author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carlos Rivera Martell, recurrido; Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Jovet Vega Pérez, recurrido.

      Números: CC-2007-125
    CC-2007-132

      Resueltos: 22 de abril de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Los recursos de epígrafe fueron consolidados por pre-sentar cuestiones comunes de hecho y de Derecho. Me-diante éstos, el Procurador General solicita la revocación de dos dictámenes del Tribunal de Apelaciones que sostu-vieron la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Investigaciones de Mayagüez, de requerirle al Ministe-rio Público —en procesos independientes de determinación de causa para el arresto— exponer las razones por las cua-les pretendía someter el caso sin citar previamente a los imputados, Sr. Carlos Rivera Martell y Sr. Jovet Vega Pé-rez, quienes para esa fecha se encontraban confinados en el Centro de Detención del Oeste. A juicio del Procurador General, nuestro ordenamiento no dispone esa exigencia y recae en la absoluta discreción del Ministerio Público citar a los imputados a la vista de determinación de causa para el arresto. Por entender que la decisión, con respecto a si se debe citar al imputado a la determinación de causa para el arresto, le corresponde al magistrado que preside el pro-ceso, confirmamos los dictámenes recurridos.

I

En los procesos judiciales independientes, el Ministerio Público sometió para determinación de causa para el arresto una denuncia contra el señor Rivera Martell y el señor Vega Pérez por violación a la Ley de Sustancias Con-troladas de Puerto Rico. Para ese entonces, ambos imputa-dos se encontraban confinados en el Centro de Detención del Oeste ubicado en Mayagüez. Al proceso seguido contra el señor Rivera Martell compareció el agente investigador y, como denunciantes, ciertos oficiales de custodia de la institución correccional. A su vez, en el proceso seguido contra el señor Vega Pérez también compareció el agente investigador, quien presentó junto con la denuncia las de-claraciones juradas de dos oficiales de custodia de la insti-tución correccional.

En ambos casos, la boleta de autorización para someter los cargos hacía constar que el Fiscal autorizaba al agente a presentarlos en ausencia de los imputados. No obstante, ante la ausencia de una justificación para ello, en el pro-ceso seguido contra el señor Rivera Martell el juzgador ins-truyó al agente a solicitar del Fiscal la razón para la cele-bración de la vista en ausencia. Una vez el agente regresó a Sala, el juez se percató de que, en lugar de proveer la información requerida, el Fiscal citó los casos Pueblo v. North Caribbean, 162 D.RR. 374 (2004), Pueblo v. Irizarry, 160 D.RR. 544 (2003), e In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003). Por su parte, en el caso del señor Vega Pérez, el Ministerio Público sencillamente se negó a proveer las razones que justificaban la ausencia de citación.

A raíz de ello, en ambos casos el magistrado detuvo el proceso para aclarar que no se estaba negando a atender-los en ausencia, sino que se solicitaba una explicación ra-cional por parte del Ministerio Público por no haber citado tanto al señor Rivera Martell como al señor Vega Pérez. A su vez, señaló que desde que se aprobó la Regla 6 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el Departamento de Justicia diseñó una boleta para la presentación de car-gos que incluye un espacio para esbozar las razones que tiene el Estado para someter un caso en ausencia. A su entender, ello equivale a una aceptación de la necesidad de justificar este proceder. Señaló, además, que esa necesidad era más patente en casos como éstos, en los cuales los im-putados estaban bajo la custodia y el control del Estado. Por último, enfatizó que la ausencia de justificación podía dar pie a actuaciones arbitrarias y discriminatorias por parte del Estado.

Insatisfecho con el proceder del Magistrado, el Procura-dor General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, presentó recursos de certiorari independientes ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, alegó que recae en la discreción del Ministerio Público citar a los imputados de delito a la vista de determinación de causa para el arresto, ya que no existe ninguna disposición legal que le obligue a hacerlo. Por ende, adujo que el Estado no tiene que presen-tar las razones en las cuales fundamenta su decisión de no citar al imputado y que el tribunal no tiene injerencia al-guna en esa determinación.

Evaluados los planteamientos del Procurador, el Tribunal de Apelaciones confirmó en ambos casos el dictamen del foro de instancia por entender que la discreción que se le reconoce al Ministerio Público para seleccionar la forma en la que se someten los casos no es absoluta. Más bien, concluyó que “la solicitud para celebrar la vista en ausen-cia le corresponde a la Fiscalía pero [que] la decisión al respecto, caso a caso, le corresponde a la Rama Judicial”. (Enfasis en el original.) Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 7. Por lo tanto, determinó que se le debe presen-tar al juez prueba de que el imputado fue notificado de la fecha y lugar en que se someterá la denuncia o de las ra-zones que el Ministerio Público tiene para presentar el caso en su ausencia. En conformidad con ello, devolvió los casos al foro de instancia para que el Estado proveyera las justificaciones requeridas y, de esa forma, el magistrado pudiera pasar juicio sobre la suficiencia de éstas.

Insatisfecho aún, el Procurador General acude ante nos mediante unos recursos independientes que fueron even-tualmente consolidados y básicamente reproduce los mis-mos argumentos que llevó ante la consideración del foro apelativo. Examinadas las peticiones, acordamos expedir. Transcurrido el término correspondiente, la parte recu-rrida no ha presentado su alegato con respecto a los recur-sos presentados. Por lo tanto, procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.

II

Resulta ampliamente conocido que toda acción penal en nuestro ordenamiento jurídico comienza con la determinación de causa probable para el arresto. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555; Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.RR. 803, 809 (1998). Desde el momento cuando se hace esa determinación, el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del imputado y se considera que éste queda sujeto a responder por la comisión del delito. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555.

La determinación de causa probable para el arresto constituye una exigencia de índole constitucional. Así el Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dispone que para expedir una orden de arresto es necesaria una determina-ción de causa probable por parte de un magistrado. La En-mienda IV de la Constitución de Estados Unidos contiene igual exigencia.

Ahora bien, los pormenores del proceso de determinación de causa probable para el arresto se encuentran recogidos en la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. En lo pertinente, esta regla dispone:

(a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confi-abilidad.
En esta determinación de causa probable el imputado ten-drá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor. 34 L.P.R.A. Ap. II.

Según surge del texto transcrito, la Regla 6 establece ciertos requisitos para la determinación de causa para el arresto, algunos de los cuales son de naturaleza constitucional. Así, por ejemplo, por imperativo constitucional es indispensable que en la determinación de causa para el arresto medie la intervención de un magistrado. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.RR. 366, 380 (1998). Esto evita que el Estado someta a una persona a un procedimiento criminal arbitrario y lo encause criminalmente sin base para ello. Además de la intervención de la figura neutral del magistrado, constitucionalmente se requiere la existencia de causa probable, que la determinación esté apoyada en juramento o afirmación, y que la orden de arresto sea específica en cuanto a la persona que será objeto de ésta. Pueblo v. North Caribbean, supra; Pueblo v. Irizarry, supra.

Una vez cumplidas estas exigencias, el método que el Ministerio Público seleccione para someter el caso para determinación de causa para el arresto es, a fin de cuentas, algo secundario. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560. En vista de. ello, el magistrado puede determinar causa para el arresto a base de la denuncia, de las declaraciones juradas que se unen a ella o a base del examen por juramento de un testigo con conocimiento personal de los hechos. Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. La determinación también se puede fundamentar en declaraciones hechas por información o creencia, siempre que tengan suficientes garantías de confiabilidad. Claro está, lo importante es que la información provista sea suficiente para que el magistrado encuentre causa probable para creer que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió. Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 813.

Según lo anterior, estamos contestes con el Procurador General, en cuanto aduce que la validez constitucional de la determinación de causa para el arresto —en ausencia de otras consideraciones de esa naturaleza— depende esen-cialmente de los factores señalados; es decir, de la inter-vención de la figura del magistrado, de que se haya encon-trado causa probable, de que la determinación haya estado fundamentada en juramento o afirmación y de la especifi-cidad de la orden. Por consiguiente, según la Sec. 10, Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, y de la Cuarta Enmienda federal no se re-quiere más que el cumplimiento de esas exigencias míni-mas, sin que sea determinante el método escogido por el Ministerio Público para someter el caso.

Ahora bien, la validez de la determinación de causa para el arresto no depende única y exclusivamente de los requisitos de índole constitucional enumerados en la Regla 6, supra. Como indicamos antes, esta disposición contiene otras exigencias y consagra ciertos derechos a favor de los imputados adicionales a los que concede la Constitución del Estado Libre Asociado y la Enmienda IV de la Constitución federal. Así, por ejemplo, la citada Regla 6 dispone que, en la determinación de causa probable, el imputado tiene el derecho a estar asistido de un abogado, a contrainterrogar a los testigos de cargo y a ofrecer prueba a su favor. Al interpretar esa disposición, hemos aclarado que tales derechos no son absolutos, ya que la vista de determinación de causa para el arresto puede realizarse en ausencia del imputado. Véanse: Pueblo v. North Caribbean, supra, pág. 9; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560; Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 904 (2001); Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 812.

En específico, hemos resuelto que los derechos reconocidos en la Regla 6, supra, se activan únicamente si la determinación de causa para el arresto se hace en presencia del imputado. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 375. Incluso, en atención a la naturaleza informal y flexible de la vista de determinación de causa para el arresto, hemos expresado que —aun cuando el imputado esté presente— no tiene un derecho irrestricto a contrainterrogar testigos de cargo. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 564. Más bien, ello depende de que el Fiscal haya sentado a algún testigo para declarar en la vista. Id. Por lo tanto, si el Fiscal presenta el caso a base de la denuncia o de las declaraciones juradas, el imputado no tiene el derecho a exigir que se sienten testigos para ser contrainterrogados y sus derechos se limitarán a estar asistido por un abogado y a presentar prueba a su favor. Id.

