author: El Juez Asociado Sr. MacLeart, DE LOS SEÑORES JUECES PRESIDENTE HER-NÁNDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

text:
    Busó et al. v. Martínez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iiumacao.
    No. 810.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Acciones Ex-Delictu — Exceso de Cabida de una Finca Vendida — Daños y Perjuicios. — Cuando se vende una finca de 15 cuerdas bajo eolindancias y por precio alzado, y el comprador, al tomar posesión de la finca se encuentra con que tiene 125 cuerdas e instruye un expediente de dominio para ins-cribir dicho exceso a su favor, la acción derivada de tales actos es una acción ex-delictu, pues dichos actos del comprador no constituyen una infracción del contrato de venta, sino que son actos independientes que nada tienen que ver con el contrato de venta.
    Id. — Obligaciones Nacidas de Culpa o Negligencia. — Examinada la demanda presentada en el caso de autos a la luz de los principios aplicables al caso, es indudable que los perjuicios reclamados en la misma se derivan de la culpa o negligencia previsto en el artículo 1803 del Código Civil.
    Id. — Prescripción, Culpa o Negligencia. — Siendo la acción ejercitada en el presente caso una derivada de culpa o negligencia, su prescripción debe de regirse por el artículo 1869 del Código Civil que determina el período de un año para el ejercicio de la misma.
    Id. — Falta de Causa de Acción. — Se resolvió en el caso de autos que en el su-puesto de que el demandado no sea dueño del exceso de la finca que compró y que es base de este pleito, la demanda presentada en este caso no aduce causa de aeeión, porque la acción ejercitada no es la reivindicatoría, y el tribunal sentenciador en una acción de daños y perjuicios como la que se ejer-cita en este caso, no' puede hacer declaraciones de propiedad ni resolver cues-tiones de rentas, productos o frutos que son consecuencia del dominio.
    Id. — Prescripción—Cuando Empieza a Correr el Término. — Se resolvió en el caso de autos que la prescripción de la acción no comenzó a correr desde la aprobación del expediente de. dominio, sino desde la fecha en que se otorgó la escritura de venta de la finca en litigio, o al menos desde que el demandado tomó posesión de la misma, resultando por tanto que la acción ejercitada está prescrita.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Hugh B. Francis.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. MacLeart,

emitió la opinión del tribunal.

. La vista de esta apelación se señaló en este tribunal para el martes, día 8 de octubre de 1912, en cuyo día tuvo lugar. Ambas partes estuvieron representadas por sus respectivos abogados, y el caso fué argumentado y sometido a la con-sideración del tribunal. Como los hechos son algo parecidos a los del caso anterior, número 809, Busó et al. v. Busó et al., originado entre las mismas partes, se ha aplazado la resolu-ción de este caso mientras se resuelve el anterior.

La corte inferior dictó, sentencia fundada en una excepción previa que fné declarada con lugar y que se interpuso por el fundamento de que la acción está prescrita. Alegan los apelante que la acción no está prescrita porque la demanda se fundó en un contrato y no en culpa o negligencia. El apelado opina de otro modo. Los distintos artículos del Código Civil que son de aplicación al caso han sido citados por ambas partes (Código Civil, Título XVIII, Capítulo III).

Aparece, según los autos, que el demandante presentó su demanda el día 18 de febrero de 1911, la que fue excepcionada en 5 de abril del mismo año, por el fundamento de que no se alegaban en dicha demanda hechos suficientes para consti-tuir una causa de acción, apareciendo de su faz que la causa de acción había prescrito de acuerdo con el artículo 1869 del Código Civil, que fija el término de un año para la prescrip-ción. Se alega en la demanda que'en 19 de abril de 1902, Francisco Busó Cabrera, padre de los demandantes, vendió al demandado una finca compuesta de quince cuerdas de terreno perteneciente a los bienes gananciales de la difunta madre y al padre de los demandantes; pero que la parcela traspasada era en realidad de mucho mayor cabida, debido a un error que se cometió al fijar las colindancias; y que el demandado Martínez, después de entrar en posesión procedió a tramitar un expediente de dominio de la parcela mayor, perjudicando de este modo a los demandantes, privándoles de sus derechos y cobrando las rentas de las mismas.

La fecha en que se aprobó el expediente parece haber sido en 19 de abril de 1904, o sea precisamente dos años des-pués de la venta, habiendo fallecido en el ínterin la madre de los demandantes sin que ni los demandantes ni el padre de los mismos, Francisco Busó Cabrera, según se ha demos-trado, hubiera ejecutado acto alguno en contra del demandado y sin. que hubieran vuelto los mismos a reclamar de nnevo la snpnesta diferencia en la cabida de las dos parcelas de terreno basta la fecha en qne se presentó la demanda, 18 de febrero de 1911. Y resulta, además, que puesto que nada se alega en la demanda con relación a este particular, la corte, sobre las excepciones, resolvió que la acción establecida había pres-crito, y desestimó la demanda, con las costas a favor del demandado.

Contra esta sentencia, que fue dictada el día primero de noviembre de 1911, se interpuso apelación para ante este tribunal, habiéndose presentado una transcripción de los autos el día 17 de febrero último. Puesto que ambas partes han presentado alegatos y comparecieron durante la vista e hi-cieron informes orales en este caso, se verá, mediante un examen que se haga de los mismos, así como de los hechos que han sido alegados y la ley aplicable a los mismos, cuál de las partes está en lo cierto.

La diferencia que existe entre las acciones fundadas en contratos y aquellas que surgen de la culpa {tort) ha sido-bien definida e interpretada. Un perjuicio {tort) consiste en la violación de un derecho que se concede o en la omisión de un deber impuesto por la ley. El incumplimiento de un con-trato consiste en hacer caso omiso de un derecho que se ha concedido o de una obligación en que se incurre mediante un convenio celebrado entre las partes. (38 Cyc., 426, y casos citados en la nota 29.)

En el presente caso, según se alega en la demanda, el demandado compró al padre de los demandantes quinee cuer-das de terreno pertenecientes a los bienes gananciales, pero, en vez de estar satisfecho con esa cantidad, tomó posesión de ciento veinticinco cuerdas y- procedió a establecer un título de dominio sobre la finca.de mayor cabida. Esto no constituyó una violación del contrato de venta o de la escri-tura de traspaso, sino un acto realizado completamente in-dependiente del mismo. Alegan los apelantes que el apelado prescindió del contrato tácito con ellos o su padre, para re-clamar solamente quince cnerdas, al tomar posesión de la finca de mayor cabida. En cnanto a este particular, conviene expresar que existe un contrato tácito entre todos los habi-tantes de una sociedad civilizada para reclamar únicamente aquella propiedad que justamente les pertenece, y esto era obligatorio para el demandado, aun cuando jamás hubiera existido la venta de quince cuerdas o de cualquiera cantidad de terreno. Por tanto, el derecho infringido no surge de los convenios de las partes, ni la obligación que el demandado tenía con el demandante dependía de ningún convenio hecho por ellos o a favor de los mismos. El derecho u obligación envuelto en este caso se originó independientemente del con-sentimiento de las partes a dicho contrato y no por el hecho de tal consentimiento o de conformidad con el mismo; por tanto, la acción adecuada que surge del mismo es uno que proviene de la culpa (tort) y no de un contrato. En el caso de que se hubiere omitido en la demanda hacer referencia alguna a la escritura por virtud de la cual se vendieron las quince cuerdas, el fundamento de la obligación, si alguna hubiera, quedaría intacto, y esa es la manera correcta de probar la diferencia que existe entre las dos clases de casos. (Whittaker v. Collins, 34 Minn., 299; 25 N. W. Rep., 632; 57 Am. Rep., 55; 38 Cyc., 426 y 427, y casos allí citados.)

Se ve claramente de un examen que se haga de la demanda que según los principios de ley aplicables a la misma, los daños y perjuicios reclamados se originaron por la culpa (tort) a que se refiere el artículo 1803 del Código Civil. Como se alega que el demandado ha causado con sus actos daño a los demandantes, por lo que aparece ser culpable del mismo, está obligado dicho demandado con arreglo a dicho esta-tuto a reparar el daño así causado, mediante el pago de una suma de dinero como compensación de dicho daño. Circuns-cribiendo los hechos alegados a esta última consideración que hemos hecho, la cuestión queda reducida a si el deman-dado es o nó el dueño de la finca reclamada de ciento veinti-cinco cuerdas de terreno. Si lo es, no puede sostenerse una acción para al pago de las rentas, y si no lo es, no se origina ninguna acción a favor de los demandantes por no haber establecido éstos una acción reivindicatoría; y no pnede la corte en este caso, qne es nno por daños y perjuicios solamente, bacer pronunciamiento alguno con referencia a la propiedad, ni puede resolver la cuestión referentes a las costas y ganancias, o frutos y productos propiamente considerados qne surgen como consecuencia del título del terreno. Pero la presente acción, según la. relación de hechos contenidas en la demanda, es puramente una que se funda en la culpa (tort) y no en un contrato qne surge ex delictu y no ex contractu; y por consiguiente está comprendida, en lo que se refiere a la prescripción, en las disposiciones contenidas en el artículo 1869 del Código Civil, que limita a un año el término de prescripción para esas acciones. Esto resulta claro, puesto que los dieciséis mil dollars reclamados por los demandantes por daños y perjuicios sufridos es una com-pensación por la detentación de la propiedad, o sea debido al acto ilegal que se dice fué ejecutado por el demandado en violación de sus derechos.

Pero no puede alegarse que la fecha en que empezó a correr la prescripción en este caso fué aquella en que se aprobó el expediente de dominio, puesto que los derechos de los demandantes, cualesquiera que éstos sean, no comenzaron a existir a partir de esa fecha, sino desde la muerte de la madre, de quién alegan que heredaron la propiedad. El expediente de dominio que trata de establecer el demandado no tiene relación alguna con esta causa. Si había alguna detentación por parte del demandado de la finca de los deman-dantes, por la posesión ilegal 'de la misma, ese acto ilegal empezó el mismo día en que la escritura de venta fué entre-gada al demandado, o sea en 19 de abril de 1902, según se alega en la demanda, o por lo menos, el día en que el demandado tomó posesión de la finca, lo que ocurrió durante la vida de la madre de los demandantes, que era entonces mayor de edad y contra quien empezó a correr la prescripción. Por tanto, no solamente nn año, sino más de diez habían trans-currido desde la fecha en qne empezó a correr la prescrip-ción, antes de qne esta acción fnera establecida, la qne evi-dentemente había prescrito con arreglo al estatuto aplicable a la misma.

Por tanto, debemos confirmar la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao, que desestima la demanda, por haber prescrito la acción de acuerdo con el artículo 1869 del Código Civil. Así, pues, no es necesario tomar en con-sideración el hecho relativo a si las alegaciones de los deman-dantes son o nó suficientes en cuanto a los demás particulares para constituir una causa de acción.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Aldrey firmaron estar conformes con la sentencia por las razones emitidas en sn opinión concurrente.

OPINIÓN CONCURRENTE

DE LOS SEÑORES JUECES PRESIDENTE HER-NÁNDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

El demandante Francisco Buso Pérez, por sí y represen-tando a varios hermanos menores de edad, presentó demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra Gil Martínez Aeha-landavazo en reclamación de daños y perjuicios que fundó, en que habiendo comprado su padre Francisco Buso Cabrera una finca a Francisco Buso Bastér compuesta de dos par-celas, una de ellas de quince cuerdas, luego vendió ésta en 19 de abril de 1902 al otro demandado, habiendo resultado luego que en vez de comprender quince cuerdas como expre-saban los- títulos, contenía ciento veinticinco, por cuya dife-rencia de ciento diez, el demandado Martínez Achalandavazo instruyó un expediente de dominio que inscribió en el registro de la propiedad, siendo la cantidad reclamada como indem-nización correspondiente al perjuicio sufrido por los deman-dantes por el exceso de las quince cuerdas que se lia apropiado el demandado Martínez Achalandavazo.

