text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Pedro F. Gotay, acusado y apelante.
    No. 3617.

    Sometido: Diciembre 14, 1928.

      Resuelto: Junio 19, 1929.

      O’Neill & O’Neill, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto del delito de libelo y sentenciado a pagar una multa de $200. En la acusación se alegaba, y la prueba tendió a demostrar que el acusado fué el autor de un artículo publicado en que se imputaba a la Cámara de Repre-sentantes, o a los miembros que la constituían, el haber acep-tado dádivas que influirían en la votación de una medida que se menciona claramente en dicho artículo.

Durante el juicio el acusado no presentó prueba alguna. No trató de demostrar que las manifestaciones que el penó-dico contenía eran ciertas, ni qne fueran publicadas con sana intención y para fines justificables, según expresa el estatuto. Se fundó la defensa en que la acusación no imputaba un de-lito castigado por las leyes de Puerto Rico. El único señala-miento de error lee como sigue:

“La Corte ele Distrito de San Juan erró al entender y resolver que en Puerto Rico existe el delito de libelo contra daises, dentro de la significación y alcance del artículo 243 del Código Penal vigente.”

Los letrados no alegan que en California, de donde ha sido tomado indirectamente nuestro estatuto, las cortes han resuelto que procede una acusación criminal cuando el ar-tículo publicado se dirige contra una clase. Se arguye que el Estado de California siguió al de Kansas, donde prevalece el derecho común inglés, pero que .el estatuto escrito no .jus-tifica que las cortes de California hayan seguido de ese modo la citada ley común. Además, se alega como defensa que en Puerto Rico, donde tal derecho común nunca ha prevalecido, la sanción del estatuto no debe extenderse a casos no cubier-tos por sus propios términos. El apelante cita varios casos para sostener que un estatuto penal debe ser interpretado es-trictamente. En resumen, dice el apelante, que si bien sería prudente extender el alcance de la ley de libelo para que com-prendiera publicaciones maliciosas contra una clase, la Le-gislatura hasta el presente no lo ha hecho así.

Ha sido bien establecido que el fin de la ley penal sobre libelo es impedir alteraciones de la paz. Las autoridades que se citarán más adelante se pronuncian en este sentido. No puede haber duda alguna de que al redactarse la ley de libelo de Puerto Rico la intención de la Legislatura necesariamente fué, en tanto en cuanto la fraseología del estatuto lo permite, realizar el mismo fin general para la isla.

Si bien un estatuto que define un delito debe ser interpre-tado estrictamente a favor del acusado, también es un prin-cipio familiar que las cortes deben interpretar un estatuto en sentido tal que supriman el daño y amplíen el remedio. La intención general no puede ser destruida limitando el sig-nificado posible o probable a la más mínima expresión.

Según el caso de Palmer v. Concord, 48 N. H. 211, 97 A. D. 605, el estatuto concedió un derecho de acción contra la ciudad por la destrucción maliciosa por parte de amotinados, pero exceptuaba el caso en que la destrucción fuese causada por la conducta ilegal o impropia de la persona cuya propie-dad fué destruida. En este caso tal persona había imputado cobardía a un cuerpo de soldados. No analizaremos ia deci-sión para ver si la ciudad de Concord demostró que la actua-ción de los amotinados fué causada por conducta ilegal o im-propia, sino solamente para averiguar lo que la corte dijo respecto a la ley de libelo, o sea:

“ . . . Los pleitos civiles-por libelo pueden ser instituidos sola-mente fundándose en que el demandante individualmente ha sufrido algún perjuicio. La's acusaciones por libelo son sostenidas princi-palmente debido a que la publicación de un libelo tiende a alterar la paz, y por consiguiente a perturbar la sociedad en general. Es obvio que un ataque libeloso contra un cuerpo de hombres, aunque no se indiquen los individuos, puede tender tanto, o quizá más, a '■rear disturbios público's que un ataque contra un individuo. Y se ha sugerido la duda de si ‘el número de personas difamadas no au-mente la enormidad del acto.’ ”

Estos términos fueron repetidos por la Corte Suprema de Kansas en el caso de State v. Brady, 44 Kan. 435, 9 L.R.A. 606, 21 A.S.R. 296, 24 Pac. 948, al tratarse de un libelo contra una familia. Este es tal vez el caso principal sobre la materia. La corte dijo además: “Es derecho elemental que no es necesario que un libelo se dirija contra determinada persona, sino que puede dirigirse contra una familia o clase de personas, si la tendencia de lo que se publica es promover un tumulto o desorden e incitar a una alteración de la paz.”

El Estado de Oklahoma, al igual que el de California, te-nía un estatuto sobre libelo infamatorio similar al nuestro y usaba únicamente el singular para definir la - persona difa-mada. La corte de apelaciones criminales del Estado de Oklahoma hizo un examen extenso de la ley de libelo y citó numerosas opiniones de otras cortes, incluyendo State v. Brady, supra, Crane v. State, 14 Okla. Crim. Rep. 30,19 A.L.R. 1455, 166 Pac. 1110. Siguiendo a este caso hay una nota muy minuciosa en 19 A.L.R. 1530.

People v. Eastman, 188 N. Y. 478, 81 N. E 459, 11 Ann. Oases 300, fué también uno de los casos revisados. Casi sin duda alguna New York, tenía un estatuto. El Juez Presi-dente Cullen, como ponente, dijo al revocar las decisiones de las cortes inferiores: “El fundamento de la teoría por la cual el libelo constituye un delito es que al provocar las pasiones de las personas ofendidas, les incita a la violencia y a alterar la paz pública.” Esa corte, al igual que otras, creyó que una ley que castigara la difamación de una sola persona abarcaba todo el campo.

Algunos de los casos de California son los siguientes: People v. Turner, 154 Pac. 134, citando State v. Brady, supra; People v. Gordon, 219 Pac. 486, todos los cuales fueron consi-derados por la corte inferior.

El artículo 243 de nuestro Código Penal dice así:

“Constituye libelo cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de escrito's, impresos, signos, láminas, dibujos, u otra forma análoga, tendentes a denig'rar la memoria de un difunto, o impug-nar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o pu-blicar sus defectos naturales o supuestos, exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo público.”

La forma más sencilla de apreciar el estatuto es consi-derando que algo que se publica dirigido contra una clase, como un cuerpo legislativo, tiende a “impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama” de todos y cada uno de los miembros de la clase difamada. La tendencia de lo publi-cado era poner en tela de juicio a todos y cada uno de los miembros de la Cámara- de Representantes, especialmente en vista de que se mencionaba claramente una medida aprobada por dicho cuerpo legislativo.

Sin embargo, el artículo 559 del Colegio Penal es más es-pecífico. Este dispone que:

“La's voces usadas en este Código en el tiempo presente, inclu-yen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación re-sultare absurda; el número singular incluye el plural, y el plural incluye el 'singular; la palabra ‘persona' incluye una corporación así como una persona natural;” etc.’

En lo que a números se refiere, no liay duda de que inten-ción del Código Penal fue hacer que la ley de libelo com-prendiera no solamente los individuos sino también las clases difamadas, y no vemos razón alguna para dudar de la juris-prudencia de California o de la corte inferior al seguirla.

La sentencia debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeñOR Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Fernando, Petronila y Antonio González y Central Pasto Viejo, Inc., demandados y apelados.
    No. 4464.

    Sometido: Febrero 13, 1929.

      Resuelto: Junio 19, 1929.

      Luis Muñoz Morales y E. Rincón Plumey, abogado's de la apelante; González Fagundo & González Jr., Arturo Aponte y Luis Pereyó Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado SeñOR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Santini Fertilizer Co. entabló acción en cobro de dinero contra Fernando G-onzález en la Corte de Distrito de San Juan y embargó toda acción, derecho, participación, tí-tulo e interés que el demandado pudiera tener un en predio de terreno (o de un condominio proindiviso de por mitad sobre el mismo) inscrito a nombre de la esposa del deman-dado Rosa Pedraza de González, y en 80 cuerdas de caña que allí crecían. Posteriormente la demandante dedujo pleito de injunction en la Corte de Distrito de Humacao contra Fernando González, Petronila González Pedraza, Antonio Gonzá-lez y la Central Pasto Viejo Inc., para impedir el corte, arras-tre y molienda de la caña en cuestión y para impedir que se le entregara el producido a Petronila González. La Corte de Distrito de Humacao expidió, y más tarde anuló una orden de injunction preliminar.

La moción solicitando que se anulara la orden de injunction preliminar (restraining order) parece que fué sometida por la prueba que las partes ya habían aducido, pero los autos ante nos no contienen exposición del caso o transcripción de la evidencia alguna. La confirmación o la desestimación del" recurso estarían justificadas por ese solo fundamento, pero se ha sometido el caso por sus méritos, y dirimiremos las contenciones sobre las cuales se ha insistido más por los letrados de la apelante. En síntesis son que la corte inferior erró al considerar la cuestión de título sobre la caña, a falta de cualquier controversia respecto a este extremo, de-bido al hecho de que se dejó de probar que se hiciera alega-ción de propiedad en la Corte de Distrito de San Juan; que. cierta escritura de enajenación de 54 cuerdas de caña fechada', el 7 de febrero de 1927 otorgada por Josefa B. González, así; como un contrato de refacción agrícola celebrado el 15 de... noviembre de 1926, no establecen el; heebo de la propiedad, toda vez que se otorgaron después de haberse hecho el asiento en el registro de la propiedad el 7 de julio de 1926; • que los casos de Sucesión de Pérez v. Márquez, 19 D.P.R. 727, Martínez et al. v. Soto, 32 D.P.R. 609 y Trujillo Mercado v. Rodríguez, 22 D.P.R. 132 citados por el juez de distrito no son aplicablés; que la corte inferior también erró al sostener que no se había alegado ni probado daño irreparable alguno.

Inferimos del alegato de la apelante que los querellados habían presentado en evidencia dos escrituras otorgadas en 1917 tendientes a demostrar que los terrenos embargados por la Santini Fertilizer Co. eran un bien privativo de la esposa, Rosa González, y que estas escrituras habían sido debidamente inscritas en el registro de la propiedad, después de haberse hecho una anotación preventiva de embargo, pero antes de que se instituyera el procedimiento de injunction. Por consiguiente, la propiedad embargada era inscribible a nombre de la esposa como privativa de ella, al tiempo de radicarse la petición de injunction. Esto era más que suficiente para destruir cualquier presunción respecto al carácter de gananciales de los bienes inmuebles ya inscritos a nombre de la esposa.

Dé una certificación en forma narrativa expedida a ins-tancias del demandante por el Secretario de la Corte de Dis-trito de San Juan aparece que antes de que se radicara la petición de injunction, Rosa y Demetria Pedraza habían pre-sentado en la Corte de Distrito de San Juan su reclamación como dueñas de las 161 cuerdas de terreno embargadas en la acción original. La caña en estado de crecimiento había sido Embargada como parte del inmueble. La teoría del embargo fué que el demandado Fernando González tenía una partici-pación en los terrenos inscritos a nombre de su esposa Rosa Pedraza. Esta teoría descansaba por completo en la presun-ción relativa al carácter ganancial de esos terrenos. El'em-bargo no afectó el título de la consorte a sus bienes privati-vos, ni creó gravamen alguno sobre ellos.

Puede muy bien concebirse que Fernando González haya tenido alguna participación en la caña que se cultivaba en la finca privativa de su esposa, pero el peso de la prueba recaía sobre la peticionaria en el procedimiento de injunction para demostrarlo. La presunción de que la caña era un bien ganancial se’ esfumó con la presunción respecto al carácter ganancial que tenía el terreno. Incumbía entonces a la pe-ticionaria establecer algún otro fundamento para su remedio en equidad. Por tanto, la corte de distrito no erró al dene-gar el injunction y al anular la orden preliminar, ni" al basar su actuación en los casos arriba citados.

También estamos de acuerdo con la conclusión del juez de distrito en cuanto a la ausencia de algo que demostrara la existencia de daños irreparables. Si en lo futuro esos terrenos resultaran ser bienes gananciales según alega la peticionaria, nada hay que demuestre que la participación del esposo en ellos no sería suficiente para satisfacer la sentencia en el pleito original.' Ni hay nada que demuestre que los demandados en el procedimiento de injunction son insolventes o no puedan responder de daños y perjuicios en caso de que den malas cuentas de los bienes embargados o de su producido.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con la sen-tencia.


author: El Juez A rochado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan González Campos, acusado y apelante.
    No. 3666.

    Sometido: Marzo 8, 1929.

      Resuelto: Junio 19, 1929.

      Antonio Beyes Delgado, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez A rochado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan González Campos fué convicto de portar un arma, prohibida, y alega que la corte inferior erró al apreciar la prueba, y al interpretar cierta estipulación, y al aplicar la. ley sin tener en cuenta el espíritu de la misma ni la intención del legislador.

González era mayordomo. Al regresar del trabajo a su bogar, transitaba por un camino público que cruza un predio-de terreno propiedad de Benito Vega. González halló a Vega arando- en su finca, y trabó conversación con él. Sobrevino-una riña, y hubo prueba tendente a demostrar que González, descendió de su caballo y penetró en la finca; que disparó una vez desde la carretera y tres veces después que la había de-jado.

La teoría de la defensa fué que González no dejó la carre-tera voluntariamente, sino que fué llevado a la finca en el curso de una lucha. La evidencia fué contradictoria respecto a este extremo, y la conclusión del juez de distrito fue ad-versa a la contención del acusado.

La estipulación a que se refiere el apelante contenía la admisión de que el' acusado había hecho varios disparos mien-tras se hallaba en la finca de Vega.

Se arguye que el juez sentenciador interpretó esta admi-sión como una confesión de culpabilidad, no obstante la ale-gada naturaleza involuntaria de la entrada del apelante en. la finca de Vega. Los autos no revelan evidencia satisfacto-ria alguna al efecto de que la estipulación fuera mal interpre-tada.

La sección 5 de la ley que prohibe el que se porten deter-minadas armas, según fué enmendada en 1924, leyes de ese-año, página 115, dispone:

“Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables—
* ® ® * * #
“5. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca;”

No deseamos imputarle a la Legislatura la intención de autorizar el que un mayordomo porte un arma mientras pe-netra en la finca de un vecino con intenciones hostiles.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Simona Emelina Comas, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 638.

    Sometido: Enero 21, 1929.

      Resuelto: Junio 20, 1929.

      José ffabater, abogado de la peticionaria; Miguel Garda Méndez, abogado del interventor, demandante en la acción de nulidad de matrimonio.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Gerardo Arroyo Toro presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez demanda para que se declarase la nulidad de su matrimonio con Simona Emelina Comas fundándose en haber prestado su consentimiento para ese matrimonio mediante intimidación, y para que subsidiariamente se decretara el divorcio. Compareció en la corte la demandada solicitando eliminaciones y especificaciones de la demanda y presentó además una moción para que mientras durara el juicio le pagase su marido determinada cantidad para ali-mentos, y para costas y honorarios de su ahogado. Antes de ser oída esa moción por la corte el demandante enmendó su demanda exponiendo en ella solamente la acción por nu-lidad. Oídas después las partes con respecto a la expresada moción y la prueba que fue presentada, la parte deman-dante planteó a la corte la cuestión de derecho referente a que no concediendo el Código Civil alimentos mientras dura el pleito de nulidad del matrimonio debía ser negada dicha moción, y así lo resolvió la corte por el expresado motivo, contra cuya resolución interpuso la esposa el presente re-curso de certiorari, y habiéndolo librado nosotros fueron reclamados y recibidos los autos originales del pleito, des-pués de lo cual oímos a las partes sobre la petición que nos hacía la esposa para que anulemos la resolución de la corte de distrito negándole la concesión de los alimentos solicita-dos.

El Código Civil español que rigió en esta Isla hasta que en 1902 fue substituido por el actual, en su libro primero, título cuarto, capítulo primero, tenía, la sección quinta en la que se consignaban los efectos civiles de las demandas y sentencias sobre nulidad de matrimonio y sobre divorcio; disponiendo en su artículo 68 que interpuestas y admitidas esas demandas, se adoptarían, mientras durase el juicio, las disposiciones que enumera, siendo una de ellas la de se-ñalar alimentos a la mujer y a los hijos que no queden en poder del padre.

Al redactarse el actual Código Civil se incluyó en el tí-tulo cuarto, que trata del matrimonio, el artículo 163, según el cual el vínculo del matrimonio se disuelve en los siguien-tes casos: primero, por la muerte del marido o de la mu-jer; segundo, por el divorcio legalmeñte obtenido; y ter-cero, si el matrimonio se declarase nulo. Después en su título quinto titulado del divorcio, trata en su capítulo pri-mero de las causas del mismo, en el segundo del procedi-miento para él, en el tercero de las medidas provisionales a que puede dar lugar, en el cuarto de las excepciones contra la acción de divorcio y en el quinto de los efectos del mismo. Una de las medidas provisionales, según el artículo 168, es que si la mujer no contase con suficientes recursos para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste: disponiendo en su artículo 170 que las resoluciones del tribunal de distrito con motivo de ese ca-pítulo serán inapelables y se enmendarán por el tribunal cuando lo exijan las circunstancias en cada caso. El título sexto, referente a la nulidad del matrimonio, sólo contiene dos artículos: el 178 y el 179, declarando el primero de ellas que es nulo el matrimonio en el que no se hayan observado todos los requisitos exigidos por el código; y determinando en el segundo las personas que pueden ejercitar la acción de nulidad del matrimonio.

Aunque el código actual nada dispone en su capítulo sexto destinado a la nulidad del matrimonio respecto a que mientras dura el pleito de esa naturaleza el marido le su-ministre alimentos a su esposa, sin embargo, como según el artículo 159 el marido será el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario; como el 157 impone al marido el deber de proteger a la mujer y de satisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna; y como la esposa deman-dada continúa siendo la cónyuge del demandante .mientras el matrimonio que celebraron no quede disuelto por senten-cia que le declare nulo, el marido tiene el deber de suminis-trar a la esposa los alimentos que reclama mientras dura el pleito pendiente entre ellos para cumplir ese precepto de ley inspirado en el derecho natural de que no quede privada de tales alimentos mientras dure el pleito, por lo que enten-demos que para que ese precepto legal tenga efectividad es aplicable por analogía a un pleito de nulidad de matrimo-nio la disposición contenida'en el artículo 168 de las medi-das provisionales dispuestas para el juicio de divorcio.

La negativa de la corte inferior se fundó únicamente en que la esposa en los pleitos de nulidad de matrimonio no tiene derecho alguno a alimentos, y aunque esta resolu-ción fuera apelable, tal recurso no sería rápido, adecuado y eficaz para ella y por esto era procedente el expedir este auto de certiorari.

La resolución recurrida debe ser anulada y devolverse los autos a la corte inferior para que resuelva con las prue-bas que fueron practicadas.


author: Juez Asociado Se. Wole.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan López, acusado y apelante.
    No. 3789.

    Sometido: Abril 4, 1929.

      Resuelto: Junio 20, 1929.

      tí. 8. Pierluissi y B. Atiles Moreu, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   SENTENCIA

Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Se. Wole.

Poe cuanto en un caso en que al acusado se le imputaba el delito de mutilación y fue convicto de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, la cuestión de'defensa propia fué sometida al jurado por instrucciones directas de la corte;

Por cuanto el veredicto de un jurado, bajo esas circuns-tancias, sólo debe ser alterado por una corte de apelaciones euando esta última (contrario a la realidad de este caso) quedare convencida de que el jurado no tenía derecho a ren-dir tal veredicto;

Por cuanto, cuando se certifica que se fia inferido una lesión permanente al orificio del oído y se demuestran' otras circunstancias, incumbe al jurado determinar si se ha inferido una “herida grave,” según lo define el estatuto;

Por cuanto el llamar al jurado para darle nuevas instrucciones, especialmente si el jurado se demora en su veredicto, cae dentro de la sana discreción de la corte;

Por cuanto el hecho de que la corte exprese sorpresa por-que el jurado no haya llegado a un veredicto no cae necesa-riamente fuera de los límites de una sana discreción;

Por cuanto las consideraciones generales respecto a la actitud que el jurado debe asumir no caen necesariamente fuera de dicha sana discreción de la corte;

Por cuanto las instrucciones adicionales no fueron ex-eepcionadas en presencia del jurado, dando así a la corte la oportunidad de corregirlas;

Por cuanto la corte no cometió abuso de discreción al decir que no creía que podía disolver el jurado;

Por cuanto la corte tiene facultad, antes de disolver el jurado, de permitir a éste que enmiende un veredicto defectuoso, especialmente cuando se pregunta independientemente a cada uno de los miembros del jurado si el veredicto rendido es el suyo;

Por cuanto no es error decir que nna persona puede ser sentenciada por la declaración de un solo testigo, especialmente cuando tal manifestación se Race en unión de otras instrucciones ;

Pob cuanto aunque el jurado recomendó clemencia, el apelante no nos lia convencido de que una sentencia de un año de cárcel sea excesiva;

Pob tanto: Se confirma la sentencia que dictó la Corte ' de Distrito de Ponce con fecha 8 de mayo de 1928, en el caso arriba expresado.


author: El Juez Asociado Senos Wolf,

text:
    Enriqueta, Primitiva y Josefa Joglar Díaz; José, Rafael, Marcelino y Pilar Argüelles Joglar, herederos de José Joglar Díaz, demandantes y apelados, v. Gregorio Mariñelarena y Rafael Bernabé, demandados y apelados.
    No. 4921.

    Sometido: Abril 1, 1929.

    Resuelto: Junio 20, 1929.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante Sr. Mariñelarena; F. Soto Gras, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Senos Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de julio de 1928, este tribunal resolvió que una de-manda entablada a nombre de nn finado era nula, y que la misma no podía ser enmendada substituyendo el nombre de los herederos. Esa decisión fué dictada en respuesta a una petición de certiorari presentada por Gregorio Mariñelarena y Rafael Bernabé, los allí demandados, para anular la ac-tuación de la Corte de Distrito de San Juan al permitir la enmienda.'

Los herederos del finado instituyeron entonces pleito dé desahucio contra Gregorio Mariñelarena y Rafael Bernabé. La corte inferior resolvió que no procedía la demanda contra Rafael Bernabé, y dictó sentencia desalojando a Gregorio Marinelareña. Éste apeló, y el caso está ante nosotros me-diante moción para desestimar el recurso.

