author: El Juez Asociado Se. Fbanoo Soto,

text:
    Goffinet et al., Demandantes y Apelantes, v. Polanco, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre crédito refaccionario garantizado con hi-poteca, etc., e injunction pendente lite.

    No. 2682.-
    -Resuelto en junio 20, 1922.

      Injunction pasa Suspende» Ejecución de Sentencia — Alegaciones Necesa-rias. — La sección cuarta de la Ley de Injunctions, relativa a la posibilidad de la suspensión de los procedimientos por un injunction, no se refiere estric-tamente o de un modo restringido a las actuaciones que quedan terminadas con la rendición de la sentencia final sino también a las actuaciones después de la sentencia, pero siempre que se alegue' que se hubiera obtenido dicha sentencia mediante fraude, error, accidente o sorpresa, o que existiera la con-fusión o conflicto de- reclamaciones de la propiedad que estuviere en ejecución.
    Id. — Aseguramiento de Sentencia. — En el presente caso los demandantes solici-taron injunction pendente■ lite para impedir que el demandado prosiguiera la ejecución de sentencia dictada a su favor y contra los ahora demandantes en otro pleito resuelto anteriormente por la misma corte, fundados en que si el demandado la ejecuta sin esperar a la resolución del pleito principal en que se pide el injunction, los peticionarios demandantes quedarán sin remedio para compensar su reclamación contra el demandado, la cual excede del importe de la sentencia en trámite de ejecución. Se resolvió: que el remedio ade-cuado no era el injunction sino la Ley sobre Aseguramiento de Sentencias, aprobada en marzo 1, 1902. La sección 2 de dicha ley establece las reglas a que se ha de ajustar el aseguramiento. Algunas de esas reglas surten el mismo efecto que una orden de injunction y -llenan la misma finalidad, y ade-más de especificarse en sus disposiciones los casos a que son aplicables, se es-tablece por la regla (7i) una regla general que cubre los casos que no estuvie-ren previstos por las reglas anteriores y en donde la corte inferior tiene un poder discrecional y equitativo para adoptar las medidas procedentes para asegurar la efectividad de una sentencia, caso de prosperar la acción que se ejercita.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. II. Gi Molina.

    Abogados del apelado: Sres. A. Sarmiento y J. Puig.

   El Juez Asociado Se. Fbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso en apelación sobre nna petición de injunction pendente lite qne se ha originado en la Corte de Distrito de Hnmacao. En la demanda se alegan como hechos esenciales para sostener el injunction y que transcribiremos de una manera concisa, los siguientes:

Que el demandado es, y el día 27 de marzo de 1914 era, dueño de la finca que queda descrita en la demanda;

Que con anterioridad al día 27 de marzo de 1914 el de-mandado babía celebrado dos contratos con la Soeieté Ano-nymé des Sucreries de Saint Jean, dueña de la Central Santa Juana, sobre- la siembra y molienda de cañas, y al mismo tiempo habían celebrado otros contratos para la refacción de dichas cañas, y que en la mencionada fecha de marzo 27, 1914, los demandantes y demandado celebraron un nuevo contrato por escritura pública, en la cual, después de des-cribir la mencionada finca del demandado, se hacen constar los siguientes extremos: que para el cultivo de la finca del demandado habían celebrado dos contratos sobre siembra y molienda de cañas, uno en 11 de abril de 1912 y otro en 17 de julio de 1912, y para atender a las siembras y mejora-miento de las cañas celebraron un contrato de refacción otor-gado en escritura pública en 11 de abril de 1912 y presentado al registro para su inscripción; que entre demandantes y • demandado se liquidó de conformidad en 17 de marzo de 1914 la cuenta corriente ascendente ¡el saldo a la suma de $15,725.55, pero haciéndose necesario adelantar más dinero al deman-dado por los demandantes, se convino aumentar el crédito refaccionario a la suma de $14,274.45, que con lá suma anterior adeudada, da un total de $30,000, por cuya suma, inte-reses convenidos y la cantidad que se señala para costas el demandado constituyó hipoteca voluntaria a favor de los de-mandantes sobre la finca ya antes referida y por el término y condiciones señalados en la demanda con las letras “a”. “c”} “d”, “e”, “f”, y “g”, y que no es necesario transcribir para los efectos del injunction que se solicita;

Que los demandantes debidamente cumplieron con todas cuantas obligaciones asumieron en virtud del mencionado con-trato, anticipando las cantidades que el demandado tenía de-recho a percibir y también haciéndole otros diversos antici-pos que excedieron en mucho a lo qne los demandantes es-taban obligados a anticipar bajo las condiciones del citado contrato; que los demandantes abonaron a la cuenta del de-mandado el precio de venta de los azúcares del demandado y aún con todos ‘dichos abonos, al vencerse el contrato en primero de agosto de 1917, quedó un saldo en favor de los demandantes ascendente a $18,286.46;

Que se acompaña a la demanda y se hace parte de la misma un estado, detallado de la cuenta corriente y que el saldo de dicha cuenta, como antes se ha dicho, en primero de agosto de 1917 ascendía a $18,286.46, y con intereses cal-culados de acuerdo con el mencionado contrato, dicho saldo en primero de agosto de 1921 ascendía a $26,773.22, cuya suma el demandado adeuda a los demandantes, con intereses a razón .del diez por ciento ;

Que en los primeros días de agosto de 1917, los deman-dantes y el demandado cotejaron todas y cada una de las partidas, bien de cargo o de abono, y que el demandado es-tuvo conforme con'dicha cuenta, con excepción del cálculo de intereses, si bien los demandantes alqgan que el cálculo de intereses es correcto y de acuerdo con el contrato;

Que a pesar de ser absolutamente correcta y exacta la cuenta corriente, el demandado se ha negado fraudulenta-mente a reconocer de una manera expresa su certeza;

Que el demandado no ha pagado a los demandantes el referido saldo de dicha cuenta refaccionaria ni ninguna parte del mismo, a pesar de haber sido requerido a dicho efecto;

Que los demandantes en 24 de agosto de 1917 establecie-ron ante la Corte de Distrito de Humacao demanda por el procedimiento especial de la Ley Hipotecaria para la ejecu-ción del mencionado crédito hipotecario de refacción, y que en octubre 9 de 1917 el demandado presentó una demanda ante la misma corte sobre nulidad de dicho procedimiento ejecutivo hipotecario, en cuya acción recayó sentencia a favor del demandado y en contra de los demandantes, en 21 de mayo de 1919, por la cual se decretó la nulidad del proce-dimiento ejecutivo hipotecario, nulas y sin ningún efecto las inscripciones por razón de dicha ejecución y se condenó ade-más a los demandantes a satisfacer al demandado en con-cepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de $9,923, con las costas; qne en el mismo pleito sobre nuli-dad la corte inferior en 14 de septiembre de ,1921 ordenó la ejecución de dicha sentencia para qne se requiriera a los de-mandantes a entreg’ar al demandado la mencionada cantidad de $9,923 con intereses legales; y que el día 28 del mismo mes la corte amplió dicha orden ordenando que el marshal requiriera a los demandantes para que entregaran los $19,202 que fué el importe del remate de la finca hipotecada, cuyo remate tuvo lugar en el mencionado procedimiento hipote-cario, en 24 de octubre de 1917, y cuya suma fué pagada por los compradores de la finca Florencio y Jacinto Polanco, quienes entraron en la misma y se aprovecharon de sus fru-tos desde la fecha de dicho remate;

Que el demandado es completamente insolvente; que su única propiedad es la mencionada finca, que está tasada para los efectos de la contribución insular en $19,202 y cuyo valor no excede de $25,000; que la mencionada finca está afecta a una hipoteca a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico por un valor no menos de $5,453.70 y lá otra hipoteca a favor de Ricardo Alvarez González por $2,500; que aparte de estas deudas hipotecarias y los $26,776.22 adeu-dados por el demandado a los demandantes, dicho deman-dado también adeuda a N. Santini & Co. $7,000 y a Cipriano Manrique Gil $1,927.30;

Que dichos N. Santini & Co. y Cipriano Manrique han establecido demanda contra el demandado ante la corte inferior, en los casos numerados 7896 y 7952, y por órdenes de esta corte dictada en dichos casos se ha intentado em-bargar los $9,923 e intereses que en virtud de la mencionada sentencia de esta corte los demandantes lian sido condenados a pagar al demandado; qne si los demandantes fueran- obli-gados a pagar al demandado anticipadamente el montante de la referida sentencia, sin poder compensar el montante de la misma contra los $26,776.22 qne el demandado adeuda a los demandantes, estarán sin remedio alguno para recobrar del demandado dichos $26,776.22 debido al estado de insol-vencia en que se encuentra el demandado;

Que por los motivos alegados si la corte inferior permi-tiera al demandado a proceder con la ejecución de la sen-tencia dictada a su favor en 21 de mayo de 1919, habrá de causar a los demandantes pérdidas o daños de consideración, que serían irreparables, ya que los demandantes no tienen remedio alguno para suspender dicha ejecución en el mismo caso en que fue dictada ni en cualquier otro procedimiento en ley, y sí únicamente en una corte de equidad.

