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    Municipio de Mayagüez, recurrido, v. Edgardo Lebrón h/n/c Lebrón & Associates, peticionario.

      Número: AC-2004-37

      Resuelto: 21 de abril de 2006

      Rebeca Barnés Rosich, abogada de la parte apelante; Carlos E. Cardona y Alberto ó. Jiménez, abogados de la parte apelada.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si una disposición contractual sobre arbitraje es oponible a un municipio cuando ésta no formó parte del contrato de construcción entre el municipio y un particular, pero se incluyó en el documento de especi-ficaciones conforme a las cuales, según el contrato, habría de realizarse la obra.

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Los hechos de este caso surgieron a raíz de la remode-lación del Palacio de Recreación y Deportes del Municipio de Mayagüez (Municipio). El 24 de enero de 1995, el Mu-nicipio contrató a la firma de arquitectos Rigau & Penabad para que preparase los documentos relacionados con la remodelación. Esta preparó, entre otras cosas, un Docu-mento de Especificaciones. En éste se incluyeron varios es-critos modelos del American Institute of Architects (AIA); entre ellos, uno titulado General Conditions of the Contract for Construction, AIA Document A201-1976 (Condiciones Generales o A201). Apéndice de la Apelación Civil (Apéndi-ce), págs. 96-114.

El Municipio llevó a cabo en dos ocasiones el proceso de subasta para seleccionar al contratista de la remodelación. En ambas ocasiones las subastas fueron declaradas desiertas. Antes de la segunda subasta, el Municipio in-formó a los interesados en el aviso de subasta que “[t]oda información necesaria, así como todos los documentos de contratos y modelos de proposición, podrán obtenerse en el Departamento de Conservación, Ornato y Desarrollo Urbano”. Apéndice, pág. 906. En la reunión presubasta ce-lebrada para este proyecto se indicó que “el libro de espe-cificaciones que se preparó para la primera subasta de este proyecto, está completamente vigente y no se ve alterado en forma alguna como consecuencia de las revisiones a que se sometió el diseño”. (Énfasis suplido.) Dicha aclaración consta en la correspondiente Minuta, cuyo contenido “pasa a ser parte de las condiciones generales de las especificacio-nes técnicas del proyecto y, consecuentemente, de los docu-mentos de subasta y construcción”. (Énfasis suplido.) Apén-dice, págs. 910-911.

Sin embargo, como indicamos, ambas subastas se decla-raron desiertas durante 1996,() pues hubo una sola licita-ción y ésta excedió los fondos disponibles. El peticionario, Edgardo Lebrón (Lebrón o peticionario), fue el único lidia-dor en ambas ocasiones. Por ende, el 15 de noviembre de 1996 el Municipio autorizó que se atendiera el asunto ad-ministrativamente, y luego entró en negociaciones con el peticionario. Contrato de Construcción, Apéndice, págs. 64-75; Carta de 11 de marzo de 1996, Apéndice, pág. 907; Resolución Núm. 38, Serie 1996-1997, Apéndice, págs. 930-933.

Las partes otorgaron el 30 de mayo de 1997 un contrato de construcción. Éste disponía, en su primer artículo, que el Municipio

... contrata los servicios del [peticionario], para que realize [sic] la Primera Fase de las obras de Remodelación del Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, conforme se describe en los planos y especificaciones sometidos por el Departamento de Conservación, Ornato y Desarrollo Urbano y aceptados por el Contratista .... (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 64.()

No surge del referido contrato ninguna otra referencia al Documento de Especificaciones ni al arbitraje.

Así las cosas, el peticionario presentó el documento Demand for Arbitration (Petición de Arbitraje) ante la American Arbitration Association el 2 de enero de 2002. Citó como fuente para el arbitraje el Art. 7.9 de las Condiciones Generales incluidas en el Documento de Especificaciones. Apéndice, pág. 107. No existe controversia con respecto a que dicho documento fue el que se utilizó durante el pro-ceso de subastas y que Lebrón obtuvo su copia del Depar-tamento de Conservación, Ornato y Desarrollo Urbano del Municipio.

Ante la Petición de Arbitraje de Lebrón, el Municipio acudió al Tribunal de Primera Instancia con una demanda de “Petición de suspensión de arbitraje y solicitud de vista inmediata” el 18 de marzo de 2002. Alegó que no existía entre las partes un convenio de arbitraje. Apéndice, págs. 60-63.()

El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda del Municipio, al concluir que no existía entre las partes una obligación contractual de someterse al arbitraje.() Insatisfecho, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones, cuya sentencia confirmó la del foro primario.() Apéndice, págs. 53-59. Luego acudió ante no-sotros mediante un recurso de apelación, escrito que acogi-mos como una petición de certiorari y expedimos el auto solicitado.(6) Dada la comparecencia de ambas partes, y ha-llándonos en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

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Nuestro derecho de obligaciones y contratos gubernamentales parte de una premisa sencilla: las entidades gubernamentales están sujetas a las mismas normas que las demás personas y entidades. Véanse, e.g.: Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 149 (2001); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 787 (1994); Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 699 (1983); Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 880-881 (1961); Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953). Evidentemente, esta norma admite múltiples excepciones, entre ellas, que todo contrato con un municipio debe ser por escrito. Véase Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004). No existen disposiciones jurídicas vigentes que im-pongan requisitos u otras normas especiales al pacto de arbitraje entre un municipio y un particular. Por ende, de-bemos examinar el derecho general con respecto a los acuerdos de arbitraje.

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Generalmente, nuestro ordenamiento permite que las partes en un contrato se obliguen al arbitraje de las posibles controversias relacionadas con su contrato. Dicha facultad surge principalmente de la Ley de Arbitraje Comercial (Ley de Arbitraje), la cual establece que las partes “podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo”. 32 L.P.R.A. sec. 3201. Tales convenios, se dispone, serán válidos, exigibles e irrevocables “salvo por los fundamentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier convenio”. Art. 1 de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 (32 L.P.R.A. sec. 3201). De modo que estamos ante una figura de naturaleza contractual. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144 (1994).

El arbitraje convencional, naturalmente, es exigible sólo cuando se ha pactado, y el precepto citado de la Ley de Arbitraje aclara que dicho pacto debe ser por escrito. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 783; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197 (2002). Si existe controversia con respecto a la obligación de arbitrar, las partes tienen derecho a que se dirima en los tribunales. Art. 4 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. sec. 3204. Hemos señalado que tal controversia admite tres modalidades. Puede referirse a si existe un convenio de arbitraje, si tal convenio alcanza determinada controversia y si tal conve-nio alcanza una disputa sobre la duración o expiración del contrato. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 144; World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352, 361 esc. 9 (1990); National R.R. Passenger Corp. v. Boston & Maine Corp., 850 F.2d 756 (Cir. D.C. 1988).

Ahora bien, como existe una fuerte política pública favorable al arbitraje, toda duda con respecto a si procede debe resolverse en la afirmativa. Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307, 312-313 (2000); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, págs. 141-143; World Films, Inc. v. Paramount Piet. Corp., supra, págs. 361-362; McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970). Incluso, hemos señalado que “ante un convenio de arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté vedada”. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 142. También he-mos observado que según la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C.A. sec. 1 et seq,,( ) cuando existe un convenio válido y exigible de arbitraje, los tribunales carecen de discreción con respecto a su eficacia. Paine Webber v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 311-312.

B. En el ámbito de los contratos de construcción comercial, las cláusulas de arbitraje no precisan un consentimiento específico, sino que pueden incorporarse mediante referencia en el contrato principal. Se ha entendido así en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, a cuya jurisprudencia acudimos por ser nuestra Ley de Arbitraje una criatura del derecho norteamericano. Véanse, e.g.: T.R. Mills Contractors, Inc. v. WRH Enterprises, 93 S.W.3d 861, 870-871 (2002); Liberty Mgmt. & Constr. v. Fifth Ave. & Sixty-Sixth St. Corp., 208 A.D.2d 73 (1995); ADC Construction Co. v. McDaniel Grading, Inc., 338 S.E.2d 733 (1985). Incluso, la casuística de algunas juris-dicciones sugiere que la incorporación no exige palabras sacramentales ni la firma del documento incorporador, aun cuando el arbitraje precisa un acuerdo escrito.()

El caso Liberty Mgmt. & Constr. v. Fifth Ave. & Sixty-Sixth St. Corp., supra, ilustra la norma aludida. En su pro-puesta de subasta, un contratista expresó que había exa-minado y entendía los planos, las especificaciones y las instrucciones en relación con un proyecto de remodelación. También expresó su voluntad de realizar el trabajo en es-tricta conformidad con los documentos contractuales. Éstos incluían un modelo contractual del AIA que incorporaba, a su vez, las Condiciones Generales de dicha entidad. El dueño de la obra aceptó una versión revisada de la pro-puesta, mediante una carta cursada el 18 de noviembre de 1991. Aunque el contratista no firmó los documentos del AIA, se alegó que los había aceptado mediante otra carta, cursada el 20 de diciembre de 1991. Resolvió el tribunal que era oponible al contratista la cláusula de arbitraje con-tenida en las Condiciones Generales:

Thus, under either version of the agreement, plaintiff’s — the agreement allegedly completed by appellant’s December 16, 1991 letter accepting plaintiff’s November 18, 1991 proposal, as subsequently revised —or appellant’s— the December 20, 1991 AIA contract, which plaintiff allegedly accepted by its January 2, 1992 letter —plaintiff agreed to arbitrate. Liberty Mgmt. & Constr. v. Fifth Ave. & Sixty-Sixth St. Corp., supra, pág. 78.()

En otras industrias se ha aplicado un criterio similar. () A pesar de que algunos tribunales han sido menos flexi-bles/) la jurisprudencia citada es de gran valor persua-sivo dada nuestra política pública favorable al arbitraje.

