author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Saltari Crespo, acusado y apelante.
    Núm. 7186.

    Sometido: Noviembre 15, 1938.

      Resuelto: Noviembre 30, 1938.

      Gaspar Encarnación Santana, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El día 25 de octubre de 1936 celebraba un mitin la Coali-ción de los Partidos Unión Republicana y Socialista en la ciudad de Mayagüez.' Varios miles de personas se congre-garon frente a la tribuna. Hacía uso de la palabra el Sr. Santiago Iglesias Pantín, y aprovechando un momento en que el auditorio aplaudía, Domingo Saltari, que se bailaba confundido en la multitud, logró abrirse paso basta colocarse a tres o cuatro metros del orador y sacando un revólver que ocultaba en un bolsillo del pantalón, lo descargó contra Iglesias, haciéndole cinco disparos. Huyó el agresor, pero fué capturado a corta distancia de la tribuna, en la misma plaza donde se llevaba a efecto el mitin, por detectives y pai-sanos que lo seguían, ocupándosele en el acto el revólver con que había hecho los disparos. Conducido inmediatamente al cuartel de la policía, a preguntas del detective Juan R. Colón voluntariamente declaró lo siguiente: Que lo venía persi-guiendo (refiriéndose a Iglesias) desde unas manifestaciones, que hizo en Washington tratando de “descarrilar” al Par-tido Nacionalista; que se enteró que Iglesias iba a tomar parte en el mitin y se situó cerca de la. tribuna y cuando habló y lo aplaudieron le disparó; que quería matar a Iglesias y que lo había matado, aclarando entonces el detective Colón que Iglesias no había muerto. (T. de E., pág. 26.)

Un poco más tarde vino al cuartel el Juez Municipal de^ Mayagüez y el acusado, luego de instruírsele sobre sus dere-dios constitucionales, libre y espontáneamente prestó a dicho funcionario la siguiente declaración:

“Corte Municipal de Mayagiiez, P. R., Estados Unidos de Amé-rica, El Presidente de los Estados Unidos, S>S: El Pueblo de Puerto Rico v. Domingo Saltari Crespo. Declaración jurada de Domingo Saltari Crespo. En Mayagiiez a 25 de octubre de mil novecientos treinta y seis, ante esta Corte comparece Domingo Saltari Crespo, vecino de Mayagiiez, Calle San Juan sitio Dulces Labios, y previo juramento conforme a la ley, dice: Le advierto que soy el Juez Municipal de esta ciudad, que Ud. tiene derecho a declarar o no y que si lo hace tiene que hacerlo bajo juramento, como cualquier testigo y que si lo hace su declaración podrá usarse en su contra ■ el día del juicio de este caso y que su declaración tiene que ser voluntariamente y sin ofrecérsele nada, ¿en estas condiciones usted quiere declarar?
“Manifiesta el deponente que desea declarar voluntariamente y dice: ‘ Que me llamo Domingo Saltari Crespo, vivo en el barrio Dul-ces Labios, calle San Juan, Mayagiiez, P. R., hace cinco años que vivo en ese mismo sitio, y soy tabaquero, trabajo en La Habanera hace poco más o menos ocho meses o un año y antes trabajaba en Pueblo Nuevo en casa de Francisco Rodríguez, conocido por Araña, también tabaquero; el declarante es natural de Rincón y hace cinco años que vive en Mayagiiez. Que soy nacionalista hace cinco años, estando registrado en la Subjunta Nacionalista de Mayagiiez donde tiene que estar mi nombre como tal; que el declarante hace cinco años que es y está afiliado a los cadetes de la república, organización del Partido Nacionalista; que ostenta el rango de Sargento del batallón ‘Rius Rivera. ’ Que el declarante no tiene padre ni madre y sí una hermana llamada Claudina Saltari y que reside en la calle Eehagüe de la Playa de Mayagiiez. Que durante el oscurecer del día de hoy el declarante, mientras se celebraba una manifestación de la Coalición de los Parti-dos Unión Republicana y Socialista, antes de que llegara la multi-tud que formaba la misma al sitio donde había de celebrarse un mi-tin de dichos Partidos, me situé cerca de la tribuna con la idea de ha-cerle algunos disparos de revólver al Gallego, esto es, a Santiago Igle-sias Pantín, Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington; que inmediatamente que llegó la multitud de los Partidos de la Coá-lición a la Playa y cerca de la tribuna me situé frente a ésta con el propósito y la idea de esperar que llegara a dicha tribuna el Sr. Iglé-sias y empezara su oratoria para matarle, seguramente; que hablaron dos oradores y luego después García Méndez, Miguel Angel, el Speaker-de la Cámara de Representantes, y entonces empezó a hablar después de haber sido presentado por García Méndez y estaba esperando que terminara una parte de su oratoria y le aplaudieran para matarlo y que así en el momento que cerró un párrafo de su discurso saqué de lá cintura el revólver sistema Smith, marca Secret Service Special, calibre 38, mejor dicho, marca S & W, automático, número 40830, pabón niquelado, cachas negras, casi nuevo, y apuntándole hacia el sitio donde estaba en la tribuna le hice cinco disparos y siendo mi intención dar muerte, creí que lo había matado; la gente empezó a correr, muchos me empujaron y me caí al pavimento, se me cayó el revólver, entonces vino el detective Toro y me cogió, conduciéndome al cuartel de la policía donde presté esta declaración. Que el revól-ver con que traté de matar al Comisionado Residente Sr. Iglesias es de mi propiedad, lo compré en Aguadilla, a una persona que no re-cuerdo su nombre; que hace tres años tengo en mi poder dicha arma.
“Que por una hoja suelta que circuló en la ciudad de Mayagüez de la Unión Republicana fué que me enteré que el Sr. Santiago Igle-sias Pantín estaba en Mayagüez hoy y tomaría parte en el mitin frente a cuya tribuna me situé para matarlo según he declarado ya. Que mi propósito de darle muerte al Sr. Iglesias era exclusivamente mío, idea mía también. Que desde hace tiempo yo tenía y tengo la idea firme do darle muerte al Sr. Iglesias desde que él dijo en los Estados Unidos que había que desbandar el nacionalismo en Puerto Rico.
‘ ‘ Que como a las once del día de hoy yo me fui al barrio Algarrobo y regresé como a las seis de la tarde donde fui a ver a unos familia-res que tengo.
“Que además de las cinco balas con las que estaba cargado el re-, volver de que hice uso para matar al S<r. Iglesias tenía seis de re-puesto'en los bolsillos del gabán, las cuales me eché al bolsillo por mi costumbre de nunca andar con una sola carga de balas, pues siem-pre andaba con dos cargas; que el declarante es elector del precinto de Mayagüez por haberse inscrito en 1932 y haber votado en las elec-ciones de dicho año, no teniendo el declarante conocimiento de si ha sido recusado como tal elector y si su nombre ha sido eliminado de las listas electorales como tal.
“Que el declarante ha estado en la Cárcel de Distrito de San .Tnan dos veces a visitar al Sr. Pedro Albizu Campos con la esposa de él, habiendo conseguido verle una sola vez, que ahora el decla-rante rectifica y hace constar que está equivocado en esta parte de su declaración, pues a la Cárcel nunca ha ido a verlo, que fué el 16 de abril en San Juan que lo vió y habló con él y después de eso no ha vuelto a verlo. Que la noticia que ha tenido el declarante de que con sus disparos no llegó a matar al Sr. Iglesias es una que la siente, pero qué se va a hacer. Que el declarante tiene 32 años de edad y vive solo en un euartito en la calle San Juan, de la Marina Meridional de Mayagiiez. Que el declarante conoce al Sr. Iglesias desde el año 1920, que la primera vez que lo conoció fué en Aguadilla y des-pués en otros pueblos de la isla; que el revólver usado por el decla-rante con los fines ya indicados no fué declarado ni inscrito de acuerdo con la ley.
“Que lo anteriormente expuesto es cuanto desea decir y declarar el acusado y que lo declarado responde al propósito y es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y que presta esta declara-ción libre y voluntariamente y sin reservas mentales de ninguna clase.
“Que leída esta declaración íntegramente por el declarante, el declarante rectifica la misma en el sentido de que ahora recuerda que tampoco habló con el Lie. Pedro Albizu Campos en San Juan el 16 de abril y sí recuerda que lo vió en dicha fecha hablar desde la tribuna en San Juan, pero que no habló con él, que cuando se tiró de la tribuna el declarante se paró al lado de él. Que aclara esto porque no quiere que aparezca una cosa que el declarante no cree cierta o que es una mentira y que lo dijo anteriormente porque no recordaba los he-chos anteriormente. Con esta aclaración el declarante ratifica la anterior declaración en todas sus demás partes. — (Fdo.) Domingo Saltari.’ Jurada y suscrita ante mí, hoy 25 de octubre de 1936.— (Fdo.) Cristino R. Colón, Juez Municipal.” (T. de E. 118-122.)

Dos de las balas hicieron blanco en el cuerpo del Sr. Iglesias. Una de ellas le rasgó la piel del hombro derecho, pero no penetró. La otra se alojó en la axila del mismo costado, deteniéndose muy cerca de la arteria humeral.

Acusado Saltari de atentado a la vida, fué juzgado por un jurado que le declaró culpable del delito imputádole. Pre-sentó entonces moción de nuevo juicio que fué desestimada e inmediatamente después se dictó 1a. sentencia que lo condenó a diez años de presidio con trabajos forzados. Contra esta sentencia y contra la resolución denegatoria del nuevo juicio el acusado interpuso este recurso de apelación.

Al solicitar la revocación de la sentencia, la representa-ción del acusado imputa a la corte sentenciadora la comisión de treinta y dos errores. Los hemos examinado todos, y prescindiendo de repeticiones pueden reducirse a diez y nueve, a saber:

1. Al permitir que en la acusación que se radicó en este caso se antepusiera la palabra Honorable, abreviada, al nombre del perjudicado Santiago Iglesias Pantín.

2. Al no admitir evidencia del número de detonaciones-que en adición a las de los disparos del acusado pudieran haber oído los testigos.

3. Al no permitir que en el examen de repreguntas se in-terrogase al testigo San Antonio si hubo pánico general en la muchedumbre con motivo de los disparos del acusado.

4. Al admitir la declaración del detective Juan R. Colón sobre la confesión del acusado, teniendo como tenía el fiscal la declaración jurada que prestó aquél ante el Juez Municipal de Mayagüez.

5. Al no permitir que en el contrainterrogatorio de los-testigos de cargo se le preguntase sobre lo que decía el ora-dor en los momentos de ser atacado por el acusado.

6. Al admitir en evidencia los plomos de balas y una tabla de la tribuna que mostraba perforaciones de bala.

7. Al admitir el negativo de la radiografía de las heridas tomadas por los médicos que asistieron al Sr. Iglesias y al permitir que al ofrecer esta evidencia el fiscal antepusiese el título de “Honorable” al nombre del herido «Santiago-Iglesias.

8. Al no aceptar la excusa del abogado defensor, Sr. Pinto Gandía, al llegar tarde a la corte después de un receso y exi-girle que mediante la declaración de un médico probase que su tardanza se debía, como él alegaba, a motivos de enfer-medad y no a deseos de dilatar el procedimiento o interrumpir-los trabajos del tribunal.

9. Al intervenir la corte en varias ocasiones interrogando-algunos testigos.

10. Al no permitir en el examen directo que el acusado y testigos de descargo detílarasen sobre las palabras que decía Santiago Iglesias en el momento de los disparos.

11. Al asumir el juez las funciones de fiscal al calificar de sugestiva, motu proprio, cierta pregunta de la defensa, hecha en el examen directo del acusado, y más tarde en el examen del mismo testigo al ordenar la eliminación de una contesta-ción sin que el fiscal hubiese objetado ni solicitado tal elimi-nación.

12. Al impedir, sin objeción del fiscal, que el testigo Enrique Nieves Román declarase lo que decía Iglesias en la tribuna, y al ordenar el juez, de su propia iniciativa, la elimi-nación de lo que en ese sentido llegó a declarar el aludido testigo.

13. Al ordenar el juez la eliminación de las palabras del mismo testigo imputadas al Sr. Iglesias, a saber: “El día que Puerto Rico se volviera una república sería un país de bandidos,” eliminación que se decretó a moción del fiscal sin que éste expusiese los fundamentos de dicha moción.

14. Al no permitir una excepción general al terminar la declaración del mismo testigo, diciendo la corte: “La corte no admite excepción general, porque se ha tomado excepción cada vez que se ha resuelto algo,” demostrando así, según la defensa, “prejuicio, pasión y parcialidad.”

15. Al calificar como una mera apreciación y ordenar la eliminación de la contestación del testigo Felipe Peña (T. de E., págs. 143-145), que dice: “Fue que las palabras que pro-firió fueron directas e hirientes a Saltar!” demostrando así, según la defensa, “gran prejuicio, pasión y parcialidad mani-fiestas, asumiendo la posición fiscal. ’ ’

16. Al permitir al fiscal en su examen de rectificación que llamase “asesino” al acusado.

17. Al denegar instrucciones especiales sobre “acometi-miento y agresión graves” y “ataque para cometer homici-dio”, y al no permitir que se fundamentase la excepción a la negativa de transmitir tales instrucciones.

18. Al denegar la moción de nuevo juicio y condenar al acusado a diez años de presidio.

19. Al actuar el juez que encendió en la causa careciendo de facultades para actuar como tal, por ser nulo el nombra-miento que a ese efecto le fué expedido por el Gobernador de Puerto Rico.

Consideremos primeramente los errores marcados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.

(1) El anteponer al nombre del perjudicado Santiago Iglesias Pantín el título de “Honorable” en la acusación formulada por el fiscal en nada pudo perjudicar los intereses del acusado, mucho menos en un país como éste donde tan liberalmente se usa ese título. Además, el perjudicado es jefe de uno de los principales partidos políticos del país y hace varios años ocupa el cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, siendo por estos motivos tan conocido en esta Isla que difícilmente se encontrará una persona que sepa leer y escribir que no conozca personalmente o por la prensa al Sr. Santiago Iglesias. De suerte que al aplicársele el título de “Honorable” en manera alguna pudo restar o agregar algo a su personalidad, aunque no recomendamos la práctica de usar títulos honoríficos o de clase alguna en documentos judiciales.

(2) Completamente impertinente e inmaterial al caso en controversia, es el hecho de precisar el número de o aún referirse a cualesquiera otras detonaciones que en adición a las producidas por el revólver del acusado pudieran haber oído los testigos, especialmente cuando como en este caso el acusado no negó que fué él quien produjo las heridas que recibió el Sr. Iglesias.

(3) No tratándose en este caso de una denuncia por alteración de la paz pública, ¿qué pertinencia podría tener que los disparos del acusado produjesen o no pánico general en la muchedumbre?

(4) El acusado hizo confesiones en dos momentos distintos : Primero, oralmente al detective Juan R. Colón en el cuartel de la policía antes de llegar el juez municipal. Más tarde, al declarar también en el cuartel por escrito ante dicho funcionario judicial. Siendo así, la declaración escrita ante el juez municipal no excluye la confesión oral anteriormente hecha ante el detective, pues éste, al declarar, no está rela-tando lo que el acusado dijo por escrito, sino lo que ante-riormente le había dicho en el cuartel.

(6) En verdad no vemos la materialidad de presentar la tabla de la tribuna con las perforaciones producidas por la bala. Se dijo por el fiscal que su objeto era demostrar la posición desde donde se hizo el disparo, pero en este caso el propio acusado admite que él produjo las heridas, aunque alega que fué en defensa propia. Por la tanto, es inmaterial la dirección de donde partió la bala, y aunque la admisión, de tal evidencia constituye error, la misma no pudo causar perjuicio alguno al acusado.

(7) El negativo de la radiografía era claramente admisible y fué suficientemente identificado por el Dr. Nelson Perea, quien la tomó, pudiendo también ser entregado al jurado al retirarse a deliberar, de acuerdo con el artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Criminal, edición de 1935, que dispone:

“Art. 274. — Al retirarse para deliberar, el jurado podrá llevar consigo todos los documentos o escritos (exceptuando las deposiciones) que hayan sido recibidos como pruebas en el proceso, o copias de los archivos públicos o de los documentos privados que también se hayan presentado como prueba y de cuyos originales, a juicio del tribunal, no deben desprenderse las personas en cuyo poder se hallen. Tam-bién podrán llevar las instrucciones escritas, si las hubiere. ’ ’

(8) El hecho de que la corte exigiese al abogado que probase mediante la declaración de un médico que no compareció a tiempo a la sesión de la corte por hallarse enfermo, ninguna relación tiene con la inocencia t> cupabilidad del acusado. Era ésta una cuestión exclusivamente entre el ahor gado y la corte. En otras ocasiones durante el mismo juicio el abogado defensor llegó después de la hora señalada para empezar la sesión, teniendo la corte que declararse en receso hasta su llegada. (T. de E., páginas 2 y 4.)

Estuvo justificado el juez de la corte inferior en exigir (]ue se le demostrase que el propósito del abogado no era in-terrumpir o dilatar los procedimientos.

No existen los errores marcados 1, 2, 3, 4, 7 y 8, y en cuanto al sexto, ya fiemos visto que no es perjudicial.

Consideremos afiora los señalamientos de error marcados 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19.

(5) Se queja el apelante de que no se le permitió repreguntar a los testigos de cargo acerca de lo que fiablaba el Sr. Iglesias en el momento de los disparos. Veamos lo que aparece del récord.

El testigo Juan J. San Antonio, primero de los del fiscal, fué sometido por la defensa al siguiente contrainterrogato-rio :

“P. — ¿Dice usted que en esos momentos hablaba el Sr. Iglesias? R. — Sí, señor. P. — ¿Recuerda de qué hablaba el Sr. Iglesias en esos momentos? R.- — El Sr. Iglesias comentaba la actitud, criticaba la actitud de un grupo de títeres que cuando pasaba la manifestación Coalicionista se había puesto a pitarla y a tirarle chupones. P. — Al decir títeres, ¿se refiere a los estudiantes? . . . R. — Entendí un grupo de gente, de personas que se ponían a pitar y a tirar chupones y a armar un escándalo frente a la Bolsa y por eso los llamó títeres. P. — ¿Recuerda algunas manifestaciones que él hiciese? . . . R. — Él censuraba la actitud, decía que había sido un acto incorrecto de parte de ese grupo de personas haber hecho lo que estaban haciendo. P.— ¿Recuerda si dijo, que eran unos desordenados? R. — Sí, señor. P. — ■ ¿Recuerda si dijo que eran unos títeres? R. — No señor, no lo dijo. P. — Esas palabras que decía el Sr. Iglesias, ¿eran palabras fuertes? Juez: Ya ha dicho las palabras. — Fiscal; Me opongo a más repre-gunta sobre el mismo extremo. — Juez: Pregúntele al testigo cuál era la actitud del Sr. Iglesias. El que fueran fuertes sería una conclu-sión del testigo. De que sean fuertes o no lo apreciarán los Señores del Jurado. — Fiscal: El Fiscal se opone a que se traiga la actitud del Sr. Iglesias. — Juez: La Corte va a permitir que se le pregunte.— P. — ¿ Cuál era la actitud del Sr. Iglesias esa noche ? R. — ¿ Qué quiere decir?' P. — La actitud de él contra esos títeres. R. — Pacífica. P.— ¿ Cuánto tiempo hacía que el Sr. Iglesias estaba hablando cuando ocu-rrieron estos hechos? R. — Como diez o quince minutos.” (T. de E., 10, 11 y 12.)

De la transcripción que precede resulta que a la de-fensa se le permitió repreguntar ampliamente al testigo sobre lo que hablaba el Sr. Iglesias en los momentos de los dis-paros. Resulta además del contrainterrogatorio de la de-fensa que el Sr. Iglesias en manera alguna se refería al acu-sado ni pronunciaba ninguna frase que pudiese producir un arrebato de cólera, pues es de presumirse que de haberse hecho tales manifestaciones la defensa por lo menos lo hu-biera interrogado al testigo y no se hubiera limitado a in-vestigar lo que el Sr. Iglesias decía de aquellas personas ■que trataron de molestar o interrumpir la manifestación anterior al mitin.

El testigo Juan R. Colón, segundo de los del Fiscal en su examen directo declaró sobre lo que sucedió en el mitin cuando hablaba el Sr. Iglesias. La defensa le hizo las si-guientes preguntas:

“P. — ¿Dice que cuando ocurrieron esos hechos hablaba el Sr. Igle-sias? R. — Sí, señor. P. — ¿Hacía uso de la palabra el Sr. Iglesias? R. — Sí, señor. P. — ¿Recuerda qué manifestaciones hacía él cuando ■ocurrieron esos hechos ? Fiscal: — Me opongo porque son irrelevantes. Defensa: — Para sostener esta pregunta, porque el Fiscal en el directo trajo a colación de que el Sr. Iglesias hablaba allí. Juez —De todos modos la pregunta del Fiscal se ha limitado a que hablaba. La Corte no permite la pregunta. Defensa: — La defensa toma excepción bajo los siguientes fundamentos: Que habiendo manifestado el testigo que ■en el momento de ocurrir los hechos el Sr. Iglesias hablaba y estando él presente, la defensa quiere investigar qué hablaba el Sr. Iglesias en el momento de ocurrir los hechos, de lo cual cree la defensa que puede ■dar testimonio el Sr. Colón.” (T. de E., 30 y 31.)

No insistió la defensa en hacer preguntas más directas tendentes a conseguir del testigo que declarase las palabras que dijo el Sr. Iglesias, si es que algunas dijo, que pudieran producir un arrebato de cólera en el acusado. Ya vimos las preguntas que libremente y sin impedimento alguno hizo ■al anterior testigo San Antonio, ninguna de las cuales suge-ría siquiera que el Sr. Iglesias hubiese hecho manifestación alguna ofensiva al acusado. Además el fiscal en ninguna parte del examen directo trató de probar lo que decía Santiago Iglesias. Los testigos sólo se limitaron a decir que en el momento en que hablaba fue que ocurrieron los disparos. Del mismo modo pudieron haber sucedido los disparos mien-tras el Sr. Iglesias tomaba un automóvil, y en ese caso no hubiera sido motivo de repregunta la procedencia del auto-móvil, el precio, etc.

Un incidente similar al ocurrido mientras declaraba el Sr. Colón sucedió mientras declaraban los testigos del Fiscal Andrés A. Vélez (T. de E., 59), Ricardo Seguinot (Id., 66), Gilberto E. Rodríguez (id., 97) y Juan Bernard González (id., 103).

Veamos ahora lo que el propio acusado, en el examen directo que le hiciera su propio abogado, declaró sobre las palabras vertidas por el Sr. Iglesias en el momento de los disparos:

“P. — Dígale a los caballeros del jurado las palabras que oyó del Sr. Iglesias. — Fiscal: Muy general. Defensa: — Que se refieran al acusado. R. — Que de acuerdo con nuestros sentimientos políticos que descansan sobre los corazones . . . Defensa: — Diga las palabras que oyó . . . R. — No puedo contestarle. P. — Dígame, ¿qué palabras oyó usted del Sr. Iglesias dirigidas contra su persona que usted cre-yera que eran contra su persona? R. — El dijo qué abí había un pa-quete de títeres. P. — ¿Qué más dijo? R. — Después de eso que los estudiantes de Mayagüez eran un paquete de desordenados, de títe-res, que eso era ahora que estaban bajo el dominio . . . que cuando esto fuera un país libre sería una república de vagabundos y de ca-nallas y de bandoleros. P. — ¿No dijo criminales? Juez: — Eso es su-gestivo. Defensa: — ¿Qué más dijo? R. — Que. eran unos bandidos.” (T. de E. 128 y 129.)

Eso fué todo lo que declaró el acusado a preguntas de su propio abogado con respecto a lo que el Sr. Iglesias dijera contra él en los momentos en que hizo los disparos. Si algún error pudiera haber existido por parte de la corte al no per-mitir que otros testigos del fiscal fuesen contrainterrogados sobre este extremo, forzoso es concluir que dicho error no pudo ser perjudical a los intereses del acusado, pues es. de presumir que dichos testigos a lo sumo hubiesen declarado lo mismo que el acusado, que es la parte verdaderamente in-teresada en hacer aparecer la gravedad de las supuestas pro-vocaciones e injurias del Sr. Iglesias.

(9) El juez tiene derecho a interrogar los testigos con el fin de aclarar cualquier punto oscuro en sus declaraciones, evitando así que el jurado reciba una impresión errónea de la evidencia. Pueblo v. León, ante, pág. 429. Las preguntas que en este caso hizo el Juez, conforme aparece del récord, eran de tal naturaleza que ningún perjuicio pudieron causar al acusado.

(10) Ya hemos visto las razones legales que tuvo el juez de la corte inferior para impedir que en el examen de repreguntas se interrogase sobre materia que no había sido objeto de examen directo y en esto actuó correctamente.

(11 y 12) Cuando una pregunta ha sido objetada distintas veces y la objeción ha sido sostenida, puede el juez, de su propia iniciativa, impedir que se repita la pregunta, haciendo así respetar su resolución (ruling) e impidiendo de ese modo dilatar innecesariamente el juicio.

(13) Se queja la defensa de que el fiscal solicitó la eliminación de cierta contestación de un testigo sin expresar los fundamentos de su moción y que el juez no obstante la falta de argumentación del fiscal, sostuvo su moción. No es indispensable que toda objeción o moción que se haga durante el juicio, ya oponiéndose a la admisión de evidencia, ya solicitando la eliminación de cualquier contestación, sea argumentada por la parte interesada. Si el juez está convencido de que asiste derecho al fiscal o a la defensa en su caso para solicitar la eliminación de una contestación o para objetar a una pregunta, no es necesario que pierda tiempo, exigiendo que la argumente para convencerse de lo que ya él está convencido. El objeto de la argumentación en tales casos es simplemente convencer al juez y si él está convencido huelga la argumentación.

(14) Si una parte objeta a las distintas preguntas becbas a un testigo y toma excepción de la. resolución de la corte desestimando sus objeciones no procede que al terminar de declarar el testigo la parte que antes babía objetado anote una excepción general a dicba declaración. El juez no tiene para qué expresar que nó admite dicba excepción general, pero si lo bace no demuestra con ello pasión, prejuicio o parcialidad como sostiene la defensa.

(15) La manifestación: “Fué que las palabras que profirió fueron direcias e hirientes a Sáltari,” heeba por un testigo sin decir en qué consistieron las palabras que de ese modo califica el testigo constituye una mera opinión. Otro testigo pudo baber opinado de distinto modo y estimar que las palabras que el primero calificó de hirientes fueron completamente inofensivas. Estuvo correcto el juez inferior en calificar de mera apreciación la opinión del testigo y ordenar su eliminación sin que ello implique, como pretende la defensa “gran prejuicio, pasión y parcialidad manifiestos.”

(16) No aparece del récord 'que el fiscal en su examen de rectificación llamase “asesino” al acusado. Si en efecto lo bizo, debió la defensa objetar en aquel momento y bacer consignar en el récord las palabras del fiscal, su objeción, resolución de la corte, y la instrucción que el juez diera, si es que la dió, para que no se tomase en consideración aquella palabra, haciendo consignar también la falta de tal instrucción en caso de que no hubiera sido dada. No apareciendo del récord nada que sostenga este señalamiento de error, estamos obligados a no considerarlo.

(19) De la copia certificada del nombramiento ex-tendido a favor del juez que entendió en esta causa, presentada por la defensa, aparece que el juez especial fué nombrado para sustituir al propietario durante la licencia de veinte días concedida a este último. No actuó el juez especial en sustitución del propietario en un caso en que éste se hubiese inhibido. Por consiguiente, su nombramiento fué perfectamente legal; no siendo de aplicación la jurisprudencia establecida en el caso de Annoni v. Nadal, 94 F. (2d) 513. Véase Balbaño v. Cintrón (ante, pág. 844).

Consideraremos ahora los restantes señalamientos de error.

(17) El delito de atentado a la vida o ataque con intención de cometer asesinato, definido en el artículo 218 del Código Penal (edición de 1937), consiste en un ataque (assault) en circunstancias tales que de haber muerto la víctima a consecuencia de la agresión dentro del año y un día siguientes al ataque, el delito cometido por el acusado hubiera podido calificarse de asesinato. En otras palabras, es un asesinato frustrado en que la muerte no tiene efecto por circunstancias ajenas al acusado. En el presente caso, las dos confesiones del acusado, primero ante el detective Colón y más tarde ante el juez municipial, anteriormente transcritas, demuestran hasta la saciedad que el acusado con deliberación y malicia premeditada, intentó privar de la vida a Santiago Iglesias, y que llevando a efecto su intención le hizo cinco disparos, en condiciones tales que con toda probabilidad no sólo debió matar a su víctima, si que también a otras personas que a su lado se hallaban en aquellos momentos. De haber muerto el Sr. Iglesias 'dentro del término de ley a consecuencia de las heridas recibidas, el delito cometido por el acusado hubiera sido indudablemente el de asesinato en primer grado. No habiendo muerto el Sr. Iglesias, el delito se redujo a ataque para cometer asesinato, también denominado atentado a la vida. (Art. 218, Código Penal.)

La defensa solicitó que se trasmitiesen instrucciones espe-ciales sobre los delitos de ataque para cometer homicidio y acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, ins-truciones éstas que fueron denegadas por la corte.

Para que la provocación reduzca el delito de asesinato a homicidio, tiene que ser aquélla de tal grado que haga perder el dominio de sí mismo a un hombre de temperamento co-rriente y lo obligue a actuar por el impulso del momento producido por la provocación, sin la debida reflexión y sin formar un propósito determinado. 1 Wharton’s Criminal Law (12 a ed.) 648 y 655. Véanse también las monografías en 21 A.L.R. 603, 612; 27 A.L.R. 1097, y 102 A.L.R. 1019.

Ya hemos visto que las supuestas provocaciones no fueron dirigidas al acusado. La censura que hizo el Sr. Iglesias a aquellas personas que faltaron a sus deberes ciudadanos pro-vocando a los manifestantes, no hubiera sido capaz de pro-ducir, aún en las personas por él aludidas, el arrebato de có-lera que hubiera justificado reducir un asesinato a homicidio voluntario. Por consiguiente, ¿qué base tenía el juez inferior para transmitir las instrucciones sobre ataque para co-meter homicidio y acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes interesadas por la defensa? Para que el juez inferior esté justificado en transmitir instrucciones so-bre delitos inferiores necesariamente comprendidos en el que se imputa en la acusación, es necesario que haya alguna evi-dencia de la cual el jurado pueda razonablemente inferir que el acusado es culpable del delito inferior. Esta facultad que la ley concede al jurado no puede ser caprichosa o arbitra-riamente ejercitada. El veredicto que reduzca el grado del delito debe estar fundado en evidencia tendente a demostrar o capaz de producir duda razonable sobre la existencia del delito inferior, y si esa evidencia no existe, ni el juez puede transmitir instrucciones sobre el delito inferior, ni el jurado puede traer un veredicto reduciendo el grado del imputado en la acusación. Wilson v. State, 129 S. W. 613, y monogra-fías arriba citadas. Véanse también, por vía de ilustración, los casos de El Pueblo v. Rodríguez Dapena, 35 D.P.R. 431 y El Pueblo v. Fernández, 49 D.P.R. 586, en que se imputaba un delito de asesinato a los acusados y donde este tribunal estimó que la evidencia justificaba instrucciones de homicidio voluntario.

Se queja la defensa de que el juez no le permitió fundamentar las excepciones que tomó ' a las instrucciones •de la corte al jurado. Del récord no aparee tal incidente, pero asumiendo que hubiera existido, aún así no sería ello motivo de revocación, porque si bien se ba resuelto en esta jurisdicción, siguiendo la regla general establecida en el continente, que las excepciones a las instrucciones de. la corte deben tomarse antes de que el jurado se retire a deliberar (Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417), no implica esto que la defensa tenga derecho a argumentar en presencia del ju-rado las excepciones que tomare contra las instrucciones de la corte. Las excepciones a las instrucciones de la corte son cuestiones de idereho que van dirigidas exclusivamente al juez y que no deben llegar a oídos del jurado. Por eso re-comendamos como mejor práctica la que se ba venido si-guiendo en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, cual es dictar la defensa al taquígrafo, en voz tan baja que no puedan ser oídas por el jurado, las excep-ciones a las instrucciones y sus fundamentos legales, o retirar .al jurado mientras se consignan y fundamentan las excep-ciones, trayéndolo después y sometiéndole entonces el caso de-finitivamente, ya corrigiendo o ampliando las instrucciones fiadas, si es que la corte cree que fueron erróneas o incom-pletas, ya dejándolas- subsistentes y sin alteración alguna ■si las estima suficientes. Como hemos examinado las ins-trucciones y las encontramos correctas, ningún perjuicio se causó en este caso al acusado con privarlo de exponer los fundamentos de excepción.

(18) El delito de atentado a la vida se castiga con pena máxima de quince años de presidio. Por consiguiente una sentencia de diez años de presidio está dentro de las facultades que la ley concede al juez sentenciador y, considerafias las circunstancias de este caso, no tenemos motivos para alterar su 'discreción en la imposición de esa pena. El Pueblo v. Agosto, 14 D.P.R. 620.

Por las razones expuestas y habiendo llegado a la con-clusión de que no se cometió en esta causa error perjudicial alguno a los intereses del acusado, procede confirmar la sen-tencia apelada y también la resolución denegatoria de la mo-ción de nuevo juicio.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

license: Public Domain

text:
    Luis Coll Watlington, demandante y apelante, v. Diego Biascoechea, demandado y apelado.
    Núm. 7776.

    Sometido: Noviembre 23, 1938.

      Resuelto: Diciembre 1, 1938.

      Susoni & Susoni, abogados del apelante; Dubón & Ochoteao, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Al resolver un memorándum de costas la corte de distrito se negó a conceder una partida en que se especificaba la suma pagada al taquígrafo por preparar la transcripción de la evi-dencia para ser usada en apelación. Se señala como error esta' resolución.

La sección 5 de la “Ley creando las plazas de taquí-grafos-reportera de los tribunales de distrito,” aprobada el 10 de marzo de 1904 (Estatutos Revisados de 1911, sección 1281) provee:

“Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcionar copia es-crita en máquina de los autos (records), o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorarios por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio; ...”

De conformidad con los términos del artículo 327 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1936 (Leyes de ese año, pág. 353) el memorándum de costas pre-sentado después de sentencia en la corte de distrito compren-derá los siguientes desembolsos:

“(4) Lo pagado al taquígrafo de la corte para transcripción de cualquiera prueba testifical o procedimiento habidos en corte abierta, si dicha transcripción es ordenada por la corte.”

Con anterioridad a la enmienda de 1936 este tribunal babía resuelto que los honorarios del taquígrafo por la pre-paración de la transcripción de la evidencia para ser usada en apelación no formaban parte de las costas en, la corte de distrito y no podían ser incluidos en un memorándum de costas. Polanco v. Goffinet, et al., 30 D.P.R. 878. Este caso fué distinguido pero no revocado, ni tampoco modificada la doctrina del mismo, en el de Cortés & Segura Inc. v. Cortés, 43 D.P.R. 473. No bailamos en el inciso 4 del artículo 327, según fué enmendado en 1936 (Ley núm. 69, pág. 353), ni según fué nuevamente enmendado en 1937 (Leyes de ese año —núm. 94 — pág. 239) ninguna razón satisfactoria para resolver que cuando una corte de distrito ordena se prepáre una transcripción de evidencia para ser usada en un recurso de apelación, los honorarios del taquígrafo por preparar tal transcripción deban ser incluidos en el memorándum de cos-tas radicado en la corte de distrito.

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal -cual fue enmendado en 1917, proveía la radicación de un me-morándum de costas dentro de los diez días siguientes al en que se recibiera en la corte de distrito aviso oficial de la re-solución dictada. (Véase Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933.) Por la misma ley que enmendó el artículo 327 en 1936, se enmendó nuevamente el artículo 339 para que le-yera así:

“El memorándum de costas debe ser presentado dentro- de- los diez (10) días después de notificada la sentencia, y cualquier oposición del mismo dentro de los cinco (5) días subsiguientes. Dentro, de los diez (10) días después de la resolución de la corte sobre el memorán-dum de costas cualquiera de las partes puede apelar para ante el Tribunal Supremo y la apelación será tramitada conjuntamente con cualquiera apelación que baya sido establecida contra la sentencia principal.; Disponiéndose, que en caso en que no se baya establecido apelación de la sentencia principal, podrá siempre apelarse del me-morándum de costas.”

De ordinario la resolución dictada por un juez de distrito ordenando se prepare' la transcripción de evidencia para ser usada en apelación difícilmente puede ser incluida en el me-morándum de costas. La inclusión de la misma en el presente caso fue posible tan sólo porque este tribunal al resolver la apelación interpuesta contra una sentencia de la corte de dis-trito revocó dicha sentencia y en su lugar dictó la que debió ser dictada por la corte de distrito en primera instancia, in-cluyendo las costas en la corte inferior.

Nuestra conclusión es que una orden para que se prepare la transcripción de la evidencia, dictada después de radicarse un escrito de apelación, para ser usada en el recurso inter-puesto, no es la orden a que alude el inciso 49 del artículo 327 supra.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al eliminar del memorándum una partida de $250 por concepto de honorarios de abogado. Esta contención carece igualmente de méritos. McCormick v. González Martínez, 52 D.P.R. 912. El caso de Mejias v. Jaime, Auditor Municipal, 52 D.P.R. 534, no es aplicable.

Las resoluciones apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Presidente Señor Del Toro, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Enrique Ponsa Parés, peticionario y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, Leslie A. MacLeod, Rafael Sancho Bonet y B. Fernández García, Auditor, Tesorero y Procurador General de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelantes.
    Núm. 7491.

    Sometido: Marzo 9, 1938.

      Resuelto: Diciembre 8, 1938.

      Son. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados de los apelantes; Ponsa <& RiefkoM, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Por una ley (núm. 57) aprobada el 28 de abril de 1930 ■(Leyes de ese año, pág. 415) la Asamblea Legislativa Insular creó una nueva corte de distrito y autorizó el nombra-miento de un número de funcionarios por un término de cua-tro años con determinados sueldos fijos. Entre los funcio-narios que se designarían estaba el Fiscal de Distrito con un sueldo de $3,850. Durante años subsiguientes la Asamblea Legislativa asignó cantidades insuficientes para el pago de estos sueldos según los mismos habían sido fijados por la ley de 1930. Ya se fia resuelto que varios de los funcionarios designados a tenor de las disposiciones de dicfia ley tienen derecho a la diferencia existente entre las sumas fijadas por la ley de 1930 y las asignadas durante los términos para los cuales dichos funcionarios fueron nombrados. Véanse: Durand v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 940; Ponsa Parés v. Winship, 51 D.P.R. 160; Samalea v. Winship, 51 D.P.R. 240.

Enrique Ponsa Parés fué nombrado en julio 29, 1930 por un término de cuatro años. Poco menos de un año después de expirado su término se le nombró nuevamente con fecha 13 de julio, 1935, para otro término de cuatro años. La Asamblea Legislativa en su sesión ordinaria de 1935 no-aprobó una ley de presupuesto. En una sesión extraordina-ria que empezó en 25 de junio y terminó el 8 de julio se pasó-una ley de presupuesto que proveía que la ley- empezaría a regir el primero de julio. Esta ley fué aprobada el 20 de dicho mes. Contenía la siguiente partida:

"Fiscal de distrito_$3, 291. 75”'
El artículo 34 de la Carta Orgánica dispone lo siguiente:
"Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrarioen esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funciona-rio público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos des-pués de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún funcio-nario o empleado percibir compensación por más de un cargo o em-pleo. ’ ’

El mismo artículo en un párrafo anterior también provee-que:

"... Ningún proyecto de ley pasará a ser ley hasta que sea aprobado en cada Cámara en votación por lista (yea-and-nay-vote) por una mayoría de todos los miembros que la componen, y regis-trado en el libro de actas, y haya sido aprobado por el Gobernador dentro de los diez días siguientes ... Si cualquier proyecto de ley no fuere devuelto por el Gobernador dentro de diez días (excep-tuando los domingos) después de habérsele presentado, pasará a ser ley del mismo modo que si lo hubiera firmado, a menos que la Asam-blea Legislativa, levantando sus sesiones, impidiere su devolución siendo en ese caso ley si lo firmare el Gobernador dentro de treinta días después de recibirlo; en caso contrario no será ley. ’ ’

La corte de distrito resolvió que la ley de presupuesto de 1935 (Ley núm. 32 de 1935 (2) pág. 183) no se había conver-tido en tal con anterioridad al 13 de julio y que por' ende el sueldo del fiscal fijado por la ley de 1930 no había sido rebajado al momento en que se le designó de nuevo para un segundo término de cuatro años. En su consecuencia la corte de distrito también decidió que el peticionario tenía derecho a recibir durante su segundo término el importe total del sueldo tal cual el mismo había sido fijado por la ley de 1930.

El alegato de los apelantes no ataca directamente la certeza de este razonamiento. Simplemente asume, al igual que se hizo en una estipulación radicada ante la corte de dis-trito, que el sueldo del fiscal fué en realidad rebajado antes de hacerse su segundo nombramiento. Nos inclinamos a convenir con el juez de distrito en que él podía tomar conoci-miento judicial de la fecha en que se aprobó el presupuesto y debe admitirse, desde luego, que el proyecto no se convirtió en ley antes de esa fecha. Igualmente debe admitirse que existe mucho peso en el razonamiento a virtud del cual el juez de distrito llegó a la conclusión de que el sueldo del fiscal se había rebajado después de hacerse su segundo nom-bramiento. Sería bastante fácil decir que el alegato de los apelantes no presenta base satisfactoria alguna para que se llegue a una conclusión contraria y confirmar la sentencia de la corto inferior. No obstante, no podemos convenir con el Juez de Distrito y con los letrados del apelado en que el peticionario tenía derecho a recibir durante su segundo tér-mino el importe total de su sueldo, tal cual éste fué fijado por la ley de 1930.

El espíritu y fin del párrafo décimotercero de la sección 34, supra, son impedir acción legislativa luego de hacerse una nominación o renominación, según sea el caso. En el presente recurso la Asamblea Legislativa actuó con anterio-ridad a la fecha del segundo nombramiento. Si el proyecto fué aprobado después de julio primero, era, por supuesto, en lo que a dicha fecha se refería, tanto retrospectivo como re-troactivo desde el momento de su aprobación. Sin embargo, al tiempo de su aprobación, esta expresión de la voluntad legislativa no era ni retrospectiva ni retroactiva en lo que se refería a la fecha de la renominación del fiscal de distrito. La renominación fué hecha con posterioridad a la fecha en que a tenor de sus disposiciones expresas entraría la ley en vigor y después que el proyecto fué aprobado por ambas cá-maras legislativas. Potencial y prácticamente — sujeto tan sólo a la aprobación del Gobernador o a la remota posibili-dad de un veto ejecutivo — la Asamblea Legislativa había re-bajado el sueldo del fiscal con la disposición específica de que tal rebaja surtiría efecto a partir del Io. de julio de 1935 y luego se había declarado en receso — todo ello con anterio-ridad a la renominación del fiscal para un segundo término y mucho después de expirado su primer mandato. Bajo tales circunstancias la aprobación por parte del Gobernador, a nuestro juicio, debe considerarse que se retrotrae a la fecha en que se pasó la ley y decidirse que el sueldo del fiscal se redujo a partir del primero de julio, o sea trece días antes de su renominación.

La corte de distrito también resolvió que la prohibición constitucional es aplicable al cargo más no al incumbente, y que el poder legislativo carecía de facultad para reducir el sueldo del fiscal según el mismo fué fijado por la ley de 1930, luego de hacerse el primer nombramiento por nn término de cuatro años, no obstante haber expirado dicho término mu-cho antes de la fecha en que se hizo tal rebaja y no embar-gante el hecho de que tal rebaja fué efectuada con antelación a la fecha en que el fiscal fué renominado para un segundo término. No podemos concurrir con este criterio. Lo que el párrafo décimotercero prohibe es que se prorrogue el término de ningún funcionario público o que se aumente o dismi-nuya su sueldo durante el término para el cual fué nom-brado, de ser nombrado por un término, no importa cuál sea la regla para aquellos casos en que no existe un término fijo. Véanse: 46 C. J. 1022, sección 255; Clark v. Logan County, 128 S. W. 1079; State v. Gunter, 54 So. 283; State v. Farmer, 196 S. W. 1106; Matter of Castree v. Slingerland, 139 Misc. 632.

Las otras cuestiones aquí envueltas fueron resueltas el 19 de marzo de 1937 al declararse sin lugar una moción para que se desestimara el presente recurso por frívolo. Véase Ponsa Parés v. Winship, supra.

La sentencia apelada debe ser revocada •en tanto <en manto la misma resuelve que el peticionario tenia derecho a recibir el sueldo completo fijádole por la ley de 1930 a partir del primero de julio de 1935, y en todos los demás aspectos dicha sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Roque Echevarría, acusado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pastor Ayéndez, acusado y apelante.
    Núms. 7257 y 7258.

    Sometidos: Noviembre 23, 1938.

      Resueltos: Diciembre 8, 1938.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Roque Echevarría fue denunciado en la Corte Municipal de Arecibo por un delito de acometimiento con cir-cunstancias agravantes consistente en que allá por el 13 de enero de 1937 y en la ciudad de Arecibo, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención de causarle grave daño corporal, bizo un disparo de revólver contra Pastor Ayéndez, sin lograr herirle.

Mientras se celebraba el juicio en la corte municipal de-claró Pastor Ayéndez y en su testimonio hizo manifestacio-nes contrarias a las que anteriormente había hecho en el cuartel de la policía en presencia de otros testigos. Enten-diendo el juez municipal que la declaración que ante él pres-taba Ayéndez era contraria a la verdad y que dicha declara-ción era material a la causa que se juzgaba, lo procesó por desacato por perjurio y luego de seguir el procedimiento dispuesto por la ley lo declaró culpable y lo sentenció a cum-plir tres meses de cárcel.

Oída la prueba en el caso de acometimiento grave, el acu-bado José Roque Echevarría fué sentenciado a pagar una multa de $75.

Uno y otro acusados apelaron de sus respectivas senten-cias para ante la Corte de Distrito de Arecibo, la que des-pués de celebrarles un juicio de novo los declaró culpables y les impuso $50 de multa a Echevarría por acometimiento -con circunstancias agravantes y tres meses de cárcel a Ayén-dez por desacato por perjurio.

Apelaron los acusados para ante este tribunal, y hallán-•dose ambas causas íntimamente relacionadas, se consolidaron y se celebró la vista como si de un solo recurso se tratare.

Los apelantes fundan su recurso de apelación en que la •corte de distrito cometió error manifiesto en la apreciación •de la prueba.

De la evidencia resulta que en el juicio que se celebró en la Corte Municipal de Arecibo, declaró Carmelo Gronzález, policía insular, que con motivo de los sucesos que dieron lu-•gar a la denuncia, Echevarría y Ayéndez fueron conducidos al cuartel y que allí, en presencia de Ramona Tull y otras personas, Ayéndez declaró que Echevarría le había hecho un ■disparo de revólver y mostró el pantalón que vestía, que-mado por la bala. Declaró Ramona Tull que ella vivía muy •cerca del sitio del suceso y que vió cuando Echevarría hizo ■el disparo desde el balcón de su casa. Posteriormente, du-rante el juicio, volvió a declarar que hallándose en el cuar-tel de la policía oyó a Ayéndez decir que Echevarría le ha-bía hecho un disparo de revólver y mostraba a la vez el pan-talón que vestía, quemado por la bala.

Resulta además de la evidencia que Ayéndez, llamado a declarar por la defensa, manifestó que Echevarría no le ha-bía hecho ningún disparo ni oyó detonación alguna, que des-pués de la riña su pantalón no tenía ninguna perforación ni ■lo mostró ni recuerda haberlo mostrado a Ramona Tull.

Otros testigos de descargo y el acusado Echevarría ne-garon la -.existencia del disparo.

Con esta evidencia el juez municipal dictó las sentencias-de que antes hemos hecho mérito, y reproducida la misma prueba ante la Corte de Distrito de Arecibo, ésta dirimió el conflicto en contra de los acusados y dictó las sentencias que-motivan estos recursos.

Se alega por la defensa que la declaración que en el cuartel hiciera Ayéndez no era admisible .en evidencia por tratarse de una confesión y no haberse probado previamenteque la misma había sido hecha voluntariamente después deadvertido el acusado de sus derechos constitucionales.

Para que el delito de acometimiento en cualquiera de sus grados pueda realizarse, se necesitan por lo menos dos su-jetos: el activo, que trata de realizar la agresión, y el pa-sivo, contra quien va dirigida la misma. En este caso Ayén-dez era la supuesta víctima y por consiguiente no podía ser el acusado. Siendo ello así, las manifestaciones que él hi-ciera en el cuartel de la policía no podían tener carácter de confesión, pues ni tendían a demostrar que el que las hizo hubiera cometido delito alguno ni fueron hechas por una persona acusada de un delito. Si se utilizaron- en el juicio' por acometimiento con circunstancias agravantes, no fue para incriminar a Echevarría, en relación con el cual hubie-ran sido testimonio de referencia, sino solamente para im-pugnar la declaración de Ayéndez, demostrando con ellas'-que en ocasión anterior, en el cuartel, había hecho manifes-taciones incompatibles con las que entonces hizo bajo jura-mento. Código de Enjuiciamiento Civil, sección 521.

La declaración de la testigo presencial, Ramona Tull, era suficiente para sostener la sentencia dictada contra el apelante José Roque Echevarría. La corte sentenciadora, que la oyó declarar y pudo apreciar su conducta en la silla testifical y comparar y analizar su declaración conjuntamente con las de los demás testigos, le dió entero crédito, y al así hacerlo, no encontramos que actuara con pasión, prejuicio o parcialidad ni que cometiera error alguno. Artículo 380, Código de Enjuiciamiento Civil.

La misma declaración de Ramona lull, así como la del policía Carmelo González, sobre las manifestaciones que en el cuartel hiciera Ayéndez, son suficientes-para sostener la sentencia que contra este último se dictó por el delito de de-sacato por perjurio.

Procede., por lo~ expuesto, desestimar ambos recursos y confirmar las dos sentencias apelabas.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Rafael Cuevas Zequeira, demandante, apelado y apelante, v. Rafael Hernández Usera, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 7790.

    Sometido: Noviembre 18, 1938.

      Resuelto: Diciembre 9, 1938.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante y apelado; J. Yalldejuli Rodríguez y R. Cuevas Zequeira, pro se, abogados del apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito entablado contra Rafael Hernández Usera por Rafael Cuevas Zequeira, abogado, en cobro de servicios profesionales. El demandado radicó una moción para eliminar el párrafo cuarto de la demanda, que fue de-clarada sin lugar por la corte inferior. Contemporánea-mente el demandado también solicitó un pliego de particu-lares respecto a los servicios prestádosle por el demandante. Estos servicios fueron la cuestión alegada en el párrafo ter-cero de la demanda. El demandante radicó un pliego de particulares detallado. Entonces el demandado solicitó se eliminara el párrafo tercero de la demanda sustancialmente por el motivo de que el mismo era o se había convertido en superfluo al ser sustituido por el pliego de particulares. Esta moción fue radicada el 4 de febrero, 1938. El día 9 del mismo mes y año el demandante acudió a la corte inferior y solicitó la anotación de la rebeldía fundándose en que la segunda moción para eliminar era frívola toda vez que se trataba de la misma moción que ya se había decla-rado sin lugar. La moción de rebeldía fue señalada para vista, mas la moción para eliminar no lo fue y nunca fue oída específicamente como tal por la corte de distrito. En reali-dad el demandado presentó una oposición a que se anotara la rebeldía, la cual fué llevada a la atención de la corte antes de que ésta dictara una orden sobre la misma. Luego de esta oposición y de concederse una oportunidad para ser oídos sobre la moción de rebeldía la corte ordenó se anotara tal rebeldía, y al mismo tiempo decretó que la segunda mo-ción para eliminar fuese a su vez eliminada por frívola.

En 14 de febrero, 1938, el demandante solicitó se seña-lara una vista (inquisition) para determinar la cuantía de sus honorarios. Tanto antes como después de dicha vista el demandado trató de que se reconsiderara la actuación de la corte y entre otras cosas radicó una moción, presuntivamente bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, soli-citando la apertura de la rebeldía. La corte no declaró con lugar ninguna de estas mociones sino que el 21 de mayo, 1938, dictó sentencia en favor del demandante.

En mayo 28 del año en curso el demandado apeló. El demandante solicita la desestimación del recurso por frívolo y en apoyo de su oposición a la moción para desestimar el demandado radicó copia del legajo de la sentencia certificado por el secretario.

El punto saliente en este caso es que cuando, se anotó la rebeldía había pendiente una moción para eliminar el tercer párrafo de la demanda. El procedimiento a seguirse está indicado por la regla 17 del Reglamento para las cortes de distrito, que lee así:

“A cualquier parte que interponga una excepción o moción frí-vola, con la sola intención de demorar una demanda o contestación, no le será permitido presentar otra alegación, excepto en la forma y manera que disponga la corte, y deberá ser requerida para que presente una declaración jurada de los méritos de su causa o de-fensa. ’ ’

Esta regla asume que la corte ha considerado como frí-vola alguna actuación de una de las partes. La regla pre-supone que dicha actuación, como por ejemplo la moción para eliminar en este caso, es frívola. Esto da énfasis a nuestra posición. Antes de poderse declarar frívola la mo-ción presentada por cualquier parte, a ella debe dársele opor-tunidad, en un procedimiento directo, de demostrar que su moción no es en realidad frívola. La vista de una moción para anotar la rebeldía no da a la parte demandada la misma oportunidad. Naturalmente el demandado podía compare-cer y oponerse a que se anotara la rebeldía por ese funda-mento, pero el dejar de hacer tal comparecencia no afecta sus derechos, asumiendo, conforme lo hacemos, que debe de-terminarse primero el carácter frívolo de su moción. Refi-riéndonos nuevamente a la regia 17 supra, cuyo efecto debe evidentemente invocarse mediante moción, podría decirse que tal regla supone o requiere alguna actuación de la corte contra la parte. La regla además tiene por mira, según su lec-tura demuestra, que antes de que la parte proceda en un caso deberá radicar un >affidavit de méritos, lo que es otro indicio de que el demandado debe ser oído. En alguna parte de los procedimientos el demandado en este caso trató de radicar un affidavit de méritos sin habérsele solicitado.

Cuando el demandante acudió a la corte pidiendo se ano-tara la rebeldía, él dijo que la segunda moción para eliminar era idéntica a la primera. Esto no parece haber sido cierto conforme interpretamos los antos. La segunda moción para eliminar se dirigía contra el tercer párrafo de la demanda, el cnal había sido snplementado o qnizá sustituido por la radicación de un pliego de particulares. El demandado, con-forme ya hemos dicho, sostiene que el tercer párrafo de la demanda se había convertido en superfluo con la radicación del pliego de particulares. La idea de un- demandado al ra-dicar una moción para que se elimine determinado párrafo es simplificar su contestación. La misma con frecuencia exige cuidadosa consideración para evitar admisiones, nega-tivas que envuelvan afirmaciones o algo similar. Podemos darnos cuenta de que la demanda tal vez no requería ulte-riores eliminaciones, mas al demandado no se le dió una oportunidad efectiva para demostrar que su moción no era frívola.

La segunda moción para eliminar no era una repetición de la primera. No debe asumirse sin la celebración de una vista que la segunda moción para eliminar era dilatoria. El mismo espíritu y contexto de la regla 17 presupone la de-claración por parte de una corte, en algún procedimiento instado con tal fin, de que una moción o excepción previa es frívola.

Los casos de Mora v. Rivera, 25 D.P.R. 493 y Morales v. Iglesias Silva, 49 D.P.R. 235, que la corte inferior citó, en-volvían excepciones previas y sobre éstas hubo una vista. Después de celebrarse la vista de una excepción previa, está dentro de las atribuciones de la corte, discrecionalmente, dar a la parte perdidosa una nueva oportunidad para ser oída, mas también luego de celebrarse la vista de una excepción previa la corte puede resolver definitivamente el caso y dic-tar sentencia si la justicia del caso así lo requiere.

Conforme hemos dicho, hubo una vista sobre la cuantía de los honorarios que se suponían adeudarse al demandante. El demandado al no comparecer a dicha vista no renunció ningunos derechos a atacar las conclusiones de la corte a este respecto. Aún así, los honorarios podrían ser revisa-das por este tribunal.

Debe ■declararse sm lugar la moción para desestimar.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    The National City Bank of New York, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1028.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Diciembre 9, 1938.

      Fiddler, Górdova c& McConnell y J. M. Morales, abogados del recu-rrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Para garantizar el cumplimiento de un pagaré se otorgó una hipoteca a favor de The Bank of America National As-. sociation of New York, la que fué inscrita a nombre del acreedor hipotecario. Luego el National City Bank en six carácter de tenedor del pagaré ejecutó la hipoteca, y la pro-piedad hipotecada fué inscrita libre de cargas a su nombre.

The Bank of America National Association of New York cedió, traspasó y entregó al National City Bank of New Lork cierta obligación garantizada con hipoteca otorgada a favor de dicha The Bank of America National Association of New York. El National City Bank como dueño y tenedor de dicha obligación ejecutó la hipoteca y adquirió en la subasta la propiedad hipotecada. Después de inscribir una escritura de ejecución y venta otorgada por un “special master” el National City Bank solicitó se cancelara la hipoteca en el registro de la propiedad. El registrador se negó a ello ba-sándose en que la hipoteca estaba inscrita a nombre de The Bank of America National Association of New York.

El artículo 79 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado en 1936 (Tercera Sesión Extraordinaria, Ley núm, 18, pág. 145) en un nuevo inciso 5 insertado por tal enmienda, provee que:

“(5) Las inscripciones de hipoteca serán canceladas de oficio,, cuando de sucesivas inscripciones de la finca resultase que el derecho inscrito fué ejecutado y vendida en pública subasta la finca o de-recho real sobre que se constituyera la hipoteca, a favor del acree-dor o de otra persona; . ”

El registrador descansa en el artículo 20 de la Ley Hi-potecaria. Podría admitirse para los fines de esta opinión,, que con anterioridad a la enmienda de 1936 al artículo 7% hubiera sido necesario inscribir la hipoteca a nombre del acreedor ejecutante como cesionario del acreedor hipotecario' original antes de proceder a efectuar una cancelación de ofi-cio de la hipoteca en el registro de la propiedad. Sin embargo, de haber algún conflicto entre el artículo 20 y el 79r tal como fué enmendado, el segundo debe prevalecer como la-más reciente expresión de la voluntad legislativa.

El inciso 5 del artículo enmendado autoriza la cancelación de una hipoteca en el registro de la propiedad en aquellos casos en que la hipoteca inscrita ha sido ejecutada — bien por el dueño de la hipoteca según el registro o por un dueño posterior — y la propiedad hipotecada ha sido inscrita a nom-bre del adquirente en pública subasta, ora tal adquirente sea el dueño de la hipoteca según el registro, o cualquiera otra persona.

Esta interpretación no surge quizá tan claramente del texto inglés del nuevo inciso como surge de la versión en castellano, la que parece algo más inteligible, razón por la. cual debe ser tomada por el original. Sea ello como fuere,, en lo que concierne a cualquiera diferencia existente entre los dos textos, el castellano debe prevalecer. Véase sección 1, inciso (c) de la “Ley para determinar las regias de hermenéutica legal aplicables en casos de discrepancia entre los textos castellano e inglés de una ley,” (Núm. 8) aprobada el 12 de noviembre de 1917 (leyes de ese año, vol. II, pág. 211). Toda otra interpretación, a nuestro juicio, haría que las palabras “o de otra persona” resultaran ineficaces y carentes de sentido.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse, la oamcela-ción solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Cornelio Maldonado Gutiérrez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1029.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Diciembre 9, 1938.

      Antonio E. Suliveres, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La 'Corte de Distrito de Arecibo declaró justificado- el dominio sobre cierta finca de 10 cnerdas en el barrio- Salto-Arriba del término municipal de Utuado, a favor de Cor-nelio' Maldonado Gutiérrez.

El Registrador de la Propiedad interino denegó la ins-©ripción del título “toda vez que del texto de la resolución y sentencia a que el mismo se contrae no aparece que se Laya cumplido con todos los requisitos exigidos par el ar-tículo 395 de la Ley Hipotecaria, entre ellos los más esencia-les que determinan los artículos 1859 y 1860 del Código Civil -de 1930.” En su lugar tomó anotación preventiva por el .término de 120,días. De dicha nota apeló el recurrente, no ■sin antes haber solicitado de la corte de distrito que enmen-dara la sentencia para conformarla con la nota del registra-dor, solicitud que la Corte de Distrito de Arecibo denegó ex-cepto en cuanto a uno de los particulares, a saber, el que se refería al valor de la parcela en cuestión, que fijó en $300.

De la nota del registrador no aparece qué particulares faltan en la sentencia. De su alegato, sin embargo, consta que denegara la inscripción porque:

“De la referida Opinión y Sentencia no aparece que el Fiscal del Distrito haya sido notificado, ni se dice de quién procede la finca, ■de acuerdo con el inciso 6to. del Artículo 9 de la Ley Hipotecaria, que dice: ‘El nombre y apellido de la persona, o el nombre de la Corporación o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse;’ y en relación con dicho inciso dice el artículo 30 de dicha Ley Hipotecaria, ‘las inscripciones que carezcan de las circunstancias comprendidas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del artículo 9 son nulas.’ ”

A nuestro juicio debe sostenerse la nota denegatoria.

En cnanto al requisito de la citación, si bien es cierto que en la sentencia dice el juez que “se cumplieron con los re-quisitos de citación y comparecieron entonces los oposito-res . . etc., ha resuelto esta corte en los casos de Morales Vda. de Fernández v. El Registrador, 48 D.P.R. 674, 681; Maldonado Sánchez v. El Registrador, 37 D.P.R. 832; Cancel v. Registrador, 28 D.P.R. 916; Taboada v. El Registrador, 26 D.P.R. 662, y Medina v. El Registrador, 19 D.P.R. 1016, que no basta con declarar en la sentencia como mera conclusión, que se cumplieron los requisitos de citación, sino que es menester hacer constar en la resolución los hechos en que dicha conclusión se basa. Por tanto, no habiéndose he-cho esto, procedió correctamente el registrador al negarse a inscribir la parcela de 10 cuerdas.

En cuanto a la procedencia de la finca, no aparece nada en la sentencia, a pesar de los términos precisos de los artículos 9, inciso 6to., y 30 de la Ley Hipotecaria, que respectivamente dicen así:

“Artículo 9. — Toda inscripción que se haga en el Registro expre-sará las circunstancias siguientes:
“6a. El nombre y apellido de la persona, o el nombre de la Cor-poración o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse.
“Artículo 30. — Las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2 y 5 serán nulas cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del artículo 9, y -en el número 1 del artículo 13.”

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Jaime y José Pizá, demandantes y apelantes, v. Manuel González Martínez, demandado y apelado.
    Núm. 7881.

    Sometido: Noviembre 14, 1938.

      Resuelto: Diciembre 9, 1938.

      Juan B. Soto y Enrique Igaravídez, abogados de los apelantes; J. Sifre, Jr. y Rafael Pastor, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Jaime y José Pizá radicaron en este tribunal una moción que titularon “Moción sobre Prórroga del término para ra-dicar transcripción de evidencia”, que termina con súplica de que se deje sin efecto la resolución dictada por la corte de distrito denegándoles la prórroga que solicitaron para ra-dicar en aquella corte la transcripción de evidencia y que se les conceda por' este tribunal una prórroga de treinta días con dicho objeto.

De la moción resulta lo siguiente: Los peticionarios es-tablecieron un pleito contra Manuel González Martínez en la Corte de Distrito de San Juan, dictándose sentencia contra ellos el 14 de mayo de 1935. Apelaron de dicha sentencia para ante esta corte y a la vez solicitaron de la Corte de Distrito de San Juan que les concediese el beneficio de po-breza’y que se ordenase que por el taquígrafo fuese prepa-rada la transcripción de la evidencia- sin costo alguno. La Corte de Distrito de San Juan, con fecha 5 de junio de 1935, concedió a los demandantes apelantes el beneficio de pobreza, y el 9 del mismo mes el taquígrafo, Sr. Oscar Gandía, soli-citó la reconsideración de esta orden, reconsideración que fue denegada el 16 del mismo mes de junio de 1935, dictándose una resolución que en su parte dispositiva dice así:

“Se ordena al taquígrafo, Os^ar A. Gandía, .que dentro del tér-mino de veinte días prepare y presente sin cobrar derecho alguno a los demandantes por sus servicios una transcripción de la evidencia testifical y documental de acuerdo con la ley, así como de los actos, resoluciones y excepciones que ocurrieron en el curso del juicio, a los fines de la apelación establecida contra la sentencia.”

El 25 de septiembre de 1935 el referido taquígrafo inter-puso recurso de apelación contra la orden antes aludida, ha-biendo estado pendiente de tramitación dicha apelación hasta que fué definitivamente desestimada el 20 de mayo de 1938 (52 D.P.E. 916). Mientras se tramitaba la apelación del ta-quígrafo, los demandantes apelantes no solicitaron prórroga alguna para radicar en su oportunidad la transcripción de evi-dencia, descansando, según ellos, en que habiéndose apelado por el taquígrafo de la orden decretando la preparación de la transcripción de evidencia, la corte de distrito carecía de jurisdicción para conceder prórrogas a los apelantes hasta tanto se resolviese en definitiva el recurso interpuesto por el taquígrafo. Después de desestimada la apelación interpuesta por el taquígrafo y devuelto a la corte de distrito el man-dato correspondiente, los demandantes apelantes radicaron en aquella corte una moción solicitando prórroga para radi-car la transcripción de la evidencia, la cual les fué denegada. Solicitaron reconsideración de la orden últimamente citada y también les fué denegada por resolución de 3 de octubre de 1938, según consta de una copia simple de la misma que los demandantes apelantes unieron, a manera de '-exhibit, a la moción que ahora nos ocupa.

De la resolución de 3 de octubre último aparecen los si-guientes datos que por ser pertinentes a este caso expondré-mos a continuación: Qne el taquígrafo solicitó y obtuvo diez y siete prórrogas de treinta días cada una para radicar la exposición del caso en la apelación por él interpuesta para ante este tribunal, siendo la última solicitud de prórroga la fechada el 30 de marzo de 1937; que durante todo ese tiempo nada hicieron los demandantes para solicitar la desestima-ción de la apelación interpuesta por el taquígrafo para ante la Corte Suprema, a pesar de lo dispuesto por la regla 59 del Reglamento de este tribunal, y, no obstante la circuns-tancia de que la exposición del caso que debió haber prepa-rado el taquígrafo pudo haber sido preparada en no más de una hora, según el juez de la corte inferior, los demandantes apelantes tardaron más de año y medio en solicitar la de-sestimación de la apelación interpuesta por el taquígrafo. Termina la resolución de la Corte de Distrito de San Juan con el siguiente párrafo:

“Se solicita ahora la reconsideración de esta última orden por los apelantes; el demandado apelado se opone, y la corte cree que no tiene jurisdicción para concederla. Pero aunque la tuviera, atendi-das todas las circunstancias de este caso creemos que los apelantes no han sido todo lo diligentes que debieron haberlo sido. El de-mandado tiene una sentencia a su favor desde el 14 de mayo de 1935 <.y no es justo que se le haya tenido, por tanto tiempo, de plantón ante los tribunales. Él tenía derecho a que la apelación se hubiera tramitado diligentemente. Interest reipublicae ut sit finis litium.”

Contra la resolución antes citada los demandantes apelan-tes no interpusieron recurso de apelación alguno y en esta moción que ahora consideramos no se solicita que se resta-blezca el término para radicar transcripción de evidencia, sino que se revoque o deje sin efecto la resolución de la Corte de Distrito de San Juan y se le conceda una prórroga para radicar la transcripción en aquella corte.

La situación que presentan los demandantes apelantes en la moción que ahora nos ocupa es sustancialmente igual a la ocurrida en el caso de Marcano v. Méndez, 35 D.P.R. 273. En aquel caso el apelante solicitó y obtuvo va-rias prórrogas para radicar la transcripción de evidencia, hasta que en 9 de enero de 1926, aparentemente cnando la última prórroga estaba para expirar, el taquígrafo solicitó nna última prórroga, denegándola la corte el 12 de febrero siguiente. El apelante no interpuso recurso de- apelación contra la resolución antedicha, sino que compareció ante esta corte y radicó cierta petición para que este Tribunal ejerci-tase su discreción a fin de permitir la radicación de las notas taquigráficas, y la corte, al desestimar la apelación, se ex-presó en los siguientes términos:

“Este es un caso donde la corte, ejercitando su discreción, se negó-a ampliar el término del taquígrafo. No se interpuso apelación contra la resolución de la corte negándose a prorrogar el término. Po-siblemente hubiéramos podido revisar la discreción si tal apelación hubiera sido interpuesta. En vista de los hechos, la actuación dé-la corte debe ser considerada como cosa juzgada.”

En el presente caso, no habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la resolución de la corte denegando la pró-rroga para radicar transcripción de evidencia, debemos con-siderar, como en el caso de Marcano v. Méndez, supra, que-la resolución de la corte de distrito constituye cosa juzgada, existiendo además la circunstancia de que aun en el caso de que se hubiese solicitado el restablecimiento del término, no hubiéramos hecho buen uso de nuestra discreción concedién-dolo, toda vez que las circunstancias del caso demuestran que-los demandantes no fueron diligentes en la tramitación de su apelación.

En el caso de Viuda de Martí v. García Cabrera, 50 D.P.R. 706, se denegó el restablecimiento de un término para, radicar la transcripción de evidencia en la Corte de Distrito de San Juan, diciéndose por voz del Juez Asociado Sr. Cor-dova Dávila lo siguiente:

“Entiende la parte apelante que no procede la desestimación, pero solicita se le conceda un nuevo término para radicar la trans-cripción de evidencia en la corte inferior, en caso de que esta corte llegue a la conclusión de que ha expirado ya el término concedida por el tribunal a quo para radicar dicha transcripción. Esta corte ha ejercitado siempre sus facultades discrecionales, concediendo nue-vos términos en bien de la justicia, cuando la parte •apelante ha des-plegado debida diligencia en la tramitación del recurso interpuesto.” (Itálicas nuestras.)

No habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la resolución de la Corte de Distrito de San Juan denegatoria de la prórroga ni habiéndose solicitado de este tribunal el restablecimiento del término, y apareciendo además que los apelantes no desplegaron en la corte de distrito la debida diligencia en la tramitación del recurso de apelación, procede denegar su moción sobre “prórroga 'del término para radi-car transcripción de evidencia.”

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Jorge Frau y Gabriel Borrás, peticionarios, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    Núm. 1156.

    Sometido: Noviembre 28, 1938.

      Resuelto: Diciembre 9, 1938.

      G. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de los peticionarios; Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogado del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Bayamón se radicaron dos acusaciones por delitos de adulteración de café contra Jorge Frau y G-abriel Borrás, haciendo negocios bajo la firma “Industrial Frau Hermanos & Compañía.” En cada causa se exigió a cada uno de los acusados una fianza que prestaron por la cantidad de $300 para permanecer en libertad provisional. Se señaló la lectura de acusación en ambos casos para el día 18 de abril de 1938. Los fiadores fueron notifi-cados del señalamiento. En dicho día compareció el acusado Gabriel Borrás. El otro acusado, Jorge Frau, no compareció. La corte ordenó consignar ese hecho en el acta del juicio y dis-puso que se notificase a los fiadores para que compareciesen el 25 del mismo mes a exponer las razones por las cuales no debieran ser confiscadas las fianzas prestadas a favor del acusado Frau. Comparecieron los fiadores el día señalado a ese efecto y en la vista que se celebró ocurrió el siguiente incidente que demuestra los motivos que alegó haber tenido Jorge Frau para no comparecer a la lectura de la acusación:

“Sr. González Blanes: Con la venia de la Corte, según se nos ha informado por nuestro representado, el señor Jorge Frau, él es-tuvo al día siguiente de haber sido citado en este Tribunal y pre-sentó la excusa por no haber comparecido el día de la acusación. Se debió a que parece no consiguió medio de transporte. Así es que según se nos ha informado a nosotros, él demostró a la Corte que estaba dispuesto en todo momento a comparecer y someterse a las resoluciones de este Tribunal.
“La Corte: ¿El señor Frau informó al letrado que había com-parecido ante la Corte?
“Sr. González Blanes: No sé, deje ver .... (Habla con el Sr. Frau.) Que estuvo en el Tribunal al día siguiente ....
“La Corte: ¿Con el Juez o en sala? No tengo el más mínimo recuerdo de eso.
“Sr. González Blanes: Parece que con quien habló fué con el Fiscal, no fué con el Juez. Esas son las razones de los fiadores.
“Un fiador: Nosotros a él lo citamos, él vive en nn barrio lejos, en el Consejo. Nosotros le mandamos la citación y llegaría tarde. Seguida que la policía nos citó a nosotros.
“Otro Fiador: Debido a que eran días santos la citación llegó, allá el miércoles. Ya el viernes no era día oficial, el sábado tam-poco.”

El motivo que alegó entonces el acusado en presencia dé-la corte fué que no había conseguido medios de transporte para asistir al tribunal. Estimando éste que la explicación que daban los fiadores no era satisfactoria, al siguiente día,. 25 de abril de 1938, decretó la confiscación de las fianzas prestadas por Gilberto Maestre y Joaquín Rodríguez y dis-puso además que fuesen requeridos dichos fiadores para que inmediatamente hiciesen efectivo el importe de dichas dos-fianzas, apercibidos de que de no verificar el pago inmedia-tamente, se libraría la correspondiente orden de ejecución.

Fueron requeridos los fiadores el 24 de mayo de 1938 en el pueblo de Utuado, negándose a verificar el pago y mani-festando que hablarían con el acusado para que éste pagara dicha cantidad, todo lo cual aparece del diligenciamiento del márshal al dorso del mandamiento que le fué expedido por el secretario de la Corte de Distrito de Bayamón el 27 de-abril último en cumplimiento de la orden de la corte de abril' 26 de 1938 de que antes se ha hecho mérito.

Continuó .el caso contra los 'acusados y el día 12 de mayo-de 1938 se dictó sentencia declarándolos culpables de los de-litos imputádosles y condenando a cada uno de ellos a sufrir un mes de cárcel y pagar $75 de multa. Contra esta senten-cia apelaron los acusados el mismo día.. Al día siguiente la. corte reconsideró su sentencia eliminando de la misma la condena de cárcel impuesta a cada uno de ellos y dejándola-subsistente en cuanto a la multa impuesta.

Así las cosas, el 31 de mayo de 1938 los fiadores radica-ron una moción solicitando la reconsideración de la orden confiscatoria de la fianza, y la corte, con fecha 8 de junú> siguiente, dictó una resolución denegando la reconsideración, de la cnal tomamos los. siguientes párrafos:

“Las razones alegadas en el escrito referido (se refiere a la mo-ción de reconsideración) tuvieron oportunidad los fiadores de invo-carlas el 25 de abril de 1938 cuando fueron llamados y compare-cieron, asistidos de abogado, a exponer los motivos por los cuales no debía ser confiscada la fianza. Las razones que abora invocan les eran conocidas a los fiadores en y antes del 25 de abril de 1938, se-gún su propia moción de reconsideración.
“No obstante haberse dictado en 26 de abril de 1938 la resolu-ción confiscando la fianza, ninguna gestión hicieron los fiadores por una reconsideración hasta el día 31 de mayo último. La ley número 67 de 193J (Leyes de 1936-39, pág. 199) marea una línea de con-ducta para la revisión de una sentencia o resolución que tiene ca-rácter civil y de la cual puede establecerse recurso de apelación para ante la Corte Suprema.
“La moción de reconsideración es declarada sin lugar.” (Parén-tesis nuestro.)

Con fecha 30 de junio último comparecieron los acusados y solicitaron la reconsideración de la sentencia contra ellos dictada, accediéndose a su moción por haberse demostrado que las declaraciones de los testigos de cargo que sirvieron de base a su sentencia eran completamente falsas. En la misma moción de reconsideración se solicitó que se dejase sin efecto la confiscación de la fianza, y proveyendo la corte a esta súplica, dictó el siguiente pronunciamiento con fecha 17 de octubre último:

“Habiendo solicitado los acusados en su moción de 30 de junio de 1938 que se les exima de toda responsabilidad en las denuncias formuladas ‘inclusive la referente a la confiscación de las fianzas’, y no apareciendo que sean los acusados la parte realmente intere-sada en ese último extremo, no ha lugar a lo pedido.”

El 31 del mismo mes los acusados solicitaron la reconsi-deración de la resolución de 17 de octubre antes transcrita, la cual fué denegada el 3 de noviembre pasado.

Fue para revisar las resoluciones de 17 de octubre y 3 ■de noviembre últimos antes citadas que se interpuso por los .acusados el presente recurso de certiorari.

En su solicitud ante este tribunal los peticionarios aseguran que Jorge Frau no compareció el día señalado para la lectura de acusación porque habiendo sido ésta dirigida contra ambos acusados haciendo negocios bajo un nombre comercial, a saber, “Industrial Frau Hermanos & Compañía”, entendió aquél que compareciendo el coacusado Borrás, la comparecencia del primero era innecesaria. Qu'e estando los fiadores en dichas causas suficientemente garantidos por la solvencia de los acusados aquí peticionarios, no han actuado aquéllos y evidentemente no se sienten inclinados a acudir a la corte e incurrir en gastos judiciales, siéndoles de ■este modo imposible a los peticionarios remediar la situación ■en que se encuentran. Se alega además que al negarse la corte a oír a los acusados para que se deje sin efecto la confiscación de la fianza, cometió un error de procedimiento. Asimismo, que es dudoso el derecho de apelación y que aunque éste existiera, el remedio no sería rápido y adecuado en ■el presente caso, y termina la petición con súplica de que se revoquen y anulen las resoluciones dictadas en 17 de octubre de 1938 y 3 de noviembre siguiente, que se hacen formar parte de la solicitud de certiorari.

Se expidió el auto en vista de la alegación de que los fiadores no habían solicitado remedio alguno contra la con-fiscación de la fianza y señalada la vista para el día 28 de noviembre último, comparecieron ambas partes, sometiendo alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones.

La ley que rige el caso es el artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

“Artículo 396. Si el acusado, sin presentar excusas suficientes, se descuidare o dejare de comparecer para oír el acta de acusación ■o faltare a la celebración del juicio o al pronunciamiento de la sen-tencia, o en cualquiera otra ocasión en que su presencia en el tribunal sea legalmente requerida, o no se rindiera en cumplimiento de la sentencia, el tribunal ordenará que se consigne ese becbo en el acta del juicio, y la fianza personal o pecuniaria, según el caso, se declarará confiscada. Pero si <en cualquier época antes que el tribunal haya definitivamente levantado su sesión el acusado o sus: fiadores comparecieren y explicaren satisfactoriamente su descuido,, el tribunal podrá ordenar se deje sin efecto la confiscación de la fianza o del depósito de dinero bajo las condiciones que estimare justas.” (Itálicas nuestras.)

Del texto de dicho artículo aparece claramente que tanto el acusado como los fiadores tienen derecho a comparecer ante la corte y explicar la incomparecencia del acusado, y si el tribunal entiende que la explicación de uno u otros es sa-tisfactoria, puede dejar sin efecto la confiscación de la fianza siempre que tal comparecencia de fiadores o acusado tenga efecto en cualquier época •cmtes que el tribunal haya definiti-vamente levantado su sesión.

En el presente caso los fiadores comparecieron oportuna-mente ante la corte y explicaron la incompareeencia del acu-sado, estando éste presente, y suministrando él mismo, en presencia de la corte, la información necesaria a ese efecto. Dijo entonces el acusado, contrario a lo que ahora alega en su petición de certiorari, que no compareció por falta de medios de transporte. La corte no estimó satisfactoria la explicación dada entonces por el acusado y sus fiadores y ordenó la confiscación de la fianza. Poco después se solicité la reconsideración de esta orden y fue denegada. No se es-tableció recurso de apelación contra las dos resoluciones de la corte confiscando la fianza y denegando la reconsideración,, permaneciendo inactivos tanto los fiadores como el peticio-nario Frau hasta que los acusados radicaron la moción de 30 de junio de 1938 en que solicitaron entre otros remedios, que se dejase sin efecto la confiscación de las fianzas.

De acuerdo con el artículo 396 antes citado, la moción de los acusados antes aludida fué tardía, pues no se presenté dentro del plazo que especifica la ley, o sea antes de que el tribunal hubiese definitivamente levantado su sesión en el término en que se ordenó la confiscación de la fianza.

De una monografía que aparece en 84 A.L.R. 420 y si-guientes, sobre confiscación de la fianza y remedios de los perjudicados, tomamos lo siguiente, de la página 427 de dicha obra:

“La solicitud de los fiadores para que se les releve de la confis-cación de su fianza debe, desde luego, presentarse durante el tiempo dentro del cual la corte tenga facultad para conceder tal remedio. Debido a las diversas disposiciones estatutarias, no se puede esta-blecer una regla general en cuanto a este punto, apareciendo de los casos que a continuación se citan la regla que impera en cada juris-dicción: (Se citan casos de distintas jurisdicciones en que se ha dis-cutido la cuestión.)” (Itálicas nuestras.)

Cuando un estatuto especifica un procedimiento para ob-tener determinado remedio, excluye cualquier otro que no sea el establecido por el poder legislativo. Botany Worsted Mills v. U. S., 278, U. S. 282, 73 L. Ed. 378, 385.

En el casó de El Pueblo v. Cruz et al., 12 D.P.R. 71, 73, en que se apeló por el fiscal de la resolución de la corte de-jando sin efecto la confiscación de la fianza y en que el acu-sado dejó de comparecer, como en este caso, el día señalado para la lectura de la acusación, esta corte dijo lo siguiente:

“La explicación dada por el acusado antes de que la corte de Guayama levantara definitivamente su sesión, o lo que es lo mismo, antes de finalizar él término de sus sesiones, es aceptable como ex-cusa de su ineomparecencia en el día señalado para oír la lectura de su acusación, pues si hubiera tratado de evadir el cumplimiento de la orden judicial, apenas oyó decir que se le buscaba por las au-toridades, no se hubiera presentado en el mismo lugar del juicio.”

En el caso de El Pueblo v. Díaz, 12 D.P.R. 124, se distin-gue sin revocarlo el caso de El Pueblo v. Cruz, supra, y se revoca la resolución apelada por el fiscal, porque los fiadores se limitaron a exponer las diligencias practicadas por ellos para encontrar al acusado y no las razones que tuviera el acusado para no comparecer. .

En el caso de El Pueblo v. Soto, 24 D.P.R. 489, el acusado no compareció el día señalado para la lectura de la acusación. Citados entonces los fiadores, no mostraron causa suficiente a juicio de la corte para justificar la conducta del acusado y se decretó la confiscación de la fianza. Pidieron reconsi-deración y la corte no accedió, apelando entonces para ante este tribunal. La excusa alegada por los fiadores era que el acusado no compareció por hallarse enfermo. Declararon los fiadores a ese efecto y la corte no les dió crédito. Confir-mando la resolución apelada eonfiscatoria de la fianza, esta corte se expresó en los siguientes términos:

“Al pedir reconsideración los fiadores acompañaron una certifi-cación médica creditiva de la enfermedad del acusado en la fecba en que se le citó para que compareciera ante la corte, certificación que según ellos se encontraba desde el momento oportuno en poder del juez municipal de Vieques quien 'debido al estado de cosas rei-nante en dicho pueblo no la entregó a los fiadores ni la remitió en tiempo a la corte de distrito.’ Tampoco aceptó la corte la explica-ción como excusa suficiente y negó la reconsideración solicitada.
“Las mismas consideraciones que dejamos hechas, son aplicables ahora. No podemos sustituir nuestro juicio por el de la corte sen-tenciadora. Ella que oyó declarar a los apelantes, estaba en mejo-res condiciones que nosotros para juzgar con respecto al crédito que debía darse a sus manifestaciones. La certificación médica que se acompañó al escrito de reconsideración debió haberse presentado en la primera oportunidad que se concedió a los fiadores. Además el juez de distrito no estaba obligado a aceptar bajo tales circunstan-cias la certeza del hecho en la misma consignado.
“Por virtud de lo expuesto y vista la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en los casos de Rivera et al. v. Tous Soto, Juez de Distrito, 11 D.P.R. 96; El Pueblo v. Cruz et al., 12 D.P.R. 71, y El Pueblo v. Díaz et al., 12 D.P.R. 124, debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada.”

Véase también, por vía de ilustración, el caso de El Pueblo v. Martínez, 26 D.P.R. 738, en que se apeló por los fia-dores de la resolución de la corte confiscando la fianza, siendo confirmada la resolución del tribunal inferior.

Véase asimismo el caso de State v. Grice, 11 La. Ann. 605, citado en la monografía antes aludida.

Los fundamentos que tuvo la corte para denegar la mo-ción de los acusados son erróneos, .porque, como liemos visto, el acusado al igual que los fiadores tiene derecho a compa-recer y explicar la causa de su incumplimiento con las órde-nes de la corte; pero el resultado a que llegó el tribunal inferior al denegar dicha moción es correcto, en primer tér-mino porque la moción se presentó tardíamente, es decir, después de haber expirado con exceso el término en que la corte decretó la confiscación de la fianza, y en segundo lugar, porque, como hemos visto anteriormente, la corte oyó a los fiadores y al propio acusado, quien manifestó en aquella oca-sión el motivo de su incomparecencia, al cual la corte no dió crédito, según parece, no pudiendo nosotros ahora alterar la conclusión a que llegó la corte sentenciadora, no habiéndose demostrado que actuó con pasión, prejuicio o parcialidad.

Siendo ello 'así, 'procede 'amular el <mto expedido y> devol-ver los am>tos originales remitidos por la corte .inferior, para ulteriores procedimientos.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Tra-vieso, no intervinieron.