Como resultado de los hechos relacionados, se suplica en la demanda: primero, declarar que el demandado adeuda a los demandantes la suma de $26,776.22 con intereses a razón del diez por ciento anual desde el día primero de agosto de 1921 y ordenándole pagar a los demandantes la diferencia entre dicha suma y el montante de la sentencia dictada en el caso No. 5094, en 21 de mayo de 1919, por la suma de $9,923 más intereses legales desde la fecha de dicha sentencia y.la suma que se fije en definitiva en concepto de costas; segundo, que dicte un auto de injunction pendente lite inhi-biendo al demandado de proceder con la ejecución de la refe-rida sentencia y suspendiendo todos los procedimientos sobre ejecución de la misma basta tanto se resuelva en definitiva la cantidad que el demandado adeuda a los demandantes, y entonces en la sentencia definitiva que se dicte descontar de esta'última suma el montante de la referida sentencia y suspender en definitiva todos los procedimientos para la ejecu-ción de dicha sentencia; tercero, que se libre una orden diri-gida al demandado requiriéndole a comparecer ante la corte para exponer las razones por qué no debería ser inhibido en la forma solicitada; y, cuarto, que se conceda a los deman-dantes cualquier otro remedio qne la corte, como una corte de equidad, crea justo y equitativo.

La corte inferior expidió la orden para que el demandado mostrara cansas por las cuales no deba concederse la peti-ción de injumction. Celebrada la vista comparecieron las par-tes y el demandado se opuso al injumction solicitado por los fundamentos siguientes: primero, por falta de competencia de la corte para conocer del injunction en este pleito número S017, pues solamente la tiene para conocer de ella en el pleito No. 5094 sobre nulidad de procedimiento hipotecario e in-demnización de perjuicios; segundo, °por ser res judicata., pues esta misma cuestión fué levantada por las mismas par-tes demandantes contra el propio demandado en el pleito No. 5094 y la corte inferior denegó el injunction, sin que contra dicha sentencia se haya interpuesto recurso alguno; tercero, por prohibirlo expresamente el número primero del artículo 4 de la Ley sobre Injunctions, pues en este caso se trata dé suspender un procedimiento judicial en tramitación y se fundan los demandantes en que de no acordárseles se oca-sionarían perjuicios irreparables, y no en que sea necesaria para impedir una multiplicidad de procedimientos, único caso de excepción de la regla de aquel inciso; y, cuarto, por litis pendencia, por estar pendiente de resolución • en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico la misma petición de injumction que aquí se hace a la corte inferior.

En 17 de febrero de 1922 la corte inferior declaró sin lugar la petición de injumction y contra esta decisión se ha establecido el presente recurso. Las partes presentaron ale-gatos y fueron oídas en la vista de la apelación.

El apelante señala que se han cometido por la corte inferior los errores siguientes:

1. Negar el injunction pendente lite solicitado.

2. Resolver que los demandantes pueden tener un reme-dio adecuado, rápido y eficaz por medio de la Ley sobre Efec-tividad de Sentencias, aprobada en primero de marzo de. 1902.

3. Considerar aplicable a este caso la sección cuarta, in-ciso primero, de la Ley sobre Injunctions, aprobada en 8 de marzo de 1906; y

4. Aplicar indebidamente a este caso las resoluciones del Tribunal Supremo en los casos de Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D. P. R. 571; Auffant v. Sucesión Ramos, 23 D. P. R. 416, y Ortiz v. Aguayo, 26 D. P. R. 735.

Más bien podíamos decir que la impugnación de errores designados se refiere a las rabones legales que tuvo la corte inferior para fundar su resolución. Si creemos que su reso-lución está en armonía con la ley y es justa, y las razones en que se funda son erróneas, claro es que sería inmaterial e innecesario señalar dichas razones como errores, pero esa es una premisa que no podemos tener por sentada en abso-luto como üna conclusión, y la mejor manera de ver si la resolución es justa y legal es examinar los errores señalados y si éstos son infundados, descubrir si existen otros motivos para sostener o no dicha resolución.

No seguiremos el mismo orden del apelante para discutir los errores señalados.

Empezaremos diciendo que tenemos dudas bien fundadas de que las decisiones que ha citado la corte inferior hayan sido de entera aplicación al presente caso.

El principio generalmente admitido por la jurisprudencia es que una corte no puede, mediante injunction, suspender las ejecuciones u órdenes de otra corte de igual y coordi-nada jurisdicción. Estee’s, tomo 3, pág. 5. Esta es la teoría sostenida en esas decisiones. Pero tratándose de la misma corte, el estado legal de las cosas es diferente. A este efecto, en el caso de Sucesión Iglesias v. Bolívar, supra, esta corté se expresa en los siguientes términos:

“Con arreglo a la jurisprudencia de California era necesario en-tablar los procedimientos de esta naturaleza en la corte que dictara la sentencia o decreto, cuya ejecución se tratara de suspender, o en la corte en que se siguieran dichos procedimientos.”

En la corte inferior están en curso los procedimientos que se tratan de suspender, y si procediera el injunction por otras razones la misma corte es la que tenía el poder jurisdiccional para decretarlo.

Se señala como otro error la indebida aplicación de la sección cuarta de la Ley sobre Injunctions, aprobada en 8 de marzo de 1906, que en su inciso primero textualmente, dice:

“Sección 4. — No podrá otorgarse un injunction:
“1. Para suspender un procedimiento judicial que se estuviere-tramitando al instituirse la acción en que se solicita el injunction,. a menos que la restricción fuere necesaria para impedir una multi-plicidad de tales procedimientos.”

El error tal como lo discute el apelante es que el pro-cedimiento judicial mencionado en el inciso transcrito de la Ley de Injunctions no comprende la ejecución de una sen-tencia.

Si lo que quiere significar el apelante es que la ejecu-ción de una sentencia puede ser suspendida mediante injunction, no temamos que hacer reparos a esa interpretación. Pero aún así, tenemos que examinar si se cumple la pre-vención de la disposición citada de que la suspensión no procede a menos que la restricción fuera necesaria para im-pedir una multiplicidad de procedimientos o si es necesario que concurran otros requisitos que nos conduzcan al mismo fin. En este punto, Spelling, tomo primero, pág. 110, dice:

“Antes de la sentencia la prevención de una multiplicidad de pleitos y la existencia de reglas que impidan defensas en equidad, son los fundamentos en que de ordinario descansa la suspensión de los procedimientos legales. Antes de la sentencia el fraude, error, accidente y sorpresa raras veces son las bases en que descansa la solicitud para el remedio. Pero después que una acción en ley ha pasado al trámite de la sentencia, los derechos y relaciones de las partes en la misma son considerablemente alterados. El peligro de la multiplicidad de pleitos no existe más ni es importante, excepto en el solo caso de confusión o conflicto de reclamaciones de propiedad adquirida por ejecución * * m

De manera que la sección cuarta de la Ley de Injunctions, relativa a la posibilidad de la suspensión de los procedi-mientos por un injunction, ciertamente no se refiere estric-tamente o de un modo restringido a las actuaciones que que-dan terminadas con la rendición, de la sentencia final sino también a las actuaciones después de la sentencia pero siem-pre que se alegue que se hubiera obtenido dicha sentencia mediante fraude, error, accidente o sorpresa, o que existiera la confusión o conflicto de reclamaciones de la propiedad -que estuviere en ejecución. El caso de Gregory v. Ford, ci-tado por el apelante, es una confirmación de la doctrina que acabamos de enunciar. En este caso se declara “que las cortes de chancillería no intervienen sin razón con las sen-tencias dictadas en casos de ley. Es solamente para la pre-vención del fraude o para remediar perjuicios sustanciales o crasas injusticias.” No obstante, la demanda no hace ale-gaciones que nos obligaran a examinar el caso bajo el aspecto que se acaba de tratar. No se alega fraude, equivocación, accidente o sorpresa, mediante cuyos medios el demandado obtuviera la sentencia que declaró la nulidad del procedi-miento hipotecario y la condena del demandante a pagar al demandado la suma de $9,923 y costas. El hecho mismo que la Ley de Injunctions aprobada en 1906 adoptó aquella parte de los principios de equidad vigentes en los Estados Unidos en materia de injunction hace que interpretemos la sección cuarta de la Ley de Injunctions citada en consonancia con la doctrina que hemos referido.

El último error designado por el apelante es que la corte erró al resolver que los demandantes podían tener nn re-medio adecuado, rápido y eficaz por medio de la Ley sobre Efectividad de Sentencias, aprobada en marzo primero de 1902.

Los demandantes examinan el último error bajo dos as-pectos. Uno se refiere a que la Ley sobre Efectividad de Sentencias resultaría inadecuada porque otros acreedores ban intentado embargar el crédito de $9,923 que por sentencia obtuvo el demandado, y para ello se fundan en que la ley citada no les protege en nada porque cualquier embargo que obtuvieran los demandantes tendría que ser posterior a dichos otros acreedores. Pero no nos es dable resolver nada en relación de que lo bayan intentado o becbo otros acree-dores. Estos no son parte en este caso y no podríamos hacer declaración alguna en cuanto a ellos.

El otro aspecto de la cuestión que presentan los .deman-dantes es que si el demandado ejecuta su sentencia por $9,923 sin esperar a la resolución del pleito principal en que' se solicita este injunction, dichos demandantes quedarían sin remedio para compensar su reclamación, que es % mayor, con la de $9,923 del demandado. Oreemos, sin embargo, que no es el injunction el remedio adecuado en este caso. El re-medio adecuado han podido encontrarlo .los demandantes en la Ley sobre Aseguramiento de Sentencias, aprobada en marzo 1, 1902. La sección 2 de dicha ley establece las reglas a que se ha de ajustar el aseguramiento. Algunas de esas reglas surten el mismo efecto que una orden de inju/nction y llenan la misma finalidad, y además de especificarse en sus disposiciones los casos a que son aplicables, se establece por la regla (h) una regla general que cubre los casos que no estuvieren previstos por las reglas anteriores y en donde la corte inferior tiene un poder discrecional y equitativo para adoptar las medidas procedentes para asegurar la efecti-vidad de una sentencia, caso de prosperar la acción que se ejercita.

Por las razones expuestas la resolución de la corte inferior debe confirmarse.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes:. Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Veguilla, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 534.
    Resuelto en junio 22, 1922.
    Identidad de Fincas — Duda del Registrador. — En el presente caso el regis-trador denegó la inscripción posesoria de una finca fundado en que en el registro aparecía inscrita otra finca de igual cabida sita en el mismo barrio y término municipal con igual eolindaneia al norte siendo Salomé Meléndez un colindante de ambas fincas aunque en una por el este y en otra por el sur, y porque además el promovente adquirió recientemente la finca que.trata de inscribir por compra a Juan Rosario Veguilla quien por sus dos apelli-dos parece ser liijo de los dueños de la que está inscrita y de quienes puede haberla adquirido. Se resolvió: que la duda del registrador era razonable ' y fundada por lo que la inscripción no era procedente. Díaz v. JSl Regis-trador, 16 D. P. R. 275.
    Los hechos están expresados en la. opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. Gusmán Temdor.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Guayama se halla ins-crita desde el año 1913 con el número 1685 una finca que se describe así:

“Predio de terreno compuesto de ocho cuerdas equivalente a 3 hectáreas, 14 áreas y 43 centiáreas, radicado en el barrio ‘ Cercadillo ’ del término municipal de Cayey, colindando por el norte con el río ‘Lapa’, al sur con terrenos de Salomé Meléndez, al este con terrenos de Aurelio Yeguilla, y al oeste con los de Salustiano Santiago. Con-tiene una casa de maderas del país y tecbo de paja.”

En 1914 se hizo la segunda y última inscripción de esa finca a favor de Francisco Rosario y Rosario, casado con Pascasia Yeguilla, por título de compra.

En agosto de 1921 Aurelio Yeguilla promovió expediente posesorio de una finca que había comprado tres meses antes a Juan Rosario Yeguilla, la que describió de esta manera:

“Predio de terreno compuesto de ocho cuerdas radicado en el barrio ‘Cercadillo’ del municipio de Cayey, lindantes al norte con el río ‘Lapa’, sur con terrenos de Juan Colón González, este Salomé Meléndez y oeste con Aurelio Yeguilla.”

Al tratar Aurelio Yeguilla de que fuera inscrita en el registro la declaración de posesión que obtuvo de dicha finca, el registrador la negó y contra esta resolución se ha inter-puesto el presente recurso gubernativo.

La negativa de inscripción dice así:

“Denegada la inscripción del precedente expediente posesorio por-que la finca que se pretende inscribir parece ser y hay duda razo-'nable de que pueda ser la inscrita en el registro .bajo el número 1685 al folio 113 del torno 29 del ayuntamiento de Cayey, por cuanto son iguales sus cabidas, barrio, término y lindero norte y coinciden los nombres de algunos de los demás colindantes, aunque por dife-rente punto cardinal, en ambas fincas, y la cual finca 1685, por la circunstancia de hallarse inscrita a nombre de Francisco Rosario y Rosario, casado con Pascasia Yeguilla, puede que la haya adquirido de éstos Juan Rosario Yeguilla, causante del promovente Alfredo (¿ ? Aurelio) Yeguilla y sea la misma que éste solicita inscribir; * # * > >

El hecho de que ambas fincas tengan la misma cabida, ra-diquen en el mismo barrio y término municipal, tengan igual la colindaneia norte y sea Salomé Meléndez un colindante en ambas, aunque en una por el este y en la otra por el sur, y el hecho de que el recurrente Aurelio Veguilla haya adqui-rido recientemente la que pretende inscribir de Juan Rosario Veguilla, quien por sus dos apellidos parece ser hijo de los dueños de la que está inscrita y de quienes puede haberla adquirido, son circunstancias bastantes para justificar una duda razonable en el registrador de que se trata de ins-cribir abora a favor del recurrente la misma finca que ya está inscrita a favor de tercera persona y por esto no po-demos revocar la nota del registrador y ordenar la inscrip-ción que se interesa porque según dijimos en el caso de Díaz v. El Registrador, 16 D. P. R. 275, “el registrador debe ne-gar la inscripción, no sólo cuando tiene certeza plena de que el derecho que se trata de inscribir.lo está ya a nombre de persona distinta de la que otorga la transmisión, sino cuando tiene duda razonable y fundada de ello,” y no se nos ha de-mostrado que tal duda carece de fundamento.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wotj?,

text:
    Veve et al., Peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de Humacao, Hon. Pablo Berga, Juez.
    No. 375.
    Resuelto en junio 22, 1922.
    Privilegio Legislativo — Miembros de una Asamblea Municipal. — Las manifes-taciones hechas por miembros de un concejo municipal sólo son privilegiadas cuando éste se encuentra en sesión y para un fin legítimo. Dichos miembros no gozan de los mismos privilegios que los de una legislatura.
    Id. — Id.—Cuando una asamblea municipal y un concejo de administración cele-bran una sesión conjunta, hay una fuerte presunción si no la certeza de que no están en sesión ordinaria.

      Desacato — Privilegio—Certiorari.—Si la sesión conjunta no era privilegiada la resolución en ella adoptada puede constituir uno de los motivos de desacato enumerados en la Ley de 1902, y por tanto no debe concederse el certiorari.

      Certiorari — Desacato.—Siendo la base de los procedimientos de una corte el cas-tigo ,por desacato, no procederá el eertiormi para revisar una orden por desacato excepto en casos en que claramente se muestre tal necesidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. A. Aponte, Jr.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wotj?,

emitió la opinión del tribunal.

En una petición para un auto de certiorari dicen los pe-ticionarios que son miembros de la Asamblea Municipal y del Concejo de Administración de Fajardo. Estos dos orga-nismos celebraron una sesión conjunta el día 22 de mayo de 1922, y aprobaron una resolución por la cual dispusieron remitir al Gobernador de Puerto Rico una protesta contra los altos funcionarios de la Corte de Distrito de Humacao. En la petición de certiorari no encontramos ninguna copia de dicha resolución conjunta ni ninguna especificación de los actos que se supone han sido cometidos por los altos fun-cionarios. De igual modo no se expresa quiénes son estos altos funcionarios o si el juez mismo era uno de ellos. Con motivo de dicha resolución conjunta el fiscal de la Corte de Distrito de Humacao procedió contra los peticionarios al pa-recer por un desacato sumario, la corte expidió una orden para mostrar causa y después de una vista declaró culpa-bles a los peticionarios por desacato condenando a cada uno de ellos a sufrir diez días de cárcel debiendo tener efecto dicha sentencia el día 23 de junio de 1922. La alegación principal es de derecho, o sea, que siendo la resolución con-junta un acto legislativo era privilegiada y por tanto que la corte no tenía jurisdicción para castigar por desacato. Ex-presan asimismo los peticionarios que la facultad que trató de ejercitarse no está justificada por las leyes de Puerto Rico.

No es por mera curiosidad que nos gustaría tener una copia de la resolución conjunta ante nos. Si la resolución conjunta no estaba dentro del alcance de las supuestas fa-cultades legislativas del municipio de Fajardo, no era pri-vilegiada. El privilegio absoluto de los miembros de una legislatura generalmente no alcanza a los miembros de una asamblea municipal. Burch v. Bernard, 107 Minn. 212. La Legislatura de Puerto Pico no ba conferido ningún privi-legio especial a los miembros de las asambleas municipales.

Esta era una sesión conjunta de la Asamblea Municipal y del Concejo de Administración. El Concejo de Adminis-tración si bien es elegido por la Asamblea Municipal no forma parte de la segunda. La ley prescribe expresamente, leyes de 1919, página 701, que el cargo de miembro del concejo cíe administración será incompatible con el de delegado a la asamblea municipal. La misma ley confiere la facultad de aprobar ordenanzas exclusivamente a la asamblea municipal. Por tanto, bay una fuerte presunción, si no una certeza, de que la resolución conjunta no participaba del carácter de acto legislativo.

Si la resolución conjunta no era un acto legislativo las personas que la dirigieron al Gobernador no tienen derechos superiores a los de cualesquiera ciudadanos.

No pretenderemos resolver definitivamente basta dónde puede estar limitada por la legislatura la facultad de castigar por desacato. La crítica indebida de un caso que esté pen-diente y que tendría la tendencia de influir en un asunto ante una corte sujeta al que la publica a nn procedimiento por desacato. La Ley de Desacato de marzo 1, 1902, con-sidera como desacato la voluntaria publicación de cualquier informe falso o groseramente inexacto de procedimientos ju-diciales. La resolución conjunta, si no es privilegiada es o puede ser tal informe.

Bajo sus facultades generales para castigar por desacato se presumiría la jurisdicción de una corte para castigar de tal modo a falta de una clara demostración en contrario.

