author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Riera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación de pro-piedad inmueble, etc.
    No. 1621.
    Resuelto en enero 13, 1919.
    VENTA DE TERRENOS REALENGOS DE PUERTO RICO HECHA POR ESPAÑA ANTES DE la Guerra con los Estados Unidos — Tratado de París. — Las tierras que el Gobierno español vendió en Puerto Rico válidamente antes de su guerra con los Estados Unidos no pasaron por el Tratado de París a poder de los Estados Unidos ni por este fueron cedidas al Pueblo de Puerto Rico.
    Venta Nula Hecha por el Gobierno Español — Traspaso del Derecho, de España en esa Venta a los Estados Unidos. — Cuando el título de venta de cierto terreno de Puerto Rico otorgado por las autoridades españolas; antes de la guerra es nulo, España no se había desprendido de su propiedad cuando firmó el Tratado de París y por él pasó esa propiedad a los Estados; Unidos y El Pueblo de Puerto Rico como cesionario suyo puede reclamarlo.
    Investigación de Títulos de Ven-ta Otorgados por Funcionarios Españoles en Puerto Rico. — Pudiendo España examinar la legalidad del título de-venía otorgado por sus funcionarios en Puerto Rico y anularlo, pueden los-Estados Unidos como cesionarios de ella y El Pueblo de Puerto Rico como-cesionario de los Estados Unidos examinar la validez de los títulos de venta, aunque tenga para ello que investigar los actos de los funcionarios españoles.
    Venta en Composición de Terrenos Realengos — Reglamento de Í7 de Abril, de 1884 — Real Decreto de Io. de Febrero de 1894 — Resolución del In-tendente de Puerto Rico de 3 de Abril de 1894.- — El Reglamento de 1T de abril de 1884 para la composición y venta de terrenos realengos en esta. Isla no fijó plazo para que los poseedores de ellos pudieran adquirirlos en composición y fué fijado por el Real Deereto de Io. de febrero de 1894 según el cual vencía el 17 de abril de 1894 siendo condición además que los terrenos-estuvieran en cultivo por lo menos dos años antes de esa fecha,, o sea desde-el 17 de abril de 1892. La Intendencia General de Puerto Rico decidió en 29 de marzo de 1894 que hasta el 17 de abril de 1894 podían presentárse-las solicitudes.
    Nulidad de Venta Hecha por el Intendente General de Hacienda de Puerto Rico — Venta en Composición Solicitada Después del 17 de Abril de: 1894 — Cultivo por Menos de Dos Años Anteriores al 17 de Abril de 1894.' — Es nula la venta en composición de terrenos realengos otorgada por el Intendente General de Hacienda de Puerto Rico cuando la solicitud para ella se hizo después del 17 de abril de 1894 y también cuando los terrenos no tenían en esa fecha dos años de cultivo.
    Artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecarla — Terceros—Vicio de Nulidad que no Consta en el Registro de la Propiedad. — No constando en el registro de la propiedad que la venta én composición de terrenos realengos se soli-citó después del 17 de abril de 1894 y que los terrenos no tenían en esa fecha dos años de cultivo, no pueden esos vicios de nulidad perjudicar a un tercer adquirente porque es en el registro y no en otras oficinas donde deben constar claramente los vicios de nulidad para que puedan perjudicar al tercero. El carácter de tercero ha de apreciarse con referencia a las inscripciones y anotaciones.
    Artículo 27 de la Ley Hipotecaria — Conocimiento por el Tercero de los Vicios de Nulidad que No Constan en el Registro — Opinión de un In- ■ geniero — Precio de la Compra. — Para que el tercero pierda su earáeter de tal os necesario que adquiera conociendo los vicios de nulidad o las cargas que pesan sobre la finca, revelados evidentemente por hechos que forzosamente tienen que herir los sentidos o por actos realizados por él. La opinión de un ingeniero respecto a la legalidad del título del vendedor no priva al tercero de su carácter de tal, ni el mayor o menor valor con que una finca aparezca en el registro levanta por sí sólo presunción alguna contra la legalidad del título.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Francisco Soto Gras.

    Abogados del apelado: Sres. Salvador Mestre, Fiscal, y Howard L. Kern, Attorney General.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Pico demandó en reivindicación a don José D. Eiera alegando como fundamento de la acción que éste se halla poseyendo sin título legal cierta parcela de tierra radicada en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciu-dad, que pertenece en propiedad al demandante por cesión que de ella le hizo el Grobierno de los Estados Unidos de Norte América, quien la adquirió de España en virtud del Tratado de París firmado por ambas naciones en 10 de diciembre de 1898.

Además de la devolución de la finca pidió del demandado cierta cantidad de dinero por los frutos que había producido.

El demandado contesto esa reclamación negando que El Pueblo de Puerto Eico ni el Gobierno de los Estados Unidos de América, bayan sido dueños en algún tiempo de la parcela de tierra que se le pide porque, con anterioridad al Tratado de París, España se .había desprendido de sus derechos do-minicales en dicha finca por la escritura de 27 de septiembre de 1897 por la cual el Intendente General de Hacienda de esta isla, en nombre del Gobierno Español, vendió esa finca a don Manuel J. Gestera y Gestera por precio recibido, la que actualmente pertenece al demandado por título de com-praventa inscrito en el Eegistro de la Propiedad de San Juan, en el que también inscribieron sus adquisiciones el Gobierno de España y los posteriores adquirentes. Negó deber can-tidad alguna por frutos y alegó además su condición de ter-cero, manifestando que adquirió el dominio de persona que en el registro de la propiedad aparecía como dueña de dicho inmueble sin condición ni defecto alguno.

El pleito terminó por sentencia que declara con lugar la demanda en cuanto a la devolución de la finca al demandante y sin lugar en cuanto al pago de la cantidad que se recla-maba, y de esa sentencia apeló el demandado por medio del presente recurso.

La primera cuestión a resolver es si como sostuvo el de-mandado en su contestación y sostiene ahora en este recurso, el demandante carece de acción para reivindicar por no ser dueño de la finca objeto del litigio.

No niega el apelante que España fué dueña de los terrenos que son objeto de este pleito, pero sostiene que puesto que los había vendido a Gestera en 1897, antes de su guerra con los Estados Unidos de América, declarada en 25 de abril de 1898, no pudo ceder ni cedió la propiedad de esos terrenos al firmar en París el tratado de paz de 10 de diciembre de 1898 por el que hizo cesión de-la isla de Puerto Eico y de las propiedades que en ella correspondían a la Corona de España, por lo que los Estados Unidos nunca han sido dueños de ellos ni pudieron cederlos al Pueblo de Puerto Eico, por cuyo motivo éste no puede reivindicarlos.

Si la venta que los funcionarios de España en Puerto Rico lucieron a Gestera en el año de 1897 es válida, entonces tiene razón el apelante, porque el artículo 8º. de dicho Tratado de Paz dispuso que la cesión de la isla a los Estados Unidos no mermaría la propiedad o los derechos que correspondieran con arreglo a las leyes, a los poseedores pacíficos de bienes de toda clase, inclusos los de los individuos particulares, cualquiera que fuera su nacionalidad.

Por el contrario, si el título por el que aparece España desprendiéndose del dominio de esos terrenos no es válido con arreglo a las leyes, entonces España no se había des-prendido de su propiedad cuando firmó el Tratado de Paz ele París y por tanto por él pasó la propiedad de esos terrenos a los Estados Unidos de América quienes pudieron cederlos y en efecto los cedieron al Pueblo de Puerto Rico, quien como tal dueño puede recobrarlos de quien los posea sin título legal, por la ilegalidad del título de Gestera.

Respecto al dominio de España sobre los terrenos realen-gos cuyo carácter tenían los que nos ocupan, como no es cues-tión que se controvierte ahora nos bastará hacer referencia a los casos de El Pueblo v. Dimas, 18 D. P. R. 1061, y El Pueblo v. El Municipio de San Juan, 19 D. P. R. 656.

Así pues, la cuestión fundamental en este pleito es la de si el título de Gestera es válido y le trasmitió por tanto la propiedad de los terrenos que tenía España y que hoy posee el apelante; y aunque éste sostiene que El Pueblo de Puerto Rico, como cesionario de los Estados Unidos, no puede inves-tigar los actos de los funcionarios de España realizados antes de la guerra, sin embargo, correspondiendo por el Tratado de París a los Estados Unidos de América el derecho de propiedad que tenía España en esta isla, cedido luego a El Pueblo de Puerto Rico, es claro que si España podía exa-minar la leg'alidad del título otorgado por sus funcionarios a Gestera y anularlo, derecho que nadie negará, pueden tam-bién los Estados Unidos como cesionarios de los derechos que España tenía en esta isla, y como cesionario suyo El Pueblo de Puerto Rico, examinar la validez del título de Gestera aun-que para ello tenga que investigar los actos de los funcio-narios de España. No parece sostenible que porque no se descubran actos irregulares o equivocados de funcionarios pú-blicos de España hayan de continuar en la posesión de los terrenos que le pertenecieron y cuya propiedad traspasó a los Estados Unidos, personas que los tienen sin derecho para ello. Sentado esto, pasemos a estudiar el título de Gestera.

En 17 de abril de 1884 el Rey de España aprobó el Re-glamento para la venta por composición de terrenos realengos en la Isla de Puerto Rico, cuyo artículo 5º. dice así:

“Art. 5º. — Los poseedores de terrenos que careciendo de justo título y no pudiendo alegar el derecho de prescripción establecido en el artículo 2º. de este reglamento, los tengan en la actualidad desti-nados a cafetales o a cualquier otro cultivo agrario, a los cuales se refiere el párrafo 3º. de la Real Orden de 5 de junio de 1877, podrán adquirir la propiedad de los mismos por composición pagando a la Hacienda el valor que por la tasación correspondiente se asigne al terreno en la época en que indebidamente fué ocupado.”

Otras disposiciones del Reglamento determinan la forma y plazo en que habrán de hacerse los pagos: que las peticio-nes se dirigirán al Intendente General de Hacienda determi-nando los requisitos que ha de contener, y que a ella corres-ponde la tramitación de los expedientes y de los incidentes a que den lugar y la resolución a una Junta Superior de Com-posición y Yenta de Realengos, compuesta por los funciona-rios que determina: cómo ha de hacerse el deslinde y tasa-ción de los terrenos solicitados y por quién aprobado el expe-diente, y que el Intendente General de Hacienda o quien le suceda en su cargo y represente en sus funciones, será quien otorgue el título de propiedad cuando se lleve a efecto en esta capital.

En ese reglamento no se fija plazo para presentar la solicitud, para tramitar el expediente ni para otorgar la es-critura de venta.

Posteriormente la Reina de España firmó en 1º. de febrero de 1894 el Decreto que so publicó en la Gaceta de esta Isla-el 6 de marzo siguiente y que dice así:

“Artículo Unico. — Se amplía en diez años, a contar desde el 17 de abril de 1884, el plazo para que los poseedores de terrenos rea-lengos en la Isla de Puerto Rico, que los tuvieren cultivados a lo menos de dos años antes del término del mismo, y se bailaren en las demás condiciones a que se refiere el artículo 5º. del Real Decreto de la fecha antes citada,- puedan adquirir la propiedad de dichos terrenos por medio de composición con la Hacienda, satisfaciendo su valor con sujeción a lo preceptuado en el artículo 7º. del referido Real Decreto.”

Días después, en 29 de marzo, se dictó por el Intendente General la resolución que se insertó en la Gaceta de 3 de abril de 1894, la que dice así:

“Ampliado en diez años por S. M. el Rey (Q. D. G.), el plazo para que los poseedores de terrenos realengos de esta isla puedan adquirirlos por composición con la Hacienda siempre que los tu-, vieren cultivados a lo menos dos años antes de la terminación de ese plazo que vencerá el 17 de abril del corriente año, ha resuelto el Iltmo. Sr. Intendente de acuerdo con este Centro que hasta las doce de la mañana del indicado día 17 de abril próximo se admitan las solicitudes que con tal motivo se presenten; advirtiéndose que ven-cido ese plazo, quedarán sin curso todas las solicitudes que pudieran presentarse.
‘-‘Y con el fin de que en su día no pueda alegarse ignorancia por parte de los interesados, recomiendo eficazmente a los Sres. Alcaldes que por medio de edictos y cedulones hagan pública esta disposición en los diferentes barrios de sus respectivas jurisdicciones.
“De quedar enterados de esta disposición acusarán recibo los se-ñores alcaldes.
“Puerto Rico, 29 de marzo de 1894. El Administrador Central, Antonio de Olózaga.”

Tres años después de esto, en 29 de septiembre de 1897, el Intendente General de Hacienda Pública, interino, en re-presentación de los derechos e intereses del fisco y como jefe del Estado en esta Provincia de Puerto Pico, compareció ante Notario Público eon don-Manuel J. Gestera y Gestera y otorgó a éste escritura de venta en composición de los terre-nos que son objeto de este pleito por precio recibido e ingre-sado en las arcas del Tesoro.

Esa escritura fué presentada como prueba en el juicio de este pleito y en ella se hizo constar por el notario con vista de un expediente que le fué exhibido y que dió fe tener a la vista, que Gestera acudió a la Intendencia General ele Hacienda en escrito de 2 ele junio ele 1897 solicitando que de acuerdo con las disposiciones del Reglamento sobre Compo-sición y Yenta de terrenos baldíos vigente en esta isla, se le concediera la propiedad por composición con el Estado de una superficie de terreno pantanoso o manglar, que es el que está en litigio en este pleito, fundándose en haber desecado y cultivado por su cuenta dicha superficie convirtiéndola en terreno afirmado y habitable “hace el espacio de tres años,” invirtiendo considerables siímas y siendo de notorio beneficio para la salubridad del barrio.

Los demás hechos que se transcriben de ese expediente cuyo fin fué el otorgamiento de la ameritada escritura, no tienen importancia para la resolución de este caso.

El expediente 'original no fué presentado en el juicio por-que se justificó que se ha extraviado, pero los hechos que de él hemos consignado tomándolos de lo relacionado en la es-critura de venta a Gestera, podemos tomarlos como base para considerar la cuestión de derecho que de ellos surge porque constan en un documento suscrito por las partes de este pleito.

Con lo que hemos expuesto podemos considerar la 'cues-tión fundamental de este pleito.

Puesto que el Reglamento de 17 de abril de 1884 para la composición y venta de terrenos realengos en esta isla na fijó plazo para que los poseedores de ellos pudieran adqui-rirlos por composición, lo que en verdad hizo el Real Decreto de 1º. de febrero de 1894, más que ampliar plazo alguno, fué fijar un término dentro del cual podía adquirirse la propiedad en esa forma de terrenos realengos, y de acuerdo con su pre-cepto ese plazo vencía el 17 de abril de 1894, siendo condición además que los terrenos estuvieran en cultivo por lo menos desde dos años antes de esa fecba, o sea desde el 17 de abril de 1892.

Si ese Eeal Decreto se hubiera interpretado estrictamente pudiera haberse exigido que para el día 17 de abril de 1894 debiera haberse adquirido la propiedad por composición, pero sin duda teniéndose en cuenta por la Intendencia General que dicho Decreto se había publicado en esta isla el 6 de marzo de 1894 y que de acuerdo con el Reglamento a que hacía refe-rencia debían practicarse ciertos trámites después de presen-tada la solicitud para adquirir por composición, difíciles de llevar a cabo en tan corto tiempo, decidió, creemos que acer-tadamente, que las peticiones se presentaran hasta el día 17 de abril de 1894. Así pues, podía presentarse la solicitud antes de expirar el plazo fijado en dicho Real Decreto y, sin embargo, por la posterior tramitación de la solicitud no otor-garse la propiedad sino en. fecha más o menos remota, no limi-tada por disposición legal alguna.

Teniendo en cuenta esto habremos de decidir que cuando Gestera presentó en 2 de junio de 1897 su solicitud para la adquisición de las tierras que ahora se reclaman, había ven-cido con exceso el plazo que fijó el Real Decreto citado para que pudiera concederse la propiedad a los poseedores ele te-rrenos realengos y por ese motivo el Intendente de Hacienda carecía de autoridad legal para conceder la propiedad en com-posición, pedida después de esa fecha, defecto que vicia de nulidad el título de Gestera.

Tampoco estaba facultado el Intendente de Hacienda de esta isla para vender en composición terrenos del Estado que no estuvieran cultivados a lo menos desde el 17 de abril de 1892; y de la solicitud de Gestera aparece que en esa fecha no estaban los terrenos en cultivo ya que en su solicitud de 2'de junio de 1897 afirmó que estaban en cultivo desde “hace tres años”, o sea desde junio de 1894, fecha posterior a la exigida por dicho Real Decreto como condición para que se pudieran vender terrenos en composición. La falta de cum-plimiento de esa condición anulaba también el título de Ges-tera.

¿Pero esta declaración de nulidad perjudica al apelante que compró de quien en el Registro de la Propiedad aparecía como dueño e inscribió su título?

Según los artículos 33 y 34 ele la Ley Hipotecaria la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, no obstante lo cual los actos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el de-recho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del registro.

Como Riera es un tercero con respecto al contrato cele-brado por el Intendente interino de Hacienda en el año 1897 y don Manuel Gestera, pues no intervino en él, debemos con-siderar lo que dice respecto de ese contrato el registro de la propiedad para ver si del mismo resulta claramente el vicio de nulidad de que adolece el título de Gestera pues si es así esa nulidad habrá de afectarle.

El asiento de inscripción del título de Gestera según apa-rece en el registro de la propiedad, en lo pertinente, dice así;

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“El Estado es dueño de la finca de este número por derecho de conquista, según resulta de la referida primera inscripción en donde tiene acreditada la posesión; y como dueño representado por el Iltmo. Sr. Intendente General de Hacienda, don Alejandro Infiesta García, la vende mediante composición según expediente que al efecto se tra-mitó y fué aprobado por el Exemo. Sr. Gobernador General, a don Manuel Gestera, por precio de tasación, o sea 266 pesos 2 centavos, que el vendedor en la representación que ostenta confiesa ingresados en las arcas reales antes del acto de la escritura objeto de esta reso-lución. El mismo don Manuel J. Gestera y Gestera, mayor de edad, propietario, casado y vecino de esta capital, inscribe la finca de este número por título de compraventa en composición sin condiciones es-pedales y sin perjuicio de tercero. Todo lo referido consta del re-gistro y de la primera copia de una escritura otorgada en esta Capital a 29 de septiembre último ante el notario don Mauricio Guerra,
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“Firmo la presente en San Juan de Puerto Rico a 12 de diciembre de 1897. José Ignacio Beyens.”

Como puede verse por la inscripción transcrita, de ella no resulta la causa de nulidad de que adolece el título de Gestera pues no da noticia al tercer adquirente de que la petición de venta en composición se hizo por Gestera después del 17 de abril de 1894, que era el plazo fijado por el Real Decreto de ese año para que los poseedores de terrenos rea-lengos pudieran adquirirlos por composición; ni de ella re-sulta tampoco el otro vicio de nulidad de no liaber estado los terrenos en cultivo a lo menos desde el 17 de abril de 1892 que era condición para que dicha clase de venta pudiera ha-cerse.

Sostiene sin embargo el demandante apelado que del regis-tro resulta claramente la nulidad del título otorgado a Ges-'tera porque no solamente consta en él que las tierras se for-maron por desecación de manglares sino también porque Ges-tera las obtuvo por compra en composición en el año 1897. cuando en esta fecha no estaba autorizada esa clase de venta.

No debió estar muy seguro el demandante acerca de este punto cuando no se limitó para probar el vicio de nulidad a presentar lo- que aparecía del registro con referencia a la finca en litigio y acudió a otros medios de prueba; pero de todos modos ni en la primera inscripción a favor del Estado Español, ni en la segunda a favor de Gestera, ni en las pos-teriores a ésta y anteriores a la de Riera consta que la finca se formara por desecación de manglares; y aunque así cons-tara esto no constituiría vicio de nulidad pues tal clase de tierras podían ser vendidas de acuerdo con el Reglamento y el Real Decreto de 1894 mencionados. La cita que se hace del caso de El Pueblo v. Dimas, supra, no tiene aplicación en este particular puesto que lo que entonces se declaró fué que las tierras obtenidas poit^Sesecaciúny'd.e manglares pertene-^cían al .Estado_.a-m.enos qneTii'énlgnaárNvaMamelítC”™'"

El lieelio de que conste en el registro qne la escritura de compraventa a favor de Gestera fué otorgada en el año 1897 no demuestra por sí solo vicio alguno de nulidad, pues el Eeal Decreto de 1894 no fijó plazo alguno para otorgar la escritura de venta. Ni podía otorgarse la escritura de tras-misión de la propiedad hasta una fecha indeterminada, posterior al 17 de abril de 1894 pues pucliendo solicitarse la pro-piedad en composición hasta ese día y siendo necesaria cierta tramitación posterior a la solicitud en cumplimiento del Real Decreto de 1894 y del Reglamento de 1884, no teniendo dichos trámites tiempo fijado para ultimarlos, la fecha del docu-mento tenía que ser más o menos posterior a dicho día y por tanto el que la escritura de Gestera tuviera la fecha de 1897 no demuestra en sí vicio alguno de nulidad.

Pero se sostiene que al que adquiere de quien en el re-gistro aparece como dueño no le hasta con examinar los libros de esa oficina para ver si de ellos resulta claramente vicio alguno de nulidad sino que si no quiere verse privado de los beneficios que a los terceros concede el artículo 34 de la Ley Hipotecaria deberá por los datos,que el registro arroje, acu-dir a otras oficinas a examinar los documentos que menciona el- registro para conocer por ellos si existe vicio de nulidad.

Entendemos que el artículo 34 que consideramos es claro y terminante en el sentido de que es en el registro donde debe aparecer el vicio de nulidad, siendo necesario que de él aparezca claramente el mismo para que perjudique a tercero. La ley lo dice así expresamente y, por tanto, só pena de vio-lentarla y de destruir el fin que persiguió el legislador al con-signar ese precepto, no puede sostenerse que el vicio de nu-lidad que no consta en el registro perjudique a tercero, por-que él pudo conocerlo si hubiera ido a examinar en otras ofi-cinas los documentos mencionados en el registro. Sería tam-bién agregar aia ley mandatos que no tiene. El legislador quiso que sólo la nulidad que apareciese del registro fuera la que perjudicara a tercero, y si hubiera querido que tuviera igual efecto la que apareciese fuera del registro pero en do-cumentos en él mencionados, lo hubiera dicho.

Pero es que la ley no quiso esto último, y se comprende fácilmente su razón recordando el fin primordial perseguido por el legislador al decretar la Ley Hipotecaria, que fué el de facilitar el crédito territorial, y a cuyo fin g'arantizó a los terceros que no serían perjudicados por los vicios de nu-lidad que no constasen claramente en el registro. Si, contra lo que dice la ley, no basta a los terceros lo que aparezca del registro, entonces se habrá destruido el crédito territorial pues las personas que quieran contratar con propiedad inmueble, si quieren estar garantidas contra vicios de nulidad de los títulos inscritos del dueño y sus antecesores en dere-cho, estarán obligados a hacer una peregrinación de oficina en oficina, y de pueblo en pueblo, por lejanos y extraños que sean, en busca y examen de los documentos, expedientes y actuaciones de cualquier-clase que estén mencionados en el registro. Si la ley hubiera tenido este propósito, entonces le hubiera bastado con no haber escrito el artículo 34 que co-mentamos.

Igual criterio hemos sostenido en cuestiones análogas y así en el caso de Méndez v. Celis, 20 D. P. R. 532, declaramos que por exigir el Código Civil que la causa de la deshere-dación se haga constar en el testamento, no es suficiente que en él se haga referencia a las causas expresadas en una de-manda de divorcio presentada en determinado tribunal; en el de Fantauzzi v. Vázquez, 22 D. P. R. 728, dijimos que cuando la ley impone a una persona fiadora el deber de se-ñalar ciertos bienes de su fiado el señalamiento deberá ha-cerse directamente y no mediante referencia a algún otro do-cumento o pleito; en el de Sánchez v. Hartzell, 26 D. P. R. 684, sostuvimos que aun cuando en el registro se hizo constar que una venta se verificaba sin perjuicio de los derechos que pudieran tener ciertas personas,,^omo no se de-terminaban esos derechos ni si se referían al dominio o a cualquier otro derecho real, no podían considerarse esas pa-labras por sí solas como determinantes de la existencia jurí-dica de una mención, y que si existía algún derecho no se inscribió de un modo específico, como requiere la ley, en el registro; y en. el caso de Vélez v. Camacho, 8 D. P. R. 37, establecimos que a los efectos de la Ley Hipotecaria, el ca-rácter de tercero ha de apreciarse con referencia a las ins-cripciones y anotaciones.

En la jurisprudencia española encontramos casos bastante análogos al presente.

Según la resolución de la Dirección General de los Be-gisíros de España de 4 de febrero de 1893, Lorenzo Lidueña compró en subasta pública a la Hacienda una finca pero luego la administración anuló ese título, entre otras razones, por haber existido en la publicación de edictos el defecto de ha-berse fijado éstos con cinco días de anticipación al remate. Lidueña inscribió su título en el registro y al pedirse la can-celación de su inscripción en virtud de la declaración de nu-lidad mencionada, la negó el registrador fundándose en que la finca estaba inscrita a favor de un tercero quien la adqui-rió sin que los motivos en que se .basa la nulidad aparecieran de las mismas inscripciones. En el recurso establecido contra esa resolución se argüía que en la escritura de venta a Lidueña y por tanto en el registro debía constar que la ena-jenación se anunció en el Boletín de 15 de junio de 1881 para el 15 de julio siguiente, día en que debía tener lugar la su-basta lo que probaba que en Berja no pudo publicarse el anuncio hasta el día en que allí se recibió el Boletín y por tanto que resultaba el vicio de nulidad de la venta por no tener el anuncio la publicidad legal por el tiempo mínimo de treinta días; y habiendo pretendido que copia de esa escritura se agregase al expediente y también certificación literal de la inscripción practicada en su virtud, fué negada la solicitud en cuanto a que la escritura se agregara al expediente por-que en él obraban los antecedentes necesarios para la reso-lución del recurso, pero se pidió al- registrador la certifica-ción literal de la inscripción y en ella no constaba que la ena-jenación se anunciara en el Boletín de 15 de junio de 1881, para el 15 de julio siguiente. Con tales antecedentes se sos-tuvo la negativa de cancelación del registrador por el fun-damento de que no resultaba del registro la causa que mo-tivó la anulación de la venta; que es criterio estrictamente legal por el interés de tercero “que sólo deben consultar los libros del registro al contratar sobre la propiedad inmueble” y que aunque las causas de nulidad constaren en el registro no pueden perjudicar a tercero pues “es preciso que resulten claramente del mismo registro.”

En 13 de mayo de 1903, 95 Jur. Civ. 778, el Tribunal Supremo de España dictó sentencia en la cual se consignó que como consecuencia de un expediente administrativo de apre-mio fue vendida en pública subasta una mina, que el que la compró la enajenó luego a otra persona y que después de todas esas inscripciones declarada la nulidad de la venta por defectos existentes en el expediente de venta, se entabló pleito para que se cancelaran, entre otras razones porque “el que viendo en el registro títulos anteriores no examina la legiti-midad de las adquisiciones que entre los mismos y el suyo pueda baber, debe imputarse la omisión a sí mismo porque la ley lo protege únicamente contra lo que no puede serle co-nocido.” Con tales antecedentes el tribunal declaró “que se-gún los preceptos claros y terminantes de los artículos 34. 36 y 37 de la Ley Hipotecaria, los actos o contratos que se ejecuten por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque des-pués se resuelva el derecho del otorgante por causas que no resulten claramente del mismo registro, ni pueden tampoco prevalecer contra terceros aquellas acciones rescisorias o re-solutorias que deban su origen a causas que no consten ex-plícitamente en aquél”; y también declaró que en el pleito “en que por tener inscrito el vendedor su derecho sin expre-sión de causa alguna que pudiera producir resolución del mis-mo, no necesita el comprador ninguna otra garantía para la seguridad de su adquisición.” En la sentencia de 16 de noviembre de 1910, 119 Jur. Civ. 338, se declara que “ '* * * los elementos que se citan no demuestran que en el registro de la propiedad constaran los extremos que se mencionan, y los adquirentes de las fincas no estaban obli-gados a tener en cuenta hecho que no figurase en la inscrip-ción y de los que no se revela tuvieran conocimiento.”

Las siguientes sentencias del Tribunal Supremo de Es-paña y resoluciones de la Dirección General de los Registros, sostienen también el principio de que al tercero con título, inscrito sólo le perjudican las causas de nulidad o de resci-sión que claramente consten en el mismo registro. Sentencias de 3 de julio de 1906; 105 J. C. 28; 3 de marzo y 4 de diciembre de 1909; 104 y 116 J. C. 18 y 595 respectivamente; y 8 de octubre de 1910; 119 J. C. 62. Resoluciones de 8 de julio y 20 de septiembre de 1911.

En el caso de Castelló et al. v. Pérez et al., 23 D. P. R. 763, el abogado de la parte ejecutante en un procedimiento judicial compró en la subasta decretada en él cierta finca, y pedida por ese motivo la nulidad de la venta después de haber pasado la finca a tercera persona e inscrito su título, se de-claró que aunque en el pleito que terminó con esa venta, el comprador era abogado de los ejecutantes, había comprado para su cliente, pero que aunque hubiera comprado para sí no podría esa nulidad perjudicar al tercer adquirente por-que en el registro no constaba, que dicha persona fuera abo-gado de los ejecutantes en ese procedimiento, aunque cons-taba que lo era en otro de las mismas personas.

En el caso de Fernández et al. v. Velázquez, 17 D. P. R. 757, que versó sobre reivindicación de fincas vendidas en su-basta judicial en un pleito que se alegó luego contener vicios de nulidad, estando las fincas al tiempo de la demanda en poder de tercera persona, se suscitó la misma cuestión que ahora nos ocupa al alegar los apelantes “que el demandado debió haber investigado la historia de su título más allá de los límites del registro, ya que el registro indicaba que una de las adquisiciones se había verificado como consecuencia de un pleito.” Nuestra resolución fue que puesto que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria impone a los registradores el deber de calificar bajo su responsabilidad la legalidad de las escri-turas y la capacidad de los otorgantes, el demandado pudo confiar en la calificación del registrador. A esto agregaremos ahora que los registros están encomendados a abogados ca-paces que obtienen sus cargos por oposición y que además prestan fianzas para responder del buen desempeño de su cargo.

En resumen, pues, como es en el registro de la propiedad, y no en otras oficinas, donde deben constar claramente las causas de nulidad o de rescisión de los actos o contratos para que perjudiquen a un tercer adquirente con título inscrito, y como en este caso el vicio de nulidad del título de Gestera no consta del mismo registro, el apelante Eiera está prote-gido por el artículo 34 de Ley Hipotecaria contra ese vicio de nulidad.

El artículo 27 de Ley Hipotecaria dice que para los efectos de dicha ley se considera como tercero a aquel que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito; pero como repe-tidas sentencias del Tribunal Supremo de España y también de este Tribunal han declarado que no puede considerarse como tercero al que adquiere conociendo los vicios de nulidad o las cargas que pesan sobre la finca que adquiere, conoci-miento que ha de revelarse evidentemente por hechos que for-zosamente tienen que herir los sentidos o por actos realizados por el supuesto tercero, según declaró la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 23 de marzo de 1906, se sos-tiene por la parte apelada en este pleito que a Eiera no puede considerársele como tercero porque en la. fecha de la adquisición conocía la opinión del ingeniero don Armando Morales respecto a la legalidad del título de Gestera.

Podríamos prescindir de este argumento desde el momentoen que la propia parte apelada reconoce en su alegato que no se ha podido precisar si esa conversación de Morales' con Riera fué antes de la compra hedía por éste a Gestera, pero queremos decir que la opinión legal ele un ingeniero no puede nunca ser tenida en cuenta para apreciar si un título ha sido-, otorgado de acuerdo o con infracción de las leyes.

También quiere decirse que Riera pierde su condición de tercero porque tratando de pagar mucho dinero por la finca que Gestera adquirió por una pequeña cantidad, en vista de este hecho debió consultar la legalidad del título de Gestera y acudir a las oficinas públicas en busca de datos. El mayor o menor valor con que una finca aparezca en el registro no levanta por sí sólo presunción.alguna en contra de la legali-dad del título.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison firmaron conforme con la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Morales, Peticionario y Apelante, v. Romeu, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento sobre declaratoria de herederos.
    No. 1819.
    Resuelto en enero 14, 1919.
    Eiliación — Heredero—Pruebas.—El apelado ofreció como prueba sin oposición' alguna una sentencia dictada por corte de jurisdicción competente que lo de-claraba como tal hijo legítimo según alegaba ser y el apelante entonces túvo-la oportunidad de oponerse a su admisión, lo que no hizo. Se resolvió: que puesto que dicha sentencia no fué ataeada ya directamente, o en el juieior era obligatoria para todas las partes en este procedimiento y que es la ley de este caso que el apelado era medio hermano del intestado y por tanto su heredero.
    Id. — Id.—1-Iahiéndose probado que el apelado era heredero del intestado, el ape-lante como heredero de la viuda del intestado no tenía derecho a impugnar la sentencia apelada.
    Jd. — Id.-—Honorarios de Abosado. — El apelante hizo una doble petición, parte de la cual fué declarada con lugar, y no carecía enteramente de justificación al •creer que tenía él un derecho sobre los bienes del intestado; no hubo, pues, gran culpa de su parte y no debió haber sido condenado al pago de honora-rios de abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Montalvo Quenard.

    Abogado del apelado : Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, Pedro Enrique Morales y Grarcés, presentó una petición a la Corte de Distrito de Mayagüez, pidiendo que Aurora María Morales y Grarcés, viuda, fuese declarada única y universal heredera de José Bomeu y Griacomaggi, su marido, y que tanto el peticionario como otras personas por él mencionadas fuesen declarados los únicos herederos de la citada Aurora María Morales y Grarcés. En otras palabras, el peticionario y otros interesaban se les declarase herederos de la viuda y luego, en representación de ella, que se decla-rase a ella heredera de otra persona.

Bespondiendo a la citación por edictos, el apelado compa-reció ante la corte y sostuvo que él y otros parientes más eran los herederos y medio-hermanos de José Bomeu y Gria-comaggi.

El caso se llevó a juicio. El apelado compareció y pre-sentó su prueba, pero el apelante ni compareció a la vista ni presentó prueba alguna.

La corte dictó sentencia declarando al apelado y a sus parientes herederos de José Bomeu y Griacomaggi, y también declarando al peticionario y otros, herederos de Aurora María Morales y Grarcés.

Una de las cuestiones principales planteadas por el ape-lante es la de que ni el apelado ni ninguno de sus mencio-nados parientes estaban inscritos en el registro civil, y, que por lo tanto les era necesario empezar por una acción de .fi-liación, aun cuando fuesen todos hijos legítimos. El apelante admite que en el juicio el apelado, Francisco Romeu Rivera, ofreció en evidencia un pleito de filiación en el que se le declaraba hijo legítimo de su padre, siendo el último a su vez padre de José Romeu y Giacomaggi, cuya sucesión y herencia se discute en el presente caso. Por tanto, el mencionado Francisco Romeu es un medio-hermano del citado José Romeu. El apelante mantiene, sin embargo, que en efecto ese pleito fue el producto de una transacción habida entre Francisco Romeu y sus hermanas, que fueron nombradas como demandadas en dicho pleito de filiación. El apelante insiste en que ese pleito de filiación y la sentencia que le puso término, dadas las cir-cunstancias concurrentes en este caso, a nadie obligan, por cuanto las mencionadas hermanas demandadas carecían ele estado civil. En otras palabras, no se hallaban inscritas en el registro civil.

Una cosa sobresale, y ella es que el apelado presentó co-mo prueba, sin oposición alguna, una sentencia de una corte competente declarándole hijo legítimo conforme a su preten-sión. Esa sentencia fue ofrecida como prueba en otro juicio solemne, en el que el ¿pelante tuvo una oportunidad de com-parecer y oponerse a su admisión. Semejante objeción pudo o no prevalecer. Se hace ocioso decidir esa cuestión. Pero mientras permaneciese esa sentencia sin ser impugnada, ora directamente o en él acto del juicio, ella obligaba a todas las partes en este procedimiento. Es ley ele este caso que Francisco Romeu es medio-hermano de José Romeu y Giacomaggi y por consiguiente heredero de éste.

Puesto que se probó en este procedimiento que Francisco Romeu es heredero de José Romeu, el apelante como here-dero de la viuda, carece de ulterior interés o derecho a im-pugnar la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez. La cuestión de si los parientes de Francisco Romeu tenían o no derecho a ser declarados herederos en nnión de éste sólo a él le concierne y no al apelante. Si carecieran de estado civil los parientes de Francisco Bomen solamente él tendría derecho a ser declarado heredero.

Por lo tanto se hace innecesario decidir, y la cnestión no fue planteada ante la corte inferior, si el carácter de here-dero de los parientes de Francisco Bomen podía o no pro-barse mediante prueba testifical, como trató de hacerse en el acto del juicio en este caso.

No habremos de decidir en esta apelación si puede o no' presentar una persona una petición interesando la declaración de herederos sin que teng*a su estado civil'inscrito en el re-gistro civil, porque no estamos satisfechos con los argumentos que se han aducido en este caso.

Otros errores han sido discutidos por el apelante en su alegato, pero no han sido específicamente señalados y los esti-mamos sin importancia alguna, con la excepción del que se relaciona con las costas y honorarios de abogado. El apelante presentó una doble petición, parte de la cual prevaleció, y además, no estuvo enteramente huérfano de justificación al creer que tenía algún derecho en la herencia de José Bomeu y Griacomaggi. Dadas todas las circunstancias, no encontra-mos un alto grado de culpa en su contra y por tanto creemos que no debieron concederse los honorarios de abogado.

Es de confirmarse la sentencia pero sin condena de hono-rarios de abogado.

Confirmada, la sentencia apelada, pero revo-cada en cuanto al pronunciamiento que con-dena al apelante en costas, desembolsos y honorarios de abogado del opositor.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández .y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rojas, Randall & Co., Inc., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Gruayama denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 364.
    Resuelto en enero 17, 1919.
    Derecho Internacional Privado — Documentos Otorgados en el Extranjero— Estatuto Real — Estatuto Contractual. — Un documento otorgado en Nueva York, traslativo del dominio de un inmueble radicado en esta isla, debe reu-nir los requisitos necesarios para su validez, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Código Civil, de los cuales el primero ordena que los bienes inmue-bles están sujetos a las leyes del país en que están sitos, y el- segundo que las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumen-tos públicos se rigen por las leyes del país en que se otorgan.
    Contratos — Compraventa—Aceptación por el Comprador. — La corporación Rojas, Niese & Co., Inc., vende un bien inmueble por escritura pública otorgada en Nueva York a la corporación Rojas, Randall & Co., Inc., ambas corpora-ciones organizadas bajo las leyes del Estado de New York, sin que aparezca en el documento que la corporación compradora baya intervenido en el contrato y lo haya aceptado por sí o por medio de representante legal, por más que su sello y no el de la vendedora se halla estampado en el documento. Se re-solvió: que ese es un defecto subsanable, que no impide se verifique la ins-cripción.
    Contratos — Consentimiento—Capacidad del Compareciente. — Es inscribible un contrato, como el del presente caso, en que comparece una persona que jura ser el presidente de la corporación vendedora, sin acreditar doeumentalmente su capacidad como tal, pues esa circunstancia sólo constituye un defecto sub-sanable.
    Contrato — -Estatuto Contractual — Su Demostración.- — Para que un contrato sea inscribible en el registro de la propiedad, es necesario demostrar que se han llenado los requisitos que en cuanto a su forma y solemnidades exigen las leyes del país en que se otorga. A la parte interesada incumbe acredi-tar ese extremo y si no lo hace así la omisión constituye un defecto subsanable.
    Contratos — Estatuto Real. — Por lo que toca a los requisitos internos del con-trato de compraventa de un bien inmueble radicado en Puerto Rico, el docu-mento en que dicho contrato se consigne deberá ajustarse a las leyes que regulan la propiedad inmueble de este país.
    Registros de la Propiedad — Leyes por que se Gobiernan. — El mecanismo y funcionamiento de los registros de la propiedad se rigen por la Ley Hipo-tecaria y su Reglamento, siendo sus preceptos obligatorios, ya se otorguen en este país, ya fuera de él, los documentos que hayan de inscribirse, pues los registros se gobiernan por las leyes del país.
    Registradores de la Propiedad — Sus Facultades — Calificación de Otros Do-cumentos. — La calificación hecha por el registrador al denegar la inscripción de una escritura otorgada por una de las partes a favor de otra persona que no intervino en el contrato objeto de este recurso,, no puede surtir efecto en el presente caso en que se trata de la inscripción de otro documento distinto y de partes diversas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. Celestino Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de New York el 18 de abril de 1918 ante el notario W. Gribbes Whaley, la corporación Rojas, Niese & Company, Inc., vendió a otra cor-poración, Rojas, Randall & Company, Inc., ambas corpora-ciones organizadas bajo las leyes del Estado de New York, por precio de $500, un solar situado en la calle de la Mon-serrate de la ciudad de G-uayama, en cuyo solar está encla-vada-una casa de madera techada de zinc; y habiendo sido presentado dicho documento al Registrador de la Propiedad de Guayama para su inscripción, la denegó por medio de nota que dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede y extendida en su lugar anotación preventiva de la denegación por término legal a favor de la corporación Rojas, Randall & Co., Inc., al folio 73 vuelto deLtomo 36 de Guayama, finca No. 606 duplicado, anotación letra B, por ser insuficiente para los fines de la referida inscripción, toda vez que calificado dicho documento con vista de las disposiciones del inciso 5º. del artículo 3º. de la Ley Hipotecaria en conexión con las del artículo 11 del Código Civil, fracasa enteramente, por su simple lectura, en demostrar que se hayan llenado los requisitos necesarios en cuanto a forma y solemnidad requeridos por las leyes del Estado de New York para el traspaso de bienes inmuebles, y además, y como razón subsidiaria, a contrario sensu, porque entiende el registrador que suscribe que teniendo por objeto la Ley Hipotecaria el orden pú-blico, no debe quedar aquélla sin su efecto y rigor por leyes de países extranjeros, debiendo por tanto aplicarse a este caso el estatuto real o sea la lex rei sitce y no el personal, o sea la lex loci celebrationis, y exigir el rigor terminante y preciso de nuestra Ley Hipotecaria. Se hace constar que ya fué objeto de calificación el mencionado documento al presentarse como complementario de una escritura traspasando el mismo inmueble. Guayama, mayo 17, 1918.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Rojas, Mese & Company, cuya parte fué sustituida por la de Rojas, Randall & Company.

El inciso 5º. del artículo 3º. de la Ley Hipotecaria que cita el registrador no guarda relación alguna con el presente caso, pues se contrae a las actas de particiones de herencias que no excedan de $2,500.

Tratándose de un documento otorgado en New York, tras-lativo del dominio de un bien inmueble radicado en esta isla; son de aplicación al presente caso los artículos 10 y 11 del Código Civil, de los cuales el primero ordena que los bienes inmuebles están sujetos a las leyes del país en que están sitos, y el segundo que las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos se rigen por las leyes del país en que se otorguen.

Examinado el documento de que se trata, vemos que lo autoriza W. Gribbes Whaley; que lo firma Rojas, Niese & Company, Inc., por J. Rojas; que éste jura ante W. Gribbes Whaley que es Presidente de dicha corporación; y que William F. Schneider, Secretario del Condado de New York y también de la Corte Suprema de dicho condado, certifica el carácter de notario de W. Gribbes Whaley, autorizado por las leyes del Estado para tomar deposiciones, como también cer-tificados de reconocimiento y prueba de otorgamiento de do-cumentos y traspasos de tierras, propiedades y bienes en el Estado de New York; pero no aparece que la corporación Rojas, Randall & Company, haya intervenido en el contrato por sí o por medio de representante legal, por más qué su sello y no el de Rojas, Niese & Co., se halla estampado en el docu-mento.

Tampoco el documento demuestra, y en ello estamos con-formes con el registrador, que se hayan llenado los requisitos necesarios en cuanto a forma y solemnidad requeridas por las leyes del Estado de New York para el traspaso de bienes inmuebles. A la parte interesada incumbía acreditar ese ex-tremo, y no habiéndolo hecho así la omisión constituye mi defecto subsanable que no impide la inscripción solicitada. En apoyo de la anterior teoría podemos citar nuestra decisión en el caso de Colonial Company v. El Registrador, 1 S. P. R. 396, en que al considerar una escritura otorgada por el liqui-dador de una compañía inglesa sin haberse acreditado que tal liquidador estuviera autorizado por las leyes vigentes en Inglaterra para otorgar el documento sin acuerdo o consen-timiento de los socios, decidimos que a la parte interesada inbumbía acreditar ese extremo de una manera adecuada y conveniente, y que no habiéndolo hecho, esa deficiencia cons-tituía un defecto que no permitía juzgar definitivamente so-bre la capacidad del liquidador y que por lo mismo sólo debía calificarse de subsanable, con arreglo a la doctrina sentada por la'Dirección G-eneral de los Eegistros de España en sus reso-luciones de 21 de julio de 1863, 29 de julio de 1866 y 30 de marzo de 1898.

Por lo que toca a los requisitos internos o esenciales del contrato de compraventa, por envolver la enajenación de un bien inmueble está sujeto a las leyes de este país y no a las del Estado de New York en que se celebró el contrato, segur, el artículo 10 del Código Civil y decisiones de esta Corte Su-prema en los casos de Colón et al. v. El Registrador, 22 D. P. R. 370, y Bracons v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, 24 D. P. R. 753. No vemos que el contrato esté viciado de nulidad en su esencia pues hubo objeto cierto, mediando también causa de la obligación, y por más que en cuanto al consentimiento de los contratantes y para los efec-tos de la inscripción no aparece demostrado documentalmente que J. Eojas sea el Presidente de Eojas, Niese & Co., según él jura, y tampoco consta que la corporación compradora Eojas, Eandall & Co. haya aceptado el contrato, esos defectos pueden subsanarse sin impedir, por tanto, que se verifique desde luego la inscripción.

Conviene ’dejar consignado que el mecanismo y funciona-miento de los registros de la propiedad se rigen por la Ley Hipotecaria y su Reglamento, siendo sus preceptos obliga-torios ya se otorguen en este país, ya fuera de él, los docu-mentos que hayan de inscribirse, y que por tanto el registrador puede exigir a las partes interesadas el cumplimiento de todos aquellos requisitos que sean necesarios para poder veri-ficar la inscripción en los términos prevenidos por dicha ley y su Reglamento. Los registros se gobiernan por las leyes del país.

Habiendo hecho constar el registrador en su nota que el documento fué objeto de calificación al presentarse en el Re-gistro como complementario de una escritura traspasando el mismo inmueble, solicitamos certificación del Registrador de Gruayama sobre ese extremo, y de la certificación recibida aparece que Sixto E. Bas como apoderado de la corporación Rojas, Randall •& Co., Inc. continuadora y liquidadora de Rojas, Niese & Co., Ine., vendió la misma finca a Matilde Es-pendes y Navarro por escritura pública otorgada en Grua-yama en 5 de enero de 1918 y que él registrador denegó la inscripción y tomó anotación preventiva por aparecer del re-gistro que la finca estaba inscrita a nombre de Rojas, Niese & Co., Inc., y no haberse acreditado en forma legal y sufi-ciente la disolución de la misma ni que la corporación ven-dedora Rojas, Randall & Co. sea la liquidadora y continua-dora de la primera, ni que a falta de estos requisitos se hu-biera presentado título legal para la trasmisión del dominio de dicha finca de la primera a la segunda corporación.

La calificación hecha por el Registrador de. Gruayama al denegar la inscripción de la escritura de venta de la misma casa por Rojas, Randall & Co., Inc., a favor de Matilde Es^ pendes y Navarro, no puede surtir efecto en el presente caso en que se trata de la inscripción de otro documento distinto y de partes diversas. Colonial Company v. El Registrador, supra, Behn v. El Registrador, 21 D. P. R. 525, y El Pueblo v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, 22 D. P. R. 803.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida ordenándose la inscripción solicitada, con el defecto subsanable de no haberse acreditado por la parte interesada que se baya llenado en el documento de 18 de abril de 1918 los requisitos necesarios en cuanto a forma y solemnidad re-queridos por las leyes del Estado de New York para el tras-paso de bienes inmuebles, y con los defectos, también subsa-nables de no haber acreditado en forma debida J. Rojas su carácter de presidente de la sociedad Rojas, Niese ■& Co. con capacidad para otorgar el documento y no aparecer tampoco la aceptación del contrato por parte de Rojas, Randall ■& Company.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-scripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Acosta, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito contra la salud pública.
    No. 1287.
    Resuelto en enero 21, 1919.
    Venta de Leche Adulterada — Evidencia—-Prueba Corroborante — Credibilidad de los Testigos. — En este caso el error alegado es que la sentencia es con-traria a la prueba; e insiste el apelante en que sería peligroso considerar probado el hecho de la venta de leche (la cual se admite que estaba adulte-rada), por la sola evidencia no corroborada del inspector de sanidad. Este no es uno de los casos en que la ley exige prueba corroborante. La cues-tión de si un funcionario público ha sido inducido por su celo oficial a de-clarar falsamente es una cuestión de credibilidad y esta corte ha sostenido en repetidas decisiones que la credibilidad de los testigos es materia que compete a la corte sentenciadora..
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Ramón Freyre.

      Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El error alegado en esta apelación es el de que la sen-tencia es contraria a la prueba, y para sostener este motivo de error el apelante sostiene que la única prueba de que se haya vendido la leche, que se admite hallarse adulterada, consistió de la declaración del inspector del Departamento de Sanidad. El apelante insiste en que sería muy peligroso aceptar la evidencia no corroborada de semejante funciona-rio. Sin embargo, nada hay en la ley que exija que el tes-timonio del .inspector esté corroborado. El artículo 18 de la Ley de Evidencia de 1905 dispone que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier hecho. No constituye ataque a la credibilidad de una persona el decir que es un inspector que trata de obtener convicciones penales para conservar su empleo. Ar-gumentos análogos pudieran aducirse contra cualquier funcio-nario del orden público. La cuestión de si determinado funcionario ha sido inducido por su celo oficial a declarar falsamente es una cuestión de credibilidad, y conforme a los .principios generales del derecho y las repetidas decisiones-de esta corte, dicha credibilidad es materia que concierne a la corte sentenciadora. Cuando un testigo declara positiva-mente respecto de una venta de leche y la única prueba contra esa venta consiste de dubitadas manifestaciones sobre un préstamo de leche, se deja muy poco lugar a dudas después de haber la corte inferior declarado convicto al recurrente.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1349.
    Resuelto en enero 21, 1919.
    Prueba Contradictoria — Pasión—Prejuicio.—La apreciación de la prueba que haya hecho la corte inferior no será revocada en apelación, ya cuando ha sido contradictorio el testimonio de los testigos entre sí o simplemente cuando las manifestaciones de un testigo han sido en sí mismas contradictorias, a no ser que se pruebe que el juez inferior estuvo influido por pasión, prejui-cio u otra circunstancia análoga.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Triarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso sostiene el apelante que no fué él, sino el denunciante, un policía, quien cometió la agresión y se lia admitido que bubo lucba entre ellos. La corte declaró culpable al acusado y en apelación trata-éste de distinguir este caso de aquellos en que comúnmente existe conflicto de prueba diciendo que las manifestaciones del denunciante son en sí mismas contradictorias. Aún cuando el denunciante se contradiga a sí mismo en algunos extremos, aún así existe un conflicto de prueba que la corte está obligada a decidir. No es cuestión de apreciación de las manifestaciones de un testigo con las de otro sino de extraer la verdad de toda prue-ba contradictoria. Del testimonio de dicho, denunciante re-sulta algo dudoso el hecho de si el apelante fué herido o no por el policía antes de ser éste herido. De toda la prueba, sin embargo, la corte tenía derecho a creer que el apelante, encontrándose ebrio, trató el policía de calmarlo, quizás a la fuerza, y que el apelante realizó el ataque violento al que a su vez respondió el policía atacándole también. Esta es solamente una de otras posibles teorías que surgen de la prue-ba, o del conflicto de la misma, que bace caer el caso dentro de la regia común de que no revocaremos una sentencia a menos que estemos convencidos de que haya existido pasión, prejuicio u otra circunstancia análoga por parte del juez sen-tenciador.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia recurrida,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asocíado Sr. Hutchison,

text:
    Muñiz, Demandante y Apelada, v. “El Zenit,” Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1795.
    Resuelto en enero 21, 1919.
    Sentencia en Rebeldía — M-oción Frívola Pendiente. — Como regla general, cuando está pendiente de resolverse una moción que no fuere frívola de su faz, es improcedente que en favor del demandante se registre sentencia en rebeldía; pero cuando aparece de su faz que la moción es frívola, y clara-mente aparece que no debe declararse con lugar la moción, o cuando la reso-lución de la moción en cualquier sentido no puede afectar el derecho del de-mandante a proseguir la causa, no constituye error que dé motivo a la revo-cación el que se registre sentencia en rebeldía.
    Apertura de Rebeldía — Moción de Traslado — Inadvertencia, Error o Excusable Negligencia. — La negativa de la corte de distrito para abrir la rebeldía por el fundamento de que estaba pendiente de resolución una moción de tras-lado a la feeha en que se dictó la sentencia, no constituye un error que dé motivo a la revocación de la sentencia, cuando aparece que una moción pre-via para anular el emplazamiento había sido eliminada por frívola, que la moción de traslado no fué acompañada por un affidavit de méritos y que el demandado en ningún tiempo insinuó a la corte inferior que tuviese defensa alguna sobre los méritos. Dadas las circunstancias de este caso, no puede por primera vez en apelación alegarse con éxito la inadvertencia error o excusable negligencia.
    Demanda Sueiciente — Acción en Oobro de Dinero — Liquidación o Rendición de Cuentas. — La rebeldía de un demandado admite todas las materias bien alegadas en la demanda. Examinados los hechos alegados en la demanda y que se relacionan en la opinión de este caso, se resolvió: que no requiere una liquidación o rendición de cuentas y que los mismos son suficientes para cons-tituir una causa de aeeión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Manuel Benitez Flores.

    Abogado de la apelada: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asocíado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Manuela Mnñiz, esposa superviviente de Manuel Vázquez, entabló pleito contra una compañía de seguros denominada “El Zenit” por la suma de $1,500, intereses legales, costas, desembolsos y honorarios de abogado.

El emplazamiento fue diligenciado en octubre 19 de 1917, y en noviembre 6 presentó la demandada una moción para anular {quash) dicho emplazamiento.

En noviembre 26 la corte, a instancias de la demandante declaró sin lugar dicha moción por frívola, y ordenó a. la demandada a pagar a la demandante la suma de $15.00 para cubrir las costas de la comparecencia a la vista de dicha mo-ción y además que dentro de diez días presentase una con-testación sobre los méritos del caso, con la alternativa pre-vención de que se dictaría sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda.

En diciembre 1º. presentó el demandado una moción-para que se dejase sin efecto la orden antes mencionada haciendo constar entre otras cosas que el día de la vista arriba men-cionada, o el día anterior, la demandada había presentado una moción de traslado acompañada de un affidavit de mé-ritos, y que la moción de nulidad de emplazamiento había sido abandonada, circunstancias a las que aparentemente no se llamó la atención, de la corte en el acto de la vista.

En diciembre 14 la corte rescindió su orden anterior y en ese mismo día el Secretario, a instancias de la deman-dante, anotó la rebeldía e inmediatamente después registró una sentencia por la cantidad especificada en el emplazamiento y costas.

En diciembre 26 la demandada presentó una’moción para abrir la rebeldía por los siguientes fundamentos: Primero, que dieba rebeldía no debió haberse anotado mientras estu-viese pendiente de discusión la moción de traslado; y Segundo, que en todo caso esa sentencia sólo podía dictarse por la corte previa solicitud en forma y notificación a la demandada.

La corte declaró sin lugar esta moción y la demandada apeló de la sentencia registrada por el secretario, de la reso-lución sobre- la moción de traslado y de la orden declarando sin lugar la moción para abrir la rebeldía..

La corte no resolvió definitivamente la moción de tras-lado, pero en el curso de su resolución sobre la moción para abrir la rebeldía y antes de llegar a la parte dispositiva observó que “en primer término, la dicha moción de tras-lado debe ser desestimada por no haberse acompañado un affidavit demostrativo de que la demandada tiene una buena defensa de acción.”

El apelante sostiene: primero, que la solicitud para que se anotara la rebeldía era improcedente mientras estuviesen pendientes de resolverse la moción para anular el emplaza-miento, la de traslado y la moción para eliminar la moción de la demandada para anular el emplazamiento; segundo, que el secretario carecía de facultades para anotar la rebeldía o registrar sentencia en rebeldía en el presente caso; tercero, que la corte erró al desestimar la moción para abrir la re-beldía, privándole así a la demandada de su oportunidad para contestar, no obstante hallarse pendientes de resolución las mociones antes mencionadas, y no obstante la falta de auto-ridad por parte del secretario para registrar la susodicha sentencia en este caso; y cuarto, que la demanda no aduce hechos bastantes a constituir una causa de acción.

Como lo indica la corte sentenciadora, la moción de tras-lado no estuvo acompañada de un affidavit de méritos y (no habiéndose presentado excepción previa o contestación al-guna) prácticamente no' existía nada ante la corte. De los autos no se desprende que ante la corte inferior invocase la demandada en su favor el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil, ni se nos revela base alguna para que se remedie su situación con arreglo a ese artículo, de Haber es-tado la corte dispuesta ex propio motu a salirse de su derro-tero para conceder semejante remedio. No aparece que en algún momento la demandada después de anotada la rebeldía baya siquiera insinuádole al juez sentenciador que tenía una • buena defensa, o defensa alguna de cualquier género, sobre los méritos del caso. Si como sugiere la apelante en su ale-gato la falta de Haber dejado de acompañar un affidavit de méritos se debió a la inadvertencia, error o excusable negli-gencia esa explicación del asunto debió Haberse HecHo en la corte inferior. Cualesquiera que fueren las circunstancias atenuantes, si las Hubo, ellas no pueden ser sostenidas por primera vez en apelación.

Como regia general, cuando está pendiente de resolverse una moción que no fuere frívola de su faz, es improcedente que en favor del demandante se registre sentencia en rebeldía. Atchison, Topeka and Santa Fe Ry. Co. v. Lambert, Ann. Cas. 1913 E, 329 y notas.

Pero, “cuando aparece de su faz que la moción es frívola, y claramente aparece que no debe declararse con lugar la moción, o cuando la determinación de la moción en cualquier sentido no puede afectar el derecho del demandante a pro-seguir la causa, no constituye error que dé motivo a la revo-cación el que se registre sentencia en rebeldía.” Rice v. Simmons, 89 Ark. 359; 116 S. W. 673.

En este caso, se Ha eliminado por frívola una moción dila-toria. A falta de contestación o affidavit de méritos, no exis-tía nada para indicar que la moción de traslado se Hizo de buena fe y no meramente con el fin de ulterior dilación. Da-das las circunstancias de este caso la moción de traslado fué tan obviamente frívola que tanto la demandante como la corte estuvieron plenamente justificados en darla por descartada. A fortiori la abandonada moción para ánular el emplaza-miento y la moción para eliminar semejante abandonada mo-ción, nna vez ya eliminada por frívola, no produjeron nn obs-táculo para que se registrase sentencia en rebeldía. No se demostró perjuicio alguno y cualquier error cometido no fue perjudicial.

En la demanda se alega en síntesis que la demandada es nna sociedad cooperativa mutua de seguros organizada con arreglo a las leyes de Puerto Eico con el fin de ayudar a sus miembros financieramente en casos de accidentes, y a los herederos de los mismos en caso de muerte; que los miem-bros o socios de la corporación demandada están divididos en dos clases, primera y segunda, y que, en caso de muerte o accidente de un socio de segunda clase, la cuota que tendría que pagar cada socio para que la compañía pudiera ayudar a la víctima o en caso de muerte, a sus herederos, es de un dollar; por información, que creyó correcta la demandante, que a las fechas mencionadas en la demanda la corporación demandada tenía 1,500 socios, todos y cada uno de los cuales pagaron a la demandada la suma de un dollar que hacen un total de $1,500 a cubrir el accidente descrito en la demanda; que Manuel Vázquez desde mayo 14 de 1916 a enero 24 de 1917 fue socio de segunda clase y pagó a la compañía deman-dada sus derechos de ingreso y hasta la fecha de su falleci-miento, que ocurrió en enero 24 de 1917, cumplió con todas las demás obligaciones que le incumbían como socio de la. misma; que el citado Vázquez era agricultor y, en enero 24-de 1917, encontrándose en su trabajo en Añasco, sufrió un. síncope y falleció instantáneamente, aviso de lo cual le fue-dado en el mismo día a la corporación demandada; que a la fecha de su muerte Manuel Vázquez era el esposo de la de-mandante, carecía de descendientes legítimos o naturales re-conocidos y dejó por única y universal heredera a la deman-dante, Manuela Muñiz; que a pesar de haber transcurrido más-de sesenta días de haber investigado y comprobado la muerte-de Manuel Vázquez, dicha demandada no ha pagado a la demandante ni el todo ni parte de los $1,500 que se le de-Man por razón de dicho accidente como única heredera .de dicho finado, no obstante los requerimientos hechos en ese sentido.

No era preciso se practicase una liquidación o rendición de cuentas. La rebeldía de la demandada admitió todas las materias bien alegadas. La demanda no es quizás un mo-delo de las de su clase, pero creemos que los hechos expuestos son. suficientes a constituir una causa de acción.

La sentencia y la orden contra las cuales se ha inter-puesto el presente recurso de apelación deben ser confir-madas.

Confirmadas la sentencia y la resolución apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Nido & Cía., Demandantes y Apelantes, v. Albir Alicea, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre injunction.

    No. 1851.
    Resuelto en enero 27, 1919.
    Servidumbre de Paso — Uso Inmemorial — Injunction—Prescripción.—En este caso los demandantes a título de arrendatarios de cierto predio rústico esta-blecieron demanda de injunction para impedir el tránsito por dicho predio al demandado, dueño del predio colindante. El demandado se opuso y la corte de distrito declaró sin lugar la demanda fundándose en que el camino en dis-puta constituye una servidumbre impuesta sobre el predio poseído en arren-damiento por los demandantes a favor del demandado como dueño del predio dominante. Apelada esta sentencia, se resolvió: que rigiéndose este caso por la legislación anterior al Código Civil, el demandado pudo invocar el uso in-memorial del camino para demostrar su derecho a pasar por él, y pudo probar como probó tal uso por el testimonio de testigos, uno de los cuales tiene de 65 a 67 años y otro de 76 a 77, y cuyos testimonios abarcaron un período mucho mayor de 40 años.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco González.

    Abogados del apelado: Sres. Juan B. HuyTce y J. López del Valle.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Nido & Cía., sociedad agrícola industrial, entabló una de-manda en ]a Corte de Distrito de Hnmacao en solicitud de nn auto de injunction dirigido contra Albir Alicea. Alegó dicha sociedad que tenía arrendada cierta finca rústica que describe y que el demandado, sin su consentimiento y sin título o derecho alguno para ello, había roto repetidas veces la cerca de la finca y pasado por dentro de ella, insistiendo en continuar procediendo de tal modo. El demandado con-testó alegando que era dueño de cierta finca colindante con la que tenía arrendada la demandante y que en efecto pa-saba por dentro de la finca poseída por la demandante por un camino que había usado siempre y que existía desde tiem-po inmemorial. Celebrada la vista, la corte resolvió el pleito en contra de Nido & Cía., porque “el camino objeto del liti-gio constituye una servidumbre impuesta sobre el predio sir-viente de que disfrutan en arrendamiento los demandantes, y al cerrar éstos dicho camino, se convierten en perturbadores del derecho que asiste al demandado como dueño del predio dominante. ’ ’

La parte demandante apeló y sostiene en su alegato que la corte de distrito erró al declarar que existía una servidum-bre de paso..

Hemos examinado cuidadosamente la prueba y a nuestro juicio sostiene la sentencia. Se admite por la parte apelante que este caso debe regirse por la legislación anterior al Có-digo Civil y de acuerdo con ella es bien claro que el deman-dado pudo invocar el uso inmemorial del camino para pro-bar su derecho a pasar por él. “Mas las otras servidumbres de que se ayudan los homes”, dice finalmente la ley 15, del título 31 de la Partida tercera, “para aprovechar et labrar sus heredades et sus edificios, que non usan clellas cada día, mas a las veces et con fecho, así como senda o carrera o vía que hobiese en heredat de su vecino o en agua que veniese una vez en la semana, o en el mes o en el año et non cada día, tales servidumbres como estas et las otras seme-jantes dellas non se podrien ganar por el tiempo sobredicho, ante decimos que qui las quisiere haber por esta razón que ha meenester que hayan usado dellas ellos o aquellos de quien las hobieron tanto tiempo que non se puedan acordar los homes quanto ha que lo comenzaron a usar”.

La sociedad demandante es arrendataria de la finca por donde pasa el- camino o senda. Los actuales dueños de esa finca no han intervenido en el pleito. En el acto de la vista declararon un administrador y un empleado de un antiguo dueño y reconocieron la existencia del camino. Es más, dijeron que intentaron cerrarlo y que así lo propusieron al due-ño y éste no accedió porque no estaba dispuesto a violar de-rechos adquiridos. Declararon también, el demandado que dijo: “ * * * que ese camino lo viene utilizando desde que era pequeño, tiene como sesenta y cinco o sesenta y siete años, nació en el mismo sitio y allí mismo vive en lo que le dejó su padre, y siempre ha conocido ese camino, siempre * * * ”, y el testigo Eduviges Santiago, que manifestó: “ * * * que el declarante tiene setenta y seis a setenta y siete años y conoce ese camino desde que se conoce él mismo, ha conocido siempre ese camino, ha nacido allí y siempre ha visto ese camino ahí * * * ”.

Se invoca por la parte apelante la sentencia del Tribunal Supremo de España de 9 de noviembre de 1865, 12 J. C. 265, en la que se establece la doctrina de que:

“La posesión inmemorial no se justifica suficientemente con testigos, el mayor de 55 años, por más que digan que así lo han visto durante el tiempo de que pueden dar razón. ’ ’ Pero en el presente caso los testigos que declaran, tiene uno de 65 a 67 años y otro de 76 a 77, y su testimonio abarca claramente un período mayor de cuarenta años. Cividanes v. Amorós Hermanos, 8 D. P. R. 589. Además el mismo Tribunal Supremo de España limitó su anterior doctrina cuando en su sentencia de 17 de junio del 1873, 28 J. C. 196, decidió que: “La ley 15, tit. 31, de la Partida 3ª. se limita a ¡ determinar el tiempo necesario para la prescripción de las servidumbres continuas y discontinuas, sin hacer indicación alguna respecto a las condiciones que deben tener los testi-gos que se presenten en juicio para acreditar la existencia de aquellas; y por lo mismo no puede ser infringida én el sentido de haber dado valor la Sala sentenciadora a la decla-ración de personas inhábiles por su edad para dar razón de hechos que por su antigüedad no pueden los hombres acordarse de'cuándo tuvieron principio.”

También se invoca por la parte apelante la sentencia del Tribunal Supremo de España de 15 de diciembre de 1882, 50 J. C. 469, que establece la doctrina de que: “Si bien las servidumbres discontinuas, cual es la de camino o vía, pueden adquirirse por la prescripción de tiempo inmemorial, es ne-cesario para ello que el uso no sea por fuerza, ni por ruego al dueño del predio sirviente, sino con buena fe en la creencia de que se tiene derecho para ello.” T esa es en efecto la bue-na doctrina, pero en este caso la prueba no demuestra que la fuerza o el ruego sean la base actual del derecho del de-mandado. Por voz de su administrador Antonio Hoya, habló el antiguo dueño Antonio López, así: “Expresa Noy a que como faltaba ganado de la finca intentó cercarla toda y dijo a don Antonio que por qué no mandaba cerrar las puertas que daban acceso al camino, y él me dijo que él no podía man-darlas a cerrar porque aquello era un camino al cual tenían derecho los colindantes. ” Y en igual sentido se expresa Bar-tolomé Flaquer empleado de López por espacio de dos años.

Es cierto que puede presentarse una prueba mejor que la que existe en este caso para demostrar el uso inmemorial. Antiguos monumentos, mapas, libros, historias de sucesos que tuvieran lugar en el camino mismo o en relación con dicho camino, etc., podrían aportar una prueba que rebasaría los límites de la memoria de los más ancianos del lugar, pero si la prueba testifical es por sí sola suficiente, entonces las declaraciones de dos testigos de la edad qne elejamos indi-cada y qne declararon en la forma qne conocemos, es lo más qne puede exigirse. T si esa prueba no es la única qne existe, sino que se presenta acompañada de admisiones de uno ele los antiguos dueños y frente a ella sólo se encuentra el testimonio' del arrendatario del predio por donde pasa el camino y de su administrador y el ñecño de que la servi-dumbre no consta inscrita en el registro, es necesario con-venir en que actuó con razón derecha la corte de distrito al desestimar la demanda con imposición de las costas a la so-ciedad demandante.

Declarada sin lugar la demanda de injunction.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Trías et al., Peticionarios, v. Rossy, Demandado.
    Petición para que se expida un auto de certiorari contra el Hon. Jesús M. Rossy, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 233.
    Resuelto en enero 28, 1919.
    Certiorari- — Embargos Preventivos — Impugnación be Defectos e Irregulari-dades Consentidas. — Aun cuando en los procedimientos incidentales seguidos en la corte inferior para obtener y trabar un embargo de bienes del deman dado para asegurar la efectividad de la sentencia que en definitiva pueda dic-tarse a favor del demandante aparezcan defectos o irregularidades evidentes, éstos no pueden impugnarse con éxito en procedimientos de revisión por cer-tiorari cuando, como en este caso, el demandado, que si bien los impugnó en la corte inferior, no insistió sobre los mismos, sino que por el contrario re-tiró su intentada impugnación. Dentro del recurso de certiorari las cortes de revisión no están obligadas a escudriñar cuestiones expresamente consen-tidas por los peticionarios en la corte inferior, con el propósito de hacer su-tiles distinciones entre cuestiones de procedimientos susceptibles de ser así renunciados y defectos jurisdiccionales que no pueden ser subsanados por consentimiento, principio aplicable tanto a los procedimientos de apelación en general como a los de revisión por certiorari. ■

    Aseguramiento de Sentencia — Traslado y Venta de Bienes Eungibles Em-bargados — Notificación y Audiencia de las Partes. — Guando, como en el presente caso, se embargan bienes fungibles del demandado que radican en un distrito distinto al distrito en que se siguen la acción principal y los pro-cedimientos incidentales para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer a favor del demandante en la aceión principal,' y se pide que dichos bienes fungibles se trasladen del distrito en que radican al distrito en que se sigue la acción principal y se ordene la venta de los mismos por ser susceptibles de deterioro, la orden en que se dispone el traslado y venta de dichos bienes fungibles embargados es nula cuando no se ha cumplido es-trictamente con lo que se prescribe en la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, que requiere se le avise por medio de una citación a la parte contraria de todas las pretensiones deducidas en el curso de los procedimientos para obtener el embargo de bienes del demandado a los fines de asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en definitiva a favor del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los peticionarios: Cayetano Coll Cuchí.

    Ahogado del demandado: José de Ousmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, por Pedro G-andía contra Arturo Trías y Johann D. Stubbe sobre liquidación de la sociedad de Gan-día & Stubbe, y destitución del liquidador Arturo Trías,- y daños y perjuicios, el demandante embargó como de la pro-piedad del demandado cierta cantidad de tabaco en el mu-nicipio de Cidra, del Distrito Judicial de Guayama.

La fianza, un modelo impreso con ciertas líneas en blanco, suscrita y jurada por el demandante y dos fiadores, es de $14,000, en la que se hace constar que cada uno de los fiadores es dueño de bienes raíces de su exclusiva propiedad, por la cantidad de más de veinte mil dólares, libres de toda carga, excluyéndose los bienes que están exentos de ejecución, y que son “contribuyentes por concepto de bienes raíces por más de la suma de_”

- El mandamiento se dirigió al márshal de la corte de dis-trito que lo expidió, el cual fué endosado por éste al márshal de la Corte de Distrito de Guayama y diligenciado y devuelto por este último.

Como cosa de tres meses después de trabado el embargo, los demandados presentaron una fianza y solicitaron, me-diante moción al efecto, el levantamiento del embargo tra-bado sobre los bienes secuestrados.

Pocos días después el demandante pidió que se trajesen a San Juan y se vendiesen 500 quintales del tabaco en cues-tión, sirviéndole copia de esa moción al abogado de los de-mandados.

El demandante pidió también que se señalara día para la vista y discusión de esa moción.

Luego después, los demandados pidieron se celebrase la vista de su moción sobre levantamiento de embargo y pidie-ron que se pospusiera toda consideración de la moción del demandante.

Luego el demandante notifica a los demandados que la corte había fijado determinado día y ñora para discutir, en primer término, la moción de la demandada para que se alce el embargo, y en' segundo lugar, la moción del demandante para que se vendiese una parte de la propiedad embargada.

Los demandados desisten entonces de su moción para le-vantar el embargo, y retiran la fianza previamente ofrecida por ellos.

Parece que al discutirse la moción del demandante para que se trajese y vendiese el tabaco los demandados se opu-sieron a la misma oralmente, sosteniendo, primero, que no babía habido embargo alguno, y segundo, que el embargo era nulo por falta de autoridad del marshal de la Corte de Dis-trito de Gruayama para trabar el embargo; y que a reque-rimiento de la corte se sometieron alegatos sobre los dos puntos siguientes: primero, sobre si, dado el estado de los procedimientos, la cuestión de la nulidad del embargo tra-bado podía o no levantarse y resolverse, y segundo, sobre si necesariamente tenía o no que venderse el tabaco en pú-blica subasta.

Los argumentos expuestos por los demandados en su ale-gato ante la corte inferior consistieron, en síntesis, en que el tabaco embargado era una plantación de tabaco y que como tal formaba parte de la finca; que no se babía cumplido con los requisitos legales de un embarg’o sobre bienes raíces; que no se babía retenido en posesión la cosa embargada, o que la posesión así adquirida, de haberse adquirido, se babía per-dido y abandonado el embargo; también, que el embargo ba-bía sido trabado sin autoridad por el mársbal de la Corte de Distrito de Gfuayama.

Antes de que la corte pudiese resolver estas cuestiones los demandados pidieron permiso para retirar la moción sobre nulidad del embargo, para volver a presentar la moción original sobre sustitución de fianza, y al propio tiempo volvieron a someter una fianza para el levantamiento de la propiedad embargada.

La corte declaró con lugar esta moción sobre levantamiento de embargo, con la condición de que se presentase una fianza buena y suficiente, indicando el juez sentenciador bailarse dis-puesto a señalar día para oir a las partes con respecto a la suficiencia de los propuestos fiadores, impugnada por el demandante.

La corte, en el curso de una decisión subsiguiente sobre este punto, manifestó que a los demandados se les concedieron los plazos y prórrogas que solicitaron y que se juzgó necesa-rios por la corte, para buscar abonados fiadores, y que de los tres que finalmente fueron sometidos, uno de los propuestos fiadores tenía bienes bastantes a cubrir el importe de la fianza, siendo suficiente en cnanto a los otros dos por el montante de la obligación mancomunada y solidaria que asumieron; pero que uno de los dos últimamente mencionados, según lo demostró el demandante, éstaba muy cargado por otras oblb gaciones de semejante naturaleza en adición a ciertas hipo-tecas, y en su consecuencia dispuso que se librase la corres-pondiente orden al mársbal de la Corte de Distrito de Gua-yama para que los bienes embargados fuesen trasladados de Guayama a San Juan, a fin de ser vendidos en pública su-basta por el mársbal de la Corte de Distrito de San Juan.

Los demandados presentaron entonces una moción para que se reconsiderase la orden últimamente mencionada y se dejase sin efecto porque infringe las secciones 10 y 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, apro-bada en marzo 1 de 1902, y también porque el caso babía sido señalado para juicio sobre sus méritos, juicio que habría de celebrarse dentro de los veinte días siguientes y la venta en pública subasta del tabaco en cuestión, y especialmente su traslado de Guayama a San Juan,, les acarrearía pérdidas de consideración a los demandados, lo que se justificaba con los affidavits que se acompañaron con esa moción.

La corte desestimó la moción últimamente mencionada y modificó su orden anterior disponiendo la venta de 780 quin-tales de tabaco en vez de los 500 quintales antes mencionados.

La petición interesando la expedición del auto de certio-rari librado en este caso alega la orden poi\ la que se decide la suficiencia de los fiadores ofrecidos por los demandados y dispone la venta de los bienes antes mencionados, la mo-ción para la reconsideración de la misma, la orden declarán-dola sin lugar, y pide la revocación de estas dos órdenes por-que en la fianza no se cumple con lo que se exige por la sección 6 de la ley citada para asegurar la efectividad de sen-tencias; porque el mandamiento de embargo fue dirigido al márshal de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Se-gunda, y endosado por éste al márshal de la Corte de Distrito de Guayama; porque la corte de distrito al resolver la moción de los peticionarios para que se les permitiera sustituir los bienes embargados por una fianza personal no se circunscribió a resolver esa moción, sino que ordenó la venta de los bienes embargados sin notificación a los peticionarios de semejantes propósitos y sin darles oportunidad de oponerse a la misma, todo ello contrario a la sección 14 de la antes mencionada ley para asegurar la efectividad de sentencias, que exige que todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso de los procedimientos se sustanciarán, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante la corte, y dándole a cada una de las partes una oportunidad para presentar su prueba; porque en la dili-gencia del marshal de la Corte de Distrito de Guayama no se describe ni la finca donde se trabó el embargo ni los bienes embargados con suficiente certeza para identificarlos para el caso de ejecución; y porque no se nombró depositario alguno que se hiciera cargo de los bienes embargados, ni se practicó inscripción alguna en el registro de la propiedad, ni se ex-presa el modo en qne fue trabado el embargo, ni se tomaron medidas algunas con el fin de que la posesión de los bienes embargados permaneciese y estuviese en poder del funcio-nario que practicó el embargo.

La sección 6 de la ley para asegurar la efectividad de sen-tencias, dice así:

“Sólo podrán ser fiadores personales las personas qne pagaren al Tesorero de Puerto Rico, a título de dueños, una contribución sobre la propiedad representativa de un capital cuyo valor sea el doble de la fianza exigida por el tribunal para decretar el aseguramiento.”

La ley es perfectamente clara y, ordinariamente, cualquier desviación sustancial de la misma produce resultados fatales. De haberse sostenido con insistencia la objeción basada en la sección arriba mencionada ante la corte de distrito, el de-mandante habría tenido muy poca razón para qne jar se, si su falta de no cumplir con lo prescrito por la ley, hubiera dado por resultado la disolución del embargo. Al propio tiempo, es muy poco probable que bienes raíces en poder de sólo dos personas y valorados en $40,000 hayan siquiera es capado de pagar contribuciones o hayan sido tasados por una suma menor a las tres cuartas partes de su verdadero valor. Aun cuando dadas las circunstancias de este caso nosotros difícilmente nos inclinaríamos a favorecer ésta o cualquier otra presunción en favor del demandante, si no hubiesen los propios demandados retirado su objeción en la corte inferior, sin embargo no estamos dispuestos a sostener, por razón de esa renuncia, que 'la justificación de la suficiencia de los fia-dores ahora impugnada no logró mostrar los requisitos esta-tutorios de tal modo que le diesen derecho a los peticionarios en este caso a obtener un remedio dentro del recurso de certiorari.

El haberse dirigido el mandamiento de embargo al márshal de la Corte de Distrito de San Juan, y practicado el embargo por el márshal de la Corte de Distrito de Guayama por el mero endoso del funcionario a quien fue dirigido, constituye por lo menos, por no decir algo más, una grande irregula-ridad, y lo que se ha dicho con referencia a la defectuosa justificación de la suficiencia de los fiadores que suscribieron la fianza para el embargo es a fortiori de aplicación a esta faz del caso. Por lo presente bastará decir que, dentro del recurso de certiorari, no escudriñaremos cuestiones expresa-mente consentidas por los peticionarios en la corte inferior, con el propósito de hacer sutiles distinciones entre cuestiones de procedimientos susceptibles de ser así renunciadas y de-fectos jurisdiccionales que no pueden ser subsanados por con-sentimiento.

“La regla aplicable a los procedimientos de apelación en general, de que las objeciones no levantadas en la corte inferior de nada apro-vechan en la corte de apelación, rige en el procedimiento de revisión por •certiorari• y las cuestiones no levantadas en la corte inferior o supuestas resoluciones erróneas a que no se opuso objeción alguna, no pueden presentarse ante, ni ser consideradas por la corte de re-visión.” 11 C. J. 193, sec. 343.

El único punto adicional levantado en el alegato presen-tado por los peticionarios ante esta corte es la falta de haber dejado de seguir el procedimiento prescrito en la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias. Esta sección exige que se dé aviso por medio de una citación a la parte contraria de todas las pretensiones deducidas en el curso de los procedimientos, con la oportunidad de ser oída y de-mostrar lo que fuere procedente para oponerse a la medida propuesta. Es verdad, como se ha dicho antes, que los demandados fueron una vez notificados del señalamiento de la moción para trasladar el tabaco a San Juan como una cuestión, que habría de resolverse, si acaso, después de re-suelta la moción del demandado sobre nulidad del embargo. Pero la moción últimamente mencionada fue retirada, se ofre-ció en su lugar una fianza, el embargo fué condicionalmente disuelto y la moción del demandante jamás volvió a señalarse para discusión ni a someterse en debida forma. Los deman-dados no tenían conocimiento ni motivo razonable para su-poner que, en el caso de que la corte dejara de aprobar la fianza ofrecida, se dictaría una orden en el curso de la misma resolución disponiendo el traslado del tabaco del distrito de Gruayama y venta del mismo en San Juan. Los affidavits que se acompañaron con la moción de reconsideración de esta orden, de ser ciertos, demuestran prima facie que la reso-lución adoptada causaría pérdidas de consideración e incon-venientes a los demandados en el caso de que se dictase sen-tencia en su favor en el juicio que estaba a punto de cele-brarse; y, además, que no babía necesidad de tanta premura para evitar el deterioro de los bienes embargados.

Dadas las circunstancias de este caso, no podemos decir que no fueron perjudicados los demandados, ni que recibieron el aviso, ni que tuvieron la oportunidad -de ser oídos, a que tenían derecho.

La orden disponiendo el traslado de los bienes embarga-dos de Guayama a San Juan y la venta de los mismos en San Juan, y la orden negándose a reconsiderar esa resolución, deben ser revocadas.

Anuladas las órdenes de 1o. y 19 de julio, 1918, impugnadas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Barreal, Peticionario y Apelante, v. Labiosa, Alcaide de la Cárcel del Distrito de Mayagüez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento de habeas corpus.

    No. 1363.
    Resuelto en enero 30, 1919.
    Habeas Corpus — Asesinato en Primer Grado — Fianza Mientras se Celebra el Juicio — Pena 'de Muerte.' — Disponiéndose claramente en la sección 2 de la vigente Ley Orgánica de esta isla que empezó a regir el 2 do marzo de 1917, que toda persona podrá, antes de sor convicta, prestar fianza con sufi-ciente garantía excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande, y no estando el peticionario acusado de delito que apareje pena de muerte por no existir ahora, de acuerdo con nuestro Código Penal enmendado, delito alguno castigado con la pena de muerte que fue abo-lida basta el 30 de abril de 1921, por la Ley No. 36 de 30 de noviembre, 1917, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tiene derecho a que se le fije fianza para, estar en libertad mientras se celebra el juicio por el delito de ase-sinato en primer grado de que ha sido acusado.
    -Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Ahogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Juan Rodríguez Barreal compareció ante la Corte de Distrito de Mayagüez con una petición de habeas corpus alegando que estaba preso ilegalmente porque a pesar de que no se le imputa la comisión de un delito que apareje pena de muerte no se le ha señalado fianza para estar en liber-tad hasta que se celebre el juicio y porque su detención es ar-bitraria e ilegal porque no hay causa probable para acusársele como autor de un crimen que lleve aparejado pena de muerte, dado que actualmente no existe en Puerto Rico ley alguna que autorice tal pena por ninguna claáe de delito.

En la vista ante el juez de distrito se demostró que según el mandamiento por virtud del cual el alcaide ele la cárcel de Mayagüez tiene en prisión a Juan Rodríguez Barreal, el fiscal del distrito de Mayagüez ordenó dicho arresto por imputár-sele al peticionario el delito de asesinato en primer grado, y en el mandamiento nada se dice con respecto a fianza.

De la otra prueba que se presentó aparece que Juan Bo-dríg’uez Barreal, vecino del barrio de Lajas, denunció a Pablo Pérez Lamboy porque en la madrugada de cierto día violó a una hija del denunciante, de diez años y medio de edad, y también a la criada a cuyo cuidado la había dejado y que cuando Pérez Lamboy firmaba su declaración ante el juez de paz do Lajas entró en el juzgado Juan Bodríguez Barreal e inmediatamente disparó una pistola contra Lamboy, ma-tándolo.

El juez de distrito negó la petición de habeas corpus fun-dado no en que el cielito que se imputa al peticionario apa-rejase la pena de muerte y por consiguiente que de acuerdo con el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal no podía estar en libertad bajo fianza sino en que, según el artículo 373, cuando se imputa otra clase de delito es discre-cional en la corte el conceder la fianza y que en este caso concreto no quería hacer uso de esa discreción en favor del peticionario en vista de la naturaleza de los hechos ocurridos.

De la resolución del juez inferior se deduce su opinión respecto a que actualmente no puede retenerse a persona al-guna en prisión sin fianza por mandato expreso de la ley, de acuerdo con el artículo 372 que la prescribe para los delitos castigados con pena capital, sino que ahora no existe, de acuerdo con nuestro Código Penal enmendado, delito alguno castigado con pena de muerte, porque ésta fué abolida hasta el 30 de abril de 1921 por la Ley No. 36, de 30 de noviembre de 1917.

Como en este particular pensamos como el juez inferior lo único que hay que considerar, es si no estando el peticio-nario acusado de pena capital tiene derecho a que se le fije fianza o si la concesión de' fianza es discrecional.

No tenemos que considerar ahora si el artículo 373 del Código de Enjuiciamiento Criminal sostiene o no la conclu-sión del juez inferior pues la actual Ley Orgánica de esta isla, que empezó a regir el 2 de marzo de 1917, dispone cla-ramente en su artículo 2°., entre otras cosas, que toda persona podrá, antes de convicta, prestar fianza con suficiente garantía excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grave.

De acuerdo'con este precepto y no estando el peticionario acusado de delito que apareje pena de muerte tiene derecho a que se le fije una fianza para estar en libertad mientras se celebre el juicio por el delito de que se le ha acusado.

Nos parece que en un caso como el presepte, una fianza de quinientos pesos es suficiente.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la resolución apelada y dictada otra en- su lugar señalando al acusado una fianza de quinientos dollars para poder permane-cer en libertad provisional.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.