author: El Juez Asociado ¡SeñoR Snyder

text:
    Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandante, apelante y apelada, v. Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado, apelado y apelante.
    Núm. 8664.

    Sometido: Julio 6, 1943.

      Resuelto: Noviembre 22, 1943.

      Brown, González & Newsom, abogados de la apelante apelada; Jlon. Procurador General Interino llí. Rodríguez Ramos y Carmen B. Hernández, Oficial Jurídico, abogados del apelado apelante.
   El Juez Asociado ¡SeñoR Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el que ambas partes ban apelado de diversas porciones de la sentencia dictada por la corte do distrito en un pleito sobre devolución de $59,216.41 pagados bajo protesta como resultado de deficiencias tasadas por con-cepto de contribuciones sobre ingresos.

I

La primera causa de acción en el pleito del contribuyente se refería a su planilla para el año 1929. La Porto Eico Railway, Light & Power Co. en sus planillas para los años 1928 y 1929 reclamaba ciertas rebajas sustanciales por concepto de pérdidas ocasionadas por el huracán de 1928. En 1932 el Tesorero rechazó estas rebajas en una parte sustancial y determinó tasaciones de deficiencias por tal concepto. Hubo varios procedimientos ante el Tesorero y ante la Junta de Revisión e Igualamiento que no es necesario detallar aquí, excepto para manifestar que por el año 1936, mediante actuaciones del Tesorero y de la Junta, se admitió finalmente que las contenciones de la Compañía eran correctas substancialmente (se alegaba que las pérdidas ocasionadas por el huracán del 1928 ascendían a $375,048.05; la cantidad acordada en definitiva fué $374,921.90).

Sin embargo, en vez de hacer los reembolsos correspon-dientes, el Tesorero el 4 de marzo de 1937 — siete años y diez meses después de radicarse la planilla de 1928, y seis años diez meses después de radicarse la de 1929 — notificó a la Compañía una nueva deficiencia para el 1929 de aproxima-damente $10,000 con intereses. Esta deficiencia se fundaba en la negativa del Tesorero de conceder a la Compañía que rebajara de su ingreso bruto las sumas de $39,319.90 y $38,643.60 pagadas por la Compañía en 1928 y 1929, respec-tivamente, a la Montreal Engineering Company como car-gos de administración (management fees) de conformidad con un contrato a tal fin.

La compañía alega que esta nueva deficiencia había pres-crito. La sección 60(a)(1) de la Ley de Contribuciones so-bre Ingresos dispone que las contribuciones sobre ingresos “se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la de-claración. . .” (Leyes de Puerto Rico de 1925, pág. 521). Si no estuvieran envueltas otras disposiciones de ley, las de-ficiencias en este caso, determinadas en 1936 para una pía-hilla del 1929, estarían, desde luego, prescritas. Sin embargo, alega el Tesorero, y la corte de distrito así lo resolvió, que el término prescriptivo estuvo. suspendido en este caso du-rante aproximadamente tres años, el tiempo en que la ape-lación de la Compañía estuvo pendiente ante la Junta de Re-visión e-Igualamiento.

El Tesorero alega que este período ña sido adicionado debidamente al término prescriptivo ordinario a virtud de la sección 60(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos (Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 523), que lee como sigue:

“El período durante el cual la subdivisión (a) de esta sección requiere que se verifique una tasación de cualquier deficiencia, será prorrogado (1) treinta -días si al contribuyente le hubiere sido noti-ficado por correo de acuerdo con la subdivisión (a) de la sección 57 y no hubiere radicado apelación alguna ante la Junta de Revisión e Igualamiento, o (2) si se hubiere radicado alguna apelación, entonces por el número de días entre la fecha del envió por correo de dicha notificación y la fecha de la decisión final de la Junta.” (Bastardi-llas nuestras).

La posición del Tesorero es que la apelación interpuesta por la Compañía para ante la Junta de Revisión e Iguala-miento en relación con la deficiencia que denegaba las pér-didas ocasionadas por el huracán interrumpió el término pres-eriptivo, de conformidad con la sección 60(b), en cuanto a la planilla de 1929 en su totalidad, dándole la oportunidad al Tesorero de tasar una deficiencia adicional, basada en una partida de ingresos no relacionada enteramente, después de transcurrido el período estatutario de cinco años, pero den-tro de los cinco años más el período durante el cual estuvo pendiente la apelación sobre la deficiencia original.

Consideramos el caso de Commissioner of Internal Revenue v. Wilson, 60 F. (2) 501 (C. C. A., 10mo. Circ., 1932), como aplicable y decisivo de la cuestión ante nos. En dicho caso, poco antes de transcurrir el período prescriptivo, el Comisionado determinó una deficiencia, la cual el contribu-yente.pagó sin s'olicitar'una redeterminación de la Junta de Apelación de Contribuciones. Más tarde el Comisionado en-vió al contribuyente una notificación de nneva deficiencia, re-ferente a la contribución para el mismo año, pero,, en nin-guna otra manera relacionada con la deficiencia original. Se admitió que esta deficiencia estaba prescrita por el estatuto, a no ser que la notificación de la primera deficiencia hubiera suspendido el estatuto.

La Corte de Circuito de Apelaciones convino con el con-tribuyente en que (pág. 502) “se suspende el estatuto úni-camente a los fines de darle la oportunidad al Comisionado de tasar y cobrar la deficiencia específica comprendida en la notificación, el envío de la cual es una condición para que el estatuto se suspenda.” La corte resolvió que no habiéndose interpuesto apelación en relación con la deficiencia original, el término prescriptivo no se había suspendido con fin al-guno, y que por tanto estaba prescrita la reclamación sobre la nueva deficiencia. Al discutir el propósito de la sección 272(a) (anteriormente la sección 274) de la Ley Federal, la corte dijo a las páginas 503, 4:

‘ ‘ Manifiestamente el período durante el cual el Comisionado no puede tasar no debe contársele en contra. Manifiestamente asimismo, debe concedérsele un periodo razonable para tasar después que puede libremente actuar. El propósito general, por tanto, de la subdivisión es indemnizar al Comisionado por el tiempo que se le quitó de sus cuatro años; hacer la limitación de cuatro años uniforme en su apli-cación ; . . . El Comité, de Conferencias hábilmente describe la sub-división (¡orno que suspende el estatuto ‘por el período durante el cual, por cualquier razón, el Comisionado tiene las manos atadas, y además le asegura un período de por lo menos 60 días después que esté en condiciones de aetuár para hacer ia tasación o iniciar el pro-cedimiento para el cobro.’
‘‘‘Resta sólo la pregunta, ¿estaba el Comisionado en condiciones de iniciar los procedimientos para cobrar la partida de $2,969.76 en cualquier tiempo durante el período estatutario de cuatro años? Si lo estaba, no hay razón alguna para que se deba prorrogar dicho pe-ríodo. Si se le prohibía actuar en cuanto a esta partida después de su notificación de deficiencia de $251.06, enviada el 9 de marzo, en-tonces debía suspenderse el estatuto hasta 60 días después que él estuviera en condiciones de actuar. Sobre esta cuestión las partes están contestes;' ambas convienen en que la notificación del 9 de marzo no limitó su poder para actuar en cuanto a la contribución aquí envuelta. El Comisionado no agota su poder para determinar, dentro del período estatutario, la contribución legalmente adeudada, cuando envía una notificación de parte de la deficiencia. Tiene el poder, dentro del período prescriptivo, de hacer tantas nuevas in-vestigaciones, redeterminaciones y retasaciones cuantas ‘ puedan ser necesarias para cobrar toda la deficiencia. Holmquist v. Blair (C.C.A., 8vo. Circ.) 35 F. (2d) 10. El estatuto no prohíbe la deter-minación de deficiencias adicionales debido al hecho de que exista una notificación en cuanto a una deficiencia por el mismo año. Al contrario, la historia legislativa destaca con entera claridad el he'cho de que fue la intención del Congreso que el Comisionado tuviera tal poder. La sección 274(f), tal como fué aprobada en la Cámara, disponía que después que el Comisionado hubiera notificado la defi-ciencia al contribuyente, no tendría derecho a determinar una defi-ciencia adicional por el mismo año contributivo, excepto bajo circuns-tancias que no concurren aquí. El Senado adoptó la recomendación del Comité de Finanzas ‘que esta disposición se aplique sólo a los casos en que el contribuyente ha apelado para ante la Junta’. La Cámara concurrió. II. IL Rept. núm. 356, Congreso 69 Ira. Sesión, págs. 39, 40. Esta sección, sección 274(f) de la ley (26 USCA § 1048d), lee en la actualidad: ‘Si después de aprobarse esta ley el Comisionado lia enviado al contribuyente una notificación de defi-ciencia, tal como se dispone en la subdivisión (a), y el contribuyente radica una petición ante la Junta dentro del término dispuesto en tal subdivisión, el Comisionado no tendrá derecho a determinar defi-ciencia adicional alguna en relación con el mismo año contributivo, excepto en caso de fraude y excepto como se dispone en la subdivi-sión (e) de esta sección o en la subdivisión (c) de la sección 279.’
“En el caso de que se radique una petición ante la Junta, a ésta se le confiere jurisdicción para aumentar la deficiencia impuesta por el Comisionado, y para determinar que deben imponerse contribución adicional o penalidades si el Comisionado hace tal reclamación antes de la vista. Sección 274(e) de la ley (26 USCA, § 1048c). Leyendo estos estatutos conjuntamente, encontramos un sistema lógico sin mez-clarlos: la autoridad del Comisionado para redeterminar una defi-ciencia es absoluta hasta que el contribuyente radica una petición ante la Junta; desde ese inomento en adelante el poder para actuar sobre dicho año contributivo descansa exclusivamente en la Junta, excepto cuando es necesaria una imposición de emergencia (jeopardy assessment) o en caso de fraude.
“Por tanto, es inevitable la conclusión de que el Comisionado podía durante todo el período prescriptivo de cuatro años iniciar gestiones para cobrar la contribución aquí envuelta. Sólo se sus-pende el estatuto ‘por el período durante el cual el Comisionado está impedido de hacer la imposición’, y por los 60 días siguientes. No existió tal período en cuanto a esta contribución.”

Puede verse que la regla de derecho aquí envuelta es sen-cilla. Se suspende el término prescriptivo mientras el Co-misionado — en nuestro caso el Tesorero — tiene las manos atadas. El caso de Wilson indica que si no se establece una apelación, bajo la Ley Federal el Comisionado está en liber-tad para determinar deficiencias adicionales dentro del pe-ríodo estatutario original. En su consecuencia, la primera notificación de deficiencia no interrumpe el término prescrip-tivo. De la misma manera, bajo nuestro estatuto, aun en caso de una apelación, el Tesorero está en libertad para de-terminar deficiencias adicionales; y, por tanto, no podemos evitar el concluir que en esta jurisdicción el estatuto se sus-pende solamente en cuanto a la deficiencia de la cual se apela, y no en cuanto a una deficiencia nueva y no relacionada que pueda el Tesorero determinar, mucho después de haber ex-pirado el período prescriptivo, pero mientras está aún pen-diente la apelación sobre la deficiencia original.

Nuestra Legislatura nunca ha incorporado en nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos una disposición similar a la de la Ley Federal, por la que se le prohíbe al Comisionado imponer deficiencias adicionales si el contribu-yente apela de la deficiencia original. Como dice correcta-mente la corte de distrito, el Tesorero puede en todo mo-mento, dentro del período prescriptivo, determinar deficien-cias adicionales, aún durante la apelación de una deficiencia original. Este poder o derecho — quizá debiéramos decir de-ber — del Tesorero de determinar deficiencias adicionales aún cuando esté pendiente la apelación sobre la deficiencia original, es la verdadera razón por la cual se suspende el esta-tuto mediante tal apelación solamente para las deficiencias originales o relacionadas con éstas, y no para deficiencias no relacionadas enteramente, determinadas por el Tesorero después de expirado el período estatutario ordinario.

El Procurador General reconoce la fuerza de este argu-mento. En su alegato, representando al Tesorero, dice, refi-riéndose al caso de Wilson:

“Estamos conformes con la decisión de la Corte en dicho caso en el sentido de que la mera notificación de una deficiencia no debo extender el estatuto por un período de 120 días para todos los efectos, porque si Jo auterior fuera cierto, el estatuto podría ser prorrogado indefinidamente por notificaciones subsiguientes de otras partes de la deficiencia. La Corte se basó al decidir lo anterior en el hecho de que el Comisionado no estaba en modo alguno impedido durante dicho período de 120 días para notificar otras deficiencias.”

Dice a continuación el Procurador General, refirién-dose a la Ley Federal, que “de haber recurrido el contri-buyente al ‘Board of Tax Appeals’ el Comisionado no habría podido determinar deficiencia adicional alguna para el mismo año excepto en caso de fraude o cuando un ‘jeopardy assessment’ fuere necesario.” Pero hace caso omiso completa-mente del hecho de que bajo nuestro estatuto, igual que bajo la Ley Federal de 1924 antes de la enmienda de 1926, el Te-sorero no está impedido de imponer deficiencias adicionales a causa de la apelación sobre una deficiencia original. Por tanto, repetimos que no estando atadas las manos del Teso-rero a causa de la apelación, en esta jurisdicción no hay lu-gar a la contención de que la apelación de una deficiencia original suspende el estatuto para deficiencias posteriores no relacionadas.

Nada hallamos en contrario en el caso de. Von Weise v. Commissioner of Internal Revenue, 69 F. (2) 439 (C. C. A., 8vo Circ., 1934), citado por la corte inferior y sobre el cual descansa el Tesorero en el caso de autos. En dicho caso el contribuyente, al radicar su apelación ante la Junta de Ape-lación de Contribuciones, admitió qne parte de la deficiencia, tal como fné impuesta por el Comisionado, era correcta. Por tanto, su posición fné qne había renunciado, en cnanto a la parte de la deficiencia qne admitió en sn petición, las restric-ciones sobre la imposición y cobro de aquella parte de la de-ficiencia; y qne, en sn consecuencia, el estatuto no había sido suspendido durante la pendencia de sn apelación en cnanto a la porción de la deficiencia qne había admitido'.

La Corte de Circuito de Apelaciones rechazó esta conten-ción, resolviendo en efecto qne toda vez qne el contribuyente había establecido una apelación en cuanto a la deficiencia im-puesta, las manos del Comisionado estaban atadas en cnanto a la imposición y cobro de toda ]a cantidad de la deficiencia y qne, por tanto, el estatuto en cuanto a la deficiencia en total había sido suspendido durante la apelación. No podemos ver cómo esta decisión pueda ayudar al Tesorero en este caso. En el caso de Von Weise estaba envuelta una sola de-ficiencia, rehusando la corte qne el contribuyente la dividiera y la tratara por partes (piecemeal) para sus propios fines. En verdad esto es todo lo que se quiso decir en la manifes-tación que hallamos en 5 Paul y Mertens, Law of Federal Income Taxation, sección 50.70, pág. 579, al efecto de que “cuando se establece una apelación, sin embargo, la exten-sión del estatuto se aplica a toda la deficiencia.” Nuestra situación es enteramente diferente. En este caso no se trata solamente de una deficiencia única de la que se apela. Te-nemos una deficiencia y una apelación de la misma; y en-tonces, después que el estatuto la hubiera de otro modo pres-crito, es más, después que el contribuyente había triunfado en su contención en cuanto a la deficiencia original, una ale-gación'del Tesorero de que la primera deficiencia suspendió el estatuto .en lo que respecta a una deficiencia adicional no relacionada enteramente. Bajo-tales circunstancias, creemos de aplicación la doctrina del caso de Wilson en vez de la del de Von Weise.

El caso de Parish-Watson Co. v. Anderson, 34 F. (2) 322 (Dist. Ct., S.D.N.Y., 1929), el único otro citado por la corte de distrito para sostener sn decisión sobre este punto, es completamente inaplicable. Dicho caso sólo envolvía la cues-tión de si la renuncia o convenio del contribuyente por un período limitado en cnanto a la contribución que se alegaba debía pagar bajo una ley anterior podía ser luego extendido mediante una ley aprobada después de la fecha del convenio. Nada hay en el lenguaje o decisión de dicho caso que tenga relación alguna con el problema ante nos.

Como se ha indicado antes, bajo la Ley Federal el Co-misionado pierde la jurisdicción para determinar deficiencias adicionales tan pronto el contribuyente apela de la deficien-cia original. Quizá también deba indicarse que el caso de Wilson vierte dudas sobre la proposición de que el Comisio-nado puede, bajo tales circunstancias, presentar aun ante la Junta una deficiencia no relacionada enteramente que de otro modo estaba prescrita por el estatuto. Sin embargo, sea ello como fuere, apuntamos una vez más que las partes y la corte de distrito convienen en que, de modo diferente al Comisio-nado Federal, el Tesorero no está impedido bajo nuestra ley de imponer deficiencias adicionales aun cuando esté pen-diente la apelación de una deficiencia. Mertens señala esto cuando indica que “bajo la ley de 1926 el Comisionado no podía determinar deficiencias adicionales después de enta-blarse una apelación para ante la Junta (tal como lo podía hacer bajo la ley de 1924), pero se le dió la oportunidad de presentar deficiencias adicionales ante 1-a Junta, la que tenía amplia jurisdicción para determinar la cantidad correcta de la deuda contributiva para el año contributivo en cues-tión. ...” (9 Mertens, Law of Federal Income Taxation, §49.09, pág. 12).

Para exponer brevemente el problema, el propósito de la disposición estatutaria aquí envuelta fué suspender el pe-ríodo preseriptivo durante el tiempo en que el Tesorero tu-viera las manos atadas (Seidman’s Legislative History of Federal Income Tax Laws, págs. 552, 630, 763). Toda vez que bajo nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos la apelación contra una deficiencia no impide al Tesorero de-terminar deficiencias adicionales no relacionadas, tal apela-ción no suspende el estatuto con el fin de determinar tales deficiencias adicionales no relacionadas.

Por tanto, resolvemos que la deficiencia de aproximada-mente $10,000 en relación con los cargos de administración (management fees) pagados por la Compañía en 1928 y 1929 habían prescrito en el 1936, fecha en que fuera determinada por el Tesorero. Por tanto,, la corte de distrito cometió error al dictar sentencia en favor del Tesorero en la primera causa de acción.

II

Examinaremos a continuación er. sus méritos la sentencia de la corte de distrito sosteniendo la actuación del Tesorero al reducir a $5,000 anuales las deducciones por los cargos de administración pagados de conformidad con un contrato a tal efecto, como sigue:

1931_$41,989.21
1932_ 34, 205. 29
1933 _' 35,057.87
1934_ 39,038.44

La corte de distrito resolvió que los cargos de adminis-tración propiamente dichos eran gastos ordinarios y necesa-rios deducibles del ingreso sujeto a tributación de acuerdo con la sección 32(a)(1) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. Sin embargo-, la corte de distrito resolvió que la evidencia ofrecídale no la liabía puesto “en condiciones de resolver si el Tesorero de Puerto Pico actuó arbitrariamente al fijar como una compensación razonable por ‘management fees’ la cantidad de $5,000 para cada uno de los años en dis-cusión, y por tanto es nuestro deber aceptar que diclia suma es una compensación razonable, por cuanto la prueba de la demandante no ha sido suficiente para destruir la presun-ción de corrección de la actuación y determinación hecha por el Tesorero.”

Pasamos por tanto a examinar la prueba de la Compañía sobre este punto. Examinaremos este testimonio, tal como sugieren los abogados, a la luz de algunas de las fórmulas establecidas en 3 Paul y Mertens, supra, §§23.81-23.115, págs. 76-104 (a ese mismo fin, 4 Mertens, supra, §§25.44-25.67, págs. 395-432).

Para determinar la razonabilidad de tal compensación, es significativa la proporción del pago en re ación con el ingreso bruto. En el presente caso el cargo de administración pa-gado a la Montreal Engineering Company representaba 25/£> por ciento del ingreso bruto, y con excepción de los dos años en que ocurrieron huracanes, la Compañía pagó desde 1928 al 1934 dividendos de 8% por ciento al 14 por ciento sobre su capital invertido. Por tanto, parece que los cargos de administración no estuvieron en desproporción en relación con el ingreso.

Paul y Mertens también indican, que sueldos u otra com-pensación por servicios deben guardar una relación razona-ble con el volumen del negocio envuelto. Tenemos aquí una compañía que suministra luz y energía eléctrica a medio Puerto Rico y a la mitad de sus habitantes, con un valor en sus libros que fluctúa durante los años en cuestión entre diez y doce millones de dólares, con un ingreso bruto de aproxi-madamente $1,500,000 al año. A este respecto, la prueba de la Compañía fué que el personal empleado por ella consistía exclusivamente de operarios, y que sería necesario anmentar sn nómina en $75,000 ó $100,000 annales si la propia Compa-ñía se hiciera cargo de las gestiones realizadas ahora por la Montreal Engineering Company. Bajo estas circunstancias, los cargos de administración, cuyo promedio era menos de $40,000 al año, no parecen carecer de una relación razonable en cuanto al volumen del negocio de la Compañía.

La prueba de la Compañía fue también al efecto de que la Montreal Engineering Company presta servicios de super-visión y de ingeniería a once compañías de servicio' público en Centro y Sur América, Puerto Rico y Canadá, y que man-tiene una organización de 35 a 60 personas consistente en ocho departamentos, que incluyen contabilidad, ingeniería, tarifa y tasación, y compras. Estos departamentos están to-dos constituidos por personas que son especialistas y que están íntimamente relacionadas con los negocios de las com-pañías que supervisan. La prueba fue al efecto de que el contrato en cuestión fue de mucho valor especialmente des-pués de los huracanes de 1928 y 1932, cuando la Compañía recibió innumerables servicios expuestos en detalle en el récord, en relación con las compras, reconstrucción y otras gestiones necesarias para el restablecimiento del negocio de la Compañía de suministrar energía en Puerto Rico, De la misma manera, la Montreal Engineering Company suminis-tró a la Compañía el personal técnico que se necesitó para un largo caso de tarifas ventilado ante la Comisión de Ser-vicio Público y ante las cortes en el 1934.

De conformidad con la prueba, Montreal Engineering Company mantiene oficinas en Montreal, Nueva York y Lon-dres para fines de compras. Debido a sus contactos con los manufactureros y su sistema central de compras para las once compañías a quienes les da servicio, ha efectuado gran-des economías en la compra de materiales. En la prueba de la Compañía se estimó que estas economías representan diez por ciento del precio total de las compras hechas desde el 1928 al 1934 ascendente aproximadamente de $8,500 a $12,000 anuales. Uno de los ejemplos suministrados fue el atorro de $10,500 por la Compañía en la compra de aceite solamente en 1934. La prueba fue que el atorro de la Compañía como resultado de tales compras fue 49 por ciento de todos los cargos de administración pagados durante los años envuel-tos. Es difícil ver de qué manera el Tesorero pudo resolver razonablemente que sólo la cantidad de $5,000 anuales como cargo de administración estaba justificada, cuando no realizó esfuerzo alguno para contradecir el testimonio de la Com-pañía al efecto de que el contrato de administración le había atorrado $20,000 al año sólo en la compra de materiales.

La Montreal Engineering Company realizó todas las ne-gociaciones y el expedienteo necesario para la compra de materiales, procedentes todos de fuera de Puerto Rico. La Compañía por tanto indica que, además de las economías en el precio de venta de. los materiales, se ta economizado el gasto de mantener un agente de compras y una oficina u oficinas fuera de Puerto Rico para tal fin.

También la prueba fué al efecto de que la Montreal Engineering Company estaba constantemente dedicada al estu-dio de tarifas mediante sus expertos en tarifas, y le suminis-tró a la Compañía sus consejos en problemas obreros, de gran valor debido a su experiencia con otras compañías.

Una de las fórmulas usadas por Paul y Mertens es la comparación con la compensación pagada por otras compa-ñías por servicios similares. La Compañía no ofreció tal prueba. Los abogados de la Compañía afirman en este caso que no existe situación similar en Puerto Rico. Sin embargo, se ofreció prueba de que, aunque la Montreal Engineering Company no llevaba un sistema de contabilidad de costo para los años en cuestión, se estableció tal sistema más luego, y que para los años 1936, 1937 y 1938 los costos de la Montreal Engineering Company propiamente asignables a la Compañía fueron aproximadamente de $38,000 anuales, mientras que los cargos para tales años por servicios subs-taneialmente idénticos a aquellos por los que se pagó en los años en cuestión fueron aproximadamente de $39,000 al año. De acuerdo con tales cifras, no parece que la Montreal Engineering Company realizara una ganancia exagerada en el contrato de administración.

Otra de las fórmulas es el determinar si la compensación guarda estrecha relación con el dominio de acciones. No hubo prueba de que la Montreal Engineering Company fuera dueña de acciones de la Compañía o aún, como resolvió la corte de distrito, “que los directores de la Montreal Engineering Company eran también los directores de la deman-dante”. La corte de distrito pudo haber sido inducida a error sobre este último punto debido a que uno de los tes-tigos declaró que era director tanto de la Compañía como de la Montreal Engineering Company. Pero no hubo prueba de la total identidad de los directores de ambas compañías.

Con respecto a la cuestión de razonabilidad también se toma en consideración la compensación pagada en años an-teriores por servicios similares. En este caso el Tesorero nunca impugnó cargos de administración similares pagados desde el 1919 al 1927 y en 1930. Durante todos estos años se computó el pago sobre la misma base; es decir, 2% por ciento del ingreso bruto de la Compañía.

Los casos y los textos antes mencionados también indican que si la fecha en que se fija la compensación es anterior al comienzo del período durante el cual se va a rendir el ser-vicio y en su consecuencia antes de que se puedan conocer las ganancias, esto es un factor que indica que la compensa-ción es razonable. Los hechos en este caso son altamente concluyentes en cuanto a este punto. En este caso, no sola-mente se fijó la compensación antes de comenzar a rendirse los servicios, si que el primer contrato se otorgó en 1911, cuando la Ley de Contribuciones sobre Ingresos no se había todavía aprobado. Por tanto, es difícil ver de qué manera se pudo alegar que bajo tales circunstancias el propósito de este contrato de administración era la distribución de ganan-cias bajo el pretexto de pago por servicios, con el fin de evi-tar el pago de contribuciones sobre ingresos.

Otro factor para determinar la razonabilidad de tal com-pensación, es si los directores intervinieron en el contrato. En el presente caso la prueba fue de que la compensación envuelta babía sido pagada a virtud de contratos aprobados por los directores.

Finalmente, no puede negarse que. las corporaciones ín-timas {close corporations) frecuentemente se prestan a la distribución de ganancias so pretexto del pago de sueldos. Sin embargo, aún asumiendo que por medios que no es ne-cesario especificar aquí, la Montreal Engineering Company controló, o por lo menos tuvo una importante intervención en, los negocios de la Compañía, “No debe inferirse la con-clusión de que los salarios no son razonables ipso facto por-que se pagaron por una corporación íntima o de familia. La inferencia es más bien que en estos casos el contribuyente pudo confrontarse con el problema de ofrecer una prueba más robusta de razonabilidad que en otras situaciones.” (3 Paul y Mertens, supra, §23.111, pág. 101). Véase también Sobrinos de Izquierdo, Inc. v. Sancho Bonet, Tes., 56 D.P.R. 182; Heywood Boot & Shoe Co. v. Commissioner of Internal Rev., 76 F. (2) 586 (C.C.A., 1er Circ., 1935).

La corte inferior resolvió que la prueba presentada no fué suficientemente detallada y que toda vez que el contri-buyente no había cumplido con el peso de la prueba de de-mostrar que la compensación pagada era razonable, la pre-sunción de que el Tesorero como un funcionario pública ha-bía actuado correctamente debía prevalecer. Es difícil ver, a la luz de lo que se ha dicho anteriormente, de qué manera la Compañía pudo haber presentado más detalles para jus-tificar los cargos de administración envueltos, a menos que se hubieran revisado todos los pasos dados por la Compañía durante los varios años envueltos. Tal como se hizoj el ré-cord es excesivamente voluminoso, y como se lia indicado, “En relación con la prueba de cantidades gastadas nunca es posible hacer demasiado hincapié sobre la conveniencia e im-portancia de una regla liberal. Es cierto que ]a sabia admi-ministración de leyes contributivas requiere que el con-tribuyente lleve el peso de la prueba. Al mismo tiempo, tanto la Junta como las cortes deben reconocer que deduc-ciones de gastos no son sucesos aislados y poco frecuentes. Exigir al contribuyente que someta el mismo grado de prueba en relación con gastos diarios tal como se requiere en una transacción poco corriente, es hacer caso omiso de las consi-deraciones prácticas e imponerle una regla demasiado one-rosa ...” (3 Paul y Mertens, supra, §23.168, pág. 155); Véase Cohan v. Commissioner of Internal Revenue, 39 F. (2) 540, 543-4 (C.C.A., 2do Circ., 1930); Rugel v. Commissioner of Internal Revenue, 127 F. (2) 393 (C.C.A., 8vo Circ., 1942).

En contraste con los esfuerzos de la Compañía para de-mostrar la razonabilidad de la compensación envuelta, el Tesorero no ofreció prueba alguna. La corte inferior por tanto sólo tuvo ante sí la evidencia no impugnada de la Com-pañía. Creemos que la Compañía cumplió con el peso de la prueba al demostrar que la compensación que su contrato le exigía pagar a la Montreal Engineering Company como car-gos de administración era razonable dentro de los propósitos de la sección 31(a) (1) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos. Damos énfasis al hecho de que nada de lo que he-mos dicho menoscaba el derecho de la Comisión de Servicio Público de examinar la situación en éste o en cualquiera otro caso y determinar si, como una cuestión de reglamentación de servicio público, tal cargo de administración es procedente. En verdad, un número de los casos citados por el Tesorero envuelve exactamente tales situaciones. Pero no podemos concluir que era propio llegar a este resultado, por lo me-nos en este caso, por medio de un pleito de contribuciones sobre ingresos. Ensolvemos por tanto que en el presento caso la corte de distrito cometió error al sostener la actua-ción del Tesorero al reducir los cargos de administración para los años 1931, 1932, 1933 y 1934 de la cifra contenida en el contrato a la cantidad de $5,000.

III

Nuestro tercer problema en este caso se refiere a las planillas para 1931-34. Durante dichos años la Compañía pagó a su Presidente un sueldo anual de $10,000 y en su planilla rebajó aproximadamente $9,000 de dicha cantidad como gastos necesarios incurridos en la operación de su negocio. El Tesorero rechazó estas deducciones por el fundamento de que no eran razonables. .La corte inferior resolvió que la cantidad envuelta era compensación razonable por los servicios rendidos y sostuvo por tanto las deducciones para 1933 y 1934. Sin embargo, la corte inferior, por razones que se indicarán más adelante, sostuvo al Tesorero al rechazar éste las rebajas para 1931 y 1932. Ambas partes apelaron de la parte de la sentencia contraria a sus pretensiones

Las leyes federales, desde 1918, al referirse a las deduc-ciones del ingreso sujeto’ a tributación, han tenido una dis-posición específica de que gastos “ordinarios y necesarios” deberán incluir “una cantidad razonable para sueldos u otra-compensación por servicios personales realmente prestados.” Sin embargo, aún antes de la inclusión de esta cláusula en las referidas leyes que expresamente permitía las rebajas por salarios, las Cortes Federales habían resuelto que la amplia frase “gastos ordinarios y necesarios” incluye pagos razonables de sueldos (Becker Bros. v. United States, 7 F. (2) 3 (C.C.A., 2do Circ., 1925); United States v. Philadelphia Knitting Mills Co., 273 F. 657 (C.C.A., 3er Circ., 1921); Botany Mills v. United States, 278 U. S. 282, 292).

Nuestra ley ha tenido una historia curiosa. La Sección 32(a) de la Ley de Contribuciones sobro Ingresos, desde 1925 al 1927, leía en parte como sigue:

“Sección 32.— (a) Al computar el ingreso neto de una corporación o sociedad sujeta a la contribución impuesta por la sección 28, se admitirán como deducciones:
“(1) Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurri-dos durante el año contributivo en la explotación de cualquier in-dustria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales realmente prestados. . .” (Bastardillas nuestras).

La Ley núm. 18, sección 5, Leyes de Puerto Rico, 1927, que entró en vigor el primero de enero de 1928, adicionó la frase “a empleados” después de “compensación” en la re-referida sección. Pero la Ley núm. 30, sección 2, Leyes de Puerto Rico, 1932, que entró en vigor el primero de enero de 3933, eliminó una vez más de esta sección la frase “a em-pleados”, restableciendo la versión original de 1925.

En el presente caso la corte de distrito resolvió que desde el 1928 al 1933, mientras la ley contenía la frase “a emplea-dos”, un sueldo pagado al presidente de una corporación no era deducible del ingreso de la corporación sujeto a tributa-ción por el fundamento de que el presidente de una corpora-ción no es un empleado de la misma. Por tanto denegó las deducciones para 1931 y 1932, a pesar de los Pechos (a) de que la corte de distrito resolvió que el Presidente había pres-tado considerables servicios a la Compañía por los cuales la cantidad de $10,000 anuales era una compensación razonable, y (b) de que sostuvo la posición de la. Compañía al rebajar el sueldo así pagado de su ingreso sujeto a contribución con respecto al 1933 y 1934, cuando la frase “a empleados” no existía ya en el estatuto.

Este Tribunal ha pasado ya sobre el propósito de la en-mienda insertando la frase “a empleados” en el estatuto. “A virtud de la Ley de .1925 la deducción por concepto de sueldos se limitaba a ‘una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales realmente pres-tados.’ Esto, desde luego, incluía los sueldos que se paga-ban a los empleados. El objeto de la enmienda fué distin-guir entre los empleados y los funcionarios cuando se tra-taba de una corporación, y entre los empleados y los socios gestores de una sociedad en comandita. Se hizo con el fin de fijar una limitación adicional sobre la cantidad de la re-baja. La deducción por salario se circunscribía a los satis-fechos a los empleados. La inferencia ineludible es que se excluyeron los sueldos pagados a los socios gestores de una sociedad en comandita o a ios fimcionarios de urna corpora-ción como tales socios gestores o funcionarios(Moscoso Hnos. & Co., S. en C., v. Domenech, Tes., 44 D.P.R. 11, 12; Bastardillas nuestras).

Como se ha indicado en el caso de Moscoso, la ley anterior permitía la rebaja de sueldos pagados a empleados. El propósito de la enmienda fuá por tanto simplemente excluir las rebajas por el pago de sueldos a los funcionarios de una corporación como tales fimcionarios. Pero no entendemos que esto significa que al Presidente de una corporación no pueda pagársele compensación por servicios personales real-mente prestados más allá de aquellos de una naturaleza me-ramente rutinaria, como la rendida por algunos presidentes. En síntesis, nada encontramos en el estatuto que prohíba rebajar los sueldos de un empleado, que también es Presi-dente.

Este tribunal ya ha pasado por implicación sobre este punto. En un caso en que resolvió que, la compensación pa-gada a un socio no podía rebajarse por la sociedad de su ingreso sujeto a contribución, distinguimos el caso de una corporación con el siguiente lenguaje:

“Esto es así porque al socio, por la naturaleza mismá del con-trato social, no puede ser, en momento alguno, empleado de la socie-dad a que pertenece. Es verdad que la sociedad en el Derecho Civil es una persona jurídica distinta de sus socios, pero no es menos cierto que en la sociedad, contrario a lo que sucede respecto al accionista en la corporación, el socio es deudor a la sociedad de su actividad y de su industria, y por consiguiente al trabajar para la sociedad lo' hace en cumplimiento de su deber como socio. En la corporación, el accionista invierte su capital en el negocio y como evidencia de su inversión recibe acciones, pero no está obligado a trabajar para la corporación, la cual desarrolla sus negocios mediante empleados u ofi-ciales que reciben una compensación por un trabajo que realizan inde-pendientemente de su calidad de accionistas, si es que lo son.” (M. J. y S. Cabrero, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 58 D.P.R. 531, 534; Bastardillas nuestras).

En resumen, resolvemos que la adición de las palabras “a empleados” al estatuto da énfasis al hecho de que los sueldos pagados por corporaciones puedan rebajarse del in-greso sujeto a tributación de una corporación solamente en casos de que los servicios se han rendido en verdad. Pero nada encontramos en el estatuto, o en la práctica corpora-tiva, que impida a un funcionario de la corporación, no im-porta cuál sea su rango, el prestar servicios como empleado amén de aquellos que pueda realizar como cuestión de rutina como tal funcionario. Y si se dedica activamente a tal tra-bajo como un empleado y se le compensa razonablemente por ©lio, el estatuto tal como leía desde 1928 al 1933 permitía a la corporación rebajar tales pagos de su ingreso sujeto a tributación.

Nuestra conclusión en este caso se robustece con el hecho de que aun antes de enmendarse la Ley Federal y la nuestra con el fin de que específicamente dispusieran que los gastos “ordinarios y necesarios” incluirían “una cantidad razona-ble para sueldos u otras compensaciones por servicios perso-nales realmente prestados”, las Cortes Federales resolvie-ron, como antes se ha dicho, que la amplia .frase “gastos or-dinarios y necesarios” incluía pagos razonables de sueldos. Parece claro, por tanto, que por lo menos en cuanto a tales gastos pagados por corporaciones, la eliminación en el esta-tuto de la frase “a empleados” durante cierto tiempo, tuvo muy poco efecto, si alguno tuvo.

Por tanto creemos que, bajo las circunstancias de este caso, la conclusión a que llegamos para las rebajas de 1931 y 1932 debe ser la misma que la de las rebajas de 1933 y 1934, siempre y criando los servicios prestados sean substam-cialmente los mismos para todos los cuatro años. La corte de distrito resolvió que los servicios personales' del Presi-dente en 1933 y 1934 eran substanciales y que la cantidad de $10,000 anuales era razonable para su compensación. He-mos examinado la evidencia y nada encontramos en el récord que justifique la alteración de tal conclusión. (Véanse Sobrinos de Izquierdo, Inc. v. Sancho Bonet, Tes., 56 D.P.R. 182; L. E. Pinkham Med. Co. v. Com’r of Internal Revenue, 128 F. (2) 986 (C.C.A., 1er Circ., 1942); United States v. Reitmeyer, 11 F. (2) 648 (Dist. Ct., La., 1926).)

Aun cuando la corte de distrito no resolvió expresamente este punto, estamos satisfechos al examinar el récord de que los servicios del Presidente fueron substancialmente los mis-mos durante los cuatro años en cuestión. Por tanto resol-vemos que la corte de distrito actuó correctamente al per-mitir las rebajas de 1933 y 1934, pero que cometió error al denegar las rebajas de 1931 y 1932.

IV

La última cuestión se refiere a los créditos reclamados por la Compañía para 1931, 1933 y 1934 en las cantidades de $24,743.58, $18,075.86 y $18,629.98, respectivamente. Estas cantidades fueron recibidas en calidad de intereses al tipo del 9 por ciento al año en cuentas vencidas por energía eléctrica suministrada a varios municipios de conformidad con contratos que disponían el pago de tales intereses bajo tales circunstancias.

La Sección 34(a) de la Ley de Contribuciones s.obre In-gresos (Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 483), lee en parte como sigue:

“Para los fines de la contribución impuesta por la sección 28 sola-, mente se concederán los siguientes créditos:
(®) La cantidad recibida como intereses sobre obligaciones de. los Estados Unidos, cualquier subdivisión política del mismo, sobre obligaciones do El Pueblo do Puerto Pico o de cualquier subdivisión política del mismo. . . ”

La cuestión a determinar es si las cantidades así recibi-das son “intereses sobre .... obligaciones” de los munici-pios envueltos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, al examinar una disposición similar, ba dicbo que “De una consideración de toda la sección y del asunto aquí envuelto surge claro que el propósito del Congreso al excluir del in-greso bruto los intereses sobre tales obligaciones, fué ayudar al gobierno federal en su poder para tomar dinero a prés-tamo. al hacer que sus bonos que devengaban intereses tu-vieran más atracción para los inversionistas. American Viscose Corp. v. Com’r of Int. Rev., 56 F. (2d) 1033. Compárese United States Trust Co. of New York v. Anderson, 65 F. (2d) 575, 577-578. El alcance de la palabra ‘obliga-ciones’ tal como se empleó allí debe limitarse de conformi-dad y no extenderse para que incluya intereses sobre obli-gaciones no incurridas de acuerdo con el poder para tomar dinero a préstamo, tal como lo resolvió correctamente la corte en el caso de Viscose.” (Helvering v. Stockholms Enskilda Bank, 293 U. S. 84, 87). Véanse Baltimore & O. R. Co. v. Commissioner of Internal Rev., 78 F. (2) 460 (C.C.A., 4to Circ., 1935); 121 A.L.R. 1276; 1 Mertens, Law of Federal Income Taxation, Sec. 7.21, pág. 333, Sec. 7.23, págs. 337-8. La mejor y más reciente discusión de esta cuestión se encuentra en Holley v. United States, 124 F. (2) 909 (C.C.A., 6to Circ., 1942).

Una' deuda contraída por suministro de luz eléctrica a una municipalidad no es una deuda contraída en el ejercicio de su poder para tomar dinero "a préstamo. Por tanto, la corte de distrito actuó correctamente al sostener la actuación-del Tesorero al rechazar los créditos en cuestión.

Por las rasones aquí expuestas, la sentencia de la corte de distrito será modificada y se dictará una nueva sentencia a favor de Ja Porto Rico Railway, Light & Power Company concediéndole lo que solicita, con excepción de la reclamación sobre los intereses pagados a la Compañía por los munici-pios.

      (1) Esto surge aún más claro si se examina el caso de Sooy v. Commissioner of Infernal Tievemio, 40 F. (2) 634 (O. O. A., 9no Ciro., 1930), citado por Paul y Mertens para sostener su manifestación.

      (2) Debe tenerse en cuenta que nuestra ley fué copiada de la Ley Federal de 1924 y no lia sido enmendada a este respecto.

      (3) Escasamente tenemos que añadir que bajo la Sección 61 (o) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, no bay limitación en cuanto a tasación y cobro de una contribución en caso de fraude.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El menor Luis Calderón, representado por su madre con patria potestad Santiaga Calderón, demandante y apelado, v. Manuel Cacho Vega, demandado y apelante.
    Núm. 8639.

    Sometido: Junio 10, 1943.

      Resuelto: Noviembre 24, 1943.

      Rafael Padró Pares, abogado del apelante; Ángel Rivera Colón, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La conducta de los abogados del demandante en la trami-tación de este caso es por demás extraña y a los efectos de hacer cumplida justicia en el presente caso debemos expo-nerla en esta opinión.

La demanda original se radicó el 24 de octubre de 1938 y fué dirigida contra Manuel Cacho Vega exclusivamente, solicitándose sentencia contra él por la cantidad de $5,000. El 5 de diciembre siguiente, el demandante, por sus aboga-gados, radicó una moción alegando que después de exami-nada la herida del menor demandante y haber tenido un cam-bio de impresiones con el médico que lo asistió, sus aboga-dos, con la autorización expresa de la madre de dicho menor, habían llegado a la conclusión de que la cantidad redamada ($5,000) era completamente exagerada y no guardaba pro-porción con los daños leves que- había recibido la parte per-judicada; que en dicha fecha la parte demandante había ra-dicado una demanda contra el mismo demandado en la Corte Municipal de Ciales basada en la misma causa de acción, so-licitando sentencia por $150 por concepto de daños y perjui-cios, más $50 para honorarios de abogado. Acompañaron copia de la demanda radicada en la Corte Municipal de Cia-les y solicitaron de la corte inferior diera por desistido al demandante de la acción establecida el 24 de octubre de 1938, para continuar el pleito en la Corte Municipal de Ciales.

En su resolución denegando la referida moción del de-mandante, la corte inferior, entre otras cosas, dijo:

“Teniendo en cuenta lo que se alega en la demanda original y en la moción para litigar como pobre y aun en la misma demanda quo se ha presentado en la Corte Municipal, la Corte entiende que no hay ningún motivo para sacar este caso de la Corte de Distrito de Arecibo para llevarlo a un tribunal inferior, cuando se trata, según se jura en la moción para litigar, que hubo una fuerte fractura en la frente y en la parte superior del ojo derecho del menor, que dicho menor está en estado de gravedad, y que sufre de fuertes dolores do cabeza.
“Presentada ya la demanda en la Corte de Distrito, no importa que haya alguna exageración o error en la cuantía reclamada, pues el Juez puede discrecionalmente otorgar la suma que sea justa des-pués de oír al médico y examinar al menor. No se explica por qué hay que presentar otra demanda en otro tribunal cuando ya el pleito está entablado en esta corte de distrito.
“Además, aparece también del récord que la madre del menor, que tiene la patria potestad, no sabe leer ni escribir, y hay que su-' poner que tampoco puede darse cuenta del estado del menor y de las consecuencias que puedan sobrevenirle por la coz de un caballo en la frente. ,
“Por tanto, y mientras la Corte no tenga oportunidad de oír evi-dencia de facultativos y de examinar al menor, se deniega la moción para que se declare por desistida a la parte demandante de la de-manda en este caso.
“En caso que la madre del menor deje de proseguir este caso con actividad, la Corte nombrará un defensor judicial para que continúe el mismo en defensa de los intereses de dicho menor. ’ ’

Aparece, además, de los autos que el 28 de enero de 1939 los abogados del demandante enmendaron la demanda original que habían radicado en la corte inferior, incluyendo como parte demandada, juntamente con el demandado original Manuel Cacho Vega, al hijo de éste Ignacio Cacho Parés. En dicha demanda enmendada se solicitaba sentencia por $5,000 contra los dos demandados. El demandado Manuel Cacho Vega presentó excepción previa contra esta demanda el 3 de febrero de 1939, sin que aparezca que tal excepción fuese oída por la corte. El 20 de marzo de 1939 volvieron los mismos abogados del demandante a radicar una moción exponiendo:

“1. Que originalmente' se radicó demanda en el presente caso contra el demandado Manuel Cacho Vega, porque de primera inten-ción se creyó de buena fe que dicho demandado Manuel Cacho Vega era e] responsable civilmente de los daños objeto de la presente causa de acción, por ser el dueño de la finca donde ocurrió el accidente.
“2. Que posteriormente y luego de una investigación en el asunto se supo que la finca estaba desde hace años cedida en calidad de arrendamiento al otro demandado Ignacio Cacho Parés y que éste era el dueño del caballo que originó el accidente de la causa de ac-ción, siendo dicho demandado Ignacio Cacho Parés el único respon-sable de los daños y perjuicios, y por tal motivo y conociendo estos hechos se radicó demanda enmendada incluyendo como demandado a Ignacio Cacho Parés; que el referido contrato de arrendamiento fué formalizado ante Notario Público entre el señor Manuel Cacho Vega, como dueño de la finca, e Ignacio Cacho Parés, como arrenda-tario.
“3. Que luego de radicada la demanda enmendada se presentó por el demandado Manuel Cacho Vega una excepción previa, ale-gando que en cuanto a él la demanda enmendada no aduce hechos suficientes pava constituir una causa de acción, y la parte demandante reconoce y acepta que en realidad y después de investigaciones prac-ticadas y do acuerdo con la misma prueba de esta parte, en realidad dicho demandado Manuel Cacho Vega no tiene responsabilidad de clase alguna en este caso, siendo el responsable el otro demandado Ignacio Cacho Parés, en su carácter de arrendatario de la finca y dueño del caballo que originó el accidente objeto de la causa de acción.
“4. Y alega ahora la demandante que el demandado Ignacio Ca-cho Parés le ha ofrecido voluntariamente y luego de varias conver-saciones sostenidas al efecto, como vía de transacción de este pleito, la suma de doscientos dólares (200) por concepto de los supuestos daños y perjuicios causados al menor Luis Calderón, y que esta parte demandante considera dicha suma una cuantía justa y razonable por los daños y perjuicios sufridos, ya que las lesiones recibidas por el referido menor no son de la gravedad e importancia mencionadas' en la demanda original radicada en este caso.
“f>. Que a juicio de la parte demandante es conveniente para el menor Luis Calderón que se acepte la suma de doscientos dólares (200) como transacción de este caso, ya que las lesiones recibidas por dicho menor no son graves, y se expone esta parte a que dados los incidentes de los pleitos el mismo podría fallarse adverso a esta parte ; además, la madre de dicho menor es una persona completa-mente pobre y no puede atender a los gastos para poder llevar a los testigos ante esa Hon. Corte y sufragar los demás gastos del pleito, entre éstos los honorarios de abogado.
“6. Que aunque el demandado Ignacio Cacho Parés no comparece en la presente moción y por cuyo motivo esa Hon. Corte no podría dictar sentencia, la demandante puede ofrecer a esa Hon. Corte en su oportunidad la aceptación por parte de dicho demandado para que se dicte sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a este demandado por la suma de $200 sin incluir gastos ni honorarios de abogados, toda vez que en la referida suma de $200 están incluidos los mismos.
“EN su virtud la demandante solicita de esa Hon. Corte que luego de una vista, en corte abierta para justificar la conveniencia para el menor demandante de aceptar dicha suma de $200 como completa reparación de los daños sufridos, por medio de prueba tes-tifical y pericial de la que pueda desprenderse el grado de negligen-cia del demandado Ignacio Cacho Parés y el verdadero daño sufrido por la parte demandante y sus consecuencias, y la conformidad de este demandado, dicte una sentencia declarando con lugar la presente demanda y condenando al demandado Ignacio Cacho Parés a pagan la suma de $200 sin especial condena de costas, y cuya suma deberá quedar consignada en corte hasta tanto que la madre del menor jus-tifique la necesidad de extraer el todo o parte con fines que sean necesarios o convenientes a los intereses de dicho menor.
“Ciales para Arecibo, Puerto Rico, a 20 de marzo de 1939. (Fir-mados) Víctor Rivera Colón — Ángel Rivera Colón, abogados de la demandante. ’ ’

El día 31 de marzo de 1939, en corte abierta el juez inferior, después de oír prueba, declaró sin lugar la moción antes transcrita. Los abogados del demandante radicaron otra demanda enmendada fechada el 24 de abril de 2939, de la que eliminaron al demandado Ignacio Cacho Parés, y el 6 de septiembre del mismo año la corte inferior dictó una resolución titulada “Orden Resolviendo Solicitud para que se admita una Demanda Enmendada.” Dicha orden se re-fiere a la demanda enmendada de 24 de abril de 1939. En la referida orden de 6 de septiembre de 1939, la corte inferior resolvió que permitiría la radicación de la demanda en-mendada en la que se eliminaba a Ignacio Cacho Parés, tan pronto se acreditase por los abogados del demandante que habían desistido de su acción contra el demandado última-mente mencionado, caso en el cual se dictaría sentencia en la corte inferior teniendo al demandante por desistido de sb acción contra dicho demandado. En efecto, con fecha 15 de septiembre de 1939, conforme aparece de los autos, de acuerdo con una moción del demandante de fecha 14 de septiembre de 1939 la corte dictó sentencia declarando al demandante desistido de su acción contra Ignacio Cacho Parés, sin per-juicio de que la acción continuara contra el otro demandado Manuel Cacho Vega de acuerdo con la demanda enmendada de 24 de abril de 1939.

Nos hemos limitado a exponer la conducta profesional de los abogados del demandante en este caso tal y como apa-rece de los autos y nos abstenemos de hacer comentario al-gxmo en relación con la misma, a fin de no prejuzgar la in-vestigación que en relación con este asunto deberá practicar el Fiscal de este Tribunal. Pasemos, pues, al estudio del caso según resulta de las alegaciones y de la prueba.

El demandante apelado, menor.de odio años de edad representado por su madre con patria potestad, instó este pleito a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por él como consecuencia de la fractura y hundimiento del hueso frontal. La lesión fue causada por una coz de un caballo que según alega poseía y se servía de él el demandado en una finca de su propiedad en el barrio Pasto de Morovis.

La evidencia relacionada con los puntos determinantes de la responsabilidad del demandado es contradictoria. La del demandante tiende a probar que su madre es dueña de una finca de dieciséis cuerdas radicada en el barrio Vega, colin-dante con la del demandado sita en el barrio Pasto, ambos barrios pertenecientes al término municipal de Morovis. Que el demandado adquirió su indicada finca por compra al Federal Land Bank, el cual a su vez la había adquirido de Honorio Claudio Archilla. Que cuando el demandado fue a tomar posesión material de su finca, aun la estaba ocupando el anterior dueño Honorio Claudio Archilla, quien al dejarla a la libre disposición del demandado, vendió a éste varios caballos de carga que tenía en ella. Entre éstos se hallaba un zaino que tenía reputación de ser un animal vicioso y del que se decía había matado a otro caballo anteriormente. Que dicho caballo al tiempo del accidente era utilizado por el demandado en las faenas agrícolas de su indicada finca. Que la finca del demandado y la de la madre del demandante estaban separadas por una cerca en mal estado, circunstan-cia ésta que daba lugar a que los caballos del demandado fre-cuentemente se pasaran a la finca de la madre del deman-dante, de lo cual se había quejado ella al demandado en dis-tintas ocasiones. Que allá para el 18 de octubre de 1938, la madre del demandante se hallaba lavando en nn riachuelo que pasa por su finca y como a las doce del día el menor, acompañado de Francisca Calderas, fue a llevar café a su madre; que ésta permaneció algún tiempo más en el río y cuando el menor y Francisca Calderas regresaban al hogar, el caballo zaino venía corriendo en dirección contraria a la de ellos, por un camino vecinal que debían tomar para re-gresar a la casa del menor; que al pasar el caballo junto a éste, le lanzó la coz sin que el menor en forma alguna hu-biese molestado al animal. Que el demandado ha residido siempre en otra finca que posee en el barrio Barahona. Que la que posee en el barrio Pasto es administrada por su hijo Ignacio Cacho Parés, quien antes administraba otra finca de su padre en el barrio Torrecillas, de Morovis. Que el de-mandado visitaba con frecuencia su finca del barrio Pasto para supervisar y dirigir las faenas agrícolas.

De otro lado, la prueba del demandado no controvierte la existencia del accidente. Por el contrario lo admite. Pero trata de establecer, primero, que él no era dueño ni se ser-vía del caballo en cuestión al tiempo del accidente, y, se-gundo, que el daño provino por culpa del menor al introdu-cirse en el cercado donde tranquilamente pastaba el animal, hincándolo por detrás con una varita.

Para probar que .él no estaba en posesión de la finca al tiempo del accidente, presentó en evidencia un contrato de arrendamiento de dicha finca celebrado entre él y su hijo desde junio de 1937, el cual fué formalizado en documento privado redactado por el propio abogado del demandante. Presentó además evidencia al efecto de que el demandado no intervenía en forma alguna con los trabajos que en la finca realizaba el arrendatario. Que de vez en cuando venía a la finca a ver a su hijo, pero que estas visitas no eran frecuen-tes debido a lo distante que él vivía y a que los caminos eran malos y tenía que ir a caballo. Además del citado contrato ofreció en evidencia ciertos records de la Administración de Ajuste Agrícola de los que aparece que a base de dicho con-trato de arrendamiento Ignacio Cacho Parés desde una fecha anterior al accidente, venía recibiendo compensación de suelo en relación con el tabaco que todos los años cultivaba en la finca. Ofreció evidencia además al efecto de que en relación con las siembras de tabaco, también desde fecha anterior al accidente Ignacio Cacho Parés recibía a su propio nombre de Morán & Cía., de Manatí, la refacción necesaria para lle-var a cabo dicho cultivo. Que el caballo en cuestión perte-necía a Ignacio Cacho Parés. Que ese caballo, como un año antes del accidente, el demandado lo tuvo en su finca de Ba~ rahona y lo permutó en mayo de 1937 a Pedro Collazo por una novilla; que Collazo lo poseyó por espacio de dos me-ses y lo vendió a Jubiliano Torres en $18, y que este último lo poseyó por cinco meses vendiéndolo entonces a Ignacio Cacho Parés.

Mientras Ignacio Cacho Parés declaraba como testigo del demandado en relación con el contrato de arrendamiento, el abogado del demandante le preguntó si era o no cierto que en mayo de 1939 había jurado ante el juez de paz de Moro-vis una denuncia contra José Padilla Colón y Joaquín Pérez imputándoles el hurto de unos ñames de la finca en cuestión, en la cual denuncia expresaba el testigo que los bienes hur-tados eran de la propiedad de su padre Manuel Cacho, cu-yos bienes el demandado administraba. El testigo aceptó haber jurado la denuncia, pero trató do explicar el incidente diciendo que dicha denuncia la había preparado su cuñado, que él la firmó sin leerla y que luego, al celebrarse el juicio en la Corte Municipal de Ciales y oír al secretario leerla, se dió cuenta del error y llamó la atención del juez al efecto de que él, Ignacio Cacho, y no su padre, era el verdadero dueño de los bienes hurtados; que él no era administrador sino arrendatario de la finca. Contestó además dicho testigo que el ahora abogado del demandante, Sr. Angel Rivera Co-lón, oyó esas manifestaciones que él hiciera entonces ante el Juez Municipal de dales; que diclio abogado se bailaba pre-sente, siendo como* era entonces abogado de los acusados en el caso criminal.

El abogado del demandante no hizo manifestación alguna en contrario. En ese momento el abogado del demandado solicitó del juez inferior que ordenase la citación del .Juez Municipal y del secretario de la Corte Municipal de Chales a fin de que comparecieran como testigos para corroborar la declaración de Ignacio Cacho en relación con dicho incidente y la corte no accedió, indicándole que estaría dispuesto a ad-mitir una certificación de dicha Corte Municipal sobre el ex-tremo indicado. Tal certificación no fue presentada.

Terminada la evidencia del demandado, el Lie. Angel Rivera Colón, abogado del demandante, ofreció su declaración para probar que el alegado contrato de arrendamiento entre el demandado y su hijo era una mera simulación. El abo-gado del demandado se opuso, alegando que las manifesta-ciones que le hubieran hecho los contratantes al redactar el documento constituían comunicaciones privilegiadas sobre las cuales el abogado no podía declarar sin el consentimiento del demandado. La corte sostuvo la oposición del deman-dado y el demandante tomó excepción.

¿Pirró la corte sentenciadora en la apreciación de la prueba, como le imputa el demandado apelante? Si exami-namos la opinión que sirve de fundamento a la sentencia, nos convenceremos de que tiene razón el apelante. En dicha opinión dice el juez sentenciador:

“Quedó claramente establecido por la prueba que el demandado compró el caballo objeto del daño a don Honorio Claudio, y en adición a la prueba del demandante, varios testigos del mismo demandado admitieron que el caballo simpre lo habían visto en la finca del de-mandado desde la fecha en que éste lo compró.
“Tal evidencia destruyó la prueba del demandado con la cual quiso demostrar que no era dueño del animal al tiempo del accidente. (Bas-tardillas nuestras.)

Esa conclusión de la corte sentenciadora es errónea. La prueba del demandante sobre quién era el dueño del caballo consistió en la declaración de Honorio Claudio Archilla qué ya conocemos y el hecho de encontrarse el animal y ser uti-lizado en los trabajos de la finca en el barrio Pasto, propie-dad del demandado. En cuanto a que Honorio Claudio Ar-chilla hubiese vendido el caballo al demandado, no lo niega éste, pero para probar que ni en la fecha del accidente ni en ningún momento después fuese dueño del caballo, el deman-dado presentó la declaración de dos personas que poseyeron el animal con posterioridad al demandado. La primera de ellas lo adquirió por permuta celebrada con el demandado y lo vendió al segundo, quien a su vez lo vendió a Ignacio Cacho Parés. Ninguno de los testigos del demandado de-claró haber visto el caballo en la finca del barrio Pasto por espacio de cuatro años desde cjue el demcmdado lo compró. Lo que declararon algunos de ellos fué que habían visto el caballo en la finca en cuestión por espacio de cuatro años mientras dicha finca pertenecía a Honorio Claudio Archilla. Uno de estos testigos, Ramón Jiménez, declaró que el de-mandado lo compró a Honorio Claudio Archilla y se lo trajo para su finca de Barahona (récord, pág. 205). Sin duda para destruir la prueba del demandante a los efectos de que el caballo era utilizado por el demandado en su finca del barrio Pasto, fué que el demandado presentó evidencia tendente a probar el arrendamiento de que hemos hecho mérito. Es evidente que esa errónea apreciación del testimonio de Ra-món Jiménez perjudicó indebidamente al demandado y siendo ello así, procede por ese fundamento la revocación de la sen-tencia.

Pero el demandante ofreció la declaración de su abogado para probar que el contrato de arrendamiento era simulado y que Ignacio Cacho Parés era en tal virtud un mero administrador de la finca. He creer la corte inferior la prueba de la simulación, si también creyera la que presentó el de-mandante al efecto de que el caballo era utilizado en los tra-bajos de la finca, hubiera tenido base para inferir que el demandado, si no era dueño, por lo menos se servía del animal en su propio beneficio, y en tal caso hubiera sido res-ponsable de los daños causados, de conformidad con el ar-tículo 1805 del Código Civil, que dice así:

"Artículo 1805. — El poseedor do un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

La admisibilidad de esa evidencia depende de que el abo-gado Sr. Angel Rivera Colón no hubiera sido consultado por los contratantes con respecto al efecto legal del contrato. Si ellos simplemente se concretaron a pedirle que redactase el contrato, sin solicitar de él opinión legal alguna respecto a los derechos y obligaciones qtie podrían surgir de la tran-sacción, en otras palabras, si su intervención se limitó exclu-sivamente a actuar como un mero instrumento para poner por escrito lo que ellos dijeron haber convenido, en ese caso el Sr. Rivera Colón, en contemplación de la ley, no actuó en su carácter de abogado; y sí dentro de las circunstancias ex-puestas incidentalmente en el curso de la conversación las partes o una de ellas en presencia y al alcance del oído de la otra, sin protesta de ésta, le dijeron que la transacción era simulada, en ese caso la comunicación no tenía el carácter de privilegiada y por lo tanto era admisible. Por el contrario, si el abogado fue consultado sobre el efecto legal del con-trato que iba a redactar, es decir, sobre los derechos y obli-gaciones de las partes como arrendador y arrendatario res-pectivamente, etc., y en el curso de esa consulta se le comu-nicó que el contrato era simulado, entonces la comunicación, a menos que la simulación se hiciera con propósitos fraudu-lentos, constituía una comunicación privilegiada y como tal era inadmisible en evidencia sin el consentimiento del de-mandado. 8 Wigmore on Evidence (ed. 1940), sección 2297, pág. 571, y casos citados, y 3 Jones .on Evidence (4a ed. 1938), pág. 1345. Por consiguiente, a los efectos de admitir o re-chazar esa prneba, debió previamente investigar la corte sen-tenciadora en cuál de las dos circunstancias antes dichas fue hecha la alegada manifestación, para de ese modo determi-nar si la evidencia era o no admisible.

Parece conveniente agregar que el juez inferior, refiriéndose al contrato de arrendamiento, dice:

“Aunque la parte demandada presentó un documento que repre-senta ser un contrato de arrendamiento a favor del hijo y prueba colateral sobre que el hijo se entendía con terceros con respecto a la finca, hay un documento auténtico en que aparece que Ignacio Cacho declaró bajo juramento ante la Corte Municipal de Ciales, en un caso criminal, que él administraba ¡os referidos bienes del padre en el barrio ‘Pasto’ de Morovis.”

Sin embargo, no debe perderse de vista que esa admisión hecha por Ignacio Cacho Parés sólo es admisible para im-pugnar su veracidad, pero no obliga al demandado Manuel Cacho Vega, pues para ello sería preciso que el primero fuese agente o socio del segundo, que se probase la existen-cia de la agencia o sociedad, y que el acto o declaración es-tuviere comprendido dentro del objeto de la sociedad o agen-cia y durante su existencia. (Art. 397, Código de Enjuiciamiento Civil.)

Sería injusto para el menor demandante revocar la sen-tencia por el error cometido en la apreciación de la prueba, sin darle una oportunidad de someter a la consideración de la corte la evidencia sobre la simulación, si es que las cir-cunstancias en que hubiere sido hecha la comunicación al abogado la hacían admisible de acuerdo con los principios antes expuestos. Dicha prueba, de ser creída, podría incli-nar la balanza de la justicia a su favor.

En tal virtud y teniendo en cuenta las circunstancias ex-traordinarias que han tenido lugar en el presente caso, pro- cede revocar la sentencia apelada que dictó la corte inferior en 11 de agosto de 1941 y devolver el caso a dicha corte para la celebración de %m nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señoe T-odd, Je.,

text:
    Tomás Carro, promovente, v. Sergio Cuevas Bustamante, en su carácter de Comisionado del Interior de Puerto Rico, et al., demandados.
    Núm. 31.

    Sometido: Noviembre 18, 1943.

      Resuélto: Noviembre 29, 1943.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y R. González Blanes, abogados del promovente; Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Fernando B. Fornaris, Procurador General Auxiliar, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señoe T-odd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita expidamos un auto de injunction, en auxilio de nuestra jurisdicción apelativa, prohibiendo a los demandados y a sus subalternos continuar las'obras de construcción del puente sobre el Río Grande de Añasco “por cuenta del peticionario y sin previa liquidación de la obra hecha y materiales acopiados por el contratista” (el peticio-nario) y sin que se extienda dicha prohibición a que se con-tinúen las obras por cuenta del Gobierno de Puerto Rico. En síntesis alega el peticionario que en julio de 1940 otorgó nn contrato con el Pueblo de Puerto Pico representado por el Comisionado del Interior para la construcción del puente mencionado a nn costo de $197,362.25; qne prestó las fian-zas requeridas; que debido a dificultades surgidas con el Comisionado del Interior, que detalla y califica de violacio-nes al contrato, el peticionario le informó oficialmente el 22 de diciembre de 1942 que había paralizado las obras; que el Comisionado le requirió para que las continuara en un plazo de cinco días y vencido el mismo el Comisionado procedió a hacerse cargo de las obras y a continuarlas por cuenta del peticionario, incautándose de todos los materiales y la pro-piedad almacenados en el sitio de la obra y procediendo uni-lateralmente a nombrar, emplear y pagar, con cargo al peti-cionario, un número injustificado de empleados y a hacer otros gastos arbitrarios y abusivos, no sólo en dichas obras, sino en otras de un contrato adyacente, cargando el costo al peticionario; que el Comisionado se ha negado a realizar una liquidación de dichas propiedades y de la obra ya hecha para poder determinar luego qué parte de la obra había hecho el peticionario y cuál el Comisionado, así como cuánto dinero había de gastarse legítimamente en la continuación de las obras por cuenta del peticionario y sus fiadores. Alegó el peticionario quo, a base de que dichas actuaciones del Co-misionado son ilegales, arbitrarias e inequitativas, en viola-ción de la ley y del contrato, y que de no impedirse al Co-misionado llevar a cabo sus amenazas sufriría el peticiona-rio daños y perjuicios, por distintos motivos que detalla, ra-dicó en la Corte de Distrito de San Juan una solicitud ju-rada de injunction “no con el objeto de impedir que se con-tinuaran las obras . . . sino que se . . . continuaran . . . . por cuenta del Contratista y sin previa liquidación de dichas obras y materiales. . . .”; que contestada la petición y ce-lebrada la vista la corte inferior dictó resolución en octubre 25, 1943, declarando sin lugar la solicitud de injunction pre-liminar y anuló la orden de entredicho que había dictado; que el Contratista apeló de dicha resolución para ante esta Corte Suprema y es en auxilio de nuestra jurisdicción ape-lativa que ha radicado la presente petición alegando que las cuestiones de derecho envueltas en el litigio así lo justifican y expone que toda la controversia gira alrededor del de-recho que el Comisionado del Interior alega tener y que el peticionario le niega, a actuar haciendo uso de las faculta-des extraordinarias y drásticas que le concede la cláusula 7 del contrato otorgado por las partes, la cual cláusula sos-tiene el peticionario es nula y ultra vires, ya que las con-diciones que deben contener los contratos de obras públicas insulares están fijadas por ley y que, de estimarse válida dicha cláusula, la misma no es de aplicación a este caso por varias razones que expone.

Expedimos una orden dirigida a los demandados para que comparecieran a mostrar causa por la cual no debe ex-pedirse el auto solicitado. El día señalado para la vista los demandados radicaron su contestación, en la que negaron los hechos esenciales de la petición, y las partes procedieron a argumentar el caso.

Debido a las afirmaciones contenidas en la contestación, a la forma en que se desarrolló la argumentación y a las ad-misiones de los abogados como consecuencia de determina-das preguntas formuladas por los jueces, las partes convi-nieron en tratar de llegar a un acuerdo y firmar y someter al Tribunal una estipulación que redactaría el peticionario y que serviría de base para dictar la orden de injunction soli-citada y en caso de que los demandados no estuvieran de acuerdo con los términos de la estipulación, radicarían sus objeciones a la misma. Esto último es lo que ha sucedido.

Tenemos a la vista la estipulación preparada por el abo-gado del peticionario y las objeciones radicadas por los de los demandados. A decir verdad, los puntos de divergencia son triviales. Parece que el uso de la palabra “liquidación” por el peticionario fué el obstáculo, infranqueable, para que los demandados firmaran la estipulación a pesar de que és-tos aceptan que se haga “una medida y cubicación y valua-ción (appraisal)” de la obra ejecutada e. inventario de mate-riales acopiados por el contratista. Expresamente admitió el peticionario en la vista oral que al usar la palabra “liqui-dación” no pretendía que' se le pagara ahora por la obra realizada o por los materiales acopiados, pero insistió en que sí tenía derecho a saber el valor de una y otra cosa. En cuanto a este punto no comprendemos la actitud de los de-mandados y la aplicación restrictiva que pretenden darle a la palabra “valuación” (appraisal). En el primer párrafo de su pliego de objeciones expresan que están conformes en proceder, de común acuerdo con el peticionario, a practicar “una medida y cubicación y valuación (■a/ppraásal) ” de la obra ejecutada pero sólo aceptan hacer un “inventario de los materiales acopiados”. En la contestación hicieron cons-tar que nunca se han negado a suministrar al peticionario “un estimado de obra construida y material acopiado al pie de la misma”, y en la vista oral su abogado aceptó que es-taban dispuestos a realizar la valoración pero no a realizar-pago alguno ahora. Somos de opinión que, de acuerdo con los hechos alegados en la petición, las admisiones contenidas en la contestación y las cuestiones legales envueltas en este c.aso, el peticionario tiene derecho a saber tanto el valor- de la obra realizada por él como el valor de los materiales aco-piados en relación con el contrato, antes de que los deman-dados continúen las obras por cuenta del peticionario.

Las partes también han convenido, con ligeras divergen-cias, en que el peticionario tendrá derecho a nombrar un re-presentante para observar (no investigar) la forma en que se llevará a calm la terminación de las obras por los deman-dados y a que el peticionario notifique al Comisionado del Interior cuando no estuviere de acuerdo con algún gasto o con alguna actuación de las personas encargadas de termi-nar las obras. Asimismo los demandados están dispuestos a entregar al representante del contratista copia de las factu-ras de compra de materiales y copia de cada nómina de jor-nales.

Bajo las circunstancias concurrentes y la importancia de las cuestiones legales envueltas en la apelación del caso principal, procede, por tanto, declarar con lugar la petición en este caso y expedir un auto de injunction en auxilio de nuestra jurisdicción apelativa, dirigido contra los demanda-dos para que, mientras se sustancia y hasta tanto se resuelva por esta Corte Suprema el recurso de apelación interpuesto en el caso núm. 42,647 de la Corte de Distrito de San Juan, de Tomás Carro v. Sergio Cuevas Bustamante, et al., de-mandados, sobre injunction, se abstengan por sí o por me-dio de sus agentes, empleados o subalternos o por medio de persona otra alguna, de continuar las obras de construcción' del puente sobre el Río Grande de Añasco por cuenta del peticionario Tomás Carro, a menos que dichos demandados cumplan con las siguientes condiciones:

1. Los demandados y el peticionario procederán, de mu-tuo acuerdo, dentro del plazo de cinco días, a realizar un es-timado de la obra construida y de los materiales acopiados por el peticionario hasta el momento en que los demanda-dos se hicieron cargo de la obra, debiendo incluirse en dicho estimado la medida, cubicación y valuación de la obra y ma-teriales de acuerdo con los términos del contrato y los pla-nos del proyecto, y asimismo la cubicación y valoración de la tierra colocada en los terraplenes por el peticionario si-guiéndose el procedimiento técnico usual, debiendo tomarse estos datos en presencia del peticionario o su represen-tante ; y

2. El peticionario Tomás Carro tendrá derecho a nom-brar un representante para observar la forma en que conti-nuarán las obras los demandados, quien tendrá derecho a permanecer todo el tiempo que sea necesario en la obra mientras se estén realizando trabajos en ella y podrá infor-mar por escrito al Comisionado del Interior sobre cualquier actuación de las personas encargadas de terminar las obras, o sobre algún gasto, con los cuales no estuviere de acuerdo;

3. Los demandados entregarán al representante del peti-cionario, inmediatamente después de cada compra ele mate-riales, copia de las facturas, y además le entregarán copia de cada nómina de jornales.

M peticionario prestará una fianza por la suma de $1,000 para responder de los daños y perjuicios que los demanda-dos puedan sufrir si en definitiva el caso fuere resuelto en contra del peticionario.

El Secretario expedirá el ateto de injunction correspon-diente sujeto a las condiciones expuestas.


text:
    Gabriel Rosado, demandante y apelado, v. Smallwood Brothers, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8704.

    Sometido: Junio 16, 1943.

      Resuelto: Noviembre 30, 1943.

      Hugh R. Francis, abogado de la apelante; Edelmiro Huertas Zayas y R. Atiles Moréu, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 5 ele diciembre de 1940 Osvaldo Souffront Echevarría trabajaba como engrasador en el taller de la demandada' apelante en la ciudad de Ponce. Aquel día el jefe del taller le ordenó que llevara a nn tal Ytimnri cierto camión nnevo que la demandada le había vendido. En cumplimiento de dicha orden, Souffront, quien también era chófer, condujo el camión a la calle Mayor-Cantera, donde debía entregarlo. En dicha calle, de bastante tránsito, había varios vehículos estacionados a uno y otro lado y aproximándose a ellos por su derecha, viajaba el demandante en una bicicleta en la misma dirección que llevaba Souffront. Este último, sin to-mar en consideración el tránsito por dicha calle y que en el sitio por donde iba el demandante se hallaba parcialmente obstruida por los vehículos méncionados, trató de pasar por entre éstos a una velocidad de 25 millas por hora, dando lu-gar así a chocar con el demandante con la parte posterior del camión al tratar de evitar una colisión con los vehículos alh estacionados. El demandante fué lanzado al pavimento, cau-sándosele las lesiones que originaron este pleito de daños y perjuicios. Que el conductor del camión era un empleado de la demandada que actuaba dentro del ámbito de sus ocu-paciones y que la negligencia de dicho conductor fué la causa próxima del accidente, son cuestiones fuera de duda que la demandada no controvierte seriamente. Establecida la res-ponsabilidad de la demandada por el acto torticero de su empleado, procederemos a determinar si actuó o no correc-tamente la corte a quo en la fijación de los daños. Las par-tidas concedidas fueron las siguientes:

1. Por Ja pérdida de quince días de trabajo en la base aérea de Losey Field, a razón de $2.80 diarios_ $42
2. .G-astos de médico, medicinas y alimentación especial_ 100
3. Por la pérdida de su trabajo — daños materiales y mentales 200
4. Por sufrimientos físicos y morales a consecuencia de las lesiones recibidas en su cuerpo_ 300
Total-$642

El demandante probó satisfactoriamente que con anterioridad al accidente había trabajado' como carpintero en la base de Losey Field con nn baber de $2.80 diarios. Trató de probar que a los cinco días de baber sufrido el accidente recibió nna notificación de la W.P.A. comunicándole qne ha-bía cesado en su empleo por no asistir al trabajo durante quince días. A ese efecto ofreció en evidencia la supuesta notificación escrita, pero al advertir el abogado de la de-mandada que la notificación que ofrecía era efectiva el 26 de enero de 1941 y que por lo tanto debía referirse a otra ausencia de quince días durante el mes de enero de 1941, su abogado retiró la evidencia ofrecida, manifestando el de-mandante, que en ese momento declaraba como testigo, que él tenía varios avisos semejantes; pero a pesar de ello no presentó en evidencia el aviso correspondiente (T. de E. 28-29). En cambio el testigo Ramón Tristani Martínez, jefe de listeros, quien por razón de su cargo tenía que firmar las nóminas, con vista de éstas declaró que de ellas aparecía que el demandante había trabajado ocho horas en la base el 19 de noviembre de 1940 y que desde esa fecha no volvió a trabajar ni trabajó en el período comprendido entre diciem-bre 4 al 11 de 1940/ De manera, pues, que cuando el de-mandante sufrió el accidente el 5 de diciembre de 1940, asu-miendo sin resolverlo que él trabajó el día del accidente, desde el día anterior a éste, es decir, desde el 4 de diciem-bre de 1940 habían vencido los quince días de ausencia que según él fueron la causa de que se le privase de su trabajo en Losey Field. Pero la corte inferior no concede al deman-dante compensación por este motivo. Según se desprende de la opinión, condena a la demandada a indemnizar al de-mandante estos quince días como si el demandante los hu-biera dejado de trabajar por culpa de la demandada, lo cual es manifiestamente erróneo, pues el accidente, como hemos visto, ocurrió después de expirados dichos quince días. Esta partida, a nuestro juicio, debe ser eliminada.

(2) La segunda partida de $100 por gastos de médico, medicinas y alimentación especial no fue probada en su totalidad. El médico declaró que estuvo asistiendo al demandante por espacio de cuatro o seis semanas y que sus honorarios valían $50. Pero en cuanto a medicinas y ali-mentación especial, ninguna prueba presentó el demandante. Por el contrario, su médico' declaró que él sólo le recetó “fo-mentos, quietud, descanso y algún calmante”. Y el deman-dante se limitó a declarar que para la fecha del accidente tenía economizados $75 y los gastó. Esa evidencia es ma-nifiestamente insuficiente para probar los gastos de medici-nas y alimentación especial. Por consiguiente, la segunda partida de daños debe ser reducida a $50, cantidad que re-presenta los honorarios médicos.

(3) Por la tercera partida, que se refiere a la pérdida de trabajo y daños materiales y mentales, la corte con-cedió $200. Declaró el demandante que estuvo veintiséis días sin poder trabajar, o sea desde el 5 de diciembre al 31 del mismo mes (T. de E. 26). Esos 26 días que dejó de tra-, bajar con motivo del accidente, a razón de $2.80 diarios que ganaba, importan $72.80. Pero los sufrimientos o angustias mentales por haber dejado de trabajar no son recobrables. Cf. Díaz v. Cancel, 61 D.P.R. 888. Por consiguiente, esta partida, por la que concedió la corte inferior $200, debe ser reducida a $72.80.

(4) Por la cuarta partida concedió la corte $300 por concepto de sufrimientos físicos y morales a consecuencia de las lesiones recibidas. Esta partida de $300 está amplia-mente sostenida por la evidencia. El Dr. Lanauze, testigo del demandante, declaró que éste presentaba una serie de contusiones en el pecho y sobre las costillas del lado iz-quierdo, y erosiones en las piernas desde más arriba de .la rodilla hasta casi el tobillo, que eran tan fuertes que temió que pudiera haber la fractura de alguna costilla o de la pierna, y que el demandante estuvo sufriendo por espacio de cuatro o cinco semanas.

No podemos cerrar esta opinión sin consignar nuestra reprobación por la conducta impropia de los abogados del apelado, Sros. R. Atiles Moréu y E. Huertas Zayas, para eon su compañero el Lie. Edgar S., Belaval, quien osterftó la representación de la demandada durante el juicio en la corte a quo. El Lie. Belaval, en moción que presentó ante este Tribunal el día 24 de junio último, se queja de que en el alegato que dichos abogados del apelado presentaron ante este tribunal hacen contra él las siguientes imputaciones, tan ofensivas como injustas:

“El testimonio de Ramón Tristani fijó la fecha del cese del tra-bajo del demandante en la Base Aérea de Losey Field para el día 19 de noviembre de 1940, de un modo acomodaticio, y para acomodarlo a su particular teoría, de que el cese del trabajo fue anterior al acci-dente. Siendo, según ellos, el último día de trabajo del demandante en la Base el 19 de noviembre de 1940, faltando los 15 días que siguen, se cumplieron los 15 días el 4 de diciembre de 1940, y estaba incurso en la falta el día antes del accidente . . . ocurriendo el accidente el día 5 de diciembre 1940. La trama resalta a la simple vista; la estratagema es claramente visible. Contando del día del accidente para atrás, del día 5 de diciembre 1940, día del accidente, quince días para atrás, resulta ser el 19 de noviembre 1940, día fijado habili-dosamente por la demandada, como el último día que el demandante fué a trabajar a la Base. . . Y como la demandada tenía especial empeño e interés en probar que el demandante faltó al trabajo, no quince días después del accidente, sino los 15 días inmediatos al accidente, fijó arbitraria, caprichosamente, y de modo taimado, la fecha del cese del trabajo del demandante en la Base, para el día 19 de noviembre 1940. Se ve, resalta a la simple vista, que es un testimonio hecho a la medida, fabricado ex profeso, para tra-tar de hacer un caso cuando no se tiene ni pizca de razón. . . . Pero no se atrevió a presentar en evidencia los payrolls, porque esas nóminas no se pueden alterar a su gusto y antojo. Cosa en extremo rara, es que el demandante faltara a su trabajo, precisamente, exacta-mente los 15 días inmediatos al accidente. . . Ni que se hubiera puesto de acuerdo para esa exactitud cronométrica. Ni un día más, ni un día menos. Ya dijimos, testimonio hecho a la medida. . .”

El hecho de que las nóminas de las obras de la Base de Losey Field, que no estaban bajo el control de la demandada ni de sus abogados, sino que eran documentos públicos en poder de una agencia gubernativa que ninguna relación te-nía con la demandada ni con su abogado demostrasen sin lu-gar a dudas que el demandante no había trabajado durante los quince días inmediatamente anteriores al día del acci-dente, no tiende a probar en forma o manera alguna que el abogado de la demandada fijase “arbitraria, caprichosa-mente, y de modo taimado”, la fecha en que el demandante cesó de trabajar en la Base. Ese era un dato que aparecía concluyentemente de las nóminas y si el abogado de la de-mandada no las presentó en evidencia fue seguramente por estimarlo innecesario, tocia vez que el testigo bajo cuya cus-todia se hallaban dichas nóminas, Sr. Tristani, declaró sobre su contenido, con vista de ellas, en presencia de la corte. No debe perderse de vista que nada tiende a destruir más la consideración y el respeto que al público deba merecer una clase profesional que falsas imputaciones de la índole de las que nos ocupan. Parece conveniente llamar la atención de dichos abogados hacia lo prescrito en el artículo 17 de los Cánones de Etica Profesional que rigen la conducta de los abogados de Puerto Rico.

Procede, por lo expuesto, modificar la sentencia, redu-ciéndola a $422.80, y las costas, y así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jk.,

text:
    Jesús Figueroa Torres y la Sucesión de Doña Carmes Boneta, Etc., demandantes y apelantes, v. María, Eugenia e Isabel Pérez Lugo y Santos Pérez Lugo, demandados y apelados.
    Núm. 8731.

    Sometido: Noviembre 12, 1943.

      Resuelto: Noviembre 30, 1943.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Antonio Beyes Delgado, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jk.,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron una acción ante la Corte de Distrito de Arecibo sobre nulidad de procedimiento ejecutivo sumario hipotecario. En su demanda a^garon que Jesús Figueroa por sí y en su carácter de apoderado de su esposa Carmen Boneta Salvat, constituyó hipoteca voluntaria a favor de las señoritas María, Sinforiana, Eugenia e Isabel Pé-rez Lugo en garantía del pago de un préstamo de $2,500 más $600 para intereses y $200 calculados para costas, gastos v honorarios de abogado; que la hipoteca se constituyó sobre una finca urbana, que se describe en 3a demanda, y la cual contiene “una superficie cuadrada de 271 metros, 84 centí-metros”; que al inscribirse el contrato de hipoteca, el Re-gistrador de la Propiedad de Arecibo, hizo constar, en parte, lo siguiente:

“ ínscRito el precedente documento que es copia de la escritura número 49 otorgada en esta ciudad el 21 de abril último ante el notario Luis Mercader con vista de otro de folio 154 vto. del tomo 143 de este municipio, finca número 6360, inscripción segunda, ha-biendo sido denegada esta inscripción en cuanto a la cabida que re-sulta del Registro y la que se le asigna en este título. . (Bastar-dillas nueslras.)

Continúan alegando los demandantes que vencido el cré-dito hipotecario los acreedores procedieron a ejecutar suma-riamente el mismo y a ese efecto radicaron el 30 de agosto de 1933 “un escrito inicial enmendado” y la corte dictó la orden de requerimiento de pago el 1 de septiembre de 1933 “a pesar de que la certificación expedida por el registrador fue librada por éste en 29 de septiembre de 1933 o sea 29 días después de dictada la orden de requerimiento y que en dicha certificación el registrador hizo constar lo siguiente:

“. . . cuya hipoteca se inscribió a favor ele las referidas aeree-doras sólo en cuanto a la cabida de doscientos cuarenta y un metros cincuenta y un centímetros cuadrados que resultan del Registro y denegada la inscripción por la diferencia basta la cabida que se le asigna en eL título por no aparecer inscrita en favor del deudor. . . ” (Bastardillas nuestras.)

Alegaron además los demandantes que a pesar de que la hipoteca “no fue inscrita sobre el inmueble que se describe en la escritura” los ejecutantes aquí demandados “en el es-crito inicial . . . falsamente y a sabiendas de que lo era ale-garon en su escrito inicial enmendado

“Que de la certificación que se acompaña a la preseate demanda, expedida por el señor Registrador de la Propiedad de Arecibo con fecha 8 de julio de 1933, aparece qüe la hipoteca que se ejecuta está inscrita y vencida. . .”

Por último los demandantes alegaron como motivo de nulidad del ejecutivo sumario que la Corte de Distrito de Arecibo actuó sin jurisdicción en el mismo porque “no es-tando dicha hipoteca inscrita sobre la finca que se describe en la demanda no podía dicho tribunal autorizar la orden de requerimiento de pago indicada ya que habiéndose denegado en parte la inscripción de la hipoteca, ésta no constituía una carga real sobre el inmueble descrito.”

Los demandados presentaron excepciones previas al efecto de que la demanda 1, no aducía hechos suficientes constitu-tivos de causa de acción, 2, por indebida acumulación de par-tes demandadas y 3, por ambigüedad.

Oídas las partes la corte inferior declaró con lugar la primera y tercera de dichas excepciones y concedió diez días a los demandantes para radicar demanda enmendada. Trans-curridos varios meses los demandantes solicitaron de la corte que dictara sentencia “para poder recurrir ante el Hon. Tribunal Supremo en apelación”. Así lo hizo la corte y los de-mandantes establecieron el presente recurso en el cual sos-tienen que la sentencia dictada “es contraria al derecho esta-blecido y a la jurisprudencia interpretativa de aquél”, y que la corte erró al imponer a los demandantes el pago de cos-tas y $150 para honorarios de abogado.

Los fundamentos que expresó la corte inferior para sostener su sentencia fueron, en parte, los siguientes:

“La demanda en su hecho octavo se basa principalmente en que la escritura de hipoteca del otro pleito objeto de la ejecución no se inscribió en el Registro, a pesar de que los demandantes, en el hecho sexto, copian la nota del Registrador de la cual aparece que el con-trato de hipoteca fue inscrito, aunque haciendo salvedad de la dife-rencia o pequeño exceso de cabida de la finca, constante en la escri-tura. con respecto a lo que aparecía en el Registro. El montante de esa diferencia consta en la nota del Registro que se copia en el hecho siete de la demanda, dónde aparece de nuevo que la hipoteca se inscribió en cuanto a la cabida de 241 metros cuadrados, en vez de 271 que consta en. el hecho quinto de la demanda en la descripción de la finca.
“A pesar de que los demandantes en su demanda presentan estos hechos, aunque en forma algo confusa, tratan con habilidad ingenua de demostrar con palabras, que la hipoteca no fué inscrita y que se ejecutó sin estar inscrita. De haber sido dos inmuebles distintos, el que í'ué objeto de la hipoteca y aquél sobre el cual se inscribió con la cabida anterior, el Registrador no hubiese podido hacer inscripción alguna del contrato como lo hizo.
‘ ‘ También se funda la demanda en que se dictó mandamiento de ejecución sin haberse presentado la certificación del Registro con el escrito inicial, pero de la propia demanda resulta que se presentaron dos certificaciones: una cuando se radicó la demanda de ejecución y otra aclaratoria posteriormente. Lo que pasa es que la forma hábil como los demandantes han colocado tales hechos y admisiones, ofrece confusión y ambigüedad. Veamos: en el hecho séptimo de la demanda se alega que se dictó la orden de requerimiento en septiembre pri-mero de 1933 y que la certificación se libró el 29 del mismo mes, pero en el hecho octavo de la misma demanda se admite que se había presentado una certificación junto con el escrito inicial de demanda ejecutiva librada por el registrador el 8 de julio de 1933 y se silencia la fecha en que fué presentado dicho escrito inicial. Por la nota del Registrador que se copia en el hecho séptimo, en relación con lo que consta del hecho octavo de la demanda, se desprende lógicamente que hubo dos certificaciones, y que la última de septiembre 29 no fué la base del requerimiento, sino que constituyó una aclaración de por qué se había denegado la inscripción del pequeño exceso en cuanto a metros cuadrados que difería en la escritura de hipoteca de lo que constaba en el Registro.” (Bastardillas nuestras.)

A nuestro juicio la corte inferior no erró al declarar con lugar las excepciones previas. La demanda es, no sólo am-bigua, sino que tampoco aduce hechos constitutivos de una causa de acción.

La hipoteca fué constituida por Figueroa y su esposa so-bre una finca de 271 m/c que describieron en la escritura. Dicha hipoteca fué debidamente inscrita en cuanto a la ver-dadera cabida de la finca, 241 m/c, según aparecía del re-gistro. Se denegó la inscripción únicamente en cuanto a la diferencia en la cabida de 30 m/c. Las acreedoras hipote-carias sólo adquirieron aquella garantía que los deudores podían darle según la cabida de la finca inscrita. Aun cuando al ejecutar su crédito alegaron que la finca era de 271 m/c,' a los efectos del Registro de la Propiedad los deudores no te-nían una finca de 271 m/e sino una de 241 m/c y sobre ésta era que existía inscrita la hipoteca. Fueron los propios deu-dores hipotecarios quienes indujeron a error a sus acreedo-res al hacer constar que estaban dando una garantía mayor que aquella que en efecto habían prestado. Si alguien resul-taba perjudicado eran los acreedores. Bajo estas circuns-tancias no puede sostenerse, como pretenden los apelantes, que en el ejecutivo sumario los acreedores falsearon los he-chos. Si la hipoteca constituida e inscrita sólo gravaba una finca de 241 m/c propiedad de los esposos Figueroa, fueron más bien éstos los que falsearon los hechos al constituir la hipoteca.

En cnanto a las alegaciones contenidas en la demanda que se refieren indistintamente al escrito inicial, al escrito inicial enmendado y a las certificaciones expedidas por el registrador, se expusieron con tanta ambigüedad y ■confusión que no creemos que la corte inferior errara al resolver que la demanda era ambigua e ininteligible. La certificación enmendada lo que bizo fué aclarar expresando el registrador específicamente que la hipoteca se babía inscrito en cuanto a la cabida real de la finca y denegado solamente en cuanto a 30 m/e. Sea ello como fuere los demandantes tuvieron la oportunidad de enmendar. su demanda para ex-presar los liecbos con la debida claridad y no, como lo hicieron con habilidad ambigua y confusa, y rehusaron hacerlo solicitando se dictara sentencia en su contra. Bajo las circunstancias concurrentes no estamos convencidos de que la corte inferior erró al imponerles el pago de honorarios de abogado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.