source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Grimaldi Maldonado Maldonado, querellado.

      Número: AB-2014-070

      Resuelto: 4 de abril de 2017

      Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradora general, y Guillermo Mangual Amador, procurador general auxiliar, abo-gados de la parte quejosa; Jorge L. Ramos Román, pro se.

   per curiam:

Tenemos nuevamente la obligación de disci-plinar a un abogado-notario por conducta antiética e in-cumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial). Examinadas las circunstancias particulares de este caso, concluimos que la conducta desplegada por el letrado requiere que lo suspendamos del ejercicio de la no-taría por el término de tres meses.

J — 1

El Ledo. Grimaldi Maldonado Maldonado (licenciado Maldonado Maldonado o letrado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de jimio de 1991 y al ejercicio de la notaría el 2 de agosto de 1991. El 4 de marzo de 2014, la Sra. Carmen Rosa Rivera (quejosa) presentó una queja contra el letrado ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Alegó que el 13 de agosto de 2007 pagó al licen-ciado Maldonado Maldonado $600 para que presentara la Escritura Pública Núm. 54A de Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales (Escritura Núm. 54A) en el Registro de la Propiedad. Adujo que en mayo de 2013 decidió vender una propiedad que le fue cedida mediante esa escritura, lo cual notificó al licenciado Maldonado Maldonado, pero que este último tardó hasta agosto de ese año para presentar el instrumento público en el Registro de la Propiedad. Como evidencia de sus alegaciones, entre otras cosas, acompañó la queja con copia del asiento de presentación. Asimismo, la quejosa argüyó que había pagado $300 al licenciado Maldonado Maldonado como parte de sus honorarios, y que un estudio de título que se había realizado de su propiedad en el 2013 no era válido.

Tras varios incidentes procesales, el 20 de octubre de 2015, el letrado contestó la queja. Alegó que los $600 co-rrespondían a los honorarios que cobró por el otorgamiento de la Escritura Núm. 54A y que los $300 correspondían a un pago parcial en concepto de honorarios pendientes por el caso de divorcio por consentimiento mutuo entre la que-josa y el Sr. Rubén García Salgado, proceso que dio origen posteriormente al otorgamiento de la Escritura Núm. 54A. Adujo, además, que la tardanza en presentar el ins-trumento público se debió a que ese tipo de negocio jurídico requería el correspondiente “relevo de donación del Depar-tamento de Hacienda”. Arguyo que había notificado a la quejosa en cuanto a la necesidad de preparar una planilla de donaciones y anejar una certificación negativa de deuda de ASUME, la certificación de no deuda del Centro de Re-caudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la certifica-ción de no deuda del Departamento de Hacienda, así como otros documentos para poder presentar la Escritura Núm. 54A al Registro de la Propiedad. A pesar de reconocer que nunca se unieron todos los documentos complementarios a la escritura pública, el 10 de enero de 2014, el letrado la presentó en el Registro de la Propiedad. Ahora bien, re-conoció desconocer si la quejosa había completado el men-cionado trámite sobre la planilla de donación o si se había expedido el correspondiente relevo de donación.

Posteriormente, como parte del proceso de investigación de la queja, la ODIN notificó al licenciado Maldonado Maldonado sobre la necesidad de que presentara cierta información. Al respecto, el letrado presentó varios docu-mentos: (1) copia certificada de la Escritura Núm. 54A de 13 de agosto de 2007, (2) la petición de divorcio por consen-timiento mutuo, (3) la sentencia de divorcio, (4) una solici-tud de cambio de dueño y exoneración contributiva del CRIM, (5) un estudio de título de 8 de enero de 2014, (6) la minuta de presentación de la escritura al Registro de la Propiedad y (7) un documento sobre el estado de presenta-ción de la Escritura Núm. 54A. Además, informó que el contrato entre éste y la quejosa no constaba por escrito.

Surge de la Escritura Núm. 54A que el licenciado Maldonado Maldonado consignó las advertencias siguientes:

—(A) Sobre los deberes y consecuencias fiscales de este nego-cio jurídico.-
—(B) La deseabilidad de que esta escritura sea presentada en el Registro de la Propiedad lo más pronto posible y las posibles consecuencias de así no hacerlo.-
—(C) Que para inscribir la presente Escritura necesitan como documento complementario la Copia Certificada de la Senten-cia de Divorcio de los comparecientes.-
—(D) Sobre el pago de los derechos correspondientes de ins-cripción; así como el deber de tramitar rápidamente el corres-pondiente traspaso en los registros sobre tributación de pro-piedades del Departamento de Hacienda; el traspaso de titularidad en el Centro de Recaudación de Impuestos Muni-cipales (C.R.I.M.); las consecuencias del envío de la Planilla Informativa sobre traspaso de bienes inmuebles al Departa-mento de Hacienda, que lo transmitentes han de certificar bajo su firma y responsabilidad; y el significado de la obliga-ción de evicción.-
—(E) De los derechos de terceros que puedan emanar del con-tenido de este instrumento público.-
—(F) El deber de informar al Departamento de Hacienda en su planilla de contribución sobre ingresos la ganancia que haya generado este negocio.-
—(G) El Notario Autorizante le ha advertido a las partes que la presente escritura se ha otorgado prescindiendo de un estu-dio de título debido al conocimiento que tienen las partes de la situación registral de la propiedad, siendo así los comparecien-tes expresamente relevan al Notario de cualquier responsabili-dad por cargas y !o gravámenes de cualquier índole que pudie-ran aparecer en el Registro. (Énfasis suplido).

El 13 de enero de 2016, la ODIN remitió el Informe correspondiente con la prueba provista por las partes. En este, la ODIN concluyó lo siguiente:

En suma, colegimos que el Querellado actuó con falta de diligencia en el cumplimiento con la obligación asumida volun-tariamente de presentar la Escritura Núm. 54A de 2007 ante el Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección Cuarta; no se consignó expresamente en ese instrumento público una adver-tencia vinculada con el certificado de cancelación de gravamen sobre donación necesario como documento complementario a este en la presentación ante el Registro de la Propiedad; y no mantuvo informada a la Quejosa de todo asunto relacionado con la presentación e inscripción de este instrumento público. Tal conducta es constitutiva de violación al Artículo 15(f) de la Ley Notarial, supra, a la fe pública notarial y a los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Además, la ausencia de un contrato de servicios profesionales escrito o de la divulgación efectiva de las partidas por las cuales el Quere-llado cobró a la Quejosa causó confusión en esta y levantó controversias sobre los honorarios cobrados, asunto que pudo evitar el Querellado de este seguir las guías del Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra. Igualmente, el Querellado autorizó un instrumento público para el cual carecía de un estudio registral previo y consignó un relevo de responsabili-dad por las cargas y gravámenes que puedan surgir del Regis-tro de la Propiedad, lo cual revela una actuación carente del cuidado y el esmero que se espera en el ejercicio de la profe-sión notarial.

En vista de lo anterior, la ODIN recomendó que suspen-diéramos al letrado del ejercicio de la función notarial por un término de tres meses o, en la alternativa, se censurara enérgicamente.

El 23 de mayo de 2016 concedimos un término de veinte días al letrado para que se expresara sobre el informe de la ODIN. El 10 de junio de 2016, el licenciado Maldonado Maldonado presentó su posición sobre el particular. Rei-teró que la dilación en presentar la escritura al Registro de la Propiedad no se debió a su descuido ni fue injustificada y atribuyó la tardanza a la quejosa. Además, se opuso a la recomendación de la ODIN de suspenderlo por un término de tres meses. Argüyó que su suspensión sería un castigo severo, dadas las circunstancias particulares de su histo-nal como notario y los hechos de la queja. No obstante, aceptó ser censurado enérgicamente por esta Curia.

Examinadas con detenimiento la queja contra el licen-ciado Maldonado Maldonado, su contestación a la queja, el Informe preparado por la ODIN y la oposición del letrado, así como los demás documentos que obran en el expe-diente, procedemos a resolver.

I — i

A. Incumplimiento con la fe pública notarial

Los notarios ejercen una función pública me-diante la cual dan fe y autentican, según las leyes aplica-bles, los negocios jurídicos y demás actos y sucesos extra-judiciales que se realizan ante ellos. Éstos son los custodios de la fe pública notarial, espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. La función pú-blica que ejerce el notario “trasciende a la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de la legalidad de la transacción que ante él se concreta”. Así pues, esta conlleva el deber inquebrantable de cerciorarse que el “ins-trumento público cumple con todas las formalidades de la ley, que es legal y verdadero, y que es una transacción le-gítima y válida”. Por esa razón, la función notarial debe ejercerse con extremo cuidado y desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional.

Reiteradamente hemos establecido la importancia de que se realice un estudio sobre los antecedentes regis-trales de la propiedad previo a la autorización del instru-mento público. En In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999), expusimos la obligación de los notarios de conocer el estado registral de la propiedad que es el objeto en la escritura. Establecimos que ello es parte de su deber como custodios de la fe pública, por lo que los notarios están impedidos de ignorarlo.

Asimismo, en In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460-461 (2009), reiteramos lo antes expuesto y expresa-mos que “el notario tiene el ineludible deber de ilustrar a los otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial en un estado de conciencia informada”. (Énfasis suprimido). Como parte de esta obligación, el notario debe ofrecer las explicaciones, aclaraciones y advertencias nece-sarias a los otorgantes.

