text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2011-01

      Resuelto: 10 de junio de 2011
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso del Tribunal entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2011:

Del 1 al 23 de julio de 2011

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Del 24 al 31 de julio de 2011

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Luis P. Estrella Martínez

Del 1 al 14 de agosto de 2011

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Del 15 de agosto al 3 de septiembre de 2011

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Del 4 al 11 de septiembre de 2011

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Del 12 al 30 de septiembre de 2011

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces y a las Juezas que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante, este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


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license: Public Domain

text:
    Juan C. Negrón Miró, Mayra Nieves y la Sociedad Ganancial que ambos componen, peticionarios, v. Roberto Vera Monroig, Jane Doe, la Sociedad Ganancial compuesta por ambos, Compañía de Impresos XYZ, Inc. y Compañía de Rotulaciones XYZ, Inc., demandados desconocidos, recurridos.

      Número: CC-2009-871

      Resuelto: 16 de junio de 2011

      Carlos Fernández Nadal, abogado de la parte peticionaria; Daniel A. Rivera Hernández y Miguel J. Negrón Vives, abo-gados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Esta vez debemos aclarar si un autor tiene que inscribir su obra y sus derechos morales de autor en el Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico para que dichos derechos sean efectivos y el autor tenga a su haber los remedios provistos en la referida legislación. Tras exami-nar la naturaleza de los derechos morales de autor, así como el historial y propósitos de la Ley de Propiedad Inte-lectual, concluimos que actualmente la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es un acto voluntario, pero necesario para poder instar una acción judicial procu-rando remediar la transgresión de los derechos morales.

I

El 23 de enero de 2006, el Sr. Juan C. Negrón Miró, la Sra. Mayra Nieves y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentaron una demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Roberto Vera Monroig, entre otros. En esencia, alegaban que el señor Negrón Miró es fotógrafo profesional y creador de una foto aérea del muni-cipio de Adjuntas, la cual había sido utilizada por el de-mandado —entonces Alcalde del referido municipio— en el 2004 como parte de su campaña política a la reelección. Se alegó que el demandado utilizó y mutiló la obra del fotó-grafo sin obtener su autorización, violando así sus dere-chos morales de autor.

Tras comenzar el descubrimiento de prueba, los deman-dados presentaron una moción de desestimación en la cual sostuvieron que el autor de la foto no tenía su obra y dere-chos morales inscritos en el Registro de la Propiedad Inte-lectual de Puerto Rico, lo cual impedía que instara la pre-sente reclamación. Oportunamente, la parte demandante presentó su réplica oponiéndose a la desestimación. Así las cosas, luego de evaluar los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio la acción mediante sentencia dictada el 8 de mayo de 2009, notificada el 14 de mayo de 2009.

El 12 de junio del mismo año, los demandantes presen-taron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Allí expresaron que el foro primario había errado al condicionar sus derechos y reclamaciones sobre derechos morales de autor a la previa inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. No obs-tante, el foro apelativo intermedio confirmó la sentencia recurrida. El tribunal razonó que la Ley de Propiedad In-telectual de Puerto Rico, infra, requiere que la inscripción de la obra se realice “con anterioridad a los hechos” que alegadamente infringen los derechos morales del autor. Su determinación se notificó el 14 de septiembre del 2009. In-conformes aún, el 14 de octubre de 2009, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante este Foro solici-tando la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. El 26 de marzo de 2010 expedimos el re-curso solicitado, tras lo cual ambas partes presentaron sus respectivos alegatos.

Los peticionarios sostienen que nuestro ordenamiento no exige la inscripción de la obra y el derecho moral del autor para que éste tenga a su haber las prerrogativas re-conocidas en la Ley de Propiedad Intelectual, pues éstas le asisten al autor desde el instante en que su obra es creada. Por su parte, los recurridos replican que la Ley de Propie-dad Intelectual expresamente condiciona el disfrute del de-recho moral del autor, a la inscripción de la obra y el dere-cho moral en el Registro de la Propiedad Intelectual. Visto el trasfondo fáctico, así como la dialéctica de las partes, pasamos a resolver.

II

La controversia ante nosotros requiere interpretar el texto del Artículo 359ll de la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. sec. 1402d. Específicamente, la interrogante que atendemos surge por la oración final de dicho artículo, la cual fue incluida como una en-mienda, junto a otras, mediante la Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996. Tras la aprobación de esta ley, el referido artículo dispone:

Podrán, a solicitud de su autor o sus derechohabientes, re-gistrarse en el Registro de la Propiedad Intelectual [varios tipos de obras].
... Las inscripciones que autoriza esta sección tendrán el efecto de reservar a favor del autor de la obra inscrita o de sus derechohabientes, el correspondiente derecho de la propiedad intelectual. Para gozar de los beneficios de [esta LeyK es ne-cesario haber inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el Registro de la Propiedad Intelectual, con arreglo a lo esta-blecido en las secciones anteriores. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 1402d.

En vías de disponer del presente asunto, es necesario repasar los principios que nutren la figura del derecho moral y auscultar la evolución histórica sobre los requeri-mientos de formalidades a los cuales se ha sujetado la efec-tividad de los derechos de autor. Asimismo, al ejercer nuestra función adjudicativa, hemos de seguir el mandato legislativo dispuesto en la propia Ley de Propiedad Intelec-tual, el cual ordena que ésta “deberá interpretarse y apli-carse por los tribunales y organismos administrativos de Puerto Rico, de forma que auxilie y haga efectivos en la práctica para los autores puertorriqueños, los derechos que reconoce la Ley de Derechos de Autor (Federal Copyright Act) de los Estados Unidos y en lo dispuesto en ésa y en la [Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico] ...”. 31 L.P.R.A. sec. 1402m.

A. En repetidas ocasiones hemos expresado que los derechos de autor en nuestra jurisdicción están cobija-dos por el Federal Copyright Act, 17 U.S.C.A. sec. 101 et seq., y la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1401 et seq. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13, 27 (1999); Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604, 611 (1996). De forma supletoria, las disposiciones del Código Civil pueden aplicarse a controversias sobre derechos de autor en tanto no sean incompatibles con estos estatutos. Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974). La combinación de estas leyes provee a los autores una protección abarcadora, fijando derechos patrimoniales y extrapatrimoniales; estos últimos mejor conocidos como derechos morales.

Los derechos patrimoniales delimitan la facultad del autor de explotar económicamente su obra, mientras los derechos morales protegen el vínculo personal entre el autor y su creación. Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 612. Si bien los derechos patrimoniales están ampliamente regulados por la legislación federal, en ésta los derechos morales gozan de una protección muy limitada. Específicamente, desde la promulgación de la Visual Artists Rights Act (VARA), Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990), solo los autores de ciertas obras de “arte visual” (“works of visual art”) pueden disfrutar del derecho moral federal de atribución e integridad. Por ello nuestra Ley de Propiedad Intelectual tiene un radio extenso de aplicación al establecer los derechos morales de los autores, siempre y cuando, claro está, no entre en conflicto con el estatuto federal. Cotto Morales v. Ríos, supra; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., 115 D.P.R. 495 (1984).

En cuanto al derecho moral del autor, nuestra Ley de Propiedad Intelectual reconoce que el creador de la obra tiene “las prerrogativas exclusivas de atribuirse o retractar su autoría, disponer de su obra, autorizar su publicación y proteger su integridad 31 L.P.R.A. see. 1401. Estos derechos le asisten al autor en virtud del acto creador de la obra, sin más. 31 L.P.R.A. sec. 1401a. Véase Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 22 (“De un examen de nuestra Ley de Propiedad Intelectual se desprende que la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación.” [Escolio omitido.]); Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, 106 D.P.R. 49, 55 (1977) (“El derecho moral nace con la obra misma y subsiste ... aun después de su cesión”).

Lo que caracteriza al derecho moral, en contraposición a los derechos patrimoniales, es la zona de intereses que pre-tende proteger, a saber, la relación personalísima existente entre el autor y su obra. Sus cimientos nos refieren al me-dio por el cual tiene origen su labor. Durante el proceso creativo, el autor puede imaginar cómo será su proyecto culminado, lo puede diseñar y, una vez iniciado, podría des-truirlo por su insatisfacción para luego volver a comenzar. O bien podría cometer un error y, por accidente, producir su pieza. De todas formas, en cada etapa del proceso, el carácter, las vivencias y la ideología del autor se van plas-mando en su obra. Por ello, el producto final no es menos que el reflejo del ser humano responsable de su creación; es decir, la obra del autor “es de hecho una prolongación de su personalidad”. Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55. Una mirada a la obra es una mirada al interior de su autor. Tan estrecha relación nos ha llevado a expresar que la afrenta sufrida por la obra, lesiona a su vez la “per-sonalidad y dignidad de su creador”. íd. Véase Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 623 (“Por ello, la distorsión, mutila-ción o falsa representación, maltrata una expresión de esa personalidad y el honor de su creador”).

No tratamos con un mero interés o privilegio, estamos frente a un derecho de suma importancia reconocido por ley. “En el derecho civil se ha clasificado el derecho moral de autor como un derecho personalísimo, junto a otros derechos tales como el derecho a la vida, a la libertad e integridad física, derecho al honor, derecho a la imagen y otros.” Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 621. Véase G. Gavin, Le droit moral de Vauteur dans la jurisprudence et la leigislation francaises, Paris, Librairie Dalloz, 1960, See. 255. Éste incluso formó parte de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Art. 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. (1948) (“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (énfasis suplido)). Véanse R.C. Bird, Moral Rights: Diagnosis and Rehabilitation, 46 Am. Bus. L.J. 407, 410 (2009) (“These rights are often conceived as a fundamental human right or a personal civil right, grounded in the author’s essential personhood and the projection of that personhood on an artistic or creative work”); B. Davidson, Lost in Translation: Distinguishing Between French and Anglo-American Natural Rights in Literary Property, and how Dastar Proves that the Difference Still Matters, 38 Cornell Int’1 L.J. 583, 585-586 (2005); D.J. Gervais, The Internationalization of Intellectual Property: New Challenges from the Very Old and the Very New, 12 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 929, 934 (2002); S.P. Liemer, Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer, 7 B.U. Int. L.J. 41, 42 (1998).

Esas características que definen el derecho moral del autor han llevado a algunos académicos a impulsar su re-conocimiento como derecho humano. Otros han señalado su relevancia en la protección de algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, el Dr. Ulrich Uchtenhagen, distinguido profesor y consultor de la Organización Mun-dial de Propiedad Intelectual, comentó que:

El derecho de autor además se encuentra en las inmediacio-nes de la libertad de expresión. [É]sta sería inútil si la expre-sión personal pudiera ser falseada o incluso torcido su sentido hasta volverlo en su contrario. La protección de la opinión ex-presada contra su desfiguración y su mutilación y el derecho de constar con el nombre en relación con la expresión mani-festada —el “derecho moral” del autor— por lo tanto constitu-yen el complemento en el derecho privado de la libertad de expresión. U. Uchtenhagen, El derecho de autor como derecho humano, 3 Rev. Der. Priv. 8 (enero-junio 1998).