El pleito de desahucio se basaba en la falta de pago de los cánones de arrendamiento. Es ley familiar que al in-terponerse la apelación en tales pleitos, los-cánones de arren-damiento deben ser consignados en la secretaría de la corte, o debe afianzársele su pago al demandante. De lo contra-rio, la apelación está sujeta a ser desestimada. Todos los-cánones de arrendamiento que iban venciendo, a excepción de uno, fueron sin duda alguna consignados en una suma en conjunto. La suficiencia de la consignación correspondiente al primer plazo adeudado, o sea, el de enero de 1928, es la cuestión a resolver en este caso. El demandado y apelante dice, y subraya su aseveración, que los $135 correspondien-tes al mes de enero de 1928 no fueron incluidos en dicha suma total “porque ya estaba consignada en la corte el pleito anterior a disposición de los demandantes-apelados, y ellos.sa-bían y les constaba que tal cantidad se encontraba allí a su disposición, según se deja alegado.” ■

No nos detenemos a considerar extensamente si el dinero que ha sido consignado en un pleito instituido a nombre de una persona que ha fallecido podría dar a los demandantes el derecho de retirarlo. Ellos podrían confrontarse con la alegación de que el dinero así depositado no había sido en forma alguna consignado a su disposición, especialmente en vista de que los demandados insistían en que los deman-dantes no tenían derecho a inmiscuirse en el litigio y a soli-citar el derecho de enmendar la demanda.

Lo que si resolvemos es que el dinero depositado en una suma total o en un litigio que es nulo e ineficaz, no consti-tuye un cumplimiento de la ley de desahucio. Los artículos 12 y 15 de la ley de desahucio leen así:

“Sección 12. No se admitirá al demandado el recurso de apela-ción si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenida^.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejerci-tar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a satisfacción del tribunal, para re'sponder de los dañog y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.
“Sección 15. — En la's apelaciones interpuestas en juicios estable-cidos por falta de pago del canon estipulado, cualquiera que sea el estado del recurso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo.”

El canon, de referencia era el primero adeudado, y su con-signación se hacía necesaria a virtud de la sección 12, y ne-cesariamente debió hacerse con posterioridad a la sentencia. Hasta tanto se dicta sentencia, el demandado no tiene obli-gación alguna de efectuar la consignación. Por tanto, una consignación hecha en un pleito distinto o en conjunto en una fecha que sin duda alguna es anterior a la sentencia, no es un cumplimiento de la ley. Los demandantes no estaban más obligados a averiguar si se había hecho una consignación unos meses antes que a investigar si la misma se había efec-tuado años antes.

Si bien el estatuto no lo dice así en tales o cuales palabras, creemos que la consignación debe identificarse como perte-neciente a un pleito determinado. “Tanto la consignación como la fianza de que fiabla la presente sección deberán que-dar formalizadas dentro del término concedido para la ape-lación.” Estas palabras difícilmente pueden referirse a una mera consignación indefinida o no identificada, sino que la “formalización” o la solicitud haciendo la consignación de-ben llevar el título del pleito pendiente. De todos modos, las palabras arriba copiadas demuestran que la consignación debe formalizarse “dentro del término concedido para la ape-lación,” o sea, después de dictarse la sentencia. El deman-dado no puede anticipadamente pagar a la corte una suma de dinero para ser utilizada como una consignación en caso de que se dicte sentencia en su contra. Las secciones 12 y 15 en forma alguna prevén tal procedimiento, y el hecho de que haya habido un pleito anterior fracasado no puede ayu-dar al demandado.

El demandado y apelante no tenía derecho a depender de una consignación efectuada por virtud de un pleito que había sido declarado nulo e ineficaz, especialmente si esa nulidad fué el resultado de sus propias actuaciones.

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Vicente Ortiz López, a nombre y representación de su esposa Paula Ortiz de Ortiz, demandante y apelante, v. La Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 4716.

    Sometido: Enero 17, 1929.

      Resuelto: Junio 20, 1929.

      B. Cuevas Zequeira j TI. B. Lienza, abogados de la apelante; J. Mar-tínez Dávilaabogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un jurado del hipódromo anuló una de siete carreras celebradas y suspendió el pago del pool. Dentro de las 48 horas, la Comisión Hípica confirmó esa decisión. La corte de distrito, después de oír a las partes, se negó a expedir un auto de certiorari. -

La peticionaria alega, en síntesis, que había escogido el ganador en cada una de las siete carreras, y que a virtud de la eliminación de la quinta carrera, fue despojada del produ-cido líquido del pool, que ascendió a más de $16,000. Ella no tenía derechos adquiridos de propiedad sobre el producido líquido del pool cuando la quinta carrera fue anulada. La sexta y séptima carreras estaban aún por efectuarse. Su situación no era distinta a la del individuo de Kentucky que entabló una acción por daños y perjuicios con motivo de la demora en la transportación de un caballo de carreras que de otro modo hubiera ganado un premio en Louisville. La reso-lución de la comisión se retrotrae a la fecha del fallo del ju-rado, y en ningún momento la peticionaria fné privada de su propiedad sin el debido procedimiento de ley o en alguna otra forma.

El primer párrafo del artículo 19 de la Ley Hípica,. Leyes de 1927, página 207 — que es uno de los varios artículos agrupados bajo el subtítulo “Jurado del Hipódromo” — dis-pone que “las corporaciones o personas que especulen con el negocio de hipódromo, así como los dueños de caballos, jockeys, cuadreros, trainers, o cualesquiera otros interesados, quedarán supeditados” a las decisiones del jurado. De no ser la peticionaria una persona que especulaba con el negocio de hipódromo, era, por lo menos, una de “cualesquiera otros interesados.”

Otro aspecto de la solicitud de certiorari es la alegación de que la comisión actuó sin justa causa y sin que .se hubiese demostrado la ocurrencia de irregularidades, deficiencias y maniobras graves, ni la existencia de fraude. El lenguaje usado sigue en parte el del disponiéndose del artículo 19, supra, al efecto de que “en todo caso en que el jurado considere que en alguna' carrera han ocurrido irregularidades, deficiencias y maniobras, graves, que prima facie hagan apreciar que la carrera ha sido verificada y conducida de un modo ilegal y malicioso, podrá suspender sus efectos para el pago del pool y bancas, pero dando cuenta inmediatamente a la Comisión Hípica Insular de su acuerdo y de sus fundamentos y dicha Comisión Hípica Insular, dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas a con-tar desde la celebración de la carrera, y la resolución que dictare será firme, ejecutoria e inapelable.”

Así, pues, la decisión del jurado se hace girar sobre la opi-nión formada por dicho cuerpo, y no sobre la existencia de “irregularidades, deficiencias y maniobras, graves, que prima facie hagan apreciar que la carrera ha sido verificada y con-ducida de un modo ilegal y malicioso.” No se dispone un juicio de novo ante la Comisión Hípica. Tampoco se dispone la formalidad de un juicio, ni siquiera de una investigación, en primera instancia. El jurado puede actuar inmediata-mente por la impresión derivada de la observación personal. La comisión puede proceder sobre la decisión del jurado y sus fundamentos, como punto de partida y base para la audien-cia pública que baya de concedérseles a las partes interesa-das. Una audiencia pública de las partes interesadas es todo lo que la ley exige. La petición en el presente caso alega ex-presamente que la decisión de la comisión fue dictada después de tal audiencia.

Si la comisión estuviera autorizada para emitir sus deci-siones sólo cuando se demuestre justa causa en apoyo de la conclusión a que el jurado hubiere llegado, la petición segui-ría siendo, como lo es en substancia, una tentativa ligera-mente velada para hacer que la corte de distrito revise los méritos de una decisión que solamente envuelve cuestiones de hecho. A tenor de los hechos expuestos, la peticionaria no tenía derecho al remedio de certiorari, y la sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: •El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Paulino Somohano, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 761.

    Sometido: Abril 17, 1929.

      Resuelto: Junio 21, 1929.

      'Enrique Rincón, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   •El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El párrafo 79. de la sección 22 de la Ley No. 32 de 1917, dispone lo siguiente:

“Para el efecto de graduar los honorarios, se entiende por valor de las que e'stán gravadas con hipotecas, el precio por el que se trans-mitan, más el que representen las hipotecas cuando queden subsis-tentes.”

Cuando el recurrente trató de inscribir la compra de una finca, el Registrador insistió en que pagara honorarios no sólo sobre la base del precio de $200 en que adquirió la finca, sino también sobre la base del valor de las hipotecas que dicha finca garantizaba.

El recurrente sostiene que las hipotecas deben .conside-rarse únicamente cuando forman parte del precio de la com-pra, pero es evidente que la ley no dice tal cosa. Cierta-mente, podría dudarse de si las hipotecas en realidad forman parte del precio de la compra en cualquier caso corriente. El comprador paga el valor del terreno después de calcular y deducir el valor de las hipotecas.

En el caso de Vilella Vélez v. El Registrador de Mayagüez, 38 D.P.R. 987, resolvimos que la intención de la ley era que el comprador pagara sobre la base del precio realmente trans-mitido, así como también por el valor de las hipotecas exis-tentes, pero no estuvimos conformes en que debía resolverse que el precio de la compra incluyera el supuesto valor del terreno en el mercado, y que entonces se agregara el valor de las hipotecas, toda vez que tal procedimiento equivaldría a exigir que el comprador pagara honorarios dos veces sobre el valor de las hipotecas. En el presente caso el comprador tiene que pagar sobre la base del precio transmitido y del valor de las hipotecas, que es lo equivalente del valor que se supone tenga el terreno en el mercado. No importa, y el re-currente está dispuesto a admitirlo así, que algunas de las hipotecas ya no existan. El recurrente pudo haber obtenido su cancelación en debida forma.

Debe confirmarse la negativa del registrador.


author: Juez Asociado Señor Wole.

text:
    Neftalí Vidal, representado por su madre con patria potestad, Juana Garrastazú Vda. de Vidal, demandante y apelante, v. Carlos Ponce de León, demandado y apelado.
    No. 4488.

    Sometido: Diciembre 20, 1928.

      Resuelto: Junio 21, 1929.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; Benet <& Souffront, aboga-dos del apelado.
   Sentencia

Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wole.

Por cuanto de la lectura de la prueba y de la opinión de la corte inferior bemos llegado al convencimiento de que el accidente ocurrido en este caso se debió únicamente a haber el demandante virado repentinamente su bicicleta, y no a negligencia alguna del demandado al conducir su auto-móvil o por dejar de dar aviso o de aprovecharse de la úl-tima oportunidad expedita para evitar el daño;

Por cuanto aunque la corte sentenciadora se equivocó al ordenar que se hiciera un examen físico del demandante, según lo hemos resuelto en el oaso de Aponte v. Corte de Distrito de Mayagüez, 38 D.P.R. 673, sinjembargo, tal exa-men sólo envolvía la cuestión de los daños y perjuicios, cuestión que no cabe en este caso;

Por tanto, no habiéndose cometido ningún error perju-dicial, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez con fecha 26 de mayo de 1927, en el caso arriba titulado.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    José Cruz Gerena, demandante y apelado, v. Federico A. Gómez Valencía, Federico P. Gómez, José D. Gómez, Luis Antonio y Carmes F. Gómez Figueroa, demandados y apelantes.
    No. 4642.

    Sometido: Marzo 21, 1929.

      Resuelto: Junio 21, 1929.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; A. Beyes Delgado, abogado del apelado!
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de marzo de 1928, la Corte de Distrito de Areeibo dictó sentencia en la que declaraba que los demandados no tenían derecho de servidumbre alguno sobre los terrenos del demandante, y ordenó que dichos demandados removieran y destruyeran aquella parte de una escalera que sobresalía hacia la finca del demandante.

La prueba fué sumamente contradictoria. Los demandados trataron de probar que la supuesta escalera que servía de estorbo se hallaba enteramente en su propia finca. En parte, trataron de hacerlo presentando su escritura de título y la declaración de un dueño anterior. Por otro lado, la prueba oral de ambas partes en nuestra opinión tendió fuertemente a sostener la conclusión de la corte de que la escalera en efecto se extendía sobre los terrenos del demandante.

Por tanto, convenimos con la corte en que cualquier su-puesta tolerancia de la escalera o cualquier convenio provisional relativo a ella, no era obligatorio para el deman-dante. Torres v. Plazuela, 24 D.P.R. 479; Colón v. Plazuela, 31 D.P.R. 314. La prueba oral de ambas partes de-mostró que los demandados convinieron en remover la esca-lera, o la parte de ésta que estorbaba, tan pronto adquirie-ran un terreno' contiguo.

No convenimos con los apelantes en que el demandante-dejara de probar su derecho al remedio solicitado. La teo-ría, si la entendemos, es que una escalera salediza, de exis-tir legalmente, no constituiría una servidumbre; que no-existe tal servidumbre. Nos inclinamos a creer lo contra-rio, pero estemos o no en lo cierto al llegar a esta conclu-sión, una escalera salediza constituye un perjuicio para el terreno invadido, y el demandante tiene derecho a que sea removida. Esto puede hacerlo, ya titule su caso de “nega-toria de servidumbre,” injunction mandato rio, o cualquiera otra forma de acción que le otorgue el remedio interesado* La cuestión esencial resuelta por la sentencia es la remo-ción de la parte que sobresale de la escalera.

Debe confirmarse la sentencia apelada-


author: El Juez Presidente Sbñop, del Tobo,

text:
    Fidel Benero Rivera, demandante y apelado, v. Enrique Alvarado, Alejandro Laborde y M. Benítez Rexach, demandados y apelantes.
    No. 4548.

    Sometido: Enero 24, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Tons Soto <& Quiñones, abogados del apelante Sr. Rexach; José.JS, Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Sbñop, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso Fidel Benero demandó a Enrique Alvarado, Alejandro Laborde y Manuel Benitez para que le pagaran mil cuatrocientos dólares por cánones de arren-damiento vencidos y no satisfechos y tres mil dólares más por daños y perjuicios.

La demanda contiene tres causas de acción. Por la pri-mera se alega, en resumen, que el 4 de enero de 1926, el de-mandado Alvarado arrendó al demandante cierta finca rús-tica por canon de $150 mensuales; que el arrendatario tomó posesión inmediatamente de la finca y permaneció en ella basta el 20 de diciembre de 1926 en que fue desahuciado ju-dicialmente por falta de pago; que Alvarado satisfizo las mensualidades de enero y febrero y cien dólares de la co-rrespondiente a marzo, quedando a deber hasta el 20 de diciembre de 1926, o sea $1,400.

En la segunda causa de acción se reproducen los • ante-riores hechos y se alega textualmente lo que sigue: ■

“II. — Que los demandados Alejandro Laborde y Manuel Benitez Rexach, el día 4 de enero de 1926, suscribieron y entregaron al de-mandante Fidel Benero Rivera, como fiadores de SE. Alvarado, un documento "que copiado literalmente dice: ‘San Juan, P. R., enero 4 de 1926. — Sr. don Fidel Benero, Manatí, P. R. — Muy Srt y amigo n/o: A solicitud de nuestro muy estimado amigo don Enrique Ai-varado, nos dirigimos a üd., para informarle que con muchísimo gusto nos constituimos en fiadores del arrendamiento de una finca que dicho amigo Sr. Alvarado, ha arrendado a usted, por el canon de $150 mensuales. — -Sin motivo para más, nos es muy grato suscribirnos a sus órdenes, Attos. amigos y ss.— (Firmados) A. Laborde. — M. Benitez Rexach. — San Juan, Box 905.’
“III. — Que los expresados fiadores Alejandro Laborde y Manuel Benitez Rexach, oportunamente fueron requeridos por el deman-dante, para que le pagasen los cánones de arrendamiento vencidos y no satisfechos por el señor Enrique Alvarado, su fiado, ascenden-tes éstos a $1,400, no habiendo dichos fiadores satisfecho dicha suma ni en todo ni en parte a pesar de haberlos requerido para ello.”

Reprodúcense los hechos de la primera también en la tercera cansa de acción y luego se alega:

“II. — Que habiendo el demandante arrendado a Enrique Alvarado, con la garantía personal de lo's demandados, Manuel Benitez Eexach y Alejandro Laborde, la finca rústica reseñada en el hecho segundo de la primera causa de acción, por precio de UN mil ooho-cieNTO dólaRes ' anuales y término de tres años, a vencer en 15 de enero de 1929, efectuado dicho contrato, el demandante se trasladó a los E'stados Unidos de América con el fin de residir en dicho país, haciendo grandes gastos y desembolsos y tuvo que regresar nue-vamente a esta isla por no haber el dicho Alvarado ni 'sus fiadores Benitez Rexach y Laborde, satisfecho los cánones de arrendamiento fijados en el contrato de arrendamiento en la forma pactada por escritura pública otorgada el día 4 de enero de 1926, ante el notario don José E. Díaz, habiendo sido el demandado Alvarado, desahu-ciado de la dicha finca por falta de pago, habiendo é'ste dejado dicha finca en completo estado de abandono, en mal estado, sin cercas y las casas en estado de deterioro por falta de conservación.
“III. — Que para poner'la finca reseñada en las condiciones en que originalmente el demandante la entregó al demandado Enrique Alvarado, ha tenido que realizar varios gastos y grandes desembol-sos habiéndose originado por falta de cumplimiento del dicho con-trato, por parte del demandado, daños y perjuicios que estima el de-mandante en la suma de tres mil dólares.”

Se emplazó a los demandados. Benitez no compareció y se anotó su rebeldía. Alvarado y Laborde formularon excepciones que fueron desestimadas. Dejaron entonces de contestar y se anotó “su rebeldía.

En tales condiciones fue el pleito a juicio dictándose una sentencia que copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“En 13 de enero de 1928, y en Corte abierta se llamó este caso a juicio oral, por su orden de señalamiento en el Calendario especial de asuntos civiles; habiendo comparecido el demandante por Su abo gado Licenciado José E. Díaz, quien anunció estar listo para el acto. Y estando anotada en forma la rebeldía de los demandados, se pro-cedió a celebrarlo.
“En sn virtud, el demandante leyó 'sus alegaciones, introdujo su prueba y sometió .el caso sin argumentar.
“Y la Corte, tomando en consideración las alegaciones y pruebas del demandante, y la ineomparecencia de los demandados, dictó sen-tencia declarando con lugar la demanda, y en con'secueneia condena consecuentemente a dichos demandados, en la siguiente forma:
“Condena al demandado Enrique Alvarado a pagar, al deman-dante Fidel Benero Rivera, la suma de Mil cuatrocientos dollars por cánones de arrendamiento devengados y no satisfecho's hasta el día 20 de diciembre de 1926;
“Condena a los demandados Alejandro Laborde y Manuel Be-nitez Rexaqh, mancomunadamente a pagar al demandante, como fia-dores del demandado Enrique Alvarado, en el caso de que éste no lo hiciere, la suma de Mil cuatrocientos dollar's, importe de los cá-nones de arrendamiento devengados y no satisfechos hasta el día 20 de diciembre de 1926;
“Y condena a los demandados Enrique Alvarado, Alejandro La-borde y Manuel Benitez Rexach, a pagar al demandante Fidel Be-nero Rivera, la suma de tees mil doldaes ($3,000) como indemni-zación de daño's y perjuicios por incumplimiento del contrato de arrendamiento que ha dado lugar a este pleito; y condena a dichos demandados al pago de las costas, gastos y ¡honorarios de abogado del demandante, con excepción en cuanto a la condena de honora-rios de abogado, en lo que se refiere al demandado Manuel Benitez Rexach, por no haber comparecido éste en ninguna forma en el pre-sente pleito.”

Apelaron los demandados y el recurso fue desestimado por esta Corte Suprema el l9 de mayo de 1928. Luego, en 8 de junio de 1928, fue reinstalado, pero sólo en cuanto al demandado Benitez.

En la transcripción archivada no se incluyó la prueba que se practicó en la corte de distrito. Habiendo esto en consideración el apelante basa el recurso en el emplaza-miento y en los hechos tales como se alegan en la demanda.

Sostiene en primer término que la corte no adquirió jurisdicción sobre él porque no. se le emplazó legalmente ya que en la citación no se hizo constar el objeto de la acción y la prevención de que si el citado .dejaba de comparecer ‘ ‘ el demandante solicitará de la corte le sea concedida ■ la petición que hubiere hecho en la demanda.”

Al emplazar al demandado, el marshal, del distrito hizo' constar que le entregó copia de la citación y de la demanda. El emplazamiento, en lo pertiiiente, dice:

“PoR la PRESENTE se niotieica a iistedes que se ha presentado en la oficina del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, del Distrito Judicial de San Juan, P. R., la demanda del actor antes citado, en la cual suplica a la Corte dicte sentencia condenando a los demandados mencionados a pagarle la suma de $1,400 por cáno-nes de arrendamiento de la finca arrendada al demandante y $3,000 por daños y perjuicios por incumplimiento de dicho cpntrato, con más la's costas, gastos y honorarios de ahogado con su original en la acción.
“Es abogado del demandante el Ledo. José E. Díaz, Manatí, F. R.
“Y se notifica A ustedes, que de no comparecer a contestar-dicha demanda dentro de los diez (días después de notificado si la notificación 'se hiciere en el distrito, y dentro de los veinte días si so hiciera fuera del distrito, pero en la Isla de Puerto Rico, y den-tro de los cuarenta días si se hiciere en otra parte, el demandante podrá obtener una sentencia en su '[rebeldía condenándolas al pago de la suma de $1,400 por cánones de arrendamiento y $3,000 por da-ños y perjuicios según se alega en la demanda, con más la's costas, gastos y honorarios de abogado.”

Basta la simple lectura de- la citación para concluir que cumple substaneialmente con lo que exige el artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia in-terpretativa del mismo.

Dejando a un lado lo que pueda significar la entrega de la copia de la demanda, no puede negarse que en el empla-zamiento mismo se expresa “el objeto de la acción en tér-minos generales,” a saber: cobro de cánones de arrenda-miento y reclamación de cierta suma por daños y perjui-cios.

Es cierto que no se emplean las exactas palabras de la ley al hacerse la prevención de que si el demandado no compareciere y contestare “el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición que hubiere hecho en la ■demanda,” pero también lo es que eso se dice y aun más pues se trató de cumplir y se cumplió no sólo con el nú-mero 5 del citado artículo 89, sino con el 4 y se especificó la suma del fallo que podría obtenerse en tal caso.

Los errores segundo y tercero son los que levantan a nuestro juicio las únicas questiones debatibles.

Alega el apelante que los becbos de la demanda no sos-tienen la sentencia que contra él se dictara. A nuestro jui-cio no bay duda alguna de que el fiador, a virtud de dichos becbos, resulta responsable de los cánones que dejó de sa-tisfacer el arrendatario. ¿Lo es también por los daños y perjuicios reclamados?

El artículo 1728 del Código Civil Revisado, dice:

“Artículo 1728. La fianza no se presume: debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella.
Si fuere simple o indefinida, .comprenderá no sólo la obligación principal, sino todos sus accesorios, inclusos los gastos del juicio, ■entendiéndose respecto de éstos, que no responderá sino de los que se bayan devengado de'spués que baya sido requerido el fiador para el pago.”

Y comentando Manresa el 1827 del Código Civil Español, igual al 1728 del Revisado, expresa: 7

“Los motivos de esa especial disposición se derivan, como bemos dicho antes, de la naturaleza propia de la fianza. Es é'sta una carga por su naturaleza gratuita, aunque no sea esencial dicha gratuidad, según tenemos ya demostrado, y que de ordinario se contrae sin remuneración o recompensa y sin ninguna otra, obligación correla-tiva en favor del fiador, encontrándose en muchos casos éste en la dura necesidad de pagar deudas ajenas sin utilidad alguna para él y sin recurso eficaz contra el deudor insolvente. Exponiendo Laurent lo peligrosa que es la fianza, cita el conocido proverbio que dice: ‘quien afianza paga,’ y abundando el legislador en estas ideas ha querido, para dar efectos a la fianza, no sólo que exista la seguri-dad de que el fiador haya tenido verdadera intención de obligar'se, sino además que resulta cierto que, al hacerlo, procedió con cono-cimiento de lo que hacía, para evitar así que aquel que por un sen-timiento irreflexivo de afecto o de piedad esté dispuesto a prestar la fianza, no se deje llevar fácilmente de ese primer impulso |gene-roso, sino que al obligarse, lo baga de una manera seria y concien-zuda, dando lugar a pensar sobre ello para que la expresión de su voluntad sea garantía Suficiente de su deliberada intención de obli-garse a cumplir por el principal deudor, en su caso,- la obligación asegurada con la fianza.” 12 Manresa. Comentarios al Codigo Ci-cil, 227.

Examinada la fianza tal como consta de la carta suscrita y remitida por los propios fiadores, a la luz del precepto legal citado y del criterio restrictivo expuesto por Manresa, creemos no puede llegarse a otra conclusión que no sea la de que se trata de una fianza “simple o indefinida” y por tanto que de acuerdo con los propios términos de la ley res-ponde no sólo de la obligación principal si que también de todos sus accesorios.

Es obligación del arrendatario además de pagar el canon de arrendamiento “devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió”. Artículo 1464 del Código Civil Revisado.

Siendo ello así, los fiadores son responsables de los da-mos y perjuicios ocasionados por el arrendatario al arrenda-dor con motivo del mal estado de la finca, según se alega en la demanda.

La obligación de resarcir los perjuicios por virtud del viaje del arrendador al continente, es dudosa. Sin embargo, ninguna influencia podría tener el juicio que formáramos so-bre el' particular en la sentencia que habremos de dictar» Los daños por uno y otro concepto se reclamaron en junto» Sabemos que se practicó prueba y que esa prueba no se elevó a esta corte. La sentencia no expresa cuáles fueron los daños que la corte consideró probados y a virtud de los cuales concedió indemnización. Bajo esas circunstancias, no estamos en condiciones de intervenir. El apelante no nos ha colocado en situación de revisar su caso, en ese extremo»

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: Juez Asociado Señob Hut-chison :

text:
    María Angela Emmanuelli Solís, demandante y apelada, v. Emilio H. Amy Aponte, demandado y apelante.
    No. 4793.

    Sometido: Abril 5, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Daniel Pellón, Jr. y Antonio Ayuso, abogados del apelante; Hugh R. Francis y J. Suárez Garriga, abogados de la apelada.
   Sentencia

Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señob Hut-chison :

Poe cuanto los supuestos errores especificados por el ape-lante como cometidos por la corte a quo son los siguientes:

“Primer error. La Corte cometió error al apreciar como cierto y declarar probado que el demandado Emilio Ií. Amy que era hom-, bre jovial, alegre y comunicativo en sus relaciones 'sociales y de amistad cuando estaba fuera de su hogar, sin embargo, en sú hogar no saludaba a su espo'sa, se encerraba en silencio lleno de desprecio hacia la demandante, no brillaban en sus ojos nada más que chispas de odio y miradas de desprecio y móstraba un ceño adusto y colé-rico con el fin premeditado de hacer sufrir a la demandante.
“Segundo error. La Corte erró al declarar probado que. el de-mandado tuvo en varias ocasiones arrebatos de cólera que hicieron creer a la demandante que iba a ser víctima de agresiones corporales por parte del demandado.
“Tercer error. La Corte erró al declarar probado que el de-mandado 'solicitara poder general a la demandante, que ésta se lo negara, y que el demandado se pusiera violento y manoteara en la cara a la demandante y estuviera varios meses sin hablarle.
“Cuarto error. La Corte erró al apreciar como cierto que la demandante sorprendiera al demandado haciéndole caricias a una sir-vienta y que el demandado al verse 'sorprendido amenazara en la cara a la demandante.
“Quinto error. La Corte erró al declarar que el sistema nervioso di* la demandada decayera en forma tal, que sufriera intensas jaque-cas, frecuentes vómitos, ataques de nervio's y trastornos graves, y que estos fenómenos físicos fueran causados como consecuencia inme-diata y directa do los frecuentes altercados con el demandado.
“Sexto error. La Corte erró al declarar probado que la con-ducta del demandado para con la demandante fuera de naturaleza tal que afectara seriamente la 'salud de la demandante.
“Séptimo error. La Corte erró al declarar probado que el pre-sente caso fuera uno- bien caracterizado de trato cruel para la de-mandante por parte del demandado.
“Octavo error. La Corte cometió error al no tomar en cuenta la declaración de la propia demandante, de Emilio H. Amy el de-mandado, y de sus testigos Rodolfo Vera y Enrique Amy, de donde surge que después de los hecho's ocurridos y que la Corte da como probados ocurrió una reconciliación entre demandado y demandante.
“Noveno error. La Corte cometió error al declarar probado que después de la reconciliación continuaran los actos crueles de parte del demandado para con la demandante.
“Décimo error. La Corte erró al declarar con lugar la demanda.”

Por otjaNto la única duda que lia surgido en el seno del tribunal, la cual se ha desvanecido después de un ligero exa-men de la prueba, fué inspirada por una indicación en el in-forme del fiscal en el sentido de que: •

“La cuestión que 'surge en el presente es si el demandado:ape-lante en este caso observaba esa conducta solamente en su hogar, con el fin de hacer imposible la vida conyugal entre ambos o si es que el carácter del demandado siempre era el mismo, tanto en su hogar como fuera de él, en cuyo caso habría que aplicar el principio establecido por este Tribunal Supremo en el sentido de que la mera disparidad de caracteres no es suficiente para establecer el trato cruel e inju-rias graves que requiere la ley en un ca'so de esta naturaleza.”

Por ouaNTo la declaración de la Dra. Janer, cuñada de la demandante, de que el demandado es un hombre culto, porque lo ha demostrado fuera de la casa (pág. 16 del récord) y de que fuera del hogar era risueño y alegre (pág. 8 del récord), declaración que no ha sido contradicha por ningún otro tes-tigo ni puesta en tela de juicio por repregunta alguna sobre tal extremo, basta para establecer la diferencia marcada en-tre la conducta observada por el demandado dentro del hogar y fuera de él sin necesidad de la corroboración que se encuen-tra en las declaraciones de otros testigos, tales como Joa-quín Emmanuelli, hermano de la demandante, (página 26 del récord), Miguel Angel Emmanuelli, otro hermano, (página 50), de la niñera Felicita Valeárcel, (pág. 40) y la vecina Natalia González, (pág. 33).

Pon ouaNto, no encontramos en el alegato del apelante nada que demuestre pasión, prejuicio o la comisión de un error manifiesto por parte del juez de distrio en su aprecia-ción de la prueba.

Poe cuanto estamos enteramente conformes con la corte inferior en que los hechos probados revelan no un caso de mera disparidad de caracteres,,como sugiere el fiscal y sí un caso de trato cruel e injurias graves dentro del significado de dichas palabras, tal como han sido empleadas en nuestro Có-digo Civil, y de acuerdo con la doctrina establecida por la ju-risprudencia moderna sobre la materia.

Pon taNto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 5 de diciembre de 1927, en el caso arriba titulado.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino..


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Manuel, Emilio, Carmen Rosa, Emilia, Josefa, José, Ricarda y Miguel Angel Náter Girona y Manuel, Ramón, Monserrate y Josefa Náter Corbet; José Náter García; José Náter Carreras y José Náter Chiesa, demandantes y apelantes, v. Inés Navedo Dávila, Trinidad Dávila Náter y Pilar Correa Navedo, demandadas y apeladas.
    No. 4613.

    Sometido: Mayo 9, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Feliú <& La Costa, abogados de los apelantes; José Martínez Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre reivindicación de bienes inmue-bles y se funda especialmente en la alegada nulidad de cierto poder [jara testar otorgado en 1866 en Vega Baja ante el notario Félix Lajara por los esposos Manuel Náter Marrero e Inés Navedo Dávila, del cual hizo uso la esposa a la muerte del esposo ocurrida en 1894.

Los demandant.es son parientes colaterales del Sr. Náter Marrero y no bay duda alguna que a no ser por la indicada escritura de 1866 y por el acto realizado por doña Inés en 1894, una parte de la herencia de Náter les hubiera corres-pondido.’

La demanda fué contestada cuidadosamente por las de-mandadas y entre las varias defensas que establecieron está la dé cosa juzgada.

Fué el pleito a juicio, y al tomarlo bajo su consideración la corte de distrito si bien decidió que no procedía la de-fensa de cosa juzgada, resolvió que aplicando la regla esta-blecida por esta Corte Suprema en el caso anterior invocado —Landrón et al. v. Navedo, 12 D.P.R. 264 — debía declararse la demanda sin lugar.

Parece conveniente transcribir lo que sigue de la rela-ción del caso y opinión de la corte de distrito. Es así:

“En esta demanda se plantean exactamente las mismas cuestiones legales que en el caso de] Tribunal Supremo a que anteriormente me he referido, o sea, si era o no válido el poder para testar otor-gado por don Manuel Náter y Marrero a favor de su esposa doña Jnés Navedo Dávila, y, por consiguiente, si era o no válido el testa-mento otorgado por ésta en virtud del poder conferido.
“Ninguna de la's partes aquí demandantes compareció en el caso anteriormente citado, resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico, y por ese motivo entiendo que no procede resolver que es aplicable a esta situación la doctrina de res judicata, puesto que para eso se-ría necesario que concurrieran la's circunstancias que especifica el ar-tículo 1219 del Código Civil, al efecto de que existía perfecta iden-tidad entre las cosas objeto del pleito y las personas litigantes y su capacidad como tales. En este caso existe perfecta identidad de todo menos de personas litigantes; y aun en cuanto a esto, el pleito original fue presen! ado por los descendientes y alegados co-herederob, aun cuando es cierto que en dicho pleito reclamaban la participación que a ellos correspondía.
“Los demandantes solicitan que 'se revise la resolución dada por el Tribunal Supremo en este caso, y nos citan jurisprudencia que a su juicio sería suficiente para justificar una resolución distinta en este caso de la que recayó en caso anterior.
“Entiendo que para las Cortes de la isla, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico e's obligatoria, y tendría que ser un caso muy singular y extremoso, en el cual una Corte de Distrito se sintiera justificada para apartarse de las reglas de conducta y de las norma's de la ley adoptadas por nuestro Tribunal superior, y las cuales venimos obligados a respetar y sostener.
“Si alguna jurisprudencia podría tener peso en este caso como precedente para e'sta Corte, necesariamente tendría que ser la sentada on el caso de Landrón vs. Navedo, supra, puesto que se establecen las teorías adoptadas por el Tribunal Supremo en circunstancias de hecho idénticas a las presentes. De modo que puede decirse que es un precedente que lleva consigo todo el peso que a esas circunstan-cias acompaña.
“Me permito citar lo siguiente:
“ ‘The reports of judicial decisions contain the most certain evidence and the mo'st authoritative and precise application of the rules of the common law. Adjudged cases become precedents for the cases resting upon analogous facts and brought within the same reasons. A 'solemn decision upon a point of law arising in any given case becomes an authority in a like case, because it is the highest evidence which we can have of the law applicable to the subject and the judges are bound to follow that decision so long as it stand's un-reversed, unless it can be shown that the law was misunderstood and misapplied in that particular case.’ Véase ‘Ram on Judgments.'
'Judicial precedent is not simply law in a general sense but it is a part of our law in a sense, and with effects which are distinctively and most strikingly peculiar. The doctrine, as established, i's simply this: That a decision by a court of competent jurisdiction of a point of law lies so scarcely in the páthway of judicial judgment, that the case could not be adjudged without deciding it, is not only binding upon the parties to the cause in judgment, but the point so decided becomes, until it i's reversed or overruled, evidence of what the law is in like cases, which the courts are bound to follow, not only in cases precisely like the one which is first determined, but afeo in those which, however different, in their original or special circumstances, stand or are considered to stand upon the same principles.’ Véase ‘Dillon on Law's and Jurisprudence,’ página 231.
“Después de leída esa cita, véase si es po'sible que esta Corte revise este caso, cuando en realidad debe aplicar al mismo la juris-prudencia 'sentada por el Tribunal Supremo.
“Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, entiendo que jío es esta Corte la llamada a revisar o adoptar nueva's doctrinas dis-tintas de aquellas que hayan sido adoptadas por nuestro Tribunal Supremo y, por estas razones, entiendo que no procede entrar a con-siderar las cuestiones levantadas por los demandantes; y, por el contrario, ‘se declara sin lugar la demanda, fundándose única y ex-clusivamente en la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso arriba mencionado.”

El poder para testar puesto en tela de juicio, lee, en parte, así:

“Número 312. — Don Manuel Náter y su legítima esposa doña Inés Navedo. — Poder recíproco para testar.
“En Vega Baja, a veinte y seis de noviembre de mil ochocientos 'sesenta y seis. — Ante mí el Escribano y testigos que se expresarán, comparecieron, en su casa habitación, donde me constituí, a instan-cia de parte, Don Manuel Náter y su legítima esposa Doña Inés Navedo, de este vecindario a quienes doy fe conozco y dijeron:
“ . . . otorgan: que recíprocamente se confieren tan amplio po-der como e's necesario para que el sobreviviente de ellos, fuera o dentro del término legal, formalice y ordene su testamento y última voluntad, declaración o disposición de pobre, según el caudal que deje, haciendo en él los legados que le pareciere, así como las remi-s iones de deuda’s, descargo de su conciencia y demás cosas que se tienen comunicadas y se comunicarán en lo sucesivo, * * * *
“Y por el presente revocan y anulan todos los testamentos y de-más disposiciones testamentarias que antes de a.hora hubiesen forma-lizado por escrito o de palabra para que ninguno valga ni haga fe judicial ni extranjudicialmente, excepto este poder y testamento que en su virtud se ordene, que quieren y mandan se estime y tenga por tal y se observe y cumpla todo su contenido como su última de-liberada voluntad. A'sí lo disponen, otorgaron y firman, siendo tes-tigos Don Ramón Pérez, Don Francisco Bolarín y Don Acisclo Cor-bet: vecinos; de que doy fe. — Firmado: Inés Navedo de Náter.— Manuel Náter. — Ante mí, signado y firmado: José Félix Lajara.— Ecño. R. y ppee.”

En su alegato los demandantes apelantes hacen grandes esfuerzos para distinguir este caso del de Landrón et al. v. Navedo, supra, sin conseguirlo, a nuestro juicio. Una simple lectura de la decisión de esta corte en dicho caso convence de que la verdadera cuestión en él envuelta y de-cidida fue la de si el poder de 1866.y el testamento de 1894 eran nulos o válidos.

El único nuevo motivo de nulidad que en este pleito se alega es el de que el poder para testar de 1866 “considérese como tal poder o como testamento de cualquiera de los otor-gantes es absolutamente inexistente, nulo e ineficaz porque faltan en ,él las firmas de los testigos.”

Un estudio cuidadoso de la jurisprudencia citada por la propia parte apelante nos lleva a concluir que la falta de las firmas de los tres testigos que estuvieron presentes al otorgarse la escritura, no afecta a su validez.

En el caso de Sucn. Igaravidez v. Rubert Hnos., 23 D.P.R. 293, 311, esta corte se expresó así:

“Otra de las ilegalidades de la hipoteca que ha sido alegada es <l-ue en ella no hubo te'stigos instrumentales. Poca duda puede ha-ber acerca de cuál era la verdadera ley respecto a esta cuestión, aun-que parece que la práctica contemporánea prácticamente constituyó en letra muerta el precepto del estatuto. Además, en la sentencia de la corte inferior se declara que de prevalecer esta cuestión refe-rente a la falta de firma de testigo's instrumentales todo el pleito tiene que fracasar, pues algunas de las mismas escrituras originales otorgadas a la Sucesión de López carecían de la firma de testigos instrumentales. Las cortes en esa fecha evidentemente toleraban la falta de firma de testigos instrumentales y esa interpretación contem-poránea. debe Ser respetada.”

Los comentaristas hablan siempre de la necesidad de la presencia de los testigos, pero no de sus firmas. Lo mismo la jurisprudencia. En el alegato de la parte apelada se transcriben dos viejos modelos que se dicen tomados de la obra “Cartilla Real” de D. Santiago Alvarado, publicada en'1836.

El primero, que figura a la página 252, es así:

“Éste es mi último codicilo y postrimera voluntad, el cual quiero valga por mi codicilo, o por aquel derecho de mi última testamen-taria disposición que por leyes reale's más pueda valer y deba. T para más abundamiento mando que todo lo susodicho se guarde, cum-pla y ejecute. — Así lo otorgó en tal parte a los . . . etc., siendo pre-sentes por testigos N., N. y N., vecinos de dicha tal parte. — Y el codicilante (a quien yo el Escribano doy fe conozco, lo firmó.)”

El segundo, que aparece a la página 264, lee como sigue:

“Y desde luego revoca y anula otros cualesquiera testamentos o disposiciones, codicilos y demá's que antes de ahora haya hecho por escrito, de palabra o en otra forma, para que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de él; pues quiere que sólo el que en virtud de este poder se otorgare, valga por mi testamento o por mi codi-cilo, en aquella vía y forma que mejor hubiere lugar en derecho.— Así lo otorgó en tal parte, a tantos, Siendo testigos N., N. y N., vecinos de la misma, etc. — Y el otorgante, a quien yo el Escri-bano doy fe conozco, lo firmó (o no) haciéndolo a su ruego uno de dichos, testigos.”

En el tratado de Notaría de Manuel Fernández Casado se dedica todo un capítulo al examen de los precedentes, disposiciones legales y comentarios sobre la firma de los documentos públicos. De él tomamos los dos párrafos que siguen:

“Esta oscuridad de la ley promovió largas y eruditas dfecusio-nes en la prensa profesional de aquel tiempo,. y el reglamento de 1862, ateniéndose sin duda al artículo 29 de la ley, declaró en su artículo 75: ‘Si los otorgantes supieren firmar, no será necesario que firmen los testigos, ni que baya uno que sepa hacerlo.’ Antes, en el artículo 73, había dicho; ‘pero, si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo espre'sará así el Nota-rio, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño en la antefirma que lo hace por sí como testigo y a nombre del otor-gante o testigo que no sepa o no pueda "verificarlo. ’ Este artículo tampoco está en armonía con la ley ni con el 75 del reglamento, pues de su lectura se desprende que cuando alguno de los otorgantes no firme deben hacerlo ambos testigo's instrumentales, firmando uno de ellos a ruego del otro si éste no supiere. De manera que, según los artículos 17 y 25 de la ley, parece que en todo caso deben firmar los testigos, háganlo o no los otorgantes; según el 27, hay casos en que los testigos no deben firmar; según el 75 del reglamento de 1862, cuando los otorgantes firmen no es menester que lo hagan los testigo's instrumentales, y según el 73, cuando algún otorgante no firmare deberán firmar ambos testigos, haciéndolo uno de ellos por sí y a ruego de aquel otorgante; y si tampoco sabía firmar uno de los testigos, el otro debía firmar por él y a su ruego. Vése, pues, que los redactores de la ley y los del reglamento no tuvieron un criterio fijo respecto de la necesidad de la firma de los testigos instrumentales.
“Estas disposiciones inarmónicas fomentaron las discusiones so-bre la materia y dieron lugar a diversas prácticas entre los Nota-rios, determinando la necesidad de una disposición aclaratoria que fijase para siempre punto tan importante. Formaron al efecto el ■oportuno expediente, en el que, visto el parecer de la Sala de Go-bierno del Tribunal Supremo de Justicia, y oída la Sección de Es-tado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, por Real orden de 25 de junio de 1868 se resolvió: ‘Io, que es necesaria en las escrituras matrices la firma de los testigos instrumentales o de cono-cimiento en su caso, siempre que sepan hacerlo; y 2o, que si un testigo o los otorgantes o alguno de éstos no supiere firmar, al verifi-carlo el otro testigo expresará de su puño en la antefirma que lo hace por sí como testigo y a nombre del otro o del otorgante que no sabe firmar.’ ’’ 1 Tratado de Notaría por M. Fernández Ca-sado, 569.

Seguramente al cuidadoso estudio de la ley y de la prác-tica que regía en el año 1866 en esta isla de Puerto Rico se debió que los eminentes letrados que intervinieron en el citado caso de Landrón et al. v. Navedo no suscitaran esta cuestión de la falta de las firmas de los testigos en el poder para testar de que se trata.

Habiendo llegado a la conclusión de que el documento impugnado es válido por sí mismo, no es necesario conside-rar los demás errores que se señalan por los apelantes en su alegato.

El recurso establecido debe ser declarado sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor no in-tervinieron en la vista ni en la decisión de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Joaquín Rivera Martínez, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 641.

    Sometido: Enero 28, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Kdelmiro Martínez Bivera, abogado del peticionario; J. P. Miranda, abogado del demandante en el pleito principal, interventor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

J. Bivera Martínez fné demandado en la Corte Municipal de San Jnan en cobro de dinero- Falló la corte municipal en contra suya y apeló para ante la de distrito. Ce-lebró ésta el juicio de nuevo el 26 de diciembre de 1928 y aplazó, en presencia de las partes y sin que ninguna de ellas formulara objeción, el pronunciamiento de la sentencia, dictándola el 17 de enero siguiente, también en contra del demandado. Este archivó entonces la presente solicitud de certiorari alegando que la sentencia dictada por la corte de distrito lo fué sin jurisdicción por haberse pronunciado des-pués de vencido el término de diez días fijado por la ley.

Los autos muestran que en efecto la sentencia de que se trata se dictó, bajo las circunstancias indicadas, fuera del término fijado por la ley de 1908 para reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en plei-tos civiles, tal como quedó enmendada por la Ley No. 93 promulgada en 31 de marzo de 1919 a virtud de sentencia de este Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 1919. Dicha ley es como sigue:

“Sección 4. — Celebrado el juicio, la corte dictará sentencia den-1ro de un período de diez días ...”

En su contestación el juez de distrito sostiene que la ley invocada por el peticionario fué derogada por la No. 95 también promulgada el 31 de marzo de 1919 a virtud de sen-tencia de esta Corte Suprema de 11 de mayo de 1919, cu-yas secciones 1 y 2 prescriben:

“Sección 1. — El término en que los jueces de distrito y muni-cipales pronunciarán sus fallos o resoluciones en toda acción civil, no excederá de sesenta días para éstos y noventa para aquéllos.
“Sección 2. — Toda ley o parte de ella que se opusiere a la pre-sente, queda totalmente derogada.”

A nuestro juicio no tiene razón el juez de distrito. Las derogaciones tácitas no son favorecidas por las cortes. La ley de 1908 enmendada por la 93 promulgada en 1919 es una ley de carácter especial, la 95 promulgada en igual fe-cha lo es de carácter general. Ambas leyes no son necesa-riamente incompatibles y pneden y deben por tanto subsis-tir como la completa expresión de la voluntad legislativa.

Parece oportuno transcribir la siguiente cita que toma-mos del alegato del peticionario:

“Sin embargo, es igualmente cierto que la presunción contra de-rogaeiones implícitas tiene especial y peculiar efecto cuando el con-flicto en la's disposiciones que se tratan de derogar se contienen en una ley especial y en una general. La presunción es que la ley especial se entiende que permanece en vigor como una excepción a la ley general, especialmente cuando ambas leyes ban sido aprobadas al mismo tiempo, o Son substaneialmente contemporáneas. — Así, es una regla de interpretación estatutoria que un estatuto posterior, que es general en sus términos y que expresamente no deroga un es-tatuto especial anterior, no afecta ordinariamente las disposiciones del estatuto más viejo.- — La regla general es que un estatuto general no deroga uno especial a menos que ese propósito esté claramente manifestado.” 25 R.O.L. pág. 927.

Eliminada esta cuestión queda la que constituye la verdadera base del recurso, a saber: si el término fijado para pronunciar sentencia por la ley de 1908, tal como quedó enmendada en 1919, es mandatorio o directivo.

Para sostener que es mandatorio dice el peticionario en su alegato:

“Cuando el e'statuto requiere que la sentencia se dicte dentro de un término fijo, se ha resuelto generalmente que la corte pierde su autoridad sobre el caso al expirar el término, y una sentencia dictada después de haber transcurrido el término es nula por falta de jurisdicción, como cuando un juez e's ordenado por estatuto que rinda su fallo dentro de cierto número de días después de habér-sele sometido el caso.’ 34 C. J. pág. 63; 23 Cyc. 782.
“ ‘ITay numerosos caso's en los cuales se sostiene que la omisión en dictar sentencia dentro del término prescrito priva al juez de jurisdicción para dictarla subsiguientemente.’ . 28 L.R.A. 640.
“ ‘Cuando el estatuto requiere que se dicte sentencia y que ésta se registre dentro de un término prescrito, se ha resuelto general-mente que la omisión de dictar sentencia dentro del tiempo limi-tado priva al juez de jurisdicción y una sentencia dictada subsi-guientemente es una nulidad.’ Wisemen vs. Panama R. Co., 1 Hilt. 300; Watson vs. Davis, 19 Wend. 371; Burton vs. McGregor, 4 Ind. 550; Harper vs. Albee, 10 Iowa 389.
“En el caso de Eaton vs. French, 23 Ohio St. 560, tee resolvió que ‘el estatuto que limita el término dentro del cual un juez debe dictar su sentencia es claro y específico y perentorio y la au-toridad del juez debe medirse por el mismo.’
*«**«••
“Con todo el respeto debido, opinamos que la Sentencia que se dictó en este caso fue dictada por un juez que ya no tenía auto-ridad para ello por' haber dejado transcurrir el término que la ley expresamente le confería, y por tanto que la sentencia no puede ejecutarse contra el aquí peticionario.
“ ‘Si el juez de distrito no dicta sentencia dentro de cuatro días de'spués de sometido el caso, él pierde toda su jurisdicción; y mía sentencia dictada posteriormente es una nulidad.’ 1 Hilt. 300. (N.Y.) .
“ ‘Si un juez de distrito deja de decidir un caso dentro de ocho días después que le ha sido definitivamente sometido, la acción muere (abates). Frost vs. Kopp. 13 Civ. Proc. 377. (New York).
“Respetuosamente deseamos llamar la atención del Tribunal al hecho de que los casos citados se refieren a pleitos eivile's.”

No puede dudarse que la contención del peticionario en-cuentra apoyo 'en la jurisprudencia, pero hay cortes que sostienen la posición contraria. Nos limitaremos a seguir copiando lo que dice Corpus Juris. Es así:

“ . . . Pero algunas cortes sostienen que el cumplimiento de dis-posiciones de esta clase no es jurisdiccional, y el pasar por alto tal disposición hace que la sentencia a lo sumo sea irregular y errónea, mas no nula; y como existe para beneficio de las partes, predo sor renunciada por ellas. La mera demora no ocateiona que se pierda jurisdicción para dictar o registrar sentencia. Ha-cer caso omiso de una regla de la corte que exige que las senten-cias sean dictadas por lo meno's determinado número de días antes de expirar el término de sesiones, no hace; que la sentencia sea nula.” 34 C. J. 64, pár. 193.

Por lo menos en dos ocasiones esta Corte Suprema ha aplicado el criterio de que una sentencia dictada por una corte de distrito después del término fijado por el estatuto no es una mera nulidad.

En el caso de Torres v. American R. R. Co., 34 D.P.R. 689 se suscitó la cuestión y la corte sostuvo como válida una sentencia dictada por una corte de distrito después de los noventa días fijados por la Ley No. 95 promulgada como se ha dicho en 1919, terminando su razonamiento así:

“Dentro de las circunstancias y 'sin cerrar las puertas a una ulterior investigación en futuros casos, será bastante por ahora con hacer referencia de paso al caso de Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25, citado también por la apelante, y al tomo 14 de la Jurisprudencia de- California, páginas 914, 916, sección 33.”

Y en un caso criminal, El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 618, 621, resolvió:

“De modo que aparece que la corte inferior actuó dentro de la regla de que el período estatutorio prescrito para dictar sentencia puede ser prorrogado por virtud de una orden dictada en presen-cia de las partes y consignada en las minutas, — admitiendo, para loS fines de la argumentación, pero sin que lo resolvamos, que la dispo-sición en eue'stión deba ser considerada como imperativa más bien que directiva cuando se trata de la resolución de casos criminales por una corte de distrito después de un juicio de novo procedente en apelación de una corte municipal.”

Siendo ello así, atendidas las circunstancias que concu-rren en el caso, no • estamos conformes con el peticionario en que la Corte de Distrito de San Juan actuó sin jurisdic-ción. En tal virtud debe anularse el auto de certiorari ex-pedido y devolverse el pleito a la corte de origen a los fines procedentes.


text:
    “El Ancora”, demandante y apelante, v. Adrián Brenes, demandado y apelado.
    No. 4775.

    Sometido: Febrero 5, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Gustavo Rodríguez, abogado de la apelante; A. Porrata Doria, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

“El Ancora,” nna sociedad de seguros de vida y contra accidentes incorporada de acuerdo con las leyes de esta Isla, inició en la Corte de Distrito de G-uayama un procedimiento de mandamus contra Adrián Brenes, agente suyo que fue en aquel distrito.

Se expidió el auto en forma alternativa. Brenes contestó negando los hechos esenciales de la demanda y alegando además que ésta no aducía hechos suficientes para determi-nar una causa de acción y que la acción ejercitada no era la procedente.

Se convino por las partes en someter primero mediante alegatos escritos a la decisión de la corte las cuestiones en-vueltas de carácter previo, y, resolviéndolas, la corte dictó sentencia final declarando sin lugar la demanda y conde-nando en costas a la demandante.

No conforme “El Ancora,”, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de siete errores. Los seis primeros pueden estudiarse conjuntamente, ya que la verdadera cuestión a resolver es la de si dados los he-chos alegados, procede o no el auto de mandamus o debe seguirse un pleito ordinario.

En la demanda se dice, en resumen, que el deman-.dado fué agente de la demandante desde el 19 de abril de 1923 hasta el 30 de marzo de 1928 en que cesó en sn cargo; que sus facultades y deberes como tal agente eran los de solicitar suscriptores para la demandante, cobrar los reci-bos que para ellos expedía la demandante cada vez que ocu-rría un accidente, enviar a la demandante dentro de los cua-renta y cinco días siguientes al en que llegaran a su poder los recibos, el montante de lo recolectado, devolviendo los recibos no cobrados a fin de que la demandante pudiera ha-cer la liquidación del accidente; que el demandado percibía como remuneración por sus servicios un diez por ciento so-bre los cobros en cada accidente, y una comisión proporcio-nal por cada nuevo suscriptor que obtenía; que desde 1923 a 1928 la demandante entregó al demandado para su cobro recibos por valor de $25,155, habiendo entregado a su vez el demandado a la demandante $13,263.52 y devuelto por inco-brables recibos por valor de $3,665; que sobre la suma co-brada se pagó al demandado $1,549.81 por concepto del diez por ciento, habiéndosele pagado además $685.60 por con-cepto de gastos de su oficina; que cuando el demandado cesó como agente de la demandante tenía y aun tiene en su poder ciertos recibos que se especifican montantes a $84.50; que también tenía y aun tiene en su poder sin en-tregar a la demandante la suma de $5,906.47 de recibos que le envió la demandante y que él cobró, y que la demandante ha estado dispuesta siempre y lo está en todos momentos, a satisfacer al demandado Adrián Brenes cualquier suma de dinero que, después de justa comprobación, resultare de-bérselo. por concepto de los cobros hechos y por consecuencia del desempeño de su cargo como agente de la demandante, y a posar de ello éste se obstina en retener el dinero y reci-bos do la demandante.

Se alega, además, que el proceder del demandado es con-trario a los deberes que le imponían los estatutos de la cor-poración demandante y a virtud de todo se pide a la corte que expida “un auto alternativo de mandamus, dirigido contra el demandado en este caso, Adrián Brenes, vecino de G-uayama, P. R., ordenándole que sin excusas ni pretexto alguno, entregue a la demandante, dentro del plazo razona-ble que esta corte fije, los setenta y seis recibos librados por la demandante “El Ancora,” que relaciona en la alegación sexta, y la suma de ciNco mil Noveoieíttos seis uollabs ctja-keNta t siete ceNtavos mencionados en la alegación séptima apercibiéndosele de desacato al tribunal en el caso de in-cumplimiento de dicba orden, o que, de lo contrario, compa-rezca ante esta corte en el día y hora que la misma jse sirva designar al efecto, para que aduzca razones por las cuales no deba expedirse dicho auto en forma definitiva, con aper-cibimiento igual del auto definitivo.”

Como ya hemos dicho, la corte expidió el auto y después, de oídas ambas partes lo anuló declarando la demanda sin lugar especialmente porque existiendo otro remedio adecuado en el curso ordinario de la ley no procedía el extraordinario’ de mandamus y porque el demandado había cesado en su cargo y no podía compelérsele a actuar.

La parte apelante ha hecho un estudio tan cuidadoso en su alegato y revela tanta buena fe y tal convencimiento de-que le asiste la razón, que desearíamos disponer del tiempo necesario para examinar uno por uno los errores que señala. Ello nos llevaría a exponer el origen y desarrollo del auto de mandamus a la luz de la historia, de las diferentes leyes-sobre la materia y de la copiosa jurisprudencia establecida por las cortes al aplicar las leyes a las variadísimas situa-ciones surgidas en la práctica. El número de asuntos pen-dientes en la corte no nos permite proporcionarnos esa sa-tisfacción.

La ley en Puerto Rico es tan clara que ella por sí sola-,, por sus propios términos, sostiene la sentencia recurrida.. Se aprobó en 1903, Estatutos de 1911, p. 289, y sus tres primeras secciones leen como sigue:

“Sección 1. — El auto ele mandamus es un auto altamente pri-vilegiado dictado por el Tribunal Supremo de la Isla, o por las Cortes de Distrito de Puerto Rico, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturale's, a una cor-poración o a un tribunal judicial de inferior categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.
“Sección 2. El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por las Cortes de Distrito o por cualquiera de 'sus ¿magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio de sus funcio-nes o en su's oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior; corporación, junta o persona obligada al eumplimientoo de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este criterio, o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funcione's, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.
“Sección 3. Este auto puede o no (no podrá) dictarse en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Podrá dictarse bateado en los informes de la parte beneficiada e interesada.”

Se ve, pues, que el auto considerado por la propia ley como “altamente privilegiado,” haciendo el mismo legislador la declaración expresa de que “no podrá dictarse en los ca-sos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley,” solo cabe para obligar “al cum-plimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública.” Y eso no ocurre en el presente caso.

Seguramente existen leyes más amplias que la de Puerto Rico y es cierto que la jurisprudencia, guiada por el deseo de asegurar una más pronta y eficaz administración de la justicia, ha extendido en algunas ocasiones el radio de ac-ción del auto, pero ni las leyes ni la jurisprudencia que se nos han citado o qne hemos podido examinar, llegan a com-prender casos como el presente.

Si contra nn agente qne tenía con sn principal las rela-ciones qne se expresan -en la demanda, al cesar en sn em-pleo y snrgir dificultades en el arreglo de las cuentas, pu-diera expedirse un auto de mandamus para obligarlo a de-volver unos recibos por valor de $84.50 qne se alega qne se enviaron y $5,906.47 en efectivo qne se dice percibió por otros recibos qne también se le enviaron, expresándose ade-más qne la demandante está dispuesta a pagar al agente calqnier suma de dinero qne resultare debérsele después de justa comprobación por concepto de los cobros hechos, en-tonces cualquier corporación podría sustituir el procedi-miento ordinario por el extraordinario de mandamus para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas para con ella por sus agentes y empleados y siguiendo en ese rumbo cualquier persona en cualquier caso podría usar el auto “altamente privilegiado” de mandamus en vez del pro-cedimiento ordinario, ya que en verdad en cada pleito que se inicia lo que se reclama es el cumplimiento dé una obli-gación.

En Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 820, 832, esta corte dijo:

“Lo único que está sujeto al mandamus 'son los deberes publici j-uris y jamás las obligaciones de pagar una suma específica recono-cida por sentencia.”

Por el séptimo y último error se levanta la cuestión de costas. Quizá la corte no debió imponerlas porque todo revela en este caso, según ya hemos indicado, buena fe por parte de la demandante, pero no estamos en condiciones de decir que abusara de su poder discrecional al imponerlas. Dado lo claro de la ley sobre mandamus que rige en Puerto Rico, no obstante su aparente buena fe, no puede sostenerse contra el juicio de la corte a quo que no existiera temeridad alguna por parte de la demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Librada Declet, por sí y como madre con patria potestad sobre sus hijas menores Aurora y Rosa Declet, demandantes y apelantes, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 4830.

    Sometido: Enero 18, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1929.

      Luis A. Castro, abogado de los apelante's; lion. Attorney General James R. Beverley y Emilio de Aldrey, Sub-Procurador, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Librada Declet por sn propio derecho y como madre con patria potestad sobre sns bijos menores Aurora y Rosa Declet reclamó de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros la suma de $3,500' para ella y sns bijos a virtud de la muerte de sn esposo Ramón Declet de quien todos dependían para su subsistencia, alegando que dieba muerte se debió a cierto accidente sufrido por Declet mientras trabajaba como carpin-tero al servicio de la American Railroad Co. of Porto Rico.

La Comisión investigó el caso y denegó 1a. petición. Sn resolución termina así:

“La evidencia demuestra que el referido obrero falleció en el Hospital Municipal de Rayamón a consecuencia de “nefritis/ según certificación del Dr. Juan C. Rodríguez. — Después de un detenido estudio de toda la documentación que obra en récord llegamos a la conclusión de que éste no es un caso de muerte de los que protege nuestra Ley, por lo cual, resolvemos denegar dicha 'solicitud y que se archive la documentación del mismo.”

No conforme Librada Deelet apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan formulando la demanda a que se refiere la ley especial sobre la materia. Y la corte de distrito después de oír la. prueba presentada por 1a, apelante y de examinar el récord de la comisión, declaró la demanda sin lugar. En el curso de la relación del caso y opinión que emitiera para fundar su sentencia, dijo:

“No hay relación alguna entre el hecho de la muerte y el acci-dente, si es que lo .hubo, y entre éste y el aguacero, o llovizna que originó la alegada caída.”

Terminó así:

“No apareciendo que la Comisión apelada haya apreciado de modo erróneo la prueba que ante sí tuvo al resolver el ca'so del obrero Ramón Deelet, y no habiéndose presentado prueba alguna que autorice a este Tribunal a variar la resolución apelada, la Corte vísta la ley y jurisprudencia aplicables al caso, y la prueba adu-cida, declara sin lugar la demanda, 'sin costas.”

La Sra. Deelet apeló para ante este tribunal.. En su alegato suscita algunas interesantes cuestiones sobre pro-cedimiento y .aplicación de jurisprudencia cuya decisión no es necesaria para resolver el recurso. Puede admitirse que del obrero Deelet dependían para subsistir su legítima esposa y sus menores hijos y puede admitirse también que hallándose Deelet trabajando como carpintero para la American Railroad Co. of P. R. al bajarse de un vagón para librarse de un aguacero sufrió un accidente, que se retiró del trabajo no volviendo más a él y que murió algunos meses después en el hospital de Bayamón a consecuencia de nefritis.

Lo que nos lleva a la confirmación de la sentencia recurrida es que no hay prueba cierta que establezca la relación causal necesaria entre la muerte y el accidente. El caso se llamó para juicio el 20 de abril del 1928. Después de practicar toda la prueba que propuso, la parte demandante manifestó que no podía cerrar su caso por faltarle el testimonio del Dr. Rodríguez. La corte suspendió la vista para continuarla e] 8 de mayo de 1928.

El 8 de mayo continuó en efecto la vista sin que la parte demandante presentara el testimonio del doctor Rodríguez y sin que el récord muestre que explicara por qué no pudo presentarlo. En su alegato dice la apelante que el doctor ese día estaba enfermo y que en su defecto ofreció la obra científica “The Americana,” Vol 12, que trata sobre Kidneys. Al último extremo se refiere el juez al certificar la transcrip-ción. En ésta no se incluye la parte de la obra que se dice ofrecida como prueba. La declaración del doctor era esen-cial. Si se deja a su certificación que hable por sí misma, dice solamente que Declet murió de nefritis y una nefritis no es la consecuencia necesaria y única de un golpe.

La corte de distrito estuvo, pues, justificada al dictar su fallo. La demandante no probó que la muerte de su esposo c eurriera a virtud del accidente que alega que sufriera y en su consecuencia no demostró su derecho a reclamar de acuerdo con lo prescrito en la ley sobre indemnizaciones a obreros aplicable.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse lo, 'sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la vista ni en la decisión de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bautista Sánchez, acusado y apelante.
    No. 3834.

    Sometido: Junio 25, 1929.

      Resuelto: Junio 26, 1929.

      Y. M. Fernández, abogado del apelante; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal,

Bautista Sánchez apela de una sentencia que lo condena por infracción de la ley prohibiendo portar armas, según quedó enmendada por la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924 cuya sección tercera dice así:

“Toda persona que vendiere, permutare, gravare, donare o en-tregare cualquier arma de las expre'sadas en el artículo primero de esta Ley, a otra persona que carezca de autorización legal para por-tarla, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses. Excep-tó anse las ventad que los comerciantes, debidamente autorizados al efecto, hicieren a otros comerciantes para la reventa.”

La prueba del fiscal y la del acusado están contestes en que el 27 de septiembre de 1928 Antonio Pérez Rivera llegó al establecimiento que tenía el apelante; que vió el cabo de un revólver que sobresalía, por debajo de unos libros en un aparador de la tienda; que Pérez Rivera solicitó del apelante que le permitiera ver ese revólver; que el apelante le contestó que estaba ocupado con sus clientes; que Pérez Rivera in-sistió en que le enseñara el arma y que entonces el apelante cogió el revólver, le quitó las cápsulas y se lo enseñó, cogién-dolo Pérez Rivera; y que estando el revólver en manos de Pérez Rivera se le escapó un tiro que hirió a otra persona.

Esos hechos no son constitutivos del delito por el cual ha sido condenado el apelante, pues el haber enseñado el revolver a Pérez Rivera y el haberlo éste cogido para exami-narlo no es la entrega castigada por la ley, porque no se verificó con la idea de pasar su posesión a Pérez Rivera, ni aun temporalmente. Lo qne la ley quiere castigar es el tras-paso de armas por venta, permuta, donación o entrega.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada.