author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Florentino Fuentes Suárez, et als., demandantes, apelados y apelantes, v. The Federal Land Bank of Baltimore, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8940.

    Sometido: Junio 16, 1944.

      Resuelto: Diciembre 4, 1944.

      Frank Martínez, 8. García Díaz y M. A. García del Rosario, abogados del demandado, apelante y apelado; E. Martínez Rivera, abogado de los demandantes, apelados y apelantes.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Abdón Fuentes y su esposa Rosalía Suárez recibieron de The Federal Land Bank of Baltimore en calidad de préstamo la cantidad de seis mil dólares. Otorgaron un pagaré a favor del banco por la suma referida y para garantizarlo cons-tituyeron el 10 de junio de 1924 hipoteca voluntaria a favor del banco sobre una finca radicada en el barrio Palos Blan-cos de Coroza! Se convino que la cantidad prestada debe-ría ser pagada en veinte plazos anuales a razón de $523.30 los diecinueve primeros y $519.76 el último, y que el primer plazo vencería el primero de julio de 1925 y los siguientes respectivamente el día primero de julio de cada año suce-sivo, con intereses cada plazo a razón de seis por ciento anual. Se estipuló además que en caso de no pagarse a su vencimiento la deuda hipotecaria o cualquier parte de la misma, se consideraría vencida toda la deuda. Fuentes pagó los plazos correspondientes a los años 1925,1926,1927 y 1928, pero falleció el 20 de septiembre de ese último año, y desde entonces sn sucesión dejó de pagar los plazos de la hipoteca y las contribuciones sobre la finca. El primero de octubre de 1930 el banco radicó en la Corte de Distrito de Bayamón un procedimiento ejecutivo en cobro de la deuda, la cual as-cendió para esa fecha a $6,408.02, que incluía la partida de quinientos dólares convenida para honorarios de abogado en caso de ejecución. En el procedimiento ejecutivo fué reque-rida de pago la sucesión de Abdón Fuentes, compuesta de su viuda e hijos. Celebrada la subasta correspondiente el día 6 de febrero de 1931, la finca fué adjudicada al banco por la cantidad de seis mil dólares, incluyéndose en esa suma el importe de las costas, gastos y honorarios de abogado en el procedimiento, así como también el importe de las contribu-ciones adeudadas según memorándum sometido por el Co-lector de Rentas Internas de Coroza! Por escritura número 72 de 25 de marzo de 1938 el banco la vendió a José Manuel Medina por precio de cuatro mil cien dólares.

En octubre 1940 los demandantes, como herederos de Abdón Fuentes y de Rosalía Suárez, instituyeron este pleito contra el banco solicitando que se decrete la inexistencia de la deuda hipotecaria de seis mil dólares y se anule el proce-dimiento ejecutivo, especialmente la adjudicación de la finca al banco, y se le condene a que pague a los demandantes la cantidad de quince mil dólares, que alegan es el valor de la finca hipotecada, tres mil dólares por concepto de frutos producidos o debidos producir desde el seis de' febrero de 1931, y las costas, gastos y honorarios de abogado.

Como motivo de nulidad de la deuda de seis mil dólares, los demandantes alegaron que Fuentes, en la fecha en que otorgó el pagaré y la escritura de hipoteca padecía de paresis progresiva, era demente y consecuentemente no pndo dar consentimiento válido para el otorgamiento de los docu-mentos. Alegó además la demandante María Teresa Suárez, como única heredera de su madre Carmen Fuentes — quien a su vez fué heredera de sus padres Abdón Fuentes y Rosalía Suárez — , que cuando Carmen Fuentes fué requerida de pago en el procedimiento ejecutivo hipotecario se hallaba sufriendo de enajenación mental, circunstancia que según se alega en la demanda le constaba al banco, y que por consiguiente la corte no adquirió jurisdicción sobre dicha demandada.

En la opinión que emitió, el juez sentenciador declaró probado, entre otras cosas, que Fuentes estuvo demente pa-deciendo de parálisis general progresiva desde 1921- hasta su muerte, y que por lo tanto era nulo el contrato de prés-tamo celebrado el 10 de junio de 1924, y como consecuencia de este pronunciamiento anuló también el procedimiento eje-cutivo hipotecario; fijó el valor de la finca al tiempo de ser adjudicada al banco en la cantidad de seis mil dólares; y dictó sentencia condenando al demandado a pagar seis mil dólares como valor de la finca, $8,337.36. por concepto de los frutos producidos y debidos producir, una vez descontada la cantidad de $314.64 que el banco pagó por contribuciones desde el 31 de octubre de 1940, fecha en que el demandado fué emplazado, hasta el día 30 de noviembre de 1943, cuando se dictó la sentencia apelada, más las costas y desembolsos y cuatrocientos dólares por concepto de honorarios de abogado.

Ambas partes apelaron de la sentencia.

La cuestión fundamental a resolver en este recurso es si el 10 de junio de 1924, cuando Fuentes otorgó el pagaré y la escritura de hipoteca, estaba en el goce de sus facultades mentales. Si lo estuvo, debemos determinar entonces si como se alega en la tercera causa de acción Carmen Fuentes es-taba demente en la fecha en qne fue requerida de pago en el procedimiento ejecutivo, y fijar el efecto de sn enajena-ción mental sobre la validez del procedimiento ejecutivo. Si las cuestiones así planteadas son resueltas a favor del de-mandado, es innecesario considerar las demás cuestiones. le-ventadas por las partes.

El artículo 1213 del Código Civil prescribe que el consentimiento de los contratantes es uno de los requisitos indispensables para la existencia de un contrato, y el 1215 dispone que los locos o dementes no pueden prestar consentimiento. Pero como de conformidad con el 1214 el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrajo, es en el instante en que tiene lugar ese concierto de voluntades cuando debe existir la capacidad para prestar consentimiento. Siendo ello así, si el alegado demente se halla en un período de lucidez al tener lugar el concierto de voluntades, el contrato es válido aunque antes o después de ese período el contratante hubiese estado loco o demente. “Cabiendo en la locura, ...” dice Manresa, “las interrupciones, denominadas intervalos lúcidos, puede preguntarse si en ellos cesa la incapacidad, y aunque la ley no lo dice, puede contestarse afirmativamente, ya porque cesando la causa debe cesar el efecto, ya porque para otros actos trascendentales en la vida civil [los testamentos, por ejemplo] autoriza el legislador la eficacia de lo hecho en tales momentos de razón.” Comentarios al Código Civil Español, tomo 8, pág. 606. Yéase al mismo efecto Sánchez Román, Derecho Civil, tomo 4, pág. 187.

La evidencia de los demandantes revela que el 17 de mayo de 1921 Fuentes ingresó en el Hospital Presbiteriano en Santurce para someterse a una operación de hernia, la cual tuvo completo éxito; pero que al quinto día de la ope-ración se volvió loco furioso y estaba tan violento que fu© necesario sacarlo del hospital para llevarlo a su casa; que ingresó en el Manicomio Insular el 4 de junio de 1921, y sa-lió el primero de septiembre siguiente por hallarse mejorado de su afección mental, según certificación del superinten-dente del manicomio de fecha 30 de agosto de 1921; que re-ingresó en el manicomio el 13 de junio de 1922 y salió el 9 de septiembre del mismo año, a petición de la familia, por encontrarse mejor de su afección mental, según certificación del superintendente del manicomio de fecha 9 de septiembre de 1922; que el 27 de junio de ese año la Corte de Distinto de San Juan, en el caso civil 1065 sobre incapacidad y nom-bramiento de tutor, a petición de Rosalía Suárez lo declaró incapacitado por enajenación mental y le nombró tutor para regir su persona y bienes; y que el 19 de abril de 1923 la corte de distrito lo rehabilitó para regir su persona y ad-ministrar sus bienes, dando por terminada la tutela por ha-llarse “en el pleno goce de sus facultades mentales.”

El doctor Urbano Ramírez, testigo de los demandantes, quien asistió a Fuentes desde el año 1921, fecha en que dicho médico estableció su oficina en Corozal, declaró que después que Fuentes salió del manicomio tenía períodos de lucidez durante los cuales se comportaba como una persona .normal; que aunque a su fallecimiento no se había curado de su ena-jenación mental, todavía para esa fecha tenía sus períodos de lucidez; y que por lo general los intervalos lúcidos pueden durar, dos, tres, cuatro o seis meses.

El doctor Ramón Sifre declaró por los demandantes que antes de 1928 no recordaba haber prestado sus servicios a Fuentes, pero que en ese año fue llamado en consulta por el doctor Ramírez en relación con una pulmonía de que pade-cía Fuentes, y que pudo darse cuenta de que el paciente ve-nía sufriendo de una etapa avanzada de neurosífilis parética, conocida también por demencia parética o parálisis general, la cual databa de algunos años. Refiriéndose a los interva-los lúcidos que ocurren en esta enfermedad, dijo que de acuerdo con la literatura médica que había leído, hay perío-dos lúcidos que duran más de un año; que estos períodos pueden surgir sin necesidad de tratamiento, y que la lucidez puede ser tan marcada que el individuo puede volver a su ocupación y a sus actividades mentales anteriores como una persona normal. Finalmente, a preguntas del abogado de los demandantes contestó que una persona que sufre de paresis puede dar la impresión por sus actos de estar normal a pesar de que no lo está.

El doctor Luis Manuel Morales, médico especialista en neuropsiquiatría presentado por el demandado, declaró que durante sus doce años de práctica ña venido en contacto con más de cien casos de paresis, y luego de expresar los síntomas de la enfermedad, dijo que ésta se caracteriza por interrup-ciones; que esas interrupciones pueden durar desde un día basta muchos años, y tienen la peculiaridad de que durante ellas los síntomas de la enfermedad receden y el individuo vuelve a sentirse como antes de enfermarse; que a veces las intermisiones ocurren espontáneamente, es decir, sin necesi-dad de tratamiento, y refiere casos de su experiencia perso-naren que han desaparecido todos los síntomas de la enfer-medad y el individuo ha podido reintegrarse a la sociedad y muchas veces hasta hacer una labor útil por muchos años.

Establecido que la demencia de que padeció Fuentes desde el año 1921 hasta su muerte se caracteriza por intervalos lúcidos, que los tuvo después de salir del manicomio y se repitieron en ocasiones posteriores y aún en la fecha de su muerte, veamos ahora si el 10 de junio de 1924, cuando otorgó el pagaré y la escritura de hipoteca, Fuentes se hallaba en uno de esos períodos de lucidez que le restituían su capacidad para contratar.

No debemos perder de vista que cuando los demandantes instaron este pleito habían transcurrido más de dieciséis años desde que Fuentes otorgó los documentos y cerca de diez desde que la finca fue adjudicada al banco en el procedi-miento ejecutivo. Evidentemente la injustificada tardanza de los demandantes ha colocado al demandado en situación desventajosa. Su dilación en la interposición del pleito lia dado lugar a que por haber fallecido el notario antes de ins-tarse el pleito, el demandado se haya visto privado de su declaración, la cual sin duda hubiera arrojado mucha luz sobre el estado mental de Fuentes al otorgarse ante él los documentos que ahora impugnan los demandantes. 'También falleció Rosalía Suárez, quien hubiera podido declarar sobre el mismo extremo. Esa situación de desventaja en que los demandantes han colocado al demandado es de tenerse en cuenta a los efectos de la apreciación de la prueba.

La circunstancia de escogerse la casa de Aurelia Fuentes como sitio donde había de firmarse la escritura es una de-mostráción de que el banco estaba actuando con manos lim-pias. Nada oculto hubo en el acto de firmar los documentos. De la prueba no resulta afirmativamente que en esos momen-tos Aurelia Fuentes estuviese presente. Tratándose, sin embargo, de que sus padres que vivían en el campo vinieron a firmar los documentos a la casa de ella en el pueblo, y con-siderada la trascendencia de ese acto para sus padres y hasta para ella misma, sería muy significativo que en esa ocasión Aurelia Fuentes no estuviese presente. Pero a pe-sar de ser ella parte en este pleito y de la inferencia que puede deducirse de que estuvo presente, no declaró en el juicio ni para negar que estuviera allí, ni para relatar sus observaciones con respecto a la forma en que se condujo su padre en aquella ocasión, si es que ella estuvo presente.

Uno de los testigos instrumentales, Juan del Fresno, de-claró que el otorgamiento de los documentos tuvo lugar en la casa de Aurelia Fuentes en Corozal a las tres de la tarde; que el notario leyó la escritura en alta voz a Fuentes, a su esposa y a los testigos, y preguntó a Fuentes si estaba con-forme, contestando éste en la afirmativa; que Fresno, a pe-tición de Fuentes y del notario,, firmó por el primero, quien no sabía firmar; que el acto de firmar la escritura duró como media hora; que no observó nada de particular en Puentes aquel día; que a su juicio Fuentes estaba dándose cuenta de lo que hacía, y que ninguno de sus familiares pro-testó de que se firmase la escritura.

El otro testigo instrumental, Antonio Valiente, declaró que después de estar el notario en la casa de Aurelia Puen-tes, fueron llamados él y Fresno para actuar como testigos; que firmó por Eosalía Suárez, quien no sabía firmar; y que durante el otorgamiento de la escritura pudo observar que Puentes actuó normalmente y habló poco en aquel acto.

No obstante la prueba que acabamos de reseñar, la corte sentenciadora llegó a la conclusión de que el demandado no había probado que Puentes se hallase en un período de lu-cidez en los momentos en que otorgó el pagaré y la escri-tura de hipoteca. Examinemos el razonamiento de la corte que la condujo a esta conclusión:

“En el caso específico de Abdón Fuentes el período de remisión más largo, de acuerdo con la prueba, fué de 9 meses, o sea desde septiembre 1 de 1921, en que fué dado de baja del manicomio insular, hasta junio 13 de 1922, en que tuvo que ser reingresado.
“El doctor Morales, sin embargo, fué de opinión que si las pre-guntas de la solicitud de préstamo fueron contestadas personalmente por Abdón Fuentes, él tenía sus sensorios claros y estaba bien orien-tado, no tenía defectos groseros de la memoria y el estado de su juicio era lo suficientemente normal para que 61 se diera cuenta de lo que estaba haciendo.
“Desde luego que la opinión del distinguido doctor está basada principalmente en el hecho de que Abdón Fuentes contestara dichas preguntas personalmente, y es bueno recordar que para probar ese extremo no se produjo evidencia directa sino que lo fué por inferen-cia, trayéndose evidencia para demostrar que de acuerdo con la costumbre o práctica del banco, Abdón Fuentes tuvo que haber con-testado personalmente dicho cuestionario. Esta clase de prueba no nos convenció.
“Vamos a admitir, sin embargo, que en marzo 3 de 1924, cuando Abdón Fuentes signó la predicha solicitud, se hallaba en el período de remisión que comenzó allá por abril 19 de 1923. ¿Podríamos in-ferir de ese hecho que él se hallaba en el mismo estado de lucidez mental tres meses más tarde o sea en junio 2 y 10 del indicado año, () fecba del otorgamiento de los contratos de préstamo e hipo-teca? Nuestra contestación es en la negativa porque la prueba sobre este extremo fué adversa. El doctor Morales, al declarar sobre este extremo, dijo que él no podía llegar a una conclusión específica en cuanto al estado mental de Abdón Fuentes cuando se otorgó la escri-tura,, que probablemente persistía la remisión, pero que sin ver al paciente no se podía decir en qué grado persistía.
“Las manifestaciones de los dos testigos instrumentales en cuanto a que nada anormal ocurrió en el acto del otorgamiento de la escri-tura de hipoteca, no tiene tampoco gran peso en nuestra conciencia de juzgador, máxime cuando, como dijera el doctor Sifre, una persona que padece de ‘paresis’ o de neuro-sífilis parética, puede dar la impresión, por sus actos y conducta, de estar normal, de estar en uu período de lucidez sin estarlo.
“(2) Considerada la evidencia que acabamos de analizar nuestra segunda conclusión es la de que dicha prueba no sostiene que Abdón Fuentes se hallara en un estado de lucidez mental al momento de otorgarse los predichos contratos de préstamo e hipoteca. Admi-tiendo, sin embargo, que el demandado hubiese establecido presunti-vamente que Abdón Fuentes gozaba de lucidez mental cuando otorgó tales contratos, la prueba de los demandantes, que, en cuanto a ese particular fué practicada anticipadamente a la del demandado, al efecto de que el estado de locura de Abdón Fuentes fué continuo y persistente desde 1921 a 1928, en que murió, destruyó el efecto de la presunción.’’

Para la corte sentenciadora no tuvo valor probatorio la opinión del doctor Morales al efecto de que cuando Puentes juró la solicitud para préstamo estaba en su cabal juicio. No le dió crédito porque el perito basó su opinión principal-mente en el hecho de que las preguntas de la solicitud fue-ron contestadas por Puentes personalmente y la evidencia que se presentó para probar que Puentes las había contes-tado no le satisfizo por ser prueba indirecta. La prueba in-directa a que se refiere la corte inferior fué la declaración del notario Francisco Acevedo al efecto de que desde el año 1923 hacía para el demandado en Aguadilla el mismo, tra-bajo que en San Juan le hacía el notario Crosas; que la práctica seguida por el banco para llenar la solicitud de préstamo cuando el solicitante no sabía firmar consistía en que este último comparecía personalmente ante el notario del banco y contestaba las preguntas de la solicitud con-forme se las leía el notario.

Si tenemos en cuenta que las preguntas de la solicitud fueron contestadas el 3 de marzo de 1924, y que el juicio de este caso empezó el 12 de mayo de 1942, o sea dieeiocbo años después de jurada la solicitud; si consideramos que para esa fecha ya habían fallecido las dos personas que tomaron par-ticipación directa en llenar la solicitud, es decir, el notario Crosas y Abdón Fuentes, % cómo es posible exigir al deman-dado que presente una prueba directa que es físicamente im-posible presentar? La única evidencia que podía presentar y presentó el banco era admisible, de conformidad con el in-ciso 13 del artículo 35 de la Ley de Evidencia, dispositivo de que podrá presentarse en juicio evidencia de “Cuales-quiera otros hechos de los cuales los hechos en controversia se presumieren o pudieren lógicamente inferirse.” Si la práctica a que se refirió el testigo Acevedo era la seguida por el banco y su declaración en ningún momento fué con-tradicha ni presentaron los demandantes evidencia alguna tendente a negar que Fuentes personalmente contestara las. preguntas, se presume que se ha seguido el curso ordinario de los negocios, artículo 102, inciso 20 de la Ley de Eviden-cia y, por lo tanto, que la práctica establecida por el banco también fué seguida en el caso de Fuentes. Abbott, Proof of Pacts, cuarta edición, pág. 574; Wigmore on Evidence, tercera edición, secciones 92 y 93; Berthold-Jennings Lumber Co. v. St. Louis, I. M. & S. Ry. Co., 80 F. (2d) 32, 44; Buxton v. Langan, 3 A. (2d) 647, 648; Shearer v. Pacific Gas & Electric Co., 110 P. (2d) 690, 692; Jones v. Teasley, 105 S. E. 46, 48; y Jones v. Bennett, 99 Atl. 18, 20. En tales condiciones la corte erró al no dar valor a esa evidencia.

Erró también la corte al considerar la declaración del doctor Morales como adversa a la contención del demandado de que Fuentes se Fallaba en un período de lucidez al otor-gar la escritura de hipoteca. Las palabras del perito fue-ron, “Yo presumiría que un individuo que está en remisión de una parálisis general y que en abril 24 llena el cuestio-nario éste [se refiere á la solicitud para préstamo] y que se comporta en esa forma un mes después [se refiere al otor-gamiento de la escritura de hipoteca] pues probablemente persista la remisión. Eso es todo lo más que se puede de-cir y en qué grado no se puede decir sin ver al paciente.” (Bastardillas nuestras.)

No comprendemos cómo el juez sentenciador pudo llegar a la conclusión de que esa manifestación del doctor Morales es adversa a la existencia de un período de lucidez. Natu-ralmente, era imposible para el perito precisar el grado de lucidez sin tener ante sí al paciente, pero para él existía ]a presunción de que continuaba el período de lucidez de que gozaba Fuentes en la fecha que juró la solicitud para prés-tamo.

Manifiesta el juez, como hemos visto, que las declaracio-nes de los dos testigos instrumentales respecto a la conducta de Fuentes durante el otorgamiento de la escritura no tie-nen gran peso para él, toda vez que el doctor Sifre había declarado que una persona que sufre de paresis puede dar la impresión por sus actos y conducta de estar en un período de lucidez sin estarlo. Aceptamos la posibilidad de que los testigos instrumentales pudieran haberse equivocado al apre-ciar como lúcido el estado de demencia de Fuentes. Pero el errar es humano. Aún los mismos priquiatras difieren en sus opiniones con respecto a la demencia o sanidad mental de un paciente. Si fuéramos a aceptar el criterio del juez sobre este extremo, nunca podría probarse la existencia de un período de lucidez, pues siempre cabría la posibilidad de error. Precisamente teniendo en cuenta la flaqueza de la naturaleza humana prescribe el artículo 4 de la Ley de Evi-dencia :

"La ley no exige aquel grado de prueba que, excluyendo la po-sibilidad de error, produzca absoluta certeza; porque tal prueba es. rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral, o un grado de prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido.” (Bas-tardillas nuestras.)

El juez sentenciador concluye que admitiendo que el de-mandado hubiere establecido prima facie que Fuentes go-zaba de lucidez mental cuando otorgó el pagaré y la escri-tura de hipoteca, la prueba de los demandantes “al efecto de que el estado de locura de Abdón Fuentes fue continuo y persistente desde 1921 a 1928, en que murió, destruyó el efecto de la presunción.” Esta conclusión es inconsistente con aquella parte de la opinión del juez sentenciador que dice, “En el caso específico de Abdón Fuentes el período de remisión más largo, de acuerdo con la prueba, fue de nueve meses.” (Bastardillas nuestras.) También es inconsistente con aquella otra parte de la opinión que admite que Fuentes tuvo otro período de remisión que comenzó allá por el 19 de abril de 1923, o sea a partir de la fecha de la rehabilitación. Pero prescindiendo de estas inconsistencias, nos encontramos con que la prueba de los demandantes sobre este extremo, a la cual da crédito la corte sentenciadora, consistió de las declaraciones de las demandantes Francisca y Manuela Fuentes y de la de Domingo Antonio Hernández, yerno de Fuentes. Estos testigos relataron sus observaciones en relación con la forma de Fuentes comportarse en su vida diaria desde el 1921 hasta su muerte, y dijeron que nunca había tenido períodos lúcidos. Si el juez creyó las declaraciones de los peritos, tanto de los demandantes como del demandado, al efecto de que la enfermedad de que padecía Fuentes se ca-racteriza por sus períodos lúcidos; si creyó la declaración del doctor Bamírez, testigo de los propios demandantes, con respecto a los períodos lúcidos que había observado en Fuentes en distintas fechas desde su salida del manicomio por segunda vez el 9 de septiembre de 1922 hasta la fecha de su muerte; si el propio juez en el curso de su opinión mani-fiesta que hubo un período lúcido que se extendió desde que Fuentes salió por primera vez del manicomio hasta que reingresó en la segunda ocasión; si admite la existencia de la resolución de la corte de distrito declarando rehabilitado a Fuentes, ¿cómo es posible dar crédito a esos tres testigos de los demandantes que aseguran que Fuentes nunca gozó de períodos lúcidos1? Evidentemente una prueba tan terminante como ésta, especialmente la resolución de rehabilitación, no puede ser destruida por la mera declaración de los tres tes-tigos antes mencionados.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que el juez de la corte inferior erró al declarar que cuando Fuentes otorgó el pagaré y la escritura de hipoteca no se hallaba en un pe-ríodo lúcido y al anular en su consecuencia el contrato.

Pasemos a considerar la segunda cuestión, es decir, si el hecho de Carmen Fuentes hallarse demente al ser requerida de pago en el procedimiento ejecutivo hipotecario, lo anula.

Los demandantes satisfactoriamente probaron que Carmen Fuentes se hallaba demente cuando fué requerida de pago en el procedimiento ejecutivo. Empero, ella nunca fué judicialmente declarada incapaz. Siendo ello así, la notifi-cación del requerimiento de pago no se rige por el inciso 4 del artículo 93 del Código, de Enjuiciamiento Civil, que se limita a prescribir la forma de citar a un demente que ha sido judicialmente declarado incapaz. Pero como no existe ninguna ley especial que prescriba el procedimiento para citar a un demente que no ha sido declarado incapaz, el re-querimiento de pago debe hacerse siguiendo hasta donde fuere posible la forma ordinaria prescrita por el inciso 6 del mismo artículo 93, que fué la seguida en el presente caso. El requerimiento así hecho es válido y suficiente para confe-rir jurisdicción a la corte, y por consiguiente no vició de nu-lidad el procedimiento ejecutivo. Subirana v. Cortada, 38 D.P.R 204; Olivera v. Grace (Cal., 1942), 122 P. (2d) 564, 140 A.L.R. 1328, y autoridades citadas.

En los Estados Unidos las cortes de equidad, si bien sostienen qne el emplazamiento o citación becho a nn demente qne no ha sido declarado incapaz no es nnlo ni siquiera anulable, conceden nn remedio al demente dejando sin efecto la sentencia cuando ha existido fraude o cuando el demandante ha obtenido una indebida ventaja sobre el demente o la sentencia resulte injusta o contraria a la equidad. Pero por lo regular las cortes de equidad no intervienen a menos que el demente demuestre que tiene una defensa en los méritos o que en caso de dejarse sin efecto la sentencia y darle una oportunidad de ser oído la sentencia dictada sería distinta. Monografías en 34 A.L.R. 221, 140 A.L.R. 1336.

En el presente caso el banco no tomó ninguna ventaja indebida contra la demente. La deuda reclamada era legí-tima y la adjudicación de la finca al banco por la cantidad de seis mil dólares no causó a ella perjuicio alguno, toda vez que el propio juez sentenciador en este caso declaró que la finca al tiempo de ser adjudicada en el procedimiento ejecu-tivo tenía un valor de seis mil dólares. Además, el banco, luego de gestionar la venta de la finca por algún tiempo, no pudo obtener un precio más alto que el que pagó José Manuel Medina el 25 de marzo de 1938, o sea cuatro mil cien dólares.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia apelada y dictar en su lugar otra declarando sin lugar la demanda, con costas a los demandantes.

      (1)8i bien las partes y la corte sentenciadora se refieren al pagaré como otorgado el 2 de junio de 1924, lo cierto es que aunque fechado el 2 de junic de 1924, fué otorgado en Corozal el día 10 de junio, conforme certifica el notario en el jurat al calce del documento, firmando como testigos de las marcas de Abdón Fuentes y de Rosalía Suárez los señores Juan del Fresno y Antonio Va-liente, quienes a la vez fueron los testigos instrumentales de la escritura de hipoteca que el mismo día'y ante el mismo notario otorgaron on Corozal Fuentes y su esposa.

      (2) Véase la nota número 1, pág. 201, ante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Shyder

license: Public Domain

text:
    Francisco Olivencia Velázquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1154.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Diciembre 4, 1944.

      E. López Acosía, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Shyder

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Olivencia Velázquez solicitó del registrador que cancelara una condición en la inscripción de cierta finca, hecha el 12 de diciembre de 19214, al efecto de que la misma estaba “sujeta a la liquidación de la sociedad de ganancia-les que tenían constituida la causante Rosa Velázquez Arroyo y su esposo Francisco Olivencia Pabón”. El registrador denegó dicha solicitud por el fundamento de que no se había presentado constancia alguna acreditativa de haberse liqui-dado dicha sociedad de gananciales y que dicha condición no puede cancelarse de conformidad bien con la Ley núm. 19 de julio 9, 1936 ((2) pág. 149) o de conformidad con el ar-tículo 79 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado por la Ley núm. 18 de julio 9, 1936 (tercera sesión extraordina-ria). Contra dicha decisión del registrador el peticionario ha radicado este recurso gubernativo.

La finca aquí envuelta fue adquirida por Francisco Oli-vencia Pabón mientras estuvo casado con Rosa Velázquez Arroyo. Esta falleció intestada en 1918. Mediante resolu-ción de la corte de distrito sus hijos legítimos, y un nieto, fueron declarados sus únicos y universales herederos. Dicha resolución reconocía el derecho usufructuario del marido como cónyuge supérstite. Éste inscribió a su nombre los derechos en la porción indivisa de la propiedad perteneciente a su difunta esposa que pudiera pertenecerle como usufruc-tuario y como miembro de la sociedad de gananciales. Esta anotación se hizo, como antes se ha dicho, el 12 de diciembre de 1924, sujeta a la liquidación de la sociedad de gananciales.

Posteriormente, los herederos de Rosa Velázquez Arroyo' inscribieron sus respectivos derechos como tales. Y después de la muerte del padre inscribieron sus derechos como here-deros de éste, presumiblemente de la naturaleza de intereses' indivisos. Luego se hizo una partición entre ellos, siendo traspasada a los aquí peticionarios la finca aquí envuelta eñ satisfacción de sus derechos hereditarios.

Los peticionarios descansan en las Leyes números 18 y. 19, Leyes de Puerto Rico, 1936, tercera sesión extraordinaria. La Ley núm. 18 enmienda el artículo 79 de la Ley Hipoteca-ria para que lea que Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la cancelación total ... 2. Cuando se extinga tam-bién por completo el derecho inscrito ...” Los recurrentes alegan que, a virtud de la referida partición, todos los dere-chos que pudieran surgir en cuanto a la sociedad de ganan-ciales quedaron extinguidos y que por tanto el derecho inscrito está completamente extinguido.

El Registrador está correcto al resolver que la Ley núm. 18 no es aplicable a este caso. La partición no tuvo el efecto de extinguir esta condición como un derecho •inscrito; la condición es sólo un aviso de que puede surgir un derecho cuando se haga la liquidación y que la finca está sujeta al mismo.

La Ley n.úm. 19 de igual modo no se aplica a los hechos de este caso. Dicha ley dispone la cancelación de las menciones de derechos reales o de obligaciones para el pago de dinero o de precios aplazados de la compraventa de in-muebles, siempre y cuando que hayan transcurrido desde que se hizo la mención diez y cinco años, respectivamente. La condición en este caso no cae dentro de ninguna de estas categorías. Lo que la condición indica es que la finca está sujeta a las contingencias que pueden surgir como consecuen-cia de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Hemos resuelto recientemente que a la terminación de la sociedad de gananciales, cualquiera de los esposos puede inscribir su interés indiviso, o puede aún vender este interés indiviso el cual es inscribible, todo esto a ser inscrito sujeto a la liquidación de la sociedad de gananciales. Pérez v. Registrador, 62 D.P.R. 789; Méndez v. Registrador, 63 D.P.R. 221. Como indicamos en el caso de Pérez, aunque la mejor práctica es liquidar la sociedad de gananciales, la inscripción del interés indiviso sujeto a la liquidación es suficiente protección en cuanto a tercero. De la misma manera, esta protección no puede eliminarse en ausencia de prueba de que se ha liquidado. Y en cuanto a lá contención de que cualesquiera posibles reclamaciones contra los bienes gananciales estarían ya prescritas, ésta es una cuestión a decidirse por las cortes y no por el registrador.

La nota del registrador será confirmada.

      Dicha ley dice, en bu parte pertinente, como sigue:
      "Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:

        “ (a) Cualesquiera menciones de derechos realés que consten en los libros antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurrido más de diez (10) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta Ley, no hubiese solicitado la inscripción del derecho mencionado,, o no hubiese promo-vido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la demanda en el regis-tro.

        “ Cualesquiera menciones de obligaciones gara el pago de dinero y de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, hayase o no fijado plazo para el cum-plimiento de la obligación mencionada, ■ que consten en los libros antiguos o mo-dernos del registro, si hubiesen transcurrido más de cinco (5) años, desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada, dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta Ley, no hubiese promovido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la demanda en el registro.” (Bastardillas nuestras).


author: El Juez Asociado Senior Todd, Jr.,

text:
    Juan Lorenzo Fraticelli, demandante y apelado, v. Higinio Gutiérrez, demandado y apelante.
    Núm. 8981.

    Sometido: Noviembre 13, 1944.

      Resuelto: Diciembre 5, 1944.

      Ramón G. Goyco, abogado del apelante; Fernando Zapater y J. Otero Sur o, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senior Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado solicita desestimemos este recurso por ser completamente frívolo.

Del récord aparece que se trata de una acción de desahucio establecida por el demandante siguiendo el procedimiento establecido por las secciones 8, 9, 10, 11 y 16 de la Ley núm. 76 que regula los contratos de aparcería, aprobada el 4 de mayo de 1931 (pág. 467) y que en el mismo se dio cumplimiento estricto a aquella parte de la sección 16 quedispone lo siguiente:

“En el caso de que el terrateniente requiriere al labrador para que' desocupe la finca antes del vencimiento de este término, las partes o cualquiera de ellas podrá referir el asunto al Comisionado del Tra-bajo y al Comisionado de Agricultura y Comercio, y la decisión que dictaren dichos comisionados, previa investigación de los hechos y audiencia de los interesados, será definitiva y obligará, a las partes a su cumplimiento; ...”

Con intervención del demandado los peritos designados por los Comisionados del Trabajo y de Agricultura y Co-mercio, tasaron los frutos, productos y edificaciones del demandado en $423.06 y el demandante depositó dicha suma en el Departamento del Trabajo a favor del demandado ha-biéndose éste negado a aceptarla.

La única defensa interpuesta por el demandado a la acción de desahucio es al efecto de que los peritos en este caso debieron haber sido nombrados por la corte inferior de acuerdo con la sección 18 de la Ley de Desahucio. Esta corte ya ha resuelto la contención del apelante en su contra. En el caso de Alonso v. Nieves, 50 D.P.R. 710 dijimos a la página 712:

“Un aparcero no es un poseedor en precario y la sección 18 dé-la Ley para reglamentar los procedimientos de desahucio (Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, sección 637, Comp. 1642) no puede ser invocada con éxito en un caso de esta naturaleza. Los fundamentos por los cuales puede instruirse un procedimiento de desahucio contra un aparcero y el procedimiento a seguir en tal recurso están prescritos por las secciones 9 y 10 de la Ley de 1931 supra. ’ ’

En una apelación posterior entre las mismas partes, Alonso v. Nieves, 52 D.P.R. 199 y 52 D.P.R. 785, resolvimos que de acuerdo con la sección 11 de la Ley núm. 76 de 1931, el terrateniente tiene derecho a pedir el desahucio del apar-cero siempre que de su demanda aparezcan como cumplidos los requisitos siguientes:

“1. Que el aparcero fué requerido para que desocupara la finca dentro del plazo fijado por el terrateniente.
“2. Que el terrateniente pagó al aparcero en el acto del reque-rimiento para que desalojara la finca, los daños y perjuicios que pudiera causarle, más' el importe de su participación en los frutos pendientes; o que en el acto o antes de dicho requerimiento el terra-teniente constituyó una fianza válida y suficiente a favor del aparcero para garantizar a éste el pago de dichos daños y perjuicios y de su participación en los frutos pendientes.
“3. Que el aparcero fué requerido para que se aviniese a nombrar peritos para la tasación de los frutos.
“4. Que a pesar de haberse cumplido los requisitos precedentes, el aparcero se ha negado a desocupar la finca. ’ ’

Si bien-es cierto que en el caso de autos no se alegó en lia demanda que se cumplió con el requisito tercero expuesto no es menos cierto que se alegó expresamente que se había cumplido con las disposiciones de la sección 16, supra, si-guiéndose el procedimiento de nombramiento de peritos por el Comisionado del Trabajo y por el Comisionado de Agri-cultura y Comercio, quienes, con la intervención del deman-dado, realizaron la tasación y rindieron una decisión que de acuerdo con dicha sección “será definitiva y obligará a las par-tes a su cumplimiento”. Esta sección no fue objeto de consideración en el segundo caso de Alonso v. Nieves, supra, por no haberse seguido en dicho caso el procedimiento mar-cado en la misma. Empero, habiéndose cumplido en el caso de autos con los requisitos exigidos por la sección 16, supra, y no siendo aplicable la sección 18 de la Ley de Desahucio, es obvio que el recurso es frívolo y procede su desestimación.

      “ Sección 11. — El terrateniente podrá requerir al aparcero para que deso-cupe la finca antes del vencimiento del contrato o del tiempo que establece la sección 3 de esta Ley; pero en ese caso vendrá obligado a indemnizarle los daños y perjuicios que se le causen y, además, a pagarle la parte proporcional que le corresponda en los frutos sembrados, previa tasación de peritos nombrados al efecto.”


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Rexford G. Tugwell, et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 20.

    Sometido: Octubre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 5, 1944.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, E. Campos del Toro, Miguel Guerra-Mondragón y Arcilio Alvarado, abogados de los peticionarios; F. Fernández Cuyar, Héctor González Planes y Luis A. Archilla Laugier, abogados del interventor, demandante én el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Fondo Insular de Emergencia es una asignación continua y permanente “del saldo en efectivo del fondo general . . . que excedan de los saldos de las asignaciones con-signadas en la Ley de Presupuesto . . .” al cerrarse las operaciones de cada año económico. Artículo 3, Ley núm. 33 de 1932. En esta forma, constantemente reintegrado y aumentado el Fondo consistía allá para el 30 de junio de 1944 de $8,155,579.20. El artículo 4 de la Ley núm. 33 dis-pone que “El ‘Fondo Insular de Emergencia’ será aplicado a afrontar necesidades públicas inesperadas e imprevistas, causadas por calamidades, tales como guerras, huracanes, terremotos y plagas . . . ”. El artículo 7 dispone que “No se harán desembolsos del ‘Fondo Insular de Emergencia’ sino mediante resolución adoptada por el voto afirmativo de cuatro miembros de un comité constituido por cinco, como sigue: el Gobernador, el Presidente de la Cámara de Re-presentantes, el Presidente del Senado, el Tesorero y el Auditor de Puerto Rico.”

El 17 de mayo de 1944 el Comisionado del Interior soli-citó de dicho comité una asignación de $100,000 “para hacer frente a las inesperadas necesidades públicas causadas por la continua sequía reinante en la Isla ... a través del de-sarrollo de un programa de obras públicas . . . ”. El mismo día el Comisionado Interino de Agricultura y Comercio hizo una solicitud similar. Hizo constar que las cosechas de caña de azúcar, café y algodón habían sufrido considerable daño, y recalcó la seria situación en relación con los productos alimenticios como resultado de la sequía. En vista de ello solicitaba una asignación de $400,000 para aliviar el desem-pleo y para comprar semillas y abono para los agricultores más necesitados. El 22 de mayo se reunió el comité y por votación de 4 a 1 se dictó una resolución aprobando dichas peticiones y asignando las sumas solicitadas. El voto en contra fué dado por el Presidente de la Cámara.

El 19 de junio Rodríguez Pacheco, en su capacidad de contribuyente y como Presidente de la Cámara, radicó ante la corte de distrito una petición contra los restantes miem-bros del comité y contra otras personas solicitando una sen-tencia declaratoria al efecto de que la Ley núm. 33 era in-constitucional y nula, y que la resolución del 22 de mayo de -dicho Comité no tenía validez legal. El 28 de junio Rodrí-guez Pacheco, alegando que los fondos asignados para dicha resolución se estaban gastando rápidamente y pronto»la asig-nación se agotaría, solicitó una orden de entredicho y un injunction pendente lite. Esta solicitud se enmendó el 29 de .junio, y el mismo día se dictó una orden de entredicho y una orden para mostrar causa por las cuales no debía expedirse el injunction pendente lite. El 30 de junio los demandados solicitaron la desestimación, y el 24 de julio radicaron sus contestaciones a las peticiones de sentencia declaratoria y de injunction pendente lite. El 24 y el 31 de julio se celebró una vista en cuanto a la solicitud de injunction pendente lite en la que ambas partes presentaron prueba. La prueba de-mostró que de los fondos asignados por el comité a los De-partamentos de Interior y de Agricultura quedaban sin gas-tar, respectivamente, $15,905.94 y $205,545.40.

El 25 de agosto el juez de distrito radicó una extensa y cuidadosa opinión resolviendo que la Ley núm. 33 era invá-lida y nulas las actuaciones ‘realizadas de conformidad con la misma. Expedimos el auto de certiorari, bajo la Ley núm. 32 de 1943, para revisar la resolución de la corte de distrito de igual fecha concediendo un injunction preliminar prohi-biendo desembolsos ulteriores de los fondos en controversia.

Los miembros del comité primeramente alegan que la corte inferior cometió error al considerar la validez de la Ley núm. 33 en esta etapa de los procedimientos. Su posición es que la corte de distrito debió haberse limitado, en una moción de injunction preliminar, a determinar si había envuelta una seria y sustancial cuestión. ■ En apoyo de este argumehto citan el caso de Rivera v. Tugwell, Gobernador, 59 D.P.R. 841; 60 D.P.R. 81. No nos es posible entender la teoría sobre la cual basa el comité este punto. Como revelará la discusión de este caso, no puede dudarse que en el mismo estén envueltas serias y sustanciales cuestiones de derecho. Si fuéramos a aplicar el caso de Rivera v. Tugwell, probablemente tendríamos sin ulterior discusión que sostener la acción de la corte de distrito al conceder un injunction preliminar.

Pero no estamos preparados para decir, bajo todas las circunstancias de este caso, que la corte de distrito no es-tuvo justificada en hacer en este caso una determinación de constitucionalidad. Se radicó una contestación, se presentó prueba, y se sometió el caso por los alegatos. No hubo con-troversia sustancial en cuanto a los hechos. Y es difícil por tanto imaginarnos de qué manera podrían ayudar a la corte de distrito prueba y argumentos adicionales. Además, era una cuestión de grave interés público que las cuestiones sus-citadas por este caso se decidieran prontamente. Quizás no hubiéramos criticado a la corte inferior si ésta no hubiera llegado a la determinación final, y hubiera dejado esa cues-tión para después de la vista de la petición de injunction permanente. Pero aparentemente la corte de distrito creyó que no sería de ningún fin práctico la posposición de dicha-determinación, y no podemos disentir de tal conclusión. El comité no nos ha demostrado que específicamente solicitó en la corte inferior tal medida restrictiva. Y como ya se ha indicado, de convenir con el comité, inevitablemente nos obli-garía a sostener el injunction, ya que es obvio que está en-vuelta una seria y sustancial cuestión. Es más, el caso en que descansa el comité, Rivera v. Tugwell, resolvió que era necesario un injunction preliminar.

Después de todo, este caso se resolvió por una pura cues-tión de derecho, que no puede ser cambiada por ninguna cantidad de prueba. La resolución expidiendo el injunction preliminar era apelable. Y el caso ha sido traído ante nos bajo la Ley núm. 32 que se aprobó para facilitar la “rápida determinación de la cuestión que se presenta” y que nos confiere amplias facultades, hasta el extremo de dictar lo que en esencia es una sentencia final cuando se trata de re-visar bajo ciertas circunstancias una mera orden de entre-dicho (Buscaglia v. Corte, supra). Sin establecer ninguna regla general que tienda a cubrir otros casos, concluimos por tanto que la corte inferior tenía derecho en este caso, a emitir su opinión en cuanto a la validez de la Ley núm. 33 y a actuar de conformidad con la misma al resolver la mo-ción de injunction preliminar.

Pasemos a los méritos del caso. En este caso nos encontramos con que las partes están considerablemente de acuerdo. El comité admite que la corte de distrito estuvo correcta al resolver que era una violación de la separación de poderes y una invasión inconstitucional por la Legislatura de las funciones ejecutivas el disponer en el artículo 7 de la Ley núm. 33 que el Presidente de la Cámara y el Presidente del Senado serán miembros del Comité que deberá aprobar todos los desembolsos del Fondo Insular de Emer-gencia. Springer v. Philippine Islands, 277 U. S. 189.

Pero la próxima cuestión es un poco más difícil. ¿Están las cortes obligadas a anular en su totalidad la Ley núm. 33 debido a la admitida nulidad de aquella parte del artículo 7 que dispone la representación de la Legislatura en el comité? Aquí también las partes y la corte inferior están contestes en cuanto a la doctrina de derecho pertinente. La disputa surge, como suele casi siempre suceder, al tratarse de apli-car da doctrina a los hechos de este caso. La doctrina de derecho es ilusoriamente sencilla de exponer. Y como siem-pre los corrientes símbolos semánticos del derecho en los cuales siempre hay conformidad unánime al forjar la doc-trina evocan violenta discrepancia cuando hay que decidir un caso específico mediante la aplicación de la fórmula. De cualquier modo, empezaremos exponiendo las reglas para de-terminar si un estatuto — que se admite es nulo en parte — es nulo en su totalidad o sólo es nulo parcialmente.

: La fórmula tiene dos fases: (1) La ley debe ser de hecho capaz de ser separada; y (2) la Legislatura tiene que haber tenido en mente que la ley sea separable. Stern, Separability cmd Separability Clauses in the Supreme Court, 51 Harv. L. Bev. 76, expone la regla como signe: “ ... la Corte Su-prema, las cortes estatales y los comentaristas todos parece que están de acuerdo que la nulidad de una parte de un es-tatuto ... no afectará el remanente (1) si las disposiciones válidas . . . son capaces dé que se les dé efecto legal por sí solas, y (2) si la Legislatura hubiera tenido la intención de que existieran eliminándose las disposiciones inválidas”. Véase Dorchy v. Kansas, 264 U. S. 286, 289-90.

• El primer problema no merece seria consideración. El contribuyente no alega aquí, ni la corte de distrito lo resol-vió, que la ley era enteramente inválida porque la desapari-ción de las frases, nulas haría la ley impracticable. En ver-dad, los casos resuelven que es correcto extraer de una sec-ción de un estatuto palabras sueltas o frases declaradas in-válidas si con ello se puede dejar la sección y el remanente del estatuto en tal forma que se pueda poner en práctica. El artículo 7 de la Ley núm. 33 fácilmente pasa este examen. Dicho artículo, eliminándosele la disposición nula, dice como sigue: “no se harán desembolsos del ‘Fondo Insular de Emer-gencia’ sino mediante resolución adoptada por ... un comité, constituido por ... el Gobernador ... el Tesorero y el Auditor de Puerto Bico.”' Por tanto, procederemos a de-terminar si la Legislatura hubiera deseado que el estatuto, podado de esa manera, quadara en efecto.

Pero, antes de entrar de lleno en el caso ante nos, debe-mos tener en cuenta ciertas consideraciones preliminares. Las partes y la corte inferior descansan en los mismos ca-sos. Sin embargo, “la ley que ha surgido en cuanto a esta rama dé interpretación estatutaria no es- susceptible de un raciocinio preciso, a pesar de su frecuente uso y ramificación. Los casos de separabilidad están decididos a la luz de prin-cipios establecidos, pero cada decisión descansa principal-mente sobre sns propios hechos específicos.”

También la franqueza nos obliga a reconocer qne en tales casos “ ... lo qne la intención Legislativa fné o pudo haber sido es a lo sumo . . . una conjetura judicial”. Pero a falta de una. seguridad absoluta no estamos justificados en decir: La ley es parcialmente inválida; el permitir que sub-sista de una manera mutilada equivaldría a frustrar la vo-luntad de la Legislatura; por tanto la eliminamos en su to-talidad! Las funciones de las cortes serían en verdad trivia-les si actuaran como meros autómatas para registrar resul-tados producidos de un modo tan mecánico. No podemos lavarnos las manos en cuanto al problema tan fácilmente y, mezclando la metáfora, tirarlo, al regazo de la Legislatura. Toca a la Legislatura determinar en su próxima reunión si va a actuar a la luz de la nulidad parcial del estatuto. Mien-tras tanto, seríamos negligentes en el cumplimiento de nues-tro deber si en el ínterin no hiciéramos un laborioso esfuerzo para determinar, bajo las circunstancias concurrentes, la in-tención legislativa mediante la más correcta conjetura po-sible.

Y al hacer esto esfuerzo debemos tener en mente que “las palabras del Juez Cardozo, ‘Todas las tendencias du-rante los años recientes, por lo menos en esta corte, ha sido aplicar el principio de segregación con liberalidad cada vez mayor’ indudablemente exponen el punto de vista de la ma-yoría de las cortes. ’ ’ Esta liberalidad se encuentra en la doctrina de que “no deben las cortes sacrificar las leyes en la creencia de que el legislar es un juego de capricho y fan-tasía . . . Nuestro derecho a destruir está restringido por los límites de la necesidad. Nuestro deber es preservar, a menos que al así hacerlo pervirtamos.”

Otro poste indicador en cuanto a este problema de inter-pretación estatutaria debe ser examinado. “En ausencia de . -. . una . . . [cláusula de separabilidad], la presunción es que la Legislatura tuvo en mente que la ley fuera efectiva en su totalidad ... el efecto de una declaración estatutaria es crear en lugar de la presunción antes expuesta, la presun-ción contraria de separabilidad.” (Corchetes nuestros.) Sin embargo, es difícil, si no imposible, determinar hasta qué punto esta terminología de presunciones ha influido los resultados reales en casos específicos. Ciertamente la ausen-cia de la cláusula de separabilidad, como en el presente, no es necesariamente decisiva o aun predominante. En verdad, el juez de distrito dijo aquí que habría resuelto que toda la ley era nula aun teniendo ésta una cláusula de separabili-dad. Tiene por miras establecer un criterio objetivo; sin embargo, como toda la ciencia en este campo, se presta in-dudablemente a un criterio subjetivo. Toda vez que la cláu-sula de separabilidad “es una mera ayuda; no un mandato inexorable”,* algunas veces encontramos que se toma razón de ella, otras veces que se hace caso omiso de la misma. (Frost v. Corporation Commission, 278 U. S. 515; Lynch v. United States, 292 U. S. 571, 586). “En casos claros las pre-sunciones no tienen importancia”; y nadie puede categóri-camente decir qué es lo que inclina la balanza a favor de uno u otro lado. T la contestación final es que “bajo cual-quier regla, la determinación en definitiva se obtiene apli-cando la misma fórmula, ¿Cuál fué la intención de los legis-ladores?”

Una advertencia final, mencionada más arriba, es propia en este momento. Algunos de los casos se olvidan del hecho de que la fórmula no es lo que la Legislatura intentó. Es obvio que eso no se puede llevar a efecto en vista de la ad-mitida nulidad de algunas disposiciones del estatuto. La fór-mula es más bien lo que la Legislatura hubiera hecho de ha-ber sabido que ciertas disposiciones del estatuto, según fué originalmente aprobado, eran inválidas.

Con estas consideraciones preliminares en mente, pase-mos a los hechos del presente caso. Citando casos conoci-dos sobre la materia (Johnson v. State, 37 Atl. 949 (N. J., 1897); Riccio v. Hoboken, 55 Atl. 1109 (N. J. 1903); McFarland v. City of Cheyenne, 42 P. (2d) 413 (Wyo., 1935); Hill v. Wallace, 259 U. S. 44; Williams v. Standard Oil Co., 278 U.S. 235; Carter v. Carter Coal Co., 298 U.S. 238; P. R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, 62 D.D.R. 811, 829), la corte de distrito concluyó que las otras disposiciones de la Ley mím. 33 están tan íntimamente relacionadas y entrelazadas con la disposición de que el Presidente de la Cámara y el Presi-dente del Senado serán miembros del comité que aprobará la erogación de fondos que al ser dichos funcionarios elimi-nados del comité mediante interpretación judicial debe caer la ley en su totalidad.

’ La corte inferior resolvió que “la cláusula asignando fon-dos está íntimamente ligada con la creación del comité y la ■ forma de hacer los desembolsos”. La corte primero, se basa en las limitaciones contenidas en el estatuto restringiendo la discreción del comité para desembolsar estos fondos. Estas limitaciones, afirma la corte de distrito, son que las “cala-midades” para las cuales podían desembolsarse estos fon-dos estaban enumeradas expresamente; que tales “calami-dades” debían trocarse en “necesidades públicas, inespera-das o imprevistas”; que el dinero no podía gastarse excepto para “el fin de proteger las vidas y propiedades de las gen-tes y el crédito público ’ ’; que el estatuto expresamente pro-hibía “se use el fondo sin el consentimiento previo de la Asamblea Legislativa para nuevas actividades gubernamen-tales, ni para aumentar o suplir directa o indirectamente, las asignaciones votadas para llevar a cabo servicios ordinarios del gobierno”.

Pero las limitaciones con las cuales la Legislatura res-tringió los desembolsos del Pondo de Emergencia pudieron muy bien haberse puesto como limitaciones sobre las eroga-ciones ejecutivas. Es decir, aplicando la fórmula que go-bierna en estos casos — si la Legislatura hubiera sabido que tenía que rendir a la rama ejecutiva el poder para desem-bolsar estos fondos, el hecho de que estas limitaciones sobre desembolsos fueran incluidas en el estatuto no nos lleva ne-cesariamente a la conclusión de que bajo estas circunstancias la Legislatura, de ningún modo, hubiera aprobado el esta-tuto. En verdad, de significar algo, tales rígidas restriccio-nes señalan una nulidad parcial más bien que completa: un cuerpo legislativo muy bien puede ser persuadido para darle a un comité, en el cual estaba representado, carta blanca en cuanto al desembolso de fondos, especialmente si uno de sus miembros tenía un efectivo poder de veto; mientras que de advertírsele previamente a la Legislatura que sus miembros no podían actuar, la incorporación en el estatuto de tales limitaciones rígidas sería más procedente. Como cuestión de hecho, estas son las mismas restricciones sobre las cuales la corte de distrito descansó al resolver correctamente, como hemos visto, que la Ley núm. 33 no constituía una delega-ción inválida de poderes legislativos — que la Legislatura ha-bía insertado en dicha Ley suficientes normas para guiar al ejecutivo y para facilitarle la terminación de los detalles en la ejecución de la ley (Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452; Pueblo v. Martínez, 62 D.P.R. 734). Debemos confesar que estas disposiciones de la Ley núm. 33 nos llevan a exactamente la conclusión contraria a la que llegó la corte de distrito.

La corte de distrito también descansó en la disposición del estatuto de que se necesitaban cuatro votos de cinco para desembolsar los fondos. Esto significa, desde luego, que el desembolso de cualquier fondo debe ser aprobado por lo menos por un miembro legislativo. De esto concluye la corte de distrito que “La Legislatura no hubiera consentido jamás en permitir que se gastase el dinero sin que hubiese mediado la intervención y la aprobación previa de uno de sus presi-dentes. Para los legisladores, fueron tan, sino más, impor-tantes las personas que habían de componer el comité de de-sembolsos, como las asignaciones mismas.”

Debe admitirse en seguida que la disposición de la ley de que el comité no tomaría acción sin el voto por lo menos "de uno de sus miembros legislativos, era una importante disposición del estatuto. Demuestra la determinación de la Legislatura para dar a sus miembros una voz poderosa en el desembolso de estos fondos. Pero sería pensar artificio-samente el resolver, sin ulterior examen, que esta disposi-ción en cuanto a los cuatro votos es decisiva de la cuestión que estamos investigando ahora. Este argumento, al exa-minarse cuidadosamente, es en efecto una afirmación de que la disposición del estatuto en cuanto a los miembros legisla-tivos so elimina del estatuto como inválida; que el requisito de una disposición en cuanto a cuatro votos permanece en el estatuto; que el comité consiste ahora de sólo tres miem-bros; y que el estatuto en total por tanto cae porque un co-mité formado por tres miembros nunca puede aprobar una resolución que requiere cuatro votos.

El defecto de este razonamiento nos parece obvio. Am-bas disposiciones — los miembros legislativos y el requisito de cuatro votos — descansan en el mismo nivel. El propósito de cada uno es poner énfasis en la idea original de la Legisla-tura de' participar en la erogación de los fondos por ella aprobados. Pero una vez que se resuelva que este método de desembolso es inconstitucional, no podemos seguir el ra-zonamiento de la corte inferior de que la disposición sobre los cuatro votos sea predominante. Al contrario, dieba dis-posición está, en verdad — para emplear el lenguaje de los casos — “íntimamente relacionada” a la disposición en cuanto a que los legisladores sean miembros del comité. Si dos miembros del comité no pueden constitucionalmente actuar y por tanto debe eliminarse de la ley tal disposición, la dis-posición relacionada de que el comité — oiiginalmente un co-mité de cinco — no pueda funcionar excepto por un voto de cuatro obviamente debe también eliminarse del estatuto. Pero queda todavía la pregunta — no obstante eso ¿hubiera la Legislatura deseado que el estatuto permaneciera en vigor sin estas dos disposiciones, de haber tenido conocimiento al tiempo de aprobar la ley que no podían incluirse en la ■misma?

Aunque citando extensamente del considerable número de casos sobre esta materia, la corte de distrito descarta con un párrafo la segunda decisión de Springer v. Philippine Islands, supra, que parece ser el de más semejanza al de autos de todos los que hemos examinado. Y en vista de la dificultad de reconciliar las decisiones en este campo y la ten-dencia de las cortes en decidir cada caso de esta naturaleza por sus propios méritos, somos afortunados en encontrar que el caso de Springer es casi idéntico al nuestro.

El caso de Springer envolvía recursos de la naturaleza de quo warranto impugnando el derecho para ocupar los car-gos de directores de ciertas corporaciones en las cuales las Islas Filipinas poseían sustaneialmente todos las acciones. Dos de estas corporaciones eran The National Coal Co. y The National Bank. Se aprobó un estatuto disponiendo que el poder de votación de todas las acciones poseídas p£>r el gobierno se confería exclusivamente a un comité, que consis-tía del Gobernador-General, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes. Se radicaron recursos para lanzar a los directores que habían sido elegi-dos por los dos miembros legislativos. Como ya se ha indi-cado, se decidió que las leyes en cuestión eran nulas toda vez que conferían funciones ejecutivas a miembros de la Legis-latura. La corte de distrito siguió correctamente esta deci-sión.

Pero había una decisión adicional del caso de Springer, aún más importante a los finés de este caso. La opinión de la Corte Suprema de Filipinas contiene una excelente expo-sición de la regla sobre nulidad parcial en 50 Fil. 272, 306. Aplicando dicha regla a los hechos del caso de Sprwrger, la corte, por voz del Juez Asociado Sr. Malcolm, dice a la pág. 307: “La Legislatura ha establecido legalmente una ‘National Coal Company’ y un comité con facultades para vo-tar por las acciones del Gobierno en esa compañía, pero ile-galmente. ha dispuesto que dos de sus miembros ocupen' car-gos en el comité. ¿Violentaría este tribunal la voluntal le-gislativa si la facultad de votar continuara solamente en ma-nos del Gobernador-General hasta que la Legislatura dispu-siera otra cosa diferente? Concluimos que no, por la razón de que el primordial propósito de la Legislatura era ‘prose-guir la explotación de depósitos carboníferos ... y minar . . . y vender el carbón contenido en dichos depósitos’ . . . El fin incidental de la Legislatura era disponer un método para votar por las acciones poseídas por el Gobierno en la ‘National Coal Company.’ ”

Reconocemos que ésta no fué simplemente la cuestión del fracaso de una apropiación, como podría argüirse aquí, y que la Corte Suprema de Filipinas reforzó su conclusión, diciendo, a las págs. 308-9 que “En el supuesto de que, sin embargo,, toda la disposición que autoriza el comité con facultad de-votar, sea considerada como eliminada, con todo, creemos que aún recaerá en el G-obernador-G-eneral el deber de pro-teger los intereses públicos y la propiedad pública. A él se le hace responsable de la ejecución de las leyes, y no sería fiel con ese deber si, por medio de inacción, los instrumentos del Gobierno dejaran de funcionar y si los bienes del Go-bierno se permitiera que fueran disipados.” .

La corte de distrito aparentemente descansaba en este punto citado últimamente cuando distinguió la decisión-adi-cional del caso de Springer como sigue: “Es distinto el caso-de Springer v. Philippine Islands, supra. Allí el gobierno filipino era dueño de unas acciones y se creó un comité de control para votarlas. Eliminados los legisladores alguien debía tener ese derecho y tratándose de un acto ejecutivo de gobierno nadie'debía ejercitarlo sino aquél a quien la Ley Orgánica Filipina confería el poder supremo ejecutivo.”

Pero si las opiniones en este caso son examinadas cuida-dosamente, encontramos que este limitado fundamento, que convenimos sería suficiente para sostener la conclusión dé-las cortes, no es en manera alguna la base exclusiva para dicha decisión. Al contrario, como hemos visto, la Corte Su-prema de Filipinas manifestó más extensamente, antes de reforzar su conclusión con una mera exposición del limitado' fundamento 3m referido, su decisión más amplia de que la función ejecutiva gubernativa de poseer y controlar las ac-ciones era el propósito principal de la legislación; que el método de votarla era sólo incidental a dicho propósito primordial; y que las cortes estaban por tanto obligadas a lle-var a cabo dicho propósito primordial salvando el remanente-del estatuto; siempre y cuando se pudiera hacer meramente eliminando las disposiciones ilegales y dejando en efecto un estatuto que se pudiera poner en práctica.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, al confirmar las sentencias, empleó nn lenguaje amplio. La corte dijo a las págs. 205-6: “Y también somos de opinión que los pode-res ejercitados por la Legislatura de Filipinas están confe-ridos por la Ley Orgánica en el Gobernador-General. La intención del Congreso a ese efecto se desprende de las dis-posiciones de dicha ley ya mencionadas. Expuestas breve-mente estas disposiciones son: Que el poder ejecutivo supremo está conferido en el Gobernador-General, a quien se le otorga la inspección general y el control sobre todos los departamentos y negociados del Gobierno Filipino; sobre sus hombres recae la responsabilidad de la fiel ejecución de las leyes de las Islas Filipinas; y mediante la disposición antes citada, todas las funciones ejecutivas deben estar directa-mente bajo el mando del Gobernador-General o dentro de uno de los departamentos ejecutivos bajo su inspección y control. Estas son concesiones lo suficientemente amplias para incluir los poderes que la Legislatura intentó ejercitar a través de las disposiciones de la ley que ahora revisamos.

Nuestro dilema no es tan serio como el que tenían las cortes ante sí en el caso de Springer. Allí una junta de tres miembros en efecto fue disuelta con la eliminación de los dos miembros legislativos, dejando en funciones únicamente al Gobernador-General. Por tanto se hizo necesario escudriñar la Carta Orgánica para encontrar en ella puntos de apoyo, incluyendo el poder ejecutivo supremo, para sostener el de-recho del Gobernador a actuar solo. En este caso no tene-mos que descansar en las disposiciones de nuestra Carta Or-gánica que concebiblemente pudieran justificar el expendio de dinero apropiado por la Legislatura sin una designación específica del departamento u otra agencia ejecutiva que, bajo la inspección del Gobernador tal como exige nuestra Carta Orgánica, desembolsaría los Hondo's en cuestión. Po-demos salvar la legislación — y es nuestro deber hacerlo si encontramos que eso fue lo que la Legislatura hubiera tenido en mente de haberse enterado de que su disposición en cuanto a los miembros legislativos en el comité en unión a la dispo-sición que la acompañaba de que uno de los votos legislativos era necesario para poderse actuar, era nula — mediante un procedimiento ■ que se asemeja considerablemente más a la. intención legislativa original que aquella empleada en el caso de Springer. En este último la eliminación de los dos miem-bros legislativos dejó las funciones ejecutivas únicamente en manos del Gobernador-General. En nuestro caso la elimina-ción de las disposiciones concernientes a los miembros legis-lativos hace que el artículo 7 de la Ley núm. 33 lea como si-gue: “No se harán desembolsos'del ‘Fondo Insular de Emer-gencia’ sino mediante resolución adoptada por el voto afir-mativo de ... un comité constituido por ... el Gobernador, ... el Tesorero y el Auditor de Puerto Rico.”

Sin infringir la regla de que la realización de funciones ejecutivas debe asignársele a los miembros de la rama eje-cutiva del Gobierno, el estatuto así interpretado no obstante retendría una pequeña fiscalización sobre el Gobernador— que falta enteramente en el resultado a que se llegó en el caso de Springer — al incluirse en el comité, tal cual fué la intención de la Legislatura, al Auditor, quien no es nom-brado por el Gobernador sino por el Presidente, a quien en última instancia es responsable en vez de serlo al Goberna-dor. En verdad es difícil concebir un comité más apropiado. Después de todo, fiemos resuelto que la Legislatura debe asig-nar este poder a la rama ejecutiva. Toda vez que el poder ejecutivo bajo nuestra Carta Orgánica emana del Goberna-dor, ciertamente no se infringe la política legislativa en re-tenerlo como miembro del comité. Y el Auditor y el'Teso-rero son los funcionarios fiscales del Gobierno y son los úni-cos jefes de departamento que están supuestos a no estar' interesados en obtener asignaciones de fondos para proyec-tos a ser administrados por sus departamentos. Por tanto ellos son personas peculiarmente adecuadas para considerar tales solicitudes desde un punto de vista desprendido, impar-cial y experto. Pero aún si el comité así constituido fuera poco menos que perfecto, no estaríamos inclinados a deste-jer la labor de la Legislatura más de lo que ya lo fiemos fie-cfio, a menos y fiasta que dicfio cuerpo fiable por sí mismo.

Cuando examinamos el propósito de esta ley, surge aún más claro que es nuestro deber preservar la Ley núm. 38 en esta forma. Como fiemos visto, la fórmula establecida en todos los casos, pero particularmente en el de Springer, pa-rece ser: ¿Es el fin primordial de esta ley el expendio de fondos para afrontar calamidades públicas, con la manera de gastar el dinero importante pero incidental al fin primordial, o es la manera de gastar dicfio dinero el fin primordial? Expuesta en esta forma, parece obvia la contestación. Aquí tenemos un estatuto con un fin preciso — una asignación de fondos de reserva continua y permanente, depositados en fideicomiso y disponibles inmediatamente para afrontar nece-sidades públicas imprevistas y graves. Este fin no se afecta en lo más mínimo por el cambio exigido eonstitncionalmente en la manera de gastar tales fondos. ¿Es que vamos a decir qne la'manera de gastar los fondos supera — o aun iguala — - en importancia su propósito, de tal suerte que la Legislatura hubiera dicho deliberadamente, de ser traído el asunto a su atención, al ser azotada esta Isla tropical por uno de los huracanes devastadores que nuestra historia demuestra se originan en esta área y pasan a través de la Isla dejando tras sí una comunidad en la miseria, que era su deseo dejar el fondo de $8,000,000, que había sido separado por ella para combatir tal desolación, intacto en el Tesoro porque sus miem-bros no podían participar constitucionalmente en su desem-. bolso? No estamos preparados para atribuirle tan insensible actitud a la Legislatura. Si esa es la actitud de la Legisla-tura se manifestará en seguida cuando ésta se vuelva a reu-nir. Hasta que eso ocurra, preferimos creer que la Legisla-tura quiso decir lo que se desprende de la faz de la ley; es decir, que estaba interesada primordialmente en afrontar las necesidades públicas creadas por calamidades imprevistas y graves; que ella prefería que dos de sus miembros tuvieran participación en el expendio de dicho dinero; pero de no ser ello posible hubiera deseado que el estatuto práctico que to-davía quedaba, fuera puesto en vigor con el fin de que a esta comunidad, le fuera suministrada la ayuda que específica-mente había provisto para tales contingencias.

Ya hace mucho tiempo que pasó la época en que el poder del gobierno para aliviar la congoja de todo un pueblo era interpretada a regañadientes por las cortes (véase Buscaglia v. Corte, supra, en el que resolvimos que los gastos de ayuda por el gobierno son “necesarios para él sostenimiento del Gobierno”). Además, anular totalmente una ley porque una de sus disposiciones no puede ponerse en vigor es un paso muy radical. Preferimos el paso más conservador de dejar la ley en efecto segregándole la disposición impugnada. Ciertamente los casos demuestran que eso es lo que la ma-yoría de las cortes ha hecho cuando se han confrontado con este problema: Anular totalmente el estatuto por nulidad parcial es la excepción más bien que la regla general. En la gran mayoría de los casos las cortes salvan el remanente de la ley.

Hasta dónde irán las cortes al poner en vigor la doctrina de nulidad parcial quedó demostrado por lo que en efecto hizo la Corte Suprema en el caso de Springer. Allí ya he-mos visto, una junta de tres — el Gobernador-General, el Pre-sidente de la Cámara y el Presidente del Senado — fue redu-cida por las cortes al Gobernador-General únicamente. Las cortes permitieron de este modo que las funciones ejecutivas allí envueltas fueran realizadas por la minoría de la junta, el Gobernador-General solamente. Un argumento análogo al argumento sobre los cuatro votos traído aquí fue hecho pre-sumiblemente en aquel caso y rechazado. Es decir, si la le-gislación no se desfigura fatalmente sustituyendo un hombre por un comité de tres, de la misma manera un comité de tres puede reemplazar uno de cinco que por ley podía actuar úni-camente con mayoría de cuatro votos. En cada caso una minoría del grupo tal cual fué constituido originalmente puede ahora tomar acción ejecutiva. También, lo que es más importante, allí la Corte Suprema de los Estados Unidos creyó que el fin primordial de que el gobierno operara los bancos y las compañías de carbón, debía ser salvado deci-diendo que el estatuto era sólo parcialmente nulo, a pesar de un cambio tan radical en la maquinaria ejecutiva. ¿Va-mos a decir que nuestra Legislatura no hubiera deseado una decisión similar sobre una cuestión que envolvía el socorro a toda la comunidad al ocurrir un desastre? Seguramente el cumplimiento de la política de nuestro estatuto sería más probable mediante la nulidad parcial, como en el caso de Springer, más bien que mediante la nulidad total de la ley. ¿Quién podría decir que tal procedimiento está justificado para operar un negocio bancario o de carbón, pero que las medidas de socorro para un pueblo azotado por una calami-dad no pueden ser tratadas de igual manera?

La corte de distrito razona también como sigue: “No es un secreto para nadie, y de ello tomamos conocimiento judicial, de que las asignaciones para el programa de emergen-cia de guerra fracasaron en la última sesión de la legislatura pasada precisamente por baber surgido discrepancias entre el senado y la cámara sobre la forma de constituir el orga-nismo que había de administrar el fondo. Estamos conven-cidos de que la legislatura no hubiera hecho las asignaciones sin tener participación en la forma de gastar el dmero . . : No podemos creer que la legislatura hubiera aprobado la ley para que los desembolsos fueran hechos únicamente por el Gobernador, el Tesorero y el Auditor. Nos encontramos en-tonces a una situación idéntica a la de People v. Tremaine, supra, ...” (Bastardillas nuestras.)

Es algo fuera de lo ordinario el determinar la intención legislativa para el 1932 por la actitud de una Legislatura diferente en 1944 hacia una ley diferente. Pero aceptando arguendo dicha fórmula como la cinta métrica para medir la intención legislativa, encontramos que la división en 1944 no fue de la misma clase: Ni la mayoría de la Cámara ni la del Senado hacían esfuerzo para imponer a la otra rama legislativa la condición inconstitucional de que sus miembros se sentaran en el comité de desembolsos que tendría a su cargo el programa. Por el contrario, la división fué sobre una cuestión enteramente diferente: la idoneidad de los miembros de la propuesta junta: Buscaglia v. Corte, supra. Pero lo que es más importante es que el récord en dicho caso sí demuestra una ferviente disputa en cuanto a la constitu-ción del comité de desembolsos. Si bajo tales circunstancias se hubiera aprobado finalmente nn proyecto de ley que era inconstitucional en lo que se refiere a los miembros de la ■junta, convenimos que habría considerable base para estar de acuerdo con la posición de la corte inferior de que la Le-gislatura tuvo la intención de que si tal disposición no podía permanecer intacta en el estatuto, éste en total debería des-aparecer.

Pero aquí no tenemos tal historia legislativa. Nada ha sido traído a nuestra atención para demostrar algún interés excepcional de la rama legislativa en la formación del co-mité que administraría la Ley núm. 33. Desde luego, la Le-gislatura reveló el deseo de que sus Presidentes se sentaran en el comité. Pero en manera alguna es claro que este de-seo de la Legislatura de 1932 era tan intenso que hubiera decidido dejar a la Isla atribulada por los efectos de los hu-racanes y otras calamidades antes que renunciar a su par-ticipación en el desembolso de los fondos que había asignado para este fin. En verdad, podía añadirse, es la historia le-gislativa de lucha y la insistencia de la Legislatura de usur-par funciones ejecutivas, unido a una controversia existente por algún tiempo, la que parece haber motivado la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso de People v. Tremaine, 168 N. E. 817 (N. Y., 1929).

La corte de distrito descansó tanto en el caso de Tremaine que creemos conveniente examinar dicho caso en detalle. Empecemos por indicar que el caso de Tremaine contiene dos decisiones. Y aquí también, como en el caso de Springer, la corte inferior eligió seguir sólo una de ellas. Una de las decisiones de dicho caso es que la sección 139 de la Ley Es-tatal de Finanzas era nula en tanto en cuanto disponía que “Cuando, por actuación., de la Legislatura, se crea o se re-organiza un departamento estatal ... y se asigna una suma global para su mantenimiento y funcionamiento . . . ningún dinero así apropiado será usado como compensación para servicios personales.... hasta qne nna lista de cargos y sueldos haya sido aprobada por el Gobernador, el Presidente del Comité de Hacienda del Senado y el Presidente del Co-mité de Medios y Arbitrios de la Cámara . . . Después de emplear razonamientos con los cuales ya estamos familia-rizados en este caso, la corte dice a la pág. 822:

“Por tanto todo, lo contenido en los proyectos de asignación aquí envueltos que confiera poderes a los Presidentes de las Cámaras Le-gislativas para aprobar segregaciones es inconstitucional y nulo. Como claramente indica la controversia que el fin legislativo sería frustrado permitiendo que el poder de aprobar permaneciera úniea- . mente en el Gobernador, todas las disposiciones para la aprobación de segregaciones contenidas en la sección 139 de la Ley Estatal de Finanzas deben ser declaradas nulas . . . En lo que respecta a las asignaciones propiamente dichas, éstas pueden ser separadas de las partes inconstitucionales de las leyes, y son por consecuencia la ley del estado. Tanto la Legislatura como el Gobernador claramente tuvieron la intención de que de cualquier modo los departamentos se sostuvieran adecuadamente y se les asignara fondos de conformidad. La Legislatura no puede incluir condiciones nulas a una Ley de Asignaciones. Si trata de hacerlo, sucumbe el intento y no la asig-nación. ... La Ley Estatal de Finanzas, sección 139, y la sección 11 del Capítulo 593, Leyes de 1929, que fué vedada, y todas las dis-posiciones sobre segregaciones contenidas en las Leyes de asignacio-nes de 1929, son por tanto inconstitucionales y nulas, aunque las asignaciones propiamente dichas, con las excepciones especificadas más adelante, son válidas.” (Bastardillas nuestras).

La. corte inferior omite citar la porción arriba copiada de la opinión en el caso de Tremaine. Sin embargo descansa en el párrafo inmediatamente posterior que dice como sigue (págs. 822-3):

“Una de dichas leyes de asignaciones merece atención especial. El poder legislativo asigna el dinero, y, excepto en lo que se refiere a las asignaciones legislativa y judicial, el poder administrativo o ejecutivo gasta el dinero asignado. Los miembros de la Legislatura no pueden ser nombrados para gastar dinero. De ahí que todo lo contenido en las asignaciones en el Capítulo 93, Leyes de 1929, para la construcción de edificios públicos hechas aya ser gastadas por la comisión estatal de edificios y oficinas, creada por el Capítulo 5, Le-yes de 1926, y compuesta por el Gobernador, como Presidente, el Presidente Pro Témpore del Senado, el Presidente de la Cámara,, el Presidente del Comité de Hacienda del Senado, el Presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, el Superintendente de Obras Públicas, y el Arquitecto del Estado, sufre del vicio de nu-lidad. Una mayoría de los miembros de tal comité son funcionarios legislativos que actúan ex oficio, y por tanto, ocupan cargos civiles de carácter administrativo desde sus sitios en la Legislatura,' que son nulos. Cuando se les despojó de sus cargos o funciones como miem-bros de tal comisión, ésta es mutilada e invalidada, por lo menos en lo que respecta a sus funciones para gastar el dinero . . . Tales partidas son $550,000 para el edificio de oficinas estatales en Buffalo, y $3,250,000 para el edificio de oficinas estatales en la ciudad de Nueva York.”

El único motivo que expone la Corte, de Apelaciones de Nueva York para eliminar esta partida de las muchas que dejó intactas en dicho caso es que “Una mayoría de los miembros . . . disfrutan de . . . nombramientos . . . inváli-dos . . . Cuando son despojados de sus cargos ... la comi-sión queda mutilada „ . . ”. Pero eso, como hemos visto, no impidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos permitir que el Gobernador-General asumiera solo las funciones de un comité de tres. Además, en el presente caso, los tres miembros ejecutivos, una mayoría del comité, permanecen en funciones, permitiendo que el comité siga funcionando, aun-que es cierto en nuestro caso que la mayoría contemplada por el estatuto para acción afirmativa — cuatro—ya no es po-sible. De cualquier modo, la mejor contestación a este argu-mento, como ya hemos visto, es que el factor de mayoría no es dominante o aún decisivo — el fin primordial de la Legis-latura al aprobar la ley permanece por encima de todo.

Pero aun asumiendo que estuviéramos conformes con el caso de Tremaine, ¿por qué asimilar la situación del caso de autos a la construcción de dos edificios para oficinas más bien que a las asignaciones ordinarias de los departamentos del gobierno? En el presente caso está envuelta nna gran suma depositada en fideicomiso qne es nna asignación per-manente y continua qne es constantemente reintegrada y aumentada y qne, la Legislatura previo, estaría disponible inmediatamente para afrontar el embate inesperado de las calamidades qne la experiencia nos ba enseñado azotan de cuando en vez a esta comunidad. En verdad, podría soste-nerse airosamente que nna asignación permanente y continua de esta naturaleza goza de nna dignidad mayor qne las le-yes ordinarias de asignaciones, ya que esto permite al co-mité gastar sus fondos sin recurrir para ello a la Legisla-tura de año en año. Y aunque gastada sólo intermitente-mente, tal asignación es con certeza tan importante como aquellas “necesarias para el sostenimiento del gobierno.” (Buscaglia v. Corte, supra). Por tanto procede argumentar que si por ejemplo se hiciera una disposición regular todos los años en los presupuestos de los departamentos de Interior y Agricultura asignando una cantidad para afrontar las contingencias enumeradas en la Ley núm. 33, cualesquiera requisitos en dichas asignaciones de que miembros de la Le-gislatura se sentarán junto a los dos Comisionados y al Go-bernador para disponer de los fondos, sería — de conformi-dad con el lenguaje del caso de Tremaine — “condiciones nu-las en una Ley de Asignación” pero sin embargo, “las asig-naciones propiamente dichas . . . [serían] válidas.”

La médula de la cuestión es que nada encontramos en el caso de Tremaine que nos autorice para imputarle a nuestra Legislatura la intención de que, a pesar de todas las rígidas limitaciones y restricciones contenidas en nuestra ley para guiar, limitar y, de ser necesario, paralizar las actuaciones del ejecutivo que la corte inferior y las partes admiten de plano son más que suficientes para establecer correctas nor-mas legislativas que rijan la conducta ejecutiva y que por ningún esfuerzo (je imaginación puedan ser catalogadas como un poder ilimitado — la Legislatura, al tener conocimiento de qüe su precaución final de participación directa en los de-sembolsos de fondo era inconstitucional, en efecto dijo, o hubiere entonces dicho, en aquel caso, toda esta ley, prove-yendo para el socorro de emergencia debido a calamidades, tales como huracanes, guerras,- plagas y terremotos, sería nula.

La próxima contención hecha por Rodríguez Pacheco fue que, aún asumiendo que la Ley núm. 33 era válida parcialmente, la asignación de fondos para aliviar a la comunidad de los efectos de una sequía no estaba autorizada por los términos del artículo 4 que dispone que “el ‘Fondo Insular de Emergencia’ será aplicado a afrontar necesidades públicas . . . imprevistas, causadas por calamidades, tales como guerras, huracanes, terremotos y plagas . . . (Bastardillas nuestras). La corte de distrito rehusó considerar esta contención, en vista del hecho de que había resuelto que la ley era nula totalmente. Esto constituyó una debida abstención judicial. Pero‘como hemos sostenido la ley en parte, tenemos que considerar esta contención.

Este punto nos impresiona muy poco. Ante la corte inferior se adujo considerable prueba en cuanto a la severa naturaleza de la sequía en Puerto Rico durante el pasado año y de sus desastrosos efectos sobre toda nuestra econo-mía. En verdad, esta situación fue tan notoria como para no necesitar prueba alguna — tomamos conocimiento judicial de que fue la más intensa sequía en nuestra historia desde la soberanía americana. Su efecto fue y continúa siendo uno de los acontecimientos de la vida de esta comunidad. Con esto el contribuyente está de acuerdo. Pero afirma que este hecho es irrelevante, toda vez que el artículo 4 no enumera específicamente las sequías como una de las calamidades contempladas por la Legislatura que exija el expendio de dinero del Fondo de Emergencia. Interpretar el artículo 4 en esta forma restringida equivaldría por cierto a interpre-tar a regañadientes una amplia medida social. Afortunada-mente, el propio lenguaje del artículo no requiere tan limi-tada interpretación. El propio contribuyente aún concede que una sequía es una “calamidad”. Y nada encontramos en el artículo que limite el socorro provisto en dicha ley ex-clusivamente a aquellas calamidades enumeradas expresa-mente en la misma. Por el contrario, es claro que las eala.-midades enumeradas en el estatuto están así enumeradas sólo como ilustrativas y como medio de ejemplos. Ese es obviamente el significado de la frase “tales como” que en-contramos antes de la lista de calamidades contenidas en el estatuto. Esta fue una previsión constructiva de parte de la Legislatura. Por su naturaleza las calamidades son ines-peradas. Sería en verdad muy arriesgado tratar de mencio-nar en detalle en tal ley cualquier posible contingencia. Si fuéramos azotados inesperadamente por un enorme fuego, una inundación, una explosión de dinamita, o un ataque aéreo en tiempos de paz, ¿se atrevería alguien a protestar de que el comité empleara el Fondo de Emergencia para amparar a la comunidad? No vemos diferencia alguna entre estas situaciones y la de la sequía del año pasado. Ninguna de ellas está enumerada en los ejemplos de calamidades que ofrece el artículo 4. Pero indudablemente todas ellas caen dentro de la categoría de calamidades, siendo meros ejem-plos aquellas específicamente enumeradas como tales. (Véanse City of Muskegon Heights v. Danigelis, 235 N. W. 83 (Mich., 1931)Rummens v. Evans, 13 P. (2d) 26 (Wash., 1932)).

Esta conclusión en manera alguna se afecta por el hecho de que la Ley núm. 33 fué' enmendada en 1942 insertándole las guerras como una de las calamidades específicamente enumeradas. Quizás la Legislatura creyó que toda vez que la guerra, contraria a otras calamidades, no es un acto de la naturaleza, era aconsejable, dentro de un exceso de pre-caución, enumerarla específicamente. Lo más probable es que fué incluida en el estatuto como una expresión de pa-triotismo y de la determinación de autoridades locales en hacer nuestra parte en el esfuerzo de guerra. De cualquier modo, a nuestros fines, meramente ocupó su sitio como uno de los ejemplos de las calamidades y no invalida el razona-miento en este caso.

Finalmente, los ataques en cuanto a la capacidad del Gobernador Interino para ocupar el cargo en lo que se refiere a su nombramiento y a la validez de su actuación al votar como tal la resolución de 22 de mayo, sólo requieren escasa consideración. No nos detendremos a examinar las muchas cuestiones levantadas por ambas partes a este efecto, en vista del hecho de que el récord demuestra que de los tres miembros del comité que podían actuar válidamente, dos— el Auditor y el Tesorero — votaron la resolución. Toda vez que las actuaciones de un comité de tres están regidas bajo las reglas corrientes por dos miembros del mismo, no vemos motivo para considerar estas cuestiones. Esto no quiere decir que a las agencias ejecutivas insulares, de las cuales el Gobernador es miembro, deba instárseles de ordinario como cuestión de práctica administrativa a reunirse en su ausencia, simplemente porque tienen el poder de imponerse a su criterio. Pero aquí de hecho formó parte del comité un funcionario que votó como Gobernador Interino. También, subsiguientemente el Gobernador permitió a los Comisionados de Agricultura e Interior, que ocupan sus cargos a voluntad de aquél, gastar estos fondos de conformidad con la resolución hasta que se les prohibió por la corte inferior; y el propio Gobernador ha comparecido como parte en este caso, a través del Procurador General, para defender la resolución del comité. Bajo dichas circunstancias no hay base para que las cortes intervengan con la actuación del comité que tenía la aprobación de una mayoría del mismo.

La resolución de la corte de distrito concediendo el injunction preliminar será revocada y devv>elto el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

      (1) Leyes de Puerto Pico, 1932, según enmendada por la Ley núm. 3, Leyes de Puerto Pico, 1942, tercera sesión extraordinaria.

      (2) Creemos innecesario considerar la contención de que Rodríguez Pacheco no tiene capacidad para obtener el remedio que aquí invoca como Presidente de la Cámara y como miembro del Comité (véase Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434), en vista de su derecho a demandar como contribuyente. Buscaglia v. Corte, resuelto el 28 de julio de 1944 (ante pág. 11), confirmado por la Corte de Circuito de Apelaciones el 24 de octubre de 1944. El juez que suscribe está solo al disentir de la opinión de la mayoría en cuanto a este punto, y por supuesto está obligado por la opinión de la corte en relación con el mismo.

      (3)El 7 de julio se radicó una petición enmendada alegando contenciones adicionales.

      (4) Esto es así si asumimos que el balance de conveniencias está a favor de Rodríguez Pacheco.

        (5)Rivera v. Tugwell, supra; Fernández v. Buscaglia, Tesorero, 60 D.P.R. 596.

      (6) Notamos de paso que la corte de distrito creyó que su conclusión, estaba reforzada por la disposición, del Artículo 30 de nuestra Carta Orgánica al efecto de que “ Ningún senador o representante . . . podrá ser nombrado para ningún cargo civil en el Gobierno de Puerto Bieo durante el término de su ministerio" (Título 48 U.S.C.A., sección 819). Indudablemente este argumento tiene considerable fuerza. La misma filosofía de gobierno que dio lugar a la amplia doc-trina del caso de Springer, está expuesta específica y concretamente en la inhibición que el artículo 30 pone sobre los hombros de los miembros de la Legislatura. Si bien los casos citados y el razonamiento de la corte inferior parecen ser los correctos, la amplia doctrina del caso de Springer, por sí sola, es suficiente para impedirle a los Presidentes del Senado y de la Cámara que formen parte del comité. Como esto el comité lo admite, es innecesario dar una contestación defi-nitiva en cuanto al artículo 30.
      También añadimos que estamos de acuerdo con la resolución de la corte inferior, la cual no ataca Bodríguez Pacheco, de que el artículo 7 no representa una impropia delegación de poder legislativo. Como dice la corte de distrito, las normas fijadas por el estatuto son suficiente guía para la funeión ejecutiva de desembolso.

        (7)People ex rel. Alpha Portland Cement Co. v. Knapp (N. Y., 1920) 129 N.E. 202, 7; Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45; New York Central R. R. v. United States, 212 U.S. 481; El Paso & Northeastern R. v. Gutiérrez, 215 U.S. 87; Stern, supra, pág. 110.

      (8)Debe notarse, por los motivos que más adelante consignaremos, que hemos eliminado la disposición en cuanto a los cuatro votos en la teoría de que también cae con la disposición en cuanto a los miembros de la Legislatura.

      (9) Sutherland, Statutory Construction (3a. edición, Horack), pág. 198.

      (10) Sutherland, supra, pág. 184.

      (11) Sutherland, supra, pág. 198, citando de People v. Mancuso, 175 N.E. 177, (N.Y. 1931).

        (12)People ex rel. Alpha Portland Cement Co. v. Knapp et al., supra, págs. 207-8.

        (13)Williams v. Standard Oil Co., 278 U.S. 235, 241-2.

        (14)Dorchy v. Kansas, supra, pág. 290.

      (15) Stern, supra, pág. 125.

      (16) Carter v. Carter Coal Co., 298 U.S. 238, 312.

      (17) Stern, supra, pág. 98; Employers’ Liability Cases, 207 U.S. 463; Lynch v. United States, 292 U.S. 571, 586.

      (18)Pero compárese Chicago Board of Trade v. Olsen, 262 U.S. 1, que “ofrece un vivido ejemplo de la dificultad de reconciliar decisiones sobre separabilidad ’ \ (Stern, supra, pág. 111.)

      (19)Pero véase infra sobre este punto.

      (20)La materia en comillas en este párrafo se tomó del artículo 4 de la Ley núm. 33.

      (21)Pareee a primera vista que indudablemente es una cuestión local el que un estatuto insular sea nulo parcial o totalmente. Stern dice, supra, págs. 91-3 que “. . . el que una ley estatal deba o no interpretarse [así] ... es una' cues-tión de interpretación estatutaria, y el deber de interpretar leyes estatales des-cansa en las cortes estatales y no en las federales. [En verdad] ... en casos recientes apelados de las cortes estatales, la Corte Suprema ha adoptado la técnica de devolver el caso a la corte estatal para la determinación de la cuestión de separabilidad”. Sin embargo, la opinión en el caso de Springer no está modelada en el lenguaje familiar de sostener la interpretación de la corte territorial sobre cuestiones locales a menos que sea inescapablemente errónea. Al contrario, la Corte Suprema, al basar su decisión en la intención del Congreso en varias disposiciones del Acta Orgánica, parece que ejercita su criterio indepen-diente al confirmar la Corte Suprema de Filipinas. Esto puede indicar que la Corte pudo creer que la decisión del caso dependía, en análisis final, de una interpretación del Acta Orgánica. De ser eso así — mediante paridad de razona-miento — aquí puede existir la misma situación, y en este caso por tanto concebi-blemente puede estar envuelta una cuestión federal. De establecerse eso defini-tivamente, estaríamos obligados, ya concurriéramos con él o no, a seguir el caso de Springer (Gallargo v. González, 143 F. (2d) 947 (C.C.A. 1st, 1944); cf. Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U.S. 543, 549-50; De Castro v. Board of Commissioners of San Juan, 323 U.S. 451). Pero eso es otro aspecto interesante que no necesitamos explorar en este caso, en vista del heelio de que rechazamos cual-quier intención de repudiar la segunda decisión en el caso de Springer. (Véase Buscaglia v. Corte, ante, pág. 11, según compara con Massachusetts v. Mellon, 262 U.S. 447).

      (22) Stern, supra, pág. 107.

      (23) Además, aun en el caso de Tremaine, como veremos, continuaron en vigor otras asignaciones sin las condiciones nulas.

      (24)Artículo 3 de la Ley núm. 33.

      (25)La determinación de la cuestión, de si los medios adoptados por el comité para remediar los efectos de la sequía eran los mejores bajo las circunstancias no es una que cae dentro de nuestra incumbencia. Nadie afirma que fueron ente-ramente irrazonables. Por tanto no estamos en libertad de substitutir nuestro criterio por el del comité en una cuestión que obviamente pertenece a la discreción administrativa.