author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de la Villa de Ponce v. Diana et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 798.
    Resuelto en junio 29, 1912.
    Acción Reivindicatoría — Cumplimiento de un Testamento — Indebida Acumu-lación de Partes Demandadas — Indebida Acumulación de Acciones. — En el caso de autos el tribunal resolvió que de acuerdo con el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil no existía indebida acumulación de partes' demandadas ni de acciones, puesto que siendo la base de este litigio el cum-plimiento de un testamento, en un sólo pleito y reuniendo a todos los in-teresados, es que deben resolverse definitiva y finalmente todas las cues-tiones suscitadas.
    Id. — Asociación Benéfica Oonstituída Bajo la Soberanía Española — Capa-cidad para Demandar — Evidencia—Legislación Ultramarina por Rodrí-guez San Pedro. — Se resolvió en el caso de autos que la corte inferior cometió error al no admitir como prueba para su mayor ilustración un tomo de la obra titulada "Legislación Ultramarina concordada y anotada por Don Joa-quín Rodríguez San Pedro,” publicada bajo la autoridad del Ministro de Ultramar, constando en el tomo 2, página 201, de dicha obra, que por real orden de noviembre 11, 1863, fué aprobado el reglamento de la asociación demandante.
    Id. — Asociaciones Benéficas Fundadas Bajo la Soberanía Espaitola — Ca pacidad para Adquirir Bienes por Testamento. — Examinada la prueba presentada en este caso es necesario concluir que la Asociación demandante se organizó y comenzó a funcionar de acuerdo con la ley desde 1863 y estaba capacitada para adquirir bienes por testamento a la muerte de Silva ocu-rrida en 1873.
    Id. — Capacidad de la Asociación Demandante para Demandar. — Habiendo sido registrada la asociación demandante de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1888, y constando este hecho en autos en virtud de una certificación expedida por el Secretario Auxiliar de Puerto Rico y habiendo continuado sus funciones sin interrupción, dicha asociación demandante, después del cambio de soberanía, y reconocida su existencia por varias de las partes relacionadas con este pleito, es indudable que dieha asociación tiene capacidad para demandar y reclamar la entrega de los bienes que constituyen la herencia objeto de este pleito.
    Testamento — Interpretación—Cumplimiento de la Voluntad del Testador.— Habiendo demostrado la asociación demandante su capacidad para adquirir y demandar, y habiendo probado las alegaciones de la demanda, se decidió que el caso debía regirse por los principios establecidos en la sentencia dic-tada por esta Corte al resolver la primera apelación interpuesta en este pleito (Asociación de Señoras Damas., etc., v. Diana et al., 16 D. P. R., 381), y en su virtud, que en cumplimiento de la última solicitud del testador, debían entregarse los bienes a que se refiere el testamento a la asociación demandante para que los conserve en lo posible bajo buena administración e invierta sus productos líquidos en el socorro de los pobres enfermos asilados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogados de los apelados: Sres. C. López de Tord, Nemesio R. Canales y Francisco Jiménez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de la Villa de Ponce, interpuso demanda, ejercitando la acción rei-vindicatoría, contra Josefa Diana Martínez y otros, en la Corte de Distrito de Ponce, en 28 de julio de 1909. Ale-gada la excepción de que la demanda no aducía hechos, sufi-cientes para determinar una cansa de acción y dictada sen-tencia declarándola con lugar, la parte demandante apeló para ante esta Corte Suprema, y esta corte, en 24 de mayo de 1910, revocó la sentencia apelada, por entender que bajo cualquier aspecto que se consideraran las cuestiones envuel-tas en el caso, la demanda aducía hechos suficientes para es-tablecer la causa de acción ejercitada. (Asociación de Señoras Damas etc. v. Diana et al., 16 D. P. R., 381 y 392.)

Devuelto el caso a la corte inferior, la demandante, en 23 de septiembre de 1910, con permiso de la corte, enmendó su demanda que quedó redactada de la manera siguiente:

Io. Que la demandante es una Asociación Civil, con fines benéficos, consistentes en la asistencia hospitalaria de enfer-mos pobres, debidamente constituida e inscrita en el regis-tro de asociaciones, de acuerdo con la Ley de Asociaciones de fecha 13 de junio de 1888 y con personalidad jurídica para demandar y ser demandada; y que dicha demandante es además una fundación benéfica, cuyos estatutos o regla-mentos fueron aprobados por B. O. de la Beina de España, de fecha 11 de noviembre de 1863.

2o. En fecha 17 de septiembre de 1873, Don Juan Bau-tista Silva, siendo soltero y careciendo de herederos forzosos, otorgó testamento ante el Notario Don Francisco Parra y Duperón, en el cual dispuso entre otros extremos, lo si-guiente :

“Itt. Puesto que carezco de herederos forzosos y lo que poseo no quiero se desmembre por que me cuesta muchos años de trabajo y eco-nomías, es mi voluntad deliberada, que extraído que sea el legado ante-dicho para María Juliana y Ramona Ysabel, hijas de la liberta Carmen, y dos vacas paridas una para cada cual de ellas, así como lo necesario para cubrir los gastos de mi enfermedad y entierro, todos mis demás bienes sobrantes que los constituyen terrenos, animales y deudas a favor que llevo mencionados, tome posesión y entrega de ellos mi buen amigo Don Juan Apolinario Laboy, vecino de Ponce, que merece toda mi confianza hace tiempo, me sirve y me acompaña en mis enfermeda-des desinteresadamente, a quien nombro e instituyo por mi único here-dero voluntario de dichos bienes durante su vida, con las condiciones precisas que le impongo a continuación: Primera, que el líquido usu-fructo de dichos bienes, después de satisfechas las contribuciones muni-cipales y demás que por derecho se le impongan, se divida en dos partes iguales, una para dicho heredero Laboy en recompensa justa de su buena administración y celo por dichos intereses y otra para atender a los pobres enfermos del Santo Asilo de Caridad de las Damas de Ponce, cuya liquidación de productos y entrega de esta parte se hará al fin de cada año por el mismo heredero administrador sin otra inter-vención extraña de ningún género, como cometido de pura conciencia; y porque el producto de propiedades como las que dejo, dependan más o menos de que sean o no favorables las estaciones del año y que no falten a tiempo las lluvias en la comarca. Segunda, que siendo mi especial objeto el que no se desmembren ni dividan mis bienes que tan-tas privaciones y trabajos me cuestan, a la muerte de Laboy pasen con el debido inventario y razón de todos ellos al poder y posesión de la persona que merezca la confianza del mismo Don Juan Apolinario Laboy, con iguales facultades y para el propio objeto que llevo aquí consignado, a cuyo fin en el momento en que por mi muerte entre éste en la propiedad y posesión de mis citados bienes deberá precisamente otorgar en forma su final disposición testamentaria en que determine la persona que le ha de suceder en dicho cometido, cuya facultad de sus-tituir, que de acuerdo con tal motivo' a Laboy se irá trasmitiendo de éste, como dejo dicho, en persona de su confianza, de aquel en la que la merezca la suya y así sucesivamente, siempre por testamento en forma, u otro acto fehaciente que otorgará sucesivamente, en el mo-mento en que entren a desempeñar su cargo de heredero sustituto; y Tercera, que si por no llenarse este requisito de la sustitución en opor-tunidad como lo recomiendo, si por pretenciones de algún pariente mió o extraño, o por cualquier otro concepto, motivo o reclamación se qui-siese hacer o suponer vacante o intestada la citada herencia, o sea los bienes que la constituyen, quiero y es mi voluntad que en este último ■caso, que a la muerte del referido Laboy, mi primer heredero, pasen dichos bienes al citado Asilo de Damas de Ponce, mi heredero sustituto que le nombro, recomendando en este caso muy especialmente a esta Asociación, el que se conserven en lo posible bajo buena adminis-tración los predichos bienes y solamente sus productos líquidos sean los que se inviertan en el socorro de los pobres enfermos del 'estable-cimiento indicado.”

3o. Que el Santo Asilo de Damas de Ponce a que se re-fiere el testamento antes mencionado es la misma Asociación demandante, o sea la Asociación de Señoras Damas de Ponce, conocida y denominada generalmente con la. denominación que aparece en dicho testamento.

4o. Que entre otros bienes relictos por el testador Don Juan Bautista Silva, se encuentran los siguientes: Se des-criben detalladamente: (A) Una finca rústica de 400 cuer-das; (B) otra finca rústica de 126 cuerdas; (C) otra de 50 cuerdas; (E) otra de 2 cuerdas; (G) una parcela de cuerda y media; (H) un crédito hipotecario por $600 constituido sobre una casa y solar en la calle Unión, de Ponce.

5o. Que Don Juan Bautista Silva, falleció en diez y siete de diciembre de 1873, sin haber revocado ni modificado el testamento antes referido, ni dejado herederos forzosos; y desde esta fecha su albacea y heredero voluntario condicional Don Juan Apolinario Laboy, entró en posesión de los bienes de la herencia, dando a las rentas de los mismos la aplica-ción dispuesta por el testador.

6o. Que en 30 de septiembre de 1875 Don Juan Apolinario Laboy compareció ante el notario de Ponce Don Francisco Parra Duperón y ante éste otorgó una escritura de sustitu-ción de herencia (que no reúne los requisitos y formalidades de un testamento) en la que después de insertarse la cláu-sula del testamento de Don Juan Bautista Silva, transcrita en esta demanda, manifestó el compareciente:

“Que practicado ya el inventario de los bienes de Silva y puesto en posesión de éstos, viene a cumplir por el presente acto notarial la condición citada del testamento, nombrando como elige y nombra por heredero sustituto del mencionado Silva a la legítima esposa del que habla Doña Dominga Fernández de Laboy, de este vecindario y por muerte tt, otra imposibilidad legal de ésta, a su hijo de crianza, Don José Laboy, de quince años de edad, que vive en su compañía, eligién-dole para este caso, si aun fuere menor de edad, y durante la minoría a Don Juan José Vázquez de curador ad bona, vecino, propietario de este partido y persona de su confianza a quien releva de toda fianza y garantía, para el desempeño de este cargo, confiriendo a dicho heredero sustituto las mismas amplias facultades que le concediera Silva al otorgante por"el testamento referido y cláusula inserta.”

