author: El Juez Peesidente Se. IíeeNÁndez,

text:
    Quevedo v. The American Trading Company et al.
    Apela'ciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 867.
    Resuelto en diciembre 4, 1912.
    Procedimiento Hipotecario — Títulos Transmisibles por Endoso — Pagarés. Hipotecarios. — “A” constituyó hipoteca a favor de “B” sobre 20 fincas-rústicas para garantizar el pago de 130,000 pesos provinciales, y distribuyó la deuda en diez plazos anuales de 13,000 pesos cada uno firmando a favor de1 “B” un pagaré por cada uno de esos plazos. La compañía demandada, tene-dora por endoso del pagaré No. 3, siguió procedimiento hipotecario en cobro de- . dicho pagaré, y mediante venta en pública subasta le fueron adjudicadas seis, de las fincas hipotecadas en pago parcial de su crédito, otorgándosele escri-tura de adjudicación. En posesión la compañía demandada de dichas seis fincas, la demandante en este caso, como dueña del pagaré No. 9, inició este' procedimiento hipotecario contra dicha compañía en cobro de dicho pagaré. Durante el curso del procedimiento la compañía demandada presentó moción pidiendo que de acuerdo con el inciso 4 del párrafo 3 del artículo 175 del', reglamento de la Ley Hipotecaria, se resolviera que la demandante no tenía derecho a proceder contra la compañía demandada en cobro de dicho pagaré, ni contra las seis fincas adjudicadas a dicha compañía, por estar cancelada de hecho y de derecho la hipoteca que sobre ellas pesaba en garantía d& dicho pagaré, y para que se suspendiera este procedimiento hipotecario inclu-yendo la subasta que iba a efectuarse. Se resolvió:
    1. Que aun cuando no se lia presentado con la transcripción de autos una exposición del caso, el tribunal ha examinado los documentos presen-tados por la compañía demandada en apoyo de la moción sobre suspensión de este procedimiento, y de ello no aparece que la eonqiañía demandada presentara certificado del registro expresivo de estar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se procedía, ni copia auténtica de la escritura publica de cancelación de la misma.
    2. Que la escritura de adjudicación otorgada a favor de la compañía demandada en la cual consta que las seis fincas contra las cuales se dirige la demandante para cobrar el importe del pagaré No. 9, habían sido adju-dicadas a la compañía demandada en pago parcial de su pagaré No. 3, no constituye ninguno de los documentos que exige el inciso 3o. del artículo 175 del reglamento do la Ley Hipotecaria.
    3. Que los documentos presentados por la compañía demandada como base para que se suspenda el procedimiento hipotecario seguido por la de-mandante contra ella, son insufíicientes para tal fin, y la parte demandada debe ejercitar los derechos de que se crea asistida por medio de una acción ordinaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Felipe Casalduc.

    Abogado de la parte apelada: Sr. José Benet.

   El Juez Peesidente Se. IíeeNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 11 de mayo de 1900, Luis Arán y Lancy reconoció adeudar a Baudilio Durán la suma de 130,000 pesos provinciales que se obligó a pagar a razón de 13,000 pesos en cada día 11 de mayo de los años 1901 a 1910, con el interés del 6 por ciento anual, y por cada uno de esos plazos firmó un pagaré a la orden de Durán, habiendo cons-tituído hipoteca voluntaria sobre 20 fincas rústicas para garantir el pago de la deuda.

La “American Trading Company,” tenedora por endoso del pagaré número 3, siguió procedimiento hipotecario contra Francisca Arán como administradora judicial de los bie-nes de Luis Arán ya fallecido, para el cobro de aquel docu-mento; y corridos los trámites del caso, fueron adjudicadas a aquella corporación en pago parcial del crédito reclamado, mediante venta en pública subasta, seis de las fincas hipóte-cadas, otorgándosele la correspondiente escritura pública de adjudicación en 20 de febrero de 1908.

En posesión “The American Trading Company” de las seis fincas adjudicadas, Inocencia Quevedo Castellanos, en concepto de dueña del pagaré número 9, a vencer 'en 11 de mayo de 1909, por haberlo endosado Durán a la orden de M. Martínez y Ca. y éstos a la orden de Teodora Quevedo, de quien era causahabiente la Inocencia, inició ésta procedi-miento sumario hipotecario ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra “The American Trading Company,” para el cobro de dicho pagaré en la parte en que estaba aún sin solventar, representando el total de la reclamación, $5,991.61, más los intereses, y las costas hasta la suma de $600.

En curso dicho procedimiento, presentó moción a la Corte de Mayagüez en 19 de marzo del año próximo pasado, la demandada “American Trading Company,” para que apli-cando lo dispuesto en el inciso 4o. del párrafo 3o. del artículo 175 del Reglamento General para la ejecución de la Ley Hipo-tecaria, convocara a las partes a una comparecencia y des-pués de oirlas, admitiendo los documentos pertinentes, dictara un auto declarando no haber lugar a seguir acción alguna hipotecaria por Inocencia Quevedo Castellanos, contra “The American Trading Company,” en cobro del pagaré número 9 de que se trata, y sobre las seis fincas adjudicadas a la parte demandada, por estar cancelada de hecho y de derecho la hipoteca que sobre ellas pesaba, ordenando mientras se resol-vía el incidente, la suspensión de todo trámite en el proce-dimiento hipotecario con inclusión de la subasta que estaba señalada para el día 22 de marzo citado.

Como documento justificativo de la cancelación de hipo-teca alegada ]5or la parte demandada, ésta presentó copia de la escritura de venta por adjudicación otorgada a favor de “The American Trading Company,” en 20 de febrero de 1908 e inscrita en el registro de la propiedad, mostrando dicha escritura que las seis fincas que perseguía Inocencia Quevedo Castellanos para cobrar su crédito habían sido adju-dicadas a “The American Trading Company” por valor de $4,830, quedando aún “The American Trading Company” acreedora de Aran por el remanente de la deuda que no pudo cubrirse con el precio del remate.

La moción de “The American Trading Company” fue de-sestimada por orden de 28 de marzo citado, y en esa orden hace constar la corte inferior que la comparecencia de las partes para discutir la moción tuvo lugar el día 26 de marzo de 1912, en cuyo acto el abogado de la demandada, “The American Trading Company,” ofreció alguna prueba docu-mental que fué admitida, agregando la misma corte que des-pués de un detenido estudio de la escritura presentada por “The American Trading Company,” es de opinión que esa es-critura aun considerada en relación con los demás documen-tos presentados en apoyo de la moción, no es una escritura de cancelación de la hipoteca que motiva el procedimiento, ni tampoco puede considerarse cancelado el pagaré número 9 cuyo cobro se insta por la parte demandante.

Aunque no ha venido en el récord un escrito de exposi-ción del caso que nos dé a conocer en la forma prevenida por la ley, cuáles fueron los documentos que en el acto de la com-parecencia de 26 de marzo de 1912, presentó la parte deman-dada en apoyo de su moción, hemos examinado todos los documentos que en copia certificada por el secretario de la corte inferior figuran en la transcripción de autos en rela-ción con el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, llegando a la conclusión de que la orden recurrida por ‘ ‘ The American Trading Company, ’ ’ se ajusta a derecho.

Según el artículo 175 .del Eeglamento General para la ejecución de la Ley Hipotecaria, los procedimientos hipote-carios no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ninguno otro que se presente como interesado, fuera de los tres casos que enumera, entre éstos, y es el tercero, “si se presentare certificado del registrador expresivo de que-dar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se baya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causababientes o causantes, acreditán-dose también documentalmente el título de trasmisión en su caso.” En dicho caso tercero el juez convocará las partes a una comparecencia, debiendo mediar cuatro días desde, la citación; oirá a las partes, admitirá los documentos pertinen-tes que presenten, y acordará en forma de auto lo que es-time procedente dentro del segundo día.

“The American Trading Company,” ni al hacer su mo-ción para la suspensión del procedimiento ni en la compare-cencia para discutir dicha moción, presentó certificado del registrador expresivo de estar cancelada la hipoteca en vir-tud de la cual se procedía, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, y por tanto, no llenó los requisitos necesarios para que pudiera decretarse la sus-pensión solicitada.

Alega la parte apelante que en el acto de la vista se probó que el crédito hipotecario de Inocencia Quevedo Castellanos, constatado en el pagaré número 9, estaba extinguido en cuan-to a las fincas adjudicadas a “The American. Trading Company,” por cnanto éstas en remate no alcanzaron a cubrir el montante del pagaré hipotecario número 3, cuyo cobro per-siguió “The American Trading Company”; y también por-que habiendo seguido juicio Teodora Quevedo Castellanos contra “The American Trading Company” para que se de-clarara que las fincas hipotecadas de que se trata debían per-menecer gravadas por las obligaciones que entrañaban los pagarés números 3 y 9 ínterin no se realizara el pago, sin que en ningún caso y por consecuencia del procedimiento eje-cutivo seguido por “The American Trading Company” en cobro del pagaré número 3, pudiera ser cancelado el gravamen en cuanto al pagaré hipotecario número 9, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia en 25 de febrero de 1909, declarando sin lugar la demanda de Teodora Qnevedo Castellanos, sentencia qne qnedó firme en 21 de junio del mismo año.

Semejante alegación se estrella ante el precepto termi-nante del artículo 175 del Reglamento General para la eje-cución de la Ley Hipotecaria, pues según el artículo 13 del Código Civil, cuando la ley es clara y libre de toda ambi-güedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu, según pretende la parte ape-lante. Su reclamación no puede prosperar, pues la suspen-sión del procedimiento hipotecario sólo cabe en los tres casos taxativamente marcados en el artículo 175 del Reglamento General para la ejecución de la Ley Hipotecaria, y los dere-chos de que se crea asistida la parte demandada podrá ven-tilarlos en el juicio plenario que corresponda, según ordena el mismo artículo que invoca en su defensa.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la orden recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, "Wolf,, del Toro y Aldrey.


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author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. de Jesús.
    AfelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama..
    No. 467.
    Resuelto en diciembre 5, 1912.
    Derecho Penal — Delito Contra la Seguridad Pública — Chaueeeur de un Automóvil — Actos Negligentes. — Examinada la prueba en el caso de autos. se resolvió, que liabían sido demostrados los actos negligentes del acusado, con-sistentes en ir ebrio y en caminar por la izquierda en vez de tomar su derecha al encontrarse con el coelie en cuestión.
    Id. — Conductores de Vehículos — Uso de Bebidas Alcohólicas. — Aunque nada, se dispone en la ley de carreteras, ni en el reglamento de automóviles en relación con el uso de bebidas alcohólicas por parte de los conductores de vehículos, teniendo en cuenta el efecto que tales bebidas causan en los sen-tidos y en las facultades intelectuales y morales de las personas, puede con-cluirse que el conductor que toma tales bebidas en exceso, incurre en negli-gencia en el fiel cumplimiento de los deberes de su cargo.

      Id. — Velocidad del Automóvil — Uso de la Vocina. — La velocidad a que camina el automóvil y el no uso de la bocina, son circunstancias que pueden tomarse en consideración en casos de esta naturaleza. ■ :
    Id. — Marcha djsl Automóvil por la Izquierda del Camino. — La sección 12 de la lev No. 41 de marzo 10, 1910, exige a los conductores de vehículos que al encontrarse en un camino público marchen arrimándose a su respectivo lado dereeho, y en el caso de autos, si el acusado hubiera cumplido con esta disposición, hubiera evitado el ehoque del cual, por consiguiente, es respon-sable.
    ■Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante no compareció.
    Ahogado del Pueblo; Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Gfuayama formuló acusación contra José ¿le Jesús, imputándole la comisión del hecho de haber dejado chocar un automóvil que guiaba, por negligencia .y descuido en el manejo del mismo, con un coche, ocasionando grave daño a Francisco López, conductor del coche, y a Rafael Aponte, Federico Alvarez y Pedro Yillamil, pasajeros del automóvil.

El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó jui-cio por jurados. El 18 de octubre de 1911, se celebró la vista y el jurado declaró culpable al acusado del delito contra la salud y seguridad pública que se le imputó, con circunstan-cias atenuantes. El 21 de octubre, la corte dictó su senten-cia imponiendo al convicto la pena de dos años de cárcel, y, contra esa sentencia, se interpuso el presente recurso de apelación.

El artículo 328 del Código Penal, comprendido en el Título XIY que trata de los delitos contra la salud y seguridad pública, entre otros particulares, prescribe, que todo conductor encargado, en todo o en parte de un automóvil dedi-cado al transporte ordinario de carga o pasajeros, que por impericia, negligencia o descuido dejare o hiciere chocar dicho automóvil con otro objeto o cosa ocasionando de este modo la muerte o daño de una persona, incurrirá en pena de cár-cel por un término máximo de dos años o presidio por un término de seis meses a diez años, según sn gravedad. (Leyes de 1908, pág. 58.)

Tal es la ley reguladora de este caso. Veamos si ña sido o nó aplicada rectamente.

El apelante no compareció al acto de la vista del recurso, ni presentó alegato por escrito en apoyo del mismo. La base que tenemos para formular nuestro dictamen consiste en la acusación, las instrucciones y las pruebas ñecñas constar en una exposición del caso preparada y certificada por el juez sentenciador.

Hemos estudiado cuidadosamente dichos documentos y a nuestro juicio la acusación y las instrucciones son correctas y la prueba sostiene el veredicto de culpabilidad.

Con respecto a los extremos de ser el acusado el que quiaba el automóvil, de haber chocado con el coche y de ha-ber resultado' heridos el cochero y los pasajeros del auto-móvil, la prueba de cargo no fue contradicha por la de des-cargo.

Con respecto a los actos negligentes del acusado, la prueba resultó contradictoria, contradicción que fue resuelta por el jurado en contra del apelante en este caso.

Dichos actos negligentes consistieron en ir el acusado ebrio, en conducir el automóvil a gran velocidad, en no tocar la bocina y en caminar por la izquierda en vez de tomar su derecha al encontrarse con el coche.

Nada se dispone en la ley de carreteras, ni en el regla-mento de automóviles en relación con el uso de bebidas alco-hólicas por parte de los conductores de vehículos. Pero es bien sabido el efecto que tales bebidas causan en los senti-dos y en las facultades intelectuales y aun morales de las personas, y cuando aquella que tiene el deber de guiar una máquina que viaja por caminos públicos, acto que requiere el ejercicio de los sentidos y en cierto modo de las facultades intelectuales y morales, toma tales bebidas en exceso embo-tando voluntariamente sus sentidos y perturbando sus facul-tades, puede concluirse que ha sido descuidada en el fiel cum-plimiento de los deberes de sn cargo. La prueba del Fiscal en este caso demuestra que el conductor del automóvil estaba completamente ebrio.

La velocidad a que camine la máquina y el no uso de la bocina, pueden tomarse en consideración en casos de esta naturaleza. La prueba del Fiscal en cuanto al primer ex-tremo sólo demuestra que el automóvil marchaba a gran velo-cidad, pero sin que pueda precisarse si era mayor que la autorizada por la ley, y en cnanto al segundo, de la misma prueba se deduce que el conductor no estaba necesariamente obligado a ir tocando la bocina pues el choque no ocurrió en una curva, o en un sitio en que el camino se cruzara con otro, sino en un trozo recto de la carretera.

En cuanto al acto de no haber tomado su derecha el acu-sado, la prueba de cargo demuestra claramente que el acu-sado caminaba por su izquierda y que el choque ocurrió en tal lado del camino. Si el acusado hubiera cumplido con la ley (sec. 12 de la ley núm. 41; leyes de 1910, pág. 135), no hubiera ocurrido el choque, ni se hubieran causado los daños que se ocasionaron.

De tal choque y de los daños resultantes del mismo es, pues, responsable el acusado, por negligencia y descuido en el manejo de la máquina que se le había confiado, y la sen-tencia que así lo declara no infringe la ley y debe confir-marse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaky,

text:
    García v. García et al.
    Apelaciów procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección -2a.
    No. 844.
    Resuelto en diciembre 5, 1912.
    Excepciones Previas — Hechos Insuficientes para Determinar una Causa de Acción — Término para Alegar dicha Excepción Previa. — La excepción previa de que una demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, es una alegación que puede hacerse por primera vez ante el Tribunal Supremo en apelación, y de la cual puede conocer tanto el tribunal sentenciador como el de apelación, de su propia iniciativa, aun cuando no haya sido alegada por las partes. (Ramírez v. Sehroeder et al., 16 D. P. B., 620.)
    Reconocimiento de un 3-Iijo Natural — Derecho del Hijo a Impugnar el Reconocimiento — Ley Aplicable al ■ Oaso.' — Habiendo sido reconocido el menor demandante en el caso de autos el día 29 de octubre de 1906, cuando ya regía el Código Civil revisado, el ejercicio de la presente acción debe regirse qior los preceptos de dicho código y no por los preceptos del Código Civil Español vigente antes de 1902, o esta acción debe fundarse en un derecho existente independientemente de nuestras leyes estatutorias.
    Id. — Impugnación del Reconocimiento de un Hijo Hecho por una Persona que no es su Padre. — El derecho del demandante en este caso para impugnar el reconocimiento de él como hijo natural se funda no en nuestras leyes estatutorias, sino que existe independiente de ollas como un derecho natural.
    Id. — No I-Iay Daño sin Remedio. — Es claro en el caso de autos que el reconoci-miento del demandante como hijo natura] por una persona que no es su verdadero padre, constituye un daño para 61, y como no existe daño sin reme-dio, puede el demandante ejercitar la acción correspondiente para impugnar1 dicho reconocimiento.
    Id. — Interpretación de Ley — Derogación del Artículo 133 del Código Civil Español. — El heeho de haber sido derogado el artículo 133 del Código Civil Español y de haber sido promulgado el artículo 193 del Código Civil revisado do 1902 y la ley No. 73 de marzo 9, 1905, sin reproducir los preceptos del artículo 133 del Código Civil Español limitando expresamente el derecho a un menor de edad para impugnar el reconocimiento a los cuatro años si-guientes a su mayor edad, no implica el que un menor no pueda ejercitar una acción para impugnar su reconocimiento heeho durante la vigencia del Código Civil revisado.
    Id. — Interpretación de Ley — Impugnación del Reconocimiento de un Hijo Natural. — El hecho de que al restablecer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por ley No. 73 de marzo 9, 1905, los preceptos del artículo 133 del Código Civil Español vigente en Puerto Rico antes de 1902, no haya repro-ducido el último párrafo de dicho artículo 133 en virtud del cual el menor podía impugnar el reconocimiento dentro de cuatro años después de su mayor edad, no implica el que la Asamblea Legislativa tuviera la intención de privar a un menor del derecho do impugnar el reconocimiento heeho por una persona que no es su verdadero padre, sino que la única significación que se le puede dar a esa omisión es que la Asamblea Legislativa ha querido que la prescripción de esta acción de impugnación de reconocimiento se rija por los preceptos generales de la prescripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Ramón Falcón y Emidgio■ 8. Crino rio.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fué entablada con el fin de que se dejara sin efecto y cancelara la nota puesta al margen del asiento No. 312, Tomo Y del Eegistro de Nacimientos del Distrito de San Francisco de la ciudad de San Juan, en que consta ins-crito el nacimiento del niño G-regorio Antonio García. Des-pués de haber sido emplazados debidamente los demandados, y no habiendo contestado la demanda dichos demandados, se anotó la rebeldía de los mismos. Se procedió a la práctica de las declaraciones de varios testigos, y después de intro-ducida la prueba, la corte de distrito a moción propia resol-vió' que la demanda no aducíá hechos suficientes para cons-tituir una causa de acción, por cuya razón desestimó dicha corte la demanda dictando, sentencia en contra del deman-dante. El pleito fué entablado por Juan García Figueroa, como defensor de Gregorio Antonio García habiendo sido el primero nombrado por la corte como defensor del segundo, que era un menor de unos doce años de edad. Cuatro hechos se alegan y que sirven de base a esta acción, los cuales son substancialmente como siguen:

í£(l) Llevando relaciones íntimas la demandada, que es soltera, Encarnación García Figueroa con cierto hombre, también soltero, y que no es preciso designar ahora por su nombre, y viviendo ambos en concubinato durante algún tiempo, nació el niño Gregorio Antonio el día primero de febrero de 1899 que la demandada .Encarnación Figueroa inscribió como su hijo natural en el Eegistro Civil del Distrito de San Francisco de esta ciudad el 11 de marzo siguiente, al folio 312 del tomo quinto.
• “(2) Tendría como un año el niño Gregorio Antonio García cuando los demandados se conocieron y emprendieron relaciones amorosas.
“(3) El demandado Manuel Tizol, generosamente, el día 29 de octubre 'de 1906, acudió ante notario y, por medio de un acta, reconoció por su hijo, sabiendo que no lo era, al niño Gregorio Antonio García; y dos días después compareció el propio demandado ante el encargado del registro civil de ésta ciudad y al margen del asiento de inscripción suscribió nota de reconocimiento, a cuyo acto prestó su conformidad, firmando por ella un testigo, la otra deman-dada, sabiendo todos perfectamente que Manuel Tizol no es el padre del mencionado niño. Ese reconocimiento no ha sido aprobado judicialmente.
“(4) El defensor que comparece a ejercitar esta acción tiene sobrados motivos para asegurar que otro, y no el demandado Manuel Tizol, es el padre del menor Gregorio Antonio y que sólo por cariño es que Encarnación García se prestó a que el otro demandado reco-nociese por su hijo a dicho menor cuando realmente no lo es.”

La sentencia de la corte desestimando la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, está sostenida por una extensa opinión, la que se ex-presa en el sentido de que habiendo la corte sentenciadora examinado cuidadosamente la demanda presentada en este caso y por las razones consignadas en la opinión que precede a la sentencia y que se hace parte de la misma, dicta sen-tencia declarando sin lugar la demanda, con las costas al demandante. Esta sentencia fué dictada en seis de febrero último contra la que se interpuso la debida apelación, eleván-dose los autos a este tribunal el día nueve de abril.

“La cuestión legal comprendida en este caso es simplemente determinar si la demanda aduce o nó hechos suficientes para consti-tuir una causa de acción.
“Teniendo en cuenta el precepto legal contenido en el artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, la facultad de la corte sentenciadora para considerar este punto, aun cuando la deman-da no haya sido debidamente excepeionada por los demandados, es indudable. ’ ’

Contra esta acción asumida por el juez de la corte inferior se alega que la corte de distrito no podía tomar en con-sideración los defectos contenidos en la demanda, como el de que los hechos alegados en dicha demanda no son suficientes para constituir una causa de acción a menos que la objeción fuera formulada por la demandada; y que debe considerarse suficiente una demanda a no ser que sea debidamente excep-cionada en los alegatos escritos.

Eso no es lo que ha sido resuelto uniformemente por las sentencias de este tribunal. Hemos resuelto que una ob-jeción como esta puede presentarse en cualquier momento tanto en la corte inferior como en la de apelación, sin que sea necesario que se promueva la cuestión por medio de ex-cepciones escritas contenidas en las alegaciones. Una excep-ción formulada a la demanda por el fundamento de que no especifica hechos suficientes para constituir una causa de ac-ción puede presentarse por primera vez en la Corte Suprema, puesto que se dirige a la jurisdicción del caso. (Ramírez v. Schroeder, 16 D. P. R., 620.) Este principio ha sido mantenido por la corte de apelaciones del Distrito de Columbia en una opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Alvey en el caso de Mansfield v. Winter, en el que expresa dicho juez, que la regla general de que las cuestiones que surjan en el litigio deben presentarse a la corte sentenciadora, no es de aplicación a un caso en que la demanda o relación de hechos expresa una causa que no está dentro de la jurisdic-ción de la corte, o en cuya demanda se deja de expresar en absoluto una causa de acción 'con arreglo a la ley sobre la que pueda dictarse una sentencia válida, sino que en tal caso la cuestión de la suficiencia se presenta en la misma de-manda y debe presumirse que la corte sentenciadora tomó en consideración el caso según se- expresaba en dicha de-manda, cuando llegó el momento, de dictar sentencia. Los casos de McAllister v. Kuhn, 96 U. S., 87; Cragin v. Lovell, 109 U. S., 194; Moline Plow Co. v. Webb, 141 U. S., 616, y otros casos se citan en apoyo de la proposición. (Mansfield v. Winter, 10 App. D. C., 556.) Por tanto, no hay duda alguna de que la corte sentenciadora tenía derecho y era su deber de considerar la cuestión de la suficiencia de los hechos alegados en la demanda para constituir una causa de acción.

Por tanto, la cuestión que por sí se presenta es, ¿qué causa de acción tenían los demandantes? En otras palabras ¿cuál es la ley que autoriza á un hijo natural reconocido a establecer una acción de esta naturaleza?

Pasa entonces el juez sentenciador a examinar el artículo 133 del Código Civil Español, la sección 193 de nuestro Có-digo Civil qne ha sido tomada del Código Español, en unión de la ley de 9 de marzo de 1911, que enmienda dicha sección y sostiene que puesto que por una parte el Código Civil Es-pañol concede al menor el derecho a impugnar su reconoci-miento dentro de los cuatro años después de llegar a su mayor edad, y por otra parte habiendo suprimido enteramente el Código Civil Revisado la disposición relativa a este dere-cho, y finalmente por haber restablecido la ley de nuestra Asamblea Legislativa la parte esencial del Código Civil Es-pañol y suprimido aquella parte que se refería al derecho ■que tenía él menor para establecer una acción para su reco-nocimiento al llegar a su mayor edad, que no existe el dere-cho para establecer una acción como la presente.

El juez sentenciador se expresa francamente como sigue:

“No se nos ocultan las tremendas consecuencias que semejante interpretación trae consigo en el orden del derecho de familia y en el sucesorio, pero esa es la ley escrita y por dura que sea, no encon-tramos medios para variar su letra ni su espíritu.”

Es verdad que en una ley que regía en Puerto Rico con anterioridad al año 1902 el derecho era expresamente recono-cido al menor para impugnar el reconocimiento de su pater-nidad y en una ley posterior que trataba de la misma cues-tión se omitió hacer referencia a dicho derecho, por consi-guiente, ¿podemos deducir de esto que fué la intención de la legislatura suprimir el derecho existente, teniendo en cuenta, además, el hecho de que dicha omisión ha sido rati-ficada en las sucesivas enmiendas que dicha ley ha sufrido en nuestra legislatura?

El reconocimiento del menor se hizo el día 29 de octubre de 1906, o sea, cuando regía ya y. estaba en vigor el Código Civil Revisado; y nosotros no estamos tratando de ningún derecho que existía con arreglo al antiguo Código Español; si había tal derecho es claro entonces, que habiendo sido reco-nocido el demandante durante la vigencia del Código de 1902, su acción debe regirse por las prescripciones de dicho código •o alegar sus derechos en el sentido de que existen indepen-dientemente del estatuto.

El argumento del juez sentenciador parece ser razonable por lo que merece la mayor consideración antes de que pueda adoptarse una opinión contraria acerca del caso. Pero no ■creemos que la corte' inferior ha interpretado debidamente la ley aplicable a este caso. El derecho del demandante a establecer esta acción no dependía de los estatutos que han sido citados, sino que existía independientemente de los mis-mos. Resulta claro en vista de las alegaciones del deman-dante, que se ha cometido una injusticia con el menor, y siempre que ocurre un perjuicio debe haber ún remedio, ha-biendo dicho menor solicitado el remedio en la corte corres-pondiente y a su debido tiempo, por la persona o defensor judicial. (38 Cyc., 423, nota 21 y casos allí citados.)

El estatuto que ha sido citado por la corte de distrito y que expresa dicha corte que existía bajo el régimen español, con-cedía al menor en tales casos el término de cuatro años des-pués de llegar a su mayor edad para establecer dicha acción. Cuando el Código Civil Español fué puesto en vigor por la Legislatura Insular, esta sección de dicho código quedó omi-tida, siendo posteriormente restablecida, pero no insertán-dose en la misma la última cláusula que fué interpretada por la corte de distrito en el sentido de significar que en ella se trataba de despojar a los menores en tales casos del derecho a rectificar errores o para que los errores fueran corregi-dos como el que aparece haberse cometido en el presente casó. Nosotros no consideramos así el efecto de la legislación que tuvo lugar con relación a esta cuestión. El único efecto que tuvo el restablecimiento de la ley sin la última cláusula fué el de no poner al ejercicio de la acción otro límite que el -correspondiente según los estatutos de prescripción. Esta es una razonable y debida interpretación de los estatutos según se encuentran en los libros.

Siendo esta nuestra interpretación de la ley, debemos revocar la sentencia dictada por la corte inferior el día 6 de febrero último, y devolver el caso para la celebración de un mievo juicio, debiendo dicba corte proceder de conformidad con esta opinión.

Revocada, con instrucciones de que se celebre un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. MacLeaby,

text:
    Albarrán v. Paz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 807.
    Resuelto en diciembre 5, 1912.
    Alegaciones Enmendadas — Redacción de las Alegaciones Enmendadas Incor-porando las Enmiendas — Deberes del Tribunal Sentenciador — Cuando una parte enmienda una de sus alegaciones, debe presentar al tribunal su alegación enmendada escribiéndola toda de nuevo, pues es mala práctica el presentar únicamente las enmiendas propuestas sin incorporarlas en la ale-gación quo se desea enmendar, y los tribunales deben denegar las enmiendas, que no se presenten en la forma indicada.
    Servidumbre de Paso — Disfrute de la Servidumbre por Tiempo Inmemorial. — ■ El concepto de tiempo inmemorial aplicado al disfrute de una servidumbre, significa el uso de dicha servidumbre por un tiempo tan largo que está fuera del alcance de la memoria de los habitantes de más edad de dicha vecindad, o desde una época tal que la memoria del hombre no puede recordar. En el caso de autos la prueba no sostiene la alegación hecha por el demandante de haber disfrutado de la servidumbre de paso en litigio desde tiempo inme-morial.
    Id. — Constitución de Servidumbre por Medio de Convenio Verbal Hecho por-. Mandatarios Verbales. — Examinada la prueba en el caso de autos se resol-vió, que de la misma resulta que la servidumbre de paso que alega el deman-dante haber sido constituida en virtud de un convenio verbal celebrado éntre-los mandatarios verbales de ambas partes, no ha sido debidamente probada, en el juicio.
    Id. — Constitución de Servidumbre de Paso por Medio de Convenio Escrito. — - Los actos de constitución de servidumbre de paso deben ser otorgados por medio de convenio escrito entre las partes, para que tengan validez en ley y puedan ser objeto de consideración por los tribunales.
    Id. — Inexistencia de la Servidumbre — Indemnización de Daños y Perjuicios.— No habiéndose probado en el caso de autos la existencia de la servidumbre de paso alegada por el demandante, y teniendo en cuenta que únicamente pueden ser objeto de indemnización los daños y perjuicios que se deriven inmediata j necesariamente de los actos de la parte que deba responder de ellos, es necesario concluir que es improcedente la indemnización de daños y perjuicios reclamada por la parte demandante en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado, del apelante: Sr. Cay. Coll Cuchí.

    Abogados de los apelados: Sres. Juan de Gusmcm Benítes y Manuel Pas TJrdas.

   El Juez Asociado Su. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso se refiere a la existen-cia de una servidumbre de paso que el demandante, que per-dió el pleito en la corte inferior y es él apelante ante este-tribunal, alega tener por un camino a través de la finca de uno de los demandados, cuyo camino le da entrada y salida a la carretera que conduce de Utuado a Arecibo. Alega tam-bién el demandante que ha sufrido daños y perjuicios con motivo de la clausura de dicho camino a través de la finca del demandado. Los demandados niegan la existencia de la servidumbre, así como también el hecho de haber sufrido el referido demandante ningún daño según alega.

Aparece de los autos que la corte inferior declaró con lugar la excepción previa que se formuló a la primera de-manda que se archivó en este caso, presentando entonces el demandante una demanda enmendada a la que también se formularon excepciones por los demandados, las que fueron también declaradas con lugar. El abogado del demandante enmendó entonces su demanda enmendada presentando un documento en el que trata de incluir en ciertos sitios deter-minadas cláusulas, adoptando la forma de las mociones que se presentan en la legislatura para hacer enmiendas a un proyecto de ley. Esa es una práctica defectuosa. Siempre que se enmiende alguna alegación debe ésta rehacerse ente-ramente siguiendo la forma en que se ponen en limpio los. proyectos de leyes en la asamblea, a fin de que pueda leerse y comprenderse sin que sea necesario hacer referencia alguna, a ningún otro documento. Si no se hace así las cortes infe-riores no tomarán en consideración dichas enmiendas y de-clararán con lngar cualesquiera excepciones qne se presenten a las referidas alegaciones por defectos qne resnlten de sn faz.

Examinada la demanda en relación con las pretendidas enmiendas se verá qne el demandante fnnda sn derecho a nna servidumbre de paso en el nso de la misma desde tiempo inmemorial como también en nn contrato especial. Pero alega al parecer, qne la servidumbre qne provino del nso inmemorial qnedó extinguida por mutuo consentimiento y sustituida por el derecho a usar otro camino en el cual se convino y qne pasaba por otra parte de la finca. Esto no resulta completamente claro por la confusión qne surgió debido ■ a este método inadecuado de hacer alegaciones, si bien parece qne eso fué lo qne trató de expresar el deman-dante.

Eesnlta, además, qne el convenio por virtud del cual se alega qne quedó acordado utilizar otro camino no fué cele-brado por las propias partes demandante y demandada, sino por sus agentes qne solamente obraban de acuerdo con el poder verbal qne tenían y el convenio mismo era simplemente verbal.

El demandante no alega tener derecho alguno a nna ser-vidumbre en la finca del demandado que nazca de la ley por el hecho de estar su finca circundada por otras de personas que son dueñas de la finca contigua, no habiéndose presen-tado por tanto cuestión alguna en cuanto a ese aspecto del caso.

El demandante alega que ha estado en posesión del pre-dio dominante desde tiempo inmemorial haciendo uso de la servidumbre que reclama, pero tal alegación no está soste-nida por su. prueba. El término tiempo inmemorial cuando .se aplica a servidumbres, significa fuera del alcance de la me-moria de los habitantes de más edad en la vecindad, o desde una época tal que la memoria del hombre no puede recordar. No consta en los antos prueba alguna que establezca dicha alegación.

Pero aun cuando el demandante hubiera tenido en cual-quier época una servidumbre fundada en el uso por tiempo inmemorial, esa servidumbre, según las alegaciones del pro-pio demandante, quedó extinguida y substituida por otra nueva que se estableció por convenio verbal celebrado entre las partes por sus respectivos representantes. Por tanto el demandante debe fundarse en la segunda servidumbre, según el caso que él mismo presenta en sus alegaciones. Pero la prueba está lejos de ser satisfactoria en cuanto a este punto. La conversación a que ha hecho referencia el mandatario del demandante ha sido negada por el del demandado, ha-biendo ciertamente la corte inferior dado crédito a este úl-timo. Además, no existe prueba en absoluto con respecto a la facultad de los diferentes mandatarios para llevar a cabo tales convenios. Por lo menos, no aparece prueba alguna de la misma en los autos. Además de esto, parece que el con-venio que se alega hicieron las partes, así como la facultad que se dice fué otorgada a los mandatarios para celebrarlo fué verbal enteramente y se dió en cierta forma indeterminada que no está definida ‘ claramente. • Estos actos importantes debieron haberse llevado a efecto por medio de escrituras debidamente otorgadas por .las partes, para que tuvieran valor con arreglo a la ley y pudieran ser tomados en con-sideración por los tribunales en los casos en que se trata de establecer una servidumbre. Por no demostrar el deman-dante estos hechos debidamente el caso cae por su base. (Código Civil, art. 547.)

Pero a mayor abundamiento hacemos presente que de la prueba practicada constante en el récord, se viene en conoci-miento de que por la finca del demandado Manuel Paz TJr-daz, hay un camino abierto al público, perfectamente viable, que pasando el río da acceso a la finca del demandante Alba-rrán, el cual ha podido ser utilizado por éste, como lo utiliza todo el mundo, para el transporte de frutos, paso de Caballé-rías y carros. De modo que, en todo caso, bien pndo el de-mandante nsar de diclio camino para el transporte de sns cañas a la central de Utnado, sirviéndose de él para ir a la carretera. Como ese derecho existía, el demandante no podía alegar qne había snfrido daños y perjuicios, qne en todo caso se habría evitado el demandante usando dicho camino en igual forma qne lo usan los demás vecinos qne residen en la vecindad.

Podemos decir snbstancialmente como el juez sentencia-dor en cnanto a la alegación de daños, que somos claramente de opinión de qne no se ha justificado la existencia de la servidumbre de paso según expresa el demandante sobre la finca del demandado, y por tanto no es necesario estimar los daños y perjuicios que han sido alegados por el deman-dante, puesto que éstos vendrían derivados, si se hubieran sufrido, de la existencia de la servidumbre; y declarada como está su inexistencia, no hay términos hábiles para exigirlos. Considerando, además, que para que dichos daños y perjui-cios puedan ser indemnizados deben derivarse inmediata y necesariamente de los hechos que los originen, o sea, de la culpa, malicia o negligencia de la persona a quien se les im-puten, estando en este caso establecida la legalidad de los actos del demandado por el hecho de la inexistencia de la servidumbre, por lo que no pueden resultar daños.

En vista de los hechos según aparecen de los autos y de la ley aplicable a los mismos, no existe error alguno en la sentencia de la corte inferior y debe confirmarse en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Luiggi et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    Procedimiento sobre cobro de costas en causas criminales.
    No. 885.
    Resuelto en diciembre 6, 1912.
    .Piadores en Causas Criminales — Responsabilidad por el Pago de las Costas— Traducción Errónea al Español del Artículo 49 del Código de Enjuicia-miento Criminal. — De acuerdo con el texto inglés del artículo 49 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando en grado de apelación la sentencia es confirmada contra el acusado o la apelación es desestimada, la corte de dis-trito debe dictar al terminar los cinco días siguientes, sentencia contra los fiadores por el importe de la multa y de las costas, si no hubieren sido satis-fechas. En el texto español del .mismo artículo se ha omitido erróneamente la palabra "costas.”
    Id. — Responsabilidad de los Piadores — Costas.—De acuerdo con el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado por ley de Marzo 12, 1908, la fianza, cuando se apela de una sentencia dada en una corte de dis-trito en causa criminal, tiene por objeto garantizar el pago de las costas que al acusado pueda imponer el tribunal de distrito, incluyendo las costas en que haya incurrido ante la corte inferior, y para garantizar la compare-cencia del acusado ante el tribunal de distrito en la fecha o fechas en que su presencia pueda ser necesaria.
    Id. — Costas en Causas Criminales — Responsabilidad de los Piadores — Inter-pretación de Ley. — Si bien de acuerdo con el artículo 271 del Código de En-juiciamiento Criminal y la ley de marzo 9, 1911, las costas deben imponerse a los acusados, tales preceptos no impiden que si los acusados no la satis-facen se exijan a sus fiadores, como responsables al pago de las mismas.
    Id. — Cobro de Costas en Causas Criminales — Ejecución de Sentencia. — El procedimiento para hacer efectivas las costas criminales contra los fiadores no es un caso civil, sino que debe considerarse como un incidente sobre eje-cución de sentencia en causa criminal, y el Piseal debe gestionar el cobro de las costas en una causa presentando una moción separada para cada una y no establecer un solo procedimiento incluyendo en él a todos los fiadores de distintas causas criminales.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 20 de abril del corriente año el Piseal de la Corte de .Distrito de Aguadilla presentó moción a dicha corte en cobro de costas bajo el título de El Pueblo de Puerto Rico v. José Inés Gonzales et al., con súplica de que se dictara una orden para que las costas a cuyo pago habían sido condenados el José Inés González y otros varios acusados en distintas cau-sas que fueron en grado de apelación a aquella corte, se hicieran efectivas por los fiadores respectivos e ingresaran en el Tesoro de Puerto Rico.

En la moción se expresan el número de cada cansa, el nombre de los acusados, la cantidad adeudada y los fiadores responsables, entre los cuales figuran Eduardo Luiggi, Ul-piano Paoli, Juan González, Vicente Júdice, Armando Mén-dez y Pedro Díaz.

La Corte de Distrito de Aguadilla por orden de 25 de abril citado, decretó que todos los fiadores relacionados en la moción fueran requeridos al pago de las costas de que-respectivamente eran responsables, señalando además el día. 8 de mayo siguiente para una comparecencia en (pie aquéllos podrían exponer las razones que tuvieran para no hacer efec-tivas dichas costas y después de esa comparecencia en que los fiadores por medio de sus abogados alegaron lo que esti-maron conducente en defensa de su derecho, la corte por orden de 21 de mayo citado declaró que los fiadores venían obligados por la ley a pagar las costas de que se trata y ordenó en su consecuencia que se libraran los mandamientos-para hacerlas efectivas, contra cuya resolución interpusieron recurso de apelación para ante esta Corte Suprema los fiadores. Eduardo Luiggi y demás ya mencionados.

La representación de los apelantes alega como motivos, del recurso los siguientes:

Primero. Infracción del artículo 49 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, el cual dispone que el juez dictará sen-tencia contra los fiadores por el importe de las multas, si éstas no hubieren sido satisfechas, haciendo caso omiso de costas, para cuyo cobro, por tanto, debe establecerse la co-rrespondiente demanda ordinaria.

Segundo. Infracción del artículo 371 del mismo código,, preceptivo de que la fianza que otorgan los fiadores es para asegurar la comparecencia del acusado ante nn tribunal y no para garantir las costas.

; Tercero. Falta de aplicación del artículo 271 del propio cuerpo legal, según el cual las costas deben ser satisfechas por los acusados, cuyo precepto guarda congruencia con la, ley de 9 de marzo de 1911, que dispone que las costas en causas criminales sean impuestas a los acusados.

Lejos de infringirse en la orden recurrida el artículo 49 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ha sido debidamente aplicado, e indudablemente la inexacta versión española del texto inglés es la que ha podido dar lugar al error en que incurre la parte apelante.

El texto inglés del citado artículo dice así:

“Section 49. If on appeal the judgment is rendered against the defendant, or if the appeal is dismissed, the district court shall at the expiration of five days render judgment against the surities for the amount of fine and costs if not paid.”

Ordena, pues, traducido correctamente al español, que cuando en grado de apelación la sentencia es confirmada contra el acusado, o la apelación es desestimada, la corte de dis-trito debe dictar al terminar los cinco días siguientes, sen-tencia contra los fiadores por el importe de la multa y de las costas, si no hubieren sido satisfechas. La corte de Dis-trito de Aguadilla procedió con arreglo a ley al decretar que los fiadores pagaran las costas que sus fiados no habían satisfecho.

El artículo 371 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según revela su simple lectura, no es de aplicación • al pre-sente caso. El aplicable es el artículo 48, enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908, según el cual, la fianza, cuando .se apela de una sentencia para ante una corte de distrito en causa criminal, tiene por objeto garantizar el pago de las costas que al acusado pueda imponer el tribunal de distrito,-incluyendo las costas en que haya incurrido ante la corte inferior, y para garantizar la comparecencia del acusado ante el tribunal de distrito en la fecha o fechas en que sn presen-cia pueda ser necesaria.

Tampoco favorecen a la parte apelante el artículo 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la ley de 9 de marzo de 1911, que invoca en el tercer motivo del recurso, pues si bien es cierto que las costas deben imponerse a los acusados según el artículo y ley de que dejamos hecha referencia, tal precepto no impide que si los acusados no las satisfacen, se exijan a sus fiadores, como responsables al pago de las mismas.

Antes de terminar debemos hacer constar que el presente no puede estimarse como un caso civil, sino como incidente sobre ejecución de sentencia en causa criminal; y añadire-mos que en cada causa criminal de las enumeradas en la moción, ha debido el Fiscal de la Corte de Distrito de Agua-dilla gestionar el cobro de las costas a ella correspondientes, y no establecer un solo procedimiento independiente con el objeto indicado. No se ajusta tal práctica a las buenas re-glas de procedimiento, y recomendamos que no ’se siga en lo sucesivo.

La orden recurrida debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    El Pueblo v. Lorenzo.
    ApelaoxÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 480.
    Resuelto en diciembre 9, 1912.
    Derecho Penal — Desestimación de la Apelación — Transcripción de Autos — ■ Omisión del Escrito de Apelación — Jurisdicción del Tribunal Supremo.— Para que la Corte Suprema tenga jurisdicción para resolver una apelación, es necesario que liaya sido interpuesta en los casos en que la ley la permite y con los requisitos que exige para que se considere perfeccionada, por lo que os indispensable se incluya en la transcripción do autos certificación del escrito de apelación que se haya presentado, y esta omisión no queda corre-gida aunque en la exposición del caso se diga que la misma se radica por virtud de una apelación, o que de cualquiera otra manera incidental se consigne en la transcripción de autos que existe una apelación.
    Id.-PREPARACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE AUTOS — DILIGENCIAS DEL APELANTE.-Aunque de acuerdo con el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado en marzo 7, 1908, el secretario de la corte de distrito tiene el deber de preparar la transcripción de autos en causas criminales, de todos modos el apelante, interesado en el éxito de su recurso, debe ser diligente en quedantes de que la apelación sea vista, la transcripción de autos contenga todos los documentos necesarios para que pueda ser válida y en que se sub-sane cualquier omisión o error que el secretario pueda baber cometido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En 11 de septiembre del presente año se radicó en la secre-taría de esta Corte Suprema la certificación librada por el secretario de la Corte de Distrito de Hnmaeao, conteniendo la transcripción de los procedimientos habidos en el caso 1385 seguido en aquella corte por El Pueblo de Puerto Rico v. Antolino Lorenzo por infracción de la Ley de Rentas Inter-nas, de la que aparece que con fecha 5 de marzo último dicha corte dictó sentencia condenando al expresado Antolino Lorenzo.

El sentenciado no presentó ante esta Corte Suprema ale-gato de errores, y una vez que en 14 de octubre siguiente el Hon. Fiscal de este tribunal radicó su informe, se señaló el día 29 del mismo mes para la vista del caso, cuyo día fuá luego transferido para 'el 8 de noviembre en el cual compa-recieron el Hon. Fiscal de esta corte y un abogado en defensa de Antolino Lorenzo.

En el momento de comenzar la vista, y a petición del abo-gado, le permitimos que, para corregir el récord, formara parte de él una certificación que presentó, librada por el secretario de la Corte de Distrito de Humacao, de ciertos particulares de dicha causa, y cuando el Fiscal terminaba su argumentación, llamó la atención de esta corte al hecho de que en la transcripción de los antos no existe escrito al-guno de apelación, por lo que esta corte carecía de jurisdic-ción para resolver el caso. Después de esta manifestación el abogado del sentenciado solicitó tiempo para presentar nna. certificación conteniendo el escrito de apelación que pre-sentó en la corte inferior.

Hemos examinado detenidamente los papeles que forman la transcripción de los autos enviada por el secretario de la Corte de Distrito de Humacao y la certificación presentada por el abogado de Antolino Lorenzo, sin encontrar escrito alguno en que conste que Antolino Lorenzo apeló del fallo dictado contra él.

Para que esta Corte Suprema tenga jurisdicción para resolver una apelación es necesario que baya sido interpuesta en los casos en que la ley la permite, y con los requisitos que exige para que se considere perfeccionada, por lo que en la transcripción de los autos que ba de tenerse presente para resolverla debe incluirse necesariamente certificación del escrito de apelación que se haya presentado, para poder venir en conocimiento, no sólo de que, .en realidad existe una apelación, sino también si ésta se interpuso dentro del tiem-po concedido por la ley y si fue notificada a la parte con-traria. Por esto es que el artículo 356 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, enmendado en 7 de marzo de 1908, al especificar los documentos que en caso de apelación debe remitir el secretario de la corte de distrito al de esta Corte Suprema menciona expresamente el escrito de apelación. (Véanse los casos citados en 12 Cyc., 879, y López Landrón v. Rubert, 14 D. P. R., 5.)

Es tan necesario el escrito de apelación que no puede pres-cindirse de él, aunque en la exposición del caso se diga que se radica por virtud de una apelación o que de cualquiera otra manera incidental se consigne que existe una apelación.

Es verdad que cuando se trata de apelaciones criminales la ley no impone al apelante la obligación de preparar la transcripción de los autos para la apelación y que es al secre-tario de la corte de distrito a quien incumbe tal deber, pero, de todos modos, él apelante, interesado en el éxito de su re-curso, debe ser diligente en que antes de que la apelación sea vista, contenga todos los documentos necesarios para que pueda ser fallada y en que se subsane cualquier omisión o error que el secretario pueda haber cometido, principio no desconocido por el abogado de Antolino Lorenzo, pues con la certificación que presentó en la vista y que le admitimos, corrigió otros defectos de la transcripción de los autos, mas no la falta del escrito de apelación.

No teniendo, pues, jurisdicción para resolver este caso, debe ser desestimado.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. -Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado Señor Wolf expresó estar conforme con la resolución.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Rourke v. Pacheco.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 877.
    Resuelto en diciembre 10, 1912.
    Desahucio — Transcripción de Autos — Excepciones Previas. — Conteniendo úni-camente la transcripción de autos presentada en este caso la demanda y- la excepción previa' contra la demanda, este tribunal puede únicamente con-siderar la demanda para determinar si adolece de los defectos alegados en la excepción previa.
    Id.' — Venta de Finca Arrendada- — Terminación del Arrendamiento. — Es indu-dable que el comprador de una finca arrendada tiene perfecto derecho a que termine el. arrendamiento vigente al verificarse la venta, de acuerdo con el artículo 1474 del Código Civil, salvo los dos casos de excepción consignados en él, ninguno de los cuales aparece dé la demanda presentada en este caso.
    Id. — Demanda de Desahucio Fundada en Compra por el Demandante de la Finca Arrendada — Jurisdicción de la Corte de Distrito — Posesión en Precario. — Una demanda de desahucio fundada en el hecho de haber sido comprada por el demandante la finca arrendada, y en la cual se alegan estos hechos, no adolece del defecto de no aducir hechos suficientes que determinen una causa de acción, pues desde el momento en que el deman-dante compra la finca, la posesión del demandado no es en concepto de arren-datario del comprador sino en precario, y la jurisdicción para conocer de demandas de desahucio fundadas en tales hechos, radica en la Corte de Dis-trito correspondiente. (Sosa v. Río Grande Agrícola Company Limited, 17 D. P. R., 1150.)
    Id. — Ambigüedad de la Demanda — Dudas en Cuanto al Fundamento de la Acción de Desahucio. — Si bien la demanda en este caso parece basarse en la posesión precaria, sin embargo el demandante consignó en su alegación sexta lo siguiente: " * * * no obstante lo cual apoderado del fundo; y a pesar de haber transcurrido el día 4 del corriente en que debía verificar el pago, según el arrendamiento existente al tiempo de la venta, no ha satisfecho suma alguna al demandante. ’ ’ Se resolvió que debe sostenerse la excepción previa de que la demanda es dudosa, pues la alegación transcrita produce la duda de si la acción de desahucio en este caso está fundada en la falta de pago por el demandado al demandante de la cantidad que debía pagar por el arrendamiento existente antes de la venta, y dicha alegación es innecesaria si la demanda se funda en la posesión en precario, o sea en el hecho de la compra de la finca, arrendada por el demandante; y si la acción estuviera fundada en la falta de pago del arrendamiento, faltaría entonces la alega-ción de que el precio del arrendamiento computado por una anualidad excede de mil dollars, que es esencial para dar jurisdicción a la corte de distrito.
    Id. — Acción de Desahucio — Indemnización de Daños y Perjuicios. — El único fin de la acción de desahucio es recuperar la posesión de un inmueble tenida por alguna persona, y es improcedente reclamar en la misma demanda de desahucio, indemnización de danos y perjuicios. (Fuig v. Soto, resuelto en mayo 13, 1912.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de G-uayama se siguió un juicio de desahucio de Mike O. Eourke contra Eugenio Pacheco, en el que se declararon sin lugar las excepciones previas opues-tas por el demandado, con lugar la . demanda, y se condenó a Eugenio Pacheco a que dentro de veinte días desalojase la finca objeto del juicio, apercibido de lanzamiento, conde-nándosele además a que pague al demandante la cantidad de $300 por los daños y perjuicios reclamados, y las costas.

Interpuesta apelación por el demandado contra esta sen-tencia, se nos ha presentado una transcripción de los autos en la que no encontramos otras alegaciones que la demanda y la excepción aducida por el demandado, por cuyo motivo hemos de considerar únicamente si la demanda adolece de los defectos alegados en la excepción previa. En consecuen-cia consignaremos snstancialmente los hechos de la demanda, radicada en 8 de mayo del presente año.

Mike O. Ronrke, el demandante, alegó que por escritura pública de 20 de abril último compró a Doña Oarmen López Navarro, asistida de su esposo, la finca rústica que describe, la que al tiempo de la venta estaba sujeta a un contrato pri-vado de arrendamiento celebrado entre la vendedora y el demandado Eugenio Pacheco, el que, en su cláusula ,9a., esta-blece que en caso de venta será preferido el arrendatario en precio igual a otro comprador, pero si Pacheco no tuviese recursos para efectuar la compra no será ello obstáculo para que la venta se realice, quedando rescindido el contrato y debiendo serles pagadas las mejoras que haya introducido previa tasación de peritos; qne cuando el demandante com-pró la finca había sido obtenida por escrito la conformidad del arrendatario y había dado la dueña los pasos necesarios para la tasación de las mejoras que hubieran, aunque inútil-mente por haberse negado a ello el demandado; que después de ser éste notificado de la compra hecha por el demandante y de haberle éste requerido en 22 de abril para que desocupara la finca, no solamente se ha negado a ello sino que está destru-yendo el arbolado, en contravención a lo estipulado con la -anterior dueña en su contrato de arrendamiento; que en 28 del propio mes fué nuevamente requerido para que cesara de causar los mencionados daños y se le previno que si no verificaba la entrega de la finca tendría que pagar $100 men-suales por el disfrute de ella, mientras continuara en su pose-sión, no obstante lo cual y de haber transcurrido el día 4 de mayo en que debía verificar el pago, según el arrendamiento existente al tiempo de la venta, no ha satisfecho suma alguna al demandante; que la negativa del demandado a entregarle la finca y la destrucción que ha hecho en las plantaciones de ella le han causado daños y perjuicios por más de $300, por lo que concluyó con la súplica de que se declarara con lugar el desahucio, se ordenara el desalojo del demandado y se le condenara a pagarle $300 en concepto de daños y perjuicios más las costas.

La excepción del demandado se fnndó: 1°., en qne la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción de desahucio; 2a., en que la corte no tenía jurisdicción en la materia de la acción, y 3°., que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa, y se expusieron las ra-zones en que fundó el demandado las dos últimas causas de excepción.

Es indudable que el comprador de una finca arrendada, tiene perfecto derecho a que termine el arrendamiento vi-gente al verificarse la venta, de acuerdo con el artículo 1474 del Código Civil, salvo los dos casos de excepción consig-nados en él, ninguno de los cuales aparece de la demanda. De acuerdo, pues, con este precepto, si la demanda de desahucio está fundada en el hecho de haber sido comprada la finca por el demandante, no podrá sostenerse que la demanda no aduce hechos que determinen una causa de acción, ni tampoco que la Corte de Distrito carezca de jurisdicción, por cuanto desde el momento de la compra por el demandante, la posesión del demandado no era en concepto de arrendatario del com-prador, y ha de equipararse a la posesión en precario; y cuando la demanda de desahucio se basa en ese fundamento la jurisdicción para resolverla radica en la corte de distrito. (Ley de Desahucio de 9 de marzo de 1905, y sentencia dictada en el caso de Sosa v. Río Grande Agrícola Company, Limited, 17 D. P. R.,1150.)

Sin embargo, la dificultad en este caso estriba en poder determinar si la demanda de desahucio está basada en la posesión precaria, nacida del derecho reconocido por la ley al comprador para dar por terminado el arrendamiento exis-tente cuando compró, o si el motivo de ella es la falta de pago de acuerdo con el arrendamiento anterior a la compra-venta.

Si bien la demanda parece basarse en la posesión pre-caria, sin embargo, el demandante consignó en su alegación sexta lo siguiente:

* * no obstante lo cual apoderado del fundo; y a pesar de haber transcurrido el día 4 del corriente en que debía verificar el pago, según el arrendamiento existente al tiempo de la venta, no fia satisfecho suma alguna al demandante.”

Esta alegación, innecesaria si la demanda se funda en el precario, rma vez hecha produce la duda de si la acción se establece porque no ha satisfecho el demandado al deman-dante la cantidad que debía pagar por el arrendamiento exis-tente , antes de la venta; duda que es de mayor importancia en este caso, porque si éste fuera el fundamento de la de-manda, faltaría entonces la alegación de que el precio del arrendamiento computado por una anualidad excede de mil dollars, que es esencial para dar jurisdicción a la corte de distrito. El fundamento de ser dudosa la demanda aparece claro y debe sostenerse.

Además, en esta demanda de desahucio se ejercita tam-bién la acción de cobro de trescientos pesos por daños y per-juicios, que es improcedente en el procedimiento especial es-tablecido por la ley únicamente para ejercitar la acción de desahucio, el que no tiene otro fin que recuperar la posesión tenida por alguna persona, bien precariamente, ya después de haber infringido sus obligaciones como arrendatario. (Puig v. Soto, fallado por esta Corte Suprema en 13 de marzo de 1912.) .

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia ape-lada y declararse con lugar la excepción de que la demanda es dudosa, concediéndose permiso para que el demandante la enmiende.

Revocada, con instrucciones al tribunal sen-tenciador para que conceda permiso al de-mandante para que enmiende la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Domínguez como Defensor Ad Litem de Josefa Rivera v. Díaz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama..
    No. 870.
    Resuelto en diciembre 10, 1912.
    Resoluciónes Inapelables — Costas—Nulidad de la Notificación del Memorandum. — Es inapelable la resolución dictada por un tribunal anulando la, notificación de un mem.orand.vm de costas, declarando sin lugar una moeión X>ara cxue se elimine dicho memorandum, y ordenando que el caso continúe-tramitándose de acuerdo con las reglas consignadas en dicha resolución.
    Costas — Notificación del Memorandum — Interpretación de Ley — Notifica-ción al Abogado y no a la Parte. — Los preceptos del artículo 339 del Código-de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley de marzo 12, 1908, deben inter-pretarse en relación con el artículo 324 del mismo código, en el sentido de que la notificación de un memorandum de costas debe hacerse al abogado de la xiarte y no a la parte xiei'sonalmente. The American Railroad Company of -Torio Sico v. La Corte Municipal, 16 D. P. R., 239 y 247.)
    Id. — Notificación del Memorandum a la Parte — Conocimiento de su Abo-gado. — Pero cuando como en el presente caso, se demuestra que el memorandum se notificó con copia a la parte condenada al pago, que la parte eomu?iicó a sus abogados, y que estos, perfectamente enterados y antes de que se venciera el término concedido para la impugnación, comparecieron en la corte para solicitar la eliminación del memorandwn, entonces la corte puede estimar que los fines de la ley se cumplieron aplicando por analogía el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil y resolver que el memorandum fué debida y suficientemente notificado.
    Id. — Aprobaotón del Memorandum de Costas — Falta de Impugnación de la Parte Condenada al Pago. — Atendidas las circunstancias de este caso se resolvió que el tribunal sentenciador no cometió error alguno al aprobar el nuevo memorandum de costas, que no fué impugnado por la parte con-denada al pago, y en el cual la qiartida relativa a honorarios de abogados fué reducida a la mitad.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    El defensor ad litem, Celestino Domínguez Rubio, com-pareció personalmente.
    Abogado del demandado y apelante: Sr. Nemesio R. Canales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido en la Corte de Distrito de Guayama por Celestino Domínguez Rubio como defensor ad litem de Josefa Rivera contra Ramón Pastor Díaz sobre filiación, se presentó por la parte demandante nn memorandum titulado de costas y desembolsos, firmado y jurado por el dicho Do-mínguez Rubio ante el secretario de la corte el 17 de enero de 1912. El 20 del mismo mes se notificó el memorandum con entrega de copia personalmente al demandado. El 25 del repetido mes uno de los abogados del demandado juró una moción que se presentó a la corte pidiendo la eliminación del memorandum por el fundamento de no haber sido noti-ficado a los expresados abogados. T el 2 de marzo de 1912, la corte declaró “insuficiente y nula la notificación practi-cada, mediante entrega de una copia de dicho memorandum al demandado Pastor Díaz' personalmente, concediendo al demandante 10 días desde hoy para entregar una copia del mismo a los abogados de récord de dicho demandado,” y declaró además “sin lugar la moción de éstos (los abogados del demandado) en cuanto se refiere a la eliminación de dicho memorandum, sin perjuicio de su derecho a abstenerse de comparecer, contestar o impugnar dicho memorandum, hasta que hayan transcurrido los 10 días siguientes al en que se le haya entregado la copia de aquél.”

Contra esta resolución de la corte apeló el demandante haciendo constar en su escrito de apelación lo que sigue: “Esta apelación se establece sin perjuicio de que la deman-dante pueda cumplir con la resolución de la corte, pero ha-ciéndolo bajo protesta del recurso que ahora se entabla.”

También el demandado apeló de dicha resolución pero sólo en cuanto a aquella parte de la misma por la cual “se conceden al demandante 10 días para entregar una copia del memorandum de costas al abogado del demandado.”

Así las cosas, el demandante suscribió y juró el 5 de marzo de 1912 un memorandum también titulado de costas y desembolsos, comprensivo de las mismas partidas que el suscrito y jurado el 17 de enero de 1912. Dicho memorandum se notificó con copia a uno de los abogados del deman-dado el 11 de marzo de 1912. - El demandado no impugnó el el memorandum y la corte lo aprobó, modificando la partida de honorarios de letrado.

Contra esta resolución, dictada el 27 de marzo de 1912, el demandado interpuso recurso de apelación que se ha tra-mitado conjuntamente con los que se establecieron contra la resolución de 2 de marzo de 1912.

Como puede verse, un asunto sencillo en su naturaleza, resulta confuso por la manera como se ha procedido en el mismo.

Las apelaciones interpuestas por el demandante y el de-mandado contra la resolución de 2 de marzo de 1912, deben desestimarse. La ley no autoriza el recurso de apelación contra una resolución de tal naturaleza. Como hemos visto, se trata de un memorandum de costas presentado después de dictada sentencia final. Los abogados del demandado pi-dieron que se eliminara el memorandum y la corte declaró no haber lugar a decretar la eliminación y ordenó que el caso continuara tramitándose de acuerdo con las reglas que esta-bleció al efecto. La ley establece un procedimiento especial para la presentación, impugnación y resolución de los memorandums de costas, desembolsos y honorarios, y si la parte se consideró agraviada por la resolución de 2 de marzo de 1912, pudo excepcionarla, y, en definitiva, si la resolución final que se dictara era contraria a sus intereses, apelar de ella y en la apelación revisar completamente el caso ante esta Corte Suprema.

Estudiemos la apelación contra la orden final aprobatoria •del memorandum. Por ella ha quedado sometido el caso en su totalidad a nuestra consideración y lo primero que debe-mos considerar es la cuestión relativa a la notificación del memorandum.

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, en-mendado en 1908, en su párrafo 2°., dice que “a la parte condenada al pago deberá servírsele una copia de dicho memorandum por la que lo presente, pudiendo aquélla impug-nar todas o cualquiera de sus partidas dentro de 10 días siguientes al en que se le haya entregado la copia. ’ ’

¿Debe interpretarse dicha disposición legal en el sentido de que la notificación debe hacerse al abogado de la parte y no a la parte personalmente?

Opinamos que sí, tratándose, como se trata, de un caso tra-mitado en una corte de distrito y en atención a lo dispuesto en el artículo 324 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber: “Pero en todos los casos en que la parte estuviere re-presentada por un abogado residente, la entrega de docu-mentos, cuando corresponda, deberá hacerse a dicho abo-gado, en lugar de la parte, excepto cuando se trate de cita-ciones, decretos y otras órdenes de carácter personal libra-das en el pleito y de la entrega de documentos presentados con motivo de desacato. Si no hubiere en el litigio abogado residente, la notificación o entrega de documentos se hará a la parte.” (Véase el caso de The American Railroad Company of Porto Rico v. La Corte Municipal, 16 D. P. R., 239 y 247.)

La idea de la ley y de la jurisprudencia es que el abogado, director legal del litigio, debe tener conocimiento directo de todo lo que ocurre en el mismo en el momento oportuno, a fin de que pueda defender de manera eficaz a su cliente.

, Ahora bien, cuando los fines de la ley se cumplen, enton-ces las partes no deben ampararse en meros tecnicismos para obstaculizar el ejercicio y la justa resolución de los derechos envueltos en las contiendas judiciales.

En el presente caso el memorandum se presentó en la corte y se notificó con copia a la parte condenada al pago. Esta parte lo comunicó a sus abogados y éstos comparecie-ron para solicitar la eliminación del memorandum antes de que venciere el término concedido para impugnarlo. Los abogados estaban, pues, perfectamente enterados, y habién-dose cumplido todo lo que la ley requiere, bien pudo la corte considerarlo así y desestimar la moción de eliminación, apli-cando por analogía el principio consignado en el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil; esto es, que “la compa-recencia voluntaria de nn demandado es equivalente a la dili-gencia de su citación personal y entrega de la copia de la demanda. ’ ’

Sin embargo, el juez ordenó al demandante que notificara su memorandum a los abogados del demandado, concediendo a éstos para impugnarlo 10 días contados a partir de la feclia de la notificación, y al hacerlo así es bien claro que si cometió algún error, tal error no fué en perjuicio sino en beneficio de los derechos del demandado.

La nueva notificación ordenada se hizo y el demandado dejó de comparecer y de impugnar el memorandum. Esto no obstante, la corte consideró el memorandum y redujo a la mitad la partida de honorarios de abogado que figuraba en el mismo.

En su alegato ante esta Corte Suprema el demandado apelante tampoco impugnó el memorandum, limitándose a sostener y a argumentar que la corte inferior debió elimi-narlo y no tuvo poder para ordenar una nueva notificación, y a sostener simplemente que la corte cometió error al apro-bar el memorandum a pesar de hallarse pendiente la apela-ción interpuesta contra la resolución de 2 de marzo de 1912.

Los errores alegados por el demandado y apelante no exis-ten, de acuerdo con lo que dejamos expuesto, y, en tal virtud, los recursos establecidos contra la resolución de 2 de marzo de 1912, deben desestimarse, y el interpuesto contra la de 27 de mayo de 1912, declararse sin lugar confirmándose en todas sus partes dicha resolución apelada.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, "Wolf y Aldrey.

La petición sobre reconsideración ele sentencia, en este caso, fué denegada con fecha de diciembre 23, 1912.


author: El Juez Asociado. Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Lorenzo.
    .ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Iínmacao.
    No. 479.
    Resuelto en diciembre 10, 1912.
    Derecho Penal — Transcripción de Autos — Omisión del Escrito de Apela-ción.' — No habiéndose incorporado en la transcripción de los autos el escrito de anelaeión, no aparece que este tribunal tenga jurisdicción para resolver el recurso, que debe en tal virtud desestimarse. (JEl Pueblo v. Lorenzo, resuelto en diciembre 9, 1912.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado. Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Examinada cuidadosamente la transcripción de los autos en esta causa, no aparece en ella el escrito de apelación. En tal virtud tampoco aparece dé la transcripción que esta Corte Suprema tenga jurisdicción para intervenir en el caso y re-solverlo por sus méritos. Véase la opinión de esta corte en la causa seguida por El Pueblo contra Antolino Lorenzo, •decidida en el día de ayer, 9 de "diciembre de 1912.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Colorado v. Capella.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 884.
    Resuelto en diciembre 16, 1912.
    Divorcio — Patria Potestad — Bienestar de los Hijos. — La cuestión fundamental que debe tenerse en cuenta en el ejercicio de la patria potestad es el bienestar de los hijos.
    .Id. — Patria Potestad — Relaciones de Familia — Cónyuge Divorciado. — La de-terminación de la extensión de las relaciones de familia entre un cónyuge contra quien se ha dictado sentencia de divorcio y sus hijos que han quedado bajo la 'patria potestad del otro cónyuge, descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y no será modificado por este tribunal a menos que se demuestre abuso en el ejercicio de dicha discreción.
    Id. — Relaciones de Familia. — En el caso de autos se resolvió que no cometió abuso de discreción el tribunal sentenciador al resolver que la madre viera a sus hijos una vez al mes durante cuatro horas, atendidas las circunstancias del caso y que la sentencia de divorcio fué dictada contra la madre por adulterio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Colorado obtuvo una sentencia de divorcio'contra su esposa Lorenza Capella Martínez fundada en adulterio, confiriéndole la corte la patria potestad de sus menores hijos. Poco después de dictada la sentencia la esposa presentó una solicitud en la que alegaba que su esposo Rafael Colorado le impedía que pudiera ver a sus hijos, lo que constituía una infracción del artículo 175 del Código Civil, y solicitó de la corte que dictara una orden por la que se le permitiera ver a sus hijos y continuar las relaciones de familia con los mismos.

El artículo 175, de dicho código es como sigue:

“En todos los casos'de divorcio, los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte que lo hubiere obtenido; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de fa-milia con sus hijos.”

Durante la dominación española en este país, así como, en todos los Estados de la Unión, la cuestión fundamental ha sido siempre el bienestar de los hijos. Es cierto que el artí-culo 175 expresa que “el otro esposo tendrá derecho a con-tinuar las relaciones de familia con sus hijos. El ejercicio completo de la patria potestad, sin embargo, parece confe-rirle al padre en este caso, el derecho para fijar las horas, conducta y demás disposiciones relativas a los hijos. El estatuto es algo indeterminado y era necesario que una corte resolviera los derechos de las partes, y creemos que la corte inferior los resolvió acertadamente a favor de la mujer, per-mitiéndole que viera a sus hijos una vez y por término de cuatro horas cada mes. Las relaciones de familia a que se refiere el estatuto no significan que la esposa divorciada ha de ver a sus hijos frecuentemente, puesto que tal cosa sería perjudicial al bienestar de los mismos, sino que continúa en sus relaciones de familia con ellos cuando los ve como se le ha permitido en este caso, o sea,' una vez al mes. La cuestión referente a la extensión de estas relaciones de familia estaba dentro de la sana discreción de la corte, y no vemos que se haya abusado de dicha discreción teniendo en cuenta especial-mente que el fundamento del divorcio fué el adulterio y que no se probó ante la corte que la mujer se hubiera reformado o'dejado el modo de vivir que tenía que dió origen al divorcio.

Debe confirmarse la orden.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.