author: El Juez Asociado Señor FráNco Soto,

text:
    Jesús M. Rossy, demandante y apelante, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelado.
    No. 3665.

    Visto: Junio 26, 1925.

      Resuelto: Noviembre 10, 1925.
    1. Arrendador y Arrendatario — De dos Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General — Requisitos y Validez — Naturaleza del.Contrato de Arrendamiento. — Un convenio en que una parte cede a otra en arrendamiento' una parcela de terreno para dedicarlo ésta a la. extracción de piedra, y en el cual el precio del contrato se enumera en parte lijándose una suma mensual hubiera o no extracción- y además una parte alícuota por cada metro cúbico según la producción excediera de cierto -límite, disponiéndose la manera de comprobar los metros cúbicos de piedra utilizados por el arrendador, es por su naturaleza un contrato de arrendamiento.
    2. Arrendador y Arrendatario — Cosa Objeto- del Arrendamiento (Premises) y Goce y Uso de la Misma — Posesión, Goce y Usio — Distinción Entre dos Vocablos “Goce” y “Uso”. — Los vocablos “goce” y “uso” que emplea el artículo 1446 del Código Civil no envuelven el mismo concepto y son los que denotan la diferencia entre el arrendamiento y la venta, pues el segundo no faculta al arrendatario para disponer de la cosa, y el primero le permito hacer suyos los frutos que produzca. El derecho a las utilidades se ha extendido dentro de la concepción del arrendamiento a la apropiación de la sustancia misma de la cosa, como ocurre en las llamadas industrias ex-tractivas.
    3. Arrendador y Arrendatario — De los Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General — Obligaciones del Arrendatario — Devolución de la Finca Arrendada al Concluir el Arriendo. — El precepto del artículo 1464 del Código Civil de que el arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, no es imperativo, sino de naturaleza suple-toria y puede ser derogado o modificado por la voluntad de los contratantes.
    4 Arrendador y Arrendatario — De' los Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General — Bequisitos y Validez — Precio Cierto del Contrato— Preceptos Estatutorios. — El precio cierto de que habla el artículo 1446 del Código Civil quiere decir precio que se puede enumerar o estimar según se trate de dinero o especies.
    5. Arrendador y Arrendatario — De los Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General — Requisitos y Validez — Precio Cierto del Contrato— Participación en las Utilidades de la Oosa Arrendada. — La adición, al precio de un contrato de arrendamiento de finca para la extracción (le piedra, de una cantidad alícuota por cada metro cúbico dependiente de quo la producción exceda de cierto límite, sí bien hace irregular la percepción del precio, es una modalidad que no sólo no desvirtúa el nombre con que las partes calificaron el contrato, sino que puede convivir con el arrenda-miento y no hace complicada ni compleja la forma de pago.
    6. Arrendador y Arrendatario — De los Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General — Bequisitos y Validez — Pactos que no Desvirtúan la Esencia del Contrato. — El acuerdo de las partes al efecto de que el arrendatario queda obligado a destinar la finca arrendada al solo objeto de la extracción de piedra y que ninguno de ellos puede ejercer la misma industria, es un pacto licito que en nada desvirtúa la esencia del contrato de arrendamiento. .
    7. Arrendador y Arrendatario — De los Contratos de Arrendamiento y Con-venios en General •— Bequisitos y Validez — Rescisión del Contrato— Motivos que Pueden Dar Lugar a la Bescisión. — En cuanto a los motivos que pueden dar lugar a la rescisión del contrato de arrendamiento, el pre-cepto del artículo 1459 del Código Civil no limita ni altera la acción de desahucio cuando existe el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que dan origen a dicha acción y más bien coexiste con ella.
    8. Elección de Bbmedios — Derecho a Elegir el Procedimiento — Rescisión del. Contrato de Arrendamiento. — Al arrendador corresponde hacer la elección del procedimiento para, obtener la rescisión de un contrato de arrendamiento, ya haciendo uso del sumario de desahucio o el más amplio del juicio ordi-nario, y una vez hecha la elección la corte no tiene poder para sustituir sir derecho de acción.
    SENTENCIA de M. Rodrigues Serra, J. (Segundo Distrito, San. Juan), desestimando 1a, demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Eduardo Acuña, Jesús M. Rossy j Luis Janer, abogados del ape-lante; Jacinto Texidor, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor FráNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento sumário de desahucio. La de-manda descansa en dos causas de acción: la primera, atañe al incumplimiento de ciertas condiciones del contrato; y la ■segunda, a la falta de pago del canon de arrendamiento.

La acción se siguió por todos los trámites que regula el procedimiento especial de desahucio, pero es de notar que ■durante el juicio no se limitaron los términos o plazos para la presentación de las pruebas, permitiéndose una amplitud completa por una y otra parte en la práctica de las mismas.

El juez inferior, sin embargo, no apreció los méritos de Ja evidencia y se limitó únicamente en su decisión a resolver el punto técnico que consideró de previo pronunciamiento, refiriéndose a la naturaleza del contrato base de la demanda y declarando que no se trataba de un contrato de arrenda-miento, desestimó la demanda para que las partes ventila-ran los méritos del caso en el juicio plenario. Es singular, no obstante, que las partes habían aceptado el debate dando por sentado el concepto de arrendamiento del contrato, pues el demandado se concretó en su contestación a negar los he-chos sustanciales de la demanda y a establecer nuevas de-fensas que en nada se relacionaban con la calificación o nombre del convenio y sin que se intentara impugnar el procedimiento especial que había sido elegido por el deman-dante.

El contrato escrito que se ofreció en evidencia no difiere de la relación que del mismo se hace en la demanda. Según se lee del convenio el demandante cede en arrendamiento al demandado una parcela de terreno de 5% cuerdas que se describen y demarcan por sus puntos. Por la cláusula 2o- el arrendatario dedicará la parcela de terreno “a la extracción, utilización para él y venta de piedra en cualquiera de sus formas en bloques o sillares, bruta, triturada y pulverizada . . . .”, etc. Por la 4? se estipula que la compensación que el arrendatario pagará al arrendador se esta-Mecerá bajo la base de “Derecho de cantera” en la manera y proporción que especifica la cláusula 5‘- que literalmente dice:

“Quinta: El ‘Derecho de Cantera,’ anteriormente dicho, consis-tirá en el pago por el señor del Valle Zeno al señor Bossy de una determinada cantidad de dinero por cada metro cúbieo de piedra utilizado para la venta por el primero, de acuerdo con la siguiente escala:
“A. Si la extracción fuere de cuatrocientos metros cúbicos du-rante cada mes o menos de esa cantidad, o aun cuando no hiciese •extracción alguna, el señor del Valle Zeno pagará al señor Bossy la suma de cien dólares, por cada mes, verificándose este pago dentro de los cinco primeros días del siguiente mes de la extracción y em-pezando a contarse desde la fecha del otorgamiento de este contrato que firman ambos contratantes.
“B. Si la extracción se verificase por cantidad de cuatrocientos metros cúbicos en adelante, entonces el señor del Valle Zeno, ade-más de los cien dólares fijados en el párrafo anterior, letra A, pagará al señor Bossy la suma de diez centavos por cada metro cúbico de piedra, que, en adición a los cuatrocientos metros fijados en el pá-rrafo anterior, letra A, utilice el señor del Valle Zeno para la venta, verificándose también el pago dentro de los cinco primeros días del siguiente mes de la extracción y empezando a contarse desde la fe-cha del otorgamiento de este contrato, que firman ambos contra-tantes.”

Y por la cláusula 6* se dispone la manera de comprobar el número de metros cúbicos de piedra utilizados por el arrendatario, y en tal sentido “el encargado del señor Bossy llevará nota diaria de la piedra de acuerdo con los compro-bantes de-‘conduce’ o boletos que'por cada truck u otro ve-hículo que salga de la finca le entregará el encargado del señor Valle Zeno”, .... etc.

El razonamiento del juez inferior en su opinión para ca-lificar bajo esos términos el contrato de compraventa de pie-dra, se resume diciendo: 1°, el predio de que se trata es una cantera de piedra y no era objeto de cultivo o explotación agrícola o pecuaria; 2P, no se deja al libre arbitrio del llamado arrendatario el modo de usarlo o disfrutarlo y se le impone una forma precisa de disfrute; 3°, que el goce o uso de que liabla el artículo 1446 del Código Civil son tér-minos que implican continuidad de existencia de la cosa usada, y que en este contrato su objeto es, en último tér-mino, vender, desprendiéndose definitivamente el dueño de la cosa que para él deja de existir; y 4P, establecer corno cuestión meritoria que el demandado a quien se le obliga a destinar el predio a la extracción de piedra lia lieclro una inversión por valor de $30,000 en la instalación de maqui-narias trituradoras y otros implementos de extracción y compra de autocamiones de carga para el transporte de la piedra al mercado.

El apelado siguiendo el criterio del juez inferior sostiene además en su alegato que el contrato no es de arrendamiento porque no puede cumplirse en él la indispensable condición que a los arrendamientos fija el artículo 1464 del Código Civil, o sea, la de devolver la finca en el mismo estado en que se recibió, dado que se pacta la extracción y venta de piedra y porque el precio no tiene los caracteres de un canon de arrendamiento por haberse fijado como una participación en las utilidades de la finca.

El Código Civil no define en general el concepto de arren-damiento. Habla de que el arrendamiento puede ser de co-sas, o de obras o de servicios. A.rt. 1445, Comp. see. 4551. Y en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo deter-minado y precio cierto. Art. 1446.

Manresa al referirse al contrato de arrendamiento y a los artículos equivalentes del Código Civil español dice que el legislador tuvo buen cuidado de no aventurar una defini-ción única y en vez de definir el arrendamiento en general, lia definido, de una parte el arrendamiento de cosas, y de otra, el arrendamiento de obras y servicios. Tomo 10, págs. 433 y 434.

Se ve, pues, que en el Código Civil español no se quiso introducir novedad alguna y se conservó la tradición, arran-cando sus precedentes del derecho romano, al que siguió la antigua legislación española. En la obra de Carlos Maynz sobre el derecho romano, traducción de Pou y Ordinaz, tomo 2, p. 255, podemos leer lo siguiente:

"El arrendamiento presenta una grave analogía con la venta: se podría aún decir que era la venta del uso determinado de una cosa o de un trabajo. Así, pues, la mayor parte de las reglas gene-rales son comunes a los dos contratos. Por esto el contrato de arren-damiento exige la reunión de las tres condiciones, que hemos enu-merado en la venta, res, pretium, consensus.”

En un sentido parecido Scaevola dice: “Podríamos de-cir sin temor a la paradoja, que el arrendamiento es la com-praventa temporal de los derechos de uso y fruición sobre la cosa ajena.” Yol. 24, parte Y, p. 402. Y así puede en-tenderse que los puntos de contacto que el arrendamiento tiene con la compraventa es lo que induce a confusión en ciertos casos. No siempre además en los arrendamientos se adopta lo que podríamos decir el tipo ordinario. Se pactan a veces en él ciertas condiciones especiales que si hacen más compleja su naturaleza, no por eso deja de serlo si así lo han querido y ha sido la intención de las partes, manifestán-dose esta última por lo menos por el nombre que como tal le han dado al contrato. Los glosadores del derecho romano solían designar esos arrendamientos de clase compleja con el término de “loeatio irregularis.” Pero actualmente pa-recen existir razones más justificadas, debido a la intensidad de la vida económica, para que las formas jurídicas sean más diversas e irregulares sin desvirtuar la esencia del con-trato. No sería posible puntualizar la variedad de formas que puede tomar el arrendamiento, pero .“allí donde existe una apropiación exclusiva y legitimada por el derecho, aun-que sea en un glaciar de los Alpes o en el pozo profundí-simo de una mina, allí hay una cosa susceptible de arrenda-miento.” Scaevola, vol. 24, parte Y, p. 394.

Los vocablos “goce” o “uso” que emplea el artículo 1446 del Código Civil al definir el arrendamiento de cosas y que el juez inferior considera que envuelven el mismo con-cepto son los que denotan la diferencia entre el arrenda-miento y la venta. No es lo mismo usar que gozar. Lo primero no da facultad para disponer, implica únicamente el uso de la mera posesión, o sea, obtener de la cosa todo el uso y los servicios que puedan sacarse de ella. Lo segundo ya se acerca más a la venta porque permite al arrendatario liacer suyos los frutos o productos que produzca. Y" este derecho en cuanto a las utilidades es el que se lia extendido dentro de la concepción del arrendamiento. Por hábito mental parece que sólo podemos concebir el arrendamiento bajo-su aspecto ordinario de usar solamente o disfrutar haciendo nuestro los productos agrícolas o pecuarios. El último con-cepto se ha extendido a la apropiación de la sustancia misma de la cosa y esto ocurre con las llamadas industrias extrac-tivas, como la explotación de minas y canteras, bosques, caza, pesca, etc. Y nada se encuentra en la jurisprudencia que niegue que tales industrias puedan ser objeto del con-trato de arrendamiento.

Parecería ahora claro, dada la naturaleza de esas industrias extractivas, que el fundo no puede ser devuelto como lo recibió el arrendatario. Este es el aspecto que tal yez más ha confundido al juez inferior y que sostiene el apelado. La materia extractiva, como en este caso, la extracción de la piedra, puede llegar hasta la extinción de la cantera, como en las minas puede agotarse el filón o yacimiento, pero el fundo nunca se extingue. Además, el precepto del Código Civil (art. 1464) de que el arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, no es imperativo sino de naturaleza supletoria y puede ser derogado o modificado por la voluntad de los contratantes. Manresa, tomo 10, p. 581.

Se discute por otra parte la forma en que se ha fijado el precio y se sostiene por el apelado que no tiene los caracteres de un canon de arrendamiento. El precio cierto de que habla el art. 1446 del Código Civil quiere decir precio que se puede enumerar o estimar según se trate de dinero o especies.

“El precio, como la venta, debe ser verdadero y cierto, y con-sistir en una cantidad determinada de dinero. Cuando se trata de Una cosa o de una operación que da frutos u otros productos, el al-quiler puede consistir en una cantidad del producto, ya esta can-tidad sea determinada de una manera invariable, o ya consista en una cuota parte de los productos.” Obra de Maynz citada.

En este caso el precio del contrato se enumeró en parte fijándose una suma de $100 mensuales, hubiera o nó ex-tracción de piedra. Se añadió además una cantidad alícuota por cada metro cúbico dependiente que la producción ex-cediera de cierto límite. Cláusula 5® del contrato, supra. Esta adición ciertamente hace irregular la percepción del precio, pero más bien es una modalidad más o menos sui géneris que no desvirtúa el nombre con que las partes han querido calificar el contrato y puede convivir con el arren-damiento. “Si se nos preguntase,” dice Scaevola, “cuál era la naturaleza jurídica de un contrato en el que una de las partes concediera el uso y disfrute de un predio de su propiedad a trueque de recibir de la otra parte, cien duros en dinero, diez almudes de habas, cincuenta fanegas' de trigo y el derecho al aprovechamiento de los pastos de un prado por toda la duración del contrato, responderíamos sin ningún linaje de escrúpulo que se trataba de un contrato de arrendamiento.” Scaevola, tomo 24, p. 404. No es por otra parte un elemento que hace más compleja o complicada la forma de pago. Sabiendo el número de metros extraídos, la operación no puede ser más simple: es cuestión de una multiplicación.

De igual modo no es razonamiento serio o de peso, que porque se imponga al arrendatario el objeto a que tiene que dedicar el fundo sin que él y el arrendador puedan dedicarse al mismo negocio en otros predios, tal condiciónafecta el verdadero concepto del arrendamiento. Ya el ar-tículo 1458, inciso 2o, dispone qne el arrendatario está obli-gado a destinar la cosa al riso pactado, y el acuerdo de las partes de que el arrendatario queda obligado a destinar la finca al solo objeto de la extracción de piedra y que nin-guno de ellos puede ejercer la misma industria, es un pacto lícito que en nada varía la esencia del contrato de arrenda-miento.

También es objeto de contención cuál pueda ser el medio adecuado para la rescisión del arrendamiento. La demanda de desahucio fué desestimada porque se sostuvo que no se trataba de un contrato de arrendamiento, y porque en el supuesto que así fuese, se sostiene que no procede el juicio de desahucio por tratarse de un arrendamiento de elementos complejos. Hemos rebatido una y otra cosa al analizar la naturaleza del contrato mismo. Añadiremos, sin embargo, en cuanto a los motivos que pueden dar lugar a la rescisión que el precepto del artículo 1459 no limita ni altera la acción de desahucio cuando existe el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que dan origen a dicha acción especial, y más bien coexiste con ella. Dicho artículo dice:

“Art. 1459. — Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pe-dir la .rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjui-cios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.”

La ley estableciendo el procedimiento de desahucio, apro-bada en marzo 9, 1905, (Comp. see. 1625) si bien alude a las causas de desahucio fué con el fin de fijar la competencia de las cortes que habían de conocer del procedimiento suma-rio, pero en realidad las causas que se especifican en el ar-tículo 1472 del Código Civil y que dan origen al desahucio han quedado subsistentes. Está es materia propia del Có-digo Civil como ley sustantiva, mientras que la acción que de ella se deriva corresponde ser regulada por la ley de desahucio, como derecho procesal. Manresa, en relación con este extremo, dice:.

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cum-pliere lo que le incumbe, — dice el art. 1124 del Código Civil, y por medio del desahucio se resuelve o rescinde el contrato de arrenda-miento con un procedimiento breve y adecuado a la índole dél asunto.” Comentarios al Código Civil, tomo 10, p. 630.

El mismo autor en la página 545, 2a edición del mismo tomo sigue diciendo:

“Debe asimismo tenerse en cuenta qrre el precepto del artículo 1556 no altera ni limita la eficacia del art. 1569, que fija las justas causas del desahucio y que no puede racionalmente nacer cuestión alguna de la comparación de un artículo con otro, que tienda a des-virtuar la acción de desahucio que el arrendador interponga contra el arrendatario en los casos en que la ley concretamente lo auto-riza. ’ ’

Los artículos 1124, 1556 y 1569 citados están reproducidos en el Código Civil Revisado bajo los números 1091, 1459 y 1472, y ellos, respectivamente, dicen como sigue:

“Art. 1091. — La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.”
* * * * * #
“Art. 1459. — Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.”
“Art. 1472. — El arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por alguna de las_ causas siguientes:
“1. Haber expirado el término convencional o el que se fija para la duración, de los arrendamientos en los artículos 1480 y 1484.
“2. Falta de pago en el precio convenido.
“3. Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato.
“4. Destinar la cosa arrendada a .usos o servicios no pactados que la hagan desmerecer; o no sujetarse en su uso a lo que se or-dena en el número 2 del artículo 1458.”

El arrendador es por consiguiente el que puede hacer la elección del procedimiento para obtener la rescisión ■ del con-trato de arrendamiento, ya haciendo nso del sumario de desahucio o el más amplio del juicio ordinario. No importa que el demandado haya invertido la suma de $30,000 en su industria, como se hace mérito por el juez inferior, para así impulsar su negocio dentro del arrendamiento. Este es un mero incidente que no debió impresionar al juez inferior, y si el arrendatario falta al contrato de algún modo, la elec-ción del remedio subsiste en el arrendador y la corte no tiene poder para sustituir su derecho de acción una vez hecha su elección. El juez inferior erró por tanto al sobreseer el procedimiento de desahucio y no apreciar los méritos del caso.

La sentencia debe revocarse y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Antonio Ramírez Muñoz, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 622.

    Sometido: Noviembre 2, 1925.

      Resuelto: Noviembre 13, 1925.
    Hipoteca — Inscripción- y Registro — Liberación Parcial del Gravamen — Con-sentimiento del Deudor. — Vendida “sin reserva ni limitación alguna" una parcela segregada de una finca mayor hipotecada, el aereedor hipotecario puede por sí solo liberar dicha parcela de la hipoteea. No es necesario que el deudor comparezca y consienta en la liberación.
    Nota de Pérez Mercado, R.. (Guayama), negando inscripción de es-critura sobre liberación de gravamen.-

      Revocada.

    El recurrente no-compareció. El registrador compareció ■ por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de agosto de 1918 los esposos Ortiz-Guarch vendie-ron a Antonio Ramírez dos cuerdas y setenta y cinco centé-simas de terreno que segregaron de una finca mayor. En la escritura se expresó que la finca mayor estaba gravada con una hipoteca de seis mil dólares constituida a favor de doña Carmen Joglar. El precio de la venta fue quinientos cincuenta dólares que el vendedor confesó haber recibido. La venta se hizo “sin reserva ni limitación alguna.”

El 29 de julio de 1925, doña Carmen Joglar otorgó una escritura en la cual hizo constar que “Libera y deja, en con-secuencia, exenta de los efectos legales de la hipoteca que grava la finca principal, a la parcela de dos cuerdas y se-tenta y cinco centésimas, queriendo y consintiendo que la susodicha hipoteca continúe vigente, en su totalidad, res-pecto de la finca principal.” En la dicha escritura compa-reció el comprador Ramírez pero no los vendedores Ortiz-Guarch y en ella se hizo constar, además lo que sigue: que la compra de las dos cuerdas y setenta y cinco centésimas se verificó “pagando su precio de contado el comprador, sin obligación, por su parte, de pagar suma alguna de dinero a la acreedora hipotecaria, por continuar a cargo del vende-dor la obligación de satisfacer, en su totalidad, el montante de dicha hipoteca y de sus intereses.”

Presentadas ambas escrituras en el registro, el registra-dor se negó a inscribir la liberación del gravamen por no> haber concurrido y consentido el dueño de la finca principal.

Para sostener su negativa invoca el registrador el ar-tículo 123 de la Ley Hipotecaria que dice:

“Si una finca hipotecada se dividiere en dos o más, no se dis-tribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando voluntariamente lo acordaren el acreedor y el deudor. No.verificándose esta distri-bución, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma ga-rantida contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya divi-dido la primera o contra todas a la vez.”

T luego razona, en parte, del siguiente modo:

“No hay duda sobre que la facultad de cancelar radica única-mente en el acreedor. Tampoco ofrece duda a nuestra mente, la facultad del acreedor en un caso como el que nos ocupa, de dejar libre cualquier fracción de la finca fraccionada. Lo que a nuestro juicio no puede hacer el acreedor es acumular la totalidad del cré-dito a una o varias porciones dejando libres las demás, sin prestar su consentimiento los dueños de las parcelas,que conserven el gravamen. La obligación solidaria que establece la ley a su favor no le faculta para extinguir y anular, sin su consentimiento, las acciones especiales de los deudores entre sí, provenientes de tal solidaridad.”

No estamos conformes. Hubiera sido más claro y pre-ciso que en la primera escritura se hubiera hecho constar lo que aparece en la segunda, y ya que no se hizo así, que el vendedor y deudor hipotecario hubiera concurrido al otorga-miento de la segunda y expresado su consentimiento, pero no era indispensable. Al consignarse en la primera escri-tura que la venta se hizo sin reserva ni limitación alguna, por precio de contado, se expresó todo lo que era necesario. El vendedor no podía liberar de la hipoteca por sí mismo la porción vendida. Tal poder residía enteramente en el acreedor.

La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes so-bre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cum-plimiento de la obligación para cuya seguridad fué consti-tuida. Supone una obligación principal que en este caso fué contraída enteramente por los esposos Ortiz-Gfuarch. El deudor gravó su finca en garantía de su deuda. La garantía beneficiaba únicamente al acreedor. Renunciando ese bene-ficio, el acreedor podía a su arbitrio consentir en liberar no ya una parte sino la totalidad de la finca y eso no obstante, si la deuda no había sido pagada, subsistiría como una obli-gación personal del deudor.

Al cancelar el acreedor hipotecario lo que hizo fué dis-minuir la garantía que se le había dado para el caso de que el deudor no cumpliera su compromiso de pagar a tiempo. La obligación del deudor permaneció enteramente igual. Para nada era necesario, pues, su consentimiento. En nada podía perjudicarle la liberación.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Carmen Pardo, demandante y apelante, v. Prudencio Cordero, demandado y apelado.
    No. 3794.

    Visto: Noviembre 9, 1925.

      Resuelto: Noviembre 13, 1925.
    Apelación t Error — Récord y Procedimientos que no BstIn en Récord— Preparación, Radicación y Servicio de Copias — Término para Radicar el Transcript — Palta de Radicación Dentro del Término.' — En los casos en que no se practica prueba o se celebra juicio, no hay que acudir a la exposición del caso o transcripción de la evidencia; y si el transcript — actuaciones que constituyen el legajo de la sentencia — no se radica en el Supremo dentro de los treinta días de presentado el eserito de apelación, procede desestimar el recurso interpuesto.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      .Con lugar.

      M. Gaetán Barbosa, abogado de la apelante; C. del Toro Fernán-dez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, basándose en una excepción a la de-manda por haberse extinguido la causa de acción, dictó sen-tencia en este caso declarando sin lugar la demanda con costas.

El demandante interpuso apelación y pidió a la corte que ordenara al taquígrafo que preparara “La transcripción del récord” a los fines de perfeccionar el recurso. Más de 30 días han transcurrido desde la fecha del escrito de apelación sin haberse elevado los autos a esta corte y éste es el funda-mento de la moción del apelado solicitando la desestimación.

No habiéndose practicado prueba en este caso o celebrado juicio, no hay que acudir a la exposición del caso o trans-cripción de la evidencia por el taquígrafo, según eligiese el apelante, para revisar la sentencia en apelación. El proce-dimiento que tan difícil u oscuro encontraba el apelante es sencillísimo: bastaba pedir al secretario de la corte inferior que expidiera una certificación de las siguientes actua-ciones: demanda, excepción previa, sentencia y escrito de apelación, y esto que constituye el legajo propiamente dicho de la sentencia y que también pueden de conformidad certificarlo las partes, es lo que tenía que archivarse en esta corte dentro de los 30 días de presentado el escrito de apelación.

La moción de desestimación debe declararse con lugar.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    Francisco López, Jr., peticionario.
    No. 7.

    Resuelto: Noviembre 16, 1925.
    1. Abogado y Cliente— La Profesión de Abogado— Admisión al Ejercicio de la Profesión — Admisión sin Exámenes — Preceptos Estatutorios. — De acuerdo con la Ley 17 de 1925 (p. 135) para que el TWbunal Supremo pueda admitir a alguna persona al ejercicio de la profesión sin previo examen, ha de estar satisfecho por la prueba que se le suministre que la misma ha prac-ticado como abogado en bufetes de abogados autorizados para el ejercicio de su profesión.
    2. Abogado y Cliente — La Profesión de Abogado — Admisión al Ejercicio de la Profesión — Admisión sin Exámenes — Evidencia — Naturaleza de la Misma. — La evidencia que se suministre a la Corte Suprema en relación con la px'áctica del' peticionario debe ser de tal naturaleza que permita llegar a dicho tribunal a la conclusión de que tal persona ha practicado como abogado en el bufete de otro que está autorizado para ejercer.
    3. Abogado y Cliente — La Profesión de Abogado — Admisión al Ejercicio de la Profesión — ’Admisión sin Exámenes' — Evidencia—Insuficiencia de la Misma. — Cuando las declaraciones presentadas por el peticionario en relación con su práctica de abogado no contienen hechos de donde el tribunal pueda deducir que tal práctica ha existido sino lá afirmación de que el peticionario ha practicado como abogado durante determinado tiempo, dicha prueba es in-suficiente y procede negar la solicitud sobre admisión sin examen.
    SoliCitud sobre admisión al ejercicio de la abogacía sin examen.
    . Sin lugar.

    El peticionario compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita que lo admitamos al ejercicio de la profesión de abogado sin examen alegando que Lace más de diez años que obtuvo su título de abogado en una univer-sidad acreditada de los Estados Unidos y que por más de cinco años lia ejercido su profesión en varios bufetes de abogados autorizados para ejercerla, acompañando con su petición el título y declaraciones juradas de abogados en ejercicio en las que éstos manifiestan que el peticionario practicó como abogado en sus bufetes en determinadas épo-cas, que suman más de cinco años.

La Ley No. 17 de 1925 (p. 135) concede el derecho de ser admitido al ejercicio de la abogacía sin examen a toda persona que habiéndose graduado como abogado en cual-quier universidad acreditada de Europa o de los Estados Unidos, por lo menos diez años antes de la aprobación de la ley, “probare a satisfacción del Tribunal Supremo, que ha practicado durante cinco (5) años por lo menos en algún bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de' Puerto Rico, . . . .”

Los términos de esa ley demuestran por sí mismos que para que este tribunal pueda admitir a alguna persona al ejercicio de la profesión de abogado sin sufrir examen pre-vio ha de estar satisfecho por la prueba que se le suminis-tre que la misma ha practicado como abogado en bufetes de abogados autorizados para el ejercicio de su profesión, por lo que dicha evidencia debe ser de tal carácter que nos per-mita llegar por nosotros mismos a la conclusión de que tal persona ha practicado como abogado en el bufete de otro que está autorizado para ejercer, y consiguientemente la prueba que se nos suministre debe exponer hechos, y no conclusiones, de los cuales nosotros podamos concluir que el peticionario ha practicado como abogado en el bufete de otro. Nosotros, como tribunal, no podemos estar obligados por la opinión de los declarantes de que el peticionario ha practicado como abogado,- y como las declaraciones presen-tadas en este caso no contienen hechos para deducir noso-tros que tal práctica ha existido sino la afirmación de que el peticionario ha practicado como abogado durante deter-minado tiempo, no la encontramos suficiente y por este mo-tivo es que negaremos lo que se nos pide. #

Negada la petición.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe, Fbanco Soto,

text:
    Rafael Silva, demandante y apelante, v. Sucn. de Valentín R. Báez, compuesta de sus hijos Micaela R. Báez, Octavio R. Báez y Josefa Báez, demandada y apelada.
    No. 3676.

    Visto: Noviembre 10, 1925.

      Resuelto: Noviembre 18, 1925.

      Venue — Cambio de Venue o de Lugar del Juicio — Solicitud de Traslado— Affidavits. — Solicitado un traslado — por razón de residencia — en pleito en que se ejercita una acción personal, debe verificarse, como cuestión de derecho, cuando los hechos que acreditan dicha residencia quedan demos--trados, y más aún cuando la demanda misma alega que dichos demandados tienen su residencia en un distrito distinto a aquél en que se ejercita la acción.
    RESOLUCIÓN de Rafael Díaz Ontrón, J. (Ponce), declarando con lu-gar moción de traslado.-

      Confirmada.

      C. R. Colón, abogado del apelante; P. Fajardo Martínez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe, Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una resolución concediendo el traslado de un pleito civil en cobro de. dinero.

El apelante alega en su misma demanda que los deman-dados no tienen su domicilio en el distrito en que han sido demandados pero insiste en sostener que la cuestión que se presenta no consiste- en si los demandados tienen o nó de-recho al traslado, sino 'exclusivamente en los méritos del affidavit para sostener tal derecho.

Esta es una cuestión que ha sido extensamente estudiada por esta Corte Suprema en los casos de Baker, Carver & Morrell v. Healy & Siebert, 31 D.P.R. 559, y Font v. Castro, resuelto en 25 de noviembre de 1924. Se hace innecesario ampliar la discusión. Basta referirnos únicamente a aque-lla parte de la opinión del caso de State ex rel. Stewart & Holmes Drug Co. v. Superior Court, 67 Wash. 321 (121 Pac. 460), citado a su vez en dichos casos, y que dice:

"Esta sección debe interpretarse con referencia a las secciones 207 y 209. Cuando así se consideran, creemos que es claro que, aun admitiendo que ciertos casos en los cuales un affidavit de- méritos considerado en su sentido técnico antiguo, es un requisito esencial previo a la orden de la corte, de aquí no se. sigue que lo es así en todos los casos. La sección 209 prescribe que la corte puede cambiar el liigar del juicio cuando aparece del affidavit que ‘el condado de-signado en la demanda no es el debido condado,’ o ‘para obtener un juicio imparcial,’ o para la ‘conveniencia de los testigos, o a los fines de la justicia.’ Claramente que el affidavit que aquí se men-ciona no es el affidavit de méritos antiguo. Los méritos del caso son inmateriales cuando el demandado puede cambiar el lugar del juicio al condado de su residencia como cuestión de derecho; o la corte, como cuestión de discreción, puede ordenar un cambio cuando se le demuestra que un juicio imparcial no puede obtenerse, o cuando la conveniencia de los testigos a los fines de la justicia así lo requieren. Un cambio del lugar del juicio se verifica de acuerdo con estas circunstancias cuando los hechos que acreditan cualquiera de estas condiciones quedan demostrados, no porque pueda haber una defensa en la acción que se sostiene por el consejo del abogado, sino por razón del estatuto mismo; y cuando se llama la atención de la corte por medio del affidavit a cualquiera de estas razones, se resolverá que es un ‘affidavit de mérito’ dentro del significado de la frase como se empleó en la sección 208, y la palabra ‘affidavit’ según aparece en la sección 269, Rem. & Bal. Code. De modo que en este caso, siendo la residencia del demandado el condado de San Juan, y apareciendo que la acción principal no será juzgada por sus méritos en el condado de King, no vemos que haya razón para intervenir con la orden de la corte, ya que se funde en el derecho absoluto del demandado (4 Ency. Plead. & Prac., pág. 393), o en la facultad discrecional de la corte.”

Por lo expuesto debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Carlos Trueba, demandante y apelante, v. Benito Zalduondo, demandado, National City Bank of New York, San Juan Branch, interventor y apelado.
    No. 3386.

    Visto: Febrero 11, 1925.

      Resuelto: Noviembre 20, 1925.
    I. Embargos — Reclamaciones bor Terceras Personas — Tercerías — Funda-mento de las Mismas. — Procede una tercería de mejor derecho cuando surge un conflicto entre ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efec-tivo sus créditos en determinados bienes de un deudor común. (Herederos de Qarriga v. O’Meara # Co., 28: 360, y Hernández v. Corte de Distrito, 34: 679, seguidos.)

      2.' Corporaciones — Capital, Acciones y Dividendos — Traspasos de Acciones— Acciones Dadas en Prenda — Requisitos y Validez del Contrato — Instru- ■ mentó Público. — Tratándose de pignoración de efectos que enumera el ax- ■■ .tíeulo 320 del Código de Comercio — acciones de corporaciones — no es nece- , sario para la pignoración de los valores el requisito de la escritura pública.
    3. Corporaciones — Capital, Acciones y Dividendos — Traspasos de Acciones— Acciones Dadas en Prenda — Traspaso en los Libros de la Corporación— Preferencia en Cuanto a Tercero. — Una transferencia de acciones pigno-radas llevada a cabo de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Corporaciones Privadas es un medio de prueba auténtico para dejar establecida la legiti- . midad del contrato de prenda respecto a tercero.
    4. Corporaciones — Capital, Acciones y Dividendos — Traspasos de Acciones— , Acciones Dadas en Prenda — Traspaso en los Libros de la Corporación— Preferencia en Cuanto a Tercero. — El artículo 1766 del Código Civil no es aplicable a la pignoración de acciones transferidas de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Corporaciones Privadas.
    SENTENCIA de Charles E. Eoole, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar demanda de tercería, eon costas.

      Confir-mada.

      M. Tous Soto, abogado del apelante; Chas. Harlzell j F. Ramírez de Arellano, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Trneba demandó a Benito Zaldnondo en cobro de dinero y para asegurar la efectividad de la sentencia trabó embargo sobre ciertos valores consistentes en acciones de de las corporaciones “La Compañía Azucarera del Toa” y la “Porto Rico Steam Laundry.”.

La apelada, The National City Baúl?; of New'York, inter-vino en el procedimiento y después de alegar que las mis-mas acciones le habían sido pignoradas y endosadas, e ins-crita sn transferencia en el libro de traspasos de acciones de las respectivas corporaciones arriba nombradas para responder al pago de dos pagarés, uno por $9,900 y otro por $1,550, que vencieron el 3 de marzo, 1923, solicitó el levanta-miento del embargo o bien que se declarara que dichas ac-ciones están preferentemente afectas al pago de los paga-rés mencionados.

La demanda interventora fné excepcionada por falta de causa de acción y siendo desestimada la excepción, se pidió por el apelante que se dictara sentencia, como así se hizo por la corte inferior, con el fin de establecer la presente apelación.

El apelante señala dos errores, a saber:

“Primero. — Al autorizar al National City Bank of New York, San Juan Branch, para intervenir en el caso, a fin de disentir su mejor derecho o preferencia para cobrarse determinados créditos con el producto en venta de las acciones embargadas en este pleito.
“Segundo. — Al desestimarse la excepción previa de falta de causa de acción contra la demanda del interventor y entender qne la misma era suficiente para establecer la existencia de un contrato de prenda contra tercero.”

La cuestión que levanta el primer error no se suscita por primera vez. En el caso de Herederos de Garriga v. O’Meara y Cía., 28 D.P.R. 360, se resolvió que cabe la tercería de mejor derecho cuando surge un conflicto entre ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efectivos sus créditos en determinados bienes de un deudor común, doctrina que fue ratificada en el de Hernández Acosta v. La Corte de Distrito de San Juan, resuelto en agosto 1, 1925, (pág. 679).

El segundo error parece de más seria importancia. El envuelve la interpretación que debe darse al artículo 1766 del Código Civil Revisado, que literalmente dice:

“Art. 1766. — No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento público la certeza de la fecha.”

No admite discusión que se trata de una regla de evi-dencia.

Los mismos comentaristas del Código Civil español, del que es reproducción el artículo transcrito (véase art. 1865 de dicho Código) sostienen en relación con el derecho de terceros que tal disposición es un precepto de carácter pro-batorio teniendo por fin especial evitar la combinación frau-dulenta entre un supuesto o verdadero deudor y un acree-dor real o fingido, impidiendo que se improvisen garantías de prenda en daño del derecho de terceros. Sánchez Román, vol. 4, p. 987. Véase Manresa, vol. 12, p. 417.

Iguales consideraciones podíamos decir que son aplica-bles al artículo 1195 del Código Civil Revisado, que lee como sigue:

"Art. 1195. — La fecha de un documento' privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorpo-rado o inscrito en un registro publico, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un fun-cionario público por razón de su oficio.”

La Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en los casos de Rucabado v. Longpré et al. y Aboy v. Longpré, 239 Fed. 291, tuvo ocasión de interpretar el último pre-cepto en el mismo sentido, y el Juez Bingham, hablando a nombre de la corte y sosteniendo que existía un conflicto entre el artículo 1195 y la Ley de Evidencia, se expresó así:

‘‘El Código Civil de Puerto Rico empezó a regir el primero de julio de 1902, pero en 9 de marzo de 1905 la Asamblea Legislativa de la isla aprobó una ley titulada ‘Una Ley para reglamentar la presentación de evidencia en los procedimientos civiles,’ mediante la cual se revisó, amplió y, en muchos respectos, cambió esencial-mente la ley de evidencia tal como se dispuso en dicho Código. Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, págs. 276-298. Esta ley empezó a regir en primero de julio de 1905 (art. 171) y en el artículo 170 se dispone que ‘Todo Real De-creto, Orden General, ley o parte de ley, en conflicto con las dispo-siciones de é'sta, quedan por la presente derogadas.’ En ninguna parte de esta ley aparecen las disposiciones de la sección 1195 del Código. Dicha ley prescribe que ‘son documentos públicos: Los que se determinan en el artícnlo 1184 del Código Civil (art. 45) ; son privados todos los demás escritos (art. 46).’
‘‘El capítulo V de la ley, bajo el epígrafe ‘Evidencia Indirecta (la versión española dice ‘directa’ — Nota del traductor) Inferencias y Presunciones’ prescribe (see. 96) que la ‘evidencia indirecta (directa) es de dos clases: (1) Inferencias; y (2) Presunciones; ‘y, habiendo definido la naturaleza de una ‘inferencia’ y una ‘presun-ción,’ dice que una ‘presunción (a menos que la ley no la hubiere declarado concluyente) puede controvertirse mediante otra eviden-cia, directa o indirecta; pero a no serlo ■ así, será obligación del juez o jurado pronunciar su veredicto o fallo de acuerdo con la presunción’ (artículo 100). Después de proveer que ‘las siguientes presunciones se estiman concluyentes, con exclusión de todas las de-más’ (art; 101), procede a enumerar en los■ siguientes siete párra-fos las circunstancias en las cuales las presunciones de esta índole pueden surgir. Luego dispone que ‘todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueran contradichas. Se denominan pre-sunciones disputables y pueden controvertirse mediante otra eviden-cia’ (art. 102). Se mencionan treinta y nueve presunciones dispu-tables y las circunstancias bajo las cuales pueden surgir, entre las cuates están las siguientes:
“ (19) ‘Que las transacciones privadas fueron realizadas con rec-titud y en debida forma.
“(23) ‘Que- un escrito lleva fecha exacta.’
“La presunción que las ‘transacciones privadas fueron .realiza-das con rectitud y en debida forma’ no se limita en su aplicación a las partes y es enteramente incompatible con la idea fundamental contenida en el artículo 1195 al efecto de que se presume que las transacciones, en cuanto a terceras personas, son injustas e irregu-lares; y la presunción de que ‘un escrito lleva fecha exacta’ signi-fica que un escrito, ya sea un documento público o privado, se pre-sumirá que ha sido otorgado en la fecha en que representa haberlo sido. Ambas disposiciones están en conflicto con el texto así como con el espíritu del artículo 1195 y muestran claramente que la in-tención fué hacer un cambio fundamental en la ley.”

Es bueno aclarar, sin embargo, que la resolución de la Corte de Circuito de Apelaciones fué rendida en diciembre 6, 1916, y que seguramente no se dió a conocer a dicha corte que la Legislatura de Puerto Rico en marzo 7, 1912 (p. 113), posterior a la aprobación de la ley de evidencia, había de-cretado la ley No. 65 titulada “Ley para enmendar los ar-tículos 1195, 1247 y 1040 del Código Civil,” manteniendo por consiguiente en todo su vigor la misma disposición. Pero de todos modos ninguna declaración legislativa se ha decretado en relación con el artículo 1766 después de haber entrado a regir la ley de evidencia y la fuerza del razona-miento de la Corte de Circuito de Apelaciones en los casos antes .citados, nos parece enteramente aprovechable para llegar a una conclusión igual respecto al artículo 1766 de-clarando su inconsistencia con dicha ley de evidencia. En realidad la prescripción del artículo 1766 es una regla rí-gida y parece hacer imposible, siguiendo su mandato, la confabulación entre un supuesto o verdadero deudor y su acreedor real o fingido a fin de perjudicar á un tercero. El principio se basa en la teoría de la flaqueza humana; lo contrario al fundamento que sostiene la ley de evidencia, en la que prevalece la presunción del bien o de que el hombre por naturaleza es bueno. La última presunción favorece, sin duda, la libertad de los contratos y en ella pareció ins-pirarse el legislador español al regular la materia en su Código de Comercio, que no exige el requisito de -la escri-tura pública para la pignoración de los valores que por este pleito se discuten. Dicho artículo 320 dice:

“Art. 320. — El préstamo con garantía de efectos cotizables, he-cho en póliza con intervención de Agentes colegiados, se reputará siempre mercantil.
“El prestador tendrá, sobre los efectos o valores públicos pig-norados conforme a las disposiciones de esta sección, derecho a co-brar su crédito con preferencia a los demás acreedores, quienes no podrán retirar de su poder dichos efectos, a no ser satisfaciendo el crédito constituido sobre ellos.”

Desde luego que en sustitución del requisito de la escri-tura pública estaba la póliza con intervención de los agen-tes colegiados. Pero cuando esos préstamos eran celebrados por Montes de piedad, bancos y sociedades legalmente cons-tituidas, podían ser contraídos en impresos especiales que ad hoc tenían preparados para efectuar tales transacciones, según nota al artículo 320 del Código de Comercio, undé-cima edición de Gróngora, p. 201.

Se trata, pues, en este caso de la pignoración de efec-tos que enumera el artículo 320 del Código de Comercio. No hay una póliza ni han intervenido ciertamente agentes colegiados en la operación, cnya institución por desuso pa-rece que lia desaparecido en Puerto Rico, pero aparecen otros medios de prueba auténticos que enteramente legali-zan el contrato.

La demanda alega que las acciones fueron pignoradas y endosadas por el deudor a Tlie National City Bank of New York, San Juan Branch., e inscrita su transferencia en el libro de traspasos de acciones de las respectivas corporaciones emisoras en garantía colateral de las dos obli-gaciones antes mencionadas.

Esta es una formalidad que se llevó a cabo de acuerdo con el artículo 13 (Comp. 419) de la ley sobre corporacio-nes privadas, aprobada en marzo 9, 1911, precepto que se informa indudablemente en el mismo propósito que el ar-tículo 1766 del Código Civil, o sea, la protección de terceros. Una transferencia en tales condiciones es un medio de prueba auténtico que la ley misma determina para dejar estable-cida la legitimidad del contrato de prenda respecto a ter-cero.

El artículo 13 a que nos hemos referido, sección 419, Comp. de 1911, p. 93, en parte dice así:

& 5X: % ■/,' #
Siempre que se verificase una transferencia de acciones en calidad de garantía colateral, y no en absoluto, se hará constar así en el asiento del traspaso.”

Esta es la demostración palpable de que si aún no hu-biese sido puesta en duda la -vigencia del artículo 1766 des-pués de aprobada la ley de evidencia, su inaplicación a la pignoración de acciones, transferidas de conformidad con el artículo 13 citado, resulta enteramente clara.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia inferior.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Ramón Alonso, demandante y apelante, v. Sucesión de Gabriel Hernández, compuesta de Gabriel Hernández Morales, Catalina Morales, por sí y en representación de Inés, Ursula y José Luis Hernández Morales, demandada y apelante, y The National City Bank of New York, San Juan Branch, interventor y apelado.
    No. 3502.

    Visto: Mayo 1, 1925.

      Resuelto: Noviembre 20, 1925.
    Corporaciones — Capital, Acciones y Dividendos — Traspasos de Acciones — • Acciones Dadas en 'Prenda — Evidencia—Prueba de la Autenticidad del Contrato de Prenda. — Aunque el artículo 1195 del Código Civil establece la norma) o requisitos que debe contener un documento privado para que perju-dique a tercero, su aplicación no excluye otros elementos de evidencia cuando realmente existen y -demuestren su autenticidad.
    SentenCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar demanda de intervención, sin costas.

      Con-firmada.

      José Martínez Davila y V. M. Fernández, abogados del demandante-apelante; Llorens & Arroyo, abogados de la demandada ape-lante; Chas. Hartzell y F. Ramírez de Arellano, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación se discuten las mismas cuestiones que ban sido resueltas en el día de boy en el caso No. 3386 de Trueba v. Zalduondo, (pag. 743).

Existe alguna diferencia, sin embargo, que nos obliga a darle una atención ulterior al asunto.

El caso de Trueba, supra, se decidió por las alegaciones y no por los méritos de la prueba. Allí se declaró que el razonamiento que sirvió de base a la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en los casos de Rucabado v. Longpré et al. y Aboy v. Longpré, 239 Fed. Rep. 291, tenía la misma fuerza de igual modo que si se tratara del artículo 1766 del Código Civil Bevisado en sus relaciones con la ley de evidencia.

En este pleito la evidencia consistió en cuatro pagarés suscritos por el deudor Gabriel Hernández, montantes en total a $17,500, a favor de The National City Bank of New York, San Juan Branch, y además prueba testifical. En los pagarés se mencionan las acciones que los garantizan, y la expedición de los certificados de las mismas por la corpo-ración emisora, se admite por el demandante.

La prueba testifical tiende a establecer la fecha en que se extendieron los pagarés y que luego fueron renovados con la misma garantía por haber el deudor pagado parte de la deuda. Albert Clark, gerente del Banco interventor, declara además “que esas acciones fueron dadas por Gra-briel Hernández al banco en garantía de sus cuentas; que eso se hizo constar en el mismo pagaré; que fuera de lo que consta en el pagaré no se hace constar nada .... y que para una prenda o garantía ese es el sistema de los bancos, la posesión de las acciones y los pagarés objeto del préstamo”. En su contestación Bamón Alonso no niega en forma categórica la legitimidad de la deuda original y más bien afirma que la misma fué pagada a su vencimiento que-dando libres las acciones pignoradas. ' Se alegó además como defensa que si tal pignoración se hizo por el deudor al banco interventor, no consta la certeza de su fecha en ningún documento auténtico ni el traspaso se consignó en los libros de la corporación “Carmen Céntrale”. Esta úl-tima defensa presenta en verdad un fundamento de más formal importancia. Si ella no puede apoyarse en el artí-culo 1766 del Código Civil, lo podía tener seguramente en el artículo 1195, tal como fué enmendado por la ley No. 65, aprobada en marzo 7, 1912 (p. 113), y que literalmente dice:

“Art. 1195. — La fecha de un. documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorpo-rado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un fun-cionario público por razón de su oficio.
“La misma disposición se aplicará'respecto al mandante, con re-lación a los contratos efectuados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las- excepciones que consignan los Artículos 1640 y 1247, en sus últimos respectivos párrafos, de este Código."

Ya hemos dicho que el legislador ha insistido en mante-ner en vigor esa regla de evidencia por haber sido decre-tada de nuevo, por ser iguales sus términos, después de aprobada la ley de evidencia. Caso de Trueba, supra. Sin embargo, aunque el artículo 1195 establece la norma o re-quisitos que debe contener un documento privado para que perjudique a tercero, su aplicación no puede ser tan inflexible que éxcluya otros elementos de evidencia cuando real-mente existen y demuestren su autenticidad. Algunos de los comentaristas españoles al estudiar el artículo 1227 del Código Civil Español, del que es reproducción el artículo 1195, admiten que el “reconocimiento” del documento es uno de los medios de prueba para establecer la autenticidad del mismo. Una de las autoridades a que nos referimos habla, sin embargo, con cierta reserva cuando tal reconoci-miento tiende a demostrarse por cartas, testigos o en cual-quier otra forma, “pues ni los testigos ni los documentos privados con que se procure la demostración del reconoci-miento, tienen un valor tan grande que los constituya en prueba indiscutible de la fecha a que se refieren. Se estará entonces en el caso de apreciar el valor del documento pri-vado reconocido o de las declaraciones testimoniales refe-rentes al particular, y en consecuencia con ello y formando la convicción por el conjunto de todas las pruebas, el juez resolverá lo que proceda en cada caso práctico sobre la fe-cha del documento.” Scaevola, vol. 20, p. 314.

En el mismo sentido esta Corte Suprema ya se había pronunciado, dando la verdadera interpretación racional y lógica que podía caber al artículo ,1195, pues en el caso de Mattei v. Díaz et al., 25 D.P.R. 333, se dice de este modo:

“La conclusión, a que llegó la corte de distrito sólo puede ser explicada por la teoría de que la corte sentenciadora no conocía la doctrina establecida en el caso de Longpré et al. v. Wolf, 23 D.P.R. 27, en el cual se estableció la diferencia del caso de Córdova y esta corte dijo:
“ ‘Opinamos que el artículo 1195 del Código Civil es de estricta aplicación cuando no bay más prueba de un acto o contrato que el documento privado, pero ese artículo no se opone a que mediante un documento de aquella clase unido a otros elementos de juicio, se estime probado en perjuicio de tercero el acto O contrato a que se refiere, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de febrero de 1898, Jur. Civ. tomo 83, p. 408.’
“Véase también el caso de Torres v. Pons, 24 D.P.R. 462.”

Por lo demás, la prueba en conjunto sostiene la conclu-sión a que llegó la corte inferior y debe confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    La Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico, demandante y apelada, v. Ramón Fournier, demandado y apelante.
    No. 3644.

    Visto: Noviembre 27, 1925.

      Resuelto: Noviembre 30, 1925.
    Apelación v Error — Récord t Procedimientos que no EstIán en Récord — Ne-cesidad del Pliego de Excepciones, Exposición del Caso o Relación de Hechos — Inclusión de las Pruebas en Relación con la Cuestión a Re-visar. — Comete error una corte al no eliminar una llamada exposición del caso presentada a los efectos de una apelación contra resolución fijando la cuantía de costas que sólo se limita a ser una relación de las diversas actúa eiones habidas con motivo de la fijación de dichas costas y que no contiene prueba alguna con respecto a ellas.
    RESOLUCIÓN de M. Rodríguez Perra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar moción sobre eliminación de una llamada exposición del caso.

      Revocada.

      C. del Toro Fernández, abogado del apelante; E. Torres Sola, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Establecida apelación contra resolución de la corte inferior fijando la cuantía de las costas fué- apelada esa resolu-ción y habiendo obtenido la parte apelante una prórroga para presentar una exposición del caso para su apelación fué presentada dentro del término que se le concedió, solici-tando entonces la apelada que fuese eliminada tal exposi-ción del caso, pero fué negada esta petición estableciéndose contra esa resolución el presente recurso de apelación.

La cuestión sobre fijación de las costas fué sometida a la corte inferior por estipulación de las partes por el memo-rándum de ellas, por la impugnación que fué hecha y por la contestación a la impugnación; y la exposición del caso cuya eliminación fué negada se limita a hacer constar la existencia de un pleito en el que la demandante fué conde-nada al pago de costas: que fué presentado un memorán-dum de costas ascendente a $340.55, que fué impugnado, que fué reducido por la corte en $70 y que esa resolución fué apelada, presentándose dicha exposición del caso para tal apelación.

De lo antes expuesto se ve que la llamada exposición del caso se limita a ser una relación de las diversas actuaciones habidas con motivo de la fijación de las costas y que no con-tiene prueba alguna con respecto a ellas, por lo que no es una exposición del caso o documento en el que se consignan en forma narrativa las pruebas presentadas en la corte inferior para la resolución de la cuestión, a fin de que nosotros podamos conocerlas y apreciarlas en nuestra decisión. Por consiguiente la corte inferior erró al no eliminar tal expo-sición del caso, por lo que debe ser revocada su resolución apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


text:
    José Hernández, demandante-apelado-apelante, v. Francisco Matanzo y Ramón Zeno Córdova, demandados-apelantes-apelados.
    No. 3536.

    Visto: Junio 3, 1925.

      Resuelto: Diciembre 9, 1925.
    1. Arrendador y Arrendatario — -Acción de Volver a Entrar en, y Recobrar la Posesión bor el Propietario — Desahucio—Mandamiento de Desahucio y su Cumplimiento — Lanzamiento y su Alcance. — Cuando en acción de desahucio la sentencia decreta el desalojo del demandado sin ordenar la des-trucción de propiedad alguna, no puede cumplimentarse el mandamiento do ejecución destruyendo parte de la propiedad del demandado.
    Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Recobrar la Posesión bor el Propietario — Desahucio—Mandamiento de Desahucio y su Cumplimiento — Destrucción Arbitraria de Propiedad del Deman-dado y Erecto. — Si al ejecutar una sentencia de desahucio, arbitrariamente se destruye una casa del demandado radicada en parte en la finca objeto del desalojo, el demandado tiene dereeho, en una acción de daños y resarcimiento de perjuicios, a ser indemnizado del valor de la casa de que se trata y de sus rentas.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Modificada y con-firmada.

      Campillo & Campillo j M. Toxis Soto, abogados del demandante; J. Martínez Favila, abogado de los demandados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 26 de agosto de 1924 la Corte de Distrito del Primer Distrito de San Juan dictó sentencia en este caso conde-nando al demandado a pagar al demandante ochocientos dólares valor de cierta casa y los alquileres de la misma desde el 7 de agosto basta el 21 de diciembre de 1922, fecha de la interposición de la demanda, a razón de treinta y cua-tro dólares mensuales, más las costas.

Ambas partes apelaron. La demandada pide que se re-voque la sentencia y se desestime la demanda. La deman-dante que se adicione concediéndole además los alquileres desde el 21 de diciembre de 1922 hasta el día en que se pa-gue el valor de la casa.

Examinaremos y decidiremos primero el recurso del de-mandado. Se basa en cinco errores que se señalan así:

1. Erró la corte sentenciadora al declarar probado que no existe sentencia en el caso de desahucio seguido por el demandado Matanzo contra el demandante Hernández.

2. Erró la corte sentenciadora al declarar probado que el marshal de la corte municipal donde se tramitó el dicho pleito de desahucio no recibió mandamiento alguno para la ejecución de la sentencia dictada en el mismo.

3. Erró la corte sentenciadora al declarar que el deman-dante tiene derecho a ser indemnizado por el demandado del valor de la casa de que se trata y de sus rentas.

4. Erró la corte sentenciadora al fijar el valor de la casa en cuestión, y

5. Erró la corte sentenciadora al condenar al demandado a indemnizar el valor de toda la casa.

Según demuestran las pruebas en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, se presentó por el Doctor Francisco Matanzo contra José Hernández una demanda de desahucio pidiendo “el inmediato desalojo al demandado de la finca de la propiedad del demandante.” Se alega en'ella que el demandante es dueño de cierta finca de la que dió en arrendamiento al demandado un solar, — que se describe solamente diciendo que colinda por todos sus lados con la finca del demandante,— por el canon mensual de dos dólares y cincuenta centavos que el demandado no pagó. En la demanda no se habla de casa alguna.

Se emplazó al demandado. Se celebró el juicio y se prac-ticó el siguiente registro en el libro de sentencias:

Tomo No. 2, página 100, Julio ele .1922, dice así: Francisco Ma-tanzo vs. José Hernández, No.-•. — Sentbnoia.—La Corte declara con lugar la demanda y en su consecuencia condena al demandado a desalojar.”

Según la opinión que del caso hemos formado, no es ne-cesario decidir si lo que antecede constituye una sentencia. Aceptando, a los fines de la opinión, que se siguió el proce-dimiento de desahucio y que se dictó sentencia contra el de-mandado, opinamos que no pudo ejecutarse en la forma en que lo fué.

Entre las pruebas presentadas por el demandado está la moción del demandante en el pleito de desahucio solicitando que se librara mandamiento de ejecución, y el mandamiento mismo con su diligenciado al pie.

En lo pertinente el mandamiento y en su totalidad el diligenciado, dicen:

“Por Cuanto el día 6 de julio de 1922 Franéisco Matanzo, como demandante, obtuvo una sentencia a su favor en esta Corte, contra José Hernández, como demandado, por la cual se ordena que usted recobre la posesión de la finca siguiente:
“Porción de terreno radicado en la Sección Norte del barrio de Santuree, compuesto de cinco cuerdas 55 céntimos, apercibido de lanzamiento el demandado si dentro de 15 días no lo desaloja a favor del demandante, con las costas al demandado.
“PoR Cuanto, el legajo de la sentencia en dicho pleito ha sido archivado en la oficina del Secretario y ese fallo fué registrado en el libro correspondiente, en la fecha mencionada:
“Por tanto, usted, el Márshal antes citado, es requerido por medio del presente para que proceda a la ejecución de dicha senten-cia, devolviendo esta orden debidamente diligenciada.”
DILIGrENCIAMIENTO DEL MÁRSHAL.
“Yo, Ramón Zeno Córdova, Márshal de la Corte Municipal de San Juan, Sec. H,
“Certifico: Que recibí la presente orden de lanzamiento el día 28 de julio de 1922, y la cual fué debidamente cumplimentada el día 7 de agosto de 1922.
“Con esta misma fecha la devuelvo al Sr. Secretario de esta Corte Municipal de San Juan, Sec. H — San Juan, P. R., Agosto 7, de 1922. — (Fdo.) Ramón Zeno Córdova. — Márshal, Corte Municipal Sec. 1* ”

En la sentencia no se expresa el término en que el lanza-miento debía verificarse, dejando así de cumplirse con lo dispuesto en la sección 16 de la ley de desahucio que prescribe que “la sentencia que declare con lugar la demanda de desahucio ordenará el lanzamiento del demandado dentro de los términos siguientes, contados desde que dicha senten-cia quede firme: Quince días, si se tratare de una casa des-tinada a habitación o vivienda de familia, veinte días en todos los demás casos.”

En el mandamiento se fija el término de quince días. Del diligenciado aparece que fué ejecutada a los diez días de recibido el mandamiento. \ Cómo ? El márshal se limita en el diligenciado a decir que el 7 de agosto de 1922 cumplió debidamente ,1a orden recibida el 28 de julio anterior. El propio márshal declarando en el juicio aseguró que allá por el mes de agosto-de 1922 recibió una orden para el desalojo de una casa y para darle posesión de ella al Dr. Matanzo.; que estuvo en la casa; que dió ocho o diez días para desa-lojarla; que volvió y dió una prórroga, tardando en diligen-ciar la orden de veinte a veinte y cinco días. Y a la pre-gunta “¿Quién destruyó la casa?” contestó: “Mandé a mi auxiliar.” Y el auxiliar, Julio Torres, declaró “que sus gestiones fueron para la destrucción de una parte de la casa en virtud de orden del márshal. Al día siguiente cuando fui a la corte el márshal me preguntó' si la había destruido y le dije que sí. Nunca se vió con Hernán-dez. Sólo estuvo en la casa el día que la destruyó.”

Sin referirnos a las declaraciones de los testigos de la parte demandante que pudieran parecer exaj eradas, por los propios testimonios de los funcionarios de la corte municipal se llega a la conclusión expuesta. La propiedad del de-mandante, demandado en el pleito de desahucio, fué des-truida ilegalmente.

Se pidió el desalojo del demandado; la sentencia lo de-cretó. La ley marca el camino que debe seguirse. En nin-guna parte de ella se habla de destrucción. Aun cuando pudiera comprenderse una casa en el primer apartado de la sección 18 de la Ley de Desahucio, no se cumplió con la ley. Se cometió una arbitrariedad manifiesta.

En el caso Peña & Balbás v. Toro, Márshal, 34 D.P.R. 137, se resolvió que “En cumplimiento de un mandamiento de desahucio el márshal debe desalojar al demandado en sn persona, muebles y enseres, pero en cnanto a bienes el lan-zamiento sólo comprende la propiedad personal del deman-dado pero no la adherida al snelo, labores, plantíos o cual-quiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.”

Los errores tres y cuatro pueden estudiarse conjuntamente. El 4 se discute muy brevemente. El tres se argumenta así:

“1. Porque en el contrato de arrendamiento celebrado entre José Hernández y el Dr. Matanzo, aquél se obligó a desocupar y dejar a la libre disposición del Dr. Matanzo el solar que ocupado por su casa y propiedad del Sr. Matanzo; por consiguiente no tiene derecho a que se le indemnize cantidad alguna; toda vez que él se obligó a desocupar dicho solar cuando lo requiriese para ello el Dr. Matanzo.
“2. Porque José Hernández no fabricó en el terreno del Dr. Matanzo de buena fe sino que se introdujo en dicho terreno sin el consentimiento del Dr. Matanzo, y cuando éste le requirió para que levantara la casa que ya había construido, fué que se avino a cele-brar el contrato de arrendamiento con el Dr. Matanzo, por consi-guiente José Hernández, no puede ampararse en los preceptos de los artículos 370, 455 y 456 del Código Civil Vigente y
“3. Porque cuando el Márshal de la Corte Municipal de San Juan le requirió para que levantara la casa que tenía construida sobre el solar del Dr. Matanzo dicho José Hernández no le requirió para que hiciese una tasación o avalúo de la parte de casa que iba a destruir el Márshal de acuerdo con el mandamiento de ejecución de sentencia expedida por la Corte Municipal de San Juan, según lo preceptuado en la Sección 18 de la ley de desahucio que dice como sigue:
" 'No será un obstáculo para el lanzamiento el que el colono o inquilino reclame como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.
“ ‘En este caso el Márshal procederá al inmediato lanzamiento, sin prórroga alguna, y una vez efectuado éste a instancia del inte-resado procederá a la práctica de un avalúo a costa del reclamante, previa designación de un perito nombrado por los interesados, de común acuerdo, y en caso de discordia de tres peritos designados uno por cada parte y el tercero por el Marshal. Practicado el jus-tiprecio y recibido por el Márshal el resultado del mismo por es-crito que firmarán los peritos, los interesados y diebo funcionario, lo'devolverán a la Corte con la orden de ejecución; quedando al demandado libre el ejercicio de su acción para reclamar ante el Tribunal competente el importe de la cantidad en que se aprecie lo que creyese corresponderle
“No habiéndose acogido el demandante al precepto legal antes transcrito entendemos que renunció su derecho, si alguno tenía, para reclamar el importe de la parte de casa que se le destruyó y que estaba edificada dentro del solar del Dr. Francisco Matanzo. No teniendo derecho a ser indemnizado del valor de la parte de la casa destruida no tiene por consiguiente derecho alguno a cobrar las rentas que pudiera producir dicha casa.
“De que no se- probó en el acto del juicio que durante el tiempo transcurrido desde la fecha en que se destruyó la casa hasta el 21 de diciembre de 1922 la referida casa estuviera alquilada.”

liemos transcrito textualmente todo el argumento de la parte apelante a fin de resolver la cuestión de su responsa-bilidad tal como él mismo la plantea.

Las pruebas demuestran que Hernández edificó su casa en tierras que creyó que pertenecían a Teresa Soriano con-viniendo en pagar y pagando a dicha Teresa Soriano cierta suma mensual por alquiler de la tierra; que luego fué ad-vertido por el propio Dr. Matanzo de que la casa quedaba parte en tierras de la Soriano y parte en tierras de Matanzo y convino con éste en pagarle cierto alquiler mensual que no pagó y en dejar a su libre disposición el solar cuando se lo indicara el doctor. Admitiendo que todo eso es cierto ¿está justificada la destrucción de la casa en el pleito de desahucio? En modo alguno. Vivimos bajo el amparo de leyes interpretadas, cuando surge un conflicto, por los tribunales, y aquí la única cuestión que se sometió por Ma-tanzo, al surgir el conflicto entre él y Hernández, a la Corte Municipal, fué la del desahucio de Hernández de un solar que ni siquiera se describió debidamente. No se puede des-truir la propiedad de una persona en la forma drástica que se empleó en este caso sin asumir la responsabilidad consi-guiente. La corte municipal jamás decretó tal destrucción.

El valor de la casa fijado en la sentencia está sostenido por la prueba. La única cuestión dudosa para nosotros es la del valor del producto. La casa era de madera. Estaba dividida en tres departamentos cada mío de tres habitacio-nes. El testigo Nicolás Torres declaró que tenía alquilada una habitación en uno de los departamentos pagando cinco dólares al mes, constándole que el resto de la casa estaba alquilado cuando “la tumbaron”. Hernández, el deman-dante declaró que la casa le producía veinte y cuatro dóla-res mensuales viviendo además él en una parte de la misma. Esas declaraciones fueron creídas por la corte que fijó el producto en treinta y cuatro dólares al mes asignando así a la parte ocupada por Hernández diez. Hernández dice que vivía en la parte de atrás de la casa y no fija lo que valdría el alquiler. Sólo encontramos base clara y segura para veinte y cuatro dólares, y siendo ello así, la sentencia debe modificarse en tal sentido.

El quinto y último error carece de fundamento sólido. Si bien se destruyó por el márshal sólo una parte de la casa, la prueba demuestra que la otra parte quedó inservi-ble. El Juez sentenciador practicó una inspección, ocular y no hay motivos bastantes para concluir que el juicio que formara en relación con el resto de la prueba sobre este extremo sea erróneo.

Procederemos ahora al estudio y resolución del recurso interpuesto por el demandante. El único error que señala, lo razona, en su alegato, así:

“La sentencia condena a los demandados a satisfacer al deman-dante la cantidad de $800.00 como valor de la casa y la cantidad de $34.00 mensuales desde el 7 de agosto de Í922 basta el 21 de diciembre del mismo año, o sea la fecha de la interposición de la de-manda, como indemnización de los alquileres de dicha casa deja-dos de percibir.
“El demandante solicitaba no solamente el valor de la casa, si que también sus alquileres desde el 7 de agosto de 1922 hasta el día en .que se pagara el valor de la casa.
“Es indudable que la obligación de pago de los alquileres abarca todo el período de tiempo comprendido desde la privación del in-mueble que los produce hasta la devolución del mismo, según así lo determina la ley y lo establece la jurisprudencia consistente de esté Honorable Tribunal.
“Por consiguiente, si no puede devolverse el inmueble y en lugax* del mismo ha de pagarse su valor, aquellos alquileres han de satis-facerse desde el día en que se privó al reclamante de la posesión 'del inmueble hasta el día en que se le pague el valor de éste, pues ese pago sustituye a la devolución del inmueble.
“Por consiguiente, la sentencia debe ser admitida en el sentido de imponerse el pago de los $34.00 mensuales no hasta la fecha de la interposición de la demanda, sino hasta el día en que tenga lu-gar el pago de los $800.00, valor del inmueble.”

Como puede verse la parte apelada no cita de modo con-creto ningún precepto de ley ni jurisprudencia alguna en apoyo de su criterio. La parte apelada nada contestó. No constan los fundamentos de la corte sentenciadora explica-tivos de por qué sólo concedió los alquileres hasta la’ fecha en que se interpuso la demanda. Con situaciones como ésta se confronta con demasiada frecuencia este Tribunal y ello se opone al rápido despacho de los asuntos. Los abogados de ambas partes deben citar concretamente la ley y la ju-risprudencia aplicables.

El artículo 1073 del Código Civil revisado, dice:

“La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganan-cia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”

Y esta Corte Suprema en el caso de Muriente v. Terrasa et al., 22 D.P.R. 738, 739, aplicando el artículo citado, esta-bleció la siguiente doctrina:

“Conforme al artículo 1073 del Código Civil, la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor; pudiendo tomarse como base para calcular la ganancia dejada de obtener, la obtenida anteriormente en un pe-ríodo de tiempo igual, bajo idénticas circunstancias.”

El art. 1073 del Código Civil revisado es igual al 1106 del Código Civil antiguo y parece conveniente transcribir los siguientes comentarios de Manresa:

“Consignados en los artículos precedentes el fundamento y orí-genes de la indemnización, se ocupa el Código en éstos de precisar en lo que aquélla consiste, determinando luego su alcance según .los casos.
“De conformidad con la más evidente justicia y con el sentido del derecho antiguo español y extranjero, declara el primero de es-tos artículos que la indemnización comprende dos orígenes de per-juicios, las dos formas de daños que pueden causarse: privando a alguien de lo que ya tenía, o impidiéndole aprovecharse de lo que le hubiera correspondido; definición ya antigua, que coincide con la escolástica del daño emergente y lucro cesante, y que encuentra su base en la doctrina de Paulo, tan sencilla como claramente ex-puesta en las palabras mihi abest quantumque lucrari polui.
“Eñ ambos casos, la realidad del perjuicio y la justicia de la reparación tiene igual evidencia; mas con todo, y cuando se llega a la eficacia práctica del derecho a la indemnización, la distinción indicada, que pudiera parecer sutileza teórica, tiene una importan-cia innegable, porque traduciéndose en una muy diferente dificul-tad de apreciación y prueba, y relacionado esto con lo ya expre-sado, desconfiándose por los tribunales de toda reclamación de da-ños y perjuicios, hace que el éxito de ésta sea aún más improbable tratándose de los que se suponen causados bajo la segunda de tales formas, o sea privando a alguno de la utilidad que debió obtener.
“Y se comprende fácilmente que así suceda, porque al fin la pérdida sufrida deja siempre algún rastro que acredite la comisión del agravio, y por lo mismo que se trata de una cosa que llegó a existir, cabe determinar en qué consistiera; mientras que en la otra hipótesis, cuando se reclaman ganancias que no se llegaron a obtener, aun cuando haya el mismo fundamento de justicia, aun cuando pueda ser más grande el perjuicio sufrido, hay en éste una fatal concurrencia de los caracteres de futuro, contingente, variable, y, sobre todo, .discutible, que contrastan de modo notable con aque-llas relativas a seguridad de prueba y facilidad de apreciación.
“La evidente generalidad de estos artículos, aplicables a toda clase de obligaciones y en relación con los preceptos especiales de cada uno de éstos, según se ha reconocido, v. gr., para el arrenda-miento ('Sentencia del Supremo de 12 de febrero de 1896), y su am-plitud de expresión, siquiera se contengan restricciones en el 1107 hacen y harán que sean continuamente invocados; pero no logran que dejen de ser restrictivamente interpretados por los tribunales, cuyo criterio, como ya indicamos al comentar otro artículo, tam-bién amplio y concordante con éstos, el 1101, no deja de ser fundada.
"Como ya entonces expusimos, la jurisprudencia ha continuado después del Código, según era lógico, puesto que éste no supone va-riación de doctrina, formulando la suya, cuyas bases principales son la necesidad de una prueba robusta, la declaración lógica de que incumbe tal prueba a quien reclame la indemnización, y la fir-mación también lógica de que la apreciación de aquélla corresponde, como en general sucede, a la sala sentenciadora, con la consiguiente dificultad para la admisión del recurso en que tal apreciación se impone.
"Esas declaraciones, cuya extraordinaria importancia, traspa-sando el orden procesal, llega a la eficacia de estos preceptos sus-tantivos, se formulan con repetición en casi todas las resoluciones que de indemnización se ocupan, siendo de notar que precisamente en los artículos que comentamos busca la jurisprudencia el apoyo legal necesario para su criterio de exigencia en cuanto a prueba; y así, en la sentencia de 12 de febrero de 1896, después de invocar estos artículos y expresar su conformidad, dice, ocupándose de los daños y perjuicios a que se refieren: ‘daños y perjuicios por tal modo circunscritos, y ganancias frustradas, que deben, por lo tanto, justificarse derechamente por los medios probatorios que la ley au-toriza. ’
"Conocido el criterio de los tribunales, especialmente el del Supremo, lo que pudiera llamarse ‘prudencia, forense’ aconseja, a más de luchar con el apasionamiento del litigante, llevando la modera-ción posible a las reclamaciones de daños y perjuicios, poner un ex-quisito cuidado en la prueba de los mismos; y también, por lo que toca a su cuantía, preferir dejarla al resultado de aquélla más bien que- determinar una cantidad fija en la demanda, que puede con-ducir, por cualquier deficiencia de los medios probatorios, a la ab-solución del demandado.” 8 Manresa. Comentarios al Código Civil, páginas 97, 98 y 99.

¿Existe aquí la prueba robusta, la base firme, que la ju-risprudencia exije?

Al resolver el recurso interpuesto por el demandado dijimos que tal prueba y tal base existían en cuanto a la suma de veinte y cuatro dólares mensuales. La cuestión ahora es resolver si la ganancia dejada de obtener sólo llega a la fecha en que se interpuso la demanda, como decidió la corte sentenciadora, o se extiende a aquélla en que el deudor sa-tisfaga al acreedor el precio de la casa.

Creemos que existe la misma razón para el segundo pe-ríodo que para el primero. Tal como fué planteado y acep-tado el debate se ha considerado al demandado responsa-ble de la destrucción de la casa. La casa no puede devol-verse y en sustitución de ella se ha ordenado la devolución de su valor, ochocientos dólares. Si la casa hubiera perma-necido como estaba antes de su destrucción, lo lógico es que hubiera continuado produciendo igual renta. Hasta que el demandante reciba el valor de la casa, la ganancia dejada de obtener es los alquileres que hubiera percibido. •

No se ha levantado la cuestión de los gastos. A este res-pecto quizá sea-oportuno recordar que el demandante habi-taba una parte de la casa y que tal beneficio fué eliminado —por impreciso — por nosotros. Una cosa podría compen-sar la otra y así la suma de veinte y cuatro dólares resulta equitativa.

A virtud de todo lo expuesto debe modificarse la senten-cia apelada eliminando de ella lo que sigue: “hasta el 21 de diciembre, 1922, fecha de la interposición de la demanda, a razón de $34.00 mensuales” y sustituyéndole por lo que sigue: “hasta el día en que se satisfaga esta sentencia, a ra-zón de $24.00 mensuales.” Y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Senos, FeaNco Soto,

text:
    Celestina Sosa y Vizcarrondo, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 618.

    Sometido: Julio 21, 1925.

      Resuelto: Diciembre 9, 1925.
    1. Testamentos — Interpretación—Partición de Bienes I-Iecha por el Testa-dor — Condiciones y Bestricciones — Condiciones en Perjuicio de la Legí-tima de los Herederos Forzosos. — El artículo 1023 del Código Civil no es una excepción sino más bien la confirmación del artículo 813 del Código. Civil Español que fué derogado en 1902 y restablecido por ley de marzo 9, 1905 (Comp. 3876).
    2. Testamentos — Interpretación—Partición de Bienes Hecha por el Testa-dor — Condiciones y Restricciones — Deseo de que los Herederos Perma-nezcan en la Indivisión — Herederos no Obligados por la Partición. ~ Cuando un testador que dispone de bienes o dinero suficiente para hacer cumplir su voluntad de conformidad con el artículo 1023 del Código Civil, hace legados diversos y sólo deja a sus herederos forzosos estrictamente la participación propia de sus legítimas, éstos no están obligados a pasar pa” la partición hecha por aquél en cuanto a permanecer en la indivisión de una finca que el testador disponía que se conservara indivisa entre los herederos.
    Nota ele Tirado Terrier, E. (Sección Primera, San Juan), dene-gando inscripción de una escritura sobre operaciones partieiona-les.

      Revocada.

      José G. Torres y C. García de la Noceda, abogados de la recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Senos, FeaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Celestina Sosa y Yizearrondo presentó al Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, las operaciones de partición de los biénes relictos al fallecimiento de Manuel Sosa Olivas para la inscripción de una finca rústica que se dividió en tres porciones y se adjudicó cada una separada-mente a Juan Sosa Escobar, Celestina Sosa y Yizearrondo, hijos naturales reconocidos del causante, instituidos únicos y universales herederos en testamento abierto que otorgó el 4 de agosto de 1921, y a Carmen Escobar en su carácter de legataria.

El registrador negó la inscripción porque la división material de la finca se realizaba “en contravención a la vo-luntad del testador consignada en la cláusula 5* del testa-mento,” cuya cláusula textualmente dice:

“Quinta: Es voluntad del testador, guiado por nn principio de amor y de solidaridad, que tanto sus herederos Don Juan I. Sosa y Escobar y Doña Celestina Sosa y Yizearrondo, como la legataria Doña Carmen Escobar, permanezcan üNidos, sosteniendo los bienes bajo el nombre de Sucesión de Manuel Sosa Oliva, dedicados al ne-gocio ya establecido, o al que en el futuro demanden las cirennstan-cias, bajo la dirección de Juan I. Sosa y Escobar, pues ansia y de-sea el testador que la finca ‘Josefina’ permanezca indivisible, y si acaso Doña Celestina Sosa y Vizcarrondo, en el futuro, no quisiese permanecer en la comunidad, entonces venderá su participación en la mencionada finca ‘Josefina,’ a los otros condueños Don Juan I. Sosa Escobar y Doña Carmen Escobar, quienes le fiarán efectivo el importe de lo que ascienda su. participación, al contado o a plazos, según lo requieran las circunstancias, al tiempo de verificarse la venta, siguiendo entonces los que queden, bajo el nombre de Suce-sión de Manuel Sosa Olivas.”

El registrador conviene con la recurrente que el testador no puede privar a los herederos forzosos de su legítima, pero asimismo sostiene que ésa no es una prohibición de la ley que no admite excepciones, sentando como ejemplo las deudas y otras obligaciones preferentes a la legítima. Se hace necesario decir, sin embargo, que el punto en discusión no se contrae a ninguna de esas excepciones. El registrador se funda principalmente, como si se tratara de otra excepción a la regla, en el artículo 1023 del Código Civil, que dice:

“Art. 1023.- — Cuando el testadpr hiciere, por acto entrevivos o por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos.
“El padre que en interés de su familia quiera conservar indi-visa una explotación agrícola, industrial o fabril, podrá usar de la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos.”

Este artículo no es una excepción sino más bien la con-firmación del artículo 813 del Código Civil español que ha-bía sido derogado al establecerse en 1902 el Código Civil Revisado, pero que luego fué restablecido por la ley para modificar y derogar los artículos 795, 796 y otros de dicho cuerpo legal, que fué aprobada en marzo 9, 1905. Esta ley en su sección 4, artículo 3876 Comp. 1911, dice:

“See. 4. — El testador no podrá privar a los herederos de su le-gítima sino en los casos expresamente determinados por la ley.
“Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usu-fructo del viudo.”

Comentando este precepto, Manresa se expresa así:

“El art. 813 es una consecuencia lógica de la definición dada a la legítima en el art. 806. Si el testador no puede disponer de la porción reservada a determinados herederos por la ley, es claro que no puede privar de esa porción a los legitimarios, ni imponer so-bre ella gravamen, condición ni sustitución de ninguna clase. Una voluntad superior a la suya ha dispuesto ya del derecho en que la legítima consiste, privando de él al testador, y puesto que ya no es suyo, ninguna facultad cabe que pueda ejercer.
* * * # * * *
“Añade el art. 813 en su primer apartado que sólo podrá pri-varse de su legítima a los herederos forzosos, en los casos expresa-mente determinados en la ley. Estos casos no son otros que aque-llos en que existe alguna justa causa para desheredar a los descen-dientes legítimos o naturales, a los ascendientes o al cónyuge, como veremos al examinar los arts. 848 al 857. Fuera de los casos de desheredación, no es posible al testador privar de la legítima a los herederos forzosos.
“La condición impuesta a un hijo natural por su padre, en su testamento, de que no pudiese disponer de los bienes que le dejaba hasta cumplir los veinticinco años, es solamente válida con relación a las dos terceras partes de dichos bienes, pues en cuanto al otro tercio que constituye la legítima de ese hijo, el art. 813 prohibe toda condición. (Resolución de la Dirección General de los Regis-tros de 28 de Abril de 1898.)
“Habiendo legitimarios, las prevenciones del testador de que re-tengan todos los bienes sus albaceas hasta quedar hecha la adjudi-cación a los partícipes, y de que no puedan exigírseles cuentas, son incompatibles con el respeto' debido a las legítimas, y no obstan a la promoción por los herederos del juicio de testamentaría. (Senten-cia del Tribunal Supremo de 11 de Junio de 1905).” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, tomo YI, págs. 347-349.

A pesar del texto de la ley y de sus comentarios, el Be-gistrador insiste en que el testador ha podido imponer a sus herederos, sin distinciones, la condición de conservar la unidad de la finca “Josefina” que fia sido objeto de divi-sión. El párrafo 2° del artículo 1023 en que se apoya el re-gistrador no puede interpretarse aisladamente. El está su-bordinado al párrafo anterior. El testador tiene amplitud de facultades para fiacer la partición de sus bienes por actos intervivos o mortis causa, pero no puede perjudicar la legí-tima de los herederos forzosos. La ley permite en conse-cuencia con ello que el padre puede disponer que se man-tenga indivisa una explotación agrícola industrial o fabril, adjudicándola a un solo heredero, pero al mismo tiempo or-dena que los demás herederos deben recibir el pago de su legítima en dinero. Si no hay fondos o bienes para llenar este requisito en respeto a las legítimas, parece lógico que no puede el testador hacer que se cumpla su voluntad en contravención al derecho de los herederos forzosos. El 29 párrafo del artículo 1023 viene a significar únicamente que las atribuciones del testador al hacer las operaciones de partición no están limitadas a la clase de bienes que-haya de adjudicar a los herederos, pero siempre bajo la condi-ción de no perjudicar la integridad de sus legítimas.

“La misma facultad que el segundo párrafo del art. 1056 atri-buye- al padre cuando resulta en favor de la. estabilidad y progreso de establecimientos suyos agrícolas, industriales o fabriles, hay que suponerla existente en otros casos, aunque no lo exprese el legislador, v. gr., ceder su biblioteca por entero a uno de sus hijos que revele aficiones o aptitudes en beneficio de las cuales esa biblioteca pueda ser fructuosamente aprovechada; como también adjudicar exclusi-vamente a uno de sus descendientes los útiles de su oficio, instru-mentos de su profesión, etcétera, a fin de que continúe en el ejerci-cio de aquél o de ésta, procurándose indemnizar a los demás partí-cipes hereditarios de lo que, con tal motivo, han percibido de me-nos en la partición.” Scaevola, Comentarios al Código Civil, tomo XVIII, p. 281.

Puede notarse, sin embargo, en este caso que el testador no ha hecho lo que literalmente dispone el artículo 1023. No hace prácticamente la división del caudal ni adjudica la finca a uno de los herederos para conservarla indivisa, de- ■ jando otros bienes o dinero para pagar la legítima del otro heredero forzoso. El manifiesta solamente sn deseo de que se' mantenga indivisa la finca “Josefina” y para el caso de qne Carmen Sosa Vizcarrondo, heredera forzosa, no quiera-permanecer en la comunidad, dispone qne venda sn partici-pación a los demás herederos., satisfaciendo éstos sn importe. No tenemos dudas qne el testador ha podido ordenar tal dis-posición tratándose de herederos voluntarios, o refiriéndose a herederos forzosos siempre qne disponga qne se pague en dinero sus legítimas. En este caso la adjudicación de las porciones pro indivisas en la finca “Josefina” a los dos hi-jos naturales reconocidos representa en sn mayor parte el importe de sus legítimas. Ellos no estaban por consiguiente, obligados a permanecer en la indivisión. Así también se dispone expresamente por el artículo 1018 qne lee como signe:

‘“Art. 1018. — Ningún heredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos qne el testador prohíba ex-presamente la división. Esta prohibición no alcanzará a los bienes que constituyen la legítima de los herederos.
“En todo caso, la división tendrá siempre lugar mediante alguna de las causas por las cuales se extingue la sociedad.”

El testador por otra parte disponía de bienes o dinero suficientes para hacer cumplir sn voluntad de conformidad con el artículo 1023, pero lejos de hacerlo así, él hizo diversos legados que montan a sumas importantes y sólo dejó a sus dos hijos mencionados estrictamente la participación propia de sus legítimas, y las que por la misma ley están exentas de toda carga, gravamen o condición alguna.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la nota y ordenarse la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Catalina Fernández, demandante y apelante, v. José Reyes, demandado y apelado.
    No. 3709.

    Visto: Noviembre 5, 1925.

      Resuelto: Diciembre 10, 1925.
    Desahucio — Desahucio en Pkecakio — Pbocedencia del Mismo — Posesión en Concepto de Dueño — Conflicto de Derechos. — Cuando la prueba sólo de-muestra con certeza que el demandante posee una parte de la finca que alega estar en posesión de ella el demandado, el conflicto que se levanta debe ven-tilarse en un juicio ordinario y no dentro de los límites del procedimiento de desahucio.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Hmnacao), declarando sin lugar de-manda de desahucio, sin costas.

      Confirmada.

      Rafael Sancho Bonel, abogado de la apelante; Luis Mendín Sabai, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento de desahucio. La sentencia apelada desestimó la demanda por haberse resuelto que existe un conflicto de títulos que debía dirimirse en un pro-cedimiento ordinario.

La demandante, alega, en síntesis-, que es dueña de una ■finca rústica con una cabida de 18 cuerdas, y su ocupación en precario por el demandado. Este último negó los hechos y alegó que la demandante sólo poseía un predio de 7 cuer-das, y que él poseía de su exclusiva propiedad, una finca de 26 cnerdas que inscribió mediante una información de do-minio y en la cual había sido notificada la demandante en su carácter de colindante.

La alegación de un demandado que posee en concepto de dueño se ha declarado que por sí sola no es bastante para impedir el desahucio, Miranda v. Camerón et al., 19 D.P.R. 488, pero cuando la prueba tiende a demostrar que el de-mandado que posee la finca aparentemente tiene derecho a la misma, queda entonces levantada la cuestión de títulos. Rosado et al. v. Delgado et al., 29 D.P.R. 91.

La prueba demostró que demandante y demandado tie-nen inscritas en el registro de la propiedad en virtud de ex-pedientes de dominio las respectivas fincas que se describen en la demanda y contestación. Del expediente tramitado a nombre de la demandante aparece que bubo oposición a nueve cuerdas reclamadas por Ramón Fernández. Aunque la oposición fu'é desestimada, resulta, sin embargo, que igual número de cuerdas fueron vendidas por Fernández al. de-mandado y forman parte de la finca de 26 cuerdas cuya in-formación de dominio fue aprobada a favor del último. La evidencia no arroja, sin embargo, la suficiente luz para que se llegue a la conclusión de que se trataba de igual o dife-rente terreno. Lo único que con alguna certeza puede afir-marse es que la demandante posee una parte de la finca que alega estar en posesión el demandado. La situación no puede presentarse más compleja en esta acción por no ser realmente posible llegar a mía conclusión cierta de los de-rechos de una y otra parte con las pruebas aportadas y cu-yos derechos pueden dilucidarse propiamente en una acción ordinaria, según la constante y repetida jurisprudencia de este tribunal.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.