author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Sucesión de Isabelo Mangual Ayala, etc., demandada y apelada, v. Frank P. Hastings y Glen Falls Indemnity Co., demandados y apelante el primero.
    Núm. 8017.

    Sometido: Enero 12, 1940.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados del apelante; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Mientras Frank P. Hastings guiaba un automóvil de su propiedad asegurado por Glenn Falls Indemnity Co , arrolló a Isabelo Mangual, produciéndole la fractura de la base del cráneo, a consecuencia de lo cual falleció dos días después. Los herederos de Mangual instituyeron este pleito contra Hastings y la compañía aseguradora en reclamación de los daños que alegan haber sufrido por la muerte de su causante. Aunque la demanda no prosperó contra la aseguradora, fué declarada con lugar en cuanto a Hastings, condenándosele a pagar a los demandantes la cantidad de $3,000 por con-cepto de indemnización, más las costas, incluyendo $300 para honorarios de abogado. Contra esta sentencia y contra la resolución aprobatoria del memorándum de costas interpuso el demandado este recurso, que basa, en lo que a la sentencia respecta, en haber errado la corte a quo en la apreciación de la prueba. Admite el apelante que la evidencia es contra-dictoria, pero sostiene que debió ser creída la suya porque la versión de los apelados en cuanto a la manera en que ocurrió el accidente es físicamente imposible.

La posición asumida por el apelante requiere que hagamos un análisis de la prueba de una y otra parte. Según los apelados, Isabelo Mangual era un campesino que poseía doce cuerdas de terreno que personalmente cultivaba, cuyos frutos suministraban el sustento de su familia. El 4 de septiembre de 1938 llevó al mercado de Carolina productos agrícolas y luego de venderlos se disponía a regresar al hogar en compañía de ciertos parientes y amigos que se hallaban con él. La Cálle Muñoz Rivera se prolonga en la carretera que de Carolina conduce a Canóvanas y en el margen izquierdo de esa calle, pegado a la acera y de frente para Canóvanas, se hallaba estacionado el automóvil que Isabelo y sus compañeros se proponían tomar. Antes de ocupar su asiento Mangual, que traía en un saco dos o tres libras de pan, carne, y dulces que había comprado para sus hijos, trató de asegurar el saco amarrándolo con una soga por el lado derecho del parabrisas del automóvil. Para realizar esta operación tuvo necesidad de colocarse por el lado derecho del vehículo opuesto a la acera y mientras ataba el saco, el automóvil del demandado, que venía de Canóvanas a una velocidad exagerada sin dar aviso alguno con aparato de alarma, pasó tan cerca del automóvil junto al cnal se hallaba Mangnal qne arrolló a éste, lanzándolo al snelo, produciéndole ciertas lesiones en el hombro derecho, y en la cara, así como la fractura de la base del cráneo. Inmediatamente fué conducido el herido al Hospital Municipal de Carolina, donde permaneció desde las doce de aquel día hasta el siguiente, en que fué trasladado al de San Juan, donde falleció un día después.

Según la prueba del demandado apelante, él conducía su automóvil a una velocidad moderada, tocó klaxon al aproxi-marse al sitio donde se hallaba el interfecto, y pasó como a 4 ó 5 pies de separación de éste, pero en los precisos mo-mentos en que pasaba junto al interfecto, la soga con que estaba tratando de amarrar el saco se reventó, lo que dió motivo a que el interfecto perdiese el equilibrio y cayera de espaldas sobre el automóvil del apelado, produciéndose así el trauma que le causó la muerte.

Los testigos de los demandantes no pueden precisar la manera en que el automóvil del demandado vino por primera vez en contacto con el cuerpo del interfecto. Unos declaran que el primer golpe lo recibió Mangual en la rodilla, otros que fué en la cadera, y algunos en el brazo, pero todos coin-ciden en que fué por el costado derecho del interfecto. Como los médicos que lo asistieron en Carolina primero y en San Juan después declararon no haber encontrado otras lesiones que las anteriormente indicadas, es -decir, la del hombro, la cara y la base del cráneo, la representación legal del ape-lante infiere de ello que la versión de los testigos de los apelados es físicamente imposible, porque habiendo recibido el golpe del cráneo con el tapalodo delantero, para que tal cosa pudiera suceder era necesario que recibiese antes un golpe que permitiese que la cabeza del interfecto chocase con el tapalodo, pues hallándose como se hallaba, de pie, la cabeza se encontraba en un plano más alto que el tapalodo. El hecho de que los testigos no puedan dar una explicación exacta de la manera en que el automóvil del demandado vino en contacto por primera vez con el cuerpo del interfecto, no implica necesariamente la imposibilidad de que el accidente hubiese ocurrido sustancialmente en la forma por ellos des-crita. ¿No es acaso posible que en la confusión que en el momento debió producirse escapase a la percepción de los testigos cualquier movimiento que pudiera haber hecho el interfecto tratando de defenderse, al confrontarse de súbito con la situación de inminente peligro que lo amenazaba?-

La teoría del demandado no es tan convincente como pretenden sus defensores. Según hemos indicado anterior-mente, el saco que trataba de amarrar el interfecto pesaba poco y cuando realizaba tal operación se hallaba con sus dos pies en el suelo, sin que fuera necesaria la aplicación de una fuerza extraordinaria para llevar a efecto su propó-sito. Aceptando que la soga se hubiera roto, es muy improbable que el interfecto cayera de espaldas, siendo él, según resulta de la prueba, un hombre saludable y fuerte, sobre todo cuando no tenía que asumir una posición violenta para amarrar el saco, dada la altura del parabrisas. Es verdad que algunos testigos de los demandantes declararon que la soga se rompió y que en los momentos del accidente el inter-fecto trataba de añadirla, pero también manifestaron que la soga era vieja y gastada.

Según la prueba de los apelados y la declaración del policía Morales, llamado por el demandado, a pesar del sitio que ocupaba el automóvil del interfecto había espacio sufi-ciente para dar cabida a dos automóviles más.

Que el demandado venía a una velocidad exagerada, no obstante hallarse en zona urbana y especialmente cerca de la intersección de dos calles, lo demuestra de manera con-cluyente el hecho de que vino a parar su automóvil después del accidente a bastante distancia del carro del interfecto, dejando las huellas producidas en la aplicación de los frenos por una extensión de unos veinte pies, las que empezaron como doce pies detrás del automóvil del interfecto. La declaración del propio demandado apelante demuestra que pasó tan distraído por el lado del interfecto qne ni siquiera advirtió sn presencia junto al automóvil. Yeámoslo:

“P. ¿Y dice usted qne al pasar por el lado del carro público, usted sintió el golpe de este hombre?
“R. Sí, sentí el choque.'
“P. ¿Pero antes de sentir ese choque, usted había visto el hombre allí?
“R. Había visto dos o tres parados al lado del carro.
“P. ¿Pero al lado del automóvil público ése?
“R. Sí.
“P. ¿Había visto al hombre del accidente?
“R. Yo no me fijé en más personas.
{‘P. ¿Pero si antes del accidente usted había visto a este hombro al lado del carro público?
“R. Sí.
“P. ¿Mucho antes?
“R. Sí, bastante antes.
“P. ¿Como a qué distancia?
“R. Bueno, clesde la curva, que sería sesenta metros.
“P. ¿Es decir que sesenta metros antes de llegar al carro público usted había visto a este hombre amarrando un bulto allí?
“R. Yo no me fijé en lo que estaba haciendo.
“P. ¿Pero usted lo vió bien?
“R. Vi el carro y las personas paradas al lado del carro.
“P. ¿Cómo diez metros o diez yardas antes de llegar a ese sitio, usted lo vió a él?
“R. Bueno, sí, las personas.
“P. ¿Al que estaba amarrando el bulto lo vió?
“R. Yo no vi a nadie amarrando bulto; yo vi las personas que me fijé mucho en ellas porque estaban paradas.” (T. de E., págs. 370 y 371.)

Considerada la prueba de una y otra parte, no podemos convenir con el apelante en que la corte inferior incurrió en error manifiesto en la apreciación de la prueba.