La facultad para castigar por desacato y hacerlo pronta-mente es uno de los medios fundamentales por el cual se mantiene en función la maquinaria de la justicia y por el cual una corte puede hacer que sus órdenes y procedimientos se respeten. Por tanto, en ausencia de una clara demostra-ción la revisión mediante certiorari no será ejercitada.

La sentencia por desacato se impone a una persona y no a una comunidad. Generalmente no habría ningún derecho en los individuos para asociarse en una revisión de un pro-cedimiento por desacato.

No sabemos por la petición si los procedimientos de desa-cato fueron en algún caso pendiente o de otro modo.

El auto debe ser denegado.

Denegada la expedición del auto.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Avilés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce ea causa por infracción al artículo 287 del Código Penal.
    No. 1951.
    Resuelto en junio 22, 1922.
    Casa de Lenocinio — Causa de Acción — Pkueba Suficiente. — Aduce hechos sufi-cientes una acusación por infracción del artículo 287 del Código Penal en la cual si bien no se siguen las mismas palabras del estatuto, se alega que el apelante tenía establecida y personalmente administraba en el barrio de -, municipio de —, una casa de lenocinio frecuentada por personas de opuesto sexo para verificar actos carnales de modo ilícito; y habiéndose probado que a tal casa concurrían prostitutas para realizar actos carnales con hombres desconocidos para ellas, la sentencia condenatoria está justificada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Se funda el primer motivo del recurso en este caso en que la acusación no expresa hechos constitutivos de delito.

Según el artículo 287 del Código Penal comete delito me-nos grave (misdemeanor) toda persona que estableciere o tu-viere establecida en Puerto Rico una casa de lenocinio, fre-cuentada para la prostitución y lascivia, o que voluntaria-mente residiere en ella; y la acusación formulada contra el apelante dice que tenía establecida y personalmente ha admi-nistrado en el barrio de “Canas” de Ponce una casa de leno-cinio, frecuentada por personas de opuesto sexo para veri-ficar actos carnales de modo ilícito.

Como se ve no emplea la acusación las mismas palabras del estatuto, pero expresa la misma idea porque una casa ■de lenocinio frecuentada por personas de opuesto sexo para verificar actos carnales de modo ilícito es una casa de leno-cinio frecuentada para la prostitución y lascivia; y en la manera que está redactada la acusación es aún más clara que si hubiera usado las propias palabras del estatuto puesto que expresa hechos que son constitutivos de prostitución y de lascivia. El caso de El Pueblo v. Bracero, 27 D. P. R. 124, que nos cita el apelante no tiene aplicación al presente puesto que la casa no era frecuentada para prostitución y lascivia toda vez que la acusada solamente se dedicaba a la prostitución en la casa que vivía.

En el segundo motivo de error se sostiene que la prueba es insuficiente para sostener la condena, pero hubo declara-ciones de que a la casa concurrían prostitutas para realizar actos carnales con hombres desconocidos para ollas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada, modificán-dola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Morales, Demandante y Apelante, v. Sucesión de Cayetano Cerame, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre filiación.
    No. 2505.
    Resuelto en junio 22, 1922.
    Hijo Natural — Reconocimiento.-—Una aeeión de reconocimiento entablada por un hijo natural está regulada por la ley vigente a -la fecha del nacimiento del hijo.
    Id. — Id.—Prueba.-—-La mera prueba de la paternidad aun cuando vaya acompa-ñada de actos de carieias y afectos, regalos, o .admisiones de la paternidad, no será bastante para conferir un derecho de aeeión al reconocimiento. La intención del padre de reconocer al hijo debe aparecer, y la prueba de filia-ción debe ser clara y convincente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Santiago Carmona.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal,

Esta fué una acción establecida por un hijo natural, es-tando fallecido su padre, para obligar al reconocimiento a los herederos o sucesores del susodicho padre. Se admite que la ley que ha de prevalecer es la que existía a la fecha del nacimiento del hijo natural y que como éste nació el día 3 de marzo de-1899, el artículo 135 del anterior Código Civil regula la materia. Dicho artículo prescribe lo siguiente:

“Artículo 135. — El padre está obligado a-reconocer al hijo natural en los casos siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del-estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.”
# * #

La teoría del demandante en este caso como lo demues-tran las alegaciones y pruebas era que podía obligarse a hacer el reconocimiento de acuerdo con dicho artículo, no por razón de los actos de la familia sino solamente por los actos directos del padre. En cuanto a esto la jurisprudencia de la Corte Suprema de España es que la mera prueba de la paternidad, aún cuando vaya acompañada de actos de ca-ricias y afectos, regalos, o admisiones de la paternidad, no será bastante para conferir un derecho de acción. Expresa asimismo dicha jurisprudencia que debe aparecer la volun-tad o intención del padre. Sentencias de la Corte Suprema de España de mayo 21, 1896, noviembre 7, 1896 y abril 13, 1894. De igual modo las decisiones de esa corte y de esta Corte Suprema han exigido que la prueba de filiación deberá ser clara y convincente.

La prueba principal en este caso procede del mismo hijo natural. El declaró sobre los actos afectuosos, regalos y visitas a la casa donde vivían su madre y él. El acto más significativo y sobre el cual se declaró fue el alegado regalo de varios cientos de pesos con lo cual este hijo, que es ahora un hombre, pudo establecerse en negocios. La mayor parte de las otras pruebas tendía a establecer relaciones sexuales entre la madre del demandante y su presunto padre, como también el pago de un diario. La corte inferior no dió cré-dito alguno al testimonio de este joven y él no nos ha con-vencido de que la corte estuviera equivocada en la aprecia-ción de la prueba. Existió también un fuerte conflicto en cuanto a los supuestos actos del padre.

Además, la prueba en conjunto, admitiendo la veracidad del demandante, no sugiere la conclusión de que los actos directos del padre eran tales que conferían a este hijo la posesión del estado de hijo natural. Todos los actos del padre en unión del alegado valioso presente, si no son entera-mente probables, son completamente compatibles con el pro-ceder de un hombre que quiere ser cariñoso con un niño ya esté reputado como suyo propio o con quien él ha estado en contacto repetidamente. Dichos actos no imputan al re-ferido padre el hecho de haber conferido en' realidad al hijo la posesión del estado de que Rabia la ley y tales actos no fueron continuos.

Además, el padre ha muerto y no hace muchos años que murió. El hijo tuvo oportunidades durante la vida de su padre para haber establecido esta acción. Las cortes exami-narán con cuidado la prueba en tales’circunstancias cuando la persona más interesada no puede ser oída. El caso es algo distinto cuando el hijo tiene pocos años al ocurrir el fallecimiento del padre. No sólo son escrupulosas las cortes sino que la legislatura ha reconocido los peligros que hay en casos semejantes con esta clase de prueba. El artículo 3 de la ley de 1904 prescribe, entre otras cosas, que “en las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sen-tencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intes-tado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria.”

Además de la apreciación general de la prueba otros erro-res fueron alegados en cuanto a las alegaciones y admisión de pruebas. Algunas de las pruebas admitidas eran clara-mente erróneas, por ejemplo, la prueba de referencia apor-tada por peritos sobre la supuesta insania de la madre del demandante. Sin embargo, la corte no fundó en ellas nin-guna conclusión.

Se permitió al demandante desarrollar todo su caso y no nos ha convencido, después de no haber convencido tam-poco a la corte inferior. A él incumbía el peso de la prueba para establecer la posesión continua del estado de hijo natural.

• Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Feanoo Soto,

text:
    Hernández, Demandante y Apelado, v. Algarin et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre desahucio.
    No. 2686.
    Resuelto en junio 23, 1922.
    Desahucio — Conflicto de Títulos.- — Cuando el título invocado para resistir el desahucio es la donación y la prueba demuestra que tal contrato no llegó a formalizarse como exige el artículo 641 del Código Civil, es preciso concluir que no se ha establecido un conflicto de títulos que impida el desahucio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de las apelantes: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. C. Travecier.

   El Juez Asociado Se. Feanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio. La demanda se estableció originalmente contra José Algarín, pero más luego Justa González, esposa del demandado, se bizo parte en el proce-dimiento y se constituyó en demandada sin oposición del demandante y con permiso de la corte inferior.

El demandante alegó que es dueño de cierta finca urbana radicada en el pueblo Las Piedras, municipio del mismo nom-bre; que los demandados habitan la casa sin pagar canon o merced alguno por consentimiento del dueño de quien era un empleado José Algarín y que han sido requeridos para desalojarla, lo que han rehusado hacer. Los demandados ne-garon específicamente los hechos alegados en la demanda, y como materia nueva constitutiva de oposición alegaron: que Justa González es la única dueña de la finca urbana objeto de esta acción; que la adquirió de Julio Camacho mediante la intervención de Manuel Márquez, a cuyo favor se ’hizo la escritura, por no hallarse de momento dicha Justa González en el sitio del otorgamiento.

Celebrada la vista del caso la corte inferior dictó sen-tencia declarando con lugar la demanda, y contra esta sen-tencia se ha presentado el presente recurso.

El único error señalado por el apelante se refiere a que la corte inferior erró al apreciar la prueba y declarar con lugar el desahucio.

El apelante sostiene que Justa González es dueña del in-mueble y tiende a demostrar que existe un conflicto de títulos, el cual no podía resolverse dentro de los límites de un juicio especial y sumario, como lo es el desañudo. Para que pu-diéramos examinar la cuestión en la forma así planteada se nos hace indispensable que analicemos la prueba que fué practicada por las partes.