No obstante, lo anterior no significa —como sostiene el Procurador General— que hayamos validado de plano y en toda circunstancia la presentación de casos sin citar al im-putado para la vista de determinación de causa para el arresto ni que hayamos afirmado que la decisión recae en la absoluta discreción del Ministerio Público. De hecho, en la jurisprudencia invocada por el Procurador General, en apoyo de sus alegaciones, no se cuestionaba cuándo pro-cede citar al imputado a la vista de determinación de causa para el arresto ni se analizaba sobre quién recae, en última instancia, la decisión al respecto.

Más bien, lo que hemos afirmado sobre la presencia del imputado o la falta de ella en esta etapa, es que los derechos en cuestión se activan sólo cuando éste se encuentra presente en la vista y que, aún así, se ejercitarán de forma limitada. A su vez, hemos expresado que la vista de determinación de causa para el arresto se puede celebrar en ausencia del imputado. Pueblo v. North Caribbean, supra; Pueblo v. Irizarry, supra. Ello, sin embargo, no con-testa la interrogante que presentan estos casos. La contro-versia que esos recursos suscitan —y que, repetimos, no pone en duda la posibilidad de que la vista de determina-ción de causa para el arresto se celebre en ausencia del imputado— incide sobre un aspecto de fondo; a saber, so-bre quién recae en última instancia la decisión con res-pecto a si procede citar al imputado a la vista de determi-nación de causa para el arresto.

Para contestar esa interrogánte, es preciso realizar un análisis integrado, no sólo de la normativa consti-. tucional y estatutaria aplicable, sino de las normas de hermenéutica que deben guiar la discreción judicial al momento de interpretar la ley. En ese ejercicio, sabemos que “[e]l profundo respeto que nos merece la intención del legislador nos obliga en determinadas ocasiones a suplir las inadvertencias en que éste pueda haber incurrido”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 548 (1999). Véase Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84 (1961). A su vez, tenemos en mente la “regla dorada” de hermenéutica judicial, que promulga que las disposiciones de una ley deben ser examinadas e interpretadas de modo que no conduzcan a resultados absurdos, sino a unos resultados armoniosos. Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 548.

Partiendo de estos principios, al adentrarnos en el estu-dio del primer párrafo de la Regla 6, supra, notamos que su lenguaje parece presumir que el imputado no está presente cuando se hace la determinación de causa probable para el arresto. Ello en vista de que la regla indica que si el ma-gistrado encuentra causa probable expedirá la orden para el arresto de la persona contra quien se imputa la comisión de un delito. Véase Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, supra. No obstante, al final de esa misma sección se reco-nocen unos derechos que —evidentemente— no podrían ser ejercitados si el imputado no ha sido citado y, por lo tanto, no se encuentra presente. Nos referimos a las garan-tías mencionadas de asistencia de abogado, derecho a pre-sentar prueba y a contrainterrogar a los testigos de cargo. Esas garantías, si bien podrían ser consideradas vestigios del esquema procesal anterior a la Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990 (32 L.P.R.A. Ap. II) no pueden, ser da-das por no puestas. Así lo aclaramos expresamente en Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 563, donde nos negamos a eli-minar por la vía judicial los derechos mencionados. Allí indicamos que, en todo caso, lo que procede es interpretar-los de forma tal que armonice con el resto del ordena-miento.

Precisamente, armonizar esa disposición con el resto del ordenamiento y dotarla de efectividád conlleva a reconocer que los derechos allí conferidós —aunque limitados— no pueden quedar a merced de la parte sobre la cual recae la labor de encausar. Dado que no existen pautas específicas que guíen la discreción del Ministerio Público al momento de decidir si cita o no a un imputado a dicho proceso, el riesgo de actos arbitrarios y discriminatorios sería suma-mente amplio aim cuando nuestro sistema se erige sobre las normas del debido proceso e igualdad ante la ley. Véanse: Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., supra; Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390 (2005); Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 878 (1991). Nótese que, a base de la norma propuesta, el Ministerio Público podría citar a ciertos im-putados a la vista correspondiente, mientras que podría no citar a otros imputados sin justificación que sustente la distinción. Incluso, en la medida de que no tendría que presentar las razones que justifican su curso de acción, no habría forma de evitar que las motivaciones sean ilegales o discriminatorias.

Por otro lado, para percatarnos de los inconvenientes que podría acarrear la norma propuesta por el Estado, basta con pensar en el supuesto de un imputado de delito que, no sólo esté accesible y disponible para tomar parte en la vista de determinación de causa para el arresto, sino que está allí en el tribunal en espera de ésta, porque de alguna manera supo de ello. Según la norma propuesta, el fiscal podría someter el caso en su ausencia sin presentar justi-ficación alguna. A su vez, el magistrado —de encontrar causa probable— ordenaría su arresto inmediato, el cual podría efectuarse en su lugar de trabajo o en presencia de sus familiares. Todo ello, aun cuando estuvo presente en el tribunal y con su participación en el proceso pudo haberse evitado el innegable malestar que acarrea un arresto en las circunstancias descritas. Sin embargo, de haber estado presente en la vista de determinación de causa para el arresto, no sólo hubiera tenido el beneficio de la represen-tación legal y de presentar prueba a su favor, sino que —en caso de que se determinara causa— se hubiera evitado el inconveniente de un arresto posiblemente público y notorio.

Claramente, este Tribunal no puede avalar interpretaciones que atenten contra el principio básico de la equidad e igualdad ante la ley o que puedan poner en riesgo —injustificadamente— las protecciones que mediante la ley se nos han concedido. Tanto la dignidad humana como la igualdad jurídica son principios axiológicos indiscutibles que pertenecen a la categoría de los derechos fundamentales —De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 484 (1989)— que operan por sí solos para asegurar la convivencia democrática.

Conforme a lo anterior, aunque coincidimos con la pos-tura del Procurador General a los efectos de que general-mente no se debe recurrir a una disposición constitucional alterna cuando existe en esa ley una fuente específica que regula el asunto, Albright v. Oliver, 510 U.S. 266 (1994), lo cierto es que no podemos pasar por alto consideraciones tan básicas como la igualdad y el trato justo. Esto último se impone más aún si tomamos en cuenta que, una vez el legislador incorpora ciertos derechos por vía estatutaria, éstos pasan a formar parte integral del debido proceso de ley. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 106 (1974).

En el contexto de la Regla 6, supra, precisamente, el legislador incorporó unas garantías a favor de los imputados de delito en la etapa de determinación de causa probable para el arresto. Evidentemente, para poder ejercer estas garantías estatutarias los imputados, de ordinario, deben estar presentes. Para esto se requiere, sin duda, que se les cite a la vista de determinación de causa probable para el arresto. Tal requisito es el mecanismo para darle vigencia a los derechos conferidos en el tercer párrafo de la Regla 6(a), supra, y constituye una consecuencia ra-zonable de la norma que nos requiere suplir las lagunas que surgen de la ley e interpretarla de forma tal que guarde armonía y lógica interna.

Ahora bien, conocemos que pueden haber circunstancias que justifiquen, por vía de excepción, no citar al imputado a la vista de determinación de causa para el arresto. Así, por ejemplo, se puede justificar la celebración de la vista de causa para el arresto en ausencia del imputado cuando —a pesar del esfuerzo realizado— la persona no pudo ser localizada. De la misma forma, esta medida se podría sos-tener cuando se pretenden realizar arrestos en serie o cuando un operativo haya dado lugar a. denuncias múlti-ples que hagan muy oneroso para el Estado citar previa-mente a todos los imputados. Igualmente, puede haber ocasiones en las que la seguridad de las víctimas o los tes-tigos aconsejan que se celebre el proceso en ausencia del imputado o en que este proceder sea necesario para evitar que se malogre una investigación en curso. Véase, a esos efectos, J.M. Canals Torres, Procedimiento Criminal, 74 Rev. Jur. U.RR. 839, 848 (2005).

En todas esas circunstancias — que no constituyen un listado taxativo de excepciones a la norma general— se justificaría no citar al imputado y celebrar en ausencia la vista de determinación de causa para el arresto. Sin embargo, dado que la determinación de causa probable la hace el magistrado, y ya que éste tiene la obligación de velar por que no se menoscaben los derechos del imputado, es él quien debe decidir caso a caso sobre la necesidad de que la vista se celebre en ausencia del imputado. Es decir, es el magistrado quien debe pasar juicio y determinar con finalidad la suficiencia de las justificaciones ofrecidas por el Ministerio Público para no haber citado al imputado a la vista correspondiente. Y es que no podía ser de otra forma, ya que para garantizar la aplicación de los principios fundamentales en los que descansa nuestro ordenamiento, tanto el derecho constitucional como el estatutario requie-ren la intervención de la figura neutral del magistrado. Véanse: Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., supra; Enm. IV, Const. E.U., U.S.C.A. Const.; Regia 6 de Procedimiento Criminal, supra.

Si bien la función primordial del magistrado en estos procesos es determinar si existe una causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona impu-tada lo cometió, lo cierto es que este funcionario tiene la facultad y el deber de dirigir el proceso. Eso incluye, claro está, lo correspondiente a la citación del imputado y la po-testad de emplear las medidas necesarias para asegurarle el goce cabal de los derechos que le cobijan en esa etapa procesal. Por lo tanto, como ente neutral que conduce el proceso, recae en su discrecin determinar si procede citar al imputado a la vista antes de entrar a considerar si hay causa probable para su arresto.

No obstante, debe quedar claro que no ponemos en tela de juicio la facultad del Ministerio Público de decidir me-diante cuáles de los mecanismos aceptados someterá el caso para la determinación de causa probable para el arresto, independientemente de si el imputado se encuen-tra o no presente. Es decir, tal como afirmamos en Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 565, “en esa etapa del procedimiento criminal, el Estado debe tener la libertad de esco-ger la manera en que va a someter su caso”.

Igualmente, aunque el magistrado es quien toma la decisión finaE con respecto a la suficiencia de las justificaciones provistas por el fiscal para someter el caso en ausencia del imputado, nos parece innegable que este funcionario tiene a su haber las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas con respecto a ello. Los miembros del Ministerio Público, por su experiencia con el día a día en la persecución del crimen y por su contacto directo con los agentes del orden público, suelen tener un conocimiento abarcador sobre la conveniencia y necesidad de citar o no a un imputado de delito a la determinación de causa para el arresto. Es por ello que, aunque la decisión final recae en el magistrado, la justificación que ofrezca el Fiscal al respecto debe ser merecedora de amplia deferencia.

Claro está, ni el conocimiento más abundante ni la ex-periencia más profusa pueden impedir que el magistrado base la decisión final en su propio juicio a la luz de la totalidad de las circunstancias. Aceptar otra cosa constitui-ría un endoso a la práctica de despojar al magistrado de una facultad inherente a su cargo como encargado de diri-gir el proceso de determinación de causa para el arresto. A su vez, este resultado le restaría herramientas a los tribu-nales —principales guardianes de las garantías estatuta-rias y constitucionales— para velar que los ciudadanos no sean procesados de forma dispar por causas contrarias a la ley.

Debemos tener presente que justificar ante el magistrado la decisión de someter un caso en ausencia y reconocer que es éste quien debe tomar la decisión final al respecto, constituye un requisito de cumplimiento sencillo que no le impone una carga excesiva al Estado. Ese requisito de fácil cumplimiento puede redundar en marcados beneficios; a saber, propiciar la economía de energía policial y judicial, en cuanto permitiría que el magistrado adquiera jurisdicción sobre la persona tan pronto haga la determinación afirmativa de causa probable; evitar que los ciudadanos que opten por acudir a la vista de determina-ción de causa para el arresto sean puestos bajo arresto en lugares o circunstancias penosas, y, en algunas ocasiones, reducir el riesgo de una determinación errónea que pueda culminar en una privación de libertad innecesaria.

Por otro lado, creemos que la norma establecida res-ponde a lo que ha sido la práctica generalizada en los tribunales del país. Sabemos que, hasta tan reciente como el 2005, la práctica había sido citar a los imputados de un delito a la vista de determinación de causa para el arresto y prescindir de la citación sólo en circunstancias excepcionales. El cambio en el proceder de los miembros del Ministerio Público responde más bien a una política administrativa muy reciente de esta entidad fundamen-tada en evitar la citación de los imputados sin proveer las justificaciones correspondientes. Sin embargo, habiendo sido la práctica hasta una fecha reciente citar a los impu-tados de delito a la vista de determinación de causa para el arresto, y considerando los marcados beneficios que ello puede generar, no vemos razones de peso que inclinen la balanza en favor de la norma propuesta por el Procurador General.

Finalmente, estamos convencidos de que este resultado es compatible con la naturaleza informal y generalmente no adversativa de la determinación de causa probable para el arresto. De hecho, hemos sido claros al reconocer el carácter básico y fundamental de lo dispuesto en Pueblo v. Irizarry, supra, a los efectos de que el derecho del imputado a una participación activa en el proceso puede depender de los métodos seleccionados por el Fiscal para someter el caso y, sobre todo, de la sana discreción del juzgador. Por lo tanto, el resultado alcanzado no altera la norma de que los derechos del imputado en esta etapa procesal no son absolutos aun cuando esté presente. Ello, claro está, tampoco representa un impedimento para que se celebre la vista de determinación de causa para el arresto en ausencia del imputado cuando éste, habiendo sido citado, no ha comparecido a la audiencia correspon-diente o cuando —a juicio del magistrado— se configura una situación excepcional que justifica dicho proceder.

Aclarado lo anterior, pasamos a disponer concretamente de los casos ante nuestra consideración.

III

En estos casos, el Estado sometió para la determinación de causa para el arresto una denuncia contra los recurri-dos sin ofrecer fundamento alguno para eso. A pesar de que el magistrado solicitó expresamente que el Ministerio Pú-blico expusiera sus razones para someter los casos sin citar a los señores Rivera Martell y Vega Pérez, el fiscal se negó a hacerlo y, en su lugar, recurrió al Tribunal de Apelaciones.

Este proceder, sin duda, es contrario al Derecho, ya que recae en la discreción del magistrado permitir que la vista se celebre en ausencia del imputado. Para ello, el magis-trado debe pasar juicio sobre la suficiencia de las justifica-ciones provistas por el Ministerio Público para no haber citado a los imputados a la determinación de causa para el arresto. Dado que, en estos casos, el Estado se negó a pro-veer las razones que justificaban esa medida, el magis-trado no estaba en posición de determinar la validez o su-ficiencia de éstas.

Por lo tanto, actuó correctamente el foro de instancia al detener los procesos hasta tanto se le presentaran las ra-zones que ameritaban someter los casos para determina-ción de causa para arresto sin citar previamente a los se-ñores Rivera Martell y Vega Pérez. En consecuencia, no erró el Tribunal de Apelaciones al sostener su validez.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirman los dictámenes emitidos por el Tribunal de Apelaciones en los casos Pueblo v. Carlos Rivera Martell, KLCE-2006-1702, y Pueblo v. Jovet Vega Pérez, KLCE-2006-1769, y en consecuencia, los del Tribunal de Primera Instancia, Sala de In-vestigaciones de Mayagüez, referentes a dichos procesos. Se devuelven los casos al foro de instancia para procedi-mientos ulteriores de conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

Hoy, una mayoría de los miembros de este Tribunal con-cluye que corresponde al juez que preside la vista de deter-minación de causa probable para el arresto decidir cuándo procede citar al imputado de delito para que comparezca a dicho procedimiento; Es decir, el Tribunal, mediante fíat judicial, enmienda la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para incluir un requisito no dispuesto en ésta. En el proceso de así hacerlo, limita las prerrogativas del Ministerio Público de cómo conducir los procedimientos penales.

Disiento enérgicamente de esta determinación, por en-tender que nuestro derecho constitucional y estatutario no impone al Ministerio Público el deber de citar al imputado, ni de exponer las razones para ño hacerlo. Considero que decidir citar al imputado a la vista de causa probable para el arresto es una prerrogativa del Ministerio Público, en cuyo ejercicio éste goza de amplia discreción. A mi juicio, la determinación de este Tribunal irrumpe, impermisible-mente, en las facultades de otra rama de gobierno.

No obstante, en rigor, debo hacer constar que en estos casos el Ministerio Público no debió haber utilizado el me-canismo de radicación en ausencia contra los aquí imputa-dos, pues éstos se encontraban en la custodia del Estado, por estar confinados en una institución penal. El proceder del Estado en estos casos apunta, como poco, a una ausen-cia de buen juicio. La falta de buen juicio, sin embargo, aunque lamentable, no invalida el proceso. No hay duda de que la utilización indiscriminada de la presentación de car-gos en ausencia por el Departamento de Justicia ha llevado a este Tribunal al penoso resultado de hoy. Muy mal le ha servido al Ministerio Público esta desafortunada política pública.

Los hechos que motivan el recurso del Procurador General se encuentran consignados en la opinión mayorita-ria, por lo que es innecesario repetirlos. Procedo, por lo tanto, a la discusión de la controversia ante nuestra consideración.

I

A. La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece, en lo pertinente, que “[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando ... arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación”. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 311. En sa-tisfacción de las exigencias del texto constitucional, la Re-gla 6 de Procedimiento Criminal dispone un procedimiento para la determinación de causa probable para el arresto, mediando la figura imparcial del juez y fundamentada en un juramento o afirmación. 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 559 (2003). Se trata del inicio de la acción penal en nuestro ordenamiento. Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 819 (1993). Expresa el profesor Chiesa que “[l]o importante es que en la vista de causa probable para arresto se provean al magistrado los elementos para que éste pueda inferir la probabilidad de que 1) se ha cometido determinado delito, y 2) el delito fue cometido por la persona contra la cual se determina causa probable”. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. Ill, Sec. 21.3, pág. 29.

Por lo tanto, lo esencial es que se respeten los requisitos constitucionales; a saber, la intervención de la figura im-parcial del juez, la existencia de una causa probable, cuya determinación esté fundamentada en un juramento o afir-mación, y la especificidad de la orden. Pueblo v. Irizarry Quiñones, supra, pág. 559. De hecho, hemos sido enfáticos al establecer que, una vez cumplidos estos requisitos, el método mediante el cual se pruebe la existencia de una causa probable es realmente algo secundario. Id.

En Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374, 386 (2004), reiteramos que la presencia del imputado no es re-quisito para la validez de una determinación de causa probable para el arresto. De hecho, por lo general, éste no estará presente en el procedimiento. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal puertorriqueño, 8va ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 45 (“Por lo general, la persona no estará pre-sente; precisamente el propósito de la vista es que se or-dene su arresto o citación”). Véase, además, Chiesa, op. cit, pág. 25. Sin embargo, contradictoriamente, la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, reconoce el derecho del imputado a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor. Al interpretar dicha disposición, hemos establecido que se trata de un vestigio de la anterior versión de la regla, se-gún establecida por la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987 (34 L.P.R.A. Ap. II). Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 375 (1998).

El antiguo estatuto había creado en nuestro ordena-miento un mecanismo híbrido, de naturaleza adversativa, mediante el cual se combinaba la vista de determinación de causa probable para arresto con la de determinación de causa probable para acusar. Id., pág. 372. Si el imputado del delito comparecía a la vista representado por abogado y ella se^ examinaba a un testigo con conocimiento personal de los hechos, no sería necesaria la posterior celebración de una vista preliminar. Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 900 (2004). Por lo tanto, la naturaleza adver-sativa del anterior procedimiento respondía a que había sido concebido para, en algunas instancias, hacer innece-saria la celebración de una vista preliminar. Sin embargo, al reinstalar el procedimiento informal aún vigente, el le-gislador, al parecer por inadvertencia, omitió eliminar la referencia a los derechos que amparaban al imputado de delito según el esquema anterior. Pueblo v. Irizarry Quiñones, supra, pág. 558.

A fin de armonizar dichas disposiciones con el carácter poco adversativo de la regla actual, en Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 375, establecimos que los derechos a asistencia de abogado, contrainterrogar testigos y ofrecer prueba a su favor sólo se reconocerán si la determinación de causa probable para el arresto se hace en presencia del imputado. En Pueblo v. Irizarry Quiñones, supra, pág. 564, aclaramos que, aun así, estos derechos serían reconocidos limitadamente y su ejercicio estaría sujeto a la discreción del Tribunal. Sólo de esa manera se preserva el carácter informal y poco adversativo del procedimiento dispuesto en la Regla 6 y se evita que se convierta en una “pre-vista preliminar” o mini juicio. Id., pág. 563. Véase, además, Chiesa, op. cit., pág. 26.

De lo anterior podemos colegir que el procedimiento actual de determinación de causa probable para el arresto es informal y poco adversativo, en cuyo trámite el Ministerio Público goza de una amplia discreción para escoger el mé-todo mediante el cual demostrará que se ha cometido un delito por el imputado. El ejercicio de esta discreción no está sujeto a la presencia del imputado en el procedi-miento.

Sostiene lá opinión mayoritaria que una interpretación armoniosa de las disposiciones de la Regla 6, supra, exige concluir que no puede dejarse a merced del Ministerio Pú-blico, a quien corresponde encausar al imputado, elegir cuándo citarlo a la vista de determinación de causa para el arresto. Ello porque de su comparecencia depende la apli-cabilidad de los derechos a la asistencia de abogado, la re-presentación legal y el contrainterrogatorio de testigos que reconoce la citada Regla 6.

Desatiende lá mayoría, sin embargo, que la letra de la Regla 6, supra, no exige al Ministerio Público citar al imputado. Parece lógico pensar que si esa hubiese sido la intención del legislador, así lo hubiese hecho constar claramente. La regla tampoco requiere la presencia del im-putado para la validez de los procedimientos. Al respecto expresa el profesor Chiesa, op. cit, pág. 26, que el silencio de la regla parece dejar “a la total discreción del Estado citar o invitar al denunciado á la vista de determinación de causa probable para el arresto”. Más aún, según reconoce la opinión mayoritaria, el propio lenguaje de la disposición parte de la premisa de que el imputado no está presente en el procedimiento. Por lo tanto, el hecho de que se permita la comparecencia del imputado al procedimiento de Regla 6, süpra, o de que se le reconozcan ciertos derechos al com-parecer a éste, no implica que el Ministerio Público esté obligado a citarlo. Tampoco que tenga que demostrar, me-diante presentación de la prueba, las razones para no ha-cerlo con el fin de que el magistrado determine si procede la celebración de la vista en su ausencia.

Como expresamos en. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 561, a los efectos de que “no debemos establecer restricciones o limitaciones, ni hacer distinciones que la propia regla no impone”.

B. En segundo término, entiendo que, en ausencia de expresión legislativa en contrario, es al fiscal a quien co-rresponde decidir cuándo citar al imputado para que com-parezca a la vista de determinación de causa para el arresto. Ello, porque así surge de sus prerrogativas y fun-ciones según definidas por la Constitución y las leyes crea-das a su amparo.

Como sabemos, en nuestro sistema de separación de po-deres, la función de velar y hacer cumplir las leyes recae sobre la Rama Ejecutiva, en particular, el Departamento de Justicia. 3 L.P.R.A. see. 292; Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 65 (1967); Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702, 710 (1990). Es en los fiscales de dicho Departa-mento en quienes reside “la función de procesar a todos los delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332, 338 (1997). Véase 3 L.P.R.A. sec. 294x.

Hemos expresado que los poderes del fiscal incluyen “la facultad y responsabilidad de investigar los hechos delictivos y [de tomar] la decisión de a qué persona acusar y procesar criminalmente, y por qué delito”. Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997). Igualmente, el Ministerio Público posee la capacidad de realizar alegaciones preacordadas con la defensa de personas implicadas en la comisión de delitos, Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y de ejercer su criterio al decidir si pro-seguir con los procedimientos ulteriores a la vista preliminar. Regla 24 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como señalé en el caso específico del procedimiento dis-puesto en la Regla 6, supra, el fiscal tiene la potestad de decidir cuál método utilizar para lograr la determinación de causa probable para arrestar o si una combinación de los dispuestos en la regla a tales efectos. De hecho, el al-cance de los derechos del imputado en la etapa de la acción penal varía en función del método escogido por el fiscal en el ejercicio de su discreción. Pueblo v. Irizarry, supra.

En el descargo de dichas funciones, el fiscal posee amplia discreción. Pueblo v. Dávila Delgado, supra. Ahora bien, no cabe duda de que la discreción no es absoluta, sino que está limitada por consideraciones de índole constitu-cional y de política pública. Pueblo v. Pérez Casillas, supra, pág. 712; Pueblo v. Dávila Delgado, supra. Así, por ejemplo, “la decisión de procesar no puede estar basada en cla-sificaciones impermisibles, como raza y religión”. Pueblo v. Dávila Delgado, supra, pág. 171. Citando a Chiesa, op. cit., Vol. II, pág. 578.

Igualmente, es un principio reconocido que “la oficiali-dad de su cargo no ... impone [a los fiscales] una obligación inexorable”. O.E. Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, Orford, Equity Pub. Co., 1990, T. 1, Sec. 5.14, pág. 91. Su fin primordial como repre-sentantes del Estado es hacer justicia, no ganar casos. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441, 444 (1977). Por lo tanto, como funcionarios públicos, su compromiso con la justicia sobrepasa su obligación principal y sirve de guía en el desempeño de sus funciones.

Según lo anterior, entiendo que decidir si citar o no al imputado al procedimiento de Regla 6, supra, es una fun-ción inherente a las facultades investigativas del fiscal, en quien reside la responsabilidad y el deber de tramitar la acción penal en representación del Estado como parte. Como ocurre con el resto de sus funciones, al ejercerla, el fiscal goza de amplia discreción. Ahora bien, la discreción no es absoluta, sino limitada por los derechos constitucio-nales del imputado y por las consideraciones de política pública que hemos discutido.

La mayoría entiende, sin embargo, que permitir al Mi-nisterio Público decidir cuándo citar al imputado de delito al proceso de determinación de causa probable para el arresto se presta para acciones discriminatorias e irrazo-nables por parte del Estado. Sin embargo, como hemos visto, nuestro ordenamiento parte de la premisa de que la entidad no es guiada por el afán de ganar casos, sino por el del esclarecimiento de la verdad y del logro de la justicia. Así, reconoce la discreción del Ministerio Público a lo largo de la acción penal y establece el control efectivo de su ejer-cicio al imponer límites a ésta. Los límites proveen la pro-tección necesaria al imputado frente a las actuaciones dis-criminatorias o arbitrarias del Estado. Por lo tanto, la interpretación que propongo no impide que, en caso de que el Ministerio Público proceda discriminatoriamente contra un imputado, este último pueda hacer un planteamiento al amparo de la cláusula de igual protección de las leyes.

En suma, la decisión de la mayoría añade un elemento o requisito al procedimiento de determinación de causa probable para el arresto que la propia Regla 6 de Procedi-miento Criminal, supra, no contempla. Al hacerlo, coarta impermisiblemente la discreción de que goza el Ministerio Público en el desempeño, de sus prerrogativas en la fase investigativa de la acción penal. No puedo estar de acuerdo con este resultado. En su lugar, hubiera revocado la deter-minación del Tribunal de Apelaciones y ordenado la cele-bración de la vista de causa probable para el arresto en ausencia de los imputados.

       "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” Const. E.U., Enm. IV., U.S.C.A. Const.

       Véase, a modo ilustrativo, Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1975).

       Si bien en Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374, 383 (2004), expresamos que ni en la vista de causa probable para el arresto ni en la vista de causa probable en alzada se requiere citar al imputado, lo cierto es que en ningún momento afirmamos que la facultad de decidir cuándo se hace y cuándo no recae en la discre-ción absoluta del Ministerio Público. Además, las expresiones se hicieron en un con-texto muy ajeno al que da lugar a la controversia de los casos de autos (la validez de una citación hecha por el Fiscal a la vista de causa para arresto en alzada). Id., pág. 384.

       Ello en vista de que la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987 (32 L.P.R.A. Ap. II) había alterado el proceso de determinación de causa para el arresto con el fin de que adquiriera carácter más adversativo y poder prescindir en ocasiones de la vista preliminar. Con ese cambio, también se incorporó el tercer párrafo del acápite (a), que es el que confiere el derecho a la asistencia de abogado, a contrainterrogar y a presentar la prueba de defensa. Sin embargo, cuando la Asamblea Legislativa en-mendó nuevamente el proceso para revertirlo a su estado anterior, no eliminó el párrafo mencionado. Véase la Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990 (34 L.P.R.A. Ap. II).

       Esto a pesar de que la regla no hace distinción alguna cuando reconoce los limitados derechos que asisten a los imputados en esta etapa procesal (“[e]n esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor” (énfasis suplido) Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II).

       Tomamos conocimiento judicial de que el Tribunal de Apelaciones, Circuito Regional VII, se enfrentó a una situación similar en el caso Pueblo v. Julio de Jesús Matos, KLCE000761.

       Claro está, si a pesar de haber sido citado el imputado no comparece a la vista de determinación de causa para el arresto, su ausencia se consideraría una renuncia a su derecho a estar presente y a las demás garantías que le cobijan en esa etapa procesal.

       Nos referimos a la potestad de elegir entre los distintos métodos dispuestos en la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, o una combinación de ellos, a saber: (1) la denuncia jurada, (2) la denuncia y las declaraciones juradas que se incluyan en la denuncia, (3) la denuncia y el examen del testimonio del denun-ciante o sus testigos, (4) las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia, (5) las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia y el examen del testi-monio del denunciante o sus testigos, (6) el testimonio del denunciante o algún tes-tigo con el conocimiento personal del hecho delictivo y (7) la denuncia, las declara-ciones juradas que se incluyan con la denuncia y el examen del testimonio del denunciante o sus testigos. Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 562 (2003),

       Véase, a esos fines, J.M. Canals Torres, Procedimiento Criminal, 74 Rev. Jur. U.P.R. 839 (2005).

       Nos referimos a las varias formas que tiene el Ministerio Público para de-mostrar la existencia de causa probable, a saber, a base de: (1) la denuncia jurada; (2) la denuncia y las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia; (3) la denuncia y el examen del testimonio del denunciante o sus testigos; (4) las declara-ciones juradas que se incluyan con la denuncia; (5) las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia y el examen del testimonio del denunciante o sus testigos; (6) el testimonio del denunciante o algún testigo con conocimiento personal del hecho delictivo, o (7) la denuncia, las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia y el examen del testimonio del denunciante o sus testigos; o una combinación de éstas. Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 562 (2003).

       En Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374 (2004), expresamos, en el contexto de la vista de determinación de causa probable para el arresto en alzada, que “el tribunal tiene la facultad de expedir u ordenar la citación, tanto del imputado como de los testigos de cargo anunciados, cuando el fiscal o los agentes lo solicitan”. (Enfasis suplido.) Esta expresión, a mi entender, reconoce y apoya la conclusión a los efectos de que la facultad de decidir si citar o no al imputado reside en la Fiscalía.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Orlando Torres Trinidad, querellado.

      Número: AB-2007-112

      Resuelto: 25 de abril de 2008

      Sylvia Juarbe, abogada del querellado.
   per curiam:

El 13 de abril de 2007, el Sr. Roberto Torres Lebrón presentó una queja contra el Ledo. Orlando Torres Trinidad. La Secretaria del Tribunal Supremo notificó el 18 de mayo de 2007, mediante un correo certificado, la queja al licenciado Torres Trinidad. Con esta comunicación se le concedió el término de diez días para que, por escrito, compareciera con sus comentarios a la queja presentada. Este no compareció.

Nuevamente, y mediante un correo certificado, el 28 de junio de 2007 la Secretaria del Tribunal Supremo le conce-dió un término adicional de diez días. En esta segunda notificación advirtió al licenciado Torres Trinidad que, de no comparecer en el término concedido, el asunto sería re-ferido al Tribunal para procedimientos ulteriores. El licen-ciado Torres Trinidad, nuevamente, hizo caso omiso de este requerimiento.

Referido el asunto a nuestra atención, el 1 de agosto de 2007 emitimos una resolución en la cual le concedimos un término de diez días para contestar la queja presentada en su contra. Le apercibimos de que el incumplimiento con la resolución podría conllevar sanciones disciplinarias seve-ras, incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión. Esta fue notificada personalmente a Torres Trinidad el 27 de agosto de 2007. Al día de hoy, éste no ha comparecido.

I

Uno de los compromisos que asume cada abogado que presta juramento está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y órdenes de este Tribunal. Así, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado en ocasiones innumerables que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y el apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Rios Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). A tono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder pronta-mente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Demás está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nues-tras órdenes, procede la suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

II

Resulta obvio que a Orlando Torres Trinidad no le inte-resa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado, por lo que procede que decretemos su separación, inmediata e indefinida, del ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


text:
      In re Edgardo Mesonero Hernández.

      Número: TS-6541

      Resuelto: 30 de abril de 2008 •

      Jesús Antonio Rodríguez Urbano y Pedro E. Ortiz Álvarez, abogados del querellado; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Edgardo Mesonero Hernández, pro se.

   per curiam:

El 31 de julio de 2007 la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) sometió un in-forme sobre el estado de la notaría del Ledo. Edgardo Me-sonero Hernández. De éste surge que los Protocolos del notario correspondientes a los años 1994,1995,1997,1998, 2000, 2001 y 2002 fueron aprobados con deficiencias.

La Directora de ODIN trajo a nuestra atención ciertas deficiencias en los Protocolos correspondientes a los años 2000 y 2001 que, a su entender, indicaban que el notario Mesonero Hernández no observó la diligencia requerida en su desempeño notarial.

Las deficiencias con las que fue aprobado el Protocolo del 2000 son las siguientes:

Escritura número 54 sobre Donación comparece como tes-tigo instrumental un pariente de uno de los otorgantes; faltó expresión de las dos lecturas en alta voz y de la unidad de acto debido a que la donante no sabía leer. A pesar de que el notario reconoce que existe un vínculo filial entre la otorgante do-nante y el testigo, se .ha visto impedido de subsanar el instru-mento debido a que según éste la otorgante ha perdido sus facultades mentales.
Escritura número 92 sobre Testamento faltó la expresión sobre el conocimiento entre testigos y testador a tenor con los Arts. 630 y 631 del Código Civil de Puerto Rico y el caso de In re Barney López, 146 DPR 756 (1998). El notario evidenció a la Inspectora el fallecimiento de la testadora y la autorización de una escritura sobre división de herencia autorizada ante él mismo lo que demuestra que la deficiencia no ocasionó perjui-cios a terceros. (Escolio omitido y énfasis en el original.) Es-tado de la Notaría del Ledo. Edgardo Mesonero Hernández, pág. 2.

Las deficiencias con las que fue aprobado el Protocolo del 2001 son las siguientes:

Escrituras número 40 y 88 sobre Testamento Abierto faltó la expresión sobre conocimiento entre testigos y testador. El no-tario informó el fallecimiento de la testadora de la escritura número 40, pero no brindó información sobre la escritura nú-mero 88.
Escrituras número 77 sobre Donación y número 90 sobre Compraventa faltó la firma del notario. Artículos 13, 28 y 34 de la Ley Notarial. El notario informó que la donante de la escritura número 77 falleció. No brindó información sobre la escritura número 90. (Escolio omitido y énfasis en el original.) Estado de la Notaría, ante.

Examinado el informe de la Oficina de Inspección de Notarías, en una resolución de 16 de noviembre de 2007 y notificada el 26 de ese mes, ordenamos al Ledo. Edgardo Mesonero Hernández mostrar causa por la cual no debía-mos ordenar su suspensión del ejercicio de la abogacía.

II

El Artículo 22 de la Ley Notarial de Puerto Rico, dispone, en lo pertinente, que “[n]o podrán ser testigos instrumentales los empleados del notario autorizante, ni los parientes [de éste] o de las partes interesadas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. 4 L.P.R.A. see. 2040. La naturaleza de esta falta anula dicho instrumento de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2052, y la Regla 33 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. Véanse: Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979); Viqueira v. Registrador, 43 D.P.R. 34 (1932).

Por otra parte, cuando el otorgante no sabe o no puede firmar, el Artículo 20 de la Ley Notarial de Puerto Rico exige la comparecencia de un testigo instrumental. 4 L.P.R.A. see. 2038. En tales circunstancias, se requiere que haya unidad de acto, lo cual el notario hará constar bajo su fe en la escritura, conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2042, en la Regla 35 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, y a lo expuesto en In re López Toro, 146 D.P.R. 756 (1998). Es éste un deber de estricto cumplimiento cuya omisión, si bien no acarrea la nulidad del testamento, atenta contra la fe pública depositada en él.

En cuanto a la omisión del notario de consignar el conocimiento entre los testigos y el testador, hemos resuelto que tampoco invalidará automáticamente el testamento, aunque pudiera acarrear sanciones disciplinarias. In re López Toro, ante, citando a Bardeguez v. Registrador, 27 D.P.R. 214 (1919); In re Méndez Rivera, 141 D.P.R. 753 (1996).

La omisión de la firma del notario, al igual que la ausencia de las firmas de las partes o testigos, es causa de nulidad del instrumento, según lo establece claramente el Artículo 34 de la Ley Notarial, ante. Según expresamos en In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000), el único remedio que tiene el notario a su disposición para corregir tal deficiencia es el otorgamiento de una nueva escritura. Véanse, además: In re Salas Arana, 170 D.P.R. 202 (2007); In re Amundaray Rivera, 163 D.P.R. 251 (2004); In re Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 509 (1999); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86-87 (1998); In re Platón, 113 D.P.R. 273, 274 (1982).

Hemos establecido que el ejercicio de nuestra facultad disciplinaria conlleva examinar múltiples factores. En particular, en los procesos disciplinarios contra los le-trados se deben examinar las circunstancias objetivas con-currentes con la comisión de las faltas éticas alegadas, la conducta del letrado luego de ocurrida la falta y el grado de arrepentimiento, si alguno, qué éste muestre antes de im-ponerle urna sanción disciplinaria. In re Padilla Santiago, 158 D.P.R. 787 (2003); In re Verdejo Roque, 153 D.P.R. 464 (2001); In re Ardín, 75 D.P.R. 496, 501 (1953).

Asimismo hemos resuelto que

[a]l determinar la sanción disciplinaria que ha de imponerse a un abogado que ha incurrido en conducta impropia, acostumbramos considerar, entre otras cosas, el previo historial del abogado, si se trata de una primera falta o de una conducta aislada y si el abogado goza de buena reputación en la comunidad. (Enfasis nuestro.) In re Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 840, 865 (1993).

III

En la Escritura Núm. 54 del 2000, sobre donación otor-gada ante el licenciado Mesonero Hernández, figuró como testigo instrumental un pariente de la donante, según ad-mitido por el propio notario. Sin embargo, la enfermedad de la donante imposibilitó que se otorgara una nueva es-critura y se subsanara la deficiencia. El fallecimiento de la testadora en la Escritura Núm. 92 del mismo año imposi-bilitó igualmente la subsanación de la falta de expresión sobre el conocimiento en los testigos y la testadora. El fa-llecimiento de la testadora impidió también que se subsa-nara la misma deficiencia en la Escritura Núm. 40 de 2001. Igualmente, no se logró subsanar la deficiencia de la que adolece la Escritura Núm. 77 de 2001 debido al falle-cimiento de la donante. Según indicó la Oficina de Inspec-ción de Notarías, el notario no ofreció detalles sobre la Es-critura Núm. 80 y la Núm. 90 del mismo año.

En su moción en cumplimiento de orden para mostrar causa, el licenciado Mesonero Hernández recalca que desde que surgió la controversia en el caso de marras ha demostrado su interés en aclarar la situación de su Proto-colo de instrumentos públicos para los años 2000 y 2001 y su “intención inequívoca” de atender con diligencia y serie-dad los señalamientos de la Oficina de Inspección de Notarías. Reconoce, además, sus faltas y omisiones en el descargo de su función notarial, pero aduce qüe ninguna de las faltas respondió a alguna motivación indebida o frau-dulenta de su parte.

El licenciado Mesonero Hernández hace hincapié en que a pesar de dichas faltas, los negocios jurídicos contenidos en los instrumentos públicos a que se refiere el informe tuvieron plena eficacia entre las partes contratantes o en-tre los herederos de los otorgantes. De esa forma, las par-tes realmente interesadas no han sufrido lesión o perjuicio alguno.por las omisiones involuntarias del notario.

Asimismo nos ruega que consideremos circunstancias atenuantes que a su entender obran en este caso, en particular que a través de su larga carrerá profesional, desde que fue admitido en 1979, no ha sido objeto de señala-miento ético alguno. Sometió, además; testimonios de su dedicación a la representación de personas indigentes en la región judicial de Aguadilla, lo cual indudablemente amerita nuestra consideración. In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986).

Considerado lo anterior y la jurisprudencia aplicable, limitamos la sanción disciplinaria en este caso a la suspen-sión del licenciado Mesonero Hernández de la práctica notarial por el término de tres meses, contados a partir de la notificación de este dictamen.

Se dictará sentencia de conformidad..

       Las deficiencias con las que se aprobaron los Protocolos de 1994, 1995, 1997, 1998 y 2002, fueron atendidas mediante resoluciones administrativas de la Oficina de Inspección de Notarías.


text:
      In re Aprobación del Procedimiento para Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual.

      Número: ER-2008-02

      Resuelto: 1 de mayo de 2008
   RESOLUCIÓN

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 1, L.P.R.A., Tomo 1, prohíbe el discrimen por razón de sexo. Por consiguiente, rechaza el hostigamiento sexual como una de sus manifestaciones.

Tanto la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, manifestada por mandatos legislativos, como la establecida por la Rama Judicial, prohíben en todas sus formas dicha práctica ilegal y discriminatoria por razón de género, y repudian todo acto constitutivo de hostigamiento sexual en el empleo, lo que constituye una ofensa contra la dignidad del ser humano.

Por otra parte, el Art. V, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, establece que el Tribunal Supremo podrá destituir a los jueces y a las juezas por las causas y mediante el procedi-miento que se disponga por ley. Por su parte, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), en su Art. 6.006 (4 L.P.R.A., sec. 25n), esta-blece que el procedimiento disciplinario y de separación del servicio de los jueces y las juezas se regirá por lo dispuesto en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo a esos efectos.

En conformidad con estas disposiciones, con los precep-tos legislativos encaminados a la erradicación del hostiga-miento sexual, con la política pública de la Rama Judicial y como respuesta a la necesidad de establecer un mecanismo efectivo para atender quejas por hostigamiento sexual, aprobamos las reglas que establecen el Procedimiento para Acciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual, el cual se incluye como parte integral de esta Resolución.

Este reglamento establece un procedimiento justo, rá-pido e imparcial para ventilar las quejas por hostigamiento sexual que se presenten contra los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelacio-nes de Puerto Rico, e impone responsabilidad por esta con-ducta ilegal salvaguardando el interés de la parte quere-llante y los derechos de la parte querellada. Además, faculta al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta y al Director Administrativo o Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales a tomar las medidas cautelares correspondientes para la protección de las partes cuando se inicia una investigación.

Este procedimiento entrará en vigor a los sesenta días de la certificación de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

CAPÍTULO I. TÍTULO, ALCANCE, INTERPRETACIÓN

Regla 1 — Título

Estas reglas se conocerán como “Procedimiento para Ac-ciones Disciplinarias contra Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual”.

Regia 2 — Base legal

Estas reglas se adoptan en conformidad con las disposi-ciones del Art. II, Sec. 1, y el Art. V, Sec. 11 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y con el Art. 6.006 dé la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, según enmendada, con la política pública de la Rama Judicial y con la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada.

Regla 3 — Política pública y acción afirmativa

La Rama Judicial sostiene como política pública que el hostigamiento sexual en el empleo o relacionado con el em-pleo es una práctica ilegal y discriminatoria por razón de sexo que no será tolerada. Mediante este documento se re-afirma la prohibición del hostigamiento sexual en el tra-bajo y se adopta el procedimiento a seguir para presentar quejas o querellas por este motivo.

Toda persona que entienda que ha sido objeto de con-ducta constitutiva de hostigamiento sexual por parte de un juez o una jueza, podrá recurrir al procedimiento de que-rella establecido.

En el fiel cumplimiento de esta responsabilidad, se to-mará acción inmediata y apropiada que incluirá, sin limi-tarse a:

(1) Divulgar esta política pública en detalle a los jueces y las juezas, y a los empleados y las empleadas, orientarlos sobre la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo y garantizarles que pueden trabajar con seguridad y dignidad.

(2) Dar publicidad amplia en el lugar de trabajo para que las personas aspirantes a empleo conozcan los dere-chos y la protección que les confiere la ley.

(3) Instruir a todos los Jueces Administradores y las Juezas Administradoras sobre su responsabilidad de man-tener el área de trabajo libre de hostigamiento sexual.

(4) Instruir a los Jueces Administradores y las Juezas Administradoras sobre su responsabilidad de notificar in-mediatamente a la Directora o al Director Administrativo de los Tribunales sobre cualquier queja o querella recibida de personas que. aleguen ser víctimas de hostigamiento . sexual.

Regla 4 — Definiciones

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas re-glas significarán:

(1) Alguacil o Alguacila — Alguacil o alguacila del Tribunal Supremo o de cualquier tribunal designado.

(2) Comisión — Comisión de Disciplina Judicial.

(3) Comisionado Asociado o Comisionada Asociada— Miembro de la Comisión de Disciplina Judicial.

(4) Director Administrativo o Directora Administrati-va — Director Administrativo o Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

(5) Evidencia clara y convincente — Criterio intermedio de suficiencia de prueba, entre el quantum requerido en los casos civiles de preponderancia de la prueba y el requerido para probar la culpabilidad en los casos criminales, esto es, más allá de duda razonable.

(6) Hostigamiento sexual — Cualquier tipo de acerca-miento sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de natu-raleza sexual, cuando se da una o más de las circunstan-cias siguientes:

(A) cuando el someterse a esta conducta se con-vierte de forma implícita o explícita en un término o una condición del empleo de una persona;

(B) cuando el sometimiento o rechazo a esta con-ducta por la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo, que afectan a esa persona, o

(C) cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir irrazonablemente con el desempeño del tra-bajo de esa persona o cuando se crea un ambiente de tra-bajo intimidante, hostil u ofensivo.

