author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Ramírez v. The American Railroad Company of Porto Rico.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 670.
    Resuelto en abril 25, 1911.
    Daños y Perjuicios — Negligencia per. se. — El mero hecho de caminar un tren a gran velocidad no es negligencia per se, siempre que sea compatible con la seguridad de los pasajeros; no lo es tampoco el caminar a una velocidad mayor que la fijada en los itinerarios, si no se demuestra que al establecerla, lo íué por la seguridad de los pasajeros y no por alguna otra circunstancia independiente de aquélla. En estos casos debe probarse que la velocidad del tren, dañas las condiciones del sitio, era incompatible con la seguridad de los pasajeros.
    Id. — Indemnización que Debe Concederse. — En reclamaciones de daños y per-juicios iior negligencia, la indemnii ación no ha de limitarse a los gastos que el accidente hubiera ocasionado al demandante, sino que, habiendo éste alegado y probado, haber sufrido daños que no pueden estimarse en pesos y centavos, el juez puede y debe apreciarlos para fijar la cuantía de la indem-nií ación, pues en acciones de esta natural® a, los sufrimientos y consecuencias probables del accidente, constituyen un elemento integrante de los daños que sirven de fundamento a la reclamación.
    Apelación — Pruebas—Credibilidad o Parcialidad de un Testigo. — La credibi-lidad o parcialidad de un testigo puede investigarse en las repreguntas, y las partes tienen derecho a hacer todas aquellas que tiendan a ese fin; sin embargo, cuando no se permita a una parte formular repreguntas en este sentido, pero no se le niegue en absoluto el derecho de probar tal extremo, permitiéndosele hacerlo por medio de otra prueba, el error no es suficiente a justificar la revocación de la sentencia.
    Id. — Apreciación de Pruebas Contradictorias. — La apreciación de la corte inferior en los casos de pruebas contradictorias debe ser aceptada por el tribunal de apelación, si no se demuestra que aquella corte procedió movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en manifiesto error.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. J. E. Benet.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante alega como hechos esenciales .de su recla-mación contra la demandada, que el 15 de. marzo de 1910, via-jaba como pasajera en un tren de la compañía demandada, de Mayagüez para San G-ermán, y que después de salir de la estación de Filial Amor, el maquinista condujo la locomotora de dicho tren negligentemente y con nn desprecio inaudito para la seguridad de los pasajeros, poniendo la máquina a mayor velocidad de la acostumbrada y de la que pueden co-rrer dichos trenes por las vías de la compañía demandada, debido al sin número de curvas, a los desvíos de paso inse-guro que hay en esa sección y al estado deplorable en que la demandada tiene sus vías, coches y material de arrastre, pro-duciéndose por todo esto el descarrilamiento del tren y vol-cadura de los coches de pasajeros, por consecuencia del cual la demandante fué sacada de su asiento y cayó al suelo reci-biendo varios golpes en los brazos, cuello, cabeza y espalda a consecuencia de los cuale's le sobrevino una fuerte ■ conmoción nerviosa y una abundante hemorragia que- la retuvo en cama por ñiás de quince días y después quedó con una fuerte pos-tración y debilidad, siendo desdé entonces anormales sus pe-ríodos menstruales, originándosele gastos en médicos y medi-cinas como consecuencia de la culpa y negligencia de la de-mandada, por lo que le reclama un mil dollars por los perjui-cios y las costas.

La contestación de la compañía demandada admitió el des-carrilamiento y volcadura de coches de pasajeros en el día y sitio especificados, negó todos los demás extremos de la demanda y pidió que ésta se declarara sin lugar.

La prueba de culpa o negligencia presentada por la parte demandante, consistió en la declaración de varios testigos quienes manifestaron, unos, que el tren en los momentos del descarrilamiento marchaba a gran velocidad y otros que la velocidad era excesiva y más de la acostumbrada.

Sólo un testigo, Mr.- Manes, segundo jefe de' la Policía Insular, cuando ocurrió el accidente, declaró además haber tenido unos cuantos años de experiencia en la construcción y operación de ferrocarriles, conociendo también perfectamente el manejo de locomotoras: que el día a que se refiere la de-manda viajaba en ese tren y que después que se calmó la alarma ocurrida con el descarrilamiento y volcadura de los coches, investigó para determinar sn cansa, encontrando qne en el sitio del snceso había desaparecido nn gnarda-rail qne quedaba frente a nn desvío, siendo esto la cansa del descarri-lamiento y volcadura de los coches, pues las marcas de los clavos en la tíaviesa demostraban qne el gnarda-rail había sido colocado en forma defectuosa y no de una manera se-gura : qne él ha colocado centenares de guarda-railes y nunca puso uno tan débil y tan mal colocado: que aquel guarda-rail fué colocado solamente con clavos en las traviesas de madera, pero no los tenía por el otro lado, ni tornillos para sujetarlo.

Las declaraciones de los testigos respecto a la velocidad del tren, no pueden servir de base para apreciar culpabilidad o negligencia, porque son tan vagas e indeterminadas que por ellas no pueden saberse las millas que corría el tren en un tiempo dado y porque depende de la apreciación particular de cada testigo.

Además, el mero hecho de caminar un tren a gran veloci-dad no es negligencia per se, siempre que sea consistente con la seguridad de los pasajeros; ni tampoco lo es el caminar a más velocidad de la fijada en los itinerarios, si no se de-muestra que al establecerla, lo fué por la seguridad de los pasajeros y no por alguna otra circunstancia independiente de aquélla. (Véase Cyclopedia of Law and Procedure, tomo 33, páginas 791 y 792, notas.)

Lo que se debió probar fué qne la velocidad del tren, da-das las condiciones del sitio, era incompatible con la seguri-dad de los pasajeros.

Por consiguiente, la única evidencia en este pleito para estimar culpabilidad o negligencia en la compañía deman-dada es la declaración de Mr. Manes, que atribuye el accidence a defectuosa colocación de un guarda-rail en el sitio del suceso. No se presentó prueba en contrario, y si dijo la verdad, existe culpabilidad o negligencia.

La parte demandada quiso atacar la credibilidad de este testigo por medio de repreguntas. El había declarado en el interrogatorio directo, que después del accidente tuvo un dis-gusto con el Señor Villar, empleado de la compañía deman-dada y que ordenó el arresto de los empleados del tren.

La compañía entonces le repreguntó:

“Después que Vd. intervino en todo eso, ¿qué le ocurrió con algún empleado de la compañía?”

Objetada esta repregunta por la demandante, la corte no la permitió a no ser que se demostrara que tenía algo que ver con el asunto. Entonces el abogado de la demandada mani-festó que quería demostrar la parcialidad o imparcialidad del testigo porque éste tuvo después un disgusto de consideración con el encargado del tren y después fué acusado el testigo por la compañía y condenado también.

La corte entonces resolvió: Si se desea, puede probar eso por otra prueba, pero no en las preguntas añora. La deman-dada tomó excepción.

La credibilidad o parcialidad de un- testigo puede inves-tigarse en repreguntas y la demandada tenía derecho a ñacer las que se le negaron, tendentes a ese fin.

Siempre son importantes esas repreguntas y con mayor razón cuando por un solo testigo se trata de justificar un fiecfio esencial, pero no ordenaremos un nuevo juicio porque-no se le negó en absoluto el derecho de probar tal extremo y se le permitió que lo hiciera por otra evidencia, de que en este caso podía disponer porque tratándose de una acusa-ción y condena, deben constar en un récord público.

La corte inferior dió crédito a la declaración del testigo Mr. Manes, que es bastante para estimar culpabilidad o negli-gencia en la compañía demandada y nosotros no alteraremos esa apreciación (de acuerdo con lo que repetidamente hemos resuelto en otras ocasiones) pues nó se nos ha demostrado que la corte inferior haya procedido con pasión, prejuicio o parcialidad ni que haya incurrido en manifiesto error. La de-mandante manifestó en su declaración en el juicio, que en la caída sufrió golpes, en la espalda, en el costado, en el cerebro en la cabeza y en el bajo vientre, poniéndose también ner-viosa, y habiendo marchado después a una casa de San G-er-mán, sufrió allí una fuerte hemorragia vaginal, faltándole aún dos o tres días para su regla, estando luego enferma en casa de sus padres por quince o diez y seis días, asistida por una comadrona, a la que pagó treinta y dos o treinta y cinco pesos, gastando además en medicinas catorce pesos; que no" se encuentra después de ese accidente tan bien como antes y que aunque continua con sus períodos, ahora tiene que guardar cama por cuatro o cinco días con síntomas que antes no sentía.

La declaración de esa testigo es la única evidencia res-pecto a tales extremos y aún cuando en algunos particula-res de ella hay evidencia contradictoria, sin embargo, el juez de la corte inferior que escuchó toda la evidencia y que vió y oyó expresarse a la'demandante, resolvió el conflicto dán-dole crédito y estimó que los trastornos que padeció fueron consecuencia del accidente, por lo que no debemos alterar esa resolución por las razones antes consignadas en cuanto al testigo Mr. Manes.

Resta sólo resolver si la corte debió condenar únicamente a pagar los 46 o 49 pesos de perjuicios por los gastos hechos por la demandante o si pudo dictar su condena por quinientos como lo hizo.

La demandante ha alegado y probado, no solamente el gas-to de 46 o 49 pesos, sino que ha sufrido- daños que no pueden estimarse en pesos y centavos pero que el juez puede y debe apreciar para fijar la cuantía de la indemnización, pues en acciones como la que se ejercita en el presente caso, no debe limitarse al dinero gastado o dejado de ganar, sino que puede tener en cuenta los sufrimientos y consecuencias probables del daño.

