en que esté en juego su título. In re Ruffalo, 390 US 544, 550 (1968).

No obstante, es necesario tener presente cuál es el proceso debido. En específico, mencionamos en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993) que “el debido proceso de ley procesal [...] le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”. Es decir, el debido proceso de ley es pragmático y “debe ser fundamentalmente justo al individuo en la re-solución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad”. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).

Por otro lado, resolvimos en In re Pérez Riveiro, 180 DPR 193, 200 (2010), que el debido proceso de ley que hay que conferir a los abogados en el proceso disciplinario “se satisface siempre que se le provea al abogado querellado la oportunidad de responder y defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de las teorías en las que se fundamenten”. Específicamente, en In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 825-826 (2011), mencionamos que,

[...] a modo de excepción, en las instancias en donde el ex-pediente ante la consideración del Tribunal refleje que, en cuanto a la conducta impropia adicional, se le han salvaguar-dado al querellado todas las garantías que emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá —si lo estima apropiado— evaluar y atender esta conducta adicional en el mismo proce-dimiento disciplinario, sin necesidad de referirla al procurador general. Sólo así protegeremos efectivamente las garantías constitucionales del abogado querellado y no se menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su defensa ni se le impedirá velar por su sustento.

Recientemente, en In re Rodríguez Plaza, 182 DPR 328 (2011), atendimos una situación procesal casi idéntica a la que nos ocupa. Allí la querellada Rodríguez Plaza también renunció a su cargo de juez luego de que la Comisión de Disciplina Judicial emitiera su informe con relación a unas querellas que la Oficina de Administración de los Tribuna-les le había presentado. En ese caso disciplinamos a la licenciada Rodríguez Plaza por quebrantar el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, aunque la querella imputó violación de los Cánones 4, 8, 9, 13, 14 y 33 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

En el caso ante nuestra consideración, al igual que en In re Rodríguez Plaza, supra, no se enmienda la querella para añadir hechos nuevos. Sencillamente, debemos disciplinar al licenciado García Vega al amparo del Código de Ética Profesional y no del Código de Ética Judicial porque renunció a su cargo como juez. Además, el querellado tuvo am-plia oportunidad de presentar prueba y refutar la que presentó la Administración de Tribunales. En palabras del Tribunal Supremo federal, nuestra actuación de disciplinar al licenciado García Vega al amparo del Código de Ética Profesional no constituye una “trampa” para enmendar la querella sin previo aviso al abogado. Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel of Supreme Court of Ohio, 471 US 626, 655 esc. 18 (1985), citando a In re Ruffalo, supra, pág. 551 esc. 4.

De igual forma, la Regia 33 de Disciplina Judicial establece que “[l]a renuncia o la expiración del término del nombramiento de la jueza o del juez querellado no impedirá que continúe el procedimiento disciplinario en su contra al amparo de este reglamento. La Comisión determinará si la conducta amerita la recomendación de imponerle a la jueza o al juez querellado medidas disciplinarias por violación al Código de Ética Profesional”. 4 LPRA Ap. XV-B. Así pues, reiteramos que “la renuncia de un miembro de la Judicatura o el vencimiento de su término no impide la continuación de un procedimiento disciplinario en su contra, siempre que la alegada conducta impropia pueda dar lugar [a una sanción disciplinaria]”. In re Santiago Rodríguez, 160 DPR 245, 253 (2003).

III

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, en lo concerniente, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

En consecuencia, un abogado que no se conduce digna y honorablemente viola el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 541 (2010); In re Roldán Figueroa, 106 DPR 4, 12 (1977). Recordemos que los abogados están obligados a evitar la conducta impropia en su vida profesional y personal, tanto en la realidad como en la apariencia. In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012); In re Peña, Santiago, 185 DPR 764, 781 (2012). De lo contrario, podrían enfrentar la suspensión o desaforo del ejercicio de la profesión. In re Campoamor Redín, 150 DPR 138, 153 (2000).

En ese sentido, hemos reiterado que los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 417 (2011). Por esa razón, “deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 45 (2011). Véase, además, In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004).

En nuestra jurisprudencia existen varios precedentes en los que hemos disciplinado a abogados por su conducta como jueces. Por ejemplo, en In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961), desaforamos permanentemente a un abogado por-que en su desempeño como juez sentenció e impuso multas y costas a varias personas en vistas para determinación de causa probable sin que se hubiese presentado una denuncia. Concluimos que el juez se apropió ilegalmente de de $577.25. Al actuar de esa forma, expresamos que la conducta del entonces juez José Antonio Liceaga “tiende a desacreditar el concepto del público de la justicia y a me-nospreciar las condiciones morales que debe reunir todo abogado”. íd., pág. 259. Ese estándar que usamos para me-dir la actuación del entonces juez Liceaga es muy similar a la apariencia de conducta impropia que contiene el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por su parte, en In re Santiago Rodríguez, supra, disci-plinamos a la Leda. Elba Santiago Rodríguez porque como juez discriminó por razón de género contra las mujeres víc-timas de violencia doméstica que acudían a su sala a bus-car órdenes de protección. En particular, utilizamos el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, y no los Cánones de Ética Judicial debido a que la licenciada Santiago Rodríguez había renunciado a su cargo como juez. Determinamos entonces que “las expresiones discriminato-rias de la licenciada Santiago Rodríguez hacia las mujeres víctimas de violencia doméstica se apartaron de la con-ducta digna y honorable que exige el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra”. Id., pág. 255.