IV

El norte de la interpretación contractual es determinar cuál fue la real y común intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-410 (1969); Carrillo Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132, 138 (1978); Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 537 (1997); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852-853 (1991); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173-174 (1989). Dicho análisis comienza y termina con los términos del contrato, siempre que éstos sean claros y no dejen duda alguna sobre la susodicha intención. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471; Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 (2001); Marcial v. Tomé, supra, pág. 536; Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 517 (1998); Unysis v. Ramallo Brothers, supra, pág. 852. Así, hemos indicado que “la tendencia de los tribunales es a limitar la interpretación a los casos en que se haga verdaderamente necesaria”, reconociendo, no obstante, que “[i]nterpretar si un contrato es claro presupone concordar su letra con la intención de las partes”. Marcial v. Tomé, supra, pág. 537. Véase también, e.g., Merle v. West Bend Co., supra, págs. 410-411.

Para determinar la verdadera y común intención de las partes, acudimos a una serie de normas interpretativas. Por un lado, es preciso examinar la evidencia extrínseca al contrato. Dicha evidencia ha de referirse, principalmente, a los actos de las partes coetáneos y posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472. Ello no impide, sin embargo, que se examinen todas las circunstancias indicativas de la intención contractual, incluyendo la ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo, así como los actos ocurridos durante la preparación del contrato. Unysis v. Ramallo Brothers, supra, pág. 853; Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, supra, pág. 174; Merle v. West Bend Co., supra, pág. 410; Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978).

Por otro lado, varios principios encausan la interpretación de las palabras que se utilizaron para dar expresión al contrato. Son relevantes al caso de autos los Arts. 1239 y 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3477 y 3478. El primero establece que debemos utilizar el uso y la costumbre del lugar o industria pertinentes al contrato para aclarar lo pactado y para suplir lo no pactado. G.H. Hammond Co. v. Diego Agüeros & Co., 30 D.P.R. 610 (1922); Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394, 399 esc. 2 (1998); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, pág. 237. Por otro lado, el citado Art. 1240 establece que la ambigüedad de un contrato o de sus cláusulas debe resolverse contra quien la provocó, aun cuando no se trata de un contrato de adhesión. Véanse, e.g.: Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, supra, pág. 418; Zequeira v. CRUV, supra, pág. 880.

Cabe añadir que el principio de lealtad incide sobre la interpretación de los contratos. Es decir, cuando resulta necesario determinar cuál fue la común voluntad de los contratantes, se entiende que éstos quisieron expresarse como lo hubiera hecho una persona de buena fe. En Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 75 (1987), citamos a Luis Diez-Picazo, en su obra Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap. XI, Sec. 45, págs. 251-252, quien explica esta norma:

“[Los contratos] deben interpretarse de acuerdo con la buena fe ... [que es] un [standard] de conducta arreglada a los impe-rativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social im-perante .... Los contratos han de ser interpretados presupo-niendo una lealtad y una corrección en su misma elaboración, es decir, entendiendo que las partes al redactarlos quisieron expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y no buscando circunloquios, confusiones deliberadas u oscuri-dades .... El contrato debe ser interpretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias contractuales exigidas con-forme a las normas éticas. La buena fe impone también la aplicación de las ideas de confianza y autorresponsabilidad en la interpretación .... Las declaraciones de voluntad deben in-terpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe.” (Enfasis suprimido y corchetes suplidos y en el original.)

Véanse, también: Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, supra, págs. 174-175; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, págs. 86-87. Cabe añadir que el principio de lealtad en la redacción contractual incluye un deber de diligencia, ya que se presume “una corrección en su misma elaboración” y una expresión “según el modo normal propio de gentes honestas”.

Finalmente, la controversia de marras exige una aclaración con respecto al vínculo entre la interpretación contractual y las normas hermenéuticas reseñadas. Hemos reiterado que el norte de tal interpretación es la verdadera y común intención de las partes. Sin embargo, las normas hermenéuticas que establece el Código Civil —Arts. 1233-1241 (31 L.P.R.A. secs. 3471-3479)— “son auténticas nor-mas jurídicas, no máximas de experiencia, y como tales obligan al intérprete (jueces, árbitros)”. Diez-Picazo y Gu-llón, op. cit, pág. 88 (refiriéndose a los Arts. 1.281-1.289 del Código Civil español).

Lo anterior significa, cuando menos, que si las normas interpretativas favorecen clara y consecuentemente una interpretación sobre otra, debe prevalecer la primera. Por ejemplo, la versión que surge claramente de los actos y las circunstancias pertinentes debe prevalecer sobre la que surge del testimonio de un contratante con respecto a su propia intención, y la interpretación derivada del principio de lealtad ha de vencer una con mayor apoyo en la evidencia, pero claramente contraria a éste. Si bien la hermenéutica contractual tiene su norte en la verdadera y común intención de las partes, los cánones interpretativos son el imprescindible compás judicial.

V

Hemos visto que los convenios de arbitraje con un mu-nicipio están sujetos al derecho general de las obligaciones y que un acuerdo de arbitraje es susceptible de incorpora-ción por referencia en un contrato escrito. El caso de autos no presenta controversia alguna con respecto a la validez y eficacia del contrato de construcción entre el Municipio y Lebrón. Por ende, la única pregunta a dirimir es si dicho contrato incorporó, mediante referencia, el artículo sobre el arbitraje de las Condiciones Generales.

Delimitada así la pregunta, se observa que la única dis-posición pertinente del contrato establece que el Municipio contrata a Lebrón para que realice la remodelación “con-forme se describe en los planos y especificaciones someti-dos por el Departamento”. Resolvemos que, en las circuns-tancias de este caso, dicha cláusula basta para incorporar el documento A201 y su Art. 7.9 de las Condiciones Gene-rales, sobre arbitraje, Apéndice, pág. 107. Veamos.

A. El alcance de la disposición citada admite más de una interpretación. Por un lado, podría significar que las obras de remodelación habrían de realizarse según los pía-nos y las especificaciones, es decir, según las disposiciones técnicas allí contenidas. Esta interpretación tiene el efecto de excluir toda referencia a las disposiciones no técnicas del Documento de Especificaciones, el cual contiene las Condiciones Generales.

Por otro lado, la disposición citada podría significar que el Municipio “contrata los servicios del [peticionario] ... conforme se describe en los planos y especificaciones some-tidos por el Departamento”; es decir, que la frase “conforme se describe en los planos y especificaciones” modifica, no la descripción del trabajo, sino la descripción del contrato. Así interpretada, la cláusula hace referencia a todo el conte-nido del Documento de Especificaciones, incluso el docu-mento A201 y el Art. 7.9 de las Condiciones Generales, supra, sobre arbitraje.

Ante estas dos posibles interpretaciones, debemos con-cluir que estamos ante una ambigüedad jurídica. Se recor-dará que la ambigüedad de un contrato no responde exclu-sivamente a sus palabras, sino que estamos obligados a “concordar su letra con la intención de las partes”, máxime cuando existe una fuerte política pública en pro del arbitraje. Para ello acudimos al texto contractual y a la evidencia extrínseca, no sólo aquella relacionada con los actos de las partes coetáneos y posteriores al contrato, sino también la que se refiere a los actos en preparación del contrato y a la ocasión, circunstancias, personas y acuerdo que se intentó llevar a cabo.

Los hechos de este caso revelan una ambigüedad en la intención de las partes con respecto a la incorporación del Documento de Especificaciones. Durante los procesos de subasta, el Municipio indicó que dicho documento sería parte del contrato. Lebrón participó en estos procesos y recibió las especificaciones del Municipio. A pesar de que ambas subastas se declararon desiertas, las partes otorga-ron el contrato de construcción unos meses después, mas sin antes discutir la cuestión del arbitraje. Dicho contrato hizo referencia al Documento de Especificaciones, referen-cia que no se limitó, expresamente, a los aspectos técnicos del documento. Estas actuaciones revelan una ambigüedad con respecto a si ambas partes quisieron incorporar todo el contenido de las especificaciones.

De otra parte, la jurisprudencia estadounidense exami-nada sugiere que el documento A201 del AIA es común en la industria de diseño y construcción de dicho país. Luego veremos que el Tribunal de Primera Instancia hizo una apreciación análoga con respecto a la industria local. Las partes no son ajenas a dichas industrias, y el Municipio contó con la asistencia de su división legal. Además, el do-cumento A201 advierte conspicuamente en su primera pá-gina: “this document has important legal consequences; consultation with an attorney is encouraged with respect to its modification.” Apéndice, pág. 96.

Por lo tanto, confirman nuestra conclusión, como pasa-mos a discutir, la ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo.

B. Habida cuenta de que resulta ambigua la referencia contractual a “los planos y especificaciones sometidos por el Departamento”, resolvemos que el contrato de construc-ción hace referencia a todas las disposiciones del Docu-mento de Especificaciones, documento que incluye las Con-diciones Generales y su Art. 7.9 sobre arbitraje, supra.

Al menos cuatro consideraciones apoyan esta conclusión. En primer lugar, si existe alguna duda con res-pecto a la obligación de arbitrar, se debe reconocer dicha obligación. Segundo, la ambigüedad de un contrato o de sus cláusulas no debe favorecer a quien la provocó. Las partes estipularon en el Informe sobre conferencia prelimi-nar entre abogados que Lebrón & Associates no intervino en la redacción del contrato de construcción, y el Municipio admite que lo redactó un funcionario suyo, a saber, el ase-sor legal a cargo de la unidad de contratos. Apéndice, pág. 764; Alegato del Municipio de Mayagüez, págs. 4-5 y 12-13; Exposición narrativa estipulada, Apéndice, pág. 984-986. Por ende, la ambigüedad de la cláusula de incorpora-ción no debe favorecer al Municipio.

En tercer lugar, el uso y la costumbre sirven para espe-cificar y suplir la ambigua intención de los contratantes. En las conclusiones de derecho de su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia expresó lo siguiente:

No se manifiesta un convenio expreso ni oral; por el contrario, lo que surge es una inclusión de arbitraje conforme a un pro-cedimiento rutinario al preparar los documentos de especifica-ciones requeridos por el contrato de diseño, planos y otros sus-crito con la firma arquitectos Rigau & Penabad. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 58.

Es decir, el foro sentenciador entiende que incluir el es-crito A201 en el Documento de Especificaciones es algo ru-tinario en la industria local de diseño y construcción. Ello no significa que todo contrato de construcción se entende-ría pactado con el documento de uso rutinario. Pero cuando el contrato consta por escrito y hace referencia ambigua a un grupo de documentos, y éste contiene un escrito que a menudo se utiliza íntegramente en la industria pertinente, el uso y la costumbre favorecen la total incorporación contractual del escrito.

El principio de la buena fe conduce al mismo resultado. Al interpretar el contrato de construcción, suponemos “ ‘una lealtad y una corrección en su misma elaboración’ ”, lo cual significa que las partes “ ‘quisieron expresarse se-gún el modo normal propio de gentes honestas y no bus-cando circunloquios, confusiones deliberadas u oscuridades ...’ ”. (Enfasis suprimido.) Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 75. Dado que el Municipio había incluido las Condiciones Generales en el Documento de Especifica-ciones, que el contrato de construcción hacía referencia a dicho documento, y que se trata de un negocio jurídico mul-timillonario, sólo una persona desleal hubiera tenido la in-tención de limitar su alcance sin expresarla tajantemente.

C. Los argumentos del Municipio no alteran el resul-tado que hemos alcanzado. Este sostiene que no tuvo la intención de obligarse al arbitraje.() Su conclusión se am-para, principalmente, en dos hechos: primero, que el con-trato de construcción se redactó con el propósito de incor-porar sólo los aspectos técnicos del Documento de Especificaciones; segundo, que los funcionarios facultados para vincular al Municipio desconocían la existencia del Art. 7.9 de las Condiciones Generales, supra, sobre el arbi-traje, ya que las Condiciones Generales se colocaron en el Documento de Especificaciones sin su autorización y conocimiento. Es decir, admite el recurrido que otorgó un contrato multimillonario sin examinar los documentos in-corporados ni limitar cuidadosamente su incorporación.

La posición del Municipio con respecto a su intención al redactar el contrato está fundamentada en el testimonio del funcionario que lo redactó. Este declaró que su propó-sito era incorporar los aspectos técnicos de las especifica-ciones y que el Municipio tenía una política pública contra-ria a las cláusulas de arbitraje. Exposición narrativa estipulada, Apéndice, págs. 984-986; Alegato del recurrido, págs. 12-13. No está claro si el foro sentenciador confirió entera credibilidad a dicho testigo, pero la cuestión es académica. Cuando los cánones de hermenéutica contractual favorecen clara y consecuentemente una interpreta-ción sobre otra, debe prevalecer la primera. Dadas las cir-cunstancias de este caso, el juzgador debió rechazar la posición del Municipio, aun cuando le mereciera entera credibilidad el testimonio del funcionario.

Añade el Municipio que los funcionarios facultados para vincularlo desconocían la existencia de la disposición sobre arbitraje. Ahora, el recurrido no niega que las Condiciones Generales formaron parte del Documento de Especificacio-nes durante las dos subastas y durante la negociación del contrato de construcción. Nuestra inspección de los autos revela que el documento A201 se halla sin dificultad y que el contenido básico de su Art. 7.9, supra, resulta evidente tras una lectura superficial del escrito. Por ende, la posi-ción del Municipio es —y sólo puede ser— que los funcio-narios pertinentes no examinaron el Documento de Espe-cificaciones antes de otorgar un multimillonario contrato de construcción.

Podríamos despachar este argumento con la famosa consigna del Juez Asociado Señor Serrano Geyls,() pero resulta innecesario. La negligencia de quien otorga un con-trato no es óbice para que se interprete según la política pública en pro del arbitraje, el uso y la costumbre, la buena fe y la norma desfavorable a quien provoca una ambigüedad. De hecho, el principio de lealtad en la redac-ción contractual incluye un deber de diligencia. Así, la ad-misión del Municipio con respecto a su falta de conoci-miento confirma nuestra conclusión.

VI

En virtud de los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia recurrida y, en consecuencia, se desestima la de-manda de epígrafe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene.

        (1) Específicamente, durante el 1996 se notificó la cancelación de la primera subasta y se llevaron a cabo los procedimientos relacionados con la segunda subasta.

      (2) Este contrato cubrió sólo la primera de cuatro fases contempladas, sujetán-dose las demás a la aprobación de fondos. Eventualmente, las partes enmendaron el contrato de construcción, el 3 de agosto y 4 de diciembre de 1998, para incluir las fases segunda, tercera y cuarta. Ambas enmiendas establecieron que permanecerían vigentes las otras disposiciones del contrato original. Apéndice, págs. 64-75.

      (3) El Municipio de Mayagüez (Municipio) apoyó su alegación al señalar, en síntesis, que el contrato de construcción no contiene ni hace referencia a una cláu-sula de arbitraje, que las partes nunca discutieron tal cláusula y que las Condiciones Generales (General Conditions of the Contract for Construction, AIA Document A201 - 1976) se incluyeron en el Documento de Especificaciones sin la autorización de un funcionario o un particular con la facultad de vincular al Municipio al arbitraje. Apéndice, págs. 60-63.

      (4) En lo aquí pertinente, las determinaciones de hechos del juzgador, cuya ve-racidad no cuestionamos, fueron las siguientes: (1) el contrato de construcción no contiene una cláusula de arbitraje; (2) el plano y todo lo concerniente a las especifi-caciones los preparó Rigau & Penabad, entidad que carecía de la facultad para obli-gar al Municipio al arbitraje; (3) el arquitecto Iván Rigau fue quien incluyó las Condiciones Generales en el Documento de Especificaciones; (4) según el testimonio del peticionario, Edgardo Lebrón, el arbitraje nunca se discutió con el Municipio y no surge de la prueba que las partes hayan negociado sobre ello; (5) el Documento de Especificaciones no estuvo ante las partes cuando se firmó el contrato de construc-ción; (6) el arquitecto Rigau no informó al Municipio sobre la cláusula de arbitraje; (7) el Documento de Especificaciones estaba en posesión del Departamento de Con-servación, Ornato y Desarrollo Urbano del Municipio; (8) el costo de las cuatro fases sería $1100 000, $918 265, $37 607 y $454 264. Al examinar estos hechos a la luz del derecho aplicable, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no hubo entre las partes un pacto de arbitraje. Destacó que las partes no discutieron ni negociaron sobre el asunto. Apéndice, págs. 54-55 y 58.

      (5) El Tribunal de Apelaciones prestó deferencia a la apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia. Señaló, inter alia, que las partes no discutieron el arbitraje y que Rigau & Penabad incluyó las Condiciones Generales en el Documento de Especificaciones sin la autorización del Municipio. Apéndice, págs. 8-9.
      “PRIMER ERROR: Erró el Honorable TA al requerir, como condición para la obligatoriedad de una disposición contractual, que ésta sea aprobada o autorizada
      “TERCER ERROR: Erró el Honorable TA al avalar la determinación del TPI a los efectos de que el contrato de construcción no tiene en su texto, ni por referencia una cláusula de arbitraje.
      “CUARTO ERROR: Erró el Honorable TA al entender que el Municipio de Ma-yagüez no está obligado por todas las disposiciones contenidas en el Pliego de Espe-cificaciones que ese mismo municipio ordenó confeccionar y, posteriormente entregó a todos los licitadores de la subasta para que rigieran el proceso de subasta, contra-tación y ejecución de la obra subastada.” Apelación civil, págs. 5-6.

      (7) La Ley Federal de Arbitraje aplica a los contratos en el comercio interestatal. Paine Webber v. Soc. de Gananciales, 161 D.P.R. 307, 312-313 (2000).

      (8) La jurisprudencia discutida a continuación se resume útilmente en W.J. Dunn, Contract providing that it is governed by or subject to rules or regulations of a particular trade, business, or association as incorporating agreement to arbitrate, 41 A.L.R. 2d 87, y en R.J. Sutton, Enforcement of Arbitration Agreement Contained in Construction Contract by or Against Nonsignatory, 100 A.L.R.5th 481.

      (9) También, véanse: T.R. Mills Contractors, Inc. v. WRH Enterprises, 93 S.W.3d 861, 870-871 (2002); Landmark Properties v. Architects Intern., 526 N.E.2d 603 (1988); Todd Habermann Construction, Inc. v. Epstein, 70 F. Supp.2d 1170 (D. Colo. 1999); Frank J. Rodney, Inc. v. Charles W. Ackerman of Fla., 219 So.2d 110 (1969), cert. desestimado, 230 So.2d 13 (1969).

      (10) Véase, por ejemplo, Wilson & Co. v. Fremont Cake & Meal Co., 77 F. Supp. 364 (D. Neb. 1948).

      (11) In re General Silk Importing Co., 189 N.Y.S. 391 (1921); In Re General Silk Importing Co., 194 N.Y.S. 15 (1922), confirmado, 234 N.Y. 513; Bachmann, Emme-rich & Co. U.S.A. Wenger & Co., 197 N.Y.S. 879 (1923); Riverdale Fabrics Corp. v. Tillinghast-Stiles Co., 306 N.Y. 288 (1954). Cf. Level Export Corp. v. Wolz, Aiken & Co., 305 N.Y. 82 (1953); 121 N.Y.S.2d 261. Obsérvese que a veces se niega el arbitraje en el contexto de circunstancias especiales. Véase, e.g.: Harper v. Ultimo, 113 Cal. App. 4th 1402 (2003); Western Vegetable Oils Co. v. Southern Cotton Oil Co., 141 F.2d 235 (9no Cir. 1944); Pillsbury v. Blumenthal, 272 P.2d 326 (N.M. 1954); Northridge Cooperative Section No. 1 v. 32nd Avenue Construction Corp., 139 N.Y.S.2d 37 (1955); American Rail & Steel Co. v. India Supply Mission, 308 N.Y. 577 (1955).