Así lo ha resuelto ya esta Corte Suprema en el caso de Alejandro Díaz v. San Juan Light and Transit Co., resuelto en 20 de enero de 1911 en el que se dice lo siguiente:

‘ ‘ Esta misma Corte Suprema en el ya citado caso de Zalduondo v. Sánchez, por medio del Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó en los si-guientes términos: .‘La corte inferior en vista de las declaraciones de los testigos pudo inferir que el demandante estuvo sin conoci-miento por unos cinco días y enfermo veinte o veinte y cinco días; que sufrió heridas profundas cuyas cicatrices podían notarse todavía en la - época del juicio, (pues fueron reconocidas por el Dr. Goenaga) ; que el demandado sufre zumbidos en los oídos así como también pérdida de su memoria y otros síntomas, y está amenazado de contraer cualquiera forma de locura. De qué modo, basta cuándo, o en qué fecha pueden los actos del apelante efectar al trabajo o a la vida del demandante, es imposible predecirlo. No podría determinarse con precisión, pero puede la corte determinarlo dentro de su criterio. Nada se dice en las declaraciones con referencia a los sufrimientos mentales que haya tenido el demandante lo que es asimismo un reconocido elemento en los daños y perjuicios en todos los pleitos de esta clase. ’ Así lo ha reconocido la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de McIntyre v. Giblin, 131 U. S., CLXXIV.
“Sin resolver la cuestión de si los daños punitivos o ejemplares son recuperables, creemos que la corte inferior no se extralimitó en la apreciación de los daños razonables sufridos y que pudiera sufrir el demandante, al fijarlos en la suma de mil dollars y debe confirmarse la sentencia dictada por dicha corte.
“Aplicando los anteriores principios y los contenidos en el artículo 1804 del Código Civil Revisado al caso concreto que resolvemos, en-contramos que en la demanda se alega que el demandante sufrió daños y perjuicios, que aprecia'en seis mil pesos, y que la causa inmediata y natural de dichos daños y perjuicios fué el acto, negligente de uno de los empleados de la demandada que actuaba en su servicio y con ocasión de sus funciones.
“La prueba practicada no demuestra que el demandante dejara de ganar a consecuencia de las -lesiones recibidas una suma determi-nada de dinero, o que tuviera que pagar al médico que lo asistiera otra determinada suma, etc., pero sí demuestra que el demandante, hombre de 51 años de edad que trabajaba en la agricultura y llevaba y traía las cosechas y las vendía y vivía de su trabajo y sostenía a su familia, al bajar de uno de los carros eléctricos de la demandada, en la parada 7% de la línea de San Juan a Río Piedras, cayó al suelo, por haber el motorista hecho caminar el carro en aquel momento sin la debida prudencia y circunspección, y sufrió un fuerte golpe que le privó del conocimiento por algunos instantes, le fracturó el maxiliar inferior y le ocasionó rasguños en las piernas y otras partes del cuerpo, que permaneció en el hospital curándose de las heridas un mes más o menos y que examinado en el acto del juicio, o sea, un año y cinco meses después de la caída, presentaba en el lado derecho de- la cara y como consecuencia de la fractura, ‘una contracción que significa una parálisis,’ y podía ‘hablar pero masticar muy difícil-mente ’ y ‘ con dificultad abrir y cerrar la boca. ’ No resulta de la evi-dencia que el demandante haya quedado impedido de trabajar, pero sí que se hallaba, en la época en que se practicaron las pruebas, pade-ciendo de una enfermedad nerviosa a consecuencia de la caída, según opinó el Dr. Stahl, uno de los peritos que declaró en el juicio.
“Siendo esto así, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, pro-cedía que el juez apreciara por sí mismo los perjuicios y determinara el montante de la indemnización que la demandada debía pagar al demandante. Y al hacerlo así, la corte no cometió los errores que le atribuye la parte apelante.
“No se trata en el presente caso de daños punitivos o ejemplares, sino de una compensación por daños y perjuicios sufridos. Para acor-dar tal compensación, no es necesario que se pruebe por el deman-dante la pérdida sufrida en pesos y centavos, sino que bastará que, en casos de esta naturaleza, se pruebe que se sufrió por el demandante, ocasionado por la culpa o negligencia de la demandada y no por su culpa o negligencia, un daño efectivo, consistente en dolores físicos, pérdida de trabajo, reclusión en un hospital, sufrimientos mentales etc.
“La indemnización en este caso se fijó por la corte inferior en dos mil pesos, y aún cuando tal vez podría haberse apreciado en menos cantidad, no la encontramos inmoderadamente inadecuada y siendo esto así no debemos alterarla.”

Tal doctrina es aplicable a este caso porque sin duda el juez tuvo en cuenta la naturaleza del daño sufrido por la demandante, cuyas consecuencias no suelen terminar con una enfermedad inmediata, sino que a veces se prolongan por mu-cho tiempo.

Por todas estas razones y. no pareciéndonos excesiva la cantidad concedida como indemnización, la sentencia debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados, MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

license: Public Domain

text:
    Rosado v. Rosado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 637.
    Resuelto en abril 25, 1911.
    Alegaciones — Excepción Previa — Palta de Causa de Acción — Apelación.— Aunque no se baya presentado excepción previa contra la demanda en la corte inferior, sin embargo, si los hechos expresados en la misma no son suficientes para fundar en ellos una sentencia, tal cuestión puede ser consi-derada por el tribunal de apelación, a pesar de que hay casos en que una demanda pueae estimarse suficiente, a falta de excepción, cuando, si se exeepcionara, tendría que declararse insuficiente.
    Id. — Nulidad de Contrato. — Si las alegaciones de fraude, en una demanda so-bre nulidad dé contrato, fueren tan vagas y expuestas en términos tales que no sean suficientes para que sobre ellas pueda practicarse prueba, o fun-darse una sentencia, pero en cambio resulta clara y explícitamente alegada la falta de la causa, este motivo es suficiente para estimar que la demanda muestra una causa de acción.
    Id. — Dolo—Palsedad de la Causa. — Si los hechos alegados y -la prueba prac-ticada demuestran que una de las partes, en un contrato, prestó su consenti-miento por ignorancia y error y que no medió causa alguna en dicho con-trato, procede decretar su nulidad.
    Id. — Requisitos Esenciales de Todo Contrato — Pruebas.—Los elementos esen-ciales de todo contrato pueden ser objeto de investigación y prueba en el-juicio, a fin de determinar su existencia y la consiguiente validez del con-trato, y en su virtud, confesado, por una parte, el recibo del precio de la venta, en un contrato otorgado por documento público,, puede, no obstante, investigarse la existencia de la causa de dicho contrato, y admitirse prueba tendente a establecer su falsedad.
    Id. — Doctrina de Estoppel. — La doctrina de estoppel' que impide a una parte volver sobre sus propios actos cuando otras han actuado por virtud de ellos en perjuicio propio, no es aplicable a la admisión del vendedor con respecto al recibo del precio de la venta en un contrato otorgado por documento público, al efecto de impedirle volver sobre su admisión e impugnar la existencia de la causa.
    Id. — Prueba Extrínseca. — La admisión de prueba extrínseca, con respecto al otorgamiento de un contrato, es admisible en los casos en que se trate de impugnar su validez, como cuando se alega la falta de causa.
    Id. — Contratos Eraudulentos. — Aunque el otorgante de un contrato en fraude de acreedores no puede invocar el auxilio de las cortes de justicia para anular el traspaso que de sus bienes hiciera y obligar al comprador a que le devuelva los bienes así adquiridos, sin embargo, para que la corte se niegue a intervenir y deje a las partes en la situación en <jue su propio fraude las colocara, es necesario que se justifique la existencia real y efec-tiva de los créditos que el enajenante trataba de burlar.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. Martín Travieso y José Ra-món Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta acción en la Corte de Distrito-de Mayagüez para que se declarase nula y sin ningún valor ni efecto, una escritura de compraventa otorgada por una hermana a favor de otra, por no mediar causa en el contrato y existir fraude en su otorgamiento. El día 27 de agosto último dictó la corte sentencia a favor de la demandante en los términos siguien-tes :

“En el presente caso, la demandante, Josefa Rosado y Casas, aparece vendiendo a la demandada Carmen Rosado y Casas, la finca rústica que se describe en la demanda. La demandante asegura, qu.e a pesar de haber confesado ante el Notario Sr. Riera Palmer, haber recibido la cantidad, que ' se especifica en la escritura como precio de la venta, es lo ' cierto que nunca se verificó el referido pago por la compra. Las alegaciones de la demanda han quedado plenamente pro-badas. La evidencia introducida es clara y robusta; la de-mandante revela ser una mujer sencilla y completamente ig-norante, según se deduce de su manera de declarar y del modo de conducirse ante- la corte. Hemos estudiado detenidamente este caso y varias veces nos hemos sentido perplejos en nues-tro deseo de hacer justicia y de cumplir estrictamente con los requisitos de la ley.' Afortunadamente hemos encontrado una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España en seis de junio de 1899, que tiene mucha analogía con el presente caso y cuya doctrina bien podemos aplicarle, sin escrúpulos de ninguna clase. La equidad y la justicia reclaman una sen-tencia favorable a la demandante y así la pronunciamos, sin apartarnos, a nuestro juicio, de los preceptos legales que tenemos el deber ineludible de respetar.

