author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Block, Bell & Co., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 302.

    — Sometido: Marzo 17, 1944.

      Resuelto: Abril 12, 1944.

      Harry Manuel Besosa, abogado de la recurrente; Joaquín Correa, abogado de la demandada; E. Cornier Martínez, abogado del ' obrero lesionado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios Block, Bell & Co., han radicado ante esta corte una solicitud para la revisión de procedimientos seguidos ante la Comisión Industrial. Alegan que en marzo 10 de 1943 el Sr. Allan B. Block, socio de la firma peticio-naria, fue notificado para que compareciera a la vista pú-blica que habría de celebrarse el 24 del mismo mes, en el asunto de la reclamación del obrero René Cuevas Roselló' contra Block, Bell & Co.; que la notificación recibida por el señor Block estaba escrita totalmente en español; que Block concurrió a la vista bajo la impresión de que se trataba de una investigación preliminar,.que en nada habría de perju-dicarle; que por no saber español, Block no solicitó los servicios de un abogado, ni llevó prueba a dicha vista, ni repreguntó a los testigos del obrero reclamante; que en abril 21 de 1943, la Comisión dictó una resolución declarando a Block, Bell & Co. patrono no asegurado; que en julio 9 de 1943, a petición del abogado de la firma recurrente, la Comisión dictó una resolución concediendo una ampliación de la vista, la que fue señalada para septiembre 20 de 1943; que encontrándose ya preparada la firma recurrente para presentar sn defensa y sn prueba, la Comisión, a petición de los abogados del obrero y del Fondo del Seguro del Estado, dictó una nueva resolución declarando sin lugar la petición sobre ampliación de la vista y dejando en todo su vigor y efecto la resolución de abril 21 de 1943, por la que se declaró a la recurrente patrono no asegurado; y que la solicitud de reconsideración fue denegada.

Los fundamentos de la petición de revisión son:

1. Que Block, Bell & Co. fueron privados de su derecho constitucional a ser oídos y a presentar prueba en su defensa, porque la notificación hecha a Block estaba redactada en español y éste no tuvo oportunidad de presentar prueba ni de repreguntar a los testigos en su contra, ni de enterarse de las declaraciones de los testigos de parte del obrero.

21 Que aun cuando la petición hecha por Block, Bell & Co. se intituló erróneamente “Petición para Nueva Vista”, lo que en realidad se solicitó fue una “Ampliación de Vista”, para que el patrono tuviese una oportunidad de ser oído y de presentar su prueba.

'3. Que Block, Bell & Co. tiene una buena defensa, o sea que dicha firma- celebró un contrato con E. Moreno & Com-para la carga y descarga de sus barcos, como contratistas independientes, con obligación por parte de éstos, de asegurar sus trabajadores; y que el accidente ocurrido a Bené Cuevas Boselló estaba cubierto por la póliza de E. Moreno & Co.

Para poder determinar si la recurrente ha sido condenada a pagar sin haber tenido una oportunidad de defenderse, hemos hecho un .cuidadoso estudio del récord del caso ante la Comisión Industrial y hemos llegado a la conclusión de que la contención de la recurrente carece de fundamentos meritorios.

La notificación que se hizo al Sr. Block en marzo 10 de 1943, después del título del caso, leía así:

“Notificación de Vista Publica. A Block, Bell & Co. (trayendo consigo su prueba) y/o Gene Bell, Edificio Padín #613, San Juan, P. R.
“Por la presente se notifica a Ud. que la Comisión Industrial ha señalado el día 24 de marzo de 1943, a las nueve de la mañana, para celebrar una vista pública en este caso en San Juan, y si Ud. no com-parece, la Comisión fallará el caso en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 45, aprobada en abril 18 de 1935.’’

El día de la vista, y no obstante estar redactada la cita-ción en español, compareció ante la Comisión el Sr. Block y también su socio el Sr. Bell. Al comenzar la vista, el Comisionado Sr. Herrero explicó a dichos señores, en inglés, los pormenores de la petición del obrero, y les informó tam-bién de la alegación qne bacía el Administrador del Fondo al efecto de que el día en que ocurrió el accidente el obrero estaba trabajando en una goleta consignada a Block, Bell & Co., y que en esa fecha dicha firma no figuraba como ase-gurada, pues su póliza fué.tomada el día siguiente al del accidente, motivo por el cual se declaró sin lugar la petición del obrero. •

Llamado como testigo el Sr. Angel Moreno, declaró: Que la firma Moreno & Cía está asegurada con el Fondo del Seguro del Estado; que en cuanto a este caso dicha firma no tuvo nada que ver con la carga y descarga de la goleta, porque el Sr. Bell fué quien pagó los trabajadores; que él (Moreno) le adelantó a Bell el dinero para pagar los traba-jadores y Bell se lo devolvió después; que él no tiene en récord ningún “pay roll” que demuestre que Moreno & Cía. pagara a los trabajadores; que Moreno & Cía. están asegu-rados, pero no pueden aceptar “una cosa que no nos traiga responsabilidad directa”; que en otros casos, cuando ellos servían de agentes, ellos pagaban los gastos y después co-braban por los desembolsos hechos para pago de trabaja-dores; que él no puede engañar a la Comisión, pues en este caso él no pagó los trabajadores y lo que hizo fué prestarle el dinero al Sr. Bell; que éste fué quien alquiló a los traba-jadores y le pidió prestado el dinero para pagarles. En este momento el Comisionado Herrero preguntó al Sr. Bell, en inglés, si era cierto lo declarado por Moreno, y el Sr. Bell contestó en la afirmativa. Continuó declarando Moreno, que cuando viene un barco y ellos son los agentes, entonces ellos supervisan los trabajadores, les pagan sus jornales y llevan una nómina de pagos o payroll, anotando en sus libros los pagos que ban becho, para cobrarlos después. Intervino el Sr. Bell, diciendo en inglés: “El era un agente”, a lo que replicó Moreno: “Yo le estoy explicando la situación a la Comisión. Cuando nosotros pagamos por nuestra cuenta llevamos un payroll y tenemos un capataz que nos supervisa el ^trabajo, un foreman, y todo lo concerniente al trabajo”. Declaró Moreno que no podía informar a la Comisión para quién trabajaba el obrero el día del accidente “porque yo no lo alquilé a él”.

El obrero lesionado declaró que él y dieciocho obreros más fueron contratados para trabajar por el capataz Carlos Alberto, quien trabajaba por cuenta del Sr. Bell; que él trabajó dos días y que fué Mr. Bell quien le pagó $10, que-dándole a deber cuatro centavos; que después del accidente el Sr. Bell le pagó dietas de $10 para él y $2 para gastos. Intervino en el interrogatorio para explicar los pasos dados por él para la cura y hospitalización del lesionado.

Declaró el obrero Secundino Padilla, que él fué uno de los dieciocho trabajadores contratados por Carlos Alberto, el capataz del Sr. Bell. Al declarar el testigo que el lesio-nado fué al hospital por su cuenta y que no fué Bell quien lo envió, intervino Bell para contradecir al testigo, diciendo que él estaba allí y dió la orden para que el lesionado fuese llevado al hospital. Intervino el Sr. Block, diciendo: “El Sr. Moreno es responsable en este caso porque él es el agente de la goleta, del bote”.

Volvió a declarar el Sr. Moreno para decir que el día en que ocurrió el accidente era un día de fiesta, domingo, y que Moreno y Cía. tenía la oficina cerrada; que Block, Bell & Co. quisieron descargar en ese día y el trabajo se hizo por cuenta de ellos; que Moreno & Cía. han estado asegurados siempre, pero que en este caso no puede decir que tenga un payroll porque no lo tiene.

Basta lo expuesto para hacer caer por su base toda la argumentación de la parte recurrente. La citación entregada al Sr. Block le informaba claramente que se le citaba para la celebración de una vista pública en el caso de la reclama-ción del obrero René Cuevas Roselló, y se le apercibía de -que si dejaba de comparecer se fallaría el caso en rebeldía. 'También se le avisó que debía traer consigo su prueba. .El becbo de que la citación estuviera redactada en español y no en inglés, podría tal vez ser aceptado como una excusa .si el Sr. Block se hubiese encontrado, al ser citado, en'un desierto o en un país donde le hubiese sido, si no imposible, por lo menos difícil encontrar una persona con conocimiento suficiente del inglés para poder traducirle las setenta y tres palabras contenidas en la citación. Y la mejor prueba de que el Sr. Block se enteró de lo que se trataba, es el hecho •de que él y su socio comparecieron al acto de la vista en el ¡sitio y a la hora indicados en la citación.

La firma recurrente estuvo representada en la vista por .sus dos socios. Estos fueron informados en inglés de cuanto allí se dijo. Intervinieron en los interrogatorios e hicieron todos los esfuerzos posibles para que la indemnización que pudiera ser adjudicada al obrero lesionado fuese satisfecha por el Pondo del Seguro del Estado, con cargo a la póliza de Moreno & Cía. ya que la póliza de Block, Bell & Co. no había sido tomada hasta el día siguiente al del accidente. A no ser por la clara y honrada declaración del Sr. Moreno, tal vez el Pondo del Seguro del Estado se hubiese visto obli-gado a cargar con una responsabilidad que no le correspondía.

Tomando en consideración todas las circunstancias del caso, opinamos que la Comisión no erró y que por el contrario procedió correctamente al negarse a abrir el caso para la celebración de una nueva vista o para admitir pruebas que la recurrente tuvo oportunidad de presentar y no presentó en el acto de la vista.

La resolución recurrida será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José María Bernabe, acusado y apelante.
    Núm. 10340.

    — Sometido: Febrero 18, 1944.

      Resuelto: Abril 12, 1944.

      Manuel Cruz Horta, abogado del apelante ; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar,. abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Acusado, convicto y sentenciado a un mes de cárcel por haber tenido en completo estado de abandono a su bija ilegí-tima, Eva Velázquez, José María Bernabé apeló para ante esta Corte Suprema, alegando que la corte senteneiadora erró al apreciar la prueba y al resolver el conflicto resultante de la misma en contra del acusado; al aplicar a este caso lo resuelto por esta Corte Suprema en Pueblo v. de Jesús, 57 D.P.R. 708; y al permitir, en contra de la oposición de la .defensa, la presentación en evidencia de la certificación del nacimiento dé una niña nombrada Dora Velázquez, cuando la niña mencionada en la denuncia se llama Eva Velázquez.

La prueba de cargo, consistente en -las declaraciones de Belén Velázquez, madre de la niña, de la señora Dolaga-ray en cuya casa vivía Belén Velázquez, y de la niña, son suficientes a nuestro juicio, para establecer el hecho de que el acusado es el padre natural de la menor. La corte inferior dió entero crédito a la prueba de cargo y no a la de la defensa, resolviendo así el conflicto en contra del acusado. No apareciendo del récord que la Corte inferior obrara con parcialidad o que cometiera error manifiesto en la aprecia-ción de la evidencia, es nuestro deber respetar su fallo.

Nuestra decisión en Pueblo v. de Jesús, supra, es de entera aplicación al presente caso. Allí resolvimos, que en caso de abandono de menores la sola declaración de la madre denunciante, de ser creída, basta para condenar, sin que sea requisito legal que la declaración de la madre sea corroborada. En el caso de autos la declaración de Belén Velázquez, madre de la menor, fué corroborada en cuanto a muchos de sus hechos esenciales por la declaración de la señora Dolagaray en cuya casa vivió durante cinco años la joven seducida por el acusado. No hubo error.

Tampoco se cometió el tercero. Es cierto que en la acusación se da a la menor el nombre de Eva y que la niña a que se refiere la certificación se llama Dora. Empero, esa aparente incongruencia fué satisfactoriamente explicada por la madre, quien declaró que su hija se llama Dora pero ha sido siempre conocida como Eva.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Rafael B. Pérez Mercado, demandante, apelante y apelado, v. Los esposos José Picó e Inés Abarca de Picó, demandados, apelados y apelantes.
    Núm. 8821.

    — Sometido: Febrero 15, 1944.

      Resuelto: Abril 12, 1944.

      R. B. Pérez Mercado, pro se y Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y H. González Planes, abogados del apelante apelado; R. Díaz Collazo, abogado de los apelados apelantes.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1940 Enrique Abarca Sanfeliz hizo un viaje a los Estados Unidos. Durante su ausencia, su hija Inés vivía en la casa de su padre con su hija y su esposo, Dr. José Picó. Al ausentarse Abarca para los Estados Unidos, le dió per-miso a los miembros de su familia, incluyendo al Dr. y a la señora Picó, para usar el automóvil de Abarca y el chófer de éste. Haciendo uso de este permiso, los Picos el 4 de septiembre de 1940 ordenaron al chófer que los llevara a la ciudad para ir de compras. Cuando el chófer los traía de regreso a la casa, los demandados notaron que amenazaba llover. Entonces le dijeron al chófer que condujera el auto-móvil a mucha velocidad toda vez que les preocupaba su hija a quien habían dejado en la casa. El chófer obedeció esta orden y como resultado el automóvil chocó con el del demandante. La corte de distrito creyó probados los hechos arriba expuestos y resolvió que el accidente babía sido cau-sado por el negligente manejo del chófer. Hay suficiente prueba en el récord para justificar esta conclusión, y por tanto no la alteraremos en apelación. No obstante la corte de distrito resolvió que no había derecho a recobrar bajo las circunstancias aquí envueltas, y dictó sentencia a favor de los demandados. El caso se encuentra ante nos en ape-lación de dicha sentencia. El abogado de los demandados no radicó alegato ni compareció a la vista oral del caso.

La opinión de la corte de distrito contiene una ex-tensa discusión en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 17 de la Ley de Automóviles (Ley núm. 75, Leyes de Puerto Rico, 1916, artículo 17) a los hechos del presente caso. Asumimos, sin decidirlo, que este artículo no se aplica a este caso, en vista de que el automóvil pertenecía a Abarca, y ño a los demandados. Pero lo que la corte de distrito no discutió, y lo que creemos nosotros es decisivo para el caso, es que la causa, próxima del accidente fue la inmediata, directa y flagrante negligencia de los propios demandados. La corte de distrito afirmó que “Ni aún bajo la doctrina liberal, respondeat superior, del derecho americano, puede exigirse responsabilidad a los demandados Picó. No mediaban entre el chófer Santana y el Dr. Picó y su esposa relaciones de patrono y empleado . . . cuando guiaba el automóvil para beneficio de los Picó, requerido por éstos, no eran las instrucciones de ellos, sino las de Abarca, las que seguía;”. Pero la relación legal del chófer con los demandados no tiene efecto alguno sobre el caso específico ante nos. Este caso tiene que ser resuelto necesariamente a favor del demandante por la única razón de que los propios Picos personalmente realizaron actos de negligencia — al ordenar al chófer que manejara el automóvil negligentemente. Estaban autorizados para usar el automóvil y al chófer y dar a éste órdenes específi-cas sobre dónde y cómo debía el chófer llevarlos. Bajo dichas circunstancias, toda discusión en cuanto a la responsa-bilidad de un dueño bajo nuestro Código y la llamada doc-trina del propósito familiar (family purpose), tal como se encuentra en los casos del derecho común, está fuera de or-den. Este caso es sumamente sencillo. Los demandados fue-ron negligentes. Su negligencia fué la causa próxima de los daños causados al demandante. Por tanto no necesitamos ir más allá del artículo 1802 del Código Civil para resolver que los demandados son responsables al demandante por el daño que se le ha ocasionado debido a la negligencia de los de-mandados.

No tiene importancia en este caso el hecho de que fué el acto negligente del chófer más bien que el de los demandados el que finalmente causó el accidente. El factor decisivo es que los demandados por sus órdenes negligentes dieron co-mienzo a una norma de conducta que resultó en los daños al demandante. Eximir a los demandados de responsabilidad por los daños provenientes de su propia negligencia directa equivaldría a resolver que un demandado podría ordenar a una tercera persona que matara a un demandante y después de cumplirse su orden podría defenderse con éxito en un pleito por daños y perjuicios, con el fundamento de que el revólver que se usó no pertenecía al demandado y de que el agresor no era técnicamente su empleado. Si el propio Dr. Picó hubiera manejado el automóvil de Abarca, no podría decir que no fué responsable por su propio manejo negli-gente. De la misma manera, no puede refugiarse detrás del título de Abarca y el status permanente del chófer. Éste, a la fecha del accidente, estaba sujeto a las órdenes de los demandados; éstos actuaron negligentemente al ordenar al chófer que aumentara en exceso la velocidad; como resul-tado directo de su negligencia el carro era manejado negli-gentemente, con perjuicio para el demandante. El caso’ cía-ramente cae dentro de las disposiciones del artículo 1802 del Código Civil.

La prueba del demandante en cnanto a los daños no fue controvertida por los demandados. Probó que su auto-móvil tenía dos meses de usó; que había pagado $1,575 por él; que había depreciado, debido a los dos meses de uso, la suma de $200; y que después del accidente valía $675. Tam-bién probó que hizo gestiones para reparar el automóvil, pero que debido a que no se conseguían las piezas, se vió obligado a comprar un nuevo automóvil, dándosele-crédito por el valor del automóvil chocado — $675—en el precio de venta. To-das estas gestiones se dilataron por dos meses en vista de la promesa de los demandados, que no se cumplió, de que una compañía de seguros pagaría el costo do las reparacio-nes. El demandante también probó que era abogado y que el ejercicio de su profesión en dicha fecha le exigía que hi-ciera numerosos viajes a Guayama y a Ponce. Por tanto se le hizo necesario alquilar un automóvil a razón de $10 dia-rios por los 61 días que se vió privado del suyo.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará una nueva sentencia a favor del demandante por (a) $700 por daños ocasionados a su automóvil, (b) $610 por el alquiler de un automóvil durante 61 dias y (c) $200 para ho-norarios de abogado, además de las costas según dispone la ley: .

      (1)“ Artículo 17. — El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños causados por la negligencia del conductor o chcmffew mientras dicho dueño estuviere en el vehículo.”

      (2)Véase también Restatement, Torts, Vol. 4, §876, subdivisión (a) págs. 435-6.

      (3) Véase Adams v. Quintero, 44 D.P.R. 9.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás Vélez, acusado y apelante.
    Núm. 10315.

    — Sometido: Febrero 7, 1944.

      Resuelto: Abril 19, 1944.

      Manuel Cruz Moría, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Vélez- fue acusado ante la Corte de Distrito de Humacao el día 6 de junio de 1939 de una infracción al ar-tículo 320 del Código Penal porque “ilegal y voluntaria-mente marcó, selló y desfiguró cortándole parte del rabo y alterándole la conformación de las astas, cuernos o chifles, una novilla (animal de la especie vacuno), perteneciente a Benito Abad Robles, con la intención maliciosa y criminal dicho acusado de allí y- entonces robar, hurtar y apropiarse dicho animal, que no era de su pertenencia, e impedir que su legítimo dueño, el expresado Benito Abad Robles, identi-ficara su novilla.”

El 20 de junio del mismo año se leyó la acusación y el acusado, representado por abogado, hizo alegación de ino-cente y solicitó juicio por jurado. Esto- no obstante, no fue hasta el día 27 de octubre de 1942 — tres años y cuatro me-ses después — que se celebró el juicio ante jurado siendo con-victo el acusado y sentenciado a cumplir un año dé presidio.

El primer señalamiento alegado por el apelante en este recurso es que la corte inferior erró al denegar su mo-ción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso de acuerdo con el artículo. 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Los autos demuestran que dicha moción fue formulada por el abogado defensor verbalmente al ser llamado el caso para juicio. El fiscal se opuso y, haciendo constar que “pro-ducimos {sic) en evidencia los autos y minutas de la corte,” demostró que el caso fue señalado para juicio por primera vez para el 9 de julio de 1941 y no habiendo comparecido el acusado, a pesar de haber sido citado, se ordenó su arresto y fue citado por desacato; que el mismo día compareció el abogado defensor y alegando que el acusado no había tenido tiempo de comparecer por haber sido citado la noche anterior, obtuvo se dejara sin efecto la orden de arresto y que se suspendiera el juicio para el 18 de agosto de 1941. En dicha fecha el acusado volvió a solicitar la suspensión por no estar preparado para juicio, el fiscal se opuso y la corte denegó la moción, pero luego, al manifestar el acusado que estaba dispuesto a pagar las costas ocasionadas a El Pueblo se allanó y la corte volvió a suspender la vista del caso. Se señaló de nuevo para el 26 de marzo de 1942 y “porque a las once de la mañana no habían .llegado todavía los jura-dos” (Bastardillas nuestras) y porque “se estaba viendo otro caso por mutilación”, según manifestó el fiscal, el acu-sado radicó otra moción de suspensión, renunciando expresa-mente al derecho a un juicio rápido, a la cual se allanó el fiscal, y una vez más la corte suspendió la vista señalándose y viéndose por último el 27 de octubre de 1942.

El abogado defensor, mientras el fiscal decía que “pro-ducía” en evidencia las minutas de la corte demostrativas de los anteriores hechos, no hizo oposición alguna. Tampoco anotó excepción a la resolución de la corte denegando su mo-ción de archivo y sobreseimiento. Ahora, en apelación, alega que no debemos tomar en consideración lo dicho por el fiscal porque “no aparece del récord nada que justifique (justa causa) la tardanza en la celebración de este juicio”, pues el fiscal se refirió verbalmente a las minutas pero las mismas no aparecen como ofrecidas en evidencia ni en ninguna parte de la transcripción del récord como presentadas como prueba.

No tenemos duda de que cuando el fiscal dijo “produci-mos en evidencia”, al referirse a los autos y a las minutas de la corte, estaba ofreciéndolas como prueba y que, no ha-biendo hecho oposición alguna el acusado la corte las admi-tió, pues al denegar la moción del acusado se refirió a ellas expresamente. El propio apelante, que es quien levanta la cuestión, para poder argumentarla, se basa precisamente en las constancias a que hizo referencia el fiscal. Si no era cierto que de los autos de la corte inferior aparecían las distintas mociones de suspensión, presentadas todas ellas por el acu-sado , él pudo controvertir las manifestaciones del fiscal y afirmativamente demostrar que no las había presentado y tampoco renunciado a un juicio rápido. No puede ahora que-jarse si el récord en apelación no está completo y no ha jraesto a esta Corte en las mismas condiciones en que lo estuvo la corte inferior al resolver su moción.

Los hechos de este caso demuestran la negligencia inexcusable con que se están tramitando algunos procesos crimi-nales en las cortes de distrito. En un sencillo proceso ini-ciado hace cuatro, años y diez meses — junio de 1939 — se ce-lebra el juicio tres años y cuatro meses después — octubre de 1942 — y los autos en apelación son radicados en esta Corte Suprema un año y un mes más tarde — noviembre de 1943. No hay justificación alguna para que situaciones como ésta prevalezcan. No hace un mes tuvimos ocasión de criticar lo ocurrido en nn caso de asesinato procedente de la Corte de Distrito de Guayama. Véase Pueblo v. González, pág. 263 ante. Hoy nos vemos precisados a hacerlo con uno de la Corte de Distrito de Hnmaeao. Tanto los fiscales como los acusados tienen derecho a solicitar y obtener suspensiones, por tiempo razonable, por cansas qne en verdad sean meri-torias. Empero, las cortes están en el deber de denegar sus-pensiones, sea el fiscal o sea el acusado quien las solicite, cuando los motivos alegados son frívolos y el propósito per-seguido es meramente dilatar los procedimientos. Los he-chos del caso de autos son un ejemplo de dilación injustifi-cada que pudo ser evitada. Primero se cita al acusado la noche antes del primer señalamiento para juicio, cuando de-bió hacerse por lo menos cinco días antes; luego se suspende-un segundo señalamiento por el alegado motivo — claramente dilatorio y frívolo — de no estar preparado el acusado para entrar a juicio, y por último, varios meses después, se vuelve a suspender también a petición del acusado, quien - renunció a un juicio rápido, porque se estaba viendo otro caso y no habían llegado todos los jurados. Son procedimientos de esta naturaleza los que ocasionan una indebida acumulación de casos pendientes en las cortes de distrito, gastos innece-sarios al fisco y entorpecen una rápida administración de la justicia.

Habiendo sido el apelante quien obtuvo las distintas sus-pensiones decretadas, no erró la corte al denegar su moción de archivo y sobreseimiento.

No podemos entrar a considerar el segundo señalamiento por el que se alega que la corte inferior erró al denegar la moción de nuevo juicio, pues el segundo escrito de apelación, base del presente recurso, y en el cual se apeló tanto de la sentencia como de la resolución denegando un nuevo juicio, fué radicado el 15 de mayo de 1943, o sea cinco meses j veintisiete días después de haberse declarado sin lugar dicha moción el 18 de noviembre de 1942. De acuerdo con el artículo 349 del Código de Enjuiciamiento Criminal el término para apelar de una sentencia es el de seis meses pero contra una providencia, como lo es la denegatoria de una moción de nuevo juicio, debe hacerse dentro de los se-senta días dé dictada. Es cierto que el acusado radicó su primer escrito de apelación en tiempo pero a su solicitud esta corte desestimó el recurso y fue entonces que, ya venci-dos con exceso los sesenta días radicó su segundo escrito de apelación.

Alega por último el apelante que el jurado erró al apreciar la prueba. Hemos examinado la transcripción de la evidencia y somos de opinión que la prueba de cargo, al merecerle crédito al jurado, es suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Snydee,

text:
    Ventura Cortés y Lorenza Rosario, demandantes y apelados, v. Los menores Magdalena y Miguel Angel Castañer Frau, representados por su padre con patria potestad Bartolomé Castañer Mayol, demandados y apelantes.
    Núm. 8823

    — Sometido: Enero 28, 1944.

      Resuelto: Abril 19, 1944.

      E. Pérez Casalduc, abogados de los apelantes; Angel Rivera Colón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Snydee,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación contra sentencia a favor de los demandantes en un procedimiento ordinario para ejecutar una hipoteca de $3,000, intereses y costas. La principal contención de los demandados,-tanto en su contestación como en la prueba ofrecida por ellos, fué que la deuda hipo-tecaria había sido pagada. La hipoteca en cuestión era ori-ginalmente de $10,000. La prueba de los demandantes fué al efecto de que se pagaron $7,000 de la misma por medio de un préstamo héchole al deudor por el Federal Land Bank» Los demandados afirmaron que los demandantes habían con-venido en aceptar los $7,000 en pago total de la deuda hipo-tecaria, ya que el ciclón de San Felipe había destruido casi totalmente la propiedad envuelta. Los demandantes negaron esta prueba, afirmando que los $7,000 se habían pagado con el fin de rebajar la hipoteca de $10,000 a $3,000. La corte de distrito dió crédito a la prueba de los demandantes. No encontramos base para alterar esta conclusión, especialmente debido a que el registro de la propiedad refleja el mismo resultado.

Los demandados son menores, representados aquí por su padre Bartolomé Castañer. Cuando murió su madre, se les declaró judicialmente únicos y universales herederos de la misma. Una escritura de partición de los bienes de la ma-dre fué otorgada el 2 de julio de 1928. Dicha escritura de-cía en parte que los bienes aquí envueltos se les adjudicaban a los menores “en común y por mitad en pago parcial de su haber . . . quedando dichos menores responsables del pago de los tres mil dólares de la parte del crédito hipotecario so-bre ella constituido a favor de Ventura Cortés”. Esta es-critura se otorgó en beneficio de los demandados por un de-fensor judicial nombrado por la corte. Aunque no presen-taron específicamente la contención en su contestación o en el juicio, los demandados en moción de reconsideración y en apelación alegan en efecto que la escritura de partición es nula porque no hubo prueba afirmativa de que la escritura de partición, que afectaba los bienes de los menores, había sido aprobada judicialmente. Pero aquí tenemos un caso en que el registro demostraba desde el año 1928 que los bienes en cuestión pertenecían a estos menores sujetos a su responsa-bilidad por la hipoteca en cuestión. El registrador no le-vantó cuestión alguna en relación con el requisito de apro-bación judicial antes de inscribir los bienes a nombre de ellos en esa forma. Podría ser que se le hubiera sometido prueba de tal aprobación. Y asumiendo que tal cuestión pueda levantarse en un caso de esta naturaleza, los deman-dados han fracasado completamente en el peso de la prueba que bajo las circunstancias cae sobre" ellos con el fin de de-mostrar que una escritura válida de su faz, que fué inscrita sin defecto alguno hace un número de años, es nula por falta de aprobación judicial. (Cf. Annoni v. Sucn. Nadal, 59 D.P.R. 640; Torres v. Lothrop, 231 U. S. 171, 180).

En efecto, los apelantes alegan que la corte inferior erró al resolver que los demandantes podían actuar como lo han hecho aquí por el mero hecho de que la propiedad hipotecada aparecía inscrita a su nombre en el registro. Pero •del registro surge el hecho de que, al heredar esta propiedad, los demandados se obligaron en la escritura de partición a cancelar la hipoteca en cuestión. Y hemos sostenido que en un pleito sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es correcto disponer en la sentencia, como se hizo aquí, q-ue en caso de qne los demandados no paguen la obligación garantizada por la hipoteca, la finca hipotecada sera vendida en pública subasta para pagar la hipoteca (Véase Canet v. Corte, 61 D.P.R. 150, 154).

La sentencia de la córte de distrito será confirmada.

      (1)Véase también Artículos 599-610, Código Civil, ed. 1930.


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Luis A. Archilla Laugier y José Enrique Gelpí, peticionarios, v. Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, y Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mieres Calimano, querellados.
    Núm. 399.

    — Sometido: Abril 10, 1944.

      Resuelto: Abril 20, 1944.

      Luis A. Archilla Laugier, pro se, y J. J. Ortiz Alibrán, abogados de los peticionarios; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y Fernando B. Fornarís, Procurador General Auxiliar, abogados del Gobernador de Puerto Rico, querellado; los otros querellados no comparecieron.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Luis A. Archilla Laugier y José Enrique Gelpí presenta-ron en este Tribunal una petición interesando que expidamos un auto perentorio de mandamus dirigido al Hon. Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, ordenándole que in-mediatamente proceda, de acuerdo con la ley, a nombrarlos miembro propietario y miembro sustituto, respectivamente, Je la Junta Insular de Elecciones en representación del Par-tido Liberal Puertorriqueño. Los fundamentos en que des-cansa la petición pueden sintetizarse así: que los peticiona-rios son electores capacitados de esta Isla, que están afilia-dos al Partido Liberal Puertorriqueño, el cual es un partido principal de Puerto Rico; que con motivo de la renuncia del representante de dicho partido político en la Junta Insular de Elecciones presentada con anterioridad al 12 de marzo de 1944, el organismo directivo central del Partido Liberal Puertorriqueño, o sea la junta central de dicho Partido, en reunión celebrada el 12 de marzo de 1944, por unanimidad acordó solicitar del Gobernador de Puerto Rico que nombrase a los aquí peticionarios para los referidos cargos; que el 30 de marzo de 1944 fue entregada al Gobernador de Puerto Rico la petición oficial del aludido Partido, certificándole dicho acuerdo y solicitando el nombramiento de los peticionarios para los referidos cargos, y que el mismo día el Gobernador-nombró para ocuparlos, en representación del Partido Liberal Puertorriqueño, a Gustavo Cruzado Silva y a Ernesto Mieres Calimano, quienes no fueron recomendados por el organismo directivo, central de dicho Partido; que el ameri-tado acuerdo de 12 de marzo de 1944 no lia sido modificado o revocado en forma alguna, alegando además los peticiona-rios por información y creencia, que el Gobernador nombró a Gustavo Cruzado Silva y a Ernesto Mieres Calimano por petición de José Ramírez Santibáñez, Presidente del Partido Liberal Puertorriqueño, sin que tal petición baya sido some-tida a ni disentida ni aprobada por el organismo central del Partido; que la petición aludida fué hecba al Gobernador por José Ramírez Santibáñez con anterioridad a la notifica-ción oficial que envió al organismo central, y que la referida notificación oficial fué enviada al Gobernador antes de que éste extendiera los nombramientos de Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mieres Calimano; que dichos nombramientos son nulos por ser deber ministerial del Gobernador nombrar a las personas designadas por el organismo directivo central del Partido Liberal Puertorriqueño; que en la fecha en que se radicó la petición de los demandados, Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mieres Calimano no habían tomado posesión de los referidos cargos pero se proponían hacerlo. Como incidental al remedio de mandamus solicitaron de esta Corte los peticionarios que en auxilio de su jurisdicción, se prohi-biese a los demandados Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mieres Calimano que tomasen posesión de dichos cargos y que se abstuvieran de participar en las deliberaciones, dis-cusiones, etc., de dicha Junta Insular de Elecciones, ofre-ciendo los peticionarios prestar cualquier fianza que este tribunal estimare razonable exigir como condición precedente a la expedición de dicha medida provisional.

Con vista de la petición de mandamus y de la sección 1 de la Ley Electoral, expedimos el auto condicional de mandamus, así como la medida provisional solicitada, previa prestación de fianza por quinientos dólares que inmediata-mente fué radicada por los peticionarios.

Compareció el Gobernador y radicó su contestación, en la cual expuso las razones por las cuales no debía, a su juicio, expedirse el auto perentorio- solicitado. Alegó que nombró a Gustavo Cruzado Silva y a Ernesto Mieres Calimano para los cargos aludidos, a petición oficial por escrito de José Ra-mírez Santibáñez en su capacidad de Presidente del Partido Liberal Puertorriqueño, y que dicha petición llegó a su po-der con anterioridad a la que enviara José Enrique Gelpí como secretario del Partido Liberal Puertorriqueño, en co-municación fechada al 30 de marzo de 1944 y recibida por el Gobernador el día 31 del propio mes y año. Negó el Gober-nador que la petición del organismo central del Partido Liberal Puertorriqueño le fuere entregada o enviada antes de extender los nombramientos a favor de los indicados seño-res, y alegó en contrario que cuando la recibió ya los había extendido, y Gustavo Cruzado Silva había jurado su cargo ante el Secretario Ejecutivo. Continuó alegando el Gober-nador que dichos nombramientos no son ilegales ni nulos por haber él cumplido con los preceptos de la ley, y que no po-dría nombrar a los peticionarios toda vez que con anteriori-dad ya había nombrado legalmente a los señores antes dichos a petición del Presidente del Partido Liberal Puerto-rriqueño. Finalmente alegó que Gustavo Cruzado Silva ha-bía ya tomado posesión del cargo y como defensas especia-les expuso: (1) que la solicitud no aduce hechos constituti-vos de causa de acción; (2) que Gustavo Cruzado Silva ya había tomado posesión de su cargo el día primero del co-rriente mes y que el demandado no tiene motivo para desti-tuirlo; (3) que el demandado no podría dar cumplimiento al auto alternativo de mandamus porque dadas las circunstan-cias antes expuestas resultaría que estaría nombrando dos personas distintas para el mismo cargo, y (4) que el manda-damus no es el remedio adecuado, y sí el quo warranto.

Los demandados Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mie-res Calimano no presentaron alegación alguna ni compare-cieron a la vista de este caso.

Los peticionarios presentaron como único testigo a José Enrique Gelpí, quien identificó la minuta de la reunión de la Junta Central del Partido Liberal Puertorriqueño celebrada el 12 de marzo de 1944 y la copia de la comunicación de 30' de marzo de 1944 firmada por el testigo en su carácter de secretario de la Junta Central del Partido Liberal Puerto-rriqueño, dirigida al Hon. Rexford Guy Tugwell, Goberna-dor de Puerto Pico, siendo ofrecidos en evidencia ambos do-cumentos y admitidos sin oposición del demandado. Declaró-además el señor Gelpí que remitió dicha comunicación por mensajero y que fue recibida en Fortaleza el mismo día 30 de marzo de 1944 a las 6:45 de la tarde; que la recomenda-ción que hiciera la junta central a favor de Luis A. Archilla Laugier y del testigo no ha sido revocada en forma alguna; que desde el 12 de marzo último no ha vuelto a reunirse la junta central ni ningún otro organismo del Partido, y que en ningún momento la junta central del Partido Liberal Puertorriqueño ha tomado el acuerdo de proponer al Gober-nador a los señores Gustavo Cruzado Silva y Ernesto Mie-res Calimano para los referidos cargos.

La exposición que de las alegaciones y la prueba acaba-mos de hacer, nos conduce ahora a fijar el alcance de la fa-cultad que la ley confiere al Gobernador para hacer estos nombramientos.

La sección 1 de la Ley Electoral, según fue enmen-dada en 1934, al crear la Junta Insular de Elecciones prescribe que dicha Junta se compondrá de un Superintendente General de Elecciones como presidente, quien será designado por el Gobernador con el concurso y consentimiento del Se-nado de Puerto Eico, y de tres personas representando los tres partidos políticos principales de Puerto Pico y de un sustituto de cada uno de*dichos miembros, “quienes serán nombrados por el Gobernador a petición [at the request, dice la edición inglesa] de los organismos directivos centrales de dichos partidos.” No niega el Gobernador que sea deber ministerial suyo nombrar para dicbos cargos a las personas que le sean recomendadas por los organismos directivos cen-trales del partido respectivo, y admite en su alegato que de no haber nombrado previamente a Gustavo Cruzado Silva y a Ernesto Mieres Calimano, el recurso de mandamus proce-dería en este caso.

Aceptado por el demandado ese deber ministerial impués-tole por la ley, lo cual es una correcta interpretación 'de la ley, debemos ahora inquirir: ¿Cumplió ese deber el deman-dado al nombrar dos personas a petición del presidente del Partido Liberal Puertorriqueño, cuando la junta central, que es el organismo directivo central de dicho Partido, había de-signado para ser nombrados para esos cargos a los peticio-narios en este caso? Arguyen los demandados en su alegato que al prescribir la ley que el Gobernador extenderá los nom-bramientos para dichos cargos a petición de los organismos directivos centrales de los respectivos partidos, no contem-pló que dichos organismos comparecerían ante el Gobernador a radicar su petición; que habiendo presentado la petición el presidente del Partido Liberal Puertorriqueño en su ca-pacidad oficial como tal presidente, no venía obligado el Go-bernador a abrir una investigación a fin de determinar si efectivamente o no el presidente tenía autoridad para ello y que por el contrario, debía presumirse, de conformidad con la sección 102 de la Ley de Evidencia, que la ley había sido acatada. Profundizando más en su argumentación, arguyen que en dos ocasiones anteriores el presidente y el secretario del Partido Liberal Puertorriqueño, precisamente las mis-mas personas que en la actualidad ocupan dichos cargos de presidente y secretario, respectivamente, han presentado al Gobernador peticiones similares a la que en este caso pre-sentó el señor Ramírez Santibáñez sin protesta alguna en-tonces por parte de dicho Partido.

Es obvio que la ley no puede contemplar el absurdo de exigir que la petición de nombramientos sea presentada al Gobernador por el organismo directivo central en pleno, ni tal cosa pretenden los peticionarios, pero esto no significa que el presidente del Partido, que no es otra cosa que el eje-cutivo de la junta central, por su exclusiva cuenta y Paciendo caso omiso de dicho organismo, pueda indicar al Gobernador mediante su petición personal, las personas que debían ser nombradas para los cargos en controversia, pues ello equi-valdría a reconocer en el presidente del partido una facul-tad que la ley expresamente confirió a su organismo direc-tivo central.

En Murray v. Gill (Ky., 1937), 106 S. W. (2d) 634, se suscitó una cuestión similar a la del presente caso. La ley de Kentucky prescribe que “anualmente en el mes de agosto” el State Board of Election Commissioners nombrará dos miembros de una junta de condado para cada condado del Estado. El 17 de agosto el comité demócrata del condado de Todd, presidido por Gilí, presentó al State Board una lista certificada conteniendo los nombres de cinco personas capa-citadas, para que el Board seleccionara de entre ellas un co-misionado para dicho condado. Al reunirse el State Board en el mes de agosto, hizo caso omiso de dicha lista y trató de nombrar al apelante Walter Murray, expidiéndole el co-rrespondiente nombramiento. En vista de esto, las cinco personas recomendadas por el comité demócrata del condado de Todd el 17 de agosto de 1936, y Gill, presidente de dicho comité, radicaron en la corte de circuito del referido con-dado una petición de injunction contra Walter Murray, en la que unieron como demandado al secretario de la corte del condado de Todd, y solicitaron que se expidiese una orden de entredicho ordenando a Murray que se abstuviese de pre-sentar su nombramiento y al secretario de la corte del con-dado de administrarle el juramento del cargo.

La petición de injunction fué radicada el 29 de agosto de 1936, y el 18 de septiembre L. M. Weathers radicó una pe-tición de intervención en la cual alegaba que en agosto 22 de 1935. había sido debidamente nombrado y tomado posesión del cargo de comisionado demócrata para el condado de Todd; que de acuerdo con la ley, él había sido nombrado por un período de un año y hasta que su sucesor fuese debidamente nombrado y tomase posesión. Alegó que el nombramiento que se intentó hacer a favor de Murray era ilegal y sin au-toridad por parte del State Board. Asumió en cuanto al nombramiento de Murray la misma posición que habían asu-mido los demandantes, y por los mismos fundamentos alega-dos por ellos, argüyó que el interventor tenía el derecho a continuar desempeñando dicho cargo hasta que su sucesor fuese legalmente nombrado.

Posteriormente los demandantes enmendaron sn petición de injunction y alegaron qne Gill, presidente del comité del condado de Todd, convocó a dicho comité para una reunión qne habría de celebrarse el 14 de agosto en la oficina del se-cretario de la corte del condado; qne a virtud de dicha con-vocatoria se reunió un número de miembros del comité me-nor qne el necesario para constituir quorum; pero se alegó qne antes de celebrarse esa reunión, el presidente había con-sultado personalmente- con un número de miembros del co-mité, y estas personas así consultadas, quienes estuvieron conformes con los nombres propuestos, adicionadas a las presentes en la reunión, constituían una mayoría del comité, el cual aprobó la certificación de las personas cuyos nombra-mientos fueron más tarde certificados al State Board. El presidente, de conformidad con este acuerdo, alega que cer-tificó la lista al State Board. Se alegó entonces por los pe-ticionarios que había sido la costumbre general que el pre-sidente certificase la lista sin reunir al comité, y que tal cer-tificado siempre había sido aceptado como bueno por el State Board, y que por esa razón “ellos [el State Board] están impedidos {estopped) de cuestionar la validez de su lista.” El State Board no fué parte en este asunto.

Besolviendo la cuestión así planteada, dijo la Corte:

“No tomamos en cuenta la alegación de que la actuación del pre-sidente es válida por haberse establecido ‘la práctica de que el presi-dente, sin consultar siquiera a los miembros de la junta, presentaba al State Board los cinco nombres escogidos para ser nombrados.’ Consideraremos ese argumento como una alegación de la interpre-tación contemporánea del estatuto. Esa alegación sólo puede ser con-siderada por las cortes cuando el estatuto a ser interpretado es vago, incierto o ambiguo. Este principio de interpretación fué aclarado en Gilbert v. Greene, 185 Ky. 817, 216 S. W. 105; Seivell v. Bennett, 187 Ky. 626, 220 S. W. 517.
“Podemos decir ahora que la parte del estatuto en cuestión (sec-ción 1596 a-2), no está sujeta a crítica alguna por vaguedad o am-bigüedad. Prescribe en términos precisos que el nombramiento que debe hacerse por el State Board se seleccionará de una lista de cinco nombres designados por escrito 'por cada uno de los comités ejecu-tivos de condado de los dos partidos políticos, ’ debiendo nombrarse uno de cada lista si algunos fueren designados. Este estatuto es-claro e inequívoco. No tiene la más mínima ambigüedad. Y pode-mos decir ahora que lo interpretamos exactamente por lo que el mismo dice, esto es, que la lista presentada debe ser preparada por el comité ejecutivo del condado y no por su presidente. El presi-dente puede, desde luego certificar al State Board el acuerdo del comité. ’ ’

Idéntica doctrina se estableció en State v. Rhodes (Mo., 1942), 163 S.W. (2d) 978, 980.

Ley Electoral de Puerto Rico no fija un término dentro del cual el organismo directivo central del partido deba presentar al Gobernador los nombres de las personas-personas-ser nombradas. Siendo ello así, en cualquier momento en que el organismo directivo central presente su petición, el gobernador viene obligado a actuar de conformidad con dicha petición, y no puede constituir una excusa legal para dejar incumplido ese deber ministerial, el hecho de que el presi-presi-del partido, actuando en contra de la ley, le haya pre-pre-antes una petición preparada por él a espaldas de la junta central. Pero alega el querellado, aunque no lo probó, pues no presentó evidencia en apoyo de sus alegacio-alegacio-que cuando recibió la petición de la junta central ya los nombramientos se habían extendido a favor de las personas designadas por el presidente del Partido, el demandado Cru-Cru-Silva había jurado su cargo y a la fecha en que se ra-ra-esta petición de mandamus ya había tomado posesión del mismo, y que el querellado no tenía motivos para destituirlo. Que tampoco podía nombrar a las personas designadas por-por-junta central porque de así hacerlo habría entonces dos-dos-nombradas para desempeñar cada cargo. Arguye además el querellado que no es el mandamus sino el recurso de quo warranto el remedio a que debieron acudir los peti-peti-pues habiéndose nombrado ya a los* señores Gus-GusCruzado Silva y Ernesto Mieres Calimano, no podían ser éstos destituidos sin ser oídos y para ello éra necesario que fueran partes en el recurso de quo warranto. El quere-llado en su alegato nos cita una larga lista de casos para demostrarnos que cuando el cargo está ocupado por otra persona, arinque sea ésta un funcionario defacto, el mandamus no procede a menos que el demandante Raya ocupado' ante-riormente el cargo y hubiese sido ilegalmente destituido. In-voca los casos de Gil v. Chardón, Comisionado, 41 D.P.R. 210; Branizar v. Mendín, Alcalde, 43 D.P.R. 29, y Blanco v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 853. Arguye además el quere-llado que una de las razones más poderosas' para denegar el mandamus cuando otra persona esté ocupando el cargo del cual no haya sido ilegalmente destituido el demandante, es porque dentro del mandamus la persona que ocupa el cargo, que es la parte directamente afectada por la sentencia, no tiene oportunidad de ser oída ni tiene su día en corte en de-fensa de su título.

Es un principio universalmente aceptado que cuando un cargo público carece de término definido, a menos que pueda interpretarse legalmente que el propósito del legislador fué crear un término vitalicio sujeto a destitución por justa causa, el incumbente ocupa el cargo a voluntad del poder nomina-dor, quien lo puede destituir en cualquier momento que así lo desee sin previa notificación, sin formulación de cargos, sin audiencia ni explicación alguna. El mero nombramiento de su sucesor lo destituye del cargo. Blake v. United States, 103 U. S. 227; Kinsland v. Mackey (N. C., 1940), 8 S. E. (2d) 598; Garnier v. Louisiana Milk Commission (La., 1942), 8 So. (2d) 611; Cook v. St. Francois County (Mo., 1942), 162 S. W. (2d) 252, 254. Véase además la monografía en 99 A. L.E,. 381, en donde se acopian casos de distintas jurisdiccio-nes de los Estados Unidos, incluyendo algunos de la Corte Suprema federal, y además de Canadá e Inglaterra.

Establecida esta premisa, y teniendo en cuenta que los cargos en controversia no tienen término fijo, dichos cargos son ocupados a voluntad del poder nominador y sus incum-bentes pueden on cualquier momento ser retirados de sus cargos sin notificación, sin formulación do cargos y sin de-recho alguno a sor oídos. Bastaría que el Gobernador, en cumplimiento del deber ministerial que le impone la sección 1 de la Ley Electoral, extendiese el nombramiento a favor de los peticionarios para que no pudiese existir contienda en cuanto al derecho al cargo por parte de los actuales ineum-bentes y los peticionarios pudieran tomar posesión de los mismos.

Siendo ello así, no existe razón legal alguna que impida la procedencia del mandamus en el presente caso, pues a to-dos los efectos legales la situación es la misma como si los cargos en cuestión no estuviesen actualmente ocupados por otras personas. Blake v. United States, supra. Cf. State ex rel. Ayres v. Kipp, 10 S. D. 495.

El caso de Commonwealth v. Gibson (Pa., 1934), 175 Atl. 389, en que el querellado pone especial énfasis y alega que os similar al de autos y que allí se denegó el mandamus y se dijo por la corte que. de haberse presentado un quo warranto el recurso hubiera procedido, es perfectamente dis-tinguible del presente caso. Eji aquél, contrario a lo que en éste sucede, el cargo en cuestión tenía un término fijo de un año y por consiguiente el ineumbente no lo ejercía a volun-tad del poder nominador. Consecuentemente, para ser se-parado del cargo era jrreeiso daEe una oportunidad de ser oído en su defensa. Si en el presente caso los cargos en controversia tuviesen un término fijo, tendríamos que conve-nir con el querellado en que era el quo warranto y no el mandamus el recurso procedente.

Por último, el querellado a la página 16 de su alegato cita del sumario en el caso State v. Wayne County Court (W. Va., 1922), 114 S. E. 517, la definición del funcionario defacto. Sin embargo, una mera lectura de la opinión, como inmedia-lamente veremos, sostiene la contención de los peticionarios en el presente caso. Los hechos son los siguientes:

El comité republicano del condado de Wayne debía pre-sentar a la corte de dicho condado una lista de los funciona-rios electorales, y a ese efecto se convocó el comité. Dicho comité estaba compuesto de doce miembros, y el día fijado en la convocatoria sólo concurrieron cinco miembros en persona y otro más por poder. Esos seis miembros acudieron donde el presidente para celebrar la reunión, y al negarse éste a celebrarla, se reunieron ellos y procedieron a elegir un miembro adicional para llenar una vacante que se alegaba existía en virtud de haberse ausentado del condado uno do los miembros. Estos siete miembros constituían una mayo-ría del comité. Actuó uno de ellos como presidente pro tem-pore y otro como secretario, y aprobaron una lista de per-sonas para sojneterla a la corte del condado para que ésta les extendiera los nombramientos como oficiales electorales. Por otra parte, el presidente sometió otra lista alegando que el comité no se había reunido. Con las dos listas ante sí, la corte del condado procedió a nombrar los funcionarios elec-torales de la lista sometida por el presidente, rechazando la sometida por el comité. Acudieron entonces los miembros del comité a la Corte Suprema de Apelaciones de West Virginia, y solicitaron un auto de mandamus dirigido a la corte del condado de Wayne para que ésta procediese a nombrar los funcionarios de la lista sometida por el comité.

Luego de discutir la validez de la constitución y actuación del comité, y del derecho del miembro seleccionado para cu-brir la alegada vacante para actuar en su carácter de miem-bro defacto, la corte decretó el auto perentorio de mandamus, expresándose así:

“Esto nos conduce a la conclusión de que la lista de personas que los relatores piden que se ordene a la corte del condado a nombrar fue debidamente certificada y que el presidente, como tal, no tenía derecho a hacer caso omiso de la voluntad del comité certificando la otra lista, ni tampoco tenía la corte del condado facultad alguna para descartar la lista certificada por los siete miembros antes men-cionados, aceptando la presentada por el presidente del comité, la que ni siquiera pretendía ser la actuación del comité sino la exclusiva actuación de su presidente.”

El caso de State v. Wayne County Court, supra, de que-acabamos de citar, fue ratificado en el de Gainer v. County Court of Calhoun County (W. Va., 1938), 199 S. E. 878.

Por los fundamentos expuestos procede declarar con bju-gar la petición de mandamus y ordenar que por el secreta-rio se expida al querellado Hon. Bexford Guy Tugwell, Go-bernador de Puerto Rico, un auto de mandamus perentorio-ordenándole que sin excusa alguna inmediatamente proceda a extender a favor de los peticionarios Luis A. Archilla Lau-gier y José Enrique Gelpí los correspondientes nombramien-tos de miembro propietario y miembro suplente, respectiva-mente, del Partido Liberal Puertorriqueño ante la Jimia Insular de Elecciones de Puerto Rico.

RESOLUCION

Abril 26, 1944

El 21 del actual los abogados del querellado radicaron una moción en este caso suplicando enmendemos aquella parte de nuestra opinión en que se expresa que el querellado alega pero no probó que cuando él recibió la petición de la Junta. Central ya los nombramientos se habían extendido a favor de las personas designada por el Presidente del Partido Liberal. Sostienen dichos abogados que esa manifestación po-dría reflejar un caso de negligencia por parte de ellos, y que esa parte de la opinión es inexacta porque a su contestación acompañaron un número de exhibits, que relacionan, que tien-den a probar dichos extremos.

Esos exhibits no fueron ofrecidos en evidencia, y conse-cuentemente, a pesar de haberse acompañado a su contesta-ción, no constituyen evidencia del querellado.

Como este caso se radicó originalmente en este tribunal, son de aplicación las Reglas de Enjuiciamiento Civil que ri-gen para las. cortes de justicia de Pnerto Rico desde el día primero de septiembre de 1943. Así, pues, parece conve-niente llamar la atención de los abogados peticionarios a lo dispuesto en la regla 10(c), que dice:

‘ ‘ Cualquier manifestación hecha en una alegación podrá adoptarse por referencia en cualquiera otra parte de la misma o en otra alega-ción o moción. Una copia de cualquier documento escrito que se acompañe como exhibit a una alegación se considerará para todos los efectos como parte de la misma.” (Bastardillas nuestras.)

Fné por eso que dijimos que el querellado alegó pero no presentó prueba para sostener su alegación, ya que era su deber ofrecer los exhibits en evidencia si quería probar los hechos contenidos en los mismos. Hubiera sido innecesario presentar los exhibits en evidencia si este tribunal, haciendo uso de la facultad que le concede la regla 7(a), hubiese exi-gido a los demandantes que radicasen una réplica a la contes-tación y en la réplica se hubiese admitido por los demandan-tes la verdad del contenido de dichos exhibits.

Pero como no se exigió a los demandantes que radicasen' una réplica a la contestación, los exhibits unidos a ésta, como cualquiera otra alegación de la misma, se tienen por nega-dos de acuerdo con la regla 8(d).

Por lo expuesto, no ha lugar a la “Moción sobre Enmienda a la Opinión” radicada el 21 de abril de 1944 por los peti-cionarios.

      (1)La petición fechada el 11 de marzo de 1941 que el señor José Ramírez Santibáñez dirigió al Gobernador y que recibió éste el 30 del mismo mes y año, •dice:

        “Hon. Rexford Guy Tugwell, Gobernador de Puerto Rico,
      San Juan, Puerto Rico. — Señor:
      “Por haber renunciado el miembro propietario y el suplente del Partido Liberal Puertorriqueño en Ja Junta Insular de Elecciones, tengo a bien someter a V. H. para sustituirlos a las siguientes personas:
      “Para miembro propietario, Ledo. Gustavo Cruzado Silva.
      “Para miembro suplente, Ledo. Ernesto Mieres Calimano.
      “De usted muy atentamente,
      “(Firmado) José Ramírez Santibáñez, Presidente del Partido Liberal Puer-torriqueño. ’ ’

      Compárese con la que con fecha 30 de marzo de 1944 le dirigió el señor Gelpí en representación de la junta central:
      “Hofi. Rexford Guy Tugwell, Governor of Puerto Rico,
      La Fortaleza. — My dear Governor Tugwell:
      “The Central Committee ('Junta Central’) of the Liberal Party of Puerto Rico, on the 12th day of March, 1944, adopted a resolution, which I hereby communicate to you, designating Messrs. Luis A. Archilla Laugier and José Enrique Gelpí, respectively, as the representative and alternate representative of said principal political party in the Insular Board of Elections. ■
      “Pursuant to Section 1 of the present Election Law (Laws of Puerto Rico, 1934, Regular Session, page 188), the central directing body of the Liberal Party of Puerto Rico hereby recommends and requests the appointment of said representatives of the Liberal Party in the Insular Board of Elections.
      “Due to pressing matters pending in the Insular Board of Elections, which should not be considered without the proper representation provided by law, immediate action on these appointments is requested.
      “Respectfully yours,
      “ (Signed) José Enrique Gelpí, Secretary, Central Committee (Junta Central, Partido Liberal Puertorriqueño).’’


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Manuel de Torres, demandante y apelado, v. Juan Ramón de Torres y Juana Vander Linden, demandados, y apelante el primero.
    Núm. 8816.

      —Sometido: Enero 10, 1944.

      Resuelto: Abril 20, 1944.

      Gabriel de la Haba y Damián Monserrat, Jr., abogados del apelante; Manuel de Torres por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En 1913 el demandante adquirió, por legado que le hi-ciera su abuelo, un. condominio consistente en dos onceavas partes de la casa número 19 de la calle General Contreras de esta ciudad. En la misma casa el doctor Ramón A. de Torres, padre del demandante, poseía un condominio de nueve onceavas partes, de las cuales cinco le pertenecían privativa-mente y las cuatro restantes tenían carácter de gananciales por haberlas adquirido durante su matrimonio con la deman-dada Juana Vander Linden. Para aquella fecha el deman-dante vivía ya en Nueva York, y como era menor de edad, su padre administraba y disfrutaba de las rentas de la tota-lidad de la casa; pero al llegar a su mayor edad en 1916 otorgó a favor de su padre un poder que lo autorizaba para administrar el condominio de dos onceavas partes que el de-mandante tenía sobre la casa en cuestión. A virtud de este poder, el doctor Kamón A. de Torres administró el referido condominio del demandante hasta su muerte, acaecida el 16 de octubre de 1921. Para esa fecha el demandado Juan Ba-món de Torres, que vivía en Puerto Bico, se hizo cargo de la administración de los bienes de la herencia, y asimismo administró el condominio de su hermano, el demandante, en la casa número 19 de la calle General Contreras, continuando en la administración a virtud del poder general que el 14 de diciembre de 1921 el demandante le otorgó en Nueva York, autorizándolo para administrar todos sus bienes, represen-tarlo en la testamentaría de su señor padre y ejecutar actos de riguroso dominio, entre ellos los de vender, comprar e hi-potecar bienes inmuebles del demandante. A virtud del re-ferido poder, el demandado Juan B. de Torres por su pro-pio derecho y como apoderado del demandante, en unión de su madre la demandada Juana Vander Linden y de su her-mana Juana Josefa Hortensia de Torres, vendieron la casa número 10 de la Avenida Fernández en Miramar, que todos habían heredado del doctor De Torres, y en la cual tenía la demandada Juana Vander Linden su participación de ga-nanciales.

Con el producto de la referida finca, la cual había costado cinco mil dólares, y fué vendida por ocho mil dólares, com-praron un solar en Avenida Atlantic, en Santurce, sobre el cual construyeron tres casas mareadas con los números 2, 4 y 6. El costo del solar y de las tres casas ascendió a $17,017.83, y para completar esa suma fué necesario tomar a préstamo ciertas cantidades, las cuales fueron en parte pa-gadas con las rentas de las casas. El solar y las tres casas antes mencionadas, se hicieron figurar a nombre de doña Juana Vander Linden, pero en el entendido de que dicha propiedad pertenecía a la sucesión del Dr. De Torres en la proporción correspondiente al capital que cada uno había in-vertido en ella. A su regreso a Puerto Rico, a fines del año 1938, el demandante requirió a su hermano Juan R. de Torres para que le rindiese cuentas de su administración, y no pudiendo llegar ellos a un acuerdo satisfactorio, el deman-dante presentó en la corte inferior contra su hermano y su señora madre esta acción sobre rendición de cuentas, examen de libros y cobro de dinero. Celebrado el juicio, la corte con la anuencia de las partes, nombró un árbitro experto en conta-bilidad para que hiciese un estudio en cuanto a las cuestiones de hecho relacionadas con los ingresos y egresos de la adminis-tración del doctor De Torres primero y de Juan Ramón de Torres después, y procediese a determinar el saldo, si alguno hubiere, en favor de cualesquiera de las partes. El árbitro rindió su informe, y luego de una pequeña corrección que le hiciera la corte, la exactitud de sus cálculos fue aceptada por ambas partes, según se desprende de^ los autos. A base del informe del árbitro así corregido, la corte inferior dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a la de-mandada Juana Vander Linden y con lugar en cuanto al demandado Juan R. de Torres, condenando a éste a pagar al demandante la cantidad de $3,683.21, más intereses lega-les sobre dicha suma desde el 29 de mayo de 1941, fecha en que se dictó la sentencia. Condenó además al demandado Juan R. de Torres a pagar las costas incurridas por el de-mandante, y a éste a su vez a pagar las incurridas por la de-mandada Juana Vander Linden.

El árbitro divide su informe en dos partes; en la primera hace un estudio de las rentas producidas por la casa número 19 de la calle General Contreras durante la administración del doctor Ramón A. de Torres, es decir desde que el demandante llegó a su mayor edad en el 1916 hasta el fallecimiento del doctor De Torres en 1921. El segundo período del informe comprende desde la muerte del doctor De Torres.

Como resultado del estudio del primer período a que se refiere el informe, el doctor De Torres quedó a deber a su hijo el demandante por concepto de rentas correspondientes .a su condominio en la casa número 19 de la calle G-eneral Contreras la cantidad de $377.26. De acuerdo con el in-forme del árbitro, el valor neto del solar con las tres casas .edificadas en la Avenida Atlantic es de $10,568.62, resultado •a que se llega luego de deducir las cargas que pesan sobre dicha propiedad y otras deudas en que se incurrió para la edificación de las casas.

Se queja el demandado de que erró la corte al condenarlo a pagar al demandante la cantidad que se expresa en la sen-tencia, y arguye que lo procedente es reconocer al deman-dante el condominio que le corresponde en el solar y las tres •casas radicadas en la Avenida Atlantic. Conviene aclarar que la casa número 19 de la calle General Contreras no está en controversia en este caso.

A nuestro juicio tiene razón el demandado apelante, pues el demandado lo que hizo fue vender en su carácter de apo-derado del demandante la participación de éste juntamente con la suya y las de los otros herederos en la casa número 10 de la Avenida Fernández, la cual pertenecía a la madre en cuanto a una mitad por concepto de gananciales y la otra mitad a los hijos y a la madre en la cuota usufructuaria. Las rentas de las nuevas casas y de la casa número 19 de la calle General Contreras fueron también empleadas en la amortización de las deudas de estos inmuebles en la Avenida Atlantic, de suerte que lo que hizo el demandado fué inver-tir parte del capital y rentas de su poderdante en la propie-dad de la Avenida Atlantic, para lo cual estaba autorizado por su poderdante y según declaró probado la corte, el de-mandante se benefició con la operación que a su nombre hi-ciera el demandado.

Existiendo como existen el solar y las tres casas en la Avenida Atlantic, no vemos cómo pueda el demandado ser deudor del demandante, y por consiguiente erró la corte al condenar al primero a pagar al' segundo cantidad alguna. Lo correcto, conforme indica el demandado apelante, es re-conocer al demandante el condominio que le corresponda en la finca de la Avenida Atlantic, quedando desde luego, en libertad de continuar o no en la comunidad.

También se queja el demandado de que se le baya condenado a pagar al demandante la cantidad de $377.26, cantidad que según alega el demandado nunca llegó a su poder. En verdad no existe evidencia de que el demandado se apoderase de- dicba suma, pero es lo cierto que el doctor De Torres la debía a su bijo el demandante, y por consiguiente al fallecer el doctor De Torres esa partida de $377.26, si bien no es una deuda del demandado a favor del demandante, debe considerarse como una carga de su herencia. Siendo el o así la referida partida no debe deducirse del haber del demandante, sino que debe acreditársele en su condominio en el solar y tres casas de la Avenida Atlantic.

Alega también el apelante que erró la corte inferior al no haber dado crédito al demandado Juan R. de Torres en cuanto aseguró que entre él y el demandante existía un convenio para donar las rentas de sus respectivas propiedades en San Juan y Santuree a su madre y hermana antes mencionadas, para contribuir a su sostenimiento.

En verdad, Juan R. de Torres declaró sobre ese extremo y manifestó que tenía en su poder una carta para acredi-tarlo, pero la carta no se presentó, y el juez sentenciador no dio crédito a esa parte de la declaración del demandado. Si no hubiesen mediado otras circunstancias que daban de-recho a la corte a no aceptar la declaración del demandado, hubiéramos convenido con éste en que la corte inferior no podía arbitrariamente rechazar esa parte de su declaración. Caballero v. González, 53 D.P.R. 539; Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726. Pero en el pre-sente caso, de la declaración del propio demandado snrge que él continuó a través de sn madre rindiendo cuenta al demandante de las rentas producidas por sus propiedades, lo que hasta cierto punto podría interpretarse como incompatible con tal pacto, y en adición a esto resulta que esas mismas rentas fueron aplicadas en parte a reducir la deuda contraída con motivo de la adquisición de las casas de la Avenida Atlantic y no al sostenimiento de la madre y her-mana del demandante. Éstas son circunstancias que pudie-ron haber influido en la mente del juez sentenciador para no aceptar esa parte de la declaración del demandado y, aunque quizás nosotros no hubiéramos llegado a la misma conclusión a que él llegó sobre ese extremo, no podemos convenir en que el juez de la corte inferior actuó arbitrariamente al no dar crédito a esa prueba, y por lo tanto no debemos alterar su conclusión.

En cuanto a la participación de los demás herederos en las propiedades de la Avenida Atlantic, opinamos que siendo ellos todos mayores de edad debemos dejarlos que fijen entre sí sus respectivas participaciones.

Procede por lo expuesto modificar la sentencia apelada en el sentido de decretar qtoe el demandado Juan B. de Torres nada adeuda al demandante por concepto de la reclama-ción oh jeto de este pleito, pero decretando que el demandante es dueño de un condominio de $3,683.21 en el valor neto de $10,568.62 dado al solar y las casas números 2, 4 y 6 de la Avenida Atlantic edificadas en dicho solar, debiendo el de-mandado Juan B. de Torres pagar las costas del demandante y éste a su ves las de la demandada, dejándose sin efecto el pronunciamiento de intereses hecho por la corte inferior, y así modificada la sentencia, se confirma.