author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Díaz et al., Demandantes y Apelantes, v. Barceló, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    Incidente sobre apertura de rebeldía.
    No. 2045.
    Resuelto en febrero 28, 1920.
    Rebeldía — Apertura de — Discreción Judicial — Abuso de. — Las cortes de dis-trito tienen poder para dejar sin efecto las sentencias en rebeldía que re-gistren los secretarios de las mismas, y a menos que se demuestre un claro abuso de discreción la Corte Suprema no revocará la acción tomada por dichas cortes en tales casos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Llorens.

    Abogados del apelado:. Sres. A. B. Barceló y M. Beni-tez Flores.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Agustín Díaz entabló una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, P. B. contra Antonio B. Barceló, en cobro de dinero. El demandado exeepcionó la demanda y solicitó el traslado del pleito a la corte de distrito de su domicilio, Humacao, P. B. Se decretó el traslado y el de-mandado archivó su contestación pidiendo señalamiento de día ])ara la vista. En este estado el asunto, el demandante pidió permiso para archivar una demanda enmendada. Ac-cedió la corte, concediendo, el 28 de enero de 1919, diez días al demandado para enmendar su contestación. El 8 de fe-brero siguiente el demandante pidió al Secretario de la Corto de Distrito de Humacao que anotara la rebeldía del deman-dado y registrara una sentencia en contra suya. A todo accedió el Secretario quedando registrada el mismo día una sentencia por virtud de la cual se condenaba al demandado a pagar al demandante la suma de $15,000 dólares. El pro-pio día oelio de febrero se recibió por correo en la Secretaría de la Corte de Distrito de Iíumacao, P. R,., una excepción pre-via del demandado a la demanda enmendada, que, según el so-bre que la contenía había sido depositada en San Juan, P. ■ R., el 7 de febrero, y, según constaba en ella misma, había sido notificada al abogado del demandante el día 6.

Enterado el' demandado de la sentencia dictada en contra suya, acudió a la corte en solicitud de que ésta abriera la rebeldía anotada y anulara lá sentencia dictada por el se-cretario. Así lo hizo la corte después de haber oido a am-bas partes y.pesado la evidencia introducida por ellas, ha-biendo en consideración todas las circunstancias concurren-tes y haciendo uso de las facultades que le confería el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. T contra ésa resolución de la corte apeló el demandante para ante este tribunal.

Ambas partes presentaron extensos alegatos e informa-ron por medio de sus abogados ampliamente en el acto de la vista de la moción, suscitando muchas cuestiones y ci-tando copiosa jurisprudencia.

No creemos necesario considerar todas las cuestiones sus-citadas en detalle. Se trata de un caso en que la corte cla-ramente tenía poder discrecional para actuar en la forma' en que lo hizo, y no habiéndose demostrado, a nuestro jui-cio, que abusara de ese poder, no cabe revocar su decisión.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse -la resolución apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wólp,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Salcedo, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez; en cansa por acometimiento y ag’resión grave.
    No. 1458.
    Resuelto en marzo 2, 1920.
    Perito Médico — Heridas—-Evidencia Admisible. — No constituye error el permi-tir a tin testigo pericial, declarar respecto a la forma de las heridas o la clase de instrumento que probablemente las produjo.
    Identificación del Instrumento Causante de las Heridas. — Aun cuando el de-nunciante no identificara el arma con que le fueron inferidas las heridas, si con las declaraciones de otros testigos se traza el curso que ha seguido tal arma hasta su presentación en el juicio, no cometió error la corte al admi-, tirla en evidencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sres. Carmelo Honoré y G. Altiery.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wólp,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné una cansa seguida por un delito de atentado a la Adda, en la cual el Jurado declaró culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes. Ciertas palabras o supuestas palabras de e.ensura vertidas por el denunciante que era un doctor del hospital de la Cruz Poja, referentes al acusado que también traba-jaba allí, hicieron que éste último se enfureciera y acercán-dose furtivamente a dicho. denunciante en la calle y con un instrumento contundente de hierro y un palo causara graves lesiones al referido denunciante. Al ser declarado culpable dicho acusado fné sentenciado a la pena de nueve meses de cárcel.

Hay seis señalamientos de error, pero algunos de ellos pueden ser considerados en conjunto. No constituye error el permitir á un testigo perito declarar respecto a la forma de las heridas o la clase de instrumento que probablemente las produjo. Con esto quedan resueltos los dos primeros señalamientos.

El cuarto señalamiento alegado expresa que la corte co-metió error al admitir la declaración del denunciante, por ser argumentativa, remota e irrelevante. Sin hacerse más especificaciones de la prueba que realmente fué admitida el señalamiento carece de mérito. No encontramos que la de-claración del denunciante al hablar del disgusto y del aco-metimiento fuera demasiado remota o irrelevante.

Semejantes consideraciones son de aplicación al quinto señalamiento de error, o sea que la declaración de un testigo que presenció el acometimiento era impertinente e irrelevante.

El tercero y sexto señalamientos de error se refieren a lá indebida admisión como prueba de un garrote y de un instrumento de hierro o llave inglesa .que se alega fué el ins-trumento con que se verificó el acometimiento. No' encon-tramos prueba alguna de la- admisión del garrote y la única cosa en los autos que justifica estos señalamientos consta en la página 26, donde el fiscal presentó como prueba el hie-rro con el cual se llevó a cabo el acometimiento, manifestando que había sido identificado por el denunciante. La defensa se opuso por el fundamento de que tal hierro no había sido identificado ni por el denunciante ni por ninguna otra persona. El denunciante en realidad de verdad no identificó el instrumento pero sí declaró que fué agredido con un garrote o hierro. El no reconoció el instrumento al serle pre-sentado. Sin embargo, un policía manifestó que ocupó el instrumento que se le mostró en poder de Benito Soler, que por allí se encontraba; otro testigo declara que una persona recogió el objeto que se le muestra' al testigo y cree que esa persona era Benito Soler, quien también recogió un instru-mento médico perteneciente al’ denunciante, y dice todavía otro testigo que vió a Benito Soler cuando cogió el hierro'. Esto parece ser una suficiente identificación.

La ’ sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado; v. Balzac, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por libelo.
    No. 1416.
    Resuelto en marzo 4, 1920.
    Suspension del Juicio.' — Cuando suspendido el juieio repetidas veces a instancia del acusado, solicita por telégrafo éste poco antes del día fijado nuevamente para el mismo la citación de ciertos testigos que alega no fueron debidamente citados para comparecer, no comete error la corte al denegar una nueva mo-ción de suspensión, especialmente cuando la importancia de la prueba ofre-cida no se demuestra.
    Juicio por Jurado — Derechos del Acusado — Delitos Menos Graves. — No siendo aplicable a Puerto Rico aquella parte d'e la Enmienda Sexta de la Constitu-ción de los Estados Unidos, que confiere al acusado en todos los casos crimi-nales el derecho a un juicio por jurado, cuando al acusado se le imputa un delito menos grave (misdemeanor), no tiene, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, derecho a un juicio por jurado.
    Libelo — Prueba sobre Identificación del Editor. — La declaración rendida por una persona sin objeción del acusado, tendente a demostrar que éste, al cual identificó, era el editor del periódico en donde apareció el artículo libeloso, es prueba suficiente de tal hecho.
    Los lieobos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J: de J. Tizol, A. Peña y J. Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cinco son los señalamientos de error que han sido ale-gados en esta apelación.

Se solicitó la suspensión de la vista. El motivo alegado fué que no se citaron para el juicio ciertos testigos de la defensa. La vista se suspendió cuatro veces a instancia del acusado. El juicio se señaló finalmente para el 29 de julio de 1918. A última hora, por telégrafo, el 26 de julio, siendo el 27 y el 28 sábado y domingo, el acusado pidió la citación de varios testigos que no pudieron ser debidamente citados y no comparecieron. El método seguido por el acusado noes el autorizado por la ley, y su negligencia al dejar su pe-tición para tan tarde, es clara. Además, en la moción soli-citando la suspensión se indica lo esencial de lo que decla-raría cada testigo de los que dejaron de comparecer, y, a nuestro juicio, aceptando como ciertas todas sus manifesta-ciones, ellas no justificarían la conducta del acusado.

En el segundo señalamiento de error sostiene el apelante que tenía derecho a un juicio por jurado. El delito que se le imputa es un delito menos grave {misdemeanor). Según entendemos las decisiones de la Cor-te Suprema de los Es-tados Unidos en los casos de The People of Porto Rico et al. v. Carlos Tapia, y The People of Porto Rico et al. v. José Murati, 245 U. S. 639, aquella parte de la Enmienda Sexta a la Constitución de los Estados Unidos que confiere a] acu-sado ’ en todos los casos criminales el derecho a un juicio por jurado, no .es aplicable a Puerto Rico. De acuerdo con 'el Código de Enjuiciamiento Criminal un acusado solo tiene-derecho a un juicio por jurado en los casos de delito grave {felony).

En el tercer señalamiento de error se alega que la acu-sación no imputaba un delito príblico de conformidad con los artículos 243 y 244 del Código Penal. El artículo 243 prescribe lo siguiente:

“Constituye libelo cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de escritos, impresos, signos, láminas, dibujos u otra forma análoga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, ó impugnar . la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supuestos, exponiéndolo así al odio, des-precio o ridículo público.”

El artículo que se transcribe en la acusación formulada en este caso es tan violento en la forma abusiva del lenguaje usado, que no creemos conveniente reproducirlo para los fines de nuestros récords. No solo mostraba su simple lectura que el Gobernador de Puerto Rico era objeto de ataque, sino que en media docena o más partes del artículo habían frases que, de ser ciertas, necesariamente expondrían a Arthur Yager al odio, desprecio o ridículo público. Además, varios testigos declararon en el juicio que habían leído el artículo y necesariamente tenían que interpretarlo en el sentido de que en él el gobernador quedaba expuesto a tal odio, des-precio y ridículo público.

El cuarto y quinto señalamientos de error pueden ser considerados en conjunto. El apelante sostiene en sustan-cia que la prueba no mostró que Balzac era el editor del periódico donde apareció el artículo libeloso; o que él tu-viera algo que ver con la publicación. El apelante dice que la prueba presentada por El Pueblo de Puerto Rico consis-tía en un periódico donde constaba que Balzac era el editor. Es cierto que se hizo objeción a la admisión de este perió-dico, pero antes de ser admitido como prueba se había-per-mitido declarar a un testigo, sin hacerse objeción, que 'el acu-sado, a quien este testigo identificó, era el editor del refe-rido periódico, y la misma prueba del acusado tendía a co-rroborar la prueba aducida por el gobierno de que el acu-sado y apelante era responsable por la publicación.

La sentencia apelada. debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sjr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Balzac, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo en causa por delito de libelo.
    No. 1417.
    Resuelto en marzo 4, 1920.
    Libelo. — El hecho de que el autor o el editor de la publicación libelosa no men-cione por su nombre a la persona objeto del ataque, no le exime de respon-sabilidad cuando describe dicha persona con tal claridad que no deja lu-gar a dudas con respecto a quien es y resulta que así fué entendido por diferentes ciudadanos que declararon en el acto del juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. J. de J. Tisol, A Peña y J. Soto Rivera.

    Ahogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sjr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

. Los razonamientos contenidos en la opinión de esta corte, emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf, para fundar l'a sen-tencia que acaba de pronunciarse en el recurso 1416, El Pueblo v. Balzac, son enteramente aplicables a este caso.

También aquí el lenguaje usado en el artículo libeloso es tan abusivo, que no creemos justo transcribirlo. Baste decir que el tribunal lo ha examinado y considera' que aunque en él no se nombra directamente al Gobernador de Puerto Eico, Arthur Yager, a él se refiere sin duda alguna, habién-dolo estimado asi los testigos ciudadanos del distrito de Are-cibo que declararon en el acto de la vista; que el artículo entero tiende a exponer a dicho Gobernador Yager al odio, desprecio y ridículo público; que es responsable del mismo el acusado Balzac que era el editor del periódico que lo con-tenía y que se publicó y circuló en el dicho distrito de A re-cibo, y que no habiendo Balzac probado que las imputacio-nes contenidas en el artículo libeloso eran ciertas, ni que se publicaron con sana intención y para fines justificables, fué debidamente declarado culpable y condenado por la corte de distrito a sufrir la pena de cuatro meses de cárcel.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre libelo y daños y perjuicios. Memorandum de costas.
    No. 2086.
    Resuelto en marzo 5, 1920.
    Apelación — Costas—Honorarios de Abogado. — No habiendo presentado el ape-lado su memorandum de costas diez días después de dictada la sentencia recurrida que, en cuanto al particular relativo a las costas propiamente dichas, no fué modificada por la de la Corte Suprema, prescribió su derecho a recobrarlas; pero no presei-ibió gu derecho a percibir los honorarios de abogado porque en ese particular la sentencia apelada fué modificada en el sentido de imponer al demandado el deber de satisfacerlos.
    Id. — Cuantía de los Honorarios de Abogado. — Si bien en los casos de indem-nización por libelo ordena la ley que se fije en la sentencia la cuantía de los honorarios de abogado, no constituye error perjudicial al apelante el hecho de que así no se haga y se adopte el procedimiento ordinario permitiendo al apelado que presente su minuta y a la parte condenada al pago que for-mule su impugnación, antes de resolver la corte en definitiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. P. Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. L. Llorens.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 26 de octubre de 1917 la Corte de Distrito de Agua-dilla dictó una sentencia on este caso, cuya parte dispositiva dice así:

“Debe declarar y declara con lugar la demanda y sin lugar la reconvención del demandado, condenando al demandado, Yíctor P. Martínez, al pago de la suma de un dollar, honorarios de abogado en la suma de un dallar y las costas del litigio.”

Apeló de esa sentencia el demandante y esta Corte Su-prema resolvió el recurso por sentencia de 6 de diciembre de 1918, cuya parte dispositiva dice así:

“Debe declarar como declara con lugar el recurso de apelación y en su consecuencia modificar como modifica la sentencia recurrida en el sentido de que el demandado sea como es condenado a pagar al demandante la suma de tres mil pesos, los honorarios de abogado y las costas del litigio.”

Las dos sentencias a que nos liemos referido constituyen los dos primeros documentos de la transcripción. El ter-cero es un memorandum, de costas y desembolsos ascendente a $1,275.25, suscrito y jurado el 5 de julio de 1919. Luego sigue la impugnación del demandado suscrita y jurada el 8 de julio, el acta de la vista y resolución de la corte apro-bando el memorandum. Y, por último, el escrito de apela-ción del demandado y la certificación del secretario.

Al acto de la vista del recurso sólo compareció la parte apelante que fué además la única que presentó alegato es-crito. En dicho alegato sostiene que no habiendo el deman-dante presentado su memorandum de costas diez días des-pués de dictada la sentencia de 26 de octubre de 1917 por la corte de distrito, su derecho a cobrar dichas costas había prescrito en 5 de julio ele 1919 cuando se resolvió a ejer-citarlo, y que habiendo' sido condenado el demandado a pa-gar tanto por la sentencia de la corte de distrito cuanto por la de esta Corte' Suprema simplemente la suma de un dollar por. honorarios de abogado, sólo a esa suma tiene derecho, y no a la de mil que reclama. Cita el apelante en relación con este último extremo la decisión de esta corte en el caso de Saldamando v. Valdecilla, 20 D. P. R. 96.

1. El memorandum aprobado por la corte de distrito as-ciende, como hemos dicho, a la suma de $1,275.25. De esa suma $1,000 corresponden a honorarios ele abogado y $275.25 a costas y desembolsos.

En cuanto a los desembolsos, el demandado no fué con-denado a pagarlos expresamente ni por la sentencia de la corte de distrito ni por la de esta Corte Suprema, y, en tal virtud, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 364, dicho demandado no puede ser obligado a satisfacerlos.

En cuanto a las costas, estamos conformes con el ape-¡ante en que no habiendo presentado el demandante su memorandum diez días después de dictada la sentencia de la corte de distrito, no modificada en' ese particular por .la de esta Corte Suprema, su derecho a percibirlos prescribió. Véase el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fue enmendado por ley de 12. de marzo de 1908, Comp, de 1911, página 910, y la opinión de esta corte en el caso de Buxó et al. v. Buxó et al., 18 D. P. R. 190.

2. En cuanto a los honorarios de abogado, no tiene razón el apelante. La sentencia de la corte de distrito condenó expresamente al demandado a pagar la suma de $1 por tal concepto. En ese particular, como en el de la cuantía de la indemnización, la sentencia de la corte de distrito fue mo-dificada por la. ele esta Corte Suprema que condenó al dicho demandado a pagar “los honorarios de abogado”, que no habiéndose fijado, deben ser aquellos que en el debido curso de-la ley se adjudicaran como razonables por la corte.

En el caso de Saldamando, supra,'invocado por el propio apelante, la demandante reclamó $25,000 como daños y per-juicios por libelo. La corte de distrito estimó que el libelo existía pero que no causó daños y perjuicios y dictó senten-cia en contra de la demandada condenándola a pagar a la demandante $1 y, además, $250 como honorarios de abogado y las costas y desembolsos del litigio. La demandante soli-citó reconsideración de esa sentencia en lo relativo a la cuan-tía de los honorarios pidiendo que se fijaran en la suma de $1,000, a cuya pretensión se opuso la parte demandada, y la corte resolvió finalmente modificar su sentencia conde-nando a la demandada a pagar $400 por honorarios en vez de $250. Apeló, la demandada para ante este tribunal y esta corte, después de un cuidadoso estudio de la ley aplicable, confirmó la sentencia recurrida. No favorece, pues, al ape-lante, la decisión que invoca.

Tratándose de un caso de libelo, ordena la ley se fije en la misma sentencia la cuantía de los honorarios, pero no constituye error perjudicial al apelante el hecho de que así no se hiciera y se adoptara el procedimiento ordinario per-mitiendo a la parte a cuyo favor se concedieron que presen-tara su minuta y a la parte condenada al pago que formu-lara su impugnación, antes de resolver la corte en definitiva, contra cuyo procedimiento tampoco se hizo protesta alguna.

Ahora bien, $1,000 de honorarios por el trabajo realizado por el abogado del demandante en la corte de distrito nos parece una cantidad excesiva atendidas todas las circunstan-cias del caso. La mitad de esa suma es, a nuestro juicio su-ficiente.

Por virtud de todo lo expuesto debe modificarse la reso-lución recurrida en el sentido de que el demandado sólo debe pagar al demandante la suma de $500 por honorarios de abogado.

Modificada la resolución apelada en el sentido ■ de que el demandado nada debe satisfacer por costas y desembolsos, debiendo pagar solamente quinientos dólares por honora-rios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández.y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Llompart et al., Demandantes y Apelados, v. Díaz, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Huinacao en pleito sobre cobro de crédito hipotecario.
    No. 2005.
    Resuelto en marzo 5, 1920.
    Cobro de Crédito Hipotecario — Nulidad de Declaratoria de Herederos. — Ha-biendo sido declarada Da. Catalina Prats vda. de Llompart única heredera de su hijo don Jaime Llompart Prats, inscribióse a título hereditario en el registro a favor de aquélla cierto crédito hipotecario que había sido cons-tituido por Da. Juana Borrás a favor de Llompart Prats. Varios hijos de éste que posteriormente fueron judicialmente declarados sus hijos ilegíti-mos reconocidos demandaron a la actual dueña de la finca hipotecada el pago del crédito constituido originalmente a favor de Llompart Prats. Ape-lada la sentencia que ordenó el pago se resolvió: que no habiéndose obte-nido previamente la nulidad de la declaración de heredera a favor de Da. Catalina Prats ni de la inscripción a su nombre en el registro del crédito hipotecario, el cobro de éste no puede ser gestionado con éxito por perso-nas distintas de Da. Catalina Prats.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. R. Arce y M. Tous Sobo.

    Abogados de la apelante: Sres. F. González y A. Mena.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 1902, doña Juana Borrás reco-noció deber a don Jaime Llompart Prats cierta cantidad de dinero y en garantía de la deuda constituyó hipoteca sobre una casa de su propiedad radicada en Caguas, cuyo gravamen fué inscrito en el registro de la propiedad a favor del acreedor. Muerto el acreedor en diciembre de 1905, su ma-dre doña Catalina Prats viuda de Llompart fué declarada heredera suya por resolución judicial de 7 de marzo de 1908 que fué inscrita en el registro de la propiedad en cuanto al crédito hipotecario referido y continúa inscrita a su nombre según aparece de los autos que tenemos a la vista. -

Los hermanos Antero, Natalio, Andrea y Concepción Llompart y Pereira demandaron a doña Catalina Prats viuda de Llompart en pleito sobre reconocimiento de filiación en el que recayó sentencia el 4 de marzo de 1909, que es' firme, declarando que los hechos y la ley estaban a favor de los demandantes, hijos ilegítimos reconocidos del finado Jaime Llompart Prats con todos los derechos inherentes a esa filiación.

Posteriormente, en 9 de noviembre de 1917, dichos cuatro hermanos demandaron en juicio ordinario a doña Isolina Díaz Rodríguez, actual dueña de la finca hipotecada, para que les pagase las cantidades garantizadas con la hipoteca men-cionada, alegando no liaber sido pagadas y liaber muerto el acreedor sin descendencia legítima ni legitimada, en estado de soltería, abintestato y sin otra descendencia ilegitima, natural reconocida que los demandantes, liabidos con Rosa-lía Pereira; pleito que terminó por sentencia que condenó a la demandada a satisfacer las cantidades reclamadas y contra la cual interpuso ésta el presente recurso de apelación.

Sin entrar a considerar todas las cuestiones propuestas por la parte apelante, nos bastará decir que de los autos surge la cuestión de si habiendo sido declarada heredera de Llom-part su madre legítima por resolución judicial de 7 de marzo de 1906, anterior al pleito de filiación, puede estimarse inexis-tente aquella declaratoria cuya inscripción en el registro de la propiedad no ha sido cancelada, hasta el punto de que los hijos de Llompart puedan exigir el cobro de una hipoteca de su difunto padre, inscrita ahora a favor de doña Catalina Prats viuda de Llompart, sin que sea necesario obtener la nulidad de aquella declaratoria y de su inscripción con audiencia de la heredera declarada tal.

Dicha heredera no ha sido parte en este pleito, la ins-cripción a su favor de la hipoteca no ha sido cancelada en el registro de la propiedad y mientras esa inscripción no sea cancelada con audiencia de la madre no puede prosperar su cobro por personas distintas de ella, cuales son los de-mandantes. Si la demandada pagase a los demandantes las cantidades que le reclaman y que están garantizadas con la hipoteca, ésta no sería cancelada por el registrador en sus libros por no haber sido satisfecha a doña Catalina Prats que, según el registro es la acreedora hipotecaria.

Nuestra resolución en el caso de Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 96, no es de aplicación al presente caso, porque en aquel no estaba envuelta la nulidad de la declaratoria de herederos de Víctor Martínez, sino que subsistía su carácter de heredero en unión de los menores hijos de Cecilia Méndez.

Por las razones expuestas procede la revocación de la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y HutcMson.


author: El Juez Asociado Su. del Tono,

text:
    Pagán et al., Demandantes y Apelados Apelantes, v. Sellés et al., Demandados y Apelantes Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2119.
    Resuelto en marzo 9, 1920.
    Desestimación de Apelación — Notificación del Escrito de Apelación — Par-tes Contrarias. — No procede desestimar una apelación porque el escrito interponiéndola no fuera notificado a ciertos demandados que no consta del record que fueran emplazados, ni que comparecieran voluntariamente, ni que su rebeldía fuera anotada. Bajo tales circunstancias no puede sostenerse que dichos demandados quedaron sometidos a la jurisdicción de la corte de distrito y que son partes realmente interesadas en la apelación.
    Id. — Alegato del Apelante Radicado Fuera de Término — Discreción Judicial.' — La falta de presentación de alegato por parte del apelante dentro de término, puede servir de base para desestimar el recurso; pero el tribunal en el ejercicio de su discreción puede admitir que el alegato se archive des-pués de vencido el término y negarse entonces a desestimar la apelación, cuando existe una justa causa para ello.
    . Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. M. y J. Tons Soto.

    Abogados de los demandados Sellés y Sobrino: Sres. M. Guerra e I. Soldevila.

   El Juez Asociado Su. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes solicitaron la desestimación del recurso interpuesto por los demandados Hermanos Sellés y Sobrino, por tres motivos: Primero, porque el escrito de apelación no se notifico a los demandados Mercedes y José Pagán; segundo¡, porque el alegato de los apelantes no se archivó dentro del. término concedido por la corte, y, tercero, porque l'a apela-ción carece de finalidad práctica.

Es cierto que el alegato de los apelantes se presentó des-pués de vencido el término que para ello les concedió esta, corte, pero es lo cierto también que se archivó un día des-pués de radicada la moción de desestimación y muchos antes, de que se celebrara la vista de la misma. Esta no es una cuestión jurisdiccional y en el ejercicio de su discreción la corte cree que no debe desestimar por tal motivo el recurso. Véanse González v. Acha et al. 19 D. P. R. 1209, y Laborde v. Ríos, Vda. de Toro, 22 D. P. R. 337.

Tampoco procede la desestimación de la apelación por' frívola. Hemos leído el alegato ele la parte apelante y a; nuestro juicio las cuestiones que levanta son dignas de estudios

El motivo que en verdad ha sido objeto de controversia entre las partes, es el primero de los alegados, o sea la falta de notificación del escrito de apelación a los demandados Mercedes y José Pagán.

Aparece de los autos que el pleito versa sobre reivindi-cación de una finca urbana actualmente poseída por Her-manos Sellés y Sobrino y que los demandantes reclaman como herederos de Francisco José Santana. Los demandados Mercedes y José Pagán son también herederos pero no quisieron asociarse a los demandantes y fueron entonces incluidos en la demanda como demandados. La corte de distrito resolvió el pleito por sentencia de 30 de junio de 1919 “a favor de los demandantes y en beneficio de la Sucesión de don Fran-* cisco José Santana; condenándose a Hermanos Sellés y So-brino a reivindicar a dicha Sucesión en la posesión y dis-frute del inmueble que se reclama, * '* Hermanos Sellés y Sobrino apelaron de dicha sentencia y notificaron su escrito a los demandantes, pero omitieron hacerlo a los demandados Mercedes y José Pagán. Los demandantes sos-tienen que los dichos demandados Mercedes y José Pagán son partes contrarias y que no habiendo sido notificados de la apelación, esta Corte Suprema no ha adquirido jurisdic-ción para conocer del recurso en su fondo y debe, en tal virtud, desestimarlo.

liemos examinado cuidadosamente los autos y si bien como hemos dicho aparece de ellos que Mercedes y José Pagan fueron incluidos como demandados en la demanda, no resulta ni que. fueran emplazados, ni que comparecieran vo-luntariamente, ni que su rebeldía fuera debidamente ano-tada.

Después de la demanda se copian en la transcripción los siguientes documentos, únicos que guardan relación con la cuestión debatida. Helos aquí:

“Moción de rebeldía,. — Señor Secretario: — Del emplazamiento de-bidamente diligenciado que se acompaña, aparece que los demandados en el presente caso fueron emplazados en sus domicilios en San Lorenzo en fecha 23 de febrero de 1917, sin que hasta la fecha hayan comparecido a contestar o excepcionar la demanda dentro del tér-mino legal. Por tanto, procede, y así lo solicito de TJd. se anote ,1a rebeldía de dichos demandados. — Ponce, P. R., marzo 12, 1917.— /Firmado) José Tous Soto, Abogado del demandante.”
i “Estipulación. — Comparecen las partes, por medio de sus abo-gados y estipulan que la rebeldía anotada en este pleito sea abierta ;y cancelada, teniendo la demandada Hermanos Sellés y Sobrino diez días para contestar.- — (Firmado) José .Tous Soto, Abogado de los demandantes. — Guerra y Guerra, Abogados de la demandada Her-manos Sellés y Sobrino, Registrado este pliego hoy 4 de abril de 1917.^(Firmado) A. Ramírez Jr., Subsecretary .District Court.”
“Moción de rebeldía. — Habiendo transcurrido el término de los diez días convenido entre las partes para que la demandada contes-tara la demanda, sin haberlo verificado, solicito de Ud. se sirva ano-tar la rebeldía de dicha demandada. — Ponce, P.'R., abril 24 de 1917.— (Firmado) José Tous Soto, Abogado del demándente.”
“Contestación. — Comparece la demandada Hermanos Sellés y So-brino por medio de sus abogados Guerra y Guerra y en contestación a la demanda interpuesta en el pleito arriba indicado expone: Que niega general y específicamente todas y cado una de las alegaciones esenciales de la demanda. — (Firmado) Guerra y Guerra. — Abogados de la demandada Hermanos Selles y Sobrino. Registrado este pliego hoy 5 de abril de 1917. — (Firmado) A. Ramírez Jr., Snbseeretary District Court. ’ ’

La vaguedad ele la primera “moción ele rebeldía”, al re-ferirse a los demandados sin nombrarlos, desaparece al exa-minar la “estipulación” que sigue y la segunda “moción ele rebeldía”. No hubo necesidad de resolver sobre la segunda moción, porque dentro del término estipulado archivaron su contestación Hermanos de Selles y Sobrino. Fueron éstos en realidad de verdad los únicos demandados en el pleito. Los otros simplemente se nombraron en la demanda. Por lo me-nos los autos no revelan otra cosa.

T siendo eso así, la contención de los demandantes está claramente resuelta en contra suya, por la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de California en el caso de Clarke v. Mork, 125 Cal. 540-543, que dice así:

“Una moción fué también presentada a nombre del apelado Hinkley para que se desestimara la apelación por el motivo de que el recurso no se notificó a ciertos otros demandados. La transcrip-ción no demuestra, sin embargo, que cualquiera de esos otros deman-dados fuera emplazado en el pleito, o compareciera en el mismo, y en tal virtud no se requería que se les notificara la interposición del recurso. (Código de Enjuiciamiento Civil, sección 1014).- A menos que hubieran sido sometidos a la jurisdicción de la corte superior, ellos no podían ser afectados por 'su sentencia, o por una re-vocación de la misma por parte de esta Corte.”

Véase también el caso ele Sucesión Igaravídez et al. v. Rubert Hermanos et al., 23 D. P. R. 293, 314.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debe resol-verse no haber lugar a desestimar la apelación interpuesta por Hermanos Selles y Sobrino en este pleito.

Sin lugar la desestimación del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Trías y Stubbe, Demandados y Apelante el Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre liquidación de sociedad mercantil.
    Moción solicitando la desestimación del recurso. -
    No. 2118.
    Resuelto en marzo 9, 1920.
    Desestimación de Apelación — Término para Apelar. — Como el precepto del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil según el cual el término para apelar había de contarse a partir del registro de la sentencia, fué modificado por la ley de 9 de marzo de 1911 en el sentido de que ese término empezará a correr desde que se ai-chive con los autos la notificación de la sentencia a la parte perjudicada, no procede desestimar por prematura una apelación establecida después de hecha y archivada con los autos tal notificación, aun cuando no hubiera sido registrada la sentencia.
    , Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. G. Goll Cuchí y G. Cruzado Silva.

    Abogado del apelado: Sr. José Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

.El demandante y apelado presentó una moción solicitando la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada én este pleito, basándose en haberse es-tablecido antes. de registrarse la sentencia apelada. A su moción acompañó una certificación expedida por el Secreta-rio de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, de la cual aparece que la sentencia de que se trata se dictó' en corte abierta el 16 de julio de 1919 y se registró a los folios 155 y 156 del Libro de Sentencias No. 6 de la dicha corte y sección, el 10 de febrero de 1920. Según los autos, la apelación se interpuso el 16 de julio de 1919. El apelado-invoca en apoyo de sus pretensiones los artículos 227 y 295-del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia sen-tada por esta corte en los’ casos de la Compañía -de los Fe-rrocarriles de Puerto Rico v. La Compañía Línea Férrea del Oeste et al., 8 D. P. R. 427, y Castrillón & Cía. v. Juez Municipal Sustituto, 27 D. P. R. 906.

La parte demandada y apelante impugnó la moción de desestimación basándose en que interpuso el recurso después de habérsele notificado por el secretario de la corte que se había dictado y registrado la sentencia y en que el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribía que las sentencias eran apelables después de registradas, fué mo-dificado por la ley de 9 de marzo de 1911, Compilación de 1911, página 902. A su impugnación acompañó el apelante un documento firmado por el Secretario de la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Segunda, por virtud del cual se le notificó que dicha corte había “dictado sentencia en este caso con fecha 16 de julio de 1919, que fué debidamente re: gistrada en el libro correspondiente, según consta del record de este asunto, donde podrá usted enterarse detalladamente de los términos de dicha sentencia.” En la transcripción elevada a esta Corte Suprema con motivo de la apelación, aparece incluida una sentencia que es igual a la registrada el 10 de febrero de 1920.

Al acto de la vista de la moción asistieron ambas partes por medio de sus abogados quienes informaron ampliamente al tribunal sosteniendo sus respectivas pretensiones.

Hasta aquí los autos y las partes. La cuestión envuelta ha sido estudiada y discutida por el tribunal y hemos lle-gado a la conclusión de que el recurso no debe ser desesti-mado. Expondremos las razones que existen para ello:

Hasta el año de 1911 estuvo vigente la ley (artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, No. Io.), que fijaba la fecha para apelar, contándola a partir del registro de la sen-tencia (entry of judgment). Esa ley era igual a la de California y este tribunal adoptó la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de dicho Estado en relación con la deses-timación de apelaciones prematuras, considerando como tales las interpuestas antes de registrarse la sentencia.

En 1911 el legislador puertorriqueño introdujo una mo-difieaeióu en el sistema. Volvió a la antigua práctica espa-ñola ele la notificación de las sentencias, y al redactar el estatuto no habló de sentencias registradas, sino simplemente de sentencias dictadas. Se expresó así:

“En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de ape-lación * * será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación es-crita informándole que la sentencia ha sido dictada, * * * y una copia de esa notificación será 'archivada con los autos, y el tér-mino para establecer el recurso de apelación, empesará a correr desde.la fecha del archivo de dicha notificación con los autos,” Leyes de 1911, p. 238. Las itálicas son nuestras.

Existe una clara distinción entre el acto de dictar o pro-nunciar una sentencia y el acto de registrar esa misma sen-tencia. A continuación citamos alguna jurisprudencia sobre el particulai, que tomamos del tomo 3, página 2404 de la obra “Words and Phrases Judicially Defined.”

“Existe una clara distinción entre lo que constituye el hacer o dictar una sentencia y el registro de la misma. La sentencia se hace o dicta cuando la corte la anuncia o firma la sentencia, prác-tica que es la corriente, y retorna la sentencia firmada al abogado, mientras que el registro de una sentencia constituye meramente una prueba de haberse dictado una sentencia y es un acto puramente ministerial. Barthrop v. Tucker, 70 Pac., 120, 121, 29 Wash. 666.
“El pronunciamiento de una sentencia y su registro son cosas diferentes y distintas una de la otra. Lo primero es el acto de la corte mientras que lo segundo es el acto del secretario de la corte. Vigo County v. City of Terre Haute, 46 N. E. 350, 351, 147 Ind., 134 (citándose el caso de Smith v. State, 71 Ind. 250; Chamberlain v. City of Evansville, 77 Ind. 542, 548 et seq.; Chissom v. Barboul, 100 Ind. 1; Mayer v. Haggerty, 138 Ind., 628, 38 N. E. 42).
“Registrar una sentencia es distinto a dictarla, siendo este úl-timo un acto judicial efe la corte al pronunciar la sentencia de la ley basada en los hechos como han sido establecidos por las alegaciones y el veredicto. Winstead v. Evans (Tex.), 33 S. W. 580; Martin v. Pifer, 96 Ind. 245, 248; Parrott v. Kane, 35 Pac. 243, 244, 14 Mont. 23.”

Siendo esto así, es necesario reconocer que la jurispru-dencia aceptada y aplicada por esta corte en relación con las apelaciones prematuras, quedó en parte afectada por la acción legislativa de 1911 a que nos hemos referido, no pu-dienclo sostenerse hoy que sea prematura y como tal deha desestimarse .una apelación interpuesta después de haberse dictado la sentencia, notificado a la parte agraviada que la sentencia se había dictado y archivado la notificación con los autos. El caso de Castrillón a que se refiere la parte de-mandante y apelada, debe considerarse limitado por esta de-cisión. Allí no se investigó el efecto de la enmienda de 1911. Simplemente se hizo aplicación de la jurisprudencia ante-riormente establecida.

Ahora bien, la conclusión a que hemos llegado no quiere decir que sostengamos que el registro de la sentencia sea innecesario. No obstante lá modificación que se hizo al ar- ■ tíeulo 227' del Código de Enjuiciamiento Civil en 1911, eli-minando de él la parte relativa al registro de la sentencia, quedaron en el código y están en todo su vigor los artículos 231 y 233, que claramente imponen al secretario de la corte de distrito el deber de llevar un libro que se titulará “Libro de Sentencias”, el de registrar en él las sentencias que dicte la corte y el de formar, inmediatamente después de regis-trada la sentencia, el legajo de la sentencia, uniendo a él, entre otras actuaciones, una copia de la sentencia misma. Y es de tal importancia que la copia de la sentencia regis-trada se eleve a este tribunal en casos de apelación, que si. así no se hiciere, podrá desestimarse el recurso de acuerdo-con la jurisprudencia establecida por esta corte en los casos de Olivari v. Sucesión Ramos, 20 D. P. R. 103; Aponte v. Freiría et al., 20 D. P. R. 93; Hernández v. Hernández, 19 D. P. R. 1041; López v. López, 19 D. P. R. 1043; Allongo v. Belaval, 19 D. P. R. 1079; González v. Acha et al., 19 D. P. R. 1208, y otros, no afectados por la enmienda de 1911.

La fecha en que se verifica el registro no es de importan-cia decisiva, a los efectos de la interposición del recurso. Lo que se requiere fes que cuando el caso sea definitivamente so-metido a esta Corte Suprema, la copia de la sentencia regis-trada forme parte de los autos. Y eso sucede aquí. La pro-pia parte apelada ha suplido con su actuación el defecto que existía y hoy está ante nosotros la copia de la sentencia no sólo dictada, si que también registrada.

Habiéndose, pues, interpuesto la apelación en tiempo y figurando en los autos la copia de la sentencia registrada, no ha lugar a la desestimación del recurso.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.

OPINIÓN CON CURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

En el presente caso fué interpuesto el recurso de apela-ción contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, antes de que la sentencia fuera registráda; y considerado aisladamente ese hecho, sin tener en cuenta otros que constan en el récord, procedería la desestimación del recurso con sujeción a la jurisprudencia ya establecida por esta Corte Suprema sobre apelaciones prematuras.

La sentencia no existe para los efectos de la apelación hasta que se registra. El artículo 231 del Código de En-juiciamiento Civil ordena que el secretario lleve con el pro-tocolo de la corte un libro que se titulará “Libro de Senten-cias,” en el cual se registrarán éstas; y el artículo 233 or-dena también que inmediatamente después de registrada la sentencia el secretario deberá unir y archivar, entre otras actuaciones que expresa, copia de la sentencia. Dicho ar-tículo 233 no dispone que se una y archive la sentencia original sino una copia de ella, lo cual claramente demuestra que no hay más sentencia que la original registrada en el “Libro de Sentencias”. Siendo ello así, la sentencia que se ha de notificar a la parte agraviada por ella, según dis-pone la Ley No. 70 de 1911, no es otra que la registrada en el “Libro de Sentencias” y por tanto, desde la notificación de esa sentencia, registrada, es que debe correr el término para apelar. Si se apela antes el recurso es prematuro. Pero la anterior doctrina aplicable por lo general, no afecta a un caso como el presente en que el secretario de la corte comu-nicó al apelante que había sido dictada sentencia que fué registrada en el “Libro ele Sentencias”, pues ante semejante manifestación hecha por un funcionario público en un do-cumento oficial, la parte apelante actuó de buena fé, bajo la creencia ele que había una sentencia registrada. No cono-cemos ningún precepto legal que impusiera a la parte agra-viada el deber de examinar por sí misma el “Libro de Sen-tencias” para comprobar lo afirmado por el secretario. Aten-dida la notificación hecha por el secretario al apelante de que se había dictado sentencia que estaba registrada y te-niendo en cuenta además que había realmente una senten-cia escrita, firmada por el juez y. el secretario la cual se llevó a los autos y que la copia de esa sentencia tal como figura en la transcripción está conforme con la copia de la sentencia registrada, acompañada a la moción de desesti-mación, es razonable y justo concluir que el presente caso por los caracteres que presenta, no cabe dentro de la anterior jurisprudencia de esta corte y que debiendo entenderse la sentencia registrada nunc pro fomc, o sea en la propia fecha en que fué notificada, no procede desestimar el recurso por haberse interpuesto prematuramente.


author: El Juez Asociado’ Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Molina, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mavagüez en cansa por delito de violación.
    No. 1476.
    Resuelto en marzo 9, 1920.
    Privilegio del Acusado a no Declarar — Instrucciones al Jurado. — Cuando la corte al instruir al jurado Race notar la ausencia de prueba por parte del acusado,-la mejor práctica aconseja que se le instruya al mismo tiempo que el 'hecho de que el acusado haya hecho uso del privilegio de no declarar no deberá considerarse como circunstancia que le incrimine y que el fiscal está en la obligación' de probar su caso más allá de una duda razonable, prescin-diendo de tal omisión.
    Violación — Prueba Corroborante. — En los casos de violación o de cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el jurado debe ser instruido específicamente de que es necesario, para que el acusado pueda ser convicto, que la declaración de la supuesta víctima sea corroborada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Otero.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado’ Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que en un juicio por violación y por otros deter-minados delitos el acusado no podrá ser declarado, con victo por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas.

En el presente caso la corte dió al jurado las siguientes instrucciones:

“Este es un caso, señores del jurado, en que no se ha practicado prueba por parte de la defensa y es deber suyo dé examinar la prueba de la acusación y resolver, si de ella les satisface o no fuera de duda razonable, de la culpabilidad del acusado.
“La declaración de un solo testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho salvo perjurio o traición. En este caso ja declaración de un solo testigo respecto a cualquier hecho esencial es prueba suficiente "del hecho si ese testigo merece entero crédito, esto es, si Uds. creen que ese testigo está diciendo la verdad y siempre que la declaración de ese testigo es corroborada por otra evidencia. ’ ’

El fiscal de este tribunal muy atinadamente solicita la revocación de la sentencia.

Al terminarse la prueba de la acusación del abogado de la defensa anunció a la corte que no tenía prueba alguna que presentar con excepción de la declaración del acusado que no sería llamado a declarar.

En vista de las circunstancias hubiera sido mejor prác-tica por parte de la corte instruir al jurado en relación con la instrucción que le dió acerca de la falta de prueba por parte de la defensa, que el acusado tenía el privilegio de no declarar y que el hecho de no hacerlo no había de con-siderarse como circunstancia que le incriminaba por estar el fiscal en la obligación de establecer su culpabilidad más allá de una duda razonable, prescindiendo de tal omisión.

Sin embargo la omisión inadvertida por parte de la corte sentenciadora en instruir al jurado acerca de éste extremo sin que conste que la defensa hubiera llamado en alguna forma la atención en la corte inferior en cuanto al particular, y no apareciendo de los autos nada que indique que con ello pudiera causársele perjuicio al acusado, difícilmente po-dría servir de base para la revocación de la sentencia.

Pero nos vemos obligados a opinar con el fiscal que el hecho de no darse una instrucción más específica respecto a la necesidad de que la declaración prestada por la supuesta víctima fuese corroborada por otra prueba es una cuestión que tiene demasiado importancia para no ser considerada.

La sentencia apelada debe ser revocada, debiendo devol-verse las actuaciones a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

■Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Blanco, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de-negando la inscripción de una escritura de dación en pago.

      No. 455.

    Resuelto en marzo 11, 1920.
    Sociedad Mercantil Colectiva — Bienes Inmuebles de la Sociedad Colectiva— Cesión de Derechos de un Socio a Otro. — No siendo condueños o eo-pro-pietarios los socios colectivos de los bienes inmuebles inscritos a nombre de la sociedad, no puede estimarse como un título traslativo de dominio de dichos inmuebles la cesión que hacen dos socios a un tercer socio de los habe-res y derechos que les correspondan en la sociedad, aun cuando la cesión haya sido hecha estando la sociedad en liquidación.
    Id. — Pago Parcial de Haber Social. — Es perfectamente inscribible una escri-tura por la cual el liquidador de una sociedad regular colectiva cede a uno de los socios en pago parcial de sus haberes sociales dos fincas urbanas de la sociedad, sin que pueda estimarse que existe contradicción entre dicha da-ción en pago y el hecho de que dos socios hubieran cedido anteriormente sus haberes y derechos en la sociedad al mismo socio, contrato este último que por ser de índole extrictamente personal, no era necesario inscribir previamente para que pudiera ser inscrita la mencionada escritura de dación en pago.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. E. Acuña.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de Io. de diciembre de 1919, la mer-cantil J. M. Blanco y Oía., en liquidación, por voz y nombre de su liquidador Agustín Blanco vendió y trasmitió a su socio José María Blanco González, a título de dación en pago parcial de sus haberes sociales, dos fincas urbanas pertene-cientes a dicha sociedad e inscritas como tales en el registro de la propiedad, por precio de $30,000 que la sociedad tras-mátente declaró recibidos del adqnirente mediante cargo de dicha suma hecho a Blanco González en su cuenta corriente.

El anterior documento fue presentado para su inscrip-ción en el Registro de la Propiedad de San Juan, -acompa-ñado de otros de los cuales resulta: Primero, que por escri-tura de 10 de mayo de 1917 José María Blanco González, José Lacosta Izquierdo, Agustín Blanco Geigel y Juan Serra De-fontaine, como socios colectivos, y Francisco Garabís Mar-tínez como dependiente interesado, constituyeron una socie-dad mercantil bajo la forma regular colectiva, por término de un año, o sea desde Io. de abril de 1917 a 31 de marzo de 1918; segundo, que por otra escritura de 19 de julio de 1919 los cuatro socios colectivos y el empleado dependiente interesado, declararon que no obstante haber vencido el plazo de la sociedad desde 31 de marzo de 1918 habían continuado asociados por tácito acuerdo hasta el 4 de julio de 1919, rea-lizando negocios bajo las mismas estipulaciones de la escri-tura de constitución de sociedad, y ratificaron todas las ope-raciones así efectuadas, declarando extinguida la sociedad a partir de la fecha indicada, 4 de julio de 1919; y tercero, que por otra escritura pública de 17 de octubre de 1919 los socios José Lacosta Izquierdo y Juan Serra Defontaine ce-dieron y trasmitieron al socio José María Blanco González, por precio cierto y entregado de presente, cuantos derechos, haberes y participaciones tenían y les correspondían en la mercantil J. M. Blanco y Oía., desde su constitución hasta su extinción en 4 de julio de 1919 y posteriormente en su período de liquidación, hasta el día 7 de octubre citado, al efecto de que el cesionario José María Blanco González, a partir de esa cesión de haberes fuera tenido y considerado como único dueño y poseedor de cuanto a los cedentes co-rrespondía y pudiera corresponder en la mercantil J. M. Blanco y Cía.

El registrador denegó la inscripción de la escritura de Io. de diciembre de 1919, de dación en pago parcial ele ha ■ beres sociales a José María Blanco González, por medio de nota que dice así:

“Denegada la, inscripción del precedente documento por los si-guientes motivos: que el mismo está en contradicción con la escritura de cesión de derechos y acciones que se relaciona y acompaña por la razón de que, habiendo adquirido don José María Blanco los dere-chos sociales de -todas clases que tenían los anteriores socios don José Lacosta y don Juan Serra, en cuyo traspaso, por haberse veri-ficado con posterioridad a la fecha de la disolución de la compañía deben considerarse y se consideran incluidos los derechos y parti-cipaciones que a los mismos pudieran corresponder en los inmuebles que pertenecieron a la sociedad, en esta escritura dicha firma tras-mite la totalidad de las fincas a don José María Blanco como si realmente fuera dueño de ellas, lo que no resulta, tanto por virtud de la disolución como por la cesión verificada por Lacosta y Serra, porque dichos títulos de disolución y de cesión posterior son tras-lativos de dominio que deben ser inscritos y su inscripción no se ha solicitado, pero la cual aunque se practicara no constituiría razón para subsanar el defecto consistente en la contradicción indicada; y tomada en su lugar anotación preventiva por término legal en los libros, folios, fincas y anotaciones expresadas al margen de la descripción, conforme a la sentencia de 28 de julio de 1919, Porto Rico Fruit Exchange. Se han tenido a la vista otros documentos. San Juan, 17 de diciembre de 1919. El Registrador, Rafael Ti-rado Verrier.”

La nota transcrita está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto.

Gomo se ve, la nota recurrida se funda en la contradic-ción que encuentra el registrador entre la escritura de da-ción en pago ele haberes sociales de Io. de diciembre de 1919, y la otra escritura de.cesión de haberes sociales de 17 de octubre de 1919, y además en que la escritura de cesión de haberes sociales no ha sido inscrita en el registro ni se ha solicitado su inscripción, anticipando el registrador la idea de que aunque su inscripción se practicara no quedaría sub-sanado el defecto consistente en la contradicción ya indicada.

J. M. Blanco y Cía. es una entidad jurídica con perso-nalidád propia que desde la fecha de su constitución la ca-pacita legalmente para adquirir y poseer bienes de toda clase y para celebrar cualesquiera actos y contratos, y sus socios al ingresar en ella conservan, independientemente de todo nexo social, como personas naturales, su capacidad para establecer relaciones jurídicas no sólo entre sí sino con la sociedad misma y con terceras personas.

Y esa independencia de personalidades subsiste durante la vida legal de la sociedad y mientras se- opera su liqui-dación, siendo consecuencia de ello que también lian de co-existir separados y distintos en todo tiempo los bienes que dentro de sus respectivas capacidades hayan adquirido la sociedad y los socios. Los bienes adquiridos por la socie-dad constituirán su propiedad colectiva y los del socio o socios su propiedad individual.

Ahora bien, J. M. Blanco y Cía. adquirió durante su vida social las dos fincas urbanas de que se trata en el pre-sente recurso, habiendo venido a formar parte-del haber social y nadie más que dicha sociedad podía disponer ele ellas.' Al otorgarse la escritura de 17 de octubre ele 1919, de cesión de haberes sociales por José Laeosta y Juan Serra a favor > de José María Blanco, no se hizo más innovación con rela-ción ál haber social que la de adquirir José María Blanco González cuantos derechos y haberes correspondían en la so-ciedad J. M. Blanco y Cía. a Laeosta y Serra, de modo que la parte que pudiera corresponder a José María Blanco Gon-zález quedó aumentada con la de Laeosta y Serra; y como éstos no tenían participación alguna dominical en las casas de que se trata, tampoco pudo adquirirla Blanco González que como cesionario no podía adquirir más derechos que los de los cedentes, por el principio tan conocido de que nemo dot quod non habet.

José Laeosta Izquierdo y Juan Serra Defontaine no fue-ron nunca copropietarios o condueños de las casas en cues-tión, pues la propiedad de ellas radicó y ha estado vinculada siempre en la entidad jurídica J. M.. Blanco y Cía., y a su • favor ■ estaban inscritas en el registro, lo cual no impedía que Laeosta y Serra, que tenían interés en dicha sociedad pu-dieran trasmitir a otra persona ese interés con el consenti-miento de los demás socios, según el artículo 143 del Código de Comercio, más no derecho dominical alguno. La anterior doctrina fué establecida por esta Corte Suprema en el-caso de González v. Méndez et al., 8 D. P. R. 258, en el cual si bien hubo disidencia entre los jueces, no afectó a" ese extremo. La ide.a, de lo colectivo es una antítesis de lo común, puesto que el colectivismo atribuye a la entidad representada en la persona jurídica el dominio, sin que los miembros de la colectividad sean realmente otra cosa que meros usufructua-rios de las utilidades de esta, nunca verdaderos condueños o copropietarios. Manresa, tomo 3, página 393, (edición de 1910).

Entendemos que la escritura de cesión de haberes socia-les por Lacosta y Serra a favor de José María Blanco, de 17 de octubre de 1919 y la otra escritura de dación en pago de haberes sociales por J. M. Blanco y Oía. a favor de José María Blanco González, de Io. de diciembre de 1919, lejos de ser antagónicas o contrarias son armónicas, pues la se-gunda de dichas escrituras tiende a llevar a efecto a lo menos parcialmente el pago a José María Blanco González de lo que le correspondía en la sociedad de J. M. Blanco y C'ía. tanto por derecho propio como por cesión de Lacosta y Serra.

Y la circunstancia de que la sociedad J. M. Blanco y (Ja. se declarara disuelta desde el 4 de julio de 1919 y quedara desde entonces en liquidación, o sea con anterioridad a la fecha de 17 de octubre de 1919 en que tuvo lugar la cesión de haberes sociales por Lacosta y Serra a favor de Blanco González, no impide que sea aplicable al presente caso la doctrina legal' que dejamos expuesta, pues aunque una so ciedad haya sido disuelta continúa su personalidad bajo la representación de los liquidadores a los efectos de la liqui-dación que expresa el artículo 228 del Código ele Comercio. 4 D. P. R. 289. Lacosta y Serra por virtud de la extinción de la sociedad no adquirieron sobre los bienes de ella dere-chos dominicales que aun no tenían. Esos derechos habían de ser adquiridos por ellos al verificarse mediante adjudi-cación de determinados bienes el pago del haber o interés que tuvieran en la sociedad.

La escritura de cesión'de haberes sociales, de 17 de octu-bre de 1919, no era traslativa de derechos dominicales sobre bienes inmuebles o derechos reales, como dejamos estable-cido, sino qne estaba limitada a nna cesión de haberes o de-rechos, de índole extrictamente personal, y por tanto la ins-cripción previa de la referida' escritura en el registro no era necesaria para la inscripción de las dos casas dadas en pago parcial de haberes sociales a José María Blanco González por J. M. Blanco y Cía. mediante la escritura de Io. de diciembre de 1919.

Nuestra resolución en el caso de Porto Rico Fruit Exchange, de 28 de julio de 1919, no es ele aplicación al pre-sente, como lo demuestra el examen de la misma.

Nos hemos limitado a examinar las cuestiones envueltas en la nota recurrida, por no sernos dable considerar otras, que en dicha nota no han sido levantadas por el registrador»

Por las razones expuestas es de revocarse la nota apelada,, ordenándose la inscripción denegada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldeey,

text:
    Silva Hermano y Cía., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de-negatoria de la inscripción de una escritura de compra-VQD/fcSp
    No. 428.
    Resuelto en marzo 12, 1920.
    Sociedad MeRCantil — Existencia de la Sociedad. — El hecho de que la adquisi-ción de una finca por una sociedad sea de fecha anterior a la escritura de’ constitución de esa sociedad, no es bastante para sostener que se trata de dos sociedades distintas, pues la sociedad pudo existir ■ aunque sus pactos sociales no constasen en escritura pública; con mayor razón en el presente caso en que del contrato social aparece que la sociedad existía anteriormente, pues fué aportado a la misma un establecimiento mercantil que ya tenían abierto los socios.
    Id. — Liquidación de la Sociedad Mercantil. — Como una sociedad, a pesar de su disolución y de estar en estado de liquidación, continúa siendo dueña de los bienes de la misma, puede traspasarlos sin necesidad de que esto se haga por la entidad liquidadora.
    Mandante — Mandatario—Bienes del Mandante Adquiridos por el Manda-tario. — Aunque el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante, como esta prohibición es de interpretación restrictiva si es el mismo man-dante el que se los vende se entiende de hecho revocado el mandato e inapli-cable tal prohibición.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la recurrente: Sres. H. Torres y F. Mar-chán.

    El registrador recurrido, Sr. E. Tirado Yerrier, compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Sb. Aldeey,

emitió la opinión del tri- ' bunal.

Por escritura pública de 24 de septiembre de 1891 don José Silva Albert y don José Silva Quintana constituyeron la sociedad mercantil J. Silva & Cía. a la que aportaron el «establecimiento comercial que tenían abierto en el barrio de •“Río Cañas” de Caguas. Pocos meses después, y por escri-tura de tres de enero de 1892, disolvieron su sociedad en-cargando de la liquidación a otra que iba a constituirse y ■que por el mismo documento constituyó uno de ellos, don José Silva Albert, con clon Ramón Silva Albert y don Nica-nor Esteves bajo la razón social de Silva Hermano y Cía. En la misma fecha y con el numero siguiente de orden del protocolo del notario los dos socios de J. Silva y Cía. ven-dieron en nombre de la sociedad a Silva Hermano y Cía. una finca de cuarenta cuerdas radicada en el barrio de “Que-brada Arenas” que dijeron había comprado la sociedad J. Silva y Cía. en 27 de julio ele 1891 y que estaba inscrita a su nombre en el registro ele la propiedad.

Presentados esos documentos al registrador negó la ins-cripción de dicha finca por los siguientes motivos:

“Primero: Que dicha finca aparece inscrita a favor de una so-ciedad denominada J. Silva y Gia. como adquirida en 27 de julio de 1891 y que la sociedad que comparece o verifica la venta fue constituida en 24 de septiembre de 1891 o sea en fecha posterior a tal adquisición, por cuya contradicción debe presumirse que, aunque de la misma razón social, se trata en ambos casos de sociedades dife-rentes, sin que tal juicio se destruya con la simple manifestación contenida en la escritura de yenta relacionando ambas fechas sin aclaración alguna ni comprobación respecto al particular, pues ade-más no aparece de la escritura de constitución que la sociedad que vende sea continuadora o liquidadora de la que tiene inscrita la finca, ni que sus efectos hubieran de retrotraerse a fecha anterior, resultando solamente ser continuadora de la extinguida casa José Silva Quintana, siendo aplicable en este caso el art. 20 de la Ley Hipotecaria; Segundo: Que aún en el caso de tratarse de una misma sociedad, J. Silva y Cía., fué disuelta en escritura número 5 de fe-cha 3 de enero de 1892 y se verifica la venta a nombre de la misma como si tal disolución no se hubiera practicado, en esta escritura número seis del mismo día, o sea con posterioridad, siendo por tanto, ambas escrituras que se tienen a la vista, contradictorias entre sí; y, tercero: Que la sociedad que compra es liquidadora de J. Silva y Cía., según consta de la escritura No. 5 citada, en cuyo carácter le está prohibido adquirir bienes de la misma por compra, por ra-zón de estar encargada de la administración de ellos, a tenor del artículo 1362 del Código Civil; habiéndose tomado en su lugar ano-tación preventiva por el término legal al folio 57 del tomo 7o. Río Piedras, finca No. 313, anotación letra A.”

Interpuesto recurso gubernativo por Silva Hermano y Cía. contra esa resolución solicita que la revoquemos y or-denemos la inscripción a su favor.

El solo hecho de que la mencionada finca fuera comprada por J. Silva y Cía. en 27 de julio de 1891, dos meses antes de que sus pactos sociales se hicieran constar en el documento público de 24 ele septiembre del mismo año, no es bastante para sostener que son distintas la sociedad que vende y la que aparece como dueña en el registro pues pudo existir dicha-sociedad aunque sus pactos no constasen en escritura, con mayor razón en este caso en que del contrato social aparece que la sociedad existía con anterioridad pues aportaron a la misma el establecimiento comercial .que tenía abierto en el barrio de “Bío Cañas,” por lo que no tiene aplicación el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

So funda el segundo motivo de la negativa en que. la escritura de disolución y la de venta son contradictorias por-que los socios de J. Silva y Cía. venden a nombre de esta sociedad como si no estuviera disuelta y en liquidación, en-tendiendo el registrador, según expresa en su alegato, que debió hacerse la venta a nombre de la sociedad en liquida-ción, reconociendo que había sido disuelta, o a nombre de sus ex-socios como dueños que debían quedar en comunidad de la finca, pero no como perteneciente a la sociedad.

Los miembros de una sociedad no son copropietarios de los bienes de la misma porque éstos pertenecen a la entidad jurídica social, por lo que los socios de J. Silva y Cía. no podían vender a su nombre propio la finca objeto de este recurso y tenían que verificarlo, como lo hicieron, a nombre de la razón social a que pertenecían, que era la que podía disponer de ella. Es cierto que cuando verificaron la venta ya estaba disuelta la sociedad y declarada en liquidación, pero esto no requería que la venta la otorgara la sociedad liquidadora porque J. Silva y Cía. continuó siendo dueña de la finca a pesar de su disolución. El caso de Porto Rico Fruit Exchange v. El Registrador de San Juan, 27 D. P. R. 759 citado por 'el recurrido en su alegato en apoyo de este motivo de su negativa, no tiene aplicación a este caso porque en él se trataba de que un socio había llegado a ser único dueño de todos los bienes de la sociedad por cesión que de sus derechos le hicieron los demás socios y tenía, por tanto, que actuar como tal único dueño de los bienes.

Por último, en vista de que “Silva Hermano y Cía.” com-pró la finca en cuestión a “J. Silva y Cía’.’ 'inmediatamente después de ésta haberla nombrado su liquidadora, como lo demuestra 'el que la escritura de compra y la de declaración de liquidación fueron otorgadas en la misma fecha, teniendo la primera el número siguiente de orden a la segunda en el protocolo del notario, dudamos mucho si efectivamente la ’ compradora estaba de hecho encargada' de la administración de la finca que compró y más bien nos sentimos inclinados a creer que no lo estaba; pero de tocios modos tal compra no es nula de acuerdo con el No. 2o. del artículo 1362 del Código Civil porque como dijo este Tribunal Supremo en el caso de Mancheño v. Le Brun, 14 D. P. R. 482, arguyendo bajo la base de una venta otorgada por el mandante a su mandatario, “desde el momento en que el mismo mandante vende esos bienes a su mandatario hace cesar el mandato ciado y recupera el poder de vender y ele administrar que había otorgado desapareciendo así el motivo legal ele la incapaci-dad. Esa prohibición de la ley ha sido siempre interpre-tada restrictivamente por oponerse a la libertad de contra-tación, es ratificable el contrato y prescriptible la acción para pedir su nulidad, habiendo transcurrido en este caso veinte y siete años desde su otorgamiento. Bengoa v. El Registrador, 14 D. P. R. 109; Ledesma v. Agrait, 19 D. P. R. 566; Turner v. El Registrador, 22 D. P. R. 573; Seoane v. El Registrador, 23 D. P. R. 813; Castelló v. Pérez, 23 D. P. R. 770.

Por las razones expuestas debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro firmó: “Conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Sr. W-ole,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelado, v. American Railroad Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización. Incidente sobre memorandum de costas.
    No. 2116
    Resuelto en marzo 12, 1920.
    Memorandum de Costas — Prueba en Apoto de la Partida de Indemnización de Testtgos. — La corto de distrito no está obligada a escudriñar las notas taquigráficas, si bien tiene la facultad de hacerlo, para comprobar la distan-cia recorrida por los testigos de la parte victoriosa para venir a la corte al objeto de regular la cuantía del desembolso por tal concepto; los hechos de que una corte de distrito puede tomar conocimiento con dicho objeto deben aparecer de los autos. Tal vez sería la mejor práctica para una parte pro-bar los honorarios de los testigos mediante un affidavit específico unido o formando parte del memorandum de costas.
    Sentencia con Costas — Honorarios de Abogado — Cuantía de los Honorarios.— De acuerdo con la doctrina establecida en el caso de Brae v. Ojeda, 27 i D. P. R. 658, cuando se conceden costas, éstas comprenden necesariamente , algunos honorarios de abogado, a menos que tales honorarios se excluyan expresamente al dictarse la sentencia.; en otras palabras, si la corte de distrito cree que la parte victoriosa en la acción no tiene derecho a hono-rarios, pero sí a costas la sentencia debe expresarlo así; y una vez concedi-das las - costas en la sentencia sin excluirse los honorarios, la corte de dis-trito, de acuerdo con las prescripciones del artículo 327 del Código de En-juiciamiento Civil, aun tiene discreción respecto a la cuantía de los honora-rios que han de concederse a la parte victoriosa que represente el valor total de los servicios prestados por su abogado o una parte de esa suma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. F. G. Pérez Almiroty y G. H. Moscoso.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Sr. W-ole,

emitió la opinión del tribunal.

Severiano Ramírez estableció una acción contra la American Eailroad Company. La corte dictó sentencia a favor de la demandada con costas y ésta oportunamente presentó su memorandum de costas incluyendo $5 de honorarios del secretario, $3 por indemnización de testigos y $150 por hono-rarios de su abogado. La corte concedió a dicha demandada la suma de $5 como honorarios del secretario, pero nada concedió a dicha demandada por honorarios de ahogado, con-cediendo solamente cincuenta centavos para cada uno de los dos testigos. Contra esta orden de la corte resolviendo su memorandum de costas la demandada interpuso recurso de apelación.

El primer error-que alega la apelante es que la corte no debió haber rebajado la partida referente a indemnización 'de testigos de la suma de $1.50 a 50 centavos cada uno, puesto que dichos testigos habían venido a la corte de sitios dis-tantes. Sostiene la apelante que ele acuerdo con nuestra de-cisión en el caso de González v. Collazo, 25 D. P. R. 157, no estaba obligada a probar que los testigos venían de lugares lejanos pues estos hechos eran de conocimiento de la corte que podía haberlos comprobado por las notas taquigráficas.

Ahora bien, va que la corte estuviera obligada a exami-nar las notas taquigráficas o si la parte que gana la acción está en la obligación ele hacer constar en autos que dichos testigos venían de sitios distantes es una cuestión intere-sante. La Ley No. 15 de 1917 para enmendar el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que £<la corte señalará día para la vista del asunto (o sea el memorandum de costas), 31 celebrada ésta, practicándose en el acto las pruebas pertinentes que las partes propongan, dictará su resolución.” Todo lo que se resuelve en el caso de González v. Collazo, es que la corte puede tomar conocimiento *de sus autos al conceder honorarios de testigos, etc. Es una cues-tión algo distinta, sin embargo, decir que la corte está obli-gada a escudriñar las notas taquigráficas. La corte proba-blemente tiene la facultad de hacerlo pero los hechos de que la corte puede tomar conocimiento deben aparecer en los autos.

Es evidente, sin embargo, que aunque la Corte de Dis-trito de Mayagüez puede haber tenido el derecho de exa-minar las notas taquigráficas, no tenemos nosotros tal de-recho ni medios de determinar de los autos sometidos a nuestra consideración si los testigos venían o no de sitios distantes. La apelante solamente ha elevado a esta corte la sentencia, el memorandum de costas, la impugnación al mismo y la orden de la,corte resolviendo dicho memorandum. Tal vez sería la mejor práctica para la parte probar los honorarios de sus testigos mediante un affidavit específico unido o formando parte de su memorandum de costas.

Con respecto a los $150 por honorarios de abogado, sos-tiene la apelante que los honorarios de abogado están nece-seriamente comprendidos en la condena de costas y por tanto que debieron concederse dichos honorarios.

Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil fueron enmendados en el año 1908, y enmendados otra vez separadamente en 1917. Estos son los dos artículos que han de considerarse y tal como fueron enmendados en el año 1917 prescriben lo siguiente:

“Artículo 327. — Las partes en acciones o procedimientos inclu-yendo el Pueblo de Puerto Rico tendrán derecho a las costas y des-embolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben. ’ ’
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una ección o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte d'e dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se im-pusieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecen-cia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de lá parte, si la hubiere, contra quien so dictare sentencia.” Ley No. 38, tomo 1, p. 207.
“Artículo 339. — -Las costas se reclamarán por la parte a la cual hayan sido concedidas entregando al secretario de la corte en que se hubiere dictado sentencia en primera instancia un memorándum de dichas costas, de los desembolsos necesariamente hechos por el reclamante en el pleito y del montante de los honorarios de su le-trado, la veracidad del cual memorándum deberá ser jurada por la parte o su abogado; y la entrega de dicho memorándum se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere apelado; si se hubiere apelado, la entrega se hará dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución dictada en apela-ción en última instancia.”
“A la parte condenada al pago deberá servírsele una copia de dicho memorándum por la que lo presenta, pudiendo aquella im-pugnar todas o cualesquiera de sus partidas dentro de los diez días siguientes al en que se le haya entregado su copia. En caso de impugnación, la parte contraria, dentro de los cinco días siguientes al en que se le haya entregado la copia de aquella, podrá contes-tarla. La corte señalará día para la vista del asunto y celebrada ésta, practicándose en el acto las pruebas pertinentes que las par-tes propongan, dictará su resolución.
“Si se hubiesen impugnado los honorarios de un abogado por excesivos, la corte, al resolver la impugnación, si la declara con lugar, fijará el montante de aquellos que deben ser pagados.”
“Contra las resoluciones de la corte resolviendo impugnaciones hechas a un memorándum de costas podrá apelarse por la parte o por su abogado.”
■ “Cuando no se hubiese impugnado en tiempo un memorándum de costas, o cuando hecha la impugnación el tribunal hubiere dic-tado resolución definitiva en el asunto, y no se hubiere interpuesto recurso contra la misma o, en caso de haberse interpuesto, se dictara sentencia definitiva de acuerdo con la resolución de dicho recurso, deberá la parte condenada al pago consignar su montante en la se-cretaría de dicha corte dentro de los cinco días siguientes a la noti-ficación que por el secretario se le haga con tal fin.”
“Si así no lo hiciese se librará orden de ejecución en la misma forma que para la de una sentencia; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogado se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento.” Ley No. 15, tomo 2, p. 229.

Con estas dos leyes ante nuestra consideración resolvi-mos en el caso de Brac v. R. Ojeda, 27 D. P. R. 658, que la condena de costas en una sentencia comprendía nece-sariamente los honorarios de abogado. Esta parece ser la conclusión particularmente en vista del texto del artículo 327, donde se prescribe que en los casos en que se hayan conce-dido costas, la parte con derecho a ellas recibirá de la parte vencida el valor de los servicios de su abogado, etc. y a la vez del “Disponiéndose” inserto en el mismo párrafo. Y que las dos leyes están sujetas a esta interpretación aparece de otras palabras usadas en el artículo 339.

Sin embargo, se nos llama ahora la atención hacia el hecho de que los dos artículos como fueron últimamente enmen-dados, si bien establecen algunos cambios, no revelan mo-dificación alguna en las palabras esenciales a que nos hemos referido. El artículo 339 fué enmendado a fin de disponer que el momento oportuno para reclamar las costas y hono-rarios era durante el término en que la sentencia era firme. El artículo 327 quedó enmendado en el sentido de dar de-recho a la parte victoriosa en la acción a los honorarios no solamente en los casos en que la sentencia era por una suma de $500 o más, sino en todos los casos.

En el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 764, fallado en junio 29 de 1912, habiendo sido dictada la sentencia por la corte inferior después de estar en vigor las • enmiendas hechas a los artículos 327 y 339 en el año 1908, resolvimos que la concesión de honorarios, teniendo en cuenta el artículo 327 de la ley, tenía que mencionarse expresamente en la sentencia. Creimos entonces que el ejer-cicio de la discreción a que se refiere el artículo 327 debía desplegarse expresamente en la sentencia haciéndose una con-cesión específica de los honorarios, idea que -quedó robus-tecida por el hecho de que en otras partes de los dos ar-tículos los honorarios y costas se mencionaban separada-mente.

Aunque tal vez pudiera hacerse alguna alegación para demostrar que con los cambios efectuados en la ley la Le-gislatura reveló de una manera más clara su intención de que las “costas” necesariamente comprendieran “los hono-rarios”, nos encontramos, sin embargo, con que existe con-flicto entre la sentencia dictada por esta corte en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo y la del caso de Brac v. Ojeda.

Originalmente la palabra “costas” estaba limitada en los Estados 'Unidos a las costas de la corte, sin comprender los honorarios de abogado, pero ahora se usa la palabra con fre-cueneia indistintamente, o sea qne la palabra “costas” com-prende los' honorarios, 15 C. J. 20, y parece qne la liemos usado en un sentido algo parecido en el caso de Vázquez v. Martínez, 17 D. P. R. 1134. La palabra “costas” compren-día durante la soberanía española los honorarios de abogado como puede verse en la sentencia del Tribunal Supremo de España de julio 9 de 1888, donde se dijo qne las costas y desembolsos comprendían los honorarios de abogado.

La mayoría de los jueces de esta corte se inclinan a tener la idea de qne fue la intención de la Legislatura hacer que la palabra “costas” comprendiera los honorarios. La cues-tión en sí no' es importante para la jurisprudencia de esta corte y pueden encontrarse razones en uno u otro sentido. Que la corte que desea conceder honorarios debe hacer ex-presa mención de éstos en la sentencia o excluirlos exi>resá-mente en la condena de costas es una cuestión de práctica que solo requiere un poco de precaución por parte del juez y de los abogados. Todos los funcionarios de la corte pue-den adaptarse fácilmente a la regla de práctica sentada por este tribunal. No hay envuelta ninguna cuestión de principio.

La importancia de nuestra conclusión resulta aún de más valor por el hecho de que desde nuestra sentencia de julio último un número de sentencias han sido necesariamente dic-tadas, cuyas sentencias mencionaban costas sin hacerse ex-presamente semejante mención de los honorarios, creándose así una especie de stare decisis por lo que el volver a nues-tra anterior sentencia privaría necesariamente a un número de partes victoriosas de sus honorarios de abogado.

Y se robustece más el hecho de que fué la intención de la Legislatura incluir los honorarios de abogado en la con-dena de costas, por el hecho de que tanto en el caso' de Brac v. Ojeda, supra, como en el de Lópes v. Lizardi, sentencia de febrero 6, 1920, las respectivas cortes de distrito interpretaron de tal modo los artículos 327 y 339, como fue-ron enmendados últimamente por la Legislatura.

No podemos decir, por los autos que tenemos ante Nos, si la'Corte de Distrito de Mayagüez creyó que no tenía de-recho a conceder honorarios cuando la sentencia no los in-cluía expresamente, o si estaba ejercitando su discreción al negarse a conceder tales honorarios. Sin embargo, somos de opinión, de acuerdo con el caso de Brac v. Ojeda, que cuando se conceden costas éstas comprenden necesariamente algunos honorarios, a menos que tales honorarios se exclm yan expresamente al dictarse la sentencia; en otras palabras, si la corte de distrito cree que la parte victoriosa en la acción no tiene derecho a honorarios, pero sí a costas, la sentencia debe expresarlo así, “costas sin honorarios” u otras pala-bras por el estilo.

Una vez concedidas las costas en la sentencia sin excluirse los honorarios, la corte de distrito, de acuerdo con las pres-cripciones del artículo 327, aun tiene discreción respecto a la cuantía de los honorarios que han de concederse a la parte victoriosa que represente el valor total de los servicios pres-tados por su ahogado o una parte de esa suma.

Por las razones anteriores hemos llegado a la conclusión de que la resolución de la corte de distrito debe ser confir-mada en tanto por ella se limitan los honorarios de testigos y revocada en todo aquello en que dicha sentencia no concede honorarios de abogado, debiendo devolverse las actuaciones a la referida corte para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Confirmada la orden apelada en cuanto ordena ' que la demandada recobre la suma de seis dólares y revocada en cuanto no fija hono-rarios de abogado, devolviéndose el caso a la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

        Per curiam, resuelto por los fundamentos del caso de Brac v. Ojeda.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Schröder, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegatoria de la inscrip-ción de una escritura de hipoteca.
    No. 454.
    Resuelto en marzo 15, 1920.
    Bienes Gananciales — Consentimiento Expreso de Ambos Cónyuges para Gra-var Bienes Gananciales. — En una escritura de hipoteca constituida por la esposa sobre finca que aunque inscrita a su nombre tiene el carácter legal de ganancial, se hizo constar que para que la hipoteca esté revestida de toda la legalidad necesaria, “el esposo J. C. declara ahora que la aprueba y rati-fica en cuanto fuere necesario en derecho .y bajo las responsabilidades de ley.” Denegada la inscripción del contrato por falta de consentimiento expreso del esposo, se resolvió: que la cláusula transcrita envuelve el consen-timiento expreso que requieren los artículos 159 y 1320 del Código Civil, por lo que procede la inscripción del contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. B. Arce.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El traspaso de una casa hecho a doña María Puig, mu-jer casada, como de su exclusiva propiedad y que represen-taba una parte. de la herencia de su padre fué inscrito con el defecto snbsanable de no acreditarse la procedencia del dinero invertido en la adquisición de dicha finca. En una hipoteca constituida posteriormente por doña María y sus-crita por ambos esposos después de hacerse constar las cir-cunstancias a que hemos hecho referencia, se' dice además que para que el contrato de hipoteca esté revestido de-toda la legalidad necesaria el esposo José Garrido “declara ahora que lo aprueba y ratifica en cuanto fuere necesario en de-recho y bajo las responsabilidades de ley”.

Presentada dicha escritura'en el registro el registrador denegó su inscripción porque “no.consta del documento re-lacionado que el esposo de la hipotecante haya dado su con-sentimiento expreso para la constitución del gravamen a que' el mismo se contrae, pnes solo manifiesta en tlicfio documento que aprueba y ratifica el contrato en aquel consignado, cuya manifestación no es bastante a suplir el consentimiento ex-preso ordenado por la ley, artículos 159 y 1328 del Código Civil, 26 D. P. E. 740.” .

En el caso de Fernández Pérez v. El Registrador, 26 D. P. R. 740 citado últimamente, la hipoteca constituida por el marido no tenía cláusula alguna que indicara la posición de la esposa respecto a la constitución de tal gravamen si bien el documento fué suscrito por ambas partes, quienes mani-festaron “que poseían en usufructo el solar que se describía en la escritura y que el compareciente Juan Vázquez Eamos había edificado sobre él, a sus expensas y bajo su adminis-tración y dirección, una casa que quería se inscribiera a su favor en el registro de la propiedad”. La circunstancia de haberse unido la esposa para establecer el hecho del usu-fructo y de la edificación de la casa por el marido y de haber firmado el documento, examinada a la luz de los artículos 159 y 1328 del Código no la convertían en parte en el con-trato de hipotecas, por lo que resolvimos, según el sumario de dicho caso, que “cuando se hipotecan bienes gananciales es necesario que ambos cónyuges manifiesten expresamente su consentimiento, el cual no debe considerarse expresado con la simple manifestación notarial de que ambas partes acep-tan la escritura”.

La presunción legal del carácter ele ganancial de la pro-piedad envuelta en este caso, mientras no se subsane el de-fecto mencionado en la inscripción, no requiere que los es-posos tergiversen los hechos al tratar de dicha propiedad mientras está pendiente la resolución final relativa a la con-dición legal de dicha propiedad en el registro. Tanto el marido como la esposa parecen considerar la casa como una propiedad privativa de la esposa, pero aparentemente con el fin de evitar cualquier objeción que pudiera hacer el re-gistrador, así como para facilitar la inscripción de. la hipo-teca constituida por la esposa, el marido ratifica y aprueba expresamente la referida hipoteca. En vista de las circuns-tancias sería difícil elegir palabras que fuesen más adecua-das para expresar “el consentimiento expreso de ambos cón-yuges”, requerido por el Código Civil como requisito para la enajenación o gravamen de los bienes gananciales. El código no prescribe la fraseología en .que habrá de expre-sarse tal consentimiento y la ratificación y aprobación de envolver alguna cosa que no sea una distinción sin estable-cer una diferencia, parecen significar algo más que un mero consentimiento.

La nota recurrida debe ser revocada.

jRevocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkey,

text:
    Salas, Demandante y Apelado, v. Herrera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio.
    No. 2136
    Resuelto en marzo 15, 1920.
    Desahucio en Precario — Causa de Acción — Alegaciones Suficientes.- — Cuando en una acción de desahucio en precario el demandante describe como suya la propiedad detentada y alega que el demandado la detenta sin su autori-zación, lo que equivale a decir que el demandado la está poseyendo sin título, estas alegaciones son suficientes para determinar una causa de acción; y si luego en el juicio presenta" un título inscrito a su favor esto constituye prueba bastante de la alegación de propiedad.
    Id. — Arrendamiento no Inscrito — Comprador de Pinca Arrendada. — Si el com-prador de una finca que se alega está arrendada pero no inscrito el arrenda-miento, no promete respetar tal contrato aún conociendo su existencia, no queda obligado por sus términos; y si el arrendatario no se aviene a entre-garle la finca, puede ejercitar contra él la aeeión de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Mercader.
    Abogados del apelado: Sres. S. B. Palmer y R. Siaca.

   El Juez Asociado Sr. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de agosto de 1919, Plácido Salas demandó en jui-cio de desahucio por precario a José Herrera alegando ser dueño de dos fincas colindantes de seis y de siete cuerdas las cuales describió y que doce cuerdas de ellas, cuya des-cripción también hizo, las ocupa el demandado en precario, negándose a entregarla y detentándola sin su autorización. Negó el demandado esos hechos en su contestación y como defensa alegó que está poseyendo la finca de doce cuerdas que se le reclama por haberla arrendado a Gregorio Gon-zález por término que vence en 1923 quien ha simulado una venta a Salas para que éste lo desahucie.

Dictada sentencia declarando con lugar la demanda la apeló el demandado quien en apoyo de su recurso alega que la demanda no aduce hechos determinantes de acción y que el apelado no probó ser dueño de la finca objeto del desahucio.

El primer motivo del recurso lo funda el apelante en que la demanda no describe la agrupación de las dos fincas, en, que describe confusamente la finca de doce cuerdas que re-clama y en que se limita a alegar simplemente que el ape-lante las posee en precario.

Habiendo descrito el demandante las dos fincas que alega ser de su propiedad, exponiendo que son colindantes y apa-reciendo ser esto así de las descripciones que hizo holgaba hacer la descripción de la agrupación de ambas.

No vemos la confusión que alega el apelante en cuanto a la descripción de las doce cuerdas que se le reclaman por-que en ella se diga que por el este colinda con parte de las dos fincas mencionadas, pues sumando ambas trece cuerdas, las doce que se reclaman tienen que colindar necesariamente por alguno ele sus puntos cardinales con parte de las otras dos.

En cuanto a la alegación de posesión precaria la encon-tramos .suficiente porque la demanda expone que el deman-ciado las detenta sin autorización del demandante, lo que equivale a decir que no tiene título alguno para su posesión..

Respecto al segundo motivo del recurso resulta de la evi-dencia aportada al juicio que el demandante presentó dos es-crituras inscritas en el registro de la propiedad de las que aparece que compró las dos fincas reseñadas en su demanda. Con esto quedó probada su alegación de propiedad sin que el heclio de que algunos de los testigos que presentó no es-tuvieran contestes entre sí respecto a la cabida de las fincas a la fecba de sus adquisiciones y a sus eolinclancias sea .bas-tante para sostener, como liace el apelante, que las ventas fueron simuladas y que el demandante no es el dueño sino su vendedor Gregorio González. Tampoco resulta probado con esa evidencia la existencia del contrato de arrendamiento-alegado por el demandante con el anterior dueño Gregorio González, porque de. ella no aparecen su término y condi-ciones, que esté inscrito en el registro de la propiedad, ni que el comprador se obligara a respetarlo 'y sí solamente que vencía el Io. de abril de 1919 por lo que el comprador de las fincas no está obligado a respetarlo. López v. Central Eureka Inc., 27 D. P. R. 291.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.