author: PER CURIAM:

text:
      In re Carlos A. Vilches López, querellado.

      Números: CP-2014-3
    TS-5979

      Resueltos: 23 de septiembre de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradoras generales, y Gisela Rivera Matos, procu-radora general auxiliar; Rubén Guzmán Torres, abogado del querellado; Carlos A. Vilches López, pro se; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   PER CURIAM:

H

El Ledo. Carlos A. Vilches López (licenciado Vilches Ló-pez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de noviem-bre de 1978 y prestó juramento como notario el 22 de no-viembre de 1978.

El 27 de febrero de 2014, la Procuradora General pre-sentó una Querella sobre conducta profesional contra el letrado en la que le imputó violaciones a los Cánones 12, 18,19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Esto por desatender el caso de una cliente, el cual fue desestimado posteriormente sin peijuicio. Por ello, nom-bramos Comisionada Especial a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, quien en cumplimiento de sus funciones y tras los trámites de rigor, rindió su Informe el 5 de mayo de 2016. Del Informe de la Comisionada Especial surgen las determinaciones de hecho siguientes:

1. La Sra. Angelita Rivera Troche contrató los servicios del Ledo. Carlos A. Vilches López para que la representara en un caso de liquidación de herencia.
2. No se firmó contrato de servicios profesionales por escrito.
3. La Sra. Angelita Rivera Troche hizo un pago inicial de $1,500.00 para honorarios de abogado el 27 de agosto de 2010 y un segundo pago de $402.00 el 11 de febrero de 2011 para cubrir gastos al licenciado Vilches López.
4. El 8 de octubre de 2010 la señora Rivera Troche tuvo la primera cita con el licenciado Vilches López en la que ésta le habló del caso.
5. Las reuniones pautadas para 20, 22,25 de octubre de 2010 y 18 de noviembre del 2010 fueron canceladas porque el abogado tenía problemas de salud.
6. El 7 de diciembre de 2010 el licenciado Vilches López radicó demanda en el caso Angelita Rivera Troche, et al. v. Alfredo Rivera Sánchez, civil número ISCI-2010-101867, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez sobre Liquida-ción y Partición de Caudal Relicto.
7. Hechos que surgen del trámite procesal del expediente es-tipulado Angelita Rivera Troche et al. v. Alfredo Rivera Sánchez, civil número ISCI-2010-101867.
a. El 25 de febrero de 2011 el Ledo. Vilches López radicó Solicitud de Emplazamiento por Edicto.
b. El 14 de marzo de 2011 notificada el 18 de marzo siguiente, el tribunal emitió Orden declarando “con lugar” la solicitud de emplazar por edicto.
c. El 6 de mayo de 2011, el Ledo. Vilches López radicó moción informando cambio de su dirección postal y teléfonos.
d. El 21 de septiembre de 2011 el Ledo. Vilches López radicó Moción Informativa en la que expresó que en los últimos me-ses su salud se había visto seriamente deteriorada y solicitó vista de autorización judicial.
e. El 28 de octubre 2011, notificada el 14 de noviembre de 2011, el Tribunal emitió Resolución en la que se da por ente-rado de la moción presentada el 21 de septiembre de 2011 e informó que el caso había sido desestimado sin perjuicio por falta de emplazamiento.
8. El 7 de octubre de 2011, notificada el 20 de octubre si-guiente, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez dictó Sentencia en la que expresa que, examinado el expe-diente y transcurrido el tiempo en exceso del término dis-puesto en las Reglas de Procedimiento Civil, vigentes en cuanto a las diligencias para el emplazamiento, ordena el ar-chivo bajo la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil, según enmendadas.
9. El licenciado Vilches López no le notificó a la señora Rivera Troche que el caso Angelita Rivera Troche, et al. v. Alfredo Rivera Sánchez, civil número ISCI-2010-01867 había sido des-estimado sin perjuicio por falta del trámite del emplazamiento por edicto.
10. La señora Rivera Troche el 4 de abril de 2012 obtuvo copia del expediente del caso Angelita Rivera Troche, et al. v. Alfredo Rivera Sánchez, civil número ISCI-2010-01867, Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, y se enteró que el caso había sido desestimado sin perjuicio por falta del diligencia-miento del emplazamiento por edicto.
11. A pesar de la condición de salud que aquejaba al licenciado Vilches López, éste no presentó moción de renuncia de repre-sentación legal.
12. El licenciado Vilches López le informó al tribunal su con-dición de salud después de 9 meses de radicada la demanda.
13. El expediente del caso le fue devuelto por el licenciado Vilches López a la señora Rivera Troche el 23 de octubre de 2013 mediante la intervención de la Leda. Gisela Rivera Ma-tos, Procuradora General Auxiliar.
14. El licenciado Vilches López el 21 de septiembre de 2013 le devolvió a la señora Rivera Troche $1,902.00 que ésta pagó en honorarios de abogado para que el letrado radicara la de-manda de liquidación de herencia, litigara el caso más los gas-tos del pleito.
15. También el licenciado Vilches López le devolvió a la señora Rivera Troche $150.00 que ésta pagó en gastos por la copia del expediente del caso ISCI-2010-01867.
16. El Ledo. Carlos A. Vilches López fue admitido al ejercicio de la abogacía por este Honorable Tribunal, el 1ro de noviem-bre de 1978 y al ejercicio del notariado el 22 de noviembre de 1978.
17. Tuvo una suspensión por el término de 3 meses del ejerci-cio de la profesión. Opinión Per Curiam In re Vilches López, 170 DPR 793 (2007) [.]
18. El querellado ha tenido y tiene diversos problemas de sa-lud y acepta que la moción notificándole su situación de salud al foro de instancia de Mayagüez no fue radicada con la anti-cipación que debió haberla hecho, dados los problemas de sa-lud que confrontaba!.]
19. Acepta, además, que no completó los trámites para perfec-cionar el emplazamiento por edicto, ya que por su condición de salud se le olvidó.
20. Reconoce que por lo enfermo que se encontraba para esas fechas y por el hecho de que también para ese momento [le afectaron ciertas situaciones familiares], no se enteró de la desestimación del caso hasta prácticamente cuando surgió la querella y por ende tampoco le informó a la dienta, aquí que-josa, lo que había acontecido en su caso, pues lo desconocía [.]
21. Expone el querellado, que de ninguna manera pretende negar o minimizar su responsabilidad por lo acontecido y que sólo desea que se tome en consideración que acepta no haber actuado satisfactoriamente en cuanto a que no culminó el pro-cedimiento para el emplazamiento por edicto y no estuvo al tanto de las notificaciones del tribunal sobre la desestimación del caso, lo que motivó el no percatarse de las mismas e infor-marlo a la quejosa.
22. Insiste y reafirma el querellado el hecho de que lo que motivó el no percatarse de todo lo anterior, creándose tal des-cuido, obedece a una grave condición de salud que para aquel m [o] mentó dificultó el cumplimiento de su deber, unido ello a [una situación familiar] que lo afectó física y emocionalmente y le impidió la concentración en los deberes de la profesión [.] 23. Aunque consideramos que el querellado pudo haber cum-plido con su deber como abogado, a pesar de sus problemas de salud y personales, no obstante, su reconocimiento de los graves errores cometidos, su arrepentimiento y sufrimiento mostrado[s] nos parecen honestos. (Escolios omitidos). In-forme de la Comisionada Especial, págs. 26-30.

La Comisionada Especial concluyó que el licenciado Vil-ches López incurrió en una conducta violatoria de los Cá-nones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. No obstante, recomendó que consideráramos que “el querellado a[ú]n continúa enfermo y con independencia de los graves errores cometidos por él, los cuales surgen cla-ramente de la prueba presentada, éste ha mostrado un gran sufrimiento, arrepentimiento y reconocimiento ho-nesto de sus errores”. Id., pág. 35.

El Informe de la Comisionada Especial fue notificado a las partes. Finalmente, el caso quedó sometido en los mé-ritos para su adjudicación, por lo que procedemos a anali-zar las normas aplicables.

HH HH

El Código de Ética Profesional establece las normas mí-nimas de conducta que guían la práctica de los miembros de la profesión legal. Esto con el objetivo de promover los más altos principios éticos para beneficio del cliente, la profesión, la sociedad y las instituciones de justicia. In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122 (2016); In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 582 (2015).

En lo pertinente, el Canon 12, supra, establece lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución.

Al respecto, hemos indicado que este deber se extiende a todas las etapas de un litigio. Además, viola este canon todo abogado que cause confusiones innecesarias y obsta-culice el proceso judicial. In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 663 (2015).

Asimismo, el Canon 18, supra, requiere que todo abogado defienda los intereses de su cliente diligente y competentemente. Para ello debe desplegar “ ‘en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable’ ”. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 762 (2015). Por lo tanto, constituye una violación al deber de diligencia del referido Canon 18 aquella conducta negli-gente que pueda acarrear, o que acarree, la desestimación o archivo del caso. In re Rivera Nazario, supra.

Por otro lado, el Canon 19, supra, requiere a todo abogado que mantenga informado a su cliente de los asun-tos importantes que surjan durante el trámite del caso encomendado. De lo contrario, el abogado no solamente vio-laría el canon, sino que perjudicaría el proceso de impartir justicia. In re Rivera Nazario, supra; In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). De particular importancia son las sen-tencias desestimatorias, las cuales deben ser informadas in-mediatamente al cliente. In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2009); In re García Muñoz, 170 DPR 780 (2007).

Asimismo, el Canon 20, supra, dispone que cuando el abogado ha comparecido ante un tribunal en re-presentación de un cliente, este debe obtener el permiso del tribunal para renunciar a la representación. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015); In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011). Para ello, debe existir una razón jus-tificada o imprevista. Hasta entonces, el abogado está obli-gado a realizar su gestión profesional y exhibir el más alto grado de competencia y diligencia posibles a tenor de las exigencias del Código de Ética Profesional. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013). De igual forma, tan pronto se autorice la renuncia, los abogados están obliga-dos a entregar al cliente el expediente y todo documento relacionado con el caso.

Por otro lado, los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). Por lo tanto, deben “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y digni-dad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrifi-cios personales y debe evitar hasta la apariencia de con-ducta profesional impropia”. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Véanse: In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Iglesias García, supra. Esto, pues “toda conducta contraria a las pautas éticas pone en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios a los cuales los profesio-nales del derecho han contribuido históricamente”. In re Iglesias García, supra, pág. 577. Es por ello que se reco-mienda a todos los abogados actuar a un nivel superior, y no al margen, de lo establecido por los cánones del Código de Ética Profesional. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015).

Por último, al determinar la sanción disciplinaria a imponer, evaluamos los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si es ésta su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) resarcimiento al cliente, y (8) cualesquiera otras consi-deraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068 (2012); In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495 (2011).

Asimismo, debido a que la Comisionada Especial es quien celebra una vista para recibir la prueba y rinde un informe con sus conclusiones de derecho, sus determinacio-nes fácticas merecen nuestra mayor deferencia. Aunque no estamos obligados a aceptar su informe en un procedi-miento disciplinario contra un abogado, de ordinario sos-tendremos sus determinaciones de hecho, salvo que se de-muestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Salas Arana, 188 DPR 339 (2013).

Con estos preceptos en mente, examinemos la conducta ante nuestra consideración.

i—i HH i—i

Al licenciado Vilches López se le imputa haber violado los Cánones 12,18,19, 20 y 38 de Ética Profesional, supra. Tras examinar la conducta desplegada por el licenciado Vilches López, observamos que éste no le comunicó a tiempo al Tribunal ni a su cliente sus problemas de salud y pretendió continuar un caso que no podía atender adecuadamente. Al así actuar, el licenciado Vilches López faltó a sus deberes según el Canon 12. Además, tal como fuera aceptado por el letrado, éste no presentó una moción de renuncia cuando se percató de que no podía atender el caso diligentemente. Su omisión conllevó que el foro prima-rio desestimara el caso. Tal conducta constituye una viola-ción al Canon 18. Tampoco le notificó a su cliente que el caso había sido desestimado, por lo que violó también el Canon 19. Asimismo, quedó probado que el licenciado Vi-ches López se demoró en devolver el expediente y el dinero pagado en honorarios de abogado cuando su cliente se lo solicitó, en violación al Canon 20. Por último, al haber pre-sentado la Demanda, pero dejar de comparecer y no comu-nicarle a la cliente ni al tribunal los problemas de salud que le aquejaban, el licenciado demostró una actitud que laceró la dignidad y el honor que todo abogado debe exal-tar; esto en violación al Canon 38, supra.

Por lo tanto, y en conformidad con las normas aplica-bles, resolvemos que el licenciado Vilches López incurrió en las violaciones imputadas. No obstante, sin que se en-tienda que condonamos la conducta exhibida por el licen-ciado Vilches López, pesa en nuestro ánimo que la repre-sentación legal en cuestión coincidió con el deterioro de su salud y otros asuntos de índole familiar. Aunque ésta no constituye su primera falta, el licenciado Vilches López la ha aceptado y ha demostrado su sincero arrepentimiento. Asimismo, ha rembolsado a la cliente los honorarios paga-dos, al igual que otros gastos en los que ésta incurriera. Tras considerar las sanciones que hemos provisto en situa-ciones similares, entendemos adecuado suspender al licen-ciado Vilches López por un término de cuatro meses del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolver-les cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no reali-zados e informar oportunamente de su suspensión a los fo-ros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiamn y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez concurrió con la expresión siguiente:

Concurro con el resultado por entender que la conducta des-plegada por el Ledo. Carlos A. Vilches López —quien en el pasado ha incurrido en una conducta similar, In re Vilches López, 170 DPR 793 (2007)—, y la cual se apartó de lo dispuesto en los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, debe conllevar —como mínimo— la suspensión del licenciado del ejercicio de la abogacía por un término de seis meses.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Rivera García no intervinieron.


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text:
    Richard Negrón Vélez, peticionario, v. Autoridad de Carreteras y Transportación, recurrida.

      Número: CC-2014-887

      Resuelto: 3 de octubre de 2016

      Jesús R. Morales Cordero, de Bufete Morales Cordero, CSP, abogado de la parte peticionaria; Gilmarie Colón Ralat, de Puerto Rico Advocates, PSC, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde interpretar por primera vez la Ley del Programa Incentivado de Retiro y Readiestramiento. Par-ticularmente, debemos precisar cuál es el alcance de la re-nuncia de derechos que efectúa un empleado público al acogerse a los beneficios que provee ese estatuto.

Con ello en mente, procedemos a exponer el trasfondo fáctico y procesal que originó la controversia ante nos.

t—i

El Sr. Richard Negrón Vélez (señor Negrón Vélez o pe-ticionario) laboró como empleado gerencial de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT o recurrida) hasta el 28 de diciembre de 2012, cuando fue efectiva su renuncia para acogerse al retiro temprano. Así, luego de 27 años como servidor público, éste se acogió a la jubilación al am-paro de la Resolución 2010-028 de la ACT, mediante la cual se adoptó un Programa de Incentivos, Retiro Temprano y Readiestramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley del Programa Incentivado de Retiro y Readiestramiento, Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010 (Ley Núm. 70-2010), 3 LPRA see. 8881 et seq. Durante su empleo con la ACT, el señor Negrón Vélez ocupó varios puestos en el servicio de carrera y de confianza. Específicamente, ocupó el puesto de Subdi-rector del Área de Administración de Autopistas, adscrito al servicio de carrera, y el de Director del Área de Admi-nistración de Autopistas, adscrito al servicio de confianza. Además, el señor Negrón Vélez ocupó este último puesto de forma interina. Luego de que el peticionario cesara en el puesto de Director, fue reinstalado a su puesto de Subdi-rector en el servicio de carrera.

Como resultado de su reinstalación, la ACT le reconoció un aumento del 10% del sueldo que devengaba en el puesto de confianza, según lo permite el Reglamento de Personal de la ACT. El aumento de salario que se le asignó a esos efectos fue certificado por la Subdirectora del Área de Re-cursos Humanos de la ACT (Subdirectora de Recursos Hu-manos) mediante un Informe de Cambio Enmendado con fecha de 16 de noviembre de 2012.

El 3 de diciembre de 2012, la Subdirectora de Recursos Humanos emitió otra enmienda al Informe de Cambio, en la cual consignó que se dejaba sin efecto el aumento salarial reconocido al señor Negrón Vélez por su reinstalación al ser-vicio de carrera, por razón de la vigencia de la veda electoral que dispone el Art. 21 del Reglamento de Personal de la ACT. Ante ese escenario, el 4 de diciembre de 2012, la Subdirectora de Recursos Humanos solicitó una dispensa para que se reconociera el aumento salarial del señor Ne-grón Vélez durante la vigencia de la veda electoral. Particu-larmente, informó que se reinstaló al señor Negrón Vélez al puesto de carrera por acuerdo transactional y que, como condición, se le asignaría el salario al tipo máximo de la escala 18, donde ubica el puesto de Subdirector que ocupaba el peticionario. Asimismo, indicó que al señor Negrón Vélez se le otorgó el tipo máximo de la tabla de escalas salariales de empleados gerenciales con fecha de 1 de enero de 2003, en lugar de utilizar la tabla enmendada, efectiva el 9 de agosto de 2004. Por lo tanto, solicitó autorización para ajus-tar el salario por reinstalación del peticionario de $7,768 a $9,348 mensuales, equivalente al 10% del sueldo que deven-gaba en el puesto de confianza y $120 correspondiente al aumento gerencial, según la tabla enmendada de escalas salariales.

En vista de ello, el 20 de diciembre de 2012, el señor Negrón Vélez renunció mediante carta al puesto de Subdirector. En la comunicación indicó que presentaba su renuncia, luego de evaluar la certificación emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), la cual reflejaba que su pensión sería de $4,674 mensuales, que constituye el 50% de su sueldo de $9,348 mensuales, actualizado al 29 de fe-brero de 2012. De igual forma, hizo constar lo siguiente: “no renuncio a ningún beneficio adicional que pueda aplicar antes de la fecha de efectividad de esta renuncia”. Apéndice del Certiorari, pág. 50. El entonces Director Ejecutivo de la ACT aceptó la renuncia del señor Negrón Vélez mediante carta de 21 de diciembre de 2012. En la aceptación de la renuncia no se rechazaron ninguno de los términos señalados por el señor Negrón Vélez en su carta de renuncia. Tampoco se le impuso condición alguna al peticionario para aceptar su renuncia. Véase Apéndice del Certiorari, pág. 72.

No fue hasta el 6 de mayo de 2013, ya transcurridos más de cuatro meses desde su renuncia, que el señor Negrón Vélez recibió su primer pago de pensión por jubilación. No obstante, para sorpresa de éste, el pago de su pensión fue menor a la cantidad certificada por la ASR. Ello se debió a que la ACT no le reconoció los ajustes salariales correspon-dientes al 10% del sueldo que devengaba en el puesto de confianza y los $120 correspondientes al aumento gerencial, según la tabla enmendada de escalas salariales para el puesto de Subdirector. Ante ello, el peticionario reclamó en varias ocasiones a la ACT el pago de su pensión, según cer-tificada por la ASR, y otros emolumentos que ésta se obligó a pagar. No obstante, sus esfuerzos resultaron infructuosos.

Así las cosas, el 2 de julio de 2013, el señor Negrón Vé-lez presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de la ACT (Junta de Apelaciones). Solicitó que se le ordenara a la recurrida ajustar la cuantía de su pensión de $3,884 a $4,674 mensuales, para atemperarla a la certificación emi-tida por la ASR. En ese sentido, el señor Negrón Vélez destacó que la ASR emitió otra certificación el 4 de enero de 2013, en la cual se reitera que su pensión debe ascender a $4,674 mensuales. Específicamente, sostuvo que la ACT le adeuda $6,800, por el 10% de aumento salarial que dejó de recibir, y $4,185, por razón del diferencial que se le aprobó por interinato. De igual forma, aseguró que la can-tidad que se le pagó por la liquidación de licencia de vaca-ciones y de enfermedad también debía ser ajustada, pues se computó a base del salario que devengaba antes de los ajustes salariales que se le reconocieron.

En cuanto al aumento salarial del 10%, indicó que la ACT declinó hacer el ajuste salarial que correspondía, am-parándose en que estaba vigente una veda electoral que impedía que se realizaran transacciones de personal rela-cionadas con cambios o acciones de retribución. No obs-tante, aun luego de haber culminado el periodo de veda electoral no se le han pagado las sumas adeudadas por el aumento salarial. En lo que respecta al pago de diferencial por interinato, sostuvo que no reclamó esta deuda antes de jubilarse porque la agencia aceptó la deuda y se compro-metió a pagar el diferencial.

En oposición, el 22 de octubre de 2013, la ACT presentó una moción de desestimación con perjuicio. En ésta, alegó que el señor Negrón Vélez renunció a las reclamaciones incoadas al acogerse al retiro incentivado establecido por la ACT mediante la Resolución Núm. 2010-028. En apoyo a sus argumentos, la ACT acompañó su moción con un In-forme de Cambio con fecha de 20 de diciembre de 2012, del que surge que el sueldo del señor Negrón Vélez ascendía a $7,768 mensuales, efectivo al 28 de diciembre de 2012.

Así las cosas, el 29 de octubre de 2013, la Junta de Ape-laciones dictó una Resolución Final mediante la cual des-estimó la apelación presentada por el peticionario. Ello, por entender que la elección del señor Negrón Vélez de participar del programa de retiro temprano constituyó un relevo total y absoluto, y una renuncia de derechos de toda reclamación actual o potencial, basada en su relación de empleo con la ACT.

Oportunamente, el señor Negrón Vélez solicitó reconsi-deración mediante la cual planteó que las reclamaciones instadas ante la Junta de Apelaciones no están ni pueden estar incluidas en la renuncia de acciones que efectuó al acogerse al retiro incentivado en virtud de la Ley Núm. 70-2010. En lo pertinente, enfatizó que la diferencia en la cuantía de la pensión no puede haber sido renunciada, ya que se acogió a la jubilación a base de la información que surge de la certificación emitida por la ASR. Destacó que la ACT le asignó la pensión de $3,884 mensuales, am-parándose en un Informe de Cambio que es contrario al que la ACT presentó ante la ASR para que se autorizara su jubilación. Aseguró que el Informe de Cambio que acom-pañó la ACT con su moción de desestimación no fue el que se le entregó al aprobarse su retiro. De esa forma, sostuvo que el documento sometido a la ASR para la aprobación de su solicitud de retiro fue el Informe de Cambio con fecha de 16 de noviembre de 2012.

Así pues, el señor Negrón Vélez señaló que esos docu-mentos demuestran que renunció y se acogió al retiro tem-prano bajo unos términos que fueron aceptados por la ACT y, luego, fueron cambiados unilateralmente por ésta, sin que se le notificara y sin un debido proceso de ley. Adujo que estas actuaciones de la ACT violaron las obligaciones contractuales habidas entre ellos y sus derechos adquiridos. De igual modo, argüyó que la variación unilateral de los términos para su retiro por parte de la ACT constituyó un incumplimiento contractual que da lugar a la resolución del contrato con la devolución de las presta-ciones y el pago de daños por el incumplimiento. Final-mente, puntualizó que la expectativa de que se ajustara su salario no era un reclamo que tenía al acogerse al retiro, sino una obligación de la ACT con la condición suspensiva de que expirara la veda electoral. Por lo tanto, aseguró que su reclamo nació luego de que la ACT se negó a pagarle el retroactivo del aumento y al computar la pensión a base de un sueldo que no incluye tal aumento, aun cuando ya se había cumplido la condición suspensiva.

Habida cuenta que la Junta de Apelaciones denegó de plano la reconsideración presentada, el 10 de enero de 2014, el señor Negrón Vélez instó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, mediante el cual solicitó que se revocara la determinación de la Junta de Apelaciones y se ordenara la devolución del caso al referido foro para que atendiera su reclamación en los méritos. En esencia, reiteró tanto sus planteamientos con relación a los ajustes salariales que no se efectuaron, cuyas cantidades alega que se le adeudan, así como lo referente al incumpli-miento del contrato de transacción por unilateralmente disminuirle su pensión a base de un Informe de Cambio que nunca se le notificó ni se suministró a la ASR al apro-barse su retiro temprano.

Por su parte, el 10 de marzo de 2014, la ACT presentó un alegato en el que adujo que el foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. En ese sentido, alegó que el Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA see. 8894) priva de jurisdicción al tribunal en tomo a toda controversia que suija de un empleado hacia su patrono, luego del empleado haberse jubilado al amparo de la referida ley.

En cuanto al planteamiento de incumplimiento contractual que formuló el señor Negrón Vélez, la ACT alegó que no tuvieron oportunidad de argumentar en torno a este asunto ante la Junta de Apelaciones, por lo que no debe ser atendido. En lo concerniente a la resolución dictada por el foro administrativo, esencialmente argüyó que no era ne-cesario que la Junta de Apelaciones esperara a que se pre-sentara prueba en una vista para resolver el asunto ante su consideración.

Atendidos los escritos de las partes, el 30 de abril de 2014, el Tribunal de Apelaciones resolvió que tenía jurisdic-ción para atender la controversia ante sí. Determinó que aun cuando la Ley Núm. 70-2010 establece una renuncia del empleado a aquellas reclamaciones que suijan de la relación de empleo con su patrono, ello no puede implicar que no exista el derecho a revisión judicial. No obstante, el foro ape-lativo intermedio confirmó la resolución emitida por la Junta de Apelaciones al concluir que, por ser la propia ACT quien realiza el pago de la pensión del señor Negrón Vélez, ello constituye una controversia que surge a raíz de la rela-ción patrono-empleado que existe entre las partes, por lo que aplica el relevo que dispone la Ley Núm. 70-2010. Opor-tunamente, el señor Negrón Vélez solicitó reconsideración ante el foro apelativo intermedio. Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Apelaciones denegó la referida solicitud.

Inconforme, el 16 de octubre de 2014, el señor Negrón Vélez presentó una petición de certiorari ante este Tribunal. En ésta, plantea que erró el Tribunal de Apelaciones al con-firmar el dictamen de la Junta de Apelaciones a base de la aplicación de la renuncia de acciones establecida en la Ley Núm. 70-2010, aun cuando ésta no incluye reclamaciones relacionadas al incumplimiento del pago de la pensión de retiro objeto de la transacción. Asimismo, aduce que incidió el foro recurrido al confirmar la resolución mediante la cual se desestimaron sus reclamaciones, sin contar con prueba en el expediente administrativo que sostenga las determina-ciones de hechos en que fundamenta su decisión y sin ofre-cerle oportunidad alguna para exponer su postura u opo-nerse a la solicitud de desestimación. Por último, arguye que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la actua-ción de la ACT de rebajar su pensión de retiro, privándolo así de sus derechos propietarios sin un debido proceso de ley.

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015, expedimos el recurso ante nuestra consideración. Como consecuencia, ambas partes presentaron sus respectivos alegatos, en los que reiteran los argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. Particularmente, la ACT plantea que este Tribunal carece de jurisdicción para atender este caso, pues entiende que el Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010, supra, nos priva de jurisdicción con relación a esta controversia.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver conforme a derecho.

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Para reducir los gastos del Fondo General, la Ley Núm. 70-2010 creó un Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento (Programa) mediante el cual se estable-ció un esquema de tres componentes, cada uno con distin-tos criterios de elegibilidad. En lo que atañe a la controver-sia ante nos, el segundo componente del Programa ofrece una oportunidad de retiro temprano a empleados de ca-rrera que cuenten con un tiempo de servicio acreditado al Sistema de Retiro de entre 15 y 29 años, sin importar su edad. Art. 4(b) de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA see. 8883(b)). En ese sentido, se dispuso que el Programa es-taba disponible únicamente a empleados de carrera elegi-bles en agencias de la Rama Ejecutiva, cuyo presupuesto se sufraga en todo o en parte con cargo al Fondo General. Art. 2(b) de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA sec. 8881(b)). Por lo tanto, se excluyó expresamente de la aplicación de la ley a las corporaciones o agencias públicas o público-privadas que funcionen como empresas o negocios privados con sus propios fondos. Id.

No obstante, el Art. 22 de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA see. 8901) autorizó a las corporaciones públicas que operan con sus propios recursos, y a las agencias excluidas en el Art. 2(b) de la Ley Núm. 70-2010, supra, a implantar un programa similar al establecido en el citado estatuto, pre-via autorización de sus juntas de directores u organismos directivos y la aprobación del Administrador del Programa. En virtud de esta disposición, la ACT adoptó un Programa de Incentivos, Retiro Temprano y Readiestra-miento conforme los mismos parámetros dispuestos en la Ley Núm. 70-2010. Véase Resolución Núm. 2010-28 para adoptar un Programa de Incentivos, Retiro Temprano y Readiestramiento de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010.

Por otro lado, la Ley Núm. 70-2010 dispuso que el Pro-grama será administrado por un Comité (Administrador del Programa) que estará presidido por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), y sus demás miembros serán el Director de la Oficina de Ge-rencia y Presupuesto (OGP) y el Administrador del Sis-tema de Retiro de los Empleados del Gobierno (Adminis-trador del Sistema de Retiro). Art. 2(a) de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA sec. 8881(a)). Así también, la citada ley estableció que este último dirigirá la fase del retiro. íd. Conforme al Art. 16 del estatuto, el Administrador del Pro-grama tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para la implantación de la ley. 3 LPRA see. 8895. Así, podrá requerir a todo jefe de agencia que tome todos los actos que entienda necesarios para implantar el Programa en las respectivas agencias. íd. Igualmente, preparará un Formu-lario de Elección y promulgará un reglamento para la im-plantación del Programa. íd.

Cónsono con lo anterior, se aprobó el Reglamento para Regir el Programa de Incentivos, Retiro y Readiestra-miento (Reglamento del Programa), mediante la R. del S. 1491 de 19 de agosto de 2010. En lo que nos concierne, el Art. 12 del referido reglamento detalla el proceso que debe completarse para que un empleado pueda participar del Programa. Específicamente, establece que una vez co-mience el periodo de elección para que el empleado se acoja al Programa, los interesados completarán el Formulario de Elección, en el cual deberán solicitar participar en uno de los tres componentes del Programa. Luego de ello, entrega-rán el formulario a la agencia correspondiente durante el periodo de elección o al funcionario que ésta designe.

Culminado el periodo de elección, las agencias evalua-rán todos los formularios entregados y aprobarán las solicitudes. Asimismo, entregarán al Sistema de Retiro lo siguiente: copia del Formulario de Elección entregado por el empleado; el expediente del empleado solicitante; cual-quier otro documento que el empleado presente para aco-gerse al Programa, y cualquier otra información que le so-licite el Sistema de Retiro. Mediante la referida disposición también se estableció que el manejo y trámite de toda la documentación que se entregue al Sistema de Retiro se hará por conducto de un Coordinador Agencial para Asun-tos de Retiro que debe tener cada agencia.

Una vez el Sistema de Retiro reciba toda la información requerida a las agencias, certificará el tiempo cotizado por cada empleado que sometió el Formulario de Elección. La certificación emitida por el Sistema de Retiro será entre-gada al funcionario designado por la agencia para estos asuntos. Por su parte, la agencia entregará la referida cer-tificación a la mano al empleado y un documento, prepa-rado y distribuido por el DTRH, en el cual el solicitante tendrá la opción de certificar si está de acuerdo con la cer-tificación y decide participar de uno de los componentes del Programa o si no está de acuerdo y no participará del Programa. Finalmente, el empleado entregará el docu-mento con su elección al funcionario designado por la agen-cia, para que ésta le informe inmediatamente la decisión del empleado al Sistema de Retiro.

Según el Reglamento del Programa, las agencias debe-rán mantener un registro, donde el empleado firmará para acreditar que ha recibido la certificación emitida por el Sis-tema de Retiro y que ha entregado su elección debida-mente completada y firmada. Asimismo, este cuerpo regla-mentario establece que la participación de un empleado en el Programa no será efectiva hasta tanto la agencia tenga en su poder el Formulario de Elección, la certificación emi-tida por el Sistema de Retiro, y el documento de elección del empleado debidamente completado y firmado.

Es menester destacar que las disposiciones reglamenta-rias que hemos reseñado tienen su origen en los Arts. 13-14 de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA sees. 8892-8893), los cuales atienden lo referente al procedimiento para la elección del empleado de participar en el Programa y la efectividad de su participación. En lo concerniente al efecto de la elección del empleado de participar del Pro-grama, el Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010, supra, establece, en lo pertinente, que:

Toda elección de participación en el Programa será final e irrevocable y constituye un relevo total y absoluto, y una re-nuncia de derechos de toda reclamación actual o potencial, basada en: (i) la relación de empleo y/o la terminación del mismo, bajo cualquier ley aplicable y/o (ii) las acciones, si al-gunas, que pudieran tomarse como consecuencia de la implan-tación de este capítulo. Esta renuncia de derechos tendrá el efecto de una transacción total, de toda acción o derecho, actual o potencial, conocido o sin conocer, que el empleado tenga, pueda tener o haya tenido, relacionada con su empleo y/o ter-minación del mismo. El efecto de este relevo y la correspon-diente renuncia de derechos, será el de cosa juzgada.

A los fines de garantizar que la renuncia de derechos del empleado al acogerse al Programa fuera informada, en el Art. 16 de la referida ley se requirió que el formulario que se utilice para implantar el Programa contenga, entre otras cosas:

[U]na advertencia al participante [,] de forma legible y en ne-grilla, de que su elección de participación en el Programa será final e irrevocable y constituye un relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de toda reclamación que pueda tener por acciones pasadas, presentes o futuras, fundamen-tadas en la relación patrono-empleado, que son derechos pro-tegidos por las leyes laborales de Puerto Rico. 3 LPRA see. 8895.

Según surge de las disposiciones citadas, la elec-ción de un empleado de acogerse a la jubilación, al am-paro de la Ley Núm. 70-2010, constituye una renuncia de derechos a cambio de recibir los beneficios allí provistos. Además, se dispuso expresamente que esa renuncia de derechos constituye una transacción total con efecto de cosa juzgada en torno a toda acción o derecho del emple-ado que esté relacionado con su empleo o la terminación de éste.

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Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico una renuncia de derechos se considera válida, salvo que sea contraria a la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de un tercero. Art. 4 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4. En el caso particular de una renuncia de dere-chos que surge de una transacción, es norma reiterada que ésta solo se extenderá a aquellos derechos que tienen rela-ción con el asunto sobre el cual recae la transacción. Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4826; Bids v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 449 (2006). En consecuencia, resulta ineludible interpretar el alcance de esa renuncia de derechos a la luz de los preceptos jurídicos que rigen el contrato de transacción. Veamos.

A. En nuestra jurisdicción, la transacción es un contrato mediante el cual las partes dan, prometen o retienen cada una alguna cosa para evitar un pleito o poner término a uno que ya comenzó. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4821. De lo anterior surge que deben cumplirse dos elementos para que un acuerdo pueda considerarse un contrato de transacción, a saber: la existen-cia de una controversia entre dos o más personas y la nece-sidad de concesiones recíprocas entre ellas. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Asi-mismo, puede colegirse que existen dos clases de contratos de transacción: judicial y extrajudicial. íd. En ese sentido, se configura un contrato de transacción extrajudicial cuando antes de comenzar un pleito las partes eliminan la contro-versia mediante un acuerdo. íd. También puede ocurrir que, aun estando pendiente un litigio, las partes acuerden una transacción sin la intervención del tribunal. En este último caso, bastará con un mero aviso de desistimiento. íd. Por el contrario, si la controversia da lugar a un pleito y, luego de éste haber iniciado, las partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan incorporar el acuerdo al proceso judicial en curso, estaremos ante un contrato de transacción judicial que tiene efecto de culminar con el pleito. íd., págs. 870-871.

Igualmente, es preciso destacar que el contrato de transacción tiene los mismos requisitos que se establecen en el Código Civil de Puerto Rico para la validez de los contratos. Esto es, para que exista este tipo de contrato deben concurrir los elementos siguientes: el consenti-miento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3391. Estos requisitos se refieren a que el acuerdo sea consensual; que exista como objeto una polémica judicial o extrajudicial entre las partes que dé lugar a la transacción, y su causa que consiste en eliminar la controversia mediante las concesiones recíprocas. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871.

De igual modo, el Código Civil establece los crite-rios que nos guiarán en la función de interpretar el alcance de este tipo de contrato. Particularmente, dispone que una transacción comprende los objetos expresados determina-damente en ella, o que, por una inducción ordinaria de sus palabras, deben reputarse comprendidos en ésta. Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4826. Cón-sono con ello, hemos resuelto que los contratos de transac-ción deben interpretarse restrictivamente. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, págs. 449-450; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 514 (1988). Por lo tanto, es claro que la eficacia del contrato de transacción no puede alcanzar a otros objetos que no surgen expresamente de su contenido. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 450. En lo que respecta a una renuncia general de derechos, es evi-dente que por más generales que sean sus términos, tiene que seguir la naturaleza de la transacción a la que es in-herente y entenderse limitada a los mismos objetos de la transacción. íd.

Resulta importante señalar que al interpretar los contratos de transacción también deben considerarse las normas generales de interpretación de contratos, siem-pre que no sean incompatibles con la normativa aplicable a este tipo de contrato. íd.; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, págs. 514-515; Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 789 (1981). Con relación a los criterios gene-rales de interpretación de contratos, nuestro Código Civil dispone que cualquiera que sea la generalidad de los tér-minos de un contrato, no deben entenderse comprendidos en éste cosas distintas y casos diferentes de aquéllos que los contratantes se propusieron pactar. Art. 1235 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3473. Asimismo, recordemos la máxima que rige en nuestro ordenamiento en materia de interpretación de contratos, a saber: si los términos de un contrato son claros y no existe duda en tomo a la intención de los contratantes, debemos ceñirnos al sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3471. No obstante, si las palabras utilizadas en el contrato parecen ser contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de éstos al pactar. íd. De resultar necesario juz-gar esa intención de las partes al contratar, debemos con-siderar sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al con-trato, y cualquier otro factor que arroje luz en torno a sus voluntades. Art. 1234 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3472.

B. Por otro lado, es diáfana la norma esta-tutaria que establece que una transacción tiene el efecto de cosa juzgada entre las partes que la suscriben. Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4827. La doctrina de cosa juzgada es una arraigada al interés del Estado de dar finalidad a los pleitos, de forma que los pro-cesos judiciales no sean eternos. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 446; Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003). De la misma manera, ésta responde al interés de proteger a los ciudadanos para que no sean sometidos en múltiples ocasiones a los rigores de un pleito para litigar la misma causa. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 446; Parrilla v. Rodríguez, supra; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra.

Empero, es menester destacar que esta doctrina de cosa juzgada “no es de aplicación absoluta”. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 447. En reiteradas ocasiones, he-mos rechazado su aplicación de forma inflexible, principal-mente en situaciones que lo ameriten por razón de orden público, o cuando sujetamos a ésta derrotaría los fines de la justicia o produciría resultados absurdos. Íd.; Parrilla v. Rodríguez, supra; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 770; Meléndez v. García, 158 DPR 77, 92 (2002); Pagán Hernández v. UPR, 107 DPR 720, 735-737 (1978). Así, en lo referente a los contratos de transacción, hemos sido enfáticos en que el efecto de cosa juzgada en este tipo de contrato “no opera para impedir que el juzga-dor interprete su extensión y aplicación al pleito judicial en el que se levanta como defensa”. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 447, citando a Sucn. Román v. Shelga Corp., supra, pág. 787; Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 216 (1994); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, pág. 517. Véase, además: F.J. Peláez, La transacción: su eficacia procesal, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, pág. 163. En otras palabras, “el efecto de cosa juz-gada que se le da a la transacción £no impide que las partes puedan pedir la ejecución judicial del convenio’ ” ni que el tribunal juzgue la validez del propio contrato de transacción. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 447; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 632. El juzgador “puede revisar el sentido lógico o el acto mismo que ha cuajado en una transacción”. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, pág. 517. Debemos recordar que la transacción, como todo contrato, no garantiza que los con-tratantes cumplirán con el acuerdo, por lo que en caso de incumplimiento de alguna de las partes resultaría necesa-ria la intervención judicial para procurar que la transac-ción rinda su finalidad esencial de dirimir divergencias en la forma convenida. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871. Después de todo, esta figura “nunca fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico para inmuni-zar los contratos de transacción contra la interpretación judicial ni para impedir su ejecución de acuerdo con sus términos”. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 449.

En consideración al marco jurídico enunciado, procede-mos a resolver la controversia de epígrafe.

IV

Como expresamos, el señor Negrón Vélez acude ante nos para que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se confirmó la determina-ción del foro administrativo de desestimar las reclamaciones instadas por éste. El foro intermedio entendió que, aun cuando pueda existir discrepancia entre la cuantía de la pensión que certificó la ASR y la cantidad que el señor Ne-grón Vélez recibe de pensión, el relevo de derechos y recla-maciones dispuesto en el Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010, supra, le impide acudir a los tribunales. Ello, pues razonó que tal reclamación constituiría una controversia que surge a raíz de la relación de empleo con la ACT y, por ende, fue transada por el peticionario al acogerse al retiro temprano. Con igual raciocinio, la ACT plantea que carecemos de juris-dicción para atender el asunto ante nuestra consideración.

Por su parte, el señor Negrón Vélez sostiene que la ac-tuación de la recurrida de disminuir unilateralmente la cuantía de su pensión, amparándose en un Informe de Cam-bio que nunca se le notificó y que no se le suministró a la ASR al momento de aprobarse su solicitud de participación en el Programa, constituye un incumplimiento del contrato de transacción que da lugar a su resolución y demás reme-dios contemplados en el Art. 1077 de nuestro Código Civil. Por lo tanto, asegura que el relevo o renuncia de derechos que efectuó al acogerse al retiro temprano al amparo de la Ley Núm. 70-2010 no le impide solicitar intervención judicial para que se ordene la ejecución del contrato de transac-ción, según convenido o su resolución. Le asiste la razón.

En este caso particular, la renuncia de derechos efec-tuada por el señor Negrón Vélez al acogerse al segundo componente del Programa no tuvo el efecto de privar de jurisdicción a este Tribunal ni a los foros recurridos para dilucidar el asunto de incumplimiento contractual y, en su día, ordenar el cumplimiento específico del contrato de transacción o su resolución, si procediera. Abundemos.

Primeramente, conviene repasar lo dispuesto en la Ley Núm. 70-2010 con relación al efecto de la elección del em-pleado al acogerse a los beneficios del retiro temprano.

Como expusimos, el Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010, supra, dispone que toda elección de un empleado de acogerse al Programa será final e irrevocable y constituye una renun-cia de derechos de toda reclamación actual o potencial que esté basada en la relación de empleo o terminación de éste. Asimismo, establece que esa renuncia tendrá el efecto de una transacción total de toda acción o derecho pasado, pre-sente o futuro relacionado con su empleo o la terminación de éste. Finalmente, precisa que el efecto de la renuncia será el de cosa juzgada. De una mera lectura de este precepto esta-tutario se desprende indubitadamente que una vez el señor Negrón Vélez tomó su elección de participar del segundo componente del Programa renunció a su derecho de incoar contra la ACT toda aquella reclamación que surja de la re-lación patrono-empleado que existió entre ellos. Igualmente, no dudamos que esa renuncia de derechos tuvo el efecto de un contrato de transacción entre las partes. Por lo tanto, como indicamos, resulta forzoso interpretar el alcance de la renuncia de derechos efectuada por el peticionario a la luz de la normativa jurídica aplicable a los contratos de transacción. Procedemos.

En este caso, el señor Negrón Vélez renunció a su dere-cho de presentar reclamaciones contra su antiguo patrono basadas en la relación de empleo que existió entre éstos. Por su parte, la ACT le concedió el disfrute de los beneficios del retiro temprano que provee el segundo componente de la Ley Núm. 70-2010. De ese modo, ambas partes realizaron concesiones mutuas para evitar todo pleito que pudiera sur-gir a base de su relación de empleo o la terminación de éste. Así lo han reconocido tanto el peticionario como la recurrida.

Establecido lo anterior, reconocemos que al efectuarse el contrato de transacción las partes dieron finalidad a aque-llos asuntos que fueron objeto del contrato y, por ende, constituyen cosa juzgada. Ahora bien, no podemos perder de perspectiva que en este caso el peticionario solicita que se le exija a la ACT el cumplimiento con los términos con-venidos al acogerse al retiro. Específicamente, el señor Ne-grón Vélez reclama que se ajuste la cuantía de la pensión que está recibiendo para que se atempere a la pensión que certificó la ASR. Nótese que de una lectura restrictiva del Art. 15 de la Ley Núm. 70-2010, supra, no puede enten-derse que en esa renuncia está contenido el derecho de reclamar por incumplimiento de los términos convenidos en la transacción. Adviértase que, conforme hemos ex-puesto, la eficacia del contrato de transacción no puede al-canzar otros asuntos que no surgen expresamente de su contenido. No pueden entenderse comprendidos en éste co-sas distintas a las que las partes se propusieron pactar. Asimismo, debemos recordar que la transacción, como todo contrato, no garantiza que los contratantes cumplirán con el acuerdo, por lo que en caso de incumplimiento de alguna de las partes resulta necesaria la intervención judicial para procurar que la transacción se ejecute en la forma convenida.

Cónsono con ello, resolvemos que el señor Negrón Vélez retuvo su derecho a reclamar por incumplimiento del con-trato de transacción que efectuó con la ACT al acogerse al retiro temprano, pues esa causa de acción por incumpli-miento contractual no puede entenderse contenida entre las acciones que se renunciaron. Cabe destacar que en este caso no se pretende modificar la renuncia de derechos que formó parte de la transacción efectuada por el peticionario al aco-gerse al retiro temprano al amparo de la Ley Núm. 70-2010. Tampoco estamos ante una situación en la cual se intenten litigar los asuntos que ya se transaron. Más bien, la pre-sente controversia gira en tomo al posible incumplimiento de la ACT con los términos fijados en el contrato de transacción.

En vista de ello, y conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 70-2010 y al derecho aplicable a los contratos de tran-sacción, procedía que la Junta de Apelaciones aplicara su pericia y atendiera en los méritos la reclamación presentada por el señor Negrón Vélez para determinar si la cuantía de pensión recibida es correcta. En consecuencia, el referido foro debió analizar cuáles fueron exactamente los términos que se pactaron y que motivaron al peticionario a efectuar la correspondiente renuncia de derechos. Solo así podía deter-minarse si en efecto la ACT incumplió con el acuerdo tran-saccional por no conceder al señor Negrón Vélez los benefi-cios que le prometió a cambio de la renuncia de derechos. Así lo exigían las particularidades de este caso.

Ante ello, la Junta de Apelaciones erró en la interpreta-ción del Derecho aquí expuesto y correspondía que permi-tiera a ambas partes presentar prueba para estar en posi-ción de evaluar la procedencia o no de estos planteamientos. Evidentemente, no hubo oportunidad de que las partes pre-sentaran prueba de cómo se llevó a cabo todo el procedi-miento que se dispone en la Ley Núm. 70-2010, y en el Re-glamento del Programa que se promulgó para ponerla en vigor, lo cual resultaba sumamente importante para anali-zar, entre otras cosas, los actos anteriores, coetáneos y pos-teriores a la transacción que se efectuó y el posible incum-plimiento contractual.

En consecuencia, resolvemos que no procedía la desesti-mación de las reclamaciones presentadas por el señor Ne-grón Vélez ante el referido foro administrativo.

V

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dicta-men emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carrete-ras y Transportación para que atienda en los méritos las reclamaciones presentadas por el Sr. Richard Negrón Vélez de forma compatible con lo aquí resuelto.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez disintieron sin opinión escrita.

       En esa misma fecha, el entonces Secretario Interino de la Autoridad de Ca-rreteras y Transportación (ACT) cursó una comunicación al Director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recur-sos Humanos (OCALARH) para informarle de la aprobación del pago de diferencial por interinato al Sr. Richard Negrón Vélez (señor Negrón Vélez o peticionario), según dispone el Reglamento de Personal de la ACT.

       El Art. 21 del Reglamento de Personal de la ACT prohíbe que el Director Ejecutivo efectúe cualquier transacción de personal relacionada con las áreas esencia-les al principio de mérito, tales como cambios o acciones de retribución, entre otras, durante el periodo de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las elecciones generales. Esta disposición reglamentaria establece que el incumplimiento con la veda electoral allí dispuesta conllevará la nulidad de la transacción efectuada. No obstante, dispone la posibilidad de que el Director de la OCALARH apruebe una transacción de personal relacionada con la retribución mediante una dispensa.

       El peticionario presentó la moción de reconsideración el 26 de noviembre de 2013 y nunca fue resuelta por la Junta de Apelaciones de la ACT, por lo que debe entenderse denegada de plano desde el 11 de diciembre de 2013, según lo dispuesto en la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA see, 2165.

       El Art. 22 de la Ley Núm. 70-2010 (3 LPRA see. 8901) aclara que cuando las corporaciones públicas o agencias excluidas implanten un programa similar, deberán sufragar con sus propios recursos el impacto económico de instaurar el Programa. Además, en estos casos será necesaria una certificación previa de sus juntas de directores u organismos directivos, ratificada por la Oficina de Gerencia y Presu-puesto (OGP), a los efectos de que la participación de los empleados en el Programa no requerirá la contratación de nuevos empleados en los próximos cinco años o que el puesto puede ser ocupado mediante el traslado de otro empleado de la misma corpo-ración o agencia.
      De forma similar, este articulado expresamente impone a las corporaciones pú-blicas o agencias excluidas la responsabilidad de sufragar la pensión de aquellos empleados que se acojan al retiro temprano en un programa similar al segundo componente del Programa. Éstas también deberán pagar las aportaciones patronales e individuales correspondientes al Sistema de Retiro, hasta tanto el empleado al-cance los treinta años de servicios cotizados y la edad requerida para acogerse al retiro. Una vez cumplidos los criterios aplicables al plan de retiro correspondiente, la pensión será pagada por el Sistema de Retiro.

       En esencia, el Art. 13 de la Ley Núm. 70-2010 dispone que los interesados en acogerse a los beneficios de alguno de los tres componentes del Programa deberán completar el Formulario de Elección que prepare el Administrador del Programa y entregarlo a la agencia correspondiente durante el periodo de elección. 3 LPRA see. 8892.
      Por otra parte, el Art. 14 del referido estatuto preceptúa que la participación de los empleados elegibles en el Programa será efectiva a los treinta días naturales del cierre del periodo de elección o a la fecha en que el Sistema de Retiro emita la certificación que acredita los años de servicio cotizados por el empleado, lo que sea posterior. 3 LPRA see, 8893. Sin embargo, para que la efectividad de su participación sea final la agencia debe tener en su poder la certificación del tiempo cotizado por el empleado, según acreditado por el Sistema de Retiro, Asimismo, el empleado deberá firmar un documento en el que certifique que está de acuerdo con la certificación emitida por el Sistema de Retiro.

       Específicamente, el Art. 1077 del Código Civil dispone, en lo pertinente, que:
      “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que incumbe.
      “El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Tam-bién podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible”. 31 LPRA see. 3052.


author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Natasha Cardona López, peticionaria.

      Número: CC-2014-0624

      Resuelto: 3 de octubre de 2016

      Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, y Daphne M. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida; Wanda Tamara Castro Alemán, Akashah Inés Padrón Daly y Joel Román Román, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Apelacio-nes, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

El 30 de julio de 2014, la Sra. Natasha Cardona López compareció ante este Tribunal mediante un recurso de cer-tiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. En síntesis, la señora Cardona López solicitó que revisáramos una Re-solución dictada por el Tribunal de Apelaciones en la que se denegó la expedición de un recurso de certiorari que ésta presentó ante ese foro. Así las cosas, el 5 de septiembre de 2014, declaramos “ha lugar” la Moción en Auxilio de Juris-dicción y expedimos el recurso de certiorari en cuestión.

Luego de haber evaluado con detenimiento el expe-diente del caso de epígrafe, este Tribunal anula el auto ex-pedido y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secreta-rio del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez emitió un Voto particular de conformidad, al que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. El Juez Asociado Señor Rivera García estuvo conforme e hizo constar la ex-presión siguiente:

Aunque soy del criterio que, en términos generales, una vez un caso es expedido por este Tribunal lo que procede es su resolución en los méritos ya sea para confirmar o revocar al tribunal recurrido, debo expresar mi conformidad con la pre-sente anulación en la medida que la consecuencia indirecta de esta acción es la confirmación de un dictamen cuyo resultado considero correcto. Al respecto, entiendo que el Tribunal de Apelaciones no erró al denegar el recurso de certiorari presen-tado por la Sra. Natasha Cardona López. Ahora bien, es im-portante aclarar que más allá de las improcedentes expresio-nes en los méritos que emitió el Tribunal de Apelaciones en su resolución denegatoria, la realidad es que el único dictamen sustantivo válido en el presente caso relacionado a la proce-dencia de la acusación contra la señora Cardona López por el delito de agresión sexual en la modalidad de penetración pene-vagina, al amparo del Art. 142(h) del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4770(h)) (ed. 2010), es el notificado por el Tribunal de Primera Instancia el 1 de abril de 2014. Por lo tanto, los procedimientos de este caso deberán continuar conforme a lo allí determinado por el foro primario y no según lo establecido por el Tribunal de Apelaciones en su resolución denegatoria.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió e hizo constar las expresiones siguientes, a las que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo:

En vista de que el Tribunal opta por anular el recurso de certiorari en vez de atenderlo en los méritos, disiento. En cam-bio, expediría el auto y concluiría que la acusación que pesa contra la peticionaria por agresión sexual a su hijo, en la mo-dalidad de penetración pene-vagina, no procede debido al len-guaje que utilizó el legislador al tipificar ese delito en el Có-digo Penal de 2004, infra.
En primer lugar, al igual que la Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez, me parece que el Tribunal de Apelaciones se extralimitó al “ordenar la continuación de los procedimien-tos de conformidad con lo [...] expuesto” en su Resolución, sin haber expedido el auto de certiorari solicitado por la peticionaria. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 140. Por esa razón, considero que el foro apelativo intermedio actuó sin jurisdicción al negarse a expedir el auto y, simultánea-mente, modificar la determinación del Tribunal de Primera Instancia.
En segundo lugar, considero que el Derecho no favorece el resultado sustantivo al que llegó el Tribunal de Primera Ins-tancia, que continúa vigente y bajo el cual se juzgará a la peticionaria Cardona López. El Art. 142 del derogado Código Penal de 2004 (33 LPRA see. 4770) (ed. 2010), requería que el autor de una agresión sexual llevara a cabo “una penetración sexual” en la víctima del delito. El delito establecía, en lo per-tinente, lo siguiente:
“Artículo 142. Agresión sexual. Toda persona que lleve a cabo una penetración sexual, sea vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se expo-nen a continuación incurrirá en delito grave de segundo grado:
(h) Si el acusado tiene una relación de parentesco con la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por consanguini-dad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado”.
“Lleve a cabo una penetración” es lo mismo que decir “penetre”. Una interpretación distinta del artículo bajo análisis quebrantaría el principio de legalidad que recogía el Art. 2 del Código Penal de 2004 (33 LPRA see. 4630) (ed. 2010), y la pro-hibición de delitos por analogía que establecía el Art. 3 del Có-digo Penal de 2004 (33 LPRA see. 4631) (ed. 2010). Por esa razón, y al igual que el Tribunal de Apelaciones, me parece que la composición gramatical del Art. 142 del Código Penal de 2004, supra, obliga a concluir que “el que penetra una vagina es el sujeto activo y quien es penetrado [...] es el sujeto pasivo y víctima del delito”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 15-16, en Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 124-125. Por lo tanto, “tal y como estaba redactado el Art. 142 [del] Có-digo Penal de 2004, urna mujer no puede cometer el delito de agresión sexual en la modalidad de penetración pene vagina”, íd., pág. 21, en Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 130.
No me persuade la tesis de la Procuradora General. Ella sos-tiene que al incorporarse en el Art. 142, supra, la frase “[t]oda persona que lleve a cabo una penetración sexual”, el legislador incluyó como sujeto activo en el delito de agresión sexual, mo-dalidad vaginal, al sexo femenino. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 124. Ciertamente, el sexo femenino puede come-ter ese delito en las modalidades orogenital, digital o instrumental. Sin embargo, de los hechos imputados en las acu-saciones se desprende que es físicamente imposible, en térmi-nos anatómicos, que la acusada cometiera una agresión sexual contra su hijo, en la modalidad penetración pene-vagina. Res-petuosamente, entiendo que una interpretación contraria no es compatible con la redacción expresa del Art. 142, supra, que cataloga a la persona penetrada como “víctima” y no como “au-tora” del delito. Al aplicar el principio de legalidad y la prohibi-ción de crear delitos por analogía, entiendo que bajo los hechos imputados procede acusar a la Sra. Natasha Cardona López por violar el Art. 144 del Código Penal de 2004 (actos lascivos), 33 LPRA see. 4772 (ed. 2010), que es un delito menor incluido en el delito de agresión sexual.
Comprendo la preocupación de que en este caso, lamentable, la madre peticionaria fue quien propició los hechos, pero nues-tra labor como jueces no es resolver a favor de la postura que nos resulte más simpática y contra la que nos parezca abominable. Nuestro trabajo es resolver conforme al Derecho. En una socie-dad de ley y orden, el texto de los estatutos es el límite a la discreción judicial. El hecho de que en el Código Penal de 2004 el legislador no tipificara como delito los hechos específicos ante nuestra consideración no puede dar lugar a que desde el es-trado pretendamos castigar esa conducta. La Constitución que juramos defender nos prohíbe actuar de esa forma. Si los legis-ladores querían plasmar en el texto de la ley lo que propone la Procuradora General, la realidad es que no lo lograron. Escri-bieron otra cosa y el Derecho no permite que una persona de inteligencia ordinaria tenga que recurrir a interpretaciones gramaticales ingeniosas para conocer qué conducta está prohi-bida por la ley. Adviértase que en el campo penal, este tipo de error o descuido en la redacción de los estatutos no es susceptible de que la Rama Judicial lo subsane. Le corresponde exclu-sivamente a las otras dos ramas de gobierno atender esa situación.
De hecho, un análisis del actual Código Penal de 2012, según enmendado, demuestra que el legislador corrigió ese vacío para este tipo de escenario. En particular, la redacción del Art. 130 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA see. 5191, incluye una nueva modalidad del delito de agresión sexual mediante la “provocación” de la penetración, la cual, muy bien, podría ser aplicable a hechos similares a los que hoy están ante nuestra consideración. Además, el Art. 131 de ese Código, 33 LPRA see. 5192, prohíbe el incesto como un delito indepen-diente al de agresión sexual. Un estudio del texto nuevo de ese delito revela que el legislador responsabilizó a las dos partes que consientan al acto sexual y dejó atrás la concepción de que bajo ese delito siempre hay un “agresor” y una “víctima”. Por esa razón, ese delito está redactado en plural y no en singular, como la gran mayoría de los delitos que contiene la parte especial del Código Penal. No obstante, estas nuevas tipificaciones no son las que se desprenden del lenguaje del Código Penal de 2004 y nosotros no podemos alterarlo para equipararlo al del Código Penal vigente.
Por todo lo anterior, disiento respetuosamente.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió. El Juez Asociado Señor Colón Pérez no intervino.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por

la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez,

al que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Estoy conteste con la Resolución que hoy emite este Tribunal. Ello, pues considero que el Tribunal de Apelacio-nes actuó correctamente al denegar la expedición del re-curso de certiorari que presentó la Sra. Natasha Cardona López ante ese foro. No obstante, me veo forzada a emitir estas expresiones porque considero que el foro apelativo intermedio se extralimitó en sus expresiones, según reco-gidas en la Resolución emitida. El auto de certiorari pre-sentado no se expidió. Siendo ello así, discutir y resolver los méritos del recurso presentado, e impartir instrucciones al foro primario para que continúe con los procesos de acuerdo a lo “resuelto” es improcedente.

I

La controversia ante nuestra consideración se originó durante el trámite de un procedimiento penal que pende en contra de la señora Cardona López por la comisión del delito de agresión sexual, en la modalidad de penetración pene-vagina, al amparo del Artículo 142(h) del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4770(h) (ed. 2010)).

Presentadas las acusaciones correspondientes, la señora Cardona López solicitó su desestimación mediante una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 63(a) y (p) de Procedimiento Criminal. En síntesis, argüyó que, como era mujer, ésta no podía cometer el delito de agresión sexual en la modalidad imputada. Ello, puesto que ésta figu-raba como sujeto pasivo en el contexto de un delito donde sólo es imputable el sujeto activo, a saber, aquella persona que lleve a cabo una penetración sexual.

El 1 de abril de 2014, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución en la que denegó la referida moción. En particular, el foro primario determinó que el delito, en la modalidad imputada, se podía configurar in-distintamente del sexo del sujeto activo.

Inconforme, la señora Cardona López presentó ante el Tribunal de Apelaciones dos (2) recursos de certiorari que, eventualmente, fueron consolidados. El 3 de junio de 2014, el foro apelativo intermedio notificó una extensa Resolu-ción en la cual se negó a expedir los recursos presentados. No obstante ello, ese foro consignó en la Resolución una elaborada discusión de Derecho en la que, en síntesis, con-cluyó que una mujer no puede cometer el delito de agresión sexual en la modalidad de penetración pene-vagina. Ahora bien, determinó, por otro lado, que la mujer podría ser co-autora o partícipe del delito. A esos efectos, el foro apela-tivo intermedio denegó la expedición del recurso de certio-rari mas le ordenó al foro primario que continuara con los procedimientos “de conformidad” con lo expuesto en la Resolución. En otras palabras, y como adelantamos, el Tribunal de Apelaciones no expidió el auto pero resolvió en los méritos la controversia planteada ante sí por la señora Cardona López.

Tras la denegatoria de una solicitud de reconsideración presentada por la señora Cardona López en el Tribunal de Apelaciones, ésta acudió oportunamente ante este Foro mediante un recurso de certiorari acompañado de una mo-ción en auxilio de jurisdicción. El 5 de septiembre de 2014, declaramos “ha lugar” la referida moción y expedimos el auto ante nuestra consideración.

I—i HH

En primer lugar, soy del criterio que la peticionaria puede, en efecto, cometer el delito que se le imputa, a saber, agresión sexual en su modalidad pene-vagina. Basta con un estudio meramente gramatical y semántico de las palabras utilizadas en la tipificación de este delito para así concluirlo. Después de todo, el propio Código Penal, en su Artículo 13, nos obliga a ello al disponer que "[1] as palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente”. 33 LPRA see. 4641 (ed. 2010).

El Artículo 142 del Código Penal de 2004, dispone, en lo pertinente, que “[t]oda persona que lleve a cabo una pene-tración sexual, sea vaginal [...] incurrirá en delito grave de segundo grado severo”. 33 LPRA see. 4770 (ed. 2010). Nó-tese, en primer lugar, que la referida disposición penal no utiliza el verbo “penetrar” —el cual, dicho de un cuerpo, sí supone introducirse en otro—, sino que, en cambio, opta por la locución verbal genérica “llevar a cabo”, la cual sig-nifica, entre otras acepciones irrelevantes al caso que nos ocupa, “ejecutar” o “concluir” algo. Asimismo, es menester señalar que en la disposición penal en controversia tam-poco se utiliza el presente del subjuntivo del verbo “pene-trar” —que “penetre”—, el cual ineludiblemente remitiría al sujeto activo de la penetración, es decir, “al que penetra”. De hecho, cabría pensar que, en consideración a lo anterior, el legislador optó por referirse al acto de pene-tración justamente a través del sustantivo “penetración”, el cual engloba no sólo el acto de penetrar, sino también su efecto. Véase la definición de “penetración” en: Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario, http:// dle.rae.es/?id=SSVC3mY (“Acción y efecto de penetrar”). Así, en vista de lo anterior, es innegable que la tipificación del delito de agresión sexual en el Código Penal de 2004 permite que éste se le impute tanto a un hombre como a una mujer, en la medida en que ambos pueden llevar a cabo una penetración sexual, en tanto ésta se refiere, en su acepción más elemental, a la acción y al efecto de penetrar.

Por otro lado, según adelanté, considero que el Tribunal de Apelaciones se extralimitó cuando ordenó al foro prima-rio que continuara con los procedimientos según lo dis-puesto en su Resolución. Ello, habida cuenta de que ese foro se negó a expedir el auto de certiorari presentado. Es-timo que, ante esta situación, el Tribunal de Apelaciones nunca tuvo ante su consideración los méritos de los plan-teamientos esgrimidos por la peticionaria. En consecuen-cia, sus expresiones en torno al derecho aplicable al caso son por demás superfluas. Igualmente, su orden al foro pri-mario para que continuara con los procedimientos acorde a lo dispuesto en su Resolución es claramente improcedente.

Cabe señalar que la denegatoria de un recurso de cer-tiorari no prejuzga los méritos de la controversia que en éste se plantea. Véase 16B Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters Sec. 4004.1, pág. 42 (3ra ed. 2012). A esos efectos, en varias ocasiones este Tribunal ha determinado que

[...] una resolución denegatoria de un auto de certiorari no im-plica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso; esto es, urna resolución de este Tribunal declarando “no ha lugar” a un recurso de cer-tiorari no resuelve implícitamente cuestión alguna contra el pe-ticionario a los efectos de cosa juzgada. La resolución denegato-ria simplemente es índice de la facultad discrecional de este Tribunal para negarse a revisar, en determinado momento, una decisión emitida por un tribunal de instancia. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). Véanse, además: Sucn. Andrades v. Sosa, 45 DPR 732 (1933); Pueblo v. Carrión Rivera, 111 DPR 825 (1981). Véase, además, Maryland v. Baltimore Radio Show, 338 US 912, 919 (1950).

Ciertamente, este principio aplica de igual forma en aquellas instancias donde el Tribunal de Apelaciones se niega a expedir un recurso de certiorari. Véase J.A. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: práctica apelati-va—Análisis del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1995, pág. 24.

Cuando un caso de naturaleza discrecional llega ante nuestra consideración o ante la consideración del foro ape-lativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser atendidos cuando expedimos ese auto discrecional. De no expedirse, no abrimos las puertas del Tribunal, es decir, no asumimos jurisdicción sobre los méritos de los planteamientos de las partes. Por lo tanto, no podemos considerar y resolver los planteamientos del recurso no expedido. Es precisamente por ello que el “no ha lugar” o la denegatoria a expedir (que no es otra cosa que un “no ha lugar” con otro nombre) no pueden interpretarse, de manera alguna, como que expre-san algún criterio respecto a los méritos del recurso presentado. Ello pues, sustantivamente, no hemos pasado juicio sobre éste. Se trata, a fin de cuentas, de lo que pode-mos catalogar como una ficción jurídica. Al no ejercer nues-tra discreción para atender un recurso de certiorari, no ad-quirimos “jurisdicción” sobre la controversia sustantiva planteada en ese recurso pues las puertas del Tribunal per-manecen cerradas. Siendo ello así, cualquier expresión que resuelva los méritos del caso es inconsecuente y es, igual-mente, improcedente ordenarle al foro a quo que continúe con los procedimientos acorde con lo “expresado” por el foro apelativo.

Reiteramos que, en este caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió los méritos de la controversia ante su considera-ción al concluir que una mujer no puede cometer el delito que se imputa en este caso. Determinó, además, que aun cuando no pueda cometer el delito, muy bien podría ser coautora o partícipe del delito, por lo que ordenó que los procedimientos en instancia continuaran conforme lo ex-presado en su Resolución. Acorde a lo que hemos expre-sado, estas expresiones no tienen valor vinculante alguno. Por ende, estos pronunciamientos no tienen ningún efecto legal sobre el foro primario y los procedimientos que allí se ventilarán.

i—I HH

En vista de lo anterior, reitero mi conformidad con la Resolución emitida por este Tribunal. A su vez, recalco que la determinación de este Tribunal se limita a anular el auto y desestimar el recurso de certiorari presentado por la se-ñora Cardona López. Así, la Resolución que dictamos no avala la orden que incorrectamente consignó el foro apela-tivo intermedio en la parte dispositiva de su Resolución, ni evidentemente los planteamientos sustantivos allí discutidos.