7o. Que Don Juan Apolinario Laboy falleció en 7 de mayo de 1888 sin testamento, antes que su consorte Doña Dominga Fernández Yerdez, la cual al fallecimiento de su consorte, y sin otro título que el documento referido en el hecho anterior, tomó posesión de los bienes de la herencia de Don Juan Bautista Silva y los administró hasta su muerte, entregando anualmente a la Asociación demandante la mitad de los pro-ductos de dichos bienes.

8o. Que Doña Dominga Fernández Verdez, hizo testamento .ante Notario Don Francisco Parra, en 24 de abril de 1869, en cuya fecha no había fallecido Don Juan Apolinario Laboy, ni Don Juan Bautista Silva, ni otorgado éste su testamento, ni por tanto ella había tomado posesión de los bienes relic-tos por el expresado Don Juan Bautista Silva; y que en dicho testamento de la Sra. Verdez, ni en ningún otro documento, ■hace ésta referencia a la administración y manejo de los ex-presados bienes, ni designación de persona que había de ad-ministrarlos a su fallecimiento.

9o. Que. Doña Dominga Fernández Verdez en su referido testamento instituyó heredero universal a Don José Laboy Fernández, y que éste, sin título alguno tomó posesión ilegal-mente de los bienes relictos por Don Juan Bautista Silva, al fallecimiento de Doña Dominga Fernández Verdez, ocurrido hacia el 15 de enero de 1891, pretendiendo tener derecho a ello bajo la cláusula del testamento de Don Juan Apolinario Laboy, transcrito en el hecho 7o.

10°. Que al fallecimiento de Don José Laboy Fernández, tomó posesión ilegalmente de los bienes relictos por Don Juan Bautista Silva, la consorte de dicho Laboy, Doña Josefa Diana Martínez, alegando tener derecho a ello por haber sido nombrada administradora de los bienes relictos por Don Juan Bautista Silva, por su consorte, José Laboy, y que esta demandada se encuentra actualmente en posesión de todos dichos bienes con excepción de las parcelas de te-rreno que más adelante se describen.

11°. Que Doña Josefa Diana Martínez mediante una in-formación posesoria tramitada y aprobada ante la extinguida ■Corte de Distrito de Ponce, en la que alegó falsamente que poseía a título de dueña las fincas descritas con las letras (A) y (B), ha inscrito dicho dichos inmuebles a su propio nombre en el registro de la propiedad, sin mencionar siquiera en dicho expediente a la sociedad demandante; y posterior-mente intentó convertir en inscripción de dominio su inscrip-ción posesoria, lo que no logró • por haberse opuesto dicha demandante. La posesión del inmueble (A) se inscribió a nombre de Doña Josefa Diana Martínez exclusivamente sin perjuicio de tercero de mejor derecho a la propiedad de la misma en el Registro de la Propiedad de Ponce, al folio 187, del libro 8 de Santa Isabel, finca 281, inscripción Ia.; y la finca (B) también sin perjuicio de tercero, al folio 144 del libro 8 de Santa Isabel, finca 198, inscripción Ia.

12°. Este hecho se refiere al arrendamiento de la finca letra (B) contratado por la demandada Josefa Diana Mar-tínez por varios años, (quince finalmente), sin el consenti-miento de la demandante. Dicho arrendamiento fué cedido al demandado Carlos Cabrera.

13°. Que José Laboy, diciéndose dueño de un predio de terreno de 13 cuerdas, 75 céntimos, parte integrante de la finca (B) perteneciente a la herencia, de Don Juan Bautista Silva, cuyo hecho constaba a dicho Laboy, promovió un ex-pediente posesorio a su favor de dicho predio, que fué apro-bado sin perjuicio de tercero de mejor derecho a la propie-dad, en 6 de mayo de 1892, e inscrito a su nombre en el Regis-tro de la Propiedad de Ponce, al folio 140, del tomo 4 de Santa Isabel, finca 151, con la descripción siguiente: (Se describe).

14°. Que este predio fúé vendido por Laboy a Rufino Tricoche, inscribiéndose esta venta en el registro de la propie-dad; y éste vendió una cuerda a Julio Mercado y arrendó al mismo las 12.33 restantes, por un término de seis años que vencerán el 2 de marzo de 1910; y que dicho Tricoche y Mercado, poseen en-la actualidad los referidos predios,, cuya pro-piedad pertenece a la demandante.

15°. Que Don Luis Burgos y Martínez obtuvo del juzgado municipal de Santa Isabel en 9 de febrero de 1890, que decía-rara justificado a su favor la posesión de un predio de te-rreno que se describe así: (Se describe una finca de 50 cuer-das). Que el promovente manifestó liaber adquirido 6 cuer-das, de las 50, por compra a Ap.olinario Laboy, sin expresar la fecha, sin mediar título escrito; y que dichas 6 cuerdas en realidad eran y son 6.91 y constituyen parte integrante de la finca letra (A) que constituye parte del caudal relicto por Don Juan Bautista Silva y pertenece en pleno dominio actualmente a la actora.

16°. Que esta porción de 6.91 cuerdas, como parte inte-grante de las 50 antes descritas, se encuentran hoy deten-tadas por la Santa Isabel Florida Sugar Co., una corpora-ción constituida e incorporada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, juntamente con otras 2.47 cuerdas más, parte integrante de la finca (A) que han sido incluidas sin título alguno por dicha Santa Isabel Florida Sugar Co. y sus ante-cesores en título de la finca de 50 cuerdas; y cuya posesión de 2.47 cuerdas en unión de las 6.91 referidas, totalizan 9.38 cuerdas que son las marcadas con la letra (?) en el plano (exhibit ?) que se acompaña. (sic.) El expediente posesorio de dicha finca de 50 cuerdas, originariamente se inscribió sin perjuicio de tercero de mejor derecho a la propiedad, en el Registro de la Propiedad de Ponce al folio 15 del libro 4 de Santa Isabel, finca 140.

17°. Que la descripción de las 6.91 cuerdas referidas son: (Se describen.)

Y la descripción de las 2.47 cuerdas es como sigue: (Se describen.)

La descripción de la porción de 9.38 cuerdas integradas por las dos parcelas antes descritas es como sigue: (Se describe.)

18°. Que en mayo de 1904, Don Cleobulino Colón Zayas, formalizó un expediente de 3 cuerdas de terreno, parte inte-grante de la finca letra (A), alegando haberlas comprado privadamente a José Laboy, a quien le constaba que dichas 3 cuerdas formaban parte de la finca letra (A) perteneciente al caudal relicto por Don Juan Bautista Silva bajo la' des-cripción siguiente: (Se describe.) Cuya finca mediante ex-pediente fue inscrita en el registro de la propiedad, bajo el número 294, tomo 8 de Santa Isabel, hacia el folio 160 del mismo, actualmente se encuentra en posesión de Don Julio Bibas, por haberla éste comprado a Don Vicente Usera, y éste a su vez de Don Cleobulino Colón, siendo dicha propie-dad exclusiva de la actora.

19°. Que Juana Campos conocida también por Juana Yor-dán, detenta sin título alguno una porción de terreno de 3 cuerdas, parte integrante de la finca (A), siendo la descrip-ción de dicha parcela de 3 cuerdas como sigue: (Se describe.)

20°. Que Baldomero Bodríguez detenta una porción de terrenos sin título alguno, parte integrante de la finca letra (A), siendo la descripción de dicho trozo de terreno: (Se describe.)

21°. Se refieren detalladamente los hechos relativos al .arrrendamiento de la finca (C) al demandado Torres Guau, por término de diez años y medio, sin la anuencia de la demandante.

22°. Trata este hecho del arrendamiento de las fincas (D) y (E), al demandado Carlos Santiago, por término de seis ■años, prorrogables tres más, y canon de noventa pesos anua-les, confesando el arrendador José Laboy haber recibido el pago de todos los cánones, sin que jamás se pagara su parte a la demandante.

23°. Trata del arrendamiento de la finca (G-) hecho por José Laboy sin consentimiento de la parte actora, a Gustavo Cabrera y herederos de Enrique Cabrera.

24°. Se nombran en este hecho de la demanda a las. per-sonas que sucedieron a Gustavo Cabrera, con motivo de su fallecimiento, quienes, en unión de los herederos de Enrique Cabrera, son los actuales poseedores de la finca (G).

25°. Que por escritura pública, de fecha 28 de agosto de 1888, Don José Laboy hipotecó a Doña Dominga Fernández Yerdez, para responder de la suma de 1850 pesos moneda entonces corriente, que confesó recibido de. la misma y se comprometió a devolverle el día 28 de agosto de 1889, con el interés del uno por 100 mensual, la finca siguiente: (Se describe bajo la letra (D) un predio de 6% cuerdas, en el cual hay enclavada una casa). Que por otra escritura de fecha 16 de octubre de 1888, Doña Dominga Fernández Ver-dez, declaró que la suma prestada a Laboy, pertenecía a la herencia de Don Juan Bautista Silva que ella administraba, correspondiendo por tanto a dicha herencia la referida hipo-teca y no a ella; y finalmente por otra escritura de fecha 3 de mayo de 1890, Don José Laboy adjudicó y dió en pago de la suma que garantizaba dicha hipoteca a Doña Dominga Fernández Yerdez, la finca hipotecada que se ha descrito.

26°. Que Don Carlos Cabrera y Paz ha poseído la finca letra (B) desde primero de agosto de 1904, y la posee actual-mente, percibiendo los frutos y rentas de la misma, y que el valor de tales rentas y frutos, es el de 15 dollars por cuerda al año, como mínimum; y de igual modo Don Tomás Torres Grau posee actualmente la finca letra (G), y la poseía desde igual fecha, percibiendo los frutos y rentas de la misma, cuyo valor mínimum asciende a 10 dollars por cuerda al año.