Por nuestra parte, incluso previo a la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, ya habíamos llamado la atención a la tangencia evidente entre el derecho moral del autor y la cláusula constitucional que protege la dignidad del ser humano, declarando que ésta es inviolable. Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55 esc. 2; Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. También afirmamos que los derechos morales son “uno de esos derechos que revisten carácter universal y que implican, por lo tanto, un deber de todos los demás sujetos jurídicos con respecto a su titular. De ahí la obligación general que a todos incumbe de abstenerse y evitar cualquier trastorno o perturbación a ese derecho”. Cotto Morales v. Rios, supra, pág. 623.

Visto lo anterior, es evidente que el derecho moral del autor se revela trascendental en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿es necesario inscribir dicho derecho, y la obra sobre la cual recae, para poder ejercerlo plena-mente? Antes de formular nuestra respuesta, es meritorio explorar cuál ha sido el desarrollo de las exigencias relati-vas a las formalidades en los derechos de autor. Especial-mente, echaremos una mirada al curso seguido en España y Estados Unidos, por ser las tradiciones jurídicas de mayor relevancia en el desarrollo de nuestro Derecho.

B. En el ámbito internacional, mediante el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Ar-tísticas (Convención de Berna), la mayor parte de las na-ciones han acordado que el “goce y el ejercicio de [los dere-chos de autor] no estarán subordinados a ninguna formalidad ...”. Art. 5(2) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971). Desde entonces, muchos países han modificado sus legisla-ciones para establecer registros nacionales,, de carácter vo-luntario, donde se pueden inscribir los derechos de autor. Éstos han seguido una tendencia moderna en la que la inscripción se percibe como un medio facilitador del ejerci-cio de los derechos, ya que brinda a los autores una forma simple y efectiva de probar su autoría y el derecho que les asiste. Véase Organización Mundial de Propiedad Intelec-tual, Copyright Registration and Documentation, http:// www.wipo.int/cop5night/en/activities/copyright_registration/ (última visita el 15 de junio de 2011).

Por otro lado, en España los antecedentes históricos de las formalidades a las que se sujetaba la propiedad intelec-tual se remontan a 1847. El 10 de junio de ese año, se promulgó una ley que requería el depósito de la obra en dos instituciones del Estado para poder garantizar el derecho de propiedad del autor sobre su obra. Art. 13 de la Ley de 10 de junio de 1847 (derogada) (“Ningún autor gozará de los beneficios de esta Ley si no probase haber depositado un ejemplar de la obra que publique en la Biblioteca Na-cional, y otro en el Ministerio de Instrucción Pública antes de anunciarse su venta”). Posteriormente, mediante la Ley Española de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 —la cual estuvo en vigor en Puerto Rico— se creó un Re-gistro General de la Propiedad Intelectual. El Artículo 36 de este estatuto contenía un lenguaje casi idéntico al dis-puesto en el Artículo 359ZZ de nuestra Ley de Propiedad Intelectual que provoca la controversia que atendemos. Aquél disponía: “Para gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la [P]ropiedad Intelectual, con arreglo a lo establecido en los artículos anteriores.” Art. 36 de la Ley de 10 de enero de 1879 (derogada). Dicha inscripción tenía que realizarse dentro de un año, a partir de su publicación, y a falta de tal inscripción, estaría en el dominio público por diez años, tras lo cual el autor tendría nuevamente un año con la posibilidad de inscribir su obra. De no hacerlo, la obra pa-saría al dominio público permanentemente. Id.

Los tratadistas de la época expresaban que “[p]ara la legislación española, es condición sine qua non la inscrip-ción en el Registro del derecho de propiedad intelectual si se quiere disfrutar de la protección legal”. J. Giménez Bayo y L. Rodríguez-Arias Bustamante, La propiedad intelec-tual: compilación y comentarios de las disposiciones legales vigentes en España con su jurisprudencia, Madrid, Ed. Reus, 1949, pág. 238. Véase, además, J. María Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. III, pág. 866. Inclusive, el principal autor de la Ley Española de 1879, el jurisconsulto Danvila y Collado, comentaba que “[l]a declaración que hace la Ley es terminante. Sus beneficios no puede gozar-los sino aquel que ha inscrito su derecho en el Registro ... y de tal manera lo hace obligatorio, que dice es necesario o, mejor dicho, indispensable. No basta ser autor de una obra para tener derecho a explotarla exclusivamente. Para ad-quirirle es necesario inscribir, y el que no inscribe podrá tener la gloria de la obra, pero no adquirirá sobre ella la propiedad legal”. Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Busta-mante, op. cit., pág. 239, citando a Danvila y Collado.

No obstante, con el pasar de los años —y una fuerte crítica al requerimiento de formalidades para garantizar la protección de la propiedad intelectual— se fue desarro-llando un mejor entendimiento del derecho de autor y del vínculo entre la obra y su creador. Así, al amparo de la vigente Ley Española de Propiedad Intelectual, quedó eli-minada la exigencia de inscribir el derecho sobre la obra en el Registro. Véase J. Castán Tobeñas, Derecho civil espa-ñol, común y Foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1992, T. II, Vol. I, pág. 613 (“la inscripción ya no es un requisito para el reconocimiento por el Estado del derecho de propiedad in-telectual, ni una conditio iuris para su protección jurídica”). El rechazo a las formalidades de la legislación anterior fue tan rotundo que se ordenó la aplicación retro-activa de la nueva ley, de manera que los autores cuyas obras habían pasado al dominio público por no haber sido inscritas en el Registro bajo la ley derogada, volverían a estar protegidos por la ley vigente. Disposiciones Transito-rias, Segunda, Ley 22 de 11 de noviembre de 1987. Hoy los tratadistas españoles siguen mirando con recelo la obliga-ción de inscripción que establecía el anterior estatuto.

Y destacaríamos sobre todos uno de sus desaciertos más graves: la imposición del depósito de la obra —y más aún, de la inscripción del derecho— en el Registro de la Propiedad Inte-lectual, como un requisito formal que condicionaba la protec-ción jurídica, hasta el punto de que la obra publicada y no inscrita por su autor en el plazo de un año, podía ser publicada y reproducida por cualquiera durante un plazo de 10 años, después del cual podía ser registrada por el autor dentro de otro plazo de un año, cayendo definitivamente en el dominio público si no lo hiciere. Contra esta medida hay que tener en cuenta que en la propiedad intelectual no puede estimarse de ningún modo el registro de la obra como una condición de la tutela jurídica, sino que aquél debe quedar reducido a un me-dio de prueba de la paternidad del autor y de la identidad de la obra, que cabe sean suplidos por otros medios diferentes. (Citas omitidas.) H. Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, 3ra ed., Ed. Civitas, 2009, págs. 718-719.

Veamos ahora la experiencia en Estados Unidos, donde aun cuando las formalidades siempre han estado presentes en la regulación sobre los derechos de autor, sin duda tam-bién se puede apreciar una tendencia hacia su reducción. Véanse: R.E. Schechter y J.R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, págs. 75-93; J.C. Ginsburg, The U.S. Experience with Mandatory Copyright Formalities: A Love /Hate Relationship, 33 Colum. J.L. &Arts 311 (2010); S. Perlmutter, Freeing Copyright from Formality, 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 565 (1995); A. Levine, The End of Formalities: No More Second-Class Copyright Owners, 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 553 (1995).

En Estados Unidos, desde 1790, un requisito indispensable para gozar de la protección de los derechos de autor al amparo de la legislación federal, era presentar la por-tada de la obra en la Corte de Distrito donde residiera el autor. Ley de 31 de mayo de 1790, 1 Stat. 124 (1790) (derogada). Con la aprobación del Copyright Act de 1909, dicha presentación o inscripción —la cual se podía realizar en la Oficina de Derechos del Autor (Copyright Office)— ya no era necesaria para tener la protección de la ley durante un primer período de 28 años desde que la obra fuera publicada. Ley de 4 de marzo de 1909, 35 Stat. 1075 (1909) (derogada). Sin embargo, era necesario depositar e inscri-bir la obra para gozar de un subsiguiente período de pro-tección de igual duración, así como para poder presentar acciones por violación a los derechos de autor. Id. Otra for-malidad que estableció este estatuto fue el requerimiento de plasmar el aviso del derecho de autor (“Copyright, Copr., ©”). Los autores debían incluir en sus obras publicadas dicho aviso, en una forma y lugar específico según la obra de la cual se tratara, y si no lo hacían, su obra pasaba al dominio público.

Tras varios años de estudios y discusiones sobre una posible reforma del derecho de autor, se promulgó el Federal Copyright Act de 1976, supra. Aunque esta ley man-tuvo las formalidades ya descritas, minimizó las conse-cuencias de su incumplimiento proveyendo, entre otros mecanismos, un período de gracia de cinco años a partir de la publicación para inscribir la obra y realizar esfuerzos razonables para subsanar la omisión del aviso de los dere-chos de autor. 17 U.S.C.A. sec. 405(a)(2). Ahora bien, en 1988, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley para implementar en su territorio la Convención de Berna y así adherirse a los demás países miembros de la Unión que allí se estableció con la intención de proteger los derechos de autor al amparo de un marco internacional homogéneo. Berne Convention Implementation Act of 1988, Pub. L. No. 100-568, 102 Stat. 2853 (1988). Esta legislación significó un gran paso hacia la flexibilización de requisitos formales para la protección de los derechos de autor.

En primer lugar, se suprimió la exigencia de incluir en la obra publicada el aviso de derecho de autor como condi-ción para ostentar la protección legal. Desde entonces el referido aviso es meramente voluntario, aunque se esti-muía su inclusión permitiendo que el autor que lo incluya, y posteriormente inicie un pleito por violación a sus dere-chos de autor, se oponga a que el demandado alegue desco-nocer que la obra estaba protegida para no sufragar daños estatutarios. 17 U.S.C.A. secs. 401(d), 402(d). En segundo lugar, en lo que respecta a obras originadas en otros países de la Unión de Berna, quedó eliminado el requerimiento de inscribir el derecho de autor antes de poder instar una ac-ción ante los tribunales por violación a dicho derecho. 17 U.S.C.A. sec. 411(a). No obstante, tal obligación sigue vi-gente para obras originadas en Estados Unidos, a pesar de que la inscripción no es una condición para la protección de los derechos de autor. 17 U.S.C.A. sec. 408(a). Cabe aclarar que lo que se requiere es llevar a cabo el trámite adminis-trativo para lograr la inscripción, no la efectiva inscripción del derecho, pues aun si ésta es denegada tras la evalua-ción de la solicitud de inscripción, el autor está autorizado a presentar su acción por violación a sus derechos de autor. 17 U.S.C.A. sec. 411(a).

