author: El Juez Asociado Señor Rivera García El Juez Presidente Señor Hernández Denton

text:
    Alberto L. Acarón Montalvo y Carlos R. Wiscovitch Teruel, recurridos, v. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, peticionario.

      Número: CC-2011-0523

      Resuelto: 28 de agosto de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Lizette Mejías Avilés, procuradora general auxiliar, y Leticia Casalduc Rabell, subprocuradora general, representantes de la parte peticionaria; Oscar Acarón Montalvo, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La Oficina del Procurador General, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) (peticionaria), nos solicita que revo-quemos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelacio-nes el 28 de febrero de 2011. Mediante el referido dictamen se revocaron las multas que vigilantes de esa agencia im-pusieron a los cazadores Alberto L. Acarón Montalvo y Carlos R. Wiscovitch (recurridos). Sostuvo el foro a quo que los vigilantes violaron la disposición constitucional que pro-híbe los registros y allanamientos irrazonables, y además, que no existía prueba en el expediente administrativo que sostuviera las faltas imputadas. Señala la peticionaria que era imperativo esgrimir como cuestión de umbral si los ca-zadores podían impugnar el allanamiento realizado. Exa-minado el recurso de autos, modificamos la sentencia del foro apelativo y, así modificada, confirmamos.

I

El 16 de noviembre de 2009 miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA accedieron a la finca Toro Farms, sita en el municipio de Cabo Rojo, debido a una alegada lla-mada telefónica que realizó el Sr. Milton Toro —dueño de esa finca— para denunciar la presencia de cazadores no autorizados en esta. Una vez allí, los vigilantes inspeccio-naron las pertenencias de los recurridos y encontraron va-rias presas y armas de caza. En consecuencia, el vigilante Ricardo Rivera les expidió dos boletos de falta administra-tiva, imponiéndoles el pago de una multa de $500 por cazar en una finca privada sin permiso del dueño.

Inconformes con tal proceder, los cazadores presentaron ante el DRNA sendos recursos de revisión de boletos, y a su vez, solicitaron que se celebrara una vista adminis-trativa. Impugnaron las multas impuestas y adujeron que poseían el aval del Sr. Milton Toro para cazar en la colindancia de Toro Farms. Sin embargo, a pesar de mani-festar lo anterior, como parte de sus defensas sostuvieron que cuando fueron intervenidos no estaban cazando en esa finca, sino en un terreno contiguo identificado como la Finca Ruiz. En ese contexto, alegaron que el allanamiento realizado por los vigilantes fue ilegal, ya que no contaban con la autorización del dueño de la finca Ruiz para irrum-pir en ese predio, razón por la cual entendían que debía descartarse toda evidencia producto de dicha intervención e invalidarse las multas emitidas.

Así las cosas, se celebró la vista administrativa en la cual únicamente se desfiló prueba testimonial: el vigilante Ricardo Rivera atestiguó por la agencia y los dos recurridos en su propia defensa. Conviene destacar que durante la audiencia surgió una controversia en cuanto a la existencia de una querella que alegadamente había presentado el Sr. Milton Toro. No obstante, ninguna de las partes presentó a este último como su testigo.

Luego de escuchar y aquilatar la prueba, la Oficial Exa-minadora emitió su informe y determinó, como cuestión de hecho, que el 15 de noviembre de 2009, el Sr. Milton Toro denunció al Centro de Mando del Cuerpo de Vigilantes que unas personas se encontraban cazando en su propiedad sin su autorización. Añadió que, en respuesta a esa querella, los vigilantes se personaron a la finca Toro Farms, donde encontraron a los recurridos cazando. Además, determinó como un hecho probado que cuando los vigilantes les cues-tionaron en cuanto a si poseían permiso del dueño para cazar allí, estos proveyeron la información de contacto del Sr. Milton Toro para que verificaran su anuencia. No obs-tante, ello no se pudo corroborar. Conforme a lo anterior, el DRNA resolvió acoger las determinaciones de hechos for-muladas por la Oficial Examinadora y sostuvo la validez de los boletos expedidos.

En desacuerdo con la decisión, los recurridos acudieron al Tribunal de Apelaciones y argumentaron que en el ex-pediente no obró prueba que sostuviera el proceder administrativo. Así también, argüyeron que el DRNA ha-bía errado al basar su determinación en evidencia inadmi-sible por considerar que esta era fruto de un registro ilegal. En respuesta, el DRNA expuso que los cazadores no tenían legitimación para presentar esa defensa.

Atendido el recurso, el foro a quo acogió parte de los planteamientos de los recurridos y revocó la resolución de la agencia. El tribunal intermedio razonó que el expediente administrativo no contenía evidencia sustancial que fun-damentara la decisión del DRNA y añadió que el registro que se llevó a cabo fue ilegal puesto que no contó con una orden judicial al efecto ni se configuró ninguna de las ex-cepciones que permiten a las agencias administrativas rea-lizar un registro sin la venia judicial. En cuanto a la auto-rización basada en la querella, pronunció que el DRNA no logró demostrar la existencia de dicha querella. Por lo tanto, resolvió que los vigilantes entraron a la finca Toro Farms sin el consentimiento de su dueño. Al ser así, con-cluyó que estos transgredieron los derechos constituciona-les de los recurridos y, consecuentemente, invalidó los bo-letos emitidos.

No conteste con ese dictamen, comparece la peticionaria mediante el recurso de certiorari de epígrafe y señala:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no considerar la controver-sia de umbral respecto a la ausencia de legitimación de los cazadores recurridos para impugnar la alegada entrada y re-gistro ilegal, previo a adjudicar en los méritos la presunta ilegalidad. Petición de certiorari, pág. 9.

El 21 de octubre de 2011 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pa-samos a resolver la controversia que nos ocupa.

II

A. La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como la Constitución de Puerto Rico, protegen el derecho del Pueblo contra la intromisión indebida y arbitraria del Estado en sus casas, papeles y efectos. Específicamente, la Cuarta Enmienda de la Constitución federal dispone:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrant shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. U.S.C.A. Const. Amend. IV.

Por su parte, la Constitución de Puerto Rico amplia esta protección estableciendo como sigue:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Solo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmi-sible en los tribunales.

En nuestro ordenamiento jurídico, esta protección cons-titucional se considera un valor comunitario de indiscuti-ble jerarquía y, según hemos hilvanado jurisprudencial-mente, consagra varios propósitos fundamentales. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526 (2003). Uno de estos propósitos es disuadir y desalentar a los funcionarios del orden público de incurrir en conducta que viole esta dispo-sición, para así preservar la integridad judicial y evitar la complicidad de los tribunales con respecto a actos de des-obediencia a la Constitución. íd. pág. 539. De igual forma, encarna el principio de impedir al ente gubernamental be-neficiarse de sus actos ilícitos, pues lo contrario resultaría en un menoscabo de la confianza de la ciudadanía en las instituciones que le gobiernan. íd.

En consonancia con la Carta de Derechos de nuestra Constitución, es un axioma jurídico que “todo registro que se efectúe sin una orden judicial se presume irrazonable, correspondiéndole entonces al Estado demostrar su validez”. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454, 462 (2009); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 449 (2009); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Forum, 1991, Vol. 1, Sec. 6.1, pág. 281. Así, “[l]a regla general es ... que todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa”. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). La eviden-cia obtenida en contravención a la cláusula constitucional aludida no tendrá acceso a los tribunales. En otras pala-bras, la prueba que los funcionarios del Estado hayan re-copilado mediante un registro, allanamiento o incautación realizada en contravención al mandato constitucional será inadmisible para probar la comisión de un acto delictivo. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra; Pueblo v. Serrano Reyes, supra. La presencia expresa de esta regla de exclusión en la Constitución de Puerto Rico tiene el efecto inmediato de que no puede ser abolida por la juris-prudencia ni por la Asamblea Legislativa ya que para ello se necesitaría una enmienda constitucional. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal: etapa investigativa, San Juan, Pubs. JTS, 2006, pág. 118.

Ahora bien, es preciso que examinemos cuándo se con-figura un registro, una incautación o un allanamiento que viole el derecho de la ciudadanía a la protección de su persona, casas y papeles. Para responder tal interrogante es imperativo atender las instancias en que una persona puede reclamar el mencionado derecho.

Años atrás, en la jurisdicción federal prevalecía la percepción de que el precepto constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables salvaguardaba únicamente el interés que las personas poseían sobre su propiedad, fundamentándose en el concepto de “trespass” o de penetración en el lugar protegido. Posteriormente, en la decisión Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967), el Tribunal Supremo de Estados Unidos encauzó su análisis al determinar que la Cuarta Enmienda de la Constitución federal no protegía a los lugares sino a las personas, siempre y cuando estas exhibieran una expectativa razonable de privacidad en cuanto al bien o al lugar en que intervino el Estado. No obstante, en United States v. Jones, 132 S.Ct. 945, 181 L. Ed.2d 911 (2012), se aclaró recientemente que Katz no pretendió rechazar el plantea-miento de que la Cuarta Enmienda también protegía el derecho de las personas contra la intromisión física de los agentes del Estado en determinada propiedad. El Tribunal explicó que, más bien, el derecho a la intimidad no era el único interés albergado.

En Puerto Rico hemos resuelto que la cláusula constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables ampara la intimidad de los seres humanos. Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 601, 613 (2009); Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 772 (2006); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co, supra. Similar enfoque está arraigado en Puerto Rico ya desde la confección de nuestra Constitución. Así surge de las expresiones de la Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente cuando, al explicar la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, razonó como sigue:

La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en este círculo privado equi-vale para todo hombre a una violación de su personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su intimidad y que reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus manifestaciones espontáneas a través de los modernos medios mecánicos de comunicación. La lesión de la intimidad es en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamenta-les de la personal

En armonía con lo anterior, hemos reconocido que la protección constitucional en discusión se extiende a la vida íntima y a la santidad del hogar, comprendiendo lo que se ha denominado como “una prolongación de la persona”, protegiendo a ambas y no a la propiedad en sí. Pueblo v. Valenzuela Morel, supra, págs. 538-539. Véase, además, O.E. Resumil de Sanfilippo, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, Orford, Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 205. En otras palabras, determinamos que la cláusula constitucional que veda los registros y allanamientos irra-zonables por parte del Estado “no entraña un derecho propietario”. Pueblo v. Valenzuela Morel, supra, pág. 539. Véase, además, Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.RR. 335 (1976).

En ese contexto, siguiendo el raciocinio de Katz, para que un individuo pueda reclamar el resguardo que le ofrece la Sec. 10 del Art. II de nuestra Carta de Derechos, supra, es necesario que albergue una expectativa razonable de intimidad sobre el objeto o lugar que ha sido registrado o allanado; es decir, que exista un interés personal sobre las propiedades de que se trate. Véase Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág. 612, y casos allí citados. Es por ello que el mero hecho de que el Estado intervenga con un ciudadano no activa automáticamente la protección constitucional. Con ese fin, es inexorablemente necesario comprobar si el individuo que alega haber sido afectado alberga un interés personal de tal envergadura. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág. 464. Con ese marco doctrinal, examinemos los preceptos que deben analizarse para descifrar cuándo se posee dicha expectativa.

En primer lugar, una expectativa razonable de intimidad implica que la persona haya exhibido una expectativa subjetiva de intimidad; no una simple reserva mental, sino una conducta de actos afirmativos que demuestren de manera inequívoca la intención de alojar dicha expectativa. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442 (1999). En segunda instancia, la sociedad tiene que reconocer esa expectativa individual como razonable. íd.

Como pertinente a la controversia que atendemos, igualmente se ha señalado que los ocupantes que se encuentren legítimamente en una propiedad cuando se registra o allana —tales como inquilinos, visitantes del dueño de una residencia o quienes pernoctan en un cuarto de hotel— albergan una expectativa razonable de privacidad en dicho lugar. Véase 6 LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment Sec. 11.3(a), págs. 132—133 (2004). Sobre ello, en Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363, 372 (1992), acogimos las expresiones pronunciadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Minnesota v. Olson, 495 U.S. 91, 98 (1990), respecto a los visitantes:

We stay in others’ homes when we travel to a strange city for business or pleasure, when we visit our parents, children, or more distant relatives out of town, when we are in between jobs or homes, or when we house-sit for a friend. We will all be hosts and we will all be guests many times in our lives. From either perspective, we think that society recognizes that a houseguest has a legitimate expectation of privacy in his host’s home.

Contrario es el caso de quien se encuentra ilegalmente en una propiedad. En ese caso hemos resuelto que no se alberga expectativa de intimidad alguna. Pueblo v. Ramos Santos, supra, págs. 371-372. Ante esa situación, corres-pondería entonces al agraviado demostrar que se encon-traba legalmente en el lugar registrado o allanado. Id. Re-cordemos que dos de los criterios para evaluar si alguien posee una expectativa razonable de intimidad sobre una propiedad particular es determinar si esta persona tiene acceso legítimo a la propiedad y si puede excluir a los de-más de su uso. Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980); Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978). Véase, también, Resumil de Sanfilippo, op. cit, págs. 315-316.

Hemos visto que en referencia a lugares, la Constitución protege a las personas que abrigan un interés personal o una expectativa de intimidad razonable, según lo reco-nozca la sociedad. Ahora bien, nos resta exponer quién tiene la prerrogativa de solicitar la supresión de evidencia fundamentándose en que ocurrió un registro y allana-miento irrazonables.

Nos señala el profesor Chiesa Aponte que solo a quien se le ha violado el derecho constitucional a la protección contra detenciones, registros o incautaciones irrazonables, puede invocar la regla de exclusión, ya que este es el remedio a la disposición de quien sufre la violación de su derecho constitucional. E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 83, 128 (1996). Así lo establecimos en Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 374, cuando enunciamos que según los hechos particulares de ese caso, “[e]l acusado no tenía legitimación activa para solicitar [la] supresión, pues carecía de una expectativa legítima de privacidad”. (Énfa-sis nuestro). Esa conclusión es consecuente con las expre-siones consignadas en el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente, cuando al emitir sus posturas concernientes a la Sec. 10 del Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, supra, aludió al derecho en discusión como un derecho que es personal De la misma forma se pronun-ció el Tribunal Supremo de Estados Unidos, refiriéndose a la Cuarta Enmienda de la Constitución federal:

Fourth amendment rights are personal rights which, like some other constitutional rights, may not be vicariously asserted. A person who is aggrieved by an illegal search and seizure only through the introduction of damaging evidence secured by a search of a third person’s premises or property has not had any of his Fourth Amendment rights infringed. And since the exclusionary rule is an attempt to effectuate the guarantees [of U.S. Const. Amend. IV], it is proper to permit only defendants whose Fourth Amendment rights have been violated to benefit from the rule’s protections. (Citas omitidas)

Es decir, el derecho a la supresión de evidencia funda-mentado en las consideraciones constitucionales expuestas es un derecho personal que solo puede invocarlo su titular. En Puerto Rico, “ ‘no hay factura más ancha’ en cuanto a la exigencia de standing”. Chiesa, supra, pág. 129. Así, he-mos puntualizado que

[e]s esta expectativa razonable de intimidad la que es prote-gida por la disposición constitucional. Por esto, si estamos ante la intervención del Estado con el individuo, hay que de-terminar si la persona, en efecto, tiene el derecho de abrigar la expectativa razonable de que su intimidad sea respetada para que entonces sea acreedor de la protección constitucional. (Enfasis suplido). Rullán v. Fas Alzamora, supra, pág. 772.

Esto “constituye la piedra de toque de esta doctrina constitucional”. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R. 46, 55 (2006).

Evidentemente, una de las virtudes que confiere ser acreedor de los derechos que otorga la protección contra los registros y allanamientos irrazonables es solicitar que se excluya la evidencia obtenida en contravención a la protec-ción misma.

B. Ya adelantamos que en nuestro ordenamiento jurídico pueden ocurrir inspecciones o registros, tanto de índole penal como administrativa. Una inspección administrativa es aquella que se perpetra a través de la presencia física de un funcionario administrativo en la propiedad privada de una persona natural o jurídica que se dedique a una actividad o negocio regulado por el Estado. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág. 493. Conforme a la Sec. 6.1 de la referida Ley Núm. 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2191), se le confirió a las agencias administrativas potestad de realizar inspecciones para asegurarse del cumplimiento de las leyes y los reglamentos que administran, así como de las resoluciones, órdenes y autorizaciones que expidan sin previa orden de registro o allanamiento, únicamente en los casos siguientes:

(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o salud pública;
(b) al amparo de las facultades de licénciamiento, concesión de franquicias, permisos u otras similares;
(c) en casos en que la información es obtenible a simple vista o en sitios públicos por mera observación.

Como observamos, el estatuto enumeró taxativamente las instancias en que una agencia administrativa puede efectuar un registro sin una orden previa. No obstante, es conocido que estas tienen la potestad de promulgar regla-mentos para regir las encomiendas que se les delegó, claro está, dentro del marco de lo estatuido en la precitada ley.

Concerniente al recurso que hoy atendemos, el DRNA es la agencia responsable de implementar la política pública contenida en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo l. Para que pudiera cumplir su cometido, la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 12 L.P.R.A. see. 1201 et seq., creó en el DRNA un organismo con funciones de supervisión, protección, conservación, defensa y salvaguarda de los recursos naturales. Esta pieza legislativa amplió, a su vez, la facultad fiscalizadora del DRNA al consignar en su Art. 5(b)(2) que el Cuerpo de Vigilantes tiene la facultad de arrestar por tentativa o violación a las leyes que administra —cuando ello se haya cometido en su presencia— aplicando en ese sen-tido las leyes que regulan a los agentes del orden público. Además, y de notable importancia a la contro-versia que atendemos, se postula que estos funcionarios podrán entrar en propiedades y aguas del Estado sin que ello constituya trasgresión. Empero, la entrada a propieda-des privadas requiere indefectiblemente el permiso previo del dueño del terreno, excepto en los casos que establece la Sec. 6.1 de la Ley 170-1998, supra, a la cual nos referimos inicialmente.

Es trascendental acentuar que estos registros administrativos o “reglamentarios” también se encuentran delimitados por la normativa atinente a los registros y allanamientos irrazonables. Véase Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra. El hecho de que en una agencia administrativa se tramiten procedimientos de manera más flexible no es razón para obviar dichos mandamientos de arraigo constitucional. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Forum, 2001, Sec. 5.3, págs. 227-228. Acorde con esto, la necesidad de que los vigilantes cuenten con el permiso previo del dueño para poder irrumpir en una finca privada tiene el propósito de salvaguardar la constitucionalidad de las acciones fiscalizadoras del DRNA. Blassini et ais. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág. 469. Así, por ejemplo, en el antedicho caso se presentó una controversia un tanto similar a la que nos ocupa hoy, y establecimos que los vigilantes del DRNA no pueden intervenir con los cazadores en cualquier tiempo y lugar, sino que para ello es necesario que los vigilantes tengan derecho a estar en el lugar en que intervienen con los cazadores. Id., pág. 470. Es por eso que la entrada de los vigilantes a una propiedad privada sin el consentimiento previo del dueño, sin una orden judicial previa o sin que se cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 6.1 de la Ley 170-1998, supra, está vedada en nuestro ordenamiento jurídico. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág. 474.

C. La Ley 170-1998 también regula lo concerniente al procedimiento adjudicativo que se lleva a cabo ante las agencias administrativas. Ciertamente, aunque estos procesos se caracterizan por ser flexibles y económicos, les son oponibles las garantías mínimas que exige el debido proceso de ley, ya que las decisiones administrativas tienen el alcance de afectar los intereses propietarios o libertarios de las personas. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692, 706 (2010); Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002). Esto debe ser así ya que una vista administrativa es el equivalente a un juicio en los tribunales, por lo que inexorablemente debe ajustarse al requisito fundamental de que sea un proceso justo, tal como se ha conducido en los foros adjudicativos desde antaño. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág. 707. Así pues, para hallar la verdad y hacer justicia en todo proceso adjudicativo formal se vindicarán, entre otros, el derecho a ser oído y presentar prueba oral y escrita, a confrontarse con los testigos, a obtener una adjudicación imparcial y a que la decisión se base en el expediente. Sec. 3.1 de la Ley 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2151); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997). Amerita recalcar que el expediente de la agencia constituirá la base exclusiva para la decisión del procedimiento adjudicativo, así como para una posterior revisión. Sec. 3.18 de la Ley 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2168).

Por su parte, en el caso que nos ocupa, el DRNA adoptó el Reglamento Núm. 6442, conocido como el Reglamento de Procedimientos Administrativos del DRNA. Este, en su Art. 27.7, dispone que durante una vista administrativa el representante del interés público tiene la responsabilidad de probar que la violación imputada ocurrió según se alegó en la orden o querella que dio lugar al procedimiento. Id. Además de esto, la agencia tiene la carga de probar que la penalidad aplicada es la apropiada. íd. Así pues, una vez se haya establecido un caso prima facie contra el querellado, este último tiene la responsabilidad de presentar y soste-ner cualquier defensa a su favor. íd.

Por último, nos resta exponer la delimitación de nuestra facultad revisora en cuanto a las decisiones administrativas. Como regla general, al revisar la decisión daremos deferencia a las determinaciones de hecho razonables de la agencia, esto es, que estén sustentadas con evidencia sustancial. Sec. 4.5 de la Ley 170-1988 (3 L.P.R.A. sec. 2175). Véase, también, Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). Tengamos presente que evidencia sustancial es aquella que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. íd. El propósito principal de esta doctrina es evitar sustituir el criterio del organismo administrativo especializado por el del foro judicial revisor. Hernández, Alvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615 (2005). No obstante, tal deferencia cede cuando: (1) la decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. En caso de que no nos encontremos ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, se debe sostener la que seleccionó la agencia concernida, íd. Sin embargo, podemos revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la Ley 170-1998, supra. Empero, en ese ejercicio, es imperioso otorgar gran peso y deferencia a las interpretaciones que realiza una agencia en cuanto a los reglamentos y leyes que administra. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 615. Al ser así, si la interpretación legal concebida es razonable, debemos acatarla, cosa que no ocurrirá en caso de que el organismo administrativo: (1) haya errado en la interpretación de la ley; (2) actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesione los derechos constitucionales fun-damentales de los ciudadanos. íd., pág. 616.

III

En el presente caso se cuestiona la legitimación de los recurridos para alegar que se infringieron sus derechos constitucionales, fundamentándose en la protección contra los registros y allanamientos irrazonables. Sostiene el Es-tado que el foro apelativo debió pasar juicio sobre ese asunto antes de dirimir los méritos de la controversia.

Como discutimos, la prohibición a los Vigilantes del DRNA, en cuanto a que no pueden acceder a fincas priva-das sin el consentimiento del dueño, existe para vindicar el derecho constitucional de las personas contra los registros y allanamientos irrazonables. Por lo tanto, al ser esto así, se deduce que cualquier defensa que se presente para im-pugnar las actuaciones de los vigilantes, cuya base sea el quebrantamiento de dicho derecho, debe ir enmarcada dentro del desarrollo jurisprudencial referente a esta ga-rantía constitucional. Así pues, si bien resolvimos en Blas-sini et ais. que los vigilantes deben tener derecho a estar en el lugar en que intervienen con los cazadores, no toda persona está legitimada para presentar una defensa ba-sada en que estos penetraron una finca privada sin per-miso del dueño. Arribamos a tal conclusión puesto que, se-gún expusimos, la cláusula constitucional que protege a los ciudadanos contra los registros y allanamientos irrazona-bles protege el derecho de intimidad que posea el agra-viado en el lugar que ha sido registrado o allanado. Esto significa que solo tal persona es acreedora de exigir lo que la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, supra, concede, esto es, la exclusión en un procedimiento judicial de toda evidencia que tenga relación con la intervención ilegal del Estado.

El caso que nos ocupa no presenta un cuadro conforme a las doctrinas esbozadas. Nótese que aquí los recurridos lo que alegan es que los vigilantes no tenían permiso para entrar a la finca donde fueron intervenidos. En los proce-dimientos ante la agencia, los recurridos no ofrecieron prueba suficiente para demostrar que poseían expectativa de intimidad alguna sobre la finca Toro Farms. Si bien la jurisprudencia reconoce que en virtud de la garantía cons-titucional contra los registros y allanamientos irrazonables un visitante tiene la expectativa de que su intimidad no será perturbada por personas ajenas a su anfitrión los cazadores recurridos no lograron convencer a la agencia administrativa de que estaban en esa finca con la anuencia de su dueño. Veamos.

El Reglamento Núm. 6765 del DRNA, conocido como el Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe cazar en fincas privadas sin el permiso del dueño y añade que el cazador deberá proveer información sobre el nombre, número de teléfono y lugar donde se pueda contactar al dueño o a la persona que le autorizó, de manera que dicha autorización se pueda corroborar posteriormente. Según el testimonio del vigilante Rivera, la autorización de los recurridos para cazar en Toro Farms nunca pudo corroborarse. En la vista este atestiguó:

De la misma finca, de la misma finca, procedemos a comuni-carnos con el señor Toro, como es información corroborable, nosotros procedemos a llamarlo a él y él indica que no ha au-torizado a nadie. Por eso es que yo procedo a expedir los boletos. Porque él no autorizó a nadie.

Los recurridos atestiguaron lo contrario, pero no nos en-contramos en posición de sustituir el criterio del DRNA en cuanto a la credibilidad que la agencia le otorgó a sus testimonios. La decisión de la agencia en cuanto a esta determinación de hechos en particular no fue irrazonable ni arbitraria, por lo que le damos deferencia. Recuérdese que el Sr. Milton Toro, alegado dueño de la finca, tampoco fue llevado a la audiencia para que ofreciera su versión de los hechos. De esta manera es ineludible la conclusión de que los recurridos no eran personas con un interés prote-gido sobre ese predio. En este caso los vigilantes entraron a la finca Toro Farms, sobre la cual los recurridos no demos-traron albergar ningún tipo de interés o expectativa de in-timidad al no probar que se encontraban legítimamente allí. Por lo tanto, la conducta de dichos agentes no com-prometió ninguna expectativa razonable de intimidad alo-jada por los recurridos. De igual manera, estos tampoco demostraron poseer control, dominio o posesión legítima sobre la finca Toro Farms de manera que el Estado estu-viera impedido de invadirla sin su previo consentimiento o sin que se emitiera una orden judicial al efecto.

Concluido lo anterior, y teniendo en cuenta que una persona que se encuentre ilegalmente en un lugar no tiene expectativa razonable de intimidad que se deba proteger, es forzoso colegir que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que los recurridos podían presentar una defensa amparada en la disposición constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables, ya que no tenían legitimación para presentarla. Ahora bien, aunque hemos colegido que le asiste la razón a la peticionaria en cuanto a ese aspecto, lo anterior no dispone de la controversia. La Oficina del Procurador General también nos solicita que, conforme a esa conclusión, revoquemos en su totalidad la sentencia del foro apelativo. Sin embargo, como veremos, ello no es suficiente para acceder a lo solicitado. El hecho de que los recurridos no pudieran presentar esa defensa no significa que estuvieran impedidos de litigar su caso ante el DRNA.

En la controversia que nos ocupa se imputó a los recu-rridos cometer la falta de cazar en una finca privada sin el permiso del dueño. Conforme al Reglamento de Procedi-mientos Administrativos del DRNA, la agencia tenía el peso de la prueba para sostener las sanciones impuestas a los cazadores. Es decir, una vez los recurridos impugnaron los boletos, le incumbía al representante del interés pú-blico presentar prueba preponderante para sostener la va-lidez de las faltas administrativas imputadas. La Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley 241-1999 define “caza deporti-va” en su Art. 1.07 como la “[a]ctividad recreativa autori-zada por el Secretario en la cual el participante, llamado cazador deportivo, utiliza un arma para hacer presa un animal de caza durante las temporadas establecidas por el Secretario”. Por lo tanto, era indispensable que se pre-sentara prueba referente a que los recurridos incurrieron en dicha actividad en la finca donde fueron interceptados por los vigilantes, para que se pudiera establecer un caso prima facie en su contra.

Como sabemos, en los procedimientos adjudicativos que se llevan a cabo en las agencias administrativas no aplican las reglas de evidencia de la manera en que operan en los tribunales, pero, los principios fundamentales de estas se podrán utilizar para lograr una solución más rápida y eco-nómica de la controversia. Véase Sec. 3.13(f) de la Ley 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2163(f)). Así también lo establece el Reglamento de Procedimientos Administrativos del DRNA en su Art. 27.3c.

Un principio recogido en la Regla 110(H) de Evidencia de Puerto Rico es que un hecho puede probarse ya sea me-diante evidencia directa o evidencia circunstancial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(h). Esa disposición establece que

[cjualquier hecho en controversia es susceptible de ser de-mostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia in-directa o circunstancial. Evidencia directa es aquélla que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a demostrar el hecho en controversia pro-bando otro distinto, del cual por sí o, en unión a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.

Como bien menciona esta regla, la evidencia directa es aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción, y que de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. En palabras del profesor Chiesa, este tipo de evidencia se refiere a “aquella que de ser creída por el juzgador, establece el hecho a ser probado sin ulterior consideración”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 102. Por otro lado, la característica fundamental de la prueba circunstancial es que, aunque fuera creída, no es por sí suficiente para probar el hecho. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 719 (2000). Más bien, en esos casos se requiere un proceso de inferencias razona-bles o un razonamiento basado en la experiencia, lo que en unión a otra evidencia, podría llevar al juzgador a concluir que ocurrió un hecho particular. Id. Se ha reconocido que la prueba circunstancial es intrínsecamente igual que la prueba directa y, por lo tanto, se evalúan según el mismo criterio. íd., pág. 720 y casos allí citados. Al ser así, ambos tipos de prueba son factibles para probar un hecho ya sea en un litigio civil o criminal, y añadimos, en uno administrativo. Id., pág. 720. Dentro de esta perspectiva, contestemos la interrogante de si se llegó a establecer un caso prima facie en contra de los recurridos.

Durante la vista administrativa de este caso única-mente se presentó prueba testimonial. La misma consistió en los testimonios de los cazadores recurridos y el testimo-nio del vigilante Rivera, quién atestiguó por parte del DRNA. Si bien la prueba que allí se presentó apoyó la con-clusión de que los vigilantes intervinieron con los recurri-dos en la finca Toro, entendemos que esta no fue suficiente para poder dictaminar que los recurridos cometieron la in-fracción de cazar ilegalmente en ese lugar.

El DRNA tenía la obligación de demostrar, ya fuera me-diante evidencia directa o evidencia circunstancial, que los recurridos cazaron en la finca Toro. Durante la vista no se presentó evidencia directa sobre ese particular, pues el propio vigilante Rivera atestó que no vio a los recurridos “matar ningún animal”. Por lo tanto, la evidencia que presentó el DRNA en cuanto a esto fue más bien circuns-tancial y consistió en el testimonio de este mismo vigilante a los efectos de que encontró a los recurridos en la finca Toro, con armas de caza y con ciertas presas. Por su parte, en todo momento durante la vista administrativa estos úl-timos indicaron que estuvieron cazando en la finca Ruiz y que solo pasaron a la finca Toro para recoger el producto de la caza. Conforme a lo anterior, entendemos que la prueba circunstancial ofrecida por el DRNA no es suficiente para que se sostengan las multas expedidas en contra de los recurridos por haber cazado en la finca Toro sin permiso de su dueño, pues la misma no está apoyada por otra prueba que nos lleve a concluir razonablemente que ello ocurrió así y no existe en el expediente otra evidencia sustancial que apoye una determinación contraria a esta. En conclu-sión, al examinar la transcripción de la vista administra-tiva observamos que la prueba presentada por el DRNA no constituyó “evidencia sustancial” en cuanto a las faltas que se imputaron a los recurridos.

El análisis que precede nos conduce a modificar la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que los ca-zadores no poseían legitimación para impugnar la entrada de los vigilantes en la finca Toro Farms, ya que dicha de-fensa opera en función de la expectativa razonable de inti-midad o el interés personal que estos tuvieran sobre esa propiedad, cosa que no se logró establecer en este caso. Por otro lado, aunque por distintos fundamentos, sostenemos la determinación del foro intermedio referente a que en el expediente administrativo no obró prueba sustancial que sostuviera la validez de las penalidades emitidas contra los recurridos.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones para disponer que los recurridos no tienen legitimación para solicitar el ar-chivo de las faltas administrativas fundamentándose en una violación al derecho constitucional que prohíbe los re-gistros y allanamientos irrazonables. Esto es así, ya que no poseían una expectativa razonable de intimidad ni interés alguno sobre la finca allanada. Así modificado, se confirma el dictamen recurrido.

Se dicta sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton

concurrió con la expresión siguiente: “Estoy de acuerdo con dejar sin efecto las multas impuestas. Sin embargo, concurro por en-tender que, en este caso, la evidencia que obra en el expe-diente no es suficiente para establecer que los cazadores recurridos estaban practicando el deporte de caza en el lu-gar donde se les imputa haberlo hecho. Por consiguiente, cualquier discusión sobre la expectativa de intimidad de los recurridos resulta especulativa”. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez concurrió con la expresión si-guiente: “Concurro con el resultado porque entiendo que el Estado no logró probar que los recurridos se hallaran ca-zando sin autorización del dueño en la propiedad del Sr. Milton Toro. Una vez determinada la carencia de evidencia sustancial que hubiese permitido sostener las multas, con-sidero que los pronunciamientos sobre la legitimación de los recurridos para impugnar los boletos son innecesarios”. La Juez Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

       Según discutiremos más adelante, hubo controversia en cuanto a este hecho particular.

       Apéndice, pág. 119.

       Trascendió en la vista administrativa que para probar que se había presen-tado la querella, el representante del Departamento de Recursos Naturales y Am-bientales (DRNA) ofreció únicamente la copia del documento que evidenciaba el re-cibimiento de la llamada del Sr. Milton Toro, razón por la cual la Oficial Examinadora no lo admitió como evidencia. Empero, el vigilante Rivera testificó sobre su conocimiento en cuanto a la llamada, aunque mencionó que no la había atendido personalmente. La importancia de esa querella radicaba en que era en esta que los vigilantes se amparaban para sostener que estaban autorizados para entrar a la finca.

       Por otra parte, la agencia dictaminó que los vigilantes podían entrar e ins-peccionar la finca Toro Farms en virtud de las disposiciones legislativas que permi-ten a las agencias administrativas inspeccionar y fiscalizar todas aquellas activida-des que les compete regular. Esta interpretación fue descartada por el Tribunal de Apelaciones por no estar conforme con la jurisprudencia establecida en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454 (2009), donde dispusimos que la caza deportiva no es una actividad estrechamente reglamentada por el Estado.

       En su recurso de revisión judicial señalaron los errores siguientes:
      1. “Erró el DRNA en vista de los hechos que la evidencia obtenida por el DRNA es admisible en virtud de la sección 6.1 de la Ley de procedimientos Administrativos Uniformes, 3 L.P.R.A. see. 2191”.

        2. “Erró el DRNA al entender que el caso de H.C.M.A. (P.R.), Inc. etc. v. Contralor, 133 D.P.R. 945 valida el registro ilegal por parte de los agentes del DRNA”.
      3. “Erró el DRNA en la interpretación y aplicación de la doctrina en Pueblo v. Ferreira Morales, 147 D.P.R. 238 (1998)”.
      4. “Erró el DRNA al entrar a resolver sobre la evidencia ilegalmente obtenida por agentes del DRNA si el fundamento descanza (sic) sobre la sección 6.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (supra) Y el caso de Pueblo vs. Ferreira Morales, 147 DPR 238 (1998)”.
      5. “Erró el DRNA al admitir prueba de todos modos inadmisible”.
      6. “Erró el DRNA al permitir violar el debido proceso de ley en el presente caso y ganar acceso a prueba fuera del registro”.
      7. “Erró el DRNA en la creación de derecho o aplicación de derecho por analogía”.
      8. “Erró el DRNA en su argumentación [sic] sobre aspectos de dificultad para hacer su trabajo”. Apéndice, pág. 70.

       Durante la vista administrativa la Oficial Examinadora denegó la admisión en evidencia de la copia del documento que evidenciaba la querella presentada por el Sr. Milton Toro, por no ser el documento original. Así, pues, esta se propuso tomar conocimiento oficial del contenido del expediente administrativo. En cuanto a esto, el Tribunal de Apelaciones señaló que la Oficial Examinadora erró al proceder de esa manera, puesto que la existencia de la querella era un hecho que se encontraba en controversia, por lo que no se podía tomar conocimiento oficial de este.

       Se cataloga la Constitución de Puerto Rico como una de factura más ancha. Véase E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 83 (1996).

       Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 326-327.

       Véanse, también: Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352, 358-359 (1992); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, Sec. 6.2, pág. 285.

       Véanse: United States v. Jones, 132 S. Ct. 945, 181 L. Ed. 2d 911 (2012); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal, etapa investigativa, San Juan, Pubs. JTS, 2006, págs. 102-108.

       La jurisprudencia puertorriqueña utiliza en ocasiones el término “privaci-dad” e “intimidad” como sinónimos. En la jurisdicción de Estados Unidos se utiliza el termino “privacy” de manera uniforme. Véase J.J. Álvarez González, Derecho cons-titucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 694.

       Este análisis surge de la opinión concurrente del Juez Harlan en ese caso.

       En este caso se mencionó lo siguiente: “a trespass on ‘houses’ or ‘effects,’ or a Katz invasion of privacy, is not alone a search unless it is done to obtain information; and the obtaining of information is not alone a search unless it is achieved by such a trespass or invasion of privacy”. United States v. Jones, supra, esc. 5.

       Téngase presente que en Puerto Rico el derecho a la intimidad es consus-tancial a la declaración constitucional relativa a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano establecida en la Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y en la See. 8 del Art. II, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 317, que dispone que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. En ese sentido, la protección constitucio-nal contra los registros y allanamientos irrazonables surge también de ambas secciones. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R. 46, 53 esc. 5 (2006); Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 770-771 (2006).

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567 (1952).

       Véanse, además: Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Lunzón, 113 D.P.R. 315 (1982); U.S. v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987).

       Otros de los criterios son:
      1. Si el lugar registrado es uno donde una persona prudente y razonable puede esperar que esté exenta de intrusión gubernamental.
      2. Si la persona ha tomado algunas medidas o precauciones para mantener su privacidad en el lugar registrado.
      3. Si la persona razonablemente espera estar protegida en su intimidad en el lugar registrado.

       Véase, también, D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 9na ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2011, Sec. 7.38, pág. 87.

       En el informe se menciona que “[l]as garantías personales frente al arresto, el registro, la incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta criminal”. Diario de Sesiones, supra, págs. 2567-2568.

        Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 133-134 (1978).

       Véase Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, op. cit., pág. 315.

       Véase Sec. 1.2 de la Ley 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2101).

       Según dispone el Art. 3 de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972 (3 L.P.R.A. secs. 151 y 153). Esta disposición constitucional preceptúa:
      “Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mis-mos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asam-blea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propó-sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al trata-miento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 440.

       Véase 12 L.P.R.A. sec. 1205(b)(2).

       Citando a B. Swartz, Administrative Law, 3ra ed., Boston, Ed. Little Brown, 1991, pág. 311 y a D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 155.

       El “expediente” comprende los documentos que no hayan sido materia exenta de divulgación por una ley y otros materiales relacionados con un asunto que esté o haya estado ante la consideración de la agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2102(c).

       Reglamento Núm. 6442 de 26 de abril de 2002.

        Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363, 372 (1992).

       Reglamento Núm. 6765 del Departamento de Estado de 11 de febrero de 2004.

       Transcripción de la vista administrativa del 29 de mayo de 2009, CD. #1, pág. 25, Apéndice, Pieza 2, pág. 475.

       Durante la vista administrativa, los recurridos testificaron que los vigilantes registraron sus bultos y pertenencias. No obstante, su contención principal tra-taba sobre la autoridad de los vigilantes para entrar a la finca en la que fueron intervenidos. Aun así, de su propio testimonio surge que si bien en un principio cuestionaron el registro que se llevó a cabo en cuanto a sus efectos, posteriormente, estos consintieron a este. Véase Transcripción de la vista administrativa del 10 de febrero de 2009, CD #1, pág. 12, Apéndice, Pieza 2, pág. 363.

       12 L.P.R.A. sec. 107(d).

       Esta disposición preceptúa que las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas pero que los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica del procedimiento.

       Transcripción de la vista administrativa del 29 de mayo de 2011, CD#2, pág. 26, Apéndice, Pieza 2, pág. 512.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Roberto L. García Vega, recurrido.

      Número: CC-2012-0038

      Resuelto: 10 de septiembre de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Daphne M. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar; Roberto Alonso Santiago, Héctor Vega Pabón y Heriberto Sepul-veda, abogados de Roberto L. García Vega, recurrido. .
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por con-ducto del Procurador General, y solicita la revisión de una sentencia que confirmó la desestimación del pliego acu-satorio sometido contra el Juez Superior, Hon. Roberto García Vega, por violación de los Arts. 4.02, 5.07, 7.01 y 7.05 de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. secs. 5102, 5128, 5201 y 5205. El Tribunal de Apelaciones, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, fundamentó la desestimación en una alegada violación de los términos de juicio rápido.

La presente controversia nos permite resolver, por pri-mera vez, si un referido a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para que ausculte si procede la designación de un Fiscal Especial Independiente (F.E.I.) constituye justa causa para prorrogar los términos de jui-cio rápido. Evaluada la controversia, resolvemos en la afirmativa.

I

Al recurrido, Roberto García Vega, se le denunció por violar los Arts. 4.02, 5.07, 7.01 y 7.05 de la Ley 2-2000, supra. Al momento de los hechos, ocurridos el 28 de enero de 2011, García Vega se desempeñaba como Juez Superior en Utuado. Alegadamente, ese día, a eso de las 11:15 p.m., el recurrido García Vega transitaba por la Avenida Fernán-dez Juncos, intersección con la Avenida Roberto H. Todd en Santurce, cuando impactó con su vehículo Toyota Yaris el automóvil Mitsubishi Montero que conducía la Sra. Lu-ciana Genau Castro. Se alega que el recurrido García Vega no se detuvo al momento de ocasionar el accidente, sino que continuó la marcha y fue detenido aproximadamente seis cuadras más adelante por el agente Edwin Medina Rosado.

Según se alega, en el momento en que el agente Medina Rosado detuvo al recurrido García Vega, le hizo las debidas advertencias de ley tras sospechar que conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. Acto seguido, le indicó que procedería a hacerle una prueba para determinar el nivel de alcohol en su organismo. El recurrido García Vega solicitó que se le administrara la prueba de sangre. Por ello, bajo la custodia del agente Medina Rosado, el recu-rrido García Vega fue transportado a la División de Trán-sito de San Juan. Al llegar allí, supuestamente le indicaron que no tenían los materiales para realizar la prueba de sangre. Se alega que el agente Medina Rosado solicitó al recurrido García Vega que se sometiera a la prueba de aliento (Intoxilyzer), pero este se negó. Insistió en que la única prueba que se realizaría sería la de sangre.

Así pues, el agente Medina Rosado procedió a suscri-birle una citación escrita al recurrido García Vega. De ella se desprende que debía comparecer a la vista de determi-nación de causa probable para arresto (Regla 6) ante el Tribunal de San Juan, Sala de Investigaciones, el 10 de marzo de 2011 a las 10:00 p.m. Supuestamente el 28 de enero de 2011 el agente Medina Rosado citó verbalmente y por escrito al recurrido García Vega para que compareciera el 10 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m. a la celebración de la vista de causa para arresto en su contra. Alegadamente, esa fue la fecha que acordaron ambos luego de auscultar varias por la apretada agenda del recurrido García Vega.

En la citación firmada por el agente Medina Rosado, se reseñó que había motivos fundados para creer que el recu-rrido García Vega conducía un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas. También se incluyeron las advertencias de ley y se apercibió al recurrido García Vega que de no comparecer en la fecha, hora y lugar indicado se expediría una orden de arresto en su contra.

El 10 de marzo de 2011, a las 10:00 a.m., se personaron al tribunal los testigos de cargo y la perjudicada. El recu-rrido García Vega no se presentó al tribunal, pues su cita-ción indicaba que la vista se celebraría a las 10:00 p.m. Debido a la incomparecencia del recurrido García Vega, la vista de causa probable no se celebró.

Ahora bien, surge del expediente que ese día los fiscales entrevistaron a la peijudicada. Del diálogo surgió la posi-bilidad de que se imputara al recurrido García Vega un cargo adicional por violar el Art. 7.06 de la Ley 22-2000 (9 L.P.R.A. sec. 5206) (grave daño corporal a un ser humano). Como el recurrido García Vega es un funcionario público, la Fiscalía refirió el Asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Ese trámite es com-pulsorio para funcionarios públicos, como el recurrido Gar-cía Vega, que están cubiertos por las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente (F.E.I.), 3 L.P.R.A. sec. 99h et seq.

El 12 de abril de 2011 la División de Integridad Pública comunicó que las heridas que sufrió la señora Genau Castro no eran de naturaleza grave. Por ello, no procedía el referido al Panel del F.E.I. Con esa aclaración, el Ministe-rio Público procedió con el trámite de rigor y reprogramó la vista.

El 9 de mayo de 2011 se celebró la audiencia. Tras su celebración, se determinó causa probable contra el recu-rrido García Vega y se presentaron denuncias por los Arts. 4.02, 5.07, 7.01 y 7.05 de la Ley 22-2000, supra. El juicio en su fondo se pautó para el 14 de junio de 2011. El recurrido García Vega presentó dos mociones de desestimación al amparo de las Reglas 64(n)(2) y 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En la primera de ellas alegó que transcurrieron más de sesenta días desde que se expi-dió la citación sin que se presentaran las denuncias. Ex-plicó que el término para computar los sesenta días de jui-cio rápido comenzó el 29 de enero de 2011, fecha cuando se expidió la citación, pero no fue hasta el 9 de mayo de 2011 que se sometió el caso ante un magistrado. Por consi-guiente, concluyó que transcurrieron cien días desde la fe-cha de la citación y la fecha en que se celebró la vista de causa probable para arresto. En la segunda moción al am-paro de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, puntualizó que la prueba desfilada en la vista de causa probable para arresto fue insuficiente para encontrarlo in-curso en violación de los Arts. 4.02, 5.07, 7.01 y 7.05 de la Ley 22-2000, supra.

El Ministerio Público se opuso. En síntesis, argüyó que durante la vista de determinación de causa probable para arresto se colocó al tribunal en condición de concluir que el recurrido García Vega cometió los delitos imputados. En cuanto a la supuesta violación del término estatutario para presentar la denuncia, el Ministerio Público adujo justa causa para la demora. Explicó que esta se debió al referido que tuvo que hacer a la División de Integridad Pública para que evaluara si procedía el cargo por el Art. 7.06 de la Ley 22-2000, supra.

El día pautado para el inicio del juicio, ambas partes argumentaron sobre las mociones presentadas. En sínte-sis, el Ministerio Público expuso que a pesar de que la ci-tación contenía un error en cuanto a la hora de la vista de causa probable para arresto, el agente Medina Rosario citó verbalmente al recurrido García Vega para las 10:00 a.m. Añadió que aunque los términos de la Regla 64(n)(2), supra, comenzaran a contarse desde el 28 de enero de 2011, hubo justa causa para la dilación debido al referido que tuvo que hacerse a la División de Integridad Pública. Por su parte, la defensa concentró su argumentación en la dis-cusión de jurisprudencia referente a desde cuándo un im-putado de delito “está sujeto a responder” (held to answer) y en sostener que no habían motivos para el referido a la División de Integridad Pública, por lo que, a su parecer, no hubo justa causa para la dilación.

Tras oír a las partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia. En ella, declaró “con lugar” la solicitud de desestimación que presentó la defensa al amparo de la Re-gla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que se violó el derecho a juicio rápido del recurrido García Vega, ante la falta de diligencias e irregularidades imputables al Estado. Como consecuencia, se desestimó con perjuicio el caso al amparo de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, se dejó sin efecto el señalamiento del juicio y se declaró académica la consideración de la solicitud de desestima-ción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra.

Inconforme con esa determinación, el Ministerio Público presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que erró el foro primario al desestimar la acción por violación de los términos de juicio rápido. También planteó que el foro primario incidió al resolver que la suspensión de la vista de causa probable para el arresto era imputable al Estado. Por último, y en la alter-nativa, alegó que erró el tribunal al no establecer que el plazo dispuesto en la Ley Núm. 2 para atender un referido a la División de Integridad Pública se sobrepone a los tér-minos de rápido enjuiciamiento, o que al menos constituye justa causa para extenderlos.

El foro apelativo intermedio expidió el recurso y con-firmó la determinación del foro primario. Resolvió que el error de haber citado por escrito al recurrido para una vista a las 10:00 p.m., pero la cual se llamó a sala a las 10:00 a.m., era imputable al Estado. Razonó que el recu-rrido García Vega no se ausentó voluntariamente al seña-lamiento y que, por lo tanto, ello no interrumpió los térmi-nos de juicio rápido. Asimismo, determinó que no tiene fundamento jurídico válido el argumento de que el plazo para procesar el referido a la División de Integridad Pú-blica se sobrepone al de juicio rápido. Por ello, entendió que ese referido no constituyó justa causa para la demora pues no se evidenciaron los motivos que propulsaron el referido.

Todavía inconforme, el Procurador General presentó una petición de certiorari ante este Tribunal. En síntesis, imputó al foro apelativo intermedio cometer los mismos errores que cometió el Tribunal de Primera Instancia. Or-denamos al recurrido García Vega que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Oportunamente este compareció. Con el beneficio de los argumentos de am-bas partes, pasamos a resolver.

II

Por regla general, la facultad y responsabilidad de investigar, acusar y procesar una alegada conducta constitutiva de delito público recae en la persona del Secretario de Justicia y de los fiscales adscritos al Departamento de Justicia. Pueblo v. Rexach Benitez, 130 D.P.R. 273 (1992). Véase, además, la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley 205-2004 (3 L.P.R.A. sec. 291 et seq.). Sin embargo, ante los múltiples conflictos de intereses que la historia demostró que se suscitaron para encausar a fiincionarios gubernamentales, el legislador entendió prudente crear una figura ajena que se encargara de hacerlo. Así, “[l]a Ley Núm. 2, supra, creó la figura del F.E.I. con el propósito de prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictivo o indebido de los funcionarios gubernamentales, a fin de restaurar la confianza del Pueblo en su gobierno y en sus servidores públicos”. Pueblo v. Torres Santiago, 175 D.P.R. 116, 124 (2008). Véase, además, In re Invest, ex Alcalde Vega Alta, 158 D.P.R. 666, 671-672 (2003). Específicamente, esta ley confirió autoridad al F.E.I para “acudir a los tribunales de justicia, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [e] instar las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos ante su consideración”. Pueblo v. Torres Santiago, supra, pág. 124. Véase, además, Art. 3 de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99j).

El Art. 4(1) de la mencionada Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99k) faculta al Secretario de Justicia para que lleve

... a cabo una investigación preliminar en todo caso en que reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pú-blica y el erario público, por alguno de los siguientes funciona-rios:
(h) jueces, y
(i) todo individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, a quien se le impute la comisión de cual-quier delito grave y menos grave incluido en la misma transac-ción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la fun-ción pública y el erario público, mientras ocupaba uno de los cargos enumerados, sujeto a que la designación del Fiscal Especial se haga dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que dicho individuo cesó en su cargo. La fijación de este plazo en nada altera el término prescriptivo de la acción criminal que corresponda contra el funcionario o individuo. (Énfasis nuestro).

Particularmente, la investigación preliminar que hace el Departamento de Justicia recae en manos de su División de Integridad Pública. Esta oficina se creó mediante la Orden Administrativa 95-01 de 23 de enero de 1995 y se encarga de investigar fimcionarios o exfuncionarios cubiertos por la Ley Núm. 2. Véase http:// www.justicia.pr.gov/rs_template/v2/FiscalGeneral/Int_ Pub.html. Esta división se encarga de hacer la investigación y, una vez la concluye, recomienda al Secretario de Justicia que en los casos en que se hayan cometido delitos graves se refiera el asunto al Panel del F.E.I. para que determine si asigna la investigación a un F.E.I. para su procesamiento criminal.

El Art. 8(1) de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99o(1)), dispone que “[p]ara determinar si existe causa para conducir una investigación preliminar, el Secretario de Justicia considerará los siguientes factores: (a) [l]a seriedad de la imputación que se hace; (b) el grado de participación que se le imputa [a la persona investigada]; (c) los datos y hechos en que esté basada la imputación [, y] (d) la credibilidad de la persona que formula la imputación y de otras fuentes de información”.

A su vez, la ley impone al Secretario de Justicia la obli-gación de completar la investigación preliminar en un tér-mino de noventa días. Art. 8 de la Ley Núm. 2, supra. Ahora bien, ese término podrá ser prorrogado por un plazo adicional no mayor que el original si por la naturaleza del caso o su complejidad no se puede completar dentro del término original. Id.

En caso de que el Secretario de Justicia, luego de recibir una querella o imputación contra cualquier funcionario, empleado, exfuncionario o exempleado, no tome acción al-guna en el término de noventa días o en el término no mayor de ciento ochenta días cuando hubiese obtenido una prórroga, deberá someter todo el expediente investigativo al Panel, que determinará si procede el nombramiento de un F.E.I. que lleve a cabo la investigación y procesamiento que sea necesario para la disposición de la querella. Art. 9 de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99p). Así pues, el F.E.I. no pierde su jurisdicción ni está legalmente impedido de pre-sentar cargos contra funcionarios públicos únicamente por-que el Secretario de Justicia no haya finalizado la investi-gación preliminar en el plazo dispuesto o extendido por una prórroga. La consecuencia del incumplimiento con el término por parte del Secretario de Justicia es que pierde su facultad para investigar y debe remitir el caso al Panel del F.E.I., para que este, a su vez, determine si procede realizar una investigación preliminar. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860, 876 (1998).

Concluida la investigación preliminar, el Secretario de Justicia remitirá un informe y el expediente del caso al Panel. Art. 4 de la Ley Núm. 2, supra. Hará esto aunque su recomendación sea que no se designe un F.E.I. Íd. Luego de recibir el expediente del caso y el informe del Secretario de Justicia, corresponde al Panel determinar si procede o no la designación de un F.E.I. Art. 11 de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99r). De la misma forma, el F.E.I. estará a cargo de la investigación y determinará si deben presen-tarse denuncias en contra del funcionario investigado. Por consiguiente, es el F.E.I. quien “tendrá jurisdicción exclu-siva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se le asigne”. (En-fasis nuestro). Art. 13 de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99t).

III

El Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, está basado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, y garantiza el derecho de todo acusado a un juicio rápido. Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 140 (2011); Pueblo v. Carrión, 159 D.P.R. 633, 639 (2003). Cónsono con ese mandato, el legislador puertorriqueño instrumentó en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, “unos términos razonables que rigen el alcance del referido precepto constitucional a lo largo de las distintas fases del procedimiento penal”. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 639. Por ello, “[e]l derecho ajuicio rápido no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito”. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1975).

El derecho a juicio rápido persigue un propósito dual. Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781, 789 (2001). Se “ampara tanto al acusado como a la sociedad”. Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243, 249 (2000). “Por un lado, se procura proteger al acusado contra su detención opresiva, se minimizan sus ansiedades y preocupaciones, y se reducen las posibilidades de que su defensa se afecte”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 789. Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 141; Pueblo v. Rivera Santiago [II], 176 D.P.R. 559, 570 (2009); Pueblo v. Carrión, supra, pág. 640; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432 (1986). Por el otro, se intentan satisfacer “las exi-gencias sociales de enjuiciar con prontitud a quienes son acusados de violentar sus leyes”. Pueblo v. Valdés et al., supra. A eso se suma el interés de evitar, “que una demora indebida haga más difícil para el Estado el procesamiento efectivo de los criminales, al dificultarse la prueba de los cargos más allá de duda razonable”. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 640. Véase, además, G. González Colón, El dere-cho a juicio rápido en el procedimiento criminal, 48 Rev. Jur. U.P.R. 645 esc. 1 (1979).

En múltiples ocasiones hemos expresado “que el derecho a un juicio rápido cobra vigencia desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder {held to answer)”. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 569. Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 141; Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 248; Pueblo v. Candelaria, 148 D.P.R. 591, 597 (1999); Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 818 (1993); Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 321-322 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 431. Se entiende “que una persona, natural o jurídica, está ‘sujeta a responder’ cuando está obligada a contestar una acusación o denuncia o está ex-puesta a ser convicta”. Pueblo v. Miró González, supra, pág. 818. Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 141; Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 569; Pueblo v. Carrión, supra, pág. 640; Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 788; Pueblo v. Carmen Céntrale, Inc., 46 D.P.R. 494, 498 (1934).

Particularmente, en Pueblo v. Opio Opio, supra, pág. 170, se sentó la base de que la citación inicia el curso del término de sesenta días que tiene el Estado para presentar la acusación o denuncia. Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 141; Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 322; Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173, 177 (1976). En otras palabras, “esta protec-ción constitucional se activa cuando se pone en movimiento el mecanismo procesal, que puede culminar en una convic-ción, cuyo efecto legal es obligar a la persona imputada a responder por la comisión del delito que se le atribuye”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 788. Véanse, además: Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 248; Pueblo v. Miró González, supra, pág. 818. Véase, además, E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 12.1, págs. 130-131. En Pueblo v. Rivera Santiago [I], 126 D.P.R. 810, 813 (1990) (Sentencia), expresamos que

[l]as disposiciones sobre juicio rápido antes discutidas son aplicables a los casos en que se ha violado alguna disposición de la Ley de Vehículos y Tránsito a causa de la cual se expide una denuncia-citación. Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945 (1960). Esto es así ya que, desde el momento en que el agente de la Policía expide y entrega la denuncia-citación, el imputado de la violación a la ley está sujeto a responder. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455 (1959); Pueblo v. Carmen Céntrale, Inc., [supra].

La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, reglamenta estatutariamente el derecho ajuicio rápido. En ella se encuentran “varios términos que corren simultáneamente partiendo del momento del arresto o de la detención del imputado, para la presentación de la acusación en los casos graves, así como para la celebración de la vista preliminar, de acuerdo con la condición procesal del imputado”. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 249. Específicamente sobre lo que hoy nos concierne, esa regla dis-pone que se puede solicitar la desestimación de una acusación o denuncia si se demuestra

[q]ue existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la soli-citud del acusado o a su consentimiento:
(2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acu-sado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación o dentro de los treinta (30) días si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de confor-midad con lo dispuesto en la Regla 6(a). (Énfasis nuestro). 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n).

Como se aprecia, la mencionada regla permite presentar una moción de desestimación cuando no se ha presentado acusación o denuncia dentro de los sesenta días luego del arresto o citación del imputado. Recientemente señalamos en Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 142, que

... el término de 60 días para acusar o denunciar comienza a transcurrir desde que el imputado de delito está “sujeto a responder”. Esto es, desde que se determina causa probable para arrestar o citar en virtud de la Regla 6 de Procedimiento Criminal —34 L.P.R.A. Ap. II— o desde que se arresta a una persona conforme a las Reglas 11 o 12 de Procedimiento Criminal —34 L.P.R.A. Ap. II— o desde que se expide una cita-ción al amparo de la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal —34 L.P.R.A. Ap. II— sujeta a su validación posterior por un juez. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueo, 8va ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 43. Véase, también, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, Sec. 21.6, pág. 42.

Ahora bien, los términos dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, no son fatales. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 641. Su extensión es viable por justa causa, por demora atribuible al acusado o si este consiente a ella. Id. Véase, además, Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 143. Por eso es que el término de juicio rápido es un concepto constitucional cuyo contenido no está del todo determinado, es en parte, variable y flexible y capaz de ajustarse a las exigencias de cada caso. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 571.

Aunque el derecho a juicio rápido es de carácter fundamental, no es absoluto. Véanse: Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 570; Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114, 119 (1987). Por esa razón, ante un planteamiento de violación a los términos de juicio rápido es importante “tomar en cuenta las circunstancias que rodean su reclamo .... Es decir, se trata de un derecho que puede ser compatible con cierta tardanza o demora”. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, págs. 570-571. En fin, este derecho “no está limitado por la tiesa aritmética de la regla que lo concibe”. (Énfasis suprimido). Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 790. Véanse, además: Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 570; Pueblo v. Candelaria, supra, pág. 597.

Como mencionáramos, los términos de la Regla 64, supra, “no son fatales y pueden extenderse bien sea por justa causa, por demora atribuible al acusado o si éste consiente a ella”. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 641. Se entiende que el acusado renuncia a su derecho a juicio rápido voluntariamente y a sabiendas “si no presenta una moción de desestimación al efecto correspondiente el día de la vista en que debe hacer valer su derecho”. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 573. Véanse, además: Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 253; Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415-416 (1974). También renuncia, “si no presenta objeción a un señalamiento de vista para una fecha posterior al vencimiento de los términos vigentes estatuidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra”. Pueblo v. Rivera Arroyo, supra, pág. 120.

Con miras a evaluar la razonabilidad de la dilación de los términos de juicio rápido, se han delineado cuatro criterios que sirven de guía a los tribunales. Estos son: (1) la duración de la tardanza, (2) las razones para la dilación, (3) la invocación oportuna del derecho, y (4) el perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 143; Pueblo v. Carrión, supra, pág. 641. Véanse, además: Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 574; Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 154-155 (2004); Pueblo v. Candelaria, supra, pág. 598; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433; Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972).

Sobre la duración de la tardanza, reiteramos recientemente en Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 574, que “la dilación, es decir, la mera inobservancia del término, per se, no necesariamente acarrea una violación al derecho ajuicio rápido ni conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación”. Véase, además, Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. Es cierto que “[u]na dilación mínima es requisito de umbral para que un planteamiento de violación a juicio rápido progrese, no obstante, el remedio ex-tremo de la desestimación sólo debe concederse luego de efectuado un análisis ponderado del balance de los criterios antes esbozados”. (Enfasis suprimido). Id. Véase, además, Chiesa Aponte, op cit., Vol. III, págs. 141 y 162-163. Por ello, “al momento de evaluar este criterio, debe prestarse especial énfasis en determinar si la demora fue intencional y opresiva, ... en cuyo caso, claro está, queda ex-cluida del concepto de justa causa”. (Cita omitida). Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. Véanse, además: Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 322; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. Sin embargo, se debe tener presente que “[d]espués de todo, la dinámica de cada causa es singular y única en atención a la naturaleza de los cargos, número de testigos, el carácter de cualquier otra prueba documental o tangible. Son múltiples los elementos imponderables susceptibles de acaecer”. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

Respecto a las razones para la dilación hemos dicho que “de ocurrir una dilación excesiva y un reclamo oportuno del imputado, el Ministerio Público debe probar la existencia de una justa causa”. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 576. “Hay elementos de justa causa para la demora que reconcilian el derecho a juicio rápido con las circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la administración prác-tica de justicia”. Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, supra, pág. 177. Así pues, “[p]ara que el motivo de una demora constituya justa causa, debe estar enmarcado den-tro de los parámetros de razonabilidad”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 791. Véase, además, Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 143. Por eso, “las demoras institucionales, que, de ordinario, son imputables al ‘Estado’ y las cuales no tienen de forma alguna el propósito de peijudicar a la persona imputada o acusada, serán tratadas con menos rigu-rosidad que las intencionales, cuyo fin es entorpecer la de-fensa del imputado”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. En conformidad con lo anterior, “[q]ueda excluida como justa causa la demora intencional u opresiva”. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 576. En síntesis, “el hecho de que las demoras no intencionales merezcan un trato más laxo, no supone que las mismas, ausentes otras circunstancias, justifican la inobservancia de los términos de juicio rápido”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 794.

Por último, hemos expresado que el derecho se invoca oportunamente cuando se hace antes de que venzan los términos. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 576. El Ministerio Público tiene que demostrar la justa causa para la dilación. En cambio, es el acusado quien tiene que probar el peijuicio que resulta de la tardanza. Al hacerlo, no tiene que demostrar un estado de indefensión, sino el peijuicio sufrido. Id. Ahora bien, el peijuicio sufrido por el acusado con la dilación tiene que ser específico. “No puede ser abstracto ni puede apelar a un simple cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y sustancial”. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438. Como vemos, el análisis para determinar la existencia de justa causa para la dilación de los términos de juicio rápido se efectúa al amparo del estándar de la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223, 239-240 (1999). Véase, además, Pueblo v. Arcelay Galán, supra, pág. 417.

IV

Al recapitular los hechos de este caso, observamos que en la noche del 28 de enero de 2011, cuando el agente Medina Rosado detuvo al recurrido García Vega por el acci-dente acaecido, sospechó que este conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. Así pues, le hizo las advertencias de rigor y le indicó que sería necesario hacerle una prueba para determinar el nivel de alcohol en su sangre. Tras sus-citarse el inconveniente con la prueba por suministrarse, el agente Medina Rosado expidió al recurrido García Vega una citación para que asistiera posteriormente a la vista de causa probable para arresto.

Conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, “[u]n funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente: (a) [cjuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia”. Ello procede independientemente de que sea un delito grave o menos grave. Ahora bien, cuando se trata de delitos menos graves, la Regla 7 de Procedimiento Criminal, supra, faculta a los funcionarios del or-den público a que expidan una citación en vez de arrestar. La referida citación deberá constar por escrito, firmada por el agente del orden público y apercibir a la persona para que comparezca ante un magistrado y que de no hacerlo, se expedirá una orden de arresto en su contra. Véase Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra. Sobre este particular señalamos en Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 142-143, que

[e]n lo concerniente al efecto de una citación expedida por un agente del orden público sobre los términos dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, debemos precisar que dichos plazos comienzan a transcurrir cuando la citación se lleve a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, supra. La citación oficial au-torizada en la mencionada regla es aquella realizada por un agente del orden público contra una persona que ha cometido un delito menos grave y sobre la cual aquél pueda realizar válidamente un arresto sin orden. Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, supra. En otras palabras, la citación que da inicio al procesamiento penal —y por ende a los términos de juicio rá-pido— es aquella emitida por un funcionario del orden público como alternativa a un arresto que puede válidamente efectuar sin orden judicial conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véanse: Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 59; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, págs. 42-43.

Un análisis del expediente advierte que cuando el agente Medina Rosado intervino con el recurrido García Vega, sospechó que este conducía su vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. A esto se sumaba el accidente recién acaecido que fue por lo que detuvo al recurrido inicial-mente. El Art. 7.04 de la Ley Núm. 22-2000 (9 L.RR.A. sec. 5204), dispone que incurrirá en delito menos grave toda persona que bajo los efectos de bebidas embriagantes, dro-gas o sustancias controladas conduzca o haga funcionar cualquier vehículo de motor. Véanse los Arts. 7.01 y 7.02 de la Ley Núm. 22-2000 (9 L.P.R.A. secs. 5201 y 5202). Tras la sospecha de que el recurrido García Vega cometió un delito en su presencia, el agente Medina Rosado utilizó la facul-tad que le confiere la Regla 7 de Procedimiento Criminal, supra, y le expidió una citación para que compareciera pos-teriormente a la vista de causa para arresto.

Una lectura de la citación expedida al recurrido García Vega muestra que se cumplieron los requisitos que esta debe contener. La citación que obra en el expediente: (1) se hizo por escrito, (2) con la firma del agente Medina Rosado, y (3) apercibía al recurrido García Vega que de no compa-recer a la vista, se expediría una orden de arresto en su contra. Por consiguiente, tenemos que concluir que desde el 29 de enero de 2011 el recurrido García Vega está sujeto a responder. Véanse: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 142; Pueblo v. Opio Opio, supra, pág. 170. Por lo tanto, ese día se activó el mecanismo procesal que puso en marcha el término de sesenta días que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación o denuncia.

En este caso el término para presentar acusación o de-nuncia vencía el 30 de marzo de 2011. Sin embargo, una evaluación de la totalidad de las circunstancias que rodea-ron este caso nos lleva a concluir que hubo justa causa para la demora.

Si se hace un rígido cálculo transcurrieron cien días desde el 29 de enero de 2011, fecha a partir de la que el recurrido García Vega estaba sujeto a responder, hasta el 9 de mayo de 2011, momento en que se celebró la vista de causa probable para arresto. Ahora bien, al repasar los he-chos, observamos que para el 10 de marzo de 2011, fecha en que se hizo el referido a la División de Integridad Pú-blica, todavía el Ministerio Público tenía veinte días para presentar acusación o denuncia contra el recurrido García Vega sin violar los términos de juicio rápido. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011, la División de Integridad Pública tuvo el expediente por treinta y dos días, es decir, hasta el 12 de abril de 2011. Posteriormente, el 9 de mayo de 2011, se celebró la vista de causa probable para arresto. Entonces, la pregunta obligada es, ¿constituyó el referido justa causa para la dilación? Concluimos que sí.

Aun cuando la citación entregada al recurrido García Vega cumplió con los requisitos formales que exigen las Reglas de Procedimiento Criminal para su expedición, so-mos conscientes que la hora que allí constaba para la cele-bración de la vista de causa probable para arresto estaba incorrecta. Debido a esa equivocación, la vista tuvo que ser suspendida. Sin embargo, ese día comparecieron al tribunal la perjudicada y los demás testigos, quienes fueron ci-tados correctamente para las 10:00 a.m. La fiscal aprove-chó que la peijudicada estaba allí y decidió entrevistarla. De la conversación que tuvieron se percató que la querella ante su consideración podía involucrar una infracción del Art. 7.06 de la Ley de Tránsito, supra, que conlleva una pena de delito grave. Al estar involucrado como sujeto ac-tivo uno de los funcionarios mencionados en el Art. 4 de la Ley Núm. 2, supra, entendió que lo más prudente y razo-nable era referir el asunto para investigación preliminar a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

En su comparecencia ante este Tribunal, el recurrido García Vega afirma que de los hechos que tenía ante sí la Fiscalía, “no existe justificación alguna para entender que podría tratarse de alguna infracción a algún delito grave”. Escrito en cumplimiento de orden, pág. 16, Apéndice, pág. 252. Añade que, incluso, “el Agente Medina cuando expidió la citación oficial nunca incluyó ningún delito grave”. Id. Sus argumentos no nos convencen.

Una lectura de la Oposición a la Moción de Desestima-ción que presentó el Ministerio Público evidencia que la fiscal encargada del caso tenía fundamentos para pensar que era necesario descartar la posibilidad de la presenta-ción de cargos por el Art. 7.06 de la Ley 22-2000, supra. En la moción se relata que del testimonio bajo juramento del agente Medina Rosado surgía que “tres testigos oculares, entre estos un agente estatal, no solamente presenciaron cuando el Sr. Garcia [sic] rebasó la luz roja de la intersec-ción Avenida Fernández Juncos con la Avenida Roberto H. Todd en dirección Norte a Sur a eso de las 11:00 p.m., sino que observaron directamente la colisión que el acusado ocasiona con su vehículo de motor sobre el vehículo que manejaba la Sra. Genao”. Apéndice, pág. 86. Añadió que “dichos testigos tuvieron la oportunidad de observar clara-mente cuando, por el impacto ocasionado por el vehículo que manejaba el Sr. García, la Sra. Genao pierde el control de su carro e impacta la vitrina de cristal de la Tienda Makro, localizada en la Fernandez [sic] Juncos, accidente por lo [sic] cual sufrió [sic] pérdida de conocimiento por unos breves instantes, daños físicos, y su carro fuese decla-rado más adelante pérdida total ...”. (Enfasis nuestro). Id.

De ese testimonio, que fue posteriormente corroborado por la perjudicada, tenemos que concluir que resultaba ra-zonable que la fiscal del caso entendiera que había la posi-bilidad de imputar al recurrido García Vega violación del delito grave estatuido en el Art. 7.06 de la Ley 22-2000, supra. Entendemos, al igual que el Ministerio Público, que

... era indispensable determinar, antes de someter los cargos en la vista de determinación de causa para arresto, si el Secretario de Justicia conservaba jurisdicción para procesar criminal-mente al [recurrido García Vega], o si debía, por tratarse la querella de posibles imputaciones criminales de delitos grave [sic] contra un Juez del Tribunal de Primera Instancia, trans-ferir el asunto al Panel del Fiscal Especial Independiente para que éste, como un foro neutral e independiente, procediera a dilucidar los actos criminales atribuibles al señor García Vega.

Transcurridos treinta y dos días de referido el caso, el 12 de abril de 2011 la División de Integridad Pública rindió su informe. En este concluyó que las heridas sufridas por la perjudicada no le ocasionaron el grave daño corporal re-querido para imputar al recurrido García Vega un delito grave que pudiera privar al Secretario de Justicia de la autoridad legal para procesarlo penalmente por los demás delitos que son de naturaleza menos grave. Adviértase que, conforme con los postulados de la Ley Núm. 2, el Secretario de Justicia podía demorarse noventa días en realizar la investigación. Incluso, si solicitaba prórroga, tenía hasta un máximo de ciento ochenta días. Inevitablemente, en vista del término concedido por el legislador al Secretario de Justicia para realizar la investigación preliminar, en la mayoría de los casos al amparo de la Ley Núm. 2 existe una alta probabilidad de que venzan los términos de juicio rápido, aunque el referido se haga lo más temprano posible. Considerado todo esto, es evidente que la dilación en exceso de cuarenta días no fue intencional del Estado, en vista de los trámites que acarreó la reprogramación de la Regla 6, como fue la citación nuevamente de los testigos, de la perjudicada y del imputado. Véase Pueblo v. García Colón I, supra, donde determinamos que una demora de cuatro meses no fue excesiva y hubo justa causa para no presentarse las denuncias dentro del término de sesenta días que dispone la regla.

Con lo anterior, hacemos claro que no avalamos de nin-guna manera la dilación intencional para los casos a los que aplique la Ley Núm. 2. El Ministerio Público debe ac-tuar con la mayor premura cuando sospeche que el caso ante sí puede ser de la jurisdicción de la oficina del F.E.I.

A la luz de lo anterior, concluimos que el trámite de investigación preliminar, lejos de ser una gestión ministerial y administrativa insignificante, es un asunto jurisdic-cional de umbral directamente relacionado con la autori-dad legal del Secretario de Justicia para procesar al recurrido García Vega. No se trató en este caso de una demora institucional atribuible al Estado. Véase Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 435. Nada en la conducta des-plegada por el Ministerio Público en este caso es represen-tativo de demoras opresivas o intencionales al proceso.

Por otro lado, el reclamo de violación de los términos de juicio rápido presentado por el recurrido García Vega fue oportuno. Conforme a la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, “[u]na moción para desestimar basada en lo provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo me-nos veinte (20) días antes del juicio”. Surge del expediente que la celebración del juicio comenzó el 14 de junio de 2011. Por ello, la presentación de la moción de desestimación el 24 de mayo de 2011 se hizo a tiempo, a saber, veintiún días antes de que empezara el juicio.

Finalmente, para sustentar el perjuicio que ha sufrido como consecuencia de la dilación, el recurrido García Vega aduce que “ha experimentado un nivel de incertidumbre y desasosiego provocado por la falta de diligencia del Estado. A eso, se le suma el hecho de que ... ha estado sujeto a un fuerte escrutinio público a consecuencia de la posición que ocupa”. (Énfasis suprimido). Escrito en cumplimiento de orden, pág. 18, Apéndice, pág. 254. Añade, que la falta de diligencia del Ministerio Público lo colocó

... en estado de indefensión causándole perjuicio indebido al provocarle un estado de ansiedad y preocupación por la incer-tidumbre que crea un proceso de esta naturaleza .... Esta dilación, además por el transcurso del tiempo reduce las posibi-lidades de poder establecer una defensa adecuada al hacerse más difícil conseguir testigos y evidencia a su favor. (Énfasis suprimido). Id., pág. 18, Apéndice, pág. 254.

Sabido es que respecto a este criterio, el imputado no tiene que demostrar estado de indefensión; únicamente que ha sufrido perjuicio. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792. Véase, además, Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257, 264 (2000). Ahora bien, sobre el descargo de este deber del imputado, el profesor Chiesa seala “que no se descarga con generalidades”. (Énfasis nuestro). Chiesa Aponte, op. cit., Vol. II, pág. 153. El perjuicio sufrido tiene que ser específico. Es decir, “[n]o puede ser abstracto ni apelar a un simple cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y sustancial”. íd.

En Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 264, señalamos que

[l]a cantidad de prueba requerida [para que una persona de-muestre que la dilación del Estado en presentar una acusación en su contra le ha provocado un estado de indefensión —en violación al debido proceso de ley — ] es la preponderancia de la evidencia. Entre otras, se puede considerar como prueba feha-ciente del perjuicio causado por la dilación [las circunstancias siguientes: (1)] la incapacidad del acusado o testigos para re-cordar las circunstancias particulares del día de los alegados hechos delictivos [; (2)] la no disponibilidad, por haber pasado tanto tiempo, de testigos que hubiesen podido declarar a favor del acusado pero que ya se desconoce genuinamente su paradero.

Un análisis de las razones en que el recurrido García Vega se fundamenta para sostener que sufrió peijuicio nos fuerza a razonar que se tratan de generalidades típicas de un proceso penal. En ningún momento el recurrido García Vega ha demostrado con evidencia fehaciente que la dila-ción ha contribuido al deterioro de su defensa. Así las co-sas, sus argumentos no nos convencen.

Al armonizar el reclamo del recurrido García Vega con los aspectos antes mencionados, concluimos que hubo justa causa para la dilación en los términos de juicio rápido con-sagrados en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. Los términos de juicio rápido no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla. Si bien el derecho a juicio rápido es de rango constitucional, los plazos que se entien-den razonables para presentar una acusación son estatu-tarios con fuente en las Reglas de Procedimiento Criminal. Por consiguiente, concluimos que en este caso no se confi-guró una violación del derecho a juicio rápido del recurrido García Vega.

V

Por los fundamentos señalados, se expide el auto de “cer-tiorari” y se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 13 de diciembre de 2011, que confirmó la desestimación del pliego acusatorio presentado contra el recurrido Roberto L. García Vega. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene.