author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Balbino Cruz Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 10679.

    Sometido: Mayo 8, 1945.

      Resuelto: Junio 25, 1945.

      Santos P. Amadeo y O. Concepción de Gracia, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal dtt Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fer-nández, Fiscal Aúxñiiwr, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue sentenciado a reclusión perpetua por na delito de asesinato en primer grado. Basa este recurso en el error qne imputa a la corte inferior al no haberle permi-tido presentar evidencia del carácter peligroso y pendenciero de la víctima. La corte fundó sn resolución en qne para qne esa evidencia fuese admisible, precisaba que el acusado en persona hubiese admitido haber dado muerte al interfecto, sin qne bastara que el abogado defensor al presentar el caso al jurado hiciera constar que el acusado había dado muerte a la víctima, y no obstante haberse presentado evidencia ten-dente a establecer un caso de defensa propia.

La discusión del alegado error requiere un examen de la transcripción de evidencia, pero como del récord en apela-ción resulta que la transcripción fue certificada por el suce-sor del juez que presidió el juicio, y el fiscal de este Tribunal ha solicitado la desestimación del recurso precisamente por ese motivo, es necesario resolver la moción del fiscal antes de entrar a considerar los méritos del recurso.

Hasta que se aprobó la Ley núm. 4 de 18 de abril de 1925 (pág. 109), el procedimiento para elevar al Tribunal Supremo la evidencia presentada en una causa criminal estaba regulado por el art. 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo sólo permitía la presentación de una exposición del caso, que debía ser certificada por el juez que presidió el juicio. Si antes de aprobar la exposición del caso el juez cesaba en el ejercicio de su cargo, esa circunstancia no le privaba de la facultad de aprobarla, y si dejaba de hacerlo podía la parte recurrir a la Corte Suprema para que la resolviera y aprobara. De suerte que en ningún caso el sucesor del juez que presidió el juicio tenía facultad para aprobar la exposición del caso.

Pero como ya hemos anticipado, el medio de elevar la evidencia al Tribunal Supremo fue modificado por la Ley núm. 4 de 1925, exmiendatoria del art. 356 del Código de En-juiciamiento Criminal. ' La nueva Ley concedió al apelante la opción de elevar la prueba mediante una exposición del caso o de hacerlo mediante la transcripción de evidencia pre-parada por el taquígrafo. Esta Ley nada dispuso para el caso de que el juez que presidió el juicio cesara en el ejer-cicio de su cargo antes de certificar la exposición del caso o la transcripción de evidencia, ni concedió jurisdicción a este Tribunal para certificarla si el referido juez por cual-quier causa dejase de hacerlo, conforme proveía el art. 298. En cambio, dispuso que una vez archivada en la secretaría de la corte la exposición del caso o la transcripción de evi-dencia, el secretario dará cuenta de ello al juez — sin especi-ficar que fuera al juez que presidió el juicio, como lo hacía el art. 298 — y el juez fijará la fecha en que ante él deberán comparecer el acusado o su abogado y el fiscal del distrito para la aprobación de la exposición del caso o de la trans-cripción de evidencia.

El no disponer la Ley de 1925 que la exposición del caso o la transcripción de evidencia deberán necesariamente ser aprobadas por el juez que presidió el juicio; el no conce-derle jurisdicción a dicho juez para aprobarlas después de haber cesado en el ejercicio de su cargo; el no conceder a la Corte Suprema jurisdicción para aprobarlas cuando el juez que presidió el juicio dejare de hacerlo, como se dispo-nía en el art. 298, y por último, el no haber prohibido esa facultad a su sucesor, indica a nuestro juicio que fué la in-tención legislativa, que al cesar por cualquier causa en el ejercicio del cargo el juez que presidió el juicio, ese deber x’Ocayese sobre su sucesor, como cualquier otro asunto que el anterior juez hubiese dejado pendiente de terminación. Si el Tribunal Supremo, que no está en mejores condiciones que el sucesor del juez que presidió el juicio, podía bajo el art. 298, en las circunstancias ya expresadas, aprobar y certificar la ex-posición del caso, no vemos por qué, bajo la ley vigente, el sucesor del juez no pueda como parte de sus deberes apro-bar la exposición del caso o la transcripción de evidencia.

Los casos de El Pueblo v. Coll, 18 D.P.R. 361 (1912), y Pueblo v. Collado, 33 D.P.R. 118 (1924), invocados por el fiscal para sostener que el sucesor del juez que presidió el juicio carece de jurisdicción para aprobar la transcripción de evidencia, no tienen aplicación al presente caso, pues fue-ron resueltos cuando regía el art. 298 del Código de Enjui-ciamiento Criminal. Tampoco arroja luz en esta discusión el caso de State v. Morris, 132 S. W. 590 (Mo., 1910), invo-cado por el apelante en oposición a la tesis del fiscal, pues ese caso fue resuelto, en cuanto al punto que discutimos, por un estatuto del Estado de Missouri que expresamente auto-rizaba al sucesor del juez que presidió el juicio para certi-ficar la exposición del caso que hubiere quedado pendiente de aprobación por su antecesor.

Teniendo el sucesor del juez que presidió el juicio juris-dicción para aprobar la transcripción de evidencia, procede denegar la moción de desestimación presentada por el fiscal. Esta conclusión nos conduce a la consideración del caso en sus méritos.

Los autos revelan que al presentar su caso al jurado, la defensa expresó que el acusado admitía que había dado muerte a la víctima, pero que lo había hecho en defensa propia.

La teoría del fiscal fue al efecto de que el interfecto ha-cía hora y media que se hallaba sentado en una silla ha-blando con dos amigos cerca de una de las dos puertas del cafetín El Jockey, en la calle (lomerío de Bayamón; que el acusado hacía media hora se hallaba de pie junto a la otra puerta del cafetín, y sin que mediaran palabras, sacó un re-vólver e hizo un disparo contra el interfecto; que éste rápi-damente se levantó y anduvo dos o tres pasos, hacia donde estaba el acusado, quien le hizo un segundo disparo a una distancia de tres pies, e inmediatamente cayó la víctima.

La de la defensa fue al efecto de que el'día de autos el acusado penetró en el cafetín El Jockey; que en esos mo-mentos la víctima estaba tomando un vaso de maví, y al ver al acusado tiró el vaso e hizo un ademán de sacar un arma (uno de los testigos dice que le vió un cuchillo), dirigién-dose hacia el acusado; que éste retrocedió hasta llegar a la (¡alie, y de allí le hizo los disparos fatales.

En adición a esta prueba el acusado presentó otro tes-tigo, quien declaró que hacía más de diez o doce años que conocía al acusado y a la víctima; que los dos eran viejos amigos, que eran del mismo pueblo, y habían extinguido con-denas juntos que ambos frecuentaban su cafetín denomi-nado La Reforma; que al salir el acusado de la prisión en-tabló relaciones ilícitas con la querida del interfecto; que éste tuvo conocimiento de esas relaciones, y tres días antes del suceso le dijo al testigo que entre él (el interfecto) y el acusado habría de suceder algo grave: que él mataría al acusado, o el acusado lo mataría a él; que el testigo puso en conocimiento del acusado estas manifestaciones, y suplicó tanto al acusado como a la víctima que hicieran lo posible por no visitar su cafetín.

Otro testigo de la defensa declaró que en la mañana del día en que ocurrió el suceso se encontró con la víctima, quien pasaba frente a la casa del acusado, y hallándose éste en el balcón, la víctima lo llamó, requiriéndole para que le entre-gara una cadena que decía que el acusado tenía y que per-tenecía a la querida de la víctima; que se inició una discu-sión entre ellos, y el testigo, observando que la víctima por-taba un cuchillo, se llevó del sitio al acusado, de ese modo evitando un conflicto entre ellos.

Como podrá verse, el acusado presentó a la consideración del jurado un caso que envolvía la defensa propia.

La evidencia que ofreció el acusado para demostrar el carácter peligroso y pendenciero de la víctima fue (1) el testimonio del dneño del cafetín La Reforma, a quien la de-fensa preguntó qué clase de persona era el interfecto, y si tenía conocimiento de actos de agresión por él realizados, y (2) la declaración de Balbino González Montalvo, alcaide de la cárcel de distrito de San Juan, con el récord de la víc-tima, con el fin de probar que en distintas ocasiones el in-terfecto había realizado delitos de sangre por los cuales fue sentenciado, que tenía un extenso récord penal y era persona de carácter peligroso. Objetada esta evidencia por el fiscal, la corte sostuvo la objeción.

El fundamento que expresó la corte inferior para no ad-mitir esa evidencia es manifiestamente errónea. Sostener que esa prueba es inadmisible porque el acusado en persona no había admitido haber dado muerte a la víctima, equivale a privar al acusado del derecho que tiene de abstenerse de declarar. Si el acusado por medio de su abogado, al pre-sentar el caso al jurado, admitió haber dado muerte a la víctima, esa admisión obligaba al acusado lo mismo que si él en persona la hubiera hecho.

Pero el hecho de que el fundamento de la resolución ne-gándose a admitir esa evidencia fuera erróneo, no nos re-leva del deber de determinar si la evidencia ofrecida por la defensa era admisible, pues en caso de no serlo, el error no perjudicaba los derechos del acusado, y consecuentemente procedería la confirmación de la sentencia.

El récord penal de la víctima y la pregunta que se le hizo al dueño del cafetín La Reforma sobre si tenía conoci-miento de actos de agresión realizados por el interfecto, hu-bieran tendido a probar el carácter de la víctima mediante actos específicos.

Estando envuelta en este caso la determinación de si la muerte fué causada en defensa propia, ¿ eran admisibles en evidencia los actos específicos que el acusado se proponía probar?

Existe una mareada discrepancia entre las autoridades sobre esta cuestión. La regla ortodoxa que aún prevalece en muchas jurisdicciones únicamente permitía, para probar el carácter pendenciero y peligroso de la víctima, la eviden-cia sobre la reputación como persona pendenciera y peligrosa dentro de la comunidad en que vivía, con exclusión de actos específicos de violencia o crímenes realizados por dicha persona, debiendo como condición precedente a la admisión de la prueba sobre reputación, presentarse evidencia sustancial tendente a demostrar que el acusado tenía conocimiento de esa reputación al tiempo del encuentro.

Pero la regla moderna en la mayoría de las jurisdiccio-nes admite la prueba de actos específicos de la víctima cuando está envuelta la defensa propia, en dos casos distin-tos: (1) cuando está en controversia la cuestión de si lo. agresión partió del'acusado o de la víctima; y (2) cuando el acusado trata de probar que al dar muerte a la víctima tenía motivo real o aparente para creer — considerando el carácter peligroso de la víctima — que al ser atacado por ésta se hallaba en inminente peligro de perder su vida o recibir grave daño corporal. En cuanto al primer caso, parece claro que si la víctima ha demostrado en ocasiones anteriores que era propensa a realizar tales actos de violencia, esa propen-sión constituiría una circunstancia a ser considerada por el jurado con el resto de la prueba, a los efectos de determinar cuál de los dos, la víctima o el acusado, había iniciado el combate. Bajo este primer caso, no es necesario que el acu-sado pruebe que tenía conocimiento de esos actos de violen-cia con anterioridad al encuentro. 1 Wigmore on Evidence (tercera ed., 1940), secs. 63 y 198, págs. 467 et seq. y 676 et seq.; State v. Blee, 133 Iowa 725 (1907); Burford v. Commonwealth, 20 S.W. 2d 509 (Va., 1942); State v. Waldron, 75 S. E. 558 (W. Va., 1912); 25 Calif. L. Rev. 459; 1 Wharton’s Criminal Evidence, sec. 324 et seq. Véanse ade-más Allison v. United States, 160 U. S. 203 (1895); Wiggins v. People, etc., in Utah, 3 Otto. 465 (U. S., 1876); Winner v. State, 125 Atl. 397 (Md., 1924); 73 U. of Pa. L. Rev. 79.

. En cnanto al segundo caso, es indispensable establecer previamente a la presentación de la prueba de tales actos específicos de violencia, que el acusado tenía conocimiento de ellos al tiempo de su encuentro con la víctima. 2 Wigmore, op. cit., see. 248, pág. 61 et seq., see. 246, pág. 44 et seq.; State v. Gordon, 181 Atl. 361 (Del., 1935); McKee v. State, 154 N. E. 372 (Ind., 1926); State v. Wilson, 17 N. W. 2d 138 (Iowa, 1945); Jones v. State, 35 A. 2d 916 (Md., 1944); Jackson v. State, 147 S. W. 2d 1078 (Tex., 1940); Beckham v. State, 109 S. W. 2d 764 (Tex., 1937); State v. Walker, 115 S. E. 443 (W. Va., 1922); 121 A.L.R. 390. Cf. Preston v. United States, 80 F. 2d 702, 703, (1935).

Refiriéndose a la admisibilidad de evidencia de actos es-pecíficos, dice el Profesor Wigmore:

“El estado actual de la ley en términos generales favorece la admisibilidad de tales actos.
“Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones esa evidencia fué durante largo tiempo absolutamente excluida. En algunos casos, esto se debía a que se trataba de probar el carácter del interfecto objetivamente por actos específicos . . . ; pero el verdadero pro-pósito de esa evidencia es meramente demostrar una conducta tal que naturalmente hubiera producido aprensión, bien indicara obje-tivamente un rasgo permanente del carácter o no. Sin duda, ciertas analogías en la ley (aparte de lo que el sentido común indica) favo-recen la admisibilidad de esa evidencia; porque si actos nocivos espe-cíficos de un animal son pertinentes para demostrar que su dueño tenía conocimiento de sus resabios (viciousness) . . . , y si un acto específico de mala conducta de un empleado es pertinente para demostrar que su patrono tenía conocimiento de su incompetencia . . ., entonces, actos específicos de inescrupulosa violencia muy bien pueden considerarse pertinentes para demostrar aprensión de ser atacado por esa persona. La verdadera solución consiste en ejercitar dis-creción y admitir tales actos específicos cuando el sentido común nos indique que pudieron legítimamente producir aprensión en el acu-,sado. ” 2 Wigmore, op. cit., see. 248, pág. 61.

Y en otra parte de su obra, dice el autor:

■ “Cuando el carácter turbulento del interfecto, en un juicio por homicidio [homicide, vocablo genérico que en inglés incluye el ase-fiiuato], es pertinente . . . , no bay razón sustancial que impida probar el carácter presentando evidencia de actos específicos dé| conducta violenta o pendenciera. Tales actos específicos pueden ser muy significativos; el número de ellos que pueda presentarse puede ser controlado discrecionalmente por la corte; y las consideraciones que se exponen para rechazar esa evidencia . . . tienen poca o ninguna fuerza persuasiva.” 1 Wigmore, op. tit., sec. 198, pág. 676.

No abrigamos duda de que la doctrina que acabamos de exponer descansa sobre principios de lógica y está sostenida, como hemos indicado, por la mayoría de las autoridades en el continente. Pero a los efectos de esta jurisdicción, no parece sabio adoptarla en toda su extensión. Se sirven me-jor los fines de la justicia limitando la admisión de actos es-pecíficos a la prueba de convicciones por cielitos de sangre. De ese modo se destruye la objeción que a esta doctrina se ha levantado, en el sentido de que la admisión de actos es-pecíficos daría lugar a traer al juicio cuestiones colaterales c[ue prolongarían innecesariamente los juicios, a la vez que distraerían la atención del jurado sobre la verdadera cues-tión en controversia.

Esta prueba de convicciones podrá presentarse en las dos clases de casos a que nos referimos anteriormente, es decir: (a) cuando está en controversia cuál de los dos, el acusado o la víctima, inició el combate, y (b) cuando el acusado trate de probar que tenía motivos para creer al ser atacado por la víctima que se hallaba frente a un enemigo peligroso. Claro es que si el acusado trata de probar crímenes de san-gre cometidos por la víctima, el Pueblo puede presentar evi-dencia para probar convicciones de la misma clase por parte del acusado. 1 Wigmore, op. cit., sec. 63, pág. 472.

En el presente caso la prueba de que el interfecto había extinguido condenas por delitos de sangre al mismo tiempo que el acusado extinguía sentencias en la misma institución penal, especialmente cuando surge de la prueba que eran amigos antes de ingresar en la cárcel de distrito y durante su reclusión en ella, racionalmente establece que el acnsado al tiempo del encuentro tenía conocimiento de las conviccio-nes del interfecto por delitos de sangre. Siendo ello así, la evidencia del récord penal de la víctima ofrecida por el acu-sado para probar que al enfrentarse con el interfecto en el momento del encuentro el acusado tenía motivo para creer que se bailaba ante un enemigo peligroso, era admisible.

Toda vez que en el presente caso se bailaba en contro-versia cuál de los dos inició el combate, también esa prueba de convicciones era admisible para ese fin.

Siendo admisible la evidencia de las convicciones de la víctima bajo una y otra teoría, al denegar la corte la admi-sión en evidencia del récord penal del interfecto incurrió en error perjudicial a los derechos sustanciales del acusado, y por consiguiente procede revocar la sentencia y devolver el caso a la corte inferior para la celebración de un omevo juicio.

       Estas condenas, como veremos más adelante, eran por delitos de sangre.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociad© Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Valiente & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Hon. Sergio Cuevas Bustamante, Comisionado del Interior, e Ignacio Saavedra, Superintendente de Obras Públicas, demandados y apelantes.
    Núm. 9109.

    Sometido: Mayo 9, 1945.

      Resuelto: Junio. 25, 1945.

      Ron. Procurador General Interino Jesús A. González y Carmen B. Hernández, Procuradora- Auxiliar, abogados de los apelantes; E. Martínez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociad© Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión decisiva en este caso es si la corte inferior actuó con jurisdicción al conocer de un pleito- sobre sentencia declaratoria seguido en realidad contra El Pueblo de Puerto Rico, sobre una materia en relación con la cual El Pueblo de Puerto Rico no ha dado sú consentimiento para ser deman-dado.

Aparece de las alegaciones de la demanda que Valiente & Co., S. en C., celebró un contrato el 17 de octubre de 1939 con el entonces Superintendente de Obras Públicas Sr. Jorge V. Dávila a nombre y en representación de El Pueblo de Puerto Rico, aprobado por el Comisionado del Interior, para la construcción por la demandante de un puente sobre el río Merle en la carretera de Patillas a Maunabo; que la deman-dante tuvo que pagar, a requerimiento del Departamento del Interior, mayores jornales que los estipulados y realizar tra-bajos no comprendidos en el contrato; que la demandante realizó la obra según las especificaciones originales conteni-das en el proyecto, con las alteraciones y modificaciones que los demandados estimaron necesarias; que la obra quedó de-finitivamente aceptada el 21 de junio de 1941, y que al lle-var a cabo la liquidación del contrato ha surgido entre las partes una controversia en cuanto a su interpretación; que mientras la demandante entiende que tiene derecho a que le sea pagado el montante de las partidas que especifica en la demanda, los demandados opinan que no vienen obligados a ello ni a reconocer derecho alguno a la demandante por tales conceptos; que no habiendo podido ponerse de acuerdo re-curre la demandante al procedimiento establecido por la Ley de Sentencias Declaratorias, solicitando que se declare que “el demandado” viene obligado a pagar a la demandante la cantidad que corresponde por las partidas especificadas en la demanda y se condene a los demandados, si se opusieren a tal declaración, al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado de la demandante.

Los demandados comparecieron y contestaron la de-manda, pero no invocaron el derecho que tiene el soberano de no ser demandado sin su consentimiento. Sin embargo, invocaron ese derecho en apelación y siendo como es una cuestión jurisdiccional, procederemos a discutirla.

La corte inferior, por los méritos de la prueba, declaró con lugar la demanda e impuso las costas a los demandados.

Es un principio bien establecido, que el soberano,' y como tal, El Pueblo de Puerto Rico, en defecto de una ley que expresamente lo autorice, sólo puede ser demandado en relación con aquellas materias expresamente comprendidas en el artículo 1 de la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155), según fue enmendada por la Ley núm. 11 de 18 de abril de 1928 (pág. 131), que dice:

“Artículo 1. — Las Cortes de Distrito de Puerto Rico estarán au-torizadas en lo sucesivo para admitir demandas contra El Pueblo de Puerto Rico, en los siguientes casos:
‘(a) Acciones por daños y perjuicios.
“‘(i) Acciones para reivindicar propiedad inmueble o mueble o derechos sobre la misma, con o sin resarcimiento de perjuicios por retención de los mismos o por daños causados en dicha propiedad o por sus rentas y utilidades y para deslinde de fincas rústicas; Dispo-niéndose, que no se recobrarán dichos daños y perjuicios y las rentas y utilidades sobredichas que se hubieren ocasionado por El Pueblo de Puerto Rico con anterioridad a la fecha en que entable la acción’ ’’.

El presente casó no está comprendido dentro de las dis-posiciones del citado artículo, pero insiste la demandante en que no se trata de un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico, sino contra sus funcionarios, y que por consiguiente el principio legal de que el soberano no puede ser demandado sin su consentimiento, no es de aplicación.

Una lectura de la demanda no deja dudas de que el con-trato fue celebrado para y en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico, y que es éste y no los funcionarios demanda-dos el responsable del pago de la reclamación — si hubiere derecho a ello — si se tratase de un pleito por el procedi-miento ordinario. En la demanda expresamente se alega que el contrato fue celebrado por el Superintendente de Obras Públicas Sr. Dávila “a nombre y en representación de El Pueblo de Puerto Rico”, y no creemos que la demandante pretenda, dentro de las alegaciones de su demanda, que son los demandados con su propio peculio los obligados a pagar en todo o en parte el importe de la obra verificada para El Pueblo de Puerto Rico. Siendo ello así, es obvio que se trata de un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico, a pesar de que la demanda se presenta contra sus funcionarios. Sancho Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505, 506 (1939); Porto Rico v. Rosaly, 227 U. S. 270, 274 (1913); Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, 262 (1937); La Correspondencia de P. R. v. Buscaglia, Tes., 58 D.P.R. 680 (1941); Terceiro v. División de Hogares Seguros, 53 D.P.R. 598 (1938).

El hecho de que en el presente' caso la demandante haya recurrido al procedimiento de sentencias declaratorias, no confiere jurisdicción a la corte, pues siempre se trata de un pleito contra El Pueblo de Puerto Pico, para cuya ins-titución el soberano no lia prestado su consentimiento. A este efecto dice Borchard, citado por los apelantes:

“. . . 1a. inmunidad del Estado contra pleitos — un concepto muy abusado — no ha sido alterada o modificada por la Ley de Sen-tencias Declaratorias. En varias ocasiones se ha hecho un esfuerzo para obtener una declaración sobre la obligación del Estado de re-embolsar o pagar dinero, no con el fin de ejecutar la sentencia que de acuerdo eon la ley es imposible, sino meramente para obtener una adjudicación de los derechos legales. Sus efectos persuasivos, para inducir a una Asamblea Legislativa a hacer una asignación, pueden ser considerables. Innecesario es decir, sin embargo, que tal pro-cedimiento no puede sostenerse, y que una corte debe declinar juris-dicción aunque un funcionario público en apariencia haya sido de-mandado como un alter ego por el Estado.” Borchard, Declaratory Judgments (Segunda edición, 1941), pág. 374.

No habiendo El Pueblo de Puerto Rico dado permiso para ser demandado en el presente caso, actuó sin jurisdic-ción la corte a qiw y- procede, por consiguiente, la revocación de la sentencia.

       El artículo 2 de la citada Ley de 1916 prescribe:
      “No podrá entablarse ninguna -acción contra El Pueblo de Puerto Rico a menos que el consentimiento para ello esté expresamente incluido en las dispo-siciones de esta Ley, y todo consentimiento, expreso o tácito, dado por El Pueblo de Puerto Rico y no incluido expresamente en esta Ley, queda por la misma revocado.”

       El hecho de que se revoque la sentencia por falta de jurisdicción en la corte sentenciadora, no debe ser un obstáculo para que la demandante pueda obtener de la Asamblea Legislativa la autorización necesaria para demandar a El Pueblo de Puerto Rico si es que la Asamblea Legislativa estima que debe conceder tal permiso, pues esta opinión no prejuzga los méritos del caso.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    José R., Manuel y Catalina Oliver Aresti y Antonia Oliver Pérez, representada por su madre con patria potestad Antonia Pérez Zambrana, demandantes y apelantes, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, sustituído por Rafael Buscaglia, demandado y apelado.
    Núm. 9115.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Julio 2, 1945.

      Eduardo Pérez Casalduc, abogado de los'apelantes; IIon. Procurador General Interino Julio Suárez Garriga, y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 6 de 1939, los demandantes, herederos de don Andrés Oliver Boses, pagaron bajo protesta la suma de $24,802.06, la cual, de acuerdo con el cómputo practicado por el Tesorero de Puerto Eico debía ser pagada por dichos he-rederos por concepto de contribución de herencia.

En marzo 4 de 1940, los demandantes radicaron demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, en la cual solicitaron que se ordenase al Tesorero devolverles la suma de $8,219.24 que alegan les fué cobrada indebidamente. En la demanda, enmendada en abril 9 de 1941, se alega que los herederos demandantes se vieron competidos a pagar la suma recla-mada por el Tesorero, por haberles requerido la Corte de Distrito de Arecibo a presentar un proyecto de partición de la herencia dentro de nn breve e improrrogable término, y ser necesario para la aprobación de la partición la presen-tación del recibo acreditativo de haberse pagado la contri-bución de herencia; que la misma corte ordenó al Adminis-trador Judicial que hiciera el pago bajo protesta; que el mismo día en que se hizo el pago bajo protesta, el Adminis-trador notificó al Tesorero que apelaba de la valuación y cómputo para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, pera el Tesorero se negó a dar curso a la apelación y la Junta se ha negado a revisar las actuaciones del Tesorero.

. Alegan los demandantes, que al valorar las acciones de la Central Cambalache que poseía el finado Andrés Oliver, el Tesorero se guió única y exclusivamente por el valor que-resultó del examen de los libros de la corporación, sin tener en cuenta que durante el período de enero 10 de 1936 a enero 4 de 1937, según consta del Registro de Transferencias de Acciones de Central Cambalache, Inc., unas 2339 acciones fueron transferidas a un precio promedio menor de $80 por acción; que las propias acciones que figuraban en el inven-tario de los bienes del causante fueron vendidas en pública subasta, con el permiso del Tesorero, para levantar fondos-con que poder pagar la contribución de herencia, y fueron adjudicadas al mejor postor por el precio de $80 por acción; que valoradas dichas acciones a $80 cada una, el valor total de los bienes a repartir monta a la suma de $249,384.45, y la contribución a $15,049.07; que la suma que corresponde-pagar a los demandantes asciende a un total de $16,582.82, resultando por tanto que el Tesorero les ha cobrado indebi-damente la suma $8,219.24, que es la que ahora reclama.

En su contestación a la demanda, el Tesorero alegó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que el pago hecho por los demandantes no fue hecho-bajo protesta y sí voluntariamente; que nadie les obligó a pagar la contribución, pues lo único que hizo el Tesorero fue-liquidar la contribución sin fijar definitivamente la obligación de pago; que contra la liquidación hecha por el Tesorero, los demandantes tenían el recurso de apelación o alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento; que cualquier pago efectuado sin haber antes apelado para ante dicha Junta, equivale a una renuncia del derecho de alzada, y el pago hecho en esas condiciones es un pago voluntario; y, jJor último, que la obligación de pagar el importe de las con-tribuciones no surge ni puede .surgir antes de que la Junta resuelva la apelación o alzada que ante ella fuere inter-puesta.

2. Que en 2 de diciembre de 1939, los demandantes radi-caron ante la Corte de Distrito de San Juan una solicitud de mandamus para obligar al Tesorero y a la Junta de Re-visión a conocer de un recurso de alzada que alegaron haber radicado el 6 de marzo de 1939 contra la valuación y cóm-puto hechos por el Tesorero en este mismo caso; y que dicho pleito se encuentra pendiente ante la Corte de Circuito, en apelación de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Rico. (Oliver v. Domenech, Tes., 58 D.P.R. 64).

3. Que en 20 de septiembre de 1939 los demandantes ra-dicaron ante la Junta un llamado escrito de apelación y que la Junta nunca tomó acción en relación con el alegado re-curso, limitándose a pasarlo al Tribunal de Apelación de Contribuciones creado por la Ley de 12 de abril de 1941 (núm. 172, (1) pág. 1039), ante el cual se encuentra pendiente dicho recurso.

4. Que la Gorte de Distrito carece de jurisdicción para conocer del pleito y sobre la persona del demandado.

5. Que los hechos alegados en la demanda son insuficien-tes para determinar una causa de acción.

6. Que de acuerdo con la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, la acción que se trata de ejercitar está prescrita.

La Corte de Distrito, por entender que los demandantes no acudieron previamente a la Junta de Revisión e Iguala-miento y que el pago hecho por ellos en marzo 6 de 1939 era voluntario y .prematuro y no bajo protesta, dictó sentencia desestimando la demanda por falta de jurisdicción e impo-niendo las costas a los demandantes.

Alegan los apelantes qne la Corte inferior erró: (1) al resolver qne carecía de jurisdicción para conocer del caso, fundándose en qne la acción había sido iniciada bajo las dis-posiciones de la Ley núm. 8 de 1927, “sin haber agotado antes los recursos administrativos otorgados por el artícnlo 7 de la Ley nnm. 99 de 29 de agosto de Í925, según el mismo fuera enmendado por la Ley núm. 72 de 12 de mayo de 1936” ] (2) al resolver qne el pago de la contribución no íué heclm bajo protesta; y (3) al no considerar la evidencia aportada por las partes.

Antes de entrar a considerar los anteriores señalamien-tos debemos hacer constar qne en el caso de Oliver v. Do-menech, Tes., supra, entre las mismas partes, resolvimos qne la facultad para ordenar la devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta correspondía a las cortes de distrito y no a la Junta de Revisión e Igulamiento; y qne cuando se paga la contribución de herencia impuesta por el Tesorero, bajo protesta, antes de recurrir en alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, se renuncia a ese derecho de alzada, pues la Junta no estaba facultada para ordenar la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. De nuestra decisión declarando no haber lugar a la expedición del mandamus contra el Tesorero y la Junta, apelaron los demandantes para ante la Corte de Circuito, la cual deses-timó el recurso en febrero 26 de 1942.

Habiendo los contribuyentes renunciado el derecho a re-currir ante la Junta de Revisión e Igualamiento, debemos considerar el presente caso como uno en el que el contribu-yente, después de haber hecho un alegado pago bajo protesta, recurre directamente a la Corte de Distrito solicitando la devolución de la suma cobrádale indebidamente.

La única cuestión a resolver es si los demandantes tenían derecho a recurrir directamente a la Corte de Distrito, sin haber agotado antes el remedio administrativo concedido por las leyes entonces vigentes.

El artículo 7 de la Ley núm. 99 de 29 de agosto de 1925 (pág. 791), titulada “Ley para Modificar y Ampliar la Contribución sobre Trasmisión de Bienes por Herencia”, según fue enmendado por la Ley núm. 72 de 1936 ((1) pág. 371) dispone:

‘ ‘ Dentro de los treinta días después de haberse ultimado la valora-ción y cómputo de Ja contribución, podrá, cualquier persona o bene-ficiario a quien ésta afecte, apelar contra dicha valuación y cómputo de la contribución a la Junta de Revisión e Igualamiento.”

No existe en la mencionada Ley núm. 99 de 1925 dispo-sición alguna por la cual se requiera el pago bajo protesta de la contribución de herencia impuesta por el Tesorero, como condición previa para poder recurrir en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento.' Los contribuyentes en este caso, al ser notificados en marzo 1 dé 1939 de la valo-ración y cómputo practicados por el Tesorero, pudieron ha-ber recurrido en alzada ante la Junta de Revisión e Iguala-miento, dentro de los treinta días siguientes al de la notifi-cación, sin necesidad de pagar suma alguna, por no reque-rirlo la ley. Los demandantes, erróneamente y sin estar obligados a ello por ley alguna, pagaron la suma total fijada por el Tesorero como importe de la contribución de heren-cia, haciendo constar al dorso del recibo que les fue otorgado que el pago se hacía bajo protesta; y después de haber efec-tuado dicho pago, apelaron para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. El pago hecho en esas condiciones, siendo un pago voluntario, surtió el efecto legal de renunciar el derecho de apelación para ante la Junta. Oliver v. Dome-nech, Tes-, supra.

La Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, titulada “Ley Disponiendo el Pago de Contribuciones bajo Protesta, etc.”, (Comp. 1941, pág. 1355) contehía las siguientes disposiciones que consideramos pertinentes al caso que estamos considerando :

Disponía la sección 1, qne cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará, no obstante, obligado a pagar la contribución totalmente, “a requerimiento del colector de rentas internas de su distrito”, y si deseare establecer alguna reclamación, “al efectuar el pago, pedirá a dicho colector., que consigne su protesta al dorso del recibo”.

Désde el año 1905 esta Corte Suprema, en Guerra v. Tesorero de Puerto Rico, 8 D.P.R. 292, estableció lá doctrina de que el contribuyente debe agotar el remedio administra-tivo, apelando para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, antes de que pueda recurrir ante los tribunales de justicia.

En Ríos v. Richardson, Tesorero, 24 D.P.R. 547, .el demandante solicitó la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. La corte de distrito sostuvo la excepción pre-via de insuficiencia de la demanda, por no haberse alegado en ella que se hubiera interpuesto recurso de alzada para ante la Junta de Revisión, e Igualamiento. La sentencia fue confirmada, resolviéndose que la ley disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta no derogó los artículos del Có-digo Político (308, 309 y 310) por virtud .de los cuales se creó la Junta de Revisión e Igualamiento; y que, por consi-siguiente, el contribuyente que deje de acudir a la Junta en solicitud de un remedio, cuando ésta tiene poder para actuar, no puede pagar bajo protesta y luego recobrar las contribu-ciones en una acción establecida con ese fin ante los tribu-nales.

La jurisprudencia de las cortes federales y estatales sos-tiene que el contribuyente debe agotar los remedios adminis-trativos que la ley pone a su alcance, recurriendo ante las juntas que están facultadas para revisar la tasación y la im-posición de contribuciones, antes de que pneda recurrir a los tribunales de justicia. Cuando la legislatura ha creado una junta facultada para revisar y modificar las contribucio-nes impuestas por el Tesorero y ha provisto el procedimiento que el contribuyente deberá seguir para obtener la revisión, la apelación o alzada ante esa Junta es una condición pre-cedente al derecho que pueda tener el contribuyente para recurrir a los tribunales de justicia.

En el caso de autos los contribuyentes trataron de hacer uso del remedio administrativo provisto por la sección 7 dé-la Ley núm. 99 de 1925, enmendada por la Ley núm. 72 de 1936, supra, acudiendo en alzada ante la Junta de Kevisión. Empero, el pago de la contribución fijada por el Tesorero, antes de establecer la apelación y sin estar legalmente obli-gados los herederos a efectuar dicho pago, produjo el efecto legal de renunciar el derecho de apelación para ante la Junta.

No erró la Corte inferior al desestimar la demanda por falta de jurisdicción. La sentencia recurrida debe ser coné-firmada.

      3STada de lo dicho por esta Corte en los casos de La Correspondencia de Puerto Rico v. Buscaglia, Tesorero, 58 D.P.R. 680, 684, y en Oliver v. Domenech, supra, deberá ser interpretada en el sentido de que por los mismos se haya modificado o revocado la decisión de esta Corte en Ríos v. Richardson, Tes. 24 D.P.R. 547, la cual confirmamos por la presente.

         First National Bank of Greeley v. Board of County Commrs., 264 U.S. 450, 68 L. ed. 784; Gorham Mfg. Co. v. State Tax Comm., 266 U.S. 265, 69 L. ed. 279; Ward v. Alsup, 46 S.W. 573; Farmers Nat. Bank v. Board (Ky.) 8 S.W. 2d 401; Apartments Bldg. Co. v. Smiley, 32 F. 2d 142; Washburn Wilson Seed Co. v. Jerome County, 138 P. 2d 978.


text:
    José B. López, Sucrs., S en C., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 48.

    Sometido: Mayo 28, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      Rafael y Juan E. Soltero Peralta, abogados de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González (Julio Suárez Garriga, como tal Procurador General Interino también, en el alegato) y Ramón Gandía Biscomhe, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rie-o, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

i ^a peticionaria — sociedad mercantil dedicada al negocio de venta de provisiones al por mayor y al detall — rindió dentro del término legal las declaraciones de ingresos co-rrespondientes a los años 1936, 1937, 1938 y 1939. En junio 28 de 1941, el Tesorero de Puerto Rico le notificó una defi-ciencia; y habiendo la peticionaria solicitado la reconside-ración, el Tesorero la declaró sin lugar.

En su apelación ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, la peticionaria alegó:

1. Que el Tesorero erró al estimar un beneficio neto de un tres por ciento sobre el importe de las ventas, ignorando las partidas reales de egresos, que aparecen en los libros de contabilidad de la contribuyente.

2. Que el Tesorero actuó arbitrariamente al ignorar los libros de contabilidad de la contribuyente y usar un método que solamente está justificado cuando el contribuyente no tiene libros o datos que permitan hacer el cómputo justo de la contribución a pagarse.

Contestó el Tesorero, que para fijar el beneficio neto él tomó como base los beneficios reportados en las planillas de 1934, 1936 y 1937 por el mismo negocio; que los libros que llevaba la sociedad eran incompletos, faltando los libros de inventario, facturas de compras, libros de ventas y compro-bantes de gastos; que los libros no se llevaban en debida forma; y que por esas razones el Tesorero tenía derecho a determinar el beneficio en la forma que creyera conveniente.

En diciembre 15 de 1944, el Tribunal de Contribuciones rindió su decisión, declarando sin lugar la querella; y ha-biendo sido denegada la reconsideración, la peticionaria hizo el pago bajo protesta e instó el presente recurso de certio-rari. Para sostenerlo, alega que el Tribunal de Contribu-ciones cometió los siguientes errores: 1, ignoró los libros de contabilidad y la prueba pericial ofrecidos p or la contribu-yente; 2, aceptó el procedimiento seguido por el Tesorero para la determinación del ingreso tributable; y 3, se negó a requerir al Tesorero para que produjera el informe del investigador, en el cual aparece el procedimiento empleado para determinar el ingreso tributable.

En el récord que tenemos a la vista figura una estipula-ción suscrita por las partes, en la que éstas convienen so-meter el caso a la decisión del Tribunal, por los libros pre-sentados en evidencia y por el “memorándum de cotejos es-porádicos de los libros”, preparado por el perito Alejandro Vázquez, a solicitud del Tribunal.

La primera cuestión a resolver es si el Tribunal de Contribuciones, al dictar su decisión, ignoró o no tomó en consideración los libros de contabilidad y la prueba pericial presentada por la peticionaria.

De la transcripción de la evidencia que tenemos a la vista, aparece que la sociedad apelante presentó la siguiente prueba testifical:

Alejandro Vázquez, contador de la firma José B. López, Suers., S. en C., declaró: Que practicó un examen de los libros y del sistema de contabilidad de dicha firma, para los efectos del presente caso; que dicho sistema de contabilidad es adecuado para poder determinar el ingreso neto tribu-table; que la casa lleva libros de caja, jornal, jornal general, jornal de compras, usando en algunos años el libro de ventas y en otros las facturas como récord de ventas, y mayor general; que la casa llevó esos libros durante los años de 1936 a 1939 inclusive; que practicó la investigación a base de esos libros, teniendo, además, a la vista los auxiliares, mayor de clientes y mayor de acreedores, y los comprobantes demos-trativos de la autenticidad de los asientos practicados en los libros; que esos libros y comprobantes fueron suficientes para llevarle a la conclusión de que los libros están llevados con regularidad y que los asientos son correctos; que hizo un cotejo de las planillas rendidas por la firma por los años 1937, 1938 y 1939, pero no pudo hacerlo en cuanto al año de 1936 porque los libros de contabilidad correspondientes a dicho año fueron sometidos a la Junta de Revisión e Igua-lamiento y allí se extraviaron; que la prueba que se le pre-sentó era, de acuerdo con las normas de contabilidad, sufi-ciente para determinar el ingreso neto; que el Tesorero no estuvo justificado al ignorar y desatender los libros y com-probantes ofrecidos por la contribuyente para la determina-ción de su ingreso neto durante los tres años; que el Te-sorero rechazó toda la evidencia y “entonces utilizó un mé-todo muy simple, que fue el de computar un tres (3) por ciento de las ventas brutas, para determinar que ése es el ingreso neto tributable”'; que el método empleado por el Tesorero no es correcto, porque aceptó las ventas declara-das en las planillas, pero no así el resto de la evidencia pre-sentada por la contribuyente, consistente en talonarios de cheques y facturas, los cuales eran suficientes para compro-bar correctamente el ingreso; que cuando se hace un “audit” de un negocio, el contable no exige todos los comprobantes, facturas y papeles originales, sino que acepta parte de esos documentos o hace pruebas con ciertos meses para auditar un año, que es lo que se llama “spot check”; que ese fué el método seguido por el declarante; que no se explica por qué el Tesorero aceptó las ventas y rechazó toda la otra prueba; que los libros que examinó fueron los de los años 1937, 1938 y 1939, presentados en evidencia ante el Tribunal de Contribuciones, y encontró que los asientos que aparecen en dichos libros fueron hechos con regularidad y correcta-mente.

Terminada la declaración del testigo Vázquez, la quere-llante presentó en evidencia sus libros de contabilidad. El Tribunal ordenó al testigo que hiciera uno o dos de los lla-mados “spot checks” y que sometiera su informe, para así poder comprobar si los libros contienen datos suficientes para poder determinar el ingreso neto sin recurrir a fórmula alguna.

Rufo Hernández, socio gestor de la firma querellante, de-claró : Los libros correspondientes al año 1935-36 fueron en-viados a la Junta de Revisión e Igualamiento, para ser exa-minados en relación con un caso que la sociedad tenía pen-diente ante dicha Junta. Cuando terminó el caso mandaron a buscar los libros y no los pudieron encontrar y nunca se los devolvieron. Las planillas correspondientes al año 1936 fueron preparadas con datos tomados de los libros que se extraviaron. Desde 1936, año en que se constituyó la socie-dad, se llevó el mismo sistema de contabilidad que en los años subsiguientes. La planilla presentada por ese año co-rrespondía a los asientos y a la realidad, demostrando los ingresos tal como fueron percibidos en ese año.

En adición a la prueba testifical, la sociedad apelante ofreció en evidencia el informe del perito contador Alejandro Vázquez, sobre las pruebas y tanteos hechos por él, por orden del Tribunal, en los libros de contabilidad de la so-ciedad. Después de exponer siete casos de tanteos específi-cos, el perito llega a la conclusión de que “todos y cada uno de los libros han sido llevados correctamente y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados”.

El Tesorero no presentó prueba alguna para sostener su alegación de que los libros eran incompletos y no se lleva-ban en debida forma.

El Tribunal de Contribuciones, después de examinar los libros que le fueron presentados, llegó a la siguiente con-clusión :

“Por la prueba presentada ante esto tribunal no se puede deter-minar cuáles fueron los ingresos netos tributables que, en su oportu-nidad y en las planillas correspondientes; la querellante declarara que bubo, ni tampoco los que realmente hubo.”

El Tribunal señala en su opinión las deficiencias que ha encontrado en los libros, haciendo constar expresamente que no existe en ellos nada que se relacione con las transaccio-nes del año 1935-36; “que el año 1938-39 es el único en que no hay carencia de datos o de entradas referentes a los negocios de José B. López, Suers., S. en C., en sus libros mayor, diario, de caja y de registro de facturas”; y que para los otros años los libros resultan incompletos.

El error señalado, o sea el de haber ignorado los libros y la prueba pericial, no fué cometido, toda vez que del ré-cord aparece que el Tribunal los tomó en consideración, lle-gando a la conclusión de que los libros eran incompletos e insuficientes para probar que el ingreso neto declarado en las planillas era correcto.

La segunda cuestión a resolver es si el procedimiento seguido por el Tesorero para determinar el ingreso neto tributable se ajustó a la ley.

La Ley (le Contribuciones sobre Ingresos dispone lo si-guiente :

“Sección 14(b). — El'ingreso neto será computado sobre la base del período anual de contabilidad del contribuyente (año económico o año natural, según sea el caso) de acuerdo con el sistema de contabi-lidad usado regularmente por el contribuyente en sus libros; pero si él no llevare libros de contabilidad, o si el sistema usado no refleja claramente su ingreso, la computación será hecha de acuerdo con el sistema que en opinión del Tesorero refleje claramente el ingreso. Si el período anual de contabilidad del contribuyente es otro que el de año económico según se define en la sección 3, o si el contri-buyente no siguiera un período anual de contabilidad o no llevare libros, el ingreso neto será computado a base del año natural.”

Veamos abora cuál fué el sistema usado por el Tesorero para computar el ingreso neto tributable para cada uno de los cuatro años envueltos en este caso.

En su contestación a la querella, alegó el Tesorero que él “no fijó arbitrariamente el estimado de beneficio neto de un 3 por ciento sobre las ventas”; y que “lo hizo después de hacer un estudio de los distintos beneficios netos repor-tados en las planillas de 1934 por este mismo negocio, bajo la firma J. B. López, Inc., y en las planillas de 1936 y 1937”.

De la transcripción de la evidencia no aparece que el Te-sorero ofreciera evidencia alguna para demostrar que el cómputo había sido hecho de acuerdo con un sistema que en su opinión refleja claramente el ingreso neto tributable. No obstante esa falta de prueba en cuanto al método utilizado para determinar el ingreso neto, el Tribunal de Contribu-ciones hizo constar en su opinión lo siguiente:

“Debe aclararse que el Tesorero determinó las deficiencias notifi-cadas a la querellante para los años de referencia a base de un 3 por ciento de las ventas efectuadas según jas declaraciones de ingreso hechas por José B. López, Suers., S. en C.”
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“Ante los hechos y circunstancias de este caso creemos que el Tesorero no ha procedido arbitrariamente al determinar las contri-btieiones que la parte querellante debe pagar. Véase el caso de Armour & Co. v. Sancho Bonet, Tes., 57 D.P.R. 512.”
“El método empleado por el Tesorero en la determinación de las deficiencias de la contribuyente no puede clasificarse, en nuestra opinión, como uno que refleje claramente el ingreso neto de la contri-buyente. Pero debe tenerse presente que, por bueno que sea cual-quier método, el ingreso neto no podrá determinarse claramente si no bay datos suficientes para ello. Hay que reconocer al Tesorero cierta discreción y facultad para llegar a conclusiones razonables en casos en que estén implicados cuentas y datos sobre hechos ocurridos, o cosas que debieron existir, en tiempos pasados. En el caso de autos el Tesorero ha aceptado como correctos los ingresos brutos declarados por la contribuyente, y ha hecho uso de un coeficiente o tipo de interés que, en nuestra opinión, es rígido y mecánico, pero que tenemos que suponer, en ausencia de prueba en contrario, dentro de las circuns-tancias de este caso, es razonable y representa un promedio obtenido o determinado a base de su experiencia en relación con muchos otros casos de parecida índole.” (Bastardillas nuestras.)

Las conclusiones del Tribunal de Contribuciones en cuanto al método empleado por el Tesorero no están sostenidas por la evidencia y están en pugna con las alegaciones del propio Tesorero. Ya hemos visto que dicho funcionario alegó que él estimó el beneficio neto para cada uno de los cuatro años, en un 3 por ciento sobre las ventas efectuadas durante dichos años, y que lo hizo después de hacer un estudio de los beneficios netos reportados en las planillas del año 1934, por este mismo negocio de la peticionaria, y en las planillas de 1936 y 1937. En otras palabras, el Tesorero consideró que si el negocio de la peticionaria había producido beneficios durante el año 1934-35 — que no está envuelto en la contro-versia — y también durante los años 1935-36 y 1936-37, él tenía derecho a fijar arbitrariamente un coeficiente o tipo de interés para aplicarlo a dichos dos años e igualmente a los años 1937-38 y 1938-39, aun cuando el negocio hubiese pro-ducido pérdidas durante esos dos últimos años.

El coeficiente o tipo de interés aplicado por el Tesorero es no solamente rígido y mecánico si que también injusto y arbitrario. Es a todas luces arbitrario e irrazonable presu-mir que si el negocio de la peticionaria produjo beneficios en 1935, 1936 y 1937, debió indefectiblemente producirlos también' en 1938 y 1939. La prueba demostró que los libros de contabilidad correspondientes al año 1935-36 no fueron presentados en evidencia por haberse extraviado en la Junta de Revisión e Igualamiento, presidida por el propio Tesorero. No obstante la ausencia de dichos libros, el Tesorero aceptó como veraces las planillas para el año 1935 — 36, usando las ventas reportadas como base para imponer la contribución por ese año; y los beneficios, para determinar un tipo con-tributivo aplicable a todos los años en controversia.

El Tribunal inferior, después de examinar los libros pre-sentados en evidencia, llegó a la conclusión de “que el año 1938-39 es el único en que no hay carencia de datos o de en-tradas referentes a los negocios de José B. López, Suers., S. en C. en sus libros mayor, diario, de caja y de registro de facturas”. Empero, el Tesorero prescindió de todos esos datos y entradas; y tomando como base las ventas efectua-das durante ese año, impuso la contribución aplicando el tipo rígido, mecánico y arbitrario de 3 por ciento del mon-tante de dichas ventas.

De todo lo expuesto se deduce que el Tribunal recurrido erró al sostener como sostuvo que el tipo contributivo de 3 por ciento del importe de las ventas, aplicado por el Te-sorero, “representa un promedio obtenido o determinado a base de su experiencia en relación con muchos otros casos de parecida índole”. Dicha conclusión no está sostenida por prueba alguna y es contraria a la alegación del propio Te-sorero, quien admite que el tipo contributivo de 3 por ciento fué fijado tomando como base los beneficios netos produci-dos en años anteriores por el mismo negocio de la peticio-naria.

La representación del Tesorero dedica gran parte de su alegato a la defensa del método de por ciento {percentage method), sosteniendo que ése es el método alternativo qne debe usarse para la computación del ingreso neto, cuando los libros de contabilidad del contribuyente son incompletos y no reflejan claramente sus ganancias. Convenimos con el Teso-rero en que dicho método está reconocido por las autorida-des como justo y razonable; y si el Tesorero lo hubiese uti-lizado en el presente caso, otra sería sin duda alguna nues-tra decisión.

De la Obra “Federal Tax Service”, Prentice Hall, Tomo I, año 1944, pág. 6015, See. 6005, copiamos lo siguiente:

“Determinación del ingreso neto por el método de porcentaje. En los casos en que el contribuyente tiene libros de contabilidad u otros records incompletos, por Jos cuales no se puede determinar el ingreso neto, el Comisionado ha seguido la práctica' de aplicar un determinado porcentaje, correspondiente al de otros negocios similares, a las ventas o ingreso bruto. Aun cuando la Junta de Apelaciones Contributivas lia aprobado numerosas deficiencias determinadas me-diante la aplicación del método de porcentaje y ha desaprobado otras, no ha establecido reglas generales sobre la materia. La actitud de la Junta en cuanto a este particular quedó claramente demostrada por el siguiente extracto de su opinión en Moses P. Ginzburg, 14 B.T.A., 324:
‘Aun cuando reconocemos las injusticias que pueden resultar de la determinación del ingreso tributable mediante el-método de por-centaje, debemos reconocer también el deber que tiene el Comisionado de determinar la contribución adecuada, y, en ausencia de informes que pueda servir de base para la aplicación de un método distinto, debemos aprobar la determinación como ha sido hecha.’ ” (Bastar-dillas nuestras).

En el caso de autos, el Tesorero no determinó el ingreso neto para cada uno de los cuatro años, tomando como base el por ciento de beneficios o ingresos netos realizados por otros negocios similares durante cada uno de esos mismos cuatro años. No utilizó el método alternativo, justo y razo-nable, del porcentaje y sí el método rígido, mecánico y ar-bitrario consistente en utilizar el porcentaje promedio de los beneficios recibidos en los años en que hubo beneficios, para aplicarlo por igual a todos los años en controversia, aun a aquellos años en los cuales la contribuyente alega haber su-frido pérdidas.

Cuando el Tesorero se ve obligado por las circunstancias del caso a recurrir al método de porcentaje para determinar el ingreso neto del contribuyente, es a éste a quien corres-ponde probar que el cómputo hecho de acuerdo con dicho método es erróneo. Véase el caso de Julius Gamm, 15 B.T. A. 592, confirmado en 39 F. 2d 73. En el presente caso, por las admisiones del Tesorero y las conclusiones del Tribunal inferior, se ve claramente que no fue el “percentage method” el usado para determinar el ingreso neto de la peticionaria.

Por las razones expuestas opinamos que la decisión re-currida debe ser anulada y &l caso devuelto al Tribunal de Contribuciones para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Earle T. Fiddler, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado, Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 52.

    Sometido: Mayo 21, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      II. S. McConnell y Jorge M. Morales, abogados del peticionario; Hon. Procurador General Interino Julio Suárez Garriga y Zoilo Bueno González, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La solicitud de certiorari radicada por el contribuyente Earle T. Fiddler se basa en los hechos siguientes:

El peticionario y su esposa son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes de Stanford, Estado de Connecticut. En julio 29 de 1942, el Tesorero de Puerto Rico notificó al peticionario una deficiencia de $4034.12 en su declaración de ingresos correspondiente al año contributivo terminado en diciembre 31 de 1936, más intereses al 6 por ciento anual desde junio 15, 1937, hasta agosto 15, 1942, ascendentes a $1,250.58.

En la querella radicada ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones, el apelante alegó que el Tesorero había erró-neamente consolidado la planilla de Earle T. Fiddler y la rendida por su esposa, Margaret M. Fiddler. El Tribuna] declaró con lugar la querella y resolvió que la deficiencia determinada por el Tesorero, como resultado de la consoli-dación de las planillas, ora inexistente, debiendo el Tesorero hacer una nueva liquidación, de acuerdo con los términos de dicha decisión. En octubre 29 de 1943, el Tesorero envió al peticionario una “Notificación y Eequerimiento”, para el pago de la contribución al tipo que fija la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos para personas no residentes en Puerto Eico, en vez de al tipo que la misma ley fija para los resi-dentes en esta Isla.

El peticionario acudió de nuevo ante el Tribunal de Con-tribuciones en solicitud de que se ordenase al Tesorero de Puerto Eico hacer una nueva liquidación, tomando como base el tipo contributivo aplicable a los residentes en la Isla. En apoyo de su contención de que la aplicación de un tipo mayor a los no residentes, es anticonstitucional, el peticionario radicó un memorándum de autoridades. El Tribunal, consi-derando que la cuestión constitucional planteada es de “in-discutible importancia jurídica ”, ordenó al representante del Tesorero que radicase un memorándum en contestación al del peticionario. Eadicó el Tesorero su memorándum, soste-niendo la constitucionalidad del estatuto que fija un tipo con-tributivo mayor para los no residentes. En marzo 19 de 1945, el Tribunal dictó su resolución declarando sin lugar la solicitud de nueva liquidación y ordenando al Tesorero que procediese a cobrar la contribución de acuerdo con la decisión dictada en octubre 19 de 1943. En abril 17 de 1945 el Teso-rero notificó al peticionario una deficiencia de $229.12 más $107.76 por intereses al 6 por ciento anual desde junio 15, 1937 a abril 17, 1945; y otra deficiencia en la planilla de la señora Fiddler, montante a $271.62, más $127.75 por intere-ses. Después de pagar las indicadas sumas, bajo protesta, el peticionario interpuso el presente recurso para la revisión y revocación de la resolución dictada por el Tribunal recu-rrido en marzo 19 de 1945.

El fundamento de la resolución recurrida es, en síntesis, el siguiente: En la querella original, radicada ante el TriIran al de Apelación de Contribuciones, en octubre 8 de 1942, el apelante levantó como xinica cuestión la ilegalidad de la consolidación de las planillas, lieclia por el Tesorero; y no alegó la inconstitucionalidad de la ley que autoriza al Teso-rero a imponer a los ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico un tipo contributivo mayor que el fijado pol-la misma ley para los residentes en la Isla. Opinó- el Tribunal que no debía permitirse al querellante levantar cues-tiones nuevas de derecho, recurriendo “al subterfugio de una moción de revisión de cálculos, la cual se debe restrin-gir a imputar un cómputo erróneo”.

De la notificación de deficiencia enviada al peticionario en julio 29, 1942, aparece que la deficiencia fue determinada a base de la consolidación de las planillas rendidas .separa-damente por los esposos Fiddler, pero no aparece clara y específicamente que el importe de la contribución que se re-damaba por el Tesorero hubiese sido determinado mediante la aplicación del tipo contributivo fijado por la ley para los ciudadanos no residentes. En la notificación y requerimiento hechos al peticionario en octubre 29, 1943, se hizo constar por primera vez que el importe de la contribución se había calculado tomando como base el tipo de 6 por ciento apli-cable a los no residentes. Dicha notificación y requerimiento fue en efecto la notificación de una deficiencia, por razones distintas a las alegadas en la notificación original. Es in-dudable que de acuerdo con la mejor práctica los querellan-tes deben levantar en sus querellas originales todas las cues-tiones legales de que intenten valerse para solicitar la revo-cación de las decisiones del Tesorero. No podemos, sin embargo, convenir en que el Tribunal de Contribuciones proce-diera correctamente al negarse a considerar y resolver la cuestión constitucional que le fué planteada mediante la mo-ción para la revisión de cálculos, cuestión que el mismo Tri■bunal consideró de “indiscutible importancia jurídica”, para ordenar al Tesorero que presentara, como presentó, un ale-gato sobre sus méritos.

La sección 4 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943, por la cual se confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal de Contribuciones para conocer de acciones y procedimientos relacionados con la imposición, cobro, pago o devolución de toda clase de contribuciones, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, dispone que los procedimientos ante el Tribunal se regirán por las Reglas del Tribunal, por el Código de Enjuiciamiento Civil y por las Reglas de Procedimiento Civil que promulgue el Tribunal Supremo, “debiendo ser todas dichas disposiciones liberalmente interpretadas y apli-cadas con el fundamental propósito de hacer justicia sustan-cial entre las partes en controversia”.

En el caso de autos, el Tribunal de Contribuciones no rechazó de plano la moción para que se hiciese una nueva liquidación. Considerando que la cuestión constitucional le-vantada era de suma importancia y que su deber era inter-pretar la ley liberalmente, para hacer justicia sustancial en-tre las partes, el Tribunal tomó la moción en consideración y obligó al Tesorero a radicar un memorándum de autori-dades para justificar su actuación. Hasta ese momento el Tribunal actuó de acuerdo con el espíritu del estatuto. Em-pero, al resolver la moción, se olvidó del propósito fundamental de hacer justicia sustancial entre las partes, inter-pretó las reglas de procedimiento restrictivamente, rehusó considerar o resolver la cuestión que le fuera sometida y confirmó las actuaciones del Tesorero, sin tener en cuenta que al así hacerlo estaba tal vez sancionando la violación de los derechos constitucionales de un contribuyente y permi-tiendo que el Tesorero cobrase sumas en exceso de las per-mitidas por la ley.

Opinamos que el Tribunal recurrido erró al no conside-rar la notificación y requerimiento de octubre 29, 1943 como la notificación de nna nueva deficiencia. Procederemos en seguida a considerar y resolver la cuestión constitucional.

Sostiene el peticionario, que las disposiciones de las secciones 12(a) y 18(b) de la Ley de Contribuciones so-bre Ingresos, aprobada en agosto 6 de 1925 (pág. 401) y en-mendada por la Ley núm. 18 de junio 3 de 1927 (pág. 487), efectiva en 1 de enero de 1928, por virtud de las cuales se impone a los ciudadanos americanos no residentes en Puerlo Bieo un tipo de contribución mayor y se le conceden deduc-ciones menos favorables, que el tipo impuesto y las deduc-ciones concedidas a los ciudadanos residentes en esta Isla, están en pugna con los preceptos de la sección 2 de la Carta Orgánica y de la Enmienda Catorce, See. Ia. de la Consti-tución Federal e infringen los derechos constitucionales del peticionario, al privarle de su propiedad sin el debido pro-cedimiento de ley, al negarle la protección de las leyes y al menoscabar los privilegios e inmunidades a que el peticio-nario tiene derecho como ciudadano de los Estados Unidos.

Las disposiciones legales impugnadas por el peticionario son las siguientes:

‘‘‘Sección 12.— (a) Se impondrá, cobrará, y pagará por cada año contributivo sobro el ingreso neto de todo individuo una contribución normal de 6 por ciento del montante del ingreso neto que exceda de los créditos dispuestos en la sección 18, excepto que en el caso de residentes de Puerto Rico el tipo sobre los primeros $4,000 de dicha cantidad excedente será 2 por ciento,, y sobre los siguientes $4,000 de dicha cantidad excedente será 4 por ciento.”
“Sección 18. — Para los fines de la contribución normal solamente se concederán los siguientes créditos: (a) Las cantidades recibidas como beneficios de sociedades o como dividendos (1) de una corpo-ración doméstica o (2‘) de una corporación extranjera cuando se demuestre ’a satisfacción del Tesorero que más de 50 por ciento del ingreso 'bruto de dicha corporación extranjera por el período de los tres años terminados al cerrar su año contributivo que precede a la declaración de dichos dividendos (o por aquella parte de dicho período durante el cual ha existido la corporación) ha sido derivado de fuentes radicadas dentro de Puerto Rico según se determina a virtud de las disposiciones de la sección 19.
“(b) Las cantidades recibidas como intereses de obligaciones de los Estados Unidos, de obligaciones de El Pueblo de Puerto Eico. o de cualquier subdivisión política de los mismos, que se incluyen en el término ingreso bruto a virtud de la sección 15.
“ (c) En el caso de una persona soltera, una exención personal de $1,000; o en el caso del jefe de una familia o una persona casada que vive 'con su esposo o esposa, una exención personal de $2,500, Un esposo y esposa que vivan juntos recibirán una sola exención personal. La cantidad de dicha exención personal será de $2,500. Si dicho esposo y esposa rinden declaraciones separadas la exención personal puede ser tomada por cualquiera do los dos o dividida entre ambos.
“ (d) $400 por cada persona (que no sea el esposo o la esposa) que dependa y reciba el sustento principal del contribuyente si dicha persona dependiente es menor de 21 años de edad o está incapacitada para sostenerse por sí misma por estar mental o físicamente defec-tuosa. ’ ’
(e) Los individuos no residentes que no sean ciudadanos de Puerto Eico, no tendrán derecho a la exención personal que dispone la sub-división (c) ni a los créditos que se conceden en la subdivisión (d).”

T)o conformidad con lo dispuesto en la sección 12(a), supra, al computar la contribución que debía pagar el peticio-nario, el Tesorero, teniendo en cuenta que el peticionario tiene su residencia en el Estado de Connecticut, le impuso una contribución normal de seis por ciento sobre la totali-dad del ingreso neto en exceso de los créditos dispuestos en la sección 18. Sostiene el peticionario que la actuación del Tesorero constituye un discrimen ilegal contra él, por el mero hecho de no ser residente de Puerto Eico; y que él tiene derecho a que se le liquide la contribución al mismo tipo fijado por la ley para los ciudadanos residentes, o sea 2 por ciento sobre los primeros $4,000 del ingreso neto en exceso de los créditos; 4 por ciento sobre los siguientes $4,000 de dicho ingreso neto; y 6 por ciento sobre el resto del ingreso neto.

Nuestras decisiones en Nitrate Agencies v. Domenech, 44 D.P.R. 515 y en Ballester v. Tribunal, 61 D.P.R. 474 no son de aplicación al presente caso. En el primero de dichos ca-sos se trataba de lina corporación extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto Eieo, a la cnal el Tesorero rehusó concederle los créditos o deducciones concedidos por la ley a las corporaciones domésticas. Se ordenó la devolución de la cantidad ilegalmente cobrada por el Tesorero. En el caso de Ballester el Tesorero impuso a un extranjero residente en Puerto Eico un tipo de contribución mayor que el fijado por la ley para los ciudadanos residentes. Eesolvimos que la ley que autorizaba el discrimen en contra de los extranjeros residentes es, inconstitucional y nula porque infringe las cláusulas de la Carta Orgánica relativas a la igual protec-ción de las leyes y la uniformidad en las contribuciones.

La cuestión envuelta en el presente caso — la constitueio-nalidad del discrimen contributivo en favor del ciudadano americano residente y en contra del no residente en la Isla —es nueva en esta jurisdicción.

¿Tiene derecho el ciudadano americano que ha estable-cido su residencia en uno de los cuarenta y ocho estados de la Frión, a invocar las garantías constitucionales sobre pro-tección igual de las leyes y contra las leyes que puedan me-noscabar sus privilegios e inmunidades como ciudadano de los Estados Unidos, para impedir que en otro estado se le imponga, por el mero hecho de no tener su residencia den-tro del estado, una contribución mayor que la impuesta a los allí residentes?

En Travis v. Yale & Towne Manufacturing Company, 252 U. S. 60, 64 L. ed. 460, se alegó la inconstitucionalidad de las secciones 362 y 363 de la Ley de Contribuciones so-bre Ingresos del Estado de New York, por virtud de las cuales se concedían a los residentes del Estado ciertas exen-ciones que se negaban a los no residentes. Al declarar que las citadas secciones eran inconstitucionales, la Corte Su-prema se expresó así:

“La Corte de Distrito, . . . sostuvo que la Ley, al conceder a los residentes exenciones negadas a los no residentes, infringió las disposiciones de la sección 2 del Art. 4 de la Constitución Federal: ‘Los ciudadanos de cada estado tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los diversos estados;’ y, no obstante el elaborado e ingenioso argumento en contrario sometido por el apelante, nos vemos obligados a confirmar la decisión.”

Los propósitos fundamentales de la citada cláusula cons-titucional son: colocar a los ciudadanos de cada estado al mismo nivel que el de los ciudadanos de los demás estados, en todo lo referente a las ventajas y derechos inherentes a la ciudadanía de dichos estados; relevarlos d'e las incapaci-dades de la extranjería en los otros estados; prohibir legis-lación discriminatoria contra ellos; asegurarles el derecho al libre ingreso a y egreso de los demás estados y el derecho a gozar en cada uno de ellos de la misma libertad de que gozan sus ciudadanos, para la adquisición y disfrute de pro-piedades; y garantizarles en los demás estados la protec-ción igual de sus leyes. Como muy bien dijo el Juez Field, en Paul v. Virginia, 8 Wall. 168, 19 L. ed. 357: “Se ha dicho con justicia que ninguna disposición de la Constitución ha contribuido tan fuertemente como ésta, a constituir a los ciudadanos de los Estados Unidos en un pueblo.” Véase: Ward v. Maryland, 12 Wall. 418, 20 L. ed. 449.

Continuaremos transcribiendo de la opinión en el caso de Travis v. Yale, e\c., supra:

“Pero un plan general de contribuciones como el que estamos considerando, si discrimina contra todos los no residentes, tiene ne-cesariamente el efecto de incluir en el discrimen a aquellos que son ciudadanos de otros estados; y, si no existe un motivo razonable para la diferencia en el tratamiento, menoscaba los privilegios e inmunidades a que esos ciudadanos tienen derecho.”
‘‘La naturaleza y efecto del crucial discrimen en el presente caso, son manifiestos.”
“En concreto, el peso del discrimen recae sobre ciudadanos de Connecticut y New Jersey, estados en los cuales no existen leyes de contribuciones sobre ingresos. Un número considerable de em-pleados de la demandante, residentes y ciudadanos de uno u otro de dichos dos estados, pasan sus horas de trabajo en las oficinas de la demandante en New York, y allí ganan sus salarios. . . Se de-dican a sus diversas ocupaciones, junto a los residentes del estado de New York — en efecto compitiendo con ellos en cuanto a jornales, salarios, y otras condiciones del empleo. Si ellos deben pagar una contribución sobre los primeros |1,000 ó $2,000 de ingreso, mientras sus asociados y competidores que residen en New York no están obligados a pagarla, eso constituye una diferencia sustancial. Bajo las circunstancias expuestas, no podemos- encontrar una base razo-nable para el discrimen, y nos vemos obligados a decidir que el mismo es una negación injustificada a los ciudadanos de. Connecticut y New Jersey, de los privilegios e inmunidades de que gozan los ciudadanos de New York. Éste no es un caso de desigualdad oca-sional o accidental, debida a circunstancias personales del contribu-yente (citas), sino una regla general que funciona con desventaja para todos los no residentes, incluyendo a aquéllos que son ciuda-danos de los estados vecinos, y en favor de, todos los residentes, in-cluyendo a todos los que son ciudadanos del estado que impone la contribución.”

Sería injusto, en verdad, sostener que la legislatura no puede eonstitueionalmente imponer un tipo mayor de contri-bución a un ciudadano extranjero residente en Puerto Rico, por el mero hecho de su extranjería, como resolvimos en Ballester v. Tribunal, supra; y que no existe impedimento constitucional alguno para la imposición de ese tipo mayor a un ciudadano de los Estados Unidos, por el mero hecho de ser ciudadano y residente de uno de los estados de la Unión. El extranjero residente está protegido por el precepto cons-titucional sobre la protección igual de las leyes; y el ciuda-dano de los Estados Unidos que reside en uno de los esta-dos, del cual es también ciudadano, encuentra su protección contra discrímenes injustificados, basados en el mero hecho de su no residencia, en la Enmienda XIY, sección 1, que pro-vee que ‘ ‘ Ningún Estado aprobará o pondrá en vigor ley alguna por la cual se menoscaben los privilegios o inmuni-dades de los ciudadanos de los Estados Unidos.”

Somos de opinión que el discrimen de que se queja el peticionario viola las disposiciones específicas de la Carta Orgánica de que “las leyes para la imposición de contribucio-nes en Puerto Rico serán uniformes”. Es indudable que la legislatura está facultada para establecer distintas clasifica-ciones entre los contribuyentes, pero esas clasificaciones para ser válidas deben tener una base razonable. El mero hecho de que un contribuyente, ciudadano de los Estados Unidos, tenga establecida su residencia en uno de los estados de la Unión, no constituye una base razonable de clasificación é infringe el precepto constitucional que garantiza a todos los ciudadanos de la nación el goce dentro de un estado de los mismos derechos que ese estado concede a sus ciudadanos y residentes. La imposición de penalidades adicionales a los ciudadanos no residentes y el negar a éstos las exenciones contributivas que por la ley de un estado se conceden a sus ciudadanos, son discrímenes que violan los derechos consti-tucionales de los no residentes y no pueden ser sostenidos. Véanse: Bachrach v. Nelson, 349 Ill. 579, 182 N. E. 909; Blaustein v. Levin, 4 A.2d 861, 176 Md. 423; 6 R.C.L. pág. 427, See. 424; Eliasberg Bros. Mercantile Co. v. Grimes, 204 Ala. 492, 86 So. 56, 11 A.L.R. 300, 311.

En Tesorero de Puerto Rico v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, 64 D.P.R. 602, decidimos que las disposi-ciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos que im-ponen a las corporaciones extranjeras autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico un tipo de contribución mayor que el impuesto a las corporaciones domésticas, es inconsti-tucional, porque cuando una corporación extranjera obtiene licencia para hacer negocios en esta Isla, desde ese momento adquiere el derecho constitucional a la igual protección de las leyes insulares.

El peticionario en el presente caso es una persona natural, ciudadano del Estado de Connecticut y allí residente. Como tal ciudadano, el peticionario no necesita obtener li-cencía alguna para poder entrar a y dedicarse a negocios en Puerto Rico. La Constitución Federal le garantiza el libre acceso a cualquier parte del territorio nacional — constituido por los cuarenta y ocho estados y territorios y posesiones insulares bajo la jurisdicción y control del Gobierno Federal — y el derecho a gozar dentro de ese territorio nacional de los mismos privilegios e inmunidades concedidos por las. leyes estatales y territoriales a los ciudadanos residentes dentro del estado o territorio.

Por las razones expuestas, resolvemos que las disposicio-nes de las secciones 12(a) y 18(b), (c), (d) y (e), supra, en cuanto por las mismas se impone a los ciudadanos ame-ricanos no residentes en Puerto Rico un tipo contributivo mayor y se les niega las deducciones concedidas a los ciuda-danos residentes, son anticonstitucionales y nulas.

La resolución recurrida debe ser anulada y el caso de-vuelto al Tribunal de Contribuciones para ulteriores proce-dimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Epifania Rodríguez Rodríguez, demandante y apelante, v. Central Cambalache, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 9030.

    Sometido: Mayo 5, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      A. Beyes Delgado, P. Santos Borge y L. Mercader, abogados de la apelante; G. Zeno Sama y Largó & Lecároz, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, duerma de 14 fincas rústicas radicadas en Arecibo con un área total de 485 cuerdas, el 10 de septiem-bre de 1926 celebró un contrato de refacción agrícola con la demandada en relación co.n algunas de dichas fincas. El con-trato empezaba a regir- en la zafra de 1927 y debía exten-derse hasta la terminación de la zafra de 1931. En garan-tía de la refacción que habría de recibir, la demandante gravó los frutos de las fincas objeto del contrato de refac-ción y constituyó una hipoteca sobre todas sus fincas por la cantidad de $10,000 a favor de la demandada. Al terminar la zafra de 1929 la demandante estaba debiendo a la deman-dada, por concepto de refacción durante ese año y años an-teriores/la cantidad de $17,165.80. Pero como la demandada también tenía un crédito hipotecario sobre una de dichas fin-cas por la cantidad de $1,920.82 que con sus intereses hasta el 20 de septiembre de 1929 ascendió a $2,036.06 y también había adquirido un crédito hipotecario constituido por la demandante a favor de América B oneta por la cantidad de $1,120, pero que en la indicada fecha con sus intereses as-cendió a $1,200, la totalidad ele la deuda montó a unos $20,401.86. No pudiendo la demandante satisfacer dicha suma, por escritura número 53 de 20 de septiembre de 1929 ante el notario Miguel Santoni, convino con la demandada en adjudicarle en pago todas sus fincas con excepción de una de 15 cuerdas que retuvo. Como parte de la causa del con-trato de dación en pago la demandada entregó a la deman-dante la cantidad de $6,000 en efectivo y canceló la parte de la hipoteca de $10,000 que gravaba la mencionada finca de 15 cuerdas. Entre las fincas que recibió la demandada habían algunas gravadas con hipotecas las cuales asumió.

De la súplica de la demanda enmendada radicada el 8 de febrero de 1943 se infiere que la demanda original fue radicada en el mes de septiembre de 1942. Solicitó senten-cia decretando la inexistencia de los actos y contratos men-cionados en la demanda y que se declare que los bienes des-critos en la misma son de la demandante ordenando a la de-mandada a que le restituya las referidas fincas, condenán-dola también a reembolsarle los $245,694.88, montante de los perjuicios sufridos hasta septiembre de 1942 y sus intereses al 6 por ciento anual desde la radicación de la demanda— septiembre de 1942 — junto con $21,250 por cada año que la demandada retenga las fincas a partir de septiembre de 1942 hasta la terminación del litigio con intereses legales y $15,000 por concepto de honorarios de abogado y las costas.

Los motivos que alega la demandante para anular la es-critura de 26 de septiembre de 1929 son: Que al tiempo de recibir en pago dichas fincas la demandada, que es una cor-poración agrícola dedicada a la siembra y molienda de caña, poseía más de 500 acres de terreno y que la adquisición de las fincas de la demandante violaba por parte de la deman-dada la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, aprobada el 1ro. de mayo de 1900; que la cesión de dichas fincas fué inducida por amenazas que le hiciera la demandada y que parte de la cantidad de refacción que re-clamaba la demandada no había sido recibida por la deman-dante para fines de refacción, sino para comprar terrenos, de lo cual tuvo conocimiento la demandada al entregar a la demandante el dinero para la supuesta refacción. Alegó, además, ésta, que la demandada, a los efectos de aumentar su crédito contra la demandante, adquirió las dos hipotecas de que se ha hecho mención aumentando así su crédito contra ella a una cantidad que la demandante no pudo pagar.

La corte inferior desestimó la demanda en todas sus partes e impuso las costas a la demandante.

La cuestión primordial en el presente caso, es decir, la de si es nula cualquier adquisición de terrenos por una corporación agrícola en exceso de 500 acres y si esa nulidad puede alegarla la persona que le ha trasmitido los bienes en dicho exceso y a la vez puede exigirle la devolución del terreno sin que siquiera previamente le devuelva u ofrezca devolver las cantidades que la demandante recibió como precio de los mismos, fué resuelta por este Tribunal en el caso de Campos v. Central Cambalache, 64 D.P.R. 58.

Sostuvimos en aquel caso que la sección 3 de la Resolu-ción Conjunta aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 1ro. de mayo de 1900 expresamente autoriza a las corporaciones a efectuar préstamos con garantía sobre bie-nes raíces y a adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de sus créditos, sujeta la adquisición a la condición de que la corporación deberá disponer de los bienes así adqui-ridos, dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad sobre los mismos. Resolvimos, además, que la violación de la Resolución Conjunta al no disponer de los bienes dentro del término de cinco años, no confería derecho alguno al que se los trasmitió para solicitar la declaración de nulidad del título y la reivindicación de los bienes con los frutos producidos o debidos producir; que el título que sobre los bienes raíces pueda tener una corporación en vio-lación de la referida Resolución Conjunta es válido contra todo el mundo, excepto contra El Pueblo de Puerto Rico, y' que mientras éste no ejercite el procedimiento adecuado contra la corporación, no sólo retiene ella un título válido, sí que también puede trasmitirlo válidamente a cualquiera otra persona.

Aunque de la prueba resulta que en efecto la corporación demandada adquirió los dos créditos hipotecarios que .otras personas tenían contra la demandante, no resulta de la evidencia si esos créditos así adquiridos fueron recibidos en pago de deudas que sus dueños hubieran tenido a favor de la demandada; pero en el supuesto de que la demandada los hubiera adquirido con el único objeto de aumentar su crédito contra la demandante, ese motivo, por perverso que fuera, no anula la adquisición de los créditos. Además lo que prohibe la ley es la adquisición de terrenos en exceso de 500 acres.

El testigo de la demandante, Remigio Martínez Badía, apoderado de aquélla y administrador de sus bienes, declaró que en algunas ocasiones pidió dinero a la demandada por cuenta de la demandante para comprar terrenos y que así lo hizo constar a la demandada, y que por consiguiente los $17,165.80 que la demandada reclamaba como dado para refacción, en parte, había sido dado para adquirir terrenos, y que para hacer esa clase de préstamos no estaba autorizada la demandada. Pero el mismo testigo declaró que en algunos años, después de haber pagado la cuenta de refacción, sobró dinero a la demandante; y que en otros no pudo cubrir dicha cuenta y ésta se arrastró para años subsiguientes. El testigo no especificó en qué fecha fué ni qué cantidades entregó la demandada a- la demandante para comprar terrenos y no es posible determinar por los autos si ese dinero fué devuelto por la demandante a la de-mandada al liquidar sn cuenta de refacción en alguno de los años en que pudo pagar por completo lo que había recibido durante el año y lo adeudado de años anteriores.

En cuanto a la violencia o amenazas que a].ega la demandante ejerció la demandada para obligarla a trasmitirle el título de las fincas, la prueba no revela tal conducta por parte de la demandada y así lo declaró probado la corte inferior. Como muy bien dijo la corte a quo, el hecho de que la demandada indicara su intención de demandar a la demandante o aun la amenazara con establecer procedimientos judiciales para el cobro de esos créditos vencidos, al ejercitar ese derecho no incurrió en violencia o amenaza que pueda invalidar el contrato celebrado entre ellas.

La conclusión a que acabamos de llegar hace innecesario considerar la segunda causa de acción relativa a los frutos producidos- o debidos producir, la defensa de prescripción que alegó la demandada, así como la venta de los bienes que alegó la demandada haber hecho a la Autoridad de Tierras.

Procede la confirmación de la sentencia.


author: El Juez Asocíalo Señor De Jesús

text:
    Bages & Compañía, Inc., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. José Negrón López, Juez, demandada.
    Núm. 1590.

    Sometido: Abril 2, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      José Sabater, abogado de la peticionaria; el Juez recurrido compa-reció por escrito; Manuel Ledesma Dávila y Martin Aviles Bracero, abogados del Departamento del Trabajo, en representación éstos de las interventoras, querellantes en el pleito principal.
   El Juez Asocíalo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso de certiorari se presentó para revisar una sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez que declaró con lugar dos querellas en reclamación de salarios. Las que-rellas fueron radicadas originalmente en la Corte Municipal de Mayagüez por Isabel Torres y Lilian Aviles. Cada una de ellas alegó en su querella que trabajaron con Bages & Co., Inc., en calidad de costureras por un sueldo promedio de $8 semanales y que el día 6 de diciembre de 1943 la cor-poración demandada, sin justa causa, las despidió de su em-pleo por lo que solicitaron que se dictara sentencia conde-nando a la demandada a pagar a cada una de ellas, la suma de $35.20, que es el importe de un mes de trabajo.

Los errores de que se queja la peticionaria son:

1. Que la Corte Municipal señaló el día 4 de mayo de 1944, a las dos de la tarde, para la vista del juicio y en ese día y bora compareció la demandada, contestó cada una de las demandas y estuvo dispuesta a celebrar el juicio, pero las querellantes no comparecieron; que el 27 de diciembre de 1944 las querellantes presentaron una moción en la corte municipal solicitando que señalé día y hora para la vista del caso en su fondo y la corte señaló el día 16 de enero de 1945 para la celebración del juicio; que el 12 de enero de 1945 la corporación Bages & Co., Inc. presentó una moción jurada solicitando que las querellas fueran desestimadas, fundándose en que las querellantes no habían comparecido al acto del juicio el día 4 de mayo de 1944 y porque al presen-tar el 27 de diciembre de 1944 las mociones solicitando nuevo señalamiento, la corte no podía señalar la vista del juicio para el día 16 de enero de 1945, por existir un período de tiempo mayor de diez días entre la fecha en que se solicitó el señalamiento y la fijada para el juicio; que. la corte municipal declaró sin lugar la moción de la demandada y cele-brado el juicio dictó sentencia declarando con lugar las que-rellas.

2. Que elevados los autos a la Corte de Distrito de Ma-yagüez y señalado el día 8 de febrero de 1945 para la ce-lebración del juicio de novo en ambas querellas, en el acto del juicio y antes de practicar la prueba, el abogado de la demandada levantó de nuevo las cuestiones suscitadas en la corte municipal antes mencionadas, y discutidas las mismas, la corte las declaró sin lugar y ordenó que se procediese al juicio en los dos casos, los cuales habían sido acumulados, y practicada la prueba, dictó sentencia el 16 de febrero de 1945, declarando con lugar ambas querellas.

Sostiene la peticionaria que fué error de la corte municipal el no haber desestimado las querellas el día 4 de mayo de 1944 al no comparecer las querellantes para la celebra-ción del juicio.

Sin duda hubiera procedido la desestimación de las querellas si en efecto las querellantes hubieren sido notificadas por el márshal de la fecha señalada para el juicio y si la querellada hubiera solicitado de la corte la correspondiente sentencia por desistimiento; pero conforme probaron las querellantes no fueron ellas notificadas de la fecha para la cual se señaló la vista del juicio, y en el supuesto de que lo hubieran sido, tampoco erró la corte al no desestimar las querellas, puesto que como hemos indicado, la querellada no solicitó ese remedio. 41(6) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil.

Es verdad que la Ley niim. 10 determinando el procedimiento en casos de reclamaciones de obreros y empleados, aprobada el 14 de noviembre de 1917, prescribe en su sección 2 (según fue enmendada por la Ley núm. 13 de 20 de abril de 1932, Leyes de 1931-32, pág. 217) que la vista del juicio deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que fuere radicada la querella, y en el presente caso, dado el incidente que impidió la celebración del juicio el 4 de mayo, al señalarse de nuevo el 27 de diciembre de 1944, debió haberse celebrado dentro de los diez días siguientes al 27 de diciembre; pero esa disposición legal es puramente directiva y no mandatoria, y por consiguiente no anuló la sentencia de la corte municipal. Alonso v. Nieves, 50 D.P.R. 710; Winship, Gobernador v. Asamblea Municipal, 53 D.P.R. 138 y Tardi v. Tardi, 30 D.P.R. 225.

La circunstancia de no haberse dictado sentencia por la corte de distrito dentro de las 24 horas de celebrado el juicio tampoco anula la sentencia de dicha corte: en primer término porque el requisito de que se dicte sentencia dentro de las 24 horas después de celebrado el juicio se refiere a la corte municipal y en segundo término porque en el supuesto de que se aplicase a la corte de distrito esa disposición legal, es meramente directiva y no mandatoria. Alonso v. Nieves, supra; Winship, Gobernador v. Asamblea Municipal, supra, y Tardi v. Tardi, supra.

No existiendo los errores señalados por la peticionaria, procede declarar sin lugar la petición de certiorari y devol-ver los autos originales a la corte de distrito para ulteriores procedimientos.

      “Sección 7. — Dentro <le las 24 horas de celebrado el juicio, el juez municipal dictará sentencia, declarando con o sin lugar la reclamación . . (Bas-tardillas nuestras).