El demandante adquirió la finca urbana que describe en su demanda por compra a Avelino Márquez Díaz, mediante escritura otorgada ante el notario Carlos Travecier en 2 de agosto de 1921. Avelino Márquez Díaz y Emilia Eoig Her-nández fueron declarados únicos y universales herederos de su liijo Manuel Márquez Eoig, quien había fallecido el 15 de enero de 1919; y este último había a su vez adquirido dicha finca por compra a Julio Camacho Eamírez, también por es-critura otorgada ante el mismo notario, en marzo 21, 1918. Esta es la prueba documental tal como aparece del récord y ahora debemos insertar las declaraciones que parecen ser más favorables a la causa de la demandada. Empezaremos por su propia declaración que dice: que sostuvo relaciones amorosas con Manuel Márquez, dando por resultado que él la sedujo yéndose a vivir los dos a una casa de él; que le dijo que le iba a comprar una casa y habló con Julio Camacho, vendedor de la casa; que se hizo la compra de la casa y vivieron juntos en ella hasta tres meses después que murió Manuel Márquez; que como a los nueve meses de muerto él, se casó ella con José Algarin y se fué para Ca-guas como seis meses, dejando la casa alquilada; que ella fué quien la alquiló y quien cobraba las rentas; que quien la vivía era Enrique Martínez y le pagaba a ella personal-mente las rentas; que cuando ella estaba en Caguas, Ave-lino Márquez era quien cobraba la mensualidad y se las lie-vaba a Caguas cuando la testigo no venía a Las Piedras; que Avelino Márquez era el padre de Manuel Márquez y es-taba enterado que ella vivía con su Rijo y estaba enterado de todo; que inmediatamente después de la muerte de Manuel Márquez ella se fué a vivir a la casa de don Avelino. porque ellos no quisieron que viviese sola y entonces fué que alquiló la casa a Enrique Martínez.

Las declaraciones del vendedor del inmueble, Julio Camacho, y de uno de los inquilinos que fué de la. casa, Enrique Martínez, en lo pertinente, tienen relación con la defensa que opone la demandada. El primero declara: que él era dueño de una casa en la calle Nueva de Las Piedras; que una vez Manuel Márquez le dijo que le vendiera la casa con el objeto de dársela a esta muchacha Justa González y con-vinieron precio, y él lo mandó a firmar la escritura en casa de Travécier, viniendo el testigo como a los tres días a fir-marla; que el testigo encontró a Manuel Márquez en Las Piedras y le pagó la casa; que él trató la escritura a nombre de la muchacha, y que la compra la hizo con la intención de regalársela a esa joven; y el segundo declara: que conoce a la demandada; que vivió en una casa en la calle Nueva de Las Piedras; que el testigo necesitaba una casa para trasladar su familia y habiéndose enterado de que esta casa estaba desocupada, trató de obtenerla en alquiler. Que en primer término habló con don Avelino Márquez y él le dijo que para los efectos del alquiler fuera a su casa y la señora le manifestó a nombre de la demandada lo que pretendía por el alquiler de la casa; que efectuó el primer pago de los alquileres a la señora del Sr. Márquez mediante una carta y después recibió órdenes de don Avelino Márquez para que efectuara el pago a la demandada, habiéndole manifestado que tenía el propósito de ayudarla y ella estuvo tres o cuatro meses recibiendo la renta.

No se puede negar que la compra del inmueble la hizo Manuel Márquez Eoig mientras sostenía relaciones amorosas con la demandada Justa González y vivían como marido y mujer. Esta condición que ellos mantenían, viviendo bajo un mismo teclio, es la que sirve de base a Justa González para hacer su alegación de que la compra que realizó Manuel Márquez Eoig fuá para ella, como una donación que re-cibía de su amante, o sea, como una consideración a la misma. Ella aparece haber sido seducida por Manuel Márquez Eoig y que éste concibió la idea de hacerle donación de la casa en que ellos mantuvieron sus relaciones amorosas y como recompensa al disfrute que él de ella recibía así como en atención a sus cuidados, como consecuencia de esas relaciones*. Estos incidentes que suelen ocurrir en la vida real son siem-pre de interés bajo un punto de vista sentimental, pero cual-quiera que sea su impresión en nuestro ánimo, una situación; así había de estar definida en la ley, pero no siéndolo, la; misma ley que rige al presente caso debemos aplicarla rígida y fríamente para que de su aplicación resulten las verda-deras garantías y solemnidades que establece. Manuel Már-quez Eoig no demostró toda la diligencia necesaria para ha-berse cuidado de que su intención hubiera tenido un resul-tado legal y práctico. Si su propósito fue hacer una dona-ción, él no se cuidó de llenar los requisitos que son indispensables y se exigen como un imperativo legal, en los casos de una donación de bienes inmuebles en donde la formalidad de la escritura pública es requisito de esencia para su com-pleta validez. El artículo 641 del Código Civil Eevisado dice:

“Artículo 641. — Para que sea válida la donación de cosa inmue-ble ha de hacerse en escritura pública, expresándose en ella indi-vidualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario.
“La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de dona-ción o en otra separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante.
* * * # # # -*
“Si cuando se trata de donaciones de bienes raíces ordena el código, bajo conminación de nulidad, que se otorguen y acepten por escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, percíbese sin el menor esfuerzo que su objeto es, no sólo autenticar un acto de tanta trascendencia como la donación de bienes inmue-bles, comunicándole la permanencia, solemnidad y efectos de los ins-trumentos públicos, sino colocarla, por virtud de un imperativo legal, en las condiciones requeridas por la Ley Hipotecaria para su ins-cripción en el registro público, salvando así la ineficacia jurídica respecto de tercero.” Scaevola, Código Civil, tomo 11, pág. 565.

Ante la disposición legal que citamos y el comentario a la misma, las declaraciones del primitivo vendedor del in-mueble, Julio Camaclio Ramírez, quien refiere las manifes-taciones del causante, Márquez Roig, acerca de su intención Jle donar la casa, así como los actos posteriores de Justa 'González, después de su muerte, cobrando los alquileres de lá casa, no tienen en absoluto valor legal y ni siquiera en-vuelven un indicio o principio aparente de prueba para que pudiera originar un conflicto de títulos y sostener su pose-sión material del inmueble Rasta resolverse dicho conflicto (dentro de las amplias oportunidades de un juicio ordinario. Y no es posible alegarse que al discurrir sobre este caso y examinar la prueba estamos resolviendo el derecho de pro-piedad de las partes. No es así. Lo que se .ha flecho nece-sario demostrar es que la alegación de la demandada Justa González está desnuda de toda prueba para sostenerla .por-que carece de todo título ya que no cabe equiparar el modo de adquirir en cualquier otro contrato con el de una dona-ción de un inmueble en donde la formalidad de la escritura pública es preceptiva, y sin ella no existe título, como ocurre en el presente caso.

En consecuencia de las consideraciones expuestas, la sen-tencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Rivera et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmaeao en pleito sobre cumplimiento de contrato y daños y per-juicios.
    No. 2648.
    Resuelto en junio 23, 1922.
    Compraventa de EInca no Inscrita — Inscripción : Acción para Obligar a la— DaS>os y Perjuicios — Evicción y Saneamiento. —• No apareciendo que el vendedor se comprometiese a inscribir la finca que vendiera por escritura en la cual se hizo constar que no estaba inscrita, el comprador carece de acción para obligarlo a inscribir su título o reclamarle daños y perjuicios en caso de no hacerlo, aunque se hubiera comprometido a la evicción y sa-neamiento de la finca.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado de los apelados: Sr. G. Travecier.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rivera Flecha demandó a Teodoro Rivera y a su esposa Guadalupe Ruíz para que dentro de treinta días ins-cribieran a su nombre en el registro cierta finca que ven-dieron al demandante y para que le pagaran trescientos dó-lares por daños y perjuicios. Se opusieron los demandados y la corte les dió la razón en su fallo. El demandante apeló para ante este tribunal.

Resulta de la prueba que en efecto los demandados ven-dieron al demandante la finca de que se trata, pero resulta también que en la misma escritura se bizo constar que la finca no estaba inscrita en el registro de la propiedad. Nada se pactó en la escritura misma con respecto a que los vendedores se comprometieran a inscribir su título. Nada demostró el demandante que se hubiera pactado fuera de la escritura en relación con tal extremo. El apelante admite que esto es así, pero sostiene que el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida al comprador y que cuando se trata de un bien inmueble, como en este caso, la cosa no se entiende entregada basta que no está inscrita en el registro.

Cita el apelante las opiniones de Azcárate y Manresa en relación con la entrega de la cosa vendida. Véanse los co-mentarios de Manresa, páginas 125 y siguientes, tomo 10. A nuestro juicio esas opiniones no tienen el alcance que le atribuye el apelante. Importantísimo es, en efecto, el regis-tro. Tiende a garantizar y garantiza de becbo en la casi totalidad de los casos las transmisiones de la propiedad. Pero esto no quiere decir que un contrato de compraventa de una propiedad no inscrita no se entienda perfecto cuando existe el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto materia del contrato y la causa de la obligación establecida, ni que la propiedad vendida no se entienda entregada cuando el contrato se bizo constar en escritura pública. Sostener lo contrario sería dejar sin efecto los artículos 1128 y 1365 del Código Civil Eevisado. Véase por analogía el caso de Gonzáles v. González, de 20 de junio actual, (pág. 823). El com-prador sabía que la finca que compraba no estaba inscrita. En muchas ocasiones esta circunstancia influye en la cuantía del precio. No es lo mismo adquirir una propiedad con su titulación perfecta que comprarla sin que su historia conste claramente en el registro. Y no es raro observar en escri-turas de compraventa de bienes inmuebles que el vendedor se compromete expresamente a aclarár la titulación basta dejar inscrito su título en el registro.

Es cierto que los vendedores pactaron en la escritura de que se trata la evicción y saneamiento, pero esto no quiere decir que estén obligados a registrar su título luego de ven-dida la finca sin haberse comprometido a ello. Una persona puede ser dueña absoluta de un bien inmueble no inscrito y como dueña disponer de él vendiéndolo en las mismas con-diciones, transmitiéndose al comprador de tal modo el dere-cho dominical del vendedor sin que sea tampoco necesaria la inscripción en el registro.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Sucesión Jiménez, Demandada y Apelada, y Delgado et al., Interventores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de arrendamiento.
    No. 2325.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Exposición del Caso — Jurisdicción—Prórroga del Término para Badioar la Exposición del Caso.- — -Un juez que renunció su cargo no tiene facultad para, actuando por virtud del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, con-ceder prórroga para radicar una exposición del caso después de transcurrido el término legal.
    Id.- — Discreción del Tribunal Supremo. — Si el Tribunal Supremo tuviera discre-ción para permitir la radicación fuera de tiempo de una exposición del caso a un apelante que originalmente se había acogido al procedimiento que marca la Ley No. 27 de 1917, tal discreción no debería ejercitarla cuando en la preparación de dicha exposición del caso no se han cumplido la ley o las reglas del Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José de Gusmán Benitez.

    Abogado de la apelada: Sr. F. Gonzáles.

    Abogado de los interventores-apelantes: Sr. A. Bones.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante presentó una moción de reconsideración de la resolución eliminando la transcripción de la evidencia y la concedimos porque al alegar encarecidamente la apelante un caso meritorio y la facultad y discreción que tiene esta corte, no quisimos negar la revisión de la evidencia sin ulterior argumentación. En la vista quedamos convencidos de que no tenemos facultades para permitir que la prueba apor-tada al juicio sea incorporada o -adicionada a los autos; que no tenemos discreción sobre el particular, y que si tuviéra-mos tal discreción no debe ser ejercitada.

Los hechos o la mayor parte de los mismos han sido revisados por esta corte en una opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Hernández de fecha diciembre 23, 1921 (pá-gina 57).

Los apelantes, deseando incorporar su evidencia en los autos eligen el procedimiento que autoriza la Ley No. 27 de 1917 y la No. 81 de 1919, por el cual las notas taquigráficas con la aprobación y certificación del juez que celebra el juicio pueden ser certificadas a esta corte. Que éste era el método seguido originalmente lo admiten los apelantes sin reservas. En verdad parece que ellos fundan su principal petición de indulgencia en la ausencia del taquígrafo lo que les obligó a variar su procedimiento teniendo que recurrir a la prepa-ración de una exposición del caso o pliego de excepciones. Insisten los apelantes en que el dar forma a las notas taqui-gráficas es meramente un medio alternativo o sustituto de cumplir con las' prescripciones del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como quedó enmendado. Tenemos bajo consideración una impugnación a la constitucionalidad de las leyes de 1917 y 1919, supra, precisamente por el fundamento de que siendo una. enmienda al artículo 299, no se hacía refe-rencia a las propuestas enmiendas en el título de las leyes, ni la ley como fué enmendada se le incluyó en dichas leyes como lo prescribe la sección 34 de la Ley Orgánica. En dicho caso pendiente y debido a nuestra experiencia en discutir la constitucionalidad de otra ley en el caso de Toro y Lippitt v. La Corte de Distrito de San, Juan, de mayo 22, 1922 (pág. 542), hemos llegado a la conclusión de que el único medio en relación con esto en que puede mantenerse la constitucio-nalidad de la ley, es considerando el procedimiento indicado por las leyes de 1917 y 1919 como una adición independiente al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y no como una enmienda al mismo.

Hemos resuelto varias veces, Mercado et al. v. Ferreiro, 26 D. P. R. 492; Vieira y Cía. v. Reyes, 28 D. P. R. 80; Sanders Philippi & Co., Sucrs., S. en C. v. Rivera, 28 D. P. R. 959, y Martínez v. Martínez, 29 D. P. R. 553, que un apelante que en vez de adoptar el procedimiento más arduo de ex-poner la prueba en forma narrativa o lo substancial de las notas de las pruebas tomadas por el taquígrafo elige el mé-todo más fácil de las leyes de 1917 y 1919, debe atenerse a su elección. Debe vencer o ser vencido por virtud de su elec-ción. Por razón de una serie de accidentes desgraciados los apelantes no pudieron presentar las notas taquigráficas a la corte para su aprobación. Las notas nunca fueron presen-tadas para su aprobación por virtud de las leyes de 1917 y 1919, y al elegir los apelantes este procedimiento para incor-porar su evidencia no fian terminado las gestiones por ellos iniciadas. Esta corte estuvo, por tanto, enteramente justifi-cada al eliminar el llamado pliego de excepciones o exposi-ción del caso radicado subsiguientemente.

A los pocos días de registrar su apelación y estando aún dentro del término para presentar un pliego de excepciones, los apelantes, eligiendo expresamente proceder de acuerdo' con las leyes de 1917 y 1919, ‘pero considerando el procedi-miento como un medio alternativo de preparar un pliego de excepciones presentaron una moción a la Corte de Distrito de Humaeao solicitando prórroga del término para radicar una exposición del caso. La corte concedió la prórroga. Des-pués se concedieron otras prórrogas. Finalmente la corte de distrito entró en vacaciones y los apelantes solicitaron pró-rrogas en esta corte. Los apelantes no nos pidieron pró-rroga para presentar su exposición del caso en la corte de distrito, sino simplemente tiempo para radicar su “exposi-ción del caso y pliego de excepciones” en esta corte. Se con-cedieron prórrogas como fueron solicitadas. Posteriormente fueron anuladas estas prórrogas por estar fuera de las atri-buciones de la corte y los apelantes entonces no hicieron ulterior gestión en esta corte. De modo que no habiendo obte-nido prórrogas en la Corte de Distrito de Humacao, el tér-mino para la radicación de la “exposición” o “pliego” allí venció y los apelados legalmente tenían derecho a que fuera eliminado el “pliego” o “exposición” finalmente presentado en esta corte.

En estas condiciones los apelantes invocaron el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Los apelantes no nos han convencido de que en relación con esto la opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Hernández era errónea. En una decisión o decisiones anteriores en que la opinión de la corte estuvo dividida habíamos declarado que esta corte o la corte inferior carecían de facultades para proceder de acuerdo con el artículo 140, supra. En el caso de Belaval v. Córdova Dávila et al., 21 D. P. R. 537, manifestamos tener duda. No queremos ahora que estamos tan ocupados discu-tir ampliamente la cuestión de la facultad de esta corte o de la corte inferior. Al resolverse los apelantes a invocar el artículo 140 el juez que juzgó el caso había renunciado. Sin embargo, los apelantes en vez de pedir prórroga para radicar, a la misma Corte de Distrito de Humacao como es-taba entonces constituida, hicieron su solicitud al juez que había renunciado. El la concedió. Si bien es su deber apro-bar un pliego o exposición un juez que ha renunciado no tiene facultades para actuar por virtud del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Es la corte misma la que entonces debe actuar.

Suponiendo que de algún modo esta corte tenía facultades o discreción para permitir la radicación de un pliego o ex-pqsición, no nos sentiríamos movidos a ejercitarlas puesto que el pliego o exposición presentado no cumple con la ley o las reglas de esta corte. En vez de ser un pliego o expo-sición el documento presentado es en su forma una repro-ducción de las notas taquigráficas. No se lia tratado de ex-poner la prueba en forma narrativa como lo exige la regla de esta corte No. 40-A. El artículo 214 del Código de En-juiciamiento Civil prescribe que sólo se expondrá la parte substancial de las notas. Aquí no sólo se lia dejado de cum-plir con estás reglas sino que una parte muy grande del pro-puesto pliego se compone de argumentos entre los abogados durante la vista de la prueba.

El abogado de los apelados insiste en que bubo poca prueba testifical a la cual babía de dársele forma, pues la mayor parte de la prueba fue documental; que casi toda esta prueba pudo baber sido referida de memoria por la corte y los abogados y el examen que bemos becbo de los autos tiende a confirmar estas aseveraciones. Estamos convencidos de que por lo menos pudo haberse tratado de dar forma a la exposición del caso sin la necesidad de las notas taquigrá-ficas y los apelantes no hubieran necesitado tantas prórrogas. Interest reipublicae ut sit finis litium.

La exposición o pliego deben ser eliminados de los autos.

Ordenado que se elimine del record la transcrip-ción de la evidencia y declarado sin lugar la desestimación de los recursos de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Arguinzonis, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 533.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Compraventa de Participaciones Peioindivisas — Consentimiento de los Con-dueños. — Para adquirir bienes proindivisos no es necesario el consentimiento de los demás condueños.

      Denegatoria de Inscripción — Semejanza entre Hinca Inscrita y la que se Trata de Inscribir — Duda Razonable por Parte del Registrador. — La Ley. Hipotecaria impide al registrador inscribir un título posesorio cuando ya se ha hecho una inscripción a nombre de otro, y en caso de duda el registrador está asimismo justificado en su denegatoria. Vegmlla v. mi Registrador de Guaya/ma, de junio 22, 1922, (pág. 836).
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. Gusmán Texidor.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Cayey dictó resolución a favor del recurrente a virtud de información posesoria de fincas rústi-cas, pero al ser presentada la orden para su inscripción al Registrador de la Propiedad de G-uayama denegó su inscrip-ción fundado en la nota que se transcribe:

"Denegada la inscripción del precedente expediente posesorio porque la finca que por el mismo se pretende inscribir se baila ins-crita en mayor porción en el registro y en proindiviso a nombre de Petronila, Carmen, Luis, Pablo y Eleuterio Rivera Vázquez, al folio 163 del tomo 5 de Cidra, finca número 272, inscripción Ia., y porque no resulta del expediente que el promovente o sus causantes hayan adquirido el inmueble cuya inscripción se interesa, en las porciones que en dicho expediente se determinan, con el consenti-miento expreso de los demás condominos * *

Convenimos con el recurrente en que para adquirir bienes proindivisos no es necesario el consentimiento de los condue-ños. Tal requisito no consta en el Código Civil.

Respecto al primer motivo de la nota, el recurrente no nos ha llamado la atención de nada a modo de prueba que acredite que el registrador estuvo equivocado al declarar que parte de la finca que se pretendía inscribir coincidía con la finca ya inscrita a nombre de otras personas. La Ley Hipo-tecaria impide al registrador inscribir un título posesorio cuando ya se ha hecho una inscripción a nombre de otro, y en caso de duda el registrador está asimismo justificado en su denegatoria. El caso de Veguilla v. El Registrador de Guayama, de junio 22, 1922, (pág. 836) es de aplicación. Debe revocarse la nota recurrida en cuanto al segundo mo-tivo . y confirmarse respecto al primero.

Revocada la nota en cuanto al segundo motivo y confirmada en cuanto al primero.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Franco, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios; me-morándum de costas.
    No. 2570.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Memorándum de Costas — Jurisdicción. — En la apelación de una resolución aprobando el memorándum de costas no puede atacarse la jurisdicción de la corte que dictó la sentencia condenando en costas.
    Id. — Id.-—Como las sentencias del Tribunal Supremo se ejecutan a menos que se obtenga la suspensión de la ejecución mediante fianza (supersedeas iond), cuando no se demuestra que tal suspensión se ha decretado, no puede con-cluirse que la resolución aprobando el memorándum • fué dietada sin juris-dicción por no ser firme la sentencia que dió' origen al memorándum.
    Id. — Id.—Alega el apelante en este caso como fundamento para impugnar, por falta de jurisdicción, la resolución que aprobó el memorándum de costas, que la sentencia dietada en apelación en el pleito principal es inexistente porque revocada la de la corte inferior debió el Tribunal Supremo dictar otra y no modificar la que había sido revocada. Se resolvió: que el error alegado no existe porque al revoear la sentencia en la parte que había sido apelada el Tribunal Supremo dictó otra en su lugar y sólo dejó subsistente la parte que no había sido apelada.
    Id. — Id.—Imputa el apelante como error de falta de jurisdicción a la corte inferior el haber resuelto el memorándum de costas sin decidir antes una mo-ción de eliminación del memorándum enmendado. Se resolvió: que la de-sestimación de tal moción está implícita en la resolución aprobatoria de dicho memorándum enmendado.
    Id. — Id.-—Término para Dictar Resoluciones. — Si bien es cierto que la Ley No. 94 que fué promulgada en 31 de marzo de 1919 con referencia a su sección primera dispone que los asuntos incluidos en el calendario de mocio-nes y excepciones deberán ser resueltos en el término de diez días después de sometida la cuestión de manera definitiva a la corte, el incumplimiento de tal disposición no priva a la corte de su jurisdicción para resolver, des-pués de transcurrido dicho término, un procedimiento sobre memorándum de costas. '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: el propio apelante.
    Abogado del apelado: Sr. J. B. Soto.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna apelación contra resolución de la corte inferior que aprobó el 17 de septiembre de 1921 el memorán-dum de costas que presentó la parte demandante el día 15 de junio del mismo año.

• Según la transcripción que tenemos ante nosotros la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia en un pleito entre las partes de este recurso sobre daños y per-juicios declarando la demanda sin lugar, sin especial condena de costas, y sin lugar también la reconvención del demandado.

En apelación revocamos esa sentencia en el particular que había sido apelado y declaramos con lugar la demanda con-denando al demandado a pagar al demandante cinco mil un dólares como indemnización por libelo y las costas, quedando subsistente el otro pronunciamiento que contiene. Recibida nuestra sentencia el 2 de mayo de 1921 en la corte inferior, a los cinco días presentó el demandante su memorándum de costas, que enmendó después el 15 de junio de 1921, y ha-biendo sido impugnado por el demandado la córte resolvió aprobándolo.

Según una certificación del secretario de la corte inferior el demandante presentó prueba en este incidente sobre apro-bación del memorándum de costas pero no ha sido traída con la transcripción que se nos ha presentado para resolver esta apelación.

El primer motivo alegado por el apelante para que revo-quemos la resolución recurrida es que la corte inferior care-cía de jurisdicción para conocer del memorándum de costas porque es la Corte de Distrito de Aguadilla y no la de San Juan la que tiene jurisdicción para conocer del pleito por ser los litigantes vecinos de aquel distrito donde se originó el hecho esencial de la demanda.

Aparte de que nada de lo expuesto resulta de la trans-cripción que nos sirve para resolver la apelación que esta-mos considerando, de todos modos habiéndose dictado sen-tencia en el pleito cualquier cuestión de jurisdicción que pu-diera haber en el caso ha quedado resuelta por ella y por consiguiente no puede ser suscitada ni resuelta como impug-nación del memorándum de costas que es una consecuencia de la sentencia.

También se alega como segundo motivo de error que no procede resolver sobre el memorándum de costas porque no es firme la sentencia dictada por nosotros puesto que puede' ser apelada al Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos.

Es cierto que la Ley No. 15 de 19 de noviembre de 1917 dispone que el memorándum se presentará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso, de que no se hubiere ape-lado, y si se hubiere apelado, dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en pri-mera instancia aviso oficial de la resolución dictada en ape-lación en última instancia, pero como nuestras sentencias se cumplen desde luego a menos que interpuesta apelación se obtenga la suspensión de su ejecución (supersedeas) mientras ésta no se decretare, y no consta que lo haya sido, tenía juris-dicción la corte inferior para conocer y resolver el memo-rándum de costas.

Otro motivo para la falta de jurisdicción que se alega es que la sentencia que dictamos en apelación es inexistente porque revocada la de la corte inferior debimos dictar otra y no modificar la que había sido revocada.

Es bien frívolo este motivo pues nosotros al revocar la sentencia en la parte qne había sido apelada dictamos otra en sn lugar y sólo dejamos subsistente la parte que no había sido apelada y sobre la que no teníamos, jurisdicción para resolver.

Dice también el apelante que la sentencia nuestra no era definitiva porque sólo resolvimos los derechos de la parte demandante. No podíamos hacer otra cosa porque según dijimos fué el particular apelado.

Como el apelante afirmó antes erróneamente que nuestra sentencia es inexistente, saca de aquí la consecuencia errónea también de que la corte inferior no tenía jurisdicción para dictar la resolución apelada, lo que le sirve como otro fun-damento de su recurso.

Se alega, además, como otro motivo de error, el haber sido admitido y aprobado el memorándum de costas y para sos-tener esto se dice que siendo nulo el procedimiento no había necesidad de ningunos desembolsos y que no se justificaron los que en él se expresan. Parece, pues no se dice, que la nulidad es por haberse tramitado el pleito eh San Juan y no en Aguadilla, pero si tal cuestión se promovió entonces tuvo que quedar resuelta por la sentencia. Además, ni reT sulta de la transcripción tal cuestión ni puede ser promovida al fijar la cuantía de las costas como consecuencia de una sentencia. En cuanto al segundo extremo como se presentó alguna prueba que no conocemos no podemos declarar que no fué probada la partida de desembolsos.

Dice también el apelante que fué error de la corte inferior resolver sobre dicho memorándum sin decidir antes una moción de eliminación del memorándum enmendado que se presentó. Sin embargo, la desestimación de tal moción está implícita en la resolución que aprobó el memorándum en-mendado.

Se alega por último que la corte inferior carecía de juris-dicción para dictar la resolución apelada porque habían trans-currido los diez días que la ley le concede para resolverla después de haber sido sometido el memorándum para su decisión.

Si bien es cierto que la Ley No. 94 que fue promulgada en 31 de marzo de 1919 con referencia a su sección primera dispone que los asuntos incluidos en el calendario de mociones y excepciones deberán ser resueltas en el término de diez días después de sometida la cuestión de manera definida a la corte, el incumplimiento de tal disposición no priva a la corte de su jurisdicción para resolver, después de transcu-rrido dicho término. Es solamente un término fijado para apremiar a los jueces a que resuelvan pronto los asuntos.

