author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Henna et al., Demandantes y Apelantes, v. Saurí y Subirá, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre restablecimiento y reconocimiento de hipo-teca y nulidad.
    No. 1180.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Contratos — Perfeccionamiento pob Escritura Pública — Condición Expresa— Compraventa — Coincidencia de Voluntades. — Así como los contrayentes pac-tan que su contrato no se repute perfeccionado mientras no se haga constar en escritura pública y habrá que respetar ese pacto, así también cualquiera otra condición expresa que se estipule para que en ella estribe la perfección contractual de la compraventa, deberá igualmente ser atendida, porque hasta que aquella se cumpla no cabrá afirmar la coincidencia de voluntades que vivifica el contrato y éste no se entenderá perfecto en tanto no se den por realizados todos y cada uno de ios supuestos de que parta.
    Id. — Condición del Contrato Principal — Obligaciones Esenciales de Compra-dor t Vendedor. — Los pactos a que se refiere el artículo 1222 del Código ■ Civil cuando constituyen condición del contrato principal, surten el mismo efecto jurídico observándolos o no cumpliéndolos, que cuando se quebrantan o respetan las obligaciones esenciales de comprador y vendedor.
    Id. — Voluntad de las Partes en Orden a la Efectividad del Contrato — Per-feccionamiento — Condiciones.—Cuando a la voluntad de las partes en orden a la efectividad del contrato, y al extremo esencial de su perfectibilidad, -se incorpora una condición, es manifiesto que mientras la condición no se cumpla, la voluntad tampoco se realiza.
    Hipoteca — Ejecución de Hipoteca — Certificación del Registro — Domicilio de los Interesados — Notificación del Auto — Requisitos del Artículo 262 de la Lex de Enjuiciamiento Civil Antigua. — De acuerdo con el párrafo 5o. del artículo 171 del reglamento para'la ejecución de la Ley Hipotecaria, cuando en la certificación del registro que lia de acompañarse a la demanda constan los domicilios de las personas interesadas, el juez mandará que se intente la notificación del auto; pero el hecho de que no aparezca que se haya cumplido por el actuario con los requisitos del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, dando copia literal de ella, firmada, expresando el negocio a que se refiere, ni expresando esos hechos en la diligencia, no prueba su incum-plimiento.
    Id. — Notificación a los Interesados en Inscripciones Posteriores — Objeto de la Notificación. — La notificación a las personas interesadas en las res-ponsabilidades inscritas después del derecho del ejecutante del auto requi-riendo de pago al deudor tiene por objeto informarles del procedimiento a fin de que puedan concurrir a la subasta si les conviniere.
    Id. — -Hipotecas Constituídas Antes de Regir la Let Hipotecaria de 1893- — ■ Ejecución de Hipotecas — Valoración de las Hincas — Tipo para la Su-basta. — Cuando en hipotecas constituídas antes de regir la Ley Hipotecaria de 1893 no se haya consignado que la valoración de las fincas gravadas habrá de servir de tipo para la subasta que se verifique en caso de ejecución, es ’necesario que se presente un documento en que conste la conformidad de los deudores en una valoración para la subasta o pedir el justiprecio judicial.
    Id. — -Ejecución de Hipoteca — Edictos de Subasta — Sitios Públicos — Barrios en que Radican las Hincas. — Si bien el artículo 172 del reglamento de la Ley Hipotecaria requiere que los edictos para la subasta se fijen en los sitios públicos de costumbre del lugar en que se siga el procedimiento y del en que los bienes radican, no exige que se haga la publicación en los barrios ou que se encuentran las fincas saeadas a remate.
    Id. — Edictos de Subasta — Colindancias—Barrios Donde Radican las Hincas.— Aun cuando en los edictos de subasta no se expresen las colindancias y barrios donde radican las fincas, es suficiente si en ellos constan los nombres con que son conocidas, los de sus dueños, el número de cuerdas que contienen y sus precios, así como dónde se encuentran los títulos de propiedad.
    Id. — Edictos de Subasta — Acreedores Posteriores; — La razón de que se exprese en los edictos de subasta los nombres de los acreedores posteriores es el de poner en su eonocimiento el procedimiento ejecutivo cuando no ha sido posi-ble notificarles el auto de requerimiento de pago, según dispone el artículo 172, párrafo 2o. del Reglamento de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Publicación de Edictos por Menos Tiempo del Requerido — Nulidad de la Subasta — Renuncia por el Deudor — Perjuicios.—La falta de publicar los edictos por menos tiempo del requerido por la ley no anula necesaria-mente la subasta toda vez que puede ser renunciada por el deudor, y para que un acreedor posterior pueda obtener la declaración de nulidad por ese motivo, es un principio general de derecho que debe demostrar que ha sido seriamente perjudicado.
    Id. — Acreedor Hipotecario Posterior — Derecho Sobre el Valor de los Bie-nes. — Un acreedor hipotecario posterior no tiene otro derecho sobre el valor de los bienes hipotecados que a cobrarse con la diferencia entre los créditos hipotecarios anteriores y el real y positivo del inmueble.
    Costas y Desembolsos — Honorarios de Abogado — Culpabilidad o Temeridad— Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — La ley faculta a los jueces ■ para, discreeionálmente, imponer las costas y desembolsos del pleito a la parte que lo pierda, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad o temeridad, y también los honorarios de abogado en reclamaciones que excedan de qui-nientos dollars, y a menos que se demuestre abuso de esa discreción sus reso-luciones deben sostenerse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José A. Poventud.

    Abogado de la apelada: Sr. Antonio F. Castro.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad Saurí, Snbirá y Compañía llegó a ser dueña de dos hipotecas por sucesivas transacciones, constituidas la primera en el año 1880 y la segunda en 1885, por los hermanos don Guillermo y don Santiago Oppenheimer Bettini sobre tres fincas de su propiedad nombradas “ Consuelo-Yayas, ” “Aguas-Prietas” e “Isabel,” radicadas en barrios del tér-' mino municipal de Ponce. Sobre las dos primeras fincas constituyeron los mismos hermanos Oppenheimer otra tercera hipoteca que llegó a pertenecer a don Gustavo Cabrera Ro-saly.

En la escritura de 15 de diciembre de 1880 de compraventa de la hacienda “Aguas-Prietas” e hipoteca voluntaria sobre las fincas “Aguas-Prietas” y “Consuelo-Vayas” otorgada por los hermanos Oppenheimer se hizo constar por la cláu-sula segunda de las de venta que “Aguas-Prietas” la ena-3enaba sn dueño don Joaquín P. Valdivieso en cuarenta roii pesos; por la tercera declararon los contratantes que esa cantidad era el justo y verdadero valor de las tierras y esta-blecimientos que se vendían; por la cláusula tercera del otor-gamiento sobre hipoteca voluntaria, se constituyó esa hipo-teca sobre los mismos terrenos que adquirieron los hermanos Oppenheimer de don Joaquín P. Valdivieso y además sobre “Consuelo-Vayas,” diciendo así la cláusula octava de dicho otorgamiento de hipoteca voluntaria: “Octava: Que dicha finca ‘Consuelo-Vayas’ de común acuerdo le dan un valor de ochenta mil pesos de moneda corriente comercial.”

En la escritura de 30 de abril de 1885, por la que se cons-tituyó la segunda hipoteca por los propios hermanos Oppenheimer se dice en el hecho tercero lo que sigue: “Valor: De común acuerdo entre los comparecientes, y para los efectos de este contrato, valoran las fincas reseñadas en esta forma: la hacienda. ‘ Consuela-Vayas ’ en la suma de setenta mil pesos; los terrenos y establecimientos de la que se llama ‘Aguas-Prietas’ en la cantidad de cuarenta.mil pesos; y los terrenos correspondientes a la hacienda ‘Isabel’ en doce mil doscientos cincuenta pesos, todo de moneda corriente comercial.”

En 23 de noviembre de 1897 la sociedad Saurí, Subirá y Compañía, dueña de las dos primeras hipotecas, presentó demanda por el procedimiento ejecutivo de la ley hipotecaria en el juzgado de primera instancia de Ponce contra don San tiago Oppenheimer Bettini y la Sucesión de don Guillermo de los mismos apellidos, compuesta de la viuda e hijos que en ella se nombraron y pidieron que se les requiriese para que pagasen las deudas garantizadas con esas hipotecas den-tro de treinta días y que si no lo verificaban se sacasen los bienes hipotecados a pública subasta. De la certificación de cargas librada por ¿1 registrador, y acompañada con la de-manda resultaba la existencia de una tercera hipoteca a favor de don Gustavo Cabrera Rosaly.

Requeridos de pago los deudores por orden del juzgado, y transcurrido el plazo que se les dió para verificarlo sin que lo hubiesen efectuado, la sociedad ejecutante pidió que se sa-casen los bienes Mpotecados a pública subasta y que, toda vez que por haberse constituido los créditos hipotecarios antes de regir la ley hipotecaria entonces en vigor no se consignó precio para caso de remate y era necesario verificar el justi-precio de las fincas por peritos tasadores, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, como supletoria, se ordenase el avalúo de las fincas a cuyo fin hizo la designación de su 'perito. También pidió que se le hiciera saber al acreedor posterior don Gustavo Cabrera el estado del juicio por si quería tomar parte en la subasta y avalúo de los bienes. En Io. de enero de 1898 mandó el juzgado poner en pública su-basta los bienes hipotecados, por término de veinte días y que se fijasen edictos en los sitios públicos de costumbre de la ciudad, y del en que los bienes radiquen, y que se insertase en la Gaceta de la isla con expresión de los títulos de propie-dad, para lo cual oportunamente se fijaría el día en que debía verificarse la subasta, luego de practicado el avalúo que se solicitaba. También resolvió se hiciera saber a don Gustavo Cabrera el estado de la ejecución a los efectos que le inte-resaran. En 15 del mismo mes y año y teniendo presente los actuarios a don Gustavo Cabrera le hicieron saber el estado de la ejecución a .los efectos que pudieran interesarle y firmó con ellos la diligencia.

Practicado el avalúo de los bienes fué señalado el día 18 de marzo para la subasta y se ordenó hacer las fijaciones y publicaciones oportunas. En consecuencia, el escribano ex-tendió dos edictos en 24 de febrero de 1898, que fijó el mismo día en las puertas del juzgado y de la escribanía, y de los que entregó copias al ejecutante para su publicación, haciendo constar la fecha señalada para la venta en pública subasta de las fincas “Consuelo-Yayas,” “Aguas-Prietas” e “Isabel,” especificando la valoración de sus tierras, que en la oficina del escribano se encontraban los títulos de propiedad de los bienes que se remataban-y que no constaba de la cer-tificación expedida por el registrador de la propiedad ha-bei se inscrito o anotado derechos sobre los bienes que se subastan, con posterioridad a los de los ejecutantes.

