author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Municipio de Guayanilla, demandante y apelante, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, demandada y apelada; Jesús Stella Rodríguez, interventor y apelado.
    Núm. 7509.

    Sometido: Marzo 15, 1938.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      Pedro M. Porrata e Ismael Soldevila, abogados del apelante; Leopoldo Tormes García, abogado del interventor apelado; Son. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, abogados de la demandada y apelada.'
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Don Jesús Stella Rodríguez, dueño de más de 500 cuerdas de terreno que dedica al cultivo de caña de azúcar en la municipalidad de G-uayanilla, se querelló ante la Comisión de Servicio Público de que la American Railroad Co. of Porto Rico se había negado a instalarle un desvío en los kilómetros 256 y 257 de la línea general de dicho ferrocarril, por impe-dírselo la regla de la Comisión de Servicio Público que prohíbe la construcción de desvíos a una distancia menor de dos kiló-metros de otro existente, hallándose el denominado “ Peñón - cillo” a menos de dos kilómetros del sitio interesado por el querellante. Alegó en la querella que la actitud de la que-rellada era injustificada, caprichosa y perjudicial a él; que el desvío sería público, para beneficio de otros que también qui-sieran utilizarlo; y terminó suplicando que se ordenara la ins-talación del desvío en Ja forma y sitio solicitados, con más cualquier otro pronunciamiento en consonancia con la ley y los hechos.

El 18 de septiembre de 1933 la Comisión celebró una au-diencia, a la que comparecieron el querellante Sr. Stella Rodrí-guez, representado por su abogado, y la American Railroad Co. of Porto Rico por el suyo. Ambas partes presentaron su prueba, resultando, a nuestro juicio, probado que el sitio seleccionado por el querellante para conectar el desvío es el más conveniente por ser el sitio donde la carretera se acerca más a la vía y por haber en derredor una cantidad considerable de caña que se hace necesario boy transportar a la esta-ción de Guayanilla como punto más cercano, para de allí ser cargada y distribuida; que el trayecto hasta la estación de Gruayanilla resulta muy inconveniente debido al tráfico en la carretera, pérdida de caña y probabilidad de daños a menores que montan en las carretas y trucks para sustraer pedazos de caña; que el desvío de Peñoncillo es inadecuado porque no hay caminos con acceso a él; que el terreno donde se proyecta conectar el desvío pertenece a la American Eailroad Co. of Porto Eico; que en ese lugar podrían cargarse de 10 a 12,000 toneladas de caña, y que el tránsito de carros de caña durante la zafra le ocasiona mucho daño a las carreteras.

En vista de que la oposición de la querellada se basaba únicamente en la regla de la Comisión ya mencionada, ésta acordó, una vez terminada la vista, acceder a la solicitud del querellante, y haciendo una excepción a su regla, ordenó la concesión del desvío en el sitio solicitado.

Así las cosas, en 2 de octubre de 1933 compareció ante la Comisión el Municipio de Guayanilla solicitando mediante moción que se le permitiera intervenir en los procedimientos, a cuyo fin alegó que no tuvo conocimiento de la querella basta el 28 de septiembre de 1933; que la orden solicitada afectaba derechos del municipio; que de la querella no aparece la persona o personas propietarias del terreno donde se pretendía construir el desvío, y que con éste se invadiría propiedad del municipio- y se obstruiría el uso del camino municipal.

Con motivo de dicha moción, la Comisión tomó el acuerdo unánime de dejar el asunto pendiente basta tanto la Com-pañía del Ferrocarril sometiera un plano del sitio- donde iba a situarse el desvío, y si aparecía de él que los derechos del Municipio se afectarían, entonces concedería la intervención solicitada. Para resolver la moción de intervención con vista del plano, celebró la Comisión una nueva vista el 22 de noviem-bre de 1933, a la que comparecieron el querellante, la que-rellada y el interventor, todos representados por abogados. El resultado fue permitirle al municipio que interviniera y señalar el 27 de noviembre de 1933 para oír su prueba. Cele-brada esta tercera comparecencia, la Comisión dictó, con fecba 21 de diciembre de 1933, la siguiente resolución:

“Visto y considerado detenidamente un informe del Comisionado de Servicio Público, de fecba 19 de diciembre de 1933, la Comisión a moción del Sr. Delgado acordó hacer suyo el mismo en todas sus partes, dejando así resuelta definitivamente la querella presentada por Jesús Stella Rodríguez contra la American Railroad Co. of P. R., sobre negativa a conectar un desvío entre los kilómetros 256 y 257 de la línea general de dicho ferrocarril.”

El informe a que se refiere la Comisión en la anterior reso-lución dice así textualmente :

“19 de diciembre de 1933. — En el asunto de la querella de Jesús Stella Rodríguez contra la American Railroad Co. of Porto Rico sobre negativa a conceder un desvío entre los Kms. 256/257 de la línea general de dicho ferrocarril. Caso No. C-173.
“En este caso compareció Jesús Stella Rodríguez para solicitar la instalación de un desvío cerca de sus propiedades con el fin de poder embarcar por ferrocarril una cantidad de caña. Compareció la American Railroad Company manifestando que la única razón que tenía para oponerse a la construcción del desvío en el sitio indicado, era que dicho desvío quedaría situado a 1 y% kilómetros aproximada-mente de otro desvío ya establecido, y que esto violaba una regla de la Comisión de Servicio Público y por tal motivo sometían el caso a la Comisión.
“Se celebró vista pública con la comparecencia de la American Railroad Company, y de la declaración del ingeniero del ferrocarril, Sr. Etienne Totti, la Comisión llegó a la conclusión de que el desvío Peñoncillo, cerca del cual se encontraría el que aquí se solicita, hace próximamente año y medio o dos años que está inservible, es decir, que está sin uso; y que además mediante mejoras que se han hecho en la construcción de las agujas, que son de una sola pieza, práctica-mente ha desaparecido el peligro que representaba la cercanía de los desvíos.
“La Comisión después de oír la prueba tomó el siguiente acuerdo por unanimidad: ‘OsdenaR, sin que se entienda que ello establece precedente alguno, que se proceda a la instalación del aludido desvío en armonía con las recomendaciones que desde el punto de vista téc-nico formule el ingeniero de la American Railroad Company, orde-nándose además a las partes que formalicen el contrato de rigor para estos casos.’
“Desde luego que se justificó que el peticionario es propietario de una cantidad considerable de terreno y que cosecha un volumen de cañas de unas 7 a 10,000 toneladas.
“Esta resolución fué dictada el 18 de septiembre de 1933 y con fecha 31 del mismo mes se envió aquí un telegrama por el Alcalde de Guayanilla, solicitando 30 días para preparar un plano demos-trativo de qué derechos de ese municipio iban a ser afectados. La Comisión dió un plazo a las partes para que presentaran el plano de referencia y señaló de nuevo el asunto para vista pública, dándole oportunidad al Municipio para que compareciera. Celebró nueva vista la Comisión y oyó al municipio, que compareció por medio de su abogado.

La contención del Municipio de Guayanilla primeramente era la de que el desvío solicitado iba a ocupar parte de un camino municipal. De la prueba presentada ante la Comisión y de los planos aquí sometidos, aparece por el contrario que el ferrocarril tiene una faja de terreno de su propiedad colindante con un camino municipal y que para nada se utilizaría dicho camino en relación con la cons-trucción del desvío. El desvío quedaría instalado totalmente en te-rrenos del ferrocarril; y de las declaraciones del propio ingeniero del ferrocarril, señor Totti, se desprende que la faja de terreno dispo-nible para este fin es más que suficiente para que se pueda establecer la construcción con amplitud.

“La otra contención del municipio consistía en alegar que si se construía en el sitio indicado ese desvío, traficarían más carros por el camino de referencia y que esto perjudicaría el tráfico. Todo ciu-dadano tiene derecho a usar caminos municipales y carreteras insu-lares, y mientras no se pruebe lo contrario, no habremos de presumir que la construcción de un solo desvío habrá de ocasionar tal conges-tión de tráfico, que esto perjudique al público en general. Después de todo, la zafra dura alrededor de cinco o seis meses. De .las de-claraciones que se prestaron ante nosotros, el camino en cuestión es muy poco concurrido y apenas tiene tráfico alguno.
“Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta la teoría esta-blecida ya en otros casos, entendemos que es nuestro deber dar fa-cilidades al Sr. Stella Rodríguez para que pueda utilizar el ferroca-rril para su libre embarque de cañas, y que se debe proceder a con-ceder el permiso solicitado para construir el dicho desvío mediante el contrato correspondiente. Debe declararse, por lo tanto, sin lugar la. oposición. (Fdo.) Miguel A. Muñoz, Comisionado de Servicio Público de Puerto Rico.”

No conforme el municipio, apeló en 15 de enero de 1934 para ante la Corte de Distrito de San Juan, imputándole a la Comisión de Servicio Público doce errores que la corte al resolverlos redujo a los siguientes siete, debido a que innece-sariamente se repetían algunos, usando distinta fraseología:

“1. Que la petición no aduce hechos que justifiquen el remedio solicitado.
“2. Que la orden es nula porque no ordena en la forma y manera que requiere la Ley.
“3. Que la orden es nula porque no contiene un finding of facts específico.
“4. Que la Comisión de Servicio Público cometió error al dirimir cuestiones de propiedad para la resolución de las cuales carece de jurisdicción.
“5. Que la orden dictada por la Comisión no está justificada por el finding.
‘ ‘ 6. Que la Comisión de Servicio Público cometió error al ordenar la conexión de un desvío en un sitio peligroso para las personas que usan las carreteras y caminos públicos y vecinales al desvío que se ordena construir.
“7. Que la Comisión de Servicio Público cometió error al orde-nar una conexión de desvío en violación de la regia de los 2 Kms. es-tablecida por la Comisión misma.”

El mismo día y ante, la misma corte radicó una moción solicitando que se dictara una orden interlocutoria suspen-diendo los efectos de la orden apelada basta que se resolviera la apelación pendiente, para lo cual se ofreció “ a prestar todas las garantías que esta Corte estime necesarias de acuerdo con la ley aplicable al presente caso.” En 15 de enero de 1934 la corte citó a la Comisión de Servicio Público y a la American Railroad Company of Porto Rico para que comparecie-ran el día 25 de enero de 1934 a mostrar cansa por la cual no debía concederse la orden de supersedeas solicitada, y basta entonces y previa la prestación de una fianza de $2,000, prohi-bió a la American Railroad Co. of Porto Rico que ejecutara la orden de la Comisión. El 20 de enero de 1934 la corte ordenó la citación de las partes por telégrafo y a. moción de la Comisión hizo al Sr. Stella Rodríguez parte en el proce-dimiento el 15 de febrero de 1934. El 9 de marzo de ese mismo año decretó la suspensión de la orden de la Comisión previa la prestación de una fianza para beneficio de la parte que resultare agraviada, hasta la suma de $2,000.

