author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Armando A. Miranda, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 891.

    Sometido: Julio 5, 1933.

      Resuelto: Julio 14, 1933.

      .Armando A. Miranda, abogado del peticionario; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido por el abogado Armando A. Miranda -contra los herederos desconocidos de Rufino Alicea Erazo •fembargó el marshal el derecho que los demandados o su ‘causante tengan en la finca No. 236 del tomo 5 de Bayamón, folio 214, inscripción séptima, y el registrador lo anotó en ■cuanto a la mención de hipoteca por $1,200 hecha en el re-gistro a favor de Rufino Alicea. Para cumplimentar la sen-tencia condenatoria dictada en ese pleito el márshal vendió y adjudicó al demandante el derecho que los demandados tuvieran en esa finca y otorgó la correspondiente escritura -que el registrador se negó a inscribir porque Rufino Alicea Erazo sólo tiene mencionado a su favor un derecho de hipo-teca según la inscripción octava.

Contra esa negativa de inscripción se interpuso este recurso.

El único motivo alegado para que revoquemos esa negativa de inscripción es el artículo 29 de la Ley Hipote-caria, que dice así:

“El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione ex-presamente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque-no esté consignado en el Registro por medio de una inscripción se-parada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.
“Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio-de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.”

Ese precepto no tiene aplicación al caso presente pues no-dice que la mención de un derecho pueda ser inscrita a favor-de otra persona que adquiera el derecho mencionado sino-que la mención en el registro del dominio o de cualquier de-recho real perjudica a tercero. Por el contrario, su párrafo segundo dispone que lo declarado en el primero se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente el referido derecho. El artículo 29 limita los efectos de la men-ción a que perjudica a tercero, impidiéndole que pueda alegar-ignorancia, siendo ése su único efecto como lo revelan con cla-ridad las palabras del párrafo primero y confirman las del segundo, que requiere la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos. G-alindo, tomo 2, página 311. Por consiguiente, es necesaria la inscripción del derecho mencio-nado cuando haya que presentar el título en los tribunales para hacer valer algún derecho y cuando se quiera enaje-narlo o gravarlo, porque ese artículo no tiene por objeto equi-parar la mención de un derecho a su inscripción. La men-ción es una mera noticia que hace el registrador de la existencia de un derecho no inscrito. Es el aviso de uní derecho pero no la creación de un derecho que ya existe,, aunque no está inscrito, por lo que no está comprendido entre los títulos que pueden ser inscritos según el Artículo 2 de la Ley Hipotecaria. El registrador estuvo en lo cierto al ne-garse a inscribir la escritura que motiva este recurso-.

La nota recurrida debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ramón Lloveras Soler, demandante y apelante, v. José Fernández, Fernando Rodríguez, José Morán y Compañía Teatral de Santurce y como únicos socios de ésta, Eduardo González y Francisco Rodríguez, demandados y apelados.
    No. 6011.

    Sometido: Mayo 5, 1933.

      Resuelto: Julio 18, 1933.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Celestino Iriarte y F. Fernán-dez Cuyar, abogados del apelado José Morán.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre daños y perjuicios. El deman-dante Lloverás es el dueño del “Cine Puerto Rico ,” situado en Santurce, San Juan. Lo arrendó al demandado Francisco Rodríguez. Dejó Rodríguez de pagar los cánones y fue de-mandado para que desalojara la propiedad. Dictóse sen-tencia en su contra, y al. ir a ejecutarla, la “Compañía Teatral de Santurce,” de la cual es socio Rodríguez, inició un pleito alegando que el arrendamiento le había sido cedido y que el demandante había consentido la cesión, sin que se le hubiera hecho parte demandada en el caso de desahucio. Como medida de aseguramiento obtuvo que la sentencia de-cretando el desalojo fuera suspendida. Seguido el pleito por todos sus trámites, fue resuelto en contra de la Compañía Teatral y entonces Lloverás inició este caso en reclamación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido a conse-cuencia del injustificado pleito de la Compañía Teatral. Con-testó ésta. Se celebró el juicio y la corte, entendiendo que los daños y perjuicios alegados no quedaron acreditados por la prueba, dictó sentencia en contra del demandante, que recurrió para ante este tribunal. En su alegato señaló la co-misión de tres errores, así:

“1. — La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan co-metió error al estimar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico debe probarse por medio de una prueba que no deje lugar a dudas, la existencia real y positiva de los daños reclamados.
“2. — La Corte cometió error manifiesto al declarar que no se probaron los daños alegados en la demanda.
“3. — La Corte cometió error al dictar sentencia a favor del de-mandado. ’ ’

Discutiendo el primero se expresa en su alegato, en parte, como sigue:

“En las páginas 23 a 24 de la Transcripción del Legajo de Sen-tencia, leyendo en la opinión emitida por la Corte al resolver este caso, encontramos lo siguiente:
“ ‘Antes de empezar a discutir las distintas partidas de daños que alega el demandante haber sufrido, vamos a consignar los prin-cipios de derecho que ha establecido nuestro Tribunal Supremo en relación con la prueba de la existencia real y positiva de los daños para examinar la prueba del demandante a la luz de dichos prin-cipios y determinar si efectivamente ha probado suficientemente sus alegaciones, de modo tal que dé base a esta Corte para dictar una sentencia contra los demandados.
“ ‘ “Para que una persona pueda ser condenada a pagar deter-minada cantidad por daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, es necesario que la parte que los reclama ponga al tribunal sentenciador, por medio de una, prueba que no deje lugar a dudas, en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad que realmente debe ser pagada.” Roig v. Pérez, 27 D.P.R. 302.
“ 1 “Es una regla general bien establecida que cuando se recla-man daños y perjuicios de otra persona ocasionados por su culpa o negligencia, es necesario. alegar y probar la existencia real y posi-tiva de los perjuicios causados.” Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760.
“ ‘ “Para reclamar con éxito indemnización de daños y perjui-cios no basta la mera alegación de tales daños y perjuicios, sino que OS esencial a su resarcimiento que preceda justificación suficiente de la realidad y existencia de los que demandan y que se aleguen y prueben de un modo positivo' y concreto.” Paniagua v. Sobrinos de Ezquiaga, 14 D.P.R. 803.
“ ‘A la luz de estos principios vamos a analizar las distintas--partidas de daños reclamados por el demandante, por el orden en. que han sido alegados en la demanda.’
“Como se ve, la Corte quiso fijar los principios a que debía su-jetarse al determinar el alcance y suficiencia de la prueba sobre Ios-daños. Y al así hacerlo, estableció, en primer término, como crite-rio legal a seguir, que los daños deben probarse más allá de duda razonable; esto es, por medio de prueba qtoe no deje lugar a duda. (La itálica es de la Corte). Tal criterio es absolutamente falso, y establecido por la Corte como norma a seguir al apreciar el peso y valor de la prueba aportada por el demandante, ha incurrido en error grave y profundamente perjudicial a dicho demandante, quien tiene derecho a que el alcance y valor de su prueba se determine de. aeuerdoi con la teoría de la preponderancia y no según la teoría de la duda razonable.” „

La corte citó la doctrina del caso de Boig, supra, tal como aparece en el resumen del mismo que en verdad va más lejos de lo resuelto en el texto de la opinión, a saber:

“Para que una persona pueda ser condenada a pagar determi-nada cantidad por daños y perjuicios por incumplimiento de un con-trato, es necesario que la parte que lo reclama ponga al Tribunal sentenciador en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad que realmente debe ser pagada.”

Pero si se sigue leyendo la opinión de la corte de distrito, se.observará que una vez que expuso lo que se transcribe en el alegato del apelante, la corte fue examinando una a una todas las sumas reclamadas como daños por diversos con-ceptos y aquilatando la evidencia aportada para su compro-bación, estableciendo las conclusiones razonadas que la lle-varon a declarar sin lugar totalmente la demanda.

Siendo ello así, no puede darse a la cita equivocada y al subrayado de la corte la importancia extraordinaria que le da el apelante, tan extraordinaria que al discutir el segundo error, o sea el cometido a su juicio por la corte de distrito. “al declarar que no se probaron los daños alegados en la demanda,” se limita a decir en snstancia:

“Habiendo el Tribunal fijado como principio controlador de su criterio al fijar el alcance de la prueba aportada por el demandante acerca de los daños el de que se deben probar éstos, más allá de duda razonable, es necesario inferir que las conclusiones de becbo a ese respecto formuladas por la Corte Inferior, están de acuerdoi con esos principios, y son, por tanto, erróneas.”

Y al argumentar el tercero y último de los señalamientos o sea el de que la corte erró ‘ ‘ al dictar sentencia en favor del demandado,” sostiene que:

“El tercero de los errores señalados es secuela del primero y del segundo, pues si la Corte Inferior partió de principios erróneos al dictar sentencia a favor del demandado, es fuerza concluir que esa sentencia envuelve error y debe ser revocada.”

Bajo esas circunstancias, habiendo examinado el análisis de la evidencia que hace la corte sentenciadora y encontrán-dolo ajustado a los hechos y a la ley, no es posible decretar la revocación que se interesa.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    Dolores Cabrera García, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 893.

    Sometido: Mayo 26, 1933.

      Resuelto: Julio 18, 1933.

      L. López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Yauco por el voto unánime de nueve de-legados presentes en la sesión de diciembre 2, 1932, de su Asamblea, concedió el uso de dos solares de su propiedad a Dolores Cabrera G-arcía, siendo la concesión aprobada por su Alcalde cinco días después.

Dice la resolución, en parte, como sigue:

“Por cuanto: Doña Dolores Cabrera García, mayor de edad, propietaria, vecina de Yauco, casada con Don Eurípides Rodríguez Díaz, ha solicitado el uso y aprovechamiento a perpetuidad de los solares siguientes:
“NÚMERO uno: Solar radicado en la calle Cuesta del Río de Yauco. Mide por el Norte 10 metros 55 centímetros, en colindan-cia con casa propiedad de Pedro Piquer; por el Sur, 10 metros 15 centímetros, colindantes con la calle Cuesta del Río; por el Este 6 metros 85 centímetros, colindantes con casa de Dolores Cabrera Gar-cía, y por el Oeste 6 metros 60 centímetros, en colindancia con un solar propiedad de Francisco Buencristiano. Este solar tiene la forma de un hexágono y contiene entre sus límites, un área superficial cuadrada de 69 metros 66 centímetros, y su valor de acuerdo con la tarifa de este Municipio es de $27.86 (veintisiete dólares con ochenta y seis centavos).” (El otro solar se describe en igual forma).
“Por cuanto: Dichos solares pertenecen a este Municipio y son segregaciones de un perímetro de terreno que el Municipio de Yauco tiene inscrito en el Registro de la Propiedad de San Germán, al folio 152 del tomo 23 de Yauco,. finca número* 1203, inscripción primera, dedicado a la edificación de fincas urbanas, y el cual se describe así:
“Porción de terreno cuya superficie total no está determinada, y colinda al Norte con terrenos de Juan Amil, los de Ángel Pedro Agostini, y Domingo Gutiérrez; Sur, Antonio Mattei Lluveras; Este, el Río de Yauco; y al Oeste, Antongiorgi Hermanos, Domingo Olivieri y G. Bernat & Co.
“Por CUANTO: En los solares segregados la peticionaria tiene en-clavadas las siguientes fincas urbanas:
“EN el SOLAR número uno: Casa de manipostería de un solo piso, destinada a vivienda, techada de zinc. Mide 7 metros de frente por 8 metros de fondo.
‘ ‘ En el solar número dos : Casa de dos plantas, de madera, te-chada de zinc, destinada a vivienda. Mide 10 metros de frente por 8 metros de fondo.
“Por Cuanto: Dichas casas las adquirió la peticionaria por he-rencia de su padre Don Félix Cabrera y carecen de título inscrito.
“Por tanto: Resuélvese por la Asamblea Municipal de Yauco, P. R.:
“SECCIÓN Is1 — Por la presente se segregan los solares descritos en el primer por Cuanto de esta resolución, de la finca general antes descrita, y se solicita su inscripción como fincas separadas y dis-tintas, a nombre de este Municipio, en el Registro de la Propiedad de San Germán, con el valor cada uno de ellos de $27.86 y $49.87 respectivamente.
“Seooión 2» — Se concede a Doña Dolores Cabrera García el uso y aprovechamiento a perpetuidad de los solares descritos en esta ordenanza.
“SeCoión 3* — Esta concesión se hace bajo las condiciones si-guientes:” (Se fijan las condiciones.)

A la certificación de la resolución se acompañó otra ex-pedida por el Alcalde y Director de Obras Públicas del Mu-nicipio. Befiriéndose a la finca principal de la cual se segre-gan los solares, dice:

“Que aunque la superficie de dicho perímetro no está determi-nada, la misma consta de ciento cincuenta cuerdas más o menos, equivalentes a 58 hectáreas, 95 áreas y 58 centiáreas.
“Que de dicha porción de terreno se han hecho diferentes segre-gaciones de solares, cedidos a diferentes personas en uso y aprove-chamiento.
“Que a pesar de dichas segregaciones, queda margen suficiente de la finca principal para hacer nuevas segregaciones además de las ya hechas.”

Presentados dichos documentos en el Begistro de la Pro-piedad de San Germán, el Begistrador se negó a inscribirlos por los motivos que consignó en nna larga nota qne pnede resumirse así:

“ ... No constar la mensura y extensión superficial de la finca general de donde se han hecho las segregaciones de los solares; y haberse hecho anteriormente de dicha finca y hasta la fecha ciento noventa y cinco segregaciones, ...”

No conforme con la negativa la señora Cabrera interpuso contra ella el presente recurso gubernativo.

Para bien del Municipio, de sus cesionarios y de la comunidad en general, debería practicarse una mensura y levantarse un plano de la finca principal con indicación de las segregaciones hechas. Entonces las porciones que se fueran cediendo tendrían su representación en el plano y no habría lugar a incertidumbre o confusión. Pero esto que la mayor claridad aconseja, no lo exige la ley.

En el recurso de González v. Registrador, 17 D.P.R. 239, 240, dijo esta corte por medio de su Juez Presidente Sr. Hernández:

“Toda inscripción que se haga en el registro debe expresar la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles ... y su medida superficial . . . nombre y número, si constaren del título. Art. 99 núm. Io. de la ley.)
“La medida superficial se expresará en la forma que constare del título y con las denominaciones que en él se empleen; pero si del título no resultase dicha medida, se expresará en la inscripción esta circunstancia. (Art. 63, regla 4* del Reglamento.)
“Ante preceptos legales tan terminantes, es claroi que la falta de expresión de la medida superficial de una finca, cuando no consta del título, no da motivo para denegar la inscripción, y que ésta debe verificarse, haciendo constar dicha falta.
“Las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 17 de mayo de 1880 y 3 de febrero de 1886 vienen en apoyo de la doctrina expuesta.
“En el caso presente sin gran dificultad puede apreciarse que la finca principal tiene bastante cabida, para que de ella pueda segregate la que ha sido objeto de la inscripción denegada.”

Y así sucede también en este caso en el qne el propio registrador admite en sn nota qne “los solares qne cede dicho Ayuntamiento ... a qne se refiere el documento presentado bajo los números 1 y 2 están situados en la calle Cuesta del Río” y qne “consta de la inscripción . . . qne esa calle está dentro de la porción de terreno sin cabida determinada;” en el qne el alcalde del municipio asegura qne aun queda margen suficiente para hacer -nuevas segregaciones, y en qne de una certificación expedida por el propio registrador consta que en la calle Cuesta del Río sólo aparece segregado e inscrito un solar cedido a Blas Peraza.

Bajo esas circionstancias la negativa a inscribir no está justificada y debe revocarse.


text:
    Vicente Usera, demandante y apelante, v. Julio Benvenutti, demandado y apelado; Isabel Torres Viuda de Amy, interventora y apelada.
    No. 6184.

    Sometido: Junio 2, 1933.

      Resuelto: Julio 18, 1933.

      A. Fiol Negrón, abogado del apelante; M. A. Martínez Dávila, abo-gado del demandado en el pleito principal; C. Domínguez Rubio, abogado de la interventora apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Usera demandó a Jnlio Benyenntti en cobro de $1,255.97. Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse se embargaron noventa cabezas de ganado pertenecientes al demandado, nombrándose depositario de las mismas a Fernando H. Usera. Ambas partes estipularon la venta del ganado embargado. Llevada a efecto, su importe —$2,295.76—quedó depositado en la secretaría de la corte.

Así las cosas compareció en el pleito Fernando H. Usera y expuso que como depositario del ganado embargado dis-puso su cuido en una finca de Vicente Usera a razón de $1.50 mensual por cabeza; que dos cabezas desaparecieron y dos murieron; que por razón del cuido debe a Vicente Usera $1,165.16; que gastó además en un peón $6 y en un auto para asistir a la subasta $10, y que los dichos gastos ’($1,181.16) no constituyen costas sino gastos de justicia para .la conser-vación de la propiedad embargada. Pidió a la corte que ordenara al Secretario que del producto de la venta del ga-nado en él depositado le expidiera un cheque por la suma indicada.

A la moción se opuso el demandado alegando que el depo-sitario no tenía personalidad para comparecer en el pleito y reclamar directamente la indicada suma; que es el deman-dante Vicente Usera el que está obligado a pagar los gastos, del cuido del ganado del demandado embargado a su instancia con derecho a recobrarlos luego si venciere en el pleito; que el depositario no tenía derecho a convenir el precio del cuide sin autorización de la corte; que el cuido no vale $1.50 men-sual por cabeza sino $0.75, y que no se ha acreditado la pérdida de las cabezas de ganado que se indican.

Isabel Torres Viuda de Amy pidió intervenir alegando tener interés en el asunto por haber embargado el excedente que pudiera resultar en el valor del ganado después de cu-bierta la responsabilidad a que se le había sujetado en el pleito y porque tiene establecida una tercería de mejor de-recho contra el propio demandante Usera y en ella reclama su preferencia a cobrar antes que Usera del propio ganado embargado por éste. Se le concedió la intervención y se opnso a la moción del depositario por razones similares a las aducidas por el demandado Benvenutti.

Sigue luego una moción del demandante pidiendo el seña-lamiento de vista de varios incidentes entre ellos del que venimos relatando y a continuación la resolución de la corte que, con respecto a este incidente, es como sigue: “. . . la moción sobre pago de gastos por cuido de ganado, se declara sin lugar, con las-costas al promovente; . . . .”

La resolución dice fundarse en una opinión que no se in-cluye en la transcripción. Termina ésta con el escrito de apelación del demandante y del depositario y con una exposi-ción del caso de dos páginas de la cual copiamos los dos pá-rrafos que siguen:

“Que señalada para vista y discusión dicha moción, se opusieron a ella tanto el demandado Julio Benvenutti como la interventora Isabel Torres Vda. de Amy por sus respectivos abogados M. Mar-tínez Dávila y C. Domínguez Rubio.
“La Corte declaró sin lugar la moción del depositario judicial y contra la misma se ha establecido por el demandante y deposita-rio judicial apelación para ante la Corte Suprema de Puerto Rico.”

Se pidió la desestimación del recurso y pendiente aún de ■resolverse la moción, se celebró la vista del recurso en su fondo.

En ninguna parte de los autos consta por qué se declaró sin lugar la moción de que se trata. Los bechos en que la moción se basa fueron controvertidos y requerían prueba. No sabemos en qué consistió ésta. De la exposición del caso no aparece siquiera que fuera presentada. Bajo esas circunstancias bastaría decir que la presunción de justa que tiene la resolución de la corte no ha sido destruida, debiendo en su consecuencia declararse sin lugar la apelación.

Es en el alegato de la interventora Isabel Torres Viuda de Amy que encontramos el motivo que tuvo la corte para dictar la resolución apelada. En él se transcribe una parte de la opinión que dice:

“La segunda de las cuestiones planteadas comprende la petición para el pago de ciertos gastos por cuido de ganado, presentada por el depositario de los mismos. En cuanto, a esta cuestión, somos de opinión que la petición es actualmente prematura, ya que depen-diendo el pago de los gastos y desembolsos. que ban de hacerse en este caso, de la sentencia final que deba dictarse en el mismo, hasta que por esta Corte no se resuelva por dicha sentencia quién debe pa-gar dichos gastos y desembolsos, no habría términos hábiles actual-mente para condenar a nadie al pago de los mismos; entendiendo por otra parte que las relaciones contractuales establecidas entre el demandante Vicente Usera y el depositario de los bienes embarga-dos, Sr. Fernando H. Usera, no pueden afectar en modo alguno ac-tualmente al demandado Julio Benvenutti, que es un tercero y que no está obligado a nada en este caso, ínterin no se dicte sentencia en el mismo contra él, condenándole al pago de las cantidades re-clamadas con los gastos y desembolsos a que haya dado origen la presente acción.”

Es lógica la regla establecida por la corte de distrito. Quizá no puede aplicarse para resolver todos los casos (Rodríguez v. Corte de Distrito, 31 D.P.R. 694), pero apli-cada a éste resulta justa en verdad, ya que la persona a quien dice el depositario que debe el importe del cuido del ganado embargado es el propio demandante a cuya instancia se de-cretó y practicó el embargo a fin de asegurar la sentencia que pudiera dictarse a su favor en el litigio.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutohisou,

text:
    Leoncia Vázquez de Silva y Juan Vázquez Boirié, demandantes y apelantes, v. Sucn. Cándido de los Santos, com puesta de su viuda Fernanda Mariño y sus sobrinos Agustín e Isabelino Ledeé, demandada y apelada.
    No. 6293.

    Sometido: Julio 10, 1933.

      Resuelto: Julio 18, 1933.

      Pedro P. Anglade, abogado de las apelantes; José J. y José G. Aponte, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutohisou,

emitió la opinión del . tribunal.

La regla 42 de esta corte provee que el alegato del ape-lante “ contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos; así como una exposición de los errores en que funda su recurso.” La apelada solicita la desestimación del presente recurso fundada en que el alegato de los apelantes deja de cumplir con este requisito. La regla 60 dispone que “si el apelante dejare de cumplir cualquiera de los deberes o requisitos que las leyes o estas reglas le impongan, el tribunal puede desestimar de oficio la apelación en cualquier día o a moción de la parte apelada, previa noti-ficación al apelante.”

La relación del caso así impugnada dice sustancialmente como sigue: que Cándido de los Santos Boirié tuvo dos hijos naturales, a quienes dió el permiso de usar su apellido, a quienes puso en las escuelas privadas pagando él las corres-pondientes cuotas mensuales, a quienes tuvo viviendo en la compañía de la señora madre de dicho Cándido de los Santos Boirié hasta que se casó, cuando se los llevó a su hogar; que luego ambos hijos, uno por su oficio y luego por haberse casado, y la otra por haber contraído matrimonio, se sepa-raron de la casa del padre pero continuando ellos en las propias relaciones de padre para con hijos; que a amigos, parientes y conocidos el padre les presentaba sus hijos como tales y en forma ostensiva, pública y marcada, demostraba satisfacción por haber sido premiado por Dios concediéndole esos dos hijos, ya que él en su matrimonio no tuvo hijos legí-timos ; que antes de morir el padre, en conversación con uno-de los hijos naturales y con un viejo amigo del padre, precisa-mente con respecto al status de sus hijos, como éste les lla-maba, les hizo saber que él lo tenía todo previsto, que no se apuraran que ellos aparecerían reconocidos en su testamento-escrito; que Cándido de los Santos falleció y que su testa-mento, que seguramente sería ológrafo, no ha aparecido; y que los hijos iniciaron este recurso que la corte declaró sin lugar y que entonces ellos apelaron.

El señalamiento de errores es que la corte de distrito erró al no conceder permiso a los demandantes para que enmen-daran su demanda; que la corte erró al dictar sentencia me-diante solicitud ex parte, que no fue notificada a los deman-dantes, sin darles oportunidad a éstos para que expusieran su derecho, en oposición a la moción solicitando se dictara sentencia y que se impusieran las costas, negándoles así su día en corte; y que la sentencia dictada es contraria a derecho»

El fin primordial de la relación del caso exigida por la regla 42 es exponer los hechos en que se basa el señalamiento-de errores. La llamada relación del caso arriba reseñada deja marcadamente de cumplir con ese requisito. No contiene información alguna respecto a cómo, cuándo o bajo qué cir-cunstancias la corte de distrito cometió error al no conceder a los demandantes permiso para enmendar su demanda. No hace mención de ninguna moción para que se dictara sentencia» No arroja luz sobre los hechos que dieron lugar a la conten-ción de que la sentencia es contraria a derecho. Deja entera-mente de revelar cómo surgieron ante la corte de distrito las cuestiones indicadas por el señalamiento de errores.

En vez de desestimar el recurso en esta ocasión, tal cual podría hecerse de conformidad con la regia 60, supra, se con-cederá a los demandantes quince días para radicar un nuevo alegato.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan Monge Hernández y su esposa Carlota Pastrana, demandantes y apelantes, v. Eladio Rodríguez Portela y su esposa Carmen Otero, demandados y apelados.
    No. 5632.

    Sometido: Abril 26, 1932.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      R. II. Blondet, abogado de los apelantes; L. Feliú, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron este procedimiento para re-cobrar de los demandados la suma de '$20,000 o para obli-garlos a que traspasaran a los demandantes cierta hipoteca, y para recobrar daños y perjuicios y las costas. Los de-mandantes alegaron haber adquirido de los demandados en 1920 cierta parcela de terreno por la suma de $55,000; que ellos pagaron $20,000 y otorgaron hipoteca para garantizar ■el saldo de dicha cantidad; qne a fin de obtener los $20,000 ■ellos Rabian otorgado nna hipoteca sobre otras propiedades .a favor del Banco Popular; que en 1921 el demandado Ela-dio Rodríguez readquirió la finca por el mismo precio pa-gado por los demandantes en 1920, pero reteniendo en su poder los $20,000 con el entendido de que pagaría la hipo-teca perteneciente al banco; que en la escritura de la nueva 'enajenación los demandantes reconocieron haber recibido de Eladio Rodríguez esta cantidad, a pesar de que éste nunca hizo efectiva dicha suma ni al demandante ñi a persona al-guna; y que los demandantes hicieron esto debido a su es-trecha amistad con Rodríguez, quien, aprovechándose mali-ciosamente de su buena fe y del estado de enajenación mental que aquejaba a Monge, no pagó la hipoteca al banco, ¡sino que se apropió dicha suma y la invirtió en la constitu-ción de cierta hipoteca perteneciente a los demandantes. Las causas de acción segunda y tercera se refieren a los daños y perjuicios provenientes substancialmente de los mismos he-chos.

Durante el juicio los demandantes ofrecieron como prueba la escritura de nueva enajenación a Rodríguez y la hipoteca ■del banco. La declaración del primer testigo al efecto de que Rodríguez no había pagado los $20,000 en efectivo fué ■eliminada de los autos a moción de los demandados. Los de-mandantes entonces manifestaron que toda su prueba sobre ■este extremo era oral. El juez de distrito resolvió que la cláusula de la escritura relativa al pago anterior de los •$20,000 no podía ser impugnada con prueba oral, sostuvo una moción de nonsuit y declaró sin lugar la demanda.

Los apelados insisten en que la sentencia debe ser con-firmada por los siguientes fundamentos:

(a) Porque los demandantes abandonaron su caso, soli-citaron se dictara sentencia y se allanaron a ella. Carrión v. Nadal, 34 D. P. R. 305; Sanders, Philippi, Ltd., v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855; Schlüter v. Villafañe, 41 D.P.R. 308; Rosas v. A. Bruno de Vázquez (Sucn.), 41 D. P. R. 143; Quevedo v. Segarra, 38 D. P. R. 139; y 3 C. J., secciones 333 y 546, págs. 500 y 673.

(5) Porque los demandantes, al ofrecer como prueba la.’ escritura'de la nueva enajenación en que los vendedores re-conocían liaber recibido $20,000 en efectivo, indujeron al error, de haberlo, cometido por la corte de distrito al ne-garse a permitir a los demandantes a impugnar esta cláu-sula mediante prueba oral.

(c) Porque la evidencia oral fué correctamente elimi-nada. A este respecto los apelados se basan en el caso de Morales v. Díaz, 24 P. P. R. 740.

(d) Porque asumiendo la existencia del error imputado,, el mismo no era perjudicial.

De la transcripción taquigráfica copiamos el siguiente-extracto:

“ ... La corte sostiene la objeción de la parte demandada en cuanto a la no admisión de la declaración del testigo' en cuanto se-refiere a la entrega. El incidente ocurrió cuando el testigo decla-raba sobre que había quedado de darle el dinero y no se 1o- dió.
“Dte. — Toda mi prueba versa sobre la no entrega del dinero ése-..
“Juez. — Así es como yo interpreto la ley. Tal vez yo esté equi- . voeado, pero me parece que yo interpreto la ley correctamente, a mi juicio. Yo les he oído con gran sosiego, y he estado pensando . . -
“Dte. — Yo tengo que producir la evidencia ésa. Ellos negaron específicamente esas alegaciones; la segunda demanda enmendada consta ahí, yo alegué ese hecho y éste es el momento de probar o in-troducir mi evidencia. Tengo que probar que don Juan Monge no-recibió el dinero, y la única evidencia que yo tengo a mi alcance es-las manifestaciones de él mismo, que no ha recibido ese dinero.
“Juez. — Y eso es lo que la corte resuelve: que habiéndose ad-mitido por la corte una escritura donde dice que se recibió cierta, cantidad de dinero, no puede, destruirse esa manifestación con prueba oral. La prueba oral no puede destruir la eficacia de la prueba do-cumental.
“Dte. — ¿Entonces Su Señoría me permite una excepción?
“Juez. — Sí, anótela el taquígrafo.
“Dte. — Y entonces yo suplicaría a Su Señoría que dictara sen-tencia, porque mi prueba para acreditar el extremo de no haber re-cibido el señor Juan Monge los $20,000 que se alega en esa escritura. que recibiera antes de ese acto, es toda oral. No tengo prueba do-cumental de ese beelio.
“Juez. — La corte no lia dicho que sea necesaria prueba documen-tal. No vaya a ir más allá de lo que el juez ha dicho. La corte simplemente ha dicho que a su juicio no puede destruirse con prueba oral la admisión hecha en la escritura que la propia parte deman-dante ofrece y ha admitido la corte. ¿Cuál es la moción?
“Dte. — Que no teniendo más que prueba oral, parol evidence, para demostrar que Juan Monge no recibió los $20,000 que confiesa haber recibido en la escritura ante el notario don Damián Monserrat y Suro, no puede continuar este caso y solicita entonces sentencia.
“Ddo. — ’¿El demandante renuncia entonces a presentar el resto de su prueba?
“Dte. — Yo no renuncio a presentar el resto de mi prueba. Yo digo que si Su Señoría sostiene la objeción de la parte contraria, de que no puedo presentar prueba oral, entonces esto equivale a declararse por Su Señoría con lugar una moción de falta de causa de acción, porque con lo único que yo puedo probar que no se re-cibió ese dinero es con la declaración de don Juan Monge y doña Carlota Pastrana; que ellos no han recibido esa cantidad en ma-nera alguna.
“Ddo. — Ahora los demandados solicitan de la corte que se sirva requerir al demandante que anuncie si es que va a presentar o no alguna otra prueba, para la moción que viene ahora, que es de non-suit, porque el caso él no lo ha cerrado.
“Juez. — La moción de él es al efecto de que no tiene otra prueba que ofrecer sino prueba correlativa a esa que la corte le ha negado, y cierra su caso.
“Dte. — Yo advierto a la corte que tengo prueba documental, pero que como se me ha pedido que .la presente en orden correlativo para ir probando las diferentes causas de acción, esa va a la primera, y por ese motivo es que no he presentado el resto de la prueba do-cumental. Para probar mi primera causa de acción, he traído mis principales testigos a la silla, con el objeto de probar que Juan Monge ni su esposa Carlota Pastrana han recibido en ocasión alguna, en todo o en parte, esos $20,000 que alegaron o dijeron haber- recibido según ese documento público.
“Juez. — ¿Con eso cierra el caso?
“Dte. — Cierro el caso.
“Ddo. — Entonces nosotros solicitamos de la corte una sentencia de nonsuit por no haberse probado por el demandante ninguna causa de acción de las tres que se alegan en la demanda contra estos de-mandados ni ninguno de ellos.
“Juez. — ¿Y cierra el caso también?
“Dolo. — Sí, señor.
“Juez. — En ese caso la corte declara con lugar la moción de la parte demandada y dicta sentencia por insuficiencia de la prueba desestimando la demanda, sin costas.”

Según indica el letrado de los demandados, todo el caso giró sobre el ataque que se hizo a la admisibilidad de la prueba oral para demostrar que Monge y su esposa nunca Jhabían recibido, los $20,000. Si conforme indica claramente su resolución, la intención de la corte no fué admitir tai prueba, los demandantes hubiesen estado haciendo perder tiempo a la corte y a todas las partes interesadas al pro-seguir el caso. La ley no exige que se hagan cosas vanas y fútiles. La sentencia dictada bajo las circunstancias reve-ladas por el extracto anterior no fué en sentido legal alguno una sentencia a que uno se avino (consent judgment).

Los demandantes al presentar como prueba la es-critura de la nueva enajenación, suministraron la única base sobre la cual los demandados podían oponerse a la admisión de prueba oral en pugna con la cláusula contenida en dicho documento. Con ello los demandantes no indujeron a la corte a cometer ningún error al resolver sobre tal objeción.

No podemos convenir con el letrado de los apelados en que la prueba oral fué excluida debidamente. En el caso de Morales v. Díaz, supra, un vendedor trataba de anular su escritura de enajenación fundado en que el adquirente ha-bía dejado de cumplir con el convenio de prestarle cierta suma de dinero. El adquirente alegó que la promesa de prestar al vendedor dinero fué un contrato independiente y el caso giró sobre este extremo. La corte de distrito dictó sentencia en favor de la parte demandada y en opinión de este tribunal dicha resolución estuvo plenamente justificada por la prueba.

En el presente caso es un hecho indisputado que los $20,000 formaban parte de la cansa del contrato. Si, tal cnal alegan los demandantes, Rodríguez retuvo en su poder dicha suma con el fin de pagar la hipoteca del banco, su con-venio de cumplir tal obligación formaba parte de la ca.usa-De todos modos, su obligación de pagar a los demandantes-dicha suma, de no habérsela pagado según se hace constar en la escritura, constituía ciertamente parte de la causa.

En Morales v. Díaz esta corte discutió la llamada regla sobre evidencia oral en su aspecto general, tal cual está con-tenida en el artículo 25 de la Ley de Evidencia. Este ar-tículo trata específicamente de “las condiciones de un con-venio”. La prohibición de la regla no es aplicable a la ad-misión de haberse recibido dinero como causa de un con-trato. Esa aseveración es de ordinario la mera admisión escrita de una de las partes contratantes y prueba prima facie como tal de lo que así se admite. Podría controver-tirse al igual que cualquiera otra admisión. La doctrina de Morales v. Días no tiene aplicación a la cuestión que ahora tenemos ante nos por la sencilla razón de que la admisión de haberse recibido los $20,000, que se dicen haber sido pa-gados previamente a los demandantes, no constituía uno de los términos del contrato. La regla sobre evidencia oral no excluye prueba testifical respecto a cuál fué la verdadera causa en una escritura de enajenación, ante una cláusula en contrario contenida en la escritura. Véase 5 Wigmore on Evidence (Segunda Edición), 313, sección 2433; véase tam-bién Domínguez v. Nadal, caso No. 6042, resuelto en el día de hoy, y las sentencias Nos. 266 y 76 del Tribunal Supremo de España de 21 de junio de 1897 y 6 de junio de 1899 res-pectivamente.

No es necesario discutir separadamente la contención de que el error cometido por la corte de distrito al excluir la prueba oral en cuestión fué inofensivo.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse' el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Maldonado García, acusado y apelante.
    No. 4902.

    Sometido: Marzo 7, 1933.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez. Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la tarde del 29 de abril de 1931, Lucas Rivera llevó unas reses al depósito municipal de Las Piedras y las entregó a la persona encargada del mismo. Fué entonces donde el ¿efe de la policía de aquel pueblo para informarle de lo que Labia hecho, para expresarle el temor que tenía de ser acome-tido y agredido por los hermanos Maldonado por haber lle-vado las reses al depósito y que ellos habían dicho que le agredirían. El ¿efe de la policía fné a ver al acusado en este caso y le comunicó lo que Lucas Rivera le había dicho, y el acusado contestó que en lo que a él concernía nada habría que temer. El ¿efe de la policía entonces le preguntó que qué le decía de su hermano Francisco Maldonado, a quien pertenecían las reses, y el acusado le contestó que sn hermano se hallaba en San Juan. Entre claro y obscuro, o sea como á las siete de la noche, Lncas Rivera salió de Las Piedras hacia nn sitio en que vivía en el campo. Se desmontó del automóvil frente a la casa de Maximina Rivera, parienta cercana suya. En aqnel momento el acnsado se hallaba en nna tienda cercana a la casa de Maximina Rivera. Lncas Rivera pasó por el patio de la casa de Maximina Rivera y finalmente entró en la casa. El acnsado entonces se situó en la esquina de dicha casa, mirando por la puerta en qne es-taba Lucas Rivera, y ocasionalmente en otra dirección. Cuando éste salió de la casa, el acusado comenzó a hacerle disparos.

De la prueba aducida en el caso el jurado tenía derecho a creer estos hechos. ,

La corte en sus instrucciones, luego de exponer los hechos que preceden, dijo que después de dar dos o tres pasos, Lucas Rivera cayó al suelo herido. La corte continuó diciendo: “Entonces el acusado Ramón Maldonado huyó, según la ma-nifestación de uno de los testigos de El Pueblo.” Se pre-sentó prueba que no fué controvertida tendente a demostrar que las personas que acudieron en ayuda de Lucas Rivera tuvieron dificultades en' conseguir un médico y que transpor-taron al herido de un sitio a otro hasta que llegaron al hospital de Humacao donde Lucas falleció. También la corte llamó la atención hacia el hecho de que Lucas Rivera por-taba una soga con la cual hacía movimientos tratando de defenderse de los disparos. Durante el juicio, el acusado1 no trató de negar que había hecho los disparos, pero se basó en la teoría de defensa propia y trató de demostrar que Lucas estaba armado. El jurado declaró al acusado culpable del delito de asesinato en segundo grado, y se dictó la correspon-diente sentencia.

Ante este tribunal el apelante no ha presentado una debida relación del caso, tal cual la hemos hecho más arriba. La mayoría de los señalamientos de error, si no todos, son insuficientes, y en la corte inferior no se tomaron las debidas excepciones a la instrucciones a qne los señala-mientos de error se refieren principalmente. Toda esta si-tuación está bastante bien cubierta por la opinión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Serrano, 35 D.P.R. 336. Dijimos en dicho caso:

“En una moción solicitando una prórroga del término, el fiscal de esta corte llamó la atención a la forma defectuosa e irregular en que fué presentado el alegato del apelante. En realidad la moción debió haber sido para desestimar la apelación, dándose, por supuesto-ai apelante la oportunidad de enmendar, pues era un caso criminal. No existe señalamiento de errores. No hay enumeración de errores; ni siquiera la separación entre los mismos. No sólo existen estas deficiencias como ha indicado el fiscal, sino que no hay ‘una expo-sición verdadera y concisa del caso’ como lo exige la Regla 42. El apelante, como en muchos otros casos criminales, se conforma con hacer un resumen de la prueba, testigo por testigo. La naturaleza general del caso, la índole del cargo, la tendencia general de la prueba del gobierno y de la defensa, éstas son todas cosas que de-ben ponerse en la primera parte del alegato y ser incluidas en un párrafo o párrafos separados — con el debido encabezamiento. El señalamiento de errores debe seguir después. Quizás el abogado con-fiaba en la práctica constante de esta corte de examinar los autos cuidadosamente en un caso criminal.
“Hemos examinado, como asume al parecer el abogado, los autos cuidadosamente. Hubo prueba tendente a acreditar que el apelante por celos o por enojo y con malicia premeditada, dió muerte a José García con un revólver. Hubo cierta prueba de defensa propia, pero el jurado en manera alguna estaba obligado a darle crédito. No hay la más mínima indicación de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del jurado. El disparo tuvo lugar en un baile. La prueba tendió a mostrar que el acusado, discutiendo sobre el derecho a bai-lar con una muchacha y habiendo estado tomando, fué sacado del salón principal por amigos, se les escapó y regresando disparó tres tiros y mató a José García.
“El esfuerzo principal del apelante es para atacar las instruc-ciones dadas por la corte. El acusado solicitó que se dieran ins-trucciones. No se formuló objeción alguna a la instrucción del juez; ni siquiera una general. El abogado del acusado no debe sentarse en la esperanza de que la corte incurrirá en error, sino que por lo general deben hacerse las objeciones y tomarse las excepciones al terminar las instrucciones, a semejanza de la admisión y exclusión de prueba.
“En el caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D. P. R. 658, citamos la ley que regula las apelaciones, a saber:
“ ‘Siempre que resultara de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal baya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la senten-cia a menos que el error que de- los autos resultare, tendiere a per-judicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere inter-puesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Disponién-dose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere, interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere’.
“Y dijimos:
“ ‘De acuerdo con dicha ley la corte ha revocado voluntariamente algunos casos en los cuales no han sido tomados en consideración los derechos fundamentales del acusado, y siempre ha sostenido su derecho a proceder de este modo. El Pueblo v. Morales, 11 D. P. R. 306; El Pueblo v. Fernández, 14 D. P. R. 629; El Pueblo v. Pellot, 15 D. P. R. 454; El Pueblo v. Crespo, 21 D. P. R. 300, pero generalmente a falta de excepciones nos hemos negado a revocar, a menos que se hubiera probado claramente el perjuicio. El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441; El Pueblo v. Ortiz, 19 D.P. R. 305; El Pueblo v. Díaz, 19 D. P. R. 520; y otros casos que en los mismos se citan.’
“Pueblo v. Barrios, 23 D. P. R. 831, fué un caso en el que ci-tando el de Pueblo v. Lebrón, encontramos un error fundamental. La corte inferior estuvo completamente equivocada en su teoría so-bre defensa propia. Observamos el principio sentado en el caso de Pueblo v. Lebrón y rehusamos revocar en Pueblo v. Trujillo, 24 D. P. R. 129; Pueblo v. Hernández, 25 D. P. R. 660; Pueblo v. Ramírez, 25 D. P. R. 263; Pueblo v. Pujals, 34 D. P. R. 402.
“Nos está reservado, pues, el derecho a revocar por errores fun-damentales, pero esto no se refiere a las declaraciones erróneas de la corte al hacer el resumen de la prueba, que fácilmente son sus-ceptibles de corrección, ni tampoco a ligeras discrepancias en la ex-posición de la ley; ni siquiera a las tendencias erróneas de obser-vaciones independientes, especialmente cuando en todas las instruc-ciones han de encontrarse las debidas instrucciones, como en el caso ante nos. En relación con esto último véase el caso de Pueblo v. Vélez. 32 D.P.R. 382-91.
“Por ejemplo, al hablar del derecho de defensa propia la corte equivocadamente dijo que el aeirsado no podía actuar por virtud de un peligro aparente. Inmediatamente después, sin embargo, y al concluir la corte dijo en efecto al jurado que debe haber algún acto que induzca a un hombre de ordinaria prudencia al temor de que su vida está en peligro o que podría sufrir un grave daño; y en la página 50 de los autos aparece una manifestación correcta. En otras partes de las instrucciones la corte narró la prueba que favo-rece a la defensa y substancialmente dió la instrucción de que si el jurado la creía debía absolver. El error fué originado probable-mente debido al sumario equivocado del caso de Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345. La opinión misma no contiene la manifestación erró-nea.
“No encontramos que el castigo de treinta años sea excesivo bajo las circunstancias de este caso.”

Se ha llamado nuestra atención hacia el artículo 300 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que lee así:

“Cuando instrucciones escritas para el jurado hayan sido pre-sentadas, dadas o rechazadas, o las instrucciones hayan sido toma-das por taquígrafos, no habrá necesidad de oponer excepciones a los puntos aducidos en dichas instrucciones, ni de incluirlas en el escrito o declaración de excepciones; pero las instrucciones escritas o la nota del taquígrafo con los endosos en que se consigna la re-solución del tribunal, formaran parte del acta, y cualquier error en la decisión del tribunal podrá utilizarse en una apelación, de igual modo que si se hubiere consignado en el escrito o declaración de excepciones.”

Tenemos la idea de que la palabra 4‘instrucciones” {charges), tal como se usa en ese artículo, se refiere más particularmente a solicitudes hechas por el acusado para que se den instrucciones, ya escritas u orales, y no a las instruc-ciones generales de la corte. Sea ello como fuere, la ley de 1904, citada en El Pueblo v. Lebrón y posteriormente en El Pueblo v. Serrano, supra, respecto a la toma de excepciones generalmente, es de una fecha posterior al Código de Enjui-ciamiento Criminal y en efecto es un estatuto reparador que requiere a un acusado en general a tomar excepciones a las instrucciones. Según se indica en los casos de Lebrón y Serrano, el referido estatuto no impide que este tribunal ad-vierta errores fundamentales, pero la regla es que el acusado debe dar a la corte la oportunidad de corregir sus equivoca-ciones. La idea de una excepción necesariamente lleva im-plícita una oportunidad anterior de parte de la corte para rectificar. Cuando el artículo 300 dice que el error podrá utilizarse en apelación cual si se hubiere consignado en el escrito de excepciones, envuelve la idea de una objeción hecha y de una oportunidad de parte de la corte para enmendar.

Algunas de las circunstancias expuestas en la opinión en el caso de Serrano, supra, quizá no existan en el presente, pero lo que definitivamente existe es la omisión de presentar una relación del caso y de excepcionar debidamente las ins-trucciones de la corte. Igualmente los señalamientos de error son insuficientes. Trataremos primeramente esta última cues-tión.

Se ha dicho en muchas ocasiones que el señalamiento de errores es como la demanda en la corte inferior y debe con-tener lo suficiente para que esta corte esté informada de la naturaleza del error. No basta que el apelante diga que la corte cometió error al permitir que se hicieran ciertas pre-guntas a un testigo ni aun que la corte erró al no permitir que un testigo fuese repreguntado sobre hechos que él nece-sariamente conocía. Más particularmente, no basta que el apelante diga que la corte invadió las atribuciones del jurado o que dió instrucciones erróneas, ni decir que la corte cometió error al instruir al jurado sobre una huida imaginaria del acusado. Algunos señalamientos no eran tan totalmente de-ficientes como los que hemos enumerado, pero con la posible excepción de aquellos a que haremos referencia, el hincapié hecho por el apelante es sobre los errores que hemos tratado de indicar.

La siguiente jurisprudencia demuestra que es necesario que los señalamientos de error sean más específicos: People v. Penbroke, 6 Cal. App. 588; People v. Fossetti, 7 Cal. App. 629. En el primer caso, que es algo más fuerte que el pre-sente, se solicitaron instrncciones y la corte se .negó a trans-mitirlas, y se resolvió que nn señalamiento de errores general en relación con las instrncciones no era suficiente. En el ■último caso citado, el tribunal dijo: “La corte es merecedora de qne cuando el letrado se funda en que .se cometió error al negarse a dar una instrucción, se baga constar la instrucción y se indiquen las razones por las cuales se cree que la corte inferior cometió error al negarse a darlas; y la misma regla es aplicable cuando se transmite una instrucción que ba sido objetada,” citando otros casos de California.

Durante la vista nos impresionó principalmente el becbo, presentado por el apelante, de que la corte dijo al instruir al jurado que el acusado se fugó, según la declara-ción de un testigo. Esto meramente dijo que el acusado en-tonces se fue del lugar del suceso. La corte bizo otros comen-tarios. El señalamiento de error debió' habernos indicado considerablemente más de que la corte erró al instruir al jurado sobre una fuga imaginaria.

Yendo abora a las instrucciones, el procesado, una vez que la corte las pronunció, y antes de haberse retirado el jurado, no bizo tentativa alguna para señalar errores en ellas ni para excepcionarlas. No se le dió a la corte la opor-tunidad de rectificar. No sólo es el caso de Serrano, supra, aplicable, sino que hemos consignado el mismo principio de derecho en varios casos posteriores. Pueblo v. Hernández, et al., 25 D.P.R. 660; Pueblo v. Varela, 42 D.P.R. 823; Pueblo v. Macayu, 43 D.P.R. 621. En lo que respecta a la instruc-ción sobre la buida, puede notarse que la corte fácilmente pudo haber corregido su aserción, diciendo al jurado lo que efectivamente sucedió. Era deber del acusado dar a la corte esta oportunidad.

Verdad es que el acusado después que el jurado se había retirado a deliberar presentó algunas objeciones y excep-ciones a las instrucciones, pero la mayor parte de aquéllas, excepto la cuestión de la fuga, no son objeto de esta apelación.

Toda vez que se Mzo tanto hincapié en la cuestión de la fuga, la consideraremos más.

No sólo se refirió este testigo a haberse ido el acusado del sitio del suceso, sino que el acusado mismo ocupó la silla tes-tifical. Manifestó:

“No, señor; yo seguí. Yo le tenía miedo y al yo seguir, él me hizo un disparo y entonces yo cambié y nos disparamos; pero úni-camente mi revólver tenía tres balas, yo se las disparé y me fui an-dando a paso ligero como con miedo que llevaba y cuando había an-dado como 100 metros iba lleno de miedo, llevaba como canillera. Me paré creyendo que yo estaba herido y entonces cuando me paré Ni-colás García que iba detrás de mí, me dice: ‘Ramón, Ramón, oye, párate ahí, dame acá ese revólver’.”

Toda ésta era prueba de la cual la corte o el jurado pu-dieron haber inferido la idea de que el acusado, en adición a haberse ido del lugar de los disparos, en realidad se había fugado.

Sin embargo, una fuga no siempre es algo que se hace con rapidez. Una persona puede irse lentamente de la escena del suceso y aun poderse decir que se fugó. En forma alguna hallamos que el acusado fue perjudicado por las instrucciones,

Hemos examinado los autos con respecto a los otros señalamientos de error, y nada fundamental hallamos. No los discutiremos, con excepción a los referentes a que la corte dió una instrucción errónea en torno a asesinato en segundo grado y a la moción de nuevo juicio.

La corte dijo en sus instrucciones que la premeditación era un elemento innecesario para una condena de asesinato en segundo grado. Esto constituyó un error, y así lo resol-vimos en el caso de El Pueblo v. Roldán, 27 D.P.R. 789.

El presente es un caso en que el’acusado fue a un sitio al cual le constaba que iría el interfecto, permaneció en espera ■de él y le disparó y mató. La acusación era por asesinato en primer grado y los hechos aducidos en el juicio hubieran dado derecho al jurado a rendir un veredicto por el delito imputado si no creía la teoría de defensa propia suscitada por el apelante. Sin embargo, el veredicto fué por asesinaba en segundo grado. Además, la corte no estaba obligada, a tenor de la decisión en el caso de Sparf v. United States, 156 U. S. 51, a dar instrucciones relativas a homicidio voluntario-

El apelante sostiene que cuando la corte dió la instrucción impugnada, el jurado pudo haber creído que estaba rindiendo-un veredicto por homicidio voluntario solamente en vez de-asesinato en segundo grado. No hubo prueba alguna ten-dente a demostrar un caso de homicidio voluntario, y repe-timos que no era necesario transmitir instrucciones de homi-cidio voluntario. Por consiguiente, el acusado no sufrió per-juicio alguno.

El error de la corte pudo haber sido rectificado si el abo-gado hubiera llamado la atención hacia el caso de Soldán, el cual le era presuntivamente bien conocido.

En cuanto a la moción de nuevo juicio, nada contenía que no pudiera ser objeto de la apelación de la sentencia, misma, y como en ésta no encontramos error, por lo menos error perjudicial, no la consideraremos más.

Observamos que las instrucciones sobre defensa propia fueron suficientes. La corte no erró al decir que deben es-tablecerse todas las condiciones de la defensa propia para que un acusado pueda aprovecharse de ella. Puede ser que la corte no debiera hacer demasiado énfasis en el hecho de-que todos los elementos deben concurrir, pero una vez más no vemos error perjudicial alguno, especialmente a falta de-excepción. Esto abarca varios de los señalamientos de error.

No encontrando error fundamental alguno, la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


text:
    María de la Paz, María Julia y Rafaela Franceschi; Frank y Luis Antonsanti y Teresa, Elena, Miguel y Carmen Antonsanti, hijos estos cuatro últimos de Miguel Antonsanti, demandantes y apelantes, v. La Sociedad Civil Agrícola “Mario Mercado e Hijos”, demandada y apelada.
    No. 5748.

    Sometido: Diciembre 14, 1932.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      F. Parra Capó, L. Tormes García y F. Colón Dim, abogados de los apelantes; José A. Poventud y Alberto S. Poventud, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil Antonsanti & FrancescM se componía de dos socios: J. Angel FrancescM y Francisco Antonsanti. Ambos-fallecieron y cada uno fué sucedido por sus herederos. Estos incoaron pleito contra Trujillo & Mercado. Alguna de la Mstoria anterior de ese litigio puede hallarse en Franceschi et al. v. Trujillo & Mercado, 26 D.P.R. 495, 562, y en Franceschi v. Mercado, 269 Fed. 954. Después del fallo de la Corte de Circuito de Apelaciones los demandantes iniciaron otro pleito que fué desestimado por la Corte de Distrito de Ponce, y la sentencia fué confirmada por este tribunal en Franceschi v. Mario Mercado e Hijos, 37 D.P.R. 596. La sentencia de la Corte de Distrito de Ponce que declaró sin lugar la demanda contenía el siguiente pronunciamiento: “Se declara sin lugar la demanda con costas, desembolsos y honorarios de abogado a los demandantes.” Después de algunos procedimientos (véase 41 D.P.R. 386) los honorarios de abogado fueron fijados en la cantidad de $10,000. A ins-tancia de la parte demandada, el secretario de la corte de distrito expidió mandamiento para que los $10,000 fueran cobrados indistintamente a los demandantes. María de la Paz Francesehi depositó en corte $1,698; María Julia, la misma cantidad; y Rafaela, $1,720.58; en total, $5,116.58. Esas cantidades fueron consignadas en secretaría bajo la teoría de que la sentencia de costas era mancomunada y que cada sucesión era responsable de exactamente la mitad de las costas. Aparentemente, nada pagó la sucesión de Antonsanti. Los apelantes dicen que había catorce demandantes en el •segundo pleito. No seguiremos el curso de todos los proce-dimientos, pero diremos que la cuestión respecto a si los .apelantes debían responder solamente de la cantidad que con-signaron en corte o del importe total de las costas impuestas a los demandantes en el pleito, fué debidamente planteada •a la corte. Esta tomó en consideración los artículos 328, 330 y 331 del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia de este tribunal en Manrique v. Díaz, 22 D.P.R. 180, y Diego Agüeros v. Navarrete, 36 D.P.R. 875. La corte declaró con lugar una moción presentada por la firma demandada y ordenó •que el secretario expidiese mandamiento para el cobro del •saldo adeudado, a ciertos demandantes especificados, entre los que se hallan los apelantes en este caso que hicieron la consignación en corte.

Los apelantes tratan de hacer distinción de los casos de Manrique v. Díaz y Agüeros v. Navarrete, supra, y quizá esas •decisiones no sean absolutamente obligatorias para ellos. Ambas partes han radicado alegatos elaborados. La principal contención de los apelantes es que el deber de pagar las costas es una obligación, y a menos que se disponga espe-cíficamente lo contrario, toda obligación, de acuerdo con el Código Civil, es mancomunada y no in solido.

La apelada sostiene, entre otras cosas, que una sentencia no es un contrato; que las costas se imponen ex delicto; que las obligaciones impuestas por sentencia no son en sentido alguno voluntarias o concensuales, y que las disposiciones del Código Civil apenas si se aplican a las sentencias. Nos inclinamos a convenir con la mayor parte del razonamiento de la apelada.

Además, nuestro Código de Enjuiciamiento Civil fue to-mado de Idabo. Según tenemos entendido, en la práctica americana las costas pueden cobrarse indistintamente contra todos y cada uno de los litigantes perdidosos. En el pago de costas no bay subrogación. En el estatuto adoptado en Puerto Rico la palabra “costas” debe entenderse como que ba sido usada en el mismo sentido en que lo fue en el estado del cual se tomó el estatuto. Allí no podría surgir duda alguna de que las costas eran cobrables como una penalidad contra todos y cada uno de los demandantes. También se nos ocurre que este pleito fue entablado por un número de demandantes individualmente. En el alegato de los apelantes éstos dicen que babía catorce demandantes. El número exacto no importa. El becbo cierto es que la parte de la .sentencia que concedió las costas fue dictada contra todos los demandantes. Si los apelantes tuvieran razón en su con-tención, entonces en cualquier pleito la obligación impuesta por la sentencia para el pago de las costas sería dividida mancomunadamente entre diez o catorce demandantes, o cual-quiera que sea el número de ellos. En otras palabras, la responsabilidad de cada demandante en este caso habría im-portado cerca de $700, suponiendo que hubiera catorce de-mandantes. De suerte que en cada caso un litigante victo-rioso tendría que entablar un pleito separado contra todos y cada uno de sus oponentes.

El artículo 331 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que la corte puede distribuir proporcionalmente las costas, lo que abona la idea de que en ausencia de tal distribución las costas pueden cobrarse indistintamente. No tenemos duda alguna de que todas las costas pueden cobrarse a cada uno de los demandantes a menos que la corte Rubiera dispuesto lo contrario.

Cada uno de los demandantes optó por unirse al pleito, y cada cual es responsable de las molestias causadas a la de-mandada.

Debe confirmarse la resohíción apelada.


author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    José G. Candelario, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno de Puerto Rico, compuesta de los Hons. Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, Dr. Antonio Fernós Isern, José G. López y Juan N. Herrero, demandada y apelante.
    No. 5873.

    Sometido: Febrero 7, 1933.

    Resuelto: Julio 19, 1933.

      Son. Procurador General Charles E. 'Winter, A. Ortiz Toro, Pro-curador General Auxiliar, y F. Janer, 8ubprocurador, abogados de la demandada; Juan B. Soto y J. Iglesias, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José G-. Candelario obtuvo en un procedimiento de mcm-damus un decreto de la Corte de Distrito de San Juan orde-nando a la Junta de fíe tiro que permitiera la jubilación del peticionario con la pensión provista por la ley. La junta se negó a permitir que el peticionario se jubilara, pero la Corte de Distrito de San Juan comenta el hecbo de que no se expu-siera razón alguna para ello. En apelación, el gobierno sos-tiene que la prueba sometida a la junta no era suficiente para demostrar la incapacidad del peticionario, como debe pro-barse tal incapacidad de acuerdo con la ley.

Sucedió que la junta exigió certificados médicos respecto a la supuesta incapacidad del peticionario. Todo el caso depende de la interpretación a darse a los informes de los médicos que le examinaron. La apelante sostiene que estos informes contenían conclusiones de derecho. A esta contención la corte contestó que esos informes fueron hechos en impresos que exigían respuestas específicas. Los impre-sos fueron suministrados por la junta. En el examen del doctor Marcos A. Manzano una de las preguntas, la número 18, fué: “¿Está el solicitante parcial o total y permanente-mente incapacitado para desempeñar los deberes de su cargo o trabajo?” La respuesta fué: “Sí, por su escasa salud.” La respuesta del Doctor González a la misma pregunta fué, “Sí.” Convenimos con la apelante en que algunas de las otras respuestas no presentan tal caso de escasa salud que incapacite necesariamente a un hombre para trabajar. Sin embargo, en un caso de esta índole, las conclusiones de nn médico no deben ser consideradas como la presentación de prueba en nn juicio. Ellos son peritos y al igual que sucede con todos los peritos, sus opiniones tienen un valor por sí mismas. Sus conclusiones no son meras conclusiones de de-recho. La sección 6 de la Ley No. 104 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 953), tal cual la vemos, no exige que una persona esté totalmente incapacitada a fin de gozar del derecho a pensión. Aparentemente es suficiente de acuerdo con la ley,, que el solicitante esté parcial o totalmente incapacitado en opinión de los médicos que le examinen.

Quizá la Junta de Pensiones no queda obligada, con-forme sostiene la apelante, por los informes médicos, pera estos informes fueron todo lo que la corte tuvo ante sí. Puede ser que la corte discrecionalmente no estuviera obligada a regirse por los informes. El caso fué sometido con esa prueba y no hallamos que se cometiera error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    José Ruiz Sevilla, demandante y apelante, v. Angel Umpierre, demandado y apelado.
    No. 6157.

    Sometido: Mayo 24, 1933.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      B. Bivera Zanjas, abogado del apelante; Celestino Iriarle j F. Fer-nández Cuyar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Ruiz Sevilla otorgó como arrendador contrato de arrendamiento en favor de Angel Umpierre. Éste debía pagar $125 mensuales y las contribuciones. El contrato de arrendamiento contenía también la cláusula de que “la parte que falte al cumplimiento de este contrato indemnizará a la otra con una suma no menor de $500.”, La demanda en el presente caso fue radicada con el objeto de recobrar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de junio, julio y parte de agosto, ascendentes a $349.84, más las contribuciones, que importaban $168.80, así como también la penalidad de $500. La corte de distrito dictó sentencia en favor del demandante por la suma de $518.64, por la renta y las contribuciones, pero se negó a dictar sentencia por la penalidad de $500.

Lo que sucedió en este caso fue que en la finca arrendada había una casa que fué destruida por el fuego y no restituida por el arrendador. Al interpretar el contrato dé arrenda-miento la corte, como una de sus razones para negarse a imponer la penalidad, resolvió que cada uno de los contra-tantes había dejado de cumplir con los términos del contrato. Se nos hace difícil ver cómo el arrendador dejó de cumplir con los términos del contrato de arrendamiento, cuando de acuerdo con la ley él no tiene obligación de hacer otra cosa que las reparaciones. El no está obligado a reconstruir la casa.

Sea ello como fuere, convenimos con el apelado en que la sentencia debe ser confirmada en vista de las disposi-ciones de los artículos 1120' y 1121 del Código Civil, antigua edición, que leen como sigue:

“Art. 1120. — Bn las obligaciones con cláusula penal, la pena substituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
“Sólo podrá hacerse efectiva la pena .cuando ésta fuere exigible conforme a las disposiciones del presente Código.
“Art. 1121. — El deudor no podrá eximirse de cumplir la obli-gación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hu-biese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exi-gir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfac-ción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otor-gada. ’ ’

Si bien es cierto que estos artículos Rabian más bien dei derecho del arrendador a elegir la penalidad, que de daños y perjuicios, no obstante, el artículo 1121 al final dice clara-mente que la persona en cuyo favor exista una penalidad debe hacer una elección. Al decir el artículo 1121 que el acreedor no puede exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, a menos que esta facultad le haya sido claramente otorgada, el código quiere decir a menos que el contrato especifique que tanto la pena-lidad como los daños y perjuicios hayan sido estipulados y que se haya hecho constar que pueden obtenerse de acuerdo con el contrato celebrado por las partes. Este razonamiento está sostenido por 8 Manresa 238.

En este caso el demandante trató de cobrar tanto la pe-nalidad como el importe de los cánones y las contribuciones, y, a tenor de las disposiciones del Código Civil, debe limitarse al cobro realmente concedido.

El apelante también se queja de que se dejaran de imponer las costas, pero la regla corriente de este tribunal es generalmente no ir contra la discreción de la corte inferior cuando el demandante ha solicitado una suma independiente a que no tenía derecho.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ignacio Flores, acusado y apelante.
    No. 4952.

    Sometido: Junio 14, 1933.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Flores, declarado culpable por un jurado de un delito de violación en la persona de María Leonarda Figueroa, fue condenado por la Corte de Distrito de Ponce a la pena de cinco años de presidio. No conforme el acusado con esta sentencia interpuso el presente recurso de apelación. Se alega que la corte a quo erró “al permitir, con la oposición de la defensa, que la declaración de la presunta perjudicada María Leonarda Figueroa, quien es una analfabeta y en el momento de empezar el juicio informó el fiscal es una sordo-muda, fuese trasmitida al jurado por mediación del intér-prete Juan José Figueroa, quien es un analfabeta y hermano de la perjudicada, y quien no tenía la preparación necesaria para servir como tal intérprete.”

Dos son las razones que sirven de base a la defensa para juzgar errónea la admisión del intérprete Juan José Figueroa: el analfabetismo de dicho intérprete y el de su hermana y el parentesco que media entre ambos. No se que-rella la defensa de que se haya admitido el testimonio de María Leonarda Figueroa, sino de que este testimonio haya sido trasmitido por un intérprete que es analfabeta y que no tiene la preparación necesaria para servir como tal intérprete.