      (12) El recurrido esgrime otros argumentos que no merecen un análisis detenido, dados los hechos de este caso y el derecho aplicable. Sostiene el Municipio, por ejem-plo, que validar la disposición sobre arbitraje sería “inconsciente” (entiéndase, leonino). Añade que el pacto de arbitraje es contrario al orden público porque, entre otras cosas, las Condiciones Generales no se enviaron al Contralor, el asesor legal del Municipio nunca aprobó la cláusula de arbitraje, los arquitectos no tenían autoriza-ción para incluir el documento A201 en las especificaciones, y la American Arbitration Association es un foro costoso e inadecuado. Alegato, Apéndice, págs. 15-17 y 22-28.

      (13) “Los jueces no debemos ... ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería.” Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).


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text:
      In re Rosalinda Pesquera Annexy.

      Número: TS-4614

      Resuelto: 21 de abril de 2006

      Guillermo Figueroa Prieto, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Atendidos los fundamentos que se aducen en el Escrito de Reconsideración de 11 de abril de 2006, presentado por la representación legal de Rosalinda Pesquera Annexy, se reconsidera nuestra Sentencia de 31 de marzo de 2006 y se le reinstala únicamente al ejercicio de la profesión de abo-gado, efectiva el próximo 3 de mayo de 2006.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER curiam:

text:
      In re Jorge T. Colón Román, querellado.

      Número: AB-2004-56

      Resuelto: 27 de abril de 2006

      Rodrigo Fernós Riddick, querellante; Jorge T. Colón Román, querellado, por derecho propio.
   PER curiam:

HH

El 5 de marzo de 2004, el Sr. Rodrigo Fernós Riddick presentó ante nos una queja contra el Ledo. Jorge T. Colón Román (licenciado Colón Román). Se le imputó a este abo-gado haber fallado en corregir unos errores señalados por el Registro de la Propiedad en una escritura de compra-venta y constitución de hipoteca que otorgó.

A solicitud del abogado, el 10 de agosto de 2004 le con-cedimos una prórroga de quince días para contestar la querella. El 2 de septiembre de 2004 se le concedió un tér-mino adicional de seis días para contestar.

En vista de que el abogado no compareció a contestar la querella, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2005 le concedimos un término final de diez días para contestar la queja presentada en su contra. Dicha resolución fue no-tificada por correo certificado a la dirección del expediente del abogado querellado y también personalmente a través de la Oficina del Alguacil General.

Así las cosas, el término concedido expiró y el abogado aún no ha comparecido ante este Tribunal. En vista de lo anterior, procedemos a resolver este asunto sin ulteriores trámites.

HH

Todo abogado tiene el deber y la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimien-tos sobre su conducta profesional. Hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requeri-mientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibi-mientos de imponerle sanciones disciplinarias. Véanse: In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

En vista de que el abogado nunca compareció ante este Tribunal a cumplir con lo ordenado e ignoró los requeri-mientos que le hicimos al respecto, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Jorge T. Colón Román. Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notifica-ción de esta opinión per curiam y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Colón Román y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la co-rrespondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Naydi C. Nazario Muñiz.

      Número: TS-8995

      Resuelto: 28 de abril de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar, abogados de El Pueblo; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Co-legio de Abogados de Puerto Rico; Naydi Nazario Muñiz, peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Atendidas tanto la comparecencia del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico como del Procurador General de Puerto Rico, se ordena la reinstalación de Naydi C. Nazario Muñiz al ejercicio de la abogacía, efectiva desde la notificación de esta Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Alberto Juan Morales Steinmann.

      Número: TS-6564

      Resuelto: 1 de mayo de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Alberto J. Morales Steinmann, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Moción, presentada por el Ledo. Alberto Juan Morales Steinmann para su readmisión, la Moción en Contestación a Resolución y la Moción en Contestación a Solicitud de Readmisión, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, y la Moción en Cumplimiento de Orden, de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, se reinstala al licenciado Morales Steinmann al ejercicio de la profesión y se le ordena pagar $175 al Colegio de Abogados de Puerto Rico por concepto de cuota de colegiación que dejó pen-diente al darse de baja en 1995. Se le apercibe que el in-cumplimiento de esta orden podría dar lugar a sanciones disciplinarias.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re María J. Deliz Terrón, querellada.

      Número: AB-2005-138

      Resuelto: 3 de mayo de 2006

      Minerva Rivera, querellante.
   per curiam:

María J. Deliz Terrón fue admitida al ejerci-cio de la abogacía el 23 de agosto de 1989.

El 14 de julio de 2005, la Secretaría del Tribunal Supremo le envió una carta a la licenciada Deliz Terrón en la que le informó que se había presentado en el Tribunal una queja en su contra y requirió que compareciera dentro del término de diez días para contestar la queja referida.

La carta mencionada antes fue enviada por correo cer-tificado a la dirección que la abogada tenía registrada en el Tribunal Supremo. Dicha carta fue devuelta por el correo, porque no era ya la dirección de la abogada. Evidentemente la licenciada Deliz Terrón había cambiado su dirección sin notificárselo al Tribunal, en violación del deber que impone la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

El 7 de septiembre de 2005, un alguacil del Tribunal logró notificar personalmente a la licenciada Deliz Terrón la carta de la Secretaria del Tribunal referida antes, luego de que la abogada fuese localizada en otra dirección. No obstante tal notificación, la licenciada Deliz Terrón hizo caso omiso al requerimiento de la Secretaria formulado en la carta aludida. No contestó la carta.

En vista de lo anterior, el 17 de octubre de 2005 emiti-mos una resolución para concederle un término de diez días a la licenciada Deliz Terrón para comparecer ante nos y contestar la queja que tenía pendiente. En esa resolución apercibimos a la abogada de que su incumplimiento con lo que se ordenaba allí conllevaría sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión.

La resolución referida le fue notificada a la licenciada Deliz Terrón personalmente el 28 de octubre de 2005 por un alguacil del Tribunal. Pasados ya varios meses desde que venció el término que se le había concedido en la reso-lución a la licenciada Deliz Terrón, ésta no ha comparecido ante nos. Por segunda vez ha hecho caso omiso a un reque-rimiento del Tribunal con relación a una queja en su contra.

M

Surge de lo anterior que el procedimiento disciplinario iniciado por una queja en su contra hace varios me-ses todavía sigue pendiente sin trámite alguno por la inac-ción de la licenciada Deliz Terrón. Con la referida conducta, ésta ha logrado dilatar dicho procedimiento con-siderablemente, en violación a su deber de responder expe-ditamente a requerimientos sobre el particular. Reiterada-mente hemos señalado que los abogados deben una meticulosa atención y obediencia a las órdenes que reciben en los procedimientos sobre su conducta profesional, para que éstos se tramiten con prontitud y diligencia. Una con-ducta como la desplegada aquí por Deliz Terrón obstaculiza y debilita la función reguladora de la profesión y ello, por sí solo, acarrea las más graves sanciones. In re Otero Fernán-dez, 145 D.P.R. 582 (1998); In re Laborde Freyre, 144 D.P.R. 827 (1998); In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824 (1998).

Por otro lado, la licenciada Deliz Terrón ha hecho caso omiso a una resolución de este Tribunal, violando así su deber de acatar rigurosamente las órdenes del Tribunal Supremo. Desatenderlas acarrea la imposición de sanciones severas. In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Lind Casado I, 164 D.P.R. 513 (2005); In re Morales Lozada, 164 D.P.R. 748 (2005); In re González Carrasquilla, 164 D.P.R. 813 (2005).

Finalmente, Deliz Terrón ha cometido otra violación grave a sus deberes profesionales. Reiteradamente he-mos insistido en que los abogados deben cumplir con la obligación que les impone la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, de notificar cualquier cambio de dirección postal o física, tanto de su residencia como de su oficina. Una y otra vez hemos señalado que el incumplimiento con esta obligación obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y es por sí solo razón suficiente para decretar la suspensión indefinida del ejercicio profesional del abogado que incumple. In re Oliveras López de Victoria, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Torres Sepúlveda, 163 D.P.R. 627 (2004); In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003); In re Pérez Olivo, 155 D.P.R. 887 (2001); In re Santiago Méndez, 141 D.P.R. 75 (1996); In re Morales y Rubin, 139 D.P.R. 44 (1995); In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987).

p-H HH

En resumen, pues, Deliz Terrón ha incumplido con va-rios deberes que tenía como abogada. En particular, ha obstaculizado de varias formas el ejercicio de nuestra juris-dicción disciplinaria. Es evidente por ello que no le inte-resa continuar siendo miembro de la profesión de abogado y notario en Puerto Rico.

Por los fundamentos expuestos, se decreta la suspen-sión inmediata e indefinida de María J. Deliz Terrón del ejercicio profesional. Se le impone a María J. Deliz Terrón el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judi-ciales y administrativos del país, si tiene algún asunto pendiente en éstos.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra notarial de Puerto Rico de la abogada sus-pendida y entregarla a la Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará una sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


text:
      In re Rebecca Rodríguez Mercado.

      Número: CP-2002-7

      Resuelto: 5 de mayo de 2006

      Rebecca Rodríguez Mercado, peticionaria que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Visto el Escrito en Cumplimiento de Orden, de 10 de abril de 2006, se readmite a la Sra. Rebecca Rodríguez Mercado a la profesión de abogado. Se le concede un tér-mino de treinta días para informar el plan de pago para satisfacer la deuda.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Juan Martínez Cruz, recurrido.

      Número: AC-2005-070

      Resuelto: 5 de mayo de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte apelante; Luis A. Russi Dilán y Carmen A. Rodrí-guez Maldonado, abogados de la parte apelada.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde resolver en esta ocasión si la Ley Uniforme de Extradición Criminal, Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960 (34 L.P.R.A. sec. 1881 et seq.), le impone al Gober-nador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el deber ministerial de acceder a una solicitud de extradición hecha por el Gobernador del estado de Pennsylvania, cuando la petición remitida cumpla con todos los requisitos formales exigidos por la legislación aplicable.

I

El 3 de junio de 2002, el Gobernador del estado de Pennsylvania le requirió a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la extradición del recurrido, Juan Martínez Cruz (Martínez Cruz o recurrido), contra quien pesaba una orden de arresto emitida por un tribunal del estado de Pennsylvania por haber cometido varios delitos graves en dicho estado. Alegadamente, el recurrido había huido de esa jurisdicción y se encontraba fugitivo en Puerto Rico. Se alegó que el señor Martínez Cruz era bus-cado para que enfrentara un juicio por los delitos de asesi-nato, así como otros delitos graves.

El 17 de junio de 2002 se accedió al requerimiento de extradición, iniciándose de esa forma el procedimiento judicial establecido en la Ley Uniforme de Extradición Criminal (Ley Uniforme de Extradición), y su contraparte federal, 18 U.S.C.A. sec. 3182. A esos efectos, el Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Pri-mera Instancia la correspondiente demanda de extradición. El acusado anunció que no accedería a ser ex-traditado ante la posibilidad de que pudiera enfrentar la pena de muerte en Pennsylvania de ser hallado culpable de los delitos por los que se le procesaría. Oportunamente, presentó un recurso de habeas corpus ante el foro de instancia.

El 26 de septiembre de 2003 el foro de instancia celebró la vista para considerar la solicitud de extradición y el re-curso de habeas corpus presentado. En ésta, además del recurrido y del Ministerio Público, participó como amigo de la corte el Colegio de Abogados. Martínez Cruz se opuso a su traslado, como ya indicamos, sobre el fundamento de que el delito por el cual se le acusaba en Pennsylvania podía acarrear la pena de muerte, y puesto que dicho cas-tigo estaba prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su traslado a Pennsylvania sería en violación de la Constitución de Puerto Rico. El señor Martínez Cruz no impugnó o cuestionó la corrección de los documentos de extradición ni cuestionó que él fuera la persona buscada, que fuera un prófugo o que, en efecto, hu-biera sido acusado de delito en Pennsylvania, según se alegó en la documentación sometida ante el tribunal.

El Ministerio Público, por su parte, argüyó que éste no era un caso que versara sobre la pena de muerte y la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino más bien un caso que se regía por la Cláusula de Extradi-ción de la Constitución de Estados Unidos —Art. VII, Sec. 2, Const. EE. UU. (1 U.S.C.A. y 18 U.S.C.A. sec. 3182)— y lo dispuesto en Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219 (1987). Concluida la vista, el caso quedó sometido ante el Tribunal de Primera Instancia.

Un año más tarde, el foro primario emitió una resolu-ción en la cual determinó lo siguiente. Primero, que la cláusula de extradición dé la Constitución de Estados Uni-dos no aplica a Puerto Rico. Segundo, que la legislación federal de extradición “no establece pautas en torno a la controversia del caso de autos”, dejando a los estados la autoridad para que legislen sobre esta materia. Tercero, que la Ley Uniforme de Extradición debe interpretarse acorde con el mandato de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe la pena de muerte. Finalmente, concluyó que la extradición de Martínez Cruz sólo podía llevarse a cabo en la medida que existieran ga-rantías de que Pennsylvania no solicitaría la pena de muerte para él, de éste ser hallado culpable. En ausencia de tales garantías, se prohibió la extradición de Martínez Cruz.() En específico indicó dicho foro:

Por todos los argumentos anteriores se declara que si no hay garantías del estado peticionario de que no pediría la pena de muerte en este caso no se podrá trasladar al señor Martínez hacia el Estado de Pennsylvania, ya que esto iría en clara violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De no ofrecerse esa garantía, se declara ha lugar el recurso presentado por la defensa.

Ineonforme, el Procurador General recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio celebró una vista oral en el caso y el 17 de octubre de 2005 dictó la sentencia cuya revisión se ha solicitado. En ella, dicho foro confirmó la determinación del foro primario bajo iguales fundamentos.

Insatisfecho, el Procurador General presentó una peti-ción de certiorari ante este Tribunal el 10 de noviembre de 2005 y posteriormente el recurrido presentó su alegato.() El Procurador General señaló la comisión de los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que autorizar la extradición del recurrido sin la condición de que en caso de ser hallado culpable no se imponga la pena de muerte, está reñido con la sección 7 de la Carta de Derechos, Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, que prohíbe la pena de muerte. Erró el Tribunal de Apelaciones al ignorar el derecho positivo claramente aplicable al caso y resolver a base de consideracio-nes de derecho internacional claramente inaplicables y de con-sideraciones morales en torno a la pena de muerte. Apelación, pág. 10.

Poco después, el Colegio de Abogados y la American Civil Liberties Union (ACLU) solicitaron comparecer como amigos de la corte ante este Tribunal. Accedimos a las so-licitudes presentadas y le concedimos un término a ambas partes para que presentaran sus correspondientes escritos.

El caso quedó finalmente sometido ante nuestra consi-deración el 8 de febrero de 2006. Contando entonces con la comparecencia de las partes antes mencionadas, pasamos a resolver la controversia.

HH hH

La amplia discusión pública generada en torno a este caso exige unos señalamientos introductorios que permi-tan aclarar la controversia real que pende ante nuestra consideración.

A poco que separamos el grano de la paja, advertimos que lo que se encuentra ante nuestra consideración es una controversia sobre los deberes y las obligaciones del Gober-nador del Estado Libre Asociado bajo la Ley Uniforme de Extradición y su contraparte federal, una vez recibe del gobernador de un estado de Estados Unidos una petición para extraditar a una persona que se alega ha cometido algún delito en dicho estado y ha huido a Puerto Rico.

En estricto rigor, por lo tanto, éste no es un caso sobre la pena de muerte y la prohibición constitucional para su im-posición en Puerto Rico, o sobre la vitalidad de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lamenta-blemente, la exposición pública que ha prevalecido hasta este momento ha ofuscado la controversia que hoy debe-mos atender.

Veamos entonces.

HH HH I — i

A. La Cláusula de Extradición de la Constitución de Es-tados Unidos y la legislación federal aprobada para su im-plantación

La extradición es un proceso sumario mediante el cual un Estado (el “Estado asilo”) le entrega a otro Estado (el “Estado reclamante”) una persona que se encuentra en su jurisdicción y quien se alega ha cometido o ha sido convicto de algún delito en el Estado reclamante, con el propósito de que pueda ser sometido a las leyes penales de este Estado. S. Spear, The Law of Extradition, International and Interstate, 3ra ed., Albany, Weed, Parsons & Co., pág. 70 (“The surrender by one sovereign state to another, on its demand, of persons charged with the commission of crimes within its jurisdiction, that they may be dealt with according to its laws”).

El proceso de extradición interestatal tiene sus orígenes en la época de las colonias norteamericanas, cuando por consideraciones de respeto mutuo y cortesía (comity) entre las colonias, éstas suscribieron entre sí acuerdos de esta naturaleza. Spear, op. cit, págs. 283-286. Posteriormente, el Art. IV de los Artículos de Confederación reconoció la importancia del procedimiento al proveer en su texto para la extradición a la colonia reclamante de personas acusa-das de crímenes que hubiesen huido a otra colonia para evitar el procedimiento criminal. Al promulgarse la Cons-titución de Estados Unidos, se incorporó a dicho docu-mento en su Art. IV, Sec. 2, Cl. 2,() sustancialmente, la misma disposición que existía ya en los Artículos de Con-federación respecto la extradición. Véase F. Kopelman, Ex tradition and Rendition: History-Law-Recommnedations, 14 B.U.L. Rev. 591, 628-629 esc. 7 (1934).

La Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos no es autoejecutable, por lo que se requiere de legislación —tanto federal como estatal— para su implementation.() A esos fines, se aprobó la Ley de Extradición de 1793. Spear, op. cit, págs. 295-299. Este estatuto, con modificaciones menores, ha permanecido vigente. La ley federal dispone:

Whenever the executive authority of any State or Territory demands any person as a fugitive from justice, of the executive authority of any State, District, or Territory to which such person has fled, and produces a copy of an indictment found or an affidavit made before a magistrate of any State or Territory, charging the person demanded with having committed treason, felony, or other, crime, certified as authentic by the governor or chief magistrate of the State or Territory from whence the person so charged has fled, the executive authority of the State, District, or Territory to which such person has fled shall cause him to be arrested and secured, and notify the executive authority making such demand, or the agent of such authority appointed to receive the fugitive, and shall cause the fugitive to be delivered to such agent when he shall appear, If no such agent appears within thirty days from the time of the arrest, the prisoner may be discharged. 18 U.S.C.A. sec. 3182.()

La legislación federal no ocupa el campo en esta materia, por lo que los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueden establecer mediante legislación su propio procedimiento, como en efecto han hecho.

Aun cuando los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado pueden legislar así, lo cierto es que el proceso legislado no puede ser más oneroso al presentado en la legislación federal o a lo dispuesto en la Constitución de Estados Unidos. Véase L. Abramson, Extradition in America: Of Uniform Acts and Governmental Discretion, 33 Baylor L. Rev. 793 (1981) (“States are free to effect extradition under less stringent requirements, but are not permitted to make extradition any more difficult”).

