author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Fermina Isabel Anaud Viuda de Blanco, recurrente, v. Hon. Miguel A. Muñoz, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, recurrido. José Martínez González, Eladio Yenderrozo e Ignacio Cabo Rodríguez, demandados.
    No. 515.

    Visto: Abril 26, 1926.

      Resuelto: Julio 24, 1926.
    Partes — Ndevas Partes y Cambio de Partes — De las Nuevas Partes — Modos de Traerlas al Pleito — Compradores Pendente Lite de la Propiedad en Controversia. — Cuando personas adquieren del demandado original pendente lite un interés en la cuestión en litigio o en la propiedad en controversia, la causa de acción contra ellos surge al tiempo de tal adquisición o posterior-mente, y para ser traídos al pleito, deben serlo mediante una alegación suple-mentaria, debiendo incluirse sus nombres en el emplazamiento y notificárseles lo mismo que en el caso original, a menos que comparezcan voluntariamente.
    CERTIORARI para revisar orden de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), por la cual, y a instancia de los demandados, ordenó una de-manda enmendada fuera eliminada de los autos del caso.

      Anu-lado el a%úo expedido.

      M. Tons Soto, abogado del peticionario; A. B. de Jesús, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante solicitó permiso para radicar nna segunda demanda enmendada basándose en los siguientes fundamen-tos :

“PRIMERO: Que en este caso se trata de la nulidad de un juicio seguido por el demandado José Martínez González contra la deman-dante compareciente y registrada la demanda original se introdujo en ella determinada enmienda, según aparece de autos.
“Segundo: Que más tarde se enmendó nuevamente la demanda pero al solo objeto de adicionar como demandado al señor Eladio Yenderrozo y esto a virtud de acto realizado por el otro demandado José Martínez González, sin intervención alguna de la demandante y sin conocimiento previo de ella.
“TerceRO: Que tanto una como otra de dichas enmiendas se llevaron a efecto cuando aún no había sido notificada la parte de-mandada y sin que se variara sustancialmente la causa de acción, limitando el efecto de la enmienda a traer nueva parte demandada a virtud de hecho ocurrido con posterioridad a la iniciación del li-tigio.
“Cuarto: Que después de radicada la segunda demanda enmen-dada, el señor Yenderrozo vendió la finca afectada por el litigio al señor Ignacio Cabo Rodríguez, quien se encuentra en posesión de la misma y resulta ahora una parte necesaria para la resolución de esta cuestión.
“Que los hechos relacionados constan de los autos del caso y esta petición se basa en los artículos 139 y 140 del Código de Enjuicia-miento Civil.”

La corte declaró con lugar esta moción pero posterior-mente, a instancias de los demandados, ordenó que la de-manda enmendada fuera eliminada de los antos basándose su actuación en lo siguiente:

“Dice Kerr en Cyclopedic Codes of California, (3), pág. 450, lo que sigue:
“ ‘Cuando ocurren hechos después de radicarse una alegación o un tercero resulta estar interesado y en consecuencia es una parte necesaria, como por ejemplo compra de cierto interés pendente lite, o matrimonio de una demandada, tal interesado debe incluirse me-diante una alegación suplementaria. Van Maren v. Johnson, 15 Cal. 308, 311.
“ ‘Pero ordenar simplemente que se incluyan nuevas partes, o insertar hechos necesarios en las alegaciones y sus nombres como partes, no da a la corte jurisdicción sobre ellas. En lo que a ellas se refiere es una nueva acción. Deben incluirse sus nombres en el emplazamiento y notificárseles lo mismo que en el caso original, a menos que comparezcan voluntariamente. State ex rel. Stevenson v. Burke, 37 La. Ann. 231, Akin v. Albany & N. R. Co., 14 How. Pr. 337 (N. Y.)’ ”

La posición de la demandante en este caso fué presen-tada tan plausiblemente en su petición para que se expidiera un auto de certiorari, que el auto fué expedido. Sin embargo, el memorándum de autoridades sometido en apoyo de la teoría de la demandante no es tan convincente como lo era la petición misma o el argumento oral durante la vista.

La peticionaria admite que las nuevas partes que se de-sea incluir deben ser citadas, pero insiste en que la corte de distrito prestó importancia indebida a la necesidad de que se recurriera a otros procedimientos.

Estamos de acuerdo con la peticionaria en que la necesi-dad de expedir una nueva citación tratándose de demanda-dos que eran partes necesarias al tiempo de radicarse la de-manda original no justificaría la conclusión do que dichas partes no pueden ser incluidas por enmienda. Respecto a tales partes la causa de acción existía al tiempo de comenzar el pleito pero en cuanto a supuestas nuevas partes que han adquirido del demandado original pendente lite un interés en la cuestión en litigio o en la propiedad en controversia la causa de acción surge al tiempo de tal adquisición o poste-riormente. En el presente caso, por ejemplo, la prescripción de la acción contra compradores subsiguientes empezaría a contarse desde las fechas respectivas en que se ejecutaron las escrituras en cuestión, o desde la fecha en que el hecho de tal traspaso llegó al conocimiento de la demandante.

La peticionaria también sostiene que el caso de Van Maren v. Johnson fue revocado por el caso posterior de Newhall v. Bank of Livermore, 136 Cal. 533, 535; 69 Pac. Rep. 248, pero en ausencia de explicaciones o de una relación del ra-zonamiento mediante el cual se llega a esta conclusión, no es necesario que tratemos por ahora de distinguir el caso men-cionado últimamente, o de demostrar que la regla en California no ha sido alterada.

La peticionaria además insiste en que el procedimiento adoptado por ella tiene el endoso de las decisiones de Illinois, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, • New York, North Carolina y Oregon, según se indica en el volumen 3 de Kerr’s Cyclopedic Codes of California (2da. edición), Có-digo de Enjuiciamiento Civil, Parte I, see. 389, pág. 688, nota 51, Nuevas Partes — Para Adicionar — -Procedimiento para in-cluir — Por enmiendas a la Alegación.

No hay nada en la nota a que se ha hecho referencia que indique la existencia de ninguna excepción a la regla general mencionada y la peticionaria parece asumir sin examinar los casos citados que llegan al extremo que ella alega. Por lo menos en el memorándum arriba citado no se analiza, dis-cute o cita directamente ninguno de los casos en cuestión. Tampoco tenemos acceso a todos ellos pero de una lectura a la ligera de los que hemos encontrado en nuestros anaqueles estamos persuadidos que no justifican la conclusión a que ha llegado la peticionaria por la relación de la regla general con-tenida en la nota, supra, a la sección 389 del Código de En-juiciamiento Civil de California. Véase White v. Johnson, 50 Am. St. Rep. 726; Matteson v. Wagoner, 147 Cal. Rep. 739; Callaman v. Keeseville, etc., R. R. Co., 48 Misc. 476; Griswold v. Caldwell, 14 Misc. 299.

Se anula el a%áo expedido.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Miguel Meléndez Muñoz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 645.

    Sometido: Junio 22, 1926.

      Resuelto: Julio 28, 1926.
    Hipotecas — Acción Ejecutiva Hipotecaria — Venta—Transferencia o Posposi-ción de i,a Venta Señalada — Facultad del MArshal para Diferirla.— Señalada fecha — en procedimiento ejecutivo hipotecario — para la venta en subasta de los bienes, ésta se llevó a cabo al siguiente día del señalado por haber sido éste fiesta legal. Cuestionada la facultad del mársha-l pa2a trans-ferir la subasta, se resolvió: que bajo las circunstancias del caso y en au-sencia de prueba más satisfactoria, el tribunal no estaba dispuesto a mani-festar que el márshal no tenía poder para diferir, posponer o transferir la venta anunciada.
    Nota de B. V. Pérez Merecido, R. (Guayama), denegando la ins-cripción de una venta judicial por los fundamentos expuestos en esta opinión.

      Revocada.

      Miguel Marcos Morales, abogado del recurrente; el recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La parte pertinente de una orden final en un procedi-miento sumario para la ejecución de una hipoteca dice así:

“Por tanto. — La Corte dicta resolución, ordenando al Secretario que expida al Márshal, el correspondiente mandamiento de ejecución y de que éste proceda a embargar y vender en pública subasta, la finca hipotecada, debiendo con el producto de la venta, pagar al de-mandante la suma de Tres Mil Dólares de principal, más Ciento Cincuenta Dólares para costas, gastos y honorarios de abogado de la demandante, teniendo la presente resolución toda la fuerza, efecto y vigor de un auto, ordenando la posesión de la finca hipote-cada, tanto entre las partes interesadas en este procedimiento, como entre éstas y cualesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio, en virtud de cualquier derecho adquirido durante el mismo, debiendo el Márshal en virtud de esta orden poner al comprador en posesión de la propiedad, dentro del plazo de treinta días, contados desde la adjudicación en subasta. Y líbrese para el cumplimiento de esta orden, el oportuno mandamiento al Márshal de esta Corte.”

El registrador se negó a inscribir la escritura del már-shal “por observarse que la subasta en este caso fue seña-lada para el día 16 de abril de 1926 de dos a tres de la tarde, no obstante lo cual, la misma fué transferida y llevada a cabo el día siguiente, 17 de abril de 1926, so pretexto de ser día de fiesta legal el día primeramente señalado, sin que el már-sbal tenga facultades para transferir como transfirió dicha subasta para el siguiente día. ’ ’

La teoría del registrador parece ser que el caso no cae dentro de las disposiciones del artículo 389 del Código Po-lítico que dice así:

“Cuando algún acto baya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado, y tal día ocurriere en día de fiesta, diebo acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto que si se hubiera realizado*en el día señalado.”

Alega el registrador que el día fijado en el edicto y aviso público de la venta en el presente caso no fue señalado por la ley o por contrato alguno, sino que había sido señalado por el mismo márshal.

. Esta alegación asume que el poder del márshal para pos-poner la venta, si tal poder existe, debió haberle sido confe-rido por las disposiciones del artículo 389, supra, o por cual-quiera otra disposición legislativa igualmente específica. Sin embargo, nuestra Legislatura al crear el cargo de márshal, al definir sus poderes y deberes, al fijar su responsabilidad para los litigantes y al prescribir el procedimiento a seguir al cumplir las sentencias y órdenes puestas en sus manos para su ejecución, parece que ha dejado muchas cuestiones de detalles a la sana discreción de este funcionario, para ser ejercida de acuerdo con la naturaleza del cargo confiádole y de la responsabilidad que sobre él recae y de conformidad con los principios generales del derecho.