Cónsono con ello, el Art. 15(f) de la Ley Notarial, supra, dispone que el notario realice “de palabra a los otor-gantes en el acto del otorgamiento las reservas y adverten-cias legales pertinentes” Seguidamente, el artículo pre-citado, impone al notario el deber de consignar en la escritura pública “aquellas advertencias que por su impor-tancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse expresamente”

La Ley Notarial establece una serie de adver-tencias que deben contener las escrituras públicas, según el negocio jurídico que motiva su otorgamiento. No obs-tante, el notario debe utilizar el derecho positivo y la juris-prudencia, así como considerar el contenido del negocio y las estipulaciones que se suscribirán, al momento de deci-dir qué advertencias debe realizar y hacer constar en la escritura pública Consecuentemente hemos reconocido que, para que se logre el consentimiento informado de los otorgantes, el notario debe advertirles sobre la convenien-cia y necesidad de realizar un estudio de título Ello brinda a los otorgantes la oportunidad de conocer la situa-ción registral de la propiedad: entre otras cosas, quién consta como su titular registral, las cargas y los graváme-nes que afectan la propiedad. Solo de esa manera se puede garantizar un consentimiento informado por parte de éstos. Ahora bien, en el caso de que los otorgantes no quie-ran que se realice el estudio de título, el notario debe con-signar en la escritura que les advirtió sobre la necesidad y conveniencia de que sí se hiciera El incumplimiento con lo mencionado constituye una violación al imperativo de custodiar la fe pública notarial, con independencia de que esa haya sido o no la intención del notario

B. Incumplimiento con los cánones del Código de Ética Pro-fesional

En Puerto Rico, a diferencia de otros ordenamientos ju-rídicos, contamos con un cuerpo de normas codificadas que regulan la conducta de la profesión de la abogacía. El Có-digo de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, contiene las nor-mas mínimas que deben guiar a todo abogado, incluyendo a los que ejercen la función notarial.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone el deber a los abogados de ser “conciso [s] y exacto [s] en el trámite y presentación de las causas”. Para cumplir con esa obligación, se consignó en el referido canon que los abogados deben “desplegar todas las diligencias ne-cesarias para asegurar que no se causen indebidas dilacio-nes en su tramitación y solución”. En vista de ello, rei-teradamente hemos reconocido que el Canon 12 del Código de Ética Profesional impone a los abogados el deber de ser puntuales, responsables y diligentes en la tramitación de las causas Este es un deber ineludible que los togados deben cumplir con gran recelo.

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece la obligación de la clase to-gada de desplegar “en cada caso su más profundo saber y habilidad y actua[r] en aquella forma que la profesión ju-rídica en general estima adecuada y responsable”. Asi-mismo, dispone que “un abogado puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia”. Este canon exige al abogado rendir una labor idónea de competencia y diligencia; es —indiscutiblemente— incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia de los asuntos que se han encomendado al abogado De hecho, sabido es que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, aplica a los abogados-notarios

En In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012), reiteramos que un abogado-notario infringe el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, cuando viola las disposiciones de la Ley Notarial. Al citar a In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004), expresamos que “una vez un notario contraviene la ley vigente, incurre en una práctica notarial indeseable y contraviene el canon mencionado”. No puede perderse de perspectiva que “[e]l desconocimiento de las normas jurídicas y del ejercicio de la profesión vulneran [sic] la naturaleza misma del nota-riado en nuestra jurisdicción y constituyen [sic] una viola-ción al Canon 18 del Código de Ética Profesional”

Asimismo, en In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681, 694-695 (2015), encontramos que el letrado había vio-lado el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, al presentar al Registro de la Propiedad una escritura de par-tición de herencia sin cerciorarse de que el derecho heredi-tario estuviese inscrito. Hicimos alusión a In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 564 (2015), a los efectos de que “el notario queda compelido a ejercer diligentemente su fun-ción [...] hasta cerciorarse de que el instrumento público no posee defectos que impidan su inscripción en el Registro de la Propiedad” El incumplimiento con esta norma se traduce en una violación a los cánones del Código de Ética Profesional, que amerita el ejercicio de nuestra facultad inherente de regular la profesión de la abogacía y, por ende, la imposición de medidas disciplinarias.

Por otro lado, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece el deber de todo abogado de “mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que suija en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Así pues, este Canon 19 impone a la clase togada la obligación de informar a sus clientes sobre las gestiones realizadas y el desarrollo de las encomiendas para las que fueron contratados. Esta obligación de man-tener informado a los clientes es distinta y separada del deber de diligencia que se exige a los miembros de la profesión. Por ello, hemos reconocido que se viola el re-ferido canon cuando no se informa del resultado adverso al cliente, no se atienden sus reclamos de información, no se mantiene al cliente informado del estado o situación proce-sal en el asunto que se encomendó al abogado, o cuando se le niega al cliente información de su caso.

1 — i HH

Los notarios están obligados a cumplir con la Ley Notarial y su Reglamento, con el Código de Etica Profesional y con las leyes aplicables a los documentos que autorizan. Aunque el letrado no violó el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra —por no aplicar a los hechos imputados en el presente caso — , coincidimos con la conclusión de la ODIN en cuanto a que el licenciado Maldonado Maldonado infringió el Art. 15(f) de la Ley Notarial, supra, la fe pú-blica registral y los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Veamos.

Surge del expediente que el letrado representó a la que-josa en un proceso de divorcio por consentimiento mutuo. Posteriormente, el 13 de agosto de 2007, el licenciado Maldonado Maldonado autorizó la Escritura Núm. 54A de Li-quidación de Sociedad Legal de Gananciales, en la cual comparecieron la quejosa y el Sr. Rubén García Salgado. Entre las advertencias consignadas en la Escritura Núm. 54A, se hizo constar: (1) la deseabilidad de que la escritura fuera presentada en el Registro de la Propiedad lo más pronto posible y las posibles consecuencias de así no ha-cerlo, y (2) el que el notario autorizante le había advertido a las partes que la escritura se había otorgado prescin-diendo de un estudio de título debido al conocimiento que tenían los otorgantes de la situación registral de la propiedad. Como parte de esta última advertencia se consignó expresamente un relevo de responsabilidad al no-tario por cargas o gravámenes de cualquier índole que pu-dieran aparecer en el Registro de la Propiedad.

Nótese que la Escritura Núm. 54A indica que no se rea-lizó un estudio de título que permitiera conocer al licen-ciado Maldonado Maldonado el estado registral del inmue-ble que era objeto de la transacción. Ésta meramente lo que consignó fue el conocimiento que tenían los otorgantes sobre el estado registral del inmueble y un supuesto relevo de responsabilidad a favor del notario. De este modo, el licenciado Maldonado Maldonado autorizó una escritura pública para trasladar la titularidad de un inmueble cuando ignoraba su estado registral, por lo que no actuó con el cuidado y esmero que exige la profesión notarial. De hecho, ni siquiera se consignó la advertencia sobre la nece-sidad y conveniencia de realizar el estudio de título, a pe-sar de la vasta jurisprudencia que la requiere.

El licenciado Maldonado Maldonado tampoco consignó una advertencia sobre la necesidad de incluir como docu-mento complementario la referida certificación de cancela-ción de gravamen sobre donación del Departamento de Hacienda para poder inscribir la escritura pública en el Registro de la Propiedad. Si bien la legislación no estable-cía expresamente que debía consignarse en la escritura la necesidad de la referida certificación, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 120-1994 (13 LPRA sec. 9334(c)) —vigente al momento del otorgamiento de la Escritura Núm. 54A— requería que éste fuera in-cluido con el instrumento público para hacer viable la ins-cripción en el Registro de la Propiedad.

Como señalamos, los notarios deben estar cons-cientes de que, como juristas, tienen la responsabilidad de hacer las reservas y advertencias legales pertinentes. Ello conlleva “una gestión intelectual y una aplicación inte-ligente de los principios de derecho positivos y jurisprudenciales”. En el pasado hemos reconocido que esta responsabilidad no se da en el vacío; requiere que se tome en cuenta el contenido del negocio jurídico y un análi-sis integral de las estipulaciones que se consienten. Por lo tanto, resulta lógico y razonable que un notario que se obliga a presentar una escritura pública en el Registro de la Propiedad, y reconoce que no se incluyó —o no se le entre-gó— como documento complementario la correspondiente certificación de cancelación de gravamen sobre donación del Departamento de Hacienda, haga constar dicha advertencia en la escritura pública.

Al no consignar en la escritura las advertencias mencio-nadas, el licenciado Maldonado Maldonado violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, y el Art. 15(f) de la Ley Notarial, supra.

Por otro lado, sabido es que presentar los docu-mentos al Registro de la Propiedad puede tener beneficios y no hacerlo pudiera conllevar consecuencias devastadoras para las partes. Por esa razón, su presentación en el Regis-tro de la Propiedad es recomendable. Aunque la presenta-ción de una escritura pública al Registro de la Propiedad no es una función inherente al ejercicio del notariado, una vez el notario asume esa responsabilidad está obligado a cumplirla diligentemente. La demora injustificada y por tiempo prolongado es contraria a los postulados del Código de Ética Profesional.

A pesar de haber sido contratado en el 2007 para pre-sentar la Escritura Núm. 54A en el Registro de la Propie-dad, el licenciado Maldonado Maldonado tardó hasta el 10 de enero de 2014 para presentarla, es decir, casi siete años después de aceptar la encomienda. Al así proceder violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Igual-mente, infringió el referido precepto ético cuando presentó al Registro de la Propiedad una escritura consciente de la necesidad de la certificación de cancelación de gravamen que debe expedir el Departamento de Hacienda, pero sin incluirla como documento complementario de la escritura pública. Más aún, el propio letrado admitió que presentó la escritura sin cerciorarse posteriormente de que se presen-tara el documento complementario necesario para su inscripción. Éste debió ser diligente en la presentación de la escritura pública y asegurarse de que estuviera ausente de defectos que impidieran su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, aunque el licenciado Maldonado Maldonado alegó que informó a la quejosa sobre el requisito de obtener el certificado de cancelación de gravamen y de habérselo solicitado en varias ocasiones, no presentó prueba alguna que corroborara la existencia de comunicaciones entre am-bos sobre ese particular. En vista de ello, es forzoso con-cluir que el licenciado Maldonado Maldonado faltó con su deber de mantener informada a la quejosa sobre el estado de presentación de la escritura y violó el Canon 19 del Có-digo de Ética Profesional, supra.

