author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Jiménez, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por infracción a la .sección 10 de la Ley de Prés-tamos Agrícolas.
    No. 1945.
    Resuelto en enero 12, 1923.
    Préstamos Agrícolas — Apropiación—Depositario—Abuso le Confianza — De-lito Grave — Delito Menos Grave. — Aunque la apropiación de bienes por el depositario de ellos puede constituir un abuso de confianza, que es un de-lito grave, ello no impide que esa persona sea procesada por un delito menos grave constituido por distintos o semejantes elementos, cuando tal apTopia- • ción ha sido definida como delito menos grave por una ley especial sobre prés-tamos agrícolas.
    Id. — Id.—Acreedor—Marido y Mujer — Denuncia.—Cualquier persona, y entre ellas el marido de una acreedora, puede presentar una denuncia al amparo de la Ley de Préstamos Agrícolas, siempre que tenga conocimiento de los hechos del caso.
    Id. — Id.—Prisión por Deudas — Quebrantamiento de Ee. — La Ley de Présta-mos Agrícolas! no es anticonstitucional en el sentido de sancionar la prisión por deudas, pues su propósito no es castigar el hecho de dejar insoluta una deuda, sino el dejar de ser fiel a la fe depositada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. B. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de marzo de 1904, Leyes de la Sesión, página 131, la legislatura decretó una ley conocida por Ley de Préstamos Agrícolas. La ley en efecto prescribía sobre préstamos con la garantía de la propiedad del llamado agricultor. La sec-ción Ia de dicha-ley es como sigue:

“See. Ia. — Los agricultores pueden contraer préstamos sobre pro-ductos y efectos agrícolas, que guardarán cuidadosa y gratuitamente en su poder mientras sirvan de garantía al dinero prestado.”

La sección 10 prescribía en cuanto a la imposición de un castigo, a saber:

“Sec. 10. — El agricultor que cambie, venda o premeditadamente deteriore en perjuicio de su acreedor los objetos que le habían em-peñado y de los cuales él se constituyó depositario, incurrirá en misdemeanor. También incurrirá en misdemeanor el agricultor que aprecie los efectos en mayor precio del que tuvieren en el mercado el día en que se firmó el título. Y el agricultor que no entregaraen el acto de ser requerido por el juzgado, los efectos de que se constituyó depositario, será castigado por desacato según el Código Penal.”

La denuncia sometida a nuestra consideración alega subs-tancialmente que habiendo el acusado obtenido un préstamo por virtud de la referida ley con garantía de cierto café, dis-puso del mismo vendiéndolo en perjuicio de su acreedora, con las debidas referencias y alegaciones sobre malicia, etc. No se ataca la denuncia, suponiendo que la corte tenga jurisdic-ción y que la ley sea constitucional. El acusado fué decla-rado culpable y condenado a pagar una multa de noventa dólares, o en su defecto a sufrir una sentencia de cárcel.

Se queja el apelante de haberse cometido error, porque dice que como la suma envuelta era café valorado en $334.65, su malversación constituía un delito de abuso de confianza y felony, y por tanto que su moción de sobreseimiento debió ha-ber sido declarada con lugar en vista de que todos los delitos graves (felonies) han de perseguirse por acusaciones de un gran jurado. Este, sin embargo, es un proceso por virtud de la sección 10, supra, llamada específicamente' un misdemeanor. Que la malversación posiblemente pudiera ser un abuso de confianza no impide que se siga un proceso por un delito menos grave (misdemeanor) que envuelva otro o los mismos elementos. Dice el apelante que esta clase de razo-namiento es absurdo cuando se trata de una ley anticonstitu-cional, pero cuando discutía él este aspecto del caso no podía asumirse la inconstitucionalidad. Si la ley era anticonstitu-cional el proceso debe fracasar enteramente.

En el segundo señalamiento de error se ataca la capacidad de Víctor P. Martínez para formular la denuncia. Este era el esposo de la acreedora. Hay una larga serie de casos en esta corte que conducen a la conclusión de que cualquiera y. especialmente el que tiene conocimiento de los hechos puede presentar una denuncia. El apelante no nos hace cita alguna que nos obligue a variar nuestro criterio sobre el particular.

En su alegado tercer señalamiento de error ataca el ape-lante la constitucionalidad de la ley. Tres" son las razones que menciona: (o) que una persona puede ser castigada más. de una vez por el mismo acto, una por la venta y otra por de-sacato. La venta indebida es una cosa. El desacato puede, ser por dejarse de entregar la propiedad de la cual está en posesión el deudor y que no ha sido vendida.

(c) La razón que aquí se consigna es que esta ley resul-taría contraria con lo que estatuye el Código Penal respecto al abuso de confianza y conduciría, por tanto, a un absurdo. Otra vez la idea de que la acusación debe seguir la definición del delito de abuso de confianza, aunque no hay duda alguna de que la legislatura puede siempre establecer nuevos deli-tos que envuelven los mismos hechos. Muchos abusos de con-. fianza podrían tal vez caracterizarse como hurtos y bajo la ley común el hurto era uno de los medios de llegar a actos de abuso de confianza.

La razón principal es la que se consigna en el apartado (ó), o sea, que la propia sección 10 de la ley era un medio in-directo de cobrar una deuda mediante cárcel. Sobre este, punto hemos tenido algunas dudas. Existe, sin embargo, una fuerte presunción en favor de la constitucionalidad de la. ley. Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce et al., 19 D. P. R. 760; El Pueblo v. Neagle, 21 D. P. R. 356. La sección 10 no tiene por fin prescribir en cuanto a la falta de pago. El resto de la ley constituye al deudor en guardián o deposi-, tario de su propiedad, y la sección 10 le impone una pena por no ser fiel a su encargo o comisión. La persona que obtiene un préstamo agrícola no puede deliberadamente disponer de la propiedad garantizada sin incurrir en un delito menos grave. Si bien es cierto que la idea es la. garantía de la deuda, la 'obligación que se contrae para los fines del Código Penal es no disponer de la propiedad.

En cnanto a la sugestión de que estos préstamos a veces se obtienen sin que exista ninguna propiedad, la contesta-ción es que si tal becbo se desenvuelve durante el juicio, surge entonces, si no una certeza de inocencia, una fuerte duda de la culpabilidad de uno que no habiendo tenido nunca la propiedad podía disponer de lo que no existía. A pesar de' las falsas referencias dos personas no pueden contratar abiertamente en esta forma para someter a una de ellas a los castigos y penalidades de la ley. Dentro de estas circuns-tancias lo más probable sería que la ley no ayudaría a salir adelante aL denunciante.

También supone el apelante el caso de frutos por reco-lectar, vendidos por el deudor confiando en su otra propiedad garantizada para el pago de la deuda, y supone entonces que se pierda esta otra propiedad. Si el deudor, sin embargo, dispusiese de los frutos después de baber convenido no ha-cerlo, correría el peligro de un proceso. Aun cuando tenga razón el apelante tal situación podría quizá excluirse del efecto de la ley sin destruir su eonstitucionalidad para otros fines.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que no po-día castigarse a una persona por desacato por no entregar una propiedad inexistente, pero ésta no es una causa por de-sacato.

Según hemos indicado si bien pueden existir dudas de si en algunos casos la ley en cuestión no puede someter a una persona a sufrir prisión por deuda, el apelante nada ha pre-sentado a nuestra consideración que nos convenza de la anti-cbnstitucionalidad de dicha ley.

En cuanto al cuarto error o que el acusado en realidad ha sido puesto en peligro por el mismo delito, ya hemos indicado que el desacato descrito en la sección 10 y la disposición de la propiedad no envuelven necesariamente los mismos hechos. La sección 45 del Código Penal permite, además, la co-existencia de nn desacato y un delito. Dudamos también, en vista de los autos, de si la defensa de baber estado expuesto el acusado por segunda vez fué debidamente levantada.

Los demás errores alegados se refieren a la apreciación de la prueba, etc. Encontramos que la prueba es suficiente y no la expondremos en detalle. Parte de la prueba consis-tió en admisiones o confesiones del acusado respecto a la dis-posición de la propiedad. Dice el apelante que la alegada confesión no se hizo de acuerdo con la ley pero deja de es-pecificar la razón y no hay señalamiento de error en este sen-tido. Ni acredita tampoco el apelante que él levantara tal punto en la corte inferior.

Dice además el apelante que no se demostró que él se hizo cargo del café, pero tal hecho quedó suficientemente probado por lo que decía el contrato.

Tampoco nos aclara el apelante cómo es que el hecho de haberse renovado un contrato demostraría que no tenía él ningún café en su poder al tiempo de la renovación.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Calderón et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 545.
    Resuelto en enero 15, 1923.
    Estado Civil — Identidad de la Persona — Defecto Subsanable. — En el registro de la propiedad apareee inscrita una finca a nombre de A. adquirida bajo el estado civil de viuda. La corte de distrito competente deelaró herederos de A, fallecida siendo soltera, a sus hijos naturales reconocidos, quienes vendie-ron la finca expresando en la escritura que en el título de adquisición de su causante se hizo constar equivocadamente, por el mismo notario que auto-riza la venta, que la compradora A era viuda. Recurrida la nota que negó la inscripción de la declaratoria de herederos y de la venta hecha por éstos, se resolvió: que si bien la contradición constituye un defecto subsanable, por sí sola no es motivo para negar la inscripción, ya que son idénticos el nom-bre y apellidos y que la documentación revela que se trata de la misma persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los recurrentes: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Ciertos hijos naturales reconocidos fueron declarados únicos y universales herederos de Pilar Calderón Ortega, quien falleció siendo soltera y sin otorgar testamento.

Estos herederos en su capacidad de vendedores en una escritura de compraventa declaran solemnemente que los únicos bienes dejados por su madre natural fallecida es la finca objeto de dicha venta, la que fué adquirida por virtud de cierto documento público otorgado ante el mismo notario, en el cual se hizo constar equivocadamente que Pilar Calde-rón Ortega era viuda siendo en realidad el hecho que siempre fué soltera. El notario que redactó ambas escrituras certi-fica en el último documento que a su juicio las partes tienen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la escri-tura, y al final de la misma sin hacer ninguna indicación de reserva o limitación certifica además en cuanto al contenido.

El registrador denegó la inscripción de la declaratoria de heredero, en cuanto se refiere a la finca descrita en la escri-tura citada en último término, “por aparecer inscrita dicha finca a favor de Pilar Calderón Ortega, de estado viuda, se-gún el registro, persona distinta de la finada Pilar Calderón Ortega, que lo era de estado soltera, según los documentos presentados.”

Fué asimismo denegada la, inscripción de la escritura por aparecer inscrita la finca vendida, a favor de “ Pilar Cal-derón Ortega, persona distinta de los enajenantes.”

La propiedad no está inscrita, como alega el registrador, a favor de una persona que necesariamente no es la madre de los recurrentes. La finca está situada en el municipio de Morovis, inscrita con el nombre y los dos apellidos de la ma-dre de los recurrentes. El mero lieclio de, que Pilar Calde-rón Ortega al adquirir la finca dijera que era viuda no du-plica su identidad individual ni crea ninguna nueva entidad legal. Una mujer puede ser viuda de facto y sin embargo, dentro del tecnicismo legal no “una mujer casada cuyo es-poso fia fallecido.” Por ejemplo, según indica Bouvier, tomo 2, pág. 1228:

“Una mujer que sobrevive a un hombre con quien ha estado casado pero con respecto al cual había obtenido ella una declaración de nulidad del matrimonio, no es una viuda.” 52 L. J. Ch. 239.