El propósito que persigue esta cláusula, así como la legislación aprobada para su implementación, es dual: por un lado, se pretende evitar que un estado se convierta en un santuario para los criminales que pretenden burlar las leyes penales de una jurisdicción huyendo al “Estado asilo”, y por el otro, procura evitar la balcanización de la administración del sistema de justicia penal entre las jurisdicciones que coexisten en Estados Unidos. California v. Superior Court, 482 U.S. 400, 406 (1987) (“The obvious objective of the Extradition Clause is that no State should become a safe haven for the fugitives from a sister State’s criminal justice system”); Michigan v. Doran, 439 U.S. 282, 287 (1978). Véase, además, Karkosat, Fleeing Injustice: Examining the Interstate Extradition Clause as Applied to Political Refugees, 68 U. Cinn. L. Rev. 123 (1999) (“The dual purpose of the Extradition Clause is to preclude any state from becoming a heaven for fugitives from another state and to prevent any division of the criminal justices system among the states”).

Para efectuar ese propósito, la ley federal y las leyes aprobadas por los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado tienen que interpretarse de una manera ex-pansiva, irrestricta y consecuente entre sí para adelantar sus objetivos. En Biddinger v. Commissioner of Police, 245 U.S. 128, 132-133 (1917), se indicó correctamente:

Such being the origin and purpose of these provisions of the Constitution and statutes, they have not been construed narrowly and technically by the courts as if they were, penal laws, but liberally to effect their important purpose. (Enfasis nuestro.)

En igual sentido, véase Appleyard v. Massachusetts, 203 U.S. 222, 228 (1906).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretó por primera vez la Cláusula de Extradición en Kentucky v. Dennison, 65 U.S. (24 How.) 66 (1861). Allí se resolvió, primero, que la cláusula imponía una obligación de carácter mandatario sobre el gobernante del Estado asilo de remitir al Estado reclamante el prófugo cuya extradición se solicitaba.!) Segundo, que bajo la ley federal de extradi-ción el recurso extraordinario de mandamus no estaba dis-ponible a los tribunales federales para obligar a los funcio-narios ejecutivos del Estado asilo a cumplir con su obligación de extraditar.!)

Por más de un siglo, este fue el estado de derecho pre-valeciente en Estados Unidos. Ello, hasta que el estado de Iowa rehusó entregar a las autoridades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Ronald Calder, un empleado del Federal Aviation Administration en San Juan, para que enfrentara cargos criminales por asesinato y tentativa de asesinato. Calder había arrollado a un matrimonio luego de un altercado entre él y el esposo de la víctima. Se adujo que Calder arrolló al matrimonio, hiriendo gravemente al esposo y provocando la muerte de su esposa, quien se en-contraba en estado grávido. El incidente fue particular-mente estremecedor pues, como se alegó, Calder utilizó su automóvil para pasar sobre el cuerpo de la difunta en va-rias ocasiones. Calder fue acusado en Puerto Rico y, antes de celebrarse la vista preliminar, huyó a Iowa.

Calder se opuso a su extradición alegando que un “hombre blanco” en Puerto Rico no podría recibir un juicio justo e imparcial (“a white American man ... could not receive a fair trial in the Commonwealth of Puerto Rico”). Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 222 (1987). Adujo que el sistema judicial en Puerto Rico era corrupto y que los tes-tigos en su contra “habían sido sobornados”. (Traducción nuestra.) Íd. Véase J.P. Dinan, Puerto Rico v. Branstad: The End of Gubernatorial Discretion in Extradition Proceedings, 19 Toledo L. Rev. 649, 660 (1988). Véase, además, R.E. Davis, Puerto Rico v. Branstad Resotration of Integrity for the Cosntitution’s Extradition Clause, 19 Cumb. L. Rev. 109 (1989). El gobernador de Iowa rehusó extraditar a Calder a Puerto Rico. Eventualmente el caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos donde se solicitó la re-vocación de Kentucky v. Dennison, ante, para que el tribunal federal en Iowa pudiera forzar, a través del recurso extraordinario de mandamus, la entrega de Calder a las autoridades de Puerto Rico.

Acogiendo los argumentos esbozados por el Gobierno del Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo federal, en Puerto Rico v. Branstad, ante, revocó aquella determina-ción de Kentucky v. Dennison, ante, que impedía que el Gobierno federal compeliera al gobernador de un estado, mediante mandamus, a rendir a las autoridades del Es-tado reclamante un fugitivo de la justicia que había bus-cado refugio en el Estado asilo. Por otro lado, el Tribunal dejó intacta la norma general de Dennison de que las obli-gaciones impuestas por la ley federal de extradición son ministeriales. Se indicó: “We reaffirm the conclusion that the commands of the Extradition Clause are mandatory, and afford no discretion to the executive officers or courts of the asylum State.” Branstad, ante, pág. 227.

En Puerto Rico v. Branstad, ante, el Tribunal Supremo federal rehusó resolver si la Cláusula de Extradición apli-caba a Puerto Rico. Ese Tribunal resolvió, sin embargo, que la ley federal de extradición sí aplicaba a Puerto Rico. Branstad, ante, pág. 229 (“We need not decide today what applicability the Extradition Clause may have to the Commonwealth of Puerto Rico, however, for the Extradition Act clearly applies”). Lo cierto es que, independientemente de si aplica o no la Cláusula de Extradición al Estado Libre Asociado, el Tribunal en Branstad hace referencia indistin-tamente a la Cláusula de Extradición como a la ley federal para llegar a su resultado. Ello, después de todo, no sor-prende, pues la segunda lo que pretende hacer es impar-tirle eficacia a la primera; su entretejido es evidente.

De Puerto Rico v. Branstad, ante, debemos colegir, en lo que respecta a la controversia ante nuestra consideración, primero, que el gobernante del Estado asilo no tiene discreción —cumplidos los requisitos procesales de la petición de extradición— para rendir ante los funcionarios ejecutivos del Estado reclamante al fugitivo que ha buscado asilo en su jurisdicción. Segundo, que la ley federal de extradición aplica a Puerto Rico, por lo que nuestros tribunales están obligados a velar por su cumplimiento.

B. La Ley Uniforme de Extradición Criminal de Puerto Rico

El procedimiento de extradición en el Estado Libre Asociado está regulado por la Ley Uniforme de Extradición. Esta ley fue aprobada en 1960 y calca sustancialmente las disposiciones del Uniform Extradition Act de 1936, promulgado por la Conferencia Nacional de Comisio-nados sobre Leyes Uniformes Estatales (“National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”). Sánchez v. Superintendente, 104 D.P.R. 862, 864 esc. 1 (1976). D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puerto-rriqueño, 7ma ed., San Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2004, pág. 251.

La Ley Uniforme de Extradición procura hacer viable en Puerto Rico el mandato de la cláusula de extradición de la Constitución de Estados Unidos. La ley ordena que sus disposiciones sean interpretadas de manera compatible con lo provisto en otras jurisdicciones que hayan adoptado la ley uniforme, de suerte que se adelanten los propósitos que animan la ley y que persigue la Cláusula de Extradición. 34 L.P.R.A. sec. 1881bb.()

En muy pocas ocasiones hemos tenido oportunidad de expresarnos sobre la Ley Uniforme de Extradición. E.g., Sánchez v. Superintendente, ante; Galíndez v. Rodríguez Fortier, 102 D.P.R. 714 (1974). El estatuto, en su primera sección, le impone al Gobernador “el deber de hacer que se arreste y se entregue a las autoridades ejecutivas de cualquier estado a toda otra persona que habiendo sido acusada de traición, delito grave u otro delito en dicho estado, hubiere huido de la justicia y se encontrare en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 34 L.P.R.A. sec. 1881a. A todas luces esta sección le exige al Gobernador el deber inexcusable y, por ende, de carácter ministerial, de rendir a las autoridades del estado reclamante el prófugo de la justicia que ha huido a Puerto Rico para burlar el procesamiento penal que enfrenta en dicha jurisdicción.

El procedimiento que se ha de seguir está minuciosamente detallado en la Ley Uniforme de Extradición Criminal. Este se inicia, como ya apuntamos, mediante la presentación de una demanda de extradición por el gober-nador del estado reclamante al Gobernador de Puerto Rico. La demanda debe estar acompañada de la acusación pre-sentada por el Gran Jurado, por el fiscal o por una decla-ración jurada suscrita ante un magistrado del estado recla-mante, conjuntamente con cualquier mandamiento de arresto emitido por dicho estado. La acusación o declara-ción jurada debe imputar a la persona reclamada la comi-sión de un delito bajo las leyes del estado reclamante. Dichos documentos deben estar autenticados por las autoridades correspondientes. 34 L.P.R.A. sec. 1881b.

Recibida la solicitud, el gobernador puede requerir del Secretario de Justicia que la investigue y le rinda un informe.() 34 L.P.R.A. sec. 1881c. Ello lo efectúa el Departamento de Justicia a través de su División de Extradiciones. Una vez el Gobernador ha autorizado la ex-tradición, se inicia el proceso judicial a través de la presentación de una demanda formal de extradición ante el Tribunal de Primera Instancia, en la que se solicita del tribunal que expida una orden de arresto contra el fugitivo. 34 L.P.R.A. secs. 1881f-1881h.

En Sánchez v. Superintendente, ante, pág. 867, citando amplia jurisprudencia federal y de los estados de Estados Unidos, reconocimos que una vez el Gobernador accede a la petición de extradición, se activa una presunción de que hay identidad entre el acusado y la persona requerida por el Estado reclamante, y que el procedimiento de extradición es legal y válido. Competerá entonces a la persona requerida rebatir tal presunción.

Según la Ley Uniforme de Extradición, el detenido tiene derecho a atacar la legalidad del arresto y cuestionar el procedimiento mediante la presentación de un re-curso de habeas corpus. 34 L.P.R.A. sec. 1881L Sánchez v. Superintendente, ante; Galíndez v. Rodríguez Portier, ante. Al atender una petición de esta naturaleza, el tribunal del Estado asilo sólo deberá examinar lo siguiente: Primero, si los documentos de extradición de su faz son correctos. Segundo, si la persona reclamada había sido acusada de un delito en el Estado reclamante. Tercero, si el reclamado era la persona a quien se refiere la solicitud de extradición. Cuarto, si la persona cuya extradición se solicitaba podía ser considerada un fugitivo. California v. Superior Court, ante; Michigan v. Doran, ante; Munsey v. Clough, 196 U.S. 364 (1905).

