text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Nieves, acusado y apelante.
    No. 3315.

    Visto: Diciembre 13, 1927.

      Resuelto: Diciembre 24, 1927.
    1. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo —De la Sentencia. — Cuando el delito mencionado en una acusación y aquel por el cual se es condenado están comprendidos en el realmente imputado en dicha acusación — de la cual puede derivar el acusado la información nece-saria para preparar su defensa — no puede sostenerse que sea nula la sen-tencia condenatoria dictada.
    2. Derecho Penal — Castigo y Prevención del Delito — Pena Excesiva. — Exa-minados los antecedentes del caso y atendida la gravedad del delito imputado, se resolvió que la pena de un año y medio de cárcel impuesta, no es excesiva.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por el delito de acometimiento y agresión grave.

      Confir-mada.

      P. Baigés Gómez y R. Rioera Zayas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Calificando el delito de ataque para cometer homicidio, el Fiscal del Distrito de Mayagüez acusó a José Nieves porque en “uno de los días del mes de febrero de 1927. . . . ilegal, voluntaria y maliciosamente y con propósito firme de darle muerte, acometió y agredió al ser humano Alberto Valentín, con una pistola, infiriéndole una herida de bala, con la intención de cometer homicidio.”

• La vista de la causa fué señalada para junio 21, 1927, y, según rezan los autos, al darse lectura a la acusación el acusado se declaró culpable de acometimiento y agresión grave y la corte lo condenó a sufrir un año y medio de cárcel abonándosele el tiempo que hubiere estado en prisión.

No conforme con la sentencia apeló el acusado para ante este tribunal. Señala dos errores, a saber; que la acusación no contiene hechos suficientes y que la pena impuesta es excesiva.

Argumentando el primero sostiene que la acusación es fatalmente defectuosa porque no informa al acusado de la naturaleza y la causa de los hechos constitutivos del ataque para cometer homicidio.

No estamos conformes. El acusado pudo derivar de la acusación tal como está redactada toda la información nece-saria para prepararse para su defensa. Si en algo es defectuosa la acusación es en que imputa un delito mayor, el de atentado a la vida. Pero como tanto el delito de ataque para cometer homicidio mencionado por el fiscal como el de acometimiento y agresión de que se declaró culpable y por el cual fué condenado el acusado están nece-sariamente comprendidos en el delito realmente imputado, el defecto no vicia de nulidad el proceso.

En cuanto a la pena, examinados los antecedentes, en modo alguno resulta excesiva. Hemos visto que el hecho tal como se describe constituía un delito verdaderamente grave. Grave también era como se calificó. Y la pena señalada por la ley para el delito de que se declaró culpable el propio acusado puede llegar hasta dos años de prisión y mil dólares de multa.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Alfredo Anavitate, acusado y apelante.
    No. 3344.

    Visto: Diciembre 13, 1927.

      Resuelto: Diciembre 24, 1927.
    Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — De la- Evidencia — Su Suficien-cia — Suficiencia para Sostener Convicción. — La mera presencia de un acu-sado cerca de un alambique destilando detrás de una casa y el hecho de que él viviera en ella no constituyen una cadena de evidencia circunstancial sufi-ciente para declararle culpable en ausencia de que él ayudara o contribuyera a su funcionamiento o de que fuera el duefio de la casa y de los terrenos en que el alambique fué encontrado.
    SENTENCIA ele Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por infracción a la Ley de Prohibición Nacional.

      Re-

      vocada.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto por poseer un alambique en con-travención a las disposiciones de la Ley Nacional de Prohi-bición. La única prueba contra él fué la declaración de un policía, quien halló un alambique destilando detrás de la casa de Ramón Camacho, al acusado parado cerca del alam-bique y que aquél vivía en dicha casa. Es enteramente evi-dente que estos hechos no constituían una cadena de evi-dencia circunstancial suficiente para declarar al acusado culpable. Si se hubiese demostrado que el acusado en alguna forma ayudaba o contribuía al funcionamiento del alambi-que, Bland v. State, 244 S. W. 1023, sería ésta una circuns-tancia que bastaría para declararle culpable, pero su mera presencia es consistente con el hecho de que se hallara allí inocentemente por curiosidad o por pura casualidad. Tal vez se presentaría un caso distinto si el acusado hubiese sido el dueño de la casa y de los terrenos en que el -alambi-que fué encontrado.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: En Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe Alvarez, acusado y apelante.
    No. 3178.

    Visto: Diciembre 1, 1927.

      Resuelto: Enero 10, 1928.
    1. CARRETERAS' — REGLAMENTACIÓN Y USO PARA EL TRÁNSITO-USO DE LA CARRE-TERA y Ley del Camino — Delitos en General. — Cuando no se trata de un caso do emergencia o do seguridad por parte del que guía un carro de que la carretera esté libre, éste actúa sin tomar las precauciones debidas cuando lo conduce por la izquierda do una carretera, especialmente al tomar una curva.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Conocimiento Judicial, Presunciones y Peso de la Prueba — Conocimiento Judicial — En General. — El Supremo no ■ puede tomar conocimiento do que generalmente exista la práctica do si unos carros corren lentamente al bajar una pendiente mientras los que suben lo hacen más rápidamente ni puede asumir que no se varió la misma en un caso dado.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — En General. — Si bien en algunos casos una relación consistente hecha por los testigos de cada parte tal vez provoque una ligera sospecha durante la vista, sin embargo, cuando los hechos son simples, el ser estrictamente consistentes las declaraciones do los testigos no debe causar gran sorpresa en la mente del juez sentenciador.
    4. DERECHO PENAL — EVIDENCIA-TESTIMONIO DE CÓMPLICES Y CO-ACUSADOS-AD-MISIBILIDAD del Testimonio — -Declaración de Cómplices. — El hecho de que un testigo pueda ser cómplice del acusado no implica que su declaración deba excluirse en la vista contra éste; sólo so requiere que sea corroborada sufi-cientemente.
    5. Derecho Penal — Partícipes en los Crímenes — Cómplices en General — In-tención Común. — Cuando dos personas no son culpables de la comisión del mismo delito, y cada uno de ellos, de ser culpables, lo son de haber come-tido cada uno un acto delictivo independiente, ellos no son cómplices y menos en ausencia de indicio alguno de una intención común.
    SenteNcia. de E. S. Mestre, J, (Aguadilla), condenando al acusado por infracción al Art. 328 del Código Penal.

      Confirmada.

      Buenaventura Esteres, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo con el artículo 328 del Códig'o Penal todo conductor de un vehículo de motor o de cualquier otro ve-hículo movido por fuerza, que negligentemente lo dejase o hiciese chocar causando daño a otra persona, es culpable de un delito. El apelante y José García Carbonell conducían sus automóviles por la carretera escarpada que se dirige a Aguadilla y sus automóviles chocaron. Durante la vista de este caso cada uno de ellos imputaba la culpa al otro, e in-sistían en que el otro estaba al lado indebido de la carre-tera.

El apelante alega que no se demostró que él actuara con imprudencia temeraria y descuido. Sin embargo, una persona actúa sin tomar las precauciones debidas cuando camina por la izquierda de una carretera, especialmente al tomar una curva, como ocurrió en el caso que tenemos a la vista. Desde luego, no estamos considerando las actuaciones de una persona en casos de emergencia, o cuando la persona que guía está segura de que la carretera está libre. De creerse la prueba de El Pueblo, demostraba que Garbo-nell procedió con el debido cuidado mientras que el acusado no lo hizo así.

Durante la vista de este caso, así como en su alegato, el apelante trata de convencernos de que la prueba fue apreciada erróneamente por la corte. Insiste en que en esta altura escarpada, cerca de Aguadilla, los carros que bajan la pendiente están obligados a correr lentamente, mientras que los que suban caminan con mucha más rapidez. Puede ser que en algunas ocasiones los carros que suban la pendiente corran con más rapidez y que los carros que van bajando generalmente tengan que hacer uso de la segunda, según se alega. Pero esta corte no puede tomar conocimiento judicial de que generalmente existe tal práctica ni podemos asumir que no se varió la misma en el presente caso. Incumbía a la corte determinar a qué grupo de testigos debía darse crédito' y no vemos razón alguna para' intervenir con la discreción de la corte inferior. De igual modo, si bien en algunos casos una relación consistente hecha por los testigos de cada parte tal vez provoque una ligera sospecha durante la vista, sin embargo, cuando los hechos son simples como en este caso, el ser estrictamente consistentes las declaraciones de los testigos no debe causar gran sorpresa en la mente del juez sentenciador. Nada hay que indique que las declaraciones de los testigos fueran fabricadas. Tampoco hallamos nada que distinga el presente de un caso corriente en que hay conflicto de prueba.

Se señala como error el haberse permitido a Carbonell que declarara contra el acusado. El caso fue visto originalmente en la corte municipal, donde tanto Carbonell como el apelante fueron acusados de infracción al artículo 328 del Código Penal. El apelante alegaba que Carbonell era un cómplice.

Aun suponiendo que Carbonell fuera tal cómplice, no obs-tante, no debe excluirse la declaración de un cómplice en la vista de un caso, sino que su declaración debe ser corro-borada. En este caso hubo amplia corroboración.

Quizá una de las dificultades en este caso es que el acusado y Carbonell no eran culpables de la comisión del mismo delito; cada uno de ellos, de ser culpable, había cometido un acto delictivo independiente. No hay indicio de una intención común y difícilmente podría pensarse en que ellos eran cómplices.

El mero hecho de que se acuse a una persona de un de-lito conjuntamente con otra, no le convierte ipso facto en un cómplice. Creemos, teniendo en cuenta la presunción de honestidad que existe, que a quienquiera que confíe en el hecho de que otra persona es un cómplice incumbe probar tal hecho.

