text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Gary Montalvo Petrovich, recurrido.

      Número: CC-2008-0091

      Resuelto: 30 de abril de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general; Dinorah Rosario Miranda, procuradora general auxiliar; Ileana M. Oliver Falero, subprocuradora general interina, parte pe-ticionaria; Edgar R. Vega Román, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La presente controversia está íntimamente relacionada con la política pública contra los conductores ebrios y la manera en que el Estado puede probar dicha conducta ante los tribunales. Al resolver el caso de autos, somos conscien-tes de la seriedad de este problema y de la necesidad de actuar decididamente en contra de aquellos que in-curren en esta conducta antisocial. No obstante, no pode-mos perder de perspectiva que nuestros tribunales están obligados a garantizar un proceso justo e imparcial para todo acusado, sin importar el delito imputado y cuán censurable haya sido su conducta. Para ello, es necesario que el Estado pruebe su caso más allá de duda razonable y cumpla con todas las normas sustantivas y procesales apli-cables, garantizadas por el debido proceso de ley.

Con ello en mente, debemos resolver si el resultado de una prueba de aliento para detectar el nivel de alcohol en la sangre de una persona sospechosa de conducir en estado de embriaguez es admisible como evidencia, arm cuando no se haya cumplido con el requisito reglamentario de obser-var al detenido por veinte minutos antes de realizarla. Ello con el propósito de asegurar que no haya restos de alcohol en la boca del sospechoso que pudiera afectar la corrección de la prueba.

Tras un sosegado y profundo análisis de la controversia planteada, concluimos que tanto la Ley de Vehículos y Tránsito como las Reglas de Evidencia aplicables a la ad-misión de prueba científica requieren que el Estado de-muestre que cumplió sustancialmente con el periodo de ob-servación antes de que se admita como evidencia el resultado de una prueba de aliento. De esta forma, aun cuando rechazamos establecer una regla de exclusión au-tomática ante incumplimientos con dicho requisito, resol-vemos que el tribunal debe examinar —caso a caso— el efecto del incumplimiento sobre la confiabilidad y precisión de la prueba de acuerdo con los criterios enumerados en la Regla 19 de Evidencia, con el objetivo de determinar si se ha visto afectado su valor probatorio y, por lo tanto, debe ser rechazada. Al aplicar la normativa expuesta anterior-mente, confirmamos el dictamen recurrido.

I

El Ministerio Público presentó acusaciones criminales en contra del Sr. Gary Montalvo Petrovich por dos cargos de homicidio negligente en su modalidad grave, en confor-midad con el Art. 109 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4737. Además, al señor Montalvo Petrovich se le imputó un cargo por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y otro por causar grave daño corporal a un ser humano, según disponen los Arts. 7.02 y 7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Vehículos y Tránsito), Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000 (9 L.P.R.A. sees. 5202 y 5206.) Todas las acusacio-nes están relacionadas a unos lamentables incidentes ocu-rridos en el Municipio de Toa Baja el 15 de enero de 2006.

Según surge de las determinaciones hechas por el foro de instancia, aproximadamente a las 3:45 a.m. varias per-sonas que conducían sus respectivas motoras por el Ex-preso Núm. 22 que conduce de San Juan a Arecibo fueron impactadas por el automóvil conducido por el señor Mon-talvo Petrovich. Como resultado de este accidente, dos per-sonas perdieron la vida y una resultó gravemente herida. A eso de las 4:00 a.m. el Cuartel de la Policía de Buchanan fue informado sobre el accidente, por lo que los agentes Jorge L. García Milán, Melvin Méndez Vázquez y el supervisor de turno, Carmelo Díaz, se dirigieron al lugar de los hechos, al cual llegaron a las 4:10 a.m. Una vez en el lugar, los agentes procedieron a controlar el tránsito y proteger la escena, bloqueando dos carriles de la autopista con sus ve-hículos oficiales.

Mientras inspeccionaban la escena del accidente, los agentes Díaz y García Milán caminaron una distancia aproximada de cuatrocientos a quinientos pies hasta llegar al vehículo del señor Montalvo Petrovich. Este se encon-traba a poca distancia fuera del vehículo y su esposa per-manecía en el interior. Según determinó el Tribunal de Pri-mera Instancia, ambos agentes llegaron hasta donde se encontraba el señor Montalvo Petrovich a eso de las 4:20 a.m. Los agentes le preguntaron al señor Montalvo Petro-vich si él era el conductor del vehículo, y éste contestó afirmativamente. Acto seguido, le solicitaron que les mos-trara su licencia de conducir y la licencia del vehículo. Se-gún el testimonio del agente Carmelo Díaz, el señor Mon-talvo Petrovich caminaba y se expresaba adecuadamente y se mostró cooperador en todo momento. Una vez el señor Montalvo Petrovich entregó los documentos solicitados, dicho agente alegó que percibió olor a alcohol. En ese ins-tante, los agentes le preguntaron qué había ocurrido y éste, voluntariamente, les manifestó que estaba en una fiesta en Vega Baja y que había consumido varias copas de vino.

Como resultado de lo anterior, el agente Díaz se comu-nicó con el agente Melvin Soto Cabán al Cuartel de la Po-licía en Buchanan para que se personara a la escena, pu-siera bajo arresto al señor Montalvo Petrovich y le realizara una prueba de aliento. A eso de las 4:22 a.m., el agente Soto Cabán llegó a la escena, arrestó al señor Mon-talvo Petrovich y lo condujo al Cuartel de la Policía en Buchanan. Allí le practicó la prueba de aliento con el ins-trumento conocido como Intoxylizer 5000. La referida prueba comenzó a las 4:35 a.m. y a las 4:37 a.m. la máquina arrojó un resultado de .088 por ciento de alcohol, lo que equivale a ocho centésimas del uno porciento de alcohol en la sangre, que es el mínimo prohibido por ley.

Luego de presentadas las denuncias contra el señor Montalvo Petrovich, se encontró causa probable para arresto y posteriormente causa probable para acusar en todos los cargos presentados, conforme a las Reglas 6 y 24(c) de Procedimiento Criminal, respectivamente, 34 L.P.R.A. Ap. II. Como resultado de lo anterior, se presenta-ron sendas acusaciones contra el señor Montalvo Petrovich y el juicio en su fondo quedó pautado para el 1 de octubre de 2007.

Oportunamente, la defensa del señor Montalvo Petro-vich presentó una Moción Solicitando Supresión de Evi-dencia Científica In Limine. En la referida moción, solicitó que se suprimiera el resultado de la prueba de aliento, ya que no se esperaron los veinte minutos requeridos por el Art. 8.14 del Reglamento Núm. 6346 de 14 de septiembre de 2001 del Departamento de Salud (Reglamento 6346), que regula la toma de pruebas científicas para determinar la concentración de alcohol y otras sustancias en la sangre. Según la defensa, el incumplimiento con dicho requisito afectaba directamente la confiabilidad y admisibilidad de la prueba de aliento que se le tomó al señor Montalvo Petrovich. En su comparecencia, éste sostuvo que el requi-sito de veinte minutos es de cumplimiento absoluto, por lo que su incumplimiento acarrea una total falta de confiabilidad. Por ello, le solicitó al foro de instancia que suprimiera la evidencia según la Regla 234 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la solici-tud de supresión y le solicitó al tribunal que obviara el contenido del informe preparado por el agente García Mi-lán el mismo día del accidente. En su lugar, solicitó que se aceptara la nueva versión sobre los horarios y la secuencia de eventos presentada en los testimonios de los agentes durante la vista celebrada un año y ocho meses luego del accidente. El foro de instancia rechazó dicha solicitud por varias razones.

En primer lugar, el tribunal hizo referencia a la denun-cia, la cual, según el agente García Milán, fue preparada por la propia fiscalía. Los horarios indicados en la denun-cia y el informe policiaco coinciden en que el accidente ocu-rrió a las 3:45 a.m. y que la Policía fue notificada a las 4:00 a.m. Además, ambos documentos establecen que los prime-ros agentes llegaron a la escena del accidente a eso de las 4:10 a.m. y que llegaron hasta donde se encontraba el señor Montalvo Petrovich a las 4:20 A.M.

A pesar de lo anterior, los agentes que testificaron en la vista hicieron declaraciones incompatibles sobre los referi-dos horarios. Por ejemplo, el agente García Milán declaró que se le informó del accidente a las 3:45 a.m. Ello a pesar de que en el informe indicó que la notificación ocurrió a las 4:00 a.m. y que en una declaración jurada prestada en sep-tiembre de 2006 hizo mención de las 3:45 a.m. para refe-rirse a la hora en que ocurrió el accidente y no cuándo se le notificó. Por su parte, el agente Díaz también se contradijo al declarar que tardó de cinco a siete minutos en llegar a la escena del accidente, mientras que en el informe indicó que tardó diez minutos en llegar desde que fue notificado.

No obstante, el tribunal consideró que esa diferencia de tres a cinco minutos en nada afectaba el hecho del incum-plimiento ya que, a preguntas de la defensa, el agente Díaz reiteró que llegó hasta donde se encontraba el acusado a las 4:20 a.m., tal y como se indicó en el informe. Según su testimonio, luego de llegar a la escena —a eso de las 4:10 a.m.— los agentes procedieron a controlar el tránsito, lo que les tomó de cinco a siete minutos y, posteriormente, caminaron aproximadamente cuatrocientos a quinientos pies antes de llegar hasta donde se encontraba el señor Montalvo Petrovich. Es evidente que sólo transcurrieron quince minutos desde que los agentes intervinieron con el señor Montalvo Petrovich a las 4:20 a.m. hasta que le rea-lizaron la prueba de aliento a las 4:35 a.m.

Acerca de las incongruencias entre las declaraciones presentadas por los agentes durante la vista y lo que éstos indicaron en el informe policiaco, el tribunal expresó que le merecía más credibilidad el informe por haber sido prepa-rado inmediatamente después del accidente. Ello, según el foro primario, asegura un mejor recuerdo de lo sucedido y hace menos probable la alteración intencional de los deta-lles del caso, ya que la pertinencia de la hora no estaba en la mente de ninguno de los agentes al momento de prepararlo.

De igual forma, el tribunal resaltó que el informe fue redactado el día del accidente por el agente García Milán. Sobre éste, destacó que es un agente con veintinueve años de experiencia en la Policía de Puerto Rico, todos en la División de Tránsito. Además, el foro de instancia adujo que el referido informe fue suscrito seis días más tarde por el supervisor de García Milán, el agente Díaz, a quien tam-bién describió como un agente con vasta experiencia en la Policía y que estuvo presente en la escena del accidente. De esta forma, fueron dos los agentes que certificaron los ho-rarios en que la Policía fue notificada del accidente y la hora en que los agentes llegaron a la escena e intervinieron con el acusado.

Luego de celebrada la vista, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió una Resolución en la cual ordenó la supre-sión del resultado de la prueba de aliento. Dicho foro fun-damentó su determinación en las incongruencias entre los testimonios de los agentes que testificaron durante la vista de supresión y el informe policiaco preparado el día del accidente. Tras aquilatar la prueba testifical, el tribunal rechazó parte de los testimonios ofrecidos en la vista por considerar que mediante éstos los agentes intentaron cam-biar la hora de llegada para acomodar el horario y así cum-plir con los veinte minutos reglamentarios. Como conse-cuencia, el tribunal descansó en el informe policiaco y concluyó que el periodo de observación fue sólo de trece minutos, por lo que no se cumplió con el requisito de obser-vación durante un mínimo de veinte minutos antes de rea-lizar la prueba de aliento, según lo dispuesto en el Regla-mento 6346.