Arguye el apelante que la muerte de Mangual fue motivada por haberlo trasladado del Hospital Municipal de Carolina al de San Juan en una guagua. Es un beebo cierto que él fue trasladado a San Juan, pero nada existe en la prueba que demuestre que ésa fué la causa de la muerte o que de haberlo dejado en Carolina no hubiese fallecido. Por consiguiente, este argumento del apelante, basado como está en una mera conjetura huérfana de apoyo en la prueba, no puede causar la revocación de la sentencia.

No abusó de su discreción la corte sentenciadora al incluir en el pronunciamiento de costas la partida de $300’ para honorarios de abogado. Habiendo dado crédito a la prueba de los demandantes, pudo la corte inferior estimar que el demandado apelante fué temerario al no allanarse a pagar a los demandantes una razonable compensación por los daños por él causados.

Sólo nos resta considerar la partida de $25 del memorándum de costas concedida a los demandantes como honorarios del testigo Dr. Comas. Este testigo, conforme resulta del récord, vino a declarar sobre el estado en que se hallaba Mangual al llegar al Hospital Municipal de San Juan, el tratamiento a que lo sometió y el hecho de su muerte. Su testimonio sobre estos extremos no requería de él una preparación especial previa para venir a declarar. En tales condiciones el médico, como cualquier otro profesional, se considera como un testigo ordinario y no debe recibir otra compensación que la señalada en el arancel para los testigos, es decir, $2 diarios. Véase el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase también por analogía 4 Wigmore on Evidence, sec. 2203, págs. 682 et seq.

Por lo expuesto, procede modificar la resolución aproba-toria del memorándum de costas en lo que respecta a la partida de $25 concedida como honorarios al testigo Dr. Gomas, la que se reduce a $2, y así modificada dicha reso-lución, se confirma, conjuntamente con la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ricardo Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 7851.

    Sometido: Noviembre 15, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      José Soto Rivera, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Ricardo Ortiz fue sentenciado a pagar una multa de $50 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejara de pagar, por infracción a la orden final de la Comisión de Servicio Público de 4 de enero de 1938. En el alegato que formuló en apoyo de este recurso, impugna la suficiencia de la denuncia y alega que el veredicto es con-trario a la prueba.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Que en 30 de julio, 6:45 P. M. de 1938, y en la Avenida Fernán-dez Juncos, parada Núm. 26%, dentro del Distrito Judicial Municipal de San Juan, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Ricardo Ort:z, allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, sin haber sido previamente autorizado por la Com’sión de Servicio Público de Puerto Rico, y mientras ma-nejaba como chauffeur el automóvil núm. P2985, actuaba como por-teador público transportando pasajeros por asientos en dicho vehículo. Desmontó 5 pasajeros que traía desde San Juan infringiendo de este modo la orden final de la Comisión de Servicio Público de 4 de enero de 1938, publicada por medio de edictos en los periódicos El Mundo (en enero 10, 1938), La Correspondencia (en enero 11, 1938) y El País (en enero 12, 1938), y aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el díá 7 de enero de 1938, que dice así: . .

La denuncia sigue la letra de la orden final que a con-tinuación de la misma transcribe, y por consiguiente tenemos que resolver que es suficiente. El acusado, para sostener la insuficiencia de la denuncia, alegó que la orden final citada es inconstitucional. A este respecto bastará que citemos el caso de Jaime Ortiz et al. v. Public Service Commission of Puerto Rico, resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito el 8 del corriente, en el que por los fundamentos expresados por este tribunal y por la Corte de Distrito de San Juan en el referido caso, se sostuvo la cons-titucionalidad de la orden en cuestión, diciéndose por la Corte de Circuito que la Comisión de Servicio Público al dictar la referida orden actuó dentro de las atribuciones conferídasle por el artículo 38 de nuestra Ley Orgánica.

La sentencia no es contraria a la prueba. La de cargo tiende a demostrar que el acusado tomó pasajeros por asientos en San Juan y los dejó en Santurce. La de descargo asegura que estos pasajeros fueron tomados en Bayamón y venían para Santurce al ser detenido el automóvil por el policía denunciante. La corte inferior dirimió el conflicto de la prueba en contra del acusado, y no habiéndose demostrado que al así hacerlo cometiese error manifiesto o actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad, 'procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Rafael A. Mora, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1063.

    Sometido: Enero 24, 1940.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      E. López Acosta, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció a sostener su nota.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 25 de febrero de 1927 ante el notario Joaquín Nazario de Figueroa, José Antonio Ortiz Padilla por su apoderado Ceferino Ortiz Periccbi agrupó una par-cela de terreno de diez cuerdas con otras dos de su pro-piedad, formando así una finca de 91 cuerdas que inscribió en el Registro de la Propiedad de San G-ermán.

Por escritura de 26 de septiembre de 1927 ante el notario E. López Acosta, sin haber tenido en cuenta la agrupación mencionada, segregó de la referida parcela de diez cuerdas un predio de terreno de siete cuerdas que vendió a Rafael A. Mora.

Posteriormente, por escritura de 18 de mayo de 1928 ante el notario E. López Acosta, José Antonio Ortiz Padilla constituyó hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore sobre el resto de la finca principal, mencionándose en la inscripción de dicha hipoteca que de la finca principal se habían segregado siete cuerdas vendidas a Rafael A. Mora, constituyéndose el gravamen hipotecario sobre las 84 cuerdas restantes, que mensuradas para el objeto de dicho préstamo resultaron ser solamente 78.93 cuerdas. En la escritura de hipoteca se describió el resto de la finca principal luego de verificada la segregación y se rectificó la cabida en la forma indicada. Posteriormente se canceló la hipoteca constituida a favor del Federal Land Bank of Baltimore.

El 7 de diciembre último Mora presentó sn escritura en el Registro de la Propiedad de San Germán, acompañándola de un Acta Aclaratoria que otorgaron el 15 de abril de 1933 el anterior dueño de la finca principal José Antonio Ortiz Padilla por su apoderado Ceferino Ortiz Pericchi, su actual dueño Juan Ortiz Padilla, y Rafael A. Mora, dueño de la finca de siete cuerdas segregada de la principal, en la que se exponen los hechos predichos y expresa Juan Ortiz Padilla su consentimiento para que la finca de siete cuerdas varias veces mencionada se inscriba “como porción segre-gada de la finca principal de 91 cuerdas.”

El Registrador de la Propiedad de San Germán denegó la inscripción, extendiendo al pie del documento la siguiente nota:

“Denegado el documento que precede, con vista de otro, por apa-recer de la inscripción segunda practicada al folio sesenta y seis del tomo ochenta y cinco de San Germán, finca número tres mil quinientos noventa y nueve, que’ la segregación de siete cuerdas vendidas a Rafael Mora se lrzo de la finca agrupada de noventa y una cuerdas, resultando de dicha inscripción y de la segregación y el acta aclara-toria que motivan esta denegatoria una confusión en cuanto a la men-cionada parcela de siete cuerdas, consistente dicha confusión en que st-’gún el Registro y los títulos presentados no se puede determinar si dicha segregación se hizo de la finca original de diez cuerdas o de la finca agrupada de noventa y una cuerdas, por lo que tomo en su lugar anotación preventiva por el término legal de cie’nto veinte días a favor del comprador de su derecho, al folio 156 del tomo 134 ele San Germán, finca Núm. 4709, anotación letra A. San Germán, a 22 de dihembre de 1939.”

Contra la transcrita nota interpuso Mora el presente recurso, que por moción de 22 del actual sometió sin alegato por aparecer claramente la cuestión levantada en los docu-mentos que acompañó al escrito solicitando la revocación de la nota.

En verdad no comprendemos cómo puede sostenerse la nota recurrida, especialmente en vista del acta aclaratoria de qtie se ha hecho referencia, la cual debió disipar cual-quier' duela que pudiera haber tenido el registrador sobre la confusión a que se refiere la predicha nota.

Procede revocar la nota recurrida e inscribir el docu-mento.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Enrique Báez García, demandante y apelado, v. Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Sabás Honoré Rivera, demandados y apelantes.
    Núm. 7999.

    Sometido: Junio 12, 1939.

      Resuelto: Febrero 1, 1940.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, pro se.

      Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita la desestimación del presente recurso por los siguientes motivos:

Los demandados radicaron su escrito de apelación el primero de abril de 1939. En moción presentada el 3 dd mismo mes manifes-taron que optaban por la exposición del caso y que a fin de poderla preparar necesitaban la transcripción de la evidencia. Solicitaron una orden dirigida al taquígrafo para que éste preparara y entre-gara la transcripción. La corte declaró con lugar esta moción el 10 de abril y ordenó que se preparara la transcripción.
En otra moción archivada el 3 de abril los apelantes alegaron r que habían radicado una moción en que' hacían constar que necesi-taban la exposición del caso para perfeccionar su apelación y solici-taban una orden para que el taquígrafo preparara la transcripción de evidencia, la cual sería utilizada en la preparación de la exposi-ción del caso; que de conformidad con las disposiciones de la Ley núm. 4 de 18 de marzo de 1925 (Leyes de 1925, pág. 109), dicha ex-posición del caso debía archivarse dentro de diez días contados a partir de. la radicación del escrito de apelación en abril 1, y que este período expiraba el día 10 del mismo mes; que el taquígrafo había informado al abogado de los apelantes que le sería imposible suminis-trar la transcripción antes de mediados del mes de mayo; y que corno-había mucha prueba documental, el letrado necesitaría por lo menos-quince’ días para preparar la exposición del caso. Se solicitaba se concediera al taquígrafo una prórroga para preparar y entregar la transcripción. La corte concedió al taquígrafo una prórroga que ven-cería el 15 de mayo para preparar la transcripción.
La Ley núm. 4, intitulada “Ley para enmendar e'l artículo 356-del Código de Enjuiciamiento Criminal, y para otros fines”, apro-bada el 18 de abril de 1925 (Leyes de ese año, pág. 109) es aplicable a las apelaciones interpuestas contra sentencias dictadas en causas criminales.
El término para radicar la exposición del caso venció el 11 de abril. Los apelantes no habían solicitado una prórroga para radicar tal exposición, conforme provee el artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según fui enmendado en 1919 (Ley núm, 81 de 1919,. pág. 675). En mayo 15 los apelantes radicaron una moción intitu-lada “Moción de prórroga para radicar exposición del caso”. En esta moción alegaban: que habían solicitado se ordenara al taquí-grafo transcribiera sus notas taquigráficas a fin de poder los apelantes preparar la exposición del caso, solicitando a la vez que el período estatutario fuera prorrogado; que la corte concedió al taquígrafo hasta el 15 de mayo de 1939; que el letrado de los apelantes había solicitado del taquígrafo que preparara y entregara la transcripción de la evidencia, cosa que éste no había hecho, y que el término estaba proximo a vencer. En la moción se solicitaba una segunda prórroga de treinta días a partir del 14 de mayo y que vencería el 13 de junio para preparar y entregar al letrado de los apelantes la transcripción de las notas taquigráficas. La corte declaró con lugar esta moción.
No se lia radicado la transcripción de los autos en este Tribunal dentro de treinta días contados a partir de la fecha en que se radicó el escrito de apelación.

Los apelantes se lian opuesto a la moción del apelado basados en los fundamentos que aparecen a continuación:

Los apelantes habían solicitado se ordenara al taquígrafo que pre-parara la transcripción de la evidencia para ellos poder preparar y radicar la exposición del caso. Se habían solicitado y concedido dos prórrogas para dicho fin. Estas prórrogas no habían expirado. Los apelantes habían sido diligentes. La prórroga concedida al taquí-grafo equivalía a una prórroga para que los apelantes radicaran su exposición del caso. El fin de un recurso de apelación justifica este criterio. Los requisitos esenciales son que un apelante sea diligente en la tramitación de su recurso y que esté dentro de los términos esta-tutarios. .Si la parte apelante hace eso, no importa que se solicite la prórroga para el taquígrafo o para el apelante, toda vez que la ley no especifica quién ha de solicitar la prórroga ni a quién ha de con-cedérsele, y que la cuestión no es jurisdiccional. Que sea ello como fuere, los apelantes, tan pronto como se les llamó la atención a este asunto, subsanaron la omisión.
En una moción radicada en la corte de distrito los apelantes ex-plicaron: que por inadvertencia habían hecho constar en su primera moción que se acogían al procedimiento indicado en la Ley núm. 4 de 18 ele abril de 1925 (pág. 109) cuando lo cierto es que dicha ley reglamenta las apelaciones en causas criminales y la ley que rige las apelaciones en causas civiles es la Ley 70' de 9 de marzo de 1911 (pág. 238) ; que por inadvertencia igualmente los apelantes omitieron en dicha moción solicitar expresamente una prórroga del término para radicar la exposición del caso y limitaron su petición a solicitar una orden para que el taquígrafo preparara la transcripción de sus notas taquigráficas, ocasionando así un defecto en la resolución de abril 10 a ese respecto e iguales defectos subsanables en las siguientes mociones y resoluciones; que las omisiones e inadvertencias señaladas constituyen meras informalidades que una vez conocidas pueden y deben ser subsanadas por los tribunales, en bien de la justicia y para que los procedimientos queden encausados debidamente, de conformi-dad con la finalidad que tales procedimientos persiguen; que por la finalidad que se persigue a virtud de esta apelación, así como por la ley reguladora de las apelaciones, y dados los términos precisos en que se encuentran redactadas las mociones y las órdenes a que las mismas dieron lugar, estas resoluciones deben ser interpretadas en el sentido de ordenar al taquígrafo que prepare la transcripción de sus notas taquigráficas y las entregue al letrado de los apelantes den-tro del período estatutario, dentro de las prórrogas que puedan con-cedérsele o dentro del término para radicar la exposición del caso; y que el presente' recurso se tramita amparado en la citada ley que autoriza las apelaciones en casos civiles y no en la que regula las ape-laciones en causas criminales, como errónemente se anuncia en la pri-mera de las reseñadas mociones de los apelantes.
En esta moción los apelantes — de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, basados en el caso de Domínguez v. Fabián, 35 D.P.R. 314, y habida cuenta de que los demandados han sido diligentes en los procedimientos de la apelación y en la conse-cución ele prórrogas en su oportunidad, que han efectuado desembol-sos, así como por la cuantía envuelta — solicitaron una orden nune pro tune al efecto de que, en el ejercicio del poder inherente de la corte y de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjrriciamiento Civil, todas y cada una de dichas mociones y órdenes se consideren como enmendadas en el sentido de que los apelantes se acogen a la Ley de 1911 y que las prórrogas concedidas lo fueron para radicar la exposición del caso y no la transcripción taquigráfica, conforme allí se consigna.. El proceder adoptado por la corte’ de distrito como re-sultado de esta moción se desprende de una copia certificada de la orden de la corte.

La corte de distrito, luego de exponer los hechos subs-tancialmente, tal cual figuran en la moción de los apelantes, invocó en apoyo de su actuación, no sólo su facultad inhe-rente para corregir sus propios autos, sino también los poderes conferídosle por el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil. La orden de la corte disponía que las reso-luciones de abril 10 y 15 se entendieran redactadas mmc pro tune, “de modo que se le ordene al taquígrafo formular las notas taquigráficas y que las prórrogas conferidas lo fueron a los apelantes para radicar la exposición del caso, así como que se entienda que los apelantes se acogen a la Ley núm. 70 de 9 de marzo de 1911 y no a la que prescribe las apelaciones de casos criminales”.

Podría admitirse que esta orden no puede sostenerse como una mera corrección mmc pro tune de un error oficinesco (clerical) cometido en las órdenes anteriores. Para ios fines de esta opinión podría admitirse de igual modo que las órdenes anteriores difícilmente pueden ser interpretadas como prórrogas del término para radicar la exposición del caso. La cuestión es si la corte de distrito bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil tenía facultad para exonerar a los apelantes de los efectos de estas órdenes, consideradas las mismas como prórrogas para que el taquígrafo transcribiera sus notas taquigráficas y entregara copia de la transcripción al letrado de los apelantes.

En Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, la mayoría de este tribunal, conforme el mismo estaba constituido en 1913, re-solvió, según se hace constar en el sumario, lo siguiente:

“Los preceptos de nuestro estatuto relativos al término para pre-parar una exposición del caso deben ser interpretados en sentido es-tricto.
“El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no faculta a tina corte de distrito para admitir una expos1 eión del caso después de haber expirado el término legal. La palabra ‘procedimiento’ a que su refiere dicho artículo es un procedimiento en la corte senten-ciadora y no abarca los procedimientos para perfeccionar una apela-ción. ’ ’

La opinión señala ciertas diferencias insignificantes exis-tentes entre nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y el de California. Ninguna de estas ligeras diferencias ni ninguna disposición por parte de la corte a “considerar diligente-mente los casos sometidos a su consideración”, son suficiente motivo para negarse a seguir la interpretación dada al esta-tuto de California con anterioridad a la fecha de su adopción por nuestra Asamblea Legislativa. Existe más peso en otras partes de la opinión, tal cual la misma se aplicó a los hechos que la corte entonces tenía ante sí. En dicho caso la corte de distrito declaró sin lugar la demanda y la contrademanda en un pleito de divorcio. Ambas partes apelaron. El ma-rido radicó ante este tribunal la transcripción de los autos, incluyendo una exposición del caso debidamente aprobada por el juez de distrito. La esposa no radicó transcripción y aparentemente nada hizo en la corte de distrito luego de ar-chivar ella su escrito de apelación. Hasta el momento de pre-sentarse una moción para desestimar su recurso, ella había descansado enteramente en la exposición del caso y en la transcripción de autos preparadas y radicadas por el marido. En lo que a ella y a su recurso de apelación concernía, no había habido moción, orden o procedimiento en la corte de distrito con posterioridad a la radicación del escrito de ape-lación.

Pué bajo estas circunstancias que la mayoría del tribunal dijo:

“. . . La omisión de una parte en presentar una exposición del caso a su debido tiempo no es una ‘sentencia, orden u otro procedi-miento dictado contra el]a.’ Evidentemente que e’l procedimiento sería algo parecido al de una orden, sentencia o decreto.”

Con lo anterior quedó resuelto el caso.- Otras expresio-nes contenidas en la opinión fueron obiter dieta. Pué su-perfino decir: “La Corte Suprema de California al tratar de cumplir con el supuesto espíritu de la ley infringió su le-tra,” y “todo el espíritu del artículo 140 revela que el pro-cedimiento era uno que podría surgir en el ejercicio de la jurisdicción ordinaria de la corte inferior y no es de aplica-ción a los procedimientos para perfeccionar la apelación.”

El Juez Asociado Sr. Del Toro estuvo conforme con la resolución. El Juez Asociado Sr. MacLeary no intervino en la decisión.

Opiniones por mayoría en casos posteriores han seguido los dieta en Pardo v. Pardo. Agregan poco a lo que se dijo arguendo en dicho caso. Véanse: Fajardo Sugar Co. v. Santiago et al. (resuelto el mismo día—19 D.P.R. 1193); Ex Parte Deliz et al. v. Franco, 21 D.P.R. 526; Días v. P. R. Ry. Light & Power Co., 32 D.P.R. 95; Brown v. Peña & Balbás, 35 D.P.R. 483.

En Alvarez et al. v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 925, este tribunal, por voz del Juez Presidente Sr. Del Toro, dijo:

“Repetidamente lia resuelto este tribunal que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicable a un caso como éste, careciendo por tanto la corte de distrito de facultad para conceder un nuevo término.
“Bastará citar el caso de Díaz v. The P. R. Ry. Light and Power Co., 32 D.P.R. 95, 99, en el que se dijo:
“ ‘Los fundamentos que hemos tenido para desestimar esta apela-ción han sido consignados en una opinión anterior donde se cita el caso de Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188.
“ ‘En el mismo tomo y en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Santiago, 19 D.P.R. 1193, ratificamos nuestro criterio de que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no tenía ninguna aplicación a los pliegos de excepciones y otros documentos semejantes y también llamamos la atención al hecho de que el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado en el año 1911 no era semejante a ninguna disposición del Código de Enjuiciamiento Civil de California.
“ ‘El abogado insiste ahora en llamarnos la atención hacia la teoría de que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil fué tomado do California y por tanto, como es de presumirse, con la interpretación que se le ha dado en ese Estado. Discutimos algunas de las diferencias de práctica en el caso de Pardo v. Pardo, supra. Podemos agregar que la regla de interpretación invocada está sujeta a un número de excepciones y una de ellas es cuando la interpretación que se le da en el Estado de origen está en con-flicto con el claro significado del estatuto. Whitney v. Fox, 166 U. S. 637, 647. Según indicamos en el caso de Pardo v. Pardo, supra, la Corte Suprema de California no observó el claro signi-ficado de las palabras empleadas. Además, por la apelación es la Corte Suprema de Puerto Rico la que adquiere jurisdicción sobre un caso y cuando se invoca un privilegio extraordinario es esta corte la que tiene la facultad de concederlo, suponiendo que la facultad existe. A la corte inferior se le confiere específicamente sólo el derecho de prorrogar el término. No se le confiere ninguna facultad para crear un nuevo término.’
“El criterio de esta corte sobre la materia se ha sustentado siempre por mayoría, disintiendo el Juez Sr. Hutchison y el que emite esta opinión.
"En una oposición presentada por la parte contraria en el pleito a la que inició el certiorari, se argumenta ampliamente en pro de la facultad de la corte de distrito citándose varios casos de California. Sin embargo, la mayoría de la corte que ha tenido ocasión de reafirmar su criterio en casos aun más recientes que el citado, no ha sido convencida de que deba variarlo, y subsistiendo, sólo cabe una resolución: la de anular la orden de 5 de marzo último por haber sido dictada sin jurisdicción y en tal virtud se anula.”

En Machuca v. Municipio, 41 D.P.R. 659, dijimos:

"... Las decisiones de esta Corte Suprema sobre la materia re-suelven que la corte de distrito no tiene autoridad para conceder en estos casos nuevos términos, y que tal autoridad corresponde a esta Corte Suprema.”

En García v. Palatine Ins. Co., Ltd., 42 D.P.R. 978, 979, dijimos:

"... Aun si la corte inferior tenía discreción al amparo del ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil — y este tribunal ha resuelto lo contrario en Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, y Díaz v. P. R. Ry. Light & P. Co., 32 D.P.R. 95—este poder discrecional, según hemos resuelto, no fué invocado en este caso.”

Desde que se resolvieron estos casos el personal que cons-tituye la corte ha variado. La cuestión se suscita ahora por primera vez ante el tribunal tal cual está constituido al pre-sente. Luego de considerar y discutir nuevamente el asunto hemos llegado a la conclusión de que los casos resueltos hasta ahora deben ser revocados.

En 8 Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 9027, sec. 6832, hallamos:

"Una parte puede ser exonerada de los efectos de haber dejado de notificar, archivar o presentar un pliego de excepciones dentro del término prescrito en un estatuto que autoriza a una corte, en la forma que estimare justa, para eximir a una persona de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sor-presa o excusable negligencia. La autoridad conferida por el esta-tuto para conceder el remedio puede ejercitarse tan sólo cuando se presenta una solicitud fundamentada que demuestre equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia, en que la corte pueda basar sus conclusiones en pro o en contra de la solicitud; la mera conclusión en una declaración jurada al efecto de que el letrado dejó de solicitar una prórroga por inadvertencia y negligencia excusable, es insuficiente para invocar la jurisdicción ■ de la corte.
“Cualquier duda que exista debe ser resuelta en favor de la solicitud a fin de celebrar una vista sobre los méritos, siempre que se presente un caso adecuado bajo el estatuto; y una corte de apela-ciones estará menos inclinada a revocar una resolución declarando con lugar tal solicitud que una negándola. Pero la discreción de la corte sentenciadora debe basarse en sus propias inferencias lógicas y razonables, de los hechos presentádosle en el caso específico que está ante ella. El remedio puede concederse eondieionalmente.”

