author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 9857.

    Sometido: Abril 7, 1943.

      Resuelto: Mayo 17, 1943.

      Hernán R. Franco, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, Tomás Díaz, £ué acusado de un delito de in-cesto, cometido en uno de los días del mes de junio de 1939, por haber tenido contacto carnal con Margarita Díaz, hija legítima del acusado. El jurado lo declaró culpable y contra la sentencia de ocho años de presidio que le impuso la Corte de Distrito de San Juan estableció el presente recurso de apelación en el que hace diecisiete señalamientos de error. Dada la conclusión a que hemos llegado de que la sentencia debe ser revocada y devuelto el caso para la celebración de un nuevo juicio por haberse admitido prueba inadmisible y perjudicial al acusado, nos limitaremos a considerar los se-ñalamientos de error siguientes:

“5. Declarar sin lugar la solicitud de ‘Mistrial’ del acusado ape-lante.
“8. No excluir a Juana Díaz como testigo del fiscal y permitir su declaración.
“9. Permitir al Fiscal presentar prueba de supuestos actos simi-lares cometidos por el acusado apelante con terceras personas.”

Antes de proceder a discutir estos errores, que sólo envuelven una cuestión, debemos decir.que después de haber declarado la presunta perjudicada Margarita Díaz en cuanto a la forma en que su padre, el acusado, había tenido relacio-nes carnales con ella, el fiscal llamó a declarar a la testigo Juana Díaz, otra hija del acusado. Declaró que era casada con Mariano Castro y entonces el fiscal le preguntó: “.¿Cuán-do usted se casó con Mariano Castro le había pasado algo?” Se opuso la defensa a la pregunta alegando que en estos ca-sos no era admisible prueba tendente a probar actos ilícitos del acusado con terceras personas. La corte sostuvo la ob-jeción de la defensa y no permitió la pregunta. Esto no obstante, en el examen redirectó del fiscal a esta misma tes-tigo ocurrió lo siguiente:

“P. Dígame, Juanita, usted tenía interés en mudarse de su casa?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Por qué?
“R. Porque a mí no me gustaba vivir al lado de mi padre. •
“P. ¿Por qué?
“Defensa. Me opongo si es por aquello.
“R. Porque él. no me respetaba desde niña.
“Defensa. Yo voy a solicitar un mistrial; que se retire el Jurado, señor Juez.”

Argumentada la cuestión en ausencia del jurado la corte declaró sin lugar la moción de la defensa por entender que ninguna de las preguntas del fiscal “han sido en violación del ruling de la corte prohibiendo declarar sobre actos in-cestuosos de la testigo con su padre. Y la corte le advierte al fiscal que no continúe por esa línea de repreguntas.”

Continuó el juicio y el acusado, además de presentar otra prueba, declaró en su propia defensa y negó haber tenido contacto carnal con su hija Margarita. En el contrainterro-gatorio del fiscal declaró que nunca había maltratado a sus hijas aunque les había pegado cuando las reprendía o casti-gaba; volvió a negar haber cometido acto carnal alguno con su hija Margarita y dijo que había tratado a todas sus hijas iguales y más adelante declaró:

“P. Usted usó una frase, usted dijo — Mi carácter no da para eso — cuando el compañero Franco le pregunto si era verdad que había dormido con su hija esa noche, ¿qué quiso decir usted?
“R. Que yo soy un hombre de conciencia y en ningún momento yo voy a hacer una cosa tan grande como esa con una hija de mi corazón.
“P. Y su conducta y su carácter de acuerdo con esa situación, ¿cómo es?
“R. Yo soy un hombre que tengo alguna conciencia y sé que es mi hija y en ningún momento mi corazón me da para yo hacer una cosa tan semejante con una hija mía, que es una hija de mi corazón.
!ÍP. ¿Eso quiere decir que usted era bueno con sus hijas?
“R. Supóngase usted si yo sería bueno con mis hijas que mis hijos hasta la fecha fueron buenos todos porque mis hijos...”
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“P. ¿Qué es lo que usted quiere decir con que ha tratado a todos los hijos iguales?
“R. Porque todos son mis hijos.
“P. ¿Qué es lo que usted quiere decir?
“R. Que son mis hijos y los trato a todos iguales.
“P. ¿Entonces al igual que trató a Margarita ha tratado a todos sus hijos?
“R. Sí, señor, hasta la fecha, pero no en las condiciones que ella me acusa.” (Bastardillas nuestras.)

Terminada la prueba de la defensa y retirado el jurado ocurrió lo siguiente:

“Fiscal: Señor Juez: Anuncio a V. H. que mi prueba de rebuttal va a consistir en lo siguiente: la declaración de Juana Díaz para declarar sobre actos cometidos por Tomás Díaz con ella ya que el acusado en su declaración en el interrogatorio directo hecho por la defensa, así como también en el contrainterrogatorio del fiscal ha hecho constar enfáticamente que su conducta es intachable y que su conciencia no le da para realizar los actos que se le imputan y negar haber cometido incesto con su hija Margarita.”
“Juez: .. .En cuanto a la otra declaración que se trata de pre-sentar para demostrar que el acusado ha tenido actos carnales con otras de sus hijas es un principio reconocido por toda la jurispru-dencia que en casos de esta naturaleza no se puede presentar prueba directa de actos cometidos por el acusado con una tercera persona, pero esa misma jurisprudencia sostiene que esa prueba es admisible y puede presentarse para refutar las manifestaciones del acusado. Como el acusado ha declarado aquí que ha sido un modelo de padre, la corte permite la prueba que ofrece el fiscal y la corte cita 13 Cal. Jur. 969, y 14 Ruling Case Law 38. Que se entienda excepcio-nada la resolución de la corte y la prueba que se presente objetada y excepcionada también.”

En efecto el fiscal presentó como prueba de rebuttal el testimonio de Juana Díaz, otra bija del acusado, quien de-claró, con oposición de la defensa, que bacía doce o trece años que se había casado con Mariano Castro y que antes de casarse su padre la había deshonrado y que no se lo había dicho a nadie más que a su esposo después de haber tenido ella su tercer hijo. El acusado como prueba de sub-rebuttal, volvió a declarar y negó haber deshonrado a su hija Juana.

En sus instrucciones al jurado la corte inferior, en cuanto a este aspecto del caso, se limitó a resumir la declaración de Juana Díaz y dijo que había sido presentada “para refuta^ las manifestaciones del acusado en cuanto a su conducta con sus hijas.” También hizo referencia a la declaración del acusado negando la imputación de su hija Juana.

La cuestión a resolver es si la corte inferior cometió error al admitir, en rebuttal, y con el fin de contradecir la alegada buena conducta del acusado para con sus hijas, prueba de un acto específico de incesto cometido por aquél con otra hija que no es con la que se alega en la acusación se cometió el delito- de incesto imputado. La corte citó bien la regla general de que esa prueba es inadmisible como prueba directa de la acusación. Así lo sostienen los tratadistas y autorida-des. 1 Wharton’s Criminal Evidence (llth ed.) 537, §356; Underhill, Criminai Evidence (4th ed.) 56, §186, y los casos citados en las notas. Empero, la corte inferior admitió la prueba en rebuttal bajo la teoría de que con ella se impug-naba la “conducta modelo” que había declarado el acusado observó con sus hijas, y citó a 13 Cal. Jur. 970, §4 y 14 R.C.L. 38, §8. Veamos si estas autoridades sostienen dicha regla.

En 13 Cal. Jur. 970, sección 4, que trata sobre la eviden-cia en casos de incesto, se dice lo siguiente:

.“La regla está bien establecida en California de que prueba en cuanto a actos de contacto carnal anteriores y subsiguientes entre las partes son admisibles para demostrar que el acusado tenía incli-nación hacia el adulterio, incesto o a la lascivia, y no para probar delitos distintos o continuidad criminal, sino como prueba corrobo-rativa tendente a sostener el delito específico imputado. De otro lado, testimonio tendente a demostrar la disposición por medio de prueba de que cometió el mismo delito con otra persona distinta a la mencionada en la acusación no es admisible, excepto quizás por vía de contradecir la declaración del acusado. El testimonio de una tercera persona al efecto de que el acusado cometió el mismo delito con ella no puede ser admitido para corroborar el testimonio de la perjudicada, que es una cómplice.”

En 14 R.C.L. 38, sección 8 se dice, en lo pertinente:

“. . . De acuerdo con el peso de las autoridades prueba de otros actos carnales entre las mismas partes es admisible, como tendiente a demostrar disposición a realizar el acto imputado, aunque algunos casos sostienen que esa prueba no es competente. Pero . . . prueba de conducta lasciva o contacto sexual entre una de las partes y ter-ceras personas no es admisible, excepto con el fin de contradecir una inferencia a que pueda llegarse de cierta prueba ya admitida.”

En las notas se citan solamente tres casos, People v. Turco, 29 Cal. App. 608, 156 Pac. 1001; People v. Letoile, 31 Cal. App. 166, 159 Pac. 1057, y Skidmore v. State, 57 Tex. Crim. 497, 123 S. W. 1129. Estos casos no constituyen au-toridad para sostener la teoría bajo la cual fué admitida la declaración de Juana Díaz.

En el caso de People v. Turco, supra, lo que se resolvió fué que:

“En un proceso por el delito de incendio malicioso donde se llamó de nuevo a un testigo y declaró en cuanto a manifestaciones que le hizo el acusado, que habían sido negadas por el acusado, y que se referían a conversaciones sobre las cuales ya había declarado origi-nalmente el testigo, aunque las preguntas hechas fueron sugestivas por referirse a ciertas manifestaciones específicas en lugar de requerir que el testigo explicara la conversación en sus propias palabras, dichas preguntas eran admisibles en rebuttal con el fin de im'pugnar (la veracidad del acusado).” (Paréntesis nuestro.)

La propia Corte Suprema de California en el caso de People v. Letoile, snpra, resolvió expresamente que la regla expuesta en el caso de People v. Turco, supra, no era apli-cable a un caso de incesto en que se presentó, al igual que en el caso de autos, como prueba de rebuttal, la declaración de otra bija del acusado al efecto de que éste había realizado actos carnales con ella. Dijo la corte:

“Se sugiere, sin embargo, que el testimonio fué debidamente ad-mitido en rebuttal porque el acusado había abierto la puerta al declarar que había tenido disgustos con sus hijas Lucy y Mary por-que se quedaban fuera de la casa tarde en la noche en contra de sus deseos, y que ése fué el único disgusto que tuvo con ellas. . . . Fué solamente en la repregunta y bajo decisiones adversas al objetar las preguntas que el acusado declaró que él no había tenido ningún otro disgusto con sus hijas. En cuanto a la hija Mary esto era inmaterial al caso. Ella no había declarado y por lo tanto-no había dado testimonio a favor ni en contra del acusado.
“En People v. Turco, 156 Pac. 1001, tuvimos ocasión de examinar las autoridades que se refieren a la limitación del derecho de repre-guntas a un acusado en un caso criminal y la limitación del derecho a ofrecer testimonio en rebuttal basado en los hechos expuestos por tal eontrainterrogatorio. Se reconoció el principio de que el pueblo tiene el derecho en el contrainterrogatorio del acusado a obtener cual-quier cosa que tienda a contradecir o modificar su testimonio dado en el examen directo, y que tal testimonio del acusado pueda ser contradicho por prueba en rebuttal. En el caso presente, sin embargo, no creemos que las circunstancias demostradas por el récord sean de taL naturaleza que justifiquen la aplicación de la regla mencionada. El testimonio de la testigo Mary Letoile a que nos hemos referido debió haber sido excluido.”

En el último caso citado, o sea el de Skidmore v. State, 123 S. W. 1129, no estaba envuelta la admisibilidad de prueba de rebuttal, de otros actos carnales realizados por el acusado. Lo que se admitió fué prueba del acusado de que la perjudi-cada había tenido contacto carnal con otro hombre y aun así se sostuvo que no era admisible prueba de rebuttal consis-tente en la declaración de un testigo tendente a demostrar que él no había visto a la perjudicada conducirse impropia-mente.

El artículo 244 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que:

“Podrá impugnarse la veracidad de un testigo por la parte en cuya contra baya sido llamado a declarar, bien mediante prueba contra-dictoria, bien demostrando que su reputación como persona veraz, honrada e íntegra, es mala; pero no por medio de prueba respecto de hechos especiales y penables cometidos por él, a menos que resulte del examen del testigo, o del registro de la sentencia, que dicho testigo fué convicto de un delito grave (felony).”

Y el artículo 520 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ar-tículo 158 L. de E.), dispone lo siguiente:

“Un testigo, podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala; pero no con evidencia de determinados actos reprobables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fué convicto de delito grave (felony).”

Esta corte ha resuelto que para impugnar la veracidad, reputación o conducta de un testigo no puede presentarse prueba tendente a demostrar actos específicos de su inmora-lidad, Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590, o atacar su ve-racidad con prueba de determinados actos reprobables, Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, y aun que en el examen de repreguntas no puede ser examinado, so pretexto de que se va a impugnar su veracidad o a prepararse para ello, sobre cuestiones que no afectan su crédito y que la parte que re-pregunta no tiene derecho a ponerlas de manifiesto para otros fines, Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263; Pueblo v. Pou, 55 D.P.R. 304.

En el tratado de Wigmore on Evidence, vol. 1, pág. 642, sección 193, se expone la doctrina en la siguiente forma:

“Sección 193. — Actos específicos malos para demostrar carácter del acusado; (1) Relevancia. Ya hemos visto (antes sección 58) que si un acusado en un caso criminal ofrece su buen carácter (para el fin apropiado) como un argumento de que él probablemente no cometió la ofensa imputada, el fiscal puede por contraevidencia dis putar la existencia de tal buen carácter alegado; y también hemos visto que el hecho a ser probado o no probado es la verdadera dis-posición o carácter, del cual la reputación o cualquiera otra cosa es meramente la evidencia.
“La cuestión que surge es en qué forma se va a probar o a no probar dicho carácter. Como hemos notado hay tres formas de evidenciarlo: (1) reputación en la comunidad; ... (2) conocimiento personal u opinión de aquéllos que conocen al acusado; ... (3) actos específicos de mala conducta que demuestran el rasgo particular envuelto. Esta última clase de evidencia es la que pasamos a considerar.
“La ley aquí declara una regla general y absoluta de exclusión. Está prohibido, al demostrarse que el acusado no tiene el buen carácter que él afirma, el recurrir a actos específicos de mala conducta suya.
“¿Está esta prohibición basada en la irrelevancia de tal eviden-cia o en alguna razón de política auxiliar (auxiliary policy) que asume su relevancia pero ve razones de política para su exclusión? Que tal mala conducta anterior es relevante, es decir, tiene valor probatorio para persuadirnos del carácter general o disposición, no puede ser dudado.”

Después de hacer extensas citas de autoridades, continúa el autor en la sección 194, página 646, exponiendo las razo-nes de la regla en esta forma:

“Puede quizás decirse que es precisamente por la indubitable relevancia de tal evidencia que es excluida. Es censurable, no por-que no tenga un valor probatorio apreciable, sino porque tiene dema-siado. La natural e inevitable tendencia del tribunal — ya sea el juez o el jurado — es dar excesivo peso al vicioso récord criminal así exhi-bido, y bien permitirle que haga demasiada presión sobre la acusa-ción pendiente, o el tomar la prueba como justificativa de una condena irrespectivamente de la culpabilidad en la acusación pen-diente. Además, el uso de alegados actos específicos que pueden referirse a toda la vida del acusado hace imposible que éste pueda estar preparado para refutar el cargo, cualquiera o lodos de los euales pueden ser mera fábula. Estas razones de política auxiliar dirigidas a evitar los riesgos de obtener veredictos sin suficiente evidencia, han operado para excluir aquello que en sí mismo es relevante. ’ ’

Con ti nú a. exponiendo Wigmore qne originalmente en In-glaterra se admitía esta clase de evidencia pero qne desde hace tres siglos, o sea desde que comenzó la reacción liberal con la restauración de los Stuarts, esta política de exclusión, por uno u otro de sus razonamientos, ha recibido la sanción judicial cada vez más enfática según pasa el tiempo y la ex-periencia, y que representa una verdadera revolución en la teoría de juicios criminales y presenta uno de los rasgos pe-culiares de importancia que diferencia el sistema de eviden-cia angloamericano del continente europeo. Después de citar jurisprudencia inglesa y americana en relación con la materia, continúa diciendo el autor:

“Las razones así expuestas en varias formas pueden reducirse a tres: (1) la muy fuerte tendencia de creer al acusado culpable del hecho imputado meramente porque es una persona capaz de realizar, tales actos; (2) la tendencia de condenar, no porque se le crea culpable de la acusación presente, sino porque se ha escapado sin haber sido castigado por otros delitos; ambas de éstas representan el prin-cipio de prejuicio indebido (post sección 1904); (3) la injusticia de atacar a un acusado necesariamente impreparado para demostrar que la evidencia presentada es fabricada; esto representa el prin-cipio de la sorpresa injusta (post sección 1849) . . .
“Además, debe notarse, la exposición judicial de estas razones; demuestra la falacia de suponer, como algunos lo hacen, que el objeto-de la regla es meramente mostrar compasión al culpable, darle una. última oportunidad a su vida o libertad poniendo un obstáculo artificial al fiscal, inyectando en esta forma en las cortes de justicia las nociones del ‘sportmanship’. Por el contrario, el objeto es evitar-que una persona que no es culpable de la acusación que se le hace, sea impropiamente declarada culpable de ella. Si a pesar de esto se dice que constituye un espíritu de bondad hacia el culpable tra-tando de evitar que sea castigado ahora por lo que había hecho ante-riormente, la contestación es que eso no obstante estamos protegiendo a una persona que es teóricamente inocente de la acusación de que sea declarado abora culpable de un delito que cometió en el pasad* que él ignoraba sería presentado en su contra J el cual no tiene opor tunidad de demostrar que es falso.”

Véase además “Model Code of Evidence” del America] Law Institute, aprobado en mayo 15 de 1942, reglas 306 ? 311, y Stone, The Rule of Exclusion of Similar Fact Evidence, 46 Harv. L. Rev. 954.

Ann cuando sea extender innecesariamente esta opinión pasamos a citar algunos casos de naturaleza similar al d< autos en los que se lia aplicado la regla anteriormente ex-puesta.

En People v. Luce (Mich., 1920), 178 N. W. 54, se impute al acusado el haber realizado actos obscenos con una niña. Al declarar el acusado negó el hecho imputado y además dijo que nunca lo había realizado con ninguna otra persona. En el contrainterrogatorio el fiscal le preguntó si no lo había realizado con otra niña en cierta fecha y el acusado lo negó. En rebuttal el fiscal puso a declarar a la otra niña y se le permitió que declarara que el acusado había realizado actos ■obscenos con ella. La corte resolvió que si bien la repregunta era admisible por la forma en que había declarado el acu-sado, eso no justificaba el que se hubiera permitido declarar a la otra niña. La corte dijo:

“Eñ esta clase de casos el único testimonio usualmente producido es el de la perjudicada y el del acusado. Hechos tendentes a demos-trar la comisión de una ofensa similar con otra niña en otra ocasión, aunque restringida por la corte al hecho de la credibilidad, no pueden menos que prejuiciar al jurado e inconscientemente llevarlo a la conclusión de que el acusado tiene el hábito de realizar dichos actos con niñas pequeñas. La probabilidad es fuerte de que en esta forma perdería el beneficio de la duda razonable a que tiene derecho. ’ ’

En State v. Ruttberg (N. J., 1915), 93 Atl. 97, se trataba de un caso de fornicación en el que .^e alegó como error el haberse permitido al Estado repreguntar al acusado en cuanto a sus relaciones ilícitas con otra mujer, y habiéndolo negado, el permitir que dicha mujer fuera llamada como tes-igo para contradecirlo. La corte resolvió que era error per-nitir la repregunta pero como el acusado negó las relacio-íes el error no fné perjudicial; pero que el permitir que la >tra mujer declarara para contradecir al acusado fue un error nanifiestamente perjudicial y que era igualmente claro que ficho testimonio era incompetente.

En el caso de State v. Herson (N. H., 1930) 152 Atl. 276, se trataba de un caso de violación. El acusado también de-ilaró y en la repregunta negó baber cometido otro delito si-nilar con otra niña a la que s.e trajo en rebuttal a declarar rara contradecirlo. La corte resolvió que esta prueba era nadmisible y que fuá manifiestamente perjudicial pues el lecho de que el acusado hubiera negado la conducta anterior mputada no daba base para que el Estado trajera dicha prueba para desacreditarle o para ningún otro propósito. Resolvió además la corte que la declaración del acusado no labia puesto en controversia su buen carácter, y dijo: “Ade-nás, tal issue, de haberse presentado, -no podía impugnarse ion prueba de un acto específico”.

En el caso de People v. Nelson (Mich., 1924), 198 N. W. 935, se acusó de un delito de incesto cometido con una hija Y la corte permitió prueba, sin objeción del acusado, de que SI había realizado el mismo delito con una hijastra. En sus instrucciones al jurado la corte hizo constar que admitió ficha prueba con el fin de demostrar el carácter del acusado y que si era creída por el jurado podrían determinar en cuanto a la probabilidad de que hubiera cometido el otro de-lito con su propia hija. La corte resolvió que la admisión de dicha prueba y la instrucción al jurado en relación con la misma eran tan claramente erróneas que procedía la revoca-ción de la sentencia.

En el caso de State v. Williams, 103 Pac. 250, la Corte Suprema de Utah resolvió, según aparece del sumario, que: “En un proceso por violación, constituía error revocable el permitir al Estado en el contrainterrogatorio del acusado obligarle, con su objeción, a contestar preg’nntas que insinúa ban la idea de que él había permitido que otras niñas fuera: a su casa con el fin de que él pudiera violarlas.”

En Wentz v. State (Md., 1930), 150 Atl. 278, se trataba de un caso de Ince'sto cometido con una bija, y se resolvú que el baber admitido prueba de que el acusado bahía reali zado actos criminales con otra bija constituye error revoca ble. Aunque en este caso la declaración de la otra bija fu admitida como prueba directa del pueblo, el fiscal sostuv que era admisible para demostrar la disposición, pasión ; emociones del acusado, pero la corte resolvió que ni aun par; ese fin era admisible dicba prueba, y dijo:

“El testimonio de la otra hija, no como prueba de un delito inde pendiente, sino como prueba de la clase de hombre que era el padre y de que era capaz de cometer tal delito, pudo tener suficiente pes< para inclinar «la balanza en su contra. Que pudo tener tal efecto en vista de la opinión de esta corte de que no era admisible, lo hac un error revocable.”

Aplicando las autoridades citadas a los hechos del casi de autos, somos de opinión que la declaración de Juana Día: era inadmisible como prueba de la conducta o carácter de acusado. Dicha prueba perjudicó al acusado por el efeetc que indudablemente pudo tener en la mente del jurado, a considerar que si el acusado había ultrajado a otra bija de bía dar más crédito a la prueba del Pueblo que tendía a de mostrar la comisión del delito imputado en la acusación. E; obvio que dicba prueba pudo tener el efecto de destruir cual quier duda razonable en la mente del jurado. Es lamentabb que los esfuerzos repetidos del fiscal por inyectar indebida mente esta prueba inadmisible desde que inició su evidencia directa, tuvieran por fin éxito, pues la misma- no era necesa ria para que el jurado pudiera determinar la culpabilidad ( inocencia del acusado en cuanto al hecho específicamente im putado.

Por las razones expuestas, nos vemos obligados a resol>er que el noveno error fué cometido y que el mismo con-lleva la revocación de la sentencia y la devolución del caso vara la celebración de un nuevo juicio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Carlos F. Bahr, demandante y apelado, v. American Railroad Company of Puerto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8518.

    Sometido: Noviembre 18, 1942.

      Resuelto: Mayo 17, 1943.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; Losé Martin Betancourt y Luis A. Negrón López, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Carlos F. Bahr demandó a The American Railroad Company of Puerto Rico, en reclamación de la suma de $21,500 por daños y perjuicios que alegó haber sufrido al chocar coiH el automóvil de su propiedad que él mismo conducía, uno dfl los trenes de la corporación demandada.

Los hechos alegados por el demandante pueden resnmirs< así:

El día 19 de noviembre de 1934, el demandante apelado Carlos F. Bahr, guiaba su automóvil por la carretera insular de Lajas a Cabo Rojo. Al llegar al kilómetro 4, hm. £ de dicha carretera dobló hacia la izquierda para tomar ui camino que, cruzando la vía férrea en un paso a nivel, conduce a la finca “Firmeza”, donde residía en esa fecha. A] cruzar dicho paso a nivel, fué arrollado por la locomotora número 57, propiedad de la corporación demandada, que-dando averiado el automóvil del demandante y sufriendo éste lesiones graves.

Alegó el demandante que el accidente se debió exclusiva-mente a la negligencia del conductor de la demandada, quien actuaba como empleado de la misma, al no tocar pito o cam-pana al acercarse al paso a nivel, al conducir la locomotora a gran velocidad y no reducir la misma al aproximarse al sitio del accidente, y a no tener la demandada en dicho si-tio cadenas o portones. Alegó además el demandante, que la demandada incurrió en todas las omisiones señaladas, no obstante saber ella y sus empleados que el camino donde está el paso a nivel se destinaba a uso público y era continua-mente transitado por peatones y vehículos; que la visibili-dad en ese sitio estaba obstruida; y que el paso a nivel está establecido a corta distancia de una curva en la vía.

Negó la demandada en su contestación haber sido culpable de negligencia, alegando como defensa especial la negli-gencia contributoria del demandante como la causa próxima e inmediata del accidente.

Condenada a pagar al demandante'una indemnización de $9,100, más las costas y gastos y $500 en concepto de hono-rarios de abogado, la corporación demandada interpuso el (presente recurso, y para sostenerlo imputa a la corte inferior la comisión de once errores. Los tres primeros leen Basí:

■ “1. Al permitir con la oposición de la demandada que en el acto Ble la vista el demandante’ enmendara su demanda en el sentido de pie en vez de alegar que la demandada es una corporación creada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, lo es bajo las leyes del estado de Nueva York.
“2. Al declarar que la acción que ejercita el demandante no ha prescrito.
“3. Al negar la moción de la demandada solicitando que el demandante fuera examinado antes de la vista del caso y durante la vista -del caso por peritos médicos designados por la Corte.

Los dos primeros señalamientos pueden discutirse conjuntamente.

Al comenzar la vista del caso el demandante solicitó de la corte permiso para enmendar la demanda en el sentido de que en vez de alegar que la demandada, The American Railroad Company of Porto Rico, es una corporación creada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, lo era de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York. No se opuso la de-mandada a la enmienda y la corte la permitió.

Al comenzar la demandáda a ofrecer su prueba solicitó permiso para enmendar su contestación aduciendo como de-fensa especial la prescripción de la acción ejercitada por el demandante toda vez que “la acción contra la American Railroad Company of Puerto Rico, corporación organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, había sido comenzada a virtud de la enmienda de la demanda, con fecha 27 de septiembre de 1939, habiendo- transcurrido, por tanto, más de un año desde que el agraviado supo del daño y el comienzar (sic) el ejercicio de la acción contra la de-mandada.”

Alegó el demandante que la defensa especial de prescrip-ción había sido renunciada al mostrarse la demandada lista para el juicio, pues “cuando esto surge de la. acción, se alega por excepción previa y cuando no surge de la alegación sc alega por defensa de prescripción.”

Al resolver la cuestión aquí envuelta, el juez en su opi-nión se expresó en la forma siguiente:

“La enmienda, a nuestro juicio, no cambia ni altera la dicha causa de acción ejercitada y sólo se trata de un simple error al expre-sarse las leyes a que se amparó la demandada para su constitución lo que tampoco cambia ni altera las partes necesarias y únicas en este litigio.”

La defensa de prescripción fué desestimada.

La corte inferior no cometió error al permitir la enmienda ni tampoco al desestimar la alegada defensa de prescripción. En el párrafo primero de la demanda se describió errónea-mente a la parte demandada como “una corporación organi-zada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, y domiciliada en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico.” En el párrafo segundo se alegó— y en la contestación se admitió — que la demandada American Railroad Company of Puerto Rico ‘ ‘ es una corporación o empresa de servicio público que se dedica al transporte de carga y pasajeros por ferrocarril, teniendo establecido un servicio diario de trenes entre las ciudades de San Juan y Ponce ... y teniendo establecido un ramal ferroviario entre la estación de Filial Amor, en el término municipal de San G-ermán y el pueblo de Lajas, pasando por el poblado de Boquerón del término Municipal de Cabo Rojo, por donde transitan sus trenes.” La corporación emplazada y compareciente es la que opera y conduce los trenes que circulan por el cruce en donde ocurrió el choque con el au-tomóvil del demandante. Si esa corporación de servicio pú-blico fué organizada de acuerdo con las leyes de esta Isla o de conformidad con las de Nueva York o cualquier otro es-tado, es un hecho meramente descriptivo, que carece en ab-soluto de importancia y que en nada puede afectar la res-ponsabilidad que la ley impone a dicha corporación por los daños causados por la negligencia de sus empleados a cargo del manejo de sus trenes. El demandante no está obligado a alegar, como parte esencial de su causa de acción, el sitio de incorporación de la demandada. Sí debe alegar, para es-tablecer la capacidad legal de la demandada, que ésta es una corporación; y si esa alegación es controvertida, entonces está obligado a probar el hecho de la incorporación y como parte del mismo el sitio' y la fecha en que la corporación quedó constituida. En el caso de autos, la demandada y em-plazada, en el párrafo primero de su contestación, que en-vuelve un “negative 'pregnant”, admite el hecho esencial, el de su incorporación, y solamente controvierte el hecho no esencial, el del sitio de su incorporación.

Basta conocer los “issues” planteados por las alegacio-nes para comprender que la demandada no puede alegar ni sorpresa ni perjuicio con motivo de la enmienda permitida por la corte inferior. No hay en Puerto Rico más que una corporación llamada “The American Railroad Company of Puerto Rico”. Esa corporación, que existe por virtud de su incorporación bajo las leyes de Nueva York, es la que se dedica al servicio público de transporte de pasajeros y carga entre San Juan y Ponce y demás pueblos de la Isla; es ésa la corporación emplazada y la que compareció a defenderse, admitiendo ser dueña del tren que arrolló el automóvil del demandante e interponiendo defensas tendientes a exonerarla de responsabilidad. Véanse: Marston v. Tibbetts Mercantile Co., 110 Me. 533, 87 A. 220; Fildew v. Stockard, 256 Mich. 494, 239 N. W. 868; Riverside Irrigation Company v. Cadwell, 158 Pac. 644; Daly v. Blair, 183 Mich. 351, 150 N. W. 134; y First Nat. Bank v. Morganthaler, 219 Mich. 300, 189 N. W. 193.

La enmienda autorizada por la corte inferior y consen-tida por la demandada no implicaba un cambio de parte de-mandada y mucho menos un cambio en la causa de acción que se ejercitaba en la demanda. Prueba de ello es que el juicio continuó sin interrupción alguna entre las mismas par-tes que originalmente comparecieron, una a proseguir y la otra'a defender la acción.

Con anterioridad a la fecha del juicio, la demandada radicó una moción para que se ordenase el demandante fuese examinado físicamente por dos peritos médicos, antes de la vista.del caso-. La denegación de dicha moción es la base del tercer señalamiento.

En Aponte v. Corte de Distrito de Mayagüez, 38 D.P.R. 673, se levantó por primera vez ante esta Corte la cuestión sobre si una corte de distrito está facultada para ordenar a un demandante, en una acción por daños y perjuicios a su persona, que se someta a un examen físico facultativo con anterioridad al juicio. La orden expedida a ese efecto fué anulada.

Posteriormente, en Casellas v. American Railroad Company of P. R., 43 D.P.R. 166, este Tribunal reafirmó su de-cisión en el caso de Aponte. Las decisiones en ambos casos se basaron en la dictada por la Corte Suprema Federal en Union Pacific Railway Co. v. Botsford, 141 U. S. 250, negán-dose esta Corte a seguir el criterio de la Corte Suprema de California, expuesto en Johnston v. Southern Pacific Co., 150 Cal. 535, en el que al sostener la facultad de la corte para ordenar el examen físico del demandante, se dijo:

“Ésta es la primera vez que la cuestión viene ante nos para que la resolvamos, y debe entenderse que lo que aquí digamos es aplicable estrictamente a acciones civiles. . . . En pleitos civiles, cuando un demandante solicita un remedio afirmativo, la parte contraria puede obligarle a traer tal evidencia, aun hacerle testigo. En relación con el poder de la Corte para ordenar tal examen físico en casos apro-piados, el peso de las autoridades se inclina a favor de su existencia. ’ •'

La razón de la regla establecida en el caso de Botsford, supra, fué que las Cortes de Estados Unidos, a falta de es-tatuto, deben seguir el procedimiento de prueba según exis-tió en el derecho común. Empero, con posterioridad al caso de Botsford, en Camden etc. Ry. Co. v. Stetson, 177 U. S. 172 se resolvió que la práctica seguida en cada estado particular será la norma del procedimiento federal, y de acnerdo con esa nueva regla se .confirmó una orden de la Corte de Cir-cuito que decretó el examen físico del demandante. La Corte Suprema Federal, dándose cuenta de la necesidad de que exista esa facultad, al promulgar las nuevas Reglas de En-juiciamiento Civil, adoptó la 35(a) que autoriza el examen.

Con excepción de Illinois, Massachusetts, Texas y Montana, todas las jurisdicciones estatales se han pronunciado en favor de la existencia de la facultad inherente de la corte para ordenar el examen. Véase: 17 Am. Jur. §55, págs. 38 y 39. Nueva York formaba parte de esa minoría, pero cre-yendo en la necesidad y justicia de esa facultad, la creó por disposición estatutaria. La Corte Suprema de Georgia, en Richmond & D. R. Co. v. Childress, 82 Ga. 719, 9 S. E. 602, y la de California en Johnston v. Southern Pacific Co., supra, resolvieron. que si se necesitara autoridad estatutaria para poder ordenar el examen físico del demandante, esa autori-dad se encuentra en el Código de Enjuiciamiento Civil de California, art 128, subdiv. 5, que es el equivalente exacto del apartado 5 del artículo 7 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil (Ed. 1933), que lee así:

“5. Para dirigir en bien de la justicia, la conducta de sus fun-cionarios y de las demás personas que tuvieren algún interés en cualquier procedimiento judicial seguido ante ella, o actuación perte-neciente a dicho procedimiento.”

Nos inclinamos a convenir con la parte apelante y con las autoridades estatales que hemos citado, en que las cortes de distrito tienen y deben tener la facultad inherente y dis-crecional para decretar el examen físico facultativo de un demandante, especialmente cuando éste alega haber sufrido varias lesiones que le han producido ciertas incapacidades de carácter permante y que “se verá en lo sucesivo limitado de sus aptitudes pgRra el esfuerzo físico o mental durante toda la vida.” No nos parece justa la regla que permite a un demandante en acción de daños y perjuicios a su persona someterse al examen físico de sil cuerpo por médicos selec-cionados por él, para que declaren como peritos a su favor en el acto del juicio, y que niega al demandado el derecho a solicitar que se practique el examen del demandante por mé-dicos designados por la corte. Entre la posible o probable molestia que el examen pueda causar a la dignidad o pudor del demandante, al verse obligado a mostrar su cuerpo a mé-dicos extraños y el estado de indefensión en que se colocaría al demandado al dejarle enteramente a merced de todos los médicos amigos que el demandante tenga a bien elegir para que le examinen y declaren a su favor sin temor alguno de que se les pueda contradecir, la justicia no puede vacilar y debe decidirse en favor de -la igualdad de derechos y opor-tunidades para establecer la verdad, para ambas partes liti-gantes. Véanse: Wigmore, on Evidence (3a. Ed.) Vol. 8, secs. 2194, 2216 y 2220; Wanek v. City of Winona, 78 Minn. 98, 80 N. W. 851; City of South Bend v. Turner, 156 Ind. 418, 60 N. E. 271; y 17 C. J. 1052-1055, sec. 357.

No comprendemos en verdad qué objeción pueda tener un reclamante a someterse a un examen que ha de servir espe-cialmente para establecer la justicia y buena fe de su recla-mación. La razón más frecuentemente aducida en contra de que se ordene el examen — la inviolabilidad de la persona— ha sido descartada por las necesidades y exigencias de la vida moderna. Como dice el Profesor Wigmore en su ya citada obra: “En verdad, no existe la ‘inviolabilidad de la persona’ en ningún sentido absoluto; .y el recurrir a ella es simplemente falsa retórica.” Y en Schroeder v. Chicago, etc. & P. R. Co., 47 Ia. 375, al disentir esa misma cuestión la Corte Suprema de Iowa se expresó así:

“Se dice que el examen hubiese puesto su vida en peligro y Le hubiese sometido a dolores físicos e indignidad para su persona. La respuesta a esto es que no debería ser así; la corte debería haber tenido el cuidado de así ordenarlo . . . En cuanto a la indignidad a que un examen le hubiese sometido, según alega su abogado, eso es probablemente más imaginario que real. Un examen de la persona no es así considerado cuando se practica con el propósito de aplicar remedios; los que toman pólizas de seguro sobre sus vidas, los pen-sionados por incapacidad incurrida en el servicio militar de la patria, los soldados y marineros que ingresan en el Ejército y en la Marina, todos ellos son sometidos a rigurosos exámenes de sus cuerpos; y eso nunca es considerado como un deshonor o una indignidad . . .- Si para este propósito (para demostrar la naturaleza de las lesiones) el demandante puede exhibir sus lesiones, no vemos razón alguna para que no pueda, en un caso apropiado y bajo iguales circunstan-cias, ser requerido para que las exhiba con el mismo propósito a petición de la otra parte.”

Y en Lane v. Spokane etc. Ry. Co., 21 Wash. 119, 57 P. 367, en donde se sostuvo también la autoridad de la corte inferior para decretar el examen, se dijo:

“Se arguye que está en pugna con los principios de libertad el obligar a una parte a someterse a un examen; que invade la invio-labilidad de la persona, es una indignidad que envuelve un acome-timiento y un allanamiento, y una impertinencia a la cual no podría consentir ninguna mujer honesta. Las cortes no deben sacrificar la justicia a estas nociones de delicadeza, y el conocimiento de la verdad es esencial para la justicia. El que se haga justicia por las Cortes es de mucha mayor importancia que cualquiera mera consi-deración personal . .

En el caso de autos, la solicitud para el examen físico del demandante fue hecha a tiempo. Las lesiones que alegó el demandante había sufrido eran de tal naturaleza, que su im-portancia, extensión y duración no podían ser determinadas por la corte sin el testimonio de peritos médicos que después de examinar al demandante pudieran declarar sobre tales extremos. El demandante ofreció en evidencia y la corte admitió el testimonio de dos peritos, un radiólogo y un mé-dico cirujano, quienes declararon extensamente sobre las le-siones sufridas por el demandante. Debido a la resolución de la corte denegando el examen físico del demandante, el demandado se vió privado de su derecho a presentar eviden-cia pericial en cuanto a la importancia y naturaleza de las lesiones, quedando así el demandado a merced de los dos peritos seleccionados por el propio demandante, sin inter-vención o control alguno por parte de la corte.

El remedio más eficaz para evitar situaciones como la del presente caso sería, a nuestro juicio, la adopción por nues-tra Asamblea Legislativa del proyecto de ley sobre Testi-monio Pericial aprobado y recomendado por la Conferencia Nacional de Comisionados Sobre Legislación Estatal Uni-forme. El perito forense, seleccionado por y bajo el control de la corte es sin duda alguna el medio más efectivo para llegar al conocimiento de la verdad. Entretanto nos vemos obligados a resolver que la corte inferior erró al no decre-tar el examen físico del demandante.

Este tribunal, teniendo en cuenta el estado de la juris-prudencia sobre esta materia, al redactar las Reglas de En-' juiciamiento Civil para las Cortes de Puerto Rico, las cua-les empezarán a regir el primero de septiembre de 1943, in-cluyó entre las mismas la Regla 35 que confiere a las cortes la facultad discrecional de ordenar a una parte que se so-meta a un examen físico o mental por un médico, cuando la condición física o mental de dicha parte estuviere en contro-versia.

El caso de Aponte v. Corte, supra, y los casos subsi-guientes basados en el mismo, en cuanto sostienen que las cortes de distrito carecen de autoridad para ordenar el exa-men físico facultativo de un demandante en acción de daños y perjuicios, deben ser y quedan revocados. Véase, por la analogía que pueda tener con el de autos, el caso de El Pueblo v. Azpurú, 61 D.P.R. 252.

Siendo las razones expuestas suficientes para justificar la revocación de la sentencia recurrida, creemos innecesario discutir los demás señalamientos.

La sentencia debe ser revocada y el caso devuelto a la corte de su procedencia para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Presidente Sr. Del Toro está conforme con el resultado.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 256.
    Fulladosa, recurrente v. Comisión Industrial, dmdada; Fondo del Estado, recurrido.
    Nov. 3, 1942.
   Original. Recurso de Re-visión.

(Por la Corte, a prepuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, los hechos alegados en la petición en este recurso son al efecto de que Leonor Fulladosa es una maestra rural que trabaja en -el Municipio de Humacao; que el 22 de agosto de 1941 estaba Uo-viendo y al dirigirse ella a su escuela caminaba por una vereda que estaba resbalosa a consecuencia de la lluvia y ella se cayó al suelo y se fracturó un brazo; que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado declaró no compensable el accidente y ape ado el caso a la Comisión Industrial y celebrada la vista correspondiente, también se denegó la compensación y se declaró sin lugar una moción de recon-sideración ;

Por cuanto, la Comisión Industrial fundamentó en parte su reso-lución en esta forma:

“No puede negarse que cuando un profesor camina desde su casa hasta la escuela donde ejerce su ministerio, realiza un acto conectado con su servicio, pero no hay duda alguna de que accidentes sufridos en estas circunstancias son ries-gos a los que están expuestos todos y cada uno de los obreros y empleados, así como los miembros de la comunidad, y no puede decirse que procedan de.l trabajo y que sean consecuencia del mismo, porque al riesgo de resbalar en la calle, de ser atrapados por un camión, tranvía, etc., están expuestos todos los obreros y empleados así como el público en general.”

Por Cuanto, una situación ele hechos análogos a los del caso de autos surgió en el de Pérez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 960, en el que se confirmó en un per curiam la resolución de la Comisión dene-gando compensación a otra maestra de instrucción pública y se resol-vió lo siguiente:

“Por cuanto, estamos enteramente conformes en que la doctrina más razo-nable en casos como el presente es aquélla que caracteriza estos accidentes como provenientes de los riesgos propios de la calle a los que está expuesta toda !a comunidad;
“Por cuanto, el accidente no surgió de ninguna función o acto inherente al trabajo de maestra o prefesora de educación;
“Por cuanto, vista la jurisprudencia sentada en: Gullo v. American Lead Pencil Co., 193 A. 804, 118 N. J. Law 445; Morgan v. Industrial Comm. of Utah, 66 P. (2d) 144; Grady v. Nevins Church Press Co., 189 A. 668, 15 N. J. Misc. 190; Hopkins v. Michigan Sugar Co., 184 Mich. 87, 150 N. W. 325; Wimmer v. Upper Saucon Tp. School District, 176 A. 840, 116 Pa. Super. 553; De Constantin v. Public Service Comm., 75 W. Va. 32, 83 S. E. 88, y muchos otros casos que sostienen la doctrina ya expresada;”

Por tanto, por las razones expuestas, no ha lugar a la petición en este caso.


text:
    Núm. 1345.
    Núm. 1349.
    Núm. 1351.
    Pérez, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Rafucci, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Pérez, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Abarca, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Seoane, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Sotelo, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado.

      Nov. 9, 1942.
   Original. Certiorari.

Núm. 1352.

Núm. 1375.

Núm. 1376.

Examinados las solicitudes y los expedientes en estos casos y oídas las partes, siendo las cuestiones envueltas en los mismos iguales sus-tancialmente a las del certiorari número 1332, Manuel Pérez Pérez v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, decidido en él día de hoy (ante, pág. 33) por los motivos consignados en la opinión en que dicha decisión se basa, se revocan las decisiones del Tribunal de Ape-lación de Contribuciones recurridas y se devuelven los casos al dicho tribunal para ulteriores procedimientqs no inconsistentes con la opi-nión de esta Corte en el caso de Ballestar v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 768.


text:
    Núm. 1319.
    Núm. 1322.
    Núm. 1358.
    Núm. 1359.
    Núm. 1372.
    Fas, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Esteva, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Bibiloni, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Blanco, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado. Bustelo, peticionario v. Tribunal de Contribuciones, dmdado.
    Nov. 9, 1942.
   Original. Certiorari.

Examinados las solicitudes y los expedientes en estos casos y oídas las partes, siendo las cuestiones envueltas en el mismo iguales sustan-cialmente a las del certiorari número 1307, Julia Blanco Géigel v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 23 decidido en el día de hoy, por los motivos consignados en la opinión 'que sirve de base a la indicada decisión, se declara no haber lugar a decretar la devolución de la contribución solicitada y sé ordena la remisión del expedienté al Tribunal de Apelación de Contribuciones.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)¡

text:
    Núm. 1.
    In re Calazáns, querellado.
    Dic. 14, 1942.
   Original. Queja.

(Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)¡

Examinadas la querella y la evidencia aportada por el querellante y por el querellado y practicada ante el fiscal de esta Corte, no siendo dicha evidencia suficiente para sostener las imputaciones que la que-relia contiene, vistos los informes del fiscal de septiembre 15, 1942 ; noviembre 30, 1942, recomendando la desestimación de la querella ) la exoneración del querellado, se declara sin lugar la querella presen tada por Fabriciano Cartagena Hernández contra el abogado José Ca lazáns Rivera Morales y se le exonera de los cargos que se le imputar en la misma.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 4.
    Pueblo, querellante, v. South P. R. Sugar Co. of New Jersey, Etc., dmdadas.
    Dic. 15, 1942
   Original Quo Warranto.

(Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Vista la sentencia por consentimiento sometida a esta Corte en ■diciembre 3 de 1942 por los abogados de las partes en este procedi-miento, la cual dice así:

“Consent Decree
The People of Puerto Eieo filed its petition herein on November, 1938, and defendants having appeared by counsel, The People of Puerto Eico, by the Attorney General and associated counsel have moved the Court for a judgment, defendants consenting to the entry of this Decree without contest.
Wherefore it is ordered, adjudged and decreed as follows:
1. Defendant South Porto Eico Sugar Company (of New Jersey) shall hereinafter be referred to as ‘the New Jersey corporation’. Defendant South Porto Eico Sugar Company (of Puerto Eico) shall hereinafter be referred to as ‘the domestic corporation’. And defendant Eussell & Company, Suers., shall hereinafter be referred to as ‘the defendant partnership’. That the court has jurisdiction of this proceeding and of all parties hereto and that the information states a cause of action against defendants under (1) Section 3 of the Joint Eesolution of the Congi-ess of the United States approved May 1, 1900 (48 USCA 752); (2) under Section 4 of the law referring to private corporations enacted by the Legislature of Puerto Eico on March 9, 1911; and (3) under Law No. 47 approved by the Legislature of Puerto Eico on August 7, 1935. By consenting to the entry of this Decree none of the defendants admits, save for purposes of this Decree only, any allegations, statement of fact or conclusion of law contained in the petition herein.
2. That the defendant partnership shall divest itself of all the lands and other properties it now owns (except the properties listed in Exhibit A attached hereto, which are reserved by the defendant partnership to be sold or otherwise disposed of to persons or entities other than the Land Authority of Puerto Eieo) by selling the said lands under the terms below, together with the plantings thereon, as determined in Section 3 of this decree, betterments, buildings, fences and constructions of all kinds, agricultural and farming equipment, live stock, irrigation systems, pumping stations, transmission lines and other property and property rights, real and personal of every kind, as a unit (but not including cash, receivables or other intangibles), to the Land Authority of Puerto Eieo, established by Section 2 of Act 26 approved by the Legislature of Puerto Eico on April 12, 1941. All of the said property and property rights shall be sold by the defendant partnership to the Land Authority, as aforesaid, free of any ens and encumbrances, excepting existing easements, licenses, rights of way and neumbrances of similar character and excepting encumbrances of record other ían mortgages.
The Land Authority, under the powers conferred upon it by the above lentioned law, shall, subject to the next succeeding paragraph of this Paragraph umbered 2, pay to the defendant partnership, in cash, an amount equal to the lir value of the lands, plantations, betterments, buildings, fences and construe-.ons of all hinds, agricultural and farming equipment, irrigation system, live-;oek, pumping stations, power transmission lines, and all other property and roperty rights of every kind whatsoever, to be sold, and conveyed hereunder ) the Land Authority by the defendant partnership, and the said fair value íall be fixed and determined upon jointly by the Land Authority and the de-mdant partnership, after due appraisal within six months after the notice of eetion below specified shall have been given. With respeet, however, to such areel or parcels of land and such item or items of other property as to the lir value of which the Land Authority and the defendant partnership shall fail > reach an agreement within the aforesaid period, the fair value thereof shall, ithin a period commencing six months after the notice of election below pecified shall have been given and ending twelve months after the giving of ich notice, be fixed and determined "by two appraisers, one to be appointed by íe Land Authority and the other to be appointed by the defendant partnership, nd their determination shall be final and binding upon .the parties. Each party íall pay the compensation of the appraiser appointed by him. With respeet ) snch parcel or parcels of land and sncli item or items of other property the lir value of which has not been fixed and determined during the above men-oned periods either by agreement between the Land Authority and the defend-at partnership, or by determination of the appraisers appointed as aforesaid, ich fair value'shall be fixed and determined by this Supreme Court of Puerto ieo as an incident or part of this proceeding or case, in accordance with the revisions of Section 6 of an Act entitled 'An Act Establishing Quo Warranto roeeedings’, approved March 1, 1902, as amended by Act No. 47 of the Leg-lature of Puerto Pico approved August 7, 1935, and after receiving evidence rem the parties in respeet thereof.
Anything hereinabove to the contrary notwithstanding, it is further ordered, ljudged and decreed that with respeet to all parcels of land now under irriga-on, the fair value of such lands shall be estimated taking into consideration íe value increment due to the fact that said lands have water rights appurte-ant or are now receiving the benefits of irrigation.
The purchase price of the property to be sold determined as aforesaid shall 3 paid in cash by the Land Authority to the defendant partnership, upon the issing of title.
The Land Authority shall have the right to purchase all (but not part) of ie. above mentioned properties for the just value thereof determined as aforesaid ithin a period of not to exceed three years from the date of this Decree, or ithin such additional time as the parties may agree upon during which time the ,nds shall not be sold or encumbered by the defendant partnership to any other irson or entity; provided, however, that during said time the defendant part-3rship may constitute crop liens on the standing cane and on the products thereof >r the purpose of raising and borrowing such sums of money as may from time to time be necessary for tlie proper cultivation and exploitation of tlie lands, an for such purposes said defendant may give crop liens as security for such loan It is understood, however, that nothing herein contained shall relieve the defeni ant partnership from the obligation incurred under the terms of this Decree 1 sell, free and clear from all encumbrances, except as hereinbefore set out, all c the property to be sold to the said Land Authority as provided in this Deeree.
The Land Authority shall exercise its rights to purchase by first givir notice in writing of its election so to do addressed to the defendant partnershi and delivered to a General Partner of defendant partnership, or to its attorney Hartzell, Kelley & Hartzell, in San Juan, Puerto Kico, or to such other attorm or attorneys as the defendant partnership may designate by giving written noti of such designation to the Land Authority, and upon the giving of such noti the said Land Authority shall be obligated to purchase the aforesaid lands ar equipment at the price which shall be thereafter fixed in the manner abc provided. Title shall be transferred and the parchase price paid within s months after the determination of the price as aforesaid whether or not the e piration of said six months’ period is prior to tlie expiration of the aforesai three-year period.
The quotas under the Agricultural Adjustment Act pertaining to Agricu tural lands owned and leased by the domestic corporation and by the defendai partnership, insofar as the regulations of the Agricultural Adjustment Admini tration or its successor agency permit, shall pass to the Land Authority, i successors and assigns, with the exception of a quota for six hundred (60C tons of sugar which shall be retained by the domestic corporation for tl benefit of any agricultural lands retained for experimental or other purpos( by the said domestic corporation as 'herein provided.
3. That the cane plantings which may be growing on the lands to be sol and conveyed by the defendant partnership to tlie Land Authority at the tin of conveyance shall be purchased by the Land Authority for an amount equ: to their fair value determined as aforesaid, provided that if title is to 1 passed between June 1st and November 30th, the Land Authority shall pa to the defendant partnership the actual cost of planting, irrigating, fertilizin. cultivation, etc., corresponding to the cane under cultivation for the succsedin two crops and for all existing ratoons on the land which may be economical cultivated; if title is to be passed between December 1st and May 31st, tl defendant partnership may harvest the then current crop of cane for its o\v account and sell the same to any factory and retain all proceeds thereof, fielt as harvested to be turned over to the Land Authority and the Land Authorit shall pay the defendant partnership its actual cost of planting, irrigation, fe tilizing, cultivation, etc., corresponding- to the can-e under cultivation for tl next succeeding crop, and for all ratoons on the land, which may be economical! cultivated.
1. The defendant partnership shall not from the date of this Decree, tal any lands under lease nor renew nor extend any existing leases, -either b exercising an option or otherwise. At the time title to the lands of the de£en< ant partnership is passed to the Land Authority, the latter shall have the rigl to take over all the then existing leases according to the terms thereof, assumin all obligations under the same. Subject in each ease to the provisions of tli lease, the Land Authority at the lime of acquiring any lease-hold interest c ■he defendant partnership shall purchase the cane plantings and compensate the ■lefendant partnership for the cost of planting, irrigation, fertilizing, cultivation, H;te., and for ratoons to the extent and upon the terms and in the manner Het forth in paragraph 3 hereof, with regard to lands sold and conveyed to Hhe Land Authority. Any lease not taken over by the Land Authority shall oe disposed of by the defendant'partnership within one year from the transfer rf the properties described in paragraph 2 hereof by the defendant partnership io the Land Authority.
5. The defendant partnership and its partners, agents _and employees shall from the date hereof until the properties above mentioned have all been disposed of pursuant to the provisions of this Decree have the right to undertake and continuo in any and all agricultural activities as it or they may deem proper and convenient in connection with such lands, subject to no restrictions or limitations otlief than those specified in this Decree.
6. The domestic corporation shall have the right to continue to operate and maintain as heretofore its sugar factory, railroads, telephone system, wharf, electric transmission lines, water lines and pipe lines including the right • to take water through such water and pipe lines as now exercised, water system (including rights of way for same) for industrial purposes and other facilities necessary or convenient for the operation of its sugar factory; and also present rights of way for the passage of railroad tracks through and over the lands to be sold to the Land Authority by the defendant - partnership, and shall also have the right to the use and enjoyment of such additional rights of way and easements as may be agreed upon by both the domestic corporation and the Land Authority of Puerto Kieo.
The domestic corporation shall limit its operation to the grinding of sugar cane and the manufacture, refining and sale of sugar and by-products and derivatives therefrom and other non-agrieultural pursuits, and shall abstain from any agricultural activities in the future except as may be permitted by law.
7. Unless sooner terminated and disposed of as provided in Paragraph XI herein, this suit and all proceedings thereunder shall be suspended for a period of three years from the date of entry of this Decree. Should the Land Authority not elect to purchase the properties hereinbefore mentioned within a period of three years from the date of this Decree, or within such extension or extensions as may be made, then from and after the expiration of said period or any extension of said period all of the obligations under this Decree shall cease and terminate, and all of the parties to these proceedings shall be returned to the same position that they were in prior to the entry of this Decree, and these proceedings shall continue, as if this Decree had never been entered, without prejudice to any of the parties.
8. That the Land Authority, so far as it may legally do so, shall impose upon itself and all future owners or lessees of said lands the obligation and duty of grinding all sugar cane grown and cultivated thereon at the factory now operated by the domestic corporation or by its successors and assigns; and said domestic corporation, its successors and assigns, shall be obligated to grind such cane, it being understood, however, that nothing herein contained shall be construed as imposing upon the Land Authority, or future owners and lessees of the land, the obligation of delivering for grinding canes under an unproductive or confiscatory basis or of imposing upon the domestic corporation, its successors or assigns, the obligation to grind canes under an unproduetivi or confiscatory basis. It is further understood that nothing herein eontainec shall be construed as obligating the Land Authority, its successors or assigns to grow cane on the lands which may be sold hereunder or as obligating the domestic corporation, its successors and assigns to continue in the business oí manufacturing sugar.
Nothing herein contained shall be intended to imply that the Land Authority, its successors or assigns, may not arrange to grind any part of cane grown on the aforesaid lands at another central, provided that arrangements are made with the domestic corporation whereby an equal amount of cane from outside sources is supplied to the said domestic corporation for grinding under circumstances as to haul and other conditions which shall not be more burden-H some to the domestic corporation than those existing with respect to the caneH so transferred to such other central. The provision of this paragraph shall notH be interpreted as intending to prevent the Land Authority or any governmental H agency from requiring the domestic corporation to comply with any valid H legislation with respect to zoning, and in such case the Land Authority, itsH purchasers or lessees, shall not be obligated to grind at the central now operated H by the domestic corporation the canes planted on lands which may be assigned I to another , central in accordance with such zoning law, and in such case the Land Authority, or its purchasers or lessees, shall not answer to the domestic corporation for any damages incurred by reason of not grinding the cane grown on lands assigned to other centrals in accordance with said mill zoning law. All stipulations on this paragraph contained are subject to any valid legislation present or future covering- the matters herein referred to.
9. The notice of lis pendens now pending against defendants’ lands in the Registry of Property shall be cancelled if and when the defendant partnership sells and disposes of its lands as aforesaid.
10. That no fines, costs or attorney’s fees shall be imposed upon or paid by any defendant herein.
11. If and when all the lands and other properties of the defendant partnership described in paragraph 2 of this Decree are sold and transferred to the Land Authority as therein provided, this suit and all controversies and issues involved therein shall be deemed to be finally disposed of by this Consent Decree and this suit will then be deemed ended. Until such time, _ jurisdiction of this cause is retained by this Court for the purpose of making such other and further orders, consistently with this Decree, as may become necessary.
12. Nothing in this Decree contained shall be deemed to prohibit the transfer by the defendant partnership of the properties listed in Exhibit A to any person or entity whatsoever, including the domestic corporation, but not in violation of law.
13. Consent to the entry of this Decree by the Land Authority shall render all applicable provisions thereof binding upon it, and it shall receive the benefit of all applicable provisions thereof, both to the same extent and in the same manner as if it were an original party to the suit.
14. Nothing herein shall be deemed to prohibit the operation, or liquidation, of any defendant hereto in accordance with law; this provision not being-intended to sanction any violation of the provisions of the Organic Act of Puerto Rico, the Private Corporation Act of Puerto Rico or of the Land Law if Puerto Rico.
15. There must be attached to this Consent Decree as part hereof—
(A) A certified copy of a proper resolution duly approved by the Land Authority of Puerto Rico accepting this Decree;
(B) A certified copy of resolutions duly approved by the directors and partners, respectively, of the New Jersey corporation, the domestic corporation, md the defendant partnership accepting- in full the terms of this Decree.
Entry consented to by The People of Puerto Rico this 13 day of November, L942.
(Sgd.) 3VI. Rodriguez Ramos, Acting Attorney General of Puerto Rico.
(Sgd.) M. Guerra Mondragón, Special Assistant.
Entry consented to by the Land Authority of Puerto Rico, this 13 day of November, 1942.
The Land Authority of Puerto Rico. By (sgd.) José Acosta Velarde.
Entry consented to by defendants South Porto Rico Sugar Go. of New Jersey, South Porto Rico Sugar Co. of Puerto Rico and Russell & Co., Suers., this 13 day of November, 1942.
Hartzell, Selley & Hartzell.
By (Sgd.) G. R. Hartzell, Attorneys for Russell & Co., Suers.
James R. Beverley, Ryder Patten (sgd.),
Attorneys for South Porto Rico Sugar Co. of New Jersey.
Ryder Patten,
James R. Beverley,
R. Castro Hernández (Sgd.),
Attorneys for South Porto Rico Sugar Co. of Puerto Rico.
(Sgd.) Oscar B. Erazer, Vice President.
(Sgd.) James R. Beverley, Vice President.
After signing the above stipulations, the parties have agreed to insert at the end of paragraph 2 of clause 2, page 3 hereof, the following:
Provided, that the appraisal that may be arrived at by the parties hereto shall be submitted in every case, whether an agreement as to value has been reached or not by the said parties, to the final approval of the Supreme Court of Puerto Rico.
Hartzell, Kelley & Hartzell.
By (sgd.) O. B. Hartzell, Attorneys for Bussell & Co. Suers.
James B. Beverley, Byder Patten,
By (sgd.) James B. Beverley, Attorney for South Porto Bico Sugar Co. of New Jersey.
(Sgd.) M. Bodríguez Bamos, Acting Attorney General of Puerto Bico.
(Sgd.) Miguel Guerra Mondragón, Special Assistant.
Byder Patten,
James B. Beverley,
B. Castro Fernández,
By (sgd.) James B. Beverley, Attorneys for South Porto Bico Sugar Co. of Puerto Bico.”

Poe CUANTO se ban acompañado al “Consent Decree” arriba trans-crito los siguientes documentos:

1. Exhibit A: Belación de las propiedades pertenecientes a Bussell & Co., Suers., de las cuales puede diaponer libremente dicha sociedad;
2. Copia certificada de la resolución aprobada por la Autoridad de Tierras de Puerto Bico, aceptando dicho “Consent Decree”;
3. Copia certificada de la resolución aprobada por los directores y socios de South Porto Bico Sugar Co. of New Jersey, aceptando dicho “Consent Deeree”;
4. Copia certificada de la resolución aprobada por los directores y socios de South Porto Bico Sugar Co. of Puerto Bico, aceptando dicho “Consent Decree”;
5. Original de una carta dirigida por los socios generales y apoderados de Bussell & Co., Suers., a los abogados Hartzell, Kelley & Hartzell, autorizándoles a firmar dicho “Consent Decree”.

POR tanto, vista la anterior estipulación, la Corte la aprueba y dicta sentencia de conformidad con la misma.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., dmdada.
    Dic. 23, 1942.
   Original. Quo Warranto.

Por sentencia final de esta Corte fechada julio 30 de 1938, con-firmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (309 U. S. 543), fué ordenada la cancelación de la licencia de la demandada, sus cláusulas de incorporación y como consecuencia de ello se ordenó su disolución y liquidación.

En julio 26 de 1940, Jaime Annexy fué nombrado Receiver de todas las propiedades y negocios de la demandada con plenos poderes para continuar las operaciones agrícolas y la molienda de toda la caña de la demandada en su factoría conocida por Central San Vicente, hasta la fecha en que sus propiedades fueran liquidadas mediante ulterior orden de esta Corte. La demandada apeló de esta orden, y des-pués de procedimientos de Certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la orden de esta Corte fué confirmada con fecha marzo 16 de 1942. El Receiver Jaime Annexy recibió posesión de todas las propiedades de la demandada por orden de esta Corte, y en junio 4 de 1942 después de radicar la fianza de Receiver y ser la misma aprobada por la Corte entró en el desempeño de sus deberes y en la actualidad está operando todas las propiedades azucareras de la demandada Rubert Hermanos Inc. y la Central azucarera conocida por Central San Vicente.

Con anterioridad a la toma de posesión del Receiver nombrado las propiedades de Rubert Hermanos Inc. estuvieron operadas por una sociedad que se formó con el propósito de reorganizar a la disuelta corporación, conocida por González Hermanos Martínez & Co. S. en C. a cuya entidad la corporación había trasmitido todos sus terrenos azucareros, su factoría y otra propiedad real y personal conjunta-mente con su activo y pasivo. Este traspaso debe considerarse nulo y sin efecto alguno según fué. determinado por esta Corte en su orden final sobre nombramiento de receiver fechada julio 26 de 1940 (57 D.P.R. 958d).

Aparece que durante las zafras de 1940-41 y 1941-42 la cuota azucarera perteneciente a las tierras cañeras de Rubert Hrmanos Inc. fué cedida y transferida por la Agricultural Adjustment Administration a solicitud de la mencionada sociedad a favor de González Her-manos Martínez & Co. S. en C. en cuyo nombre está actualmente, y que está pendiente de cobro al presente la cantidad de $165,848.78 procedente de la zafra 1941-42 que pertenece a la Sindicatura de la demandada ante esta Corte.

Se ha radicado una petición ante esta Corte por el Síndico, con la conformidad y aprobación del Attorney General de Puerto Rico como abogado del querellante; por los abogados de la demandada; por los representantes autorizados de todos los accionistas de Rubert Her-manos Inc. y por todos los socios y personas con interés en la firma González Hermanos Martínez & Co. S. en C., en la cual solicitan de esta Corte que Jaime Annexy sea designado Trastee de Rubert Her-manos Inc. con el fin de obtener los pagos condicionales o de beneficio de la Agricultural Adjustment Administration por la zafra de 1941-42 y zafras sucesivas, así como también autorizándole para que obtenga el traspaso de la cuota azucarera de todos los terrenos cañeros pertenecientes a la demandada que actualmente aparecen a nombre de la sociedad por la zafra correspondiente al año 1942-43 y zafras sucesivas; y considerando altamente beneficioso para la administración de los bienes bajo Sindicatura y bajo las órdenes de esta Corte que esta situación se clarifique y solucione, y habiendo concurrido en su petición y solicitud a esta Corte todas las partes interesadas, y corres-pondiendo a esta $orte verificar el nombramiento de un Trustee para que quede encargado del cobro de todas las sumas de dinero que corres-pondan a la demandada y todo otro pago futuro bajo la Ley Azu-carera de 1937 sobre todos los terrenos cañeros que fueron transfe-ridos a la sociedad y por ésta entregados al Síndico y actualmente en su poder bajo la custodia y administración de esta Corte, por la presente se ORDENA y DECRETA:

Que Jaime Annexy, mayor de edad, casado, ingeniero civil, ciu-dadano de los Estados Unidos de América y residente en San Juan, Puerto Rico, persona adecuada y debidamente capacitada y cualificada para ello, por la presente se nombra y constituye como Trustee para beneficio de la demandada Rubert Hermanos Ine. para que a su nom-bre y en su representación otorgue y ejecute todas las solicitudes de pago que sean necesarias y cualquier otro documento -en apoyo de las mismas, incluyendo nóminas de labores, en relación con la Ley Azu-carera de 1937 y enmiendas a la misma y con respecto a la zafra de 1941-42 y años subsiguientes que se relacionen con todos los terrenos agrícolas en Puerto Rico de la propiedad u operados o controlados por González Hermanos Martínez & Co. S. en C. y que anteriormente aparecían a nombre de Rubert Hermanos Inc., son de esta corpora-ción y actualmente están bajo la posesión y control de Jaime Annexy como Receiver de esta Corte. Dicho Trastee queda plenamente facul-tado para obtener de la Agricultural Adjustment Administration, bien separadamente o en unión y acuerdo con dicha González Her-manos Martínez & Co. S. en C. que la cuota azucarera y los pagos condicionales sobre la misma para la próxima zafra de 1942-43 y años sucesivos hasta ulterior orden de' esta Corte, sobre todos los terrenos, azucareros pertenecientes a la corporación demandada pero que anteriormente aparecían a nombre de la sociedad, se transfieran a Rubert Hermanos Inc. concediendo el Trastee señor Annexy plenos poderes para firmar todos los documentos, solicitudes u otros instru-mentos requeridos o necesarios para efectuar tal cambio y transfe-rencia de cuota y derecho a los pagos de beneficios o pagos condicio-nales a dicha corporación o a él como Trastee nombrado por esta orden para dichos propósitos y para cualesquiera otros que auarezcan de la presente orden.

El Trustee designado en esta orden tendrá plenos poderes y autoridad para obtener que el cheque o cheques para el pago de la suma de $165,848.75 devengada por la zafra de 1941-42 sea extendido a favor de dicho Trustee con el fin de distribuir su producto a/o para beneficio de Rubert Hermanos Inc. bajo ulteriores órdenes de esta Corte y de acuerdo con la obligación fideicomisaria; y en general ten-drá poderes para hacer y ejecutar todos o cualesquiera actos necesarios en relación con cada solicitud de pago tan plena y efectivamente como los tendría Rubert Hermanos Inc. de actuar personalmente; y todos los actos ejecutados por el Trustee anteriormente nombrado en rela-ción con las solicitudes de pago se ratifican y confirman por la pre-sente. El pago al Trustee designado por esta orden constituirá un relevo y descargo absoluto al Secretario de Agricultura de los Esta-dos Unidos y a los Estados Unidos de América y a cualquiera y todos los oficiales del mismo o que actúen bajo sus órdenes, de cual-quiera y todas las reclamaciones que puedan surgir en relación con los documentos otorgados o que pueda otorgar el Trustee designado.-Además, ni los Estados Unidos de América, ni el Secretario de Agri-cultura de los Estados Unidos, o cualquier, otro oficial de los Estados Unidos estará bajo ninguna obligación de velar por la distribución de cualquier pago que se verifique a dicho Trustee. Los poderes conferi-dos a favor del Trustee designado serán efectivos e irrevocables tan pronto radique eon la Agricultural Adjustment Administration, Ofi-cina de San Juan, Puerto Rico, una copia certificada de esta orden; y ninguna revocación o modificación de los poderes aquí conferidos al Trastee será efectiva hasta tanto dicha revocación o modificación se realice por orden escrita de esta Corte y copia certificada de la misma sea radicada con dicha oficina, y entonces sólo con efecto prospectivo, quedando todo acto o actuación realizada anteriormente por dicha Agricultural Adjustment Administration con plena fuerza, vigor y efecto sin que sea afectada per la orden de revocación o modificación. El Trastee señor Annexy retendrá cualquier o todos los productos de todo o cualquier pago recibido o cobrado por él bajo la autoridad de esta orden para beneficio de Rubert Hermanos Inc. sujeto a las órdenes de esta Corte.


text:
    Núm. 27.
    J. L. Wiewall & Co., promovente v. Quiñones, Juez Municipal, et al. dmdados.
    Enero 25, 1943.
   Original. Injunction para hacer efec-tiva la jurisdicción de este Tribunal.

PoR cuanto, con fecha 22 de enero, 1943, la promovente radicó ante este Tribunal una solicitud de injunction en la que alega bajo juramento lo siguiente:

Que en septiembre 9, 1942, Deogracias Alvarez Cintrón radicó en la Corte Municipal de Bayamón un pleito contra la promovente, por reclamación de salarios;

Que en septiembre 11, 1942, la Corte Municipal de Bayamón de-claró .sin lugar las excepciones previas y cuestiones de derecho sus-citadas por la promovente una de las cuales es la falta de jurisdicción, señalando la vista en su fondo para el día 17 de septiembre de 1942;

Que en septiembre 15, 1942, la promovente radicó un auto inhi-bitorio en la Corte de Distrito de Bayamón alegando que la Corte Municipal de Bayamón no tiene jurisdicción para conocer de dicho pleito de reclamación de salarios ya que la reclamación es por más de $500, que es el límite estatutario de conformidad con la sección 4 de la Ley de marzo 10, 1904 (pág. 95).

Que con fecha enero 16, 1943, la Corte de Distrito de Bayamón declaró sin lugar la petición de auto inhibitorio radicada por la pro-movente ;

Que el día 21 de enero, 1943, la promovente apeló de dicha reso-lución para ante este Tribunal Supremo, habiendo preparado ya la transcripción de autos e intenta solicitar un'señalamiento especial, en vista de la importancia de la cuestión aquí envuelta y de los innume-rables casos pendientes en la actualidad ante las cortes municipales que dependen de dicha apelación;

Que toda vez que dicha apelación no causa la paralización de los procedimientos en el caso que pende ante la Corte Municipal de Bayamón y que para que la apelación de la resolución denegando el auto inhibitorio no resulte académica es de imperiosa necesidad que este Tribunal expida un injunction para hacer efectiva su jurisdic-ción en el recurso de apelación entablado contra dicha resolución ne-gando el auto inhibitorio;

PoR tanto,.visto el artículo 676 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y los casos de Santaella v. Garrido, 50 D.P.R. 147 y Rivera v. Tugwell, 59 D.P.R. 841, este Tribunal, en ayuda de su jurisdicción apelativa, ordena a José N. Quiñones, Juez de la Corte Municipal de Bayamón, P. R., que, hasta nueva orden de este Tribunal, se abstenga por sí o por medio de su sucesor en el cargo, o sus agentes o personas bajo su intervención, de continuar la trami-tación del caso civil número 830 de la Corte Municipal de Bayamón, P. R. hasta tanto se resuelva la apelación establecida por la promo-vente J. L. Wiewal] & Co., S. en C. en el caso civil sobre auto inhibi-torio núm. 2595 de la Corte de Distrito de Bayamón, P. R.; todo ello previa prestación por la promovente de una fianza por la suma de $500 para responder de los daños y perjuicios que los demandados puedan sufrir por la demora causada en el referido recurso de recia-mación de salarios por el recurso de auto inhibitorio antes dicho, si en definitiva dichos casos de auto inhibitorio y de reclamación de sa-larios fueren resueltos en contra de la promo vente.


text:
    Núm. 9.
    Guerrero, querellante, v. Tribunal de Contribuciones, et als., querellados.
    Marzo 9, 1943.
   Original. Desacato.

Por cuanto, en el caso seguido por Diego Guerrero Noble contra el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Eico, (civil núm. 369, 60 D.P.R. 241) este Tribunal, con fecha 14 de abril de 1942, dictó un auto perentorio de mandamus dirigido contra el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Eico y contra cada uno de sus miembros, que entonces lo eran los Sres. Emilio de Aldrey, Presidente, y Juan Enrique Soltero, Ulpiano E. Colom y Julio N. Matos, Miembros Asociados, ordenándoles que admitiesen a postular ante dicho Tribunal de Apelación de Contribuciones al demandante Diego Guerrero Noble, en su carácter de abogado legalmente admitido al ejercicio de su profesión en esta Isla, todo ello sin que el compare-ciente viniese obligado a cumplir con los requisitos determinados en la número 2 de las Eeglas de Práctica de dicho Tribunal;

Por cuanto, el referido demandante, con fecha 1ro. ele febrero de 1943, presentó la querella en este caso contra los Sres. Eafael Ar-jona Siaca, Presidente, y Antonio Eomero, Juan Enrique Soltero, Ulpiano E. Colom y Julio N. Matos, Miembros Asociados, que com-ponían el Tribunal de Apelación de Contribuciones a la fecha en que se radicó dicha querella, imputándoles haberse negado voluntaria-mente y sin justificación alguna a cumplir lo ordenádoles en el refe-rido auto de mandamus;.

Por cuanto, vista la querella, este Tribunal, con fecha 3 de fe-brero de 1943, expidió una orden dirigida a los querellados para que compareciesen el 8 de febrero de 1943, a las dos de la tarde, a exponer las razones que tuvieren.para no ser castigados por el desacato impu-tádoles;

Por Cuanto, en la fecha señalada comparecieron las partes, pre-sentaron ,sus pruebas y sometieron el caso por medio de alegatos;

Por cuanto, apreciada la prueba entendemos que los Sres. Eafael Arjona Siaca y Antonio Eomero no son culpables del desacato que se les imputa, ya que han estado siempre dispuestos a acatar el auto perentorio dictado por este Tribunal, y sí lo son los Sres. Juan Enrique Soltero, Julio N. Matos y Ulpiano E. Colom, quienes volunta-riamente y sin excusa legal alguna han desobedecido el auto peren-torio, impidiendo, por constituir una mayoría de dicho Tribunal, que éste cumpliese con lo dispuesto en el auto de mandamus, sin qué cons-tituya una defensa suficiente la alegada por dichos tres querellados al efecto de que estaban bajo la impresión, que es errónea, de que la apelación que presentaron para ante la Corte de Circuito de Ape-laciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito en el referido caso de mandamus producía por sí sola y sin necesidad de orden de supersedeas la suspensión de la sentencia:

POR tanto, no obstante entender que dichos querellados Juan Enrique Soltero, Julio N. Matos y Ulpiano E. Colom son culpables del desacato que se les imputa, considerando las circunstancias especiales que rodean este caso, se acuerda dejar en suspenso la imposición de la pena, con la condición de que en o antes del día 19 del corriente mes dichos querellados notifiquen en forma adecuada a este Tribunal haberse cumplido con lo dispuesto en el auto de mandamus, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento; siendo entendido que si en la fecha indicada no se ha cumplido con dicho auto, esta Corte, de su propia iniciativa y sin ulteriores procedimientos, citará a dichos tres querellados y les impondrá la pena correspondiente al desacato de que por la presente se les declara culpables.


text:
    Núm. 9.
    Guerrero, querellante, v. Tribunal de Contribuciones, et als, querellados.
    Marzo 18, 1943.
   Original. Desacato.

Visto el contenido del escrito titulado “Notificación sobre cumpli-miento de sentencia” así como la certificación al mismo acompañada, radicados hoy por los querellados Julio N. Matos, Ulpiano Colom y J. E. Soltero, miembros asociados del Tribunal de Apelación de Con-tribuciones de Puerto Rico, se da por terminado el procedimiento de desacato instado contra dichos querellados por el abogado Diego Guerrero Noble.


text:
    Núm. 8526.
    Smallwood Bros. Inc., aplte. v. Medina, apldo.; Buscaglia, Tes., Interventor, apldo.
    Abril 7, 1943.
   C. D. San Juan. Reposesión de bienes, etc.


text:
    Núm. 8527.
    El Mismo, aplte. v. Ramos, apldo.; Buscaglia, Tes., Interventor, apldo.
    Abril 7, 1943.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, a petición de la apelante la vista oral de estos dos recursos fué celebrada conjuntamente, no habiendo comparecido los demandados apelados ni el interventor apelado, Tesorero de Puerto Rico, pues éste por moción los sometió por el alegato radicado en el recurso núm. 8433 de General Motors Acceptance Corporation v. María Petra Brañuela y Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, por considerar que las cuestiones envueltas en los recursos de epí-grafe son idénticas a las que habían sido sometidas en el mencionado caso 8433;

Por cuaNto, el día 5 de abril de 1943 dictamos sentencia en el recurso 8433, supra (ante, pág. 725), y resolvimos que el artículo 62 de la Ley de Bebidas vigente no protege los intereses de un vendedor condicional de un automóvil capturado mientras transportaba bebidas embriagantes sin pagar el impuesto prescrito por la ley, y además que el artículo 97 de la referida Ley de Bebidas no infringe la ga-rantía constitucional sobre debido proceso.de ley;

PoR cuanto, éstas son las mismas cuestiones legales planteadas por la apelante Smallwood Brothers, Ine. en estos dos recursos, con la excepción de que en el recurso núm. 8527 alegó como motivo adi-cional para que se le devolviera el vehículo incautado por el Tesorero, el hecho de que quien transportaba en dicho vehículo un bulto conte-niendo ron cañita era un pasajero, de cuyo hecho no podía hacerse responsable al comprador condicional ni a la apelante. Empero, en cuanto a esta última alegación la corte inferior hizo constar en su resolución que “no se probó que el licor fuera traído al vehículo por un pasajero”;

Por cuanto, la única prueba que existe en el recurso núm. 8527 relacionada con la mencionada defensa es el inventario hecho por el Departamento de Hacienda en el que se hizo constar qué “en esta guagua se ocupó la cantidad de 17 envases de cristal conteniendo 16 galones de espíritus destilados, habiéndose jurado denuncia contra Hermógenes Gómez Correa, dueño del ron. El chófer no ha sido denunciado, siendo su nombre Margaro Dones Rivera”, y no siendo a nuestro juicio dicho documento suficiente para dejar probada la defensa adicional alegada, no cometió error la corte inferior al. así resolverlo.

Por tanto, por los razonamientos expuestos en la opinión emitida en el recurso núm. 8433 de General Motors Acceptance Corporation v. Brañuela, et al., supra, se desestiman los presentes recursos y se confirman las sentencias dictadas por la Corte de Distrito de San Juan el día 3 de febrero de 1942.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8610.
    Arias, aplte. v. Buscaglia, Tesorero, apldo.
    Abril 7, 1943.
   C. D. San Juan. Mandamus.

Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso Civil Núm. 8613, Ernesto Cruz Andréu, peticionario apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, y Patrick J. Fitzsimmons, Auditor de Puerto Rico, querellados apelados, (ante, pág. 737), sobre Mandamus, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 9 de julio de 1942, y en sn lugar se dicta otra ordenando, como por la presente se ordena, al querellado apelado Tesorero de Puerto Pico para que autorice, apruebe y tra-mite en la forma ordinaria y corriente la nómina necesaria para el pago al demandante Carlos Juan Arias de su sueldo como Inspector de Contribución Sobre Ingresos del Departamento de Hacienda, co-rrespondiente a los meses de febrero y marzo de 1942.

El O'uez Asociado Sr. De Jesús se inhibió.


text:
    Núm. 8684.
    P. R. Lumber Co., aplda. v. Barreto et al., dmdados; Hopgood, Interventor, aplte.
    Abril 30, 1943.
   C. D. San Juan. Cobro dinero (incidente de intervención).

(Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuaNto, Philip D. Hopgood apela de una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan que denegó su moción solicitando se dejara sin efecto la sentencia que ya había dictado desestimando su demanda de intervención en el caso núm. 39,520 sobre cobro de dinero entablada por Puerto Rico Lumber Co., Inc. v. Antonio Barreto y Alfredo Casals. La resolución apelada dice así:

"El día 14 de septiembre de 1942 declaramos coa lugar la excepción previa a la demanda de intervención por no alegar dicha demanda que existe un embargo de los derechos del interventor. Dijimos además que de los propios autos tampoco aparece que existiera tal embargo.
"El interventor no radicó demanda enmendada durante el término que le fué concedido para ese fin, y a solicitud de la demandante se dictó sentencia el 15 de octubre de 1942 teniéndole por desistido de dicha demanda de inter-vención. El 3 de diciembre de 1942 solicitó el interventor se dejase sin efecto la sentencia, por haber descubierto el interventor que de los autos consta que se practicó un embargo de los derechos del interventor. En verdad que de los autos aparece que se dieron pasos para -embargar cierto dinero del inter-ventor. Ello, sin embargo, no puede curar los defectos de la demanda de inter-vención. Según apuntamos en nuestra resolución de septiembre 14, la demanda no alega hechos suficientes. No fué enmendada la demanda oportunamente, luego actuó correctamente la corte al dictar su sentencia d-e octubre 15 de 1942. Es cierto que podríamos dejar sin efecto la sentencia y permitir la radicación de la demanda enmendada que ofrece el interventor, pero no creemos que ello con-venga a ninguna de las partes en vista de que, según expuso la demandante durante el argumento, existe ya ante esta Corte un recurso en que son partes todas las personas interesadas, y que es precisamente el adecuado para dirimir el conflicto que pretende plantear el interventor en este ca-so.
"Se declara sin lugar la moción del interventor."

Por cuanto, habiendo hecho constar la corte inferior que existe ante ella otro recurso en que son partes todas las personas interesadas en el dinero que reclama como suyo el interventor y que dicho re-curso es el adecuado para dirimir el conflicto que pretende plantear el interventor, no abusó de su discreción dicha corte al denegar la moción para que se dejara sin efecto la sentencia dictada en este caso,

Por taNto, se confirma la resolución apelada.


text:
    Núm. 8604.
    Carrión, apldo. v. Morales, aplte.
    Abril 30, 1943.
   C. D. Humaeao. Daños y perjuicios.

Por CUANTO, el demandado en este caso interpuso recurso de ape-lación contra una sentencia que lo condenó a pagar al demandante la cantidad de $150 por concepto de daños y perjuicios y $50 por honorarios de abogado.

Por cuanto, la evidencia fué contradictoria. La del demandante tendió a demostrar que él se encontraba en su casa en compañía de su madre. Que la madre tuvo necesidad de ir a la cocina como a las 7 ó 7:30 de la noche y que al aproximarse al fogón, dos perros del demandado, que penetraron en la cocina en persecución de una perra del demandante, acometieron a la madre de éste, destruyéndole el vestido. Que a los gritos de la madre, corrió el hijo, el demandante, y para auyentar a los perros tuvo que hacer uso de un machete, infi-riéndoles varias heridas, siendo en esos momentos mordido por uno de ellos en una pierna. Que a consecuencia de la herida estuvo inca-pacitado de asistir a su trabajo por espacio de dos meses. La del demandado fué al efecto de que el demandante no recibió tal herida y que por el contrario, debido a cierta enemistad que existía entre las dos familias, el demandante y su hermano, en la propia finca del de-mandado, cogieron los dos perros de, éste, los amarraron y a mache-tazos mataron uno e hirieron otro, a tal extremo que murió poco des-pués.

Por Cuanto, el juez de la corte inferior, que vió y oyó declarar' los testigos de una y otra parte, dirimió el conflicto a favor del de-mandante, declarando dicho juez que en el acto del juicio el deman-dante mostró y pudo el juez apreciar la cicatriz dejada por la herida, recibida.

Por Cuanto, el único error que se imputa a la corte sentenciadora es el que según el apelante cometió en la apreciación de la prueba.

POR Cuanto, el error, de haber existido, no es manifiesto,"y no se alega que al así apreciar la prueba lo hiciera la corte movida por pasión, prejuicio y parcialidad;

Por tanto, procede desestimar, y por la presente se desestima, el recurso interpuesto en este caso, y se confirma la sentencia apelada, que dictó la Corte de Distrito de Humaeao en 23 de junio de 1941.


text:
    Núm. 8627.
    Glens Falls Indemnity Co., aplte. v. Lluch et als., apldos.
    Mayo 17, 1943.
   C. D. Ponce. Decreto declaratorio.

Vista la moción solicitando enmienda y corrección de sentencia, radicada el 10 del actual, y apareciendo de la misma y de los autos que al emitir nuestra opinión y dictar sentencia en este caso inad-vertidamente omitimos incluir en el montante de dicha sentencia la cantidad de $18 que la demandante, en su carácter de fiadora, había satisfecho a un obrero por cuenta de los contratistas, se modifica la sentencia, con efecto retroactivo al día 30 de abril último, de suerte ■ que diga así:

•“Por los fundamentos expuestos en la opinión que antecede, se revoca la sentencia declaratoria apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 14 de julio de 1942, y en su lugar se dicta otra declarando que la fiadora apelante Glens Palls Indemnity Company tiene preferencia como tal al cobro de la suma de $4,528.19 por ella satisfecha en ese carácter, por cuenta de los principales en 'la fianza, José C. Lluch y Nicanor Rodríguez, haciendo negocios bajo el nombre de Lluch & Rodríguez, y se condena a los demandados Crédito y Ahorro Ponceño y Miguel A. Roura al pago de las costas.
“Así lo pronunció y manda el Tribunal y firma el Sr. Juez Presidente.”


author: Juez Asociado Sr. Snyder.)

text:
    Núm. 8609.
    Cartagena, et al., apltes. v. Rodríguez, et als., apldos.
    Mayo 17, 1943.
   C. D. Humacao. Nulidad de inscripción, etc.

(Por la Corte a propuesta del

Juez Asociado Sr. Snyder.)

POR cuanto, éste es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada a favor de los demandados en un pleito para que se declare ñula„ la inscripción en el registro en cuanto a que Sínfora Rodríguez era hija legítima de Nicasio Cartagena y Elias Rodríguez;

POR cuanto, esta Corte en una apelación anterior, Cartagena v. Rodríguez, 58 D.P.R. 606, revocó una sentencia de la corte de distrito a favor de los demandantes por el fundamento de que la corte inferior cometió error al no admitir testimonio del Ministro Evangélico que había casado a Nicasio Cartagena y a Elias Rodríguez en 1932 al efecto de que Nicasio Cartagena le dijo al momento de casarse éste con Elias Rodríguez, de que lo hacía “para darle nombre a Sínfora”;

POR cuanto, esta Corte empleó el siguiente lenguaje en Cartagena v. Rodríguez, 58 D.P.R. 606, a la página 616:

“Si el ministro evangélico que celebró el matrimonio de Cartagena López con la demandada Elias Rodríguez hubiera declarado en a'rmonía con lo indicado por el abogado de los demandados y su declaración hubiera merecido entero crédito a la corte, la decisión final de ésta hubiera tenido que ser distinta ya que le hubiera proporcionado la evidencia necesaria para concluir que Sínfora era hija de Cartagena López y Elias Rodríguez, que nació antes de casarse Cartagena López con Josefa Hernández fallecida en 1928 y que quedó legiti-mada por el subsiguiente matrimonio de sus padres en 1932”;

Por Cuanto, después de un segundo juicio el referido testimonio ué admitido dándole crédito la corte inferior, que dictó sentencia a avor de los demandados.

Por taNto, no habiendo cometido la corte de distrito error al así .aeerlo, se confirma la sentencia apelada.

recursos extraordinarios denegados por el tribunal durante EL PERÍODO QUE COMPRENDE ESTE TOMO

JerUoraries:


text:
    Núm. 1502.
    Planas, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Enero 25, 1943.
   Original.

(Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Snyder.)

No siendo el alegado como base de esta petición un error de proce-limiento, no ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    Núm. 1506.
    Ramírez, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Febrero 4, 1943.
   Original,

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Siendo apelable la sentencia dictada y no siendo revisable por cer-iorari la resolución que declare con o sin lugar una excepción previa, lo ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    Núm. 1505.
    Monagas, peticionario v. Corte, dmdada.
    Marzo 8, 1943.
   Original,

Llamado hoy para vista el presente recurso comparecieron las par-os por sus abogados quienes informaron ampliamente, y habiendo piedado convencido el Tribunal de la improcedencia del recurso muerda anular, como por la presente anula, el auto expedido, de-fiendo devolverse a la corte sentenciadora el récord elevado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

Núms. 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1500, 1503, 1504, 1508, L509, 1511, 1512, 1514, 1515, 1519, 1520, 1522, 1523. Rabeas Corpus:

Núm. 418.

Injv.ncUons:

Núm. 26.

mandamus:

Núms. 387, 388, 389, 391.

Repursos de Revisión:

Núms. 251, 252, 255, 260, 261, 267.

RECONSIDERACIONES CONCEDIDAS O DENEGADAS POR EL TRIBUNAL DURANT® EL PERÍODO QUE COMPRENDE ESTE TOMO fl


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núms. 8501 y 8502.
    Mario Mercado e Hijos, aplte. v. Olivier et al., apldos.
    Noviembre 3, 1942.
   C. D. Ponce. Resolución de compraventa y arrendifl miento y otros extremos.

(Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción sobre reconsideración de las sentencias dictadas effl estos casos presentada por los demandados Lluberas y Blasini en (fl sentido de que se impongan a los demandantes las costas de la apeliB eión y una cantidad sustancial para el pago de honorarios de abogad por tratarse de recursos frívolos, no ha lugar.