Inconforme con la determinación del foro primario, el Ministerio Público recurrió al Tribunal de Apelaciones y argumentó que no procedía la supresión de la prueba de aliento en una vista sobre supresión de evidencia al am-paro de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. Según el Ministerio Público, un requisito reglamentario, a lo sumo, afecta el valor probatorio del resultado de la prueba y su incumplimiento no debe ser fundamento para decretar la supresión automática. No obstante lo anterior, el foro apelativo confirmó la determinación del tribunal de instancia. En particular determinó que, tratándose de prueba científica, el foro primario podía evaluar la prueba de aliento en conformidad con los criterios establecidos en la Regla 19 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, y decretar su inadmisibilidad.

Aún inconforme, el Ministerio Público acude ante nos representado por el Procurador General. En su compare-cencia, sostiene que la solicitud de supresión presentada por la defensa al amparo de la citada Regla 234 de Proce-dimiento Criminal era improcedente, ya que dicha regla busca instrumentar la protección constitucional en contra de registros y allanamientos irrazonables. Además, arguye que aun si se determinara que los agentes no cumplieron con el requisito de observación de veinte minutos dispuesto en el Reglamento 6346, dicho incumplimiento reglamenta-rio sólo afecta el valor probatorio de la prueba de aliento y no su admisibilidad.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procede-mos a resolver.

II

Consciente de los peligros que representa para nuestra sociedad la práctica de conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004 para introducir varias enmiendas a la Ley de Vehículos y Tránsito. Véase Pueblo v. Figueroa Pomoles, 172 D.P.R. 403 (2007). De esta forma, la Asamblea Legislativa reafirmó claramente la política pública a favor de la seguridad pública y se unió a un movimiento mundial para evitar las muertes en las carreteras ocasionadas por conductores en estado de embriaguez. Pueblo v. Figueroa Pomales, supra.

En conformidad con los objetivos enunciados, el citado Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito incorporó el lenguaje de “ilegal per se” para establecer concretamente la ilegalidad del acto de conducir un vehículo de motor cuando el contenido de alcohol en la sangre del conductor es de 0.08% o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento. 9 L.P.R.A. sec. 5202. Véase, además, Pueblo v. Figueroa Pomales, supra. Como consecuencia de ello, el nivel o concentración de alcohol en la sangre no es meramente un elemento probatorio, sino que representa una norma de que determinado porciento de alcohol en la sangre es suficiente para concluir que la persona se encuentra, efectivamente, bajo los efectos del alcohol en violación de la Ley de Vehículos y Tránsito. Pueblo v. Figueroa Pomales, supra.

Por otra parte, el Art. 7.09(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5209(g) —en lo pertinente— le ordena al Departamento de Salud que adopte y reglamente el uso de los instrumentos científicos que estime necesarios para determinar la concentración de alcohol en la sangre de los conductores que sean detenidos por conducir o hacer funcionar vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. La ley especifica que dicha facultad se extiende al instrumento que utilizará el agente del orden público para hacer la prueba inicial de aliento.

De igual forma, el Art. 7.09(¿) del estatuto en controversia dispone lo siguiente:

Todo documento en el que el Departamento de Salud in-forme un resultado sobre un análisis realizado en su laborato-rio y cualquier otro documento que se genere de conformidad con la reglamentación que promulgue el Departamento de Sa-lud a tenor con las disposiciones de este Artículo, emitido con la firma de funcionarios autorizados y su sello profesional de ser requerido y bajo el sello oficial del Departamento de Salud, deberá ser admitido en evidencia como prueba “prima facie”. (Énfasis suplido.) 2000 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 85, 218.

De la disposición antes citada se deduce que para poder ser admitidos en evidencia, los documentos oficiales rela-cionados a pruebas químicas o físicas autorizadas por la Ley de Vehículos y Tránsito deben cumplir con la regla-mentación que promulgue el Departamento de Salud.

Dicha dependencia, en efecto, aprobó el Regla-mentó 6346, al amparo de la autoridad otorgada por la Ley de Vehículos y Tránsito. El referido Reglamento regula los métodos y procedimientos para tomar pruebas que sirven para detectar los niveles de alcohol, drogas y otras sustan-cias controladas en la sangre. Entre otras cosas, dicho re-glamento establece el procedimiento para certificar los operadores de los instrumentos adoptados para realizar pruebas de aliento, así como los requisitos para su mante-nimiento, reparación, cotejo y calibración. En lo pertinente al caso de autos, el Reglamento 6346 dispone lo siguiente:

Art. 8.14: Antes de realizar una prueba con el "Intoxylizer,” la persona intervenida se mantendrá bajo observación por un pe-riodo mínimo de veinte (20) minutos, contados a partir de la hora de la intervención, para asegurarse que no existe alcohol residual en su boca al momento de efectuar el análisis.
Art. 8.15: Durante esos veinte (20) minutos, la persona se mantendrá bajo observación; evitando que fume, ingiera ali-mentos o se provoque vómito. De ocurrir uno de los anteriores, [el agente] deberá esperar veinte (20) minutos adicionales a partir de la hora en que ocurrió el evento, lo cual se documen-tará por el agente interventor y/o el operador del instrumento encargado de realizar la prueba.

A su vez, la regulación en cuestión establece que para efectuar la prueba de aliento, el operador del instrumento seguirá los pasos operacionales que aparecen en el Informe sobre Prueba de Alcohol por Aliento y Lista de Cotejo preparado por la Policía. Además, dispone que los resultados de los análisis mencionados serán aceptados como evidencia prima facie para la determinación de causa probable para el arresto. Véanse: Arts. 8.16 y 8.18 del Reglamento 6346.

Ahora bien, en cuanto a la presentación como evidencia de experimentos y prueba científica, resulta ampliamente conocido que en nuestra jurisdicción está gobernada por la Regla 82 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Sobre el particular, el inciso (A) de la mencionada regla dispone que la admisibilidad del resultado de un experi-mentó o prueba científica será determinada por el tribunal, en conformidad con los factores enumerados en la Regla 19 de Evidencia, supra. De igual forma, la Regla 82(B) de Evi-dencia, supra, dispone que “[a]l estimar el valor o peso pro-batorio que ha de merecer una evidencia de carácter cien-tífico, el tribunal debe darle gran peso al grado de confiabilidad o certeza que la ciencia confiere al tipo de prueba en cuestión”. (Énfasis suplido.)

Por su parte, la Regla 19 de Evidencia, supra, establece claramente que la evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es de poca significación en relación con cualesquiera factores enumerados. Los referidos factores son: peligro de causar perjuicio indebido, probabilidad de confusión y desorientación del Jurado, dilación de los procedimientos, e innecesaria presentación de prueba acumulativa. Sobre el particular, anteriormente hemos expresado que la admisión de prueba científica es materia de discreción judicial que se ejerce al amparo de los factores contenidos en la citada Regla 19 de Evidencia. Véanse: Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627 (1996); E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y federales, República Dominica, Ed. Corripio, 1998, T. II, págs. 1079-1086.

El profesor Chiesa Aponte sostiene que a la hora de decidir sobre la admisibilidad de prueba científica bajo los parámetros establecidos en la Regla 19 de Evidencia, supra, el tribunal debe considerar el valor probatorio de la prueba científica en controversia, para lo cual es necesario estimar su grado de certeza y confiabilidad, conforme a lo dispuesto en la Regla 82(B) de Evidencia, supra. Véase Chiesa, op. cit., págs. 1082-1085. Para ilustrar este particular, el profesor Chiesa Aponte hace referencia a pasados pronunciamientos de este Tribunal del elemento de confiabilidad de prueba científica al momento de determinar su admisibilidad, en el contexto de las pruebas de sangre para determinar paternidad. Así, en Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 68 (1991), se hizo hincapié en que la confiabilidad y admisibilidad de estas pruebas depende de que sean hechas por peritos debidamente calificados que sigan las más estrictas normas exigidas para esta clase de análisis y se observen las normas relativas a la cadena de evidencia en su presentación ante los tribunales. Chiesa, op. cit., pág. 1082.

De igual forma, reconociendo la importancia de la confiabilidad de cualquier evidencia que pretenda ser admitida, el profesor Chiesa Aponte opina que se excluye evidencia pertinente cuando se estima que es preferible sacrificar su valor probatorio antes de comprometer la búsqueda de la verdad con esa evidencia que tiene potencial de inducir a error. Se trata aquí de falta de confiabilidad. Chiesa, op. cit., T. I, pág. 2.

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones validó la procedencia de la solicitud de supresión de la prueba de aliento realizada al señor Montalvo Petrovich al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. Según el referido foro, los agentes del orden público no mantuvieron bajo observación por un mínimo de veinte minutos al señor Montalvo Petrovich antes de realizarle la prueba de aliento, tal como exige el Reglamento 6346. El tribunal de-terminó que dicho incumplimiento afectaba la confiabili-dad de la prueba de aliento, por lo que concluyó que ésta era inadmisible.

Por todo lo anterior, debemos determinar si el incumpli-miento con el requisito de veinte minutos de observación previo a realizar una prueba de aliento para determinar los niveles de alcohol en la sangre acarrea la inadmisibili-dad de la referida prueba. No obstante, antes de atender dicha controversia, es necesario aclarar si la citada Regla 234 de Procedimiento Criminal es el vehículo procesal ade-cuado para solicitar la supresión de una prueba de aliento previo al comienzo del juicio en su fondo.

III

La citada Regla 234 de Procedimiento Criminal es el medio práctico procesal mediante el cual un ciudadano puede solicitar la supresión de evidencia obtenida en violación a la protección constitucional en contra de registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. Véase Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 627 (1999). Si bien esta regla parece estar diseñada exclusivamente para solicitar la supresión de evidencia fundamentada en la protección constitucional antes mencionada, este Tribunal ha reconocido su uso en otras circunstancias.

Así, por ejemplo, en Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980), reconocimos que los mismos principios que rigen la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, deben regir si se trata de suprimir un testimonio que —de resul-tar inadmisible— obligaría a la desestimación de los cargos y la absolución del acusado. En ese caso, no se trataba de evidencia producto de un registro o allanamiento ilegal, sino de un testimonio de identificación que, según el Tribunal, resultaba insuficiente para inculpar al acusado.

Además, en dicha ocasión expresamos que la razón de ser de la regla es tanto la economía de tiempo como de gastos. Resulta contrario a esa economía esperar al día del juicio para hacer una pausa para dilucidar la cuestión co-lateral sobre la admisibilidad de una prueba cuyo ofreci-miento en el juicio debió anticiparse. Pueblo v. Rey Marrero, supra, pág. 750. De esta manera, indicamos que aunque no haya imperativo constitucional para una vista de supresión de testimonio de identificación, nuestro orde-namiento exige que se solicite tal supresión antes del jui-cio, según la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Rey Marrero, supra. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 273.

