author: El Juez Presidente Señor. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    No. 2222.

    Visto: Febrero 21, 1924.
    Resuelto: Junio 3, 1924.
    Acusación — Jurisdicción para Castigar Delitos — Corte Competente — Sitio donde Ocurrió la Muerte — Bill op Particulars. — Disponiendo el artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal que la jurisdicción correspondiente a los delitos radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentroMel cual se cometieren, una acusación o información que alega el lugar donde el delito íué cometido no necesita alegar el lugar de la muerte, dato que puede obtener el acusado, si a su derecho conviene, solicitando un “bill of particulars.”
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Con-firmada.

      J. B. Boto, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Pérez, el 25 de junio de 1923, fue condenado como autor de un delito de homicidio voluntario a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados. No con-forme, apeló y en su alegato señala la comisión de un solo error, a saber: que la acusación no contiene hechos suficien-tes para imputar el delito por el cual fué castigado. La acu-sación dice así:

“Día 10 de mayo de 1923. Mediante esta información el Gran Jurado del distrito judicial de San Juan, P. R..acusa a Pedro Pérez, del delito de Asesinato (felony), cometido del modo siguiente: El referido Pedro Pérez el día 29 de enero A. D. 1923, y en la munici-palidad de San Juan, dentro de la jurisdicción de la Corte de Dis-trito del Primer Distrito Judicial ele San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente; com malicia premeditada y de una-manera deliberada .y propósito firme de dar muerte, demostrando tener un corazón per-vertido y maligno, acometió y agredió con un revólver, que es arma mortífera, a Gavino Cortijo, haciéndole varios disparos e infirién-dole heridas de carácter grave, que le ocasionaron la muerte, todo lo cual'és contrario a la ley para tal casó hecha y prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. — Firmado: José Ramón Quiñones, Fiscal Dto. Jud. 'S. J. en Com.”

Y el apelante sostiene que es fatalmente defectuosa por-que no alega el lagar donde ocurrió la muerte de la víctima, citando el caso de Ball v. United States, 140 U. S. 118.

Aceptando que la acusación no alega el sitio en que ocu-rrió la muerte, eso no obstante, creemos que es bastante de acuerdo con la ley vigente en Puerto Pico y la jurispruden-cia aplicable, ya que alega el sitio donde se realizó la agre-sión y el beclio mismo de la muerte.

El comentarista Wharton, dice:

“La regla lia sido establecida de que cuando se infiere una agre-sión en una jurisdicción y la muerte ocurre en otra, bajo la doc-trina de que la. agresión fatal constituye el único hecho criminal contra el acusado, y que el sitio de tal agresión es el lugar donde se cometió el crimen, una acusación por asesinato es suficiente cuando alega la agresión en el condado en el cual se le acusa o persigue, y el hecho de la ocurrencia de la muerte, aunque deje de alegar es-pecíficamente en qué condado o estado la muerte tuvo lugar. Y bajo los estatutos que proveen la celebración del juicio de causas criminales en el condado donde la ofensa fué cometida, una acusa-ción o información que alegue el lugar donde la ofensa fué come-tida no necesita también alegar el lugar de la muerte.” Wharton on Homicide, pág. 843.

Y esta misma Corte Suprema, en el caso ele El Pueblo v. Matos y Matos, 26 D.P.R. 586, 592, se expresó así:

“En la ley común podía juzgarse el delito en el lugar donde la muerte ocurriera aunque las heridas hubieran sido inferidas en otra jurisdicción, pero en jurisdicciones como la nuestra en la que el ar-tículo 8? del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la ju-risdicción correspondiente a los delitos radica en la corte de dis-trito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieren, la jurisdicción para conocer no está determinada por el lugar de la muerte sino por aquel donde la herida que la produce fué infe-rida y por tanto no necesitaba alegar el lugar de. la muerte.”

Es cierto que eu el caso de Ball, supra, la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo:

“Y aunque puede concederse que..puesto que esta acusación se presentó en octubre 17, 1889, y se fija el 26 de junio de ese año como la fecha del acometimiento, afirmándose que Box falleció, la omisión de alegar la fecha del fallecimiento no es fatal, sostenemos que la omisión de expresar el lugar del mismo lo es. De acuerdo con el artículo 1035 de los Estatutos Revisados una persona puede .•ser declarada culpable de cualquier delito cuya comisión esté nece-sariamente incluida dentro del delito que se le imputa en la acusa-ción, o puede ser declarada culpable de una tentativa de cometer el delito así imputado. El veredicto declaró a los acusados culpa-bles del delito imputado, y la orden de noviembre 15 no usó otro lenguaje. Los acusados lo fueron correctamente de acometimiento pero no de asesinato, y el veredicto debe considerarse como refirién-dose sólo a aquel delito que estaba correctamente imputado, y sobre él no puede sostenerse una sentencia semejante a la que conside-ramos. ’

Pero la corte aplicaba una ley distinta a la que rige en Puerto Rico. Véase lo que a este respecto expresa la Corte Suprema del estado de Washington, donde la ley es similar a la nuestra:

“Los acusados presentaron una excepción previa por el funda-mento de que los hechos imputados no constituían un delito, y se in-siste ahora en que la desestimación de la excepción previa fué un error, por las razones de que aunque la acusación imputa que el golpe fué dado en el condado de Skagit, el día 9 de agosto de 1895, tambión alega que el interfecto no falleció hasta el día 15 de agosto, sin expresai’se el lugar de su fallecimiento. Esta contención se pre-senta basada en dos fundamentos, uno de los cuales es que la corte no tenía jurisdicción para juzgar el delito, y el otro que la corte violó el derecho constitucional de los acusados de ser informados de la naturaleza y causa de la acusación contra ellos. En apoyo del primer fundamento los apelantes citan el caso de Ball v. United States, 140 U. S. 118, 11 Sup. Ct. 761. Pero ese caso fué resuelto bajo una regla de derecho común, y no es aplicable al presente caso bajo nuestros estatutos. La sección 4, p. 47, de las Leyes de 1891, dispone que se juzguen todos los casos criminales en el condado donde el delito fuere cometido, y este delito fué cometido en el con-dado de Skagit, sin que importe para nada el tiempo o lugar de la muerte del interfecto.” State v. Baldwin et al., 45 Pac. 650.

Invoca también el apelante el caso de State v. Cummings 5 La. Ann. 286, en el qne la Corte Suprema de Louisiana, se expresó así:

“El lugar donde ocurrió la muerte debe también ser .alegado, pues la alegación del fallecimiento es una alegación esencial para establecer el delito de homicidio; y es un inconmovible y tradicio-nal principio de enjuiciamiento criminal que toda alegación esencial en una acusación debe expresarse con las circunstancias' de tiempo y lugar.
“Todos los autores sobre materia de alegación en casos crimina-les dicen que el lugar donde ocurrió la muerte debe expresarse en una acusación por homicidio. Todas las fórmulas contenidas en los textos sobre práctica expresan el lugar donde ocurrió la muerte; y todos los casos resueltos en que se ha levantado la cuestión acerca de la necesidad de expresar en la acusación el lugar donde ocurrió la muerte, exijen que así se exprese.
“Entre las razones obvias que hacen necesario expresar el lugar del fallecimiento está la de que es indispensable poner al acusado en condiciones de defenderse demostrando, si es posible, que no ocu-rrió tal fallecimiento en el lugar indicado, o que persona distinta a la que él hirió falleció en ese lugar, o que la persona que él hirió falleció debido a otra causa.”

Con respecto a los dos primeros párrafos, es contesta-ción suficiente lo expresado por la Corte Suprema de Washington en el caso de Baldwin, supra, y por esta Corte Su-prema en el de Matos, supra, y con respecto al último — en el que puso especial énfasis el abogado del apelante en su in-forme oral — , puede decirse que si el acusado creyere nece-sario para los fines de su defensa que el Fiscal exprese el sitio donde ocurrió la muerte, puede pedir a la Corte que se lo ordene (bill of particulars). De ese modo quedan con-ciliados los derechos del acusado con la nueva regla esta-blecida a virtud de los nuevos estatutos.

No habiéndose cometido el único error señalado por el apelante, procede declarar sin lugar la apelación y confir-mar la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Señor

license: Public Domain

text:
    Cervoni, Demandante y Apelado, v. Sierra, Demandado y Apelante.
    No. 3172.

    Visto: Mayo 21, 1924.

      Resuelto: Junio 6, 1924.
    Excepción Previa — Notificación de la Decisión Resolviéndola ; CuAndo y Cómo Debe Hacerse. — Cuando so declara con lugar una excepción previa y la decisión no se anuncia en presencia de las partes o de sus abogados, deberá el Secretario de la corte notificarla enviando a la parte perjudicada o a su abogado un aviso por correo dentro do cinco días de dictada. La ley no fija una fórmula especial para el aviso: Podrá éste consistir en un documento que transcriba la resolución o sentencia, o que contenga la simple mani-festación de que la sentencia o la resolución fué dictada. Si se concediere tiempo para enmendar la alegación o contestar, el término comenzará a contarse desdo la fecha en que se una a los autos la copia del indicado aviso.
    Sentencia en Rebeldía. — Cuando el demandado no contesta dentro del término eoneedídole por la corte al declarar sin lugar una excepción previa a la de-manda por él mismo formulada, procede anotar su rebeldía y dictar sentencia de acuerdo con la ley.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      A. Aponte, Jr., abogado del apelante; L. Pereyó, Jr., y el propio apelado, abogados del apelado.
   El Juez Peesidente Señor

del Toro, emitió la opinión del tribunal.

Francisco Cervony G-ely, un abogado qne ejerce su pro-fesión en Humacao, P. B., demandó a Celestino Sierra en reclamación de seiscientos dólares. El demandado excep-cionó la demanda y la excepción fué declarada sin lugar concediéndosele diez días para contestar. No lo hizo y su rebeldía fué anotada, dictándose sentencia en contra suya por la suma de trescientos dólares. Conviene hacer constar que el caso fué llamado para la vista previa su inclusión en el Calendario y que la sentencia fué dictada habiendo la parte demandante presentado prueba.

No csonforme con la sentencia el demandado apeló para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato un solo error, así:

“La Corte de Distrito de Iíumacao erró al dictar sentencia en rebeldía, ya que ni el Secretario de dicha corte tenía jurisdicción para anotar la expresada rebeldía, ni el tribunal a quo para pro-nunciar su sentencia.”

Invoca; el apelante el artículo 142 a del Código de En-juiciamiento Civil, tal como quedó modificado por ley de 11 de marzo de 19.15 y sostiene quo el record demuestra el no cumplimiento por el secretario del precepto de ley invo-cado.

La ley dice:

“Art. 142a. — En todo caso en que se declare con o sin lugar una moción para eliminar o una excepción previa para cualquier alega-ción y no se anunciare la decisión en presencia de las partes o de sus abogados, será el deber del secretario de la corte enviar por co-rreo un aviso por escrito a la parte perjudicada o a su abogado, dentro de cinco días contados desde la fecha de dicha decisión, noti-ficándole ésta, y la copia de dicho aviso se unirá a los autos del caso y el tiempo dentro del cual debe enmendar o contestar, si para ello se concediere permiso, se empezará a contar desde la fecha en que se una a los autos el antedicho aviso.”

Y lo que consta en la transcripción de los autos certifi-cada por el mismo secretario, es lo que sigue:

“DISTRITO JuDICIAIj DE HUMACAO, P. R.
EN la Corte de Distrito.
“Francisco Cervoni Gely, vs. Celestino Sierra. Civil No. 89-36.
Cobro de Honorarios.
RESOLUCIÓN.
“Considerada la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, se declara sin lugar y se concede al demandado el término de diez días para contestar.
“Humacao, P. R., julio 19 de 1923.
“(Fdo.) Pablo Berga,
“Juez del Distrito.
“Copias de la anterior resolución remitidas a F. Cervoni Gely y Arturo Aponte, Humacao, P. R., abogados de las partes, boy 19 de julio de 1923.
“A. Ramírez, Jr.,
“Sec. Corte Distrito.
“Por: (Fdo.) Luis A. Cuevas,
“See. Auxiliar.
“Radicado julio 19, 1923.
“A. Ramírez, Jr.,
“Seo. Corte Distrito.
“Por: (Fdo.) Luis A. Cuevas,
“See. Auxiliar.”

¿Cumplió el secretario coa el deber que la ley le impone? En su alegato la parte apelante sólo transcribe la constancia del secretario y sostiene que dicho funcionario jamás agregó a los autos el aviso.

La ley no fija una fórmula especial para el aviso. Puede consistir en un documento redactado por el secretario trans-cribiendo la resolución o sentencia, o dando simplemente aviso de su existencia. Puede limitarse al envío de una co-.pia de la resolución o sentencia que se notifica.

■ Si la constancia del secretario se examina en relación con la resolución que la precede y con la nota de radicación que la sigue, puede concluirse que se adoptó aquí la última fórmula y que sustaneialmente aparece de los autos que la ley fué cumplida.

Bajo esas circunstancias y teniendo en cuenta que la misma parte apelante en su alegato se refiere al hecho de haber solicitado la apertura de la rebeldía sin éxito lo que implica una consideración de los hechos por parte de la corte sentenciadora, no creemos que proceda la revocación de la sentencia recurrida.

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Carracciolo, Peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Demandado.
    No. 434.

    Visto: Diciembre 17, 1923.

      Resuelto: Junio 6, 1924.
    . Gran Jurado — Investigación por Otro Gran Jurado — Discreción de la Corte para Ordenar que se Formule el Mismo Cargo Ante Oteo Gran Jurado. —Cuando un gran jurado ha declarado infundada una acusación, para que la corte pueda ordenar que se presente nuevamente ante otro gran jurado es necesario que la petición del fiscal exponga los motivos en que basa la petición; y cuando el fiseal no lo hace y la orden concediendo el permiso tampoco expone fundamento alguno, la revocación se impone.
    Orden de Gabriel Castejón J. (Guayama), concediendo permiso al fiscal para someter el caso al Gran Jurado.

      Certiorari. Revo-cada y devuelto el caso.

      M. A. Martínez, abogado del peticionario. La parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 23 de enero de 1923, una acusación por el delito de asesinato en segundo grado fué sometida al Gran Jurado del Distrito de Guayama contra el acusado Francisco Carrac-ciolo Carrasquillo, y después de investigada dicha acusa-ción, el Gran Jurado no encontró fundado el cargo, por lo que la corte inferior sobreseyó la cansa, ordenando la liber-tad del acusado. El Fiscal, acto seguido, solicitó permiso de la corte inferior, para someter de nuevo el caso a otro Gran Jurado y la corte accedió a lo solicitado. En 27 de marzo de 1923 el acusado solicitó que el caso no fuese some-tido de nuevo al Gran Jurado porque el acusado ya había sido exonerado de responsabilidad por otro Gran Jurado. La moción fué denegada y la corte inferior sostuvo como único motivo que “Conviene que este caso vaya al Tribunal Supremo para sentar jurisprudencia” por tratarse de la interpretación de una nueva ley. El caso fué sometido por segunda vez al Gran Jurado y después de practicada la co-rrespondiente investigación, emitió un informe de acusación infundada, en virtud de lo cual, la corte inferior ordenó el sobreseimiento y la libertad del acusado.

Bil 10 de septiembre, 1923, por tercera vez, y sin previo permiso de la corte inferior, el Fiscal ordenó -el arresto del acusado por el mismo cargo y ordenó qne fnera citado para el sorteo y constitución de un Gran Jurado para ser some-tido el caso nuevamente al mismo. El acusado se opuso a ser sometido a otro Gran Jurado, primero, porque si bien el Fiscal solicitó permiso para la sumisión del caso a otro Gran Jurado, esta petición se hizo ya cuando el acusado había sido citado al sorteo y constitución del Gran Jurado; y, segundo, porque no se ha expuesto ningún fundamento ni razón en la petición del Fiscal mediante la cual la corte podía ejercer su discreción y someter el caso de nuevo a otro Gran Jurado.

La corte inferior denegó la oposición del acusado por el mismo fundamento que declara sin lugar la primera mo-ción en la que se hacía igual petición, diciendo:

“El caso sometido a la consideración de la corte es nuevo; la Ley del Gran Jurado es nueva y todavía no ha sido interpretada por nuestra Corte Suprema. La corte entiende que estos casos de-ben ser llevados a nuestra Corte Suprema para que ésta dicte juris-prudencia sobre la materia. La corte desestima la moción, sin per-juicio de que por el abogado del acusado se tome excepción, para que se eleve el caso a la Corte Superior.”

En virtud de la resolución de la corte inferior, el caso fué sometido al Gran Jurado y éste encontró fundada la acusación presentada contra el acusado por asesinato en segundo grado. Posteriormente, y en el acto de leérsele la acusación, el acusado solicitó el sobreseimiento del caso por los mismos fundamentos alegados en las mociones prece-dentes y la corte inferior rehusó simplemente acceder a lo solicitado.

Estos procedimientos tuvieron lugar en la corte inferior y así constan de la petición de certiorari que se nos pre-senta para su revisión y del récord (return) que se ha re-mitido a esta Corte Suprema.

La cuestión envuelta en este recurso es fijar el alcance del poder que tuvo la corte inferior para someter de nuevo a otro Gran Jurado la acusación que había sido desestimada por otro Gran Jurado. Este poder se concede por el ar-tículo 39 de la Ley No. 58 del Gran Jurado, aprobada en junio 18 de 1919 (p. 303), que dice:

“Sección 39. — La desestimación de cualquier cargo por el Gran Jurado impedirá, la sumisión del mismo cargo a otro Gran Jurado, salvo orden de la corte.”

Esta disposición parece tomada sustancialmente de la sección 942 del Código Penal de California, que asimismo dice:

“Art. 942. — La desestimación del cargo no impide que se vuelva a someter a un Gran Jurado tantas veces'como la corte pueda orde-nar. Pero sin tal orden no puede ser sometido nuevamente.”

En el caso de Ex parte Ciark, 54 Cal. 413 se declara que la anterior sección tiene que ser considerada en relación con la sección 1382 del mismo código penal. Y esta sección dice :

“Art. 1382. — La corte, a menos que se muestre una buena causa en contrario, debe ordenar el sobreseimiento de la causa en los si-guientes casos:
“1. Cuando la persona queda obligada a responder por un delito público si no lia sido formulada la acusación por el Gran Jurado o no se ha presentado ninguna acusación contra él dentro de los treinta días subsiguientes. ’ ’

Este inciso equivale, aunque algo diferente en sus térmi-nos, al apartado primero del artículo 52 de nuestra ley del Gran Jurado, que dice:

“See. 52. — * * *
“1. Cuando no se hubiere substanciado (found), endosado, o presentado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.”

La regla es que cuando un Gran Jurado desestima una acusación, la acusación se sobresea y se le devuelva al acu-sado su libertad. La excepción consiste en que el acusado, no obstante, sea sometido por el mismo delito a otro Gran Jnrado. El principio descansa en el 'derecho qne tiene todo acusado de no quedar sujeto indefinidamente a una acusa-ción y así asegurarle un juicio rápido, y la excepción de-someterlo de nuevo por el mismo cargo, tiene que apoyarse en una “buena causa.” La ley no define lo que debe en-tenderse por estas últimas palabras, pero parece que su pro-pósito, ante la dificultad de definirlas con precisión, es, re-ferir su definición a las circunstancias concurrentes en cada ca‘so. Estos principios que se mantienen en el caso de Ex parte Bull, 42 Cal. 199, se amplían, diciendo:

“Debe haber indudablemente algún hecho o circunstancia demos-trado a la corte y en virtud del cual su autoridad en este respecto, que es hasta cierto punto discrecional, podría ejercitarse. Su dis-creción no es arbitraria pero debe proceder de acuerdo con aquel conocimiento e infonnación que la pondrían en condiciones de de-terminar por sí misma si la justicia pública exige o no la ulterior detención del preso a pesar de la demora por parte del gobierno. Creemos que debe admitirse además que ordinariamente esta discre-ción cuando es ejercitada por la corte a que la ley la ha conferido no está sujeta a revisión, y que cuando es ejercitada, la suficiencia o insuficiencia de los motivos en virtud de los cuales se procedió no puede ser examinada por esta corte mediante un auto de habeas corpus.”

Pero en dicho caso se declaró que era incuestionable que la circunstancia sobre la cual actuó la corte inferior al dic-tar su orden, fué en absoluto insuficiente. El Gran Jurado-había emitido su informe declarando infundada la acusación, pero recomendaba al mismo tiempo, que el caso fuera some-tido al próximo Gran Jurado; interpretando esta mera cir-cunstancia que sirvió de base para la sumisión del caso a otro Gran Jurado, la opinión de la corte, dice:

“El Gran Jurado en esta ocasión parece haber asumido el ejer-cicio de la discreción que sólo pertenecía a la corte, y la corte pa-rece haber expedido la orden como una mera deferencia a la opinión expresada por el Gran Jurado, y sin investigación o información al-guna con respecto a las circunstancias del caso ante ella. La ma-infestación ele que la orden no fué hecha por otro motivo sino la mera presentación de esta recomendación equivale a expresar en los autos que no se había demostrado una buena causa — ninguna causa— y cuando esa circunstancia aparece no hay facultad para hacer que el preso continúe detenido.”

T<i1 estatuto de Idaho es idéntico al de California, y la Corte Suprema de aquel estado lo ha interpretado en el mismo sentido que hemos visto en el caso de Ex parte Clark, supra, el cual se cita en las decisiones de Idaho.

La sección 5323 del Código Penal de Idaho, dice:

“La desestimación de la acusación no impide que pueda volverse a someter a un gran jurado cuantas veces la corte lo ordene, pero a falta de tal orden no puede ser sometida de nuevo.”

En los Códigos Anotados de Idaho, vol. 4, p. 260, apa-rece la’siguiente nota a la sección 5323, supra:

“Para autorizar el que vuelva a ser sometida una acusación que ha sido declarada infundada por un gran jurado a otro gran jurado, que ha de ser luego constituido, debe demostrarse buena causa para así hacerlo. — In re Moragne (Idaho), 53 Pac. 3. Al considerar este artículo y llegar a la anterior conclusión, la corte interpreta este-artículo conjuntamente con los 8212 y 5674 de este Código, y en ello está apoyada por varios casos de California, entre-los cuales se encuentran ex parte Moan, 65 Cal. 216, 3 Pac. 644; ex parte Clark, 54 Cal. 415.”

En el mismo tomo, página 385, aparece otra nota' al ar-tículo 5673 del Código Penal de Idaho:

“Es erróneo poner a una persona bajo ñanza para responder de acusación por un delito grave, después que la acusación, ha sido imparcial y totalmente investigada por un gran jurado, que la '‘de-claró infundada, en ausencia de demostración alguna dé’ conducta impropia por parte del gran jurado, cuando no aparece -.que ' otra prueba que la considerada por el primer gran jurado, tendente, a demostrar la culpabilidad del acusado, puede, con razonable dili-gencia, ser presentada a otro gran jurado, que ha de ser constituido en el próximo término de sesiones de la corte de distrito. — In're Moragne (Idaho), 53 Pac. 3. Pero el examen y desestimación "de una acusación por un gran jurado no destruye el derecho.'del’ ñscal del distrito a presentar una acusación por el mismo delito dentro del término estatutario. — Ex parte Moan, 85 Cal. 216, 3 Pac. 808.”

