author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Ruiz v. Del Valle, Alcalde de San Juan.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 643.
    Resuelto en mayo 31, 1911.
    Remoción de Empleados Municipales — Facultades del Funcionario que los Nombra.' — En términos generales y a falta de ley que lo prohíba, el funcio-nario que tiene la facultad de nombrar empleados tiene también la facultad inherente de destituirlos.
    Id. — Interpretación del Artículo 32 de la Ley Municipal. — El “disponién-dose” del artículo 32 de la ley municipal de marzo 8, 1906, tal como quedó enmendado en marzo 10, 1910, no contiene un precepto de carácter general sino una excepción a la regla general, o sea, que salvo los casos expresamente esta-tuidos en dicho “disponiéndose,” no es necesario para destituir a un em-pleado municipal, formularle cargos y notificárselos y oirlo en su defensa.
    Id. Justa Causa — Notificación y Audiencia. — Aunque en algunos casos la regla es que cuando la ley exige que haya justa causa para destituir un empleado, es necesario que se le notifique y se le oiga, este no es un precepto general, y en el caso de autos se hace innecesario resolver esta cuestión, porque al peticio-nario se le notificaron los cargos y se le oyó en su defensa.
    Id. — Puestos Públicos — Derecho de Propiedad. — El derecho que tiene un fun-cionario público a desempeñar su cargo, no es un dereeho de propiedad, sum que por el contrario está subordinado a los beneficios del servicio público.
    Id. Discreción del Alcalde — Palta de Causa Justa. — Aún en casos en que fuere dudosa la suficiencia de la. causa de la destitución de un empleado, los tribunales no intervendrán en el ejercicio de la facultad discrecional que tiene el alcalde para destituir empleados, a menos que se demuestre que la destitu-ción ha sido injusta como, por ejemplo, por causas políticas o religiosas.

      Id. — ■Notificación y Audiencia del Destituído — Pkuebas.—En el caso de autos el tribunal apreciando la prueba aportada al juicio estimó que el peticionario fué notificado con bastante anticipación de los cargos que se le formularon y fué oído en su defensa.
    Id. — -Admisión de Pruebas — Oarta del Empleado. — Es admisible como prueba en un caso de esta naturaleza una carta dirigida por el empleado destituído al abogado de la ciudad, para probar que dicho empleado había sido notificado y tenía conocimiento de los cargos formulados contra él.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante': Sr. J. H. Brown.

    Ahogado del apelado: Sr. Ramón Falcón.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribuna].

El peticionario era inspector municipal de 'servicios eléc-tricos en San Juan, para cuyo cargo fué nombrado por el Al-calde de San Juan. Tomó posesión de su cargo el día 1 de ju-lio de 1908, el que siguió desempeñando hasta el día 15 de ju-lio de 1910, fecha en que fué privado del mismo por el Alcalde de San Juan. El objeto de esta solicitud era el que se re-pusiera al peticionario en su destino. Alegó el peticionario que ni en la carta de julio 15 destituyéndole, ni en la del 11 del propio julio, en la que se le pedía la renuncia, se expo-nían las cansas de la separación; que "el peticionario no fué notificado de ninguna queja o cargos contra él, ni sabe si se han presentado cargos contra él y en qué consistían, ni se le dió oportunidad para defenderse de ellos; que tal destitución fué ilegal por no haberse verificado de acuerdo con la ley, siendo por tanto ineficaz y sin valor de ninguna especie; que-el demandado, Francisco del Valle, dicho alcalde, aunque fué requerido para que repusiera al peticionario en su destino, se ha negado a hacerlo.

El demandado negó en su contestación el hecho de que no fuera notificado de los cargos el peticionario, o de' que no le hubiera sido dada una oportunidad para defenderse, expre-sando categóricamente que desde hacía más de seis meses con anterioridad a la fecha de la contestación, había sido notifi-cado el peticionario de que los Sres. Cartagena y Giménez se quejaban de que el peticionario les hacía competencia en la. venta de artículos del ramo, y en su cargo de inspector re-sultaba que continuamente tenía ocasión para aceptar o re-chazar los materiales de la referida firma; que cuando se le habló de esta queja al peticionario ofreció deshacerse del es-tablecimiento, para lo. cual solicitó y obtuvo prórrogas, y últimamente presentó una opinión de Attorney General de Puerto Rico, que expresaba que el peticionario tenía derecho a ejercer su profesión fuera de las horas de oficina; que todo esto sucedió sin carácter oficial, pero que más tarde la referida firma Cartagena y Giménez acudió con una queja al Attorney General, quien remitió una comunicación al Alcalde expre-sando en ella substancialmente, que en su opinión el negocio de vender materiales eléctricos era incompatible con el debido ejercicio de los deberes del cargo de inspector municipal, pol-lo que el alcalde pasó el asunto a la consideración del abogado de la ciudad, quien a su vez envió una comunicación al peti-cionario refiriéndole los hechos y la incompatibilidad del caso, suplicándole al peticionario le suministrara los informes que creyera conveniente; a cuya comunicación contestó el peti-cionario admitiendo ser cierto que tenía un establecimiento en donde se vendían materiales de electricidad, pero expresando substancialmente que tal cosa no era óbice para el cumpli-miento de sus obligaciones, ni podría ejercer presión en los empleados en la compra de materiales, haciendo también men-ción de la opinión del Attorney General a que nos hemos re-ferido, de que no existía incompatibilidad.

Durante el juicio se presentó prueba -tendente a mostrar todos los hechos expresados en la contestación. No solamen-te se notificó al peticionario en los primeros días del mes de julio por el abogado de la ciudad, acerca de la naturaleza de los cargos formulados contra él, sino que fué notificado extra-oficialmente desde hacía seis meses. Resulta claro de la prue-ba que el peticionario sabía desde hacía mucho tiempo que el alcalde no estaba satisfecho con tal estado de cosas; que el pe-ticionario trató de vender su establecimiento, lo que no pudo hacer por no habérsele hecho una buena oferta. La alegación que se hace en este caso es que el peticionario no fué oportu-namente notificado ni oído en debida forma, ni le fué conce-dido tiempo para preparar su defensa.

A falta de un estatuto que lo protíiba, la facultad para des-tituir a un empleado es inherente a la de nombrarlo. (Ex parte Hennen, 13 Pet., 230; Trainor v. Board of County Auditors, etc., 15 L. R. A., 95, y casos citados en la nota.) Sin embargo; tenemos un estatuto que dispone lo siguiente:

“Sección 32. — El alcalde nombrará todos los empleados del muni-cipio cuyos nombramientos no se proveyeren de otro modo en ésta ley, y que estuvieren autorizados por las asignaciones del presupuesto y deberá ver que cumplan debidamente con' sus obligaciones. El alcalde podrá, por justa causa, destituir a todos los funcionarios y empleados nombrados por él solamente, o nombrados por él con la anuencia y consentimiento del concejo municipal; Disponiéndose, sin embargo, que el contador municipal o el secretario municipal en fun-ciones de contador no podrá ser destituido sin el consentimiento del concejo municipal después de haber el alcalde formulado cargos por escrito y presentádolos al concejo, y después de haberse dado al con-tador un período de dos días para presentar al concejo una contesta-ción a dichos cargos por escrito.”
Leyes de 1910, pág. 118.

Pero se dice que de ese precepto legal puede inferirse que los cargos tendrían que formularse y darse una oportunidad para contestarlos en todos los casos, siendo un requisito de. carácter general la notificación y audiencia que en el mismo se determinan, exceptuando el caso en que tales cargos se formulen contra el contador o secretario, en que se presen-tarán al concejo.' Nos inclinamos a opinar con la corte inferior que el proviso, si algo significa, sería la excepción y no la regla con respecto a la notificación y al derecho a ser oído. Sin embargo, en varios casos, la regla es que en los casos en que el estatuto dispone que una persona puede ser destituida por justa causa, es necesaria la notificación a la persona y que sea oída, si bien esta regla no es universal. (15 L. E. A. pág. 98.) No se hace necesario qne resolvamos la cuestión de mo-do preciso en este caso, pnes entendemos qne los requisitos referentes a notificación y audiencia del peticionario se cum-plieron en debida forma.

Prácticamente se ha admitido qne existió cansa para la destitución, y opinamos qne hubo tal cansa. Debemos insis-tir en expresar qne el servicio público no es nn derecho de propiedad, y debe ser considerado en primer término. No de-be permitirse que el mismo sea objeto de sospechas como su-cede cuando una persona tiene un negocio particular y tra-taran sus empleados de ayudarle en dicho negocio para gran-gearse favores de su superior.

Aun cuando tuviéramos alguna duda con respecto a la suficiencia de la causa de la destitución del peticionario, no intervendríamos en la discreción del alcalde en nn caso como el presente. Para que esté justificada la intervención de las cortes, dejando a un lado la cuestión referente a notificación y audiencia, el solicitante debe mostrar de modo claro que fué destituido injustamente por ejemplo, como ha expresado la corte inferior, por causas políticas o de religión.

Si toda la prueba fué admitida debidamente, es un hecho que está fuera de dudas que el peticionario fué notificado de-bidamente, y tuvo la oportunidad a que tenía derecho para defenderse. Hacía seis meses que el Sr. Eivero, amigo y como delegado del Sr. Alcalde había tenido una conversación con el peticionario. El abogado de la ciudad le informó del asunto en los primeros días del mes de julio. El peticionario pro-metió dejar sn negocio particular. Se le dió oportunidad para presentar su defensa al representante legal del alcalde, limitando la misma a la opinión del Attorney General, que, según consta, nunca tuvo conocimiento de todos los hechos. Sin embargo, fué la opinión del alcalde y sus consejeros rela-tiva a tal incompatibilidad, la que debió haber tenido impor-tancia para el peticionario. El tenía conocimiento de los car-gos que contra él se formularon, y no presentó, sin embargo, su defensa en debida forma. Quizas el documento que el pe--ticionario recibió del alcalde no fué uno técnico. Tampoco se •celebró una vista en debida forma en la que estuvieran pre-sentes el alcalde y el peticionario. Sin embargo, los principios .fundamentales relativos a notificación y descargo fueron ob-servados, y no era necesaria la celebración de un juicio. El ■estatuto determina que el alcalde puede destituir por justa ■causa. Por distintos conductos tuvo conocimiento el peticio-nario de esa causa, y por iguales u otros medios conoció el al-calde su defensa. No tenía derecho el peticionario a alegar •en su demanda que hubiera sido destituido sin ser notificado y oído. No fué cierto lo que expresó en el quinto párrafo de su solicitud, o sea, que no tuvo conocimiento de que se hubie-ran presentado cargos contra él.

Se formularon algunas excepciones a la admisión de la prueba durante el juicio. El peticionario se opuso en primer término, a que se admitiera como prueba la carta que él mismo dirigiera al abogado de la ciudad. La carta era admisible para probar la notificación, y fué admitida en repreguntas, porque del examen directo resultó que el peticionario negó haber tenido conocimiento de los cargos. El orden de la'prue-ba es una cuestión que está dentro de la sana discreción de la corte inferior.

La segunda excepción se refería a una conversación que tuvo con el Sr. Rivero, quien primeramente actuó como dele-gado del alcalde. El segundo fundamento de la objeción no se especificó. Con la prueba se trataba de mostrar la notifi-cación.

La tercera excepción hacía referencia a la misma conver-sación y era igual a la segunda, expresando, sin embargo, un fundamento adicional de defensa, o sea lo remoto de la entre-vista que tuvo lugar seis u ocho meses antes. La entrevista revelaba que la causa para la destitución había existido desde mucho tiempo antes de que el peticionario tuviera conoci-miento de ella.

La cuarta excepción se refería a una objeción formulada a la admisión de una carta que el Señor Rivero remitió al alcalde referente a la entrevista que tuvo con el peticionario. El testigo admitió que la carta era en substancia una rela-ción fiel de la entrevista. La carta era'evidencia primaria del conocimiento que tuvo el alcalde, la que formaba parte del 'caso del apelado, con el objeto de mostrar la considera-ción que dió a los cargos formulados contra el peticionario. La prueba, sin embargo, fué acumulativa y la admisión de la misma no perjudicó al peticionario.

La quinta excepción se refiere en parte al orden de la prueba acerca del cual fiemos comentado. La cuestión se re-fería a cuál era el negocio del demandante, y fué absoluta-mente pertinente al caso.

La sexta excepción hacía relación a la carta de Rivero a del Valle, sobre la cual fiemos comentado. Casi todo lo que fué materia de excepción quedó probado por prueba independiente. El juicio se celebró ante un juez que generalmente se presume que sabe distinguir lo que es pertinente, de lo que no lo es. (Belber v. Calvo, sentencia de mayo 19, 1910; El Pueblo de Puerto Rico v. Silva, sentencia de mayo 18 de 1911.) Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. Aldkey,

license: Public Domain

text:
    The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 671.
    Resuelto en mayo 31, 1911.
    ENMIENDA DE LA DEMANDA-AUTORIZACIÓN EXPRESA E IMPLÍCITA.-El llecho de conceder explícitamente permiso para enmendar una demanda respecto a ciertos extremos, implica el de poder hacer cualquiera otra enmienda, que-aunque no autorizada de una manera clara, sea necesaria para que la enmienda, permitida no resulte ociosa e inútil.

      Discreción del Tribunal — Liberalidad en la Concesión de Enmiendas._ Si bien es discrecional en la corte que conoce del caso, conceder o nó permiso paia enmendar alegaciones, la jurisprudencia y el buen sentido aconsejan libe-ralidad para permitirla, y solamente debe negarse el permiso cuando la ale-gación sea defectuosa de tal manera, que por sí misma muestre que no puede enmendarse.
    Id. — Omisión de un I-Iecho Esencial que Pueda Ser Alegado. — Cuando, como en el presente caso, la alegación sólo es deficiente por haber dejado de alegar algún hecho esencial que pueda ser alegado, debe concederse permiso para hacerlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

    Abogados de los apelados: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Asociado Su. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación The Fajardo Development Co. presentó en la Corte de Distrito de Hnmacao una demanda enmendada contra los demandados arriba mencionados, alegando que és-tos, y entre ellos Félix Morfi Maldonado, menor de edad, le habían vendido dos parcelas de tierra de otra finca mayor que adquirieron por herencia de Juan Bautista Maldonado, por lo que solicitaba se les condenara a otorgarle escritura, publica de la venta.

Tal demanda fué excepcionada por dicho menor por los siguientes fundamentos: 1. porque no aducía hechos bastantes que determinasen una causa de acción; 2. porque la corte ca-recía de jurisdicción por la materia; y 3.-por ser la demanda ambigua, incierta y dudosa, al no describir las parcelas segre-gadas y vendidas.

Las excepciones mencionadas, fueron resueltas por la cor-te en la siguiente manera:

<ÍHoy 20 de íulio de 1910>la corte resuelve: En cuanto a la excep-ción previa separada presentada por el demandado menor de edad Félix Morfi y Maldonado, se declara con lugar en cuanto a la primera causa de excepción, o sea que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción contra dicho menor, fundado en que no se alega en la demanda que la venta de la participación perteneciente a dicho menor,' fuera hecha previa la declaración de necesidad y utilidad que exige la ley. Se declara sin lugar en cuanto a la excepción por falta de jurisdicción, primero, porque la jurisdic-ción de las cortes de distrito siendo de naturaleza general, se presume siempre cuando en la demanda no se alegue cantidad suficiente que pueda privarla de diclia jurisdicción; y segundo, porque del hecho •siete de .la demanda enmendada se alega que el precio de los bienes ■cuya venta desea formalizarse, excedió al momento de presentarse la demanda de la suma de quinientos dollars. Se declara con lugar en cuanto a la tercera excepción de ambigüedad, por no describirse en la demanda las porciones vendidas que se segregaron de la finca principal que describe el hecho segundo de la demanda enmendada, y sí solamente una porción, digo, relación de las porciones, como aparecen por los documentos privados en poder exclusivo de la parte deman-dante, sin que alegue que la descripción de tales porciones segregadas intervinieron los demandados, ni que la venta efectuada fuese bajo tales condiciones, y se conceden diez días a la parte demandante para enmendar su demanda en cuanto a la última excepción, imponiéndole las costas.”

En 28 de julio la demandante solicitó prórroga del tiempo para enmendar su demanda, concediéndosele en 3 de agosto, cinco días para presentar la enmienda en cuanto al defecto de ambigüedad.

La nueva demanda enmendada tiene fecha de 4 de agosto, ■sin que conste del récord la de su presentación; pero en 10 ■del mismo mes se dictó por -la corte la siguiente sentencia:

1 ‘ SENTENCIA.
“Por cuanto, el día 19 de julio de 1910, día señalado para la vista de -excepciones en este caso, compareció la demandante representada por su abogado Luis Muñoz Morales y los demandados por los abo-gados Aponte y Aponte y M. Tous Soto, la corte, oídas las excepciones y mociones de eliminación, se reservó su resolución y con fecha 20 de julio de 1910, resolvió: En cuanto a la excepción previa separada presentada por el-demandado menor de edad Félix Morfi y Maldonado, se declara con lugar en cuanto a la primera causa de excepción, o sea que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción contra dicho menor, fundada en que no se alega en la de-manda que la venta de la participación perteneciente a dicho menor fuera hecha previa -la declaración de necesidad y utilidad que exige la ley. Por cuanto con fecha 5 de agosto de 1910, el demandado-Félix Morfi y Maldonado, por medio de sus abogados solicitó, de la, corte el pronunciamiento de sentencia a su favor y en contra de la. parte demandante^ en atención a haber sido declarada con ipgar ia excep-ción que dicho demandado presentara a la demanda en éste caso,'por el 'motivó dé no' -aducir hechos suficientes para determinar utíá ' chusa de acción, cuya resolución dictó esta'corté¡ sin'permiso a la deman-dante para poder enmendarla demanda. Por tanto,‘hoy-día-9 de agosto- de 1910, 1.a- corte resuelve dictar sentencia a favor de Félix Morfi y Maldonado, por no aducir hephos suficientes para determinar una causa de acción la demanda en este caso entablada contra él, y se desestima la demanda en cuanto al expresado'menor Félix Morfi y Maldonado. Iíumacao,- agosto 10 de 1910. (Firmado)' Jorge Y. Domínguez.” ■ .. . -

Este fallo fué registrado por el secretario de la corte en 13 de diciembre siguiente, y en 11 de.enero .posterior) la,cor-poración demandante estableció contra ella la apelación que es objeto del presente recurso.

La sentencia en este caso, está fundada únicamente en la resolución de excepciones y es consecuencia de ella. Resuelve y determina que la demanda no aduce- hechos que determinen una causa de acción contra el demandado .Félix Morfi Maldonado, por lo que la desestima.

Por consiguiente, estando basada la sentencia en la reso-lución a las excepciones del demandado, estamos en condi-ciones de examinar la demanda y las excepciones contra ella deducidas, para decidir si la sentencia es o nó justa.

La primera cuestión que se nos ocurre, es, si al conceder la corte expresamente permiso para enmendar la demanda, en cuanto al demandado Felix Morfi Maldonado por la ambigüe-dad que se declaró existir en ella, estaba o nó concedido tam-bién para exponer hechos que determinasen una causa de ac-ción.

Desde el momento en que se concedió permiso para en-mendar en cuanto a una excepción sostenida, tenía el deman-dante el derecho de presumir que también se le concedía en ■cuanto a subsanar los defectos que habían servido de base para la otra excepción, y con tanta más razón, cnanto que no le había sido negado expresamente.

De otro modo, habría que llegar a la conclusión de que la resolución de excepciones que sirve de fundamento a la sen-tencia, es contradictoria, porque no puede comprenderse cómo se puede dar permiso para enmendar la demanda a fin de que no resulte ambigua, si por estar impedida la demandante para hacer enmiendas en cuanto a aducir hechos que determinasen una cansa de acción, había de quedar la nueva alegación en-mendada de tal manera que haría inútil el permiso y la en-mienda desde el momento que habría de quedar sin hechos bastantes para la acción ejercitada.

Así pues, el hecho de conceder explícitamente permiso para enmendar una demanda respecto a ciertos extremos, im-plica' el de poder hacer cualquiera otra enmienda, que aun-que no autorizada de una manera clara, sea necesaria para que la enmienda permitida no resulte ociosa e inútil.

Además, si bien es discrecional en la corte que conoce del caso, conceder o nó permiso para enmendar alegaciones, la, jurisprudencia y el buen sentido aconsejan liberalidad para, permitirlas, y solamente debe negarse el permiso cuando la alegación sea defectuosa de tal manera, que por sí misma, muestre que no puede enmendarse.

En conformidad, con esta doctrina se ha resuelto:

Si se declara con lugar la excepción previa formulada a la de-manda, el demandante tiene derecho a que se le conceda permiso para enmendar, a menos que la demanda sea tan defectuosa que no pueda tener validez aunque se enmiende.”
Ridwal v. Ragan, 12 Pac., 343; Lord v. Hopkins, 30 Cal., 76.
“El artículo debe interpretarse liberalmente con el fin de que se1 cumpla su objeto y se facilite la justicia. Puede observarse de una manera mejor resolviendo las causas por sus méritos esenciales, más bien que ateniéndose estrictamente a las reglas de tecnicismo y pro-cedimiento. La. discreción de la corte siempre será ejercitada de acuerdo con el espíritu de la ley y de tal modo que se favorezcan en vez de que se obstaculicen o destruyan los fines de la justicia. ’ ’
Melde v. Reynolds, 128 Cal., 308, 311; 61 Pac. Rep., 932; Palace H. Co., v. Smith, 134 Cal., 381, 384; 66 Pac. Rep., 474; Nicoll v. Weldom, 130 Cal., 666, 667; 63 Pac. Rep., 63.
“La corte inferior debe liberalmente conceder que se hagan en-miendas en beneficio de la justicia y con el fin de obtener un juicio rápido e imparcial sobre los méritos; y la negativa arbitraria en con-ceder tales enmiendas cuando son procedentes, sería un fundamento para la intervención de la Corte Suprema.”
Smith et al. v. Yreka Water Co., 14 Cal., 201.
“Debe permitirse a los demandantes que enmienden sus demandas a fin de que sus derechos concedidos por la ley puedan ser presentados para su resolución, o para expresar la causa de acción.”
MacDonald v. Bear River and W. & M. Co., 15 Cal., 145; Nevada County & Canal Co. v. Kidd, 28 Cal., 673.
Constituye error el dictar sentencia definitiva, fundada la misma. en la excepción previa formulada a la demanda. Cuando la demanda es defectuosa, la corte debe declarar con lugar la excepción previa con-cediendo permiso al demandante para enmendar su demanda y si en-tonces el demandante no hace enmiendas, debe dictarse sentencia definitiva. ’ ’
Gallager v. Delanoy, 10 Cal., 410.

La demanda de que se trata, alega que un menor de edad vendió su participación en cierta finca, pero no dice si obtuvo o no autorización judicial para realizarla, que es un hecho necesario para que su enajenación sea válida, por lo que re-sulta carecer de un hecho que es preciso alegar y que tal vez puede alegarse, pero no aparece de su faz que no se obtuviera la expresada autorización, en cuyo caso hubiera demostrado carencia absoluta de derecho para reclamar una obligación que resultaría nula, según la propia demanda.

Cuando, como en el caso presente, la alegación sólo es defi-ciente por haber dejado de alegar algún hecho esencial que puede ser alegado, debe concederse permiso para hacerlo. '

Por tanto, la demanda no era defectuosa de tal manera que necesariamente habría de originar sentencia en contra de la demandante, sino que carecía de cierto hecho que podía ser alegado, y al pronunciarse .una sentencia basada en que la demanda no contenía hechos bastantes para determinar una causa de acción, cometió error la corte inferior.

Por lo expuesto la sentencia debe ser revocada, debiendo la corte inferior continuar los procedimientos de acuerdo con está opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, "Wolf y del Toro. . ■


author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    Moll v. Llompart.
    ApblaoiÓN procedente de la'Corte de Distrito de San Juan.
    No. 640.
    Resuelto én mayo 31, 1911.
    Divorcio — Alimentos Provisionales — De&echo 'de- Opción del Alimentista.— El'derecho de opción qüo tiene el‘ alimentista de acuerdo con el artículo 218 del Código Civil Revisado, no es un derecho absoluto e inflexible, y. la oferta que haga el marido de atender, a las necesidades de su esposa en su propia casa puede ser rehusada cuando razones de orden legal, moral, o social impi-dan su aceptación, o cuando exista causa razonable justificada para rechazar aquella oferta.
    Id. — Elementos.-Característicos del Abandono. — El abandono de un cónyuge por el otro supone separación permanente de tálamo y habitación por voluntad dél último y denegación por parte del mismo de los auxilios debidos al otro cónyuge. La,mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia, y se entenderá que deja de seguirle voluntariamente, sino. constare que hay algún motivo que le impida haeerlo así. La voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges, de no convivir con el' otro cónyuge cumpliendo los deberes que como tal le imponen la ley .natural y la civil, sostenida esa volun-' tad por más de un año, constituye el abandono que como .causa de divorcio señala él artículo 164 del Código Civil.
    Id.. — Abandono—Voluntad Decidida y Eirme de los Cónyuges — Tiempo del Abandono. — El abandopo .que como causa de .acción de divorcio reconoce el artículo 164 del Código Civil, no solamente debe durar por un término mayor .de un año, sino que debe estar acompañado de circunstancias tales que de-muestren fia-voluntad-decidida y firme de uno de los cónyuges de separarse del otro eó.nyuge y romper el vínculo matrimonial existente entre ambos, y si de las pruebas del caso no aparecieren justificados los extremos a que se refiere el párrafo anterior, la demanda de divorcio debe ser desestimada.
    Lqs becbos están expresados en la.opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogado de-El Pueblo: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

      La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de divorcio fundado en abandono. Un caso idéntico entre las mismas partes fue resuelto por este tribunal en 28 de marzo de 1906. Habiendo, el esposo in-terpuesto apelación contra la sentencia dictada por la corte de distrito,, ésta fué confirmada. No se presentó ninguna ex-posición del caso de la cual pudiera la corte de apelación lle-gar a resolver la cuestión de si la corte sentenciadora babía. cometido error en la apreciación de la prueba, según alegó el apelante, por lo que esta corte en su opinión fué de parecer,, de que la corte inferior dictó su sentencia de conformidad con los hechos que fueron probados en el juicio.

La demanda en este caso fué presentada el día 28 de- abril-de 1910, alegando' el demandante en diclia demanda los hechos, siguientes:

“Que el día 19 de mayo de 1903, contrajo matrimonio el deman-dante con la demandada; que desde el momento -de la celebración del matrimonio la demandada se separó del demandante, con el que no ha vivido nunca después de aquel acto; que solicitados por la deman-dada alimentos al demandante, éste optó porque los recibiera en la casa del demandante, lo que no ha sido aceptado por la demandada;; que en 22 de enero de 1906, la demandada abandonó a su marido con el deliberado propósito de no vivir con él, trasladándose a Santo Domingo donde permaneció hasta -la presentación de esta demanda. ’ ’

La demandada negó todas las alegaciones de la demanda,, menos la primera y segunda, y en su lugar alegó que el de-mandante abandonó a la demandada desde el momento de la. celebración del matrimonio, sin que hasta la fecha se haya vuelto a ocupar de ella; y que como el demandante .la tenía abandonada tuvo que irse a vivir con una hermana, la cual trasladó su domicilio a la República de Santo Domingo, yén-dose con ella la demandada, pues no contaba con otros re-cursos para su subsistencia.

‘ En 2 de septiembre de 1910, considerando la corte de dis-trito que la ley y los hechos estaban a favor de la demandada, declaró sin lugar la demanda de divorcio, imponiendo las cos-tas al demandante. Contra esa sentencia el demandante esta-bleció recurso de apelación.

Durante el juicio resultaron probados los siguientes hechos:

“Que la demandada tuvo un lujo del demandante que nació en 14 de marzo de 1903. Denunció al demandante por .seducción y la causa terminó porque se casaron y se sobreseyó el caso; y tan pronto como el matrimonio se celebró el demandante abandonó a la demandada no habiendo vivido con su marido desde entonces. La demandada en-tabló una demanda contra el demandante por alimentos, que no tuvo resultado alguno porque hizo ver en la corte que quería vivir con la demandada; y aunque dijo en la corte que se avenía a alimentarla en su casa, nunca la informó de tal cosa; la demandada estuvo en su oficina antes de salir para Santo Domingo, con el fin de conocer su determinación con respecto a ella, contestándole el demandante que podía hacer lo que quisiera, pues no tenía obligación alguna para con ella; que esas manifestaciones se las hizo en el año 1906, cuando se disponía a salir para Santo Domingo, y en formas muy malas; que estando la demandada en tales condiciones se vió obligada a marcharse a Santo Domingo con su hermana.”

También presentó el demandante como prueba la carta que le escribiera su esposa, la que no fué objetada por la parte contraria, y es como sigue:

“Sr. D. Sebastián Moll: Tus propósitos de conseguir nuestro divorcio han quedado completamente frustrados, y como no has conse-guido lo que te proponías, he tomado la resolución de salir de esta isla con la firme idea de no volver a ella por largo tiempo. Nada existirá entre nosotros y nunca al menos en mucho tiempo volveré a tener que sufrir el pesar de tu presencia. Salgo de mi patria y mucho tiempo pasará antes de que nuestras miradas puedan cruzarse. Dios haga que no te sea devuelto todo el mal que me has hecho. María Llompart de Moll.”

El demandante declaró como sigue:

“Que la demandada no fué a su oficina a verle, y jamás ba hecho ninguna gestión para ir a la casa del demandante a vivir con, él. ’ ’

A preguntas de la defensa de la demandada dijo:

“Que cuando contrajeron matrimonio él no la llevó a vivir con-sigo porque ella se negó; que después que salieron del juzgado no hizo ninguna gestión para que su esposa fuera a vivir con él después de la negativa que ella le dio, solamente cuando ella pidió alimentos que entonces le dijo que viniera a vivir con él; que después de la fecha en qué el demandante dice estaba dispuesto a llevar a su esposa a su lado, de darle alimentos a su lado, no hizo gestiones para procurar que su esposa fuera a vivir con él, habiendo muerto el niño antes de la celebración del matrimonio; que la demandada no fué donde él antes de marchar a Santo Domingo, y se fué a vivir con sus hermanas des-pués del matrimonio y allí estuvo hasta que se fué para Santo Domingo. ’ ’

Deberá notarse que la prueba es contradictoria en algunos particulares. A pesar de esto, y no obstante la regla general de que a falta de pasión, parcialidad o prejuicio por parte de la corte inferior, o error manifiesto en la resolución del caso, debemos considerar los hechos declarados probados por la corte inferior como definitivos; hemos examinado cuidadosa-mente toda la prueba y llegado a igual conclusión que la corte inferior, o sea, que no existe preponderancia de prueba con respecto al abandono en favor del demandante, háb’iendo éste dejado de probar su caso.

El apelante funda su apelación en cuatro proposiciones de ley que son en substancia como siguen:

“Io. Que la corte cometió error al no tener en cuenta, con infrac-ción del artículo 71 de la Ley de Evidencia, la fuerza probatoria de la certificación de la secretaría de la corte de distrito, que acredita que el peticionario estuvo dispuesto a recibir en su casa a su esposa cuando ésta solicitó alimentos provisionales.
. “2o. La corte también cometió error al no considerar el valor pro-batorio de los documentos privados, con infracción del número 2 del artículo 101, de la Ley de Evidencia, no considerando como conclusión concluyente del deliberado proposito de'la demandada de abandonar a su esposo la'carta-que con su 'hermana 'envió- a dicho esposo. ' ■ '" ■
“3o. La corte no hizo uso de la discreción jurídica de acuerdo con las reglas de evidencia e infringió el artículo 162 de dicha ley en relación con el 68 de la misma ley, no apreciando la prueba testifical en cuanto ésta demuestra que Doña María Llompart abandonó, a su ma-rido, y,que este abandono ha durado, mucho, más de un año. . ■
“4o. La corte inferior infringió con su sentencia el número. 5 de.l artículo 164 del Código Civil, no concediendo el divorcio solicitado, por el demandante, cuando .toda la ^videncia epmprueba que D.a. María Llompart ha abandonado a.su.e,sposo con el .deliberado, propósito de no vivir con.él, cuando, dispuesto éste a recibirla en su, domicilio y alimentarla, ella no ha a,cept.ado sus .proposiciones marchándose a Santo Domingo.” , .; ,.¡,„Vi , ., .

El - abogado del apelante .hizo un informe oral ■ en el acto de la vista.

El apelado no presentó ningún alegato en este caso, ni es-tuvo representado durante la vista de dicho caso: ■

El Fiscal compareció -e hizo un informe ’oral, presentando

un alegato escrito, como sigue-:

“Que.este caso, es idéntico, al que-se resolvió, por este tribunal el día 28 de marzo de 1906, entre las mismas partes, siendo ,los hechos casi iguales, y sólo se alega como materia nueva, la ausencia de la esposa demandada a la vecina isla 'de Santo Domingo, desde donde ha realizado actos' que revelan su propósito firme de abandonar a su esposo. La cuestión legal es la' misma que la' que se 'planteó en el juicio de divorcio promovido anteriormente por el mismo demandante ; es decir, el abandono por parte de la mujer; no hay .un solo testigo que declare de modo categórico acerca del propósito de la Sra. Llom-part de no volver a reunirse nunca con su marido, ni se encuentra una sola prueba de alguna otra clase que venga a sostener esa intención de la señora- demandada. La única prueba' que pudiera' tener alguna importancia en este caso, es la carta escrita por la Sra. Llompart a' su esposo antes' de salir de esta isla; y esa carta más bien que una declaración terminante de'ese propósito, parece una recriminación, y aunque en ella dice que no volverá a Puerto Rico por largo tiempo, no concreta1 cuanto ha de durar ese tiempo ni se expresa-tampoco que haya ninguna intención por parte de ella de abandonar a su esposo. El -hecho de la separación de estas dos personas está perfectamente explicado. Este matrimonio-fué.-la consecuencia de■ un proceso.por seducción seguido contra- el -Se. -Molí, por denuncia -de, la que es' boy su esposa,;..las partes contrajeron matrimonio y después de, celebrado éste el demandante se marchó y la abandonó. Cuando el pleito sobre alimentos provisionales fué resuelto', la demandada no tuvo conoci-miento de ía notificación que su marido'hizo á la'córte -de que estaba dispuesto'a recibirla' en su propia casa, a ella nada'se le dijo, ni existió después ningún acto por el que-el Sr.•Molí-demostrase que-esa fuera su intención, de donde se deduce -,que él jamás hizo .ninguna- gestión en tal sentido. Esta Hon. Corte tiene.ya muy bien establecida la doc-trina aplicable al caso, y ella se encuentra en el caso de Sebastián Moll Romani v. Maria Llompart, divorcio, fallado, en 28 de marzo de 1906. Por tales razones debe confirmarse la sentencia dictada en este caso por la corté de distrito, con las costas al' demandante'. ” ' :

Examinemos los-cuatro errores que han sido--alegados'por el apelante como, motivos en los cuales se fúnda la revocación de la sentencia contra la .cual se ha interpuesto-esta apelación.

Io. .Que la-corte dejó de dar el -debido -valor'.probatorio a la certificación del secretario de la corte de- distrito, que acre-dita que el demandante en el pleito- seguido contra él por su esposa, por alimentos provisionales, estuvo dispuesto a reci-birla y-proporcionarle lo que necesitase en su domicilio,-cuya omisión de la corte sentenciadora fué una--infracción-del artí-culo 71 de la ley de evidencia. ■ De-una ligera lectura de este artículo se verá que el hecho ele que el-demandante'hiciera tal oferta ha sido probado solamente prima .facie por la certifica-1 ción. • Puede ser que la otra prueba presentada en el caso, destruyera .prima facie esta prueba a.satisfacción de la corte inferior.- Hay bastante motivo para dudar de la buena fe con respecto a esta oferta hecha por el demandante, pues verdaderamente él nunca la comunicó a la demandada, -ni la invitó a hacer vida marital con él, y cuando ella fué a verle a su oficina la recibió groseramente, no habiendo mostrado ninguna clase de bondades para- con ella. No podemos decir que la corte inferior cometiera error al considerar-. esta cer-tificación;. y principalmente por-no-aparecer en los autos una copia del propio certificado.

2°. Que la corte, con infracción del artículo 101 ele la Ley de Evidencia, no prestó debida consideración a la fuerza proba-toria de la carta que la demandada escribió al demandante, cuando se disponía a salir para Santo Domingo. Esta carta, que se lia’copiado anteriormente, no expresa que la deman-dada tratara de abandonar a su marido, ni puede inferirse tal intención de su contenido. Es más bien una queja por el abandono y un motivo para salir de la isla, lo que tuvo que liacer en busca de su subsistencia.

El 3o. y 4o. error pueden ser considerados conjuntamente.

3o. Que la corte inferior abusó de su discreción judicial con infracción de los artículos 162 y 68 de la Ley de Evidencia, al no' prestar debida consideración tanto a la prueba docu-mental como a la testifical, la que muestra que la demandada abandonó a su marido, por muclio más de un año.

4o. Que la corte infringió el artículo 164 del Código Civil al no conceder el divorcio fundado en abandono. No es necesa-rio citar estos artículos de nuestros estatutos. De una simple lectura de los mismos se verá que la corte inferior no dejó de tener presente dichos artículos, y a nuestro juicio interpreto dichas secciones correctamente, aplicándolos a la prueba del "caso al negar ni divorcio.

Este pleito se funda según hemos dicho, en el supuesto abandono del marido, que es el demandante, por su esposa, la demandada. Según nuestra opinión; de la prueba no aparece tal abandono. Si ha existido algún abandono por parte de uno de los esposos fué el del marido que abandonó a su es-posa. Aparece de los autos que las partes vivieron juntos antes de contraer matrimonio, de cuya unión nació un niño que ya murió; que se siguió una causa contra el demandante por seducción por denuncia que presentara la mujer, lo que dió por resultado el casamiento entre las partes que se cele-bró en el juzgado. Que el hombre quedó libre al contraer matrimonio marchándose a su casa sin solicitar de su esposa que lo acompañara .y dejándola en donde se encontraba al terminarse la ceremonia. En estas circunstancias, ella no podía desde luego hacer otra cosa sino regresar a la casa de su familia en donde vivía con sus hermanas. El marido y su esposa nunca han vivido juntos.

Poco tiempo después del matrimonio, estableció la deman-dada una demanda contra su esposo en solicitud de alimen-’tos provisionales. Solicitaba en la misma la suma de $20 mensuales para su subsistencia, concediéndole la corte la suma reclamada. Pero el demandado, su esposo, alegó su derecho de conformidad con la ley, de alimentarla en su pro-pia casa. La orden sobre alimentos fué modificada recono-ciéndose en ella el derecho alegado por el esposo. Pero pa-rece que aunque esta, oferta fué hecha ante la corte nunca en verdad fué comunicada a la esposa, apareciendo de todas las circunstancias de los autos que tal oferta fué hecha úni-camente para eludir la sentencia de la corte. No consta que la esposa fuera jamás invitada a hacer vida marital con su esposo. Alega además la demandada que el demandante no teníá su propio hogar sino que vivía con su madre y herma-nas, las que no eran amigas de la demandada y con las que no hubiera querido vivir, aún cuando hubiera sido invitada para ello. (Art. 218 del Código Civil de P. R.)

La oferta del marido de atender a las necesidades de su esposa en su propia casa, puede ser rehusada cuando razo-nes de orden legal, moral o social impidan su aceptación, o cuando exista causa razonable justificada para rechazar aque-lla oferta. Según doctrina del Tribunal Supremo de España consignada en sentencia de 5 de julio de 1901, “el derecho de opción que el artículo 149 del Código Civil Español (218 del Código Civil de Puerto Rico) concede al obligado a pres-tar alimentos para satisfacerlos, abonando la pensión o reci-biendo y manteniendo en su propia casa al alimentista, no es absoluto e inflexible, sino que se halla subordinado a la doble condición de que el deudor por tal concepto tenga casa o. domicilio pr.opio, y de que no exista estorbo alguno legal o moral para que el acreedor se traslade a ella, y reciba en la misma el conjunto de ventajas o socorros, así naturales como civiles, que se comprenden :en la acepción jurídica de la'palabra alimentos, pues .faltando cualquiera de esas, con-diciones, la elección se hace imposible de hecho o de. derecho, y la .obligación alimenticia tiene necesariamente que cumplirse en .la primera de las: formas-indicadas.”. - .En igual • sentido ■se pronuncian las autoridades .americanas. ■.(.Véase, el -tomo 21 de Cyc.,- pág.- 1150.). . ■ ■. ■

' 1 La cuestión nueva 'en este caso en la cual se dice" que consiste la diferencia, de 'este pl'eito y el anterior'seguido1 por las mismas partes, es la carta qüe ia demandada escribió al demandante cuando-se marchaba con su hermana para Santo Domingo. Aún cuando se interpretara esa carta en el sentido más favorable para el demandante, tomada en conexión con los otros hechos contenidos en el récord, no constituye prueba suficiente del abandono, en el sentido en que se usa en la ley de divorcio.

Para .justificar un divorcio por abandono deberá este ser como se determina en el caso de Moret v. Vázquez, 5 Dec. de P. R., 487. En ese caso este tribunal dijo: “El abandono de un cónyuge por el otro supone permanente separación de tálamo y habitación por voluntad del último y denegación por parte del mismo de los auxilios debidos al otro cónyuge. La mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia, y se. entenderá que deja, de seguirlo volun-tariamente, si no constare que hay algún motivo que le im-pida hacerlo así.. -La voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges, de no convivir con el otro cónyuge cumpliendo los deberes que como tal le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de un año, constituye el aban-dono que como causa de divorcio señala el artículo 164 del Código Civil.” (Moret v. Vázquez, 5 Dec. P. R., pág. 488.)

Si en el presente caso la esposa jamás ha demostrado aversión alguna a vivir con su marido, o a cumplir con el deber que tiene de seguirlo, sin embargo, aparece de los hechos de este caso una buena razón para no haberlo hecho así. Ella declara que antes de salir para la vecina isla de Santo Domingo, fné. a la oficina de su esposo a conocer sus deseos con el supuesto fin de atenderlos, resultando inútiles ■sus esfuerzos. La conducta de la esposa, desde el matrimo-nio según aparece de los autos, es intachable,--no pudiendo decirse igual cosa con respecto al marido.

El caso de Moret, en el que se define lo que constituye abandono, ha sido aprobado y el término ha sido aún más explicado por esta corte en el caso de Vázquez v. García, 7 Porto Rico Reports, página 406. En esa opinión se declara, en efecto, que: “El abandono que como causa de divorcio reconoce el artículo 164 del Código Civil, no solamente debe durar p"or' ún término mayor de un año, sino que debe estar acompañado de circunstancias tales que demuestren la volun-tad decidida y firme de uno de los cónyuges de separarse del otro cónyuge y romper el vínculo matrimonial existente entre ambos. Si de las pruebas del caso no aparecieran justifica-dos los extremos a que se refiere el párrafo anterior, la de-demanda de divorcio debe ser desestimada.”

Vázquez v. García, 7 Decisiones de Puerto Rico, 406.

Según consta de los autos presentados en este caso, la Sra. Moll jamás ha mostrado “una voluntad decidida y firme de separarse para siempre de su marido y romper el vín-culo matrimonial existente entre ambos. ’ ’ Hay sobrados mo-tivos para creer que ella hubiera vivido con su esposo en cualquier casa que según sus condiciones él le hubiera podido proporcionar, si para ello hubiera adoptado las debidas dili-gencias.

Puesto que en este caso como en aquéllos a que hemos hecho referencia, según las circunstancias, no aparece el aban-dono que la ley exige, no puede decretarse el divorcio. De todos los hechos probados, así como de la ley aplicable a los mismos, después de considerar completamente todas las ra-zones presentadas, debe confirmarse la sentencia dictada por la corte inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Jvez Asociado Se. MacLeauy,

text:
    Olivieri v. Biaggi.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 668.
    Resuelto en junio 2, 1911.
    Venta de Participación Hereditaria — Subrogación de Herederos — Interpreta-ción de Ley — Término para Ejercitar la Subrogación. — De acuerdo con el artículo 1034 del Código Civil de Puerto Rico, el término de un mes que tiene un coheredero para ejercitar el dereeho de subrogación en los casos expresados en dicho artículo, empieza a contarse desde que el coheredero tiene conoci-miento de la venta, ya reciba ese conocimiento directamente del coheredero que vendió o de cualquiera otra persona y por cualquier otro conducto.
    Id. — Subrogación Ejercitada Fuera de Término — Prescripción.—De acuerdo con la anterior doctrina, justificado el hecho de que un coheredero obtuvo copia auténtica de una escritura de venta otorgada por otro coheredero cinco días después de su otorgamiento, la acción que ejercita dos meses después para subrogarse en lugar del comprador, está prescrita y ha sido ejercitada fuera del término de un mes que concede el artículo 1034 del Código Civil.
    Jurisprudencia del Tribunal Supremo de.España — Leyes Tomadas de Otros Estados — Interpretación de Leyes. — Es regla de interpretación general-mente admitida, que cuando la Asamblea Legislativa de cualquier Estado adopta sustancialmente el Código de otro Estado, o en particular cualquier artículo del mismo con las mismas palabras en él usadas, se presume que la implantación de dicho Código o artículo implica también la acepta'eión de la interpretación dada a los mismos por el Tribunal Supremo del Estado de donde se tomaron.
    Id. — Interpretación del Código Civil de Puerto Rico — Sentencias del Tribunal Supremo de España. — Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de España con anterioridad al 18 de octubre de 1898, interpretando el Código Civil Español vigente en Puerto Rico en dicha época, tienen fuerza obligatoria liara los Tribunales de Puerto Rico bajo la dominación americana.
    Id. — Sentencias del Tribunal Supremo de España Posteriores al Cambio de Soberanía. — Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de España con posterioridad al 18 de octubre de 1898, interpretativas del Código Civil Español que continuó vigente en Puerto Rico, carecen de fueria legal en esta Isla, y solamente tiene la autoridad que la fuerza de sus razonamientos le imparta a juicio de nuestros tribunales.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Felipe Casalduc.

    Abogados del apelado: Sres. José Tons Soto y Manuel Tons Soto.

   El Jvez Asociado Se. MacLeauy,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción sobre subrogación de derechos. El 19 de mayo, 1910, Euclides y Maximiliano Olivieri vendieron a Pedro Pablo Biaggi toda su participación en los bienes relic-tos de su abuelo, Félix Olivieri y Cervóni, la que habían here-dado como representantes de su padre, Juan María Olivieri, fallecido anteriormente. El demandante en este caso, Juan Félix Olivieri, hijo natural y heredero testamentario de Juan Félix Olivieri y Cervoni, obtuvo una copia auténtica de la escritura de venta del notario ante quien se otorgó la misma, el 24 de mayo, cinco días después de su otorgamiento. El 26 de julio, más de dos meses después, entabló él esta acción para subrogarse en lugar dél comprador en el contrato de venta. El 5 de noviembre pasado, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia, concediendo la súplica de la demanda, y ordenando que el demandado, Pedro Pablo Biaggi, otorgue escritura a favor del demandante subrogándole en su lugar' por lo que respecta a los derechos del demandado en la venta que a él le hicieran Euclides y Maximiliano Olivieri, el 19 de mayo anterior, mediante pago por parte del demandante de quinientos dollars ($500), con los intereses legales de dicha cantidad; y que el demandado pague las costas.

El demandado apeló contra esta sentencia y el caso se encuentra ahora sometido a la consideración de este tribunal. La acción se basa en los preceptos del Código Civil, cuya artículo 1034 dice así:

“Artículo 1034. — Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen en término de un -mes a contar desde que esto se les haga saber.”

Todo el caso gira sobre la interpretación que se dé a la frase final de dicho artículo “en término de nn mes a contar desde que esto se les haga saber. ’ ’ Desde luego, si el cono-. cimiento que de ello recibiera el demandante del notario, por medio de la copia de la escritura de venta, fue suficiente para ajustarse a la ley, la acción había prescrito en virtud de las últimas palabras citadas; de otro modo, no... El demandante y apelado sostiene que debió habérsele dado conocimiento por el comprador, o el vendedor, de la venta por la que se ena-jenó la participación en la herencia de su padre, y que cual-quier conocimiento que él obtuviera de otro modo no era el aviso que requiere el estatuto.

El apelanté, en apoyo de su alegación de que la posesión de la copia de la escritura de venta misma era suficiente aviso de la venta, cita una decisión del Tribunal Supremo de España del 26 de noviembre, 1900, y que se halla en el tomo 90 de la Jurisprudencia Ciyil, página 729. Dicha decisión 'viene a decir lo siguiente: “Los términos de los artículos 1067 y 1521 del Código no autorizan la inteligencia e inter-pretación que les da el recurrente, porque el único hecho que necesariamente- ha de conocer el coheredero para poder ejercitar la acción sobre subrogación de derechos, es el de la venta realizada por otro coheredero de su derecho hereditario .antes de la partición de los bienes, quedando siempre y en lodo caso el heredero que trata de subrogarse sometido, por ministerio de la ley, a las condiciones 'con que el comprador haya adquirido dicha participación en los bienes al subrogarse en su lugar, siendo indiferente la forma en que adquiera tal conocimiento, ya que el Código no impone ninguna determi-nada y especial, lo cual está en consonancia con lo que prescribe el artículo 1524 (correspondiente al artículo 1427 de nuestro estatuto) del mismo Código, según el cual el término para que puedan ejercitar los comuneros, o colindantes, la ac-ción legal sobre subrogación de derechos empezará a contarse desde que la persona que trata de subrogarse hubiese tenido conocimiento de la venta, cualquiera que sea por lo tanto el medio de haber llegado a este conocimiento, no habiendo come-tido consiguientemente el tribunal sentenciador ninguna de las infracciones que se le atribuyen en los motivos del recurso.”

90 Jurisprudencia Civil, 729.

Esta decisión ciertamente apoya la proposición que sos-tiene el apelante. Pero surge la cuestión en cuanto a la fuerza que tenga ahora en Puerto Pico, habiendo sido emi-tida con posterioridad a la fecha en que esta Isla pasó a la dominación americana. La cita que hace, el apelante de la opinión del Juez Presidente Puller, no tiene aplicación a un caso como éste. La cita mencionada se refiere a los estatu-tos y otras leyes de la nación cedente existentes en la época de la cesión, y nó a estatutos aprobados o interpretaciones dadas a los mismos después de la cesión.

La norma que hasta aquí hemos seguido es que cuando se adopta un estatuto de otro país, se presume que la inten-ción legislativa fué el tomar tal estatuto con las interpreta-ciones jurídicas que se le hubieran dado por los más altos tribunales del Estado del cual se adoptó el estatuto.

López v. Am. R. R. Co., resuelto 28 de junio, 1906, y casos citados allí.

Es además una regla de interpretación universalmente admitida que cuando la asamblea legislativa de cualquier Es-tado adopta sustancialmente el Código de otro Estado, y en particular cualquier artículo del mismo con las mismas pala-bras en él usadas, se presume que la adopción abarca tam-bién las interpretaciones que anteriormente el Tribunal Supremo del Estado que haya promulgado el estatuto original, ha dado a dicho código o a algún artículo del mismo. Esta es la regla de interpretación que rige, si no universal, gene-ralmente en los Estados Unidos, como lo demuestran las siguientes autoridades: Henrietta & Co. v. Gardner, 173 U. S., 130; Brown v. Walker, 161 U. S., 600; McDonald v. Hovey, 110 U. S., 628; Cathcart v. Robinson, 30 U. S., 279; Pennock v. Dialogue, 27 U.S., 16; Int. Com. Com. v. B. & O. R. R., 145 145 U. S., 263; Lindley v. Davis, 6 Mont., 453; Hershfield v. Aiken, 3 Mont., 449; Greiner v. Klein, 28 Mich., 12; Nicollet Nat. Bk. v. City Bank, 8 Am. St. Rep., 643; Nelson v. Stull, 68 Pac., Rep., 618; Sedgwich on Cons. Stat. & Cons. Law, 363; Smith’s Com. on Stat. & Cons. Law, sec. 634; P. P. R. v. Francisco Rivera, resuelto 25 de junio, 1904; P. P. R. v. James E. Kent, resuelto 5 de marzo, 1906; Eurípides López v. The American R. R. Co. of P. R., resuelto 28 de junio, 1906; The P. P. R. v. José Puente Durán, resuelto por este tribunal el 17 de febrero, 1908.

El Código Civil español, que empezó a regir en Puerto Rico por virtud del Real Decreto del 31 de julio de 1889, con-tinuó desde entonces en vigor durante la dominación espa-ñola; y por la Orden General No. 1, promulgada por el General Brooke, del Ejército de los Estados Unidos, el 18 de octu-bre de 1898, se dispuso que continuara en vigor junto con las otras leyes provinciales y municipales a menos que resul-taran incompatibles con el cambio de condiciones realizado en Puerto Rico, por la cesión de la soberanía a la sazón efec-tuada. (Véanse las leyes, ordenanzas, decretos y órdenes mili-tares publicadas por el Departamento de la Guerra de los Es-tados Unidos, pág. 2179, parte 4.)

El Io. de mayo de 1900 empezó a regir la ley orgánica votada por el Congreso confiriendo el gobierno civil a esta. Isla, la que en su artículo 8 dispone: Que las leyes y orde-nanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigente, excepto en los casos en que sean alteradas, enmen-dadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles o en conflicto con las leyes, estatutorias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos. Esta disposición dejó vigente el Có-digo Civil español, el que virtualmente vino a ser la ley esta-tutoria aun en el caso de que la orden militar promulgada por el General Brooks no hubiera producido tal efecto, lo que en nuestra opinión hizo. Nuestro Código Civil, que fué co-piado casi enteramente del de España, fué adoptado por la legislatura insular el año 1902, promulgando formalmente en forma estatutoria el Código Civil, con algunas enmiendas al mismo que habían ya sido hechas por el Gobierno Militar y por el Congreso. Aunque el caso español en que se han fun-dado fué resuelto después que el artículo 1034 del Código Civil formó parte de la ley estatutoria de Puerto Rico, esta-mos en libertad de seguirlo en tanto cuanto se recomiende a nuestro buen criterio. Por supuesto que nosotros respeta-mos en alto grado la erudición y sabiduría de los jueces que emitieron aquella opinión.

Desde aquella fecha, el 18 de octubre de 1898, el Código Civil continuó en vigor con la interpretación que hasta en-tonces se le había dado por el Tribunal Supremo de España, siendo obligatoria para los tribunales de Puerto Rico tal jurisprudencia; pero desde la ocupación americana las Deci-siones del Tribunal Supremo de España posteriores a esa fecha no han tenido la autoridad de interpretación jurídica, sino la fuerza de doctrina jurídica que les den las razones legales en que se funden. Y la razón es obvia. No puede admitirse que las decisiones de un tribunal extranjero pue-dan obligar a los tribunales de este país. Si se admitiera que las decisiones del Tribunal Supremo de España hasta el año 1902, en que comenzó a regir el Código Revisado, obliga-ran a los tribunales de esta isla como fuente de jurispru-dencia legal, tendríamos que los tribunales de Puerto Rico, h pesar de haber cesado la dominación española, estarían tam-bién obligados a seguir estatutos votados por las Cortes es-pañolas, pues tanta razón hay para lo uno como para lo otro; y esto es claramente inadmisible, pues nadie sostendrá que se pueda admitir el que leyes votadas por la Legislatura es-pañola derogando, aclarando, adicionando o modificando pre-ceptos del Código Civil, deban observarse en esta Isla como legalmente obligatorias después, del cambio de soberanía.

Por lo tanto, opinamos que el 18 de octubre de 1898 el Código Civil de España, tal como entonces regía, con la in-terpretación legal que ya le habían dado los tribunales es-pañoles vino a ser la ley local de Puerto Pico bajo la- domi-nación americana; y que desde entonces cualesquiera deci-siones emitidas por el Tribunal Supremo de España no han tenido fuerza legal en Puerto Rico y solamente se consideran por este tribunal como autoridad, por lo que se recomienden a nuestro criterio por la fuerza de las razones y argumentos que expongan. Siendo así, aunque la opinión que se ha ci-tado del Tribunal Supremo de España fue emitida en 1900 después del cambio de soberanía en Puerto Rico, siendo dicha decisión clara y conveniente debe por ese motivo seguirse por nosotros en el caso que nos ocupa. Por las razones adu-cidas en esa decisión española, que concuerda con nuestro propio parecer, en la que se interpreta el artículo 1067 del código español correspondiente a nuestro artículo 1034-, no podemos menos que declarar que el demandante había recibido suficiente conocimiento de la venta y que debió haber entablado su acción dentro del mes siguiente, y no habiéndolo hecho, es-taba impedido de hacerlo por el estatuto mismo. Este parecer lo sostienen varias decisiones de nuestro mismo tribunal, entre otras Felici v. Ribas, 3 Dec. P. R., p. 528; Lucero v. Vilá, resuelto el 11 de febrero de 1911; y Calaf v. Calaf, resuelto el 14 de febrero, 1911.

Así es que debemos revocar la sentencia de la corte sen-tenciadora y dictar aquí una sentencia a favor del demandado y apelante; declarando sin lugar la demanda, con las costas de primer instancia a cargo de la parte demandante y ape-lada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado, Sr. Wole,

text:
    Pérez v. Taboada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 696.
    Resuelto en junio 3, 1911.
    Costas — Honorarios de Abogados — Discreción ded Tribunal Sentenciador.— Cuando un demandante entabla una acción y obtiene sentencia en rebeldía contra el demandado, la cual se deja sin efecto a virtud de moción y declara-ción jurada presentada por éste, y al ser contestada la demanda el demandante desiste de su acción, el tribunal puede, en el ejercicio de una sana discreción judicial, al fijarse las costas impuestas por la sentencia de desestimación, im-poner honorarios de abogados, y este tribunal en apelación resolvió que la can-tidad impuesta de $75 no era excesiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Francisco Giménez.

    Abogado del apelado: Sr. José A. Poventud.'

   El Juez Asociado, Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal

- Al imponer la Corte de Distrito de Ponce las costas a cargo del demandante y apelante, concedió al ahogado del ape-lado la suma de $75 por honorarios. La primer cuestión que surge, es si debieron haberse concedido en tal procedimiento los expresados honorarios, con arreglo a la ley de marzo 12 de 1908; leyes de aquel año,- páginas 50 y 51.

La demanda que se presentó fué por libelo; el demandado1 formuló excepciones previas a la misma, que fueron desesti-madas sin permiso para hacer enmiendas. Se anotó la rebel-día del demandado, la que quedó sin efecto por moción que se hizo acompañada de declaraciones juradas, presentando en-tonces su contestación el demandado. Posteriormente el de-mandante desistió de la acción, registrándose a instancia del demandado una sentencia de sobreseimiento con las costas a cargo del demandante.

El artículo 329 del Código, de Enjuiciamiento Civil según ha sido enmendado por la ley de 1908, a que se ha hecho refe-rencia, concede costas después de dictarse cualquier senten-cia definitiva o decisión, y el artículo 327 determina que en todos los casos en que se concedan costas deberán pagarse los honorarios del abogado de la parte contraria, si la cantidad en cuestión excede de quinientos dollars ($500). Este fue un procedimiento en que se concedían costas, la suma’en cues-tión era mayor de quinientos dollars ($500), hubo una sen-tencia por costas, quedando terminado el pleito, por lo que creemos que podían concederse honorarios .según la discre-ción del juez, teniendo en cuenta, sin embargo, el grado de culpa de la parte vencida.

El apelante obligó al apelado a tener que buscar un abo-gado y al hacer que se anotara la rebeldía, ocasionó un tra-bajo extraordinario a dicho abogado, abandonando después el pleito. La corte tenía derecho a tomar en consideración ese trabajo así como el hecho de que cuando se presentó la contestación, el demandante eligió desistir de la acción, po- ' niendo al demandado en el caso de tener que defenderse de un segundo pleito que pudiera establecerse, o de comenzar el pri-mero indebidamente. Era cuestión de la sana discreción de la corte, y no vemos motivo para intervenir en el ejercicio de dicha discreción. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Monagas et al. v. Albertucci.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 561.
    Resuelto en junio 5, 1911.
    Apelación — Palta de Especificación de Errores en el Alegato — Excepciones tomadas en el Juicio. — Cuando el apelante deja de cumplir los precepitos de los artículos 42 y 43 del Reglamento de este tribunal, dejando de hacer en su alegato una especificación de los errores en que funda el recurso, este tribunal puede considerar las excepciones tomadas en el acto del juicio, sobre todo cuando envuelven una cuestión fundamental y la parte contraria no se opone a ello.

      Interpretación de un Contrato Escrito — Venta con Pacto de Retro — Inten-ción de los Contratantes. — Para determinar si un contrato escrito de venta con pacto de retro es tal contrato, o es simplemente una hipoteca, puede por regla general partirse de la base de si existía o nó entre los contratantes una deuda o una obligación, pues si existía puede considerarse el contrato como uno de garantía hipotecaria, y en el caso contrario, como simplemente un contrato de venta con pacto de retro.
    Id- — Intención de los Contratantes — Circunstancias que Deben Estu-diarse. — Para determinar la verdadera intención de los contratantes en un con-trato de venta con pacto de retro, y decidir si es tal contrato o simplemente una garantía hipotecaria, los tribunales pueden apreciar las siguientes cir-cunstancias: existencia de un convenio colateral celebrado por el vendedor obligándose a pagar al comprador determinada suma de dinero; pago de inte-reses por el vendedor; precio bajo de la venta; continuación del vendedor en posesión de la cosa vendida y solicitud de préstamo hecha por el mismo antes o durante las negociaciones para la venta.
    Id- — Venta con Pacto de Retro — Admisión de Prueba Oral — Prueba' Inad-misible. — Es inadmisible la prueba oral o testifical para desvirtuar los tér-minos de un contrato escrito de venta con pacto de retro, para justificar que no es tal contrato sino uno de garantía hipotecaria, cuando de la intención de las partes y de los actos anteriores y coetáneos de los contratantes, no se deduce tal conclusión.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. F. L. Cornwell y Fernando Vázquez,
    Abogado de la apelada: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fue entablada para redimir una casa y solar de una venta condicional que los demandantes alegan haber sido solamente una hipoteca. El 7 de marzo de 1910, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó en el presente caso, la siguiente sentencia:

Esta causa fué llamada para juicio el día once de febrero del910, compareciendo los demandantes por sus abogados Sres. F. L. Cornwell y Fernando Vázquez, y la demandada por el suyo Sr. Miguel Juan Llaneras. Oídos los alegatos, la prueba practicada y considerados los briefs presentados por ambas partes, la corte reservó su decisión basta el día de lioy en que presenta su exposición' de hechos probados y con-clusiones de derecho y de acuerdo con los mismos ordena que los de-mandantes dentro del término de quince días, paguen a la demandada la suma de seis mil dollars de principal, más cien dollars en concepto de las mejoras hedías en la finca de que se trata por la demandada y que la demandada devuelva y entregue a los demandantes la posesión de dicha finca y les otorgue tíña buena escritura de traspaso; y en caso de que se negare, que se depositen dichas sumas, dentro del término señalado, en la secretaría de esta corte a la disposición de la deman-dada y que se otorgue dicha escritura por el marshal de esta corte; y se falla este pleito sin especial condena de costas. Regístrese esta, sentencia en el libro correspondiente de la corte y líbrese manda-miento al marshal para su cumplimiento.”

Contra esta sentencia ambas partes apelaron ante este tribunal, habiéndose celebrado ante .el mismo la vista del caso el 11 de enero pasado. No habiendo cumplido ninguna de las partes apelantes con las reglas 42 y 43 de este tribunal, en el acto de la vista y al terminarse la argumentación oral, se lla-mó la atención a esa omisión y a petición de las partes se les concedieron diez días a cada una para presentar un pliego de errores. El último de los días concédidos el demandante pre-sentó un pliego de errores de acuerdo con las reglas, pero no así el demandado.

Aunque la demandada dejó de presentar un pliego de erro-res de acuerdo con el permiso concedido a su abogado el día de la vista antes este tribunal, se tomó una excepción en el acto de la vista en la corte inferior, que consta en los autos y que plantea claramente la cuestión por lo que respecta a su derecho, y como envuelve un error fundamental, si ha sido bien alegada, puede ser considerada en este tribunal, en la ausencia de objeción alguna respecto a ella por la parte con-traria.

Consta en los autos como sigue:

“Al declarar el demandante Juan A. Monagas, manifestó la deman-dada que 'los demandantes trataban de presentar prueba para desvir-tuar la existencia de un documento escrito y esa prueba testifical era impertinente. Los demandantes manifestaron que iban a probar que el documento no era una venta sino que la intención de ellos fué hacer-una, hipoteca. El demandado replicó que sólo era válida la hipoteca que constaba en una escritura pública. EÍ juez admitió esa prueba y la demandada tomó excepción.”

Por consiguiente examinaremos primero la cuestión plan-teada por la excepción de la demandada. La demandada vir-tualmente sostiene la proposición de que era inadmisible evi-dencia oral, según nuestro Código Civil, para variar las con-diciones de la venta; y que se liabía dado una interpretación indebida al contrato escrito celebrado entre las partes.

Todo el caso en realidad gira sobre la cuestión 'de si el documento escrito objeto de controversia era una hipoteca o una venta condicional. Si es lo segundo, deben cumplirse las condiciones del mismo; si es lo primero, debe permitírsele al demandante que devuelva el dinero recibido haciéndole un traspaso de los bienes. La verdadera intención de las partes en el momento de otorgar el documento escrito, es la que debe regir en la interpretación que le den los tribunales. Es-to debe averiguarse de las circunstancias que concurrieron en la transacción y del texto del documento mismo. La norma correcta, en los casos en que tenga aplicación, es la continua-ción de la existencia de una deuda n obligación entre las par-tes. De existir tal' deuda n obligación, la venta puede con-siderarse meramente como una garantía de la deuda o como indemnización de una obligación. Por el contrario, si no exis-te deuda u obligación, entonces la transacción no es una hipo-teca y sí meramente una venta con pacto de retracto dentro de un tiempo determinado. Aun cuando cada caso debe con-tener sus propios hechos especiales, ciertas circunstancias se consideran como importantes, y los tribunales las consideran como aclarando la intención real de las partes y la naturaleza ele tales transacciones; tales son la existencia de un contrato colateral ejecutado por el eeclente para el pago de dinero al cesionario, sn obligación de pagar interés, que el precio de la venta sea inadecuado, que el cedente quede todavía en pose-sión de los bienes traspasados, y cualquier negociación o soli-citud de un préstamo con anterioridad o durante la transac-ción que dió lugar al traspaso.

La doctrina americana sobre este pnnto no difiere mate-rialmente de los principios enunciados en nuestro Código Civil.

3 Pomeroy’s Equity Jurisprudence, párrafos 1194 y 1195.

Código Civil de Puerto Rico, párrafos 1248, 1249, 1250, 1348, 1410 y 1421.

De acuerdo con estos principios,- debemos considerar el traspaso en este caso como una venta condicional, y que el de-mandante ha faltado al cumplimiento de los términos de la misma.

Estamos, además, convencidos que la excepción del de-mandado estuvo bien tomada y. debió haber sido declarada con lugar; y que la transacción hecha por las partes fue una venta condicional, y que la corte erró en la sentencia dictada. Puesto que todos los señalamientos de errores de los deman-dantes se basan en la suposición de que el contrato fundamental era una hipoteca y nosotros declaramos que es una venta condicional, es innecesario seguir considerándolos aquí.

En cuanto a la primera cuestión legal sometida por los' demandantes, además de su pliego de errores, no podemos con-venir en que en el contrato se haya consignado una causa falsa y por lo tanto rehusamos declararlo nulo, según el artículo 1243 del Código Civil. La segunda cuestión legal es inma-terial después de la apreciación que hemos hecho de la ley y de los hechos del caso según constan en los autos.

Opinando de este modo, debe revocarse la sentencia ape-lada y declararse sin lugar la demanda, sin especial conde-nación de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Arán v. Hernández.
    Apelación procedente de la Corte de'Distrito de Mayagüez.
    No. 692.
    Resuelto en junio 6, 1911.
    Apreciación de las Pruebas — Exposición del Caso — Transcripción del Ré-cord. Para que el Tribunal Supremo pueda resolver si la corte sentenciadora cometió o nó error al apreciar las pruebas practicadas, es necesario que dichas . pmebas se incluyan todas en una exposición del caso o relación de hechos, pre-parada de acuerdo eon la ley y transcrita luego y elevada en debida forma al Tribunal Supremo.
    Memorandum de Costas — Notificación.—Habiendo comparecido la parte conde-nada en costas a impugnar en tiempo oportuno el memorandum presentado y habiendo la corte de distrito considerado tal impugnación antes de resolver en definitiva, carece de todo mérito la alegación hecha ante el Tribunal Supremo, de que el memorandum no fué notificado a dicha parte.
    Id. — Presentación—Computación del Término. — El término que marea la ley para presentar el memorandum de costas, debe computarse de acuerdo con la regla general establecida, excluyendo el primero e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso también será excluido.
    Id. — Orden Aprobatoria — Revocación.—Para que el Tribunal Supremo revoque una orden de una corte de distrito aprobando un memorandum de costas, debe demostrarse claramente que dicha corte infringió alguna ley o cometió alguna injusticia notoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José Benet.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se interpusieron dos recursos de ape-lación, uno contra la sentencia de la corte de distrito dictada en el mismo, y otro contra la resolución de la expresada corte relativa a la aprobación del memorandum de costas.

Emilio Aráq Cuascú entabló demanda en la Corte de Dis-trito de Mayagüez contra Agustín Hernandez Mena y otros, a fin de que se ordenara el levantamiento del embargo traba-do en ciertos bienes de su propiedad, a los efectos de ejecutar cierta sentencia que el demandado Hernández Mena había ob-tenido a su favor y en contra de Inocencia Cuascú.

Contestada la demanda y celebrada la vista, la corte de distrito dictó sentencia a favor del demandante con imposición de las costas al demandado Hernández Mena, único que sos-tuvo el litigio.

Forma parte del récord una exposición del caso en la cual se consigna lo siguiente: “El demandante propuso como prueba una copia de la escritura No. 411 a 17 de agosto de 1904, y otra copia de la No. 256 a 18 de mayo de 1905, sobre venta, autorizadas por el Notario Mariano Biera Palmer.”

Dichos documentos no se transcriben ni en todo ni en par-te, ni siquiera se mencionan en forma tal que permita a esta Corte Suprema conocer cuál era el objeto de los mismos y qué se intentó probar con ellos, y siendo esto así, no tenemos base para examinar si la sentencia apelada está o nó sostenida por la prueba y si ésta fué o nó apreciada rectamente.

Eternos examinado además las alegaciones y la sentencia y tomando en consideración todas las circunstancias del caso, y, no pudiendo percibir que la corte de distrito haya cometido error fundamental alguno, debemos declarar sin lugar el re-curso y confirmar la sentencia apelada.

Examinemos el otro recurso establecido. Dictada sentencia el 29 de diciembre de 1910, se inscribió o registró en el mismo día. En 9 de enero de 1911 el demandante presentó su memorandum de costas, el 18 de enero de 1911 el demandado lo im-pugnó, y el 21 del propio mes se celebró la vista con la compa-recencia de ambas partes y la corte aprobó el memorandum.

Las partidas del memorandum, ascendentes en su totali-dad a $123.70 incluyendo honorarios de abogado, fueron todas impugnadas por el demandado por excesivas y por no ser cierto su desembolso. La corte de distrito que conoció del caso y que tenía ante ella la totalidad del récórd, resolvió que las partidas del memorandum eran justas y que se habían he-cho los desembolsos al aprobar en todas sus partes el memorandum, y como no se nos ha demostrado por el demandado que al resolverlo así la corte de distrito cometiera algún error de ley o alguna injusticia notaría, no debemos revocar, ni mo-dificar su resolución.

También alegó el demandado para impugnar el memorandum, que éste no le babía sido notificado y que había sido ar-chivado fuera del término de ley.

El primer fundamento carece de toda fuerza desde el mo-mento en que el demandado compareció y tuvo oportunidad de presentar su impugnación y la cuestión no fué resuelta hasta después de habérsele oído de acuerdo con la ley. Todo lo que la ley se propone obtener por medio de la notificación, se cumplió en este caso.

T en cuanto al segundo fundamento, carece también de toda fuerza, dado que siendo domingo el día 8 de enero en que vencían los diez días que la ley concede para presentar el memorandum, el término se entendía vencido, de acuerdo con la ley, el día siguiente o sea el 9 de enero, fecha en que fué archivado el memorandum.

Por virtud de todo lo expuesto, d¡eben declararse sin- lu-gar ambos recursos y confirmarse la sentencia y resolución apeladas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. del Tono,

text:
    Caballero et al. v. Pomales et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 610.
    Resuelto en junio 6, 1911.
    INtjlidad de Contratos — Demencia.—Para que pueda declararse la nulidad de un contrato a causa de la locura de alguna de las pai;tes contratantes, es necesario demostrar cumplidamente que tal parte se encontraba realmente padeciendo de enajenación mental el día del contrato y que no pudo en tal virtud darse cuenta exacta del acto que realizaba.

      Id. — bienes Gananciales — Consentimiento Expreso de la Esposa. — Para la renta de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, se necesita el consentimiento expreso de la esposa, y si tal consentimiento falta, dicho contrato qs nulo.
    Confirmación de Contratos — Consentimiento Expreso de la Esposa. — Un ma-rido otorgó un contrato de compraventa de una finca rústica perteneciente a la sociedad conyugal y en la escritura manifestó que lo bacía con el consenti-miento de su esposa que no podía comparecer por hallerse enferma. Días des-pués la dicha esposa compareció ante el notario autorizante y dos testigos, y manifestó que el contrato se había otorgado con^ su conocimiento y consenti-miento, y que nada tenía que oponer en contrario, haciéndose constar tal mani-festación por escrito. Se resolvió que el contrato fué confirmado válidamente y que desde ese momento quedó extinguida la aeción de nulidad con arreglo al artículo 1276 del Código Civil vigente.
    Cortes de Distrito — Jurisdicción Original — Cuantía Litigiosa. — Alegándose en la demanda que el valor de la finca envuelta en .el litigio, es superior a $500 y tendiendo la prueba a demostrar que así es en efecto, la jurisdicción original de la corte de distrito para conocer del pleito, es bien clara, no obstante apare-cer que la expresada finca años antes se vendió por la suma de $365.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Tous Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel A. Rivera.

   El Juez Asociado Su. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre nulidad de cierto contrato de com-praventa. Los demandantes alegaron como cansa de acción, en resumen, que la escritura número 233 otorgada ante el Notario Público de Coamo Felipe Rodríguez, el día 22 de diciembre de 1905, y a virtud de la cual Jacinto Caballero apa-rece vendiendo a Jorge Berly, cierta finca rústica de 44 cuer-das, situada en el barrio de los Llanos, municipalidad de Coamo, lo fué bailándose el dicho Caballero en estado de de-mencia, hecho éste que constaba al comprador. T además que la expresada finca correspondía a la sociedad de gananciales constituida por Caballero y su consorte la otra demandante, que ésta no compareció al otorgamiento de la escritura y que si bien el notario posteriormente hizo constar al pie del docu-mento su conformidad, ella nunca la prestó.

Los demandados que son herederos de Jorge Berly, nega-ron los hechos esenciales de la demanda que pudieran perju-dicarles, y después de habeíse practicado la prueba de ambas partes, consistente en el documento de referencia y en decla-raciones de expertos y testigos, la corte de distrito dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda con las costas a los demandantes.

Hemos examinado cuidadosamente las pruebas presenta-das y hemos llegado a la conclusión de que la corte de distrito no cometió error alguno al apreciarlas. Es cierto que se ba demostrado que el demandante Jacinto Caballero ingresó en el Manicomio el 7 de abril de 1906, como loco, y salió de dicho establecimiento, como curado, el 21 de junio de 1906, y que allá por el 12 de febrero de 1906 había sido recluido también como loco en el depósito municipal de Coamo. Y parece cier-to también que con anterioridad a esas fechas el dicho Caba-lleio se dedicó a ejércicios religiosos exagerados y a prédicas anunciadoras del próximo fin del mundo, revelando dichos ejercicios y prédicas su estado de perturbación mental. Pero no existe ninguna prueba concluyente de que en el día del otorgamiento de la escritura de compraventa que ahora pre-tende anrnar, o sea el 22 de diciembre de 1905, él no pudiera haberse dado cuenta exacta del acto que realizaba. El mismo, al declarar bajo juramento ante el juez sentenciador, se ex-presó así:

“Que recuerda concurrió a la notaría de Don Felipe Kodrí-guez, en donde firmó un papel, y también recuerda que recibió $37S que le entregó Lorenzo Berly; que un día estando en el pozo de agua de su estancia, convino con Justo Berly la venta de la propiedad; que és cierto que adeudaba a Antonio Rivera 40 pesos que le pagó con el producto de la venta de la estancia. ”

Además, no sólo aparece en los autos la copia de la escri-tura .otorgada bajo la fe del notario, sino que el notario y los. testigos del documento declararon en el acto de la vista, y sus, declaraciones claras y precisas presentan al demandante Caballero como a un hombre en el pleno uso de su razón, reali-zando el acto con entero conocimiepio de su naturaleza. Y también existen las declaraciones de otros testigos tendentes a demostrar que Caballero, por la época del otorgamiento de la escritura, no actuaba como loco y que él se ocupó de la venta de la finca, durando la negociación algún tiempo.

Examinemos la otra cuestión fundamental, o sea, la falta del consentimiento de la esposa. En la demanda se alega y en el juicio sólo se presentó para probarlo, la declaración de la propia interesada.

Por el contrario, en el propio documento se consigna que se otorga con el consentimiento de la esposa y que ésta no concurre al acto por bailarse enferma, pero que lo fiará lo antes posible ante el notario autorizante, y luego al pie del docu-mento se fiizo constar lo siguiente:

“ “Nota. En 28 de diciembre de 1906, compareció ante mí Doña Julia Rodríguez sin otro apellido, vecina de este partido, casada, de oficio doméstico, mayor de edad, a quien conozco, e impuesta del con-tenido de esta escritura dijo: que la enajenación del terreno que se contiene en la misma la fia becbo su esposo Don Jacinto Caballero, con el conocimiento y consentimiento de la exponente, sin que tenga nada que oponer en contrario; no firma por que dijo no saber, lo baee a sus ruegos Don Carlos M. Landrau que fue testigo con Don Ramon Faria: doy fe. Carlos M. Landrau, a ruego del testigo Faria por no saber. Carlos M. Landrau Rodríguez.”

El notario y los testigos también declararon sobre tal ex-tremo en el acto del juicio, a presencia de los demandantes, y la corte resolvió el conflicto de la prueba en el sentido de que la esposa prestó el consentimiento, y nosotros creemos que su resolución fué la justa y procedente.

"Es bien cierto que el procedimiento seguido para fiacer constar el consentimiento de la esposa no es correcto, ya que la escritura debió otorgarse en un solo acto, pero el error co-metido, no debe ser ni es fatal en este caso atendidas las cir-cunstancias del mismo y apareciendo como aparece que si bien la venta en un principio, realizada sin el expreso consen-timiento de la esposa, ¡era nula (art. 159 del Código Civil re-visado), se convirtió luego en nn acto válido al consentirla expresamente la esposa, único requisito que faltaba, y apare-ciendo como aparece además que son los mismos vendedores los que abora quieren volver sobre sus propios actos para de-rivar nn positivo beneficio en daño de los herederos de aquél que con ellos contratara.

La ratificación equivale al mandato; de suerte, que cuan-do uno da por firme lo que otro hizo .en su nombre, vale tanto como si le hubiera mandado que lo hiciera. Ratihabiüo man-dato aequiparatur(4 Escriche Diccionario de Legislación 796.) ’

El anterior principio podría aplicarse a este caso, ya que el esposo manifestó que actuaba con el consentimiento de la esposa y que ésta luego aseguró que tal hecho era cierto y que nada tenía que oponer en contrario.

Pero aun negando toda eficacia a .las palabras empleadas por el esposo, de que obraba al haCer la venta con el consentí.-, miento de la esposa y considerando como nula por falta de ■ tal consentimiento la escritura de venta otorgada, tendría-mos que el contrato fué confirmado válidamente por la esposa al manifestar como manifestó ante el notario que había sido celebrado con su conocimiento y consentimiento, y desde ese momento quedó extinguida la acción de nulidad con arreglo al artículo 1276 del Código Civil, no siendo necesario que marido y mujer conjuntamente otorgaran otra escritura para retifi-car o confirmar válidamente la viciada de nulidad, pues como ■ese vicio consistía en la falta de consentimiento expreso de la mujer, subsanado ese defecto por ella en la forma en que lo hizo, quedó válida la escritura.

Algo se manifesto en el alegato de los apelantes con res-pecto a la jurisdicción de la Corte de Distrito por razón de la cuantía. En la demanda se alega que el valor de la finca es superior a quinientos pesos y la prueba tiende a demostrar que el valor actual de la misma es realmente superior a dicha suma. Siendo esto así, no obstante el hecho de que la ven-ta' en 1905 se verificara por la suma de 375 pesos, resulta clara la jurisdicción original de la corte de distrito para conocer y decidir este caso y nuestra propia jurisdicción para conocer y decidir del recurso de apelación interpuesto.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

■ El Juez Asociado, Sr. MacLeary, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Sucesión Orrach v. Sucesión Polanco.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    Moción para que se apruebe por este tribunal una relación de hechos.
    No. 479.
    Resuelto en junio 7, 1911.
    Apelación' — Exposición del Caso — Apreciación del Tribunal Sentenciador.— Cuando la transcripción de autos presentada para los electos de una apelación carece de una exposición de hechos, el Tribunal Supremo no puede ir contra la apreciación de, la prueba hecha por el tribunal sentenciador.
    Id. — Opinión del Tribunal Sentenciador. — La omisión de una exposición de heehos no puede ser suplida por los hechos consignados en la opinión del tribunal sentenciador, pues no consta que esos hechos sean todos los que resultaron del juicio, ni que hayan sido aceptados por ambas partes en tiempo oportuno y con la eorrespiondiente aprobación judicial, mediante el debido procedimiento • de ley.
    Id. — Aprobación" de la Relación de I-Iechos por el Tribunal Supremo. — N> puede el Tribunal Supremo aprobar una relación de heehos presentada por la parte apelante, cuando la transcripción de autos presentada a los efectos de la apelación carece de la exposición de hechos aprobada por la corte inferior con intervención de las partes.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado de la parte promovente: Sr. José de Gusmám Benitez.

    Abogado de la parte contraria: Sr.'Antonio Sarmiento.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto, según esta Corte Suprema consignó en su opi-nión que sirvió de fundamento a la sentencia dictada con fe-cha 11 de noviembre del año próximo pasado, en el récord pre-sentado para la decisión del recurso no vino escrito de expo-sición de hechos, sin que por tanto pudiéramos ir contra la apreciación que de los mismos hizo la corte inferior, según doctrina establecida en numerosas decisiones de este tribunal.

Por cuanto la omisión del escrito de exposición de hechos no puede ser subsanada o suplida por los hechos que la corte inferior estimó conveniente consignar en la opinión en que fundó su sentencia de 29 de julio de 1909, toda vez que ni consta que esos hechos sean todos los que resultaron del jui-cio, ni que hayan sido aceptados por ambas partes en tiempo oportuno y con la correspondiente aprobación judicial, me-diante el debido procedimiento de Ley.

Por cuanto no hay términos hábiles para que esta corte acepte y firme, a los efectos del recurso de apelación inter-puesto para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la relación de hechos- presentada por la representación de la parte apelante, a cuya aprobación se opone la representación de la parte apelada, pues le falta base de que partir para aprobar y firmar aquella relación de hechos, faltando como falta en el récord exposición de hechos aprobáda por la corte inferior con intervención de las partes.

No ha lugar a aprobar y firmar la relación de hechos pre-sentada por la parte apelante.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sr'es. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y. Aldrey.