text:
    Rafael Hernández Usera, peticionario y apelado, Ex parte. María del Rosario Enjuto, interventora y apelante.
    Núm. 7545.

    Sometido: Junio 21, 1937.

      Resuelto: Julio 30, 1937.

      Darlos J. Torres, abogado de la apelante; T. Bernardini de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión, del . tribunal.

Dos mociones se ban presentado para que se desestime el recurso de apelación interpuesto en este caso, una por el peti-cionario y otra por el fiscal del distrito.

Se trata de un procedimiento iniciado al amparo del ar-tículo 107 del Código Civil que, tal como quedó enmendado por ley de abril 18, 1935 (Leyes de ese año, pág. 251), dice así:

“Artículo 107. — En todos los casos ele divorcio los hijos meno-res serán puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte a favor de la cual se hubiere dictado sentencia; pero el otro cónyuge' tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el tribunal al dictar senten-cia de divorcio, según los casos.
“El cónyuge que haya sido privado de la patria potestad tendrá, derecho a recobrarla por declaración judicial si se acreditare ante-cualquier corte de distrito competente el fallecimiento del cónyuge •inocente y la circunstancia de haberse decretado el divorcio por can-sas que no sean las que se determinan en los apartados 7 y 8 del artículo 96 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según, fué enmendado por Ley Núm. 46, de mayo 9, 1933 (Art. 164, ed. de 1902), siempre que se mostrare, además, a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar del hijo conviene la. recuperación por el cónyuge supérstite de la patria potestad.”

En la moción del peticionario se sostiene que la apelación: debe desestimarse porque la sentencia no es apelable y por-que el recurso es frívolo, por los siguientes motivos:-

(a) Porque la relación del caso, opinión y sentencia que en esta: moción se transcriben, no acusan conflicto alguno en la evidencia, que pueda ser resuelto en apelación.
“(ó) Porque las cuestiones ele derecho propuestas por lá inter-ventora ante el Tribunal a quo y determinadas por la sentencia, han sido ya resueltas por este Honorable Tribunal Supremo en sentido* adverso a las pretensiones de dicha interventora en los casos de.. Enjuto v. El Pueblo, 49 D.P.R. 14 y Enjuto v. Corte, 49 D.P.R. 370, sin que sea necesaria una ulterior argumentación.
“(o) Porque la cuestión de derecho sobre retroactividad de la. Ley, base de la sentencia, levantada por la interventora y resuelta por la Corte en la resolución almelada no necesita tampoco ulterior determinación toda vez que resulta del mismo lenguaje de la Ley número 44 de 18 de abril de 1935, sancionadora del derecho de vues-tro peticionario a la recuperación de la patria potestad.
(d) Porque de acuerdo con l'as premisas, a mayor abundamiento, la actitud asumida por la apelante, como interventora, sólo resulta en que ei objeto de su recurso es el dilatar los procedimientos de este caso, a sabiendas de que su interés en el asunto, invocado para intervenir, ba cesado de existir, cuestión determinada por este Hon. Tribunal al establecer1 de un modo definitivo la incapacidad de dicha interventora para el ejercicio de la tutela, según resulta de los casos citados, Enjuto v. El Pueblo y Enjuto v. Corte, 49 D.P.R. 14 y 370 supra. En cuya virtud la cuestión de que pudiera depender este recurso, es de tal manera insustancial que no requiere una ulterior determinación. ’ ’

A la moción del fiscal se acompañó copia certificada de la relación del caso y opinión, de la sentencia y del escrito de apelación. La moción se basa en que la sentencia no es ape-lable, en que el recurso no se notificó al fiscal ni al tutor da-tivo del menor y en que es frívolo.

La interventora presentó dos escritos oponiéndose a am-bas mociones.

Al impugnar la del peticionario sostiene que si bien es verdad que no existe evidencia contradictoria, la apelación se basará en la falta de apreciación de prueba no contradicha demostrativa de hechos esenciales alegados por la interven-tora, en que no es cierto que las cuestiones de derecho susci-tadas hayan sido resueltas por este tribunal y en que la cues-tión de no retroactividad de la enmienda al artículo 107 del Código Civil no es frívola porque está envuelta la pérdida para el hijo del usufructo de sus bienes y porque la ley no dice que tenga efecto retroactivo siendo la regla en tal caso que no lo tiene, especificando como algunas de las cuestiones envueltas las que siguen:

1, carencia de poderes extraterritoriales de parte del Pueblo de Puerto Rico sobre personas fuera de su territorio, artículo 1 Ley Orgánica y 3 y 4 Código Político; 2, no facul-tad del Pueblo de Puerto Rico para regir la persona de un menor fuera de su territorio, habiendo dicho menor nacido en España, donde estaban domiciliadas la madre y su guardián legal y donde el menor continúa residiendo, artículos 3, 4 y 11 Código Político, 13 Cal. Jar. 147; 3, falta de poder en la corte de distrito para designar tntor dativo a nn menor qne nació y ha estado siempre domiciliado en España; 4, capa-cidad actual de la Srta. Enjuto para actuar como tntora ya qne habiendo adquirido residencia en la isla dejó de existir la incapacidad a que se refiere la decisión de esta corte en Enjuto v. Corte, 49 D.P.R. 370; 5, ineficacia de la sentencia de la corte de distrito en cuanto al régimen de la persona del menor no residente por carecer de fuerza coercitiva extraterritorial residiendo como reside el menor en España donde está en todo su vigor el testamento materno por el cual nom-bró tutor a y único guardián legal de su hijo el menor a la Srta. Enjuto; 6, celebración de un nuevo matrimonio por parte del peticionario, artículo 164 Código Civil enmendado en 1931, leyes 1931, pág. 577; 7, falta de citación al menor que •es mayor de catorce años; 8, no tratarse de resolver dere-chos reales sino personales; y 9, no haberse seguido el de-bido procedimiento de ley.

Y al impugnar la del fiscal sostiene que debe declararse sin lugar porque el fiscal no es el representante del Pueblo de Puerto Rico en el procedimiento, porque la sentencia dic-tada es apelable, porque el escrito interponiendo el recurso no tenía que notificarse al fiscal ni al tutor dativo que no son partes adversas en el procedimiento y porque la apelación no •es frívola.

De tal modo quedó la cuestión de desestimación sometida, a nuestra consideración y resolución en junio 21 último.

Sólo tenemos ante nos en forma auténtica y fehaciente las copias de la relación del caso y opinión, de la sentencia y del escrito de apelación. Por la primera se viene en conoci-miento de que el asunto se inició por Rafael Hernández Usera alegando su matrimonio con Mercedes González Garriga, el nacimiento de su hijo el menor Rafael, el divorcio solicitado por su esposa y decretado por la corte por trato cruel e in-jurias graves, quedando el hijo bajo el cuidado y patria po-testad de la madre, el fallecimiento de ésta en España y sn derecho a recuperar la patria potestad basado en la enmienda de 1935 al artículo 107 del Código Civil, exponiendo como motivos qne abonan nna resolución favorable que el menor es dueño de cuantiosos bienes, qne el hijo está en la edad de consolidar sn educación y nada mejor para su bienestar que permanecer al lado de su padre que siempre mantuvo con él relaciones de afecto y es persona juiciosa y bien reputada que ha desempeñado y desempeña cargos públicos de impor-tancia.

Sigue exponiéndose en la relación del caso y opinión que María del Rosario Enjuto previo permiso de la corte radicó demanda de intervención oponiéndose a lo solicitado por el promovente, que éste contestó, que se celebró una vista al ter-minar la cual la interventora archivó un escrito de impugna-ciones de derecho, que el tutor dativo radicó su contestación manifestando que en términos generales nada tenía que oponer a la solicitud por considerarla una cuestión de ley encomendada a la apreciación de la corte, que a la vista com-pareció el fiscal del distrito por tratarse de un caso referente a un menor de edad y manifestó que no se oponía a la solici-tud y que en la vista el peticionario y la interventora presen-taron prueba, resumiendo la testifical.

Procedió entonces a hacer la declaración de hechos proba-dos y a considerar y resolver las cuestiones de derecho levan-tadas por la interventora. El documento termina así:

“Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo muy especial-mente en cuenta que el factor dominante en el ejercicio por las cor-tes del poder de ‘Parens Patrias’ es el bienestar del hijo, la Corte llega a la conclusión de que, a los mejores intereses y bienestar del menor Rafael José Edmundo Hernández González conviene la recu-peración, por el cónyuge supérstite Rafael Hernández Usera, de la patria potestad sobre su referido hijo. Y que, procede, por consi-guiente, dictar una sentencia declarando con lugar la petición de Rafael Hernández Usera, con imposición de costas a la interventora, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 69 de 1936, pero sin incluir honorarios de abogado.”

Se dictó en efecto la sentencia en mayo 3, 1937, y se ar-chivó el escrito de apelación en junio primero siguiente con prueba de su notificación al abogado del promovente.

¿Es apelable la sentencia?

Nada dice expresamente el propio artículo enmendado. Forma parte del capítulo quinto, que trata especialmente de los “efectos del divorcio”, del título dedicado por el Código Civil a regularlo.

Para que surja el caso del párrafo segundo, esto es, para que se pida lo que aquí pidió el promovente, se requiere que se baya dictado anteriormente una sentencia decretando el divorcio. Y la ley general estableciendo el derecho de apela-ción en asuntos civiles que lo es el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico en su artículo 295, párrafo 3, prescribe que se puede apelar “de una providencia especial dictada des-pués de sentencia definitiva.” En una extensión mayor dis-pone dicho artículo en su párrafo primero que se puede ape-lar de una “sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento.”

Bien se considere la sentencia que en definitiva y contra la oposición de la interventora decidió que el peticionario re-cobrara la patria potestad que había perdido por la senten-cia de divorcio como la sentencia definitiva dictada en un pro-cedimiento o ya se le dé la consideración de providencia especial dictada después de sentencia definitiva, es apelable a nuestro juicio. Garzot v. Garzot, y National City Bank, int., 49 D.P.R. 350.

Para basar su contención de que la sentencia no es apela-ble sostiene el peticionario que se trata de la adopción de una medida que se deja enteramente a la discreción de la corte sentenciadora y que en tales casos no intervienen las cortes de apelación. Como autoridades cita 2 R.C.L. 211 y 4 C. J. 796.

Hemos leído lo que dicen las citas y no sostienen a nues-tro juicio la contención del peticionario. Ambas forman aparte del tratado sobre apelaciones de las dos obras y lo qne establecen es la regla bien conocida de qne en ausencia de nn claro abuso de discreción las materias cuya decisión está su-jeta a la discreción de la corte sentenciadora, no son revisa-bles en apelación. Ello no quiere decir qne la apelación no exista. Quiere decir qne dentro de ella como tantas veces su-cede cnando se llega a nna cuestión discrecional se sostiene lo resuelto a menos que se demuestre un claro abuso de su poder por parte de la corte.

En Mahone v. Williams, 39 Ala. 202, 212, que es uno de los casos citados por Corpus Juris, se resolvió:

“Muchos actos, realizados bajo poderes discrecionales, son revi-•sables. Así pues, los decretos dictados en pleitos sobre cumplimiento ■específico y 'aquéllos en que se fija la cuantía de los alimentos pro-visionales, son revisables, no obstante estar relacionados con una autoridad discrecional. . . . Mas, por regla general, de no ser por regla universal, esa facultad discrecional que una corte con juris-dicción original sobre una causa ejerce sobre las cuestiones que sur-gen durante el curso de un juicio, y que 'atañen a su conducta, no ■es revisable. Ejemplos de tales cuestiones surgen al hacerse solici-tudes de prórrogas, radicación de alegaciones, enmiendas de alega-ciones, prórrogas para contestar interrogatorios, mociones de tras-lado, de nuevo juicio, etc.” 4 C. J. 797.

Y en el propio texto de Ruling Case Law que se invoca, se ■dice:

“La palabra discreción, usada en este sentido, significa la facul-tad de la corte para decidir la cuestión específica que está ante ella, ■de acuerdo con su sentido de justicia y rectitud, facultad que, sin embargo, sólo puede ser ejercida en consonancia con la ley o con los principios de equidad, según sea el caso. Cuando el juez sen-teneiador no actúa dentro de los límites de sus facultades a ese res-pecto, no ejerce una discreción judicial y su actuación está sujeta a ser revocada por la corte de apelación. Sea ello como fuere, se verá que la corte de apelaciones debe revisar la actuación de la corte inferior para determinar si ésta ha ejercido una discreción judicial y si halla que esa discreción, conforme se ha definido más arriba, no ha sido ejercida, como cuando el proceder de la corte inferior es arbitrario, o usando lenguaje más familiar, si encuentra que ha habido un abuso claro de discreción, no vacilará en ordenar la revo-cación.” 2 R. C. L. 212.

No creemos que hubiera necesidad de notificar el recurso al fiscal. Nada expresamente exige la ley sobre ese ex-tremo. Y de que el fiscal pueda ser llamado a intervenir en esta clase de asuntos, no se deduce que sea parte necesaria en ellos. En un caso de divorcio en el cual se pidió la desestimación del recurso por no haberse notificado el escrito interponiéndolo al fiscal, esta corte declaró no haber lugar a la desestimación. Arce v. Lebis, 48 D.P.R. 402. Y aquí se trata de un procedimiento para modificar una sentencia en un caso de divorcio a virtud de un hecho ocurrido posteriormente que de acuerdo con la ley puede dar lugar a ello. Si el fiscal no era una parte necesaria cuando se privó al peticionario de la patria potestad, no hay razón para que lo sea cuando se le restablece en ella.

Tampoco estamos convencidos de que el tutor dativo dada la actitud que según el único documento que se ha elevado a esta corte aparece que asumiera, sea una parte adversa a la que debió notificarse el escrito de apelación para dar jurisdicción a esta corte.

Resueltas las cuestiones jurisdiccionales, falta sólo considerar si es o no frívola la apelación.

Admite la interventora apelante que no hubo prueba con-tradictoria que apreciar. Su demanda transcrita íntegra en la relación del caso y opinión es como sigue:

“Comparece María Rosario Enjuto, por su abogado que suscribe, y presenta esta demanda enmendada de intervención que la funda en los siguientes hechos:
“1. — Que doña Mercedes González Garriga, vecina que fué de la ciudad de Madrid, España, contrajo matrimonio con el peticionario en este caso, don Rafael Hernández Usera allá por el año 1919 en la ciudad de Guayama, Puerto Rico, y según información y creen-cia de la demandante interventora, dicho matrimonio fué inscrito en el Registro Civil de la expresada ciudad.
“2. — Que durante el matrimonio de doña Mercedes González Garriga y el peticionario don Rafael Hernández Usera, procrearon un solo hijo llamado Rafael Hernández González, quien en la actua-lidad tiene 14 años menos dos meses de edad, reside en la ciudad de Madrid, España, bajo el cuidado, custodia y protección de esta demandante interventora, como tutora de dicho menor. ;
‘ ‘ 3. — Que según información y creencia de esta demandante inter-ventora, doña Mercedes González Garriga, allá por el mes de octu-bre de 1926, siguió ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, una acción civil contra el peticionario don Rafael Hernández Usera, sobre div'orcio fundada en la causal de trato cruel, y la expresada Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico, en el mes de octubre, año de 1926, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de divorcio, decretando la disolución del vínculo matrimonial existente entre dicha doña Mercedes González Garriga y el peticionario y disponiendo que el menor don Rafael Hernández Gon-zález, habido en tal matrimonio, quedara bajo la patria potestad de su madre doña Mercedes González Garriga.
“4. — Que allá por el 12 de octubre de 1934 doña Mercedes Gon-zález Garriga otorgó su testamento en la ciudad de Madrid, España, ante el notario don Alejandro Arizeum y Moreno, y en el cual tes-tamento, instituyó como su único y universal heredero de todos sus bienes, a su menor hijo don Rafael Hernández González, y nombró tutora de dicho menor a la aquí demandante interventora con todas las facultades conferidas por la ley y relevándola de prestación de fianza.
“5. — Que por la cláusula cuarta del mencionado testamento ordena la testadora que ni el peticionario don Rafael Hernández XJsera, ni persona alguna de la familia de dicho peticionario, pueda formar parte de organismo tutelar, guarda ni representación de la persona y bienes del menor don Rafael Hernández González; y por la cláu-sula 5a. del ameritado testamento, la testadora dispuso que su citado menor hijo, deberá vivir y educarse en la República Española, con arreglo a las leyes que gobiernan y rigen la tutoría en la expre-sada República y bajo el cuidado y custodia de la demandante inter-ventora, como tutora del citado menor.
“6. — Que doña Mercedes González Garriga, madre del menor don Rafael Hernández González, falleció en la, ciudad de Madrid, España, el día 17 de octubre de 1934, y desde la fecha del fallecimiento de la Sra. González Garriga, la demandante interventora entró en el ejercicio de la tutela para la que fué nombrada, se .hizo cargo de la custodia y cuidado del menor don Rafael Hernández González como tutora del mismo y en la actualidad lo tiene la demandante interventora bajo su custodia y cuidado en la ciudad de Madrid, España, donde continúa sus estudios el expresado menor.
“7.' — Que don Rafael Hernández Usera ha presentado ante esta Corte una petición, que bajo el número 11,006, ha sido radicada en el registro de causas civiles de esta Corte, alegando entre otros hechos, que de acuerdo con lo preceptuado en la ley Núm. 44 de 18 de abril de 1935, tiene derecho a recobrar la patria potestad sobre su menor hijo Rafael Hernández González; que el citado menor tiene cuan-tiosos bienes, de los cuales la mayor parte de los mismos, forma parte de la sociedad agrícola industrial ‘Sucrs. de José González & Co., S. en C.,’ montante a $162,000.00; que el citado menor está en la edad de consolidar su educación bajo la dirección de persona que pueda velar mejor por sus intereses, y que por razones de 'afecto, lazos direc-tos de famila, etc., esta dirección y cuidado del menor debe. con-fiarse al peticionario por ser el padre de dicho menor; y alega la demandante interventora que la Ley Núm. 44 aprobada en 18 de abril de 1935, que inv'oea el peticionario, no es de aplicación a un caso como el presente, ni concede derecho alguno a dicho peticionario para recuperar la patria potestad del menor Rafael Hernández González, ya que dicha ley no tiene ni puede tener efecto retroactivo, y que, además, perjudicaría los derechos adquiridos y ejercitados por la finada doña Mercedes González Garriga al amparo de una legislación anterior, como lo es el de nombrar tutor testamentario a su menor hijo don Rafael Hernández González, derecho que ejercitó la men-cionada doña Mercedes González Garriga a favor de esta deman-dante interventora, porque expresamente prohibe en su testamento, que ni el peticionario ni persona alguna de su familia pueda formar parte del organismo tutelar, guarda ni representación de la persona del menor, y que de concederle al peticionario el derecho que soli-cita, sería contrariar los deseos manifiestos de la testadora, ya que la voluntad de la testadora doña Mercedes González Garriga es la ley suprema en lo que respecta a la guarda de su menor hijo y admi-nistración de sus bienes.
“8. — Y alega la demandante interventora que don Rafael Her-nández Usera, con anterioridad a su solicitud sobre recuperación de patria potestad, presentó en la Corte de Distrito de San Juan una solicitud sobre sentencia declaratoria en el caso civil número 22,346, pidiendo que a base de la legislación existente a la fecha de la refe-rida petición, se declarase su derecho a recuperar la patria potes-tad sobre su hijo menor Rafael Hernández González, solicitud que fué declarada sin lugar por sentencia que dictó la referida Corte de Distrito de San Juan, copia de la cual obra unida a los autos de este pleito y se bace formar parte de esta demanda enmendada.
“9. — Que la patria potestad que solicita el peticionario en este caso don Rafael Hernández Usera, sometería a la autoridad y dis-creción del peticionario la administración de los bienes del menor Rafael Hernández González, y haría perder a dicho menor el usu-fructo de dichos bienes, que conforme a la Ley una vez concedida la patria potestad, pertenecería a dicho peticionario y cuyo total ascendería razonablemente a una suma mayor de $70,000 en el tiempo que falta al menor para llegar a su mayoridad.
“10. — Que el menor Rafael Hernández González ha quedado fuera de la patria potestad de su señora madre por fallecimiento de ésta, y el peticionario don Rafael Hernández Usera está impedido para solicitar que se le restituya en la patria potestad del referido menor porque tal patria potestad la perdió para siempre al dictarse sentencia en su contra en la acción de divorcio seguida por la que fué su esposa, la finada doña Mercedes González Garriga contra el referido peticionario, y está impedido de solicitar la recuperación de dicha patria potestad, ni puede ampararse para reclamar este derecho en la Ley número 44 de 18 de abril de 1935.
“11. — Y alega la demandante interventora que la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso civil número 22,346 de Rafael Hernández Usera, peticionario, ex-parte, sobre peti-ción para que se dicte resolución declaratoria, es firme a la fecha de esta demanda de intervención y a la fecha de haberse interpuesto la petición en el caso arriba titulado, y surte el efecto de cosa juz-gada en cuanto a que el menor Rafael Hernández González es parte interesada en la petición de don Rafael Hernández Usera sobre recu-peración de patria potestad por no haber sido notificado de aquel procedimiento ni de el de ahora instituido por el ameritado don Rafael Hernández Usera.
“12. — Y alega por último la demandante interventora que esta Corte carece de jurisdicción para conceder al peticionario don Rafael Hernández Usera su derecho de recuperación de la patria potestad perdida, porque el único perjudicado sería el menor Rafael Hernán-dez González, quien no ha sido notificado en ninguna de las formas legales de la petición interpuesta en el presente caso ni dicho menor ha comparecido en forma alguna ante este Tribunal ni en ninguno de los tribunales de la Isla, y además porque el ameritado menor está bajo-la guarda y custodia de la demandante interventora como tutora testamentaria del mencionado menor, y contra la cual no se ba seguido ningún procedimiento válido relacionado con el ejercicio de su tutela.
“Por las RAZONES eKpuestas, la demandante interventora solicita de la lion. Corte con vista de esta demanda enmendada de inter-vención y de las pruebas que en apoyo de la misma presente en su día, se sirva declarar con lugar esta demanda de intervención y sin lugar la petición de don Rafael Hernández lisera sobre recupe-ración de la patria potestad del menor Rafael Hernández González, con imposición de las costas, desembolsos y honorarios de abogado al peticionario. ’ ’

Partiendo de la base de que todo lo alegado por la in-terventora es cierto, creemos que aparece tan claro que no tiene razón al insistir en que se niegue al padre la recupera-ción de la patria potestad, que resultaría injusto mantener vivo el recurso cuando sus méritos a virtud de la moción de desestimación han sido impugnados por el peticionario, ex-puestos y defendidos ampliamente por la interventora y es-tudiados y aquilatados por nosotros. De hecho fue antici-pada la vista del recurso en su. fondo.

i Actuó sin jurisdicción la corte por no haberse citado al menor? Entendemos que no, y para fundar la negativa transcribiremos las propias razones que tuvo y expuso el pro-pio juez sentenciador. Son así:

“La primera cuestión, que está contenida en las alegaciones 8a., 9a., lia. y 12a. de la ‘Demanda de Intervención’, es la de que el menor Rafael Hernández González es paiite interesada ,en este pro-cedimiento, está fuera de Puerto Rico, no ha sido citado ni ha com-parecido en forma alguna, y que, por tales motivos, esta Corte no ha adquirido jurisdicción sobre la persona del referido menor.
“La Ley número 44 de 18 de abril de 1935, que dejamos trans-crita, determina el procedimiento a seguir para recuperar la patria potestad. Es el siguiente:
“ ‘Ante cualquier^ corte de distrito competente se acredita el falle-cimiento del cónyuge inocente y la circunstancia de haberse decre-tado el divorcio por alguna causa, que no sea de las determinadas en los apartados 7 y 8 del artículo 96 del Código Civil de Puerto Rico, según quedó enmendado por la Ley núm. 46, de mayo 9 de 1933; se demuestra, además, a satisfacción del tribunal, que a los mejores intereses y bienestar del bijo conviene la recuperación por el cónyuge supérstite ele la patria potestad, y la Corte dicta una declaración judicial de recuperación de la patria potestad.’
“El trámite establecido por dieba Ley es meramente un proce-dimiento ex-parte ■ que se desarrolla entre la actuación del cónyuge privado de la patria potestad y la sana discreción de la Corte, des-pués de tomar en consideración la evidencia relativa a los requisi-tos exigidos por el estatuto.
“El presente caso se convirtió en contencioso, porque intervino en él María del Rosario Enjuto alegando sus derechos a la tutela tes-tamentaria del menor Hernández González: Tutela versus Patria Potestad.
“El menor Hernández González es el objeto de la contienda judicial, pero en ningún sentido es parte interesada o necesaria en el procedimiento, como no lo fué en el juicio de divorcio en que uno de sus progenitores fué privado de su patria potestad.
“Tampoco es parte un menor en un procedimiento judicial sobre establecimiento de su tutela.
“El procedimiento en estos casos no está sujeto a la voluntad adversa o favorable del menor, sino a la acción protectora de la Corte, en el ejercicio de los deberes y derechos del ‘Parens Patria’.
“Carece de importancia, a nuestro juicio, la alegación de que al recuperar Rafael Hernández Usera la patria potestad sobre su menor bijo, éste perdería el usufructo de sus bienes, el que pasaría al peti-cionario; y carece de importancia, repetimos, porque, según el ilus-tre jurisconsulto Sánchez Román, ‘el contenido de la patria potestad es un conjunto de derechos y deberes de los padres para con los hijos y dé éstos para con los padres’. Y el usufructo que tienen los padres sobre los bienes de los hijos que están bajo su patria potes-tad es correlativo de la obligación que tienen los padres de mante-nerlos, educarlos, etc., y constituye una asignación dispuesta por la ley para que los padres puedan atender a aquellas necesidades crea-das por sus deberes para con los hijos. Si, al perder Hernández Usera por la sentencia de divorcio i a patria potestad, perdió también el usufructo a ésta inherente, es lógico que, al recuperarla, recobre automáticamente el usufructo, sin que en esta última actuación sea necesaria la intervención del menor, como no lo fué en el pleito de divorcio.
“Carece, pues, de todo fundamento la alegación de falta de juris-dicción de esta Corte sobre la persona del menor.”

¿Es aplicable al caso del peticionario la ley tal como quedó enmendada en 1935 ? Entendemos qne sí, y para sostener la afirmativa, transcribiremos también las propias razones de la corte sentenciadora tales como constan en su relación del caso y opinión. Fueron:

“De la simple lectura de la referida Ley resulta claramente expre-sado que tiene efecto retroactivo. Empieza así el párrafo segundo de la Ley:'—
“ ‘ El cónyuge que haya, sido privado de la patria potestad tendrá derecho a recobrarla por declaración judicial, etc.’
“El pretérito perfecto de subjuntivo {haya sido privado) se refiere claramente a hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación de dicha Ley.”

Todas las repetidas impugnaciones de la interventora a las mociones de desestimación relativas a la falta de juris-dicción de la corte con respecto al menor y de facultades para regular su custodia, presentadas dichas impugnaciones desde todos los ángulos imaginables, caen por su base ante el hecho de que aquí se trata de un matrimonio de puertorriqueños contraído en Puerto Eico y disuelto en Puerto Rico y de un menor puertorriqueño que no obstante residir como reside en el extranjero está sometido a las leyes de Puerto Rico que son para él obligatorias, según de modo terminante prescribe el artículo 9 del Código Civil, a saber:

“Artículo 9. — Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros.”

Y una ley obligatoria para el menor lo es la enmienda de ' 1935 al artículo 107 del Código Civil.

En cuanto al status de la interventora sólo cabe decir que es cosa ya juzgada por esta Corte Suprema. En el caso de Enjuto v. Corte, 49 D.P.R. 370 esta corte lo consideró ampliamente y decidió que no era válido su nombramiento de tutora del menor de que aquí se trata hecho en su testamento por la madre del mismo.

Se alega que la causa que bacía nulo el nombramiento ha desaparecido porque la tutora reside ahora en Puerto Rico. No nos convence el argumento pero aunque la interventora tuviera en ello razón nos encontraríamos siempre con que cuando ella adquirió su residencia y hubiera podido desempeñar su cargo ya estaba en vigor el artículo 107 enmendado del Código Civil que determina que en los casos de divorcio puede el cónyugue que fue privado de su patria potestad recobrarla a la muerte del cónyugue a quien le fué conferida.

En cuanto al juicio de la corte sentenciadora sobre el hecho de que a los mejores intereses y bienestar del hijo conviene la recuperación por el cónyugue supérstite de la patria potestad en este caso, no se impugna, y debemos presumir que la corte hizo buen uso de su discreción al apreciar la prueba y las circunstancias todas que en el caso concurren para decidir la cuestión en la afirmativa.

Por virtud de todo lo expuesto debe desestimarse, por frí-volo, el recurso, y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Enrique Enríquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 999.

    Sometido: Junio 24, 1937.

    Resuelto: Julio 31, 1937.

      José Sabatcr, abogado del recurrente;
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de mayo de 1937 Enrique Enriquez y su esposa Ze-naida Polanco comparecieron ante notario público y otorga-ron un “acta sobre cancelación de inscripción por no existir el inmueble inscrito” que presentada para su inscripción en el registro, causó la siguiente nota:

“DeNegado el documento que precede, por observar que la ins-cripción que se pretende cancelar fué verificada a virtud de man-damiento judicial, como consecuencia de una resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez fechada en primero de mayo de 1935, en el expediente de dominio tramitado por Enrique Enriquez, y que según el título IV, párrafo 3 de la sección 6766 de la vigente Ley Hipotecaria, de la constante jurisprudencia del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico y de la dirección general de los Registros de España, es requisito indispensable para la cancelación de inscrip-ciones o anotaciones hechas 'a virtud de mandamientos judiciales, que recaiga una providencia ejecutoria dictada por el Tribunal corres-pondiente, librándose el oportuno mandamiento, y teniendo en cuenta además que hecha una inscripción en el Registro queda bajo la sal-vaguardia de las Cortes de Justicia, únicas que tienen facultades para determinar en el correspondiente juicio la validez o nulidad de la misma, sin que pueda tal cuestión discutirse en el recurso gubernativo, . . .

No conforme Enriquez recurrió para ante este tribunal. Sostiene que según resulta del documento denegado tramitó un expediente de dominio de una finca de treinta cuerdas como radicadas una porción en el municipio de Las Marías y otra en el de Maricao y habiéndolo la corte declarado así, la ins-cripción se hizo de acuerdo con la ley en los libros correspon-dientes a dichos dos municipios, pero habiendo luego llegado a la convicción de que en realidad de verdad las catorce cuer-das de la finca que se describieron como situadas en el barrio Buearabones de Maricao, perteneciente al Registro de la Pro-piedad de San G-ermán, no existían, creyó que su inscripción debía cancelarse a cuyo efecto otorgó el acta notarial y alega que la negativa del registrador se funda en la letra de la ley sin tomar en consideración sn espíritu.

Los párrafos finales de sn escrito dicen:

“En este caso concreto, la Corte aprobó el expediente de domi-nio en el cual se incluyó la finca que quedaba en el Municipio de Maricao, dentro del distrito hipotecario de San Germán y ya la Corte no tiene interés alguno, declaró el derecho de inscribir el domi-nio de esa parte de finca y quedó extraña a ella; y no hay necesi-dad de recurrir a la Corte para que expida un mandamiento de cancelación de esa inscripción, no existiendo el inmueble, porque no hay nadie que se perjudique, no existe el tercero y no hay persona alguna a quien citar para que se oponga o asienta a la can-celación de un derecho que sólo tiene el recurrente.
“Desde luego, que según explica Morell, no existiendo la finca, su inscripción puede quedar en el registro para siempre, porque nada significa ni a nadie perjudica; pero, en nuestro país, las ins-cripciones de fincas en el registro de la propiedad se comunican- por los registradores al Tesorero de Puerto Rico con el objeto de fijar la contribución que debe pagar al Pueblo de Puerto Rico y se encuen-tra el recurrente con la situación de que han de imponerle contri-bución sobre una finca que no existe y que se ha constatado que no existe al procederse a incluir la finca en el catastro de contri-buciones y por esa razón el recurrente ha tenido que solicitar la cancelación de su título.”

No hay duda de que el medio más fácil y menos costoso es el seguido por el recurrente en este caso. Probablemente no se causaría perjuicio alguno si se accediera a la cancela-ción, pero creemos que la negativa se basa estrictamente en la ley y debe sostenerse.

Ordena el artículo 82 de la Ley Hipotecaria:

“Artículo 82. — Las inscripciones o anotaciones preventivas, he-chas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por pro-videncia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o 'por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos.
“No obstante lo dispuesto en él párrafo anterior, las inscripcio-nes o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho ins-crito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura, inscrita.
“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamien-tos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que-tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de este artículo. ’ ’

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La distinción que hace el legislador entre la cancelación de-inscripciones hechas en virtud de escritura y las verificadas por mandamiento judicial es explícita. Para las últimas el medio único es la providencia judicial. Y se comprende que así sea. Si se acudió a la autoridad judicial para decretar la inscripción, lógico es que a ella se vuelva a acudir para or-denar su cancelación.

Fue ante la Corte de Distrito de Mayagüez en este casa concreto que el recurrente acudió para acreditar el dominio de su finca siguiendo el procedimiento marcado en el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. A virtud de la alegación que se le hiciera, de la prueba que ante ella se practicara y del cum-plimiento de los otros requisitos de ley, fue que la corte de-claró justificado el dominio, constituyendo su providencia el título que sirvió de base a la inscripción. Lo consignado en el acta de cancelación envuelve una alteración de dicha pro-videncia que sólo debe hacerse por el propio poder que la dictó una vez que se le convenza de que ésa es la justicia del caso.

La cita que hace el recurrente de la resolución de la Dirección G-eneral de los Registros de septiembre 22, 1893, to-mándola de Galindo al efecto de que no es inscribible la can-celación ordenada en expedientes de jurisdicción -voluntaria, no tiene el alcance general que parece dársele. Dicha reso-lución está reportada íntegra en el tomo que contiene las co-rrespondientes a los años 1892-95, páginas 388 a 394. Seis son sus considerandos. Bastará transcribir tres de ellos para ver que su alcance no es general, si que está circunscrito al caso que resuelve. Son así:

“Considerando que, sin prejuzgar la cuestión de preferencia que en la primera parte de la nota recurrida se plantea, es indudable que no puede ser resuelta en este expediente, así como no debió ser asunto de calificación, por ser la prelación de créditos de la exclu-siva competencia de los Tribunales, y una vez establecida por éstos, no es lícito al Registrador alterarla, ya que de otra • suerte lleva-ría su calificación hasta los mismos fundamentos de la providencia judicial, cosa que le está terminantemente prohibida:
“Considerando que la cancelación de que se trata en este recurso •ha sido ordenada en autos de jurisdicción voluntaria incoados a ins-tancia del Procurador de Doña Josefa Marqués después de termi-nado el 'aprecio administrativo:
“Considerando que admitir como buena la cancelación en cues-tión equivaldría a reconocer que las hipotecas y cargas inscritas pue-den extinguirse mediante providencia judicial obtenida en trámites de jurisdicción voluntaria contra el terminante precepto del artículo 83 de la Ley Hipotecaria, del que sólo hay una excepción, la que nace de los artículos 1490 y 1518 de la. Ley de Enjuiciamiento, sin que haya introducido otra alguna la Instrucción de 12 de mayo de 1888: ”

Debe declararse sin lugar -el recurso- y confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

       Nota del Repórter: Esta Sección es de la Compilación de 1911 y corresponde al Artículo 82 de la Ley Hipotecaria.


text:
    In re Enrique Castro Martínez, querellado.
    Núm. 7.

    Sometido: Julio 20, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      ■G. Iria/rte, F. Fernández Cuyar y Sector González Blanes, abogados del querellado; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo.

   .SENTENCIA del TRibunal Supremo dictada a propuesta de su Juez Presidente Sr. Del Toro.

Este es un caso de desacato a esta Corte Suprema iniciado a virtud de querella presentada por su fiscal el doce de julio en curso. Notificado con copia el querellado, archivó su con-testación por escrito el veinte de julio, día fijado para la vista. A ésta compareció el fiscal y el querellado en persona y por -sus abogados. Se practicó la evidencia ofrecida por el fiscal y el querellado que se tomó taquigráficamente, se transcribióy certificó por el taquígrafo que la tomara y se unió a los autos en julio 21. En julio 23 el querellado presentó su ale-gato discutiendo los hechos y la ley y en julio 28 archivó el suyo el fiscal, quedando así el caso sometido definitivamente a la consideración y resolución del tribunal.

Son hechos probados que esta corte celebró sesión ■el 21 de junio último oyendo entre otros asuntos una moción sobre anulación del auto provisional de injunction expedido en auxilio de su jurisdicción en el recurso de apelación Núm. 7550 interpuesto en el caso de Las Monjas Racing Corporation v. Arandes & Orovas, Fausto E. Arandes y Francisco Grovas, sobre injunction, procedente de la Corte de 'Distrito de San Juan;

Que el abogado de los demandados apelantes en la vista de la indicada moción lo fue el Lie. Juan Valldejuli Rodríguez ■quien en el curso de su informe atacó fuertemente la conducta seguida por el juez de la corte de distrito en el caso e hizo insinuaciones sobre el efecto de la intervención del Lie. Ce-lestino Iriarte como abogado en el mismo. El abogado Sr. triarte qne asistió como uno de los representantes de la de-mandante apelada defendió la conducta del juez de distrito en el suyo y contestó las insinuaciones que contra él se hicie-ron. Ni a virtud de habérsele pedido que lo hiciera ni por su propia iniciativa intervino la corte con los abogados en sus informes;

Que entre las personas que se encontraban presenciando la vista en el sitio del salón de sesiones destinado al publico, se encontraba el querellado Enrique Castro Martínez quien oyó el informe del abogado Sr. Validejuli;

Que dado fin a la vista de la moción, se tomó juramento a un abogado y declarada la sesión terminada cerca ya de las cinco de la tarde, los jueces del tribunal se retiraron a la sala de consultas contigua al salón de sesiones y estando en ella, transcurridos unos minutos, compareció el abogado Sr. Valí-dejuli a comunicarles el hecho de que acababa de ser agredido por el querellado;

Que en efecto el querellado que estaba con otras personas parado al extremo oeste del pasillo del piso del Capitolio Insular en qne se encuentra la corte instalada y que separa las oficinas de la secretaría y el márshal del Salón de Sesiones, al ver al abogado Sr. Validejuli que salía de la oficina del márshal y bajaba unos escalones qne hay en el mismo pasillo, se adelantó hacia él y cuando el abogado acababa de pasar la línea de una reja de hierro construida dentro del mismo pasillo que tiene una puerta también de reja de hierro lo aco-metió y agredió con el puño al propio tiempo que profería contra él palabras injuriosas y le decía que le pegaba para que no hablara mal del Juez Llauger que fué el juez de dis-trito cuya, conducta criticó en su informe el abogado. La agresión fué presenciada y los insultos oídos total o parcial-mente por varias personas entre ellas algunos abogados y empleados de la corte, habiendo ésta conferenciado inmedia-tamente y tomado las medidas necesarias para su investiga-ción.

En tal virtud resulta claro que la agresión se verificó no sólo contra un abogado que acababa de informar ante la corte en un asunto judicial a su defensa encomendado, si que con motivo de sir informe y como castigo al mismo, dentro del edi-ficio de la corte y bailándose ésta reunida en su sala de con-sultas.

El desacato al tribunal es en su consecuencia manifiesto. La perturbación del orden tendente directamente a interrum-pir el sereno desenvolvimiento del asunto judicial que se había dejado sometido a la decisión del tribunal y el ataque ilegal y violento a la persona de un funcionario de la corte, dentro o por lo menos en el umbral interior de su propio re-cinto y con motivo del ejercicio de su ministerio, evidentes son. Y la corte, tanto por ley cuanto por su propia condi-ción de corte, tiene el poder y el deber de castigarlos. Ar-tículo 145 del Código Penal. Artículo ■ 7 del Código de En-juiciamiento Civil. 13 C.J. 46.

El querellado admite la agresión y el sitio en que la misma se realizara, pero sostiene que habiéndose levantado ya la sesión del tribunal y no habiendo ocurrido los hechos en pre-sencia de la corte, ni al alcance del oído de sus jueces, no existe el desacato. Insiste además en que las manifesta-ciones que hizo el abogado Sr. Valldejuli en su informe no lo fueron en el cumplimiento de sus deberes y en que el mo-tivo de la agresión no fué el informe sino disgustos anteriores habidos entre él y el abogado.

Admitiendo la existencia de disgustos anteriores, bien le-janos en verdad, según la propia evidencia del querellado, dado lo claro y patente que surge a nuestro juicio de la prueba del fiscal y de la misma del querellado que la agresión fué el resultado inmediato del informe, los disgustos ante-riores tienden a explicar mejor la conducta del querellado. Su ánimo era campo abonado para actuar en la forma en que lo hizo.

En cuanto a que el abogado en su informe olvidó su mi-nisterio en tal forma que sus manifestaciones deben conside-rarse como fuera de las que podían hacerse dentro del estricto cumplimiento del deber, bastará decir que para impartir jus-ticia es que precisamente existen los tribunales y que si el abogado faltó debió recurrirse al tribunal para que censurara o penara su conducta, y no lanzarse a tomar la justicia por su mano. Proceder de tal suerte es perturbar el orden social •en sus más firmes cimientos.

T en cuanto a que la sesión de la corte había ya terminado y a que la agresión tuyo lugar fuera de la reja que marca la exacta entrada de la corte, sin que ésta la presenciara, ni oyera las palabras que pronunció el querellado, bastará decir que apreciadas en conjunto todas las circunstancias concu-rrentes surge de ellas inevitable la conclusión de la comisión del desacato que sabido es que puede ser- directo o construc-tivo. 13 C.J. 5.

Contiene el alegato del fiscal cita de numerosas decisiones de las cortes del continente que sostienen vigorosamente su acusación y las conclusiones a que ha llegado esta corte en este caso concreto en cnanto a la existencia del desacato y a la necesidad de su castigo. A dos de ellas solamente nos referiremos, a saber: U. S. v. Barrett, 187 Fed. 378 y Ex parte McLeod, 120 Fed. 130.

En la primera el Juez Speer que presidía la corte contra la cual se cometió el desacato con motivo de la agresión a un abogado que acababa de informar ante ella, se expresó así:

“Hablo con franqueza al decir ‘he sido verdaderamente sorpren-dido con este incidente.’ Nuestras cortes en este distrito han sido por tantos años conducidas con tal decencia y decoro que los suce-sos de ayer fueron verdaderamente anormales y excesivamente anonadantes al juez que preside. Beflexionando sobre el asunto, los abogados y el público en general han de comprender cuán cierto y justificable es tal estado de ánimo en la mente de un juez ansioso de cumplir con su deber; y ésa es la emoción que yo requiero para mí.
“Es un privilegio constitucional de las partes el estar asistidas por letrados. En un caso criminal ninguna persona puede ser con-victa sin tener el beneficio de un abogado. Ella no puede, por tanto, ser declarada culpable a la luz de la Constitución hasta que tenga, el beneficio de un letrado. Tiene igual derecho constitucional al beneficio de un abogado en un caso civil aunque si no expresamente, por lo menos por implicación. Es un derecho que nos legaron desde tiempo inmemorial. Es un derecho que ha hecho surgir la noble profesión de la ley y si bien existen aquéllos que por motivo de resentimiento temporal o por alguna otra razón, en ocasiones impug-nan los beneficios de la profesión, si examinamos las salas del Con-greso, las listas de los militares y los registros que contienen el pro-greso de nuestro país en todos sus aspectos, se Verá de manera clara que la profesión legal no ha sido sobrepasada por ninguna otra en su devoción a los mejores intereses de la civilización. Ahora bien, siendo todo esto cierto, la profesión de abogado no debe ser interrum-pida por la violencia. El abogado tiene el derecho de argumentar el caso de su cliente. Si viola las reglas de la corte y a ésta se llam'a la atención sobre el hecho, dicho abogado será inmediatamente reprendido. Si es culpable de difamación, las cortes están abier-tas, mediante el debido proceso legal, a las partes difamadas a fin de obtener un remedio adecuado y no habrá nunca dificultad en mantener la ley en tales casos. No está dentro del poder de las par-tes en un litigio el tomarse la ley en sus propias manos y acometer y agredir a los abogados cuando se han sentido ofendidas o se ima-ginan que lo han sido. El abogado en cualquier caso es un minis-tro de la justicia. Es el consejero de la Corte. Sin su ayuda ella no puede cumplir sus funciones. ¿ Podrá ser posible entonces, siendo esto así en nuestro país, que la corte pueda mirar como una cosa trivial y sin importancia un acometimiento y agresión injustificado contra un abogado que ha cumplido con su deber, como él realmente lo entendió, en relación con cualquier controversia que necesaria-mente envuelva la cuestión de veracidad entre los litigantes o negar a dicho abogado el derecho en general que tiene a insistir en que su cliente dijo la verdad y que la parte contraria no la dijo? Esto sería negar al demandante su día en corte y, por tanto, negarle el debido proceso de ley. Si un abogado comete una ofensa o si la parte creyó que él la había ofendido, el remedio adecuado no es el recurrir a la violencia, sino apelar a las leyes del país.” U. S. v. Barrett, et al., 187 Fed. 378, 380.

Y en la segunda el Juez Jones que presidía la corte que se consideró desacatada por virtud de la agresión al Cofrm sionado Randolph eon motivo del ejercicio de sus funciones como tal fuera de la presencia de la corte, dijo:

“Como las cortes sólo pueden ejercer sus funciones judiciales a través de sus oficiales y funcionarios, cualquier ataque a un oficial o funcionario de ella por haber desempeñado alguno de sus deberes, es un ataque a la corte por lo que tal funcionario ha hecho o llevado a cabo en la administración de justicia,
“Es cuestión vital al bienestar de la sociedad que las cortes, cuya función es determinar sobre la vida, libertad y propiedad de los ciu-dadanos, estén libres para ejercer sus funciones y que por ende es-tén libres también de todo temor o violencia; y una alta considera-ción y respeto por el bien de la comunidad exige que las cortes pro-tejan a sus funcionarios y oficiales contra venganzas ocasionadas por razón de haber dichos funcionarios desempeñado algún deber ante ellas, lo mismo que contra violencias mientras dichos funcionarios estén desempeñando tales deberes.
“Es un flagrante desacato a una corte el tratar de castigar a uno de sus oficiales por cumplir sus deberes oficiales y tratar de realizar esos actos en cualquier sitio que no sea los tribunales constituidos y la ofensa culmina en un grave delito contra la corte misma cuando sus funcionarios son atacados por actos judiciales por una persona que ha sido llevada ante ella.
“Un ataque a un Comisionado de los Estados Unidos por haber éste cumplido en el pasado con sus deberes es un desacato a la auto-ridad de la corte, de la cuál es éste un funcionario, en la administra-ción de las leyes penales, aunque no estuviera pendiente ningún procedimiento contra el ofensor ni estuviera el Comisionado en el mo-mento de la agresión en el desempeño de sus deberes.
“Se ha usado como argumento que castigar por desacato un aco-metimiento y agresión contra un funcionario de la corte por deberes anteriormente cumplidos por el funcionario resulta inconsistente con el espíritu de nuestras instituciones; que tal agresión no es otra cosa que un ataque a una persona particular y solamente debe ser tra-tado .como tal; que el castigo de acuerdo con las facultades y el po-der de la corte impuesto por tal ofensa inviste a la persona del juez de privilegios contrarios al espíritu de igualdad entre los ciudadanos garantizados por nuestro gobierno y que está, por tanto, fuera del poder de las cortes en este país el considerar un ataque a un funcio-nario de la corte, no importa cuál sea el motivo, cuando el funcio-nario no está de hecho ocupado en el desempeño de sus deberes, como desacato a la corte. Las necesidades del gobierno requiren en mu-chos casos que se establezca una diferencia entre servidores públicos y ciudadanos particulares. Por ejemplo, redunda en bien general que un representante no sea interrogado fuera del recinto del cual es un miembro sobre palabras expresadas en un debate. Tal privi-legio es prerrogativa de todo el pueblo, y solamente puede hacerse 'efectivo dando protección al individuo que representa a dicho pueblo, aún cuando tal protección no le sería concedida bajo las mismas circunstancias de estar actuando en su capacidad particular. Así 'Sucede con muchos privilegios estatutarios y constitucionales creados para bien del público y no para beneficio de los individuos que desem-peñan puestos oficiales. Un ataque a un funcionario judicial cuando dicho ataque surge con motivo o como consecuencia del desempeño de sus deberes oficiales, difiere necesariamente de un ataque a una persona particular en relación con un asunto privado. Las conse-cuencias para la sociedad no son las mismas. En el primer caso, la agresión afecta la administración de justicia. En el segundo caso, no. El motivo de la agresión bajo cualquier sistema de gobierno determina la gravedad del delito. Un ataque a un juez en relación con cualquier asunto ajeno a sus deberes oficiales, no concierne en absoluto a la corte toda vez que no afecta la administración de jus-ticia y por tanto, no difiere en manera alguna en su aspecto legal por lo menos de un ataque a cualquier otra persona. Sería una clara usurpación de la autoridad de la corte al tratar de utilizar su facul-tad de castigar por desacato al sentenciar a una persona por un acto que en manera alguna tiene que ver con la administración de justicia. El caso que nos ocupa surge de un ataque cometido contra un fun-cionario judicial por haber desempeñado sus deberes en el pasado — • cosa que afecta seriamente la administración de justicia. El justi-ficar el castigo en tal caso, como desacato, puede hallarse en la con-sideración de que el agredir a un funcionario judicial por tal motivo ataca la gran prerrogativa del pueblo a hacer cumplir sin temor al-guno la administración de justicia. ’ ’ Ex Parte McLeod, 120 Fed. 130.

En tal virtud, se declara a Enrique Castro Martinez culpable de desacato■ al tribunal y se le condena a sufrir quince di>as de prisión m, la Cárcel del Distrito de 8<an Juan situada én esta ciudad de S^an Juan y 'a pagar ■cincuenta dólares die multa y las costas, debiendo cumplir un dia de cárcel por cada dólar de multa qtoe >dejare de satisfacer sin que la prisión sub-sidiaria pueda exceder -en todo caso de quince días, librándose mandamiento para la ejecución de esta sentencia de acuerdo com, la ley.

Así lo pronunció y manda el tribunal y firma el Sr. Juez Presidente. El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no in-tervino. El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resultado.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Cantre, acusado y apelante.
    Núm. 6656.

    Sometido: Julio 20, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Juan Cantre fué acusado por el Fiscal del. Distrito de Are-cibo de baber seducido bajo promesa de matrimonio a la joven soltera, de previo carácter casto y basta entonces re-putada por pura, Florencia Maisonet Ríos. Hizo alegación de no culpable y juzgada su causa por un jurado, fué decía-rado culpable. Al proceder la corte a dictar como dictó su sentencia, ocurrió lo que sigue:

“En el día de boy 24 de septiembre de 1935 el acusado compare-ció asistido de su abogado. La Corte le instruyó sobre el procedi-miento seguido en su caso y el veredicto del jurado y le interrogó si tenía algo que decir para que no se dictara sentencia. Entonces el acusado manifestó que se le permitiere presentar la declaración de la perjudicada y de dos testigos más sobre ciertos extremos tendentes a que el Juez fuera benigno en la imposición de la pena, la Corte accedió a ello y después de oír dicba declaración pasa a dictar sen-tencia en la forma siguiente:
“En este caso de seduoción el acusado manifestó el día del jui-cio que él estaba dispuesto a casarse y la perjudicada en la silla tes-tifical manifestó que ella no deseaba casarse, alegando que él tenía amores con otra, y la corte al instruir al jurado, le indicó que si bien el Código Penal dispone que el matrimonio de las partes con prioridad al juicio, será suficiente para evitar la continuación del proceso, no obstante la manifestación que babía hecho el acusado en el juicio era algo tardía y el juez estaba obligado a decir que el caso fuera al jurado tal como se desprendía de la evidencia.
“Ahora bien, al imponer la pena el Juez de esta Corte tiene que considerar que si el acusado realmente engañó a la perjudicada ofre-ciéndole promesa de matrimonio para conseguir el acto carnal, y si ese engaño constituye un elemento de ultraje a la dignidad de la perjudicada, el arrepentimiento de dicho acusado queriendo subsanar su mal aún cuando sea tardío desde el punto de vista legal, coloca a esta Corte en la situación de juzgar con humanidad el caso, sobre todo si la perjudicada se niega enfáticamente a unirse legalmente al hombre que le causó el perjuicio motivo del delito.
Por tanto, la corte considerando las circunstancias del caso im-pone al acusado solamente la pena de cuatro (4) meses de presidio, que deberá cumplir en la Penitenciaría de Puerto Rico.”

No conforme Cantre, apeló. Señala en sn alegato dos errores, uno cometido al negarse la corte a trasmitir al jurado cierta instrucción y el otro al apreciar la prueba.

He aquí la instrucción no trasmitida:

“Que si bien es cierto que el fiscal no está obligado a solicitar el archivo y sobreseimiento del caso por el hecho de que el acusado desee casarse y la perjudicada se niegue a ello, sin embargo, es una defensa buena y meritoria la del acusado al manifestar sus deseos de contraer matrimonio.”

Negándose la corte a trasmitirla porque “en la forma como se solicita la instrucción no puede darla y encuentra que el extremo está comprendido en sus instrucciones al jurado.”

Sus instrucciones lo fueron en el sentido que hizo constar al dictar su sentencia.

Al argumentar el apelante su primer señalamiento de error no cita jurisprudencia, doctrina o precedente alguno en apoyo de su contención, limitándose a transcribir el artículo 262 del Código Penal que prescribe que:

“Artículo 262. — El matrimonio de las partes, celebrado con prio-ridad al juicio, bastará para impedir todo proceso por infracción del precedente artículo.”

La ley no habla de disposición por parte del acusado para celebrar matrimonio, sino de matrimonio celebrado. Cree-mos que la corte interpretó la ley correctamente y tomó en consideración la circunstancia concurrente en el momento oportuno a los efectos de mitigar la pena.

El segundo señalamiento se basa en que uno de los elementos esenciales del delito no se probó con la mejor evidencia, ya que la perjudicada en el acto del juicio negó que el acusado le prometiere casarse con ella.

Así sucedió en efecto. La perjudicada que antes del jui-cio había declarado que el acusado le había prometido casarse con ella, en el juicio repetidamente dijo que el acusado no le hizo promesa alguna y su declaración en el juicio es el único testimonio a considerar finalmente, sujeto desde luego a la contradicción que del mismo hiciera el fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 243 y 245 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, a saber:

“Artículo 243. — A la parte que presente un testigo, no le es per-mitido impugnar su veracidad probando que es persona de mala re-putación; pero podrá contradecirlo, aduciendo pruebas en contrario, y demostrar que en ocasiones anteriores, ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración.”
“Artículo 245. — También puede ser impugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre que en ocasiones am teriores ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración; pero antes de hacerlo, se le referirán dichas manifes-taciones, con expresión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se le preguntará si dichas manifesta-ciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmativamente. Si las manifestaciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de interrogarle acerca de ellas.”

Si del testimonio de la perjudicada hubiera dependido únicamente la comprobación de la promesa de matrimonio, se hubiera impuesto la absolución del acusado. Pero no fue así. Dos testigos, Enriqueta y María Ríos, madre y abuela, respectivamente, de la perjudicada, declararon de modo ex-plícito sobre la existencia de la promesa de matrimonio y el jurado las creyó. Existió prueba, pues, sobre el particular.

No habiéndose en tal virtud cometido los errores señala-dos, debe declararse el remrso sm hogar y confirmarse la sen-tencia 'apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tono

text:
    Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1001.

    Sometido: Julio 16, 1937.

    Resuelto: Julio 31, 1937.

      Bubón & Ochoteco, abogados de la recurrente;
   El Juez Presidente Señor Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 13, 1876, doña Mónica Vizcarrondo compró una parcela de terreno que en la escritura de adquisición inscrita en el registro se describe como sigue:

“Pedazo de terreno compuesto de treinta y nueve metros de frente a la carretera que conduce a Río Piedras con la que colinda por el Sur y el- fondo que le corresponde hasta el mar con el que colinda-por el Norte y por cuyo lado tiene una extensión de treinta y cinco metros, lindando además por el Este y Oeste con más terrenos del señor vendedor.”

A virtud de diferentes trasmisiones adquirió la propiedad de la parcela doña Asunción Andino viuda de Guerra Mon-dragón quien en 1907 con motivo de una permuta de sesenta metros cuadrados con el dueño del predio colindante don Antonio Alvarez Nava describió su finca, quedando desde enton-ces inscrita en el registro de acuerdo con esa descripción, así:

‘1 Un solaR que mide treinta y siete metros por su frente a la carre-tera, treinta y siete metros por su frente al mar y ciento veinte metros de fondo, -situado en el barrio de Santurce de este término municipal, contiguo al edificio denominado ‘Convento de las Madres’; siendo sus colindancias, por el Norte, el mar, por el Sur, la carretera de San Juan a Río Piedras; por el Este, antes don Francisco Ramos Latour, hoy el otro compareciente Sr. Alvarez Nava y por el Oeste el citado ‘Convento de las Madres’, hoy escuela de caridad de niñas perteneciente al Pueblo de Puerto Rico.”

Como puede verse, en la inscripción primitiva no se fijó la extensión de la parcela desde la carretera al mar, exten-sión que quedó fijada en la inscripción de 1907 en ciento veinte metros.

Nuevas trasmisiones tuvieron lugar hasta que la finca fué adquirida finalmente por la recurrente doña Encarnación Aboy viuda de Cintrón por adjudicación en pública subasta en marzo 18, 1931, bajo la descripción de 1907.

Así las cosas, la recurrente encomendó a dos ingenieros civiles la medición de su propiedad quienes certificaron su trabajo demostrativo de que la finca tenía en vez de 120 metros de fondo, 147.68 por nn lado y 147.35 por otro o sea una diferencia de 27 metros y fracción de más

A los efectos de acreditar ese hecho otorgó ante notario el 28 de junio de 1937 un acta de rectificación que presentó en el registro acompañada de la certificación y el plano de los ingenieros, de varias copias certificadas de otras escrituras y de un plano levantado en abril 23, 1930, por la División de Terrenos Públicos y Archivos del Departamento del Interior, negándose el registrador a hacer la rectificación por medio de la siguiente nota:

“DeNegada la rectificación solicitada, por observarse que éste no es el procedimiento adecuado para inscribir la ampliación o exten-sión de las medidas lineales de una finca; ...”

Contra ella se interpuso el presente recurso gubernativo. En su alegato sostiene la recurrente su derecho a hacer por sí misma la rectificación y a que se inscriba en el registro. Cita en apoyo de su contención el artículo 28 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, las resoluciones de la Dirección General de los Registros de marzo 14, 1876 y septiembre 7, 1880 y las decisiones de esta corte en Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218, Figueroa v. Registrador, 22 D.P.R. 657, Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867 y Portocarrero v. Registrador, 34 D.P.R. 292. También a 1 Galindo 581, Ed. 1903.

Hemos examinado el artículo 28 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y no contiene disposición alguna relativa al asunto en controversia. La cita se hizo sin duda siguiendo las resoluciones de la Dirección General de los Registros de marzo 14, 1876 y septiembre 7, 1880 que se invocan, que se refieren a un Reglamento anterior al que rige en esta Isla desde 1893.

También hemos examinado las indicadas resoluciones y a nuestro juicio en vez de favorecer la contención de la re-currente justifican la actitud asumida por* el registrador.

La primera aparece en la Colección Oficial de Leyes, Rea-les Decretos, Reales Ordenes, Circulares y Resoluciones que se lian dictado referentes al Registro de la Propiedad In-mueble y de los demás Derechos Reales . . . formada por la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, página 262 del tomo que contiene las de 1874-78, siendo sus considerandos y parte dispositiva, como sigue:

"Considerando que si bien el art. 28 del Reglamento general vi-gente dispone que cuando no resulten en los títulos que se presenten, designados de igual manera que en el Registro, el nombre, la situa-ción, la medida superficial, los linderos u otra circunstancia impor-tante, en la inscripción que se extienda se expresarán las circunstan-cias que hayan variado, haciéndose simple referencia de las demás, este precepto no debe entenderse en el sentido de que cualquiera que sea la diferencia advertida, aún cuando ésta haga dudar de la iden-tidad de las fincas, deba practicarse el asiento solicitado; porque, aparte de que pugnaría con las amplias facultades que la Ley concede si Registrador para calificar los documentos tanto en su forma ex-trínseca como en la intrínseca, sería autorizar la involucración y desorden en los libros y sus fincas, y dar margen a fraudes y per-juicios para el Tesoro público;
"Considerando que la verdadera interpretación del referido ar-tículo 28 no es otra que la de evitar repeticiones innecesarias en los asientos de los libros cuando la descripción que de las fincas haya de hacerse sea igual a la que conste anteriormente en el Registro, y •consignar únicamente las diferencias que resulten en cualquiera cir-cunstancia importante; entendiéndose que estas diferencias no han de ser de entidad tal que por sí hagan racionalmente sospechar acerca de la identidad o igualdad de la finca, sino únicamente aquellas que sean consecuencia de la naturaleza mudable de las circunstancias que se determinan en las inscripciones, como los linderos, uso agrícola, precio, nombre o número de la finca; o las que procedan de acci-dentes naturales, como el aumento o disminución de una heredad por aluvión o fuerza del río, o en fin, las que procedan de error, falsa apreciación o cualquiera otra causa atendible en que anteriormente hubiere podido incurrirse en la descripción de una finca;
"Considerando que en el caso objeto de esta consulta los intere-sados se limitan a asegurar, bajo su mera palabra, que según la me-dición practicada, la verdadera cabida de la finca era de 98 yugadas de tierra y no de 80, como aparece de los asientos del Registro, sin acreditar que la diferencia de 18 yugadas, o sean 86.400 varas ara-gonesas cuadradas, sea debida a error sufrido en la medición anterior, por lo cual y mientras esto no tenga lugar, da motivo a pre-sumir que’ esa diferencia entre ambas medidas sea debida a aumento-u ocupación posterior de terrenos circunvecinos, o a ocultación hecha para disminuir los impuestos que graven sobre la finca, a cuya última suposición podría inducir el ser los linderos los mismos y el haberse practicado la primera inscripción en virtud de certificación librada, con referencia a los amillaramientos del Ayuntamiento;
‘ ‘ Considerando que en ningún caso puede el Registrador practicar legítimamente la inscripción que se solicita respecto de las yugadas no inscritas, pues siempre habrá de exigir la justificación del dominio o de la posesión que prescribe el artículo 20 de la Ley, y hacer el pago oportuno de derechos a la Hacienda en cuanto a las mismas, al menos mientras no se prueba concluyentemente, a juicio del Re-gistrador y sin perjuicio de los recursos legales, que realmente se-sufrió en la primera medición un error involuntario por parte dé-los peritos o agrimensores encargados de la misma;
“Esta Dirección general ha acordado resolver la consulta del Registrador de la propiedad de Tarazona, declarando improcedente la inscripción de la escritura de venta presentada, en cuanto a las 18 yugadas que resultan de diferencia entre la descripción de la finca según aparece del Registro, y la que se hace en dicho documento, mientras no se acredite la legítima adquisición de las mismas con arreglo al art. 20 de la Ley hipotecaria y demás disposiciones le-gales. ’ ’

Y la segunda que aparece publicada en la página 465 del tomo siguiente de dicha colección 1879-82, se pronuncia en igual sentido.

Con respecto a las cuatro decisiones de esta corte que se citan, bastará referirnos a dos de ellas — la de Delgado y la de Porlocarrero, supra — pues la primera analiza y aplica las anteriores de Cobb y Figueroa, supra. En la de Delgado la corte se expresó así:

“Al resolver el caso de Cobb v. El Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 218, dijimos que ‘es punto resuelto por diferentes reso-luciones de la Dirección General de los Registros de la Propiedad, que las diferencias de poca importancia que se advierten en la cabida de las fincas entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se presenten para su inscripción, no son bastantes para negar la identidad de la finca, máxime cuando en los linderos no bay ninguna diferencia, y debe el registrador hacerlas constar en el registro en la forma que determina el reglamento.’
“Posteriormente, bajo la anterior teoría, resolvimos el caso de Figueroa v. El Registrador de Arecibo, 22 D.P.R. 657, aunque con el voto disidente de uno de los Jueces Asociados.
“En la decisión de Cobb v. El Registrador, supra, citamos la de la Dirección General de los Registros de la Propiedad de 9 de noviem-bre de 1877, expresiva de que deben inscribirse las fincas compren-didas en una escritura, que aparecen con medida superficial distinta de la que resulta de los antiguos libros, cuando esta diferencia es escasa; y escasa es en el presente caso pues sólo es de seis cuerdas y no llega por tanto a un diez por ciento.
“Y no importa que no fuera presentada al registro la certificación de mensura practicada con citación del vendedor y de los colindantes, pues precisamente ése fue el punto de disidencia en el caso de Figueroa v. El Registrador de Arecibo, supra, que no sostuvo la ma-yoría del tribunal.
“Y no hay perjuicio de tercero en la rectificación pedida, pues del registro aparecería que la rectificación se practica en vista de las manifestaciones de Manuel Delgado Toledo y al adquirir un tercero cualquier derecho real en la finca puede exigir al ven-dedor lo que conduzca a la seguridad de su derecho sobre la cabida de la finca si alguna duda tuviere sobre ella.” Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867, 869.

Y en la ele Portocarrero quedó establecida la siguiente doctrina:

“La cabida de una finca que aparece inscrita en el registro, no puede ser aumentada, mediante acta aclaratoria que solamente dice que según una mensura resulta de mayor cabida, sin especificar el sobrante, mientras no se acredite la legítima adquisición del exceso, a no ser que éste sea de escasa importancia en relación con la cabida total o se pruebe que en la primera medición solo se sufrió un error involuntario.” Portocarrero v. Registrador, 34 D.P.R. 292.

Aparte de que toda esa jurisprudencia fue sentada tratán-dose de lincas rústicas, veamos si las circunstancias que en este caso concurren lo colocan dentro de ella.

La diferencia de cabida que se trata de rectificar es im-portante. De acuerdo con la descripción de 1907 la finca tenía 37 metros por sn frente a la carretera y otros 37 por sn frente al mar, siendo la extensión de sn fondo 120 metros, lo que da una superficie de 4,440 metros cuadrados, y de acuerdo con el acta cuya inscripción se solicitó y fué dene-gada los 120 metros del fondo aumentaron a 147 y fracción lo que da una superficie de más de 5,439 metros que implica un aumento de más de mil metros o sea alrededor de veinte y tres por ciento.

Pero hay más. Si bien las colindancias permanecen las mismas, hay una que cautelosamente se fijó en la escritura de 1876 como sigue: “el fondo que le corresponda hasta el mar con el que colinda por el Norte,” manifestando a este respecto el registrador, en su alegato, lo que sigue:

“Deseamos llamar la atención, y esto es de conocimiento público, que muchas fincas urbanas, radicadas en esta Ciudad, a lo largo de la vieja carretera central, hoy Avenida Ponce de León, entre las paradas 10 y 26, más o menos, aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad con la expresión de la medida lineal de su fondo, y, ade-más, con la .constancia de colindar por su fondo con 'el mar’ o 'los manglares’, y asombra sólo pensar lo que resultaría si se permitiera a cada dueño de tales fincas urbanas inscribir la extensión hasta ‘el mar’ o ‘los manglares’ de la medida lineal de sus fincas.
“También es de conocimiento público la variación que ha su-frido el terreno a lo largo de' dicha Avenida, por desecación de las playas o manglares que quedan a ambos lados de dicha carretera o avenida. ’ ’

Siendo ello así, no nos parece que el registrador actuara en contra de las indicaciones que hace el comentarista Ga-lindo en la propia cita que transcribe la peticionaria en su alegato, a saber:

“Con respecto a diferencias en la medida superficial de las fincas, queda más a la discreción del Registrador, que para negarse o no a inscribir, no ha de desdeñar los antecedentes que le suministren, el ■conocimiento de las personas, origen de la finca, tiempo que se posee, y demás datos que fácilmente se adquieren a poco de servir un .Re-gistro.” 1 Galindo 581, Ed. 1903.

No es que resolvamos que la recurrente tenga o no tenga razón substancial en cuanto a ser dueña de un solar de 147 metros y fracción de fondo. Lo que resolvemos es que en un caso como éste para corregir el error que pueda existir no puede la parte interesada actuar por sí sola, si que debe hacerlo con la intervención de sus colindantes, especialmente con el colindante del Norte por ser dicha colindancia una cuya fijación puede haber variado de hecho por haberse ga-nado terrenos al mar que es aquí una ensenada o ser susceptible de diferente apreciación hasta el punto exacto a donde llegue. Y para esos casos otorga sus remedios la ley vigente en Puerto Rico.

Debe confirmarse la nota recurrida.

NI Juez Asociado Señor Córdova Davila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    Antonio Vicéns Ríos, demandante, contrademandado y apelado, v. Margarita Vicéns Ríos, née Margarita Oliver Cuveljé, demandada, contrademandante y apelante.
    Núm. 6849.

    Sometido: Diciembre 4, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      Alberto S. Poveniud, abogado de la apelante; M. Marcos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión, del tribunal.

En septiembre 5,1933, Antonio Vicéns Ríos instó demanda de divorcio contra sn esposa Margarita Oliver Cuveljé. Como fundamentos separados de su recurso alegó las causa-les de abandono y trato cruel. Después de presentarse por la demandada una moción para eliminar y de declararse la misma sin lugar, ella radicó una negativa general y una con-trademanda, en la que alegaba a su favor abandono y trato cruel por parte del marido. La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en favor del demandante por ambos motivos y le concedió la patria potestad sobre los dos hijos menores habidos durante el matrimonio.

La apelante señala siete errores, seis de los cuales ver-san directamente sobre la apreciación de la prueba. Sólo el primero envuelve una cuestión de derecho, a saber, la certeza del proceder de la corte inferior al declarar sin lugar la mo-ción eliminatoria.

La. corte se negó a eliminar ciertas frases de la demanda, que se alegaba constituían conclusiones de derecho o materia redundante. Hemos examinado las palabras objetadas, y en la mayoría de los casos, si no en todos, eran admisibles como una alegación general por haberse alegado previamente hechos más específicos relacionados con la misma. Nos inclinamos a convenir con la apelante en que una con-elusion de derecho, aun cuando se derive de hechos suficientes para sostenerla, aducidos en la demanda, está siempre sujeta a una moción para eliminar si se presenta oportuna-mente. Resolvemos que frases tales como ‘ ‘voluntaria y sin causa justificada”, relacionada con la naturaleza del aban-dono por la demandada, y “de una manera cruel e inhu-mana”, “una conducta de extrema severidad”, “en una forma áspera y con frases ofensivas”, etc., en relación con el trato cruel de la demandada, no son meras conclusiones de derecho, sino que puede considerarse que, al ser tomadas conjuntamente con otros motivos de crueldad específicamente alegados, expresan fieclios últimos (ultimate facts). No ha-llamos que se cometiera error, y de haberlo, no fue perju-dicial.

Los señalamientos segundo y quinto atacan las conclusiones de la corte al decidir en favor del demandante la cuestión de abandono, y al resolver, en su consecuencia, en contra de la apelante cuando ella igualmente solicitaba el divorcio por abandono. La transcripción de evidencia consiste de más de 600 páginas y en ella nada hallamos que nos induzca a creer que la corte inferior cometió error manifiesto al aquilatar la prueba, ni que ésta actuara movida por prejuicio, por parcialidad o por pasión al emitir su fallo. Esto es especialmente cierto con respecto al abandono.

Es un hecho incontrovertido que la demandada abandonó el hogar de su esposo y nunca regresó a él, aunque hubo prueba por parte de ella tendiente a demostrar que el esposo le pidió que se fuera de la casa. Esta prueba de la deman-dada no fué creída por la corte inferior y no hallamos razón para dudar de que la conclusión de la corte fuera correcta. Indudablemente, el esposo le dijo a ella que podía irse si así lo deseaba, mas él no asumió la actitud de ordenarle que se marchara.

Convenimos con la apelante en que cuando la conducta del cónyuge que imputa el abandono es tal que la persona que abandona el hogar no puede soportar por más tiempo el trato a que ella estaba sometida, entonces la demanda debe decla-rarse sin lugar o de lo contrario, cuando la parte demandada radica una contrademanda, ésta en algunos casos puede obte-ner el divorcio por el mismo fundamento.

La evidencia presenta el caso de un hombre que contrajo-matrimonio con una mujer de algunos recursos; que ella voluntariamente le inició en los negocios con su propio her-mano; que éstos fracasaron; que el marido posteriormente estuvo ocupado en varios establecimientos de importancia en la ciudad de Ponce, ocupando posiciones prominentes, tanta comerciales como sociales; que éste siempre ha sido un hombre trabajador y asiduo y que como resultado de su laborio-sidad y también en parte como resultado del dinero de su esposa, a él le fue posible mantener un alto nivel de vida para su esposa e hijos durante doce o quince años; que su esposa frecuente y públicamente le insultaba acusándole de ser un pillo, especialmente durante el año 1931 debido a que parte del dinero que ella le suministró se perdió en los negocios, aunque parte del mismo fué gastado por él en beneficio mutuo de ellos; que ella, era y todavía es una persona delicada de salud y altamente excitable; que repetidamente él trató de vivir con ella en armonía; que ella abandonó a él y a sus hijos en noviembre de 1931 y que él ha tratado infructuosamente de hacerla regresar a su hogar. Además, la prueba revela que hasta poco antes de que su esposa le abandonara el Sr. Vicéns Ríos fui bondadoso y considerado, y sus cartas para ella, mientras ella estaba ausente a principios de 1931 y que fueron ofrecidas por ella como prueba, están concebidas en términos que denotan sinceridad.

Por otra parte no hallamos que la prueba presentada por la demandada sea en absoluto fuerte. El conflicto en la evi-dencia con respecto al incidente que se supone condujo al abandono del hogar del demandante por parte de la esposa, es un buen ejemplo del tipo de conflictos que surgieron en varias ocasiones durante el juicio, y fueron resueltos en favor del demandante por la corte inferior. La versión del deman-dante es que un día durante la comida había una huésped, la- Sra. Brenes (cuyo testimonio no le mereció crédito a la corte inferior) y que la esposa empezó a quejarse del ser-vicio, de la pérdida del dinero de ella por él y que se estaba cansando de todo esto, llamándole incidentalmente en la forma usual de pillo, etc.; que ella no podía continuar viviendo en su compañía y que se sentía con deseos de abandonar la casa. Él admite que como resultado de sus observaciones él se indignó y le dijo que podía irse cuando quisiera. Dice que no fué liasta algún tiempo después que ella abandonó el bogar. La versión de ella es que babía tenido un disgusto con una de las sirvientas y que la sirvienta le babía. con-testado en forma irrespetuosa; que durante la comida ella se quejó de esto a su esposo y que éste le contestó que ella, la esposa, debía irse de la casa, que él se estaba cansando de decirle que se fuera. La corte inferior creyó la versión becba por. él. Hallamos que la corte de distrito no cometió error al resolver en favor del demandante por la causal de abandono. ,

La corte tuvo derecho a creer que la esposa y no el marido, era la culpable. Somos igualmente del criterio, aunque no tan fuertemente, de que la corte inferior estuvo justificada al resolver en favor del marido por razón del supuesto trato cruel por parte de la esposa. La duda es que un hombre frecuentemente toleraría alguna de la conducta descrita en los autos y no alegaría trato cruel. En realidad el marido babía condonado antes un gran número de actos de la misma índole. Su esposa estaba muy mal de salud. Sin embargo, la prueba tendió a demostrar que la demandada no solamente insultaba a su marido, sino también que lo bacía frente a otras personas. Que estas cosas se las decía a los socios del demandante; que ella le acusó de habérsele quedado con su dinero así como de los otros hechos que previamente hemos reseñado.

La sentencia dehe ser confirmada.

Los Señores Jueces Presidente del Toro y Asociado Oór-dova Dávila, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Worn?

text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Cruet Carrasquillo y su esposa María Cornelia Cruet, demandados y apelantes.
    Núm. 7276.

    Sometido: Junio 15, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; C. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Worn?

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ejecutivo sumario el Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, obtuvo sentencia contra Cristóbal Cruet Carrasquillo y su esposa. Aparentemente bubo alguna amenaza por liarte de Cruet Carrasquillo de iniciar un litigio para anular la sen-tencia, mas sea ello como fuere, las partes se pusieron de acuerdo y convinieron que Cristóbal Cruet podía continuar en posesión del terreno. Así lo hizo y lo cultivó por espa-cio de un año. Entonces el Banco solicitó de la corte que expidiera un auto poniéndole en posesión. La corte actuó de conformidad. Más tarde, Cruet solicitó que se dejara sin efecto la orden en que se entregaba al Banco la posesión del terreno. La Corte declaró sin lugar su moción y Cruet apeló.

El Banco de Puerto Rico lia solicitado la desestimación del recurso basado en que las órdenes poniendo a una parte en posesión luego de dictarse sentencia en un procedimiento ejecutivo sumario no son apelables.’ Los casos que sostienen esta contención son los siguientes: Roig Commercial Bank v. Bustelo, 44 D.P.R. 541; Banco de P. R. v. Francisco del Moral, 48 D.P.R. 2.

La teoría constante lia sido que, con ciertas excepciones, el remedio del deudor hipotecario lo es un pleito ordinario, y cuestiones incidentales, incluyendo la de posesión, no pue-den ser levantadas en el procedimiento ejecutivo sumario, y en su consecuencia no pueden ser revisadas en apelación por este tribunal.

Sin embargo, el apelante trata de distinguir estos casos con el razonamiento del caso de Gratacós v. Corte de Distrito, 46 D.P.R. 175.

El caso de Gratacós no fué una excepción a esta regla, porque allí la revisión se hizo a virtud de un certiorari.

Aunque teníamos algunas dudas por razón del caso de Gratacós, supra, estamos abora convencidos de que no pro-cede una apelación en este caso.

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Cruet Carrasquillo y su esposa María Cornelia Cruet, demandados y apelantes.
    Núm. 7233.

    Sometido: Junio 17, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; C. Domínguez Bu-bio, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El incidente en este caso surgió bajo los hechos del recurso núm. 7276 que acabamos de resolver y envolvía un injunction. Hubo una resolución de este tribunal requiriendo al deman-dado para que mostrara cansa por la cual la apelación no debía desestimarse por abandono. El demandado Cristóbal Cruet Carrasquillo replicó que creía haber radicado la trans-cripción de autos y la elevó. Como la apelación en el caso núm. 7276 lia sido desestimada, la cuestión en éste resulta académica y el mismo debe también ser desestimado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Los Menores Juan Ramón, Marcelino, Anselmo y Juana Herminia Ruberté, conocida por Virginia, representados por su Defensor Judicial Pablo Ruberté, demandantes y apelantes, v. The American Railroad Company of Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 6846.

    Sometido: Junio 7, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      Fernando B. Fornaris, B. Hernández Matos y E. Huertas Zayas, abogados de los apelantes; Mariano Aeosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La Central Fortuna es dueña de una vía ferroviaria que conecta con los rieles de la American Railroad Company. Tanto la Central Fortuna como la American Railroad Company hacen otras operaciones por esta vía de la Central For-tuna. Estos rieles cruzan la carretera, que conduce de Santa Isabel a Ponce y el accidente, o los hechos que contribuye-ron al accidente en este caso, ocurrieron todos cerca de la intersección de dicha vía con la carretera que está entre Santa Isabel y Ponce.

El día del accidente la American Railroad Company había enviado un automóvil ferroviario por dicha vía para algún fin, relacionado quizá con la recolección de las cañas que tendría lugar algún tiempo después. Mientras éste se acer-caba al cruce el conductor del automóvil de vía vió un camión Graham Paige que venía por la carretera de Ponce a Santa Isabel. El conductor, conforme creyó la corte inferior, tocó el Iclaxon, redujo la velocidad y se detuvo con la prontitud que le fué posible, pero de hecho penetró una corta distan-cia en la carretera que está entre Santa Isabel y Ponce. Se desprende que a no ser por haber visto el camión Graham, el conductor de la teresina hubiera actuado como si tuviera la vía franca. Hacia la izquierda del conductor la carretera de Santa Isabel a Ponce es obscurecida por árboles y foresta. Todos los testigos declararon respecto al hecho de que un camión que venga de Santa Isabel no puede ver la vía hacia la derecha, y las personas que caminen por la vía en direc-ción al cruce, conforme lo hacía el automóvil ferroviario, no puede ver los vehículos que vengan de Santa Isabel.

Casi en el preciso momento en que se detuvo el automó-vil de vía fué chocado por un camión Ford que se dirigía de Santa Isabel a Ponce. El impacto del camión fué sufi-cientemente fuerte para sacar a la teresina fuera de los rie-les, un corto trecho hacia Ponce. Esta colisión, o la posi-bilidad del choque, fué vista por el conductor del camión Graham cuando estaba como a diez metros o cosa así del automóvil de vía. El testimonio difiere en lo que a la velo-cidad a que el camión Graham corría, mas la corte inferior creyó que éste viajaba a mucha velocidad. El chófer del camión Graham Paige creyó que tendría un accidente de seguir adelante y por tanto viró rápidamente hacia su dere-cha por un camino vecinal; el camión se volcó hacia su izquierda y mató a Justo Ruberté, cuyos herederos y padre han instado los varios pleitos que están ante nos. El litigio fué iniciado contra la American Railroad Company y la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en favor de la deman-dada.

Uno de los señalamientos de error era que la demandada, American Railroad Company, estaba obligada a tener un guardabarrera o cadenas en el cruce del ferrocarril y la carretera. En tiempos de cosecha la Central Fortuna tenía allí un guardabarrra, pero fuera del período de zafra, no se tomaba esta precaución. Ha habido mucha discusión en torno a si la American Railroad Company al correr trenes o vehículos por este camino no estaba obligada a mantener un guardián de alguna clase. No hallamos que la ley escrita claramente imponga este deber a una compañía ferroviaria que usa una vía que no le pertenece. Quizá surgió alguna obligación en la American Railroad Company cuando inesperadamente usó la vía o tal vez surgió algún deber en la Central de mantener un guardabarrera cuando tenía conocimiento de que sus vías iban a ser utilizadas. Desde el ángulo en que enfocamos este caso, es innecesario decidir positivamente si la American Railroad Company estaba específicamente obligada por ley a mantener un guardabarrera.

En el momento que escribimos esta opinión no tenemos pleno conocimiento de la naturaleza de la vía poseída por la Central Fortuna. Probablemente no importa mucho el sen-tido en qne el automóvil ferroviario perteneciente a la American Railroad Company ocupó las vías de la Central For-tuna. En toda la Isla de Puerto Rico existen vías ferro-viarias pertenecientes a corporaciones y a entidades priva-das que prácticamente nunca son usadas a no ser en tiempo de cosecha o en tiempos inmediatamente anteriores o poste-riores a éste. Una persona que viaja por una carretera en un vehículo de motor no está, de ordinario, obligada a.tomar el mismo cuidado al pasar por una de estas vías que aquél que cruza las vías regulares de la American Railroad Company. Las personas que transitan por las carreteras siem-pre están obligadas a tomar ciertas precauciones, mas no creemos que estén obligadas a pararse, mirar y oír cada vez que se acercan a una vía ferroviaria, especialmente si ésta no pertenece a una corporación de servicio público que puede usarla en cualquier momento.' La intersección era un paso a nivel. En otras palabras, que las personas que transitan por la carretera, y desde luego aquéllas que vienen de Ponce, pueden ver una. larga distancia hacia adelante.

Donde se tienen guardabarreras durante una buena parte del año no se espera que los que viajan por la carretera tomen un cuidado extraordinario, sino solamente uno razonable. La prueba no nos convence de que el camión Graham o el camión Ford corrieran a mucha velocidad, o a una velocidad que un hombre de ordinaria prudencia no hubiera caminado.

Surgió la cuestión relativa a. si el chófer del camión Graham actuó en una emergencia. Los letrados de los apelantes admitieron durante la vista que si el chófer hubiera continuado su camino, probablemente hubiese cruzado la vía sin ocurrirle nada. No obstante, estamos contestes con los apelantes en que él tenía derecho a creer que de continuar podía tener serias dificultades, de no tener un choque. La apelada no está equivocada al sostener que la American Railroad Company estaría totalmente exonerada si sin justifica-ción el conductor del camión Graham hubiera virado hacia la derecha.

La prueba, según hemos dicho, no- nos convence de que el conductor del camión Ford caminara a una velocidad exce-siva. Tampoco estamos convencidos de que él pudo ver el automóvil de vía o aún haber oído su bocina, asumiendo, con-forme lo hacemos, que ésta se tocara. Hemos tenido distin-tas impresiones en este caso, pero en el análisis final no pode-mos convenir con la corte inferior en que el proceder de los chóferes de los dos camiones, conforme fué analizado separa-damente por ella, fuera negligente.

Ahora bien, desde luego, la causa física de la muerte de Justo Ruberté fué el proceder del camión Graham Paige, mas la actuación del chófer del Graham Paige fué tan inocente como la de la última persona que lanzó el buscapiés en el famoso caso de Scott v. Shepherd, 2 W. Bl. 892. El acci-dente en su consecuencia se debió necesariamente a la con-ducta del camión Ford o a la de la compañía ferroviaria y hemos exonerado al camión Ford.

Por tanto, la cuestión principalmente surge en torno a si el automóvil de vía que estaba bajo el control de la American Railroad Company fué culpable de negligencia, y cree-mos que lo fué. Bajo los hechos reseñados, los derechos de los viajeros por la vía pública entre Santa Isabel y Ponce eran mayores que los derechos del automóvil ferroviario. Nada hallamos en los autos que demuestre que el automóvil de vía tuviera un derecho superior o un derecho aún igual a pasar por aquel cruce.- Las personas que transitan por las carreteras en esta época específica del año no tienen el deber de esperar que salga una teresina. Por otra parte, el conductor del automóvil ferroviario estaba obligado a saber que iba a cruzar una carretera de mucho tránsito. A tal extremo que dada la obstrucción por el follaje, creemos que en ausencia del guardabarrera, era el deber del conductor ■del automóvil de vía hacer cuanto estaba a su alcance para ■evitar un choque, aun quizá mandar un observador a manera de vigía.

Debe revocarse la sentencia apelada, y en su lugar dic-tarse otra declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada American Railroad Company of Porto Rico ■a pagar a los demandantes mancomunadamente la suma de $4,000 por concepto de .daños y perjuicios, todo ello sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victoriano Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 6724.

    Sometido: Julio 23, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      Pedro E. Angiade, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Victoriano Pérez fué convicto de tener en su posesión un arma de fuego sin haberla registrado, todo esto en violación de la Ley núm. 14 de 1936 ( (2) pág. 129). Apeló de la sen-tencia. Durante la pendencia de su apelación la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 75 de marzo 12, 1937. Esta Dey cambió sustancialmente algunas de las disposiciones de la ley anterior, y fijó un nuevo término a contar de la fecha de la misma para el registro de armas de fuego. El ape-lante sostiene que la ley anterior fué enteramente derogada por la posterior y que ya que bajo esta última ley el tiempo para registrar las armas fué prorrogado, el apelante, aun en apelación, tiene derecho a gozar del beneficio del término-así prorrogado. Ésta es la regia general.

El fiscal no está en desacuerdo con la regia general pero-sostiene que no toda la ley de 1936 supra, fué derogada. Llama nuestra atención hacia el hecho de que solamente cier-tas secciones de la misma fueron modificadas o enmendadas.. Una de las secciones modificadas fué la número 7, la que,, en unión de la 9, fijó el nuevo término. En su consecuen-cia, el fiscal conviene en que procede ordenar el sobresei-miento y archivo de la causa, y así lo hacemos.

Se revoca la sentencia apelada y se ordena el archivo y sobreseimiento de la causa en la corte inferior.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.