No hallamos que se haya cometido, error y la sentencia apelada debe, ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Jesús María Santiago, demandante y apelado, v. Joaquín Saúl, demandado y apelante.
    No. 3945.

    Visto: Noviembre 12, 1926.

      Resuelto: Enero 10, 1928.
    1. Negligencia — Gatjsa Próxima del Daño — Causa Eficiente — Violación de la Ley. — Cuando en un cruce de calles el conductor de un automóvil no reduce la Velocidad, ni da aviso de su aproximación y choca con otro vehículo, el accidente es debido a la falta de cumplimiento del conductor del deber impuéstole por el artículo 12 (g) de la Ley No. 75 de 1916 (pág. 152).
    2. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia — Sustan-cias Peligrosas, Maquinarias y Otros Agentes (Instrumentalities) — Ve-hículos dic Uso Privado. — Cuando ocurre un accidente debido sólo a la falta do cumplimiento del conductor de un automóvil del deber impuéstole por el artículo 12 de la Ley No. 75 de 1916 (pág. 152) y a consecuencia del acci-dento, so lesiona un pasajero que va en dicho automóvil, el conductor — dueño —es responsable.
    SenteNcia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      A. Soto Gras, abogado del apelante; Carmelo Honoré, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado, apelante ahora, no compareció al juicio en la corte inferior y el único motivo que alega contra la sentencia que lo condenó a pagar al apelado determinada cantidad de dinero como indemnización por daños y perjui-cios es que la corte cometió error al dictar la sentencia ape-lada; alegación que es tan general que no permite conocer por esa especificación por qué la sentencia es errónea, aun-que después el apelante en diversos apartados de su argu-mentación concreta cuáles son los errores que atribuye a la corte sentenciadora.

Los hechos ocurridos, según aparecen de la transcrip-ción de la evidencia, son que denunciado el apelante por un inspector de Sanidad, que no es el apelado, y ordenado por una corte municipal que el inspector de Sanidad Jesús Ma-ría Santiago hiciera una inspección ocular en una casa del apelante, éste llevó en su automóvil al mediodía al apelado y a otras personas y entrando en la calle de Loíza en San-turce continuó por ella hasta que al llegar a la intersección de esa calle con la de la terraza del Parque, en el sitio en que ésta es continuada por la Avenida de Diego, ocurrió un choque entre el automóvil del apelante Saúl, que él guiaba, y otro automóvil, como' consecuencia del cual el ape-lado fue lanzado fuera del vehículo que lo conducía y reci-bió algunos golpes de consideración.

Declarando Jesús Santiago en el juicio dijo que Saúl llevaba su automóvil a una velocidad bastante grande: que oyó un klaxon y gritó a Saúl para que aguantara el automóvil, pero que como iba a velocidad bastante grande metió los frenos en medio de la carretera, se ofuscó y llegó el otro auto y lo cogió por detrás. David Barclay iba delante con Saúl en el automóvil de éste: dijo que el auto de Saúl iba a una velocidad bastante regular y que cuando salió de la calle de Loíza para coger la Avenida de Diego y del Parque venía otro automóvil y oyó’ que uno de los que iban en la parte de atrás decía “Saúl, que nos mata ese ca-rro,” y en eso tropezaron los automóviles: que el de Saúl iba por el centro de la cade y que al llegar a ese cruce no tocó klaxon ni redujo la velocidad. Martín Rubio vió el automóvil de Saúl ya cerca do la bocacalle a bastante velo-cidad, caminando por el medio de ella y no oyó que tocara bocina, aunque sí oyó la de otro automóvil que iba detrás de él, al que dejó paso. Gualberto Román iba a pie por la calle de Loíza desde la parada 44 basta la terraza del Par-que, en dirección contraria a la que llevaba el automóvil de Saúl, que según él caminaba a gran velocidad, y que llegó otro automóvil a menor velocidad y lo enganchó por detrás. Matilde Grajales, el inspector de Sanidad que pre-sentó la denuncia contra Saúl, iba en el automóvil y cuando caminaban por la calle de Loíza a velocidad un poco ligera dijo a Saúl “Allá viene un carro, acorta la velocidad,” pero él no hizo caso y ocurrió el choque; que Saúl iba por el medio y no tocó 1claxon ni bocina. Arturo Santiago era el chauffeur del otro automóvil y dijo que al salir a la boca-calle vió un automóvil que iba y para defenderse de él des-vió el suyo hacia la calle del Parque, pero chocaron, y que el otro automóvil iba a mucha velocidad.

Dice la Ley No. 75 de 1916, reglamentando el uso de vehículos de motor en esta isla, en su artículo 12, que las personas que manejen vehículos de esa clase en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la segu-ridad de vidas y propiedades; disponiendo en. su apartado “g” que al acercarse al cruce o unión de calles o caminos, o a una escuela, durante horas en que sea probable la en-trada y salida de estudiantes, la velocidad deberá ser redu-cida, dando aviso con el aparato correspondiente.

Basta recordar los hechos que aparecen de las. pruebas en este caso para llegar a la conclusión de que el apelante no cumplió con la ley citada, pues al llegar al cruce de la calle de Loíza con la terraza del Parque y Avenida de Diego no redujo la velocidad que llevaba, no obstante las adver-tencias que le hicieron las personas que había en el automóvil ni di ó aviso con el klaxon o la bocina de su aproximación a dicho sitio, a pesar de que el automóvil con que chocó díó dicho aviso, por lo que tenemos que llegar a la conclusión de que el accidente que produjo las lesiones por las cuales reclama el apelado fue debido únicamente a la falta de cumplimiento por el apelante de ese deber impuéstole por la ley para el cuidado razonable de las personas que viaja-ban en su automóvil y de las otras personas que se aproxi-maran a dicho sitio, y por lo tanto, no podemos declarar que la prueba no sostenga la sentencia condenatoria apelada.

En vista de la anterior conclusión, huelga considerar si se probó o no que el automóvil caminase a una velocidad no permitida por la ley, ni. si el apelante entró en el cruce antes que el otro automóvil y que por esto debía confiar en que el otro detuviese su marcha.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3382.

    Visto: Diciembre 20, 1927.

      Resuelto: Enero 12, 1928.
    1. Domingos — Cierre de Establecimientos Públicos — Procesos por Violacio-nes a la Ley del Cierre — De la Evidencia — Su Suficiencia. — Prueba que a lo sumo tiendo a demostrar que el acusado — barbero ambulante — afeitó en su propia casa a otra persona, que en la habitación en que lo hacía había sillas grandes y un espejo, en ausencia de otra que. demuestro que allí había un taller o letrero de barbería o cualquiera otra señal que la indicara, es insuficiente para sostener convicción por tener un establecimiento comercial abierto al público.
    2. Domingos — Cierre de Establecimientos Públicos — Procesos por Violacio-nes a la Ley del Cierre — En General. — Un barbero que en su propia casa afeita a otra persona no es culpa,ble de tener un establecimiento al público.

      SenteNcia ele T. Bernarclini de la Huerta, J. Sustituto, (Guayama), condenando al acusado por infracción al artículo 553 del Código Penal.

      Revocada, absolviéndose al acusado.
    •A. Porrata Doria, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El inciso primero del artículo 553 del Código Penal, se-gún fue enmendado en 1925, Leyes de ese año, página 137, en su parte pertinente dispone que:

“Los domingos, durante todo el día; excepto cuando fueren do-mingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 p. m.; todos los días laborables desde las 6 p. m., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrarlos al público; y una hora después de cerrados, no se permi-tirá ninguna clase de trabajo para los empleados en los estableci-mientos comerciales e industriales, con excepción de los designados a continuación:

El apelante fue convicto por baber tenido su establecimiento comercial' abierto al público. La prueba a lo sumo tendió a demostrar que el acusado, que era un barbero ambulante, en su propia casa afeitó a otra persona; que en la habitación en que estaba afeitando había unas sillas grandes y un espejo, pero no hubo ninguna otra prueba de que allí hubiera ningún taller o letrero de barbería, o cualquiera otra señal que generalmente indica una barbería.

Por tanto, estamos inclinados a convenir con el apelante que un barbero que en su propia casa afeita a otra persona no es culpable de tener un establecimiento al público y más particularmente convenimos con el fiscal en que la prueba no tendió a demostrar que el apelante explotaba un establecimiento comercial según lo define el artículo 553, supra.

Aunque en el caso de El Pueblo v. Guillies & Woodward,. 20 D.P.R. 500, se resolvió que una barbería caía dentro de la sanción de la ley, este apelante no estaba explotando una barbería, según allí se definió.

Debe revocarse ¡a sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Rogelio Capestany, Miguel Bernard Silva y Francisco Moll Ferrer, acusados y apelados.
    No. 3149.

    Visto: Mayo 3, 1927.

      Resuelto: Enero 12, 1928.
    Derecho Penal — Licitación de los Procesos — Computación de la Prescrip-ción. — -El término dentro del cual deben ejercitarse las acciones penales por delitos graves fuera de asesinato, malversación de fondos o falsificación de documentos públicos, empieza a contarse desdo la fecha en que se decreta el arresto del acusado, o en su defecto, desdo la fecha en que se presenta la acusación.
    Resolución de R. López Antongiorgi, J. (Guayama), sobre excep-ción previa de prescripción declarando ésta con lugar y orde-nando el archivo y sobreseimiento de la causa.

      Revocada, y de-vuelto el caso.

      José. E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelante; Manuel A. Martinez DAvila, y A. Porrala, Doria, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la interpretación del art. 78 del Código Penal a los efectos de la computación del período de tres años dentro del cual puede ejercitarse la acción penal por cualquier delito grave fuera de asesinato, malver-sación de caudales públicos o falsificación de documentos públicos.

El 25 de octubre de 1926 se archivó en la Corte de Dis-trito de Guayama una acusación por el Gran Jurado contra Rogelio Capestany, Miguel Bernard Silva y Francisco Moll Ferrer, imputándoles la comisión de un delito de soborno perpetrado el 17 de octubre de 1923.

Los acusados formularon varias excepciones previas, en-tre ellas la de prescripción basándose en lo dispuesto en el art. 78 del Código Penal.

La corte se limitó a considerar la excepción de prescrip-ción, la declaró con lugar y en su consecuencia ordenó el ar-chivo y sobreseimiento de la causa.

No conforme el Pueblo de Puerto Pico, interpuso, por medio de su fiscal, el presente recurso de apelación.

La Corte de Distrito de G-uayama, razonando su resolu-ción se expresó como sigue:

“De la faz de la acusación aparece que ésta fué presentada a la Corte por el Gran Jurado el día 17 de noviembre de 1926, o sea, tres años y un mes después de perpetrado el delito. Los acusados fueron arrestados y puestos por vez primera bajo fianza, según consta de los autos de esta causa, los días 3 y 6 de julio de 1926 respectiva-mente. Veamos si el delito está prescrito.
“Preguntamos ahora: ¿Cuándo se entiende comenzada una ac-ción?
“En derecho civil, cuando se radica la demanda. Nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Civil, art. 38, así lo dispone expresamente al establecer que se da principio a una acción cuando se presenta la demanda. El Código de Enjuiciamiento Criminal no determina la manera clara y específica cuándo se da principio a una acción penal, pero sin embargo, encontramos que en el capítulo de dicho Código que trata sobre ‘Alegaciones y acusaciones’, artículo 67, se dispone que ‘la primera alegación de parte del Pueblo o poder público, es la acu-sación.’ Por acusación se entiende s„egún el artículo 68 del referido Código de Enjuiciamiento Criminal, ‘la alegación escrita hecha por un fiscal a un tribunal de distrito, en la cual se imputa a una persona la comisión de un delito público.’ De manera, pues, que de acuerdo con los anteriores preceptos, la acción penal no se inicia o comienza ante el Tribunal hasta tanto no se ha radicado la acusa-ción en la Secretaría de la Corte. En el caso que ahora nos ocupa, la'acusación fué presentada por un Gran Jurado, pero esta circuns-tancia, en nuestro concepto, viene a fortalecer más aún la opinión de este Tribunal en cuanto a que la acción penal no comienza hasta tanto no se ha presentado la acusación. El Gran Jurado es un cuerpo investido por la ley con la facultad de investigar los delitos que se cometan dentro de su distrito. No obstante, el arresto de una persona acusada por el Gran Jurado habrá de efectuarse por man-damiento de la Corte después de presentada la acusación por el Gran Jurado. De aquí que, en los casos de acusaciones por el Gran Jurado, como en el que se discute, la jurisprudencia sea más uni-forme, que cuando se trata de una acusación fiscal, en sostener que la acción penal no comienza hasta tanto no se ha radicado la acusa-ción. Veamos lo que a este respecto nos dice Corpus Juris, volumen 16, párrafo 355, página 230; de donde copiamos lo siguiente:
“ ‘COMMENCEMENT oe PROSECUTION. — 1.—In General. — If a statute provides that an indictment must be found within the period of limitation, a failure to find the indictment within such period bars the prosecution of the offense, and making a complaint before a magistrate and procuring a warrant for the arrest of accused, although there is a preliminary hearing and binding over, does not take the case out of the statute. On the other hand, where the statute simply provides that the prosecution must be commenced within a specified period a complaint and warrant of arrest issued thereon and executed without unnecessary delay will constitute a commencement of the prosecution. Of course under such a statute a prosecution may be by indictment, in which case it will be deemed commenced at the time the indictment is returned and presented to the court by the proper grand jury, and from that time the further running of the statute of limitation will be arrested. Similarly if the prosecution is by affidavit and information, then, and in such cases, the action may be deemed to be commenced at the time the information is filed with the clerk by the state through its proper officer.’
“Bn aquellos Estados donde rigen preceptos iguales o semejantes al contenido en el Art. 78 de nuestro Código Penal las cortes han reconocido y aceptado el principio de que la presentación de la acu-sación constituye el comienzo o iniciación de la acción. En el caso de Gardner vs. State, 161 Ind. 262; 68 N. E. 165, donde se discute ampliamente esta cuestión, la Corte Suprema de Indiana dice lo si-guiente :
“ ‘Without further consideration or references to authorities bearing upon the proposition, we are of the opinion, and so conclude, that the answer to the question above propounded must be that a criminal prosecution by indictment may be deemed and considered as commenced at the time the indictment is returned and presented to the court by the proper grand jury, and from that time the further running of the statute of limitation will be arrested. If the prosecution is by affidavit and information, then and in such eases the action may be deemed to be commenced at the time the information is filed with the clerk by the state through its proper officer. Gardner vs. State, 68 N. E. 165.
“Véanse además los casos de Jones vs. State, 14 Ind., 346; State vs. Smith, 72 Kan., 244.
“Finalmente diremos, en apoyo de la ieoría que hemos venido sosteniendo de que la acción penal no comienza, de acuerdo con el art. 78 del Código Penal de Puerto Rico hasta que se haya presen-tado la acusación, 'que es un principio reconocido por la jurispru-, dencia que los estatutos de limitación deberán siempre interpretarse razonablemente en favor del acusado y en contra del Pueblo. Corpus Juris, Vol. 16, párrafo 340, página 222.”

Parecen en verdad convincentes las razones expuestas por el ilustrado juez de distrito. Sin embargo, un estudio detenido de la cuestión nos lleva a una conclusión contraria.

El artículo 78 del Código Penal, copiado del original in-glés, dice:

“The prosecution for any felony other than murder, the embezzlement of public money, or the falsification of public records, must be commenced within three years after its commission.”

Y el artículo 800 del Código Penal de California es como sigue:

“An indictment for any other felony than murder, the embezzlement of public money, or the falsification of public records, must be found, or an information filed, within three years after its commission. ’ ’

Si el legislador puertorriqueño hubiera usado como el californiano las palabras “An indictment .... must be found” no habría cuestión. Tendrían entera razón los acu-sados y la corte de distrito, pero nuestra Legislatura se se-paró del modelo y usó las palabras “The prosecution . . . . must be commenced” y la situación varía.

Desde el año de 1905 esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. McLeary, en el caso de El Pueblo v. Rivera et al, 9 D.P.R. 403, 407, se expresó así: '

“El distinguido abogado sostiene que dirigir un proceso significa hacerse cargo do la causa después de haber sido presentada la acusa-ción, y no incluye la preparación o presentación de la misma. A los efectos de este argumento parece importante determinar cuándo prin-cipia el proceso o qué es lo que constituye el principio del proceso. Se ha dicho por autoridad respetable que cuando la ley no prescribe lo contrario, el principio del proceso es el mandamiento de arresto' y no la subsiguiente acusación o presentación de la misma. Con-súltense los siguientes casos: Clayton vs. State, 127 Alabama, 550; Leake vs. State, 22 La. Ann., 550, Carr vs. State, 36 Tex. Crim. App. 390.
“En el caso dc Harnett vs. State, 42 Ohio St. Rep. 568, la Corte Suprema del estado de Ohio resolvió que cuando una persona es arrestada y debidamente encarcelada por el delito de que es acu-sada más tarde, el proceso de ese delito está pendiente desde el mo-mento en que esa persona está arrestada y encarcelada. Además de estas autoridades puede consultarse el Diccionario de Bouvier, tomo 2do., página 784, en donde se define la palabra proceso, como sigue: ‘Los medios que se adopten para traer ante la justicia a un supuesto delincuente y castigarle siguiendo debidamente las prácti-cas establecidas por la ley.’ Se hace referencia al caso siguiente: 34 La. Ann. 1198.
“Es evidente que el principio del proceso es el arresto o el primer paso dado por el fiscal, cualquiera que sea, a fin de traer al de-lincuente ante la justicia.’’

En el caso citado de Ohio, Hartnett v. State, 42 Ohio 568, 576, la Corte Suprema de dicho estado, dice:

“El Sr. Wharton en su tratado sobre Enjuiciamiento y Práctica Criminal dice en el índice: ‘El proceso generalmente empieza al prestarse el juramento ante el magistrado,’ y en la sección primera dice: ‘La forma ordinaria en que comienza un proceso criminal es cuando se presta un juramento preliminar ante un magistrado, en virtud del cual se expide una orden de arresto contra el acusado.’
“El Sr. Bishop, en su tratado sobre Enjuiciamiento Criminal, dice en el párrafo 28, ‘Este capítulo os presentará, en una corta re-seña, los pasos consecutivos que hay que dar en un proceso criminal. ’ Luego en la sección 29 divide estos pasos en la siguiente forma: ‘I. — Los pasos anteriores a la acusación o denuncia; II. — Los que hay que dar hasta que se dicta sentencia después de oída la prueba; III. — Desde que se declara al acusado culpable hasta que se cumple enteramente la sentencia.’ ‘Párrafo 30. Para sentenciar y castigar :a un acusado debe estarse en posesión de su persona. Por tanto, .generalmente, cuando se ba cometido un delito y las sospechas recaen sobre determinada persona, lo primero que debe hacerse es arres-tarlo. ’
“El primer paso, la orden de arresto, el encarcelamiento, la de-claración fundada del cargo por el gran jurado, que se convierte en la acusación, la lectura de ésta, la alegación del acusado, el juicio, el veredicto, la sentencia y su ejecución son considerados como pa-sos consecutivos posteriores en un proceso criminal.
“Entonces, desde el momento en que se expide la orden de .arresto y se encarcela al acusado por un delito del cual se le acusa mas tarde, la causa está pendiente.” Harnett vs. State, 42 Ohio State Reports. 568, 576.

Y en otro de los casos citados, el de State v. Williams, 34 La. Ann. 1198, 1199, la Corte Suprema, expresa:

“La defensa alega que el significado dado a la palabra ‘pro-ceso’ (Prosecution) en la Constitución, está indicado por el Art. ■5 que dispone que 'las acciones penales se entablarán mediante de-nuncia o acusación,’ etc. y concluye alegando que antes de presen-tarse la denuncia o acusación no se puede instituir un procedimiento ■con el fin de investigarlo parcialmente.
“Creemos que ésta es una definición demasiado limitada de la palabra ‘proceso’, palabra que se define como ‘medios adoptados para enjuiciar y castigar a un supuesto infractor mediante el debido procedimiento de ley.’ Bouvier p. 396.
“De acuerdo con nuestro sistema de derecho penal, un proceso tiene distintas fases o pasos: el primero es generalmente la decla-ración jurada o querella; le sigue la orden de arresto, y los demás pasos que tiene qué dar el juez instructor, quien después pasa la «ausa a la corte criminal correspondiente, donde el proceso sufre las siguientes etapas, o sea la presentación de la acusación al gran jurado, la lectura de la misma, el juicio y la convicción o absolución del acusado.
“Por consiguiente, el Art. 5 de la Constitución al referirse a 4procesos’ contiene una disposición relativa a la manera o forma de presentar la acusación; y al hablar de todos los procesos institui-dos, ‘en el Art. 130 de la Constitución’ se quiso decir todas las cau-sas criminales que puedan entablarse ante una corte.’’

Otro caso interesante es el de State v. Simpson, 76 N. E. 544. En él la Corto Suprema de Indiana, razona del si-guiente modo:

“So insiste primeramente en que la declaración jurada y la acu-sación demuestran que el proceso por el delito imputado ha prescrito, íll estatuto aplicable al caso lee .como sigue: ‘En todos los demás; casos los procesos por un delito deben entablarse dentro de dos años, de su comisión.’ Artículo 1665, Burns’ Ann. St. 1901. En la obra Bishop sobre Delitos Estatutorios, párrafo 261, este eminente autor,-, después de discutir la materia, dice: ‘ Se cree que es opinión general de nuestros tribunales que un proceso criminal se comienza cuando se presenta la denuncia a un magistrado y éste expide la orden de arresto.’ Esta conclusión está sostenida ampliamente por una co-lección copiosísima de casos ya resueltos. En el caso de 'State vs. Miller, 11 Humph. 505, al interpretar un estatuto similar al nuestro, se dijo: ‘La corte de circuito, refiriéndose al momento en que se halló que la denuncia era el principio del proceso, dentro del signi-ficado de la ley, ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia, sentencia de la cual el Procurador General, a nombre del estado, elevó un recurso de error a esta corte. Somos de opinión que el juez de circuito cometió error al interpretar el estatuto. Cuando-éste dispone que “la acción penal por cualquier misdemeanor deberá, entablarse dentro de doce meses,” entendemos que la legislatura se refiere al principio del proceso y no al momento en que se declara fundada la acusación. La expedición de la orden y el arresto del acusado y exigirle fianza para que comparezca ante la corte de cir-cuito, ciertamente que- equivale a procesar al infractor y de este proceso la expedición de la orden de arresto es el principio. La de-nuncia es la forma mediante la cual surge la controversia por que se juzga al acusado. Por tanto, es un proceso seguido por virtud do denuncia, a pesar de que el proceso se comienza mediante la or-den de arresto.. Lo que esto significa es que las acciones penales, por delitos de misdemeanor, que deban comenzarse mediante denun-cia o acusación, deberán entablarse dentro de doce meses. El límite-de tiempo se refiere al comienzo del proceso y no al momento en que se declara la acusación fundada.’ En el caso de State vs. Erving, 19-Wash. 435, 53 Pac. 717, sobre esta misma cuestión, la corte dijo: ‘Pero los abogados de la defensa están equivocados al asumir que este-caso no fué entablado dentro de los tres años de la supuesta comisión del delito, o sea, julio 11, 1894. De los autos y de los .alegatos de la. defensa se desprende suficientemente que el acusado fué arrestado el 22 de junio de 1897 y que por este mismo delito se le hizo ante un. juez de paz una investigación preliminar. Que como resultado de esa investigación se le detuvo para que compareciera a juicio ante una corte superior y eso equivalió al comienzo del proceso dentro del sig-nificado del estatuto.’ En el caso de State vs. Howard, 15 Rich. Law, 274, 282, la Corte de Apelaciones de Carolina del Sur dijo: ‘La denuncia presentada a un magistrado equivale al comienzo del pro-ceso c interrumpe la proscripción’ — citando los casos de State vs. Fraser, 2 Bay, 96; State vs. James, 2 Bay, 215; y State vs. May, 1 Brev. 160. En el caso de Ross vs. State, 55 Ala. 177, se resolvió que la corte instruyó correctamente al jurado al decirle que en un caso por el delito de hurto menor si la orden de arresto contra el acusado fue expedida y diligenciada por un funcionario autorizado, dentro de los doce meses de la comisión del delito, entonces el esta-tuto que prescribía que tales acciones debían entablarse dentro de-doce meses de su comisión, no era un impedimento. Véanse tam-bién los casos de Molett vs. State, 33 Ala. 408, 412; Commonwealth vs. Christian, 7 Grat. 631; Newell vs. State, 2 Conn. 38; y Rex vs. Willace, 1 East C. L. 186. Las cortes de última instancia de los Estados de Nebraska, California, Missouri y Florida han emitido opiniones que aparentemente están en conflicto con el resultado a que se ha llegado en los casos antes citados. Sin embargo, la dife-rencia es fácilmente explicable haciéndose un examen del contexto de la lejr de prescripción de dichos estados.” State vs. Simpson, 76 N. E. 544, 545.

En igual sentido se expresa la Corte Suprema de Kansas en el caso de State v. White, 92 Pac. Rep. 830.

Los casos de Gardner v. State 161 Ind. 262 y State v. Smith 72 Kan. 244, no tienen la fuerza que les da la corte de distrito.

Citaremos en extenso el segundo caso que se basa en el primero, y que tomamos de 83 Pac. 832. Es así:

‘‘Simón Smith apela de una sentencia condenándolo en virtud de una acusación por haber violado la Ley de Prohibición. El único motivo por el cual se solicita la revocación es que la corte permitió que los testigos declararan con respecto a ventas de licor efectuadas dentro de un período de dos años con anterioridad a la fecha en que se halló fundada la acusación. Hubo un intervalo de tres días en-tre la fecha en que se halló fundada la acusación y el momento en que se expidió la orden de arresto. El acusado alega que el proce-dimiento en su contra no empezó, para impedir los efectos de la prescripción, hasta que se expidió la orden de arresto,- que por lo tanto, no se le podía perseguir por un delito cometido más de dos años con anterioridad a esa fecha; y que por consiguiente la prueba debió haberse limitado a un período que empezó a transcurrir dos años antes de la expedición de la orden de arresto, en vez de dos años antes de hallarse fundada la acusación. Se basa en los casos de In re Griffith, 35 Kan. 377, 11 Pac. 174, e In re Clyne, 52 Kan. 441, 35 Pac. 23, los cuales resuelven que cuando se radica ante un magistrado una acusación imputando un delito grave, no se consi-dera que el proceso empieza sino hasta que se expide la orden de arresto, y ni aún entonces, a menos que se ejerza una diligencia ra-zonable al diligenciarla. En el caso de Griffith se dice: ‘La quere-lla es el paso inicial que determina si se va a empezar o no un pro-ceso, y la orden de arresto necesariamente no sigue a la formula-ción y radicación de la querella, como sucede cuando se radica una acusación. ’
“Un procedimiento instituido por medio de una acusación, según se ha sugerido, tiene un fundamento distinto. El estatuto (artículo 5568, Gen. St. 1901) dispone que, a menos que la corte dicte una orden especial, el secretario debe expedir una orden de arresto den-tro de los veinte días de haberse dado ñn al término. Por tanto, el mero hecho de que se halle fundada una acusación le impone el deber absoluto al secretario de expedir una orden de arresto dentro de un tiempo determinado. Hace que empiece a funcionar la ma-quinaria por medio de la cual, sin ulterior intervención del quere-llante, se instituye el proceso, dentro de un término que ha de con-siderarse como razonable, para el arresto del acusado. Cuando se demuestra que se ha ejercido debida diligencia, se considera que una acción criminal instituida por medio de querella ante un juez de paz imputando un delito grave ha comenzado al expedirse la orden de arresto, no importa cuán largo sea el intervalo que transcurra antes de diligenciarse la misma. In re Clyne, supra. Por clara ana-logía, resolvemos que cuando se trata de un proceso por medio de acusación, en que se le ha entregado a.1 alguacil (sheriff) la orden de arresto dentro del término estatutorio mencionado, la misma surte efecto por relación como si hubiese sido expedida inmediatamente al recibirse el informe del gran jurado; y se suspenden los efectos de la prescripción desde entonces. La cuestión sobre cuándo es que ha de considerarse iniciada una acción criminal ha recibido fre-cuentemente la atención de las cortes. En 19 A. & E. Encycl. o£ L. 166 ,se han recopilado algunos casos sobre la materia. Estos casos tienen poca o ninguna relación con la cuestión aquí envuelta, por-gue estaban afectados por diferencias de estatutos, y surgieron bajo circunstancias distintas — usualmente cuando el arresto babía prece-dido a la acción del gran jurado. Sin embargo, en el caso de Gardner vs. State, 161 Ind. 262, 68 N. E. 163, se presentó la cues-tión aquí envuelta bajo un estatuto substancialmente igual al de Kansas, y la Corte, después de revisar extensamente las autoridades, resolvió que se empezó el proceso y se interrumpió la prescripción desde el momento en que se halló fundada la acusación, indepen-dientemente de la fecha en que se expidió la orden de arresto, sos-teniendo expresamente un criterio distinto sobre este punto el caso de Flick vs. State, 22 Ind. App. 550, 51 N. E. 951.” State vs. Smith, 83 Pac. Rep. 832.

