author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. García & Rahola, Ramón López Ramírez, Ramón Tembleg, Crosas & Compañía, Bruno & Vázquez, Jaime Gelabert, Juan Sierra, Jr., The P. R. Theatrical Corpn., R. Lloveras Soler, Francisco Rodríguez, y J. GeLabert & Co., acusados y apelantes.
    Nos. 2177-81 y 2183-89

      Vistos: Enero 12, 1926.

      Resueltos: Febrero 3, 1926.
    1. Corporaciones’ Municipales — Procedimientos de la Asamblea u Otro Cuerpu que Gobierne — Ordenanzas y Reglamentos en General — Derogación de Ordenanzas — Derogación sin Cláusula de Reserva — En General. — FI ar-tículo 44 del Código Político se aplica solamente a la derogación de leyes; no a la de ordenanzas municipales.
    2. Derecho Penal — Naturaleza y Elementos del Delito y Defensas en General — Derogación de Estatutos Penales — Efecto en Cuanto a Procesos Pendientes — Ordenanzas Municipales. — Si hallándose pendiente una ape-lación en causa seguida por infracción a una ordenanza municipal, ésta se deroga sin cláusula alguna de reserva,. la causa debe ser sobreseída.
    Sentencias de Charles E. Foote, J. (San Juan, Distrito Primero), condenando a los acusados por infracción a una ordenanza municipal. Sobreseídas las causas y absueltos los acusados.

      Guerra Mondragón & Soldevüa, abogados de los apelantes; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.-

Todos estos casos se iniciaron con el fin de perseguir vio-laciones a la Ordenanza No. 13 de mayo 23, 1921, del muni-cipio de San Juan. Los acusados fueron declarados culpa-bles y castigados de acuerdo con la cláusula penal contenida en dicha ordenanza. Apelaron y levantaron interesantes cuestiones relativas a la constitncionalidad de la ordenanza.

En espera de la decisión final de ciertos casos pendientes en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la acción de esta Corte se pospuso. Entretanto la Ordenanza No. 13 fné de-rogada, sin cláusula alguna de reserva, y los apelantes por su abogado el 12 de enero ultimo — día señalado para una nueva vista ante el tribunal en pleno — solicitaron, basándose en la derogación, el sobreseimiento de las cansas y la abso-lución de los acusados.

Ruling Case Law resume la jurisprudencia sobre la materia con la claridad acostumbrada. La parte necesaria de dicho resumen es como' sigue:

““Es con referencia a los estatutos que definen delitos y prescri-ben su castigo que las derogaciones actúan con la mayor libertad. En tales casos la extinción del estatuto se considera como indicación de que el poder soberano no desea por más tiempo que el anterior delito sea castigado o considerado como penal. Por tanto, cuando tal estatuto se deroga, es igual que si ninguno hubiera existido ex-cepto en cuanto al objeto de los procedimientos previamente insti-tuidos, seguidos y concluidos, y aun la alegación de culpabilidad antes de la derogación no autorizará a la corte para dictar senten-cia. La regla general de que la derogación de un estatuto penal •anula todos los procedimientos seguidos de acuerdo con el mismo, ha sido aplicada a ordenanzas y a leyes locales de opción. * * Si se deroga un estatuto penal estando pendiente una apelación o recurso de error, y antes de lá resolución final de la corte de apela-ción, impedirá la confirmación de una condena y el proceso debe ser sobreseído o la sentencia revocada. La derogación de una orde-nanza municipal estando pendiente una apelación contra una senten-cia condenatoria por virtud de la misma en una corte inferior, anula el procedimiento.” 25 R.C.L. 941-42.

Uno de los casos citados en Ruling Case Law es el de Ball v. Tolman, 135 Cal. 375. En él se estudia ampliamente la cuestión y se establecen las necesarias distinciones, y a él pertenece el siguiente pasaje:

"El Sr. 'Sutherland, en su obra sobre Interpretación Estatuto-ria (sec. 166), expresa que el efecto de la derogación de un estatuto penal es impedir alguna acusación, juicio o sentencia por cualquier delito cometido contra el mismo mientras estaba en vigor, a menos que exista una cláusula de exención en la ley derogatoria, y que si un estatuto penal se deroga pendiente una apelación, y antes de la resolución final de la corte de apelación, impedirá la confirmación de la sentencia condenatoria y el proceso debe ser sobreseído o re-vocada la sentencia.” 135 Cal. 379.

En el resumen del caso de United States v. Tynen, deci-dido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1870, aparece la siguiente doctrina:

“Mediante la derogación de nna ley sin reserva alguna de sus penalidades todos los procedimientos criminales establecidos de acuerdo con ella caducan. No puede liaber convicción legal ni sen-tencia válida después dé convicto el acusado a menos que la ley es-tableciendo el delito esté actualmente en vigor.” 78 IT. S. 88.

No hay, pues, duda alguna que la jurisprudencia favo-rece la contención de los apelantes, pero existe un precepto de ley vigente en Puerto Rico contrario a dicha jurispru-dencia. Nos referimos al artículo 44 del Código Político, Comp. See. 2707, que establece:

“La revocación de una ley creando un delito, no constituye im-pedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho, ya come-tido con infracción de la ley así revocada, a menos que no se declare expresamente en la ley derogatoria el propósito de impedir tal persecución o castigo.”

Interpretando y aplicando preceptos de ley similares vi-gentes en California y Iowa, se ha resuelto lo que sigue:

“Bajo nuestro estatuto (Ley de mayo 1, 1853,) la derogación de una ley criminal no constituye un impedimento a la persecución y castigo de un delito cometido en violación de la misma a menos que tal intención sea expresamente declarada en la ley derogatoria.” People v. Quinn, 18 Cal. 122.
“El artículo 4059 del Código de Towa disponía que toda persona que tuviera determinado ganado de Texas sería responsable por cualesquiera daños que sobrevinieran por dejar a dicho .ganado realengo, contagiando así a otro ganado con la ‘fiebre de Texas.’ Este estatuto fué derogado después de haberse cometido actos en violación del mismo que causaron daños al demandante. Este re-clama esos daños y el demandado alega que la derogación puso fin al derecho a recobrar bajo sus disposiciones, por ser el estatuto de naturaleza penal. Se resolvió, bajo el artículo 45 del Código de Iowa, que dispone que ‘La derogación de un estatuto no afectará ningún derecho adquirido, ningún deber impuesto, ninguna penali-dad incurrida y ningún procedimiento comenzado de acuerdo con o por virtud del estatuto derogado,’ que los derechos de las partes no fueron afectados por la derogación.” Kemmish v. Ball et al., 30 Fed. 759.

Ahora bien, ¿es aplicable el precepto y la jurisprudencia que acabamos de citar a casos de ordenanzas municipales? El propio Fiscal de esta Corte Suprema en su alegato adi-cional cita un caso de California que resuelve la cuestión en la negativa, el de Spears v. County of Modoc, 101 Cal. 303 (35 P. 869). Tomamos del resumen lo que sigue:

“El artículo 329 del Código Político que dispone que ‘la dero-gación de cualquier ley estableciendo un delito’ no impide los pro-cedimientos para el ‘castigo de un acto ya cometido en violación de la ley así derogada’ a menos que la intención de que constituye tal impedimento ‘sea expresamente declarada en la ley derogatoria’ es aplicable solamente a l'a derogación de una ‘ley’ y no comprende la derogación de una ordenanza municipal.”

A nuestro juicio debemos aceptar y aplicar a estas cau-sas el criterio de la Corte Suprema de California, basado en la regla de interpretación “tersamente expuesta por Bishop,” como dice la misma corte en People v. Tisdale, 57 Cal. 104, 107, a saber:

“El significado de los estatutos penales no ha de llegar más allá que su lenguaje; ninguna persona puede quedar sujeta a ellos por inferencia; y todas las dudas que surjan en su interpretación de-berán resolverse en favor del acusado.”

Resta sólo considerar la cuestión de si esta corte puede partir como ha partido para su resolución de la base de la derogación de la ordenanza de que se trata. La ordenanza derogatoria fue presentada en el acto de la vista del re-curso y admitida a los fines procedentes. En su alegato adicional el Fiscal expresa que no ha podido encontrar caso alguno que resuelva directamente la cuestión, pero cita el de Speckert v. City of Louisville, 78 Ky. 287, citado a su vez en el de Spears v. County of Modoc, supra, en el que implícitamente quedó resuelto en sentido afirmativo. En la opinión se dice: “Estando pendiente la apelación, la orde-nanza bajo la cual se impuso la pena fue derogada, y las partes, por estipulación, presentaron tal hecho al conoci-miento de la corte.”

Aquí no existió estipulación pero se presentó, como he-mos dicho, copia certificada de la ordenanza derogatoria y el Fiscal admitió sn existencia y está conforme no sólo en qne se considere si qne también en qne las cansas sean so-breseídas. Sn alegato adicional termina así:

“Para concluir, en el presente caso se discute solamente la cues-tión de la constitucionalidad de la ordenanza, ya que los hechos es-tán aceptados por ambas partes. Esta ordenanza número 13 no está en vigor en la actualidad porque se encuentra derogada por otra posterior de 1925. De modo qne la resolución de este Tribunal, que tendría que basarse sobre la constitucionalidad de la ordenanza en cuestión, carecería a la fecha de finalidad práctica porque la orde-nanza no- se encuentra en vigor; y siendo esto así nos parece acer-tada, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, la admisión por este Tribunal de la ordenanza presentada por el apelante y la deses-timación (dismissal) del caso, sin entrar en los méritos del mismo, por el fundamento que hemos apuntado anteriormente.”

Deseamos, sin embargo, consignar qne la conclusión a qne hemos llegado en razón a las circunstancias que concurren en estos casos, no implica que quede resuelto de modo defi-nitivo que el método seguido para probar la revocación de la ordenanza, sea el correcto. La cuestión queda abierta para ser más ampliamente considerada en ulteriores casos.

Por virtud de todo lo expuesto, deben sobreseerse estas causas y absolverse a los acusados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob HutohisoN, JUEZ ASOCIADO SB. EBANCO SOTO.

license: Public Domain

text:
    Fernando Valledor, demandante y apelado, v. Juan Diez Rosado y Miguel Nogueras, demandados y apelante el primero.
    No. 3449.

    Visto: Marzo 13, 1925.

      Resuelto: Febrero 3, 1926.
    Ejecución — Venta—Título' y Derechos del Comprador — Responsabilidad por Gravámenes que Afectan el Inmueble Comprado — Comprador que no Asume Deuda üipotecaria. — Comprada en subasta pública una finca hipo-tecada en cumplimiento de sentencia obtenida en acción personal sin existir por parte del comprador obligación alguna o motivo para asumir responsa-bilidad personal por dicha deuda hipotecaria, en ausencia de tentativa alguna de ejecutar el gravamen hipotecario, no cabe ejercitar acción personal eontra él comprador para el cobro del importe de la hipoteca.

      SENTENCIA de G. Castejón, J. (Guayama), declarando con lugar la demanda en cuanto a uno de los demandados, sin costas.

      Revo-cada.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; G. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Diez Bosado, demandante en una acción personal, ofreció $200 por cierta finca rústica que fué vendida en su-basta pública de conformidad con una sentencia obtenida por dicbo demandante.

El certificado del marshal contiene la siguiente constan-cia:

“La oferta del demandante a su petición, fué abonada a su cré-dito de $560.60 y sus intereses desde el día 17 de mayo de 1922, que-dando así reducida la sentencia de la Corte de 28 de junio de 1922 y ejecutada en este solo extremo. Y no habiendo proposición al-guna que mejorara la presentada por el demandante Juan Diez Bo-sado, le adjudiqué públicamente y en voz alta los bienes anterior-mente descritos con inclusión de la responsabilidad de la deuda de don Fernando Valledor que los grava en forma legal. A este acto concurrieron personalmente el demandante y su abogado.”

Subsiguientemente Valledor estableció demanda contra Juan Diez Bosado en cobro del importe de la reclamación arriba referida, la cual estaba garantizada por hipoteca.

La acción posterior era a su vez puramente personal. No había ninguna súplica para la ejecución de la hipoteca ni fué dictada orden de ejecución del gravamen. La teoría misma del caso del demandante consta además de una peti-ción para que se dicte sentencia en rebeldía que fué archi-vada con el secretario y en la cual se dice que

“por ser un asunto en cobro de dinero en una obligación consignada en documento público proceda a dictar sentencia contra los deman-dados en la forma que se solicita en la súplica de la misma.”

Sin embargo, el secretario se negó a registrar la senten-cia y los demandados comparecieron Inego y formularon sn contestación.

En el inicio, después que el demandante había terminado con la presentación de sn prueba, el juez sentenciador de-claró sin lugar una moción de nonsuit dictando después sen-tencia a favor del demandante:

“condenando al demandado Juan Diez Rosado a pagar al deman-dante Fernando Valledor la suma de novecientos treinta y ocho dó-lares y 40 centavos más los intereses de dicha suma vencidos y no satisfechos al tipo del doce por ciento anual y sin costas; disponién-dose que esta sentencia se hará efectiva embargando y vendiendo la finca hipotecada, y si el producto de la venta resultare insuficiente a cubrir el importe de la sentencia el demandante recobrará el resto, sobre cualquier propiedad del demandado mencionado.”

La mera incautación y venta de una propiedad hipote-cada y vendida en subasta pública en cumplimiento de una sentencia dictada en una acción personal, pero sin que exista tentativa alguna por parte del demandante o de la corte en ejecutar el gravamen hipotecario, no puede sostenerse por virtud de la teoría de tal ejecución. Véase el caso de Rosales v. Corte de Distrito de San Juan, 33 D.P.R. 316.

El texto del certificado del márshal no dice necesariamente que el comprador se hizo cargo de la deuda que su deudor el demandado tenía contraída con Valledor. Las palabras, usadas son asimismo compatibles con la intención de traspa-sar cualquier derecho, título o interés que el deudor tenía en la finca hipotecada con sujeción y sin perjuicio del cré-dito hipotecario.

Dada la situación existente en la fecha de la venta, tal traspaso hubiera sido la forma usual y corriente de proce-dimiento. No existía ninguna obligación por parte del com-prador y según parece ningún motivo o aliciente que le hu-biera impedido a asumir cualquier responsabilidad personal. En vista de tales circunstancias la fraseología más o menos vaga y ambigua empleada por el márshal no puede ser bas-tante, sin más, para crear cualquier otra nueva responsabi-lidad.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL-

JUEZ ASOCIADO SB. EBANCO SOTO.

La Ley Hipotecaria prescribe en el artículo 128 y 169 y siguientes del Reglamento para su ejecución, los trámites que ban de seguirse para el cobro de los créditos hipoteca-rios. El procedimiento es sumario y era exclusivo para tales créditos basta que decretado en 1904 el Código de Enjui-ciamiento Civil se permitió, por interpretación judicial, que los acreedores pudieran cobrar sus hipotecas optando por el procedimiento especial de la Ley Hipotecaria o el ordinario del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil. A pesar de esta opción, parece deducirse de la doctrina sentada por esta Corte Suprema en este caso y autoridad citada que si se elige la acción ordinaria se han de guardar en ella las for-malidades y trámites del procedimiento sumario. Esta es la razón de mi discrepancia. Si fuera así no veo la utilidad que representa la elección del procedimiento ordinario y me-jor hubiera sido no haber permitido hacer uso de la acción ordinaria, o al menos, se debió hacer notar a la abogacía lo que se debía hacer en tales casos. Porque las consecuen-cias pueden ser de alguna trascendencia, pues no sería aven-turado afirmar que desde hace años numerosos créditos hi-potecarios han sido cobrados por el procedimiento ordina-rio y si la nueva doctrina prevaleciera todas las adjudica-ciones de los inmuebles y las subsiguientes transacciones de-rivadas de las mismas, quedarían abiertas a ataques colate-rales, y el malestar que tal situación produciría en el crédito territorial y en los negocios no sería nada Indagador ni me-nos confortable para la estabilidad de las transacciones.

Yo no creo que en el presente caso, que se ha seguido la acción ordinaria, la manera como se ha establecido la de-manda y la forma en que se ha rendido la sentencia, haya variado la naturaleza de la acción real hipotecaria dentro del procedimiento ordinario. En la demanda se habla de hi-poteca, se alega cómo se constituyó, sn inscripción en el re-gistro de la propiedad y se describe la finca hipotecada, que pasó al demandado al adquirirla con el gravamen en su-basta pública en otro procedimiento.

La sentencia no sólo condena al demandado al pago de la suma, que se alega en la demanda constituye el gravamen hipotecario, sino que dispone que la sentencia se haga efec-tiva vendiendo la finca hipotecada. No veo que esto difiere en mucho de lo que se hace en el procedimiento especial, ar-tículos 170 y 172 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, cuando se dicta auto mandando requerir al deu-dor mismo, si conserva la finca, o al tercero a quien se haya traspasado, para que verifique el pago de la suma recla-mada con costas, tajo apercibimiento de procederse a la su-basta de los bienes hipotecados, siendo éstos los términos del artículo 170 citado. Las itálicas son nuestras.

Desde luego que si en la sentencia no se hubiera dis-puesto que se hiciera efectiva en la finca hipotecada la suma reclamada, entonces sí que parecería tratarse de una acción personal en cobro de dinero, no obstante los términos de la •demanda, pero ello no es así en este caso.

Deseo insistir, por otra parte, que no vemos la influen-■cia que pueda ejercer el acta o certificado de subasta expe-dido por el marshal en el particular que se discute. Aparte que como materia de evidencia aparece del acta que este fun-cionario adjudicó la finca subastada con la responsabilidad del gravamen hipotecario que pesa sobre la misma y que re-clama el demandante, tratándose de la naturaleza de una hipoteca cuya validez depende no ya sólo de su constitución sino de su inscripción en el registro de la propiedad, el que es un aviso para todos, el derecho del demandante no podía ser destruido o afectado por lo que hiciera constar el márshal en el certificado de subasta, porque como cuestión de ley su existencia dependía de lo que arrojara el registro en ese respecto. El márshal pudo callar y no obstante el gravamen a favor del demandante qnedaba subsistente y válido si así aparecía del registro.

Diremos por último que la sentencia debió quedar modi-ficada únicamente en el extremo que dice “si el producto de-la venta resulta insuficiente a cubrir el importe de la sen-tencia el demandante recobrará el resto de cualquier pro-piedad del demandado,” porque siendo éste tercer poseedor, su responsabilidad debe quedar limitada hasta donde alcance el valor del inmueble gravado.

Por todo lo expuesto, la sentencia apelada debió ser con-firmada con la sola modificación indicada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. Arturo Aponte, Jr., demandado y apelante.
    No. 3588.
    Visto: Febrero 1, 1926.

      Resuello: Febrero 5, 1926.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Falta de Diligencia kn Tramitar el Recurso. — Cuando más de tres años han transcurrido desde que se interpuso un recurso, el apelado-apelante lia hecho cuanto ha estado a su alcance para impulsar la apelación y del apelante-apelado ha dependido' perfeccionarla en tiempo y no lo ha hecho por su falta de diligencia en tra-mitarla debidamente, procede desestimar el recurso interpuesto.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada..

      Desestimada.

      Arturo Aponte, Jr., abogado del apelante; Henry G-. Molina, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En la moción pidiendo el apelado que se desestime la apelación de este caso, se narran, snstancialmente, los si-guientes hechos:

La sentencia fué dictada en diciembre 2, 1922. Se ra-dicó el escrito de apelación en enero 3, 1923, y las notas ta-quigráficas pendientes para preparar el proyecto de exposi-ción del caso, no se obtuvieron basta abril 12, 1924. Luego el apelante continuó obteniendo prórrogas de 120, 60, 90, 30, 15 y 5 días, respectivamente, archivando finalmente dicho proyecto en febrero 17, 1925, pero de tal modo deficiente qué fué necesario para la parte apelada presentar en mayor ex-tensión al proyecto original enmiendas y adiciones a la prueba testifical y documental, y aprobándose por la corte inferior a pesar de la fuerte oposición del apelante; que con el fin de acelerar la tramitación de esta apelación y so-meterla a esta Corte Suprema, la apelada no sólo sufragó el gasto de la preparación de una nueva exposición del caso por el secretario de la corte sino que una vez aprobada en junio 22, 1925, también a sus expensas y con el mismo fin, se preparó la transcripción de autos incluyéndose la exposi> ción del caso, todo lo cual fué entregado al apelante en ju-nio 23, 1925, quien con el propósito de evitar que se argu-mentara este caso antes de las vacaciones, retuvo dicha transcripción hasta el 21 de julio de 1925, en cuya fecha fué radicada en este tribunal; y que desde entonces se han con-cedido, para radicar el alegato, las siguientes prórrogas:

PECHA PRORROGA
Julio 30- 30 días
Aug. 28_ 30 “
Sept. 25_30 “
Oct. 26_30 “
Nov. 25_ 20 “
Die. 18_ 30 “

La última prórroga venció el 18 de enero de 1926, y en la misma fecha se presentó otro escrito solicitando una nueva prórroga de 30 días que pende aún de resolución. El apelante no impugnó ninguno de los incidentes relatados y su oposición descansa únicamente en un affidavit haciendo constar que la apelación se ha radicado de buena fe; que ha estado últimamente ocupado en preparación de otro ale-gato y que durante varias semanas en distintos meses del año pasado él y sus familiares han estado enfermos, no ha-biéndose podido ocupar de ningún trabajo profesional.

Más de tres años lian transcurrido desde que se interpuso el- escrito de apelación y las circunstancias que concurren indican que se trata de un caso inusitado, pues si se atiende además que ésta es una apelación que es incidental al caso No. 3367, Central Pasto Viejo, Inc., v. Arturo Aponte, resuelto en enero 29, 1926, (34 D.P.R. 890) a pesar de lo vo-luminoso del récord y la importancia de las cuestiones en-vueltas, en todo lo cual el apelante en su carácter de ape-lado hizo un estudio y análisis de las mismas, habiendo ra-zón para presumir que tenía un conocimiento completo de los hechos, hay que .concluir su falta de diligencia por no haber tramitado el recurso debidamente. Sería realmente injusto dejar a un apelado, que lia hecho a su vez cuanto ha estado a su alcance, para impulsar la apelación, a merced de tanta dilación cuando ha dependido del apelante perfec-cionar en tiempo su apelación.

Por todo lo expuesto se niega la prórroga solicitada y se desestima el recurso.


author: El Juez Asociado SeñoR Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Central “Los Caños,” demandada y apelante.
    No. 3762.

    Visto: Diciembre 7, 1925.

      Resuelto: Febrero 5, 1926.
    1. Contribuciones — Prescripciones y Limitaciones Constitucionales — Requi-sitos en Cuanto a Igualdad y Uniformidad — Tributación Impuesta a los Negocios o Industrias. — La tributación impuesta por el apartado 14, sec-ción 20, de la Ley No. 68 de 1923 tal como quedó enmendada por Ley No. 1 de 1923 (p. 5) es un arbitrio — no una contribución sobre la propiedad — y es legal.
    2. Contribuciones — Prescripciones y Limitaciones Constitucionales. — Requi-sitos en Cuanto a Igualdad y Uniformidad — Discriminación—Tributa-ción Impuesta a Negocios io Industrias. — Imponiéndose la tributación a que se refiere el inciso 14, sección 20, de la Ley No. 68 de 1923 según se en-mendó por la Ley No. 1 de 1923 (sesión especial, p. 5) no a los dueños do las cañas sino a las factorías por su negocio de convertir cañas en azúear, dicha ley no es discriminatoria en ese particular.
    3. Contribuciones — Responsabilidad de Personas y Propiedades — Exención— Preceptos Estatutorjos — Interpretación.—Habiendo impuesto la Ley No. 1 de 1923 (sesión especial, p. 5) la contribución (arbitrio) a la industria de convertir cañas en azúcar — no al artículo. — las secciones 43 y 51 de la Ley No. 68 de 1923 no tienen aplicación para el arbitrio impuesto a la elaboración.
    4 Contribuciones — Responsabilidad de Personas y Propiedades — Exención— Preceptos Estatutarios — Interpretación.—El preámbulo del artículo 20 de la Ley No. 68 de 1923 (p. 413) no es bastante para sostener que las sec-ciones 43 y 51 hayan de aplicarse a todos los apartados que la seeción 20 tiene, sino a los que imponen contribución sobre los artículos.

      S. Contribuciones — Prescripciones y Limitaciones Constitucionales — Tribu-tación Doble — Tributación Impuesta por los Gobiernos Municipal e Insular — Negocios o Industrias. — El hecho de que la Legislatura facultara a los municipios por la Ley No. 9 de 3920 (p. 183) para imponer arbitrios no la privó de su derecho para imponerlos también.
    Sentencia de Charles ¡£. Foole, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar la demanda en cobro de contribuciones, con costas.

      Confirmada.

      Jaime Sifre, Jr., y Horacio Franceschi, abogados de la apelante; Hon. George C. Butte, Attorney Generad, y J. A. López Acosta y C. Llauger Díaz, abogados de El Pueblo; apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico demandó el 24 de junio de 1924 a la Central Los Caños, corporación doméstica e incor-porada de acuerdo con nuestras leyes y que se dedica al ne-gocio de elaboración de azúcares, para que de acuerdo con una Ley de 27 de agosto de 1923 (p. 5 sesión extraordinaria) le pague la cantidad de $3,408.24 por los 85,206 quintales de azúcar que elaboró en su factoría desde el 12 de enero al 30 de abril de 1924, a razón de 4 cts. por quintal.

La demandada aceptó los hechos alegados por el deman-dante pero negó tener obligación legal de pagar la reclama-ción que se le hace ni otra alguna por virtud de esa ley, que-dando así entre las partes solamente cuestiones legales en controversia que la corte inferior resolvió en contra de la demandada y la condenó a satisfacer la cantidad que se le reclama.

Esa sentencia fné apelada por la demandada y la vista de la apelación tuvo lugar ante nosotros el 7 de diciembre úl-timo pero hasta el día 14 del mismo mes no fueron presen-tados los alegatos adicionales que permitimos a las partes.

Los motivos alegados para que revoquemos la sentencia dictada en este pleito literalmente son los siguientes:

“I. Que la corte cometió error al no declarar que la contribución impuesta por el inciso 14 ele la sección 20 de la ley de arbitrios de 1923 es anticonstitucional porque siendo como es una contribución sobro la propiedad no es uniforme, según dispone nuestra carta orr gánica, toda vez que dicha contribución es una especial sobre el azúcar y deja a otra propiedad libre y exenta de dicha contribución.
“II. Que la corte cometió error al no declarar nula e inválida y anticonstitucional la contribución impuesta por el inciso 14 de la sec-ción 20 de la citada ley de arbitrios porque la misma es discrimina-toria y se impone a la factoría, aunque las cañas que produzcan el azúcar sean de colonos, los cuales quedan libres de esta tributación.
“III. Que la corte cometió error al no declarar que de acuerdo con la propia ley de arbitrios los azúcares que se manufacturen con la intención de exportar y que fueron realmente exportados pueden serlo libre de la tributación impuesta por dicho inciso 14, sección 20 de la referida ley.
‘ ‘ TV. Que la corte cometió error al no declarar inválida e ilegal la contribución impuesta por el inciso 14 de la sección 20 de la ley de arbitrios si ésta era considerada como un arbitrio por 'Cuanto la de-mandada había ya pagado al municipio de Arecibo una contribución por dedicarse a la misma industria a la cual se refiere la contribu-ción impuesta por dicho inciso 14.”

Resumiendo esos motivos de error alegados son los si-guientes :

1. Porque es una contribución impuesta a la propiedad, y siéndolo no es uniforme; 2, porque no se impone a todos los dueños de azúcares (discrimination); 3, porque se impone a un artículo preparado para exportación, que fué exportado; y 4, porque es una doble contribución.

Nuestra Legislatura decretó en su Ley No. 68 de 28 de julio de 1923 por su artículo 20 y apartado 14 lo siguiente: “se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas internas por una sola vez sobre cada uno de los artículos si-guientes: .... 14. — Azúcar: Sobre todo quintal de azú-car que se produzca, fabrique o consuma en Puerto Rico, un impuesto de 4 cts.; Disponiéndose, que dicho impuesto será exigido y cobrado por la Tesorería en las propias factorías •donde se produzca o fabrique el azúcar y antes de que sea ob-jeto de comercio.”

Un mes después, el 27 de agosto de 1923 la Legislatura ■en una sesión extraordinaria enmendó el apartado 14 citado de esta manera: “Toda factoría que produzca, o elabore azúcar en Puerto Rico pagará un derecho de elaboración de ■cuatro (4) centavos por cada quintal de azúcar que fabrique ■o produzca; Disponiéndose, que dicho impuesto será exigido y cobrado por la Tesorería en las propias factorías donde se produzca o fabrique el azúcar y antes de que sea objeto de ■comercio.” Esta enmienda empezó a regir desde su apro-bación en la fecha indicada.

A pesar de que la expresada enmienda de 27 de agosto ■de 1923 produce el efecto de tomar el sitio y formar parte del estatuto en lugar del que desaparece para todo objeto y propósito, tal como si la enmienda siempre hubiera estado allí, según dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos •en el caso de Blair v. City of Chicago, 201 U. S. 475, y a pe-sar también de que se reclama el pago por los azúcares ela-borados después de estar en vigor la enmienda de 27 de ■agosto de 1923, sin embargo, el primer motivo del recurso se funda en que es ilegal no la contribución impuesta por esa enmienda sino por la ley enmendada de 28 de julio de 1923, porque se impone la contribución sobre la propiedad de los azúcares y por esto debe ser uniforme.

Si el apartado 14 antes de ser enmendado imponía una contribución sobre la propiedad es cuestión que no es necesa-rio decidir en este momento porque no se basa en él esta re-clamación sino en la ley que lo enmendó. La cuestión ahora es si la enmienda de agosto, 1923, impone una contribución sobre la propiedad o es un arbitrio (excise).

La citada enmienda no impone contribución sobre los artículos y no trata de cobrar a los dueños de los azúcares, sino que impone la .tributación a las factorías por su industria de transformar las cañas en azúcar, y como se impone a este negocio de elaboración es claramente un arbitrio (excise) y es legal porque se impone a todas las factorías que' elaboren azúcar y porque nuestra Legislatura tiene facultad para imponer arbitrios, lo cual no se niega por la apelante»

Dados los términos claros de la enmienda reveladores dé-la intención de la Legislatura, el hecho de que no fuera en-mendada la parte general de la sección 20 disponiendo que “se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas internas por una sola vez sobre cada uno de los artículos si-guientes,” no impide sostener que la contribución impuesta es un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad.

En cuanto al segundo motivo del recurso tampoco es sostenible porque siendo un arbitrio sobre el negocio o industria de elaborar azúcar, los que a él se dedican son los que tienen que pagarlo aunque las cañas que produzcan el azúcar sean de otras personas, pues la contribución se ha impuesto a las factorías por su negocio de convertir cañas en azúcar y las cañas que los colonos entreguen a las factorías no son molidas .por ellos sino por las factorías que a ese negocio se dedican.

El tercer motivo de error se funda, como hemos dicho, en que elaborándose los azúcares para exportación notienen que pagar ese arbitrio. En apoyo de él se argumenta que puesto que las secciones 43 y 51 de la Ley de julio, 1923, citada dispone que los artículos sujetos por dicha ley a tributación quedarán exentos de su pago cuando se exporten de Puerto Rico y que cualquier artículo sujeto a impuestopor dicha ley podrá ser retirado de la fábrica sin efectuar el pago del impuesto correspondiente al salir de la misma,, con el fin de depositarlo en un almacén de adeudo, y que podrá ser retirado del almacén de adeudo para consumo en Puerto Rico previo pago de los derechos correspondientes, o para la exportación libre de impuesto; que puesto que esasdos secciones no han sido enmendadas por la Ley de 27-de-agosto, y que puesto que los azúcares se elaboran en PuertoRico para exportarlos casi totalmente a los Estados Unidos,, debió dicba corte declarar exentos del pago de ese impuesto a los azúcares que elaboró la demandada porque estaban destinados para su exportación a los Estados Unidos y allí fueron exportados.

Si la ley hubiera permanecido redactada como lo estaba en julio, 1923, quizá habría que reconocer que asistía la ra-zón a la apelante, pero la enmienda despejó toda duda y como impuso la contribución (arbitrio) a la industria o ne-gocio de convertir las cañas en azúcares importa poco si los. azúcares elaborados por las factorías han de-ser exportados, de esta Isla pues la contribución no está impuesta al artículo sino a la industria y por esto las secciones 43 y 51 citadas que pueden ser propias para los artículos comprendidos en la sección 20 no tienen aplicación ahora para el arbitrio im-puesto a la elaboración de azúcares.

A pesar de que el apartado 14 como fué- enmendado claramente impone un arbitrio por la fabricación de azúcares y de que según el artículo 13 del Código Civil cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad no debe, ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu,, insiste la apelante en su alegato adicional en que debe ser interpretada como que impone una contribución sobre la propiedad y que no es un arbitrio porque el apartado 14 enmendado se halla incluido en la sección 20 de la ley, cuyo, preámbulo dice que se impondrá, cobrará y pagará el impuesto sobre los artículos que relaciona; pero esto no significa que todos los impuestos que en la sección 20 se especifican sean necesariamente sobre la propiedad sino que dependerá de si han sido impuestos a los artículos mismos o a su elaboración; y así encontramos que se impone sobre 1a, manufactura del alcohol, por el otorgamiento de un affidavit, por las carreras de caballos, que no son ni pueden sersobre la propiedad, y que se impone sobre vehículos de motor, automóviles, etc., que se fabriquen en Puerto Bíeo, impuesto que en el caso de West India Oil Co. v. Gallardo, 6 Federal (2d.) 523, ha sido resuelto que es un arbitrio.. Por consiguiente, el mero hecho de que el preámbulo del artículo 20 diga que se impondrá la contribución sobre los artículos que detalla cuando algunos de ellos son un arbitrio sobre la industria y no sobre la propiedad no es bastante para sos-tener que las secciones 43 y 51 hayan de aplicarse a todos los apartados que la sección 20 tiene, sino solamente a los que imponen contribución. sobre los artículos.

También sostiene la apelante que si la enmienda hecha al apartado 14 cambió la naturaleza del impuesto sobre la propiedad a un arbitrio sobre la industria tal enmienda no tiene validez por ser contraria a nuestra Carta Orgánica,, porque de acuerdo con ella la Legislatura en sus sesiones extraordinarias no puede tratar otros asuntos que aquellos para los que haya sido convocada por el G-obernador y que éste convocó a la Legislatura para corregir equivocaciones y discrepancias y armonizar ciertas disposiciones en las le-yes de arbitrios y de ingresos con el fin de hacer que el fun-cionamiento de las leyes, en lo que fuere posible, sea uni-forme y sin conflicto, pero no para imponer nuevas contri-buciones; y que si dicha enmienda tiene el alcance que le atribuye el apelado entonces creó una contribución sobre las factorías de azúcar que no existía. Esta cuestión no fue señalada como error por lo que podríamos prescindir de considerarla, pero esto no obstante expresaremos nuestro criterio con respecto a la misma.

Nuestra Ley Orgánica actual dispone que la Legislatura no tomará en consideración en sus sesiones extraordinarias ninguna otra legislación que la especificada en la convocato-ria, y como fue convocada entre otras cosas para corregir equivocaciones de la ley de arbitrios, que había sido apro-bada el mes anterior, la Legislatura estuvo facultada para corregir la equivocación que había hecho en julio anterior al redactar la ley de tal modo que era susceptible de ser inter-pretada como imponiendo una contribución sobre un ar-tículo que sólo habrían de pagar muy pocos dueños de azú-car porque éstos casi en su totalidad salen de la Isla y la see-ción 43 citada había declarado exentos de ella a los azúcares que se exportasen de Puerto Rico, cuando su evidente pro-pósito había sido imponer una contribución sobre el negocio de fabricar azúcares a razón de cuatro centavos por cada quintal que elaboraren, para ayudar de modo efectivo a sa-tisfacer las cargas del tesoro público. No era posible que mientras muchísimos artículos comprendidos en la sección 20 pagaran tributo, quedasen libres de él los azúcares, que es la fuente principal, cash única, de riqueza en esta Isla.

Réstanos considerar el último motivo del recurso fun-dado en que si se trata del cobro de un arbitrio debe ser declarada ilegal la contribución impuesta porque el apelante había pagado al municipio de Arecibo una contribución por dedicarse a esa industria, según alegó en su contestación como defensa al exponer los motivos por los cuales no estaba obligada a pagar la cantidad que se le reclama. En apoyo de este alegado error expone el apelante que habiendo sido pagada al municipio esa contribución como patente por la elaboración de azúcares, impuesta de acuerdo con la “Ley de Patentes” de 1914 (p. 181) que autorizó a los municipios para su imposición, por haber delegado la Legislatura en ellos la facultad de expedir licencias de esa naturaleza, no puede imponer la misma contribución sobre esa industria y cita como único fundamento de su argumentación el caso de Sucesores de Fantauzzi v. El Municipio de Arroyo, 295 Federal 808.

El caso citado no es de aplicación al presente porque no resuelve que cuando algún municipio ha impuesto y cobrado una patente por la industria de elaborar azúcar no pueda por este motivo imponer igual contribución la Legislatura por haber delegado antes esa facultad a los municipios, sino que habiendo impuesto el municipio una patente por tal in-dustria no puede el municipio imponer otra por realizar las distintas partes o funciones en que puede dividirse el todo o la cosa principal sobre la cual se ha impuesto la contribu-ción, aunque declaró que si el municipio no hubiese llegado en nna tasación anterior al máximum que proveía la ley y surgiese una emergencia que requiriese el cobro de una con-tribución mayor podría hacerlo imponiendo una contribución adicional que no excediese del máximum autorizado por la ley.

La Legislatura Insular en 1920 autorizó a los municipios por su Ley No. 9 de ese año, artículo 49, apartado f, para im-poner arbitrios siempre que el objeto o materia de la contri-bución no lo fuera de algún impuesto federal o insular; y el hecho de que la legislatura concediera a.los municipios el derecho de imponer esa contribución no la privó de su de-recho para imponerla también. Bn Cooley sobre Tasaciones, vol. 4, p. 1705, se dice lo siguiente: “.Las contribuciones impuestas a los fabricantes son generalmente arbitrios (excise). En un tiempo, durante la Guerra Civil, casi todas las industrias estuvieron sujetas a contribución por el Go-bierno Federal, pero sólo algunas son tasadas ahora por la nación o por los estados. Cualquiera de ellas o todas pue-den ser impuestas por ambos.” Ni la imposición ele la con-tribución por la legislatura, que puede considerarse como una contribución adicional, crea una doble contribución por-que uno de los requisitos para que exista la doble contribu-ción es que sea impuesta por el mismo estado o gobierno, y en el tomo primero de la misma obra se contiene la siguiente nota: “4. No existe doble contribución cuando una contri-bución la impone un estado y la otra contribución un con-dado o un municipio. Com. v. Hillside Cemetery Co., 170 Pac. Stat. 227-228, 32 Atlantic 404.” T en el caso de El Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R. 236, hemos dicho citando tam-bién el tratado de Cooley, que las autoridades son claras en cuanto a que el mero hecho de que una contribución sea do-ble no afecta su validez, a menos que funcione de un modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad, y que. la cuestión de si debe o nó haber mía doble contribución generalmente es una cuestión que pertenece a la discreción de la legislatura misma.

Por las razones expuestas dele confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Josefina, Dolores, Carmen y Enrique Amy Ramu, demandantes-apelantes-apelados, v. Sucesión de Don Eugenio M. Verges, Compuesta de su Viuda Carolina Riefkohl y de sus Hijos Eugenio, Eugenia y Adela Verges Riefkohl, demandados-apelados-apelantes.
    No. 3712.

    Visto: Febrero 1, 1926.

      Resuelto: Febrero 8, 1926.
    3. Apelación y Error — Alegatos—Relación Breve del Caso — Copia de las Alegaciones. — Teniendo las alegaciones su lugar propio en la transerípeión, a menos que sea absolutamente necesario, no deben copiarse íntegras en la relación del caso contenida en el alegato.
    2. Apelación t Error — Alegatos—Declaración de Hechos Probados — A Quién Corresponde Hacerla. — Es a la corte sentenciadora a quien toca hacer la declaración de hechos probados y no a las partes apelantes o apeladas en el alegato.

      3. Apelación y Error — Alegatos—Discusión de Errores — Forma y Manera de Comenzar la Discusión. — Hecho en el alegato un señalamiento separado, distinto, numerado, de errores, cada error debe luego discutirse también sepa-radamente, siendo la mejor práctica la de comenzar la discusión eon el mismo número del error y encabezarla repitiendo el señalamiento.
    MOCIÓN sobre desestimación de la apelación y eliminación de los autos del alegato de los demandados.

      Sin lugar la desestimación y concedido un término a la demandada para presentar nuevo ale-gato.

      ■Jacinto Texidor, abogado de los demandantes-apelantes-apelados; Tomás Bernardini, abogado de los demandados-apelados-apelantes.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes presentaron una moción pidiendo a la corte que declarara que el alegato archivado por la deman-dada no cumple con las reglas de esta corte, que decretara por tal motivo su eliminación de los autos y que en su con-secuencia desestimara la apelación interpuesta por la dicha demandada, aunque en verdad en el acto de la vista por mé-dio de su abogado manifestaron que no tenían interés en ía desestimación del recurso sino en obtener que el alegato se ajustara a las reglas de la corte.

La demandada impugnó la moción sosteniendo que su alegato se ajusta a las regias y a la jurisprudencia de esta corte, pero para el caso de que el tribunal llegara a una conclusión contraria invocó su discreción en el sentido de concederle un término razonable para bacer las enmiendas que fueren necesarias, sin desestimar el recurso por ella es-tablecido.

El primero de febrero actual se oyó el informe de los abogados de ambas partes.

Copiamos textualmente de la moción:

"Que en este caso la parte demandada, actuando como apelante, ba presentado su alegato en el referido concepto.
"Que en ese- alegato, ba incluido dicba parte, desde la página 21 a la 44, lo que esa parte llama ‘Hechos probados,’ que en realidad no es otra cosa que la exposición de la opinión de,la parte en cuanto a ciertos hechos que a los demandados conviene tener como probados.
"Que la referida parte no tiene derecho, por ley alguna, ni por regla ninguna de esta Corte, a intercalar en su alegato lo que crea conveniente, declarando hechos probados lo que le parezca o convenga, y la regla 42 de las de esta Corte, no autoriza a la parte a presentar otra cosa que la relación del caso (que en ese alegato viene ocupando las páginas 1 a 21) y los errores y su argumentación; pero no lo que se ha querido llamar ‘hechos probados’, tendentes a confundir, y a crear trabajo excesivo y redundante para esta parte.
"Que, a más de lo expresado, en el referido alegato, aparece la argumentación de errores sin la debida separación y clasificación, porque si bien en el señalamiento, se separan y diferencian los su-puestos errores,' en la argumentación de los mismos, no se encabeza la discusión de cada uno de una manera propia y clara, y se hace sumamente difícil seguir la discusión, aún el estudio de los mismos, y saber cuál de los supuestos errores señalados es el que se está dis-cutiendo. Todo lo que ocurre porque no se sigue la regla de esta Corte, que está dictada para evitar confusión.
"Que esa manera de redactar el alegato en apelación, no se halla autorizada por el Reglamento de esta Corte, y por el contrario, viola sus preceptos.”

El alegato ele que se trata consta de 178 páginas. Si fuéramos a juzgarlo por el papel, la limpieza de su texto, lo amplio de su argumentación y hasta la circunstancia de ha-berse presentado encuadernado, sólo merecería alabanzas, pero en verdad no cumple en debida forma con las reglas 42 y 43 del reglamento de esta corte que dicen:

“42. Dentro de diez días después de haberse presentado a este Tribunal la copia de los autos, el Letrado defensor del recurrente, presentará al Tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en maquinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como consta en los autos; así como una exposición de los errores en que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.
“43. Esa exposición indicará separadamente cada error que se alegue haberse cometido por el Tribunal inferior; y, al resolver el caso, esta Corte podrá dejar de tomar en consideración aquellos errores que no se hayan señalado, a no ser que sean fundamentales. ’*

Comienza el alegato con la “Relación del caso” que contiene 21 páginas. En ella se copian íntegras alegaciones que ya constan en la transcripción de los autos. De ahí su innecesaria extensión.

Lo que la regla 42 requiere es “una relación fiel y concisa ele “la causa tal como conste en los autos,” de tal suerte-que el tribunal pueda darse cuenta rápida y exacta de la naturaleza del caso, del procedimiento seguido y de la cues-tión o cuestiones envueltas en el mismo. Las alegaciones y documentos tienen su lugar propio en la transcripción y a menos que’sea absolutamente necesario no deben copiarse ín-tegras en la relación. Basta transcribir la parte fundamental o hacer referencia a ella indicando la página de la trans-cripción en que se encuentra.

Los llamados “Hechos Probados” ocupan veinte y tres páginas. Comienzan así: “Hechos Probados. — Deacuerdo con la prueba practicada, tal como está contenida en las constancias del transcript, del desarrollo de la evidencia admitida y practicada durante el juicio y admisiones de las partes, quedan plenamente probados los siguientes hechos:”

Tal práctica no está autorizada por el reglamento. Quizá la parte demandada preparó esos “Hechos Probados” como complemento de su relación del caso, pero no pueden admi-tirse como tal. Sólo conducen a una verdadera confusión y pudieran inducir a conclusiones equivocadas. Es a la corte sentenciadora a la que toca hacer la declaración de hechos probados.

La asignación de errores ocupa las páginas 44 a 46 del alegato. Contiene diez numerados y separados distintamente. Cumple en todo con el reglamento.

Pero luego sigue la “Argumentación” que se desarrolla en 130 páginas sin numerarse ni discutirse con la separación debida los errores señalados. Seguramente podrá encon-trarse en ella el argumento en que se basan todos los erro-res, pero si se quiere, por-ejemplo, examinar el relativo al error quinto, habría que leer páginas y páginas para encon-trarlo a menos que se tuviera la suerte de abrir el alegato por la exacta página en que la árgumentación comienza.

Las dichas 130 páginas de la argumentación están dividi-das en catorce porciones separadas por unos signos que pa-recen indicar que se trata de materias distintas. Catorce no corresponde a diez. Esos mismos signos se usan también para separar preceptos legales unos de otros. Si se conta-ran todos, aumentaría considerablemente el número de las ■separaciones. Además, leyendo el comienzo de lo que pa-recen ser partes separadas no se encuentra la referencia al -error. Hay que entrar de lleno en la lectura para hallar la relación.

La propia demandada en su impugnación escrita a la moción de desestimación, a'l tratar de fijar las páginas que ■corresponden a la discusión de cada error, tiene que recono-cer que el tercero, por ejemplo, está involucrado, — sin que así se haga constar expresamente en el alegato — en la dis-cusión- de los dos primeros y omite fijar el sitio que corres-ponde a los dos últimos errores.

La regla 42 requiere un señalamiento separado, distinto, numerado, de errores, como se ha hecho en este caso, y la 43 interpretada racionalmente exige qne cada error se dis-cuta lnego también separadamente y la mejor práctica es la •de comenzar la disensión con el mismo número del error y ■encabezarla repitiendo las generalmente breves líneas del señalamiento. Esto no quiere decir qne en todos los casos haya qne disentir nno por uno los errores señalados. En •ciertas ocasiones pueden y deben — para mayor claridad y concisión — discutirse varios errores agrupados, pero cuando tal se hace debe expresarse al comienzo de la disensión.

Ahora bien, como en este caso la demandada ha revelado su propósito de hacer y ha hecho verdaderos esfuerzos por presentar del modo más amplio y completo su apelación y se ha dirigido a la discreción de la corte, el recurso no será desestimado y se concederán veinte días a la dicha parte para presentar un nuevo alegato de acuerdo con los prin-cipios aquí establecidos. La vista del caso que estaba seña-lada para el 11 de febrero actual será suspendida hasta nuevo señalamiento.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Carmen Alarcón Suárez, Manuel Mendía Morales, Olimpia y María Jarque Ferrero y Agustin Pena Pacheco, recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 627.

    Sometido: Enero 22, 1926.

      Resuelto: Febrero 9, 1926.
    Expedientes 'Posesorios — Inscripción—Asientos Contradictorios — Cancela-ción — Dominio Inscrito a Favor de Tercero. — Procede inscribir un expe-diente. posesorio y cancelar nn asiento contradictorio al mismo existente en el registro, cuando el expediente se tramita de acuerdo con la ley y habién-dole dado a la persona a favor de la cual figura el asiento la debida opor-tunidad de ser oída, nada alega en contrario.
    Nqta de Tirado, R. San Juan ('Sección Primera), denegando ins-cripción de expediente posesorio y de resolución judicial decre-tando cancelación de inscripción contradictoria.

      Revocada orde--atándose la cancelación.

      Francisco Socorro, abogado de los recurrentes; el registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión, del tribunal.

Carmen Alarcón y otros acudieron a la -Corte de Distrito de San Juan y tramitaron con éxito un expediente para acreditar la posesión de la casa No. 51 de la calle de San Justo de esta ciudad de San Juan, obteniendo además que la corte decretara la cancelación de una inscripción contradic-toria de la propia casa existente en el registro. El regis-trador se negó a inscribir la resolución de la corte por en-tender que no se había seguido el procedimiento adecuado para la cancelación y de su negativa es que se ha recurrido para ante este tribunal.

Para formar una idea- exacta del caso, conviene transcri-bir lo que sigue de la resolución judicial de que se trata:

“Por cuáNto, con fecha doce de noviembre del corriente año, esta Corte dictó una orden disponiendo que se 0303ra la información ofre-cida por los promoventes y se citara para ella con audiencia del Fiscal del Distrito a los dueños de los predios colindantes de la finca objeto de la información, y se citaran también a don Antonio María de la Huerta y doña Mercedes Escalona Escalera, o sus herederos desconocidos designados por Richard Goe y John Doe, por medio dé ■ edictos que se publicarían en un periódico de general circulación de esta Isla, una vez por semana durante el término de treinta .días para que comparezcan a la referida información 3^ pudieran opo-nerse a la pretensión de los promoventes si vieren convenirles, li-brándose al efecto las correspondientes cédulas y edictos.'
“Por Cuanto, según resulta del diligeneiamiento de la cédula de citación expedida por el Secretario de esta corte, con fecha treinta del mes de noviembre último fueron citados personalmente para la información ofrecida los dueños de los predios colindantes don Pa-tricio Blasco, doña Carlota García y doña Salvadora Coy así como el Alcalde Municipal de San Juan.
“Por cuanto, según resulta del affidavit número mil doscientos treinticuatro de fecha tres del corriente mes, suscrito por el notario Miguel García González, el edicto citando a don Antonio María de la Huerta y doña Mercedes Escalona Escalera o sus herederos deseo-nocidos designados por Richard Goe y John Doe filé insertado y publicado en el periódico El Imparcial que se edita en esta ciudad de San Juan, los días trece, diez y seis, veintitrés y treinta de no-viembre del corriente año.
“Por cuaNto previo señalamiento en el calendario especial de asuntos civiles, la vista de este caso para o.ir la información ofrecida tuvo lugar el día diez y ocho del corriente mes con asistencia única-mente del abogado de los promoventes en cuyo acto previo jura-mento prestado en forma legal, declararon en Corte abierta los tes-tigos Francisco Mendía y Francisco Alamo Armas, vecinos de esta ciudad, justificando su condición de propietarios de bienes inmuebles con los respectivos recibos del Departamento de Tesorería de esta Isla creditivos del pago de contribución por sus propiedades inmue-bles sitas en esta ciudad; declarando también constarles a ambos de ciencia propia que los promoventes de este caso se hallan pose-yendo a título de dueños, pública y pacíficamente, sin interrupción alguna, la finca objeto de esta información desde el año mil nove-cientos catorce.
“Por cuanto de la prueba documental ofrecida por los promo-ventes resulta acreditado cumplidamente; que el inmueble objeto de esta información, como casa terrera, se halla inscrito en el Registro de la propiedad con fecha diez y ocho de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, al folio noventa y ocho del tomo veintisiete de San Juan, finca número mil ciento doce, inscripción primera a favor de don Antonio María de la Huerta en virtud de escritura pública, otor-gada en San Juan el veintiocho de marzo de mil ochocientos setenta, cuya inscripción se halla aún vigente según certificación presentada en evidencia expedida por el Registrador de la propiedad de San Juan, Sección Primera, con fecha diez y seis del corriente mes de diciembre; que doña Mercedes de la Huerta Escalona y don Antonio José de la Huerta González por escritura número seiscientos cuatro otorgada en Valladolid, España, el treinta de octubre de mil nove-cientos ocho vendieron la relacionada finca, siendo casa terrera, a don Anaeleto Agudo, habiéndola adquirido los vendedores por do-nación que les hiciera doña Mercedes Escalona Escalera, siendo ya viuda de don Antonio María de la Huerta, por escritura de fecha cinco de febrero de mil novecientos ocho, otorgada en Valladolid, España, ante el notario Luis Ruiz de Huidobre García de los Ríos': que don Anaeleto Agudo, por escritura de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos nueve, otorgada en esta ciudad ante el notario Damián Monserrat vendió la casa de referencia, siendo terrera, a Úon Joaquín Jar que Lasso; y que habiendo fallecido éste el once de enero de mil novecientos catorce, por escritura número veinti-nueve de fecha treinta de noviembre de mil novecientos veintitrés, otorgada en esta ciudad ante el- notario Pedro G. Quiñones sobre partición de los bienes relictos al óbito de dicho Jarque Lasso, se adjudicó a los promoventes en pago de sus respectivos haberes, en la proporción anteriormente expresada, la finca objeto de esta infor-mación: que los referidos promoventes como componentes de la Su-cesión de don Joaquín Jarque Lasso tienen amillarada a su favor la finca de referencia, y vienen pagando al Tesoro Insular las contribu-ciones impuestas sobre dicho inmueble, según así resulta de la certi-ficación presentada en evidencia, expedida por el Tesorero de Puerto Rico con fecha diez y seis de noviembre del corriente año.
“Por cuanto no ha sido formulada ninguna oposición a la pre-tensión deducida por los promoventes, ni han comparecido para ser oídos, ni oponerse, don Antonio María de la Huerta, doña Mercedes Escalona Escalera., ni sus herederos desconocidos designados por Richard Goe y John Doe no obstante haber sido citados por edictos en forma legal, por ignorarse su paradero o domicilio.
“PoR cuanto, unido al expediente el récord taquigráfico y dada audiencia del mismo al Fiscal del Distrito, éste dictamina en sentido de no oponerse a la aprobación de la información practicada.
“PoR cuanto en la tramitación de* este expediente se han obser-vado las formalidades legales.
“PoR tanto, la Corte, vistos los artículos 390, 391, 392 tal como ha sido enmendado por ley número 20 de 7 de julio de 1923, y 393 de la Ley Hipotecaria concordantes con los 436 al 441 del Regla-mento para su ejecución, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de esta Isla en los casos de Porto Rican Leaf Tobacco Company vs. Registrador, 17 D.P.R. 228; Toro vs. Registrador, 25 D.P.R. 472; Yiscovich vs. Registrador, 30 D.P.R. 127; López Na-.zario vs. Registrador, 34 D.P.R. 31; y Resoluciones de la Dirección de los Registros de España de 5 de junio de 1893 y 16 de octubre de 1886, aprueba cuanto ha lugar en derecho la información ofrecida y practicada en. este caso, decreta y ordena la cancelación de la ins-cripción primera de la finca antes relacionada número mil ciento doce, extendida con fecha diez y ocho de mayo de mil ochocientos ■ochenta y nueve, en el Registro de la propiedad al folio noventa y ■ocho del tomo veintisiete del Ayuntamiento de San Juan, a favor de don Antonio María de la Huerta, y ordena y decreta, en su conse-. euencia, que la posesión de la finca relacionada al principio de esta resolución, se inscriba en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, a favor de los promoventes Carmen Alarcón Suá-rez, Manuel Mendía Morales, Olimpia Jar que Ferrer o, Agustín Pena Paebeeo y María Jarque Ferrero en la proporción antes referida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho a su propiedad, librándose para todo ello al Registrador de la propiedad referido la correspon-diente certificación de esta resolución que servirá de mandamiento en forma.”

Basta leer los anteriores liechos para concluir que el caso cae de lleno dentro de los principios establecidos en el de Wiscovich v. Registrador de, San Juan, 30 D.P.R. 127, a saber:

“Cuando la posesión o el dominio de una finca consta inscrito en el registro a favor de una persona distinta del actual poseedor’ y a éste le es imposible, difícil o costoso adquirir de ella un título es-crito inscribible, dicho actual poseedor puede recurrir al medio su-pletorio que fija el art. 390 de la Ley Hipotecaria, debiendo seguirse en tal caso desde el principio el procedimiento fijado en el art. 393 de la indicada ley.
“En tal caso debe citarse a la persona a cuyo favor aparece he-cho el asiento contradictorio, y si-ha muerto, a sus herederos. Cuando no se. puede acreditar debidamente quiénes son estos para citarlos personalmente, debe citárseles por medio de edictos.”

El caso de Canino v. El Registrador de San Juan, 31 D.P.R. 434 que cita el registrador en apoyo de su nota, no sostiene la negativa. Al contrario. Por dicho caso en rea-lidad de verdad lo que se hizo fue extender la doctrina esta-blecida en relación con los expedientes posesorios a los ex-pedientes de dominio, decidiéndose que dentro de la trami-tación del propio expediente de dominio puede obtenerse , la cancelación de un asiento contradictorio. La cita de Morell contenida en el caso de Canino, supra, pág. 439, que es la que sirve de base al razonamiento del registrador no es aplicable. Aun cuando se aceptara la distinción que esta-blece dicho comentarista para el caso de que el asiento con-tradictorio sea de posesión y para aquel en que lo sea de dominio, habría que concluir que aquí era imposible que se “oyera precisamente” a la persona a cuyo favor constaba el asiento, porque el paradero de tal persona se ignoraba. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia se dió a dicha persona o a sus herederos la oportunidad de ser oídos recu-rriendo al medio de la citación por edictos.

Debe revocarse la nota y ordenarse la cancelación y la inscripción solicitadas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Porto Rico Fertilizer Co., demandante y apelada, v. A. Pérez & Hermano, demandada y apelante.
    No. 3743.

    Visto: Diciembre 16, 1925.

      Resuelto: Febrero 9, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Cuestio-nes Sobre la Admisión de Pruebas — Asientos Regulares de Libros de Hojas Sueltas. — En este caso se admitió como prueba un asiento regular hecho en rm libro mayor de hojas sueltas, cuyo asiento se identificó por una persona que, además de no tener conocimiento personal de la transacción, no fué la persona que verificó el asiento. Se resolvió: que teniendo las cortes cierta discreción en tales asuntos, apreciadas las circunstancias de este caso y la prueba almnde relacionada con la transacción, no existe tal abuso de discreción que justifique la revocación de la sentencia apelada.
    2. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredicto y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — Conclusiones Sobre las Mismas.— Cuando la prueba en conjunto deja mucho que desear — sujeta a fuertes du-das — y no ha incurrido la corte inferior en error, bien en los hechos decla-rados probados o en sus conclusiones basadas en los mismos, debe confirmarse la sentencia apelada. ,
    Sentencia de Pablo Barga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Pcreyó Quiñones & Pcreyó, Jr., abogados de la apelante; González Pagundo & González, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

A la sentencia dictada por la corte inferior en este caso a favor de la demandante sirvieron de fundamento las si-guientes conclusiones:

“Y por el resultado de la prueba practicada estima la Corte de-mostrado que con fecha 15 de enero de 1923, la demandante vendió a la demandada 10 toneladas de abono para cañas de azúcar, o sea .100 sacos de a 200 libras cada uno, por el precio de $580.00; que dicho abono fué despachado en San Juan, consignado a la Central Pasto Viejo, Inc., Humaeao, para entregar a la demandada, y remi-tido por la goleta ‘Bruja’, cuyo capitán lo era don Gonzalo Carrillo, que llegó al puerto de Humaeao el 29 de enero de 1923, y lo des-cargó en el muelle de don Antonio Roig; que el referido abono fué recogido por el consignatario Central Pasto Viejo, Inc., de quien la ■demandada es colono, y lo transportó a las colonias de dicha deman-dada, habiendo la Central Pasto Viejo, Inc., en 15 de marzo de 1923, rendido factura a los señores A. Pérez & Hermano, por an-eonaje y conducción a sus colonias de los mencionados 100 sacos de abono, la cual factura fué incluida en el estado de cuenta que ellos aceptaron de conformidad en 30 de junio de 1923 y pagaron; que la demandada no ha pagado a la demandante el importe del abono vendido, ni las cantidades pagadas por seguro marítimo, contribu-ciones y ñete del abono, ascendentes a $6.75, $2.00 y $20.00, respec-tivamente, a pesar de ser debidas y de haber sido requerida para ello por el Sr. Reed presidente y gerente general de la referida compañía.
“En la demanda se alega que hubo un convenio expreso para el pago de intereses, a razón del 8% anual, y en la cuenta se carga la suma de $47.10 por ese concepto, pero no hay prueba del alegado convenio sobre intereses, no siendo suficiente el mero cargo de los mismos en la cuenta, y por tanto, debe eliminarse esa suma de la reclamación. ’ ’

La apelante en su alegato alega que la corte inferior co-metió los siguientes errores:

“l9. — La Corte erró, al aceptar como prueba la factura del 15 de enero del año 1924.
“29. — La Corte erró al aceptar como prueba la hoja No. 136 de un libro en que se dice aparece la cuenta de A. Pérez y Hermano, en los libros de la Corporación Porto Rico Fertilizer Company.
“39. — La Corte erró al aceptar como prueba un documento como conocimiento de embarque firmado por el testigo Gonzalo Carrillo.
“49. — La Corte cometió error, abusando erróneamente de su dis-creción judicial, al apreciar la prueba y dictar una sentencia no de acuerdo con la misma.”

La página del libro mayor de Rojas sueltas y el estado o memorándum a que se Race referencia en los párrafos primero y segundo citados en último término fueron identificados por el presidente y gerente general de la cor-poración demandante como el asiento original y comprobante hecho y conservado en la forma usual de los negocios de tal corporación. Este testigo admitió, sin- embargo, que no te-nía ningún conocimiento personal de la transacción y que en la fecha en que tuvo ésta lugar él no estaba en la Isla de Puerto Eico, ni relacionado en forma alguna o interesado en la Porto Eico Fertilizer Oo. Pero también manifestó que el tenedor de libros que practicó tal asiento original no era en la fecha del juicio empleado de la demandante.

Debe admitirse que ésta no fué una demostración muy satisfactoria en cuanto a la imposibilidad de conseguir como ■testigo al anterior tenedor de libros, y la mejor práctica hu-biera sido excluir la prueba.

Sin embargo, la corte tenía cierta discreción en el asunto. 3 Wigmore, sección 1530, págs. 276-78. T en el presente caso, apreciadas todas las circunstancias, especialmente la prueba aliunde en cuanto al embarque y entrega del artículo, no vemos que haya habido tal abuso de discreción que justifi-que la revocación de la sentencia apelada sólo por ese fun-damento.

“En vista del desenvolvimiento en los tiempos modernos del sis-tema de usar libros de cuenta compuestos de hojas sueltas, parece claro que las hojas de tales libros deben ser admisibles (competent) en evidencia, y así se les consideran.” 22 C. J. 7870, See. 1045.

Véanse también los casos de Lamas y Méndes v. Betancourt, 16 D.P.R. 280, y Porto Rican American Tobacco Co. v. Canel, 32 D.P.R. 553.

Mientras el capitán de la “Bruja” declaraba como tes-tigo, tuvo lugar el siguiente incidente:

“Mire a ver, ¿qué es esto? — El conocimiento del embarque.
“Y esto de aquí ¿es su firma? — Sí, señor.
“Vamos a utilizar el documento en evidencia.
“Liedo. Pe-reyó: Con nuestra oposición, porque esto es self-serving evidence y no puede ser admitido como prueba.
“Liedo. González: Entiendo que self-serving evidence es un do-cumento preparado por el demandado, o por el demandante, pero no por una embarcación, o por la persona encargada de conducir esas mercancías.
“Hon. Juez: La Corte admite el documento para ilustrar la de-claración del testigo v lo marea ‘Exhibit No. 3.’
“Licdo. Pereyó': Tomo excepción.”

La apelante no cita autoridad alguna ya para demostrar que la prueba para beneficio propio (self-serving evidence), como tal, es inadmisible, o que un conocimiento firmado por el capitán de una goleta es tal prueba cuando se ofrece en una controversia entre el remitente y el consignatario.

La cuarta proposición en que se funda la apelante es algo más meritoria. La prueba en conjunto deja mucho que desear. Si la corte de distrito hubiera dictado sentencia a favor de la. demandada, la demandante hubiera tenido poca razón para quejarse.

Esto, sin embargo, sería consecuencia de la pobreza del caso prima facie como ha sido presentado por la deman-dante más que de cualquier demostración satisfactoria por parte de los demandados.

La prueba de ambas partes estaba sujeta a fuertes du-das y el peso de la misma recaía en la demandante, pero no podemos decir que la córte incurrió en error bien en los he-chos declarados probados o en sus conclusiones basadas en los mismos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PbesideNte Señor del Toro,

text:
    Manuel Fernández Náter, demandante y apelado, v. Arturo Aponte, demandado y apelante.
    No. 3835.

    Visto: Enero 25, 1926.

      Resuelto: Febrero 10, 1926.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro t Abandono — Falta de Diligencia en la Tramitación del Recurso. — Guando un apelante deja de actuar en su apelación por más de ciento sesenta (160) días y no presenta excusa vá-lida alguna para su falta de actuación por lo menos en un período de más de cien (100), procede desestimar, a moción del apelado,, el reeurso inter-puesto.

      MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Desestimada la apelación.

      Horacio Franceschi j Enrique Igaravidez,. abogados del apelante; Luis Muñoz Morales, abogado del apelado.
   El Juez PbesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso basándose en el abandono de la parte apelante.

En la moción, fechada el 5 de enero actual y notificada a la parte contraria el propio día, se alega que se dictó sentencia el 3 de marzo de 1925, que se apeló de ella el 1 de abril siguiente, que se solicitó del taquígrafo la transcrip-ción de la evidencia, quedando radicada en la secretaría el 7 de agosto último, y que desde esa fecha nada más hizo el apelante en gestión de su recurso. Lo alegado en la mo-ción se comprueba con una certificación expedida por el se-cretario de la corte sentenciadora.

La parte apelante se opuso alegando que la corte de dis-trito permaneció en vacaciones durante los meses de agosto y septiembre de 1925; que en septiembre fue reorganizada siendo nombrados dos de sus jueces y el tercero en octubre; que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la corte trabajó sin previa reglamentación interna hasta que el 26 de diciembre se reunió el Consejo Judicial creado por la ley reorganizadora y aprobó su reglamento; que el once de enero el apelante notificó al apelado que la corte había se-ñalado el 18 del propio mes para la aprobación de la trans-cripción, que el 18 el apelado no compareció y no habiéndose propuesto enmiendas la corte ordenó que el caso pasara al señor Rodríguez Serra que había sido, el juez que intervino en el pleito y que al dicho apelante no le ha sido dable co-municarse aún con el Sr. Rodríguez Serra por encontrarse éste en estos días ausente de su bufete. El apelante invoca en su apoyo la decisión de esta corte en el.caso de Lopes v. P. R. Ry., Light & Power Co., 31 D.P.R. 693.

La jurisprudencia establecida en el caso invocado es como sigue:

“El Tribunal Supremo no ejercitará la discreción que le concede la regla 59 de su reglamento a los efectos de desestimar una apela-ción, por el mero hecho del transcurso de noventa días. Deberá de-mostrarse además que el apelante ha sido de tal modo negligente que' su negligencia justifique que se le castigue con la pérdida del recurso por él establecido.”

Aplicando esa jurisprudencia creemos que debe desesti-marse la apelación. Sólo estaba quizá justificado el apelante para dejar de actuar durante los meses de agosto y septiem-bre en que permaneció en vacaciones la corte de distrito. Para su falta de actuación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y durante la primera decena de enero, esto es, por un período de más de cien días, no presenta ex-cusa válida alguna. La ley y la jurisprudencia de esta pro-pia corte claramente establecen que es el juez que intervino en el juicio el llamado a aprobar la exposición del caso, de suerte que ninguna influencia tienen los cambios operados en la corte de distrito a que se refiere el apelante.

En el caso de Lopes, supra, cuando se celebró la vista de la moción ya la transcripción estaba archivada en la secre-taría de esta corte. La falta de gestión no fue además tan manifiesta ni durante un período tan largo como aquí. La exposición se presentó el 4 de octubre de 1922, la corte en-tró en vacaciones en noviembre y no renovó su trabajo basta el 2 de enero de 1923. El 15 de febrero siguiente la parte apelante solicitó el señalamiento. Hubo sin duda negligen-cia por parte del apelante, pero no en tal grado que la corte creyera que se estaba en el caso de desestimar el recurso aplicando la sección 59 de su Eeglamento.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse con lugar la moción del apelado y desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señok Flanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Martínez (a) El Gato, acusado y apelante.
    No. 2654.

    Visto: Febrero 4, 1926.

      Resuelto: Febrero 15, 1926.
    Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Prueba del Sitio de la Co-misión del Delito — Falta de Prueba y Efecto. — Cuando la prueba sólo establece que el aeusado vendía pan de cierta panadería y que se apropió del producto de la venta pero nada dice, ni por inferencia, del sitio eR que radicaba la panadería ni donde el aeusado se apropió el dinero, la jurisdic-ción correspondiente al delito no ha quedado establecida, debiendo revocarse la sentencia y absolverse al aeusado.
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de abuso de confianza, con costas.-

      Revocada.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El 'Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia que- impone al acusado una multa de cuarenta dólares o un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, por haber infrin-gido el artículo 450 del Código Penal.

El error de importancia que señala el apelante y al que se allana el Fiscal se refiere a la falta de jurisdicción de la corte inferior por no aparecer demostrado el sitio de la co-misión del delito.

La prueba establece que el acusado recibía un salario por vender pan semanalmente de cierta panadería y que du-rante la semana, del 13 al 19 de julio de 1925, vendió la can-tidad de 365 libras, apropiándose el producto de la venta. La evidencia nada dice, ni aun por inferencias, del sitio en que radicaba la panadería ni tampoco dónde el acusado se apropió el dinero. Véase el caso de El Pueblo v. Canales (a) La Boa, 34 D.P.R. 395.

La sentencia apelada, por tanto, debe revocarse y absol-verse al acusado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victoriano Nieves, acusado y apelante.
    No. 2648.

    Visto: Enero 28, 1926.

      Resuelto: Febrero 16, 1926.
    1. armas — Proceso t Castigo — Evidencia—Prueba de la Existencia del Arma —Presentación del Arma. — Para establecer la existencia del arma o ins-trumento en la forma que prohíbe el artículo 1 de la Ley No. 14 de junio 25, 1924 (p. 115), no es condición sine qua non, como cuestión legal, la presentación del arma misma si existen otros elementos o circunstancias que demuestran que el acusado la portaba (El Pueblo v. Julián, 18: 940, seguido).
    2. Armas — 'Proceso y Castigo — Apelación—Apreciación de la Prueba — Prueba Contradictoria. — La circunstancia de que el fiscal del distrito dejara de uti-lizar dos testigos que tenía en su lista de testigos y fueran utilizados a su vez por el acusado en su defensa haciendo manifestaciones contrarias a los restantes testigos de cargo, no es dato que pueda servir de base a la revo-cación, ya que el juez sentenciador no creyó a tales testigos y fué una cues-tión de credibilidad que incumbía a la sola competencia de dicho juez mien-tras no se demostrase que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o se cometiera error manifiesto, nada de lo cual se desprende de la evidencia en este caso.
    Sentenoia ele Enrique Lloredo,, 3. (Areeibo), condenando al acusado por delito de portar armas, con costas.

      Confirmada.

      Francisco M. Cadillo, abogado del apelante; J.osé E. Figueras, abo-gado de El Fuello, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el acusado fué condenado a sufrir la pena de treinta y cinco días de cárcel por portar un revólver en su persona.

Apeló y señala en su alegato dos errores, a saber:

“Primero: La Hon. Corte del Distrito de Areeibo, cometió error al declarar probado que Victoriano Nieves llevaba un revólver so-bre su persona el día 24 de Mayo de 1925 en- Carrizales de Hatillo, a pesar de no haberse presentado como prueba dicha arma;
“Segundo: La Corte del Distrito de Areeibo cometió grave error al declarar culpable a Victoriano Nieves estimando que éste portaba ún revólver y que el mismo le fué quitado n ocupado por Juan Bernard y Flor Alvarez a pesar de que dichos dos testigos que son los más importantes llevados ante la corte por el fiscal, declararon bajo juramento que el acusado Victoriano Nieves no portaba revólver al-guno en diebo día y a pesar de baber negado ellos enfáticamente ha-berle ocupado revólver alguno al apelante.”

Para establecer la existencia del arma o instrumento en la forma que prohíbe el artículo 1 de la ley No. 14 de junio 25,1924, (p. 115) no es condición sine qua non, como cuestión legal, la presentación del arma misma si existen otros elementos o circunstancias que demuestran que el acusado la portaba. Este punto fué resuelto en el caso de El Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940, diciéndose entonces por esta Corte Suprema:

“En el caso presente, aunque no se presentó a la corte de distrito el arma ocupada al apelante, sin embargo, se mostró a ella suficiente-mente que al ser detenido Lucas Julián llevaba encima, y le fué ocu-pado, un revólver cargado con cuatro cápsulas, lo que es suficiente para que fuera declarado culpable del delito de que se le juzgó, pues la presentación del arma no es un elemento esencial en el delito de portar armas prohibidas, que no consiste en que a una persona se le ocupe determinada clase de armas, sino en demostrar que lleva en-cima o en su persona, montura, alforjas o banastas, cualquier revól-ver, puñal, etc.”

Aunque la ley prohibiendo portar armas, aprobada en marzo 9, 1905, (Comp. see. 5994) fué la aplicable en el citado caso, la enmienda de que fué objeto por la ley No. 14 de junio 25, 1924, (p. 115) no cambia la doctrina establecida, pues el propósito de la legislatura quedó invariable en ese punto.

La prueba fué contradictoria y el conflicto fué decidido por la corte inferior sin que se haya demostrado que el juez abusara de su discreción en la apreciación de la misma, pues la circunstancia de que el fiscal del distrito dejara de utilizar dos testigos que tenía en su, lista de testigos y fueran utilizados a su vez por el acusado en su defensa haciendo manifestaciones contrarias a los restantes testigos de cargo, no es dato que pueda servir de base a la revocación, ya que el juez sentenciador no creyó a tales testigos y fué una cuestión de credibilidad que incumbía a la sola competencia de dicho juez mientras no se demostrase que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o se cometiera error manifiesto, nada de lo cual se desprende de la evidencia en este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Hermenegildo Claudio, acusado y apelante.
    No. 2591.

    Visto: Febrero 10, 1926.

      Resuelto: Febrero 16, 1926.
    1. Armas — Proceso y Castigo — Evidencia—Prueba de la Existencia del Arma —Presentación de la Misma. — El acto de portar im arma, que es lo que está prohibido por ley, puede ser probado por cualquiera de las formas cono-cidas en ley; la presentación del arma es incidental o secundario (Pueblo v. Julián, 18: 940, y Pueblo y. Nieves, 35: 53, seguidos).
    2. Armas — Precepto Estatutorio — Interpretación—Acusaciones Dobles. — Das palabras del artículo 1 de la Ley prohibiendo portar armas de 1924 (p. 115) no se prestan para la interpretación de que las únicas dobles acusaciones den-tro de dicha ley son por conducta desordenada y. portar armas prohibidas se puede acusar de acometimiento y agresión y también por portar armas prohibidas.
    SENTENCIA ele M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de portar armas, sin costas.

      Confirmada.

      Adrián Agosto, abogado del apelante-; José E. Figueras, abogado del pueblo.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue declarado culpable del delito de portar armas prohibidas mediante prueba tendente a acreditar que el día referido en la denuncia, o sea, el 14 de octubre de 1925, el acusado estaba cerca de un cafetín en el sitio co-nocido por Puerto Arturo, sub-barrio El Gandul, se dirigió al dueño del cafetín diciéndole y ordenándole que saliera, pues el acusado deseaba hablar con él; que el dueño del establecimiento contestó que no podía salir porque estaba ocupado en el momento; que entonces el acusado dijo “Si no sales te mato ahí mismo,” sacando un revólver que por-taba en uno de los bolsillos de su pantalón; que entonces el dueño huyó hacia el interior de una habitación y el acu-sado le disparó dos tiros con un revólver que según los tes-tigos era niquelado y blanco.

El revólver no fué ofrecido como prueba y esta omisión en realidad sirve de fundamento al primer señalamiento de error. Lo que la ley probibe es el portar cualquier arma o instrumento con el cual se pueda causar daño corporal. Es el acto de portar un arma lo que está probibido. Este acto o res gesta puede ser probado por cualquiera de las formas conocidas en la ley. El acto es la primera cuestión y la presentación del revólver es un asunto incidental o secundario. En verdad las autoridades cuando se trata de un instrumento peligroso hablan en el sentido de demostrar que puede presentarse una pistola u otro instrumento semejante, asumiendo aparentemente que la presentación no es un requisito necesario. La corte, de ser necesario, tomará conocimiento judicial (16 C. J. 517) de que un arma usada como ésta era una pistola y peligrosa. La cuestión fué considerada por nosotros en el caso de El Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940, a virtud de la ley de 1905 como fué enmendada y no encontramos nada en la nueva ley que nos haga variar de opinión. Esa decisión la hemos aprobado en el caso de El Pueblo v. Nieves, resuelto en el día de hoy. Generalmente, siendo posible, debe presentarse el arma.

El apelante llamó la atención hacia, el hecho de que a él también se le acusaba por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. El apelante, según parece, alegó que las únicas dobles acusaciones que podían tener lugar de aeuercjo con la ley sería por conducta desordenada y portar un arma prohibida. Esta contención se funda en el artículo 11 de la ley, el cual prescribe lo siguiente:

“Las penalidades que por infracción a las disposiciones de esta Ley se impongan a personas en estado de embriaguez y de conducta desordenada serán en adición a las penas en que dichas personas incurran por su conducta desordenada.”

La contestación completa a esta contención es que las palabras no se prestan para tal interpretación.

Los demás errores envolvían la apreciación de la prueba. El acusado trató de probar una coartada (alibi), y que eía imposible que él hubiera estado en el cafetín. La corte llegó a otra conclusión y no vemos ninguna razón para revocar la sentencia que debe ser confirmada.


text:
    El Municipio de Guaynabo, demandante y apelado, v. Manuel F. Rossy, demandado y apelante.
    No. 3756.

    Visto: Febrero 4, 1926.

      Resuelto: Febrero 17, 1926.
    Costas — Tasación—Memorándum de Costas — Radicación—Radicación Prema-tura. — Procede la eliminación del memorándum de costas cuando éste se ha radicado antes de .ser firme la sentencia (Empresa Teatral Ponaeña et al. v. Municipio de Ponoe, 30: 539, confirmado).
    ResoluciÓN de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), ordenando la eliminación de un memorándum de costas.

      Con-firmada.

      Manuel F. Rossy, abogado del apelante; Félix Oehoteeo, Jr., abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una resolución de la corte inferior que ordenó eliminar un memorándum de costas por haberse radicado prematuramente. La sentencia que declaró sin lugar una petición de injunction e impuso las costas al demandante, se dictó en junio 17, 1925; el 22 del mismo mes se notificó al demandado y el 27, cinco días después, se archivó el memorándum de costas. No esperó, por tanto, el demandado que fuera firme la sentencia, ya que el deman-dante disponía hasta el 2 de julio de 1925 para apelar. De todos modos cuando el demandante presentó en julio 6, 1925, su moción atacando el memorándum por su radicación pre-matura, todavía el demandado tuvo tiempo de subsanar su érror allanándose y radicando un nuevo memorándum, pues su término para hacerlo no vencía hasta el 12 de julio de 1925. La cuestión planteada es idéntica a la resuelta en el caso de la Empresa Teatral Ponceña et al. v. Municipio de Ponce et al., 30 D.P.R. 539, donde esta Corte Suprema se expresó así: “La demandante tuvo, pues, una amplia opor-tunidad para corregir su error ya que la cuestión fué abierta y claramente suscitada cuando ni siquiera era firme la sen-tencia. Ella prefirió seguir actuando-bajo la base del me-morándum archivado y tiene que sufrir las consecuencias de sus propios actos.” Véase también el caso de Sanders Philippi, S. en C., v. Viuda de Baigés e hijos, 32 D.P.R. 856.

Por lo expuesto,'debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    Domingo Massini Pietri, demandante y apelante, v. Catalina Rivera, Dionisio y Juan Echavarría, demandados y apelados.
    No. 3830.

    Visto: Enero 28, 1926.

      Resuelto: Febrero 17, 1926.
    Desahucio — ’Desahucio ion Precario — Procedencia del Mismo — Conflicto de Derechos. — Cuando 'las alegaciones de los demandados no están desprovistas de todo fundamento, y existe un principio de evidencia que aparentemente demuestra que la posesión no os en precario, el conflicto que se levanta debe ventilarse en un juicio ordinario y no dentro de los límites del procedimiento de desahucio.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar demanda de desahucio, sin costas.

      Confirmada.

      Enrique González Mena, abogado del apelante; F. A. González Juá-rez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Massini inició un procedimiento de desahucie contra los demandados Catalina Rivera, Juan y Dionisio Echavarría, alegando que es dueño de una finca rústica con una cabida de 33 cuerdas, radicada en el barrio “Laguna” de Aguada, y que los demandados, en una porción como de una y media cuerda de la finca principal, tienen construidas tres casas de su propiedad, pero sin pagar canon o merced alguna al demandante, detentando precariamente el terreno en que están enclavadas las casas.

La demandada Catalina Rivera alegó ser dueña del te-rreno en una extensión de nna cnerda, en qne está radicada sn casa de altos y bajos, y otra terrera perteneciente a Jnan Echavarría; qne viene viviendo diclia casa por más de 25 años y la adquirió jnnto con el terreno por liquidación de gananciales a la muerte de sn esposo Miguel Echavarría.

Dionisio Echavarría sostuvo a su vez que su casa no está en el terreno que describe el demandante sino en una finca perteneciente a Wenceslao Echavarría, que colinda con el demandante.

Se desprende de la prueba que si bien Miguel Echavarría vendió la finca principal, la que por sucesivos traspasos vino al poder del demandante, aparece <jlaro que no dispuso de la casa de altos y bajos, que aparece adjudicada a su esposa en testamento que otorgó en noviembre 11, 1915. El de-mandante presentó, sin embargo, el testamento intentando demostrar que el testador había conservado la casa y no el terreno cuando en la cláusula séptima dice:

“'Séptima. — Que sus bienes de fortuna son los siguientes: dos casas, una de dos plantas y otra terrera enclavadas dentro de una propiedad de que fue dueño y que hoy pertenece a la sucesión de don Rafael Barletta, en el barrio de Laguna de Aguada, * * * ”

De todos modos resulta que se trata de una cláusula tes-tamentaria sujeta a interpretación para determinar una cues-tión de títulos, y si añadimos que Catalina Rivera por va-rios años ha pagado las contribuciones de la casa y una cuerda de terreno; que el testigo Marcos Soto, administra-dor de la finca del demandante, parece decir que dicha finca colinda por el terreno en que está sita la casa de Catalina Rivera y que en la demanda se alega que Dionisio Echava-rría tiene enclavada su casa en la cuerda ocupada por Catalina Rivera, hay que concluir, siguiendo la constante y repe-tida jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que por tra-tarse de un conflicto de títulos no es un caso para venti-larlo en un juicio de desahucio sino mediante un procedió miento ordinario.

Por todo lo cual, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Rafael R. Gómez, recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, recurrido.
    No. 621.

    Sometido: Noviembre 2, 1925.

      Resuelto: Febrero 19, 1926.
    .1. Hipotecas — Requisitos y Validez — Forma y Contenido de la Escritura de Hipoteca — Hipoteca de Varias Fincas para Garantizar un Crédito — Dis-tribución de Responsabilidad Entre las Fincas. — Constituida hipoteca so-bre varias fincas por dos deudores para garantizar una obligación (pagaré al portador), debe distribuirse la responsabilidad de la deuda entre todas las fincas gravadas; la excepción establecida por la enmienda hecha al ar-tículo 119 de la Ley Hipotecaria por Ley No. 62 de 1923 (1), p. 406-8 no es aplicable a dieho caso.
    2. Hipotecas — Requisitos y Validez — Forma y Contenido de las Escrituras de Hipoteca — Descripción de la Propiedad Hipotecada — Omisión de Ex-presar Medida de un Solai^por un Lado.- — No constituye defecto subsanable alguno — en documento sujeto a inscripción — el no expresarse la medida de un solar por uno de sus lados si en dieho documento se expresa la medida superficial del inmueble.
    Nota de A. MalareL, R. (Mayagüez), denegando inscripción de es-critura de hipoteca.

      Confirmada en cuanto al primer motivo, y revocada respecto al segundo.

      Miguel Mareos Morales, abogado del recurrente; el recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Bures Miranda y Rafael Gómez suscribieron nn pagaré al portador por la suma de $15,000 y para garanti-zar esta obligación ambos comparecieron en una misma es-critura y constituyeron hipoteca, el primero sobre dos fincas de su propiedad radicadas en el distrito de Ponce y el se-gundo sobre otra finca inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de Mayagüez. Según el documento cada otorgante garantiza solidariamente el pagaré con sus res-pectivas fincas.

El documento fué presentado para su inscripción en el Registro de Mayagüez y el registrador denegó sn inscrip-ción mediante la siguiente nota:

“Denegado en cuanto a la finca de Eafael E. Gómez, única que pertenece a la demarcación de este Registro, por no haberse distri-buido la responsabilidad de la deuda entre todas las fincas gravadas, de acuerdo con. el Art. 119 de la Ley Hipotecaria; tomando en su lugar anotación preventiva por 120 días a los efectos legales, al folio 62 del tomo 120 de esta ciudad, finca 2289, Anotación ‘A’, con el defecto subsanable de no expresarse la medida del solar por su es-palda Oeste.”

El registrador archivó su alegato en apoyo de su nota pero sólo discute el primer motivo refiriéndose escuetamente al artículo 119 por ser general y no hacer distinciones. El recurrente por otra parte no hace citas de jurisprudencia ni de autoridades que sostengan su argumentación, y que por sí sola no consideramos satisfactoria.

Se nos ocurre que el mismo propósito que tuvo el legislador y que se expresa en la Exposición de motivos de la Ley Hipotecaria (Galindo y Escosura, tomo 1, p. 192) no varía bajo las circunstancias del presente recurso, pues la enmienda que se hace del artículo 119 por la ley No. 62, aprobada en 1923 (p. 408), para que se distribuya la responsabilidad del pagaré entre varias fincas hipotecadas, no es aplicable.

El mismo autor que citamos haciendo aplicación de aque-llos motivos que sirvieron de base a la ley, dice:

“¿Podrán los interesados, de común acuerdo, convenir en la indi-visibilidad de la hipoteca y demás gravámenes que pesen indistinta-mente sobre varias fincas, y que no se determine la responsabilidad de cada una de ellas? Entendemos que no; la división es obligato-ria, no facultativa; el objeto de la Ley fué impedir las exigencias inmoderadas de los prestamistas, en beneficio del crédito público, y no se lograría, si se permitiese la renuncia de la división; porque los prestamistas la exigirían siempre, y el precepto legal quedaría eludido, sin que sirviera más que para aumentar la extensión de la escritura. El art. 28 de la Inst, de 12 Jun. 1861, ya prohibió el otor-gamiento de escrituras de hipotecas o de imposición de censo o capital a rédito sobre fincas diferentes sin señalar en ellas la parte de dichos capital y réditos de que ha de responder cada una, y lo mismo disponen los art.'21 y 22 de la Inst, de 9 Nov. 1874.” 4 Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, p. 524. »

Tal vez fuera necesario añadir que la hipoteca sujeta "directa e inmediatamente los bienes sobre qne se impone, y éstos son los qne deben. Artículo 105, Ley Hipotecaria. La obligación in soliduin de qne habla el recurrente es personal y sus efectos se rigen por lo qne dispone el Código Civil, artículo 1104. El recurrente parece confundir el efecto de la obligación principal con el de la accesoria que representa la hipoteca. Si una de las fincas no fuere bastante para solventar la deuda, la distribución de la responsabilidad en ellas no impide que el acreedor pueda hacer efectivo su cré-dito por la diferencia sobre la otra finca, y no siendo aun suficientes, los deudores serían entonces responsables con sus demás, bienes, salvo el pacto que se hubiera contraído o las fincas pasaren a tercero. El primer, motivo debe, por tanto, sostenerse.

El - segundo motivo de la nota parece infundado.

• El artículo 9 de la Ley Hipotecaria, concordante con el 63 de su reglamento, exige entre otras circunstancias que debe contener toda inscripción, la de expresarse la medida superficial del inmueble. Esta se expresa en el documento y ello es suficiente.

La nota del registrador debe confirmarse en cuanto al primer motivo y revocarse respecto al segundo.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.