Luego de establecer las infracciones éticas y legales del licenciado Maldonado Maldonado, nos corresponde deter-minar la sanción a imponer.

Para la imposición de sanciones disciplinarias, hemos expuesto en un sinnúmero de ocasiones que pode-mos tomar en consideración los factores siguientes: (1) la reputación del letrado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una con-ducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actua-ción; (7) el resarcimiento al cliente, y (8) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que me-dien según los hechos.

Resulta pertinente considerar que en la Queja AB-2012-0464 censuramos enérgicamente al licenciado Maldonado Maldonado por su falta de diligencia en la gestión notarial. En aquella ocasión apercibimos al letrado de que en el futuro debía dar fiel cumplimiento con los debe-res impuestos por la Ley Notarial y los postulados que emanan del Código de Ética Profesional,

IV

Por los fundamentos expuestos en esta Opinión per cu-riara, ordenamos la suspensión del Ledo. Grimaldi Maldonado Maldonado del ejercicio de la notaría por un término de tres meses. Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del licenciado Maldonado Maldonado y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondiente. Notifíquese personal-mente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al licenciado Maldonado Maldonado a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       La quejosa hizo varias alegaciones en la queja sobre los pagos realizados al licenciado Maldonado Maldonado por el estudio de título. Particularmente, reclamó la devolución de $660. Sin embargo, un examen del expediente demuestra que la quejosa confundió la razón por la cual realizó algunos pagos. Véanse los Anejos VI y VIII en el Informe.

       Anejo II en el Informe.

       Íd.

       Véase Anejo II y EX en el Informe.

      6) Anejo IV en el Informe.

       Véase Anejos III-IV en el Informe.

       Anejo VII en el Informe.

       Íd., Pág. 11.

       Véase Moción Expresando Posición en Torno a Informe Presentado por la Oficina de Inspección de Notarías.

       Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA see. 2002.

        In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009).

       Íd., pág. 463.

       Íd., pág. 460.

        In re Toro González II, 193 DPR 877, 888 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 562 (2015).

        In re Torres Alicea, supra; Feliciano v. Boss, 165 DPR 649, 660 (2005); In re López Maldonado, 130 DPR 863 (1992). Incluso, si resulta ser que el estado registral del inmueble no era el expresado por el notario en la escritura pública, hemos reco-nocido que su actuación constituiría una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

        In re Vera Vélez, supra. Véanse, además: In re Toro González II, supra, pág, 892; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); Feliciano v. Ross, supra, pág. 659; In re López Maldonado, supra, pág. 865.

       "El notario tiene la indeclinable obligación de conocer el estado registral de la propiedad, en su función principal de custodio de la fe pública”. In re Torres Alicea, supra, pág. 460.

        In re Torres Alicea, supra, pág. 461.

       4 LPRA sec. 2033(f).

       Íd.

       Véase íd.

        In re Palmer Hamos, 195 DPR 245, 256 (2016); In re Toro González II, supra, págs. 888-889.

        In re Torres Alicea, supra, pág. 461.

       Íd.; Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 445 (1984),

        In re Ayala Oquendo, supra, pág. 581.

       Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

        In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 625 (2016); In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013).

        In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR 874, 886 (2011).

        In re Palmer Ramos, supra, pág. 256; In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015). Véanse, además: In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000); In re Martínez Ramírez, 142 DPR 329, 340-341 (1997).

       Véase In re Ayala Oquendo, supra, pág. 580.

        In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693.

       Íd.

        In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).

       Íd.

        In re Toro González II, supra, pág. 889; In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693.

       Anejo VII en el Informe.

       Íd.

       Véanse: In re Vargas Velázquez, supra; In re Ayala Oquendo, supra; In re Torres Alicea, supra; In re Vera Vélez, supra; In re Diaz Ruiz, 149 DPR 756, 760 (1999); In re López Maldonado, supra; Chévere v. Cátala, supra.

       Actualmente este requisito está establecido en la Sec. 2054.05(c) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2011 (13 LPRA see. 31165(c)).

        Feliciano v. Ross, supra, pág. 663.

        In re Toro González II, supra, págs. 888-889; Feliciano v. Ross, supra, pág. 663.

      a) Íd.

        In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 893 (2002); Rosas González v. Acosta Pagán, 134 DPR 720, 730 (1993); In re Sálichs Martínez, 131 DPR 481, 487-488 (1992). Véase, además, In re Díaz Ruiz, supra, pág. 760.

       Véanse, además: In re Pagán Pagán, 171 DPR 975 (2007); In re Rodríguez Mercado, 133 DPR 208, 215-216 (1993).

       La escritura pública se presentó el 14 de agosto de 2013, pero sin los aran-celes regístrales. Véase Anejo IX en el Informe.

       Véanse: In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693; In re Pachecho Pacheco, supra, pág. 564; In re Palmer Ramos, supra.

        In re Plaud González, supra, págs. 887-888. Véanse, además: In re Colón Morera, 172 DPR 49 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 DPR 298 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998).

       Véase Resolución de 24 de junio de 2016.


text:
      In re María del Carmen López Castro.

      Número: TS-13,281

      Resuelto: 4 de abril de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Víctor Pizarro Figueroa, abogado de María del Carmen López Castro.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la abogacía a un miembro de la profesión legal por incumplir con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y de este Tribunal. Veamos.

1 — I

La licenciada María del Carmen López Castro fue admi-tida al ejercicio de la abogacía el 27 de junio de 2000 y al ejercicio de la notaría el 13 de febrero de 2002.

Allá para el 14 de mayo de 2003, mediante una Opinión per curiam, la suspendimos del ejercicio de la abogacía por incumplir con las órdenes de este Tribunal con relación a una queja presentada en su contra. Tras su solicitud de re-instalación, el 14 de mayo de 2004 fue reinstalada al ejerci-cio de la abogacía.

Así las cosas, el pasado 30 de junio de 2014, la licen-ciada Nidia Miranda Graterole, inspectora de protocolos y notarías, rindió el correspondiente informe de inspección de la obra notarial de la licenciada María del Carmen Ló-pez Castro. En dicho informe se señalaron ciertas deficien-cias, en particular, una deuda arancelaria ascendente a $61,062 en su Libro de Registro de Testimonios en sellos a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal, y otra ascen-dente a $2,464.50 en los tomos de los Protocolos para 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013. Evaluado el referido informe, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) le concedió a la licenciada López Castro hasta el 26 de sep-tiembre de 2014 para subsanar las deficiencias señaladas.

Así pues, el 24 de septiembre de 2014, la licenciada Ló-pez Castro le envió una comunicación al Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías (Director de la ODIN), en la que informó haber subsanado parcialmente las deficiencias señaladas. Examinada dicha comunicación, la ODIN le concedió un término de tiempo adicional para que subsa-nara totalmente las referidas deficiencias. En el mismo acto, reprogramó el proceso de reinspección para el 15 de octubre de 2014.

Celebrado el referido proceso de reinspección, la inspec-tora de protocolos y notarías, licenciada Miranda Grate-role, presentó un informe en el cual detalló que, al mo-mento de llevarse a cabo el examen, aún subsistía la deficiencia arancelaria en los libros de Registro de Testimonios. En esta ocasión por $36,208.

En aras de brindar un término adicional a la licenciada López Castro para que pudiera completar el proceso de subsanación de su obra notarial, la ODIN programó un segundo proceso de reinspección de su obra notarial para el 30 de octubre de 2014. Sin embargo, el 24 de octubre de 2014, la letrada se comunicó con la ODIN para informar que aún se encontraba en el proceso de compra de los sellos pendientes, por lo que solicitó una extensión del término antes señalado. Ese mismo día, la ODIN le informó a la licenciada López Castro que su solicitud de extensión de tiempo había sido denegada.

Llegado el día programado para el segundo proceso de reinspección, la licenciada López Castro compareció. Sin embargo, no había subsanado las deficiencias señaladas, por lo que así se hizo constar en un informe que la inspec-tora de protocolos y notarías, licenciada Miranda Grate-role, rindió al Director de la ODIN.

Examinado el referido informe, la ODIN le concedió a la licenciada López Castro un término de quince días calen-dario para reaccionar al mismo. Oportunamente, la licen-ciada López Castro compareció ante la ODIN y notificó, nuevamente, no haber podido subsanar las deficiencias arancelarias. Asimismo, solicitó un término adicional para cumplir con el pago de la deuda.

Así las cosas, y tras este Tribunal recibir el Informe Especial Solicitando Incautación de Obra Notarial y Otros Remedios, que remitió la ODIN, el pasado 10 de febrero de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual ordena-mos la incautación del sello y de la obra notarial de la licenciada López Castro. Además, requerimos a la letrada que en un término de treinta días subsanara la deficiencia arancelaria notificada por la ODIN. De igual forma, le so-licitamos que, en un plazo de diez días mostrara causa por la que no debía ser separada del ejercicio de la notaría.

Oportunamente, la licenciada López Castro presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden y para Mostrar Causa. En dicha moción, en esencia, la letrada nos informó que en el 2008 le robaron sus sellos notariales, lo que impidió cancelarlos. De igual manera, nos señaló que la ODIN se negó a aceptar su obra notarial, la cual este Tribunal había ordenado incautar. Tras ello, nos solicitó un término adicio-nal de noventa días para subsanar las deficiencias arance-larias señaladas.

