author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Marchand Paz, acusado y apelante.
    Núm. 6639.

    Sometido: Abril 18, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Luis Muñoz Morales, R. V. Pérez Marchand, Angel M. Villamil, Alfonso Lastra Chárriez y Angel D. Marchand Paz, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En la nocbe del 5 de junio, 1936, el policía Orlando Colón fné muerto de heridas de bala en el momento en que se dis-ponía a subir la escalera que conducía a su hogar. Del testi-monio del Dr. Basilio Davila, que fué el médico que practicó la autopsia, se desprende que el interfecto fué atacado por la espalda y que tres balas le penetraron en el cuerpo. Poste-riormente el aquí apelante, Carlos Marchand Paz, fué arres-tado y acusado del anterior asesinato. Luego de alegar su inocencia, el acusado fué llevado a juicio el 11 de diciembre de 1936, y siete días más tarde convicto por un jurado del delito de asesinato en segundo grado. La Corte de Distrito de San Juan, luego de declarar sin lugar una moción de nuevo juicio, le sentenció a veinte años de presidio con tra-bajos forzados.

El acusado apeló tanto de la sentencia como de la reso-lución declarando sin lugar la moción de nuevo juicio. Es conveniente exponer la teoría del fiscal y la de la defensa.

“Asesinato en primer grado” fué la piedra angular del caso del Pueblo contra el acusado. Estas fueron las palabras finales del fiscal al presentarse el caso al jurado:

‘ ‘ Señores del Jurado, ése es el caso que el fiscal les va a presentar a ustedes, y una vez que el fiscal pruebe esos hechos, como los probará, yo voy a solicitar de ustedes el único veredicto que puede dictarse en el presente caso: un veredicto de asesinato en primer grado.”

La teoría del fiscal fué que el acusado en la noche del crimen acechó y siguió de cerca al policía mientras éste se dirigía a su hogar; que cuando el policía se disponía a subir por la escalera o había ya subido varios escalones, el acu-sado le hizo dos disparos que le hirieron mortalmente, y que mientras caía en brazos de su esposa, le disparó e hirió por tercera vez. Para establecer un motivo y para demostrar el probable estado de ánimo del acusado poco antes de la muerte, el fiscal se propuso ofrecer prueba de los disparos que tuvieron lugar en Río Piedras en octubre de 1935 y a consecuencia de los cuales cuatro o cinco miembros del Par-tido Nacionalista fueron muertos por la policía. Pió énfasis al hecho de que el acusado era nacionalista y de que al ser arrestado entregó al periodista Enrique Ramírez Brau el reloj de uno de los nacionalistas muertos en Río Piedras, llamado Pepito Santiago, con las siguientes instrucciones:

“Hágame el favor de entregarle esto a don Pedro Albizu Campos; le dice que ése es el reloj de'Pepito Santiago, que se lo envía Carlos Marchand Paz.”

Con igual fin el fiscal anunció que probaría que el policía especial, Cándido Antonmattei, más o menos tres semanas antes del asesinato, se le llamó un día como a media noche, para que interviniera en relación con una bandera naciona-lista. que había sido izada en la Alcaldía de Río Piedras; que encontró allí a un grupo de jóvenes nacionalistas, entre ellos al acusado, y que cuando trató de investigar el inci-dente fue atacado por el grupo, el cual le desarmó y le agredió con su propio roten, pegándole entonces el acusado en la cara.

La defensa presentó una teoría doble. Descansó en una coartada respecto al sitio donde se hallaba el acusado en la noche en que se cometió el delito, y en la supuesta con-fesión del crimen por un tercero.

Los dos primeros señalamientos suscitan la cuestión relativa a la admisión de evidencia para establecer un motivo o estado de ánimo. Se hace objeción más particularmente a las declaraciones de Cándido Antonmattei y Domingo Beniamino.

Antonmattei declaró en relación con el incidente en la Alcaldía de Río Piedras ocurrido una noche poco antes del asesinato. Beniamino describió el curso de los aconteci-mientos que culminaron en la muerte de cuatro o cinco nacio-nalista en octubre de 1935. Tanto el fiscal como los letrados de la defensa han asumido que se puede admitir prueba que “tienda a demostrar el motivo o el estado de ánimo del cual se pueda deducir más fácilmente la intención o la probabi-lidad de la comisión del delito. El motivo, desde luego, desempeña un papel importante en todo delito, y por esa xazón es un eslabón muy importante en la prueba de cargo. En aquellos casos en que la culpabilidad depende de evidencia •circunstancial, la prueba de motivos es, por supuesto, aún más importante.

En lo referente a la declaración de Antonmattei, el juez ¡sentenciador dijo:

“La corte entiende que la evidencia que se ofrece es admisible para probar el móvil y el estado de ánimo en que se bailaba el acu-sado en aquellos días. Se admite la evidencia.”

Los letrados de la defensa se anotaron una excepción.

La declaración de Beniamino fué admitida por la corte .como parte del motivo, y el acusado se anotó otra excepción.

Aunque no nos ha sido posible hallar una exposición clara y concisa de este supuesto motivo o estado de ánimo, es más •o menos patente que el fiscal trataba de establecer la exis-tencia de un feudo entre la policía y los miembros del Partido Nacionalista, feudo que tuvo su origen en los desgraciados ■•sucesos de Río Piedras. Acontecimientos posteriores que ¡son en la actualidad de conocimiento público, han confirmado ■de sobra la naturaleza de la animosidad creada o aumentada por este incidente de Río Piedras. Los nacionalistas dieron •a conocer públicamente su negativa a reconocer la autoridad establecida del Gobierno americano en la isla. Desde luego, .aún era necesario asociar o conectar al aquí acusado con esta actitud rebelde. El primer paso era demostrar que él participó activamente en un incidente que le identificó con el movimiento hostil contra el Gobierno. No debe perderse de vista el hecho de que el edificio escogido por Marchand y sus compañeros como centro de operaciones fué el asiento •del gobierno local de Río Piedras. El acometimiento y agre-sión contra Antonmattei estuvo aparentemente injustificado-, puesto que la defensa no ofreció prueba alguna para demos-trar provocación física por parte del testigo. Éste fué sufi-cientemente pertinente para demostrar la actitud temeraria del acusado y sus secuaces hacia un policía. El incidente caracterizó al acusado como un miembro activo más bien que como un miembro pasivo del Partido Nacionalista, y demostró especialmente el odio que sentía hacia la policía.

La prueba conectó razonablemente al acusado con el grupo de supuestos nacionalistas que se sentía personalmente ofendido por los poderes ejercidos por la policía, y que mani-festaba la determinación de hacer caso omiso de su autoridad. Toda la prueba ha de ser considerada en conjunto. El tiro-teo de Río Piedras y el incidente en el municipio, conforme fueron presentados ante el jurado, no fueron a nuestro juicio,, perjudiciales al acusado en la forma que él ahora sostiene, aunque no es menester que se dé indebido énfasis a la afilia-ción nacionalista de éste. Salió a relucir claramente durante la repregunta que el acusado no estuvo en manera alguna envuelto en los sucesos de octubre de 1935. De no haberse presentado prueba directa contra el acusado, el jurado pudo haber ignorado completamente la anterior prueba sobre estos hechos.

En la mayoría de los casos citados por el apelante, y especialmente en el caso de Pueblo v. Juarbe, 43 D.P.R. 448, se presentó prueba específica sobre la comisión de un delito con el fin de demostrar una intención criminal. No se logró en absoluto conectar los delitos entre sí. La prueba contra el acusado era puramente circunstancial. El riesgo de per-juicio contra el acusado fué tan grande que destruía su ligera pertinencia. Estamos dispuestos a convenir con el apelante en que de ordinario la comisión de un delito no es admisible para demostrar su repetición en el caso específico que se ventila. En verdad, la regla general es contraria a su admi-sión, excepto en aquellos casos en que se ofrecen los hechos para demostrar un designio, motivo, intención o algo similar, y se demuestra que son claramente pertinentes para dicho-fin. Véase Wigmore on Evidence, Tomo 1, párr. 216, pág. 462. De no ser pertinentes, deben ser excluidos por estar en pugna con la regla sobre reputación (character rule). Creemos que en este caso la evidencia presentada ofrecía nna inferencia razonable sobre el designio, motivo o intension para la comisión del delito y además qne la misma no resultaba tan perjudicial al acusado que debió haberse ex-cluido debido a su tendencia a probar demasiado. En sú consecuencia los dos primeros errores no fueron cometidos.

El origen de los dos próximos señalamientos fue el incidente que sigue: El primer testigo de la defensa lo fue Antonio Eivera Córdova. De las preguntas héchasle se •desprendía que los letrados trataban de sacarle que admitiera o confesara su culpabilidad. Sin embargo, el testigo negó tener conocimiento alguno del caso y negó también enfáticamente haberle confesado a un tercero.

Inmediatamente después el acusado puso a declarar al testigo Cáeeres Barreras, y le preguntó: “¿Le hizo Antonio Eivera Córdova alguna manifestación?” El fiscal se opuso a la pregunta y, luego de retirarse el jurado de la sala de sesiones, argumentó extensamente sobre la inadmisibilidad de cualesquiera manifestaciones que Eivera Córdova pudiera haber hecho al testigo, fundándose en que prueba de la admi-sión o confesión de un extraño, al efecto de que él cometió el delito, no era admisible como prueba sustantiva tendente a exonerar al acusado. La corte sostuvo la objeción y el acusado se anotó una excepción.

Los letrados del apelante entonces solicitaron se les per-mitiera impugnar a su propio testigo Eivera Córdova, ofre-ciendo prueba demostrativa de declaraciones anteriores in-consistentes. El fiscal se opuso nuevamente y fué sostenido por la corte. El acusado se anotó una excepción más.