Solamente si surgiera evidencia, más allá de duda razonable, de que no se cumple con alguno de los criterios anteriormente mencionados, procedería dar lugar a la petición de habeas corpus y dejar en libertad a la persona reclamada. South Carolina v. Bailey, 289 U.S. 412, 422 (1933) (“Stated otherwise, he should not have been released unless it appeared beyond reasonable doubt that he was without the State of South Carolina when the alleged offense was committed and, consequently, could not be a fugitive from her justice” (énfasis nuestro)).

Lo que no puede hacer el tribunal del Estado asilo —en este caso Puerto Rico— es especular sobre el proceso que se ha de celebrar en el estado reclamante y fundamentar su determinación en consideración al resultado final del proceso penal que enfrentaría la persona reclamada. Esta es la norma que priva en la jurisdicción norteamericana y la cual adoptamos como nuestra, ante el mandato legislativo que la Ley Uniforme de Extradición se interprete de manera compatible con las otras jurisdicciones en Estados Unidos. 18 L.P.R.A. sec. 1881bb. En South Carolina v. Bailey, ante, pág. 420, se indicó: “It was wholly beyond the province of the judge to speculate, as he seems to have done, concerning the probable outcome of any trial which might follow rendition to the demanding state.” (Én-fasis nuestro.) Véanse, además: Pacileo v. Walker, 449 U.S. 86, 87 (1980); Sweeney v. Woodall, 344 U.S. 86 (1952). Adviértase que el procedimiento de extradición es sumario.

En resumen, la Ley Uniforme de Extradición regula minuciosamente el procedimiento de extradición. Esta claramente establece un precepto de carácter imperativo que requiere del Gobernador de Puerto Rico que proceda con la entrega del fugitivo si la solicitud que recibe se atiene a los requisitos exigidos en la ley y su jurisprudencia interpretativa.

La ley contiene, como apuntamos, su propio canon de hermenéutica, que ordena que su interpretación sea cón-sona con la interpretación de los tribunales federales o es-tatales que hayan examinado estatutos similares, inclu-yendo la ley federal de extradición. Véase 18 U.S.C. sec. 3182. De esta forma se procura la uniformidad en la apli-cación de la ley penal por los distintos estados; además, se provee para la cohesión interna entre las distintas jurisdic-ciones que interrelacionan en Estados Unidos. De ahí que miremos hacia la jurisprudencia estadounidense para transmitirle contenido a la Ley Uniforme de Extradición. Adviértase que, en última instancia, las leyes de los esta-dos, de los territorios y del Estado Libre Asociado, que re-gulan el proceso de extradición, lo que pretenden es hacer viable el mandato de la Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos.

Destacamos, pues, que la revisión judicial en estos casos es particularmente limitada ante la naturaleza sumaria del procedimiento y como secuela de los principios en que descansa la extradición, y que deben guiar la interpretación de la ley.

Con este marco doctrinal de trasfondo, pasemos a eva-luar los méritos de la controversia traída a nuestra atención.

IV

Como señalamos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que ya que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe que se imponga como castigo la pena de muerte, extraditar a Pennsylvania al señor Meléndez Cruz, donde podría enfrentar dicha pena conforme lo per-mite la legislación de ese estado, sería una violación de nuestra Constitución, y el Gobernador tiene un deber de velar por el cumplimiento de nuestras leyes. En este caso, solamente se podrá extraditar a Martínez Cruz si Pennsylvania accede a no solicitar la pena de muerte. Dicho de otro modo, se objeta, verdaderamente, la ley penal de Pennsylvania por ésta autorizar en ciertas circunstancias, la impo-sición de la pena de muerte.

A. La posición del Tribunal de Apelaciones es contra-ria al derecho estatutario puertorriqueño y al derecho federal. Su primer error es que se fundamenta en una es-peculación y un hecho incierto sobre lo que pueda ocurrir en el Estado reclamante una vez se lleve a cabo el proceso penal que pende contra Martínez Cruz. Como hemos po-dido apreciar, es improcedente especular sobre el posible resultado del proceso que habrá de enfrentar un prófugo en la jurisdicción que le reclama, para determinar si se le da curso o no a una petición de extradición. South Carolina v. Bailey, ante. Además, a la hora de evaluar una petición de habeas corpus en un proceso de extradición, es impropio fijar la decisión a tomar en términos de cuál es el estado de derecho vigente en la jurisdicción que hace el reclamo.

Al aplicar los requerimientos de la Ley Uniforme de Ex-tradición debemos concluir que el estado de Pennsylvania cumplió a cabalidad con éstos. De otra parte, Martínez Cruz no ha impugnado los documentos de extradición, tampoco ha argüido que no es un prófugo de la justicia o que no pesan cargos criminales en su contra en Pennsylvania, o que él no es la persona buscada. Ante estos hechos, ahí debió concluir el análisis del foro primario, así como el del tribunal apelativo, pues procedía como cuestión de de-recho denegar la petición de habeas corpus instada.

El recurrido no rebatió en forma alguna la presunción de legalidad y validez que quedó activada una vez el Go-bernador de Puerto Rico accedió a la petición de extradi-ción del primer ejecutivo de Pennsylvania. En su conse-cuencia, procede darle curso a la extradición de Martínez Cruz.

Adviértase que la Ley Uniforme de Extradición le im-pone al gobernante una obligación ministerial de entregar a la persona requerida una vez se determina que la solici-tud recibida cumple con los requisitos de ley. La pondera-ción de los tribunales inferiores de otros factores, exógenos a los mencionados previamente, se revela contraria al or-denamiento legal vigente.

Cabe destacar también que a igual resultado llegamos si analizamos esta controversia desde el crisol de la ley de extradición federal. El Gobernador de Puerto Rico, después de todo, tiene el deber ineludible de cumplir con la ley federal cuando ésta aplica a unos hechos en particular, tales como los que se encuentran ante nuestra consideración.

Aquí resulta conveniente y necesario reseñar lo resuelto en New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed, 524 U.S. 151 (1998), donde se configuró un conflicto entre la ley federal de ex-tradición y una disposición de la Constitución de Nuevo México. En este caso Reed, convicto en Ohio, huyó a Nuevo México mientras se encontraba libre bajo palabra. Ohio so-licitó la extradición y el gobernador de Nuevo México accedió. Reed entonces presentó un recurso de habeas corpus en una corte de distrito estatal de Nuevo México e impugnó su extradición a base de que no era un fugitivo, sino que huyó de Ohio bajo coacción (duress). Ello en virtud de que se le iba a revocar su libertad bajo palabra, en vio-lación al debido proceso de ley, y además, que él temía por su vida si era encarcelado nuevamente en Ohio. El tribunal concedió el habeas corpus', determinación que fue ava-lada por la Corte Suprema de Nuevo México.

Mediante una breve sentencia per curiam, el Tribunal Supremo revocó a la Corte Suprema de Nuevo México. Ésta se había valido del argumento de que Reed no era un “fugitivo”, sino más bien un “refugiado de la justicia” (refugee from justice) para conceder el habeas corpus solicitado. Al resolver, el Tribunal Supremo indicó:

We accept, of course, the determination of the Supreme Court of New Mexico that respondent’s testimony was credible, but this is simply not the kind of issues that may be tried in the asylum State. In case after case we have held that claims relating to what actually happened in the demanding State, the law of the demanding State, and what may he expected to happen in the demanding State when the fugitive returns, are issues that must be tried in the courts of that State, and not in those of the asylum State. (Énfasis nuestro y citas omitidas.) New Mexico ex reí. Ortiz v. Peed, ante, pág. 153.

La Corte de Nuevo México había fundamentado su de-terminación de no extraditar a Reed en una disposición de su Constitución (“the right of seeking and obtaining safety”), que a su juicio impedía que Reed fuera entregado a las autoridades de Ohio, ya que ésta privaba sobre la Cláusula de Extradición. Al descartar este fundamento, el Tribunal Supremo indicó, y citamos in extenso:

The Supreme Court of New Mexico also held that the New Mexico Constitution’s provision guaranteeing the right “of seeking and obtaining safety” prevailed over the State’s duty under Article IV of the United States Constitution. But long ago ... we held that the duty imposed by the Extradition Clause of the asylum State was mandatory. In Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 227 (1987), we reaffirmed “the conclusion that the commands of the Extradition Clause are mandatory, and afford no discretion to the executive officers or the courts of the asylum State .... And in California v. Superior Court of Cal, San Bernardino Cty, 482 U.S. 400, 405-406 (1987), we said:
“The Federal Constitution places certain limits on the sovereign powers of the States, limits that are an essential part of the Framers’ conception of national identity and Union.” (Citas omitidas.) New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed, ante, pág. 154.

De la misma forma que Nuevo México no podía invocar la cláusula de su Constitución como detente para la apli-cación de la Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos y de la ley federal de extradición, para negarse a la extradición de Reed, mal puede Puerto Rico invocar la suya para impedir la extradición de Martínez Cruz o para condicionarla.

B. De ordinario y en estricto rigor, nuestro análisis concluiría aquí. Antes bien, la insistencia de buscar apoyo en la cláusula prohibitiva de la pena capital de nuestra Constitución y matizar toda la discusión en redor de ésta, exige los comentarios siguientes.

1. Antes de examinar la disposición constitucional invo-cada, debe tenerse en su justa perspectiva la tarea inter-pretativa que enfrentamos. Este no es un caso de derecho internacional. El Tribunal de Apelaciones, así como los amigos de la corte, destinan gran parte de sus respectivas argumentaciones a discutir la pena de muerte desde la perspectiva del derecho internacional. Sobre esa base ar-guyen que es improcedente acceder a la petición de Pennsylvania. Lo cierto es, sin embargo, que la controver-sia ante nuestra consideración no plantea problema alguno de derecho internacional. Como correctamente señaló el Procurador General,

“[a]quí de lo que se trata es de un problema doméstico (o municipal, para usar la terminología de derecho internacio-nal), entre partes de los Estados Unidos; esto es, entre Pennsylvania y Puerto Rico”. Apelación, pág. 20.

El Estado Libre Asociado coexiste con otras jurisdiccio-nes estatales y territoriales en una comunidad jurídica. En el campo de la extradición, estos vínculos suscitan varios problemas prácticos, los cuales discutiremos más adelante, ya que existe un tránsito relativamente inhibido de personas. No podemos obviar estos problemas al examinar nuestra cláusula prohibitiva de la pena capital. Además, la controversia de marras nos obliga a sopesar el respeto que merecen las normas jurídicas y las expectativas razonables de los estados y territorios estadounidenses.

El Estado Libre Asociado se ha valido del mismo proceso de extradición que ahora impugna uno de sus ciudadanos. Si el gobernador de Iowa estaba obligado a respetar nues-tro ordenamiento jurídico y entregar a Ronald Calder, mal podríamos examinar nuestra Constitución sin mostrar un respeto análogo al ordenamiento de Pennsylvania y a la confianza que dicho estado ha tenido en la vigencia del derecho federal de extradición con posterioridad a la deci-sión de Puerto Rico v. Branstad, ante.

2. Enmarcada así nuestra tarea interpretativa, pasa-mos a examinar el argumento esgrimido de que la Ley Pini-forme de Extradición Criminal, según aplicada a los he-chos en este caso, está reñida con la prohibición de la pena capital contenida en la Constitución del Estado Libre Asociado.

No hay duda que la Carta de Derechos de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado es un documento de avan-zada que representa los valores más estimables del Pueblo de Puerto Rico. Así, la See. 7 de la Carta de Derechos, L.P.R.A., Tomo 1, con su proscripción de la pena de muerte, es una disposición de profundo contenido moral que repre-senta el respeto a la vida que profesa nuestra ciudadanía, compartido éste por la inmensa mayoría de la comunidad internacional occidental.

Sin embargo, cabe observar que el Art. II, Sec. 7, Cláusula 2 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, no atiende expresamente al problema de la extradición. Dicha cláusula no tiene, ni puede tener, efecto extraterritorial. Después de todo, “[l]a autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción”. Art. I, Sec. 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 256. Su texto sólo prohíbe la imposición de la pena de muerte en el derecho penal de Puerto Rico; es decir, sólo en nuestro ordenamiento jurídico penal, sin más.()

Por otro lado, exigir del estado de Pennsylvania, como ha hecho el tribunal apelativo —y a lo que nos invitan tanto el recurrido como los amigos de la corte— a que se comprometa de antemano a no aplicar su derecho penal en función de nuestra Constitución, es una intromisión inde-bida con los procesos judiciales de ese estado. Ayer, el go-bernador de Iowa nos exigía que procesáramos al señor Calder por un cargo más razonable (“a more realistic charge”); hoy, nosotros exigiríamos a Pennsylvania que im-ponga una pena más razonable. Ambas condiciones consti-tuyen, claramente, una interferencia con la soberanía de cada jurisdicción para administrar su sistema de justicia penal.

Difícilmente podemos avalar tal resultado. De la misma forma que exigimos de otras jurisdicciones estatales res-peto para los procesos penales del Estado Libre Asociado, así también existe la obligación legal y moral de hacer lo propio con los procesos penales de dichas jurisdicciones.

También inciden poderosamente en nuestra interpreta-ción los efectos prácticos de la posición que adelantan los amigos de la corte y el recurrido, y de la cual se hizo eco el foro apelativo intermedio. El curso de acción propuesto por el foro a quo convertirá a Puerto Rico en el paraíso de los más serios delincuentes de otros estados. Ellos, ante la po-sibilidad de enfrentar en su estado la pena de muerte, co-menzarán su peregrinaje hacia nuestras playas en bús-queda de su santuario. Aquí les habremos inmunizado contra el procesamiento penal.

Hay que destacar otra dificultad práctica con la posición del foro apelativo, del peticionario y de los amigos de la corte. Al negarse el Estado Libre Asociado a extraditar a un fugitivo, procederá que éste sea dejado en libertad, pues no hay autoridad legal alguna para que una persona que no ha sido acusada de delito permanezca encarcelada. Como resultado de la anterior, unos delitos quedarán im-punes y unas víctimas no obtendrán cumplida justicia. Este resultado es insostenible.

3. En fin, un justo balance de las consideraciones ex-puestas nos impide concluir que la Ley Uniforme de Extra-dición Criminal está en conflicto con el Art. II, Sec. 7, Cláu-sula 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, ante.

V

Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones y ordenar la desesti-mación y el archivo de la petición de “habeas corpus” pre-sentada por el recurrido.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) El recurrido ha planteado, tanto ante el Tribunal de Apelaciones como en su alegato suite nosotros, que la determinación del foro primario y luego la del foro apelativo intermedio, no fue la de prohibir la extradición de Martínez Cruz. Indica que lo que hizo el tribunal fue imponer una condición a la extradición para “atem-perar el procedimiento de extradición de marras a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se le pudiera dar curso a la rendición del recurrido conforme a derecho”. Alegato de la parte recurrida, pág. 9.
      La interpretación del recurrido, aunque ingeniosa, no la compartimos. Los foros inferiores en efecto prohibieron la extradición de Martínez Cruz a menos que Pennsylvania, que no es parte en este procedimiento, se comprometiera a no solicitar la pena de muerte, de éste ser hallado culpable en el proceso penal que pende ante los tribunales de ese estado.
      Independientemente de lo anterior, el resultado de este caso no varía si de lo que se trata es de una prohibición expresa, de una prohibición tácita o de la imposi-ción de una condición.

      (2) Tanto el Procurador General, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, como la División de Apelaciones de la Sociedad para la Asistencia Legal, en representación de Martínez Cruz, presentaron excelentes alegatos en los que discutieron ampliamente los asuntos planteados en el recurso, desde sus respectivas posiciones antagónicas.

      (3) El Art. IV, Sec. 2, Cl. 2, de la Constitución de Estados Unidos, dispone lo siguiente:
      “A person charged in any state with Treason, Felony or other crime, who shall flee from justice, and be found in another state, shall on demand of the executive authority of the state from which he fled, be delivered up. To be removed to the state having jurisdiction of the crime.”

      (4) Sobre este particular se ha indicado lo siguiente:
      “The Extradition Clause is generally implemented by State laws, making it the duty of the governor to deliver the fugitive to the demanding State. Even though it has been said that the extradition process is one of comity, the Extradition Clause articulates, in mandatory language, the concepts of full faith and credit needed to foster national unity and facilitates the smooth functioning of the criminal justice system. Thus, extradition of fugitives from one State to another is not dependent of ‘mere’ comity or on contract.” (Enfasis nuestro.) North, The Obstruction of the Extradition Derailment, 28 So.U.L. Rev. 151, 155 (2001). Véase, además, E.H. Loeffler, In re Hinnant: The Relevance of Competence in Interstate Extradition Proceedings, 25 New Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement 469 (1999).

      (5) Se advierte de inmediato la similitud entre este lenguaje, el dispuesto en la cláusula de extradición de la Constitución de Estados Unidos, con el utilizado en la Ley de Extradición Criminal. Véase discusión, infra.

      (6) El Tribunal Supremo indicó en Kentucky v. Dennison, 65 U.S. (24 How.) 66, 103 (1861), lo siguiente, y citamos in extenso:

      “Looking, therefore, to the words of the Constitution —to the obvious policy and necessity of this provision to preserve harmony between States, and order and law within their respective border ... the conclusion is irresistible, that this compact engrafted in the Constitution include, and was intended to include, every offence made punishable by the law of the State in which it was committed, and that it gives the right to the Executive authority of the State to demand the fugitive from the Executive authority of the State in which he is found; that the right given to ‘demand’ implies that it is an absolute right; and it follows that there must be a correlative obligation to deliver, without any reference to the character of the crime charged, or to the policy or laws of the State to which the fugitive has fled.” (Énfasis nuestro.)

      (7) El Tribunal Supremo señaló en Kentucky v. Dennison, ante, pág. 107, lo siguiente:

        “The act does not provide any means to compel the execution of this duty, nor inflict any punishment for neglect or refusal on the part of the Executive of the State; nor is there any clause or provision in the Constitution which arms the Government of the United States with this power. Indeed, such a power would place every State under the control and dominion of the General Government, even in the administration of its internal concerns and reserved rights. And we think it clear, that the Federal Government, under the Constitution, has no power to impose on a State officer, as such, any duty whatever, and compel him to perform it ....” (Énfasis nuestro.)

      (8) Esta sección, dispone, en lo pertinente: “Las disposiciones de este capítulo se interpretarán de manera que se efectúen sus propósitos generales de hacer uniforme la ley en los estados que la promulguen”. 34 L.P.R.A. sec. 1881bb.

      (9) La investigación que ordene el gobernador no podrá considerar los méritos de los cargos que pesen sobre el acusado. La Ley Uniforme de Extradición Criminal específicamente indica en su Art. 20 (34 L.P.R.A. sec. 1881s) que “[l]a culpabilidad o la inocencia del acusado en cuanto al delito que se le imputa no puede ser investi-gada por el Gobernador ....”

      (10) Estas expresiones no deben entenderse en el sentido de que acogemos una interpretación estrecha de la cláusula examinada. Ahora bien, la claridad del texto constitucional es uno de los factores que han de considerarse cuando nos enfrenta-mos al inusual imperativo de armonizar el contenido de nuestro ordenamiento con el de las jurisdicciones estatales y territoriales de la comunidad jurídica a la cual pertenecemos.