La ley creando el cargo de márshal de distrito, definiendo sus deberes etc., aprobada el 10 de marzo de 1904 (Comp.) dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

“Sección 3. — El Márshal tendrá el deber:- — 1.—De asistir a las Cortes de Distrito durante sus respectivos períodos de sesiones ce-lebradas dentro de su distrito, y obedecer sus órdenes legales e ins-trucciones. ’'

La venta de bienes inmuebles por un,marshal en una or-den de ejecución, no se notifica generalmente en Puerto Rico, a la corte para su confirmación. Como bemos demostrado, la corte no exigía ni tenía en mente en este caso ni tal informe ni tal confirmación de la venta. Al márshal se le ordenó que embargara y vendiera la propiedad hipotecada, que pagara al demandante cierta cantidad de la suma obtenida en dicha venta y dentro de los treinta días siguientes pusiera al com-prador en dicha venta en posesión de la propiedad vendida.

Los artículos 1, 2 y 6 de la “Ley relativa a las senten-cias y manera de satisfacerlas,”- Estatutos Revisados de Puerto Rico, Compilación de 1911, secciones 5295, 5296 y 5300 disponen lo siguiente:

“1. — Que en las sentencias que se dicten en juicios sobre ejecu-ción de hipotecas y otros gravámenes se ordenará que el deman-dante recupere su crédito, daños y costas mediante venta de la finca sujeta al gravamen; y al efecto se expedirá una orden al márshal del distrito en que la propiedad hipotecada radique, disponiendo que proceda a embargarla y venderla para satisfacer la sentencia, en la forma prescrita por la ley para la venta de propiedad bajo ejecución; y si no se encontrase la.ñuca hipotecada o si el resultado de su venta fuese insuficiente para satisfacer la totalidad de la sen-tencia, entonces el márshal procederá a recuperar el resto del dinero o remanente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra pro-piedad del demandado, como en el caso de cualquiera otra ejecu-ción ordinaria.
“Sección 2. — Siempre que en pleito sobre ejecución de hipoteca, se expida por cualquier tribunal, que tenga jurisdicción en el asunto, una orden para ejecutar dicha hipoteca sobre una propiedad in-mueble, dicha orden tendrá toda la fuerza y efecto de un auto orde-nando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio, y cualquiera persona que reclamare por virtud de derecho adqui-rido del demandado durante el juicio, y el tribunal así lo dispondrá en el fallo, expidiendo una orden para que el márshal o cualquier otro funcionario que ejecutase la orden de venta, proceda en virtud de dicha orden a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida dentro del plazo de 30 días contados desde el de la venta.
“Sección 6. — La propiedad inmueble embargada en virtud de cualquier orden de ejecución será vendida en pública subasta en la forma dispuesta por la ley para venta de propiedad personal sujeta a ejecución.”

El artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe la forma en que se debe dar aviso antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución; y el artículo 252 dispone lo siguiente:

“El oficial que verificare las expresadas ventas sin el aviso pres-crito en el precedente artículo, incurrirá en una multa de quinien-tos dollars, que pagará a la parte agraviada, además de los daños y perjuicios que le ocasionare.”

Bajo estas circunstancias y en ausencia de una prueba más satisfactoria que la contenida en el alegato del regis-trador, no estamos dispuestos a manifestar por abora que el marshal no tenía poder para diferir, posponer o transferir la venta anunciada para el día 16 de abril para el siguiente día, 17 de abril. 10 R. C. L. 1288-1289, 35 C. J. 30-35.

La nota recurrida debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Partido Socialista, peticionario, v. Horace M. Towner, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico, demandado.
    No. 238.

    Visto: Junio 21, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    Cortes — Cortes de los Estados Unidos — Cortes de Circuito de Apelaciones— Apelaciones! para Ante Dichas Cortes — Procedencia del Recurso. — Co-rrespondiendo finalmente a la Corte de Circuito de Apelaciones decidir sobre la procedencia de un recurso establecido para ante ella; no habiendo aún dicha corte resuelto nada expresamente sobre la facultad asumida por este tribunal al negar, como lo ha hecho, recursos interpuestos para ante aquella-corte de apelación y opinando uno de los jueces de este tribunal que el re-curso establecido es procedente, se resolvió que debía admitirse la apelación interpuesta.

      SoliCitud de Auto de ERROR, de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, a la Corte Suprema de Puerto Rico.

      Concedido el auto.

      Bolívar Pagan, abogado del peticionario.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de marzo 12, 1926, la Corte Suprema, por mayoría, declaró no haber lugar a expedir el auto de mandamus solicitado. Las razones constan en la opinión de la •corte emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf en la misma fecha. El juez disidente Sr. Franco Soto hizo constar tam-bién por escrito sus razones.

No conforme el peticionario con la resolución de la corte archivó una “petition for writ of error” acompañada de un “assignment of error.” Se señaló un día para oir a las partes sobre la procedencia del recurso establecido. Sólo compareció el peticionario.

Al discutirse el caso en el seno del tribunal, el Juez Aso-ciado Sr. Wolf presentó un memorándum sosteniendo que el recurso no debía admitirse. Los Jueces Presidente Del Toro y Asociados Sres. Aldrey y Hutchison mostraron su confor-midad con la substancia del memorándum. El Juez Sr. Franco opinó que el recurso era admisible.

En vista de la actitud del Juez Asociado Sr. Franco Soto y tratándose de una cuestión que corresponde finalmente de-cidir a la Corte de Circuito, los Jueces Presidente Del Toro y Asociado Hutchison opinaron que debía darse curso al auto. Los Jueces Sres. Wolf y Aldrey insistieron en que de-bía negarse el recurso.

Es un hecho cierto que esta corte en diversas ocasiones hq. negado recursos interpuestos para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y para ante la Corte de Circuito, pero lo ha sido cuando ha existido unanimidad.

En ocasión alguna, que sepamos, la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en relación con la Corte Su-prema de Puerto Rico, lia considerado por escrito esta fa-cultad que Pernos asumido de acuerdo con otros precedentes que hemos consultado y sería muy conveniente que lo hiciera para despejar la situación en materia tan delicada y que se presenta con tanta frecuencia.

Se ha dicho que si esta corte niega la admisión del re-curso, el peticionario puede acudir a la Corte de Circuito en solicitud de un auto de mandamus ordenando a la Corte Suprema de Puerto Rico que lo admita. Así es en efecto pero a los Jueces Presidente Del Toro y Asociado Hutchison ha parecido que no dehe obligarse a un litigante a acudir al ejercicio de un recurso extraordinario cuando la Corte de Circuito aún nada expresamente ha resuelto y cuando un Juez de esta Corte Suprema disiente y considera que de acuerdo con su previo disintimiento sobre los méritos del caso éste es apelable de conformidad con la ley.

Debe admitirse el recurso.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
      Zoa Rodríguez Mattei y Néstor Rodríguez Mattei, demandantes y apelantes, v. Elvira Rodríguez Cuevas, demandada y apelada.
    No. 3904.

    Visto: Junio 24, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Hijos Naturales — Del Reconocimiento — Reconocimiento Voluntario — Re-conocimiento Auténtico y. Rehaciente — En Acta de Nacimiento. — Aún. cuando aparezca de un acta de nacimiento practicada en mayo, 1902 que ante el juez y su secretario compareció una persona, a inscribir una niña y la reconoció como su hija, si el acta no está firmada por dicha persona ni por dos testigos a su ruego porque no supiera firmar, no cabe sostener que dicha niña fuera reconocida en dicha acta de nacimiento.
    2. Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidad de dos Herede-ros y "Distributees” — Naturaleza y Establecimiento del Derecho en General — Declaratoria de Herederos — Acción de Nulidad — Condiciones Previas para Anular la Declaratoria. — Hecha una declaratoria de herede-ros a favor de una persona, y basada aquélla en el reconocimiento de ésta como hija natural en acta de nacimiento, si de dicha acta no aparece recono-cimiento alguno hecho por el padre, no es necesario solicitar la nulidad del acta antes de que pueda anularse dicha declaratoria.

      3. Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herede-ros y “Distributees”- — Naturaleza y Establecimiento del Derecho en General — Declaratoria de Herederos — Acción de Nulidad — Bn General. —Fundada una declaratoria de herederos en el hecho del reconocimiento de la peticionaria como hija natural en acta de nacimiento, si la sentencia en la declaratoria, según el juez, se basa en dicha acta, y de ésta no aparece que el padre reconociera a la peticionaria como hija natural suya, no siendo posible — para suplir el defecto del acta en cuanto al reconocimiento — presen-tar en dicho procedimiento prueba testifical al efecto, la declaratoria de here-deros debe anularse.
    Sentencia de R. II. Todd, Jr., J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda y contrademanda, con costas a los demandantes.

      Re-vocada, declarándose con lugar la demanda, sin costas.

      Arjona <& Arjona, abogados de las apelantes; Tomás Paz, Ir. y Leopoldo Tormes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este pleito fuá establecida por dos de los hermanos de doble vínculo del fallecido Conrado Rodríguez Mattei alegando que su dicho hermano murió siendo soltero sin dejar descendientes ni ascendientes legítimos ni natura-les, ni descendencia ilegítima por lo que a sus hermanos co-rresponde su herencia y que Elvira Rodríguez Cuevas se hizo declarar judicialmente única y universal heredera suya-, por haber sido reconocida por él como su hija natural, en el acta de su nacimiento, sin que sea cierto que Conrado Ro-dríguez Mattei reconociera a Elvira Rodríguez Cuevas como hija natural suya en el acta de nacimiento de ella por lo que. no tiene derecho a su herencia y debe ser anulada la decla-ratoria de heredera hecha a su favor, y cancelarse la ins-cripción que produjo en el registro de la propiedad.

Se opuso Elvira Rodríguez Cuevas a esa demanda y for-muló contrademanda para que se la declarase hija, natural reconocida de Conrado Rodríguez Mattei pero en el juicio no •presentó evidencia para probar las alegaciones que hizo a tal fin, y la corte decidiendo por la prueba presentada por los demandantes declaró sin lugar la demanda, siendo inter-puesta esta apelación por los perjudicados por la sentencia.

Resulta de la prueba de los actores que Elvira Rodríguez Cuevas promovió en la Corte de Distrito de Ponce un expe-diente ex parte sobre declaratoria de herederos de Conrado Rodríguez Mattei alegando que éste había fallecido siendo soltero y por tanto sin descendientes legítimos, sin ascen-dientes por haber muerto ellos antes y sin testamento, según las investigaciones y registros verificados en las notarías del distrito, pero dejando como única heredera universal suya a la peticionaria por ser su hija natural debidamente recono-cida por él en el acta de su nacimiento, y que intentaba va-lerse de la siguiente prueba: del acta de su nacimiento y de defunción de su padre por copias certificadas del registro civil correspondiente y además de la declaración verbal de dos testigos con conocimiento pleno de los hechos. En ese expediente aparece la certificación, de defunción de Conrado Rodríguez y la del acta de nacimiento de Elvira Rodríguez Cuevas hecha en Maricao el 20 de mayo de 1902 de la que aparece que ante el juez municipal de dicho pueblo y ante su secretario suplente compareció Conrado Rodríguez Mattei, soltero, para inscribir a la niña Elvira, nacida el 16 de marzo de 1902 en el domicilio de su madre Monserrate Cuevas, y que dicha hembra la reconoce como hija suya el declarante Conrado Rodríguez de su libre y espontánea voluntad con la conformidad de la madre, siendo testigos las dos personas que expresa. Esa acta aparece firmada por el juez y los dos testigos pero no por Conrado Rodríguez Mattei. No consta en ese procedimiento ex parte la prueba testifical que se practicara y la Corte de Distrito de Ponce por su sentencia de 30 de julio de 1921, teniendo en cuenta la petición, la prueba documental y testifical aducida en el acto de la vista del expediente; que se justificó el fallecimiento ab intestato de Conrado Rodríguez Mattei ocurrido el 4 de marzo de 1921 en Yauco, su último domicilio, siendo soltero, y por tanto sin descendientes legítimos como tampoco ascendientes y por ha-ber dejado como su única y universal heredera a la peticio-naria, como su única hija natural reconocida por él en el acta de nacimiento, declaró a Elvira Rodríguez Cuevas única y universal heredera forzosa ab intestato de Conrado Rodrí-guez Mattei. En el juicio que motiva la sentencia apelada fue presentado como prueba el libro del registro civil en que consta original el acta de nacimiento cuya copia certificada fue presentada en el expediente sobre declaratoria de here-deros y en esa acta original no aparece la firma de Conrado Rodríguez Mattei, y al referirse a los abuelos paternos de la niña, los padres de Conrado Rodríguez Mattei, están los ape-llidos Rodríguez y Mattei pero quedan los huecos para los nombres de esos abuelos.

La corte inferior admite, como la prueba demuestra, que el acta de nacimiento de Elvira Rodríguez Cuevas' no está firmada por Conrado Rodríguez Mattei pero declaró sin lu-gar la demanda en que se solicita la declaración de nulidad de la declaratoria de heredera hecha a su favor porque en-tiende que para que pueda ser anulada la declaratoria es ne-cesario solicitar antes la nulidad del acta de nacimiento de la demandada, y porque la deficiencia de la prueba documen-tal presentada en la declaratoria de herederos sobre el reco-nocimiento de la demandada pudo ser subsanada por la prueba testifical que1 menciona el juez en su sentencia sobre •declaratoria de herederos, fundamentos que en esta apela-ción se alega que son erróneos y que en efecto lo son.

Como Elvira Rodríguez Cuevas nació el 16 de marzo de 1902 y la inscripción de su nacimiento fué hecha el 20 de mayo del mismo año a las leyes entonces vigentes tenemos que referirnos.

Según el artículo 25 del Reglamento de Noviembre de 1884 para la ejecución de la Ley del Registro Civil entonces vigente todos los asientos de las respectivas secciones del registro civil tenían que ser firmados por el juez y el secre-tario, por las personas que hicieran la declaración o mani-festación a que dichos asientos se refieren y por dos testigos mayores de edad; y disponía el artículo 328 del Código Civil Español, que regía en dicha fecha y cuya promulgación fné posterior a la Ley del Registro Civil, qne las inscripciones de nacimiento en el registro civil serían firmadas por sn autor o por dos testigos a su ruego si no pudiere firmar. Y como el acta de nacimiento de' Elvira Rodríguez Cuevas no está firmada por Conrado Rodríguez Mattei, ni por dos tes-tigos a su ruego porque no supiera firmar,, no puede soste-nerse .que la demandada fuera reconocida en el acta de su nacimiento por Conrado Rodríguez Mattei como hija natural suya y por consiguiente no tenía derecho a promover el ex-pediente ex parte sobre declaratoria de heredera a su favor para el cual era necesario presentar o el acta de nacimiento en que conste el reconocimiento o el testamento en que se haya hecho u otro documento público en que conste (artículo 131 del Código Civil), como declaró este Tribunal Supremo en el caso de Puente v. Puente, 16 D.P.R. 583. Y puesto que por no estar firmada por Conrado Rodríguez Mattei el acta de nacimiento de la demandada en la que se dice que la reco-noció como hija suya no existe reconocimiento alguno de su parte, no era necesario solicitar la declaración de su nulidad antes de que pueda ser anulada la declaratoria de herederos que motiva este pleito. Si él o dos testigos a su ruego hu-biesen firmado esa acta entonces, de existir algún vicio que diera motivo a su nulidad haría necesaria la declaratoria de su nulidad, pero no cuando no aparece reconocimiento auto-rizado por el padre.

Respecto al otro fundamento de la sentencia tampoco puede sostenerse que como el juez que hizo la declaración de herederos tuvo en cuenta prueba documental y testifical, en ose expediente de declaratoria de herederos ha podido suplirse el defecto de que adolece el acta de nacimiento, porque según la sentencia en la declaratoria de herederos el reconocimiento como hija natural constaba en el acta de nacimiento, por lo que no se fundó para ese hecho en otra prueba; porque si fue necesario practicar otra prueba del reconoci-miento independiente del acta de nacimiento, entonces no-existía en ésta el reconocimiento hecho por el padre y por-que cuando no existe el reconocimiento en el acta de naci-miento, en testamento o en otro documento público, no es posible en una declaratoria de herederos, que es un procedi-miento ex parte, probarse y decidirse que la persona que desea se la declare heredera es hija natural de la persona a la que trata de heredar; y en el caso de Puente v. Puente, supra, que era un procedimiento sobre declaratoria de here-deros en el que una hija trató de probar que había sido reco-nocida por su padre, se dijo en la opinión escrita por el Juez Sr. Del Toro lo siguiente:

“Los trámites de la ley sobre procedimientos legales especiales a que hemos hecho referencia, no son los apropiados para la obten-ción de una sentencia declarando a una persona hijo natural reco-nocido de otra. Ha sido la práctica constante que cuando el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal com-petente ejercitando la acción de filiación para obtener que el tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó a declarar el padre de una manera solemne. Tal procedimiento es por su natu-raleza contencioso y en él son partes además del hijo, el padre o sus herederos y causa-habientes.
“Sólo cuando el hijo natural ha sido reconocido voluntaria y so-lemnemente por el padre o ha obtenido una sentencia reconociéndo-sele como tal, es que puede acudir a la ley de procedimientos lega-les especiales para obtener su declaratoria de herederos en los casos de herencia intestada.”

El caso de González Ramos contra González Ramos que hemos resuelto el 12 del presente mes y año también es de aplicación al presente asunto.

Por consiguiente, habiéndose fundado el juez que dictó la sentencia, según sus palabras, en un acta de nacimiento de la que no aparece que el padre reconociera a Elvira Rodrí-guez Cuevas como hija natural suya, por no haberla firmado, y no siendo posible que para suplir el defecto de esa acta en cuanto al reconocimiento se pudiera presentar prueba testi-fieal la declaratoria de herederos que se impugna se fundó en. un hecho equivocado y debe ser anulada.

El Juez Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Millán, acusado y apelante.
    No. 2545.

    Visto: Noviembre 10, 1925.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Cuestiones Relativas a la Admisión de Pruebas — -Inte-rrogatorio de Testigos Durante el Juicio — Admisión de Preguntas Cap-ciosas en el Examen Directo. — Alegado como error el permitir preguntas capciosas en el interrogatorio directo de un testigo, si el apelante no espe-cifica cuáles son esas preguntas, el Supremo no escudriñará los autos en busca de las preguntas que el apelante pueda considerar capciosas.
    2. Violación — Proceso y Castigo — Juicio y Revisión — Apelación—Revisión— Errores no Perjudiciales. — En proceso por violación de una menor de 14 años el permitir la pregunta "¿ella quiso ir?” hecha a un testigo mientras "éste declaraba que el acusado bajó la niña de un truclc y se la llevó a un pasto, se resolvió que, por no ser de influencia en el caso que ella quisiera ir con el acusado o no, no era perjudicial.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Actos y Declaraciones de Oonspiradiores y Co-acusados-Conducta de Estos Después de Logrado su Objeto — Declara-ciones en Presencia del Co-acusado. — En proceso por violación, la decla-ración por una persona respecto a manifestaciones hechas por otra — también acusada y condenada por violación de la misma niña — en presencia del acu-sado es admisible si diehas manifestaciones no están faltas de conexión con la conducta del acusado al ser hechas por dicha otra persona a presencia del mismo.

      i. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Evidencia Admisible — Edad de la Perjudicada — Evidencia Oral Respecto a la Edad. — En un proceso por violación de una menor de 14 años, es admisible evidencia oral para proba-r la edad de la ofendida.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba Siobre Hecbjos Es-tablecidos ya por Otra Prueba. — La no admisión de una repregunta hecha por la defensa a un testigo no constituye error cuando, con anterioridad a -dicha pregunta, ya el testigo la había contestado a la. misma defensa que la hizo.
    6. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Moción Sobre Absolución Perentoria. — Atendidos los fundamentos de la moción de absolución perentoria heeha en el caso de autos así como la prueba, se resolvió que la negativa de dicha moción no fué errónea.

      7. Violación— Proceso y Castigo — Juicio y Revisión — Instrucciones de la Corte al Jurado — Corroboración de la Ofendida.' — Examinadas las instruc-ciones de la corte inferior relativas a la corroboración de la declaración de la ofendida y a la edad de ésta, se resolvió no eran, erróneas.
    8. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Cuestiones Relativas a las Instrucciones — Negativa a Dar Instrucciones Solicitadas. — Examinadas las instrucciones relativas a complicidad que, solicitadas por la defensa, negó la corte inferior; descan-sando dichas instrucciones en que un testigo del pueblo era cómplice del aeu- ■ sado y apareciendo claro que tal testigo no era tal cómplice, se resolvió la corte inferior no cometió error alguno al negar las mencionadas instrucciones.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusada por delito de violación.

      Confirmada.

      Buenaventura Estoves, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Millán fué acusado de haber violado la niña de me-nos de 14 años de edad Elisa Yélez, que no era su esposa, apareciendo de la prueba que a eso de las nueve de la noche de uno de los días del mes de noviembre de 1923 Elisa Vélez abandonó la casa de su madrina Rosa Marrero, donde vivía, porque la regañó y se dirigía a la casa de una tía suya, siendo encontrada en un camino de un barrio de Lares por Luis Millán, Francisco Acevedo, Adelís Hernández y Luis Acevedo, que iban en un truck y la montaron en él y que más tarde al llegar al sitio de destino del truck Luis Millán la bajó de él y se la llevó a un pastito donde tuvo contacto carnal con ella llevándola después al truck donde la dejó y se marchó, habiendo tenido después en esa noche contacto carnal con Elisa Vélez en el truck Francisco Acevedo y luego-Adelís Hernández.

Condenado Luis Millán por el delito que se le imputó estableció este recurso de apelación contra la sentencia y contra la resolución que le negó un nuevo juicio y para sostener sus recursos alega como primer motivo que fué error de la corte inferior permitir al fiscal que hiciera en el juicio preguntas capciosas en su interrogatorio directo a Elisa Yé-lez en violación del artículo 153 de la Ley de Evidencia, pero como el apelante no especifica cuáles son esas preguntas, no-sotros no escudriñaremos los autos en busca de las pregun-tas que él pueda considerar capciosas. La única pregunta hecha a otro testigo, Adelís Hernández, que se alega ser cap-ciosa es la siguiente: “¿Ella quiso ir?” Ese testigo estaba declarando que Luis Millán bajó a la niña del truck y se la llevó a un pasto ocurriendo entonces la pregunta “¿Ella quiso ir?”, que aunque sea capciosa no es perjudicial para el acusado porque imputándosele la violación por ser la niña de menos de 14 años no era de influencia en el caso que ella quisiera ir con él o no.

El segundo motivo de error se funda en haber permi-tido la corte inferior que el testigo Domingo Quiles relatara ante el jurado ciertas manifestaciones hechas por Francisco Acevedo. Esas manifestaciones fueron que la mañana si-guiente a la noche en que ocurrieron esos hechos, Francisco Acevedo hablaba de la muchacha con varias personas reuni-das en el truck y dijo que esa noche habían gozado mucho, que había estado la sangre que daba al pecho, y entonces él se la llevó al truck, Francisco Acevedo, y entonces la mucha-cha se quejó y dijo que no lo aguantaba; que cuando decía eso Francisco Acevedo en voz alta el acusado Millán estaba allí cerca arreglando el truck y podía oir la conversación y se sonreía.

El apelante sostiene que las manifestaciones hechas por Acevedo y declaradas por Quiles no eran admisibles porque no hacen referencia a él ni fueron hechas en su inmediata presencia. Sin embargo, de los autos aparece que fueron hechas por Acevedo en voz alta, que el apelante estaba cerca, que podía oirlas y que se sonreía cuando fueron hechas por lo que no puede sostenerse que las manifestaciones de Acevedo no fueron hechas en su inmediata presencia; manifes-taciones que no se refieren solamente a Acevedo pues dijo, en plural, que aquella noche habían gozado mucho, sin que Millán hiciera objeción y antes al contrario se sonreía, lo que puede considerarse como asentimiento a dichas manifes-taciones; y esas manifestaciones de Acevedo, que también fue acusado y condenado por violación de esa niña, eran ad-misibles porque no estaban faltas de conexión con la con-ducta del apelante cuando fueron hechas por Acevedo. En el caso de People v. Mallon, 103 Cal. 514, había sido permi-tido a dos testigos que declarasen ciertas manifestaciones hechas por Foran, que había sido acusado con Mallon de ataque para cometer robo, y se declaró lo siguiente:

“. . . . Esta declaración, por sí sola y sin relación alguna con la conducta del apelante al tiempo de hacerse las supuestas mani-festaciones, sería, sin duda, claramente de referencia e inadmisible. Pero es una regla ya establecida de derecho que si bien una mani-festación hecha en presencia del acusado no es admisible por ser prueba de un hecho narrado en tal manifestación, es admisible, pri-mariamente con el ñn de demostrar que el acusado asintió a tal manifestación, ya por consentimiento expreso, o con su silencio, o con tal conducta que claramente implicaba tal consentimiento. (People v. MeCrea, 32 Cal. 98; People v. Estrado, 49 Cal. 171.) Tal testimonio debe, sin duda, recibirse con cautela; si no es seguido por alguna prueba de la conducta del acusado debe eliminarse; y si el abogado del acusado lo solicita (lo que no se hizo en este caso) la corte debe instruir al jurado que tal manifestación se admite únicamente para probar el fin arriba indicado. Pero la corte no comete error al admitir tales manifestaciones desde el primer mo-mento. En el presente caso creemos que aparece claramente cuál era la conducta del acusado cuando Foran hizo sus manifestaciones, las que éste no negó. Durante la declaración de Crockett acerca de tales manifestaciones y después del abogado del acusado presen-tar una objeción, la corte dijo: ‘Asumo que se sabrá lo que este acusado dijo e hizo en el curso de la conversación;’ y la corte en-tonces preguntó al testigo: ‘¿Qué dijo este acusado?’ a lo cual el testigo contestó: ‘El no dijo nada cuando le dijeron eso,’ y des-pués el testigo dijo ‘Estábamos todos formando un grupo. El acu-sado, Mallon, no dijo nada.’ Después del testigo Donovan declarar a ciertas manifestaciones hechas por Foran al acusado, dijo que ‘éste no contestó nada.’ Y, además, que cuando el testigo le pre-guntó al acusado ‘¿Tú estabas allí?’ éste le contestó ‘Te imaginas que soy tan tonto que te voy a decir que estaba allí?’ ”

Otra alegación del apelante es que no habiéndose demostrado debidamente que el nacimiento de Elisa Vélez no está inscrito en el registro civil de Lares por ser insuficiente la certificación del registro de no aparecer inscrito y también la certificación del cura párroco de Lares de no constar en sus libros el acta de su bautismo, que según el apelante es el mejor medio de prueba de su edad de acuerdo con el artículo 320 del Código Civil, no debió ser admitida prueba oral como evidencia secundaria para probar su edad. Sin embargo, en el caso de El Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 522, que era un caso por homicidio, se planteó esa cuestión y este Tribunal Supremo dijo que la declaración de los médicos que vieron el cadáver del interfecto era la mejor prueba de su muerte independientemente de cualquier certificación del registro civil; en El Pueblo v. Ruiz, 31 D.P.R. 312, por delito de acometimiento y agresión, también se hizo la misma alegación que en el presente caso y declaramos que el artículo 320 del Código Civil no era aplicable en casos de esa naturaleza y que se podía probar con testigos que el acusado era mayor de 21 años; y en Louisiana, donde rige un Código Civil como el nuestro, en el caso de State v. Romero, 117 La. 1603, 42 So. 482, en el que se trataba de un delito cometido con una mujer menor de 16 años, se dice en el syllabus que la evidencia oral de la edad de la mujer no es secundaria y que no es tal por el hecho de que pueda existir en un registro su partida de bautismo. En vista de lo expuesto no existe el error alegado y estimamos que la prueba oral fue suficiente para demostrar que, la perjudicada en este caso tenía menos de 14 años de edad cuando fué cometido el delito imputado al apelante, pues el perito doctor Seín manifestó que por el examen que hizo de ella entendía que tenía de 12 a 15 años de edad, sin poder afirmar que no tuviera menos de 14 años; la testigo Rosa Romero declaró que vino por primera vez a esta Isla en 1910, casada con don Celedonio Marrero, a vivir en el barrio de Mirasol de Lares en una finca de sn marido; qne muy cerca de la casa qne habi-taba vivían los padres de Elisa, la qne nació en mayo si-guiente de 1911 y fué bautizada en la finca por el cura de Lares al mismo tiempo qne otra niña llamada Prudencia Ruiz qne había nacido allí un mes antes y qne fué madrina de ambas niñas. También Juana Rodríguez declaró qne en esa época vivía en la casa de Celedonio Marrero y asistió como comadrona al nacimiento de Elisa y un mes antes al de Pru-dencia Ruiz; qne Elisa nació en mayo de 1911, lo qne recor-daba por una venta qne hizo, declaraciones qne están corro-boradas con certificación del registro civil creditiva de qne Prudencia Ruiz nació el 28 de abril de 1911, por lo qne Elisa tenía 12 años de edad en el 1923 en que' se dice haber sido cometida sn violación y por tanto qne era menor de 14 años.

El cuarto error alegado se funda en no haberse permitido cierta repregunta a una testigo y en haber sido negada la moción del acusado sobre absolución perentoria. A la testigo Juana Rodríguez se le repreguntó por la defensa del acusado si recordaba cuándo ocurrió el temporal de San Ciríaco, después de haber declarado que había ido a vivir al barrio de Mirasol de Lares en esa época y también se le preguntó en qué año habían tenido lugar los terremotos en esta Isla, repreguntas que no fueron permitidas y que alega ahora tenían por objeto demostrar que su declaración era amañada y que su credibilidad dejaba mucho que desear. Esa testigo había declarado antes a la misma defensa que fué a vivir al barrio de Mirasol de Lares el mismo año de la tormenta de San Ciríaco que sabe fué el 8 de agosto pero no se acordaba del año, y habiendo manifestado que declaró en otro caso contra Francisco Acevedo se le interrogó si recordaba que no supo contestar cuándo fué el ciclón de San Ciríaco, se opuso el fiscal a esa pregunta y sostenida su oposición por la corte se tomó excepción a esa resolución porque la defensa quería saber por qué decía que era el 8 de agosto. Es un hecho histórico del que tomamos conocimiento judicial que el ciclón llamado de San üiriaco ocurrió el 8 de agosto de 1899 y como la testigo Rabia manifestado ya que no recordaba el año en qne tuvo lagar annqne sí el mes y el •día, no Irubo error en negar dicha pregunta toda vez que ha-bía sido contestada antes. La repregunta íeferente a los terremotos no fué negada por la corte y fué contestada por la testigo diciendo que no se acordaba qué año ocurrieron.

La moción de absolución perentoria se fundó en que no se había probado la edad de la perjudicada en la forma que exige la ley; que la declaración de la perjudicada y el testigo Adelís Hernández, que el apelante, considera como cómplice, no han sido corroboradas a los efectos de conectar al acusado con el delito que se le imputa, y en que toda *la prueba del fiscal tomada en conjunto resulta insuficiente para una condena.

Ya hemos dicho antes que la evidencia oral era admisible para probar la edad de la perjudicada. La declaración de Elisa Yélez fué corroborada por el Dr. Seín en cuanto a su reciente desfloración; por Adelís Hernández en cuanto a que el acusado Luis Millán fué el primero que tuvo contacto carnal con ella aquella noche, y con respecto a que ese testigo no fué corroborado, si era un cómplice, nos bastará decir que tal corroboración existió porque otro testigo, Domingo Qui-tes, declaró que oyó cuando Francisco Acevedo cerca de Mi-llán y pudiendo éste oirlo se jactaba de lo que habían hecho aquella noche con Elisa; y por último la prueba en conjunto era suficiente para ser sometida al jurado y no ordenar un veredicto de absolución perentoria pues como hemos dicho relacionaba al acusado con el delito, siendo la declaración de Elisa Vélez clara y precisa y no vaga y débil como dice el apelante.

En el quinto motivo de error se alega que es errónea la instrucción de la corte al decir al jurado lo siguiente: “En •este caso concreto que se ha sometido a vuestra consideraeión ustedes tienen que ver si la declaración de Elisa Yélez ha sido o no ha sido corroborada por la declaración de Ade-lís Hernández, si la presencia de Adelís Hernández al ama-necer del día en qne se cometió el hecho en el barrio de Bar-tolo es nn indicio de corroboración de qne él estaba allí pre-sente, si es nna corroboración de sn declaración; si las ma-nifestaciones de Domingo Quiles, el barbero, refiriéndose a las otras manifestaciones del otro coacusado Francisco Acevedo, de qne la sangre aquella noche había estado al pecho, había corrido, y la sonrisa de Millán en presencia de esas manifestaciones, en vez de protestar del hecho y negarlo, si eso es o nó es una corroboración; y, finalmente, si la decla-ración del Dr. Seín es o nó nna corroboración en cnanto al acto de la desfloración. Aquí el fiscal ha traído prueba de que no existe la prueba primaria con certificaciones nega-tivas, primero del registro civil, después de la iglesia, y nna vez probado esto ha probado con declaraciones o ha tratado de probar con la declaración de Rosa Marrero, con la decla-ración de la señora esta, partera, Juana Rodríguez Ramos, la partera, la edad de la joven Elisa Yélez. Ustedes apre-ciarán si esta prueba ha sido suficiente para llevar a vues-tro ánimo, más allá de toda duda razonable, que esta joven era menor de 14 años. Si todos estos elementos están pro-bados, entonces ustedes no tienen otro remedio que traer un veredicto de culpabilidad contra el acusado.”

Esas instrucciones no son erróneas, ni dice el apelante-por qué lo son, sino que desde el momento en que el juez afirma que hubo las manifestaciones de Domingo Quiles y la sonrisa de Millán, dan por ciertas y probadas esas declara-ciones e invaden la facultad del jurado; pero lo que hacía la corte era referirse a las declaraciones oídas por el jurado para decirle a éste que viera si había sido corroborada la declaración de Elisa Vélez. Lo mismo podemos decir de la segunda parte de las instrucciones copiadas en la que la corte no da por cierto que esté probada la edad de la perjudicada sino que dice al jurado que aprecie si la prueba a que se re-fiere lleva a su ánimo, fuera de duda razonable, que la joven es menor de 14 años.

El penúltimo motivo de error es por haber sido negadas ciertas instrucciones que presentó la defensa del acusado para ser sometidas al jurado.

De las ocho instrucciones solicitadas por el abogado del acusado la corte dió al jurado las cuatro primeras y negó las otras cuatro que dicen así:

“Quinto. Que de acuerdo con el art. 253 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, no procede la convicción por declaración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que por sí misma y sin la ayuda del testimonio del cóm-plice tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente la dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito por las circunstancias del mismo. Sexto. Que el jurado es el único juez para determinar si un testigo es o nó un cómplice. Séptimo. Que en estos casos el testigo (cómplice) actúa bajo promesa de inmunidad y que si bien es cierto que esta promesa es siempre, negada por el cómplice, su existencia se sospe-cha siempre. Octavo. Que la declaración de un cómplice en un proceso por violación no puede servir para corroborar la declara-ción de la ofendida, ni el testimonio de ésta puede ser suficiente para corroborar la declaración del cómplice.”

Todas las instrucciones negadas descansan en la base de que Adelís Hernández es un cómplice de Luis Millán en el delito de que éste es acusado; en que el artículo 253 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal dispone que no procede la convicción por la declaración de un cómplice a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que por sí misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice tienda a demos-trar la relación del acusado con el delito, no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo. En este caso no se dieron instrucciones al jurado respecto a que debía considerar si Adelís Hernández es un cómplice y si en caso afirmativo su declaración estaba corroborada o nó y que fuera el jurado quien debiera decidir si es cómplice. ¿Era ese testigo un cómplice del acusado para que se hiciera necesario dar al jurado las instrucciones que fueron solicitadas y negadas? Cómplice es la persona que está relacionada con otras en la comisión de un crimen y no encontramos en la evidencia el más pequeño vestigio de que hubiera concierto entre Luis Millán y Adelís Hernández para la comisión del delito im-putado a Millán ni de ayuda alguna a él por parte de Her-nández, pues lo que resulta es que los hombres que iban en el truck recogieron en el camino a Elisa Vélez y la subieron a él; que cuando el truck se detuvo en el barrio de Bartolo, tarde en la noche, se marchó Luis Acevedo y después Millán bajó a la niña del camión y se la llevó a un pasto donde la violó, llevándola otra vez al truck donde después de subirla se marchó; que allí quedaron Francisco Acevedo y Adelís Hernández hasta que amaneció habiendo tenido ambos con-tacto carnal con la niña, primero Acevedo y después Her-nández, hechos que de ser ciertos demuestran tres delitos de violación independientes uno de otro y sin conexión entre sí, por lo que si bien cada uno de ellos podría ser acusado de un delito de violación, no podían ser acusados Acevedo y Hernández por el acto realizado por Millán, siendo esta dis-tinción un medio para determinar si una persona es com-plice o nó de otra. 16 O. J. p. 671. Y como cuando los he-chos con respecto a la participación de un testigo en el cri-men imputado al acusado son claros e incuestionables es la corte la que debe determinar si dicho testigo es cómplice o nó (16 C. J. 677, párrafo 1370), y siendo claro en este caso que Adelís Hernández no era cómplice de Millán no cometió la corte inferior error al negar las mencionadas instrucciones relativas a complicidad.

En vista de lo expuesto la sentencia apelada no es con-traria a derecho y a las pruebas como se alega en el séptimo y ultimo error por el apelante y debe ser confirmada, lo mismo que la resolución que negó él nuevo juicio.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison, disin-tieron.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Matos, acusada y apelante.
    No. 2841.

    Visto: Julio 19, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    Libelo y 'Calumnia — Proceso y Castigo — De la Denuncia — Suficiencia de la Misma. — Considerados los dos modos de cometer el delito de injuria y calum-nia prescritos por las secciones 1 y 2 de la ley de marzo 9, 1911 (Comp. 5691 y 5692) se resolvió que la denuncia en este caso estaba comprendida dentro de la definición del delito consignado en la sección 2 de dicha ley.
    SenteNcia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando a la acusada por delito de injuria y calumnia.

      Confirmada.

      Leopoldo T.ormes, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró culpable a la acusada de un de-lito de injuria y calumnia y le impuso una multa de $25. No conforme apeló de la sentencia y en su alegato señala como único error que la acusación es insuficiente, no alegando he-chos constitutivos Je un delito.

La denuncia dice como sigue:

“Yo, Eustaquio Sanabria, P. I. No. 271, vecino de Ponce, P. R., calle de Isabel No. 41, mayor de edad, formulo denuncia contra María Matos, por delito de Injuria y calumnia {Slander), cometido de la manera siguiente: Que en 24 de Julio, 11 a.m., de 1925, y en calle Isabel de Ponce, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. E., que forma parte del territorio de la Corte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., la referida acusada María Matos allí y entonces, voluntaria, maliciosamente y con la intención de denigrarme y exponerme al ridículo público y perjudicarme en mi cargo de Policía Insular, manifestó públicamente que yo la noche anterior estaba completamente borracho en la calle Coto y acostado en un tablón y que había bebido licor embriagante con distintas personas, siendo estas manifestaciones falsas y las cuales me han desprestigiado y expuesto a una acción administrativa en mi contra. . . .

La apelante alega que las palabras que se ponen en la-bios de la acusada no constituyen un relato o informe, o que sean constitutivas de delito, citando en su apoyo los casos de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163; El Pueblo v. López, 23 D.P.R. 114.

La ley para definir y castigar el delito de calumnia e in-jurias, aprobada en marzo 9 de 1911, página 172, prescribe:

“See. 1. — Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa im-putación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“See. 2. — Entiéndese también por calumnia toda palabra o con-cepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, déscrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.”

Esta segunda parte de la ley no es una traducción fiel y correcta' del texto inglés. Esto se hizo notar en el caso de El Pueblo v. García, supra, página 170, donde se dijo: “Es también un becbo cierto que la versión española de la sec-ción 2a. de la ley ya citada dice, ‘toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente,’ etc., (any word or thought maliciously and publicly spoken), mientras que la inglesa expresa ‘a tale or report maliciously and publicly made’ (un relato o informe que se hace maliciosa y públi-camente).” Se declaró asimismo que en casos de conflicto entre las dos versiones, si el estatuto es nuevo o de origen americano, prevalecía la inglesa.

El estatuto, por consiguiente, define dos modos de come-terse el delito. La sección Ia. se refiere cuando la imputa-ción hecha de palabra es constitutiva de un delito, y la sec-ción 2a. establece el delito cuando “un relato” {tale) o “un informe” {report) proferido tiende a la deshonra, descré-dito o menosprecio de la persona perjudicada. Dentro de esta última definición es que está comprendida la acusación de este caso. Las palabras que se alegan proferidas por la acusada no imputan un delito al demandante, pero sí un re-lato o informe hecho maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito y menosprecio del denunciante, y no’ tenemos du-das que los hechos tal como aparecen alegados en la acusa-ción, siendo falsos, afectan la reputación del denunciante, no sólo en su carácter de ciudadano, sino como funcionario, ha-ciéndole inhábil e incompetente para el puesto de policía insular que desempeña.

Dentro de las alegaciones de este caso, las citas de la apelante no son aplicables por ser distintas las circuns-tancias.

Por lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Carrión Rivera, acusado y apelante.
    No. 2645.

    Visto: Febrero 17, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Homicidio (Homicide) — Juicio—Instrucciones—Instrucciones Relativas al Homicidio (Manslaughter)- — Homicidio Involuntario (Involuntary Manslaughter). — Cuauclo existe alguna evidencia que tienda si demostrar que el acusado disparó a-1 interfecto accidentalmente, el rehusar dar una instrucción respecto al homicidio involuntario es error.
    2. Homicidio (Homicide)- — -Asesinato—Del Delito en General. — Al usar inten-cionalmente un arma peligrosa y matar a una persona, la) inferencia a de-ducir prima facie es que el acusado es culpable del delito de asesinato.
    3. Homicidio (Homicide) — Juicio—Instrucciones—Instrucciones Relativas al Asesinato — Diferencia Entre el Asesinato en Primero y Segundo Grado. —La instrucción al efecto de que la diferencia entre asesinato en primero y segundo grados es la ausencia de deliberación en el último, es correcta.
    4. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a la Evidencia, Mociones para Eli-minar y Excepciones — De la Objeción — Exposición de las Razones Rea-les en que se Basa. — Al objetarse la admisión de prueba que es clara-mente impertinente, debe hacerse algo para llamar la atención de la corte a -las razones reales en que se basa la objeción.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva EN LA OORTE INFERIOR DE LOS FUNDAMENTOS DE REVISIÓN-DE LAS OBJECIO-NES a la Evidencia y su Alcance — Cambios de los Fundamentos de Aquellas en Apelación. — Cuando las objeciones a la admisión de una carta van dirigidas sólo a la suficiencia de su identificación y otras cuestiones aná-logas, el hecho de que la carta sea impertinente no puede, ordinariamente, presentarse por vez primera en apelación.
    SENTENCIA ele Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), condenando al acu-sado del delito de asesinato en segundo grado.

      Revocada y de-vuelto el caso para nuevo juicio.

      Antonio Reyes Delgado, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de un juicio en la Corte de Distrito de Arecibo, Alejandro Carrión fue convicto del delito de. asesinato en segundo grado, según se le acusaba. La acusación, entre otras alegaciones decía que el acusado dió muerte a Adela Eivera con un revólver. En apelación se señalan tres erro-res, los que discutiremos en el orden en que ban sido pre-sentados por el apelante.

La prueba indisputable tendía a demostrar que el acu-sado mató a Adela Eivera, de quince años de edad, con un revólver. Un testigo declaró directamente que vió al acusado apuntar su revólver a Adela Eivera. Otros testigos oyeron la detonación del revólver, vieron al ácusado salir y le oye-ron exclamar, “¡Ay, Dios mío, qué be becbo yo!” El acu-sado sólo presentó un testigo quien declaró que estaba visi-tando la finada; que Alejo Carrión estaba trasteando el re-vólver cuando oyó la detonación y que no vió que Alejo Ca-rrión apuntara su revólver a la finada. A esta testigo, una joven, se le preguntó; “Si hubiera apuntado, ¿lo hubiera visto?” T su respuesta fue, “Como no, estaba fija.” En el examen de repreguntas se averiguó que ella había mani-festado al fiscal anteriormente que oyó la detonación, pero que después no vió nada más. Más o menos, la teoría de la defensa es que el acusado, que era un guardia de penales acostumbraba a portar tanto una macana como un revólver, al trastear el revólver accidentalmente lo disparó.

La defensa solicitó de la corte que instruyera al jurado respecto al delito de homicidio involuntario, instrucción que la corte se negó a dar, siendo éste el primer error señalado.

En el caso de El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, y en otros casos, siguiendo decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hemos resuelto que es innecesario dar instrucciones respecto al delito de homicidio cuando no hay prueba tendente a reducir el delito de asesi-nato a homicidio. Al usar intencionalmente un arma peli-grosa como un revólver y matar una persona, la inferencia a deducir prima facie es que el acusado es culpable del delito de asesinato.

Según los hechos de este caso, correspondía al jurado de-cidir si el' delito era asesinato u homicidio involuntario. Si el acusado tan sólo fué negligente al manejar un revólver, no es culpable del delito de asesinato.

El segundo señalamiento se refiere a la instrucción de la corte al decir que la diferencia entre asesinato en' primer grado y asesinato en segundo grado era la ausencia de deliberación en el delito inferior.- El apelante no hace hincapié en este supuesto error y admite que la jurisprudencia de esta corte es contraria a su contención. Hemos examinado la instrucción y hallamos que la diferencia entre asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado fué expresada debidamente. El apelante alega que no hubo prueba de premeditación, pero el jurado tenía el derecho de inferirla de la prueba presentada en el caso.

El tercer error señalado también nos ha causado serias dudas. El Pueblo, aunque no está obligado a probar el motivo para la comisión de un delito, trató de hacerlo así. Adela Rivera estaba comprometida para casarse con Ramón Castro. Este ocupó la silla de los testigos y se le pidió inmediatamente que identificara una carta recibida por él de la finada. El tenor de la carta era que Adela Rivera había tomado nota de las objeciones de su novio a que saliera en automóvil con el acusado, y ella prometía que no volvería a cometer esta falta. La carta por sí sola era enteramente inadmisible. Por sí misma no tendía a demostrar que el acusado tuviera celos. Pintaba un estado de hechos existente entre la finada y su novio, pero no demostraba ningún acto del acusado. No sabemos de ninguna regla de evidencia según la cual, al hacerse la debida objeción, se hubiese podido someter esta carta sin otra clase de prueba al jurado. No obstante, tenía algún valor probatorio. Era prueba circuns-tancial tendente a demostrar que cuando Adela Rivera in-formó al acusado de su resolución, él la mató, movido por los celos.

Las cortes generalmente son muy liberales, según dice el fiscal, al admitir prueba de motivos. El testigo, Ramón Castro, después de presentarse la carta, declaró que él le había prohibido o suplicado, según sea el caso, a Adela Rivera que volviera a salir en automóvil con el acusado, a pesar de que en esos paseos ella iba acompañada de su mamá.

Sin embargo, cuando se ofreció la carta como prueba el acusado no hizo la debida objeción a. ella. Primeramente dijo, con razón,' que no lé habían mostrado la carta y que no conocía su contenido. El testigo entonces declaró que conocía la firma de la finada. El abogado entonces se opuso a la admisión de la carta como prueba por no haber sido debidamente identificada; que no se había probado que ella sabía leer y escribir, ni que la firma fuera de ella; que el testigo no era suficiente para probar que esta carta era de la joven finada. Entonces se le hizo varias preguntas al testigo a fin de fundamentar la presentación de la carta y éste identificó la letra. Entonces el abogado se opuso a que se admitiera en evidencia alegando que la declaración de un solo testigo no era suficiente para probar un documento de esta índole, especialmente cuando la persona que lo había escrito no podía decir si era suyo o no. La corte mostró disposición a admitir la carta, y el abogado dijo: “También me opongo a la admisión como prueba, porque no veo qué se desprenda de ella, no veo qué pretende el Ministerio Fiscal probar con eso.” En ninguno de estos casos se presentó la debida objeción. :

No debemos insistir en que la' objeción a que se admita una carta, que era claramente impertinente (irrelevant) debe formularse con cierta precisión técnica, pero según demues-tran generalmente las decisiones, se debe hacer algo para llamar la atención de la corte a las razones reales en que se basa la objeción. No se hizo nada de esto.

Es evidente que cuando se devuelva el caso para nuevo juicio, al presentarse la debida objeción, la carta citada no será admitida si no se prepara una base mejor. Si lo que se trata de probar es el motivo, tal vez pueda hacerse de otros modos.

Por el error cometido ál dejar de dar la instrucción soli-citada debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José C. Morales Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 642.

    Sometido: Mayo 28, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    Testamentos — Requisitos y Validez — De la Rorma y Contenido de nos Ins-trumentos' — Conocimiento del Testador por el Notario y los Testigos — : Capacidad Legal del Testador para Testar — Omisión de Consignar que los Testigos se Aseguraron de Ella. — El que el notario autorizante de un testamento deje de consignar expresamente en el mismo que los testigos pro-curaron asegurarse de que a su juicio tenía el testador capacidad legal nece-saria para testar, no vicia de nulidad el testamento.
    Nota de L. Capó Matres, R. (San Germán), denegando inscripción de una escritura de partición de herencia en cuanto a la parte que se adjudicó a un heredero por herencia testada del padre.

      Revocada y ordenada la inscripción.

      Ricardo del Toro Soler, abogado del recurrente; el recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de San Germán la escritura pública No. 1 de parti-ción de herencia otorgada en Cabo Rojo, P. R., el 12 de enero de 1926, ante el Notario Público Ricardo del Toro, el regis-trador la inscribió en cuanto a ciertas adjudicaciones pro-cedentes de una herencia intestada y la denegó—

“en cuanto a la parte adjudicada en dichas fincas al mismo here-dero por herencia testada de su padre, Claudio Morales Yelazco, por observarse que en el testamento otorgado por el causante in-serto literalmente en la escritura y que sirve de base para formalizar la misma, tiene un vicio inductivo de nulidad, porque el notario autorizante ha dejado de consignar en el mismo el importante re-quisito de hacerse constar que los testigos que intervinieron en el otorgamiento del citado testamento, de procurar asegurarse de que a su juicio tenía el testador capacidad para testar, según claramente lo exige y dispone el art. 693 del vigente Código Civil, cuya nulidad faltando tal importante extremo, la declara el art. 695 del referido texto legal.”

El artículo 693 del Código Civil invocado por el regis-trador, en lo pertinente, dice:

“El notario y dos de los testigos que autoricen el testamento deberán conocer 'al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales. También procura-rán el notario y los testigos asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.”

Examinemos el documento de que se trata para ver si cumple o nó con el precepto transcrito. En sus comienzos, dice el notario:

“Comparece don Claudio Morales y Yelazco, de setenta años de edad, agricultor-propietario, viudo y vecino de este Municipio. Doy fe del conocimiento personal del compareciente y, por sus manifes-taciones,-de su edad, estado, profesión y vecindad; me asegura ha-llarse en el pleno uso de sus derechos civiles y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar testamento, pues se encuen-tra en salud y conserva su voz perfectamente inteligible y su in-teligencia clara y expedita.”

Siguen las disposiciones. Se trata de un caso sencillo. El testador estuvo casado en únicas nupcias con doña Carmen Pérez y Montalvo en cuyo matrimonio procreó sólo dos hijos, José Nicolás y José Ciriaco Morales y Pérez, que vi-vían y eran mayores de edad al tiempo del otorgamiento, y distribuyó sus bienes así: legó la quinta parte de los mis-mos a los cinco hijos de María Luisa Correa y de las otras cuatro quintas partes instituyó herederos, por partes iguales, a sus dichos hijos José Nicolás y José Ciriaco. Fueron tes-tigos sin tacha legal los vecinos Eladio Vega y Soltero, Gonzalo García y Marini y José Jiménez y Font. Y dijo final-mente, el Notario:

“Todos manifiestan que ven, conocen, oyen y entienden al tes-tador; ratifican haber oído de éste su conformidad con las anterio-res disposiciones testamentarias y firman con él. De todo lo cual, así como de conocer los mencionados testigos, y de haberse cumplido todas las prescripciones del Código Civil vigente respecto a los tes-tamentos abiertos, yo, el notario autorizante, doy fe.”

Es indudable que se hubiera evitado toda dificultad si el Notario lo mismo que expresó la forma en que él se cer-cioró de la capacidad del otorgante, lo hubiera hecho con respecto a los testigos. Una fórmula que consta en la pá-gina 857 del tomo 2, del Tratado de Notaría por Fernández, dice: “A mi juicio, corroborado por el de los testigos, veri-fica Doña Eleuteria este acto en la integridad de sus funcio-nes mentales, sin que medie violencia, dolo, fraude ni otra causa de nulidad, y tiene capacidad legal para otorgar tes-tamento. En cuya virtud, a'presencia de los testigos que la ven, oyen y entienden perfectamente, empieza a manifestar su última voluntad, y yo el Notario a reducirla a escrito en las cláusulas siguientes:”. Las itálicas son nuestras.

Pero no estamos conformes con el registrador en que la omisión advertida vicie de nulidad el testamento. La ley no exige que se consigne expresamente en el testamento mismo que la recomendación que hace con respecto a los tes-tigos quedó cumplida y la forma en que lo fue, y no exigién-dolo es bastante que el notario dé fe como dió en este caso de haberse observado “todas las prescripciones exigidas por el Código Civil vigente respecto a los testamentos abiertos.”

La cuestión no es nueva. Ha sido decidida implícitamente varias veces por el Tribunal Supremo de España (sentencia de 25 de febrero de 1881, 45 J. C. 353); por la Dirección General de los Registros de España (resolución de 26' de mayo de 1899), por el Presidente del Tribunal Supremo de Cuba (resolución de 21 febrero de 1903, 17 Jurisprudencia Civil, Cuba, 445) y por esta misma Corte Suprema de Puerto Rico on el caso de Bardeguez v. El Registrador, 27 D.P.R. 214.

Parece conveniente transcribir uno de los considerandos de la resolución cubana. Es así:

“Considerando: que al exponer el Código Civil en su artículo seiscientos ochenta y cinco que el Notario y dos de los testigos que autoricen el testamento deberán conocer al testador, y si no lo co-nocieren se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario y de los testigos instrumenta-les; salta desde luego a la vista que no se consigna en tal precepto que sea obligación del Notario autorizante del testamento hacer constar expresa o especialmente, o sea, dándose fe de ello, que dos de los testigos conocen al testador, pudiendo afirmarse, dada la letra de dicho artículo, que desde el instante en que la facción de un tes-tamento abierto no procedió el notario a identificar la persona del testador con dos testigos que le conocieran y fueran conocidos del mismo Notario y de los testigos instrumentales, es lógico y jurídico entender, presumir y dar por cierto y verdadero, que dos de los tes-tigos autorizantes de dicho testamento conocían al testador; siendo por otra parte una verdad' que es algo peligroso sujetar a un exa-gerado criterio de estricto formalismo la validez o nulidad de los testamentos, por omitirse lo que l'a ley expresamente no ordena en su letra que se haga constar, no debiendo perderse de vista que, además de dar fe el Notario en el testamento de que se trata de conocer al otorgante y testigos, y asegurar al propio tiempo que se habían observado todas las prescripciones de derecho, cuando el Código quiere que se haga constar algún requisito en materia de testamentos lo ordena expresamente, como puede verse en sus ar-tículos seiscientos ochenta y seis, seiscientos noventa y cinco y seis-cientos noventa y nueve.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Morales, Ramos & Cía., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez y A. L. Clark & Cía., demandados.
    No. 519.

    Visto: Julio 12, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Cortes — Cortes de Distrito — Apelación de las Cortes Municipales — Deses-timación — Omisión de Acompañar en Tiempo los Derechos para la In-clusión del Caso en Calendario. — Siendo la inclusión en calendario una gestión necesaria por la cual1 un apelante perfecciona su apelación para ante 3a corte de distrito, si solicitada dicha inclusión no se acompaña — ni se remite luego a su debido tiempo — el sello de rentas correspondiente, tal omisión pone al apelante en condiciones de que su apelación no esté perfeccionada al leerse el calendario y proceda su desestimación.
    2. Cortes- — Cortes de Distrito — Apelación de las Cortes Municipales — Inclu-sión del Caso en Calendario y Señalamiento para Vista — Omisión de Acompañar y Remitir ¿os Derechos para Ello en Tiempo y Efecto. — So-licitada inclusión en calendario de un pleito apelado para ante la corte de distrito sin, acompañar a- dicha solicitud el sello de rentas correspondiente, el recibo de dicho sello después de desestimada la apelación no puede pro-ducir el efecto de tener por perfeccionado el recurso, y menos para dejar sin efecto la sentencia que desestimó la apelación.
    CbRtioRARI para revisar resoluoión de- Gabriel Castejón, J. (Hu-maeao), que reconsideró sentencia dictada en un caso dejando éste abierto para ulteriores procedimientos.

      Anidada la resolu-ción recurrida.

      A. L. López, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

En una apelación procedente de una corte municipal el Secretario de la Oorte de Distrito de Humacao comunicó al abogado del apelante el 21 de septiembre de 1925 que había recibido los autos de la apelación. El 17 de diciembre el abogado del apelante solicitó por escrito de dicho secretario que incluyera el pleito en el calendario pero esto no fué he-cho porque no envió $5 en sellos de rentas internas de acuerdo con el arancel y así le fué comunicado por el secretario al abogado. El 23 de diciembre de 1925, en la cesión de la ma-ñana de la corte de distrito y después de la tercera lectura del calendario, la corte desestimó la apelación por no haber incluido el apelante su pleito en el calendario, recibiéndose ese día por la tarde por el secretario los $5 en sellos de ren-tas internas; y el 27 de mayo de 1926 la corte dejó sin efecto esa sentencia y abrió el caso para ulteriores procedimientos a petición del apelante por el fundamento de que el apelante do fue negligente en su apelación sino que tuvo un descuido en no enviar oportunamente el sello de rentas internas. Todo esto aparece de los autos de apelación obrantes en la corte de' distrito y que' se hallan ante nosotros en virtud del auto de certiorari que libramos a instancia del apelado.

La Ley No. 93 promulgada el 31 de marzo de 1919 como apéndice al tomo II de las Leyes de 1917, para enmen-dar y adicionar la ley para reglamentar apelaciones contra sentencias de las cortes municipales dispone en su- sección tercera (b) que si el apelante dejare de solicitar la inclusión del pleito en el calendario el juez de distrito declarará de-sierto el recurso imponiéndole las costas y que el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.

En el caso de Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 370, dijimos lo siguiente:

“Hemos tenido cierta duda respecto a si las prescripciones de esta ley de 1917 eran enteramente mandatorias, y a la vez si no permitían alguna discreción a la corte de distrito, pero en conjunto estamos convencidos de que la idea de la Legislatura fué que la in-clusión en el calendario era una de las gestiones necesarias por las cuales un apelante perfeccionaba su apelación. El apelante no duda de que es el deber de la corte desestimar’ una apelación si el caso en realidad no lia sido incluido por no hacer el apelante tal solicitud. Por la teoría de tal deber imperativo de parte del ape-lante él estaba obligado a actuar inmediatamente.”

El apelante pudo en el caso presente haber evitado toda cuestión remitiendo a su debido tiempo el sello de rentas in-ternas y su falta en hacerlo oportunamente lo puso en con-diciones de que su apelación no estuviese perfeccionada y procediese su desestimación, sin que el acto posterior suyo pueda producir el efecto de tener por perfeccionada su ape-lación. después del tiempo requerido por la ley por lo que debe ser anulada la resolución recurrida que dejó sin efecto la sentencia desestimando la apelación.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    Sucesores de L. Villamil & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Francisco Cintrón Muñoz, demandado y apelado.
    No. 3876.

    Visto: Junio 10, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Apelación t Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Cuantía o Valor en Litigio — Casos Originados en las Cortes Municipales — Erutos e Inte-reses. — La exclusión de frutos o intereses, según el inciso 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, se refiere tanto al valor de la cosa recla-mada como a la cuantía de la sentencia.
    2. Apelación Y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Fundamentos de Desestimación — Falta de Jurisdicción Apelativa. — Apelada sentencia de una corte de distrito que desestimó apelación, interpuesta para ante ella en pleito originado en la corte municipal, si el! valor de la cosa reclamada, sin comprender intereses, no excede de $300, el Supremo carece de jurisdicción para conocer de dicha apelación y ella debe ser desestimada.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Desestimada la apelación interpuesta.

      Adrián Agosto, abogado de la apelante; Antonio L. López, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fué iniciado en la Corte Municipal de Caguas para el cobro de nn pagaré de $273.61 y además para co-brar $82.08 por intereses vencidos. Dictada sentencia de-clarando sin lngar la demanda fué apelada para ante la Corte de Distrito de Humacao la que a instancia del apelado dictó sentencia desestimando la apelación por no haber cumplido el apelante con cierto requisito para perfeccionarla, sentencia que ha sido apelada para ante nosotros y qne el apelado so-licita que desestimemos porque la cuantía del pleito no nos da jurisdicción para resolverla.

Dispone el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo de sentencia de una corte de distrito dic-tada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de $300. La exclusión de frutos o intereses se refiere tanto al valor de la cosa reclamada como a la cuantía de la sentencia. Este Tribunal Supremo, en el caso de González v. Pirazzi, 16 D.P.R. 8, después de referirse al número 2o. del artículo 295 citado dijo lo siguiente:

“Y cuando la dicha cuantía excede de trescientos dollars, sin comprender frutos o intereses, de la sentencia dictada por la corte de distrito, se puede apelar para ante este Tribunal Supremo'.”

En el caso presente el valor de la cosa reclamada sin com-prender los intereses es sólo de $273.61 y por tanto carece-mos de jurisdicción para conocer de esta apelación y debe ser desestimada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Almodóvar, acusado y apelante.
    No. 2840.

    Visto: Julio 19, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    Armas — Portar Armas Prohibidas — Naturaleza del Delito en General. — La, Ley No. 14 de 1924 (p. 115) no contempla la convicción y castigo de un individuo por portar meramente un arma, con la cual lia inferido una herida, desde escena del suceso hasta el cuartel de la policía, sea por iniciativa pro-pia u obedeciendo una citación formal' del jefe de »la policía.
    Sentencia de Roberto H. Todd Jr., J. (Ponee), condenando al acu-sado por delito de portar armas prohibidas.

      Revocada y ab-suelto el acusado.

      Herminia Tormes, abogado del apelante; José E. Higueras, abogado de ET Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Almodóvar fué convicto de portar una navaja bar-bera.

Con anterioridad a la fecha del juicio en el presente caso, el acusado había sido absnelto de un delito de acometimiento que se alegaba había sido cometido con la misma arma. El incidente que dió lugar a la acusación por el delito de aco-metimiento parece haber ocurrido en la casa del acusado, o cerca de ella, y la teoría del caso, según se desarrolló du-rante el juicio, no envuelve la portación de un arma durante la pelea. • . • ,

El apelante dice que tuvo noticias del cuartel de la po-licía de que se presentara con el arma y que mientras se dirigía a la ciudad obedeciendo esta orden, se encontró con el policía, a quien le entregó la navaja. Su declaración es corroborada por la del policía en lo que se refiere a la entrega del arma. Al ser preguntado este policía si había mandado o nó aviso a Almodóvar, contestó negativamente, pero su de-claración está unida a la explicación de que se le había en-viado para que practicara una investigación y parece ser cla-ramente más bien una inferencia que un hecho.

El jefe de la policía por otra parte declaró que al ser in-formado de la pelea, mandó un policía para que investigara el asunto y con mucha franqueza manifiesta que no recuerda.-si había enviado o nó aviso al acusado con las personas que informaron acerca,- de la pelea.

El acusado manifestó al policía inmediatamente que se lo encontró en el camino que la navaja fué el arma con que hirió a su adversario- y al llegar al cuartel hizo una mani-festación similar al jefe de la policía. El’hecho de que el acusado se dirigía al pueblo para entregar el arma y entre-garse él mismo o por lo menos comunicar el hecho al cuartel de la policía está incontrovertido y difícilmente deja lugar a dudas. f\

• La prueba en total no demuestra ninguna base satisfac-toria para llegar a la conclusión de que el acusado en mo-mento alguno, considerando. razonablemente la prueba en'.ge-!' neral, portaba un arma como tal. La ley no contempla’la convicción y castigo de nn individuo por portar meramente un arma con la cual ha' inferido una herida, desde la escena del suceso hasta el cuartel de la policía, sea por iniciativa propia u obedeciendo una citación formal del jefe de la po-licía. Ya dijimos al principio que la teoría del caso, según se desarrolló durante el juicio, no envolvía la portación del arma durante la pelea.

La sentencia apelada debe ser revocada.


text:
    Vidal Aponte, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 3860.

    Visto: Junio 3, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones fob Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros — Revisión por los Tribunales — De la Sentencia — En General. — En este caso uno de los fundamentos de l'a sentencia fué que el demandante no liabía probado que su patrono estuviera acogido a la Ley de Indemnizaciones. Se resolvió: que habiendo aceptado la demandada en su contestación la alegación del demandante de que su patrono estaba acogido a los beneficios de dicha ley, no tenía que probarse tal hecho y dicho fun-damento de la sentencia era erróneo.

      2. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros — Apelación Contra las Sentencias Dictadas por los Tribunales — Revisión—Cuestiones de Hecho. — Examinada la prueba en rela-ción con la cuestión litigiosa envuelta, respecto a si eomol consecuencia de la herida sufrida por el demandante en una mano, quedó incapacitado de ella parcial y permanentemente, se resolvió: que en vista de la prueba con-tradictoria y de la propia observación del juez inferior, no se cometió error al estimar que el demandante tenía, sus fuerzas completas, no estaba inhábil y sólo tenía una incapacidad relativa en su mano izquierda y en el dedo pulgar y que su flexión era normal.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), declarando sin lngar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Arturo Ortiz Toro, abogado del apelante; Son. Attorney General George C. Butte, Carlos Llauger Díaz y Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Vidal Aponte solicitó indemnización de la Co-misión de Indemnizaciones a Obreros por haber snfrido nna lesión en el dorso de la mano izquierda con un machete mien-tras se ocnpaba en su trabajo de desyerbar en una finca de su patrono, alegando que había quedado parcial y permanen-temente incapacitado del brazo izquierdo para su trabajo, pero se le negó la indemnización que solicitó por no haber presentado prueba médica alguna que determinase tal inca-pacidad, y habiendo acudido a la Corte de Distrito de Ponce en demanda en apelación contra esa resolución solicitando se le concedieran $2,000 también le fué negada después de celebrado el juicio por dos motivos: porque no había pro-bado que su patrono estuviera acogido a la ley de indemni-zaciones a obreros y porque el demandante tiene sus fuerzas completas, no está inhabilitado y sólo tiene una incapacidad relativa en su mano izquierda para extender su muñeca en un 10 por ciento y el pulgar de dicha mano en un 40 por ciento pero que la flexión de la misma es normal.

En la apelación que interpuso el obrero contra esa sentencia alega que el primer fundamento de ella es erróneo porque habiendo aceptado la Comisión de Indemnizaciones a Obreros en su contestación la alegación del demandante de que su patrono estaba acogido a los beneficios de dicha ley no tenía que probar tal hecho. Ese error existe y lo reconoce la apelada porque ella aceptó como cierta la mencionada alegación.

Con esa aceptación y otras más la cuestión litigiosa entre las partes quedó limitada a si como consecuencia de la herida sufrida por el demandante en su mano izquierda ha quedado incapacitado de ella parcial y permanentemente. Sobre este extremo la evidencia fué contradictoria pues mientras dos médicos presentados por el demandante declararon en el juicio que él está inútil parcial y permanentemente de su mano izquierda porque si bien puede cerrar el puño perfectamente porque sus tendones flexores están normales, los extensores del pulgar y del segando dedo medio están cortados por lo qae no paede hacer tanta fnerza como antes, diciendo ano de ellos qae el tendón flexor del pnlgar no fanciona y qae no paede levantarlo porqae el tendón flexor está cortado. Un testigo declaró qae el demandante trabajaba actaalmente en desyerbar con el machete pero qae no gana tanto como los demás trabajadores porqae no paede hacer tanto trabajo como los otros. Por sa parte ano de los dos médicos presentados por la demandada declaró qae el demandante paede cerrar el paño porqae sas flexores es-tán completos y únicamente pretende presentar ana falta no completa sino parcial de flexión del dedo grande; qae agarra con la mano y qae no ha qaedado inhábil para el trabajo porqae tiene fanción en la mañeca, en la mano, paede cerrar el paño y paede atilizar caalqaier implemento del trabajo, padiendo afirmar qae paede hacerlo y qae si el demandante habiera tenido cortado algún tendón se lo hn-biera manifestado a la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros caando lo caro. El otro médico de la defensa manifestó qae el demandante tiene ana incapacidad permanente para extender la mañeca en an 10 por ciento y en el pnlgar ana incapacidad de an 40 por ciento y qae no sabe si la incapa-cidad del pnlgar es debida a la herida de la mañeca o a otra qae tiene en el mismo pnlgar, qae el tendón ha podido ser cortado por ana a otra herida y qae la flexión de la mano y de la mañeca las considera completas, qae paede cerrar el paño y paede flexionar sa mañeca normalmente. Dn-rante el jaicio el jaez de la corte manifestó qae ha obser-vado qae el demandante tiene el movimiento de la mañeca, de flexión y de extensión como el qae él hace y le hizo mover la mano y los dedos ano a ano, diciéndole qae movía el dedo medio perfectamente y qae cerraba todos sas cnatro dedos al palmar y el pnlgar encima de ellos. Y en otra oca-sión dispaso el jaez qae se hiciera constar qae el deman-dante tiene dos cicatrices, ana sobre la mañeca y otra so-bre el dorso del pnlgar.

Bn vista de esa prueba contradictoria, y de la propia observación del juez de la corte sentenciadora no podemos decidir que cometiera nn error manifiesto al estimar que el demandante tiene sus fuerzas completas, no está inhábil y sólo tiene nna incapacidad relativa en sn mano izquierda para extender la muñeca y en el dedo pulgar y que su fle-xión es normal.

La sentencia apelada debe ser confirmada.