Así, pues, nada impide que se presente una solicitud de supresión de una prueba de aliento antes del comienzo del juicio en su fondo, tal y como se considera en la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. Lo contrario daría al traste con la economía de tiempo y recursos que deben procurar los tribunales al atender un asunto colateral sobre la admisibilidad de una evidencia cuyo ofrecimiento se pudo anticipar. Véase Pueblo v. Rey Marrero, supra. Más aún, la procedencia de la moción presentada en el caso de autos se hace más patente porque se ha reconocido que las pruebas de aliento constituyen un registro para la protección constitucional en contra de registros y allanamientos ilegales. Véase Skinner v. Railway Labor Executive’s Assn., 489 U.S. 602 (1989).

Aclarada la viabilidad del uso de una solicitud de supre-sión en el caso de la prueba de aliento realizada al señor Montalvo Petrovich, debemos resolver si erró el foro apela-tivo al ordenar su supresión. Para ello, es necesario que determinemos si los agentes del orden público realmente incumplieron con el periodo de observación de veinte mi-nutos antes de realizar la prueba de aliento en cuestión y, de ser ese el caso, si dicho incumplimiento impide la admi-sión en evidencia de la referida prueba. Veamos.

IV

A. Como mencionamos anteriormente, el Reglamento 6346 dispone que antes de realizar una prueba de aliento, los agentes del orden público deben mantener bajo observación por un periodo no menor de veinte minutos al individuo a quien se le administrará la prueba. El objetivo de dicho periodo de observación es asegurarse de que no existe "alcohol residual” en su boca al momento de efectuarse el análisis. Véase Art. 8.14 del Reglamento 6346. El propio reglamento define alcohol residual como la cantidad de alcohol que permanece en la mucosa de la boca por algún tiempo después de haberse ingerido alcohol, bien se encuentre en forma líquida o de vapor. Art. 4.03 del Reglamento 6346. Además, durante dicho periodo, los agentes deben evitar que el individuo fume, ingiera ali-mentos o se provoque vómito y, de ocurrir alguno de los anteriores eventos, se deben esperar veinte minutos adicio-nales a partir de la ocurrencia de éste. Art. 8.15 del Regla-mento 6346.

Este Tribunal no ha tenido la oportunidad de expresarse sobre las consecuencias —en cuanto a la presentación en evidencia de una prueba de aliento— del incumplimiento por parte de los agentes del orden público con el requisito reglamentario de veinte minutos de observación. Sin embargo, en Pueblo v. Nazario Hernández, 138 D.P.R. 760 (1995), se cuestionó la admisión de una prueba de aliento por alegadas incongruencias en la hoja de trámite cumpli-mentada por el agente que la realizó. En ese caso, la de-fensa alegó que en la hoja de trámite aparecía el nombre de un policía que no fue el que realizó la prueba de aliento impugnada. Además, adujo que parte del número de Se-guro Social del acusado aparecía en otra línea correspon-diente a la información de otro acusado. No obstante, el Tribunal entendió que las irregularidades señaladas no impedían la admisibilidad de la prueba y que cualquier cuestionamiento de si la prueba pertenecía al acusado o no sería dilucidado por el Jurado, el cual debía determinar su valor probatorio.

Por otra parte, en Pueblo v. Díaz Just, 97 D.P.R. 59 (1969), nos enfrentamos a urna solicitud de supresión debido a que —contrario a lo que disponía el reglamento del Depar-tamento de Salud aplicable— se había utilizado alcohol para desinfectar el brazo de un individuo a quien se le rea-lizó una prueba de sangre lo que, según la defensa, afectó la confiabilidad del resultado. Según los testimonios presenta-dos en corte, la enfermera que intervino con el acusado usó alcohol como desinfectante y el brazo de éste estaba mo-jado cuando se le tomó la muestra. Tras analizar los argu-mentos de las partes y examinar la jurisprudencia de otros estados, señalamos que en esas circunstancias es posible que la muestra se adultere y que el alcohol usado como antiséptico afecte el resultado del análisis. Véase Pueblo v. Díaz Just, supra, pág. 61. Además, expresamos que dicha situación afectaba la confiabilidad de la prueba y conclui-mos que, “si surge duda fundada en cuanto a la confiabili-dad del análisis —tal como ocurrió en ese caso— es deber del juzgador rechazarlo”. (Enfasis suplido.) Id., pág. 63.

Dichas expresiones son cónsonas con la normativa discutida sobre la admisibilidad de prueba científica, conforme a la cual el tribunal debe hacer un balance entre el valor probatorio de la prueba ofrecida y el peligro de que ésta cause perjuicio indebido o confusión al Jurado, entre otros factores enumerados. Con ello, queda claro que en nuestra jurisdicción el valor probatorio de una evidencia científica —el cual depende en gran medida de su grado de confiabilidad y certeza— puede afectar su posible admisión como evidencia si el foro judicial concluye que éste es de poca significación en relación con los factores dispuestos en la Regla 19 de Evidencia, supra.

Al igual que en Puerto Rico, en la mayoría de las jurisdicciones estatales en Estados Unidos existen normas sobre el periodo de observación previo a la toma de una prueba de aliento. De hecho, algunos de esos tribunales estatales han tenido la oportunidad de examinar posibles incumplimientos con dicho requisito y han pautado normas relacionadas con la admisión en evidencia del resultado de estas pruebas ante tales incumplimientos. Dicha jurisprudencia apunta a que lo importante es determinar el impacto del alegado incumplimiento sobre la confiabilidad y certeza de la prueba, lo que a su vez afecta su valor probatorio y, por lo tanto, su admisibilidad. Examinemos, para fines ilustrativos, la referida jurisprudencia.

B. El Tribunal Supremo de Colorado, al destacar que en dicho estado la Legislatura no estableció el periodo de observación de veinte minutos como un requisito para la admisibilidad de una prueba de aliento, concluyó que lo importante es que el tribunal crea que la prueba científica es confiable. Dicho tribunal sostuvo que antes de admitir la prueba en evidencia, el tribunal debe evaluar la magni-tud del incumplimiento con el reglamento de salud corres-pondiente y cómo éste afecta la validez y confiabilidad del resultado. People v. Bowers, 716 P.2d 471 (Colo. 1986).

De esa forma, el tribunal rechazó establecer una regla de supresión automática y resolvió que lo importante es que la prueba de aliento cumpla con los requisitos tradicio-nales de admisibilidad de prueba científica. People v. Bowers, supra, pág. 475. En vista de lo anterior, devolvió el caso al foro de instancia para que evaluara la admisibi-lidad de una prueba en la que se observó al individuo por diecinueve minutos. Véase, además, People v. Shinaut, 940 P.2d 380 (Colo. 1997).

Así también, los tribunales de Nuevo México han con-cluido que la imposibilidad del Estado para probar que hubo cumplimiento sustancial con el reglamento del De-partamento de Salud que regula la administración de pruebas de aliento podría constituir un impedimento para la admisibilidad de dicha prueba. Véase State v. Rivera, 124 N.M. 211 (N.M. 1997). De otra parte, la extensa ju-risprudencia de dicho estado en esta área ha aclarado que sólo acarrea la inadmisibilidad de una prueba de aliento el incumplimiento con aquellos requisitos reglamentarios que sean acurracy-ensuring. Esto es, aquellos requisitos dirigidos a garantizar la precisión y, por lo tanto, la confia-bilidad de la prueba. State v. Dedman, 136 N.M. 561 (N.M. 2004).

Esta norma —o normas muy parecidas y hasta cierto punto equivalentes— ha sido adoptada por otros estados al determinar la admisibilidad de una prueba de aliento ante reclamos de incumplimiento con requisitos reglamentarios para su realización. Así se deriva de varios pronunciamien-tos de los tribunales supremos de estados como Rhode Island, Tennessee, Illinois, Florida, Massachusetts, Michigan y Alaska.

En Rhode Island, por ejemplo, recientemente se resolvió que la supresión de evidencia sólo se justifica cuando el incumplimiento con la regulación promulgada por el De-partamento de Salud ha afectado la validez del resultado de la prueba. State v. Cluley, 808 A.2d 1098 (R.I. 2002). Por su parte, los tribunales de Tennessee resolvieron que antes de admitir una prueba de aliento, el Estado debe probar que cumplió sustancialmente con el requisito de los veinte minutos de observación. Ello en vista de que el requisito de veinte minutos de observación es para garantizar la preci-sión de la prueba. Véanse: State v. Hunter, 941 S.W.2d 56 (Tenn. 1997); State v. Sensing, 843 S.W.2d 412 (Tenn. 1992).

De forma similar, el Tribunal Supremo de Illinois con-cluyó que, aun cuando en los casos de embriaguez según la ley de tránsito de ese estado el incumplimiento con el re-glamento de salud conllevaba la inadmisibilidad de la prueba, en los casos de homicidio negligente lo que el Es-tado tiene que probar es el cumplimiento con los requisitos generales de admisibilidad de prueba científica, entre los cuales se destacan probar los elementos de validez y certeza. Véanse: State v. Keith, 148 Ill.2d 32 (Ill. 1992); State v. Emrich, 113 Ill.2d 343 (Ill. 1986).

Determinaciones análogas han sido tomadas por los tribunales de otros estados. Dichos estados —en esencia— han resuelto que desviaciones reglamentarias menores no deben ser obstáculo para que las pruebas de aliento sean presentadas en evidencia, pero si el Estado no presenta prueba de la confiabilidad e integridad de la prueba de aliento y el instrumento utilizado, el resultado podría ser inadmisible. Lo importante es determinar si el incumpli-miento con el reglamento correspondiente afecta la preci-sión de la prueba. Véanse: People v. Bain, 2007 Mich. App. 1647 (Mich. 2007); State v. Donaldson, 579 So.2d 728 (Fla. 1991). Véanse, además: Commonwealth v. During, 406 Mass. 485 (Mass. 1990); Keel v. State, 609 P.2d 555 (Alaska 1980); Wester v. State, 528 P.2d 1179 (Alaska 1974).

Por otra parte, la mayoría de las jurisdicciones estatales han adoptado el estándar de cumplimiento sustancial para establecer que aun cuando el Estado tiene que demostrar que se cumplió con ciertos requisitos reglamentarios al ad-ministrar pruebas de aliento, dicho cumplimiento no tiene que ser estricto o literal, siempre que se cumpla con el pro-pósito perseguido por la regulación. Fundamentado en lo anterior, las desviaciones reglamentarias menores no de-ben ser obstáculo para la admisión del resultado de una prueba de aliento. Veamos.

C. A modo ilustrativo, se ha resuelto que hay cumpli-miento sustancial cuando la persona fue observada por me-nos de veinte minutos inmediatamente antes de realizarle la prueba, siempre que dicho tiempo se pueda sumar al tiempo que la persona estuvo detenida en la patrulla —de manera que se pueda llegar a los veinte minutos— y no se presentó prueba de que la persona ingirió comida, fumó o vomitó. La mera alegación hipotética de que la persona pudo haber ingerido algo durante el periodo de observación no es suficiente para impedir la admisión de la prueba realizada. Véanse: State v. Releigh, 2007 Ohio 5515 (Ohio 2007); State v. Crawford, 2001 Ohio App. Lexis 5582 (Ohio 2001). Varias decisiones del Tribunal Supremo de Ohio han reiterado esta norma. Véanse: State v. Boczar, 113 Ohio St.3d 148 (Ohio 2007); City of Defiance v. Kretz, 60 Ohio St.3d 1 (Ohio 1991); State v. Plummer, 22 Ohio St.3d 292 (Ohio 1986).