En 4 C.J.S. pág. 1364, sec. 869, se dice:

“La corte sentenciadora puede eximir a una parte de los efectos de haber dejado de radicar un pliego de excepciones dentro del término prescrito, al radicarse la oportuna solicitud en que se de-muestre que tal omisión se debió a equivocación, inadvertencia, sor-presa o negligencia excusable.
“Expirado el período estatutario para la aprobación del pliego de excepciones, sin que el mismo se haya archivado, no se conce-derán nuevas prórrogas — según algunos estatutos — hasta que la parte apelante haya sido eximida de tal omisión por orden de la corte sentenciadora, luego de radicar el apelante la oportuna solicitud y de demostrar mediante declaración jurada o con la prueba corres-pondiente, que existe una buena causa para la concesión del remedio. La solicitud debe presentarse dentro del término prescrito por el estatuto después de la omisión y deberá ser notificada al letrado de la parte contraria; y se ha resuelto que tal remedio no será concedido una vez vencido el término para apelar.
“Tal solicitud se dirige a la sana discreción de la corte senten-ciadora. El ejercicio de esta discreción se basará en las inferencias razonables que la corte haga de los hechos presentádosle en el caso específico y esa discreción, en ausencia de un manifiesto abuso, no será alterada por la corte de apelaciones.”

La sección 293 de 2 Cal. Jur., pág. 563, lee:

“El artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California provee:
“‘Podrá la corte...en la forma que estimare justa, eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia. ’
“Bajo este artículo ha quedado bien establecida la regla de que está enteramente dentro de la facultad de la corte sentenciadora, al radicársele la oportuna solicitud debidamente fundamentada, eximir a una persona de los efectos de haber dejado de notificar el pliego de excepciones dentro del término estatutario, cuando la aprobación del pliego se basa en ese motivo, y luego aprobar el mismo. En casos apropiados la corte inferior pue'de hacer que su orden conce-diendo el remedio esté condicionada. Si no se ha presentado una petición solicitando se exima al apelante de los efectos de tal omi-sión, y la radicación de la misma sólo se ha anunciado, no puede decirse que existe un procedimiento pendiente para la concesión de ese remedio.
“La cuestión relativa a si los hechos justifican el remedio a tenor del artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil por haberse dejado de notificar o presentar un pliego de excepciones, es principalmente una a resolver por la corte sentenciadora, y esa corte está investida de amplia discreción en tales casos, aunque su decisión a ese respecto es apelable. En su consecuencia, una reso-lución concediendo ese remedio no será alterada en apelación a menos que se desprenda claramente que la corte inferior cometió un abuso craso de discreción al dictarla. Aunque lo correcto de la resolución puede ponerse en tela de juicio, no obstante la corte de apelaciones no sustituirá su propio criterio ni despojará a la corte inferior del poder discrecional de que está investida. Esto es así, ora se declare con o sin lugar la solicitud. En realidad en casos en que existe duda la corte debe resolverla en favor de la solicitud a fin de que puedan presentarse todos los méritos del recurso. Además, como la corte inferior tiene amplia discreción, el tribunal de apelación no le ordenará que conceda el remedio a través de un auto de mandamus.”

En la sección 6832 de Bancroft’s Supplement, encontramos:

“Las decisiones más recientes de California han modificado la regia anterior, y hoy en día, es cosa resuelta que el proceder de la corte sentenciadora al aprobar los autos equivale a la concesión del remedio especificado en el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil, por haberse dejado de notificar y radicar el pliego de excep-ciones.”

En California “la aprobación de nn pliego de excepcio-nes es nn ‘procedimiento’ dentro del significado de las disposiciones del artículo 473.” Pollitz v. Wickersham, 150 Cal. 238; Lukes v. Logan, 66 Cal. 33.

En George B. Leavitt Co. v. Couturier, 23 P. (2d) 1101, la Corte Suprema de Utah dijo:

“Es ley ya establecida en esta jurisdicción que una corte de •distrito puede, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Revisados de Utah de 1917, sección 6619, al radicarse la oportuna solicitud, debidamente fundamentada, exonerar a una parte de los efectos de haber dejado de mantener vivo el término para preparar, notificar y radicar un pliego de excepciones,”

En el caso de Morgan v. Oregon R. R. Co., 74 P. 523, el mismo tribunal dijo:

“Las cuestiones que han de considerarse en esta apelación han sido presentadas por medio de un pliego de excepciones, y la parte apelada ha presentado una moción solicitando se elimine dicho pliego basada en que el mismo no fué notificado al abogado del demandante, dentro del término de treinta días contado a partir de la fecha en que se declaró sin lugar la moción de nuevo juicio, tal cual dispone el estatuto. Sección 3286, Estatutos Revisados de 1898. Se insiste en que la corte inferior no tenía autoridad para aprobar el pliego y eximir al apelante de las consecuencias de haber omitido notificarlo oportunamente, ya que el mismo no fué notificado hasta 32 días después de declararse sin lugar la moción de nuevo juicio. El apelante sostiene que la corte tenía facultad bajo el artículo 3005, de los Estatutos Revisados de 1898, para conceder el remedio. Ese artículo, entre otras cosas, dispone: ‘Podrá la corte en bien de la justicia y en los términos que fuesen adecuados, . . . eximir a al-guna persona o a sus representantes legales de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia.’ Esta disposición, en términos expresos, confiere a una corte la facultad de eximir a una parte de cualquier ‘procedimiento que se hubiese dictado Ocontra ella, por causa de equivocación, inad-vertencia, sorpresa o excusable negligencia.’ Dentro del significado y espíritu de ese precepto, la aprobación de un pliego de excepciones es un procedimiento, al igual que lo es la objeción a ese pliego y la moc'ón en que se solicita que el mismo no sea tomado en considera-ción por no haber sido notificado al letrado de la parte apelada dentro-del término especificado en el estatuto. Por tanto, la corte tenía la facultad discrecional de conceder el remedio solicitado, al presen-társele la debida solicitud; y creemos que el caso aquí presentado era suficiente para que el apelante tuviera derecho al remedio soli-citado. Nada hay que demuestre un abuso de discreción por parte de la corte. La discreción en e’ste caso se ejercitó de acuerdo con el contexto y espíritu del estatuto y .este tribunal no alterará esa dis-creción. La Corte Suprema de California se ha pronunciado en idén-ticos términos en relación con 'un estatuto similar. Stonesifer v. Kilburn, 94 Cal. 33, 29 Pac. 332. Scott v. Glenn, 97 Cal. 513, 32, Pac. 573.”

Véase también el caso de Davis v. Lynham, 247 P. 294.

De la opinión emitida en nn caso de Idaho, Richardson v. Bohney, 109, P. 727, tomamos el siguiente extracto:

“Por tanto, se nos presenta la cuestión de si el juez de la corté-inferior abusó de su discreción al negarse a aprobar el pliego de ex--cepciones. Habiendo la corte inferior hallado que el pliego de ex-cepciones no fué notificado oportunamente por equivocación, inad-vertencia, sorpresa y excusable negligencia de los abogados del deman-dado, somos del criterio que era el deber de la corte inferior aprobar dicho pliego. Este tribunal resolvió en el caso de Sandstrom v. Smith. 11 Idaho 779, 84 P. 1060, que la prueba allí presentada no era sufi-ciente para que el apelante pudiera acoge'rse a los preceptos del ar-tículo 4229 de los Estatutos Revisados, indicando con ello que si la prueba hubiese bastado, la parte hubiera podido acogerse a las dis-posiciones de ese artículo. Sin embargo, en dicho caso no se levanta la cuestión de si el procedimiento para aprobar un pliego de excep-ciones caía o no dentro de las disposiciones del referido artículo 4229. El artículo 473 del Cód’go de Enjuiciamiento Civil de California es-idéntico al 4229 de los Códigos Revisados, y en varios casos de Cali-forn’a la Corte Suprema ha resuelto que la aprobación de un pliego-de’ excepciones es un procedimiento dentro del espíritu de dicho ar-tículo. Pollitz v. Wickersham, 150 Cal. 238, 88 P. 911; Lukes v. Logan, 66 Cal. 33, 4 P. 883. Creemos que la preparación y aproba-ción de una exposición del caso o pliego de excepciones, es un ‘pro-cedimiento’ dentro de’ las disposiciones del referido artículo 4229, y que sus preceptos son aplicables a la preparación y aprobación de una exposición del caso o pliego de excepciones. Siendo ello así y ha-biendo la corte llegado a la conclusión de que el haber dejado los ape-lantes de notificar su pliego de excepciones dentro del término pres-crito, se debió a la equivocación, sorpresa, inadvertencia y negligencia excusable de uno de los letrados de los demandados, la corte cometió error al no aprobar el referido pliego de excepciones y la orden ne-gándose a hacerlo así debe ser revocada y devuelto el caso. Si la corte inferior por inadvertencia cometió un error en dicha orden, ella tenía derecho a corregirlo mientras tuviera jurisdicción del asunto; pero al apelarse de la orden, dicha corte inferior perdió su jurisdic-ción y no la readquiere hasta que el caso le sea devuelto.”

La corte de distrito, de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil tenía facultad para ex-cusar la omisión de los apelantes, por equivocación, inadver-tencia. o negligencia excusable, de solicitar — en sus mociones para que se dictara una orden dirigida al taquígrafo para que preparara y entregara la transcripción y para que se le concedieran prórrogas para preparar y entregar la misma— un término para radicar la exposición del caso. También te-nía facultad para eximir a los apelantes de los efectos de las resoluciones en que se ordenaba al taquígrafo que preparara y entregara la transcripción y se prorrogaba el término para que el taquígrafo preparara y entregara tal transcripción, sin ampliar el término dentro del cual los apelantes pudieran preparar y archivar una exposición del caso.

Debe declararse sin hogar la moción de desestimación pre-sentada por el apelado.

El Juez Asociado Sr. Wolf no está conforme con la opi-nión, pero sí, por otros motivos, con la resolución.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    In re Sandalio García Ducós.
    Núm. 517.

    Resuelto: Febrero 2, 1940.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 17, 1939, el Colegio de Abogados de Puerto Rico pidió a esta Corte “que declare que acepta como única garantía de sus funciones como Notario la fianza que presta el Colegio de Abogados de Puerto Rico, a sus colegiados, por la suma de dos mil quinientos dólares ($2,500) cada uno, previo el depósito de bonos de los Estados Unidos de Amé-rica, por valor de veinticinco mil dólares ($25,000), para afianzar su responsabilidad como tal garantizadora bajo cual-quiera de esas fianzas.”

El 13 de diciembre siguiente se celebró una audiencia a la que comparecieron no sólo los representantes del Colegio si que los del Departamento de Justicia y de la Superinten-dencia de Seguros.

Tomó la corte bajo su consideración el asunto y en enero 8, 1940 decidió, por los motivos consignados en opinión emi-tida por su Juez Asociado Sr. Wolf, dejar en suspenso la resolución del mismo basta que el Colegio presentara para su aprobación alguna fianza notarial por él expedida. In re Fianzas Notariales del Colegio de Abogados, 55 D.P.R. 801.

Abora se presenta tal fianza y estamos obligados a apro-barla o no, de acuerdo con los hechos y la ley.

¿Ofrece el Colegio la debida garantía! En primer lugar la Legislatura, al autorizarlo para fiar, le reconoció solven-cia moral, por lo menos. Y en segundo lugar el acuerdo to-mado por dicho Colegio sobre depósito de la suma de vein-ticinco mil dólares, completa la garantía con la material por ahora necesaria. La pregunta debe contestarse en ia afir-mativa.

Ahora bien, creemos que a los efectos de que la garantía no quede sujeta, a los riesgos de un embargo por parte de cualquier acreedor del Colegio, si que enteramente dedicada a respaldar el afianzamiento de abogados notarios en el ejer-cicio de su profesión, en vez de depositarse los bonos en la secretaría de esta corte, deberían constituirse en prenda por medio de escritura pública, depositándose con el Tesorero de la Isla, artículos 1764 del Código Civil, Ed. 1930, y 91 del Có-digo Político, expresándose claramente en la escritura las obligaciones a contraer por el Colegio y su consentimiento en cuanto a que los bonos constituidos en prenda respondan en todo tiempo de los daños y perjuicios que por acción u omisión puedan causar los notarios fiados en el ejercicio de sus funciones como tales. Si alguno, algunos o todos los bo-nos fueren hechos efectivos, su importe deberá ser en el acto sustituido por otros de la misma naturaleza y origen o por otra garantía igualmente solvente, todo con aprobación de la Corte.

Eso en cuanto a la garantía. En cuanto a la redacción del documento contentivo de la fianza que ha sido presentado, diremos que debe ésta constituirse también a favor de El Pueblo de Puerto Rico y a los efectos de que sea más espe-cífica las palabras “si dicho Sandalio García Dueós cumple fiel, y exactamente rinde cuentas de todo el dinero . . . . ” deben sustituirse por las siguientes: “si dicho Sandalio Gar-cía Dueós cumple bien y fielmente todos los deberes que le impone la ley como tal notario público y exactamente rinde cuentas de todo el dinero. ...”

Además las firmas del abogado notario fiado y del Pre-sidente y del Tesorero del Colegio deben autenticarse, reco-nociendo todos su obligación por medio de affidavit.

Habido en consideración todo lo expuesto, no ha lugar por ahora a la aprobación de la fian&a presentada.


text:
    Mir, Suau & Cía., S. en C., peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, y José A. Cavalliery, demandados.
    Núm. 1194.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Febrero 2, 1940.

      A. Ba/mírez Silva, abogado de la peticionaria; Pedro Santana, Jr., abogado del Departamento del Trabajo, en representación del de-mandado Sr. Cavalliery.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José A. Cavalliery presentó demanda contra la recurrente en la Corte Municipal de Mayagüez, alegando: que el de-mandante era dependiente en el establecimiento mercantil de la demandada; qne percibía nn salario de $7 semanales; qne siempre había cumplido con las obligaciones de sn empleo y ■qne sin justa cansa, el 20 de julio de 1939, la demandada, sin previo aviso, lo despidió de sn empleo sin abonarle el im-porte de una mesada qne el demandante estima en $30.33.

La demandada interpuso las excepciones previas de insu-■fieieneia de hechos para determinar una cansa de acción y la ■de “que la corte no tiene jurisdicción sobre la persona de la -demandada por la materia de la causa de acción.” Basó esta última excepción en que la acción que se estableció en este -caso fué bajo el procedimiento especial creado por la Ley número 10 de 1917 (Leyes de 1917, tomo 2, pág. 217) según ha sido enmendada. Contestó además la demandada en el mismo escrito negando que el demandante hubiese cumplido con los deberes de su empleo y que hubiera sido despedido ■en momento alguno, alegando en contrario que el demandante voluntariamente abandonó el empleo, por lo que no tenía de-recho a compensación alguna. Como defensa especial alegó que de tener el demandante derecho a compensación, ésta no debería exceder de $7, que era el montante de su salario du-rante una semana.

De los autos originales no consta la sentencia que dictó la corte municipal, pero se infiere que fué adversa al deman-dante porque aparece éste apelando para ante la corte de distrito con fecha 2 de octubre de 1939.

Las alegaciones de derecho anteriormente reseñadas fue-ron reproducidas en la corte de distrito y ésta desestimó la que se refiere a la falta de jurisdicción por razón del proce-dimiento seguido, guardando silencio respecto a la excepción de insuficiencia de hechos para constituir una causa de ac-ción.

Para revisar la predicha resolución interpúsose por la demandada este recurso de certiorari. La cuestión a resolver es si un dependiente de comercio cuyo empeño no tiene tiempo señalado, pude, al ser despedido por su principal sin previo aviso de un mes y sin la compensación del salario co-rrespondiente a esa mesada, recurrir al procedimiento especial de la Ley nnm. 10 de 1917, según ha sido enmendada, o si por el contrario está obligado, como pretende la recurrente, a seguir el procedimiento ordinario.

El artículo 220 del Código de Comercio, del cual surge la causa de acción en este caso, prescribe:

“Art. 220. En los casos de que el empeño no tuviere tiempo se-ñalado, cualquiera de las partes podrá darlo por fenecido, avisando a la otra con un mes de anticipación.
“El factor o mancebo tendrá derecho, en este caso, al sueldo que corresponda a dicha mesada.”

Además del precepto transcrito, aplicable por sus propios términos a los factores y mancebos de comercio exclusiva-mente, existe otro, el consignado en la sección 1 de la Ley núm. 43 de 1930 (Leyes de 1930, pág. 357), aplicable “a todo empleado de industria o de cualquier otro negocio lucrativo, contratado sin tiempo determinado,” que literalmente dice así:

“Sección 1. Todo empleado de industria o de cualquier otro ne-gocio lucrativo, contratado sin tiempo determinado, cuyo sueldo fuese convenido por mes, quincena o semana, que fuere destituido de su cargo sin justa causa y sin previo aviso de por lo menos quince días de anticipción, tendrá derecho a recibir de su principal o patrono el sueldo que hubiere devengado y el de un mes, una quincena o una semana adicional, se'gún fuere el caso; Disponiéndose, que las dispo-siciones de esta Ley no serán aplicables a los mancebos ni factores de comercio, para los cuales regirá lo dispuesto en el Código de Comer-cio.” (Bastardillas nuestras.)

Los dos preceptos legales que acabamos de transcribir son de carácter sustantivo. El primero por sus propios términos se refiere como ya hemos dicho exclusivamente a factores y mancebos de comercio; el segundo a todos los demás emplea-dos de industria o de cualquier otro negocio lucrativo que no sean factores o mancebos de comercio, rigiéndose estos últimos, como hemos visto, por el artículo 220 del Código de Comercio, supra, el cual dispone que el aviso previo a que tienen derecho dichos factores y mancebos al ser despedidos sin justa causa es de un mes, y la compensación, el montante del sueldo que corresponda a esa mesada”, no importando que su salario se pague por días, semanas o trimestres. En los demás casos la compensación de los obreros o empleados se rige por la forma de pagarse el salario, o sea el importe de una semana, una quincena o un mes, según que el suelda se pague por semanas, quincenas o meses respectivamente.

Para hacer efectivo el derecho sustantivo creado en las dos leyes transcritas, tuvo a bien el legislador crear el pro-cedimiento sencillo y rápido que consignó en la Ley núm. 10 de 1917, cuya sección primera, según fué enmendada, por la ley de 17 de abril de 1935 (Leyes de 1935, pág. 239), dice así:

‘‘Sección 1. — Siempre que un obrero o empleado tuviere que re-clamar ele su patrono cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensa-ción en caso de qtie dicho obrero o empleado hubiere s'ido despedida de su empleo sin previo aviso y sin cansa justificada, podrá compare-cer ante la Corte Municipal del Distrito Judicial en que realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la recla-mación y formular contra el patrono una querella que extenderá o llenará, según fuere el caso, el Juez o el Secretario de la Corte, en la cual se expresarán bajo juramento, por el obrero o empleado, los he-chos en que se funda la reclamación.
‘‘Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los obreros y empleados de un mismo patrono que hubieran dejado de percibir sus salarios devengados en una obra común; Dis-poniéndose, que la presentación de una querella por uno o más obreros o empleados, no'impedirá la radicación de otras acciones por otros obreros o empleados.”

El precepto legal últimamente transcrito es de carácter general, aplicable a todo obrero o empleado que se viere en la necesidad de reclamar de su patrono cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o como se alega en este caso, “por com-pensación en caso de qne dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada.” No cabe duda que los factores y mancebos de comercio están comprendidos dentro del vocablo “empleado”, y siendo ésta una ley de remedio y debiendo por consiguiente interpretarse liberalmente, no existe razón alguna que justi-fique excluir de sus beneficios a una clase determinada de empleados, como son los de comercio.

A nuestro juicio la corte a quo resolvió correctamente la cuestión de jurisdicción al declarar sin lugar por su resolu-ción de primero de noviembre último la cuestión “de falta de jurisdicción sobre la persona de la demandada y sobre la materia de la acción ejercitada.”

Sin embargo, deseamos llamar la atención al hecho de que la única demanda que aparece de los autos deja de alegar que el empleo del demandante no era por tiempo determinado, alegación esencial para que sea de aplicación el artículo 220 del Código de Comercio. Por consiguiente, para que la demanda aduzca hechos constitutivos de la causa de acción que se ejercita, debe aquélla enmendarse, si es que es susceptible de enmienda, de tal forma que aparezca dicha condición.

Por lo expuesto, procede amular el auto expedido y de-volver los originales <a la corte de su procedencia para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Andrés Sosa Reyes y Carmen González, demandantes y apelante el primero, v. José Fidalgo Díaz, demandado y apelado.
    Núm. 7611.

    Sometido: Junio 8, 1939.

      Resuelto: Febrero 2, 1940.

      E. E. F. Dottin, abogado del apelante; Federico García Veve, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes tratan de reivindicar una casa y reco-brar el importe de sus frutos y productos. Alegan que son dueños del inmueble en la proporción de un tercio para la demandante Carmen González y dos tercios para el otro de-mandante, Andrés Sosa Reyes; que la finca que se trata de reivindicar está inscrita a favor de los demandantes en el Registro de San Juan; que tiene un valor de $600.00; y que desde el 6 de septiembre de 1934 el demandado, sin derecho ni título para ello, detenta y retiene la posesión material de la finca, negándose a entregarla a sus dueños, los demandan-tes. En una segunda causa de acción se pide sentencia por el importe de los frutos y productos de la finca.

La contestación del demandado presenta las siguientes defensas:

Ia. Que la escritura por la cual doña Obdulia Sosa Vda. de Gonzá-lez, hermana del demandante Sosa Reyes, traspasó a éste dos terceras partes de la ñuca, es simulada y falsa, habiendo sido otorgada con el único propósito de defraudar a los acreedores de dicha señora Gon-zález y sin que mediara entrega alguna del precio que se hizo figu-rar en la escritura.
2a. Que el demandante Sosa Reyes está impedido de negar la simu-lación de dicho traspaso, por haber inducido a todo el mundo, por sus actos y conducta, a creer e'n dicha simulación.
3a. Que el demandado posee la finca como dueño por haberla ad-quirido por compra en pública subasta y mediante escritura otor-gada por el márshal de la Corte Municipal de Carolina, en septiem-bre 10, 1934, en ei caso seguido en dicha corte por Angel Fidalgo contra Obdulia ¡Sosa Yda. de González, en cobro de dinero.
4a. Que los demandantes jamás han estado en posesión de la finca ni tienen interés alguno en la misma.
5a. Que el demandado es un tercero de buena fe, j>or haber com-prado en subasta pública, por dinero efectivo y bajo la certeza de que la señora González era la dueña de la finca, por así haberlo ella demostrado por sus actos y conducta; y que en la fecha de la adqui-sición por el demandado, la finca no aparecía inscrita en el Registro, habiéndose anotado el embargo con el defecto subsanable de no estar inscrito el inmueble.

Visto el caso, la Corte de Distrito de San Juan dictó sen-tencia en la forma siguiente:

1. Declarando con lugar la demanda de Carmen González en cuanto a la reivindicación de una tercera parte de la finca, y sin lugar, por falta de prueba, en cuanto a la reclamación de frutos; y condenando al demandado en costas, más $75.00 para honorarios de abogado.
2. Desestimando en todas sus partes la demanda de Andrés Sosa Reyes y condenando a éste al pago de las costas, más $75.00 por concepto de honorarios de abogado, por entender el juez sentenciador que hubo temeridad y malicia al radicar la demanda.

No conforme el demandante Sosa Keyes interpuso el pre-sente recurso, en el que sostiene que la corte inferior erró:

1°. En la apreciación de la prueba.
2o. Al declarar que al demandado le corresponden dos terceras partes de la finca.
3o. Al declarar que el demandante Sosa Eeyes está impedido (estopped) por su silencio y acción tardía de ejercitar esta acción reivindicatoría.
4o. Al eximir al demandado de los efectos de la doctrina de caveat empt&r y declararlo tercero de buena fe.

Discutiremos los alegados errores en el mismo orden de su señalamiento.

De la prueba aparece que la demanda de Angel Fidalgo contra Obdulia Sosa en cobro de un pagaré por $309.93 fue radicada el 1 de febrero de 1934; que el emplazamiento fue diligenciado y el embargo practicado al día siguiente; que el 29 de enero, tres días antes de iniciarse el pleito, Obdulia Sosa vendió a su hermano Andrés Sosa su participación de dos terceras partes en la finca embargada, por $500 que la vendedora confesó haber recibido antes del otorgamiento; que habiéndose vendido la finca embargada, en pública subasta, al demandado José Fidalgo Díaz, éste pagó por ella en efectivo la suma de $330.80, tomando posesión del inmueble el 10 de septiembre de 1934; que Obdulia Sosa no desocupó la finca hasta fines de octubre del mismo año; que durante todo el tiempo transcurrido desde la iniciación del pleito en febrero primero hasta la toma de posesión, nada se dijo a los hermanos Fidalgo sobre la venta hecha por Obdulia Sosa a su hermano Andrés, a pesar de que el mismo notario que autorizó la escritura de venta fuá quien actuó como abogado defensor de Obdulia Sosa; y que la referida escritura de venta no fué presentada al registro hasta el 2 de noviembre del 1934, o sea nueve meses después de su otorgamiento y cuando ya el comprador Fidalgo había tomado posesión del inmueble.

Para probar que la venta que le había hecho su hermana Obdulia no había sido a título gratuito y que había mediado precio, el demandante ofreció su propio testimonio y. el de dos testigos que declararon haber presenciado la entrega de parte del precio, pero al ser repreguntados admitieron que lo sabían por referencia de los mismos hermanos Sosa. La corte inferior estimó que la prueba aducida era insuficiente para justificar la entrega del precio con anterioridad al otor-gamiento de la escritura de venta. Y exponiendo las razo-nes qu.e tenía para no dar crédito a la declaración del de-mandante y sus testigos, se expresó así:

“Son tantas las circunstancias especiales que concurren e'n este caso demostrativas de fraude y simulación, que tendríamos que cerrar los ojos a la realidad para poder dar crédito a la historia que trata de imponernos el demandante. Obsérvese en primer término que la demanda de Angel Fidalgo se radicó, como ya hemos dicho, el jueves 1 de febrero de 1934, habiéndose' diligenciado el emplazamiento al si-guiente día, y precisamente el lunes de’ la misma semana, 29 de enero, se otorgó la escritura de compraventa a favor del demandante. No queremos lanzar sombra sobre nadie, pe'ro es lo cierto que ni siquiera tenemos la garantía de los índices notariales como la hubiéramos te-nido si la escritura se hubiera otorgado dos o tres semanas antes de la radicación del ple'ito. La escritura se otorgó ante el mismo notario que 10 días después compareció como abogado en representación de la demandada, oponiéndose a las pretensiones del demandante Angel Fidalgo. Nada se’ dice al demandante Fidalgo sobre el título de la finca que el mismo 2 de febrero fué embargada en aseguramiento de sentencia. No comparece Andrés Sosa, ahora demandante, a defender sus derechos dominicales a pesar de que sabía que la finca había sido embargada. Se anunció por fin la subasta y nada tampoco hace. Se celebra la subasta y se adjudica la finca a un tercero, José Fi-dalgo, y el ahora demandante permanece indiferente. Se’ entrega la finca al licitador, la desocupa después Obdulia, recibiendo $25.00 para mudarse, y ni ella ni su hermano el demandante comunican al de-mandado la existencia de la escritura de 29 de enero de 1934, no siendo hasta el 2 de noviembre del mismo año, que a pesar de’ todas estas circunstancias que hubieran puesto en movimiento al hombre más despreocupado, se presentó en el Registro de la Propiedad la referida escritura a favor de Andrés Sosa.
“Esta inusitada indiferencia en la defensa de sus intereses, indi-ferencia que’ no se armoniza con la actitud del demandante al exigir a su hermana al entregarle los últimos $200.00 no un simple docu-mento privado sino un título de venta con la solemnidad de una es-critura pública, sólo nos la explicamos por una de estas dos razones: o tenía el abora demandante poca confianza en la justicia de su causa, de tal manera que temía recurrir a los tribunales en defensa de dere-chos que no tenía, o su propia conciencia sellaba sus labios y ataba sus manos para que no arrebatase a otro lo que legítimamente le co-rrespondía.
“No ignoramos que una mera sospecha por fuerte o bien fundada que sea no es suficiente para sostener que un traspaso o venta sea otor-gado en fraude de acreedores. Méndez Vaz v. De Choudens, 35 D.P.R. 564; pero tampoco ignoramos que el fraude generalmente ama-ñado y preparado con toda la previsión que la mente humana puede concebir para evitar su descubrimiento, raras veees, si no nunca, puede probarse con evidencia directa. Por eso, cuando como en este caso además de las circunstancias del parentesco entre vendedora y comprador, circunstancia que obliga a mirar con cautela la transac-ción, concurren todas las demás que hemos expuesto, extrañas todas a la forma en que ordinariamente se' conducen los hombres en sus ac-tuaciones diarias, tenemos que declarar que en esta acción reivindi-catoría el demandante no ha acreditado cumplidamente’ el dominio que alega tener sobre las dos terceras partes de la finca en contro-versia, siéndole de perfecta aplicación la máxima adore non probante, reus est absolvendi.”

No nos sentimos inclinados a resolver que haya habido error en la apreciación de la prueba. Su lectura deja en el ánimo la impresión de que en el traspaso hecho por Obdulia a su hermano Andrés no medió precio o consideración alguna. Y siendo esto así, es aplicable la doctrina establecida en Colón v. Schlüter, 48 D.P.R. 879, 881, en cuyo caso este tribunal se expresó así:

“En los casos de García v. Banco Popular, 39 D.P.R. 854, y de Lebrón v. F. Fresno & Co., 39 D.P.R. 901, y también en el de Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869, hemos declarado que el artículo 1264 de nuestro Código Civil dispone que se presumen cele-brados en fraude de acreedores los contratos por los cuales el deudor enajena bienes a título gratuito, y que según la sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de febrero de 1899 (86 J. C. 328) se entenderá que no medió precio ni su equivalente en los contratos cuando el notario no dé fe de su entrega, o si confesando los contra-tantes haberse ésta verificado con anterioridad no se justificare el hecho: también dijimos que esos contratos tendrán la presunción de haber sido otorgados a título gratuito a menos que se pruebe que el precio fué entregado.”

No habiendo sido destruida la presunción de fraude, me-diante prueba fehaciente de la entrega del precio, la corte inferior no erró al declarar que el demandado era dueño de las dos terceras partes que en la finca correspondían a doña Obdulia Sosa, y no cometió por tanto el segundo error que se le imputa.

Desestimados los dos primeros señalamientos de error, el tercero carece de importancia y no merece seria consideración. El silencio e inacción del demandante apelante mientras se tramitaba la demanda contra su hermana y se embargaba y vendía la finca que él había comprado tres días antes de iniciarse el pleito; el hecho de que Obdulia Sosa permaneciera en posesión de la finca después de haberla vendido al demandante y hasta que fué desalojada por el demandado, quien se vió obligado a pagarle los gastos de mudanza; y la tardanza de cerca de dos años en reclamar la finca, son circunstancias que la corte sentenciadora podía y debía tomar en cuenta al formar su opinión en cuanto a la buena o mala fe del traspaso hecho entre los hermanos Sosa.

Aceptamos como buena la jurisprudencia citada por el apelante en relación con la doctrina de caveat •emptor, según la cual el comprador en una subasta pública compra a su riesgo y adquiere solamente el mismo título e interés que en la propiedad vendida tenía el deudor por sentencia. Si el traspaso hecho por la deudora Obdulia Sosa a su hermano el demandante apelante pudiese ser sostenido como un traspaso hecho de buena fe y por justa causa, sin el propósito de defraudar a los acreedores de la citada deudora, entonces podría decirse que el demandado Fidalgo compró a su riesgo, y que no adquirió nada porque la deudora ya nada tenía. Habiendo resuelto la corte inferior, a nuestro juicio correctamente, que el traspaso fué simulado para defraudar al acreedor Fidalgo, debe sostenerse en consecuencia que en cuanto a dicho acreedor la señora Obdulia Sosa continuó siendo dueña de la finca y que todo su derecho, título e in-terés sobre la misma pasó por virtud de la venta judicial al comprador en la subasta, quien adquirió un título superior al que obtuvo el demandante por virtud del traspaso simu-lado. Cuando el demandante no ostenta un título superior al del demandado, no procede la reivindicación. Santiago v. Santiago, 28 D.P.R. 960.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.