text:
    La Sucesión de Damián del Moral y Nadal, Etc., demandantes y apelados, v. The Mayagüez Light, Power & Ice Co., Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7328.

    Sometido: Noviembre 15, 1938.

      Resuelto: Enero 26, 1939.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la apelante; Pascasio Fajard-o Martínez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Alegan los demandantes que con fecha 9 de marzo de 1927 su causante, don Damián del Moral y Nadal, y la deman-dada otorgaron el contrato que a continuación se transcribe:

“CONCESIÓN DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA DE PASO DE LÍNEA (DE Transmisión Eléotrioa
“Entre don Damián del Moral, soltero, mayor de edad, propie-tario y vecino de Mayagüez, P. R.,'que en adelante se designará la Primera Parte y The Mayagüez Light, Power & Ice Company, Inc., que es una corporación constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Pico, con oficina principal en la ciudad de Mayagüez donde tiene es-tablecida una planta eléctrica, y que en adelante se designará la Se-gunda Parte, representada por su Administrador don Rodolfo Vera, se conviene hoy lo siguiente:
“Que la Primera Parte es dueña de una finca rústica en el Bo. Sábalos, jurisdicción de Mayagüez, P. R., de una cabida de 60 cuer-das super. Y en tal carácter, y previa la consideración de un dollar constituye e impone sobre el referido inmueble una servidumbre de paso de línea de transmisión eléctrica dentro y a través de la pro-piedad mencionada, autorizando a los ingenieros de la Segunda Parte y sus subalternos para que entren y realicen en la referida propiedad todos los trabajos que fueren necesarios para ejecutar y llevar a cabo la instalación de la referida línea de transmisión eléctrica, que-dando obligada la Segunda Parte a proteger las plantaciones que hu-bieren en dicha propiedad, a fin de evitar que se causen perjuicios in-debidamente a dichas plantaciones, quedando, por consiguiente, la Segunda Parte, obligada a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen en las plantaciones de la referida finca por consecuencia de la instalación y mantenimiento de la referida línea de transmisión eléctrica, quedando también obligada a indemnizar en debida forma los daños personales que se ocasionasen por cualquier accidente pro-ducido por corriente eléctrica o en cualquiera otra forma como re-sultado de la instalación de dicha línea de transmisión, consintiendo también la Primera Parte de este contrato en permitir y autorizar a la Segunda Parte y sus subalternos a entrar en la referida finca para los fines de la reparación y conservación de dicha línea, una vez ter-minada su construcción.
“La servidumbre de paso de línea de transmisión eléctrica que se autoriza y constituye en este acto, será por el término de tiempo que sea necesario mantener instalada dicha línea sobre la referida pro-piedad.
“The Mayagüez Light, Power & lee Co., Inc., se obliga a remover el poste del sitio, en donde va a ser enclavado, tan pronto como el Sr. del Moral vaya a rebajar el terreno en que va a ser colocado dicho poste, para nivelarlo, y lo colocará en el sitio que le designe el Sr. del Moral, que esté en el mismo rumbo que el sitio actual.
“The Mayagüez Light, Power & Ice Oo., Inc., por medio de su representante legal, acepta en todas sus partes las condiciones es-tablecidas en el presente contrato, obligándose por consiguiente al cumplimiento estricto de las mismas.
“Este contrato se elevará a escritura pública tan pronto como cualquiera de las partes así lo solicite.
“Firmado en el Pueblo de Mayagüez, P. R., a los nueve días del mes de marzo de 1927.
“(Fdo.) Rodolfo Yera. (Fdo.) D. del Moral.
“(Fdo.) Adolfo Torrellas
Testigo. ’ ’

Que de acuerdo con dicho contrato, y poco después de otorgarse el mismo, la demandada construyó en la finca que es hoy de los demandantes, una torre de acero “a algunos metros de la colindancia de la carretera insular que conduce de Mayagüez a San Germán instalando en ella alam-bres transmisores de corriente eléctrica que cruzan la finca en cuestión de Este a Oeste . . .”; y que la demandada violó el referido contrato, primero, al no pagar por el derecho de servidumbre el dólar a que se hace mención en el párrafo segundo del contrato, y segundo, al negarse a remover la torre del sitio donde estaba enclavada, hacia el Oeste, en el mismo rumbo. En la súplica piden que se declare dicho contrato rescindido y nulo; que se conceda a la demandada un término razonable para desmontar la torre; y que se le imponga el pago de costas y honorarios.

Cuatro días después de radicada la demanda, la deman-dada consignó en corte la suma de un dólar y excepcionó la demanda por considerar que ella no aduce hechos sufi-cientes para constituir causa de acción. También contestó y contrademandó, aceptando unos hechos y negando que el pago de $1.00 fijado como precio de la servidumbre tuviera que hacerse previamente; que la línea transmisora de co-rriente fuera utilizada exclusivamente para beneficio de la demandada, y sí para beneficio del público; que haya dejado de pagar o haya sido requerida en forma alguna para pagar la suma de un dólar convenida como precio de la servidum-bre; que el causante de los demandantes tuviera necesidad alguna de hacer rebaja o nivelación en la finca de su pro-piedad. Y como defensas especiales alegó que se ha negado y se niega a cambiar la torre de sitio, porque el señalado por el causante de los demandantes no está en el mismo rumbo, y que la única razón en que se funda la actitud de los deman-dantes para exigir el traslado de la torre estriba en que la demandada se ha negado a suministrarle gratis corriente eléctrica para uso de la residencia de los demandantes.

En la contrademanda se .solicita que se ordene a los demandantes que procedan a otorgar a favor de la corpora-ción demandada la correspondiente escritura pública del con-trato, y que de negarse a ello, la otorgue en su rebeldía el mársbal.

Con esas alegaciones entraron a juicio las partes, reca-yendo la sentencia que es objeto de esta apelación. En ella se declara con lugar la demanda y en su consecuencia se condena a la demandada a remover la torre de acero del sitio en que actualmente enclava y a colocarla en el mismo rumbo y línea recta con dirección bacia el oeste, en el sitio que se señaló en la inspección ocular, con el pronunciamiento adicional de que si la demandada no procedía a cumplir con la sentencia, entonces se tendría por rescindido y nulo y sin valor ni efecto legal alguno el contrato de 9 de marzo de 1927, y por tanto, libre la finca de la servidumbre que por él se le impuso, con costas a cargo de la demandada.

El primer señalamiento dice así:

“1. La Corte erró al declarar que no existía causa en el contrato de constitución de servidumbre celebrado entre el causante de la Su-cesión apelada y la Compañía apelante por falta de pago de la suma de $1.00 que se fijó como precio de dicha servidumbre, después que la Corte admitió la consignación que se hizo de dicha suma y de figurar en el contrato otras obligaciones que constituyen causa suficiente para la celebración del mismo.”

La corte inferior en su opinión dice:

“La Corte llega a las siguientes conclusiones:
“Que en el contrato en cuestión no hubo consideración, pues no se pagó el dólar estipulado como precio del derecho de la servidumbre y que no existe prueba alguna que demuestre directa o indirectamente a este tribunal que existió otra consideración en el contrato. El he-cho que en el contrato en cuestión se consigne que la demandada se hacía responsable a los daños que la instalación de la torre pudiera ocasionar a la finca, serían indemnizados, así como indemnizaría cualquier daño que se ocasionase a persona alguna por tal instala-ción, no es consideración que pueda sostener el contrato 'en forma al-guna. El hecho que la instalación de la línea transmisora de elec-tricidad fuera para beneficio del público, tampoco forma considei'a-ción para dar vida legal a ese contrato.”

Estamos conformes con la corte sentenciadora en que la demandada no pagó a los demandantes el dólar estipulado como precio del derecho de servidumbre, pero no lo estamos en cuanto a la conclusión de que de los hechos del caso no aparece que exista otra causa o consideración buena y sufi-ciente para sostener la validez y eficacia del contrato entre las partes.

En primer lugar, por los términos expresos del contrato, la demandada se obligó “a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen en las plantaciones de la referida finca por consecuencia de la instalación y mantenimiento de la referida línea de transmisión eléctrica, quedando también obligada a indemnizar en debida forma los daños personales que se ocasionen por cualquier accidente producido por co-rriente eléctrica o en cualquiera otra forma como resultado de la instalación de dicha línea de transmisión. . .” Esto, según el caso de Velázquez v. Municipio, 36 D.P.R. 857, cons-tituye una causa buena y suficiente para el contrato:

“La demanda alega que el demandante en realidad nunca ba re-cibido la cantidad de un dólar que se expresa en la escritura. Pero alega además que el alcalde, en su capacidad oficial como represen-tante del municipio, convino en pagarle al demandante una compen-sación razonable por los daños que se ocasionaran a las tierras en cuestión como resultado de la construcción del acueducto. Esa pro-mesa era una causa buena y suficiente para el contrato.”

En segundo lugar, de las mismas alegaciones de la de-manda, sostenidas por la prueba, aparece ■ que inmediata-mente después de firmado el contrato de 9 de marzo de 1927 la corporación demandada, con el consentimiento de la otra parte contratante y sin que ésta insistiera en el previo pag'o del dólar fijado como precio nominal de la servidumbre, entró a la finca de los demandantes y erigió allí una’ torre de acero sobre la cual instaló los alambres transmisores de corriente eléctrica necesarios para el servicio público de alumbrado y luz eléctrica; y que desde esa fecha hasta el 23 de abril de 1934 en que se interpuso la demanda en el caso de autos, la demandada lia estado en la posesión, goce y dis-frute de la servidumbre, utilizando dicha torre y línea trans-misora para dar servicio al público. La correspondencia cruzada entre el cansante de los demandantes y la deman-dada, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1933, o sea más de seis años después de haber sido instaladas la torre y la línea de transmisión, es evidencia convincente de la intención de don Damián del Moral de afirmar el contrato de 9 de marzo de 1927. En toda esa correspondencia se dis-cute el traslado de la torre de acero del sitio en que fué ori-ginalmente instalada, a otro sitio designado por el Sr. Del Moral, y no se hace mención alguna en cuanto a la falta de pago de la cantidad de un dólar. La única controversia entre las partes era en cuanto a si el sitio designado por del Moral para el nuevo emplazamiento de la torre estaba en el mismo rumbo que el sitio del actual emplazamiento, según lo esti-pulado en el contrato.

Después de un detenido estudio de las alegaciones y de los hechos del caso opinamos que existe causa o considera-ción suficiente para sostener la existencia y validez del con-trato. En la obra “Restatement of the Law,” Contracts, (American Law Institute) pág. 110, aparece la doctrina que consideramos aplicable al presente caso, enunciada así:

“Sec. 90. — Promesa que razonablemente induce a una actuación definida y substancial.—
“Una promesa que el que la hace debe razonablemente esperar que ella induzca a la persona a quien se le hace a una acción o a una abstención de carácter definido y substancial y que en realidad le indujo a tal acción o abstención es obligatoria, si la injusticia puede evitarse solamente mediante el cumplimiento de la promesa.” -

Véanse también: Williston on Contracts, vol. 1, see. 140, pág. 503, y casos citados en la nota núm. 3; y 115 A.L.R. Nota, página 152.

La Corte sentenciadora parece haberse inspirado en la doctrina citada, al dictar la sentencia recurrida. Los deman-dantes, después de alegar que no se les había pagado previa-mente el dólar convenido y que la compañía demandada había violado el contrato al negarse a cambiar la torre al nuevo sitio por ellos designado, pidieron a la corte que declarase el contrato rescindido y nulo como consecuencia de dichas ale-gadas violaciones de sus cláusulas. No accedió la corte a esa solicitud de rescisión y nulidad del contrato. T creyendo sin duda alguna que la injusticia sólo podía evitarse mediante el cumplimiento de la promesa, se limitó a ordenar a la demandada el cumplimiento específico de su obligación de remover la torre, del sitio donde fuá enclavada originalmente al sitio designado por los demandantes. Al negarse a decla-rar rescindido y nulo el contrato sobre concesión de servi-dumbre y al ordenar su cumplimiento específico por la deman-dada, la corte sentenciadora reconoció la existencia y validez del contrato. Y así lo ha reconocido también la parte actora al no interponer recurso alguno contra tal pronunciamiento.

De acuerdo con la doctrina que acabamos-de citar, opina-mos que sería injusto decretar la rescisión y nulidad del con-trato, consideradas las circunstancias del caso. Al otorgar el contrato y al permitir a la demandada entrar a la finca y construir la torre y la línea de transmisión, sin exigirle el previo pago de un dólar, el causante de los demandantes indujo a la demandada a actuar de una manera definida y substancial, invirtiendo su dinero en la construcción de sus líneas transmisoras por el rumbo que ahora siguen y asu-miendo la obligación de suministrar al público por medio de esas líneas luz y fuerza eléctricas. Estimamos que la actua-ción de la demandada, inducida por la promesa y por la actuación del causante de los demandantes, es causa o con-sideración suficiente para sostener la validez del contrato y la existencia de la servidumbre. Véanse: 13 O. J. see. 150 C., pág. 315; Hernández v. Fernández, 17 D.P.R. 112, 115; Martínez v. Cerezo, 25 D.P.R. 709; Meléndez v. Morales, 43 D.P.R. 807.

Convenimos con la apelante en que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción de rescisión por falta de causa en el contrato. El único per-juicio que los demandantes alegan haber sufrido es el de no haber recibido el pago del dólar convenido entre las par-tes como consideración estipulada por la concesión de la ser-vidumbre. Al permitir que la demandada instalase la torre y la línea de transmisión, sin insistir en el previo pago del precio estipulado, el causante de los demandantes renunció a la condición de que el pago se hiciese con anterioridad a la toma de posesión y ejercicio del derecho de servidumbre, aún cuando no renunciara su derecho a reclamar el pago de la suma estipulada.

Tampoco alega la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción sobre nulidad del contrato. En ella se alega que la demandada ejecutó las obras de instalación de la torre y líneas de transmisión y ejercitó el derecho de servidumbre concedídole por el contrato durante los siete años precedentes a la fecha de radicación de la demanda, sin que se alegue que durante todo ese lapso de tiempo los demandantes exigiesen el pago de un dólar como condición precedente al uso y disfrute de la servidumbre. T se alega además que los demandantes practicaron gestiones para conseguir que la demandada trasladase la torre del sitio que ahora ocupa a otro designado por 'los demandantes. Todos esos hechos alegados por los propios demandantes equivalen a nuestro juicio a una confirmación del contrato que extingue la acción de nulidad, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 1261 del Código Civil (ed. 1930).

En el tercer señalamiento dice la apelante que:

“3. La Corte erró al declarar que el sitio señalado por el cau-sante de la Sucesión apelada esté en el mismo rumbo en que está la torre instalada, y que al no trasladar la apelante dicha torre al sitio designado, constituye una violación del contrato.”

De acuerdo con la evidencia pericial ofrecida por la de-mandada, la torre se encuentra en línea recta, entre otras dos que están fuera de la finca de los demandantes, a 153 pies de distancia de una y de 304 pies de la otra. El sitio indi-cado por los apelados a la apelante para el nuevo empla-zamiento de la torre, se encuentra con relación a las otras dos torres situadas fuera de la finca, a 6 pies de distancia de una y a 451 pies de la otra. Luis Gandía, Jr., ingeniero jefe de la demandada, declaró en el interrogatorio directo como sigue:

“P. En caso de que esa torre fuese removida hacia la torre núm. 4 de la finca del Sr. Rosado, o sea en la colindancia entre los terrenos del Sr. Del Moral y el Sr. Rosado, o sea en este punto aquí, en el Exhibii J de la parte demandante que se marea a dos metros del nú-mero 1, ¿ quedaría la torre en el mismo rumbo en que se encuentra actualmente ?
“R. No, señor, no puede quedar.
“P. ¿Qué efecto tendría para la línea?
“R. Al cambiar esa torre de sitio a dos metros de la número uno, la distancia total sería 451 pies. Es lo que quedaría.
“P. ¿Eso sería entre torre y torre?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Con cuál torre?
“R. Con la torre de la carretera, la número 3, y quedarían dos torres a 6 pies una de otra, y los 451 pies es una hamaca demasiado grande para una corriente de 22,000 voltios, según el código eléctrico.
! ‘ P. ¿ Tendría posibilidad el servicio al cual está designada la torre ésa en la finca del Sr. Del Moral como parte de la línea de corriente eléctrica que conduce a esos pueblos de Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Lajas y Sabana Grande, si esa torre se pusiese a seis pies de la torre del Sr. Rosado?
Ci
“P. La pregunta es que si el servicio que está prestando o que prestaría la torre de la Mayagüez Light como parte de la línea de corriente eléctrica, lo seguiría prestando a los 6' de distancia de la torre del Sr. Rosado.
“R. Con dificultad, por la variación de la línea.
“P. ¿Se podría seguir utilizando la línea?
“R. No, señor, no se podría.”

En repreguntas, contestó:

“P. Dígame una cosa, ¿dice Ud. que el poste, o sea la torre no puede removerse de donde está hacia el oeste?
“R. Puede.
“P. ¿Puede removerse?
”R. Sí, señor, puede removerse fácilmente al sitio de la colin-dancia del Sr. Rosado.
“P. ¿Donde señaló el finado don Damián del Moral?
”R. A ese sitio no puede.
!ÍP. ¿Por qué no?
“R. Porque como dije, eso quedaría una hamaca entre torre y torre de 453 pies, que no es permisible por los códigos eléctricos. El fundamento es, primero, que los alambres quedan en una hamaca demasiado grande, y segundo, que quedarían los alambres haciendo circuitos los tres, porque cuando se cruza en una carretera, ya hay ciertos standards para la seguridad pública que exige mucho cuidado.”

Aparece también de la evidencia que la demandada estuvo siempre dispuesta a complacer al causante de los demandan-tes. Rodolfo Vera, administrador de la apelante, contestó a preguntas de su abogado así:

“P. ¿A qué sitio, a qué parte estaba dispuesta la compañía a realizar el trabajo en relación con la remoción?
“R. Con el fin de armonizar y complacer al Sr. Del Moral, le pro-pusimos poner un poste de 60 pies y poco más adelante donde está la torre actual, o sea hacia el sud, o sea buscando la distancia con el otro poste, toda vez que si lo hubiese ido a rebajar tenía como 13 pies el promontorio ése.
“P. ¿Impedía el rebaje del terreno al poner ese poste que Uds. le proponían hacer?
“R. No, señor, por eso proponíamos un poste de 60 pies.
“P. ¿Impedía cualquiera nivelación del terreno que hiciera allí el Sr. del Moral?
“R. No, señor.
“P. ¿Aceptó el Sr. Del Moral eso?
“R. No, señor.
“P. ¿Lo rechazó?
“R. Sí, señor.”

La prueba demuestra, a nuestro juicio, que el emplaza-miento de la torre en el sitio designado por el Sr. Del Moral haría imposible el uso de la servidumbre constituida por el contrato de 9 de marzo de 1927. Las leyes vigentes en la. fecha en que se celebra un contrato forman parte de ese con-trato. Es cierto que el Sr. Del Moral se reservó el derecho, que la ley le reconoce, de exigir a la compañía concesiona-ria el traslado de la torre a otro sitio dentro del mismo rumbo que el sitio que actualmente ocupa, cuando ese traslado fuere necesario para la nivelación del terreno. Pero ese derecho no puede ejercitarse arbitrariamente ni en forma tal que menoscabe o destruya el derecho de servidumbre concedido por el mismo contrato, sino con sujeción a lo dispuesto por el Código Civil en el siguiente artículo:

“Artículo 481. — El dueño del predio sirviente no podrá menos-cabar de modo alguno el uso de la servidumbre constituida.
.“Sin embargo, si por razón del lugar asignado primitivamente, o de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegare ésta a ser muy incómoda al dueño del predio sirviente o le privase de hacer en él obras, reparos o mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre que ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos, y de suerte que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio do-minante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre.”

La exigencia de que la torre fuese trasladada a un sitio que dista solamente sois pies de la otra torre situada cerca de la colindancia de la finca, mientras la aleja a 453 de la otra torre, equivale prácticamente a suprimir la torre en controversia y a destruir por completo el derecho de servi-dumbre.

La sentencia recurrida, por la que se ordena el cambio de la torre y línea de transmisión en la forma arbitraria exigida por los apelados, es errónea y contraria a derecho y debe ser revocada.

Admitida la existencia y validez del contrato de 27 de marzo de 1927, los demandantes están obligados de acuerdo con sus estipulaciones a elevarlo a escritura pública, para lo cual han sido requeridos por la concesionaria de la servidum-bre. La corte inferior erró por lo tanto al declarar sin lugar la contrademanda.

Por las razon&s expuestas se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 17 de junio de 1935, y en su lugar dehe dictarse otra desestimando la demanda, declarando con hogar la contradémcmda de la Mayagües Light, Power $ Ice Go., Inc., y ordenando a los demandantes apela-dos otorgar escritura pública de concesión de servidumbre a favor de The May agües Light, Power & Ice Go., Inc., de acuerdo con los términos del contrato de 27 de marzo de 1927. Decretada la valides y existencia legal del contrato de servi-dumbre y por tanto las de la obligación contraída por la Mayagües Light, Power $ Ice Go., Inc., de remover el poste del sitio donde está ahora enclavado y colocarlo en el sitio designado por la otra parte, siempre que esté en el mismo rumbo que el sitio actual, que se ajuste a las disposiciones legales sobre la materia y que no haga imposible el uso. y ■-disfrute de la servidumbre, procede devolver él caso a la corte ■inferior para nuevos y ulteriores procedimientos no inconsis-lentes con esta opinión, con el objeto de fijar la colocación ■del poste en cuestión en sitio y forma compatibles con la ley y con los derechos de ambas partes litigantes. Todo ello sin especial condenación de costas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

license: Public Domain

text:
    Andrés y Luciana Aybar Muñoz, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, Pilar Moreno Smith y Concepción y María de la Gloria Sala Smith, demandadas y apeladas.
    Núm. 7700.

    Sometido: Noviembre 22, 1938.

      Resuelto: Enero 26, 1939.

      Los apelantes comparecieron por su propio derecho; Manuel Rivera de la Vega, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este caso fneron a juicio sin asis-tencia de abogado. Con el propósito de probar alegaciones de la demanda, llamaron a declarar al abogado Francisco de la Torre Garrido. Lo interrogó primero el demandante Andrés Aybar. Muñoz e inmediatamente después trató de hacer lo mismo la codemandante Luciana Aybar Muñoz, surgiendo entonces el siguiente incidente;

“P. Sr. de la Torre, 4usted recordará cuando usted demandó y usted dijo que las únicas herederas . ... 1
“Juez: Lá Corte ha notado que Ud. no sabe preguntar, y como usted no sabe preguntar, la Corte no va a permitir que usted pre-gunte más en este procedimiento.
“Demandante: Déjeme terminar.
“Juez: No, no, si usted no sabe preguntar.
“Demandante: Pues tomo excepción.
“Juez: La Corte no le va a permitir interrogar más, porque usted no sabe preguntar.”

Continuó el caso, obedeciendo la demandante la orden (ruling) de la corte, e inmediatamente después de terminada la práctica de la prueba se dictó la sentencia contra la cual interpusieron los demandantes el presente recurso.

Señalan los apelantes varios errores que alegan fueron cometidos por la corte inferior, entre los cuales se halla el siguiente:

“La corte inferior cometió otro error y abusó de su poder dis-crecional de no permitir a la demandante Luciana Aybar Muñoz pre-guntarle al testigo Francisco de la Torre, fundándose dicha corte en que esta demandante no sabía preguntar, quedando esta demandante completamente indefensa. . .”

Desde el año 1909 en que se resolvió el caso de Hernández v. Corte de Distrito, 15 D.P.R. 268, se reconoció por este tribunal el derecho de una parte interesada en una acción a comparecer y defenderse personalmente. Privar a una parte que no está asistida de abogado de interrogar a un testigo, ya sea en examen directo, repreguntas o rectifi-eación (redirect) cuando fuere procedente, equivale a negarle su día en corte. Alford v. United States, 282 U.S. 687 (75 L. Ed. 624).

En este caso no sólo se impidió a Luciana Aybar interro-gar su testigo, si que también se le prohibió en absoluto con-tinuar interrogando a otros, según se infiere de la manifes-tación de la corte que puso fin al incidente, que dice así:

“La Corte no le va'a permitir interrogar más, porque usted no sabe preguntar.”

Nos damos perfecta cuenta de las inconveniencias y pér-dida de tiempo que a una corte ocasiona una parte que sin saber conducir su pleito insiste en defenderse personalmente, pero siendo como es éste un derecho que la ley reconoce al litigante, los tribunales deben tener paciencia y hasta ilus-trarle, en bien de la justicia, sin abandonar en ningún mo-mento la neutralidad que deben conservar los jueces en toda contienda judicial.

A nuestro juicio el error cometido por la corte inferior es de tal magnitud que produce la revocación de la sentencia.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opimón.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José Vázquez, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada, y Jacinto Caquías, obrero recurrido.
    Núm. 160.

    Resuelto: Enero 26, 1939.

      Frank Torres, abogado del obrero recurrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso José Vázquez recurrió ante este tribunal solicitando la revisión de la resolución de la Comisión Industrial que lo declaró patrono no asegurado y fijó en $724.10 la compensación que debía recibir Jacinto Caquías, obrero lesionado. No acompañó el' patrono la copia certificada de la resolución recurrida según exige el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, (1) pági-nas 251, 289), y por ese fundamento se declaró no haber lugar al recurso por resolución de 12 del mes pasado (53 D.P.E.).

Compareció nuevamente el patrono dos días después, y acompañando copia certificada de la resolución recurrida, solicitó la reconsideración de la resolución del 12 de diciem-bre pasado. El obrero, por medio de su abogado Sr. Frank Torres, radicó una oposición a la segunda moción del patrono el día 16 de dicho mes. La corte denegó la reconsideración y desestimó el recurso del patrono por que no planteaba cuestiones de derecho revisables en este tribunal de acuerdo con la ley antes citada.

La moción de 16 de diciembre fué la tínica actuación del abogado Sr. Torres en este tribunal.

Solicita abora dicbo abogado, en moción de 17 del actual, que fijemos sus honorarios como abogado del obrero, e invo-cando el artículo 35 de la Ley número 45 antes citada, hace una relación de los servicios prestados por él al obrero ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y ante la Comisión Industrial.

El artículo 35 antes citado dice así:

“Los obreros o empleados no necesitarán comparecer asistidos de abogados ante el Administrador del Fondo del Estado o ante la Co-misión Industrial para la gestión, liquidación o resolución de sus casos, pero si decidieren obtener los servicios de alguno para la mejor dirección y defensa de sus casos, la Comisión Industrial fijará el tanto por ciento que deba pagársele al abogado en la gestión de una reclamación en favor del empleado u obrero o sus herederos o beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
“En tales casos la Comisión Industrial fijará con cargo a la com-pensación que se conceda, el tanto por ciento que deba corresponder al abogado como honorarios. No se permitirá bajo ninguna cir-cunstancia la comparecencia de agentes u otras personas en ningún caso en reclamación ante la Comisión Industrial a menos que se trate de un menor o incapacitado en el cual caso la persona que represente al menor o incapacitado no podrá cobrar suma alguna ni recibir re-muneración alguna de ninguna índole por representar o ayudar en su reclamación de compensación al interesado.
“En los casos que sean objeto de revisión ante las cortes y en los de mandamus autorizados por esta Ley y en que se utilicen los ser-vicios de un abogado la Corte ante la cual se vea 'el caso fijará los honorarios que equitativamente debe recibir el abogado.”

A nuestro juicio el último párrafo del artículo 35, al refe-rirse a los honorarios que fijará la corte, se contrae exclusi-vamente a honorarios por servicios prestados ante el tribunal, siendo de la incumbencia de.la Comisión Industrial fijar los honorarios de abogado por servicios prestados al obrero tanto ante la Comisión como ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

Considerada la actuación del abogado Sr. Torres ante este tribunal, procede justipreciar el valor de sus servicios aquí prestados, consistentes en la moción antes aludida, en la can-tidad de $10, que deberá recibir en compensación de tales ser-vicios, sin perjuicio de que pueda reclamar en la Comisión Industrial los honorarios correspondientes por servicios prestados ante dicha Comisión y ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Raimundo Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 7336.

    Sometido: Enero 12, 1939.

      Resuelto: Enero 27, 1939.

      B. Martínez Nadal, C. H. Julia j Gladys Lasa, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de marzo de 1938 el juez del Distrito de Are-cibo dictó una orden decretando el arresto de Eaimundo Santiago y su' comparecencia ante la corte el primero de abril siguiente para explicar las razones que tuviera a virtud de las cuales no debiera castigársele por desacato a la corte cometido en el dicho día al declarar falsamente bajo jura-mentó en el caso de El Pueblo v. Cruz Román Rodríguez por asesinato en primer grado.

Compareció en efecto Santiago y alegó como cuestión de derecho que la orden era insuficiente y como cuestión de hecho

“. . . que si alguna contradicción existe entre las dos declaracio-nes prestadas por él ante esa Hon. Corte, cuando fué llamado a de-clarar para que dijese la verdad de lo que él había observado el día en que ocurrió el hecho que dió motivo a la acusación del Hon. Fiscal contra Cruz Román y José Lugo, ella se debió al tiempo transcu-rrido entre su primera y segunda declaración; que no se le dió una verdadera oportunidad de refrescar su memoria, pues aún cuando el taquígrafo le leyó su primera declaración, las palabras de él las oyó estando en estado de ánimo tal, por su condición de funcionario pú-blico, y pensar, como pensó, que su aparente contradicción podría in-terpretarse con detrimento a su prestigio y honradez como tal fun-cionario.”

Se practicó prueba de cargo y de descargo y la corte en junio 24, 1938, dictó sentencia condenatoria. No conforme, Santiago apeló. Sostiene en su alegato que la sentencia es contraria a la prueba. En su informe el fiscal de esta Corte Suprema muestra su conformidad con el apelante y solicita la revocación de la sentencia.

Ésta dice:

“Este proceso se basó en la Ley núm. 9 de 1911, proveyendo un castigo sumario por delito de perjurio cometido en Corte abierta y para otros fines.
“El acusado declaró como testigo del Fiscal en el caso del Pueblo v. Cruz Román Rodríguez y otro, por delito de Asesinato. En ese caso hubo que celebrar dos vistas porque los acusados solicitaron juicio por separado.
“En el segundo juicio el testigo Raimundo Santiago, que es el acusado en este caso de desacato por perjurio en Corte abiérta, de-claró que al oír un tiroteo corrió al sitio donde sonaron los disparos y que vió dos hombres (los acusados) que corrían por un callejón que está detrás del pueblo y que sale en dirección a la carretera de Barceloneta, y que a uno de ellos lo vió con un arma.
“En el primer juicio el acusado en este proceso, Raimundo Santiago, había declarado que vió a los dos acusados de Asesinato o sea, José Lugo 'y a Cruz Román, con un arma a cada uno.
“Al notar la contradicción el Fiscal le dió una oportunidad al acusado en este proceso para que rectificara su declaración, indi-cándole que él había declarado en el primer proceso que ambos acu-sados tenían un arma cada uno, y hasta se le leyó por el taquígrafo su declaración anterior.
“A pesar de ello el acusado en este caso, Raimundo Santiago, no rectificó y se concretó a decir que si lo había declarado no se acordaba.
“En la vista de este proceso de desacato por perjurio se presentó como prueba la segunda declaración certificada por el taquígrafo, y para ganar tiempo el acusado admitió y se hizo constar en récord, que él había declarado en el primer juicio que ambos acusados de Asesinato tenían armas. En el primer juicio uno de los acusados de Asesinato salió condenado; y en el segundo juicio el otro salió absuelto, siendo precisamente el que dijo Raimundo Santiago, que no portaba revólver.
“La defensa levantó una cuestión legal consistente en qué no se expresaba en la orden dictada por la Corte que dió motivo a este pro-ceso, que las palabras que se le atribuyen al acusado fuesen falsas y que las dijera sabiendo su falsedad.
“En un procedimiento de esta índole, si bien al acusado hay que notificarle por una orden el motivo del proceso, no creemos que rijan las mismas reglas estrictas que en una acusación o denuncia; pero aun aceptando que así fuera, en la orden dictada por esta Corte se dice claramente que el testigo prestó juramento de decir verdad y que contrario al mismo declaró que vió dos hombres correr del sitio de los sucesos y que uno solo portaba revólver, a pesar de que había declarado el día 1 de noviembre de 1937, en otro juicio, en el mismo caso, que había visto a los dos hombres portando revólveres en la mano.
“Que en estas frases claramente se imputa que hubo una intención a sabiendas de declarar contrario a su juramento, porque se trata de dos declaraciones juradas y son sustancialmente contradictorias, y como cuestión de lógica, hay que sentar como base, por lo menos prima facie, que una d.e ellas no era verdad.
“Además, la-orden fue dictada después que se dió la oportuni-dad al acusado de que explicara su conducta y de haberle leído la primera declaración por boca del taquígrafo. Su alegación ahora de que no se elijo en la orden que él sabía que era falso lo declarado, es puramente académica.
“La naturaleza de este caso tiene alguna gravedad, sobre todo, tratándose de un policía; pero teniendo en cuenta que el acusado es mi funcionario que ha prestado por muchos años servicios en el gobierno, y según informes, en la Aduana, la Corte actuará en forma benigna y favorece cualquier gestión del Fiscal, tendiente a que el Coronel de la Policía no tome una medida muy drástica con respecto al funcionario. No obstante, nuestro fallo tiene que ser condena-torio, porque sería un precedente fatal una absolución en este caso.
“Por las expuestas razones, se declara al acusado culpable y como él pidió que se dejara para hoy dictar sentencia, se procede a dic-tarla condenándole a pagar $50.00 de multa o en su defecto un día • de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, con las costas.”

Sobre la cuestión de derecho que levantara, nada expresa el apelante en su alegato. Se limita al análisis de la evi-dencia y a argumentar que no es suficiente para sostener el fallo condenatorio apelado. No estamos conformes. Hemos examinado dicha evidencia y a nuestro juicio es suficiente.

El hecho de dos declaraciones prestadas por la misma persona — el acusado — bajo juramento, que difieren en un extremo substancial, es claro y se admite por el propio apelante. Su defensa consiste en tratar de demostrar la falta de intención criminal en su actuación, a cuyo efecto dice:

“Ahora bien, ninguna parte en la ley establece que pueda proce-sarse por perjurio a una persona porque no recuerde parte esencial de los hechos que captaron, palparon o percibieron sus sentidos.
“En toda la parte de su declaración que motivó el supuesto desacato por perjurio, el acusado y apelante se concretó a manifes-tar que no recordaba haber declarado que el individuo Cruz Román Rodríguez llevase un revólver en la mano el día de autos. La mente humana es susceptible de flaquezas, el tiempo es un agente abonador de dichas flaquezas, y es natural que en casos de esta índole se tomen en consideración las condiciones intelectuales, la intención específica, el tiempo transcurrido, y las circunstancias todas para poder deter-minar si una persona ha falseado la verdad o trata de ocultarla, es-cudándose en una evasiva, a los efectos de poder determinar la res-ponsabilidad criminal de dicha persona en un delito de esta índole.”

Convenimos en que es necesario que se demuestre la inten-ción criminal. Sin ella no existiría el delito. Pero creemos que esa intención surge fuera de duda razonable de la propia declaración, de las mismas explicaciones del acusado. La intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito, y el sano juicio y discreción del acusado. Se reputan de sano juicio todos los que no sean idiotas, luná-ticos o locos. Una intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. Artículo 12 del Código Penal.

Declaró el acusado en el primer juicio por separado soli-citado por uno de los dos acusados de asesinato, que los dos acusados estaban armados de revólver. El veredicto fné de culpabilidad.

Llamado el otro juicio, declaró que sólo había visto a uno de los acusados armado. Y el veredicto fue entonces absolu-torio para el acusado que se estaba juzgando.

Oigamos sus propias manifestaciones. Se trata del juicio celebrado contra Cruz Román que salió absuelto.

“P. ¿Esas dos personas a quienes vió corriendo del sitio de los hechos, quiénes eran? — Desde luego, cuando los vimos eran las mis-mas dos pei’sonas que nos habían saludado por la mañana en el sitio del pueblo.
“P. — ¿Quiénes eran? — Resultó ser José Lugo y Cruz Román.
“P. — ¿Dice que cuando llegó y vió el automóvil e iban corriendo los vió correr en dirección al pueblo? — Del callejón detrás del pueblo.
"P. — ¿Lo vió correr con un arma? — A José Lugo le vi el re-vólver.
P. — ¿Y a este señor? (refiriéndose al acusado) — No pude especi-ficar si llevaba revólver.
“P. — ¿Portaban esos individuos algo en la mano? — Que viera, vi a uno de ellos con un revólver en la mano. '
“P. ¿A quién? — A José Lugo.
“P. — ¿Y a Cruz Román? — Si lo llevaba, no sé si lo llevaba en-cima, pero no lo vi en la mano.
“P. — ¿Se acuerda haber declarado en el primer juicio contra José Lugo, el primero de noviembre de 1937, que le había visto un re-vólver a cada uno en la mano? — No recuerdo. Sé que declaré con relación a este caso que José Lugo llevaba un revólver.
“P. — ¿No se acuerda liaber declarado que Cruz Román llevaba un revólver en la mano? — Si lo declaré no lo recuerdo y, además, está allí mi declaración jurada.
‘1IIon. Juez: ¿ No declaró en el otro juicio que los dos llevaban revólveres? — Si lo declaré no recuerdo. Declaré que José Lugo lle-vaba revólver.”

Y en el juicio anterior, en el seguido contra Lugo, Santiago por su abogado aceptó que había declarado “que había visto a los dos acusados con revólveres en las manos”.

En esto proceso por desacato por perjurio declaró tam-bién Santiago como sigue:

“P. — ¿De manera, Santiago, que usted acepta que en el primer juicio, o sea, el que se celebró en noviembre de 1937, usted dijo que el acusado Cruz Román Rodríguez lo había visto usted correr del sitio de los hechos, por un camino, con un revólver en la mano?
“Abogado Sr. Pérez Casalduc: Señor Juez, es una cosa aceptada por nosotros.
“Iíon. Juez: Ya él aceptó que los vió con revólveres.
“Abogado Sr. Pérez Casalduc: Hay que buscar si su declaración contraria fue intencionalmente.
‘ ‘ Hon. Fiscal: ¿ Usted se acuerda que el día del juicio, en marzo 23 de 1938, se le preguntó si había declarado una cosa distinta en el primer juicio y que se le leyeron las notas taquigráficas? — ’Se me leyó parte de la declaración que yo presté en el primer juicio.
“P. — ¿En esa declaración que se le leyó aparecía que Ud. había dicho antes que había visto con revólveres en las manos a los dos acusados cuando corrían? — ’Según la transcripción que hizo el ta-quígrafo, lo decía la declaración.
“P. — Habiéndosele refrescado ya la memoria y viendo Ud. la contradicción que había entre la declaración en el primer juicio y la declaración en el segundo, ¿por qué usted ante el Jurado en ese caso-mientras estaba declarando ante el Jurado no rectificó entonces su declaración para que se diera cuenta el Jurado que usted lo que había sufrido era una equivocación al declarar al principio y no afectara su declaración primera los intereses de El Pueblo de Puerto Rico en el caso que estaba ventilándose? — Si se me hubiera dado la decla-ración transcrita, yo leyendo hubiera visto la diferencia; si la hu-biera leído ya transcrita hubiera dicho: ‘Es verdad que lo que dije aquí es’. Estaba leyendo una segunda persona, que es el ta-quígrafo y había transcurrido un año de un juicio al otro y son tantas las cosas que uno tiene en su mente, que hay cosas que uno quiere decir que no las recuerda; se le puede olvidar a cualquiera persona.
“Abogado Sr. Pérez Casaldue: ¿Cuánto transcurrió desde la pri-mera declaración basta la última? — Un año y pico.
“A preguntas del Hon. Jrpez, declaró lo siguiente:
“P. — Lo que el Fiscal le preguntaba era que en el segundo juicio cuando a usted se le leyó la primera declaración, que era distinta a la segunda, ¿por qué Ud. entonces al leérsele la primera no le dijo al Jurado: ‘es verdad la primera y no la segunda’? — Sr. Juez, bay momentos que uno está en un estado de ánimo, que aunque le estén diciendo frente a frente las cosas no llega a la conclusión inmediata.
“P. — ¿Usted quiere decir que estaba turbado? — Turbado. Yo le voy a explicar. En la escuela, en quinto grado, con Mr. Whitte-more, el esposo de la Colectora de Aduanas, yo me empeñé en decir que tres por tres eran seis y estuve como una bora y tuvieron que traerme un niño de segundo grado para que me convenciera que tres por tres nueve y después me di cuenta que era un error.
“P. — ¿No cree usted que este becho importante, habiendo dos acusados en un becbo tan importante como ése, el baber visto a los dos con revólveres, que usted en el segundo juicio olvidara eso y dijera que solamente vió a uno, no cree usted que ése es un hedió importante? — Yo creo que es importante, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Nosotros cuando estábamos trabajando en esa ma-ñana, después de pasar una noche por los callejones de caña . . . fué como a las cinco o las seis de la mañana y después en la ad-vertencia de buscar los acusados uno y otro, y tal vez puede uno baber declarado una cosa que en el becbo no la recuerde perfecta-mente bien.”

¿Puede, una vea conocida esa prueba, sostenerse que erró el juez que la consideró suficiente para concluir que el acu-sado actuó con intención criminal al variar su testimonio en el segundo juicio?

Creemos que no. Si algo revelan los autos es el cuidarlo con que dicho juez actuó. Sufrió con la sentencia que se veía obligado a pronunciar en contra de un funcionario que pare-cía arrepentido de su actuación al darse cuenta de las con-secuencias que para él acarreaba y que trató de explicarla lo mejor que pudo, pero supo por encima de sus sentimientos do piedad actuar de acuerdo con el mandato de su razón que al analizar la prueba le indicaba que la única conclusión a que podía llegarse era a la de la culpabilidad del acusado.

Procede que el recurso sea declarado sin lugar y confir-mada ¡a sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    United Porto Rican Sugar Company of Porto Rico, demandante y apelante, v. Sucesión de Pedro Sánchez, demandada y apelada.
    Núm. 7615.

    Sometido: Diciembre 9, 1938.

      Resuelto: Enero 27, 1939.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados de la apelante; Luis Lloréns Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de United Porto Rican Sugar Co. of Porto Rico v. Sucesión de Pedro Sánchez, 51 D.P.R. 195, se modificó la sentencia dictada a favor de la demandante, eliminándose de ella los nombres de ciertos demandados — Monserrate Con-cepción Correa, Merminuta, María de Jesús, Juliana, Sebas-tiana y Simona Sánchez — -y, así modificada, se confirmó. En abril 27, 1937, 51 D.P.R. 929, este tribunal modificó nueva-mente la sentencia de la corte de distrito desestimando el recurso en cuanto a los demandados arriba citados, con cos-tas. En una comunicación fechada el 7 de mayo, dirigida por el secretario de este tribunal al secretario de la corte de distrito, se decía que el mandato se incluía con la misma.

En mayo 6, los demandados radicaron en la corte de dis-trito un memorándum de costas y notificaron el mismo a los letrados de la demandante. El 8 de mayo, la demandante solicitó se eliminara este memorándum por haber sido pre-sentado fuera de término. El 12 del mismo mes los deman-dados radicaron un memorándum enmendado, completo de por sí, y lo notificaron a la demandante.

Luego de una vista, la corte de distrito resolvió que cuando por error se ha radicado un memorándum prematuramente y más tarde, antes de espirar el término, el mismo memorán-dum es radicado nuevamente o se radica un memorándum similar, el memorándum posterior de costas debe quedar en pie.

La teoría de los demandados fué que el memorándum había sido radicado debidamente dentro de los diez días de dictada la sentencia de este tribunal de conformidad con las disposiciones de la “ley para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil y para otros fines,” aprobada el 11 de mayo de 1936 (leyes de ese año, pág. 353). En esto están equivocados. Véanse Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337; y Díaz v. Ramos, 54 D.P.R. 3. En moción de reconsideración, sin embargo, el letrado de los demandados insistió en que en todo caso, el segundo memo-rándum, es decir, el enmendado, aprobado por la corte de distrito, había sido radicado dentro del período estatutario.

La apelante sostiene que la corte de distrito carecía de jurisdicción y por ende que cometió error al aprobar el memo-rándum y al declarar sin lugar la moción de reconsideración. La apelante no cita autoridad alguna en apoyo de esta con-tención. Los apelados no han radicado alegato.

En Servera v. Pedrosa, 46 D.P.R. 178, este tribunal eon-ñrmó una resolución de la corte de distrito declarando con lugar una moción para eliminar un memorándum de costas, 1, porque una orden anterior de sustitución se había dejado sin efecto, y 2, porque el memorándum había sido archivado prematuramente. Este tribunal resolvió que después que la corte de distrito dejó sin efecto su orden anterior, la parte peticionaria no tenía status ante la corte y que en su conse-cuencia el memorándum había sido propiamente eliminado. Esto prácticamente resolvió la apelación en dicho caso. Argumentando — en respuesta a una cuestión suscitada por la apelante — este tribunal dijo lo siguiente:

‘ ‘ En los casos de Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce, 30 D.P.R. 539, y de Noriega & Alvarez v. New York & Porto Rico Steamship Co., 33 D.P.R. 557, hemos resuelto que una corte carece de jurisdicción para conocer de un memorándum de costas que se le presente prematuramente; doctrina que es aplicable al presente caso por haber sido radicado el memorándum de costas antes de recibirse en la corte la sentencia dictada en apelación, ya que la ley dispone que si la sentencia de la corte ha sido apelada, como lo fué en este caso, se presente el memorándum de costas dentro de los diez días siguientes a haber sido registrada en la corte inferior la sentencia dictada en apelación.
“La corte inferior tenía jurisdicción sobre las personas en este caso pero como no la tenía para conocer del memorándum de costas, según hemos resuelto, la impugnación hecha a las partidas del me-morándum no le concedió una jurisdicción de que carecía; y como la falta de jurisdicción por razón de la materia puede ser alegada en cualquier tiempo, tal alegación de los demandados, aunque hecha después de los diez días concedidos por la ley para imponer el me-morándum de costas, era admisible.”

En Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce, supra, la corte de distrito había dicho:

“Y visto el artículo 339 de la Ley Núm. 15 aprobada por la Asamblea Legislativa de 19 de noviembre de 1917 (Leyes de 1917, (2) pág. 229), que trata sobre costas, la corte es de opinión que dicho memorándum ha sido radicado antes del plazo que marca la ley] y resuelve que el mismo debe ser eliminado por los motivos ex-presados.
“Fundamento de derecho-. ‘Sellick v. De Carlow, 95 Cal. 644.’ ” (Pág. 540)

Al decidir el recurso de apelación este tribunal se expresó así:

“Sostiene la parte apelante que si bien es verdad que el memo-rándum era prematuro, la corte no carecía de jurisdicción y que ha-biéndose planteado una cuestión de jurisdicción, ésa y no otra fué la que debió decidir la corte. Que si el demandado se hubiera limitado a pedir la eliminación del memorándum por prematuro y la corte la hubiera decretado, él hubiera podido presentar de nuevo, en tiempo, su memorándum.
“La sentencia se dictó el 9 de septiembre. De acuerdo con la ley sería firme treinta días después y dentro de los diez días siguientes es que debió presentarse el memorándum. Esto lo admite el ape-lante. El memorándum se archivó el 24 de septiembre y la impug-nación tiene fecha 27 del propio mes y en ella se dijo, después de-fijarse los días en que se dictó la sentencia y se archivó el memorán-dum, ‘especialmente por ello alegamos que la corte no tiene juris-dicción para conocer de dicho memorándum, y resolverlo, por haberse presentado fuera de tiempo.’
“La demandante tuvo, pues, una amplia oportunidad para corre-gir su error ya que la cuestión fué abierta y claramente suscitada cuando ni siquiera era firme la sentencia. Ella prefirió seguir ac-tuando bajo la base del memorándum archivado y tiene que sufrir las consecuencias de sus propios actos.
“La corte es verdad que tenía jurisdicción sobre el pleito y sóbre-la materia de las costas impuestas en él por ella misma, pero el me-morándum se presentó e impugnó en un término en que la corte no tenía facultad para considerarlo y su resolución eliminándolo era la lógica y procedente y estaba necesariamente comprendida dentro de la cuestión suscitada por la parte demandada.
“El caso de California citado por el juez, Sellick v. De Carlow, 95 Cal. 644, es más fuerte que el que está sometido a nuestra consi-deración porque allí el memorándum se archivó antes de registrarse la sentencia, pero el principio envuelto es similar.
“Debe confirmarse la resolución apelada.”

De la opinión emitida en el caso de Noriega & Álvarez v. N. Y. & P. R. SS. Co., supra, tomamos el siguiente extracto:

. . . Este precepto es claro y por tanto habiendo sido presen-tado el memorándum de costas en este caso antes de ser recibida en la corte inferior nuestra sentencia confirmatoria, su radicación fué extemporánea y debió ser eliminado como pidió el demandante. Así lo hemos resuelto antes de ahora en el caso de la Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce, 30 D.P.R. 539.
“Alega, sin embargo, el apelado que por haber pedido el deman-dante una prórroga de diez días para alegar contra dicho memorán-dum estaba impedido de solicitar su eliminación porque así evitaba que el demandado pudiera radicar en tiempo otro memorándum. No creemos sostenible ese argumento porque la petición de prórroga no privó al demandante de su derecho para hacer todas las alegaciones que estimare convenientes.”. (Pág. 558)

En Vicente v. Malavé, 39 D.P.R. 376, el memorándum fué radicado después de haber expirado el término dentro del cual debió haberlo sido. Refiriéndose al período estatutario fijado por el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1917, volumen II (leyes de ese año, pág. 229), este tribunal dijo:

“. . . . No se trata de un precepto directivo, sino claramente man-datorio. Y aquí el memorándum no sólo no se presentó dentro de los diez días, sino que levantada la cuestión ni siquiera se trató de explicar por qué no se había dado cumplimiento al precepto legal indicado. Artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la Ley Núm. 15 de 1917, Leyes de 1917, Vol. II, 229. No se solicitó prórroga del término.
“La jurisprudencia sostiene la conclusión a que hemos llegado, como puede verse del siguiente resumen de la misma que tomamos de Corpus Juris. Es así:
“ ‘Término para, la radicación. — El término para la radicación de un memorándum de costas generalmente está regulado por estatutos o reglas de la corte, cuyo fin es limitar el período dentro del cual puede determinarse la cuestión de costas, en caso de que las haya. Los estatutos por lo general disponen que el memorándum de costas debe ser radicado dentro de determinado período después de dictarse sentencia, o de haberse dictado el veredicto, o de haberse hecho la notificación de la sentencia; y según algunos estatutos el memorán-dnm de costas debe ser notificado a la parte contraria. Aunque bay algunas excepciones, generalmente se ha resuelto que el dejar de ra-dicar el memorándum de costas dentro del período prescrito por el estatuto o por la regla de la corte equivale a una renuncia del de-recho a las costas, y que ello autoriza la eliminación del memorándum, a menos que el término para la radicación del mismo sea prorrogado, a no ser que se haya renunciado la objeción a haberse dejado de radicar el memorándum en tiempo, como puede ocurrir, o a menos que so presente una buena excusa para no haberse radicado el me-morándum de costas en tiempo. Está dentro de la discreción de la corte sentenciadora determinar qué constituye una buena ex-cusa.’ ” (Pág. 379)

En Sanders Phillippi, S. en C. v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855, la corte de distrito declaró con lugar una moción para eliminar un memorándum de costas unos dos días después de dictarse sentencia basada en una estipulación al efecto de que si no se llegaba a un arreglo dentro de deter-minado período de tiempo podía dictarse sentencia a favor de la demandante. El artículo 339 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal cual fue enmendado en 1917 (Ley núm. 15 de 1917, (2) pág. 229), dispone la radicación de un memorán-dum de costas “dentro de los diez días siguientes al en que baya vencido el término para apelar de la sentencia dictada.” No menciona una sentencia contra la cual no cabe recurso de apelación. No hace distinción alguna entre tales sentencias y las sentencias de las cuales puede apelarse. No obstante, este tribunal ignoró la letra de la ley y resolvió que un me-morándum de costas puede ser radicado inmediatamente des-pués de dictarse una sentencia de la cual no puede apelarse y revocó la resolución de la corte de distrito.

No es siempre tan fácil decir si procede o no una apela-ción. En casos dudosos pueden surgir cuestiones interesan-tes. Cuando no existe derecho a apelar, ¿ comienza a correr el período de diez días inmediatamente después de dictarse sentencia? ¿Estaría fuera de término un memorándum radi-cado más de diez días después de dictarse sentencia, aun-que presentado en el término dentro del cual podría enta-blarse una apelación, de ser la sentencia apelable? ¿Carecen de facultad las cortes para evitar la penalidad e injusticia que al adherirse ciegamente a una regla inflexible podría infli-girse a aquellas partes que de buena fe y en la creencia razo-nable de que su actuación es legal y propia, radican un memo-rándum de costas que más tarde resulta haberse presentado prematuramente al decidirse por la corte de distrito o cuando la decisión de la corte de distrito es revocada por este tribunal? Aún no estamos preparados para contestar en la afirmativa éstas y otras cuestiones similares. Conforme indicamos en el caso de Sanders Phillippi, supra, (pág. 856) “en leyes anteriores la parte victoriosa con derecho a las costas estaba obligada a archivar su memorándum dentro de diez días de dictada sentencia final. Esto se creyó ser una inconveniencia y a veces una pérdida de tiempo, especial-mente en caso de que la sentencia fuera revocada.”

La fecha importante, a nuestro juicio, es aquélla en que ha de expirar el período estatutario y no la fecha en que empieza a correr. Con anterioridad a la enmienda de 1917, por lo menos, la idea primordial en la mente de la Asamblea Legislativa fué que, como regla general, la radicación de un memorándum de costas no debe permitirse una vez trans-currido el lapso de tiempo especificado. Si, según se indica en el caso de Vicente v. Malavé, supra, el prorrogar cualquier término dentro del cual puede radicarse un memorándum de costas es cuestión que cae dentro de la sana discreción de la codo, entonces, a fortiori, parecería que la corte debe tener una discreción igualmente amplia, o aún más amplia, al ser llamada a ejercitarla, para exonerar a una parte en un caso adecuado, de aquello que, al no procederse así, podría ser el resultado de una radicación prematura.

En una moción solicitando permiso para enmendar el memorándum original, los demandados indicaron que el me-morándum original se había radicado dentro del término de diez días después de dictarse sentencia, según exigía la nueva ley entonces en vigor, mientras que el memorándum enmen-dado sería radicado después de vencido el período estatuta-rio. En su consecuencia, los demandados negaron haber tenido intención alguna de radicar el memorándum de costas enmendado en sustitución del original y solicitaron que el mismo no se considerara como un abandono del original. La misma sentencia que declaró sin lug'ar la acción de la deman-dante (en cuanto a aquellos demandados icuyos nombres habían sido eliminados por este tribunal de la sentencia de la corte de distrito, con costas en favor de tales demandados) concedió costas a la demandante en contra de otro demandado cuyo nombre no fue eliminado de la sentencia de la corte de distrito. La demandante, al tiempo de radicar su moción para que se eliminara el memorándum de los demandados, aquí apelados, también radicó su memorándum de costas a fin de que se impusieran las mismas al otro demandado contra quien el recurso no había sido declarado sin lugar. Así, pues, mientras la demandante insistía en su moción para que se eliminara el memorándum de los demandados por haber sido radicado prematuramente, los demandados sostenían —o por lo menos uno de ellos lo hacía — que el memorándum de la demandante, bajo la nueva ley, había sido radicado fuera de término. Todos los demandados estaban, y desde la iniciación del recurso por la demandante lo habían estado, representados por el mismo letrado. Éste no podía insistir consistentemente en que el memorándum de costas de la demandante se había radicado después de transcurrido el período estatutario de diez días y al mismo tiempo admitir que el memorándum original por él radicado en favor de todos menos uno de los siete demandados era prematuro. Las razo-nes que causaron la radicación prematura del memorándum de costas original y aquéllas que ocasionaron el rechazo de cualquiera intención de abandonar el mismo, contenido en la moción de los demandados solicitando permiso para enmen-dar, eran igualmente obvias y satisfactorias. La deman-dante no fué perjudicada en ningún derecho substancial, ni con la aprobación del memorándum enmendado ni al decía-rarse sin lugar la moción de reconsideración. El resultado logrado en la corte inferior fue acertado y no debe ser alte-rado.

Las resoluciones apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Melón Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelada, v. R. Muñiz de León & Cía., S. en C., demandada; José R. Villamil, interventor y apelante.
    Núm. 7591.

    Sometido: Diciembre 21, 1938.

      Resuelto: Enero 30, 1939.

      F. M. Susoni, Jr. abogado dei apelante; Angel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la ,opinión del tribunal.

