author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Rexach et al., Demandantes y Apelados, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en recurso de certiorari.

    No. 2552.
    Resuelto en julio 14, 1922.
    Apelación contra Resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros — Jurisdicción—Sentencia Nula. — Es nula por falta de jurisdicción la resolución dictada en un recurso de certiorari contra resolución de la Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros interpuesto después de transcurridos quince días contados a partir de la notificación de la decisión impugnada.
    Id. — Reconsideración de Sentencias — Término para Apelar. •— Cuando el tér-mino dentro del cual debe interponerse la apelación lia vencido, el derecho-a apelar no podrá ser revalidado por la radicación de una moción de recon-sideración con el solo objeto de revivir cuestiones resueltas por sentencia-definitiva. El derecho de solicitar una reconsideración no es concedido por-el estatuto sino una cuestión de gracia que depende grandemente de la vo-luntad de la corte para corregir cualquier error cometido por inadvertencia. Si la parte derrotada desea invocar la gracia de la corte eon el fin de quo-su caso pueda ser revisado de nuevo en cuanto a determinados puntos, ella-, debe considerar que al hacerlo así puede que se prive a sí misma del derecho-de apelación si el término dentro del cual puede establecerse tal apelasióni fuere consumido durante los procedimientos sobre la petición de reconsidera-ción. La petición de reconsideración no tiene el efecto de prorrogar el tér-mino para apelar.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de ]a apelante: Hon. Attorney General y Sres. L. Samalea y C. Llauger.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Soto Rivera y M. ’ M. Ginorio.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El día Io. de octubre de 1919 Salvador Sánchez, que tra-bajaba en la colonia “Virginia,” de Loíza, cortando semi-llas de cañas para Bexach. y Pinero, una sociedad agrícola formada por José A. Bexach e Ignacio Piñero, se hirió con. su propio machete en el brazo derecho, quedando incapaci-tado para usar la mano correspondiente a dicho brazo. In-tervino la Comisión de Indemnizaciones a Obreros y el 23 de agosto de 1920 fijó como indemnización que debía satis-facerse a Sánchez la suma de mil doscientos dólares, y ordenó que dicha suma se depositara en los Fondos Generales de la Comisión y se abonara al lesionado una pensión' de quince dólares mensuales por espacio de ocho años. Al final de su resolución la comisión dispuso que una vez que el caso se liquidara, se procediera con arreglo al “artículo 20 de la Ley No. 10 vigente en la época del accidente, toda vez que se trata de un patrono no asegurado.”

El obrero lesionado obtuvo que la resolución de la comi-sión fuera revisada, mediante auto de certiorari que inter-puso para ante la corte de distrito, en el sentido de que en vez de pagársele una pensión, se le entregara la suma acor-dada totalmente.

Veamos cuál fué la intervención de Bexach y Pinero en el asunto. De los autos resulta que el 23 de septiembre de 1920 presentaron un escrito a la comisión, por medio de su abogado, pidiéndole “que con suspensión del término de ape-lación, nos conceda la revisión del caso.” En dicho escrito se alegó que el Sr. Bexach, gestor de la sociedad, estaba au-sente y que si bien se tenía información que se le había diri-gido una carta el 2 de marzo de 1920 a Loíza, requiriendo su comparecencia, el suscribiente — el abogado de Bexach y Pinero — “tiene fuertes dudas de si tal carta llegó o no a po-der del destinatario.”

Con el escrito se dió cuenta a la comisión y ésta, el 24 de septiembre de 1920 acordó que pasara al ponente y se solicitara del contador un informe sobre la fecha en que los patronos se aseguraron.

Luego figura una certificación del contador creditiva de haber quedado asegurados los patronos el 19 de enero de 1921 habiendo pagado las cuotas por semestres completos comprendiendo septiembre de 1920.

El 16 de octubre de 1920 la corte de distrito resolvió el certiorari interpuesto por Sánchez en el sentido indicado y el 20 de octubre de 1920 al recibir la sentencia de la corte, la comisión tomó nn acuerdo que en su parte dispositiva dice:

“En vista de la anterior sentencia-y en cumplimiento de la misma, la Comisión reconsidera su resolución de agosto 23, 1920, dejándola sin efecto en su totalidad y disponiendo que el caso siga su trámite correspondiente para ser resuelto de nuevo.”

Así las cosas compareció Sánchez ante la comisión y alegó que ésta carecía de jurisdicción para anular su orden de 23 de agosto de 1920 por las siguientes razones:

“A. Porque las sentencias que dicta esta Comisión, llámense de-cisión o resolución, son definitivas para los obreros, con excepción del único caso en que la Comisión decida que el obrero no tiene de-recho a la indemnización solicitada. (Véanse los casos de Carrero et al. v. Diez y Pérez, pág. 468, T. 27, D. P. R., y Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, resuelto en junio 22 de 1920.)
“B. Porque el obrero, sólo tiene derecho para obtener mediante solicitud de certiorari, la revisión de cualquier cuestión de derecho envuelta en la resolución que en algunos casos puede que tal cuestión afecte en parte o en total la resolución de la Comisión, y la sen-tencia de este modo dictada tiene que ser acatada por la Comisión o el obrero^ según sea el caso.
“C. Porque los patronos a quienes no se le hubiese impuesto cuota de acuerdo con la ley, carecen del remedio de apelación, por lo que una resolución de la Comisión contra un patrono que se halla en estas condiciones es definitiva para él desde el momento que se dicta. (Véanse los casos anteriormente citados.)
“D. Porque al anular completamente, la Comisión, su decisión intervenida, deja por consiguiente de obedecer a la orden del tribunal que le ordena proceda a resolver de acuerdo con la ley, la única cuestión intervenida, o sea el pago de la pensión. Porque es por demás lógico suponer que al dictar esta Comisión su decisión de agosto 23, lo hizo una vez hecho un detenido estudio de este caso, y como lo resuelto y ordenado por la corte, fué que el pago de la cantidad se hiciese al lesionado de acuerdo con la ley y no mediante una pensión, el resultado a que ha de llegar la Comisión ha de ser siempre el mismo.
“E. Y porque de aceptarse que una vez firme una sentencia de esta Comisión, intervenida además por una corte competente que le ordena cumplir ciertos particulares con respecto a tal sentencia o resolución, pueda esta Comisión dejar sin efecto en su totalidad dicha resolución, sería sin duda sentar un precedente que daría lu-gar a un considerable número-de acciones, que al fin tendrían por objeto el no cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia en Puerto Rico.”

La comisión entonces, el 18 de febrero de 1921, decidió lo que sigue:

“En el caso de Salvador Sánchez, 4042, la Comisión consideró la solicitud de reconsideración presentada por el patrono en sep-tiembre 23, 1920, y la moción del lesionado de noviembre 24, 1920, y después de haber estudiado cuidadosamente todos los documentos que obran en el expediente del referido caso, inclusive la resolución dictada por la Corte- de Distrito de San Juan, Sección Segunda, con fecha de octubre 16, 1920, en el recurso de certiorari número 1856, interpuesto por el lesionado; resolvió: (a) Que no ha lugar a reconsiderar la resolución dictada por esta Comisión en agosto 23, 1920, por la que se ordena a los patronos, no asegurados a la fecha del accidente, a pagar al lesionado la suma de mil doscientos (1,200) dólares, en concepto de indemnización; y, (6) Que debe procederse a la ejecución de la resolución dictada por esta Comisión en agosto 23, 1920, ordenándose el pago total de la indemnización concedida al lesionado Salvador Sánchez.”

T fué contra esta última resolución que Bexach y Pinero acudieron a la corte de distrito mediante un auto de cer-tiorari. Se tramitó el procedimiento, y la corte de distrito finalmente, el 11 de junio de 1921, dictó la sentencia apelada decretando que la resolución de 23 de agosto de 1920 y la del 18 de febrero de 1921 de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, en cuanto obligan a pagar a los recurrentes Bexach y Piñero la suma de mil doscientos dólares y otras por deter-minados gastos al obrero lesionado Salvador Sánchez, deben ser y son declaradas nulas y sin efecto legal, y que los recu-rrentes en la fecha del accidente eran patronos asegurados con derecho a que la indemnización se pagara de los fondos de la comisión.

La primera cuestión que se suscitó en la corte de distrito y que se suscita en el alegato del apelante, es esta: “La corte erró al no declarar que el término para recurrir al procedimiento de certiorari Rabia expirado.”

El artículo 28 de la “Ley de Indemnizaciones a Obreros” de 1918, tal como quedó enmendado en 1919, Leyes de 1919, página 335, en lo pertinente dice:

“Disponiéndose que a instancia de la parte agraviada, la corte de distrito competente, podrá revisar mediante certiorari, cualquier decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, que fuere dic-tada con infracción de las disposiciones de esta Ley, siempre que dicho recluso se interpusiere en el término de quince días desde la notificación de la decisión impugnada.”’

¿Cuál es la verdadera resolución impugnada en este caso1? La apelante sostiene que la de agosto 23, 1920. Los apela-dos que la de febrero 18, 1921.

Hemos narrado con alguna extensión lo ocurrido y de ello se desprende que la verdadera resolución por virtud de la cual el caso fué decidido fué la de 23 . de agosto de 1920. Así lo entendieron los mismos apelados cuando presentaron su escrito de 23 de septiembre de 1920 pidiendo a la comi-sión que la reconsiderara y que. dejara en suspenso el tér-mino para apelar.

La comisión no reconsideró la resolución a virtud de ese escrito, ni tomó acuerdo alguno sobre la petición de suspen-sión. Fué a virtud del certiorari establecido, no por los ape-lados sino por el obrero lesionado, que la comisión, al recibir la, sentencia pronunciada por la corte de distrito y dándole un alcance que evidentemente no tenía, el 20 de octubre de 1920 reconsideró y dejó sin efecto la resolución de agosto 23, 1920!

Sostienen los apelados que ellos no podían recurrir de una resolución que había sido dejada sin efecto por la misma comisión. Este razonamiento pierde toda su fuerza cuando se considera que cuando la orden de octubre 20, 1920, fué dictada, ya había transcurrido con exceso el término para recurrir, que la ley concedía a los apelados, de nna resolu-ción que les era perfectamente conocida por lo menos desde el 23 de septiembre de 1920, fecha en que presentaron su escrito.

Esta misma corte, en el caso de Rivera v. Medina et al., 20 D. P. R. 808, citando la nota al caso de Conradt v. Lepper, 3 Ann. Cas. 630, estableció la siguiente doctrina: “Cuando el término dentro del cual debe interponerse la apelación ha vencido, el derecho a apelar no podrá ser revalidado por la radicación de una moción de reconsideración con el solo ob-jeto de revivir cuestiones resueltas por sentencia definitiva.”

“El derecho de solicitar una reconsideración no es concedido por el esta/tuto sino una cuestión de gracia que depende grandemente de la voluntad de la corte para corregir cualquier error cometido por inadvertencia. Si la parte derrotada desea invocar la gracia de la corte con el fin de que su caso pueda ser revisado de nuevo en cuanto a determinados puntos, ella debe considerar que al hacerlo así puede que se prive a sí misma del derecho de apelación si el término den-tro del cual puede establecerse tal apelación fuere consumido du-rante los procedimientos sobre la petición de reconsideración. La petición de reconsideración no tiene el efecto de prorrogar el tér-mino para apelar.” Vickers v. Tyndall, 48 N. E. 214, citando el caso de Sholty v. McIntyre, 136 Ill. 33.

Plabiendo en consideración todo lo expuesto, precisa con-cluir que la corte sentenciadora cometió el primero de los errores alegados, que es fundamental, debiendo en tal virtud revocarse la sentencia recurrida, y desestimarse el certiorari, sin necesidad de considerar los demás errores alegados, todo sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y desestimada . la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Agüeros, Demandante Apelado y Apelante, v. Sanjurjo et al., Demandados Apelantes y Apelados.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleitos sobre daños y perjui-cios. ■
    Nos. 2502 y 2509.
    Resueltos en julio 15, 1922.
    Vehículos de Motor — Tipo de Velocidad — Negligencia Contributiva. — Una persona que maneja un vehículo de motor por un camino público a una velo-cidad mayor de 48 kilómetros por hora es culpable prima fade de negligen-cia contributiva si ocurre un accidente, menos en ciertos casos especiales. En estos últimos dicha persona está en la obligación de justificar por qué viaja con una velocidad excesiva.
    Id. — Tren de Vagonetas — Cruces en Carreteras — Avisos en Pasos a Nivel.— El dueño de un tren de vagonetas que son conducidas por fuerza animal únicamente no está obligado a poner señales o vallas en los cruces que he encuentran en el camino público, ni es tampoco responsable por los accidentes ocasionados por diehas vagonetas cuando son conducidas por una tercera persona.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandados apelados y apelantes: Sres. E. Acuña, J. Texidor y E. E. F. Dottin.

    Abogados del demandante apelante y apelado: Sres. Soto Gras & Siaca.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este easo bubo apelaciones interpuestas por ambas partes, pero las mismas pueden ser consideradas conjunta-mente. La sentencia y opinión de la corte inferior ban sido atacadas por todos lados.

El demandante Diego Agüeros viajaba en un • automóvil por la carretera, entre Río Grande y Loíza, y al pasar por una vía que se usa para conducir cañas tuvo un choque con una vagoneta que cruzaba la carretera; y según alegó el de-mandante y trató de probar, sufrió lesiones personales, como también daños su automóvil. La vía es una de esas que se encuentran a menudo en las carreteras en las regiones de cañas de Puerto Rico y que generalmente pueden cruzarse sin gran peligro. No había ningún signo o señal que in-dicara al demandante la existencia de,tal peligro. La ca-rencia de señales,,avisos o vigilantes, se impnta a la deman-dada, Loíza Sugar Company como nn incumplimiento de su deber por ser la dueña y generalmente la que funciona las vagonetas que corren por estas vías. Al otro demandado Mercedes Sanjurjo se le imputó negligencia por haber per-mitido sus empleados o agentes que una vagoneta que estaba a su cargo bajara por una pendiente sin control alguno y que con el impulso que por ello adquiría cruzara el camino público yendo a chocar con el carro del demandante ocasio-nando así las lesiones a que se ha hecho referencia.

El demandado Mercedes Sanjurjo formuló excepción pre-via a la demanda y la desestimación de dicha excepción cons-tituye un fundamento de error. Otro fundamento de error fué el- haber declarado la corte que el demandante era culpable de negligencia eontributoria; y si este error fué bien tomado, como creemos que lo fué, resolvería • el caso en con-junto, por tanto lo consideraremos.

Dando pues por sentado que el demandante probó la ne-gligencia de los dos demandados, consideremos la alegada negligencia contributiva del demandante. Aunque la corte en los hechos que declaró probados dijo que el demandante viajaba a una velocidad de treinta millas por hora, el propio demandante manifestó que iba a una velocidad más o menos de 30 a 35 millas por hora. El demandante estaba en la mejor condición para saber la velocidad con que viajaba.

El artículo 13 de la Ley No. 75, de abril 13, 1916, que es la Ley sobre Automóviles, prescribe lo siguiente:

“Art. 13.— («) La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cual-quier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana de un municipio a una velocidad mayor de 24 kilómetros por llora, constituirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado.
“(i) Al doblar una curva, cuando la vista no fuere clara o hu-biere de pasarse a otro vehículo, la velocidad deberá reducirse a 24 kilómetros por hora, como máximum.”

El demandante declaró también qne la vista no era clara y qne no pudo ver la vagoneta qne descendía basta qne es-tuvo muy cerca de ella. Expresa la ley qne el viajar por un camino público a una velocidad mayor de 48 kilómetros por bora constituirá prueba prima facie, de que el vehículo de motor marchaba sin el debido cuidado. Esto equivale a decir que un demandante que viaja a más de 48 kilómetros por hora es culpable prima facie de negligencia contributors.

Hay veces en que necesariamente un conductor de un ve-hículo, en casos de emergencia, o tal vez cuando el camino está completamente expedito, puede viajar a una velocidad mucho mayor de 48 kilómetros por hora, pero si lo hace incumbe a él justificar en el juicio por qué viaja con exce-siva velocidad. No encontramos que el demandante se en-contró en este deber. Puede presumirse, por ejemplo, que la Legislatura aprobó esta ley para abarcar exactamente la situación que aquí surge; que algún carro podría tal vez es-tar cruzando las vías que están instaladas en la carretera y que un conductor ordinariamente está en el deber de cercio-rarse de que nadie viene por tales vías antes de ir a una velocidad mayor de la fijada por la ley. El demandante declaró que su vista 'estaba obscurecida, y esto aún cuando no iba doblando una curva era una razón más para mante-nerse dentro de los límites marcados por el estatuto. El de-mandante no presentó prueba tendente a mostrar ninguna emergencia o razón para excederse en este límite de veloci-dad. Treinta millas por hora es poco más de 48 kilómetros por hora, y desde luego que si el demandante iba a más velo-cidad su -negligencia era proporcionalmente mayor.

Con respecto a la Loíza Sugar Company la corte declaró probado, y creemos que correctamente, que la demandada Loíza Sugar Company, no estaba en la obligación de poner señales o avisos, toda vez que en estas vías las vagonetas no funcionaban por ninguna fuerza motriz sino solamente tiradas por bueyes. La corte inferior dijo en cuanto a esto lo siguiente: “La corte entiende que a la Loíza Sugar Company, no le incumbe responsabilidad alguna, puesto que la vagoneta estaba bajo el control del otro demandado Mercedes Sanjurjo, y que el liecbo de que en el cruce de la vía con la carretera no tuviese los avisos ordenados por el Departa-mento del Interior, no puede hacerla responsable del acci-dente. Se probó en el juicio fuera de toda duda de que por dicha sección de vía nunca han cruzado vagonetas, arrastra-das por locomotora de clase alguna; que la tracción siempre se ha hecho por fuerza animal y siendo así no puede consi-derarse esto como ferrocarril público o privado.” En rela-ción con esto no importa si después del accidente la deman-dada Loíza Sugar Company puso postes o señales. Creemos que los reglamentos del Departamento del Interior a que se refiere el demandante son aplicables a lo que se conoce por “ferrocarriles,” significando trenes movidos por vapor u otra fuerza motriz.

Eesulta innecesario, por tanto, considerar los demás erro-res alegados, en uno u otro de los casos apelados.

Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda.

Revocada la ajelada y desestimada la de-manda sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de estos casos.


text:
    Agüeros, Demandante y Apelante, v. Sanjurjo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de daños y perjuicios.
    No. 2502.
    Resuelto en julio 15, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 1509, Agüeros v. Sanjwjo, de julio 15, 1922.
    Abogados del apelante: Sres. Soto Gras y Siaca.

    Abogados de los apelados: Sres. E. Acuña, J. Texidor y E. H. F. Dottin.

   Confirmada en parte.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO.

text:
    Díaz et al., Demandantes y Apelantes, v. Plazuela Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecíbo en pleito sobre negatoria de servidumbre.
    No. 2554.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Comunidad de Bienes — Derechos de los Copropietarios — Servidumbre Im-puesta por un Condueño. — Un condueño puede tender una vía de ferrocarril sobre la Anea de que es eo-propietario siempre que ello no perjudique el in-terés de la comunidad ni impida a los demás eo-partíeipes utilizar la pro-piedad según su derecho, y los otros condueños no pueden impedírselo mien-tras no demuestren tal perjuicio; con mayor razón en el presente caso en que la servidumbre estaba consentida por el arrendatario, que tenía un arren-damiento por años.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuatro hermanos, Luis, José, Adriano y Oscar Díaz Lienza, entablaron esta acción contra Plazuela Sugar Company para poner fin a una alegada servidumbre consistente en vías férreas tendidas sobre la finca que se dice pertenecer a los demandantes y por las cuales corren treu.es. La finca Higuerito es el terreno en cuestión. La corte dictó senten-cia a favor de la demandada y los demandantes establecen apelación.

En el juicio apareció que la Plazuela Sugar Company es la dueña absoluta de participaciones que pertenecían a otros hermanos de la Sucesión Díaz Lienza, y sostuvo la apelada, y la corte así lo resolvió, que cualquier condueño tiene igual derecho a usar la finca. Dicen los apelantes que el derecho de Plazuela Sugar Company está en potencia puesto que la finca nunca ha sido dividida entre la Sucesión Díaz Lienza. Pero el derecho de los demandantes para establecer esta acción se funda asimismo en cuatro participaciones indivisas. En la demanda estiman ellos que cada uno de los cuatro tiene derecho a unas diez cuerdas y la prueba demuestra que la Plazuela Sugar Company tendría derecho a otra parte considerable de la propiedad. Es un caso en que uno que hace alegaciones contrarias no debe ser oído (allegans contraria non est audien dus). Si la Plazuela Sugar Company no tiene ningún derecho en la finca Higuerito por no habérsele adju-dicado ninguna porción específica, tampoco lo tienen los de-mandantes.

Se presenta entonces por sí la cuestión siguiente: ¿Puede un condueño tender vías sobre una finca sin el consentimiento de sus condueños1? El artículo 401 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Art. .401. — Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los co-partícipes utilizarlas según su derecho.”

Un copartícipe puede construir una casa en una finca po-seída en comunidad, o prima facie hacer cualquier cosa que todos pudieron hacer con tal que tengan todos acceso a la casa. Surgirán casos en los cuales los otros copartícipes pueden impedir el uso indebido de la finca por un sólo co-partícipe. Entonces, sin embargo, es necesario alegar y pro-bar como se indica en el artículo 401, supra, que el uso de la finca por tal copartícipe en cierto modo perjudica al in-terés de la comunidad o impide a los demás copartícipes uti-lizarla según su derecho. No se acreditó tal cosa. La teoría de la demanda era que la Plazuela Sugár Company actuaba sin autorización de nadie. Fué por esta razón que supone-mos que la corte declaró probado que no se había demos-trado perjuicio alguno. Los apelantes sostuvieron que era innecesario demostrar tal perjuicio.

No solamente era la Plazuela Sugar Company en realidad dueña de varias participaciones en la finca de Díaz Lienza sino que la sociedad de Díaz & Balseiro es la arrendataria en la finca Higuerito de todas las participaciones pertene-cientes a los demandantes. La corte inferior declaró pro-bado que las vías férreas habían sido establecidas para bene-ficio de dichos arrendatarios. Insisten los apelantes en que las vías son únicamente para beneficio de la Plazuela Sugar Company y sus colonos y que fueron colocadas en la finca antes de hacerse el arrendamiento a G-iorgetti & Balseiro. Aunque hubo prueba para sostener la conclusión de la corte no nos detendremos para analizar la prueba en este respecto porque estamos enteramente de acuerdo con la corte inferior en que un arrendatario por años puede permitir la colo-cación de vías en una finca, o dejar que continúen allí si fue-ron colocadas en la finca antes del' comienzo del arrenda-miento. Véase el caso de Loíza Sttgar Company v. Calderón et. al., 30 D. P. R. 307. Balseiro y Giorgetti no son partes en el pleito y ■ apareciendo claramente qjie están en posesión de la finca en concepto de arrendatarios, en ausen-cia de una demostración de perjuicio a la comunidad el de-recho de acción para el levantamiento de estas vías perte-necería a los arrendatarios. En manera alguna se ha de-mostrado que la finca se perjudica y es una presunción razo-nable en vista de los antos que Balseiro & Giorgétti no es-tán oponiéndose a que continúen allí dichas vías férreas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Presidente Sr. del Toro firmó: “Conforme con la sentencia. ” ■

OPINIÓN CON CURRENTE DEL

Estoy conforme con la sentencia, en resumen, porque, se-gún declaró probado el juez .sentenciador, aparece de los autos que la vía de que se trata se tendió a requerimiento de los arrendatarios y con el beneplácito de parte de los dueños de la .finca para la conducción de las cañas dulces a cuyo cultivo se destina la finca sin que se haya demostrado perjuicio alguno. Creo innecesario consignar en la opinión sí o no un condueño puede fabricar una casa en una finca sin el consentimiento de los demás y el derecho que los de-más tendrían sobre la casa en cuestión.


author: El Jtjez Asociado Se. Wole,

text:
    Más, Demandante y Apelante, v. Llona, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cumplimiento de resolución arbitral.
    No. 2537.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Arbitraje y Decisión Arbitral — Documento Público- — Informalidades—Re-nuncia — Objeción.—Si ciertos aetos, así como la enajenación o disposición de la propiedad requieren que se cumplan determinadas formalidades en una escritura o testamento y se presentan documentos que no Regan a tener estas formalidades, la persona que admite la existencia y veracidad de dichos do-cumentos informales no renuncia a la objeción sobre la informalidad de los mismos.
    Id. — Id.-—Interpretación de la Let.- — El Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 no comprendió un número de preceptos substantivos contenidos en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, asi como un número de' materias clara-mente de procedimiento por su naturaleza. Dicho Código no contiene nada que sea incompatible con el anterior precepto de que los compromisos arbi-trales deben hacerse por escritura pública.
    Los hechos están expresados en ía opinión. •
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado del apelado: Sr. G. Travecier.

   El Jtjez Asociado Se. Wole,

emitió. la opinión del tribunal.

Aparece suficientemente de la demanda y de la prueba que el demandante y demandado tuvieron una diferencia en relación con ciertas operaciones sobre construcción de un edi-ficio y convinieron en someter sus diferencias a dos personas de San Juan. Estas dos personas se reunieron y llegaron a una resolución arbitral, pero el demandado se negó a cum-plir la resolución arbitral y esta acción fué la consecuencia. La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia a favor del demandado.

El primer fundamento de error trata de una cuestión de alegación. En la demanda se alega el arbitraje y resolución arbitral y el demandado, o admitió el mismo, o no lo negó específicamente y alega el apelante que él tenía derecho a una sentencia sobre las alegaciones. • La teoría de este seña-lamiento de error es aparentemente que el demandado por ello admitió la debida existencia del arbitraje y su propia sumisión, fundándose el apelante en el artículo 119 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. Este artículo, sin embargo, prescribe lo siguiente:

“Artículo 119. — Cuando se entable una acción fundada en un do-cumento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán admitidas, a- menos que se jure la contestación ne-gando dicha autenticidad.”

El demandado admitió la autenticidad y el otorgamiento del documento por los árbitros, pero no admitió que él Ru-biera dado a los árbitros la debida- autorización y más par-ticularmente no-admitió que el documento fuera otorgado en debida forma. Si ciertos actos, así como la enajenación de bienes o disposición de los mismos requieren formalidades que ban de cumplirse en escritura pública, o testamento, y se presentan documentos con algo menos que estas formali-dades, la persona que admite la existencia y veracidad de dichos documentos informales no renuncia el poder hacer objeción a la informalidad de los mismos.

La corte al dictar sentencia a favor del demandado fundó su opinión en el hecho de que el convenio de someter la cues-tión a arbitraje no fué reducido a escritura pública. El ra-zonamiento de la corte era al efecto de que no siendo apli-cable ninguna ótra ley, eran aplicables las disposiciones de los artículos 791 y 792 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Dichos artículos son como sigue:

“Art. 791. — El compromiso habrá de formalizarse necesariamente en escritura pública, y será nulo en cualquiera otra forma en que se contrajere.”
“Art. 792. — La escritura de compromiso habrá de contener pre-cisamente, bajo pena de nulidad:
“1. Los nombres, profesión y domicilio de los que la otorguen.
“2. Los nombres, profesión y domicilio de los árbitros.
“3. El negocio que se someta al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias.
“4. El plazo en que los árbitros hayan de pronunciar la-sentencia.
“5. La estipulación de una multa, que deberá pagar la parte que deje de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.
“6. La estipulación de otra multa, que el que se alzare del fallo' deberá pagar al que se conformare con él para poder ser oído.
“7. La designación del lugar en que habrá de seguirse el juicio.
“8. La lecha en que se otorgare el compromiso.”

El apelante se funda principalmente en el artículo 1245 del Código Civil que pasamos a transcribir:

“Art. 1245. — Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”

Sostiene él que el convenio verbal era un contrato per-fectamente obligatorio para las partes y cita varios artículos de Ruling Case Law para sostenerlo. Creemos que debemos-regirnos por la ley local en esta cuestión.

El artículo 1247 del Código Civil prescribe que ciertos-contratos deberán constar en documento público, pero las cortes tanto de España como de esta Isla generalmente ban. considerado las disposiciones de esa ley como relativas a la determinación de los derechos cuando se trata de terceros y que los contratos enumerados en el artículo 1247 por lo general son eficaces entre las partes cualquiera que sea la forma en. que se hayan celebrado y en todo caso conferirían a las partes el derecho a que se otorgue un documento público.

En el caso de un compromiso arbitral no existe cuestión de terceros. El caso no deja de ofrecer algunas dudas, pero creemos que debe resolverse mediante las siguientes conside-raciones. Con anterioridad al día 1 de julio, 1904, estaba en vigor en está Isla la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y entre sus disposiciones había un número de cosas que eran realmente de derecho substantivo y no de procedimiento. El requisito de que una sumisión arbitral debía constar en es-critura pública es de la naturaleza de ley substantiva y no una ley de procedimiento. No tenemos ninguna duda de que antes de julio 1, 1904, no hubiera habido discusión de que las personas que deseaban someter sus diferencias a arbi-traje hubieran tenido que hacerlo mediante escritura pública. Las palabras son en tono muy imperativo y así fueron gene-ralmente entendidas entonces por las cortes y los abogados. Surgió entonces la cuestión siguiente: ¿Cambió el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 el estado existente de la ley y suprimió el precepto sustantivo contenido en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil? El nuevo Código de Enjuicia-: miento Civil de 1904 también contenía ciertos preceptos sus-tantivos, pero estaba muy lejos de abarcar un número de dis-posiciones sustantivas contenidas en la antigua Ley de En-juiciamiento Civil, así como un número de cosas claramente de procedimiento por su naturaleza. Al considerar algunas de las cuestiones, de procedimiento esta corte directamente' o por analogía ba aplicado la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. La cuestión, sin embargo, como aquí hemos sugerido es una de derecho sustantivo la cual en manera alguna es incompatible con el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. El artículo 361 de ese Código prescribe lo siguiente:

“Art. 361. — Toda ley, reales decretos, órdenes, órdenes militares, disposiciones o parte de ellos incompatibles, o en conflicto con este código quedan por la presente derogados.”

No encontramos nada en el Código de Enjuiciamiento Civil que sea incompatible con el precepto de que los compro-misos arbitrales habrán de formalizarse en escritura pública. El apelante hace referencia a los artículos 204 y 211 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, pero estos artículos aluden a referencias después que un caso está ya ante una córte y no a un convenio particular para someter una cuestión a arbi-traje.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Roig et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Coxrte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 2631.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Autorización para Vender Bienes de Menores — Necesidad y Utilidad — Inter- : vención del Fiscal. — En un expediente de necesidad y utilidad para obtener autorización judicial para la enajenación de bienes de menores, tramitado en febrero de 1911, no es necesaria la intervención del fiscal. Suso et al. v. Suso et al., 19 D. P. R. 9.
    Id. — Affidavits como Prueba — Nulidad.—Las cortes no deben aceptar affidavits como prueba en los expedientes de necesidad y utilidad. Eso no obstante, estudiadas las circunstancias concurrentes en este caso, en ausencia absoluta no ya de fraude, sino de la más leve injusticia, se decidió que no procedía, declarar nulo el expediente por el solo hecho de haberse admitido como prueba declaraciones de testigos en forma de affidavits.

    Id. — Excepción Previa — Juez Sucesor. — El heeho de que un juez haya resuelto una excepción previa, no impide a su sucesor decidirla en sentido contrario si de nuevo debidamente se suscita, o si está obligado a pasar por sus méritos al dictar su sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni.

    •Abogados de los apelados: Sres. F. González y Chas. Hartzell.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antonia González Cádiz demandó a Antonio Roig y a la Juncos Central Company en solicitud de la nulidad de cierta, autorización judicial, la .cancelación de determinadas inscrip-ciones en el registro, la entrega de un terreno y el pago de. una indemnización de diez mil dólares. La demanda fue de-clarada sin lugar y la demandante apeló para ante esta Corte Suprema.

De las alegaciones y de las pruebas resulta que el 18 de febrero de 1911, Josefa González, madre con patria potestad sobre su bija menor no emancipada la actual demandante,' vecina de Humacao, presentó una solicitud- jurada en la Corte de Distrito de Iiumacao alegando que su hija era dueña de una finca de veintiséis cuerdas situada en la jurisdicción municipal de Humacao que le fué adjudicada en la testamen-taría de su padre en la suma de quinientos cincuenta dóla-res; que la finca estaba arrendada por cien dólares al año; que Antonio Eoig le había ofrecido comprar una cuerda de terreno de dicha finca para instalar una vía férrea, pagando por ella quinientos dólares; que el establecimiento de la vía daría más valor a la finca; que en nada se disminuía el pre-cio del arrendamiento por la segregación de la cuerda, y que el producto de la venta se emplearía en una finca urbana que rentaría ocho dólares al mes, por todo lo cual solicitaba la autorización de la corte para segregar y vender la expre-sada porción de terreno por el precio de quinientos dólares.

Se presentaron como prueba tres affidavits que contienen las manifestaciones de Julio Gray, Francisco Porrata y Am-fros García, todos en corroboración de lo consignado en la solicitud jurada y una certificación del Tesorero creditiva de que la finca de veintiséis cuerdas estaba valorada en $1,930 a los efectos contributivos.

La corte finalmente por una resolución fundada, concedió la autorización, y la venta se realizó por escritura pública otorgada el 21 de febrero de 1911. El comprador Eoig ven-dió luego la parcela a la Juncos Central Company que la posee en la actualidad. Ambas adquisiciones se inscribieron sin dificultad en el registro.

Sostiene la parte demandante que la autorización conce-dida es nula porque lo fué sin haberse Oído al fiscal y sin practicarse prueba.

1. La ley vigente sobre la materia en la época de la auto-rización está contenida en el artículo 222 del Código Civil Eevisado y en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley de’Proce-dimientos Legales Especiales de 1905. Y en ninguno de dichos preceptos legales se exige la intervención del fiscal.

Esta misma cuestión fué resuelta por este tribunal en el caso de Busó et al. v. Busó et al., 19 D. P. R. 9, 15. La corte, por medio del Juez Asociado Sr. MacLeary, se expresó así:

“La ley vigente en la fecha en que fué dictada la orden sobre el expediente de utilidad y necesidad en el cual se fundó este pleito es un procedimiento que está contenido en los artículos 80 y 82 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales, aprobada por la Le-gislatura de Puerto Rico en 9 de marzo de 1905, y en las enmiendas que se hicieron a dicha ley en el año 1907, y no en las disposiciones citadas en el Código de Enjuiciamiento Civil de España y de la Ley Hipotecaria. (Véase el artículo 85 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales que deroga todas las leyes anteriores que estén en conflicto con la misma.) La ley vigente en la fecha en que se dictó la resolución apelada no exige los requisitos en cuyo incumplimiento se fundó la acción establecida por el demandante, o sea, la citación al fiscal y a los menores apelantes, citación al menor emancipado, falta de su consentimiento, etc. Esto resulta claramente de una lec-tura que se haga de los estatutos y de un estudio del curso de la legislación aprobada en esta isla con referencia a las cuestiones que están comprendidas en esta transacción.”

La apelante insiste en que el artículo 205 de la Ley Hipo-tecaria que fijaba la intervención del fiscal, estaba vigente; pero sus razonamientos no ban convencido a esta corte. En tal. virtud se aplica y afirma la doctrina del caso de Busó, supra.

2. El otro motivo de nulidad alegado es el de la falta de prueba. El artículo 82 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales prescribe que cuando se trate de la enajenación de bienes inmuebles, como en este caso, se acompañará la certificación del precio con que figuran los bienes en el ca-tastro de contribuciones y se hará constar el precio mínimo que se piensa obtener. Estos requisitos se cumplieron debi-damente. Y prescribe además dicho artículo, lo que sigue:

“La corte admitirá y practicará las pruebas que se le ofrezcan sobre la utilidad o necesidad de la enajenación o gravamen y resol-verá en definitiva lo que procediere siendo apelable la resolución que se dicte.”

. Este último extremo es el único dudoso en este caso. A nuestro juicio ni antes ni abora podía ni puede concederse' por una corte autorización para vender o- gravar bienes de menores sin prueba de la necesidad o utilidad, de la transac-ción. La sola solicitud, no obstante estar jurada, no es sufi-ciente. Se necesita algo más. ¿Existió ese algo más en este caso? A nuestro juicio existió, aunque en una forma poco recomendable. Las cortes no deben aceptar meros affidavits en casos de esta naturaleza. Los testigos deben comparecer .personalmente y ser interrogados ante la corte y por la corte si ésta lo estimare necesario.-

Se ban citado los casos de Meléndez v. El Registrador, 17 D. P. R. 605, y Hermida v. Gestera, 23 D. P. R. 100.- En el primero se resolvió que “Le acuerdo con los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria, no derogados por ninguna ley posterior, la manera de presentar la prueba en los expedien-tes posesorios es compareciendo personalmente los testigos ante la corte que ba de dictar resolución en el expediente, única que tiene jurisdicción para recibir las declaraciones de los testigos, siendo ineficaces como medio de prueba las declaraciones juradas o affidavitsY en el segundo se de-cidió, copiando también del resumen, que “El objetó de los affidavits no es el de contener declaraciones para surtir efecto en los juicios. Los testigos ban de declarar oralmente o por medio de deposiciones-a fin de que la parte contraria como el juez, tengan oportunidad de aquilatar sus manifestar ciones.

La verdadera doctrina está contenida en los dos resúme-nes que anteceden. Los affidavits tienen el uso que la misma ley señala y que se indica en el curso de la opinión en el caso de Meléndez, supra, pero debe tenerse en cuenta que en el dicbo caso de Meléndez se interpretaba además de la Ley de Evidencia un precepto de la Ley Hipotecaria que expresa-mente exigía lo que sigue: “La información se verificará con dos o más testigos, vecinos propietarios * * * ” y en este caso la ley habla en general de pruebas y no puede negarse qne un affidavit puede utilizarse como prueba en ciertos casos.' El caso de Hermida, supra, era un pleito controvertido y aquí se trata de un procedimiento especial ex parte. De abí que aunque hayamos consignado nuestra opinión en el sen-tido de que es una práctica que no debe seguirse, no deba-mos concluir que por el solo hecho de haberse la corte ba-sado en la solicitud jurada, en la certificación del Tesorero y.-en las declaraciones juradas de tres personas presentadas en forma de affidavits, para conceder la autorización, sea ésta completamente nula, sobre todo, en ausencia absoluta no ya de fraude, sino de la más leve injusticia. Al contrario, ana-lizando los hechos, de ellos claramente surge la utilidad de la transacción autorizada.

Es un hecho que en Puerto Rico se ha venido dando a los affidavits un alcance que en realidad de verdad no tienen según la ley y los precedentes americanos. En bien de los intereses de sus clientes y de la buena práctica, los ahogados y notarios y los jueces deben considerar. esta cuestión cui-dadosamente. Recomendamos el estudio del trabajo del pro-fesor Throckmorton que ocupa las páginas 314 a 377 del volumen 2 de Corpus Juris. En este caso concreto que re-solvemos, repetimos, son las circunstancias concurrentes las que nos han llevado a la confirmación de la sentencia. De otro modo, técnicamente, nos hubiéramos visto obligados a revocarla.

3. En su alegato la parte apelante sostiene que habiendo el juez Cuevas Zequeira desestimado la excepción previa in-terpuesta a la demanda, su sucesor el juez Berga no tenía autoridad para fallar el pleito en la forma en que lo hizo, esto es, prácticamente revocando la decisión de su antecesor en la cuestión fundamental de derecho envuelta en el litigio.

La decisión de una excepción previa no es la determina-ción final del pleito a menos que se registre como sentencia. El pleito continúa su curso y la misma cuestión puede ser ■ de nuevo levantada y resuelta en sentido contrario. Véase 31 Cyc. 350. Y el lieclio de que un juez debidamente nom-brado intervenga en un pleito después de decidida por su antecesor una excepción previa, no le priva de facultad para resolver la misma cuestión en sentido contrario, si de nuevo se suscita, o debe necesariamente resolverla al pronunciar su sentencia. Dicho juez tiene en tal caso las mismas facultades y deberes que su antecesor.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

'OPINIÓN' DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

La Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905 íué tomada de fuentes españolas y el artículo 82 de la misma en inglés debe leer (como aparece en castellano en la opinión de la corte) como sigue:

“La corte admitirá y practicará las pruebas que se le ofrez-can” etc.

En realidad de verdad las palabras ‘ ‘ admitirá ” y “ prac-licará,” como se emplean en el texto español deben ser tra-ducidas por la palabra “admitirá.” Hago esta aclaración porque el texto inglés es trunco.

Si es meramente una mala práctica, como se consigna en la opinión de la mayoría, presentar affidavits en la venta de propiedad de menores y no es contraria a la ley, enton-ces las partes y los abogados tienen derecho en proceder a presentar affidavits no obstante la advertencia de esta corte. La idea que tengo es que la letra y espíritu de la ley es de otro modo. “Admitirá y practicará pruebas” quiere decir que la corte considerará pruebas. “Pruebas,” sostengo que debe ser traducida por “evidencia” (evidence). Pero aun cuando la palabra “pruebas” (proofs) se emplee como en el texto inglés, un affidavit no es prueba excepto en los ca-sos especialmente reconocidos en el artículo 128 de la Ley de Evidencia, como ha indicado esta corte en el caso de Meléndez v. Registrador, 17 D. P. R. 605, y Hermida & Palos v. Gestera, 23 D. P. R. 100. Estos casos aunque ligera-mente diferenciados fueron citados y me parece que apro-bados en la opinión de la mayoría.

En cuanto al espíritu de la ley o su verdadera intención éste fue un procedimiento para disponer de la propiedad de un menor. No se asemeja a un injunction preliminar donde las partes tienen otra vista. Es una disposición de-finitiva de la propiedad y la corte debe tener la oportuni-dad de oir prueba y examinar testigos en interés de las per-sonas non sui juris. La corte es una protectora.

La opinión de la mayoría al sugerir que no hubo ningún fraude en este caso evidentemente suponía que los meros affidavits podrían abrir el camino al fraude. No es tanto lo que efectivamente se ha hecho bajo una supuesta auto-ridad como lo que puede hacerse, lo que debe constituir la prueba. Véanse entre otros el caso de City of Rochester v. West, 164 N. Y. 510-14, y el de Matter of Jones v. People, 10 App. Div. (N. Y.) 59.

Cuando un menor llega a su mayoridad si su propiedad ha sido vendida, que han transcurrido años sería la regla máls bien que la excepción. Por tanto con frecuencia surge una dificultad cuando se trata de dejar sin efecto la venta de tal propiedad. Una cuestión de derecho en tal caso no debe quedar afectada por el transcurso del tiempo u otra consideración semejante.

A mi juicio el caso no se defiende con sugerir que la venta es beneficiosa para los menores. El principio de stare de-cisis es menos aplicable en este caso que en el de Martorell v. Ochoa, 276 Fed. 99 .

La opinión de la mayoría dice ciertamente que se ha desarrollado en Puerto Rico una práctica que no existe en el continente pero en el año 1911, cuando fué autorizada esta venta, la ley de 1905 había estado en vigor por más de unos cinco años y no tenemos constancia de cuando fué comenzada la práctica.

A medida que se nos han presentado los casos hemos tratado de indicar el verdadero uso de los affidavits. Meléndez v. El Registrador; Hermida & Palos v. Gestera, su pra, y el presente caso. En mi opinión las premisas acep-tadas debieron haber inducido a una revocación.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Machado, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por homicidio voluntario.
    No. 1797.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Credibilidad de los Testigos — Instrucción Necesaria. — Antes de que empezara a deelarar un testigo del acusado el abogado de éste pidió al jurado que prestara atención a la declaración del testigo porque éste se encontraba junto al acusado antes de ocurrir el homicidio. El fiscal replicó así: “Y yo anuncio que este testigo es un perjuro y que he mandado buscar al presidente del Gran Jurado para que veáis lo que él declaró ante ellos.” Se resolvió: que constituyó error perjudicial el no impedir las manifestaciones del fiscal o por lo menos el no llamar fuertemente la atención del jurado para que no las tuviera en cuenta al apreciar la credibilidad de dicho testigo, con mayor razón cuanto que no se presentó evidencia alguna para atacar su cre-dibilidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. A. García Méndez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Cleofe Machado fué acusado por un delito de. homicidio voluntario en la persona de Juan Barreto y condenado a sufrir prisión por año y medio contra cuyo fallo apeló.

Cleofe Machado era cuñado de Juan Barreto y pocos días antes de la muerte hubo un disgusto grave entre Machado y su suegra, a quien pegó según algún testigo. Aparece- que ese disgusto creó una situación crítica entre Machado y los familiares de su suegra.

De la prueba del fiscal aparece que Cleofe Machado es-taba hablando con Emilio de la Rosa en la calle cerca de un cafetín en el momento en que llegó Juan Barreto al sitio y resultó su muerte por tres disparos de revólver hechos por Machado. La teoría de la defensa de Machado es que mató en legítima defensa, y cuando presentó como testigo-a Emilio de la Rosa surgió el incidente que copiamos de la trans-cripción :

“Antes de empezar el examen de este testigo, el abogado defensor expone que desea llamar la atención de la corte y de los señores del jurado hacia la importancia del testigo Emilio de la Rosa, quien, según manifestaciones de los testigos que han desfilado por la sala, era el que se encontraba con Cleofe Machado momentos antes del suceso; por lo cual solicitaba del jurado la más cuidadosa atención a las más mínimas palabras del testigo, a fin de que se pueda llegar a esclarecer la verdad de los hechos objeto del litigio.
“A tales manifestaciones el fiscal manifestó: ‘Y yo anuncio que este testigo es un perjuro y que he mandado a buscar al presidente del Gran Jurado pai’a que veáis lo que él declaró ante ellos.’ — En-tonces el abogado de la defensa, manifiesta: que al ocupar la silla de los testigos el Sr. Emilio de la Rosa, presentado por el fiscal al Gran Jurado en la investigación de este asunto, y que consta en la nota de los testigos examinados que tiene el fiscal para probar el caso; y como la defensa dijera que el Sr. de la Rosa es el testigo principal en este asunto por cuanto era él el único testigo que se encontraba presente cuando y antes del suceso, ya que todos los testigos admiten haber visto a Emilio de la Rosa con Cleofe Ma-chado, en y antes del suceso; el fiscal lanza la frase de que el tes-tigo es un 'perjuro y que ha ordenado viniese el presidente del Gran Jurado para impugnar la veracidad de dicho testigo y para 'proce-sarle por perjuro.”

Después el testigo declaró y cuando terminó, siendo el último de toda la prueba, el fiscal dijo: “que el marshal in-formaba que el Sr. Font, Presidente del Gran Jurado está en Mayagüez, y no se ha podido encontrar; que era un tes-tigo importante para él, pero en vista de no haber podido-’ hallarse, renunciaba a dicho testigo.”

Nada dijo la corte al jurado en sus instrucciones res-pecto al incidente ocurrido al presentarse a declarar el tes-tigo Emilio de la Eosa aunque en términos generales expresó que “las afirmaciones de los abogados o del fiscal en sus discursos, no constituyen evidencia en el caso y el jurado no puede nunca fundar un veredicto en esas afirmaciones.”

Uno de los motivos alegados por el apelante para soste-ner su recurso es, que la corte inferior cometió error al per-mitir que el fiscal hiciera las manifestaciones antes trans-critas con respecto al testigo Emilio de la Eosa. Creemos que se cometió el error alegado y que era perjudicial para el acusado.

Emilio de la Eosa era un testigo de importancia para el acusado en cuanto a si había matado en legítima defensa porque estaba conversando con Cleofe Machado cuando llegó al sitio Juan Barreto, quien según el testigo sacó un revól-ver y se dirigió sobre Machado en cuyo momento éste sacó su revólver, le disparó el primer tiro y se agarraron dispa-rando entonces Machado los otros dos tiros; y las mani-festaciones del fiscal tendían fuertemente a atacar su credi-bilidad ante el jurado, sin que puedan servirle de disculpa las palabras del defensor quien se limitó a pedir al jurado que prestara atención a lo que el testigo declarase porque era el que se encontraba con Machado momentos antes del suceso. Las palabras del fiscal trataron de sembrar la des-confianza en el jurado en cuanto al testigo y de coartar su libertad al declarar amenazándolo con procesarle, por per-jurio, y todo esto sin que el testigo hubiese hecho declara-ción alguna ante el jurado. La corte debió impedir las ma-nifestaciones dél fiscal y si no le fué posible debió llamar fuertemente la atención del jurado para que no las tuviera en cuenta al apreciar la credibilidad de dicbo testigo, con mayor razón cuanto que no se presentó evidencia alguna para atacar su credibilidad. De' Underhill Criminal Evidence, párrafo 215, copiamos lo siguiente:

“La credibilidad y peso de la evidencia compete al jurado ex-clusivamente. Toda observación judicial sobre el carácter personal de un testigo o la naturaleza, credibilidad o peso de su evidencia hedía durante el examen es impropia y motivo para una objeción. Es inmaterial el que la observación haya sido hecha inadvertidamente si el acusado ha sido perjudicado, aunque parece que el error puede ser subsanado mediante el pronto retiro y retractación de las pala-bras objetadas, o por una instrucción al jurado para desestimarlas.”

En vista ele la conclusión a que bemos llegado no consi-deraremos los otros motivos del recurso ya que se bace nece-saria la revocación de la sentencia apelada a fin de que se celebre un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutcbison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Vega et al., Demandantes y Apelantes, v. Agosto et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 2506.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Reivindicación — Descripción de las Fincas Objeto de Reivindicación — Prueba Contradictoria. — En el presente oaso en que se trata de reivindicar de va-rios demandados las diferentes parcelas que se alega integran la finca objeto del pleito, se resolvió: que procede confirmar la sentencia que desestimó la demanda:
    1ro. Porque ésta no describe la porción de terreno que se alega posee cada demandado, ni tal descripción aparece de la pmeba;
    2do. Porque la prueba es insuficiente; y
    3ro. Porque es contradictoria y no se ba demostrado que la corte come-tiera error al apreciarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    ' Abogado de los apelantes: Sr. M. Acosta Velarde.

    Abogado de los apelados: Sr. F. Pinero.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido establecida por los demandantes contra la sentencia qué declara sin lugar sn demanda.

Fundaron sn acción en que han sido declarados únicos herederos de Víctor Vega quien era dueño de una finca de 78 cnerdas de terreno radicada en el barrio de Cubuy .de' Loíza cuya posesión fué inscrita en el registro de la propie-dad en 1894; que sn padre vendió 34 cnerdas de terreno de esa finca a Felipe Ortiz, restándole 44 cnerdas cuya descrip-ción hicieron; que muerto sn padre en 1902 al año siguiente los- cinco demandados se introdujeron en la finca y contra la voluntad de los demandantes ocuparon las siguientes por-ciones; que Rosario Agosto, 32 cuerdas; Aquilino Vega, 2 cnerdas; Ramón Calderón, 2 cuerdas; Joaquín Mosa, 5 cuer-das, y Portalatino de la Cruz, 3 cuerdas; que los demanda-dos dichos se han aprovechado de los productos de las por-ciones expresadas y señalan la cantidad por la que por ese concepto' debe responder cada uno.

Los demandados comparecieron conjuntamente y formu-laron excepción previa contra la demanda, pero habiendo sido desestimada contestaron negando de una manera general todos y cada uno de los hechos contenidos en la demanda y especialmente alegaron como defensa que Rosario Agosto, Aquilino Vega, Joaquín Mosa y Portalatino de la Cruz no poseen ni han poseído ninguno de los terrenos que forman la finca objeto de la reivindicación; que las dos cuerdas- de terreno que dicen los demandantes que están poseídas por Ramón Calderón fueron por éste compradas a Felipe Ortiz según escritura pública de 1906 quien compró a Víctor Vega, padre de los demandantes, y que los terrenos que se reivin-dican no ban podido producir las cantidades alegadas en la demanda, por todo lo que pidieron que fuera declarada sin lugar.

Ni la demanda describió la porción de terreno que cada demandado tiene á fin de que pudiera declararse0 en senten-cia condenatoria lo que cada uno tenía que entregar y pu-diera ser cumplida por el marshal, ni tales descripciones aparecen de la prueba. La de los demandantes consistió en las declaraciones de dos de ellos, habiendo declarado Eduardo Vega que no sabe si ahora tiene Rosario Agosto las 32 cuer-das; y Secundino Vega que Rosario Agostq las ha pasado en venta a Rexach; otros dos testigos hablan en general de la finca de 44 cuerdas y, como los anteriores, se refieren principalmente a Rosario Agosto; el testigo Ruperto Miller aunque declaró sobre la finca de 44 cuerdas, sobre sus eon-lindancias y dijo que los demandados le habían manifestado que tenían esas porciones de terreno, resultó ser un testigo que no conocía a Víctor Vega ni la finca, ni a los deman-dantes hasta que tuvo con éstos una entrevista en la que le mostraron la finca, lo encargaron de buscar abogado y de ir al registro de la propiedad y concluyó por manifestar que lo que declaraba lo sabía por referencia. En cuanto a Ra-món Calderón no se demostró que las dos cuerdas qn.e tiene sean parte de la finca de 44 cuerdas.

Esa prueba es insuficiente de por si para poder decretar la reivindicación y fué contradicha totalmente en cuanto a que los demandados estén poseyendo la finca de 44 cuerdas pues no solamente Rosario Agosto negó que jamás haya te-nido finca alguna en Cubuy sino que declaró que quien tiene la finca es su hermano Julio Agosto, extremo confirmado por el colindante Hilario Rodríguez y por el propio Julio Agosto quien declaró que es él quien tiene la finca. Por su parte Ramón Calderón probó con su escritura que compró las dos cuerdas que tiene a Felipe Ortiz de las 34 que este había comprado a Víctor Vega, que es el padre de los de-mandantes.

El juez sentenciador dió crédito a estos testigos y por tanto no habiendo probado los demandantes que sean los demandados quienes tienen las fincas que le reclaman np po-día dictarse sentencia ordenándoles que las entregaran.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociad© Se. Aldbey,

text:
    Ruiz et al., Demandantes y Apelantes, v. G. Llinás & Cía., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación.
    No. 2471.
    Resuelto en julio 18, 1922.
    Reivindicación — Alegación Necesaria — Demanda Insuficiente. — Es insuficiente una demanda en la que alegándose la nulidad de una venta judicial como -fundamento de reivindicación, y apareciendo de la misma que la venta sólo era nula en cuanto a algunos de los copartícipes demandantes, no se expre-san las distintas participaciones de cada uno de ellos para poder decretar la devolución de sus participaciones o la restitución de su valor a los condueños-con dereeho a ello.
    Id. — Tercero—Parte Necesaria. — Cuando la propiedad que se trata de reivindi-car ha pasado a poder de tercera persona, ésta debe ser hecha parte en el pleito, y debe alegar la demanda si puede o no recobrarse la finca de dicho-tercero para que en caso negativo surja la obligación subsidiaria de resti-tuir su valor en la persona obligada a la devolución. ■
    Los hechos están expresados en' la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. Tons Soto.

      Abogados de la apelada: Sres. López de Tord, Zayas y Pizarro.

   El Juez Asociad© Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Ruíz, por sí y en nombre de sus hijos todos me-nores de edad, demandó a la sociedad Gr, Llinás & Cía. la que opuso la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes determinantes de causa de acción y sos-tenida por la corte, con permiso para enmendar la demanda, los demandantes renunciaron ese permiso y pidieron que fuera dictada sentencia, lo que hizo la corte declarando sin lugar la demanda por falta de causa de acción y contra ella interpusieron los demandantes este recurso de apelación.

La demanda, cuyo título dice ser reivindicación, contiene las siguientes alegaciones:

“Como mía primera causa de acción: — 1. Que los demandan‘i es arriba designados Agostini y Ruíz son menores de edad, no eman-cipados, excepto María Trinidad, que es menor de edad emancipado por el matrimonio y comparece asistido de su referida madre Juana Ruíz, quien tiene la patria potestad sobre los demás demandantes de apellido Agostini, que son hijos legítimos de dicha Juana Ruíz y de 'su consorte fallecido, Gerónimo Agostini. — La demandante Juana Ruíz viuda de Agostini es mayor de edad. — 2i. Que la demandada es una sociedad mercantil con domicilio en Yauco, P. R., constituida bajo el Código de Comercio de Puerto Rico. — 3. Que G. Llinás y Compañía interpuso demanda en 12 de julio contra los demandantes en esta acción en cobro de la suma de $1,229.94 de capital, intereses legales, costas, desembolsos y honorarios. — 4. Que Jacinto Román en-tregó a Juana Ruíz, viuda de Agostini en Yauco en 23 de julio de 1917 copia de la demanda y del emplazamiento, pero ni él ni nin-guna otra persona, emplazaron en persona ni de modo alguno a los otros demandados en dicha acción, menores de edad, nombrados Pedro, Aquilino, María Trinidad, Ramona, Gerónimo, Angela, María Magdalena, María Elena y Juana Josefa Agostini. — 5. Que a instan-cia de la sociedad demandante se anotó la rebeldía de Juana Ruíz, viuda de Agostini, Pedro Aquiles, María Trinidad, Ramona, Geró-nimo, Angel, María Magdalena, María Elena y Juana Josefa Agos-tini y Ruíz en 30 de agosto de 1917 y en 6 de septiembre se registró por el secretario sentencia contra Juana Ruíz viuda Agostini, Pedro, Aquilino, conocido por Aquiles, María Trinidad, Ramona, Gerónimo, Angela, María Magdalena, María Elena y Juana Josefa Agostini y Ruíz, y en 29 de octubre de 1917, se expidió orden de ejecución contra Juana Ruíz viuda de Agostini por sí y como madre con patria potestad sobre sus hijos menores Pedro Agostini y Ruíz y otros, por $1,224.94 y sin previo embargo, en cumplimiento de dicha orden de ejecución, en 23 de .noviembre el marshal de esta corte vendió a G. Llinás y Compañía por la suma de $600 no pagados en efectivo, sino con abono al crédito reclamado, el inmueble que se pasa a describir, propiedad de los demandantes en esta acción, que tienen un valor de $10,000. — Rústica: Compuesta de 170 cuerdas, equivalentes a 66 íhectáreas, 81 áreas y 66 eentiáreas, dedicadas a café y malezas, sita ■en el barrio de Rubias, término municipal de Yauco, en lindes por tel norte, con terrenos de don Tomás Garrosi y don José Agostini López; al este, con otros de la sucesión de don Antonio Giovanetti y de Natalio Pietri & Co.; al sur con los de Natalio Pietri & Co., y la Sucesión de Castañer; y al poniente, con los de Sucesión de Castañer y de Tomás Garrosi. — Contiene esta finca una casa de ma-dera y zinc destinada a vivienda, otra destinada a máquina de des-cascarar café y cinco casillas para peones.
iCGomo una segunda causa de acción. — 6. Que al ser emplazada la 'viuda de Agostini, Juana Ruíz de la demanda referida en la pri-mera causa de acción, se personó en la mercantil G. Llinás & Co., de Yauco, y allí le manifestó el socio don Antonio Oliver, que la demanda era una fórmula para asegurar la demandante su cuenta, que no tenía necesidad de defenderse en el litigio, que el propósito de la demandante era subastar la finca, usufructuarla durante cuatro años para cobrar su crédito con el producto de las cosechas y devol-verla después a los demandados, viuda y herederos de Gerónimo Agos-tini, demandantes en esta acción. — 7. Que la viuda de Agostini, Juana Ruíz, aceptó este arreglo y confiada en él no compareció en el pleito en cobro de dinero referido en la primera causa de acción y con-sintió en que se dictara sentencia en rebeldía en dicho pleito y se subastara la finca. — 8. Que en prosecución del referido arreglo y por orden escrita de la demandada G. Llinás y Compañía, la viuda de Agostini hizo entrega a Francisco Román, en 18 de septiembre de 1917 de la finca descrita en la primera causa de acción, cuando aún no se había subastado y desde entonces está en posesión de la misma, la mercantil G. Llinás y Compañía y percibiendo los frutos y rentas de la misma. — 9. Que posteriormente, y cuando ya hacía dos años más o menos, que dieba mercantil se bailaba usufructuando 1a. referida finca, don Jaime Castañer, socio de la mercantil G. Llinás y Compañía se personó en la casa de la -viuda de Agostini, Juana Ruíz, manifestándole que los productos de la finca no habían dado para cubrir el crédito de dieba mercantil, proponiéndole vender la finca, abonar del precio, la suma necesaria para el saldo de dicbo crédito y con el remanente comprar una finca para la sucesión de Gerónimo Agostini de la cual se le otorgaría escritura y daría po-sesión. — 10. Que la viuda de Agostini, Juana Ruíz aceptó esta nueva proposición, en la inteligencia que la finca se vendería por $10,000 por lo menos, que era y es el justo y verdadero precio de la misma.— 11. Que la mercantil G. Llinás & Co. vendió la referida finca a An-tón Julio Mattei, sin conocimiento ni consentimiento de los deman-dantes, por precio de $6,500, según nuestra mejor información y creencia, y dió posesión de la misma al comprador, entregando a Juana Ruíz otra finca de la cual no se le ba otorgado escritura, que G. Llinás y Compañía valoran en $4,000, pero que solamente vale. dos mil dollars. — 12. Que G. Llinás y Compañía no ba rendido a Juana Ruíz viuda de Agostini ni a ninguno de los herederos de ésta, cuenta de los productos y rentas .de la finca propiedad de la sucesión de Gerónimo Agostini de que tomaron posesión para aplicar sus pro-ductos al pago del crédito de $1,200, ni tampoco del precio de venta de dicha finca. — En mérito de lo expuesto suplicamos a la Honorable Corte: 1. Que declare nula la sentencia en rebeldía dictada en este caso y la subasta de la finca descrita en esta demanda, como conse-cuencia de dicha sentencia. — 2. Que condene a los demandados a re-integrar a los demandantes dicha finca, o en su defecto su valor de $10,000. — 3. Que condene a dichos demandados a reintegrar a los demandantes los frutos y productos de dicha finca desde 18 de sep-tiembre de 1917, producidos y podidos producir, rindiendo cuenta exacta, detallada y justificada de la misma. — 4. Que condene a la demandada en costas, desembolsos y honorarios.”

El único error alegado por los apelantes es el de haber sido declarada con lugar la excepción previa de que la de-manda no aduce hechos determinantes de causa de acción y haber dictado sentencia contra los demandantes.

La demanda por su título, por sus alegaciones y por sus peticiones es claramente una acción reivindicatoría porque fundados los demandantes en que en el pleito de GR Llinás & Cía. que originó la venta judicial de la finca no fueron ci-tados los Rijos menores de edad de Juana Ruíz, se solicita que la finca sea devuelta o que se indemnice su valor.

Según el artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil los demandados deberán ser citados personalmente y cuando fueren menores de catorce años y residieren en la Isla de-berán ser citados además su padre, madre o tutor, y según 'el artículo 94 los demandados serán citados por edictos cuando residieren fuera de la isla o se ocultaren; y como en la demanda se alega que dichos menores no fueron cita-dos de modo alguno, lo que quiere decir que no se les citó personalmente ni por publicación de edictos, aparece de ella que la corte que conoció del pleito de G. Llinás & Cía no ad-quirió jurisdicción sobre dichos menores, pero sí la adquirió sobre la persona de la madre, Juana Ruíz, por haber sido citada personalmente; y por tanto que aquel pleito es nulo y también la venta de la finca en cuanto a dichos menores solamente.

Pero en la demanda no se alegan todos los hechos nece-sarios para que pueda hacerse efectivo el derecho de los de-mandantes menores de edad, pues como se alega solamente que la finca es propiedad de los demandantes, o sea de la madre y de los hijos menores de edad, y como no se alega vicio alguno de nulidad en cuanto a la madre Juana Ruíz, aunque es nulo en cuanto a sus hijos, y como éstos no son los únicos dueños de la finca, por lo que no puede serles de-vuelta totalmente, debieron ser alegadas las participaciones que a los menores corresponden en la finca para que pueda dictarse sentencia declarando la devolución y entrega a los menores de las participaciones que tengan en ella. En este extremo es insuficiente la demanda.

También es insuficiente porque apareciendo de ella que la finca ha sido- vendida por G. Llinás & Cía. a Antón Julio Matter, este no ha sido hecho parte en el pleito para que de-vuelva las participaciones de los menores, ni se hacen ale-gaciones que demuestren que es un tercero de quien no puede recobrarse la finca a fin de que surja en los demandados la obligación subsidiaria que impone el artículo 1274 del Código Civil al obligado por la declaración de nulidad a la devolu-ción de una cosa cuando no pueda devolverla por haberse perdido, de restituir el valor que tenía la cosa con los frutos percibidos y los intereses.

En cuanto a la segunda causa de acción se alega en ella que Juana Ruíz no se personó en el pleito por la promesa que le hizo uno de los socios de G-. Llinás & Cía. de que no se quedarían 'con la finca sino que la administrarían para cobrarse su crédito y la devolverían después a los deman-dantes, y que algunos años después por manifestaciones de otro Je los socios de que la finca no producía aceptó que fuera por ellos vendida para cobrarse su crédito y devolver el resto, y que en efecto le entregaron una finca con un valor de $4,000 cuando sólo vale $2,000 y que la finca de los de-mandantes la vendieron en $6,500 cuando ella estaba en inte-ligencia de que se vendería por $10,000 que era su justo valor, pero de tales alegaciones no surje para Juana Ruíz una causa de acción reivindicatoría.

La sentencia apelada debe ser confirmada en cuanto a la demandante Juana Ruíz y revocada en cuanto a los otros demandantes menores de edad a quienes debe concederse tér-mino para que enmienden la demanda.

Confirmada en parte y revocada la sentencia apelada, en cuanto se refiere a los menores demandantes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.-


author: El Juez Peesidente Sr. del Tobo,

text:
    Berríos, Demandante y Apelante, v. El Municipio de Juncos, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2544.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Abogacía- — Fiscales—Ejercicio de la Abogacía. — No es contrario al espíritu de la Ley de marzo 9, 1905, que un municipio sea representado en un pleito civil, en bien de los intereses públicos y sin que medien honorarios, por el fiscal del distrito.
    Edieioio Ruinoso — Demolición—Municipio.—Si una casa amenaza ruina, el pro-pietario está obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída; y si así no lo hiciere, la autoridad municipal podrá demo-lerla a costa del propietario.
    Id. — Acuerdo Fundado — Notificación al DueSo. — El municipio demandado en este caso acordó, dado el estado ruinoso de cierta casa, conceder a su dueño dos meses para repararla o demolerla, con la prevención de que si así no lo hacía, procedería a verificar la reparación o demolición por cuenta y riesgo del dueño. El propietario fué notificado y nada hizo. Transcurrió el plazo con exceso y el municipio demolió la casa. Se resolvió: que el municipio constituyendo la casa como se demostró que constituía un estorbo público, procedió dentro de sus facultades, no obstante haber cambiado en el momento de la demolición de dueño la casa, a virtud de un contrato privado de venca del cual no tuvo conocimiento el municipio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogados del apelado: Sres. José E. Figueras, Fiscal y F. Pinero.

   El Juez Peesidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José A. Berrios demandó al Municipio de Juncos en recla-mación de daños y perjuicios. Alegó en su demanda que en y antes de enero 8 de 1919 era dueño de una casa de made-ras, radicada en Juncos, calle de “Muñoz Rivera,” marcada con el número 10, y que en dicbo día solicitó del municipio permiso para reparar dicba casa y le fué concedido, habiendo obtenido además el 4 de febrero de 1919 el consentimiento del Departamento Insular de Sanidad para verificar la repa-ración; que eso no obstante y sin que fuera notificado, su casa fué vendida en pública subasta en cumplimiento de un acuerdo de 13 de febrero de 1919 del Concejo Municipal de Juncos; que ningún tribunal dictó sentencia decretando dicha venta y que por razón de ella sufrió perjuicios que fija en seiscientos dólares.

El municipio demandado compareció por medio del fiscal del distrito y contestó la demanda negando los hechos que le perjudicaban y alegando como materia de defensa que el de-mandante no era dueño de la casa en cuestión y sí Juana Ortiz de Renta. El demandante se opuso a que el deman-dado compareciera representado por el fiscal y la corte de-claró sin lugar la oposición. Se celebró la vista y el pleito-se falló finalmente en contra del demandante. En su opinión la corte sentenciadora se expresó así:

“De la prueba aparece que el inmueble objeto de la demanda amenazaba ruina y constituía un pvibMc mvismoe. Se ha probado también que dicho inmueble fué propiedad de Juana Ortiz de la Renta y que de su adquisición por el demandante nunca tuvo cono-cimiento el municipio; y apareciendo asimismo de la prueba que dicho municipio notificó a Juana Ortiz de la Renta que iba a pro-ceder a la demolición del expresado inmueble, y siendo ello así que no se ha demostrado que el municipio actuara de mala fe, resuelve la corte que debe desestimar la demanda presentada.”

No conforme el demandante con la sentencia dictada, apeló y señaló en su alegato cuatro errores, cometidos así: 1. Al permitir la intervención del fiscal; 2, al aplicar el artículo 396 del Código Civil; 3, al declarar que la casa constituía un public nuisance, y 4, al fallar en contra de la ley.

1. Examinemos el primer error. Sostiene el apelante que el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil determina que la comparecencia ante las cortes de distrito, deberá ha-cerse por medio de abogado debidamente autorizado para ejercer su profesión, y que como por la Ley de 9 de marzo de 1905, titulada “Ley prohibiendo al Fiscal de la Corte Suprema, fiscales de las cortes de distrito y jueces muni-cipales el ejercicio de la abogacía,” dichos funcionarios sólo pueden postular como defensores de “El Pueblo de Puerto Eico o de cualquier funcionario público,” es claro que el fiscal no pudo intervenir en el litigio.

La idea de la Ley de 1905 citada, fue impedir que los fis-cales, que deben ser abogados debidamente autorizados para ejercer, se dedicaran a asuntos particulares. Es cierto que el municipio no es El Pueblo de Puerto Rico, ni un funcio-nario público y que por tanto dentro de los términos de la ley no está obligado el fiscal a representarlo, pero un muni-cipio es una corporación pública creada por el gobierno para fines políticos, o como también se lia definido, una incorpo-ración de personas, residentes en un lugar particular, o co-nectadas con un particular distrito, autorizada, para dirigir su gobierno civil local, (véase 2 Bouvier’s Lato Dictionary, 2269), y no es contrario al espíritu de la ley que sea repre-sentado, en bien de los intereses públicos, sin que medien honorarios, por el fiscal del distrito, si éste pudiere hacerlo sin detrimento de sus deberes primordiales.

2. Los otros errores señalados pueden estudiarse conjun-tamente. Para ello creemos conveniente comenzar por hacer un resumen de la prueba practicada.

Consistió la del demandante en tres documentos y en su propia declaración y la del demandado en una certificación y dos declaraciones de testigos.

El primer documento del demandante fué una certifica-ción que contiene copia del escrito presentado al Concejo Municipal de Juncos pidiendo permiso para reparar la casa No. 12 de la calle “Muñoz Rivera”; el segundo, otra certi-ficación que transcribe el acuerdo del concejo concediendo el permiso para reparar la dicha casa número doce, y el ter-cero, una autorización del Departamento de Sanidad para reparar la casa número diez de la calle “Muñoz Rivera,” de Juncos.

Declaró el demandante, en resumen, que era dueño de la casa No. 10 por haberla comprado a Juana Ortiz en cien dólares, míos meses antes del 8 de enero de 1919, sin que me-diara documento escrito; que la casa fué rematada por el municipio sin su intervención y sin que nada se le notificara, y que lia perdido los cien dólares que pagó, tres o cuatro-cientos dólares en que calcula los beneficios que dejó de ob-tener y doscientos dólares que valía el derecho al usufructo del solar. Admitió el demandado que cuando compró la casa “estaba desocupada porque la Sanidad lo babía ordenado y la mandó clausurar. ’ ’

La certificación aportada por el demandado contiene co-pia del acuerdo del Concejo Municipal de Juncos, aprobado por el alcalde, de 14 de noviembre de 1917. De él aparece que el alcalde se dirigió al concejo, a fin de que dicbo orga-nismo pudiera dar cumplimiento a lo que dispone la sección 27 de la ordenanza municipal sobre construcciones, rectifi-caciones y reparaciones de edificios, aprobada el 22 de diciembre de 1911, exponiéndole que en el pueblo existían va-rias casas ruinosas mandadas cerrar por el Departamento de Sanidad que afeaban el ornato, eran un criadero de mi-crobios, un refugio de vagabundos y un peligro para el ve-cindario, y que debía concederse a sus dueños un plazo para. que procedieran a repararlas. Basándose en el escrito del alcalde el concejo acordó que de conformidad con la sección 27 de la ordenanza citada “se notifique a los señores Marcial Blanco, Juana Ortiz, Modesto Martínez o. sucesión de don Agustín Collazo,. Amalio Pereira y Domingo Matanzo, que en el improrrogable plazo de dos meses, a contar desde el día que se les notifique el presente acuerdo, deberán proce-der al derribo o a Ja reparación de sus respectivas casas, que han sido clausuradas en esta población por orden del Departamento de Sanidad, según les fué notificado oportu-namente por el inspector del ramo, debiendo presentar para ello al concejo las peticiones correspondientes acompañadas de sus planos respectivos; y de no verificarse dentro del plazo fijado, la administración procederá a verificar por cuenta y riesgo de los dueños de las casas expresadas la re-paración o demolición de ellas según procediese, a juicio del alcalde; 'Disponiéndose, que si la persona a quien perteneció la casa derribada' por virtud del presente acuerdo, no pu-diese por cualquier circunstancia reedificarla dentro del plazo fijado, el solar en que dicha casa estuvo será dado en usu-fructo al que lo pidiere para fabricar en él, siempre que la petición sea hecha de conformidad con lo que disponen las ordenanzas municipales sobre construcciones.”

El acuerdo fué notificado a los propietarios, entre ellos Juana Ortiz, el 13 de diciembre de 1917.

El testigo Varona dijo que “ conoce la casa número 10 de la calle “Muñoz Rivera” del pueblo de Juncos, que per-tenecía a doña Juana Ortiz y fué demolida por el municipio; que conoció y conoce a doña Juana Ortiz de la Renta.” La otra declaración es más amplia. La prestó José Barreras, Alcalde de Juncos en 1917 y actual Comisionado de Servicio Público. Se expresó así:

“Conoce a Juana Ortiz de la Renta hace muchos años y tenía y en su concepto ha tenido siempre una casa en la calle de ‘Muñoz Rivera’ marcada con el número diez, la cual hoy no existe; que el Concejo Municipal de Juncos acordó respecto a varias casas que es-taban en mal estado dar un plazo de cincuenta días para que las reedificaran o las destruyeran y doña Juana Ortiz de la Renta no cumplió ese acuerdo.; que doña Juana Ortiz de la Renta era la dueña de esa casa y firmó el documento donde se le avisaba que debía ree-dificar; que esa casa se destruyó por estar en estado ruinoso y la Sanidad también había mandado a clausurar la casa; que a su juicio la casa estaba ruinosa porque había sido clausurada por el Depar-tamento de Sanidad varios años antes y naturalmente una casa así clausurada constituye una amenaza pública y por otra parte la falta de vigilancia de la misma casa sea por el encargado o por el dueño es una casa que no produce, que está abandonada. Esa casa estaba situada en un barranco que constituye 'un peligro, y en ese mismo solar no puede fabricarse ninguna casa, ese solar es de pequeñas dimensiones puesto que las lluvias han ido desbarrancando conside-rablemente, al extremo de que en el sitio donde estaban los estantes de la misma casa ya habían quedado en el aire y desde luego la casa amenazaba ruina, porque estaba en un barranco y al fondo del ba-rranco queda una ealleeita donde bay bohíos; la casa estaba en un barranco muy alto y ese barranco es un declive y en la parte baja hay casas pequeñas que dan a una calle y desde luego si esa casa se derrumbaba podría ir rodando y de momento ir y causar daños a los habitantes de los bohíos de abajo; que cree honradamente que era necesario destruir la casa porque el tiempo ejercía su acción des-tructora en la casa y en el solar; que ha tenido experiencia como oficial de sanidad y como médico y la casa que dijo antes llevaba varios años de 'clausurada y esas casas en los pueblos, que no tienen el cuidado de nadie se convierten en letrinas públicas y no digo esa que estaba en los extramuros, sino casas que han tenido en el centro de la ciudad, puertas que se caen y dan paso a los desocu-pados que no tienen nada que. hacer, para convertir la casa en le-, trina; que esa casa tiene el número diez y al lado hay una también clausurada que tiene el número doce y es de la sucesión de Antonio Mujiea, que siempre ha creído que la casa número diez era de doña Juana Ortiz; que el señor Berríos no le avisó al declarante que hu-biera comprado esa casa y que la casa demolida fué la número diez. Repreguntado por el abogado del demandante declaró que la casa número diez colinda por el frente con la calle ‘Muñoz Rivera’ por el norte con casa de la sucesión de Antonio Mujiea, por el sur con otro propietario cuyo nombre ignora y por detrás con el corral de la misma casa de la señora Juana Ortiz y los bohíos que están fa-bricados en la otra calle;. que esa casa que ha descrito es de Juana Ortiz y se está refiriendo a la misma casa que se destruyó y a la que se refieren los documentos que presentó el señor abogado. Exa-minado por el juez declaró: que en la carta o escrito que presentó el demandante al municipio solicitaba permiso para reparar la casa número doce y que la casa número doce es contigua a la número diez y colinda por el norte con una casa que no conoce al propietario, por el sur con casa de Juana Ortiz de la Renta y por el peste con solares del municipio; que existe la casa número doce pero está clausurada hace muchos años, porque está ruinosa; que esa casa también se va a demoler, es de una sucesión y estaban en asunto de la tramitación de la testamentaría y realmente no había con quien entenderse pero también se va a seguir igual procedimiento.”

Esa fué toda la prueba practicada. Insiste mucho el ape-lante en que su acción se basa no en la demolición de la casa, sino en l'a venta de la misma en pública subasta. Sólo en la declaración del propió demandante se habló de la venta. La prueba del demandado toda se refiere a la demolición y el conflicto fue resuelto por la corte de distrito en favor del demandado, sin que se baya demostrado error.

No hay conflicto con respecto a que la casa demolida fue la número 10 de la calle “Muñoz Rivera,” de Juncos. Tam-poco lo hay en que dicha casa perteneció a Juana Ortiz. El demandante declaró que la compró en cien dólares cuando estaba ya clausurada por la Sanidad y nada producía. E interpretando racionalmente la prueba necesariamente debe concluirse que la compró también después que había vencido el término que se concedió a la propietaria y que ésta admi-tió sin protesta, para repararla, con la advertencia de que si no lo hacía, el municipio procedería por cuenta y riesgo del dueño a repararla o demolerla.

¿Tuvo facultad el municipio para adoptar y llevar a la práctica tal acuerdo? ¿Pudo cumplirse lo acordado después de vendida la casa por el propietario notificado sin que se hiciera nueva notificación al nuevo propietario?

El artículo 396 del Códig’o Civil Revisado, dice:

“Art. 396. — Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra cons-tracción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demo-lición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caida.
“Si no lo verificase el propietario de la obra ruinosa la autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo.”

Ese artículo es igual al 389 del Código Civil Antiguo ci-tándose por Scaevola como precedentes legales del mismo la Part. 3a., Tit. XXX, Ley 15, y el Lib. VII, Tit. XXXII, Ley 2a., de la Nov. Recop, y comentando el propio Scaevola el precepto, se expresa, en parte, así:

“El deber que el segundo párrafo mencionado señala a las auto-ridades constituye uno de los más importantes capítulos de la lia-mada ‘policía municipal’, y está reconocido además en sentencia del Tribunal Supremo fecha 15 de junio de 1877, y terminantemente, entre otras, en las reales órdenes feelias 13 de marzo, 22 de julio y 18 de diciembre de 1880, que interpretan, con unánime criterio, la doctrina sentada por los artículos 72 y 73 de la Ley Municipal ■vigente, pues, efectivamente, en el número primero de aquél se dice que es de la exclusiva competencia de los ayuntamientos el estable-cimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública * * * y seguridad de las personas y propiedades. En este concepto, por tanto, está indudablemente com-prendida la obligación a que se refiere el apartado segundo que co-mentamos. Dedúcese de estos principios que los tribunales no están facultados para admitir interdictos contra acuerdos de los ayunta-mientos que compelan, a los propietarios a reparar o demoler sus construcciones ruinosas, puesto que procediendo dichas entidades ju-rídicas, ya a instancia de los vecinos que temen el daño, o jra de oficio, por denuncia de los arquitectos, que esto será lo más frecuente, intervendrán en asuntos que la Ley Municipal les señala como de su exclusiva competencia, a falta de la iniciativa individual.”

Las leyes constitutivas de los municipios lian variado en la Isla durante la nueva soberanía, pero nada se ha citado de ellas que les impida realizar lo que antes podían llevar a efecto en la materia de que se trata.

Califica el juez sentenciador de public nuisance la casa en cuestión y ello nos lleva a examinar el caso a la luz del derecho americano.

Según la jurisprudencia, resumida por Oye., “La palabra 'estorbo’ (nuisance) significa literalmente molestia; cual-quier cosa que produce algún mal, inconveniencia, o daño, o que esencialmente entorpece el disfrute de la vida o de la propiedad.

“Un estorbo es público cuando afecta los derechos disfrutados .por los ciudadanos como parte del público, esto es, los derechos que residen en todos los ciudadanos, mientras que un estorbo privado es cualquier cosa hecha en daño o detrimento de las tierras, heredades •o patrimonio de otra persona, que no equivalga a una invasión (trespass); así, cualquier uso injustificado, irrazonable, o ilegal, por una persona, de su propiedad, mueble o inmueble, que cause daño a otra, constituye un estorbo privado. De esta suerte, se observará que la diferencia entre los estorbos públicos y privados no depende de la naturaleza del acto, sino del becbo de si afecta al público en general o meramente a algún individuo o individuos en particular, de modo que el mismo acto o estructura puede ser un estorbo público y al mismo tiempo un estorbo privado en cuanto a una persona a quien le causa un daño especial distinto del daño inferido al público en general; mientras que, de otra parte, el heebo de que un estorbo cause daño a un gran número de personas no lo convierte en- un es-torbo público, cuando el daño es a la propiedad individual de cada persona y no al público en general como tal.” 29 Oye. 1152-53.

Cita la obra un gran número de casos particulares que han sido considerados por las cortes como estorbos públicos. Entre ellos aparece el que sigue que guarda relación con este ■ pleito:

“Una estructura que es dedicada a tales usos, o que ba sido aban-donada a un estado tal de ruina y dilapidación, que la bacen peli-grosa para los viandantes o para el público, constituye un estorbo.” Id. 1171.

Según la misma obra los medios legales que existen ac-tualmente para abatir el estorbo son:

“El derecho a abolir el estorbo sin procedimiento alguno legal, una acción en equidad para la abolición del estorbo o para obtener un injunction contra él, una acción estatutoria por daños, o el pro-cesamiento criminal de la persona responsable de la existencia del estorbo. ” 29 Cyc. 1214.

Y más adelante, basándose siempre en las decisiones de los tribunales, dice:

“Un estorbo público puede ser sumariamente abolido por las autoridades públicas, pero esta facultad debe ser ejercitada razona-blemente, sin causar daños o perjuicios innecesarios a la propiedad, y se limita a la remoción de aquello que constituye el estorbo. El poder se deriva'de una necesidad, y para que su ejercicio esté, justi-ficado esa necesidad debe existir. Se ha resuelto que la facultad de un funcionario municipal para abolir un estorbo público sin pro-cedimiento legal ni .mandamiento judicial está a la misma altura que la facultad de un ciudadano. A la persona responsable de la existencia de un estorbo puede exigírsele el pago de lo gastado en su remoción o abolición.” Id. 1218.

Analizada la prueba que se practicó en este caso, cree-mos que demuestra en verdad la existencia de un estorbo público.

El municipio no procedió arbitrariamente; Adoptó un acuerdo fundado y concedió un plazo de dos meses al pro-pietario. El acuerdo fué debidamente notificado al propie-tario y nada bizo. El municipio quedó en condiciones de intervenir e intervino.

Es cierto que resultó que en el acto de la demolición ha-bía cambiado el dueño, pero nada constaba al municipio. No es suficiente la solicitud del nuevo dueño, para considerar notificado al municipio. El número que se dió a la casa era distinto y esto pudo inducir a error.

A todo lo que tenía derecho el demandante era a una in-demnización, si es que el municipio derivó algún beneficio de la demolición. El justo valor de la casa, deducidos los gastos de la demolición, podría constituir la verdadera me-dida de la indemnización. Nada demuestra la prueba en este sentido. El propio demandante dijo que todo lo que había pagado por la casa era la suma de cien dólares. Los perjuicios se hacen ascender a más de quinientos dólares en la forma que hemos visto. Podría afirmarse que la cuantía se fijó para dar jurisdicción a la corte de distrito a sabien-das de que si existieron algunos perjuicios, nunca llegaron a la suma de más de quinientos dólares. Esto es tan claro no ya de la prueba, sino de las mismas alegaciones, que bien podría sostenerse que en este pleito la demanda debió deses-timarse por falta de jurisdicción.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debe con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.