Finalmente, en 1990 el Congreso aprobó la VARA para incorporar —aunque de una forma muy limitada— entre los derechos de autor reconocidos en la jurisdicción federal, los derechos morales de atribución e integridad sobre cier-tas obras de artes visuales. Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990); 17 U.S.C.A. sec. 106A. Empero, es meritorio señalar que todos los autores que presentan reclamaciones ante los foros judiciales federales para hacer efectivos estos derechos morales, están exentos de tener que inscribir pre-viamente su derecho de autor en la Oficina de Derechos del Autor. 17 U.S.C.A. sec. 411(a).

Este breve recuento nos permite apreciar que los siste-mas de protección de derechos de autor en todo el mundo, y en España y Estados Unidos en particular, se han modifi-cado para proveer garantías y salvaguardas efectivas, li-bres de formalidades, para los autores. Todos tratan de al-canzar un sistema justo, en el que la labor intelectual pueda ser cosechada y promovida sin trabas técnicas aje-nas al quehacer creativo. Contando ahora con este bagaje, examinemos la controversia de autos.

III

La parte recurrida sostiene que el Artículo 359ZZ de la Ley de Propiedad Intelectual no permite que se protejan judicialmente los derechos morales de la parte peticionaria ya que dispone que para “gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el Registro”, y el peticionario no tenía ins-crita su obra cuando presentó esta acción. Le asiste la ra-zón a los recurridos.

Es indispensable recordar que cuando se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual en el 1988, mediante la cual se creó el Registro de la Propiedad Intelectual, la Asamblea Legislativa consideraba que el registro que existía en Es-paña era simplemente un mecanismo “que facilit[a] la labor de determinar si en circunstancias determinadas se ha cometido una violación”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico 429. Con ello en mente, se aprobó la legislación para lograr que la comunidad intelectual de nuestro país gozara de la “mayor protección de sus derechos”. Id. Por eso se creó el Registro, para que “permita la más adecuada defensa de los dere-chos de esta clase facilitando la inscripción y protección de todos los derechos inherentes a los integrantes de esta clase”. (Enfasis suplido.) Id. Asimismo, las enmiendas he-chas a la ley en el 1996 tuvieron el propósito de facilitar su implantación “en protección de los derechos de la comuni-dad intelectual del país”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 56-1996, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 234.

Sin embargo, a través del Artículo 359ZZ, dichas enmien-das también introdujeron a nuestra Ley de Propiedad In-telectual la inscripción en el Registro —de la obra y el de-recho moral— como requisito para el goce y disfrute de las protecciones que brinda la ley. Véase P.G. Salazar, La pro-tección legal del autor puertorriqueño, San Juan, E.D.U.P.R., 2000, pág. 295. Cónsono con lo anterior, sólo hemos resuelto que no es necesaria la inscripción de la obra en el Registro en aquellas situaciones peculiares en las cuales se alega que otra persona se atribuyó la autoría de la obra; es decir, cuando se invoca el derecho moral de atribución. Harguindey Ferrer v. U.I., supra.

De manera que, actualmente y como regla general, la inscripción de la obra y el derecho moral en el Registro de la Propiedad Intelectual, sí es requerida por nuestro ordenamiento jurídico para poder disfrutar plenamente de los derechos morales de autor. Ello, ya que no es posible tramitar urna acción judicial para sus reparos sin antes contar con la referida inscripción, según ordena el Artículo 35911. Aunque el reclamo del peticionario de que reconozcamos el ejercicio y la protección de los derechos morales de autor —sin necesidad de inscribir la obra en el Registro— tiene eco en la tendencia libre de formalidades que ha seguido la comunidad internacional, nuestra Asamblea Legislativa ha optado por un esquema distinto. Es a dicha Rama de Gobierno a quien corresponde seleccionar el modelo por seguir y a quien deben dirigirse los reclamos de reformat

No obstante lo anterior, debemos señalar que el razona-miento enunciado por el Tribunal de Apelaciones, respecto a la necesidad de que el autor cuente con la inscripción al momento en que sufre la alegada violación de sus derechos morales, no es acertado. Todo lo que exige la ley es la ins-cripción de la obra y el derecho, no dispone que ésta deba llevarse a cabo con anterioridad a la transgresión. 31 L.P.R.A. sec. 1402d.

La interpretación que propone el foro recurrido es una similar a aquella que se le daba al Artículo 36 de la antigua Ley Española de 1879. Bajo dicha postura el Registro sería un mecanismo constitutivo de derechos, pues al exigir la inscripción antes de una posible violación en efecto se es-taría condicionando la existencia de los derechos morales al acto previo de la inscripción. Ese no es el propósito de nuestro Registro. Un derecho tan cercano a la personalidad del sujeto, como el derecho moral, no puede quedar tron-chado por la omisión de una formalidad meramente optativa. Mucho menos cuando ésta ha sido pensada y diseñada precisamente para facilitar y promover la protec-ción de ese derecho. Exposición de Motivos, Ley Núm. 56-1996, supra.

Como señaláramos, los derechos morales del autor nacen con la mera creación de la obra. 31 L.RR.A. see. 1401a; Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 22; Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55. Por ello se inscribe en el Registro no sólo las obras, sino el derecho que nace fuera del Registro. 31 L.P.R.A. secs. 1402d y 1402f. Véase Art. 5 del Reglamento para la Presentación, Inscrip-ción y Depósito de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual, Reglamento Núm. 6157 del Departamento de Estado, 30 de mayo de 2000 (“La inscripción de la obra en el Registro tendrá el efecto de reservar a favor de su autor o titular los derechos morales que su creación haya origi-nado y dar fe pública de ese hecho para su protección contra cualquier violación”).

Resolvemos, pues, que es necesario inscribir las obras y el derecho moral de autor en el Registro de la Propiedad Intelectual para que se puedan presentar acciones judiciales ante la violación de los derechos de autor reconocidos en nuestra legislación, salvo cuando se alegue transgresión al derecho de atribución. Aclaramos, sin embargo, que la inscripción es necesaria al momento de procurar la providencia judicial y no antes. Por lo tanto, el autor que sufre la mutilación de su obra no inscrita, tiene a su haber los derechos morales que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual, si bien no podrá ejercerlos en los tribunales sin antes acudir al Registro de la Propiedad Intelectual. Otra interpretación de la ley daría al traste con el llamado contenido en el propio estatuto, a los efectos de que sea interpretado y aplicado “de forma que auxilie y haga efectivos en la práctica para los autores puertorriqueños” sus derechos de autor. 31 L.P.R.A. sec. 1402m.

Finalmente, debemos subrayar otros aspectos importantes del Registro de la Propiedad Intelectual. Por un lado, el Registro permite que los autores que inscriban sus obras: (1) puedan inscribir a su vez contratos que suscriban respecto a la obra ya inscrita; (2) plasmen en ellas la marca acreditativa de la inscripción (®); (3) obtengan certificaciones de las constancias del registro, lo cual constituye un documento oficial admisible en procedimien-tos judiciales y administrativos, y (4) si se trata del autor de un libro, goza de unas protecciones especiales, ya que el Registro impone ciertas obligaciones al editor, importador o exportador de su libro. 31 L.RR.A. secs. 1402d-1402e y 1402h-1402j. De manera que aunque se trata de un acto voluntario, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual provee varios beneficios a los autores que deci-dan utilizarlo. Sobre todo, aquel autor que inscriba su obra y su derecho tendrá a su favor una presunción de autoría sustentada en la fe pública que sólo puede otorgar el Registro. Ello representa un medio probatorio valioso que estaría disponible para promover una reclamación o esta-blecer una defensa.

Por otra parte, la sociedad también encuentra beneficios en el Registro ya que le sirve como banco de información cultural, en el cual se pueden perpetuar las maravillas del ingenio puertorriqueño. Igualmente, sus constancias pue-den ayudar a contactar el autor de cierta obra o a determi-nar la duración de la protección que le brinda la ley. En fin, dicha inscripción concede beneficios importantes que no pueden obtenerse de otra forma.

IV

En el presente caso, los foros recurridos desestimaron la acción de violación a derechos morales de autor en la cual se alega el uso y mutilación de la obra del demandante de forma no autorizada. La razón para ello fue que el señor Negrón Miró no tenía su obra y derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual. No erraron al así actuar. Los derechos morales del autor nacen con la misma creación de la obra pero, según hoy resolvemos, su ejercicio en los tribunales depende de que sean inscritos en el Re-gistro de la Propiedad Intelectual. No empece a ello, ya que hoy nos expresamos por primera vez respecto al momento en el cual se hace necesaria la inscripción, ordenamos la desestimación de la presente causa de acción sin perjuicio. Así modificada, confirmamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García concurrieron con el resul-tado sin opinión escrita.

       Existe una discrepancia entre el texto publicado en las Leyes de Puerto Rico, donde lee “beneficios de esta Ley” —1996 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 236— y las Leyes de Puerto Rico Anotadas, en la cual se expresa “beneficios de este capítulo” (énfasis suplido), 31 L.P.R.A. sec. 1402d (Supl. 2010). Acogemos el texto aprobado por la Asamblea Legislativa en el P. del S. 1313 del 30 de enero de 1996, según publicado en la colección Leyes de Puerto Rico.

       Advertimos que el caso ante nosotros trata sobre un alegado uso y mutilación de una fotografía. Aunque la Visual Artists Rights Act brinda a los autores el derecho moral de atribución e integridad sobre ciertas fotos, para que éstas estén cobijadas por el estatuto tienen que cumplir con varios requisitos que comprenden, tanto sus características físicas, como el propósito para el cual fueron creadas. 17 U.S.C.A. secs. 101 y 106A. Si la fotografía en controversia satisficiera dichos requisitos, podría estar dentro del campo ocupado por la legislación federal, quedando los tribunales estatales privados de jurisdicción. Véanse: Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996); M.B. Nimmer & D. Nimmer, Nimmer on Copyright, Matthew Bender, Vol. 3, Sec. 8D.06; R.J. Sherman, The Visual Artists Rights Act of 1990: American Artists Burned Again, 17 Cardozo L. Rev. 373, 410-412 (1995). No obstante, debido a que el expediente ante este Foro no provee información suficiente para evaluar este asunto, no nos es posible disponer de éste.

       Véase S.R Liemer, Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer, 7 B.U. Int. L.J. 41, 43 (1998) (“The unique relationship between an artist, the creative process, and the resultant art makes an artist unusually vulnerable to certain personal harms. The art an artist produces is, in a sense, an extension of herself. The artists’ connection to her art is much more personal and simply qualitatively different from the relationship of most other people to other objects and activities. ... The artist stands uniquely open to attack upon her psyche because she is so closely connected to the creative process and the creative product. A blow to either the process or product may be a blow to her personally. Because the artist infuses her work with her own personality, a harm to the work or her relationship to the work may well harm the artist herself. The artists’ reaction may even resemble her reaction to a physical injury to herself or someone very close to her” (escolios omitidos)).

       El término “dominio público” se refiere a la extinción de los derechos exclu-sivos que provee a los autores la legislación sobre propiedad intelectual. En términos generales, una vez la obra pasa al “dominio público”, toda la sociedad puede hacer uso de aquellas facultadas que hasta entonces habían sido reservadas para el autor.

       Esta lectura de la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1879 no es compartida por todos los académicos españoles. Véase J. María Chico y Ortiz, La seguridad jurídica y el registro de la propiedad intelectual, 96 (Núm. 4) Rev. Gen. Leg. Jur. 595, 605 (1988) (“La Ley de 1879 nunca dijo que la inscripción de la pro-piedad intelectual fuese ‘constitutiva’. La Ley partía de una inscripción ‘estimulada’ y reconociendo que la ‘creación’ daba vida a la propiedad intelectual y que desde la misma existía dicho derecho, señalaba un plazo para que el autor pudiese inscribir su obra, y si no lo hacía su obra podía pasar provisionalmente al dominio público, y si transcurrían diez años sin inscribirla, la obra pasaba definitivamente al dominio público”).

       En caso de que la Rama Legislativa tenga a bien reevaluar el desarrollo internacional de la protección de los derechos morales de autor, un asunto por con-siderar es si exigir a nuestros autores que inscriban sus obras para poder defender su personalidad y dignidad, según fue plasmada en el trabajo de su autoría, en efecto podría dejar sin derechos a la mayor parte de nuestra comunidad intelectual, que por razones diversas, no puedan acceder al Registro. Piénsese, por ejemplo, en nuestros artesanos; afanosos artistas que perpetúan nuestra cultura y tradiciones. Ellos com-ponen un numeroso grupo que constantemente está creando nuevas obras. ¿Tendrían ellos que acudir al Registro cada vez que produzcan una nueva pieza? Podrían ser varias las limitaciones a las que se tengan que enfrentar para poder tan siquiera personarse al Registro, sin mencionar las dificultades económicas que tendrían que sobrevenir para satisfacer los costos de cada inscripción. Véase R.E. Schechter y J.R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, pág. 89:

        “Las virtudes de un sistema de inscripción de derechos de autor son similares a las de cualquier otra forma de registro organizado. Establece un sistema de docu-mentos públicos que ayuda a los potenciales usuarios del material protegido por los derechos de autor a localizar los propietarios del material, de manera que puedan obtener las autorizaciones necesarias. Una visión económica podría decir que el sis-tema reduce los costos de transacción.
      “Por otro lado, para ciertos autores, el procedimiento de inscripción podría ser demasiado oneroso o costoso. A diferencia de las grandes casas publicadoras o dis-queras que pueden emplear personal dedicado exclusivamente a cumplimentar soli-citudes para la inscripción de los derechos de autor, la banda local, el fotógrafo comercial independiente y el cineasta novato podrían no tener los recursos para dedicarlos a cumplir con el sistema de inscripción, pero aun así parece extremada-mente injusto declarar perdidos los derechos de autor sobre estas obras meramente porque los autores encuentran difícil cumplir con el sistema de inscripción. Por lo tanto, la legislación puede ser vista como un acuerdo en punto medio —alentando la inscripción al máximo posible, para así obtener sus beneficios, sin imponer conse-cuencias draconianas sobre aquéllos que no inscriban.” (Traducción nuestra.)


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Antonio Rodríguez Pagán, recurrido.

      Número: CC-2009-314

      Resuelto: 17 de junio de 2011

      Mayra J. Serrano Borges, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogadas de la parte peticionaria; Luis E. Rodríguez Santiago, abo-gado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de examinar los efectos jurídicos de la equivocación respecto a la víctima de asesinato en nuestro ordenamiento penal. En particular, debemos considerar si el elemento de deliberación necesa-rio para sostener una convicción de asesinato en primer grado es atribuible al sujeto activo cuando la víctima inter-viene en el ataque y recibe el golpe mortal dirigido a otra persona. Por las razones que expondremos a continuación, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que modificó la convicción original de asesinato en primer grado a segundo grado y restituimos la convicción original.

I

En la noche del 29 de noviembre de 2004, una veintena de jóvenes se encontraban jugando en la cancha de balon-cesto del sector Quebrada del Agua de Ponce. Entre ellos estaban Fernando Rodríguez Muñiz y Héctor Luis Mejías Sánchez. Mientras jugaban, el señor Rodríguez Muñiz se percató de que dos personas, que no pudo identificar en la lejanía, se acercaban a la cancha cruzando por el parque de pelota aledaño, cuyas luces estaban apagadas. Cuando es-tas personas entraron a la cancha, el señor Rodríguez Mu-ñiz las reconoció. En el juicio, las identificó como el Sr. Antonio Rodríguez Pagán y su padre, el Sr. Antonio Rodrí-guez González, ambos vecinos de la comunidad. La vi-vienda de éstos colindaba con el parque de pelota por el cual cruzaron para adentrarse a la cancha de baloncesto. Cuando la pareja se les acercó, el señor Rodríguez Muñiz les dijo: “¡[E]h!, vamos a hablar por los problemas de ayer”. Acto seguido, el señor Rodríguez González se viró, sacó un arma que tenía consigo y disparó contra el señor Rodríguez Muñiz. Este logró esquivar el disparo y se tiró al piso. Inmediatamente después, el señor Rodríguez Mu-ñiz se levantó y le dijo al señor Rodríguez González: “¡[A]h!, si la sacaste y la usaste ahora vas a tener que matarme.” El señor Rodríguez Muñiz comenzó a caminar hacia el frente en dirección del señor Rodríguez González. Durante este intercambio, los señores Rodríguez Pagán y Rodríguez González comenzaron a caminar en dirección a su casa. Mientras el señor Rodríguez Muñiz se acercaba al señor Rodríguez González, el hijo de éste, Antonio Rodrí-guez Pagán, quien ya se encontraba en el patio de la casa, sacó un arma que llevaba consigo y disparó dos veces co-rridas contra el señor Rodríguez Muñiz a una distancia de entre diez a quince pies. No obstante, el Sr. Héctor Luis Mejías Sánchez logró empujar al señor Rodríguez Muñiz exclamando “¡Nandito, cuidao, cuidao!” Uno de los dispa-ros alcanzó al señor Mejías Sánchez mientras éste echaba hacia el lado al señor Rodríguez Muñiz. Después de ser llevado al hospital, el señor Mejías Sánchez falleció el 3 de diciembre de 2004 a los veintidós años de edad.

Poco después del incidente, el policía Miguel Colón Dá-vila llegó a la escena para investigar una querella sobre detonaciones en el área y la posibilidad de que hubiera un herido de bala. Al llegar al parque de pelota, se encontró allí con un grupo de personas. Dirigiéndose al grupo, el agente Colón Dávila les informó que estaba investigando una querella y algunos de los presentes le indicaron que se dirigiera a la casa de los acusados. Al entrar a la residen-cia, el agente preguntó si alguien había escuchado algo re-lacionado con los incidentes en el parque. El señor Rodrí-guez Pagán le expresó “yo fui el que disparé”. Acto seguido, el agente Colón Dávila le leyó sus derechos y lo arrestó. Además, le pidió que le enseñara el arma de fuego que utilizó. El señor Rodríguez Pagán le mostró y entregó una pistola Glock calibre 45. Poco después, el señor Rodrí-guez González admitió que él también había disparado “al aire” y, tras ser advertido de sus derechos, le hizo entrega al policía de su revólver calibre 357. Además de esta evi-dencia, posteriormente, la Policía recuperaré dos casqui-llos de bala en el patio de la vivienda de los acusados que daba directamente al parque de pelota.

Padre e hijo fueron acusados por asesinato en primer grado actuando en concierto y común acuerdo. El juicio se ventiló ante un tribunal de derecho. Además del agente Colón Dávila y del señor Rodríguez Muñiz, por el Pueblo también testificaron los agentes Orlando Echevarría Figueroa, Ornar López Rodríguez y Carlos Rivera Pérez, así como las Dras. Rosa M. Rodríguez Castillo y María Vázquez. Del testimonio de éstos surge que la bala ex-traída al señor Mejías Sánchez pertenecía a la pistola Glock calibre 45 que el señor Rodríguez Pagán entregó al agente Colón Dávila.

Por la defensa únicamente testificó el Sr. Pedro Luis Pérez Torres como testigo de reputación. Éste declaró que los acusados le daban servicio de fumigación a su negocio y que eran personas muy responsables, tranquilas y buenas, que tenían muchas amistades en la comunidad. Tras las argumentaciones finales por la Fiscalía y los abogados de defensa, el Tribunal de Primera Instancia encontró culpable al señor Rodríguez Pagán de asesinato en primer grado y, por tener duda razonable, absolvió al señor Rodríguez González. El foro de instancia sentenció al señor Rodrí-guez Pagán a noventa y nueve años por asesinato en primer grado y a cinco años por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico que habrían de ser cumplidas de manera consecutiva.

Inconforme con el fallo del Tribunal de Primera Instan-cia, el señor Rodríguez Pagán recurrió al Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegó que el foro primario incidió en su apreciación de la prueba y que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable. Un panel del foro apelativo resolvió por mayoría, y en su sentencia manifestó lo siguiente: “[S]entimos en nuestra conciencia una pertur-badora intranquilidad con respecto a la configuración del asesinato en su modalidad de primer grado”. En efecto, el Tribunal determinó que “no se configuraron los elemen-tos esenciales para la comisión de delito de asesinato en primer grado”, por haber “duda razonable para la configu-ración de la referida modalidad del asesinato perpetrado”. En particular, el foro apelativo no quedó convencido de que se probara el elemento de deliberación que era necesario para sostener el fallo de culpabilidad de asesinato en primer grado. Específicamente manifestó que “no se probó que el apelante, fría y calculadamente, dispa-rara alevosamente en ánimo de ultimar a balazos a la víctima”. (Énfasis suplido.)

Inconforme con esta determinación del Tribunal de Ape-laciones, la Procuradora General acudió ante este Tribunal, para alegar que el foro intermedio erró al modificar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto al grado del asesinato. El Estado alega que el caso de autos se trató “de un asesinato pensado, planificado y deliberado”, lo que demuestra la existencia de una intención específica de matar. En particular, argumenta que el foro apelativo “entró en consideraciones sobre los elementos subjetivos del delito que propiamente le compete inferir de los hechos al juzgador”. Aduce, además, que el recurrido incurrió en una conducta fría y calculada, como lo demuestra el que acudiera armado junto a su padre a la cancha de balon-cesto, que dispararan sus armas de fuego a corta distancia de sus blancos y que ambos la emprendieran a tiros contra el señor Rodríguez Muñiz. En síntesis, el Estado expuso que la prueba demuestra que el señor Rodríguez Pagán llegó a la cancha decidido a matar. El 27 de abril de 2009 expedimos el auto de certiorari. Resolvemos.

II

Como los hechos de este caso sucedieron antes de la vigencia del actual Código Penal, iniciamos nuestra discusión analizando las disposiciones pertinentes del Código Penal de 1974. Ese Código definía el delito de asesinato de la manera siguiente: “Asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada.” Por su parte, el Art. 83(a) del mismo Código establecía los diferentes gra-dos en los que se dividía ese delito:

Constituye asesinato en primer grado:
(A) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y premedi-tada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o fuga.
[Todos los demás asesinatos serán considerados de segundo grado.] (Corchetes en el original y énfasis suplido.)

No obstante la división en dos grados, el asesinato es, según el Código anterior y el actual, un solo delito. En ambos casos, se trata de uno cometido intencionalmente, pues el asesinato “es un delito que, por su definición y naturaleza, conlleva un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores éticos y morales de nuestra sociedad”.

Como se desprende del texto del Código de 1974, la “malicia premeditada” es un elemento mental requerido en el delito de asesinato independientemente de si es de primer o segundo grado. La diferencia en la intención entre uno y otro grado es el elemento de la deliberación. Es decir, la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración al acto. Este elemento de delibera-ción se refiere a la decisión formada como resultado de pensar y pesar cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra del propuesto curso de acción. Ahora bien, cualquier periodo de tiempo, por corto que sea, será sufi-ciente para que pueda tener lugar la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso de tiempo puede ser tan rápido como el pensamiento.

En este caso, el elemento de deliberación debe analizarse a la luz del Art. 15 del Código Penal de 1974 que ofrece la definición de intención siguiente:

El delito es intencional:
(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión o
(b) Cuando el resultado, sin ser querido ha sido
previsto [o pudo ser previsto por la persona] como conse-cuencia natural o probable de su acción u omisión.

Como puede observarse, para cometer el delito de asesi-nato según el Código de 1974 se requería únicamente que el sujeto activo actuara con la intención del Artículo 15(a) o 15(b) citados. La intención recogida en el Artículo 15(a) se conoce como intención específica, mientras que el Artículo 15(b) recoge la llamada intención general.

En el primer supuesto, la persona tiene un deseo específico de efectuar el acto y quiere producir el resul-tado, ratificándolo con su actuación. Por su parte, la in-tención general, un concepto proveniente del derecho común angloamericano, se fundamenta en que “toda persona es responsable por las consecuencias naturales y probables de sus actos”. Es decir, que sin querer el resul-tado, sabe o debe saber que éste es consecuencia necesaria de su conducta y, no obstante ello, la lleva a cabo.

Hemos resuelto que, cuando se hace referencia al elemento de la deliberación como requisito para la comisión del delito de asesinato en primer grado, ello equivale a que el sujeto activo ha tenido la intención específica de matar.

Se trata, pues, de un elemento subjetivo adicional a la intención criminal recogida en el Artículo 15, supra, que es la requerida para todo delito intencional. Entonces, la deliberación equivale a “una reflexión adicional, realizada fríamente luego de darse la premeditación”. Mientras, en el delito de asesinato en segundo grado, basta con la intención de realizar un acto o producir un grave daño corporal que con toda probabilidad resultaría en la muerte de una personal

La intención específica de matar, según definido por el Artículo 15(a) del Código Penal de 1974, es un elemento subjetivo adicional a la intención cuya existencia, en la mayoría de los casos, sólo podrá ser determinada mediante una inferencia razonable de los hechos. Entre los ele-mentos que se tomarán en consideración para determinar si se ha actuado con deliberación se encuentran los actos y las circunstancias que rodean la muerte, la relación entre las partes, la capacidad mental del autor, la motivación, las manifestaciones y la conducta del acusado, así como los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen. Es un asunto que le corresponde, en primera instancia, al juzgador de los hechos.

Coincidimos con la sala de instancia en que en este caso está presente el elemento de la deliberación. La opinión concurrente invita a terminar aquí nuestro análisis. Sin embargo, nuestro examen del expediente, incluyendo la transcripción del testimonio del testigo principal, el señor Rodríguez Muñiz, deja meridianamente claro que el señor Rodríguez Pagán no disparó apuntando a la víctima, el se-ñor Mejías Sánchez. Más bien, la intervención de la víc-tima produjo que ésta recibiera el disparo. La deliberación se produjo, por lo tanto, respecto al señor Rodríguez Mu-ñiz, pero quien falleció fue el señor Mejías Sánchez y nos corresponde analizar si esa realidad conlleva alguna con-secuencia jurídica en cuanto a la existencia de la deliberación.

En nuestro ordenamiento, el error por parte del sujeto activo puede eximirle de responsabilidad penal. Según el Código de 1974, esta figura estaba recogida en los artículos 17 y 19. El primero se refería al error sobre la personal El segundo al error de hecho.

El error en la persona recogido en el Artículo 17, que proviene de la doctrina del derecho norteamericano conocida como intención transferida, no exime de responsabilidad penal, pues la intención criminal del sujeto activo, dirigida contra determinado sujeto pasivo, se traslada a la persona que, en efecto, recibió la acción. Es decir, la intención criminal dirigida contra el blanco original se atribuye al sujeto activo aunque la víctima real del acto sea otra.

Nuestra jurisprudencia no ha discutido el error sobre la persona en más de cincuenta años y aun en aquella ocasión en que se discutió no fue necesario estudiarlo a fondo. Es a 1939 que tenemos que recurrir para encontrar cómo este Tribunal, empleando figuras del common law, atendió una controversia similar a la de autos.

En Pueblo v. Cartagena, 54 D.P.R. 870 (1939), el acusado disparó contra una persona, pero hirió a una tercera. Al concluir que no era admisible evidencia tendente a demostrar que la muerte del tercero fue incidental mientras el acusado, de “manera ilegal y con malicia pre-meditada”, acometía contra el blanco original con el propó-sito firme y deliberado de privarle de la vida, expresamos que “todas las autoridades están de acuerdo en que si una persona con la intención de matar a otra le ataca e inciden-talmente mata a un tercero contra quien no tenía intención alguna de hacerle daño, es culpable de lo mismo que si el interfecto hubiera sido la persona contra quien fue dirigida la agresión”. Esto es cónsono con el Art. 17 del Código Penal de 1974, supra. Es decir, una vez establecida la in-tención del sujeto activo, y en el caso del asesinato en primer grado la deliberación o intención específica de matar, el que la víctima no haya sido la persona a quien se dirigía la acción, ya sea por error en la identificación o porque el golpe se lanzó accidentadamente, no evita que el delito co-metido contra el tercero sea el mismo que el que se intentó cometer contra el blanco original de la conducta criminal.

Aunque no tuvimos, durante la vigencia del Código Penal de 1974, la oportunidad de interpretar su artículo 17, aplicable a los eventos objeto de esta controversia, y su interacción con el delito de asesinato en primer grado en su modalidad de deliberación, éste fue objeto de discusión por los tratadistas en Puerto Rico y fue atendido expresamente en las reformas que culminaron en el Código Penal de 2004. Producto de ese proceso, el Código Penal de 2004 suprimió el citado Artículo 17 y consolidó las defensas de error como excluyentes de responsabilidad penal en un solo artículo.

Durante la consideración del proyecto que pasó a ser el Código Penal de 2004, se hizo referencia a la anomalía de tener un artículo que declaraba expresamente que la de-fensa de error no estaba disponible, mientras que en otra parte del Código se discutían los tipos de error excluyentes de responsabilidad penal. De esa forma, la normativa del Código Penal de 2004 responde a las deficiencias per-cibidas en el suprimido Artículo 17 y nos ayuda a interpre-tar con mayor precisión el alcance de éste, así como sus implicaciones y su interacción con la figura del error de hecho, particularmente lo relacionado al error esencial.

El Código Penal vigente establece el error como causa de exclusión de responsabilidad penal en el Artículo 30:

No incurre en responsabilidad la persona cuyo hecho res-ponde a un error esencial que excluye la intención y la negligencia.
Si el error se debe a imprudencia, se responderá por negli-gencia si ésta se sanciona expresamente por la ley.
Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito, impedirá la im-posición de la pena más grave. (Énfasis suplido.

En el caso ante nuestra consideración, la víctima del asesinato no era el blanco del disparo hecho por el acusado. Para calificar ese error debemos analizar lo que se deno-mina por la doctrina como el error in objecto o in persona, así como el error aberratio ictus o en el golpe, ambos dis-cutidos en el concepto general de error de hecho.

El error in objecto, también conocido como in persona, recae sobre el objeto de la acción. Como nos explica Díaz Palos, “[s]e dice que hay error in objecto cuando el sujeto dirige su acto, por confusión, contra objeto distinto del que estaba en su mente, pero siendo equivalente el objeto ata-cado y el representado”. (Énfasis suplido. Nos dice el tratadista que la manifestación principal de este caso es cuando “A mata a B tomándolo equivocadamente por C”. (Énfasis suplido.) Es decir, según esta modalidad de error de hecho, el sujeto activo confunde al sujeto pasivo: mata a A pensando que era B.

Por otra parte, el error aberratio ictus, también conocido como error en el golpe, es un “supuesto de ejecución defec-tuosa por accidente extraño al sujeto”. (Enfasis suplido. Se trata de un “desarrollo fallido de un hecho doloso”. Es decir, el sujeto dirige realmente la acción contra el objeto o la persona que estaba en su mente, pero el efecto se produce en otro distinto. El ejemplo ofrecido por el tratadista Díaz Palos es ilustrador: “A apunta contra B, pero su pulso vacila y alcanza a C”.

En el caso de autos, estamos ante un error en el golpe, figura que ha generado mucho debate y división entre los tratadistas. La mayoría propone que el error en el golpe, al igual que en la persona, no varía en lo absoluto la res-ponsabilidad penal del sujeto activo. La propuesta de que el error en el golpe no exime de la responsabilidad penal y que, como ocurre en países de common law, el dolo dirigido a la víctima pensada se transfiere a la víctima real, se basa en que el bien jurídico protegido por el delito de asesinato es la vida humana en sí y no la vida de un ser humano en particular.

El concepto del bien jurídico proviene del hecho de que a la norma penal, igual que a las demás normas jurídicas, le incumbe una función eminentemente protectoral Conse-cuentemente, se tutelan aquellos objetos dignos de protec-ción por el derecho tras la valoración social corres-pondiente. En cuanto al delito doloso, éste supone una agresión consciente contra el bien jurídico protegido. Como nos explica el tratadista Blanco Lozano, “[e]l punto de partida político-criminal que rige la inclusión de una determinada conducta en la legislación penal [es] la tutela de un determinado bien jurídico al que se considera mere-cedor de salvaguarda en el ámbito del Derecho punitivo”.

En el delito de asesinato, el bien jurídico protegido es la vida humana, no la vida de una persona determinada. Por lo tanto, en el caso de un asesinato producto de un error, en la persona o en el golpe, donde estaba presente el dolo directo de primer grado al haber deliberación o premeditación, no hace diferencia qué ser humano finalmente sea privado de la vida, ya sea porque el sujeto activo disparó pensando que su blanco era otra persona o, como en este caso, porque el golpe no alcanzó a la víctima pretendida, pues un tercero se interpuso. En am-bos casos, la intención de matar a un ser humano estaba presente.

La mayoría de los tratadistas apoyan esta conclusión. Nos dice la profesora Nevares-Muñiz que el error sobre la persona o el error en el golpe “no [son] error[es] que recaiga [n] sobre alguno de los elementos esenciales del de-lito”, como exige el Art. 30 del Código Penal vigente. (Én-fasis suplido.) Muñoz Conde señala que “[e]s irrelevante el error en la persona: igualmente será castigado quien creyendo matar a B mata por equivocación a C”. Por su parte, Cuello Calón indica que este tipo de error “no apro-vecha al reo, pues se trata de un error accidental [y] no de un error esencial”. Dice este tratadista que “[e]n ambas situaciones el mal causado es distinto del propuesto”, no obstante su “responsabilidad no sufre alteración”. A se-mejante conclusión llega Díaz Palos, quien parte de la pre-misa de que se trata de una mera “coincidencia entre [el] resultado producido por el sujeto y la voluntad del mismo; el camino que se utilice es accidental”. Nos dice el tra-tadista que, tanto en el error in óbjecto como en el aberra-tio ictus, no hay diferencia en la responsabilidad penal. Por tanto, “la responsabilidad del autor del hecho no sufre alteración por haber recaído el mal en persona distinta de aquella a quien el procesado tuvo la intención de causarlo”.

El tratadista Blanco Lozano también discute cómo aten-der el delito de asesinato en casos donde se dé un error en la persona y expone que “lo relevante es si el objeto erró-neamente atacado [es] semejante al que se pretendía ata-car ... porque el tipo penal de asesinato lo único que exige al respecto es matar a otro, y el sujeto activo lo que quería dolosamente era precisamente eso, esto es, matar a otra persona, con independencia de que errase acerca de su identidad”. En cuanto al error en el golpe, afirma Blanco Lozano que “la solución más correcta ... no es otra que la de considerar que nos hallamos ante un delito de asesinato consumado”, puesto que “lo único que exige el tipo legal” es que se haya matado a otra persona “alevosamente”.

Lo anterior es cónsono con nuestro ordenamiento penal vigente. Los Artículos 105 y 106 del Código Penal de 2004 correspondientes al delito de asesinato tienen como obje-tivo la protección del bien jurídico de la vida. La moda-lidad del asesinato en primer grado por premeditación —recogida en el Artículo 106(a) — la que, a su vez, re-quiere que el sujeto activo actúe con dolo directo de primer grado, según definido en el Artículo 23(a), no se afecta por el hecho de que el autor haya incurrido en error sobre la persona o error en el golpe. Una vez el sujeto activo ha deliberado matar a un ser humano y actúa conforme a esa deliberación, es irrelevante si mata a la persona equivo-cada o si falla en su golpe y alcanza a un tercero. En todos esos casos, sigue presente el elemento de la deliberación y se ha matado a un ser humano. Eso es todo lo que nuestro ordenamiento requiere para que se entienda cometido el asesinato en primer grado en su modalidad de premedita-ción o deliberación.

III

En el caso de autos, un tribunal de derecho encontró al acusado culpable de asesinato en primer grado en su modalidad de deliberación. En Puerto Rico, la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. Por consiguiente, su culpabilidad debe ser probada más allá de duda razonable. Esto es consustancial con el principio de la presunción de inocencia y es un elemento del debido proceso de ley. Por lo tanto, el peso de la prueba permanece, durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia, sobre el Estado. Para sostener un veredicto de culpabilidad, la prueba presentada debe ser suficiente en derecho. Es decir, se debe probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.

Reiteradamente hemos afirmado que esta determina-ción es revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho. De igual forma, la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de instancia a los efectos de que la culpabilidad de la persona imputada ha quedado establecida más allá de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de derecho. No obstante, dado que le corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no intervendremos en tales determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, par-cialidad o un error manifiesto. Más bien, la determina-ción de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia es merecedora de una gran deferencia por parte del tribunal apelativo.

En este caso, tanto los elementos objetivos del delito de asesinato como la intención específica de matar requerida por el Artículo 84 del Código Penal de 1974, supra, según definida por el citado Artículo 15(a), están sostenidos por la prueba que obra en el expediente. De éste surge que el acusado y su padre se presentaron a la cancha de balon-cesto el día de los hechos armados y con la intención de matar, es decir, tras mediar deliberación. Su intención original era matar al Sr. Fernando Rodríguez Muñiz. Contra éste disparó el padre del acusado en una ocasión y el propio acusado en dos ocasiones posteriores. El disparo del padre falló su objetivo. Igual ocurrió con los disparos del acusado dirigidos contra el señor Rodríguez Muñiz. El señor Héctor Luis Mejías Sánchez, al ver que el acusado le disparaba a su amigo, lo empujó. No obstante, uno de estos disparos alcanzó al señor Mejías Sánchez, causándole la muerte. Estos hechos están ampliamente sostenidos por la prueba admitida y creída por el juzgador de los hechos, y es sufi-ciente en derecho para un fallo de culpabilidad por asesi-nato en primer grado. Erró el Tribunal de Apelaciones al modificarlo.

Por las razones expuestas, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala el fallo de culpabili-dad emitido por el Tribunal de Primera Instancia por ase-sinato en primer grado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión concurrente, a la que se unieron el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Estrella Martínez.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

a la que se unen el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Estrella Martínez.

La opinión que hoy emite el Tribunal presenta un aná-lisis cuidadoso y muy bien fundamentado de la figura del error sobre la persona. No obstante, un examen riguroso del expediente demuestra que ese análisis es ajeno a los hechos del caso de autos y al asunto planteado. La única controversia de la cual verdaderamente venimos llamados a disponer, es si el Ministerio Fiscal probó su acusación de asesinato en primer grado más allá de duda razonable. Por lo anterior, no puedo más que concurrir con el resultado que pronuncia el Tribunal.

I

La noche de 29 de noviembre de 2004, Fernando Rodrí-guez Muñiz y Héctor L. Mejías Sánchez estaban jugando baloncesto junto a otras personas en una cancha del barrio Quebrada del Agua en Ponce. En algún momento, Fernando se percató de que Antonio Rodríguez González y su hijo, Antonio Rodríguez Pagán (el recurrido), se acercaban a la cancha a través de un parque de pelota que colinda con la residencia de éstos. Fernando, al reconocerlos, comenzó a acercárseles seguido por su amigo Héctor, y les dijo: “¡eh!, vamos a hablar por los problemas de ayer”. En ese mo-mento el padre del recurrido se volteó y le disparó a Fernando, quien se tumbó al suelo. Acto seguido, Fernando se levantó y continuó acercándose a Antonio Rodríguez Gon-zález y al recurrido, quienes habían comenzado a retirarse hacia su residencia. Mientras Fernando se dirigía a ellos —aún seguido por su amigo Héctor— dijo: “¡ah!, si la sa-caste y la usaste ahora vas a tener que matarme.” Cuando el recurrido y su padre accedían al patio trasero de su ho-gar, Héctor dijo “¡Nandito, cuidao, cuidao!” y empujó a Fernando justo cuando el recurrido realizó otro disparo. Este segundo proyectil alcanzó a Héctor, quien falleció días más tarde. Una vez los agentes de la Policía se personaron a la residencia de Antonio Rodríguez González y el recu-rrido, éstos confesaron haber realizado los disparos y cada uno entregó un arma de fuego.

Por estos hechos, se acusó de asesinato en primer grado en concierto y común acuerdo, y violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458n, al recurrido y su padre. Tras celebrarse el juicio por un tribunal de Derecho, en el cual testificaron siete testigos por parte del Estado y uno por parte de la defensa, el juzgador encontró culpable al recurrido pero absolvió al padre, Antonio Rodríguez González. Dictada la sentencia, el recu-rrido acudió al Tribunal de Apelaciones y solicitó la revo-cación del dictamen en su contra para alegar la comisión de tres errores: no haberse probado su culpabilidad más allá de duda razonable; haber insuficiencia de prueba, y la admisión de cierta evidencia ante las objeciones de la defensa. Por su parte, el Estado se opuso al recurso y ar-gumentó que los testimonios vertidos durante el juicio es-tablecieron todos los elementos del delito más allá de duda razonable. Asimismo sostuvo que el recurrido admitió los hechos durante la investigación criminal, lo cual consti-tuyó una admisión de parte.

Tras evaluar los argumentos ante sí, el foro apelativo intermedio confirmó la condena por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, pero modificó el dictamen en cuanto al asesinato y condenó al recurrido por asesinato en se-gundo grado. El Tribunal de Apelaciones estimó que se probó más allá de duda razonable el delito de asesinato, mas no su modalidad de primer grado. Ese foro expresó:

[N]o estamos en un caso en el que se proyecte el grado de maldad e intención deliberada que requiere la ley y la juris-prudencia para [la] configuración de un asesinato en primer grado.
... En otras palabras, el asesinato perpetrado por el ape-lante, en el marco del escenario descrito por el único testigo ocular de los hechos suscita serias dudas e inquietudes res-pecto al grado en que pudieron realmente manifestarse esos elementos, característicos de un asesinato en primer grado. La prueba del Ministerio Público fue difusa a esos efectos. Cier-tamente no probó que el apelante, fría y calculadamente, dis-parara alevosamente en ánimo de ultimar a balazos a la víctima. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN20070848, págs. 18-19. Apéndice del Certiorari, págs. 44-45.

Inconforme, la Procuradora General presentó ante noso-tros un recurso de certiorari acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción. Evaluados sus argumentos, expedi-mos el recurso. En su alegato, el Estado discute como único error la intervención realizada por el foro recurrido al re-ducir la condena de asesinato a segundo grado, a pesar de haberse probado el elemento de deliberación necesario para establecer el asesinato en primer grado. Arguye que, de toda la evidencia que desfiló en el juicio, es posible in-ferir que el recurrido se personó armado al lugar de los hechos decidido a matar, y durante el encuentro con el oc-ciso y su amigo, reflexionó y actuó afirmativamente para quitarle la vida a un ser humano. De otro lado, el recurrido en su alegato de oposición nuevamente afirma que este caso se limita a determinar si el Estado satisfizo su deber de probar más allá de duda razonable su culpabilidad. Alega el recurrido que en ello falló el Ministerio Público.

II

A. El relato hasta aquí expuesto es un resumen fiel de los acaecimientos hasta que el recurso de autos se perfec-cionó ante nosotros. Así, el expediente muestra que la con-troversia objeto de discusión ante los foros recurridos —y la cual fue traída ante nuestra consideración— se circuns-cribe a auscultar si el Estado cumplió con su carga proba-toria respecto al elemento de la deliberación, de manera que proceda una condena por asesinato en primer grado. Las partes nunca hicieron alusión alguna a la figura del error sobre la persona ante el Tribunal de Primera Instan-cia, ni ante el Tribunal de Apelaciones. Esos foros tampoco plantearon que este caso involucrara la doctrina. Asi-mismo, en ninguno de los documentos que fueron presen-tados ante este Foro es posible encontrar referencia alguna a la equivocación respecto a la víctima del asesinato como posible eximente de responsabilidad criminal. La razón de todo ello es simple. Este caso versa sobre la posible duda razonable, no del posible error sobre la persona.

Como vimos, el Tribunal de Apelaciones modificó la sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia y redujo la con-dena de asesinato en primer grado a segundo grado porque no quedó convencido de que se hubiera probado la delibe-ración requerida. Su razonamiento no tuvo nada que ver con la posibilidad de que se hubiera asesinado al individuo equivocado. Incluso, de haber sido tal su fundamento, pro-bablemente hubiera descartado la condena según la moda-lidad de segundo grado también, pues hubiera concluido que ni la deliberación, ni la malicia premeditada, se pue-den transferir de víctima. Pero nada de ello ocurrió, sólo se modificó el dictamen por albergar duda razonable respecto a la deliberación del asesinato.

¿De dónde, entonces, nos surge la oportunidad de exa-minar la figura del error sobre la persona? Ciertamente, no proviene del recurso ante nuestra consideración. Es el pro-pio Tribunal quien se formula la interrogante innecesaria. Sólo el Tribunal, y el Tribunal solo, se embarca en una disquisición —sumamente interesante y bien razonada— respecto al error sobre la persona que, cuando menos, se revela inoportuna. De otra parte, me inquieta como se pre-sentan los hechos en la opinión del Tribunal. Veamos.

B. Inicialmente, el Tribunal anuncia que la controver-sia se enmarca en actos en los que “la víctima interviene en el ataque y recibe el golpe mortal dirigido a otra persona”. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 242. Más ade-lante afirma que el recurrido disparó “contra [Fernando] Rodríguez”, pero que el disparo alcanzó a Héctor L. Mejías. Id., pág. 243. Luego expresa que “la víctima del asesinato no era el blanco del disparo hecho por el acusado” y que “el golpe no alcanzó a la víctima pretendida...”. (Énfasis suplido.) íd., págs. 253 y 255. Finalmente, la opinión con-cluye que la “intención original [de los acusados] era matar al Sr. Fernando Rodríguez Muñiz” y que el disparo del re-currido “dirigid[o] contra” Fernando falló su objetivo por-que alcanzó a Héctor. Id., pág. 259.

Tras examinar cuidadosamente el testimonio vertido durante el juicio por el único testigo de los hechos, Fernando Rodríguez Muñiz, nos percatamos que ninguna de las aseveraciones fácticas citadas tienen origen en la prueba presentada ante el foro primario. Fernando testi-ficó que cuando Antonio Rodríguez González “disparó, al par de segundos se escuchó el otro tiro, que ahí fue que cogió a Héctor Luis”. Transcripción de vista en su fondo, pág. 202. En cuanto a Héctor, Fernando testificó: “venía hacia donde mí y me echó hacia un lado y ahí fue que cogió el tiro.” Id., pág. 204. Respecto a ese último disparo, Fernando sólo expresó: “Ahí es que viene la segunda detona-ción, ahí fue que le dieron a él, a Héctor Luis Mejías. Más na’.” íd., pág. 215. No hayamos ninguna expresión en el expediente sobre quién era la víctima pretendida, el blanco del disparo o contra cuál persona se dirigió el proyectil del recurrido. Por ello, no podemos afirmar que el recurrido intentó quitarle la vida a una persona, mas por razones ajenas a su voluntad, sus acciones causaron la muerte de otra. No podemos concluir que el recurrido falló su objetivo.

Mas bien, la evidencia nos muestra que el recurrido acompañó a su padre Antonio Rodríguez González —ambos armados— hasta la cancha en la cual se encontraban Fernando Rodríguez Muñiz y Héctor L. Mejías Sánchez. Luego de que Fernando y Héctor se dirigieran hacia el recurrido y su padre, y Fernando los invitara a hablar sobre hechos del día anterior, Antonio Rodríguez González le disparó a Fernando. Poco después, cuando Fernando y Héctor conti-nuaron acercándoseles, el recurrido realizó un segundo dis-paro que alcanzó a Héctor mientras éste empujaba a Fernando. Posteriormente, Héctor falleció.

La relación de hechos, sin dudas, evidencia la malicia premeditada y la deliberación con la que actuó el recurrido. Se personó al lugar armado y una vez se enfrentó al occiso y a su amigo, no dudó en asistir a su padre abriendo fuego contra aquéllos. De manera que erró el Tribunal de Apela-ciones al modificar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para reducir la condena del recurrido a asesinato en segundo grado. Consecuentemente, estimo correcto el dictamen que ordena hoy el Tribunal al revocar al foro recurrido.

Empero, por las razones señaladas, considero que el Tribunal debió limitarse a analizar si existía duda razonable sobre el asesinato en primer grado y evitar enunciar doc-trinas innecesarias y responder interrogantes jurídicas que no le fueron propiamente planteadas. Véanse: Misión Ind. P.R. v. J.P, 146 D.P.R. 64, 145 (1998); Trabad Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965); Garaje Rubén, Inc. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973) Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); Banco Territorial y Agrícola v. Vidal, 42 D.P.R. 869, 872 (1931). Hacerlo milita contra la justiciabi-lidad del pleito, pues se prescinde de litigantes que pro-muevan sus posturas vigorosamente ante el foro judicial. Véase Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994).

En suma, el estudio confeccionado por el Tribunal res-pecto a la figura del error sobre la persona como posible eximente de responsabilidad criminal, no era necesario para su fallo. Véanse: Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 253 (2001); Martínez v. Registrador, 54 D.P.R. 7 (1938); Ponce & Guayama Railroad Co. v. Antonetti, 17 D.P.R. 352 (1911). Por todo lo anterior, concurro con el resultado.

         Transcripción del juicio, Apéndice del Certiorari, pág. 252.

       Aunque no surge con claridad del expediente, aparentemente hubo un inter-cambio de palabras soeces entre Rodríguez González y Rodríguez Muñiz. Id., pág. 263. En varias ocasiones durante el juicio y particularmente durante el testimonio del señor Rodríguez Muñiz, el abogado de la defensa intentó incluir alegaciones hechas por los acusados contra este testigo por supuestos escalamientos que este había realizado en la vivienda de ellos. íd., págs. 277-279.

       Apéndice del Certiorari, pág. 253.

       No surge con exactitud del testimonio del único testigo presencial, el señor Rodríguez Muñiz, si fue un disparo o si fueron dos.

       Apéndice del Certiorari, pág. 253.

       íd., pág. 224.

       Esto surge, en particular, del testimonio del agente Carlos Rivera Pérez, examinador de armas de fuego y marcas de herramienta de la Sección de Armas de Fuego en el Instituto de Ciencias Forenses. De los casquillos recuperados del patio de la vivienda de los acusados, uno pertenecía al revólver 357 del señor Rodríguez González y el otro a la pistola Glock calibre 45 del señor Rodríguez Pagán. De los testimonios de la doctora Rodríguez Castillo y el agente Echevarría Figueroa surgen cuestionamientos relacionados con la cadena de custodia de parte de la evidencia.

       También pesaba contra el señor Rodríguez Pagán un cargo por la Ley de Armas de Puerto Rico.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del Certiorari, pág. 41. La jueza Feliciano Acevedo disintió sin opinión escrita.

       íd., págs. 43-44.

       íd., pág. 45.

        Certiorari, pág. 4.

       íd., pág. 5.

       Como evidencia de esto, la Procuradora General hace referencia a que am-bos acusados se encontraban tranquilamente en su casa, admitieron los hechos al ser abordados por el agente Colón Dávila y entregaron sus respectivas armas de fuego.

        Certiorari, pág. 11.

       Art. 82 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4001 (ed. 2001)).

       33 L.P.R.A. see. 4002 (ed. 2001).

        Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. 406, 418 (2007). Según nos explica el profesor Cifredo Cancel: “La historia indica que el desarrollo de la figura del asesi-nato en segundo grado en el ‘common law’ fue motivado por el deseo de limitar la severidad de la pena (pena de muerte) aplicable al ‘murder’ (asesinato). En sentido contrario, en la tradición civilista el desarrollo de la figura del dolo eventual fue motivado por el deseo de justificar la aplicación de una pena más severa a aquellos actos ‘en que, por una parte, no aparece la clara voluntad del autor respecto del resultado, y en que, no obstante y por otra parte, parece que en muchos casos un castigo por imprudencia es insuficiente, que lo que el autor ha merecido es ser cas-tigado por delito doloso’.” (Escolios omitidos.) F. Cifredo Cancel, Contestación a tres problemas de Derecho Penal: delitos contra la honestidad, asesinato, secuestro, 62 Rev. Jur. U.P.R. 127, 135 (1993).

       El Art. 7(19) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3022(19) (ed. 2001) definía la “malicia” como un acto dañoso intencional.

        Pueblo v. Negrón Ayala, supra, págs. 418-419.

        Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 D.P.R. 292, 301 (2008).

        Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 419.

       D. Nevares-Mufiiz, Código Penal de Puerto Rico revisado y comentado, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, pág. 141.

        Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 301.

       33 L.P.R.A. see. 3062 (ed. 2001).

       Nevares-Muñiz, Código Penal, op. cit, págs. 28-29. Véase, además, D. Ne-vares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 193.

       Nevares-Muñiz, Código Penal, op. cit., pág. 28.

       íd., pág. 194.

        Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 419; Pueblo v. Robles González, 132 D.P.R. 554, 563 (1993). Para explicar la diferencia entre la intención específica del Artículo 15(a) y la intención general recogida en el Artículo 15(b), la profesora Ne-vares-Muñiz recurre, precisamente, al ejemplo del asesinato. 33 L.P.R.A. see. 3062. Nos dice la profesora:
      "... El asesinato en primer grado requiere que se pruebe el acto deliberado y premeditado que claramente demuestre que quiso y se previo la muerte de la víctima. Ello equivale a demostrar la intención específica de matar. En cambio, en el asesinato en segundo grado, basta la malicia premeditada, refiriéndose a la inten-ción de realizar un acto dañoso, sin justa causa o excusa, que probablemente podría resultar en la muerte, como en efecto sucedió, pero sin que el acto haya tenido el propósito directo, específico y deliberado de matar.” Nevares-Muñiz, Derecho Penal, op. cit., pág. 194.

       Cifredo Cancel, op. cit., pág. 167.

       Nevares-Muñiz, Código Penal, op. cit., pág. 141.

        Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 419, Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 610 (2003); Pueblo v. Ocasio Hernández, 139 D.P.R. 84, 91 (1995).

        Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 301.

        Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. Sobre los hechos anteriores, con-comitantes y posteriores como factores que han de considerarse. Véase Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976).

       «Cuando por error o por algún otro accidente se comete delito en peijuicio de persona distinta, su autor incurrirá en la misma responsabilidad que si hubiere cometido el acto en peijuicio de la persona contra quien dirigió su acción.” 33 L.P.R.A. see. 3081. Como veremos más adelante, la doctrina civilista divide esta modalidad del error entre error en la persona y error en el golpe.

       “No íncurre en responsabilidad la persona cuya acción u omisión respon-diere a un error esencial de hecho que justifique la ausencia de toda intención o negligencia.
      “Esta causa de exclusión de responsabilidad penal tiene dos requisitos funda-mentales: (1) que la conducta del sujeto activo incurra en un error de naturaleza esencial del hecho y (2) que sea invencible, entiéndase, que se niegue cualquier intención o negligencia criminal en la conducta del autor. ...
      “El error puede recaer sobre elementos constitutivos del delito, también deno-minado error sobre el tipo, por la doctrina jurídica civilista, o puede recaer sobre la antijuricidad de la conducta, también conocido como error de prohibición.” Nevares-Muñiz, Código Penal, op. cit., págs. 34-35.

       íd., pág. 32.

       íd., pág. 874. Véase, además, Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760, 766 (1946). A semejante conclusión llegamos en Pueblo v. Rivera, 36 D.P.R. 194 (1926), y en Caballero v. El Pueblo, 36 D.P.R. 67 (1926), al afirmar que la circunstancia de que el acusado no intentara matar a la víctima, sino a un tercero, en nada influía la califi-cación del delito.

       Véanse las expresiones vertidas en el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, P. del S. 2302, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria, pág. 27: “Como indicó el Comité de la Academia en su informe, no es necesario ni usual en el Derecho comparado declarar expresamente la irrelevancia del error in persona. La misma se deduce del carácter no esencial de la identidad de la persona en los delitos correspondientes.”

       33 L.P.R.A. see. 4658.

       E. Cuello Calón, Derecho Penal, 9na ed., México D.F., Ed. Nacional, 1971, T. I, pág. 385.

       F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 6ta ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, pág. 276.

       F. Díaz Palos, Dolo Penal, Barcelona, Ed. Bosch, págs. 45-46.

       íd., pág. 46.

       íd., pág. 47.

       C. Blanco Lozano, Tratado de Derecho Penal Español, Barcelona, Ed. Bosch, 2005, T. I, Vol. 2, pág. 379. Nos dice Blanco Lozano que este error es uno en el cual el objeto atacado es similar al que se pretendía atacar.

       íd. Véase, además, Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 276.

       Véase Cuello Calón, op. cit., pág. 386, y Díaz Palos, op. cit., págs. 47-48. Nos explican estos tratadistas que la falta de consenso en la doctrina se fundamenta en si la consecuencia del error aberratio ictus es que se está ante dos delitos (tentativa de asesinato contra la víctima pretendida y homicidio negligente contra la víctima real) o un solo injusto penal (asesinato contra la víctima real).

       por no ser pertinente a los hechos de este caso, no entraremos en la discu-sión de la tercera modalidad del asesinato en primer grado recogido en el Art. 106(c) del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4734(c)), que ocurre cuando el sujeto pasivo ocupa determinado puesto público.

       Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 59.

       íd.

       íd., pág. 266.

       Blanco Lozano, op. cit., pág. 68.

       Véanse: Cuello Calón, op. cit., pág. 385; Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 59; Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit, pág. 136.

       33 L.P.R.A. see. 4658. Nevares-Muñiz, Derecho Penal, op. cit., pág. 206. La profesora nos ofrece el ejemplo siguiente: “Así, si A quiere golpear a B, y C recibe el golpe y las lesiones, A no podrá alegar el error de hecho para eximirse de responsa-bilidad penal. Su intención era golpear a un ser^humano, irrespectivamente del ser humano que fuera golpeado.” (Enfasis suplido.) Id., págs. 206-207. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 170.

       Muñoz Conde, op. cit., págs. 14. Este tratadista manifiesta que sí es rele-vante el error en el golpe, pero únicamente en cuanto a la división en la doctrina sobre cuántos delitos podrían darse en ese caso. Muñoz Conde reconoce que la ma-yoría de la doctrina trata el error en la persona de manera similar al error en el golpe.

       Cuello Calón, op. cit., págs. 385. El tratadista nos ofrece un ejemplo de esto: “[C]omo cuando en vez de un animal se mata a un hombre ... mientras que lo esen-cial es la persona humana, el hecho de que esta persona sea Pedro o Juan, es pura-mente accidental.”

       íd., pág. 386.

       Díaz Palos, op. cit., pág. 44.

       íd., pág. 87.

       íd., pág. 90.

       Blanco Lozano, op. cit, pág. 379.

       Id., pág. 380. Esta doctrina es cónsona con los fallos del Tribunal Supremo de España. En su S. del 5 de diciembre de 1974, Núm. 5085 Repertorio de Jurispru-dencia (Aranzadi), págs. 3883, ese Tribunal se enfrentó a unos hechos donde el sujeto activo actuó con la intención de matar, pero alcanzó a un tercero que no era su víctima pretendida. Es decir, se estaba ante un error en el golpe o abeiratio ictus. Tras analizar la figura del error de hecho y su impacto sobre la formación de la voluntad, el Tribunal Supremo español determinó que es insostenible que, “una vez mostrada la voluntad intencionalmente antijurídica!,] no [se acepte] una solución culposa, aunque por error en el golpe, sea otra la persona agredida y lesionada o muerta”. Id., pág. 3884. Esto puede ocurrir ya sea “por mala dirección de su golpe o por interposición benévola de un tercero”. (Enfasis suplido.) Id. De igual forma, en su S. de 22 de enero de 1979, el Tribunal Supremo de España reiteró que “tanto en el denominado error in persona como en la hipótesis de aberrado ictus, o error en el golpe, ... a efectos de la culpabilidad dolosa ... es indiferente que sea una u otra la persona muerta o lesionada”. Núm. 128 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), págs. 104-105.

       33 L.P.R.A. sees. 4733 y 4734. Igual ocurre con los Arts. 82 y 83 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sees. 4001 y 4002).

       33 L.P.R.A. sec. 4734(c).

       33 L.P.R.A. sec. 4651(a).

        Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002). La Regla 110 de Procedimiento Criminal,34 L.P.R.A. Ap. II, establece este principio con mayor precisión.

       Véanse: Sees. 7 y 11, Art. II de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008; Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993).

        Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787.

        Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993).

        Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 653.

       íd.

        Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 882 (1976). Véanse, además: Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 131 (1991); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 10 (1984), opinión del Juez Asociado Negrón García.

        Pueblo v. Cabán Torres, supra, págs. 653-654.

       El acusado también alegó que el testimonio del principal testigo de cargo, el señor Rodríguez Muñiz, carecía de precisión y contenía lagunas. Por lo tanto, estima que es insuficiente para determinar su culpa más allá de duda razonable. En cuanto a esto, es una norma reiterada que “ ‘la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito será prueba suficiente de cualquier hecho’... aun cuando no [fuese] un testimonio perfecto”. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 15 (1995). Véase la Regla 110(d) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(d). Por otra parte, las contra-dicciones en un testimonio sólo ponen en juego su credibilidad, asunto que le toca al juzgador de los hechos resolver. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 640 (1994). Pueblo v. Rodríguez Román, supra, pág. 129 (1991). En Pueblo v. Rodríguez Román, supra, manifestamos que “[sjabido es que la máxima falsus in uno, falsus in omnibus no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o más particulares. En otras palabras, es impres-cindible armonizar toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que ha de concedérsele a la prueba en su totalidad”. Pueblo v. Rodríguez Ro-mán, supra, pág. 129, citando a García v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823 (1962), y Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359, 366 (1974). Además, el hecho de que un testigo incurra en contradicciones en torno a detalles de los hechos no es óbice para que no se le dé crédito a su testimonio, cuando nada increíble o improbable surge de éste. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 20. Este error tampoco se cometió.

       Aunque el testimonio inicial de Fernando Rodríguez Muñiz parece hacer alusión a tres detonaciones, una lectura detenida de la totalidad de su testimonio, así como de la de los demás testigos, evidencia que sólo hubo dos disparos. El primero hecho por Antonio Rodríguez González, del cual se recuperó un casquillo calibre 357, y el segundo por Antonio Rodríguez Pagán, del cual se recuperó un casquillo 45 y la bala en el cuerpo del occiso. Transcripción de vista en su fondo, págs. 23, 35,110-Í22, 172-175 y 201-203. Así también lo concluyó la fiscal en su informe final: “Surgió del testimonio de nuestro testigo principal que primero el padre hizo un primer tiro que no le dio a nuestro testigo. Y seguidamente el coacusado [ante nosotros recurrido] fue el que hizo el disparo que le causó la muerte al joven que resultó fallecido aquí.” Id., pág. 256.