text:
      In re Aprobación del Reglamento para Administrar el Servicio de Jurado.

      Número: ER-2006-01

      Resuelto: 7 de diciembre de 2006
   RESOLUCIÓN

En conformidad con el Art. 14 de la Ley Núm. 281 de 27 de septiembre de 2003, conocida como Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 1735Z, el 28 de mayo de 2004 se aprobó el Reglamento para Delinear las Funciones del Negociado para la Administración del Servicio de Jurado y Disponer los Procedimientos para la Selección de Jurados, 162 D.P.R. 65 (2004). Transcurridos varios meses desde la aprobación del Reglamento, y según la experiencia y las dificultades con su implantación, en marzo de 2005 se designó un Comité Asesor con la encomienda de evaluar el Reglamento y revisar la Ley Núm. 281, supra.

En agosto de 2006, el Comité Asesor del Negociado para la Administración del Servicio de Jurado presentó su Informe y Propuesta de Reglamentación. El Comité presentó un proyecto de reglamento detallado y abarcador que per-mite atender las dificultades en la selección de jurados y mejorar la calidad de la administración del servicio de jurado. Consideradas las recomendaciones del Comité y en la confianza de que estas nuevas disposiciones cumplirán con esos objetivos, este Tribunal aprueba el Reglamento para Administrar el Servicio de Jurado que acompaña esta Resolución.

El Reglamento para Administrar el Servicio de Jurado comenzará a regir el sistema de selección y servicio de jurados dos meses a partir de la fecha de esta Resolución. Con la vigencia de este Reglamento queda derogado el Reglamento para Delinear las Funciones del Negociado para la Administración del Servicio de Jurado y Disponer los Procedimientos para la Selección de Jurados de 28 de mayo de 2004.

Finalmente, el Tribunal reconoce la dedicación de los miembros del Comité para cumplir cabalmente con su encomienda. Reciban el agradecimiento del Tribunal: Ledo. Hiram A. Sánchez Martínez, presidente; Hon. Carlos Cabán García; Hon. José Antonio Grajales González; Hon. Raquel Irlanda Blassini; Hon. Bárbara Sanfiorenzo Zaragoza; Leda. Alma Méndez Ríos; Leda. Olga E. Resumil; Leda. Ygrí Rivera de Martínez, y Sra. Carmen Díaz Rodríguez.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

REGLAMENTO PARA ADMINISTRAR EL SERVICIO DE JURADO

Regla 1 Título

El presente reglamento se denominará Reglamento para Administrar el Servicio de Jurado.

Regla 2 Base jurídica

El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que en los procesos por delito grave la persona acusada tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un Jurado imparcial compuesto por doce vecinas o vecinos del distrito, quienes podrán rendir el veredicto por mayoría de votos, en el cual deberán concurrir no menos de nueve. También existe el derecho a juicio por jurado por disposición estatutaria.

El derecho a juicio por jurado se rige, a su vez, por las disposiciones pertinentes de las Reglas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia interpretativa. De acuerdo con ésta, el derecho se garantiza cuando se ofrece la oportunidad de que el panel que sirva como juzgador de hechos sea representativo de la comunidad.

Los Arts. 2 y 14 de la Ley Núm. 281 de 27 de septiembre de 2003, denominada Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico, establecen que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispondrá mediante reglamento el procedimiento que se utilizará para preparar el registro matriz de jurado, la recusación total o parcial de dicho registro, la calificación de las personas seleccionadas para el registro, la citación de tales personas, la adjudicación de las peticiones de excusa o de diferimiento, la revisión judicial de las decisiones finales de la Directora o del Director del Negociado para la Administración del Servicio de Jurado y preceptuar sobre los asuntos de personal, los asuntos fiscales y el funcionamiento interno del Negociado.

Regla 3 Propósito

El presente reglamento se promulga para delinear las funciones del Negociado para la Administración del Servicio de Jurado y de su Directora o Director, disponer sobre los asuntos de personal, de los asuntos fiscales y el funcionamiento interno, y para establecer el procedimiento para la selección de las personas elegibles para servir como jurados.

Regla 4 Definiciones

Para este reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

A. Abogada o abogado exento de prestar el servicio: Persona admitida a ejercer la abogacía y que la ejerce activamente.

B. Censo: Registro general de las y los habitantes de Estados Unidos de América, sus territorios y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, preparado por el Negociado del Censo de Estados Unidos (United Status Census Bureau).

C. Calificación: Evaluación efectuada por una Jueza o un Juez de Sala sobre la competencia de una candidata o un candidato a jurado durante la desinsaculación.

D. Descalificación permanente: Determinación sobre la incompetencia manifiesta o absoluta de una candidata o un candidato para servir como jurado.

E. Desinsaculación: Examen de las candidatas y los candidatos a jurados, que se lleva a cabo ante el tribunal, para determinar su capacidad legal y su competencia para juzgar la causa con imparcialidad.

F. Diferimiento: Determinación mediante la cual se aplaza el cumplimiento de la obligación del servicio de jurado a una candidata o un candidato, a solicitud de ésta o éste, conforme lo dispuesto en el primer párrafo del Art. 9 de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico.

G. Directora o Director del Negociado: Persona responsable de administrar el Negociado para la Administración del Servicio de Jurado y cuyas funciones se especifican en la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico y en este reglamento.

H. Dispensa: Determinación mediante la cual se exime de la obligación de servir como jurado a una candidata o un candidato, a solicitud de ésta o éste, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 9 de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico.

I. Exención: Privilegio personalísimo que exime de la obligación de servir como jurado a una candidata o un candidato, a solicitud de ésta o éste, conforme lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico.

J. Jurado: Grupo de personas calificadas que hayan prestado juramento definitivo para servir como juzgadoras o juzgadores de los hechos.

K. Jurados:

(1) Jurados potenciales: personas cuyos nombres hayan sido incluidos en el registro de la Región Judicial como consecuencia del sorteo aleatorio del registro matriz.

(2) Candidatas o candidatos a jurados: personas cuyos nombres hayan resultado incluidos en la lista de jurados para participar en la desinsaculación.

(3) Jurados calificados: Candidatas o candidatos elegibles que hayan prestado juramento preliminar y participado en la desinsaculación, pero que no hayan sido seleccionados por haber sido recusados o por ser jurados remanentes. Estas candidatas o estos candidatos no quedan relevados del servicio de jurado.

(4) Miembro del Jurado: Candidata calificada o candidato calificado a quien se haya tomado juramento definitivo para prestar el servicio como juzgadora o juzgador de los hechos.

(5) Jurados remanentes: Jurados calificados que no hayan sido recusados ni hayan prestado juramento definitivo por haberse alcanzado el número necesario para constituir el Jurado.

L. Juramento definitivo: Juramento que se toma a los jurados calificados que hayan sido finalmente seleccionados para actuar en el juicio.

M. Juramento preliminar: Juramento que se toma a las candidatas y a los candidatos a jurados antes de comenzar la desinsaculación.

N. Lista de jurados: Documento que contiene los nombres de cualquier número de jurados potenciales, seleccionados al azar, provisto por el Negociado para la Administración del Servicio de Jurado a solicitud del tribunal.

Ñ. Negociado: Negociado para la Administración del Servicio de Jurado, oficina adscrita a la Oficina de Administración de los Tribunales, responsable de la administración del sistema de selección y servicio de jurado en Puerto Rico.

O. Recusación individual: Solicitud para que el tribunal excluya perentoria o motivadamente a una candidata o un candidato a jurado durante la desinsaculación.

P. Región Judicial: Unidad administrativa principal del Tribunal de Primera Instancia que cubre una demarcación territorial dispuesta por ley. Está constituida por un centro judicial, sede de la administración regional, y salvo la Sala de San Juan, está constituida por otras salas del Tribunal de Primera Instancia correspondientes a los distintos municipios que la integran.

Q. Registro Matriz: Base de datos o agrupación computadorizada, que se nutre de los registros dispuestos por ley, de nombres de personas seleccionadas al azar para conformar los registros de las Regiones Judiciales, compuesta, a su vez, por los registros suplementarios que sean necesarios.

R. Registro de la Región Judicial: Base de datos o agrupación computadorizada, que se nutre del Registro Matriz, de nombres de personas seleccionadas al azar de los municipios comprendidos en una Región Judicial.

S. Relevo de servicio: Derecho que otorga la ley a personas que prestaron juramento definitivo a no ser llamadas a servir como jurados por un plazo de cinco años independientemente de si sirvieron hasta rendir el veredicto o si el Jurado fue disuelto posterior al juramento definitivo.

T. Residente legal: Persona domiciliada que, estando legalmente autorizada a residir en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, haya residido en éste durante un año, y por noventa días en la Región Judicial en que se celebrará el proceso. El cumplimiento con estos dos plazos se computarán a partir de la fecha en que la persona haya sido citada para servir como jurado en un juicio.

U. Revisión judicial: Procedimiento mediante el cual una candidata o un candidato a jurado puede acudir al tribunal para impugnar la determinación de la Directora o del Director del Negociado sobre su elegibilidad o servicio de jurado.

V. Selección aleatoria: Procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la selección al azar de jurados potenciales para incluirles en el Registro Matriz. Este procedimiento garantizará que cada persona que cumpla con los criterios de elegibilidad tendrá las mismas oportunidades de ser escogida.

W. Servicio activo de jurado: Servicio prestado por los jurados calificados o por los miembros del Jurado (véase el inciso K(3) y (4)).

X. Servicio de jurado: Obligación legal de toda persona de participar como juzgadora o juzgador de los hechos en un proceso penal. Esta obligación se extiende desde el recibo del cuestionario del Negociado hasta que se presta el juramento definitivo y mientras no se disuelva el Jurado.

Y. Tribunal de Primera Instancia: Tribunal de jurisdicción original general con autoridad para actuar en nombre de y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todo procedimiento civil o criminal.

Z. Vecina o vecino: Persona residente de alguno de los municipios que corresponden a la Región Judicial que cubre la demarcación territorial del lugar donde deba celebrarse el juicio.

Regla 5 Organización operacional del Negociado

El Negociado estará administrado por una Directora o un Director, quien será nombrado por la Jueza Presidenta o el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El puesto de la Directora o del Director del Negociado estará incluido en el Servicio Central.