Ante este cuadro fáctico, el 25 de marzo de 2015 emiti-mos una Resolución en la que concedimos a la licenciada López Castro un término de noventa días para subsanar las deficiencias arancelarias de su obra protocolar. Se le apercibió, además, que su incumplimiento con las órdenes de este Tribunal conllevaría la imposición de serias sancio-nes disciplinarias.

Luego de varios incidentes procesales que no considera-mos necesario pormenorizar, el 7 de julio de 2015, la ODIN compareció ante nos mediante una Moción Notificando In-cumplimiento de Orden y Otros Remedios. En ésta, nos informó que el término concedido por este Tribunal para que la licenciada López Castro subsanara las deficiencias señaladas en su obra notarial venció el 1 de julio de 2015, sin ésta haber comparecido.

En respuesta a la comparecencia de la ODIN, el 13 de julio de 2015, la licenciada López Castro compareció ante nos mediante Moción Informativa y en Solicitud de Reins-pección en la que nos informó que se encontraba litigando un pleito de cobro de dinero y, por lo tanto, solicitaba que este Tribunal ordenara una inspección para finales del mes de julio, o para el 11 de agosto de ese mismo año. Evalua-dos los planteamientos de la licenciada López Castro, emi-timos una Orden dirigida a la ODIN en la que le concedi-mos un término de diez días para expresarse sobre la moción presentada por la letrada.

Cumpliendo con lo ordenado, la ODIN compareció ante nos. Al hacerlo, reiteró el incumplimiento de la licenciada López Castro con nuestras órdenes y solicitó que se refi-riera el asunto de la deficiencia arancelaria al procedi-miento de desacato ante el Tribunal de Primera Instancia.

Evaluado el referido escrito, así como la Réplica a la Moción de la Oficina de Inspección de Notarías presentada por la licenciada López Castro, el 26 de febrero de 2016 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos a esta última un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no se debía conceder lo solicitado por la ODIN. Oportunamente, la licenciada López Castro compa-reció y nos indicó que tuvo dificultades en conseguir los sellos necesarios para subsanar las deficiencias, que la crisis económica la había afectado y que se encontraba liti-gando pleitos de cobro de dinero por gestiones profesiona-les realizadas con el fin de subsanar las deficiencias.

Posteriormente, la ODIN presentó un nuevo escrito en el cual reiteró el incumplimiento de la licenciada López Castro con las órdenes de esta Curia. A dicho escrito, la letrada reaccionó.

Estimados los mencionados escritos, el 13 de mayo de 2016 emitimos una Resolución mediante la cual le concedi-mos a la licenciada un término improrrogable de sesenta días para subsanar las deficiencias de su obra notarial. Se le apercibió, además, que incumplir con la referida orden pudiera conllevar la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión de la abogacía y la notaría.

El 18 de julio de 2016, la licenciada López Castro com-pareció ante nos mediante un Escrito Informando Status de Obra Notarial. En este, informó que estaría presen-tando ante la ODIN cuatro tomos que faltaban por inspec-cionar y, además, solicitó un término adicional de veinte días para completar totalmente la subsanación de las deficiencias.

Enterados de ello, el 15 de septiembre de 2016 emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos la incautación inmediata del sello y de la obra notarial de la licenciada López Castro. Además, le concedimos un término final e improrrogable de treinta días para que cancelara los sellos adeudados. Por último, le apercibimos que su incumpli-miento con nuestras órdenes conllevaría la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión in-mediata del ejercicio de la abogacía y la imposición de una sanción de $500 al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2102. La licenciada, nueva-mente, incumplió con lo ordenado.

Ante estas circunstancias, la ODIN compareció ante nos mediante un escrito titulado Moción Notificando Incumpli-miento de Orden y en Solicitud de Remedios, en el cual nos reiteró que el término que este Tribunal le concedió a la licenciada López Castro para subsanar las deficiencias en su obra notarial culminó el 17 de octubre de 2016, sin que esta hubiese cumplido con lo ordenado. La ODIN hizo cons-tar, además, que la letrada aún mantenía una deuda aran-celaria ascendente a $32,448.

En respuesta a lo informado por la ODIN, la licenciada López Castro compareció ante nos, mediante una réplica al escrito presentado por la ODIN, y nos informó que se en-contraba trabajando para cumplir con lo ordenado, pero que por diversas situaciones económicas y de salud no ha-bía culminado la subsanación de las deficiencias. Además, recalcó que debido a que este Tribunal incautó su sello notarial, ésta se ha visto impedida de trabajar.

Así pues, mediante Resolución de 16 de diciembre de 2016, ordenamos a la licenciada López Castro que coordi-nara una cita con la ODIN para llevar a cabo la reinspec-ción de su obra notarial dentro de un término de treinta días. Se le requirió, además, que en la misma reunión lle-vara y adhiriera los aranceles adeudados. Asimismo, soli-citamos a la ODIN que, luego de realizada la reunión, pre-sentara un informe sobre el estado de la obra notarial.

Cumpliendo con nuestra orden, el 20 de enero de 2017, la ODIN compareció ante este Tribunal y nos informó que en la reunión celebrada el lunes 9 de enero de 2017, la licenciada López Castro se comprometió a comparecer el viernes 13 de enero de 2017 para cancelar los aranceles de uno de los tomos del Libro de Registro de Testimonios pen-diente de aprobación, mas no expresó nada adicional sobre los otros tres tomos. Sin embargo, la letrada no compareció a la reunión acordada y tampoco se comunicó con la ODIN para excusarse. Del referido escrito de la ODIN surge que, a la fecha de presentación del mismo, aún subsistía una deficiencia arancelaria en los tomos Quinto, Séptimo, Octavo y Noveno del Libro de Registro de Testimonios de la letrada, por la cantidad de $32,448.

El 7 de febrero de 2017, la letrada compareció ante nos, mediante su representación legal, en un escrito titulado Réplica a Informe de la Oficina de Inspección de Notarías, en la que nos informó que si bien aún faltan por aprobar cuatro tomos del Libro de Registro de Testimonios, la le-trada se había esforzado para subsanar las deficiencias arancelarias señaladas. No obstante, hoy, la licenciada Ló-pez Castro no ha cumplido con los requerimientos de la ODIN ni con nuestras órdenes.

Es, precisamente, a la luz del cuadro fáctico y procesal antes expuesto, que procedemos a disponer del caso ante nos.

1 — i i — i

Como es sabido, a través de los años hemos sido enfáticos en el deber que tienen los abogados y las aboga-das de responder con diligencia a los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re Salas González, 193 DPR 387 (2015); In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, (2011). Incumplir con dicha obligación y, por ende, desatender los requerimientos de la ODIN y las órdenes de este Tribunal constituye un serio desafío a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re Núñez Vázquez, 197 DPR 506 (2017); In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re Dávila Toro, 179 DPR 833 (2010); In re González Carrasquillo, 164 DPR 813 (2005).

Así pues, hemos sostenido que los notarios y las notarías, una vez se le señalan faltas en su obra notarial, tienen el deber de subsanarlas y de concertar una próxima cita con la ODIN para la reinspección de sus Protocolos. In re Amiama Laguardia, 196 DPR 844 (2016); In re Ortiz Soto, 2016 TSPR 226, 196 DPR Ap. (2016); In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). En esa dirección hemos expresado que, “[n]ingún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contadle] para veri-ficar si se corrigen adecuadamente los señalamientos que dicha oficina efectúe, máxime cuando la imagen de la pro-fesión y la suya propia está en tela de juicio”. (Énfasis suplido). In re Román Jiménez, supra, pág. 733. Todo lo contrario, es deber del abogado o abogada coordinar las reuniones necesarias con la ODIN para que se finalice el proceso de subsanación una vez se han identificado faltas en su obra notarial. In re Vázquez González, 194 DPR 688 (2016); In re García Aguirre, 190 DPR 539 (2014); In re Padilla Santiago, 190 DPR 535 (2014).

Cónsono con ello, hemos expresado que no tolera-remos la actitud de indiferencia por parte de un miembro de la profesión a los requerimientos de la ODIN o a nues-tras órdenes. In re García Aguirre, supra; In re López González, 189 DPR 581 (2013). En ese sentido, cuando un abo-gado o abogada ignora los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal, procede la suspensión inmediata e indefi-nida del ejercicio de la profesión. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013); In re Arroyo Rivera, supra; In re Montalvo Guzmán, 169 DPR 847 (2007).

Es pues, a la luz del marco jurídico antes expuesto, que procedemos a disponer del proceso disciplinario ante nues-tra consideración.

III

En el presente caso, el 30 de junio de 2014, la licenciada Nidia Miranda Graterole, inspectora de protocolos y nota-rías, rindió un informe sobre la inspección de la obra notarial de la licenciada López Castro. En el mismo, se detalla-ron las deficiencias que se encontraron en esa obra notarial, en particular, una deuda arancelaria por la can-tidad inicial de $61,062 en su Libro de Registro de Testi-monios en sellos a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal, y otra ascendente a $2,464.50 en los tomos de los Protocolos para 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Por un periodo de aproximadamente tres años —recor-demos que este proceso de subsanación de obra notarial comenzó para junio de 2014 — , tanto la ODIN, como este Tribunal, le hemos dado innumerables oportunidades a la licenciada López Castro para corregir sus errores. No obs-tante, la letrada ha demostrado dejadez y ha incumplido, en innumerables ocasiones, con los términos provistos y con las órdenes emitidas por este Tribunal, y hoy mantiene la deuda arancelaria notificada, lo que constituye un pa-trón de desidia y refleja falta de interés en continuar ejer-ciendo la profesión.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente a la licenciada María del Carmen López Castro del ejercicio de la abogacía y la notaría. De igual forma, se refiere a la letrada al Departamento de Justicia para la investigación de rigor sobre la deuda arancelaria.

Se le impone a la licenciada López Castro el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para conti-nuar representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediata- mente de su suspensión a los foros judiciales y administra-tivos en los que tenga asuntos pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per cu-riam” y Sentencia. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El Juez Asociado Señor Rivera García disintió con expresiones e hizo constar que hubiese suspendido inmediatamente a la licenciada López Castro del ejercicio de la notaría y le hubiese concedido un término perentorio de treinta días para que subsanara las deficiencias señaladas, bajo el apercibimiento de que su incumpli-miento pudiera acarrear sanciones disciplinarias más severas, como la suspensión de la abogacía. Además, le hubiese advertido que de no acatar la orden se hubiese referido al Departamento de Justicia para la investigación correspondiente.


text:
      In re Alexis I. Avilés Vega, querellado.

      Número: CP-2015-0018

      Resuelto: 6 de abril de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, aboga-das de la parte querellante; Alexis I. Avilés López, pro se; Wilfredo Alicea López, comisionado especial, en informe.
   per curiam:

El Ledo. Alexis I. Avilés Vega fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de enero de 1987 y a la práctica de la notaría el 13 de marzo de 1987. El 11 de octubre de 1996 emitimos una Opinión per curiam para suspenderlo del ejercicio de la profesión por no actuar con diligencia en la tramitación de un asunto que se le encomendó, desobede-cer varias órdenes del tribunal de instancia sin presentar justificación para ello y no mantener a su cliente informado de los pormenores del caso, entre otras cosas. Véase In re Avilés Vega, 141 DPR 627 (1996). Del mismo modo, el 27 de septiembre de 2004 nos vimos precisados a suspenderlo por exhibir un patrón de incumplimiento con los requerimientos del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de este Tribunal dentro de un procedimiento disciplinario instado en su contra. Véase In re Avilés Vega, 163 DPR 92 (2004). Nueva-mente nos vemos obligados a separar al licenciado Avilés de la profesión legal por incurrir en conducta contraria a los postulados que la rigen.

H — i

A. Hechos

El 29 de julio de 2010, la Sra. Monserrat N. Benet Betan-court (señora Benet o querellante) contrató con el licenciado Avilés para que fungiera como su representante legal en una acción de daños y peijuicios. En específico, la señora Benet interesaba demandar a un hogar de envejecientes por una caída sufrida por su padre que, según alegaciones de la querellante, provocó la muerte de su progenitor. Según manifestaciones de la señora Benet, ésta alertó al letrado que el término de prescripción estaba por vencerse, por lo que insistió en que no esperara hasta el último día para presentar la demanda. Así las cosas, el 3 de agosto de 2010, el licenciado Avilés presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la presentación de la contestación a la demanda junto con una solicitud de desestimación por prescripción de la causa de acción, el 28 de septiembre de 2010, el foro primario citó a las partes a la conferencia inicial a celebrarse el 15 de noviembre de 2010. Llegado el día de la vista, el licen-ciado Avilés no se presentó a sala ni excusó su ausencia. Además, el Ledo. Edgar A. Molina Jorge, representante legal de la parte demandada, manifestó que no se había pre-parado el informe para el manejo del caso ni se había ini-ciado el descubrimiento de prueba. Por dicha razón, el foro primario le ordenó al licenciado Avilés que expresara los motivos para su incomparecencia, que cancelara el arancel de suspensión de vista y le impuso una sanción de cien dólares por no haber iniciado los trámites para la conferen-cia inicial. El foro primario reseñaló la vista para el 19 de enero de 2011.

El 17 de diciembre de 2010, la señora Benet presentó una Moción Urgente para informar al tribunal que recien-temente había recibido la Minuta de 15 de noviembre de 2010 y que fue mediante la misma que supo que el licen-ciado Avilés no compareció a la vista. Aprovechó la oportu-nidad para notificar que, a pesar de los trámites realiza-dos, no lograba comunicación con el letrado y que éste no contestaba sus mensajes. Por último, solicitó que se le con-cediera un tiempo razonable para localizar al licenciado Avilés o contratar un nuevo representante legal.

El 20 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió Sentencia Parcial para desestimar, por pres-cripción, la acción con relación a los daños y peijuicios su-fridos por la señora Benet y la acción heredada por las angustias mentales de su padre. No obstante, mantuvo la causa de acción en cuanto a los hijos menores de edad de la señora Benet. Ese mismo día, dicho foro dictó una Orden que concedió al licenciado Avilés un término de cinco días para pagar la sanción impuesta el mes anterior y cancelar el sello de suspensión de vista, so pena de ordenar el cierre sin perjuicio de la demanda en cuanto a los menores.

Inconforme con esta determinación, el 11 de enero de 2011 el licenciado Avilés presentó una Moción Solicitando Reconsideración a Sentencia Parcial, mediante la cual so-licitó que se dejara sin efecto la Sentencia, pues, según alegó, al momento de presentar la demanda, la acción no había prescrito. El 13 de enero de 2011, el tribunal denegó dicha solicitud.

Así las cosas, y según se había pautado previamente, el 19 de enero de 2011 se llamó el caso en corte abierta para la celebración de la vista inicial. No obstante, el licenciado Avilés indicó que no había preparado el informe para el manejo del caso, por lo que la vista tuvo que ser reseñalada para el 11 de febrero de 2011.

El 9 de febrero de 2016, el licenciado Molina sometió una Moción Solicitando Desestimación Sumaria con Perjuicio. En la misma expresó que, a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia había señalado tres fechas dis-tintas para que se llevara a cabo la conferencia preliminar entre abogados, el licenciado Avilés nunca se comunicó para calendarizar y celebrar dicha reunión. En torno a la causa de acción de los menores, que era la única vigente, expuso que desde la presentación de la demanda no hubo ningún tipo de actividad procesal, por lo que solicitó la des-estimación sin peijuicio conforme a la Regla 39.2(b) de Pro-cedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El tribunal declaró “no ha lugar” dicha petición.

La vista de conferencia inicial señalada para el 11 de febrero de 2011 tampoco se pudo realizar porque el licen-ciado Avilés no compareció ni excusó su ausencia. El licen-ciado Molina manifesto, además, que todavía no se había preparado el informe para el manejo del caso. En conse-cuencia, el tribunal le ordenó al licenciado Avilés que ex-presara, en el término de diez días, las razones para su incomparecencia y que presentara el arancel de suspensión de vista. Además, le ordenó a ambos abogados que presen-taran el informe, so pena de sanciones. Programó la vista de conferencia inicial para el 28 de abril de 2011.

Llegado el día de la vista, el licenciado Avilés no se presentó. El licenciado Molina se expresó sobre las ausen-cias del licenciado Avilés a las vistas y sobre la inactividad en el caso. Tras considerar las repetidas incomparecen-cias y el incumplimiento con varias órdenes emitidas por el tribunal, al licenciado Avilés se le impuso una sanción de doscientos cincuenta dólares, se le ordenó cancelar los aranceles de suspensión de la vista corriente y de la anterior, y que mostrara causa por sus ausencias. Además, se le apercibió al letrado, y a su cliente, que el incumplimiento con lo ordenado conllevaría una vista con la Procuradora de Familia para decretar el cierre sin perjuicio de la recla-mación de los menores. Por último, se transfirió la vista para el 13 de junio de 2011.

El 1 de junio de 2011, el licenciado Molina sometió una Moción Solicitando Señalamiento de Vista para Desestima-ción según la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. En la misma expuso que el licenciado Avilés no había acatado las órdenes emitidas por el tribunal el 11 de febrero y el 28 de abril de 2011, a pesar de los apercibimientos de que su incumplimiento podría conllevar la celebración de una vista con la Procuradora de Familia para ordenar el cierre sin perjuicio de la causa de acción de los menores. Alegó que el licenciado Avilés exhibió un comportamiento teme-rario y descuidado, y una total falta de interés al desobe-decer reiteradamente las órdenes del tribunal. Solicitó, por lo tanto, que señalara con urgencia una vista al amparo de la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, o que con-virtiera la conferencia inicial calendarizada para el 13 de junio de 2011 en una vista a dichos efectos. Ante cual-quiera de esos escenarios, sugirió que se citara a la Procu-radora de Menores para que esbozara su recomendación en cuanto al cierre del caso.

El licenciado Avilés no asistió a la vista pautada para el 13 de junio de 2011 ni se excusó con el tribunal. Ante el pedido del licenciado Molina de que dispusiera de la mo-ción de desestimación, el tribunal realizó un recuento pro-cesal del caso y señaló otra vista para el 1 de julio de 2011, previo a ordenar el cierre sin perjuicio de la reclamación de los menores.

Antes de la vista de 1 de julio de 2011, el licenciado Avilés envió una Moción Informativa y Solicitando Pró-rroga al correo electrónico del juez a cargo del caso. En ésta solicitó que pospusiera la vista por el término de se-senta días.

Celebrada la vista el 1 de julio de 2011, según progra-mada, compareció la señora Benet, mas no así el licenciado Avilés. La señora Benet expresó que desconocía las razones para las incomparecencias del licenciado Avilés, por lo que solicitó un término para gestionar la renuncia de su abo-gado y contratar a una nueva representación legal. El tribunal le concedió hasta el 5 de agosto de 2011 para trami-tar estas diligencias y le apercibió que, de incumplir, se exponía a que se ordenara el cierre del caso.