Pero el mero fiecfio de que tal mujer que desconoce la ley fiubiera aceptado una escritura por la que se le traspasa una propiedad como viuda, apenas podría considerarse que invalida un subsiguiente traspaso fiecfio por ella como mujer no casada, o como soltera.

En el presente caso Pilar Calderón Ortega, madre de los vendedores, falleció en Morovis, donde la propiedad qile aparece a nombre de Pilar Calderón Ortéga, viuda, está si-tuada. Los vendedores, como fierederos de Pilar Calderón Ortega, “son la continuación de la personalidad jurídica de su causante.” López v. El Registrador, 29 D. P. R. 2. Tanto el comprador como l'os vendedores son residentes de Morovis. La propiedad misma está valoradá en $200 y puede ser que el comprador, conociendo los liécfios preferiría tener un título inscrito con un defecto subsanable en vez de ía mo-lestia y el gasto de fia'cer que la anterior inscripción se ajuste a la verdad de los fiectos.

Nuestra ley de evidenciá, artículo 102, par. 25, en com-pleta harmonía con la bien reconocida regla general incluye entre las presunciones disputables que en él se enumeran la de “identidad'de persona, de la identidad de nombre.”

■ Apreciadas todas las circunstancias y en ausencia de cual-quier posible perjuicio a terceros, puede razonablemente asu-mirse que Pilar Calderón Ortega, viuda, y Pilar Calderón Ortega, madre de los recurrentes, son una y la misma persona. Si el hecho fuere distinto entonces la mención de un defecto subsanable que comprenda cualquier representación falsa en este sentido sería una notificación a todo el mundo de cualesquier derechos pertenecientes a la viuda, de tener al-gunos, o de sus supuestos causahabientes.

Véase también el caso de Rodríguez v. El Registrador, 29 D. P. R. 890.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción de los documentos sujetos a un defecto subsanable en la identificación de la causante de los vendedores como dueña según el registro.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Pbesideute Se. del Tiobo,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Ribas et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios. Mo-ción sobre desestimación de apelación.
    No. 2459.
    Resuelto en enero 15, 1923.
    Desestimación de 'Apelación — Notificación de Apelación. — No procede deses-timar una apelación bajo el fundamento de que el escrito de apelación fué notificado al abogado que compareció a juicio en representación del abogado ■de récord de los demandados pero no a éste, cuando aparece de la transcrip-ción que aquél compareció a juicio en representación de los demandados y que como tal suscribió una estipulación en la cual aparece también la firma del abogado que suscribió la contestación.

      Id. — Tbansceepoión Auténtica. — Habiendo sido elevada a la Corte Suprema por el secretario de la corte inferior una copia certificada de la transcripción aprobada por el juez j certificada opino eorreeta por los abogados de las partes, la autenticidad del documento es clara por lo que no procede deses-timar el recurso bajo el fundamento de que no se elevó como parte del transcript el original de la transcripción de la evidencia.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. L. Tormes.

    Ahogados de los apelados: 8res. José y Manuel Tous 8oto.

   El Juez Pbesideute Se. del Tiobo,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrada la primera vista de esta apelación, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por los siguientes motivos:

“(a) Borque la apelación fué notificada al abogado señor Ortiz Toro (folio 10) quien asistió a la vista del caso, en sustitución del señor Tons Soto, pero no al abogado de record de los demandados o sea el que compareció por éstos a contestar la demanda:
“ (b) Porque la copia de la transcripción de la evidencia fué notificada al referido abogado señor Ortiz Toro, y no al abogado de record José Tous Soto, (folio 60);
“ (o) Porque no se ha traído como parte del transcript de ape-lación la transcripción de la evidencia original, aprobada por el juez sentenciador bajo su firma, sino una copia de la misma.”

La petición es realmente tardía, pero entrando en el exa-men de las cuestiones levantadas opinamos que no hay motivo para desestimar el recurso. En la página 10 de la trans-cripción aparece lo que sigue: “El día 16 de marzo de 1921 se llamó este caso para juicio, compareciendo * * * y los demandados por el suyo Sr. A. Ortiz Toro.” Y en' la 70 consta un convenio que comienza así: “Las partes en este caso comparecen por sus respectivos abogados y convienen.’’ y termina con las firmas, entre otras, de “José Tons Soto, y Arturo Ortiz Toro; Abgs. de los demandados.” No consta que Ortiz Toro cesara en su representación. Siendo ello así, el escrito ele apelación y la transcripción de la evidencia pu-dieron serle válidamente notificados.

Al pié de la transcripción aparece lo que sigue:

“Aprobación del pliego de excepciones y exposición del caso, por el Hon. Juez de Distrito.- — -Yo, R. Rivera Zayas, Juez que fui de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., certifico: que fui el Juez que entendí en la vista del presente caso, y dicté la sentencia apelada: que la precedente transcripción es una copia fiel y exacta, y por la presente la apruebo para que forme parte del legajo de la sentencia a los efectos de la apelación establecida contra la misma para ante la Hon. Corte Suprema de P. R.
“Dada bajo mi firma y con el sello de la corte, en abril 21 de 1921. — (Firmado) R. Rivera Zayas, Juez del Distrito.
“Convenio. — Hon. Corte: las partes en este caso comparecen por sus respectivos abogados y convienen:
“Que se apruebe como correcto y verdadero el record taqui-gráfico presentado por el taquígrafo de esta corte (exposición del caso) a los efectos de la apelación de la sentencia establecida por la parte demandante en este caso, y que el mismo se someta para tal aprobación al Hon. Rafael R. Rivera Zayas, Juez que entendió en este asunto, sin que tengan las partes que hacer corrección o en-mienda a dicha exposición del caso. — P'once, abril 16 de 1921. (f) José Tous Soto, y Arturo Ortiz Toro: — Abgs. de los demandados: (f) Leopoldo Tormes, Abg. de la demandante.
“Certificación de los abogados de las partes de la transcripción de los autos. — Certificamos: que lo anteriormente transcrito, es copia fiel, exacta y correcta de las diligencias practicadas en el presente caso, cuya transcripción de autos, consta de_hojas de papel útiles escritas en maquinilla por un solo lado. Y para remitir a la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico, para los efectos de la ape-lación interpuesta por los demandantes contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce por la que se desestimó la demanda en este caso, libramos la presente en Ponce, P. R., a 25 de abril de 1921. — (Fdo.) José Tous Soto, Arturo Ortiz Toro, Abogados de los demandados-apelados. — (fdo.) Leopoldo Tormes, abogado de los de-mandantes-apelantes.
“Recibimos copia de esta transcripción de autos debidamente certi-ficada por el abogado de los demandantes-apelantes, hoy día 25 de abril de 1921. — (fdo. José Tous Soto, Arturo Ortiz Toro, Abgs. de los demandados-apelados.
“Felipe Colón, Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. ft., Certifica: Que la precedente transcripción me ba sido entregada por los abogados de ambas partes, a los efectos de elevarla a la Hon. Corte Suprema, de acuerdo con la ley. Lio que autorizo con mi firma y el sello de la corte, en Ponce, P. K. a 25 de abril de 1921. — (fd'o.) Felipe Colón, Secretario Corte Dis-trito.”

La ley actualmente en vigor ordena que la transcripción aprobada por el juez sea la elevada a esta Corte Suprema. Aquí el juez aprobó la transcripción. Se obtuvo una copia del documento aprobado que fué certificada como correcta por los mismos abogados y esa copia, así certificada, fué entregada al secretario de la corte de distrito y éste oficialmente la re-mitió a la Corte Suprema.

La autenticidad del documento que es lo verdaderamente esencial, resulta clara. No procede la desestimación del re-curso.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez PeesideNte Sr. del Toro, Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Ribas et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte' de Distrito de Police en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2459.
    Resuelto en enero 15, 1923.
    Daños y Peejuici-os — Trabajo—Niños—Ocupaciones Peligrosas para los Ni-ños. — Ocupar un niño menor de catorce años en alimentar Con rabos de caña los bueyes y en recoger las cañas que caen de los carros mientras los bueyes caminan, dentro del negocio general lucrativo de corte, conducción y molienda de cañas dulces, es emplearlo en una ocupación esencialmente peligrosa.
    Jd. — Id.—Negligencia per se. — Un patrono que en contravención de la ley em-plea un niño menor de catorce años en una ocupación lucrativa, peligrosa para el niño, es culpable de negligencia per se y responde'de los perjuicios que el niño sufra en el curso del empleo.
    Id. — Id.—Daños Recibidos en el Curso del Empleo. — Habiéndose demostrado que el niño menor de catorce años en este caso, si bien en el instante mismo en que ocurrió el accidente no daba- de comer rabos de caña a los bueyes o recogía las cañas que caían de los carros al camino, es lo cierto que realizando esta última ocupación se le ordenó por el carretero, empleado de los deman-dados y a cuyas órdenes trabajaba, que hiciera cierta diligencia para prac-ticar la cual1 pasó por el lado de los bueyes de los demandados que se des-viaron y le hicieron caer pasándole entonces por encima el carro de los de-mandados, fracturándole una pierna e hiriéndole gravemente otra, siendo bue-yes, carro, cañas y carretero parte del negocio lucrativo de los demandados, en el cual emplearon al niño en violación de la ley; debe concluirse que el accidente sufrido por el niño lo fué en el curso de su empleo.
    Id. — Id.'—Cuantía de la Indemnización. — En el presente caso el niño contaba a la feeha del accidente once años de edad, era saludable y apto para el tra-bajo. No sabía leer ni escribir. Sufrió varias heridas que le causaron dolor intensísimo y como consecuencia de una de ellas la fractura de una pierna. Estuvo cuatro meses en el hospital. Reconocido dos años después, a la fecha del juicio, andaba cojo a consecuencia de la fractura y si bien podía traba-jar, usando las palabras del perito médico, lo sería “según la clase de tra-bajo, si es un trabajo suave, que él no tenga que andar, podrá hacerlo, pero si es un trabajo que requiera actividad, ejercicios violentos, siempre tendría el defecto éste que le impediría hacer lo que otro hombre pudiera hacer en iguales condiciones.” Se resolvió: que bajo las anteriores y todas las eir-eustancias de este caso, debía fijarse la indemnización en cinco mil y un dólares.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogados de los apelados: Sres. J. y M. Tons Soto.

   El Juez PeesideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Herminia Rivera como madre natural con patria potestad del menor Manuel Rivera entabló una demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra José Ribas y Angel Torres en re-clamación de diez mih dólares por daños y perjuicios, para el menor indicado. .Contestaron los demandados. Fué el pleito a juicio y la corte finalmente dictó sentencia decla-rando la.- demanda' sin lugar. ' La parte demandante interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Forma parte de.los autos una “relación del caso y opi-nión” que creemos conveniente trascribir íntegra para el me-jor estudio y decisión de todas las cuestiones envueltas. Héla aquí:

“La vista de este caso se celebró el día 16 de marzo de 1921, previo señalamiento en el calendario con asistencia de ambas partes por sus respectivos abogados.
“De la evidencia aportada por ambas partes, que es contradic-toria en extremos esenciales, la corte, examinándola y aquilatándola en su conjunto, estima que se ha probado:
‘1 Que. Herminia Eivera, la demandante, es madre con patria po-testad del niño Manuel Eivera, que cuenta 13 años de edad.
“Que los demandados eran socios en la fecha del accidente en una empresa agrícola, de cultivo de cañas dulces dentro de la juris-dicción de' esta corte.
“Que en 24 de enero de 1918, el menor Manuel Eivera estaba trabajando al servicio de los demandados en el oficio de dar ‘rabo’ u hoja de caña a los bueyes de los demandados mientras dichos animales estaban uncidos a los carros destinados a trasportar las cañas cortadas y era, además, deber del niño recoger las cañas que se cayeran de los carros durante el acarreo. Por este trabajo recibía Manuel Eivera veinte centavos diarios y trabajaba más de siete horas diarias.
“Que dicho menor fué empleado sin habérsele exigido el certi-ficado requerido por la ley regulando el trabajo de mujeres y niños y protegiéndolos contra ocupaciones peligrosas, no siendo su madre inválida ni dependiendo del menor para su subsistencia.
“Que el día 24 de enero de 1918, mientras iban los carros de los demandados conduciendo cañas y el menor detrás del último para recoger las cañas que se cayeran, fué enviado por el carretero Anas-tacio Alvarado, a hacer una diligencia, no recordando cuál fuera y al pasar por la orilla del camino, cerca del carro de dicho Alvarado, los bueyes se desviaron rápidos hacia él, le hicieron caer al suelo y el carro le pasó por encima, fracturándole la pierna derecha e hi-riéndole gravemente la izquierda a consecuencia de lo cual hubo de ser recluido en un hospital, por cuatro meses, ha sufrido intensos dolores físicos y angustia mental y ha quedado permanentemente inútil para todo trabajo que requiera el empleo de las piernas.
“La madre declaró que estimaba los daños y perjuicios sufridos en diez mil dollars.
“La primera cuestión de. derecho a determinar, habiendo esta-blecido la relación de empleado y patrono entre el menor y los de-mandados, es si el accidente en la forma que ocurrió tuvo lugar en el curso del empleo, es decir, mientras el menor hacía diligencias le-gítimas dentro de la esfera- de su ocupación.
“Ya hemos visto que su oficio era el de alimentar a los bueyes con ‘rabo’ de cañas en los momentos en que éstos estuviesen pa-rados, uncidos al yugo, y durante el acarreo, recoger las cañas que se cayeran al camino. No ocurrió el accidente según la propia de-claración del menor mientras él llevaba a cabo alguno de sus me-nesteres. Ocurrió al hacer una diligencia, a requerimiento de un carretero, de la cual él no se acuerda. No se ha probado por con-siguiente, que el menor sufriera el accidente dentro del curso de su empleo, condición indispensable para que el patrono sea respon-sable.
“La segunda cuestión es la de la negligencia del patrono o em-pleado suyo, actuando dentro de sus atribuciones, como causa próxima y eficiente del accidente.
“Un desvío rápido de los bueyes hacia el menor, fué la causa próxima del accidente. No se ha probado acto negligente ninguno de parte de los demandados o de alguno de sus empleados, actuando dentro de sus legítimas funciones, que provocara u ocasionara ese movimiento de los bueyes y fuera causa del accidente.
“Pero el abogado de la demandante alega que el hecho de haberse empleado al menor en violación del estatuto que lo prohibe, consti-tuye negligencia per se, bastante a hacer a los demandados respon-sables del accidente y de los daños y perjuicios ocasionados. Existe un conflicto de autoridades sobre esta materia. Yéase 18 R. C. L. 552.
“Hay casos que llegan a sostener que existe una buena causa de acción aun cuando el accidente ocurriera mientras el niño empléado estuviera haciendo algo fuera de la esfera de los deberes de su em-pleo, considerando la mera violación del estatuto como causa próxima del accidénte. Starmes vs. Albion Mfg. Co., 17 L. R. A. (NS) 602. Pero creemos que el peso de las autoridades se manifiesta en el sen-tido de que para poder reclamar daños y perjuicios es necesario que el niño haya sido empleado en ocupaciones de por sí peligrosas y entonces la mera violación del estatuto, se tendrá como negligencia per se y causa próxima del accidente. Si la ocupación no es de ese carácter, la violación del estatuto habrá de estimarse como un elemento de negligencia a considerar con los demás actos de negli-gencia que se haya demostrado y que sean la causa eficiente del accidente. Además, el accidente debe haber ocurrido durante el curso del empleo y mientras el menor actuaba dentro de la eáféra legítima de sus atribuciones.
“No habiendo probado la demandante en este caso que el áécí-dente ocurriera dentro del curso del empleo; ni que la ocupación dada al menor fuera esencialmente peligrosa para él, ni que los de-mandados o alguno de sus empleados actuando dentro de sus atri-buciones, realizaron algún acto u omitiesen alguna precaución que fuera causa del accidente, somos de opinión que la negligencia sur-gente de la violación del estatuto no es bastante para considerarla comq causa próxima del accidente y debe desestimarse la demanda sin especial condenación de costas.”

Sostiene, pues, en resumen, el tribunal sentenciador, pri-mero: que no se probó que el menor sufriera el accidente dentro del curso de su empleo, condición indispensable para que el patrono sea responsable,- segundo, que no se probó que la ocupación dada al menor fuera esencialmente peli-grosa para él, motivo por el cual no podría considerarse como negligencia per se el sólo acto del empleo del menor en contra de la ley, y tercero, que no se probó que los demandados por sí o por sus empleados, actuando éstos dentro de sus atribu-ciones, realizaran acto alguno u omitiesen alguna precaución que fuera causa del accidente.

Para formar una idea clara y justa de este caso, es nece-sario comenzar por estudiar cuál es el efecto que tiene en el mismo la Ley No. 42 “regulando el trabajo de mujeres y ni-ños y protegiéndolos contra ocupaciones peligrosas,” apro-bada el 13 de marzo de 1913.

La sección 4 de dicha ley, que es aplicable, lee así:

“Sección 4. — Ningún niño menor de catorce años que no baya recibido del Departamento de Instrucción un certificado de haber realizado el trabajo necesario para ser admitido en el cuarto grado de las escuelas públicas rurales o de haber aprobado el octavo grado de las escuelas públicas graduadas de la Isla, según que el niño resida en el campo o en la población, o que haya terminado los es-tudios equivalentes a dichos grados del curso escolar, podrá ser em-pleado en ninguna ocupación lucrativa durante las horas en que dichas escuelas están abiertas; disponiéndose que este artículo no comprenderá a ningún niño que resida en una localidad en que no haya escuelas a una distancia razonable que puedan admitirlo, ni a ningún niño huérfano, o que por otra causa tenga que depender de su propio trabajo para sostenerse, ni a ningún niño cuyos padres sean inYálidos, y sólo dependan del trabajo del bijo para vivir. Pero en tal caso, debe obtenerse una certificación del Alcalde del municipio en que dicho niño reside, exponiendo el hecho de que tal estado de cosas o necesidad existe, y autorizando el empleo de dicho niño. Copia de este permiso se enviará al Negociado del Trabajo dentro de los diez días siguientes a su expedición,- disponiéndose, también, que si dicho niño vive a distancia de un kilómetro de una escuela nocturna dirigida por el Departamento de Instrucción de esta Isla, este certificado continuará en vigor sólo durante el tiempo en que la asistencia de dicho niño a la mencionada escuela nocturna sea certificada mensualmente por el maestro de la escuela, a no mediar causa justa que impida al niño concurrir a dicha escuela.
“Todo patrono que emplee niños a los cuales se exijan certifi-cados de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, conservará archi-vados estos certificados, sujetos a la inspección de los funcionarios del Departamento de Instrucción y a la de los investigadores del Departamento del Trabajo. A la terminación de dicho empleo, se devolverán los certificados al niño a cuyo nombre se hallan expe-didos.”

Ocupación lucrativa incluye, según el párrafo 3 de la misma ley: “toda obra o todo trabajo en factorías, molinos, centrales, talleres de maquinarias o establecimientos o sitios de cualquier clase donde baya una fábrica o empresa mecá-nica; en almacenes, tiendas, establecimientos o sitios de cual-quiera clase donde se realicen operaciones mercantiles; en fincas, haciendas, estancias o sitios de cualquier clase, en los cuales se dirijan empresas agrícolas, de horticultura o pas-toreo, y en toda empresa de minería o pesquería.”

Por la sección 12 de la ley se fija una penalidad a todo pa-trono que infrinja cualquiera de sus disposiciones.

Siendo esto así, es necesario concluir que los demandados emplearon a Manuel Rivera, menor de catorce años, en naa ocupación lucrativa en contra de la ley.

Podrían suscitarse dudas con respecto al alcance de la ley a que acabamos de referirnos en relación con la jurisprudencia' que vamos seguidamente a analizar, en el sentido de que el propósito de la Legislatura no fué proteger al niño contra ocupaciones peligrosas, sino garantizar su educación. Tales dudas serían, quizá, de importancia, si se hubiera empleado al menor en una ocupación meramente lucrativa y fuera de la ley No. 42 citada la única violada en este caso. Pero aquí el menor se empleó en una ocupación lucrativa peligrosa no sólo en violación ,de la ley No. 42 de 1913 si que también en violación de la sección 2 de la vigente Ley Orgánica de la Isla, que la misma parte apelada invoca como aplicable.

El párrafo final de dicha sección segunda, dice: “El em-pleo de niños menores de catorce años en cualquier ocupa-ción perjudicial a la salud o a la moral o que ponga en riesgo la vida o cualquiera parte del cuerpo, queda por la presente prohibido.” Y la ocupación de dar rabo de caña a los bueyes y recoger las cañas que se caen mientras los carros caminan, es esencialmente peligrosa. Si bien el buey es animal domés-tico, para trabajar con él necesítase la fuerza y la experiencia del hombre. Un carro o carreta tirado por bueyes y cargado de cañas es un instrumento pesado y de difícil y arriesgado manejo. Cuando se emplea dentro de las fincas, cruza gene-ralmente por caminos accidentados, en malas .condiciones. Para recoger las cañas que se caen mientras el carro camina, no obstante lo despacio que lo haga, se necesita gran destreza y estar muy alerta, bajándose rápidamente, y correr. De la parte de atrás y ocupada la vista y la atención en recoger las cañas y lanzarlas sobre el carro, no se observan los accidentes del camino. Consideraciones son éstas y muchas otras que pudieran exponerse deduciéndolas de la naturaleza misma de las cosas, y de la experiencia de los hechos, que demues-tran que ocupar a un niño menor de catorce años como en este caso en dar rabo de caña a los bueyes y recoger las cañas que caigan del carro mientras los bueyes caminan, lanzándolas nuevamente al carro, es emplearlo en una ocupación esencial-mente peligrosa. Es lanzarlo a un rudo esfuerzo con riesgo de su vida, para obtener el patrono, a bajo precio, el trabajo que corresponde a un hombre, o a un joven de músculos e in-teligencia y experiencia debidamente desarrollados. El he-cho de los repetidos casos de lesiones y muertes que ocurren, constantemente en Puerto Rico en relación con la conducción de carros y cuidado de bueyes, sostiene la conclusión a que hemos llegado.

Veamos ahora qué han resuelto los tribunales en casos se-mejantes. Bulling’ Case Law con su acostumbrada claridad, resume la jurisprudencia así:

“En época reciente se han promulgado en muchos si no en la mayoría de los Estados leyes prohibiendo el empleo de niños ya absolutamente o ya en ciertos negocios determinados. Y se ha pre-guntado. a menudo si tales promulgaciones tienen algún efecto y en caso afirmativo cuál, sobre la responsabilidad de un patrono hacia un menor que ha sido lesionado mientras trabajaba en violación de la ley. Después de alguna vacilación y duda ha venido a ser una regla en la mayoría de las cortes que una violación de un esta-tuto prohibiendo el empleo de niños e imponiendo una pena al pa-trono ha de considerarse prueba concluyente de negligencia siempre que pueda verse que tal violación ha sido la causa natural e inme-diata' de la lesión. En otras palabras, la violación del estatuto cons-tituye negligencia como cuestión de derecho, o sea, negligencia per se. Algunas cortes, sin embargo, declaran que la violación del estatuto-ha de ser considerada solamente como prueba prima facie de negli-gencia, o como un hecho tendente a probar la negligencia a ser conside-rado por el jurado en relación con las demás pruebas del caso: y no-faltan casos en que se sostenga que el empleo de un niño menor de edad estatutoria no es prueba en manera alguna de negligencia por parte del patrono. '* * * Como quiera que esto sea, todas las cortes-están conformes en que para hacer responsable al que emplea un un niño por lesiones sufridas por éste, tiene que haber habido una relación causal entre el empleo ilegal y la lesión motivo de queja. En las palabras de la ley de negligencia, debe demostrarse que el empleo ilegal fué la causa próxima de la lesión. El mero hecho-de que el niño sea lesionado durante el tiempo de su empleo no da vida a un derecho d'e acción. Si, por ejemplo, el niño muere de alguna enfermedad orgánica, o es lesionado por un rayo u otra? causa interventora fuera del dominio del patrono y que razonable-mente no podía ser prevista e impedida, el patrono no será consi-derado responsable. Pero si la lesión fuere recibida mientras el niño está 'activamente dedicado al cumplimiento de los deberes de su empleo, el empleo ilegal se, considera ser generalmente la causa próxima de la lesión. El becbo de que la lesión fuera recibida mientras el niño estaba haciendo una cosa prohibida q un acto fuera del círculo de sus deberes no destruye la relación- causal entre el empleo y la lesión. De conformidad, un niño menor de la edad estatutoria empleado para barrer el salón de hilar, y para hacer fajas en una fábrica de algodón tiene derecho a recobrar daños por-lesiones sufridas mientras curioseaba con una maquinaria peligrosa en otro piso de la fábrica.” 18 R. C. L. 552-554.

Véanse además las notas a los casos de Rolin v. R. J. Reynolds Tobacco Co., 141 N. C. 300, 53 S. E. 891, y Elk Cotton Wills v. Grant, 140 Ga., 327, 79 S. E. 836, que aparecen en los tomos 7 y 48 de L. R. A. (NS)..

Después de un estudio detenido de la cuestión, no sólo por el número mayor de las decisiones, sino por la fuerza de sus razonamientos, nos parece justo el criterio que sostiene que el empleo de niños en contravensión de la ley, constituye ne-gligencia per se. Tales leyes se promulgan para proteger la infancia, teniendo en cuenta que el desarrollo de la persona-lidad humana es gradual, y cuando un patrono no obstante la advertencia, no ya la advertencia, el mandato del legisla-dor, usa las fuerzas de un niño en una ocupación lucrativa, peligrosa, debe ser responsable de todos los perjuicios que al niño se ocasionen por razón de tal empleo. Un criterio se-mejante fué adoptado por esta corte en el caso de Díaz v. Arkadia Sugar Co., 27 D. P. R. 583, citando al comentarista Labatt y la jurisprudencia aplicable.

En el citado caso de Elk Cotton Mills v. Grant, la Corte Suprema de Georgia, dijo.

“La ley del trabajo de niños fué promulgada eon un fin útil. El objeto d'e ella fué ser obedecida. Una violación del estatuto con-sistente en emplear al demandante, un muchacho de once años de edad (y no incluido en la clase exceptuada), para trabajar en la fábrica del demandado, constituía negligencia per se en cuanto a él y autorizaba el que se recobrara por daños personales sufridos por él como resultado próximo de tal empleo. Cuando el estatuto prescribe un deber absoluto para beneficio de una clase de personas, la violación del deber estatutorio que resulta en daño a una de tales personas autoriza que se recobre sin más negligencia, y la expresión ‘negligencia per se* ba sido bastante generalmente usada para ca-racterizar tal violación' del deber. Ha sido así empleada a menudo <en este Estado. En Thompson on Negligence, sección 10, se dice que ‘cuando la legislatura del estado, o el concejo de una corpo-ración municipal, teniendo en mente la mejor seguridad del pú-blico, o de miembros individuales del público, manda o prohibe la ■comisión de determinado acto, * * * la concepción general de las cortes, y la única que es reconciliable con la razón, es que el dejar de hacer el acto mandado, o el hacer el acto prohibido, constituye negligencia como mera materia de derecho, llamada de otro modo negligencia per se, y esto sin consideración de toda cues-tión sobre ejercicio de prudencia, diligencia, cuidado o habilidad, de modo que si es la causa próxima de lesión o daño a otro, y si ese otro no incurrió en falta contributoria, el caso está decidido a su favor y lo único que falta es tasar los daños. Aunque en unos pocos casos se ha resuelto que la violación de un deber estatutorio sólo constituye ‘evidencia’ de negligencia, y no negligencia per se, tales decisiones aunque dictadas por cortes de alta reputación, no .sobreviven la prueba de la razón, y esta corte frecuentemente ha resuelto lo contrario. Atlanta & W. P. R. Co. v. Wyly, 65 Ga. 120; Louisville & N. R. Co. vs. Hames, 135 Ga. 67 (4), 68 S. E. 805; 1 Hopkins, Persona] Injuries, 2da. ed. sees. 18, 125.” Elk Cotton Mills v. Grant, 140 Ga. 48 L. R. A. (NS) 661.

Ahora bien, ¿ocurrió el accidente de que se trata con mo-tivo del empleo? ¿Existe en este caso una relación causal entre el empleo ilegal y la lesión motivo de la queja? Ya he-mos visto que la corte de distrito resolvió la cuestión en la ne-gativa. Nosotros, por el contrario, basándonos en los pro-pios hechos declarados probados por la corte, examinados a la luz de la jurisprudencia, opinamos que la cuestión debe re-solverse en la afirmativa.

Aceptamos que el mero hecho de que el niño sea lesionado durante el tiempo de su empleo no da vida a un derecho de ac-ción, como decidió la Corte Suprema de Illinois en Strafford v. Republic Iron Co., 238 Ill. 371, 128 A. S. R. 129, 133, pero aquí, como en el caso de Illinois, no sólo fué lesionado durante el tiempo de su empleo, sino con motivo de su empleo.

El niño en este caso estaba activamente ocupado en su empleo cuando recibió las lesione^. Si bien en el instante mismo en que ocurrió el accidente no daba de comer rabos de Qaña a los bueyes o recogía las cañas que caían de los carros al camino, es lo cierto que realizando esta última ocupación se le ordenó por el carretero, empleado de los demandados y a cuyas órdenes trabajaba, que hiciera, cierta diligencia para practicar la cual pasó por el lado de los bueyes de los deman-dados que se desviaron y le hicieron caer pasándole entonces por encima el carro de los demandados, fracturándole una pierna e hiriéndole gravemente otra, siendo bueyes, carro, cañas y carretero, parte del negocio lucrativo de los deman-dados, en el cual emplearon al niño en violación de la ley.

El caso sometido a nuestra consideración es más fuerte que el de Strafford ya citado en el cual la lesión fué recibida por el niño mientras estaba haciendo una cosa prohibida. Yéase el razonamiento de la corte:

“El apelante, asumiendo que los hechos eran como él los ale-gaba, o sea, que el apelado había de su propia iniciativa abandonado el trabajo para hacer el cual estaba empleado y tenía órdenes, y se había dedicado a otro trabajo que le estaba prohibido hacer cuando fué lesionado, arguye que no hay mayor razón para decir que su lesión fué el resultado de su empleo que la que habría si hubiera sido muerto por un rayo mientras estaba empleado por el apelante. Es cierto que la responsabilidad no depende sólo del empleo pero la lesión debe ser una consecuencia de tal empleo. El mero hecho de que un niño empleado en contravención a la ley recibe una lesión que en manera alguna es el resultado del empleo, no crearía una responsabilidad. Pero ese no es el caso aquí. El hecho vital y dis-tintivo en este caso es que el apelado estaba empleado por el ape-lante para trabajar en su establecimiento manufacturero, y mientras estaba dedicado al cumplimiento de servicios para este último en dicho establecimiento fué lesionado. El se encontraba en la planta del apelante por virtud de su empleo para trabajar allí, y el hecho de que temporalmente abandonara el trabajo para que estaba em-pleado y que se le había mandado, y se dedicara a una clase de trabajo prohibido, creemos que no destruye la relación causal entre el empleo y la lesión, y si no la destruye, la negligencia contributors del apelado no constituiría defensa alguna, y la corte no erró al negarse a someter esa cuestión al jurado. No es imponer dema-siada carga al apelante el sostener que habiendo ilegalmente em-pleado *al apelado-para trabajar en su planta, es responsable a él por cualquier lesión recibida por él como resultado del cumplimiento de sus servicios allí, ya estuvieran esos servicios o no en la clase que le estaba encomendada. La ley prohibe, y fué promulgada con el fin de impedir el empleo d'e niños en cualquier trabajo en estable-cimientos como el del apelante y es contrario al espíritu de la ley decir que las consecuencias de una voluntaria infracción de la misma. pueden ser evitadas demostrando que el niño abandonó el trabajo que se le había dado para hacer y negligentemente se puso a hacer otra cosa, que resultó en la lesión. Si el apelante creyó que había puesto al apelado a hacer trabajo que podía en seguridad llevar a cabo y le había prohibido hacer otro trabajo que se creyó peligroso para él, estaba obligado, a su riesgo, a ver de que el apelado no tra-taba de dedicarse al trabajo prohibido. El apelante estaba obligado a saber que debido a los tiernos años del apelado éste no era capaz de una apreciación justa del peligro, y estaba obligado también a saber que debido a su falta de madurez era incapaz de una justa comprensión de la necesidad de obedecer las órdenes de los jefes, y, bajo tales circunstancias, si optó por violar la ley empleándolo a él, asumió el riesgo de protegerle contra su propia negligencia mien-tras estaba dedicado a tal empleo. El hecho de que el estatuto bajo consideración no prescribe en términos expresos una responsabilidad por daños por su violación, como sucede con ciertos estatutos refe-rentes a minas y mineros, no puede surtir diferencia alguna bajo la interpretación dada al estatuto en American Car & F. C. v. Armentraut, 214 Ill. 509, 73 N. E. 766. El estatuto fué promulgado para la protección de la salud y seguridad de los niños, y una res-ponsabilidad por daños resultantes de su violación fué creada ya así se declare expresamente en el estatuto o no.” Strafford v. Republic Iron Co., 238 Ill. 371, 328 Am. St. Rep. 132.

Y es más fuerte también que el caso de Tarnes v. Albion Mfg. Co., 147 N. C. 556, 17 L. R. A. (NS.) 602, en el que se re-solvió que un niño menor de la edad estatutoria empleado para barrer el salón de bilar y para hacer fajas en una fábrica de algodón tenía derecho a recobrar daños por legiones sufridas mientras curioseaba con una maquinaria peligrosa en otro piso de la fábrica.

Resta sólo considerar la cuantía de la indemnización. Se reclaman diez mil dólares. El niño contaba a la fecha del ac-cidente once años de edad, era saludable y apto para el tra-bajo. No sabía leer ni escribir. Sufrió varias heridas que le causaron dolor intensísimo y como consecuencia de una de ellas la fractura de una pierna. Estuvo cuatro meses en el hospital. Reconocido dos años después, a la fecha del juicio, andaba cojo a consecuencia de la fractura y si bien podía tra-bajar, usando las palabras del perito médico, lo sería “según la clase de trabajo, si es un trabajo srrave, que él no tenga que andar, podrá hacerlo, pero si es un trabajo que requiera actividad, ejercicios violentos, siempre tendría el defecto este que le impediría hacer lo que otro hombre pudiera hacer en iguales condiciones.” Bajo las anteriores y todas las cir-cunstancias de este caso, cinco mil un dólares de indemniza-ción nos parecen suficientes.

Debe revocarse la sentencia recurrida y en su. lugar dic-tarse otra condenando a los demandados al pago de cinco mil un dólares, empleándose dicha suma en beneficio del menor, bajo la dirección de la Corte de Distrito de Ponce, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia recurrida, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Hutchison y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

Opinión disidente del

Juez Asociado Se. Wole,

con la cual ESTÁ CONFORME EL JüEZ ASOCIADO Sb. AlDREY.

Me parece que la opinión de la corte inferior debe haber dejado resuelto- este caso. Estoy conforme con esa opinión. La discusión en esta corte, sin embargo, giró sobre un campo mucho más ámplio y aunque la urgencia de otros casos no me permitirá tratar la cuestión más extensamente, es conveniente dejar archivada esta opinión disidente.

Si bien sostengo y trataré de demostrar que la teoría de la corte sentenciadora ha sido cambiada en este caso y que la demanda es insuficiente en tanto en cuanto se ha pretendido probar una ocupación peligrosa per se de acuerdo con la Ley Orgánica, consideraré primero si la ocupación aquí envuelta, era en efecto peligrosa. Que la ocupación fué peligrosa es, según entiendo, la razón" principal que sirve de base a la ma-yoría de esta corte.

Como aparece de la opinión de ambas cortes, el menor en este caso estaba empleado para atender a los bueyes y alimen-tarlos cuando descansaban y en recoger las cañas que se ca-yeran del carro en el camino. La ocupación del demandado era la transportación de cañas en carros de bueyes. La clase de trabajo que estaba obligado a hacer el menor es un inci-dente y no es distinto de la clase de trabajo que cualquier muchacho tendría que hacer en una plantación si estuviera empleado por un agricultor. Este trabajo es esencialmente una ocupación agrícola. Los jueces disidentes en este caso no tienen ninguna experiencia que les enseñe que las ocupacio-nes agrícolas son más peligrosas en Puerto Eico que en otros sitios, ni que es más peligroso seguir a un carro de bueyes que conduce cañas por los caminos de Puerto Eico, que lo sería en Louisiana, o en alguna otra comunidad agrícola.-

Uno está obligado a 'admitir que hay cierto peligro para un hombre o muchacho que va detrás de un carro en un ca-mino público, pero no puede ver que tal peligro convertiría en peligrosa la ocupación de conducir cañas. No hablo ahora de las mayores posibilidades de peligro para los muchachos en la carretera qne para los hombres, sino única y exclusiva-mente considerando la ocupación a qne estaba dedicado este muchacho. Para sostener la opinión de la mayoría de la corte en este caso al parecer se hacía necesario decir qne las obli-gaciones de este muchacho constituían una ocupación peli-grosa. Para sostener con éxito esta teoría, sería necesario decir que ir detrás de un carro de bueyes para recoger las cañas, o dar de comer a los bueyes, mientras descansan, es siempre una ocupación peligrosa.

Desde luego que hay peligros en las calles y caminos pú-blicos especialmente para los niños, pero sostengo qne los pe-ligros para un niño qne estaba empleado como éste, son menos, que los que habría para un mensajero en estos días en cual-quier ciudad de gran aglomeración de gente. Los peligros-de cruzar las calles dentro del fuerte tráfico de automóviles de casi todas las ciudades grandes y populosas me parecen considerablemente mayores no solamente para un muchacho,, sino también para un hombre. Decir que la ocupación de este-muchacho era inherentemente peligrosa es cierto únicamente en el sentido de que cualquier acto de andar por los caminos-o calles puede llegar a ser peligroso.

Una vez admitido que esa ocupación es inherentemente peli-grosa no estoy en desacuerdo alguno con los casos qne con-vertirían el empleo de un menor en una ocupación peligrosa, en negligencia per se. Gustosamente estoy de acuerdo con ese principio. Me inclino fuertemente a convenir con las de-cisiones de las cortes citadas en la opinión de la mayoría. La razón social o económica que sirve de fundamento a estas de-cisiones es indudablemente, que siempre es peligroso para los niños estar en una fábrica donde hay maquinaria peligrosa y que las cortes castigarán tales empleos prohibidos debido a la enorme y constante oportunidad de peligro para las per-sonas de tierna edad. Pero non constat que exista tal riesgo ya en los caminos o en las ocupaciones agrícolas. El riesgo de muerte o daño en uno u otro caso, es relativamente pe-queño, especialmente en contraste con una fábrica con maqui-naria peligrosa, tan atractiva para los niños.-

Aunque creo que estoy justificado, como ya be dicbo, al su-poner que la opinión de la mayoría descansa en el becbo de que la ocupación en la cual este menor estaba empleado era peligrosa inherentemente, y también en asumir que la corte se fundó en la Ley Orgánica más bien que en la ley No. 42 de 1913, sin embargo, examinaré de paso esa ley. Excepto en-su título, en toda esta ley no se bace mención alguna de las ocu-paciones peligrosas sino meramente de las ocupaciones lucra-tivas. Es probable que la idea originalmente fué considerar las ocupaciones peligrosas, pero en el proceso del proyecto en la legislatura se hizo que la ley comprendiera más casos de empleo que aquellos de ocupaciones peligrosas. En sus partes esenciales la ley es una ley escolar compulsoria en tanto concierne a menores. La prohibición de empleos se extiende únicamente a la época de escuela y a las horas de clase. No existe ninguna prohibición absoluta en el estatuto contra el empleo de menores en ocupaciones peligrosas, o si-quiera en ocupaciones lucrativas durante las vacaciones, o después de las horas de escuela. Tratar, por tanto, de apli-car la doctrina de negligencia per se a todas las ocupaciones lucrativas es dar una extensión que todavía no ha sido favo-recida por las cortes de los Estados Unidos. Las cortes no sostienen que sea negligencia per se el ocupar a los niños en ^ocupaciones no peligrosas.

Resolver este caso aplicando la Ley Orgánica, es variar la teoría de la corte sentenciadora. La única ley que fué invo-cada en la corte inferior, como se verá de la opinión y de los autos, es la ley No. 42 de 1913. Que la corte de apelación no variará la teoría de la corte sentenciadora no es doctrina nueva en esta corte. Torres v. Lothrop et al. 16 D. P. R. 180, Quintero v. Morales, 20 P. R. R. 303; Porto Rico Benevolent Society v. Municipality of Ponce, 824; Hernández v. Hernández, decidido en abril 2, 1923. Y véase también el caso de Torres Zayas v. Lothrop Luce & Co., 231 U.S. 171.

Los demandados nunca fueron apercibidos de que serían llamados a defender como no peligrosa per se la ocupación a que estaba dedicado el menor. La demanda no era sufi-ciente notificación en este sentido, según sostengo.

En cuanto a las demás cuestiones envueltas en los puntos planteados en este caso, me fundo en la opinión de la corte inferior, y estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión disidente.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Figueroa, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra ciertos defectos subsanables apuntados por el Registrador de la Propiedad de San G-ermán en una escritura de compraventa.
    No. 550.
    Resuelto en enero 16, 1923.
    Inscripción de Título — Segregación—Descripción de Einca Principal — De-fecto Subsanable. — Es un defecto subsanable el no describir en la escritura presentada para su inscripción, la Anca principal de la cual se segregó la parcela que se trata de inscribir, aunque tal finca principal sea a su vez el remanente de otras fincas por segregación.
    Id. — Bienes Gananciales — Estado Civil — Presunción—Prueba.—Nada bay de concluyente en la naturaleza de la presunción legal de ser gananciales los bienes inscritos a nombre de un hombre casado; antes al contrario, tanto esta presunción como las que sobre el estado civil pueda acaso existir, son siempre refutables y pueden ser destruidas mediante prueba satisfactoria de que la verdad es otra.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El comprador por virtud de una escritura de compra- ■ venta otorgada por un hombre casado con el consentimiento de su esposa, establece recurso gubernativo contra una nota del registrador de la propiedad que literalmente es como si-gne:

“Inscrito el documento que precede, que es la escritura número-228, otorgada en esta ciudad a primero de octubre actual ante el notario Benito Forés y Morazo con vista de otro o sea una certifi-cación del acta matrimonial de los esposos vendedores al folio 146 del tomo 31 de Lajas, finca número 1485, inscripción primera, con los defectos subsanables de no describirse en el documento el resto de la finca principal después de la segregación de cincuenta céntimos de cuerda becha según el Registro, y el no haberse acreditado el estado civil que tenía el vendedor cuando adquirió dicha finca principal y de ser casado que lo estuviera con su esposa Carmen Rita Ortiz y Toro, pues aunque de dicha certificación de su matrimonio verificado con Carmen Rita Ortiz y Toro aparece que lo contrajo el día 4 d'e noviembre de 1900, sin embargo, del Registro consta que-adquirió dicha finca en el año 1900, sin especificar el día y mes de dicho año.”

En el caso de Kennedy v. El Registrador, 26 D. P. R. 789, resolvimos, según se-consigna en el sumario, que

“Constituye un defecto subsanable el no aparecer del documento-que se trata de inscribir la descripción de la finca principal de donde se ha segregado el solar objeto de inscripción, aún cuando la finca principal constituya el resto de otra, de que asimismo fué segregada.”

Parece estar resuelto casi generalmente “que siendo el ce-libato el estado natural,” se presume que continúa mientras no se pruebe el hecho del matrimonio. Nota al caso de Rucker v. Jackson, Am. Ann. casos 1915 C. p. 1058, en la pá-gina 1061.

Sin embargo, no faltan autoridades que sostengan un pa-recer contrario, y el razonamiento de algunas de las opiniones que atacan 1a. solidez de la doctrina establecida por la mayo-ría merece gran consideración. Así pues, como se indica en la nota que acaba de citarse, la Corte Suprema de Georgia en el caso de Bennett v. State, 103 Georgia 67, 29 N. E. 919, se ex-presó en estos términos:

"No existe ninguna presunción legal o de becho de que un hombre o una mujer sea soltero, ni presunción en contrario. No bay presunción de que un hombre no es miembro de la iglesia, o de la orden masónica u otra, simplemente porque no fuera miembro en sus primeros años. Ni tampoco puede inferirse que un hombre no haya recibido educación por el hecho de que esa era su primera condición. Sin embargo, existe tanta razón para una presunción en tales casos, como para suponer que un hombre es soltero porque ese haya sido necesariamente su primer estado. Puede ser que a una determinada edad una mayoría de personas sea soltera y que a otra edad' más avanzada una mayoría esté casada, pero sería muy dudoso y poco digno de. crédito suponer que un individuo particular de una u otra edad era soltero, o que estaba casado. Además, ¿por qué ha de suponerse que un hombre en una comunidad' civilizada y que está en condiciones de casarse no ha celebrado un contrato matrimonial, cuando no surge ninguna presunción de que no .ha celebrado nin-guna otra clase de contrato?”

Chamberlayne, en su obra sobre la moderna ley de eviden-cia, tomo 2, página 1236, sugiere la fórmula para un término medio posible en el siguiente párrafo:

"El estado legal, por ejemplo, la ciudadanía de una persona o la incorporación de una compañía se presumirá que tiene la per-manencia acostumbrada en tales casos. De igual modo el ser una mujer casada, soltera u otro estado personal y legal, una vez demos-trado que existe, se presume que continúa por un tiempo razo-nable. ’5

Determinar abora esta cuestión que es más o menos dudosa no es indispensable para la resolución del presente caso.

Estando inscrita la finca a nombre del vendedor, que es casado, se presume que es ganancial, y una venta becba por dicbo dueño con título inscrito con el expreso consentimiento de su esposa constituye prima facie un traspaso del título. Esta presunción, sin embargo, no es concluyente; y en el pre-sente caso quedó debilitada, mas que robustecida, por la par-tida de matrimonio mostrada por el comprador para probar qne el matrimonio del vendedor tnvo lngar en noviembre del año en qne adquirió él la propiedad. La partida de matrimo-nio expresa qne ambas partes contratantes eran solteras en la fecha de su celebración, pero tal constancia no es prueba concluyente del hecho. También es cierto que el asiento in-dica la adquisición del vendedor como casado, pero no revela que entonces estuviera casado con su actual esposa. Es muy probable, y no hay duda alguna de que el recurrente está ra-zonablemente justificado al suponer que la propiedad fué ad-quirida por el vendedor en noviembre o diciembre del año 1900, después del matrimonio con su actual esposa, o en todo caso como soltero y no antes en el mismo año, o mientras estuvo casado con alguna otra mujer. La posibilidad que úl-timamente se • menciona, claramente que es algo remota; pero la cuestión ante nosotros no es de un hecho que ha de resolverse por una preponderancia de aquella prueba cir-cunstancial que pueda hallarse en el record. El punto es que no hay nada absolutamente cierto en la naturaleza de la pre-sunción legal respecto al carácter ganancial de la propiedad en cuestión sino que por el contrario, tanto ésta como la pre-sunción, de haber alguna, acerca del estado legal y personal están siempre sujetas a impugnación y pueden ser destrui-das por prueba satisfactoria que demuestre que el hecho real es de otro modo. Puede fácilmente hacerse que la inscrip-ción exprese la verdad, y mientras no se haga esto, no po-demos decir que la prueba del título en el recurrente no está sin defectos. Véase el caso de Laó Figueroa, et al. v. El Registrador, 28 D. P. R. 5 y casos citados; también el de Rivera v. El Registrador, 26 D. P. R. 625.

Lobe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Su. Hutchison,

text:
    Tous Soto, Demandante y Apelante, v. Chevremont, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre indemnización de da-ños y perjuicios
    No. 2384.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Daños y Perjuicios por Seducción — Nonsuit.-—-El declarar con lugar una moeión de sobreseimiento (nonsuit) equivale a dictar senteneia fundada en una ex-cepción previa a la prueba presentada por el demandante, y debe el tribunal conceder esta clase de mociones con gran cautela y únicamente en aque-llos casos en que sea completamente clara la concesión de dicha moción.
    Id. — Id.—-Corroboración—Promesa de Matrimonio — -Causa de Acción. — La ley no exige corroboración de la declaración de la demandante en una aeeión de daños y perjuicios por seducción, ni una promesa de matrimonio, como elemento imprescindible para constituir causa de aeeión.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. López Tizol.

    Abogado del apelado: Sr. L. Méndez Vaz.

   El Juez Asociado Su. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 58 del Código de Enjuiciamiento Civil, discutido antes en el caso de Román v. Vázquez, 29 D. P. R. 791, prescribe lo siguiente:

“Una mujer soltera puede deducir, como demandante, una acción por haber sido seducida, y para obtener por medio de dicha acción el importe de los daños pecuniarios o ejemplares que se decretasen a su favor.”

En una acción así autorizada la corte inferior declaró con lugar una moción de sobreseimiento (nonsuit) por las ra-zones que a -continuación se transcriben:

“Es indudable que ha existido aquí una ausencia completa de prueba para lograr una sentencia favorable a la demandante y aún aquella misma que se ha traído a juicio lo ha sido de una manera insuficiente. El elemento esencial en una acción de esta naturaleza, es decir, el engaño, las falsas promesas, los artificios puestos en juego por el demandado para obligar a la supuesta ofendida a ren-dirse a sus deseos no ha tenido una completa demostración. Ha fal-tado la prueba de la persistencia de los métodos empleados por el demandado para lograr que sus mentirosas promesas y sus halagos influyeran de algún modo en los sentimientos ^y en la mente de la perjudicada, para inclinarla a la ejecución de actos opuestos a sus deseos, y que de otro modo no hubiera ejecutado. Aparece, por el contrario, que las frívolas promesas del demandado hechas a la de-mandante de disolver su matrimonio para casarse con ella, perdieron prontamente su carácter sincero y practicable, para convertirse en un convenio comercial mediante el cual la demandante aceptaba vivir en una casa que el demandado le proveyera, con el ofrecimiento de no desatender sus necesidades.
“De cualquier modo que esto haya ocurrido, es lo cierto que la única prueba que ha venido ante la corte sobre la verdad de los hechos ocurridos es la propia declaración de la supuesta ofendida sin ninguna otra evidencia directa o circunstancial que tuviera para robustecerla y corroborarla. Si hubo un niño como resultado de aquellas uniones pasajeras, ¿qué cosa más sencilla haber demostrado su nacimiento? Y si hubo un proceso criminal por abandono de menores, que terminó- por el ofrecimiento del padre de pagar a la madre una pensión alimenticia, ¿por qué no se trajo a nuestra con-sideración ese reconocimiento tácito de los hechos que se imputan al demandado? Parece que dentro del limitado círculo de los actos que se dice haber realizado el demandado había elementos de prueba de fácil utilización.
“No aseguramos que con lo que hemos indicado se hubiera for-mado plenamente nuestra conciencia sobre la responsabilidad del demandado. Lo que queremos decir es que se ha confiado exagera-damente en la declaración de la demandante en cuanto al elemento esencial de esta acción y no es necesario razonar cuan peligroso fuera decretar una indemnización por daños de esta clase basándonos sólo en la afirmación de una parte interesada que está incompleta aún en aquellos extremos que fácilmente hubieran podido corroborarse.”

Refiriéndose a la cuestión de corroboración el juez sen-tenciador parece que no tuvo en cuenta varios pormenores importantes. En la contestación se admite por medio de una negativa que implica una afirmación (negative pregnant) que la actora en diciembre de 1916, visitaba la oficina del deman-dado, que es un dentista, como pacienta suya. Se alega ade-más expresamente en la contestación, que el conocimiento, que se dice era de fecha anterior al incidente referido últi-mamente, no tardó en ser íntimo y el cual trajo por resultado las frecuentes visitas por parte de la actora a ver al deman-dado en el mirador que hay en la casa de su oficina. Tam-bién expresaba la contestación, que al formularse denuncia por la demandante por abandono de menores y “a fin de evi-tar la publicidad que siempre adquieren los debates judicia-les,’7 el demandado consintió en pasar doce pesos mensuales para alimentos de la niña Eosalina, ‘ ‘ sin que le sea dable afir-mar que es bija suya o no, pues nunca vivió con la deman-dante baje un mismo techo, ni puede asegurar tampoco que no tuviese ella tratos con otros hombres, como ya los había te-nido antes de conocerla.” Además, la demandante declaró que los arreglos sobre alimentos de la niña los hizo el de-mandado por medio de su abogado de récord én este caso, y no hubo examen de repreguntas por dicho abogado sobre este punto. El fuerte comentario que hace la corte inferior sobre la supuesta omisión de la demandante en presentar prueba adicional relativa al nacimiento del niño, a un pro-ceso criminal por abandono del demandado de su hijo y tratar de eludir la cuestión, o por lo menos no reconocer su responsabilidad en este sentido, carece enteramente de fun-damento.

Las vagas alegaciones de la contestación que imputaban a la demandante la falta de previo carácter casto no pudie-ron haber recibido ninguna consideración al resolverse la moción de nonsuit. Además, no obstante la presunción legal de castidad y aparte de toda cuestión relativa al peso de la prueba o a su admisibilidad en este sentido, que pudo ha-berse suscitado pero que no se hizo en el juicio, se admitió que dos testigos que se encontraban ausentes de haber es-tado presentes hubieran declarado que la demandante al ocu-rrir su seducción vivía en el bogar de estos testigos, una viuda, Emilia del Llano, y su bija, con quienes había vivido desde que tenía dos años de edad por un período de unos ca-torce años; que durante todo ese tiempo la demandante ob-servó buena conducta moral, que sn conducta era la de una muctacba honesta y honrada; que ellos no tuvieron abso-lutamente ninguna queja en cnanto a la reputación de la de-mandante, y que ella gozaba de buena reputación como jo-ven casta y pura.

“Sobreseimiento (nonsuit) es el nombre de una sentencia que se dieta contra el demandante cuando éste no puede probar su caso, o cuando rehúsa o deja de proceder al juicio de un caso una vez que ha sido sometida la cuestión y sin resolverse dicha controversia. Es de dos clases, voluntario e involuntario.Un sobreseimiento (nonsuit) involuntario o compulsivo tiene lugar cuando el deman-dante, al ser llamado estando su caso ante la corte para la celebra-ción del juicio, no comparece, o si no aporta ninguna prueba sobre la cual pueda el jurado emitir un veredicto.” 18 C. J. 1146.

Por consiguiente, como ha declarado esta corte en el caso de Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 18 D. P. P. 609, cita del sumario:

“Al resolver una moción de sobreseimiento (nonsuit) por insu-ficiencia de la prueba del demandante, el tribunal debe admitir como ciertos todos los hechos a que se refiere la prueba presentada por el demandante. El declarar con lugar una moción de sobreseimiento (nonsuit) equivale a dictar sentencia fundada en una excepción previa a la prueba presentada por el demandante, y debe el tribunal conceder esta clase de mociones con gran cautela y únicamente en aquellos casos en que sea completamente clara la concesión de dicha moción.”

El artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe, entre otros particulares, que:

“En juicio -por el delito de seducción bajo promesa de matrimo-nio, o por violación, el acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas.”

Pero el presente caso no es un proceso por el delito estatu-torio de seducción bajo promesa de matrimonio y no sabe-mos de ninguna disposición legislativa que requiera, ya la co-rroboración de la declaración del demandante, o el becho de hacerse la promesa de matrimonio, como elemento necesario del daño envuelto en una acción civil.

“En la ley común, la declaración de la actora o parte perjudi-cada, en el juicio por ofensas contra la castidad de mujeres era por sí sola suficiente prueba para sostener una sentencia condenatoria,-ni un segundo testigo ni las circunstancias corroborantes eran ne-cesarias. En principio este resultado fué meramente un ejem-plo de la falta general en nuestra ley de reglas que exijan un nú-mero determinado de testigos. En cuanto a la práctica, parece estar suficientemente justificado. En primer lugar, aplicando el principio ya sugerido al tratar de la regla de traición (ante, see. 2037), la primera condición que justifica una regla sobre el número tal vez existe, o sea, la frecuencia de falsas acusaciones de la clase en cuestión; pero la segunda no existe, esto es, las desventajas rela-tivamente pequeñas que sobrevendrían caso de que un hombre culpable se evadiera por la falta del número requerido de testigos, pues en ninguna de estas ofensas puede adoptarse tal criterio sobre las consecuencias de dejar impunes tales ofensas. Además, una regla de ley que requiera la corroboración, probablemente ejerce poca in-fluencia efectiva en la mente del jurado sobre aquel cuidado y sos-pecha ordinarias que naturalmente se manifestarían por tales impu-taciones; y la regla tiende pues a convertirse en la práctica mera-mente, en un medio de obtener del juez sentenciador la expresión de una forma de palabras que pueda resultar errónea y servir de base para un nuevo juicio. Finalmente, el propósito de la regla se alcanza enteramente por el poder que tiene el juez de anular un veredicto basado en prueba insuficiente, y de acuerdo con este poder los veredictos constantemente se anulan, en jurisdicciones que no tienen ninguna regla estatutoria por la misma prueba que en otras jurisdicciones sería insuficiente bajo la regla estatutoria que requiere la corroboración.
“Sin embargo, en muchas jurisdicciones un estatuto que se basa en un fin plausible pero discutible de proteger contra una falsa acu-sación, ha introducido una regia que requiere la corroboración.” 3 Wigmore sobre Evidencia, pág. 2757, sección 2061.
“Tres formas de conducta más o menos definidas por parte del demandado pueden descubrirse de las autoridades: primera, las pro-mesas falsas y artificios; segunda, la incitación e importunidad; tercera, el enamorar a la mujer creando en ella un deseo de relaciones impropias. Si bien las tres a menudo concurren y no pueden ser distinguidas claramente, cualquiera de los tres elementos parece ser suficiente para sostener la acción. Por ejemplo se permitió a la mujer recobrar cuando el demandado, que era un hombre de posición y de edad', visitaba a una joven casta, su empleada, después de ano-checer, le mostraba su afecto, frecuentemente la acariciaba, hacía promesas de futura amistad y adhesión y finalmente la sedujo. Si bien la corte declaró que algo más que la mera repulsión por parte de la mujer era necesaria y que debe aparecer que se obtuvo su con-sentimiento mediante halagos, falsas promesas, artificio e importu-nidad insistente, fundados en profesiones de afecto o cosas seme-jantes y que confiando únicamente en tales halagos, falsas promesas, artificio e importunidad, es que la mujer debió haber entregado su persona al demandado, un veredicto a favor del demandante no sería alterado. La repulsión de la mujer en realizar el acto debe ser tal que las incitaciones y persuasiones no puedan vencer, sin la presen-cia de alguna otra influencia poderosa; debe probarse un estado tal de cosas que convenza a una persona de inteligencia razonable de que ella había sido engañada, y que su sumisión fué debido a tal engaño e ilusión. La persuasión e incitación han sido reconocidas .como suficientes para imputar responsabilidad al demandado, sin mingún elemento de engaño, cuando la acción se establece por la :mujer, así como en las acciones seguidas por cualquiera de los padres. De manera que en una acción por seducción la prueba de que el ■ demandado llevó a la demandante, una joven de 16 años, que vivía ■con sus padres y hasta entonces tenida por casta, a un baile a cierta «distancia de su casa, y a su llegada él solicitó una habitación con el proposito expreso de realizar actos carnales con ella, dando inme-diatamente comienzo a sus fines indecentes; que tarde en la noche salieron ellos del salón de baile y fueron al dormitorio a instancias del demandado, donde realizó él su propósito, se declaró que era un caso propio para ser sometido al jurado. Así también en una acción seguida por el padre se resolvió que el demandante no tenía nece-sidad de probar que el demandado se había valido de halagos o falsas promesas para con su hija, sino que sería bastante si la seducción •era consecuencia de la incitación e importunidad del demandado hacia la hija para consentir en el contacto carnal y que debido a esto ella lo toleró. Los amoríos que traen por consecuqencia una seducción han’ sido reportados en varios casos. Así, pues, en una acción seguida por el padre, las atenciones continuadas por varios meses, seguidas del trato carnal, se lia declarado que sostienen la inferencia de seducción. También en acciones seguidas por la mujer seducida esta clase de conducta se lia sostenido que es suficiente para fundar la acción. Así, cuando un hombre casado, de 42 años de edad, tuvo contacto carnal con su sirvienta, que era una muchacha de 15 años, después de continuos y diarios amoríos por algunos meses, se resolvió en una acción por seducción, que si los medios em-pleados por el hombre tenían por fin vencer la voluntad de una muchacha de esa edad y experiencia y se proponían crear en su ánimo un afecto hacia él, y realmente ese fué el resultado, y bajo esa influencia ella se entregó a él, esto equivalía a un artificio dentro del significado de la ley y la suficiencia de la prueba para establecer ese hecho y constituir seducción era cuestión del jurado. Igualmente cuando un hombre decía a una muchacha de 17 años de edad que él la quería más que a ninguna otra que hubiese conocido, que nunea le pesaría ni lo sentiría jamás, y que siempre podría vivir con él y ser feliz, se resolvió que puede hacérsele responsable por seducción con arreglo a un estatuto que establece la responsabilidad por seduc-ción bajo tal ‘promesa, artificio como el que puede vencer los es-crúpulos de úna mujer casta.’ * Finalmente, debe admitirse que no se ha adoptado ninguna norma satisfactoria para determinar qué artes y promesas son suficientes para constituir seducción. Cada caso debe subsistir por virtud de sus propios hechos. Ningunas arti-mañas o promesas particulares constituirán, como cuestión legal, el delito de modo que pueda la mujer establecer una acción. Es gene-ralmente una cuestión para resolverla el jurado mediante la debida instrucción dada por la corte.
“Aunque la promesa de matrimonio es uno de los medios a que a menudo recurre el seductor para realizar su propósito, tal pro-mesa no es un elemento necesario en la seducción. Ciertamente que ciertas autoridades no admitirán prueba de la promesa de matri-monio en una acción de seducción seguida por uno de los padres, si bien hay conflicto de autoridades sobre este punto. 'Por el hecho de que no es necesaria la promesa de matrimonio, un hombre casado puede ser culpable de seducción, aun cuando la mujer supiera que era casado.”

24 R. C. L., pág. 734, secciones 5 y 6.

En vista ele la interpretación que dio la corte sentencia-dora a la declaración de la demandante, trascribimos sus manifestaciones al pie de la letra, según aparecen de los antos, a saber:

“La testigo Angela López bajo juramento declara: que ese es su nombre; que es vecina de San Juan desde liace 4 años; que en el año 1915 vino a San Juan; que conoce a Don Emilio Cbevremont desde el .1916, con motivo de que estando en la Caleta de San Juan No. 19, en casa de la señora Emilia Llano, le dolía mucho la boca y preguntó por un dentista y le dijeron de él, y un día a eso de las dos de la tarde se dirigió a su casa, fué allá y entró, y le mani-festó que le dolía mucho la boca y que iba a extraerse una muela; que le dijo que esperara, y terminando el que estaba en el asiento la llamó y le dijo que tenía la boca muy enferma, que iba a extraerle la muela, y que tenía que seguir yendo allá; que le sacó la muela, le pagó y se marchó a su casa, y a los dos o tres días sintió que la boca le dolía muchísimo, fué otra vez porque le dijeron que podía tener una infección; que él le dijo que siguiera yendo a curarse la boca, a sacarse las muelas, y que estuvo yendo como un mes; que al mes de estar yendo allá él comenzó a hacerle preguntas indirectas, averiguando; que le preguntó en dónde vivía, que quién era, que como se llamaba, que de quién tenía luto y después se dirigió a ella enamorándola, diciéndola, que le gustaba mucho, que porqué no lo quería, que si ella tenía novio, que él era sólo, que ella le dijo que nó porque él era un señor casado y le contestó que no importaba, que él era casado pero que tenía la demanda de divorcio puesta y tan pronto se divorciara podía casarse con ella, y podría comprarle una casa y se la amueblaría; que cada vez que iba siempre le decía, y estuvo como por espacio de dos o tres meses en eso; que un día le dijo a ella que buscara una casa y la alquilara; que él la iba a amueblar para que se fuera a vivir con él, que él la quería mucho, que se quedara que haría por ella, que no la olvidaría nunca, y ella le dijo que no quería hacer eso, que no se atrevía, y entonces él le dijo que en los altos de su oficina había un mirador, que podía al-quilarlo para que se fuera a vivir; que en eso la dijo que fuera un día a ver ese mirador y ella nunca se dispuso a ir, pero que una noche salió de su casa a la botica y lo encontró parado eii la puerta del zaguán, la llamó y le dijo que entrara a ver el mirador, y que ella le dijo que no se atrevía, y él insistía en que entrara y la dijo que no la iba a pasar nada, que entonces entró y la dijo que se que-dara allí dos o tres horas con él, que no la iba a pasar nada y que en todo caso él se hacía responsable, que él la quería, y que como él insistió se quedó ella allí con él; que eso sería como a las ocbo y media de la noche; que se quedó allí, que estuvieron hablando como media hora desde que él la llamó hasta que la hizo subir; que subió y que él la llevó al mirador; que él entró al mirador; que en el mirador no había nada más que dos camas; que ella le dijo entonces que si esa era la casa, que le faltaban muebles que porqué la había lle-vado a aquella casa que estaba en esas condiciones'; que él la con-testó que como hacía poco tiempo que la había cogido que por eso la tenía.así, que no había tenido tiempo y que estaba enfermo; que después pasó, que él llevaba una botella en las manos, la destapó, tomó y la dió a tomar a ella y la dijo que se quedase allí; que ella estaba sentada en la cama y se puso donde ella estaba y la echó el brazo por el cuello y tocándola la decía que se quedara allí, que no le pasaría nada, que él se hacía responsable que si no lo quería, que si no le había dicho que lo quería, que podía quedarse en confianza; que ella era p.obre y-que iba a encontrar su felicidad con él, que lo quisiera y que él no la abandonaba, que no recuerda bien lo que le dió a tomar, * *' * que cree que sería ron o brandy lo que tomó él y le dió a tomar a ella; que después él se sentó en la cama con ella, se sentó en la cama, la echó el brazo por el cuello, la cogió las manos, y la decía que si la quería; que él no le hizo nada más; que él la dijo que porqué no se entregaba a él, que si ella no lo quería, que aquella era la casa de ella, que si no quería aquella que buscara otra donde quisiera, y como le dijo eso entonces se entregó a él; que él la desvistió; que las puertas estaban cerradas; que se acostó con ella, que ella no se desvistió, sino que él la desvistió; que entonces él nada hizo con ella, se acostó con ella, que no le hizo nada más, que allí no ocurrió nada más, que se acostó con ella, que con ella hizo que la besó, la abrazó * * * que no la hizo nada más; que nada más; que se acostó con ella; que tuvieron actos carnales; que tuvieron esos actos carnales esa noche; que después salió ella de allí como a las diez o diez y media; que cuando terminaron la dijo que volviera por allá lo más pronto posible y la llevó hasta el zaguán— que desde esa noche estuvo enferma como quince días; que a los quince días volvió a ir; que a consecuencia de eso fué que estuvo enferma como quince días, que a consecuencia de lo que había su-cedido con él; que estuvo como quince días así enferma; que volvió donde él a ver en que quedaban y él la dijo que porqué no había ido que qué la había pasado y que ella le dijo que estaba enferma y él la dijo que tenía muchos deseos de verla, que no hiciera eso, que le hubiera mandado una razón, y comenzó otra vez con las mismas cosas, que la quería, que se quedara allí, que qué iba a determinar; y que entonces ella volvió a quedarse allí con él; que él la acari-ciaba en esos momentos; que la tocaba; que después de toda esa escena, la bajaba otra vez; que sí señor que iban al cuarto otra vez al mirador antes de bajarla; que sí señor que allí tenían otra vez actos carnales; que cree que esas escenas se llevaban a efecto como por dos meses; que la época sería como de noviembre a enero; no-viembre d'el año 1916 a enero del 1917; que con motivo de esos actos salió encinta; que ella le comunicó al señor Cbevremont que estaba encinta; que él comenzó entonces a decirle que no podía ser, que no lo creía, y ella siempre se lo decía y él decía que no, que no podía ser, que no estaba encinta nada, y un día le dijo que si estaba encinta no sería el niño de él; que él no continuó entonces tratán-dola con la misma dulzura y cariño que antes; que entonces no siguió haciéndola los ofrecimientos aquellos; que durante tuvo esas relaciones con él él no le daba dinero ni le hacía regalos; pero él se conducía bien con ella en esa época; que de los trabajos que él le hizo a ella en la boca le cobró la primera vez y la segunda, y des-pués le dijo que no, que después no la cobraba nada por el trabajo; que dió a luz a los nueve meses; a los nueve meses de tener los actos carnales con él; que él la ayudó, pues ella le avisó a él que iba a dar a luz; que no la dijo nada, sino que mandara por allá a buscar dinero; que ella mandó; que él la mandó dos o tres veces, pero que no puede recordar la cantidad que la mandó; que el dinero que la mandó le sirvió para ayudar a pagar sus gastos en todo; que si él no la hubiera hecho todos los ofrecimientos que le hizo no se hubiera entregado a él; porque no tenía una necesidad; que ella se le entregó porque creyó en las ofertas y en todo lo que él la decía; que después de ella haber dado a luz la niñita, fué donde él; a buscar dinero; que unas veces le daba y otras no; que ella le decía para que era el dinero — que era para los gastos de la niña — que le daba algunas veces; pero que en una ocasión no le quería dar nada, y en vista de que no le daba nada ella vino a la Corte a demandarlo donde el fiscal; que ella le contó todo lo que le había pasado con el de-mandado ; que como resultado de lo que ella le dijo al fiscal se puso la demanda y vinieron a la fiscalía, y ella no sabe lo que él dijo; a las preguntas que se le hacen de si sabe lo que es una demanda, que si es una denuncia o una queja contesta que primero vino a dar la queja y después se puso la denmicia; que sí señor que ella juró en esa denuncia o queja; que como resultado de esa queja el señor Chevremont por medio del abogado de él señor Méndez Yaz la llamó y le dijo que retirara la denuncia, pues Chevremont se comprometía a darle $12 a la niña mensuales; que ella se conformó con los doce dollars, porque no quería dar escándalo, no tenía mayormente tes-tigos, estaba enferma y se conformó con eso; que Cbevremont le está pasando abora doce dollars mensuales; que siempre ba ido a a buscar los doce dollars mensuales; que se los entregan; que ella dá recibo por ellos; que los doce dollars son para alimentos de la niña; que para ella no le dá nada; que no recuerda bien cuanto tiempo bace que le están pasando esos doce dollars; que todavía se los están pasando; a la pregunta que se le bace de si el señor Cbevremont alguna vez ba querido hacerse cargo de la niña, con-testa que el abogado Méndez Yaz le traía razones a ella, y la decía que Cbevremont babía dicho que la cogía; que le llevara la niña que Cbevremont la recibía, que él babía dicbo que la quería, para educarla y quedarse con ella; que le decía que la iba a tener en la casa de la familia de él de las hermanas; que no se la entregó’ porque no bacía confianza en él para entregársela; que ella tiene de diez y nueve a veinte años; que ella nació en Mayagüez; que no-está segura de si la registraron en el Registro Civil; que sabe que se ban hecho gestiones para encontrar su partida de nacimiento; que-no se ba encontrado; que no sabe porqué no está en el Registro Civil; que cree en la edad que tiene por lo que dicen las personas que la conocen y por lo que le decía su papá. El demandado se opone por1 ser de referencia, y el juez sostiene la oposición; que su papá no vive; que ba dicbo que no aparece inscrita en el Registro Civil; que tiene veinte años; que cuando le ocurrió el hecho tenía diez y seis o diez y siete años; que ella lo sabe.
“ '* * * que ella creía que el señor Cbevremont estaba en condiciones de cumplirles todos los ofrecimientos que le babía hecho; que ella le creía porque él se lo decía y además ella oía decir que él era un hombre rico, que debido a la postura de su casa y a las condiciones de su casa creía que era un hombre rico, que le iba a comprar la casa, que la iba a hacer feliz y todo eso y que se iba a casar con ella después de divorciado; que Cbevremont no es un hombre joven; que es un hombre de más edad que ella; que cree que tenga doble edad que ella; que ella le creía a él entonces bajo esas condiciones; que .él ejerce-su profesión; que su profesión es dentista; que la ejerce en San Juan; que la declarante es huérfana; que su padre murió y su madre también; que su madre murió en el 5 y su papá en el 16; que ella vino a San Juan en el 1915; que es pobre; que en la época que le ocurrió eso también era pobre. La testigo a preguntas del demandado declara que ella dijo que co-noció al señor Chevremont porque fué a arreglarse la boca a su casa; que está segura de eso de que fué la primera vez; que con anterio-ridad al arreglo de la boca no había estado de criada en la casa del señor Chevremont.
“ Continúa la testigo declarando a preguntas del demandado, que no había estado al servicio de la familia Chevremont; que no re-cuerda haber estado al servicio o haber vivido alguna temporada en la calle de San Francisco 72, en casa de don Emilio Chevremont, que desde que está en San Juan en la única parte que ha vivido antes de haberle sucedido eso fué en casa de doña Emilia Llano; que no conoce a doña Emma Hernáiz esposa de Chevremont.
“Que Chevremont tenía la oficina en la calle de San Francisco ■esquina a Cruz; que sí señor al lado de la Notaría de don Damián Monserrat; que sí estuvo diferentes veces a arreglarse la boca; que sí el señor Chevremont la requirió de amores; que sí dijo que una noche a las ocho de la noche estuvo allí; que nadie había en el mi-rador del señor Chevremont; que estaban los dos solos; que el día que subieron al mirador le había dicho a él que lo quería; que es-tuvieron allí hasta las diez y media u once de la noche.”

El juez de distrito uo hace ninguna mención de la prueba en cuanto al previo buen carácter y conducta ejemplar de la demandante. El párrafo inicial de que existió ausencia com-pleta de prueba, por lo menos no es compatible con el comen-tario que sigue, el cual al tratar de señalar los elementos esenciales que no han sido establecidos, no sólo revela una idea errónea de la supuesta necesidad de una promesa de ma-trimonio y de que es necesaria la corroboración, sino que también indica que las admisiones y alegaciones terminantes «de la contestación fueron enteramente desatendidas.

Sin duda que las cortes deben ser cuidadosas en casos de esta naturaleza y la prueba ha de ser- clara y convincente; pero esto no quiere decir que el demandante deberá presen-tar testigos oculares en cuanto a los medios empleados por el demandado para llevar a cabo su propósito. Los jueces, én sn celo por proteger los derechos de los hombres honra-dos deben recordar que la regla en cuestión no se estableció para favorecer la evasión de truhanes sin escrúpulos, y que una demandante honrada tiene también ciertos derechos. De otro modo, el estatuto arriba citado en primer término se convertiría en letra muerta y la clase para cuyo beneficio se decretó la ley quedaría sin un remedio contra uno de los .más crueles males que pueden causarse a una mujer.-

Desde luego que nada de lo aquí expresado deberá inter-pretarse en el sentido de que indica una opinión sobre los méritos del caso que puedan desarrollarse de toda la prueba de ambas partes. Pero, como ya se ha dicho, para los fines de un sobreseimiento (nonsuit) debemos tomar la prueba de la demandante domo verdadera. Considerada de tal modo, la prueba es clara y convincente y no proporciona base ra-zonable alguna para la conclusión a que llegó la corte inferior.

El demandado no dijo rotundamente a la demandante-. “Si usted quiere ser mi mujer yo le proporcionaré una casa y alimentos y la vestiré así como le facilitaré dinero para afrontar sus necesidades razonables y nunca la abandonaré. ’ ’ Aún implicando esa falsa promesa, como implica, por lo me-nos la apariencia de un hogar permanente con los medios de subsistencia, y tal vez algunas de las comodidades de la vida, si la hace un hombre ya de edad y de recursos al oído de una-inocente huérfana sin recursos podría ser bastante para sos-tener una acción. Pero no es eso todo. Se trata aquí de una muchacha de 16 años acostumbrada ya a la conversación del demandado y al contacto físico de sus manos como pro-fesional por las visitas que hiciera a su oficina como cliente y por un período de un mes o más. En el curso de estas vi-sitas tienen lugar preguntas cariñosas hechas a la deman-dante seguidas de demostraciones de afecto y cariño, me-diante las promesas de un amante que hace el papel de “ca-sado pero sin congeniar con la esposa,” está para divorciarse y que después estará libre para casarse con la demandante. Y esto continúa por varios meses. - El ofrecimiento de una casa amueblada y las invitaciones a subir al mirador que está sobre la oficina, al principio fueron rechazadas, pero el de-mandado persiste en su importunidad. Finalmente logra in-ducií a la demandante a entrar al mirador después de repe-tidas promesas de que nada le sucedería y la visita se pro-longa por las nuevas promesas de igual clase hechas con el sólo objeto de alejar cualquier sospecha que la demandante hubiera podido tener, o que al parecer tuvo, de una intención engañosa. Luego se sirven bebidas. Se reanudan los hala-gos acompañados ahora de caricias. El. aliciente ya no es, si lo fué, el mero pago del alquiler de una casa, sino una vi-sión de futura felicidad en tan marcado contraste con las con-diciones existentes que las manifestaciones de simpatías por esta situación sin duda eran snpérfluas como delicado recor-datorio a la demandante. Puede ser que la prueba de la de-fensa dé un aspecto distinto al caso al ser- sometido final-mente a la decisión de la corte por sus méritos. Pero tal como ahora se presenta el caso no podemos convenir con el cri-terio que tuvo la corte inferior al resolver la moción de non-suit.

La apelante también impugna la orden desestimando la moción que presentó para que se hiciera más específica, entre otros particulares, un párrafo de la contestación, el cual es-como sigue:

“Niega el demandado de propio conocimiento que en el mes de diciembre de 1916 y dos años antes fuese la demandante una mujer casta, virgen y pura; y afirma, de contrario, que para esas fechas fué conocida viviendo públicamente en concubinato en Mayagiiez pri-mero en una casa de la calle de Méndez Vigo, hoy Hostos, y pos-teriormente en el barrio de G-uanajibo, de dicha municipalidad, según una información que el demandado cree cierta.”

Nos inclinamos al parecer de que la demandante tenía derecho a que se hiciera una alegación más específica en este respecto; pero no citándose ninguna autoridad en apoyo de la alegación y toda vez que las partes tendrán oportunidad de volver a presentar la misma cuestión y tal vez más am-pliamente a la consideración de la corte de distrito, no es ne-cesario resolver aliora el punto..

La sentencia recurrida debe revocarse y devolverse el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Franco Soto disin-tieron.