source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Carmen Rodríguez de Oller, peticionaria, v. Transamerica Occidental Life Insurance Company, recurrida.

      Número: CC-2006-437

      Resuelto: 30 de mayo de 2007

      Luis Ramón Ortiz Segura y René Pinto Lugo, de Pinto-Lugo, Oliveras & Ortiz, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Jorge Bermúdez Torregrosa, ae Cuevas Kuinlam & Bermúdez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal

I—1

El 19 de julio de 1993 Transamerica Occidental Life Insurance Company (Transamerica o aseguradora) emitió una póliza de seguro de vida a favor de Rafael Oller Cestero (Oller), con límites de $1,000,000 pagaderos a su viuda, en la eventualidad de la muerte del asegurado. Para esa fecha, el Sr. Humberto Torres (Torres o agente) fungía como agente general de Transamerica.

El 21 de agosto de 1996, Oller cursó una misiva a Torres, mediante la cual expresó su deseo de cancelar esa póliza y de que se le devolvieran los valores acumulados en ésta. Torres le recomendó no cancelar la póliza sino, más bien, dejarla caducar con el transcurso del término dispuesto para el pago de la prima del 1996-1997, pues ello le brindaría aproximadamente un año adicional de protección. Oller acogió la recomendación del agente, por lo que su póliza no fue cancelada.

Durante el transcurso del 1996-1997, Transamerica le envió varias cartas a Oller para notificarle la falta de pago. El 21 de julio de 1997, la aseguradora le envió una última notificación y le indicó que, de no recibirse el pago de la prima adeudada para el 21 de agosto de 1997, la póliza en cuestión caducaría. No obstante, mediante una carta recibida el 24 de julio de 1997 en las oficinas de Torres, Transamerica le informó a Oller que la póliza tenía valores acumulados de $2,571.58 a 18 de julio de 1997, y que desde julio de 1996 a julio de 1997 se habían hecho pagos de la prima mediante trece deducciones mensuales de los valores que existían entonces, de $505.65 cada una. En dicha carta, además, se estableció un pago similar para el nuevo año de la póliza de 1997-1998.

Así las cosas, el 21 de octubre de 1997 Oller falleció, por lo que su viuda, Carmen Rodríguez de Oller (viuda o Rodríguez de Oller) procedió a tramitar la reclamación de los beneficios de la póliza de seguro referida. Torres contestó la reclamación de la viuda, indicándole que creía que la póliza estaba vigente cuando Oller falleció. Procedió, entonces, a gestionar el pago de los beneficios correspondientes. Sin embargo, Transamerica se negó a pagarlos, por entender que la póliza había caducado previo al deceso del asegurado. Ante la negativa de Transamerica de pagar los beneficios, el 22 de abril de 1998, Torres, en su función de agente general, remitió una comunicación en papel timbrado de Transamerica a Marilyn Platt, examinadora del Departamento de Reclamaciones de Transamerica. Le indicó que, de acuerdo con la carta de la compañía recibida el 24 de julio de 1997, entendía que la póliza en cuestión estaba vigente al momento de la muerte de Oller, ya que dicha póliza reflejaba en ese momento un valor acumulado de $2,613.29, lo cual permitiría realizar deducciones mensuales de $505.65 para el pago de la prima por al menos cuatro meses más. A pesar de los múltiples intentos de Torres para lograr que se honrara la póliza, Transamerica se negó a pagar.

Rodríguez de Oller acudió entonces ante el Tribunal de Primera Instancia, donde presentó una demanda sobre sentencia declaratoria e incumplimiento de contrato contra Transamerica. En ésta, alegó que Oller obtuvo una póliza de seguro de vida de Transamerica con cubierta de $1,000,000, que estaba vigente a la fecha de la muerte del asegurado, y que la aseguradora se había negado a pagar los beneficios correspondientes. La aseguradora contestó la demanda y adujo, como defensa, que Oller había incumplido con las disposiciones de la póliza.

Luego de varios trámites procesales, Transamerica presentó ante el foro primario una solicitud de sentencia sumaria, mediante la cual argumentó que la póliza expedida al asegurado contenía dos requisitos sobre su vigencia y que el incumplimiento de cualquiera de ellos ocasionaba que la póliza caducara automáticamente, a saber: (1) que el valor acumulado de la póliza se mantuviera siempre con un balance suficiente para cubrir la deducción mensual (costo o prima mensual de la póliza), y (2) el pago de la prima anual requerida de $8,000 durante los primeros diez años de la póliza, que tenía que hacerse independientemente de que el valor acumulado fuese adecuado o suficiente para cubrir las deducciones del costo mensual de la póliza. Adujo también Transamerica que el 21 de julio de 1997 le remitió una notificación final a Oller, en la cual le informó que éste adeudaba $6,000, correspondientes al balance de la prima anual requerida al final del cuarto año de la póliza y que el pago por dicha cantidad tenía que ser recibido por Transamerica en o antes de 21 de agosto de 1997 para que la póliza no caducara. Sostuvo que, a pesar de que la póliza tenía un valor acumulado de $2,571.58 y que se estaba satisfaciendo la cantidad de $505.65 para el pago única y exclusivamente de las primas mensuales adeudadas —relacionadas con la cubierta de la mortalidad de la póliza— la retención de los $505.65 estaba completamente separada y no tenía relación alguna con la prima anual requerida de $8,000.

Rodríguez de Oller presentó un escrito de oposición a la petición de sentencia sumaria. En éste argumentó que las actuaciones de Torres y Transamerica habían modificado las condiciones para el pago de la póliza, a fin de mantenerla en vigor y cobrar las primas. Adujo que las deducciones mensuales que la aseguradora estuvo haciendo por más de un año, en adición a la fijación del pago para el nuevo año de la póliza de 1997-1998, evidenciaban dicha modificación. La viuda expuso que, como consecuencia de la modificación en los términos de la póliza, ésta se mantuvo vigente a base de las deducciones mensuales de $505.65 que Transamerica estuvo debitando contra el valor acumulado en la póliza. Razonó que, según surgía de la carta enviada por Transamerica, la cual se recibió el 24 de julio de 1997, la póliza tenía valores ascendientes a $2,571.58, cantidad que representaba por lo menos cinco meses adicionales de cubierta, o sea, hasta aproximadamente el 19 de diciembre de 1997, dos meses después de la muerte del asegurado.

En su escrito, la viuda hizo referencia también a las actuaciones de Torres como agente general de Transamerica, las cuales alegadamente obligaban a la compañía de seguros. En específico, hizo referencia a la carta escrita en papel timbrado de Transamerica de 22 de abril de 1998, y dirigida a Platt, en la cual Torres expresó “it is my understanding that coverage for at least the next four months will continue based on the fund value”. (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 268. Rodríguez de Oller argumentó que esta comunicación constituía la opinión de la persona que en efecto diseñó y explicó el programa de seguros a Oller, por lo cual debía tener gran valor probatorio.

