author: Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez. Jueza Aso-ciada Oronoz Rodríguez, Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo,

text:
    Hon. Ángel Martínez Santiago, Hon. Migdalia Padilla Alvelo, Hon. Itzamar Peña Ramírez, Hon. José O. Pérez Rosa, Hon. Antonio L. Soto Torres, Hon. José E. Meléndez Ortiz, Hon. María M. Charbonier Laureano y Hon. Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, peticionarios, v. Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, y Hon. César A. Miranda Rodríguez, Secretario de Justicia, recurridos.

      Número: CT-2015-4

      Resuelto: 8 de abril de 2015

      Juan M. Gaud Pacheco, Carlos Pérez Toro y Edwardo García Rexach, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de Certificación Intrajurisdiccio-nal, así como la Moción en Auxilio de Jurisdicción, presen-tadas por la parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martí-nez emitió un voto particular de conformidad. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió un voto particular de con formidad, al que se unieron la Jueza Presidenta Se-ñora Fiol Matta y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular disidente, al que se le unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez.

Estoy conforme con la determinación adoptada por este Tribunal. En primer lugar, los peticionarios presentaron desde el pasado mes el recurso ante el Tribunal de Pri-mera Instancia. El foro primario ha atendido diligente-mente el recurso y ha señalado una vista para mañana. A pesar de ello y en contravención a la Regla 28 de este Tribunal, 4 LPRA XXI-B, los peticionarios esperaron me-nos de 24 horas de la fecha de celebración de esa vista para acudir ante nos y presentar una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Tampoco justificaron su incumplimiento con el término provisto en la citada regla.

En segundo lugar, aunque nos encontramos ante un asunto de interés público, es el foro federal el que se en-cuentra precisamente adjudicando la sustancia de la con-troversia que genera el reclamo de los peticionarios. Cier-tamente, todos los funcionarios públicos juramentamos fidelidad a las leyes de Puerto Rico, pero ese deber está acompañado de una fidelidad de mayor rango, a saber, a la Constitución de Puerto Rico y a la Constitución de los Estados Unidos. Bajo el principio de la deferencia mutua que debemos exhibir los foros judiciales locales y federa-les, considero inadecuada e inapropiada una intervención de este Tribunal para atender un reclamo de los peticio-narios que irremediablemente nos llevaría a adjudicar la controversia que se encuentra ante el Tribunal de Apela-ciones Federal para el Primer Circuito.

De otra parte, denegar el presente recurso no impide que los ocho legisladores peticionarios ejerzan las prerro-gativas y funciones legislativas que estimen pertinentes. Ahora bien, esas funciones legislativas deberán enmar-carse dentro de los parámetros constitucionales que cana-lizan los trabajos de los Cuerpos Legislativos y en los fo-ros con jurisdicción. A modo de ejemplo, los peticionarios no han acreditado que hayan solicitado intervenir en ca-lidad de amicii curiae ante el foro judicial federal.

Otro factor a considerar es si la presentación de una postura jurídica que contiene fundamentos de derecho constitucional federal, entre otros planteamientos, que no se encuentran bajo la jurisdicción legislativa de los peti-cionarios, es una “acción ilegal” del Ejecutivo en sí misma que les lesione derechos a los legisladores locales peticionarios. El obstáculo que confronta esa argumenta-ción es que el planteamiento jurídico que da base a la discrepancia ha sido formulado en el foro federal, el que precisamente tiene el caso y controversia ante su consideración.

Finalmente, ante el tracto procesal en el foro federal, según expuesto por los peticionarios, y ante las particula-ridades de este caso, considero que este Tribunal no puede proveer a los legisladores el remedio que solicitan en el presente recurso, ya que esto equivaldría a administrar, sin facultad, el caso federal ante el Tribunal de Apelacio-nes Federal para el Primer Circuito.

— O —

Voto particular de conformidad emitido por la

Jueza Aso-ciada Oronoz Rodríguez,

al que se unen la Jueza Presi-denta Señora Fiol Matta y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón.

Comparecen el Hon. Ángel Martínez Santiago y otros legisladores (peticionarios) mediante una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada a las 4:00 de la tarde de hoy, pretendiendo paralizar los procedimientos en el caso de epí-grafe, el cual tiene una vista pautada en el Tribunal de Pri-mera Instancia mañana 9 de abril a las 9:30 a. m. En la escueta moción de dos páginas alegan que, de no paralizar los procedimientos ante el foro de primera instancia, se les ocasionaría un daño irreparable a sus prerrogativas como legisladores.

Además, solicitan que atendamos con urgencia un Re-curso de Certificación Intrajurisdiccional presentado tam-bién ante este Tribunal el 6 de abril de 2015. En síntesis, mediante dicho recurso los peticionarios alegan que en el caso Ada Conde Vidal et al. v. Alejandro García Padilla et al., Civil No. 14-1253(PG), que se ventila en el foro federal, el Hon. Alejandro García Padilla y otros (parte recurrida) se atribuyeron la facultad de interpretar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concluyendo que el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 221, es inconstitucional.

A tales efectos solicitan que este Tribunal declare, entre otras cuestiones: la inconstitucionalidad de la postura y el alegato que presentó la parte recurrida en el caso federal; que no le dé validez jurídica a los argumentos expuestos en dicho alegato; que le ordenemos a la parte recurrida a reti-rar —so pena de desacato— su alegato por ser presunta-mente nulo ab initio; que emitamos una sentencia declara-toria, mandamus e interdicto permanente para restringir las actuaciones de la parte recurrida, y que las actuaciones de la parte recurrida se refieran a evaluación ética. Todo ello, pues alegan que la parte recurrida no tiene “la capaci-dad en ley para realizar una acción en el caso federal que su efecto real es una colusión que permite que la parte deman-dante apelante en dicho caso, litigue sola y con todo a su favor”. Recurso de certificación intrajurisdiccional, pág. 17.

Los peticionarios argumentan que su solicitud se basa en una actuación de la parte recurrida durante el trámite del caso ante el tribunal federal. En particular, alegan que en la etapa apelativa de ese caso ante el Tribunal de Ape-laciones para el Primer Circuito de Boston la parte recu-rrida no defendió la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil, supra, violando así las prerrogativas de las otras ramas de gobierno.

Los argumentos esgrimidos por los peticionarios no jus-tifican la expedición del recurso de Certificación. Hacerlo sería actuar a destiempo, cuando el expediente ante el Tribunal de Primera Instancia sobre los méritos se encuentra incompleto. La controversia, según esbozada por los legis-ladores peticionarios, no amerita urgente solución ni afecta la debida administración de la justicia. El mecanismo del recurso de certificación intrajurisdiccional es de carácter excepcional en atención al interés de que los casos madu-ren según su curso ordinario, reuniéndose toda la prueba y la argumentación necesaria para adjudicar debidamente una controversia. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010); Rivera v. J.C.A., 164 DPR 1 (2005).

Por otro lado, la Moción en Auxilio de Jurisdicción pre-sentada tampoco satisface los criterios para su expedición. Los peticionarios aluden a un alegado daño irreparable ba-sado en sus prerrogativas como legisladores, sin funda-mentarlo adecuadamente. También se debe indicar que los peticionarios incumplieron con el requisito de presentar la solicitud al menos cinco días antes de la vista para la cual se solicita la paralización, sin causa justificada, según lo requiere la Regla 28 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B. Ello aun cuando conocían desde el 25 de marzo que la vista aludida se celebraría el 9 de abril. Tomando en cuenta los requisitos de nuestra Regla 28, así como los fundamentos detrás del mecanismo de la Moción en Auxilio de Jurisdicción, la presente Moción de los peticionarios no satisface nuestra normativa sobre el particular. García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371, 378-379 (2012); Marrero v. Dolz, 142 DPR 72 (1996).

Por las razones antes referidas, estoy conforme con de-clarar “no ha lugar” tanto el recurso de Certificación como la Moción en Auxiliode Jurisdicción y dejar que la de-manda siga su curso ordinario.

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo,

a quien se le une la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco.

Disiento del curso de acción de este Tribunal, pues estoy convencido de que el recurso que nos fuera presentado es perfectamente certificable. Según el texto del Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRAsec. 24s —en cuanto al recurso de certificación intrajurisdiccio-nal — , se dispone que:

(e) Mediante auto de certificación, a ser expedido discrecio-nalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al am-paro de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos. (Enfasis suplido).

Nótese que, para que este Tribunal pueda expedir el recurso de certificación se requiere que el asunto en con-troversia plantee cuestiones noveles de derecho o se plan-teen cuestiones que incluyan cualquier cuestión constitucio-nal sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Esta-dos Unidos. Dado que el asunto en controversia es si la ne-gativa del Secretario de Justicia de defender una ley apro-bada por la Asamblea Legislativa viola los principios de separación de poderes dispuestos en la Constitución del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, resulta innegable que el asunto ante nuestra consideración es uno de alto interés público sobre una cuestión constitucional sustancial. Ade-más, este Tribunal no se ha expresado sobre si el Secretario de Justicia tiene el deber ministerial de defender la política pública del Estado ante un ataque de constitucionalidad.

Ahora bien, el mero cumplimiento de estos requisitos no obliga al Tribunal a expedir toda solicitud de certificación ante su consideración. Sin embargo, son las características particulares del caso que nos ocupa las que hacen de este uno perfectamente certificable. Es decir, ciertamente este caso presenta una cuestión novel en cuanto si el Secretario de Justicia está obligado por un deber ministerial a defender en los tribunales la política pública creada por la Asam-blea Legislativa. Si bien el caso que hoy se nos presenta está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, de-bemos tener presente que la vista evidenciaría podría resul-tar innecesaria, toda vez que lo que se nos precisa aclarar es una cuestión estrictamente de derecho. Además, no pode-mos ignorar que en la actualidad los actos del Secretario de Justicia tienen un efecto directo en el posible resultado so-bre un caso pendiente en el Tribunal del Circuito de Apela-ciones de Boston, en cual la política pública del País se en-cuentra bajo ataque y sin representación legal. Esto sin duda alguna añade un grado de premura a la controversia planteada por los peticionarios, ya que nada impide que en cualquier momento el Tribunal federal pueda disponer de la controversia ante su consideración.


source: Caselaw Access Project

author: la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez, el Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

license: Public Domain

text:
    Luis O. Rodríguez Quintana, recurrido, v. Raquel Rivera Estrada, demandada, Procuradora de Asuntos de Familia, en representación de los menores LORR e IARR, peticionaria; Luis O. Rodríguez Quintana, recurrido, v. Raquel Rivera Estrada, peticionaria.

      Números: CC-2013-385
    CC-2013-339

      Resueltos: 9 de abril de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Ma-ranyelí Colón Requejo, procuradora general auxiliar, abo-gadas de los menores LORR e IARR, parte peticionaria; Wilfredo Rivera Figueroa y Brenda L. Barbosa Valentín, de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, aboga-dos de Raquel Rivera Estrada parte peticionaria; Vicente Díaz Salgado, abogado de Luis O. Rodríguez Quintana, parte recurrida.
   SENTENCIA

En esta ocasión nos corresponde determinar cuándo co-mienza a transcurrir el término de caducidad de seis meses para ejercitar una acción de impugnación de paternidad según dispone la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 (Ley Núm. 215).() En particular, debemos evaluar si éste comienza en la fecha de aprobación de la Ley Núm. 215 o en la fecha en que éste entró en vigor.

I

El 28 de julio de 2010 el Sr. Luis O. Rodríguez Quintana presentó una demanda de impugnación de paternidad contra la señora Raquel Rivera Estrada, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 215.() Alegó que tenía base para creer que los menores LORR e IARR, hijos de la señora Rivera Estrada y reconocidos voluntariamente por el de-mandante, no eran sus hijos biológicos. Por lo tanto, solicitó que el tribunal ordenara a los menores a someterse a una prueba de paternidad, entre otras cosas. Posteriormente, el señor Rodríguez Quintana presentó ante el tribunal una moción de emplazamiento por edicto a la señora Rivera Estrada, la cual fue autorizada el 8 de diciembre de 2010.() A su vez, el 12 de enero de 2011, el tribunal designó a la Pro-curadora de Familia (“Procuradora”) como defensora judicial de los menores.

El 4 de marzo de 2011, la Procuradora, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó una moción de deses-timación alegando que procedía la desestimación por no haberse acumulado a los menores, que son partes indispensables en el pleito, antes del término de caducidad que provee la Ley Núm. 215. Por su parte, el 11 de marzo de 2011, la señora Rivera Estrada presentó una moción de desestimación de la demanda alegando los mismos funda-mentos de la Procuradora. Asimismo, alegó que el Sr. Gerardo René Díaz Gómez, el hombre con quien la señora Rivera Estrada estaba casada cuando nacieron los meno-res LORR e IARR, era también parte indispensable.

El 1 de abril de 2011, el señor Rodríguez Quintana pre-sentó una demanda enmendada en la cual incluyó en el epígrafe como parte demandada al señor Díaz Gómez y a la señora Rivera Estrada, por sí y en representación de los menores LORR e IARR Además, en las alegaciones indicó que los resultados de unas pruebas de ADN demos-traron que él no era el padre biológico de los menores LORR e IARR Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden indicando que una vez resolviera las mociones de desestimación presentadas, determinaría si procedía la de-manda enmendada y la expedición de los emplazamientos por edicto solicitados por el señor Rodríguez Quintana.

El 9 de noviembre de 2011, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió una Resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” las mociones de desestimación presentadas y permitió que el señor Rodríguez Quintana enmendara la demanda con efecto retroactivo para incluir a los menores LORR e IARR como partes indispensables. Determinó que en este caso aplicaba el término de caducidad de seis meses del Artículo 117 del Código Civil, 31 LPRA see. 465, según enmendado, contado a partir de la aprobación de la Ley Núm. 215 porque el señor Rodríguez Quintana conocía de la inexactitud de la filiación antes de la aprobación de la Ley.() Razonó que, debido a que el Artículo 7 de la Ley Núm. 215 disponía que la ley entraba en vigor treinta días después de su aprobación, el término de seis meses co-menzó el 28 de enero de 2010 y vencía el 28 de julio de 2010, por lo cual el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda oportunamente.() Además, indicó que los dere-chos de los menores estuvieron protegidos en el pleito, ya que se incluyó a la señora Rivera Estrada como parte de-mandada y se nombró a la Procuradora como defensora judicial de los menores.

Insatisfechas, la Procuradora y la señora Rivera Estrada presentaron sus respectivos recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.() La Procuradora alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que el término de caducidad comenzó a transcurrir en la fecha en que entró en vigor la Ley Núm. 215 en vez de cuando fue aprobada. Asimismo, argumentó que erró el tribunal al per-mitir la enmienda a la demanda para incluir a los menores, a pesar de que el término de caducidad había vencido. Por su parte, la señora Rivera Estrada alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al permitirle al señor Rodríguez Quintana enmendar la demanda para añadir a los menores LORR e IARR, habiendo transcurrido el término de caduci-dad dispuesto en la Ley Núm. 215.

Luego de varios trámites procesales y la consolidación de ambos recursos, el 5 de marzo de 2013 el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Pri-mera Instancia. Entendió que la demanda de impugnación de paternidad fue presentada oportunamente por el señor Rodríguez Quintana y que procedía corregir el defecto de forma en el epígrafe, ya que desde el inicio del pleito surgía de las alegaciones que los menores LORR e IARR eran parte en el pleito. Con respecto a cuándo comenzó a trans-currir el término de seis meses, determinó que en Puerto Rico una ley aprobada es efectiva a partir de su promulga-ción por el Secretario de Estado y, en vista de que la Ley Núm. 215 fue promulgada el 5 de enero de 2010, ésta entró en vigor el 4 de febrero de 2010, según los treinta días dispuestos en el Artículo 7 de la Ley Núm. 208. Abase de lo anterior, el señor Rodríguez Quintana tenía hasta el 2 de agosto de 2010 para presentar la demanda de impugnación de paternidad, por lo cual la presentación de la misma fue oportuna. Asimismo determinó que si se computa el tér-mino de seis meses una vez pasados los 30 días desde la fecha de la aprobación de la ley, el término de caducidad vencía el 28 de julio de 2010, el día que el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda. El 20 de marzo de 2013, la Procuradora presentó una solicitud de reconsi-deración ante el Tribunal de Apelaciones, la cual fue decla-rada “no ha lugar” mediante Resolución de 10 de abril de 2013.

Inconformes, la Procuradora y la señora Rivera Estrada presentaron sus respectivos recursos de certiorari ante este Tribunal, para solicitar que revoquemos la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio.() En esencia, am-bas alegan que erró el Tribunal de Apelaciones al permitir la enmienda a la demanda para añadir a los menores cuyo reconocimiento se impugna transcurrido el término de ca-ducidad para ejercitar la acción de impugnación, apartán-dose de lo resuelto por este Tribunal en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012).

Planteada así la controversia, el 28 de junio de 2013 expedimos el auto solicitado y consolidamos ambos casos. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, proce-demos a resolver.

II

Como cuestión de umbral, es preciso determinar si el se-ñor Rodríguez Quintana presentó su demanda de impugna-ción antes de que transcurriera el término de caducidad para ello. El Artículo 117 del Código Civil, según enmendado por la Ley Núm. 215, establece un término de caducidad de seis meses para que el padre legal ejercite una acción de impugnación de paternidad. El artículo indica, sin embargo, que este término comenzará a transcurrir a partir de la fe-cha en que el padre legal advenga en conocimiento de la inexactitud biológica o, en la alternativa, a partir de la apro-bación de la Ley Núm. 215. 31 LPRA see. 465. Por otra parte, el Artículo 7 de la Ley Núm. 215 dispone que la ley entraría en vigor treinta días después de su aprobación. En el caso que nos ocupa, los foros recurridos determinaron que el referido término de caducidad comenzaba a transcurrir una vez la ley entrara en vigor y no al momento de su aprobación. Así, concluyeron que el señor Rodríguez Quin-tana presentó su demanda el último día hábil para ello: el 28 de julio de 2010. De esta manera, razonaron que el tér-mino debía contarse a partir de que la ley entrara en vigor y no a partir de su aprobación. Además, determinaron que, dado que la demanda de impugnación fue presentada opor-tunamente, determinaron que la enmienda a ésta para in-cluir a los menores de edad procedía en derecho. Esto, puesto que de las alegaciones de la demanda original se des-prendía que los menores eran parte en el pleito y la en-mienda sólo tuvo el propósito de corregir un error de forma en el epígrafe.

III

Evaluados los planteamientos de las partes, se dicta sen-tencia revocando el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Consiguientemente, se desestima la demanda de impugna-ción de paternidad presentada contra la Sra. Raquel Rivera Estrada.

Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Asociado Señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió sin expresiones escritas. El Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por

la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se unen el Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada Oro-noz Rodríguez.

Estoy conforme con la sentencia emitida por este Tribunal, mediante la cual se desestima la demanda de impug-nación del Sr. Luis O. Rodríguez Quintana. Sin embargo, considero necesario emitir algunas expresiones adicionales con relación a cuándo comienza a transcurrir el término de caducidad de seis meses para ejercitar una acción de im-pugnación de paternidad, según dispone la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 (Ley Núm. 215). En particular, estimo que el referido término comienza a transcurrir en la fecha en que entró en vigor la Ley Núm. 215 y no en la fecha de su aprobación.

I

Hemos expresado que “[l]a filiación es el estado civil de la persona, determinado por la situación que, dentro de una familia, le asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en ella en virtud de la adopción o de otro hecho legal-mente suficiente al efecto”. Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 579-580 (2003). Sin embargo, la filiación no necesaria-mente se deriva de un hecho biológico, por lo cual el padre del menor según el vínculo jurídico no siempre es el padre biológico. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 672 (2012). Por la discrepancia que puede haber entre la realidad jurídica y la biológica, los Artículos 113 al 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 461-465, regu-lan las presunciones de paternidad y maternidad, los suje-tos autorizados a impugnar la filiación y los términos para ejercitar dicha acción. Bonilla Ramos, supra, pág. 673. Es-tos Artículos fueron enmendados por la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 para “armoniza [r] nuestro ordena-miento jurídico con los avances científicos”, al igual que “atemperarlos a los tiempos en que vivimos”. Exposición de motivos de la Ley Núm. 215. Véase Bonilla Ramos, supra, pág. 673. Las disposiciones de la Ley Núm. 215 aplican a los casos que estuvieran pendientes de adjudicación al mo-mento de entrar en vigencia. Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803 (2011).

Una de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 215 fue en relación con los términos que establecía el Artículo 117 para impugnar la paternidad o maternidad. 31 LPRA see. 465. El anterior Artículo 117 disponía que la acción para impugnar debía ejercitarse dentro de los 3 meses si-guientes a la inscripción del menor, si el esposo estaba en Puerto Rico. En cambio, si se encontraba fuera de Puerto Rico, tenía 6 meses a partir del momento que tuvo conoci-miento del nacimiento. Estos términos le aplicaban tanto al padre legal como al que reconocía voluntariamente los menores. Bonilla Ramos, supra, pág. 674. La Ley Núm. 215 enmendó el artículo 117 para disponer que “[l]a acción para impugnar la presunción de paternidad o de materni-dad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor”. 31 LPRA see. 465. A su vez, la Ley Núm. 215, en su Artículo 7, dispuso que entraría en vigor treinta días después de su aprobación.

Recientemente, en Bonilla Ramos, este Tribunal se ex-presó sobre los Artículos 113 al 117, según enmendados por la Ley Núm. 215, y resolvió que, en casos de impugnación de paternidad, el menor cuya paternidad se impugna es parte indispensable. Por lo tanto, el menor debe ser in-cluido en el pleito antes de que transcurra el término de caducidad dispuesto en ley para instar la acción de impugnación. Esto porque el menor cuya paternidad se im-pugna sería la parte afectada por el cambio de estado civil. Por tanto, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, si el menor demandado tiene 14 años o más, se le tiene que entregar una copia del emplazamiento y de la demanda a él personalmente y a su padre o madre con patria potestad. A su vez, si el menor tiene menos de 14 años de edad, se debe entregar copia del emplazamiento y de la demanda a su padre o madre con patria potestad, o tutor. 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(b). En todo caso, el menor debe ser demandado antes de que transcurra el término de caducidad dispuesto en la Ley Núm. 215 para instar la acción de impugnación. En síntesis, si se presenta una demanda de impugnación dentro del término de caducidad, pero no se incluye en la demanda al menor cuya paternidad o maternidad se im-pugna dentro del término de caducidad, operará la extin-ción del derecho que se intenta ejercitar.

II

Como cuestión de umbral, la controversia planteada nos exige determinar cuándo comienza a transcurrir el término de caducidad de seis meses que establece el Artículo 117 del Código Civil, según enmendado por la Ley Núm. 215. El señor Rodríguez Quintana presentó la demanda el 28 de julio de 2010. Si el término de caducidad comenzó el 29 de diciembre de 2009, fecha en que se aprobó la Ley Núm. 215, el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda luego de transcurrido el término de caducidad, ya que ven-cía el 28 de junio de 2010. Por otro lado, si comenzó el 28 de enero de 2010, el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda el último día hábil. Por su parte, tanto el foro apelativo intermedio como el foro primario determinaron que, a pesar de que la fecha de aprobación fue el 29 de diciembre de 2009, el término de caducidad comenzó luego de pasados los treinta días que dispone el Artículo 7 de la Ley Núm. 215, a saber, cuando la ley entró en vigor.

La Sección 5 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[l]as leyes de-berán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia”. Art. VI, See. 5, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 426. Por lo tanto, es a la Asamblea Legislativa a quien le compete establecer la fecha que entrará en vigor una ley, ya sea inmediatamente que sea aprobada o luego de un término específico posterior a su aprobación. Herrero y otros v. E.L.A., 179 DPR 277, 298 (2010). “El fundamento que existe para que la vigencia de una ley tenga lugar en fecha posterior a la de su aprobación, es el de informar al público con certeza la fecha en que la ley entrará en vigor para que los individuos que van a ser regidos por dicha ley puedan conformar sus derechos y obligaciones a la nueva situación”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 119. Cabe mencionar que, al interpretar las leyes para precisar la voluntad legis-lativa, hemos señalado que las leyes deben recibir una in-terpretación sensata. Como consecuencia, “una interpreta-ción de una ley que condu[zca] a una conclusión absurda debe ser rechazada”. Orta v. Registrador, 60 DPR 789, 794 (1942). Véase, además, Bernier y Cuevas Segarra, supra, pág. 242.

Considerando lo anterior, entiendo que resultaría ab-surdo resolver que el término de caducidad de seis meses comenzó a transcurrir el 29 de diciembre de 2009, fecha en que se aprobó la Ley Núm. 215, ya que para esa fecha las disposiciones de la ley no estaban en vigor y no se podía actuar conforme a las mismas. El término de seis meses que la Ley Núm. 215 otorga al padre legal para impugnar la paternidad no podía comenzar hasta que sus disposicio-nes entraran en vigor, lo cual ocurrió el 28 de enero de 2010. Distinto sería si la Asamblea Legislativa hubiera es-tablecido que la ley entraba en vigor inmediatamente luego de su aprobación. Por lo tanto, contando el término de seis meses a partir del 28 de enero de 2010, fecha en que la Ley Núm. 215 entró en vigor, el señor Rodríguez Quin-tana presentó la demanda de impugnación el último día hábil, el 28 de julio de 2010.

Resuelto lo anterior, pasemos a examinar si los tribuna-les inferiores erraron al permitir la enmienda a la demanda para añadir a los menores vencido el término de caducidad de seis meses. Según se desprende de la sentencia que hoy dictamos y, a base a lo resuelto por este Tribunal en Bonilla Ramos, estimo que procedía la desestimación de la demanda de impugnación presentada. Como se expuso anterior-mente, el término de caducidad en este caso venció el 28 de julio de 2010. Así, el señor Rodríguez Estrada tenía hasta esa fecha para demandar a los menores. En cambio, el señor Rodríguez Estrada presentó la demanda enmendada inclu-yendo a los menores el 1 de abril de 2011, transcurrido el término de seis meses de caducidad.

III

Por los fundamentos previamente reseñados, estoy con-forme con desestimar la demanda de impugnación de pa-ternidad presentada en contra de la señora Rivera Estrada. Considero, sin embargo, que no erraron los foros recurridos al concluir que el término de caducidad de seis meses comienza a transcurrir a partir de la vigencia de la Ley Núm. 215 y no a partir de suaprobación.

— O —

Opinión de conformidad emitida por

el Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

a la cual se unieron los Jueces Aso-ciados Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón.

Estoy de acuerdo con la Sentencia emitida por el Tribunal hoy, en la que se desestima la demanda de impugna-ción de paternidad presentada por el Sr. Luis O. Rodríguez. Según surge del propio texto de la Ley Núm. 215-2009, 31 LPRAsecs. 461-465, el término de caducidad de seis meses para ejercer la acción de impugnación de paternidad comenzó a transcurrir a partir de la aprobación del referido estatuto, es decir, el 29 de diciembre de 2009. Así, ese periodo concluyó el 28 de junio de 2010. Dado que el recurso de epígrafe fue presentado tardíamente el 28 de julio de 2010, procede su desestimación.

I

A pesar de que nuestra Sentencia expone los hechos per-tinentes de este caso, me parece importante destacar cier-tos asuntos que dan origen a la controversia que hoy atendemos. El 29 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley Núm. 215-2009, supra, la cual enmendó los Artículos 113, 114, 115, 116 y 117 del Código Civil de Puerto Rico. En lo pertinente a este caso, se enmendó el Art. 117 para que leyese de la forma siguiente:

La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre o madre legal, deberá ejerci-tarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la in-exactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta ley, lo que sea mayor. (Énfasis suplido). 31 LPRA see. 465.

Por su parte, el Art. 7 de la Ley Núm. 215-2009 dispuso que la “[l]ey entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación”.

El 28 de julio de 2010, el señor Rodríguez Quintana pre-sentó una acción de impugnación de paternidad en contra de la señora Rivera Estrada al amparo de la Ley Núm. 215-2009. El 1 de abril de 2011 se enmendó la demanda para incluir como partes demandadas a los menores y al señor Díaz Gómez. Luego de varios incidentes procesales muy bien recogidos en la opinión mayoritaria, el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una resolución en la que permitió la enmienda a la demanda con efecto retroactivo. Además, de-terminó que como la Ley Núm. 215-2009 entró en vigor el 28 de enero de 2010, el término de seis meses se debía calcular a partir de esa fecha, por lo que la demanda del señor Ro-dríguez Quintana fue presentada oportunamente.

Insatisfechos, la Procuradora de la Familia y la señora Rivera Estrada acudieron ante el Tribunal de Apelaciones y alegaron que el foro primario erró al determinar que el término de caducidad de seis meses había comenzado a transcurrir en la misma fecha en que entró en vigor la Ley Núm. 215-2009 y no al momento de su aprobación. Tam-bién alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al permitir la enmienda a la demanda para incluir a los me-nores, puesto que en ese momento el término de caducidad ya había transcurrido.

El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la que confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. En particular, determinó que procedía la en-mienda debido a que en realidad se trataba de un defecto de forma en el epígrafe, pues se infería de las alegaciones que los menores eran parte del pleito desde el principio. En cuanto a cuándo comenzó a transcurrir el término de cadu-cidad de seis meses, el Tribunal de Apelaciones concluyó que como la Ley Núm. 215-2009 fue promulgada por el Secreta-rio de Estado el 5 de enero de 2010, esta entró en vigor transcurridos treinta días, contados a partir de esa fecha. Según el foro apelativo intermedio, era a partir de ese mo-mento que se debía calcular el término de caducidad de seis meses, por lo que en este caso la demanda se presentó oportunamente.

Inconformes con esa determinación del Tribunal de Ape-laciones, la Procuradora de la Familia y la señora Rivera Estrada acuden ante este Foro y nos solicitan que revoque-mos la determinación del foro apelativo intermedio. El 28 de junio de 2013 consolidamos ambas solicitudes y expedimos el auto.

II

Conforme a nuestro esquema constitucional, una vez un proyecto de ley es aprobado por la Asamblea Legislativa, se remite al Gobernador y se convierte en ley si este lo firma o no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de los diez días de haberlo recibido. Const. PR, Art. Ill, Sec. 19, LPRA, Tomo 1. Es en ese momento en que se entiende que la ley ha sido aprobada. Sin embargo, eso no significa que la ley entra en vigor inmediatamente.

El término vigencia se refiere al momento en que una ley es efectiva. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurí-dicos, 2da ed., Orford, Equity Pub. Corp., 1985, pág. 314. Sobre ese particular, la Constitución de Puerto Rico esta-blece que “[l]as leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia”. Const. PR, Art. VI, Sec. 5, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 426. Por eso, “es a la Asam-blea Legislativa a quien le compete establecer la fecha de vigencia de las leyes aprobadas”. Herrero y otros v. E.L.A., 179 DPR 277, 298 (2010).

Así, “las leyes comienzan a regir cuando en ellas así se establezca expresa o tácitamente, bien con referencia a una fecha de calendario, o bien con referencia a algún otro dato”. (Enfasis suprimido). Herrero y otros v. ELA, supra, citando a González v. Merck, 166 DPR 659, 675 (2006). De esta forma, la Asamblea Legislativa puede disponer que la vigencia de una ley sea inmediata con su aprobación o que sea aplazada por un término específico (también conocido como vigencia diferida). íd. Por otro lado, el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3, dispone que las leyes pueden tener efecto retroactivo cuando así se disponga expresa-mente por la Asamblea Legislativa. En fin, determinar en qué momento una ley entrará en vigor “es parte inherente de la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar las leyes y dependerá del juicio del legislador [...]”. Herrero y otros v. ELA, supra, págs. 298-299.

Por otro lado, cuando el texto de una ley es claro y libre de ambigüedades, debemos ceñirnos al mismo, pues “es la expresión por excelencia de toda la intención legislativa”. S.L.G. Rodríguez Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 355 (2010). En esos casos, no debemos menospreciar el texto claro de la ley “bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Por eso, al interpretar una ley tenemos que darle “efecto a todas sus disposiciones!,] sin omitir ninguna”. (Enfasis suplido). R.E. Bernier Santiago y J. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 317.

En esa misma línea, es norma conocida que “el Legis-lador no hace cosas inútiles”. García v. Tribunal Superior, 91 DPR 153, 156 (1964). Tampoco “escribe cosas redundantes!; todo] lo que ha dicho ha sido por alguna ra-zón y a todo lo que ha expresado debe dársele efecto [...]”. (Énfasis suplido). Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 316. Cuando el legislador utiliza un lenguaje diferente en distintas partes de una ley en “relación al mismo asunto, se presume que se intentó un significado distinto”. Id., pág. 335.

III

En el presente caso, el texto del Art. 117 del Código Civil (Art. 5 de la Ley Núm. 215-2009, 31 LPRA see. 465) es claro y libre de ambigüedades. Allí se dispuso que el tér-mino de caducidad de seis meses comenzaría a transcurrir a partir de la aprobación de la Ley Núm. 215-2009, es de-cir, desde el momento en que el Gobernador le estampara su firma. Esa fue la voluntad expresa del legislador.

El Gobernador firmó la Ley Núm. 215-2009 el 29 de diciembre de 2009 y, de acuerdo al texto del propio estatuto, es desde ese momento que debe computarse el término de caducidad de seis meses. Esa conclusión no es absurda. Este Tribunal ha dejado claro que “si el legislador ha dese-ado tales resultados y no hay margen en el texto de la ley para imputar [le] otra intención que sea más racional y justa, los tribunales no deben imponer su propio criterio, de justicia y razonabilidad, y deberían entonces respetar la voluntad legislativa”. (Énfasis suplido). Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 DPR 16, 20 (1954). Lo que sería desatinado es resolver lo contrario e ignorar el texto apro-bado por el legislador. No podemos, mediante fíat judicial, dejar sin efecto una parte de la Ley Núm. 215-2009.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que el término de ca-ducidad de seis meses se computa desde que la Ley Núm. 215-2009 entró en vigor, es decir, treinta días luego de su aprobación. Para adoptar ese análisis, tendríamos que apar-tarnos del texto del estatuto e igualar los términos “aproba-ción” y “vigencia”, los cuales fueron expresamente utilizados por el legislador en distintas partes de la Ley Núm. 215-2009 con una intención diferente. El término “aprobación” fue utilizado para referirse al momento en que se debe co-menzar a contar los seis meses del término de caducidad, mientras que el término “vigencia” fue utilizado para refe-rirse al momento en que el estatuto comenzaría a ser efectivo. Si el legislador hubiera querido que la ley entrara en vigor al momento de su aprobación o que el término de caducidad se calculara a partir de la vigencia de la ley, así lo habría hecho constar en el texto de la ley. Pero ese no es el caso. Por eso, no nos encontramos ante una contradicción interna en el texto del estatuto que amerite nuestra inter-vención para “resolver tal contradicción a base del estable-cimiento de la intención auténtica del legislador”. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 DPR 509, 521 (1954).

Es conveniente recordar que “[e]l juez es un intérprete, y no un creador”. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, supra. Por eso, cuando “el lenguaje [de una ley] es tan inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal de humil-dad y autodisciplina judicial requiere la aplicación de la voluntad, legislativa. [...] Ese es un postulado del honor judicial”. (Enfasis suplido). Id.

Claro está, la consecuencia del lenguaje utilizado por el legislador es que una vez la Ley Núm. 215-2009 entró en vigor, el término remanente para presentar una demanda de impugnación de paternidad era de cinco meses, puesto que ya habían transcurrido los primeros treinta días del término de seis meses. Esa fue la intención del legislador y es lo que se nfiere del texto claro del estatuto. Por eso, no nos encontramos ante una laguna que amerite otra inter-pretación para llegar a otro resultado.

No nos corresponde enmendar la ley. Por todo lo anterior, entiendo que el término de caducidad de seis meses comenzó a transcurrir el 29 de diciembre de 2009 y concluyó el 28 de junio de 2010. Dado que la demanda de epígrafe se presentó el 28 de julio de 2010, debe desestimarse porque se presentó fuera del término establecido por el legislador.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy de acuerdo con la Sentencia mediante la cual se revoca al Tribunal de Apelaciones y se ordena la desestimación de la demanda de impugnación de paternidad al amparo de la Ley Núm. 215-2009. La demanda se presentó fuera de término.

      (1) Esta Ley enmendó los Artículos 113-117 del Código Civil, 31 LPRA sees. 461-465.

      (2) En el epígrafe de la demanda sólo se incluyó a la señora Rivera Estrada.

      (3) El emplazamiento por edicto se publicó en el periódico Primera Hora el 12 de enero de 2011.

      (4) En lo pertinente, el Artículo 117 del Código Civil dispone que “[l]a acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre o madre legal, deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta ley, lo que sea mayor”. 31 LPRA see. 465.

      (5) La Ley Núm. 215 fue aprobada el 29 de diciembre de 2009 y entró en vigor el 28 de enero de 2010.

      (6) La señora Rivera Estrada presentó su recurso de revisión el 6 de diciembre de 2011. La Procuradora presentó su recurso de revisión el 19 de diciembre de 2011,

      (7) La señora Rivera Estrada presentó su recurso de certiorari el 2 de mayo de 2013 en el caso CC-2013-339. La Procuradora presentó surecurso de certiorari el 20 de mayo de 2013 en el caso CC-2013-385.


author: PER CURIAM:

text:
      In re José Luis Arroyo Acosta.

      Número: TS-15,188

      Resuelto: 9 de abril de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe; Gaspar Santiago Ro-dríguez, abogado de José Luis Arroyo Acosta.
   PER CURIAM:

i-I

El Ledo. José Luis Arroyo Acosta fue admitido al ejerci-cio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y al ejercicio de la notaría el 28 de julio de 2005. El 10 de octubre de 2014, la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos informó que el licenciado Arroyo Acosta incumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo de 1 de agosto de 2007 a 31 de julio de 2009.

Según surge del informe presentado por la Directora Ejecutiva, el 3 de diciembre de 2009 el PEJC notificó for-malmente al licenciado Arroyo Acosta que había incum-plido con los requisitos reglamentarios de educación jurí-dica continua para el periodo antes mencionado y le otorgó sesenta días para que tomara los créditos requeridos. Pos-teriormente, el PEJC citó al letrado a una vista informal. Debido a que el licenciado Arroyo Acosta no compareció, la Junta del PEJC determinó referir el asunto a nuestra atención.

Así, el 20 de octubre de 2014 tomamos conocimiento del informe sobre incumplimiento y concedimos al licenciado Arroyo Acosta un término de veinte días para que compa-reciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los re-quisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando se le requirió. Es impor-tante destacar que todas las notificaciones del PEJC y de este Tribunal se enviaron a la dirección del licenciado Arroyo Acosta que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). El servicio postal no devolvió ninguna de esas notificaciones.

El 19 de marzo de 2015, luego de transcurrido el tér-mino concedido, el licenciado Arroyo Acosta compareció y expresó que desde el 2009 reside fuera de Puerto Rico. A pesar de eso, nos informó que nunca actualizó su dirección en RUA. Así, según el letrado, la dirección que consta en RUA es de la residencia de su hermana, lugar donde vivió hasta 2009. De acuerdo con el licenciado Arroyo Acosta, esa “dirección continúa vigente y [mi] hermana [...] se supone que esté manejando [mi] correo regular”. Moción, pág. 1. Sin embargo, este alegó que las notificaciones del PEJC nunca le llegaron y que las de este Tribunal le llegaron tarde. Finalmente, el letrado aceptó el incumplimiento con los requisitos del PEJC y nos adelantó que estará solici-tando un cambio de estatus a abogado inactivo.

I — I HH

La Regia 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998, 4 LPRAAp. XVII-D, dispone que todos los abogados activos tienen que cumplir con al menos vein-ticuatro horas créditos en cursos acreditados cada dos años. Todo abogado debe presentar un informe ante la Junta del PEJC acreditando el cumplimiento con las horas crédito re-queridas no más tarde de treinta días luego de concluido el periodo de dos años. Reglamento del Programa de Educa-ción Jurídica Continua de 2005, 4 LPRAAp. XVII-E, R. 28.

En caso de que un abogado cumpla tardíamente con los requisitos antes mencionados, tiene que presentar un informe con las razones que justifican el cumplimiento tardío. íd., Regla 30. Además, deberá pagar una cuota de $50. íd. Por otra parte, cuando un abogado incumple con los requisitos del PEJC se le citará a una vista informal para que explique las razones del incumplimiento. íd., Regla 32. Si el abogado no comparece a esa vista, la Junta del PEJC referirá el asunto a este Foro para que tomemos las medidas pertinentes. íd.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de 2011, 4 LPRA Ap. XXI-B, establece que todos los abogados tienen el deber de mantener actúa-¡izados sus datos en el RUA, incluyendo la dirección selec-cionada para recibir las notificaciones. El incumplimiento con lo anterior “obstaculiza sustancialmente la canaliza-ción adecuada del ejercicio de nuestra jurisdicción discipli-naria [...]”. In re Estrada Ramos, 2013 TSPR 74, pág. 6, 188 DPR Ap. (2013).

Desafortunadamente, en múltiples ocasiones nos hemos visto obligados a suspender abogados que desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con las horas crédito requeridas. In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013). Asimismo, hemos sido enfáticos al expresar que desatender nuestros requerimientos acarrea sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión inmediata de la profesión. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014). Cuando un abogado no cumple con nuestras órdenes, “demuestra menosprecio hacia nuestra autoridad, infringiendo, de ese modo, las disposiciones del Canon 9”. In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374. Por eso, “[s]i luego de proveerle un término al abogado para que muestre causa por la cual no debe ser suspendido de la profesión, éste incumple con nuestro mandato, procede que el abogado sea sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía [...]”. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77, 90 (2013).

III

Según surge del expediente, el licenciado Arroyo Acosta incumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo comprendido del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. Al momento, el letrado no ha acreditado el cumplimiento con las veinticuatro horas crédito para el pe-riodo notificado, aun cuando le concedimos amplia oportuni-dad para hacerlo.

Las órdenes y los requerimientos del PEJC y de este Tribunal se enviaron a la dirección incluida por el letrado en RUA y el correo no las devolvió, por lo que se presumen bien notificadas. Más aún, el propio licenciado Arroyo Acosta ex-presa que esa “dirección continúa vigente”. Por eso, no es una excusa válida el hecho de que “las notificaciones previas del PEJC jamás le llegaron y las de este Honorable Tribunal [le] fueron enviadas de manera tardía”. Moción, pág. 1. Fue el propio letrado quien decidió no actualizar su dirección de RUA una vez se mudó fuera de Puerto Rico y, en cambio, optó por descansar en su hermana para que le hiciera llegar las notificaciones que recibiera en esa dirección.

Por lo tanto, a quien único se le puede adscribir respon-sabilidad por no recibir las notificaciones del PEJC y de este Foro es al propio letrado. Es inaceptable que el licen-ciado Arroyo Acosta ignorara los requerimientos del PEJC y que compareciera ante este Tribunal casi cinco meses luego de que le ordenáramos que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión.

IV

Por todo lo anterior, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Arroyo Acosta del ejercicio de la abogacía y la notaría. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes, si alguno, de su inha-bilidad para seguir representándolos, devolverles cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta Opi-nión “per curiam” y Sentencia. Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Arroyo Acosta y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y sentencia al Sr. José Luis Arroyo Acosta.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
    Jesús Sánchez Rivera, recurrido, v. Yajaida Malavé Rivera, por sí y en representación del menor JJSM, peticionaria, y Luis Osvaldo Torres León, tercer demandado.

      Número: CC-2014-071

      Resuelto: 9 de abril de 2015

      Carmen S. Santiago Lizardi, abogada de la parte peticiona-ria; Milton D. Roque García, de Roque-García Law Firm, y María Díaz Pérez, del Bufete Díaz Pérez, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde interpretar el alcance de las normas que rigen el emplazamiento a menores de catorce años de edad y precisar si una demanda contra tercero, instada por una madre con patria potestad, equi-vale a someter a su hijo menor de edad a la jurisdicción del tribunal. Ello, para dirimir si procede como cuestión de derecho desestimar una demanda de impugnación de pa-ternidad por razón de caducidad.

Según los hechos particulares del caso ante nuestra con-sideración, procede desestimar la demanda de impugna-ción de paternidad incoada por el presunto padre del menor. Los hechos particulares demuestran que el menor no fue debidamente emplazado y tampoco se sometió a la jurisdicción del tribunal en el término de caducidad que rige la acción de impugnación de paternidad.

H — I

Los acontecimientos relacionados a la controversia ante nuestra consideración tienen su origen cuando el 14 de abril de 2011, el Sr. Jesús Sánchez Rivera (señor Sánchez Rivera) presentó una demanda de impugnación de paterni-dad contra la Sra. Yajaida Malavé Rivera (señora Malavé Rivera) en su carácter personal y, a su vez, como represen-tante de su hijo menor de catorce años de edad JJSM. El señor Sánchez Rivera adujo que el 6 de enero de 2011, du-rante una discusión sobre asuntos de relaciones paterno-filiales, la señora Malavé Rivera le manifestó que el menor JJSM no era su hijo. Como consecuencia, el señor Sánchez Rivera solicitó que se ordenaran las pruebas de histocom-patibilidad para demostrar que no es el padre biológico de JJSM. Conjunto con la demanda, presentó el emplaza-miento correspondiente dirigido solamente a la señora Malavé Rivera en su carácter personal.()

El 26 de abril de 2011, el señor Sánchez Rivera emplazó a la señora Malavé Rivera. Del encabezamiento del empla-zamiento surge que la parte demandada es la señora Malavé Rivera por sí y en representación del menor. Sin embargo, el emplazamiento solo está dirigido a la señora Malavé Rivera.()

Luego de emplazada, el 31 de mayo de 2011, la señora Malavé Rivera contestó la demanda en su carácter personal e instó una reconvención para solicitar el divorcio por la causal de separación. Asimismo, alegó la ausencia de una parte indispensable porque no se emplazó al menor JJSM conforme a derecho. Igualmente, indicó que procedía desestimar la acción de impugnación de paternidad por caducidad. La señora Malavé Rivera alegó que el señor Sánchez Rivera conocía desde que inscribió al menor sobre la posibilidad de que no fuera su hijo.() El 15 de septiembre de 2011, el señor Sánchez Rivera contestó la reconvención presentada. En lo pertinente, negó que hiciera falta una parte indispensable y, en la alternativa, solicitó autoriza-ción para enmendar la demanda y proceder como lo orde-nara el tribunal.

El 5 de diciembre de 2011, la señora Malavé Rivera pre-sentó su Moción solicitando radicar demanda contra terce-ros y Demanda contra Terceros. En esta solicitó, como madre con patria potestad del menor JJSM, incluir al Sr. Luis Osvaldo Torres León como parte en el pleito por existir la po-sibilidad de que fuera el padre biológico del menor. A este momento, el menor no contaba con un defensor judicial.!)

El foro primario nada dispuso sobre las contenciones de las partes, por lo que el 4 de abril de 2013, la señora Malavé Rivera presentó una Moción solicitando desestima-ción de demanda en la que argumentó que procedía deses-timar la causa de acción presentada por el señor Sánchez Rivera, pues el menor no formaba parte del pleito. Nueva-mente señaló que faltaba una parte indispensable, por lo que solicitó la desestimación de la demanda incoada.

Por su parte, el señor Sánchez Rivera se opuso a la desestimación. Adujo que en el encabezamiento del empla-zamiento expedido contra la señora Malavé Rivera se esta-blecía que la parte demandada lo era esta por sí y en re-presentación del menor JJSM. Por lo tanto, arguyo que el menor JJSM fue debidamente emplazado al diligenciar el emplazamiento a su madre con patria potestad. Asimismo, argumentó que cuando la señora Malavé Rivera contestó la demanda lo hizo por sí y en representación del menor al comparecer como “la parte demandada en el caso de epí-grafe”, y que no fue hasta el párrafo once de su contesta-ción que plantea la defensa de parte indispensable. Como consecuencia, el señor Sánchez Rivera adujo que bastaba con el diligenciamiento a la madre del menor JJSM para adquirir jurisdicción sobre este por ser menor de catorce años de edad. Además, sostuvo que la madre sometió al menor a la jurisdicción del tribunal cuando contestó la de-manda y presentó la demanda contra tercero.

Trabada así la controversia en torno a si procedía des-estimar la demanda de impugnación de paternidad, el 28 de mayo de 2013, el Tribunal de Primera Instancia adju-dicó que la señora Malavé Sánchez realizó actos que some-tieron al menor a la jurisdicción del tribunal. Específica-mente, el foro de instancia identificó la Moción solicitando radicar demanda contra terceros y la Demanda contra Terceros. Así, concluyó que no procedía la desestimación de la acción de impugnación de paternidad por falta de parte indispensable y caducidad.()

Inconforme, la señora Malavé Rivera solicitó oportuna-mente reconsideración y determinaciones de hechos adicionales. Particularmente, objetó la decisión del foro primario al reiterar que el menor JJSM era parte indispensable y que no se adquirió jurisdicción sobre este, pues no fue debidamente emplazado. El señor Sánchez Rivera se opuso a la reconsideración al reiterar que se adquirió juris-dicción sobre el menor JJSM al emplazar a su madre con patria potestad. El 12 de agosto de 2013, notificada el 14 de ese mes, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la solicitud de la señora Malavé Rivera, lo que pro-pició que acudiera ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la denegatoria a desestimar la de-manda de impugnación de paternidad.

Tras una serie de consideraciones exógenas al plantea-miento jurídico sobre si procedía desestimar la impugna-ción de paternidad por caducidad estatutaria, y luego de evaluar las posturas de las partes, el 18 de noviembre de 2013, una mayoría del Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y confirmó al Tribunal de Primera Instancia.()

En síntesis, el foro apelativo intermedio reconoció que la acción de impugnación de paternidad está atada a un tér-mino de caducidad. Determinó que la demanda de impugna-ción de paternidad fue presentada en el referido término y que el emplazamiento diligenciado en la madre del menor era suficiente para adquirir jurisdicción sobre el menor JJSM. Fundamentó su conclusión en que surge del “propio emplazamiento que este fue dirigido a la señora Malavé Rivera, seguido por la frase ‘o sea a la parte demandada arriba mencionada’. Es decir, la parte demandada com-puesta por la señora Malavé Rivera por sí y en representa-ción del menor”. (Énfasis en el original)/) Ello, pues en el epígrafe de la demanda se identificó a la madre como de-mandada en su carácter personal y en representación del menor JJSM. De esta forma, la mayoría del Tribunal de Apelaciones concluyó que el menor JJSM fue traído como parte indispensable. A su vez, destacó que la señora Malavé Rivera sometió al menor JJSM a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia cuando presentó la demanda contra tercero.

En desacuerdo, la señora Malavé Sánchez presentó un oportuno recurso de certiorari ante este Tribunal en el que argumentó que erró el Tribunal de Apelaciones al declarar “no ha lugar” la desestimación de la demanda sobre impug-nación de paternidad por falta de parte indispensable del menor JJSM y caducidad.

El 20 de mayo de 2014 emitimos una resolución en la que paralizamos los procedimientos y ordenamos al señor Sánchez Rivera mostrar causa por la cual no procedía re-vocar al Tribunal de Apelaciones. Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver el asunto ante nues-tra consideración.

HH HH

Para la dilucidación correcta de la polémica presentada, es necesario comprender que la filiación es la “condición a la cual una persona atribuye el hecho de tener a otras u otros por progenitores suyos; es un hecho biológico consistente en la procreación de una persona por otras, una inicial realidad biológica recogida y regulada por el ordenamiento jurídico con el fin de distribuir derechos y obligaciones”. Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 660 (2001). Véase L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 249. Véase, además, Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 579-580 (2003). A tono con esta definición, hemos sido diáfanos en establecer que la filiación se desdobla en la filiación jurídica y la filiación biológica, las cuales están vinculadas entre sí. Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 529 (2005). La filiación es de suma importancia, pues, no se limita a establecer vínculos con el propósito de identificar relaciones entre partes de la sociedad, sino que va dirigida a imponer derechos y obligaciones concretas de consecuencias permanentes. Id., pág. 531.

En nuestro ordenamiento se contemplan tres clases de acciones judiciales disponibles para asuntos relacionados con la filiación, a saber: (1) de afirmación de filiación; (2) de impugnación, y (3) mixtas. En esta última se busca la declaración de determinada filiación mientras que se niega otra contradictoria; ambas son declaraciones in-terdependientes entre sí. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 413-414 (2009); Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 670.

Ante la importancia de la relación filial, la norma jurídica reconoce que el elemento biológico no es el único a considerarse al momento de atender controversias filiales. Por ello, no vacilamos al dictaminar que “los criterios biológicos son los básicos, aunque éstos no siempre entran en acción”. Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 580 (2003). Más aún, “el vínculo biológico no basta por sí mismo para hacer nacer el vínculo jurídico”. íd. Véase R. Ortega-Vélez, La filiación: apuntes y jurisprudencia, Ira ed., San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 5.

Empero, y en la medida de lo posible, este Tribunal abrió el camino en materia de filiación para lograr que la realidad biológica coincida con la jurídica. Mayol v. Torres, supra, pág. 532; Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 358 (1985). Ello responde a las influencias de las corrientes ju-rídicas sobre la filiación, a saber: la corriente realista y la formalista. Véase Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803 (2011). La corriente realista está predicada en el prin-cipio de la veracidad. Por su parte, la corriente formalista otorga mayor peso a otros elementos o principios como la paz familiar y la seguridad jurídica, colocando la verdad y la realidad biológica en un segundo plano. Mayol v. Torres, supra, págs. 532-533. Véase M. Fraticelli Torres, Relevancia actual y secuela jurisprudencial de Ocasio v. Díaz, 50 Rev. Der. Pur. 101, 108 (2010).

Ahora bien, este Tribunal no ha dejado de reconocer la importancia de velar por que se propenda una seguridad jurídica en materia de filiación para responder a la preocu-pación en lo que respecta a la identidad del individuo desde su aspecto jurídico y sicológico. Mayol v. Torres, supra, pág. 553. Así, en ocasiones, la filiación jurídica no coincide con la filiación biológica. Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 112 (1991). Ello, pues “[l]o funcional y lo social tiene a veces mayor trascendencia que el mero elemento natural o biológico”. J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, pág. 1077. En este sentido, aspiramos a lograr una reconciliación de la necesidad de identificar la verdadera filiación biológica y, a su vez, propiciar una es-tabilidad filial. Esa aspiración está enmarcada en una firme política pública que nos obliga a velar por el interés prioritario de proteger a la niñez por encima del interés particular del presunto padre o la presunta madre.

Con el fin de lograr ese balance, hemos optado por libe-ralizar la búsqueda de la verdad mientras esté vigente el plazo de caducidad para ello. Mayol v. Torres, supra, pág. 554. De esta forma, acatamos la política pública en cuanto a los términos de caducidad impuestos para ejercitar la acción de impugnación de paternidad o reconocimiento y logramos proteger el interés apremiante en la estabilidad del estado filial. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 416; Mayol v. Torres, supra, pág. 553. Los términos de cadu-cidad, en esencia, responden a la consideración de los efec-tos negativos sobre la estabilidad familiar que conlleva el ejercicio de estas acciones y procura evitar que el asunto en torno a la filiación permanezca abierto indefinidamente. González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006); Castro v. Negrón, supra, págs. 595-596.

Al establecerse un término de caducidad para las acciones de filiación se pretende propiciar una estabilidad. Ello, pues, la caducidad no admite interrupción y se utiliza para marcar la decadencia de un derecho, o su pérdida por no haber cumplido la formalidad o condición exigida en el plazo determinado. Castro v. Negrón, supra, pág. 596 esc. 25, citando a R. Ortega-Vélez, Compendio de derecho de familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 393. Su pro-pósito es establecer de antemano hasta cuándo se puede ejercer un derecho. Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 (2006). Una vez transcurrido un término de caducidad, se extingue el derecho a la causa de acción por el mero transcurso del tiempo.

En lo concerniente a las acciones de filiación, la ley es-tablece los términos de caducidad que aplican a las recla-maciones de filiación de los hijos y las acciones de impug-nación de los padres. Ambas están regidas por términos de caducidad distintos, ya que los hijos no están igualmente situados en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se les reconoce a estos un trato diferencial en los plazos para instar sus acciones de filiación. Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 121-122.

En cuanto a los hijos, los términos de caducidad para estos son más amplios que el de impugnación de los padres, pues el Art. 126 del Código Civil, 31 LPRAsec. 505, dispone que el hijo puede establecer la acción de reconocimiento contra sus padres en: (1) vida de estos; (2) en el año siguiente a la muerte de estos, excepto cuando el padre o madre haya muerto y el hijo sea menor de edad, en cuyo caso podrá instarla hasta cuatro años después de haber alcanzado la mayoría de edad, o (3) en los seis meses a que, luego de la muerte del padre o la madre, apareciera algún documento del que no se hubiera sabido y en el cual se le reconozca como hijo. Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 119-121. Véanse: Texidor Díaz v. Tribunal Superior, 94 DPR 666 (1967); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 DPR 562 (1966). Estos son los términos que le aplican al hijo que inste una acción mixta. El fundamento para ello consiste en que la acción mixta es primordialmente una de filiación como pretensión principal y una impugnación accesoria de lo que contradictoriamente ya se posee. Se trata de una acción de filiación principal de la cual la impugnación es accesoria. Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 673.

Por su parte, los términos de caducidad de los padres están regidos por el Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA see. 465, según enmendado por la Ley Núm. 215-2009,() el cual dispone cuándo debe ejercitarse la acción para impugnar al establecer lo siguiente:

La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación [...]
La acción para impugnar la presunción de paternidad o ma-ternidad, por parte del padre o la madre biológica(o), así como la madre legal, deberá ejercitarse dentro del plazo de caduci-dad de un año, contado a partir de la inscripción del naci-miento del menor en el Registro Demográfico.
Cuando la acción de impugnación se refiere a un hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, el Tribunal velará por el interés prioritario del estado de proteger la niñez sobre el inte-rés del presunto padre o de la presunta madre de conformar la realidad jurídica con la biológica. (Enfasis suplido).

Como consecuencia, la Ley Núm. 215, supra, dispuso un término de caducidad de seis meses desde que el padre legal se entere de la inexactitud en la filiación. Por su parte, el padre o la madre biológica o la legal, tendrán un término de caducidad de un año a partir de la inscripción del menor en el Registro Demográfico. La prolongación de los términos de caducidad está encaminada a promover que la realidad biológica coincida con la registral, manteniendo un balance en la búsqueda de la estabilidad de los derechos y las obligaciones nacidos de la filiación. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 674-675 (2012). Empero, la Ley Núm. 215, supra, estableció claramente que, en el caso de menores de edad, el norte de los tribunales es proteger la niñez sobre el interés del presunto padre o madre de confor-mar la realidad jurídica con la biológica.

Transcurridos los términos dispuestos en la Ley Núm. 215, supra, si no se promueve la acción de impugnación de paternidad en el plazo señalado, ocurre la caducidad y queda consolidada la paternidad para todos los efectos. Vé-ase Ortega-Vélez, op. cit, pág. 21. En otras palabras, no presentar la acción en el tiempo de caducidad dispuesto im-plica que “el hijo, aunque biológicamente no lo sea, jurídica-mente se reputará suyo, con todos los efectos que conlleva tal estado civil. Tal resultado es el efecto del carácter de caducidad del término”. Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 122-123. Véanse: Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 675-677; Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803, 814-817 (2011); B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 688 (2011); Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 411; Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 675; Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218, 252-253 (1990).() De igual manera sucede si el hijo no entabla la acción en el término dispuesto en el Art. 126 del Código Civil, supra. Transcurrido ese término se consolida su estado filial.

III

Una vez establecida la naturaleza de la filiación y el plazo de caducidad para ejercitarla, debemos analizar cómo se tramita la impugnación de paternidad de un me-nor de menos de catorce años de edad.

Recientemente, en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, atendimos una situación similar a la que tenemos ante nuestra consideración. En aquella ocasión, se trataba de la impugnación de paternidad de un menor de dieciséis años de edad que no fue incluido en el pleito al momento de presentar la demanda. Tampoco fue emplazado conforme disponen las reglas procesales dentro del término de caducidad.()

A base de esos hechos, y como controversia medular, este Tribunal determinó que el menor cuya paternidad se impugna es parte indispensable en una acción de impugnación de paternidad y no basta con demandar a quien ostenta su patria potestad. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 679, 682. Aclaramos que la madre es, a lo sumo, una parte demandada apropiada. Véanse: Chabrán v. Méndez, 74 DPR 768, 778-780 (1953); Robles López v. Guevárez Santos, 109 DPR 563 (1980). Como consecuencia, determinamos que procedía desestimar la acción presentada por no haberse demandado al menor en el término de caducidad dispuesto en la Ley Núm. 215, supra. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 670.

En esta ocasión, nos corresponde establecer cómo el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona de un menor, de menos de catorce años de edad, que fue incluido en el pleito de impugnación de paternidad instado en su contra. A estos efectos, debemos recordar que aunque los menores de edad poseen personalidad jurídica, carecen de capacidad de obrar, por lo que deben comparecer a los procedimientos judiciales representados por su padre o madre con patria potestad, su tutor general o un defensor judicial. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 678; Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 419; Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA see. 601; Regla 15.2 de Procedi-miento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V); R. Hernández Co-lón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 1110, pág. 149. Ante ello, cuando el menor es demandado se debe in-cluir en la demanda a su madre o padre con patria potes-tad como parte formal del proceso. Hernández Colón, op.cit., pág. 149.

Ahora bien, el mero hecho de que se incluya al menor de edad en la demanda y a su madre o padre con patria po-testad, no confiere jurisdicción al tribunal sobre su persona. Para que el menor sepa de la acción instada en su contra, resulta necesario acudir a las disposiciones proce-sales relacionadas con el emplazamiento. Veamos.

El emplazamiento constituye el acto procesal mediante el cual se le informa al demandado sobre la demanda presentada en su contra y se le requiere comparecer para formular la alegación que corresponda. Mediante el emplazamiento, es que se adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Por tal razón, los demandados tienen un derecho a ser emplazados conforme a derecho.

El emplazamiento está regido por las disposiciones con-tenidas en la Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V). Estas disposiciones son de estricto cumpli-miento, y no puede eximirse su observancia por responder al imperativo constitucional del debido proceso de ley. íd., pág. 143; Hernández Colón, op. cit., See. 2001, pág. 221. Véase Medina v. Medina, 161 DPR 806, 818-819 (2004). A raíz de ello, existe una política pública de que la parte de-mandada sea emplazada debidamente. J.A. Cuevas Sega-rra, Tratado de derecho procesal civil, 2da. ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 298; Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). Conforme con lo anterior, “no es hasta que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser consi- derada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal”. (Énfasis suplido). Cuevas Segarra, op. cit., pág. 307. Véanse: Medina v. Medina, supra, págs. 822-823; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).

El emplazamiento debe diligenciarse en el término de ciento veinte días a partir de la presentación de la demanda. Transcurrido ese periodo, sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal “deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio”. Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V). Véase Cuevas Segarra, op. cit, pág. 313.()

En su aspecto formal, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 acogieron las recomendaciones del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil para que se uniformara el formulario para emplazar. Por consiguiente, las nuevas reglas procesales contienen el Formulario 1, que expone el contenido que debe tener todo emplazamiento. Concretamente, se indica que el emplazamiento “se dirigirá a la parte demandada”, por lo que el Formulario 1 advierte que se debe expresar el nombre de la parte demandada que se emplaza, independiente del encabezamiento de la acción. Así, habrá que “acompañar con la demanda para su expedi-ción un emplazamiento por separado para cada parte de-mandada”, es decir, “el emplazamiento debe ser expedido por cada parte que est[é] nombrada en el epígrafe de la de-manda como demandado”. (Énfasis suplido). Véanse: Cue-vas Segarra, op. cit, págs. 307-308; Regla 4.2 y Formulario 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRAAp. V, Formula-rio 1.

Una vez expedido el emplazamiento para cada parte de-mandada, las reglas procesales disponen cómo debe diligenciarse. En lo pertinente, la Regla 4.4(a) y (b) de Pro-cedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V), rigen el empla-zamiento a una persona mayor de edad y a los menores, respectivamente. Puntualizamos que para emplazar a un mayor de edad es suficiente que se entregue copia del em-plazamiento y de la demanda al demandado personal-mente, a un agente autorizado por este, o designado por ley. Regla 4(a) de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Por otra parte, en cuanto a los menores con me-nos de catorce años de edad se dispone que se entregará copia del emplazamiento y de la demanda a su padre o madre con patria potestad, o a su tutor o tutora. Regla 4(b) de Procedimiento Civil de 2009, supra. Así, el diligenciamiento del emplazamiento a un menor de catorce años de edad se hace con entrega personal a la madre o padre con patria potestad o a su tutor o tutora.()

Ahora bien, cuando en un pleito se demanda al padre o madre con patria potestad de un menor de menos de ca-torce años de edad en su carácter personal y, a su vez, se demanda a ese menor como parte del proceso, se requiere que cada uno de los demandados sea debidamente emplazado. Véase Cuevas Segarra, op. cit., págs. 307-308. Por lo tanto, para que el tribunal adquiera jurisdicción so-bre todos, es necesario que se les emplace. Véanse: Vega v. Bonilla, 153 DPR 588, 592 (2001); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984).

En estos casos, el diligenciamiento del emplazamiento al padre o madre con patria potestad en su carácter personal debe cumplir con las disposiciones de la Regla 4.4(a) de Procedimiento Civil de 2009, supra, y el del menor de edad con la Regla 4.4(b) de ese cuerpo procesal. Como conse-cuencia, el emplazamiento del padre o madre en su carác-ter personal no resulta suficiente para adquirir jurisdic-ción sobre el menor de edad. Ello, pues el menor de edad es una persona con capacidad jurídica independiente a la de su padre o madre con patria potestad. Así, se debe cumplir con la Regla 4.4(b) de Procedimiento Civil de 2009, supra, que exige que el menor de edad sea emplazado por con-ducto de su padre o madre con patria potestad o tutor(a). Ahora bien, esto no necesariamente implica ni impone la entrega de dos emplazamientos a la misma persona. Bas-taría con que se diligencie el emplazamiento en su carácter personal al padre o madre con patria potestad y que, a su vez, surja del emplazamiento que se le emplazó y diligenció como representante del menor de edad, es decir, “por sí y en representación de”.

En fin, el emplazamiento personal al padre o madre con patria potestad de un hijo menor de catorce años de edad, quien es a su vez parte demandada en su carácter personal, no puede conllevar que automáticamente el me-nor de edad demandado haya quedado emplazado o sometido a la jurisdicción del tribunal. Para que el menor quede emplazado tiene que surgir del emplazamiento que este va dirigido al menor de edad por conducto de su padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Lo contrario implicaría abdicar el hecho de que el menor de edad goza de una personalidad propia y distinta a la de su representante.

Finalmente, no podemos pasar por alto que el derecho al emplazamiento es renunciable. Tal renuncia puede suceder cuando la parte demandada se somete voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). La sumisión voluntaria suple la omisión del emplazamiento, ya que tiene el efecto de que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona. Una parte puede someterse al tribunal de forma explícita o implícita. Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 789 (1985). La sumisión voluntaria puede suceder cuando comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 373 (2002); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 711.

A base del estado de derecho expuesto, debemos deter-minar si procede la desestimación de la demanda de pater-nidad presentada por el señor Sánchez Rivera por falta de parte indispensable del menor JJSM y caducidad.

IV

En el caso de autos, y a base de sus alegaciones, el señor Sánchez Rivera presentó una acción de impugnación de paternidad contra el menor JJSM y su madre con patria potestad en el plazo de caducidad de seis meses dispuesto en la Ley Núm. 215-2009. De esta forma, se presentó una demanda de impugnación de paternidad el 14 de abril de 2011 en la que el señor Sánchez Rivera sostuvo que el 6 de enero de 2011 la señora Malavé Rivera le manifestó que JJSM no era su hijo. A base de tales alegaciones, el plazo de caducidad para impugnar la paternidad del menor cul-minó el 5 de julio de 2011. No obstante, se cuestiona si procedía la desestimación de la demanda porque el menor no fue emplazado conforme a derecho y el tribunal no ad-quirió jurisdicción sobre éste.

Para atender la polémica suscitada debemos dilucidar si el menor JJSM fue debidamente emplazado. El señor Sán-chez Rivera sostiene que las alegaciones de la demanda son claras y precisas con relación a su reclamo contra la señora Malavé Rivera y contra el menor JJSM. Como con-secuencia, arguye que el emplazamiento diligenciado a la señora Malavé Rivera era suficiente para emplazar al me-nor JJSM porque de este surge que va dirigido a la señora Malavé Rivera, “o sea la parte arriba demandada” y en el encabezado de la demanda se incluyó al menor JJSM re-presentado por su madre. No nos persuade su argumento.

Como expusimos, la Regla 4.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, expresamente dispone el contenido del emplazamiento. A estos efectos, establece que el emplaza-miento “se dirigirá a la parte demandada”. Igualmente, en el Formulario 1 de ese cuerpo de reglas procesales se es-cribe el nombre de la parte demandada que se emplaza. Estos requisitos son de estricto cumplimiento.

A poco se examine el emplazamiento que obra en autos, resalta que el formulario presentado únicamente está diri-gido a la señora Malavé Rivera en su carácter personal como parte demandada. En ningún momento el emplazamiento está dirigido a la señora Malavé Rivera por sí y en represen-tación del menor JJSM, como tampoco fue diligenciado de esta forma. El solo hecho de que en el encabezado de la demanda se identifique a la parte nominal y el emplaza-miento haga referencia a esta no justifica el incumplimiento con las normas procesales referentes a que la parte contra quien se diligencia el emplazamiento debe constar en el for-mulario para ello. No podemos olvidar que el emplaza-miento responde a un imperativo constitucional del debido proceso de ley. Mucho menos podemos ignorar la realidad de que el menor de edad posee una capacidad jurídica indepen-diente de la de su madre o padre con patria potestad. Por lo tanto, el emplazamiento por el cual se adquiere jurisdicción sobre la persona del representante de un menor, por sí solo, no puede comprender al menor representado cuando ambos son parte demandada en una acción. Para que se adquiera jurisdicción sobre el menor demandado, es necesario que se le emplace expresamente por conducto de su representante legal. Sin embargo, si su representante legal también figura como parte demandada no bastará con que se adquiera ju-risdicción sobre este para que se entienda que el menor fue debidamente emplazado. Es necesario que se haga constar que tanto el representante legal como el menor represen-tado fueron debidamente emplazados. Lo contrario solo re-percute en el diligenciamiento del emplazamiento en una de las partes demandadas, es decir, en este caso, la madre con patria potestad en su carácter de parte demandada personalmente. Como consecuencia, el emplazamiento a la señora Malavé Rivera no fue suficiente para adquirir juris-dicción sobre el menor JJSM.

Por ende, el tribunal de instancia estaba obligado, por imperativo de las reglas procesales, a desestimar la acción de impugnación de paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera. Véase la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Por otra parte, el menor no fue sometido a la jurisdic-ción del tribunal cuando su madre contestó la demanda. La razón para esto consiste en que de la propia contestación a la demanda surge inequívocamente que la parte deman-dada que contestó fue la señora Malavé Rivera. Nótese que esta juramentó su contestación aduciendo que era ella quien comparecía e incluso solicitó el divorcio del señor Sánchez Rivera. De igual forma, es en la propia contesta-ción que la señora Sánchez Rivera afirmó que faltaba una parte indispensable debido a que el menor JJSM no fue traído al pleito ni emplazado. Dadas estas circunstancias, sería un contrasentido entender que mediante su contesta-ción sometió al menor JJSM a la jurisdicción del tribunal. De otra parte, la demanda contra tercero presentada el 5 de diciembre de 2011 no tuvo el efecto que pretende adju-dicarle el señor Sánchez Rivera a los efectos de someter al menor JJSM a la causa de impugnación de paternidad en su contra. La razón para ello es muy sencilla.

La acción de impugnación de paternidad del señor Sán-chez Rivera es independiente a la demanda contra tercero presentada por la señora Malavé Rivera en representación del menor JJSM. No debe existir duda de que la presenta-ción de una demanda contra tercero constituye un acto sus-tancial por el cual una parte puede someterse voluntaria-mente ante un tribunal. Sin embargo, el caso de autos presenta una situación fáctica muy particular que no produce el efecto de revivir la demanda de impugnación de paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera. Veamos.

Para que la demanda contra tercero tuviera el efecto de evitar la desestimación de la acción del señor Sánchez Rivera, esta debía someter al menor a la jurisdicción del tribunal dentro del plazo de caducidad. Recordemos que la acción del padre tiene un término de caducidad menor al que tiene la acción de un hijo para reclamar su estado filial. Así, la acción del presunto padre caduca transcurrido el término dispuesto en la Ley Núm. 215, supra, mientras que la del hijo no caduca en ese tiempo, pues este la puede ejercer incluso hasta luego de la muerte de su presunto padre, conforme dispone el Art. 126 del Código Civil, supra. Véanse: Sánchez v. Sánchez, supra, págs. 672-673; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, pág. 572 esc. 7. Bajo ninguna circunstancia la acción del menor JJSM contra un tercero puede dar vida al término de caducidad que gozaba su presunto padre para ejercer la suya. Avalar tal actuación sería abdicar nuestra función judicial de velar por la política pública promulgada por la Ley Núm. 215, supra, de proteger prioritariamente la niñez sobre el interés del presunto padre de conformar la realidad jurí-dica con la biológica.

Cuando la madre del menor JJSM presentó por sí y en representación de su hijo su demanda contra tercero el 5 de diciembre de 2011, ya había caducado la acción de im-pugnación de su presunto padre. Ante tal realidad, el tribunal estaba obligado a desestimar la acción del señor Sánchez Rivera. Ello, pues aunque ejerció su acción a tiempo, el foro primario nunca adquirió jurisdicción sobre el menor JJSM por lo que procedía la desestimación de la demanda. El menor tampoco se sometió a la jurisdicción del tribunal en el término de caducidad que tenía el señor Sánchez Rivera para instar su reclamo. Ante tal escenario, es un hecho indubitado que procedía la desestimación de la impugnación de paternidad presentada por el señor Sán-chez Rivera, independientemente del resultado que en su día pueda tener la acción ejercitada por el menor JJSM.

Como corolario, erró el Tribunal de Apelaciones al no desestimar la demanda de impugnación de paternidad pre-sentada por el señor Sánchez Rivera.

V

Por las razones que anteceden, expedimos el recurso de “certiorari”, revocamos al Tribunal de Apelaciones y deses-timamos la demanda de impugnación de paternidad, pre-sentada por el señor Sánchez Rivera, ya que no existe razón para posponer tal dictamen. Devolvemos el caso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos pendientes ante su consideración, con-forme a lo aquí resuelto.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García disintieron sin opiniones escritas. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

      (1) Véase Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 90-91.

      (2) íd.

      (3) Esta alegación no fue atendida por ninguno de los foros recurridos. Al dispo-ner de la solicitud de desestimación, los foros recurridos se enfocaron y limitaron a dilucidar si se adquirió jurisdicción sobre la persona del menor de edad. La razón para ello es que ante una solicitud de desestimación se presumen como ciertos los hechos bien alegados. Ante ese cuadro, nos limitaremos a atender si según las cir-cunstancias ante nuestra consideración procedía la desestimación de la demanda de impugnación de paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera. Reiteramos, que no estamos prejuzgando si el señor Sánchez Rivera conocía que el menor JJSM no era su hijo antes de la fecha que indicó.

      (4) Desde el 21 de marzo de 2014 se designó al Ledo. Víctor Antonio Brenes Concepción como defensor judicial.

      (5) Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 84.

      (6) La jueza Fraticelli Torres emitió un voto disidente.

      (7) Véase la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 27.

      (8) La Ley Núm. 215-2009 incorporó varios cambios trascendentales al esquema de impugnación de paternidad. Entre otros y en concreto, se apartó del factor de ubicación geográfica para establecer el término de caducidad para la impugnación de filiación y se enfocó en la persona que promueve la reclamación al establecer térmi-nos para el padre legal y para la madre o padre biológico. Véase Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803, 817-819 (2011). Asimismo, la mencionada ley considera los avances científicos y los cambios sociales para prolongar el término de caducidad para las distintas personas con legitimación para ello. Específicamente, el término de caducidad para el padre legal se debe computar desde que este sabe de la inexactitud biológica. Por su parte, la madre o padre biológico tendrá un año a partir de la inscripción en el Registro Demográfico para instar su acción de impugnación de paternidad. Véanse: Informe Positivo del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1195 de octubre de 2009, 2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa; Informe Positivo de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 1195 de 9 de noviembre de 2009, 2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa.

      (9) Un pleito se inicia con la presentación de una demanda en el tribunal. Regla 2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V).

      (10) En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 671 esc. 1 (2012), se solicitó incluir al menor transcurrido el plazo dispuesto en la Ley Núm. 215.

      (11) Al instar la demanda el demandante tiene la obligación de presentar el formulario del emplazamiento y es el deber de la Secretaría expedir el emplaza-miento que se acompaña con la demanda en la misma fecha en que ésta se presenta. Véase la Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V). Por su parte, el demandante tiene el deber de gestionar que así se haga. Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150 (2002). La prórroga para emplazar solo se concede en caso de tardanza en la expedición del emplazamiento; de lo contrario, estamos ante un tér-mino improrrogable. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, See. 2007, pág. 230.

      (12) Ello se diferencia de lo dispuesto durante la vigencia del Art. 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, 1904 Leyes de Puerto Rico 177, 197, que establecía que el emplazamiento a menores de edad debía notificarse al padre, madre, tutor o tutora, y personalmente al menor. Véanse: Biaggi v. Corte, 68 DPR 407 (1948); Federal Land Bank of Baltimore v. Corte, 45 DPR 117 (1933); Rodríguez Soler v. Alonso, 37 DPR 344 (1927); Orcasitas v. Márquez et al., 19 DPR 477 (1913); Vías v. Sucesión Pérez et al., 15 DPR 732 (1909); Gaudier v. Sucn., García, 10 DPR 26 (1906).


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      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2015-01

      Resuelto: 10 de abril de 2015
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, se cons-tituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar du-rante el receso:

Del 1 de julio al 31 de julio de 2015
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Hon. Edgardo Rivera García
Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2015
Hon. Liana Fiol Matta, presidenta
Hon. Erick Kolthoff Caraballo
Hon. Roberto Feliberti Cintrón
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2015
Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente
Hon. Luis F. Estrella Martínez
Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez

En caso que sea necesario sustituir a algún Juez o al-guna Jueza que no pueda intervenir en algún asunto, se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. El Tribunal con-tinuará emitiendo y certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo