author: El Juez Asociado Señor Rivera García Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

text:
    María G. Rivera Fernández, peticionaria, v. Municipio Autónomo de Carolina, recurrido.

      Número: CC-2012-0786

      Resuelto: 29 de enero de 2014

      Johanna Feliciano González, abogada de la parte peticiona-ria; Ismael E. Trabal Vázquez, de Cacho Law Offices, abo-gado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de autos nos brinda la oportunidad de inter-pretar por primera vez parte del inciso (a) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA see. 4703) (Ley Núm. 81 o Ley de Municipios Autónomos). En específico, nos corresponde evaluar la forma de entrega de la notificación previa a un alcalde, con la cual debe cum-plir toda persona que presente una reclamación en contra de un municipio por daños personales o a la propiedad, según dispone el referido precepto.

Por entender que la notificación realizada en el caso de autos fue conforme a derecho, revocamos la determinación del foro apelativo intermedio. A continuación hacemos un recuento de los antecedentes fácticos pertinentes que die-ron génesis a la controversia que hoy nos ocupa.

I

Según surge del expediente, el 13 de noviembre de 2009 la peticionaria, la Sra. María G. Rivera Fernández (señora Rivera o peticionaria), presuntamente sufrió una caída mientras caminaba por una acera pública del municipio de Carolina (el Municipio o recurrido). El 8 de diciembre de 2009, veintiséis días después del accidente, la señora Rivera completó y presentó personalmente en la alcaldía del Municipio un formulario titulado Informe de Incidente pro-visto por el propio Municipio. En este, la señora Rivera especificó su información personal, describió la naturaleza del accidente, indicó la información de los testigos y el tra-tamiento médico recibido hasta ese momento. No obstante, el informe no especificaba la cuantía o el remedio solicitado debido a que el formulario no contenía un encasillado para tal información.

El 21 de abril de 2010, la representación legal de la peticionaria envió una segunda notificación dirigida al al-calde del Municipio en la cual detalló los hechos, la infor-mación de los testigos, el tratamiento recibido y la compen-sación solicitada. Esta comunicación se recibió en la Oficina de Asuntos Legales del Municipio. Posteriormente, entre agosto de 2010 y octubre de 2011, la representante legal de la señora Rivera envió varias comunicaciones a la compañía aseguradora del Municipio, en las que precisó la misma información notificada al recurrido.

Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la señora Rivera presentó una demanda de daños y perjuicios contra el Municipio y su compañía aseguradora. Subsiguiente-mente, el Municipio presentó una moción de desestimación. Según este, el Informe de Incidente suscrito por la señora Rivera no constituye la notificación requerida por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, ya que no especifica la compensación monetaria solicitada y el tipo de remedio adecuado al daño sufrido. Atendido el requerido petitorio, el 18 de mayo de 2012 el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden y declaró “no ha lugar” la solicitud del recurrido.

En desacuerdo con esa determinación, el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. En esta adujo que el foro primario erró al resolver que la señora Rivera cumplió con el requisito de no-tificación previa y que la demanda presentada no estaba prescrita. Visto el recurso, el foro intermedio concluyó, en esencia, que el Informe de Incidente completado por la pe-ticionaria era insuficiente a la luz de los criterios estable-cidos en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Ello porque la notificación debía ser remitida directamente al alcalde del Municipio y debía incluir la cuantía o el remedio solicitado. Siendo así, el Tribunal de Apelaciones entendió innecesario discutir el planteamiento de prescripción presentado por el Municipio.

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Apelacio-nes, la señora Rivera comparece ante nos mediante un re-curso de certiorari y señala el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la peticionaria no cumplió con el requisito de notificación previa del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, e incurrió en error manifiesto en la interpretación de la prueba y al no aplicar la jurisprudencia que exime del cumplimiento de la letra de la ley en aquellos casos donde el esquema legislativo carece de vir-tualidad, propósito u objetivo y donde dicho requisito no resulta adversamente afectado, como ocurre en el presente caso. (Énfasis suplido). Certiorari, pág. 3.

En síntesis, la contención de la señora Rivera es que al completar el Informe de Incidente personalmente en el Municipio y frente a un funcionario municipal, cumplió con el requisito de notificación al alcalde. En vista de ello, nos solicita que revoquemos el dictamen emitido por el foro apelativo. Por su parte, el Municipio se limita a exponer, en esencia, que el Informe de Incidente no constituyó la notificación previa requerida por la Ley de Municipio Autónomos. Por lo tanto, solicita que confirmemos la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Examinado el recurso presentado por la peticionaria, el 21 de diciembre de 2012 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procede-mos a resolver la controversia que nos ocupa.

II

A. Previo a atender el asunto principal ante nuestra consideración, debemos tener presente los preceptos que rigen en nuestro ordenamiento jurídico relativos a la interpretación de las leyes y al principio de hermenéutica legal. En ese contexto, hallamos que el Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, -31 LPRA sec. 14, dispone que cuando una ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada con el pretexto de cumplir con su espíritu.

No obstante, en ocasiones anteriores hemos expresado que

[l]os tribunales estamos autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere. (Enfasis en el original). Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 428-429 (2012), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990).

Conforme a ello, hemos reiterado que la letra de la ley no debe seguirse ciegamente cuando ello iría en detrimento de su espíritu y su fin. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 429; Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91, 99 (2001); Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 274 (2000). En ese sentido, aplica el principio rector que hemos enunciado en ocasiones anteriores que dispone que “[a]l interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente quiso obtenerse”. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 429, citando a Morell et al. v. Ojeda et al., 151 DPR 864, 877 (2000). Véase Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 DPR 759, 766 (1990).

En cumplimiento con ese deber, debemos evitar una in-terpretación que pueda conducir a resultados absurdos e irrazonables. ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 344 (2006); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 DPR 334, 342 (1986). Esto porque las leyes deben interpretarse con miras a lograr resultados sensatos, lógicos y razonables que representen y salvaguarden la efectividad de la intención legislativa. ASG v. Mun. de San Juan, supra.

B. Con tales principios como norte, es imperativo ex-poner el marco estatutario y jurisprudencial sobre el requisito de notificación previa a los municipios. Esto con el objetivo de contextualizar las expresiones que más adelante formularemos sobre cómo debe realizarse tal notificación, conforme a los propósitos diseñados por la Asamblea Legislativa al promulgar la Ley de Municipios Autónomos.

El requisito de notificación al alcalde, previo a la iniciación de cualquier reclamación judicial por daños personales o a la propiedad causados por culpa o negligencia del municipio fue establecido por vez primera en la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, según enmendada, 21 LPRAant. see. 2001 et seq. Desde entonces esta Curia ha abordado e interpretado tal requi-sito en múltiples ocasiones, siendo la primera vez en Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491 (1963).

En aquella ocasión establecimos que la notificación previa en el plazo establecido por ley tiene el propósito de poner sobre aviso a la entidad municipal de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra. Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494. Esto con el fin de que el municipio involucrado pueda activar sus recursos de investigación prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la prepara-ción de una adecuada defensa contra la reclamación o una transacción adecuada de esta. íd. Además del objetivo de desalentar las reclamaciones infundadas, mitigar el im-porte de los daños sufridos y advertir a las autoridades sobre la posible necesidad de una reserva en el presu-puesto anual. Id.

Posteriormente, la Ley de Municipios de 1960 fue derogada y sustituida por la Ley Orgánica de Municipios de 1980, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 LPRA ant. see. 2001 et seq.). Esta legislación también incluyó un requisito de notificación al primer ejecutivo municipal previo a la iniciación de cualquier reclamación judicial. Véase Art. 11.03 de la Ley Orgánica de Municipios de 1980 (21 LPRA ant. see. 3403). Véase, además, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985).

Subsiguientemente, la Asamblea Legislativa derogó y sustituyó la Ley Orgánica de Municipios de 1980 con la Ley de Municipios Autónomos, la cual fue promulgada con el fin de establecer la constitución, organización, admi-nistración y funcionamiento de los municipios. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 81-1991 (1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 459), P. de la C. 1296, llma Asamblea, pág. 1. Véase, además, Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 121 (2011). Lo anterior diri-gido a otorgarles “el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico”. Art. 1.002 de la Ley Núm. 81 (21 LPRA sec. 4001 n.).

Conforme a la referida política pública, la Ley de Municipios Autónomos regula, entre otros asuntos, el procedimiento que debe seguir toda persona que interesa presentar una reclamación judicial en contra de un municipio por los daños ocasionados por su culpa o negligencia. Sobre este particular, el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, dispone lo siguiente:

[t\oda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra un municipio por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio, deberá presentar al alcalde una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido. En dicha notificación se especificará, además, la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante, y en los casos de daño a la persona, el lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(a) Forma de entrega y término para hacer la notificación.— Dicha notificación se entregará al Alcalde, remitiéndola por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cual-quier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
La referida notificación escrita deberá presentarse al Al-calde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. [...]
........
(b) Requisito jurisdiccional. — No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dis-puestos en esta ley. (Enfasis suplido). 21 LPRA see. 4703.

Como podemos observar, del texto del referido precepto se desprenden varios requisitos. Primero, el reclamante debe notificar al alcalde mediante una notificación escrita. Segundo, esta notificación debe incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza del daño sufrido, información sobre los testigos, dirección del reclamante, el tipo de remedio o la cuantía monetaria solicitada, y en los casos de daños a la persona, deberá incluir el lugar donde recibió tratamiento médico. Tercero, la notificación tiene que ser realizada en los noventa días desde que el reclamante tuvo conoci-miento de los daños. El cumplimiento de tales requisitos es una condición previa indispensable para la iniciación de cualquier acción judicial en resarcimiento de daños y per-juicios en contra de un municipio.

En lo que respecta a la controversia particular ante nuestra consideración, hallamos que el citado Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, no dispone cómo debe ser la notificación escrita al alcalde ni cuál es su razón de ser. De hecho, el historial legislativo de la mencionada ley tampoco incluye expresiones relacionadas a este particular. No obstante, el historial legislativo de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 LPRA sees. 3074 et seq.) —una legislación análoga que contiene disposiciones simi-lares sobre notificación previa— podría brindarnos luz en cuanto al alcance de esta exigencia.

En este particular, observamos que la Ley Núm. 104, supra, fue enmendada en 1966 con el objetivo de incluir el requisito de notificación al Secretario de Justicia previo a la iniciación de una demanda en contra del Estado. Del contenido del Proyecto de la Cámara Núm. 492 que pro-puso tal enmienda podemos apreciar que al añadir esta exigencia procesal el legislador tenía la preocupación si-guiente:

[e]n muchos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos y aún con la circunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos.

En cuanto al contenido de la notificación escrita es pre-ciso señalar que, contrario a lo dispuesto en la Ley de Mu-nicipios Autónomos, en la Ley de Pleitos contra el Estado la Asamblea Legislativa no añadió el requisito de especifi-car en la notificación la cuantía o el remedio solicitado. Según se desprende del contenido del Proyecto de la Cá-mara Núm. 492 esto respondió a que en muchos casos re-sulta imposible precisar tal información en el tiempo re-querido por ley para la notificación. Al respecto, específica-mente se expresó lo siguiente:

[l]a enmienda que propone vuestra Comisión elimina en la notificación el requisito de la cuantía de la compensación mo-nefaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido y tiene como fundamento el hecho de que en muchos casos tanto la cuantía de la compensación como el tipo del remedio adecuado al daño sufrido son datos que no pueden precisarse en el tér-mino de unos pocos meses, por lo que se entiende que al eli-minarse el requisito se mejora el proyecto sin que se afecte el mismo.

Entendemos que este cambio sustancial responde a que, en el caso de daños físicos, es imposible conocer el monto total reclamable de esos daños inmediatamente luego del accidente.

Con este marco legal como norte, procedemos a atender la situación fáctica que nos ocupa.

III

En el caso de autos, la señora Rivera plantea que pre-sentó personalmente en el Municipio, ante uno de sus fun-cionarios, un Informe de Incidente que incluía la informa-ción sobre su accidente, según requerían los encasillados incluidos en el documento provisto por el propio Municipio. De esta forma el informe contenía toda la información re-querida por el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, ex-cepto, la cuantía de la compensación monetaria porque el mismo formulario no proveía para ello. Así las cosas, la señora Rivera sostiene que cumplió con el requisito de no-tificación requerido por ley, máxime cuando el propio docu-mento dispone que una copia de este va dirigida al Municipio.

A pesar de lo anterior, el Tribunal de Apelaciones deses-timó la demanda presentada contra el Municipio al enten-der que la peticionaria incumplió con el requisito de noti-ficación previa. De acuerdo con el foro apelativo, tal notificación debió ser remitida al alcalde y debió incluir la cuantía o el remedio solicitado, según establece el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. Según el Tribunal de Apelaciones, el Informe de Incidente entregado por la se-ñora Rivera en el Municipio no puede ser considerado como la notificación requerida por ley, ya que no incluía la cuan-tía de la compensación monetaria. No coincidimos con tal proceder.

En primer lugar, aclaramos que para cumplir con el inciso (a) del Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, no es necesario una entrega personal al alcalde. No podemos avalar ese rigorismo desmedido propuesto por el recurrido y respaldado por el foro apelativo, máxime cuando ello no surge del texto de la ley. Contrario a lo que concluyó el Tribunal de Apelaciones, entendemos que el Informe de Incidente que la peticionaria presentó en la alcaldía constituye un método de notificación previa que pone sobre aviso al Municipio de una posible reclamación en su contra. Si bien es cierto que el Informe de Incidente no fue entregado personalmente al alcalde, el diligenciamiento fue hecho en una forma fehaciente en derecho. Por ello, resolvemos que cumplimentar el “Informe de Incidente” que fue provisto por el propio gobierno municipal constituye una notificación que satisface las exigencias y los propósitos del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, según hemos establecido desde Mangual v. Tribunal Superior, supra.

Establecer que, en el caso de autos, el Municipio no fue notificado conforme a las disposiciones de la Ley de Muni-cipios Autónomos no solo constituiría un dictamen irrazo-nable, sino que desatiende el uso crítico y concienzudo de nuestro estado de derecho. El objetivo del requisito de no-tificación previa no conlleva un asunto personalizado en la figura del alcalde involucrado de manera que se requiera una notificación directa al primer ejecutivo municipal. No podemos arraigarnos al tecnicismo de que la persona que tiene que ser notificada es el alcalde, ya que lo que verda-deramente importante es que el municipio quede notifi-cado de la posible causa de acción, independientemente si el alcalde fue el que personalmente recibió tal notificación.

Bajo ningún concepto podemos hacer abstracción de que el documento Informe de Incidente fue suministrado por el propio Municipio y cumplimentado por la señora Rivera en las instalaciones municipales. Por tal razón, concluimos que una vez el funcionario de la alcaldía recibe el Informe de Incidente se entiende que el municipio, y por ende, el alcalde, ha sido notificado del incidente ocurrido y de la posible reclamación en su contra.

Al estar esta información en poder del Municipio, no hay duda de que este tenía conocimiento de los hechos, conociendo incluso la identidad de los testigos, lo cual pudo haber utilizado para investigar, corroborar o refutar los he-chos alegados por la señora Rivera en el Informe de Incidente. El fin público de proteger al Municipio se satis-fizo desde el momento en que la señora Rivera cumpli-mentó y entregó el formulario que el propio municipio le entregó para que hiciera constar las particularidades del incidente.

Por otro lado, no nos convence la teoría del Tribunal de Apelaciones en cuanto a la insuficiencia de la notificación por esta no incluir la cuantía o el remedio solicitado. Cier-tamente, coincidimos con el foro apelativo en que toda re-clamación presentada en contra de un municipio debe cum-plir con el requisito de notificación establecido en el Art. 15.003, supra, y con cada uno de sus requisitos. Empero, en el caso particular ante nuestra consideración, el formu-lario titulado Informe de Incidente entregado a la peticio-naria en la propia alcaldía, no proveía un encasillado para que esta especificara la cuantía o el remedio solicitado. Por ello, concluimos que omitir tal información no constituyó un factor limitativo para el Municipio iniciar una pronta investigación del incidente.

Por último, recordemos que el inciso (a) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, establece que “la notificación escrita deberá presentarse al alcalde den-tro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados”. De los hechos se desprende que la primera notificación fue realizada el 8 de diciembre de 2009 al entregar el Informe de Incidente. Esto es, veintiséis días después del accidente. Durante ese periodo de tiempo, la peticionaria no había recibido ningún procedimiento médico, excepto, el que re-cibió el día del accidente en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Grande. No fue hasta dos días después, el 10 de diciembre de 2009, que la señora Rivera fue refe-rida a terapia física por el Dr. Gerardo Ortiz.

Posteriormente, el 16 de abril de 2010 se le realizó una radiografía de su hombro derecho con el diagnóstico: “[c]ambios cabeza húmero”. Es en ese momento que la pe-ticionaria sabe de los daños sufridos. Cinco días más tarde, mediante su representación legal, remitió una segunda no-tificación al Municipio que incluía la compensación solici-tada, los hechos acaecidos, la información de los testigos y el tratamiento recibido. Más aún, no fue sino hasta el 19 de abril de 2011, un año y cinco meses luego del accidente, que la señora Rivera Fernández fue sometida a una inter-vención quirúrgica en su hombro derecho como consecuen-cia de los daños sufridos en el accidente.

En ese escenario, concluimos que la segunda notifica-ción al alcalde que realizó la peticionaria, en la cual se añadía la cuantía de los daños reclamados, fue hecha con-forme a derecho y en el término establecido en ley. Esto debido a que la ley especifica que el reclamante tiene no-venta días desde que sabe de los daños sufridos para en-viar la notificación. Claramente no fue hasta que a la peti-cionaria le realizan la radiografía que esta conoce de los daños sufridos y, por ende, cinco días de saberlo notificó al alcalde la cuantía de estos.

Según el crisol doctrinario expuesto, concluimos que, en situaciones donde el propio municipio provea y ponga en posición al reclamante de notificar los daños presuntamente sufridos, constituye una notificación suficiente en derecho siempre que cumpla con los requisitos estable-cidos en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y explicados en Mangual v. Tribunal Superior, supra. Recordemos que el propósito principal para requerir la notificación previa es avisar al municipio de una posible reclamación en su contra. No hay de duda que en el caso de autos se cumplió tal objetivo.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda el planteamiento sobre la prescripción que la parte recurrida adujo ante ese foro judicial.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Por entender que procede la desestimación de la de-manda de epígrafe por prescripción, disentimos de lo re-suelto por este Tribunal.

I

Los hechos más relevantes de este caso se detallan a continuación. La Sra. María G. Rivera Fernández sufrió una caída mientras caminaba por una acera del municipio de Carolina (Municipio) el 13 de noviembre de 2009. Vein-tiséis días después del accidente, la señora Rivera Fernán-dez acudió a la alcaldía del Municipio en donde le proveye-ron un formulario titulado “Informe de Accidente”. En este, indicó su información personal, la naturaleza del acci-dente, la información de testigos y el tratamiento recibido hasta ese momento. No obstante, el informe no especifi-caba la cuantía o el remedio solicitado debido a que el for-mulario no tenía encasillados para proveer tal información.

El 21 de abril de 2010, el representante legal de la se-ñora Rivera Fernández envió una notificación al Municipio en la que detalló los hechos, la información de los testigos, el tratamiento recibido y la compensación solicitada. El 19 de agosto de 2010, el 15 de febrero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, envió otras comunicaciones a la ase-guradora del Municipio, Acosta Adjustment, Inc., con la misma información. Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la señora Rivera Fernández presentó la demanda de epígrafe.

El Municipio presentó ante el Tribunal de Primera Ins-tancia una moción para desestimar la demanda por falta de notificación y prescripción. Ese foro denegó la solicitud. De esa determinación, el Municipio recurrió al Tribunal de Apelaciones donde señaló que erró el foro primario al de-negar la moción, lo que implica que ese foro entendió que el Informe de Incidente en cuestión cumplió con el requisito de notificación previa y que la acción no está prescrita. Ese foro revocó al Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda. Concluyó que, no habiendo cumplido el informe con los requisitos y no habiéndose emitido notificación al-guna en el término de noventa días, la señora Rivera Fer-nández no podía instar la reclamación judicial contra el Municipio. Añadió que, así resuelto, era innecesario discu-tir si en efecto el término prescriptivo fue o no inte-rrumpido.

De ese dictamen, la señora Rivera Fernández recurre ante nos. Esta trae como único señalamiento que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que no se cumplió con el requisito de notificación.

II

La opinión mayoritaria resuelve que se cumplió con el requisito de notificación previa en el término de noventa días. Estamos de acuerdo. No obstante, consideramos que son innecesarias e incorrectas en derecho las expresiones de que es a partir de 16 de abril de 2010, cinco meses después de la caída, que la peticionaria conoce los daños sufridos. Por esa razón, este Tribunal resuelve que la se-gunda notificación hecha por la representación legal de la peticionaria al Municipio también fue hecha conforme a derecho y dentro del término de noventa días. La conclusión de que el conocimiento del daño se adquiere cuando se conoce la magnitud del daño ha sido rechazada por este Tribunal. Véanse: Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 DPR 484 (1982). Para efectos de la prescripción, el término comienza desde que se conoce el daño aunque se desconozca su magnitud. Vera Morales v. Dr. Bravo, supra, pág. 325.

Por otro lado, entendemos que es necesario resolver si la acción está prescrita para saber si el foro primario tiene jurisdicción.

La señora Rivera Fernández sufrió el accidente el 13 de noviembre de 2009 y 26 días después presentó el Informe del Incidente. Luego, su representante legal envió una no-tificación al Municipio el 21 de abril de 2010. En esta, detalló los hechos, la información de los testigos, el tratamiento recibido y la compensación solicitada. A partir de esa notificación, el 19 de agosto de 2010, el 15 de febrero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, la señora Rivera Fer-nández envió cartas a la aseguradora del Municipio, Acosta Adjustment, Inc., en las que incluyó la misma información que en la notificación. La demanda fue presentada el 27 de diciembre de 2011.

Ciertamente, la carta remitida al Municipio y las cartas enviadas a la aseguradora sirven como reclamaciones extrajudiciales que interrumpen el término prescriptivo. Véanse: Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, y Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992). Ahora bien, para determinar si la acción está prescrita era necesario que este Tribunal resolviera si la reclamación extrajudicial dirigida a un asegurador interrumpe el tér-mino en cuanto al asegurado.

Sabemos que la señora Rivera Fernández puede presentar una acción sustantiva y directa contra el asegurador bajo el contrato de seguros, independiente de la causa de acción contra el asegurado, productor del daño. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR 868, 877 (1965). Por ello, entendemos que la reclamación extrajudicial hecha al asegurador no interrumpe el término para el asegurado.

En el caso de autos, la demanda se presentó más de un año después de la última notificación —y reclamación extrajudicial— hecha al Municipio, por lo que la demanda está prescrita.

III

Por todo lo anterior, disentimos de lo resuelto por una mayoría de este Tribunal y, en su lugar, hubiéramos con-firmado la desestimación de la demanda de epígrafe por prescripción.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

a la que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento del curso seguido por una mayoría de este Tribunal por entender que la demanda de daños y perjuicios ante nuestra consideración está prescrita al no haberse in-terrumpido el término de prescripción.

I

A continuación un resumen de los hechos relevantes a la controversia ante nuestra consideración. El 13 de noviem-bre de 2009, la Sra. María G. Rivera Fernández sufrió una caída mientras caminaba por una acera del Municipio Au-tónomo de Carolina (Municipio). El 8 de diciembre de 2009, veintiséis días después del accidente, la señora Rivera Fer-nández acudió a la alcaldía del Municipio y cumplimentó un formulario titulado “Informe de Accidente” provisto por el Municipio. Allí indicó su información personal, la natu-raleza del accidente, la información de los testigos y el tra-tamiento recibido hasta ese momento. Debido a que el for-mulario no contenía un encasillado para especificar la cuantía o el remedio solicitado, en el informe no se indicó tal información.

El 21 de abril de 2010, la señora Rivera Fernández, a través de su representación legal, envió una segunda notificación al Municipio en la que detalló los hechos, la información de los testigos, el tratamiento recibido y la compen-sación solicitada. El 19 de agosto de 2010, el 15 de febrero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, la señora Rivera Fernández envió misivas a la aseguradora del Municipio, Acosta Adjustment, Inc. (aseguradora), que contenían la información provista al Municipio. El 27 de diciembre de 2011, la señora Rivera Fernández presentó una demanda contra el Municipio y la aseguradora.

El 6 de marzo de 2012, la aseguradora presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que alegó que la póliza de responsabilidad pública se extinguió al agotarse el fondo para cubrir reclamaciones y otros gastos. El 12 de abril de 2012, el Tribunal de Instancia emitió una senten-cia parcial en la que desestimó la demanda en contra de la aseguradora. Posteriormente, el Municipio presentó una solicitud de desestimación de la demanda por falta de no-tificación y prescripción. En síntesis, el Municipio sostuvo que el Informe de Accidente cumplimentado por la señora Rivera Fernández no cumplió con los requisitos de notifi-cación que establece el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA see. 4703. Además, alegó que la causa de acción estaba prescrita al no haberse interrum-pido el término prescriptivo de un año para reclamar daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Inconforme, el Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari.

El foro apelativo intermedio revocó la determinación del foro primario. Concluyó que el Informe de Accidente pre-sentado por la señora Rivera Fernández no cumplió con los requisitos de notificación que establece el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Por lo tanto, en au-sencia de una notificación apropiada en el término de no-venta días, la señora Rivera Fernández no podía instar la reclamación judicial contra el Municipio por lo que proce-día la desestimación de la demanda. Resuelto lo anterior, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que era innecesario dis-cutir si en efecto el término prescriptivo fue o no interrumpido.

Inconforme con tal determinación, la señora Rivera Fer-nández acude ante este Tribunal y alegó, como único seña-lamiento de error, que erró el foro apelativo intermedio al resolver que no se cumplió con el requisito de notificación.

II

Hoy una mayoría de este Tribunal concluye correcta-mente que la señora Rivera Fernández cumplió con el re-quisito de notificación que establece el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA see. 4703. Por tal razón, coincido con la mayoría en que erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar la causa de acción por falta de notificación. Ahora bien, atendido ese error, restaba consi-derar los planteamientos de prescripción esgrimidos por el Municipio relacionados con la falta de interrupción del tér-mino prescriptivo. En cambio, la mayoría innecesaria-mente devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda el planteamiento sobre prescripción. Al así proceder, la mayoría elude la responsabilidad de atender el planteamiento de prescripción el cual, para todos los efec-tos prácticos, es dispositivo de esta controversia. Pasemos entonces a discutir el derecho aplicable.

A. En numerosas ocasiones hemos señalado que la prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo que constituye una forma de extinguir un derecho debido a la inercia en ejercerlo durante un período de tiempo determinado. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 188 (2002); Galib Frangle v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995). Esta institución no es susceptible a la flexibilidad que caracteriza a las normas procesales. Una vez se determina que una causa de acción está prescrita, resulta imperativa su desestimación. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 206 (2007) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Conformidad); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004). Ello responde a que el propósito de la prescripción es fomentar el reclamo oportuno de los derechos y procurar la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una acción civil en su contra. Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 733 (2004).

De esta manera “se protege la estabilidad de las relaciones jurídicas, principio trascendental del ordenamiento jurídico, que tiene prelación sobre los derechos particulares que puedan resultar afectados con la aplicación de la figura de la prescripción”. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 164 (2008) (Rodríguez Rodríguez, J., Opinión disidente). Véase Westernbank v. Registradora, 172 DPR 71 (2007) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Conformidad). En materia de daños y perjuicios, el Art. 1868 (31 LPRA sec. 5298) establece que las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, según establecido en el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, prescriben por el transcurso de un año. Este término comienza a transcurrir desde que el agraviado supo del daño.

B. Ahora bien, debido a que la existencia de la figura de la prescripción extintiva en nuestro ordenamiento se fundamenta en que la inercia o inactividad por parte del titular de un derecho, nos permite presumir el abandono de su derecho, si tal inactividad cesa no operará la prescripción. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137 (1994). Es decir, de ocurrir un “acto de interrupción, la presunción en virtud de la cual se da la prescripción se desvanece, por lo que resulta lógico que se deje sin efecto el plazo de tiempo transcurrido, el cual debe comenzar de nuevo”. íd., pág. 143.

A tales efectos, el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por recla-mación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. El efecto de la interrupción es que el plazo de prescripción debe volver a computarse en toda su extensión desde que se produce el acto que interrumpe el periodo de inacción o inercia. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215 (1998).

En el caso de la interrupción mediante la reclamación extrajudicial, “ésta se refiere a la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, pág. 568. Para que una reclamación extrajudicial constituya una interrupción de la prescripción debe cum-plir con los requisitos siguientes:

(a) La reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la consumación del plazo.
(b) Es necesaria la legitimación del reclamante. Ello re-quiere que la reclamación se haga por el titular del derecho o acción cuya prescripción quiere interrumpirse.
(c) Se requiere la idoneidad del medio utilizado para reali-zar la reclamación.
(d) Por último, debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 805 (1999).

C. Para propósitos de la controversia ante nuestra consideración, es menester señalar que el Art. 20.030 del Código de Seguros permite que una persona que haya su-frido algún daño o perjuicio por algún acto culposo o negli-gente dirija su curso de acción legal contra: (1) el asegu-rado; (2) el asegurador, o (3) ambos en conjunto. 26 LPRA see. 2003. Por tal razón, hemos señalado que una acción directa contra la compañía aseguradora del causante del daño es distinta y separada de la acción que se inicie contra el asegurado. Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 627 (1977).

Según esta norma, hemos reconocido que cuando el agraviado decide dirigir su causa de acción exclusivamente contra la aseguradora de un municipio, no tiene que cumplir con el requisito de notificación al municipio. Torres Pérez v. Colón García, supra, pág. 627. Es decir, precisa-mente por la independencia de las causas, al asegurador de un municipio no le aprovecha el requisito de notificación del daño en el término de noventa días. Íd.; García v. Northern Assurance Co., 92 DPR 245, 254 (1965).

Por su parte, en Cruz v. González, 66 DPR 212 (1945), específicamente consideramos si la interrupción de la prescripción respecto a la aseguradora perjudicaba por igual al asegurado. Al rechazar la existencia de una relación solidaria entre la aseguradora y el asegurado, y en ausencia de un pacto en contrario, concluimos que la reclamación extrajudicial dirigida a la aseguradora no perjudicó el término prescriptivo del asegurado. Id. Posteriormente, en Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982), reafirmamos este raciocinio al desestimar la causa de acción en contra del asegurado (Estado) por no haberse interrum-pido la prescripción en contra de este, mas no así la causa de acción en contra de su aseguradora.

III

En el caso ante nuestra consideración, la señora Rivera Fernández sufrió una caída el 13 de noviembre de 2009. Veintiséis días después, cumplimentó el Informe de Accidente. Posteriormente, el 21 de abril de 2010, la señora Rivera Fernández envió una carta al Municipio en la que detalló los hechos, la información de los testigos, el trata-miento recibido y la compensación solicitada. Esta misiva fue enviada en el término de un año y tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo.

No obstante, con posterioridad a la misiva de 21 de abril de 2010, la señora Rivera Fernández solo se comunicó con la aseguradora del Municipio. Es decir, a partir de la carta de 21 de abril de 2010, la señora Rivera Fernández no cursó comunicación alguna al Municipio hasta la presenta-ción de la demanda, el 27 de diciembre de 2011. Por lo tanto, para efectos de la controversia ante nuestra conside-ración procedía determinar si las tres cartas dirigidas ex-clusivamente a la aseguradora del Municipio interrumpían el término prescriptivo contra el Municipio. Según la normativa reseñada, entendemos que no. Siendo la causa de acción en contra de la aseguradora una causa de acción independiente a la del Municipio, las cartas enviadas a la aseguradora no interrumpieron el término prescriptivo en contra del Municipio. Por consiguiente, procedía la des-estimación de la causa de acción por prescripción.

Como hemos visto, el Derecho aplicable a esta contro-versia es bien sencillo. ¿Para qué postergar la solución de esta controversia?

IV

Por todo lo anterior, disiento del curso seguido por una mayoría del Tribunal. En su lugar, hubiera confirmado la desestimación de la demanda por prescripción.

       Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, Demanda, págs. 11-14.

       Íd., Informe de Incidente, pág. 1.

       Como resultado del accidente, la señora Rivera presuntamente recibió distintos tratamientos médicos que comenzaron con un referido el 10 de diciembre de 2009 a un programa de veinte sesiones de terapia física para recuperar la fuerza muscular y movilidad de la extremidad superior derecha. Luego de múltiples terapias, el 19 de abril de 2011, el Dr. Francisco M. López González refrendó los resultados de los estudios realizados y decidió operar el hombro derecho de la señora Rivera.

       Apéndice de la Petición de certiorari, Segundo Aviso, págs. 2-3.

       Id., Carta de la Leda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. de 19 de agosto de 2010, págs. 4-5; Carta de la Leda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. de 15 de febrero de 2011, págs. 7-8; Carta de la Leda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. de 30 de septiembre de 2011, págs. 9-10.

       La reclamación contra la compañía aseguradora del Municipio fue desesti-mada por el Tribunal de Primera Instancia, ya que la póliza de responsabilidad pública expedida para beneficio de los Municipios de Puerto Rico se extinguió al agotarse el fondo o agregado para cubrir reclamaciones. Véase Apéndice de la Peti-ción de certiorari, Sentencia Parcial, págs. 17-18.

       Íd., Moción solicitando desestimación de la demanda por falta de notificación al municipio y prescripción, págs. 19-24.

       Íd., Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, pág. 29.

       Íd., Petición de certiorari, págs. 30-43.

       Íd., Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 60-68.

       Véase el Alegato de la parte recurrida.

       Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 245.

       En lo pertinente, el Art. 96 de la Ley Municipal de 1960 (21 LPRA ant. sec. 1603) disponía lo siguiente:
      “(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra una corporación municipal, por daños personales o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de la corporación municipal, deberá presentar al jefe ejecutivo de ésta una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, la cuantía de la compensación moneta-ria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
      “(b) Dicha notificación se entregará al jefe ejecutivo de la corporación municipal remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal o en cual-quier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
      “(c) La referida notificación escrita se presentará al jefe ejecutivo municipal dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo cono-cimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
      “(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligada a notificar la reclamación dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hiciere.
      “(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra una corpora-ción municipal por daños causados por la culpa o negligencia de aquélla si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta ley. Lo anterior es aplicable únicamente a los daños causados por cualquier corporación municipal con posterioridad a la vigencia de esta ley.”
      Es pertinente mencionar que las leyes municipales anteriores, tales como la Ley Núm. 53 de 28 de abril de 1928 que establecía un sistema de gobierno municipal; la Ley Núm. 85 de 31 julio de 1919 que disponía para un Sistema de Gobierno Local y reorganización de los Servicios Municipales; la Ley Municipal de 1906 que disponía para el establecimiento de un sistema de gobierno local y la Ley Sobre Municipali-dades de 1ro de marzo de 1902 no contenían disposición alguna que requiriera noti-ficación previa a la iniciación de la acción.

       La Ley de Municipios Autónomos fue una de las cuatro legislaciones que integraban la denominada reforma municipal. Las otras leyes aprobadas durante esta época fueron: (1) la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley Núm. 80-1991 (21 LPRA see. 5801 et seq.); (2) la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83-1991 (21 LPRA see. 5001 et seq.); (3) la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 82-1991 (21 LPRA see. 651a et seq.). Para mayor detalles sobre el proceso de promulgación de estas leyes, véase L. Santana Rabel y M. Negrón Portillo, La reforma municipal en Puerto Rico, San Juan, Escuela Graduada de Administración Pública, 1993, el cual contiene una recopilación de las ponencias de los Seminarios-Talleres que el Programa de Actualización en Administración Municipal preparó y brindó en 1991, 1992 y 1993.

       Véase Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966.

       20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1966, P. de la C. 492, Sesión Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, T. 2, pág. 845.

       Estas comunicaciones solo fueron dirigidas a la aseguradora.

       En aquella ocasión interpretamos el Art. 96 de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, similar al Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703.

       En específico señalamos lo siguiente:
      “La dilucidación de estas cuestiones afecta únicamente a los recurrentes y a Universal [aseguradora del Estado]. En lo que respecta al Estado Libre Asociado, la acción claramente prescribió bajo cualquier punto de vista. Los recurrentes aguar-daron más de un año después de desestimarse la acción contra el Estado para actuar ante el Tribunal Superior. Debe confirmarse en consecuencia el dictamen recurrido en lo que respecta al Estado Libre Asociado”. Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623, 624-625 (1982).

       Adviértase que en este caso no había un pacto de solidaridad entre la asegu-radora y el asegurado.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Sharlene Ballesteros La Salle, querellada.

      Número: AB-2011-0301

      Resuelto: 6 de febrero de 2014

      Petrona Agosto Adorno, querellante.
   per curiam:

Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra función disciplinaria para suspender a un miem-bro de la profesión jurídica por incumplir con los requeri-mientos de este Tribunal realizados en un procedimiento disciplinario iniciado en su contra. Por los fundamentos que exponemos a continuación, suspendemos inmediata e indefinidamente a la Leda. Sharlene Ballesteros La Salle del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

La licenciada Ballesteros La Salle fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007. El 29 de julio de 2009 juramentó como notaría.

El 19 de septiembre de 2011, la Sra. Petrona Agosto Adorno (quejosa) presentó una queja ante este Tribunal contra la licenciada Ballesteros La Salle. Adujo que en el 2010 contrató los servicios profesionales de la licenciada para tramitar un caso en el Departamento de la Vivienda. Según relata la quejosa, cuando el caso estaba en una etapa avanzada, la letrada desapareció y no ha podido ser contactada para disponer del caso. Aseguró que se comu-nicó con el Departamento de la Vivienda y allí le indicaron que su caso llevaba un año paralizado porque la abogada no había podido ser contactada.

Como parte de las gestiones realizadas para conse-guirla, la quejosa hizo llamadas telefónicas y envió correos electrónicos, así como cartas certificadas. También alegó que visitó la oficina de la abogada y estaba cerrada. Según describe en la queja, la señora Agosto Adorno en una oca-sión logró que la licenciada Ballesteros La Salle contestara el teléfono, pero al escucharla colgó. Luego, la licenciada le devolvió la llamada y le indicó que ya había enviado el título de propiedad a la licenciada de la otra parte para que fuera donde ella a buscarlo. Desde entonces, argüyó que han sido infructuosos todos sus esfuerzos para conseguirla.

Asimismo, la quejosa expresó que por no poder comuni-carse con la letrada, en enero de 2012 venció el término para revisar una sentencia y no pudo presentar la apelación. Transcurrido más de dos años desde que con-trató los servicios de la licenciada Ballesteros La Salle, la quejosa suplica que se le devuelva el expediente del caso.

Por esta razón, la señora Agosto Adorno presentó una queja ante este Tribunal. El 30 de septiembre de 2011 le notificamos la queja a la licenciada Ballesteros La Salle a la dirección que aparece en el Registro Único de Abogados que mantiene la Secretaría de este Tribunal y le concedió un término de diez días para que compareciera con sus comentarios a la queja. Esa correspondencia fue devuelta por el correo como “unclaimed”. Luego, el 7 de diciembre de 2011 le enviamos una segunda notificación, la cual fue recibida. No obstante, la licenciada no compareció.

Ante la falta de una respuesta, el 25 de octubre de 2012 emitimos una Resolución para concederle un término final de cinco días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja presentada en su contra. Se le aperci-bió que su incumplimiento podría conllevar sanciones dis-ciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Esa Resolución se notificó personalmente por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Aún hoy, la letrada no ha comparecido.

II

Los principios deontológicos que rigen la profesión de la abogacía expresan claramente que todo abogado tiene el deber de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009). Véase, además, Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, respecto a la exigencia de respeto hacia los tribunales. Ello tiene particular importancia cuando se trata de un proceso disciplinario que puede poner en entredicho su conducta profesional. In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766 (2010).

Es inaceptable que los miembros de esta profesión tomen livianamente esa responsabilidad. En consecuencia, cuando un abogado incumple con el deber de responder a nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995). Aun así, constantemente, nos vemos forzados a suspender miembros de la profesión ante actitudes de indiferencia y menosprecio a nuestros señalamientos. In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011).

Asimismo, nos hemos visto obligados a reiterar que in-cumplir con los requerimientos de este Tribunal es, en sí mismo, una violación a los cánones del Código de Ética Profesional. In re Fiel Martínez, 180 DPR 426 (2010).

III

Indudablemente, el incumplimiento y la inobservancia de los requerimientos de este Tribunal es una conducta intolerable e indigna de los miembros de la profesión. En esta ocasión, nos enfrentamos a una licenciada que no cumple con nuestros requerimientos. Esto, ni siquiera bajo el apercibimiento de que esto podría conllevar sanciones tan severas como la suspensión del ejercicio de la profesión. En particular, la licenciada Ballesteros La Salle no ha respondido a ninguna de nuestras notificaciones que le permitirían contestar la queja presentada en su contra. Particularmente, no ha contestado nuestra Resolución emitida el 25 de octubre de 2012, la cual fue notificada personalmente, y en la que le concedimos un término final de cinco días para contestar la queja y comparecer ante este Tribunal. Según expresamos, el incumplimiento con nuestras órdenes conlleva la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, así como la posible imposición de otras sanciones disciplinarias. Aun así, al día de hoy, casi un año y medio después de notificada nuestra Resolución que concedía un término final de cinco días, la licenciada no ha cumplido.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente a la Leda. Sharlene Ballesteros La Salle del ejercicio de la abogacía y la notaría. Además, se ordena el archivo de la Queja Núm. AB-2013-67 hasta que la letrada solicite su reinstalación. La licenciada deberá notificar a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede con-tinuar con su representación legal y les devolverá los expe-dientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibi-dos por trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún caso pendiente. Estas gestiones habrán de certificarse a este Tribunal el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión y sentencia. Además, el Algua-cil de este Tribunal procederá a incautar la obra notarial de la licenciada Ballesteros La Salle y su sello notarial y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

text:
    Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Edwin Barreto Tubens, peticionario.

      Número: CC-2013-509

      Resuelto: 7 de febrero de 2014

      Eileen N. Díaz Ortiz y Víctor A. Meléndez Lugo, de la Socie-dad para Asistencia Legal, abogados del peticionario.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración de la Resolución del 11 de octubre de 2013, no ha lugar.

Mediante su moción el Ledo. Edwin Barreto Tubens so-licita que reconsideremos y revoquemos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó una determinación del Hon. Edwin Ruiz González, juez superior del Tribunal de Bayamón, en la que se le encontró incurso en el delito de desacato criminal por conducta catalogada como insolente y desdeñosa.

Los hechos que dieron paso a este procedimiento ocu-rrieron en una vista preliminar. Durante su turno para contrainterrogar a una de las testigos de cargo, el licen-ciado Barreto Tubens, en representación del imputado, co-menzó una línea de preguntas que fue objetada por el Mi-nisterio Público. El juez Ruiz González sostuvo la objeción, pero el licenciado continuó con la línea de preguntas que habían sido declaradas impertinentes. Ante esa situación, el tribunal llamó la atención al licenciado, pero este no acató las determinaciones del juez e insistió en continuar con esas preguntas.

Mientras esto ocurría, la testigo se levantó de su silla y se arrodilló frente al juez suplicando que no la hiciera testificar. El juez le solicitó que se levantara del piso y esta comenzó a llorar y alzar la voz, lo cual ocasionó que los procedimientos se entorpecieran. En este momento, el li-cenciado Barreto Tubens expresó: “esto es una barbari-dad”, refiriéndose a los procedimientos de la sala.

Por lo anterior, el juez Ruiz González declaró culpable sumariamente al licenciado Barreto Tubens del delito de desacato y lo condenó a una pena de cien dólares de multa o un día de cárcel por cada cincuenta dólares que deje sin satisfacer. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta determinación.

Como es sabido, la conducta dirigida a interrumpir los procedimientos en el foro judicial y menoscabar el respeto del tribunal constituye el delito desacato criminal. Véase In re Cruz Aponte, 159 DPR 170 (2003). Del mismo modo, hemos reiterado la importancia de que los jueces puedan imponer desacatos para lograr que los procedimientos ju-diciales se lleven a cabo de forma ordenada. Véase Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 DPR 290 (1975).

Este Tribunal no está en las mismas condiciones que el foro primario para poder determinar el verdadero alcance de las frases y palabras pronunciadas en dicho tribunal de instancia, ya que no se puede conocer el tono de voz en que se pronunciaron ni la actitud y los gestos que pudieron acompañarlas. Pueblo v. Báez, 72 DPR 175, 181 (1951). Por ello, una sentencia que declare culpable de desacato criminal no debe revocarse a menos que claramente no se haya cometido algún desacato, demostrándose así que la corte ejercitó su autoridad caprichosa, opresiva y arbitrariamente. Id. Nuestra tarea no es adjudicar este caso de novo. Es decir, nuestro análisis no es si alguno de nosotros habríamos encontrado al peticionario incurso en desacato, sino si el juez que presidió la sala abusó de su discreción al hacerlo. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 41 (2010); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

Se sabe que “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Luego de examinar con detenimiento el expediente de este caso, incluso la grabación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, coincidimos con el Tribunal de Apelaciones en que la conducta observada por el letrado fue “desdeñosa e insolente tanto hacia el juez como a los procedimientos judiciales”. Petición de certiorari, Apéndice, pág. 79. La reiterada desobediencia a las determinaciones del tribunal, así como su última expresión, de-muestran un comportamiento tendente a “mancillar el orden y decoro indispensable [para el] funcionamiento judicial”. Id. Por ende, concluimos que el Hon. Edwin Ruiz González no abusó de su discreción al imponer el desacato para mantener el orden en su sala.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unieron la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, el Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Rivera García.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados Se-ñores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

Respetuosamente disentimos del curso de acción con el que hoy se atiende este caso. Entendemos que no se configuraron los elementos constitutivos del Art. 279 del Código Penal de 2012, infra. La conducta del peticionario, así como el talante de sus expresiones orales, no se enmarcan dentro de los criterios expresos que exige nuestro precepto penal para que se configure una violación a este artículo. Por lo tanto, concluimos que los hechos acaecidos no constituyen un ataque lesivo e injurioso a la función judicial.

Por esto, reconsideraría la denegatoria a expedir el re-curso de certiorari para revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Veamos entonces los hechos que dieron base a la contro-versia ante nuestra consideración.

I

Durante los procedimientos de vista preliminar de los casos Pueblo v. Ramón Soto Marrero, Casos Crim. Núm. VP12-9602 al 9605, el Lcdo. Edwin E. Barreto Tubens (licenciado o peticionario), quien labora para la Sociedad para la Asistencia Legal, fungió como representante legal del imputado Ramón Soto Marrero. A este último se le atri-buía haber infringido la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458d, y la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA secs. 631 y 633.

Durante la celebración de la vista preliminar, ocurrie-ron unos incidentes atípicos por los cuales el foro de ins-tancia halló incurso en el delito de desacato al licenciado Barreto Tubens. Específicamente, durante el contrainte-rrogatorio, el licenciado Barreto Tubens preguntó a la tes-tigo de cargo si deseaba continuar con el proceso criminal contra el imputado. La fiscal objetó, pero el juez permitió la línea de preguntas del licenciado. Así las cosas, la testigo se tornó llorosa al ser confrontada con expresiones emiti-das durante la vista de causa probable para arresto, en las que manifestaba su interés en no continuar con el proceso.

Ante el proceder del peticionario, la fiscal objetó nuevamente. Dicha objeción fue acogida por el juez, se-guida por la expresión siguiente: “Yo no creo que en esta sala no hay ninguna persona, ninguna persona que tenga interés en rendir planillas y pagar contribuciones”. El licenciado replicó a tal expresión, planteando que la analo-gía enunciada no guardaba relación con la controversia que se estaba dilucidando.

Entonces, el peticionario trató de explicar su estrategia y continuar la línea de preguntas, pero el tribunal lo denegó. En medio del diálogo entre el juez y el licenciado, la testigo, ahogada en llanto y con aparente quebranto emocional, se arrodilló ante el juez. Con voz agitada, tem-blorosa y llorosa, la testigo le expresó al juzgador, en repe-tidas ocasiones, lo siguiente: “¡Yo no quiero hacerle daño a él!”, “¡Yo no quiero hacerle daño!”. Tanto el juez como los funcionarios de sala le ordenaron en repetidas ocasiones a la testigo que se pusiera de pie y cesara de implorar. En medio del descontrol que se apoderó de la sala, el licen-ciado Barreto Tubens expresó la frase pueblerina: “[e]sto es una barbaridad”.

Como consecuencia de esa expresión, casi inaudible, el juez encontró al peticionario incurso en desacato. Ello, se-gún manifestó, debido a “las expresiones que [el licenciado] acababa de hacer [...] relacionad [as] al procedimiento en esta sala”.

En su Sentencia, el foro primario consignó que la con-ducta desplegada por el licenciado Barreto Tubens fue des-deñosa e insolente, y que sus actuaciones constituyeron una “crítica injuriosa e inflamatoria hacia los procedimien-tos [...]”. Por ello, le impuso el pago de 100 dólares de multa o un día de cárcel por cada 50 dólares que el licen-ciado dejara de satisfacer. Asimismo, le concedió un tér-mino de 20 días para satisfacer la referida multa.

En descuerdo, el licenciado acudió ante el Tribunal de Apelaciones y solicitó la paralización de los procedimientos. El foro apelativo paralizó los efectos de la Sentencia y, a su vez, ordenó al licenciado que presentara una transcripción de la prueba oral. La Procuradora General compareció ante el foro apelativo intermedio y concluyó que lo expresado en la Sentencia de desacato no se ajustaba fielmente a lo que surge de la transcripción de los procedimientos.

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia me-diante la cual confirmó al foro de instancia. Concluyó que la conducta del licenciado Barreto Tubens fue desdeñosa e insolente, tanto hacia el juez como hacia los procedimien-tos judiciales. Sostuvo que como consecuencia de sus ac-tuaciones se interrumpió el proceso judicial, logrando así mancillar el orden y decoro que deben caracterizar los pro-cedimientos judiciales. Inconforme, el licenciado presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”.

En desacuerdo con tal determinación, el licenciado recu-rrió ante este Tribunal. Lamentablemente, tanto el recurso como la oportuna moción de reconsideración fueron decla-radas “no ha lugar”, por lo que disiento y expreso los fun-damentos de derecho que ameritan la reconsideración.

II

Debemos señalar los preceptos legales aplicables a la controversia de epígrafe para exponer nuestro criterio. Particularmente, dirigiremos nuestro análisis a determi-nar cómo los hechos suscitados no configuran los elemen-tos delictivos que requiere nuestro Código Penal. Procedemos.

En lo pertinente, conforme al texto expreso del Art. 279 del Código Penal de 2012 (33 LPRA see. 5372), el delito menos grave de desacato se configura cuando una persona lleva a cabo los actos siguientes:

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o delibe-rando en alguna causa.
(b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal.
(c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar jura-mento o llenar los requisitos como testigo en una causa pen-diente ante cualquier tribunal, se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber ju-rado o llenado dichos requisitos.
(d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez.
(e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad. (Enfasis suplido).

Como se puede apreciar, el Código Penal exige que las actuaciones en que se incurrida no solo sean lesivas al or-den y decoro que caracterizan el funcionamiento judicial, sino que se requiere a que estas interrumpan los procesos o mancillen el respeto que se le debe a la autoridad judicial. A su vez, el artículo dispone que si se trata de críticas, para que se configure el delito de desacato, deben ser ofensivas y con el ánimo de desacreditar al tribunal o al juez que preside los procedimientos. Forzoso es concluir que si las cir-cunstancias anteriores no acontecen, no existe la comisión del delito de desacato.

III

Surge de los hechos que la decisión del juez de encontrar incurso en desacato al peticionario ocurrió en medio de una vista preliminar cargada de emotividad por parte de la principal testigo de cargo. Llorosa y atribulada, ésta mani-festaba, constantemente, su desinterés en que continuaran los procedimientos judiciales contra el imputado. Ello fue motivo para que el licenciado Barreto Tubens inquiriera sobre su deseo de culminar el proceso criminal, incluso desde la vista de causa probable para arresto. Esto dio pie para que entre el juez y el licenciado Barreto Tubens se suscitara un fogoso diálogo que culminó con la Sentencia de desacato contra el licenciado.

Examinada cuidadosamente la transcripción de la prueba oral y escuchado con detenimiento el audio de los procedimientos, no podemos avalar la determinación de los foros recurridos. La evidencia ante nosotros demuestra, a todas luces, que el licenciado Barreto Tubens no incurrió en el delito de desacato.

Resalta el hecho de que antes que el letrado Barreto Tubens comenzara su turno de preguntas, la testigo le ha-bía manifestado tanto al juez como a la fiscal su deseo de no continuar con el caso. Incluso, la propia testigo le ex-presó al juez que durante la vista de Regla 6, ya ella le había manifestado al juzgador quien dirigió esa etapa de los procedimientos su desinterés en que el caso prosperara. No podemos concluir, pues, que su quebranto emocional se debiera estrictamente a la línea de preguntas hechas por el licenciado.

Por lo tanto, no apoyamos la contención de los foros in-feriores de que el proceder del peticionario provocó una alteración emocional en la testigo, a tal grado que requirió asistencia médica. Sus determinaciones no alcanzan persuadirnos. Concluimos, así, que fue la testigo de cargo quien, a causa de su deterioro emocional, generó el desor-den en sala, ocasionando con ello la interrupción de los procesos.

Por su parte, creemos que la conducta y la frase emitida por el licenciado —“esto es una barbaridad”— no lleva con-sigo el desdén que propicia el menoscabo a la autoridad del juzgador; tampoco representan un ataque vejatorio a la dignidad del foro judicial. Esa frase, casi inaudible cuando se escucha detenidamente el audio de los procedimientos, que afloró en medio del bullicio del momento en que la testigo estaba arrodillada e imploraba llorosa al juez, no alcanza el grado requerido para que se constituya el des-acato criminal.

El proceder del licenciado no lleva el estigma de la insolencia e injuria que exige el Art. 279, supra. A su vez, rei teramos que las actuaciones del peticionario no obstaculi-zaron la función judicial ni menoscabaron el respeto a su autoridad. Fue el triste cúmulo de emociones que embar-garon a la testigo lo que desencadenó el eventual descon-trol en sala y la consecuente suspensión de los procedi-mientos.

En el furor del momento, el licenciado descargó su deber legítimo como abogado de defensa. Cónsono con las exigen-cias éticas que gobiernan la profesión, entendemos que el peticionario cumplió con su obligación de defender los in-tereses de su cliente. ¿Acaso éste no es un requerimiento ético al que todo abogado debe dar fiel cumplimiento? ¿Por qué, entonces, “castigar” criminalmente a un abogado cu-yas actuaciones no nos parecen ajenas a los preceptos éti-cos? No vemos, pues, la intención del peticionario de des-obedecer las órdenes del tribunal, perturbar su orden, obstaculizar los procesos o lesionar su dignidad o autori-dad, tal como lo exige el referido Art. 279.

Examinada minuciosamente tanto la Sentencia dictada por el foro de instancia como la trascripción de la prueba oral, nos percatamos de que la primera no es específica con respecto a cuál de los incisos del Art. 279 fue transgredido por el licenciado Barreto Tubens; tampoco se ajusta, de forma fehaciente, a lo que surge de la transcripción de los procedimientos. Resaltamos, además, que no está ante nuestra consideración los méritos de la estrategia legal del peticionario; mucho menos la reputación y honorabilidad del distinguido juzgador. Nuestro análisis está circunscrito a examinar si el comportamiento en sala del letrado Ba-rreto Tubens infringió nuestra normativa penal.

En conformidad con nuestros pronunciamientos ante-riores, somos del firme criterio de que los foros judiciales

[...] constituyen el sitial y baluarte sagrado que nuestro pueblo ha reconocido para dirimir sin agravios y desapasiona-mientos las controversias humanas. Ausente este respeto, la sala de justicia quedaría reducida a un foro de anarquía en que la solución de conflictos sería el producto de la pasión y no de la razón. Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 DPR 290, 296 (1975).

Precisamente, el desacato criminal lo que persigue es “vindicar la majestad de la ley en la autoridad judicial menospreciada”. Pueblo v. Susoni, 81 DPR 124, 156 (1959). Este procedimiento surge del poder inherente de los tribunales “para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones”. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999). No obstante, toda vez que es un recurso de carácter punitivo que tiene el juez para ejercer sus facultades, este debe utilizarse con suma prudencia. A la luz de estas consideraciones, concluimos que en el caso que hoy consideramos, la decisión de encon-trar incurso en desacato al peticionario fue una acción punitiva desproporcionada en la que el ejercicio de prudencia quedó ausente y fue sustituido por el abuso de la discreción.

En virtud con lo que hemos expresado, reconsideraría y, por ende, expediría el recurso de certiorari para revocar el dictamen confirmatorio del foro apelativo intermedio, que avaló una Sentencia de desacato emitida por el foro de ins-tancia contra el peticionario.

       Transcripción, pág. 6, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 17.

       Transcripción, pág. 7, id., pág. 18.

       íd. De la transcripción estipulada de la prueba oral, ordenada por el Tribunal de Apelaciones, surge que apenas se escucha la enunciación de esta frase.
      “Testigo: ¡Mire señor juez!
      Juez: ¡Dama!
      Testigo: ¡Mire señor juez! (La testigo se arrodilla y suplica en llanto.)
      Juez: ¡Dama, dama, espérese dama!
      (Se escucha mucho bullicio en la sala y voces masculinas ordenan a la testigo que se pare.)
      Testigo: ¡Por favor, señor juez!
      Voz Masculina: ¡De pie por favor, párese un momentito! Pero párese un momen-tito por favor.
      Defensa: (Entre el ruido de la sala apenas se escucha) Esto es una barbaridad.
      Testigo: ¡Yo no quiero hacerle daño a él!
      (Continúa el ruido en la sala.)
      Testigo: ¡Yo no quiero hacerle daño!”. íd.

       Íd.

       Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 2.


text:
      In re Alberto Guerrero Ledesma, querellado.

      Número: AB-2012-403

      Resuelto: 10 de febrero de 2014

      Nicolasa Tobar, querellante.
   per curiam:

Una vez más nos vemos forzados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por incumplir con los requerimientos de este Tribunal. Por los fundamentos expuestos a continua-ción, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Alberto Guerrero Ledesma del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Guerrero Ledesma fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970 y al de la notaría el 31 de marzo de ese mismo año. El 25 de enero de 1988 autorizamos su renuncia voluntaria al ejercicio de la notaría.

El 7 de agosto de 2012, la Sra. Nicolasa Tobar presentó una queja contra el licenciado Guerrero Ledesma. El 26 de noviembre de 2012, la Subsecretaria del Tribunal Supremo envió al abogado una carta certificada, en la que le requirió que contestara la queja. El correo devolvió la carta por la razón siguiente: “Unclaimed”. El 20 de marzo de 2013, la Subsecretaría de este Tribunal cursó una segunda notifica-ción al letrado, con copia de la queja. Le informó que el correo devolvió la primera carta y le concedió un término de diez días para que compareciera por escrito con sus co-mentarios y reacciones sobre este asunto. Además, le ins-truyó que notificara su contestación a la quejosa y que nos certificara dicha notificación. El correo devolvió la carta por la razón siguiente: “Attempted not known”.

Así las cosas, el 18 de junio de 2013 le notificamos una Resolución en la que le concedimos un término final de diez días para contestar la queja de referencia. Le apercibimos de que su incumplimiento con los términos de esta Resolu-ción podría conllevar sanciones disciplinarias severas, como la suspensión automática del ejercicio de la abogacía. El correo no devolvió esta notificación. Sin embargo, aún hoy el licenciado Guerrero Ledesma no ha comparecido.

II

Todo abogado tiene la obligación de atender y cumplir diligentemente con los requerimientos y las órdenes de este Tribunal relativos a su conducta profesional. In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). No hacerlo constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, que establece que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Véanse, además: In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009); In re Salichs Martínez, 131 DPR 481, 490 (1992).

Consecuentemente, cuando un letrado ignora nuestros requerimientos y apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94-95 (2011); In re Feliciano Jiménez, supra. Ello tiene particular importancia cuando se trata de un proceso disciplinario, pues está en entredicho su conducta profesional. Véase In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766 (2010).

Como hemos reiterado, este Tribunal no tolerará la actitud de indiferencia por parte de un miembro de nuestra profesión ante nuestras órdenes. In re López González, 189 DPR 581 (2013).

III

El licenciado Guerrero Ledesma no cumplió con nuestra Resolución de 18 de junio de 2013, en la que le concedimos un término final de diez días para contestar la queja. Esto a pesar de que le apercibimos en cuanto a que su incum-plimiento podría conllevar sanciones tan graves como la suspensión del ejercicio de la profesión.

Indudablemente, la actitud del licenciado Guerrero Le-desma denota indiferencia a nuestras órdenes, lo cual constituye una violación a su deber ético de observar una conducta caracterizada por el mayor respeto hacia los tribunales.

Por todo lo anterior, se suspende inmediata e indefinida-mente al Ledo. Alberto Guerrero Ledesma del ejercicio de la abogacía. El licenciado deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realiza-dos e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
      In re Augusto C. Medina Perea.

      Número: TS-11,241

      Resuelto: 10 de febrero de 2014

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías; Augusto C. Medina Perea, pro se.

   per curiam:

Una vez más ejercemos nuestra facultad inherente de regular la profesión de la abogacía al enfrentarnos con la obligación de ordenar la suspensión inmediata de la abogacía y la notaría de un miembro de la profesión. Ello, por motivo del incumplimiento con los requerimientos emitidos por este Tribunal. A continuación, exponemos el marco fáctico que origina nuestro dictamen.

I

El Lcdo. Augusto C. Medina Perea fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 1995 y el 12 de septiembre del mismo año prestó juramento como notario. El 31 de octubre de 2013, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó un escrito intitulado Moción informativa solicitando auxilio del Tribunal para incautación de obra notarial. Por medio de este, solicitó la autorización para incautar, con carácter de inmediatez, la obra notarial del licenciado Medina Perea. En su escrito, ODIN detalló el patrón de incumplimiento del referido notario y las deficiencias de que adolece su obra notarial, a saber: la constante inaccesibilidad e incumplimiento con proveer fechas viables para encaminar el proceso de inspección notarial, el cuestionamiento de la validez del Testimonio de Autenticidad Número 31,579 que autorizó el licenciado Medina Perea el 16 de abril de 2012 y el reiterado incumpli-miento con la obligación de rendir índices mensuales e in-formes anuales de actividad notarial.

Particularmente, según surge de la Certificación expedida el 30 de octubre de 2013 por el Registro General de Competencias Notariales, el licenciado Medina Perea adeuda los índices de Actividad Mensual Notarial para el mes de diciembre de 2002, así como los de abril de 2013 al presente. Del mismo modo, se desprende del referido documento que el licenciado Medina Perea adeuda los Informes de Actividad Notarial Anual correspondientes a los años naturales de 2004 al 2012. Ante la imposibilidad para comunicarse con el letrado con el propósito de inspeccionar la obra notarial que se encuentra bajo su custodia, unido a su reiterado incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV, ODIN solicitó la autorización inmediata para incautar la obra notarial.

Examinada la solicitud de ODIN, el 14 de noviembre de 2013 este Tribunal emitió una resolución en la cual le concedimos al licenciado Medina Perea el término final e improrrogable de cinco días para remitir a ODIN la obra notarial adeudada y para mostrar causa por la cual no debía ser sancionado por su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico. Asimismo, se le apercibió que su incumplimiento con lo ordenado podría conllevar la imposición de sanciones y la suspensión del ejercicio de la abogacía. La resolución fue notificada personalmente el 15 de noviembre de 2013. El referido término otorgado venció el 22 de noviembre de 2013.

A pesar del apercibimiento, el licenciado Medina Perea no cumplió con nuestra exigencia. No fue sino hasta el 27 de noviembre de 2013, más allá del término de cinco días otorgados por este Tribunal, que Medina Perea presentó un escrito intitulado Moción en cumplimiento de orden. En este, informó a esta Curia que remitió a ODIN parte de la obra notarial requerida. Empero, solicitó que se le concediera un término adicional de diez días para completar el proceso. Reconoció, además, “no haber sido consecuente con las normas de este Tribunal”. Moción en cumplimiento de orden, pág. 1.

Entretanto, mediante escrito intitulado Moción informativa notificando incumplimiento de orden del Tribunal Supremo, ODIN informó que el licenciado Medina Perea no se había comunicado con la Inspectora de Protocolos a cargo de la inspección de su obra notarial. De igual forma, señaló que éste no había remitido al Registro General de Competencias Notariales sus índices de actividad notarial mensual, así como los informes estadísticos de actividad notarial anual adeudados. A su vez, ODIN confirmó que el letrado tampoco se había comunicado con el personal administrativo de la oficina para encaminar el trámite relacionado con la orden emitida por este Tribunal. En consecuencia, ODIN solicitó a esta Curia lo siguiente: (a) la autorización para incautar inmediatamente la obra notarial de Medina Perea; (b) la imposición de la medida disciplinaria pertinente, y (c) cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda.

II

Reiteradamente, hemos sido enfáticos en expresar que los abogados tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a los requerimientos y las órdenes emitidas por esta Curia. In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013); In re López González, 189 DPR 581 (2013); In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732 (2011); In re Arzón Rivera, 175 DPR 763 (2009). Un abogado que desatiende las órdenes de este Tribunal viola precepto ético dispuesto en el Canon 9 del Código de Ética Profesional, el cual establece que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Véanse: In re Da Silva Arocho, supra; In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Rosario Martínez, 184 DPR 494, 498 (2012); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 431 (2010). En consecuencia, procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplan con nuestros requerimientos e ignoren los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Irizarry Colón, supra; In re Da Silva Arocho, supra; In re López González, supra; In re Arroyo Rivera, supra; In re Torres Viera, 179 DPR 868 (2010). Ello, pues, esta actitud de indiferencia y menospre-cio a la autoridad del Tribunal merece la suspensión del togado, ya que no puede tomarse livianamente. In re Fiel Martínez, supra, pág. 431. In re Pagán Ayala, 130 DPR 678, 683 (1992).

Del mismo modo, hemos establecido que el deber de responder no se circunscribe a los requerimientos emitidos por este Foro; también se extiende a las exigencias que le imponga cualquier otro foro al que el abogado se encuentre obligado a comparecer. In re Piñeiro Vega, supra; In re García Baliñas, 167 DPR 125 (2006). A tales efectos, esta Curia ha sido diáfana en pautar que las órdenes de ODIN exigen igual obediencia. In re Da Silva Arocho, supra; In re Piñeiro Vega, supra; In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011).

Por consiguiente, el incumplimiento con nuestros requerimientos, o con aquellos emitidos por ODIN, y el hacer caso omiso al apercibimiento de sanciones disciplinarias, constituye un proceder inaceptable que acarrea la suspensión inmediata de la práctica legal. In re Irizarry Colón, supra; In re Da Silva Arocho, supra; In re López González, supra; In re Piñeiro Vega, supra; In re Rojas Ro jas, 185 DPR 405, 407 (2012); In re Arroyo Rivera, supra; In re Torres Viera, supra. De igual forma, hemos señalado que si luego de conceder un término a un letrado para que muestre causa por la cual no deba ser suspendido de la profesión este incumple, procede la suspensión del ejercicio de la abogacía. In re Piñeiro Vega, supra.

A pesar de lo anterior, desafortunadamente nos enfrentamos con el hecho de que múltiples abogados contravienen las órdenes de este Tribunal y de los organismos a los cuales hemos encomendado la tarea de investigar posibles violaciones a las normas que rigen la profesión. Por lo tanto, como corolario de la reiterada inobservancia de los anteriores preceptos éticos básicos por parte de los miembros de la profesión de la abogacía, otra vez dejamos meridianamente consignado que

[e]ste tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. (Énfasis suplido). In re García Ortiz, 187 DPR 507, 528 (2012), citando a In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 664 (2011).

HH HH b-H

A todas luces, el licenciado Medina Perea ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos. De esta forma, pretende echar a un lado nuestros reiterados pronunciamientos so-bre el deber y obligación ineludible de todo abogado de responder diligentemente a las órdenes dictadas por este Tribunal y de otros foros, como es el caso de ODIN.

Ante ello, procede que ejerzamos nuestra facultad inhe-rente de regular la profesión y suspendamos inmediata-mente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Medina Perea. Esta suspensión inmediata del ejercicio en-cuentra su sostén en un deber crucial para la profesión jurídica: el acatamiento oportuno de los requerimientos de este Tribunal, al igual que de aquellos expedidos por cual-quier otro foro al cual un abogado debe comparecer.

> H-1

Al amparo de los fundamentos que anteceden, suspen-demos inmediatamente al Ledo. Augusto C. Medina Perea del ejercicio de la abogacía y la notaría hasta tanto cumpla con las órdenes de esta Curia y subsane la totalidad de las deficiencias notariales señaladas por ODIN. Previo a ser reinstalado en la práctica de la notaría, éste deberá eviden-ciar que ha rectificado todas las fallas notariales descritas mediante Certificación emitida por ODIN. Se le apercibe al señor Medina Perea que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que subsanar las deficiencias señaladas por ODIN en su obra notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expondría al correspondiente procedi-miento de desacato. En relación con la queja AB-2013-20, se ordena que se mantenga unida al expediente del señor Medina Perea para que la misma sea examinada al mo-mento en que éste solicite la reinstalación.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del se-ñor Medina Perea y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe.

Asimismo, se le impone al señor Medina Perea el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior, dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia.

Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia al Sr. Augusto C. Medina Perea por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Del expediente del Ledo. Augusto C. Medina Perea surge que tiene una queja pendiente en relación con la validez del Testimonio de Autenticidad Núm. 31,579 (Queja AB-2013-20). Luego de varios trámites procesales, el 6 de diciembre de 2013 este Tribunal emitió una resolución refiriendo el asunto a la Oficina de la Procuradora General para la investigación y el informe correspondiente.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos; Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., por sí y en representación de sus Miembros et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos.

      Números: CT-2014-0002
    CT-2014-0003

      Resueltos: 11 de febrero de 2014

      Melissa López Díaz y Ramón L. Rosario Cortés, abogados de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, parte peticiona-ria; Rafael A. Ortiz Mendoza, abogado de Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organi-zación Sindical, Inc., parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Alana Vizcarrondo Santana, Alba L. Ortiz Morales y Rafael Escalera Rodrí-

      guez, de Reichard & Escalera, abogados del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et al., parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Luego de examinar la “Moción sobre término para pre-sentación de alegatos” que presentó la parte demandada recurrida, la “Moción solicitando términos para alegatos” que presentó la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la “Réplica a moción sobre términos” que presentó Educado-res/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., y la “Oposición moción sobre términos presentada por EDUCAMOS el 7 de febrero de 2014 y moción informativa” que presentó la parte deman-dada recurrida, se establece el siguiente calendario que re-girá el procedimiento en este caso.

Todas las partes tendrán hasta el 21 de febrero de 2014 para presentar comentarios y objeciones al informe del co-misionado especial, Hon. Angel Pagán Ocasio. Luego de ese término, todas las partes tendrán hasta el 3 de marzo de 2014 para presentar sus alegatos de forma simultánea. Véase Regla 51(c) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Diez días adicionales no atrasarán el trámite de este recurso. No debemos pasar por alto que el calendario de este caso se ha adelantado. De hecho, si hubiésemos hecho lo que la disidencia aconsejaba, no habríamos certificado y el caso estaría todavía en sus inicios en el Tribunal de Primera Instancia. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros 1, 190 DPR 77 (2014).

Notifíquese inmediatamente vía facsímil, por correo elec-trónico o teléfono, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo.

El Juez Presidente Señor Her-nández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta con-cederían a todas las partes hasta el 18 de febrero de 2014 para que presenten sus comentarios al Informe del Comi-sionado Especial y sus alegatos. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Disiento de la acción mayoritaria de conceder la pro-rroga más extensa solicitada para presentar los alegatos de las partes.

Me preocupa que la dilación en este caso abone al estado de incertidumbre que rodea la difícil situación social y fiscal en que se encuentra el país. Al aceptar la solicitud de certificación y paralizar la ley objeto de revisión, configu-ramos un proceso ante un Comisionado Especial relativa-mente expedito. El Comisionado Especial, de manera enco-miable, cumplió a cabalidad su encomienda en el término concedido.

Ahora comparece ante nosotros la Asociación de Maestros de Puerto Rico y Educamos a solicitar un término para presentar sus respectivos alegatos. La primera, quien ha llevado el peso de la litigación, nos solicita un término ra-zonable hasta el 18 de febrero para que se presenten si-multáneamente todos los escritos que las partes tengan a bien presentar. En otras palabras, nos solicitaron una semana. Educamos, sin embargo, nos solicitó un término de diez días para presentar comentarios al informe y diez días adicionales para presentar los alegatos simultáneos; es de-cir, veinte días para cumplir con aquello que la Asociación de Maestros de Puerto Rico estima que puede hacer en una semana.

El Tribunal, sin mayor explicación, concede el término más dilatado, acción que a mi parecer no se justifica. Con-sidero que debemos ser en extremo cautelosos con las es-trategias procesales de posponer en lo más posible la dis-posición final de esta controversia.

En vista de lo anterior, disiento del dictamen tomado por el Tribunal y en su lugar acogería la petición de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.