Algún tiempo después, a saber, en 9 de abril de 1935, soli-citó el Sr. Stella Rodríguez que el municipio de Guayanilla prestara una fianza adicional o que la ya presentada fuera aumentada a por lo menos $5,000, pues debido al tiempo trans-currido la de $2,000 era insuficiente a la sazón. Aunque ello no consta de autos, parece que la corte señaló el 15 de abril de 1935 para oír a las partes en relación con la moción sobre ampliación de fianza, pues el 13 de abril, el municipio ape-lante solicitó que la vista se transfiriese para cualquier día después del 22 de abril. A pesar de esa moción de prórroga, la córte oyó al peticionario el día previamente señalado, y el 29 de mayo aumentó a $5,000 la fianza original. El 24 de agosto de 1935 archivó en la Corte de Distrito su contesta-ción don Jesús Stella Rodríguez, y el día 27 de ese mismo mes la Comisión de Servicio Público la suya. Por decreto del 16 de febrero de 1937 la corte de distrito desestimó la apelación interpuesta por el interventor apelante, Municipio de Guayanilla, y confirmó en todas sus partes la orden de la Comisión del 21 de diciembre de 1933, imponiendo al muni-cipio las costas y $300 para honorarios de abogado. De ese decreto apeló el municipio para ante este Tribunal Supremo. Señala en su alegato siete errores. Por estar íntimamente relacionados el primero con el segundo, los discutiremos con-juntamente.

Dicen así:

“1. La Corte de Distrito cometió error al exigirle una fianza de $2,000 al Municipio de G-uayanilla en su orden interlocutoria (,supersedeas) de marzo 9 de 1934.

“2. La Corte de Distrito cometió error al acceder a la moción de ampliación de fianza en su resolución de mayo 29 de 1935.”

Ni el apelante puede levantar ni esta corte debe resolver las cuestiones que plantea el municipio en dichos dos errores. Por eso nos limitaremos a esbozarlas solamente.

Se basa el apelante en el artículo 80 de la Ley de Servi-cio Público de Puerto Rico (núm. 70 de 1917, vol. 2, pág. 529) y en el 356 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). El primero de ellos lee así:

“Artículo 80. — Orden de suspensión (supersedeas) en apelación.— Ninguna apelación de ninguna orden de la Comisión (excepto según lo que más adelante se dispone), en ningún caso surtirá el efecto de una suspensión (supersedeas) de la orden apelada, a menos que'la predieha corte correspondiente, -en virtud de una orden interlocu-toria, diere efecto suspensivo a dicha apelación. Esta orden in-terlocutoria se dictará después del aviso a la Comisión y demás par-tes en autos, y de una vista sobre la petición pará que se dicte la orden interlocutoria de suspensión de sentencia (supersedeas). Al concederse una orden de suspensión de sentencia (supersedeas) a pe-tición de una compañía de servicio público en cualquier caso (ex-cepto lo que más adelante se dispone en la presente), la corte podrá, a su juicio, requerir la prestación de una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, para beneficio de todas las pa/rtes agraviadas, por la suma y en las condiciones que la corte dispusiere en su orden, o puede conceder dicha suspensión (supersedeas) en los términos y condicio-nes, que la corte, a su juicio prescribiere; Disponiéndose, sin embargo, que en todo caso de apelación por una compañía de servicio público contra una orden de la Comisión estableciendo, cambiando, alterando, o en cualquier modo afectando los precios, tipos, tipos mancomunados, o cargos por cualquier servicio, la apelación surtirá el efecto de una suspensión de sentencia (supersedeas) al prestarse una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, en dicha corte, por dicha compañía de servicio público, para beneficio de todas las partes perjudicadas por la falta de cumplimiento de la orden apelada, durante el período de dicha suspensión de sentencia (supersedeas). Dicha fianza será por la cantidad que la corte fijare y con fiadores que deberán ser aprobados por la corte, y bajo condición de reembolsar a todas dichas partes 'agraviadas cualquier exceso sobre el tipo o cargo fijado por la Comisión y que dicha compañía de servicio público hubiere recibido después de dictada la orden por la Comisión, si dicha orden fuese finalmente confirmada; y podrá también contener las demás condiciones que la corte' dispusiere y ordenare.” (Bastardillas nuestras.)

Y alega que a virtud de dicho artículo, la corte de dis-trito tiene facultades para exigir fianzas cuando la suspen-sión de la orden se concede a petición de una compañía de servicio público, pero no las tiene cuando se trata de cual-quiera otra entidad o persona a quien la ley no declara com-pañía de servicio público.

El segundo artículo invocado, el 356 del Código de Enjui-ciamiento Civil (ed. 1933), dice:

“Art. 356.- — -En cualquiera pleito o procedimiento en que la Isla o El Pueblo de Puerto Rico fuere demandante, o cualquier funcio-nario insular, en su carácter oficial, o en representación de la Isla, o cualquiera, ciudad o distrito fuere parte como demandante o de-mandado, no podrá exigirse bono, fianza o garantía de dicha Isla, ni del pueblo de la misma, ni de ningún funcionario ni de ninguna ciu-dad, pero no obstante, en todo lo relativo al cumplimiento de las demás disposiciones de este Código, dicha Isla o él pueblo de la misma, o cualquier funcionario insular actuando en su carácter oficial a cual-quiera ciudad o distrito tendrán los mismos derechos, ' recursos y be-neficios como si se hubieren prestado y se hubiere aprobado él bono, fianza o garantía que por este Código se requiere.” (Bastardillas nuestras.)

De este artículo dice que fortalece su interpretación del anterior.

Consideremos las razones que nos impiden dictaminar sobre las cuestiones sometidas a nuestra consideración. En la petición de supersedeas que bajo juramento hizo el apelante a la corte inferior para que suspendiera los efectos de la orden de la Comisión basta tanto resolviera definitivamente el caso (supra) dijo, como incentivo a la corte y a la otra parte para que se le concediera lo que solicitaba, que estaba dispuesto a prestar todas las garantías que le fueran exigi-das. No dijo entonces, como sostiene abora, que tenía dere-cho a la suspensión de la orden sin la prestación previa de una fianza; no alegó que los artículos 80 de la Ley de Servi-cio Público de Puerto Rico y 356 del Código de Enjuicia-miento Civil se oponían al requerimiento de la fianza. ¿Por qué no se abstuvo de ofrecer garantías si las creía ilegales! Fué el municipio quien invitó a la corte sentenciadora a hacer lo que ahora censura, o sea que le fijara una fianza o le exi-giera otras garantías como condición previa a la concesión de la orden interloeutoria de supersedeas. Por eso creemos que aun cuando la corte se haya equivocado al exigir al muni-cipio apelante la prestación de fianza, habiendo el propio municipio inducido a la corte a cometer ese error; no puede ahora valerse de él para atacar la sentencia recurrida.

“Error Inducido. — Es regla bien sentada la de que una parte no puede señalar con éxito como error una decisión que ella misma in-dujo a la corte sentenciadora a dictar; si esa parte pide o consiente que la corte sentenciadora proceda en una forma determinada, no se le permitirá que se queje de tal acción. . .” 2 R.C.L. 238, sec. 198, y casos citados.

Más aún. El apelado Stella Rodríguez alega en su alegato y ello aparece de los autos, que el apelante prestó sin protesta alguna la fianza de $2,000 que le fué exigida, *y posteriormente la de $3,000 adicionales. A la vista de la moción sobre ampliación de fianza, celebrada en la corte de distrito el día 15 de abril de 1935, donde el apelante pudo resistir la solicitud de mayores garantías y quizás si hasta anular la orden interloeutoria de 9 de marzo de 1934, ni siquiera compareció. No obstante, prestó la fianza adicional de $3,000 que le fué impuesta por resolución del día 29 de mayo de 1935. A nuestro juicio las actuaciones del municipio apelante implican un reconocimiento de la validez de ambas órdenes interlocutorias y una renuncia de su derecho a objetarlas, especialmente en apelación.

“. . . Una adecuada expresión de lo que equivale a una renun-cia sería la de que cualquier acto de una parte por el que implícita-mente reconoce la validez de una sentencia contra él, significa una' renuncia de su derecho a apelar de la misma o a suscitar errores para revocarla. ...” 2 R.C.L. 58, see. 38.

Podríamos ir aún más lejos y aplicar a este caso la regia no ciertamente de estoppel pero que participa de sus elementos y está sin duda alguna inspirada en el mismo principio, al efecto de que a una parte no le está permitido asumir en un procedimiento judicial, posiciones inconsistentes. Yéase 10 E.G.L. 698, seo. 26. Be modo que es dable resolver también que el apelante no sólo renunció sus derechos, si es que los tuvo, sino que está impedido (estopped-) de ejercitarlos abora, aun asumiendo que los baya tenido. En su moción del día 15 de enero de 1934 solicitando orden interlocutoria de supersedeas ofreció dar todas las garantías que la corte estimare necesarias. Ante este tribunal sostiene abora que el juez inferior no tenía facultad para exigirle la prestación de una fianza, o sea una posición completamente inconsistente con la que asumió antes.

“Por regla general una persona está impedida de adoptar una posición que resulte inconsistente con otra previamente asumida en el curso del mismo pleito o procedimiento. . . Una corte no puede adquirir jurisdicción del asunto en controversia mediante impedi-mento {estoppel), mas aquel que ha invocado el ejercicio de su ju-risdicción en un asunto en que la corte tiene facultad para asumirla, no puede más tarde oponerse a ella. . .” 10 R.C.L. 699 et seq., see. 27.

Véanse: Cortijo v. Rosario, 33 D.P.R. 431; P. R. Benevolent Society v. Municipio et al., 28 D.P.R. 824; Figueroa v. Figueroa et al., 23 D.P.R. 438.

Existe otra circunstancia, a saber, que la corte inferior no tuvo oportunidad de pasar por sobre las cuestiones que el apelante somete abora a nuestra consideración. La regla que ha establecido y generalmente seguido esta Corte Suprema es la de no considerar en grado de apelación aque-líos puntos que no tuvo ante sí el juez de la corte a quo. Véanse: Municipio de Isabela v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 529; Laviena v. Ramos, 35 D.P.R. 239; Castro v. Quiñones, 34 D.P.R. 816; García et al. v. Rodríguez, 27 D.P.R. 305; González v. Cabrero, 22 D.P.R. 341. Véase además 2 R.C.L. 69, sec. 52, y casos citados.

Por las razones expuestas, y considerando además que aun cuando la corte inferior hubiere incurrido en los dos errores que ahora discutimos, no se ha demostrado que el apelante haya sufrido con ellos perjuicios, los dos errores señalados deben ser desestimados.

El apelante discute también la validez de la orden de 9 de marzo de 1934 desde el punto de vista de un contrato mediante el cual el fiador o los fiadores quedaron obligados a responder hasta la suma de $2,000 de los daño's que con la suspensión de la orden de la Comisión ocasionaren al apelado Stella Eodríguez, y que por tanto su responsabilidad no pudo ser aumentada en $3,000 con la orden de la corte de distrito de 29 de mayo de 1935. El argumento carece de méritos para que se le dé extensa discusión. Esta última orden de la corte dice en lo pertinente así:

“La Corte quedó completamente satisfecha de la insuficiencia de la fianza originalmente prestada y en su virtud ordena que en ar-monía con la ‘orden interlocutoria’ de 9 de marzo de 1934 de que antes se ha hecho referencia, amplíe la fianza entonces exigida, de $2,000 hasta la cantidad de $5,000, debiendo en tal virtud proceder a prestar una fianza adicional por la cantidad de $3,000 con efecto retroactivo al 9 de marzo de 1934, bajo las mismas condiciones en que se extendió la ya prestada de $2,000, y para lo cual se concede al Municipio de Guayanilla un término de 5 días a partir de la no-tificación de esta orden, apercibido de que de no cumplir lo exigido en esta.resolución se suspenderá o dejará sin efecto la aludida ‘orden interlocutoria’ de 9 de marzo de 1934 sin perjuicio de los derechos que puedan asistir al peticionario en este caso.”

La corte inferior no aumentó la responsabilidad del fiador o de los fiadores originales. Sí ordenó la prestación de una fianza adicional de $3,000 que pudieron o no suscribir a volun-tad, el o los primeros fiadores. Si lo hicieron, asumieron por-que quisieron un nuevo compromiso que de ningún modo equivale a hacer más oneroso el primero. Si fué otra, o fue-ron otras personas distintas las que suscribieron la segunda fianza, con menos razón puede sostenerse que se hizo más gravosa la carga de los fiadores originales.

Estima el apelante que la corte inferior hizo uso indebido de su discreción al acceder en 29 de mayo de 1935 a la solicitud de ampliación de fianza, porque en esa fecha no habían radicado* aún sus respectivas contestaciones, ni la Comisión de Servicio Público ni el apelado Stella Bodríguez. No creemos que de ese solo hecho se desprenda abuso alguno en el ejercicio de la discreción judicial.

El tercer error que se señala dice:

“III. La Corte dé Distrito cometió error al proceder a la vista de la moción de ampliación de fianza con notificación al municipio de menos tiempo que el estatuido en el artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

El apelante descansa en el artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Artículo 317. — Toda notificación de una moción deberá hacerse por escrito a no disponerse en este Código que se verifique de otro modo y se practicará con cinco días de anticipación al señalado para la vista si ésta tuviere lugar en el distrito en que se siga el pleito y con diez días en los demás casos. Cuando la notificación se haga por correo, se ampliarán los términos anteriores, según los casos, a razón de un día más por cada veinte y cinco millas de distancia entre el lugar del juicio y aquel en que deba hacerse la notificación, sin que la ampliación del término pueda exceder de treinta días; pero la corte o juez podrá señalar un término más breve. Al hacerse la no-tificación de una moción o de la orden que en virtud de ella se dicte para que se dé la razón de algún acto, se acompañarán copias de la moción y de la orden y de los documentos con aquélla presentados, exceptuándose las actas de la corte y los legajos del pleito, pero no habrá necesidad de notificar por escrito ninguna moción que afecte a las alegaciones o a la sentencia, ni la que se haga durante el curso-del pleito.”

No aparece de autos la moción en que se solicitara seña-lamiento ni la notificación del secretario de la corte a las par-tes señalando la fecfia de la vista. Tampoco se ña elevado o ñeeño formar parte del récord un certificado de dicño fun-cionario acreditativo de tales extremos. - Para acreditar la' fecña en qne se radicó la moción solicitando ampliación de fianza y la del día señalado para la vista, recurre el apelante a la resolución de la corte inferior del 29 de mayo de 1935, resolviendo dicña moción. Repetidas veces ña resuelto este tribunal que los ñecfios consignados en las opiniones o reso-luciones de los jueces no pueden servir para comprobar ante este Tribunal Supremo ñecfios ocurridos durante la tramita-ción de un pleito en la corte inferior. Polanco v. Goffinet y Portela, 33 D.P.R. 331; Torres v. Vidal, 28 D.P.R. 421; Guerra et al. v. Acha et al., 27 D.P.R. 688; Sucn. Orrach v. Sucn. Polanco, 17 D.P.R. 724; Albite v. Lecumberri, 22 D.P.R. 856.

Esto sería suficiente para disponer sin ulterior considera-ción'del tercer señalamiento. Pero es que aunque el apelante nos hubiera colocado en condiciones de poder pasar sobre la cuestión, siempre habría que resolverla en su contra, pues el estatuto claramente le reserva a la corte o al juez facultad para señalar un término más breve. T si bien es cierto que sólo en casos verdaderamente excepcionales cabe hacer seña-* lamientos más cortos, García v. Mazarredo, 34 D.P.R. 317, 321, el apelante no ña demostrado, aunque lo intenta, que la corte hiciera uso indebido de su discreción, teniendo en cuenta la naturaleza de este procedimiento y el carácter especial y sumarísimo de la orden solicitada (Morfi v. Fajardo Development Co., 17 D.P.R. 797, 803). Tampoco ña demostrado que se le causaron perjuicios, Ríos v. Rosaly, 27 D.P.R. 537, 541; Caraballo v. Rossy, Juez de Distrito, 27 D.P.R. 935, 939. Debe desestimarse el señalamiento.

El cuarto señalamiento lee así:

“IV.. — La Corte de Distrito cometió error al admitirle al señor Stella la radicación de su contestación un año y siete meses después de radicado el escrito de apelación y sin que él hubiera intervenido en el procedimiento ante el tribunal.”

Es verdad que la contestación del interventor Stella Rodrí-guez no se radicó sino hasta- después de transcurrido un año y medio de habérsele hecho parte en el procedimiento, pero como de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Servicio Público “en toda acción y procedimiento, las diligencias de ■emplazamiento y la práctica y regias de evidencia serán las mismas que en acciones civiles, excepto lo que de otro modo se disponga...,” y en las acciones civiles el término para contestar no es jurisdiccional sino que la corte puede prorro-garlo a virtud del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, no habiéndose demostrado, ni intentado siquiera, que al hacerlo abusara de su discreción, debe resolverse que no come tió el error que se le imputa.

El quinto señalamiento dice:

“Y. — La Corte ele Distrito asimismo cometió error al no declarar fatal el término de 30 días que concede el artículo 82 de la Ley de Servicio Público a la Comisión para archivar su contestación y al permitirle que lo hiciera un año y siete meses después de radicado el escrito de apelación.”

Vistos el artículo 87 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, supra, el 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, y lo dicho al considerar el cuarto señalamiento, se hace in-necesario considerar más extensamente este señalamiento. Debe desestimarse.

El sexto dice así:

“La Corte de Distrito cometió error al no declarar con lugar la apelación y al no revocar la orden apelada por todos o cualquiera de los motivos alegados en el escrito de apelación.”

El apelante discute, dentro de este señalamiento, los 12 errores que le imputó a la Comisión de Servicio Público en su escrito de apelación para ante la corte de distrito.

La corte inferior, después de sintetizar dichos doce seña-lamientos por las razones que se han dicho, resolvió en resu-men lo siguiente. En cuanto al primero, que aun asumiendo que la petición adolece de ciertos defectos técnicos, éstos que-daron subsanados por la evidencia, de la que aparece que los liedios probados justifican y hacen necesaria en bien de la justicia la concesión del desvío solicitado por el querellante. Y dijo:

“Es tan insustancial la oposición del Municipio de Guayanilla, que en verdad no acertamos a comprender los móviles que inspiran tanto ardor y tanto ensañamiento contra el querellante. Tal parece que el alcalde de G-uayanilla (de los autos resulta que la Asamblea no ha autorizado esta oposición) se propone boicotear de tal modo el negocio del querellante, que le obligue contra su voluntad y acaso en detrimento de sus intereses, a moler sus cañas en determinada fac-toría azucarera."

En cuanto al segundo y tercero dijo que la orden de la Comisión era clara y terminante y que contenía los findings (relación de hechos probados) en que descansaba, porque adoptó “en todas sus partes” el informe de su presidente, del que claramente surgían los hechos que aquélla estimó proba-dos y que definitivamente puso fin a la controversia.

En relación con el cuarto resolvió con sobrada razón, a nuestro juicio, que la Comisión no dirimió en su orden nin-gún conflicto de título porque en ningún momento “insinuó siquiera el municipio que el terreno donde se iba a construir el desvío fuera de su propiedad”; que la contención original del interventor era que la construcción del desvío aumentaría el tránsito del camino abandonado, contención ésta que varió posteriormente, alegando que el desvío hacía más peligroso dicho camino; que no impugnó la propiedad o por lo menos la posesión que la compañía querellada alegaba tener sobre el terreno en cuestión por un término no menor de trece años en la fecha en que se celebraron las audiencias ante la Comi-sión de Servicio Público. Al argumento del municipio de que el último párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica no le confiere tal autoridad a la Asamblea Legislativa, replica la corte que dicho párrafo no es la única fuente adonde la Asam-blea Legislativa puede recurrir en busca de autoridad para delegar poderes a la Comisión; que otra fuente de poderes la puede encontrar el apelante en aquella otra parte del ante-penúltimo párrafo del mismo artículo 38 de la Ley Orgánica, que dice:

. . Dicha Comisión queda facultada para desempeñar, y se le ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas relacionadas con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han con-ferido por la Ley al Consejo Ejecutivo, y aquellos deberes y funcio-nes adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asamblea Legislativa. ’ ’

Y al otro argumento del apelante al efecto de que aun asu-miendo que la Asamblea Legislativa tuviera facultad para delegar tal autoridad, no lo ba hecho para “conexiones” de desvíos aunque sí para su “instalación,” de acuerdo con el caso de Re Lycoming Edison Co., P.U.R. 1917—C, 73, contesta la corte que dicho caso no sostiene su te'sis sino que le es decisivamente adverso, expresándose así:

“En primer término, el caso citado no es del Tribunal Supremo ni de ningún otro Tribunal de Pennsylvania. Es una resolución de la Comisión de Servicio Público de aquel Estado y lo que resuelve es que la Comisión no tiene facultades para ordenar a un ferrocarril que construya un desvío, cuando para así hacerlo tiene que utilizar terrenos no pertenecientes al ferrocarril, al peticionario o a cualquiera otra persona que voluntariamente lo ceda.”

En cuanto a que la orden dictada por la Comisión no está justificada por el finding, sostuvo la corte inferior que siendo el terreno donde se ordenó construir el desvío propiedad del ferrocarril, comprometiéndose el peticionario a sufragar los gastos que la construcción del mismo ocasione, teniendo dere-cho a usar el desvío no sólo el peticionario sino todas aquellas personas que lo necesitaren, sin distinción o preferencia al-guna, habiéndose demostrado la necesidad de su construcción, y quedando en todo tiempo bajo el control de la compañía del ferrocarril, no puede concluirse, como sostuvo el apelante, que la orden era injustificada.

Y ahora, en cnanto al sexto y séptimo errores, transcribi-mos de la resolución de la córte inferior la disposición que de los mismos hizo:

“En cuanto al peligro que pueda constituir la construcción del desvío en el sitio indicado, la Comisión de Servicio Público oyó prueba suficiente sobre la materia, sostenida por los técnicos de la compañía de ferrocarriles, quienes aseguran que debido a las agujas modernas que abora se usan en la conexión de los desvíos, no babrá el peligro que señalan el apelante y sus testigos. La Comisión resolvió el con-flicto a favor del querellante, y creemos que su conclusión está soste-nida por la prueba.
“Finalmente, no vemos por qué razón legal la Comisión, en casos extraordinarios como el presente, no pueda, en bien ele la justicia, dejar en suspenso o prescindir de su propia regla que probibe la co-nexión de un desvío a menos de 2 Kms. de distancia de otro. Tén-gase en cuenta que el desvío ‘Peñoncillo no solamente está fuera de uso, sino que es inservible por razón del sitio donde está empla-zado. De beclio no existe tal desvío. Además, una regla de una junta o comisión no puede equipararse a una ley que no puede dejar de regir a menos que sea derogada por otra ley. En distintas oca-siones, cuando los fines de la justicia lo ban demandado, nuestro Tribunal Supremo ba dejado de aplicar sus propias reglas. En este caso la Comisión bizo buen uso de su discreción dejando de aplicar la regla citada, para evitar una injusticia.”

El juez de la corte inferior dispuso, a nuestro juicio, correc-tamente de los doce errores que le fueron señalados. Su cri-terio se ajusta al espíritu de la ley.

El séptimo error se refiere a la condena en costas y bono - rarios. La temeridad del apelante es patente. Así lo estimó la corte inferior en su opinión, y con sus manifestaciones esta-mos de perfecto acuerdo. Esa temeridad ba trascendido, y es palpable en esta apelación. No sólo debe desestimarse el séptimo error señalado, sino que, haciendo uso de la facul-tad que a este Tribunal Supremo le confiere el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, pág. 353), debe condenarse al municipio apelante a pagar al ape-lado Stella Rodríguez la suma de $150 para satisfacer los honorarios de su abogado en esta apelación.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Juan Masini, Tomás Torres, Pedro L. Lamoute, Celso Dávila, Joaquín Hernández, Guillermo Hernández, Miguel Pelegrina, Juan Alvarez, Mercedes Rivera, Zoraido Rivera e Hipólita Burgos, demandantes y apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7388.

    Resuelto: Junio 2, 1938.

      R. Soltero Peralta, abogado de los apelantes; Son. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Sub pro curador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En la opinión emitida para fundar la sentencia de marzo once último por virtud de la cual se declaró sin lugar el recurso interpuesto por los demandantes y se confirmó la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en este caso, se dijo, en parte, lo que sigue:

“Nos inclinamos a creer que no hubo error, pero aunque así no fuera dados los amplios términos en que se enmendó el artículo 1 de la Ley núm. 76 de 1916 (Leyes de ese año, pág. 155), por la Ley núm. 11 de 1928 (Leyes de ese año, pág. 131), siempre habría que resolver que la sentencia se sostiene porque de la faz de la de-manda resulta que las causas de acción ejercitadas estaban prescritas de acuerdo con el artículo 9 de la citada Ley núm. 76 de 1916, que expresamente dispone que todas las acciones contra El Pueblo de Puerto Rico prescribirán si el pleito no se entabla dentro de un año de originada la causa de acción, en relación con el artículo 4 de la misma, como quedó enmendado en 1938, a saber:
“ ‘. . . Disponiéndose, sin embargo, que todo demandante, como condición previa para entablar dicba demanda, debe prestar una ñanza satisfactoria a la corte por la suma de dos mil (2,000) dólares para responder de las costas; entendiéndose, que la corte tendrá facultades para eximir de fianza a las personas que por razón de pobreza, no puedan prestarla.’
"El becho determinante de la causa de acción ocurrió en no-viembre 29, 1931, presentándose la primitiva demanda sin el previo requisito de la fianza en noviembre 23, 1932.
“El pleito que así se intentó iniciar fué archivado en junio 25, 1935, radicándose la nueva demanda en noviembre del año 1935.
“La alegación de que los demandantes no estaban en condiciones de prestar la fianza, carece de mérito porque la misma ley prescribe cómo puede y debe solucionarse la dificultad en tales casos.”

Se quejan los apelantes en una moción sobre reconsidera-ción que ban presentado de que al resolver en esa forma la cuestión de prescripción, no se dió la debida consideración a la argumentación que contenía su alegato en relación con la misma. Insisten en que su contención fué y es la siguiente:

“ ‘Que admitiendo como cierto el hecho de que los demandantes no prestaron la fianza exigida por la ley para responder de las costas, al radicar su primitiva demanda, tal omisión no desvirtúa la in-terrupción del término prescriptivo motivada por el hecho de la ra-dicación de la demanda. O en otras palabras, que la mera radica-ción de la demanda, sin la prestación de fianza, actuó eficazmente para interrumpir el plazo prescriptivo.”

Admiten que “no existe precedente específico sobre la cuestión,” pero dicen que el becbo de que “una ley especial prescriba que la prestación de fianza sea condición previa a la radicación de la demanda” no puede tomarse de base “para violentar principios fundamentales de derecho.” Y enuncian como principio fundamental violado que “para interrumpir el término prescriptivo no se puede requerir más que un acto externo del reclamante que demuestre su decisión de recurrir al tribunal.” Sostienen que “por eso el becbo de citar al demandado no es necesario para que quede demostrada esa diligencia” y agregan que “la omisión de emplazar al deman-dado es por tal motivo fundamentalmente similar a la omi-sión en la prestación de la fianza, ’ ’ siendo, por tanto, de apli-cación el siguiente comentario de Manresa:

‘ ‘ Tal es, en resumen, el régimen legal establecido para la interrup-ción civil de la prescripción del dominio; pero en la de acciones, el criterio es muy distintó y más amplio,
“En efecto: en primer lugar, no tienen aplicación en la misma ninguna de las excepciones del art. 1946 antes citado, como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de enero de 1901.
“Además, basta la mera presentación de la demanda para que surta ésta el efecto interruptor sin necesidad de esperar a la citación judicial, al contrario de lo que sucede en la prescripción adquisitiva en la que, siendo causa de la interrupción la impugnación de la po-sesión en que se baila el que prescribe y la pérdida de su condición de pacífica y de ser mantenida de buena fe en concepto de dueño, es indispensable la citación judicial del demandado, para que el po-seyente tenga conocimiento de la impugnación de su posesión y pueda o no oponerse a ella. Pero en la prescripción extintiva, no es ne-cesario dicho requisito, porque estando fundada en ella la extinción en el no uso de la acción, basta que sea puesta en ejercicio para que cese la causa y el fundamento de su prescripción.” (12 Manresa, Comentarios al Código Civil, págs. 883, 884.)

El hedió de que en nuestra opinión de. marzo once último no discutiéramos la argumentación de los apelantes, no implica que no le diéramos la consideración debida. Convencidos de su falta de peso, como en tantos otros casos, para no alargar innecesariamente nuestra opinión, nos limitamos a exponer los hechos básicos y la ley aplicable para llegar a la conclu-sión que los unos y la otra imponían.

Los propios apelantes se refieren a la ley que regula el caso como a una ley especial. El principio general es que no cabe demandar al soberano, aquí El Pueblo de Puerto Rico, sin su consentimiento. Por su Legislatura y con la aproba-ción de su Ejecutivo, El Pueblo de Puerto Rico consintió en serlo en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, a vir-tud de la ley especial de que se trata. Una de ellas, que expresamente caracterizó como previa, es la de la fianza. Si la fianza no se presta, si no se cnmple con ese requisito pre-vio, no pnede iniciarse el pleito. A la radicación de la pri-mitiva demanda sin ese requisito, no pnede, pnes, reconocerse efecto legal alguno a los fines de la interrupción del término prescriptivo. No debió radicarse siquiera por el secretario de la corte de distrito, y si lo fue, su radicación es como si no existiera.

La citación de un demandado es algo ulterior a la radica-ción. Presupone un pleito iniciado; una acción comenzada a ejecutar. No es comparable, pues, con la falta de cumpli-miento de una condición sin la cual no puede ejercitarse la acción, ni iniciarse el pleito, ni radicarse la demanda. De abí que el argumento de los apelantes carezca de fuerza decisiva.

La moción de reconsideración debe> por tanto, ser decla-rada sin lugar.


text:
      Ana María Martinó Vda. de Núñez, por sí y en representación de sus menores bijas legítimas Ana Amalia, Esther y Carmen Núñez, demandantes y apelantes, v. Santisteban Chavarri & Co., S. en C., demandada y apelada.
    Núm. 7439.

    Sometido: Febrero 15, 1938.

      Resuelto: Junio 7, 1938.

      V. Polanco de Jesús, abogado de las apelantes; Ángel A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido por Ana María Martinó Viuda de Núñez por sí y en representación de sus menores hijas Ana Amalia, Esther y Carmen Núñez, contra la mercantil San-tisteban Chavarry & Co., S. en C., se dictó por la Corte de Distrito de San Juan el 9 de junio de 193G una sentencia que contiene los siguientes pronunciamientos:

“(1) declarando con lugar la demanda en cuanto a que el embargo en el pleito 15,979 seguido por Santisteban Chavarry & Co., S. en C., como demandante, v. V. Núñez & Co., S. en C., como demandada, y la sentencia dictada en este caso y todos los procedi-mientos posteriores a su ejecución, son nulos, ineficaces y contrarios a derecho, por no haber adquirido nunca jurisdicción este Tribunal en dicho asunto; (2) condenando a la demandada a devolver a las demandantes todos los bienes embargados y vendidos por ella, o en su defecto a pagarles el valor justo y razonable que dichos bienes tenían en el momento que fueron embargados; (3) declarando sin lugar la demanda en cuanto a las cantidades por concepto de deudas a favor de V. Núñez Martínez, ya que las demandantes no nos han puesto en condiciones de poder determinar su valor exacto y ver-dadero; (4) declarando sin lugar la demanda en cuanto a devolver la cantidad de $560.00 por concepto de sumas entregadas y que se reclaman en la demanda; (5) declarando sin lugar la reconvención, por cuanto siendo nula la sentencia, no puede cobrarse el saldo de una cosa inicialmente inexistente y nula; (6) declarando con lugar la contrademanda en cuanto a que el causante de las demandantes adeudaba a la demandada en 31 de diciembre de 1931, la suma de $4,371.71, y condenando a dichas demandantes, como herederas del causante Vicente Núñez Martínez, a pagar a la demandada la ame-ritada cantidad de $4,371.71, con más sus intereses legales desde enero 1 de 1932; y (7) imponiendo a la parte demandada y contra-demandante las costas en que haya incurrido la demandante y con-tr ademandada. ”

Al día siguiente de dictada, pidió la parte demandada y contrademandante el aseguramiento de aquella parte de la sentencia por virtud de la cual las demandantes habían sido condenadas a pagarle $4,371.71, con intereses legales a partir de enero 1,1932, y la corte lo decretó, embargando a tal efecto el márshal, según su certificado de diligenciamiento:

“A. — Todo el derecho, título e interés que los demandados ten-gan en la sentencia dictada a su favor en el presente caso, com-prendiendo los bienes o mercadería que tiene que devolverles la de-mandada o el valor de los mismos.
“B. — Todo el derecho, título e interés que las demandantes ten-gan en el importe de las costas que, después que se apruebe el co-rrespondiente memorándum, deba pagar la demandada a las deman-dantes.
“Este embargo se practicó notificando personalmente el Secre-tario de la Corte de Distrito de San Juan, Sr. Juan Figueroa, a la demandada Santisteban Chavarry & Co., S. en C., por conducto de su socio gestor Sr. Anselmo Soroeta, y a las demandantes por medio de su abogado Sr. Francisco M. Susoni. Estas notificaciones se hi-cieron con fecha 10 de junio de 1936 en la ciudad de San Juan. Se une copia de cada una de las notificaciones hechas.”

Así las cosas y firme la sentencia, la parte demandada y contrademandante pidió a la corte, el 14 de septiembre de 1936, que ordenara al Secretario que librara mandamiento al márshal para la ejecución de la misma. Librado el man-damiento, fue cumplimentado por el márshal, de acuerdo con su certificado, como sigue:

“Que en cumplimiento de la presente orden de ejecución librada por esta Hon. Corte de Distrito de San Juan, procedí a cumplimen-tar la misma y la cumplimentó en esta Ciudad de San Juan el día seis de octubre de 1936, vendiendo en subasta pública todos los de-rechos, título e interés que los demandantes tengan a su favor sobre la sentencia dictada en el presente caso el día 9 de junio de 1936, marcados en el edicto subasta con la letra ‘A’ y todo el derecho, título e interés que los demandantes tengan a su favor en el importe de las costas que en este caso deba pagar la demandada a las de-mandantes, después de aprobada su cuantía por la Hon. Corte, mar-cado en el edicto bajo la letra ‘B’, habiéndole otorgado la buena pro a la demandada Santisteban Chavarry & Co., S. en C., quien ofreció por los bienes marcados letra ‘A’ la suma de Setecientos dollars ($700) y por los bienes marcados letra ‘B’ la suma de Tres-cientos dollars ($300) o sea un total de un mil dollars por los men-cionados bienes y no habiendo sido mejorada ninguna de estas dos ofertas, y transcurrido tiempo razonable, el Marshal suscribiente ad-judicó a la demandada los mencionados bienes marcados letra 'A' y ‘B’, por las respectivas cantidades de setecientos y trescientos dollars.”

Las demandantes, el 13 de julio de 1936, radicaron su memorándum de costas ascendente a $2,064.75.

Luego aparece de los autos que la corte el ocho de oc-tubre de 1936 señaló el diez y seis del propio mes para oír a las partes sobre una moción de la demandada solicitando el archivo y sobreseimiento del memorándum “por haberle sido adjudicado todo el derecho, título e interés de las demandantes en dicho memorándum, o sea por haberse con-fundido en la demandada los derechos de acreedor y deu-dor.” Según nota del secretario, el señalamiento fue noti-ficado a las partes el mismo día ocho de octubre de 1936.

Cinco días después, o sea el trece de octubre de 1936, las demandantes pidieron a la corte que ordenara la ejecución de la sentencia en cuanto condenaba a la demandada a de-volverles los bienes que les embargara o en su defecto a pagarles el importe de los mismos, y la demandada, el vein-tiuno de octubre de 1936, radicó una moción oponiéndose,

“Porque las demandantes no tienen ya ninguna clase de título e interés (que) le fue vendido a la demandada por el Márshal de esta Hon. Corte, en venta pública celebrada el 6 de octubre de 1936, según consta en el récord de este asunto. Tal venta está subsis-tente. ’ ’

Celebrada la vista, la corte tomó bajo su consideración todas las cuestiones suscitadas y las resolvió en dos de no-viembre siguiente, como sigue:

“1. Aprobar, como aprueba el memorándum de costas, por la suma de $511.75.
“2. Declarar como declara con lugar la moción de la contrade-mandante y, en su consecuencia, ordenar como ordena el sobresei-miento y archivo del memorándum de costas, por haberse confundido en dicha parte los conceptos de acreedora y deudora.
“3. Declarar como declara sin lugar la moción de las deman-dantes sobre ejecución de la sentencia en lo que les favorece, por haber adquirido la contrademandante sus derechos, títulos e inte-reses sobre dicha sentencia. ’ ’

Y fué contra esa resolución que se interpuso por las demandantes el presente recurso de apelación, insistiendo en qne la sentencia de nueve de junio de 1936 no era divisible y'por tanto no podía ejecutarse separadamente y en que eran nulos el embargo que se trabó y. la venta que se hizo de aquella parte de la misma que era favorable a las deman-dantes.

En el curso de la resolución apelada, razonando sus conclusiones, la corte de distrito se expresó así:

“(1) La sentencia contiene pronunciamientos separados, distin-tos e independientes, de una parte a favor de las demandantes y de la otra a favor de la contrademandante y es, por tanto, divisible. Los pronunciamientos que favorecen a las demandantes son para obtener la devolución de ciertos bienes o su valor después de haber sido éste determinado y las costas, y el pronunciamiento que favorece a la demandada es para que recobre una cantidad líquida e intereses. Las obligaciones no son recíprocas en tal forma que haga la devolu-ción de bienes a las demandantes y el pago de las costas, una con-dición precedente al pago por ellas a la demandada de la cantidad líquida e intereses. Firme la sentencia, a petición de cualquiera de las partes en lo que le beneficia o favorece, podía obtener una orden de ejecución para su cumplimiento. Art. 239, Código de Enjuicia-miento Civil (ed. de 1933); Cosme v. Márquez, 49 D.P.R. 783.
“(2) De los certificados de diligenciamiento del marshal no apa-rece que dicho funcionario ocupara materialmente los bienes de las demandantes que vendió a la demandada en ejecución de la senten-cia. El márshal embargó como bienes de las demandantes en ase-guramiento de la sentencia todo el derecho, título e interés en la sentencia en lo favorable a las demandantes, comprendiendo las mer-caderías que debía devolver la demandada o su valor, y en el im-porte de las costas que debía pagar la demandada a las demandantes. El embargo se practicó notificando a las demandantes, por medio de su abogado, para su conocimiento, y también al Secretario de la Corte, para que hiciera la correspondiente anotación en el registro. Y en ejecución de la sentencia en lo favorable a la contrademan-dante le fueron vendidos dichos bienes por la suma de $700 los pri-meros. y por la cantidad de $300 el derecho sobre las costas. De suerte que en la eontrademandante han quedado confundidos los conceptos de acreedora y deudora, siendo dueña de las costas que hubieran podido concederse a las demandantes en este caso.
“Las cosas embargadas y vendidas, o sea el derecho, título e in-terés en el montante de la sentencia y del memorándum de costas, tienen el concepto de bienes. Aunque cosas incorporales, no sus-ceptibles de entrega manual, constituyen' riqueza o fortuna. Arts. 252, 258 y 259, Código Civil (ed. de 1930). Y la ley permite el embargo y ejecución de bienes no susceptibles de entrega manual, do igual modo que cualquiera otra propiedad. Art. 246, Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933).

“En el caso de Costa y Santini Inc. v. El Registrador, 32 D.P.R. 755, la recurrente embargó todo derecho y acción que el demandado pudiera tener en un embargo que a su vez dicho demandado había trabado en pleito separado sobre una finca de un tercero. El Re-gistrador denegó la anotación del embargo, por no haber recaído sobre bienes raíces o inmuebles o derechos reales del deudor. Se confirmó la nota; pero, no obstante, la corte, dijo:

“ 'La circunstancia que sin embargo alega la recurrente de que en el anterior pleito de Guzmán v. Orellano se dictó sentencia a favor del primero, teniendo ésta el carácter de firme, no le da nin-guna fuerza ni valor a la anotación solicitada, y más bien estaba al alcance de la recurrente su derecho a embargar el montante de dicha sentencia, quien subrogándose en el lugar de Guzmán podía ejecutar, una vez hecha su adjudicación, los demás trámites corres-pondientes hasta obtener su ejecución o pago, quedando asegurada su efectividad con el embargo que se había decretado en el mismo pleito. ’
“En otras palabras: se reconoce el derecho de una demandante a embargar el montante de una sentencia que su demandado hu-biera obtenido contra un tercero, y una vez adjudicado, subrogarse en lugar del demandado y ejercitar los demás trámites de ejecución o pago de la sentencia. Desde luego que el embargo sobre el mon-tante de una sentencia debe ser por cantidad líquida o sobre pro-piedad determinada.
“En Puerto Rico el importe de una póliza de seguro, que está sujeta a liquidación y que constituye un bien incorporal, no suscep-tibie de entrega manual, puede embargarse y también puede em-bargarse el interés que un socio tenga en la sociedad, que es otro bien incorporal no susceptible de entrega manual. Quintana Hnos. v. S. Ramírez & Co., 22 D.P.R. 761.
“En el caso de Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, 133, se dice:
“ ‘Todas las cosas y semovientes, dinero y demás bienes, así mue-bles como inmuebles, o cualquier interés en ellos pertenecientes al deudor declarado tal por la sentencia, no exentos por la ley, y toda propiedad y derecho respecto de ella, ocupado o embargado en el pleito, están sujetos a la orden de ejecución.’
“ ‘El artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil hace que todos los bienes pertenecientes a un deudor estén sujetos a ejecución.’ Blanco v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 533, 535.
“En el caso de Pontón v. Sucesores de Huertas y González, 44 D.P.R. 629, si bien en el sumario se establece que una sentencia no puede ser vendida en pública subasta, porque sólo constituye la evi-dencia de una deuda y no está sujeta a un embargo personal, tal exprésión es un clicfom, pues allí se trataba de una moción para sustituir partes litigantes ante el Tribunal Supremo, sin haberse hecho gestión alguna en la corte de distrito, y sin embargo, levan-tada la cuestión de que una sentencia no podía ser embargada en Puerto Rico, la corte dijo, a la página 632:
“ ‘No trataremos de decidir la cuestión entre las partes que se hallan en esta corte, toda vez que es importante y que no debe ser resuelta por nosotros a menos que haya sido debidamente discutida en la corte inferior.’ ”

Nos inclinamos a creer que la sentencia era divisible. El caso de Cosme v. Márquez, 49 D.P.R. 783, citado por la corte de distrito, es autoridad suficiente para sostener la conclusión.

Abora bien, partiendo de esa base ¿pudo en este caso concreto embargarse por el márshal la sentencia en cuanto a sus pronunciamientos favorables a las demandantes y luego adjudicarse a la demandada?

En julio 31, 1936, o sea antes de verificarse la venta de la parte de la sentencia de que se trata y por consiguiente antes también de dictarse por la Corte de Distrito de San Juan la resolución apelada, esta Corte Suprema, en el caso de Clausells v. Salas, 50 D.P.R. 553, 561, se había expresado como sigue:.

‘ ‘ Por lo que respecta a la segunda cuestión envuelta, bastará decir que a nuestro juicio no cometió la corte al resolverla los errores que le atribuye el apelante.
“Exponiendo los fundamentos de su resolución, dicha corte de distrito se expresa correctamente a nuestro juicio, como sigue:
“ ‘En cuanto al embargo de cualquier suma de dinero que el de-mandante debe pagar a los demandados como sobrante de la liqui-dación de los contratos resueltos por la sentencia dictada en este caso, sostienen los demandados que es nulo, pues equivale al deman-dante haberse embargado a sí mismo una suma que, por la sentencia corresponde a los demandados, sosteniéndose, además, que el dere-cho que tienen los demandados reconocido por la sentencia no está sujeto a embargo.
“ ‘En cuanto a estas cuestiones, el diligenciamiento del márshal, supra, demuestra que lo que se trató de embargar fué:
“ ' “Cualquier suma de dinero que el demandante Pedro Clau-sells Armstrong, debe pagar a los demandados citados, como sobrante de la liquidación de los contratos resueltos por la sentencia dictada por la corte de distrito en el pleito citado.”
“ ‘Del mismo documento aparece que las únicas personas notifi-cadas del embargo fueron los demandados y las personas a quienes se trató de embargar los cánones de arrendamiento. No hubo “levy” por el márshal de ninguna suma de dinero ni se embargó ningún título o interés, sobre el crédito que por sentencia pudieran haber obtenido los demandados en este caso, ni se notificó al demandante en forma alguna del embargo ele dicho crédito.
“ ‘ Nuestro Tribunal Supremo, en el caso de Villar & Co. v. Hansson, 40 D.P.R. 322, cita con aprobación lo resuelto en el caso de Bissener v. Billon, 71 Cal. App. 779, al efecto de que “el embargo de propiedad en posesión del demandante no puede practi-carse. ’ ’
“ ‘De acuerdo con el artículo 10 de la Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias de 1902, establece que el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenarlos, se practicarán depositando los bienes en poder del tribunal o de la persona designada bajo la responsabilidad del demandante. Es cierto que, de acuerdo con el artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil pueden embargarse, en procedimiento de ejecución, las deudas o créditos de un deman-dado, pero dispone dicho precepto que será “de igual modo que en los autos de embargo.” Aplicando una disposición similar del Có-digo de California, véase el caso de McBride v. Fallon, 65 Cal. 301. Y en Needham v. Cooney, (Tex.) 173 S. W. 979, se resolvió que:
“ ‘ “A judgment in favor of attachment debtor is not subject to levy.” ’ ”

Y en el caso de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 44 D.P.R. 629, 631, había dicho:

“Flores Alvarez & Co. no-ataca seriamente la jurisprudencia de California al efecto de que una sentencia no puede ser vendida en pública subasta, sino que el método a seguir es notificar en forma legal (garnish) a los deudores' obligados por sentencia. La idea es que la sentencia constituye solamente evidencia de una deuda y no está sujeta a un embargo personal.”

Si lo resuelto en dichos casos prevalece, la pregunta for-mulada debe contestarse en la negativa.

Como dudáramos del alcance de nuestras anteriores de-cisiones al sernos sometida la cuestión de nuevo, la estu-diamos con mayor detenimiento y hemos encontrado con respecto a ella muchas opiniones en conflicto. En el volumen 31 de la obra American Law Reports, a la página 711 co-mienza la anotación al caso de Verry v. Barnes, 154 Minn. 252, 191 N. W. 589, de la cual transcribimos lo que sigue:

“Si la misma persona puede ser o no demandante y parte en cuyo poder se embargan bienes {garnishee), es cuestión sobre la cual las autoridades están en conflicto. Una línea de autoridades sos-tiene, mientras que la otra niega, el derecho de un demandante a constituirse en garnishee. Las jurisdicciones en los respectivos ban-dos están divididas casi por igual, con un escaso margen en pro de aquéllas que favorecen el derecho. Bajo estas circunstancias difícil-mente podría decirse que el peso de las autoridades está en favor de uno u otro criterio. Aunque el caso de Verry v. Barnes, ante, 707, (Verry v. Barnes, 154 Minn. 252, 191 N. W. 589, 31 A.L.R. 707) al resolver que el deudor por sentencia no puede embargar su propia sentencia — por lo menos después que se ha incautado de la propiedad y se ha anunciado la subasta de la misma — no discute directamente la cuestión como tal, de si un demandante tiene o no de-recho en todo caso a constituirse a sí mismo en parte en cuyo poder se embargan bienes {garnishee), sin embargo, la decisión parece estar en armonía con aquellas autoridades que niegan la existencia de tal derecho, y parece estar opuesta a un número de casos que han apli-cado la doctrina de que un demandante puede constituirse a sí mismo en garnishee, al resolver que un deudor por sentencia puede embargar la misma. Antes de esta decisión del caso de Barnes, parecía que el peso de las autoridades favorecía el derecho de un demandante a constituirse en garnishee. Esa decisión hace que la regla exacta sobre la cuestión sea algo más dudosa, mas las'autoridades parecen aun preponderar ligeramente en favor de este derecho.
“La mayoría de los casos envuelve deudas de, o sentencias obte-nidas contra, el demandante en el procedimiento de embargo (garnishment). Sin embargo, varios casos presentan la cuestión relativa al derecho que tiene el demandante a embargar bienes que están en su propio poder y que pertenecen a su deudor. El derecho del deman-dante a embargar tales bienes parece más claro que su derecho a ■embargar una suma adeudada por él al demandado, pero las deci-siones en general aparentemente no hacen distinción alguna a este respecto. En Beach v. Fairbanks, (1884) 52 Conn. 167, la corte dijo que parecía ser cosa resuelta que los efectos en poder de una parte, pertenecientes a su deudor, podían ser embargados mediante un garnishee process iniciado por él mismo, pero que no era cosa re-suelta que una deuda de una parte puede ser embargada mediante dicho procedimiento en un pleito entablado por el deudor sobre una reclamación que él pueda tener contra su acreedor. Empero, se-mejantes aseveraciones son dicta, puesto que la decisión descansa en otros fundamentos.
“Hasta cierto punto los casos son afectados por los términos es-pecíficos de los estatutos locales, aunque muchos de ellos han sido resueltos a base de fundamentos generales, y con frecuencia han se-guido precedentes sin precisar las razones que ha habido para la decisión. ’

Hemos consultado Corpus Juris y Ruling Case Law. Ambas obras anotan los diversos criterios existentes. Por ejemplo en 28 Corpus Juris 50, se dice:

“Bajo la costumbre extranjera de embargo de Londres, de donde se derivó el remedio de embargar bienes en poder de un tercero (garnishment), y el demandante podía constituirse a sí mismo en garnishee, y esta práctica se ha permitido extensamente bajo los es-tatutos que autorizan esa clase de embargos. Mas los casos mejor considerados y, aparentemente, el peso de las autoridades, se pro-nuneian en sentido contrario. El conflicto parece ser irreconcilia-ble. El contexto de los distintos estatutos varía, por supuesto; pero las decisiones en pro y en contra se basan de ordinario en conside-raciones generales. La regla que se opone a que un demandante se constituya a sí mismo en garnishee se basa en la falta de la nece-sidad de acudir al procedimiento de garnishment y en la inaplicabi-lidad del remedio en tales casos, así como en el carácter contencioso del procedimiento contra el garnishee. En su consecuencia, se ba resuelto que el demandante no puede constituirse a sí mismo en garnishee, aun cuando las posiciones asumidas por él como deman-dante y garnishee, respectivamente, tengan aspectos distintos. A ve-ces se hace una distinción a este respecto entre el embargo (garnishment) de bienes tangibles en poder del demandante y el embargo (garnishment) de una deuda del demandante al demandado.”

Y en la nota 84 de la propia página 50 del volumen 28 de Corpus Juris, se cita un caso cuyos razonamientos conside-rados en relación con los hechos del que está sometido a nuestra consideración y decisión, tienden en verdad a jus-tificar una respuesta también en la negativa a la pregunta formulada. Dice la nota:

“En el caso de Rice v. Sharpleigh Hardware Co., 85 Fed. 559, 564, interpretando el estatuto de Tennessee, se dijo:
‘En principio, se le ocurrirá fácilmente a cualquiera que el per-mitir a un demandante que embargue una deuda suya a favor de su acreedor, acreedor que él convirtió en parte demandada para tal fin, es una desviación del procedimiento de garnishment en su forma ordinaria y deja entrever que existe el propósito de lograr algún fin ulterior o siniestro. 'Si dos personas son deudoras entre sí, las dos deudas se compensan; y desde tiempo inmemorial las cortes de derecho les han concedido amplia oportunidad para que se las compensen entre sí en todo momento en que cualquiera de ellas instruya una acción en derecho. Y cualesquiera deficiencias que an-tiguamente existieran las cortes de derecho han sido suplantadas desde largo tiempo ha por remedios en equidad, de suerte que nunca es necesario que el uno embargue los bienes del otro recurriendo al procedimiento de garnishment con el solo fin de compensar una deuda con la otra.’ ”

Sin embargo en 13 Am. Dec. 384 aparece reportado nn caso de Louisiana, el de Grayson v. Veeche, 12 Martin 688, que decide la cuestión en sentido adverso a lo ya resuelto por nosotros, tratándola en forma tan sencilla, clara y con-vincente que nos parece que expone la ley tal cual es y debe seguirse en esta jurisdicción. Transcrita íntegra la breve opinión de la corte, dice:

“Éste es un pleito en el cual el demandante embargó el importe de una sentencia obtenida recientemente contra él por el aquí de-mandado. Éste logró anular el embargo, siendo la corte de dis-trito de opinión ‘que una persona que está en deuda con otra no puede embargar, por una supuesta suma que a ella se le adeuda, la cantidad por ella debida y que está en sus propias manos, convir-tiéndose así en la persona en cuyo poder se embarga la deuda {garnishee).’ El demandante apeló. De acuerdo con nuestra ley, los efectos o créditos (effects ou cremces) pertenecientes a deudores ausentes pueden ser embargados: I Mart. Dig. 520, n. 6. Por tanto, si una suma adeudada por tal deudor no puede ser embargada por la persona que la adeuda, ello debe ser así por caer bajo alguna ex-cepción a la regla general. El juez de distrito no ha citado excep-ción alguna, ni el letrado del apelado se refiere a ninguna.
“En el caso de Graighle v. Notnagel et al., 1 Pet. 245, el juez Washington, que emitió la opinión del tribunal, dijo que un de-mandado puede embargar el dinero adeudado por él al demandante, y que se encuentra en su propio poder, y alegar en una acción en-tablada en su contra que dicho embargo se halla pendiente. Sergeant en su Ley sobre Embargos, 72, demuestra que en Inglaterra una parte puede embargar dinero que ella misma debe. De suerte, pues, que si A recobra una deuda contra B, éste puede embargar en sus propias manos cualquier suma que A le adeude: 1 Rolle’s Abr. 554. Nuestra, ley autoriza umversalmente el embargo de los créditos de un deudor, y el caso de Peters citado más arriba demuestra que esto puede hacerse en Pennsylvania aun después de haberse entablado un litigio para recobrar el dinero que fué más tarde embargado; y la cita de Rolle demuestra que las cortes inglesas sostienen que aun una sentencia favorable no impide que se trabe el embargo. El juez Washington examina la cuestión a base de principios generales. No descansa en ninguna disposición específica de Pennsylvania sino que demuestra que no existe la menor incorrección o incongruencia al embargar una persona una suma que ella misma debe. Su razona-miento nos parece concluyente.
"No vemos que pueda hacerse distinción alguna bajo los térmi-nos generales de nuestro estatuto. Éste autoriza el embargo, de los créditos del deudor, sin hacer distinción alguna entre aquéllos que se encuentran en poder de una persona que tiene una reclamación contra aquél, procediendo un embargo contra éstos. Ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus. Creemos que el juez de dis-trito estuvo equivocado.
"Por tanto, se ordena y decreta que la sentencia de la corte de distrito sea anulada, dejada sin efecto y revocada, y devuelto el caso con instrucciones a la corte inferior para que actúe tal cual si el embargo no se hubiera anulado; imponiéndose las costas a la parte demandada y apelada. ’ ’

Y nos inclinamos aún más a estar conformes con la Corte Suprema de Louisiana en atención a las disposiciones de nuestro Código Civil y de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil a que se refirió en la propia resolución apelada la corte sentenciadora y a que un estudio de las decisiones ci-tadas por la corte de distrito en el párrafo de su opinión que transcribimos con aprobación en el caso de Clausell, supra, demuestra, que no tienen en verdad el alcance que se les diera.

Siendo ello así, la pregunta formulada será contestada y se contesta en la afirmativa, debiendo en su consecuencia de-clararse el recurso sin lugar y confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Línea Borinquen, Inc., demandante, apelante y apelada, v. Fajardo Development Co. y American Railroad Company of Porto Rico, demandadas, apeladas y apelante la última.
    Núm. 7271.

    Sometido: Junio 2, 1937.

      Resuelto: Junio 7, 1938.

      8v,som & Defendimi, abogados de la apelante y apelada; Mariano Acosta V-elarde, abogado de la apelada y apelante; Jaime Sifre Jr., y A. Ortiz Toro, abogados de la Fajardo Development Co.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Línea Borinquen, Inc., instó demanda contra la Fajardo Development Co. y la American Railroad Co. of P. R. para recobrar daños y perjuicios por la suma de $1,914.40. Estos daños y perjuicios se alegó que resulta-ron de un choque habido entre una guagua con licencia núm. P-1385, perteneciente a la demandante, y un tren pertene-ciente a la American Railroad Co. of P. R. que discurría por rieles de que la Fajardo Development Co. era dueña.

La corte de distrito resolvió que la evidencia demostraba que la Fajardo Development Co. era dueña del tren que corría entre Carolina y Naguabo; que en 30 de diciembre de 1931, la American Railroad Co. of P. R. celebró un con-trato con la aludida Fajardo Development Co. que fue más tarde aprobado por la Comisión de Servicio Público en 6 de abril de 1932; que á virtud de este contrato cada una de las compañías convino en permitir a la otra el uso de sus rieles para el tránsito de sus respectivos trenes; que el accidente ocurrió el 17 de septiembre de 1932; que la American Railroad Co., como dueña y explotadora de la locomo-tora núm. 87 fue responsable del accidente ocurrido por la negligencia de Angel Sánchez, maquinista de la locomotora y por la negligencia del guardabarrera, que no estaba pre-sente en el momento' en que ocurrió el mismo; al no haber colocado las cadenas de un lado a otro de la carretera, ni haber hecho señales con una bandera roja, según era costum-bre, para detener el tránsito por la carretera en el paso a nivel; que el chófer redujo la velocidad antes de llegar al paso a nivel y no habiendo oído ningún aviso de la proximi-dad de la máquina, cruzó la vía y fue arrollado por la lo-comotora; que no hubo prueba de negligencia contribuyente por parte del chófer; que la locomotora chocó con el lado izquierdo de la guagua y la lanzó contra un poste de la luz eléctrica, averiándola por ambos lados; que la guagua babía sido vendida por Pedro A. Pizá, mediante un contrato de venta condicional, a la Línea Borinquen Ine., representada por A. S. Robles, por l'a suma de $1,630 en noviembre de 1931; que la caja de dicba guagua después del accidente quedó enteramente destrozada; que el valor de dicba caja era $600, y que los daños causados al chassis ascendían a $177.40.

La corte inferior resolvió que la demandante no babía probado suficientemente los ingresos diarios obtenidos con dicba guagua ni los gastos incurridos en la explotación de la misma, tales como gasolina, aceite y sueldo del chófer, y por tanto no concedió ninguna indemnización por la pérdida de los servicios de la guagua durante los 94 días.

A base de estas conclusiones la Corte de Distrito declaró sin lugar la demanda en cuanto a la Fajardo Development Co. y dictó sentencia a favor de la demandante y contra la American Railroad Co. of P. R., y fijó los daños y perjuicios en la suma de $777.40, sin costas.

La Línea Borinquen, Inc. radicó una moción de recon-sideración de sentencia, alegando que toda vez que la corte había llegado a la conclusión de que el accidente se debió en parte a la negligencia del guardabarrera, que era em-pleado de la Fajardo Development Co., la sentencia debió haberse dictado solidariamente contra la American Railroad Co. of P. R. y la Fajardo Development Co. La demandante también solicitó de la corte reconsiderara su sentencia en lo relativo a costas, alegando que las demandadas habían sido temerarias en extremo en sus esfuerzos de evadir sus res-ponsabilidades en este caso y que por tanto debían conce-derse costas a la demandante. La corte declaró sin lugar la moción de reconsideración con fecha 26 de octubre de 1935 y el mismo día la American Railroad Co. of P. R. radicó su escrito de apelación contra la sentencia. En 7 de mayo de 1936 la American Railroad Co. of P. R. y la Línea" Borin-quen, Ine., firmaron una estipulación en que convenían: (1) que la demandante, Línea Borinquen, Ine., se acoja a la transcripción de evidencia y a la transcripción del récord radicados por la demandada, American Railroad Co. of P. R., a los fines de la presente apelación; (2) qne el recurso de la demandante y el de la demandada American Railroad Co. of P. R. se tramiten como nn solo caso y bajo nn solo número; (3) qne al récord de la American Railroad Co. of P. R. se agregue el escrito de apelación radicado por la de-mandante en la Corte de Distrito de San Jnan (copia de dicho escrito de apelación certificada por el Secretario de la Corte de Distrito de San Jnan fné nnida a dicha estipu-lación y se hizo formar parte de la misma); y (4) que se tenga por perfeccionado y radicado el recurso de apelación de la demandante en este caso desde la fecha en qne se aprobare la presente estipulación. Ésta fné aprobada por este Tribunal el mismo día.

La Fajardo Development Co. sostiene en su alegato qne este tribunal no tiene jurisdicción, por dos motivos: (1) porque la sentencia de la Corte de Distrito de San Jnan fné firme antes de qne la Línea Borinquen radicara su escrito de apelación, y (2) porque la Línea Borinquen, Inc., debió ha-ber apelado de la resolución final de la corte inferior.

Al argüir el primer punto la Fajardo Development Co., aunque reconoce que este tribunal ha seguido el precedente establecido por la Corte de Circuito de Boston en los casos de Saurí v. Saurí, 45 F. (2d) 90 y Díaz v. Pérez, 54 F. (2d) 588, al efecto de que una moción para reconsiderar suspende el término de treinta días para apelar, alega que en este caso específico la moción de reconsideración se dirigía meramente a ciertos aspectos de la sentencia y no a la sentencia en su totalidad, y que, por tanto, dicha regla no es aplicable. En un caso más reciente que los citados por la apelada (Wayne Gas Co. v. Owens-Illinois Co., 300 U. S. 131), la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que una reconsideración, aunque la corte se ratifique en su actuación anterior y se niegue a dictar un decreto distinto al original, es apelable y que el término para apelar empieza a correr desde la fecha en qne se dicte tal decreto. La contención de la apelada de qne la reconsideración debe diri-girse contra la sentencia en sn totalidad, y no meramente contra parte de la misma, es insostenible.

En lo qne respecta al segundo punto es evidente qne la Línea Borinquen, Inc., apeló específicamente de la sentencia de septiembre 23, 1935, y en armonía con el razonamiento anterior no era necesaria ninguna otra apelación.

Aun si las contenciones de la Fajardo Development Co. fueran correctas, ello surtiría muy poco efecto sobre el recurso de apelación, toda vez que la American Railroad Co. of P. R. apeló de la sentencia de la corte de distrito y alegó, entre otros errores propios, más o menos los mismos señalados por la Línea Borinquen, Inc.

La American Railroad Co. of P. R. alega que la corte de distrito cometió cuatro errores, a saber:

“1. La corte de distrito de San Juan cometió manifiesto error de becho y de derecho al dictar sentencia en contra de The American Railroad Co. of P. R. por el fundamento de que el guardabarrera Adolfo Torréns no se encontraba en el cruce, dejando de poner las cadenas y de hacer señales con banderas rojas.
“2. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de derecho al dictar sentencia contra The American Railroad Co. of P. R. y sostener que la negligencia del guardabarrera Adolfo Torréns, empleado de The Fajardo Development Company, era atri-buíble e imputable a The American Railroad Company of Porto Rico.
“3. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de hecho y de derecho, al dictar sentencia a favor de la demandante apelada y en contra de la apelante, porque según el peso y la pre-ponderancia de la prueba, The American Railroad Company of Porto Rico, no fué culpable de negligencia alguna.
“4. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de hecho y de derecho al dictar sentencia en contra de la demandada apelante, porque según el peso y la preponderancia de la prueba, la demandante fué culpable de negligencia contributoria, siendo ésta la causa próxima e inmediata del accidente.”

La Línea Borinquen, Inc., imputa tres errores a la corte de distrito, como sigue:

“1. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de derecho al sostener que la negligencia del guardabarrera Adolfo Torréns, empleado de Tbe Fajardo Development Co., era atribuíble e imputable exclusivamente a Tbe American Railroad Co. of P. R.
“2. La Corte de Distrito de San Juan cometió error manifiesto al exonerar a Tbe Fajardo Development Co. de toda responsabilidad para con la demandante y dictar sentencia tan sólo contra la de-mandada Tbe American Railroad Co. of P. R.
“3. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error al no conceder indemnización por concepto de costas, gastos y honora,-rios de abogado a la demandante.”

Los errores primero y segundo señalados por la American Railroad Co. of P. R. y los señalamientos primero y se-gundo alegados por la Línea Borinquen, Inc., se dirigen todos más o menos a una sola cuestión, o por lo menos a varios aspectos de la misma cuestión. El primer señalamiento de la American Railroad Co. se basa en la conclusión de la corte de distrito de que el guardabarrera no se bailaba en el paso a nivel en el momento del accidente y en que no colocó las cadenas de un lado a otro de la carretera ni hizo nin-guna señal para advertir a los transeúntes de la proximidad del tren. En lo que se refiere a la cuestión de si esta con-clusión es o no correcta, este Tribunal no la considerará, a no ser para decir que se adujo-suficiente prueba para sos-tener tal resolución.

En su segundo señalamiento la American Roailroad Co. of P. R. alega que la negligencia del guardabarrera, en la forma determinada por la corte de distrito, no podía atri-buírsele a la American Railroad Co. La Línea Borinquen, Inc., por el contrario, alega que la corte de distrito cometió error al atribuir la negligencia del guardabarrera exclusi-vamente a la American Railroad Co. of P. R., y en su segundo señalamiento sostiene que la Fajardo Development Co. no debió haber sido exonerada de toda responsabilidad, puesto que la corte de distrito resolvió que su empleado, o sea el guardabarrera, babía sido negligente.

Según el párrafo q, sección 3, Capítulo II de la Ley núm. 70 de 1917, tomo 2, págs. 433, 449, las compañías de ferro-carril deberán conservar “cadenas, portones u otros apara-tos adecuados de protección en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares.”

En 52 Corpus Juris 202, se sienta la regla del modo si-guiente :

“Algunos estatutos exigen a las compañías ferroviarias que ten-gan guardabarreras o portones en ciertos cruces a nivel, y el dejar de cumplir con el estatuto es negligencia per se.”

Por tanto, en este caso no puede haber duda alguna de la negligencia del guardabarrera, y la cuestión que ahora surge es si únicamente la dueña de la vía es responsable, conforme alega la American Railroad Co., o si tan sólo la American Railroad Co. lo era, según resolvió la corte de distrito, o si ambas compañías son responsables conforme alegó la Línea Borinquen, Inc.

En lo que a esta cuestión se refiere, en 51 C. J. 1104, hallamos la regla expuesta del siguiente modo:

“Una compañía de ferrocarriles que utiliza las vías de otra de-berá ejercer el mismo grado de cuidado en su uso que si fuera dueña de las mismas. Está regida, en lo que a la cuestión de responsabi-lidad por negligencia se refiere, por la misma ley que obliga a la dueña.
“La compañía ferroviaria que usa las vías de otra no es res-ponsable de los daños ocasionados únicamente por la negligencia de los empleados de la compañía que es dueña de las vías al explotar los trenes de esa compañía, mas responderá de los daños y per-juicios ocasionados con el manejo de sus propios trenes debido a la negligencia de los sirvientes y empleados de la compañía que es dueña de los rieles, tales como guardabarrera en los cruces, en cuyos servicios descansa y los cuales adopta en vez de emplear otros pro-pios para tales deberes.”

El principio está sostenido especialmente por las citas que se hacen en la nota 95, al efecto de que una compañía ferroviaria que usa las vías de otra debe tener guarda-barreras en los cruces en todo momento en que el no hacerlo así equivaldría a negligencia procesable por parte de la compañía que es dueña de las mismas. Webb v. Portland, etc. Ry. Co., 57 Me. 117, McGrath v. New York Central etc. Ry. Co., 63 N. Y. 522. Véase el sumario del caso de Webb v. Portland, etc. Ry. Co., 57 Me. 117, según aparece en 41 Cent. Dig., Railroads, párr. 826, pág. 2487.

Y en 51 C. J. 1110, se dice, “cuando la negligencia concurrent e de dos compañías ferroviarias o de la compañía ferroviaria y otra persona contribuye a un accidente, am-bas son solidariamente responsables, y pueden ser demanda-das conjuntamente, o, según se ha resuelto, pueden ser deman-dadas separadamente, y esto es así aunque la negligencia no se debiera a un acuerdo previo, y aunque las partes actuaran independientemente una de otra, y no hubiera negligencia en el cumplimiento del mismo deber común; tampoco es impor-tante que una de las demandadas debiera tener para con la demandante mayor grado de cuidado que la otra. Cuando se ocasionan daños y perjuicios por un tren que al momento del accidente se halla bajo el dominio común de los sirvientes de dos o más compañías ferroviarias, o de sirvientes em-pleados por ambas conjuntamente, ambas compañías son mancomunada y solidariamente responsables, y la regla es ésta cuando el tren está siendo explotado por una compañía sobre las vías de otra.” Véase también Consolidated Ice Machine Co. v. Keifer, 134 Ill. 481; 10 L.R.A, 696; 45 C. J. 896 y especialmente la nota 15.

En vista de lo anterior parece que la apelante, Línea Borinquen, Inc., está en lo cierto al sostener que ambas compañías son solidariamente responsables y que esto es así sin considerar si hubo o no negligencia alguna por parte de la American Railroad Company en la explotación de su tren.

La American. Railroad Co. of P. R. alega que la corte de distrito erró al dictar sentencia en su contra, toda vez que la preponderancia de la prueba demostró que la American Railroad Co. of P. R. no fue culpable de negligencia alguna. Conforme ya hemos dicho al discutir los señalamientos pri-mero y segundo de la American Railroad Co., esta compa-ñía era también responsable de la negligencia de la Fajardo Development Co. La corte de distrito, en lo que respecta a la negligencia de la American Railroad Co. of P. R., re-solvió lo siguiente:

“El accidente ocurrió como se alega en la demanda, el 17 de septiembre de 1932, siendo responsable del mismo The American Railroad Company of Porto Rico como dueña y operadora del tren o locomotora Núm. 87, de carga y pasajeros, que causó el daño, por la negligencia de su maquinista Ángel Sánchez. ... El chófer de-tuvo la marcha de su vehículo, reduciendo la velocidad, antes de llegar al paso a nivel, y no sintiendo aviso de la aproximación del tren, cruzó la vía cuando fue alcanzado por aquél.”

Hubo prueba tendente a demostrar que la locomotora dejó de tocar. pito o campana. La apelante American Railroad Company of P. R. no nos convence de que el juez de distrito no tuviera derecho a creer, por la preponderancia de la prueba, que ella fue negligente. Sin embargo, suponiendo la existencia del error, la sentencia podría no embargante • ser confirmada debido a la negligencia del guardabarrera.

En su cuarto señalamiento la American Railroad Co. alega que según el peso y la preponderancia de la prueba, la línea Borinquen, Inc., fue culpable de negligencia contribuyente, que esa negligencia fue la causa próxima e inmediata del accidente, y que por tanto no debió haberse dictado sentencia contra la demandada American Railroad Company of Porto Rico.

La American Railroad Company basa su alegación de negligencia contribuyente en el hecho de que el conductor de la guagua no se detuvo por completo antes de cruzar el paso a nivel. En García v. American Railroad Company of Porto Rico, 45 D.P.R. 762, 769, se dijo lo siguiente:

“A nuestro juicio el caso de G-oodman no debe interpretarse en el sentido de imponer al conductor de un vebículo de motor el deber de detenerse siempre al acercarse a una vía ferroviaria. No parece razonable exigir invariablemente, en todos los casos, de un conductor, que se detenga por completo antes de llegar a la vía de un tren. La jurisprudencia general no sostiene tal criterio. Háse dicho por un número de tribunales que una persona que se dispone a cruzar la vía de un ferrocarril, manejando un vehículo de motor, debe dete-nerse, mirar y tratar de escuchar, en un sitio desde donde pueda tender la vista a través de la vía, para ver si se aproxima algún tren. Prevalece, sin embargo, la regla de que, como cuestión de de-recho, no es éste un deber que se impone invariablemente al viajero. Las cuestiones en controversia no son siempre las mismas, los hechos varían, y, para juzgar la conducta de un viajero que no haya de-tenido su vehículo, hay que tener en cuenta las circunstancias que mediaron al acercarse al cruce, su ignorancia o conocimiento de la situación de la vía y la confianza que haya podido tener en sus opor-tunidades para ver y oír, a un lado y otro de esa vía. Ya hemos dicho que cada caso tiene sus peculiaridades, sus rasgos caracterís-ticos, su sello especial, su fisonomía propia, y que no sería empresa fácil impartir justicia si para apreciar qué hechos constituyen cui-dado ordinario o negligencia tuviésemos que ajustarnos a reglas fijas e invariables. Rivera v. Central Pasto Viejo, 44 D.P.R. 266 y 267. Para determinar si ha habido o no negligencia en un caso determi-nado debemos preguntarnos qué hubiera hecho una persona de ra-zonable prudencia en igualdad de circunstancias.' No debemos es-perar de la naturaleza humana más de lo que humanamente puede dar y no parece razonable exigir precauciones que no se adoptan en el curso ordinario de las actividades humanas, por más que estén justificadas cuando existe alguna razón especial que nos aconseje des-plegarlas, velando por la seguridad ajena y por nuestra propia se-guridad.”

Reafirmando este mismo principio en López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. 1, 26, este tribunal cita una decisión reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos al mismo efecto, a saber:

“La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una opinión emi-tida con posterioridad, en 2 de abril de 1934, refiriéndose también al caso de Goodman, dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
“ ‘Se hace necesario aclarar en estos momentos las sombras que puedan oscurecer el punto en controversia. No es nuestro ánimo investigar en estos momentos la existencia de un deber de parar in-dependientemente de un deber de bajarse del vehículo y practicar un reconocimiento. Esta investigación, si la hiciéramos, nos haría penetrar en un espeso campo de decisiones, que están en conflicto. Algunas cortes aplican la llamada regla de Pennsylvania, e imponen un deber invariable de parar, como también de mirar y escuchar, sin parar mientes en que el cruce esté despejado o las vías a cada lado. (Citas.) Otras cortes, la mayoría, adoptan la regla de que el viajero debe mirar y escuchar, pero que la existencia del deber de parar depende de las circunstancias y por lo tanto general, si no invariablemente, de la opinión del jurado. (Citas.) El asunto ha tenido menos consideración en esta corte, pero en ninguna de sus opiniones aparece la indicación de que en todo cruce el deber de parar sea absoluto, independientemente del peligro. Ni aun en el caso de B. & O. R. Co. v. Goodman, supra, que va más. lejos que los primeros casos, puede encontrarse apoyo para dicha regla. Por el contrario, la opinión establece de un modo claro que el deber está condicionado por la presencia de impedimentos que hagan que la vista y el oído resulten inadecuados para la protección del viajero.' Pokora v. Wabash Ry. Co., 292 U. S. 98, 102.
“La Corte Suprema se extiende en otras consideraciones y dice que la opinión en el caso de Goodman ha dado origen a confusiones en las cortes federales, habiendo recibido solamente un apoyo vaci-lante en las cortes estaduales, y termina con estas palabras: ‘"We limit it accordingly.’ ”

En torno a esta misma cuestión, en Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 164, 167, este tribunal decidió lo si-guiente :

“Una persona que viaja por una carretera en un vehículo de motor no está, de ordinario, obligada a tomar el mismo cuidado al pasar por una de estas vías que aquél que cruza las vías regulares de la American Railroad Company. Las personas que transitan por las carreteras siempre están obligadas a tomar ciertas precauciones, mas no creemos que estén obligadas a pararse, mirar y oír cada vez que se acercan a una vía ferroviaria, especialmente si ésta no per-teneee a Rina corporación de servicio público que puede usarla en cualquier momento. La intersección era un paso a nivel. En otras palabras, que las personas que transitan por la carretera, y desde luego aquéllas que vienen de Ponce, pueden ver una larga distancia hacia adelante.”

En vista de lo anterior, carece de mérito la alegación de la American Railroad Co. de que la corte de distrito cometió error al resolver qne la demandante, Línea Borinquen, Inc., no fué culpable de negligencia contrituyente.

En su tercer señalamiento la Línea Borinquen, Inc., alega que la corte de distrito cometió error al no conceder suma alguna por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. En lo que a costas se refiere, parece que la corte de distrito actuó en el ejercicio de su discreción. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil da a la corte de distrito discreción para conceder las costas, y basa esta discreción en el grado de temeridad de la parte demandada.. En este caso la demandante solicitaba se le concedieran $1,914.40 y se dictó sentencia a su favor por la suma de' $777.40. En otras palabras, la indemnización concedida fué menos de la mitad de la solicitada.

En Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582, 584, al resolver esta cuestión, este tribunal dijo lo siguiente:

“El otro requisito que exige la ley para que pueda condenarse a pagar costas y honorarios de abogado es que, a juicio discrecional de la corte, haya habido culpabilidad en la parte condenada por la sentencia.
“La culpabilidad a que se refiere la ley equivale a la temeridad o mala fe que exigían nuestras leyes anteriores para la imposición de costas. Todas ellas son sinónimas, y, como ellas mismas expresan, significan la falta de razón en el demandante para establecer y sos-tener su acción y en el demandado para sus defensas. Así, pues, en tal sentido una persona es culpable, temeraria o de mala fe en un litigio, cuando no existe algo que justifique su acción o sus defensas. En consecuencia, según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, no puede reputarse temerario, ni ser condenado en costas el demandado, cuando fuere denegada alguna parte de la demanda, ni cuando su oposición a ella se estima justa, siquiera sea tan sólo en parte. Sentencias de 14 marzo y 4 de mayo de 1893.”

En Sucn. del Toro v. Zambrana, 27 D.P.R. 488, 492, la decisión anterior fué sostenida, así:

“Por lo que toca a los honorarios de abogado no vemos que la corte inferior abusara de su discreción al no condenar al pago de ellos al demandado si tenemos en cuenta la diferencia que bay entre lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia. Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582.”

Por tanto, se desprende que la corte de distrito no come-tió error al no conceder las costas.

De be revocarse la sentencia de la corte de distrito en tanto en cuanto exonera a la Fajardo Development Go., y confir-marse en todos los demás aspectos.