author: El Juez Asociado Se. Wolf, JUECES SUES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO HUTCHISON.

text:
    López, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de un contrato de arrendamiento.
    No. 279.
    Resuelto en julio 24, 1916.
    Arrendamiento — Sociedad de Gananciales — Justificación del Estado de Ca-sado en la Fecha de la Adquisición — Presunción de Matrimonio — De-fecto Subsanable. — Aun cuando una finca esté 'inscrita en el registro a nombre del esposo, si éste acepta que pertenece a la sociedad de gananciales al arrendarla en unión de su esposa, está en el deber de justificar de algún modo su estado de casado en la fecha de adquisición para mostrar que la esposa compareciente y no la sucesión de otra anterior era la parte interesada en el contrato, pues no existe presunción de que uno que está hoy casado con determinada persona lo estuviera con la misma en fecha anterior. Sin embargo, la falta de tal justificación constituye sólo un defecto subsanable.
    Td. — Arrendamiento por Cuatro A&os — Inscripción en el Registro — Actos de Riguroso Dominio — Poder Expreso. — Aun cuando se cite en el poder el artículo 159 del Código Civil y se exprese que el' esposo y apoderado podrá hacer cuanto estime conveniente de los bienes que Ira de gobernar corno-gananciales, otorgando las escrituras correspondientes sin necesidad de sa intervención pues para ello quiere se estime su consentimiento expreso, es-insuficiente para celebrar un contrato de arrendamiento de dos fincas rústicas por término de cuatro años que había de ser inscrito en el registro de la propiedad, porque para tal contrato necesitaba poder expreso, de acuerdo con los artículos 159, 1328 y 1615 del Código Civil, por tratarse de un acto de riguroso dominio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Mendin.

    El registrador recurrido Sr. José S. Belaval compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 5 otorgada en la ciudad de Caguas ante’ el notario Luis Mendin Sabat a 8 de enero del corriente año 1916, Candelario Quiñones Gradea, por sí y como apoderado-de su esposa Hermógenes Asencio, dió en arrendamiento a Luis López Boria dos fincas rústicas descritas en dicha escri-tura bajo las letras A y B, por término de cuatro años y pre-cio de $120 anuales, por semestres anticipados, estipulándose que el contrato sería inscrito en el registro de la propiedad.

Presentado el anterior documento en el Begistro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., para su inscripción en cuanto a la finca letra A, fué denegada la pretensión por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción -del precedente documento, escritura nú-mero 5, de fecha 18 de enero 1916, ante el notario Don Luis Mendin Sabat, porque no resultando del registro el estado que tenía Don Can-delario Quiñones cuando adquirió la finca letra A y caso de ser casado, entonces el nombre de su esposa, arrienda dicha finca siendo casado con Doña Hermógenes Asencio, cuya omisión impide calificar este do-cumento con arreglo a la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de fecha 24 de marzo de 1911; y porque, por los términos gene-rales e indeterminados en que está redactado en el poder, que se tiene a la vista, la cláusula relativa a los bienes gananciales, no puede esti-marse la facultad que comprende esa cláusula como constitutiva del consentimiento expreso de la esposa que requieren los artículos 159 y 1328 del Código Civil; y se ha tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal en cnanto a la finca letra A, única de que se soli-citó inscripción al folio 75 vuelto del tomo 4o. de Río Grande, finca, número 179, anotación letra A. San Juan, P. R., 10 de febrero da 1916. El Registrador, José S. Belaval.”

Contra la nota que dejamos inserta se lia interpuesto por Luis López Boria el presente recurso gubernativo, e impugna los dos motivos que la sirven de fundamento, alegando ade-más que el primer motivo muestra a lo sumo un defecto sub-sanable que no puede impedir la inscripción.

No constando del registro el estado que tenía Candelario Quiñones cuando adquirió la finca letra A, y casó de ser casado entonces, el nombre de su esposa, ignórase si esa finca es de la propiedad privativa del esposo por haberla adqui-rido en estado de soltería, o de la actual sociedad de ganan-ciales Quiñones-Asencio, o de otra sociedad de gananciales ya disuelta, constituida por Quiñones con otra esposa anterior a la actual.

Aunque la finca de que se trata está inscrita en el registro a favor de Quiñones y éste acepta que jiertenece a la sociedad de gananciales Quiñones-Asencio por el hecho de arrendarla en unión de su esposa Hermógenes Asencio, a Luis López Boria, estaba en el deber de justificar de algún modo su es-tado de casado con la Hermógenes en la fecha de la adquisi-ción de la finca, para mostrar que la Hermógenes y no la sucesión de otra esposa anterior era la parte interesada con Quiñones en el contrato de arrendamiento, pues no existe presunción de que uno que está hoy casado con determinada persona lo estuviera con la misma en fecha anterior.

Pero la falta de justificación del estado de Quiñones al adquirir la finca constituye solamente un defecto subsanable fácil de ser corregido mediante prueba sencilla. Esa es doc-trina ya establecida por esta corte en decisiones anteriores, Ortiz v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 702 y Delgado v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 704.

En cuanto al segundo defecto, el poder general otorgado por Hermógenes Asencio a favor de su esposo Quiñones en 14 de julio de 1908, a que se refiere el registrador, contiene las siguientes facultades:

“Para que en nombre y representación de la compareciente, acuer-de y realice contratos de compraventa, permuta, hipoteca, censo, ser-vidumbres, anticresis, fianza, renta vitalicia, seguro, préstamo mutuo o comodato, arrendamiento, prenda, depósito, sociedad, transacciones, compromisos, aceptación, repudiación, división y partición de herencia y toda clase de contratos o cuasicontratos, concretos o innominados, civiles o mercantiles, sobre toda clase de bienes raíces, muebles, semo-vientes * incorporales * * # otorgando y suscribiendo escrituras y todo linaje de documentos públicos y privados.
“Para que llenando los requisitos que exige el artículo ciento cin-cuenta y nueve del Código Civil de Puerto Rico, su dicho esposo y apoderado pueda hacer cuanto estime conveniente de los bienes que ha de gobernar como gananciales, otorgando las escrituras correspon-dientes sin necesidad de su intervención, pues para ello y todo lo demás necesario le faculta, y quiere se estime su consentimiento ex-pi’eso, cumpliendo así lo consignado en dicha ley.' ’

En esa cláusula no pretende la esposa excluir en absoluto su intervención de los actos de enajenación o gravamen de los bienes de la sociedad conyugal, sino que quiso excusar su intervención personal facultando al esposo para que la repre-sentara, consignando además su voluntad de que los actos del esposo se estimaran liecbos con su consentimiento expreso.

En otras palabras, la esposa dió un poder al marido, y por eso son aplicables no sólo los artículos 159 y 1328 del Código Civil sino también el artículo 1615, pues todos exigen una autorización o mandato expreso para un acto de riguroso dominio. El marido en este caso era el mandatario de su esposa. En Baquero et al. v. El Registrador, 22 D. P. R. 27, dijimos: “Es tan conocida la regla de derecho de que los mandatos deben interpretarse siempre restrictivamente que hace innecesario que citemos nuestras resoluciones. Como consecuencia de ella, cuando la ley exige en el artículo que comentamos que para realizar un apoderado ciertos actos necesita poder expreso de su mandante es necesario que se consigne en la escritura la clase de actos para los que expre-samente se le apodera y no basta que se conceda el poder refiriéndose a los casos contenidos en determinado precep-to legal. El mandato debe estar concebido en tales términos que de él aparezcan las facultades que se confieren al apode-rado, sin necesidad de acudir para conocerlas a algún otro documento o texto legal.” La mención del artículo 159 del Código Civil en el poder, no liace a éste más expreso. También dijimos en Sucesores de Andreu & Co. v. El Registrador, 20 D. P. R. 423, “* * *. Las palabras de un poder deberán ser interpretadas en el sentido en que podrían ser entendidas por una persona de inteligencia corriente que lo otorgara * # doctrina que se reprodujo en el caso de Méndez v. Celis, 20 D. P. R. 531. Semejante doctrina se sienta en los casos de García et al. v. Suro, 19 D. P. R. 755; Benítez Hermanos v. El Registrador, 17 D. P. R. 234 y Post v. El Registrador, 19 D. P. R. 190. En el poder ante nosotros no se encuentran palabras expresas autorizando al esposo para ce-lebrar contratos de arrendamiento de esta clase que por ser actos de riguroso dominio necesitaba el poder expreso, según fué resuelto en Fabián v. El Registrador, 22 D. P. R. 803.

Debe confirmarse la nota recurrida, modificándola en el sentido de consignar como defecto subsanable el primero de los anotados por el registrador.

Confirmada la nota recurrida pero modificán-dola en el sentido de consignar como defecto subsanable el primero■ de los anotados por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Hutchi-son disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS

JUECES SUES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO HUTCHISON.

Estamos conformes con la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte que sirve de fundamento a la resolución dictada con esta fecha en el recurso gubernativo de Luis López Boria contra el-Begistrador de la Propiedad de San Ju:m. Sección Ia., menos en la parte relativa a que el poder otor-gado por Hermógenes Asencio a favor de su esposo Can-delario Quiñones Gadea no fuera bastante para que éste representara a aquélla en el contrato de arrendamiento de dos fincas rústicas celebrado por Quiñones con Luis López Boria, a que se refiere la escritura de 8 de enero de 1916, cuya inscripción fué denegada por el registrador ya men-cionado.

El poder otorgado por Hermógenes Asencio a favor de su esposo Quiñones Gadea por escritura de 14 de julio de 1908, contiene la siguiente cláusula:

“Para que llenando los requisitos que exige el artículo 159 del Código Civil de Puerto Rico, su dicho esposo y apoderado pueda ha-cer cuanto estime conveniente de los bienes que ha de gobernar como gananciales, otorgándose las escrituras correspondientes, sin necesidad de su intervención, pues para ello y todo lo demás necesario le faculta y quiere se estime su consentimiento expreso, cumpliendo así lo con-signado en dicha ley. ’ ’

La cláusula que dejamos transcrita, atendidos su texto y espíritu no admite otra significación que la de dar Hermógenes Asencio a su esposo Candelario Quiñones Gadea facultad ex-presa para que la represente en los actos de enajenación o gravamen de los bienes de la sociedad conyugal: Io. Porque esa cláusula fué puesta en el poder para dar cumplimiento al artículo 159 del Código Civil, preceptivo en su apartado 3o. de que los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino me-diante el consentimiento expreso de ambos cónyuges; 2°. Porque para la administración de los bienes gananciales de la sociedad conyugal Quiñones-Ásencio no necesitaba el marido consentimiento de la esposa, por ser el administrador de ella seg'ún el apartado Io. del mismo artículo 159; 3o. Porque en esa cláusula, según se dice en la opinión de que disentimos, no pretende la esposa excluir en absoluto su intervención de los actos de enajenación o gravamen de los bienes de la socie-dad conyugal, sino que quiso excusar su intervención personal facultando al esposo para que la representara y consignando además su voluntad de que los actos del esposo se estimaran beclios con su consentimiento expreso; y 4o. Porque si se en-tendiera que la esposa no había facultado ál esposo para que en nombre de ella consintiera expresamente los actos de ena-jenación o gravamen de bienes de la sociedad de ambos, la cláusula en cuestión no produciría efecto alguno.

-Si los términos de un contrato son claros, dice el artículo 1248 del Código Civil, y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Los términos en que está redactada la cláusula ya transcrita son claros y no permiten dudar de que la intención de Hermó-genes Asencio es la ya expresada y no otra.

La jurisprudencia citada en la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte no es de aplicación al presente caso en que no se trata de interpretar un contrato claro en sus tér-minos, y que en realidad se ajusta al precepto del artículo 1615 del Código Civil por contener el mandato expreso a que dicho artículo se refiere, pues a ello equivale la facultad- con-cedida en términos especiales y no generales por la esposa al esposo en la cláusula sometida a nuestra consideración. Esa cláusula debe considerarse en toda su amplitud.

El poder que motivó la resolución en el caso de Baquero et al. v. El Registrador, 22 D. P. R. 27, no es igual o pare-cido en sus términos al que motiva el presente recurso.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revo-caeióii de la nota recurrida del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., de 10 de febrero, 1916.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Rivera et al., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegando la inscripción de un expe-diente posesorio.
    No. 284.
    Resuelto en julio 26, 1916.
    Anotaciones Preventivas — Término de Ciento Veinte Días porque se To-man — Regla del Artículo 388 del Código Político. — El término de ciento veinte días a que se refiere la sección 7a. de la ley sobre recursos contra reso-luciones de los registradores de la propiedad, de marzo 1, 1902, debe com-putarse aplicando la regla establecida en el artículo 388 del Código Político, sin descontar los días feriados comprendidos en él, excluyendo únicamente el primero e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.
    Id. — Subsanación de Defectos — Documento Presentado para Subsanar el Defecto Después de Vencido el Término de la Anotación y Después de Presentado otro Relativo a la misma Finca por otra Persona. — La cir-cunstancia consignada por el registrador en su nota de haberse presentado en el registro por la persona que obtuvo a su favor la anotación preventiva de la venta en pública subasta, un expediente posesorio que a su juicio sub-sanó el defecto que impidió la inscripción de la dicha venta, no puede ser tomada en consideración, ya que dicho expediente se presentó después de haber transcurrido los ciento veinte días de la anotación y después de haber presentado el recurrente su expediente posesorio.
    Defecto Subsanable — Estado Civil. — Constituye un defecto subsanable el hecho de no consignarse en, un expediente posesorio el estado civil de la persona o personas a euyo favor se acredita la posesión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Mendín.

    El registrador recurrido Sr. Emigdio S. G-inorio, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo en el que está' en-vuelta la cuestión de cómo debe computarse el término de ciento veinte días a que se refiere la sección 7 de la ley sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la pro-piedad: si descontando todos los días feriados comprendidos en él, o aplicando la regla establecida en el artículo 388 del Código Político.

En el Registro de la Propiedad de Cagnas se presentó el expediente posesorio tramitado en la corte municipal de diclia ciudad a instancias de María, Dionisia, Isabel, Juan, Porfiria, Dolores, Jael y Elias Rivera Negrón y el registrador se negó a inscribirlo por medio de la siguiente nota contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo. La nota dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, de acuerdo con lo que terminantemente dispone el artículo 17 de la Ley Hipote-caria y tomada en su lugar anotación preventiva por término de 120 días al folio 218 vuelto del tomo 17 de Aguas Buenas, finca número 849, anotación letra C., por aparecer del registro que la finca cuya inscripción se solicita, fué vendida en pública subasta, de cuya venta se tomó anotación preventiva por término de 120 días a favor del ad-quirente Pío Ramírez al folio 217 vuelto del mismo tomo y finca, anotación letra B, cuya anotación aún está vigente, resultando además que, aun cuando con fecha posterior a la presentación de expediente, pero dentro del plazo de la citada anotación letra B, el Señor Ramírez ha presentado, en unión de su escritura de adquisición, otro expediente con cuyos documentos subsana el defecto que motivó la negativa, solicitando por tanto se convierta en inscripción la anotación de su derecho y en cumplimiento de lo que determina el artículo 393 de dicha ley se han librado dos copias de la referida anotación letra B, una de ellas para entregar al presentante y la otra para remitir al juez municipal de esta ciudad, que aprobó este expediente, habiéndose consig-nado además en la repetida anotación letra C el defecto subsanable de no constar de este documento el estado civil de los promoventes. Ca-guas, 5 de junio de 1916.”

El expediente posesorio se presentó en el registro de la propiedad el 26 de mayo de 1916. La anotación preventiva por virtud de la cual negó la inscripción el registrador, se hizo el 13 de enero de 1916 para durar ciento veinte días.' Si el plazo se cuenta de acuerdo con el artículo 388 del Código Político, vencía el 14 de mayo de 1916 o sea días antes de la presentación del expediente y no había, por tanto, obstáculo alguno en el registro que impidiera su inscripción. Por el contrario si el plazo se computa descontando los días feriados comprendidos en el mismo, entonces sería necesario reconocer que la anotación preventiva estaba vigente y en su consecuen-cia que estuvo justificado el registrador al negar la inscrip-ción de que se trata.

Nada dispone la ley hipotecaria de una manera concreta sobre el particular. El registrador se basa para sostener su teoría en el criterio de los comentaristas Galindo y Escosura quienes opinan que en los términos establecidos por dicha ley deben descontarse los días feriados porque í£el silencio de la ley ha de interpretarse en sentido favorable al derecho del anotante.” Yéase el tomo 3, pág. 107 de los Comentarios de Galindo y Escosura.

Cita el registrador, además, varias reales órdenes y reso-luciones tendentes a demostrar que en la computación de los términos especificados en la ley hipotecaria se tuvo en cuenta siempre la existencia de los días feriados, e invoca el artículo 258 del Reglamento Hipotecario, y la práctica general, según él, seguida en España y Puerto Rico.

Sin embargo, aunque se diera a las autoridades citadas el alcance que pretende el registrador, y, por tanto, que debiera concluirse, conclusión que no aceptamos, que al computarse los términos fijados por la ley hipotecaria es necesario descon-tar todos los días feriados en ellos comprendidos, aun así, no serían aplicables dichas autoridades a este caso concréto porque aquí no se trata de un precepto de la Ley Hipotecaria sino de una nueva ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Esa ley es la referente a recursos contra resoluciones de los registradores aprobada en marzo 1 de 1902, o sea el mismo día en que el mismo legislador aprobó el Código Político que contiene el artículo 388 preceptivo de que “el tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse se compu-tara excluyendo el primer día e incluyendo el último, a me-nos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también ex-cluido. ’ ?

Y aparece aun más concluyente que debe aplicarse la dis-posición del Código Político a la computación del término •fijado en la sección 7 de la ley antes citada, si se examina el original inglés de dicha sección, que en vez de decir que la .anotación preventiva que tomará el registrador cuando denie-gue la inscripción de un documento “tendrá efecto legal du-rante ciento veinte días de su fecha,” expresa que tal anota-ción “shall have effect only during four months from the ■date thereof.” Y un mes, de conformidad con el Código Político, artículo 392, No. 4, significa un mes común, a no pre-cisarse otra cosa, y, de acuerdo con el artículo 8 del Código Civil, si en las leyes se habla de meses se entenderá que los meses son de treinta días.

“Es cierto”, dijo está Corte Suprema desde enero 29, 1908, “que ha habido casos, cuando nuestras reglas eran rela-tivamente nuevas, en que la corte ha excluido los domingos y días de fiestas legales. Quizás tenemos derecho a interpre-tar nuestras reglas en esta forma, aunque una interpretación distinta fuera necesaria tratándose de un estatuto. Como quiera que sea esto, este tribunal ha resuelto implícitamente en el caso de Ortiz v. Molina, fallado en 23 de diciembre de 1907, (13 D. P. R. 403), que no habían de incluirse los domingos y días de fiestas legales. La sección 388 del Código Político prescribe que el tiempo en que cualquier acto pres-crito por la ley debe cumplirse se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido. La ley dice, por consiguiente, que la única vez que un domingo o día de fiesta ha de excluirse es cuando éste es el último día. La doctrina de eospressio unius exclusio alterius es de aplicación a este caso y fija la regla por la que deben determinarse los términos legales.” Abril v. Moreno et al., 14 D. P. R. 7, 8.

Y en 27 de marzo de mismo año repitió: ‘ ‘ En el caso de Osvaldo Abril v. Moreno tuvimos ocasión de interpretar diclio artículo en relación con el término en que lia de interpo-nerse una apelación, de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. La resolución en el caso de Mo-jica es favorable a la alegación del apelante. Sin embargo, entonces seguíamos la práctica que había estado vigente bajo la antigua ley de Enjuiciamiento Civil, tal como la entendía el tribunal, y no se había llamado nuestra atención con res-pecto a las disposiciones del artículo 388 del Código Político.” Antongiorgi v. Antongiorgi, 14 D. P. R. 273 y 274.

La circunstancia a que se refiere el registrador en la nota recurrida de haberse presentado en el registro por la persona que obtuvo a su favor la anotación preventiva otro ex-pediente posesorio que a juicio de dicho registrador subsana el defecto que impidió la inscripción de la venta en pública subasta, no puede ser tenida en cuenta, ya que dicho expe-diente se presentó después del tramitado por los recurrentes María, Dionisia, Isabel, Juan, Porfiria, Dolores, Jael y Elias Eivera Negrón.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe revo-carse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada con el defecto subsanable apuntado por el registrador y que existe a nuestro juicio.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción del expediente posesorio de que se trata con el defecto subsanable de no cons-tar del expediente el estado civil de los pro-moventes.

Jueces concurrentes: Sres-. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf,, Aldrey y Hutchison.


text:
    Alvarez et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando en parte la anotación de nn aviso de demanda.
    No. 287.
    Resuelto en julio 26, 1916.
    Anotación de Demanda — Nulidad de Hipoteca. — Inscripción a Favor de Persona Distinta de los Demandados — Fallecimiento del Causante. — No puede denegarse la anotación de un aviso de demanda para que se decláre-la nulidad de una hipoteca porque ésta se encuentre inscrita a favor de persona distinta de los demandados, cuando se alega que tal persona ha fallecido y la demanda se interpone contra su heredero y su albaeea testamentario.
    Id. — Nulidad de Escrituras — Deber del Registrador. — Cuando la acción ejer-citada afecta al título de un inmueble como en el presente caso en que se solicita la nulidad de varias escrituras referentes todas a cierto solar inscrito en el registro, el registrador debe, de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil (véase texto inglés), proceder a la anotación de la demanda en todas aquellas inscripciones de dicho inmueble verificadas en los libros a su cargo que indique el demandante y que guarden relación con los hechos expuestos en la demanda, sin detenerse a considerar y resolver si tiene o no razón el demandante, función esta última que corresponde a la corte de justicia competente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. S. Abella Bastón.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Alvarez Araoz, Antonio Alvarez González y Angel Alvarez Araoz entablaron una demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan contra Carmen Gutiérrez Gómez y otros, sobre “nulidad de ventas y del derecho de hipoteca y cance-lación de inscripciones en el registro de la propiedad e indem-nización de perjuicios.”

Archivada la demanda, los demandantes pidieron, de conformidad con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, que se anotara en el registro de la propiedad de San Juan, Sección 1.a, y el registrador la anotó en efecto con res-pecto a ciertas inscripciones de la finca a que se refería y la negó con respecto a otras, tal como aparece de la siguiente nota contra la cual, en cuanto les os adversa, interpusieron los referidos demandantes el presente recurso gubernativo.

La nota dice:

“Puestas notas del precedente aviso de demanda con vista de otros documentos, en cuanto a la constitución de hipoteca a favor de Don Andrés Crosas y su aportación a la mercantil ‘Andrés Crosas Suce-sores S. en C.,’ al margen de las inscripciones Ia. y 3a. de la finca número 110, folios 113 y 115 vto., tomo 4 de Puerta de Tierra,- dene-dada la anotación de dicho aviso en cuanto a la cesión del mismo derecho a Don G-eneroso Candina Izaguirre por resultar inscrito a favor de dicho señor, persona distinta de la demandada Doña An-selma Izaguirre, extendiéndose en su lugar nota preventiva por el término legal al margen de la inscripción 4a., finca citada, folio 116 del tomo 4°.; y denegada también la anotación en cuanto a la pro-piedad de la finca, porque estando las inscripciones cuya nulidad se pide hechas a favor de los mismos demandantes Don Antonio Alvarez Araoz y Don Antonio Alvarez González, resulta ineficaz y sin objeto dicha anotación, y se ha extendido nota por el término legal al margen de las inscripciones Ia. y 2a. de aquella finca a los folios 113 .y 114 vto. tomo 4°. San Juan, P. R., 21 de junio de 1916.”

1. Si bien la demanda no se entabló contra G-eneroso Can-dina a favor de quien aparece inscrita la hipoteca constituida sobre la finca a que la misma se refiere, es lo cierto que en •ella se alega que Candina murió, razón por la cual se siguió -el .pleito contra Anselma Izaguirre Leguine, su heredera y Pedro Castaños, su albacea.

2. La segunda negativa del registrador es confusa y con-fuso también el alegato del abogado de los recurrentes sobre fal extremo. A nuestro juicio toda la cuestión envuelta se resuelve fijando bien la naturaleza de la acción ejercitada por los demandantes y el alcance del precepto legal invocado por los mismos.

Esta Corte Suprema recientemente en el caso de Manri que de Lara v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 864, tuvo oportunidad de interpretar el indicado precepto legal, o sea el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil que, traducido correctamente al castellano de su original inglés, es como sigue:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción * * '

¿Afecta o no la acción ejercitada al título de un inmue-ble? Sin duda alguna. Basta leer la demanda que se acom-pañó a la solicitud dirigida al registrador, para concluir que está envuelta la nulidad de varias escrituras referentes todas a cierto solar ubicado en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad de San Juan. T siendo ello así el registrador debe, de acuerdo con la ley, proceder a la anotación de la demanda en todas aquellas inscripciones de la finca en cues-tión verificadas en los libros a su cargo que indiquen los de-mandantes y qne guardan relación con los hechos alegados en la demanda, sin detenerse a considerar y a resolver si tienen o no razón los demandantes, función esta última que corresponde a la corte de justicia competente.

Bebe revocarse la nota recurrida y ordenarse al regis-trador que proceda a hacer las anotaciones solicitadas.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Cortés et al., Demandantes y Apelantes, v. Crehore et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación de fincas rústicas con sus ren-tas y utilidades.
    No. 1462.
    Resuelto en julio 26, 1916.
    Derogación Implícita de Leyes — Cambio de Sistema. — Nunca debe favorecerse la derogación implícita de las leyes, pero cuando una ley posterior cambia el sistema existente al amparo de una anterior y lo sustituye por otro com-pleto, el nuevo y no el antiguo es el que debe prevalecer.
    Bienes de Menores — Venta de Bienes de Menores — Derogación de Leyes. — Los artículos 2011 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886 en lo que se refieren a la venta de bienes de menores sujetos a tutela, fueron sustituidos e implícitamente derogados por los artículos 269 al 272 del Código Civil de 1889, y habiendo sido estos últimos asimismo derogados por el Código Civil Revisado de 1902, tal derogación no produjo el efecto de revivir las disposiciones contenidas en los artículos 2011 y siguientes de la ley de 1886, porque la derogación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada.
    Id. — Id.—Autorización Judicial — Valoración Pericial — Subasta Pública.— La legislación vigente en 1903 en esta isla sólo exigía para la venta de bienes de menores sujetos a tutela, el requisito previo de la autorización judicial, pero no que los bienes fueran necesariamente tasados por peritos y vendidos en pública subasta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Eduardo Flores Colón y Eduardo P. Gibson.

    Abogados de los apelados: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este caso es la de si en el año de 1903 estaban o no en vigor los artículos 2010 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil decretada para -empezar a regir en esta isla el l.° de enero de 1886, en cuanto se refieren a la enajenación de bienes inmuebles de meno-res sujetos a tutela.

En la demanda se alega que los demandantes son dueños de determinados bienes inmuebles; que siendo menores de edad, allá por el año de 1903, su tutor promovió en la corte de distrito competente un expediente de necesidad y utilidad para vender diclios bienes, y obtenida una resolución favorable los vendió, sin que fueran valorados por peritos, priva-damente, al demandado Oarlos Cabrera, y que inscrita la venta en el registro y apareciendo del mismo las circunstan-cias especificadas, esto es: la falta de valuación pericial y de priblica subasta, Cabrera vendió los bienes a su actual po-seedor el otro demandado Charles L. Crehore.

Los demandados excepcionaron la demanda por falta de ■hechos suficientes para determinar una causa de acción y la corte resolvió de conformidad, y estimando que no sería posi-ble enmendar sustancialmente la demanda, dictó la sentencia definitiva contra la cual interpusieron los demandantes el pre-sente recurso de apelación.

En resumen, la corte de distrito decidió: que en 1903, bajo el imperio del Código Civil Revisado, sólo era necesario para que un tutor pudiera vender bienes inmuebles de su pu-pilo, que solicitara y obtuviera la autorización del juez del domicilio, sin que fueran requisitos indispensables la valora-ción pericial de los bienes y la celebración de la venta en pú-blica subasta, exigidas por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal es la cnestion que debemos estudiar y resolver.

Con respecto a la necesidad de la autorización judicial, no hay duda alguna. Ese particular no está envuelto en este ca-so. Aquí se obtuvo por el tutor la autorización judicial exi-gida por la ley. La cuestión está circunscrita a si además de la autorización judicial, era necesario en 1903 hacer valuar los bienes por peritos y venderlos en pública subasta.

"Porque las cosas de los huérfanos, que son rays,” ordenó el Rey Sabio, “non se pueden ligeramente enagenar, fueras ende por debda, o por grand pro de los huérfanos, assi como mostramos en el Título que fabla dellos; e aun estonce deuese facer con otorgamiento del Juez del lugar andando la cosa públicamente en almoneda treinta días; * * *.” Tít. XVIII, Ley LX, Part. 3. Véase 3, Códigos españoles, 218.

En 1886 comenzó a regir como liemos dicho la antigua ley de enjuiciamiento civil de esta isla. Tres de sus artículos, el 2014, el 2015 y el 2016 que forman parte del Título XI que trata de la enajenación de bienes de menores e incapacitados y transacción acerca de sus derechos, ordenan lo que sigue:

“Artículo 2014. — La autorización se concederá en todo caso bajo la condición de haberse de ejecutar la venta en pública subasta, y previo avalúo si se tratare de bienes comprendidos en alguno de los números 1, 3 ó 4 del artículo 2010.
“Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el padre o por la madre con patria potestad. Estos podrán realizarla sin otro requisito que el de haber obtenido previamente la autorización judicial, con audiencia del Promotor Fiscal y de las personas designadas en los artículos 219 y 213 de las leyes hipotecarias que rigen respec-tivamente en las islas de Cuba y Puerto Rico.
“Artículo 2015. — El juez hará siempre el nombramiento de peritos para el avalúo, los cuales no podrán ser recusados. Tampoco podrá serlo el tercero si hubiere habido necesidad de nombrarlo por haber discordado los dos primeros.
“Artículo 2016. — Hecho el avalúo, mandará el juez que se anuncie la subasta por el término de 30 días designando el día, hora y local en que haya de celebrarse, y que se fijen edictos en los sitios de cos-tumbre, insertándolos además, si lo estima conveniente, en algún perió-dico oficial.”

Por Real Decreto de 31 de julio de 1889 se hizo extensivo a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas el Código Civil vigente en la Península, redactado de conformidad con lo dis-puesto en la ley de 11 de mayo de 1888 y aprobado por Real decreto de 24 de julio de 1889. Con el código se introdujo en esta isla la institución del consejo de familia, y la función que antes desempeñaban las cortes 'en lo que respecta a autoriza-ciones para enajenar bienes de menores sujetos a tutela, pasó' al Consejo.

“El tutor,” prescribió el artículo 269, “necesita autoriza-ción del consejo de familia,” entre otros casos que especifica, “para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción. ’ ’

No se limitó el código a prescribir la necesidad de la auto-rización. Dispuso, además, en sus artículos 270, 271 y 272, lo que sigue:

“Artículo 270. — El consejo de familia no podrá autorizar al tutor para enajenar o gravar los bienes del menor incapacitado sino por causas de necesidad o utilidad, que el tutor hará constar debi-damente.
“La autorización recaerá sobre cosas determinadas.
“Art. 271. — El consejo de familia, antes de conceder autorización para grayar bienes inmuebles o constituir derechos reales a favor de terceros, podrá oir previamente el dictamen de peritos sobre las con-diciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas. '
“Art. 272. — Cuando se trata de bienes inmuebles, de derechos inscribibles, o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de 4,000 pesetas, la enajenación se hará en pública subasta con intervención del tutor o protutor.
“Los valores bursátiles, así los públicos como los mercantiles o industriales, serán vendidos por agente de bolsa o corredor de co-mercio. ’ ’

Después de-tales disposiciones que abarcan la totalidad de la materia ¿puede concluirse que quedaran en vigor los artí-' culos 2010 j siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que se refieren a la venta de bienes de menores sujetos a tutela?

Veamos lo que opina sobre el particular el más autorizado de los comentaristas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Man-resa. En una nota puesta al pie del artículo 2011 de la ley de la Península, igual al 2010 de la de Puerto Rico, dice:

“Refiérese este artículo, como lo confirma el que le subsigue, a todos los menores de edad, ya estén sujetos a la patria potestad, ya a tutela, y a los incapacitados sujetos también a tutela, previniendo respecto de todos ellos, que será necesaria licencia judicial, para enajenar o gravar los bienes que en el mismo artículo se determinan. Esto era lo pi’oeedente, conforme a la legislación que regía cuando se publicó la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero el Código Civil lia derogado aquella legislación, y si bien ha aceptado, como era natural, el principio de dar a los padres mayores facultades que a los tutores, con la nueva organización dada a la tutela ha confiado al consejo de familia la vigilancia y la facultad de conceder dicha licencia, que antes correspondía a la autoridad judicial, a la vez que obliga a los ■padres a obtener de ésta la autorización para enajenar o gravar los bienes de sus hijos no emancipados, y exige la misma autorización en otros casos. Veamos estos casos para poder apreciar las disposi-ciones de este título que les serán aplicables.”

Estudia entonces lo relativo a los bienes de menores suje-tos a la patria potestad, a los del marido ausente, a los del pródigo sujetos a tutela, a los de la dote inestimada y para-fernales, y termina así:

“Veamos, por último, los casos en que el Código Civil ha privado a la autoridad judicial de la facultad que antes tenía para otorgar la licencia de que se trata. Por el artículo 269, núm. 5°., se ordena que ‘el tutor necesita autorización del consejo de familia para enaje-nar o gravar bienes que constituyen el capital de los menores o inca-pacitados, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción.’ V en los artículos 270 y 271 se previene, que el consejo de familia no podrá conceder dicha autorización sino por causas de necesidad o utilidad, que el tutor hará constar debidamente; que ha de recaer sobre cosas determinadas; y que antes de conceder la autorización para gravar bienes inmuebles o constituir derechos reales a favor de terceros, podrá oir previamente el dictamen de peritos sobre las condiciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas. Queda, pues, conferida al consejo de familia la facultad que antes tenían los jueces de pri-mera instancia, de autorizar o conceder licencia a los tutores o cura-dores para enajenar o gravar los bienes de los menores o incapacitados, de quienes eran guardadores, sin que pueda intervenir en estos asun-tos la autoridad judicial, a no ser para conocer del recurso que permite el artículo 310 del mismo código contra la decisión del Consejo. (Véase lo que se ha dicho sobre, este recurso en la página 324 de este tomo, y la resolución de la Dirección general de los Regis-tros de 20 de septiembre de 1890.) Por consiguiente, han quedado sin aplicación y derogados virtualmente el artículo que estamos examinando y los demás del presente título, en cuanto se refieren a la enajenación o gravamen de bienes de menores o incapacitados, que estén sujetos a tutela.” 6 Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 434 y 436.

La opinión de Manresa nos parece enteramente justa. Sus razonamientos son lógicos y convincentes. No debe fa-vorecerse nunca la derogación implícita de las leyes, pero criando una ley posterior cambia el sistema existente al am-paro de una anterior y lo sustituye por otro completo, el nuevo y no el antiguo es el que debe prevalecer.

Así las cosas, ocurrió el cambio de soberanía en Puerto Rico y la autoridad legislativa, creada por el acta orgánica de 1900 decretada por el Congreso de los Estados Unidos de América, puso en vigor el Código Civil de 1902. Se suprimió el consejo de familia. Volvieron las cortes de justicia a ad-quirir la jurisdicción que antes tuvieron, pero las saludables prescripciones de los artículos 270, 271 y '272 del código de 1889, quedaron eliminadas totalmente.

¿Produjo esa eliminación el efecto de revivir las disposi-ciones contenidas en los artículos 2011 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil de 1886?

Es un principio consignado en el mismo Código Civil de 1902 (art. 6) que “la derogación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada. ’ ’ En tal virtud, habien-do llegado a la conclusión de que los artículos 269, 270, 273 y 272 del Código Civil de 1889 sustituyeron e implícitamente derogaron los artículos 2011 y siguientes de la ley de Enjui-ciamiento Civil de 1886 en lo que se referían a la venta de bienes de menores sujetos a tutela, es necesario concluir tam-bién que la derogación de los repetidos artículos 270, 271 y 272 del código de 1889 por el código de 1902, no restableció la ley derogada o sea los citados artículos de la Ley de Enjui-ciamiento Civil de 1886.

En 1905 la Legislatura de Puerto Rico decretó la Ley de Procedimientos Legales Especiales, dedicando el capítulo único del título quinto a las “autorizaciones sobre derechos y bienes de menores,” (Ley 1905, p. 240). . Exigió que la solicitud en que se pidiera la autorización judicial expresara bajo juramento la necesidad y utilidad que reportará al menor el acto de que se trate y la causa que lo motiva y que se acompañara, en caso de pedir la enajenación, certificación del precio con que figuren los bienes en el catastro de con-tribuciones, debiendo fijar la corte el precio mínimo de la venta.

En 1911 (Leyes de 1911, p. 126 y siguientes), se modifica-ron los indicados preceptos de la ley de procedimentos legales especiales y los del Código Civil sobre la materia, y se exigió entre otros requisitos el de que la venta se verificara en pú-blica subasta, volviendo así a ponerse en vigor en Puerto Rico las mismas medidas que acordó el sabio legislador de las par-tidas para la protección de los bienes de menores.

La venta a que se refiere este pleito se verificó en 1903, esto es, después de 1902 y antes de 1905. Sólo regía entonces el Código Civil Revisado cuya única disposición sobre el particular estaba contenida en el artículo 282, número 5, a saber: “El tutor necesita autorización de la corte del distrito com-petente: * * *. 5. Para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción * * V’ No exigía la ley ni la previa valoración pericial, ni la subasta pública. Bastaba sólo la autorización judicial y como, según la misma demanda, “la Corte de Distrito de Ponce concedió autoridad al tutor de los demandantes Don Juan Príncipe Vázquez para vender privadamente dichos bienes y sin ser valuados por pe-ritos,” es necesario concluir que la venta realizada fué un acto válido y que, por tanto, no cabe ordenar que se restituyan a los demandantes los bienes vendidos de tal modo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por seducción.
    No. 1026.
    Resuelto en julio 26, 1916.
    Seducción — Promesa de Matrimonio — Matrimonio del Acusado con Otra Mu-jer. — En una causa por seducción bajo promesa de matrimonio no comete error una corte que se niega a ordenar la eliminación de la declaración de la perjudicada en cuanto a que, cuando ella requirió al acusado para que cum-pliera su promesa, él se casó con otra en el término de tres días. El matri-monio aparentemente completó el rompimiento de la promesa hecha a la per-judicada.
    Id. — Prueba del Embarazo de la Seducida — Error no Perjudicial. — No es un error perjudicial el que se permita a un testigo manifestar que la perjudicada le dijo siete meses después del suceso que estaba encinta,, si tal estado queda demostrado por otra prueba, pues aunque no es un hecho esencial es prueba tendente a corroborar la manifestación de la perjudicada respecto a su des-honra.
    Id. — Promesa de Matrimonio — Elementos Esenciales — Corroboración.,—En el delito de seducción hay dos elementos que son igualmente esenciales: la seducción y la promesa de matrimonio, y, por tanto, debe haber prueba que tienda a corroborar ambos elementos.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Corroboración—Promesa de Matrimonio. — Es errónea una instrucción al jurado de que las admisiones hechas por el acusado que había deshonrado a la perjudicada, es prueba de corroboración suficiente de la declaración de ella en cuanto a la seducción y a la promesa de matri-monio.
    Id. — Matrimonio del Acusado con Otra Mujer — Relaciones del Acusado con la Seducida — Promesa de Matrimonio — Peso de la Prueba. — El contraer el acusado matrimonio con otra mujer al ser requerido para que cumpliera su promesa; sus relaciones continuadas por mueho tiempo eon la perjudicada; sus admisiones eon respecto a haberse casado con otra mujer para evitar que se le obligara a hacerlo eon la perjudicada, y el haberle dado una sortija a la seducida, son todos medios de prueba que tienden a corroborar la declaración de la perjudicada en cuanto a la promesa de matrimonio y la corte debe dar al jurado la oportunidad de resolver sobre el peso de tal prueba.
    instrucciones al Jurado — Eal-ta de Objeción o Excepción — Error Fundamental. — Aun cuando no se formule objeción, o excepción específica a una instruc-ción al jurado, si el error cometido por la corte es fundamental, podrá cono-cerse del mismo en apelación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Juan B. Huyke y .Garlos Travécier.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una causa por seducción bajo promesa de matrimonio creemos que la corte no cometió error en negarse a ordenar la eliminación de una declaración en que la perjudicada mani-festaba que el acusado, cuando esta le apremió para que se casara con ella, se casó con otra en término de tres días. El matrimonio aparentemente completó la violación de la pro-mesa becba a la perjudicada.

Si se cometió algún error, no era perjudicial el permitir a un testigo manifestar que la perjudicada le dijo al testigo siete meses después'del suceso, que estaba encinta la perju-dicada. Su estado de embarazo quedó probado por otros tes-tigos y aunque no es un becbo muy esencial del juicio, era prueba tendente a corroborar la manifestación de la perjudi-cada de que babía sido deshonrada.

Asimismo no importaba el becbo de que la corte dejó de dar instrucciones al jurado en cuanto al particular.

Como el embarazo fue suficientemente probado, la admi-sión de las manifestaciones becbas por testigos de que la perjudicada babía dicbo que éstaba encinta era un error que no perjudicaba, si es que fue un error, independientemente del becbo de que ni las objeciones ni los señalamientos de error fueron becbos claramente.

Creemos que la corte no cometió error alguno al decir al jurado que el becbo de que el acusado estaba comprometido con otra mujer, aun cuando tuviera conocimiento de ese com-promiso la perjudicada, no destruyó, como cuestión legal, la acusación formulada por el Fiscal. En tanto la instrucción tiende a indicar que se ba probado un caso contra el acüsado el lenguaje empleado está sujeto a crítica, pero el resto de las instrucciones muestra que la corte dejó la cuestión de becbo a la consideración del jurado. Además, no se llamó la atención de la corte respecto a las frases en particular.

Como la ley dispone que la declaración de la perjudicada esté corroborada, creemos que la corte no cometió error al-gamo al decir que el jurado no podía haber declarado culpable si el Fiscal no liabía presentado otra prueba. La forma de la instrucción es algo defectuosa por llamar la atención de que otra prueba había sido presentada por el Fiscal; pero como sin esa prueba adicional el acusado hubiera tenido dere-cho a una instrucción perentoria para que se le absolviera y como no hubo objeción específica, no vemos que haya habido error ni perjuicio.

La corte no estuvo justificada en un caso de seducción bajo promesa de matrimonio en informar al jurado que las admi-siones hechas por el acusado de que había deshonrado a la perjudicada era una corroboración suficiente de la manifesta-ción hecha por ella. En este delito hay dos elementos que son igualmente importantes: la seducción y la promesa de matrimonio, y debe haber prueba que tienda a corroborar ca-da uno de dichos elementos. Kenyon v. People, 26 New York, 203, 84 Am. Dec. 177; Armstrong v. People, 70 N. Y. 38; State v. Meister, 60 Or. 469, 120 Pac. 406; 35 Cyc. 1362. De lo contrario queda destruido el propósito de la ley. Es evi-dente que si era suficiente la prueba corroborante de haber inferido la deshonra el acusado, un acusado que no hubiera hecho ninguna promesa podría ser declarado culpable tan pronto como quedara probado el hecho de la seducción. Hubo prueba en los autos tendente a demostrar que al ser obligado el acusado a casarse con la perjudicada prontamente se casó con otra mujer. Se presentó prueba de una relación continuada por mucho tiempo entre el acusado y la perjudicada. Varios testigos declararon que el acusado había admitido el hecho de haberse casado de prisa para evitar que se le obligara a casarse con la perjudicada. Ahora bien, aunque nada de esto es una fuerte corroboración nos inclinamos a creer que era prueba suficiente para dejar a la consideración del jurado la cuestión de si hubo corroboración de la promesa de matri-monio. La prueba, también, de que el acusado dió una sorti-ja a la perjudicada hubiera tendido a corroborar su decla-ración si so hubiera probado dicha entrega mediante prueba independiente. En este caso era prueba de referencia que procedía de la perjudicada. La corte, sin embargo, no dió al jurado la oportunidad de resolver sobre el peso de la prueba en relación con la corroboración de la promesa de ma-trimonio.

No se formuló objeción específica o excepción a la instruc-ción de la corte, pero de acuerdo con los principios enunciados en el caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D. P. R. 658, y el de El Pueblo v. Barrios, 23 D. P. R. 831, y casos citados en los mismos, dicho error era fundamental y debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. AldRey,

text:
    Esterás, Demandante y Apelado, v. Esterás et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre nulidad de declaratoria de herederos.
    No. 1450.
    Resuelto en julio 26, 1916.
    Nxjlibad de Declaratoria de Heredero — Declaratoria de Heredero — Alega-ciones de la Demanda — Hijos Adulterinos — Hijos Naturales — Derecho a la Herencia. — Si un hijo adulterino nacido antes de regir el Código Civil Revisado estando su padre casado con otra mujer, es declarado su único here-dero sin derecho a la herencia, un hijo natural reconocido del padre tiene acción para pedir que se declare la nulidad de esa declaratoria de herederos porque es heredero de su padre, sin que sea necesario alegar en la demanda para que sea suficiente, la fecha del nacimiento del hijo adulterino de otra manera de como se hizo en este caso, si fué reconocido por su padre, y en qué forma, cuándo murió éste, ni las personas que fueron partes en el pleito en que el demandante fué declarado hijo natural reconocido.
    Herencia — Derechos de los Hijos — Legislación Aplicable. — A la legislación en vigor en la fecha del nacimiento del hijo es a la que debe acudirse para determinar los derechos que pueda tener a la herencia de su padre.

      Id. — Hijos Adulterinos — Impedimento para Contraer Matrimonio — Herede-ros Abintestato — Alimentos—Reconocimiento de Hijos Ilegítimos— Permiso para Contraer Matrimonio. — Es hijo adulterino el nacido en 1885 de padre que no podía contraer matrimonio con la madre por hallarse casado con otra mujer cuando fué procreado, y no tiene derecho a heredarlo ábintes-t ato según la Ley X, Título XIII, Partida sexta, pues sólo su derecho era el de -ser alimentado, y el hecho de que el padre lo reconociera como hijo ilegítimo suyo al concederle en 1904 permiso para contraer matrimonio, no le quita su condición de adulterino ni le confiere más derechos que los que la ley le re-conocía.
    Los hechos • están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. José y Manuel Tons Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. J-osé G. Torres.

   El Juez Asociado Se. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de demanda de José Marcelino Esterás Morales contra José, Clara-Marina y G-abriel Esterás Maldonado, re-presentados aquél y éstos por sus respectivas madres, declaró la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1.a, en pleito qne le fué trasladado de la de Humacao, y en lo necesario a este recurso, qne era nula la declaratoria de herederos de José Ignacio Esterás Rivera hecha por la Corte de Distrito de Humacao a favor de José Indalecio Esterás Arroyo.

Apelada la sentencia por los demandados el primer moti-vo en qne funda su recurso es que se cometió error al no sostener la excepción qne adujo de ser la demanda ininte-ligible, dudosa y ambigua y por no aducir hechos determi-nantes de causa de acción.

Los hechos alegados en la demanda fueron sustaneialmen-te los siguientes:

1°. Que los demandados solicitaron y obtuvieron por con-ducto de su madre que la Corte de Distrito de Humacao de-clarase a su padre Esterás Arroyo único heredero de su padre Esterás Rivera.

2o. Que cuando .se dictó esa resolución la misma corte ha-bía declarado por sentencia qne el demandante era hijo natural reconocido de dicho Esterás Rivera, sin que el demandante fuera notificado de diclio procedimiento ni compareciera en él.

3o. Que la declaratoria de herederos se fundó en el hecho-de ser Esterás Arroyo hijo ilegítimo de Esterás Rivera y en no haber otra persona con derecho a heredarle.

4o. Que Esterás Arroyo era hijo adulterino de Esterás-Rivera, nacido cuando éste se hallaba casado con Francisca Villanueva y antes de la vigencia del Código Civil revisado.

Entendemos que la excepción de los demandados fué de-bidamente desestimada pues si Esterás Arroyo nació antes-de regir el Código Civil revisado estando su padre casado-con otra mujer y fué declarado su único heredero, sin tener derecho a su herencia, como veremos más adelante, el hijo-natural reconocido de Esterás Rivera tiene acción para pedir que se declare la nulidad de esa declaratoria de herederos-porque es heredero de su padre, sin que sea necesario que alegue como pretenden los apelantes, la fecha del nacimiento-de Esterás Arroyo de otra manera que como se hizo, si fué reconocido por su padre y en qué forma, cuándo murió Este-rás Rivera, ni las personas que fueron parte en el pleito en que el demandante fué declarado hijo natural reconocida por-que tales alegaciones no son necesarias para que la demanda sea suficiente.

Los otros motivos del recurso pueden reasumirse diciendo* que los apelantes sostienen que siendo su padre un hijo lías-tardo reconocido en 1904, por Esterás Rivera, tiene derecho* a su herencia.

No hay cuestión entre las partes respecto a los hechos: siendo éstos los siguientes: que Esterás Arroyo es hijo de Antonia. Arroyo y de José Ignacio Esterás Rivera y nació en el año 1885 cuando su padre estaba casado con otra mujer-que en 1904 Esterás Rivera compareció ante el Juez Municipal de Oaguas y dió permiso a Esterás Arroyo para contraer matrimonio haciendo constar que era hijo suyo reconocido;, que Esteras: Rivera murió en 1908 sin testamento y sin dejar descendientes legítimos ni ascendientes, pero sí hermanos; que en pleito que contra éstos siguió el demandante y en el que no fue parte Esterás Arroyo, .ni sus hijos, se dictó sen-tencia en 22 de mayo, de 1909 declarándolo hijo natural reco-nocido de Esterás Rivera y que la viuda de Esterás Arroyo-obtuvo en 1911, sin la intervención del demandante, que su esposo fuera declarado único y universal heredero de Esterás-Rivera como hijo suyo ilegítimo reconocido.

Es, pues, un hecho cierto que Esterás Arroyo nació cuando-no regía en esta isla el Código Civil español ni el posterior revisado por lo que a la legislación en vigor en el año 1885-hemos de acudir para determinar los derechos que pueda, tener a la herencia de su padre, según hemos declarado en el caso de Lucero v. Los Herederos de Vila, 17 D. P. R. 152.

La legislación vigente en 1885 dividía los hijos en dos gran-des grupos, legitimos e ilegítimos, siendo lo¡s- primeros loa nacidos de matrimonio y los segundos los habidos fuera de-él. Los ilegítimos a su vez se sub-dividían en otros dos gru-pos, los naturales y espúreos, siendo naturales los que nacían de hombre y mujer que al tiempo de la concepción o del na-cimiento podían casarse sin dispensa, y bajo el nombre de-espúreos se comprendían todos los ilegítimos que no eran naturales, o sea los incestuosos, los adulterinos, los sacrilegosy los manceres. Los hijos ilegítimos también recibían el nombres de bastardos, palabra que más estrictamente se apli-caba, así como la de espúreos, a los hijos de padres que no-podían contraer matrimonio entre sí cuando los procrearon.. Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, edición publicada por Vicente y Caravantes, año 1875, tomo 3°., pági-na 47. Comentarios a las Leyes de Toro de Llamas y Molina, publicado por Vicente y Caravantes, tomo 1°., página 158. El. nombre, pues, de bastardo no se aplicaba sólo al hijo de hombre casado y mujer soltera, como sostienen los apelantes.

En cuanto a los hijos adulterinos eran tales los nacidos, de personas ligadas con otra, a lo menos una, por el vínculo-del matrimonio y cuando la madre era s.oltera o viuda y el padre casado se les consideraba como de dañado ayuntamien-to, ex damnato eoitu, y si la madre era la casada entonces como--■ele dañado y punible ayuntamiento, ex damn ato et punibili coitu en atención a que ella incurría en la pena de muerte natural.

Los hijos adulterinos eran los hijos de adulterio, pero co-mo la ley Ia., tít. 15, Part. 4a. al hablar del adulterio dice que es yerro que home face a sabiendas yaciendo con mujer casa-da con otro, consideraron algunos autores de aquella época que eran hijos adulterinos solamente los de mujer casada con hombre que no era su marido, olvidando que la ley 2a., tít. 15, Part. 4a. supone expresamente fechos en adulterio los hijos que un casado tuviese en barragana, que la doctrina evangé-lica exige del marido la misma fidelidad que de la mujer y con-dena el adulterio de ambos; que por Real Orden de 25 de oc-tubre de 1777 (nota Ia., tít. 28, lib. 12, Nov. Recop.) se comuni-có al Supremo Consejo una resolución del Rey, en que se establece entre otras cosas, que los hijos del segundo matri-monio contraído por un hombre casado viviendo su primera •mujer son verdaderamente adulterinos, y que también del párrafo 3°. del artículo 85 de la ley de matrimonio civil puede deducirse que son adulterinos los hijos que el hombre casado •tenga con mujer que no sea su esposa. Escriche, supra, tomo -3°. página 69. Vicente y Caravantes, Comentarios a las Leyes •de Toro, tomo 1°., página 163, apartado 26.

Siendo, pues, Esterás Arroyo hijo adulterino de Esterás Rivera no tenía derecho a heredarle abintestato según la ley 10, tít. 13, Part. 6a. pues su sólo derecho era el de ser alimen-tado. Manresa, tomo 1°., pág. 591. El hecho de que Esterás Rivera reconoció como hijo ilegítimo suyo a Esterás Arroyo no quitó a éste su condición de adulterino ni le confirió más derecho que los que la ley le reconocía.

Es más, la ley novena de Toro que los apelantes citan en apoyo del derecho de su padre Esterás Arroyo a heredar a Esterás Rivera no le reconoce ese derecho a los hijos ilegíti-mos en cuanto al padre, sino únicamente con respecto a la mádre en determinados casos.

Siendo nula por este motivo la declaratoria de herederos ele Esterás Rivera hecha a favor de sir hijo adulterino nacida en el año 1885 tiene acción el demandante como hijo natural reconocido de aquél para obtener la declaración de su nulidad,, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    The Fajardo Sugar Growers' Association, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao inscribiendo con defectos subsanables una escritura de compraventa.
    No. 285.
    Resuelto en julio 27, 1916.
    Asociaciones — Síndicos o Trustees — Compra de Participaciones Indivisas— Defecto Subsanable. — Cuando los síndicos o trustees de una asociación ad-quieren ciertas participaciones dominicales indivisas en fincas rústicas, la inscripción que a favor de los mismos se haga en el registro debe reputarse hecha a favor de la asociación, y por tanto no constituye defecto subsanable en tal caso la falta de expresión en el título de la parte proporcional que cada síndico o trustee adquiere en los condominios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido Sr. Raúl Benedicto compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 49 otorgada en esta ciudad de San Juan a Io. de junio del corriente año 1916 ante el notario don Luis Muñoz Morales, Mr. George D. Graves en concepto de apode-rado de Mr. William B. Churchman vendió a Mr. James H. Post, Mr. James Bliss Coombs y Mr. Lorenzo D. Armstrong, como síndicos o trustees de la sociedad comercial privada “The Fajardo Sugar Growers’ Association,” representados por' su apoderado Don Jorge Bird Arias, una participación pro-indiviso de tres octavas partes en cada una de las dos fin-cas que se describen en dicha escritura radicadas en el término municipal de Naguabo.

Presentado el anterior documento al Registrador de la Propiedad de Humacao para su inscripción en el registro, se verificó ésta en los términos expresados en la nota que transcribimos a continuación:

‘ ‘ Inscrito- este documento en los tomos 20 y 13 de Naguabo, a los folios 194 vto., y 205, fincas números 511 quintuplicado y 361 dupli-cado inscripciones 17.a y 11.a, respectivamente, con los defectos sub-sanables de no haberse acreditado el carácter de Don Jorge Bird Arias como apoderado de los compradores, y no decirse la proporción en que éstos adquiren los condominios vendídosles. Humacao, 1?. R., quince de junio de 1916. Raúl Benedicto, Registrador de la Pro-piedad.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por “The Fajardo Sugar Growers’ Association” represen-tada por su abogado Don Luis Muñoz Morales.

La única cuestión a discutir y resolver en el presente re-curso es si los síndicos o trustees de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” adquirieron para ésta según sostiene la representación de la parte apelante, o para sí según afirma el registrador recurrido.

La simple lectura del documento de que se trata muestra que James H. Post, James Bliss Coombs y Lorenzo D. Armstrong adquirieron como síndicos o trustees de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” y que, por tanto, adquirieron para dicha asociación y no para ellos personalmente. La inscripción que a, favor de los mismos se haga en concepto de síndicos o trustees de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” debe reputarse hecha a favor de la asociación misma.

Siendo ello así, no era necesario expresar en la escritura la parte proporcional que cada uno de los síndicos adquirió en los condominios vendídosles, y, por tanto, no existe el de-fecto que por falta de dicha expresión anota el registrador.

El otro defecto consistente en no haberse acreditado la representación de Don Jorge Bird Arias no es materia del presente recurso.

No se ba levantado la cuestión de si hubiera sido defecto subsanable la omisión de no acreditar los síndicos o trustees de "The Fajardo Sugar Growers’ Association,” su carácter de tales al verificar por su apoderado Don Jorge Bird Arias la-compra de los condominios de que se trata.

Por las razones expuestas procede la revocación de la nota recurrida en cuanto al defecto que en ella se consigna de no decirse la proporción en que los compradores adquieren los condominios vendídosles.

Revocada la nota recurrida en cuanto a uno de los defectos apuntadlos, quedando subsis-tente en cuanto al otro defecto.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.’


author: El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cuevas, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a los artículos 112 y 113 del Código Penal.
    No. 958.
    Resuelto en julio 27, 1916.
    Falsificación de Documentos Judiciales y Públicos — Alteración de Archi-vos, Mapas, Libros, Documentos o Autos de Tribunales — Fianza no Badi-ca,da. — El alterar un documento de fianza suscrito ante notario público para surtir efecto en una causa criminal, cuando dicho documento de fianza nunca ha sido radicado ni aceptado para su radicación por el secretario de la corte, no constituye una infracción de los artículos .112 y 113 del Código Penal, porno tratarse de un archivo, mapa o libro, ni documento o autos de algún tribunal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante presentó al secretario de la Corte Municipal de San Juan una fianza por cien dólares en una causa criminal. El secretario se negó a recibirla, porque la suma señalada por el juez era de doscientos dólares en vez de-cien dólares. El apelante se marchó con la fianza, cambió la suma y la presentó otra vez al secretario, quien notando la alteración que se había hecho, ocupó la fianza y después de mostrársela al juez inició el proceso que trajo por consecuen-cia la culpabilidad del acusado y apelante. La fianza nunca fué radicada.

La parte sustancial de la acusación, los hechos probarlos en el juicio y la ley aplicable a los mismos como fueron consi-derados por el juez sentenciador han sido resumidos por él en sus instrucciones al jurado en la forma siguiente (bastar-dilla nuestra):

“El caso que se presenta ante la consideración de vosotros, cons-tituye según la opinión del Fiscal, expresada en su acusación, una infracción a los artículos 112 y 113 del Código Penal, y alega el Fiscal que el acusado es responsable de ese delito porque el día 24 de marzo de este año, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente alteró un documento de fianza suscrito a favor de Carmen Cruz por Don Pedro López y José Cid Sola, otorgado ante los notarios Pedro C. Timothée y Pedro Amado Rivera en un juicio celebrado en la Corte Municipal de San Juan y apelado para ante la Corte de Distrito de San Juan, cuya fianza fué dada por los fiadores por la suma de cien pesos y voluntaria y a sabiendas borró la palabra ‘cien’ susti-tuyéndola por la de ‘doscientos,’ y cuya fianza fué presentada a los efectos legales para ser unida al expediente o récord de la causa seguida contra la citada Carmen Cruz.
“Nuestra ley, en su artículo 112 del Código Penal, dice:
“ ‘Todo funcionario encargado de la custodia de cualquier archi-vo, mapa o libro, o de cualquier documento o autos de alguna corte, archivados o depositados en cualquier oficina pública o depositados en sus manos con cualquier objeto, que fuese culpable de sustraer*, destruir voluntariamente, mutilar, desfigurar, alterar o falsificar, remover u ocultar en todo o en parte dicho archivo, mapa, libro, documento o autos, o que permitiere que otra persona lo haga, incu-rrirá, etc.’
“Y después dice el artículo 113'que:
“ ‘Toda persona que no siendo funcionario público, tal como se considera en el anterior artículo, fuere culpable de cualquiera de los actos especificados en dicho artículo, incurrirá, etc.’
“De modo que lo que la ley castiga es el hecho ele alterar un documento público cualquiera, con la intención de que surta sus efec-tos en determinado procedimiento, en determinado récord, que haya de archivarse en una oficina.
“Nuestro Código Civil dice que son documentos pubMcos todos aquellos que han sido autorizados por un notario o por un funcionario competente, con las formalidades requeridas por la ley.
“De modo que en este sentido, esa fianza que está presentada ante vosotros es un documento publico, porque está suscrito ante notario, porque lleva la firma de un notario, que es- un funcionario público, porque lleva el sello de ese notario, porque va adherido a él un sello de rentas internas, que se requiere que vaya en toda clase de instru-mentos públicos, porque ese instrumento está incorporado a un libro-registro que se llama ‘Registro de Affidavits’ que llevan los notarios por mandato expreso de la Ley. De modo que por haberse llenado todos esos requisitos es que el documento que se presenta ante la consideración de los señores del jurado es un documento público, y los señores del jurado están en el deber de aceptarlo como tal.
“En ese documento se expresa que Don Pedro López había sus-crito con el Sr. Cid Solá, ante los notarios Timothée y Amado Rivera una fianza por cierta cantidad de dinero, que se especificó en ese documento, pero después que ese documento original fué suscrito por cien pesos, y al serle presentado dicho documento al Sr. Falcón para el fin con que tal documento se iba a presentar, fué observado por el Sr. Falcón que la suma que se fijaba en el documento no fué la señalada por el juez al admitir tal apelación. • Entonces el docu-mento le fué devuelto al.acusado, que era la persona encargada de hacer esta gestión, manifestándole el Sr. Falcón que el montante que aparecía en esa fianza no era el fijado por la corte. Entonces el acusado compareció en la oficina del Sr. Amado Rivera, y a uno de los empleados de aquella oficina le dijo que le borrara la palabra ‘cien’ y le pusiera ‘doscientos’.
“Este documento fué llevado por el acusado a la corte municipal, en cuya corte municipal estaba también el Sr. Falcón, quien le pre-guntó si babía obtenido el mandamiento de libertad para la acusada, •■a lo que el acusado le manifestó que el documento estaba en la corte, y entonces el secretario observó que este documento estaba alterado, que se negó a admitirlo, llegó el hecho a conocimiento del juez, y ■entonces el juez ordenó que se formulara una denuncia contra el autor cío aquella alteración.”

No es necesario al parecer presentar ningún razonamiento para demostrar que los hechos expresados en la acusación y ■probados en el juicio no constituyen el delito que ha sido imputado al acusado; que las instrucciones dadas al jurado eran fundamentalmente malas, y que la sentencia condenatoria no puede subsistir. Que el documento que fué alterado por el acusado, pero jamás radicado ni aceptado para su radica-ción, antes o después de dicha alteración, no es ni un “archi-vo, mapa o libro,” ni un “documento o auto de alguna corte,” es un hecho evidente por sí mismo. En la acusación no se alega que así sea, no existe la más leve prueba en ese sentido, y las instrucciones que fueron dadas al jurado demuestran claramente que no fué tal la teoría que se siguió en el juicio.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado con las costas de oficio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrev.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ,

text:
    Arbona, Demandante, Apelante y Apelado, v. Torres, Demandada, Apelada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre entrega de hijos naturales en ejercicio de patria potestad.
    No. 1474.
    Resuelto en julio 27, 1916.
    Patria Potestad — Hijos Ilegítimos — Alimentos a la Madre Ilegítima que Consignaba en 1908 el Artículo 190 del Código Civil. — Desde 1907 en cu-yo año fué reformado el artículo 222 del Código Civil la patria potestad sobre los lijos ilegítimos cuando el padre y la madre los hubieren reconocido corresponde en primer término al padre y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste a la madre, sin que sea obstáculo a ella y a su ejercicio el he-cho de que el artículo 190 del mismo texto dispusiera cuando nacía un niño que el padre del hijo ilegítimo debería sostener a la madre y al hijo. El caso de Vargas v. Gispert, 15 D. P. E. 141, se distingue del presente.
    Id. — Sus Limitaciones — Artículo 236 del Código Civil. — Los casos en que un padre puede ser privado de la patria potestad son los enumerados en el artí-culo 236 del Código Civil, a cuyo estatuto le es aplicable la máxima expressio ■unius est exelusio alterius.

    Hijos Naturales — Entrega de Hijos Naturales en Ejercicio de la Patria Potestad — Alimentos de la Madre. — Cuando un demandado en un pleito so-bre entrega de hijos naturales en ejercicio de patria potestad se limita en su contestación a pedir que se desestime la demanda y nada aduce en ella ni por contrademanda para que se declare que tenía derecho a alimentos, ni que se le concedieran, ni hubo prueba respecto a las necesidades del hijo y la ma-dre, ni sobre los gastos que tiene el demandante, y únicamente existe la con-testación a una pregunta excepcionada, en la que aparecen escuetamente las entradas que tiene el demandante por rentas y ganancias, dicha cuestión de alimentos no fué sometida al tribunal y carece por tanto de jurisdicción para resolverla.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del demandante: Sr. A. F. Castro.

    Abogado de la demandada: Sr. Francisco Parra.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es a quién corres-ponde la patria potestad sobre dos niños que son hijos nata-les reconocidos por las partes litigantes. Uno de los niños tenía siete años y el otro tres cuando se presentó la demanda en mayo de 1915, hecho aceptado en la contestación, y, por tan-to, debieron nacer el primero en el año 1908 y el segundo en 1912. El juez de distrito de Ponee resolvió por su sentencia que el primero quedase bajo la patria potestad de la madre y el segundo en la del padre. Otro hijo más pequeño no lo recla-ma el padre por su poca edad. Ambas partes apelaron de la sentencia y como es natural la atacan en el sentido de que a cada uno corresponde el niño que se manda entregar al otro.

El artículo 222 del Código Civil tal como rige desde el año 1907 en que fué enmendado dispone que la patria potestad so-bre los hijos legítimos no emancipados corresponde en primer término al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre; y la de los Rijos ilegítimos ál padre o a la madre que los Raya reconocido, y si ambos los Rubieran reconocido será en ese caso aplicable la regla establecida para los legítimos. Fundado en este precepto dispuso la senten-cia que el más pequeño de esos niños fuera entregado al padre en ejercicio de su patria potestad, extremo que acepta el padre mas no la madre, quien alega que debe quedar en su poder porque si bien es verdad que la patria potestad sobre él le corresponde al padre su ejercicio no es absoluto y está subordinado al interés del hijo, y que dado que el deman-dante no se preocupó en ver a sus Rijos desde que llegó de España, lo que demuestra abandono y poca intensidad de afectos, y que la niña tiene poco más; de tres años de edad y necesita del cuidado de la madre, entiende que existen moti-vos para que la madre la conserve bajo su patria potestad.

Sin embargo la ley es clara: concede en primer término la patria potestad al padre que la reconoció según admite la recurrente y los motivos que alega la madre para que el padre sea privado de la patria potestad sobre esa niña no son ningu-no de los que la ley lia determinado con tal fin. En el caso de Le Hardy v. Acosta, 18 D. P. R. 456 tratando esta materia dijimos que las condiciones y reservas que limitan la patria potestad son las consignadas en nuestros estatutos y que el artículo 236 del Código Civil expresa claramente las condi-ciones y limitaciones en que pueden los padres ser privados de la patria potestad con respecto a sus hijos, o en que pue-de suspenderse la misma 3^ que a ese estatuto, lo mismo que a otros le es aplicable la máxima “ expressio unius est excltisio alterius” y que esos son los casos en que los tribunales pueden privar por un período más o menos corto o largo al padre del derecho al dominio y custodia de sus hijos. Como nin-guno de los hechos alegados por la madre contra el padre se hallan comprendidos en el artículo 236 del Código Civil es claro que la custodia de esa niña corresponde al padre y el juez no cometió error al declararlo así.

Con respecto al niño nacido en 1908 la cuestión es dis-tinta.

Se reconoce por las partes y por el juez que el artículo 222 enmendado a que liemos lieelio referencia al principio de esta opinión es el aplicable pero se sostiene por la madre y por el juez como fundamento de su sentencia disponiendo que quede en poder de la madre, que habiendo nacido antes de 1911 en cuya fecha el artículo 190 del Código Civil fue derogado porque se le sustituyó por otra disposición, de acuer-do con él y según lo declarado en Vargas v. Gispert, 15 D. P. R. 141, la madre adquirió un derecho del que sería privada si se aplicara el artículo 222 por cuya razón es que para soste-ner ese derecho deja de aplicarse el precepto que dispone que al padre corresponde la patria potestad sobre ese niño.

La disposición del artículo 190 citado vino por primera vez a nuestras leyes al aprobarse el Código Civil Revisado en el año 1902, y dice así:

"El padre del hijo ilegítimo deberá sostener a la madre, y al hijo hasta la edad de diez y ocho años, comprendiéndose los gastos de la educación para una profesión u oficio, con arreglo a su posición. Si después de los diez y ocho años, el hijo no pudiese trabajar por imperfección física o mental, deberá el padre seguir sosteniéndole. El sostenimiento consistirá en una pensión mensual en metálico pagada anticipadamente.'’

En el caso de Vargas v. Gispert, supra, el hijo que se discutía nació antes de ser reformado el artículo 222 del Có-digo Civil de acuerdo con el cual la patria potestad corres-pondía al padre y a la madre conjuntamente y se declaró que ial como fue reformado en 1907, o sea dando preferencia al padre para la patria potestad, no podía perjudicar derechos adquiridos por la madre que ya tenía patria potestad sobre su hijo cuando se aprobó la enmienda, y con respecto a la con-iradicción aparente entre los artículos 190 y 217 y 218 del mismo texto referente estos dos a que la obligación de dar alimentos será exigible cuando se necesitaren y que el obligado a prestarlos podría elegir entre pagarlos o mantener en su casa al que tiene derecho a ellos, se resolvió que siendo el 190 específico y el 218 general, debe seguirse el específico y excluirse el general por lo que el niño debía quedar en poder de la madre. También resolvió que si se aplicara el artículo 218 se privaría a la madre de atender a sus necesidades con los medios que otorga el hijo y no sería mantenida de acuerdo con el 190.-

Sostiene sin embargo el padre apelante que ese caso no es aplicable porque en él la madre había adquirido la patria potestad al nacer su hijo, conjuntamente con el padre y por eso tenía el derecho de guardarlos en su compañía, pero que en el presente caso la madre no tiene esa patria potestad mientras no ocurra un motivo de incapacidad en el padre y que el artículo 190 no puede tener el alcance de privar al padre de su patria potestad y de conferírsela a la madre cuando la legislatura de modo tan expreso la confiere a aquél.

Creemos que el padre tiene razón porque habiendo nacido su hijo mayor cuando la legislatura en el año 1907 había declarado expresamente que la patria potestad correspondía al padre y que sólo en ciertos casos de excepción correspondía a la madre, en segundo término, no había adquirido la madre ningún derecho de patria potestad como en el caso de Gispert y qué si bien continuó en el código el artículo 190 el derecho que concede es exigible en tanto en cuanto el padre no quiera ejercer su derecho preferente de patria potestad reconocídole por la enmienda de 1907 y que el caso de Vargas v. Gispert es distinto. Si específico es el artículo 190 más específica es la enmienda de 1907 y si el artículo 236 especifica los casos en que se pierde la patria potestad no comprendemos cómo se pueda privar de ella a quien exclusivamente se le dió, por una causa no determinada en la ley. Quizás el artículo 190 crea un derecho en la madre a ser mantenida pero ésta no es cuestión que tengamos que resolver ahora. Al padre le corresponde la patria potestad sobre ese hijo y no hay motivo para que se le prive de su ejercicio.

También se queja el padre de la sentencia en cuanto decía-ró que la madre tiene dereclio a percibir una pensión alimen-ticia en unión de su liijo en proporción a .la prueba habida con respecto a alimentos, porque en este caso no se planteó cuestión alguna sobre alimentos, ni se presentó prueba sobre ellos.

La demandada se limitó en su contestación a la demanda a pedir que se desestimara y nada adujo en ella ni por contra demanda para que se declarase que tenía derecho a alimen-tos ni que se le concedieran. La prueba en verdad no se refirió a los bienes que tuviera el demandado sino por una pregunta, que fue excepcionada, y por la contestación a ella en la que aparecen escuetamente las entradas que tiene el demandante por rentas y ganancias de su trabajo. Nada hubo-respecto a las necesidades del hijo y la madre ni sobre loi, gastos que tiene el demandante.

Entendemos que esa cuestión no fué sometida al tribunal poiJ las alegaciones y que no habiéndose practicado la prue-ba que hemos mencionado con el consentimiento de la parte demandante careció el juez de jurisdicción para resolver esa cuestión.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada en cuanto niega al padre la custodia y patria potes-tad de su hijo Jaime nacido en 1908 y en cuanto declara dere-cho de alimentos a la demandada y que debe confirmarse en el otro extremo que reconoce la patria potestad del padre sobre su hija natural Rosa.

Revocada la sentencia apelada en'cuanto niega al padre la custodia y patria potestad de su hijo Jaime nacido en 1908 y en cuanto de-clara el derecho de alimentos de la deman-dada y confirma dicha sentencia en el otro extremo que reconoce la patria, potestad del padre sobre su hija Rosa. ■

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. HuteMson disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ,

N LA QUE ESTA CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON.

No se discute en el presente caso, como así lo afirma con razón la parte demandada en su alegato escrito ante esta Corte Suprema, a quién corresponde la patria potestad sobre los dos niños que son hijos naturales reconocidos por las partes litigantes, pues está fuera de duda que le corresponde al padre, y se trata solamente de las condiciones de su ejer-cicio, o sea de si no obstante corresponder la patria potestad sobre los referidos niños al demandante, tiene éste derecho a (pie le sean entregados por su madre, en cuyo poder se encuentran. Esa es la cuestión legal sometida a la decisión de esta corte.

La demanda jurada fué presentada a la Corte de Distrito de Ponce el 20 de mayo de 1915 por el padre contra la madre en reclamación de la entrega de los hijos naturales de los mis-mos nombrados Jaime y Posa, los cuales, según la alegación de la parte demandante, aceptada por la demandada, tenían en la fecha de la presentación de la demanda siete y dos años y medio de edad, respectivamente, habiendo nacido por tanto Jaime en 1908 y Rosa en 1912. Hay otra niña nombrada María Magdalena, de año y medio, que el demandante no reclama a pesar de haberla reconocido como a los otros dos.

Los referidos niños han vivido desde su nacimiento al calor y en compañía de su madre, atendiendo el padre a su manutención y sostenimiento. El demandante se ha unido en matrimonio legítimo con otra mujer y de esa unión .tiene una niña. La demandada es una mujer honrada y así la con-sidera el demandante.

El caso debe gobernarse por la ley que regía en las fechas del nacimiento de los niños Jaime y Rosa. Tanto en el año de 1908 en que nació Jaime como en el año de 1912 en que nació Rosa, regía el artículo 222 del Código Civil Revisado tal como quedó enmendado por la ley de 14 de marzo de 1907; pero criando nació Jaime regía también el artículo 19Ó de dicho código, cuyo artículo fué derogado por la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911, o sea cuando aún no había nacido Rosa.

El artículo 222 enmendado y el 190 a que hemos hecho referencia, dicen así:

“Art. 222. — La patria potestad sobre los hijos legítimos no eman-cipados corresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre.
“Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del padre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.
“Art. 190. — El padre del hijo ilegítimo deberá sostener a la madre, y al hijo hasta la edad de diez y ocho años, comprendiendo los gastos de la educación para una profesión u oficio, con arreglo a su posición. Si después de los diez y ocho años, el hijo no pudiese trabajar por imperfección física o mental, deberá el padre seguir •sosteniéndole. El sostenimiento consistirá en una pensión mensual ten metálico pagada anticipadamente.”

La expresada ley de 14 de marzo de 1907 al enmendar el artículo 222 del Código Civil Revisado en los términos trans-critos, dejando desde entonces de corresponder la patria po-testad al padre y a la madre conjuntamente según origina-riamente prevenía dicho artículo, ni expresa ni tácitamente derogó el artículo 190; y, por tanto, aunque en virtud de aque-lla ley el demandante Arbona tuviera patria potestad sobre su hijo Jaime en primer término, y a falta del mismo su ma-dre Margarita' Torres, estaba obligado a sostener a la madre y al hijo hasta la edad de 18 años mediante una pensión men-sual en metálico pagada anticipadamente. Tal derecho fné adquirido conjuntamente por la madre Margarita y el hijo' Jaime al amparo del precepto del artículo 190 del Código Civil desde el nacimiento de Jaime en el año de 1908.

Si ese artículo era compatible con el primitivo artículo 222 que reconocía la patria potestad conjuntamente al padre y a la madre, no encontramos razón alguna legal para que-deje de ser compatible con el mismo artículo 222 enmendado que reconoce la patria potestad en primer término al padre-y por ausencia, impedimento legal o muerte de éste a la ma-dre. No es la patria potestad de la madre, sino la del padre,, la que origina el derecho creado por el artículo 190. Su apli-cación no tiene el alcance de privar al padre de la patria po-testad confiriéndosela a la madre, y lejos de ello la afirmay ratifica en el padre como antes la afirmaba y ratificaba cuando la patria potestad era reconocida conjuntamente a! padre y a la madre. El artículo 190 regula el ejercicio- del derecho de patria potestad en el padre con relación a la pres-tación de alimentos a sus hijos ilegítimos pero no extingue ni suspende la patria potestad en el padre. Los artículos-235 y 236 del Código Civil se refieren a privación o suspen-sión del derecho de patria potestad, y no son aplicables, por-tante, al presente caso, el cual, con relación al niño Jaime,, debe gobernarse por la doctrina que esta corte estableció y aplicó en el caso de Vargas v. Gispert, 15 D. P. R. 141.

Ciertamente que la ley de 9 de marzo de 1911 derogó el' artículo 190 del Código Civil; pero ésa ley no puede tener-efecto retroactivo, según el artículo 3 del mismo código preceptivo de que las leyes no tendrán ese efecto sino dis-pusieren expresamente lo contrario, no pudiendo en caso al-guno el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. La ley-de 9 de marzo de 1911 no tiene cláusula de efecto retroactivo, y por otra parte la demandada Margarita Torres y su hijo Jaime habían adquirido al amparo del artículo 190 un dere-cho de que no podían ser privados.

La sentencia apelada en cuanto afecta al niño Jaime está-, ajustada a derecho.

Por lo que toca a la- niña Rosa, • cuando ésta nació en el: año de 1912 había sido ya derogado por la ley de 9 de marzo-de 1911 el artículo 190 del Código Civil que hemos estimado-aplicable al niño Jaime; pero como en virtud de dicha ley el artículo 190 fue sustituido por el 134 del Código Civil Español, según el cual el hijo natural tiene derecho a llevar el apellido del .que lo reconoce, a recibir alimentos del mismo y a percibir la porción hereditaria correspondiente, sin que exprese la forma en que el hijo debe recibir los alimentos,, opinamos que a la corte incumbe en uso de sus facultades discrecionales, precisar y determinar si en un caso como el presente la niña debe ser entregada al padre para que éste cumpla los deberes que le impone la patria potestad, o si para el mismo fin debe dejarse en poder de' la madre.

Debemos tener en cuenta que el artículo 223 del Código-Civil al fijar los efectos de la patria potestad respecto a las-personas de los hijos, parece referirse a un estado normal en que el hombre y la mujer vivan bajo un mismo techo con sus hijos, sean éstos legítimos o naturales, en un hogar co-mún. Ese artículo dice así:

“Art. 223. — El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no-emancipados :
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio-de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
“2. La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.”

Por la ley de 14 de marzo de 1907 se enmendó el artículo-222 primitivo del Código Civil reformado, restableciendo el artículo 154 del Código Civil Español que reconocía la patria potestad al padre y en su defecto a la madre, pero el artículo-223 quedó en vigor en los mismos términos que estaba redac-tado, reconociendo derechos al padre y a la madre respecto de sus hijos no emancipados, sin consignar la limitación de-que la madre había de tener esos derechos en defecto del’ padre, como ordenaba el artículo 155 del Código Civil Espa-ñol, concordante del 223 ya transcrito del- revisado.

Perturbada o disuelta la vida común del matrimonio por-demanda o sentencia de divorcio, establece el Código Civil revisado en su artículo 166, que si hubiese hijos del matrimo-nio cuyo cuidado provisional pidieran' ambos cónyuges, sean puestos bajo el cuidado de la mujer mientras el juicio se sus-tancie y decida, a menos que concurran razones poderosas .a juicio de la. corte de distrito para privar a la mujer del •cuidado de sus Rijos en todo o en parte; y para el caso de liaberse decidido la demanda de divorcio ordena el artículo 175 que los menores sean puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte que lo hubiese obtenido, teniendo dere-■cho el otro cónyuge a continuar las relaciones de familia con :SUS hijos.

Para el caso de relaciones ilícitas terminadas de hombre y mujer con hijos naturales procreados durante esas relaciones, expresamente nada provee la legislatura y nos parece contraria a la razón natural y a la equidad la teoría •de negar a la madre natural toda clase de derechos mientras viva el padre que ha reconocido la prole en aquélla habida, y otorgar al padre natural que sin razón alguna abandona •■a la mujer en quien ha procreado hijos, privilegios que no tiene el hombre que engendra hijos dentro del matrimonio ;y abandona a su legítima esposa. Semejante teoría condu-ciría al absurdo de reconocer a un padre más desnaturali-zado que natural, el derecho de arrancar a un hijo recono-cido de los brazos de su madre, en los primeros días de su •existencia en que necesita ser lactado.

Ni la preferencia del padre sobre la madre para el ejer-cicio de la patria potestad establecida por el artículo 222 •del Código Civil Revisado, enmendado por la ley de 14 de marzo de 1907, abona por si sola la pretensión del deman-dante sobre entrega de su hija Rosa. Comentando Scaevola el artículo 154 del Código Civil Español, similar al 222 del nuestro, se expresa en los siguientes términos:

‘ ‘ El Código Español, de acuerdo con la mayoría de los extranjeros, ■concede la preferencia al padre sobre la madre en el ejercicio de la patria potestad. La madre es, sin embargo, igual al padre en el “ejercicio de algunos derechos y en el cumplimiento de ciertos deberes inherentes, a la patria potestad. La alimentación de los hijos, el te-nerles en su compañía, la corrección y castigo en el hogar doméstico, la. percepción de los frutos, son comunes al padre y a la madre. La preferencia del padre se manifiesta en la representación legal de los hijos. Esto es lo que quiere decir la ley: que el padre asume por com-pleto la personalidad jurídica de las leyes, íntegra, sin compartirla con la madre. Esta facultad es la que la madre puede sólo ejercer en defecto del padre; es decir, por muerte, ausencia o alguno de los casos comprendidos en los artículos 169, 170 y 171.”

Y más adelante, comentando el mismo Scaevola el artículo 155 del Código Civil Español, concordante con el 223 del Revi-sado, añade:

“El artículo 155 del código, al enumerar los derechos y deberes de los padres respecto de la persona de sus hijos, les atribuye y señala respectivamente el padre, y en su defecto la madre. Pero, si bien se mira, se ve que no hay siempre tal primacía o preeminencia respecto de algunos de los efectos de la patria potestad. La obligación de ali-mentar a los hijos es de cargo de la sociedad de gananciales, según el número 5o. del artículo 1408. Los hijos han de estar en compañía de los dos padres, no en la de uno de éstos, porque los cónyuges, con-forme al artículo 55, están obligados a vivir juntos. De la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos no cabe duda que puede usar también la madre. Goza, sí, de preeminencia el padre en lo que afecta a la representación legal de los hijos, a la corrección es-tablecida en el artículo 156 y en la administración de los bienes, es decir, en lo que no atañe a la enseñanza de la familia. ’ ’

. No es posible sentar como principio absoluto e inflexible que el hijo natural Raya de vivir con el padre que lo Ra reco-nocido y ejerce sobre él el derecRo de patria potestad. Las condiciones del ejercicio de ese derecRo deben regularse por las cortes, según las circunstancias especiales de cada caso, sin olvidar nunca que la patria potestad según nuestro dere-cRo actual no es un beneficio para el padre o para la madre sino para el niño que de ella necesita.

La niña Rosa al ser reclamada su entrega por el deman-dante, contaba solamente dos años y medio de edad y nece-■sita aún, como es natural en tan tierna edad, los cuidados amorosos y solícitos desvelos de la madre que le dió el ser. Esa niña lia vivido siempre con su madre, a quien natural-mente ña de profesar más cariño que al padre. La mora-lidad actual de la madre es reconocida por el padre. El ma-trimonio legítimo del padre en el que ya ña procreado una niña ña de traer dificultades de orden moral para el soste-nimiento de las relaciones de la' madre con la Rija. Habida consideración a esas circunstancias especiales, se está en el caso de negar al demandante el derecño de separar la niña de la madre, bajo cuya compañía y amparo debe continuar, sin perjuicio de modificar esa resolución- cuando motivos ra-zonables así lo aconsejen. Con ello no se priva al padre bajo ningún concepto de condición alguna esencial al derecño de patria potestad.

Procede confirmar la sentencia apelada en cuanto al niño Jaime y revocarla en cuanto a la niña Rosa, quedando deses-timada la demanda en todas sus partes.