Aunque los señalamientos son más detallados, ellos im-putan sustancialmente error a la corte sentenciadora al negarse a admitir prueba tendente a demostrar que un ter-cero, es decir, un extraño, y no el acusado, era el verdadero culpable y al negarse a permitir prueba de impugnación sobre manifestaciones anteriores inconsistentes.

Irrespectivamente de cnál hubiera sido el supuesto fin, no ha y duda de que el verdadero motivo de la defensa al ofrecer las declaraciones de Cáceres Barreras y Antonio Moreau, nacionalistas ambos, y compañeros del acusado, fue establecer uno de los principales fundamentos de la defensa, a saber, la culpabilidad de un tercero. Creemos que la corte-inferior se percató de ese designio fundamental e hizo cuanto-estuvo a su alcance para impedir su admisión. Estamos más-o menos convencidos de que si la prueba ofrecida no era admisible per se, ella fué correctamente excluida cuando se trató de introducirla con el objeto de impugnar el propio testigo del acusado. La conclusión a que llegó la corte inferior al efecto de que uno no puede realizar indireetamente-aquello que no puede hacer directamente, es correcta a nues-tro juicio. Al considerar el estado de la jurisprudencia sobre esta cuestión específica, hemos hallado que el gran cúmulo de las autoridades sostienen la resolución de la corte inferior.. Desde el tribunal más alto de los Estados Unidos para abajó-se ha resuelto consistentemente que tal prueba es primor-dialmente inadmisible. Véanse las monografías que aparecenen 35 A.L.R. 441 y 48 A.L.R. 348, para una buena discusión de la regla y sus excepciones. El caso de Donnelly v. U. S., 228 U. S. 243, es una autoridad cumbre para ese criterio y, en cuanto sepamos, no ha sido revocado o modificado. Para casos posteriores que citan el de Donnelly, supra, puede refe-rirse a Roses’ Notes on U. S. Reports, Tomo 7, Suplemento de 1932, págs. 1050 et seq. Es cierto que en el estado de Tejas y quizá en otras pocas jurisdicciones, ha habido alguna desviación de la regla general. Empero, la tendencia, aun en esas jurisdicciones excepcionales, ha sido ceder en la aplicación de la regla tan sólo en casos extremos en que la prueba contra el acusado es enteramente circunstancial y el caso está rodeado de otras circunstancias especiales que no existen en el presente caso.

El apelante trata de calificar la prueba en este caso como de puramente circunstancial. Para llegar a esta caracteri-zación sostiene que la prueba de los “testigos oculares” debió ser descartada por indigna de crédito. Aún asumiendo que debió haberse seguido la regla excepcional, el juez no podía anticipar o decidir para sí si estos testigos iban a ser creídos o no por el jurado y mucho menos actuar a base de esa decisión para admitir la prueba. La posición no ha sido bien asumida.

Como la prueba era inadmisible para establecer la defensa afirmativa de una confesión de culpabilidad por parte de un tercero, ella tampoco podía ser admitida bajo el pretexto de impugnar la declaración de un testigo del propio acusado.

Este tribunal ha resuelto continuamente que el fiscal no puede ofrecer prueba para contradecir uno de sus propios testigos, a menos que el fin de la prueba sea clara e inequí-vocamente destruir el efecto de tal declaración. La prueba nunca es admisible para contribuir a presentar un caso posi-tivo en favor del Pueblo. Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 251; Pueblo v. Méndez, 39 D.P.R. 653; Pueblo v. Marrero, 41 D.P.R. 951; Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23; Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590; y casos mencionados en las citas anteriores; People v. Creeks, 141 Cal. 529; People v. Sliscovich, 193 Cal. 544; 74 A.L.R. 1042.

La misma regla es aplicable necesariamente a la tentativa del acusado a establecer su propia defensa contradiciendo a uno de sus propios testigos.

Los señalamientos quinto y sexto se dirigen a algunas de las instrucciones del juez sentenciador en relación con el delito de asesinato en segundo grado.

No se anotaron excepciones y el principio enunciado en los casos de Pueblo v. Cardona, 50 D P.R. 108 y Pueblo v. Hernández, 49 D.P.R. 419 y en los casos allí citados, es apli-cable. Dudamos que la corte jamás cometa error al dar al acusado la oportunidad de ser convicto de asesinato en segundo grado en vez de asesinato en primer grado. 16 C. J. 1024, sec. 2452; State v. Bell, 136 Mo. 120, 37 S. W. 823; People v. Thiede, 11 Utah. 241, 39 Pac. 837 y 13 R.C.L. 757, 781.

A letrados hábiles siempre les es posible, en casos ade-cuados, demostrar que el acusado debe ser convicto de asesi-nato en primer grado o absuelto.

Existen otros señalamientos que fácilmente pueden ser subsanados en un nuevo juicio.

Difícilmente puede darse demasiado énfasis a la importancia del séptimo error señalado. El campo de los comentarios por parte del fiscal y la defensa al dirigirse al jurado luego de terminada la prueba, ha sido trillado con tanta frecuencia por las cortes, que poco es lo que podemos agregar. Una regla fundamental de conducta es que no debe permitirse comentario alguno en torno a cuestiones que no han sido traídas ante el jurado durante el curso del juicio. El apelante sostiene que esta regla fue violada por el fiscal y que tal infracción claramente fue perjudicial al caso del acusado. A continuación aparece lo sucedido.

El acusado sostiene que el fiscal hizo al jurado en su informe de rectificación una observación que resultaba clara-mente perjudicial al caso del acusado y que no estaba en absoluto sostenida por la prueba. Esta contención fue pre-sentada a la eorte inferior en una moción de nuevo juicio y fortalecida por cuatro o cinco affidavits de miembros del jurado que manifestaban haber oído tal observación. Los affidavits eran necesarios debido a que el juez sentenciador preparaba en aquellos momentos un bosquejo de las instruc-ciones y el incidente escapó su atención. Por desgracia el letrado principal de la defensa se hallaba en aquellos mo-mentos fuera del salón de sesiones. Nunca se ofrecieron contraaífidavits y el fiscal aparentemente ha guardado silen-cio sobre la cuestión. De las declaraciones anteriores toma-mos las siguientes versiones:

Ricardo R. Pesquera, presidente del jurado, declaró bajo juramento:

“. . . que recuerdo perfectamente bien que el señor fiscal Romany, al informar en ese caso ante nosotros, como jurados, se expresó en la forma siguiente al referirse al testigo que la defensa había llevado ■como autor del crimen. Dijo el señor fiscal en forma despectiva: ‘Que el individuo Rivera Córdova, después de haber declarado, había ■estado en su oficina a informarle que hasta le habían ofrecido dinero para que se embarcara a Estados Unidos y así poderlo inculpar. ’ ’ ’

Teodoro Viera, miembro del jurado, declaró:

£t. . . Que recuerdo con bastante exactitud que en dicho caso, •cuando el señor fiscal Marcelino Romany estaba informando... al referirse al testigo Rivera Córdova, que la defensa había presentado ■como el presunto matador del Policía Colón, dijo lo siguiente: ‘Este testigo Rivera Córdova, después que declaró, fué a mi oficina a manifestarme que a él le habían ofrecido $30 para que se embarcara y entonces acusarlo como el culpable.’ ”

G-uillermo Ortiz, miembro del jurado, declaró:

“. . . que oí perfectamente bien cuando el fiscal Hon. Marcelino Romany, di jo... que Rivera Córdova, testigo de la defensa.. .había ido a su oficina a decirle a él, al fiscal, que le habían ofrecido dinero para que se embarcara y así inculparlo del crimen de Colón. . . .”

En adición a ello, hubo affidavits de los jurados Laureano Cards y Luis C. Cuyar, que más o menos corroboraban los anteriores. En varios de los affidavits, los deponentes expo-nían el efecto que tal observación tuvo sobre el veredicto.

Al presentársele esta cuestión al juez sentenciador en una-moción de nuevo juicio, la corte la resolvió a base de la regla general existente en California al efecto de que la conducta o manifestación impropia del fiscal no puede ser revisada ni servir de fundamento a una revocación'o nuevo juicio a menos que la defensa se oponga inmediatamente a los actos impropios y dé a la corte la oportunidad de subsanar su efecto perjudicial. People v. Amer, 151 Cal. 303; People v. Fleming, 166 Cal. 357, y otros. La corte mencionó también el hecho de que el letrado no se hallaba presente y sugirió que una instrucción general en que advertía al jurado que sólo tomara en consideración la prueba que estaba ante sí, había subsanado el efecto de la observación. El juez de la corte inferior reconoció la bien conocida excepción a la regla, anterior, o sea, que cuando la conducta o manifestación es tan perjudicial que no puede propiamente ser subsanada con una instrucción, el dejar de presentar una objeción no impide-que la cuestión sea suscitada en apelación. People v. MacDonald, 167 Cal. 545, 551; People v. Edgard, 34 Cal. App. 459, 167 Pac. 891; People v. Sheffield, 293 Pac. 72 y muchos otros casos. Sin embargo, la corte inferior, luego de hacer un análisis de la prueba, llegó a la conclusión de que el grado de credibilidad de Rivera Córdova era tan insignificante, que-con toda probabilidad la manifestación del fiscal no había tenido efecto positivo en el jurado, y que cualquier ligero efecto que hubiese tenido podía ser fácilmente subsanado o-disipado por una instrucción especial.

Antonio Rivera Córdova fué llamado por el acusado con el fin expreso de lograr que él confesara haber dado muerte-a Orlando Colón. No obstante, su declaración fué entera-mente de carácter negativo y no se permitió que su deficiencia fuera subsanada ni por prueba positiva ni indirectamente, mediante testigos de impugnación. El supuesto matador con-feso asumió un aire de absoluto desconocimiento de toda la situación. La defensa le preguntó expresamente si no había estado en cierta finca en la madrugada del domingo siguiente-ál viernes en que se dió muerte al policía y en la cual, con Cáceres, Moreau y Marchand, el acusado, les informó que-había matado a Colón y que al que dijera algo “le metía plomo en el cuerpo.” El testigo negó todo esto.

Bajo las anteriores circunstancias tenemos que asumir que el jurado tenía conocimiento de la supuesta defensa. El fiscal destruyó con éxito toda tentativa de ofrecer, con otros testigos, prueba de la intervención de Rivera Córdova en el asesinato. Él pudo razonablemente haber terminado allí y haber confiado, en vista de la prueba directa que existía contra el acusado, en qne se traería nn veredicto condena-torio. Sin embargo, no satisfecho con sn caso contra el acusado, manifestó al jurado que el testigo había ido a su oficina, luego de declarar en corte, y le había manifestado que la defensa le había ofrecido dinero (algunos dicen que $30), la cuantía no es importante, para que abandonara la isla y el acusado pudiera incriminarlo. No podemos exonerar al fiscal de un motivo ulterior al hacer esta manifestación al jurado. Podría colegirse inmediatamente que su fin principal fué demostrar que el acusado trataba de fabricar una defensa, y lo que es aun peor, el fiscal trataba de realizar su fin en una forma que en cuestiones similares hemos con-denado y que no son toleradas por la corte. Pueblo v. Rojas, y otros, supra. Si se recuerda que el mismo fiscal se había opuesto a toda prueba o comentario sobre la cuestión por parte de la defensa, su actuación resulta aun más injustifi-cada. Ésta no era una cuestión de evidencia impropia admi-tida debido a que la parte contraria no se había opuesto, sino un caso en que se presenta directamente al jurado y no mientras se admite la prueba, testimonio perjudicial que con toda probabilidad no se hubiera podido ofrecer desde la silla de los testigos.

La conducta del fiscal con toda probabilidad ya había dejado una marca indeleble en el ánimo de los jueces de hecho. La manifestación del fiscal, de ser creída por el jurado, tendió a demostrar una admisión de culpabilidad por el acusado e indirectamente acusó a la defensa del serio-crimen de tratar de sobornar a un testigo. No podemos de-terminar todo el efecto de semejante manifestación, pero a nuestro juicio, resultó inevitablemente perjudicial.

Existe tal abundancia de jurisprudencia sobre lo que cons-tituye suficientemente un comentario impropio y exige la devolución de un caso para nuevo juicio, que no se puede establecer una regla definida. Cada caso ha de fundarse en sus hechos específicos. Para alguna jurisprudencia sobre este punto, podemos citar 2 R.C.L. 438, párr. 35, y 16 C. J., sec. 2242; 3 Wigmore 837, sec. 1806, et seq. Los hechos del caso que está ante nos hablan por sí solos. No hay duda alguna de que el jurado recibió de labios del fiscal algo que equivalía a evidencia inadmisible y estamos convencidos de que la naturaleza perjudicial de esa prueba no pudo ser subsanada por nada que el juez pudiera haber dicho. El daño fue irreparable.

Nos sentimos obligados, por lo tanto, en justicia al acu-sado, a resolver que las observaciones hechas por el fiscal en este caso, al efecto de que el testigo Antonio Rivera Córdova había ido a su oficina y había manifestado que la defensa le había ofrecido dinero para que abandonara la isla y pudiera incriminársele, fueron totalmente impropias, y perjudiciales para él acusado, y exigen que la sentencia de la corte inferior sea revocada y el caso devuelto para un nuevo juicio, y así se ordena.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Isidoro Rivera González, querellante y apelante, v. Andrés A. Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, querellado y apelado.
    Núm. 7582.

    Sometido: Febrero 21, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Arturo O’Neill, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en este recurso de hábeas corpus babía sido convicto por una corte municipal de infringir una orden de la Comisión de Servicio Público, cuya parte dispositiva, según fue enmendada en marzo 16, 1935, lee en parte como sigue:

“Se ordena además, y por la presente queda prohibido, el que ningún vehículo de motor que no haya sido previamente autorizado por la Comisión, actúe, sirva, funcione u opere como porteador pú-blico en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general mediante paga y por asiento entre puntos incluidos dentro de las rutas servidas por la White Star Bus Line, Inc.”

La corte de distrito expidió el auto y luego de celebrar una vista, declaró sin lugar la petición. El peticionario apela. Alega que la corte de distrito cometió error al soste-ner la validez de la orden y al sostener la validez de la sección 95 de la ley de servicio público según fue enmendada en 1927 (segunda sesión extraordinaria, págs. 399-407).

La White Star Bus Line, Inc. es dueña de una franquicia que le da autoridad exclusiva para establecer, mantener y explotar un servicio de guaguas mediante paga, para el transporte de pasajeros entre y dentro de las municipali-dades de San Juan y Río Piedras y puntos intermedios. La franquicia dispone que todas las rutas del servicio autori-zado por la franquicia serán fijadas por la Comisión de Servicio Público luego de celebrarse una vista, en la cual se dará a la concesionaria oportunidad de ser oída. Provee además qne la autoridad exclusiva concedida se aplicará al transporte local dentro y entre los municipios de San Juan y Río Piedras, a través, en o fuera de los referidos muni-cipios de San Juan y Río Piedras.

La primera contención del apelante bajo el primer señalamiento parece ser que la orden de la Comisión de Servicio Público es nula toda vez que la prohibición no se limita a ómnibus (guaguas). El monopolio de transporte de pasajeros en guaguas fué, según insiste el apelante, lo que la Comisión tuvo en mente al conceder la franquicia. En apoyo de esta teoría el apelante nos cita el caso de Santiago v. Comisión de Servicio Público, et al., 37 D.P.R. 501, 516, donde esta corte dijo:

“La franquicia de que se trata concede a la White Star el derecho exclusivo de transportar pasajeros en ómnibus entre San Juan, sus barrios y Río Piedras, usando como es consiguiente las calles y caminos públicos,, mediante ciertas condiciones y sujeta al control de la Comisión.”

Sin embargo, en dicho caso el competidor de la White Star Line era dueño de una guagua de veintidós pasajeros. La cuestión relativa a si el factor exclusivo de la franquicia se limitaba al transporte en guaguas, no estaba envuelta ni estuvo en la mente de los jueces que constituían el tribunal. No quisimos decir ni dijimos que el transporte autorizado por la franquicia estaba limitado a esa clase de vehículos. La franquicia no usa la palabra ómnibus, sino que, conforme hemos demostrado, concede autoridad exclusiva “para esta-blecer, mantener y operar un servicio de guaguas mediante paga para el transporte de pasajeros entre y dentro de las municipalidades de San Juan y Río Piedras y puntos inter-medios.”

En 42 Corpus Juris 611, sec. 7, se dice:

“Ómnibus o guagua puede ser definido como cualquier automóvil o vehículo sin carriles dedicado al negocio de transportar pasajeros mediante paga y corrido o funcionado por determinada ruta, hacia un punto específico o dentro de determinado territorio.”

La orden de la Comisión quizá pudo haber sido concebida en términos distintos, tal vez pndo redactársele en lenguaje más afortunado. Lógicamente interpretada no prohíbe el uso de ningún vehículo de motor al no ser éste utilizado como guagua por las rutas fijas de la White Star Line. Un taxí-metro o un carro de turismo — mientras es utilizado como tal taxímetro o automóvil de turismo — no es una guagua. Cuando un taxímetro o automóvil de turismo es corrido o explotado por determinada ruta y por ese servicio el dueño o conductor cobra de cada pasajero cierta suma por asiento, entonces el vehículo deja de ser un taxímetro o automóvil de turismo y se convierte en un ómnibus. No estamos pre-parados para decir que la orden de la Comisión era ultra vires y nula, meramente porque prohibía el uso no autorizado de un carro de turismo o de un taxímetro o de cualquier otro vehículo de motor, como porteador público, por las rutas fijadas para la White Star Line, a determinado precio por asiento que debería ser pagado por cada pasajero recogido en cualquier punto de dichas rutas.

Otra contención bajo el primer señalamiento es que la Comisión de Servicio Público no puede crear o definir un delito. En apoyo de esta contención el apelante cita: Artículo 2 de la Ley Orgánica; Artículo 5 del Código Penal; 16 Corpus Juris 64, sec. 22; Ex Parte Rivera, 34 D.P.R. 773; Pueblo v. Paratze, 22 D.P.R. 38, 40; Pueblo v. Terrasa, 28 D.P.R. 11, 13; Ex Parte Rivera, 35 D.P.R. 285; Nota 58(a) y casos citados en 16 C. J., supra; 6 R.C.L. 435-437; 16 C. J. 62, sec. 10; 6 R.C.L. 164, 165, sec. 165-166; Id. 177, 178, sec. 178; Morril v. Jones, 106 U. S. 466; U. S. v. Eaton, 144 U. S. 677; U. S. v. Symonds, 120 U. S. 46; Todd v. U. S., 278; U. S. v. Grimaud, 220 U. S. 506; U. S. v. Keitel, 157 F. 396; U. S. v. Sandefuhr, 145 F. 49; U. S. v. Maid, 116 F. 650; Hampton & Co. v. U. S., 276 U. S., 394, 408.