En consecuencia, la señora Benet compareció a la vista del 5 de agosto acompañada del Lcdo. Evaldo C. Nilo Nylund (licenciado Nilo). La querellante manifestó que to-das las gestiones realizadas para localizar al licenciado Avilés resultaron infructuosas, por lo que solicitó que se permitiera al licenciado Nilo asumir su representación legal en el caso. Ese mismo día, presentó una Moción por Derecho Propio, en la que solicitó el relevo de representa-ción legal del licenciado Avilés. Fundamentó su pedido en el hecho de que el licenciado Avilés: (1) no compareció a casi ninguna vista; (2) no mantuvo una comunicación efectiva con ella; (3) nunca respondió sus mensajes; (4) no mostró interés en el caso, y (5) no fue diligente en su gestión profesional.

B. Trámite disciplinario

En desaprobación al comportamiento exhibido por el li-cenciado Avilés en la tramitación del pleito de daños, el 1 de agosto de 2011, la señora Benet presentó la Queja Núm. AB-2011-242, que inició el procedimiento disciplinario ante nuestra consideración. En la misma alegó que, por la tar-danza del licenciado Avilés en presentar la demanda, per-dió su causa de acción y la que heredó de su padre. Añadió que el letrado no la mantuvo al tanto de los incidentes en el caso y que fue imposible comunicarse con éste. Por úl-timo, hizo alusión a las incomparecencias del letrado a las vistas y a los incumplimientos con las órdenes del tribunal.

De acuerdo con el procedimiento establecido en nuestro reglamento. el 29 de agosto de 2011, la Secretaría de este Tribunal envió una carta al licenciado Avilés para no-tificarle sobre la Queja presentada en su contra y otorgarle diez días para reaccionar a la misma. Transcurridos aproximadamente nueve meses sin recibir contestación del licenciado Avilés, el 4 de junio de 2012 se le envió una segunda comunicación para concederle diez días adiciona-les para que se expresara. A pesar de haber recibido ambas notificaciones, el licenciado Avilés no respondió. Es por ello que el 5 de noviembre de 2012 emitimos una Re-solución mediante la cual le proveimos un término final e improrrogable de diez días para que contestara la Queja. Se le apercibió que incumplir con la Resolución podría con-llevar sanciones disciplinarias, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión legal.

El 20 de noviembre de 2012, el licenciado Avilés pre-sentó la Contestación a Queja. En la misma alegó, en sín-tesis, que el trámite procesal del caso se afectó por situa-ciones ajenas a su voluntad y porque la señora Benet anunció que prescindiría de sus servicios. Adujo, ade-más, que la demanda se presentó a tiempo.

Contando con la posición de ambas partes, el 5 de diciembre de 2012 se remitió el asunto a la Oficina de la Procuradora General para la correspondiente investiga-ción e informe. Finalmente, el 21 de mayo de 2014, la Pro-curadora General nos presentó su informe. Expuso que, por la conducta desplegada en la tramitación del pleito de daños, el licenciado Avilés incurrió en varias violaciones al Código de Ética Profesional, a saber: Canon 9 (incumplir con las órdenes del tribunal); Canon 12 (causar demoras injustificadas en el trámite del caso); Canon 18 (no defender adecuada y diligentemente los intereses de su cliente); Canon 19 (no mantener una comunicación adecuada con su cliente y no mantenerlo debidamente informado de la si-tuación del asunto encomendado y sus aspectos esencia-les); Canon 20 (no solicitar al tribunal que lo releve de la representación legal de su cliente mediante escrito a esos fines), y Canon 38 (no exaltó el honor y la dignidad de la profesión, por lo que incurrió en conducta impropia o su apariencia). 4 LPRAAp. IX.

El 27 de mayo de 2014 se le concedió al licenciado Avilés un término de veinte días para expresar su posición en torno al Informe de la Procuradora. Pasado más de un año sin que el licenciado Avilés compareciera, el 19 de junio de 2015 le ordenamos a la Procuradora General que presen-tara la correspondiente Querella. Mediante la misma, la Procuradora General formuló ocho cargos en contra del le-trado por incurrir en conducta constitutiva de violación a los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, infra, tanto dentro del presente proceso disciplinario, así como en el caso civil de daños y perjuicios. Presentó cargos, además, por incumplir con su deber de diligencia y competencia en la tramitación del caso (Canon 18); no mantener una comu-nicación efectiva y adecuada con su cliente (Canon 19); de-jar de comparecer a los señalamientos sin solicitar la re-nuncia de representación legal (Canon 20), y exhibir una conducta contraria a los parámetros contenidos en el Canon 38 del mismo cuerpo normativo.

Al licenciado Avilés se le notificó la Querella personal-mente el 6 de octubre de 2015 y se le concedió un término de quince días para reaccionar a la misma. Luego de otor-gársele un término adicional, sin recibir contestación al-guna de su parte, el 27 de enero de 2016 nombramos al Hon. Wilíredo Alicea López como Comisionado Especial.

Aproximadamente un mes más tarde, el licenciado Avi-lés sometió una moción en la que aceptó la responsabilidad y se allanó a la Querella. Argüyó que, al momento de la tramitación del caso civil, se encontraba inmerso en una serie de problemas personales que afectaron su desempeño óptimo en dicho procedimiento. Además de aceptar su res-ponsabilidad por haberse distanciado de los cánones del Código de Ética Profesional y allanarse a los cargos conte-nidos en la Querella, mostró arrepentimiento y propósito de enmienda.

Finalmente, el 17 de mayo de 2016, el Comisionado Especial nos presentó su Informe en el que recomendó la im-posición de una fuerte sanción con los apercibimientos de rigor. Para ello, procedemos a analizar las normas aplicables.

HH I — I

Al prestar juramento para ejercer la profesión, los aboga-dos se comprometen a desempeñar con lealtad los deberes y las responsabilidades que les imponen la ley y el Código de Ética Profesional. En específico, los cánones de ética profe-sional son las normas mínimas de conducta de los letrados frente a sus clientes, la sociedad, los compañeros de profe-sión y las instituciones de justicia. In re Vilches López, 196 DPR 481 (2016); In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).

En particular, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, prescribe que la conducta de los abogados ante los tribunales debe caracterizarse por ser, ante todo, respetuosa. Ello comprende que éstos deben cumplir pronta y diligentemente con las órdenes emitidas por los tribunales, más aún cuando las mismas se originan dentro de un procedimiento disciplinario. In re Montalvo Delgado, 196 DPR 542 (2016); In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016). Desatender los requerimientos de un tribunal quebranta, de tal manera, los postulados consagra-dos en dicho canon que puede conllevar sanciones discipli-narias severas, como la suspensión del ejercicio de la profesión. In re Abadía Muñoz et al., 2017 TSPR 1, 196 DPR Ap. (2016); In re Montalvo Delgado, supra; In re Torres Román, 195 DPR 882 (2016). Lo anterior, pues, se con-sidera que la indiferencia hacia los pronunciamientos de un foro constituye un desafío a su autoridad y, en casos de procesos disciplinarios, a nuestro poder inherente de regular el ejercicio de la profesión. In re D’Alzina Nin, 195 DPR 958 (2016).

Por su parte, el Canon 12 del mismo cuerpo nor-mativo, 4 LPRA Ap. IX, señala como deber de todo abogado “hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución”. (Enfa-sis suplido).

Esta exigencia, que presupone un trámite responsable, puntual y diligente del pleito, se extiende a todas las eta-pas de un litigio. In re Montalvo Delgado, supra; In re Vilches López, supra. De este modo, hemos reconocido que conductas tales como “la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así como las actuacio-nes y omisiones que pongan en riesgo la causa de acción de los clientes, son infracciones patentes de este canon”. In re Montalvo Delgado, supra, pág. 552. Véase In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016). Además, hemos reiterado que la continua desobediencia a las providencias judiciales infringe, de igual forma, los preceptos contenidos en dicha disposición disciplinaria. In re Nazario Díaz, supra. Véase, también, In re Villalba Ojeda, supra, pág. 974, en donde indicamos que el Canon 12 “comprende el deber de cumplir rigurosamente con las órdenes judiciales”.

Por otro lado, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone, en su parte perti-nente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profe-sión jurídica en general estima adecuada y responsable.

Conforme a la normativa antes esbozada, cuando un abogado asume la representación de un cliente se obliga a defender sus intereses de una forma capaz y diligente. In re Prado Galarza, supra; In re Nazario Díaz, supra. Por lo tanto, en su quehacer profesional no puede haber espacio para la indiferencia y la dejadez. In re Nazario Díaz, supra. Ello implica que debe realizar todo cuanto se le ha encomendado adecuada, responsable, efectiva y oportuna-mente, sin dilaciones que puedan afectar la tramitación o la rápida solución de la controversia. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015); Pueblo v. Quiles Negrón et al., 193 DPR 609 (2015); In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014). Lo contrario, es decir, “[l]a inacción, la imprudencia, el des-interés y la desidia en la tramitación de los asuntos que le han sido confiados, constituyen una patente infracción al Canon 18”. In re Roldán González, 195 DPR 414, 423 (2016). Véase, además, In re Miranda Daleccio, supra.

Reiteradamente, hemos afirmado que un abogado es negligente en su gestión profesional cuando abandona o desatiende el caso; no comparece a los señalamientos rea-lizados por el foro judicial; permite que expire el término prescriptivo de una acción, o incurre en una actuación ne-gligente que puede resultar o, en efecto, resulta en la des-estimación o en el archivo del caso, entre otras cosas. In re Roldán González, supra; In re Miranda Daleccio, supra; In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015).

En cuanto a la información que se le debe suplir al cliente, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que los abogados deben mantener a sus clientes al tanto de todo asunto importante que surja durante el desarrollo de su caso. Dicha comunicación efec-tiva, considerada componente esencial de la relación profe-sional, propiciará que el cliente tenga suficiente informa-ción para tomar decisiones, durante el transcurso del litigio, respecto a los asuntos legales que le ha confiado a su abogado. In re Roldán González, supra. Véase, además, In re Rosario Vázquez, 197 DPR 237, 249 (2017), donde afirmamos, que “los casos pertenecen a los clientes y éstos tienen derecho a mantenerse informados de todos los asun-tos y las gestiones importantes que se susciten' en la tra-mitación de [los mismos]”.