“Considerando, pues, que el error que anula el consenti-miento prestado en un contrato ha de recaer necesariamente .sobre la substancia de la cosa que fuera objeto del mismo, según lo prevenido en el Código Civil revisado y estimando la corte, por el resultado de la prueba,-que Da. Carmen Rosado y Casas no entregó a su hermana Da. Josefa Rosado y Ca-sas, el precio que figura como recibido con anterioridad en la escritura de venta, habiendo sido dicho documento público otorgado por la iniciativa de la demandada, consignando un contrato simulado, al cual dió con error y por ignorancia, su consentimiento la supuesta vendedora y .siendo evidente que habiendo recaído error sobre el mismo afectó esencialmente a la substancia de la cosa que fue su objeto, creemos perti-nente declarar nula e ineficaz la referida escritura, sentencia del Tribunal Supremo de España de 6 de junio de 1899.

“Por las razones expuestas, la corte declara nula e inefi-caz, la escritura de dos de enero de 1909, otorgada por las litigantes, en la que aparece que Da. Josefa Rosado y Casas vendió a su hermana Carmen Rosado y Casas la finca rústica que se describe en la demanda ordenándose que se cancele la inscripción de dicho título en el registro de la propiedad a favor de la demandada Carmen Rosado y Casas, debiendo expedirse el correspondiente mandamiento para dicha cancelación y ordenándose que quede dueña de la finca por su legítimo título, la demandante Josefa Rosado y Casas, im-poniéndosele las costas a la demandada.”

En el alegato de la apelante se consignan cinco errores que se dicen cometidos por la corte inferior, los que copiados literalmente son como siguen:

“Alegamos, en primer término, que la demanda interpues-ta por Josefa Rosado y Casas contra Carmen de los.mismos apellidos, sobre nulidad de contrato’ no aduce hechos suficien-tes para determinar una causa de acción.

“Alegamos, en segundo término, que la prueba practicada en el juicio de este caso, el día 23 de agosto de 1910, no es suficiente para soportar la sentencia dictada por la corte el día 27 del mismo mes, siendo, además, una prueba insustan-cial y de carácter contradictorio.

“Alegamos, en tercer término, qne la corte inferior come-tió error al admitir qne la demandante negara en el juicio haber recibido el precio de la venta, después de haber hechu tal manifestación a presencia del notario otorgante de la es-critura, y a pesar de la advertencia de este funcionario a las partes contratantes, de qne: ‘Confesado el recibo del precio de la venta, no cabe excepción contra la certeza de dicha con-fesión, aún cuando luego resulte incierta la entrega en todo o en parte.’

“Alegamos, en cuarto término, que la corte cometió error al admitir evidencia extrínseca tendente a alterar, variar o modificar los términos del contrato escrito, toda vez que' dicha prueba nó tendió a demostrar la existencia de un contrato colateral independiente concertado en el mismo acto, y de-mostrado por prueba suficiente, del otorgamiento de la escri-tura.

“Alegamos, en quinto término, que la corte cometió error al dictar sentencia de la manera y forma como lo hizo, porque si de la sentencia y de la declaración del testigo Miguel Castro apareciere que la venta se consumó para evitarse recla-maciones de justas deudas, la corte no ha debido prestar su ayuda a la demandante y ha debido dejar a las partes en la situación en que se encontraban antes de la interposición de la demanda, por haber carecido de toda’ acción entre sí, por ser dicho contrato uno en contra de la administración de jus-ticia. ’ ’

Pasemos a discutir dichos errores por su orden numérico regular, en la forma en qne lo han hecho tanto el apelante co-mo el apelado, que dicho sea de paso, es una práctica recomen-dable, pues con ella se simplifican las cuestiones envueltas en los casos que se someten a nuestra consideración y facilita a la corte una ayuda de gran importancia en la resolución de los mismos. •

(a) En primer lugar, veamos si la demanda contiene he-chos suficientes para determinar una causa de acción. Des-pués del preámbulo usual alega la misma haberse hecho la en-trega de una escritura que fué otorgada ante notario, en la que aparece vendiendo la demandante a la demandada una finca de 72 cuerdas de terreno.

(b) Que consta de dicha escritura haberse verificado la venta por el precio de $1,600, cantidad que se confesó en la demanda haber sido recibida por la vendedora con anteriori-dad al otorgamiento de la escritura.

(c) Que dicha escritura no es válida por haber existido causa en la misma, puesto que el precio de la venta nunca fué satisfecho, así como tampoco medió promesa ni remuneración si bien se confesó en la referida demanda haberse recibido el precio, fórmula que se empleó de mutuo acuerdo por el mo-tivo allí expresado.

(d) Que las partes llevaban una vida harmónica, acostum-brando la demandante seguir las indicaciones y consejos de la demandada como hermana mayor y de mas experiencia, y bajo tal ascendiente o influencia moral fué persuadida por ella para que pusiese en su nombre la propiedad de la finca rústica descrita, manifestándole, entre otras razones, que de-bía hacer eso con el fin de evitar que en sus manos pudiera perderse la finca, prometiéndole que, pasado el peligro, le restituiría la propiedad.

(e) Que la finca está en arrendamiento en poder de Don Blas Martínez, con promesa de venta que le hizo la deman-dante.

(/) Que recientemente la demandada alega que la finca es de su exclusiva propiedad, no teniendo que ver nada ésta con ella, puesto que con su importe .ha pagado deudas que te-nía Don Guillermo Quiñones, finado esposo de la deman-dante, y ha intentado también sorprenderla queriendo darle alguna cantidad, previo un meditado recibo o documento pri-vado.

(g) Aparte de que ningún contrato ha existido con seme-jante objeto, que es cierto que las únicas pequeñas deudas que tenía el finado esposo de la demandante, fueron satisfechas por la viuda de los bienes dejados a su fallecimiento y que la finca en cuestión fue adjudicada, entre otros bienes, a la de-mandante.

(h) Que por los actos de la demandada quedaría la de-mandante en la miseria más grande, que parece ser el punto a que quiere conducirla.

(Q.Por lo que el demandante solicita se cancele la escri-tura de compraventa y su inscripción, etc.

Durante el juicio no se formuló excepción alguna a la.de-manda; sin embargo, si es enteramente insuficiente para fun-dar en ella una sentencia, podemos considerar esa cuestión en apelación, si bien es cierto que muchas demandas podrían con-siderarse suficientes en casos como éste, las que no prevale-cerían si se formularan contra ellas excepciones previas en debida forma en la corte inferior. (Véase López v. American Railroad Company, resuelto por este tribunal en 28 de junio de 1906.)

La alegación referente al fraude que se supone cometido es muy vaga y hasta la malévola influencia del demandado y ejercida por éste, sobre la demandante, no ha sido expresada en términos explícitos. El fraude no se ha alegado suficiente-mente para que se admita prueba o pueda sostenerse una sentencia que se funde en el mismo. (Fernández v. Moral, resuelto por esta corte en 10 de mayo de 1910; artículo 1237 del Código Civil.) Pero la falta de causa se imputa de modo claro y explícito: Por lo tanto, debemos limitar a la deman-dante a esa alegación en sus esfuerzos hechos para que se anule la escritura.

Este fundamento por sí solo es suficiente para fundar una causa de acción y sostener la sentencia que se dicte. Por tan-to, no estamos de acuerdo con el primer error alegado; y de-bemos declarar que los hechos alegados son suficientes.

En segundo lugar, la prueba presentada por el deman-dante durante el juicio ¿es suficiente para sostener la sen-tencia dictada? Los hechos esenciales que han sido probados son los siguientes:

£<De las declaraciones prestadas bajo juramento en el acto de la vista por la demandante Josefa Rosado y por los testi-gos Blas Ramírez, Rafael Maranges, Raimundo Ortiz y Miguel Castro, presentados por la misúia demandante, resultan plenamente demostrados los siguientes hechos:

“Que la escritura de traspaso de la aludida finca a favor de la demandada, se otorgó de común acuerdo entre las dos hermanas en virtud de la insistencia de Carmen, que constan-temente amenazaba a Josefa con supuestos acreedores y plei-to que le harían perder la finca sino realizaba dicho traspaso.
“Que en el indicado contrato no medió precio alguno.
“Que Carmen Rosado carece de recursos, sosteniéndose del producto de un ventorrillo, que según declaración del tes-tigo Blas Ramírez, valdrá cuatro, seis o siete pesos, care-ciendo de metálico para comprar la finca.
“Que Doña Josefa Rosado ha quedado en la miseria, pues, lo único que tenía eran doscientos cincuenta dollars anuales del arrendamiento de la misma finca, cuya' cantidad también le ha quitado su hermana Carmen.”

Los hechos han sido referidos de modo claro por los dife-rentes testigos y cualesquiera contradiciones de poca impor-tancia que puedan aparecer, no son esenciales ni llegan a ser-suficientes para hacer que se dude con respecto a las declara-ciones. Es cierto que no se ha alegado directamente que el demandante estuviera inducido por ignorancia y con motivo. de un error a otorgar la escritura que ahora trata de anular,, pero los hechos alegados muestran que este es el caso, y la. prueba justifica a la corte en haber alcanzado tal conclusión,, habiéndose probado de modo pleno que no medió dinero u otra cansa entre las partes, qne pudiera servir de causa al traspaso de la finca hecho pór úna hermana a favor de la otra. De modo que el segundo error alegado no encuentra apoyo alguno en los autos..

En tercer lugar, cometió error la 'corte inferior al per-mitir que el demandante negara haber recibido el precio de la venta, especificado en la escritura, hecho que fué admitido a presencia del notario otorgante de la escritura y a pesar de-la advertencia hecha en ella de que: ‘confesado el recibo del precio de la venta, no cabe excepción contra la certeza de dicha confesión, aún cuando luego resulte incierta la entrega en todo o en parte.’