En ausencia de un estatuto parece que las autoridades no están de acuerdo en cuanto a la autoridad del gobierno para someter de nuevo el mismo delito a otro gran jurado cuando la acusación había sido desestimada por otro gran jurado. Pero existiendo un estatuto que se prescribe ex-presamente que tal cosa no puede hacerse sin permiso de la corte, carecen de importancia las diferencias de opinión en ese sentido.

“Se lia resuelto aún en ausencia de un estatuto que cuando una •acusación lia sido desestimada o devuelta ‘no fundada’ por el gran jurado, el fiscal no puede someter otra acusación por el mismo de-lito sin el permiso de la corte, el cual aunque esté dentro de la dis-creción de la corte no será concedido a menos que se demuestre la debida causa. Pero, por el contrario, se ha resuelto que el Fiscal puede, sin obtener primero permiso de la corte, someter a un gran jurado cargos que un gran jurado anterior ha desestimado. En al-gunas jurisdicciones se prescribe por el estatuto expresamente que, cuando el gran jurado no declara fundada una acusación, el cargo puede ser nuevamente sometido tantas veces como la corte pueda ordenarlo, pero que no volverá a ser sometido sin tal mandato.” 31 C. J. p. 587.

En el presente caso no aparece de la moción del Fiscal motivo ni razón alguna en que fundar su petición para so-meter la acusación a otro Gran Jurado y asimismo la orden de la corte inferior siguiendo simplemente la petición Fiscal, está en absoluto desprovista de hechos o circunstancias que la justifiquen. El mero permiso de la corte inferior, basán-dose simplemente en el artículo 39 de la Ley del Gran Ju-rado, y refiriendo en todo caso el asunto a esta Corte Su-prema para que la ley fuese interpretada por tratarse de una ley nueva, no justificó la actuación de la corte inferior quien debió considerar la petición del Fiscal en sus méri-tos y ejercer su discreción en el sentido que aconsejaran los hechos -o circunstancias concurrentes en el caso.

Nos parece, sin embargo, que dada la naturaleza del de-lito que se imputa al acusado, sería mejor dar una oportu-nidad al Fiscal para aducir, si lo creyere conveniente en bien de la justicia, las razones o lieclios en que fundara su petición para someter el caso de nuevo a otro gran jurado y la corte podría entonces ejercer o nó su discreción en el sentido que tales hechos o circunstancias lo exijan.

Por todo lo expuesto la orden de la corte inferior de 29 de octubre de 1923 debe ser revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Espinosa, Peticionaria y Apelada, v. Berríos et al., Opositores y Apelantes.
    No. 3290.

    Visto: Mayo 29, 1924.

      Resuelto: Junio 9, 1924.
    Herencia — Herederos—Cónyuge Supérstite: Sus Derechos Hereditarios.— La sección 13 de la ley de 1905 sobre herederos forzosos no es incompatible eon las disposiciones de los artículos 920 y 921 del Código Civil. Cuando existen hermanos o sobrinos y no hay descendientes ni ascendientes, el cón-yuge sobreviviente sólo tiene derecho a la mitad de la herencia en usufructo; pero cuando no existen descendientes ni ascendientes, hermanos ni sobrinos, la herencia toda corresponde al viudo. Los herederos colaterales del quinto y sexto grado, últimos que reconoce la ley, sólo tienen derecho a la herencia a falta de descendientes, ascendientes, hermanos, sobrinos y cónyuge su-pérstite.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar opo-sición a una declaratoria de herederos, sin costas.

      Confirmada.

      P. Gallardo Díaz, abogado de los apelantes; 'L. Pereyó Quiñones, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de noviembre de 1923 falleció Catalino Berríos, de estado casado con Primitiva Espinosa. Esta, en enero 24 de 1924, se dirigió a la Corte de Distrito de Humacao pidiéndole que la declarara única y universal heredera de su esposo, porque a la fecha de su fallecimiento no dejó descendientes ni ascendientes, hermanos ni sobrinos. Ini-ciado el procedimiento, comparecieron en él para oponerse Ricardo y Martín Berrios, parientes en sexto grado de Ca-talino. Pidió la promovente que la oposición fuera deses-timada porque los opositores no tenían derecho alguno a la herencia. Oyó la corte a ambas partes y, exponiendo sus fundamentos en una razonada opinión, dictó sentencia de-sestimando la oposición y declarando iónica y universal he-redera de Catalino Berrios a su viuda Primitiva Espinosa. Contra esa sentencia dictada el 11 de febrero de 1924, se interpuso por los opositores el presente recurso de apela-ción cuya vista se celebró el 29 de mayo último con la sola asistencia e informe de la parte apelante.

En el alegato de los apelantes se señala un solo error, así:

“La .corte erró al declarar que en una herencia intestada en donde no hay ascendientes ni descendientes, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la totalidad de la herencia del difunto.”

Y se sostiene que la única ley aplicable a este caso es la sección 11 de la ley sobre herederos forzosos de 1905, que dice: “Cuando el testador no dejare descendientes ni as-cendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente tendrá dere-cho a la mitad de la herencia, en usufructo,” ya que el ar-tículo 920 del Código Civil revisado en que se funda la sen-tencia, quedó. derogado desde 1911.

A nuestro juicio el error no existe y la ley fué aplicada rectamente por el tribunal sentenciador.

El título tercero del libro tercero del Código Civil Be-visado de Puerto Rico trata de las Sucesiones. El Capítulo primero se refiere a los Testamentos: el segundo a la He-rencia, guardando relación sus disposiciones con la sucesión testada; el tercero a la Sucesión intestada; el cuarto trata del Orden de Suceder según la diversidad de- líneas; el quinto contiene Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él, y el sexto se ocupa de la Colación y Partición, quedando así la materia regulada en su totalidad.

El capítulo cuarto, el que fija la diversidad de líneas, contiene cinco secciones que tratan: 1, de la línea recta des-cendente; 2, de la recta ascendente; 3, de los hijos ilegíti-mos reconocidos; 4, de la sucesión de los colaterales y de los cónyuges, y 5, de la sucesión del Pueblo de Puerto Pico. Dentro de la sección cuarta está el artículo 920, regulador de este caso, que dice:

“Art. 920. — A falta ele hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente. ’ ’

Y figura también el artículo 921, que conviene desde abora transcribir. Es como sigue:

“Art. 921. — No habiendo hermanos ni hijos de hermanos, ni cón-yuge supérstite, sucederán en la herencia del difunto los demás pa-rientes colaterales.
“La sucesión de éstos se verificará sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo.”

En 1905 se decretó por la Asamblea Legislativa y se aprobó por el Gobernador la “Ley para modificar y dero-gar los artículos 795, 796, 797, 801, 811, 812, 815, 821, 822, 823 y 824 del Código Civil vigente,” (Comp. see. 3873). Todos los artículos derogados son parte del capítulo se-gundo del Libro tercero que trata de la Herencia en rela-ción especialmente con la sucesión testada.

En 1911, se aprobó la Ley No. 73 invocada por los ape-lantes, (p. 247). Por la sección 2 de la misma se agrega a la sección 8 de la ley de 1905 citada, el siguiente párrafo:

“Las disposiciones de esta Sección y de las subsiguientes 9, 10, 11, 12 y 13 de esta Ley serán aplicables del propio modo a la suce-sión intestada que a la sucesión testamentaria.”

Admiten los apelantes que los artículos 920 y 921 del Có-digo Civil Revisado no ban sido expresamente derogados, pero sostienen qne lo fueron tácitamente a virtud de la sec-ción 4 de la Ley No. 73 de 1911 (pág. 247), que dice: “Los artículos. 198 y 199 del Código Civil y toda otra ley en con-flicto con ésta quedan derogados,” ya que, según ellos, sus disposiciones están en conflicto con la contenida en la sec-ción once de la ley de 1905, aplicable no sólo a la sucesión testada, sino a la intestada.

A nuestro juicio tal conflicto no existe. Ambas disposi-ciones legales, las de los artículos 920 y 921 y las de la sec-ción once, deben y pueden armonizarse y subsistir.

Analizando la sección cuarta del capítulo cuarto del li-bro tercero del Código Civil que trata de la sucesión de los colaterales y de los cónyuges, se verá que comienza por el artículo 914, qne expresa:

“Art. 914. — A falta de las personas comprendidas en las tres secciones que preceden, heredarán los parientes colaterales y los cónyuges por el orden que se establece en los artículos siguientes.”

Se recordará que liemos dicbo que las tres secciones pre-cedentes del capítulo cuarto tratan de la línea recta descen-dente, de la recta ascendente y de los hijos ilegítimos reco-nocidos. Los artículos siguientes al 914, a saber, el 915 al 919, ambos inclusives, regulan los derechos de los colatera-les del tercero y cuarto grado- — hermanos y sobrinos — y se-guidamente aparece el art. 920 que da preferencia al cón-yuge viudo a los herederos colaterales del quinto y sexto grado y el 921 que regula los derechos de “los demás pa-rientes colaterales” cuando no existen “hermanos, ni hijos de hermanos, ni cónyuge supérstite.”

Nada disponía la repetida sección cuarta del capítulo cuarto para el caso de que concurrieran a la herencia cola-terales dentro del tercero y cuarto grado y el cónyuge viudo, y a llenar ese vacío vino la sección once de la ley de 1905, (Comp. see. 3883). Cuando existen hermanos y sobrinos y no hay descendientes ni ascendientes, entonces es que el cónyuge sobreviviente sólo tiene derecho a la mitad de la herencia en usufructo, pero cuando no existen descendientes ni ascendientes, hermanos ni sobrinos, entonces la herencia toda corresponde al viudo. Los herederos colaterales del quinto y sexto grado, últimos que reconoce la ley, sólo tie-nen derecho a la herencia a falta de descendientes, ascen-dientes, hermanos, sobrinos y cónyuge supérstite.

Siendo ello así debe declararse sin lugar la apelación y confirmar la sentencia recurrida.


author: El Juez Peesidente Señou del Toro,

text:
    Piñero et al., Demandantes y Apelantes, v. Ruiz, Demandado y Apelado.
    No. 3134.

    Visto: Febrero 21, 1924.

      Resuelto: Junio 10, 1924.
    Reivindicación' — Demanda Confusa no Aclarada — Prescripción ■ Extraordina-ria. — En este pleito entablado para reivindicar una finca que se alega había sido englobada en otra de mayor cabida, se resolvió: que no erró la Corte de Distrito al dictar su sentencia desestimando finalmente la demanda, porque siendo sus alegaciones confusas y contradictorias, los demandantes debieron aclararlas en la oportunidad que se les diera y no lo hicieron, y porque apareciendo de la demanda que el primitivo causante del demandado inscribió como suya la finca en el registro desde 1880, no obstante haber sido englo-bada en otra mayor, resulta que la acción reivindicatoría que pudieran tener los demandantes ha prescrito y el demandado ha adquirido, por prescripción extraordinaria, el dominio de la finca en cuestión.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Rincón & Vizcarrondo, abogados de- los apelantes; F. Soto Gras, abogado del apelado-.
   El Juez Peesidente Señou del Toro,

emitió la opinión del tribnnal.

Versa este pleito sobre inexistencia de título y de su ins-cripción en el Registro y sobre reivindicación dé propiedad inmueble.