La médula del argumento es ésta:

El peticionario no fné acusado de infringir ninguna ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; su arresto y convicción se basaron en una orden de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico; la comisión no tiene facultad para crear o definir un delito en Puerto Rico; si el acto en cuestión no estaba prohibido por la ley, el peticionario no había cometido delito alguno; su arresto, acusación y convicción fueron contrarios a las disposiciones del Código Penal y estaban en pugna con el principio fundamental que protege al ciudadano de ser procesado y castigado por la Comi-sión de un acto no prohibido expresamente por la ley; el debido procedimiento de ley presupone la existencia de un estatuto que ha sido violado; la Comisión ha creado un nuevo delito; para que un acto sea un delito es esencial el ejercicio de un poder legislativo que no puede ser delegado; la Comisión no puede enmendar ninguna ley ni adicionando sus disposiciones ni suprimiendo ninguno de sus términos; una ley' debe ser tan completa en todos sus términos y disposiciones cuando abandona la rama legislativa del gobierno, que nada ha de dejarse al criterio de los lectores o a cualquier otro subalterno o delegado del poder legislativo; cuando un estatuto re-sulta incompleto como pieza de legislación y autoriza a un cuerpo ejecutivo que decida qué ha de constituir una infracción de la ley y qué no, se declarará que el mismo es inconstitucional por tratar de hacer una indebida delegación de poderes legislativos.. .; lo que las ramas ejecutivas del gobierno o sus diferentes departamentos pueden hacer es promulgar reglas o reglamentos en armonía con los preceptos legales; no pueden decretar nada que se salga de los obje-tivos del estatuto; la ley de servicio público no prohibe la compe-tencia, y la Comisión, al prohibir la competencia con la White Star Line, fué más allá de los fines de la ley; legislaba, y al fijar como penalidad por la infracción de la orden la penalidad dispuesta para otro fin por la sección 95 de la ley, erró desde el punto de vista del derecho constitucional así como al interpretar la ley.

Una discusión adecuada de todas estas cuestiones y de todas las autoridades citadas por él apelante, haría que esta opinión resultara excesivamente larga.

Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U. S. 388, es para el apelante tal vez un caso más fuerte que cualquiera de las autoridades citadas por él. Véase también Schechter Corp. v. U. S., 295 U. S. 495.

Empero, en el cnrso de la opinión emitida en el caso de Panama Refining Company, la corte dijo, a la página 421:

i “. . . Es indudable que con frecuencia ha de adoptarse legisla-ción para condiciones complejas que envuelven un número de detalles con que la legislatura nacional no puede intervenir directamente. La Constitución nunca ha sido interpretada en el sentido de que niega al Congreso los recursos necesarios de flexibilidad y practica-bilidad que le permítan ejercer sus funciones al sentar principios y establecer normas, mientras que deja a determinadas dependencias la preparación y adaptación de reglamentos subordinados dentro de determinados límites; y la determinación de hechos a que ha de aplicarse tal norma conforme la misma ha sido declarada por la Asamblea Legislativa. Sin tener capacidad para conceder una auto-rización dé esa índole, tendríamos la anomalía de un poder legisla-tivo que en muchas circunstancias que requieran su ejercicio, resul-taría enteramente fútil. Pero el reconocimiento que constantemente se ha hecho de la necesidad y validez de tales disposiciones, y el inmenso campo de autoridad administrativa que se ha desarrollado por medio de ellas, no puede permitirse que oscurezcan las limita-ciones de la autoridad para delegar, si es qu$ ha de sostenerse nuestro sistema constitucional.”

Conforme indicó el Juez Asociado Sr. Cardozo en su opinión disidente, “la opinión prevaleciente” admitió que una norma (standard) hubiera sido “tan eficaz como si se le hubiese incluido en la sección 9(c) ” de la Ley Nacional de Reconstrucción Industrial, “mediante razonable implicación, tal cual si se le hubiese incluido allí textualmente.” En la opinión de la mayoría y a la página 416, la corte, luego de escudriñar la sección 9(c), dijo:

"Examinamos el contexto para determinar si éste ofrece una declaración de la política o norma de acción que pueda considerarse como que se refiere al asunto tratado en la sección 9(c) y que im-plica así aquello que en ella no se expresa.”

La concesión general de la autoridad legislativa, conte-nida en la sección 32 de la primera Carta Orgánica, fue limi-tada por el siguiente disponiéndose:

' . Disponiéndose, sin embargo, que toda concesión de fran-quicias, derechos y privilegios, o concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por el Consejo. Ejecutivo, con la apro-bación del Gobernador, y toda franquicia concedida en Puerto Rico será comunicada al Congreso, el cual se reserva por la presente la facultad de anularla o modificarla.”

El artículo 38 de la segunda Carta Orgánica, provee:

“Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Público.... Dicha Comisión queda- facultada para desempeñar, y se le ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas relacionadas con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo Ejecutivo, y aquellos deberes y funciones adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asam-blea Legislativa.”

Los miembros de esta Comisión tienen cpie ser nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Se-nado. De conformidad con los términos de ese artículo ■“dicha Comisión queda facultada para desempeñar, y se le ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas rela-cionadas con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo Ejecutivo, y aquellos deberes y funciones adicionales que se confieran a -dicha Comisión por la Asamblea Legislativa.”' El párrafo final lee así:

“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico queda autorizada por la presente para decretar leyes relativas a la reglamentación de los precios, tarifas y servicios de todos los porteadores públicos en Puerto Rico, y la Comisión de Servicio Público creada por esta ley tendrá facultad para poner en ejecución las leyes de ese carácter mediante reglamentación adecuada. ’ ’

En 1917, la Asamblea Legislativa Insular aprobó una ley conocida con el nombre de “Ley de Servicio Público de Puerto Pico” titulada: “Ley definiendo las compañías de servicio público y proveyendo lo necesario para su regla-mentación; prescribiendo, definiendo, reglamentando y limi-tando sus derechos, facultades y deberes; prescribiendo y definiendo las facultades y deberes de la Comisión de Ser-vicio Público, y los de sus funcionarios; prescribiendo y reglamentando la práctica y el procedimiento ante dicha Comisión y en apelación, y para otros fines.” (Leyes de ese año, pág. 433, vol. 2.)

El artículo 2 reza, en parte, así:

"Son compañías de servicio público, a los efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas que se dediquen en Puerto Rico a cualesquiera de los fines o negocios siguientes:
"(a) Transporte de personas o carga utilizando en todo o en parte las vías marítimas, fluviales o terrestres.
"La frase ‘porteador público’, según se usa en esta ley, incluye toda persona natural o jurídica dedicada por lucro al transporte de pasajeros, o carga, o de ambas cosas en Puerto Rico, por cualquier medio de locomoción.”

El artículo 3 impone a toda compañía de servicio público el deber de:

“(a) Servicio y facilidades de seguridad. — Prestar y mantener aquel servicio, incluyendo facilidades, que en todo sentido fuere justo, seguro, razonablemente 'adecuado, y prácticamente suficiente para el acomodo y seguridad de sus favorecedores, empleados, y del público, y de conformidad con los reglamentos u órdenes razonables que la Comisión dictare.
"(1) Deberes específicos de porteadores públicos respecto a sus facilidades. — Si fuese una compañía de ferrocarril o compañía de ferrocarril urbano, u otro porteador público, deberá suministrar un número suficiente de trenes, carros, vehículos, embarcaciones u otras facilidades, debiendo administrarlo y explotarlo con la fuerza motriz que pueda razonablemente exigirse para el transporte de todos los pasajeros o carga que procurare dicho transporte o se le ofrecieren; y despachar y explotar sus predichos trenes, carros, vehículos, embar-caciones u otras facilidades con la frecuencia suficiente a intervalos propios y razonables y entre aquellas estaciones o puntos que la Comisión, según la conveniencia y seguridad general del público, requiriere; y, cuando la Comisión lo exigiere, cambiar el itinerario-para la explotación de sus trenes, carros, vehículos, embarcaciones u otras facilidades; y en general hacer cualesquiera otros ari’eglos y mejoras en su servicio que la Comisión determinare y requiriere; Disponiéndose, que cuando algún tren, carro, vehículo o embarcación sufriere alguna avería, será inmediatamente retirado del servicio y suplido por otro que esté en buenas condiciones.
“(y) Obedecer las órdenes y reglas de la Comisión. — Deberá observar y obedecer todas y especialmente las órdenes y reglamentos legales que se dictaren o hicieren por la Comisión en el ejercicio de las facultades que le están conferidas por esta ley.”

El artículo 9 dispone que será ilegal por parte de cualquier porteador público.:

“(a) Recorrido largo y corto. — Cobrar o recibir una compensa-ción mayor, en junto, por el transporte de pasajeros o propiedad de la misma clase por una distancia más corta que por una más larga sobre la misma línea en la misma dirección, estando incluida la distancia más corta en la más larga; y a menos que la Comisión espe-cialmente lo autorizare, cargar una compensación mayor, como precio de uno a otro punto, que la totalidad de los precios intermedios, pero esto no se interpretará en el sentido de autorizar a cualquier por-teador público para cobrar y recibir igual compensación por una distancia más corta que por otra más larga. Nada de lo contenido en este artículo prohibirá que los porteadores públicos establezcan sistemas de precios razonables por zonas.”

Los artículos 14, 24 (ambos en parte), 25, 48 según fué enmendado en 1927 (en parte), 49, 50, 52 (en parte), 53, 67 (en parte), 92 (en parte) y 95 según fué enmendado en 1927 (en parte), proveen lo siguiente:

Artículo 14:

“La Comisión de Servicio Público creada por la Ley Orgánica desempeñará todas las funciones ejecutivas relativas a compañías de servicio público que hasta ahora han sido ejercitadas por el extin-guido Consejo Ejecutivo y concederá toda franquicia, derecho, poder y privilegio de naturaleza pública o cuasi pública, según se dispone en aquella ley y en la presente. Tendrá también la facultad de reglamentar a toda compañía de servicio público según se especifica en aquélla y en esta ley y para llevar a cabo las disposiciones de ésta, y se conocerá con el nombre de ‘Comisión de Servicio Público de Puerto Rico.’ ”

Artículo 24:

“Poderes Generales.- — La Comisión tendrá poder general adminis-trativo y autoridad según se dispone en la Ley Orgánica, y en esta ley, para desempeñar todas las funciones ejecutivas relativas a com-pañías de servicio público que hasta ahora estaban conferidas por la ley al extinguido Consejo Ejecutivo; para hacer toda concesión de franquicias, derechos y privilegios, de carácter público o cuasi público; para inspeccionar y reglamentar todas las compañías de servicio público que hicieren negocios en Puerto Kico, y para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
“Dicho poder y autoridad incluirá el poder de inquirir, oír, de-terminar y reglamentar el servicio, precios, pasajes, o cargas de cualquiera y toda compañía de servicio público, incluyendo precios individuales y mancomunados; .... la realización de reparaciones,, alteraciones, y mejoras en el servicio que razonablemente fueren nece-sarias para la comodidad o seguridad de sus favorecedores, empleados y para el público; la concesión de trasbordos de una parte del sistema del mismo porteador público a otra; la distribución justa y equitativa de trenes, carros, vehículos y fuerza motriz, u otras faci-lidades, de todos los porteadores públicos; ... la seguridad, suficiencia y lo adecuado de las facilidades, planta y equipo para la explotación de su negocio por dichas compañías de servicio publico; ....”

Artículo 25:

“Reglamentación de servicios, facilidades, reglas, reglamentos y prácticas. — Siempre que la Comisión determinare, después de audien-cias celebradas de oficio, o en virtud de querella, según más adelante se dispone, que el servicio, facilidades, reglas y reglamentos, prácticas o clasificaciones de cualquier compañía de servicio público en relación con sus deberes públicos son inseguros, inadecuados, insuficientes, injustos o irrazonables, la Comisión determinará y especificará en orden por escrito, que deberá dictarse y archivarse según se dispone más adelante, el servicio, facilidades, reglas, reglamentos o prácticas justas, razonables, seguros, adecuados y suficientes, que deberán ser puestos en vigor, observados, prestados o suministrados en el desem-peño de sus deberes públicos por dicha compañía; y, previa notifica-ción, será el deber de toda compañía de servicio público, a la cual afectare dicha orden, observarla y obedecerla.”

Artículo 48:

“Reglas y reglamentos. — Penalidad por su infracción. — Reserva de informes. — La Comisión podrá dictar reglas y reglamentos no incongruentes con la ley, que fueren necesarios o propios para el ejercicio de sus facultades o para el desempeño de sus deberes. Dichas reglas y reglamentos serán sometidos al Gobernador de Puerto Rico, quien tendrá la obligación de aprobar o desaprobar los mismos. Una vez aprobados por el Gobernador, las referidas reglas y reglamentos tendrán fuerza y efecto de ley, y cualquier persona que, a sabiendas, infringiese los mismos, o que, a sabiendas, procurare, ayudare o indujere a tal infracción, será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere por un tribunal competente, será castigada con multa no mayor de cien (100) dólares; Disponiéndose, que las cortes municipales de la Isla tendrán jurisdicción en estos casos.”

Artículo 49:

“Poder para hacer cumplir la ley. — En adición a los precedentes poderes expresamente enumerados, la comisión tendrá autoridad, y será su deber, hacer cumplir, ejecutar y llevar a cabo, por medio de sus órdenes, providencias, reglamentos o de otro modo, todas y especialmente las disposiciones de los capítulos segundo y tercero de esta Ley, referentes, respectivamente, a los deberes y limitaciones, y a la creación de las facultades y limitaciones de facultades de las compañías de servicio público; y todas y especialmente las demás disposiciones de esta ley y la completa intención de las mismas; y tendrá el poder de rescindir o modificar dichas órdenes, providencias o reglamentos.”

Artículo 50:

“La enumeración de poderes no excluirá otros. — La enumeración de los poderes de la Comisión, que se hace en esta ley no implicará limitación de sus facultades de acuerdo con la misma.”

Artículo 52:

“Concesiones que se hicieren. — La Comisión tendrá poder para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para fines públicos o cuasi públicos incluyendo el derecho de usar o cruzar carreteras, caminos o cauces de agua públicos; ....’’

Artículo 53:

“Condiciones y clases de concesiones. — La Comisión tendrá poder para determinar los términos y condiciones de las franquicias, de-rechos, privilegios o concesiones, que otorgare para determinar los casos en que deberán otorgarse; y estará facultada para exigir un canon periódico por el ejercicio de los mismos.”

Artículo 67:

“Querellas ante la Comisión. — Cualquier persona, individual o jurídica, que se quejare de cualquier cosa liecba o próxima a hacerse, omitida o próxima a omitirse por cualquier compañía de servicio público con infracción de cualesquiera de los requisitos o disposi-ciones de esta ley o de cualquier determinación, decisión ■ u orden legal de la Comisión, podrá dirigirle a la Comisión, mediante soli-citud. .. .una copia de ésta se enviará inmediatamente bajo pliego certificado, por la Comisión, a cualquier oficial o agente de la com-pañía de servicio público contra la cual se presentare la querella, acompañada de una notificación de la Comisión ordenando a la compañía querellada, que satisfaga la querella o que la conteste por .escrito, dentro del tiempo razonable que la Comisión especificare en dicha notificación. ’ ’

Artículo 92:

“Cumplimiento de órdenes. — Toda compañía de servicio público, sus oficiales, agentes y empleados a quienes afectare cualquier orden final de la Comisión... .obedecerán, observarán y cumplirán dicha orden y los términos y condiciones de la misma mientras estuviere y continuare en vigor.”

Artículo 95:

“Pena por infracción de la ley. — Si cualquier persona o compañía de servicio público.. .dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cumplir cualquier disposición, requisito, deter-minación u orden final que hubiere dictado la comisión... dicha com-pañía de servicio público, incurrirá, convicta que fuere, por una corte de jurisdicción competente, en multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa.”

No ignoramos el hecho .de que no existe un estatuto que prohíba que se haga una competencia no autorizada a la cesionaria de una franquicia exclusiva. La Asamblea Legis-lativa no ha conferido expresamente a la Comisión de Ser-vicio Público la facultad de prohibir tal competencia. No hay una declaración específica relativa a la política legisla-tiva sobre tal competencia. De haber alguna norma esta-tutaria fija, algunas reglas fundamentales o criterios que sirvan de guía a la Comisión, éstos deben bailarse en dispo-siciones que no tratan directamente,, con la cuestión de‘ tal competencia. De poderse ecbar a un lado por completo otras consideraciones, sería bastante fácil decir que la Asamblea Legislativa no ha establecido ninguna pauta a este respecto; que no ha establecido ninguna norma ni promulgado nin-gunas reglas fundamentales que sirvan de guía a la Comi-sión; que no existe cuestión de delegación inconstitucional ni traspaso alguno de funciones legislativas esenciales, toda vez que no ha habido delegación de autoridad sobre la cuestión de competencia no autorizada. Debe llegarse a esta conclusión tan sólo al no haber una puerta de escape y aun entonces con gran vacilación.

El concesionario de una franquicia exclusiva de ordi-nario acepta algunas condiciones onerosas especificadas en la propia franquicia. Asume las obligaciones impuéstasle por la Ley de Servicio Público y aquéllas que pudiesen ser fijadas sobre él por la Comisión de Servicio Público bajo dicha ley. Implica un gran caudal de responsabilidad. No puede evadir esta responsabilidad. Tiene algunos derechos que no pueden ser ignorados.

En 12 Corpus Juris 839, 841, sec. 323, hallamos lo si-guiente :

‘1.... La dificultad consiste, no en determinar el principio regu-lador, sino en aplicarlo a casos concretos. Con la complejidad cre-ciente de la vida moderna, la multiplicación de los objetos de la reglamentación gubernamental y la dificultad aumentada de hacer cumplir las leyes, hay una tendencia que crece constantemente hacia la delegación de mayores poderes por la Asamblea Legislativa y hacia la aprobación de tal práctica por las cortes..."

Cualquiera que sea la tendencia general de la opinión judicial, la Comisión de Servicio Público moderna es un ejemplo típico de aquellas instrumentalidades preferidas a quienes puede dejarse “la preparación y adaptación de reglamentos subordinados dentro de determinados límites y la determinación de hechos a que ha de aplicarse tal norma conforme la misma lia sido declarada por la Asamblea Legis-lativa.” La eficiencia de tal Comisión depende grandemente de la actitud de las cortes. Tal eficiencia no debe ser menos-cabada o destruida, si es posible evitar ese resultado. Ésta es una cuestión que afecta el interés, conveniencia y segu-ridad públicos, de tal manera que ella no debe ser pasada por alto ni menospreciada.

La.Comisión de Servicio Público desempeña “todas las funciones ejecutivas relacionadas con corporaciones de ser-vicio público” que habían sido otorgadas anteriormente por la ley al Consejo Ejecutivo. Ejerce tales otros poderes y funciones que le han sido conferidos por la Legislatura Insular. Su poder de conceder franquicias es ilimitado. El poder de conceder una franquicia exclusiva que imponga al concesionario la obligación de operar sobre rutas fijas a ser determinadas por la Comisión de Servicio Público y que lo someta a todas las obligaciones y deberes impuestos a una compañía de servicio público por la Ley de Servicio Público y a todos los poderes conferidos por la Comisión por tal ley, conlleva, a nuestro juicio, el poder incidental de proteger al concesionario y al público en general de una competencia desastrosa y no autorizada por las rutas en las cuales los vehículos del concesionario están obligados a transitar y de las cuales no se les permite desviarse.

La Ley de Servicio Público en su totalidad revela una política legislativa definida de supervisión, reglamentación y control sobre las compañías de servicio público y sobre los porteadores públicos. Peglamenta estas compañías y por-teadores hasta cierto punto, establece determinadas normas, criterios y reglas que servirán de guía a la Comisión de Servicio Público y por y mediante sus propias órdenes, reglas y reglamentos confiere además a la Comisión la facultad de reglamentar, supervisar y controlar tales com-pañías y porteadores.

El artículo 52, conforme hemos visto, dispone expresa-mente que “la Comisión tendrá poder para otorgar fran-quicias, derechos, privilegios o concesiones para fines pú-blicos o cuasi públicos incluyendo el derecho de usar o cruzar carreteras y caminos.” No fija limitación o restricción a este poder. La facultad de otorgar a una compañía de servicio público el derecho a utilizar una vía pública como única ruta por la cual se le permite explotar su negocio, incluye la facultad de prohibir el uso no autorizado de la misma vía por otras compañías de servicio público dedi-cadas al mismo negocio con el propósito de explotar el mismo. El resolver lo contrario haría que las disposiciones del artículo 38 de la Carta Orgánica y los artículos 52 y 53 de la Ley de Servicio Público resultaran nulas hasta el grado que esas disposiciones otorgan a la Comisión de Servicio Público autoridad para conceder una franquicia exclusiva; reduciría la capacidad adquisitiva de la concesionaria de tal franquicia; menoscabaría la eficiencia de sus servicios, pon-dría en peligro la seguridad pública, aumentaría el costo .del transporte a expensas del público y a costa de aquella parte del público que puede haber invertido dinero en los bonos y acciones expedidos por la concesionaria para poder realizar su negocio; tendería a destruir la habilidad de la concesionaria para hacer frente a las obligaciones impués-tasle por la franquicia y por los términos y condiciones de la Ley de Servicio Público; haría prácticamente inservible el factor monopolístico de la franquicia; y equivaldría a una penalidad e injusticia innecesarias, por no decir a un fraude, para con aquéllos que hubieran invertido su dinero en una empresa de servicio público, de buena fe y en la esperanza razonable de que ellos y la concesionaria serían protegidos en el ejercicio y disfrute de un privilegio exclusivo.

El artículo 53 otorga a la Comisión “poder para deter-minar los términos y condiciones de las franquicias, derechos, privilegios o concesiones, que otorgare.” La Comisión ejerció este poder de determinación cuando confirió a la White Star Bus Line autoridad exclusiva para establecer, mantener y explotar un servicio de guaguas, mediante paga para el transporte de pasajeros por las rutas que fijare la Comisión. Esto fué, a nuestro juicio, una “determinación legal” dentro del significado de esa frase conforme la misma es usada en el artículo 67 de la Ley de Servicio Público. En ninguna parte de los autos que tenemos ante nos aparece íntegramente la orden de la Comisión de Servicio Público tal cual fué enmendada en 1935. De la opinión emitida en el caso de White Star Bus Line, Inc. v. Corte de Distrito, 52 D.P.R. 837, se desprende que la White Star Line fué la peticionaria en el procedimiento que dió lugar a que se dictara la orden original. Los autos que mediante certiorari fueron elevados a este tribunal en aquel caso, ya han sido devueltos a la corte de distrito. Es lógico inferir que una copia completa de la orden, bien fuera en su forma original o en la forma enmendada, suministraría más información que la contenida en la parte dispositiva de la misma. De todos modos, no tenemos razón para creer que la Comisión no siguió el procedimiento fijado en el artículo 67 de la Ley de Servicio Público. En un procedimiento para obtener una orden o una enmienda de la misma, la Comisión no puede equivocarse si toma como guía la norma trazada por la Legis-latura en otras partes de la ley, como, por ejemplo, en los incisos (a) y (l) del artículo 3, a saber, “aquel servicio, incluyendo facilidades, que en todo sentido fuere justo, seguro, razonablemente adecuado, y prácticamente suficiente para el acomodo y seguridad de sus favorecedores, emplea-dos, y del público”, “según la conveniencia y seguridad general del público requiriere.” Conforme hemos demos-trado, la Ley de Servicio Público impone a toda compañía de servicio público el deber de obedecer todas las órdenes legales de la Comisión. El artículo 95 creó y definió el delito y fijó la penalidad que debía imponerse por infrac-ciones a la misma al ordenar que:

“Si cualquier compañía de servicio público... dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cumplir cualquier disposición, requisito, determinación u orden final que hubiere die-tado la Comisión... dicha compañía de servicio público pagará al Tesoro de Puerto Rico una suma no menor de cincuenta (50) dólares, ni mayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa... ”

En el caso número 7770, En el asunto de la White Star Bus Line, Inc., etc., Jaime Ortiz et als., apelantes, ante, página. 390, este tribunal dijo:

"Por tanto, si la Ley de Servicio Público ha de tomarse en su, valor a la par, la Comisión de Servicio Público tenía pleno derecho-a reglamentar el tránsito y a prohibir absolutamente a los dueños, de vehículos de motor que transportaran pasajeros a cinco centavos por asiento o sin obtener un certificado o autorización de la Comisión de Servicio Público.
"No podemos convenir con los apelantes en que la Comisión de Servicio Público está creando un delito. Lo que hace prima facie es ejercer autoridad para reglamentar el tránsito de personas como los apelantes y otros que se dedican al mismo negocio, en este caso, dentro de las municipalidades de San Juan y Río Piedras y puntos-intermedios. Los casos son claros al efecto de que a las órdenes de las comisiones de servicio público y de otros cuerpos administrativos puede ponérseles en vigor mediante una disposición penal general como la contenida en el artículo 95, supra.”

La teoría del segundo señalamiento es que la sección 95 es nula por ambigua. El argumento es: que dicha sección no dice cuáles son las órdenes cuya inobservancia constituye delito; para el legislador la infracción de una orden, ora sea ésta legal o ilegal, ora sabia o torpe, ya sea posible o imposible su cumplimiento, constituye un delito; actos que se consideran delictivos deben describirse minuciosamente si es que se persigue que los ciudadanos se abstengan de cometerlos. En este caso el apelante cita de 16 Corpus Juris 67 y 68, sección 28, y de la nota 10 varios extractos que a su vez citan Czarra v. Board of Medical Supervisors of the District of Columbia, 25 App. (D.C.) 443; U. S. v. Capital Traction Co., 34 App. (D.C.) 592; U. S. v. Washington R. etc. Co., 34 App. (D.C.) 599; Stoutenburgh v. Frazier, 16 App. (D.C.) 229, 234; State v. Gaster, 45 La. Ann. 636, 638; Augustine v. State, 52 S. W. 77. También nos refiere a 16 Corpas Juris 62, en apoyo de su contención .al-efecto de que la facultad para determinar qué actos serán constitutivos de delito no puede conferirse a ningún depar-tamento de la rama ejecutiva del gobierno, de lo cual con-cluye que un,estatuto penal que no describe el delito que castiga y que deja a una comisión el determinar lo que se considerará un delito, es nulo, tanto en lo que se refiere a la infracción de principios constitucionales como por el becho de su ambigüedad. Quizá una respuesta suficiente a este argumento puede encontrarse en 12 C. J. 846, 852, secciones 329, 338, subdivisiones “Definiendo ofensas penales” y “Poder para fijar la pena”, donde leemos lo siguiente:

“Definiendo ofensas penales. Se ba resuelto por algunas autori-dades que el departamento legislativo no puede delegar en un funcio-nario ejecutivo el poder de determinar qué actos en relación con determinada materia constituirán un delito. Los casos a este efecto ■en las cortes federales de inferior categoría, sin embargo, ban sido revocados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y está abora •establecida la regla de que la legislatura puede autorizar un funcio-nario a formular reglas y reglamentos con el.propósito de llevar a cabo los fines del estatuto y puede hacer que una infracción de estas reglas constituya delito, castigable en alguna forma fijada por la ley vigente.
“Poder para fijar la pena. — Como regla general, la legislatura no puede delegar en una comisión el poder de fijar una pena. Sin embargo, puede autorizar a una comisión de ferrocarriles a fijar los deberes sobre los cuales un estatuto imponiendo una pena había de regir; y se ba resuelto que la legislatura puede aun delegar el poder de fijar una pena por una infracción de un reglamento, en aquellos casos en que la fijación de una pena justa envuelve la consideración de tantos hechos que ella no puede ser debidamente fijada por la asamblea legislativa.”

Sea ello como fuere, interpretando la sección 95 a la luz de su contexto, creemos que las órdenes a que hemos hecho referencia son órdenes tan razonables y legales como las que puedan dictarse por la comisión en el ejercicio dé lá auto-ridad eonferídale por la Ley de Servicio Público, y, en ausencia de nna demostración más fuerte, no estamos pre-parados para decir qne la sección es nnla por ambigua.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Manuel Carbó Gorbea y Dolores y Consuelo Carbó y Carbó, demandantes y apelantes, v. Josefa Portilla, Matilde Castro Vda. de Gorbea; José, Pedro, Gaspar, Rafael, Aurora y María Teresa Gorbea Castro; Josefa y Concepción Gorbea Guzmán, por sí y como herederas de Laura y Angeles Gorbea Guzmán; María Esther Gorbea Montero y Jorge Gorbea Rodríguez, demandados y apelados.
    Núm. 7521.

    Sometido: Abril 27, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; Angel A. Vázquez, abo-gado de los apelados de apellido Gorbea comparecientes.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso son iguales a los que esta corte tuvo ante sí en el de Sucn. Gorbea v. Portilla, 46 D.P.R. 289, y de la opinión allí emitida los transcribimos:

“La casa alta Núm. 23, antes Núm. 25, de la calle del Santo Cristo esquina a la de San Francisco, llamada ahora Salvador Brau, en esta ciudad, era propiedad de Juan José Gorbea desde antes de 1845, pues el 15 de febrero de ese año sus herederos y los de su hermano José Ramón Gorbea otorgaron escritura ante notario en la que haciendo constar que aunque la expresada casa fué adjudi-cada a los padres de ambas sucesiones como herencia de su común madre Magdalena García, habían ellos convenido en documento pri-vado que la casa fuese únicamente de Juan José Gorbea mediante cierta cantidad de dinero que pagó a su hermano, por lo que los herederos de José Ramón Gorbea reconocieron que los herederos de Juan José Gorbea eran los únicos dueños de ese inmueble. Los here-deros del dueño Juan José Gorbea fueron nueve hijos, quienes en el mismo año 1845 constituyeron hipoteca sobre esa casa por 3,000 pesos a favor de la Real Hacienda para garantizar al hermano Manuel en el empleo de interventor de la aduana de Guayanilla para el cual fué nombrado; hipoteca que en junio del año 1870 fué ampliada a 8,000 escudos españoles para garantizar al mismo hermano como contador de rentas’ y aduana de Ponce. En octubre del mismo año ampliaron la hipoteca de la misma casa por la can-tidad de 10,000 escudos españoles para garantizar a ese hermano como contador de rentas y aduana de Mayagüez. Esa hipoteca y sus ampliaciones fueron inscritas en el antiguo Registro. Muchos de los hijos de Juan José Gorbea murieron solteros y sin sucesión, heredándoles sus otros hermanos. Uno de esos hijos fué José Faustino Gorbea, que ha fallecido, padre de algunos de los demandantes, y abuelo de dos de ellos. Otra hermana era Dominga Gorbea, que falleció con testamento en el que después de manifestar que era soltera y sin descendencia legítima o ilegítima y que por sus bienes le corresponde una parte en la casa a que venimos refiriéndonos, instituyó por único heredero suyo a José Severo Gorbea, expósito, a quien desde su infancia había tenido a su calor. Este José Severo Gorbea promovió en enero de 1893 un expediente posesorio de esa casa a su solo nombre como heredada de su madre Dominga Gorbea, y habiendo sido aprobado fué inscrita la finca a su favor sin per-juicio de tercero de mejor derecho. Al ser inscrito ese expediente posesorio se mencionaron la fianza hipotecaria que sobre ella pesaba y sus ampliaciones. Después de esa inscripción, fueron trasladadas en 1894 al nuevo registro la fianza hipotecaria y sus ampliaciones a que hemos hecho referencia, manifestándose en sus inscripciones 3 a., 4 a., y 5 a. que habían sido constituidas por los hermanos Gorbea, consignando los nombres de ellos, entre los que figuran José Faustino Gorbea y Dominga Gorbea. Estando subsistentes en el Registro las inscripciones de esos gravámenes, hechas a instancia del Comisionado de la Hacienda Pública, vendió José Severo Gorbea la casa como único dueño a Cesáreo Portilla el 22 de febrero de 1895, habiéndole manifestado antes los demandantes que no comprara la casa porque no era solamente de José Severo Gorbea pues ellos tenían una parte en ella por herencia de su padre José Faustino Gorbea. Muerto Cesáreo Portilla fué inscrita la casa en 1897 a nombre de su hija y heredera Josefa Portilla y posteriormente, 1899, fué cancelada la fianza hipotecaria y sus ampliaciones. Después de esos hechos fué anotada en el Registro de la Propiedad en 1899 una demanda de los ahora demandantes contra José Severo Gorbea y Josefa Portilla sobre el derecho que alegan tener como condueños sobre la finca y sobre nulidad del expediente posesorio; pleito que terminó, según admitió la demandada en su contestación a la quinta demanda en-mendada, por sentencia de 1909 que declaró sin lugar la demanda como consecuencia de una alegación de falta de prueba por los deman-dantes {nonsuit). Desestimada el 20 de abril de 1921 la apelación interpuesta contra esa sentencia fué radicada al día siguiente la demanda original de este pleito.”

Es conveniente aclarar, porque ello sirve de base a uno de los errores señalados por los apelantes, que en el pleito entablado en 1899 contra Severo Gorbea y Josefa Portilla, a que se hace referencia en la relación de hechos que precede, figuraron como demandantes no sólo la sucesión de José Faustino Gorbea, si que también la de Manuel Nemesio Gorbea que en igual carácter comparece en .éste. Véase Sucn. de Manuel Gorbea et al., demandantes y apelantes, v. José Severo Gorbea et al., demandados y apelados, núm. 2444, que fué desestimado por este Tribunal Supremo en 21 de abril de 1921.

El día 1 de mayo de 1934, según certificación expedida por el secretario de la corte a quo, o el día 5 de junio de igual año, según resolución del juez, Manuel Carbó Gorbea y Dolores y Consuelo Carbó y Carbó, descendientes y here-deros de Manuel Nemesio Gorbea, que componían entonces su sucesión, radicaron la demanda original de este pleito, en reclamación de una cuarta parte de la finca a que ya se ha hecho mención, y de los frutos correspondientes. En 21 de agosto de 1934 radicaron una demanda complementaria y en 19 de octubre siguiente dos más, una complementaria y otra complementaria enmendada, ambas fechadas el 15 de octubre de 1934. El 12 de febrero de 1935 la corte de dis-trito sostuvo una excepción de prescripción formulada pol-los demandados contra dichas demanda enmendada y de-manda complementaria y concedió a los demandantes un plazo de 10 días para enmendar, si podían. El 15 de aquel mismo mes radicaron otra demanda enmendada que a moción de los demandados fué eliminada de los autos por no con-tener enmienda alguna que subsanase los defectos de la anterior, concediendo al mismo tiempo un nuevo plazo de 10 días para enmendar. En 6 de mayo de 1935 los demandantes radicaron nueva demanda enmendada, y los demandados la misma excepción de prescripción que la corte por resolución de 11 de diciembre de 1935 declaró con lugar y concedió 10 días para enmiendas. Cerca de 14 meses contados desde el 11 de diciembre de 1935 pasaron los demandantes pidiendo prórrogas, para en 28 de enero de 1937 radicar demanda enmendada, que por no subsanar el defecto fatal de que adolecía la anterior,' fué, por sentencia del día 1 de marzo de 1937, eliminada, y ordenado el archivo y sobreseimiento del caso con imposición de costas a los demandantes, a quienes condenó también la corte a pagar $300 para hono-rarios de abogado. Esta sentencia fué enmendada con efecto retroactivo en 27 de marzo de 1937, para que tan sólo se entendiera archivado el caso en cuanto a los demandados que excfepcionaron la demanda, a saber, Josefa y Concepción G-orbea Guzmán, por sí y como herederas de Laura y Angeles Gorbea Guzmán, y María Esther Gorbea Montero y Jorge Gorbea Rodríguez, quedando abierto el pleito en cuanto a los demandados Josefa Portilla, Matilde Castro viuda de Gorbea, José, Pedro, Gaspar, Rafael, Aurora y María Teresa Gorbea Castro, quienes se encontraban en rebeldía desde el mes de agosto de 1934.

Contra esa sentencia del día 1 de marzo de 1937, según fué enmendada en 27 de marzo de igual año, han interpuesto los demandantes recurso de apelación, señalando en el ale-gato los siguientes ocho errores:

“1. Error de sostener la excepción previa de prescripción adqui-sitiva del dominio, np obstante ser defectuosa la forma de esta alega-ción.
“2. Error de entender que de la faz de la demanda aparece que los demandados apelados adquirieron el dominio por prescripción ■extraordinaria.
“3. Error de concluir que el pleito iniciado en 1899 terminó en 1921 en cuanto a la sucesión de Manuel Nemesio Gorbea y que no produjo interrupción de prescripción por haber sido absuelta de la demanda la demandada en tal pleito’.
“á. Error de sostener que los hechos alegados en la demanda no •demuestran que hubo interrupción de la prescripción por recono-cimiento hecho por el poseedor del derecho del dueño.
”5. Error de sostener que no hubo tal interrupción y según los hechos de la demanda por la demanda interpuesta por un condueño.
"6. Infracción de la doctrina del artículo 1849 del Código Civil •de 1902.
“7. Error de dictar sentencia odenando la eliminación de la tercera demanda enmendada.
"8. Error de imponer las costas a los demandantes.”

Sólo tenemos a la vista las demandas de fechas 6 de mayo de 1935 y 28 de enero de 1937. Son dos documentos suma-mente confusos, preñados de alegaciones innecesarias y faltos-de claridad en la expresión. A pesar de haber sido objeto de tanta enmienda, la del año 1937 es de tan difícil compren-sión como la del 1935. No obstante procederemos a la dis-cusión de los errores señalados en el alegato, que adolece de los mismos defectos de que están viciadas las demandas.

Por el primero se objeta la forma en que fue alegada -la prescripción. Las demandadas lo hicieron por ex-cepción previa de falta de hechos redactada así:

“La demanda, tal como ha sido enmendada, no aduce hechos-suficientes para determinar una causa de acción, pues de la faz de ella aparece, y así es en realidad, que los demandados ahora compa-recientes han adquirido, por prescripción extraordinaria, el dominio-de la totalidad de- la finca objeto de este pleito, por la posesión continua de ellos y de los anteriores dueños, sin interrupción alguna, durante un período mayor de 30 años, de acuerdo con lo determinado en el art. 1860, en relación con los 1861, inciso 1°., 1831, primer párrafo, 1844, 1846 y 1847, inciso 3°., todos del Código Civil Revi-sado de 1902, equivalentes a los arts. 1859, 1860, 1830, 1843, 1845, y 1846 del Código Civil, edición de 1930.”

Se quejan los apelantes de que no se invocara también el artículo 1841 del Código Civil, ed. 1930, que lee como sigue:

“Artículo 1841. — La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.”

A nuestro juicio ello no era necesario. Citaron, entre otros artículos, el 1859 (infra) y alegaron expresamente que se trataba de la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, lo que ampliamente informaba de la. clase de defensa interpuesta. Los demandados pudieron, sí, haber suminis-trado a los demandantes una relación completa de todos los artículos del código que directa e indirectamente se rela-cionan, aunque remotamente con el 1859. Pero el que de-jaran de hacerlo no les perjudica, si aportaron lo que era necesario.

"A nuestro juicio si bien debió alegarse de una manera más precisa el artículo de la ley en que se fundó la excepción de pres-cripción, en la forma en que se hizo se consignaron datos suficientes para plantear el problema jurídico y dicho problema fue bien enten-dido por la parte contraria, el demandante y apelante, y por la corte. Bajo tales circunstancias, opinamos que debemos prescindir de la cuestión de forma suscitada y resolver el recurso en su fondo— esto es, que estamos obligados a decidir si la acción ejercitada por el demandante había o no prescrito al tiempo de interponerse la demanda.” Orta v. Arzuaga et al., 23 D.P.R. 259, 263.

De modo, pues, que prescindiremos de la cuestión de forma para entrar en la de fondo, para lo cual agruparemos los errores 2, 3, 4, 5 y 6, que se pueden discutir conjunta-mente.

Dice el artículo 1859 del Código Civil, ed. 1930, que:

“Art. 1859. — Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 475, segunda sección, capítulo I, título VII, libro segundo, de este código.”

Y alegan los demandantes en su demanda que en 25 de enero de 1893 José Severo Gorbea inició un expediente pose-sorio de la finca mencionada, obteniendo indebidamente del juzgado su aprobación e inscripción a su nombre en el re-gistro de la propiedad en 31 de enero de 1893; que en 22 de febrero de 1895 la vendió a Cesáreo Portilla, quien falleció en 13 de mayo de 1896 pasando el inmueble por herencia a su bija, la aquí demandada, Josefa Portilla. Por último, que la posesión del condominio que en la finca reclaman ahora los demandantes pasó con otros condominios que totalizaban tres cuartas partes de ella, a los demandados Gorbea, por titulo de compra judicial, el día 5 de junio de 1934.

No hay duda alguna de que desde el 31 de enero de 1893, fecha en que José Severo Gorbea hizo inscribir a su nombre la finca, al día primero de mayo de 1934 en que los deman-dantes radicaron la demanda original de este pleito, han transcurrido más de treinta años, pero como los demandantes alegan en su demanda que en 1899 iniciaron contra José Severo G-orbea y Josefa Portilla un pleito en unión de la sucesión de José Faustino Gorbea, reclamándoles un condo-minio de esta finca, se hace necesario investigar si dicho pleito tuvo el efecto de interrumpir la prescripción que Ios-demandados invocan como defensa. Al efecto dicen los ar-tículos 1845 y 1846 del Código Civil (ed. 1930), que:

"Art. 1845. — La interrupción civil se produce por la citación judicial becba al poseedor, aunque sea por mandato de tribunal o-juez incompetente.
"Art. 1846. — Se considerará no becba y dejará de producir in-terrupción la citación judicial:
"1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales.
"2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia.
"3. Si el poseedor fuere absuelto de la demanda.”

Conocemos el resultado del pleito entablado en 1899 por las sucesiones de José Faustino y Manuel Nemesio Gorbea; la sentencia fué favorable a los demandados, pues en 21 de abril de 1921 recayó resolución de este Tribunal Supremo ordenando la desestimación del recurso de apelación que había sido entablado (véase supra). La citación judicial dejó pues de producir interrupción y ha de considerarse como no hecha. Hemos visto también que al día siguiente de desestimado ese recurso la sucesión de José Faustino Gorbea entabló el pleito a que se refiere la opinión emitida por esta corte, publicada en el volumen 46 de las Decisiones de Puerto Rico, página 288. Los aquí demandantes, por el contrario, aguardaron hasta el día primero de mayo de 1934 para hacer lo mismo, o sea para radicar la demanda original de este pleito. Así se explica que la sucesión de José Faustino Gorbea obtuviera una sentencia favorable y que la de Manuel Nemesio Gorbea tenga necesariamente que ser ad-versa. Véase González v. Sucn. Roqué, 47 D.P.R. 522.

El pleito iniciado en 1899 tan sólo tuvo el efecto de im-pedir que la acción reivindicatoría prescribiera, pues para ello sólo basta, de acuerdo con el artículo 1873 del Código Civil (ed. 1930), que se ejercite ante los tribunales. Pero como en este pleito no se trata de la prescripción extintiva de la acción, sino de la prescripción adquisitiva del dominio, la regla aplicable está contenida en el artículo 1845 del Código Civil, edición de 1930, ya citado, y no en el 1873. La prescripción adquisitiva del dominio y la prescripción extin-tiva de la acción son distintas, y distintas son también las reglas para su interrupción, según lo tiene ya resuelto este tribunal en De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 152, 154, donde se dijo:

“El Código Civil dedica un capítulo a la prescripción del dominio y demás derechos reales con determinadas reglas respecto a la inte-rrupción de dicha prescripción; y otro capítulo a la prescripción de' las acciones, que también contiene reglas para la interrupción de la prescripción de las acciones. Son dos distintas clases de prescripción: por la primera se adquiere un derecho que antes no se tenía; por la segunda prescriben las acciones que existían; por esto sus reglas son distintas y por eso las de la interrupción de la prescripción adquisitiva no pueden ser aplicadas a la interrupción de la extin-tiva, y así lo declaró el Tribunal Supremo de España en sentencia de 4 de enero de 1901 al decidir que lo dispuesto en el artículo 1964 (igual a nuestro artículo 1847) sobre que dejará de producir efecto la interrupción judicial de la prescripción adquisitiva cuando el actor desistiera de la demanda o dejare caducar la instancia, no surte el mismo efecto en la extintiva, ‘porque ni la letra ni el espíritu del artículo 1937 (igual al nuestro 1874) permiten que tenga el alcance de que, en virtud de ella, pueda llegar a perderse la acción.

Quizá sea conveniente agregar que el pleito entablado por la sucesión de José Faustino Gorbea en el año 1921 (véase 46 D.P.E. 288) interrumpiendo el período prescriptive no favorece a estos demandantes porque el condominio de una cuarta parte reclamado por la sucesión de José Faustino Gorbea en dicho pleito no es el condominio reclamado ahora por los demandantes Carbó.

Veamos ahora el efecto de las siguientes alegaciones contenidas en la demanda:

“Decimoséptima. — Que en la misma fecha de la venta indicada, o sea en 22 de febrero, 1895, y por ante el mismo notario que autorizó la escritura pública de aquélla, es decir, don José Agustín de la Torre, en esta ciudad, se otorgó por José Severo Gorbea y Guadalupe García, como condueños de la finca indicada, carta de pago explicando cómo se pagaba el precio de la venta, y en ese documento se reconoció que también eran condueños de dicha finca don Manuel Nemesio Gorbea y José Faustino Gorbea, o sea sus hijos o sucesiones.
“Decimoctava. — Que en la contestación de fecha febrero 1, 1908, presentada por Josefa Portilla a una demanda enmendada presentada por la sucesión de José Faustino Gorbea en el pleito a que se refiere la alegación que sigue a la presente, dicha Josefa Portilla, refirién-dose a esas escrituras de venta y carta de pago de la finca descrita, manifestó que hecha ya esa venta doña Guadalupe García, eondueña de la finca vendida, otorgó en unión de José Severo Gorbea carta de pago ante dicho La Torre en 22 de febrero, 1895, en la que se declaró que dicha Guadalupe García, los hijos de don Manuel Gorbea, los hijos de don José Faustino Gorbea, y don José Severo Gorbea, eran condueños de la casa vendida por José Severo Gorbea, y que del precio de la venta habían de recibir $1,050 los hijos de don Manuel Gorbea.”.

El reconocimiento que de ellas se infiere tampoco puede variar la resolución de este caso porque desde el 22 de febrero de 1895 en que por José Severo Gorbea se reconoció que Manuel Nemesio y José Faustino Gorbea eran también con-dueños de la finca, al primero de mayo de 1934 en que según el secretario de la Corte de Distrito de San Juan se radicó la demanda original de este pleito, habían transcurrido ya los treinta años necesarios para la prescripción extraordi-naria.

Por las razones expuestas deben desestimarse los errores 2, 3, 4, 5 y 6.

Tampoco se cometió el séptimo error señalado. Dijimos anteriormente que en 6 de mayo de 1935 radicaron los demandantes una demanda enmendada contra la cual inter-pusieron los demandados la excepción previa de prescripción qne la corte declaró con lugar por resolución de 11 de diciembre de 1935 y concedió diez días para enmiendas. La demanda enmendada radicada entonces por los demandantes en 28 de enero de 1937 no subsanó el defecto de qne adolecía la anterior, y fué, por tanto, eliminada a moción de los deman-dados, ordenándose por sentencia del día primero de marzo de 1937 el archivo y sobreseimiento del caso. Sostiene el apelante que la corte erró al decretar el archivo y sobresei-miento de la demanda porque la alegación decimoséptima de la demanda radicada el día 6 de mayo de 1935 (véase supra) es distinta a la décimonovena de la radicada en 28 de enero de 1937. A nuestro juicio si bien es cierto que la fraseología de una y otra alegación es distinta, sus efectos son los mismos, por lo que tampoco incurrió la corte en el error apuntado. El reconocimiento a que los demandantes se refieren fué hecho, de acuerdo con ambas alegaciones, en 22 de febrero de 1895, y desde esa fecha al 5 de junio de 1934 transcurrieron, como ya se ha dicho, con exceso los treinta años necesarios para la prescripción extraordinaria.

El octavo error se refiere a la imposición de costas a los demandantes. La temeridad de los demandantes apelantes es patente, por lo que a nuestro juicio no debe modificarse la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.