El fiscal anunció primeramente que la supuesta perjudi-cada era sordomuda y se hacía necesario obtener su declara-ción mediante un intérprete, luego de haber sido éste exa-minado con respecto a su capacidad y competencia para in-terpretar a la referida sordomuda. Compareció ante la corte la testigo. Fué examinada por el fiscal y por el juez y con-testó las preguntas que se le hicieron con sonidos guturales y señales con los dedos, sin pronunciar palabra alguna. La defensa declinó interrogarla, insistiendo que no se había pro-bado que era sordomuda. La corte resolvió admitir el tes-timonio. Se procedió entonces a examinar al intérprete para determinar su capacidad como tal. Se le sometió a un inte-rrogatorio bastante amplio y declaró que María Leonarda Figueroa es su hermana menor, que vivieron juntos desde que nació, que dicha hermana nació sordomuda y que siempre se ha entendido y se entiende con ella por señas, que com-prende todo lo que ella le dice y que nunca ha oído a su hermana pronunciar palabra inteligible.

La corte, después de examinado el testigo por el fiscal y la defensa, decidió admitirlo como intérprete, expresándose en los siguientes términos: “La corte cree que se ha capa-citado al testigo Juan José Figueroa para servir de intérprete a María Leonarda Figueroa, por ser ésta una sordomuda, de acuerdo con lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Arroyo, 38 D.P.R. 530, en que el fiscal quiso traer precisamente a la madre y la defensa se opuso. Entonces se trajo a un perito y ese perito se cualificó por el hecho de que tiene cuatro hermanos sordomudos y con ellos se comunica por señas. De manera que en cuanto a la capacidad, la corte cree que está capacitado el testigo.” La defensa tomó excepción a la resolución de la corte. No creemos que el analfabetismo de José Figueroa sea razón suficiente para incapacitarlo como intérprete de la sordomuda si realmente está acostumbrado a comunicarse con ella por señas y puede entender lo que le dice. En el caso de People v. McGee, 1 Denio (N. Y.) 19, se resolvió que no es necesario que el sordomudo sepa leer y escribir. Tampoco debe ser necesario que el intérprete reúna estas condiciones. Lo esencial es que esté acostum-brado a comunicarse con el sordomudo mediante preguntas y respuestas formuladas por señas mutuamente comprendidas por uno y otro. En el citado caso de People v. McGee, se trataba de una sordomuda de entendimiento reducido, pero se demostró que podía hacer señas y que tenía entendimiento bastante para protegerse a sí misma y comunicar sus deseos, y observar cosas de las cuales informaba al intérprete por señas que éste podía comprender, y que no tenía dificultad en sostener una conversación ordinaria. La corte sostuvo que no había objeción a su competencia como testigo para producir su testimonio a través de un intérprete por señas, aunque la sordomuda no podía hablar ni escribir. En dicho caso el testigo que actuó como intérprete tenía un conocí-miento previo del entendimiento y capacidad de la persona cuya evidencia fué llamado a trasmitir.

La capacidad del intérprete puede demostrarse, a nuestro juicio, en un caso como el presente en que la sordomuda es analfabeta, mediante prueba de que está acostumbrado a comunicarse con el sordomudo por señas, que se bace en-tender del mismo y que entiende e interpreta fielmente el sig-nificado de sus señas. En el caso de Bugg v. Houlka, 9 A. L. R. 480, resuelto por la Corte Suprema de Mississippi, de-claró un testigo sordomudo por medio de un intérprete. En este caso dijo la corte:

‘ Opinamos que no hay mérito en el argumento de. que el intér-prete era incompetente. Se ha sostenido que el intérprete de un sordomudo no necesita ser perito si puede entender suficientemente las señas usualmente empleadas por el testigo sordomudo y puede interpretar fiel y verdaderamente su significado.”

Arguye el apelante que Juan José Figueroa, por el hecho de ser hermano de la testigo, “tenía que tener un interés marcado en que la acusación del fiscal prosperase, siendo además una persona sin instrucción alguna que no estaba en condiciones de traducir las preguntas que los abogados defensores debían hacerle a la perjudicada.” No creemos que el parentesco sea motivo de incapacidad para desempeñar las funciones de intérprete, cuando se trata de trasmitir el testimonio de un sordomudo. Los parientes, que han estado en constante asociación con el sordomudo y se-ñan familiarizado con sus señas y las entienden y se hacen entender del mismo,, pueden ser a veces las únicas personas accesibles para servir de intérprete y las más capacitadas para trasmitir su testimonio con fidelidad, sobre todo cuando, se trata de un sordomudo que no sabe leer y escribir. El interés que un testigo pueda tener en un caso determinado-no es en nuestros tiempos motivo de incapacidad. No hay duda alguna de que Juan José Figueroa, si hubiese presen-ciado los hechos imputados en la acusación, habría estado capacitado para declarar como testigo a pesar de ser her-mano de la sordomuda. También debe estarlo para trasmitir su testimonio después de baber prestado un juramento de interpretarla con fidelidad.

El segundo error que se atribuye a la corte consiste en no haberse permitido a la defensa que preguntara a la testigo María Leonarda Figueroa si había tenido contacto carnal anteriormente con otros hombres. La pregunta for-mulada por la defensa dice así: “Que si ella, antes de esa noche había querido a otros hombres.”

Arguye el apelante que tenía derecho a investigar la con-ducta de la perjudicada en el curso de las repreguntas. La corte no permitió a la defensa formular esta repregunta, reservándole el derecho de ofrecer esta defensa en el mo-mento oportuno como prueba del acusado. Aun en la hipó-tesis de que esta pregunta fuese admisible, del modo como fué formulada, entendemos que la resolución de la corte no lesionó ningún derecho del referido acusado. La defensa, al anunciar la teoría de su caso, dijo que el acusado no era responsable de los hechos imputados por el fiscal, porque no los cometió, y el propio acusado, a preguntas de la defensa, manifestó que no realizó acto carnal alguno con su prima, que es la sordomuda, a quien respeta como familia. No puede querellarse el acusado de haber sido perjudicado por la no admisión de esta repregunta, desde el momento en que niega haber tenido acceso carnal con la sordomuda.

La Corte Suprema de Utah, en el caso de State v. Scott, 188 Pac. 864, se expresó en los siguientes términos, discu-tiendo una cuestión prácticamente igual a la planteada por la defensa en este caso:

“Se alega además que la corte erró al no permitir al acusado probar que la reputación general de la perjudicada con respecto a su castidad era mala. En otras palabras, que dicha perjudicada no estaba reputada como casta en la comunidad donde vivía. La de-fensa insistió que de acuerdo con las decisiones tal defensa estaba autorizada. En vista de que el acusado negó que estuviera con la perjudicada la noche en cuestión, y que hubiera tenido comercio carnal con ella entonces o en cualquier otro tiempo, nosotros no pode-mos concebir cómo tal evidencia pueda tener ninguna pertinencia en este caso, excepto tal vez para afectar la credibilidad de la per-judicada. Sin embargo, no se ofreció la prueba para este fin y no se alega aquí que debió ser admitida para dicho propósito. Cuando el acusado admite el acto sexual, pero alega que la perjudicada con-sintió, y cuando como aquí ella ha llegado a la edad legal, tal evi-dencia es pertinente sobre la cuestión del consentimiento. Si bien es cierto que aun una prostituta puede negarse a consentir al acto carnal, sin embargo, de acuerdo con la ley, una mujer deshonesta es mucho más accesible al consentimiento que una mujer casta, y por lo tanto, evidencia de que la perjudicada estaba generalmente reputada como no casta, es pertinente para el propósito mencionado.’7

Copia la Corte Suprema de Utah un párrafo de la opinión emitida por la Corte Suprema de Florida en el caso de Rice v. State of Florida, 35 Fla. 236, 17 So. 286, que dice así:

“Considerando la línea de defensa adoptada por el acusado, nin-gún perjuicio puede habérsele ocasionado mediante la exclusión de este testimonio. El único propósito para el cual tal testimonio fué ofrecido era demostrar una probabilidad de consentimiento por parte de la perjudicada al acto del acusado. La defensa no se basó sobre una teoría de consentimiento al acto, sino sobre una negativa por el acusado de que él hubiese tenido comercio carnal con la mucha-cha. Por lo tanto, el testimonio era completamente impertinente y no pudo tener ninguna referencia a la defensa hecha por el acusado.77

Véanse también los casos de Jordan v. State, 165 Ark. 502, 265 S. W. 71; y Nickels v. State, 90 Fla. 659, 106 So. 489.

En el presente caso, según se deduce de las manifesta-ciones de la defensa, la prueba fué ofrecida única y exclu-sivamente con el propósito de demostrar la probabilidad del consentimiento de la perjudicada. Al oponerse el fiscal a la repregunta de la defensa, ésta hizo constar que se estaba in-vestigando un caso de violación por fuerza y violencia y que era pertinente saber si la perjudicada se había querido con otros hombres. Tampoco tuvo éxito la defensa con la prueba que ofreció sobre la conducta de María Leonarda Figueroa. Wenceslao Colón, testigo de la defensa, declaró que hace diez años tuyo an hijo en la sordomuda. Se le preguntó sobre el concepto general de la misma, y contestó: “Lo que yo sé nada más. Después de ese caso conmigo, no se Labia nom-brado; La sido nna mujer que estaba en su casa.”

El testigo Ernesto Ortiz declara que bacía como 3 ó 4 años que conocía a María Leonarda Figueroa, que no ba visto que se baya querido con otros hombres, aunque ha sabido algo por referencia. Cuando se le pregunta si conoce la reputación de que goza en la comunidad María Leonarda Figueroa, responde que la ignora. Esta es toda la prueba ofrecida por la defensa sobre la conducta moral de la sordo-muda. Como ya dijimos antes, la corte en su resolución no lesionó ningún derecho del acusado, desde el momento en que éste niega rotundamente que haya tenido comercio carnal con la perjudicada. Se desestima este supuesto error.

Se alega además que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al dar sus instrucciones al jurado en la forma en que lo hizo, perjudicando así los derechos substanciales del acusado. En su alegato, la defensa llama la atención al párrafo segundo de las instrucciones de la corte al jurado, que dice así:

“Y como primera providencia, permítanme los señores del ju-rado que les diga que ni el informe del abogado defensor ni el in-forme del fiscal pueden considerarlos los señores del jurado como prueba en el caso; es decir, no vais a resolver este caso por lo que haya dicho el fiscal ni por lo que haya dicho el abogado defensor, sino única y exclusivamente por lo que han declarado aquí los testi-gos en el día de hoy.”

Es claro que los informes del fiscal y la defensa no cons-tituyen evidencia en el caso. Asumimos, porque así se des-prende a nuestro juicio del texto del párrafo que acabamos 4e copiar, que al decir la corte al jurado que no iba a resolver el caso por lo que haya dicho el fiscal ni por lo que haya dicho el abogado defensor, sino única y exclusivamente por lo que han declarado los testigos, quiso reiterar su manifesta-ción de que lo dicho por ambas partes no constituye prueba. No parece que la corte se refiriera a los argumentos que se ofrecieron por las partes en defensa de sus respectivas posi-ciones. No es propio que la corte, al instruir al jurado, Raga manifestaciones tendentes a desacreditar los argumentos que se aduzcan dentro de los límites de la ley y de los Rechos del caso. Las partes tienen el dereclio de ser oídas a través de sus abogados, y a presentar sus argumentos con la debida amplitud, y es deber de la corte garantizar y proteger el ejercicio de este derecRo reconocido por la ley. Aunque,, como ya Remos dicRo, las palabras de la corte no tienen el alcance que le atribuye la defensa, sin embargo, Rubiese sido' preferible que se Rubiese omitido por lo menos la última parte de la instrucción objetada.

Alega el acusado que la instrucción dada por la corte en el sentido de que es bastante que la prueba de corrobora-ción tienda a demostrar algunos detalles que establezcan la relación entre el acusado y el delito, no está autorizada pol-la ley. El informe de la corte al jurado en cuanto a la corro-boración, dice así:

“De acuerdo eon la ley, en casos de violación, el acusado no-puede ser declarado culpable con la sola declaración o testimonio-de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corroborase con alguna otra prueba. No es necesario, sin embargo, que la prueba de corroboración comprenda o muestre por sí misma todos los ele-mentos del delito, sino que -es bastante si ella tiende a mostrar al-gunos detalles que establezcan una relación entre el acusado y el delito.
“Antes de entrar en esas instrucciones generales, era mi inten-ción insistir algo más en la cuestión de la corroboración, en que se insistió mucho por las partes, pero que tampoco pueden obedecerlas-los señores del jurado. Ningún hombre puede ser declarado culpable en Puerto Rico de un delito de violación por la sola declaración de la mujer. Vosotros que sois hombres os daréis cuenta del peli-gro que eso sería: una mujer no tendría más que decir, ‘Fulano de Tal me violó,’ y si la declaración de ella nada más fuera sufi-ciente, ya sabríais la injusticia que se podría cometer. Por eso la ley prevé, y sabiamente exige que esa declaración sea corroborada. por alguna prueba. ¿Qué prueba es ésa? Ya os lo dije anterior-mente.
“El delito de violación, como todos los delitos, cuando se va a cometer, no se comete delante de testigos. El que va a cometer un delito por lo general busca cometerlo donde nadie lo vea. Por tanto, se requiere la corroboración en esta clase de delitos, además de otra prueba. Y no es necesario que esa prueba sea de tal naturaleza que se corroboren todos los extremos de la violación en sí; eso no lo re-quiere la ley. Lo único que se requiere es prueba de detalles que lleven a la mente de los señores del jurado la conexión, la relación que baya podido tener el acusado con el delito.”

Opinamos que es innecesario disentir la cuestión planteada por la defensa, porque en este caso la prueba aportada, que el jurado creyó al dictar un veredicto de culpabilidad, reúne elementos bastantes de corroboración para sostener el refe-rido veredicto. Declaró en primer término el perito médico, manifestando que había examinado los órganos genitales de María Leonarda Figueroa, encontrando que había un desgarre del himen con marcada equimosis de la labia minora y de los tejidos contiguos; equimosis en el bajo vientre y en el tercio superior de la pierna izquierda, región interna, con una secreción muco-purulenta y la horquilla baja, que son señales de coito. Certifica el facultativo que había señales de un coito reciente y de violencia corporal. La referida María Leonarda Figueroa había sido desflorada con ante-rioridad.

Declaró la perjudicada, por conducto del intérprete Juan José Figueroa, que el acusado a quien ella llama Tato, que era su primo hermano, la noche de autos la agarró por un brazo en compañía del viejo Emiliano, la llevó más abajo de la casa donde se celebraba un baile, le apretó la nariz, la cogió y la forzó y le tapó la boca, teniendo contacto carnal con ella.

Declararon también los testigos Eduvigis Ortiz, Germán Díaz y Andrés Corsino que habiendo desaparecido del baile la sordomuda María Leonarda Figueroa salieron a buscarla y encontraron que más abajo de la casa, cerca de un rancho,, estaba con ella el acusado Ignacio Flores con el viejo Emi-liano y qne al aproximarse a ellos con el fin de inquirir qué hacían allí, el acusado manifestó que no se arrimara nadie, porque peligraba la vida del que se arrimara. Andrés Cor-sino lo emplazó para la corte al siguiente día, contestando el acusado que no le tenía miedo ni a la corte ni a los jueces ni a nadie; que los testigos se retiraron y el acusado quedó con la sordomuda, sin que regresaran a la casa del baile en todo el resto de la noche hasta el amanecer en que regresó Ignacio Flores, el acusado, solo.

Germán Díaz declara que como a las dos de la mañana vió que el Sr. Emiliano Ortiz fue a la puerta del cuarto donde estaba María Leonarda, la cogio por un brazo y haciendo un simulacro como que estaba bailando con ella, se fueron a la puerta donde estaba el señor Ignacio Flores y que de allí se fueron los tres, yendo Leonarda apacible y andando por sus pies. El fiscal muestra al testigo una declaración anteriormente prestada, que el testigo reconoce y ratifica, según puede verse por las preguntas y respuestas que co-piamos a continuación:

“¿Usted recuerda haber declarado ante el Juez Municipal No-gueras lo siguiente 1: ‘ Se la entregó a Ignacio Flores, que estaba en la puerta del subir del baile. Ignacio entonces le echó el brazo a María Leonarda por encima y se la llevó a la fuerza porque ella no quería ir.’ Vamos a ver cuál es la verdad, si esto que usted de-claró en esta declaración ante el juez municipal, o lo que usted acaba de declarar, en los puntos en que no coinciden.
“Tormes: Muy sugestiva, señor juez. Por la forma de la pre-_ gunta nos oponemos.
“Juez: Con lugar la oposición.
“Explique la contradicción.
‘ ‘ Testigo: La contradicción que hay aquí es que yo en esta de-claración que hay aquí me equivoqué; pero es verdad que él le echó el brazo.
“Fiscal: ¿Se la llevó a la fuerza?
“Colón: No, señor, me opongo.
“Tormes: Con nuestra oposición; muy sugestiva.
“Juez: La corte la admite.
“Fiscal: ¿Se la llevó a la fuerza?
“Tormes: Ésa es una conclusión.
“Fiscal: ¿Usted no lo declaró ahí?
“Test. — Después que la llevaron parte abajo de la casa, se la llevaron a la fuerza.
“Fiscal: ¿Don Emiliano se la entregó al acusado y el acusado se la llevó a la fuerza? ¿Eso fué así o no fué así?
“Tormes: Eso es muy, muy sugestivo.
“Test.' — -Después que se fueron los dos, que se fueron parte abajo de la casa, entonces sí iban a la fuerza. Ella, desde luego, cuando el señor Ignacio Flores se la llevaba, no me di cuenta si iba llorando, o, que como no sabía la idea con que él se la llevaba ....
“F. — ¿De manera que fué a la fuerza que la llevaba?
“Sí.
“Tormes: Nos seguimos oponiendo.
“Fiscal: Nada más.
“Juez: Repregunta . . .
“Tormes: ¿Usted escribió eso?
“Eso yo no lo escribí. Yo lo pronuncié por mi boca y otro lo escribió.
“Fiscal: Entonces presento esto.
“Tormes: Con nuestra oposición, señor juez.
“Juez: La corte no la admite porque él ha explicado aquí ya que por lo largo de la declaración se le olvidó eso.
“Tormes: ¿Usted vió la fuerza esa que hizo el acusado cuando se la entregó Emiliano?
“Testigo: Seguramente. Cuando iban para la parte abajo de la casa, pues le echó el brazo y se la llevó a la fuerza.”

También declara G-ermán Díaz que él, Andrés Corsino y Eduvigis Ortiz, hijo este último de Emiliano Ortiz, quien según el testigo entregó la sordomuda al acusado, salieron a buscarla, yendo el testigo detrás, y que al encontrarlos, en un sitio donde bay nn rancbito, don Andrés les dijo: “¿Para dónde van ustedes con esa mujer?”, contestando Ignacio que el que se le acercara corría peligro, y que don Andrés dijo: “Pues la cosa está mala, vámonos que eso se arreglará en la corte”; que en el momento en que vió a Leonarda cerca de la casita, estaba gimiendo, como que quería llorar, que no estaba llorando, sino que le salía una cosa como que quería llorar. Bduyigis Ortiz, hijo de Emiliano, declara que María Leonarda estaba tranquila, que no hacía movimiento.

Declaró también la testigo Narcisa Alicea, tía carnal del acusado, así como de la sordomuda, expresando que la noche del baile dicho acusado llevó la sordomuda a su casa, a casa de ella, y la dejó allí.

Como prueba de defensa, el acusado presentó cuatro récords criminales para demostrar que cuatro individuos habían sido acusados por el fiscal del distrito por violaciones cometidas esa-misma noche con la perjudicada. Trató tam-bién de demostrar la mala reputación de que gozaba la sordo-muda en la comunidad, sin que tuviera éxito en sus propó-sitos. Declaró por último el propio acusado, quien manifestó que la noche de autos sacó del baile a la sordomuda y la llevó a casa de su tía Narcisa para evitar abusos que dice se cometían con ella, negando 'que hubiese tenido contacto carnal con la misma. El fiscal le pregunta a qué atribuye el coraje y la indignación que la sordomuda demostró en la silla contra él y responde que al odio que le tiene la referida sordomuda. Copiamos a continuación lo que dice el acusado sobre este extremo, a preguntas del fiscal:

“Fiscal: ¿Usted oyó lo que declaró la muda aquí esta mañana?
‘ ‘ Testigo : Sí.
“Fiscal: ¿Usted la oyó decir, refiriéndose a usted, llamándole Tato?
“Eso es.
“¿Usted vió lo que ella declaró?
“Sí.
“¿Esta mañana? ¿Lo oyó?
“Lo oí.
“¿Qué hay con respecto a eso?
“Pero eso no es así como ella dice.
“¿Cómo usted sabe que no es así?
“Porque no, porque no es así.
“¿A qué atribuye usted ese coraje que ella le tiene a usted, esa indignación que demostró ahí en la silla, en contra de usted?
“Porque me tienen un odio personal.
“¿Quién?
4 ‘ Ellos mismos.
“¿Pero la muda, la muda?
4‘La muda.
““¿Por qué?
‘“Pues no sé por qué será.
“¿Usted es familiar de ella?
“‘Sí. Pero usted puede tener un hermano y le puede coger odie también.
“¿Por qué le tiene ella odio a usted, basta ese extremo de acu-sarlo en esa forma?
“No sé por qué me tendrá odio.
‘ ‘ ¿ Pero usted la oyó esta mañana acusándole a usted en esa forma ?
“ ‘ Testigo: Sí, lo oí.
■“Fiscal: ¿No sabe por qué será ese odio contra usted?
“No sé por qué será.”

El jurado apreció la prueba y declaró culpable a Ignacio Mores de un delito de violación. Entendemos que hubo prueba de corroboración, y que esta prueba, creída por el jurado, fue -suficiente para declarar culpable al acusado. Se desestima, por tanto, el último error basado en que el vere-dicto es contrario a la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con él resultado.