text:
    Carmen Morales Vda. de Rovira, por sí y en representación de sus menores hijos Carmen Pura y Darío Rovira y Morales, y Adolfo Morales en representación de sus menores hijos María Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira, demandantes y apelados, v. Dolores Cabrera Vda. de Salazar, demandada y apelante.
    Núm. 7107.

    Sometido: Marzo 19, 1937.

      Resuelto: Abril 21, 1938.

      iJarlos J. Torres y Joaquín Vendrell, abogados de la apelante; Ce-lestino Benitez Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Darío Rovira Cordovés falleció ab intestato en 15 de abril de 1929. Como resultado de nn procedimiento para determi-nar la identidad de sus herederos legales, las siguientes per-sonas fueron declaradas como tales: María Marina, Alejan-drina y Pedro Rovira Ríos, como hijos legítimos del primer matrimonio del finado; Providencia Rovira López, como única hija del segundo matrimonio; y los menores Carmen Pura y Darío Rovira Morales, habidos en el tercer matrimonio, en unión a su madre Carmen Morales.

Allá para el mes de octubre de 1924, Darío Rovira Cordo-vés tomó a préstamo $6,000 a Pedro Salazar Schuck, y para garantizar su pago otorgó una hipoteca sobre detérminada. finca por el término de cuatro años. Salazar falleció en 1927 j en pago parcial de su interés en la herencia, su viuda, Dolores Cabrera, recibió el título del crédito hipotecario arriba mencionado. En 30 de noviembre de 1930 ella entabló un pleito ordinario en ejecución de hipoteca, en el cual, por lo ■que hemos podido averiguar de los autos elevados, tan sólo María Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos; Carmen Morales viuda de Rovira Cordovés y sus menores hijos Carmen Pura y Darío Rovira Morales, fueron designados como partes demandadas. Se alegó en dicho pleito que los deman-dados arriba mencionados habían aceptado la herencia y se hallaban en posesión de la finca.

Aunque no parece haberse suscitado la cuestión, Provi-dencia Rovira López, que era la única bija del finado en su segundo matrimonio, no aparece como parte demandada en el procedimiento anterior. Sin embargo, pasaremos sobre esta cuestión sin hacer ningún comentario ulterior.

La corte inferior, luego de declarar sin lugar una excep-ción previa interpuesta por los tres hijos mayores, dictó sen-tencia en rebeldía contra los demandados antes mencionados por la suma de $6,000, más intereses y costas. Se expidió y diligenció mandamiento de ejecución contra la finca hipote-cada y la misma fue vendida y adjudicada al acreedor por $6,000.

Con el propósito de anular el procedimiento ejecutivo arriba mencionado, los menores Carmen Pura y Darío Rovira Morales, representados por su madre, entablaron la corres-pondiente demanda. Originalmente se adujeron tres causas-de acción, pero durante el juicio tan sólo se insistió en la pri-mera de ellas. Las otras dos fueron abandonadas. La causa de acción subsistente, que sólo solicitaba la nulidad del pro-cedimiento, se basaba fundamentalmente en (a) el haberse dejado de notificar, conforme exige la ley, personalmente a los menores con copia de la demanda o emplazamiento, y (b) el haberse dejado de notificar a esos mismos menores de la sentencia dictada.

La apelante radicó una contrademanda alegando que a los demandantes debía, como condición previa a la entrega de su participación en la finca, exigírseles el pago de la sexta parte del principal y sus intereses. Cada uno de ellos, de acuerdo con el alegato de la apelante, había heredado una participa-ción indivisa equivalente a 1/12 de la finca. La corte inferior anuló el procedimiento en su totalidad y ordenó la can-celación en el registro de la propiedad de la adjudicación hecha al acreedor hipotecario.

Abandonando toda otra defensa, la apelante ha optado por descansar exclusivamente en los siguientes errores.

Ella sostiene qne la corte erró:

“Primero: Sn no haber declarado con lugar la excepción previa á la demanda, o sea no estimar que no compete a los demandantes la acción de nulidad de la sentencia y de la adjudicación de finca, y no declarar que su derecho está limitado a la parte de la sentencia que afecta a los demandantes y al condominio de ellos en la finca, correspondiéndoles la acción de división de comunidad.
“Segundo: Al declarar nulos en su totalidad los procedimientos judiciales, sin solicitud de algunas de las personas que fueron partes en los mismos, se emplazaron para contestar la demanda y 'se notifi-caron de la sentencia y sin darles oportunidad para ser oídos.
“Tercero: Al condenar al pago de las costas a la parte de-mandada.” . .

Asumiremos, con la apelante, que los menores demandan-tes nunca fueron legalmente notificados con copia del empla-zamiento o de la demanda en el pleito ordinario en ejecución de hipoteca (civil número 13,485 de la Corte de Distrito de San Juan) y por tanto que la corte inferior nunca tuvo juris-dicción personal sobre ellos en dicho procedimiento. Empero, pasaremos por alto, para los fines de este recurso, las per-sonas que, por primera vez y sin explicación alguna, son in-cluidas como partes demandantes en la copia del “pliego de excepciones y exposición del caso enmendada” que figura en la transcripción de autos. En ninguna otra parte de la trans-cripción nos ha sido posible hallar referencia específica a ellas, excepción hecha de que sus nombres aparecen de ahí en ade-lante en el título del caso. Con estos precedentes procedere-mos a resolver los errores señalados.

La apelante en su alegato hace constar los hechos y las cuestiones que están ante nos en la siguiente forma:

“La situación de hechos, señores magistrados, es por consiguiente la siguiente: el juicio plenario en cobro de crédito hipotecario no se siguió contra todos los condueños de la finca y sí contra algunos, entre ellos mayores y menores de edad, y solamente los mayores de edad fueron emplazados para contestar la demanda y notificados de la sentencia.
“Los demandantes sostienen que a virtud de no haber estado in-tegrada en el juicio y constituida en demandada la comunidad deu-dora hipotecaria o sucesión de Darío Rovira Cordovés, la sentencia que se dictó condenando al pago del crédito hipotecario y ordenando la venta del inmueble, es nula en su totalidad. La parte demandada sostiene que esa nulidad no afecta a los condominios de las perso-nas que fueron constituidas en demandados, se emplazaron para con-testar la demanda y fueron notificados de la sentencia. El tribunal de distrito se decidió por la contención de la parte demandante.”

La apelante cita los casos de Santana v. Orcasitas, 47 D.P.R. 735, y Ruiz et al. v. G. Llinás & Co., 31 D.P.R. 48. Los apelados descansan en el argumento de que la sentencia no era divisible y que en su consecuencia no puede estar com-prendida dentro del artículo 190 del Código de Enjuiciamiento Civil que permite se dicte sentencia contra uno o más deman-dados “siempre que procediere una sentencia por separado.” Insisten en que todas las personas que componían la suce-sión Rovira no fueron hechas partes demandadas y por ende que no podía dictarse sentencia en su contra. Sostienen que el crédito hipotecario' era un todo indivisible (an entirety) y que se hacía imposible fijar la responsabilidad individual de cada heredero antes de dividirse los bienes de la sociedad de gananciales y de hacerse la partición de la herencia.

La corte inferior basó su sentencia en el caso de Gaudier v. Sucn. García, 10 D.P.R. 26, o sea, en una decisión anterior.

En Santana v. Orcasitas, supra, resolvimos que una acción para recobrar los daños y perjuicios provenientes de la nuli-dad de la ejecución de un crédito hipotecario perteneciente a una sociedad conyugal, podía entablarse con éxito contra el cónyuge supérstite, pero limitando su responsabilidad en pro-porción a su mitad de gananciales, aunque no se hiciera parte en el litigio a los herederos de la finada esposa.

Los hechos y conclusiones del caso de Ruiz et al. v. G. Llinás & Co. supra, fueron más o menos como sigue: G. Llinás & Co. radicó originalmente demanda contra Juana Ruiz y sus menores hijos para recobrar $1,299.94 é intereses, y en ejecución de la sentencia qne se dictó en rebeldía adqui-rió unos inmuebles pertenecientes a los demandados antes mencionados. Posteriormente los menores instaron demanda de reivindicación en que trataban de anular el procedimiento antes mencionado, alegando, entre otras cosas, que nunca ha-bían sido personalmente notificados del emplazamiento o con copia de la demanda. Se declaró con lugar una excepción pre-via de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, y los demandantes se negaron a enmendar su de-manda. Por tanto, fué de una sentencia adversa sobre las alegaciones que ellos entablaron el correspondiente recurso de apelación. Este tribunal, a pesar de que decía en su opinión que la demanda era insuficiente en ciertos respectos, devolvió no obstante el caso a la corte de distrito de su origen para que la misma fuera enmendada por los demandantes. Sin embargo, el pronunciamiento importante fué que el procedi-miento original y la subasta posterior fueron sostenidos en tanto en cuanto afectaban a la madre de los menores, Juana Ruiz, quien había estado debidamente ante la corte inferior.

Por otra parte, el caso de Gaudier v. Sucn. García, supra, en que la corte inferior basó su sentencia de nulidad, fué uno en que un doctor presentó demanda contra la sucesión de Diego G-arcía Saint Laurent en cobro de honorarios profesio-nales. Se registró sentencia en rebeldía contra los demanda-dos y de ella se entabló apelación a nombre de varios meno-res, basados, entre otras cosas, en que ellos no habían sido notificados legalmente de los documentos necesarios. Esta corte resolvió que, como los menores no habían sido notifica-dos personalmente, la Corte de Distrito de Mayagüez no había adquirido jurisdicción sobre todas las partes en el liti-gio y que dicha corte no tenía control sobre todos los proce-dimientos posteriores. En conclusión la opinión dijo: “Por las razones expuestas, entendemos que procede la declaración de nulidad de la sentencia apelada y de todas las actuaciones anteriores desde el diligenciado de la orden de citación, con las costas a cargo de la parte apelada.”

La naturaleza del recurso en el caso que está ante nos difiere de la envuelta en cualquiera de los tres casos antes discutidos. Ésta era una acción ordinaria para ejecutar una hipoteca previamente otorgada por el predecesor de los de-mandados en ejecución. A ese respecto se trataba de una acción quasi in rem. Fundamentalmente el objeto del litigio fué cobrar el importe del crédito hipotecario. Con el propó-sito de lograr tal fin el acreedor garantizado tenía que llevar al deudor ante la corte inferior. Sin embargo, la persona ori-ginalmente obligada había muerto y en su consecuencia se hacía necesario proceder contra su sustituto o sustitutos lega-les. El Código Civil (ed. de 1930), en los artículos 599, 600, 603, 608 y 610, dispone:

“Art. 599. Sucesión es la transmisión de los derechos y obliga-ciones del difunto a sus herederos.
“Art. 600. La sucesión significa también las propiedades, dere-chos y cargas que una persona deja después de su muerte, ora la propiedad exceda a las cargas, ora las cargas excedan a la propiedad, o bien si dicha persona ha dejado solamente cargas y ninguna pro-piedad.
“Art. 603. Los derechos a la sucesión de una persona se trans-miten desde el momento de su muerte.
“Art. 608. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte.
“Art. 610. Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.”

Los apelados insisten en que hasta que se haga la par-tición de la herencia, ninguno de los herederos tiene respon-sabilidad individual alguna, pero que, en unión a su madre, representan al finado en lo que a sus derechos y obligaciones respecta.

El verdadero problema que está ante nos es si la senten-cia y adjudicación a un acreedor hipotecario en un pleito ordi-nario en ejecución de hipoteca puede subsistir contra los here-deros del deudor finado que fueron demandados, aunque el procedimiento se anule en cuanto a otros herederos que no estaban propiamente ante la corte.

El caso de Schlarb v. Castaing, 97 P. 289, 50 Wash. 331, fue uno en el cual se hipotecó una propiedad ganancial. Se resolvió que los hijos de los deudores hipotecarios eran par-tes necesarias en el procedimiento para ejecutar la hipoteca después de la muerte del esposo, si es que se quería afectar su participación en la propiedad, y que la venta de la misma sin unirlos a la acción transfería tan sólo el interés de la viuda, quien fué hecha parte demandada. La decisión tiene impor-tancia en cuanto en ella se sostuvo la sentencia contra la viuda y la venta posterior de su interés en la propiedad. Un razonamiento análogo podría aplicarse al presente caso. Bajo las leyes dé Washington, la' viuda heredaba' la mitad de la propiedad mencionada y la otra mitad correspondía a los hijos por partes iguales, y todos la poseían en común proin-diviso. Esto hace que dicho caso sea aún más parecido al nuestro.

El presente recurso, conforme hemos dicho, era uno guasi-in-rem y, así pues, su objetivo principal era la venta de la finca hipotecada para pagar la deuda. Véase Baettenhaussen v. Borda, 52 D.P.R. 540. El gravamen hipotecario pesaba sobre la totalidad de la finca. Hasta que se divida o se haga la partición de la herencia, puede decirse que los herederos suce-den en los bienes y derechos del finado en un carácter afín a aquél que existe en una comunidad proindivisa de bienes. Véase Sánchez Komán, Derecho Civil, tomo 6 (1) pág. 14 (edi-ción de 1910). No puede haber la ejecución parcial de una hipoteca a menos que la responsabilidad, en lo. que al mismo inmueble se refiere, se divida. Éste no es claramente el caso cubierto por el artículo 123 de la Ley Hipotecaria, con res-pecto a los bienes hipotecados que son posteriormente ven-didos en parcelas distintas.

Si uno analiza el litigio instruido ante la corte inferior en ejecución de hipoteca, y la sentencia eventualmente dictada, se hace aparente que tanto el pleito como la sentencia eran indudablemente personales en su naturaleza. La sexta ale-gación de la demanda en el pleito en ejecución de hipoteca v la súplica de la misma leían:

“Sexto. El deudor, don Darío Rovira, falleció en San Juan, sin otorgar disposición testamentaria, sobreviviéndole su esposa, doña Carmen Morales, y dejando como única descendencia a sus hijos doña Carmen Pura y don Darío Rovira Morales, menores de edad, no emancipados, habidos en su matrimonio con doña Carmen Morales, y los habidos en matrimonio anterior, mayores de edad, doña Ale-jandrina, don Pedro y doña Marina Rovira, y dicha viuda e hijos han aceptado la herencia del finado señor Rovira, encontrándose en la posesión y disfrute de la finca que hipotecó a don Pedro Salazar y Schuek.
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. . .
“Por lo que a la Hon. Corte suplica se sirva dictar sentencia contra los demandados doña Carmen Morales viuda de Rovira, doña Alejandrina, don Pedro, doña Marina Rovira, don Darío y doña Carmen Pura Rovira y Morales, condenándoles a pagar a la demandante, doña Dolores Cabrera viuda de Salazar, la cantidad de seis mil dóla-res, sus intereses al nueve por ciento anual desde el primero de mayo de este año y hasta su completo pago y las costas y desembolsos que con esta acción se originen a la demandante, ordenándose que si tal pago no se hiciere, se venda en pública subasta la finca descrita en esta demanda para con su precio en venta verificarlo hasta donde alcance su montante y no siendo suficiente se vendan otros bienes de los mismos demandados, a excepción de los privativos de doña Carmen Morales viuda de Rovira, decretándose que de las propiedades vendidas de esta manera se dé posesión jurídica y material al adju-dicatario, lanzándose de ellas a quien las posea en virtud de un de-recho derivado de los demandados y de fecha posterior a la iniciación de estos procedimientos.”

De la opinión dictada por la corte inferior en este caso tomamos la siguiente aseveración:

“El pleito núm. 13485 se dirige contra los demandados en su ca-rácter personal y no como integrantes de la sucesión de don Darío Rovira. ’ ’

Bajo estas circunstancias, se desprende que aunque el pro-cedimiento que ahora se ataca fue denominado en ejecución de hipoteca, el mismo iba dirigido contra los demandados per-sonalm.en.te y la. sentencia puede considerarse como dictada en igual sentido. Surge entonces la cuestión: ¿Puede sub-sistir la sentencia contra aquellos demandados a quienes se dió un pleno día en corte, aunque la misma fracase contra aquéllos que no lo tuvieron? Si se contesta esa pregunta afir-mativamente, el problema restante es si la ejecución de esa sentencia sobre la participación indivisa de aquéllos que fue-ron debidamente notificados puede también subsistir.

La contestación a la primera pregunta tal vez pueda ha-llarse en la naturaleza de la obligación de cada heredero individual del finado, en torno a la deuda hereditaria que está bajo nuestra consideración y en el estudio de la teoría relativa a la indivisibilidad de las sentencias.

Un examen de los varios comentarios al Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, nos ha dejado la impresión de que los herederos de un deudor finado son solidariamente responsables de las obligaciones hereditarias de su predecesor, y esto es así, aún antes de haberse efectuado la partición de la herencia. Yéase Man-resa, tercera edición, volumen 7, páginas 767-771, y la juris-prudencia del Tribunal Supremo de España allí citada. Desde luego, si los herederos aceptan la herencia a beneficio de inven-tario, su responsabilidad final se limita a aquellos bienes que reciban de la herencia, mas su obligación en lo que a esa pro-piedad se refiere es solidaria. Por tanto, el acreedor del finado puede proceder inmediatamente a tratar de cobrar su crédito de cualquiera de los herederos o de todos ellos. Véase Manresa, edición de 1924, volumen VII, pág. 867. Por tanto, se infiere que pudo dictarse sentencia separada contra cual-quiera de los herederos de conformidad con el artículo 190 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Habiendo llegado a la anterior conclusión, tenemos que resolver que la sentencia dictada por la corte inferior debe subsistir contra todos aquellos herederos que se hallaban debi-damente ante la corte. Aún nos queda la cuestión relativa a si la adjudicación, por así decir, hecha a la señora Salazar, de sus intereses indivisos respectivos, debe igualmente sub-sistir. Ha de admitirse que la demandante en el pleito original pudo haber hecho que esas particiones indivisas estuvie-ran sujetas al pago de la sentencia que obtuviera. ¿Debe el hecho de que la propiedad fué vendida íntegramente, y no par-cialmente, militar contra tal adjudicación? La experiencia nos dice, si acaso, que la venta de propiedades urbanas, una casa y un solar — como sucede aquí — es realzada por la subasta de la finca como un solo objeto. La demandada en el presente recurso no se queja de tal venta y está dispuesta, aparente-mente, a distribuir el precio de la adjudicación en proporción directa a las participaciones sujetas a la sentencia. Desde este punto de vista, los herederos que ahora atacan el proce-dimiento no pueden, en forma alguna, ser perjudicados por la adjudicación original. .’En su consecuencia, somos del criterio que tal adjudicación no debe alterarse en lo que concierne a las participaciones indivisas de los herederos cuyos derechos fueron propiamente adjudicados en el pleito original. .

Conforme hemos dicho, la corte inferior citó el caso de Gaudier v. Sucesión García, supra. También se basó hasta cierto punto en lo que se dice en la obra “Black on Judgments,” segunda edición, volumen I, pág. 313, párr. 211. Dis-tinto al presente, el caso de Gaudier no fué uno de nulidad, sino una apelación interpuesta en el pleito principal mismo, y en ella se suscitó la defensa de falta de jurisdicción sobre ,algunos herederos menores de edad. Este tribunal aparente-mente consideró la sentencia como indivisible y que en apela-ción no podía ciertamente ser confirmada en cuanto a un de-mandado y revocada en cuanto a otro, sino que debía ser revocada en su integridad. Véase “Black on Judgments,” segunda edición, volumen I, pág. 315. De este mismo autor hemos tomado la siguiente cita:

11 En los libros existen numerosas expresiones al efecto de que una .sentencia es una integridad, y que si se dicta contra varios deman-dados, la misma no es susceptible de ser dividida o distribuida con el propósito de eliminar el error o la irregularidad que pueda contener en cuanto a uno ele ellos, y dejarla subsistente en cuanto a los de-más. En su consecuencia en un número de estados se ha resuelto que si la sentencia es nula contra un demandado, por no haberse adquirido jurisdicción sobre él, la misma debe considerarse como nula en cuanto a todos los oíros demandados, y por ende como nula de toda nulidad. Esta cuestión podría surgir por ejemplo en un caso en que dos personas son designadas como demandados y en que sólo una de ellas es notiñcada, por ser la otra un no residente o por no ser hallada, y en que luego de oponerse el demandado que ha sido notificado, se dicta sentencia contra ambos. Entonces, de acuerdo con la regla anterior, la sentencia no puede tener más efecto contra el demandado que fue notificado que contra el otro. Por tanto, para llevar la suposición un poco más lejos, si la sentencia sirve de base a un litigio, ya sea en una corte doméstica o extranjera, contra el de-mandado que fué notificado, éste podría demostrar la irregularidad de los procedimientos con respecto a su codemandado, y eso sería su-ficiente para impedir que se obtuviera sentencia contra él. El resul-tado difícilmente parece estar en armonía con la razón y la justicia. Sin embargo, algunas de las decisiones, al discutir sobre la indivisi-bilidad de la sentencia, se han visto competidas a sostener precisa-mente esa posición. Pero existen muchas otras autoridades que sos-tienen que aunque una sentencia sea nula contra un demandado, por falta de jurisdicción, ella puede no obstante ser válida y obligatoria para los otros, o a lo sumo anulable, mas no nula en su totalidad. Y si se adopta este criterio, es evidente que la sentencia estará sujeta a sus incidencias corrientes, en lo que respecta al demandado sobre quien se adquirió jurisdicción hasta que la misma sea revocada o dejada sin efecto en forma ordinaria. Hasta que llegue ese mo-mento, procede un litigio basado en la sentencia dictada en su contra y a éste no se le permitirá atacarla colateralmente. . . . Cuando investigamos en torno a la forma adecuada en que se ha de deter-minar una sentencia solidaria (joint) contra varios demandados que resulte nula en cuanto a uno de ellos, al ser llevada a una corte de .apelaciones mediante un recurso de revisión o apelación, hallamos que las autoridades están algo más en armonía. En general, convienen en que la sentencia no puede ser confirmada en cuanto a un deman-dado y revocada en cuanto a otro, sino que debe ser revocada en su integridad. Y .que, por otra parte, si se dicta en favor de los de-mandados, la nulidad de la sentencia en cuanto a uno la anulará en cuanto a todos ellos. ‘La sentencia, siendo solidaria en favor de todos los demandados y errónea en cuanto a uno, tiene que ser re-vocada en cuanto a todos. Una sentencia dictada solidariamente en favor de varios demandados, ya sea en una acción basada en un con-trato o para recobrar daños y perjuicios, no puede ser confirmada en cuanto a uno y revocada en cuanto a otro. Tal sentencia es una in-tegridad y debe subsistir o caer íntegramente.’ Empero, la acepta-ción de esta regla no es tan universal. . . . Antes de terminar la discusión de esta materia es necesario observar que si la sentencia es mancomunada en cuanto a las partes, muy bien podría haber casos en que fuera buena contra una y nula contra otra, y en que una corte de apelaciones podría revocarla en parte y confirmarla en parte. Además, la regla de que una sentencia nula en cuanto a un deman-dado es nula en cuanto a todos, se considera que es aplicable tan sólo a sentencias en derecho y no a decretos en equidad.
“Del anterior estudio que hemos hecho de las autoridades se des-prende claramente que no es posible armonizar los casos sobre esta materia. Mas también se desprenderá que algunas de las cortes que resuelven que una sentencia nula contra un demandado es nula en su integridad, se han ido a los extremos por la concepción altamente técnica de tal sentencia como una integridad imaginaria. El sano juicio legal parece sugerir que si bien tal sentencia es indudablemente errónea y propensa a ser revocada en apelación, sin embargo, que mientras permanezca sin revocar, la misma no debería estar sujeta a ser atacada en un procedimiento colateral por el deudor a cuyo favor no existen irregularidades. También parece estar en armonía con la justicia que sentencias de esta índole no deben ser dejadas sin efecto o anuladas a solicitud de la parte legalmente obligada, por-que, es de presumirse, que es únicamente el otro quien ha sido pri-vado de sus derechos o lesionado por una práctica irregular o errónea. En cuanto al primero, la sentencia no debe despojarse de sus conse-cuencias ordinarias, y no parece haber razón adecuada alguna por la cual la misma no deba constituir una buena causa de acción contra él. Finalmente, se iría demasiado lejos al decirse que la supuesta sentencia sería enteramente nula en cuanto a ambos o en cuanto a todos los demandados. Una sentencia nula es una mera nulidad y no obliga a nadie, y ninguna persona puede adquirir ningunos dere-chos bajo ella; mientras que en muchos casos (en aquéllos que usan la palabra ‘void’ para calificar tales sentencias) sostienen que aquél que adquiera basado en tal sentencia será protegido, que los autos pueden ser enmendados, que tal sentencia consolida (merges) la causa de acción, que se puede expedir mandamiento de ejecución contra un demandado y no contra el otro, y así sucesivamente, ninguna de las cuales consecuencias podría surgir si la sentencia fuera meramente nula e ineficaz.”

La posición favorecida por el autor en la cita anterior for-talece la conclusión a que temos llegado en este caso.

No tenemos duda alguna de que los procedimientos habi-dos en la Corte de Distrito de San Juan en el procedimiento hipotecario fueron enteramente nulos en cuanto a los meno-res Carmen Pura y Darío Rovira Morales, y en su consecuen-cia que cualquier inscripción o anotación hecha en el registro de la propiedad que menoscabe o les prive del título a su par-ticipación indivisa en la finca descrita en la demanda y que fué adjudicada a la apelante, debe ser cancelada. También somos del criterio de que cualquier heredero que no figuró como parte en dicho procedimiento tiene derecho al beneficio de esta decisión si opta por exigirlo.

En lo que respecta a la imposición de costas, toda vez que los menores no tuvieron culpa alguna en este procedimiento, nos inclinamos a sostener la discreción ejercida por la corte inferior, y así lo resolvemos.

Se dictará sentencia de acuerdo con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Monserrate Rivera, demandante y apelada, v. Juan J. Gerardino, Enrique Toro Casals y Joaquín Ortiz, demandados y apelantes.
    Núm. 7452.

    Sometido: Abril 5, 1938.

      Resuelto: Abril 22, 1938.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Fernando B. Fornaris, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Monserrate Rivera demandó a Juan José Gerardino, Enrique Toro Casals y Joaquín Ortiz reclamándoles tres mil dóla-res y seis centavos por daños y perjuicios por embargo inde-bido. Obtuvo sentencia por ochocientos veintiocho dólares con la obligación de pagar las costas del pleito causadas a partir de octubre 18, 1935. De la sentencia apelaron para ante este tribunal los demandados.

En mayo 9, 1929, Juan José Gerardino demandó a Mon-serrate Rivera en reclamación de novecientos ocho dólares, y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dic-tarse a su favor, embargó mil ochocientos setenta y dos dóla-res y seis centavos que la Rivera tenía depositados en el American Colonial Bank, Sucursal de Ponce, mediante fianza de dos mil dólares que prestaron Enrique Toro Casals y Joaquín Ortiz. El pleito se falló en contra del demandante y surgió entonces este otro en reclamación de perjuicios por embargo indebido.

La demandante alegó que la cantidad embargada había desaparecido; que había dejado de ganar intereses ascendien-tes a ochocientos veintiocho dólares en cierta operación que tenía concertada y que no pudo realizar por el embargo, y que pagó por su defensa en el pleito honorarios de abogado por valor de quinientos dólares de los cuales Gerardino sólo le había reintegrado doscientos.

Contestaron los demandados aceptando algunos hechos y negando otros y luego, de acuerdo con el artículo 313 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, presentaron una moción de transacción proponiendo que se dictara sentencia en su contra por los intereses — al tipo legal o al qne fijara la corte — sobre los $1,872.06 embargados, desde mayo 9, 1929, en que se decretó el embargo en el pleito por ellos seguido contra Monserrate Rivera basta abril 1, 1933 en que fué nue-vamente embargada en otro pleito que contra la Rivera enta-blara Salvio Durán Vázquez.

La transacción no se aceptó por la demandante. Fué el pleito a juicio y la corte declaró probado que el dinero embar-gado no había desaparecido si que se había extraído del American Colonial Bank, Sucursal de Ponce, por el marshal de la corte y por él depositado en el Banco de Ponce en cuenta de inversiones y allí estaba convertido en $2,284.34, que fueron embargados en abril 1, 1933, en el pleito que siguiera Salvio Durán contra la Sucesión de Emilio B. Durán compuesta de su viuda Monserrate Rivera y de su hermana Ana Inés Durán sobre nulidad de testamento, motivo por el cual no debía con--denarse a los demandados a reintegrarla a la demandante, y que nada tenía ésta tampoco derecho a percibir por los hono-rarios de abogado reclamados porque dichos honorarios fue-ron fijados en doscientos dólares por la propia corte en el pleito correspondiente y los había ya satisfecho G-erardino.

En cuanto a la ganancia dejada de obtener, la corte declaró probado que ciertamente Monserrate Rivera tenía concertado un préstamo hipotecario por mil ochocientos dólares al doce por ciento de interés anual que no pudo realizar por el embargo y en su consecuencia decidió que debía dictar como dictó sentencia a su favor por la ganancia dejada de percibir que fijó en ochocientos veintiocho dólares, sin especial condena-ción de costas.

Los demandados pidieron a la corte' que reconsiderara su sentencia rebajando de ella la cantidad que la suma embar-gada había ganado en el banco o sean trescientos once dóla-res y sesenta y nueve centavos e imponiendo las costas a la demandante por no haber aceptado la transacción. La Corte accedió a la reconsideración en cuanto a las costas pero no en cuanto a la rebaja de la ganancia en el banco.

No conforme los demandados interpusieron esta apelación señalando dos errores como cometidos por la corte al conde-narlos a pagar $828 en vez de $516.31 y al no incluir en las costas los honorarios de abogado.

A nuestro juicio el primer error fué cometido, mas no el segundo.

La corte sentenciadora reconoció el hecho de la ganancia obtenida por la suma embargada depositada en el banco, pero negó la rebaja pedida por los demandados porque “quedando sujetos a dicho embargo”- — el trabado en el pleito entablado por Salvio Durán — “tanto la suma principal como los intere-ses que produzca, no puede esta corte (hacer) formar parte de los $828 de la sentencia que tiene derecho a recibir la aquí demandante, una suma que está sujeta a otro embargo.”

. No nos convence el razonamiento. La suma perteneciente a la Rivera fué embargada indebidamente por G-erardino. Por ello éste fué condenado a reintegrar a aquélla lo que hu-biera ganado la suma prestada al doce por ciento anual durante el tiempo que medió entre su embargo y el otro trabado por Durán. La condena comprendía todo cuanto tenía derecho a reclamar la demandante de Gerardino. Y si es lo cierto que durante el indicado tiempo la suma había ganado en el banco $311.69 ¿cómo no tomar en consideración esa ganancia?

Sin hacer una renuncia en forma a dichos $311.69, la parte apelada consigna en su alegato lo que sigue:

“Si alguna controversia en el futuro ocurriese con respecto a esos intereses, la cuestión sería a dilucidarse entre Gerardino, el autor y promotor del embargo original, y Salvio Durán, el autor y promotor del segundo embargo. Son cuentas a dilucidar entre ellos, no por una parte que probó basta la saciedad su derecho ante la corte, como lo es doña Monserrate Rivera en este caso.”

Tampoco nos convence el argumento. Los $311.69 perte-necen claramente a la Rivera. Si el embargo trabado por Durán no tiene fundamento, principal e intereses quedarán a su libre disposición. Si el embargo es procedente y Durán tiene una reclamación bien fundada contra ella ¿de qué puede quejarse? Toda persona está obligada a satisfacer lo que debe, a cumplir sus obligaciones, a no retener lo que no le pertenece, a no disfrutar de ganancias que no son suyas. Y si ése es el caso del pleito de Diurán, a Duran corresponde-’ rán en justicia el principal y los intereses. Si no, repetimos, principal e intereses irán a la demandante y entonces de sub-sistir la sentencia tal como fue dictada, recibiría como ganan-cia-dejada de obtener no el doce por ciento ordenado por la corte, si que el doce más la ganancia del banco.

A nuestro juicio el mismo razonamiento que llevó a la ■corte sentenciadora a no condenar a los demandados a reinte-grar a la demandante la suma embargada que también estaba sujeta al embargo que tomó como base para negar la rebaja, debió llevarla a tomar en consideración los intereses — ganan-cia ya obtenida y acreditada en la cuenta de la demandante en el banco — al fijar la cantidad que venían obligados los de-mandados a reintegrar a la demandante.

En cuanto al segundo error señalado, ya bemos dicbo que a nuestro juicio no fué cometido. La corte sentenciadora aplicó rectamente el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por los demandados, al condenar “en costas” a la demandante a partir de la fecba de la moción de transacción, sin comprender en ellas honorarios de abogado.

Dicbo artículo es como sigue:

“El demandado en cualquier pleito, podrá en todo tiempo antes de celebrarse el juicio, o de pronunciarse la sentencia, presentar al demandante una proposición de consentir que se dicte sentencia en contra suya por determinada cantidad o bienes, o por el concepto que se expresará en la proposición. Si aceptare el demandante la proposición, y así lo manifestare dentro de cinco días, presentará a la corte aquélla, con prueba de haber notificado al demandado la aceptación y en su vista deberá el secretario anotar la sentencia que se dicte de conformidad. Si no se hiciere la notificación de la acep-tación, se considerará retirada la proposición, y no podrá aducirse como prueba en el juicio; y si el demandante no pudiese obtener una sentencia más favorable, no sólo no podrá reclamar las costas deven- gadas después de la proposición, sino cue tendrá que pagar las cau-sadas por el demandado desde la fecha en que éste propuso la transac-ción.” (Itálicas nuestras.)

Es igual al 997 del Código de Enjuiciamiento Civil de California y la jurisprudencia del continente interpretativa de lo que significan y comprenden las palabras “costas” y “hono-rarios” tal como se resume en Corpus Juris es al efecto de que:

“Las costas son cierta concesión autorizada por el estatuto para reembolsar a la parte victoriosa los gastos incurridos en la prosecu-ción o defensa de un recurso o procedimiento especial.”
“Las palabras ‘honorarios’ y ‘costas’ son usadas con frecuencia indistintamente como si tuvieran el mismo significado. No obstante costas y honorarios son esencialmente distintos. Las primeras son una concesión hecha a una de las partes por los gastos incurridos en la prosecución o defensa de un litigio — un incidente de la sentencia; mientras que los últimos son una compensación a los funcionarios pú-blicos por los servicios prestados a individuos, en el desarrollo de la causa.” (15 Corpus Juris, págs. 19 y 20.)

Habiéndose resuelto en el caso de Young Chun v. Robinson, 21 Hawaii 368, 370, que:

“La palabra ‘costas’ de ordinario no incluye los honorarios de abogado. La regla general es, en ausencia de un estatuto, que los honorarios de abogado no son costas, y esta regla es aplicable tanto a pleitos en equidad como a recursos en derecho.” (15 C. J., pág. 20, nota 11-(a).)

Jurisprudencia que está en línea con la de esta propia Corte Suprema sentada al interpretar en 1912, en el caso de Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764, 770, otros ar-tículos del propio Código de Enjuiciamiento Civil, como sigue:

“Los artículos 327 y 339 que dejamos transcritos hacen referencia a costas, desembolsos y honorarios de abogados y por tanto, nosotros debemos aceptar esta misma distinción, sin que podamos comprender en el concepto de costas, desembolsos y honorarios.
“Bajo eJ concepto de costas vienen comprendidos los derechos y las indemnizaciones que consistan en cantidades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles, entendiéndose por desembolsos los demás gastos del juicio, o sean las indemnizaciones y derechos, que no estén comprendidos en el con-cepto expresado. Bajo la denominación de honorarios de abogado viene comprendida la remuneración de sus servicios profesionales.”

Becientemente en el caso de McCormick v. González, 52 D.P.R. 912, se dijo:

“Además, se trata de una sentencia por desistimiento y esta corte en el caso de Sucesión Ramos Latour v. Rivera, 41 D.P.R. 286, 287, resolvió:
“ ‘De acuerdo con el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil cuando un demandante desiste de un caso y conviene en pagar las costas, no consiente en pagar los honorarios de abogado, y si la corte le impone las costas sin excluir tales honorarios, o en otras palabras, si no limita las costas a las que se originen en la secretaría, tal de-mandante tiene derecho a apelar de la sentencia fijando las costas en esta forma ilimitada. . . .’
“La decisión en el caso de Sucesión Ramos Latour v. Rivera, supra, se dictó antes de regir -la repetida ley núm. 69 de 1936. ... La de-cisión se ha citado a los efectos de fijar el alcance que tenían y tienen las palabras ‘previo pago de costas’ usadas en el número primero del Artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza al demandante a desistir de su demanda de acuerdo con las reglas que establece. ’ ’

Por virtud, de todo lo expuesto debe modificarse la senten-cia recurrida tomando en consideración los $311.69 ya acre-ditados a la demandante en su cuenta del Banco de Ponce como ganancia obtenida por la suma embargada en él depo-sitada, condenándose en su cons emenda a los demandados a satisfacerle lo que falta para completar los $828 de ganamcia dejada de obtener en el préstamo hipotecario que no pudo rea-lisar por razón del embargo de Gerardino, o sean $516.31, y así modificada, confirmarse.


author: Él Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Agustín Delannoy, demandante y apelante, v. La Sucesión de Don Manuel Cividanes y Alonso, demandada y apelada.
    Núm. 7279.

    Sometido: Mayo 26, 1937.

      Resuelto: Abril 22, 1938.

      Ramón G. Goyco y Ángel Fiol Negrón, abogados del apelante; C. Do-mínguez Rubio y F. Beiró Rovira, abogados de la apelada.
   Él Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró sin lugar una demanda de filiación por falta de prueba suficiente para establecer el estado de hijo natural por parte del demandante. Se señala esto como error. Los testigos del demandante declararon subs-tancialmente como sigue:

María Delannoy, madre del demandante :

La testigo era bija de una lavandera empleada por la que-rida de Cividanes; Alejandro, hermano de la testigo, estaba empleado por Cividanes en una fábrica de licores que éste teñía en la casa donde vivía; cuando la querida se fue de Puerto Pico, Cividanes mandó a buscar a María para que se hiciera cargo de la casa, lo que ella hizo; por espacio de un mes ella ocupó una habitación con una sirvienta que había estado en la casa durante algunos años; Cividanes entonces se la llevó a su dormitorio; unos tres años más tarde nació un niño (el aquí demandante); el día antes de ocurrir esto, Cividanes, a instancias de la testigo, la mandó al campo a casa de su madre; días más tarde Cividanes visitó a la madre y al niño, pagó la comadrona, dió dos dólares a la madre y le dijo a un señor de apellido Vázquez, dueño de una tienda contigua, que le despachara cuanto ella necesitara; más tarde le mandó dinero a ella, cuatro o cinco dólares en una ocasión con Alejandro; un mes después Cividanes contrajo matrimo-nio y se fué a vivir a otra casa, pero María regresó y ocupó una habitación en la licorería, o en la casa donde estaba esta-blecido el negocio de licores; permaneció allí por espacio de otro año o más, cuando disgustó con Román Sobrino, socio mercantil de Cividanes, y regresó a la casa de su madre; luego, al conseguir empleo, la testigo dejó al niño con su abuela; año y pico más tarde, al pasar por un sitio llamado Coquí, cerca de Aguirre, Cividanes mandó a buscar a la tes-tigo, quien vino con el niño y habló con Cividanes; en esta ocasión él le dió cinco dólares y le dijo que trajera o le man-dara el niño una vez por semana los lunes o martes al mismo sitio; en un número de ocasiones posteriores, por espacio de varios años, él daba a la testigo o al niño tres o cuatro dóla-res de una vez; Francisco Cividanes, sobrino del padre puta-tivo, presentó a la testigo y a su hijo, aquí demandante, al abogado que radicó el pleito de filiación.

Maximina Colón:

Esta testigo estaba empleada como sirvienta por la que-rida de Cividanes y cuando la querida se fué, Maximina se quedó en la casa; cuando María Delannoy llegó, ocupó una habitación con la testigo por espacio de un mes, y más tarde vivió en el dormitorio de Cividanes; éste mandó a María al campo con su hermano Alejandro poco antes de nacer el niño; 41 días después de haber nacido el niño, María regresó con éste a la casa, donde permaneció como dos años más; Civida-nes suministraba todos los alimentos a ese niño, le tenía ca-riño y decía que aquél era su hijo; éste nació en mayo; Civi-danes se casó en junio ; la testigo siguió como sirvienta en la nueva casa de Cividanes; éste daba dinero a la testigo para el niño y decía: “Llévale esto a mi hijo”; con frecuencia iba el tío del niño, Alejandro; éste decía': “Oye, Maximina, dile a don Manuel que le mande algo al niño”; entonces la tes-tigo llevaba el mensaje; Cividanes sacaba un par de pesos y ella se los entregaba a Alejandro; esto se repitió un número de veces, no muchas, pero como cuatro o seis veces; Civida-nes, después que se casó, no siguió sosteniendo relaciones sexuales con María Delannoy; la testigo fue una vez con Alejandro, cuando él compró ciertas cosas para María en la tienda de Vázquez y le dijo a María que don Manuel las había mandado; después que María regresó con el niño a G-uayama, Cividanes les mandaba compras de cuando en cuando; la testigo fué sirvienta en la casa de Cividanes tres años antes y dos años después de éste casarse; María le coci-naba, lavaba y planchaba a Cividanes antes de casarse.

Luis Vázquez:

El testigo era dueño de una tienda en 1896 y compró lico-res a Cividanes por espacio de ocho o diez años-; dos o tres días después de haber nacido el niño, Cividanes paró su calesa cerca de la tienda y visitó la casa de María Delannoy; visitó nuevamente la casa unos quince días más tarde; en su primera visita, Cividanes dijo a.1 testigo que despachara a María lo que ella quisiera y el declarante le despachó la compra durante 35 ó 37 días; Cividanes pagó la cuenta; la madre del testigo hizo de comadrona y Cividanes le mandó un billete de cinco pesos envuelto en un papelito, dándole las gracias; en aquella ocasión María estuvo en la casa de su madre 41 días y otra vez dos o tres años más tarde.

Pedro Banks, cochero:

El testigo corroboró la declaración de María Delannoy so-bre la entrevista con Cividanes en el Coquí; vió al niño (Agus-tín) en la hacienda en ocasiones en que saludaba a Cividanes y le pedía la bendición y Cividanes le contestaba echándosela y dándole dinero; en varias ocasiones el niño acompañaba a Cividanes en su coche hasta la carretera y seguía hasta el Coquí, mientras Cividanes seguía para G-uayama; el testigo' vió una vez a Agustín conversando con Cividanes en el balcón de la casa de éste en Guayama, poco después de muerta la señora de Cividanes.

Bamón Paína:

Kiste testigo corroboró a María y al cochero sobre la entre-vista celebrada en el Coquí; en dos o tres ocasiones poste-riores Cividanes mandó al testigo a buscar al niño al Coquí, lo acarició a su llegada y le dió dinero.

Alejandro Delannoy, hermano de María:

Este testigo, en su infancia, fué entregado por su madre a Cividanes y permaneció con éste durante nueve años; cuando María vino a vivir a la casa, Cividanes lo mandó en busca de ella; cuando ella estaba próxima a dar a luz, Cividanes la mandó en su calesa a la casa de su mamá; Leonor Váz-quez, madre de Luis Vázquez, fué la comadrona; Cividanes le dijo al testigo que solicitara sus servicios; Cividanes fué con el testigo en la calesa al día siguiente de haber nacido el niño y lo vió; lo visitó nuevamente quince días más tarde y vió una vez más al niño; mandó al testigo en la calesa a traer a María nuevamente a la casa, donde ella permaneció dos años; Cividanes sostenía a la madre y al niño durante ese período; más tarde, durante los cuatro años en que María vivió en la casa de su mamá, el testigo obtenía de don Manuel el diario de su hermana, bien directamente o por mediación de Maximina, quien iba a pedírselo, éste se lo daba y ella lo entregaba al testigo; esto continuó durante los seis años que el niño estuvo en la casa de su abuela, hasta el tiempo en que ésta murió; ni al testigo ni a su hermana jamás se le pagó sueldo; Cividanes mandó cinco dólares con Vázquez a la madre de éste.

Agustín Delannoy:

Este testigo corroboró las declaraciones de María Delan-noy, Bamón Paína y Pedro Banks sobre la entrevista cele-brada con Cividanes en el Coquí, pero no recordaba los deta-lles ; después de ese incidente, el testigo iba donde Cividanes, le pedía la bendición y Cividanes se la contestaba; vió a Civi-danes un número de veces en el Coquí en los años siguien-tes y también en la Hacienda Sabater; el testigo iba donde él en busca de dinero porque la madre del declarante vivía; con otro hombre que no se suponía mantener al testigo, y Cividanes era su padre; siempre que el declarante iba donde él, Cividanes le daba algo; el testigo iba donde él cada dos semanas o cosa así hasta que tenía quince o diez y seis años, cuando empezó a aprender un oficio y durante algún tiempo no fué a verlo; Cividanes trataba al testigo como un padre trata a un hijo; el testigo vió a Cividanes por última vez en 1924; cuando el testigo se preparaba para irse para Nueva York como fogonero de un vapor, le pidió a Cividanes un par de pesos que necesitaba para desembarcar en Nueva York, donde tenía el propósito de quedarse, y Cividanes le dió $20; antes de eso, en 1917 ó 1918, durante la guerra, el testigo se alistó en Aguirre y su madre le dijo que no tenía suficiente edad, pero que ella no estaba segura de esto ni el testigo tam-poco; le dijo a Cividanes que se había alistado y Cividanes contestó que el testigo era demasiado joven; Cividanes no quería que se alistara; el testigo era herrero y fu,ó donde Cividanes en busca de trabajo; Cividanes le contestó que tenía un pleito y que no podía colocarlo, pero que le daría trabajo dentro de dos meses; el testigo regresó a Aguirre, donde per-maneció dos semanas, entonces volvió a Guayama y consiguió trabajo con Eduardo Jaime en la fábrica de hielo; el testigo regresó a Puerto Rico en diciembre de 1931; a su regreso, Francisco Cividanes, sobrino del padre putativo, lo. mandó a buscar y lo presentó al abogado que luego radicó el pleito de filiación y el abogado fué con él y con Francisco Cividanes a entrevistarse con la madre del testigo en Aguirre; fué Francisco Cividanes quien llevó al abogado a ver a la madre del testigo e intervino en la institución del pleito; él fué con el testigo al registro civil para ver si el nombre dél declarante • figuraba allí; Francisco Cividanes trataba al testigo como-pariente y lo presentó como primo suyo a un número de per-sonas en su hogar; Rafael Cividanes también trataba al tes-tigo como pariente hasta que el Lie. Anglade entregó sus dere-dios a la sucesión; desde entonces el testigo no era pariente, sino un negro; Francisco y Rafael trataron al testigo como pariente durante varios meses con posterioridad a su llegada, pero no déspués; el testigo fué con Francisco en una oca-sión a la oficina del letrado para averiguar por qué no se había radicado el pleito y Francisco le llamó la atención al letrado sobre un lunar que todos los Cividanes tienen.

Puede admitirse que si esto fuera todo o que si el juez de distrito hubiese dictado sentencia en favor del demandante, la prueba de éste habría bastado para sostener tal sentencia. Puede admitirse que el caso en su totalidad es uno dudoso (border case). Sin embargo, en todos los casos en que el ape-lante se funda, la prueba fué mucho más fuerte que en el presente. Véanse: Cruz v. Santiago, 24 D.P.R. 108; Montalvo v. Montalvo et al., 25 D.P.R. 858; Cruz v. Quiñones, 31 D.P.R. 339; Vega v. Sucn. Vega, 32 D.P.R. 595; Guadalupe v. González, 34 D.P.R. 669; Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171.

En los primeros cuatro de estos casos las sentencias en favor de los demandantes fueron confirmadas. En el quinto y sexto la prueba fué suficientemente fuerte para dejar satis-fecha a la mayoría de este tribunal, no obstante el criterio contrario de la minoría y del juez de distrito.

Cividanes, su querida y su primo Román Sobrino, quien también era socio suyo en el negocio de licores, vivían todos en el segundo piso de una casa donde tenían el negocio. En. época anterior a la fecha en que Cividanes contrajo matrimo-nio, su querida abandonó la isla. Su partida fué en realidad, según parece, condición precedente al matrimonio en perspec-tiva. Tanto Sobrino como Cividanes fallecieron antes de que se iniciara el presente litigio.

Maximina Santiago declaró que Román Sobrino también estaba casado y vivía con su esposa en los altos de la casa-de la licorería cuando María Delannoy -regresó a ella después de dar a luz un niuo. Los demandados ofrecieron prueba documental para demostrar que Sobrino no.se casó hasta allá. para el año 1897. Maximina estuvo muy segura en su ase-veración durante la repregunta de que Sobrino ya estaba ca-sado cuando María Delannoy regresó a la casa. Empero, fuera de esta discrepancia, ella parece haber sido una testigo desinteresada, y su declaración resistió la repregunta. A veces tenía ciertos visos de verdad que tendían a hacerla algo más fuerte que el testimonio de cualquier otro testigo del demandante.

No trataremos de reseñar la prueba de la sucesión deman-dada. Fué necesariamente de carácter negativo. No obs-tante, el juez de distrito estuvo justificado al dar, como lo hizo, considerable importancia al hecho de que ninguno de los amigos más íntimos de Cividanes tuviera conocimiento del hecho, de serlo, de que Agustín Delannoy era su hijo natural, o de que Cividanes lo había tratado como tal. Gruayama no es un pueblo grande. Era aún más pequeño en 1896. Cividanes, una vez muerta su esposa, tuvo hijos naturales sobre quienes habló con sus amigos, a quienes reconoció abiertamente y a quienes finalmente legitimó al contraer segundas nupcias con la madre de ellos.

Aún después de transcurridos casi cuarenta años, fué un hecho significativo que entre aquéllos que mejor conocían a Cividanes no pudiera encontrarse ninguna persona responsa-ble y desinteresada que corroborara el testimonio de María Delannoy y el de su hijo respecto al supuesto reconocimiento de este último por Cividanes como hijo natural suyo.

No hallamos tan manifiesto error en la apreciación de la prueba que justifique la revocación de la conclusión a que llegó el juez de distrito al efecto de que el demandante-nunca había disfrutado de la posesión continua del estado de hijo natural, conforme exigía la ley en vigor al tiempo de su nacimiento y para la época en que ocurrieron la mayoría de los supuestos hechos en,que se funda para demostrar el reconocimiento.

A la parte demandada se le concedieron las costas. Cree-mos que esto fué un error.

La sentencia apelada debe ser revocada en lo que a la con-cesión de costas se refi,ere y confirmada en todos sus demás pronunciamientos.


author: El Juez Asociado Señoe Teavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Antonio Rojas Negrón, demandado y apelante.
    Núm. 7144.

    Sometido: Abril 28, 1937.

      Resuelto: Abril 22, 1938.

      Joaquín Yendrell, abogado del apelante; Son. Procurador General B. Fernández García y E. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alega que desde mayo 10 de 1927 el demandado Antonio Rojas Negrón se baila poseyendo sin justo título, de mala fe, y sin el consentimiento del deman-dante, El Pueblo de Puerto Rico, cierto predio de terreno de 120 cuerdas de la propiedad de este último; que el demandante es dueño en pleno dominio del referido predio por cesión que le hiciera el G-obierno de los Estados Unidos de América por ley de julio 1 de 1902; que el Gobierno de los Estados Uni-dos de América adquirió dicho predio por cesión que le hiciera la Corona de España en el año 1898, en el Tratado de París; y que la Corona de España lo adquirió a su vez por descu-brimiento en el año 1493, y por ocupación desde tiempo inme-morial.

Se alega además, que en el año 1926 un tal José Rodrí-guez Cos promovió un expediente posesorio ante la Corte Municipal de San Lorenzo alegando falsamente estar en pose-sión del referido predio desde el año 1923, en concepto de dueño, quieta, pública y pacíficamente y sin interrupción al-guna ; que la corte, oída la información promovida, dictó reso-lución en octubre 30 de 1926, la que fué enmendada por otra de noviembre del mismo año, aprobando el expediente y orde-nando al Registrador de la Propiedad de Caguas que proce-diese a inscribir la posesión del referido predio a nombre del promovente sin perjuicio de terceros; que el registrador alu-dido así lo hizo en diciembre 10, 1926; que en 10 de mayo de 1927 el susodicho José Rodríguez Cos vendió el predio al ahora demandado Antonio Rojas Negrón mediante escritura que fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas al folio 237 del tomo 37 de San Lorenzo.

Y se alega por último, que el demandado entró en pose-sión, y comenzó a disfrutar ilegalmente del referido predio sin justo título, de mala fe y sin el consentimiento del deman-dante, a pesar de tener conocimiento de que el mismo es pro-piedad pública,- que continúa disfrutando y poseyendo el pre-dio, habiendo obtenido frutos y beneficios del mismo que eldemandante calcula en la suma de $300.

Termina el demandante solicitando que se declare el refe-rido predio como de su propiedad y se le ponga en posesión del mismo; que se declare la nulidad del expediente poseso-rio tramitado por José Rodríguez Cos, de la inscripción de la posesión del predio hecha en el Registro de la Propiedad de Caguas a nombre del referido promovente de la informa-ción posesoria, así como de la subsiguiente inscripción reali-zada en el mismo Registro a favor del ahora demandado, en virtud del traspaso realizado por José Rodríguez Cos a favor de éste; que se condene al demandado a pagar al demandante la suma de $300 por concepto de frutos, rentas y utilidades derivadas por dicha parte del predio; y que se condene al demandado además a pagar las costas del presente litigio.

En su contestación el demandado niega los hechos esen-ciales de la demanda y como materia de defensa alega, que allá por los años de 1880 a 1882, Esteban Rosario, vecino que fué del barrio del “Espino,” de San Lorenzo, adquirió la finca en controversia por compraventa realizada en la forma siguiente: sesenta cuerdas a Eduardo Rodríguez, vecino que fué también de San Lorenzo y quien la venía disfrutando con anterioridad al año 1882 a título de dueño y de buena fe, y sesenta cuerdas por compra a Evaristo Tirado, quien la adqui-rió a su vez por compra a Pedro Carrasquillo; que Estebau Rosario estuvo poseyendo dicha finca, de buena fe, con justo título, quieta, pública, pacíficamente y sin interrupción alguna desde el 1880 hasta el. 1907- en que ocurrió su fallecimiento, y que. desde el 1907 hasta el 1923 continuó en posesión de la misma también en concepto de dueño, quieta, pública, pací-ficamente y sin interrupción alguna, la sucesión de Esteban Rosario; que a consecuencia de no haber pag’ado la sucesión mencionada el importe de las contribuciones impuestas sobre la finca, el Colector de Rentas Internas de San Lorenzo, em-bargó la referida finca y anunció su venta en pública subasta, la que se llevó a efecto el día 12 de julio de 1923, habiéndose adjudicado la finca a José Rodríguez Cos por la suma de $17.30, por haber sido la mejor oferta que se obtuvo en el acto de la subasta, según certificado de compra de bienes in-muebles expedido por el mismo Colector de Rentas Internas de San Lorenzo a favor de José Rodríguez Cos con fecha 31 de diciembre de 1923; que el procedimiento de apremio para el cobro de contribuciones fué llevado a efecto por El Pueblo de Puerto Rico representado por el Colector de Rentas Inter-nas de San Lorenzo quien en aquella fecha era un funcionario del Pueblo de Puerto Rico autorizado legalmente para llevar a efecto a nombre y en representación de El Pueblo de Puerto Rico la subasta y venta de la finca mencionada; que compu-tado el tiempo de posesión del demandado con el de los anteriores dueños de la finca, han transcurrido más de cuarenta años de posesión quieta, pacífica y públicamente y sin interrup-ción alguna hasta la fecha de la interposición de esta demanda. Y como defensa especial se alega que la acción del deman-dante ha prescrito de conformidad con lo que determinan los artículos 1833 y 1860 del Código Civil vigente.

La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda en cuanto a la primera y segunda causas de acción. El demandado apeló de dicha sentencia.

El apelante sostiene que la Corte de Distrito de Humacao erró al declarar que el apelado, El Pueblo de Puerto Rico, probó su justo título de dominio, e identificó la finca que reclama.

Para que prospere una acción reivindicatoría el demandante tiene que probar el justo título de dominio y señalar bien, definir, identificar la finca que reclama; 3 Manresa, pág. 30 (2a. ed.); Merle v. Ramos, 31 D.P.R. 109; Pesquera v. Fernández, 22 D.P.R. 53, 54; Rivera v. Castro, 20 D.P.R. 496; Martínez v. Delgado, 18 D.P.R. 390; Siragusa v. El Pueblo, 18 D.P.R. 595; Díaz v. El Pueblo, 17 D.P.R. 60; Sucesión Gorbea v. Pérez, 10 D.P.R. 460; Molfulleda v. Ramos, 10 D.P.R. 314; Verges et al. v. Pietri et al., 9 D.P.R. 20; Enmanuel v. El Pueblo, 7 D.P.R. 221; Mouriño v. Carreras, 2 S.P.R. 581.

La identificación que se exige al demandante consiste en demostrar que la finca que reclama es la misma a que se refie-ren los documentos que dicha parte presente en evidencia para acreditar su justo título de dominio; Mouriño v. Carreras, supra; y que se halla en la posesión de la parte demandada. Sucn. Gorbea v. Pérez, 10 D.P.R. 460; Velilla v. Pizá, 17 D.P.R. 1112; Rosso v. Rosso, 23 D.P.R. 131; Vega et al. v. Rodríguez, 21 D.P.R. 334.

Para acreditar su justo título de dominio el demandante presentó dos certificaciones expedidas por el Comisionado del Interior de Puerto Rico. En la primera/ de éstas aparecen transcritas .ciertas constancias existentes en los archivos de dicho Departamento en relación con ciertos terrenos baldíos cubiertos de monte casi en su totalidad, inventariados con vista de los antecedentes existentes en los archivos de la Secretaría Civil en marzo del año 1900. La referida certificación dice así:

“El Comisionado del Interior del Gobierno de Puerto Rico CER-TIFICA : Que en el expediente Núm. 10 de los archivos de este Depar-tamento, titulado ‘Inventario de los montes públicos y terrenos bal-díos propiedad del Estado existentes en la isla, formado con vista de los inventarios y antecedentes que han podido encontrarse en los ar-chivos de la Secretaría Civil, Marzo de 1900’, el cual pertenece al le-gajo denominado ‘Asuntos Generales, índices e Inventarios,’ de los archivos de este Departamento, a los folios que más adelante se dirán obran los asientos que copiados literalmente dicen así:
“Folio 4: Cayey. — Denominación: MoNte SaNtana. — Situación. —-Barrio de Guabaíe. — Límite—N. el barrio de Culebras de Caguas— E. el río de Guabate — S. propiedades particulares de Cayey y O. los barrios de Beatriz de Caguas y Cayey. — Cabida—500.75 cuerdas — Ob-servaciones — Toma de posesión' — 14 Febrero, 1879. Monte Alto. — De-nominación: Cuohilla del Pelado y de la Yaoa MueRta. — Situa-ción— Barrio de Farayón. — Límites—Desconocidos.—Cabida—se ig-nora. — Observaciones. El monte conocido con este nombre se ex-tiende por las jurisdicciones de Guayama, Patillas y Caguas.
“Folio 10: Guayama. — Denominación: Oeiente. — Situación—Ca-rite. — Límites—No pueden fijarse detalladamente basta practicar el deslinde. — Cabida 1,017 cuerdas. — Observaciones—Toma de posesión Julio 16, 1877. — Denominación: Cuohilla del PelaIdo, de la Yaca Muerta, SáNTANa y Otros. — Situación—Barrio de Carite. Límites desconocidos. Cabida. — Ignórase. Observaciones — Según anteceden-tes la citada cuchilla linda con el barrio de Muías en Patillas, con el de Farayón en Cayey y con el de Beatriz en Caguas; siendo su calidad inferior.
“Folio 3: Caguas. — Denominación: Cuohilla del Pelado y de la Yaoa Muerta. — Situación—Barrio de, Beatriz. — Límites, descono-cidos. — Cabida—se desconoce. — Observaciones. Este monte se ex-tiende por las jurisdicciones de Guayama, Patillas, Cayey y Hato Grande, en cuyos puntos es conocido con la citada denominación de CUCHILLA DEL PELADO Y DE LA YACA MUERTA.
, “Folio 17: Patillas. Denominación — Cuohilla del Pelado y de la Yaoa Muerta. Situación. Barrio de Muías. Límites. La cu-chilla conocida con este nombre se extiende por las jurisdicciones de Guayama, Cayey, Caguas y Hato Grande. Cabida. Desconócese.

En la segunda de dichas certificaciones aparece transcrita una solicitud de varios vecinos del municipio de Caguas para que les concedieran terrenos baldíos sitos en el barrio del Espino de la jurisdicción de Hato Grande, hoy San Lorenzo, y aparece transcrita además el acta en la cual se narra el acto de la incautación y deslinde de dichos terrenos. La referida certificación lee como sigue:

“El Comisionado del Interior del Gobierno de Puerto Rico certi-eioa: Que en los archivos de la división de Terrenos Públicos de este Departamento a su cargo, obra el expediente marcado con el número 33 de la sección de Hato Grande, titulado: ‘Gobierno General de la Isla de Puerto Rico — Negociado de Obras Públicas, Construcciones Civiles, Montes y Minas — Número del Registro 2090 — Terrenos—Hato Grande — Expediente promovido por varios-vecinos de Caguas en de-manda de que se les concedan unos terrenos de la jurisdicción de Hato Grande sitos en el barrio del Espino y declaran en estado de deslinde de dichos terrs. — Empieza en 14 de julio de 1883 — Concluye en 12 de diciembre de 1885,’ en el que a los folios 38 y 39, obra el docu-mento que copiado literalmente dice así:
“ ‘Hay un membrete que dice: Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes. Inspección de Puerto Rico. Oficio As. 1884 y 85 C. de Peso N. 1,896,401. — En el barrio del Espino, de la jurisdicción de Hato Grande, a los veinte y un días del mes de noviembre del año de mil ochocientos ochenta y cinco, se procedió por el Ayudante de Mon-tes don Ramón García Sáenz, asistido del Montero de la Segunda Co-marca don Lope Marinero Cardenal, en virtud de orden del Sr. Inge. Jefe de la incautación, en nombre del Estado, de los terrenos que en el expresado barrio y jurisdicción fueron solicitados como baldíos por don Juan Claudio Pérez, Manuel Corujo y Fernán Correa. — Dichos terrenos, cuya superficie aproximada podrá ser como de unas seis-cientas cuerdas, lindan al Norte con la cuchilla divisoria de las ju-risdicciones de Patillas y Guayama, al Este propiedad de don Pedro Rodríguez Calisto y al Oeste jurisdicciones de Guayama y Caguas; se encuentran Casi en su totalidad cubiertos de monte siendo las espe-cies dominantes que la pueblan el tabonuco y nuez moscada y como subordinadas, negralora, guaraguao, palma de sierra, camacey, palo blanco y otras. — Dentro del terreno objeto de la incautación se en-cuentran unas pequeñas talas hechas, según se averiguó, por Juan de la Cruz el que no pudo ser habido por cuya causa no pudo ave-riguarse en vii’tud de qué título lo verifica. En el acto de la incau-tación que se llevó a cabo a presencia del comisario del barrio D. Ro-mualdo Rodríguez, del colindante D. Pedro Rodríguez y de su hijo D. Eduardo Rodríguez, se prohibió por el señor Ayudante todo uso y. aprovechamiento del terreno objeto de la incautación llevada a cabo en nombre del Estado. Y para que conste y obre los efectos oportunos, se extiende la presente acta que firman con el Sr. Ayu-dante los concurrentes al acto, excepto don Pedro Rodríguez por imposibilidad física, haciéndolo a su ruego su hijo D. Eduardo fecha ut supra. Ramón García Sáenz — Lope Marinero Cardenal. Ro-mualdo Rodríguez: Eduardo Rodríguez: a ruego de mi padre D. Pedro — Eduardo Rodríguez. Es copia — Guillerna—Hay un sello que dice: ■ Inspección de Montes de Puerto Rico. ’ ’ ’

Como apuntamos anteriormente, El Pueblo de Puerto Rico, en su calidad de demandante en la presente acción reivindica-toña, tenía la obligación de conectar la finca que describe en su demanda con las fincas que constan en las dos certifica-ciones transcritas, en forma tal que demostrara que la pri-mera está comprendida dentro de las segundas. Para llevar a cabo diclia identificación el demandante presentó evidencia testifical. Dicha evidencia consistió en las declaraciones del ingeniero y agrimensor Armando Morales Cano, y del agri-mensor José Castro Martínez. Ambos manifestaron haber trabajado en el año 1923 en el deslinde de los terrenos des-critos en las dos certificaciones transcritas, y afirmaron, sobre la base de la mensura e investigación por ellos realizada en aquella ocasión, que la finca descrita en la demanda está com-prendida dentro de los montes “De la Yaca Muerta” y “La Cuchilla del Pelado,” allí descritos.

Armando Morales Cano declaró entre otras cosas que es ingeniero civil y desempeña el cargo de agrimensor en la División de Terrenos Públicos del Departamento del Interior, desde hace veinticuatro años; que ha examinado los montes del Pueblo de Puerto Rico en distintas jurisdicciones de la Isla; que en el 1923 procedió al deslinde de montes públicos en las jurisdicciones de San Lorenzo, Cayey, Caguas, Patillas y Gfuayama, inclusive el barrio “Espino” de San Lorenzo; que después de citar a los ocupantes de dichos terrenos y de exigirles que presentaran los documentos que les autorizara a ocupar dichos terrenos, procedió a la mensura; que el objeto de mensurar las propiedades fué para que se acogieran a. la Ley de Hogares Seguros; “que casi la totalidad del terreno de las ciento veinte cuerdas estaba cubierto de bosques y había algunas porciones a la orilla del río • que estaban cul-tivadas”; que el testigo y los que le acompañaban al hacer la mensura tomaron posesión a nombre de El Pueblo de Puerto Rico de las ciento veinte cuerdas y llevaron a los ocupantes un impreso para que se acogieran a la Ley de Hogares Segu-ros, notificándoles que esos terrenos eran propiedad del Estado.

La parte de la declaración de este testigo en que conecta la finca descrita en la demanda con los montes descritos en los referidos documentos, aparece narrada en la exposición del caso en la forma siguiente:

“P. Testigo, le muestro un documento mareado como Exhibit Núm. 1 del demandante en que aparece que el Pueblo de Puerto Rico es dueño de ciertos ‘montes públicos y terrenos baldíos.’ Yo deseo que teniendo como base la invest igación y mensura que usted hizo, me diga si esas ciento veinte cuerdas se encuentran dentro de los te-rrenos que aparecen en esa certificación.”

Hecha oposición por el apelante, el testigo contesta “que examinó el documento, que la finca ésa se encuentra en el monte denominado de la ‘Vaca Muerta’ según la descripción que aparece ahí por la cuchilla que determina la jurisdicción de Caguas y San Lorenzo y de Cayey y Gruayama.”

“P. Testigo, le muestro ahora el Exhibit Núm. 2 del demandante donde aparece una incautación hecha por los ingenieros de Montes,, hecha por el gobierno español de ciertos terrenos en el barrio del ‘Espino’ de la jurisdicción de Hato Grande. Yo deseo que de acuerdo con la investigación que usted liízo y la mensura, me diga, si de acuerdo con eso, la finca objeto de este litigio se encuentra incluida en o dentro del límite de los terrenos que fueron incautados.

“B. Sí, señor, en la descripción de este monte que aparece aquí en la certificación.”

José Castro Martínez declaró que es agrimensor y desem-peña ese cargo en la División de Terrenos Públicos en el Departamento del Interior de Puerto Rico hace como catorce años; que ha tenido que hacer algunas mensuras en el cen-tro de la Isla, en Caguas, Cayey, San Lorenzo y Patillas; que en el barrio “Espino” ha hecho mensuras en sitios que se denominan “La Macanea” y “Quebrada Lajas”; que fueron ordenados por el Comisionado del Interior para deslindar esa zona allá por el mes de febrero de 1923; que salieron cuatro brigadas, una mandada por Armando Morales Cano, otra por Eduardo Castro Martínez, otra por un tal Sabás Honoré, y otra por el testigo; que el objeto del trabajo era deslindar los montes del Estado; qne estuvo en esa zona entre el Es-pino y Patillas por espacio de cuatro años; que esa finca queda comprendida dentro del monte del Estado; que el terreno de esa finca era de montes y malezas gruesas ; que los terrenos los dejaron después de mensurados bajo la cus-todia de los guardabosques y que ellos los entregaron a Ho-gares Seguros para que los custodiaran; que el testigo encon-tró en las ciento veinte cuerdas a un tal Evangelista Claudio ; que no pudo precisar el terreno que ocupaba Evangelista Claudio, pero que el testigo le dijo a Evangelista Claudio que ese terreno que ocupaba era considerado como monte del Estado y que si quería podía acogerse a la Ley de Hogares Seguros y que Evangelista Claudio le firmó unas solicitudes en presencia del testigo después de haberlas jurado ante el jaez de San Lorenzo; que además de haber encontrado en la finca a Evangelista Claudio, estaba allí Isabel Claudio; que Isabel Claudio ocupaba una pequeña parte de la finca; que le requirió para que mostrara títulos ; que le hizo saber que esos terrenos eran de El Pueblo de Puerto Rico; que Isabel Claudio se acogió a la Ley de Hogares Seguros.

Bastan en nuestra opinión las declaraciones de estos peri-tos para demostrar claramente que la finca que se reclama está comprendida dentro de las fincas que constan en las dos certificaciones presentadas por el demandante para acreditar su justo título de dominio.

El demandante quedó relevado de la obligación de probar el otro elemento necesario para la identificación de la finca, o sea que la finca descrita en la demanda está en la posesión del demandado, toda vez que este último expresamente admi-tió ese hecho en su contestación.

También surge claramente tanto de las certificaciones transcritas como de las declaraciones de los dos peritos a que hemos hecho referencia, que la finca reclamada" por el demandante forma parte de una porción de terrenos baldíos cubiertos casi en su totalidad de montes y malezas gruesas y sólo hay algunos pedazos de terrenos cultivados. Atendida pues la naturaleza de las tierras que forman la parcela en litigio es necesario concluir que el dominio de dicha parcela correspondía al Estado.

Como bien dice el apelante, es de conocimiento judicial que la Isla de Puerto Pico fue descubierta en el año 1493 a nom-bre de y para la Corona de España, y que originalmente la totalidad territorial de la misma pertenecía al Rey, pasando gradualmente a la propiedad particular parte de ella por concesiones onerosas o gratuitas hechas directamente por el Gobierno Central, por título de amparo concedido por la Junta de Terrenos Baldíos y Realengos y mediante posesión adversa extintiva del derecho dominical.

Por virtud del artículo VIH del Tratado de París (30 Stat. at Large p. 1754, Compilación 1911, 6593-6610), España cedió a los Estados Unidos de América todos los edificios, muelles, cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas, y demás bienes inmuebles que con arreglo a derecho eran del dominio público y como tal correspondían a la Corona de España.

En julio Io. de 1902 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley'autorizando al Presidente para reservar terre-nos y edificios públicos pertenecientes a los Estados Unidos en la Isla de Puerto Rico para ciertos usos públicos y para conceder los terrenos y edificios públicos no reservados, con exclusión de los puertos, ríos navegables, extensiones de agua y el leqho de los mismos, al Gobierno de Puerto Rico (32 Star,, at Large, Part I, Chap. 1383, p. 731). En cumplimiento de dicha ley y por medio de varias proclamas, el Presidente re-servó ciertos terrenos y edificios, entre los cuales no se encuen-tran los montes públicos.

Probada, pues, la naturaleza de la finca, es evidente que el título de la misma es del demandante, El Pueblo de Puerto Rico, y que procede la reivindicación solicitada a menos que el demandado demuestre que dicha finca ha pasado a ser de dominio particular en virtud de uno de los medios recono-cidos en derecho. El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061, 1074.

El demandado no ha presentado evidencia tendiente a probar que él o sus antecesores hayan adquirido título sobre el predio en litigio en virtud de concesión gratuita u onerosa hecha por la Corona de España, el G-obierno de los Estados Unidos o el Gobierno de Puerto Rico, sino que presentó evidencia que probó que la adquisición ocurrió en la forma siguiente:

Esteban Rosario adquirió 50 de las 120 cuerdas de que consiste la finca, por compraventa de Pedro Rodríguez Ca-lexto ; 60 cuerdas, por compraventa de un tal Eduardo Rodrí-guez, quien a su vez las había heredado de su padre el men-cionado Pedro Rodríguez Calexto; y las restantes 10 cuerdas, por compraventa de un tal Prudencio Montañez.

Esteban Rosario declaró la finca en cuestión en el año 1901 para los fines de contribución sobre la propiedad para dicho año fiscal. La finca siguió figurando en los records de Tesorería Insular para tales fines a nombre del referido Esteban Rosario hasta el año 1907-08. A la muerte de Esteban Rosario la finca pasó a su sucesión, a nombre de la cual apa-rece registrada para los mencionados fines contributivos hasta el año fiscal de 1926-27.

En procedimiento de apremio seguido por el Colector de Rentas Internas de San Lorenzo contra la Sucesión de Esteban Rosario, la finca fué puesta en pública subasta y después de notificados los miembros de la sucesión, adjudicada a José Rodríguez Cos por la suma de $17.30.

En mayo 4 de 1925 Rodríguez Cos inició ante la Corte de Distrito de Humacao un procedimiento de información de dominio solicitando que se ordenara además la inscripción de la finca en cuestión en el registro de la propiedad a nom-bre del promovente y su esposa. El archivo y sobreseimiento de este recurso fué decretado por falta de instancia o aban-dono.

En octubre 22 de .1929 Rodríguez Cos promovió una infor-mación posesoria ante la Corte Municipal de San Lorenzo. El expediente fué finalmente aprobado y se ordenó al Registrador de Ja. Propiedad de Caguas inscribir la posesión material do la finca en cuestión a favor del mencionado promovente, sin jjerjuicio de-tercero de mejor derecho.

Posteriormente, Rodríguez Oos vendió la finca al deman-dado Antonio Rojas Negrón, quien la está poseyendo en la actualidad.

Como puede verse por lo expuesto, el demandado no ha probado que la finca reclamada haya pasado del dominio público al dominio privado mediante uno de los medios reco-nocidos en derecho, o sea un traspaso válido, gratuito u one-roso de la Corona de España o el Gobierno de los Estados Unidos, durante el respectivo período durante el cual fueron dueños de la misma, o del Gobierno de Puerto Rico después del año 1902, a favor de una persona particular. Siendo esto así, la Corte de Distrito de Humaeao no erró al aplicar los artículos quinto y sexto de nuestro Código Político y el ar-tículo primero del Reglamento para la Composición de Terre-nos Realengos de Puerto Rico, los cuales dicen así:

“Artículo 5. — El derecho primitivo y final a todos los bienes in-muebles y muebles, dentro de los límites del territorio de Puerto Rico, y no pertenecientes a los Estados Unidos, reside en el pueblo de dicho territorio.
“Artículo 6. — Siempre que el título a cualquiera propiedad ca-ducare por falta de herederos o parientes próximos, vuelve éste por reversión al Pueblo de Puerto Rico. Toda propiedad dentro de los lí-mites de Puerto Rico, no perteneciente a persona alguna, pertenece al Pueblo de Puerto Rico.
“Artículo 1 (Reglamento para la Composición de Terrenos Rea-lengos en Puerto Rico). — Se considerarán como realengos, para los efectos de este Reglamento y con arreglo a la ley 14, título 12, libro cuarto de la Recopilación de Indias, todos los terrenos baldíos, sue-los y tierras que no tengan dueño particular legítimo, o lo que es lo mismo, que no hayan pasado nunca al dominio privado, en virtud de concesión gratuita u onerosa por parte de las autoridades compe-tentes. ’ ’

Tampoco cometió error la Corte de Distrito de Humacao al declarar que la evidencia aportada por el demandado en el presente caso para acreditar sn título de dominio sobre la finca en litigio es confusa, contradictoria, e insuficiente para destruir el título que El Pueblo de Puerto Eico estableció a su favor.

El demandado no pretende baber adquirido la finca en liti-gio en virtud de una concesión gratuita u onerosa de las auto-ridades competentes, sino en virtud de adjudicación en un procedimiento de apremio llevado a efecto en cobro de las contribuciones sobre dicha propiedad adeudadas por la Suce-sión de Esteban Eosario, a nombre de la cual aparecía dicha finca declarada en Tesorería Insular para los fines de dicha contribución.

Como quiera que los terrenos de la propiedad de El Pueblo de Puerto Eico están exentos del pago de cualquier con-tribución, la venta de tales terrenos por falta de pago de contribuciones es nula de toda nulidad, y no confiere título alguno al 'Comprador o adjudicatario. Esta es la regla que impera en las jurisdicciones norteamericanas.

En 61 Corpus Juris, sección 1801, pág. 1295, se dice:

“Desde el momento en que una propiedad perteneciente a los Es-tados Unidos o a un Estado no está sujeta al pago de contribuciones, una venta de esa propiedad por falta de pago de contribuciones, siendo nula e ineficaz, no transfiere título alguno al comprador. La misma regla es aplicable a la venta de tierras exentas de contribu-ciones por contrato o concesión legislativa. Pero una persona particular puede tener un título incipiente (inchoate) o equitativo sobre tierras, el título de dominio sobre las cuales pertenece al público, y ese interés puede estar sujeto al pago de contribuciones y puede tras-mitirse al comprador por venta en subasta por falta de pago de los impuestos. ’ ’

Otros párrafos pertinentes de la Enciclopedia mencionada son los siguientes:

“Ordinariamente un comprador en una venta por contribuciones cae dentro de la regla de caveat emptor, y no es un comprador de buena fe y sin aviso, toda vez que los procedimientos para el cobro de contribuciones son asuntos constantes en los records públicos, a los cuales los presuntos compradores tienen acceso, pudiendo impu-társeles conocimiento de los defectos que aparecen de los records. Diebo comprador debe darse por avisado de todos los defectos ju-risdiccionales, y en cuanto a ellos no puede decirse que sea un com-prador de buena fe. Cuando los procedimientos se basan en la sentencia de una corte, el tal comprador puede generalmente confiar en ella para su protección; pero está expuesto a ser despojado de su título mediante la cancelación o anulación de la subasta por causa, con tal que se le dé aviso del procedimiento. El comprador de un inmueble en una subasta por contribuciones no tiene derecho a ser protegido como un comprador inocente cuando él ha comprado por ira precio excesivamente inadecuado; ...” (61 C. J. pág. 1321, see. 1847.)

De lo expuesto aparece, pues, claramente que el compra-dor o adjudicatario en un procedimiento de apremio de terre-nos que luego resultan ser de la propiedad de El Pueblo de Puerto Pico, no adquiere título de clase alguna sobre los men-cionados terrenos. Asimismo cualquier persona que adquiera-dichos terrenos del comprador o adjudicatario, tampoco ad-quiere título de clase alguna.

Véase 61 C. J., sección 1858, página 1327, donde se dice:

“Aun antes de la expiración del término fijado para la reden-ción, el comprador en la subasta por contribuciones puede traspasar su interés en cualquier forma distinta a la cesión del certificado de venta. Después de ese término, él puede disponer de ese interés como de cualquier otro título a favor de cualquier cesionario; pero la naturaleza del título no se cambia por tal traspaso; por consi-guiente, el cesionario debe estar generalmente preparado para sos-tener su validez, lo mismo que si fuera el comprador original; y si el comprador en la subasta no adquirió título alguno, él no puede traspasar título alguno a su cesionario.”

En el presente -caso el Colector de Rentas Internas de San Lorenzo adjudicó la finca en litigio en un procedimiento de apremio seguido contra la Sucesión de Esteban Rosario, a José Rodríguez Cos. Rodríguez Cos obtuvo un expediente posesorio logrando así inscribir en el Registro de la Pro-piedad de Caguas, a su nombre y sin perjuicio de tercero, la posesión material de la finca. Antes de que tal posesión material se baya convertido en dominio, Rodríguez Cos ven-dió la finca en cuestión a Rojas Negrón. El Pueblo de Puerto Rico reclama en la presente acción reivindicatoría el título y el dominio sobre la finca, y ba probado satisfactoriamente no baber cedido ese dominio en manera alguna. Bajo tales cir-cunstancias, la corte inferior no erró al declarar que la evi-dencia aportada al juicio por la parte demandada en cuanto a su título, es insuficiente para derrotar el título acreditado por El Pueblo de Puerto Rico a su favor.

Tomando en consideración los becbos probados, no es difícil llegar a la conclusión de que al efectuarse en la isla el cambio de soberanía, no se babía consolidado en el apelante el dominio sobre el inmueble reclamado en la demanda. En otras palabras, en aquella f ecba el apelante no podía ostentar un título ganado a virtud de posesión durante treinta años o más. Si el cambio de soberanía tuvo, como es natural, el efecto de interrumpir el período prescriptivo basta entonces ganado por el apelante, y si a partir de 1898 la prescripción adquisitiva, de acuerdo con lo resuelto por' este Tribunal en El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R. 1061, no puede alegarse en contra de El Pueblo de Puerto Rico, es irremisible convenir con la corte inferior que no estaba prescrita la acción del apelado.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Nicolás Nazario, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1020.

    Sometido: Abril 18, 1938.

      Resuelto: Abril 25, 1938.

      Negrón López & Negrón López, abogados del recurrente; el registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Nicolás Nazario presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán una copia certificada de la escritura núm.. 11, otorgada en Sabana Grande, Puerto Rico, el día 5 de febrero de 1938, ante el nota-rio José A. Negrón López, sobre segregación y compraventa de una finca rústica.

El Registrador de la Propiedad de San Germán denegó la inscripción de dicho documento por el motivo de no haberse acompañado a dicha escritura el plano requerido por las dis-posiciones de la Resolución Conjunta núm. 55, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en fecha 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-1937, pág. 639). No conforme el pre-sentante de dicho documento estableció el presente recurso gubernativo.

Entre otros señalamientos de error, que no creemos nece-sario considerar, el recurrente alega que el registrador erró al basar la denegación de la inscripción del título en la falta de cumplimiento con los requisitos de la citada Resolución Conjunta núm. 55, por ser dicha resolución anticonstitucional.

Vista la opinión y sentencia dictadas por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones para el Primer Circuito en 8 de diciem-bre de 1937, en el caso Rafael Sancho Bonet, Tesorero, v. Valiente y Cía., por la que se confirmó la sentencia dictada por esta Corte Suprema, y vista también la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos negándose a expedir el auto de certiorari para la revisión de la sentencia dictada por la Corte de Circuito de Apelaciones, consideramos que es nuestro deber resolver, como resolvemos, que la Resolución Conjunta núm. 55 del 15 de mayo de 1937 es nula y no puede tener efecto de ley, por haber sido aprobada en contraven-ción de las disposiciones de la sección 34 de la Ley Orgánica (39 Stat. at Large, Part I, Chap. 145, p. 951).

- Por las razones expuestas debe revocarse la nota del regis-trador, guien deberá proceder a la inscripción de la escritura presentada por el recurrente, sin defecto alguno por el con-cepto indicado.