Como puede verse la fecha de la presentación de la acu-sación precedía a la del mandamiento de arresto y se sos-tuvo entonces que el proceso había comenzado al presentarse la acusación.

En Puerto Rico una vez que se presenta una denuncia al Fiscal éste procede a la investigación del caso actuando como un magistrado investigador y si encuentra motivos suficientes para ello decreta el arresto del acusado y es en verdad desde ese momento que la maquinaria de la Justi-cia se mueve contra determinada persona y, parece lógico que, dados los términos del estatuto, sea ese el momento básico para computar la prescripción. Si el arresto no se hubiere decretado, entonces sería la presentación de la acu-sación la que debería tomarse en cuenta. Parece conve-niente hacer referencia al artículo 5 del Código Penal.

Siendo esto así, habiéndose arrestado a los acusados en los días 3 y 6 de julio de 1926, una simple operación arit-mética demuestra que no había transcurrido entonces el tér-mino de tres años que fija el estatuto y por tanto que la acción que tiene El Pueblo para perseguirlos no ha pres-crito.

• Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la reso-lución apelada y devolverse el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos de conformidad con los prin-cipios establecidos en esta opinión.


author: El Juez Asociado Seño®. Wole,

text:
    Don Alejandro, Don Andrés, Don Pedro, Doña María de la Paz, Doña María Julia, y Doña Rafaela Franceschi, Doña Teresa Capó, Viuda de Antonsanti, Doña Carmen Don Frank y Don Luis Antonsanti, y Teresa, Elena, Miguel y Carmen, hijos de Don Miguel Antonsanti, representada esta última por su defensora judicial guardián, ad litem, Doña Teresa Capó, Viuda de Antonsanti, demandantes y apelantes v. La Sociedad Civil Agrícola “Mario Mercado e Hijos”, demandada y apelada.
    No. 3934.

    Visto: Enero 18, 1927.

      Resuelto: Enero 16, 1928.
    1. Quiebras — Derechos, Remedios y Rehabilitación (Discharge) del Quebrado —De la Rehabilitacióh — En General. — Una resolución cx-parte sobrese-yendo y archivando un procedimiento de quiebra por sí sólo, no rehabilita al quebrado; para rehabilitar a éste y colocarle en situación de podor de-mandar en reclamación de propiedad bajo custodia legis con motivo do tal procedimiento, hay que hacer mucho más que tal sobreseimiento y archivo.
    2. Desistimiento y Non Suit — Involuntario—Abandono o Capacidad de la Instancia.- — Una corte de distrito no tiene autoridad para librar ox-parte una resolución sobreseyendo y archivando un procedimiento de quiebra ini-ciado en el año 1885 por falta de caducidad de la instancia y a moción de los herederos de los socios de la sociedad que se adjudicó en quiebra por virtud de dichos procedimientos.
    3. Sentencia — Confusión (Merger) Impedimento r Obstáculo (Dar) de Cau-sas de Acción y Defensas — Sentencias Eficaces Como Impedimento (Bar) — En General. — Dietado un fallo en que la corte resuelve, entre'otras cosas, que los demandantes no tenían capacidad para seguir el pleito y que so necesitaban medios, no cumplidos, para rehabilitar a un quebrado, la obtención de una orden de una corte de distrito archivando el pleito de quiebra no introduce nuevos elementos bastantes para permitir a los de-mandantes y apelantes presentar un nuevo pleito bajo la teoría de que la causa de acción ha variado,' y la decisión anterior os completamente res judicata.

      i. Quiebras — Ley de Quiebras de 1898 — Efecto Retroactivo. — La ley de quie-. bras de 1898 no tiene efecto retroactivo sobre quiebras que ya habían sido declaradas como tales ni por ellas las cortes insulares fueron privadas de la jurisdicción que ya habían adquirido.
    5. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notificación — Notificación del Escrito de Apelación — Su Suficiencia — Notificación al Sub-secretario. — En las ape-laeiones, se cumple eon la ley suficientemente al hacer la notificación, del escrito de apelación al sub-seeretario, en vez del secretario mismo.
    6. Apelación y Error — -Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notifi oación — Escrito de Apelación — Iden-tificación de la Sentencia Apelada. — Cuando sólo ha habido una senten-cia., una apelación do la sentencia la identifica suficientemente.
    7. Apelación y Error — Bequisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notificación — Notificación del Escrito de Apelación — Su Suficiencia. — Cuando existen varios demandantes y el es-crito de apelación dice “la demandante apela de la sentencia” y está fir-mado por el “abogado de los demandantes” la notificación de apelación se estima que es suficiente (decisión por mayoría).

    8. Apelación y Error — Desestimación, Betiro y Abandono — Palta de Juris-dicción Apelativa. — Cuando hubiere dudas respecto a si la corte hubiere adquirido la debida jurisdicción apelativa a los efectos de la concesión o denegación do una moción de desestimación, os preferible resolver la cues-tión en el sentido de decidir el recurso sobre sus méritos.
    Sentenota de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      11. Cuevas Zequeira, Frank Antonsanli, Ricardo Gomes y R. Arjona Siaca, abogados de los apelantes; Alberto y José A. Poventud, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Con anterioridad al 8 de junio de 1885 existía en G-ua-yanilla la sociedad mercantil de Antonsanti &¡ Francescbi. En dicho día la sociedad solicitó de la corte correspondiente la declarara en quiebra. El 12 de junio de 1885 se hizo la adjudicación de quiebra y se nombró un comisario y un de-positario. Los miembros de dicha sociedad eran J. Angel Eranceschi y Francisco Antonsanti. Este pleito fué enta-blado conjuntamente por todos los herederos de cada uno de dichos socios. Después de varios pasos preliminares, in-cluyendo una contestación y un juicio, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia a favor de la demandada.

Anteriormente, mientras el procedimiento de quiebra es-taba en el mismo estado en que había permanecido durante años, todos los herederos de dichos dos socios radicaron una demanda, similar por su naturaleza a la presente. Tanto la Corte Suprema de Puerto Rico como la de Circuito de Apelaciones han conocido de dicho pleito y han resuelto a favor de la demandada. Este caso puede hallarse en 26 D.P.R. 495, bajo el título de Franceschi et al. v. Trujillo & Mercado.

En dicho caso esta corte revisó los hechos en virtud de los cuales la hacienda “Rufina,” que anteriormente perte-necía a la firma en bancarrota, pasó a la demandada. Los herederos de un acreedor hipotecario habían entablado un procedimiento para ejecutar la hipoteca. Ellos entablaron la demanda contra el síndico en el procedimiento de quie-bra. Los herederos de la firma en quiebra entre otros ata-ques habían impugnado el procedimiento hipotecario por el fundamento de que el síndico no tenía representación de la firma en quiebra y que por lo tanto no podía ser deman-dado en el procedimiento ejecutivo hipotecario. Los enton-ces demandados, quienes son en efecto la demandada en el presente caso, alegaron que los herederos de Antonsanti y Franceschi no tenían capacidad para demandar.

Esta corte entonces revisó el estado de la ley con res-pecto a la suspensión de los procedimientos de quiebra y re-solvió que' dichos procedimientos no habían sido suspendi-dos y por consiguiente que los entonces demandantes no te-nían capacidad para demandar. Los apelantes en el pre-sente caso parecen creer que meramente resolvimos que ellos, los herederos de Antonsanti y Franceschi, no habían dado los pasos necesarios para suspender el procedimiento de quiebra. Decidimos más. Inherente a nuestra decisión, y creemos que lo dijimos directamente, estaba la proposi-ción de que la sociedad quebrada no tenía poder para suspender el pleito o para efectuar su rehabilitación a menos que se tomaran ciertos pasos, entre ellos notificar a los acreedores y darles la oportunidad de ser oídos en el pro-cedimiento de quiebra. Citamos al efecto del tomo 96 Jur. Civ. 822. Un procedimiento de quiebra concierne más que a nadie a los acreedores. En el presente pleito se levantó la alegación de res adjudicaia.

Con el fin de tratar de cansar mía rehabilitación, los aquí demandantes el 30 de diciembre de 1918 obtuvieron una orden de la Corte de Distrito de Ponce. Esta orden, copiada de la demanda enmendada, dice así:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, año 1885, caso civil relativo a la quiebra de Antonsanti y Fran-cesehi, procedente. del extinguido Juzgado de Primera Instancia de Ponce, P. R. Resolución. Dada cuenta por el Secretario de esta Corte, de que el caso arriba mencionado, titulado QutebRA de Arr-toNSANti & FraNceschi, fue radicado en el año 1885, y que no se lia hecho progreso alguno durante los líltimos 25 años en el mismo, la Corte por la presente, y teniendo en cuenta la Regla para el so-breseimiento de casos civiles vigente en esta Corte de Distrito, apro-bada en 21 de Julio de 1917, y además las secciones 410, 411 y 412 de la Ley de Ery. Civil española relativa a la caducidad de la ins-tancia y el caso de Sue. Chavier v. Sue. Giraldez, resuelto por el Non. Tribunal Supremo de Puerto Rico, reportado en .15 D.P.R. pá-gina 154, por la presente ordena y decreta el sobreseimiento y ar-chivo de todos los autos de este caso de quiebra.”