La demandante solicitó en su súplica que se declare que los bienes inmuebles descritos, procedentes de la herencia de Silva, son de su propiedad; que se le ponga en posesión de ellos; que se declare la nulidad de los expedientes posesorios a que se ha hecho referencia y las inscripciones de los mismos en el registro, y otros pronunciamientos, algunos de ellos innecesarios por haber luego la misma demandante desistido de su acción en cuanto a varios de los demandados.

La demandada Josefa Diana Martínez, excepcionó la de-manda enmendada alegando: Io. Que existe indebida acumu-lación de partes demandadas; 2o. Que varias acciones han sido acumuladas indebidamente, y 3o. Falta de hechos para deter-minar una cansa de acción; y la contestó, además, en la si-guiente forma:

PRIMERA DEFENSA.

Io. Negamos la alegación primera de la demanda enmeu dada y especialmente que la demandante tenga personalidad jurídica para demandar y ser demandada y que la tuviera para adquirir bienes a la muerte de Don Juan Bautista Silva, o sea, el 17 de diciembre de 1873.

2°. Negamos también la alegación 3a. de dicha demanda.

3°. Negamos el hecho 9°. de la demanda y en su lugar ale-gamos: que al fallecimiento de Doña Dominga Fernández Verdez, su heredero José Laboy Fernández tomó posesión de todos los bienes que poseía dicha señora en su carácter de heredero' testamentario de la misma; y entre otros, tomó posesión de los bienes que constituyeron la herencia de Silva, toda vez que a título de dueño fueron antes poseídas hasta su muerte por su causante la referida Señora Fernández Ver-dez. Y alegamos que al posesionarse de tales bienes, José Laboy Fernández obró de buena fe, en la creencia de que le pertenecían como dueño en su carácter de heredero antes mencionado, y con conocimiento y asentimiento de “El Santo Asilo de Damas de Ponce.”

4°. Negamos el hecho décimo de la demanda enmendada en cuanto alega que la demandada Doña Josefa Diana Mar-tínez tomó posesión ilegalmente de los bienes relictos por Silva; y alegamos en su lugar que al tomar posesión de los referidos bienes dicha Señora obró de buena fe, con justo y legal título, o sea en virtud del testamento que otorgó su esposo José Laboy Fernández, que la nombró su heredera sus-tituía.

5°. Negamos las alegaciones del párrafo once de la de-manda enmendada en la forma en que está redactada. Y alegamos que es cierto que la demandada Señora Diana Martí-nez practicó la información posesoria conforme se alega en la alegación 13 de la demanda y que luego trató de convertir dicha posesión en dominio, promoviendo tales expedien-tes como dneña legal de los bienes que constituyeron la heren-cia de Silva y respetando siempre los derechos de la mitad del usufructo, para atender a los pobres enfermos del Santo Asilo de Caridad de las Damas de Ponce.

6o. Negamos la alegación del párrafo 12 de la demanda en cuanto dice que los arrendamientos se han hecho sin con-sentimiento ni conocimiento de la demandante, en grave per-juicio y detrimento de sus intereses y por un canon ridículo; y alegamos que todos los contratos- de arriendo y'subarriendo que se mencionan en el hecho 12 de la demanda, se han lle-vado a cabo teniendo conocimiento de los mismos el Santo Asilo de Damas de Ponce, sin oposición alguna por parte de dicho Asilo, que los ha ratificado en distintas ocasiones. Y que el canon del arrendamiento en la fecha en que fueron hechos, era el justo y corriente valor de los terrenos arren-dados.

7o. Que el arrendamiento a que se refiere la alegación 21 de la demanda se hizo con el asentimiento del Santo Asilo de Damas que lo ha ratificado en distintas ocasiones y alega-mos, que el canon de arrendamiento que se convino, represen-taba el justo valor del terreno arrendado en la fecha en que se hizo el arrendamiento.

8o. Que los contratos a que se refieren las alegaciones 22 y 23 de la demanda, se llevaron a cabo con conocimiento del Santo Asilo de Damas de Ponce, sin oposición alguna por parte de dicho Asilo de Damas que los ha ratificado en dis-tintas ocasiones; y alegamos que el canon del arrendamiento en la fecha en que fué hecho era el justo y corriente valor de los terrenos arrendados.

SEGUNDA DEFENSA.

■Alegamos especialmente que la demandante no tiene ca-pacidad para demandar ni ser demandada; y que la deman-dante al fallecimiento de Don Juan Bautista Silva no tenía capacidad para adquirir bienes de clase alguna.

TERCERA DEEENSA.

Que la demandada Doña Josefa Diana Martínez y antes que ella sns cansantes y predecesores en título, lian venido poseyendo las fincas que se reclaman con justo título y buena fe y durante un término de más de un año, seis años, diez años y veinte años; y en su consecuencia alegamos que ha-biéndose ejercitado tal posesión a título y en concepto de dueño, existe a favor de dicha demandada la prescripción ad-quisitiva del dominio estatuida en la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, relacionada esta ley con el artículo 1840 del vigente Código Civil de Puerto Rico y artículo 1858 del mis-mo código y 1957 del Código Civil anterior, y ley 3, título 8, libro 11 de la Novísima Recopilación Española. T alegamos que dicho término de uno, seis, diez y viente años no ha sido interrumpido en ocasión alguna por interposición de recla-mación judicial ni de ningún otro modo.

CUARTA DEEENSA.

Que la demandada Doña Josefa Diana Martínez y antes que ella sus causantes y predecesores en título, han venido po-seyendo en concepto de dueños las fincas que se reclaman por un término de más de 30 años, sin que dicho término haya sido interrumpido por modo alguno. T sometemos a la con-sideración de esa honorable corte, que existe a favor de dicha demandada la prescripción extraordinaria para adquirir el dominio, regulada en la ley 5a. del título 8 del libro. 11 de la Novísima Recopilación Española, del artículo 1959 del anti-guo Código Civil Español y artículo 1840 del vigente Código Civil de Puerto Rico.

QUINTA DEEENSA.

Que la demandante ha dejado transcurrir un término de más de 30 años sin ejercitar la presente acción, y por tanto, sometemos a la consideración de la honorable corte, que la acción se ha extinguido por prescripción, a tenor de lo esta-tuido en la ley 5a., título 8, libro 11, de la Novísima Recopi-lación Española, y del artículo 1939 del Código Civil Español y del artículo 1840 del Código Civil de Puerto Bico.

SEXTA DEFENSA.

Que el Santo Asilo de Damas de Ponce ña reconocido en. todo tiempo que la demandada Doña Josefa Diana Martínez y antes qne ella sus cansantes y predecesores en título, los mencionados Don Juan Apolinario Laboy, su esposa Doña’-Dominga Fernández Yerdez y Don José Laboy Fernández, eran dueños de las fincas que se reclaman en el presente pleito, consintiendo qne dichas personas poseyeran aquellas, fincas, permitiéndolas celebrar contratos de arrendamiento y ejercitar toda clase de derechos dominicales; y por ello some-temos a la consideración de la honorable corte, que la deman-dante no puede ir contra sus propios actos y está imposibili-tada para ejercitar la presente acción.

El demandado Tomás Torres Gran contestó la demanda enmendada negando general y específicamente todas y cada una de sus alegaciones y alegando en su favor varias defen-sas, entre ellas la de que es tercero de buena fe y la de qne la demandante no tuvo capacidad para adquirir la herencia de Silva al tiempo de la muerte del testador, ni la tiene ahora para demandarla en juicio. Este demandado, luego, en el acto de la vista, presentó un documento creditivo de que había entregado desde febrero 17, 3908, a la demandada Josefa-Diana Martínez la finca (c) qne le tenía arrendada.

La demandante presentó la siguiente impugnación de la alegación de prescripción:

Que impugna de manera expresa la alegación de prescrip-ción adquisitiva contenida en la tercera defensa de la con-testación a la demanda enmendada, así como la alegación de prescripción adquisitiva extraordinaria contenida en la cuar-ta defensa de dicha contestación, por no haber poseído la de-, mandada y sus predecesores en título, en concepto de dueños, sino de meros administradores, existiendo además mala fe en la posesión de José Laboy y Josefa Diana Martí-nez. Que impugna de igual modo la alegación de prescrip-ción extintiva contenida en la 5a. defensa, por no haber trans-currido treinta años desde que la demandante pudo ejercitar esta acción. Impugnamos la alegación de la demandada Josefa Diana Martínez.

Los demandados Juana Campos o Yordán y Julio Ribas presentaron excepciones previas y habiendo sido desestima-das y habiendo dejado de contestar la demanda en el término que se le concediera al efecto, se anotó su rebeldía.

La corporación demandada Santa Isabel Sugar Co. fue emplazada debidamente y como no compareciera se anotó su rebeldía.

La parte demandante en 20 de septiembre de 1910, pre-sentó una moción desistiendo de su acción en cuanto a los demandados Julio Mercado, Rufino Tricoche, Baldomero Martínez, Herederos de Grustavo Cabrera y Enrique Cabrera, y también en cuanto a Carlos Santiago en lo que atañe a las fincas (D) y (F). Para mayor claridad debe advertirse que del hecho 4°. de la demanda primitiva se eliminaron por la enmendada las fincas (D) y (F), incluyéndose en el hecho 25 una finca marcada con la letra (D) dentro de la cual está enclavada una casa que es sin duda la misma antes designada con la letra (F).

En 29 de septiembre' de 1910, la demandante presentó un escrito consignando que había transado todas sus diferen-cias y reclamaciones que con motivo de este pleito tenía contra el demandado Carlos Santiago y que en su virtud desis-tía absolutamente de la continuación de esta acción en contra del demandado Santiago. El dicho demandado Carlos Santiago en escrito de igual fecha anunció e informó al tribunal que tenía a su disposición y ofrecía entregar las fin-cas de 6% u 8 cuerdas más o menos y de 214 cuerdas, sitas ambas en el barrio de Machuelo Abajo del término municipal de Ponce, a que se refiere, la demanda.

Y por último la parte demandante presentó un escrito solicitando el sobreseimiento del caso en lo que atañe al demandado Carlos Cabrera, sin especial condena de costas, por haber llegado con él a nna transacción que se hizo cons-tar en escritura pública.

' En. sn consecuencia, las partes demandadas que en un principio lo fueron: 1. Josefa Diana Martínez; 2. Carlos Cabrera; 3. Tomás Torres G-rau; 4. Carlos Santiago; 5. Ru-fino Tiicoche; 6. Julio Mercado; 7. Julio Ribas; 8. Santa Isabel Sugar Co. o Central Cortada; 9. Juana Campos o Jor-dán; 10. Baldomero Rodríguez Martínez; 11. Herederos de Gustavo Cabrera; y 12. Herederos de Enrique Cabrera, que-daron reducidas a: 1. Josefa Diana Martínez, que excepcionó y contestó la demanda; 2. Tomás Torres Grau, que contestó la demanda; 3. Juana Campos o Yordán; y 4. Julio Ribas, quienes excepcionaron la demanda sin gestionar nada más en el litigio, y por último; 5. Santa, Isabel Sugar Co., declarada en rebeldía.

Celebrada la vista, en la que las partes comparecientes demandante y demandadas practicaron sus pruebas, la corte de distrito dictó sentencia en 29 de abril de 1911, declarando sin lugar la demanda y condenando a la parte demandante al pago de las costas. Para fundar esa sentencia, el juez de dis-trito emitió una opinión en la que hizo constar, que en cuanto a la alegación de nulidad de la cláusula del testamento de Don Juan Bautista Silva en que se funda la demanda, por cuanto tiende a crear un fideicomiso perpetuo con prohibición de ena-jenar, aceptaba la interpretación que a dicha cláusula diera el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de 24 de mayo, 1910.

También hizo constar el juez sentenciador que en su opi-nión la acción entablada por el demandante no había pres-crito. “ Opina la corte que dentro de la teoría de derecho que establece la demanda, la acción nació al momento de la muerte de Apolinario Laboy, ocurrida en 7 de mayo de 1888. Y evidentemente, desde esta fecha hasta la interposición de la demanda no ha transcurrido el plazo fijado por la ley. Respecto a la prescripción adquisitiva, es opinión de la cor-te que la posesión de los bienes por parte de la demandada. Doña Josefa Diana Martínez, no lia sido una posesión adversa y contraria a las pretensiones de la demandante, única pose-sión mediante la cual se puede adquirir el dominio por pres-cripción. ’ ’

Pero el juez sentenciador estimó, que la parte demandante no liabía probado su personalidad, y, por tal motivo, deses-timó la demanda. Su opinión a este respecto, es como sigue:

“Se ha argüido por ambas partes muy laboriosamente respecto a la ¿uestión de personalidad. En el hecho primero de la demanda enmen-dada se ha establecido por la demandante de una manera clara y ter-minante, que ella es una asociación civil con fines benéficos y además una fundación benéfica cuyos estatutos y reglamentos fueron aprobados por R. O. de la Reina de España, de fecha 11 de noviembre de 1863. Hay en las alegaciones de la demanda después de haber sido enmen-dada, cierta vaguedad en cuanto a la cuestión de capacidad, o mejor dicho, de personalidad. Siéntase por un lado que la demandante es una asociación benéfica y por otro lado que dicha demandante es una, fun-dación, términos que parecen encerrar conceptos distintos; pero de cualquier manera es evidente que según el antiguo derecho español, se necesitaba en uno y en otro caso la aprobación del poder soberano. La única evidencia suministrada por la demandante respecto al punto que nos ocupa, se concretó a establecer cierto uso de funciones cor-porativas que por otro lado son insuficientes para establecer la exis-tencia de una corporación de facto. Tampoco nos parece suficiente la certificación del Hon. Secretario de Puerto Rico presentada por la misma parte demandante, de la que resulta que la asociación conocida por ‘Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de la Villa, de Ponce’ se registró en el libro de Asociaciones de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Asociaciones de 13 de junio de 1888. Claramente, con dicha certificación no puede probarse la existencia de la personalidad' jurídica de la demandante el 17 de diciembre de 1873, que es la fecha de la muerte del testador Don Juan Bautista Silva. Dejando a un lado la cuestión de’que si la referida Ley de Asociaciones tiene o no valor -legal despues del cambio de soberanía en Puerto Rico, que han planteado los demandados en su argumento, no aparece en la certifica-ción aludida el acta de constitución ni la aprobación del Gobierno y es por ello insuficiente. Por estas razones la corte entiende y opina que no se ha probado que la demandante haya tenido personalidad jurí-dica y capacidad para adquirir bienes en la fecha de la muerte del testador Don Juan Bautista Silva, ni que la tenga abora para deman-dar ante las cortes de justicia y por ello declara sin lugar la demanda con imposición de las costas a la demandante.”

Contra la sentencia dictada interpuso la presente apela-ción la parte demandante, habiendo comparecido solamente ante este Tribunal Supremo por medio de sus abogados la dicha parte demandante y la demandada J osefa Diana Mar-tínez.

En sn alegato la parte demandante sostiene “que la sola cuestión a debatir es la relativa a la personalidad jurídica de la demandante así para recibir un legado, como para de-mandarlo en juicio.”

Y en su alegato la apelada Josefa Diana Martínez sos-tiene que: “La única cuestión a debatir en el presente caso, según lo declaró también la parte contraria en su alegato, es la relativa a la personalidad jurídica de la demandante, para entablar la acción reivindicatoría a que se contraen las 'alega-ciones de su demanda.”

Y así es en efecto. Este asunto vuelve por segunda vez a este Tribunal Supremo. En la opinión emitida por esta corte para fundar su sentencia de 24 de mayo de 1910, estu-diamos las cuestiones debatidas en su fondo y sostuvimos que a virtud de los hechos alegados en la demanda, surgía el derecho de la demandante a la propiedad de los bienes que por ella trata de reivindicar. La prueba practicada sostiene las alegaciones de la demanda y demuestra que no sólo se dejó de cumplir estrictamente con lo dispuesto por el tes-tador en cuanto al nombramiento de los llamados “herederos administradores,” sí que también la demandada Josefa Diana Martínez, inscribió la posesión y trató de inscribir el do-minio a su solo nombre de los más valiosos bienes de la he-rencia, omitiendo hacer referencia alguna al derecho de la asociación demandante, y que José Laboy inscribió a su nom-bre y vendió pequeñas porciones de terrenos que- pertene-cían a la herencia de Silva. Tales actos ejecutados por la demandada y por su esposo Laboy, unidos a todas las cir-cunstaneias de este caso, requieren que se cumpla la volun-tad del testador y que se entreguen finalmente todos sus bie-nes a la asociación demandante para que los conserve en lo posible bajo buena administración e invierta sus productos líquidos en el socorro de los pobres enfermos asilados.

No existe indebida acumulación de parte demandadas, ni de acciones, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil. El testamento de Silva es la única base en que descansa este litigio. Todo' lo de-más son derivaciones de ese documento principal y en un solo pleito y reuniendo a todos los interesados, deben resolverse definitiva y finalmente todas las cuestiones suscitadas.

No existe tampoco la prescripción alegada en cuanto a sus formas adquisitiva y extintiva. Es esto tan claro que no es necesario entrar en una amplia discusión y nos limita-remos a invocar como pertinentes las palabras del juez de distrito que dejamos transcritas.

De llegarse, pues, a la conclusión de que la demandante tuvo capacidad para heredar y la tiene para demandar, no nay duda alguna con respecto a su derecho a reivindicar los bienes de la herencia de Silva. De ahí la actitud asumida ante esta Corte Suprema por la demandante y por la deman-dada Josefa Diana Martínez, la principal interesada y la única que ha sostenido hasta el fin este litigio.

Examinemos la cuestión de personalidad.

Forma parte de la transcripción de los autos un pliego de excepciones en el cual, entre otras, se consigna la siguiente:

“La actora ofreció como evidencia para demostrar la existencia de la Beal Orden de 11 de noviembre de 1863, autorizando la creación del Asilo de Damas de Ponce y la aprobación de su reglamento, el tomo 2°., página 201, de la obra 'Legislación Ultramarina’ de Don Joaquín Bodríguez San Pedro, aprobada y autorizada por el Ministro de Ultra-mar. La corte reservó su resolución de momento y poste-riormente resolvió no admitir dicha evidencia; la actora en-tonces manifestó lo siguiente: 'Hacemos otra moción: En la creencia de que este libro sería admitido como prueba, por que generalmente lo es y se admite en los tribunales, en la creencia también de que la corte pudiera tener conoci-miento judicial de ese Real Decreto, sin necesidad de prueba para ello y además, por el motivo de no encontrar en Ponce la G-aceta Oficial, no nos liemos ocupado de traer una certifi-cación de ese decreto o la G-aceta original y solicitamos abora de la corte, que nos conceda un término para ofrecer como prueba, bien una certificación de la G-aceta original o la G-a-ceta misma.’ El demandado se opuso. La corte resolvió: La corte opina que no existiendo aquí sorpresa para la parte demandante, no bay motivo para una suspensión y desestima la petición. El demandado entonces tomó excepción.”

A nuestro juicio el tribunal sentenciador cometió error al no admitir como prueba para su mayor ilustración el libro ofrecido por la parte demandante, que ba sido citado como autoridad por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Jover v. Insular Government, 221 U. S., 633), y por ésta de Puerto Rico.

Tenemos a la vista diclio libro que se titula “Legislación Ultramarina, concordada y anotada por Don Joaquín Rodrí-guez San Pedro, etc., aprobada y autorizada por el Ministro de Ultramar, de conformidad con lo propuesto por la sección del ramo del Consejo de Estado.” En el Tomo II, página 203, aparece lo siguiente:

“1863. Noviembre 11. R. O. autorizando el establecimiento de un Asilo de Caridad en Ponce y aprobando el Reglamento.
‘ ‘ Exemo. Sr. Se ha recibido en este Departamento la carta número 367 de 10 de septiembre último, en que Y. E. da cuenta con copia de los antecedentes relativos al establecimiento de un Asilo de Caridad de Ponce, solicitado por Doña Enriqueta Vinsch de Prats y varias señoras de aquella villa; enterada S. M., y en vista de los informes favorables, emitidos en el asunto, ha tenido a bien conceder la autori-zación referida, así como aprobar el Reglaménto que acompaña. Al propio tiempo se ha servido disponer la Reina, manifieste a Y. E. que ha visto con agrada esta prueba de los caritativos sentimientos del vecindario de Ponce. De R. O., etc. Madrid, 11 de noviembre de 1863. Sr. Gobernador Capitán General de la Isla de Puerto Rico.”

A continuación se copia en toda su extensión el Regla-mento, que comprende 20 artículos. En el primero se con-signa que la asociación reconoce como principal objeto el ali-vio de la humanidad doliente y al efecto establecerá un asilo de caridad para los pobres del partido; en el segundo se dice que la sociedad reconoce como protector al Exmo. Sr. Go-bernador Capitán General de Puerto Rico, y en el cuarto se establece que la asociación será regida por una junta direc-tiva que administrará sus fondos y cuidará de su desarrollo y progreso.

El error cometido por la corte de distrito puede subsa-narse por nosotros ahora, tomando como hemos tomado bajo nuestra consideración el expresado libro, publicado bajo la autoridad del Ministro de Ultramar, y en tal virtud debemos reconocer la existencia de la real aprobación del reglamento de la asociación demandante.

Se ha argüido que la Real Orden citada carece de fuerza en Puerto Rico, por no haberse demostrado que se le pusiera el “cúmplase” por el Gobernador, ni que se publicara en la Gaceta.

En cuanto al primer extremo, resulta implícitamente de las pruebas a que nos referiremos más adelante, que el Go-bernador ordenó su cumplimiento, y en cuanto al segundo, como se trataba de una disposición de carácter privado, en cierto modo, no era absolutamente necesario que se publicara en la Gaceta. (1 Rodríguez San Pedro, Legislación Ultra-marina, 81, 82 y 83.)

Del libro de actas de la Asociación demandante, presen-tado como prueba a instancias de la propia demandada Josefa Diana Martínez, aparecen dos que copiadas, en lo pertinente, dicen así: “1. En la Villa de Ponce, a los 27 días del mes de septiembre de 1863, reunidos en la casa del Sr. Cura Vicario ■Don José Balsino David, las señoras y señores que al margen se expresan y que son: Presidente, Sra. de Prats, (se consig-nan los nombres de todos). En virtud de citación b.ecba a domicilio por medio del periódico de esta plaza a todos los qne voluntariamente se ban prestado a contribuir a la reali-zación del pensamiento de erigir un asilo de caridad para los pobres del partido de qne ba tiempo se ocupa la-Asocia-ción de Damas del Santo Asilo de esta Villa, la Sra. Presi-denta Doña Enriqueta V. de Prats tomó la palabra y mani-festó : qne en virtud de acuerdo de la junta provisional direc-tiva, se solicitó del-Excelentísimo Sr. Gobernador y Capitán General de esta Isla el necesario superior permiso para la erección del Asilo, sometiendo al mismo tiempo a su aproba-ción el reglamento por que ba de regirse la asociación, y que habiéndose dignado S. E. en oficio de 9 del corriente, a que se dió lectura, conceder su autorización a lo primero y aprobar el reglamento, a reserva de lo que se digne disponer la Reina N. S. (Q. D. G.) a quien iba a dar cuenta, la junta provisional ha creído de su deber celebrar este acto con el fin de enterar a los contribuyentes del estado de adelanto que hoy alcanza el filantrópico pensamiento de que se ocupa, y de que toda vez que después de la autorización superior ba quedado definitiva y oficialmente constituida la Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo, se proceda a la elección de la junta directiva, que sin el carácter provisional que ba tenido la que boy cesa, se ponga a su frente y la rija con sujeción a sus estatutos. Admitida la proposición de la Sra. Prats y declara por una-nimidad constituida oficialmente la ‘Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de la Villa de Ponce’ se procedió a elegir la nueva Junta Directiva * *

“2. En la Villa de Ponce a veinte y seis de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, se reunió la Junta Directiva de la Asociación de Damas del Santo Asilo compuesta de los señores expresados al margen y acordó los particulares si-guientes : Se dió cuenta con un oficio del Sr. Corregidor de ésta, transcribiendo otro del E. S. Capitán General en que inserta la Real Orden de 11 de noviembre último por la cual S. M. la Reina N. S. (q. d. g.) sé ba servido prestar su sobe-rana autorización al establecimiento de esta Asociación de Damas del Santo Asilo de la Villa de Ponce, aprobando al mismo tiempo el reglamento por que ba de regirse y enterada la junta, acordó se le diera publicidad por medio del periódico y que se manifieste su júbilo a S. E. por el feliz resultado de sus gestiones. Dióse asimismo cuenta con una comunicación de este corregimiento expresando haberse servido el Excmo. Sr. Capitán General acceder a súplica que esta Asociación le dirigiera por órgano de su presidenta, respecto a que le cediese los mil ochocientos pesos que con la denominación de fondos de hospital existen en los municipales y la junta llena de satis-facción acordó se procediese a su cobro * * *. ’ ’

Con tales elementos probatorios como base, es necesario concluir que la Asociación demandante se organizó y comenzó a funcionar de acuerdo con la ley desde 1863 y estaba capa-citada para adquirir bienes por testamento a la muerte de Silva, ocurrida en 1873.

Pasaron algunos años. Se aprobó la Ley de Asociaciones de 1888 y la demandante se registró de acuerdo con las pres-cripciones de dicha ley. Así consta de un certificado expedido por el Secretario Auxiliar de Puerto Eico, que copiado, a la letra, dice así:

“Island of Porto Rico, City of San Juan. Know all men by these presents That I, Martin E. Gill, Assistant Secretary of Porto Rico, do hereby certify: That the Association known as ‘Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de Damas de la Villa de Ponce,’ of Ponce, P. R., is registered under No. 180 in the 2d volume of the register of associations which is kept in this office,- in compliance with requirements of article 7 of the Law of Associations enacted June 13, 1888. In testimony whereof, I have hereunto suscribed my name at San Juan, Porto Rico, this 4th day of November, 1904. Martin E. Gill, Assistant Secretary of Porto Rico.”

Cambió la soberanía y de hecho la Asociación demandante continuó funcionando sin interrupción, cumpliendo con sus mismos fines, y existe en -la actualidad. Su existencia en cuanto se refiere a la herencia de Silva ha sido reconocida por el mismo testador, por Juan Apolinario Laboy, por Dominga Fernández Yerdez, por José Laboy y por la misma deman-dada Josefa Diana Martínez, en actos tan repetidos, que ne-garla sería ir contra la realidad evidente de los liecbos.

No es posible negar con tales pruebas la capacidad de la demandante para adquirir la herencia de Silva al tiempo del! fallecimiento de éste, y para demandar en la actualidad la entrega de los bienes que constituyen dicha herencia.

Habiendo en consideración todo lo expuesto y atendidas las razones consignadas en esta opinión y en la emitida para fundar nuestra anterior sentencia de 24 de mayo de 1910 (Asociación de Señoras Damas etc. v. Diana et al., 16 D. P. R., 381), opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y en su lu-gar dictarse otra declarando: Io. Que los bienes reclamados procedentes de la herencia de Don Juan Bautista Silva corres-ponden a la asociación demandante, quien debe conservarlos en lo posible bajo buena administración e invertir sus pro-ductos líquidos en el socorro de sus enfermos pobres; 2°., que los demandados Josefa Diana Martínez, Juana Campos o Yor-dán, Julio Ribas y Santa Isabel Sugar Co. no tienen derecho alguno a aquellos de dichos bienes qué poseen y deben devol-verlos dentro del término de quince días a partir de esta sen-tencia, a la asociación demandante, y 3°., que son nulas las informaciones posesorias y sus inscripciones en el registro, a que se refiere la demanda. La demandada Josefa Diana Mar-tínez pagará sus propias costas y la mitad de las de la deman-dante.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Cartagena.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    No. 443.
    Resuelto en junio 29, 1912.
    Derecho Penal — Falsificación de un Check — Eliminación de la Declara-ción de un Testigo. — Es improcedente y no comete error el tribunal que deniega la eliminación de la declaración de un testigo, solicitada después de liaber permitido que el testigo declarara sin iirotesta alguna.
    Id. — Eliminación de la Declaración de un Testigo — Tiempo para Pedirla.— Ordinariamente una moción para eliminar una declaración de un testigo debe hacerse al tiempo de prestarse la declaración, si la objeción al testimonio es manifiesta. Si la objeción no es manifiesta en tal momento, debe hacerse inmediatamente después que llegue a serlo. Si la objeción es dirigida a la competencia del testigo, es demasiado tarde el pedir la eliminación después de haber terminado la declaración.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Gruayama formuló acusación contra Teodoro Cartagena imputándole la comisión de un delito de falsificación consistente en haber, voluntaria y malicio-samente y con intención de defraudar a su dueño Olimpio Díaz, endosado falsamente un cheque por valor de treinta pesos y cobrado su importe. El hecho se alega que ocurrió en Cayey en uno de los días del mes de agosto de 1911. En la acusación se transcribe el cheque y se consigna detallada-mente la forma en que fné falsificado y cobrado por Carta-gena.

El acusado negó la acusación y solicitó juicio por jurados, que se celebró el 21 de diciembre de 1911. Oídas las alega-ciones, las pruebas y las instrucciones de la corte, el jurado rindió un veredicto de culpable y la corte finalmente, el 6 de febrero de 1912, después de haber retirado el acusado una moción que presentara en solicitud de nuevo juicio, dictó sentencia imponiendo al convicto la pena de dos años de pre-sidio con trabajos forzados. Contra esa sentencia, se inter-puso el presente recurso de apelación.

El apelante no ha presentado alegato alguno para sos-tener el recurso, ni compareció al acto de la vista del mismo, que se celebró el día 18 de junio actual.

Forma parte de la transcripción de los autos una exposi-ción del caso, en la que aparecen las declaraciones de los tes-tigos. Miguel Castro, testigo del Fiscal, declaró que cono-cía la firma del acusado aunque no con mucha seguridad. El Fiscal le presentó una declaración del acusado y le pre-guntó al testigo si la firma que aparecía al pie de ella era del acusado, y el testigo contestó que se lé parecía, que la tomaría como del acusado, aunque no puede asegurar que lo sea. La defensa pidió la eliminación de la declaración del testigo por no haber demostrado que fuera perito. La corte negó la eliminación y el acusado tomó excepción.

A nuestro juicio la corte sentenciadora no cometió error alguno al resolver la cuestión suscitada en tal sentido, en primer lugar porque el acusado solicitó la eliminación de la declaración del testigo después de haber permitido que el testigo declarara sin protestar y en segundo lugar, porque Miguel Castro ni fué presentado ni declaró como perito, sino simplemente como un testigo, que conocedor de la firma de una persona, está en condiciones de deponer si la que se le presenta es o se parece a la de dicha persona.

Ordinariamente una moción para eliminar una declara-ción objecionable debe hacerse al tiempo de prestarse la de-claración, si la objeción al testimonio es manifiesta. Si la objeción no es manifiesta en tal momento, debe hacerse in-mediatamente después que llegue a serlo. La corte puede propiamente desestimarla si se espera para hacerla hasta después de repreguntar al testigo; después que el testigo con-cluyó completamente de declarar, o se le permitió que dejara la silla de testigos, o después de haber sido examinados otros testigos, o después de terminadas las pruebas en el caso, o después de haberse argumentado parte del caso, o cuando no hay nada que excuse la dilación. Si la objeción se dirige a la competencia del testigo, es demasiado tarde el pedir la eliminación después de baber terminado de declarar. (38 Oye., 1407 y 1408.)

Terminada la prueba del Fiscal, el acusado por medio de su abogado solicitó que se le absolviera perentoriamente, la corte negó la solicitud y el acusado tomó excepción.

La prueba del Fiscal es suficiente. Olimpio Díaz' declaró que Luis II. Vázquez le extendió a su favor un cheque por 30 pesos; que dejó dicho cheque sin firmar en poder de su padre; que el nombre suyo que aparece en el cheque no es puesto por él; Erasmo Rivera, dijo que se encontró en un banco de la plaza de Cayey un cheque sin firmar; que lo llevó a Cartagena quien le dijo que estaba sin firmar y que si se lo quería vender; que le dijo a Cartagena: “Cógelo y si lo cambias, dame algo;” que se fue y no supo más del che-que; Pedro Vázquez manifestó que Erasmo Eivera fue a su casa con un cheque a ver si valía, que el testigo al ver el cheque le dijo que sí, pero al examinarlo por detrás y obser-var que no estaba firmado, le contestó que no le daba por él ni cinco centavos; Serafín García expresó que Cartagena le llevó el cheque para pagarle diez pesos que le debía, que le pareció bueno, tomó el cheque y le devolvió a Cartagena veinte pesos. Que la firma decía “Olimpio Díaz,” pero que ól no sabe quien lo firmó. El testigo pagó once pesos que debía a Manuel Castro con el cheque, se fue para el campo y al volver se encontró con que la policía lo buscaba; que mandó llamar enseguida a Cartagena; que Cartagena fué, y no negó que le había dado el cheque y manifestó que lo había tomado en su tienda a uno que no conocía; y Luis E. Lúea, cabo de la policía, depuso que en la investiga-ción que practicara con motivo del cheque, el acusado mani-festó que había dado el cheque a García y que lo había to-mado de un individuo desconocido que había llegado a su establecimiento.

A virtud del extracto que hemos hecho de la prueba de cargo, es necesario concluir como ya liemos .dicho, que es sufi-ciente para establecer la culpabilidad del acusado, y que por tanto, la Corte de Distrito no cometió error alguno al negarse a absolverlo perentoriamente.

La prueba de descargo consistió en las declaraciones de las testigos Teresa López y María Capela, quienes dijeron que habían presenciado cuando Erasmo Rivera llegó a la tien-da del acusado y le dió un cheque, devolviéndole el acusado en cambio treinta pesos; y en el dictámen de un perito calí-grafo que al examinar el nombre “Olimpio Díaz” que apa-rece en el cheque, comparándolo con otro escrito por el acu-sado a' presencia de la Corte, encontró semejanzas y dife-rencias, no pudiendo asegurar nada definitivamente.

La prueba que se sometió finalmente al jnrado resultó, pues, contradictoria, y como no se ha demostrado que exis-tiera pasión, prejuicio, o parcialidad por parte de dicho ju-rado, ni que cometiera al rendir sn veredicto error alguno manifiesto, debemos aceptar que el conflicto fue decidido en la forma procedente.

A pesar de que la acusación y las instrucciones no han sido impugnadas por el apelante, las hemos examinado cuida-dosamente y las encontramos enteramente correctas.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Méndez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador- de la Propiedad de Caguas.
    No. 119.
    Resuelto en junio 29, 1912.
    Enajenación de Derechos Hereditarios — Partición de Herencia. — El derecho de un heredero a la herencia de su padre, nace desde el momento en que ocurre el fallecimiento del’ padre, y desde ese momento puede el heredero enajenar válidamente todos sus derechos hereditarios a la herencia de su padre.
    Id. — Partición y Adjudicación de la Herencia. — De acuerdo con la doctrina establecida en el párrafo anterior, el hecho de que una escritura de cesión de derechos hereditarios se otorgara el mismo día en que se verifica la partición de dicha herencia, y con anterioridad a la aprobación judicial de dicha par-tición y a su protocolización en una notaría, no es un defeeto insubsanable que impida la inscripción de la escritura de cesión de derechos hereditarios, ni está en pugna con los preceptos del artículo 17 de la ley hipotecaria, pues no se trata en ese caso de inscribir un título anterior o de igual feeha, otorgado por persona distinta de la que aparece con derecho en el registro, sino de un título otorgado precisamente por la que aparece con derecho en el registro.
    Id. — Terceros.—No tiene la condición de tercero con respecto al adquiriente de derechos hereditarios, el heredero que le cedió todos sus derechos hereditarios en la herencia de su padre, y cuyos derechos el cesionario inscribió posterior-mente ya concretados en determinados bienes, por virtud de la partición de herencia.
    Id. — Inscripción de la Escritura de Enajenación en los Bienes Adjudicados al Vendedor. — El comprador de derechos y acciones de una herencia, que presenta al registro para su inscripción sobre los bienes adjudicados a su vendedor, la escritura de cesión de derechos hereditarios, tiene derecho a que dicha escritura se inscriba sobre los bienes adjudicados al heredero que le cedió sus derechos hereditarios.
    Id. — Descripción de las Eincas — Deeectos Subsanables. — Cuando el que ad-quiere por compra derechos hereditarios de un heredero, presenta al registro para su inscripción la escritura de venta de dichos derechos hereditarios acompañada de un escrito en donde consta la descripción de la finca adjudi-cada al heredero que le vendió sus derechos, si la descripción dada en el escrito concuerda eon la que aparece en el registro a favor de la inscripción de las particiones, dicho escrito es suficiente, y no puede decirse que dicha escritura adolece del defecto subsanable de no describirse en ella las fincas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El recurrido compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del. tribunal.

El 26 de noviembre de 1909 comparecieron ante notario público, Pedro Juan Palón y Jiménez y Manuel Méndez Due-ño y el primero vendió al segundo todos los derechos que tenía a la herencia de su padre Don Jaime Palou y Bosch. Presentado para su inscripción en el Registro de la Propie-dad de Caguas el indicado documento público, acompañado de un escrito en el que se describen los bienes con respecto a los cuales se solicita la inscripción, el registrador se negó a- verificarla por medio de la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por lo que respecta a una finca rústica y tres participaciones en tres fincas más de igual naturaleza, radicadas'en los barrios de Gurabo Abajo, Ceiba Norte, Gurabo Abajo y Lirios, del término municipal de Juncos res-pectivamente, cuya inscripción se. solicita en un escrito, por el defecto insubsanable de que, según el registro, el cedente adquirió dicha finca y las citadas participaciones en las otras tres fincas, por herencia de su padre Don Jaime Palou y Bosch, en las particiones de dicha heren-cia verificadas con fecha veinte y seis de noviembre de mil novecientos nueve, cuyas particiones fueron aprobadas por la Corte de Distrito de Humaeao en resolución de treinta de noviembre del mismo año y protocoladas por escritura otorgada ante el notario de Humaeao Don Salvador Fulladosa y Mir, con fecha primero de diciembre del repetido año, y que el precedente documento fué otorgado el veinte y seis de noviembre de mil novecientos nueve, fecha igual a la de las particiones citadas y anterior a la de su aprobación y protocolización, por cuyo motivo no puede practicarse la inscripción, de acuerdo con el artículo diez y siete de la Ley Hipotecaria; habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal de ciento veinte días, a favor del cesionario, a los folios 143, 137 vuelto, 141 y 209 también vueltos, del tomo 15 de Juncos, fincas números 681, 679 dupli-cado, 680 y 30 triplicado, anotaciones letras A y B, respectivamente, con el defecto subsanable de no describirse las referidas fincas en el precedente título.”

Según aparece del documento de referencia, el falleci-miento del padre de Pedro Juan Palou ocurrió el 13 de julio de 1902, bajo testamento que otorgara ante notario público y en el cual instituyó por herederos a sus hijos y a su esposa. Desde esa fecha nació el derecho de Pedro Juan Palou a la herencia de su padre, y por consiguiente pudo enajenarlo válidamente en 26 de noviembre de 1909, y su enajenación, hecha en legal forma, debe surtir los efectos consiguientes.

“El derecho hereditario se considera como un derecho real, y por tanto será inscribible su enajenación aunque no se haya verificado la adjudicación correspondiente, con tal que se halle previamente inscrito a favor del trasmitente (V. Resoluciones de 22 agosto, 1863, y 16 de dbre., 1876), y éste aunque sólo sea un partícipe el que enajena y aunque la participación esté determinada por la cantidad que re-presenta su valor, y no por la parte alícuota de la finca.
. “Autorizada la inscripción del título de herencia sin distinguir la testada de la intestada; la que se halla- aceptada, de la pendiente de aceptación, y la que corresponde a un solo heredero, de la que perte-nece a varios proindiviso, es evidente, que procede de igual modo la inscripción de las enajenaciones o cesiones que de su respectivo de-recho hereditario hagan las personas que a su nombre lo tengan ins-crito.” (Resolución de 16 dbre., 1876.) (2 Galindo, Legislación Hipotecaria, 270.)

Pero el registrador sostiene en su nota, y con mayor amplitud en su alegato de 4 de junio actual, que la escritura de cesión de derechos hereditarios se otorgó el mismo día, 26 de noviembre de 3909, en que se verificó la partición de la herencia de Don Jaime Palou y Bosch; que esta partición se aprobó el 30 de noviembre de 1909, se protocoló el 1 de diciembre del mismo año, y se inscribió luego en el registro de la propiedad, y que por tanto, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 17 de la Ley Hipotecaria, no es posible veri-ficar la inscripción de los bienes adjudicados e inscritos a nombre de Pedro Juan Palou a virtud de la partición, a favor’ del adquirente de los derechos hereditarios.

Inscrito o anotado preventivamente en el registro, dice el citado artículo 17, cualquier título traslativo de dominio o de la posesión de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. A nuestro juicio la regla clara y precisa que contiene el artí-culo 17 de la Ley Hipotecaria, no sostiene el criterio adoptado por el registrador en este caso. Es cierto que a virtud de la partición fué que se inscribió el derecho de Juan Palou y Jiménez a los bienes que heredara de su padre, derecho ya perfectamente definido y adjudicado. Es cierto también que para mayor claridad debieron Palou y Méndez haber espe-rado a la aprobación judicial de la partición y haber otor-gado una escritura de venta de bienes claramente determi-nados. Pero es cierto de igual modo que Palou vendió a Méndez todos sus derechos a la herencia de su padre y que el hecho de haberse definido esos derechos, de haberse con-cretado en determinados bienes e inscrito de tal modo en el registro de la propiedad, no debe ni puede servir de base para negar la inscripción a favor del comprador.

No se trata de inscribir un título anterior o de igual fecha, otorgado por persona distinta de la qiie aparece con derecho en el registro, sino de un título otorgado precisamente por el que aparece con derecho en el registro. La venta fué de todos los derechos a la herencia y por lo tanto debe conside-rarse comprendido en cualquier derecho que se fije y determine después a favor del vendedor en la herencia vendida.

Además, el espíritu del artículo 17 de la Ley Hipotecaria •es el mismo que informa la ley en su totalidad, a saber: garantizan a los terceros adquirentes, asegurándoles que cuando actúan de buena fe y compran de aquel que en el registro aparece como dueño, su derecho será reconocido como válido aunque se anule después el título de su vendedor, y nosotros no podemos percibir que Pedro Juan Palou, que vendió primero sus derechos hereditarios a Méndez e inscri-bió después por la partición esos mismos derechos ya con-cretados en determinados bienes, pueda tener la condición de tercero con respecto a Méndez. (Yéase G-alindo, Legisla-ción Hipotecaria, tomo 1, pág. 654.)

Podría decirse que la escritura de venta de derechos y acciones a la herencia de Don Jaime Palou, en las condi-ciones en que se hizo, procedía inscribirla en todos los bie-nes de la herencia. Pero este no es el caso. El comprador sólo ha pretendido inscribirla, aceptando implícitamente la validez de la partición, sobre los bienes adjudicados a su vendedor. Si hubiera tratado de inscribirla con respecto a bienes de la misma herencia adjudicados e inscritos a favor de los otros herederos, entonces procedería, de acuerdo con

el artículo 17 de la ley, negar dicha inscripción, porque dichos, otros herederos eran personas distintas de aquella que con. él habían contratado y tenían claramente con respecto a él. la condición de terceros.

También se consigna en la nota recurrida que existe el: defecto suhsanable de no describirse las fincas en el título. Nos parece que si la descripción dada a las fincas en el es-crito acompañado al título, concuerda con la que aparece en el registro a virtud de la inscripción de las particiones, dicho, escrito es suficiente.

Por las razones indicadas, la nota del registrador de 30 de abril de 1912 debe revocarse y ordenarse a' dicho funcio-nario que proceda a verificar la inscripción solicitada de-acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo v. Díaz et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama..
    Moción del Fiscal para desestimar la apelación.
    No. 434.
    Resuelto en octubre 8, 1912.
    Derecho Penal — Desestimación de la Apelación — Fecha de la Presenta-ción del Escrito de Apelación- — Presunción.—Es práetiea constante de este tribunal que la fecha que tiene el escrito de apelación es la fecha, de-su presentación en la secretaría del tribunal sentenciador, a menos que se demuestre claramente lo contrario. Por tanto, cuando en una causa criminal se demuestra prima facie que la apelación fué interpuesta en tiempo, este tribunal no desestimará la apelación por no constar en el escrito de apelación la fecha de su presentación en secretaría, a menos que el Fiscal demuestre que este tribunal carece de jurisdicción.
    Id. — Desestimación de la Apelación — Comparecencia del Fiscal. — Cuando des-pués de estar radicada la transcripción de autos en este tribunal, comparece-el Fiscal de la misma por medio de cualquier moción que no tenga por ob-jeto pedir la desestimación de la apelación, surge la presunción de que el. escrito de apelación fué notificado en debida forma.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Luis Mimos Morales, J. Henry Brown, Martín Travieso, Nemesio Canales y Luis Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta corte en sil práctica ha asumido que un documento como un escrito de apelación, cuando está fechado, lleva la fecha verdadera de su presentación, excepto cuando resulta claramente lo contrario. Además, en casos civiles la obliga-ción de probar que la apelación no se ha interpuesto debida-mente incumbe al apelado. Por tanto, en una causa criminal donde se demuestra prima facie que una apelación ha sido interpuesta dentro del termino correspondiente y cuando el secretario de la corte inferior tiene la obligación de enviar' la transcripción de los autos, esta corte no desestimará la apelación a menos que se demuestre por el Fiscal que esta, corte en realidad carece de jurisdicción.

En los casos en que el Fiscal comparece ante esta corte después que la transcripción de autos ha sido remitida a esta corte por el secretario de la corte inferior y presenta, cualquiera moción con respecto a dicha transcripción que no-sea una en que se solicita la desestimación 'del recurso, se presumirá que el funcionario correspondiente ha sido debida-mente notificado de la apelación.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Hereter v. El Registrador de la Propiedad.
    Recukso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 125.
    Resuelto en octubre 11, 1912.
    CANCELACIÓN DE HIPOTECAS — (JON SENTIMIENTO PRESUNTO PARA LA OANCELA-oión. — Los preceptos del artículo 82 de la Ley Hipotecaria si bien exigen para que pueda caneelaise una inscripción o anotación preventiva por virtud de escritura, que conste el consentimiento para la cancelación de la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, dicho artículo no exige que ese consentimiento haya de constar expresamente en el documento o en una forma determinada, siendo suficiente .el consentimiento presunto si puede deducirse de las palabras del documento de manera que no haya lugar a duda de que el consentimiento se prestó.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo presentado Don Pablo J. Hereter Acosta al Registrador de la Propiedad de Caguas una escritura de can-celación parcial de hipoteca, otorgada por Don Pedro Orcasi-tas Muñoz como apoderado de Doña Mercedes Muñoz Barrios, dicho funcionario negó la inscripción de la cancelación a que el documento se refiere, por el defecto de que el apoderado de la acreedora no consiente expresamente en que se cancele la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad.

Contra esa negativa a inscribir la cancelación, se ha inter-puesto en tiempo oportuno el presente recurso gubernativo.

En el cuerpo de dicho documento público hace constar el apoderado Sr. Orcasitas, que por haber sido pagado el capital e intereses de las hipotecas a que hace referencia, carece de objeto el gravamen hipotecario impuesto exclusivamente para asegurar el pago de la cantidad prestada, por cuyas circunstancias, y para que las tres fincas que reseña queden libres del gravamen impuesto, cancela la hipoteca para que las fincas queden libres de ella, y formaliza además cumplida y perfecta carta de pago.

Es cierto que el artículo 82 de la Ley Hipotecaria en que el registrador basa su negativa de inscripción de cancelación de hipoteca, exige que, cuando la cancelación de una inscrip-ción o anotación preventiva haya de verificarse por virtud de escritura o documento auténtico, deberá expresarse en éstos el consentimiento para la cancelación de la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o el de su causahabiente o representante; pero no exige dicho precepto que ese consentimiento haya de constar expresamente en el documento o en una forma determinada. Así pues, si de los' términos en que está redactado el documento puede llegarse a la conclusión de que el consentimiento fué dado de un modo indudable, entonces será suficiente para la cancelación en el registro, aunque no se diga que consiente en que se haga tal cancelación. No es necesario que se consigne expresamente el consentimiento, y basta el consentimiento presunto si puede deducirse de las palabras del documento de manera que no le deje lugar a duda de que se prestó.

Las palabras del documento objeto de este recurso son bastante explícitas para que sin género alguno de duda poda-mos llegar a la conclusión de que el apoderado de la acreedora consintió en la cancelación, ya que declara recibido el capital e intereses del préstamo, reconoce que después del pago carece de objeto el gravamen hipotecario, que las fincas deben quedar libres de ese gravamen, da carta de pago a su deudor, y ex-presamente otorga que cancela la hipoteca que en garantía del préstamo se había constituido.

Un caso análogo fué resuelto en 8 de octubre de 1886 pol-la dirección de los registros de la propiedad y del notariado; y otro resuelto también por dicho centro en 10 de diciembre de 1889, ordenando asimismo la inscripción de la cancelación, a pesar de no ser tan explícito como el del presente caso.

Por las razones expuestas la nota denegatoria recurrida, debe revocarse y ordenarse la inscripción solicitada por el recurrente.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MaeLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Cebuldán.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de' Distrito de Mayagüez.
    No. 453.
    Resuelto en octubre 17, 1912.
    Derecho Penal — Asesinato—Suficiencia be la Acusación — Omisión de las Palabras "ser Humano." — Siendo necesario para que exista el delito de asesinato que el ser a quien se dió muerte sea un ‘ ‘ ser humano, ’ ’ es in-dudable que tal elemento es una alegación esencial en toda acusación de asesinato. Pero cuando, como en el caso de autos, la acusación comienza im-putando al acusado el delito de asesinato por haber dado muerte a José Reyes Luciano, cuyo nombre significa que se trata de un ser humano y no de un animal, y además se alegan en la acusación los palabras "acometién-dole y agrediéndole," etc., que lógicamente, únicamente pueden referirse a una persona y no a un animal, el no emplearse en la acusación las iialábras "ser humano” no la hace fatalmente defectuosa, pues es evidente que se imputa al acusado el delito de asesinato por haber dado muerte ilegal a un ser humano y no a un animal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Benet.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión que ha sido presentada en esta apela-ción es la que se refiere a la suficiencia de la acusación con arreglo a la ley. Alega el apelante que la acusación es defec-tuosa porque tratándose de establecer en ella la comisión de un delito de asesinato, no se expresa en la misma que la cosa o ser a quien se dió muerte fuera un ser humano.

El código exige que se exprese que el ser a quien se dió muerte sea un ser humano, y que ésta es una alegación esen-cial resulta claro del caso de El Pueblo v. Lee Look, 137 Cal., 590, que ha sido citado por el Fiscal. La corte, sin embargo, continúa expresando en dicho caso, que con esto no se quiere significar que haya de resolverse que una acusación por el delito de asesinato no puede ser suficiente sin que se alegue de modo expreso en la misma, que la muerte se produjo en un sér humano, aunque aparentemente no había bastante motivo para hacer caso omiso de aquella parte comprendida <en la definición del estatuto; que pudiera haber algún otro relato en la acusación del que necesariamente se dedujera que la muerte se había causado en un sér humano, en cuyo caso sería suficiente con hacer referencia al interfecto con. un nombre que pudiera considerarse como el correspondiente a una persona, sin que fuera necesario hacer alguna otra ale-gación expresa, de que el interfecto era un sér humano; que en un caso, por ejemplo, en que se imputara al acusado la ■comisión de un delito de asesinato, o en el cual, como ocurre ordinariamente, se alega que el acusado “dió muerte y ase-sinó,” puede deducirse razonablemente que la muerte se pro-dujo en un ser humano, porque para que se cometa el delito de asesinato debe ocurrir la muerte de dicho sér. En el caso de Lee Look se alegó que la acusación que se presentó era un modelo de brevedad, si bien la acusación en ese caso sim-plemente imputaba al acusado haber cometido un delito grave (felony), y dado muerte con malicia premeditada a Lee Wing, no pudiendo establecerse de modo cierto si Lee Wing era un sér humano, un perro, o un caballo. La corte, no obstante, sugirió entre otras cosas que hubiera sido mejor haber usado en la acusación la palabra “asesinato” (murder), en vez de “delito grave” (felony).

En el caso sometido a nuestra consideración la acusación es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Arturo Cebuldán, por un delito de asesinato en primer grado (felony), cometido de la manera siguiente:
“El citado Arturo Cebuldán, en la ciudad de Mayagüez, P. R.., que forma parte de este Distrito Judicial, allá por el día 27 de abril de 1911, allí y entonces ilegal y voluntariamente, con malicia pre-meditada y propósito firme y deliberado y demostrando tener un • corazón maligno y pervertido, dió muerte a José Reyes Luciano acó-metiéndole y agrediéndole con un instrumento contundente e infi-riéndole tres heridas en el cráneo que le causaron la muerte allí y entonces. ”

Resulta, por consiguiente, que- se notificó al acusado que se le acusaba de un delito de asesinato. También se le noti-ficó que el nombre del sér asesinado era José Reyes Luciano, el cual es de presumirse que sea el nombre de un sér humano y que sería sumamente improbable que fuere el de un caballo u otro animal. Además, el uso de las palabras “ acometién-dole y agrediéndole” proporciona un elemento adicional para suponer que el sér a quien se dió muerte era una persona, pues el delito de acometimiento y agresión no surge de un caso en que ocurra una agresión criminal contra un animal. Creemos que es una práctica mucho mejor el expresar clara-mente en la acusación que la muerte o asesinato se cometió en un sér humano, pero atendiendo a todas las circunstancias de este caso, resulta que el acusado fué debidamente infor-mado del hecho de que José Reyes Luciano era un sér humano, debiendo, por lo tanto, confirmarse la sentencia condenatoria.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PeesideNte Sb. HbkNÁNdez,

text:
    El Pueblo v. Díaz.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 460.
    Resuelto en octubre 17, 1912.
    Derecho Penal — Modificación' de la Sentencia Apelada — Prisión Subsi-diaria. — Con arreglo al artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal la prisión subsidiaria puede ser de un día por cada dos dollars de multa si el sentenciado deja de pagar, pues aunque el tipo mínimo para fijar la prisión subsidiaria debe ser de un dollar por día, el tipo máximo queda a la sabia y sana discresión judicial, y no existiendo razón alguna legal en el caso de autos que justifique la modificación de la sentencia apelada solicitada por el Fiscal, debe confirmarse la sentencia apelada.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José Goll Cuchí.

    Ahogado del apelado: Sr.- Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Sb. HbkNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado, Fulgencio Díaz, fué declarado culpable por la Corte de Distrito de San Juan del delito de tener establecida una casa destinada a citas deshonestas, a la pena de ciento cincuenta dollars de multa, y en defecto dé pago a sufrir un día de cárcel por cada dos dollars de multa que dejare de pagar. Contra esta sentencia se interpuso recurso de apela-ción para ante esta Corte Suprema.

No ha venido en el récord pliego de excepciones ni escrito de exposición del caso, y tampoco se ha hecho por el apelante alegación alguna escrita u oral en apoyo del recurso. Exa-minadas la acusación y la sentencia, no encontramos que se haya cometido error fundamental alguno.

Empero, el Fiscal solicita la modificación de la sentencia apelada en el sentido de que en defecto de pago de la multa impuesta, sufra el acusado un día de cárcel por cada dollar que deje de satisfacer, no excediendo la totalidad de la prisión de setenta y cinco días.

No encontramos razón alguna legal que justifique la modi-ficación solicitada. El juez ha obrado dentro de las facul-tades que le otorga el artículo 322 del Código de Enjuicia-mento Criminal. Con arreglo a ese artículo la prisión subsi-diaria puede ser de un día por cada dos dollars de multa si el sentenciado deja de pagar, pues aunque el tipo mínimo para fijar la prisión subsidiaria debe ser de un dollar por día, el tipo máximo queda a la sabia y sana discreción judicial.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada. .

Jueces concurrentes: Sres Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presideute Sr. HerNÁNdez,

text:
    Sociedad Agrícola de Gurabo v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 127.
    Resuelto en octubre 17, 1912.
    Recursos Gubernativos — Desestimación del Recurso — Presentación df, los Documentos en el Tribunal Supremo. — Dentro de los veinte dias deques do notificada la nota del registrador deben quedar radicados en el Tribunal Supremo los documentos objeto del recurso, y aun en el supuesto de que dichos documentos sean depositados en el correo dentro del término legal, de acuerdo con el artículo 2 del reglamento de este tribunal en relación con la sección 3 de la ley sobre recursos gubernativos, hasta que dichos docu-mentos no sean recibidos en la Secretaría del Tribunal Supremo, ya sean remitidos por correo o de otro modo, no se considerarán haber sido presentados en secretaría.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

   El Juez Presideute Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado en el Registro de la Propiedad de Caguas para su inscripción, expediente posesorio de dos casas situadas en el pueblo de Gurabo, instruido a instancia de ‘ ‘ Sociedad Agrí-cola de Gurabo,” el registrador denegó la inscripción por nota de 7 de agosto de 1912, fundada en que dichas casas radican en solares propios del municipio de Gurabo.

La notificación de la nota anterior tuvo lugar en 15 de agostó citado, y en la misma fecha fué recogido el documento, cuya radicación en la secretaría de esta corte con el alegato -escrito impugnando aquella nota, se hizo en 9 de septiembre siguiente.

Como se ve, la presentación del documento a que se refiere la inscripción denegada y del alegato de la parte interesada, se verificó en la secretaría de esta Corte Suprema cuando ya habían transcurrido los 20 días que para dicha presenta-ción, a los fines de interposición del recurso, señala la sección 3a. de la ley sobre recursos contra resoluciones de los regis-tradores de la propiedad, aprobada en marzo Io. de 1902.

Alega el recurrente, y trata de probar, que depositó los documentos en la oficina de correos de Caguas en tiempo legal, o sea el día 1°. de septiembre próximo pasado; pero como la sección 3a. de la ley ya citada ordena que la presen-tación de los documentos se baga al Tribunal Supremo dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la negativa de inscripción, y el artículo 2°. de nuestro reglamento dispone que:

“Ninguna transcripción u otro documento o escrito se considerará haberse recibido por el secretario, • basta que el mismo le baya sido realmente entregado en su oficina, ya se remita por correo o de otro modo, ’ ’

tenemos que llegar a la conclusión de que el recurso se inter-puso fuera de tiempo, y carecemos por tanto de jurisdicción para considerarlo y resolverlo.

Por las razones expuestas el recurso debe desestimarse.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.