El mencionado edicto fné publicado en la Gaceta de Puerto Rico correspondiente a los días 4, 5 y 6 de marzo de 1898.

Ese juicio terminó en 1898 con la adjudicación de las fincas a favor de Saurí, Subirá y Compañía quienes, según la liqui-dación que se practicó y de la que fue notificado don Gustavo Cabrera, no cubrieron sus créditos; y con una orden posterior para la cancelación de la tercera hipoteca de' dicho señoi Cabrera.

Algunos meses antes de comenzar Saurí, Subirá y Com-pañía el expresado juicio ejecutivo, firmaron un contrato pri-vado con don Santiago Oppenheimer, con fecha 6 de mayo de 1897, cuyo tenor es el siguiente:

“ Conste por este extrajudicial documento que queremos tenga la misma fuerza y valor de judicial, que nosotros los abajo firmados, Señores Saurí, Subirá & Ca. y don Santiago Oppenheimer y Bettini de este domicilio, hemos convenido y pactado lo siguiente: Primero. En atención a que los Señores Saurí, Subirá & Ca. cesionarios de los Señores Redfern, Alexander & Co. de Londres, respecto a un crédito hipotecario que éstos tenían sobre las haciendas ‘Aguas-Prietas,’ ‘Isabel’ y ‘Consuelo-Bayas’ de este término municipal, tratan de hacer valer sus derechos por la vía judicial, el Señor Oppenheimer en su cualidad de condueño de dichos fundos, se compromete y obliga en la más solemne forma a .no entorpecer ni gestionar nada en contra de lo que intentaren aquellos, sino por el contrario renuncia y tras-pasa a favor de los mismos cuantos derechos le corresponden y co-rresponderle puedan sobre las referidas haciendas. SeguNdo. Los Señores Saurí, Subirá & Ca., se comprometen y obligan a su vez en la forma dicha, a cambio de la renuncia y traspaso que a su favor hace el Señor Oppenheimer, a pagar a ésta la siuna de cuatro mil pesos de moneda corriente, en la siguiente forma: Un mil pesos, el mismo día en que tomen posesión de todos los terrenos de que se componen las haciendas ‘Aguas-Prietas,’ ‘Isabel’ y ‘Consuelo-Bayas’; y los tres mil pesos restantes a dos años de la fecha de toma de pose-sión de dichos fundos, sin que estas sumas devenguen intereses de ninguna clase en el expresado plazo. Teroero. El Señor Oppenheimer tendrá derecho a usufructuar y usufructuará durante los dos años que tiene que esperar para percibir los tres mil pesos de que se trata en el hecho que antecede, los'terrenos de pastos de dichos fundos, que hoy usufructúa y en los que tiene una casa de su pro-piedad, sin que por dicho beneficio tenga que pagar ninguna clase de arrendamientos; pero con la condición de que, si a los Señores Saurí, Subirá & Ca. conviniera entregar al Señor Oppenheimer, antes de vencerse el plazo de los dos años dichos, los expresados tres mil pesos, éste tendrá que recibirlos forzosamente, y cesará desde luego el beneficio de usufructo de que se ha hecho mérito; debiendo el Señor Oppenheimer desocupar los terrenos en un plazo que no podrá exceder de tres meses a partir de la fecha en que reciba aquella suma. Cuarto. Si por cualquier circunstancia no pudieran los Señores Saurí, Subirá & Ca. entregar al Señor Oppenheimer los tres mil pesos en el plazo dicho, éste les concede una prórroga de cuatro meses más, en cuyo caso devengará la repetida cantidad el uno por ciento men-sual en dicha prórroga, ■ vencida la cual, no podrán dichos señores diferir el pago de la misma en modo alguno; a cuyo efecto obligan sus bienes presentes y futuros. Quinto. Si llegado el momento de desocupar los terrenos que usufructúe el Señor Oppenheimer, éste no lo verifica en el término y tiempo para ello prefijado, quiere y consiente que los Señores Saurí, Subirá & Ca., le desahucien en la forma que más les conviniere, y se compromete a pagarles todos los gastos judiciales y extra judiciales que hicieren con tal motivo; a cuyo fin obliga sus bienes habidos y por haber. Sexta. Este con-trato empezará a regir y surtirá sus efectos legales, tan pronto como los Señores Saurí, Subirá & Ca. hayan tomado posesión de las haciendas ‘Aguas-Prietas,’ ‘Isabel’ y ‘Consuelo-Bayas,’ de que se ha hecho mérito; no teniendo más valor por ahora que el de compro-miso de contrato. Bajo dichas condiciones dejamos establecido nues-tro convenio que nos obligamos a guardar y cumplir en todas sus partes firmándolo por duplicado en Ponce, a 6 de mayo de 1897. S. Oppenheimer. Saurí, Subirá & Ca.”

El primer pago de mil pesos fué hecho un año después, en 6 de marzo de 1898.

Otro contrato sustancialmente igual, excepto que no con-tiene la facultad de usufructuar terreno, suscribieron en la misma fecha la sociedad mencionada y doña Ana Salomons viuda de don Guillermo Oppenheimer y el primer pago fué hecho el 26 de junio de 1898, después de habérsele dado por el juzgado en 28 ele marzo posesión de las fincas a la sociedad ejecutante como consecuencia de la adjudicación que se le hizo en el ejecutivo; posesión que no tuvieron hasta ese momento.

Años después, en 19 de agosto de 1912 los componentes de la sucesión de don Gustavo Cabrera Eosaly presentaron de-manda, que luego enmendaron, ante el Tribunal de Distrito de Ponce, contra la sociedad Saurí y Subirá, derecho habiente de Saurí, Subirá y Compañía por la que alegando diversos vicios de procedimiento en el ejecutivo de que hemos hecho mención y que como consecuencia de los contratos privados reseñados quedó extinguido y anulado el título de Saurí, Su-birá y Compañía que sirvió de base después a la acción hipo-tecaria que entablaron con perjuicio del causante de los de-mandantes, pidieron sentencia a su favor por la que se de-clarase que la hipoteca de don Gustavo Cabrera Eosaly está vigente, restablecida y se obligase a la demandada a que la reconozca y que se declare la nulidad de las actuaciones ha-bidas en el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido por Saurí, Subirá y Compañía a contar desde el escrito inicial o por lo menos desde el requerimiento de pago, todo con las consiguientes cancelaciones en el registro de la propiedad, con pago de costas.

Contestada la demanda se celebró el correspondiente jui-cio, después del cual el tribunal inferior dictó sentencia con fecha 11 de junio de 1914, registrada el mismo día, por la que declaró sin lugar la demanda con imposición de costas, de-sembolsos y honorarios de abogado, a la parte demandante.

La parte perjudicada por esa sentencia interpuso recurso de apelación contra ella y también contra una resolución posterior resolviendo la impugnación que hizo al memorándum de costas de los demandados, a la que nos referiremos después.

Ocho son los errores que alega la parte apelante que come-tió el juez al dictar su sentencia y en los que se apoya para que la revoquemos. Los consideraremos por el mismo orden en que han sido presentados:

El primer motivo de error dice así:

“Io. La corte inferior cometió error al no estimar 'que hubo con-fusión de derechos que extinguió los títulos hipotecarios de los Señores Saurí. Subirá & Ca. por razón de los documentos otorgados en 6 de mayo de 1897, antes de la demlmda ejecutiva hipotecaria, entre dichos ejecutantes Saurí, Subirá & Ca. y los condueños de las fincas hipo-tecadas don Santiago Oppenheimer y doña Ana Salomons por cuyo documento se obligaron éstos a no entorpecer el juicio hipotecario y cedieron sus derechos en las fincas por ejecutar a los mencionados ejecutantes.”

Argumentando este motivo de error sostiene la parte ape-lante que por virtud de los documentos privados suscritos entre Saurí, Subirá y Compañía y don Santiago Oppenheimer y doña Ana Salomons, viuda de don Guillermo Oppenheimer, el título de aquéllos quedó extinguido por haberse reunido en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor antes de iniciarse el procedimiento ejecutivo y se convirtió Saurí. Subirá y Compañía en deudor del tercer acreedor hipo-tecario, don Gustavo Cabrera, toda vez que los dueños cedie-ron sus derechos y acciones en las fincas a dicha sociedad por lo cual, o se ejecutaron a sí mismos como dueños, o por lo menos ejecutaron con un título hipotecario que estaba extin-guido y sin fuerza ejecutiva alguna.

Como se ve, esta argumentación descansa en el supuesco de que esos contratos privados era la cesión de derechos y acciones en la propiedad de las fincas hipotecadas y que tal cesión surtió efecto desde la fecha de los contratos.

Dados los términos en que están redactados esos docu naentos tenemos que llegar a la conclusión de que la causa de que se ofreciese pagar cierta cantidad de dinero fué el com-promiso que hicieron los que habían de recibirla de no entor-pecer el procedimiento judicial que había de iniciarse para el cobro de las hipotecas y que aun cuando se consignó tam-bién que se renunciaban y traspasaban a favor de los señores Saurí, Subirá y Compañía cuantos derechos correspondían en las haciendas a dón Santiago Oppenheimer y a doña A na. Salomons, viuda de don Guillermo Oppenheimer, no se tra taba de verdadera cesión de los derechos dominicales, come; lo demuestra la estipulación de la cláusula sexta, según la cual el contrato y el pago no tendría lugar liasta que a la sociedad Saurí, Subirá y Compañía se le diera posesión judicial de las fincas y mal podía ser la causa del contrato la cesión de dere-chos dominicales si ésta no había de producir efecto alguno hasta qüe la sociedad fuera ya dueña por título de adjudica-ción porque entonces resultaría un contrato sin cansa y tam-bién por que si alguna persona compraba las fincas en el remate judicial y satisfacía la reclamación de la sociedad acreedora la cesión de derechos consignada en los contratos privados no podía producir efecto alguno.

Por tanto la verdadera y única causa que aparece de los contratos fué la que antes hemos consignado de no entorpecer el procedimiento ejecutivo, por lo que no puede sostenerse ni podemos declarar que los señores Saurí, Subirá y Compañía fueron dueños de las fincas que les estaban hipotecadas antes de que iniciaran su juicio ejecutivo, ni tampoco, en conse-cuencia, que en ellos se confundieron los derechos de dueños y de deudores, que se extinguió su crédito hipotecario y quo ejecutaron con un título sin fuerza legal.

Además, entre los señores Saurí, Subirá y Compañía y los otorgantes de tales documentos no hubo contrato alguno valedero hasta un año después de firmados cuando en 21 de marzo de 2898 se les dió a aquellos posesión judicial en virtud ele adjudicación que se les hizo en pago parcial de sus cré-ditos porque habiendo convenido expresamente que hasta en-tonces no surtieran sus efectos legales y fijado esa condición como el origen o nacimiento de los derechos recíprocos entre las partes, había que respetar tal convenio perfectamente lícito porque de acuerdo con el artículo 1222 los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que ten-gan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Con respecto a este particular dice el comentarista Scaevola en el tomo 23, pági-nas 321 al 323 lo siguiente:

“La regla acabada de exponer, es la fundamental, la genérica; pero así como si los contrayentes pactan que su eontrato no se repute perfeccionado mientras no se haga constar en escritura pública, habrá que respetar este pacto (y esta es la enseñanza de la jurisprudencia antigua ya registrada, con relación a la ley 6a-., Título V de la Partida 5ª., y será seguramente la de la moderna cuando el caso se pre-sente), así también cualquiera otra condición expresa que se estipule para que en ella estribe la perfección contractual de la compraventa, deberá igualmente ser atendida, porque hasta que aquélla se cumpla, no cabrá afirmar la coincidencia de voluntades que vivifica el con-trato, y éste no se entenderá perfecto en tanto no se den por reali-zados todos y cada uno de los supuestos de que parta.
“Sanciona el artículo 1255, para todos los casos de contratación, que los contratantes puedan establecer los pactos, cláusulas y condi-ciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Y esos pactos, cuando constituyen condición del contrato principal, surten el mismo efecto jurídico, observándolos o no cumpliéndolos, que cuando se quebran-tan o respetan las obligaciones esenciales de comprador y vendedor, a que alude el precepto que analizamos.
“A la inversa, cuando la voluntad de las partes, en orden a la efectividad del contrato y por de contado al extremo esencial de su perfectibilidad, se incorpora a una condición, es manifiesto que mien-tras la condición no se cumple, la voluntad tampoco se realiza; y como la voluntad es el contrato dentro del más puro sentido consen-sualista, dicho se está que aquél no nace, porque el consentimiento no se perfecciona, y la perfección del consentimiento es eonsustan-cialmente la del eontrato.”

El siguiente error que se alega dice:

“2°. La corte inferior cometió error al estimar en su relación del caso ‘que don Gustavo Cabrera y Rosaly fué personalmente notifi-. eado, en su carácter de acreedor hipotecario posterior a los ejecu-tantes Saurí, Subirá & Ca,. del auto del" tribunal ordenando el re-querimiento de pago a los deudores y de todo el procedimiento.’ ”

Ya hemos consignado que don Gustavo Cabrera Eosaly, posterior acreedor hipotecario, fué personalmente instruido del estado que tenía el procedimiento cuando después de trans-currir el plazo de treinta días que se dio a los deudores para pag*ar se ordenó el avalúo de las fincas y que se sacasen a remate público, y aunque en el presente motivo del recurso se dice que erróneamente estimó el tribunal que el señor Cabrera fué notificado personalmente del auto de requerimiento de pago se expone para sostenerlo que no fué notificado en la forma regulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil enton-ces vigente como supletoria de la Ley Hipotecaria y de su reglamento.

El párrafo 5o. del artículo 171 del reglamento para la eje-cución de la Ley Hipotecaria dispone que cuando en la certi-ficación del registro- de la propiedad que lia de acompañarse con la demanda constan los domicilios de las personas intere-sadas en las responsabilidades que se hubieren inscrito des-pués del derecho del actor, el juez mandará, a la vez que et requerimiento de pago, que se intente la notificación del auto a dichas personas en aquellos domicilios si en ellos fueren habidos, y el 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil entonces vigente, supletoria del procedimiento hipotecario, que las notificaciones se practicarán por el escribano, secretario u oficial de sala autorizado para ello leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se hagan y dándole en el acto copia literal de ella, firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera y que de lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la diligencia, extre-mos que no constan de la diligencia que se cumplieran, pero el hecho de que no aparezca que se hayan cumplido esos requi-sitos no prueba su incumplimiento. Sentencia del Tribunal Supremo de España, 79 Jur. Civil, 493.

Por otra parte el juez no ordenó notificación de ninguna clase sino que se hiciera saber a don Gustavo Cabrera el estado del procedimiento y en este sentido aparece extendida la diligencia de cumplimiento; y aun cuando lo que ordena la ley es que se notifique el auto de requerimiento de pago, como esa disposición tiene por objeto que el acreedor tenga conoci-miento del procedimiento ejecutivo para que pueda concurrir a la subasta si le conviniere, Fernández & Co. v. Ramírez, 8 D. P. R., 105, de tal suerte que según el párrafo 2 del artículo 172 del reglamento mencionado, el edicto anunciando la su-basta servirá también para hacerla saber a los acreedores posteriores con título inscrito o anotados y con los cuales no hubiese podido tener efecto la notificación del auto de reque-rimiento, es claro que habiendo sido enterado don Gustavo Cabrera del procedimiento ejecutivo que seguían los Sres. Saurí, Subirá y Compañía con anterioridad a la subasta se cumplió el objeto de la ley y no sufrió perjuicio alguno, si es que por los actuarios no se le entregó copia de la providencia del juez, lo que no se ha probado.

El tercer motivo de error dice así:

“3o. Erró la Corte de Distrito de Ponce al concluir, en su rela-ción del caso, que ‘en las dos escrituras de constitución de las hipo-tecas que sirvieron de base al procedimiento ejecutivo mencionado, o sea, la escritura por los hermanos Oppenheimer a favor de don Rafael León y ante el notario don Joaquín Mayoral, en abril 30 de 1895 y la otorgada por los propios hermanos Oppenheimer a favor de don Joaquín P. Valdivieso y Hurtado ante el notario don Francisco Parra en 15 de diciembre de 1880, no se expresó por parte de los deudores su conformidad con un precio determinado para la subasta, por cuya razón los ejecutantes en el procedimiento que motiva el presente pleito se vieron en el caso de pedir el justiprecio de las fincas hipo-tecadas con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil; y erró la corte al no estimar lo contrario, o sea, que había en los títulos precio con-signado para caso de remate y que, el pedir tasación pericial bajo tales circunstancias, constituyó una grave infracción del procedi-miento con perjuicio del posterior acreedor hipotecario don Gustavo Cabrera Rosaly.”

Al alegar este fundamento se dice equivocadamente en el alegato que la escritura de abril 30 es del año 1895, siendo así que fue otorgada el 1885.

Al establecer la ley hipotecaria de 1893 un procedimiento sumario para el. cobro de hipotecas dispuso por su artículo 127 que en las escrituras de hipotecas se hiciera constar el precio en que tasasen las fincas los contratantes para que sir-viese de tipo a la única subasta que debía celebrarse en el caso de que, vencido el plazo del préstamo no se hubiera satis-fecho ; el 172 de su reglamento que el justiprecio de los bienes, convenido en el título del crédito en cuya virtud se procediese, cuando supere la cuantía de las responsabilidades preferentes aseguradas con los bienes, se expresase en los edictos como tipo para la subasta; y el 175 que los acreedores que tuvieran inscrito su derecho con anterioridad a la vigencia de la ley podrían optar por el procedimiento sumario que ella esta-blecía, pero que cuando los títulos de sus créditos no expre-sasen la conformidad del deudor con un precio determinado para la subasta, habrían de acreditar ésta, consignada en do-cumento público, o pedir el justiprecio, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para preparar el anuncio de la subasta.

Las hipotecas que ejecutaron Saurí, Subirá y Compañía se constituyeron antes de regir la Ley Hipotecaria de 1893 y si bien en ellas se fijó una valoración a las fincas gravadas con las hipotecas no se consignó que esa valoración había, de servir de tipo para la subasta que se verificara en caso de ejecución, por lo que si querían acomodarse al nuevo proce-dimiento sumario introducido por la ley hipotecaria tenían que presentar un documento en que contase la conformidad de los deudores en una valoración para la subasta o pedir el justiprecio judicial cuyo último camino siguieron los ejecu-tantes. No era bastante que en la escritura se valoraran las fincas sino que en el documento debía constar que la valora-ción era para servir de tipo a la subasta, lo que no resultaba de los contratos de préstamo hipotecario.

Se alega como cuarto error el siguiente:

“La corte cometió, error al no estimar como un defecto esencial en el ejecutivo hipotecario que motivó la cancelación de la hipoteca posterior de don Gustavo Cabrera, el no haberse fijado los edictos en el barrio donde radicaban, las fincas hipotecadas, y el no haberse descrito dichos inmuebles en tales edictos, y erró al estimar lo con-trario en su relación del caso, a pesar de formular conclusiones de hecho de acuerdo con lo alegado en la demanda enmendada sobre estos extremos.”

El artículo 172 del reglamento de la Ley Hipotecaria' exige que los edictos para la subasta se fijen en los sitios-públicos de costumbre del lugar en que se siga el procedi-miento y del en que los bienes radiquen.

Los que se publicaron en el ejecutivo que motiva este pleito se fijaron en las puertas del local de la escribanía y del quo ocupaba el juzgado de primera instancia en la ciudad de Ponce, sitios que, según la prueba, eran el sitio público de costumbre para fijar edictos de venta de fincas en procedi-mientos seguidos en aquel juzgado y que radicaran en la mu-nicipalidad de Ponce, sin que se baya probado, ni se intentara que en los barrios en que radicaban las fincas babía un sitio público de costumbre para anunciar las ventas de las fincas enclavadas en ellos.

Además la ley no exige que se haga la publicación en los barrios en que se encuentran las fincas sacadas a remate.

En cuanto a la forma en que redactaron los edictos, si bien en ellos no se expresaron las colindancias y barrios se hizo constar el nombre con que eran conocidas, el de sus dueños, el número de cuerdas que tenían y sus precios, así como que los títulos de propiedad se hallaban en la escribanía del Sr. Schroder.

Oreemos con el juéz de la corte inferior que tales datos fueron suficientes para dar aviso a cualquiera persona inte-resada en la compra de las fincas que se remataban y que ponía a su disposición los medios necesarios para conocer la descripción de las fincas y para conocer sus barrios.

Los errores tratados en los motivos 5o. y 6o. pueden consi-derarse conjuntamente porque se refieren a defectos en los edictos de subasta y a su publicación, que el apelante alega son causa de nulidad de la venta judicial.

En esos apartados se relacionan como tales: que en los edictos se consignó que no había derechos anotados poste-riores a los clel ejecutante; que se omitió el nombre del posterior acreedor don Gustavo Cabrera y que la inserción en la Gaceta del edicto de remate no se hizo por veinte días sino por catorce.

Esos lieclios son ciertos pero no aparejan la nulidad de la subasta.

La razón de que se exprese en los edictos de subasta los nombres de los acreedores posteriores es el de poner en su co-nocimiento el procedimiento ejecutivo cuando no ha sido posi-ble notificarles el auto de requerimiento de pago según dispone el artículo 172 párrafo 2o. del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y se dijo en el caso de Fernández & Co. supra; y como don Gustavo Cabrera fué notificado personal-mente e instruido del procedimiento que se seguía contra las fincas en que él tenía derecho posterior inscrito, no era de necesidad que su .nombre figurase en los edictos porque ya estaba cumplido el fin que se proponía la ley.

La falta de expresarse en los edictos la existencia del cré-dito posterior a los reclamados tampoco fué perjudicial para el padre de los apelantes porque los datos en ellos consig-nados eran bastantes para hacerle saber que se trataba de las fincas que le estaban hipotecadas, y con respecto a los licitadores tampoco fué perjudicial esa omisión para el Sr. Cabrera, porque no impedía la concurrencia a la subasta y quizás la favorecía.

El punto más importante de los que estamos examinando ahora es el de no haberse publicado los edictos por veinte días en la Gaceta.

Por providencia de 22 de febrero de 1898 ordenó el juez que se sacaran a remate los bienes hipotecados para cuyo acto señaló el día 18 de marzo siguiente a las 2 de la tarde, y los edictos anunciándolo al público, en los que también se consignaba el lugar en que se llevaría a efecto, fueron fijados en las puertas del local que ocupaba el juzgado y la escri-banía veinte y dos días antes del señalado para la subasta pero el que se publicó en la Gaceta de esta Isla no apareció en ella basta 14 días antes del remate, y no veinte como dis-pone la ley.

Con estos antecedentes, la cuestión a resolver en este caso es si un acreedor posterior puede obtener la nulidad de la subasta por ese solo liecbo.

El defecto de publicar los edictos por menos tiempo del requerido por la ley no anula necesariamente la subasta toda vez que puede ser renunciado por el deudor, y para que un acreedor posterior pueda obtener la declaración de nulidad por ese motivo, creemos que es un principio general de de-recho que debe demostrar que lia sido seriamente perjudicado. Este principio resulta así en la obra 27 Cyc., 1710.

En este caso no bay alegación alguna, ni prueba, de que por haberse dejado de anunciar uno de los tres edictos por menos de 20 días dejaron de concurrir licitadores a la su-basta; que por este motivo no se obtuvo en ella cantidad bastante para cubrir los créditos preferentes y el suyo, ni que las fincas rematadas se vendieran por menos de su verdadero valor. Un acreedor hipotecario posterior no tiene otro de-recho sobre el valor de los bienes hipotecados que a cobrarse con la diferencia entre los créditos hipotecarios anteriores y el real y positivo del inmueble. Sentencia del Tribunal Supremo de España, 88 Jur. Civ., 70.

En consecuencia de lo que • hemos expuesto, la corte no cometió error, como se alega en el séptimo motivo, por no haber declarado con lugar la demanda por todos o alguno de los motivos que se han tratado.

La sentencia impuso a los demandantes apelantes las cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado lo que se estima como error en el octavo fundamento del recurso.

La ley faculta a los jueces para discrecionalmente imponer las costas y desembolsos del pleito a la parte que lo pierda, teniendo en cuenta su grado de culpabilidad o de temeridad, y también los honorarios de abogado en reclamaciones que excedan de quinientos pesos.

No se nos ha demostrado que el juez abusó de esa discre-ción y por tanto no es sostenible ese motivo del recurso. El caso de Torres v. Rubianes, 20 D. P. R., 337 que se cita por los apelantes no es de aplicación porque como revocamos la sentencia aplicamos la regla seguida por los tribunales de no apreciar temeridad porque la parte había obtenido sentencia favorable de -un tribunal.

También existe en la transcripción una apelación contra la resolución que aprobó el memorándum de costas.

En este figura una partida para honorarios de‘abogado por $2,500 que el tribunal inferior redujo a $1,000 después de haber oído prueba respecto a este particular y no creemos que abusara tampoco de su facultad al apreciarla y al fijar la cantidad para abogado.

Por las razones expuestas la sentencia y resolución ape-ladas deben ser confirmadas.

Confirmadas la sentencia y resolución ajeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNTe Se. PIeeNÁNdez

license: Public Domain

text:
    Ex Parte Hernández, Peticionaria y Apelante.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de jrrecibo en un procedimiento sobre nombramiento de un tutor especial.
    No. 1192.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Tutela — Nombramiento de Tutor — Tutor Especial — Ratificación de Escritura de Partición de Bienes — Ealta de Aprobación — Presunción.—Cuando se solicita el nombramiento de un tutor especial con el solo propósito de que ratifique una escritura de partición de bienes cuya aprobación ha sido dene-gada, sin que se muestre ni alegue siquiera que con tal ratificación desapa-reeeiía la causa que motivó la falta de aprobación, existe la presunción de que el juez habría de proceder después de hecha la ratificación, como antes procedió denegando -su aprobación a la escritura de partición, y por tanto carece de razón dicho nombramiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. Manuel Paz TJrdaz.

   El Juez PeesideNTe Se. PIeeNÁNdez

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de julio del año próximo pasado 1914,' formuló pre tensión ante la Corte de Distrito de Arecibo Antonia Her-nández Siberio para que Ramón Casaña Morales, tío carnal por línea paterna de sus menores hijos Federico Amables y Antonia Casaña Hernández fuera nombrado tutor especial de éstos para el solo efecto de que en representación de los mis-mos ratificara la escritura de partición de bienes quedados al fallecimiento del esposo de la peticionaria Juan Antonio Casaña Morales.

■ Alega .Antonia Hernández Siberio que sus hijos Federico Amables y Antonia Casaña, el primero de 20 años de edad y la segunda-de diecisiete, han sido emancipados, el primero por escritura pública de 9 de junio de 1914 inscrita en el regis tro civil de Camuy, y la segunda. mediante matrimonio con Guillermo Pérez Betancourt; que los abuelos paternos y ma-ternos ele los menores han fallecido, y que ella no puede repre-sentarlos por incompatibilidad de intereses. En apoyo de su pretensión invoca los artículos 303, 307 y 309 del Código Civil enmendados los dos últimos por la ley de 8 de marzo de 1906, en relación con el artículo 264 del mismo Código.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó resolución desesti-mando la petición de tutor especial y esa resolución está some-tida a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación contra ella interpuesto.

Fúndase la resolución apelada entre otras razones en que la escritura de partición de herencia del finado don Antonio Casaña, en la que intervino Ramón Casaña Morales como defensor de los menores de que se traía, fue sometida a la aprobación de dicha corte y denegada sn aprobación por reso-lución de 24 de noviembre de 1913, habiéndose desestimado por esta Corte Suprema en 28 de abril de 1914 el recurso de apelación contra ella interpuesto.

No aparece en el récord la expresada escritura de par-tición de bienes ni la resolución que dictó el Juez de Arecibo denegando su aprobación e ignoramos, por tanto, las razones en que se fundara semejante negativa. '

De todos modos, es un hecho aceptado por la parte ape-lante que el juez denegó su aprobación a la escritura de par-tición, estando en ésta representados Federico Amables y Antonia Casaña Hernández por su defensor Ramón Casaña Morales.

El nombramiento de tutor especial se solicita con el solo propósito de que ratifique la escritura de partición de bienes cuya aprobación ha sido denegada, sin que se nos muestre ni alegue siquiera que con tal ratificación desaparecería la causa que, pudo motivar la anterior falta de aprobación, ha-biendo por tanto la presunción de- que el juez habría de pro-ceder después de hecha la ratificación como antes procedió denegando su aprobación a la escritura de partición.

La resolución apelada se sostiene por el fundamento de que dejamos hecho mérito, sin que sea necesario considerar otros motivos que el juez invoca y si son o no aplicables al caso los textos legales citados por la recurrente.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole

text:
    Albite, Demandante y Apelante, v. Lecumberri, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en cansa sobre daños y perjuicios.
    No. 1328.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Sentencia — Cuestiones de I-Iecho — Exposición del Caso o Pliego de Excep-ciones — Confirmación de la Sentencia. — Cuando la sentencia distada por la corte inferior descansa (en cuestiones de hecho y éstas no han sido certifi-cadas por medio de una exposición del caso o pliego de excepciones, procede la confirmación de la sentencia apelada.
    Daños y Perjuicios — Cuestiones ya Discutidas en un Pleito Anterior— Cosa Juzgada. — Cuando la cuestión relativa a daños y perjuicios sufridos ha sido ya discutida y resuelta en un pleito anterior, la sentencia en él dictada constituye cosa juzgada.
    Opinión — Fundamentos de la Sentencia — Exposición del Caso o Pliego de Excepciones. — Si bien la opinión es de utilidad para conocer los funda-mentos de la sentencia, no puede ser usada en substitución de un pliego de excepciones o exposición del caso.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Damián Monserrat, Jr.

   El Juez Asociado Sr. "Wole

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte inferior dictó sentencia contra el demandante basada en cnestiones de becbo. Ninguno de los becbos ban sido certificados a este tribunal por medio de una exposición del caso o pliego de excepciones y por tanto la sentencia que en realidad procede debe ser confirmando la ape-lada, por no constar en los autos la prueba que sirvió de base a la sentencia de la corte inferior.

Aparece de las alegaciones que en 5 de marzo de 1914, la corte inferior dictó en otro pleito sentencia decretando res-cindido nn contrato y concediendo a la parte demandante en dicbo caso por vía de indemnización, la cantidad de $2.25, que ban sido los únicos daños satisfactoriamente probados. En este caso fué presentada la demanda para recobrar otros daños, frutos o productos que siguieron a la rescisión del referido contrato. La corte inferior en sn opinión declaró no solamente qne no procedía la indemnización por los daños y perjuicios, frutos o productos, sino también que toda la cuestión era cosa juzgada. Aun cuando pudiéramos consi-derar la opinión de la corte inferior para examinar la cues-tión referente a cosa juzgada, todavía tendríamos que con-firmar la sentencia por lo que respecta a la prueba'de daños y perjuicios. Nos inclinamos además' a opinar con la corte inferior que habiendo sido discutida ya la cuestión con res-pecto a los daños en el pleito anterior, la sentencia dictada en el primer caso constituía cosa juzgada. ■

Sea como fuere, este tribunal únicamente puede consi-derar los hechos que le han sido certificados mediante una exposición del caso o pliego de excepciones. La opinión es de utilidad para determinar los fundamentos de la corte'infe-rior, pero no debe ser usada en substitución de la certificación de los hechos como lo exige la ley. Yéase la razonada reso-lución de este tribunal en el caso de Calzada v. Pagán, de marzo. 23, 1915.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Barrios, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por homicidio voluntario.
    Moción del acusado-apelante para que se le señale fianza por la Corte Suprema para permanecer en libertad provisional.
    No. 896.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Homicidio Voluntario — Fianza en Apelación — Discreción Judicial. — De acuer-do con el artículo 374, apartado 2°., del Código de Enjuiciamiento Criminal, que es idéntico al 1272, apartado 2°., del Código Penal de California, es materia sujeta a la discreción del tribunal sentenciador si a un acusado convicto y sentenciado por delito de homicidio debe admitírsele fianza para permanecer en libertad provisional mientras se sustancia y decide la apelación.
    Fianza — Fianza Después de Sentencia en Casos Criminales — A Quien Debe ser Presentada la Solicitud para que se Admita. — El poder de admitir fianza pendiente una apelación interpuesta por el acusado, no debe ser ejer-citado por la Corte Suprema en primera instancia, sino que la solicitud sobre el particular debe ser resuelta por el juez inferior.
    Los Lechos están expresados en la resolución.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Vista la moción del acusado-apelante Rogelio Barrios en solicitud de que esta Corte Suprema le señale fianza para permanecer en libertad provisional, por esta causa, mientras se sustancia y decide el recurso; el artículo 374, apartado 2°.," Código de Enjuiciamiento Criminal, que es idéntico al 1272, apartado 2°., Código Penal de California, y el caso de El Pueblo v. Perdue, 48 Cal., 552.

Se deNiega la pretensión del peticionario, sin perjuicio de que pueda presentar su solicitud sobre el particular al juez de la corte inferior.

Denegada la moción sin perjuicio de que pueda presentarse al juez de la corte inferior.

■ Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    No. 1261.
    Belaval, Demandante y Apelante, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelado.

    Enero 11, 1915.
   Mandamus.

San Juan, Sección 2ª.

Desistida la apelación.


text:
    No. 750.
    No. 752.
    No. 753.
    No. 754.
    No. 757.
    No. 758.
    No. 759.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Morales, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Velázquez, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Renta, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Estrada, Acusado y Apelante.—
    Enero 13, 14 y 18, 1915.
   Delitos contra el derecho electoral. Ponce.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1211.
    No. 1212.
    No. 1213.
    No. 1217.
    Guadalupe, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.— Cruz, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.— Fuente, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.— Roque, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.—
    Enero 18, 1915.
   Certiorari. Gnayama.

Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 765.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Saldaña, Acusado y Apelante.
    Enero 21, 1915.
   Acometimiento y agresión con eircunsT tancias agravantes. Hnmacao.

Confirma-da la sentencia.


text:
    No. 766.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Río, Demandado y Apelante.
    Enero 21, 1915.
   Seducción. Mayagüez.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 770.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Román, Demandado y Apelante.
    Enero 22, 1915.
   Acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes. Arecibo.

Confir-mada la sentencia.


text:
    No. 1267.
    Urriza, Demandante y Apelada, v. Herederos Desconocidos de Mariano Villanúa, Demandados, y Negrón, Demandada y Apelante.
    Enero 25, 1915.
   Nulidad de convenio y de matri-monio, y divorcio y liquidación de gananciales. San Juan, Sección Ia.

Desistida la apelación.


text:
    No. 777.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Demandado y Apelante.
    Enero 27, 1915.
   Acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes. Iiumacao.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No 731.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot et al., Demandados y Apelantes.
    Enero 27, 1915.
   Infracción al artículo 137 del Código Penal. Aguadilla.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1269.
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Morales et al., Demandados y Apelados.
    Enero 28, 1915.
   Desahucio. San Juan, Sec-ción Ia.

Desestimada la apelación.-


text:
    No. 1272.
    Sucesión Vega et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Cabrera et al., Demandados y Apelados.
    Febrero 3, 1915.
   Reivindicación hereditaria y nulidad. Areeibo.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 793.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Segarra, Demandado y Apelante.
    Febrero 8, 1915.
   Portar armas prohibidas. Ponce.

Desistida la apelación.


text:
    No. 796.
    No. 797.
    No. 798.
    No. 799.
    No. 800.
    No. 801.
    No. 802.
    No. 803.
    No. 804.
    No. 805.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Paz, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sánchez, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nieves, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Luyano, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Casillas, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Delgado, Acusado y Adelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Reyes, Acusado y Apelante.—
    Febrero 8, 1915.
   Infracción al artículo 162 del Código Penal. Hnmacao.

Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 1240.
    Vázquez, Demandante y Apelado, v. El Municipio de Arecibo, Demandado y Apelante.
    Febrero 9, 1915.
   Daños y perjui-cios. Areeibo.

Desistida la apelación.


text:
    No. 778.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Toro, Acusado y Apelante.
    Febrero 10, 1915.
   Delito contra la justicia pública. Ma-yagüez.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1279.
    Sucesión Rosso, Demandante y Apelante, v. Sucesión Rosso, Demandada y Apelada.
    Febrero 12, 1915.
   División, liquida-ción y rendición de cuentas con entrega de bienes hereditarios. Arecibo.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 781.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Báez, Acusado y Apelante.
    Febrero 12, 1915.
   Adulteración de leche. Iiumacao

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 782.
    No. 783.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, et al., Acusados y Apelantes—
    Febrero 17, 1915.
   Infracción a los artículos 300 y 229 del Código Penal res-pectivamente.- Iiumacao,

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1285.
    Laboy, Demandante y Apelado, v. Ortiz, et al., Demandados y Apelantes.
    Febrero 24, 1915.
   Reivindicación. Iiumacao.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 776.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    Febrero 24, 1915.
   Acometimiento y agresión con circuns-, tancias agravantes. Humacao.

Confir-mada la sentencia.


text:
    No. 1287.
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Jiménez, Demandado y Apelado.

    Marzo 1, 1915.
   Injunction. Humacao.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 141.
    Hernández, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito de Mayagüez, Demandado.

    Marzo 1, 1915.
   Certiorari.

Sin lugar la solicitud por no aparecer que la sentencia de la corte inferior contra la cual se queja el peticionario no sea apelable, y además haciendo uso el tribunal de su facultad discrecional.


text:
    No. 1275.
    Mendoza, Demandante y Apelante, v. Báez, Demandado y Apelado, y Zayas, Interventor y Apelante.
    Marzo 9, 1915.
   Cobro de dinero. Guayama.

Desistida la apelación. ,


text:
    No. 1296.
    Lowrie, Demandante y Apelado, v. Manes, Demandado y Apelante.
    Marzo 9, 1915
   Ejecución de hipoteca. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 786.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. París et al., Acusados y Apelantes.
    Marzo 12, 1915.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada.


text:
    No. 58.
    Ex Parte Colón, Peticionario.

    Marzo 15, 1915.
   Habeas corpus. Solicitud presentada a,l Juez Asociado Sr. Hutchison.

Con lugar.


text:
    No. 1074.
    Morfi et al., Demandantes y Apelantes, v. Fajardo Development Co. et al., Demandados y Apelados.
    Marzo 16, 1915.
   De-negatoria de servidumbre y otros extremos. Iíumacao.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1299.
    Colón, Demandante y Apelado, v. Quintana et al., Demandados y Apelantes.
    Marzo 16, 1915.
   Cobro de dinero. Humacao.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 785.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hidalgo et al., Acusados y Apelantes.
    Marzo 16, 1915.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1298.
    Yabucoa Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Compañía Azucarera del Este et al., Demandados y Apelados.
    Marzo 16, 1915.
   Nulidad de escritura e injunction. San Juan,’ Sección Ia.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 807.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Saldaña, Acusado y Apelante.
    Marzo 20, 1915.
   Seducción. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.-


text:
    No. 1260.
    Chavarría, Demandante y Apelante, v. Purdy & Henderson, Inc., Demandada y Apelada.
    Marzo 23, 1915.
   Daños y perjui-cios. Ponce.

Desistida la apelación.


text:
    No. 809.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    Marzo 23, 1915.
   Infracción a la Ley de Sanidad. San Juan, Sección 2a.

Confirmada.


text:
    No. 1301.
    Oppenheimer, Alders & Co., Demandantes y Apelados, v. Virella, Alvarez & Co., Demandados y Apelantes.
    Marzo 24, 1915.
   Cobro de dinero. San Juan, Sección Ia.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1305.
    García, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Marzo 29, 1915.
   Filiación. Ponce.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1307.
    Mercader, Demandante y Apelante, v. Pacheco, Demandada y Apelada.
    Marzo 30, 1915.
   Divorcio. Mayagüez.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 791.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pagán, Acusado y Apelante.
    Marzo 31, 1915.
   Acometimiento y agresión con agra-vantes. Arecibo.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 808.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Marzo 31, 1915.
   Acometimiento y agresión con circuns-

tancias agravantes. G-uayama.

Confirma-da lá sentencia.


text:
    No. 751.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gonzalez, Acusado y Apelante.
    Abril 5, 1915.
   Delito contra el derecho electoral. Ponce.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 769.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot, Acusado y Apelante.
    Abril 5, 1915.
   Infracción al artículo 162 del Código Penal. Guayama.

Revocada la sentencia ape-lada. Absuelto el acusado, vista la jurisprudencia estableci-da en los casos de El Pueblo v. Gallardo, El Pueblo v. Rivera, El Pueblo Vi González, El Pueblo v. Bones, y El Pueblo v. García, resueltos en Mayo 8, 1915.


text:
    No. 792.
    No. 794.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gines et al., Acusados y Apelantes.— El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gines et al., Acusados y Apelantes.—
    Abril 9, 1915.
   Infracción a la' Ley regulando el trabajo de mujeres y ni-' ños. Arecibo.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 837.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Abril 19, 1915.
   Incesto. Ponce.

De-sistida la apelación.


text:
    No. 1318.
    Roura, Demandante y Apelado, v. Cruz et al., Demandados y Apelantes.
    Abril 20, 1915.
   Daños y perjuicios. Ponce.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1317.
    Martínez, Demandante y Apelado, v. Arrufat et al., Demandados y Apelantes.
    Abril 20, 1915.
   Cobro de dinero. Huma-cao.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 819.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santiago, Acusado y Apelante.
    Abril 23, 1915.
   Alteración de la paz pública. . San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 821.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Benítez, Acusado y Apelante.
    Abril 26, 1915.
   Portar armas. Humacao.

Confirmada la sentencia pero modificada en el sentido de que en defecto del pago de la multa impuesta, sufra el acu-sado un día de cárcel por cada dollar de la multa que dejare de satisfacer, visto el caso de El Pueblo v. Laviosa, 13 D. P. R., 208.


text:
    No. 814.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Velázquez, Acusado y Apelante.
    Abril 28, 1915.
   Portar armas prohibidas. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 825.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mayoral, Acusado y Apelante.
    Abril 28, 1915.
   Infracción al artículo 162 del Código Penal. Guayama.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado, vista la opinión dictada en él caso' de El Pueblo v. Gallardo, de marzo 8, 1915.


text:
    No. 824.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Abril 29, 1915.
   Calumnia e injuria. G-uayama.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1311.
    Perea, Demandante y Apelado, v. Cabassa, Demandada y Apelante.
    Mayo 3, 1915.
   Cobro de Dinero. Mayagüez.

Desistida la apelación.


text:
    No. 817.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santiago, Acusado y Apelante.
    Mayo 3, 1915.
   Infracción Sección 10 de la Ley No. 55 de 1911. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 823.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    Mayo 3, 1915.
   Acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. Guayama.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 772.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Mayo 3, 1915.
   Escalamiento en segundo grado. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sen-tencia.


text:
    No. 1308.
    Fajardo, Demandante y Apelante v. Fajardo, Demandado y Apelado.

    Mayo 4, 1915.
   Inj%mction. Mayagüez;

Desistida la apelación.


text:
    No. 59.
    Ex parte Huertas, Peticionario.

    Mayo 5, 1915.
   Habeas Corpus.

Sin Itifiar.


text:
    No. 790.
    El Pueblo, Damandante y Apelado, v. Salgado Acusado y Apelante.
    Mayo 6, 1915.
   Infracción al 'artículo 370 del Código Penal. San Juan, Sección 2a.

Desistida la apelación.


text:
    No. 60.
    Ex Parte Huertas, Peticionario.

    Mayo 8, 1915.
   Habeas Corpus.

¡Sin lugar. Véase resolución en reconsidera-ción de Mayo 25, 1915.


text:
    No. 1323.
    Arán, Demandante y Apelante, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Mayo 18, 1915.
   Memorándum de costas en caso sobre tercería de: dominio1. e injunction. Mayagüez.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1083.
    Oliver, Peticionario y Apelado, v. Andino et al., Opositores y Apelantes.
    Mayo 20, 1915.
   Información de dominio. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación en. cuanto a ■ Domingo Andino ■ y María Ayala y ordenada la sustitución de'nombres-, por los herederos. desconocidos de' Agustina Cepeda, designándolos con los nombres de John Doe y Richard Roe. ,


text:
    No. 1336.
    Ledée, Demandante y Apelado, v. López, Demandada y Apelante.
    Mayo 25, 1915.
   Patria potestad. Gruayama.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1337.
    Trujillo & Mercado, Demandantes y Apelados, v. Nazario et al., Demandados y Apelantes.
    Mayo 25, 1915.
   Cobro de cré-dito hipotecario y otros extremos. Mayagüez.'

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1340.
    González et al., Peticionarios y Apelados, v. Reyes et al., Opositores y Apelantes.
    Mayo 26, 1915.
   Dominio. San'Juan, Sección Ia.

Desestimada, la apelación.


text:
    No. 1341.
    Texidor et al., Demandantes y Apelantes, v. Torres et al., Demandados y Apelados.
    Mayo 28, 1915.
   Nulidad de testamento. Guayama,

Desistidco-la apelación.


text:
    No. 828.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Correa, Acusado y Apelante.
    Mayo 28, 1915.
   Acometimiento y agresión... San Juan, Sección. 2a.

Confirmada la sentencia...


text:
    No. 834.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Fernández (a) Gallego, Acusado y Apelante
    Mayo 28, 1915.
   Acometimiento" y agresión con' circunstancias- agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 812.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pagán et al., Acusados y Apelantes.
    Mayo 28, 1915.
   Infracción al Artículo "370 del Código'Penal. San Juán, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 829.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Mayo 28, 1915.
   Adulteración' dé leche:

Confirmábala sentencia;


text:
    No. 841.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nieves, Acusado y Apelante.
    Junio 1, 1915.
   Acometimiento y agresión con circuns-tancias agravántes. Aguadill'á.

Confirmada la sentén'cia.


text:
    No. 827.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Candelario, Acusado y Apelante.
    Junio 1, 1915.
   Alterar la paz. Sán Jiian' Sección 2a.'

'Confirmada la sentencia'.'


text:
    No. 1343.
    Vicens et al., Peticionarios y Apelados, v. Cruz et al., Opositores y Apelantes.
    Junio 1, 1915
   Administración judicial. Ponce.

. Desistida la apelación-;-


text:
    No. 1345.
    Sevillano, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandada y Apelada.
    Junio 2, 1915.
   Desahucio. San Juan, Sección Ia.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1344.
    Puigdollers, Demandante y Apelada, v. Fernández et al., Demandados y Apelantes.
    Junio 2, 1915.
   Reivindicación. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la ape-lación.


text:
    No. 1185.
    Capó, Demandante y Apelado, v. Piñeiro, Demandado y Apelante.
    Junio 4, 1915.
   Cobro de dinero. Gruayama.

Desestimada Id apelación.


text:
    No. 1222.
    Hernández, Demandante y Apelado, v. Torres et al., Demandado y Apelante.
    Junio 4, 1915.
   Memorándum de costas y desembolsos. Mayagüez.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 146.
    Rivera, Peticionario, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito de San Juan, Sección 1ª., Demandado.

    Junio 4, 1915.
   Certiorari.

Desistido él peticionario.


text:
    No. 1347.
    Cintrón et al., Demandantes y Apelantes, v. El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Junio 4, 1915.
   Ejecución dé ¡sentencia y rendición de cuen-tas. ' San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 147.
    Pérez, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez de Distrito de Ponce, Demandado.

    Junio 7, 1915.
   Certiorari.

Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 1352.
    Mallen, Demandante y Apelada, v. Vidal, hoy su Sucesión, Demandado y Apelante.

    Junio 14, 1915.
   Litis expensas. Pon ce.

Desestimada l.a apelación.


text:
    No. 844.
    Acevedo, Peticionario y Apelado, v. López, Opositor y Apelante.
    Junio 14, 1915.
   Administración judicial. Aguadilla.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 836.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Borges, Demandado y Apelante.
    Junio 14, 1915.
   Acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes. Humacao.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 878.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bernardini, Acusado y Apelante.
    Junio 15, 1915.
   Falsa representación. San Juan, Sección 2a.

Desistida la apelación.


text:
    No. 846.
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Félix, Acusado y Apelante.
    Junio 21, 1915.
   Acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes. Humacao.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 832.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Souffront, Acusado y Apelante.
    Junio 22, 1915.
   Calumnia e injuria. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1360.
    Maldonado, Demandante y Apelado, v. Faura, Demandado y Apelante.
    Junio 22, 1915.
   Cumplimiento de contrato. Huma-cao.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 150.
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito de Aguadilla.
    Junio 23, 1915.
   Certiprari.

Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 838.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusado y Apelante.
    Junio 26, 1915.
   Acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 152.
    Hernández, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito de Mayagüez, Demandado.

    Julio 10, 1915.
   Certiorari.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 866.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Jiménez et al., Acusados y Apelantes.
    Julio 17, 1915.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 873.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bigfield, Acusada y Apelante.
    Julio 17, 1915.
   Alterar la paz. Humacao. ‘

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 871.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Daniel et al., Acusados y Apelantes.
    Julio 17, 1915.
   Infracción al Reglamento de Sanidad. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia. ... .


text:
    No. 876.
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Busó et al., Acusados y Apelantes.
    Julio 17, 1915.
   Alterar la paz. Humacao.

- Confirmada la sentencia.


text:
    No. 868.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aguirre, Acusado y Apelante.
    Julio 17, 1915.
   Acometimiento y agresión- con circuns-tancias agravantes. Arecibo.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1189.
    Figueroa et al., Demandantes Apelantes y Apelados, v. Ledesma et al., Demandados, Apelados y Apelantes.
    Julio 19, 1915.
   Disolución- o rescisión de sociedad- mercantil. Are-cibo.

Desistida la apelación.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Rosado, Demandado, y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. en cansa, sobre nulidad de actuaciones y daños y per-juicios.
    No. 1327.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Jurisdicción — Cortes Municipales — Cuantía de la Reclamación — Jurisdicción Exclusiva. — De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, las eortes municipales en Puerto Rico tienen jurisdicción exclusiva para conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de la suma de $500.
    Daños y Perjuicios — Reclamación de un Veinte y Cinco por Ciento Men-sual — Palta de Causa de Acción. — Cuando en nna demanda se reclama un veinte y cinco por ciento mensual como indemnización por la ganancia dejada de obtener por el demandante, sin alegarse alguna circunstancia extraordi-naria, debe resolverse que la demanda no aduce techos suficientes en cuanto a la reclamación del dicho veinte y cinco por ciento mensual.
    Id. — Demanda—Jurisdicción Original — Cortes de Distrito — Palta de Juris dicción por Razón de la Cuantía. — Examinadas aisladamente las diferentes partidas a que se contrae la demanda en este caso, se resolvió que la corte de distrito carecía de jurisdicción para conocer originalmente del pleito por razón de la cuantía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito titulado sobre nulidad de manda-miento de ejecución e indemnización de perjuicios, entablado originalmente en la Corte de Distrito de Mayagüez por Ig-nació González contra Arturo Rosado. La demanda consta de veinte hechos que pueden resumirse sustancialmente así:

Agustín Hernández Mena siguió un pleito en la Corte Municipal de Mayagüez contra Leocadia Rodríguez y obtuvo sentencia a su favor por la suma de $110. Se procedió a la ejecución de esa sentencia embargándose al efecto cierta pro-piedad inmueble que fué vendida en pública subasta el 24 de octubre de 1911 por la suma de $132.28.

El propio día 24 de octubre de 1911, Ignacio González, el demandante, presentó al márshal del distrito una, petición jurada, acompañada de una fianza, a fin de que el dicho fun-cionario le entregara $131.55 de los $132.28 que había embar-gado como de la propiedad, de Hernández Mena, por haberle éste cedido sus derechos con anterioridad' al embargo. El márshal no accedió, entregando la dicha suma al demandado Rosado Fussá. El demandante Ignacio González solicitó entonces contra el márshal un auto de mandamus que le fué negado finalmente por la corte de distrito, fundándose en que el márshal no podría cumplir la orden que se le dictara por haber hecho entrega del dinero embargado antes de habérsele notificado el anto alternativo de mandamus.

Debido a los actos del demandado Rosado, el demandante González alega haber sufrido los siguientes perjuicios: $131.55, importe del crédito que le cedió Hernández Mena; $88.10 invertidos en pago de costas y honorarios de abogado en el procedimiento de mandamus a que se ha hecho refe-rencia, y $549.12 por la ganancia dejada de obtener. El demandante calcula la ganancia, bajo la base de nn 25 por ciento mensual sobre $219.65.

El demandado contestó la demanda negando ciertos hechos de la misma y aceptando que recibió del márshal del distrito $132.27, como pago, en parte, de los $137.20 de las costas a que fué condenado Hernández Mena. Sostuvo además el de-mandado que Hernández Mena conocía la sentencia que lo condenó al pago de las costas, y alegó como materia nueva, que nunca fué notificado de la cesión hecha por Hernández Mena al demandante, y que en el pleito seguido por Hernández Mena contra Leocadia Rodríguez nunca fué sustituido el nom-bre de Hernández Mena por el del demandante; que Her-nández Mena y el demandante se confabularon y llevaron a efecto la cesión indicada con el fin de defraudar al deman-dado, habiendo sido Hernández Mena y no el demandante el que asistió a la subasta y el que estuvo próximo a recibir el importe de la misma cuando fué embargado por el márshal del distrito.

El 19 de noviembre de 1914 se celebró la vista del pleito presentando sus pruebas ambas partes, y el 9 de marzo de 1915 la corte dictó su sentencia declarando sin lugar la de-manda con imposición de las costas y honorarios de abogado al demandante. Presentado el memorándum de costas, fué tramitado de acuerdo con la ley y aprobado finalmente el 27 de marzo de 1915. El demandante entonces interpuso el pre-sente recurso de apelación contra la -sentencia y la resolución aprobatoria del memorándum de costas.

Al estudiar detenidamente este caso para resolverlo en la forma que procediera en justicia, liemos advertido que existe una cuestión jurisdiccional que impide el que entremos en lá consideración de los méritos del mismo.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, las cortes muni-cipales. en Puerto Pico tienen jurisdicción exclusiva para conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de la suma de quinientos pesos.

En el caso de Lowande v. García, 12 D. P. R., 302, el Juez Figueras, al emitir la opinión de .la corte, liizo un cuidadoso estudio de la materia, analizando y comparando las varias leyes que la han regulado.. En el resumen de la opinión, se condensan «los principios establecidos en la misma, en la si-guiente forma: “La jurisdicción de las cortes municipales, en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de quinientos dollars, comprendiendo intereses, es exclusiva, y no puede afirmarse que en estos casos la juris-dicción de las cortes de distrito sea concurrente con las de las cortes municipales.”

Igual doctrina se sostuvo en los casos de Lowande v. García, 13 D. P. R., 271 y González v. Pirazzi, 16 D. P. R., 7. Por último en el caso de Hernández Mena v. Blanco et al., decidido el 14 de julio de 1915, esta Córte Suprema confirmó la senteifi cia de la Corte de Distrito de Mayagüez declarándose sin ju-risdicción para actuar en el pleito, por aparecer de la demam da que no obstante reclamarse mil pesos, solo existía causá de acción para trescientos diez.

Si a la luz de lo expuesto anteriormente, examinamos la demanda presentada originalmente en la Corte de Distrito de M^agüez por Ignacio González contra Arturo Bosado, con-cluiremos sin esfuerzo alguno que la dicha corte de distrito al decidir las cuestiones por la demanda planteadas, actuó sin jurisdicción.

En la demanda se reclaman. $768.77. Tomada esa suma como-base,,1a jurisdicción de la. cprte resulta clara. Pero esa suma se forma de diferentes, .partidas que deben examinarse aisladamente. Una de ellas, la que es en realidad de verdad la base del pleito, solo asciende a $131.55; otra, formada a su vez de varias referentes a gastos hechos con motivo de un procedimiento de mandamus iniciado por el demandante, monta a $88.10. Sumadas ambas, dan un total de $219.65. El resto basta $768.77, o sean $549.12, se reclama, usando las mismas palabras empleadas en la demanda, ‘ ‘ por importe del 25 por ciento sobre 219 dollars 65 centavos que, el deman-dante ba perdido por lo dejado de ganar mensualmente, como producto líquido de dicbo dinero en su casa de comercio, desde el 24 de octubre de 1911, basta la fecba, o sean 18 meses.”

Prescindiremos de investigar y resolver si existe ó no causa de acción con respecto a las partidas de $131.55 y $88.10, limitando nuestro examen a la de $549.12 que se re-clama como ganancia dejada de obtener.

Hemos resumido substancialmente los liecbos alegados en la demanda y al referirnos luego a la partida de $549.12, bemos transcrito textualmente la alegación del demandante. Gomo puede verse de todo ello, no se expone ninguna circuns-tancia extraordinaria, sino que simplemente se. reclama un veinte y cinco por ciento mensual, o sea un trescientos por ciento anual, como producto líquido de la cantidad dejada de 'percibir por el demandante y de la gastada por él, según sos-tiene, con motivo de los actos del demandado, empleadas dichas cantidades en la casa de comercio del demandante. Es tan extraordinaria la pretensión del demandante, está tan desprovista de fundamento su reclamación de un veinte y cinco por ciento mensual, que es necesario concluir que no tiene causa de acción con respecto a la partida de $549.12.

Siendo ello así, la cuantía del pleito queda reducida a $131.55, o, a lo sumo, a $219.65, y la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer originalmente del mismo es evidente. Aun aceptando que el demandante tuviera derecho a reclamar alguna cantidad por la ganancia dejada de obtener por habérsele privado de -emplear $131.55, o $219.65, durante diez y ocho meses, en sn casa de comercio, nnnca dicha ganan-cia, teniendo en cuenta los hechos alegados, podría ser sufi-ciente para elevar la cuantía del pleito hasta los $500.01 nece-sarios para dar jurisdicción original a la corte de distrito.

Todo lo actuado y resuelto por dicha corte fue,' pues, enteramente nulo, por falta de jurisdicción, y así debe resol-verse.

Anuladas la sentencia y resolución apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: Er Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Benet et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en causa sobre daños y perjuicios.
    No. 1278.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Errores Fundamentales — Enmienda a una Demanda ya Enmendada — Hechos Adicionales. — Cuando un demandante cuya demanda enmendada ha sido de-sestimada por falta de causa de acción no solicita de la corte permiso para enmendarla nuevamente al declararse con lugar la excepción previa y antes de dictarse sentencia; ni pide que le proteja en sus derechos después de dic-tada la sentencia, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; ni indica a esta Corte Suprema en qué forma podría aun haber sido enmendada la referida demanda enmendada para que pudiera expresar una causa de acción; ni sugiere que existan hechos adicionales en los que pueda basar una teoría que pueda ser sostenida con respecto a su caso, si es que tiene alguna, no praede después alegar que no se le dió una oportunidad para enmendar su demanda enmendada, y aun cuando la corte errara al dictar su sentencia sin darle esa oportunidad, tal error no sería fundamental.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Los apelados no comparecieron.
   Er Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En'lina demanda enmendada que fue radicada en la Corte de Distrito de Mayagüez el demandante y apelante alegó en substancia: Primero. Que anteriormente habían sido radica-dos en la misma corte dos pleitos, uno numero 4264, titulado Pinillos Carmona v. Bengoa Marín, y el otro número 4460, Samames Caldela, como apoderado de Pinillos Carmona, v. Bengoa Marín. Segundo. Que un tal Vinuesa Moya y Sa-mames Caldela en su carácter de apoderados de Pinillos Car-mona habían celebrado, un contrato con el demandante y apelante por ciertos servicios que él había de llevar a cabo en relación con estas cuestiones mediante un convenio de pago del cincuenta por ciento. Tercero. Que los dos litigios, relacionados fueron transados por los referidos apoderados del demandante y dicho demandado Bengoa mediante el pago de la suma de veinte y seis mil dólares ($26,000) que se obligó a pagar en efectivo dicho Bengoa una vez que estuviesen ins-critos en el registro de la propiedad a su favor ciertos bienes inmuebles. Cuarto. Que la mercantil F. Carrera & Hno. se obligó a facilitar a Bengoa Marín los veinte y seis mil dólares ($26,000) como préstamo, de cuya cantidad pertenecían al demandante trece mil dólares ($13,000) que debía percibir al finalizar definitivamente la condición del pago a que se ha hecho referencia en pago del arrendamiento de sus servicios. Quinto. Que posteriormente el demandado en este caso Benet Colón, voluntaria, a sabiendas y maliciosamente y con el deli-berado propósito de causar daño al demandante en esta acción, en otro pleito número 3956 seguido en la misma corte en ela cual dicho Benet Colón había obtenido sentencia a su favor por la suma de dos mil dólares ($2,000) como_ demandante, y cuando dicha sentencia estaba pendiente de resolución del. recurso de apelación, presentó una moción solicitando el embargo de bienes deja propiedad del ahora demandante que fué demandado en el referido pleito número 3956, en cantidad suficiente a cubrir la suma de cuatro mil trescientos sesenta y cinco dólares ($4,365), para-aseguramiento de la efectividad de la sentencia; que se dictó una orden de embargo de con-formidad a lo solicitado y de acuerdo' con ella se practicó el embargo según aparece del diligenciamiento siguiente:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R. José Benet Colón v. Agustín Hernández Mena. No. 3956. Certifico: Que en cumplimiento de un mandamiento expedido en el caso arriba expresado por la corte de este distrito para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en este caso, en este día, y si-guiendo instrucciones escritas de los abogados de la parte demandante, embargo toda la participación, derecho e interés que tiene, tenga o pueda tener el demandado Agustín Hernández Mena, en la simia o cantidad de dinero que, por 'concepto de honorarios o compensación por servicios prestados, está por recibir y ha de recibir, y le corres-ponde o ha de corresponder a Luis Pinillos Carmona, o la sucesión de éste, en virtud de transacción verificada de los asuntos pendientes ante esta corte a saber: Luis Pinillos Carmona v. Manuel Bengoa Marín, N. 4264; Ex parte Luis Pinillos Carmona, No. 4452; y Antonio Samames, como apoderado de Luis Pinillos, v. Manuel Bengoa Marín, No. 4460; cuya cantidad o suma de dinero recibirá dicho Manuel Bengoa Marín, de los Sres. F. Carrera Hermano, comer-ciantes establecidos en esta ciudad de Mayagiiez, en la cual corres-ponden al demandado Agustín Hernández Mena, tres mil dólares, más o menos. Dado en Mayagüez, P. R., a 22 de junio de 1914. (Firmado) Nestor Gregory, marshal. Por Francisco Azuar, deputy márshal.
“Notificación: Al demandado Agustín Hernández Mena, a Sres. F. Carrera Hermano, Antonio Samames, como apoderado de Luis Pinillos Carmona, y Salvador Yinuesa, también como apoderado del mismo Luis Pinillos: Por la presente notifico a Yds. y a cada uno de Yds. que el embargo-a que se refiere el inventario de que es copia *la presente, el cual ha sido practicado en virtud del mandamiento cuya copia les acompaño y hago parte de esta notificación; previ-niéndoles que no. podrán disponer en manera o forma alguna, del derecho o participación que sobre la cantidad expresada se embarga como de la propiedad del demandado Agustín Hernández Mena, cuya, participación queda por la presente depositada en poder de los suso-dichos Sres. F. Carrera & Hermano, y se les previene que si faltasen en manera o forma alguna a la previsión que aquí se Jes hace, serán responsables ante la corte del delito de desacato a la misma. Dado en Mayagüez, P. R., hoy día 22 de junio de 1914. (Firmado) Nestor Gregory, márshal. Por Francisco Azuar, deputy márshal.”

Sexto. Que por virtud del mandamiento de certiorari expe-dido por este Tribunal Supremo a instancia del demandante en esta acción, que fúé demandado en diclio pleito número '3956, el referido mandamiento de embargo y todos los proce-dimientos subsiguientes que tuvieron lugar de acuerdo con el mismo fueron anulados y dejados sin efecto. Séptimo. Que -de acuerdo con dicha sentencia en los procedimientos de cer-tiorari la Corte de Distrito de Mayagüez dictó una orden dis-poniendo que el secretario expidiese mandamiento al marshal para que suspendiera o dejara sin efecto de'haberlo realizado, •el embargo trabado sobre los bienes del demandante en esta acción, demandado en el mencionado pleito número 3956, y ■expedido el mandamiento al marshal éste lo devolvió dili-genciado en la forma siguiente-:

“Certificado de diligenciamiento por el marshal. Certifico: Que el presente mandamiento me fué entregado a las 10 a. m., del día 29 de julio de 1914, y que notifiqué el mismo, dejando sin efecto el embargo que se manda levantar a las personas que se expresan a continuación: A los Sres. F. Carrera & Hno., el día 29 de julio de 1914, a las 3 p.. m., en la persona de su socio gestor don Florentino Carrera, mostrándole el original y dejando en su poder una- copia de dicho mandamiento con una notificación extendida a continuación: a don Agustín Hernández Mena y a don José,Benet Colón, deman-dado y demandante, respectivamente, el mismo día 29 de julio de 1914 y hora de las 4 de la tarde; y a don Antonio Samames en su •carácter de apoderado de don Luis Pinillos Carmona, el día 30 de julio de 1914, a las 9 y media a. m., entregando a cada una de las personas así notificadas, copia del mandamiento con una notificación ■extendida a su continuación, haciéndoles saber quedaba levantado el embargo a que dicho mandamiento se refiere, y los bienes, a la libre disposición de su dueño. Fechado hoy, en Mayagüez, a 30 de julio de 1914. (Firmado) Nestor Gregory, marshal. Por Cosme Girón, márshal auxiliar.”

Octavo.. Que posteriormente el demandante en este caso requirió formalmente 'ante notario a la mercantil F. Carrera & Brother interesando le entregasen los tres mil dólares ($3,000), más o menos, embargados como queda dicho, y que Florentino Carrera socio gestor de la referida mercantil en. contestación a dicho requerimiento contestó lo siguiente:

“Que al ser requerido por el márshal en la fecha que se consigna en la precedente acta, sobre embargo de la cantidad de tres mil dóla-res, más o menos, que decían pertenecer a don Agustín Hernández-. Mena, manifestó a dicho márshal, el señor Carrera en la representa-ción que ostenta, que en la casa mercantil de F. Carrera & Hno., no. había ninguna cantidad, ni hubo, ni hay, perteneciente a dicho señor-don Agustín Hernández: Que esa manifestación hace al notario re-quirente, y por tanto no puede entregar a éste ninguna cantidad' que pertenezca a dicho señor Hernández a favor de cuyo señor no-existió ni existe depositada cantidad alguna de la propiedad del requi-rente don Agustín Hernández Mena.”

Noveno. Que el demandante y apelante prestó todos y cada uno de los servicios así convenidos y pagó todas y cada una de las cantidades que fueron convenidas en el expresado contrato de arrendamiento de servicios, y que los bienes in-muebles que fueron objeto de la transacción que se hizo fueron inscritos en el registro de la propiedad a favor de Bengoa Marín. Décimo. Que en la fecha del embargo en cuestión los-Sres. Carrera & Hermano tenían en su poder y bajo su cus-todia la cantidad de los veinte y seis mil dólares ($26,000) que se obligaron a dar en préstamo a Bengoa y que éste se obligó y había de pagar a Pinillos Carmona én pago del precio de la transacción; que el cincuenta por ciento o $13,000,. de dichos veinte y seis mil dólares ($26,000) correspondía al demandante en virtud de lo convenido en el contrato de arrendamiento de servicios y que la cantidad de tres mil dólares ($3,000), más o menos, embargados por el márshal en poder de Carrera & Hermano formaba parte de dicha par-ticipación de trece mil dólares ($13,000); de la exclusiva propiedad del demandante. Undécimo. Que F. Carrera & Hermano personalmente y los apoderados de Pinillos consu-maron definitivamente el contrato de transacción pactado con Bengoa, mediante el pago del precio de la misma previa liqui-dación y descuentos correspondientes, sin que el demandante y apelante tuviera aviso como partícipe, conocimiento o inter-vención alguna en tales hechos ni acto. Duodécimo. Que el demandado Benet Colón al solicitar el embargo en el caso número 3956 y al designar los bienes que habían de ser embar-gados, tenía conocimiento y sabía que los bienes eran de la propiedad del demandante y apelante; y que los señores F. Carrera & Hermano en la fecha del embargo y en que directamente y en persona llevó a efecto definitivamente la transacción Pinillos-Bengoa mediante el pago y entrega del precio, tenía conocimiento de que el demandante y apelante tenía a su cargo y cuidado la gestión de los pleitos que han sido relacionados y que en el importe de la transacción de los mismos correspondía una participación al demandante y ape-lante. Décimo tercero. Que de los trece mil dólares $13,000) que le correspondían al demandante y apelante como parti-cipación de un cincuenta por ciento de la cantidad de los veinte y seis mil dólares ($26,000) del precio de la transacción, le fuá entregada y recibida por él de Vinuesa por conducto de Samames, apoderados de Pinillos la suma de $9,333; y Décimo cuarto. Que a consecuencia de dicho embargo el demandante y apelante ha sido perjudicado y sufrido perjuicios reales por la suma de tres mil seiscientos sesenta y siete dólares ($3,667), por culpa de los demandados Benet Colón y F. Ca-rrera & Hermano y no por su propia culpa.

El demandado Benet Colón formuló una excepción previa alegando que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa dé acción en contra de dicho demandado, excepción que fué debidamente sostenida por la corte de distrito por no aparecer de dicha demanda hechos que de-muestren que los demandados F. Carrera & Hermano hubie-ran tenido alguna vez ninguna obligación con el demandante y apelante, o que los bienes embargados .le pertenecían en realidad, o que el demandante y apelante hubiere sufrido ciertamente algún perjuicio con motivo del embargo practi-cado a instancia del demandado Benet.

De conformidad con dicha orden declarando con lugar dicha excepción, la corte, una semana después, dictó sentencia ordenando el sobreseimiento del caso en lo que se refiere al demandado Benet, con las costas, disponiendo se librara la orden corriente de ejecución; y alega él apelante que no se le dio oportunidad alguna para enmendar su demanda enmen-dada. Pero no. indica el apelante en qué forma es que podría, haber sido todavía enmendada su demanda enmendada para que pudiera expresar una causa de acción, y ni siquiera sugiere que existan hechos adicionales en los que pueda basar una teoría que pueda ser sostenida con respecto a su caso, si es que alguna tiene contra el demandado Benet.

Durante el período transcurrido desde la fecha en que fué dictada la orden declarando con lugar la excepción previa y la de la sentencia, el demandante tuvo suficiente oportuni-dad para solicitar la reconsideración de dicha orden y per-miso para hacer enmiendas, pero no hizo esfuerzo alguno en este sentido. Aun después de dictada la sentencia podría haber solicitado la protección de la corte de distrito de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero nada hizo. En la apelación ha dejado de probar enteramente que en alguna forma haya sido perjudicado al-gún derecho sustancial, y según todo lo que aparece de los autos aun cuando la corte de distrito cometiera error al dictar la sentencia sin darle la oportunidad de hacer otras enmien-das a la demanda que jra había sido enmendada, dicho error no causaba perjuicio en absoluto.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Central Cambalache, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra el Begistrador de la Propiedad, de Arecibo denegando la inscripción en parte de nna escritura de hipoteca voluntaria.
    No. 228.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Compraventa — Participaciones en Común t Proindiviso — Inscripción en el Registro — Dueño Unico. — Cuando una finca pertenece a hermanos en común y proindiviso a título de herencia, y uno de ellos compra a los demás sus, participaciones inscribiéndose el documento en el registro, los derechos do los distintos condueños quedan desde el momento de la compra reunidos en una sola persona, el comprador, y, por tanto, éste como único dueño de la finca.
    Hipotecas — Inscripción a Nombre del Hipotecante — Condueños.—No puede negarse la inscripción de una hipoteca por el solo fundamento de no estar inscrita la finca a nombre del hipotecante, cuando del mismo registro aparece haberse reunido en él todos los derechos de los distintos condueños. El que es dueño de todas las distintas porciones de una finca es dueño de toda ella
    Los hechos están expresados eu lá opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Félix Santoni.

    El registrador recurrido, Sr. José Marcial López, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Durante el matrimonio de don Bartolomé Saavedra y doña Evarista Soler adquirió la esposa por título de compra una finca que fué inscrita a su nombre con el número 175 en el Begistro de la Propiedad de Arecibo eu el tomo tercero de Quebradillas, folio 111.

Muertos ambos consortes y habiendo sido declarados sus. herederos sus ocho hijos, fué inscrita a favor de todos en común proindiviso por título de herencia y más tarde a favor del heredero José Quintiliano Saavedra Soler por compra que hizo -a los demás hermanos de sus participaciones indi-visas, haciendo constar el registrador en esta inscripción que quedaba sujeta al resultado de la liquidación de' la sociedad conyugal llevada por los expresados consortes.

Posteriormente se presentó en el registro para inscripción la escritura de 31 de julio de 1914 por la que José Quintiliano Saavedra hipotecó esa finca y otra más a favor de la Central Cambalache.

El registrador, según la nota puesta al pie del documento, inscribió la hipoteca pero entendiéndose la inscripción res-pecto a la finca No. 175 tan sólo sobre los derechos heredi-tarios que sobre ella tiene registrados el hipotecante, que-dando sujeta esa inscripción al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal llevada por los consortes don Bartolomé Saavedra Espinosa y doña Evarista Soler Lassalle y fun-dándose en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria negó la ins-cripción en cuanto a la totalidad de la finca por no estar re-gistrada a favor de dicho hipotecante, tomando en su lugar anotación preventiva. Contra esa nota interpuso la Central Cambalache el presente recurso gubernativo con súplica de que ordenemos la inscripción.

Según el registro, la. finca en cuestión pertenecía a los hermanos Saavedra-Soler por título de herencia en común y proindiviso, pero desde el momento en que uno de ellos com-pró los derechos en ella de los demás se reunieron en una sola persona los de los distintos condueños y quedó por tanto como único propietario de ella; y habiendo sido inscrito ese documento, resulta del registro dueño único de ella José Quin-tiliano Saavedra y no puede por - tanto negarse la inscripción de la hipoteca que sobre la finca constituyó a favor de la Central Cambalache por el fundamento de que no está inscrita & su nombre. El que es dueño de todas las distintas por-ciones de una finca es dueño de toda ella.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto se refiere a la finca número 175 del tomo tercero de Quebradillas 'y ordenarse la inscripción de la hipoteca en cuanto a la tota-lidad de ella.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.