(7) Juez o Jueza — Persona que por nombramiento o de-signación se desempeña como juez o jueza en la Rama Judicial de Puerto Rico, salvo los jueces o las juezas del Tribunal Supremo.

(8) Juez Administrador o Jueza Administradora — Persona que por designación del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta, de entre los jueces y las juezas superiores, es responsable de la supervisión y el buen funcionamiento de una región judicial.

(9) Juez Asociado o Jueza Asociada — Juez Asociado o Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(10) Juez Presidente o Jueza Presidenta — Juez Presi-dente o Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(11) Oficina de Asuntos Legales — Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales o aquella oficina, persona o personas que tengan a su cargo la investigación de quejas.

(12) Presidente o Presidenta — Presidente o Presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial.

(13) Procedimiento — Procedimiento para Acciones Dis-ciplinarias de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Ins-tancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico por Hostigamiento Sexual.

(14) Promovente — Toda persona que entienda que ha sido objeto de conducta constitutiva de hostigamiento sexual por parte de un juez o una jueza y presenta una queja por hostigamiento sexual contra éste o ésta.

(15) Queja informal — Primera alegación verbal o es-crita en la que el o la promovente informa al Juez Admi-nistrador o a la Jueza Administradora, o al Director Admi-nistrativo o a la Directora Administrativa de los Tribunales sobre alguna conducta que pudiese constituir hostigamiento sexual por parte de un juez o una jueza.

(16) Queja formal — Escrito bajo juramento o declara-ción jurada ante un notario o una notaría, o ante un fun-cionario o una funcionaría autorizado o autorizada de la Oficina de Asuntos Legales, con lo cual comienza la inter-vención e investigación de dicha división legal.

(17) Querella — Escrito presentado ante la Comisión de Disciplina Judicial luego de una determinación de causa, en el cual se le imputa a un juez o a una jueza una con-ducta que viole los Cánones de Ética Judicial, los cánones del Código de Ética Profesional, la ley o la reglamentación pertinente y que pueda conllevar la imposición de cual-quier sanción disciplinaria.

(18) Reglas — Reglas que comprenden el procedimiento para las acciones disciplinarias por hostigamiento sexual.

(19) Secretario o Secretaria — Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico o el funcionario o la funcionaría designado o designada por aquel o aquella.

(20) Tribunal — Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Regla 5 — Jurisdicción y alcance

(1) Estas reglas regirán el procedimiento disciplinario contra jueces y juezas en casos de hostigamiento sexual, según definida por la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, reglamentada por los Cánones de Ética Judicial y los cánones del Código de Ética Profesional, y por una orden o el Reglamento del Tribunal Supremo.

(2) Cuando en la queja formal se alegue, además de los hechos que puedan constituir hostigamiento sexual, otro tipo de conducta que no constituya hostigamiento sexual, se seguirá este procedimiento.

(3) Sin que la enumeración siguiente sea considerada taxativa, no se investigará aquella queja formal que:

(A) pretenda intervenir impropiamente con deter-minaciones judiciales;

(B) pretenda utilizar indebidamente el procedi-miento disciplinario para lograr la inhibición de un juez o de una jueza en un caso particular o cualquier ventaja en un caso o procedimiento ante su consideración;

(C) sea anónima, y

(D) sea frívola de su faz.

Regla' 6 — Interpretación

Estas reglas se interpretarán de modo que garanticen a los ciudadanos y a las ciudadanas, y a los jueces y a las juezas la pronta consideración de las quejas por hostiga-miento sexual, el debido proceso de ley y la justa y rápida disposición de todo asunto presentado. Los términos dis-puestos en este procedimiento son de carácter directivo, prorrogables por justa causa.

CAPÍTULO: II. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA

Regla 7- — Inicio del procedimiento

(.1) La parte promovente podrá presentar una queja formal o informal para investigar la conducta de un juez o de una jueza por alegado hostigamiento sexual.

(2) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director Administra-tivo o la Directora Administrativa de los Tribunales, podrá solicitar a iniciativa propia una investigación sobre la con-ducta por alegado hostigamiento sexual, por parte de un juez o una jueza. La solicitud bajo este inciso no requerirá juramento alguno.

Regla 8 — Medidas provisionales o administrativas

En consulta con el Juez Presidente o la Jueza Presi-denta, el Director Administrativo o la Directora Adminis-trativa, o el Juez Administrador o la Jueza Administradora podrá tomar aquellas medidas provisionales o administra-tivas para la protección de ambas partes y de la investiga-ción bajo estas reglas.

Regla 9 — Presentación de la queja informal

(1) La parte promovente podrá informar verbalmente o por escrito, sobre la alegada conducta constitutiva de hos-tigamiento sexual del juez o de la jueza, al Juez Administrador o a la Jueza Administradora de su región judicial o al Director Administrativo o a la Directora Administrativa.

(2) El Juez Administrador o la Júeza Administradora, al recibir la queja informal por escrito, deberá notificar a la parte promovente de sus derechos y tendrá la obligación de remitirla al Director Administrativo o a la Directora Admi-nistrativa inmediatamente y no más tarde de tres días la-borables de recibirla. De ser una queja verbal, el Juez Ad-ministrador o la Jueza Administradora deberá completar el formulario provisto para ello y remitirlo, dentro del mismo término, al Director Administrativo o a la Directora Administrativo. La parte promovente suscribirá el docu-mento que prepare el Juez Administrador o la Jueza Admi-nistradora como que contiene una relación de todos los he-chos (fecha, hora, lugar, testigos) relacionados con la queja presentada. En el caso de que la parte promovente se nie-gue a firmar el formulario, el Juez Administrador o Jueza Administradora requerirá la presencia de un testigo, a quien luego de apercibirle en tomo a la confidencialidad del procedimiento certificará que, el Juez Administrador o Jueza Administradora advirtió de sus derechos a la parte promovente en su presencia y de su requerimiento para que firme el formulario que se habrá preparado luego de concluida la entrevista inicial, de la negativa de ésta a fir-marlo, así como de las razones que ha aducido para ello.

(3) El Juez Administrador o la Jueza Administradora tendrá la obligación de informarle al promovente que po-drá presentar una queja formal, escrita y bajo juramento al Director Administrativo o la Directora Administrativa para que comience el proceso investigativo.

(4) Si un funcionario o una funcionaría en posición directiva o de supervisión recibe una queja informal de un empleado o una empleada bajo su supervisión, deberá re-mitirla o informarla inmediatamente al Juez Administra-dor o a la Jueza Administradora de su respectiva región judicial en el formulario provisto para estos propósitos. El Juez Administrador o la Jueza Administradora procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en los incisos (2) y (3) que anteceden.

(5) Una vez recibida la queja informal, el Director Ad-ministrativo o la Directora Administrativa, o la persona en quien se delegue, tendrá cinco días laborables para remi-tirla a la Oficina de Asuntos Legales para su estudio y la recomendación de si procede que se comience una investi-gación formal bajo el procedimiento establecido en la Regla 7(2).

Regla 10 — Forma y lugar de presentación de la queja formal

(1) Para dar inicio al proceso de investigación, la parte promovente deberá presentar una queja juramentada. La queja formal podrá ser un escrito jurado ante un notario o una notaria, o una declaración jurada ante un funcionario o una fimcionaria de la Oficina de Asuntos Legales.

(2) La queja formal se presentará personalmente o se remitirá por correo al Director Administrativo o la Direc-tora Administrativa, quien informará de ello al Juez Pre-sidente o la Jueza Presidenta dentro de un plazo de cinco días laborables a partir de su presentación y la remitirá para su evaluación inicial a la Oficina de Asuntos Legales dentro del término de tres días laborables de haber sido recibida.

(3) Si la parte promovente presenta la queja juramen-tada directamente al Juez Administrador o a la Jueza Ad-ministradora de su región judicial, éste o ésta deberá remi-tirla inmediatamente, y no más tarde de tres días laborables, al Director Administrativo o a la Directora Administrativa. La fecha de la presentación de esta queja será la fecha cuando el Director Administrativo o la Direc-tora Administrativa la recibió.

(4) El que una persona no presente una queja formal no es obstáculo para que el Juez Presidente o la Jueza Presi-denta, o el Director Administrativo o la Directora Adminis-trativa comience un procedimiento investigativo bajo la Regla 7(2).

Regla 11 — Contenido de la queja formal

(1) Toda queja formal presentada cumplirá con los re-quisitos siguientes:

(A) será formulada por escrito y bajo juramento;

(B) indicará el nombre completo, la dirección postal y el teléfono del promovente;

(C) identificará al juez promovido o a la jueza pro-movida por su nombre y el tribunal en que éste o ésta se desempeña, y de desconocerlos, brindará suficientes datos que permitan su identificación, y

(D) expondrá detalladamente los hechos que moti-van la queja e indicará la fecha y el lugar donde éstos ocurrieron.

(2) La queja incluirá, además, cualquier otra informa-ción e identificará testigos o documentos para sustentarla.

(3) La parte promovente certificará por escrito que la queja presentada contiene una relación detallada de todos los hechos.

Regla 12 — Registro de quejas

La Oficina de Asuntos Legales anotará el recibo de toda queja bajo este procedimiento en el Registro Especial de Quejas y Solicitudes de Separación.

Regla 13 — Evaluación

(1) La Oficina de Asuntos Legales, o la persona desig-nada por el Director Administrativo o la Directora Admi-nistrativa, evaluará toda queja dentro de los cinco días la-borables siguientes a su presentación.

(2) Si la queja presentada no cumple con los requisitos formales de la Regla 11 de este procedimiento, se notificará al promovente y se le indicará la razón que la hace insufi-ciente y la forma y el término para subsanarla.

(3) El promovente será advertido, además, de que de-berá corregir la insuficiencia conforme los señalamientos dentro del término de diez días laborables a partir de la notificación, y que transcurrido este término sin que se efectúe la subsanación, la Oficina de Asuntos Legales estu-diará la queja y recomendará si procede que se comience el procedimiento bajo la Regla 7(2).

(4) De no iniciarse el procedimiento bajo la Regla 7(2) y de no haber sido subsanada su insuficiencia como queja formal, ésta se considerará desistida. El promovente será advertido de esta determinación. Si no está satisfecho con tal indicación, el promovente podrá solicitar la reconside-ración al Director Administrativo o la Directora Adminis-trativa dentro de los diez días laborables siguientes a la notificación. Si al reconsiderar el Director Administrativo o la Directora Administrativa sostuviera los señalamientos, el promovente podrá solicitar la revisión de tal determina-ción ante el Juez Presidente o la Jueza Presidenta.

(5) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o el Juez Asociado o la Jueza Asociada que designe el Tribunal, la resolverá y el Secretario o la Secretaria notificará al pro-movente, al Director Administrativo o a la Directora Admi-nistrativa y al juez o a la jueza.

(6) Si de la evaluación inicial resulta que, en conformi-dad con lo dispuesto en la Regla 5 de este procedimiento, el asunto carece de mérito, la Oficina de Asuntos Legales in-formará al Director Administrativo o a la Directora Admi-nistrativa, quien inmediatamente ordenará su archivo, no-tificará tal decisión por correo al promovente e indicará la razón que motiva el archivo y de su derecho a solicitar una reconsideración de tal decisión dentro de diez días calen-dario desde la notificación, y que no hacerlo así equivaldrá a una aceptación de que la determinación sea final.

(7) Si el Director Administrativo o la Directora Admi-nistrativa al reconsiderar sostuviera su decisión de archi-var, el promovente, dentro de diez (10) días calendario desde la notificación de tal decisión, podrá solicitar la revi-sión de esta decisión ante el Juez Presidente o la Jueza Presidenta. El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada designado o designada por el Tribunal Supremo, la resolverá.

(8) Si la evaluación inicial de la queja refleja la posibi-lidad o indica claramente una conducta que amerita una investigación ulterior, la Oficina de Asuntos Legales infor-mará de ello al Director Administrativo o a la Directora Administrativa al cabo de los quince días laborables si-guientes a la presentación de la queja e iniciará la investi-gación formal. Se notificará al promovente y al juez o a la jueza tal determinación, y se remitirá copia de la queja a éste o ésta.

CAPÍTULO III. PROCESO INVESTIGATIVO

Regla 14 — Confidencialidad

(1) El proceso investigativo y el expediente de la queja o de la solicitud de separación serán de carácter confidencial.

(2) Conforme con la Regla 10 de Disciplina Judicial, efectuada la determinación de causa probable y presen-tada la querella o petición de separación correspondiente, el expediente estará sujeto a inspección por el público en la Secretaría del Tribunal.

(3) El juez o la jueza bajo investigación podrá renunciar por escrito a la confidencialidad en cualquier etapa del pro-cedimiento, previa solicitud al Tribunal. No obstante, a so-licitud por escrito de las autoridades pertinentes, la Ofi-cina de Asuntos Legales informará si el juez o la jueza es objeto de investigación por queja presentada en su contra, y la etapa investigativa de ésta.

(4) No se ofrecerá información alguna sobre las quejas de hostigamiento sexual presentadas contra el juez o la jueza y que estén en la etapa de investigación, o que hayan sido desestimadas en cualquier etapa del procedimiento.

Regla 15 — Derechos procesales del juez y de la jueza bajo investigación; deberes

(1) Durante el proceso investigativo de una queja por alegado hostigamiento sexual, el juez o la jueza tendrá de-recho a:

(A) recibir una notificación del inicio del procedi-miento formal de investigación en su contra;

(B) obtener una copia de la queja o, si la investiga-ción fuese por iniciativa del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o de una Jueza Asociada, del Director Administrativo o de la Directora Administra-tiva, del Secretario o la Secretaria de Justicia, o del Procu-rador o la Procuradora General, a ser informado de su con-tenido;

(C) estar asistido o asistida por un abogado o una abogada;

(D) inspeccionar y obtener copia de todos aquellos documentos, declaraciones, libros u otra evidencia perti-nente al asunto, y

(E) conocer la identidad de los testigos presentados en su contra.

(2) Toda materia privilegiada conforme a las Reglas de Evidencia no estará sujeta a descubrimiento.

(3) Durante el proceso investigativo, el juez o la jueza promovido o promovida tendrá la responsabilidad de:

(A) contestar la queja presentada contra él o ella dentro del término de veinte días calendario desde que le fue notificada;

(B) cooperar en el proceso investigativo;

(C) suministrar todos aquellos documentos, obje-tos, grabaciones, nombres de testigos u otra prueba que entienda pertinente a la investigación o que le sea reque-rida;

(D) prestar declaración jurada, si se le requiere;

(E) abstenerse de realizar gestiones que constitu-yan o puedan ser consideradas intervenciones indebidas con testigos, prueba documental o de cualquier otra natu-raleza, y

(F) evitar la publicidad del asunto durante la etapa investigativa.

Regla 16 — Investigación formal

(1) La Oficina de Asuntos Legales o la persona desig-nada por el Director Administrativo o la Directora Admi-nistrativa realizará la investigación formal de la queja y rendirá al Director Administrativo o a la Directora Admi-nistrativa el informe correspondiente dentro de un término no mayor de sesenta días calendario a partir de la conclu-sión de la evaluación inicial.

(2) El juez o la jueza someterá, dentro del término que le sea concedido y a solicitud de la Oficina de Asuntos Le-gales, o a iniciativa propia, cualquier información respecto a la queja que estime pertinente al proceso.

(3) La Oficina de Asuntos Legales podrá requerir al promovente que comparezca para ofrecer información adi-cional o replicar a lo expuesto por el juez o la jueza dentro del término de diez días laborables.

Regla 17 — Informe de investigación formal

(1) Una vez finalizada la investigación formal, la Ofi-cina de Asuntos Legales deberá rendir un informe escrito al Director Administrativo o a la Directora Administrativa. Si los hechos determinados en el informe evidencian una conducta que amerita un procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, el Director Administrativo o la Directora Administrativa remitirá el informe junto con el ex-pediente completo a la Comisión dentro de los cinco días laborables siguientes a su recibo, dirigido al Secretario o a la Secretaria y notificará su envío al promovente y al juez o a la jueza.

(2) Si, por el contrario, los hechos determinados en el informe no fuesen indicativos de una conducta que amerite . un trámite ulterior, el Director Administrativo o la Direc-tora Administrativa desestimará la queja formal y orde-nará su archivo y notificación al promovente y al juez o a la jueza dentro de igual término de cinco días laborables desde su recibo.

(3) Se informará al promovente de su derecho a solici-tar la reconsideración de tal decisión al Director Adminis-trativo o a la. Directora Administrativa dentro de los diez (10) días calendario desde su notificación, de no estar con-formé con la determinación, y que no hacerlo así equival-drá a una aceptación de que la determinación sea final.

Regla 18 — Reconsideración por el Director Administrativo o la Directora Administrativa; revisión ante el Juez Pesi-dente o la Jueza Presidenta

(1) Dentro de los diez días laborables de haberle sido presentada la solicitud de reconsideración dispuesta en la Regla 17 dé este procedimiento, el Director Administrativo o la Directora Administrativa deberá considerarla y notifi-car su determinación al promovente y al juez o a la jueza.

(2) El promovente podrá presentar ante el Juez Presi-dente o la Jueza Presidenta una solicitud de revisión, den-tro de los diez días laborables siguientes a la notificación del Director Administrativo o de la Directora Administra-tiva, en la que sostenga su determinación inicial, la funda-mentará y expondrá en detalle los hechos que la sostienen. Notificará esta solicitud al Director Administrativo o a la Directora Administrativa y al juez o a la jueza.

(3) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o el Juez Asociado o la Jueza Asociada que el Tribunal designe, re-querirá al Director Administrativo o a la Directora Admi-nistrativa que le remita el expediente que obra en la Ofi-cina de Asuntos Legales, el cual deberá incluir el informe de la investigación realizada.

Regla 19 — Otras reglas aplicables

Una vez que se remita el informe a la Comisión de Dis-ciplina, aplicarán las Reglas de Disciplina Judicial, a par-tir de la Regla 13 de dicho cuerpo de reglas.

Regla 20 — Derogación

Por la presente queda derogada cualquier otra norma u orden administrativa, memorando, circular o reglamento que esté en. conflicto con las disposiciones de estas reglas.

Regla 21 — Cláusula transitoria

Toda queja que esté bajo investigación en la Oficina de Asuntos Legales al momento de entrar en vigor estas re-glas, continuará con el procedimiento vigente a la fecha de la presentación de la queja y hasta la presentación del in-forme de investigación a la Comisión. Los derechos proce-sales del juez o de la jueza bajo investigación le aplicarán a partir de la fecha de vigencia de estas reglas.

Regla 22 — Vigencia

Estas reglas entrarán en vigor sesenta días a partir de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico las apruebe.