text:
    Luis Calero Alfaro, demandante y apelado, v. José González Mercado, demandado y apelante.
    Núm. 8587.

    Sometido: Febrero 11, 1943.

      Resuelto: Marzo 15, 1943.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; García Méndez & García Mén-dez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de enero de 1941, el demandado José González Mercado acometió y agredió con un revólver al demandante Luis Calero, infiriéndole dos heridas de bala en el muslo izquierdo. Calero radicó una demanda ante la Corte de Distrito de Agua-dilla, en reclamación de los daños y perjuicios que había su-frido como consecuencia de dichas heridas. Alegó el deman-dante que él se encontraba en su finca cuando inesperada-mente se presentó el demandado y le hizo tres disparos con la intención de matarle.

El demandado contestó negando específicamente todos y cada uno de los hechos de la demanda; y como defensa especial alegó, que los daños sufridos por el demandante no fueron causados por culpa, negligencia o intención criminal de parte del demandado y sí como consecuencia de la propia culpa del demandante.

La corte inferior dictó sentencia a favor del demandante por la suma de $1,750, más $300 por honorarios de abogado, y las costas.

El demandado apelante alega que la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba; al declarar que las lesiones re-cibidas por el demandante fueron causadas por actos.culpa-bles, criminales y negligentes del demandado; y al condenar al demandado al pago de honorarios.

Hemos examinado la evidencia sometida por ambas par-tes. La del demandante demuestra que en el día de autos y en el sitio en que la finca del demandante colinda con la del demandado, se entabló una discusión entre ambos colin-dantes con respecto al sitio en que deberían colocarse los -es-peques que por orden del demandado se estaban colocando allí para marcar la colindancia; que el demandado acometió al demandante con nn bastón, pero no logró alcanzarle por haber el demandante saltado hacia atrás; qne acto seguido el demandado sacó el revólver que portaba e hizo tres dispa-ros al demandante, quien se encontraba como a ocho pies de distancia, hiriéndole en el muslo y cadera izquierdos; que el tercer disparo lo hizo el demandado cuando ya el deman-dante estaba en el suelo, herido; que durante todo ese tiempo el demandante estaba desarmado; y que entre el demandante, quien se encontraba dentro de su finca y el demandado, que estaba en la suya, mediaba una cerca de maya y un pelo de alambre.

• La prueba del demandado tendió a demostrar que du-rante la discusión el demandante Luis Calero tenía una daga en la mano y en actitud hostil; que el demandado le dijo: “pues mira, los espeques no los mando a quitar”, y el de-mandante le contestó: “es que usted es un kaiser”, a lo que el demandado replicó: “y tú eres un parejero”; que enton-ces el demandante alzó la daga y le tiró al demandado, y éste saltó hacia atrás y le hizo el primer disparo, haciéndole el segundo al ver que el demandante continuaba avanzando.

El evidente conflicto que existe entre la prueba del de-mandante y la del demandado fué resuelto por la corte sen-tenciadora a favor del primero, expresándose así:

“Los hechos esenciales de la demanda en cuanto a la ocurrencia de los hechos quedaron completamente incontrovertidos. En cuanto a cómo se iniciaron y desarrollaron los hechos el demandado y sus testigos trajeron una versión distinta a la del demandante y los suyos, pero la corte no le dió crédito a dicho demandado ni a su testigo, y por el contrario le concede crédito absoluto a la evidencia de la parte aetora.”

Siendo la prueba del demandante, a la que concedió ab-soluto crédito el tribunal inferior, suficiente a nuestro juicio para sostener la sentencia recurrida, y no habiéndose impu-tado a la corte sentenciadora pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la evidencia, es nuestro deber declarar que el primer alegado error no fné cometido. Tampoco se cometió el segundo, qne es prácticamente nna repetición del primero.

La corte inferior no abusó de su discreción al imponer al demandado el pago de los honorarios del abogado de la parte actora, basándose en la temeridad del demandado. Tampoco hizo mal nso de ella al apreciar la cuantía de los daños y al fijar en $300 el importe de los honorarios. La sentencia, gibe consideramos justa y razonable, debe ser con-firmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    San Juan Trading Co., Inc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, asegurador, querellado ante la Comisión Industrial.
    Núm. 259.

    Sometido: Febrero 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 15, 1943.

      Víctor J. Vidal González, abogado de la recurrente; Hon. Procu-rador General Interino M. Rodríguez Roanos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y G. Atiles Moréu, Angel de Jesús Matos y Joaquín Correa Suárez, abogados los tres últimos del Fondo del Estado, abogados todos del Administrador del Fondo, querellado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La corporación recurrente se dedica al negocio principal de Almacén de Maderas y Materiales de Construcción, en la ciudad de San Juan, empleando más de cuatro obreros, a los cuales ba tenido asegurados en el Fondo del Seguro del Es-tado desde el año 1935-36 basta el presente.

En noviembre 1 de 1941, el. examinador de nóminas del Fondo practicó una investigación sobre los sueldos y jorna-les de los obreros empleados por la recurrente durante el año de julio l9, 1940 a junio 30, 1941, y a virtud de su in-forme el Administrador del Fondo procedió a liquidar a la recurrente el año de póliza 1940-41 y a bacer la imposición preliminar para el año 1941-42, en la forma siguiente:

‘A Liquidación Final
Año 1940-41
Clave-, Grupo: Negocio: Nómina: Tipo: Cuota:
7219 320 Truckmen $4,220.96 $15.50 $654.25
“B Imposición PReliminab,
1941-42
Clave: Grupo: Nómina Estimada: Básico: Cuota:
7219 320 $4,220.96 $15.00 $633.14

Las dos partidas antes expuestas constituyen el 50 por ciento de los pagos hechos por la recurrente, por concepto de fletes, a los dueños de camiones independientes que fue-ron utilizados por la recurrente para entregar a sus clientes las maderas y materiales comprados en su establecimiento. Los dueños de esos camiones no tenían asegurados a sus chóferes y peones en el Fondo del Estado.

La recurrente se opuso a que las dos partidas fuesen cla-sificadas bajo la Clave Núm. 7219, correspondiente a “Truck-men — Empresa de Transporte”, y solicitó el reajuste de su póliza. Negóse el Administrador a bacer el reajuste, ame-nazando a la recurrente con declararla patrono no asegurado si no bacía los pagos de acuerdo con la Clave Núm. 7219. La recurrente pagó bajo protesta y radicó una petición .ante; la Comisión Industrial solicitando el reajuste de la clasifica-ción hecha por el Administrador.

' En julio 31 de 1942 la Comisión dictó nna resolución sos-teniendo la actuación del Administrador; y en agosto 10 del mismo año la recurrente radicó una moción de reconsidera-ción. La Comisión dictó una resolución convocando a las partes para una vista en reconsideración ante la Comisión en pleno. En octubre 30 de 1942 declaró no haber lugar a la reconsideración solicitada y'confirmó su resolución anterior. Como fundamentos del recurso por ella interpuesto, la recu-rrente alega que la Comisión Industrial erró al resolver que de acuerdo con el párrafo segundo de la subdivisión (c), apartado 8 de la Regla V de las “Reglas del Fondo del Es-tado”, las partidas en controversia deben ser clasificadas bajo la Clave Núm. 7219 (Truckmen — Empresa de Trans-porte) en lugar de bajo la Clave Núm. 8232, correspondiente al negocio de Almacén de Maderas (Lumber Yard); al resolver que la clasificación Núm. 8232 no incluye los chóferes y ayudantes que se utilicen en el negocio de Almacén de Ma-deras, asegurado bajo dicha clave; y al no resolver el caso de acuerdo con la opinión emitida por el “National Council on Compensation Insurance”.

La disposición reglamentaria de cuya interpretación se trata lee así:

(e) Chóferes y'sus ayudantes, son aquellos empleados cuyo principal trabajo se lleva a cabo en vehículos de motor o en bici-cleta en relación con los mismos, incluyéndose también empleados accidentales de garage.
Si un vehículo de motor, incluyendo el chófer y .su ayudante, es contratado y su dueño no se ha' asegurado contra la obligación de indemnizar o no ha suministrado prueba de haberse asegurado, la nómina de pago del chófer y ayudante será incluida en la nómina de pago del patrono asegurado al tipo correspondiente a las opera-ciones en que son ocupados. Si dicha nómina de pago no pudiera conseguirse, se considerará una mitad del total del alquiler de dicho vehículo así contratado como la nómina de pago del chófer y su ayudante. ’ ’

En el Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias, aprobado por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, las clasificaciones y claves en controversia en el presente litigio se describen así:

Clasificación. Clave
Madera — Almacenes de ... . (No materiales de segunda mano) incluyendo administrador o manager, carreteros y ayudantes_í_ 8232
Madera — Talleres de. . . . Cepillado y moldura. Almacén de madera y materiales de construcción deben clasifi-carse separadamente. Carreteros, chauffeurs y auxilia-res en las claves 8232 y 8231_ 2731
Transporte — Trabajo de. . . . Excluyendo express. Inclu-yendo carreteros, chauffeurs y ayudantes, cuadreros y empleados del taller y garage, etc.
Todo patrono que se dedique a trabajo de transporte por contrato, para una o más personas o entidades, bajo ninguna circunstancia será clasificado y, computado en otra forma que no sea de acuerdo con esta clasificación— 7219

De acuerdo con la Tabla de Tipos Básicos de Seguros (año 1941-1942) el tipo de seguro correspondiente a cada una de las tres claves, por cada $100 de nómina, es como .sigue:

Clave 8232: $5.25; Clave 2731: $5.00; Clave 7219: $15.00.

Los fundamentos principales de la resolución recurrida son:

(a) Que los transportes en el caso de autos fueron reali-zados por contratistas independientes dedicados al negocio de transportes, en vehículos de motor de la propiedad o bajo el control de dichos contratistas;

(b) Que la nómina de pago del chófer y ayudante debe ■ser incluida en la nómina de pago del patrono asegurado al tipo correspondiente a las operaciones en que son ocupados; y que esas operaciones no pueden ser otras que las de trans-porte; y

(c) Que la clasificación 8232 (almacenes de madera, in-cluyendo manager, carreteros y ayudantes) no incluye chó-feres y ayudantes.

Somos de opinión que la Comisión Industrial erró al apli-car a los hechos del presente caso la Clave 7219 y al soste-ner que la recurrente está obligada a pagar el tipo de $15 por cada $100 de nómina.

Es cierto que la Clave 8232, correspondiente a los Alma-cenes de Maderas, no incluye específicamente a los chóferes y auxiliares, y que solamente incluye al administrador o manager y a los carreteros y auxiliares. Pero es igualmente cierto que la Clave 2731, correspondiente a “Talleres de Ma-dera, Cepillado y Molduras”, es aplicable a todos los em-pleados del taller, con excepción de “carreteros, chauffeurs y auxiliares”, los cuales deberán clasificarse en las Claves 8232 y 8231. Estando los chóferes y ayudantes regularmente empleados por un Taller de Madera dedicados a un trabajo igual al que realizan los chóferes y ayudantes regulares de un Almacén de Maderas, no encontramos razón alguna que podamos considerar justa y lógica para sostener que los pri-meros deben ser clasificados bajo la Clave 8232 ($5.25 por cada $100 de nómina) y los segundos bajo la Clave 7219 ($15 por cada $100 de nómina). Parece justo resolver y así lo resolvemos que unos y otros deben ser clasificados bajo ■ la Clave 8232.

Las nóminas a las cuales se aplicó por el Administrador la Clave 7219 (Transporte) constituyen el cincuenta por ciento de las sumas pagadas por la recurrente a dueños de camiones utilizados por ella en el curso ordinario de sus ne-gocios, para entregar a sus clientes las maderas y materia-les comprados en su almacén. Si ese mismo trabajo de en-trega de materiales lo hubiese hecho la recurrente con sus propios camiones, guiados por chóferes y ayudantes por ella regularmente empleados, el tipo de seguro aplicable hubiera sido el de la Clave 8232 o sea $5.25 por cada $100 de nómina. No encontramos justificación alguna para sostener que cuando ese mismo trabajo de entrega de materiales, sin riesgo adi-cional alguno, es realizado por chóferes y ayudantes de un patrono independiente no asegurado, debe aplicarse la Clave 7219 que fija el tipo de $15 por cada $100 de nómina. Siendo el riesgo para el Fondo del Seguro el mismo en uno y otro caso, el tipo de seguro debe ser también el mismo.

De acuerdo con el Manual de Clasificaciones, la Clave 7219 es aplicable a “todo patrono que se dedique a trabajo de transporte por contrato, para una o más personas o en-tidades”. La aquí recurrente no se dedica a trabajos de transporte por contrato. Su negocio es la venta de maderas y materiales de construcción, y como un incidente de ese ne-gocio utilizó los servicios de camiones pertenecientes a otra persona.

No estamos conformes con la interpretación que la Comi-sión Industrial ha dado al párrafo segundo de la subdivisión (e) del apartado 8 de la Regla Y de las del Fondo del Es-tado, supra.

Del récord ante nos aparece que estando aún pendiente la moción de reconsideración radicada por la recurrente, el Jefe del Negociado de Liquidación de la Comisión Industrial elevó una consulta al National Council on Compensation Insurance, en la cual planteó la cuestión en controversia en estos términos:

“El caso es uno de un patrono dedicado a ‘Almacén de Maderas’, no incluyendo materiales usados, que además de sus propios camio-nes, alquila otros para hacer parte de sus entregas.
“El Inspector que investigó la nómina del patrono en este caso, tomó dicha nómina sobre la base del 50 por ciento de la suma total pagada por el patrono a los dueños de los camiones alquilados, pero tiene dudas en cuanto a si dicha suma total debe ser incluida bajo la Clave 7219, Transportes, o bajo la Cláve 8232, Almacén do Madera.
“¿Qué interpretación dan ustedes a las Reglas del Manual y especialmente a la cláusula (c) de las Excepciones Standard, refe-rente a chauffeurs y sus ayudantes, y cómo debe clasificarse la nómina de estos vehículos?”

La contestación del National Council on Compensation Insurance, en lo que es pertinente, dice:

“En situaciones de esta clase, la práctica que seguimos, cuando-no puede conseguirse la nómina del subcontratista, es la de consi-derar una mitad de la cantidad total pagada por el alquiler de los camiones como la nómina de los conductores, chóferes o sus ayu-dantes. Más aún, y en el caso que usted nos ha descrito, nosotros determinaríamos nuestra prima tomando como base la Clave 8232 más bien que la Clave 7219, por cuanto el patrono principal no está asegurando la obligación del subcontratista bajo la Ley de Compen-saciones y sí solamente su propia obligación para con los empleados; del subcontratista. ... La relación entre los empleados del sub-contratista y el patrono principal es directa, y, como tal, los em-pleados asegurados del subcontratista son considerados para los fines-de la clasificación del seguro de compensación de los obreros, de igual modo que si fuesen empleados directos del patrono principal. Es-por esta razón que la clasificación del patrono principal es la que gobierna, en vez de la clasificación que sería normalmente aplicableal subcontratista si éste hubiese obtenido su propia póliza.”
“Esto significa, por lo tanto, que en el caso de contratistas de-transporte que no estén asegurados, los chóferes y ayudantes que manejan los camiones deben ser colocados bajo la protección de la. póliza del dueño del negocio de maderas (en su caso particular) bajo la misma base que si dichos chóferes y ayudantes fuesen em-pleados directos del traficante en maderas, y no como empleados del contratista de transporte. Teniendo en consideración que la clasifi-cación 8232 ‘Almacenes de Madera’ incluye carreteros, chóferes y sus-ayudantes, se hace necesario clasificar a los incluidos chóferes y sus ayudantes empleados por el contratista de transporte pero eubiertos-por 1a. póliza del almacén de maderas bajo 8232 y no bajo 7219, como ocurriría si el contratista de transporte estuviese asegurando sus propios empleados.
“Esta es la regla que el National Council aplica en casos de esta naturaleza, y según hemos hecho constar anteriormente, esta regla está predicada sobre el tipo de endoso estatutario que se hace constaren t.odas las pólizas dentro de un estado determinado.”

Son convincentes las razones en que se basa la regla que-a casos como el presente aplica el National Council on Compensation Insurance, y no vemos razón alguna para que en esta jurisdicción nos apartemos de la interpretación que a través de todos los estados de la Unión Americana se lia dado a estatutos idénticos al nuestro.

Por las razones expuestas, resolvemos que la Comisión' Industrial erró al resolver que las nóminas en controversia debían ser liquidadas al tipo de $15 por cada $100 corres-pondiente a la Clave 7219, en vez de al tipo de $5.50 de la Clave 8232, que es la gobernante, por ser la correspondiente al negocio de Almacén de Maderas. La resonación recurrida debe ser revocada y el caso devuelto a la Comisión Industrial para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Evangelista Berríos Cortés, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8693.

    Sometido: Marzo 8, 1943.

      Resuelto: Marzo 15, 1943.

      Evangelista Berríos Cortés, por su propio derecho; li. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario apelante se encuentra recluido en la Pe-nitenciaría Insular por virtud de una sentencia dictada en julio 8, 1942 por la Corte de Distrito de Arecibo, declarán-dole culpable de asesinato en segundo grado y condenándole a doce años de presidio.

En noviembre 30 de 1942 el así convicto Evangelista Be-rríos radicó una petición de hábeas corpus ante la Corte de Distrito de San Juan. Y habiendo sido declarada sin lugar sn petición, estableció el presente recnrso.

Los antecedentes de este caso son los siguientes:

En marzo 8 de 1937, Evangelista Berríos fue convicto de un delito de asesinato en segundo grado y sentenciado por al Corte de Distrito de Arecibo a la pena de doce años de presidio. En febrero 13 de 1942 revocamos la sentencia por la cual la Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar una petición de hábeas corpus radicada por Berríos, y en su lugar dictamos otra .decretando la libertad del prisionero, por haberse dictado sin jurisdicción la sentencia en cumpli-miento de la cual sé le retenía bajo custodia. Al final de nues-tra sentencia añadimos: “todo sin perjuicio de los derechos que pueda tener El Pueblo de Puerto Pico para perseguir al peticionario por el crimen que se le imputa”. Berríos v. Saldaña, 59 D.P.R. 903.

En mayo 13, 1942 el peticionario apelante fue arrestado nuevamente y acusado del mismo delito de asesinato, y en julio 8 del citado año fue convicto y sentenciado a.la pena de doce años de reclusión que ahora cumple en la Peniten-ciaría Insular.

Los fundamentos de la petición en.el presente caso son:-

Que una persona que ha sido excarcelada mediante auto de hábeas corpus no puede ser detenida nuevamente por la misma causa, excepto (a) cuando se le arreste en virtud de mandamiento u orden legal; (b) cuando la excarcelación se basó en falta de pruebas y se le arresta de nuevo con prue-bas suficientes; y (c) cuando se basó en defecto en la orden de arresto y se le arresta nuevamente en virtud de un man-damiento legal.

Que habiendo sido el apelante arrestado y acusado con la misma prueba del juicio anterior, la segunda acusación le ha puesto dos veces en “ jeopardy” por el mismo delito.

Que al ser anulada la primera sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo, necesariamente quedó anulada también la acusación que motivó dicba sentencia, razón por la cual no se le podía procesar nuevamente a base de una acusación nula.

La corte inferior no erró al negarse a decretar la excar-celación del peticionario apelante. La sentencia original dictada contra el peticionario en marzo 8 de 1937 fué anu-lada por esta Corte Suprema por el fundamento de no ha-ber estado el acusado asistido de abogado al serle leída la acusación y no habérsele advertido de la existencia de ese derecho a su favor. Una sentencia dictada sin que se hayan •cumplido esos requisitos es nula por falta de jurisdicción, de acuerdo con lo resuelto en Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, seguido por esta Corte Suprema en Ex-Parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416 y El Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914.

En 22 C.J.S. 378 encontramos la regla que consideramos aplicable al caso de autos:

“Una persona no queda expuesta por segunda vez a menos que su anterior absolución o convicción baya sido dictada por una corte ■con jurisdicción para juzgarle por el delito de que se le acusaba. La corte debe ser una que tenga jurisdicción no solamente sobre el delito sí que también sobre el acusado, la cual ha sido obtenida me-diante el debido proceso basado en procedimientos legales. Sin embargo, la sentencia de una corte con jurisdicción para dictarla es un impedimento para un proceso subsiguiente por el mismo delito, aún cuando la corte hubiese cometido error al ejercitar una discreción que le hubiere sido conferida; . . . Cuando el acusado ha conseguido la anulación de una convicción anterior por el fundamento de que la corte carecía de jurisdicción, él está impedido para alegar más .tarde, en apoyo de una defensa de ‘previous jeopardy’, que dicha corte tuvo jurisdicción”.

Véase: In Re Bouchard, 38 Calif. App. 441, 443, 176 P. 692; 16 C. J. 257, sec. 423.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 9807.

    Sometido: Febrero 25, 1943.

      Resuelto: Marzo 17, 1943.

      Samuel Ti. Quiñones, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Litis Alegrón Fernández, Fiscal Auxiliar,. abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto por el delito de daños maliciosos-porque “ilegal, voluntaria y maliciosamente, con intención criminal de dañar o destruir propiedad ajena” hirió con un machete dos vacas y una novilla pertenecientes a Pedro Juan G-erardino. Ha apelado de la sentencia de la corte de dis-trito que le impuso cuatro meses de cárcel.

Alega primeramente que la corte de distrito carecía de jurisdicción porque la “acusación”' no estaba suscrita por el fiscal del distrito ni se basada en la declaración jurada de testigos examinados por el fiscal, tal como lo exige la ley. Pero el récord demuestra que este caso se originó,, no en la corte de distrito, sino en la corte municipal, ante la cual un policía radicó debidamente la denuncia. Toda vez. que presumiblemente el caso fué visto por la corte de distrito en apelación procedente de la corte municipal, los requisitos que se exigen al instituirse una causa criminal ante la corte de distrito no son de aplicación a este caso. Además, el acusado en este caso se declaró inocente en la corte de distrito y entró a juicio sin levantar esta cuestión. Por lo tanto, aun si hubiera existido tal defecto, esta conducta de parte del acusado constituyó una renuncia del mismo. Pueblo v. Figueroa, 34 D.P.R. 134.

El acusado también alega que en el presente casono se estableció ni malicia en general ni malicia dirigida específicamente contra G-erardino, el dueño de los animales. Recientemente fiemos reafirmado, en una opinión del Juez-Presidente Sr. del Toro, la necesidad de alegar y probar la malicia en el delito bajo discusión. Pueblo v. Galeno Cabán, 61 D.P.R. 406, resuelto en 16 de febrero de 1943. Pero debetenerse en cuenta que tal malicia “puede inferirse de declaraciones,-de actuaciones anteriores, y aun de la malignidad peculiar del acto.” (2 Wharton’s Criminal Law 1639, Sec. 1323 (12 a ed. 1932)). Y aunque “Debe haber malicia contra el dueño o poseedor . . . [no es fatal que] ... tal dueño o poseedor sea desconocido personalmente al ofensor” (2 Wharton’s supra, a la pág. 1636, Sec. 1322; palabras en corchetes nuestras). Esta misma idea fué enunciada en State v. Waltz, 139 N. W. 458 (Iowa, 1913) a las págs. 459, 60:

“Se arguye nuevamente por el apelante que debe demostrarse que el acto es intencional y malicioso en relación a la persona cuya propiedad se alega ha sido damnificada. Si estuvo empeñado en oca-sionar daño, e intencional y maliciosamente destruyó la propiedad,. es enteramente inmaterial el hecho de si sabía quién era el dueño al momento en que cometió el acto. Si bien debe establecerse la malicia dirigida contra el dueño, no es necesario que el acusado supiera quién era el dueño al momento de cometer el acto. Porque, si al momento de realizarse el acto, estaba empeñado en ocasionar el daño y maliciosamente destruyó. la propiedad, temerariamente, sin tener en cuenta a quien pertenecía, impulsado por una mente perversa a destruir o causar daño, ello constituiría suficiente malicia de acuerdo con la ley, que exige malicia contra el dueño.”

Al mismo efecto, Commonwealth v. Hosman, 154 N. E. 76 (Mass., 1926).

Todos los casos, incluyendo el nuestro, advierten que las cortes deben estar alertas para evitar el uso de la maquina-ria del derecho criminal, mediante persecución por daños ma-liciosos, como un método indirecto de hacer valer una ale-gada responsabilidad civil. [6] El modo de enfocar esta cuestión fué enunciado hace años por esta corte en Pueblo v. Valdés, 23 D.P.R. 713, a la pág. 718: “Cualquiera que sea la clase o grado de malicia necesaria para constituir el de-lito, .su existencia siempre puede negarse mediante prueba adecuada de que otros han sido los motivos y Al motivo por el cual una persona mata o causa daño a un animal que pe-netra en la propiedad ajena es el medio que hay para pro-bar la criminalidad del acto.’ 1 Wharton, Ley Criminal, pá-gina 205, sección 159; . . . ”.

Analizando los hechos de este caso, no tenemos duda al-guna que el motivo que tuvo el acusado para herir los ani-males aquí envueltos fué suficientemente demostrado para justificar la convicción por daños maliciosos. La prueba fué al efecto de que el acusado y G-erardino, dueño de los ani-males, eran vecinos colindantes; que Gerardino había pres-tado algún dinero al acusado, quien trató de saldar esta deuda dando a Gerardino un cerdo que en realidad pertenecía a este último; que este incidente produjo tirantez entre ellos; que en otra ocasión el acusado había tratado de agredir a Grardino, pero se le impidió hacerlo. La defensa descansó en una coartada; la corte inferior eligió dar crédito a nn testigo ocular que, declaró que había visto al acusado “pi-cando las vacas”.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Jesús Delgado García, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandada.
    Núm. 1507.

    Sometido: Marzo 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 17, 1943.

      B. Díaz Collazo, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

A requerimiento del peticionario, expedimos en este caso nn anto preliminar de certiorari, con el fin de determinar si la corte de distrito había abasado de sn discreción al negarse a concederle al acusado en nna causa criminal nna prórroga para preparar y radicar la transcripción de evidencia a ser usada en apelación ante este Tribunal de la sentencia de la ■corte de distrito.

El 14 de enero de 1941 el Fiscal radicó nna acusación •contra el peticionario por asesinato, cometido según se alegaba el 18 de noviembre de 1940. Durante los siguientes ■cinco meses el peticionario radicó tres mociones y una ex-cepción perentoria, todas las cuales fueron declaradas sin lugar por la corte de distrito. El 23 de junio de 1941 el peticionario solicitó y obtuvo una posposición del juicio por el fundamento de que su testigo principal no podía asistir al mismo, habiéndose señalado el juicio del caso para el 29 de julio de 1941. El 23 de julio de 1941 el peticionario solicitó •otra posposición del juicio porque su abogado se encontraba en los Estados Unidos continentales. Se accedió a la misma -y el caso se señaló de nuevo para juicio para el 18 de noviembre de 1941. En dicha fecha, el peticionario fué juzgado. Un jurado lo encontró culpable de homicidio voluntario.

El 24 de noviembre de 1941 el peticionario solicitó que se pospusiera la lectura de la sentencia debido a que se pro-ponía radicar una moción de nuevo juicio. La corte inferior le concedió 20 días para este fin, y ordenó al taquígrafo de la corte que transcribiera la evidencia que serviría de base a la referida moción. Una segunda prórroga, a expirar el 15 de enero de 1942, le fué concedida al peticionario para el mismo fin. El 13 de enero de 1942 el peticionario solicitó una tercera prórroga para este propósito. Ésta le fué de-negada y la corte inferior señaló el 2 de febrero de 1942 para dictar sentencia. La corte en dicho día sentenció al peticionario a tres años de presidio y, encontrándolo cul■pable de portar armas ilegalmente, lo sentenció por ello a un mes cárcel. El mismo día el peticionario apeló de ambas sentencias para ante esta Corte.

El 9 de febrero de 1942 el peticionario solicitó y obtuvo una orden dirigida al taquígrafo para que transcribiera la •evidencia aducida en el, juicio a los fines de la apelación. Posteriormente la corte de distrito concedió al peticionario once prórrogas para radicar la transcripción de la eviden-cia, la última de las cuales se concedió el 28 de diciembre a expirar el 30 de enero de 1943. Para dicha fecha había trans-currido un año desde que se radicó el escrito de apelación.

Estando el caso en este estado, el taquígrafo, el 18 de enero de 1943, radicó una moción que lee en parte como sigue:

. . el infrascrito siempre se ha hallado dispuesto a preparar esta transcripción dentro de los términos concedídosle y siendo la razón por la cual no la ha hecho hasta ahora la de que el acusado-.apelante tan sólo le ha satisfecho, a cuenta de sus honorarios, que ascienden a la suma de cien (100) dólares, la cantidad de diez (10) dólares.”

Entonces la corte de distrito dictó una resolución el 20 de enero ordenando al peticionario a consignar dentro de cinco días la cantidad de $90 que todavía se le adeudaba al taquígrafo, y concedió una última prórroga de veinte días para radicar la transcripción de evidencia. Sin embargo, el día siguiente, 21 de enero, el peticionario radicó una moción alegando que él no podía recaudar $90 en tan corto término y solicitando una prórroga hasta el 28 de febrero para con-.signar esa suma, en corte. El 25 de enero la corte de dis-trito, al resolver esta moción, concedió otra prórroga hasta el 10 de febrero para consignar los $90. En 2 de febrero compareció el peticionario con aún otra moción, solicitando otra prórroga de 30 días dentro de la cual radicar la trans-cripción, alegando que había llegado a un acuerdo con el ta-quígrafo por el cual éste prepararía la transcripción por $75, de los cuales había recibido ya $25, pero que al peticionario le era imposible obtener los $50 restantes dentro del período concedido por la corte.

En una extensa resolución en la cual los hechos antes in-dicados se exponen en detalle, la corte de distrito, el 15 de febrero de 1943, declaró sin lugar esta última moción de pró-rroga. Es esta resolución del 15 de febrero la que es objeto de la presente revisión. El peticionario se queja de qne la misma (‘arbitraria, irrazonable e injustamente cancela” su derecho de apelación, el cual, según el, ha venido perfeccio-nando diligentemente.

No podemos convenir con el peticionario de que él ha sido diligente en la prosecución de su apelación. El récord re-fleja diligencia de su parte. Pero esta diligencia ha sido en-cauzada casi enteramente hacia la posposición en vez de ha-cia la celebración del juicio y la prosecución de su apelación. En verdad, aparte de las muchas prórrogas, la mayoría de las cuales nos parecen enteramente innecesarias, el peticio-nario no hizo gestión alguna para cumplir con las Reglas 31-3 de las Reglas de las Cortes de Distrito de Puerto Rico (Edición revisada, 1941) que le exigen que consigne los ho-norarios del taquígrafo dentro de 20 días a partir de su so-licitud para que se transcriba la evidencia. No obstante esta disposición, el peticionario obtuvo 13 prórrogas, que alcan-zan a más de un año, para radicar una transcripción que aparentemente fue retardada, por lo menos últimamente, de-bido a no haber depositado el peticionario el dinero para su pago. Aparte de una alegación de insolvencia, que le diera derecho a litigar m forma pauperis, la cual nunca hizo, poco favorece al peticionario alegar tan tardíamente que no puede reunir los honorarios de $50, después de habérsele concedido con este fin repetidas prórrogas.

Lejos de abusar de su discreción, el juez de distrito actuó sabiamente al poner coto a una situación intolerable. A este respecto, creemos apropiado decir que nuestro firme criterio es que la prosecución de apelaciones criminales a esta Corte en muchos casos es dilatada indebidamente. Las partes y las cortes inferiores deben cooperar para obtener la pronta resolución de casos criminales, incluyendo la prosecución y decisión de las apelaciones en ellos envueltas. Tales casos tienen preferencia en el trabajo del abogado, y deben ser los primeros en el calendario de las cortes, a fin de que la sentencia final para castigar a los culpables y para vindicar al inocente se dicte lo más rápidamente posible. Aquellos que son responsables de la efectiva administración de la justicia en esta comunidad debieran seguir el ejemplo del juez de distrito en este caso.

El auto de certiorari será anulado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

text:
    Julio Pérez, querellante y apelado, v. Marcos Puente, haciendo negocios bajo el nombre de M. Puente & Cía., querellado y apelante. Luciano López, querellante y apelado, v. El Mismo, querellado y apelante.
    Núms. 8671 y 8672.

    Sometidos: Marzo 15, 1943.

      Resueltos: Marzo 18, 1943.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; R. Tlerrumdez Matos, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Las mociones presentadas por los apelados solicitando la desestimación de estos recursos fueron vistas conjuntamente y en la misma forma las resolveremos en esta-opinión.

Aparece de la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de Ponce en el recurso 8671 que la Corte Municipal de Ponce declaró sin lugar una querella sobre cobro de salarios radicada por Julio Pérez contra Marcos Puente, Paciendo negocios bajo el nombre de “M. Puente & Co.” Apeló el querellante para ante la Corte de Distrito de Ponce y celebrado un juicio de novo se dictó sentencia el 15 de diciembre de 1942 declarando con lugar la querella y con-denando al querellado a pagar al querellante $1699.06. El 16 de diciembre el secretario de la corte inferior notificó al abogado de récord del querellado, Lie. Felipe Colón Díaz, con copia de la sentencia y el mismo día el secretario archivó en los autos copia de dicha notificación. El 13 de enero de 1943 el querellado radicó en la corte inferior y notificó al quere-llante su escrito de apelación en este caso.

De la certificación expedida por el secretario en el re-curso núm. 8672, aparece que la Corte Municipal de Ponce declaró con lugar otra querella sobre cobro de salarios, en sus dos primeras causas de acción y sin lugar en cuanto a la tercera y que habiendo ambas partes apelado para ante la Corte de Distrito de Ponce y celebrado el juicio de novo dictó dicha corte sentencia el 15 de diciembre de 1942 en la misma forma en que lo había hecho la corte municipal y con-denó al querellado a pagar al querellante la suma de $2,527.24.

El mismo día, 15 de diciembre, el secretario de la corte inferior notificó al abogado de récord del querellado, Lie. Felipe Colón Díaz, con copia de la sentencia y archivó en los autos copia de dicha notificación. El día 13 de enero de 1943 el querellado radicó en la corte inferior y notificó al quere-llante su escrito de apelación en este caso.

En sus mociones solicitando la desestimación de estos re-cursos alega el apelado que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer de los mismos porque:

“El término, que tenía el querellado para apelar, tratándose de una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación inter-puesta contra resolución de una corto inferior, es de quince (15) días (Art. 295, Inc. 2, Código de Enjuiciamiento Civil; Vázqùez Prada v. Martinó, 46 D.P.R. 305 y Bianchi v. Bianchi, 40 (sic) D.P.R. 751) que empezaron a correr desde la fecha del archivo de dicha no-tificación de sentencia con los autos, o sea en 16 de diciembre de 1942 y terminaron en 31 de diciembre de 1942 (en el recurso 8671 y un día antes en el 8672). Ese término es aplicable a los casos de cobro de salarios tramitados conforme a la Ley núm. 10 de 1917 (II) según Padró v. A. N. Saab & Co., 51 D.P.R. 950.” (Intercalado subrayado nuestro.)

El querellado apelante se lia opuesto por escrito a las desestimaciones solicitadas alegando lo siguiente:

“Se acepta por esta parte querellada de que el artículo .295 del Código de Enjuiciamiento Civil en su párrafo segundo solamente concede 15 días para apelar de una sentencia dictada en apelación de la corte municipal para ante úna corte de distrito; pero, en con-trario alega esta parte querellada, de que el artículo 295 de] Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico, código éste que fué promul-gado en 1904, la intención del legislador fué única y exclusivamente al limitar dicho término de 15 días, el de que entonces las sentencias de las cortes municipales no podían exceder de $500 incluyendo in-tereses. La Ley núm. 10 de 1917 que autoriza estas acciones en cobro de salarios en las cortes municipales de Puerto Eico, o en cualquier cuantía aún excediendo de $500 como últimamente ha resuelto esta Hon. Corte, es posterior a la aprobación del Código de Enjuiciamiento Civil y la intención del legislador no podía ser la de limitar apela-ciones en acciones de esta clase al término de 15 días, cuando se trata de una cuantía mayor de $500 como en el caso que nos ocupa.”

La interpretación que quiere darle el apelante al artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil po puede prevalecer. Es cierto que cuando fué aprobado dicho Código en el año 1904 las cortes municipales sólo podían intervenir en casos en los que la cuantía envuelta no excediera de $500, pero el hecho de que la Legislatura por la Ley núm. 10 de 1917 con-firiera jurisdicción extraordinaria para conocer de casos en que el querellante reclamara “cualquier suma” no puede in-terpretarse en el sentido de que tuvo la intención de enmen-dar implícitamnte el procedimiento apelativo prescrito en el inciso dos del artículo 295 que dispone que podrá estable-cerse apelación para ante el Tribunal Supremo: “De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación in-terpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los guiñes diets d6spu.es de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin com-prender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.” (Bastardillas nuestras.)

Por el contrario, ese precepto expresamente dispone que procede la apelación para ante esta Corte Suprema cuando la cuantía de la sentencia “excediera de trescientos dólares” y si la Legislatura concedió jurisdicción -extraordinaria a las cortes municipales en estos casos, cualquiera que fuera la suma reclamada, según resolvimos en el caso de J. L. Wiewall & Co., S. en C. v. Hon. José N. Quiñones, etc., 61 D.P.R. 456 el término de quince días es el aplicable y no el de treinta que provee el inciso 1 del artículo 295, supra.

Ya en el caso de Padró v. A. N. Saab & Co., 51 D.P.R. 950 se resolvió en un per curiam que el inciso 2 del artículo 295, supra, era aplicable a los casos provistos en la Lej^ núm. 10 de 1917, al desestimar una apelación en la que la cuantía envuelta era menor de trescientos dólares. En el caso de Collazo v. Corte, 61 D.P.R. 291, también resolvimos que to-dos los casos bajo la Ley núm. 10 de 1917, excepto las recla-maciones agrícolas, son apelables para anteesta Corte bajo el inciso 2 del artículo 295, supra, si la cuantía excede de trescientos dólares. El razonamiento del apelante no nos convence de -que debamos variar la jurisprudencia sentada en dichos casos. Es éste otro aspecto de los distintos pro-blemas que surgen de la aplicación de la Ley núm. 10 de 1917 que sólo pueden ser remediados por acción legislativa.

Arguye, por último, el apelante que la notificación de la sentencia en la corte inferior se hizo a “Marcos Puente” y no a “Marcos Puente haciendo negocios bajo el nombre de M. Puente & Co.” que es la verdadera parte demandada y perjudicada.

Carece de méritos la cuestión. En primer término, la notificación se hizo al “Lie. Felipe Colón Díaz, Ponce, P. R.” por ser el representante de la parte perjudicada, apareciendo de la certificación del secretario que dicho letrado fué el aho-gado del querellado en estos casos, y la sección 2 de la Ley de 9 de marzo de 1911 dispone que será deber del secretario enviar “a la parte perjudicada o a su abogado” la notifica-ción de la sentencia. Y eso fué lo que hizo dicho funcio-nario.

El hecho de que en el título de la notificación se hiciera constar que las partes eran: “Julio Pérez, demandante v. Marcos Puente, demandado” y se omitiera la frase “haciendo negocios bajo el nombre de M. Puente & Co.” no es un error sustancial que afecte la validez de dicha notificación.

Se declaran .con lugar las mociones y en su consecuencia se desestiman los recursos.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Severo Torres Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 9665.

    Sometido: Marzo 15, 1943.

      Resuelto: Marzo 23, 1943.

      Severo Torres fíuzmóm, por su propio derecho, compareció por es-crito ; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado y convicto del delito de asesinato y condenado a la pena de reclusión perpetua. Interpuso re-curso de apelación dentro del término legal, notificó al fiscal del distrito, y alegando su estado de insolvencia solicitó se ordenase al taquígrafo que preparase la transcripción de la evidencia libre de derechos. En julio 31, 1942 la Corte de Distrito de Humacao dictó la orden solicitada, fijando el tér-mino de 20 días para su cumplimiento.

En el récord de este caso aparece solamente el legajo de la sentencia, mas no así la transcripción de la evidencia.

Las cuestiones planteadas por el apelante en su alegato son:

Ia. Que la pena de reclusión perpetua que le fué impuesta es excesiva, por 'cuanto él nunca había sido convicto de la comisión de otro delito'.

El veredicto rendido por el jurado en este caso fué “culpable de asesinato en primer grado”. La corte sentencia-dora no estaba autorizada para imponer otra pena que no fuera la de reclusión perpetua, que es la que ordena el ar-tículo 202 del Código Penal. No erró la cprte inferior al imponerla.

2a. Que el apelante no recuerda si la corte inferior le amparó en sus derechos constitucionales, por cuanto por es-tar él bajo tratamiento, se encontraba fuera de conocimiento.

Del legajo de la sentencia aparece que en el acto del “arraignment” el acusado estuvo asistido de su abogado Lie. F. R. Aponte, nombrado por la corte. El “arraignment” tuvo lugar el 25 de marzo de 1942 y la corte señaló el juicio para el 23 de abril siguiente, dando así tiempo suficiente al acu-sado para preparar su defensa. Debemos presumir que el letrado defensor cumplió debidamente con su obligación de defender al acusado. Del récord aparece que el abogado de-fensor estuvo presente durante el juicio y que sometió a la consideración de la corte un proyecto de instrucciones para ser trasmitidas al jurado. Los derechos constitucionales del acusado estuvieron protegidos debidamente.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Soto Figueroa, acusado y apelante.
    Núm. 9800.

    Sometido: Marzo 4, 1943.

      Resuelto: Marzo 23, 1943.

      Adolfo García Veve y Pedro Pérez Pimentel, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fer-nández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de Hnmacao formuló una acusación contra el apelante imputándole que el 15 de mayo de 1937 “ilegal y voluntariamente portaba sobre su persona un revólver, arma con la cual puede cansarse daño corporal, y con disparos de la erial dió muerte a José Dones”. Sometido el caso por la prueba practicada en el caso de homicidio, la Corte de Dis-trito de Hnmacao le declaró culpable del delito de portar armas y le impuso seis meses de cárcel.

En el presente recurso interpuesto por el acusado se se-ñala como único error de la corte inferior el de haber dic-tado una sentencia que a juicio del apelante es contraria a la prueba y a la ley.

La contención del apelante es que de acuerdo con la prueba, los hechos relacionados con la muerte de Dones ocu-rrieron en el batey de una casa radicada en una finca pro-piedad de Encarnación Millán; que en la fecha del suceso, el acusado ocupaba dicha casa en calidad de arrendatario; que el camino que hay frente al batey de la casa es un ca-mino privado que atraviesa la finca, y que no se presentó prueba de cargo alguna que sostenga que el acusado portara el revólver en dicho camino.

Hemos examinado la evidencia y encontramos que es en verdad insuficiente. Ninguno de los testigos de cargo de- , claró categóricamente que el acusado estuviese en el camino portando el arma antes o en el momento de hacer uso de ella. Declaró uno que vió al acusado frente a su casa colin-dante con el camino vecinal; otro, que se encontraba entre el camino y el batey de su casa; otro, que se encontraba cerca de un espeque frente a su casa; y el último, que estaba a orilla .del camino. La prueba del acusado tendió a demostrar que el arma fue usada por el acusado frente a su propia casa, en el batey, en defensa propia al ser atacado con un machete por José Dones.

Siendo la prueba como lo es a nuestro juicio insuficiente-para sostener la acusación, procede revocar la sentencia re-currida y decretar la absolución del acusado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Teavieso

text:
    Guillermo Ramos Giraud, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Antonio R. Barceló, Juez, demandada.
    Núm. 390.

    Sometido: Marzo 15, 1943.

      Resuelto: Marzo 23, 1943.

      Arturo Aponte j Faustino B. Aponte, abogados del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señob Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Guillermo Ramos Giraud fue acusado en junio 17 de 1942, por el fiscal de la Corte de Distrito de Guayama, de un de-lito de asesinato, quedando la causa radicada bajo el número 12648 de dicha corte.

En febrero 5 de 1943 el acusado solicitó el archivo y so-breseimiento de la acusación, por haber transcurrido más de siete meses desde la fecha en que fue radicada. Alegó en su moción, que el juicio nunca se. había señalado, ni había sido pospuesto a petición del acusado.

Declarada sin lugar la moción, el acusado radicó ante esta Corte Suprema una solicitud de mandamus en la que nos pide que ordenemos al Juez de la Corte de Distrito de Guayama que decrete el archivo y sobreseimiento de la causa. Expe-dido el mandamiento en forma alternativa o condicional, com-pareció el juez querellado y radicó una extensa contestación, en la que alega en síntesis lo que sigue:

Que la acusación fue radicada el 17 de junio de 1942 y la corte señaló el 22 del mismo mes para su lectura al acusado; y que no habiendo sido posible localizar al acusado, la lec-tura de la acusación no pudo celebrarse ni el 22 ni el 29 de junio, por lo cual se hizo necesario ordenar una requisitoria. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 1942 y prestó fianza el 18 del mismo mes. En julio 28 de 1942 la corte señaló la lectura de la acusación para la primera fecha hábil después de las vacaciones, o sea para septiembre 3 de 1942.

. Que no fué posible señalar el juicio para el término criminal de septiembre, porque cuando el acusado pudo ser lo-calizado ya se había leído el calendario para el mes de sep-tiembre, el cual había sido preparado en junio 80 de 1942.

Que el caso no pudo ser señalado para ser visto durante el mes de octubre de 1942, porque los marshals no habían podido conseguir de la oficina de racionamiento, la gasolina necesaria para poder salir a hacer las citaciones; que el primer mes hábil para hacer un señalamiento fué el de noviem-bre, y que contando desde el l9 de noviembre de 1942 al 16 de febrero de 1943, fecha señalada para el juicio, no habían transcurrido más de 120 días.

Que la dilación en la lectura de la acusación fué debida a culpa del acusado quien cambió de residencia sin tomarse el trabajo de notificarlo a la corte.

Que el fiscal mediante moción de octubre 28 de 1942 so-licitó el señalamiento del caso para juicio. Se dió cuenta con dicha moción al hacerse los calendarios para noviembre y diciembre, 1942 y enero de 1943, pero no fué posible señalar el caso por haber otros de mayor urgencia.

Que al hacerse los señalamientos para formar el calenda-rio, se señalan los casos en el orden siguiente: (1) aquellos en que el acusado está preso; (2) aquellos en que está pró-ximo a expirar el término de prescripción o el término esta-tutario de 120 días; y (3) los casos en que se ha pedido se-ñalamiento por el acusado o por el fiscal.

Se queja el peticionario de que la corte inferior al seña-lar la fecha para la vista de la moción de archivo y sobre-seimiento ordenó que se citara al fiscal para ser oído, sin dar igual oportunidad al acusado; y que sin oír prueba alguna y por la sola manifestación verbal del fiscal, declaró sin lu-gar el sobreseimiento.

En apoyo de su contestación el juez querellado ofreció el récord de la causa núm. 12648 y especialmente:

1. Copia de la orden de jnnio 29 de 1942j fijando los tér-minos criminales para el período de septiembre l9, 1942 a junio 30, 1943, en la que se dispuso además que el calenda-rio para el término criminal de septiembre, 1942 sería leído el 30 de junio de 1942.

2. Orden señalando la vista de la moción de archivo y sobreseimiento para el 8 de febrero de 1943, “a fin de oír al Fiscal de esta corte para que muestre cansa, si alguna tu-viere, que justifique la dilación en el señalamiento para jui-cio de la causa del epígrafe”. El último párrafo de la or-den lee así: “Notifíquese al abogado del acusado y al Fiscal”. Al pie consta la certificación del Secretario que dice: “Notificados con copia, hoy día 5 de febrero de 1943, el Fiscal y el Ledo. Arturo Aponte y F. R. Aponte, Abogados del acusado ’ ’.

3. Los autos originales de la causa núm. 12648, en los que figuran las diligencias practicadas para poder localizar al acusado y citarle para la lectura de la acusación.

4. Moción del fiscal de octubre 28, 1942 solicitando el se-ñalamiento del caso para juicio.

5. Récord taquigráfico de la vista de la moción de archivo y sobreseimiento.

La contención del peticionario de que sus abogados no fueron citados para la vista de la moción de archivo y so-breseimiento no está sostenida por prueba alguna. Por el contrario, la presentada por el juez querellado demuestra que fueron citados oportunamente. Si no comparecieron a sostener su moción no fué culpa de la corte inferior.'

En el acto de la vista, el fiscal compareció y expuso las razones por las cuales no debía decretarse el sobreseimiento, haciendo referencia a las constancias del récord de la causa. Las razones aducidas por el fiscal son las mismas expuestas por el querellado en su contestación y substanciadas por las' constancias que aparecen en los autos.

Se queja el peticionario de que la corte inferior se ne-gase a sobreseer la causa por las manifestaciones verbales del fiscal, sin que dicho funcionario .presentara pruebas de-mostrativas de qne hubo justa causa para que el juicio no fuera celebrado dentro de los 120 días fijados por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y llama nues-tra atención a las decisiones de esta Corte en El Pueblo v. Pérez, 36 D.P.R. 853 y Corbet v. Corte, 46 D.P.R. 255.

El primero de los dos casos citados vino ante esta Corte mediante apelación contra una sentencia dictada después de haberse negado la corte inferior a decretar el sobreseimiento. Esta Corte Suprema, teniendo ante sí solamente el récord de la apelación, resolvió:

“. . . De modo que para destruir el derecho de un acusado a que se sobresea su causa cuando no es sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación contra .él formulada debe existir una justa causa en contrario, justa causa que debe ser probada por el fiscal a satisfacción de la corte.”

En el citado caso se revocó la sentencia y se ordenó el sobreseimiento, porque de acuerdo con el récord no se pre-sentó ante la corte inferior prueba alguna que justificara la resolución denegando el sobreseimiento. Esta Corte opinó que “la simple manifestación del fiscal de haber existido de-terminadas circunstancias que según él excusaban la dilación en la celebración del juicio, no es prueba de que ellas exis-tieran.”

El caso de autos no ha venido ante nos por vía de ape-lación. El acusado ha invocado la jurisdicción original de esta Corte y nos ha pedido que ordenemos a la corte inferior que archive y sobresea la causá contra él incoada. En obe-diencia al requerimiento héchole por orden de esta Corte, el juez querellado ha alegado las razones que tuvo para ne-garse a decretar el sobreseimiento; y en apoyo de esas ra-zones ha ofrecido en evidencia el récord del caso ante la corte inferior.

En Corbet v. Corte, supra, se pidió a esta Corte que or-denase a la inferior el archivo y sobreseimiento de una acu-sación por homicidio, por haber sido radicada más de seis meses después de arrestado el acusado. En la vista de la moción de archivo ante la corte inferior no se presentó prueba alguna. El fiscal se limitó a informar oralmente que cuando él asumió los deberes de su cargo halló sin terminar una in-vestigación anterior y se vió precisado a terminarla. Se re-solvió que las excusas dadas por el fiscal eran inadecuadas y no justificaban la dilación habida en la radicación de la acusación. Al expedir el auto perentorio de mandamus, esta Corte se expresó así: •

“. . . Incumbía al fiscal justificar por qué había dejado de ra-dicar la acusación dentro del período fijado por el estatuto. La mo-ción debió haber sido declarada con lugar, a menos que el hecho admitido o aquellos hechos de que la, corte podia tomar conocimiento judicial equivalieran a justa causa para la demora. La transcripción de la vista no demuestra que durante la discusión oral algunos he-chos fuesen admitidos expresamente o aducidos sin objeción alguna.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos la corte inferior estuvo justificada al tomar conocimiento judicial de que desde el 17 de junio hasta el 10 de julio de 1942 no fué posible citar al acusado para el acto del “arraignment”, por haber éste cambiado de residencia varias veces sin dar aviso a la corte. En los autos del caso constan las citaciones expedidas por el Secretario y diligenciadas por la Policía Insular. De ellas aparece que el acusado fué buscado en Patillas, en Humacao y por último en la Barriada Eleanor Roosevelt, Hato Rey, en donde fué por fin encontrado y arrestado el 10 de julio- de 1942.

Si el acusado hubiese estado interesado en la celebración del juicio a la mayor brevedad, seguramente él se hubiera ocupado de notificar a la corte sus cambios de residencia a fin de que se le pudiera avisar prontamente las fechas de los distintos trámites que preceden al juicio. Al no hacerlo así, impidió que la acusación le fuera leída el 22 o el 29 de junio e hizo imposible que su caso fuese señalado para juicio e incluido en el calendario preparado el 30 de junio de 1942. Por las mismas razones y por estar la corte en vacaciones durante los meses de julio y agosto, la acusación no pudo serle leída al acusado hasta el día 3 de septiembre de 1942. Es cierto que ni el excesivo trabajo de la corte ni el hecho de haber estado el tribunal en vacaciones (De Gracia v. Corte, 52 D.P.R. 607) son por sí solos suficientes para justificar la tardanza en la celebración de un juicio, pero esas circunstan-cias, unidas a otras en las cuales tuvo intervención el acu-sado, pueden constituir la justa causa a que se refiere el apartado 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En Castro v. Corte, 58 D.P.R. 791, al serle leída la acu-sación el acusado solicitó y le fue concedido un término de 10 días para hacer su alegación. Ese término fue prorrogado por 17 días más a instancia del acusado. Vencido el término sin que el acusado hiciera alegación alguna, la corte ordenó al secretario que registrara una alegación de inocente. Se-tenta y siete días después de vencida la prórroga para ale-gar y 127 días después de la fecha de radicación de la acu-sación, la corte señaló el caso para juicio. El acusado soli-citó el archivo, le fue denegado, recurrió ante esta Corte, y al resolver que no procedía el auto de mandamus dijimos:

“Es cierto que desde la fecha de presentación de la acusación— noviembre 25, 1940 — hasta la fecha señalada para el juicio — abril 2, 1941 — transcurrieron 127 días. ' Pero no es menos cierto que de esos 127 días, dieciocho, o sea los comprendidos entre diciembre 9 y diciembre 27 de 1940, fueron consumidos inútilmente por el propio acu-sado, solicitando términos y prórrogas para hacer alegaciones que nunca hizo, lo que revela que su propósito era el de dilatar la cele-bración de la vista y no el de conseguir el juicio rápido a que tiene derecho de acuerdo con i a ley.
“No es posible permitir que un acusado recurra a tácticas dila-t radas para evitar la celebración del juicio, y que más tarde invoque sus propios actos para quejarse de que el juicio no se haya celebrado dentro del término fijado por el estatuto. Si descontamos de los 127 días los dieciocho transcurridos desde el 9 al 27 de diciembre de 1940, resulta que el término hábil transcurrido desde la presentación de ía acusación hasta la fecha señalada para la celebración del juicio quedó reducido a 109 días. Véanse: El Pueblo v. Valdespino, 31 D.P.R. 526; El Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191; El Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649; El Pueblo v. Rodríguez, 57 D.P.R. 21; Gerardino v. People, 29 F. (2) 517.”

En el presente caso, por descuido o táctica dilatoria del propio acusado, al cambiar de residencia sin dar aviso a la corte, los 23 días comprendidos entre junio 17 y julio 10 de 1942 fueron consumidos inútilmente, sin que fuera posible localizar al acusado y citarle para la lectura de la acusación. Cuando el acusado fué por fin encontrado ya la corte había entrado en vacaciones, circunstancia por la cual no fué po-sible celebrar el “arraignment” hasta el 3 de septiembre de 1942. En el calendario para el mes de septiembre, prepa-rado el 30 de junio, no fué posible incluir el caso por estar lleno el calendario con casos de mayor urgencia. Causa que estaba fuera del control de la corte — la carencia de gasolina motivada por la guerra — de la cual la corte tomó debidamente conocimiento judicial, hizo imposible el señalamiento del caso para el mes de octubre de 1942. El mes de noviembre fué dedicado a la celebración de juicios en casos en que los acu-sados se encontraban presos. El fiscal pidió en octubre que el caso contra el aquí peticionario fuese incluido en el calen-dario de diciembre. No pudo hacerse así, por razón de que los días hábiles de ese mes fueron dedicados, por petición expresa de los abogados defensores, que eran los mismos que defendían al peticionario, a la vista de un caso contra va-rios acusados que expresaron su deseo de que el juicio se celebrara cuanto antes.

Del récord ante nos no consta que el acusado hiciera gestión alguna demostrativa de su interés en un juicio rápido. Pudo haberlo tenido en septiembre y no lo tuvo por su propia culpa. El récord nos convence de que hubo causa justa y suficiente para demorar el señalamiento y de que la corte procedió correctamente al denegar la moción de ar-chivo y sobreseimiento. No ha lugar por lo tanto a expedir el auto solicitado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Cristóbal Dávila, demandante y apelado, v. Marcial Rosa, demandado; Monllor & Boscio, Sucrs., interventora y apelante.
    Núm. 8427.

    Sometido: Marzo 4, 1943.

      Resuelto: Marzo 23, 1943.

      Ditbón & Ochoieco y Otero Suro■ & Otero Suro, abogados de la inter-ventora apelante; M. Guzmán Texidor, abogado del demandante apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 16 de 1938 la sociedad Monllor & Boscio, Sncrs., inició la acción número 150 ante la Corte Municipal de Cayey, contra Marcial Rosa, en cobro de la suma de $498.92 como saldo de nna enenta corriente por mercaderías vendidas. Asegurada la efectividad de la sentencia mediante embargo de bienes del demandado Rosa, éste, en marzo 19 de 1938 se allanó a la demanda, sin impugnar en manera alguna la fianza prestada por la sociedad demandante.

El mismo día 19 de marzo de 1938, Cristóbal Dávila so-licitó permiso para intervenir en el caso núm. 150. Aún cuando el permiso le fué concedido, Dávila optó por radicar una demanda en cobro de dinero, contra Marcial Rosa, ante la Corte de Distrito de Guayama, obteniendo de ésta una or-den para el embargo de los mismos bienes que ya habían sido embargados por Monllor & Boscio, Sucrs., en el caso núm. 150, los cuales se encontraban bajo la custodia legal del Sr. José Mendoza, quien había sido nombrado depositario judicial por el Márshal de la Corte Municipal de Cayey. Al presentarse el márshal de la corte de distrito a embargar los bienes, el depositario José Mendoza se negó a entregarlos, informando al márshal que dichos bienes estaban in custodia le gis. No obstante las protestas de Mendoza, el márshal se incautó de los bienes, sacándolos del almacén de Marcial Rosa, donde se encontraban, y llevándolos al almacén del deman-dante Cristóbal Dávila.

En octubre 3, 1938 la Corte de Distrito de Guayama con-cedió a Monllor & Boscio, Sucrs., permiso para intervenir en el pleito (Núm. 492) entre Cristóbal Dávila y Marcial Rosa. Contestó Dávila la demanda de intervención, celebróse la vista del caso en su fondo en febrero 8 de 1940, y un año después, en marzo 29, 1941, la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de intervención y resolviendo:

(a) que la fianza prestada por el demandante en el caso núm. 150 de la Corte Municipal de Cayey era nula y por lo tanto carecía de efectividad al efectuarse el embargo de los bienes de Rosa;

(b) que Cristóbal Dávila, el demandante apelado, tenía derecho a atacar la legalidad y suficiencia de la referida fianza, colateralmente, en el caso civil núm. 492 de la Corte de Distrito de Guayama; y

(c) que el embargo trabado en el caso núm. 150 de la Corte Municipal de Cayey es nulo.

La sociedad interventora, no conforme con dicha senten-cia, estableció el presente recurso, alegando en apoyo del mismo que cada uno de los pronunciamientos (a), (b) y (c), supra, constituye un error de derecho; y que la corte erró igualmente al resolver que los bienes depositados en poder de Mendoza no se encontraban in custoctia degis y que por consiguiente el demandante apelado Dávila tenía derecho a embargarlos y entregarlos a un depositario judicial.

La teoría del demandante apelado es: que José Mendoza no era un depositario legal, por no haber sido nunca nombrado para tal cargo por la Corte Municipal de Cayey ni por ningún otro tribunal; que el embargo trabado por Monllor & Boscio, los interventores, no tuvo nunca efecto legal alguno y es nulo por ser nula la fianza prestada por fiadores, quienes no eran ni son contribuyentes al Tesoro Insular; y que un embargo así obtenido no puede derrotar eí posteriormente obtenido por el demandante apelado.

En oposición a la teoría del demandante, la interventora alega que el demandante no puede atacar en la corte de dis-trito el embargo practicado por orden de la corte municipal y que es ante la corte municipal donde debió acudir el de-mandante para hacer valer su alegado derecho; y que el de-mandante no tiene derecho alguno a impugnar la suficiencia de los fiadores, no habiéndola impugnado el demandado Mar-cial Bosa.

Son hechos claramente establecidos (a) que la designa-ción de José Mendoza como depositario de los bienes embar-gados fué hecha por el márshal de la corte municipal, sin la autorización previa o la aprobación.posterior de dicha corte; (b) que uno de los fiadores que suscribieron la fianza pres-tada “para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandado Marcial Bosa” con motivo del embargo, no tenía bienes suficientes para responder del mon-tante de la fianza; y (c) que el 19 de marzo de 1938, tres días después de practicado el embargo ordenado por la- corte municipal, el demandado Marcial Rosa se allanó a la de-manda interpuesta por Monllor & Boscio, pidió que se dic-tase sentencia en su contra y que se vendiesen los bienes en la fecha más próxima posible por ser bienes susceptibles de deterioro.

La cuestión fundamental a resolver es la de si los bienes de Marcial Rosa estaban debidamente embargados por orden de la corte municipal y por tanto in custodia legis, en el 'mo-mento en que el márshal de la corte de distrito se incautó de ellos y los entregó al depositario designado por dicha corte.

El artículo 10 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, aprobada marzo 1, 1902 (Comp. §§5233-5250; Cód. Enj. Civil, ed. 1930, pág. 96), en lo que es pertinente lee así:

“La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o d& la persona designada por éste, bajo la res-ponsabilidad del demandante.” (Itálicas nuestras.)

De acuerdo con el claro lenguaje del estatuto, el embargo de bienes muebles sólo puede practicarse de dos maneras: {a) depositándolos en poder de la corte que ordenó el embargo, o, (b) depositándolos en poder de una persona desig-nada por la corte que expidió la orden de aseguramiento. En el caso de autos, la Corte Municipal de Cayey no designó ni al Sr. Mendoza ni a ninguna otra persona para actuar ■como depositario de los bienes que habían de ser embarga-dos. Fue el márshal quien designó al Sr. Mendoza. El es-tatuto, según hemos visto, confiere la facultad de designar depositario a la corte y no al márshal. Éste podrá bajo cier-tas circunstancias designar un depositario de los bienes em-bargados por él, pero debe someter la designación así - hecha a la aprobación de la corte que ordenó el embargo. Balaguer v. Cordovés, Juez, 59 D.P.R. 648. En el caso de autos no se hizo ni una ni otra cosa y por tanto los bienes que se encontraban en poder de José Mendoza no estaban m custo-dia legis en el momento en qne fueron embargados por el marshal de la corte de distrito.

Procede confirmar la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Norberto García, demandante y apelado, v. Sucesión de Antonio Rodríguez González, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8674.

    Sometido: Marzo 15, 1943.

      Resuelto: Marzo 24, 1943.

      J. Córdova Rivera, abogado de la sucesión apelante ■ Gaspar Gerena Bros, abogado del apelado. ■
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Norberto García demandó en la Corte de Distrito de Arecibo a la Sucesión de Antonio Rodríguez González com-puesta de sus hijos Antonio, Juan, Domingo, Tito, Julia, Marcelino, José, Dolores, Bosa y Cándida Bodríguez Pagán en cobro de quinientos dólares y de ciento cincuenta dólares más convenidos para costas, gastos, desembolsos y honora-rios de abogado.

Los demandados Marcelino, Julia, Domingo y Tito Bo-dríguez Pagán excepcionaron la demanda por falta de juris-dicción y de hechos determinantes de causa de acción. De-clarada sin lugar la excepción contestaron negando general y específicamente los hechos de la demanda. Fue el pleito a juicio y la corte lo resolvió en junio 25, 1942, como sigue:

“Opinión y sentencia. En este caso se reclama el importe de pagaré vencido y exigible. La prueba del demandante establece evi-dencia de la deuda. La contestación de la parte demandada se con-cretó a negar los hechos, pero no se presentó prueba para destruir la certeza de la obligación, ni que la misma hubiese sido satisfecha. Se alegó falta de jurisdicción de esta corte por la cuantía, pero toda vez que se reclaman $500 y una cantidad adicional para honorarios que se menciona en el pagaré hipotecario, entendemos que este tribunal tiene jurisdicción para resolver la controversia.
“En cuanto a los honorarios no se convino en la escritura ni en el pagaré sobre una cantidad exacta que debiera pagar el deudor. Al constituir la garantía después de hacer mención del crédito se calcularon $150 para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado. Esta forma de contratación, deja en libertad a la corte para fijar discrecionalmente los honorarios de abogado, y entende-mos que la suma de $150 que se reclama, aún incluyendo las costas, es muy crecida, para una reclamación de principal ascendente a $500.
“Por las expuestas razones, la corte dicta sentencia condenando a la Sucesión demandada a pagar al demandante la suma de $500 reclamados, las costas y $60 para honorarios de abogado.”

Los demandados que comparecieron apelaron, quedando perfeccionada su apelación en enero 29, 1943. En febrero doce siguiente la parte apelada solicitó la desestimación del recurso porque el escrito interponiéndolo no se notificó a los otros demandados que estaban en rebeldía, y por ser frívolo. Los apelantes se opusieron por escrito. La vista de la mo-ción se celebró .el quince de marzo en curso sin asistencia de las partes.

El primer motivo que se alega para pedir la desestimación, carece de fundamento. Si bien los demandados dejados de notificar son partes en el pleito, no tienen la condición de partes contrarias a los apelantes en la apelación. La gestión que éstos hicieron al apelar de la sentencia, en vez de perjudicarles podría favorecerles, pues en caso de obtener la revocación de la misma, no lo sería para ellos solamente si que para todos los demandados en el pleito. Y siendo esa la relación existente entré los unos y los otros, no surge la necesidad de la notificación. Véase Brunet v. Sucn. Nin, 57 D.P.R. 804, 807.

El segundo motivo existe. Se trata de un recurso frívolo. La corte de distrito tenía jurisdicción porque no se reclamaron solamente los quinientos dólares que se debían, si que los ciento cincuenta que expresamente se pactaron como una suma razonable para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.

La ley fija la jurisdicción del juez municipal en los si-guientes términos: “Tendrá jurisdicción en todos los asun-tos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de 500 dollars, intereses inclusive; ...” Sección 4 de la Ley sobre Reorganización del Sistema Judicial, aprobada el 10 de marzo de 1904, págs. 93 y 95; Comp. 1911, art. 1173, pág. 265.

Es cierto que según el pagaré en el que consta la obligación cuyo cumplimiento fué reclamado, la deuda sólo asciende a quinientos dólares, límite máximo de la jurisdicción de la corte municipal en los pleitos civiles ordinarios como éste, pero también lo es que se pactó en el mismo que “en garan-tía de esta obligación y de un crédito adicional por ciento cincuenta dólares calculados para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, con esta fecha se constituirá hipoteca voluntaria sobre una finca rústica, de doce cuerdas, cita en el barrio Angeles de Utua-do,” y como en la demanda se pidió sentencia por quinien-tos dólares más ciento cincuenta, la verdadera suma recla-mada excede de la mayor de que podía conocer la corte municipal, teniendo que iniciarse el pleito como lo fue en la corte del distrito.

La cuestión aquí envuelta ha sido objeto de un detenido estudio por las cortes del continente, como puede verse en 15 C. J. 766 y siguientes; 14 Am. Jur., Courts, párrafo 216; Parks v. Granger, 51 So. 716 y nota en 27 L.R.A. (N. S.) 157, y Catchot v. Russell, 134 So. 140 y nota en 77 A.L.R. 991, 1011, habiéndose decidido por el gran peso de las auto-ridades que el montante de los honorarios de abogado debe agregarse al principal de la suma debida para determinar si la cantidad en controversia está dentro de la jurisdicción de la corte, ya que tales honorarios no son considerados com'o costas.

Cuando lo son, no forman parte del montante en contro-versia. Véanse a este respecto los casos de Seaboard Air Line Ry. v. Maxey, de Florida, 60 So. 353, y Eagle Gold-Min. Co. v. Bryarly, de Colorado, 65 P. 52 y los otros citados al efecto en la página 1013 de la referida nota al caso de Catchot v. Russell, supra, en 77 A.L.R. Tomamos del resu-men del caso de Eagle Gold-Min. Co. v. Bryarly, supra: “Bajo un estatuto proveyendo que un demandante puede recobrar honorarios razonables de abogado a ser fijados por la corte y tasados como costas, una alegación de que $250 era una suma razonable de honorarios no hace que dicha suma sea parte de la reclamación y por tanto no puede tomarse en consideración para determinar si el montante envuelto ex-cede del que puede conocer la corte.”

En Puerto Rico la última expresión de la voluntad de la Legislatura en materia de costas y honorarios de abogado está contenida en la Ley núm. 94 de 1937, pág. 239, por vir-tud de la cual se enmendó el artículo 327 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 69 del año anterior. Tal como rige hoy, dicho artículo dispone que a la parte a cuyo favor se dicte sentencia o resolución final, le serán concedidas las costas, las cuales comprende-rán los desembolsos que se especifican, seis, ninguno de los cuales comprende honorarios de abogado. Con respecto a éstos, dice textualmente el artículo enmendado: “En caso de que cualquier parte haya procedido con temeridad la corte dehe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del ahogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por. el abogado de la otra parte; Disponiéndose, que nada de lo contenido en este artículo se entenderá en el sentido de conceder honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento, excepto en el caso de que dicho demandado se hubiere obli-gado a ello.” (Bastardillas nuestras.)

Aunque las palabras “para ser incluidos en las costas” introducen alguna confusión, puede concluirse que en .esta jurisdicción los honorarios no forman parte de las costas como cuestión corriente. Se conceden por la corte cuando su pago no se hubiere estipulado previamente por las par-tes contratantes y se hubieren reclamado en juicio, si la parte a quien se imponen hubiere procedido con temeridad, tomando en consideración el grado de su culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el .abogado de la otra parte. Cuando su pago se estipula previamente por las partes, aunque la estipulación se refiera también a las cos-tas, como aquí ocurre, la imposición no la hace la corte a base de la temeridad de la parte vencida en el litigio, si que a virtud de lo estipulado por la parte misma al contraer la obligación. De ahí que en tal caso pueda y deba el mon-tante de los honorarios estipulados tomarse en cuenta para fijar la cuantía envuelta en el pleito a los efectos de deter-minar la jurisdicción de la corte que conoce del mismo.

Podría existir alguna duda en nn caso como éste si la obligación principal hubiera sido por menos de qniniéntos dólares, pero siéndolo como lo fné por esa suma toda duda desaparece pues nn solo centavo más conferiría la jurisdic-ción a la corte de distrito, y, por lo menos, tiene que reco-nocerse que un centavo de los ciento cincuenta dólares “cal-culados para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado,” lo fué para los honorarios.

En nuestra propia jurisprudencia hay por lo menos un caso en el que pudo apoyarse la corte sentenciadora para resolver la cuestión de jurisdicción ante ella suscitada en la forma en que lo hizo. Nos referimos al de Smallwood Bros. v. Fernández, 40 D.P.R. 686, en el que los demandantes ins-tituyeron una acción en una corte municipal en cobro de $405.24 como saldo adeudado de un pagaré, más intereses y una suma razonable para honorarios de abogado de acuerdo con una estipulación contenida en el pagaré, resolviéndose que “tal súplica cuando se halla en una demanda radicada en una corte municipal debe interpretarse como una súplica por honorarios que una vez sumados al principal, con los intereses y costas, no exceda la cantidad jurisdiccional,” porque “si se hubiese agregado a la misma la suma de $50-o más como una cantidad razonable por concepto de hono-rarios de abogado, la suma total aún hubiese estado muy bien dentro de la jurisdicción de la corte. Difícilmente po-dría alegarse, por lo menos por los demandados, que el 10 por ciento del importe en controversia no es una suma razo-nable para los honorarios de abogado.” Véanse además los casos de Chalemán v. Corte, 48 D.P.R. 446 y Román Borges v. Registrador, 37 D.P.R. 560.

En su oposición a la desestimación los demandados apelantes insisten en que la demanda no aduce hechos sufi-cientes porque-no alega terminantemente qne sean los here-deros demandados los únicos- responsables de la obligación qne se cobra. En la demanda se alega' qne los demandados-son los únicos y universales herederos de Antonio Rodríguez, y Simona Pagán; que Antonio Rodríguez, casado, suscribid y entregó al demandante el pagaré que transcribe, haciendo) constar que debía y se comprometía a satisfacer a la presen-tación del documento la suma de quinientos dólares, suma que con la de ciento cincuenta para costas, gastos, desembol-sos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial,, garantizaría con hipoteca, y que el pagaré fue presentado para su cobro al deudor antes de su fallecimiento y poste-riormente a su Sucesión cuyos componentes se nombran en la demanda, no habiendo sido pagado a pesar de los reque-rimientos del demandante. Esas alegaciones, que quedaron comprobadas en el juicio, son suficientes para sostener la sentencia.

Debe declararse con lugar la moción y en su consecuen-cia desestimarse, por frívolo, el recurso.