Habiendo opuesto éste excepción a la demanda, fundada en que no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción y, además, en que la acción que se ejercita está pres-crita, el juez de la corte inferior .dictó sentencia en Io. de noviembre de 1911 en la que por el último fundamento sostuvo la excepción y declaró sin lugar la demanda, contra cuyo fallo interpusieron los demandantes el presente recurso de apelación.

Según aparece de la demanda, Francisco Busó Cabrera, padre de los demandantes, compró en 1893 a su padre Francisco Busó Baster la finca “Las Puentes” compuesta de dos parcelas, describiendo por colindancias la de quince cuerdas a que se refiere este litigio, lo mismo que la otra parcela, objeto del contrato, colindancias que discrepaban en algo con las que constaban en el registro de la propiedad, no la men-suró ni se enteró de si su cabida era exacta en más o menos, pues siguió administrándola el Señor Busó Baster y cuando, en el año 1902, Busó Cabrera segregó la parcela de quince cuerdas y la vendió al demandado Martínez Achalandavazo, lo hizo por el precio alzado de 2,600 pesos y con el mismo error de colindancias con que había comprado.

Ya hemos dicho en 18 de noviembre último, resolviendo otro caso en que los propios demandantes pedían la nulidad de la expresada venta a Martínez Achalandavazo, Busó et al. v. Busó et al., entre otras razones por el error en la cabida de la finca, que, de acuerdo con el artículo 1374 del Código Civil vigente, concordante con el 1471 del antiguo, cuando la venta de un inmueble se hace por precio alzado, como ha ocu-rrido en el presente caso, y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tiene el vendedor derecho al aumento que luego resulte en la finca.

Por consiguiente, habiendo vendido el padre de los de-mandantes por un precio alzado, no tienen éstos derecho al exceso que luego resulte en la cabida, porque la ley la da al comprador y por ello no tiene acción por perjuicios por tal exceso; siendo esto así, se liace ocioso disentir la excepción de prescripción alegada.

En vista de esto, la demanda no aduce lieclios determi-nantes de una acción, por cuyo motivo tal excepción del deman-dado debe ser sostenida y desestimada la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. "Wolf,

license: Public Domain

text:
    Rivero et al. v. Hernández et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 848.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Expediente de Dominio — Acción de Nulidad — Citación de los Dueños Ante-riores — Palta de Publicación de Edictos. — La citación de los anteriores dueños o eausahabientes, y la publicación de edictos en debida forma, son requisitos indispensables para la validez de un expediente de dominio. La falsedad de las alegaciones de una solicitud promoviendo un expediente de dominio, es bastante para anular dicho expediente.
    Id. — Anteriores Dueños o Causahabientes Menores de Edad — Citación Personal — Fiscal.—En todo expediente de dominio en que los anteriores dueños o eausahabientes son conocidos y están dentro de la jurisdicción, es indispensable citarlos personalmente, aun cuando sean menores de edad y no ten-gan tutor nombrado, sin que pueda ser suplida esta omisión con la citación y comparecencia del Fiscal, ni con la publicación de edictos.
    Id. — Acción de Nulidad — Partes Necesarias. — Los demandado's son las únicas partes necesarias en este pleito, porque son los que promovieron el expediente de dominio y obtuvieron a su favor la resolución declarando el dominio.
    Id. — Requerimiento Previo a los Demandados. — En una acción para anular un expediente de dominio no- es necesario que el demandante haga un requeri-miento previo al demandado, bastando para iniciar la acción el que se radique la demanda y se haga el emplazamiento.
    Id. — PrssCipción Adquisitiva del Dominio — Buena Fe — Acción de Nulidad.— La buena fe es requisito indispensable para adquirir el dominio por el tér-mino ordinario de prescripción. Es dudoso si los demandados no habiendo fundado el expediente de dominio en litigio en la prescripción adquisitiva del dominio, pueden ahora alegar dicha prescripción en esta acción.
    Gostas — Discreción del Tribunal Sentenciador. — Aun cuando en la demanda no se haga petición alguna sobre costas, el tribunal sentenciador tiene la facultad discrecional de imponerlas, y generalmente las costas son conse-cuencia de la sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Mor asa.

      Abogado de los apelados: Sr. Francisco Ramírez de Are-llamo.

   El Juez Asociado Se. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El único objeto de este pleito qne fné entablado por María del Rivero Hernández y Benito del Rivero Hernández era el qne se decretara la nulidad y cancelación de nn expediente o título de dominio tramitado por los demandados Mariano y Gregorio Hernández. Los demandantes alegaron qne eran los únicos y universales herederos de su madre, alegando ade-más qne sn referida madre era la heredera de la abuela y bisabuela de los demandantes. No existe controversia alguna con respecto a la identidad de la finca. La corte inferior dictó sentencia a favor de los demandantes.

Los demandados y apelantes admitieron en sus alega-ciones, así como en el acto del juicio, qne a no haber sido por cierta eventualidad los demandantes hubieran tenido derecho a ser dueños por herencia y poseer las cuarenta y cinco cuer-das de las doscientas con respecto a las cuales tramitaron los demandados un título de dominio, pero alegaron que la persona de quien los demandantes hubieran derivado su título, o sea Saturnina Hernández, madre de los demandantes, en unión de su esposo Justo del Rivero Larregui, vendieron dichas cua-renta y cinco cuerdas a Don Ramón Hernández con el fin de que este último pagara varias deudas que tenía Justo del Rivero Larregui.

Ramón Hernández era el padre de los demandados y abuelo de los demandantes. Los demandados alegaron que se había perdido el documento o escritura por virtud del cual se verificó este traspaso y presentaron testigos en el juicio para probar su contenido. Estos testigos declararon qne se había verificado un traspaso en la fecha de la celebración de cierto bautismo y no en el mismo bautismo, pero los demandantes presentaron un documento escrito que fué otorgado hacia la fecha de dicho bautismo, con el cual trataron de negar y pro-bar que era errónea la teoría sustentada por los demandados acerca del caso.

Este documento lleva fecha de octubre Io. de 1885, y hace referencia a tres de las personas que se supone que tomaron parte en el traspaso que se hizo a Ramón Hernández, y aunque dicho documento es algo confuso y menciona ciertas deudas, de Justo del Rivero Hernández que habían de ser satisfechas, no podía considerarse de modo alguno como si fuera una escritura de compraventa, por no haber sido firmado por Saturnina Hernández, no mencionándose tampoco en el mismo la finca que a ella pertenecía, o sean las cuarenta y cinco cuerdas que obtuvo de su madre y abuela. Hubo un conflicto en la prueba y la corte dictó sentencia a favor de los deman-dantes, sin que exista razón alguna por la que pudiéramos revocar esa conclusión.

Además, los demandantes son a la vez nietos de Ramón Hernández y la finca en cuestión pertenecería a su sucesión, de la que forman parte conjuntamente los demandantes con los demandados y otros. Convenimos con la corte inferior en su razonamiento que aquí expresamos de modo más breve y también estamos de acuerdo con dicha corte al expresar que debe ser cancelado el título de dominio por los defectos que contiene, teniendo los demandantes como tales dueños derecho a establecer la acción de nulidad. La corte también declaró probado que en el término de tres meses los mismos deman-dados habían presentado dos solicitudes para establecer un título de dominio, en las cuales el origin del título era com-pletamente distinto, sin que de modo alguno se tratara de expresar en la segunda • solicitud en qué consistía esta dis-crepancia.

La segunda solicitud fué la que se concedió y la corte de-claró que el título de dominio era nulo, debido principalmente a la falsedad de algunas de las alegaciones, y también por no haber sido citados los anteriores dueños o causahabientes. Entre estos causahabientes se encontraban los demandantes así como también los herederos de Carmen Hernández, her-mana de los demandados. Otro motivo de nulidad consistió en haber dejado los demandados de publicar los edictos en debida forma.

A pesar de esta discrepancia en las dos solicitudes y de la diferencia qne existía en la declaración qne los demandados prestaron en el juicio, a la cnal hace referencia la corte, sin embargo, es probable qne se baya considerado qne los deman-dados obraban de bnena fe, si bien no estaban completamente seguros de sns alegaciones; pero en vista de todas las cir-ennstancias de este caso, la corte-qne oyó a los testigos hu-biera podido cancelar el título en favor de los verdaderos due-ños, por el sólo fundamento de las alegaciones falsas con-tenidas en la solicitud.

Sin embargo, la omisión de no hacerse la citación perso-nalmente fué otro error importante. Los apelantes trataron de justificar su falta de no haber citado personalmente a su sobrino y sobrina, o sea a los demandantes en este pleito, ale-gando que eran menores en esa fecha, que no tenían tutor o curador alguno y, además, porque el Fiscal tuvo intervención en los procedimientos.

El hecho de que ciertas personas con derecho a establecer reclamaciones sobre la propiedad'sean menores, no justifica la falta de que se haga la citación, personalmente o se tome alguna otra medida con el fin de que dichos menores compa-rezcan ante la corte. Estos menores eran bien conocidos de los demandados y antes de que dichos demandados pudieran seguir con su solicitud era necesario que se hiciera personal-mente el servicio de la citación o se nombrara un tutor. No es necesario que resolvamos cuál era el método adecuado puesto que los demandantes no eligieron ninguno. En una solicitud para establecer un título de dominio en que los anteriores dueños son. conocidos y están dentro de la jurisdicción, es indispensable que se haga la citación personalmente o en otra forma adecuada. La publicación de edictos no es adecuada, ni tampoco suplió aquel defecto la citación y comparecencia del Fiscal. El no fué notificado de que dichos menores exis-tieran. Ni vemos ninguna justificación con respecto a la omi-sión en citar a los herederos de Carmen Hernández.

Probablemente fué cierto que ella había traspasado sus participaciones en la finca a los demandados, pero uno dé los fines de la ley es dar a ella o a sus herederos una oportunidad para negar ese hecho. Creemos que la ley en cuanto a este particular debe observarse estrictamente, pues con la citación de los anteriores dueños aunque los mismos no tengan recla-mación, se da cierta publicidad a los procedimientos, siendo éste uno de los fines que la ley se propone conservar. Resulta claro en el presente caso que por la citación de cualquiera de sus parientes más cercanos como lo eran los hijos de Carmen, la solicitud presentada por los demandados pudo haber lle-gado a conocimiento de los demandantes.

Los apelantes alegan que se han cometido errores porque Carmen Hernández y otros no fueron partes en el pleito. No creemos que ella ni ningún otro miembro de la sucesión fuera parte necesaria. Los demandantes encontraron que el título de dominio era un impedimento para el ejercicio de los de-rechos que ellos deseaban establecer. Las únicas personas que tenían interés en que continuara dicho impedimento, o sea el título de dominio, eran los demandados.

La omisión de hacer una reclamación previa a los deman-dados fué igualmente señalado como error. Con arreglo a nuestro actual código de procedimiento, dudamos si en la mayor parte de las acciones es necesario que se haga recla-mación previa alguna a no ser que así lo exija de modo especí-fico el Código Civil, siendo suficiente reclamación el estable-cimiento de la acción, pero es innecesario que se resuelva ese punto en términos generales. Los demandantes en esta ac-ción no tratan de reivindicar la propiedad. Solicitan de la corte que anule la acción tomada anteriormente y para con-seguir esto no había necesidad de ninguna otra reclamación sino hacer el emplazamiento a los demandados.

Los demandados también alegan que ellos probaron tener un derecho de prescripción en la propiedad por el transcurso de seis años o más. Creemos que considerando estos parien-tes cercanos así como también las. distintas e incompatibles solicitudes presentadas por los demandados, la forma en que poseían y finalmente la manera como obtuvieron el título de dominio, que la corte estuvo justificada en no encontrar por parte de los mismos el elemento de buena fe, sin el cual el título ordinario o adquisitivo de prescripción no puede sur-gir. Además-dudamos si puede alegarse la prescripción or-dinaria contra esta acción, principalmente por no haberse fun-dado en ese motivo la solicitud para el título de dominio.

Los apelantes también alegaron que se cometió error por-que la corte no concedió la petición que los mismos hicieron y que se fundaba en los procedimientos seguidos en otra ac-ción entre las mismas partes y por la misma causa de acción. Sin embargo, la única acción pendiente a que se hace refe-rencia en la contestación es una sobre cancelación de una carta de pago de fecha 5 de septiembre de 1884. No había ninguna otra acción pendiente para la cancelación del título de dominio.

Los apelantes alegan que se ha cometido error o abuso de discreción ál imponerse las costas, puesto que en la de-manda no se hace petición alguna con respecto a las mismas. La corte, sin embargo, tiene discreción sobre la materia, y las costas generalmente siguen a la sentencia. No encontra-mos que se haya cometido error alguno, y la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

text:
    El Pueblo v. Lugo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    Moción del Fiscal desistiendo de la apelación.
    No. 490.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Desistida la apelación a instancia del Fiscal.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
    Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey; juez disidente: Sr. Mac-Leary.
   VOTO PARTICULAR

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

En esta causa el Fiscal ba presentado un documento como representante del Pueblo de Puerto Rico, que es el apelante, en el que expresa que desiste de la apelación interpuesta contra la resolución u orden de sobreseimiento o absolución perentoria que fué dictada por la Corte de Distrito el día 20 de agosto último en la referida causa.

Si el Fiscal tiene facultad para hacer este desistimiento no tiene entonces la corte necesidad de dictar ninguna reso-lución en este caso, por cuyo motivo la resolución que dictó este Tribunal en 20 del corriente con la que no he estado conforme, es un papel de desperdicio y la corte ha hecho una cosa inútil.

Yo sostengo que en ningún caso tiene el Fiscal de esta corte el derecho a hacer un desistimiento en la forma en que lo ha hecho, sino que debe presentar una moción a la corte en forma adecuada solicitando el desistimiento de la apelación; y entonces la corte, si se mostrare una buena razón para ello, deberá dictar una orden de desistimiento; de lo contrario deberá negarse la moción. Al hacer la moción de desistimiento el Fiscal debe alegar alguna buena razón en la cual se funde. Deberá demostrar a la corte que la apelación fué interpuesta impremeditadamente o qxie no hay probabilidad alguna de que pueda revocarse la sentencia u orden apelada, o que la sentencia dictada por la corte inferior fué justa y correcta, no obstante contener alguna informalidad o defecto, o alegará alguna otra buena razón sobre la que pueda actuar de modo inteligente este tribunal al conceder su moción.

Se siguió esta -causa contra el acusado por el delito de burto de un caballo. La corte sentenciadora ordenó al jurado que absolviera al acusado, porque, según se dijo, no existía prueba alguna contra dicho • acusado excepto el hecho de encontrar el mismo en posesión del caballo robado y de haberlo vendido. La corte inferior cita en su opinión casos de California en apoyo de su resolución.

Es cierto que dicha posesión, es solamente una circuns-tancia que tiende a probar la culpabilidad del acusado y puede suceder qué el hecho de la posesión no sea bastante para que el jurado esté justificado en dictar un veredicto de cul-pabilidad. Pero éste es un hecho que debe someterse a la consideración del jurado, y si se .le considera en relación con otros hechos y circunstancias que aparecen de la prueba, podría dar lugar a que el jurado encontrara culpable al acusado según la acusación. Los autos contienen algunos otros hechos como el que se refiere a que la posesión del objeto robado ocurrió prontamente después del robo y la venta del caballo a que se ha referido la corte, habiéndose dicho que él vendió el caballo en $40, parte al contado y parte a crédito. El hecho relativo a que la suma de $40 fuera un precio equitativo no aparece de los-autos. Si fué demasiado pequeño, esa sería una circunstancia que habría que consi-derarla en contra del acusado. Aparece, además, que el acu-sado trajo el caballo sin la silla, a la casa de uno de los testigos por la noche, habiéndole pedido prestada una silla al testigo al siguiente día, y salió con el caballo para la casa de. un vecino a quien se lo vendió, dejándole la silla. Se ha demostrado, además, que el acusado era vecino del dueño del caballo y se desapareció del vecindario en donde ambos vivían hacia la época en qne se echó de menos el caballo, no vol-viéndose a ver luego por allí, y qne el caballo fné vendido en otro barrio a aqnel en qne el dneño vivía; y, además, qne ni el acusado ni ninguna otra persona trató de explicar el motivo por el cnal se encontraba en posesión del animal, lo qne según se ha dicho ocurrió poco tiempo después del robo. Todas estas consideraciones debieron haberse sometido al jurado mediante las debidas instrucciones, para qne pudiera emitir su veredicto.

Es muy probable que si este tribunal hubiera podido tomar en consideración todo este caso, hubiera revocado la sentencia que dictó la corte inferior y ordenado que se celebrara un nuevo juicio. De todos modos existe duda suficiente en cuanto a la cuestión para que estuviera justificada la corte en deses-timar la moción de desistimiento.

Tomando en consideración todas estas cosas y circuns-tancias, no creo que estuvo justificada esta corte al dictar su resolución sobre desistimiento de esta apelación.


text:
    El Pueblo v. Subirana, Hijo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    Moción del Fiscal desistiendo de la apelación.
    No. 491
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Desistida la apelación a instancia del Fiscal.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
    Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey; juez disidente: Sr. Mac-Leary.
   VOTO PARTICULAR

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

El escrito de desistimiento presentado por el Fiscal en esta causa es enteramente igual al del caso anterior y las mismas observaciones preliminares serán aplicables a este caso como al otro, no siendo necesario que indiquemos nueva-mente cuál es el método adecuado que debe seguir el Fiscal al hacer dicha moción y la corte al resolverlas.

En este caso se presentó una acusación en la que se im-putaba al acusado la comisión de un delito de seducción. La corte inferior instruyó al jurado, que emitiera un veredicto de absolución, porque, según se alegó, el Fiscal no había probado que la mujer perjudicada fuera soltera. Se citan casos de California en apoyo de esta instrucción. Pero el juez sentenciador admite qué no tomó en consideración el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Martínez, que se encuen-tra anotado en el tomo 13, D. P. R., 248, y que si se le hubiera hecho alguna referencia a dicho caso lo hubiera seguido y declarado que incumbía a la defensa probar que la mujer perjudicada era casada. Parece que era demasiado tarde cuando tuvo conocimiento de la sentencia dictada en dicho caso. Si el Fiscal de este tribunal hubiera leído estos autos cuidadosamente, evidentemente que no hubiera presen-tado ningún escrito de desistimiento en esta apelación, ni siquiera haber solicitado de la corte que lo tuviera como tal. El error es manifiesto y debe revocarse la sentencia y remitirse el caso para la celebración de un nuevo juicio, como clara-mente lo anticipa el juez sentenciador.

Permitir que se dicte por este tribunal una orden de desistimiento en este caso, es fomentar, o por lo menos, san-cionar una mala aplicación de la justicia.


text:
    El Pueblo v. Rodríguez.
    •.AjpelaoiÓN procedente de lá Corte de Distrito de Ponce.
    Moción del Fiscal desistiendo de la apelación.
    No. 494.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Desistida la apelación a instancia del Fiscal.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.

      Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey; Juez disidente: Sr. Mac-Leary.
   VOTO PARTICULAR

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

Al documento que en este caso se le llama moción de desis-timiento es substancialmente una copia del que aparece en los casos Nos. 490 y 491. El Fiscal dice que desiste de la apelación interpuesta contra la orden de la corte de distrito dictada en 16 de agosto, 1912, ordenando que se registre un veredicto perentorio de absolución a favor del acusado Jesús Rodríguez, que es el apelado ante este tribunal. Las mismas observaciones preliminares que se hicieron en los casos Nos. 490 y 491, con respecto al método adecuado de desestimar las apelaciones que se interponen en causas criminales, son apli-cables a este caso.

En el presente caso el delito imputado se denomina extor-sión. Es en realidad lo que se conoce por chantage, y con-sistió en dirigir una carta anónima al perjudicado exigiendo que le remitiera la suma de $10, amenazándole con pegarle fuego a su casa si no le enviaba la expresada suma de dinero.

Los principales testigos del Pueblo fueron la hermana y cuñado del acusado, quienes evidentemente perjuraron al prestar sus declaraciones en el juicio y debieron haber sido condenados a pagar una multa por desacato. La persona a quien la carta iba dirigida había fallecido con anterioridad a la celebración del juicio, quedando la prueba reducida por tanto a su grado mínimo, y todas las probabilidades se mos-traban en el sentido de que no era suficiente para que pudiera fundarse en la misma un veredicto de culpabilidad. Si el Fiscal en su moción hubiera hecho una relación expresando todas estas cosas o la parte substancial de las mismas, enton-ces se hubiera concedido su moción sobre desistimiento de la apelación, si alguna hizo. Pero la corte inferior no debe orde-nar que se dicten veredictos absolutorios, excepto en aquellos casos que sean muy claros. La función del jurado es decidir sobre los hechos en las cansas criminales, los que deberán sometérsele a sn consideración mediante las debidas instruc-ciones de ley, debiendo dejársele qne emita su veredicto acerca de la veracidad o falsedad de la prueba que haya desfilado ‘ante el mismo. Aun cuando yo hubiera estado conforme con el desistimiento de esta apelación de haberse presentado a la corte una moción en debida forma con tal objeto, sin embargo, tal como aparece el referido documento presentado por el Fiscal, no puedo estar de acuerdo con la resolución dictada. •


text:
    El Pueblo v. Ramú.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    Moción del Fiscal desistiendo de la apelación.
    No. 500.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Desistida la apelación a instancia del Fiscal.
    Abogado de-El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
    Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey; juez disidente: Sr. Mac-Leary.
   VOTO PARTICULAR

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

El escrito de desistimiento presentado por el Fiscal en este caso es idéntico al de los casos Nos. 490, 491 y 494. En suma, uno parece copiado del otro, cambiándose solamente los nombres, fechas, etc., para ajustarlo al caso a que corresponde.

Todas las razones consignadas- en las observaciones preli-minares del caso No. 490 son aplicables, también, a este caso y son las que me hacen no estar conforme con mis compañeros en la consideración que hasta ahora se ha hecho de la cuestión.

Esta es una apelación interpuesta contra una orden que dictó la corte inferior en un procedimiento de habeas corpus, poniendo en libertad al prisionero. Eamú había sido acusado ante el juez municipal por incendiar su casa para cobrar el aseguro, y fué reducido a prisión por no haber prestado la fianza de $2,000 que le fné exigida.

El juez que conoció del habeas corpus (a quo), resolvió que no se probó de modo alguno que el fuego fuera obra de un incendiario, y por esta razón no consideró la intención criminal del prisionero, ni el exceso en la cuantía de la fianza que se fijó para su excarcelación provisional.

No be creído necesario examinar los becbos de modo riguroso según aparecen de los autos. >■ Las apelaciones que se interponen contra órdenes dictadas en procedimientos de habeas corpus por lo general no deben favorecerse, especial-mente cuando el peticionario' se encuentra en libertad. Si el acusado es culpable, puede prontamente ser encarcelado nuevamente si ba sido puesto en libertad mediante habeas corpus; y si es inocente, puede bacer una nueva solicitud si se le volviera a arrestar. Solamente en casos muy excepcio-nales es que debe interponerse apelación contra .la orden dictada en un caso de habeas corpus. Existen demasiado apelaciones de esta clase presentadas a este tribunal, y si en este caso el Fiscal hubiera hecho una moción en debida forma dirigida a la discreción de la corte como debió haberse hecho, entonces muy bien se hubiera podido acceder a su solicitud de desistimiento en esta apelación. Pero no habiéndose seguido este camino, y creyendo que la resolución dictada en este caso es un documento que no tiene valor, no estoy conforme con la misma. Por estas razones he disentido.


author: El Juez PbesideNte Se. Hebnández,

text:
    Hernández v. Ortiz et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 813.
    Resuelto en diciembre 21, 1912.
    Pago — Rescisión—Falsedad o simulación, Conspiración Fraudulenta — Prue-bas.. — El tribunal inferior al apreciar la qirueba presentada en este caso declaró que no se había probado la existencia de conspiración fraudulenta entre los demandados para perjudicar al demandante, ni que el pago hecho por uno de los demandados al otro codemandado fuera falso ni simulado. Se resolvió en apelación que no habiéndose demostrado ni alegado por la parte apelante que el tribunal inferior cometiera error en la apreciación de la prueba, ni que obrara influido por pasión, prejuicio ni parcialidad, no labia motivo al-guno para rechazar dicha apreciación.
    Id. — Documento Privado — Pecha del Mismo con Bespecto a Terceros.' — Un recibo de pago otorgado por medio de documento privado reconocido por las partes que en el intervinieron, tiene entre esas partes el mismo valor que una escritura públiea y produce efecto desde su feeha, según el artículo 1193 del Código Civil; pero respecto de tercero no sucede lo propio, sino que entonces ■ debe aplicarse el artículo 1195 del mismo Código.
    Gravámenes por Sentencias — Créditos Comunes — Bienes Inmuebles. — La ley de marzo 8, 1906, disponiendo la forma de establecer gravámenes por senten-cias sobre bienes inmuebles, como su-propio título lo indica, no establece gravá-menes sobre los créditos comunes, y por'tanto un acreedor por sentencia que ha inscrito ésta en el registro de sentencias, no puede alegar la existencia de un gravámen sobre un crédito común que tenia a su favor el deudor. Aun en el supuesto de que una persona pague un crédito a un deudor por sen- . teneia inscrita en el registro de sentencias a sabiendas de esa inscripción, si no tiene conocimiento del propósito fraudulento que con respecto al acreedor por sentencia pueda tener dicho deudor, el pago está bien hecho y extingue la obligación.
    Pago — Rescisión—Obligaciones no Vencidas. — El pago de una obligación no vencida, no es rescindible por los motivos consignados en el artículo 1259 del Código Civil revisado cuando no se demuestra que el que hizo el pago se encontraba en estado de insolvencia cuando satisfizo la obligación no, vencida.
    Costas — Apelación—Escrito de Apelación. — Cuando de la transcripción de autos no consta el escrito de apelación interponiendo el recurso contra la resolución de la corte inferior aprobando el memorandum de costas, este tribunal no tiene jurisdicción para resolver el recurso, aunque realmente haya sido interpuesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Juan Quintero.

    Ahogado de los apelados: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez PbesideNte Se. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn recurso de apelación interpuesto por el demandante Agustín Hernández Mena contra sentencia que en gradó de apelación dictó la Corte de Distrito de Maya-giiez en 29 de diciembre del año próximo pasado, mediante celebración de nuevo juicio en caso por Agustín Hernández Mena contra Manuel Ortiz Sáinz y Tomás Oramas, sobre res-cisión de pago de obligación hecho por el primero de éstos al segundo.

Alega el demandante en su demanda enmendada y jurada ante la Corte dé Distrito de Mayagüez en 7 de agosto de 1911 como determinantes de sn acción, los siguientes hechos:

Primero. Que con motivo de escritura de venta otorgada en 19 de enero de 1905 por Tomás Oramas a favor de Manuel Ortiz Sáinz, confesó éste adeudar al primero como resto de parte del precio de la venta 3,249 dollars que se obligó a pagarle a razón de 700 dollars en cada día 30 del mes de enero de los años 1907 al 1910 inclusive, y los 449 dollars restantes en enero del año 1911.

Segundo. Que en pleito seguido ante la Corte de Distrito de Mayagüez por Hernández Mena contra Oramas, el deman-dante obtuvo sentencia a su favor dictada en rebeldía del demandado el 15 de julio de 1907 por la suma de 916 dollars 60 centavos de principal, intereses y costas, cuya sentencia fué inscrita en. el libro l.° del registro de sentencias del Registro de la Propiedad de Mayagüez el 4 de enero de 1908.

Tercero. Que para la ejecución de dicha sentencia el már-shal de la corte embargó como de la propiedad de Oramas el crédito de 449 dollars que Ortiz Sáinz debía pagarle en enero de 1911 y anunciada la venta de dicho crédito en pública su-basta tuvo ésta lugar en 25 de noviembre de 1910, habiéndose adjudicado al Hernández Mena, a cuyo favor fué expedido certificado de venta.

Cuarto. Que no habiéndole pagado a su vencimiento Ortiz Sáinz el crédito de que se deja hecho mérito, interpuso de-manda para su cobro en febrero de 1911 contra el deudor Ortiz Sáinz, quien en su contestación jurada como materia nueva de oposición alegó, que en 22 de enero de 1910 satisfizo a su acreedor Oramas el total importe del crédito que le adeudaba, según recibo que en la misma fecha le expidió y firmó Oramas, obligándose a otorgarle escritura pública de pago tan pronto lo pidiera Ortiz. El recibo de que se trata se inserta íntegro en esta alegación.

Quinto. Que Ortiz Sáinz y Oramas antes y en la fecha del recibo de pago sabían por conocimiento propio que Agus-tín Hernández Mena era acreedor de Oramas y dichos deman-dados se pusieron de acuerdo para otorgar como otorgaron falsa y simuladamente tal recibo, con la idea de impedir que Hernández Mena cobrara su crédito, y con el propósito de perjudicarle y defraudarle en sus intereses.

Sexto. Que el pago referido fué becbo en estado de in-solvencia por cuenta de una obligación, a cuyo cumplimiento no podía ser competido el deudor al tiempo de hacerlo.

Séptimo. Que el demandante no puede cobrar de otro modo que mediante la rescisión del pago el crédito de que se trata, por haberse el deudor Oramas constituido en insol-vencia voluntaria y carecer de todo otro recurso legal para reparar el perjuicio sufrido.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando rescindido el pago de los 449 dollars a que se refiere el recibo expedido por Oramas a favor de Ortiz Sáinz en 22 de enero de 1910, .transcrito en la demanda con todo lo demás que proceda e imposición de las costas.

Ambos demandados opusieron excepciones previas a la demanda enmendada, las que fueron declaradas sin lugar y habiéndola contestado Manuel Ortiz Sáinz aceptó algunas de las alegaciones de la misma y negó otras por falta de infor-mación y creencia, alegando como materia nueva constitutiva de oposición, que nunca fué notificado por. Hernández Mena ni por ninguna otra persona de que el demandante Her-nández Mena tuviera pleitos pendientes con Tomás-Oramas ni de que fueran sentenciados a su favor, ni de qtie se le hu-biera adjudicado en remate el crédito de que se trata, por lo que a súplicas de Oramas, antes del vencimiento de dicho crédito y con la mejor buena fe satisfizo a Oramas la suma total adeudada.

Celebrado el juicio terminó éste por sentencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 29 de diciembre de 1911, declarando sin lugar la demanda con costas al demandante, cuya sentencia según hemos dicho antes ha sido recurrida por- el' demandante Hernández Mena, y es la materia del presente recurso.

La corte sentenciadora al establecer los fundamentos de sn sentencia declara probados los Lechos contenidos en las alegaciones primera, segunda, tercera y cuarta de la demanda que dejamos relacionadas, y también estima probado que Tomás Oramas antes y al tiempo en que aparece otorgado a su favor el recibo de pago de la obligación, sabía y le cons-taba por propio conocimiento que Hernández Mena era su acreedor a virtud de la sentencia de 15 de julio de 1907 y que el pago fue hecho por Ortiz Sáinz a Oramas en la misma fecha que reza el recibo o sea en 22 de enero de 1910, sin que entonces Ortiz Sáinz se encontrara en estado de insolvencia, no habiéndose probado que haya existido una conspiración fraudulenta entre los demandados Sáinz y Oramas para per-judicar a Hernández Mena mediante la extinción del crédito de $440, ni que Hernández Mena carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.

Hemos examinado las pruebas practicadas en el juicio y no hemos encontrado ni se nos ha demostrado por la parte apelante, que en la apreciación de ellas se haya cometido error alguno o que la corte inferior haya obrado influida por pasión, prejuicio o parcialidad.

Ortiz Sáinz y Oramas declararon bajo juramento que el pago del crédito adjudicado a Hernández Mena fué hecho realmente por el primero al segundo con un ligero descuento en la misma fecha que indica el recibo o sea en enero 22 de 1910, y por tanto con anterioridad a la fecha .en que Her-nández Mena adquirió tal crédito por adjudicación. El Juez dió crédito a. Ortiz Sáinz y a Oramas en uso de las facul-tades que la Ley de Evidencia le reconoce, y no encontramos motivo alguno para separarnos de su apreciación. No infrin-gió al proceder así, según alega Hernández Mena, el artículo 1195 del Código Civil, preceptivo de que la fecha de un docu-mento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de sn oficio. Para Ortiz Sáinz y Oramas, el recibo de qne se deja becbo' mérito tiene qne producir efecto desde sn fecba con arreglo al artículo 1193 del código citado, pues habiendo reconocido ambos dicbo documento, tiene éste el mismo valor legal entre ellos, que una escritura, si bien respecto de un tercero, como es Hernández Mena, la fecba del documento no puede contarse sino desde el día en qne Ortiz Sáinz alegó su existencia y lo transcribió en su contestación a la demanda interpuesta contra él por Her-nández Mena ante la Corté Municipal de Mayagüez, en fe-brero de 1911, para cobro del crédito. La corte inferior no ba establecido que el recibo produzca efectos legales res-pecto de Hernández Mena desde su fecba y el apelante le imputa por tanto un error supuesto.

Ni tiene importancia alguna la alegación becba por Her-nández Mena de qiie la sentencia de 15 de julio de 1907 ordenando que recobrara de Tomás Oramas la suma de $916 y centavos con intereses y costas, fue inscrita en el registro de sentencias del Eegistro de la Propiedad de Mayagüez en 4 de enero de 1908, para demostrar que Ortiz Sáinz al pagar a Oramas el crédito no vencido, debía saber que Oramas adeudaba dicha suma a Hernández Mena, pues la ley prove-yendo la forma de establecer gravámenes por sentencias sobre inmuebles, aprobada en 8 de marzo de 1906, como su mismo título indica, no establece gravamen sobre los créditos comunes, cuyo carácter tenía el'crédito satisfecho por Ortiz Sáinz y, por tanto, al pagar éste a Oramas sin informarse antes por el registro de sentencias de si Hernández Mena era acreedor de Oramas, no cometió ligereza o imprudencia de cuyas consecuencias puede ser responsable, aparte de que aun con conocimiento de que Oramas era deudor de Hernández Mena, declarado tal por sentencia, si no tenía conocimiento del propósito fraudulento que con respecto de Hernández Mena pudiera abrigar Oramas, bien pudo verificar el pago becbo a Oramas.

No* apareciendo que hubiera falsedad o simulación en el pago del crédito no vencido por Ortiz Sáinz a Oramas, ni existiera conspiración fraudulenta entre ambos para perju-dicar a Hernández Mena, tócanos abora considerar si el pago becbo por Ortiz Sáinz a Oramas es rescindible con arreglo al artículo 1259 del Código Civil.

Ese artículo dice así:

“Artículo 1259. Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser competido el deudor al tiempo de hacerlos.”

Es indiscutible que Ortiz Sáinz satisfizo a Oramas en 22 de enero de 1910 con un ligero descuento el importe de una obligación que babía de vencer en enero del año siguiente, y que en la fecba del pago Hernández Mena era acreedor de Oramas por mayor cantidad; pero en el supuesto de' que él presente caso atendidas sus circunstancias pudiera regularse por el artículo transcrito, éste no sería de aplicación por cuanto no se ba justificado que Ortiz Sáinz se encontrara en estado de insolvencia cuando satisfizo dicba obligación a Ora-mas, ni tampoco cuando insertó íntegro el recibo del pago en su contestación a la demanda interpuesta por Hernández Mena para el cobro del crédito a que se refiere dicbo recibo.

Además de solicitar Hernández Mena en su alegato escrito la revocación de la sentencia apelada, interesa, además, que se revoque la orden de 22 de enero de 1912, aprobatoria del memorandum de costas, cuya orden, según dice, ba sido ape-lada ; pero como en el récord no aparece que tal recurso baya sido interpuesto, carecemos de jurisdicción para considerarlo y resolverlo, si es que realmente ba sido interpuesto.

Por las razones expuestas es de confirmarse la senten-cia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociado MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.