La doctrina de estoppel (admisión innegable) no puede ser invocada en este caso. Existe un estoppel, (admisión in-negable) cuando una parte manifiesta que un hecho existe y la otra parte actúa de acuerdo con tal manifestación en perjui-cio propio, no permitiéndose entonces al primero que niegue la alegación que primeramente hiciera. Eso no sucede en el presente caso. Si el comprador no pagó dinero alguno al vendedor, éste sabía lo que pasaba y ningún acto de ella es-tuvo fundado en tal manifestación. No hay estoppel. Se dice en nuestro Código Civil (Art. 1242) que los contratos sin causa no producen efecto alguno; y que la expresión de una causa falsa en un contrato (Art. 1243) da lugar a la nulidad del mis-mo. T el artículo 1244 del Código Civil permite que se pre-sente prueba contradictoria a la existencia de una causa que pueda sostener un contrato. Y se declara además en el artí-culo 1245 del Código Civil que:

“Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condi-ciones esenciales para su validez.”

Por consiguiente, se ve claramente que está permitida la investigación con respecto a las condiciones esenciales de un contrato una de la cuales es la existencia de una causa sufi-ciente. En verdad que sería extraño que la ley considerara un contrato como nulo por expresarse en el mismo una causa falsa y no permitiera prueba referente a su falsedad. La ley civil, según se encuentra en nuestro código, no difiere esencial-mente en este punto de la ley común que siempre ha permitido que se muestre en el juicio la falta de una causa suficiente,, aunque en la escritura se haya expresado una causa.

Por lo tanto, la corte inferior no cometió error al permitir que el demandante negara que pasara dinero alguno entre las partes y que fuera sostenida esta negativa, mediante prueba.

■ En cuarto lugar, veamos si la corte inferior cometió o nó un error al admitir evidencia extrínseca tendente a alterar, variar o modificar los términos del contrato escrito. De nn examen cuidadoso de los antos se verá qne la evidencia pre-sentada fné para probar la falsedad de la cansa expresada en el contrato, qne era legítima. De igual modo puede dedu-cirse que el objeto de tal prueba en la forma en qne se presen-tó sobre este particular era mostrar nn convenio entre las par-tes por virtud del cual la demandada, estaba-obligada a devol-ver la finca a la demandante tan pronto pasara el peligro qne se suponía existía.

La ley de evidencia en su artículo 25, permite la presen-tación de evidencia extrínseca, cuando el beclio en discusión •es la validez del convenio. Ese es el caso en el presente pleito. Se alega aquí que la escritura de traspaso que se ata-ca es nula por falta de causa; y el objeto principal de este pleito es anularla por tal razón.

Este Tribunal Supremo fia sentado ya jurisprudencia sobre el particular.

En el caso de El Banco Español de Puerto Rico v. Herminio Días Navarro y otros, aparece que fueron vendidas varias fincas y créditos por valor de sesenta y tres mil dollars, de cuyo pago dió fe el notario autorizante. En la corte inferior se propuso y admitió prueba testifical para probar la falsedad de la causa.

En sentencia de veinte y tres de mayo de mil novecientos cuatro, esa honorable corte, resolviendo la apelación en el mismo casó, dijo:

‘Considerando: que fundándose el contrato en una causa que la prueba ha demostrado que es falsa y no habiéndose intentado si-quiera probar por los demandados a quienes correspondía que se fundó en otra verdadera y lícita, hay que convenir que son nulos y no producen efecto alguno.’ ”
“2 Decisiones de P. R„ 88.

En tin caso igual, el de Alonso del Río v. Saturnino Sastre y otros, resolvió esa corte en veinte y dos de junio de mil noveciento cinco, que no habiéndose probado que Sastre tuviera recursos para comprar la finca vendida, resulta el contrato nulo por falta de causa o de prestación del precio.

3 Decisiones de P. R., 551.

Por lo tanto, debe considerarse como bien establecido que la causa en una escritura de traspaso puede ser atacada en un pleito para anular la misma, pudiendo presentarse prueba tendente a mostrar que no medió dinero alguno entré, las partes.

Por último, y en quinto lugar, podemos decir que la corte dictó sentencia en debida forma a favor del demandante, no habiéndose cometido durante el juicio el último error que se alega. Es bien sabido que cuando una persona hace un tras-paso fraudulento de una propiedad con el fin de eludir el pa-go de sus legítimas deudas, no puede dicha persona obligar al comprador a que le traspase de nuevo la propiedad en cues-tión mediante .una acción establecida en una corte de justicia. La ley no interviene para nada con las partes que llevan a cabo el traspaso fraudulento, y se niega a prestar su ayuda a ninguna de dichas partes, por lo que se dice Potior est condition defendentis. ■ Pero en el caso presente no hay prueba al-guna de que existieran deudas de ninguna clase en contra del demandante de las que tuviera motivos para abrigar temores, o que se viera inducida a hacer el traspaso para evitar el pago de las mismas. Este argumento puede haberse emplea-do para inducir al otorgamiento del traspaso, pero la exis-tencia de la ' deudas. no se. probó, sino que en realidad fué-negada, no pudiendo negarse por tal motivo la ayuda de las cortes.. La hermana menor fué la víctima por la absoluta confianza que tenía en su hermana mayor.

No se ha alegado formalmente por la demandada que el precio de compra del terreno fuera alguna vez satisfecho a la demandante. Si fué una razonable y equitativa transac-ción comercial se debió haber presentado prueba con respecto. a ese extremo y tendente a .probarlo. Por lo menos el deman-dado en su declaración debió haber hecho referencia de ese hecho. En vez de eso se nos han presentado argumentos y objeciones y citas de autoridades que no son de aplicación, no siendo nada de esto lo que exigía el caso del apelante en egta controversia.

Puede ser que las alegaciones contenidas en los alegatos sean en algunos respectos vagas y que la prueba no sea com-pletamente clara, y que la sentencia de la corte inferior no haya estado fundada en verdaderos motivos; sin embargo, los alegatos y pruebas son suficientes para que pueda basarse en ellos una sentencia a favor de la demandante por la que quede anulado el contrato de compraventa, y siendo la sen-tencia recurrida una justa, no debe ser modificada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo v. Albino.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 339.
    Resuelto en abril 27, 1911.
    Denuncia — Acometimiento con Circunstancias Agravantes. — No' es necesario que en una denuncia por acometimiento con circunstancias agravantes, se especifique que el arma de que hiciera uso el acusado era mortífera, siendo suficiente expresar la clase de arma usada, dejando a la apreciación de la corte la circunstancia de si era o nó mortífera.
    Id. — Casos en que la Pena no Corresponda a la Calificación — Apelación— Nuevo Juicio.' — Apareciendo que el acusado en este caso fué declarado culpable de acometimiento con circunstancias agravantes, y que la pena que le fuera impuesta corresponde al delito de acometimiento sin agravantes, y no habiendo en los autos suficientes elementos para determinar si es errónea la calificación, o la imposición de la pena, pues no se ha presentado la prueba practicada en el juicio, y la calificación del delito hecha en la denuncia, no es bastante para estimar acertada la contenida en la sentencia, procede que se decrete un nuevo juicio.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Lorenzo Jiménez y García.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante no ha presentado en esta Corte Suprema exposición de los hechos, pliego de excepciones ni alegato de errores, y sólo tenemos para resolver la apelación dél acusado, la transcripción de los autos y el informe del lion. Fiscal de este tribunal.

La denuncia formulada originariamente ante la Corte Municipal de Caguas, y que sirvió de base para el nuevo juicio ■en apelación ante la Corte de Distrito de Humacao, es la si-guiente :

“Corte Municipal de Caguas, Puerto Rico. Estado^ Unidos de América, ss:. El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerlo Pico v. Celedonio Albino. Yo, Pablo Fernández y Diez, vecino de Caguas, calle de Barrio de Turabo, de treinta y seis’ años, formulo denuncia contra el expresado acusado, por delito de acometimiento con agravantes, cometido de la manera siguiente -. que en la tarde del día de ayer, a las 6 p. m., noviembre 11 de 1910, y en el barrio de Turabo que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Caguas, el acusado maliciosa y criminalmente, estando el declarante acompa-ñado de su hermano Pelayo Fernández, y Francisco Sosa atando unos bueyes en la finca que tienen arrendada a Don Pascual Fernández Acevedo, el declarante y su referido hermano Pelayo, les acometió con un machete que portaba, porque el declarante manifestó al acu-sado que un caballo que se encontraba en dicha finca, y que allí pas-taba ilegalmeñte, por orden de Don Severo Abella Bastón, había de ser conducido al depósito municipal de animales; y le .prohibía .lo tomase para llevarlo consigo. Tal fué el acometimiento y con tanta insistencia lo hizo que obligó al .declarante y a su hermano a retirarse del sitio a fin de evitar males mayores. Como este hecho es contrario a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico, lo denuncio ante la corte a los efectos de justicia, siendo testigos Nicomedes Vega, Tomás Flores, Aniceta Oquendo, Pelayo Fernández y Francisco Sosa. Fir-mado, Pablo Fernández, Denunciante. Jurada ante mí, hoy, 12 de noviembre, 1910. Firmado Rafael Aguayo, Secretario de la Corte Municipal de Caguas.’’

En ella se imputa al- acusado e'n términos claros y preci-sos la comisión de un delito de acometimiento con agravante, pues al decir que el denunciante y otras personas fueron aco-metidas por el acusado con un machete, no necesitaba expre-sar que tal instrumento era un arma mortífera porque tal apreciación debe ser becba por el tribunal en vista de la clase de arma empleada y sin que importe la calificación que de la misma baga el denunciante. '

La denuncia es, por tanto, suficiente, y el juez de la corte inferior después de oir las pruebas declaró en su'sentencia de 3 de enero último, que el acusado era culpable del delito de' acometimiento con • agravantes ■ y le' impuso la pena de quince dollars' de multa y en defecto de pago ún día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer y las costas. • ' ■

Como por tratarse de un delito menos grave, {misdemeanor) el caso' fué juzgado en apelación por la Corte de Dis-trito y sin jurado, no bay un veredicto escrito de éste que declare la culpabilidad del acusado y esta aparece en lá senten-cia que declarándole culpable del delito de acometimiento con agravante, le condena no obstante a quince dollars ’de multa, que es una pena inferior al mínimum del fijado por el esta-tuto para castigar el delito de que el acusado fué declarado culpable.

La pena de quince pesos de multa está dentro de los limi-tes de la señalada por la ley para el acometimiento sin agra-vantes ; y por consiguiente, es claro que si la calificación del delito fué correcta, la pena impuesta sería impropia por ser inferior a la marcada por la ley; y si por el contrario, la cali-ficación no es ■ correcta, entonces la pena estaría bien im-puesta.

’ Claramente se ve abora, que bay error en la imposición de l'a pena o en la calificación del delito, pero no tenemos a nuestro alcance elementos para afirmar cuál de ellos es la equivocada, porque el mero becbo de que la denuncia impute el delito de acometimiento con agravantes no es bastante para poder deducir que la calificación es la acertada y erró-nea la pena, pnes ha podido no probarse el nso de arma mor-tífera y sí el acometimiento.

Tampoco el hecho de no presentar nna exposición del caso y dejar de alegar errores en la apreciación de las pruebas puede llevarnos a la conclusión de que la calificación del juez fué correcta desde el momento que aparece contradicha con la pena que impuso.

Estudiando el caso de State v. Klock y sus notas, 55 American State Reports, 259, encontramos que en todos los casos allí se tenía un veredicto del jurado que, estimándolo correcto, • servía para conocer si la pena impuesta por la corte era la propia o no; y en ellos cuando se impuso una pena inferior al minimum fijado por el estatuto, se devolvió la causa al juez inferior para que impusiera la pena adecuada.

Pero como en este caso carecemos como en aquéllos de elementos para afirmar que la pena es la errónea y no la calificación, habremos de revocar la sentencia, ordenando la celebración de un nuevo juicio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Calderón.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 341.
    Resuelto en abril 27, 1911.
    Delitos contra la Salud Pública- — Venta de Leche Adulterada — El delito-preyisto y castigado por el estatuto sobre la materia, es la venta de leche adulterada, y la intención fraudulenta del acusado, o su participación en la adulteración del producto, no son elementos constitutivos del delito, y no-hay que probarlos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Fernando J. Geigel.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna apelación contra nna sentencia qne condena al acusado a sufrir diez días de cárcel por baber sido decla-rado culpable del delito de vender leche adulterada. Se pre-sentó prueba referente a la adulteración de la leche cuyo hecho no ha sido discutido. Las defensas propuestas por el acusado están comprendidas en dos apartados: Primera, que la prueba fué insuficiente en cuanto a la procedencia de la leche, o sea, si procedía del apelante o si había estado bajo su inspección o control. Segunda, que no hubo prueba con respecto a la intervención del acusado, lo que también en-vuelve la cuestión de la intención. Se probó de modo sufi-ciente que la leche venía de la lechería del apelante, apare-ciendo el nombre del apelante en el jarro de donde tomó la leche el inspector, habiendo declarado los testigos acerca del cambio o traslado que se hizo del jarro del poder del apelante al del inspector. Insiste el apelante en que no adulteró la le-che y que no hubo prueba de su intervención, pero la venta de leche adulterada es el delito prescrito por el estatuto que es el que se ha probado. No importa conocer si la intención del apelante fué fraudulenta, pues el estatuto hace obligatorio en todo vendedor de leche que la venda pura si quiere ponerse a salvo de los rigores de la ley. (Leyes de 1910, pág. 163.) Este principio fué ampliamente discustido de conformidad con la anterior ley en el caso de Eosendo Ferraris, resuelto en 22 de diciembre de 1909. Allí se demostró en todas las opiniones, las que se diferencian en cuanto a la debida reso-lución de aquel caso determinado, que cuando el estatuto en esta clase de casos no dice nada con respecto a la intención fraudulenta u otro elemento mental semejante, no es nece-sario probar que ha existido tal elemento. Debe confirmarse la sentencia. .

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, de] Toro y Aldrey.


text:
    González v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    Moción para que se practique 'de oficio una inscripción.
    No. 86.
    Resuelto en abril 27, 1911.
    Insceipción — Derechos.—Los gastos que ocasione la nueva inscripción que deba verificarse en el registro, en los casos en que se revocare la calificación del registrador, deberá satisfacerlos la parte interesada, a no ser que el tribunal acordare que deban ser satisfechos por el registrador. -
    Abogado del peticionario: Sr. Baúl Benedicto.

   RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

, La recurrente Pascasia González solicita en el anterior escrito que habiéndose revocado la nota del registrador de la propiedad, denegatoria de inscripción, y ordenándose que ésta se lleve a afecto, sin baber condenado en costas a dicho registrador, se decida por este tribunal que se practique de oficio dicha inscripción.

La ley sobre recursos contra las resoluciones de los regis-tradores de la propiedad, aprobada en marzo 1 de 1902, esta-blece en su sección 6°. que si se revocare la calificación del registrador, el Tribunal Supremo podrá imponerle discre-cionalmente como costas el pago del franqueo y gastos even-tuales de la persona interesada, que no excedan de cincuenta dollars, y podrá además disponer que el registrador haga gratuitamente la inscripción.

En la fecha de dicha ley el registrador percibía los dere-chos de inscripción o los honorarios que se devengasen en el registro; pero desde que se aprobó en 10 de marzo de 1904 la ley asignando sueldos a los registradores de la propiedad y para otros fines, El Pueblo de Puerto Rico percibe en sellos de rentas internas los derechos de inscripción con arreglo al arancel contenido en dicha ley.

El Pueblo de Puerto Rico no puede .ser privado del dere-cho que la ley citada le reconoce de percibir en sellos de rentas internas cualquier cantidad que deba ingresar en las oficinas de los registros de la propiedad, y no encontramos motivo suficiente para que el registrador recurrido deba pagar los gastos que ocasione la inscripción ordenada.

Se desestima la solicitud de la peticionaria.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Martínez v. Pagán López & Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 615.
    Resuelto en abril 27, 1911.
    Contrato — Compra-Venta Mercantil — -Consumación del Contrato. — Apare-ciendo de la prueba practicada en este caso que el demandante 'entregó a los demandados la factura de 191 sacos de azúcar que les vendiera especificando el número, peso, grado, precio y cantidad total debida; que los demandados la recibieron sin objeción alguna; que el guarda-almacén fué notificado que el azúcar quedaba por cuenta de los demandados, a quienes liabía sido ven-dida, y que éstos dispusieron de parte de la misma, hay que estimar entregada la mercancía, y consumado el contrato de compra-venta mercantil, y la pérdida del azúcar, ocurrida después de consumado el contrato ha de ser de cuenta de los demandados, siendo de aplicación el artículo 333 del Código de Comercio.
    Id. — No es de aplicación a este caso el artículo 334 del Código de Comercio, porque habiéndose pesado el azúcar por el guarda-almacén al recibirla, la cantidad total que se hallaba en depósito fué puesta a disposición de los demandados con entrega de la factura expresiva del peso de los sacos y del número de quintales de cada grado, así como del precio de cada uno y de la suma total que debía el comprador, y nada más tenía que hacer el demandante, según los términos del contrato, para que éste se estimara perfeccionado, quedando desde entonces, depositada la mercancía por cuenta' y riesgo de los compra-dores.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Fernando Vázquez, N. B. K. Pettingül .y Henry F. Hord.

      Abogado del apelado: Sr. Pascasio Fajardo.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

' En este caso el demandante Martínez estableció sn de-manda contra la mercantil Pagán López, y Compañía con el fin de obtener nn saldo de novecientos cincuenta dollars ($950), que se alega deben los demandados al demandante, con motivo de una cnenta corriente por mercaderías vendi-das y entregadas por el demandante a los demandados. Los demandados niegan deber snma alguna al demandante.

En 15 de agosto de 1910, la corte inferior dictó sentencia a favor de los demandados en la forma siguiente:

"Esta causa fué llamada para juicio el día once de agosto de 1910, compareciendo el demandante por sus abogados Pettingill, Corn-well y Vázquez y la demandada por el abogado Don Pascasio Fajardo. Oídos los alegatos, la prueba practicada y los informes de los abogados concurrentes, la corte reservó su resolución.
"De la prueba practicada en el presente caso, resulta que Angel Martínez celebró un contrato el día 31 de mayo de 1910 con Pagán López y Compañía mediante el cual el demandante vendió a la socie-dad demandada, ciento noventa y un sacos de azúcar de segunda y tercera, a tres dollars setenta centavos quintal la de segunda y tres dollars diez centavos quintal la de tercera, estando este azúcar depo-sitada en la Mayagüez Sugar Company por cuenta de Don Rafael Blancb. De esta azúcar retiró la sociedad demandada la cantidad de setenta.y seis sacos, basta el día 9 de junio de 1910, por la noche, en que ocurrió un incendio en el almacén de la Mayagüez Sugar Company, quedando la referida azúcar totalmente destruida. No consta que la azúcar de referencia fuese pesada luego de haber sido vendida a la demandada. El demandante alega que la pérdida de dicho fruto, corresponde a la demandada Pagán López y Compañía, quien sostiene lo contrario, alegando que la azúcar no fué pesada ni recibida. Es evidente que entre ambas partes a esta acción, existió un contrato perfeccionado, desde el momento en que ambos convinieron en la cosa objeto del contrato y en el precio de la misma, aunque el fruto no hu-biese sido entregado, pero entendemos que es aplicable a este caso el artículo 334 del Código de Comercio según el cual, los daños y menos-cabo que sufran las mercaderías, aún por casos fortuitos, serán por cuenta del vendedor, si la venta se hubiera hecho por número, peso, ■o medida. De acuerdo con la letra y espíritu de este artículo, enten-demos que no debe imputarse al comprador el riesgo de la mercadería vendida, hasta tanto que se haya pesado, contado o medido. No es necesario que se hayan entregado ni la cosa ni el precio para que el contrato de compra-venta se tenga por perfeccionado. Desde que se consiente y sin necesidad de ninguna otra circunstancia, el contrato queda perfecto y nacen las obligaciones; pero la trasmisión de la pro-piedad no existe, a nuestro entender, hasta que la cosa no ha sido pe-sada, contada o medida en los casos en que es aplicable el artículo 334 del Código de Comercio antes citado.
‘En resumen, creemos que entre ambas partes contratantes existió un contrato de compra-venta perfeccionado, pero nó un contrato consumado.
“Por las razones expuestas, hoy día 15 de agosto de 1910, la corte declara que la ley y los hechos están a favor de la demandada y sin lugar esta demanda, sin especial condenación de costas. ’ ’

Contra esta sentencia el demandante prontamente inter-puso apelación, consignando .un error en su alegato que lite-ralmente es comb sigue:

“La corte erró, al estimar que entre Angel Martínez y la sociedad Pagán López y Compañía, no existió un contrato consumado, de com-pra-venta, de 191 sacos de azúcar, a precio convenido de $3.70 una clase y $3.10 otra, cada quintal, con el precio expresado en la factura.

De la consideración que la corte inferior lia hecho del caso y del error alegado por el apelante y presentado a la resolución de este'tribunal, la cuestión estriba principalmente en los hechos y en la debida interpretación de la prueba pre-sentada durante la celebración del juicio. Por tanto, debe-mos examinar los hechos del caso.

Los hechos no controvertidos son que Angel Martínez, demandante, tenía en 30 de mayo de 1910, en el almacén de la Mayagüez Sugar Co. en el pueblo de Mayagüez, ciento noventa y un (191) sacos de azúcar de diferente calidad; •de segunda y de tercera. Había ciento sesenta y un (161) sacos de segunda a $3.70 el quintal y treinta (30) sacos de tercera, a $3.10 quintal. Cada saco pesaba cerca de dos-cientas (200) libras aproximadamente.

No hay duda alguna de que las partes en este pleito cele-braron en 31 de mayo de 1910, un contrato por virtud del cual el demandante vendió a los demandados ciento noventa y un (191) sacos de azúcar de 2a. y 3a. a $3.70 y $3.10, el quintal, respectivamente, azúcar que estaba entonces almace-nada en el almacén de la Mayagüez Sugar Co. Que de este azúcar retiró la sociedad demandada setenta y seis (76) sacos, en el término de diez días; y en la noche del 9 de junio de 1910, ocurrió un fuego en el almacén de referencia quedando la referida azúcar totalmente destruida.

Esta controversia se originó con motivo de la pérdida del azúcar por el fuego. Alega cada parte que la otra debe sufrir la pérdida. Por tanto, la cuestión se reduce a deter-minar si fué entregada o nó el azúcar y efectuada entera-mente la entrega de la misma.

Los demandados alegan que aunque el 'contrato quedó perfeccionado no fué consumado, debiendo entregarse el azú-car de tiempo en tiempo, según fuera vendida, la que había de pesarse a medida que se entregara y pagara, a interva-los de diez días, de conformidad con la cantidad que así se recibiera y vendiera por ellos.

El demandante alega que la venta del azúcar se efectuó, según dicho artículo se encontraba en el almacén; que ya había sido pesada dicha azúcar por el guarda-almacén y entregado por el demandante a los demandados una factura especificán-dose en ella el número de sacos y el peso de cada clase, prech> y otros' particulares, factura que fué aceptada por los de-mandados sin protesta u objeción ninguna, y que mostraba que la suma debida era de $1,712.13. La corte inferior sos-tuvo la teoría sustentada por los demandados dictando sen-tencia de conformidad con la misma.

El demandante, Angel Martínez, declaró como sigue:

‘ ‘ Que le presentó al socio -de la casa Sr. Peregrino López, dos mues-tras de azúcar; una de ciento sesenta y un sacos segunda y otra de treinta sacos tercera; que la llevó a su oficina, se las presentó allí y le pidió precio por ambas y el Sr. López aceptó el precio y cantidad de sacos de las dos clases, de tres setenta una y otra tres diez. Que' le ofreció en venta esa azúcar, y se la compraron, y el Sr. López tomó nota en las mismas muestras, de la cantidad de sacos que era de cada clase. Que la venta quedó concertada en ese mismo momento. Que . solamente le hizo saber la parte en que estaba y que no siendo almacén de él, desde luego allí avisaría que la pusieran a su disposición para que dispusiera de ella y se la cargaría en cuenta. Que el azúcar estaba en el almacén de la Mayagüez Sugar Company, a quien se le había comprado. Que le compró la azúcar a Rafael Blanch y él la había comprado a la Mayagüez Sugar Company. Que le hizo saber entonces al Sr. López que la azúcar estaba allí almacenada y que avisaría al Sr. Monefeld para que se la entregara a él. Que el Sr. López, como representante de esa casa Pagan López y Compañía, aceptó el azúcar donde estaba. Que el azúcar quedó por cuenta de' esa casa, y al día siguiente, porque esa operación fué hecha el día treinta por la tarde, y al día siguiente el testigo pasóle la factura y tiene entendido que el Sr. López dispuso de parte de la azúcar, que no sabe si de mucha can-tidad o de poca, en el tiempo que le pasó factura, o sea el día treinta y uno de mayo. Que ese día que hicieron ellos el trato quedó la azú-car por cuenta de los Sres. Pagán López y Compañía, que él les dijo que la azúcar estaba allí a su disposición. Que ellos aceptaron lo que el testigo les dijo. Que él les dijo que estaba en el almacén de la Mayagüez Sugar Company.
“Que les entregó la factura al día siguiente en que aparece car-gada en el libro. Que no se lo entregó personalmente, sino uno que era su empleado, Hiram Arroyo. Que. en'esa factura dice el peso de la azúcar, el número de quintales que tenía, el precio y el total de la factura.
‘ ‘ Que él hizo un asiento en sus libros de esa operación, que lo hizo en los dos que tiene. Que tiene en la mano el borrador diario de su casa. Que el asiento respecto a esa operación de azúcar con Pagán López y Compañía está hecho en treinta y uno de mayo. Que entre otros asientos, en la misma fecha, aparecen treinta sacos azúcar ter-cera, Mayagüez Sugar Company, siete mil cuatrocientos noventa y cinco libras, a tres diez, doscientos treinta y dos dollars, treinta y cinco centavos y ciento sesenta y un sacos segunda con treinta y nueve mil novecientos noventa y cuatro libras, a tres setenta, mil cuatrocientos setenta y nueve dollars setenta y ocho centavos. En total mil sete-cientos doce dollars trece centavos. Que esa cantidad aparece car-gada a Pagán López y Compañía.
“Que además de ese borrador lleva el libro dé cuentas corrientes. Que anotó esa operación en mayó treinta y uno en su libro de cuentas corrientes. Que le anotó la cantidad de mil setecientos doce dollars en deber de la cuenta de Pagán López y Compañía por concepto de azúcar vendida. Que son ciento sesenta y uno de segunda, y treinta de tercera; y aparecen otras operaciones en el mismo día.
‘ ‘ Qúe les compró doce sacos de azúcar a Pagán López y Compañía después de la venta que les bizo y que se los compró a tres setenta y siete y medio. Que ellos le pasaron una factura de esa' azúcar, que es la misma clase que el testigo les vendió a ellos, y se la vendieron a tres setenta y siete y medio y él se la vendió a ellos a tres dollars setenta centavos, y que la tiene abonada en su cuenta.
“Que el azúcar, antes de llevarse al almacén de la Mayagüez Sugar Company estaba pesado, que conocía perfectamente el peso que tenía la azúcar y que lo pesó el empleado de la Mayagüez Sugar Company, Don Gerardo Monefeld. Que con el peso ese que tenía la azúcar fué que le pasó la factura, y que ellos no le hicieron ninguna objeción, ni tampoco le hicieron ninguna objeción a que quedara él azúcar allí por cuenta de ellos. ’Al vendérsela, le dijo el testigo, que estaba allí, que había avisado a Don Gerardo para que la pusiera a su disposición. Que le dió aviso a Don Gerardo Monefeld para hacerle saber que la azúcar estaba a disposición de Pagán López y Compañía. Que Don Gerardo' Monefeld es apoderado de la Mayagüez Sugar Company o de Don Oscar Bravo y él es el que está encargado del almacén.
‘ ‘ Que ha manifestado que esa azúcar estaba pesada y entregada en el almacén de la Mayagüez Sugar Company, y que fúé pesada por Don Gerardo Monefeld. Que no sabe si los Sres. Pagán López y Compañía o alguna persona perteneciente a la casa de Pagán López y Compañía, presenció el peso de esa azúcar. Que sabe que fué pesada porque el • Sr. Monefeld pasó factura a la casa del testigo, y por la misma canti-dad que él cargó al testigo, éste la pasó a Pagán López y Compañía. Que a él no le consta que Pagán López y Compañía haya presenciado peso de esa azúcar, que no la pesó delante de ellos y que le ordenó a Don Gerardo que se la entregara.
‘ ‘ Que él recuerda que antes del' fuego, Don Gerardo mandó pre-guntar si podía entregarle azúcar a Pagán López y Compañía de la ,que tenía allí, y el testigo le dijo que se la podía entregar toda, por-que había sido vendida. Que no le consta si en el almacén no había más que esa azúcar.
“Que después del treinta y uno de mayo, el testigo necesitó doce sacos de una de las clases y se la compró al Sr. López, los doce sacos y él le preguntó que a cómo la liabía vendido para partir la diferencia del beneficio; le manifestó que era a tres ochenta y cinco y dijo: ■‘pues gánese siete centavos y medio, y yo lo mismo,’ y el testigo lo aceptó. ’ ’

El encargado del almacén, Gerardo Monefeld, testigo del demandante, declaró como signe:

‘' Que conoce a Angel Martínez y que la Mayagüez Sugar Company, a sus sabiendas, vendió a Blanch y a Martínez, o uno de los dos, doscientos sacos de azúcar de segunda y treinta sacos de tercera hacia el mes de abril; y de parte de esa azúcar iba disponiendo uno de los dos indistintamente por medio de su dependiente, hasta tanto que so-licitó el fruto Pagán López y Compañía y entonces envió el testigo' a averiguar de esos dos compradores del fruto si procedía su entrega, puesto que no tenía orden ninguna escrita de ninguno de ellos, y con-testaron que habían vendido el resto que les quedaba a dichos Sres. Pagán López y Compañía y después de eso fueron llevando distintas partidas.
‘ ‘ Que el almacén se quemó con todo su contenido, en diez de junio. Que quince o veinte días, no puede precisar, antes de esa fecha del incendio, Angel Martínez le dijo que la azúcar era de la cuenta de Pagán López y Compañía. Que Angel Martínez no le manifestó nada; que él envió la razón a esos señores, manifestándole que dis-ponía Pagán López y Compañía del fruto que era, a mi juicio, de su propiedad, y le mandaron razón con el mismo dependiente, que le había sido vendido a ellos y, que se le ocurrió mandarle a decirles esto, porque vino ese dependiente con una orden de Pagán López y Com-pañía para la entrega a Martínez, por cuenta de Martínez, de doce sacos, de esos doce sacos que el testigo tenía hasta entonces de su propiedad. Martínez trajo una orden de Pagán López y Compañía, para la entrega de esa azúcar, por consiguiente, .esto le daba a enten-der que había sido vendida a Pagán López el fruto que antes era de Martínez y Blanch y entonces le respondieron que efectivamente, ha-bía sido vendido el resto del fruto; y siguió después Pagán López disponiendo del fruto a su favor. Que no puede decir cuantas veces, dispuso Pagán López de azúcar, pero varias veces de cinco y de seis, número de sacos de azúcar. Que el azúcar, que tenía allí Pagán López y Compañía pesaba alrededor de doscientos cincuenta libras cada saco, algo menos. Se pesaba cada vez que se entregaba un lote-cito. Que no sabe cuanto pesaba toda la azúcar que tenía Pagán López, y .Compañía que le había vendido Angel Martínez, que tenía tomada nota de cuantos sacos eran de Pagán López y Compañía y tenía anotaciones de todo eso, pero se quemaron. Que esa azúcar estaba pesada por el encargo del testigo, que estaba pesada toda. Que el peso ese constaba en la libreta que llevaba el testigo, en la misma libreta en que se entraba todo el fruto de ,1a cosecha de la Mayagüez Sugar Company. Que Angel Martínez no ha ido a solicitar azúcar ninguna, sino el dependiente suyo, llevándole una orden de Pagán Lópéz y Compañía.
“Que entregada el azúcar por solicitud de Pagán López y Com-pañía por conducto de su dependiente. Que la autoridad de Pagán López y. Compañía para pedir entrega de esa azúcar venía de su ofi-cina. Que el conocimiento del,testigo de que ellos eran dueños venía del comprador de la Mayagüez Sugar Company, de Blanch a quien 'envió en solicitud de tal informe para que le comunicara si el fruto era suyo, continuaba siendo suyo o si lo había vendido en parte o en conjunto a los Sres. Pagán López y Compañía, y les respondieron que habían vendido el resto a Pagán López y Compañía, que quien respon-dió fué el dependiente. Que cuando Pagán López y Compañía pidie-ron partidas de azúcar, algunos sacos, no mandaron ninguna orden que el testigo recuerde.”

Eafael Blanch, pariente y anterior socio del demandante, como testigo de éste último, declaró lo siguiente:

‘ ‘ Que le compraron una azúcar y luego de vender parte de ella el testigo le vendió a Angel.Martínez el resto que quedaba. Que le com-praron á la Mayagüez Sugar Company unos doscientos cincuenta sacos más o menos, y que el resto que le vendió Angel Martínez eran unos doscientos sacos, y que el referido azúcar estaba en los almacenes de Schroder y Ca. que le vendió ese resto, a Martínez en treinta de mayo y que éste se la vendió a Pagán López y Compañía. Que esa azúcar quedó depositada en el almacén de Schroder y Ca. y que está por cuenta de Pagán López y Compañía. ■
‘ ‘ Que sabe por ciencia propia que esa azúcar fué vendida a Pagán López y Compañía porque vió que en esa época Martínez le pasó bor-deró de toda la azúcar de él que quedaba en casa de Schroder y Ca.
“Que vió el borderó cuando se lo pasó Martínez, y que vió el peso que tenía el borderó, pero que no lo podría precisar. Que tenía el peso y también el número de Sacos, que no lo puede precisar pero que tenía sacos, peso y calidad, porque habían dos calidades. Que ve con frecuencia a Pagán López, y Compañía y que hablaron de negocios en tono general. Que respecto a esa operación le dijo al testigo, que ellos creían no tener que pagar el azúcar, porque no podían pagar más que la que habían dispuesto. Que eso fué posteriormente al siniestro, después del fuego. Que él habló con Peregrino López.”

Hirám Arroyo, empleado de Martínez, declaró a favor del demandante como signe:

“Que estaba allí el treinta y uno de mayo de este año. Que ese día le llevó a Pagán López y Compañía por encargo de Martínez una factura de unos sacos de azúcar, vendidos a Pagán López y Compañía. Que él mismo había hecho. Que el azúcar se había vendido a Pagán López y Compañía. Que la factura tenía el peso, el preció y el nú-mero de sacos. Que" le "entregó esa factura al Sr. Peregrino López. Que ese señor está presente y que le dijo que estaba bien.”

Peregrino López, uno de los demandados, al ser llamado por el demandante como testigo, declaró:

. “Que tiene conocimiento de que esa casa haya vendido azúcar a Don • Angel Martínez, que eran varias partidas. Qué en el mes de de julio de este año, hubo una partida de doce sacos de azúcar que la casa no le vendió a Angel Martínez, que había sido vendedor de un lote de azúcar, vendió doce sacos y después de vendidos, los ha soli-citado en su casa, del mismo azúcar que les hab^a vendido, que le ■expidió una factura-de eso, que esa es la factura.
“Que Pagán López y Compañía tenía .comprado a Don Angel Mar-tínez, una cantidad de azúcar, cuya azúcar estaba almacenada en los •depósitos de la Mayagüez Sugar Company. Pagán" López y Compañía podía, de acuerdo con lo convenido, disponer de cantidades parciales.
‘ ‘ Que el día cuatro o tres, el Sr. Martínez vino a la oficina del tes-tigo a informar que había vendido doce sacos de azúcar al Sr. Mon-talvo de San Germán, con un aumento de precio de quince centavos más del que se le había vendido a Pagán López y Compañía. Al oir eso, el testigo objetó, porque no creía prudente que una azúcar que ■estaba comprometida con Pagán López y Compañía, estuviera libre-mente para venderla por otro lado; entonces el Sr. Martínez le pro-puso al testigo partir la diferencia de la totalidad, a lo cual no tuvo ■oposición el testigo, y ordenó que la anotaran al Sr. Martínez en su ■cuenta los doce sacos de azúcar al precio convenido con Pagán López ;y Compañía. ’ ’

Los demandados por su parte, presentaron la siguiente prueba. Peregrino López, socio gestor de los demandados,, declaró en la siguiente forma:

“Que ha tenido muchas clases de negocios mercantiles con Don Angel Martínez a fines del mes de mayo del corriente año. Que las condiciones del negocio son las siguientes: Que el Sr. Martínez, el día 30 de mayo se personó en la oficina del testigo con dos muestras de azúcar, ofreciéndoselas, ciento setenta y unos sacos de una clase segunda y treinta sacos de clase tercera, al precio de tres setenta una y tres diez la otra. Naturalmente, ante.la confianza que había con el Sr. Martínez, le manifestó el testigo que no le convenía la operación vio-lenta y el Sr. Martínez accedió para que esta azúcar fuese tomada por cantidades parciales, a comodidad de Pagán López y Compañía y pagada cada diez días la cantidad que fuera tomando. A este fin, encargó que las liquidaciones ó documentos que acreditasen el peso, que expidiera 'la Mayagüez Sugar Company fuesen archivados con cuidado, para los efectos -de la ■ liquidación. Después, el 9 o 10 de madrugada, sucedió un siniestro en este edificio, habían tomado setenta ■sacos. Que el testigo tiene ahí una relación de la azúcar tomada y la cual había visto el Sr. Martínez y le dijo' al testigo .que aquella adúcar era a cuenta y riesgo del testigo y le propuso varias transac-ciones y él solamente le dijo que le sometía á un tribunal de derecho, que diera la razón a quien la tuviera. Que el Sr. Martínez le giró por la cantidad que había dispuesto de azúcar, que se la pagó, giró por otras cantidadés que el testigo no creía deber y ha rechazado los giros. Que ninguna persona por orden del testigo como gestor de la casa Pagán López y Compañía fué al sitio donde se encontraba esa azúcar para recibir esa azúcar. Que él ha dispuesto de cantidades parciales de esa azúcar, desde la fecha en que hicieron el negocio, hasta que ocurrió el siniestro. Que esas cantidades parciales eran entregadas por cuenta del testigo y la Mayagüez Sugar Company era quien pesaba al entregarla. Que ha visto unos documentos privados, que han sido reconocidos por Don Gerardo Monefeld y que éstos están en poder de Pagán López y Compañía.
“Que al pagar el testigo, ese giro de quinientos dollars expedido por el Sr. Angel Martínez a cargo del testigo y en cuenta a cobrar del Banco Colonial, quedaba debiéndole al Sr. Martínez veinte y siete pesos y centavos, y que esa cantidad la han consignado en manos del Notario Rodolfo Ramírez Vigo, por una protesta de un giro de'cin- . cuenta pesos, por falta de pagó.
“Y continúa respondiendo el testigo al demandado: Que como comerciante tiene libros. Que ha manifestado que' había comprado una azúcar al Sr. Angel Martínez. Que le informó Angel Martínez que esa azúcar estaba depositada en el almacén de la Mayagüez Sugar Company. Que el precio ya lo tiene manifestado antes. Que era obligación del testigo por la compra de ese fruto liquidar cada diez días la cantidad que se fuera tomando del depósito donde estaba. Que cuando hizo la negociación con el Sr. Martínez de doscientos y pico de sacos, ni el testigo ni ninguna persona enviada por él pesaron ese fruto. Que los pesos que se hicieron de ese fruto eran parciales, según la cantidad que se tomaba. Que el día que ocurrió el incendio había tomada setenta sacos de la segunda y seis de la tercera, setenta y seis por todo. Que el día diez después del incendio dispuso el Sr. Martínez de una pequeña cantidad- de cuarenta y pico de dollars, hasta el día once en que se le presentó un giro de quinientos duros a la vista, que lo pagó. Que ese mismo día hizo una liquidación de la cuenta y de la liquidación, después de pagado el giro, quedaban veinte y siete pesos.
“Que el día once hizo una liquidación de la azúcar tomada. Que la hizo de acuerdo con los vales que tenía. Que liquidó el azúcar que se había tomado sin intervención de Martínez, para acreditar su montante en la cuenta del Sr. Martínez y también para averiguar el valor de las partidas que había sacado. Que no sabe si el deman-dante Sr. Martínez ha aceptado o recibido esa suma de veinte y siete y pico de dollars que el testigo consignó en manos del notario. Que en el contrato celebrado entre Martínez y el testigo no había ninguna estipulación de vender el fruto en tiempo limitado.”

En vista de estos hechos debemos llegar a la conclusión de que se hizo la entrega del azúcar vendida. La factura fue prontamente enviada al comprador especificándose en la misma todos los particulares de la venta, número de sacos, peso, clase, precio, y la cantidad total debida, factura que fue recibida sin objeción de ninguna clase. Pocos días des-pués, necesitando el demandante doce sacos de azúcar de la clase vendida las eorqpró de nuevo a los demandados, a precio más subido, las que volvieron a entregarse al guarda-almacén por orden de los demandados. El traspaso de los ciento no-venta y un (191) sacos se hizo debidamente, en primer lugar, por orden que Recibiera el guarda-almacén del demandante, de retener todo el azúcar a disposición de los demandados, noti-ficándole qne se había yendido a ellos. Los demandados admi-ten haber retirado y vendido setenta y seis (76) sacos de azúcar por los qne volnntariamente pagaron setecientos se-senta y dos dollars, trece centavos ($762.13). La corte sen-tenciadora hace depender la resolución del caso del hecho, se-gún ha sido probado, de qne “No consta qne el azúcar de refe-rencia fnese pesado lnego de haber sido vendido a la de-mandada.” En las circunstancias del caso no es esta una cuestión vital. EL azúcar había sido ya.pesado por el en-cargado del almacén al tiempo de recibirlo para su almace-naje, habiendo el vendedor entregado al comprador una fac-tura especificando nó solamente el peso del azúcar en de-talle, dando el número de quintales de cada clase, sino qne también su precio y la cantidad total debitada por el com-prador al vendedor. Sin embargo, no había necesidad de pesar, según las condiciones de la venta. Al demandante no le quedaba nada más que hacer respecto a la transacción. A él no le correspondía trasportar el azúcar desde el almacén a la tienda de los demandados. Al comprador le tocaba trasportar la mercancía del almacén siempre que le con-viniere llevarla a su tienda o entregarla a un comprador. Esto fué lo que hizo en el caso de setenta y seis sacos de azú-car por los cuales pagó sin objeción alguna. El azúzar que-daba en el almacén, en el momento del fuego, de cuenta y riesgo de los demandados, de acuerdo con el artículo 333 del Código de Comercio. Después de la venta y de la entrega de la factura, no teniendo el demandante nada más que hacer para completar la venta, ésta quedó consumada con arreglo a la práctica universal observada por los comerciantes en estos dasos; y de no haber ocurrido el fuego, jamás hubiera habido controversia alguna con respecto a esta cuestión. No hay duda de que esta fué una transacción comercial, según la define el artículo 325 del Código de Comercio, y de que este caso está regido por dicho Código. Los artículos 333 y 334 del Código de Comercio dicen lo siguiente:

Artículo 333. — Los daños y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor.

__ Art- 334. — Los daños y menoscabos que sufran las mercaderías, aún por caso fortuito,- serán de cuenta del vendedor en los casos si-guientes :

“1. Si la venta se hubiere hecho -por número, peso o medida, o la cosa vendida no fuere cierta y determinada, con marcas y señales que la identifiquen.

“2. Si por pacto expreso o por uso del comercio, atendida la natu-raleza de la cosa vendida, tuviere el comprador la facultad de reco-nocerla y examinarla previamente.

3. Si el contrato tuviere la condición de no hacer la entrega hasta que la cosa vendida adquiera las condiciones estipuladas. ’

La única cuestión que envuelve la resolución del caso, es cuál de los dos artículos citados debe aplicarse a los bechos probados en la vista. Los apartados 2 y 3 del artículo 334 es evidente que no tienen referencia a los hechos que se en-cuentran probados en el récord. El primer apartado de dicho artículo se aplicó por la corte sentenciadora al caso ante ella pendiente, porque la mercancía no había sido pesada des-pués de la venta. Según lo dispuesto por la ley misma, esto es solamente necesario cuando se hace la venta por peso, nú-mero o medida; como por ejemplo, cuando un comprador celebra un contrato por mil libras de trigo para ser tomadas .de una partida que contenga muchos miles de libras o de un cargamento acabado de llegar y que todavía no se sabe que contenga una cantidad dada de mercancías. Pero en el caso ' pendiente ante nosotros, la partida entera, propiedad del vendedor y depositada en el almacén, que pertenecía a un tercero, fué objeto de la venta. No quedaba nada por hacer en el sentido de pesar, contar o medir para consumar el con-trato de venta. No había necesidad de pesar, porque la par-tida había sido pesada en su totalidad o en g’rueso y estaba ya completamente separada. Los principios del Código de Comercio, según se exponen en el artículo 334, son en snstan- ■ cia idénticos a los que regían en la ley común. En el caso de Acraman v. Morrice (8 C. B. 449), el tribunal inglés, por medio del Juez Wilde, dice: “En un contrato sobre la venta de mercancías, mientras quede algo que hacer por el vende-dor a dichas mercancías, la propiedad de dichas mercancías no se transfiere y el vendedor tiene el derecho de retenerlas.” (Shirley’s Leading Cases, p. 202.) La recíproca es tam-bién cierta, según se desprende del caso de Tarling v. Baxter, en la página anterior de dicho tomo, donde se expresa: ‘ ‘ La regia de ley,” dice Bailey, J., “es que, cuando existe una venta inmediata, nada le queda que hacer al vendedor por lo que respecta a él y al comprador, la propiedad de la cosa vendida queda en el comprador, y desde luego se siguen todas las consecuencias que resultan del hecho de tener la propiedad, una de las cuales es que si se destruye, la pér-dida es por cuenta del comprador.” Desde luego, si hu-biera resultado haber habido un error en el peso, según fué suministrado por el encargado del almacén, habría tenido que hacerse una corrección del montante del precio de com-pra, de acuerdo con el artículo 336 del Código. Pero en el caso que nos ocupa la pérdida ocurrió después de haberse consumado el contrato y estar la mercancía a disposición del comprador, y los daños deben ser de cuenta del comprador, según lo prescrito en el Código de Comercio.

La operación está comprendida en las disposiciones del artículo 333 del Código de Comercio y nó en el artículo 334 ,de dicho Código, según opinó la corte inferior.

Por tanto, habiendo cometido error la corte inferior en la aplicación de la ley a los hechos de este caso, así como en la apreciación de los hechos, según resultaron del juicio, debe revocarse la sentencia apelada y dictar este tribunal la que proceda a favor del demandante por la suma reclamada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del'Toro y de Aldrey.