No hallamos nada en esta orden que cause la re-habilitación de los anteriores demandantes o que les ponga ante las cortes en una situación que no tenían antes. El procedimiento fue enteramente ex parte. Las partes no tra-taron de notificar a ninguno de los anteriores acreedores, según habíamos resuelto que era necesario, y la orden puede considerarse que es enteramente nula. Es posible que pu-diéramos haber estado equivocados pero así se resolvió y ello es obligatorio para los actuales demandantes. El caso anterior tan sólo por esta razón es res adjudicata.

Además, la resolución en términos únicamente desesti-maba el procedimiento. Ello equivalía al archivo del pro-cedimiento de quiebra. Resolvemos que era necesario hacer mu(!ho más para rehabilitar a los quebrados y colocarles en situación de poder demandar, reclamando propiedad que es-taba en custodia legis con motivo del procedimiento de quie-bra. En un procedimiento de quiebra el archivo o la tenta-tiva de sobreseer el procedimiento no rehabilita al quebrado.

También podría sugerirse que la actuación de la corte hizo que la propiedad quedara en gremio le gis. Los que-brados no tenían más derecho a ella que los acreedores.

No estamos resolviendo que el síndico no era una parte demandada adecuada en el pleito original o algo así. Es-tamos siguiendo las presunciones de la demanda. Resolve-mos mi poco más estrictamente que la Corte de Distrito de Ponce no tenía autoridad para librar ex parte la resolución que dictó.

Igualmente dudamos que los herederos de la sociedad en quiebra tuvieran personalidad alguna en el procedimiento de quiebra y que la firma misma en quiebra pudiera hacer otra cosa que no fuera pedir su rehabilitación. Se nos ocu-rre que el tratar de rehabilitar a un quebrado es similar a la posición de un demandado contra quien se ha dictado sentencia y solicita se desestime el recurso por no haberse expedido nunca orden de ejecución. La adjudicación es equi-valente a una sentencia. In re McKee, 214 Fed. 891.

Siendo de la naturaleza de una sentencia, lo único que un quebrado puede abandonar es el derecho a ser exone-rado o rehabilitado. Un procedimiento de quiebra tiene dos aspectos. Una cosa es la entrega del activo a sus acreedo-res. Otra su rehabilitación. Bajo circunstancias como las del presente caso, hasta que el quebrado sea rehabilitado, puede decirse que está civiliter morimos y no tiene persona-lidad ante ninguna corte. Artículos 1035, 1036, 1168 y 1169 del Código do Comercio de 1829, vigente al tiempo en que se hizo la petición de quiebra; Herndon v. Howard, 9 Wallace 664; Fisher v. Vose, (La.) 38 A. D. 243, 244; In re Henry Wood Sons Co., 279 Fed. 608. Según la resolución de diciembre 30, 1918, la firma en quiebra se hallaba más lejos que nunca de la posibilidad de ser rehabilitada o de adquirir un estado civil. Conforme dijimos en nuestra de-cisión anterior, los herederos d<? los socios individuales no pueden adquirir ningunos derechos que la firma en quiebra no tenía.

La Corte de Distrito de Ponee dictó una opinión en el presente pleito y estamos inclinados a convenir con sus fun-damentos principales, incluyendo el hecho de que la entidad social de Antonsanti & Franceschi independientemente de .sus socios individuales nunca fué rehabilitada; La corte inferior estaba enteramente en lo cierto al decir que la situa-ción legal no había variado. No estamos de acuerdo con la apelada en que la ley de quiebras federal de 1898 privó a la Corte de Distrito de Ponce de jurisdicción.

Nada hay en dicha ley que cambie la regla general de que un estatuto tiende a mirar hacia adelante y es para aplicarse a acciones presentadas en el futuro. Nos senti-mos obligados a resolver que la ley de 1898 no tenía efecto retroactivo sobre quiebras que ya habían sido declaradas •como tales, y que las cortes insulares no fueron privadas de la jurisdicción que ya habían adquirido. La suspensión de los procedimientos locales contenida en las leyes nacionales se refiere únicamente a procedimientos futuros.

La apelada presentó una moción de desestimación. Creemos que se cumple con la ley suficientemente al hacer la notificación al subsecretario, en vez de al secretario mismo. 'Qui facit per alium, facit per se. La notificación de la apelada prima facie era correcta.

Similarmente, como tan sólo hubo -una sentencia, hay jurisprudencia al efecto de que una apelación de la sentencia la identifica suficientemente.

Aunque los otros miembros de este tribunal sustentan un criterio distinto, el juez que suscribe tiene serias dudas respecto a si esta corte adquirió la debida jurisdicción por otro motivo. El escrito de apelación, aunque está firmado por R. Arjona Siaca, “abogado de los demandantes,” dice: “La demandante apela de la sentencia.” Ha-bía catorce o más demandantes y no se identifica cuál de ellos es el que apela. En mi pleito como el presente no hay lugar a duda de que uno solo que apelara no podría trans-ferir la jurisdicción. De todos modos es imposible deducir del escrito mismo cuál de los demandantes es el que apela. Ciertamente la antigua sociedad de Antonsanti & PrancescM no es la que está apelando, ni tampoco la palabra “deman-dante” describe todas las sucesiones, ya que hay dos. Su-poniendo que la Corte de Circuito de Apelaciones condenara en costas, nadie sabría contra quién proceder. Este mismo error tiende a demostrar que los apelantes estaban pensando en acontecimientos enteramente relegados al pasado.

Bajo estas circunstancias, aunque el juez que suscribo se inclina a creer que nunca se transfirió propiamente la ju-risdicción a esta corte, estaría dispuesto a seguir el camino trazado por nosotros en el caso de Sucesión Igaravídez et al. v. Rubert Hermanos et al., 23 D.P.R. 293. Al final de la opinión dijimos :•

“I)e todos modos, si alguna duda pudiera liaber sobre denega-ción o concesión de la moción para que se desestime el recurso pre-ferimos resolverlo en el sentido de decidir el caso por sus mérito» por cnanto esa resolución conduce a la confirmación de la sentencia.”

Estando satisfechos de que nuestra decisión anterior es enteramente res adjudicata, y por los otros motivos indica-dos, la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor PIutchisoN,

text:
    Pedro Nuccio Manfre, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 704.

    Sometido: Enero 13, 1928.

      Resuelto: Enero 16, 1928.
    CONTRIBUCIONES — ■ CERTIFICADO DE VENTA-INSCRIPCIÓN-DENEGATORIA DE INS-CRIPCIÓN — Palta de Inscripción Previa a Nombre dea Contribuyente Mo-roso. — No existiendo presunción legal alguna al efecto de que se presume que una herencia ostá yacente o no reclamada ou ausencia de prueba en contrario, vendida una finca para el pago do contribución os inoeede denegar la inscripción del certificado do venta expedido por el colector cuando el inmueble en cuestión no aparece previamente inscrito a nombre del contri-buyente moroso — una sucesión — y sí a nombre do su causante.

      Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de copia certificada de- nn certificado de venta para el pago de contribuciones.

      Confirmada.

    El recurrente compareció a nombre propio; el registrador, recu-rrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor PIutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir una copia certificada de nn certificado de venta expedido por nn colector de rentas internas, fundándose en que el bien inmueble en cuestión no constaba previamente inscrito a nombre de la sucesión del contribuyente moroso.

El recurrente, comprador en la venta para satisfacer las contribuciones, alega que el dueño de la finca, causante de los contribuyentes morosos en cuyo nombre se vendió la finca, murió ab intestato, sin haber contraído matrimonio y dejando dos hijos naturales como presuntos herederos, y que no habiéndose instituido por estos hijos naturales nin-gún procedimiento sobre declaratoria de herederos, la he-rencia está yacente.

Sin embargo, ninguno de estos hechos aparece de la faz del certificado presentado para su inscripción, que fue la única prueba que tuvo ante sí el registrador al tiempo de hacer la anotación de que apela el recurrente, y no existe presunción legal al efecto de que se presume que una he-rencia está yacente o no reclamada en ausencia de prueba en contrario. Amy v. Aponte et al., 29 D.P.R. 145; Armstrong & Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606.

Véanse también los casos de Figueroa v. El Registrador, 18 D.P.R. 260; Pomales v. El Registrador, 19 D.P.R. 637, en que se basan ambas partes en el presente recurso, y Rodrigues v. El Registrador, 33 D.P.R. 823, y Dieppa v. El Registrador, 33 D.P.R. 880, citados por el registrador.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Joaquín Ramos, demandante y apelado, v. Sellés Casas & Co., y Santiago Iglesias Silva, demandados y apelantes.
    No. 4236.

    Visto: Enero 10, 1928.

      Resuelto: Enero 17, 1928.
    1. Sentencias — En Rebeldía — Requisitos y Validez — Jurisdicción para Dic-tarla. — Cuando en. acción originada de un contrato para cobro do dinero se dicta sentencia en rebeldía del demandado y el emplazamiento no cumple con lo que exige el inciso 4 del artículo 89 del Código do Enjuiciamiento Civil, la sentencia así dictada es nula.
    2. Sentencias — En Rebeldía — Requisitos y Validez — Preceptos Estatutorios. —Aún cuando en los casos a que se refiei'e el inciso 1 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, se ordena al secretario que anote la sen-tencia, la corte no pierde por ello su jurisdicción y puede intervenir y dictar la sentencia que fuere procedente.
    SENTENCIA de Gabriel Casiejón, J. (Humacao), condenando a la de-mandada Sellés Casas & Co., a pagar determinada suma al de-mandante, y a éste y al otro demandado, como contrademandados a pagar a Sellés Casas & Co. ciertas sumas, sin costas.-

      Revocada en cuanto por ella se condenó a Iglesias.

      González Fagundo <£• González Jr., abogados de la demandada Se-llés Casas & Co.; J. Vendrell, abogado de Santiago Iglesias y de Joaquín Ramos.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sellés Casas & Co. otorgó un pagaré a favor de Santiago Iglesias Silva por cinco mil dólares. Joaquín Ramos se constituyó en fiador de Sellés Casas & Co. El acreedor Igle-sias endosó el pagaré al American Colonial Bank. La deuda no fue pagada y el American Colonial Bank entabló para cobrarla una acción judicial contra el deudor y el fiador, obteniendo sentencia favorable, que fué satisfecha por el fiador.

El fiador entonces inició este pleito contra Sellés Casas & Co. en solicitud de que se condenara a la sociedad deman-dada a reintegrarle lo que pagó por ella.

Contestó Sellés Casas & ’Co. y a su vez contrademandó a Ramos. Además pidió que se incluyera como parte de-mandada en el pleito a Santiago Iglesias Silva. Accedió la corte y entonces formuló contra él una contrademanda su-pilcando una sentencia condenándolo a pagar todo lo que Sellés Casas & Co. tuviera que pagar a Bañaos y la suma de $3,606.33 que era en deberle según balance que arrojaban sus libros de cuentas.

Iglesias fue emplazado y no compareció. Tampoco asis-tió al juicio, en el que estuvieron presentes el demandante y la sociedad demandada. La corte finalmente dictó sen-tencia condenando a Sellés Casas & Co. a pagar al deman-dante Bamos $5,654.00, al contrademandado Eamos a pagar a Sellés Casas & Co. $1,591.05 y al contrademandado Igle-sias a pagar a Sellés Casas & Co. $3,606.33, más $1,750.00 importe de 35 por ciento a que quedara reducida la obliga-ción de $5,000.00 que cobró Iglesias indebidamente con mo-tivo de la quiebra de Sellés Casas & Co.', no obstante haberla endosado al American Colonial Bank.

No conforme Iglesias con la sentencia, interpuso el pre-sente recurso de apelación alegando que la corte actuó sin jurisdicción al dictarla, l9, porque el emplazamiento era nulo, y 29, porque no era a ella sino al secretario al que en todo caso le hubiera correspondido registrarla.

La parte apelada no compareció a la vista del recurso ni ha formulado alegato.

1. Examinemos el primer error.

El emplazamiento de que se trata, termina así:

“Y se notifica a usted que de no comparecer a contestar dicha demanda dentro de los diez días después de notificado si la notifica-ción se hiciere en el distrito, y dentro de los veinte días si se hiciere fuera del distrito, pero en la Isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días si se hiciere en otra parte, el demandante podrá ob-tener una sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda, según más arriba se expresa.”

No es suficiente porque no cumple con lo que exige el No. 4 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber:

“4. En una acción originada de un contrato para obtener dinero, o cl importe de daños y perjuicios solamente, se hará constar la pre-vención de que si no compareciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la suma.”

Por lo menos en tres decisiones de esta corte—Zapater v. Irizarry et al., 15 D.P.R. 538, Vías v. Sucesión Pérez et al., 15 D.P.R. 732 y Freiría & Co. v. R. Félix Hermanos & Co., 20 D.P.R. 159 — se ha decidido qne deben seguirse los términos del estatuto en el emplazamiento para que pueda dictarse una sentencia válida en rebeldía del demandado.

Bastaría lo dicho para decidir el recurso. Sin embargo, como el segundo fundamento envuelve una cuestión de práctica que no debe pasarse por alto, deseamos consignar que aunque la ley prescribe, artículo 194, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, que “en un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al Secretario de la Corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiere concedido; el secretario a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación ....,” y aunque éste fuera un caso en que de acuerdo con la ley hubiera correspondido al secretario registrar la sentencia, no hubiera perdido la corte su jurisdicción para intervenir y dictar la sentencia que fuere procedente. La regla es que sea la corte la que dicte la sentencia. Sólo existe la rara excepción indicada y en ella siempre actúa el secretario bajo la inmediata inspección de la corte que tiene facultades para anular si asi procediere la sentencia que registre el secretario.

Debe revocarse la sentencia apelada en cuanto por ella se condenó al apelante Iglesias al pago de $3,606.33 a la de-mandada Sellés Casas & Co., quedando subsistente en todo lo demás.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Agustín Roselló Bras, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 4174.

    Visto: Noviembre 27, 1927.

      Resuelto: Enero 18, 1928.
    ■1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Autenticación y Certificación — Transcripción de la Evidencia — Sello del Tribunal. — La transcripción original de la evidencia que se hace for-mar parte del récord de apelación no necesita estar autenticada con el sello del tribunal inferior.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord-Defectos, Objeciones, Enmiendas y Corrección — Defectos en la Auten-ticación del Récord. — Cuando como motivo de desestimación se alega la falta del sello de la corte inferior en la copia certificada del legajo de la sentencia y tal motivo ha desaparecido por la radicación y substitución posterior de otra copia que lleva dicho sello obtenida mediante el debido per-miso para ello, no procede desestimar.
    3. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Envío, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Palta de Servir Co-pia del Récord de Apelación y Efecto. — Cuando como motivo de desesti-mación se alega la omisión de certificar que se haya notificado al apelado con copia del legajo de la sentencia y tal omisión ha sido suplida por la ■ certificación del Secretario de la corte inferior, anexa al legajo al efecto de que él entregó a los abogados de la apelada copia de dicha transcripción, así como por otra del apelante, no procede desestimar por el motivo alegado.
    4. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — • Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Rela-ción de Hechos — Preparación y Radicación de la Transcripción de la Evidencia — En General. — Una corte de distrito tiene poder para ordenar la preparación de la transcripción de la evidencia aún cuando la moción soli-citando tal orden se radicare antes de archivarse el escrito de apelación.
    Moción sobre desestimación de apelación, .interpuesta ésta contra sentencia de Charles i?. Foote, J. (Mayag'üez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Sin hogar la moción.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; F. j M. Acosía Velarde, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

. La apelada solicita que desestimemos la presente apela-ción, entre otras razones, porque la firma del juez de dis-trito que certifica que la transcripción de la evidencia es completa, correcta y verdadera, no lia sido autenticada con el sello de la corte. El documento en cuestión es la trans-cripción original tomada directamente de las notas taqui-gráficas y certificada por la certificación original del taquí-grafo, a la cual sigue la del juez de distrito.

El artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Civil en que se basan los abogados de la apelada, dispone expresamente que (bastardillas nuestras):

“No será necesario estampar el sello de la corte en ningún pro-cedimiento o documento exceptuándose:
“1. En un auto.
“2. En un certificado de la comprobación de un testamento, o del nombramiento de un albacea, administrador, o tutor.
“3. Para dar autenticidad a la copia de actuaciones u otro pro-cedimiento de una corte, o de cualquiera de sus funcionarios, o a la copia de un documento archivado en la oficina del secretario.”

En 1917 la Legislatura dispuso que en vez de que se preparara una exposición del caso o un pliego de excepcio-nes se radicara una solicitud para que se hiciera y preparara la transcripción de la evidencia y de otras materias especí-ficas de los autos. Esta solicitud debe ser radicada dentro de los diez días de haberse archivado el escrito de apela-ción. Al recibo de esta solicitud, es el, deber de la corte expedir una orden dirigida al -taquígrafo. Luego se exige del juez de distrito que examine la transcripción y vea si es una copia exacta, fiel y verdadera del procedimiento habido durante la vista, de la prueba aducida, de las resoluciones y decisiones y demás particulares relacionados con la misma. Celebrada una vista con este fin, “.el juez entonces certifi-cará la fidelidad y corrección de dicha transcripción jr cuando sea así aprobada, constituirá y formará parte del legajo de la sentencia como si fuera el pliego de excepciones o exposición del caso previsto en el artículo 299 del ya ci-tado Código, procediendo se en todo lo demás como dispone el repetido artículo.”

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, se-gún fué enmendado en 1919, dispone, entre otras cosas, que:

"Constituirá el récord de una apelación la certificación que li-bran el secretario del tribunal a quo, o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, ex-cepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la evi-dencia de acuerdo con la ley. En este caso el récord de apelación estará constituido por dicha transcripción original y por certifica-ción de los demás documentos que constituyan el legajo de la sen-tencia autorizada en la forma prevista anteriormente.”

La ley de 1917 pudo haberse interpretado al tiempo de ser adoptada y en relación con el- artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil según regía entonces, en el sentido de querer decir que la transcripción de la evidencia, al ser certificada por el juez sentenciador, debía permanecer ar-chivada en la secretaría de la corte de distrito, y que el se-cretario debía incluir en el legajo de la sentencia y como parte del mismo, una copia certificada de tal transcripción certificada. Pero aunque la "transcripción original” men-cionada en el artículo 299, según fué enmendado, se hace formar parte expresamente de los autos de apelación, es claro que no forma parte del legajo de la sentencia según el mismo está definido por dicho artículo antes y después de la referida enmienda. "La dicha transcripción original” no es "la copia de actuaciones u otro procedimiento de una corte, o de cualquiera de sus funcionarios, o ... la copia de un documento archivado en la oficina del Secreta-rio.” Así interpretado en conexión con el artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Civil, el artículo 299, según fué enmendado, indica no solamente la omisión de cualquier re-quisito en cuanto al sello, sino también la intención delibe-rada por parte de la Legislatura de omitir tal formalidad.

Tampoco hallamos en el caso de Glas v. Glas, 114 Cal. 566, citado por la apelada, nada que surta efecto contra "la anterior conclusión.

La segunda y más seria razón en que se basa la propuesta desestimación, al efecto de que el sello de la corte no ha sido fijado en la copia certificada del legajo de la sentencia, lia sido eliminada por la radicación y substi-tución posterior de una copia que lleva el sello de la corte, y que fue obtenida mediante el debido permiso de este tribunal.

El tercer fundamento para solicitar la desestimación es que el abogado del apelante no certifica que baya notificado a los abogados de la apelada con copia del legajo de la sentencia, según lo dispone la Ley No. 27 de 1917, tal como fue enmendada por la Ley No. 81 de 1919. Sin embargo, esta omisión también lia sido suplida por la certificación del secretario de la corte de distrito anexa al legajo de la sentencia, en la que el secretario manifiesta que se les había entregado a los abogados de la apelada una copia de la misma transcripción, así como otra al abogado del apelante.

También se alega que debe desestimarse la apelación porque la moción solicitando que se ordene al taquígrafo que prepare la transcripción de la evidencia fué radicada antes de que se archivara el escrito de apelación.

Con respecto a esto, se nos cita el caso de Spear v. Monroe, 181 Cal. 728, como que resuelve lo siguiente:

“El dejar una parte que desea apelar siguiendo el método alter-nativo de radicar un escrito solicitando la preparación de los autos dentro del tiempo especificado, se dirige a la jurisdicción, en tanto en cuanto se refiere a tal preparación.”

Asimismo, se citan los casos de Schmidt v. White, 172 Cal. 554, 158 Pac. 216; Brown v. Superior Court, 175 Cal. 141, 165 Pac. 429; Des Granges v. Des Granges, 175 Cal. 67, 165 Pac. 13. Fiske v. Cosvey, 168 Cal. 334, 143 Pac. 611; Estate of Keating, 158 Cal. 109, 110 Pac. 109; McDowell v. Title Guarantee & Trust Co., 192 Pac. 103; y Valine v. Valine, 192 Pac. 69, en apoyo de la siguiente cita:

“Es esencial que la parte que desee obtener los autos de una apelación siguiendo el método alternativo deba comenzar los proce-dimientos para ello dentro del tiempo fijado por la ley. Si no se le hace al secretario la notificación exigida por la ley dentro del tiempo determinado por la misma, el apelante pierde su derecho de prepa-rar los autos de apelación siguiendo este método, y,los autos, si así se preparan, no pueden ser tomados en cuenta por la corte de ape-lación. El límite de tiemp<? prescrito por el código es imperativo y no discrecional y una interpretación distinta no está sostenida por las decisiones de la Corte Suprema ni en forma alguna está justifi-cada por el plan envuelto en la forma alternativa de apelar. El dejar de radicar un escrito solicitando la preparación del récord dentro del término fijado se dirige a la jurisdicción en tanto en cuanto se refiere a tal preparación.” 2 Cal. Jur. 625-626, sec-ción 345.

Lo que acaba de copiarse no se extiende a todo lo largo de la proposición sometida por la apelada, y es bueno asu-mir que, si en cualquiera de los casos citados “el escrito solicitando la preparación del récord” hubiese sido presen-tado antes de la radicación del escrito de apelación, y por ese motivo se hubiese resuelto que había sido presentado prematuramente, los abogados harían constar ese hecho.

Pero la apelada,, también hace referencia al caso de Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce, 30 D.P.R. 539, y Noriega & Alvarez v. The New York & Porto Rico Steamship Co., 33 D.P.R. 512, en apoyo de la proposición de que una moción radicada prematuramente carece de fuerza o efecto legal. En los dos casos últimamente men-cionados la cuestión resuelta surgió de la presentación pre-matura de un memorándum de costas. La base del proce-dimiento prescrito para la fijación de costas es una senten-cia ejecutable. Hasta que haya vencido el término para apelar, si no se ha apelado, o hasta que se reciba en la corte inferior la sentencia de la Corte Suprema, en caso de que se haya apelado, no surge causa de acción alguna con motivo del pronunciamiento de costas. Por tanto, la corte carece de jurisdicción para considerar un memorándum de costas radicado prematuramente.

Por otra parte, la autoridad de la corte para admitir y aprobar un pliego de excepciones o para aprobar una expo-sieión del caso no depende de que se apele, y, según ya he-mos indicado, la transcripción de la evidencia es substan-cialmente un substituto estatutorio del histórico pliego de excepciones o exposición del caso.#

“De acuerdo con la práctica estricta del derecho común, cada excepción debe ser reducida a la forma de un pliego al ser tomada, debiendo entonces ser propuesta por el abogado y resuelta y firmada por el juez sentenciador durante el juicio y antes del veredicto o de disolverse el jurado; pero para conveniencia de las cortes y el foro se implantó la práctica de permitir que al pliego de excepcio-nes se le diera debida forma después del juicio o de haberse dictado la sentencia; sin embargo, en tales casos el pliego de excepciones debe ser firmado nunc pro tunc, y se supondrá que está hecho en de-bida forma tal como si hubiese sido firmado durante el juicio .... En ausencia de un reglamento, bien mediante estatuto o regla de la corte en lo que respecta al momento en que debe presentarse un pliego de excepciones, éste deberá someterse dentro de un tiempo razonable, a discreción del juez sentenciador, con la cual no se in-tervendrá en apelación; y las cortes a veces adoptan por analogía el período de tiempo fijado para apelar, a pesar de que se ha resuelto que el vencimiento del período dentro del cual se puede apelar no impide necesariamente que se apruebe posteriormente el pliego de ex-cepciones. Pero tal pliego no puede ser presentado para su aproba-ción después de un lapso de tiempo tal que haga probable que los hechos y las circunstancias del juicio se hayan desvanecido de la mente del juez sentenciador y de las partes, a menos que haya al-guna minuta o memorándum de los procedimientos que puedan ser-vir de guía a la corte.” 4 C. J. págs. 267-271, párrafo 1810.

Interpretando la ley de 1917, según fné enmendada en 1919, a la luz de su historia y espíritu, estamos convencidos de que la intención de la Legislatura fue fijar un límite de tiempo, después de transcurrido el cual un apelante no puede seguir el método alternativo de preparar una trans-cripción de la evidencia antes de radicarse el escrito de apelación. Pero de ello no se desprende que fuera la inten-ción de la Legislatura privar a la corte de distrito del po-der que tiene para ordenar la transcripción, meramente por-que se haya radicado, por inadvertencia o alguna otra causa una moción solicitando tal orden antes de archivarse el es-crito de apelación, no obstante el hecho de haberse notifi-cado previamente el escrito de apelación a la parte contra-ria, en un caso en que en realidad no se invoca ni se ejerce tal poder hasta después que se radica el escrito referido

En el presente caso el escrito de apelación está fechado el 8 de mayo de 1926. A la firma del abogado del apelante signe un reconocimiento formal de haberse hecho la notifi-cación en igual fecha, suscrito por el abogado de la apelada. A eso sigue a su vez una marca de radicación de fecha 19 de mayo de 1926 en la copia certificada del legajo de la sen-tencia que primeramente se radicó aquí sin el sello de la corte — y de.fecha 19 de mayo de 1927 en la copia posterior de dicho legajo de la sentencia' que fué expedida bajo-el se-llo de la corte de distrito.

La moción de desestimación especifica el día 19 de abril de 1926 como la fecha de la sentencia, y en lo que a esto respecta está corroborada por ambas copias del legajo.de la sentencia. La moción de desestimación dice que el 12 de mayo de 1926 fué que se radicó la solicitud para que se or-denara la preparación de la transcripción. El abogado de la apelada, sin embargo, pasa por alto el hecho de que la copia certificada de la moción solicitando que se ordene al taquígrafo que prepare la transcripción, expedida igualmente bajo el sello die la corte y ofrecida en apoyo de la moción de desestimación, aunque tiene fecha de 12 de mayo de 1926, aparece radicada el 12 de mayo de 1927.

La copia certificada a que últimamente se hace referen-cia, de no ser controvertida, sostendría una moción de de-sestimación por el fundamento de que la corte inferior ca-recía de jurisdicción o de autoridad para dictar la orden en cuestión, porque la solicitud para que se expidiera la misma fué radicada después de haber transcurrido el pe-ríodo estatutorio. Pero ésta no es la teoría de la moción que estamos considerando. Desde el punto de vista de esa teoría, la copia certificada de la solicitud hecha fuera de tiempo prueba demasiado. Revela incidentalmente que en la secretaría de la corte de distrito hay una marcada indi-ferencia en lo que a fechas se refiere.

Según ya hemos indicado, es cierto que la copia certifi-cada posterior del legajo de la sentencia indica que el es-crito de apelación no fue radicado sino hasta el 19 de mayo de 1927, o sea, trece meses después de haberse dictado la sentencia. Además, por supuesto, si esta versión posterior y técnicamente más auténtica de lo que ocurrió en la corte inferior, es aceptada por lo que aparece de su propia faz, entonces la radicación de la motion para que se hiciera y preparara la transcripción sería aún prematura, de acuerdo con la teoría de la apelada. Sin embargo, la copia certifi-cada posterior del legajo de la sentencia no sólo está con-trovertida sobre este punto por la copia certificada anterior de los mismos autos, sino también por la certificación del juez sentenciador anexa a la transcripción de la evidencia que fue aprobada el 21 de marzo de 1927, así como por una preponderancia abrumadora de prueba documental en varios otros casos que por estipulación fueron sometidos con la prueba aducida en este caso en cuanto a los puntos princi-pales envueltos, y estando ahora pendientes en tales casos mociones similares para que se desestimen las apelaciones respectivas.

Se alega además que debe desestimarse la apelación por-que no aparece de los documentos que se dice constituyen el legajo de la sentencia que los mismos se encuentran ra-dicados en la corte inferior, y porque los documentos últi-mamente mencionados no son una copia fiel y exacta de sus originales, ya que se omiten el título de la acción y el nom-bre del notario o funcionario ante el cual se juró la contes-tación. Estas cuestiones, según están expuestas en el me-morándum sometido por la apelada en apoyo de su moción de desestimación no requieren, por ahora, seria considera-ción.

Bebe declararse, sin lugar la moción.