Los antecedentes de este caso se encnentran expuestos en la opinión emitida por esta corte en el de Melón Hnos. & Co. v. R. Muñiz, Etc., y Villamil, Int., 49 D.P.R. 703, de donde se transcriben para nna mejor comprensión de las cnestiones a resolver ahora:

“Molón Enos. & Co., S. en C., demandó a R. Muñiz de León en coh™ V dinero y solicitó una orden de aseguramiento de sen-tencia que fué decretada contra bienes de la propiedad del deman-dado. En 13 de diciembre de 1932, el márshal, cumplimentando la referida orden, embargó como de la propiedad de R. Muñiz de León bienes pertenecientes á II. Muñiz de León & Co., S. en C.
“Tres días después de trabado el embargo la parte deman-dante, con autorización de la corte de distrito, presentó una de-manda enmendada, haciendo figurar como demandada a R. Muñiz de León & Co., S. en C., por haber sufrido un error al demandar a R. Muñiz de León. Algún tiempo después la sociedad R. Muñiz de León & Co., S. en C., contra la cual se expidió un nuevo empla-zamiento, solicitó la nulidad del embargo por haberse trabado en una acción dirigida contra R. Muñiz de León y no contra la refe-rida sociedad, que es una distinta entidad jurídica. La corte inferior declaró sin lugar la moción de la demandada sobre nulidad de embargo. La referida resolución fué más tarde revocada por esta Corte Suprema. Melón Hnos. & Co., S. en C., v. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91.
“Mientras se sustanciaba la apelación continuó el pleito en la corte de distrito contra R. Muñiz de León & Co., S. en C., hasta su terminación. Los bienes embargados sujetos a deterioro fueron ven-didos por orden judicial, produciendo la venta la cantidad de $703.02, que fué depositada en la secretaría de la Corte de Distrito de San Juan. Estos bienes fueron también embargados en 21 de diciembre de 1932 por José R. Villamil, quien había demandado a la referida sociedad R. Muñiz de León & Co., S. en C., en la Corte de Distrito de Areeibo. Luego, cuando los bienes fueron vendidos y depositado su importe en la secretaría de la Corte de Distrito de San Juan, Villamil pidió y obtuvo que se dictara una nueva provi-dencia, en 13 de octubre de 1933, ordenando al secretario do la Corte de Distrito de San Juan que se abstuviera de entregar o disponer del importe de dichos bienes.
“Firme ya la sentencia obtenida por Melón Hnos. & Co., S. en C., contra la sociedad mencionada, solicitó que se le entregara la cantidad depositada en la secretaría de la corte de distrito. Se negó el tribunal a decretar lo solicitado, porque los bienes habían sido también embargados por José R. Villamil. Entonces Melón Hnos. & Co., S. en C., pidió que se citara a Villamil para que mos-trara causa por la cual no debía ser entregado a la sociedad referida el dinero depositado. Así lo hizo la corte, y haciendo constar que de los autos no aparecía oposición alguna formulada por el Sr. Villamil, ordenó al secretario del tribunal que entregase la suma de $728.47 que tenía en su poder como producto de los bienes embar-gados a la demandada en aseguramiento de sentencia y que fueron también embargados por José E. Villamil. A pesar de que la corte dice que de los autos no surge la comparecencia de Villamil, la ver-dad es que el mismo compareció mediante moción oponiéndose a la entrega del dinero.
"Al recaer el fallo de esta Corte Suprema decretando la nulidad del embargo trabado contra bienes de E. Muñiz de León & Co., S. en C., antes de figurar como parte demandada, el Sr. Villamil soli-citó de la corte que ordenase a Melón Hnos. & Co., S. en C., bajo apercibimiento de desacato, que depositase inmediatamente en la secretaría del tribunal el dinero que le había sido entregado. Se opuso la sociedad referida a esta solicitud, pidiendo su eliminación, por no ser Villamil parte en el litigio y no tener a su juicio de-recho para intervenir y obtener el remedio solicitado. La corte ordenó que se requiriese inmediatamente a la referida sociedad para que sin excusa ni pretexto alguno, bajo apercibimiento de desacato, devolviese y depositase en la secretaría de la corte la cantidad de $728.47 que le íué entregada en virtud de resolución judicial. Contra esta orden interpuso la parte perjudicada el presente recurso de apelación.
"La parte apelante llama la atención hacia el hecho de que Va-lentín Polanco de Jesús, abogado de E. Muñiz de León & Co., S. en C., es quien aparece demandando a esta sociedad y embargando sus bienes a nombre de José E. Villamil, para cobrarle la suma de $1,500 de principal, con sns intereses. El abogado Polanco, a nombre de Villamil, embarga a E. Muñiz de León & Co., S. en C., los mismos bienes que ocho días antes habían sido embargados por Melón Hnos. & Co., S. en C., en la acción dirigida contra E. Muñiz de León. Y es también cierto que el Sr. Polanco, abogado de E. Muñiz de León & Co., S. en C., en el pleito seguido contra dicha sociedad por Melón Hnos. & Co., S. en C., aparece al mismo tiempo representando a José E. Villamil en el pleito incoado por éste contra la susodicha sociedad E. Muñiz de León & Co., S. en C., que culminó en una sentencia dictada en rebeldía. Estos hechos, unidos a las circunstancias que median en este caso, ponen de relieve una cues-tión de ética profesional que no queremos pasar por alto sin hacer constar nuestra desaprobación y nuestra censura.”

Hasta aquí la relación de hechos en aquella opinión que sirvió de base a este Tribunal Supremo para confirmar, en 18 de marzo de 1936, la resolución apelada.

Posteriormente, i. e. en 23 de abril de 1936, J.osé E. Villa-mil solicitó de la Corte de Distrito de San Jnan una orden dirigida al secretario para que este fnncionario procediera a dar cumplimiento a la mencionada sentencia del 18 de marzo de 1936, requiriendo a la sociedad Melón Hnos. & Co., S. en C., para que devolviese y depositase en la secretaría de aque-lla corte la cantidad de $728.47 que le fué entregada en vir-tud de resolución judicial. Así fué ordenado en 30 de abril de 1936. En 7 de mayo de ese mismo año, la mercantil Me-lón Hnos. & Co., S. en C., pidió término para exponer las razones por las cuales no debía obligársele a consignar en secretaría la suma de $728.47, a lo que se negó la corte por resolución de igual fecha, fundándose en que no podía con-ceder ninguna moción hasta tanto no cumpliera la mercan-til referida con la orden del día 30 de abril de 1936, supra. Dos días después, en 9 de mayo de 1936, Melón Hnos. pidió permiso para radicar una moción de reconsideración de la orden dictada en 30 de abril de 1936 (supra), para que dicha orden se dejara en suspenso hasta tanto se resolviera la moción de reconsideración, y con el fin de que quedara garan-tizado el interventor José E. Villamil de que la consignación sería hecha si la reconsideración era en definitiva desesti-mada, presentó para su aprobación una fianza hasta la suma de $728.47. A todo lo solicitado en esta moción accedió la corte en 9 de mayo de 1936. El 28 de mayo siguiente Melón Hnos. radicó un escrito titulado “Mostración de causa,” en el que alegó bajo juramento las razones que tenía para no hacer la consignación y para que se reconsiderase la orden de 30 de abril de 1936. La corte inferior las resume así:

“(1) Que la demandante no ha recibido en ningún momento del secretario de esta corte $728.47, sino $703.02.
!í(2) Que desde antes de radicar José R. Villamil sus mociones sobre consignación, la demandante no tiene en su poder los indi-cados $703.02 porque los entregó íntegramente a la corporación del país denominada 'Asociación de Comerciantes Mayoristas, Inc.,’ a la cual pertenece la demandante y otras firmas comerciales aeree-doras de la demandada R. Muñiz de León y Co., S. en C., con objeto de que su importe fuera distribuido, como lo fué, de acuerdo con los estatutos de dicha asociación, entre los distintos asociados acree-dores de la demandada, habiéndose efectuado la distribución de ese dinero, mediante pago hecho por la aludida asociación, el 25 de junio de 1934, en la siguiente proporción:
“A la mercantil Cividanes Sobrino y Co., a quien la de-mandada debía $312.02, le fué pagada la suma de-$124. 25
“A la mercantil Rodríguez Ante y Co., a quien la de-mandada debía $48.89, le fué pagada la suma de- 19. 47
"A la mercantil Juan Gabrer, Inc., a quien la deman-dada debía $42.84, le fué pagada la suma de- 17.06
“A la mercantil The Royal Hat Co., a quien la deman-dada debía $22.44, le fué pagada la suma de- 8. 94
“A la mercantil demandante Melón Hnos. y Co., S. en C., a quien la demandada debía $660.30, le fué pagada la cantidad de_ 262. 95
“Pagado por costas y honorarios de abogado de la deman-dante_ 270.35
“Total_$703.02
“(3) Que el embargo de los $728.47 que motivan este incidente, practicado por José R. Villamil con motivo del pleito civil núm. 13,603 de la Corte de Distrito de Arecibo, es nulo porque fué prac-ticado en ejecución de una sentencia también nula dictada en re-beldía, sin jurisdicción.
“(4) Porque la demanda radicada por José R. Villamil contra R. Muñiz de León y Co., S. en O., es falsa, simulada y fraudulenta y presentada con el único propósito de perjudicar a la aquí deman-dante Melón Hnos. y Co., S. en C.”

El día 9 de noviembre de 1936 declaró la corte bien jus-tificadas las razones aducidas en dicba moción y en su vir-' tud resolvió reconsiderar su orden del 30 de abril de 1936, dejándola sin ningún valor ni efecto legal. José R. Villamil apeló.

No obstante nuestra expresa desaprobación y censura de la falta de ética profesional envuelta en el hecho de que el mismo abogado de la sociedad deudora demandada fuera el que a nombre de José R. Villamil demandó a dicha sociedad y embargó los bienes de ésta, pocos días después de practi-cado el embargo de Melón Hnos. & Cía., el abogado del inter-ventor y apelante en el presente recurso, a quien debemos presumir enterado de todos los antecedentes de este caso, incurre en la misma falta de ética profesional, la que tam-poco podemos pasar por alto y sin calificarla como reproba-ble y digna de censura. En -el recurso núm. 6332, Melón Hnos. & Cía., S. en C., v. R. Muñiz de León (47 D.P.R. 91), el abogado Francisco M. Susoni, Jr., compareció en represen-tación del demandado, miembro de la sociedad R. Muñiz de León & Co., S. en C., para solicitar la nulidad del primer embargo trabado por Melón Hnos. & Cía. En el recurso núm. 6795, Melón Hnos. & Cía. v. R. Muñiz de León & Cía., y José R. Villamil, interventor y segundo embargante, el abogado Susoni representó a la sociedad demandada y el abogado J. J. Fuertes al interventor y apelado. Véase 49 D.P.R. 703. En el caso de autos el escrito de apelación aparece suscrito por el abogado Antonio Lens a nombre y en representación del interventor J. R. Villamil y notificado a F. M. Susoni, Jr., como abogado de R. Muñiz de León & Co., S. en C. Ello no obstante, el legajo de la sentencia está certificado por F. M. Susoni, Jr., como abogado de José R. Villamil, y el alegato suscrito por E. M. Susoni, Jr., también como abogado del interventor y apelante, José R. Villamil. •

' Eué sin duda alguna esa práctica que fiemos censurado y el abandono de la cual aconsejamos a la profesión, la que influyó en el ánimo del juez sentenciador para que éste, fiján-dose solamente en el aspecto moral de la cuestión e interpre-tando como prueba de confabulación entre la sociedad deu-dora y el acreedor interventor el flecflo de que una y otro estuviesen representados por el mismo abogado, dijese en su resolución apelada lo que sigue:

"Practicó la compareciente prueba documental y testimonial que no vamos a analizar por razones que no queremos exponer en esta resolución, pero prueba que nos ha merecido entero crédito, del con-junto de la cual resulta demostrado, no sólo la buena fe de la deman-dante, sino las causas o fundamentos por los cuales no debe el Tribunal obligarle a la consignación de la suma de $728.47, a que se refirió en su orden de 30 de abril de 1936.
“En su consecuencia, declara la Corte bien justificadas las razo-nes alegadas por la demandante para que no se le obligue a la con-signación del dinero, puesto que no ve el Tribunal cómo puede hacer buena y considerar como legítima una reclamación que apa-rece tan sospechosa de buena fe y de honestidad, y en su virtud, reconsidera la mencionada orden, dejándola sin ningún valor ni efecto legal; pero dejando siempre a salvo y reservado el derecho que pueda tener J. E. Yillamil, o José E. Yillamil, o Dr. J. E. Yillamil, para que ejercite por la vía ordinaria cualquier acción que pueda tener, en la forma y manera que creyere conveniente.”

Aun cuando estuviéramos en condiciones de poder exami-nar la prueba que tuvo ante sí y que no analizó el juez sen-tenciador — lo que no sería posible por no haberse elevado a esta corte una transcripción de la evidencia — no lo liaríamos, porque estamos convencidos de que la resolución recurrida debe ser revocada por haber sido dictada sin jurisdicción para ello.

Las 'sentencias dictadas por esta Corte Suprema, confir-mando o revocando las de las cortes de distrito, sólo pueden ser apeladas para ante la Corte de Circuito en los casos espe-cificados en el estatuto federal sobre la materia. Una vez remitido el mandato de esta Corte Suprema a la corte inferior, ésta readquiere jurisdicción sobre el caso para el solo fin de ejecutar la sentencia y de dar cumplimiento al man-dato de esta Superioridad. No está facultada la corte inferior para abrir el caso de nuevo, ni para reconsiderar, enmen-dar o suspender la ejecución de la sentencia firme y defini-tiva de este tribunal. Si esto fuera posible, los litigios serían interminables y las sentencias del más alto tribunal insular no podrían tener jamás la autoridad de cosa juzgada.

La sentencia dictada por esta corte en 27 de noviembre de 1935, confirmando la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en julio 9, 1934 (véase 49 D.P.E. 703) es una sentencia firme y definitiva. Era el deber de la corte inferior hacerla cumplir, obligando a la demandante Melón Hnos. & Go., a restituir a la secretaría de la corte de dis-trito la cantidad exacta que le había sido entregada como producto de la venta judicial de bienes de R. Muñiz de León & Go.

Por las razones expuestas debe revocarse la •resolución recurrida y devolverse el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no incompatibles con esta opinión y sin perjuicio del derecho que pueda tener la sociedad acreedora Melón Unos. ■& Go., S. en G.t para entablar las acciones o procedimientos que estime procedentes para establecer su ale-gado derecho al fondo una vez que éste sea puesto de nuevo in custodia legis.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


text:
    María Teresa Quiñones Mayoral, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jesús A. González, Juez, y Ramón Sárraga, demandados.
    Núm. 1159.

    Sometido: Enero 23, 1939.

      Resuelto: Enero 30, 1939.

      García Méndez & García Méndez y Angel G. Ilermida, abogados de la peticionaria; José Lópe¡z Baralt, abogado del recurrido Sr. Sárraga.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la .opinión del tribunal.

Se trata de una petición de certiorari radicada -por la esposa demandada en un pleito de divorcio por la causal de abandono, para que revisemos y modifiquemos una resolu-ción de la Corte de Distrito de San Juan negándose a con-ceder a dicha demandada ciertas cantidades que ella alega le son necesarias para sus alimentos y para su defensa en el pleito de divorcio, la vista del cual está señalada para el día 6 de febrero de 1939.

De los autos originales del pleito civil núm. 29,444, remi-tidos a esta corte en obediencia al mandamiento por ella expe-dido, aparecen los siguientes hechos:

El día 13 de mayo de 1938 Ramón Sárraga, esposo de la aquí peticionaria, radicó demanda de divorcio ante la Corte de Distrito de San Juan, alegando que desde hacía más de un año su esposa le había abandonado.

En 13 de octubre del mismo año la demandada presentó una moción sobre litis expensas y alimentos provisionales, en la que alegó tener una buena y meritoria defensa; que la demandada es insolvente y carece de toda clase de bienes; que el demandante ha tenido entradas mensuales en exceso de $200 y que según su leal saber y entender tenía aún tales entradas; y terminó pidiendo se ordene al demandante a pasar a la demandada $75 mensuales para sus gastos, más $300 para pago de honorarios de sus abogados; y que ínte-rin se .cumpla dicha orden no se dé curso a ninguna de las alegaciones del demandante ni se continúe la tramitación del litigio.

En oposición a dicha moción sobre litis expensas y ali-mentos provisionales, alegó el demandante que él es insol-vente y no tiene bienes ni propiedades para satisfacer la peti-ción de. la demandada; que hacía ya tres meses que cesó en su empleo como pagador de Puerto Rico y no ha percibido sueldo alguno desde ese momento; que él no tiene profesión alguna que lo habilite para tener entradas regulares; que en el presente no tiene empleo u ocupación alguna; que su situa-ción actual es precaria, no teniendo con qué satisfacer sus gastos de alojamiento y comidas durante los últimos meses; que la demandada no está desamparada, pues vive en casa de familiares solventes y bien acomodados; que la suma que se pide para honorarios de abogado es irrazonable; y que siendo la demandada culpable de abandono, no procede en derecho la concesión de alimentos y honorarios.

En su resolución de 2 de diciembre de 1938, después de exponer los hechos, la corte inferior se expresó así:

“En la vista sobre la moción, la demandada se limitó a declarar que necesitaba la pensión alimenticia reclamada, pero no probó de manera o iorma alguna que el demandante tuviera bienes de for-tuna o tuviera entradas.
“El demandante declaró ser insolvente, estar desempleado desde hace más de tres o cuatro meses, no tener profesión alguna y no recibir rentas, emolumentos o beneficios de clase alguna. Estas manifestaciones fueron corroboradas por el Lie. 'Wilson P. Colberg’ quien a nombre del demandante lleva un pleito contra el Tesorero para que se le reponga en su puesto de Pagador Oficial de El Pueblo de Puerto Rico, quien dijo que Sárraga no le había podido pagar sus honorarios habiendo tenido el declarante que sufragar parte de las costas a los efectos de entablar la acción; y por el Sr. Tulla, en cuya casa vive el Sr. Sárraga, quien manifestó que durante los últimos tres meses éste no le ha podido satisfacer el importe de su cuarto y comidas.
“La Corte de consiguiente llega a la conclusión de que el de-mandante no está en condiciones económicas de proveer de ali-mentos provisionales a la demandada ni de pagarle suma alguna en concepto de ‘litis expensas’ en la actualidad.
“Convenimos con la parte demandante en que el Artículo 100 del Código Civil, ed. 1930, que dispone:
“ ‘Si la mujer no contase con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes,de éste,’ le da derecho a la mujer a la pensión si el marido tiene bienes o recibe emolumentos por concepto de empleo o profesión. En otras palabras, si el marido es insolvente, no puede cumplirse el precepto legal. ’ ’

Admitiendo como hechos probados la insolvencia actual de una y otra parte litigante, arguyen los representantes de la esposa demandada y aquí peticionaria, que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia por ellos citadas la acción de divor-cio debe quedar en suspenso hasta que el esposo demandante pague los alimentos y honorarios que a su juicio debió con-ceder y erróneamente no concedió la corte inferior.

Pasemos a considerar y resolver las únicas dos cuestiones . envueltas en este procedimiento.

¿Erró la corte inferior al negarse a ordenar al demandante que pagase a la demandada las sumas pedidas por ésta?

Es cierto que el artículo 100 del Código Civil, ed. 1930, dispone que cuando la mujer demandada en acción de divor-cio no contase con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia; pero no es menos cierto que esa disposición, al parecer imperativa y mandatoria, está con-dicionada por el requisito adicional del mismo artículo al efecto de que la pensión decretada por la corte debe ser en proporción de los bienes o medios del marido.

Después de un cuidadoso estudio del dicho artículo, opi-namos que cuando después de practicar una investigación y de oír prueba sobre la situación económica del marido, el juez de distrito llega a la conclusión de que a su juicio aquél es insolvente, que carece de empleo y de bienes de fortuna y que su situación no le permite pasar cantidad alguna a su esposa durante la pendencia del pleito de divorcio, no comete error el juez sentenciador al negarse a dictar una orden impo-niendo al marido insolvente la obligación de pagar alimentos y litis expensas-. ¿A qué ñn práctico conduciría el dictar una orden de tal naturaleza, a sabiendas de que no habría de ser cumplida por el estado de insolvencia absoluta de la persona llamada a obedecerla? Las máximas ¿mpossibilium milla obligatio est e impotentia excusat legem son aplicables al pre-sente caso.

La resolución recurrida, supra, demuestra que la corte inferior actuó de acuerdo con la regla que acabamos de enun-ciar, oyendo la prueba aducida por una y otra parte en cuanto a la solvencia o insolvencia del esposo demandante. Si la corte inferior erró o no erró al apreciar la evidencia, es cues-tión que aún cuando hubiese sido debidamente levantada por la peticionaria, no podría ser considerada dentro de este pro-cedimiento de certiorari.

No hubo, pues, error en la denegación de la moción sobre-alimentos, y litis -expensas.

¿Erró la corte de distrito al negarse a decretar la suspensión del procedimiento de divorcio hasta que el demandante pague o esté en condiciones de poder pagar los alimentos y honorarios pedidos por la demandada?

La parte recurrente no ha llamado nuestra atención ha-cia precepto legal alguno que ordene o jurisprudencia que-obligue a .la corte de distrito a suspender el procedimiento-de divorcio hasta que el marido demandante e insolvente se encuentre en condiciones de poder cumplir la obligación de pasar alimentos y litis expensas a la esposa demandada.

En el caso de Carballo v. Rossy, 27 D.P.R. 937, citado- re-petidas veces por la representación de la peticionaria, esta, corte sostuvo que no era errónea una orden de la corte de distrito por la que se suspendieron todos los procedimientos en el pleito de divorcio hasta que el marido depositase en la secretaría de-la corte la suma fijada por la corte para litis expensas. El caso no es en realidad aplicable al de autos. En él no se levantó en momento alguno la defensa de inso!-vencía del marido; y lo único que se resolvió fue que la corte de distrito está autorizada por el artículo 168 del Có-digo Civil (ed. 1902) para conceder a la esposa demandada litis expensas y para suspender el procedimiento hasta que la orden sea cumplida.

En Criado v. Sepúlveda, 48 D.P.R. 1003, este Tribunal Supremo, al negarse a expedir un auto de mandamus diri-gido a un juez de distrito para ordenarle procediera a tra-mitar un pleito de divorcio que había sido suspendido hasta que el marido demandante pagase los alimentos y honora-rios fijados por dicho juez, reconoció y sostuvo la facultad del tribunal inferior para dictar tal orden de suspensión. Empero, del examen que hemos hecho de los autos de dicho caso resulta que allí tampoco se alegó la insolvencia del ma-rido.

En Manrique de Lara v. Garrosi, 23 D.P.R. 408, esta corte sostuvo que para que pueda darse aplicación al artículo 168 ■del Código Civil de 1902, equivalente al 100 edición de 1930, son requisitos esenciales: (a) que haya pendiente un pleito de divorcio; (6) que la mujer no cuente con suficientes recur-sos propios; y (o) que el marido tenga bienes.

La jurisprudencia citada por la peticionaria (1 Cal. Jur. pág. 988, see. 42 y 62 A.L.R. 664) reconoce la facultad dis-crecional de la corte ante la cual pende un caso de divorcio para decretar la suspensión de los procedimientos hasta que el marido haga los pagos decretados por la corte; y en algu-nos de los casos citados se sostiene que la pobreza o penu-ria del marido o la incapacidad de éste para ganar dinero no le excusará del cumplimiento de la orden.

No nos sentimos obligados a seguir esa jurisprudencia. Creemos que es más humano, cuando se ha probado a satis-facción del tribunal inferior la insolvencia, la incapacidad para ganar dinero y la imposibilidad de encontrar empleo lucrativo por parte del marido, permitir a éste la continua-ción de su pleito de divorcio, en vez de privarle de su dere-cho a disolver el vínculo matrimonial que le une a una mujer que hubiere podido dar motivos para tal disolución.

Declarado judicialmente el estado de penuria e insolven-cia del marido, debemos resolver que no cometió error la corte inferior al negarse a decretar la suspensión de los procedi-mientos.

Por las razones expuestas debe anularse el auto expedido y devolverse el caso a la corte inferior, sin perjuicio del dere-cho de la esposa demandada a renovar su petición de alimen-tos y litis expensas cuando las circunstancias lo justificaren.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Angel Méndez Alvarez, acusado y apelante.
    Núm. 7247.

    Sometido: Enero 16, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      P. Santos Borges y A. Beyes Delgado, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Miguel Angel Méndez Alvarez de haber in-fringido el artículo 7 de la Ley núrn. 14 de julio 8, 1936, al poseer un revólver sin haberlo declarado en la forma que prescribe dicha ley. Celebrado el juicio, la Corte de Dis-trito de Arecibo lo declaró culpable y le impuso seis meses de cárcel. No conforme, apeló para ante este tribunal, seña-lando en su alegato tres errores como cometidos por la corte sentenciadora al admitir cierta evidencia, al declarar sin lu-gar su moción de absolución perentoria y al dictar sentencia.

La evidencia aportada por El Pueblo consistió en las de-claraciones del policía insular José Jusino y del agente de •Rentas Internas Rafael Sáenz, en una declaración jurada del propio acusado y en el revólver que se ocupara.

Jusino dijo que en agosto 24, 1937, acompañando a agentes de rentas internas y mediante orden de allanamiento penetró en la casa de Celestino Méndez y además de bebidas ocuparon un revólver que no estaba inscrito en el Registro de Armas del Distrito. Reconoció el revólver que se le mostrara, como el ocupado. Describió detalladamente cómo tuvo lugar la ocupación y continuó así:

“P. — ¿Le manifestó (el acusado) a usted algo en relación con este caso?
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Hay una declaración por escrito.
“Hon. Juez. Si dijo algo lo puede decir. Conteste.
“Testigo. En el cuartel de la policía hizo manifestaciones m acusado.
“P. — ¿Qué dijo? — Dijo que el revólver era de él y lo poseía algún tiempo y no lo había inscrito.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Me opongo. No son manifesta-ciones de él sino producto de confesiones a virtud de investigaciones.
“A preguntas del Hon. Juez, declaró:
“P. — ¿Esas manifestaciones las hizo cuando ocuparon el revól-ver? — No estaba presente, pero cuando se llevó al cuartel con el arma y el papá y el resto del alcohol que se ocuparon, llegó el acusado también al cuartel.
“P. — ¿Pero fné manifestaciones que Rizo, admisiones que Rizo, sin que se llamara a declarar por el Jefe de la Policía o el Fiscal® —No, señor; se presentó voluntariamente y Rabió cpn el Jefe ■ y dijo que quería explicar que el revólver era de él y no lo Rabia inscrito porque se creía menor de edad y le habían informado que no podía inscribirlo.
‘‘Abogado Sr. Reyes Delgado. Que se elimine esta declaración porque no aparece de ella que se hicieran advertencias ningunas, ni que estaba sometido a proceso ni que las manifestaciones podrían ser utilizadas en su contra, y así aparece de una declaración jurada que tiene el fiscal.
“Hon. Juez. En la forma que ha declarado el policía se admite.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Excepción.”

El agente Sáenz corrobora la declaración del policía en cuanto a la ocupación del arma. Mientras declaraba, el abo-gado del acusado admitió que el revólver no estaba inscrito, y la práctica de la evidencia continuó desarrollándose como sigue:

“Hon. Fiscal. Los demás testigos son prueba acumulativa. Ahora, ofrezco como prueba una declaración jurada del acusado.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Nos oponemos a que se admita en evidencia esta declaración jurada, porque no aparece de la misma, qué advertencias se le hicieran ni que se le dijera al acusado que lo que él manifestara en relación con este asunto podía ser uti-lizado en su contra.
“Hon. Juez. La Corte admite el documento, porque el decla-rante, Miguel Angel Méndez Alvarez, jura que se le hicieron las advertencias legales de ley, sin que hubiera promesa ni halago de ninguna clase y hay que presumir que él conocía esas advertencias legales cuando prestó el juramento.
“Documento Núm. 1. Fiscal.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Excepción.
“ ‘En IJtuado, P. R., a los 25 días del mes de agosto de mil novecientos treinta y siete, ante esta Corte comparece Miguel A. Méndez Alvarez, que es el acusado, vecino de Utuado, P. R., y previo juramento conforme a la ley dice:
“ ‘Que, después de habérseme hecho todas las advertencias legales dentro de la ley sin que hubiera promesa ni halago de ninguna clase, manifiesto deseos de declarar y digo lo siguiente: Que es verdad que el revólver Bulldog, calibre 38, con caobas negras ocupado en el día de ayer por la policía en mi casa, es de mi propiedad y que el mismo no está inscrito. Que el no haberlo inscrito, fué que muchas personas me manifestaron que si lo iba a inscribir como yo era menor de edad, me lo quitaban y por eso no lo hice.
“ ‘Que es cuanto tengo que declarar. — (Fdo.) Miguel A. Mén-dez Alvarez. — Jurada y suscrita ante mí hoy 24 de agosto de 1937. — (Fdo.) E. Marín Marín, Juez Municipal.’ ”

Presentó entonces el fiscal el revólver. La defensa se opuso alegando que no se había demostrado que el arma estuviera en poder del acusado o bajo su control. La corte lo admitió manifestando que no era necesario demostrar que el acusado tenía sobre su persona el arma, bastando la demostración de que era dueño de la misma.

Terminada la prueba de cargo, el acusado pidió que se le absolviera perentoriamente por ser dicha prueba insuficiente La corte declaró sin lugar su petición y dictó la sentencia que conocemos.

¿Erró la corte al permitir al policía Jusino que declarara sobre las manifestaciones hechas por el acusado, al admitir en evidencia la declaración jurada de éste y al permitir la presentación del revólver?

Sosteniendo la afirmativa, se expresa el apelante, en su alegato, como sigue:

“El Policía Insular José Jusino, declara extensamente sobre los hechos y el fiscal le pregunta si el acusado apelante le mani-festó algo en relación con el caso. Nos opusimos diciendo: ‘Hay una declaración por escrito’, y el Juez ordena al testigo que con-teste .... No es necesario citar jurisprudencia alguna para convencer a esta honorable Corte Suprema que existiendo una de-claración escrita no debió permitirse al policía declarar sobre el contenido de dicha declaración .... Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178.”

Si se hubiera pedido al testigo que depusiera sobre el contenido de la declaración escrita, tendría razón el apelante, pero la declaración del testigo versó sobre manifestaciones hechas por Méndez Alvarez al llegar al cuartel tras su padre, cuando aún no bahía sido acusado, ni arrestado, ni prestado declaración formal alguna. Y siendo ello así, su declaración era admisible. Lo que el caso invocado de El Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178, 187, resolvió fue que no podía admi-tirse evidencia oral sobre la confesión de un acusado cuando ésta fué hecha y consta por escrito.

Recientemente, en el caso de El Pueblo v. Saltari Crespo, 53 D.P.R. 893, 902, dijo esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. de Jesús, lo que sigue:

“El acusado hizo confesiones en dos momentos distintos: Pri-mero, oralmente al detective Juan R. Colón en el cuartel de la po-licía antes de llegar el Juez Municipal. Más tarde, al declarar también en el cuartel por escrito ante dicho funcionario' judicial. Siendo así, la declaración escrita ante el Juez Municipal no excluye la confesión oral anteriormente hecha ante el detective, pues éste, al declarar, no está relatando lo que el acusado dijo por escrito, sino lo que anteriormente le había dicho en el cuartel.”

.Continúa el apelante argumentando en su alegato que tampoco era admisible la declaración jurada del acusado porque no aparecía de ella qué advertencias fueron las que se le hicieron, y dice, textualmente, a ese respecto:

“La jurisprudencia es unánime en cuanto a que si las mani-festaciones o confesión son voluntarias al acusado debe advertírsele de su derecho a no declarar, y que si declara sus manifestaciones podrán ser usadas en su contra.”

No estamos conformes. La jurisprudencia de esta propia corte sobre la materia es como sigue:

“A falta de precepto estatutario, cualquier confesión del acu-sado es admisible en evidencia, aun cuando no fuera prevenido de que iba a ser utilizada en su contra.” Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228.
“A falta de un precepto estatutario, cualquier confesión volun-taria es admisible aun cuando no se advierta al acusado que su confesión será usada en contra de él. ’ ’ Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501.
“En cuanto a la conexión de los acusados con el hecho, es de aplicación la doctiina de los casos El Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501, en que se sostiene que la confesión voluntaria del acu-sado es prueba suficiente para sostener una sentencia condenatoria; y El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R 345 . . . .” Pueblo v. Colón, 39 D.P.R. 904, 906.
“El derecho a que se haga esa advertencia ha sido objeto de discusión varias veces en Puerto Rico. En el caso de El Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228, resolvimos que nada hay en nuestro Có-digo Penal que exija tal advertencia, y que a falta de la necesidad estatutaria de que se haga esa advertencia, cualquier confesión vo-luntaria de un acusado es admisible contra él.” Pueblo v. Saldaña, 40 D.P.R. 580, 581.

Y Corpus Juris exponiendo la substancia de la misma, expresa:

“En ausencia de un estatuto que exija la advertencia o pre-vención, el que se haga una confesión voluntaria sin que el acusado haya sido advertido o prevenido de que puede sor utilizada en su contra, no afecta su admisibilidad. A excepción de algunas juris-dicciones, no es deber de un funcionario policíaco, a falta de un estatuto al efecto, prevenir a un acusado respecto a las consecuencias de prestar declaración, si lo hace voluntariamente, sino mera-mente abstenerse de inducir al acusado a que haga tal declaración. Empero, es indudable que el camino mejor y más seguro a seguir por un funcionario cuando un acusado va a declarar es advertirle que su declaración puede ser utilizada en contra suya.” 16 O. J. 723.

Tampoco se cometió error alguno al admitir en evidencia el revólver una vez que se identificó como el ocupado en la casa del padre del acusado. No era necesario que éste lo portara. Bastaba demostrar como quedó demostrado por su propia declaración que era su dueño.

No habiéndose cometido el primero de los errores señalados,' es evidente que tampoco se cometieron el segundo y el tercero, porque siendo admisibles la declaración del policía, la del propio acusado y el arma, la evidencia es suficiente para sostener la sentencia y el juez actuó en debida forma al negarse a absolver perentoriamente al acusado y al condenarlo finalmente por la infracción de la ley que se le imputa.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.