Un abogado actúa contrario a los postulados del Canon 19, supra, cuando se torna inaccesible, no atiende los reclamos de información de un cliente, no le anuncia de algún resultado adverso dentro de la gestión encomendada o no lo mantiene al tanto de la situación procesal del caso. In re Rodríguez López, 196 DPR 200 (2016); In re Roldán González, supra. Dichas conductas, además de constituir infracciones patentes a dicho precepto ético, entorpecen el proceso de impartir justicia. In re Maldonado Torres, 196 DPR 837 (2016); In re Nazario Díaz, supra.

En cuanto a la obligación impuesta por el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, cuando un abogado comparece al tribunal en representación de un cliente no puede abandonar su encomienda profesional sin antes haber obtenido permiso del tribunal. Hasta entonces, el togado conserva la obligación de llevar a cabo su gestión de forma diligente y competente, acorde a las exigencias del Código de Ética Profesional. In re Vilches López, supra; In re Polanco Ortiz I, 196 DPR 127 (2016).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética pro-fesional, 4 LPRA Ap. IX, instituye el deber de todo abogado de exaltar el honor y la dignidad de su profesión, y de evi-tar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Ello implica que todo letrado debe desempeñarse en forma escrupulosa y guiado por un alto sentido de responsabili-dad, teniendo siempre presente la función social que ejerce y la institución que representa. In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327 (2016).

HH HH HH

Estudiado el marco legal pertinente, entendemos que el licenciado Avilés infringió los cánones del Código de Etica Profesional que se detallan en la Querella, así como en el Informe del Comisionado Especial. Veamos.

En primer lugar, el licenciado Avilés se ausentó sin justi-ficación alguna a la mayoría de las vistas señaladas en el Caso Núm. EDP2010-0278 que se ventilaba ante el Tribunal de Primera Instancia y no excusó su ausencia a las mismas. Ello conllevó la imposición de múltiples sanciones económi-cas por parte del juez que presidió los procedimientos. Ade-más, desatendió las órdenes emitidas por dicho foro, aun cuando se le advirtió que su incumplimiento podría conlle-var el cierre del caso. Sin lugar a dudas, y según se des-prende de los autos originales del foro primario, el proceder del licenciado Avilés causó demoras injustificadas en el trá-mite del asunto encomendado.

Por otra parte, el letrado no contestó pronta y diligente-mente los requerimientos dentro del proceso disciplinario ante nos. En primer lugar, desatendió dos comunicaciones de nuestra Secretaría para que presentara su contestación a la Queja. No fue sino hasta que emitimos una Resolución en la cual le concedimos un término final e improrrogable que sometió su respuesta. Además, nunca reaccionó al Informe preparado por la Procuradora General, por lo que nos vimos precisados a ordenar la presentación de la correspondiente Querella sin el beneficio de su comparecencia. Con posterio-ridad, a pesar de que se le concedió suficiente tiempo para contestar la Querella, y contó con el beneficio de una pró-rroga, el letrado tampoco respondió.

Con el comportamiento pormenorizado en los párrafos que anteceden, el licenciado Avilés demostró una conducta contraria a los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra, tanto en las gestiones iniciadas ante el Tribunal de Primera Instancia, así como en el procedimiento disciplinario incoado ante este Foro.

Por otro lado, al estudiar el tracto procesal del Caso Núm. EDP2010-0278, surgen varias instancias que eviden-cian la falta de diligencia y competencia del licenciado Avilés al atender el asunto encomendado. En primer lugar, la causa de acción de la señora Benet, así como la heredada de su padre, fueron desestimadas por prescripción, a solicitud de la parte demandada, sin contar con oposición alguna del licenciado Avilés. Luego de esa desestimación, el letrado no hizo gestión alguna para promover la causa de acción de los menores. En específico, el licenciado Avilés no coordinó ni estuvo accesible para acordar una fecha con el fin de que se celebrara la conferencia entre abogados y se preparara el informe para el manejo del caso, según requerido por el juez a cargo de los procedimientos. Con excepción de una moción presentada el 1 de julio de 2011, del expediente no surge que el licenciado haya realizado diligencia alguna para ade-lantar el caso. De hecho, nunca se opuso a varias mociones presentadas por el licenciado Molina para que se desesti-mara el pleito en su totalidad. Al así proceder, demostró un comportamiento contrario al Canon 18, supra.

El licenciado Avilés infringió, también, el Canon 19, supra, al no mantener una comunicación efectiva con su cliente. En específico, el 17 de diciembre de 2010, la señora Benet presentó una Moción Urgente en la que expresó que supo de la ausencia del licenciado Avilés al primer señala-miento de vista por medio de la Minuta notificada por el foro primario. Informó, además, que a pesar de las gestiones realizadas, no lograba establecer comunicación con el letrado. Del mismo modo, el 5 de agosto de 2011, la señora Benet solicitó que se le relevara de la representación legal del letrado. Fundamentó su pedido en que "no se comunica para nada, he ido a la oficina y le he dejado dicho que me llame y no lo hace, entendiendo que no le interesa mi caso [...] ”. Apéndice de la Querella, pág. 40.

Por otro lado, el licenciado Avilés se desligó por completo del asunto que se le había encargado y se ausentó a los señalamientos de vista, sin haber solicitado que se le rele-vara de la representación legal. Sobre el particular, es me-nester mencionar que no es excusa lo expresado por el li-cenciado Avilés en su contestación a la Queja a los efectos de que, en diciembre de 2010, la señora Benet le solicitó tiempo al foro primario para localizarlo o para conseguir una nueva representación legal. Ello, por sí sólo, no le re-levaba de la responsabilidad asumida. Si el letrado enten-día que con dicho proceder la señora Benet le estaba requi-riendo su renuncia, tenía que solicitarle al tribunal que lo relevara de sus funciones y esperar la correspondiente orden. Al no hacerlo, se apartó del Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

Por último, como bien expresó la Procuradora General en la Querella, la desatención a las órdenes emitidas por el foro primario, las reiteradas ausencias a las vistas, el no haber mostrado un desempeño eficiente y diligente en la protec-ción de los intereses de su cliente, y el no atender los reque-rimientos de este Foro, evidencian una conducta contraria a los postulados del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Ello pues, al incurrir en las mismas, falló en su deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión.

En conformidad con lo anterior, solo nos resta determinar la sanción disciplinaria que impondremos al licenciado Avilés por el comportamiento exhibido. Al fijarla, procede que consideremos los factores siguientes: (1) la re-putación del abogado en la comunidad; (2) su historial dis-ciplinario; (3) si la conducta es aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna parte; (7) si resarció al cliente; (8) si demostró aceptación o arrepentimiento sin-cero por la conducta que le fue imputada, y (9) otros atenuantes o agravantes que suijan de los hechos. In re Roldán González, supra; In re Miranda Daleccio, supra; In re Planas Merced, 180 DPR 179 (2010).

Como mencionamos al comienzo de la presente Opinión, ésta es la tercera ocasión en que el licenciado Avilés se encuentra inmerso en un proceso disciplinario. Reiterada-mente ha demostrado un deficiente desempeño profesional al no desplegar la debida diligencia y competencia ante las encomiendas de un cliente. Igualmente, ha desobedecido las órdenes y los requerimientos de foros judiciales, sin presentar justificación para ello, y ha fallado en mantener una comunicación efectiva con sus clientes. Además, su comportamiento dentro del presente proceso disciplinario dista mucho de lo que se espera de un togado.

Por otro lado, aunque el togado aceptó su responsabili-dad y se allanó a los cargos contenidos en la Querella, al determinar su sanción pesa en nuestro ánimo que ha rein-cidido en su comportamiento antiético. Ello, a pesar de ha-ber sido suspendido de la profesión legal en dos ocasiones anteriores, la última por un término indefinido.

IV

Analizado el derecho aplicable, así como las infracciones éticas en las que ha incurrido el Ledo. Alexis I. Avilés Vega, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía. Le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Por otra parte, se le ordena al Alguacil de este Foro in-cautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Avilés Vega y entregarlos al Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías para el correspondiente examen e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per cu-riam” y Sentencia al señor Avilés Vega a través de la Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Según surge de la Queja Núm. AB-2011-242, la cual originó el procedimiento disciplinario de marras, el acuerdo de servicios profesionales fue verbal.

       El Sr. Amadeo Benet de Miguel, padre de la Sra. Monserrat N. Benet Betan-court, falleció el 3 de agosto de 2009.

       La parte demandante estuvo compuesta por la señora Benet, por sí y en representación de sus hijos menores de edad.

       Surge del expediente que la referida Orden se le notificó al Ledo. Alexis I. Avilés Vega a la dirección que aparecía consignada en el Registro Único de Abogados y Abogadas para el momento de los hechos. A su vez, esa era la dirección que el licenciado Avilés incluyó en los documentos atinentes al caso.

       El 22 de diciembre de 2016 se notificó la Orden tanto al licenciado Avilés como a la señora Benet.

       Sobre el particular expuso que, luego de la presentación de la demanda, el licenciado Avilés no compareció en relación con la causa de acción de los menores.

       El 27 de abril de 2016, un día antes de la vista, el Ledo, Edgar A. Molina Jorge (licenciado Molina) presentó una Moción Informativa en la que expresó, entre otras cosas, que el licenciado Avilés no había cumplido con su obligación de coordinar las reuniones entre abogados y no había realizado gestión alguna para iniciar el descubrimiento de prueba.

       En la vista, el licenciado Molina reiteró la solicitud de desestimación por inactividad, pero el tribunal la declaró “no ha lugar”.

       Esta moción se presentó formalmente en la Secretaría del Tribunal de Pri-mera Instancia el 1 de julio de 2011 a la 1:43 p. m. No obstante, la vista de ese día estaba señalada para las 9:00 a. m. Seis días después, el tribunal emitió una Orden en la que requirió al licenciado Avilés que cancelara los sellos de suspensión de vista y que expresara las razones para su incomparecencia.

       Según surge del expediente, de seis señalamientos para celebrar la Confe-rencia Inicial, el licenciado Avilés solo compareció a la vista del 19 de enero de 2011, la cual tuvo que ser reseñalada porque no había preparado el informe para el manejo del caso.

       Mediante Orden dictada el 10 de agosto de 2011, el foro primario declaró “ha lugar” la solicitud de relevo de representación legal presentada por la señora Benet.

       4 LPRAAp. XXI-B.

       La carta fue enviada por correo certificado con acuse de recibo. En el expe-diente personal del togado consta que fue recibida el 2 de septiembre de 2011.

       Esta misiva también fue enviada por correo certificado con acuse de recibo y fue recibida el 7 de junio de 2012.

       La Resolución se notificó personalmente el 9 de noviembre de 2012.

       El licenciado Avilés se refería a la Moción Urgente presentada por la señora Benet el 17 de diciembre de 2010 en la que ésta solicitó al foro primario que le concediera un tiempo razonable para localizar al licenciado Avilés, ya que había perdido comunicación con el letrado, o para contratar nueva representación legal.

       El 21 de octubre de 2015, el licenciado Avilés solicitó un término adicional para contestar la Querella. Mediante Resolución emitida el 30 de octubre de 2015, le concedimos treinta días adicionales y le apercibimos que su incumplimiento conlle-varía la continuación de los procedimientos disciplinarios sin su comparecencia.

       El licenciado Avilés enfatizó que su conducta no fue intencional ni con el ánimo de faltarle el respeto a su cliente, a la Procuradora General ni a los tribunales. En cuanto a la sanción que se le impondría, solicitó que se tomaran en cuenta los atenuantes siguientes: (1) su aceptación de responsabilidad y allanamiento a la Que-rella; (2) las situaciones que afectaron su desempeño fueron superadas; (3) aprendió que los problemas personales no deben afectar su ejecutoria en los asuntos que le han sido encomendados; (4) si surge algún evento que pudiese afectar su gestión profesional, deberá informarlo a su cliente y solicitar el relevo de la representación legal; (S) es padre de tres estudiantes universitarios que aún dependen de él, y (6) su único sustento lo obtiene a través del ejercicio de la profesión legal.

       Como mencionamos anteriormente, la moción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia el 1 de julio de 2011 a la 1:43 p. m. con el propósito de solicitar la posposición de una vista que estaba señalada para ese mismo día a las 9:00 a. m.


text:
    Partido Nuevo Progresista, representado por su Secretario General, Rafael “June” Rivera, recurrido, v. Comité Local PNP Gurabo, por conducto de Vimarie Peña Dávila, Rafael Rodríguez Rivera, Rachely Rivera Santana y Víctor Rosa Pérez, y Legislatura Municipal, por conducto de su presidenta, Hon. María E. Rodríguez Ortiz, peticionarios.

      Número: CC-2017-0109

      Resuelto: 7 de abril de 2017

      Javier F. Aponte Reyes, abogado de la legislatura municipal, parte peticionaria.
    SALA de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodrí-guez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.
   RESOLUCIÓN

Atendida la petición de certiorari presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emi-tió un voto particular de conformidad.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Presi-denta Oronoz Rodríguez.

Estoy conforme con denegar el recurso ante nuestra consideración, pues a mi juicio el foro apelativo intermedio interpretó correctamente las disposiciones legales en cuestión. La enmienda al Art. 9.006(4) de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral) —la cual dispuso que la va-cante al puesto de alcalde surgida por “renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o por cual-quier otra causa” será cubierta mediante elección especial, (énfasis suplido) 16 LPRA see. 4146— es altamente incompatible con el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autóno-mos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), que señala que la vacante sur-gida cuando un alcalde no haya juramentado será cubierta por nombramiento del comité local del partido al que per-tenezca el alcalde que no juramentó. 21 LPRA see. 4103. En escenarios como estos, en los que distintas disposicio-nes aplicables a un mismo asunto resultan dudosas, debe-mos interpretarlas de forma conjunta y armónica. Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 204-205 (2005).

Desde esa perspectiva, no me persuade la sugerencia de los peticionarios de que en esta coyuntura debía predomi-nar la Ley de Municipios Autónomos, tanto por su carácter especial como porque, desde sus orígenes, esta ley reguló en disposiciones separadas las causales mediante las cua-les puede surgir una vacante al puesto de alcalde. En primer lugar, es menester destacar que la Ley Electoral goza también de su propia especialidad, en tanto existe para regular en detalle todo el andamiaje electoral de nuestra democracia. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 262 (1980). Por esa razón, está revestida de una dimensión constitucional puesto que regula la voluntad del pueblo expresada mediante el sufragio electoral. McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 597-598 (2007). Re-sulta un argumento un tanto conveniente que, para efectos de esta controversia de índole electoral, se pretenda recu-rrir a los preceptos de la Ley de Municipios Autónomos en abstracción de aquellos específicamente incluidos en la Ley Electoral y que, a partir de 2014, también versan sobre las vacantes a puestos municipales.

En segundo lugar, la estructura legislativa mediante la cual la Ley de Municipios Autónomos regula en disposicio-nes separadas las distintas causales de vacantes al puesto de alcalde solo sería determinante si de ésta se despren-diera que el legislador contempló, no solo causales de va-cantes distintas, sino métodos distintos para cubrirlas. Sin embargo, no fue así, pues a pesar de regular en artículos separados las diversas causales, el método contemplado en la Ley de Municipios Autónomos para cubrirlas era uni-forme, independientemente del tipo de causal que fuera. Es decir, previo a las enmiendas de 2014 a la Ley Electoral y a la Ley de Municipios Autónomos, el método para llenar las vacantes al puesto de alcalde consistía en un nombra-miento por parte del comité local del partido al que perte-neciera el alcalde cuya vacante se pretendía cubrir. Es sensato concluir que, al variar el método para cubrir tales vacantes en el 2014, el legislador quiso mantener esa uni-formidad y, más importante aún, promover un procedi-miento más democrático y participativo para atender cir-cunstancias como la ocurrida en el municipio de Gurabo.

       Al examinar con detenimiento los artículos de la Ley de Municipios Autóno-mos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autóno-mos), previo a las enmiendas de 2014, resulta que el método para llenar las vacantes al puesto de alcalde era uniforme, ya fuera porque el alcalde no tomara posesión (Art. 3.003 [21 LPRA ant. sec. 4103]), renunciara a su puesto (Art. 3.004 [21 LPRA ant. sec. 4104]) o falleciera, fuera destituido, se incapacitara o por alguna otra causa surgiera una vacante permanente (Art. 3.005 [2Í LPRA ant. sec. 4105]). En todos estos escenarios, la vacante a la alcaldía se cubría mediante un nombramiento del comité local del partido que hubiese elegido al alcalde cuya vacante se pretendía cubrir. Sin embargo, a través de la Ley Núm. 239-2014, la Asamblea Legislativa enmienda el Art. 9.006(4) de la Ley Electoral para disponer que las vacantes por renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier otra causa se cubrirán mediante elección especial, salvo que esa vacante ocurra en año electoral, en cuyo caso se cubriría mediante nombramiento del comité local del partido. 16 LPRA see. 4146(4). Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa enmendó, además, el Art. 3.004 de la Ley de Municipios Autónomos para disponer también que la vacante surgida por motivo de renuncia se cubrirá mediante elección especial, exceptuando a su vez aquellos casos en los que la vacante surgiera en un año electoral, cuando se cubriría mediante nombramiento del comité local del partido. Al enmendarse el Art. 3.004 de la Ley de Municipios Autónomos, quedó enmendado implícitamente el Art. 3.005, pues este dispone que las vacantes surgidas por las causales allí contenidas “seráín] cubiertafs] en la forma dispuesta en [el Artículo 3.004]”. 21 LPRA see. 4105. Así las cosas, permaneció inalterado el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, que dispone que la vacante surgida cuando un alcalde electo no tome posesión ha de cubrirse mediante nombramiento del comité local del partido que eligió al alcalde. De ahí surgió la controversia de este caso, pues pare-cieron haberse diferenciado los métodos contemplados para cubrir las vacantes sur-gidas en una alcaldía. A mi juicio, una lectura integral de todas estas disposiciones lleva a la conclusión de que, según la normativa establecida a partir de 2014, el único escenario en el cual el comité local de un partido político tendría la facultad de cubrir una vacante a una alcaldía, sin convocar a una elección especial, es cuando esa vacante ocurre en un año electoral. 16 LPRA see. 4146(4); 21 LPRA secs. 4104-4105. Esto se justifica a los efectos de evitar una elección especial previa a una elección ordinaria en un mismo año, escenario que no tenemos ante nuestra consideración. La incongruencia entre el método de elección especial dispuesto en los Arts. 9.006(4) de la Ley Electoral, 3.004 y 3.005 de la Ley de Municipios Autónomos, vis a vis el método relegado en el Art. 3.003 (según el cual el comité local del partido realiza de primera instancia un nombramiento para llenar la vacante cuando un alcalde no ha juramentado al cargo) torna forzosa la preeminencia del primero por constituir el método que más plausiblemente contempló el legislador para cualquier vacante a la alcaldía fuera de un año electoral.

       La vacante que existía en la Alcaldía de Gurabo se cubrió recientemente mediante el procedimiento dispuesto en la Ley Electoral.