Regla 6 Funciones del Negociado

A. Crear, mantener, actualizar y depurar las listas de jurados potenciales para el servicio de jurado para cada Región Judicial.

B. Desarrollar la programación necesaria para establecer el Registro Matriz de jurados potenciales para el servicio de jurado y actualizarlaa. El programa de computadora tendrá múltiples funciones, entre ellas las siguientes: permitirá la integración, depuración y validación de los registros de personas que provean entidades gubernamentales y privadas; facilitará la selección aleatoria de jurados potenciales, y administrará el sistema de diferimiento y relevo.

C. Determinar, con la colaboración de la División de Estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales, los criterios para segregar aleatoriamente las listas de jurados potenciales para el servicio de jurado que se remitirán a las salas del Tribunal de Primera Instancia.

D. Administrar todos los aspectos relacionados con el servicio de jurado.

Regla 7 Funciones de la Directora o del Director del Negociado

La Directora o el Director del Negociado tendrá, entre otras, las funciones y responsabilidades siguientes:

A. Implantar la política pública sobre la institución del Jurado en Puerto Rico en conformidad con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes, las reglas y los reglamentos vigentes.

B. Requerir a cualquier departamento, agencia, junta, comisión, instrumentalidad o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus municipios, de cualquier entidad privada que preste servicios por delegación, licencia o contrato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus municipios, o de cualquier otro programa o servicio gubernamental, que suministren libre de costo copia de los registros de personas a su cargo.

C. Ser responsable de la preparación del Registro Matriz de jurados y de los registros de las Regiones Judiciales, utilizando un método en el cual la selección de las personas que integren los registros sea aleatoria.

D. Ser responsable de que la selección de las personas que integren el Registro Matriz y los registros de las Regiones Judiciales sea aleatoria.

E. Preparar, revisar y modificar los cuestionarios que se envían a las candidatas y los candidatos a jurados.

F. Determinar el sistema que utilizará el Negociado para enviar los cuestionarios a las candidatas y a los candidatos a jurados, evaluar periódicamente la eficiencia del sistema y modificarlo cuando sea necesario.

G. Ser responsable de que se evalúen los cuestionarios devueltos por los jurados potenciales según los criterios de elegibilidad para servir como jurado y pasar juicio en primera instancia de las solicitudes de exención.

H. Ser responsable de asegurar y mantener la confidencialidad de la información que provean los jurados potenciales y garantizar que sólo será utilizada para la administración del servicio de jurado.

I. Establecer, con la colaboración de la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de los Tribunales, el número de jurados potenciales que compondrán el registro de cada Región Judicial y suplir las listas de jurados de acuerdo con las necesidades que se determinen para cada una de las Regiones Judiciales.

J. Ser responsable de la revisión o actualización periódica del Registro Matriz de jurados potenciales en lapsos que no sean mayores de tres años.

K. Ser responsable de que se prepare un proceso para emitir listas de jurados por medios manuales que se utilizarán en casos de emergencias, desastres naturales u otras situaciones excepcionales en que no sea posible emitir unas listas de jurados mediante el sistema computadorizado.

L. Desarrollar y mantener, con la colaboración de la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de los Tribunales, una programación para el Registro Matriz de jurados potenciales para servir como jurado.

M. Establecer, con la colaboración de la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de los Tribunales, procedimientos innovadores y el uso de medios tecnológicos para facilitar y agilizar el cumplimiento con sus encomiendas y las del Negociado.

N. Dirigir, supervisar, planificar, organizar y coordinar las funciones administrativas del Negociado.

Ñ. Recibir, controlar y encauzar, en conformidad con la reglamentación y los procedimientos vigentes, las solicitudes de listas de jurados potenciales requeridas por las Juezas y los Jueces.

O. Certificar las listas de jurados que se soliciten de las Regiones Judiciales.

R Interpretar y asesorar sobre la reglamentación, las normas y los procedimientos vigentes sobre el servicio como jurado, así como su aplicación a los asuntos administrativos.

Q. Someter las recomendaciones que considere necesarias para enmendar la reglamentación, las normas y los procedimientos vigentes.

R. Orientar a las ciudadanas y a los ciudadanos, que hayan sido citados para prestar servicio como jurado o que hayan prestado servicio como tal, sobre las acciones judiciales que pueden presentar cuando sus patronas y patronos no hayan cumplido con los requerimientos de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico.

S. Comparecer al Tribunal de Primera Instancia para exigir el cumplimiento de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico, en conformidad con la Ley Núm. 36 de 13 de junio de 1958 (que faculta a la Directora o al Director Administrativo de los Tribunales o a la funcionarla designada o al funcionario designado por éste o ésta, a las abogadas o los abogados y auditoras o auditores de la Oficina de Administración de los Tribunales, a tomar juramentos y a requerir la comparecencia de testigos y la presentación de libros, registros, documentos y objetos pertinentes a las investigaciones que lleven a cabo en virtud de sus funciones oficiales).

T. Coordinar con las Secretarias y los Secretarios Regionales los asuntos relacionados con las y los jurados de sus Regiones Judiciales.

La Directora o el Director del Negociado podrá delegar en la Directora o el Director Auxiliar las funciones y responsabilidades que considere necesarias para el buen funcionamiento del Negociado. También podrá delegar en empleadas o empleados del Negociado cualesquiera funciones y responsabilidades que no exijan su intervención directa o el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo.

Regla 8 Asuntos de personal, procesos fiscales y procedimientos para el funcionamiento interno

Los asuntos de administración de recursos humanos del Negociado se regirán por la reglamentación que esté vigente para el personal de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Los procesos fiscales que lleve a cabo el Negociado se conducirán en conformidad con las normas de contabilidad pública generalmente aceptadas, según expresadas en la reglamentación vigente en la Oficina de Administración de los Tribunales. El pago de los honorarios, los gastos de transportación y los gastos de alimentación o dietas a que tengan derecho las personas que presten servicio como jurado, se efectuarán según la reglamentación aplicable.

La Directora o el Director Administrativo de los Tribunales dispondrá los procedimientos para el funcionamiento interno del Negociado.

Regla 9 Implantación del sistema de selección aleatoria

El escogido de las y los jurados se llevará a cabo mediante un procedimiento de selección aleatoria que garantice una participación representativa de la comunidad de acuerdo con el alcance constitucional del derecho a juicio por jurado.

La Oficina de Administración de los Tribunales deberá diseñar el sistema computadorizado que garantice el cumplimiento con los criterios de representatividad y aquellos de elegibilidad que sean establecidos por ley.

Regla 10 Creación del Registro Matriz

El Negociado preparará un Registro Matriz de candidatas y candidatos a jurados para cada una de las Regiones Judiciales. En la preparación de este registro se utilizará la información provista por cualquier departamento, agencia, junta, comisión, instrumentalidad o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios y de cualquier entidad privada que preste servicios por delegación, licencia o contrato con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con sus municipios, incluso a la Comisión Estatal de Elecciones.

La composición del Registro Matriz, hasta donde sea posible, tendrá en cuenta las necesidades de cada una de las Regiones Judiciales y la población de cada municipio que compone la Región Judicial, en conformidad con el último censo del Negociado del Censo de Estados Unidos (United States Census Bureau). Se utilizará una metodología totalmente aleatoria en la selección de las personas que compongan el Registro Matriz.

Regla 11 Actualización del Registro Matriz

El Registro Matriz de jurados potenciales se actualizará y depurará en el término que considere apropiado la Directora o el Director del Negociado, pero el término no excederá de tres años.

Regla 12 Preparación de los registros de las Regiones Judiciales

La Directora o el Director del Negociado, en coordinación con la Jefa o el Jefe de la División de Estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales, determinará los criterios que garanticen la selección aleatoria para la preparación de los registros de las Regiones Judiciales.

La Directora o el Director del Negociado establecerá el porcentaje de preselección de jurados potenciales que se seleccionarán de cada municipio comprendido en cada una de las Regiones Judiciales. El porcentaje de preselección se determinará tomando como base la población certificada en el último censo del Negociado del Censo de Estados Uni-dos (United States Census Bureau) conforme la distribución porcentual por municipio y las necesidades particulares de cada Región Judicial.

Los registros de las Regiones Judiciales se establecerán de la manera siguiente:

A. Selección inicial — Para cada municipio comprendido en cada una de las Regiones Judiciales, se extraerá aleatoriamente del Registro Matriz el porcentaje establecido de jurados potenciales.

B. Los registros de las Regiones Judiciales quedarán constituidos por el total de la selección aleatoria de jurados potenciales de los pueblos comprendidos en cada Región Judicial.

C. El Negociado enviará un cuestionario a los jurados potenciales seleccionados aleatoriamente de los municipios que indicará el término para devolverlo debidamente contestado. En aquellos casos que no se reciba el cuestionario debidamente contestado, el Negociado lo enviará por segunda ocasión, con el apercibimiento de las penalidades que impone la Ley para la Administración de Servicio de Jurado de Puerto Rico. Si fuese necesario enviar el cuestionario por tercera ocasión, será diligenciado por una alguacila o un alguacil.

D. El Negociado evaluará los cuestionarios que some-tan los jurados potenciales para el servicio de jurado. La información provista será confidencial y sólo podrá ser utilizada por el Negociado, salvo una orden judicial. Los jurados potenciales cuyas respuestas reflejen su elegibilidad se inscribirán en el registro correspondiente.

E. La Directora o el Director del Negociado formulará la determinación sobre elegibilidad y sobre las solicitudes de exención. La elegibilidad y las exenciones se determinarán a base de los requisitos establecidos por la Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico.

Regla 13 Calificación de jurados potenciales para el servicio de jurado

Durante la desinsaculación del Jurado, la Jueza o el Juez calificará a los jurados potenciales y determinará si reúnen los requisitos para prestar el servicio. Además, resolverá las solicitudes de diferimiento y de dispensa.

Regla 14 Determinación de elegibilidad y solicitudes de excusa o de diferimiento

La determinación de elegibilidad la hará la Directora o el Director del Negociado, incluso lo relativo a la condición física y mental para servir como jurado.

Si antes de ser citada para servir como jurado, le ha sobrevenido alguna causal de dispensa o exención, la candidata o el candidato podrá solicitar a la Directora o al Director del Negociado una excusa o un diferimiento del servicio.

Por otro lado, si alguna causal de dispensa o exención le ha sobrevenido al momento de la citación para servir como jurado, la candidata o el candidato podrá solicitar al Tribunal una excusa o un diferimiento del servicio. La determinación del Tribunal, con sus fundamentos, se hará constar en la minuta.

Esto también aplicará cuando la candidata o el candidato no esté de acuerdo con la determinación de elegibilidad del Negociado.

Regla 15 Solicitud de las listas de jurados

A. Siempre que se solicite un juicio por Jurado, el tribunal emitirá con premura una Orden en la que solicite el número de los jurados que estime necesarios. Dicha Orden se notificará inmediatamente al Negociado vía fax, correo electrónico o el medio más rápido disponible.

B. La Directora o el Director del Negociado ordenará el sorteo aleatorio y certificará la lista de jurados consignando que cumple con todos los requisitos de ley. La lista certificada se archivará én el expediente del caso correspondiente y conservará una copia de ésta en el Negociado.

C. La lista de jurados contendrá el nombre completo de cada candidata o candidato para ser jurado y el municipio de su residencia. La lista de jurados, con el nombre completo y el municipio de residencia de cada uno, se remitirá a la Región Judicial para la disponibilidad del tribunal y de las partes. El Negociado remitirá otra lista que, además, incluirá los números de teléfono y se usará exclusivamente para el diligenciamiento de las citaciones. El Negociado remitirá la lista de jurados y las citaciones correspondientes a la Sala Superior solicitante por el medio más rápido y accesible disponible.

D. La Región Judicial diligenciará las citaciones por los medios más rápidos disponibles. La Región Judicial puede diligenciar la citación por correo ordinario o electrónico, o mediante llamada telefónica. Esta notificación será tan oficial y obligatoria como una notificación personal y por escrito.

Regla 16 Recusación parcial o total del Registro Matriz

Toda recusación se regirá por las Reglas de Procedimiento Criminal.

Regla 17 Revisión judicial

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 14 de este Reglamento, las decisiones de la Directora o del Director del Negociado podrán ser revisadas por la Jueza o el Juez designado por la Jueza o el Juez Administrador Regional.

Regla 18 Vigencia

Este Reglamento comenzará a regir el 7 de febrero de 2007.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re José A. Alicea Rivera.

      Número: TS-9645

      Resuelto: 11 de diciembre de 2006

      José Antonio Alicea Rivera, peticionario; José M. Montalvo

      Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Notificación de Cumplimiento y Solicitud de Reinstalación, presentada por el querellado, y la Moción de Desistimiento, presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, se ordena la reinstalación al ejercicio de la abogacía del Sr. José A. Alicea Rivera.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    José Guzmán Matías y Rafael Juarbe de Jesús, por sí y en representación de la clase comprendida por todas las personas que se encuentran en la misma situación, según se describe en la demanda, demandantes y peticionarios, v. Vaquería Tres Monjitas, Inc. et al., demandados y recurridos.

      Número: CC-2004-811

      Resuelto: 14 de diciembre de 2006

      Domingo Donate Pérez, abogado de la parte peticionaria; Francisco A. Besosa Stubbe, Miguel Simonet Sierra, Juan M. Martínez Nevárez, Luis G. Martínez-Lloréns y Samuel Torres Cortés, abogados de las partes recurridas; Lizzette Mejías Avilés, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

I

En este caso los peticionarios solicitan la revisión de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de julio de 2004, que confirmó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en la que se había negado la certificación del pleito de epígrafe como un pleito de clase. Nos corresponde determinar si a la luz de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, que establece el pleito de clase de consumidores de bienes y servicios, y la Regla 20 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, este pleito se debe certificar como una acción de clase.

II

El 30 de abril de 1999 los peticionarios presentaron una demanda sobre daños y perjuicios contra Vaquería Tres Monjitas, Inc., Suiza Dairy Corp., Borinquen Dairy, Inc., la Junta Administrativa del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, Luis Fullana Morales, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y otros. Los peticionarios comparecieron “en su carácter personal ... y en representación de toda o cualquier persona que constituya un miembro de su clase”. Alegaron, en síntesis, que durante varios años, previo a diciembre de 1998, se llevó a cabo en Puerto Rico la práctica de adulterar la leche fresca añadiéndole sal y agua. Argumentaron que los recurridos tenían conocimiento o debieron tener conocimiento de dicha práctica. Asimismo, señalaron que el ELA fue negligente al no utilizar los mecanismos adecuados para detectar la práctica de adulteración de la leche. Adujeron que pagaron grandes sumas de dinero por un producto adulterado que no reunía los requisitos de integridad, salubridad e higiene que exigen las leyes de Estados Unidos y de Puerto Rico para que se pudiera catalogar la leche como Grado A. Reclamaron, por sí y en representación de la clase consumidora de leche adulterada, $10,000 para cada peticionario, por haber pagado por la leche adulterada un precio mayor a su justo valor, y $10,000 por las angustias mentales y morales sufridas.

Luego de varios trámites interlocutorios, el 9 de septiembre de 1999 los peticionarios presentaron una Solicitud de Orden de Certificación de Clase, al amparo de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, conocida como Ley de Acción de Clase para Consumidores de Bienes y Servicios, 32 L.P.R.A. sees. 3341-3344, y la Regla 20 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra. El 14 de septiembre de 1999 los recurridos se opusieron a dicha solicitud.

El 10 de julio de 2002 las partes sometieron a la consideración del Tribunal de Primera Instancia un Informe sobre Conferencia con Antelación a Vista sobre Certificación de Clase. En éste los peticionarios presentaron varias enmiendas a sus alegaciones: (1) solicitaron que se redujera la reclamación por el exceso pagado por la leche de los diez mil dólares reclamados originalmente a “no menos de doscientos dólares cada uno”; (2) solicitaron que se redujera la reclamación de daños físicos y angustias mentales, de diez mil dólares a “no menos de $100.00 cada uno”; (3) se especificó que la definición de la clase era la de consumidores que compraron leche adulterada desde el 1994 al 1998, distinto a la demanda en la que no se indicaba periodo alguno, y (4) se excluyó de la clase a todos los empleados de las partes demandadas, los abogados de las partes y los jueces del sistema judicial de Puerto Rico.

Así las cosas, el 6 y 7 de agosto de 2002 se celebró una vista sobre la certificación de la clase. El Tribunal de Primera Instancia solicitó a todas las partes que presentaran memorandos de derecho y posteriormente, el 29 de agosto de 2003, emitió una resolución y orden, notificada y archivada en autos el 11 de septiembre de 2003, en la que resolvió que la petición de certificación de clase no cumplía el requisito de numerosidad y la declaró “sin lugar”. Se basó el tribunal en que transcurridos aproximadamente cuatro años desde que se presentó la demanda ni tan siquiera una persona había solicitado intervención como demandante en el pleito de clase. Oportunamente, los peticionarios presentaron recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Ese foro coincidió con el criterio del Tribunal de Primera Instancia y confirmó la resolución recurrida.

No contestes con esta determinación, los peticionarios acuden ante este Tribunal para alegar que tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal de Primera Instancia habían errado “al concluir que no procedía certificar el pleito como uno de clase porque conforme al estado de derecho vigente, los demandantes no cumplieron con el requisito de numerosidad”. Petición de certiorari, pág. 8.

Específicamente, los peticionarios indican que el tribunal recurrido cometió un grave error de derecho al fundamentar su determinación en que se desconocía “si otros ciudadanos hubiesen solicitado intervención como parte representada en la acción de clase”. Petición de certiorari, pág. 9. Igualmente rechazan la contención del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que para cumplir con el requisito de numerosidad los demandantes tenían que: (a) presentar un estimado razonable de los consumidores que representan; (b) presentar evidencia relacionada al número potencial de individuos representados que ingirieron leche adulterada; (c) cualificar el número de consumidores de leche que hay en Puerto Rico y cuántos de éstos consumieron leche adulterada desde 1994 hasta 1998, y (d) demostrar los hábitos de consumo de leche fresca de los miembros de la clase.

Asimismo, señalan que su demanda fue presentada al amparo de la Ley Núm. 118, la cual, según ellos, establece un estándar más flexible para definir una clase. Conforme a esta percepción, la Ley Núm. 118 tiene el propósito de “superar las limitaciones de la Regla 20 de Procedimiento Civil”, por lo cual únicamente se requeriría “determinar si existe una cuestión común de hecho o de derecho, y que la acción de clase es superior a otros medios disponibles”. En la alternativa, alegan que cumplen con los requisitos “supletorios” establecidos por la Regla 20. Por su parte, los recurridos señalan que la acción de clase del consumidor tiene que cumplir con los requisitos de la referida Regla 20 de Procedimiento Civil, no obstante el lenguaje más flexible de la Ley Núm. 118. Así, indican que los peticionarios no cumplen con ninguno de los requisitos de la Regla 20 y, en la alternativa, señalan que tampoco cumplirían con los presupuestos de la Ley Núm. 118.

A través de sus alegaciones los peticionarios proponen que la acción de clase de consumidores de bienes y servicios reconocida en la Ley Núm. 118 es distinta a la acción de clase general de la Regla 20. El presente pleito requiere, pues, definir la relación entre ambas disposiciones, para entonces determinar si, en efecto, la presente causa de acción es certificable como una de clase. La controversia subyacente es determinar el estándar que deben seguir los tribunales a la hora de certificar que un pleito es de clase cuando quienes lo entablan son consumidores de bienes y servicios. Veamos.

III

La acción de clase constituye una forma especial de litigación representativa que permite a una persona o grupo de personas demandar a nombre propio y en representación de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya pero no se encuentran ante el Tribunal. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 445-446 (1988). En términos generales, hemos indicado que este procedimiento adelanta tres intereses públicos, a saber: fomenta la economía judicial al permitirle a los tribunales adjudicar de una sola vez todas la cuestiones comunes a varios litigios, evitando así las reclamaciones múltiples; permite hacer justicia a personas que de otra forma no la obtendrían, especialmente cuando las sumas individuales que están en controversia no son cuantiosas y por tanto los agraviados no se sienten motivados a litigar, y protege a las partes de sentencias incongruentes. Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 D.P.R. 683, 691 (1992); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 446. Véase, además, 7A Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Civil 3d Sec. 1754, pág. 55 (2005).

Esta acción, como muchas de nuestras disposiciones procesales, tiene su origen en las prácticas consuetudinarias anglosajonas, donde surge como una excepción a la máxima que indica que cada persona tiene derecho a su “día en corte”. La regla general del common law suponía que al resolverse una controversia todas las partes interesadas estuviesen presentes en el tribunal. Sin embargo, los tribunales ingleses de equidad (“equity”) —cuya función principal era hacer justicia rebasando los formalismos del derecho común— reconocieron que esta regla general era demasiado estricta; por eso desarrollaron un recurso para resolver cuestiones comunes a un grupo. Wright, Miller and Kane, supra, Sec. 1751, págs. 10-11. Eventualmente, esta práctica se introdujo en Estados Unidos y en 1938, se convirtió en la Regla 23 de Procedimiento Civil federal.

Dicha regla, redactada por el profesor James Moore, estableció tres formas o dimensiones de la acción de clase. A. Homburger, State Class Actions and the Federal Rule, 71 Columbia L. Rev. 609, 627 (1971). En primer lugar se hallaba la acción de clase verdadera, es decir aquella compuesta por personas que acuden al Tribunal alegando derechos solidarios entre los miembros de la clase. Id. Véase además, Wright, Miller and Kane, supra, Sec. 1752, págs. 19-22. En segundo lugar, se encontraba la acción de clase denominada híbrida, compuesta por personas que acuden al tribunal con relación a derechos mancomunados sobre un fondo o propiedad específica. Homburger, supra. Por último, se introdujo la acción de clase llamada espuria, constituida por personas que son titulares de derechos mancomunados pero unidos por una cuestión de hecho o de derecho común. Id.

De acuerdo con Moore cada una de estas acciones tenía efectos sustantivos distintos. En esencia, consideraba que las sentencias dictadas en las acciones de clase verdadera e híbrida constituían res judicata para todos los miembros de la clase, mientras que en la acción de clase espuria los efectos se limitaban a las personas que eran acumuladas como partes ante el tribunal. íd. Esta interpretación, aunque no fue incluida en la redacción de la Regla 20, fue adoptada vía interpretación judicial por los tribunales federales. íd.

No todos los tratadistas estaban contestes. Algunos argumentaron que los efectos limitados de la acción de clase espuria adoptada en el ordenamiento procesal federal destruían el propósito mismo de la acción de clase. Así, por ejemplo, uno de ellos expresó lo siguiente:

Where, as in the case of the “spurious” class suit, the conclusive effect of the class judgment on absent members has been repudiated, its efficacy has shrivelled nearly to the vanishing point. As a result, subdivision 23(a) is not a class suit functionally .... Thus, the “spurious” class suit, which on its face offered the greatest promise of enlarging the scope of federal representative actions, has been judicially divested of its great potential utility. (Escolios y énfasis omitidos.) Notes, Federal Class Actions: A Suggested Revision of Rule 23, 46 (Núm. 5) Columbia L. Rev. 818, 825 (1946).

Además, estas categorías crearon confusión en los tribunales, los cuales, con la intención de hacer justicia, convertían clases típicamente espurias en alguna de las otras clases u olvidaban clasificar la clase, creando así problemas al momento de ejecutar la sentencia. Véase E.S. Labowitz, Class Actions in the Federal System and in California: Shattering the Imposible Dream, 23 (Núm. 2) Buffalo Law. Rev. 601, 634 (1974).

Así las cosas, en Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32 (1940), el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó, en dicta, la posibilidad de que pudiera extenderse el efecto de una sentencia a miembros ausentes de una clase —como ocurre precisamente en las acciones de clase espurias— si éstos eran adecuadamente representados por los miembros presentes. A tono con esta opinión, en 1966 se revisó la Regia 23 de Procedimiento Civil Federal para eliminar la distinción artificial entre las distintas formas de acción de clase. En vez, se introdujo un concepto más práctico y cónsono con la naturaleza inclusiva de esa figura procesal. Así, la regla federal de 1966, aún vigente, eliminó las categorías antes mencionadas y creó un sistema procesal menos técnico y más abierto a las reclamaciones grupales. Wright, Miller and Kane, supra, Sec. 1752.

Como sabemos, en Puerto Rico hemos ido adoptando progresivamente el sistema procesal civil norteamericano. Dentro de esa trayectoria, en 1943 se promulgaron nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil que eran esencialmente una traducción de las Reglas de Procedimiento Civil Federal. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., Hato Rey, Equity of Puerto Rico, 1981, págs. 4-12. En ese momento introdujimos la figura de la acción de clase tal cual fue redactada en la Regla 23 de Procedimiento Civil Federal, en su versión de 1938. De esa forma, para definir una clase al amparo de nuestras disposiciones procesales de 1943 era necesario cumplir dos requisitos generales, a saber, que los miembros de la clase fuesen tan numerosos que su comparecencia ante el tribunal fuese imposible y que existiese una adecuada representación de todos los miembros de la clase. Además, la nueva regla establecía las tres clasificaciones de clase según la relación jurídica de los miembros de ésta, o sea, “verdadera”, “híbrida” y “espuria”.

Asimismo, al interpretar la regla seguimos la tendencia norteamericana de asignar efectos normativos distintos a cada tipo de clase. De ese modo, en Pueblo v. Henneman, 69 D.P.R. 995, 996 (1949), en una nota al calce, adoptamos el razonamiento seguido por la jurisprudencia federal en cuanto a estas categorías de la acción de clase. Más tarde, en Caguas L.Y., Inc. v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 848 (1969), reiteramos la teoría del Profesor Moore, utilizada en los tribunales federales, en cuanto a que la acción de clase espuria es tan sólo un mecanismo de acumulación permisible que sirve para que los que estén en una situación similar a la del demandante puedan unirse al pleito, si así lo desean. También resolvimos que la sentencia dictada en tales casos no sería concluyente para los miembros de la clase que no acudiesen como partes ante el tribunal.

De lo anterior se desprende que la acción de clase en Puerto Rico adolecía de los mismos males que la acción de clase en Estados Unidos antes de que fueran enmendadas las reglas procesales federales en 1966. Como señalamos, en Estados Unidos esta interpretación había causado serios problemas para entablar reclamaciones grupales que no presentaban derechos solidarios o mancomunados, fallas que fueron corregidas en las Reglas Federales mediante la enmienda de 1966.

En este contexto y en respuesta a la necesidad de hacer de la acción de clase un mecanismo útil para los consumidores, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 118, supra, que creó la acción de clase del consumidor de bienes y servicios. Evidentemente, al aprobarse esta ley se estableció una excepción a la Regla 20.1 (32 L.P.R.A. Ap. III) al disponer que una clase técnicamente “espuria” podía obtener una sentencia cuyos efectos se extenderían a todos los miembros de la clase aun cuando éstos no estuviesen presentes ante el tribunal. Específicamente, la Ley Núm. 118 reconoció el derecho de los consumidores de bienes y servicios y del ELA, en su carácter de parens patriae, a “instar un pleito de clase a nombre de dichos consumidores por razón de daños y perjuicios”.

Esta nueva legislación incorporó, de forma abreviada, varias disposiciones de la Regla 23 federal. En primer lugar, requiere que el tribunal determine, tan pronto sea posible, si el pleito puede continuar como uno de clase, cuando entre los consumidores alegadamente afectados existe una cuestión común de hecho y derecho. Este requisito es similar al que se ha denominado “comunidad”. Igualmente, la Ley Núm. 118 requiere que se reconozca que la acción de clase es superior a otros medios disponibles para la justa adjudicación de la controversia. Por último, la Ley Núm. 118 adopta las normas de la Regla 23 federal sobre la notificación a los miembros de la clase.

El objetivo de superar los defectos de la Regla 20 entonces vigente queda claramente manifestado en el lenguaje extremadamente inclusivo que utilizó el legislador al definir la clase como aquel grupo de personas que tuviesen entre ellos una “cuestión común de hecho o de derecho”. 32 L.P.R.A. see. 3344. Esta intención se desprende también del Informe Conjunto del Senado sobre el P.S. 825 de 15 de abril de 1971, donde se indica expresamente que “el propósito de esta medida es hacer una adición a la Regla 20 de las de Procedimiento Civil a los fines de permitir a los consumidores de bienes y servicios instar un pleito de clase”. (Énfasis suplido.)

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 118 resalta la preocupación del legislador con las limitadas herramientas legales con las que cuentan los consumidores en Puerto Rico, al señalar que:

Lamentablemente los remedios de que disponen los consumidores para hacer valer sus derechos son aún inadecuados y la protección que ofrece al consumidor la Administración de Servicios al Consumidor .... no es suficiente. ... Por lo tanto, se justifica el permitir una demanda directa por los consumidores en tales casos. 1971 Leyes de Puerto Rico 383.

Además de esto, la Ley Núm. 118 reconoció la dificultad inherente en reclamar pequeñas cantidades frente a los grandes comercios. Así lo consigna también su Exposición de Motivos, al afirmar:

Usualmente las acciones de los consumidores envuelven sumas de dinero tan pequeñas que no justifican un pleito individual; es más económico y justo el que reclamaciones esencialmente idénticas sean instadas en un solo pleito de clase a nombre de todos los consumidores defraudados o engañados .... Este tipo de acción compensa la inhabilidad del consumidor individual de litigar pérdidas pequeñas individuales al permitir el que uno o más representantes de un grupo de consumidores con daños similares puedan instar el pelito a nombre de la clase .... Estas están obligadas a considerar no solamente la pérdida económica directa del pleito de clase, sino también la publicidad y reacción del público con la consiguiente pérdida de tiempo, nombre o prestigio. En el interés de desalentar la conducta impropia y engañosa de los suplidores de bienes y servicios para los consumidores, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera de imperiosa necesidad establecer el pleito de clase para los consumidores. Id., pág. 384.

Esto significa que la Ley Núm. 118 pretendió, por un lado, extender el alcance de la Regla 20 al superar las limitaciones impuestas sobre la llamada clase espuria, y por el otro, autorizar a los consumidores a acudir directamente al tribunal para vindicar sus derechos sin necesidad de ser socorridos por una agencia gubernamental. En ese sentido su objetivo es eliminar todos los obstáculos legales que dificultarían a los consumidores el acudir al Tribunal.

En pocas palabras, Ia acción de clase establecida mediante la Ley de Acción de Clase del Consumidor de Bienes y Servicios tuvo el propósito de superar las limitaciones de la antigua Regla 20 de Procedimiento Civil, al permitir que tanto los consumidores como el Estado acudieran ante los tribunales para salvaguardar los derechos de los primeros. Constituyó, segün su Exposición de Motivos, "una adición" a las disposiciones generales de la iRegla 20. Por lo tanto, no creó una acción de clase necesariamente distinta sino que, reconociendo el interés püblico en proteger a los consumidores de bienes y servicios, extendió el alcance de la acción de clase con respecto a ellos. Esto, unido al hecho de que la Ley N~m. 118, supra, no establece criterios especIficos para definir lo que constituye una clase, significa que al momento de certificar una clase los tribunales deben examinar si ésta cumple no solo con la definiciOn general de la Ley NiIm. 118, sino tambiOn con los requisitos especIficos de la referida Regla 20.

Debemos destacar que la Regla 20, supra, vigente es la versión enmendada en 1979, después de la promulgación de la Ley Núm. 118. Ese año se revisó la Regla 20 en su totalidad para asemejarla a la Regla 23 de Procedimiento Civil Federal adoptada en 1966 y permitir, por ende, la presentación de acciones de clase típicamente espurias. Evidentemente, se quiso flexibilizar tanto la definición como el alcance de la acción de clase para que estuviera al alcance de otros grupos que, como el de consumidores de bienes y servicios, no tendrían de otra forma y como cuestión práctica, oportunidad de reclamar sus derechos en los tribunales.

Es necesario reconocer que al enmendarse la Regla 20, la Ley Núm. 118 perdió parte de su relevancia inicial. No obstante, esto no significa que sea letra muerta. Al aprobarse la nueva Regla 20 nuestra Asamblea Legislativa no derogó la Ley de Acción de Clase del Consumidor. Esta subsiste como una herramienta específica que otorga a los consumidores un instrumento amplio y efectivo para proteger sus derechos. Si bien se trata de una acción de clase esencialmente similar a la de la Regla 20, la Ley de Acción de Clase del Consumidor permite conceder unos remedios adicionales, entre éstos el interdicto, y le reconoce el derecho a los consumidores a entablar una acción al amparo de la Ley de Monopolios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 10 L.P.R.A. see. 257 et seq.

Como señalamos anteriormente, la Ley Núm. 118 autoriza a los consumidores de bienes y servicios para que acudan a los tribunales a vindicar sus derechos, permitiéndoles evitar los obstáculos que en ocasiones puede presentar la burocracia de las agencias llamadas a defenderlos. La Ley Núm. 118 constituye, pues, un mandato para que los tribunales abramos las puertas a los consumidores agraviados por prácticas ilícitas de los proveedores de bienes y servicios.

Este mandato fue refrendado tan recientemente como en el 2002, al aprobarse la Ley Núm. 269 de 16 de noviembre, que enmendó la Ley Núm. 118 para aclarar la jurisdicción primaria del Tribunal de Primera Instancia en este tipo de litigios. Allí el legislador señaló en su Exposición de Motivos que:

[L]a protección de los consumidores de bienes y servicios está revestida del más alto interés público ....
Por medio de esta Ley, esta Asamblea Legislativa solidifica la causa de acción provista por la Ley Núm. 118, al aclarar que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción exclusiva por tratarse de una causa de acción especial.... 2002 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1304 y 1306.

En resumidas cuentas, al evaluar la discreción del Tribunal de Primera Instancia a la hora de certificar una clase no podemos dejar de lado el mandato de nuestra Asamblea Legislativa de despejar el camino de los tribunales al consumidor.

De todo lo anterior es menester subrayar los puntos siguientes. En primer lugar, la Ley Nâm. 118 no creO una forma de acción de clase distinta a la establecida por la Regla 20, sino que extendió los remedios disponibles para los consumidores de bienes y servicios. En términos de los requisitos aplicables para certificar una clase de consumidores de bienes y servicios, debemos enfatizar los requisitos de "predominio y superioridad" y "comunidad" los cuales, aunque presentes en la Regla 20, son los ünicos expresamente dispuestos en la Ley Nüm. 118. Esto significa que cuando se presenten acciones de clase al amparo de esta ley debemos atender primeramente a estos dos requisitos para determinar si una alegada clase es acreedora de los remedios que allI se establecen. Una vez se satisfacen los requisitos de "preponderancia y superioridad" y "comunidad", es necesario examinar si entonces se cumplen los demás requisitos supletorios de la Regla 20, o sea, numerosidad, tipicidad y adecuada representación. Sin embargo, al aplicar estos requisitos estamos llamados a interpretarlos con el espIritu de liberalidad e inclusion que inspiró la Ley NiIm. 118.

Iv

Aclarado lo anterior, examinemos los hechos particulares de este caso interpretando los criterios de "predominio y superioridad" dispuestos en la Ley Nâm. 118 y los demás criterios de la Regla 20 de Procedimiento Civil, con la liberalidad que nos requiere la Ley Núm. 118. No hay duda de que está dentro del amplio marco de discreción del Tribunal de Primera Instancia el determinar si un pleito debe constituirse como acción de clase. Esto comúnmente significa que los tribunales revisores no deben intervenir con esa decisión, a menos que se demuestre que el foro de instancia ha abusado de su discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. 1, pág. 396. No obstante, como señalamos anteriormente, en el caso particular de la acción de clase de los consumidores de bienes y servicios, dicha discreción está limitada por el interés público en favor de los consumidores según plasmado en la Ley Núm. 118. No actuar de esta manera iría en contra de una clara y reiterada intención legislativa.

La Regla 20.1 de Procedimiento Civil, supra, establece cuatro requisitos para que pueda incoarse un pleito de clase: (1) que la clase sea tan numerosa que la acumulación de todos los miembros resulte impracticable, es decir, numerosidad; (2) que existan cuestiones de hecho o de derecho comunes a la clase, o sea, comunidad; (3) que las reclamaciones de los representantes sean típicas de las reclamaciones de la clase, o sea, tipicidad, y (4) que los representantes protejan los intereses de la clase de manera justa y adecuada.

Además, para que proceda la certificación de un pleito como una acción de clase es igualmente necesario que se satisfaga, al menos, uno de los requisitos de la Regla 20.2 de Procedimiento Civil. De entre estos requisitos alternativos, la propia Ley Núm. 118 exige que se cumpla específicamente con el requisito de “predominio y superioridad” contenidos en la Regla 20.2(c). De forma muy similar al lenguaje utilizado para definir la desaparecida acción de clase espuria, este inciso (c) define una clase sostenible como aquella en la cual “cuestiones de hechos o de derecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cualesquiera cuestiones que afecten solamente a miembros individuales”.

A. Comunidad, predominio y superioridad

Los requisitos de “comunidad” y “predominio y superioridad” están íntimamente relacionados y los examinaremos en conjunto. El requisito de que exista una cuestión de hecho o de derecho común a la clase es similar a lo que se requiere para la acumulación e intervención en las Reglas 17 y 21 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, con la diferencia de que la Regla 20 no exige que las cuestiones de hecho o de derecho surjan del mismo acto, omisión o evento. Además, este requisito está presente en la Ley Núm. 118 en su See. 4, en donde se dispone que “el tribunal ... determinar [á] si existe una cuestión común de hecho y de derecho y que la acción de clase es superior a otros medios disponibles para la adjudicación justa y eficiente de la controversia”. 32 L.P.R.A. see. 3344.

Por otra parte, como dijéramos en Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 451, hay una relación conceptual entre los requisitos de “impracticabilidad” y “comunidad”. Ambos se refieren a quienes componen la clase, es decir, a los miembros ausentes o clase representada, mientras que los requisitos de “tipicidad” y “adecuada representación”, que discutimos más adelante, describen las características que necesariamente deben poseer los representantes.

Para cumplir con el requisito de “comunidad” no es necesario que los asuntos planteados sean completamente idénticos. Forbush v. J.C. Penney Co., Inc., 994 F.2d 1101 (5to Cir. 1993); Port Authority Police Benev. v. Port Authority, 698 F.2d 150 (2do Cir. 1983); Abramovitz v. Ahern, 96 F.R.D. 208 (D. Conn. 1982). El concepto es cualitativo y no cuantitativo; se requiere tan sólo que lo reclamado requiera resolver una cuestión de hecho o de derecho común a los representados y, según establecen tanto la Regla 20.2(c), supra, como la Ley Núm. 118, que las cuestiones comunes a los miembros de la clase “predominen sobre cualesquiera cuestiones que afecten ... a los miembros individuales” y la acción de clase sea el medio superior para adjudicar la controversia. Véase Wright, Miller and Kane, supra, Secs. 1763 y 1766. Esta máxima no aplica a los supuestos o instancias que provee la Regla 20.2(a) y (b), 32 L.P.R.A. Ap. III; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 451.

Los peticionarios alegan que hay entre los miembros de la clase que intentan representar una cuestión común de hechos, a saber, la alegada venta de leche adulterada por las codemandadas Tres Monjitas y Suiza a los consumidores de leche fresca en Puerto Rico. Aducen, y admite el propio Tribunal de Primera Instancia, que para certificar la clase no es necesario demostrar que efectivamente se vendió leche adulterada ni los daños que ésta, de haber sido consumida, hubiese causado. Esas determinaciones corresponden a una etapa evidenciaría posterior en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. En la etapa en que se encuentran los procedimientos sólo es necesario demostrar que la alegada conducta de los demandados es común a los miembros de la clase según definida por sus representantes. Evidentemente, los argumentos de los recurridos en cuanto a que en Puerto Rico “nunca se vendió leche adulterada” o en cuanto a que son ellos los perjudicados por el fraude de leche adulterada, sobran en esta etapa del litigio.

Por otra parte, no nos cabe duda de que en el presente caso la acción de clase resulta superior a otros medios para resolver la controversia. Para atender el requisito de superioridad es necesario tener presente las guías que propone la Regla 20.2(c), supra, es decir, “el interés de los miembros de la clase en controlar individualmente la tramitación o defensa de pleitos separados; la naturaleza y alcance de cualquier litigio relativo a la controversia ya comenzado por o contra miembros de la clase; la deseabilidad de concentrar o no el trámite de las reclamaciones en el foro específico; las dificultades que probablemente surgirían en la tramitación de un pleito de clase”. Veamos.

En términos del interés individual de los miembros de la clase propuesta debemos señalar que resulta evidente el desinterés de presentar reclamaciones individuales para recobrar el exceso pagado y los daños como consecuencia de comprar leche adulterada. Este desinterés se puede inferir lógicamente de la naturaleza de la reclamación y de lo complicado que resulta un litigio donde habrán de probarse asuntos técnicos sobre calidad de la leche. Además, la pérdida individual de los miembros de la clase resulta relativamente pequeña e inatractiva para obtener representación legal individual. Igualmente, aún suponiendo que la cuantía a reclamarse individualmente fuera sustancial, resultaría sumamente impráctico y oneroso para impartir justicia que cada consumidor tuviera que acudir individualmente ante los tribunales para exigir compensación como consecuencia del consumo de leche adulterada. Tampoco surge del expediente que exista algún otro pleito similar al presente que provoque algún impedimento en cuanto a los criterios segundo y tercero del inciso (c) de la Regla 20.2, supra. Por último, en cuanto a la manejabilidad del pleito, debemos señalar que el elevado número de litigantes no puede constituir por sí solo un obstáculo para no certificar una clase. Dicho argumento es contrario al propio espíritu de la Ley Núm. 118 y va contra la lógica interna del la Regla 20, la cual requiere que la clase sea numerosa.

Resuelto lo anterior, examinemos brevemente los demás requisitos generales de la Regla 20 que aplican al presente caso.

B. Numerosidad

La Regla 20 de Procedimiento Civil, supra, no ofrece parámetros sobre lo que constituye una clase numerosa. Esto explica que la jurisprudencia fluctúe en su interpretación. No obstante, “[e]xiste consenso en que el numero de personas que pueden componer una clase no es decisivo en la determinación de ‘impracticabilidad’; se trata de una cuestión por resolver caso a caso según las circunstancias”. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 449, citando a DeMarcano v. Edens, 390 F.2d 836 (1968). Véanse: Weiss v. York Hosp., 745 F.2d 786 (3er Cir. 1984); Ballard v. Blue Shield of Southern W. Va., Inc., 543 F.2d 1075 (4to Cir. 1976); Cash v. Swifton Land Corporation, 434 F.2d 569 (6to Cir. 1970); Swanson v. American Consumer Industries, Inc., 415 F.2d 1326 (7mo Cir. 1969). Véase, además, Wright, Miller and Kane, supra, Sec. 1762. La impracticabilidad no significa tampoco que quien solicita la certificación “tenga que demostrar que resulta imposible la acumulación, Samuel v. University of Pittsburgh, 56 F.R.D. 435 (1972); basta con que demuestre que tal pro-ceder le crearía serios inconvenientes y obstáculos en la tramitación del [pleito]”. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 450, citando a Union Pacific Railroad v. Woodahl, 308 F.Supp. 1002 (1970). Véase Robidoux v. Celan, 987 F.2d 931, 935 (2do Cir. 1993).

Hemos reconocido, además, otros elementos que, unidos a este factor numérico, ayudan al análisis. A los efectos señalamos, por ejemplo, la dispersión geográfica, la posibilidad de que los miembros de la clase puedan ser identificados para propósitos de la acumulación, la naturaleza del pleito, la cuantía de la reclamación y la habilidad de cada miembro para hacer valer sus derechos de forma individual. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 450.

La determinación inicial de si un pleito puede prosperar como acción de clase no puede descansar en la mera especulación y que el peso de la prueba recaiga sobre el promotor de la certificación. Ello no significa, sin embargo, que esa parte tenga que alegar o probar el número exacto de miembros de la clase. Es suficiente que presente alguna prueba o estimado razonable del número potencial de individuos representados. íd., citando a Garia v. Rush-Presbyterian-St. Luke’s Medical Ctr., 80 F.R.D. 254, 268 (1978). Véase Vergara v. Hampton, 581 F.2d 1281 (7mo Cir. 1978).

En este caso el Tribunal de Primera Instancia concluyó que “la potencial clase representada por Guzmán y Juarbe es una numerosa. A base de un análisis del consumo de leche en el país, no tenemos duda de que existe la probabilidad de que concurra un nutrido grupo de ciudadanos que pueda formar parte de la clase ...”. Sin embargo, el tribunal también indicó que “transcurridos cuatro (4) años de presentada la acción de marras, no tenemos conocimiento de ciudadanos puertorriqueños que hayan solicitado formalmente intervenir como parte representada de la clase”. Apéndice, pág. 273. Señalado esto, concluyó que no procedía convertir el pleito en una acción de clase porque no se había cumplido con el requisito de “numerosidad”.

No existe controversia alguna sobre el hecho de que ningún otro consumidor, aparte de los demandantes, ha solicitado intervenir en el pleito que nos ocupa. No obstante, ni la Regla 20 ni mucho menos la Ley Núm. 118 requieren dicha intervención. Más aún, si se requiriera que otros consumidores interviniesen en el pleito para lograr certificar la clase nos colocaríamos en una situación similar, aunque no idéntica, a la que se daba cuando estaba vigente la versión anterior de la Regla 20. El objetivo expreso de la Ley Núm. 118, según explicáramos, es alentar que lleguen al tribunal aquellas reclamaciones que por tratarse de cuantías insignificantes a nivel individual realmente no motivan la comparecencia de los consumidores individuales al tribunal, pero que a nivel colectivo o grupal resultan muy importantes. Permitir que un tribunal exija a su discreción la intervención de otros demandantes como condición para certificar una clase derrota el propósito mismo de esta ley.

Igualmente contraria a la Ley Núm. 118 resulta la conclusión del Tribunal de Apelaciones, en el sentido de que al ser “imposible identificar los miembros de la alegada clase ... para propósitos de acumulación” era “forzoso ... colegir que el requisito de numerosidad no está presente en el caso”. Apéndice, pág. 1031. Nuevamente, esa interpretación de la acción de clase del consumidor nos regresa al estado de derecho previo a las reformas legales que hemos discutido y es contraria a la política pública plasmada en la Ley Núm. 118. Nada en la Ley Núm. 118 o en la Regla 20 vigente sugiere que los potenciales miembros de la clase tengan que ser “identificados” o específicamente enumerados. Como ya indicáramos, no es necesario siquiera ofrecer un número exacto de los miembros de la clase; es suficiente someter un estimado razonable. En este sentido, los peticionarios argumentan correctamente que el criterio adoptado por la sentencia recurrida excluiría de la definición de clase a la mayor parte de los posibles litigios de consumidores. La Ley Núm. 118 responde, precisamente, a la dificultad de poder identificar a consumidores que hubiesen pagado a sobreprecio bienes comestibles, tales como café, pan, agua embotellada y otros. Establecer un estándar de “numerosidad” tan estricto dejaría desprovistos de remedio a las personas que esta ley quiso proteger y colocaría en una posición muy ventajosa a los grandes proveedores de bienes y servicios, contrario al objetivo expreso de la Ley Núm. 118.

A través de los testimonios de los propios demandados durante la vista para la certificación de clase, se presentó un “estimado razonable” del número potencial de miembros de la clase. Los demandados indicaron cuántos cuartillos de leche fresca se vendían al año y el estimado de consumo per cápita anual, lo cual permitía deducir claramente cuán numerosa es la clase de consumidores representados en el pleito.

De esa forma, con los testimonios de los Sres. Luis Fullana Morales, Leovigildo Méndez y José Meléndez Rodríguez quedaron establecidos varios hechos muy importantes. En primer lugar, quedó establecido que las compañías demandadas venden y elaboran toda la leche que se consume en Puerto Rico. También se demostró que en 1993 y 1994 las codemandadas Suiza y Tres Monjitas vendieron 311,820,081 cuartillos de leche fresca. Se estima que los puertorriqueños consumen alrededor de noventa cuartillos per cápita. Basado en estos mismos datos, los demandantes estiman en 3,464,668 millones de consumidores de leche en Puerto Rico.

C. Tipicidad

Las reclamaciones o defensas de los representantes deben ser típicas de las reclamaciones o defensas de la clase. Este criterio, semejante al de “comunidad”, trata sobre una de las características que los demandantes deben poseer. El requisito de “tipicidad” atiende específicamente a la relación entre las reclamaciones de los demandantes y las de la clase que se intenta representar. Ciertamente, este requisito también está relacionado con el hecho de que quienes representan a la clase deben defender adecuadamente los intereses de sus miembros.

Cuando la reclamación de los demandantes es típica, los demandantes y los demás miembros de la clase tienen un interés en prevalecer en la reclamación compartida; de esta manera, cuando el representante defiende sus intereses, adelanta los intereses de toda la clase. En ocasiones, como ocurrió en Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, la causa de acción provoca que los intereses de algunos miembros de la clase sean inherentemente opuestos. En ese caso resolvimos que una supuesta clase que alegaba discrimen político, pero que estaba compuesta de miembros de ambos partidos políticos, no cumplía con el requisito de tipicidad debido a los intereses encontrados de los miembros de la clase.

Por su propia naturaleza, la determinación de tipicidad opera caso a caso. La jurisprudencia y la doctrina aceptan que la clase no tiene que estar necesariamente compuesta por personas con reclamaciones idénticas, de modo que se produzca una circunstancia de impecable uniformidad. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 454. En el presente caso no hay duda de que los demandantes cumplen con este requisito. Ni de las alegaciones de las partes ni del expediente se desprende que exista la posibilidad de conflicto entre los miembros de la clase propuesta. Los representantes de la clase no presentan ninguna alegación que resulte contraria u opuesta a la reclamación típica de consumidores de leche adulterada. No podemos inferir lógicamente, ni las partes han propuesto, ningún conflicto entre las reclamaciones que hacen los demandantes y otras que podrían realizar otros consumidores de leche defraudados.

D. Adecuada representación

Este último requisito goza de especial relevancia ya que tiene su génesis constitucional en el debido proceso de ley. Después de todo, “[s]ólo la adecuada representación de los intereses de los miembros ausentes evita que la acción de clase sea inconstitucional al asegurar que se cumpla con el debido proceso de ley”. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, págs. 454-455. Este requisito subsana la exigencia de que toda persona tenga su “ ‘día en corte’, y que nadie pueda ser afectado por una sentencia in personam en un procedimiento en el cual no ha sido parte”. (Énfasis en el original.) íd., citando a Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877).

En la actualidad, los factores primordiales y notas diferenciales del análisis de “adecuada representación” se concentran en torno a: (1) la ausencia de conflicto, y (2) las garantías de litigación agresiva y vigorosa ....
Cuando las reclamaciones o defensas de los representantes no son típicas de las reclamaciones o defensas de la clase, existe un problema inherente de conflicto, ya que no se cumple con el requisito mínimo de adversariedad que caracteriza nuestro derecho adjudicativo .... Cuando no existe el peligro mencionado, el análisis de tramitación vigorosa enfatiza en las características del abogado de los representantes de la clase. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág, 455-456.

Como ya hemos indicado, no hemos hallado conflicto en las alegaciones de los demandantes. En cuanto a la capacidad de su representación legal y el interés que ésta muestra en continuar con el pleito, es necesario señalar lo siguiente. Los propios recurridos nos indican que “no cuestionan la preparación académica y experiencia de dichos abogados”. No obstante, han levantado reparos en términos de la estrategia legal seguida por los demandantes y alegan que los abogados únicamente persiguen aumentar sus honorarios a través de un pleito de clase. Específicamente señalan que los demandantes han “disminuido” su reclamación original de $20,000 a no menos de $300 por cada demandado, de manera que bajo “cualquier esquema de compensación posible en este caso, la única persona que va a salir beneficiada ... es la representación legal de la parte peticionaria ...”.

Sobre lo anterior debemos señalar, en primer lugar, que las diferencias en términos de estrategias legales no pueden suponer un argumento sostenible en contra de la certificación de la clase. La representación legal de los demandantes en este caso ha demostrado, cuanto menos, agresividad e interés en el pleito, lo cual queda exhibido por la propia presentación del pleito ante este Tribunal Supremo. Respecto al cambio de cuantía, observamos que en la reclamación original se solicitaba una cuantía fija mientras que en la segunda se aludía a una suma mínima. Esto, de por sí, no evidencia una inadecuada representación de los demandantes.

Acerca de la alegación de los recurridos cuestionando el hecho de que los abogados se beneficiarían del resultado del pleito, caben unos breves comentarios. La Ley Núm. 118 tuvo el propósito de facilitar los pleitos de este tipo al establecer, entre otras cosas, una cantidad mínima del 25% de los daños adjudicados en concepto de honorarios de abogados. Ello, evidentemente, con el objetivo de fomentar el que abogados estuvieran dispuestos a comprometer su tiempo y esfuerzo en este tipo de reclamaciones. De otro modo pocos profesionales del derecho estarían dispuestos a invertir su capacidad y tiempo en las reclamaciones exiguas de consumidores individuales.

V

Concluimos que la acción de clase propuesta por los peticionarios cumplió con todos los requisitos dispuestos en la Regla 20 de Procedimiento Civil, y por lo tanto con los requisitos de la Ley Núm. 118 en cuanto a la identidad de la clase. Es decir, los peticionarios demostraron que en el marco de la clase propuesta las cuestiones comunes predominaron sobre las individuales y que la acción de clase constituye un medio superior a otros para atender las presentes reclamaciones. Además del expediente, se desprende claramente que lá clase propuesta cumple con el criterio de “numerosidad” según definido por la Regla 20. Por último, los requisitos relacionados con la necesidad de defender debidamente los intereses de la clase propuesta (tipicidad y adecuada representación) quedaron demostrados tanto por las alegaciones de las partes, la naturaleza de la reclamación presentada y las gestiones legales de los peticionarios hasta el presente. Resolvemos entonces que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no certificar la clase propuesta por los peticionarios. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la resolución de instancia.

Por todo lo anterior, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos en conformidad con la presente determinación.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En Estados Unidos, la acción de clase que se desarrolló en Inglaterra adquirió una nueva dimensión, ya que surgió un tipo de acción de clase en la que la sentencia del Tribunal no afectaba los derechos de personas que no fuesen acumuladas como partes. Dicha acción se convirtió en la Regla 48 de Equidad Federal, vigente entre 1842 y 1912, y se considera la base histórica de la llamada acción espuria. Eventualmente, en 1912, la Regla 48 fue sustituida por la Regla 38 la cual, contrario a lo anterior, no limitaba los efectos de la acción de clase a las partes ante el Tribunal. En 1938 la Regla 38 fue sustituida por la Regla 23 de Procedimiento Civil Federal. 7A Wright, Miller & Kane Federal Practice and Procedure: Civil 3d Sec. 1752, págs. 18-26 (2005).

       De acuerdo con el Tribunal, “there is scope within the framework of the Constitution for holding in appropriate cases that a judgment rendered in a class suit is
        res judicata as to members of the class who are not formal parties to the suit. Here as elsewhere, the Fourteen Amendment does not compel state courts or legislatures to adopt any particular rule for establishing the conclusiveness of judgments in class suits; nor does it compel the adoption of the particular rules thought by this Court to be appropriate for the federal courts. With a proper regard for divergent local institutions and interests, this Court is justified in saying that there has been a failure of due process only in those cases where it cannot be said that the procedure adopted, fairly insures the protection of the interests of absent parties who are to be bound by it.” (Citas omitidas y énfasis suplido.) Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32, 42 (1940). La opinión no indica qué constituiría una adecuada representación. Sin embargo, insinúa que para convertir una acción de clase espuria en una acción de clase verdadera sólo se requiere la notificación a los miembros de la clase que el demandante desea representar. Id., pág. 45.

       Previo a la invasión norteamericana de 1898, en Puerto Rico regía el Código de Enjuiciamiento Civil de 1886, vigente hasta el 16 de agosto de 1899, cuando el Gobierno Militar emitió la Orden #118 para reorganizar la Judicatura y proveer en cuanto a procedimientos judiciales, civiles y criminales. Esta orden fijó ciertas reglas procesales y reconoció la vigencia de muchas otras del anterior Código de Enjuiciamiento Civil, que siguió rigiendo parcialmente. El 10 de marzo de 1904 se aprobó el Código de Enjuiciamiento Civil 1904, preparado por la llamada “Comisión de Códigos”, encargada de armonizar nuestro sistema legal con el nuevo régimen político. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., Hato Rey, Equity of Puerto Rico, 1981, págs. 4-12.

       En 1958, como consecuencia de la Constitución aprobada en 1952, se aprobaron nuevas Reglas de Procedimiento Civil que derogaron en su totalidad las reglas de 1943. No obstante, las disposiciones relativas a la acción de clase se mantuvieron esencialmente inalteradas.

       Este es el mismo requisito de la Regla 20.1(2) de de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Antecesora del Departamento de Asuntos del Consumidor.

       “Hoy día [las] clasificaciones [de verdadera, híbrida y espuria] han perdido virtualidad jurídica, pues la nueva Regla, aun cuando no difiere materialmente de la Regla 20.1 vigente, ha ampliado su alcance para incluir adicionalmente los pleitos en que las reclamaciones o defensas de los representantes fueren típicas de las reclamaciones o defensas de la clase y los pleitos en que en que los representantes protegerían justa y adecuadamente los intereses de la clase. Además, estas clasificaciones ya no servirán para fines de determinar cuándo la sentencia dictada en una acción de clase constituye res judicata para todos los miembros de la clase.” Informe sobre las Reglas de Procedimiento Civil propuestas por el el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, 1977, págs. 66-67.

       La Regla 20.2 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone que un pleito podrá sostenerse como un pleito de clase si cumple con los requisitos adicionales siguientes:

        “(a) la tramitación de pleitos separados por o en contra de miembros individuales de la clase crearía un riesgo de
      “(1) adjudicaciones inconsistentes o variadas con respecto a miembros individuales de la clase, que establecerían normas de conducta incompatibles para la parte que se opone a la clase, o
      “(2) adjudicaciones con respecto a miembros individuales de la clase, que para todos los fines prácticos dispondrían de los intereses de los otros miembros que no sean partes en las adjudicaciones o, empeorarían, o impedirían sustancialmente su habilidad para proteger sus intereses; o
      “(b) la parte que se opone a la clase ha actuado o ha rehusado actuar por razones aplicables a la clase en general, en forma tal que resulte apropiado conceder finalmente un remedio mediante interdicto o sentencia declaratoria correspondiente con respecto a la clase en general; o
      “(c) el tribunal determina que las cuestiones de hechos o de derecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cualesquiera cuestiones que afecten solamente a miembros individuales, y que el pleito de clase es superior a otros métodos disponibles para la justa y eficiente adjudicación de la controversia. Los asuntos pertinentes para las determinaciones incluyen:
      “(1) el interés de los miembros de la clase en controlar individualmente la tramitación o defensa de pleitos separados;
      “(2) la naturaleza y alcance de cualquier litigio relativo a la controversia ya comenzado por o en contra de miembros de la clase;
      “(3) la deseabilidad de concentrar o no el tramite de las reclamaciones en el foro específico;
      “(4) las dificultades que probablemente surgirían en la tramitación de un pleito de clase.”

       En cuanto a la competencia de la representación legal de la parte demandante, se han tomado en cuenta, entre otros factores, la experiencia del abogado en este tipo de casos y la calidad de los escritos y argumentos presentados en las etapas iniciales del caso, si el abogado ha mostrado puntualidad, capacidad y diligencia en el tramite judicial que abarca desde la presentación de la demanda —o su rápida contestación— el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba y el cumplimiento con las órdenes del tribunal, etc. Véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló,
        120 D.P.R. 434, 456 (1988), citando a Comentario, The Class Representative: The Problem of the Absent Plaintiffs, 68 Nw. U.L. Rev. 1133, 1136 (1974). A falta de prueba específica de lo contrario, la competencia del abogado se presume. íd.

       En cualquier caso, debemos recordar lo señalado en Cuadrado Carrión v. Romero Bar celó, supra, que en cualquier acción de clase la sentencia puede estar sujeta a un ataque colateral posterior por el fundamento de una inadecuada representación. La pesquisa en torno a la “adeeuacidad” puede suscitarse luego del juicio, cuando los miembros de la clase traten de prevenir la aplicación de los principios de res judicata en un pleito posterior.


text:
      In re en Ocasión del Deceso del Hon. Lino J. Saldaña Amadeo, Juez Asociado Retirado de Este Tribunal.

      Número: EM-2006-08

      Resuelto: 15 de diciembre de 2006
   RESOLUCIÓN

El martes 12 de diciembre del 2006 falleció el Hon. Lino J. Saldaña Amadeo, quien ocupó el cargo de Juez Asociado de este Tribunal desde el 29 de diciembre de 1955 hasta el 5 de enero de 1961.

El Hon. Lino J. Saldaña Amadeo nació en San Juan el 21 de julio de 1921. Estudió en la Universidad de Bruselas, Bélgica, en donde se diplomó en Filosofía y Letras en 1940. Luego, obtuvo un grado de Derecho en la Universidad de Harvard en 1945, entidad en la cual se destacó como miembro de la Junta Editorial de la prestigiosa revista Harvard Law Review y en cuyas páginas consta su nombre como uno de los miembros del selecto grupo de estudiantes de dicho comité editorial en 1944.

Luego de su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico en 1945, el Hon. Lino J. Saldaña ocupó el puesto de Procurador General Auxiliar hasta 1946. Posteriormente, de 1946 a 1947, regresó a la vida universitaria al realizar estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Más tarde, a su regreso a Puerto Rico, se dedicó a la práctica privada de la abogacía en los bufetes Saldaña, Sánchez y Trías, de 1947 a 1950, y Gutiérrez Saldaña y Sánchez, de 1951 a 1955.

Fue partícipe del proceso de redacción del texto constitucional del país al laborar como Consultor de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico. Además, fue profesor de Derecho y de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico entre 1948 y 1955, año en que Don Luis Muñoz Marín lo nombró Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

De 1965 a 1970 fue Presidente de la Comisión de Derechos Civiles. Además, fue miembro de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Hasta su deceso, Don Lino Saldaña se dedicó a la práctica privada de la profesión.

La trayectoria profesional de Don Lino Saldaña nos re-vela a un académico por excelencia, a un intelectual de primer orden y a un jurista plenamente curtido. Forjado en las más prestigiosas universidades de la época, fue una mente preclara por cuyos méritos intelectuales llegó a ocupar el cargo de Juez Asociado a la corta edad de 34 años, en momentos en que correspondió a este Tribunal dar contenido vivo a la Constitución que recién se inauguraba en el país.

Entre la comunidad jurídica puertorriqueña siempre fue reconocido como un trabajador incansable y un intelectual agudo. En la Universidad, en los bufetes en los que laboró y en las instituciones a las que perteneció, siempre fue mentor de muchos abogados jóvenes que vieron en él a un maestro y a un ejemplo.

La pérdida para el Derecho Puertorriqueño es inmensa. Su legado jurídico, en cambio, prevalece como constancia perenne de una vida dedicada a la justicia. Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia del Hon. Lino Saldaña, pero en especial a su viuda Helene Grootaers, y a sus hijos Isabel, Dick, Noelle, Denise, Michael, Andrés y Elizabeth Saldaña.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Julio E. Rivera Aponte, querellado.

      Número: AB-2004-64

      Resuelto: 19 de diciembre de 2006

      Manuel Díaz Saldaña, contralor de Puerto Rico; Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, y Marla D. Ríos Díaz, directora auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías; Pedro E. Ortiz Alvarez y Pilar Muñoz Nazario, abogados del querellado.
   per curiam:

El Ledo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. El 12 de marzo de 2004 el Contralor de Puerto Rico presentó una queja ante este Tribunal, alegando que el licenciado Rivera Aponte había incurrido en una conducta violatoria de la Ley Notarial de Puerto Rico y a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En dicha queja, el Contralor explicó que una auditoría realizada al municipio de Guayanilla reveló que el licenciado Rivera Aponte dio fe, en una declaración jurada de abril de 2001, de que los declarantes la habían suscrito y firmado en su presencia, sin que éste realmente estuviera presente en la firma del documento. La declaración fue suscrita por tres policías municipales y una secretaria de la Policía Municipal.

Ordenamos al notario, licenciado Rivera Aponte, expresarse sobre la queja presentada por el Contralor. En su comparecencia, el notario no niega los hechos alegados por el Contralor y se limita a explicar que, a pesar de no recordar las circunstancias en que se suscribió la declaración jurada, sí reconoce que el documento contiene su firma y sello notarial. Añade que no ha podido encontrar en su Registro de Testimonios la anotación correspondiente.

Luego de recibir la contestación del notario, referimos el caso a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). En su informe, ODIN explica que la declaración jurada es nula porque ésta no fue anotada en el Registro de Testimonios del notario ni informada en su índice Notarial. ODIN concluye que el procedimiento utilizado para otorgar la declaración jurada no cumplió con los requisitos establecidos para ello en nuestro ordenamiento.

Finalmente, el licenciado Rivera Aponte respondió al informe de la ODIN, aceptando la falta que se le imputa. Solicita, además, que al momento de determinar la sanción disciplinaria correspondiente, este Foro tome en consideración las circunstancias atenuantes particulares aplicables a su caso.

HH

“La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental.” In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175, 180 (2001). Por eso, el Art. 2 de la Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, delega al notario la función de ser el principal custodio de la fe pública notarial:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original.) 4 L.P.R.A. see. 2002.

A base de esta función pública, existe una presunción de que un documento notarial avalado por la dación de fe de un notario cumple con todas las formalidades de ley y es legal, verdadero y legítimo. Además, la dación de fe brinda la confianza de que los hechos jurídicos y las cireunstancias que acredita el notario fueron percibidos y comprobados con sus sentidos o ejecutados por él. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Véase, además, In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999). Es precisamente esta presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial. Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el más alto grado de honradez y honestidad como custodio de la fe pública notarial. In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570 (1976). Véanse, además: In re Tejada Rivera I, supra, pág. 180; In re Vera Vélez, supra, pág. 7.

Al ejercer esta función pública, el notario debe cumplir estrictamente tanto con la Ley Notarial de Puerto Rico como con el Código de Etica Profesional, cuyo Canon 35 impone a todo abogado un deber de sinceridad y honradez. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véase, además, In re Vera Vélez, supra, pág. 7. Dicho canon dispone lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

Conforme a esta disposición, cuando un notario da fe de un hecho falso “[n]o sólo quebranta la fe pública notarial, si no también socava la integridad de la profesión al incumplir con el deber de honradez y sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra”. In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993). Véase, además, In re Vera Vélez, supra, págs. 7-8.

“Un testimonio o declaración de autenticidad es un documento notarial ... en el cual el notario da fe de la veracidad de un hecho que le consta de personal conocimiento. El testimonio puede referirse [, entre otras cosas,] a la legitimación de firmas ....” In re Figueroa Álvarez, 155 D.P.R. 875, 882 (2001). Véase, además, Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2091. En especial, un testimonio de legitimación de firma acredita el hecho de que en determinada fecha una firma fue puesta en presencia del notario por la persona que el notario acredita que es quien dice ser. Este tipo de testimonio puede o no comprender el juramento o afirmación del firmante. En este testimonio, el notario hará constar su conocimiento personal del firmante o, en su defecto, el uso de los medios supletorios de identificación que provee el Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035; Regla 67 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

En casos anteriores hemos explicado que la fe de conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes al autorizar el documento notarial. El mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma es que la ley exija la comparecencia y el conocimiento por el notario. In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 451 (1990). Véase, además, In re Medina Lugo, 136 D.P.R. 120, 124 (1994).

Además de las exigencias de la Ley Notarial de Puerto Rico, cuando un notario autoriza un testimonio de legitimación de firma debe cumplir con el deber de sinceridad y honradez impuesto por el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. El notario debe ajustarse a la sinceridad y realidad de los hechos que acredite bajo su fe notarial.

Respecto a las declaraciones juradas, que son testimonios de legitimación de firma, es norma reiterada por este Tribunal que, conforme a lo que exigen la Ley Notarial de Puerto Rico y el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente”. In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848, 849 (1977). Véanse, además: In re Surillo Ascar, 160 D.P.R. 742 (2003); In re Medina Lugo, supra, pág. 124; In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688, 695-696 (1994); In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994); In re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803, 808 (1989); In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987).

En una declaración jurada la fe pública se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente o firmante. In re González González, supra, pág. 499. Por esto, si al momento de firmar la declaración jurada el notario no está presente o si el documento es autorizado en ausencia de la persona firmante, el notario quebranta la fe pública notarial, afectando todo el sistema. Id.

De igual forma, si el notario da fe de que la declaración jurada fue suscrita y firmada por los declarantes en su presencia y esto es un hecho falso, el notario quebranta el deber de sinceridad y honradez que le impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Además, es norma clara de este Tribunal que la certificación de un hecho falso es una de las faltas más graves que puede co-meter un notario. In re Vargas Hernández, supra, pág. 607.

En este caso en particular, el licenciado Rivera Aponte autorizó una declaración jurada en ausencia de los declarantes y sin haber estado presente al momento en que éstos firmaron el documento. Además, el notario dio fe de que los declarantes habían suscrito y firmado la declaración jurada en su presencia, cuando esto implicaba acreditar un hecho falso en el documento notarial.

Esta actuación del licenciado Rivera Aponte es evidentemente quebrantadora de la fe pública notarial y violatoria del deber de sinceridad y honradez que le impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Hemos repudiado reiteradamente dicha práctica. Ésta ha generado seria preocupación respecto a la importancia que le brindan los notarios a su función pública de ser los principales custodios de la fe pública notarial. In re Sánchez Ruiz, supra. Véanse, además: In re Surillo Ascar, supra; In re Medina Lugo, supra; In re López de Victoria Brás, supra; In re Vargas Hernández, supra; In re Nieves Rivera, supra; In re González González, supra.

Procede, pues, disciplinar la conducta deshonesta del licenciado Rivera Aponte. Lo hacemos, al igual que en casos anteriores, tomando en consideración los factores siguientes:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente; y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. (Énfasis suprimido.) In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 147 (2005). Véase, además, In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111 (2006).

Debido a la buena reputación del licenciado Rivera Aponte, el hecho de que ésta es su primera falta, que la aceptó y mostró su arrepentimiento, que la conducta sancionada fue una conducta aislada dentro de sus 20 años de desempeño como notario y que no actuó movido por ánimo de lucro, se ordena la suspensión del licenciado Rivera Aponte del ejercicio de la notaría por el término de un mes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.