text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ramírez Figueroa, acusado y apelante.
    No. 3110.

    Visto: Mayo 18, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — -Revisión—Veredictos y Conclusiones del Jurado — En General. — Bajo las circunstancias del caso do autos se resolvió el veredicto y la sentencia no son contrarios a derecho y a las pruebas por ninguna de las razones señaladas por el apelante.
    3. Homicidio (Eomieiáe) — Evidencia—Admisibilidad en-General — Carácter y Conducta de las Partes — Del Acusado. — En ausencia de indicación alguna respecto al propósito del acusado al probar que sabía que eí interfecto era peligroso, a menos 'que se tenga tal conocimiento, la prueba del carácter y conducta anterior del interfecto es inadmisible.
    3. Homicidio (Bomidde) — Apelación—Revocación de la Sentencia Apelada.— Ru ausencia total de alguna objeción, protesta ó excepción, la admisión eu evidencia de una llamada declaración en inminente peligro de muerte (dying declaration), el contenido de la cual es meramente cumulativo y en substancia una repetición de manifestaciones que ya están ante el jurado como parte del res gestae, no es, sin más, motivo suficiente para revocar.
    Sentenoia de Charles F. Foote, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por delito de homicidio voluntario, sin costas.

      Confirmada.

      P. Fajardo Martínez, Pedro Nelson Colberg y Pedro Baigés Gómez, abogados del apelante; José F. Figueras, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto del delito de homicidio voluntario, y alega que: el veredicto y la sentencia son contrarios a derecho y a la prueba aducida durante el juicio (a) porque la prueba presentada por el fiscal no era suficiente para justificar tal veredicto y sentencia, (b) porque no hubo prueba de que “la muerte fuera el resultado próximo y único” de la herida inferida por el apelante (asumiendo que así la hubiese inferido), (c) porque el jurado y la corte inferior pasaron por alto la prueba aducida por el acusado tendente a demostrar que la herida en cuestión fue casual y recibida en condiciones tales que no aparejaban responsabilidad criminal alguna por parte del acusado, y (d) porque no se probó que la muerte de Herminio Bosario, de haber sido ocasionada por el acusado, fuera causada ilegal y negligentemente.

El primer testigo del fiscal, Boque López, estaba en un cuarto que tenía una ventana o puerta que daba a un ca-llejón estrecho que separaba las dos casas. El acusado ocupaba un cuarto al lado opuesto de este callejón, o que daba a un patio a que daba acceso el callejón. En el inte-rrogatorio directo, Boque, dijo que Hernández pasó por el callejón en dirección a Ja puerta del patio entre las dos casas; que el testigo oyó un disparo y que Bosario cayó en la puerta del cuarto ocupado por el testigo; que él no vió quien hizo el disparo ni el arma, pero que lo vió “a él” (al acusado) “y a su hermana” cuando vinieron en auxilio del herido; y que el testigo no sintió disputa, India, pelea o reyerta.

En la repregunta este testigo manifiesta qne .sabía qne el acusado estaba en su casa porque salió y dijo: “¿Qué bay, muchacho; qué te ha pasado ? Eso no es nada ’ ’; que Rosario llegó cerca de las tres y media y permaneció allí por algún tiempo jugando con el acusado en el patio; que los dos estaban jugando como si estuvieran disputando; que Rosario estaba bromeando con el acusado; que Rosario estaba a la puerta de la habitación del acusado y fué donde Herminio y le dijo: “Tú no tiras nada,” y el testigo le contestó: “Súbase para arriba, compadre, súbase para arriba, qne un tiro se le1'sale a cualquiera que fuera,” y él replicó: “Este no tira nada: éste es un cobarde”; que ellos hacían que estaban disputando; que la distancia en-tre el acusado y el testigo era como de cinco metros; que Rosario había estado bebiendo y que siempre que bebía es-taba de buen humor; que cuando se hizo el disparo Rosario cayó frente a la puerta de la habitación ocupada por el testigo; que Herminio no tenía nada en sus manos.

La declaración del médico que practicó la autopsia deja poco lugar a dudas de que la muerte sobrevino como re-sultado de las heridas.

El acusado fué inmediatamente al cuartel de la policía y dió cuenta de que había herido a Rosario, y entonces un policía se dirigió a la escena del suceso y la madre del acu-sado le entregó una escopeta y un cartucho vacío.

La declaración del médico arriba mencionado también in-dicó qne las heridas producidas por el disparo en el cuerpo del interfecto estaban esparcidas por un área considerable, habiéndose presentado como prueba la camisa y la cami-seta que Rosario usaba al tiempo del disparo.

Otro testigo, José Luciano, declaró, sin oposición u ob-jeción por parte del acusado,' respecto a una manifestación que se dice fué hecha por Rosario mientras era curado en el hospital, al efecto de que había visitado la casa de Juan Ramírez, padre del acusado, y había hallado al acusado en su habitación como de costumbre, y que, siendo los dos amigos, había tocado al acusado, quien se sorprendió, y que Rosario se escondió en otra habitación; que el acusado su-ponía que había sido “Dominica” que estaba jugando con él y volvió a su cama diciéndole a Rosario que si volvía otra vez con esa “música” lo mataría, y así lo hizo.

La prueba de descargo tendió a demostrar que Rosario de jugando apuntaba con la escopeta hacia el acusado, quien trató de quitársela, y que el arma se disparó accidental-mente mientras luchaban por quitársela mutuamente. Pero otro médico que ocupó la silla testifical por la defensa, tam-bién declaró que las heridas cubrían un área de seis a siete pulgadas de diámetro. Este testigo igualmente manifiesta que no había señales de pólvora en la piel del interfecto, y al examinar la camisa y la camiseta en presencia del ju-rado, tampoco encontró indicio alguno de pólvora. Aunque no pretendió ser un perito y rehusó fijar las distancias con absoluta exactitud, este testigo confesó tener gran afición por la caza y una experiencia más o menos variada con escopetas así como con heridas causadas por disparos he-chos con esa arma. El testigo está en la absoluta seguri-dad de que habrían señales de pólvora no solamente en la ropa sino también en la piel si se hubiera hecho el disparo a una distancia menor de tres pies, pero que un disparo de municiones hecho desde poca distancia no se esparcería, sino que haría un agujero en el blanco; y que las heridas que aparecían en el cuerpo del interfecto fueron recibidas a una distancia de tres a siete pies del cañón.

El jurado practicó una inspección ocular del lugar del suceso y tomó las medidas o distancias entre los distintos sitios mencionados por los testigos y a los cuales hacían referencia en sus declaraciones.

Bajo las circunstancias, no podemos estar de acuerdo con el apelante en que el veredicto y la sentencia son con-trarios a derecho y a la prueba por ninguna de las razones señaladas según qneda indicado.

No hay señalamiento de errores por separado, pero la segunda, tercera y cuarta proposiciones sometidas por el apelante a intervalos en el curso de la argumentación contenida en el alegato, son substancialmente que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia la declaración en inminente peligro de muerte prestada por Herminio Rosario, al admitir determinada pregunta y contestación y al excluir prueba con respecto al carácter peligroso y pendenciero de Rosario.

Francisco Montalvo Colberg, Juez Municipal de Cabo Rojo, mencionó dos visitas en su declaración, así como dos conversaciones y dos manifestaciones hechas por Rosario, las cuales se tomaron por escrito en forma de declaración en inminente peligro de muerte varias horas después del disparo. La primera entrevista fué como a las siete y media de la noche, en presencia del médico que asistía al he-rido, y la segunda, como a las nueve de la noche en presen-cia del jefe de la policía y del secretario de la corte municipal.

Se ofreció en evidencia la segunda de estas dos manifes-taciones, después de haberse tratado sin éxito de probar que había sido hecha como una declaración en inminente peligro de muerte, cuya admisión fué pronta y propiamente denegada por el juez sentenciador. El fiscal entonces trató de llevar ante el jurado la primera ¡declaración, no como una declaración en inminente peligro de muerte, sino como parte del res gestae. Tampoco tuvo éxito en esto, y la cuestión llegó a ser, por lo menos temporalmente, un inci-dente terminado.

El siguiente testigo que ocupó la silla testifical fué el policía Remedio López, quien estaba por declarar, no res-pecto a ninguno de los extremos mencionados por el juez municipal, sino con respecto a una conversación que se de-cía haber tenido lugar cuatro o cinco minutos después del disparo, cuando surgió el incidente en que se basa el ape-lante para su tercer motivo de error: sobre este punto los autos leen como sigue:

“¿Qué manifestación le hizo el Herminio Rosario a Ud? (De-fensor) Me opongo a que el testigo conteste. (Juez) Cuatro o cinco minutos después, vamos a ver eso. (Defensor) Vamos a fun dar nuestra oposición. El Tribunal Supremo de California, en su página 190 de la Enciclopedia Kerr’s California Penal Code, ha resuelto lo siguiente: ‘Evidence of police officer, to effect that after shot he ran to place where deceased was lying and had conversation with her for possibly half-minute or little longer, in which she declared that defendant was man who had shot her, is inadmissible, where such declaration is not made in defendant’s presence, and no foundation is laid for it as dying declaration.’ (Fiscal) Como dying declaration, pero no como parte de la res gestae. (Juez) Admitido, puede declarar el testigo.”

Se volvió a hacer la pregunta, y la defensa expresó el deseó de saber si el testigo quería decir que la conversa-ción había tenido lugar cuatro o cinco minutos después de haber llegado al hospital o cuatro o cinco minutos después del disparo. Entonces la corte intervino de propia inicia-tiva y dijo al fiscal que debía probar detalladamente, y si ello era necesario, por medio de otros testigos, todo lo que ocurrió o lo que se hizo durante el tiempo que había trans-currido entre el momento del disparo y el de la conversa-ción de referencia, a fin de que, en vista de las circunstan-cias, la corte pudiera tener una idea más clara de la situa-ción y pudiera hacer sus propias conclusiones.

Después de varias páginas de interrogatorio con respecto a los extremos indicados por el juez sentenciador, hallamos lo siguiente:

“(Fiscal) Con esa prueba preliminar nosotros introducimos como parte de la res gestae la declaración del testigo. (Juez) El testigo parte de que el acusado se presentó en el cuartel de la policía, el tiempo transcurrido entre el suceso y que el acusado se presentó al cuartel de la policía no ha sido determinado. (Fiscal) Vamos a dejar para determinar eso más tarde. (Juez) Presente todos los testigos que tiene, las personas que condujeron al herido al hospital municipal, los que estaban allí antes de presentar al testigo Remedio López. (Fiscal) Voy a traer un solo testigo para ese fin porque me tropecé con la acusación que no tenía más testigos, yo he tenido que traer todo el resto de la prueba. (Defensor) Nosotros nos re-servamos el derecho de repreguntar al testigo después que el fiscal termine con él. (Juez) Sobre la cuestión preliminar de si forma parte de la res gestae se puede preguntar ahora porque estamos en eso, en el preliminar. (Defensor) Entonces sobre lo preliminar nosotros podemos repreguntar. (Juez) ' Sí, puede repreguntar so-bre eso.”

Después de diez o doce páginas de repregunta, se per-mitió que el testigo Remedio López abandonara la silla tes-tifical mientras se examinaba a otros testigos extensamente respecto a las circunstancias que rodeaban el traslado del herido al hospital. Entonces, e inmediatamente antes de que Remedio López reanudara' su declaración en el punto en que había sido interrumpido, surgió el incidente en que se basa el apelante para demostrar la admisibilidad de la declaración en inminente peligro de muerte hecha ante el Juez Municipal de Cabo Rojo.

Comenzó anunciando el fiscal que no tenía más prueba preliminar que ofrecer. A eso siguió una pregunta de la corte respecto a si había o no objeción a que se admitiera la declaración en inminente peligro de muerte hecha por el interfecto como parte del res gestae. Entonces la defensa argumentó extensa y detalladamente respecto a la suficien-cia de lo que el fiscal había demostrado, y en forma tal que no deja lugar a dudas, bien en cuanto al hecho de que la admisibilidad de la declaración hecha por Rosario en pre-sencia de Remedio López inmediatamente después de la lle-gada al hospital era la cuestión que se estaba considerando ni acerca del hecho ulterior y más significativo de que la defensa no estaba envuelta por el momento en ninguna con-fusión, mal entendimiento o impresión errónea a este res-pecto.

El segundo y tercer fundamento de la apelación a que ya nos hemos referido se exponen en la siguiente forma en el alegato:

“Segundo error. La corte inferior erró al admitir en evidencia el ‘Dying declaration’ de Herminio Rosario, a la admisión del cual documento se opuso la defensa y tomó excepción, según comprueba el récord en los particulares siguientes:
“ ‘El Fiscal termina su pruebe- preliminar y ofrece en eviden-cia la declaración dada por el interfecto ante el Juez Municipal de Cabo Rojo. La Corte interroga al abogado del acusado si bay opo-sición y dicbo letrado se expresa así: Nosotros nos vamos a oponer a que se admita esta declaración como res gestae por los motivos y fundamentos que consigna en el récord.
‘La Corte admite la evidencia y la defensa toma excepción.
“ ‘La'declaración es presentada en evidencia posteriormente.
“Tercer error. La corte inferior erró al admitir en evidencia la pregunta y respuesta que se transcriben a continuación:
“ ‘Pregunta propuesta por el fiscal: ¿Qué manifestación le hizo el Herminio Rosario a Ud? Defensor: Me opongo a que el testigo conteste: vamos a fundar nuestra oposición, etc. Fiscal: Como ‘dying declaration’ pero como parte de la res gestae. Juez: Admi-tido, puede declarar el testigo.’ ”

El argumento de la defensa en la corte inferior respecto a la admisibilidad de la declaración del policía Remedio López sobre la manifestación hecha por Rosario a su lle-gada al hospital se toma verbatim de la transcripción ta-quigráfica y se incorpora en el alegato del apelante como que se refiere a la propuesta admisión en evidencia de la llamada declaración en inminente peligro de muerte hecha ante el juez municipal varias horas después de haber tenido lugar la entrevista con el policía.

Sería superfluo comentar tales tácticas.

La transcripción taquigráfica no contiene referencia al-guna en relación con la llamada declaración en inminente peligro de muerte desde el momento en que fué ofrecida en dos ocasiones como prueba por el fiscal y excluida por dos veces por el juez de la corte inferior. Sin embargo, se ha unido el documento al final de ese récord, y el taquígrafo hace mención a él como qne fné admitido por la corte. In-eidentalmente, diremos qne el documento signe a la resolu-ción de la corte inferior en que se basa el apelante para sos-tener qne excluyó la prueba de mala reputación de Rosario, aunque la corte, a juzgar por la transcripción, resolvió que esa prueba era admisible.

El apelante, al comentar la incongruencia evidente entre la manifestación imputada al juez sentenciador por la trans-cripción y el contexto, insiste en que la prueba en cuestión fué en realidad excluida, tal como lo demuestra la excep-ción anotada por el acusado en aquel entonces.

Es enteramente claro que el incidente que nos concierne envolvía la admisibilidad de prueba tendente a demostrar los antecedentes y la mala conducta de Rosario. El juez municipal había sido llamado a declarar por segunda vez como testigo de la defensa sobre este punto, y no existe la más remota indicación en parte alguna del interrogatorio de este testigo en ese momento que se relacione con la de-claración en inminente peligro de muerte o respecto a de-claración alguna hecha por Rosario. Por tanto, nos incli-namos a estar de acuerdo con el apelante en que el juez sentenciador probablemente dijo en su resolución de que se queja el apelante que la prueba que el acusado estaba tra-tando de presentar era “inadmisible,” no que la misma u otra prueba que no fué ofrecida en ese momento era “ad-misible.” Sin embargo, y aunque parece bastante curioso, inmediatamente después de la excepción tomada por la de-fensa a esta resolución la transcripción dice que “la prueba admitida por la corte, copiada literalmente, dice así:” En-tonces sigue la llamada declaración en inminente peligro de muerte, la cual, según se dice en la posdata, fué firmada por el juez municipal, por el secretario de la corte municipal y por el jefe de distrito de la policía, como que fué hecha en presencia de estos funcionarios.

El juez sentenciador, en ausencia de objeción alguna o de observación de parte del abogado del apelante que no tomó parte en el juicio, o del fiscal de distrito que inter-vino en el caso a nombre de El Pueblo, aprobó esta trans-cripción sin haber modificación o enmienda, según fné certi-ficada por el taquígrafo y sometida por las partes.

Para los fines de esta opinión, por tanto, puede admi-tirse que la recrudescente declaración en inminente peligro de muerte fue admitida como prueba por la corte inferior, o por lo menos de algún modo misterioso, ese documento entró a formar parte del caso, bien durante el juicio o des-pués del mismo. Lo cierto es que nunca se hizo objeción alguna a la admisión de tal prueba al momento de ser ofre-cida, ni que el acusado tomó excepción a cualquier resolu-ción dictada por la corte en este sentido.

La cuarta proposición en que se basa el apelante es algo más plausible. Pero no se demuestra que el error, si al-guno hubo, perjudicara los derechos substanciales del acu-sado. Admitiendo para los fines de la argumentación, sin que lo resolvamos, que la mejor práctica hubiera sido per-mitir que el acusado probara los antecedentes y la mala conducta de Rosario, sin embargo, bajo las circunstancias de este caso en particular no estamos dispuestos a revocar la sentencia por ese único fundamento. Si, como alega el acusado, Rosario le estaba apuntando con una escopeta car-gada, entonces el acusado estaba suficientemente justificado al tratar de quitarle el arma a Rosario y hubiese estado jus-tificado al darle muerte, de ser necesario, con tal propósito. No se pretende alegar que Rosario estuviera buscando pe-lea o que tuviera la intención de acometer o inferirle daño corporal al acusado.

Por el contrario, toda la evidencia en este caso tiende concluyentemente a demostrar que Rosario estaba de muy buen humor, y que su disposición era retozona y amistosa. De suerte que parece razonablemente que la actitud del acusado no fué influida o provocada en ningún grado apre-ciable por el hecho, de ser un hecho, de que Rosario era una persona de carácter peligroso o pendenciero, aun cuando el acusado tuviera conocimiento de sus antecedentes a este respecto, y en aquel entonces.

No bubo indicación alguna del propósito de parte del acusado de probar que sabía que Rosario era un hombre pe-ligroso; y a menos que tuviera tal conocimiento, la prueba del carácter y la conducta anterior del interfecto era clara-mente impertinente. Y, en lo que se refiere a tal reputa-ción y conducta, que, de ser conocidas por el acusado pue-den ser consideradas como circunstancias atenuantes, el ju-rado parece haber dado al acusado el beneficio de cualquier duda sobre este punto al pedir clemencia para él, lo que pa-rece haber recibido la consideración favorable por el juez sentenciador al imponer una pena de dos años y seis me-ses de presidio.

Lo que hemos dicho sería suficiente para resolver esta apelación tal como ha sido presentada por el alegato del apelante; pero el fiscal de esta corte recomienda la revo-cación de la sentencia por errores que señala y que surgen de lo siguiente:

“1. La admisión por parte de la corte inferior de ciertas mani-festaciones hechas por el hoy interfecto, que fueron admitidas por la corte por el fundamento de que eran parte del res gestae.
“2. La admisión también por parte de la corte inferior de una declaración prestada por el interfecto ante el Juez Municipal de Cabo Rojo que se presentó como dying declaration y fué admitida por la corte.”

Estamos muy de acuerdo con la corte inferior, con los abogados del acusado y con el fiscal de esta corte en que la •llamada declaración en inminente peligro de muerte era in-admisible como tal y no hallamos nada en los autos que in-dique que fuera admitida.

El fiscal insiste en que este documento fué admitido; como prueba “por entender la corte que era parte del res. gestae, con la oposición de la defensa.” Pero no se hace re-ferencia a la página o parte de los autos en que la corte señale tal razón para admitir el documento en cuestión o en que se haya formulado objeción alguna a su admisión por tales fundamentos por parte del acusado. Tampoco ha-llamos base satisfactoria para la conclusión a que ha lle-gado el fiscal.

La parte de los autos en que descansa el apelante en su segunda proposición no tiene nada que ver con la admisión de la prueba documental, según ya hemos demostrado. El método empleado por el abogado del apelante para darle un aspecto diferente a lo que en realidad ocurrió en la corte inferior sólo sirve para dar más énfasis al extremo últimamente mencionado.

El fiscal también asume que el documento en cuestión incluye la manifestación que se dice haber sido hecha por Rosario a las siete o a las siete y media de la noche. Pero tal como hemos indicado anteriormente, el juez municipal declaró que la primera de las dos manifestaciones hechas en su presencia lo fué también, en presencia del médico que asistía al interfecto; y la segunda, en presencia del jefe de la policía y del secretario de la corte municipal, quienes certifican el escrito que ahora tenemos bajo nuestra consideración.

Desde luego, es concebible que el documento pudo haber sido ofrecido por el fiscal como parte del res gestae, al ter-minar la prueba de descargo, y que la defensa se opusiera a pesar del silencio absoluto de los autos acerca de tal ofre-cimiento u objeción. Pero se hace mención al escrito como la prueba admitida por la corte “inmediatamente después de,” y evidentemente refiriéndose a, una resolución que aca-baba de dictarse y que. fué objetada por la defensa, al efecto de que “la prueba es admisible.” T sería extraño que después de varias páginas de discusión respecto a la admisibilidad de cierta prueba introducida por el acusado para demostrar la mala reputación y los antecedentes del interfecto, el acusado tomara excepción de una resolución de que tal prueba era admisible. Sería aún más extraño si al final de tal discusión el juez sentenciador, sin resolver la cuestión qne estaba considerando, sin anunciar o indicar en la forma más remota su intención de dictar resolución sobre ninguna otra cuestión, dijera, con respecto' a una de-claración liecba en inminente peligro de muerte ofrecida como parte del res gestae, la cual fué excluida anterior-mente durante el juicio, y sin que se renovara tal ofreci-miento: “la corte resuelve que la prueba es admisible.”

Sería interesante saber si el juez sentenciador bizo al-gún comentario sobre esta alegada declaración en inmi-nente peligro de muerte como parte del res gestae al ins-truir al jurado, pero no se ban incluido en los autos ante nos las instrucciones dadas al terminar el juicio. T, sea esto como fuere, la resolución de este caso no depende de la proposición de que se dejó de admitir el documento de referencia. Basta que se demuestre que el acusado no ob-jetó la admisión del mismo en el momento en que fué ad-mitido, o que tomó excepción de la resolución- de la corte contra tal objeción, si no bubo objeción o resolución alguna en cuanto a este particular.

Por otra parte, si realmente jamás se admitió la llamada declaración en inminente peligro de muerte, la investiga-ción y determinación de la manera y circunstancias en que llegó a' incluirse el documento en la transcripción de la evi-dencia pueden dejarse a la sana discreción de la corte inferior y del Departamento de Justicia.

La declaración de Remedio López fué meramente acumu-lativa a la de José Luciano que babía sido ya admitida sin objeción o protesta por parte del acusado. En reali-dad no era otra cosa que otra versión o paráfrasis de la misma manifestación becba al mismo tiempo en presencia de ambos testigos y del médico que asistía al interfecto.

La declaración del médico tendió a demostrar que Rosario, debido a su estado de intoxicación y al efecto de la conmoción producida por la herida estaba imposibilitado de bacer una manifestación coherente e inteligible, y en reali-dad no bizo la manifestación en cuestión. Si Luciano y el policía dijeron la verdad, entonces el médico debió baber estado equivocado, por lo menos en lo que se refiere a ha-berse hecho en realidad la manifestación. La condición fí-sica y mental del paciente, en lo qne afectaba su habili-dad para relatar claramente lo* ocurrido era cuestión rela-cionada con la fuerza probatoria de la declaración realmente prestada por él más bien que con su admisibilidad en evi-dencia. Además, si Rosario, en menos de media hora des-pués del disparo y como resultado de la conmoción e into-xicación estaba impedido de hacer una relación clara y ra-zonablemente exacta de lo que en realidad había ocurrido, entonces parecería ser una presunción lógica que en igual o mayor grado le era imposible haber concebido o inven-tado una narración manifiestamente falsa aunque plausible.

De todos modos, la cuestión de si Rosario, dentro de las circunstancias que se desprenden de la investigación preli-minar a que nos hemos referido, tuvo o no suficiente tiempo y oportunidad para reflexionar y formular una manifesta-ción falsa, era principalmente una cuestión, en lo que con-cierne a la admisibilidad de la prueba, para ser determi-nada por el juez sentenciador. Si Rosario hizo o no la manifestación imputádale, y si, de haber sido hecha, la ma-nifestación era o no cierta, eran cuestiones de hecho-para ser dilucidadas por el jurado.

En el caso de El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390, citamos con aprobación de Wigmore on Evidence los siguien-tes párrafos:■

“Este principio general se funda en la experiencia de que bajo ciertas circunstancias externas de conmoción física puede producirse una tensión do excitación nerviosa que paraliza las facultades refle-jas y pierden su control, de modo que la manifestación que entonces tiene lugar responda de una manera espontánea y sincera a las sen-saciones y percepciones reales ya producidas por la sacudida externa. Puesto que esta manifestación se hace bajo el dominio inmediato y sin control de los sentidos, y durante el breve período en que las consideraciones de interés propio no podían haberse traído entera-mente a colación por la reflexión razonada, la manifestación puede tomarse como especialmente digna de crédito (o, al menos, como qne carece de los motivos generales de falta de confianza), y por tanto como qne expresa la verdadera tendencia de la creencia del qne habla en cnanto a los hechos qne acaban de ser observados por él; y pnede, por tanto, recibirse como testimonio de aqnellos hechos. La situación ordinaria qne presenta estas condiciones es nna riña o accidente ferroviario. Pero el prinéipio mismo es nno amplio.” 3 "Wigmore, sección 1747, p. 2250.
“Las manifestaciones deben haber tenido lugar antes de que haya habido tiempo para idear y tergiversa/r, por ejemplo, mientras la excitación nerviosa se supone que todavía domina y las faculta-des reflejas están aun en suspenso. Esta limitación es en la prác-tica la materia de la mayoría de las resoluciones.
“Debe observarse que las manifestaciones no tienen que ser es-trictamente contemporáneas con la causa excitante; pueden ser sub-, siguientes a ella, siempre que no haya habido tiempo para que la influencia excitante pierda su influjo y sea disipada. La falacia, anteriormente tenida en cuenta por algunas cortes, de que la mani-festación debe ser estrictamente contemporánea (post., sec. 1756) debe su origen a la aplicación errónea de la doctrina del Acto Yerbal: ....
“Además, no puede haber ningún Umite de tiempo definido y fijo. Cada caso debe depender de sus propias circunstancias. . .
“Toda vez que la aplicación del principio depende, pues, ente-ramente de las circunstancias de cada caso, es por tanto imposible considerar las resoluciones sobre esta limitación como que tienen en rigor la fuerza de precedentes. El discutir de un caso a otro acerca de esta cuestión de ‘tiempo para idear o tergiversar’ es ju-gar con el principio y llenar los autos de sutilezas innecesarias e infructuosas. Hay una pérdida lamentable de tiempo por parte de las cortes supremas en tratar aquí bien de establecer o respetar pre-cedentes. En vez de esforzarse débilmente por lo imposible deben decisivamente insistir en que todo caso sea tratado por sus propias circunstancias. Debieran, si pueden hacerlo, levantarse perceptible-mente aun a la mayor altura de dejar la aplicación del principio absolutamente a la determinación de la corte sentenciadora. Hasta que sea alcanzado ese resultado benéfico las lucubraciones de las cor-tes supremas sobre los detalles de cada caso continuarán multipli-cando la lectura tediosa de la profesión.” Id., see. 1750, págs. 2255-2256.

En este caso, como en el de Calventy, no necesitamos llegar al extremo de adoptar sin. condición o reserva al-guna la indicación posterior del Profesor Wigmore de que la cuestión de admisibilidad debe dejarse en todos los ca-sos enteramente a la discreción de la corte inferior. Pero no bailamos nada en el alegato del fiscal en el presente caso que justifique una desviación de la regla enunciada en el caso de El Pueblo v. Calventy, al efecto de que en ausencia de un claro' abuso de discreción esta corte no intervendrá en la aplicación por el juez sentenciador del principio general envuelto, de acuerdo con las circunstancias que se desarrollaron durante el juicio. Ni tampoco encontramos que baya habido tal abuso de discreción en el presente caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Guadalupe Guerra y Eulalia Tapia, peticionarias y apeladas, v. Agustín Hernández Mena y Silverio Yrace, demandados y apelante el primero.
    No. 4221.

    Visto: Mayo 17, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    1. Injunction — Injunctions Preliminares e Interuocuborios — -Continuación, Modificación, Anulación o Disolución — Solicitud para Declarar Expi-rada Una Orden de Injunction. — La regla 16 de las cortes de distrito no ha sido modificada o reemplazada por la Ley de Injunctions de 1906 al ex-tremo de que no pueda ser invocada por un demandado que jamás ha sido notificado con copia de la petición o con los documentos en que se basó la solicitud para un injunction preliminar.
    2. Estatutos — Derogación, Suspensión, Expiración y Restablecimiento (Revival) — Revocaciones Implícitas — Por Estatutos que se reiteren a la Misima Materia — En General. — Las revocaciones implícitas no son favore-cidas por la ley.
    ResoluoiÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar moción solicitando se declarara expirada una orden de injunction preliminar, de acuerdo con la Regla 16 de las cortes de distrito.

      Revocada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Luis S. Vahamonde, abo-gado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El 13 de octubre de 1926, y en cumplimiento de una solicitud para que se expidiera un. auto de injunction archivada conjuntamente con una demanda de tercería, la corte de distrito ordenó que el márshal suspendiera la venta de cierta propiedad que había sido anunciada para el 15 de octubre de ese año, y que se abstuviera de vender la referida propiedad y de realizar acto alguno tendente a privar a las peticionarias de su posesión de la propiedad ínterin se determinara la cuestión de título.

El 7 de marzo, 1927, uno de los demandados en el pro-cedimiento de tercería solicitó que se declarara expirada la orden de injunction preliminar debido a que los peticio-narios dejaron de cumplir con una regla de la corte de dis-trito que lee como sigue:

“Regla 16. Cuando se dicte una orden concediendo un injunction preliminar o interdicto prohibitorio (restraining order) o para el nombramiento de un síndico, en una solicitud ex-parte ante el Juez fuera de estrados, tal orden expirará a los diez días de haber sido dictada a menos que antes de transcurrir dichos diez días, la parte promovente entregue a la parte contraria una copia de los do-cumentos sobre los cuales dicha orden ex-parte fué dictada, junto con una notificación específica que en el tiempo en ella mencionado se hará una solicitud a la Corte, o al Juez fuera de estrados, para la continuación de dicha orden basada la expresada solicitud en los documentos así notificados a la otra parte y entregados al Secreta-rio en el caso. Y la parte contralla tendrá un tiempo razonable, que no excederá de diez días, después que se le haga la notificación, para preparar su oposición a la moción pidiendo la continuación de dicha orden.”

El juez inferior declaró sin lugar esta moción por la teoría ele. que la regla 16 adoptada en 1904 había sido mo-dificada por “Una ley para definir los ‘injunctions,’ para determinar cuándo pueden librarse,” etc., aprobada con fe-cha 8 de marzo de 1906.

Las secciones 5 y 10 de esa ley en lo pertinente leen como sigue:

“Sección 5. Podrá otorgarse un injunction en cualquier tiempo antes de haberse dictado sentencia, mediante petición o declaración juradas, siempre que aquélla o ésta, en su respectivo caso, demos-traren satisfactoriamente que existen motivos suficientes para conce-derlo. Una copia de la petición o de la declaración juradas en cuya virtud se concediere el injunction, deberá presentarse junto con éste al requerido, si no se hubiere hecho antes. Ningún injunction otor-gado con anterioridad al juicio, continuará en vigor por más de doce meses después de presentada la contestación.”
“Sección 10. Si se concediere un injunction sin haber mediado notificación a la persona requerida, podrá ésta, previo oportuno aviso a la otra parte, pedir que se revoque o modifique al juez que lo hubiere concedido, o al tribunal en que se hubiere incoado la ac-ción. . .”

Estas dos disposiciones prevén y presuponen la notifica-ción de “una copia de la petición o de la declaración ju-rada en cuya virtud se concediera el injunction ...” junto con el auto, a menos que no se hubiera hecho previamente, y hasta este límite, para los fines de esta opinión, puede admitirse, sin que lo resolvamos, que la regla 16 ha sido reemplazada por el estatuto. No hay incompatibilidad en-tre la regla de que un injunction preliminar o un interdicto expirarán dentro de los diez días de haber sido expedidos sin ser notificados a la parte contraria, a menos que se ra-dique una moción para que los mismos continúen en vigor o de que exista una disposición estatutoria de que de nin-gún modo continuará en vigor tal orden por más de doce meses después de la radicación de una contestación. Ni necesariamente hay incongruencia alguna entre tal regla y la disposición estatutoria al efecto de que en todos los ca-sos en que se ha expedido un injunction sin notificación a la parte contraria, un demandado puede solicitar de la corte que lo modifique o lo anule. Como cuestión de hecho, la sección 13 de la ley en vigor al tiempo de la adopción de la regla invocada por el apelante, es substancialmente idéntica a la sección 10 de la ley de 1906 en lo concerniente al punto que está ahora bajo nuestra consideración.

En el presente caso se admite que no se notificó al de-mandado Hernandez Mena bien al tiempo en que se expi-dió el auto o antes, o durante los cuatro meses que trans-currieron entre la feolia de la orden y la radicación de la moción que dió lugar a la resolución que estamos abora considerando.

Las revocaciones implícitas no son favorecidas por la ley y no estamos preparados para decir que la regla 16 ba sido modificada o reemplazada al extremo de que no pueda ser invocada por un demandado que jamás ba sido notifi-cado con copia de la petición o con los documentos en que se basó la solicitud para un injunction preliminar.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Menor Angel María Alvarez, asistido y representado por su padre Cristóbal Alvarez, demandante y apelante, v. The Santa Isabel Sugar Co., demandada y apelada.
    No. 4160.

    Visto: Junio 2, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    1. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivas de Negligencia — Substan-cias Peligrosas, Maquinarias y Oteos ‘1 Instrumentalities ’ ’ — Oosas Atractivas a los Niños — Trenes de Carga — Falta de Empleados o Me-dios para Evitar que dos Niños Monten. — Un tren en movimiento, cargado con caña, al cruzar un camino público en un vecindario más o menos poblado, sin empleados que vigilen u otros medios para evitar que los niños traten de montarse a los vagones mientras están caminando, no es per se un atractivo (attractive nuisamoe).

    2. Ferrocarriles — Explotación (Operation) — Daños a Personas Autorizadas (Liceneees) o Transgresores (Trespassers) en General — Acciones bor Dichos Daños — De la Demanda — Su Suficiencia — Caso Dentro de la Doc-trina del “Last Clear Chance”. — Una demanda que alega que el deman-dante, un transgresor (trespasser) mientras trataba de subir a un tren de carga fué’ atrapado sobre la vía por uno de los vagones y que tal accidente fué debido a la eulpa, negligencia y descuido de la demandada, sus agentes o empleados en cuanto a que no obstante el hecho de haber caído el deman-dante y el haberse dado cuenta los empleados de la demandada de su caída, dichos vagones continuaron caminando en tal forma que si los mismos hu-bieran sido parados inmediatamente, entonces el demandante no hubiera reci-bido las lesiones de que ahora se queja, no expresa hechos suficientes para hacer que el caso caiga dentro de la doctrina de la última oportunidad para evitar el accidente (last olear cha/nce).

      SentbNcia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), desestimando la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tonnes, abogado del apelante; José Toics Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda enmendada alega en síntesis que la demandada era dueña de unos vagones que corrían sobre vías tendidas en un camino vecinal a través de terrenos de la demandada, extendiéndose al cruce de una carretera pública; que los mencionados carros constituían un atractivo para niños dada su naturaleza y la manera de operarlos y de cargarlos con caña de azúcar; que el demandante, un niño de trece años de edad, trató de montarse en uno de dichos vagones mientras estaba caminando por dicho cruce y fué atrapado sobre la vía por dicho vagón, recibiendo una herida que culminó en la amputación de su pierna derecha; que el referido accidente se debió exclusivamente a la culpa, descuido y negligencia de la demandada y de sus •agentes, subalternos y empleados, consistiendo la dicha negligencia, entre otras cosas, (a) en no tener una persona o ningún otro medio la demandada para evitar que menores de edad se subieran a dichos vagones por el atractivo que los mismos constituían o para evitar el accidente en cuestión, mientras cruzaran una vía pública en un sitio de mucho tráfico y en un vecindario profusamente poblado; y (ó) en que no obstante el hecho de haber caído el demandante y haberse dado cuenta los empleados de la demandada de su caída, dichos vagones continuaron caminando' en tal forma que si los mismos hubieran sido parados inmediatamente, entonces el demandante no hubiera recibido las lesiones de que ahora se queja.

La corte inferior declaró con lugar una excepción previa de que la demanda no aduce hechos para determinar una causa de acción y por ser la misma ambigua y dudosa. El demandante no quiso enmendar sus alegaciones y solicitó qne se dictara la correspondiente sentencia.

La teoría del apelante parece ser qne nn tren en movi-miento, con varios vagones cargados de caña, al crnzar nna vía pública es nn atractivo (attractive nuisance). No esta-mos preparados en estos momentos para llegar a sostener esto.

Evidentemente, no hay indicación ni lngar para qne se baga nna inferencia razonable de qne los empleados de la demandada tnvieran tiempo n oportunidad para detener el tren despnés de baber visto caer al niño y antes de qne recibiera la lesión. Por el contrario, bnbiera sido difícil descartar la idea de la última oportunidad para evitar el accidente (last clear chance) más eficazmente de lo qne se bizo según la forma en qne está redactada la subdivisión (b) de la última alegación, supra.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jitez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Commercial Credit Company, demandante y apelante, v. Luis Coll Wallington, demandado y apelado.
    No. 4092.

    Visto: Febrero 15, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    Ventas — Ventas Condicionales — Acciones por el Vendedor o su Cesionario— Sobre Entrega de la Oosa Vendida — Incumplimiento del Contrato pior el Comprador- — Efecto.—Probado el incumplimiento por el comprador de las condiciones estipuladas, el cesionario del vendedor tiene derecho a que se le entregue la cosa vendida — automóvil—sin que al reconocimiento de ese de-recho pueda servir de obstáculo el hecho de que dicho automóvil chocara y que, no habiéndolo asegurado el vendedor, según convenio, éste haya sido demandado para el pago de los daños sufridos.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), desestimando petición sobre entrega de bienes muebles vendidos condicional-mente, sin costas.

      Revocada, devolviéndose el caso.

      Pedro Amadeo Rivera j P. Soto Qras, abogados de la apelante; Antonio Lens Quena, abogado del apelado.
   El Jitez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

Santiago A. Panzardi, Ltd., vendió condieionalmente nn automóvil a don Luis Coll Wallington el 16 de febrero de 1926, de acuerdo con la Ley No. 61 de 1916 enmendada por la Ley 40 de 1925, quedando pendiente de pago la cantidad de $890.25, para ser satisfecha en varios plazos mensuales empezando desde el 16 de marzo del mismo año. Panzardi cedió sus derechos y acciones en esa venta a Commercial Credit Co. la que a fines del mes de abril de ese año pre-sentó a la Corte de Distrito de San Juan una petición ju-rada de acuerdo con dicha ley alegando que el comprador no había pagado las mensualidades de los meses de marzo y abril de dicho año ni cantidad alguna de su deuda, por lo que solicitó que el automóvil le fuera entregado sujeto a las disposiciones de la ley.

. Aceptó don Luis Coll Wallington la compraventa condi-cional y que no había pagado las mensualidades dichas ni cantidad alguna a cuenta del precio aplazado pero alegó como defensa que a los doce días de haber comprado el au-tomóvil éste tuvo un choque con otro automóvil en el que sufrió grandes desperfectos, y que siendo condición de la venta que Panzardi asegurase el automóvil contra accidente hasta que fuese pagado totalmente y para lo cual le en-tregó el demandado dinero para satisfacer la póliza de se-guro, Panzardi dejó de hacerlo por lo que el comprador lo ha demandado para que le pague los daños y perjuicios que ha sufrido.

Celebrado el juicio y probadas todas esas alegaciones la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por el fundamento de que tratándose de un procedimiento especial no es procedente resolver en él cuestiones de derecho y aplicando por analogía lo que hemos resuelto en los casos de desahucio.

En el recurso de apelación que la Commercial Credit Co. ha interpuesto contra esa sentencia alega tres motivos de error, que pueden resumirse así: haber desestimado su mo-ción para que fuese eliminada la defensa alegada por el comprador y haberse fundado en ella para declarar sin lu-gar la demanda. La parte apelada no ha presentado ale-gato.

Segunda citada ley y su enmienda, en los contratos de ventas condicionales de propiedad mueble el título de pro-piedad de la cosa vendida queda retenido en el vendedor hasta que sea totalmente pagada y se cumplan todas las condiciones del contrato; y si el comprador faltare al cum-plimiento de las condiciones estipuladas, el vendedor o su cesionario tiene derecho a que la corte ordene que se le en-tregue la cosa vendida condicionalmente para proceder de acuerdo con otras disposiciones de la ley, por lo que ha-biendo aceptado el comprador, y habiéndose probado, que no ha pagado las dos mensualidades anteriores a la peti-ción jurada, tiene derecho la apelante a que le sea entre-gado el automóvil, sin que al reconocimiento de ese derecho puedan servir de obstáculo las alegaciones que como de-fensa alegó y probó el comprador porque siendo el auto-móvil propiedad del vendedor, y luego de su cesionario, el hecho de que Santiago A. Panzardi, Ltd., haya faltado a la condición estipulada de asegurar el automóvil no da dere-cho al comprador a quedarse con él sin pagar los plazos adeudados ni tampoco aunque haya establecido una de-manda contra su vendedor directo en reclamación de da-ños y perjuicios derivados del choque que tuvo el automó-vil. El comprador no tiene el derecho de tomarse la justi-cia por sus manos y debió pagar o entregar el automóvil in-dependientemente de la acción que pueda tener contra Santiago A. Panzardi, Ltd., por haber dejado de obtener la pó-liza de seguro del automóvil. No hay paridad entre este caso, en que no se discute por las partes la propiedad del automóvil, y aquellos de desahucio en que se niega por el demandado la propiedad y su alegación no esté desprovista de alguna prueba, en cuyos casos es que hemos resuelto que tal cuestión es propia de un juicio ordinario y no de un juicio de desahucio.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse el caso a la corte inferior para que dicte otra de acuerdo con los principios enunciados en esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Antonio Alameda, acusado y apelante.
    No. 3185.

    Visto: Junio 7, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Revisión—Cuestiones Dis-crecionales — Celebración del Juicio — En General. — Cuando al celebrar un caso, es evidente para la corte que unos testigos ban heebo ai fiscal de-claraciones que tienden a probar la culpabilidad del acusado y que, no obs-tante aquéllas, tratan de favorecer a éste, y la corte manifiesta a aquéllos que de no decir la verdad serían procesados por perjurio, amenazándolos con ir a la cárcel si no contestan en una u otra forma las preguntas del fiscal, en ausencia de demostración de que la corte al así actuar hizo uso tan im-propiamente de su discreción en la celebración del caso que equivalga a una injusticia, procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentencta de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Luis A. García del Rosario, Ernesto Ortiz Romeu, abogados del ape-lante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Hubo bastante prueba en este caso para demostrar la culpabilidad del acusado, a quien se le imputaba el portar una navaja para fines de ofensa y defensa. Los autos me-canografiados no demuestran que se presentara objeción al-guna a ninguna parte de la prueba, que se tomara excepción o que se hiciera ninguna protesta con respecto a alguna ac-tuación o resolución de la corte. Bajo tales circunstancias el estado de los autos generalmente exige la confirmación de la sentencia dictada por la corte inferior.

El apelante reconoce este principio, pero apela a la ju-risprudencia de esta corte en que se fia sostenido que erro-res fundamentales serán tomados en consideración aún si no se hubiese presentado objeción a los mismos. El ape-lante sostiene que la corte intimidó o coercionó a los testi-gos obligándoles a bacer manifestaciones qne de lo contra-rio no hubiesen becbo.

Declaraba un testigo de cargo. Este negó haber visto la navaja en poder del acusado. Alegando haber sido sor-prendido, el fiscal se propuso basarse en el artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal y examinar al testigo con tal fin. La corte se dirigió al testigo y le dijo con se-veridad evidente que a menos que dijera la verdad sería procesado por perjurio. El testigo finalmente, después de preguntársele con persistencia admitió con mucha contrarie-dad que el acusado se sacó la navaja del bolsillo. La corte ineidentalmente amenazó con mandar al testigo a la cárcel si no contestaba en una u otra forma la pregunta que se le hacía.

Entonces se presentó otro testigo. La corte antes de que el testigo comenzara a declarar le advirtió en forma severa que si no decía la verdad se le procesaría por el de-lito de perjurio.

Desde luego, era evidente para la corte que estos testi-gos habían hecho al fiscal declaraciones que tendían a pro-bar la culpabilidad del acusado. La • corte probablemente tuvo la idea de que se había tratado de influenciar a los testigos o que éstos estaban dejando guiarse por sus sim-patías para con el acusado. Tenemos alguna duda en cuanto a si el juez de la corte inferior debió haber sido tan -severo, pero no estamos absolutamente seguros de que es-tuviese equivocado al adoptar la actitud que asumió. La dificultad estriba en que un testigo en determinado caso puede haber estado sujeto a coerción ante un fiscal y estar diciendo la verdad en la corte. De todos modos, una corte tiene amplia discreción en la celebración de un caso y no ha-llamos que en el presente se haya hecho uso tan impropia-mente de tal discreción que equivalga a una injusticia. Y esto es especialmente cierto en ausencia de cualquier actua-ción de parte del acusado en la corte inferior.

La sentencia debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. The Mayagüez Sugar Co., Inc., acusada y apelante.
    No. 3183.

    Visto: Mayo 19, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Ajpelada. — Aún cuando el Supremo modifica sentencias para ponerlas de conformidad con el récord, se resolvió en este caso el Supremo no. debía ejercitar su discreción para hacerlo así bajo los hechos del mismo.
    2. Pesas y Medidas — Responsabilidad Criminal — Acusación o Denuncia — En General.. — La sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas No. 135 de 1913 (p. 107) según fué enmendada por Ley No. 30 de 1921 (p. 181) es insu-ficiente para justificar una acusación que imputa el tener una báscula que registre pesos incompletos.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Revocación de la Sentencia Apelada — Defectos en la Acusación. — Vaguedad al Especificar el Artículo Infringido. — Cuando la acusación es vaga al especificar el artículo infringido y no aquel a que se refieren los hechos expuestos y se induce a! acusado a error y esto lo com-prueba prueba por éste presentada al creer • que se le perseguía de confor-midad con el artículo que imputaban los hechos expuestos, procede revocar y devolver el caso.
    4. Corporaciones — Poderes Corporativos y Responsabilidades — Delitos y Pro-cesos Criminales — Vistas Preliminares — Prueba.—Prueba de la celebra-ción de la vista preliminar a que se refieren los artículos 453 y 458 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal es una condición precedente para seguir con éxito una acusación contra una corporación.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por infracción a la sección 15 de la Ley No. 135 de 1913, según fué enmendada por Ley No. 30 de 1921 (p. 181).

      Revo-cada.

      Alemany & Ramírez y Salvador Mostré, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputaba a la acusada el tener una báscula que registraba peso incompleto en violación a la sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas. La sentencia declaró a la acusada culpable de infringir dicha sección de la Ley de Pesas y Medidas. La sección 15 de la mencionada ley habla no de tener pesos falsos sino de dar medidas falsas en cualquier transacción. Dicha sección presupone que alguien ha sido defraudado. La sección 14 es la que se refiere a tener básenlas que registren pesos incompletos. La sentencia simplemente hace referen-cia a la sección 15 y no menciona los hechos qne constituyen la infracción de ninguna ley. El fiscal llama la atención al hecho de que esta corte frecuentemente ha modificado sen-tencias para ponerlas de conformidad con los autos. Cree-mos que no debemos ejercer nuestra discreción para hacerlo así bajo los hechos del presente caso.

El primero de éstos es que la acusación es ambigua al mencionar específicamente la sección 15 como la que ha sido infringida. Esto es algún indicio de que a la acusada no se le dió entero conocimiento de la naturaleza del delito im-putádole. El fiscal sostiene que- la sección 15 por sí misma es suficiente para justificar está acusación. Acabamos de resolver que no lo es. No obstante la sección no está re-dactada tan claramente como debería estarlo, y la acusada fácilmente pudo ser inducida erróneamente a creer que se le perseguía de conformidad con la misma.

La prueba presentada por la acusada tendió a demos-trar qne en esta forma la corporación fue inducida a error. Esta presentó prueba tendente a demostrar que en reali-dad de verdad .no había defraudado a sus clientes. Testi-gos respetables declararon en tal sentido.

La apelada, una corporación, señala como error el: no haberse seguido los artículos 453 y 458 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Estos artículos se refieren a la necesidad de celebrar una vista preliminar ante un juez de paz, funcionario que ahora está frecuentemente sustituido por el juez municipal. En respuesta a esta contención el fiscal cita el caso de El Pueblo v. Mayagüez Fruit Packing Company, 24 D.P.R. 314. Ese caso sólo decide que no es necesario exponer en la acusación el hecho de tal procedimiento preliminar. Estamos inclinados a convenir con la apelante que prueba de este paso preliminar era una condición precedente para seguir con éxito la acusación. La duda que nos abruma es si tal cuestión no debió haber sido levantada en alguna forma en la corte inferior.

La apelante dedica considerable espacio en sn alegato para tratar de demostrar que el Pueblo no probó fuera de duda razonable que la báscula registraba peso incompleto. Según algunas declaraciones babía diferencias que depen-dían de la posición en la báscula de las cosas que se iban a pesar, pero la apelante no nos convence de que ésta no era una cuestión para ser apreciada por el juez sentenciador al igual que cualquier otro conflicto de la evidencia.

En resumen, por lo vaga de la acusación en relación con la prueba y por el error en la sentencia dictada, debe re-vocarse esta última y devolverse él caso, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Porto Rican & American Insurance Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3789.

    Visto: Febrero 7, 1927.

      Resuelto: Julio 7, 1927.
    1. Contribuciones — Responsabilidad de Personas y Propiedades — Exenciones —Bienes de Corporaciones — Acciones de Otras Corporaciones. — En au-sencia. de demostración al efecto de que unas acciones de corporaciones estén exentas de contribución en una ú otra de las formas prescritas por el ar-tículo 291 (<ü) del Código Político, las mismas no están exentas del pago de contribución.
    2. Contribuciones — Responsabilidad de Personas y Propiedades — Exenciones —Bienes de Corporaciones — Créditos Hipotecarios. — En ausencia de de-mostración al efecto de que unos créditos hipotecarios caen bajo alguna de las clases a que se refiere el artículo 291 (to) del Código Político, el importe de los mismos no está exento del pago de contribución.
    Mooión sobre reconsideración de sentencia presentada por el ape-lado.

      Modificada la de julio 29, 1926.

      Son. Attorney General George C. Butte, Garlos Llauger y J. A. Ló-pez Acosta, primero y segundo Attorney General Auxiliar, res-pectivamente, abogados del apelado; J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

. Este era un pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta en el que las cuestiones principales fueron resueltas a favor de la contribuyente (35 D.P.R.. 917). El tesorero basó su tasación en $60,000 de capital en acciones y $6,190 de ganancias no divididas, que hacen un total de $66,190. La demandante presentó una planilla que demostraba que el valor total de su propiedad ascen-día a $139,245.57. Admitió que debía pagar contribución sobre $6,448.66 de efectivo en caja, pero en el octavo pá-rrafo de la demanda negaba tener que pagar contribución alguna sobre $59,741.34, o sea por la diferencia entre la cantidad tasada y la admitida, en vista de que dicha dife-rencia se componía de bonos de la libertad, acciones de corporaciones sujetas a contribución, créditos hipotecarios y otros valores y notas exentos de contribución. Si bien en la contestación se negaba generalmente el párrafo octavo de la demanda, la parte principal de la contestación a este párrafo se basaba en la teoría general bajo la cual el tesorero tasó a la demandante, cuestión que esta corte le resolvió en contra. Teniendo dudas respecto a si la de-mandante realmente había probado todas sus exenciones or-denamos la celebración de una nueva vista.

El gobierno sostenía que la tasación hecha por el teso-rero no demuestra que se impusiera contribución sobre parte alguna de la propiedad exenta. Esta es una forma indirecta de levantar la misma cuestión que fue resuelta por nuestra opinión principal. El efecto de nuestra opinión es que la contribución debe imponerse sobre bienes mue-bles existentes de hecho, y no basarse en presunciones del tesorero de la existencia de valores sujetos a contribución.

El valor total de la propiedad de la demandante ascen-día a $139,245.57. Los noventa mil quinientos treinta y siete dólares veinte y seis centavos en bonos de la libertad claramente estaban exentos de contribución, pero la deman-dante no nos convence de que ninguna de las otras parti-das estuvieran igualmente exentas.

Convenimos con el gobierno en que no se demostró que los $11,850 en acciones de corporaciones estuvieran exentos de contribución. El artículo 291 (d) del Código Político exime de contribución las acciones del capital de otras corporaciones cuando la propiedad de tales corpora-ciones esté exenta o cuando dichas corporaciones estén su-jetas al pago de contribuciones por tales acciones. La ape-lante no demostró entonces que sus acciones estuviesen exen-tas de contribución en una u otra forma.

Igualmente respecto a créditos hipotecarios el artículo 291 (to) dice lo siguiente:

“Los bonos hipotecarios que- no devenguen interés, y otras obli-gaciones usadas exclusivamente como fianzas o garantías del fiel desempeño de cargos oficiales; así como gravámenes y censos que no devenguen más del cinco por ciento de interés anual, siempre que expresamente se dediquen al cumplimiento de voluntad testa-mentaria, por la cual se destinen a fines de- beneficencia o educa-ción. Mas toda propiedad por el presente título exenta de contribu-ción, en tanto cuanto tenga la propiedad inmueble, se inscribirá, va-luará y describirá como es debido y como se hace con cualquiera otra propiedad; y el Tesorero llevará un registro que manifieste, respecto de cada finca exenta por la razón expuesta, la descripción de la misma, el valor que se le calcula, y quién la posee, así como la razón por la cual está exenta de contribución, y los demás informes que sean de desearse, a juicio del Tesorero.”

La demandante no nos convence de que cae bajo nin-guna de estas clases. De suerte que los $16,000 de crédi-tos hipotecarios no están exentos.

Similarmente tampoco están exentos de contribución los otros valores y notas montantes a $14,409.65. Incluyendo los $6,448.66 que se admite adeudarse, todas estas partidas ascienden a $48,708.31. La base de la tasación fué. $66,190, de manera que la demandante sólo tiene derecho a la de-volución del dos por ciento de la diferencia o sea $17,481.69 montante a- $349.63.

Tal vez alguna de las otras propiedades a que nos he-mos referido estaba exenta de contribución, pero los autos no revelan tal cosa. Debe modificarse la sentencia y orde-nar la devolución de dichos $349.63.


text:
    Pedro Clausells, demandante y apelado, v. Commercial Union Assurance Co., demandada y apelante.
    No. 3948.

    Visto: Noviembre 30, 1926.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    1. Contratos — Naturaleza y Requisitos (Essentials) en General — En General. — En ausencia de algún principio de derecho constitucional o estatutorio de política pública o parecido, las partes pueden celebrar los contratos que tuvieren a bien.
    2. Seguros — Extensión de la Pérdida y de la Responsabilidad del Asegura-dor — Seguro de Propiedades y Títulos — Limitación de la Responsabili-dad del Asegurador por Cláusulas en la Propia Póliza — Cláusulas de Seguro Mutuo (Co-inswrance). — En ausencia de prohibición estatutoria, una compañía de seguros contra incendios tiene derecho, en Puerto Rico, a poner en vigor una cláusula de seguro mutuo.
    3. Seguros — Extensión de la Pérdida y db la Responsabilidad del Asegura-dor — Seguro de Propiedades y Títulos — Limitación de la Responsabili-dad del Asegurador por Cláusulas en la Propia Póliza — Cláusulas de Seguro Mutuo (Co-inswrance). — La seeeión 175 de la Ley No. 66 de 1921 (p. 649), no puede impedir ni impide a una compañía de seguros que limite su responsabilidad poniendo en vigor una cláusula de seguro mutuo.
    SENTENCIA de B. E. Todd Jr., J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revocada, dictándose otra en sn lngar.

      J. E. Brown, y Clemente Ruiz Nazario, abogados del apelante; José Tons Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso está envuelto el derecho de una compañía de seguros contra incendio a poner en vigor en Puerto Rico lo que es conocido como cláusula de seguro mutuo. En virtud de tal cláusula una compañía de seguros limita o trata de limitar su responsabilidad en caso de pérdida par-cial. A veces. las compañías de seguros rehúsan asumir toda la responsabilidad de la pérdida ocasionada por in-cendio a menos que la propiedad esté asegurada por el 75 por ciento o el 80 por ciento de su valor; en algunas ocasiones, como en la póliza que tenemos ante nuestra con-sideración, la cláusula en cuestión exige que el dueño tenga la propiedad asegurada por su valor total. Bajo dicha cláusula el tenedor de la póliza se convierte en un asegu-rador conjuntamente con la compañía de seguros. Enton-ces la responsabilidad de la compañía de seguros estaría limitada a la misma parte proporcional que tendría qne pagar si el total del seguro estuviese dividido entre otras compañías aseguradoras. En el presente caso la propiedad valía $4,000, fue asegurada por $2,000, la pérdida ascen-dió a $1,552, y la compañía demandada trató de limitar su responsabilidad a la mitad de dicta cantidad, o sea, a $776. La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia a favor del demandante por la suma de $1,552.

En apelación la compañía de seguros insiste esencialmente en que debe dársele efecto a la sección 16 de la póliza. Esta dice así:

“Cuando en el momento de un siniestro, los objetos garantidos por la, presente póliza tengan en conjunto un valor total superior a la cantidad por la que hayan sido asegurados, el asegurado será con-siderado como su propio asegurador por el exceso, y, por lo tanto, soportará su proporcional de perjuicios y daños. Cuando la póliza comprenda varios artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos por separado.”

En ausencia, de algún principio de derecho constitucional o estatutorio de política pública, o parecido, las partes pue-den celebrar los contratos que tuvieren a bien. Artículos 4, 1058 y 1222 del Código Civil; J. Casablanca el al. v. Palatine Insurance Co., Ltd., 32 D.P.R. 678; Simon v. Queen Insurance Co., 120 La. 477, infra.

El apelado ataca la clausula del contrato fundándose en principios de política pública y moralidad e insiste ade-más en que dicha cláusula está en conflicto con el artículo 175 de la Ley de Seguros. Esta es probablemente la cues-tión principal en que descansan tanto la corte inferior como el apelado. Este último también sostiene que hay disposi-ciones inconsistentes en la póliza de seguro y en que debe dársele efecto a la parte escrita más bien que a la parte impresa de dicha póliza.

Probablemente la mejor respuesta a cualquier cuestión de moral o política pública es recurrir a las autoridades. Estas sostienen que en ausencia de un estatuto en contrario, contratos que limiten la responsabilidad en la forma que se ha tratado de hacer en este caso, pueden hacerse libre-mente. Pennsylvania Fire Insurance Co. v. Moore, 51 S. W. (Tex.) 878; Wolf et al. v. Hartford Fire Insurance Co. (Mo.) 269 S. W. 701; Christian et al. v. Niagara Fire Insurance Co. (Ala.) 14 So. 374; Simon v. Queen Insurance Co., 45 So. 396; 120 La. 477, 14 Ann. Cas. 847; 26 C. J. 357, notas 48, 49 y 50; 14 R.C.L. 1309, párrafo 482.

En el caso de Texas, supra, la corte dijo, citando del caso de Alabama, supra; “ ‘No concurrimos en la proposi-ción de que la cláusula es irrazonable e injusta y que por esta razón no debe ser sostenida.’ ” Entonces, hablando por sí misma, dijo: “No conocemos ninguna regla de po-lítica pública que prohíba a una compañía de seguros que limite el riesgo que está dispuesta a asumir. Sus primas, en gran parte, están reguladas por el Montante del riesgo.” La corte igualmente hace la historia de estas cláusulas para demostrar que eran frecuentemente usadas por compañías de seguros marítimas.

En el caso de Missouri, supra, la corte indicó que tales cláusulas eran válidas, ya que siempre fueron toleradas en el derecho común.

Texas y Nueva York, por ejemplo, tienen ahora estatu-tos que prohíben el uso de cláusulas de seguro mutuo. Tales estatutos son las excepciones que indican la regla, se-gún será ilustrado haciendo un examen de algunos de los casos resueltos en Texas y Nueva York. Milwaukee Mechanics’ Ins. Co. v. West Developing Co. et al., (Text.), 275 S. W. 203; Firemen’s Ins. Co. v. Jesse French Piano & Organ Co. (Tex. Civ. App.), 187 S. W. 691; Commercial Union Assurance Co., Ltd., v. Preston, 238 S. W. 326; Durham v. Studyvesent Insurance Co., 112 Misc. (N. Y.) 440. De acuerdo con estos casos es claro que la única razón para negar el efecto de una cláusula de seguro mutuo era la existencia de un estatuto que directamente prohíba el uso de la misma.

El apelado descansa en la sección 175 de la Ley de Seguros. Ésta dice:

“■Será ilegal toda cláusula en un contrato de seguro que impida al asegurado el derecho de reclamar en los tribunales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el accidente contra el cual se hizo el seguro, el importe de cualquier pérdida sufrida y que hu-biere sido objeto de dicho seguro. El tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la compañía sino también el alcance de la pér-dida.

Esta sección es una que claramente proMbe a cualquier compañía que incluya en sus pólizas cláusula alguna que impida el recurrir a las cortes o que en alguna forma de-more el cobro de las mismas. La sección 175 no puede im-pedir ni impide a una compañía de seguros que limite su responsabilidad. En el caso de Dragoni v. United States Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 469, se invocó dicba sección 175 al efecto de que las compañías de seguros no podían exigir prueba de pérdida. Resolvimos lo contrario y dijimos que la limitación no era aplicable al remedio sino que im-pedía cualquier limitación al derecho de entablar un pleito. Es aún más aparente que, una cláusula que impida a las compañías de seguros el limitar el derecho a entablar plei-tos ante las cortes, no tiene aplicación al contrato mismo. El efecto de la cláusula de seguro mutuo es simplemente decir por parte de la compañía: Si usted asegura por el valor total, nosotros le pagaremos, en caso de pérdida, el montante total de la pérdida; si usted asegura por la mi-tad del valor, nosotros le pagaremos cincuenta centavos por cada dólar del valor asegurado. Éste es un contrato que las partes tienen derecho a celebrar. Además, la ley dice “que hubiere sido objeto de dicho seguro.” El objeto de tal seguro necesariamente es el contrato celebrado entre las partes.

No estamos seguros de que entendemos enteramente al apelado al sostener que existe un conflicto entre las distin-tas cláusulas de la póliza. Hallamos entera armonía entre ellas. La compañía convino en pagar en caso de pérdida, nsando las palabras apropiadas, sujeto, desde luego, a las condiciones de la póliza, y la sección 16 estaba claramente impresa en la póliza. El caso no presenta mayor dificul-tad que uno que limite la cantidad de gasolina, o cualquiera otra limitación impuéstale a una persona asegurada por los térniinos de la póliza escrita.

La sentencia debe ser revocada y dictarse otra por la suma de $776, sin costas.

El Juez Asociado Señor HutcMson no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Pedro Pagán Ruiz, demandante y apelado, v. La Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico compuesta por don Juan G. Gallardo, Carlos Llauger, Charles H. Terry, José G. López y Juan H. Marrero, demandada y apelante.
    No. 4064.

    Visto: Marzo 16, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Pensiones- — Créditos por Servicios Prestados — Por Jueces de Paz. — Siendo los jueces de paz, ya por el origen de su nombramiento, así como por sus fun-ciones y deberes oficiales funcionarios insulares y no municipales, los servicios prestados por ellos como tales son computables de acuerdo con la Ley sobre Retiro No. 22 de 1923, según fué enmendada por la No. 104 de 1925 (p. 949).
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la petición de mandamus, sin costas.

      Confirmada.

      Son. Attorney General George C. Butte, Carlos Llauger, Primer Attorney General Auxiliar y Felipe Janer, 8ub-Attorney General, abogados de la apelante; García Méndez <& García Méndez, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

.emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición de mandamus para que la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno, creada por la Ley No. 22, aprobada en septiem-bre 22, 1923, según fué enmendada por la Ley No. 104 de 1925, procediese a conceder el retiro voluntario del peticio-nario por haber prestado más de veinte años de servicios como funcionario del gobierno. Los servicios del peticiona-rio consisten, según se alega en la petición, en haber des-empeñado el cargo de Juez de Paz de Moca a partir de ju-lio 1, 1905, cargo qne desempeñó hasta el año de 1913, fe-cha en qne fné nombrado Secretario de la Corte Municipal de Aguadilla, cuyo cargo ha ejercido y signe ejerciendo en la actualidad.

La Junta de Retiro denegó la solicitud del peticionario fundándose en que los servicios prestados por el solicitante como juez de paz desde 1905 a 1913, se consideran como servicios municipales, los cuales no son computables a los efectos de la Ley de Retiro.

La corte inferior sostuvo, no obstante, al peticionario y de la sentencia apeló la Junta de Retiro.

La única cuestión planteada en este caso se contrae a resolver si los servicios que prestó el peticionario desde 1905 a 1913 como Juez de Paz de Moca, son o no computa-bles de acuerdo con lo que establece la ley sobre retiro. Esto depende del carácter o naturaleza que tenía el cargo de juez de paz y determinarse si era un funcionario insular o municipal.

La sección 33 de la anterior Ley Orgánica conocida por Acta Foraker, aprobada en abril 12, .1900, dispuso que el poder judicial quedaría investido en las cortes y tribunales que estaban establecidos al promulgarse la ley, existiendo entre éstos los juzgados municipales y los tribunales de policía. En la misma sección se prescribe que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico “tendrá autoridad para legislar de tiempo en tiempo, conforme tenga por conveniente, con referencia a dichas cortes, y cualesquiera otras que estime oportuno establecer ...”

En virtud de esta autorización la legislatura decretó en marzo 10, 1904, la “Ley para reorganizar el sistema judicial en Puerto Rico, etc.,” prescribiendo en la sección 14 lo siguiente:

“En todos los Municipios excepto los de San Juan, Ponce y Mayagüez, para los que ya se ba provisto en la Sección 4 de esta Ley y excepto en los Distritos de Cortes Municipales en que sólo hay una población, será nombrado un Juez de Paz con jurisdicción para conocer y resolver las faltas en que la pena que aparejen no exceda de quince dollars de multa o treinta días de cárcel y además tendrá jurisdicción en todos los casos por infracciones de las Ordenanzas Municipales y quien, durante la ausencia del Juez Municipal, ac-tuará como Juez de Instrucción: Disponiéndose, que en los pueblos en que no existieren Juzgados de Paz, los respectivos Jueces Muni-cipales de tales pueblos, a más de la competencia ya eonferídoles por esta ley, tendrán jurisdicción en todas las causas por infrac-ciones de las Ordenanzas Municipales. Los Jueces de Paz serán nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Consejo Ejecutivo y percibirán un sueldo de $360 por año cada uno, cuyos sueldos deberán ser pagados del Tesoro Municipal de los respec-tivos Municipios para que son nombrados; y todas las multas im-puestas y cobradas por dichos Jueces ingresarán en el respectivo Tesoro Municipal. Cada uno de los mencionados Jueces de Paz tendrán un Alguacil con autoridad para ejecutar las órdenes o dili-gencias quien recibirá un sueldo de quince dollars mensuales que pagarán los Municipios respectivos.”

En marzo 9, 1905, se aprobó otra ley reorganizando los juzgados de paz y en adición a los ya existentes se crearon otros más, entre ellos el de Moca, para cuyo cargo fué nom-brado el peticionario en julio 1, 1905. En la sección Is- de-esta ley, después de enumerar los juzgados que fueron crea-dos, se lee lo siguiente: “y todas las condiciones relativa» al personal, nombramientos, y jurisdicción de dicbos juzga-dos de paz se ajustarán a los preceptos de la ley ‘Para reorganizar el sistema judicial de Puerto Eico, etc., etc./' aprobada el 10 de marzo de 1904.”

Según esta legislación los jueces de paz, ya por el ori-gen de su nombramiento, así como por sus funciones y de-beres oficiales, no puede sostenerse que sean funcionarios-del municipio. El mero becbo que entiendan en toda viola-ción de las ordenanzas municipales no es razón para darles--tal carácter. También los jueces municipales en los dis-tritos de cortes municipales en que sólo hay una población, sn jurisdicción se extiende en todos los casos por infraccio-nes municipales y no podía concluirse que por ese motivo ni porque tengan el nombre de tales jueces municipales se considerasen como funcionarios del municipio. Tal vez po-día argiiirse que como los jueces de paz cobran sus suel-dos de los municipios sea ésta una circunstancia que les pueda calificar de empleados locales. Sin embargo, es la legislatura la que fija tales sueldos sin darle intervención alguna a los municipios y si ellos se pagan del tesoro municipal es seguramente porque todas las multas que impo-nen dichos jueces la ley dispone que ingresen en las arcas municipales. Nada hemos encontrado, por otra parte, en la Ley Municipal que haga depender de algún modo a los jue-ces de paz de las autoridades- municipales.

La apelante, sin embargo, sostiene que su teoría no es la de si un juez de paz es un funcionario insular o municipal, sino la de si dentro del espíritu de la sección 2 de la Ley sobre el retiro de funcionarios insulares los servicios del pe-ticionario son prestados en la rama municipal. En apoyo se citan los casos de Wolf v. Hope et al., 70 N. E. 1086, y el de Reid v. Stevens, 126 N.Y.S. 379. En este último los jueces de paz se mencionan en la constitución del Estado de New York y en ella se definen expresamente como ofi-ciales de la ciudad. En el primero no se mencionan en la constitución de Illinois y se resuelve que son oficiales mu-nicipales. Sin embargo, estos casos no pueden servir de norma para establecer principios generales porque la deter-minación del carácter de un juez de paz depende en la mayor parte de los casos de la interpretación de las respec-tivas disposiciones constitucionales y estatutorias de cada estado. Así en State of Kansas, ex rel. George W. Scott v. D. D. Parry, 21 L.R.A. (vieja serie), 669, el sumario de la opinión de la corte dice así:

"Las ciudades del Estado de Kansas son ‘municipalidades,’ den-tro del significado de la Constitución y de los estatutos, a los fines de elegir los jueces de paz, y tales funcionarios, aunque son elegidos en una ciudad, no son estrictamente funcionarios de la ciudad. Sus deberes oficiales no están limitados a las demarcaciones de las ciu-dades en que son electos ni por las disposiciones de las cartas cons-titucionales u ordenanzas de la ciudad en que residen. Su juris-dicción en lo civil y criminal es coextensiva con sus condados salvo lo dispuesto en contrario por la ley.”

En 35 Corpus Juris, página 450, se resume la jurispru-dencia en cnanto a la naturaleza del cargo de juez de paz, diciéndose:

“Naturaleza del cargo. — Los jueces de paz son funcionarios pú-blicos. Originalmente eran funcionarios de condado, y al presente las disposiciones constitucionales y estatutorias referentes a su elec-ción y jurisdicción territorial son tales que frecuentemente se re-suelve que son, por lo menos para algunos fines, funcionarios de con-dado. Sin embargo, según algunas constituciones o estatutos, se ha resuelto que los jueces de paz son funcionarios municipales o de precinto . . . Un juez de paz del Distrito de Columbia es un fun-cionario de los Estados Unidos.”

La última parte es la doctrina establecida en el caso de Wise y. Withers, 3 U. S. (Cranch) 331, 2 L. ed. 457, en donde la Corte Suprema, refiriéndose al cargo de un juez de paz del Distrito de Columbia, dijo:

“Se ha resuelto por esta corte que un juez de paz es un funcio-nario; tampoco puede concebirse que la afirmativa de esta propo-sición, si no estuviera decidida, pudiera controvertirse: Bajo la sanción de una ley, un juez de paz es nombrado por el Presidente, con el consejo y consentimiento del Senado, y recibe su nombra-miento del Presidente. No sabemos con qué términos pueda defi-nirse a un funcionario, que no comprenda esta clase de personas. De ser un funcionario, debe serlo bajo el Gobierno de los Estados Unidos. Derivando toda la autoridad de la Legislatura y siendo el Presidente de los Estados Unidos quien lo nombra, un juez de paz ciertamente no puede ser un funcionario de ningún otro gobierno.”

Parece además que la teoría de la apelante parte de una errónea interpretación de la sección 2 de la Ley No. 104 sobre retiro de funcionarios. Esta sección para que pueda entenderse rectamente sn sentido al disponer “que no se dará crédito por servicios prestados en la rama del go-bierno municipal” se ba de armonizar con la sección 1 de dicha ley. Dichas secciones prescriben lo siguiente:

“Sección 1. — Por la presente se establece el retiro de los funcio-narios y empleados permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico. Esta Ley comprenderá a todos los funcionarios o empleados •en el Servicio Civil clasificado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto Rico, con excepción de los jueces del Tribunal Supremo, los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, los profesores de instrucción pública, los miembros de la Policía Insular y los em-pleados municipales.
“Sección 2. — El total de tiempo de servicios que servirá de base para calcular el importe de cualquier pensión provista por esta Ley, será computado desde la fecha del nombramiento original del funcionario o empleado, bien pertenezca al servicio clasificado o no clasificado, incluyendo los períodos de servicios prestados en dife-rentes épocas y en uno o más departamentos u oficinas del Gobierno Insular; el tiempo de servicios prestados al Gobierno de los Esta-dos Unidos dentro del Gobierno Civil; los servicios prestados du-rante la Guerra Mundial en el Ejército, Armada, Infantería de Marina y servicios de guarda-costas de los Estados Unidos, contán-dose estos servicios desde la fecha de la comisión, alistamiento o in-greso en cualquiera de dichos cuerpos dentro del período compren-dido entre el seis de abril de 1917 y la fecha en que el interesado fué licenciado honrosamente; Disponiéndose, que no se dará crédito por servicios prestados con anterioridad al primero de mayo de 1900, ni por servicios prestados en la rama del gobierno municipal.”

Se ha podido ver que la sección 1* excluye de los efectos de la ley a ciertos funcionarios y empleados, nombrándose entre éstos a los empleados municipales. Así es que la sección 2® al prescribir que no se dará crédito por servicios prestados en la rama del gobierno municipal debe referirse a los servicios prestados por empleados municipales. Si el peticionario hubiera desempeñado el cargo de secretario o alcalde del municipio de Moca, claro es que estos servicios no eran acumulables a los servicios que prestara en un cargo como funcionario insular. Pero el peticionario era juez de paz y la materialidad de que prestara sus servicios en el municipio' de Moca no afectaba su carácter de funcio-nario insular y en este sentido era que prestaba tales ser-vicios y no en la rama del gobierno municipal.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor FraNgo Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Ocasio, acusado y apelante.
    No. 2912.

    Visto: Noviembre 24, 1926.
    Resuelto: Julio 12, 1927.
    1. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — Acusación o Denuncia — Fa-bricación — Posesión de Alambique en que se Fabrica Licor Embriagante. —Una denuncia que imputa al acusado el tener la posesión de un alambique en momentos en que fabricaba licor embriagante — ron—, imputa un delito bajo la Ley Nacional de Prohibición.
    2. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — Acusación o Denuncia — Fa-bricación — Posesión de Alambique en que se Fabrica Licor Embriagante. ■ — Bn denuncia por tener uno un alambique en su posesión en momentos en que destilaba licor embriagante — ron—no necesita alegarse que el acusado no tenía permiso para manufacturar ésta; la cuestión relativa al permiso para manufacturar ron es una defensa que debe ser materia de alegación y prueba por parte del acusado y no por parte de El Pueblo.
    3. Registros y Secuestros — Registros y Secuestros Ilegales — Actuaciones nio Constitutivas de Registros y Secuestros. — Cuando el delito de fabricar licor — ron—se comete abiertamente, a la vista de cualquiera que pasa, la ocupación del aparato, utensilios y licor fabricado no- constituye un registro.
    4. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — Sentencia y Castigo. — Cuando, alegada la reincidencia, una corte no hace pronunciamiento alguno en su sentencia en. cuanto a ella y la pena impuesta es mucho menos del máximo que impone la ley, ello demuestra que la corte, al imponer dicha pena, no consideró el elemento de la reincidencia.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Casio — Modificación de la Sentencia Apelada. — Cuando la sen-tencia declara culpable al acusado en términos generales de infringir la Ley Nacional de Prohibición y del récord se desprende claramente la ofensa come-tida, debe modificarse la sentencia en el sentido de declarar al acusado culpable de dicha ofensa, y así modificada, confirmarse.
    SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), declarando culpable al acusado del delito de Infracción a la Ley Nacional de Prohibición, con costas.

      Modificada, y así modificada, confirmada.

      C. Dominguez Rubio, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor FraNgo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Ocasio fué declarado culpable de infringir la Ley Nacional de Prohibición y la corte inferior le impuso $200 de multa.

El acusado no conforme apeló y en su alegato apunta como errores: 1, que la denuncia no contiene hechos que constituyan un delito público; 2, que en la ocupación de los efectos que describe la acusación no existe una orden de allanamiento de acuerdo con las disposiciones de la sección 25 de la Ley Nacional de Prohibición; 3, que no se expresa en la sentencia la clase de delito de los comprendidos en dicha Ley; y 4, que la reincidencia alegada en la denuncia no fué probada.

Se sostiene como fundamento de este error que no siendo la mera posesión de los licores embriagantes un delito público, según se ha declarado en el caso de El Pueblo v. Muñoz, 35 D.P.R. 360, no se alega en la denuncia ‘ ‘ que el licor que se destilaba en el alambique no se destinaba o otros fines distintos a la mera posesión,” o sea, a la venta, tráfico, etc., del mismo, siendo la prohibición de la ley que se manufacture para la venta, tráfico, etc., pero nunca para el uso propio.

La denuncia dice así:

“. . . el acusado Alejandro Ocasio, allí y entonces, ilegal, mali-ciosa y voluntariamente tenía en su posesión y bajo su custodia como su legítimo dueño, un alambique de lata completo, para destilar ron, bebida embriagante, que le fué ocupado en momentos que lo desti-naba a la fabricación de bebida embriagante ‘ron’ con el más del medio del uno por ciento de alcohol por volumen y se pone a la dis-posición de la Hon. Corte, con tres cuartillos de ron en un calabazo y un frasco de cristal, destilados en el mismo y utilizados como mate-ria de prueba. .

Esto constituye un delito bajo la Ley Nacional de «Prohi-bición y su castigo está fijado por el artículo 29 de la misma, como sigue:

“ Sección 29. — Cualquier persona que fabrique o venda licor en violación de este título, por la primera infracción, será multado con no más de $1,000, o encarcelado por no más de seis meses, y por la segunda y subsiguientes infracciones, será multado con no menos de $200, ni más de $2,000. y será encarcelado por no menos de un mes, ni más de cinco años.”

Basta la lectura de la denuncia para que veamos que el caso de Muñoz, supra, es distinto e inaplicable. En el pre-sente caso la acusación consiste en haberse encontrado al acusado en posesión de un alambique en momentos en que fabricaba licor embriagante “ron.” Esta alegación es su-ficiente. En una acusación por violar la Ley Nacional de Prohibición no es necesario incluir que el acusado no tenia permiso para manufacturar licor embriagante ni ninguna otra clase de defensa negativa. See. 32 de la Ley, Statutes at Large, 1919-1920, vol. 41, part 1, pág. 317. Tales defen-sas son materia de alegación y prueba por parte del acu-sado.

II. La prueba tendió • a demostrar que Sergio Díaz Cartagena, policía insular, el 21 de abril de 1926, mientras prestaba servicios en el barrio de Guamaní, de Guayama, vió en la finca rústica del acusado un aparato (alambique) en momentos que estaba destilando “ron.” Una lata estaba montada sobre tres piedras y debajo había carbón encendido. De la lata que contenía el fermento que hervía salía una goma que es por donde salía el vapor que desprendía el fermento y de ahí pasaba a una serpentina. Todo indicaba que si el delito se estaba cometiendo abiertamente, a la vista de cualquiera que pasara por el barrio, en realidad la ocupación del aparato, utensilios y liebr fabricado no constituye un registro en ningún sentido. El caso es análogo a los varios que en igual sentido se han resuelto por las autoridades.

En la obra de Blakemore on Prohibition, págs. 321 y 322, se hace cita de los siguientes casos:

“Para apoderarse justificadamente de propiedad sin-una orden de allanamiento debe aparecer que bubo una infracción de la ley pro-hibitiva en presencia del funcionario (Stanley v. State (Okl.), 200 P. 229), ya que la Cuarta Enmienda debe interpretarse en relación con la ley común y de acuerdo con ésta los funcionarios pueden arres-tar a aquellos que cometan delitos en su presencia y pueden impe-dir, por medio del arresto un delito que se intente cometer en su presencia, y sin una orden de allanamiento pueden incautarse del instrumento con el cual se va a cometer el delito. . .
“Cuando algunos funcionarios ven al acusado recogiendo un ja-rro de whisky que está oculto en una maleza ellos pueden arrestar al acusado y ocupar el licor, ya que el delito se cometía en su presencia (Fletcher v. Commonwealth (Ky.), 245 S. W. 134 (segundo casó); y cuando los funcionarios se encuentran con el acusado en un campo abierto y en el que éste está vaciando licor de un envase y uno de estos funcionarios pregunta al acusado sobre whisky y éste le dice ‘aquí está’ y les enseña una lata grande conteniendo whisky, esta evidencia es admisible a pesar de que ha sido obtenida sin una orden de allanamiento (MClintic v. United States, 283 Fed. 781), pues mando se deja bebida intoxicante en un sitio donde una persona a runa distancia razonable pueda verla claramente, no es necesaria una «orden de allanamiento para ocuparla. Royce v. Commonwealth, 194 Ky. 480, 239 S. W. 795. . .
“Los funcionarios que ven a una persona manipulando un alam-bique clandestino pueden arrestarla y ocupar el alambique y sus ac-cesorios sin una orden de allanamiento (Bowling v. Commonwealth. 194 Ky. 112, 237 S.W. 381); . . .
“Un funcionario tenía en su poder una orden de allanamiento para registrar cierta propiedad privada en busca de bebidas embria-gantes y al entrar no halló a nadie en dicha propiedad y se llevó un alambique y otros aparatos dedicados a la fabricación de licor. El propietario solicitó de la corte su devolución y la corte resolvió que habiendo entrado el funcionario en la propiedad sin cometer delito alguno y estando, allí legalmente, y viendo que en dicha propiedad se cpmetía un delito, el funcionario estaba enteramente justificado y era su deber ocupar los artículos que se estaban usando en la comi-sión del delito. Al efectuar tal ocupación el funcionario no pudo hacerla en virtud de la orden de allanamiento, sino en cumplimiento de su deber para impedir la comisión del delito. United States v. Camarota, 278 Fed. 388.”

Véase también el caso de United States of America, vs. James M. Lee, alms James M. Leach, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, decidido en mayo 31, 1927.

III. Los dos últimos errores se refieren a que la corte no estableció en la sentencia que la reincidencia alegada en la acusación había sido probada, y que la misma es nula porque no se dice en ella cuál delito de los comprendidos en la Ley Nacional de Prohibición era el que el acusado había cometido. En cuanto a la reincidencia parece claro que si la corte inferior no hizo pronunciamiento alguno en la sentencia en ese extremo, fue porque no consideró ese elemento al imponer la multa, montante a $200, que es mucho menos del máximo que fija la ley.

Es cierto, por otro lado, que la sentencia declara culpable al acusado en términos generales de infringir la Ley Nacional de Prohibición, pero desprendiéndose claramente del récord que la ofensa cometida es la prevista en la sec-ción 3 en relación con la sección 29 de dicha Ley, debe en-tenderse modificada la sentencia declarando culpable al acu-sado de infringir dicha sección 3 que prohíbe la fabrica-ción ilegal de bebidas embriagantes, y así modificada la sentencia apelada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.