A igual resultado se ha llegado cuando se suma el tiempo que transcurrió desde que los agentes intervinieron con la persona y le hicieron las advertencias de rigor hasta que se le realizó la prueba de aliento. Wester v. State, supra. Así también, se ha resuelto que un agente que —por descuido— no marcó cierto procedimiento en la lista de cotejo pero que presentó testimonio de que el procedi-miento en efecto se realizó, cumple sustancialmente con el periodo de observación. En esas circunstancias no se afecta la confiabilidad del resultado. Keel v. State, supra, citando a Oveson v. Municipality of Anchorage, 574 P.2d 801 (Alaska 1978). Por otro lado, en Tennessee se admitió una prueba de aliento a pesar de que la defensa alegó que no se cumplió con el periodo de observación porque el agente que observó al acusado antes de realizarla no fue el mismo que la administró. State v. Hunter, supra.

En otros estados también se ha resuelto que se cumple sustancialmente con el periodo de observación, aun cuando no se mantenga contacto ininterrumpido, cara a cara, con el acusado. De esta manera, se ha permitido la admisión en evidencia de pruebas de aliento a pesar de alegaciones de que no hubo observación continua mientras el agente guiaba la patrulla, preparaba el intoximeter para su uso, o cumplimentaba algunos documentos. Según dicha juris-prudencia, lo importante es que el agente esté cerca del acusado, de forma que pueda determinar si la persona in-girió bebidas alcohólicas o introdujo algún material ex-traño en su boca, fumó o vomitó. State v. Smith, 547 A.2d 69 (Conn. 1988). Véanse, además: State v. Luckett, 2002 Tenn. Crim. App LEXIS 174 (Tenn. 2001); State v. Hunter, supra; Barone v. State Dept. of Revenue, 736 P.2d 432 (Colo. 1987).

De la anterior discusión se deduce que las normas adop-tadas por la mayoría de los tribunales estatales citados coinciden en varios aspectos. En primer lugar, ya sea por disposición expresa de una ley especial o porque así lo dicta el derecho probatorio aplicable, para que las pruebas de aliento puedan ser admitidas en evidencia, éstas deben ha-berse realizado conforme al reglamento que promulgue el Departamento de Salud o la agencia así autorizada en cada estado. En segundo lugar, no todo incumplimiento acarrea la inadmisibilidad de la prueba. A esos efectos, el tribunal debe determinar el impacto de dicho incumpli-miento sobre su precisión y confiabilidad. Por último, no es necesario un cumplimiento estricto o literal con el regla-mentó correspondiente; es suficiente un cumplimiento sustancial.

En lo concerniente al caso de autos, tanto la Ley de Vehículos y Tránsito (la cual dispone en lo pertinente que “todo documento que se genere de conformidad con la reglamentación que promulgue el Departamento de Salud a tenor con las deposiciones de esta sección ... deberá ser admitido en evidencia como prueba prima facie”), como las normas de derecho probatorio aplicables a evidencia científica, requieren que se cumpla con los requisitos dispuestos en el Reglamento 6346 para realizar pruebas de aliento. Sobre todo, se debe cumplir con aquellos requisitos cuyo objetivo es garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad de la prueba realizada, como es el caso del periodo de observación de veinte minutos previo a realizar una prueba de aliento.

Ahora bien, un cumplimiento estricto o literal no es ne-cesario, pues es suficiente cumplir sustancialmente con los objetivos perseguidos por dicha regulación. Por lo tanto, antes de admitir en evidencia una prueba de aliento, el tribunal debe velar por que ésta se haya realizado si-guiendo el procedimiento correcto, de manera que se ga-rantice un mínimo de confiabilidad y precisión. Ello in-cluye requerir que el Estado demuestre que la persona que administró la prueba estaba debidamente cualificada y certificada por el Departamento de Salud y que dicha cer-tificación estaba vigente cuando se realizó la prueba; que el instrumento había sido aprobado por el Departamento de Salud, certificado y calibrado conforme a la regulación aplicable, y que estaba funcionando apropiadamente.

Además, se debe establecer que se cumplió sustancial-mente con los estándares y procedimientos reglamentarios y operacionales para pruebas de aliento —en particular aquellos dirigidos a garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad— incluso el periodo de observación de veinte minutos. Por último, se debe identificar el resultado de la prueba de aliento presentado en evidencia como el corres-pondiente a la prueba realizada al acusado.

Según lo anterior, no procede establecer una regla de exclusión automática ante cualquier incumplimiento con el procedimiento dispuesto por la regulación pertinente a la realización de pruebas de aliento. Por el contrario, el tribunal debe determinar —caso a caso— la magnitud de la desviación y el impacto que ésta puede tener sobre la confiabilidad y precisión de la evidencia. Si el referido incumplimiento es de tal magnitud que a juicio del juzgador la prueba ya no es confiable, es deber del tribunal rechazarla. Véase Pueblo v. Díaz Just, supra.

V

En el caso de autos, las determinaciones hechas por el foro de instancia apuntan a que el señor Montalvo Petro-vich no fue observado por más de quince minutos. Ello es así, aun si sumáramos el tiempo transcurrido desde que los agentes intervinieron con el acusado a las 4:20 a.m., hasta que fue conducido al Cuartel de la Policía en una patrulla y se inició la prueba de aliento a las 4:35 a.m. Nótese que aun cuando los agentes llegaron a la escena del accidente a eso de las 4:10 a.m., el informe policiaco estableció que no fue hasta las 4:20 a.m. —luego de controlar el tránsito y cami-nar una distancia aproximada de cuatrocientos a quinien-tos pies— que éstos llegaron hasta donde se encontraba el señor Montalvo Petrovich e intervinieron con él. Es por ello que el tiempo reglamentario debe contarse a partir del mo-mento en que los agentes intervinieron con el acusado y estaban en posición de observarlo para poder determinar si éste ingirió alimentos, fumó o se provocó vómito. En este caso, dicha observación fue posible a partir de las 4:20 a.m.

Por otro lado, es menester aclarar que los hechos que originaron la controversia de autos son claramente distin-guibles de las situaciones planteadas en los casos discuti-dos previamente en esta opinión sobre cumplimiento sus-tancial con el periodo de observación. En el presente caso, los quince minutos a los que hemos hecho referencia inclu-yen el tiempo transcurrido desde que los agentes intervi-nieron con el acusado hasta el momento en que le realiza-ron la prueba de aliento, por lo que no se puede sumar ningún otro periodo de tiempo en el que éste estuviera cerca de los agentes de forma que se pudiera determinar si ocurrió algún evento que afectara la confiabilidad de la prueba.

De igual forma, tal como se ha hecho en otras jurisdic-ciones estatales, al calcular el periodo de observación no lo hemos limitado al tiempo transcurrido desde que el agente que le realizó la prueba de aliento al acusado llegó a la escena e intervino con éste. Por el contrario, lo hemos cal-culado desde el momento en que los primeros agentes lle-garon hasta el acusado, aunque éstos no fueron los que le realizaron la prueba de aliento. De hecho, si calculáramos el periodo de observación desde el momento en que el agente Soto Cabán intervino con el señor Montalvo Petro-vich, tendríamos que concluir —tal como hizo el foro de instancia— que éste fue de sólo trece minutos.

No estamos ante alegaciones de que aun cuando trans-currieron veinte minutos o más desde que se intervino con el acusado, la observación hecha por los agentes no fue ininterrumpida o cara a cara, lo cual como mencionamos anteriormente no es necesario, según se ha resuelto en otras jurisdicciones. Véase State v. Smith, supra. En el pre-sente caso, las alegaciones de la defensa y las determina-ciones del foro de instancia son que —en total— no trans-currieron más de quince minutos antes de realizarle la prueba de aliento al señor Montalvo Petrovich, contados a partir del momento en que los primeros agentes llegaron hasta donde éste se encontraba.

En vista de ello, resulta forzoso concluir que el Estado no probó haber cumplido sustancialmente con el periodo de observación. Ello crea serias dudas sobre la confiabilidad de la prueba de aliento y afecta significativamente su valor probatorio. En tales circunstancias, tomando en cuenta las normas de derecho probatorio aplicables a la presentación de prueba científica y la Ley de Vehículos y Tránsito, así como el hecho de que la prueba realizada al señor Mon-talvo Petrovich reflejó un nivel de alcohol de .08% —el mí-nimo prohibido por ley— no erraron los foros inferiores al excluir la prueba de aliento.

Ahora bien, nada impide que el Estado presente otra evidencia para intentar probar que el señor Montalvo Pe-trovich se encontraba bajo los efectos de bebidas embria-gantes la madrugada del accidente. Por eso se debe eva-luar el dominio que éste tenía sobre sí mismo, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, su estado anímico, así como cualquier otro factor que refleje el estado de sus facultades físicas y mentales. Véase Pueblo v. Díaz Just, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dic-tamen emitido en este caso por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para que continúe con los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Esta información se deduce del informe preparado por los agentes.

       Según surge del expediente, el señor Montalvo Petrovich se sometió volun-tariamente a la prueba de aliento.

       Es necesario señalar que el foro de instancia determinó que sólo transcurrie-ron trece minutos desde que el agente Soto Cabán intervino con el acusado y lo arrestó hasta que se le realizó la prueba de aliento. No obstante —por razones que expondremos más adelante— entendemos que los veinte minutos reglamentarios deben ser calculados desde el momento en que los primeros agentes llegaron hasta donde se encontraba el señor Montalvo Petrovich, a pesar de que éstos no fueron los que finalmente le realizaron la prueba de aliento. Ello por ser ese el momento a partir del cual los agentes estuvieron en posición de observarlo y poder determinar si el acusado ingirió alimentos, fumó o vomitó, o colocó algún material extraño en su boca.

       Desde hace décadas este Tribunal reconoció el análisis del contenido de alcohol en la sangre como un medio adecuado y confiable para medir los efectos de las bebidas embriagantes en una persona. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392 (1962).

       En Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 D.P.R. 403 (2007), determinamos que se puede hacer referencia al por ciento de alcohol establecido en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico al instruir al Jurado sobre el significado de la frase “bajo los efectos de bebidas embriagantes” incluida en el Art. 109 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4737. Dicha disposición tipifica como delito de homicidio negligente, en su modalidad agravada, ocasionar la muerte de un ser humano al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

       Específicamente, el tribunal expresó:
      “Under our holding here, it will be incumbent to the trial court to determine, as a preliminary question of admissibility under CRE 104[la regla de evidencia pertinente], whether the extent of noncompliance with a Board of Health rule has so impaired the validity and reliability^ of the testing method and the test results as to render the evidence inadmissible.” (Enfasis suplido.) People v. Bowers, 716 P.2d 471, 475 (Colo. 1986).

       Entre estos requisitos, el tribunal mencionó el que se establezca que la prueba es confiable, que el equipo estaba funcionando adecuadamente al momento de la prueba y que fue utilizado correctamente por una persona cualificada. People v. Bowers, supra pág. 473.

       Antes de una enmienda a la ley —que estableció que el Estado debe cumplir con el Reglamento adoptado por el Departamento de Salud para lograr la admisión de las pruebas de aliento— los tribunales del estado de Nuevo México habían re-suelto que cualquier incumplimiento con los requisitos de dicho reglamento sólo afec-taba el valor probatorio de las referidas pruebas. Véase State v. Watkins, 104 N.M. 561 (N.M. 1986).

       En ese caso se aclaró el alcance de las decisiones tomadas por la Corte de Apelaciones de ese estado en State v. Gardner, 126 N.M. 125 (N.M. 1998), y en State v. Onsurez, 132 N.M. 485 (N.M. 2002). En ambas decisiones el foro apelativo ordenó la supresión de las pruebas de aliento por incumplimiento con requisitos acurracy-ensuring, como los veinte minutos de observación y la certificación anual y calibra-ción del Intoxylizer 5000. Según el tribunal, ambos requisitos buscan garantizar un mínimo de confiabilidad en el resultado de la prueba. En lo pertinente al caso de autos, en Gardner, el tribunal determinó que el período de observación fue de quince minutos y no de veinte, como disponía el reglamento, lo cual resultó en la exclusión de la prueba.

       En un intento por elaborar una norma coherente sobre la admisión de prue-bas de aliento, el Tribunal Supremo de Tennessee resolvió que en dicha jurisdicción el estado debe cumplir con seis requisitos; a saber: se debe establecer, mediante testimonio del agente que realizó la prueba, que ésta fue administrada en conformi-dad con los estándares y procedimientos operacionales promulgados por las agencias correspondientes; que el agente que administró la prueba había sido debidamente certificado para realizarla; que el instrumento había sido certificado por la agencia correspondiente, había sido probado regularmente para asegurar su precisión y es-taba funcionando adecuadamente al momento de realizarse la prueba; que el conductor fue observado durante los veinte minutos reglamentarios antes de la prueba y que durante ese periodo de observación no tenía ningún material extraño en su boca, no consumió bebidas alcohólicas, no fumó, ni vomitó; que el agente siguió los procedimientos operacionales requeridos, y que se identifique el resultado impreso ofrecido en evidencia como el resultado correspondiente a la prueba administrada al acusado. Véase State v. Sensing, 843 S.W.2d 412, 418 (1992).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez Juez Presidente Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Lilliam Teresa Berríos Falcón, Gregorio López Serrano y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandantes y recurridos, v. Miguel A. Torres Merced et als., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2008-825

      Resuelto: 30 de abril de 2009

      Dagmar A. Adorno Toro, del bufete Catalá Morales, abogado de la parte peticionaria; José A. León Landrau, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Por medio del presente recurso de certiorari, se nos so-licita que revisemos una Sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, la cual revoca una Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La Orden permitía la pre-sentación de un disco audiovisual, en DVD, para impugnar la credibilidad de la codemandante recurrida, Sra. Lilliam Berríos Falcón, luego de ésta haber testificado, ser contra-interrogada y haber desfilado toda su prueba. Los deman-dados peticionarios, Sr. Miguel A. Torres Miranda, Sr. Néstor Rullán Ruiz y Puerto Rican American Insurance Company, alegan que el foro apelativo intermedio erró al considerar que la presentación de la prueba impugnatoria fue tardía e improcedente en derecho.

Analicemos los hechos que dieron paso a la presente controversia, así como el trámite procesal seguido en el caso ante nuestra consideración.

I

Como la controversia que se nos presenta es estricta-mente procesal y los hechos están pendientes de adjudica-ción en el Tribunal de Primera Instancia, reseñaremos los hechos relevantes de forma sucinta.

El 6 de mayo de 2003, la señora Berríos Falcón conducía su vehículo de motor y el señor Torres Miranda conducía un camión propiedad del señor Rullán Ruiz. Alegada-mente, cuando el señor Torres Miranda salió de una inter-sección, no se detuvo ante una señal de “PARE”, e impactó el vehículo que conducía la señora Berríos Falcón.

El 12 de abril de 2004, la señora Berríos Falcón pre-sentó una demanda por los daños que alega sufrió a causa del accidente. Entre sus alegaciones reclamó haber sufrido serias contusiones en las regiones cérvico-dorsal y lumbar. Manifestó que las lesiones sufridas afectaron su capacidad para desempeñar sus labores cotidianas y alteraron su es-tilo de vida debido a que continúa afectada tanto física como psicológicamente. Por ello, la demandante reclamó daños generales y especiales.

El 29 de noviembre de 2004, los demandados peticiona-rios sometieron la contestación al interrogatorio que les envió la demandante recurrida. En éste, específicamente en las preguntas nueve y diecisiete, contestaron lo si-guiente: en la pregunta nueve indicaron que incluyeron toda la documentación que hasta ese momento se había re-copilado, indistintamente del uso que se le daría en el jui-cio; en la pregunta diecisiete manifestaron que se había sometido toda la prueba recopilada hasta ese momento.

El 4 de febrero de 2005, la señora Berríos Falcón fue intervenida quirúrgicamente para insertarle unas varillas en su espalda para proteger su columna vertebral. La se-ñora Berríos Falcón expresó que luego de la operación con-tinuó sufriendo dolores intensos en la espalda y su movi-miento corporal se limitó.

En mayo de 2005, la señora Berríos Falcón y el Sr. Gregorio López Serrano contrajeron matrimonio, y el 29 de diciembre de 2005 presentaron una enmienda a la de-manda para incluir a la sociedad legal de gananciales com-puesta por estos. En la demanda enmendada levantaron por primera vez una alegación de incapacidad total tanto física como psicológica, reclamaron en beneficio de la socie-dad legal de gananciales un lucro cesante por $644,523. De igual forma, la codemandante recurrida, señora Berríos Falcón, reclamó una indemnización por $250,000 por da-ños físicos y $100,000 por daños emocionales. Durante la etapa preparatoria al juicio, específicamente en septiembre de 2005, los demandantes recurridos se trasladaron a vivir a Springfield, Massachusetts.

El 17 de junio de 2008, los demandados peticionarios, en su desfile de prueba presentaron ante el Tribunal de Pri-mera Instancia una moción titulada MOCI[Ó]N UR-GENTE INFORMANDO INDISPONIBILIDAD DE PE-RITO PARA CONTINUACI [Ó]N DE JUICIO Y OTROS EXTREMOS en la cual, entre otras cosas, solicitaron la posposición de una vista judicial y un permiso para presen-tar un DVD con supuesta prueba impugnatoria. El 26 de junio de 2008, los demandantes recurridos replicaron me-diante una moción titulada OPOSICI[Ó]N A MOCI[Ó]N SOBRE PRESENTACION DE ALEGADA PRUEBA DE IMPUGNACI [Ó] N.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción de los demandados peticionarios con un NO HA LUGAR la posposición de la vista judicial y declaró un HA LUGAR la presentación del DVD como prueba de impugnación diri-gida a atacar el testimonio de la codemandante recurrida, señora Berríos Falcón. La Orden se dictó el 24 de junio de 2008. El foro judicial primario no se expresó sobre la moción en oposición de los demandantes recurridos y éstos sometieron una moción de reconsideración, la cual fue declarada “NO HA LUGAR”. Dicha Orden se emitió el 8 de julio de 2008 y notificada el 11 de julio del mismo año.

Inconformes, los demandantes recurridos presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar “HA LUGAR” la presentación del DVD por ser prueba tardía e improcedente en derecho. Igualmente, alegaron que los demandados tuvieron la oportunidad de realizar la vigilancia mediante la cual obtuvieron el DVD antes de la Conferencia con Antelación al Juicio cuando la codemandante recurrida, señora Berríos Falcón, viajó a Puerto Rico para la toma de deposición así como cuando vino para ser evaluada por los peritos de las partes.

Los demandados peticionarios replicaron. Alegaron que no entablaron la vigilancia antes del descubrimiento de prueba ni de la Conferencia con Antelación al Juicio por-que a su juicio no era necesario en ese momento. Los fun-damentos expuestos ante el Tribunal de Apelaciones fue-ron los siguientes: (1) que la evaluación del perito en medicina física de los demandados peticionarios se realizó en enero de 2005, cuando la codemandante recurrida, se-ñora Berríos Falcón, no había sido intervenida quirúrgica-mente; (2) que la deposición que se le tomó a la codeman-dante recurrida, señora Berríos Falcón, luego de la demanda enmendada, se realizó el 27 de julio de 2006 y para esa fecha sólo existían meras alegaciones de incapa-cidad total, tanto en el aspecto físico como en el emocional, ello debido a que los demandantes recurridos no habían sometido ningún tipo de prueba documental o pericial de-mostrativa de tal incapacidad; (3) que los demandantes re-curridos suspendieron los servicios del perito psiquiátrico que habían utilizado y quien había rendido su informe pe-ricial el 6 de septiembre de 2006. Alegaron los demandados peticionarios que la suspensión del perito psiquiátrico de los demandantes recurridos los dejó sin perito alguno que sustentara su alegación de incapacidad; (4) varios meses después, los demandantes recurridos contrataron a un nuevo perito psiquiátrico quien evaluó a la codemandante recurrida, señora Berríos Falcón, el 15 de enero y 15 de febrero de 2007, y el informe pericial les fue sometido el 5 de marzo de 2007, a menos de sesenta días de iniciar el juicio, y para esa fecha los demandantes recurridos resi-dían fuera de Puerto Rico; (5) la visita a Puerto Rico de la señora Berríos Falcón para la evaluación del perito psi-quiátrico de los demandado peticionarios ocurrió durante febrero y marzo de 2007, y el informe se rindió el 15 de abril de 2007, a menos de treinta días de dar co-mienzo el juicio; (6) el 23 de abril de 2007, a sólo quince días de dar comienzo el juicio, la parte demandante recu-rrida les informó que el 19 de marzo de 2007 la Adminis-tración del Seguro Social incapacitó a la señora Berríos Falcón en su aspecto emocional, y (7) la parte demandada peticionaria solicitó todos los documentos que le fueron so-metidos a la Administración del Seguro Social para la eva-luación correspondiente y en ese entonces se percataron de que los demandantes recurridos solicitaron la declaración de incapacidad tanto en el aspecto físico como en el emo-cional; sin embargo, dicha entidad no reconoció la incapa-cidad física de la señora Berríos Falcón.

Por lo expuesto, los demandados peticionarios comenza-ron la vigilancia el 9 de mayo de 2007,, a solo un día de haber comenzado el desfile de prueba de los demandantes recurridos y la concluyeron en febrero de 2008. Para esa fecha la señora Berríos Falcón ya había testificado. La existencia del DVD se les notificó a los demandantes recu-rridos el 20 de febrero de 2008, cuatro meses antes de soli-citar mediante moción la presentación del DVD como prueba impugnatoria. Ante tal ofrecimiento de prueba, el representante legal de los demandantes recurridos indicó que lo iba a objetar por no haberse presentado en el descu-brimiento de prueba, así como por no formar parte de la prueba anunciada en el Informe de la Conferencia con An-telación al Juicio.

Ante los argumentos expuestos, el Tribunal de Apelacio-nes revocó al Tribunal de Primera Instancia, el cual de-claró “ha lugar” la presentación del DVD con la supuesta prueba impugnatoria. En epítome, el foro apelativo inter-medio resolvió lo siguiente:

[S]e permitió la presentación de un video que estaba en po- der de la parte demandada-recurrida desde antes de la cele-bración del juicio.
[C]abe señalar que el error señalado fue cometido. En primer lugar, este caso comenzó en el año 2004 y desde ... julio de 2004 se le remitió a la parte demandada-recurrida un reque-rimiento de documentos que en su pregunta # 17 le solicitaba cualquier documento que pudiera ser utilizado en el pleito, sometiendo copia del mismo. ...
Las Reglas de Procedimiento Civil, en cuanto a descubri-miento de prueba se refieren, exigen un deber continuo de informar ... la existencia del video a la parte demandante-peticionaria y ésta manifestó su objeción a que se presentara en el juicio.
[N]o hay razón ni justificación para que los demandados-recurridos hayan esperado a que el juicio se estuviera cele-brando y la parte demandante-peticionaria presentara su prueba, para curar su estrategia de presentar el video sorpresivamente. (Énfasis suplido.

Inconformes con el dictamen del Tribunal de Apelacio-nes, los demandados presentaron una moción de reconside-ración la cual fue denegada. Ante este cuadro fáctico, los demandados sometieron un recurso de certiorari ante nos, en el cual señalan, en esencia, la comisión del error si-guiente:

Err[ó\el Tribunal de Apelaciones al revocar al [Tribunal de Primera Instancia], determinando, como cuestión de hechos, que la resolución dictada el 18 de julio de 2008, [por el foro judicial primario] permitió la presentación de un vídeo que estaba en poder de la parte demandada recurrida, desde antes de la celebración del juicio. (Énfasis en el original.)

II

Expuesto el trámite procesal seguido en el caso, proce-demos a analizar el derecho aplicable.

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil dispone una obligación continua de informar a la parte contraria sobre cualquier prueba que se obtenga y se pretenda utilizar durante el juicio. Dicha obligación no depende del conocimiento o desconocimiento que tenga la otra parte de la existencia de la prueba: siempre existe el deber de informarla. El descubrimiento de la prueba persigue lo siguiente: (1) minimizar las controversias litigiosas; (2) obtener la evidencia que va a ser utilizada durante el juicio, evitando así posibles sorpresas; (3) facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia.

Hemos expresado que el alcance del descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal A pesar de lo expuesto, el Tribunal de Primera Instancia tiene entera discreción para establecer las reglas que entienda necesarias para llevar a cabo el descubrimiento. Esta discreción del foro primario no se limita a la etapa del descubrimiento de prueba, sino que se extiende a todos los procedimientos posteriores, pues el principio rector en todo nuestro ordenamiento procesal es lograr que los casos se resuelvan justa, rápida y económicamente. Conforme a esta norma, los cánones del Código de Ética Judicial establecen que los jueces deberán intervenir durante el curso de cualquier procedimiento “para evitar dilaciones injustificadas y para esclarecer cualquier extremo o impedir una injusticia”.

La controversia central que se nos presenta podría sin-tetizarse en lo siguiente: ¿Es tardía y, por ende, la presen-tación del DVD viola las normas sobre el descubrimiento de prueba la presentación del DVD? Para contestar esta inte-rrogante debemos analizar —en el caso ante nos— la ad-misibilidad de la prueba de impugnación a un testimonio por contradicción.

Hemos expresado que “toda prueba pertinente a la veracidad o mendacidad de un testigo es prima facie admisible para evaluar su credibilidad”. Es harto conocido que la Regla 44 de Evidencia, no provee un listado taxativo sobre los métodos para impugnar a un testigo, ya que los medios de impugnación son numeras apertus. La Regla 44 de Evidencia, supra, dispone en su inciso (b) que la credibilidad de un testigo puede ser impugnada mediante la presentación de cualquier evidencia pertinente. La Regla 18 de Evidencia estatuye que la evidencia pertinente es aquella que tiende a hacer un hecho en controversia más o menos probable. La pertinencia debe dirigirse a la controversia del caso o a la credibilidad del testigo. La evidencia pertinente siempre tiene que tener algún valor probatorio por más mínimo que sea. No es necesario que su suficiencia sea a tal nivel que aclare el hecho en controversia, basta con que ayude al juez en su análisis sobre si el hecho en disputa ocurrió o no.

A pesar de lo anterior, debe siempre tenerse en cuenta la Regla 19 de Evidencia, la cual dispone cinco criterios que debe considerar el Tribunal de Primera Instancia antes de admitir evidencia que aunque sea pertinente pueda causar: (1) perjuicio indebido; (2) probabilidad de confusión; (3) desorientación al Jurado; (4) dilación in-necesaria de los procedimientos, o (5) innecesaria presen-tación de prueba acumulativa. En suma, la Regla 19, supra, le concede discreción al Tribunal de Primera Instancia para excluir evidencia que aunque sea pertinente pueda caer bajo cualquiera de las cinco categorías mencionadas.

La prueba impugnatoria se divide en dos tipos: la “específica” y la “no específica”. Clasificamos dentro de la categoría “específica” la impugnación a un testigo con cualquier prueba directa que ataque su testimonio y tienda a establecer que el testigo ha incurrido en contradicciones. La contrapartida es la impugnación mediante el uso de evidencia “no específica”, la cual se dirige a atacar a un testigo de forma general. Entre las causas “no específicas” se encuentran las impugnaciones por parcialidad e interés. Por ello, la prueba extrínseca para impugnar a un testigo por contradicción es rutinariamente admisible.

Hemos expresado que “cualquier evidencia ex-trínseca será admisible para contradecir lo declarado por el testigo y demostrar que mintió en la silla testifical”. En el caso ante nos es necesario exponer las normas que el Tribunal de Primera Instancia tiene que ponderar para sostener la admisibilidad de una prueba impugnatoria por contradicción mediante el uso de evidencia extrínseca en las diferentes etapas del procedimiento judicial. La impugnación por contradicción se puede realizar de diferentes maneras. Para ser precisos se puede impugnar en: (1) el contrainterrogatorio, el cual es el método más utilizado; (2) mediante la presentación de otro testigo cuyo testimonio contradiga lo testificado por el testigo que se pretende impugnar; (3) mediante conocimiento judicial, o (4) mediante la presentación de evidencia material o documental. Cuando se pretende impugnar la credibilidad de un testigo, el Tribunal de Primera Instancia debe sopesar si la impug-nación que se pretende llevar a cabo es a base de evidencia extrínseca colateral o no colateral.

La evidencia colateral, como antes expuesto, es aquella que no va directamente a la controversia litigiosa, sino que meramente pretende atacar algo que no es relevante para resolver el caso. La evidencia extrínseca colateral, en ciertas ocasiones, tiende a dilatar innecesariamente el procedimiento judicial, puede crear confusión, provocar errores inadvertidos o perjuicio indebido. La evidencia no colateral es aquella que va dirigida a una de las controversias litigiosas del caso y se puede utilizar para impugnar la credibilidad de un testimonio, tanto con evidencia extrínseca testifical, material o documental. Un ejemplo de evidencia no colateral admisible para impugnar por contradicción es prueba que tienda a contradecir las incapacidades físicas y mentales declaradas por un testigo. Claro está, quien determina en primera instancia si lo que se pretende presentar es colateral o no recae en la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia, quien es el juzgador de los hechos. Es imprescindible mencionar que cuando se impugna por contradicción en un contrainterrogatorio no hay diferencia si lo que se pretende establecer es colateral o no. Este método de impugnación es la excepción a la norma sobre el asunto de la colateralidad. Las únicas limitaciones son las que establecen las propias Reglas de Evidencia. Por ello, la prueba de impugnación por con-tradicción sólo se puede admitir para demostrar las false-dades o incongruencias de un testimonio, nunca para pro-bar conducta específica en determinado momento.

La impugnación de los testigos es uno de los mecanismos más eficaces para el descubrimiento de la ver-dad, principio cardinal de nuestro sistema de justiciad. Si bien el propósito de la prueba de impugnación es menosca-bar la credibilidad del testigo, ésta no se puede utilizar como un subterfugio para introducir evidencia que de otra forma no se podría admitir. En síntesis, el propósito de la impugnación por contradicción es simplemente atacar instancias específicas del testimonio del declarante, de-mostrando que la declaración prestada es falsa, inexacta, poco probable o errónea. El principio cardinal es que con-tradiga lo declarado por el testigo frente al juzgador de los hechos.

III

El Tribunal de Apelaciones determinó en su Sentencia que los demandados aquí peticionarios tenían en su poder el DVD con la supuesta prueba impugnatoria antes de co-menzar el juicio en su fondo. No le asiste la razón. El dic-tamen del foro apelativo intermedio no se sostiene del ex-pediente judicial. La controversia ante nos es determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró al permitir el uso del DVD como prueba de impugnación por contradicción luego de haber culminado el desfile de prueba de los de-mandantes recurridos.

Los demandados aquí peticionarios, como mencionára-mos en el acápite I, confrontaron diversos problemas en la etapa preparatoria del juicio, lo que provocó una dilación tanto para descubrir pruebas pertinentes así como para fortalecer su teoría legal. Veamos: (1) el perito en medicina física de los demandados recurridos evaluó a la codeman-dante recurrida, señora Berríos Falcón, antes de que la operaran quirúrgicamente; (2) luego de presentar la de-manda enmendada, cuando los demandados peticionarios le tomaron la deposición a la codemandante recurrida, se-ñora Berríos Falcón, sólo existían meras alegaciones de in-capacidad total tanto en el aspecto físico como en el emo-cional, ello debido a que los demandantes recurridos no habían presentado ninguna prueba adicional que susten-tara dichas alegaciones de incapacidad total; (3) los de-mandantes recurridos suspendieron los servicios de su pe-rito psiquiátrico, lo que provocó incertidumbre en la parte demandada peticionaria debido a que carecían de la cer-teza de que los demandantes recurridos contrataran los servicios de un nuevo perito psiquiátrico; (4) varios meses después de haber suspendido los servicios del primer pe-rito psiquiátrico, los demandantes recurridos contrataron a otro perito psiquiátrico cuyo informe pericial le fue some-tido a los demandados peticionarias sesenta días antes de que comenzara el juicio y mientras la codemandada recu-rrida, señora Berríos Falcón, residía fuera de la jurisdic-ción de Puerto Rico; (5) los demandados peticionarios obtu-vieron el informe pericial de su perito psicológico a sólo treinta días de iniciar el juicio; (6) a quince días del juicio, los demandados peticionarios fueron notificados por los de-mandantes recurridos de que la señora Berríos Falcón fue declarada incapaz en el aspecto emocional por la Adminis-tración del Seguro Social; (7) los demandados peticionarios le solicitaron a los demandantes recurridos todos los docu-mentos que se le presentaron a la Administración del Se-guro Social y se percataron de que los demandantes recu-rridos también habían solicitado una declaración de incapacidad física —la cual les fue denegada por la Admi- nistración del Seguro Social— dichos documentos se le en-tregaron a los demandados peticionarios a pocos días de iniciar el juicio.

Lo expuesto forzó a los demandados-peticionarios a rea-lizar una vigilancia al segundo día de iniciado el juicio para así poder indagar sobre la supuesta incapacidad total de la codemandante recurrida señora Berríos Falcón. El argu-mento de los demandantes recurridos de que la prueba fue sorpresiva carece de mérito debido a que ésta le fue notifi-cada con cuatro meses de anticipación a la solicitud de la presentación del DVD y la representación legal de los de-mandantes recurridos se negó a aceptarla porque iba a ob-jetarla, lo cual hizo.

Entendemos que dada la situación particular de este caso, una notificación de cuatro meses de anticipación a la presentación de la prueba es suficiente para no constituir una sorpresa, siempre y cuando el propósito del DVD sea impugnatorio y cumpla con lo dispuesto en el acápite II. Las razones expuestas por los demandados peticionarios para realizar la vigilancia —una vez comenzado el juicio en su fondo— son justificables y válidas, máxime cuando la codemandante recurrida, señora Berríos Falcón, no residía en Puerto Rico.

Por otro lado, y atendiendo la alegación de los deman-dantes recurridos, el que los demandados peticionarios ha-yan contestado las preguntas nueve y diecisiete del inte-rrogatorio que se les sometió no impide que los demandados peticionarios hayan tratado de obtener infor-mación adicional. Las contestaciones a las preguntas nueve y diecisiete del interrogatorio no permiten inferir que éstos iban a dejar de indagar o tratar de descubrir prueba adicional. Muestra de ello es que en la contestación a la pregunta número nueve alegaron que sometieron toda la información que hasta ese momento habían obtenido y en la pregunta diecisiete indicaron que sometieron toda la prueba hasta ese entonces recopilada. Estas expresiones no son indicativas de que los demandados peticionarios desis-tirían de seguir investigando sobre el caso, más aún cuando la declaración de incapacidad y la prueba susten-tándola se les presentó a escasos días de dar comienzo a las vistas judiciales. El permitir tal alegación provocaría una desventaja indebida hacia la parta demandada peticionaria.

No obstante lo aquí expresado, resulta un deber ineludi-ble del Tribunal de Primera Instancia el cerciorarse sobre la debida autenticación del DVD con supuesta prueba im-pugnatoria por contradicción y determinar si cumple con los requisitos expuestos en el acápite II para su admisibilidad.

IV

Por lo anterior, nos resulta forzoso concluir que la con-tención en cuanto a que el DVD estaba en poder de los demandados peticionarios antes del juicio en su fondo ca-rece de méritos. Las gestiones realizadas por los demanda-dos recurridos para obtener la supuesta prueba impugna-toria se debió a la notificación tardía de los informes acreditativos de la supuesta incapacidad total, tanto física como emocional de la codemandante recurrida, señora Be-rríos Falcón, así como el hecho de que cambió su residencia fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, hecho que clara-mente dificultó la labor investigativa de los demandados peticionarios.

Por todo lo antes expuesto, revocamos el dictamen recu-rrido emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el presente caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos acorde con lo aquí expresado.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con una opinión escrita, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Concurrimos con la Opinión del Tribunal en tanto y en cuanto revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Ape-laciones en el caso de autos. A nuestro juicio, y según surge claramente de los hechos narrados en dicha opinión, es indudable que la presentación del videodisco digital (DVD) en controversia no fue tardía ni sorpresiva. Sin embargo, consideramos que la única normativa aplicable en este caso es la relacionada con el descubrimiento de prueba y la conferencia con antelación al juicio, la cual es parte de nuestro ordenamiento procesal civil. Por consiguiente, aunque coincidimos con la Opinión del Tribunal en la que se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones, hemos decidido hacer constar por separado nuestro criterio al respecto.

I

Según surge de la extensa relación de hechos contenida en la Opinión del Tribunal, en este caso se presentó una demanda de daños y perjuicios el 12 de abril de 2004 contra varios demandados a raíz de un accidente automovilís-tico en el que resultó lesionada la Sra. Lilliam Berrios Falcón. En lo pertinente al asunto ante nuestra considera-ción, la señora Berrios Falcón alegó que como consecuencia de dicho accidente sufrió una incapacidad total, tanto física como emocional. Luego de presentada la demanda, y en medio de la fase relativa al descubrimiento de prueba, la señora Berrios Falcón contrajo matrimonio con el Sr. Gregorio López Serrano y se mudó a Springfield, Massachusetts.

Así las cosas, a sólo quince días antes de comenzar el juicio, y luego de un extenso proceso de descubrimiento de prueba, la señora Berríos Falcón informó que había reci-bido una declaración de incapacidad total de parte de la Administración del Seguro Social debido a su condición emocional. Es tras solicitar información adicional al res-pecto que los demandados, Puerto Rican American Insurance Company y Néstor Rullán Ruiz, se percatan de que el Seguro Social denegó la petición de incapacidad que la señora Berríos Falcón sometió en relación con su condición física. Por eso, éstos iniciaron una vigilancia el 9 de mayo de 2007 —a sólo un día de comenzar el juicio— para deter-minar si en realidad la señora Berríos Falcón estaba físi-camente incapacitada.

La presente controversia versa, precisamente, sobre la presentación del DVD que contiene las imágenes obtenidas como resultado de la mencionada vigilancia, concluida en febrero de 2008. A tales efectos, el 20 de febrero de 2008, los demandados le notificaron a la señora Berríos Falcón —a través de sus abogados— la existencia del DVD. Esto es, se le notificó el mismo mes en que finalizó la vigilancia.

El 17 junio de 2008, tras concluir el desfile de prueba de la señora Berríos Falcón, los demandados solicitaron auto-rización al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, para presentar el mencionado DVD y, así, refu-tar las alegaciones de la demandante. Oportunamente, me-diante orden dictada el 24 de junio de 2008, dicho foro au-torizó la presentación del DVD.

Inconforme, la señora Berríos Falcón recurrió al Tribunal de Apelaciones. En síntesis, argumentó que la pre-sentación del DVD era tardía e improcedente en derecho, pues los demandados tuvieron oportunidad de realizar la mencionada vigilancia antes de que se presentara el in-forme de la conferencia con antelación al juicio. Por su parte, los demandados argumentaron que no habían po-dido realizar la vigilancia anteriormente, pues no había surgido la necesidad para ello. Además, señalaron que du-rante el período previo al inicio del juicio, la señora Berríos Falcón se mudó a Estados Unidos, lo que dificultó entablar un proceso de vigilancia como el que es objeto del presente caso.

Examinado el asunto, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro de instancia mediante una sen-tencia de tres páginas. En esencia, resolvió que al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil los demandados te-nían “un deber continuo de informar a las partes la prueba que va surgiendo”. A su vez, dicho foro concluyó que los demandados no cumplieron con su deber de “informarle al Tribunal su intención de reservarse el derecho para pre-sentar el vídeo”. Por consiguiente, a juicio del Tribunal de Apelaciones, procedía revocar la orden del foro de instancia que autorizó su presentación.

Tras considerar las circunstancias particulares de este caso, así como la normativa procesal aplicable, concurri-mos con la Opinión del Tribunal en cuanto a que el foro apelativo intermedio erró al revocar la orden emitida por el tribunal de instancia. No obstante, como no coincidimos con todos los fundamentos de la Opinión del Tribunal, por este medio hacemos constar nuestra posición. Veamos.

II

En Puerto Rico, las partes en un caso civil tienen el derecho de realizar descubrimiento de prueba sobre cual-quier materia no privilegiada que sea pertinente al asunto en controversia, ya se relacione con una reclamación o con una defensa. En este sentido, las Reglas de Procedimiento Civil permiten solicitar información en torno a la existen-cia, descripción, naturaleza, custodia, condición y localiza-ción de cualesquiera libros, documentos u objetos tangibles. Además, se puede solicitar descubrimiento sobre la identidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes a la solución de la controversia objeto del pleito. Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En particular, nuestro ordenamiento procesal civil re-quiere que se descubra, previa petición de una parte, todo aquel documento u objeto que haya sido preparado con an-terioridad al juicio por o para la otra parte o su representante. Entre éstos se incluye cualquier material que se haya preparado para ser presentado en la vista en su fondo. Ahora bien, en cuanto a este extremo, las Reglas de Procedimiento Civil excluyen del descubrimiento de prueba las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales de los abogados. Regla 23.1(b) de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Como se sabe, las normas antes citadas persiguen cua-tro objetivos fundamentales para el cabal desenvolvi-miento del proceso judicial: (1) precisar los asuntos en con-troversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio; (3) facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpe-tuar evidencia. Por ello, hemos resuelto que el descubri-miento de prueba en el contexto civil debe ser amplio y liberal. En este sentido, el descubrimiento de prueba en Puerto Rico se rige por un concepto de mayor alcance que la admisibilidad de la información solicitada. Ello así, pues al amparo de la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, supra, se puede solicitar prueba que aim cuando no sea pro-piamente admisible, puede conducir razonablemente al descubrimiento de evidencia que sí lo sería. Regla 23.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véanse: Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 152 (2000); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994); Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982).

Cónsono con lo anterior, la Regla 23.1(d) de Procedi-miento Civil, supra, establece el deber continuo de notifi-car toda información adicional que se obtenga luego de ha-ber cumplido con una solicitud de descubrimiento, siempre y cuando guarde relación con lo que anteriormente se haya revelado. Así, pues, nuestras reglas procesales pretenden facilitar “la tramitación de los pleitos y evita [r] los incon-venientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959).

Por otra parte, la Regla 37.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, faculta a los jueces de instancia para que, en el ejercicio de su discreción, ordenen a los abogados de las partes que comparezcan a una conferencia con antela-ción al juicio. Los propósitos de dicha conferencia son, en-tre otros: simplificar las cuestiones litigiosas, determinar si es necesario enmendar las alegaciones, estipular hechos para evitar la presentación de prueba acumulativa, revelar la identidad de los testigos que se espera utilizar en el juicio y tomar cualesquiera medidas que sean necesarias para fomentar la pronta disposición del caso. Además, luego de celebrarse dicha conferencia, el tribunal de ins-tancia debe preparar un informe que gobernará el curso subsiguiente de los procedimientos, a menos que sea modi-ficado en el juicio para impedir una manifiesta injusticia. Véase, e.g., Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).

Debido a la importancia de esta normativa para el trá-mite más eficiente de los asuntos civiles ante la considera-ción de nuestros tribunales, la Regla 37.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, les concede discreción a los jueces de instancia para sancionar el incumplimiento con sus disposiciones. En este sentido, dicha regla permite que se desestime la demanda, se elimine las alegaciones del de-mandado o se condene a la parte en incumplimiento a pa-gar costas y honorarios de abogado. Además, se puede emi-tir cualquier otra orden que sea justa en respuesta a la desatención de las citadas normas.

De todo lo antes expuesto, se pueden destilar cuatro conclusiones principales. Primero, el descubrimiento de prueba en Puerto Rico es de naturaleza amplia y liberal. Segundo, los diversos métodos dirigidos a descubrir prueba tienen el fin primordial de fomentar la solución más efi-ciente de las controversias y facilitar la búsqueda de la verdad. Tercero, para evitar la presentación sorpresiva de prueba en medio del juicio, las partes que anteriormente hayan contestado una solicitud de descubrimiento de prueba tienen el deber continuo de notificar cualquier in-formación adicional que obtengan y que esté relacionada con dicha petición. Cuarto, aunque el informe que se ge-nere como producto de la conferencia con antelación al jui-cio rige los procedimientos subsiguientes en todo caso civil, el mismo no constituye una camisa de fuerza que elimine la discreción de los jueces de instancia para alterarlo en aras de evitar una patente injusticia.

Con ello en mente, consideremos las circunstancias par-ticulares del presente caso según la normativa antes reseñada.

III

A todas luces, en el caso de autos el Tribunal de Apela-ciones entendió que como la presentación del DVD en con-troversia no fue notificada al tribunal de instancia al mo-mento de redactarse el informe de la conferencia con antelación al juicio, los demandados no tenían el derecho de presentarlo para refutar la alegación de incapacidad fí-sica de la señora Berríos Falcón. Sin embargo, según he-mos visto, aun cuando la Regla 23.1(d) de Procedimiento Civil, supra, establece una obligación continua de informar en el contexto de las contestaciones a solicitudes de descu-brimiento de prueba, consideramos que en las circunstan-cias particulares del caso de autos, tal disposición no tiene el alcance que le ha dado el foro apelativo intermedio.

Primeramente, según destacó el propio Tribunal de Ape-laciones, en este caso los demandados le notificaron a la señora Berríos Falcón la existencia del DVD en controver-sia casi cuatro meses antes de solicitar su presentación en la continuación de la vista en su fondo. Por tal razón, el argumento de que el mismo constituye prueba sorpresiva carece totalmente de méritos. De hecho, el abogado de la parte demandante fue advertido de la existencia del DVD y se limitó a indicar que lo objetaría en el juicio. En este sentido, consideramos que los demandados cumplieron con lo requerido por la Regla 23.1(d) de Procedimiento Civil, supra, y el foro recurrido erró al exigirle algo más.

Por otra parte, el hecho de que el DVD no fue incluido como parte de la prueba de los demandados en el informe de la conferencia con antelación al juicio, no impedía que el juez de instancia, en un prudente ejercicio de discreción, autorizara su presentación. Al respecto, es preciso recordar que los demandados tuvieron que entablar una vigilancia audiovisual de la señora Berríos Falcón luego de comen-zado el juicio, debido a que fue en ese momento que se enteraron de que el Seguro Social le había denegado su reclamación de incapacidad física total. Así, pues, el juez de instancia actuó correctamente al permitir la presenta-ción del DVD. De esta forma, enmendó el informe de con-ferencia con antelación al juicio al amparo de la amplia discreción que le conceden nuestras Reglas de Procedi-miento Civil.

Por lo tanto, concurrimos con la opinión del Tribunal en tanto revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apela-ciones en el caso de autos.

       Véase Apéndice del Certiorari, págs. 104-105.

       Íd., págs. 84-85.

       Íd., págs. 87-95.

       Íd., pág. 86.

       Íd., págs. 96-97.

       Íd., pág. 98.

         Informe de la Conferencia con Antelación al Juicio, esc. 3.

       Véase Apéndice del Certiorari, págs. 3-5.

       Íd., págs. 6-15.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

        Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 152 (2000).

        Rivera y otros v. Bco. Popular, supra; Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 129 D.P.R. 1042, 1049 (1992); Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984).

       Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 863 (1991).

       Canon XIV del Código de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.

        Pueblo v. Galindo González, 129 D.P.R. 627, 642 (1991). Véase Pueblo v. Figueroa Gómez, 113 D.P.R. 138, 142 (1982).

       32 L.P.R.A. Ap. IV.

        Pueblo v. Velázquez Colón, 174 D.P.R. 304 (2008); Pueblo v. Galindo González, supra; Pueblo v. Figueroa Gómez, supra.

       32 L.P.R.A. Ap. IV.

        Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

       32 L.P.R.A. Ap. IV.

        Pueblo v. Velázquez Colón, supra.

       Íd.

       Íd.

        Pueblo v. Galindo González, supra, pág. 644; Pueblo v. Velázquez Colón, supra.

       S.L. Emanuel, Emanuel law outlines, 5ta ed., Aspen, 2004, págs. 136-137.

       J.W. Strong, Me Cormick on Evidence, 4ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1992, Vol. I, págs. 182-188.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

        Pueblo v. Galindo González, supra, pág. 644.

        Pueblo v. Velázquez Colón, supra.

        Pueblo v. Galindo González, supra, págs. 645-646; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975).

        Pueblo v. Galindo González, supra, págs. 643-644.

       Cabe destacar que este recurso no es el primer incidente apelativo interlocu-torio en el que se ven involucradas las partes. Anteriormente se recurrió de una determinación del juez de instancia que denegó una moción de desestimación sobre una reclamación de lucro cesante. Véase Berríos Falcón v. Torres Merced, Rullán Ruiz, KLAN2008000213 (Sentencia de 15 de febrero de 2008). Posteriormente dene-gamos el auto de certiorari solicitado para revisar dicha sentencia. Véase Berríos Falcón v. Torres Merced, CC-2008-149 (Resolución de 25 de febrero de 2008). En cierta medida, pues, ello explica los intervalos de tiempo entre las distintas fases del desfile de prueba en la vista en su fondo.


text:
    Antonio Vázquez Vélez, demandante apelante, v. Carelyn Caro Moreno, por sí y en representación del menor A.Y.V.C., y Daniel Valentín Rodríguez, codemandados apelados.

      Número: AC-2008-89

      Resuelto: 1 de mayo de 2009
   RESOLUCIÓN

Expida la Secretaria un Mandamiento de Certiorari dirigido al Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ma-yagüez-Aguadilla, Panel X, para que a la brevedad posible remita a la Secretaria de este Tribunal los autos originales o una copia certificada en el Caso Núm. KLAN200800175, Antonio Vázquez Vélez v. Carelyn Caro Moreno por sí y en Representación del menor [A.Y.V.C.] y Daniel Valentín Rodríguez, a que se refiere la petición presentada en este caso.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez, al que se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

[T]he Court [ought] not reenforce needlessly the instabilities of our day by giving fair ground for the belief that Law is the expression of chance— for instance, of unexpected changes in the Court’s composition and the contingencies in the choice of successors. United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56, 86 (1950), opinión disidente del Juez Frankfurter.

El Tribunal hoy, con su proceder, allana el camino para revocar, o gravemente emascular, varias decisiones de este Tribunal. La vigencia continuada peligra para: Álvarezto-rre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398(2009); Gonzá-lez Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554 (2006); Castro v. Negrón, 159 D.P.R. 568 (2003); Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Texidor Díaz v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 666 (1967); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562 (1966). Disiento del curso que pretende trazar la mayoría en este caso no sola-mente porque lo entiendo errado como cuestión de derecho sustantivo, sino también porque con esta actuación el Tribunal propicia la inestabilidad y precariedad en el ordena-miento jurídico.

Una regla elemental de justicia exige tratar de igual manera a quienes se encuentran en situaciones análogas. De ahí la tradición jurídica que nos obliga a que una vez hayamos resuelto un asunto de determinada manera, la pauta establecida en ese caso deberá guiarnos en el futuro cuando nos confrontemos con asuntos iguales o similares. Esta tradición se asienta sobre varios principios u objetivos jurídicos, a saber: opera como garantía de certeza, de igual-dad ante la ley, de eficacia; constituye, además, un detente a la arbitrariedad en la toma de decisiones y, sobre todo, abona a la percepción de que se actúa justamente. Véanse: R. Aldisert, Precedent: What It Is and What It Isn’t; When Do We Kiss It and When Do We Kill It?, 17 (Núm. 3) Pepp. L. Rev. 605, 627 (1990); E. Maltz, The Nature of Precedent, 66 (Núm. 2) N.C.L. Rev. 367, 368-372 (1988).

Recordemos que nuestras opiniones son parte inte-grante del ordenamiento jurídico. En esta jurisdicción son ley al igual que las aprobadas por la Asamblea Legislativa. Almodovar v. Méndez Román, supra. En virtud de lo cual, no resulta saludable ni deseable para la función judicial que nuestras decisiones aparezcan como variables, contra-dictorias o impredecibles. De ordinario, éstas tienen que ser duraderas y definitivas. Jueces, abogados, la comuni-dad jurídica y el público general tienen derecho a desean-sar en nuestros precedentes para guiarse en la administra-ción de sus asuntos.

Cabe destacar que nuestras opiniones son el resultado del estudio cuidadoso, ponderado e informado de la contro-versia que se nos presenta y de la norma que habremos de pautar. Los asuntos que llegan a nuestra atención son com-plejos y delicados. En muchas ocasiones, la solución dis-puesta en la opinión que publicamos tendrá serias y graves repercusiones para la parte perdidosa. Cómo resolver o qué posición asumir respecto al dictamen que se emite es un proceso que conlleva un delicado y metódico ejercicio de reflexión, que se revela, en ocasiones, muy angustioso. Que poco después del dictamen cambiemos de opinión y pense-mos que la norma adoptada no es la más acertada, o que consideremos que la norma establecida no resuelve todas las posibles permutaciones de la controversia planteada originalmente, o que deseemos explorar otras avenidas, no son razones suficientes para dejar sin efecto un precedente ya establecido. Se requiere mucho más. Se requiere, como hemos dicho en el pasado, que nuestra decisión anterior haya sido tan manifiestamente errónea que no se puede sostener sin violentar la razón y la justicia. Véase García Fernández, Ex parte, 44 D.P.R. 296, 297 (1932). Véanse, además: Capestany v. Capestany, 66 D.P.R. 764, 767 (1946); San Miguel, etc. & Cía. v. Guevara, 64 D.P.R. 966, 974 (1945); Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72, 79 (1942). Cuando abandonamos un precedente ponemos en entredicho los principios axiales del Derecho de trato igual, de estabilidad y certidumbre, y de confianza en nuestro propio quehacer jurídico.

No abogamos por un estado de derecho estático e inmutable. En circunstancias apropiadas, resulta indispensable y deseable la revisión de un precedente y su re-vocación, si es que queremos un ordenamiento jurídico dinámico y viviente. Para ello es necesario, sin embargo, que se den varias circunstancias las cuales están ausentes en esta ocasión. Primero, que la norma adoptada se revele inconsistente y antagónica con otras normas establecidas posteriormente. Segundo, que la norma establecida resulte inoperante por la carencia de estándares objetivos y mane-jables para su aplicación. Tercero, que las condiciones que hicieron posible el primer dictamen cesen o pierdan eficacia. Y, por último, procede la revisión de un precedente cuando el razonamiento jurídico sobre el cual se asentó la norma establecida ya no responde a los valores de una so-ciedad moderna, diversa y plural. Así, de ordinario, el transcurso del tiempo resulta necesario para la ocurrencia de algunas de las circunstancias que ameritan la altera-ción de un precedente. Es decir, la estabilidad del Derecho requiere que nuestros dictámenes se apliquen consistente-mente por un periodo de tiempo pues sólo de esa forma se puede calibrar la eficacia de la norma pautada. Sólo el paso del tiempo nos permite, con rigor jurídico, concluir que la norma pautada ha sufrido tal grado de erosión que se re-quiere su sustitución. Vemos que estos son requisitos seve-ros y rigurosos. Así debe ser.


text:
      In re Rolando Anglada Gil.

      Número: TS-8492

      Resuelto: 11 de mayo de 2009

      Rolando Anglada Gil, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación y el In-forme sobre el Estado de Obra Notarial Incautada, se reinstala al Ledo. Rolando Anglada Gil al ejercicio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo