author: El Juez Asociado Señor Córdova JUEZ ASOCIADO SR. TODD, JB.

text:
    Víctor Manuel y Manuel Isidro Sosa y Millán, demandantes y apelantes, v. Juan Isidro Sosa Escobar, et al., demandados y apelados.
    Núm. 8973.

    Sometido: Julio 2, 1946.

      Resuelto: Julio 26, 1946.

      Ricardo H. Blondet y Arturo Ortiz Toro, abogados de los apelantes; Heriberto Torres Soló, abogado de la apelada Celestina Sosa Viz-carrondo; Heriberto Torres Sola y Gabriel de la Haba, abogados del apelado Antonio R. Matos; Frank Martínez, M. A. García del Rosario y Sebastián García Díaz, abogados de los apelados Federal Land Bank of Baltimore y The Land Bank Commissioner; Sifre, Fnmceschi & Sifre, abogados de la apelada Loíza Sugar Company; C. Coll y Cuchí, abogado del apelado Marcial Suárez.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Vuelven a nuestro regazo los higos naturales y adoptivos de Manuel Sosa. Su caso nos ha sido devuelto por la Corte de Circuito para el Primer Circuito, a la cual apelaron los hijos adoptivos de nuestra sentencia, que por estar igual-mente divididos los cuatro jueces que entonces constituían esta Corte, confirmó la de la corte de distrito que declaró sin lugar la demanda de los hijos adoptivos. La apela-ción tuvo relativo éxito, gracias a la circunstancia de que ahora consta esta Corte de cinco jueces. La Corte de Cir-cuito, en razón de la deferencia que en casos de derecho local guarda a nuestras decisiones dejó sin efecto nuestra sen-tencia Y nos devolvió el caso en la esperanza de que ahora pudiera resolverse por mayoría de los cinco jueces, incluyendo en su encomienda aquella parte de la sentencia que se refiere a los demandados Matos, Federal Land Bank, Land Bank Commissioner, Loíza Sugar Co., Marcial Suárez y Ceferino Osorio, con la cual los cuatro jueces de esta Corte que ya intervinieron en el caso estuvieron conformes.

Los hechos del caso, y la legislación y precedentes apli-cables, se exponen ampliamente en las opiniones de los jue-ces Todd y Snyder, 64 D.P.R. 769 y 779.

Basta ahora recordar que Manuel Sosa dejó a su muerte dos hijos adoptivos, y dos naturales reconocidos, y en su tes-tamento declaró a sns hijos naturales sus únicos y univer-sales herederos, dejando a sus hijos adoptivos legados por valor de $20,000 (algo menos de una séptima parte de la he-rencia), y la nuda propiedad de una sexta parte de la he-rencia. Los hijos adoptivos, alegando tener derecho a dos terceras partes de la herencia, iniciaron este pleito contra los hijos naturales, los otros legatarios, y terceras personas que adquirieron de los hijos naturales y legatarios derechos en los bienes de la herencia durante el curso de los dieciocho años que mediaron entre la partición de la herencia y la ra-dicación de la demanda de los hijos adoptivos.

La corte de distrito declaró sin- lugar la demanda por entender que, cuando concurren herederos forzosos, como lo son los hijos naturales, el hijo adoptivo carece de derecho alguno a la herencia.

I

Los apelantes sostienen que, aun en concurrencia con he-rederos forzosos, y hasta donde no se perjudique la legítima de éstos, los hijos adoptivos tienen tanto derecho a la he-rencia como los hijos legítimos, es decir, tienen derecho a las dos terceras partes de la herencia.

El artículo 177 de nuestro Código Civil disponía, al igual que el código español, que el hijo adoptivo no adquiría derecho alguno a heredar a su adoptante, en ausencia de un pacto contrario en la escritura de adopción. Esa disposición fué expresamente derogada en el 1902, y en su lugar se sustituyeron los artículos que hoy se numeran 132 y 133, que rezan así:

“Artículo 132. — La adopción no perjudicará en ningún caso los-derechos que correspondan a los herederos forzosos, y que subsistirán-corno si la adopción no se hubiese verificado.
“Artículo 133. — El adoptado tendrá en la familia del adoptante los derechos y deberes y la consideración de un hijo legítimo, con la-excepción establecida en el artículo anterior.”

Los artículos que se acaban de transcribir se copiaron, con ligeras variaciones, del artículo 214 del Código Civil de Louisiana, que en lo pertinente dispone:

. . tal adopción no perjudicará los derechos de herederos for-zosos.
"El adoptado tendrá en la herencia del adoptante todos los dere-chos de un hijo legítimo, con la excepción establecida anteriormente.”

La derogación del artículo 177, y la sustitución de dis-posiciones que dan al adoptado los derechos en la familia de un hijo legítimo, sin perjuicio de los derechos de los here-deros forzosos, constituyen una expresión clara de la inten-ción legislativa de abandonar el principio expresado en el código español, tan reñido con. el concepto histórico de la adopción, de que el adoptado ningún derecho a la herencia adquiere (en ausencia de contrato), y abrazar el principio tan típico de la adopción, de que el adoptado adquiere derechos en la herencia.

Ni este Tribunal, ni ninguno de sus jueces, ha sugerido siquiera que la intención legislativa en el 1902 fuera otra. En la opinión del Juez Todd en este caso, 64 D.P.R. 774, se reconoce que el legislador en el 1902 quiso conceder y con-cedió al adoptado derechos hereditarios, aunque se llega a la conclusión de que esos derechos sólo existen en la suce-sión intestada, y en ausencia de herederos forzosos.

Ahora bien, si como ya se resolvió en Ex Parte Ortiz y Lluberas, 42 D.P.R. 350, y en Bardeguez v. Bardeguez, 48 D.P.R. 713, y si como todos los actuales jueces de esta Corte entienden, el legislador en el 1902 confirió al adoptado cier-tos derechos en la hacienda del adoptante ¿dónde están con-feridos, y dónde limitados, esos derechos?

Se confieren, y se limitan, los derechos hereditarios del adoptado, en los artículos 132 y 133 del Código Civil, que ya han sido transcritos. Se confieren en el 133, al dispo-nerse que el adoptado tendrá “en la familia del adoptante los derechos ... de un hijo legítimo, con la excepción es-tablecida en el artículo anterior.” No existe ninguna otra disposición en Puerto Eico que conñera al adoptado derecho alguno a la herencia, testada o intestada, del adoptante. Si se confieren derechos hereditarios en ese artículo, es porque el legislador, al hablar de los derechos de un hijo legitime en la familia, quiso incluir los derechos a la herencia, según se resolvió en Ex Parte, Ortiz y Lluberas, supra.

Que los “derechos en la familia” que adquiere el adop-tado en la del adoptante comprenden derechos en la heren-cia testada e intestada queda además corroborado por el ar-tículo 137 de nuestro Código. Ese artículo dispone que “el adoptado conservará los derechos que le correspondan en su familia, natural ...” y según se demuestra con toda cla-ridad en la opinión del Juez Todd en 64 D.P.R. 772 y 773, esos derechos que conserva el adoptado en su ‘‘familia natural ’ ’ incluyen, entre muchos otros, el derecho a heredar, medie o no testamento.

Si entre los “derechos en la familia” se comprende el de herencia en el artículo 137 ¿por qué no se comprende en el 133? Si no se comprende en el 133, ¿por qué se comprende en el 137? Si el derecho de herencia no estuviera compren-dido en ninguno de los dos artículos, tendríamos el resultado anómalo de que el adoptado no tiene derechos hereditarios ni en la familia adoptiva ni en la natural. Pero ya hemos visto, y nadie discute, que según el artículo 137, los “dere-chos en la familia” incluyen los derechos de herencia, tes-tada e intestada. No es irrazonable concluir que la misma frase tiene el mismo alcance en el artículo 133, y que este artículo por lo tanto confiere al adoptado derechos en la he-rencia del adoptante, testada e intestada.

Sentadas las premisas de que el legislador en el 1902 quiso conferir al adoptado ciertos derechos en la he-reacia del adoptante, y que esos derechos se confieren en el artículo 133 y se limitan, según ese artículo, por el que le precede, resta determinar el alcance de esos derechos. El artículo 133 dispone que serán los mismos que tiene el hijo legítimo. El artículo 737 expone que los hijos legítimos tie-nen derecho, como su porción de la herencia de la cual el testador no puede privarles, a las dos terceras partes de la herencia. Es cierto que ni el artículo 737 del Código Civil, ni ninguno de los artículos que hablan de la legítima y de los herederos forzosos, menciona el hijo adoptivo. Tal men-ción es innecesaria, como es innecesaria la mención del hijo legitimado, que tampoco se menciona. Es innecesaria por-que ya el artículo 133 dice que el hijo adoptivo tiene los de-rechos del legítimo, al igual que el 121 dice que el legiti-mado disfrutará de todos los derechos del legítimo. Luego el hijo adoptivo, como el legitimado, tiene su legítima fijada en el Código: la legítima que corresponde al hijo legítimo, y que comprende las dos terceras partes de la herencia. Pero el artículo 133 y el 132, disponen que ese derecho del hijo adoptivo a las dos terceras partes de la herencia no es absoluto. Está sujeto a una limitación: que no perjudique los derechos de herederos forzosos, los cuales subsistirán como si no hubiese mediado la adopción. Puede decirse, por lo tanto, que el hijo adoptivo tiene derecho a una legítima de dos terceras partes, derecho que podrá menguarse, y en algún caso eliminarse, cuando la legítima preferente de uno o más herederos forzosos consuma parte de esa porción, o toda esa porción.

En el caso de autos la concurrencia de herederos forzosos no mengua la legítima de dos terceras partes que corres-ponde a los hijos adoptivos. Concurren hijos naturales. La legítima de los hijos naturales varía según concurran o no descendientes o ascendientes legítimos. Si concurren descen-dientes legítimos, al hijo natural corresponde la mitad de la cuota del legítimo, siempre que quepa en el tercio de libre disposición. Si concurren sólo ascendientes legítimos, los hijos naturales tienen derecho a una cuarta parte de la he-rencia, sin perjuicio de la cuota del viudo. Si no concu-rren ni ascendientes ni descendientes legítimos, a los hijos naturales corresponde una tercera parte de la herencia como legítima. En este caso, es de aplicación el artículo 769, que fija la legítima de los hijos naturales en ausencia de descendientes y ascendientes legítimos en una tercera parte, no porque, como se dijera en la opinión del Juez Snyder en 64 D.P.R. 788, al hijo adoptivo no se le considere como des-cendiente legítimo (el artículo 133 precisamente dispone que ha de considerársele como hijo legítimo), sino porque el artículo 132 dispone que los derechos de los herederos for-zosos “subsistirán como si la adopción no se hubiese verifi-cado.” Por consiguiente, al determinar la legítima de he-rederos forzosos cuando existen hijos adoptivos, se parte de la base de que no ha habido adopción. Partiendo de esa base, no hay en el caso de autos descendientes legítimos, y es de estricta aplicación el artículo 769.

Siendo- la legítima de los hijos naturales en el caso de i autos una tercera parte de la herencia, no se perjudican sus derechos, y subsisten como si no se hubiese verificado la adopción, al reconocerse a los hijos adoptivos su legítima de dos terceras partes.

Forzoso es admitir que el resultado al que se acaba de llegar es incongruente con el resultado del caso de Lugo, Ex Parte; Ortiz, etc., Opositores, 64 D.P.R. 868. En ese caso, resuelto pocos días después de nuestra decisión original en el caso de autos, los cuatro jueces que entonces integraban este Tribunal estuvieron conformes, aunque por razones dis-tintas, en que el hijo adoptivo que concurre con herederos forzosos en una sucesión intestada nada hereda, por tener los herederos forzosos derecho a toda la herencia, y por dis-poner el artículo 132 que la adopción no perjudicará los de-rechos que correspondan a los herederos forzosos.

Si como se acaba de resolver en el caso de autos, el adop-tado tiene derecho, al concurrir con hijos naturales en la sucesión testada, a dos terceras partes de la herencia, no importa cual fuese la voluntad del testador, resulta anómalo que, de no mediar testamento que le niegue ese derecho, el adoptado nada adquiera. Podría decirse entonces que el de-recho del adoptado, en concurrencia con un heredero forzoso, sólo existe cuando el adoptante pretenda quitárselo, iffln otras palabras, si el adoptante nada dice, si no otorga tes-tamento, nada adquiere el adoptado, y todo lo adquiere el heredero forzoso. Pero si el adoptante llega a expresar en testamento su voluntad de dejar toda su herencia a ese mismo heredero forzoso, basta esa expresión (innecesaria puesto que de no haber testado el adoptante todo lo heredaría el heredero forzoso) para que el adoptado tenga derecho a dos terceras partes de la herencia, y se limite al heredero for-zoso a su legítima. Tal es, sin embargo, el resultado al que nos lleva el caso de Lugo, al compararlo con el que ahora se resuelve.

Incongruente como es el resultado de este caso con el que se obtuvo en el de Lugo podría justificarse esa incongruencia si nuestra legislación la exigiera. Pero no la exige. Basta interpretarla literalmente, como se ha interpretado en el es-tado de donde proviene, Louisiana, en Alexander v. Gray, 181 So. 639, para ver que no fue bien aplicada en el caso de Lugo. Dicho caso se basa en la premisa de que en la sucesión intestada “los derechos que correspondan a los he-rederos forzosos” a que se refiere el artículo 132, derechos que la adopción no puede perjudicar, comprenden la totali-dad de la herencia. No es así. Los “derechos que corres-pondan a los herederos forzosos” se definen con toda clari-dad en la sección quinta, capítulo segundo, título tercero del libro tercero del Código Civil (artículos 735 al 750). El be-redero forzoso sólo tiene derecho a la legítima, y a los inci-dentes que de ella fluyen. “La legítima”, dice el artículo 735, “es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados here-deros, llamados por esto herederos forzosos.” Puesto que la frase “los derechos que correspondan a los herederos for-zosos” utilizada en nuestro artículo 132 es equivalente al “derecho de determinados herederos a la legítima y sus in-cidentes,” el significado literal del artículo 132 es el si-guiente :

“La adopción no perjudicará en ningún caso al derecho de deter-minados herederos a la legítima y sus incidentes, el cual subsistirá co :jq si la adopción no se hubiese verificado. ’ ’

Así se interpretó el artículo 214 del Código de Louisiana, que en lo pertinente en nada difiere del nuestro, en Alexander v. Gray, supra, donde, como en el caso de Lugo, se trataba de una herencia intestada, concurriendo herederos forzosos con el adoptado, resolviéndose que el derecho de los herederos forzosos que dicho artículo garantizaba era el derecho a la legítima, y que, en tanto en cuanto no se per-jndicara esa legítima, el adoptado tenía en la herencia in-testada los derechos de nn hijo legítimo.

No se diga que en la herencia intestada no cabe nunca hablar de legítima, ni de herederos forzosos. Es perfecta-mente propio hablar de la legítima en todo caso en que se pretenda perjudicar los derechos de herederos forzosos, aun-que no medie testamento. Por ejemplo, si una persona que muere intestada ha hecho una donación, sus herederos for-zosos pueden impugnarla en tanto en cuanto exceda de su legítima. Así lo disponen los artículos 578, 743 y 747 del Código Civil. El artículo 578 dispone que: “ . . . ninguno podrá dar ni recibir, por vía. de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La donación será inofi-ciosa es todo lo que exceda de esta medida.” Ese mismo concepto pudo haberlo expresado el legislador así: £íLa do-nación no perjudicará en ningún caso los derechos que co-rrespondan a los herederos forzosos.” Y ese fue el lenguaje que utilizó el legislador al limitar los derechos del adoptado. Así ha garantizado el legislador la legítima de herederos forzosos contra el perjuicio que de otra manera pudiera cau-sarse a esos herederos no sólo por testamento, sino por la donación, o por la adopción. Y en la adopción, como en el testamento, como en la donación, la garantía se limita a aquella porción de la herencia que el Código garantiza, la única que garantiza: la legítima.

El caso de Lugo fué, por lo tanto, erróneamente resuel-to El hijo adoptivo tiene en la herencia del adoptante, testada o intestada, todos los derechos del hijo legítimo, en tanto en cuanto esos derechos no perjudiquen la legítima pre-ferente de otros herederos forzosos.

II

Sentado el derecho de los demandantes a las dos terce-ras partes de la herencia, resta determinar el remedio o re-medios qne proceda concederles.

Solicitan en primer término los demandantes qne se anule la institución de herederos hecha en el testamento de Mannel Sosa. No procede la nulidad solicitada porque, como se expone en la opinión del Juez Snyder en 64 D.P.R. 789, 790, no hubo pretensión de los hijos adoptivos, ya qne algo se les dejó en el testamento.

En la opinión del Juez Snyder, 64 D.P.R. 791, 792, y si-guiendo el razonamiento de Bardeguez v. Bardeguez, supra, se ofreció un fundamento adicional para negar a los deman-dantes su pretensión de que se declare nula la institución de herederos, a saber, que sólo tienen derecho a anular la institución de herederos por preterición los herederos for-zosos en línea recta (artículo 742 del Código Civil)} y que los hijos adoptivos carecen de ese derecho por no ser des-cendientes “en línea recta. ” No era necesario ese fun-damento adicional, ya que, como hemos resuelto, no ha ha-bido preterición de los hijos adoptivos y por esa sola razón es improcedente anular la institución de herederos. Y ese fundamento adicional, como el dictum del caso de Bardeguez en que se fundó, lo consideramos erróneo. Como ya hemos visto, el adoptado tiene todos los derechos hereditarios del hijo legítimo, sin perjuicio del derecho preferente de otros herederos forzosos a su legítima. Entre los derechos del hijo legítimo está el de anular la institución de herederos si es preterido (Artículo 742 del Código Civil), pues el hijo le-gítimo es uno de los herederos forzosos en línea recta. Puesto que el hijo adoptivo adquiere los derechos del hijo legítimo en la herencia del adoptante, adquiere, entre otros, el derecho que al hijo legítimo confiere el artículo 742. Yéase a Muñoz Morales, Apuntes al Código Civil de Puerto Rico, 10 Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Bico 434; Estate of Winchester, 140 Cal. 468; Warren v. Prescott, 84 Me. 483, 30 Am. St. Rep. 370.

III

Tampoco procede declarar nula la partición de los bienes de la herencia de Manuel Sosa, por los fundamentos expuestos en la opinión del Juez Snyder, 64 D.P.R. 792 al 797, y particularmente en vista de las disposiciones del artículo 1033 del Código Civil. Pero aunque fuese nula la partición, los terceros que actuaron a base del testamento y de las constancias del Registro de la Propiedad no pueden ser perjudicados por su nulidad, ya que ni del testamento ni del Registro de la .Propiedad surge indicio alguno de la concurrencia de hijos adoptivos en la herencia. Los apelantes insisten, sin embargo, en que del Registro Civil aparecía el hecho de las adopciones y sugieren que si los terceros hubiesen sido diligentes y hubiesen examinado el Registro Civil se hubiesen enterado de ese hecho. No es así. Por diligentes que hubiesen sido los terceros no se hubiesen enterado de la adopción por las constancias del Registro Civil, ya que ese hecho no aparece al margen de la inscripción del adoptante, y sí sólo al margen de la inscripción de los adoptados y quien carece de fundamento para sospechar la existencia de una adopción no tiene base para investigar la inscripción del adoptado.

Los apelantes arguyen que, si no pueden perseguir aquellos bienes de la herencia que están en manos de ter-ceros, se les privaría de su propiedad sin el debido proceso de ley. Pero es que el derecho de propiedad que ellos in-vocan, o sea, su legítima, le es concedido por el Código Civil. Y al conceder ese derecho el Código, lo limita al disponer (1) que no se anulará la institución de herederos de no me-diar la preterición de un heredero forzoso (2) que no se de-jará sin efecto la partición, aunque en ella no intervenga al-guno de los herederos, si no se prueba mala fe o dolo. La contención de los apelantes viene pues a ser que es anticons-titucional aquella parte del Código que limita los derechos que otra parte le confiere. Pero es que ni nuestra Acta Or-gánica ni la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de nadie a heredar. Los derechos de los apelantes, que son puramente estatutarios, pueden ser limitados, o eli-minados totalmente, por otras disposiciones estatutarias.

IV

Aunque, como hemos visto, no tienen los apelantes de-recho a que se decrete la nulidad de la institución de here-deros, ni de la partición, sí tienen derecho a recobrar de los coherederos y legatarios demandados aquella parte de la he-rencia que éstos hayan percibido en perjuicio de la legítima de los apelantes, en la forma en que se explica detallada-mente en la opinión del Juez Snyder en 64 D.P.R. 799 a 801. Como allí se indica, el actual estado del récord no nos per-mite dictar ahora una sentencia definitiva. Lo que procede, por lo tanto, es (a) confirmar la sentencia apelada en cuanto a los demandados Antonio Matos, Federal Land Bank of Baltimore, The Land Bank Commissioner, Loíza Sugar Co., Marcial Suárez y Ceferino Osorio, (h) revocar la sentencia en cuanto a los otros demandados y (c) devolver el caso a la eorte de distrito para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. TODD, JB.

Noviembre 5, 1946.

Ha regresado el caso de los hijos adoptivos de su pere-grinación a Boston. Allá establecieron nn precedente y acá obtuvieron legislación judicial de carácter e implicacio-nes extraordinarias.

Los motivos de mi disenso en este caso pueden verse ex-puestos en mis opiniones en Sosa v. Sosa, 64 D.P.R. 769, y en Lugo, Ex Parte; Ortiz, etc., 64 D.P.R. 868, y no creo ne-cesario repetir o ampliar lo allí dicho. Sí deseo expresar mi inconformidad absoluta con la .forma en que se pretende re-vocar el caso de Lugo, Ex Parte¡ Ortiz, supra. Se admite por la mayoría que todo lo que contiene su opinión en rela-ción con dicho caso es “obiter dictum”. Eso no obstante se asegura que el caso de Lugo fué “erróneamente resuelto. ” Por mi parte ratifico mi opinión en dicho caso y considero que ella, y la del Juez Asociado Sr. Be Jesús, por otros fun-damentos, rebaten con éxito los argumentos de la mayoría en el presente caso.

Disiento de la opinión de la mayoría, además, porque con-sidero que si bien las cortes al interpretar estatutos pueden, como decía el Juez Holmes, legislar “intersticialmente”, no deben hacerlo cuando el estatuto es tan defectuoso que, para interpretarlo y aplicarlo, hay que legislar judicialmente cada vez que surge un caso bajo el mismo. Y eso es lo que ocurre con los hijos adoptivos en Puerto Rico al resolverse que de hecho son o por lo menos equipararlos a los hijos legítimos. En tanto en cuanto a su porción hereditaria se refiere, si el adoptivo es igual que un hijo legítimo, dicha porción debe-ría ser uniforme en todo momento. Pero no es así de acuerdo con la opinión de la mayoría. Depende de que no perjudi-que a los herederos forzosos y para no perjudicarlos es que entra en juego, no la ley, sino las cortes, para determinar en cada caso la cuantía de dicha porción. Hemos llegado al máximum en cuanto a legislar judicialmente se refiere.

Debido a los cambios que ocurren en este tribunal — últi-mamente con bastante frecuencia — y la posibilidad de va-riadas opiniones en el futuro sobre los debatidos e inciertos derechos hereditarios de los hijos adoptivos, tanto en la su-cesión testada como en la intestada, creo que la Asamblea Legislativa de Puerto Eico debe enmendar todos los artícu-los pertinentes en nuestros códigos, relacionados con los hi-jos adoptivos, para fijar con claridad esos derechos. De no hacerlo continuará reinando la incertidumbre y las cortes legislando.

      Soso v. Sosa, 64 D.P.R. 769.

         Sosa-Millán v. Sosa-Escobar, 154 P.2d 886. La Corte de Circuito a pesar de la regla que sigue de no intervenir con nuestras sentencias en casos de derecho local a menos que sean "ineludiblemente erróneas”, consideró la posibilidad do decidir el caso de acuerdo con su propia opinión, en vista de que la nuestra es-taba dividida, pero la rechazó por entender que "la labor de armonizar las dis-tintas disposiciones del Código Civil respecto a la herencia corresponde en primer término a la Corte Suprema de Puerto Bieo, no a las cortes federales de apela-ción.” Y consideró la posibilidad de confirmar la sentencia por no ser ésta "ineludiblemente errónea”, pero la descartó por entender que "ello privaría a los actuales litigantes de una decisión autorizada sobre la cuestión de derecho debatida.”

      “. . . . Comentando Seaevola la disposición final del artículo 177 del Có-digo Civil de España, concordante con el artículo 137 del nuestro, dice: ‘¿Y cuáles serán estos derechos? 1. El de recibir alimentos si el adoptante no pu-diese suministrárselos. Ya hemos dicho que el derecho a los alimentos no se borra cuando se extingue la patria potestad, tiene su razón de ser en la necesidad y en los lazos de la sangre. 2. El de usar el apellido de la familia natural. 3. El de recibir donaciones por actos intervivos, quedando obligado a imputarlas en la legítima. 4. El de suceder por testamento.' 5. El de poder ser mejorado. 6. El ide suceder abintestato. 7. El de pedir complemento de la legitima si el testador le hubiere dejado menos porción de la que •necesariamente le correspondía. 8. El de que le .sean reservados los bienes del consorte difunto si el superviviente pasase a segundas nupcias. 9. El de acrecer la porción del heredero en los casos mareados por el Código. 10. El de recibir la herencia a beneficio de inventario o haciendo uso del de deliberar. 11. El de desempeñar la tutela en los casos en que fuere llamado por la ley a este cargo, y el de formar parte del Consejo con respecto a los parientes de su familia natural.’ (Bastardillas nuestras.) 3 Seaevola, Cód. Civil, 449, 3ra. edición.
      “Más conciso, pero al mismo efecto, Sánchez Román en sus Estudios de De-recho Civil, Tomo 5, pág. 1106 (Segunda Edición), diee que ‘Esos derechos que el adoptado conserva en la familia natural, son todos: tales, como el de alimen-tos, cuando el adoptante no pudiera proveer a esta obligación, el de usar el apellido de la familia así como todos los sucesorios, en sus distintas aplicaciones, y, en general, cuantos el Código atribuye a la condición de individuo de una fa-milia, excepto los relativos a la patria potestad, mientras el adoptante la ejerce.’ (Bastardillas nuestras.)
      “Tenemos, por lo tanto, que el hijo adoptivo, a virtud del artículo 137, con-serva todos sus derechos en su familia natural.’’ . . .

       Dista mucho de ser anómalo, por el contrario, el que el adoptado conserve sus derechos hereditarios en la familia natural y adquiera además derechos he-reditarios en la familia adoptiva. La adopción por su naturaleza, y aparte de sus efeetos legales, concede al adoptado, hasta cierto punto, un status privile-giado, en que se le tiene por hijo en la familia adoptiva, y en la natural.
      En cuanto a sus efeetos legales la adopción confiere al adoptado privilegios que no tiene ningún otro hijo. El doreeho a alimentos, por ejemplo, lo disfruta en ambas familias según nuestro Código. Cierto es que en la familia del adop-tante su derecho a alimentos está subordinado al derecho preferente de los hijos y padres del adoptante (artículo 136 del Código Civil). Pero también el derecho del hijo adoptivo a heredar al adoptante está subordinado en Puerto Rico al de-recho preferente de los herederos forzosos a la legítima. Por otra parte, el que el adoptado conserve los derechos hereditarios en su familia natural, y al mismo tiempo goce del privilegio de adquirir derechos en la herencia del adoptante, es un principio bien establecido en la historia do la adopción. Ese privilegio lo disponía la ley de Louisiana en el 1902, perduró hasta el 1933, y quizás aún perdure. (Véase 13 Tulane Law Review 293). Y en Filipinas (Borres y Barza v. Panay, 42 Jur. Fil. 677, págs. 691, 692) el hijo adoptivo tiene todos los de-rechos del hijo legítimo tanto en la hereneia del adoptante como en la de sus padres naturales. También en el derecho romano, las Leyes de Partida, la Noví-sima Recopilación, y los códigos de Francia, Italia, Suiza y Guatemala, por ejemplo, conserva el hijo adoptivo sus derechos hereditarios en la familia natural mientras adquiere derechos, más o menos amplios, en la herencia del adoptante. (3 Scaevola 434 et seq., 2 Manresa 86, 13 Tulane L. Rev. 293).

       Artículo 767 del Código Civil (Ed. de 1930).

       Artículo 768 del Código Civil, (Ed. de 1930).

       Artículo 769 del Código Civil, (Ed. de 1930).

      Ei Código de Louisiana dispone que la adopción “no perjudicará los de-rechos de herederos forzosos.” El nuestro que “no perjudicará en ningún oaso los derechos que correspondan a los herederos forzosos, “y que subsistirán como si la adopción no se hubiera verificado.” Las frases adicionadas por nuestra legislatura no amplían el concepto de los “derechos que correspondan a los he-rederos forzosos.” Sencillamente haeen énfasis en que esos derechos de que habla la ley de Louisiana subsiet'rán en todo caso, y subsistirán como si no se hu-biese verificado la adopción. Pero el énfasis que en Puerto Rico se pone en la conservación de los derechos de herederos forzosos en nada cambia el efecto de la disposición de la Ley de Louisiana. Es obvio que en Louisiana, también, se garantizan esos derechos en todo caso, puesto que no se exceptúa ningún caso. Y es obvio que en Louisiana, también, subsisten esos derechos (sean los que sean) como si no hubiese mediado adopción. Si se permitiera en Louisiana que la pre-sencia de la adopción menguara esos derechos, tendríamos que la adopción “per-judicaría” esos derechos, y eso lo prohíbe expresamente la ley de Louisiana. En otras palabras, si la adopción no perjudica los derechos de I03 herederos for-zosos, entonces es inevitable la conclusión, y superfluo expresarla, de que esos derechos subsisten como si no hubiese mediado adopción. No existe, pues dife-rencia, en este aspecto, entre la ley de Louisiana y la nuestra.

       Podría objetarse tal vez que todo lo que aquí se dice respecto al caso de Lugo es obiter dietwn. Pero la realidad es que el resultado en el caso de Lugo es uno de los principales argumentos con que nos confrontamos al considerar de nuevo el caso de autos, y no nos ha pareeido propio eludir ese argumento.

       Conforme indican los apelantes, lo que sobre este extremo se dice en el caso de Bardeguez no pasa de ser un diotum, ya que el resultado de dicho caso hubiese sido exactamente el mismo si se hubiese declarado nula la institución de herederos. Fuese nula o no la institución de herederos, el heredero preterido sólo tenía derecho a una tercera parte de la herencia, y la otra heredera a otra tercera parte, por concepto de legítima. El tereio de libre disposición siempre correspondía a la heredera favorecida por el testador, ya que la nulidad de la institución de herederos no afecta la validez del testamento en si. Véase el artículo 693 del Código Civil.

       la prueba de los propios demandantes aparece que la orden de la corte aprobando la adopción dispuso su inscripción al margen de la inscripción de na-cimiento del adoptado, y que así se hizo. No aparece qus al margen de la ins-cripción del adoptante se hiciera anotación alguna.

      La Corte de Circuito nos devolvió el caso concediendo una nueva vista a pesar de que parte de la sentencia apelada fué unánime y dicha concesión podía afectar derechos adquiridos.

      A mi juicio esta conclusión, basada en un obiter, constituye, con el de-bido respeto, un obiter mayor.

       Después de emitida la opinión de la mayoría ocurrió una vacante. Puede ocurrir otra. Si los dos nuevos magistrados que se nombren coincidieran con mi opinión, al plantearse otro caso sobre los derechos hereditarios de los hijos adoptivos, quedaría revoeada la doctrina que acaba de establecerse.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Neftalí Vidal Garrastazu, demandante y apelado, v. Juan A. Monagas y Otros, demandados y apelantes.
    Núm. 9240.

    Sometido: Junio 4, 1946.

      Resuelto: Noviembre 12, 1946.

      José Sabaier y J. Benitez Gautier, abogados de los apelantes; J. Ale-mañy Sosa, abogado del apelado.
   Opinión del Tribunal

Apelan ciertos demandados de una sentencia declarando, con lugar una demanda sobre liquidación de la sociedad Mo-nagas y Vidal. Comoquiera que la defensa principal de los demandados y apelantes que se opusieron activamente a la demanda consiste en que las cuestiones envueltas en el pleito fueron ya juzgadas definitivamente en tres ocasiones distin-tas, creemos conveniente hacer, en primer término, una his-toria cronológica de los hechos que aparecen de la prueba, para luego analizar las alegaciones de este caso a la luz de los litigios anteriores.

I

Allá para el 1905, Juan Monagas, José Arturo Monagas y Ramiro Vidal constituyeron lá sociedad Monagas y Vidal, por un término que expiró el 30 de junio de 1924, convinién-dose qne en caso de la muerte de algún socio, continuaría, la sociedad entre los sobrevivientes y los herederos del socio qne falleciere.

Aportaron los socios a la sociedad la hacienda Belvedere,, de la cual eran dueños por partes iguales, y se inscribió la hacienda eomo propiedad de la sociedad. Murió José Arturo Monagas en el 1915, y Ramiro Vidal en el 1921.

Vidal dejó, además de una viuda y un hijo de cinco años de edad, una sentencia dictada en rebeldía en su contra por $900, en el caso civil número 6889 en la Corte de Distrito de Mayagüez. La sentencia era a favor de José Mora. Dos años después de morir Vidal, aparece Ramón Beauchamps comprando la sentencia y sustituyéndose como demandante. Beauchamps logró entonces se sustituyeran como partes de-mandadas a la viuda e hijo de Vidal, sin notificar a éstos. Luego procedió a ejecutar la sentencia, vendiendo en pública subasta la tercera parte de la hacienda Belvedere (que como hemos visto pertenecía a la sociedad Monagas y Vidal y no a sus socios). En la subasta Beauchamps se adjudicó la ter-cera parte de la hacienda (tercera parte que entonces estaba tasada en $14,309.33, que el demandado Monagas admite va-lía $10,000 y los demandantes alegan valía mucho más) por los $900 importe de la sentencia. Al otro día aparece Juan Monagas comprando a Beuchamps el condominio por $1,602. Monagas logró entonces, no comprendemos cómo, inscribir a su nombre la tercera parte de la hacienda Belvedere, a pe-sar de que la totalidad de la finca estaba inscrita a nombre de la sociedad Monagas y Vidal.

Un año después, en marzo de 1924, Juan Monagas y la Sucesión de José Arturo Monagas, radicaron ante la Corte de Distrito de Mayagüez, en el caso civil número 10,416, una demanda contra la sucesión de Ramiro Vidal para liquidar la sociedad Monagas y Vidal. Exponía la demanda que la sociedad quedó disuelta “por ministerio de la ley” al ejecu-tarse la sentencia de $900 en el caso número 6889, que en esa forma perdió la Sucesión de Vidal, y adquirió Juan Mo-nagas, el interés que tenía Ramiro Vidal en la sociedad, que la viuda de Vidal reconocía todo esto, pero que siendo el hijo y heredero de Vidal menor de edad, era necesaria la “intervención del Tribunal”.

Se allanó a la demanda la vinda de Vidal, por escrito. Según explica ahora (sin que Monagas la contradiga) firmó el escrito de allanamiento a instancias de Juan Monagas, mientras se encontraba ella recluida en una clínica y con-fiando en falsas representaciones qne le hizo Monagas en cuanto al contenido y efecto del documento.

La Corte, examinada la demanda y el allanamiento, sin oír prueba respecto a los méritos del caso, y sin determinar ni la necesidad ni la utilidad del ■ allanamiento en lo que al menor hijo de Vidal concernía, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, y disuelta y liquidada la sociedad Mo-nagas y Vidal, correspondiendo dos terceras partes de los bienes, o sea, la hacienda Belvedere, a Juan Monagas, una tercera parte a la Sucesión de José Arturo Monagas, y nada a la Sucesión de Vidal.

Desde entonces Juan Monagas y la Sucesión de José Arturo Monagas han venido arrendando la hacienda Belvedere a la Sociedad Tió y Sambolín, por un canon de $10,000 al año más las contribuciones desde el 1926 hasta el 1937, y de $15,000 más las contribuciones'desde el 1937.

Poco después de llegar el hijo de Vidal, aquí demandante y apelado, a su mayoría de edad, radicó una demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez, civil número 783, contra Juan Monagas, los herederos de la esposa de éste, la sucesión de José Arturo Monagas y la sucesión de Beauchamps, que se dividía en dos causas de acción y exponía los siguientes he-chos: (a) La primera causa de acción alegaba la ejecución de la sentencia contra Vidal en el caso número 6889 que cul-minó en la adquisición por Monagas de la tercera parte de la hacienda Belvedere que según la demanda pertenecía a Vidal, y alegaba además que la ejecución de la sentencia obedeció a un plan fraguado por Monagas y Beauchamps con el propósito de defraudar a la Sucesión Vidal, y era nula por no haberse notificado a la Sucesión Vidal de la moción ni de la orden sobre sustitución de partes demandadas, y por otras irregularidades habidas en el procedimiento; (5) La segunda causa de acción repetía los hechos expuestos en la primera causa de acción, añadiendo alegaciones respecto a la constitución de la sociedad Monagas y Vidal, y exponiendo la demanda, allanamiento y sentencia en el caso número 10416 sobre disolución y liquidación de la sociedad Monagas y Vidal, alegando que tanto la ejecución de la sentencia en el caso número 6889 como la sentencia en el caso número 10416 eran nulas por virtud de irregularidades en el proce-dimiento, porque obedecían al plan fraudulento de Monagas y Beauchamps ele privar a la Sucesión de Vidal de la tercera parte de la hacienda Belvedere que le pertenecía, y porque el allanamiento de la viuda de Vidal a la demanda en el caso número 10416 fue obtenido por Monagas a base de falsas y fraudulentas representaciones. En la segunda causa de ac-ción se dice en un sitio que la hacienda Belvedere pertene-cía a la sociedad Monagas y Vidal, pero en otros sitios se dice, como se dijo en la primera causa de acción, que la hacienda pertenecía a los tres socios en común proindiviso. Termina la demanda solicitando la nulidad de los procedi-mientos habidos en los casos números 6889 y 10,416 y recla-mando la entrega a la Sucesión Vidal de la tercera parte de la hacienda Belvedere, y sus frutos desde el 1921.

Juan Monagas y los herederos de su esposa radicaron excepción previa a la demanda en el caso número 783, y la Corte declaró con lugar la excepción previa y dictó senten-cia declarando sin lugar la demanda, sentencia que vino a ser firme al desestimarse la apelación del demandante por no haber sido notificada del escrito de apelación la Sucesión de Ramón Beauchamps.

Expondremos brevemente los fundamentos que tuvo la corte en el caso número 783 para declarar con lugar la ex-cepción previa. Convino la corte en que de acuerdo con el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil el tiempo dr¡-rante el cual el demandante Vidal fué menor de edad no debía computarse a los fines de determinar la prescripción de su acción, a menos que la aceión fuera de reivindicación de propiedad inmueble. 'Pero concluyó la corte que la ac-ción era precisamente de reivindicación de una tercera parte de la hacienda Belvedere, que no debía excluirse por lo tanto, a los fines de la prescripción de la acción, el período durante el cual el demandante fué menor de edad, y que, incluido ese período, la demanda aparecía prescrita de su faz, como apa-recía también de su faz la adquisición por los demandados de título prescriptivo a la hacienda Belvedere. Resolvió además la corte que la demanda era insuficiente en tanto en cuanto no ofrecía restituir a Monagas la suma que éste apa-rece haber pagado a Beauchamps por la tercera parte de la Hacienda Belvedere. Y dijo, sin que ello fuera pertinente a la resolución del caso, que los procedimientos en los casos números 6889 y 10,416 no fueron nulos, sino anulables, y que no. podían ser atacados colateralmente.

Llegamos finalmente a la demanda en el caso de autos. Expone sencillamente los hechos relativos a la constitución de la sociedad Monagas y Vidal, y la muerte de dos de sus socios; dice que el término de la sociedad expiró el 30 de junio de 1924; que no lia sido liquidada; que los bienes de la sociedad a la fecha en que expiró su término consistían de la hacienda Belvedere, de una factoría azucarera, casas, siembras de cañas, ganado, dinero y créditos y que esos bie-nes han quedado, desde el 1924, bajo la administración del demandado Juan Monagas y de los herederos de José Arturo Monagas, y que el demandante, único heredero de Ramiro Vidal, nada ha percibido de las rentas o beneficios de los bienes. Solicita el demandante se decrete la liquidación de la sociedad Monagas y Vidal, que los demandados rindan cuenta de su administración de los bienes de la sociedad, y traigan al fondo común cualesquiera bienes de la sociedad de que se hubieren incautado, o su valor, y que se lleve a cabo la partición de esos bienes.

Son partes demandadas Juan Monagas, la Sucesión de doña Rosario de la Rosa y Sierra (esposa que fué de Juan Monagas), la Sucesión de José Arturo Monagas, la sociedad Monagas y Vidal, y Juana Q-arrastazu, la viuda de Ramiro Vidal y madre del demandante. Contestaron la demanda to-dos los demandados excepto Juana Garrastazu Vda. de Vidal. Los demandados además de negar ciertos hechos de la demanda, alegaron los procedimientos habidos' en los casos número 6889, 10416 y 783, invocándolos como decisivos ele las cuestiones ahora planteadas por el demandante, y algunos de ellos plantearon otras defensas que oportunamente mencio-naremos.

La prueba estableció los hechos que ya hemos relacio-nado. Resultó de la prueba que los bienes de la sociedad Monagas y Vidal en el 1924 se limitaban a la hacienda Bel-vedere. Tenía la sociedad obligaciones que no es necesario ahora mencionar. La corte inferior declaró con lugar la de-manda, y decretó que se procediese a la liquidación de la sociedad.

Pasemos a considerar la defensa de res judicata que in-vocan los demandados apelantes.

III

Invocan los apelantes, en primer término, la sentencia dictada en el caso 783 declarando sin lugar la primera de-manda del demandante apelado. Alegan que esa sentencia resolvió la controversia que ahora ha planteado' el deman-dante.

Pero en el caso 783 la causa de acción era distinta a la que se alega en el caso de autos. En aquel caso se trataba de una acción para reivindicar una tercera parte de la hacienda Belvedere que se'decía pertenecía al demandante como heredero de Vidal. La corte resolvió entonces que la acción era puramente reivindicatoría, y precisamente por ser reivindicatoría la declaró sin lugar. Sabemos ahora que el demandante no tenía entonces, ni tiene ahora, derecho a reivindicar una tercera parte de la hacienda Belvedere. Rosaly v. Graham, 16 D.P.R. 163. La hacienda Belvedere no pertenecía a su padre, Bamiro Vidal, cuando éste murió. Perteeía a la persona jurídica Monagas y Vidal. El derecho del demandante, al morir su padre, vino a ser el derecho a una tercera parte del valor neto que resultara al liquidarse la sociedad Monagas y Vidal. Rosaly v. Graham, supra. Y eso es lo que reclama el demandante ahora. Sú causa de acción es por lo tanto distinta de la que se juzgó insuficiente en el caso 783. Aceptando que en el caso 783 se determinó definitivamente que el demandante no tiene derecho a una tercera parte de la hacienda Belvedere, esa determinación no afecta su derecho a una tercera parte del valor de los bienes de la sociedad Monagas y Vidal y de sus frutos. Particularmente es ello así si recordamos que el caso 783 se resolvió precisamente a base de que la acción del demandante estaba prescrita por ser reivindicatoria de propiedad inmueble, aceptando la corte que no estaría prescrita de ser cualquier otra la naturaleza de la acción.

La conclusión a que hemos llegado en cuanto a la dife-rencia entre la causa de acción en el caso 783 y la causa de acción en el caso de autos se fortalece al examinar la sen-tencia apelada. No se menciona en la sentencia la hacienda Belvedere, sobre la cual versó el caso 783. Se limita la sen-tencia a decretar la liquidación de la sociedad Monagas y Vidal, y a disponer el nombramiento de un contador parti-dor para el caso de que las partes no pudieran ponerse de acuerdo. Nada dispone ni declara la sentencia respecto a la hacienda Belvedere. Aunque en la opinión de la corte inferior se dice que carece de mérito la defensa de la Sucesión de Bosario de la Bosa de que ha adquirido título prescrip-tivo a una tercera parte de la hacienda Belvedere, porque la posesión no se funda en un título verdadero, nada dispone la sentencia respecto a los derechos de dicha sucesión en la hacienda Belvedere. Sn verdad es prematuro resolver o disponer nada en cuanto a los derechos a la hacienda Belve-dere. T probablemente resultará innecesario a la larga. Lo que se ha decretado es la liquidación de la sociedad Mona-gas y Vidal. Y se ha determinado que los bienes de esa so-ciedad consistían de la hacienda Belvedere, y que hay cier-tas deudas que tomar en consideración al liquidar la socie-dad. Si, como aparece de la prueba, la liquidación va a re-sultar en la adjudicación al demandante de una participa-ción igual al valor de algo menos de una tercera parte de la hacienda Belvedere, más una tercera parte de las rentas que ha producido esa hacienda desde el 1923, y si Juan Mo-nagas ha dispuesto sin autorización de la sociedad de una tercera parte de la hacienda Belvedere, y esta tercera parte se encuentra en manos de terceros, resultará muy fácil para el demandante lograr qne Monagas reponga lo que al de-mandante pertenece, de la tercera parte de la hacienda que viene poseyendo Monagas y que ha logrado inscribir a su nombre. Sn cuanto a las rentas de la hacienda, si como aparece de la demanda y no se ha negado, la administración de la hacienda ha estado en manos de Juan Monagas y de la Sucesión de José Arturo Monagas, y Juan Monagas ha dispuesto de la tercera parte que corresponde al demandante, viene obligado a reponer esa parte. Si los bienes de Juan Monagas no bastaran para ello, entonces habría que resolver si sus hijos y nietos vienen obligados a devolver lo que recibieron en exceso de lo que les correspondía. Esto no lo ha resuelto todavía la corte inferior. Su sentencia se limita a decretar la liquidación de la sociedad Monagas y Vidal. Esa sentencia en nada contradice lo resuelto en el caso 783 respecto a la reivindicación de la hacienda Belvedere. No puede decirse, por lo tanto, que el caso 783 haya juzgado la controversia planteada en este caso.

Aunque, como hemos visto, la sentencia en el caso 783 no es res judicata en cuanto a la controversia planteada en este caso, podría argüirse que sí es aplicable la doctrina de collateral estoppel, es decir, que tratándose de las mismas partes y de una controversia que surge de las mismas transacciones de las que surgió el caso 783, lo determinado en el caso 783 obliga a las partes en este caso. La regla de “collateral estoppel” se expresa sucintamente en los artículos 88 y 70 del volumen sobre Sentencias del Restatement of the Law, American, Law Institute, páginas 293 y 318, como sigue:

“68. Cuestiones de Hecho. — (1) Cuando una cuestión de hecho esencial a la sentencia se litiga y determina por una sentencia válida y final, la determinación es concluyente entre las partes en una acción subsiguiente basada en una causa de acción distinta excepto según se dispone en los artículos 69, 71 y 72.
(2) Una sentencia sobre una causa de acción no es concluyente, en i.na acción subsiguiente basada en una causa de acción distinta, en cuanto a cuestiones de hecho que no fueron litigadas y determi-nadas en la primera acción.”
“70. Cuestiones de' Derecho. — Cuando una cuestión de derecho esencia] a la sentencia se litiga y determina por una sentencia personal, válida y final, la determinación no es concluyente entre las partes en una acción subsiguiente sobre una cansa de acción distinta, excepto cuando ambas causas de acción surgieron del mismo asunto o transacción; y en ningún caso será concluyente si ello resultare en una injusticia.”

En el caso 783 no llegó a litigarse ninguna cuestión de hecho, luego no es de aplicación el artículo 68 que acabamos de citar. Sí se resolvieron ciertas cuestiones de derecho, pero algunas, como ya hemos visto, no eran esenciales a la sentencia, y las otras, aunque se consideren concluyentes en-tre las partes, no afectan los derechos que alega el deman-dante en el litigio actual. En el caso 783 se resolvió la cues-tión de derecho de que la acción reivindicatoria de la Hacienda Belvedere estaba prescrita, y se resolvió también la cuestión de derecho de que la demanda de reivindicación, de la Hacienda Belvedere era insuficiente en tanto en cuanto no ofrecía restituir a Monagas la suma que éste pagara a Beau-champs por la tercera parte de la hacienda Belvedere. Es-tas dos cuestiones de derecho son concluyentes para las par-tes en este caso, pero no afectan la causa de acción que ahora ejercita el demandante ya que no se está ejercitando ahora la acción reivindicatoria que en el caso 783 se juzgó pres-crita e insuficiente. La corte en el caso 783 también dijo que los procedimientos en los casos 6889 y 10416 no fueros nu-los sino anulables y que no podían ser atacados colateral-mente. Pero, como ya hemos visto, esa determinación de la corte en el caso 783 no era pertinente a la resolución del caso, y por esa razón, aplicando la regla expresada en el ar-tículo 70 del Restatement of the Law que acabamos de co-piar, dicha determinación no es concluyente para las partes en el actual litigio.

Por los fundamentos expuestos entendemos que la sen-tencia en el caso 783 no constituye impedimento alguno a la acción que ahora ejercita el demandante, ni a base de la teoría de res jndicata, ni a base de la teoría de “collateral estoppel.”

IY

Otra sentencia que invocan los apelantes como determi-nante de la controversia resuelta por la sentencia apelada, es la dictada en el caso 10,416, sobre liquidación de la socie-dad Monagas y Vidal. Dicta sentencia indudablemente versó sobre la misma cansa de acción qne ahora nos ocupa, y en-tre las mismas partes. Si fné válida, determinó la contro-versia en forma adversa al demandante.

La sentencia en el caso 10,416 se dictó a base del allanamiento de los demandados, la viuda y el menor hijo de Eamiro Vidal. Ese allanamiento envolvía la renuncia por el menor de derechos que valían muchos miles de dólares. Carecía el menor, y su madre, de facultad para hacer esa renuncia en ausencia de la autorización de una corte de distrito que determinara la necesidad y la utilidad de la renuncia Cruz v. Central Pasto Viejo Inc., 44 D.P.R. 367. Así lo reconoció la parte demandante en el caso 10416, al alegar en su demanda que, por ser menor el hijo de Ramiro Vidal, era necesaria “La intervención del Tribunal.” Pero aunque hubo “intervención del Tribunal” esa intervención se limitó, según aparece de la faz de la sentencia, a un examen de la demanda, que por cierto es a todas luces insuficiente y del allanamiento de los demandados. Ni hubo prueba de la necesidad o utilidad del allanamiento, hecho a nombre del menor, ni hubo siquiera una expresión de la opinión de la corte en cuanto a la necesidad o utilidad del allanamiento. Fue por lo tanto nulo el allanamiento por no mediar la declaración judicial de su necesidad y utilidad, y nula la sentencia, de cuya faz aparece la ausencia de la declaración de necesidad y utilidad y de prueba sobre ese extremo. Cruz v. Central Pasto Viejo, supra; Lókpez v. Fernández, 61 D.P.R. 522.

No existe, pues, el impedimento a la acción del deman-dante que se creyó establecer al obtenerse la sentencia en el caso 10416.

Y

Por último invocan los apelantes los procedimien-tos habidos en el caso 6889 como destructivos del derecho que reclama el demandante. La ejecución de la sentencia en dicho caso, fue nula, en primer término, porque no se noti-ficó a la viuda e hijo de Vidal de su sustitución como partes demandadas, y no adquirió por lo tanto jurisdicción la corte sobre la viuda o el hijo. Rosas v. Bruno Vázquez (Sucn.), 41 D.P.R. 143, y véase también el artículo 244 del Código de Enjuiciamiento Civil. El caso de Santana v. Quintana, 51 D.P.R. 794, que invocan los apelantes, no es aplicable. Allí un demandante cedió su sentencia, y el cesionario obtuvo mandamiento de ejecución, sin sustituirse antes como parte demandante. Se resolvió que no era necesaria la sustitución formal del cesionario para expedir mandamiento de ejecu-ción. Los demandados en dicho caso tuvieron su día en corte antes de dictarse la sentencia en su contra, cosa que no ocurrió en el caso de autos, donde ni la viuda ni el hijo de Vidal fueron notificados ni oídos antes de pretenderse eje-cutar una sentencia que no fué obtenida contra ellos.

Los apelantes sugieren que la viuda y el hijo de Vidal se sometieron a la jurisdicción de la corte al radicar, des-pués de la ejecución, una moción para anular los procedi-mientos por falta de jurisdicción, moción que nunca se re-solvió. La contención es frívola. No hay duda que hubo so-metimiento a la jurisdicción de la corte para los fines de la resolución de la moción sobre falta de jurisdicción, pero no la hubo, para los fines de convalidar las actuaciones nulas que la moción precisamente impugnaba.

Poro aunque la ejecución en el caso 6889 no hubiese sido nula, resultó académica. Se vendió lo que no existía: el in-teres de la sucesión de Vidal en la hacienda Belvedere. La hacienda Belvedere no pertenecía a Vidal, ni a su sucesión, ni en todo ni en parte. Pertenecía totalmente a la sociedad Monagas y Vidal. Por consiguiente la venta, aunque no hu-biese sido nula, no podía conferir, ni confirió, derecho alguno a Monagas, ni privó a la Sucesión de Vidal de derecho al-guno. Los procedimientos habidos en el caso 6889 no cons-tituyen por lo tanto defensa alguna a la reclamación del de-mandante.

VI

Otra defensa que interpusieron los apelantes sin éxito en la corte inferior es la de prescripción de la acción del demandante, por haber expirado el término de tres años que fija el artículo 943 del Código de Comercio para acciones del socio contra la sociedad mercantil, y el de cinco años que fija el mismo artículo para acciones en cobro de dividendos o pagos “que se acuerden por razón de utilidades o capital” en una sociedad mercantil.

Difícilmente puede sostenerse que se trata aquí de una acción de un socio contra la sociedad, ni de una acción para el cobro de dividendos acordados, pero aunque así fuera, el artículo 943 no es aplicable por tratarse de una sociedad civil, y no mercantil.

De la prueba documental y testifical resulta que la socie-dad Monagas y Vidal se organizó para dedicarse a la agri-cultura, y se dedicó exclusivamente a la agricultura. La so-ciedad vendía lo que producía su finca: caña, cocos, leña. Cedía terrenos a aparceros y hacía todo lo necesario para desarrollar su empresa agrícola. El hecho de que la socie-dad se inscribiera en el registro mercantil, y cumpliera con algún otro requisito que el Código de Comercio exige para sociedades mercantiles, no es importante, cuando el fin a que se dedica la sociedad es claramente civil, como en este caso. 11 Manresa 277, 278; 25 Scaevola 599 et seq.; 7 Enciclope-dia Jurídica Española 363, 364. Compárese Colón v. Roig, 7 D.P.R. 38.

No se equivocó pues el abogado de los apelantes en el caso 10,416, en que se solicitó la liquidación de la sociedad, al exponer que se trataba de una sociedad civil, ni erró la corte inferior al determinar que es civil la sociedad y por lo tanto que son inaplicables a este caso las disposiciones del artículo 943 del Código de Comercio.

Los apelantes insisten, sin embargo, en que de no ser aplicable el artículo 943 del Código de Comercio, es de apli-cación el período prescriptivo de quince años que fija el ar-tículo 1864 del Código Civil para las acciones personales que no tengan señalado término especial. Suponiendo que sea aplicable el artículo 1864, no transcurrió el término prescrip-tivo, ya que la demanda en el caso de autos se radicó a los cinco años de llegar el demandante a su mayoría de edad, y según el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, no se considera a los fines de la prescripción el tiempo du-rante el cual el demandante fué menor de edad.

YII

Hemos considerado ya todos los errores principales que señalan los apelantes en su alegato. De los otros errores, la mayor parte se refieren a resoluciones de la corte inferior negándose a eliminar partes de la demanda, a conceder especificaciones, a reconsiderar resoluciones, a eliminar partes innecesarias, y a resolver que la demanda era ambigua, y otros se refieren a fundamentos utilizados en la opinión de la corte inferior que no eran necesarios a la resolución del caso. No nos indican los apelantes qué perjuicio pudieron haber sufrido con los errores alegados. Por nuestra parte estamos convencidos de que no hubo perjuicio alguno, pol-lo que es innecesario entrar a considerar dichos errores. Sí merecen breve consideración algunas cuestiones adicionales que han suscitado los apelantes.

Sostienen los apelantes que la acción del deman-dante en este caso no debe prosperar porque en su demanda omitió referirse a los procedimientos habidos en los casos 6889, 10416 y 783. En apoyo de esa proposición citan el caso de Sucn. Orcasitas v. Sucn. Orcasitas, 21 D.P.R. 113.

En el caso de Orcasitas, se solicitó la liquidación de una sociedad, alegándose en la demanda que la sociedad se ha-bía disuelto pero minea se había liquidado. Los demanda-dos presentaron en evidencia -una escritura de liquidación de la sociedad, otorgada muchos años antes, y perfectamente válida y eficaz. Este Tribunal confirmó la sentencia que de-claró sin lugar la demanda, por el fundamento de que la so-ciedad ya había sido liquidada en debida forma. El caso es, pues, completamente distinto al de autos, donde la liqui-dación anterior alegada por los demandados apelantes re-sultó ser totalmente nula. Pero los apelantes invocan cier-tas frases de la opinión del caso de Orcasitas, completamente innecesarias a la resolución del caso, al efecto de que la parte demandante tenía la obligación, si consideraba nula la liqui-dación anterior, de alegar el hecho de la liquidación en la demanda e impugnar su validez. Ese dictum del caso de Orcasitas es erróneo. Al demandante normalmente no le in-cumbe alegar y destruir en su demanda las defensas que pueda creer tener el demandado. En el caso de autos, la demanda expone una causa de acción clara y completa, para la liquidación de la sociedad Monagas y Vidal. No incumbía al demandante alegar la existencia de una liquidación anterior nula e inexistente, ni las defensas de res judicata que pudiera creer tener la parte demandada. La parte deman-dada, por otra parte, tuvo plena oportunidad de establecer la existencia de una liquidación anterior, y sus defensas de cosa juzgada, y no logró establecer ninguna de esas defensas.

La Sucesión de Rosario de la Rosa, compuesta de los hijos y nietos de Juan Monagas, se queja de que es parte innecesaria en este caso, o sea, que la demanda no aduce hechos en cuanto a los componentes de dicha Sucesión. La Sucesión es dueña de la mitad del interés que tenía Juan Monagas en la sociedad Monagas y Vidal, interés que heredó de doña Sosario de la Bosa, esposa que fué de don Juan Monagas, y quien adquirió ese interés como parte de su par-ticipación en la sociedad de gananciales que tenía constituida con Monagas. Son por lo tanto partes necesarias en esta acción los componentes de la Sueesión.

Los apelantes sostienen que existe un defecto de partes demandantes y demandadas. Alegan que es parte ne-cesaria la primera esposa de Eamiro Vidal, quien se divorció de él. No es así. Vidal casó en segundas nupcias, y rué su viuda, la aquí demandada Juana Garrastazu, quien adquirió el usufructo viudal, no correspondiendo nada por ese con-cepto a su primera esposa. Julia Pirela Vda. de Figueroa v. Registrador, 65 D.P.R. 955. En cuanto al interés de la primera esposa en la sociedad de gananciales constituida con Eamiro Vidal, los apelantes se encargaron de probar que la primera esposa otorgó escritura renunciando sus derechos en esa sociedad de gananciales. Carece por lo tanto la primera esposa de interés alguno en este caso. Igual ocurre con la Sucesión de Beauchamps, que los apelantes sostienen debió haber sido parte demandada. La sueesión de Beauchamps no tiene interés alguno en la liquidación de la sociedad Mo-nagas y Vidal. Cierto es que los demandados pretendieron establecer la defensa de que Beauchamps adquirió, y vendió a Monagas, el interés de Vidal en la hacienda Belvedere. Pero la sucesión de Beauchamps no tiene interés en que pros-pere o deje de prosperar esa defensa, pues en este litigio nada se resuelve en relación con la sucesión de Beauchamps o sus bienes, ni afecta en nada a la sucesión de Beauchamps la sentencia que se ha dictado. Tampoco afecta a la suce-sión de Beauchamps lo que se resuelve en este caso respecto a la nulidad e ineficacia de la ejecución de sentencia hecha por Beauchamps. Si Monagas tuviera algún dereeho contra la Sucesión Beauchamps con motivo de la nulidad e inefica-cia de esa ejecución, ese derecho .tendría que ventilarlo en una acción contra la sucesión donde sus componentes ten-drían plena oportunidad de sostener la validez de la ejecu-ción (así como cualquier otra defensa que tuviesen), ya que para ellos lo aquí resuelto no es cosa juzgada.

Imputan los apelantes laches al demandante. La defensa de laches es una defensa de equidad y no es aplicable a un caso como éste, de liquidación de sociedad, cuya prescripción está reglamentada por ley. Serrano v. Talavera, 65 D.P.R. 438. Por otra parte, los hechos ya expuestos demuestran que no ha habido laches, que el demandante ha actuado con toda diligencia. Sólo se demoró su actuación durante el tiempo en que estuvo incapacitado, por ser menor de edad.

Sostienen los apelantes que la demanda y la prueba son insuficientes, por no aparecer que el demandante haya aceptado la herencia de Ramiro Vidal. Es frívola la contención. No aparece que Vidal dejara bienes algunos excepto su interés en la sociedad Monagas y Vidal. Desde que el demandante llegó a su mayoría de edad ha estado reclamando la herencia de su padre. Primero en, el caso 783, reclamó erróneamente, una participación en la hacienda Belvedere como suya por herencia. Ahora, al demandar en.el caso de autos, reclama lo que en verdad heredó. Raras veces se ve una aceptación de herencia más clara y formal que la que ha hecho el demandante.

Llegamos finalmente a la parte de la sentencia que condena a los demandados al pago de $5,000 por concepto de honorarios de abogado. La Sucesión de José Arturo Monagas ha apelado exclusivamente de este pronunciamiento de la sentencia. Dicha sucesión no hizo seria oposición a la demanda. No fué temeraria. El apelado, en su informe oral, expresó su conformidad con que se modificara la sentencia en el sentido de exonerar a la sucesión de José Arturo Monagas de la condena de honorarios de abogado, y así debe hacerse.

En cuanto a la apelante sociedad Monagas y Vidal, debe también excluirse de la condena por concepto de honorarios de abogado, ya que las partes realmente temerarias en este caso lo han sido los demandados Juan Monagas y la Suce-sión de Rosario de la Rosa y Sierra. En cuanto a éstos, no erró la corte al condenarles al pago de honorarios de abo-gado, ni al fijar su cuantía en $5,000, que es una suma mo-derada considerando las circunstancias del caso.

Debe modificarse la sentencia apelada en el único sentido de excluir de la condena por honorarios de abogado a la so-ciedad Monagas y Vidal y a la sucesión de José Arturo Mo-nagas, y así modificada confirm,arse.

       Antes de tener efeeto la renuncia del Juez Asociado Sr. Córdova, éste había escrito la presente opinión. Por estar el Tribunal en su receso de verano-no fué posible aprobarla antes de que el Juez Córdova cesara en su cargo.

        Vidal v. Monagas, 60 D.P.R. 783.

      Para llegar a esa conclusión, hubo la corte de determinar que de la de-manda, que imputaba a Monagas fraude y mala fe, aparecía que éste había po-seído 's. finca por más de diez años de buena fe y con justo título.

      La corte resolvió que la aceión era reivindicatoría y que había expirado el período prescriptivo de diez años para entablarla. El resto de su razonamiento en cuanto a prescripción es muy difícil de entender. Entró a considerar si había o no prescrito la aceión para anular los procedimientos anteriores, aceión que no prescribía durante la minoría de edad del demandante según explicó la corte, y parece haber sido su intención decidir: (1) que la acción era de nulidad, y que los procedimientos anteriores eran anulables y no nulos (2) que por ser reivindi-catoría la acción, estaba prescrita la aceión de nulidad. Es decir, después de decidir que la acción era reivindicatoría, y por ese motivo estaba prescrita, sin que pudiera estar prescrita ninguna acción que no fuera reivindicatoría, dice la corte que la demanda expone una acción de nulidad que está prescrita. Aparte de que es imposible determinar exactamente lo que resolvió o quiso resolver la corte en cuanto a la existencia y prescripción de la acción de nulidad, e.a inne-cesaria la concusión de la corte en cuanto a ese punto, e impertinente la deter-minación de que los procedimientos anteriores eran anulables y no nulos.

      E1 artículo 153 del Código de Comercio que invocan, los apelantes, no fa-cultaba a la madre para allanarse a la demanda, por ser dicho artículo aplicable solamente a sociedades mercantiles, y tratarse en este caso de una sociedad civil, según veremos más adelante.

      La insuficiencia de la demanda no afecta la validez de la sentencia. Aun-que erró la corte inferior al decir lo contrario, siendo la sentencia nula por otros motivos, el error es académico.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Margarita Ramos Mimoso et al., demandantes y apelados, v. Francisco Viejo, demandado y apelante.
    Núm. 9294

    Sometido: Abril 12, 1946.

      Resuelto: Noviembre 12, 1946.

      Félix Ochoteco, Jr. y Luis E. Bubón, abogados del apelante; Heriberto Torres Soló, abogado de. los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y el demandado son dueños respectiva-mente de dos casas contiguas en la calle Dr. Barbosa, de Ba-yamón. La del demandado, en su pared adyacente a la casa de los demandantes, tiene una ventana y un balcón con vistas rectas sobre la de los demandantes, sin que medie la dis-tancia de dos metros que fija el artículo 518 del Código Civil. Para obligar al demandado a tapiar la ventana y bal-cón antes mencionados, los demandantes instituyeron esta acción sobre negatoria de servidumbre. La defensa del de-mandado consistió en la existencia de una servidumbre de luces y vistas a favor de su casa, sobre la de los demandan-tes, obtenida por prescripción. Por los méritos de la prueba, la corte inferior declaró con lugar la demanda, y para re-visar la sentencia el demandado instituyó este recurso de apelación.

Siendo la servidumbre de luces y vistas negativa, continua, y aparente, en la cual la prescripción empieza a correr desde que tiene lugar un acto formal u obstativo, la cuestión a resolver es si en el presente caso existió el acto obstativo y en caso de haber existido, si desde que éste tuvo lugar basta la fecha de la radicación de la demanda, habían transcurrido los veinte años que para adquirir servidumbres por prescripción exige el artículo 473 del Código Civil. Díaz v. Pérez, 56 D.P.R. 727.

Como toda propiedad se presume libre de cargas, una vez que el demandante en una acción negatoria de servidumbre establece su- título sobre la propiedad que alega estar libre de ese gravamen, incumbe al demandado probar la existencia de la servidumbre. Díaz v. Guerra, 18 D.P.R. 819, 827; Rosado v. Municipio, 59 D.P.R. 740, 747. La prueba del deman-dado sobre ese particular tendió a demostrar que desde hace más de treinta años su casa, además de la ventana y del balcón que motivan este pleito, tenía otra ventana en la pared contigua a la propiedad de los demandantes; que hace más de treinta años un anterior dueño de la casa del deman-dante intentó edificar un aljibe en su propiedad, situado en tal forma que obstruía la ventana en cuestión; que los an-teriores dueños de la casa del demandado se opusieron a la construcción del aljibe, pero habiendo convenido el entonces dueño de la propiedad de los ahora demandantes a no le-vantar ninguna otra edificación que obstruyera la ventana restante y el balcón, se accedió a la construcción del aljibe, quedando como consecuencia de dicha obra, cerrada perma-nentemente la ventana porque la pared del aljibe impedía abrirla.

El demandante estableció su título sobre su casa, y su prueba tendió a negar la existencia de la supuesta ventana incomunicada y a probar que solamente había- existido la ventana y el balcón que actualmente existen en la casa del demandado.

A petición de los demandantes el Juez de la corte inferior celebró una inspección ocular con asistencia de las par-tes representadas por sus respectivos abogados, y en el acta de la inspección, entre otras cosas, expresó:

“Hace constar el Juez que. suscribe que dentro de la casa del de-mandado visitamos una habitación que tiene un closet y no tiene ven-tana alguna que dé hacia la propiedad de los demandantes: que no se ve ninguna ventana que dé hacia la propiedad de los demandantes.
“La edificación de la finca de. los demandantes está pegada contra la pared de la habitación donde aparece el closet del cual se habla en el párrafo anterior.”

Como hemos visto, la evidencia en lo que al alegado acto obstativo respecta fue claramente contradictoria, y conside-rada la declaración de Pascual Juan Ramos y la del propio demandado al efecto de que todavía existía la ventana en su casa, aunque “incomunicada”, al revelar la inspección ocular que no existía tal ventana, ese hecho probablemente de-bió ser decisivo al dirimir el conflicto de la prueba a favor de los demandantes. No habiendo existido el acto obstativo como declaró probado la corte, no pudo el demandado obte-ner la servidumbre por prescripción. Artículo 474 del Código Civil, Díaz v. Guerra, supra.

Se queja el apelante de que la corte inferior le denegó una moción en la que solicitaba la reconsideración de la sentencia y permiso para radicar una contestación enmendada en la cual por primera vez establecía la defensa de prescripción. Fundaba esta defensa el demandado en que pudiendo los demandantes o sus causantes haber radicado la acción negatoria de servidumbre desde que por primera vez se abrieron la ventana y el balcón, dejaron transcurrir más de treinta años desde esa fecha hasta que se radicó la demanda original en el'presente caso. Esa moción fue radicada el 20 de septiembre de 1945, precisamente el mismo día en que se dictó la sentencia. La corte no expuso los fundamentos que tuvo para denegar la reconsideración, pero en lo que a la contestación enmendada concierne, de su resolu-ción se infiere que la denegó por entender que había sido tardíamente radicada.

La Regla 8(c) de Enjuiciamiento Civil prescribe que al alegar contra una alegación precedente, la parte expresará afirmativamente, entre otras defensas que menciona, la de prescripción. Y la Regla 12(h) dispone que todas las de-fensas y objeciones se entenderán renunciadas a menos que se levanten mediante moción, o si no se ha presentado mo-ción, se aleguen en la contestación o réplica. En el presente caso, se hubiera entendido renunciada la defensa de prescrip-ción, de acuerdo con la Regla 12(h), a no ser porque los pro-pios demandantes y el demandado presentaron evidencia sin objeción alguna tendiente a probar que al radicarse la de-manda original hacía más de treinta años que existían la ventana y el balcón en la casa del demandado. Si por el mero transcurso de treinta años desde que se abrieron la ventana y el balcón sin haber existido acto obstativo, como declaró probado la corte, hubiese prescrito la acción de los deman-dantes, el demandado, de conformidad con la Regla 15(b), hubiera tenido derecho, aún después de dictada sentencia, a que se le permitiese radicar su contestación enmendada para conformar las alegaciones a la evidencia. Aún sin moción alguna del demandado, dentro de las circunstancias de este caso, hubiera podido la corte moho proprio dar por enmen-dada la contestación y dictar la sentencia correspondiente. Tillman v. National City Bank of New York, 118 F.2d 631; American Casualty Co. of Reading, Pa. v. Morris, 51 Fed. Supp. 889, 896; Moore Federal Practice, V. 1, pág. 567 et seq. Pero en esta jurisdicción se ha resuelto repetida-mente siguiendo la jurisprudencia de España, que la, ac-ción negatoria de servidumbre puede interponerse en cual-quier tiempo dentro de los veinte años siguientes al acto obs-tativo y que mientras no exista ese acto, el demandante puede establecer su acción, no importa cual fuere el tiempo trans-currida desde que por su tolerancia el demandado hubiese abierto los huecos o ventanas en la pared de su casa. Siendo ésta una regla de propiedad establecida en esta jurisdicción hace cerca de treinta años, no debemos repudiarla.

No pndiendo el demandado alegar con éxito la prescrip-ción en el presente caso, y apareciendo que el resultado de la sentencia es correcto, no erró la corte al desestimar la moción solicitando reconsideración de la sentencia y permiso para enmendar la contestación.

El apelante también señala como- error el habérsele impuesto las costas, incluyendo la suma de $150 por concepto de honorarios de abogado.

En lo que a la condena de costas respecta, bastará decir que es mandatario imponerlas a la parte contra la cual se dicte sentencia. Y en lo que concierne al pronunciamiento sobre honorarios de abogado, no creemos que abusó la corte inferior al imponerlos, tomando en consideración la temeri-dad del demandado, según resulta de la prueba.

Otros errores han sido imputados a la corte inferior, pero como éstos van dirigidos a impugnar la corrección de ciertos principios de derecho enunciados por el Juez en la relación del caso y opinión, y como el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos, es innecesario considerar dichos errores ya que hemos llegado a la conclusión de que el resultado de la sentencia es correcto.

Procede confirmarla.

      El artículo 474 del Código Civil prescribe comp sigue:
      “Para adquirir por prescripción las servidumbres a que se refiere el artículo anterior, el tiempo de la posesión se contará: en las positivas, desde el día en que el dueño del predio dominante, o el que haya aprovechado la servidumbre, hubiere empezado a ejercerla sobre el predio sirviente; y en las negativas, desde el'día en que el dueño del predio dominante hubiere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre. ’ ’

       Tomamos de la declaración de Pascual Juan Bamos, testigo principal del demandado:

        ‘ ‘ Cuando esa otra, casa [la de los demandantes] se construyó, se podían abrir las ventanas al principio, pero después se incomunicó una ventana de la casa que queda atrás, con una caja de agua que ellos [los demandantes] hicieron allí.
      * ib . * #
      "P. Al decir usted que una de las ventanas se incomunicó, ¿qué quiere decir?
      “B. Que ella .(la ventana) no se podía abrir.”
      Y de la declaración del demandado tomamos lo siguiente:
      ”P. Cuando usted compró esa casa y la vió por primera vez, ¿cuántas ven-tanas tenía abiertas la parte ésa que da a la finca de la sucesión de Bamos Mi-moso?
      ‘‘B. Una.
      ”P. ¿Y por la parte adentro, cuántas ventanas tiene la casa esa?
      “B. Por el mismo sitio ese, por la parte esa, una ventana tiene abierta.
      ”P. ¿Y en la otra habitación no tiene más ninguna?
      ”B. Abierta no. Hay una ventana tapiada, .que yo le puse un closet para meter ropa y motivo a ese closet no se ve la ventana esa: está dentro la ventana, cerrada, condenada.
      “P. ¿Y cuando usted compró esa casa que la vió por primera vez vió una ventana abierta, y esa otra cerrada, por la parte atrás?
      ”B. Sí, señor, ésa que estaba condenada por medio de una pared que da a la ventana.”

       Artículo 1863 del Código Civil: "Las acciones reales sobre bienes in-muebles prescriben a los treinta años.
      Artículo 1869: El tiempo para la prescripción de toda clase de aceionea, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”

      La resolución de 1 de octubre de 1945, denegatoria de la moción, diee así:
      “Bu 26 de diciembre de 1944 los demandantes radicaron su demanda en-mendada y después de varios trámites la Corte concedió con fecha 28 de marzo de 1945, diez días al demandado para radiear su contestación.
      "En abril 6 de 1945 el demandado radicó una moeión de prórroga solicitando término adicional para contestar. Esta moción fué declarada con lugar. En abril de 1945 volvió el demandado a solicitar que se lo concedieran diez días adi-cionales i-ara contestar la demanda y la Corte accedió a ello. En abril 27 de 1.945 solicitó otra prórroga para contestar, a lo que accedió la Corte. En mayo 8 de 1945 vuelve el demandado a solicitar diez diez más para contestar y la Corte accedió a su petición. Y en mayo 17 de 1945 solicitó otra vez el demandado una prórroga de diez días para radiear su contestación y la Corte aeeedió a su soli-citud. Por fin, en junio 6 de 1945, el demandado radicó la contestación a la demanda.
      "Este caso fué señalado para ser visto a base de la demanda enmendada y de la contestación que obraba en autos para el día 5 de septiembre de 1945. En dicho día se vio la prueba tanto del demandante como del demandado. La Corte concedió a las partes hasta el día 17 de septiembre de 1945 para radicar alegatos. No lo hicieron así las paites y entonces la Corte dictó sentencia en septiembre 20 de 1945 declarando con lugar la demanda.
      "En septiembre 24 de 1945 el demandado radicó una moeión solicitando per-miso para presentar una contestación enmendada y otra moeión para que la sen-tencia fuera reconsiderada.
      "En el día de hoy se discutieron ambas mociones y la Corte, estudiadas las cuestiones envueltas, cree que debe declarar, y al efecto, declara sin lugar ambas mociones que radicara el demandado."

      La Regla 15(6) prescribe como sigue:
      "Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las partes o por orden de la corte se someten a juicio cuestiones litigiosas no suscitadas en las alega-ciones, tales cuestiones se considerarán a todos los efectos como si se hubiesen suscitado en las alegaciones. La enmienda de las alegaciones que fuere necesaria para conformarlas a la evidencia y para suscitar dichas cuestiones, puede hacerse a moeión de cualquiera de las partes en cualquier tiempo, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión de enmendar no afectará el resultado del juicio en relación con tales cuestiones. Si se objetare a la evidencia en ,el juicio por el fundamento de no estar comprendida en las cuestiones litigiosas suscitadas en las alegaciones, la corte permitirá las enmiendas y lo hará liberalmente siempre que con ello se facilite la presentación del caso en sus méritos y la parte que se oponga no demuestre a satisfacción de la corte que la admisión de tal evidencia le perjudicaría en el mantenimiento de su acción o defensa en los méritos. La corte puede conceder una suspensión para permitir a la parte objetante contro-vertir dicha evidencia."

        García v. García, 25 D.P.R. 128; Vincenty v. Domínguez, 35 D.P.R. 108.


author: El Juez Asociado Señok SítydeR

text:
    Destilería Serrallés, Inc., demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9322.

    Sometido: Noviembre 7, 1946.

      Resuelto: Noviembre 15, 1946.

      Tlon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, (E. Campos del Toro, Procurador General, en el alegato) y Carlos 8miaña Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Vicente Zayas Pizarro, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok SítydeR

emitió la opinión del tribunal.

.El Artículo 34 de la Carla Orgánica dispone que “Nin-guna ley de la Asamblea Legislativa entrará en vigor . . . basta noventa días después de su aprobación . . . 48 USCA, Sección 827. La cuestión a decidirse en este caso es si al calcular los noventa días debe contarse o no el día en que se aprueba la ley.

El 12 de mayo de 1942, se aumentó de $1.20 a $2.00 por galón el impuesto sobre espíritus destilados de 100° prueba. Sección 2, Ley núm. 234, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1333). Alega el Tesorero que el impuesto así aumen-tado ya estaba en vigor el 10 de agosto de 1942 cuando, a los fines de pagar el impuesto, empleados de la Destilería Serrallés, Inc. y del Tesorero aforaron 11,317.54 galones de-dichos espíritus que la corporación había elaborado con an-terioridad al 10 de agosto pero que había depositado en un almacén de adeudo de conformidad con la sección 10 de la Ley núm. 6, Leyes de Puerto Rico, 1936, Tercera Sesión Ex-traordinaria. La contribuyente pagó bajo protesta la dife-rencia entre el impuesto al tipo anterior y el impuesto al nuevo tipo — $9,954.04—y radicó demanda para recobrar dicha suma. El caso se encuentra ante nos en apelación del.Teso-rero contra sentencia sumaria a favor de la contribuyente.

La Ley man. 234 se aprobó el 12 de mayo de 1942. Si debemos incluir al calcular los noventa días después de su aprobación el día 12 de mayo, la Ley núm. 234, con su tipo de impuesto aumentado, estaba en vigor el 10 de agosto- — fecha en que se midieron estos espíritus — y debe revocarse entonces la sentencia de la corte de distrito. For otro lado, si no se incluye el 12 de mayo, la Ley no entró en vigor hasta el 11, y debe prevalecer la contención de la contribuyente

Encontramos en varias constituciones y leyes estatales una disposición similar al Artículo 34. Esta disposición se ha interpretado generalmente en el sentido de que debe ex-cluirse de los noventa días la fecha de la aprobación. State v. Mounts, 14 S. E. 407 (W. Va., 1891); Halbert v. San Saba Springs Land & Live-Stock Ass’n, 34 S. W. 639 (Tex., 1896); McGinn v. State, 65 N. W. 46 (Neb., 1895); Sindall v. Mayor, etc., of Baltimore, 49 A. 645 (Md., 1901); Dennis v. Spencer, 47 N. W. 795 (Minn., 1891); 1 Sutherland On Statutory Construction, Tercera Edición, sección 1612, págs. 279-80. Pre-sumiblemente el Congreso tenía conocimiento del significado que ya tenía establecido la frase “noventa días después de su aprobación” cuando la incorporó en nuestra Carta Or-gánica.

Convenimos con el Tesorero en que el artículo 388 del Código Político no gobierna este caso. Como dijimos en Torres v. Méndez, 44 D.P.R. 7, esto es así porque el artículo 388 sólo es de aplicación cuando hay una situación en que deba cumplirse un acto prescrito por la Ley, y no cuando como en este caso simplemente está envuelto un cálculo ma-temático de conformidad con los términos del artículo 34 de la Carta Orgánica. Además, si el Congreso definitivamente establece una fórmula para calcular la fecha de vigencia de legislación insular, nuestra Legislatura no puede modificar tal disposición. Sin embargo, es de alguna ayuda el artículo 388 ya que éste adopta para una situación análoga la misma doctrina establecida en los casos que gobiernan la cuestión aquí envuelta.

El apelante no cita casos de estricta aplicación en contra de esta conclusión. Descansa únicamente en los casos que resuelven que una Ley del Congreso, en ausencia de dispo-sición en contrario, entra en vigor inmediatamente después de su aprobación, y no al siguiente día, Arnold v. United States, 13 U. S., 103, Matthews v. Zane, 20 U. S. 164; que se presume que dicha ley es ley desde el primer instante del día de su aprobación, Lapeyre v. United States, 84 U. S. 191, 198, a menos que la parte que sostiene lo contrario presente prueba de la hora exacta de su aprobación. Burgess v. Salmon, 97 U. S. 381; Louisville v. Savings Bank, 104 U. S. 469. Basándose en estos casos, el apelante arguye que toda vez que la corporación no introdujo prueba de la hora en que se aprobó la Ley núm. 234, los noventa días después de su apro-bación se calculan desde el comienzo del día 12 de mayo de 1942 basta la media noche de agosto 9. Esto querría decir que la Ley estaba en vigor el 10 de agosto.

Convenimos con la contribuyente en que los casos fede-rales envuelven una situación diferente. Si una Ley federal —o como cuestión de hecho, una insular — es aprobada para tener efecto inmediatamente, no procede la contención de que tendrá efecto al siguiente día en vez del día de su aproba-ción. La palabra “inmediatamente” significa lo que dice, y la Ley entra en vigor en seguida. El único problema en didios casos es si la Ley entra en vigor al comienzo del día en qne se aprobó o a la bora verdadera de aprobación. Pero aqní nada tenemos qne ver con la bora del día en qne nna Ley entra en vigor. Nuestro problema consiste en la manera de calcular los noventa días después cL'e su aprobación, in-dependientemente de la hora del día en qne se aprobó la Ley. T los casos qne tratan nuestra cuestión específica es-tán en contra del Tesorero.

Ninguno de nuestros casos discute este problema. Tiene razón el apelante al decir que en Torres v. Méndez, 44 D.P.R. 7, este Tribunal, sin exponer las razones para así hacerlo, incluyó el día de la aprobación al calcular los noventa días provistos en el artículo 34. Por otro lado, sin exponer tam-poco ningún motivo detallado para ello, excluimos la fecha de la aprobación en los casos de Sueiras v. Monroig, 42 D.P.R. 751, y Jiménez v. Junta de Retiro, 61 D.P.R. 171, 178. Por los motivos expuestos en esta opinión, el segundo fué el método correcto para hacer el cálculo.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      La palabra “passage” tal como se usa en el Artículo 34 de la Carta Orgánica significa “aprobación” por el Gobernador. León, v. Torruella, 99 F.2d 851 (C.C.A. 1, 1938).

      Si bien la sección 5 de la Ley núm. 234 dice que empezará a regir inme-diatamente después de su aprobación, se admite que no votaron a favor de la misma las dos terceras partes de todos los miembros de la Legislatura. En su consecuencia, de conformidad con el artículo 34 de la Carta Orgánica, no entró en vigor hasta noventa días después de su aprobación.

       Dicho artículo dispone como sigue: “El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será tam-bién excluido.”


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Guillermo Vivas Valdivieso, demandante y apelado, v. Nicolás Petrilli y su esposa Norberta Sánchez, demandados y apelantes.
    Núm. 9414.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Noviembre 18, 1946.

      II. Hernández Matos, abogado de los apelantes; Agustín E. Font y J. Guillermo Vivas, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado solicita la desestimación de este recurso, alegando que los demandados apelantes dejaron transcurrir en exceso el término fijado por la ley (Artículo 12 Ley de Desahucio, artículo 631 del Código de Enjuicia-miento Civil, 1933, según fue enmendado por la Ley núm. 170 de mayo 9 de 1942, (1) pág. 889), para radicar la fianza y perfeccionar la apelación, sin haber radicado fianza alguna dentro de dicho término.

La sentencia recurrida fue dictada el día 15 de agosto de 1946, ordenando el desahucio de los demandados. Estos apelaron el día 20 de agosto de 1946, al serles notificada la sentencia, y el mismo día pidieron a la corte sentenciadora que señalara la fianza que deberían prestar para perfeccio-nar su apelación. El 22 del mismo mes la corte dictó una orden, la cual fue notificada a los apelantes en esa misma fecha, fijando en $200 el importe de la fianza.

En septiembre 28,1946, no habiéndose radicado aún fianza alguna, el demandante apelado radicó la moción de deses-timación que estamos considerando.

En su oposición a la desestimación del recurso, alegan ■los apelantes que ellos prestaron la fianza el día 11 de oc-tubre de 1946, depositando en la secretaría del tribunal la suma de $200 en efectivo; y arguyen, que al hacer dicho depósito el recurso quedó perfeccionado, toda vez que, según alegan, el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 170 de 1942, no exige como requisito indispensable para poder ejercitar el recurso de apelación que la consignación de la suma adeudada o la prestación de fianza deban quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.

El artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil (Art. 11 Ley de Desahucio) dispone que las apelaciones en casos de desahucio “deberán interponerse en el término de cinco (5) días, contados desde la fecha en que fueren notificadas de la sentencia por el secretario de la corte correspondiente, las partes perjudicadas por la misma o sus abogados.”

El artículo 631 del mismo Código (Art. 12 Ley de De-sahucio), antes de la enmienda de 1942, disponía:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia,' cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán' quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

El artículo 631, según quedó enmendado por la citada Ley núm. 170 de 1942, dice así:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de la apelación; pudiendo el demandado cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en secretaría, el importe del precio de la -deuda hasta la fecha de la sentencia.”

El propósito fundamental de la enmienda fué el de eximir al demandado en un caso de desahucio de la obligación de consignar en secretaría, en efectivo, el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, como condición pre-via para poder establecer el recurso de apelación, dejando a elección de dicho demandado apelante el consignar la suma adeudada en la secretaría u otorgar una fianza para garan-tizar su pago.

El término para otorgar la fianza o consignar en secre-taría está clara y específicamente fijado por el artículo 630 y por el 631, según quedó enmendado, supra, al disponer que “no se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al de-mandante y de las costas de la apelación.” Si de acuerdo con el artículo 630 el término para que se pueda admitir una apelación es el de cinco días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia, la prestación de fianza o la con-signación de la suma adeudada deberá necesariamente ha-cerse dentro de ese mismo término de cinco días, pues de no hacerse así, la corte carecerá de jurisdicción para admitir y conocer del recurso. El párrafo tercero del artículo 631 fué sin duda alguna eliminado por superfino.

Habiéndose prestado la fianza en este caso el día 11 de octubre de 1946, o sea cincuenta y dos días después de la fecha en que los demandados fueron notificados de la sentencia, es inescapable la conclusión de que la apelación interpuesta por los demandados no quedó perfeccionada dentro del término fijado por el estatuto, careciendo, por tanto, esta corte de jurisdicción para conocer del recurso, el cual debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor SNYder.

text:
    Agustín Bernal Torres, representado por su mandataria Gregoria Bernal Sárraga, demandante y apelante, v. Américo Toledo Correa, demandado y apelado.
    Núm. 9332.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Noviembre 18, 1946.

      Buenaventura Esieves, abogado del apelante; José Veray, Jr., abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor SNYder.

emitió la opinión del tribunal.

Se trata aquí de un pleito de desahucio en precario enta-blado por Agustín Bernal Torres -con el objeto de desahuciar, a Amérieo Toledo Correa de una propiedad consistente de 2.395 cuerdas de tierra, una casa' escuela y una vivienda. La corte de distrito resolvió que la prueba establecía un serio conflicto en relación con el título y que el procedimiento de desahucio en precario no era por tanto el remedio apro-piado. El demandante apeló de esta sentencia a favor del demandado.

La prueba del demandante fué en el sentido de que el inmueble fué inscrito a su nombre en 1931; que le fué adju-dicado a El Pueblo de Puerto Rico en 1937 como resultado de una subasta pública por falta de pago de contribuciones desde 1932 hasta 1936; que en 1941 el demandado pagó al gobierno $188.80 para redimir la propiedad; que en 1941 el demandado ofreció al demandante $400 por dichos bienes, oferta que rechazó por considerarla insuficiente; que debido a enfermedad descuidó la propiedad durante varios años; que en 1945 nombró apoderada a su hija, quien pagó las contribuciones sobre la propiedad por los años 1942-43,1943-44 y 1944-45.

Un testigo de las conversaciones entre el demandante y el demandado declaró a favor del demandante en el sentido de que existía un “convenio de caballeros” para la venta de la propiedad, pero que la venta no se efectuó para aquella fecha; que se convino en que tan pronto se arreglaran los documentos de la finca, él le vendería la propiedad al de-mandado por una suma que se acordaría más tarde; que el precio de venta no se fijó en $400.

El demandado, por otro lado, declaró que en 1941 pagó las contribuciones adeudadas, de conformidad con un con-venio verbal entre él y el demandante, mediante el cual el último vendió la propiedad al demandado por $400. El con-venio, de acuerdo con lo manifestado por el demandado, era en el sentido de que el demandado pagaría las contribuciones dejadas de pagar ascendentes a $188.80; que las partes pre-pararían la documentación correspondiente a la venta; que, luego del pago de "$188.80., honorarios de abogado y de la documentación, si algún balance resultaba de los $400, el demandado lo pagaría al demandante; y que el demandado podía inmediatamente tomar posesión de la propiedad y podía reparar la casa y la casa escuela.

El demandado entró en posesión de la propiedad, invirtió $350 ó $400 en reconstruir la casa que encontró abandonada, y ha vivido en la misma desde 1941. El demandado gastó $500 en reparaciones a la casa escuela y cobró del municipio su renta hasta que surgió este pleito. Declaró que él no había pagado al demandante el remanente de los $400 porque él punca recibió la documentación pertinente. La demora, según él, se debió a que el abogado encargado de preparar la escritura encontró que sobre la propiedad existía una hipoteca por la cantidad de $1,800 que impedía el traspaso de la misma al demandado, libre de gravámenes como se acordó.

El demandante sostiene que la corte de distrito erró al resolver que de la evidencia aparece un conflicto en cuanto al título. Él descansa en el artículo 1232 del Código Civil que provee que los contratos en los cuales la cuantía envuelta excede de trescientos dólares deben hacerse constar por escrito. Pero el récord contiene no solamente el testimonio oral del demandado pero sí otros testimonios y circunstancias que levantan una^cuestión sustancial en cuanto a si el de-mandante y el demandado hicieron un convenio verbal de compraventa de la propiedad. Por tanto, el récord levanta una seria cuestión en cuanto al título: si la prueba a favor del demandado es creída, ¿tendría él derecho, a tenor con el artículo 1231 del Código Civil, edición de 1930, a obligar al demandante a otorgar una escritura de acuerdo con los términos de su convenio verbal? Cf. Abarca v. Cordero, 60 D.P.R. 519, 526. Por tanto, no podemos decir, basándonos en la prueba del demandado y en todas las otras circunstan-cias concurrentes en este caso, que la- corte de distrito erró al resolver que existe en el mismo un conflicto en cuanto al título dentro del significado de nuestros casos. Véanse Sucn. Pedroza v. Martínez, 64 D.P.R. 5, y casos allí citados; De Arrastia v. Quiles, 65 D.P.R. 912. La controversia entre las partes debe ser resuelta mediante un procedimiento distinto.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.