Luego de considerar ambas peticiones, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria a favor de Rodríguez de Oller, mediante la cual ordenó a Transamerica satisfacer a la demandante un millón de dólares. Dicho foro entendió que Torres, como agente general, había modificado los términos y las condiciones de la póliza al hacer deducciones de sus valores acumulados para pagarla, por lo cual dicha póliza estaba vigente al momento de la muerte de Oller. Resolvió, además, que las actuaciones y expresiones del agente, al tramitar la reclamación luego de la muerte del asegurado, impidieron que Transamerica alegara la caducidad de la póliza por falta de pago de la prima anual requerida. El foro primario determinó, además, que Transamerica fue temeraria al negar su responsabilidad conforme a la póliza expedida, por lo que le impuso el pago de intereses, más $50,000 en concepto de honorarios de abogado.

Inconforme con la determinación del foro primario, Transamerica acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un escrito de apelación. El foro intermedio revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y dictó una sentencia sumaria a favor de Transamerica. Determinó que los términos del contrato de seguro en cuestión eran claros y que las actuaciones del agente de Transamerica no los había modificado. Resolvió también que la aseguradora no había sido temeraria, sino que había actuado conforme a derecho.

De dicha determinación, Rodríguez de Oller acudió ante nosotros y planteó lo siguiente:

Primer Error: Erró el Tribunal de Apelaciones en su determinación de que la póliza contratada por el señor Oller caducó en su cuarto año por éste no haber pagado la prima de $8,000 anuales. La compareciente demostró con hechos no controvertidos que Transamerica mantuvo en todo momento vigente la póliza, que desde agosto de 1996 dedujo mensualmente la cantidad de $505.65 contra el valor acumulado de la póliza de $8,128.26 y que en julio de 1997 la aseguradora estableció como pago para el nuevo año póliza la cantidad de $505.65. Estos actos constituyeron una renuncia de la cláusula de caducidad por falta de pago y una modificación a los términos y condiciones de la póliza, las cuales tuvieron el efecto de mantener vigente la misma.
Segundo Error: Erró el Tribunal de Apelaciones en su determinación de que del contrato entre Transamerica y el agente Humberto Torres surge claramente que el [señor Torres] es un contratista independiente y de que no tenía autoridad para alterar, modificar o cambiar los términos y condiciones de la póliza. Las representaciones realizadas por el señor Torres obligan a la compañía de seguros por cuanto las mismas fueron expresadas en su calidad de agente general con autoridad en virtud de una relación contractual legítima y existente con Transamerica.
Tercer Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la póliza, las declaraciones juradas y las cartas emitidas por Transamerica establecen con claridad la existencia de un derecho para Transamerica. Consta de autos que estos hechos fueron controvertidos por la demandante, quien precisamente estableció, como no controvertidos, el hecho de que los términos y condiciones de la póliza fueron modificados por las actuaciones y representaciones de Transamerica y su agente general Humberto Torres.
Cuarto Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia sumaria a favor de Transamerica. De haber encontrado controversias de hechos entre las aseveraciones del agente Humberto Torres en sus declaraciones juradas realizadas en atención al litigio y sus actuaciones coetáneas a la reclamación, debió haber devuelto el caso al TPI para trámites ulteriores y vista evidenciaría.
Quinto Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el TPI abusó de su discreción al concluir que Transamerica fue temeraria e imponer intereses y honorarios de abogado. Petición de certiorari, pág. 10.

El 23 de junio de 2006 expedimos el recurso solicitado. Contando con la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

HH H-i

Por estar íntimamente relacionados, se discuten los primeros tres señalamientos de error de manera conjunta.

A. Agente general. En Puerto Rico, la figura del agente de seguros está reglamentada por el Código de Seguros. En éste se define al agente como la persona, razón social o corporación nombrada por un asegurador para gestionar las solicitudes de seguros o negociar seguros en su nombre, y si fuere autorizada para ello por el asegurador, para efectuar y refrendar los contratos de seguros. 26 L.P.R.A. see. 901. Ese agente

... es el asesor del asegurado, a quien guía ... para la efectividad de sus derechos, y en otras ocasiones es el hombre bueno que interviene amistosamente entre la compañía y el asegurado para zanjar felizmente l'os reparos y reservas del asegurador y aconsejar objetivamente al asegurado sobre el alcance justo de su derecho. L. Benitez de Lugo Reymundo, Tratado de Seguros, Madrid, Ed. Reus, 1955, Vol. I, pág. 204.

Por otro lado, conforme al Art. 3.340(1) del Código de Seguros, el agente general

... es una persona nombrada o contratada por un asegurador como contratista independiente o por comisión, total o parcialmente, con poderes o deberes generales para inspeccionar el otorgamiento y las operaciones de servicio de pólizas del asegurador, nombrar agentes para el asegurador y llevar a cabo otras funciones que se confieran a agentes generales por la costumbre de la clase o clases de seguros hechos o el tipo de asegurador representado. 26 L.RR.A. see. 334(1).

El agente general posee pleno poder para vincular al asegurador, debido a que su conducta, para todos los efectos legales, equivale a la conducta de éste. 7 Holmes’Apple-man on Insurance 2d, Sec. 46.1, págs. 186—190 (1998).

Un agente general se encuentra situado en los “zapatos de su principal” y, de ordinario, tiene la autoridad coextensiva con la del asegurador. Como regla general, está autorizado para aceptar los riesgos, establecer los términos de los contratos de seguro, cambiar y modificar los términos de las pólizas existentes, emitir nuevas pólizas, renovar viejas pólizas y hacer endosos modificativos tanto en pólizas nuevas como en las ya existentes. Appleman, supra, Sec. 46.3, págs. 204-205.

La autoridad de un agente general para vincular al asegurador puede ser tanto real como aparente. Es real si el agente efectivamente está autorizado para llevar a cabo las actuaciones que pretende realizar. En cambio, dicho agente posee autoridad aparente si una persona razonablemente podría creer que dicho agente está autorizado para llevar a cabo determinadas actuaciones o para hacer determinadas declaraciones, aunque en realidad no esté autorizado para ello. Appleman, supra, págs. 218-219.

En ausencia de una notificación al asegurado sobre las limitaciones impuestas a la autoridad del agente general, sus actuaciones, acuerdos y representaciones vincularán a su principal, aunque éstas contravengan las instrucciones dadas o restricciones impuestas a su autoridad, y aunque el agente esté honestamente equivocado al hacerlas. Appleman, supra, págs. 204-205; Appleman, supra, Vol. 8, Sec. 50.7, págs. 187-188.

B. Doctrinas de renuncia e impediemnto.

Como se sabe, los contratos de seguro, por ser contratos de adhesión, se interpretan liberalmente a favor del asegurado. Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963). Están sujetos, más que cualquier otro contrato bilateral, a la influencia y modificación que sobre el texto produce la intención y el propósito de las partes. Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 D.P.R. 1 (1981).

Debido a la importancia reconocida sobre la protección que brindan los seguros al bienestar de los ciudadanos, por consideraciones de política pública, los tribunales no favorecen la caducidad de los contratos de seguro. Estos tampoco favorecen la caducidad por falta del pago de primas. Appleman, supra, Vol. 5, Sec. 28.3, págs. 328-329; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.

Es claro, además, que las doctrinas de renuncia (iwaiver) e impedimento {estoppel) tienen una aplicación especial en el campo de los seguros debido a la naturaleza de adhesión de estos contratos. Appleman, supra, Vol. 5, Sec. 28.3, págs. 331-332; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.

La doctrina de renuncia implica el abandono intencional o la cesión voluntaria de un derecho o privilegio. Esta doctrina, la cual se fundamenta en la conducta del asegurador, conlleva el conocimiento de dicho derecho o privilegio y la intención de abandonarlo. López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra; Appleman, supra, Vol. 5, Sec. 28.2, pág. 322-327. La renuncia puede ser tanto explícita como implícita, y manifestarse mediante conducta o palabras, ya sea verbalmente o por escrito. Id.

Por otro lado, la doctrina de impedimento se ha definido como la abolición de los derechos y privilegios del asegurador, cuando permitir su afirmación fuera contrario a la equidad. Esta doctrina requiere demostrar que una de las partes en la transacción ha confiado en la apariencia creada por la otra y que resultaría en detrimento para la primera permitir que la segunda renuncie a los efectos de la apariencia creada. Appleman, supra, Vol. 5, pág. 322; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra.

En materia de seguros, el ordenamiento jurídico ha establecido que estas doctrinas se extienden prácticamente a cualquier situación en la cual el asegurador niegue su responsabilidad. Dichas doctrinas se han utilizado en diversas situaciones para demostrar que los aseguradores han renunciado a los términos y las condiciones estipuladas por ellos en los contratos de seguros. López v. Atlantic Southern Ins. Co. of P.R., supra.

No sólo se han extendido estas doctrinas a condiciones y cláusulas específicas del contrato de seguro, sino también a actos, costumbres y conducta realizados por el asegurador y sus agentes. Así, las condiciones relativas a la caducidad y suspensión de las pólizas pueden ser entendidas como renunciadas por los aseguradores en virtud de estas doctrinas, a través de sus actos o los de sus agentes. Esto impide que posteriormente los aseguradores puedan argumentar dichas condiciones contra el asegurado. López v. Atlantic Southern Ins. Co. of P.R., supra; Appleman, supra, Vol. 5, Sec. 28.2, pág. 322.

Fundamentados en estas doctrinas, se ha resuelto que cuando el asegurador o sus agentes establecen una costumbre sobre el pago de las primas, distinta a lo expresado en el contrato escrito, el asegurador no puede luego valerse de la letra escrita del contrato sobre el particular contra el asegurado, aun cuando el contrato diga que los agentes no están autorizados a variar los términos del contrato. La costumbre o práctica sobre el pago de primas crea en el asegurado una expectativa razonable de que ésta se seguirá observando. Appleman, supra, Vol. 5, págs. 340 y 367; Appleman, supra, Vol. 8, Sec. 50.7, pág. 191; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.

C. En el caso de autos, fundamentándose en las doctrinas referidas de renuncia e impedimento, la demandante alegó que, aunque Oller no realizó el pago de la prima de la forma estipulada en el contrato, Transamerica mantuvo dicha póliza vigente en todo momento mediante las deducciones mensuales que estuvo haciendo de los valores acumulados en ella. Le asiste la razón. Veamos.

El contrato de seguro entre Transamerica y Oller establecía claramente que este último tenía que pagar una prima anual de $8,000 por los primeros diez años de vigencia de la póliza o que, de lo contrario, dicha póliza caducaría. De esta cláusula se desprende indudablemente que ante la falta de pago de dicha prima, Transamerica tenía el derecho a dar por cancelada la póliza.

Mediante una misiva enviada a su agente de seguros, Oller expresó su deseo de cancelar la póliza, ya que no interesaba seguir pagando las primas en cuestión. Cónsono con su interés, el asegurado dejó de pagar dichas primas. Sin embargo, Transamerica, por conducto de su agente general Torres, en lugar de ejercer su derecho y dar por cancelada la póliza, decidió mantenerla vigente a base de un cambio en la forma como ésta se pagaba. En vez de mantener la póliza en vigor mediante el pago de la prima anual requerida de $8,000, según estaba estipulado en el contrato, Transamerica la mantuvo vigente solamente mediante las deducciones o los débitos que por más de un año estuvo haciendo de los valores acumulados. Al actuar así, estableció un patrón sobre el pago de primas, distinto a lo expresado en el contrato escrito, por lo cual debe estimarse que renunció a su derecho a invocar la caducidad de la póliza por el incumplimiento de los términos y las condiciones expresas del contrato.

Como consecuencia de esta modificación en la forma de pagar la póliza, Transamerica siguió cobrando su prima de los valores acumulados en ella. Sin embargo, una vez falleció el asegurado y su viuda reclamó los beneficios al amparo de la póliza, la aseguradora pretendió a conveniencia invocar el derecho previamente renunciado y aducir como defensa que el asegurado no se circunscribió a lo expresamente estipulado en el contrato. Sin embargo, por lo señalado, la doctrina de impedimento le impedía invocar tal derecho. Los valores acumulados en la póliza al momento de la muerte de Oller eran suficientes para cubrir el pago de la prima hasta dos meses posteriores a tal fecha. El asegurado y la beneficiaría confiaron en la apariencia creada por Transamerica de que el contrato de seguros se mantenía vigente a base de las deducciones mensuales que ésta hacía. Resultaría en un injusto detrimento a éstos, permitirle a la aseguradora renunciar a los efectos de la apariencia de vigencia que ella misma creó.

Más aún, una vez enterado de la muerte del asegurado, el agente general de Transamerica le facilitó a la viuda todos los documentos necesarios para la tramitación de los beneficios según la póliza. Torres, quien la había diseñado y trabajaba con otras similares a diario, hizo expresiones a los efectos de aseverar que, fundamentándose en las deducciones mensuales de $505.65, la póliza de Oller debía haberse mantenido vigente hasta dos meses de su muerte. Actuando de acuerdo con su entender, éste, en calidad de agente general, gestionó afirmativamente el pago de los beneficios. Valga resaltar que la póliza de seguros de Oller no contenía ninguna limitación en cuanto a la autoridad del agente. Incluso, Transamerica nunca cuestionó en el foro de instancia la autoridad de su agente general ni alegó que éste actuó de forma ultra vires. Por el contrario, de la deposición tomada a Torres surge que éste estaba plenamente capacitado para hacer determinaciones sobre la vigencia de la póliza, conocía ampliamente los términos y las condiciones del contrato de autos y tenía la autorización de su principal para hacer las expresiones que hizo. De este modo, sus actuaciones como agente general de Transamerica le son imputables a esta última por ser su principal. Por consiguiente, es claro en Derecho que procede resolver, con arreglo a las doctrinas de renuncia e impedimento, que el contrato de seguro entre Transamerica y Oller estaba vigente a la fecha cuando éste falleció.

Es importante destacar, además, que nuestra conclusión de que la póliza de seguro de vida de Oller estaba vigente a la fecha de su muerte, está en sintonía con el hecho de que Transamerica nunca envió una notificación de cancelación, ni devolvió los valores acumulados en ella. Nos explicamos.

En un sinnúmero de jurisdicciones se ha examinado el lenguaje y el momento cuando se hace la notificación de la cancelación para decidir si efectivamente las pólizas en controversia han sido canceladas, o si en realidad no ha habido una cancelación, sino un simple requerímiento de pago. De acuerdo con este reiterado análisis, se ha resuelto que cuando la notificación establece que la póliza será cancelada en una fecha específica a menos que las primas adeudadas sean pagadas previo a esa fecha, esa notificación no se considerará como una de cancelación, sino meramente como un requerimiento de pago. Una notificación de cancelación no puede expresar simplemente una intención de cancelar la póliza en el futuro, sino que tiene que informarle al asegurado de forma clara, inequívoca y con certeza que, en efecto, su póliza ha sido cancelada. Appleman, supra, Vol. 6, Sec. 40.24, pág. 512; Norman v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 33 P.3d 530 (Ariz. 2001); Pennsylvania Nat. Mut. Cas. Ins. Co. v. Person, 297 S.E.2d 80 (1982); Travelers Insurance Company v. Jenkins, 285 So.2d 839 (1973); Mitchell v. Burnett, 272 N.E.2d 393 (1971); Ellzey v. Hardware Mut. Ins. Co. of Minnesota, 40 So.2d 24 (1er Cir. 1949); McNellis v. Aetna Ins. Co., 176 Ill.App. 575 (1913).

En este caso, la última comunicación recibida de la aseguradora antes del fallecimiento de Oller fue la carta de Transamerica a los efectos de informarle al asegurado que debía $6,000 en concepto de la prima anual requerida y que dicho pago debía ser recibido antes de 21 de agosto de 1997 o de otro modo la póliza caducaría. Esta misiva no constituyó otra cosa que un mero requerimiento de pago. Se desprende de los hechos que la intención de la aseguradora no era dar por terminado el contrato, sino precisamente mantenerlo vigente e incitar al asegurado a pagar la prima anual. Esto se evidencia con el lenguaje de la referida notificación, la cual expresaba:

Your life insurance is in danger of lapsing .... The premiums paid in to date (less any Partial Surrenders taken) have been $26,000.00, leaving a minimum payment due of $6,000.00. Payment must be received in our office by August 21, 1997, or your policy will lapse.
Please take a few minutes to write us a check .... We appreciate your business. Please act now to keep your life insurance in full force and effect. (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 147.

Evidentemente esta última comunicación con Oller no tuvo el efecto de cancelar la póliza en contienda. Transamerica nunca informó que la póliza había sido efectivamente cancelada. No fue hasta que la viuda reclamó los beneficios al amparo de dicha póliza que la aseguradora convenientemente expresó por primera vez que ésta había sido cancelada.

La aseguradora tampoco devolvió los valores acumulados ni sus intereses a la fecha cuando ésta adujo que el contrato terminó. Esto, a pesar de que se ha establecido claramente que, cuando la cancelación de la póliza se efectúa a iniciativa de la aseguradora, la devolución de los valores o la prima no devengada es necesaria para validarla. L.M. Villaronga, Seguros, 62 (Núms. 3-4) Rev. Jur. U.P.R. 956 (1993). Ello nos reitera que la póliza no fue cancelada, y que los valores acumulados no fueron devueltos, pues se utilizaron para efectuar las deducciones mensuales de $505.65 que mantuvieron la póliza vigente hasta por lo menos diciembre de 1997, cuando dichos valores acumulados se debieron haber agotado. Estos hechos, pues, demuestran también que la póliza en controversia estaba vigente para la fecha del deceso de Oller.

III

En su cuarto señalamiento de error, Rodríguez de Oller alegó que erró el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia sumaria a favor de Transamerica. Le asiste la razón.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria se provee un remedio rápido y eficaz, por la vía de sentencia, cuando la parte que la promueve puede acreditar ante el tribunal que no existe una controversia genuina con relación a los hechos materiales del litigio. Por consiguiente, la celebración de un juicio en su fondo es innecesaria, ya que lo único que resta es aplicar el derecho. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538, 548 (1991). Este mecanismo resulta ser de gran utilidad en el descongestionamiento de los calendarios judiciales. Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971).

En el caso de autos, ambas partes adujeron ante el Tribunal de Primera Instancia que no existía una controversia real sustancial de hechos, por lo que cada cual solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Tanto el foro primario como el tribunal intermedio estuvieron de acuerdo en que el caso de autos no ameritaba la celebración de un juicio en su fondo, por lo que adjudicaron sus méritos fundamentándose en las peticiones de sentencia sumaria. La diferencia de criterio entre dichos foros surgió al determinar a qué parte le favorecía el derecho en este caso.

Aunque efectivamente en el caso no existía una controversia sustancial de hechos que impidiera dictar sentencia de forma sumaria, el tribunal a quo erró al aplicar el derecho y resolver a favor de la aseguradora. A tenor con lo antes expuesto en esta opinión, procedía dictar sentencia sumaria a favor de la demandante, Rodríguez de Oller.

IV

Finalmente, la parte demandante señaló que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al concluir que Transmerica fue temeraria. El referido error se cometió.

La imposición de honorarios de abogado es de naturaleza idéntica a la imposición de intereses por temeridad. Como es harto conocido, éstos proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria. Ambos persiguen penalizar a aquel litigante perdidoso que, por su obstinación, terquedad, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, los gastos, el trabajo y las inconveniencias de un pleito. O.E.G. v. Román, 159 D.P.R. 401, 418 (2003); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002).

La determinación de si una parte ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción del tribunal, por lo que los tribunales revisores sólo intervendrán cuando suija de tal actuación un claro abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005).

En el caso de autos la demandada fue temeraria en la tramitación del caso. Del análisis de la póliza, sus modificaciones y las actuaciones del agente general, se desprende claramente que la póliza de Transamerica a nombre del asegurado Oller estaba vigente a su muerte. Procedía que la aseguradora hubiese resuelto la reclamación de la póliza dentro de los noventa días de la reclamación. Así lo determinó el foro primario, cuya determinación no debió haber sido alterada, ya que no hubo abuso de discreción por su parte.

V

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para expedir el auto solicitado y revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El año 1996-1997 comprendía desde 19 de julio de 1996 hasta 19 de julio de 1997.

       Para la fecha que aquí nos concierne, la deducción mensual era de $505.65.

       La aseguradora sustentó su moción de sentencia sumaria con declaraciones juradas de Platt y Torres, quienes adujeron que la póliza en contienda había caducado por el incumplimiento de los términos expresos del contrato. Valga resaltar que hasta ese momento, la posición de Torres había sido sumamente firme en establecer que la póliza estaba vigente a la fecha cuando el asegurado murió. No fue sino hasta que se presentó la demanda, que Torres cambió de parecer a los efectos de asumir la misma posición que su principal. Además, el 14 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Minuta-Resolución, en la cual expresó: “El Tribunal ha examinado el expediente en su totalidad y de la discusión de las mociones así como, especialmente, de la declaración jurada suscrita por el agente de Transamerica en apoyo de su solicitud de sentencia sumaria uis-[á]-uis la comunicación efectuada por dicho agente el día 22 de abril de 1998, el Tribunal concluye y determina que en esta etapa de los procedimientos como cuestión de hecho concluimos que conforme a la antes referida comunicación, el señor Torres hizo representaciones de agencia conforme la relación contractual legítima existente.” íd., pág. 1. La demandada no apeló esta resolución.

       Aunque en uno de sus escritos Transamerica argumentó que no se le devolvió ese dinero al asegurado, ya que el contrato de la póliza contenía una penalidad en concepto de cancelación, ésta no presentó evidencia a tales efectos, ni en momento alguno notificó al asegurado que estaría reteniendo dichos valores en concepto de la penalidad.

       Art. 27.162 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2716b.


text:
    CMI Hospital Equipment Corporation, recurrida, v. Departamento de Salud, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., peticionarios.

      Número: CC-2005-434

      Resuelto: 30 de mayo de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, peticionarios; Roberto Corretjer Piquer y Sandra I. Velilla Ortiz, del Bufete Roberto Corretjer Piquer, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de aplicar la normativa sobre la equidad, en el contexto de una singular acción gubernamental; a saber, cuando el Gobierno actúa en virtud de una autorización del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

I

El 26 de marzo de 1998, CMI Hospital Equipment Corp. (CMI) y Servicios Integrados de Medicina Avanzada de Humacao, Inc. (SIMAH) suscribieron un contrato de arrendamiento de maquinaria y equipo perteneciente a CMI. La propiedad en cuestión sería instalada y utilizada en el Hospital de Medicina Integrada de Humacao y en los Centros de Medicina Integrada de Juncos, Yabucoa, Las Piedras y Naguabo. En el contrato SIMAH se obligó a pagar a CMI un canon de arrendamiento de $17,000 mensuales por un término de cinco años.

A menos de tres meses después de firmado el contrato, el 9 de junio de 1998, SIMAH presentó ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Quiebras) una petición al amparo del Capítulo 11 del Código de Quiebras, 11 U.S.C.A. see. 1101 et seq. Posteriormente, SIMAH solicitó la liquidación total de sus activos al amparo del Capítulo 7 del Código de Quiebras, 11 U.S.C.A. sec. 701 et seq.

Tanto CMI como el Departamento de Salud (Departamento) comparecieron como acreedores de SIMAH en el procedimiento ante el Tribunal de Quiebras. El 10 de julio de 1998, a solicitud del Departamento, el Tribunal de Quiebras ordenó como remedio provisional urgente que se realizara un inventario de todo el equipo en posesión de SIMAH y que se prohibiera su remoción sin previa autorización judicial. Además, autorizó al Departamento a proveer los servicios médico-hospitalarios de emergencia en todos los centros que eran administrados por SIMAH.

El 22 de julio de 1998, con el propósito de continuar prestando los servicios referidos, el Departamento y SIMAH solicitaron conjuntamente que el Tribunal de Quiebras permitiera al Departamento tomar el control, sin limitación alguna, de las instalaciones médico-hospitalarias administradas por SIMAH, incluyendo aquellas donde se encontraban instalados los equipos de CMI. CMI no fue parte del acuerdo entre SIMAH y el Departamento. El 23 de julio de 1998 el Tribunal de Quiebras emitió una orden mediante la cual concedió lo solicitado, con fecha retroactiva al 17 de julio de 1998. Como consecuencia, los equipos de CMI pasaron a ser usados exclusivamente por el Departamento.

El 4 de febrero de 1999 SIMAH presentó ante el Tribunal de Quiebras una moción titulada “Motion for Rejection of Executory Contract”. El 11 de febrero de 1999, ese tribunal emitió una orden, mediante la cual determinó que el contrato entre CMI y SIMAH había sido rechazado y el equipo de CMI fue abandonado, según permite el Código de Quiebras, 11 U.S.C.A. see. 365

El 22 de junio de 2001, luego de que el Departamento no pagara ningún canon de arrendamiento por el uso de los equipos en cuestión ni los devolviera a pesar de habérsele requerido en varias ocasiones, CMI presentó una demanda sobre cobro de dinero y enriquecimiento injusto contra el Departamento, el Estado Libre Asociado (ELA), y sus respectivas compañías aseguradoras, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En su demanda, CMI alegó que debido a que el Departamento era quien ahora estaba en control, posesión y uso de los equipos, estaba también llamado a responder por las rentas adeudadas. El Departamento a su vez adujo, entre otras defensas, que la deuda en cuestión no era exigible debido a que no existía ningún contrato escrito sobre el particular entre el Departamento y CMI.

Después de diversos trámites procesales, el 10 de enero de 2003, CMI presentó una moción de sentencia sumaria. El ELA, a su vez, presentó una moción de desestimación y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. El 24 de abril de 2003 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria parcial, mediante la cual desestimó la demanda y ordenó a CMI a pagar las costas y los honorarios de abogado. El foro de instancia fundamentó su determinación en la inexistencia de un contrato escrito entre el Departamento y CMI, y en que el equipo reclamado formaba parte del caudal de quiebras, por lo cual aplicaba la paralización automática que establece el Código de Quiebras.

El 29 de mayo de 2003, CMI presentó una solicitud de determinaciones de hechos adicionales y pidió que se le dictara una sentencia sumaria a su favor. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista argumentativa a solicitud de las partes. El 9 de marzo de 2004, después de evaluar los planteamientos de ambas partes, el foro de instancia dictó una sentencia parcial enmendada en reconsideración, mediante la cual concedió lo solicitado por CMI. El tribunal expresó en su dictamen —que no era de aplicación aquí— la paralización automática, porque el equipo había quedado fuera del caudal de quiebras, al ser abandonado por SIMAH en el proceso ante el Tribunal de Quiebras. Además, determinó que el Departamento había asumido las obligaciones que tenía SIMAH con CMI cuando solicitó y obtuvo el control de las instalaciones sin limitaciones. Por estas razones, el tribunal de instancia le impuso responsabilidad al Departamento por el equipo desde el 17 de julio de 1998, momento en que asumió el control referido, y le ordenó a pagar la renta correspondiente hasta el momento cuando devolviese el equipo a CMI.

Por no estar de acuerdo con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el Departamento solicitó su reconsideración ante dicho foro, la cual fue denegada mediante una Resolución de 15 de abril del 2004. Aún inconforme, el 20 de mayo de 2004 el Departamento presentó un escrito de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, en el que le imputó al foro de instancia haber errado al dictar una sentencia sumaria a favor de CMI, cuando no había controversia en cuanto a que no existía contrato escrito alguno que impusiera responsabilidad al Estado y este último no había asumido dicha obligación de modo alguno.

El Tribunal de Apelaciones, en una sentencia de 17 de febrero de 2005, confirmó la del Tribunal de Primera Instancia y determinó que: (1) la orden emitida por el Tribunal de Quiebras, mediante la que concedió la solicitud de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI, tuvo el efecto de que el equipo de CMI quedara fuera del caudal de quiebras, dejando inoperante la aplicación de la paralización automática; (2) cuando el Departamento solicitó operar las instalaciones sin limitaciones, no se opuso ni rechazó el contrato de arrendamiento vigente, y (3) en este caso se daban los elementos para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Apelaciones, el Departamento presentó una moción de reconsideración ante dicho foro, la cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante una Resolución de 13 de abril de 2005. No conforme tampoco con esta determinación, el 12 de mayo de 2005 el Departamento presentó ante nuestra consideración un recurso de certiorari. En éste planteó, en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones había errado al: (1) no revocar la sentencia recurrida y desestimar sumariamente la demanda, a pesar de la inexistencia de un contrato escrito que vinculara al Estado; (2) resolver que aplicaba la doctrina de enriquecimiento injusto, a pesar de que la reclamación de CMI no dimanaba de un contrato escrito con el Estado, y (3) resolver que la moción de rechazo del contrato y abandono del equipo presentada por SIMAH tuvo el efecto de excluir dicho contrato del caudal en quiebra.

El 5 de agosto de 2005 denegamos el recurso referido. El 24 de agosto de 2005, el Departamento solicitó la reconsideración de esa denegatoria, y el 4 de noviembre de 2005 reconsideramos y expedimos el recurso solicitado. El 31 de enero de 2006 notificamos a las partes que el caso había quedado sometido para su adjudicación. Con el beneficio de la comparecencia de éstas, procedemos a resolver.

II

El Art. 1 de la derogada Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. see. 97 et seq.), según enmendada por la Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004, dispone, en lo pertinente:

Las entidades gubernamentales y las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina de Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. 2004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 588, 590.

En Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 54 (1988), interpretamos dicha disposición y establecimos los requisitos formales que habían de seguirse al momento de contratar con un ente gubernamental, a saber, que:

... (1) [los contratos] se reduzcan a escrito; (2) se mantenga un registro fiel con miras a prima facie establecer su existencia; (3) se remita copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble constancia de su otorgamiento, términos y existencias, y (4) se acredite la certeza de tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado quince (15) días antes. (Enfasis suprimido.)

Reiteradamente hemos expresado que estos preceptos demuestran la intención legislativa de crear un mecanismo de cotejo y publicidad de los contratos gubernamentales. Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824, 830 (1999). La rigurosidad que se refleja en estas disposiciones responde al gran interés del Estado en promover una sana y recta administración pública, mediante la prevención del despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la contratación gubernamental. Las Marías v. Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868, 875 (2003); Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra, pág. 829.

Los principios previamente mencionados han sido aplicados en casos en los que partes privadas contratan con municipios. Hemos señalado que se presume que las partes que así contratan, ya conocen la necesidad de conducirse de acuerdo con las especificaciones de la ley. Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra; Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994); Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra; Las Marías v. Municipio San Juan, supra; Ríos v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839 (2003). El propósito que se persigue es que las partes privadas ejerzan un rol más activo al contratar con los municipios y exijan “prueba fehaciente de que el Gobierno cumplió con su deber”. Las Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 880.

En el caso de autos, el Departamento ha alegado que no procedía la reclamación instada por CMI, ya que no estaba apoyada en un contrato por escrito y no se siguieron las formalidades aplicables a la contratación gubernamental. El Departamento ha citado, en apoyo de su planteamiento, los principios antes esbozados. No le asiste la razón.

Según señaláramos anteriormente, CMI suscribió un contrato de arrendamiento de maquinaria con SIMAH, para que ésta instalara y usara dicho equipo en las instalaciones que administraba. Es luego, mediante la solicitud conjunta del Departamento y SIMAH, y a consecuencia de la orden emitida por el Tribunal de Quiebras, que el equipo pasó a ser controlado y administrado por el Departamento, por decisión propia de éste. Como puede deducirse de lo anterior, CMI nunca tuvo la intención de contratar con el Departamento. El uso del equipo por parte del Departamento no surgió de una negociación entre CMI y éste, sino que fue el resultado de un procedimiento judicial formal ante el Tribunal de Quiebras. Debido a que CMI nunca llevó a cabo un contrato gubernamental, no tenía que cumplir con las formalidades establecidas para éstos. Por lo tanto, tratándose de circunstancias extraordinarias como las descritas anteriormente, no aplica en el caso de autos la jurisprudencia citada por el Departamento.

I—i h-í

El Departamento también nos ha planteado que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el equipo de CMI quedó fuera del caudal de quiebras, cuando se concedió la solicitud de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI. No tiene razón el Departamento en su planteamiento. Veamos.

Al presentar una petición de quiebra se crea inmediatamente un bankruptcy estate o caudal en quiebra, el cual consiste de toda la propiedad que estará sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Quiebras. Para poder determinar los bienes que compondrán el caudal referido, el deudor tiene la obligación de incluir junto a la petición de quiebra un listado actualizado de sus activos y pasivos, más de sus ingresos y gastos. 11 U.S.C.A. sec. 362(a)(B).

La presentación de dicha petición también conlleva la paralización automática de diversos procedimientos contra dicha parte. La paralización automática es una orden para cesar todas las gestiones de cobro, retención, embargo o ejecución de hipoteca contra una persona que ha solicitado acogerse a la protección de la ley de quiebras. Dentro de los procedimientos a los cuales aplicará la paralización automática se encuentra “cualquier acción para obtener la posesión de una propiedad que pertenezca al caudal o que provenga del caudal, o para ejercer el control sobre la propiedad del caudal”. (Traducción nuestra.) 11 U.S.C.A. sec. 362(a)(3).

El Código de Quiebras, 11 U.S.C.A. see. 365 le da la facultad al síndico de rechazar ciertos contratos, si estima que no son de provecho para el caudal. Por su parte, en 11 U.S.C.A. sec. 1107(a) se le otorga esta misma facultad al deudor. La decisión de rechazar un contrato se encuentra en la sana discreción del deudor. 3 Norton Bankruptcy Law and Practice 2d Sec. 39:32, págs. 39-68 (1994). Si un contrato es rechazado, el caudal pierde todo interés o beneficio derivado de éste; es decir, ese contrato es excluido y no forma parte del caudal.

Cónsono con lo anterior, el Código de Quiebras, 11 U.S.C.A. sec. 554, establece el derecho del síndico (o del deudor) de abandonar una propiedad que considere una carga o que no sea beneficiosa para el caudal. El abandono de una propiedad ocurre después de que se celebre una vista, en la cual las partes tienen oportunidad de expresarse en cuanto a dicho abandono. Abandonar una propiedad tiene el efecto de excluirla del caudal en quiebra.

Sobre el concepto abandono de una propiedad, en el proceso de quiebra, el destacado tratadista William Miller Collier expresa:

Although section 554 does not especify to whom property is abandoned, property may be abandoned by the trustee, to any party with possessory interest. Normally, the debtor is the party with possessory interest. However, in some cases, it may be some other party .... (Enfasis suplido.) 5 Collier on Bankruptcy 15th Sec. 554.02, págs. 554-555 (2001).

En el caso ante nuestra consideración, SIMAH presentó una moción para rechazar el contrato suscrito con CMI. En dicha moción expresó que el referido contrato no era de ningún valor para el caudal y, por lo tanto, lo rechazaba. Además, SIMAH señaló que la propiedad sobre la cual versaba el contrato debía ser considerada abandonada. Por último, recalcó que ellos sólo tenían la posesión mediata de la propiedad, ya que la posesión inmediata la tenía el Departamento. Luego de analizar esta moción, el Tribunal de Quiebras emitió una orden para conceder la petición referida. Al conceder la solicitud de rechazo, el contrato de arrendamiento y el equipo objeto del contrato quedaron fuera del caudal y, por lo tanto, fuera de la jurisdicción del Tribunal de Quiebras. Por esta razón, la paralización automática no procede en cuanto a este contrato y al equipo.

Aparentemente consciente de lo anterior, el Departamento argumentó que, cuando un síndico abandona una propiedad, esta revierte al deudor. Sin embargo, los casos a los cuales el Departamento ha hecho referencia no aplican aquí, ya que en el caso de autos fue el mismo deudor quien solicitó que se considerada la propiedad como abandonada. Además, es un hecho probado que la posesión inmediata del equipo, residía en el Departamento. Por lo tanto, no se cometió el error señalado.

IV

En múltiples ocasiones hemos expresado que este Tribunal tiene la obligación de llenar las lagunas existentes en la ley, conforme al mandato del Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7. Dicho artículo dispone que

[e]l tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos. 31 L.P.R.A. sec. 7. Véanse: Rodríguez v. Pérez, 161 D.P.R. 637 (2004); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608 (2005); Colón v. Glamourous Nails, 167 D.P.R. 33 (2006); Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 157 D.P.R. 76 (2002).

El concepto equidad en nuestro sistema de Derecho se encuentra recogido en el artículo antes mencionado. “[L]a equidad implica más que una justicia estrictamente legal, una justicia de tipo natural y moral.” J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y floral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1975, T. 1, Yol. 1, pág. 483. El principio de equidad en nuestro Derecho se ha fundamentado en el concepto aristotélico de la mitigación de la ley, mediante la equidad para hacerla justa. Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 900 (1965). La equidad nació precisamente de la necesidad de atemperar el rigor de la norma, mediante un recurso a la conciencia del juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 D.P.R. (2004), citando a Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981). Reiteradamente hemos expresado que “[l]a equidad remite el proceso decisional al mundo puro de los valores en busca de la recta razón y del tuétano racional y moral del Derecho donde reside el valor supremo de justicia”. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655, 660 (1978).

Con relación al principio de equidad, José Castán Tobeñas expresa que

[l]as ideas de justicia y equidad son esenciales y consustanciales a la noción del Derecho, el cual dejaría de cumplir sus finalidades morales y sociales si no aspirase a realizar la justicia, y no una justicia abstracta y teórica, sino una justicia realista y humana. El juez debe obediencia a la ley, y la mejor manera de servirla es la de realizarla en su idea animadora, esto es en la justicia, que constituye su más profundo contenido. J. Castán Tobeñas, La formulación judicial del derecho: jurisprudencia y arbitrio de equidad, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1954, pág. 2527.

Como señalamos anteriormente, en el singular caso que tenemos ante nuestra consideración, el Departamento solicitó voluntariamente que se le concediera el control absoluto y sin limitaciones de las instalaciones médico-hospitalarias que administraba SIMAH. Cuando se presentó esta petición, tanto el Departamento como CMI habían comparecido como acreedores de SIMAH ante el Tribunal de Quiebras, y el Departamento estaba al tanto del contrato de arrendamiento vigente. Conociendo la obligación que representaba dicho contrato, el Departamento continuó administrando y controlando las instalaciones, sin oponerse a éste.

Surge del expediente que CMI solicitó al Departamento que le devolviera los equipos o le pagara el correspondiente canon de arrendamiento. Dicha solicitud fue ignorada, a pesar de que el Departamento continuó utilizando la maquinaria. Por otra parte, surge, además, que el Departamento continúo pagando la renta de las instalaciones y el salario de los empleados que trabajaban allí, por ser indispensables para operar los servicios médico-hospitalarios en cuestión. En sintonía con lo anterior, es claro que debía pagar también la renta del equipo, por ser éste igualmente indispensable para lograr los fines procurados por el Departamento. Debe recordarse que el equipo referido pertenecía a CMI, cuyo negocio consistía precisamente de alquilar dicho equipo a entidades como SIMAH o como el Departamento.

Claro está, es menester tomar en cuenta que el Departamento solicitó administrar las instalaciones en cuestión, procurando promover el bienestar común, para proveer servicios médicos esenciales a las comunidades afectadas. Fue también un motivo sustancial de su actuación evitar que se perdieran las licencias y certificaciones federales, como por ejemplo la de Medicare. Además, es importante recalcar que la transferencia del equipo se hizo como parte del procedimiento judicial ante el Tribunal de Quiebras. Tomando estos factores en consideración, es forzoso concluir que, aunque el Departamento tiene la responsabilidad de pagar una renta por el equipo, no podemos imponerle el mismo canon establecido en el contrato entre SIMAH y CMI, que era de $17,000 mensuales, y que resultó de las negociaciones puramente comerciales entre dichas partes. No sólo sería excesivamente oneroso para el ELA pagar tal canon, sino que debe considerarse también que a CMI le conviene que el Departamento se haga cargo de continuar el arriendo del equipo en cuestión.

Por los fundamentos expuestos, procede confirmar en parte la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto al deber del Departamento de pagar algún canon de arrendamiento razonable por el uso del equipo en cuestión y revocar en parte en cuanto al monto de los cánones adeudados. Pro-cede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que determine la cantidad a desembolsar tomando en consideración cuál sería el canon que el Departamento hubiese acordado pagar de haber negociado dicho contrato, el estado de depreciación de los equipos y otras consideraciones pertinentes.

Se dictará una sentencia conforme a lo resuelto aquí.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       En el contrato se pactó que dicho término comenzaría a contarse a partir del 5 de abril de 1998.

        In the Matter of Servicios Integrados de Medicina Avanzada de Humacao, Inc., Caso Núm. 98-07676.

       En cuanto a este punto, el foro apelativo señaló que, al rechazar el contrato, se creó una reclamación administrativa no asegurada de CMI contra SIMAH, por incumplimiento de contrato. Esta reclamación comprende el periodo desde que SIMAH y CMI suscribieron el contrato hasta que SIMAH presentó su petición de quiebras. Esta reclamación es independiente a la reclamación por los cánones de arrendamiento adeudados por el Departamento desde que obtuvo la posesión, el uso, el disfrute y el control del equipo.

       En cuanto a este punto, el Tribunal de Apelaciones explicó que no solamente el Departamento no se opuso al contrato, sino que usó el equipo, ya que éste era necesario para operar las instalaciones. El tribunal apelativo concluyó que al igual que el Departamento paga la renta por las instalaciones y el salario de los empleados, porque éstos son gastos indispensables para operar las instalaciones, debe pagar por el uso del equipo considerado indispensable.

       “[S]uch lease is deemed rejected, and the trustee shall immediately surrender such nonresidential real property to the lessor.” 11 U.S.C.A. sec. 365(d)(4)(A).

       “[U]pon the abandonment under section 554, the trustee is simply divested of control of the property because it is no longer part of the estate. Thus, the abandonment constitutes a divesture of all of the estate’s interest in the property.” 5 Collier on Bankruptcy Sec. 554.02, págs. 554-555 (2001).

       Como expresamos anteriormente, al rechazar el contrato, SIMAH incumplió con él. De esta manera se creó una reclamación administrativa no asegurada de CMI contra SIMAH, la cual comprende el periodo desde que suscribieron el contrato hasta que SIMAH presentó su petición de quiebras.

       Véase, además, la opinión disidente en López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 579-580 (2003).


author: per curiam:

text:
      In re Marcos Morell Corrada, querellado.

      Número: TS-4569

      Resuelto: 1 de junio de 2007

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías, Marcos A. Morell Corrada, pro se.

   per curiam:

El Lie. Marcos Morell Corrada fue admitido al ejercicio de la abogacía el 5 de junio de 1974, y al ejercicio de la notaría el 30 de julio del mismo año. El 5 de marzo de 2003 se le suspendió del ejercicio de la abogacía, pero se le reinstaló nuevamente en marzo de 2004.

El 16 de marzo de 2007 la Secretaría de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico nos remitió la sentencia emitida en el caso United States of America vs. René Vázquez Botet and Marcos Morell Corrada, CR 04-160(JAF). Según surge de dicho documento, el 30 de enero de 2006 la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico declaró a Morell Corrada culpable de cometer los delitos siguientes: de conspiración para cometer una ofensa o defraudar a Estados Unidos; de interferencia con el comercio mediante extorsión, y de fraude para privar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del pago de contribuciones. Dichos delitos violaron las disposiciones en 18 U.S.C.A. sees. 371, 1951(a), 1341 y 1344, respectivamente.

Por esos hechos, se le impuso una sentencia de sesenta meses de cárcel; una imposición especial de $800; una pena monetaria de $100,000, así como tres años de libertad supervisada una vez extinguiera la pena de reclusión. En ese momento Morell Corrada fue ingresado por las autoridades correspondientes. Según surge de los documentos recibidos, éste presentó una solicitud de fianza en apelación, la cual fue denegada por la Corte de Distrito.

A base de estos hechos, el Procurador General presentó una querella ante nos al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) donde también nos informa los detalles de la sentencia emitida por la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. En la referida querella el Procurador General solicita la separación de Morell Corrada del ejercicio de la abogacía. Sostiene que la conducta en que incurrió implica depravación moral y que ello, de por sí, justifica su separación del ejercicio de la profesión. No obstante, añade que —a su entender— éste incurrió en violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por cuanto no se esforzó al máximo de su capacidad para exaltar el honor y dignidad de la profesión.

A la luz de la información recibida, emitimos una resolución mediante la cual le concedimos término a Morell Corrada para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía suspenderlo provisionalmente del ejercicio de la abogacía. Dicha resolución se le notificó a Morell Corrada personalmente a través de la Oficina del Alguacil Federal, así como a su abogado que consta en autos en el trámite ante la Corte de Distrito.

Aunque Morell Corrada no ha contestado la referida resolución, conocemos que, anteriormente, había presentado ante la Oficina de Inspección de Notaría de este Tribunal su sumisión y aceptación a cualquier acción que tuviéramos a bien tomar. Con el beneficio de su posición, resolvemos.

rH

Reiteradamente hemos expresado que este Tribunal tiene la facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Como parte de esa facultad, este foro puede desaforar o suspender a aquellos miembros de la profesión que no sean aptos para desempeñar tan delicado ministerio. In re González Díaz, 163 D.P.R. 648 (2005). Dicha autoridad no se limita a causas que surjan con motivo del ejercicio de la profesión. Más bien, ésta se extiende a toda conducta desplegada por el abogado que afecte sus condiciones morales y que lo haga indigno de ser miembro de este foro. íd.

En conformidad con la facultad mencionada, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de 11 de marzo de 1909, la cual dispone —en lo pertinente— lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.

Hemos resuelto que un abogado incurre en depravación moral cuando hace algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. In re Piñero Martínez, 161 D.P.R. 293 (2004). Además, nos hemos referido a la depravación moral como un estado del individuo, compuesto por una deficiencia en su sentido de la moral y la rectitud, en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana. In re Carrasquillo Ortiz, 163 D.P.R. 589 (2004). En atención a ello, y considerando las labores que les competen a los abogados como oficiales del tribunal, hemos resuelto que un abogado convicto por delito grave o menos grave que implique depravación moral, está incapacitado para el ejercicio de la profesión. In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006).

A la luz de estos preceptos, examinemos la conducta de Morell Corrada para determinar si procede su suspensión del ejercicio de la profesión.

HH I—I

Morell Corrada fue declarado culpable en el foro federal por cometer varios delitos; a saber, los delitos de conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Uni-dos; interferencia con el comercio mediante extorsión, y fraude contra el Gobierno de Puerto Rico. No cabe duda que cada uno de los delitos mencionados supone la existencia de depravación moral en el estado ético del querellado. In re Guardiola Ramírez, 169 D.P.R. 414 (2006); In re Márquez Figueroa, 161 D.P.R. 477 (2004); In re Colón Muñoz, 149 D.P.R. 627 (1999); In re Fuentes Fernández, 133 D.P.R. 548 (1993).

En vista de ello, y a la luz de la Ley de 11 de marzo de 1909, procede que ejerzamos nuestro poder disciplinario en relación a la conducta de Morell Corrada. No obstante, conforme a la normativa vigente, en esta ocasión limitaremos la medida disciplinaria a una suspensión provisional, ya que Morell Corrada presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. Una vez concluya el trámite ante dicho foro, emitiremos un dictamen definitivo.

En conformidad con el dictamen anterior, procedería que le impusiéramos a Morell Corrada el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, de devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Además, procedería ordenar al Alguacil de este Tribunal que incaute su obra y sello notarial, y los entregue a la Oficina de Inspección de Notarías.

No obstante, Morell Corrada ya nos acreditó, mediante comunicación del 9 de noviembre de 2006, su cumplimiento con los deberes mencionados. En específico, nos acreditó haber cumplido con la entrega de su Protocolo y Registro Notarial a la Oficina de Inspección de Notarías. De la misma forma, nos informó que desde el inicio de la presentación de los cargos ante el foro federal realizó los trámites pertinentes para que sus clientes conocieran la situación y fueran atendidos por otros abogados. Además, nos informó que no existe ningún trámite judicial o administrativo que requiera sus servicios.

Finalmente, Morell Corrada expresa que “acept[a] sin reservas las acciones que tenga a bien tomar los señores jueces del Tribunal Supremo como custodios de los valores éticos y morales que debemos observar todos los abogados en nuestro país”. Carta a Leda. Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, 19 de noviembre de 2006.

En vista de lo anterior, damos por cumplidas las directrices que corresponden en estos casos y tomamos conocimiento de la aceptación presentada por Morell Corrada para las acciones que este Tribunal estime aplicables.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.