La demanda dice:

‘ ‘ Primero: — Que don Basilio Piñero Suárez, casado con doña Po-lonia Estrella, ambos difuntos, fué dneño y poseedor de la siguiente finca: (se describe una de 35 cnerdas). ;■
“'Segundo: — Que dicha finca se baila inscrita por título de he-rencia otorgado en 1857 a favor de dicho Basilio Piñero Suárez, en el Registro de San Juan, P. R., (folio 61 del tomo 11 del Ayunta-miento de Carolina, finca número 520), no constando, del mismo, sino la primera inscripción; y que, según certificado de Agrimen-sura, la finca se encuentra dentro de los siguientes rumbos: — -(se fijan).
"Tercero: — Que dicha finca se halla englobada en otra cuyo total' es de 270 cuerdas, conocida por ‘Sabana Abajo’, de la Municipali-dad de Carolina, habiendo sido inscrita de ella solamente 230 cuer-das 64 céntimos, que era la cabida que aparecía según el Registro y no las 270 cuerdas según los títulos.
"Cuarto: — Los demandantes alegan ahora que tal finca de 270 cuerdas según- los títulos y 230 cuerdas 64 céntimos de otra según el Registro fué inscrita en su origen en el año 1880 en el Registro de la Propiedad de una manera ilegal, siendo inexistente su título en razón a que, se inscribió con la sola manifestación hecha en testa-mento nuncupative por su primitivo dueño Daniel Rodríguez y Arroyo en 17 de febrero de 1876 sin que se presentara en el Registro de la Propiedad el título adquisitivo de trasmisión requerido por la ley, pasando más tarde la propiedad a los herederos de dicho causante Daniel Rodríguez y Arroyo, y en posesión por traspaso del heredero Daniel Rodríguez Piñero, éste la transfirió en el año 1901 a la Socie-dad Queipo y Sárraga, pasando de éstos y sucesivamente después por todos sus poseedores hasta llegar al demandado José Ruiz Soler, quien en la actualidad se encuentra bajo la posesión de la misma, pero siempre constando claramente del Registro que la finca se com-ponía de 230 cuerdas 64 céntimos.
“Quinto: — Alegan además los demandantes que ese exceso entre 280 cuerdas según el Registro y 270 cuerdas según los títulos, cuyo vicio es desde su origen, es precisamente dicho exceso de cabida la extensión de la finca de 35 cuerdas 60 céntimos que pertenecía a Basilio Piñero Suárez, causante de los demandantes.
“Y alegan además que al morir Basilio Piñero Suárez allá por los años 1877 ó 78, siendo los demandantes menores de edad, quedó la finca bajo la posesión de Daniel Rodríguez Piñero causahabiente del que se decía ser primitivo dueño Daniel Rodríguez Arroyo, siendo dicha posesión no en concepto de dueño y sí'como depositario o encargado del inmueble y quien no lo trasmitió a Queipo y Sá-rraga, ni podía trasmitirlo, pero al hacer la venta a dicha sociedad mercantil Queipo y Sárraga, .ésta de una manera ilegal tomó pose-í sión -én ,el\. 1901 de- dicha finca de 35 cuerdas 60 céntimos, sin título alguno, y así ha venido sucediéndose la posesión hasta la actualidad -que es el demandado José Ruiz Soler.
"Sexto: — Que el demandado, José Ruiz Soler, se halla sin título ni derecho alguno ocupando la finca de 35 cuerdas y 60 céntimos •descrita en el apartado primero de esta demanda, y aprovechando ,y haciendo suyos los frutos de aquélla, desde noviembre 1, 1917.”

(De los hechos Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo re-sulta que el demandante Justo Piñero es hijo de Basilio Piñero Suárez, primitivo dueño de la finca reclamada, y que la otra demandante o sea la Sucesión de Sabina Piñero, hija Sabina de Basilio, está compuesta de sus hijos José, Francisco y Esteban Rodríguez y de sus nietas Bríjida Díaz y Carmen Martínez. De los otros seis hijos que dejó Basi-lio, dos murieron sin dejar descendientes y cuatro cedieron sus derechos y acciones a la herencia a su hermano el de-mandante Justo).

"Undécimo: — Que al adquirir el demandado José Ruiz Soler di■cha finca, aparecían, como se deja dicho, claramente del Registro de la Propiedad los vicios de nulidad por inexistencia de su título y aparecía además claramente inscrita a favor de Basilio Piñero, causante de los demandantes, la finca de 35 cuerdas 60 centavos ob-jeto de esta reclamación, con anterioridad a la adquisición por el demandado de las 230 cuerdas que le- fueron inscritas siendo de tal naturaleza y claridad la inscripción a favor de Basilio Piñero que eontiene la mensura de la finca hecha por un geómetra y el delnan-dado sabía o debía saber que esa finca estaba englobada en la que había adquirido y que su posesión era ilegal y de mala fe.
"Duodécimo: — Los frutos producidos y los debidos producir por dicha finca ascienden a la suma de $5,000 en los seis años en que ha estado la finca bajo la posesión ilegal del demandado.”

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, por los si-guientes fundamentos:

"(a) Que no constando de la demanda la fecha de inscripción de. la finca que tratan de reivindicar los demandantes, sin que éstos la tengan inscrita a su nombre y por el contrario apareciendo que el demandado y sus antecesores que son terceros.
“(b) Que los demandantes reclaman el total de la finca objeto de la demanda y según aparece de la alegación décima los hermanos Matilde, Basilio, Emilio e Ignacio Piñero Estrella cedieron al de-mandante Justo Piñero Estrella sus derechos y acciones en la he-rencia de sus padres, pero no así los derechos que adquirieron por herencia intestada de sus hermanos José Asunción y Cruz Piñero Es-trella, según se alega en el hecho noveno, y, por tanto, los condomi-nios éstos faltan para completar la plenitud del título alegado por los demandantes.
“(o) Que tanto el dominio “como la acción real sobre la finca re-clamada han sido perdidos por los demandantes ya que, desde 1877 ó 1878 o desde 1880 (alegaciones cuarta y quinta) han pasado más de treinta años durante los cuales el demandado por sí y por sus causantes o antecesores en título ha estado en la posesión de la finca que se trata de reivindicar. En su consecuencia alegamos que la acción ejercitada está prescrita de acuerdo con el artículo 1864 del Código Civil y también que el dominio de la misma ha prescrito a favor del demandado conforme al art. 1860 del citado cuerpo legal.”

La excepción fné declarada con lugar por el último de sus fundamentos, dictándose finalmente la sentencia apelada así:

“El eviceionista Antonio Alvarez interpuso a la demanda enmen-dada, entre otras, la excepción previa de falta de causa de acción, por el fundamento adicional a otros también expuestos como parte de la excepción, de que tanto la acción ejercitada como el dominio sobre el inmueble objeto de reivindicación están prescritos de acuerdo con los artículos 1860 y 1864 del Código Civil. Y con fecha 22 de mayo de 1923 luego de dictada y sometida esta excepción previa, fué declarada por la corte con lugar por aparecer de la demanda que el demandado, o sus causantes o antecesores en título han po-seído la finca objeto de la reclamación durante más de treinta años y de acuerdo con las disposiciones de los artículos citados del Có-digo Civil, la acción para reclamar ha prescrito juntamente con el derecho de dominio del demandado. Y se concedió permiso a los de-mandantes para enmendar, si pudieren dentro de diez días, la de-manda. Transcurrido con exceso este término sin que los deman-dantes hubieren enmendado su demanda, el eviceionista ha solicitado que se dicte sentencia por los méritos de la resolución mencionada.
“Y la corte, tomando en consideración su resolución de la excep-ción previa a la solicitud para que se dicte sentencia, declara sin lugar la demanda, con las costas, desembolsos y honorarios de abo-gado a cargo de los demandantes.”

Examinemos la cuestión de prescripción envuelta. Los hechos se exponen en la demanda en forma tan confusa, que en realidad es difícil penetrar en la verdad de lo ocurrido.

Es cierto que en el hecho quinto se dice que Daniel Ro-dríguez Arroyo al morir Basilio Pinero quedó en posesión de la finca no como dueño sino como depositario y que si ello fuera así no podría prescribir el dominio a su favor, pero también lo es que en el hecho cuarto se califica a Daniel Rodríguez Arroyo de primitivo dueño. Además, si bien va-rias veces se llama la atención sobre la diferencia de ca-bida resultante entre el título y la inscripción, es lo cierto que la inscripción se verificó desde 1880 a virtud del título que comprende englobada la finca reclamada, y si esto es así, es necesario reconocer que desde 1880 por lo menos, existió un acto público ostensible por parte del primitivo dueño Rodríguez de actuar como tal y no cómo depositario, co-menzando a correr desde entonces tanto la prescripción ex-traordinaria para adquirir el dominio, — que no requiere buena fe ni justo título — , cuanto la que regula el ejercicio de la acción reivindicatoría, y como han transcurrido con exceso los treinta años que la ley requiere, no puede soste-nerse que la corte errara al desestimar finalmente la de-manda, sobre todo después de haber dado una oportunidad para que ésta se enmendara sin que los demandantes lo hi-cieran.

Bajo la base de hechos y conclusiones tan confusos y aún contradictorios como los que aquí se alegan, no es posible despojar de su aparente derecho a un poseedor que adqui-rió la propiedad a virtud de repetidas transferencias y de un título inscrito desde hace más de cuarenta años en el registro de la propiedad.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Jdez Asociado Señob Wolf,

text:
    Rosales, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Demandada.

      No. 446.

    Visto: Marzo 10, 1924.

      Resuelto: Junio 10, 1924.
    Ejecución de Sentencias en Cobro de Dinero — Posesión de la Pinga Adju-dicada al Acreedor. — Cuando a pesar de alegarse en la demanda que la deuda estaba garantizada con hipoteca, la acción es claramente en cobro de dinero, el hecho de que en ejecución de la sentencia registrada en rebeldía por el secretario, la finca hipotecada haya sido adjudicada al demandante, no con-vierte la acción personal en real y por tanto la orden de ejecución no puede tener el efecto de un auto ordenando la posesión de la finca adjudicada como lo tendría si se tratara de la ejecución de la hipoteca, ya por el procedimiento sumario o ya por el ordinario.
    ORDEN de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), dene-gando moción del peticionario. Certiorari.

      Anulado el auto expedido.

      F. Soto G-ras, abogado del peticionario; La parte contraria no com-pareció.
   El Jdez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Caso Civil No. 2410, el día 11 de febrero de 1904, el peticio-nario presentó una moción solicitando se ordenara que el marshal diera posesión al demandante de la finca como se dispuso por la sentencia en el caso arriba citado. Entre otras cosas la referida moción alegaba que habiendo sido, seguida por todos sus trámites, la acción sobre ejecución de hipoteca de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Civil la subasta se llevó a cabo y en ella la finca hipotecada fué adjudicada al acreedor hipotecario, demandante en dicha acción. El peticionario en la expresada moción pedía a la corte que ordenara al marshal que pusiera al deman-dante en inmediata posesión de la finca objeto del susodicho procedimiento hipotecario y lo demás tendente a dicho ob-jeto.

En la orden dictada el 18 de febrero de 1924, la Corte de Distrito de San Juan asumió con el demandante que la acción y la sentencia dictada en dicho caso, se llevó a cabo de acuerdo con un pleito seguido en ejecución de una hipo-teca. La corte dijo que la referida acción para la ejecución de una hipoteca (sic) era una sobre cobro de dinero y que por tanto no había ninguna ejecución de hipoteca. La corte entonces pasó a resolver que aunque ambos. procedimientos conducían a un mismo fin, existía, sin embargo, una gran diferencia en sus trámites y que las palabras “en un pleito sobre ejecución de sentencia”, contenidas en el artículo se-gundo de la ley de marzo 9 de 1905, debían ser aplicadas ex-clusivamente al procedimiento sumario de la Ley Hipoteca-ria. También resolvió la corte que la orden sobre posesión bajo el mismo artículo exigía que una orden sobre posesión debía estar contenida en la sentencia misma, y que en una, acción personal el demandado sólo podía ser condenado a pagar el importe de la hipoteca y esto fué lo único ordenado en el caso, y bajo estas circunstancias era necesario notificar al demandado. El artículo 2 de la ley de marzo 9 de 1905, puede hallarse en la página 116 de las leyes de la sesión de ese año. Sería conveniente que los abogados, al citar leyes, diesen la página de las leyes de la sesión. Al buscar la ley en cuestión encontramos un gran número de leyes de marzo 9 de 1905. El artículo segundo de la referida ley es como sigue:

“Sección 2. — Siempre que en pleito sobre ejecución de hipoteca, se expida por cualquier tribunal, que tenga jurisdicción en el asunto, una orden para ejecutar dicha hipoteca sobre una propiedad inmue-ble, dicha orden tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio, como entre éstas y cualesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en virtud de cualquier derecho adquirido durante- el mismo, y el tribunal así lo dispondrá en el fallo, expidiendo una, orden para que el marshal o cualquier otro funcionario que ejecutase la* orden de-venía, proceda en virtud de dicha orden a poner el comprador en posesión de la propiedad vendida dentro del plazo de 30 días con-tados desde el de la venta.”

La Corte de Distrito de San Juan tuvo esencialmente ra-zón, menos tal vez en cnanto limitó el expresado artículo al procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria, toda vez que en nna acción ordinaria j)ara la ejecución de nna hipoteca el expresado artículo segundo es, por sus palabras, a lo menos aplicable.

Tía corte estuvo enteramente correcta al manifestar que esta acción era una en cobro de dinero y que en la senten-cia pronunciada no existía ninguna orden para un cambio de posesión. Besumiremos los hechos y la ley.

El peticionario inició una acción ordinaria en cobro de cierta suma de dinero garantizada con hipoteca. El deman-dado no compareció y el día 26 de septiembre de 1923, el se-cretario de la sección primera de la Corte de Distrito regis-tró una sentencia en rebeldía por el importe reclamado en la demanda. Si bien en la demanda se alegaba que la. deuda estaba garantizada con hipoteca la acción aparentemente no era en ejecución de hipoteca, si es que puede juzgarse por-la súplica de la demanda y la subsiguiente sentencia. Un procedimiento hipotecario es una acción real y no personal. El acreedor, al obtener sentencia, no insistía en sus dere-chos hipotecarios.

No existía ninguna orden para la venta de la propiedad específica garantizada con hipoteca. Tal orden es caracte-rística de todo procedimiento para la ejecución de una hi-poteca. Cuando se ejecuta una hipoteca debe describirse en la sentencia la propiedad específica.

El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que puede dictarse sentencia si el demandado dejare de contestar la demanda en los casos siguientes:

1. “En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, .... el secre-tario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especi-ficada en la citación. ...”

Del párrafo 2 resulta claro que en todos los otros pleitos es la corte misma la que debe dictar sentencia. La función del secretario está circunscrita exclusivamente a las acciones en cobro de daños y perjuicios y dinero solamente acciones personales, no teniendo ninguna autoridad para dictar una sentencia en ejecución de hipoteca.

Por virtud de la sentencia dictada fué librada una orden de ejecución el día 7 de diciembre de 1923, y el acreedor en un documento separado, indicó dos parcelas de terreno contra las cuales el márshal había de proceder a la ejecución. Al dorso de la orden de ejecución el márshal hizo constar su diligenciamiento manifestando que había vendido la propie-dad como se describía en el acta de subasta.

En la expresada acta de subasta el márshal manifestó que había procedido a vender la propiedad hipotecada, ob-jeto de este procedimiento, en cumplimiento de la orden de fecha diciembre 7 de 1923.

La orden de diciembre 7 de 1923, no contiene referencia alguna a propiedad, hipotecada o de otra clase, pero re-quiere al márshal para que cobre la suma principal e inte-reses especificados en la sentencia. La sentencia como fué registrada por el secretario no hace referencia alguna a ninguna propiedad específica hipotecada o de otra clase. La sentencia nada dice sobre el particular relativo a una hipo-teca como tiene que ser en una sentencia dictada por el se-cretario sin la intervención del juez.

El secretario no trató de hacer esto y el márshal no po-día sacar de la sentencia algo que no estuviera contenido en ella. Es un caso.en el cual teniendo el acreedor el de-recho de ejecutar una hipoteca eligió, en vez de ello, obtener una sentencia personal.

Por tanto, el artículo 2 de la Ley de marzo 9, 1905, al cual ya se ha hecho referencia no es de aplicación. El pro-cedimiento aquí establecido no se “siguió en un pleito cuyo objeto es la ejecución de tal gravamen”, o sea el “gravamen sobre bienes inmuebles”, sino que la acción es algo que es enteramente diferente, a saber, una acción personal en co-bro de dinero.

El márslial no tenía ningún derecho después de la sen-tencia a llamar a esta acción un procedimiento ejecutivo hi-potecario. Su único deber era cumplir con la sentencia y el mandamiento librado por virtud de la misma ninguno de los cuales contenía referencia alguna a un procedimiento hi-potecario. De acuerdo con el anuncio que hizo el marshal en el procedimiento de la subasta es muy dudoso si fué traspasado algún título, toda vez que los compradores po-drían quedar afectados por tal anuncio. Si el márshal hu-biera dicho -que él estaba ejecutando una sentencia ordina-ria en cobro de dinero solamente, él hubiera podido tener otras y diferentes ofertas. Por paridad de razonamiento véase la sentencia de esta corte en el caso de Santana v. El Municipio de Manatí, (pág. 43.)

Nos hemos tomado algún trabajo en discutir este auto-'toda vez que el deudor no estuvo representado en esta corte y porque es necesario examinar todos los autos cuando el acreedor está sosteniendo en un recurso extraordinario como en este caso, que él tiene derecho a la posesión inmediata de la propiedad.

El auto librado debe ser anulado.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.


author: El Juez Asociado Seño®, Aldkey,

text:
    Quiñones, Promovente y Apelante, v. Cámara, Opositor y Apelado.
    No. 2724.

    Visto: Febrero 8, 1924

      Resuelto: Junio 10, 1924.
    ■ Testamento de Palabra ante Cinco - Testigos — Inminente Peligro de Muerta. —El requisito exigido por la ley para que una persona pueda otorgar testa-mento de palabra ante cineo testigos sin la presencia de un notario es que se baile en peligro inminente de muerte, el cual debe ser de tal naturaleza que razonablemente no dé- tiempo - según las circunstancias para utilizar a un notario porque la muerte puede ocurrir prontamente, en poco tiempo, pero -■ el heclio de que exista un peligro inminente de muerte es bastante por sí solo para prescindir del notario aunque haya alguno en la localidad y aunque resida cerca de la persona que se halle en tal condición.

      Id. — Id.—En el presente caso se resolvió: que aunque la existencia de notarios en la localidad por sí solo no es motivo para que no pueda otorgarse testa-mento de palabra en caso de peligro inminente de muerte, sin embargo, el lecho de que había notarios en la localidad y de no utilizarlos, con otros hechos tendieron a probar que el peligro de muerte no era inminente.
    Id. — Id.—Discreción Judicial. — Cuando a juicio del tribunal sentenciador no re-sulta probado que el testador estuviese en las críticas circunstancias que exige-el artículo 709 del Código Civil, el testamento ante cinco testigos es nulo.
    Id. — Id.—Id.—En el procedimiento para elevar a escritura pública el testamento-hecho de palabra ante cinco testigos, si la prueba no le merece crédito, el juez no está obligado a decidir de acuerdo con las manifestaciones de tes-tigos y peritos que la testadora estaba en inminente peligro de muerte al otorgar testamento.
    Sentencia de Angel Acosia, J. (Mayagüez), declarando sin lugar solicitud interesando se eleve a escritura pública un testamento de palabra, con costas.

      Confirmada.

      A. Arnaldo Sevilla, abogado de la apelante; J. Sabater y J. Her-nández López, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Aldkey,

emitió 1.a opinión del tribunal.

Doña Buenaventura María Filomena Quiñones y Silva, conocida por Filomena Quiñones de Quiñones, murió en el pueblo de San Germán de esta Isla el 29 de noviembre de 1921 a los 90 años de edad sin tener, herederos forzosos y el 12 de diciembre siguiente su sobrina doña Mary Qui-ñones compareció ante el Tribunal de Distrito de Maya-güez alegando que en peligro de muerte dicha señora otorgó testamento de palabra ante cinco testigos, que fue redu-cido a escrito, y que por su interés en ól como legataria solicitaba se declarase ser su testamento. A esa petición se opuso Fray Angel Cámara en su carácter de albacea testamentario de la difunta y oídas las pruebas que las par-tes presentaron el tribunal negó la petición de doña Mary Quiñones, quien interpuso este recurso de apelación y com-pareció para sostenerlo.

Los motivos que tuvo el tribunal inferior para no decla-rar testamento de doña Filomena el otorgado ante cinco tes-tigos, fueron: que doña Filomena no estaba en inminente peligro de muerte el 16 de noviembre de 1921 cuando otorgó el testamento de palabra ante los cinco testigos: que si bien •diclios testigos son idóneos y presenciaron el testamento, sin embargo, por la forma en que fueron citados, por su manera de declarar, por la forma en que se reunieron y por sus condiciones, no han llevado al tribunal la credibilidad .y certeza moral necesaria para producir en ól una convic-ción y tener sus declaraciones como la última voluntad de dicha señora: que mientras la testadora hablaba Cheo Qui-linche tomaba notas que él dictaba a Nadir Gutiérrez, quien escribía las disposiciones testamentarias, resultando así que la testadora no dijo su última voluntad a los testigos sino a Gheo Quilinche, que no figura como testigo del testamento: que en San Germán residen cuatro notarios, sin (pie haya prueba de la imposibilidad de buscar a cualquiera de ellos para el testamento, habiendo doña Filomena utilizado mes y medio antes a uno de ellos para otorgar un testamento ante él: que no se ha demostrado de manera clara y termi-nante que doña Filomena tuviera el propósito serio y delibe-rado de otorgar testamento: que los testigos no fueron ro-gados por ella y sí por doña Mary Quiñones y que no oye-ron. de los propios labios y boca de la testadora sus disposi-ciones. Todos estos fundamentos de la sentencia apelada se alega por la recurrente (pie son erróneos.

Resulta de la prueba que doña Filomena, que era ciega, había otorgado cuatro testamentos ante notario público desde 3908 hasta el 27 de septiembre de 1921 en que otorgó el úl-timo de esa clase, dos meses antes de su muerte, y que en todos ellos dejaba sus bienes a instituciones de caridad para la ayuda y protección de personas desvalidas, habiendo ins-tituido en su último testamento notarial por heredero de to-dos sus bienes al Hospital de la Concepción de San Germán en cuya población vivió y murió: en el testamento de pala-bra, reducido a escrito, que motiva esta apelación, resultan instituidos como únicos herederos sus sobrinos hijos de siete hermanos cuyos nombres se expresan, y se hacen dos lega-dos que parecen ser de importancia, uno, a doña Mary Qui-ñones y otro a sn hermana doña Julia, más otro de mil dó-lares a favor de Carmen Pagán.

Doña Filomena murió de caquexia senil, o sea, por ve-jez y desgaste, el 29 de noviembre de 1921, trece días des-pués de otorgado el testamento de palabra del 16 de noviem-bre. En el juicio se presentó una certificación expedida el 6 de diciembre siguiente por un médico en la que se hace constar que en los días 16 y 17 de noviembre anterior asis-tió a dicha señora en su domicilio, la que se hallaba en peli-gro de muerte por caquexia senil pero con sus facultades mentales en funcionamiento normal, habiéndola asistido hasta el día en que murió. En esa certificación, que fue re-conocida como cierta en el juicio por el que la suscribe, no se dice que dicha señora estuviese en 16 y 17 de noviembre en peligro inminente de muerte, y contestando dicho mé-dico a las preguntas que se le hicieron en el juicio mani-festó que empezó a asistir a dicha señora cuatro o cinco días antes del 16 de noviembre; que en este día la visitó de 2 a 4 de la tarde y la encontró en peligro inmediato de muerte, a cuya conclusión llegó por su pulso, que estaba muy alterado, y porque variaba mucho su respiración; que no tenía enfer-medad crónica alguna, pues aunque había tenido una enteritis se logró mejorar, estando mejor de esa diarrea desde el día 15; que después del día 17 estaba más decaída y que ya entonces desvariaba su mente; que el estado de grave-dad en que se hallaba el día 16 era el mismo que tenía el día 15; que el día 17 por la noche todavía estaba bien, al me-nos mentalmente, hablaba y entendía lo que le decían: que desde el día 15 tenía postración física, que era consecuencia natural de su estado de caquexia, estado que continuó au-mentando hasta el día 29 en que murió y que desde el día 18 perdió el conocimiento, desvariando su mente. Por su parte los testigos del testamento dijeron; José Rodríguez, que vivía como a un kilómetro de distancia de Luis Pardo, donde los testigos se reunieron y desde allí se tardaban como cinco minutos hasta la casa de doña Filomena; que Clieo Quilinche, el que dictó el testamento, llegó de Maya-güez: que hubo tiempo para buscar un notario que hiciera el testamento; que es mayordomo de una de las legatarias; que doña Filomena estaba en bastante decadencia y les dijo que estaba en peligro de muerte, y según el testigo ella es-taba muriéndose: Nadir Gutiérrez, que ellatdijo que se sen-tía morir y que la testadora estaba muy cerca de la muerte, en peligro inmediato; Luis Pardo, que ella estaba bastante decaída pero podía hablar; Luis Alberto Pardo, que ella dijo que se sentía morir y quería otorgar su testamento, que la creyó en peligro de morir porque hablaba'con fatiga; y Lope J. Rodríguez declaró en términos parecidos a los ante-riores. También resulta que en la fecha del testamento de palabra había en San Germán cuatro notarios, uno de los cuales vivía muy cerca de doña Filomena, a cuatro o cinco minutos de tiempo de una casa a otra.

Dejaremos en este punto la prueba porque a nuestro en-tender la cuestión fundamental en este asunto es si doña Fi-lomena estaba en la condición requerida por la ley para poder otorgar testamento de palabra.

El testamento es uno de los actos más solemnes en la vida del hombre, pues por él hace sus disposiciones para después de su muerte, y por esto y para que la expresión de su voluntad conste de una manera auténtica, de modo que no pueda ser alterada, el legislador ha establecido cier-tas reglas y requisitos para la validez de los testamentos, siendo el testamento ante notario público la forma del tes-tamento regular, por más que autoriza a prescindir de dicho funcionario en determinadas circunstancias, siendo una de éstas la de permitir el artículo 709 del Código Civil que el testamento se haga de palabra, sin necesidad de notario, ante cinco testigos idóneos, criando el testador se hallare en peligro inminente de muerte; y como esta clase de testamento es una excepción de la regla general es necesario, para que pueda ser utilizada esa forma de testar, que ocurra la cir-cunstancia expresada por la ley, a tal punto que aunque en efecto se fraga un. testamento de palabra ante cinco testigos no será válido si la persona qne lo otorgue no se frailare en peligro inminente de muerte.

Con respecto a esta clase de testamentos, dice Manresa en sus'Comentarios al Código Civil Español (artículo 700), en el tomo 5, páginas 571 y 572 tercera edición, lo siguiente:

“La falta ele notario en las pequeñas localidades, la razón de economía, el interés personal, el deseo de ahorrarse molestia y de evitar dilaciones para aprovechar los momentos en que el testador ha manifestado deseos de otorgar su disposición testamentaria, el te-mor de que éste se arrepienta o desista de ello si hubiera de espe-rarse la venida de notario, más o menos distante de la población, y otra porción de causas, han contribuido a que se generalice y ex-tienda tanto esta clase de testamentos, especialmente en los pueblos donde no resida notario, que puede decirse que esa forma es la única utilizada en ellos, a pretexto siempre de hallarse el testador en peligro más o menos inminente de muerte.
“Tales abusos, y los perjuicios que mediante ellos puede ocasio-narse, exigen un exquisito cuidado y un rigor inflexible por parte de los tribunales llamados a intervenir en la admisión y elevación a -escritura pública de- dichos testamentos, si no se quiere que volva-mos a la época de las cédulas y memorias testamentarias con todos sus inconvenientes, o que con el tiempo la excepción se convierta en regla general y se viole o se eluda el precepto de la ley, haciéndose ineficaces las garantías establecidas en el art. G94 para todos los tes-tamentos1 abiertos en que no concurran las poderosas razones que han motivado la adopción de las dos especiales modalidades estable-cidas en los artículos 700 y 701.
“Las condiciones en que se otorgan estos testamentos excepcio-nales no consienten que se extienda esa facultad más allá de los lí-mites racionales marcados por la misma circunstancia perentoria y extraordinaria que le da nacimiento; y por lo tanto, si la potestad concedida para otorgarlos obedece a la razón de que no mueran in-testados los que en tal circunstancia se hallaren, por la imposibili-dad de esperar la llegada del notario o de cumplir todas las formali-dades que son necesarias para la validez del testamento en otro caso, desefe luego se comprende que una vez que desaparezca dicha razón, o sea la inminencia del peligro de muerte, debe cesar la facultad o la excepción indicada.
“En su consecuencia, a nuestro juicio, el precepto de este ar-tículo se refiere única y exclusivamente a aquellos momentos en que la enfermedad es de tanta gravedad, • que se pierde toda esperanza de salvación y no hay lugar a que pueda concurrir el notario; pues pasados esos momentos de peligro, si el enfermo se alivia hasta el punto de poder esperarse la llegada o el concurso del notario, y no hay razón para considerarle en constante e inminente exposición de muerte, entonces falta el motivo que la ley ha tenido para establecer esta causa de excepción, cual es la imposibilidad de la intervención del notario por razón de la premura de las circunstancias.
“Cuando a juicio del tribunal sentenciador no resulta probado que el testador estuviese en las críticas circunstancias que exige el art. 700, el testamento es nulo. (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1904.)”

Por su parte Scaevola en sus Comentarios al mismo có-digo, tomo 12 (edición 1896), páginas 470 a 472, dice así:

“El peligro en que el testador se halle para poder acogerse a la excepcionalidad con que le brinda el legislador ha de ser urgente, amenazador, inminente, como dice el Código, es decir, que lleve en-vueltos consigo temores de quizá muy pronta e irreparable realidad. Dicho legislador ha escogido, con tal objeto, la palabra más expre-siva y más adecuada para significar el objeto a que venimos refirién-donos. Por esto puede decirse que el término ‘inminente’ del art. 700 es el que le da carácter y el que probablemente en cada caso litigioso concreto originará dudas y vacilaciones de importancia.
“El conocimiento de la práctica de Tribunales y Juzgados y de lo que ocurre en localidades de reducido vecindario sobre el particular, nos autoriza para dar la voz de alerta, principalmente a los funcionarios del orden judicial en sus primeras categorías cuando intervengan en los expedientes de protocolización y elevación a es-critura pública de la clase de testamentos que estudiamos en este comentario. Es muy corriente el hecho de que tratándose de una persona enferma de algún cuidado, pero que no ofrezca peligro de muerte, ni mucho menos inminente, en esas localidades a las que antes aludíamos, y donde se carece do notario, los parientes intere-sados, algún sujeto oficioso, a veces el mismo testador, consigan la reunión de los cinco testigos que pide el artículo 700 y, burlando los preceptos del Código que establecen el testamento abierto normal para los casos también normales de la vida, muchas veces para evitar los que juzgan equivocadamente mayores gastos por la venida al lu-gar del funcionario notarial desde la capital del distrito, adoptan la forma excepcional como ordinaria y corriente, sin considerar quizá que con esto hacen perder toda su severidad y eficacia a los pre-ceptos legales sobre testamentos, dictados con la mira de garantizar la autenticidad de aquéllos, y por consiguiente, con el propósito de favorecer en todo lo posible los intereses de los testadores y de los que esperan confiadamente que, por virtud de la sucesión, se respe-ten sus legítimos derechos y deseos. Los testigos, llegado el mo-mento de confirmar ante la autoridad judicial las manifestaciones que oyeron de palabra al que consideraron para ese efecto como mo-ribundo, o que vieron escritas en papel que luego se les presenta a fin de que lo reconozcan, aun sin guiarles propósito mal intencio-nado de faltar al juramento que prestan, declaran, en efecto, que el testador se hallaba en peligro inminente de muerte, no compren-diendo muchas veces el significadó exacto de esos términos ni la tendencia o fin a que en el Derecho positivo responde, o no habiendo quien les explique, con frases comprensibles y más vulgares, lo que se quiere indicar con esa frase ‘peligro inminente,’ para cerciorarse de si el testador se encontraba en dicho caso.
“Y a los jueces de primera instancia nunca insistiremos bastante en recomendarlos extraordinario celo y cautela para precaverse contra esos, la mayor parte de las veces, amañados testamentos de úl-tima hora que, bajo la fe de cinco infelices y rudos aldeanos, prepa-ran ciertos muñidores de últimas voluntades, fingiendo estados de-sesperados en la enfermedad del paciente, cuando éste podía enton-ces dictar sus postreras disposiciones con mayores tranquilidad y solemnidades, sobre todo, bajo la más exacta garantía que propor-ciona la intervención del notario, del cual se prescinde hasta cuando se halla domiciliado cu las proximidades de la residencia del testa-dor.”

101 requisito exigido por la ley para que una persona, pueda otorgar testamento de palabra ante cinco testigos sin la presencia de un notario es que se lialle en peligro inmi-nente de muerte, concepto que se baila perfectamente expli-cado en las citas que liemos hecbo y es el mismo que el Dic-cionario de la Academia Española tiene al definir el adje-tivo “inminente” diciendo que es lo que amenaza o está para suceder prontamente. Por consiguiente, el peligro de muerte debe ser de tal naturaleza que razonablemente no dé tiempo según las circunstancias para utilizar a un notario porque la muerte puede ocurrir prontamente, en poco tiempo.

El hecho, pites, de que exista un peligro inminente de muerte es bastante por sí solo para prescindir del notario aunque haya alguno en la localidad y aunque resida cerca de la persona que se halle en tal condición por lo que la cuestión a decidir en este caso es si el peligro de muerte de doña Filomena el 16 de noviembre era inminente, de tal na-turaleza que su muerte podía ocurrir prontamente, de un momento a otro, o en pocas horas.

En este caso la petición inicial del procedimiento alegó que la tostadora estaba en peligro de muerte, sin decir que ese peligro fuera inminente, y la certificación del médico que se presentó en el juicio, que fué reconocida por él, tampoco dice que el 16 de noviembre estuviera doña Filomena en peligro inminente de muerte, aunque a las preguntas que se le hicieron en el juicio contestó que cuando la visitó el 16 de noviembre de 2 a 4 de la tarde estaba en peligro inme-diato de muerte en cuyo estado se hallaba desde el día 15 y también el 17. Doña Filomena no tenía enfermedad cró-nica alguna el día 16 sino solamente vejez con el desgaste natural producido por sus 90 años de edad y a pesar de la muerde inmediata declarada por el médico por la tarde el testamento no fué otorgado hasta 7 ó 9 horas más tarde, las 11 de la noche, después que doña Mary Quiñones fué a Ma-yagüez en busca de un notario y regresó sin ninguno de los que allí hay por haber encontrado enfermo al que deseaba.

En vista de esos hechos llegamos a la conclusión con la corte inferior de que doña Filomena no estaba en tal peli-gro inminente de muerte el día 16 de noviembre que la au-torizara a otorgar testamento de palabra, prescindiendo de notario, pues no sólo existía dicho estado desde el día anterior sino que también el 17, lo que demuestra que la muerte no se temía prontamente, y así parece fné entendido por •el hecho de ir a buscar notario a Mayagüez cuando en la lo-calidad había cnatro notarios, hechos que parecen demos-trar que quiso preseindirse de dichos notarios ya que a cualquiera se le podía ocurrir que era más fácil otorgar un testamento ante notario por la práctica que deben tener en la redacción de testamentos que recurrir a cinco testigos, generalmente inexpertos, que oyeran el testamento y lo ’ es-cribieran. En resumen, aunque dijimos anteriormente que la existencia de notarios en la localidad por sí solo no es motivo para que no pueda otorgarse testamento de palabra en caso de peligro inminente de muerte, sin embargo, el hecho de haber notarios en la localidad y de no utilizarlos, con otros hechos, tienden a probar que el peligro de muerte no era inminente.

Además de la declaración del médico respecto al peligro ■de muerte inmediato de doña Filomena los testigos también ■dijeron algo de esto, más bien con referencia a las manifes-taciones de ella de que sentía morir que por su propio co-nocimiento, pero esto .no era obstáculo para que el juez con vista de todos los hechos llegara a una conclusión contra-ria, con la que convenimos, so pena de que se sostenga que el juez no tiene la facultad de apreciar la prueba y que ne-cesariamente ha de dar crédito a los testigos y al perito y que de acuerdo con-las manifestaciones de ellos haya de de-cidir que la-testadora estaba en peligro inminente de muerte.

Podríamos dar aquí por terminada esta opinión en este punto en vista de la conclusión a que hemos llegado, pero creemos conveniente decir, además, que otro de los motivos que tuvo el tribunal inferior para su sentencia aparece jus-tificado por la prueba. En efecto, el tribunal a quo no dió crédito a los testigos del testamento por su manera de de-clarar, y examinadas sus declaraciones encontramos que Luis Pardo afirmó como cierto un hecho que no le constaba y que era falso, pues testificó que doña Filomena murió al día siguiente del testamento de palabra, a las 4 de la ma-ñana, cuando lo cierto es que falleció trece días después. José Rodríguez declaró primeramente que doña Filomena quería que su propiedad fuera repartida por igual entre sus sobrinos, y después dijo que ella quería hacer tres legados a los 'sobrinos y lo demás partido en partes iguales a los otros sobrinos, siendo así que según el testamento reducido a escrito instituyó por herederos a todos sus sobrinos, a dos de los cuales dejó dos legados, siendo otro para Carmen Pagan, que no consta que sea sobrina. El testamento es-crito fué leído dos veces a la testadora, primero por Nadir Gutiérrez, a quien lo dictó Cheo Quilinche, que no figura como testigo, y luego por Lope Rodríguez, y sobre este ex-tremo declaró José Rodríguez que la testadora estuvo con-forme cuando se le leyó el testamento y que no sabe por qué se le leyó por segunda vez pero que la testadora pidió que se lo leyeran dos veces. Luis Pardo j Lope Rodríguez dijeron que ella pidió que lo leyera el último de ellos por se-gunda vez, mientras que Nadir Gutiérrez manifestó que se leyó por segunda vez para leerlo con más perfección y a petición de la testadora porque no lo comprendió bien diciendo luego que filé leído por segunda vez a petición de todos los testigos porque Nadir no lo leyó bien; habiendo declarado el testigo Luis A. Pardo que se leyó por segunda vez para darlo más importancia, para que lo oyera bien. También hay contradicción con respecto a quién facilitó el papel para el testamento, pues dicen algunos de los testigos que fué Cheo Quilinche mientras según otros fué doña Mai'y Quiñones.

En vista de esas contradicciones no nos atrevemos a de-clarar que el tribunal inferior no estuviera justificado al negarse a dar crédito a los testigos del testamento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.


author: El Juez Asociado Señor "VVole,

text:
    Polanco, Demandante y Apelado, v. Goffinet, Demandados y Apelados, y Portela et al., Fiadores y Apelantes.
    No. 2844.

    Visto: Enero 25, 1924.

      Resuelto: Junio 11, 1924.
    Ejecución de Sentencia — Créditos Refaccionarios — Bienes no Sujetos a Eje-cución. — Los contratos refaccionarios, sujetos como están a las resultas de las cosechas y liquidación, por lo general no están sujetos a ejecución.
    Fianza — Excusión—Créditos Refaccionarios. — Los fiadores que invocan el bene-ficio de excusión no solamente deben probar que hay bienes del fiado sujetos a ejecución, sino que la propiedad debe ser especificada. No es bastante con decir que existen créditos refaccionarios, suponiendo que puedan ejecutarse, sino que deben hacerse referencias más específicas de manera que un márshal pueda saber a dónde debe dirigirse.
    Apelación — Opinión de la Corte — Transcripción Deficiente. — La opinión de la corte inferior no puede sustituir a la certificación de los hechos.
    Id. — Señalamiento de Errores — Alegato bel Apelante. — No es bastante con demostrar que la sentencia o actuación de la corte es errónea por haber dejado de observar algún precepto de ley, sino que el señalamiento debe contener algún hecho o hechos que suministren una base aparente para la revocación.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Ordenes Diotadas Después de Sentencia,. — Los apelantes sostienen en este caso que varias órdenes dic-tadas después de la sentencia y para proceder a su ejecución, contenían pro-nunciamientos que no estaban incluidos en la sentencia misma. Se resolvió: que en un procedimiento de nulidad la corte tiene amplias facultades para restituir el status quo.

    Id. — Fianzas—Aseguramiento de la Sentencia de Nulidad. — Guando' se confis-can las fianzas prestadas para asegurar la efectividad de la sentencia de nulidad de ejecutivo hipotecario y daños y perjuicios, ni la disposición del dinero importe de las fianzas ni el hecho de que en el procedimiento de confis-cación no estuvieran ante la corte todas las partes necesarias, afectan a los fiadores.
    Sentencia de Pablo Berya, J. (Ilumacao), confiscando fianzas pres-tadas para dejar sin efecto retención del importe de un crédito hipotecario.

      Confirmada.

      H. G. Molina, abogado de Jos apelantes; J. Yendrell, abogado de los demandados-apelados; Sarmiento cfi Puig, abogados del deman-dante-apelado.
   El Juez Asociado Señor "VVole,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 21, 1919, la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia por la cual, en una acción entablada con tal fin, fué decretada la nulidad de un procedimiento ejecutivo hi-potecario. En el primitivo procedimiento hipotecario" de acuerdo con el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria la corte, después de avisar del pleito de nulidad, puede, mediante la debida petición, ordenar la retención de la cantidad del procedimiento ejecutivo. El precio en este caso que asciende a la suma de $19,202 fué consignado en la corte por los compradores José y Jacinto Polanco. El efecto de tal orden es verificar un embargo sobre el precio de compra, y los acreedores Goffinet, para po-der obtener el levantamiento del embargo de este precio de venta, prestaron de acuerdo con el referido artículo 175, dos fianzas cada una por la suma de $9,601, siendo suscri-tas las expresadas fianzas por dos fiadores diferentes.

La sentencia de nulidad dictada en mayo 21, 1919, supra, fijaba también la cantidad por concepto de daños y perjui-cios contra los allí demandados, hermanos Goffinet, en la suma de $9,923. Para levantar el embargo trabado para' asegurar los daños y perjuicios por la expresada suma, los demandados Goffinet prestaron otra fianza con fiadores.

En los autos no se ha incluido copia de estas fianzas, ni certificados a nosotros en ninguna forma, y el único co-nocimiento que de ellas tenemos son ciertas admisiones he-chas por el apelado y ciertas manifestaciones contenidas en las varias órdenes de la corte a las cuales nos referiremos inmediatamente.

Después que la sentencia de mayo 21, 1919, fué final-mente confirmada y había quedado enteramente sujeta a eje-cución, el demandante Polanco trató de hacerla cumplir. La corte expidió varias órdenes en las cuales en el análisis final, los varios fiadores fueron citados para comparecer y mostrar causa por las cuales no debían consignar en la corte las distintas cantidades de que eran respectivamente responsables. Todos comparecieron y presentaron varias defensas que discutiremos. Ninguna de estas defensas fué considerada válida por la corte, la cual, en 18 de julio, 1922, dictó sentencia ordenando la confiscación de las fianzas y el pago en la corte de las distintas cantidades garantizadas.

En apelación los dos primeros señalamientos de error se refieren a la necesidad de hacerse la excusión de los bienes efectivos de los principales demandados G-offinet. Una mani-festación contenida en la opinión qne acompaña a la senten-cia de julio 10, 1922, muestra qne el apoderado de los de-mandados Goffinet había declarado qne dichos demandados, si bien tenían créditos refaccionarios montantes a la suma de $80,000 pendientes en Puerto Rico, no tenían bienes en el país snjetos a ejecución. Suponiendo o que podemos con-siderar como hechos las precedentes manifestaciones de la opinión, es evidente qne no hay nada qne acredite qne los demandados Goffinet tenían bienes snjetos a ejecución. Los contratos refaccionarios, snjetos como están a las resultas de las cosechas y liquidación, por lo general no están su-jetos a ejecución. Si pudieron ejecutarse fue, según veremos, obligación de los fiadores hacer tal demostración.

Ni los apelantes ni apelados nos'han hecho referencia a las partes aplicables del Código Civil, pero suponemos que son los artículos 1731-733, a saber:

“Art. 1731. — El fiador no puede ser competido a pagar al acree-dor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor.
“Art. 1732. — La excusión no tiene lugar:
“1. Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella.
“2. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor.
“3. En el caso de quiebra o concurso del deudor.
“4. Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro de Puerto Rico.
“Art. 1733. — Para que el fiador pueda aprovecharse del benefi-cio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le re-quiera para el pago, y señalarle bienes del deudor realizables den-tro de la Isla de Puerto Rico, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda.”

Hemos interpretado estos artículos en el caso de Fantaussi v. Vázquez, 22 D.P.R. 721. Los fiadores no solamente deben probar que hay bienes sujetos a ejecución, sino que la propiedad debe ser especificada. No es bastante con decir que existen créditos refaccionarios, suponiendo que puedan ejecutarse, sino que deben hacerse referencias más específi-cas de manera que un márshal pueda saber a dónde debe dirigirse.

Los apelados, sin embargo, insisten debidamente en que no tenemos medios adecuados para revisar los procedimien-tos de la corte inferior, toda vez que los hechos que tuvo dicha corte ante su consideración no han sido certificados a este tribunal. Los apelantes se refieren a una manifesta-ción hecha por el apoderado de los demandados Goffinet se-gún la cual existen créditos refaccionarios. Esta manifes-tación no está contenida en los autos. Con excepción de la indicación a que se ha aludido la manifestación del apo-derado no aparece en la opinión de la corte, si es que en ella puede descansarse en demostración de tal hecho. Al efecto de que no puede descansarse en la opinión con tal objeto, nos cita el apelado los casos de Torres v. Vidal, 28 D.P.R. 421; Guerra y. Acha, 27 D.P.R. 688; Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796; Albite v. Lecumberri, 22 D.P.R. 856; Rubio v. Charvounier, 20 D.P.R. 315, los que deciden la cuestión. Estas consideraciones resuelven los dos prime-ros señalamientos de error.

El tercer señalamiento es como sigue:

"La Corte de Distrito de Ilumacao cometió error de derecho al aplicar indebidamente el artículo 175 del Reglamento para la eje-cución de la Ley Hipotecaria y la sección 16 de la ley para asegu-rar la efectividad de la sentencia, según fue enmendada por la ley número 27 de 1916, en cuanto a los fiadores apelantes José Ramí-rez Muñoz y Cándido Ramírez Muñoz y Miguel Quiñones Cabezudo y Manuel Pórtela.”

Este señalamiento de error únicamente es aplicable a los fiadores por el precio de venta en .la suma de $19,202. Los fiadores por la suma do $9,923 no han sido incluidos de modo alguno.

Es dudoso si este tercer señalamiento de error por falta de la debida especificación debe siquiera ser considerado. No es bastante con demostrar que la sentencia o actuación de' la corte es errónea por haber dejado de observar tal o cual precepto de ley, sino qne el señalamiento debe conte-ner algún beclio o heclios qne suministren nná base aparente para la revocación.

Los apelantes sostienen qne las varias órdenes dictadas después de la sentencia de mayo 21, 1919, y para proceder a sn ejecución, contenían pronunciamientos que no estaban incluidos en la sentencia misma. En un procedimiento de nulidad, sin embargo, creemos que la corte tiene amplias fa-cultades para restituir ol staPu quo.

Una queja más específica y respecto a la cual esta corte lia tenido cierta duda, es que la sentencia de mayo 21, 1919, no sólo ordenaba que fuera satisfecho en la corte el precio de venta de $19,202 por los distintos fiadores, sino que al propio tiempo disponía que dichas cantidades debían ser sa-tisfechas al marshal quien había de pagar dicha suma a los hermanos Polanco, primitivos compradores de la propiedad hipotecada, con el fin de que ellos entregaran la propiedad hipotecada originalmente al deudor Polanco. Los apelantes insisten en que la corte no tenía derecho a ordenar el pago de los $19,202 en esta forma y que los hermanos Polanco no eran partes en el procedimiento y no podían quedar afecta-dos por la orden.

Aquí otra vez encontramos el obstáculo de que todos los procedimientos en el pleito de nulidad en el cual este proce-dimiento especial fue establecido, no han sido certificados a esta corte. No podemos saber definitivamente si los herma-nos Polanco fueron o nó hechos partes. Estamos dispues-tos a sostener, sin embargo, que la corte bajó sus amplios poderes puede hacer las gestiones necesarias para restituir el statu quo y ordenar a los compradores que restituyan la propiedad al demandante Polanco al serles satisfecho el pre-cio y con tal fin estamos obligados, bien a asumir que los hermanos Polanco o estuvieron debidamente ante la corte, o todavía puede hacérseles parte mediante moción de acuerdo con los artículos 36 y 74 del Código de Enjuiciamiento Civil. En relación con esto véase el reciente pronunciamiento hecho-por la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en el caso de Gandía v. P. R. Fertilizer Co., 291 F. 18.

Al suscribir los fiadores las fianzas en las cuales los her-manos Groffinet quedaron relevados del pago del precio, dichos fiadores estaban obligados a conocer el estado de la ley y especialmente las disposiciones del referido artículo 175 de acuerdo con el cual el precio como fue embargado sería retenido normalmente para ser devuelto a los compradores en caso de prosperar la demanda en el procedimiento de-nulidad.

Además, el pronunciamiento requiriendo a los fiadores verificar el pago en la corte es absoluto en su forma; las fianzas de los fiadores han sido confiscadas y se les requiere hacer el pago de las varias cantidades al marshal quien ha de retener las mismas a los fines que en dicho pronuncia-miento se expresan. La disposición subsiguiente del dinero, sin embargo, no afecta a los fiadores, y su fianza quedará cancelada si cumplen con la orden. El hecho de que las-partes necesarias posiblemente no estén ante la corte no-afecta a los fiadores.

Cualesquiera que sean las dudas que podamos tener, debe-confirmarse la sentencia apelada en vista del estado incom-pleto de los autos y especialmente por la falta de las fianzas*

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: Conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Su. FiíaNCO Soto,

text:
    Veve et al., Demandantes y Apelados, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3357.

    Visto: Junio 2, 1924.

      Resuello: Junio 11, 1924.
    Apelación- — Resolución Interlocotoria Inapelable. — Una resolución negando la nulidad del empla?amiento no es de las que pueden apelarse según el ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. T'al resolución interloeutoria sólo puede ser revisada mediante apelación de la sentencia final.

      Resolución ele M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan)., desestimando moción en que se solicita la nulidad del emplaza-miento.

      Desestimada la apelación.

      L. Freyre Barbosa, abogado de los apelantes; M. F. Rossy, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Su. FiíaNCO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se lia interpuesto contra una resolución de la corte inferior desestimando una moción del demandado solicitando la nulidad del emplazamiento.

La resolución dictada en este caso no es apelable. No está comprendida en ninguno de los casos especificados en el inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil. Es una resolución interlocutoria que sólo puede ser revisada mediante apelación de la sentencia final.

El recurso debe ser desestimado.


text:
    Vallecillo, Demandante y Apelado, v. Vidal et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3288.

    Visto: Abril 1, 1924.

      Resuelto: Junio 12, 1924.
    SebviditmbRE de Vistas sobre Ninca Vecina. — Si el propietario que construye en la pared de su casa ventanas, balcones u otros voladizos a menos de dos metros de distancia de la propiedad vecina, construye al mismo tiempo un muro que impida las vistas o el registro de ésta, no puede concluirse que se ba violado el artículo 589 del Código Civil.
    ResoluciÓN de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan)., decretando injunction preliminar.

      Modificada y confirmada.

      J. Texidor y H. G. Molina, abogados de los apelantes; J. Sifre, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

.. La corte inferior decretó nn injunction preliminar orde-nando al demandado la suspensión de cierta obra qne estaba realizando en nna propiedad urbana contigua a la- del de-mandante. La demanda se funda en el artículo 589 del Có-digo Civil Revisado y se dirige contra el constructor de la obra y el propio demandado.

El artículo 589 dice:

"Art. 589. — No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni bal-cones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.
"Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.”

La obra que se está construyendo se califica por el de-mandante de balcón o terraza y el demandado alega que se trata de un jardín para embellecimiento de su propiedad ur-bana y su defensa principal estriba además que dada la forma que se está edificando la misma, no se opone a la dis-posición del artículo 589, supra.

Cualquiera que sea el carácter de la construcción, apa-rece empezada a una distancia de setenta centímetros de la línea divisoria de ambas propiedades a partir de la pared o muro exterior de la obra comenzada.

Asumiendo, sin embargo, que la obra iniciada es un bal-cón o terraza, se hace físicamente imposible las vistas rec-tas sobre la finca del demandante una vez levantado el muro o pared cubriendo en su altura y longitud totalmente el es-pacio exterior de la construcción.

El demandante apelado sostiene no obstante que la cons-trucción de la pared en nada afecta la disposición del ar-tículo 589, supra. Lo principal es la distancia, baya o nó muro intermedio. El apelado cita en su apoyo las autori-dades de Manresa y Scaevola, quienes mantienen puntos de vista semejantes. Sin embargo, dentro del comentario que estos autores hacen al artículo 582 del Código Civil Espa-ñol, que equivale textualmente al nuestro arriba citado, se levantan serias dudas acerca de cuál pueda ser la verdadera aplicación de la ley.

Manresa, al tratar de balcones y voladizos qne no ten-gan vistas rectas y referirse a una opinión parecida a la que sostiene el demandado en sn defensa, se decide en nn sentido contrario y sn razonamiento descansa simplemente en qne no bay disposición algnna en el código qne autorice tal opinión y porqne la distancia no puede dejarse a mer-ced de acontecimientos ulteriores y se ba de fijar al cons-truir las vistas. 4 Manresa, p. 779, 780 (3® edición).

En cambio Scaevola, aun cuando al final de sn argumen-tación concurre con Manresa, refiriéndose a la posibilidad de existir una pared que impida las vistas, no obstante dice:

“La solución es discutible. Si la prohibición de edificar obedece a la razón de no inspeccionar el fundo ajeno, no hay temor a tal inspección errando el dueño del edificio construye el maro, y por tanto parece que no debe subsistir tal restricción, puesto que cesando la causa desaparece el efecto.” Scaevola, vol. 10, p. 499.

La lógica de este razonamiento nos parece la más fuerte. Si la restricción o limitación del código no obedece a otro fin que el de impedir las vistas o el registro de una finca por el vecino, claro es qne la distancia legal tiene que pre-valecer para poder mantener un propietario vistas rectas sobre la propiedad del predio sirviente, pero a contrario sensu si aparece de la construcción misma que no bay las vistas rectas por existir nn muro que las impida, la razón de la ley ba dejado de existir y la distancia es cuestión se-cundaria. En este punto Scaevola afirma que el código no distingue y baya o nó muro intermedio lo principal es' la distancia. A esta conclusión llega Scaevola por una inter-pretación liberal de un precepto restrictivo, pero en buena bermenéntica legal una prescripción de tal naturaleza no se debe interpretar más que de un modo restringido y no se le puede dar un alcance que comprenda materia que clara-mente* resulta sin el propósito mismo que tuvo en cuenta la ley para la restricción qne expresamente se establece para la servidumbre de luces y vistas, pues ni siquiera po-día invocarse el principio de que donde existe la misma si-tuación debe aplicarse igual razón de derecho por tratarse de situaciones bien diferentes.

El apelado, sostenido por las autoridades citadas pero quizá alejándose de la verdadera intención que tuvo el le-gislador, insiste sin embargo en que si no se mantiene la orden de injunction ninguna garantía, tendría el demandante para que el demandado llevara a su terminación el muro o que después de construido se destruyera, en cuyo caso el demandante se vería obligado a iniciar un nuevo pleito para proteger un derecho que debió ser respetado desde el primer momento. Esta argumentación sería de gran fuerza si el brazo del injunction no alcanzara prevenir tales actos fu-turos. La no terminación de la obra o el derribo de la pared una vez terminada serían contingencias comprendidas implícitamente dentro de la orden de injunction. Actos de esa naturaleza significarían. una desobediencia al auto de injunction y si el auto preliminar se convirtiera en perpe-tuo, el demandado quedaría sujeto en el futuro a tal preven-ción por este mismo procedimiento en todo lo relativo a que pudiera dejar sin efecto en cualquier tiempo lo prescrito en el art. 589 del Código Civil Revisado.

Por lo expuesto, la orden preliminar de injunction de 5 de febrero de 1924 debe ser modificada de modo que el de-mandado pueda continuar sus trabajos siempre y cuando se levante el muro o pared que impida las vistas rectas a la finca del demandante quedando firme en cualquier otro caso de los previstos en esta opinión dicha orden de injunction.