Por otro lado, en In re Suárez Marchán, 159 DPR 724 (2003), censuramos enérgicamente a un abogado que en su desempeño como juez participó y decidió varios asuntos procesales de un caso de alimentos en el que las partes eran amigas suyas. Además, durante el trámite del caso, recomendó a una de las partes que contratara a cierto abogado. Por último, el juez mantuvo comunicación pri-vada con una de las partes. Todo eso fue una clara viola-ción de los Cánones de Ética Judicial. Sin embargo, como el licenciado Suárez Marchán ya no era juez, lo disciplinamos al amparo de los cánones del Código de Ética Profesional. En específico, mencionamos que

[l]a conducta del licenciado Suárez Marchán dista mucho de exaltar el honor de la profesión legal. Por el contrario, sus actuaciones en todo tiempo aparentaron estar encaminadas a beneficiar, desde su posición como Juez Superior, a la señora Cruz Negrón y de utilizar su cargo para alterar el adecuado funcionamiento del sistema judicial. íd., pág. 745.

Por último, en In re Rodríguez Plaza, supra, pág. 346, resolvimos que la licenciada Rodríguez Plaza infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, al exhibir una conducta indigna, ya que utilizó el poder de su cargo judicial para vejar a compañeros abogados y al público en general. En vista de que la licenciada Rodríguez Plaza te-nía un historial profesional inmaculado, limitamos nuestra sanción a una censura enérgica.

En el caso que nos ocupa quedó establecido que el en-tonces juez García Vega provocó el accidente de tránsito en cuestión. Eso de por sí no constituye una falta ética. Sin embargo, también se probó que luego de ocurrir el inci-dente, el licenciado García Vega se dio a la fuga. Tres tes-tigos oculares (agente Vélez Rosado y las señoras Rodrí-guez Suárez y Andújar Santos) presenciaron la huida del entonces juez y lo persiguieron hasta lograr que se detu-viera seis calles adelante. Con esa actuación, el licenciado García Vega quebrantó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Tomamos conocimiento judicial de que el licenciado García Vega resultó culpable de quebrantar los Arts. 4.02 (no detener un vehículo involucrado en un accidente de tránsito) y 5.07 (conducir un vehículo de forma imprudente o negligentemente temeraria) de la Ley Núm. 22-2000, supra.

Por su parte, concluimos que la conducta del licenciado García Vega de usar la autoridad y prestigio de su cargo judicial para solicitar un trato favorable por parte de la Policía e influir en la víctima del accidente para que ella firmara un relevo de responsabilidad, excedió los contornos éticos que regulan la profesión legal. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. El agente Medina Rosado tes-tificó con claridad que el entonces juez García Vega le pidió consideración en razón de su empleo. Informe final de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 7. También surge del expediente que la tercera vez que el licenciado García Vega acudió a la casa de la señora Genao le hizo firmar un relevo de responsabilidad en un ambiente totalmente inadecuado. Nótese que no se le dio oportunidad a la señora Genao para que consultara con un abogado sobre la conveniencia de firmar el relevo. No es antiético realizar ofertas de tran-sacción de posibles reclamaciones civiles. Sin embargo, esa gestión no se puede llevar a cabo en un ambiente cargado en el cual, antes de hacerse la oferta, se le recuerda a la perjudicada, quien no está representada por un abogado, que el responsable de los daños “es juez” y la persona que lo acompaña es “abogada”.

Por último, al aplicar el criterio de prueba que el debido proceso de ley exige en estos casos disciplinarios, conclui-mos que no existe prueba clara, robusta y convincente en el expediente que nos permita concluir que el querellado manejó su auto bajo los efectos de bebidas embriagantes. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re Martínez Almodóvar, supra; In re Irizarry Vega, 176 DPR 241 (2009). De la prueba presentada por la OAT surge que los policías que investigaron el accidente no ocuparon las latas de cer-veza que observaron en el auto ni se expidieron multas administrativas. Tampoco se le hizo una prueba de alcohol al licenciado García Vega. En fin, la investigación realizada fue deficiente y no nos produce “una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables”. In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005). Tomamos conocimiento judicial de que el licenciado García Vega no resultó culpable de quebrantar los Arts. 7.01 (conducir vehículo bajo los efectos de bebidas embria-gantes y poseer envase abierto con bebidas embriagantes) y 7.05 (causar daño corporal a una persona con un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes) de la Ley Núm. 22-2000, supra.

Debemos considerar también el historial del querellado. Este es el primer incidente disciplinario en el que se ve involucrado, como abogado o como juez.

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Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión inmediata del Ledo. Roberto García Vega de la práctica de la profesión por el término de dos años. El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a éstos los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones de-berán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión.

La OAT nos informa que presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial un Informe de Investigación que se rea-lizó en torno a una supuesta conducta del licenciado García Vega por nuevos hechos íntimamente relacionados con el procedimiento disciplinario de epígrafe. Con ese informe se acompañan unas declaraciones juradas que pueden supo-ner el comienzo de otro procedimiento disciplinario contra el licenciado García Vega. En particular, se le imputa al licenciado García Vega tratar de influenciar a un miembro de la Comisión de Etica Judicial para que reconsiderara su voto en este procedimiento disciplinario.

Se remite a la atención de la Procuradora General el Informe de Investigación que preparó la OATpor los hechos posteriores que están íntimamente relacionados con el pro-cedimiento disciplinario de epígrafe para que ausculte si procede presentar una querella ética. Esta encomienda de-berá realizarse con prontitud y mientras el licenciado Gar-cía Vega cumple los dos años de suspensión.

Se dictará sentencia de conformidad.

       No entraremos a dilucidar la validez del relevo de responsabilidad que firmó la señora Genao porque esa controversia no está ante nuestra consideración.