No siendo procedentes, según hemos dicho, ninguno de los motivos alegados para la revocación en este caso la resolu-ción apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervinieron en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
      Gonzalo et al., Demandantes y Apelados, v. Jiménez et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación.
    No. 2436.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Venta de Pinga para Pago de Contribuciones — -Reivindicación de Condomi-nios — Bienes de Menores. — En el presente caso se resolvió: que si como alegan los demandantes la adjudicación de la Anea “Envidiada” al albacea es nula e inexistente en cuanto a las participaciones que en ella les corres-pondía porque eran menores interesados y no se obtuvo autorización judicial, entonces,' nunca dejaron de ser dueños de tales participaciones y por tanto al vender El Pueblo de Puerto Rico la finca en subasta pública para cobrar las contribuciones que no le habían sido satisfechas vendió las participacio-nes hereditarias que los demandantes tenían en la finca por lo que carecen, de aeción para reclamarlas, ya que no fundan su derecho en defeetos del procedimiento gubernativo seguido para hacer efectivo el pago de esas con-tribuciones. Los demandantes como dueños de diebas participaciones estaban obligados al pago de las contribuciones de la finca si no querían que fuera vendida y que en su consecuencia se extinguiera su derecho sobre ellas, salvo el de redimirla, que no utilizaron. La venta para el pago de contribuciones extingue los derechos sobre la finca vendida aunque esté poseída por persona que no sea responsable de ellas o que descuidó pagarlas.
    Los Re ciaos están expresados en la opinión.
    Abogado de las apelantes: Sr. J. Sabater.

    Abogado de los apelados: Sr. A. Amoldo.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos José Bomán Castro y Francisca Escalona murieron en el año 1888 siendo dueños de una hacienda de café de-235 cuerdas de terreno nombrada “Envidiada,” ra-dicada en el barrio de Bateyes del término municipal de Ma-yagüez, la que en 1892 fué adjudicada en la partición de sus bienes a su albacea Bernardo Escalona con obligación de pagar ciertas deudas de la herencia de los esposos. Desde entonces esa finca ha sido adquirida por diversas personas e inscrita en el registro hasta que en 1906 siendo de Edith Frantwetter, fué vendida en pública subasta por El Pueblo de Puerto Bico para el pago de las contribuciones impuestas a ella y fué' adjudicada a Angel A. Vázquez quien en 1908 la vendió a Martiniano Martínez,' siendo en la actualidad de su viuda Flora Jiménez Maristany y de la hija de ambas Aminta Martínez y Jiménez. Estas dos personas fueron de-mandadas en el año 1920 por algunos de los herederos de José Bomán Castro y de Francisca Escalona con objeto de que las demandadas reconozcan las participaciones propor-cionales que los demandantes alegan tener en dicha finca como herederos de dichos esposos y de las cuales no se han des-prendido por ser nula la adjudicación que de la finca se hizo al albacea- porque habiendo menores interesados en la par-tición no se hizo dicha adjudicación mediante expediente que se tramitara para justificar la necesidad y utilidad de tal adjudicación ni se celebró subasta para ella. Dictada sen-tencia en este caso de acuerdo con las pretensiones de los demandantes fué apelada por las demandadas quienes alegan como uno de los errores de la corte sentenciadora el de no haber dado valor al título de venta en pública subasta por falta de pago de contribuciones becbo ’ por El Pueblo de Puerto Eico a favor de Vázquez, de quien adquirió el cau-sante de las demandadas.

Si como alegan los demandantes la adjudicación de la finca ‘‘Envidiada” al albacea es nula e inexistente en cuanto a las participaciones que en ella les correspondía, porque mediaban menores interesados y no se obtuvo autorización judicial, entonces, nunca dejaron de ser dueños de tales par-ticipaciones y por tanto al vender El Pueblo de Puerto Rico la finca en subasta pública para cobrar las contribuciones que no le habían sido satisfechos vendió las participaciones here-ditarias que los demandantes tenían en la finca por lo que carecen de acción para reclamarlas, ya que no fundan su de-recho en defectos del procedimiento gubernativo seguido para hacer efectivo el pago de esas contribuciones. Los deman-dantes como dueños de dichas participaciones estaban obli-gados al pago de las contribuciones de la finca si no querían que fuera vendida y que en su consecuencia se extinguiera su derecho sobre ellas, salvo el de redimirla que no utilizaron. La venta para el pago de contribuciones extingue los derechos sobre la finca vendida aunque esté poseída por persona que no sea responsable de ellas o que descuidó pagarlas. 26 R. C. L. página 403. Al Pueblo de Puerto Rico le bastaba se-guir, como siguió, el procedimiento gubernativo para la venta de la finca contra la persona que según el registro de la pro-piedad era dueña de ella, por lo que no son de aplicación a este caso los de Menéndez v. El Registrador, 13 D. P. R. 191, y de González v. Pierazzi, 23 D. P. R. 399 que nos citan los apelados, y si habían' otras personas desconocidas para él que eran los verdaderos dueños debieron éstas cuidarse de hacérselo saber y de pagar las contribuciones para que su de-recho no quedase extinguido. En algunas jurisdicciones se llega hasta declarar que un título de venta por contribuciones crea en el comprador un nuevo y original título. 37 Cyc. 1473.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Sucesores de Abarca, Demandantes y Apelados, v. Nones et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de pagaré (tras-lado de causa).
    No. 2685.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Traslado del Pleito — Jurisdicción—Sumisión—Corte Competente. — El hecho de que un demandado excepcionara la demanda enmendada y la contestara después de dictada la orden que negó el traslado del pleito solicitado por él y por su co-demandado y el de que conteste después de apelada dicha orden por ambos demandados, no pueden ser considerados, atendido el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, como una sumisión a la corte ni como una renuncia de su derecho al traslado.
    Id. — Id.—La corte ante la cual se presenta una moción de traslado carece de fa-cultad para decidir cualquiera otra cuestión hasta que haya resuelto la de traslado.
    Id. — Residencia de los Demandados — Pianza.—A y B, demandados para el co-bro de un pagaré suscrito por el primero como deudor y por el segundo como fiador, solicitaron que el pleito fuera trasladado a la corte del distrito en que ambos residen. Según la obligación suscrita, A se sometió a la compe-tencia de la corte donde fué radicada la demanda y B expresó en la misma lo siguiente: “Garantizo él pago del presente documento en las condiciones en él establecidas.” Se resolvió: que tal expresión no envuelve una renun- ■ cia del fuero de domicilio por parte del fiador, por lo que el traslado debe ser decretado. Boyal Barilc of Canada v. A. McGormlels, 25 D. P. R. 123.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. C. Brunet.

    Abogado de los apelados: Sr. E. G. Molina.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de Abarca demandaron en la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, a Adolfo Nones y a Luis Lorenzi para que le pagasen una deuda consignada en un pagaré suscrito por el primero y garantizado por el segundo.

Según el pagaré inserto en la demanda, Nones reconoce deber a Sucesores de Abarca, $3,747.37, suma de tres par-tidas que se comprometió a pagar en distintas fechas y por las, cuales abonaría intereses del doce por ciento anual en el caso de mora y también las costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, diciéndose también en el pagaré lo siguiente: “Me someto expresamente a la competencia de los tribunales insulares de San Juan, P. R.” Y al pie del pagaré suscribió el otro demandado lo que sigue:

‘ ‘ Garantizo el pago del presenté documento en las condiciones en él establecidas. — Luis Lorenzi.”

Ambos demandados, por medio de un abogado, pidieron conjuntamente en tiempo y forma a la corte donde el pleito fué presentado que lo trasladase a la Corte de Distrito de Ponce por ser el lugar de su residencia y ejercitarse contra ellos una acción personal, y en 6 de febrero de 1922 la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, dictó la siguiente resolución:

“Comparece solamente el abogado del demandante, Ledo. Henry G. Molina, y después de informar oralmente, la corte declara desis-tido dicho demandante de su acción en cuanto al demandado Luis Lorenzi, continuándose los procedimientos contra el otro demandado Adolfo Nones; declara sin lugar la moción de traslado de los de-mandados en cuanto a dicho Adolfo Nones, y le concede cinco días al demandante para enmendar su demanda.”

Notificado el abogado de los demandados de esa resolu-ción y de la demanda enmendada en la que fueron eliminadas las alegaciones que la anterior contenía con respecto a Luis Lorenzi, quien fué excluido como demandado, apelaron los demandados de la resolución dicha y Adolfo Nones presentó excepción previa contra la demanda enmendada.

Pendiente en este tribunal esa apelación nos pidió la parte apelada que la desestimáramos fundándose en que posterior-mente Nones contestó la demanda enmendada, según certifi-cación que nos presentó del secretario de la corte inferior, acto que según el apelado, así como el haber formulado ex-cepción previa contra la demanda enmendada, es su someti-miento a la corte inferior y su renuncia de cualquier derecho que pueda tener al traslado del pleito. La vista de esta mo-ción y la de la apelación fué celebrada en un solo acto y ambas cuestiones penden de nuestra resolución.

Como según el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil la formalización del recurso de apelación de una orden que conceda o rehúse conceder un cambio de lugar para la celebración del juicio no suspende los procedimientos en cuanto a la orden' apelada, el hecho de que Adolfo Nones excepcionara la demanda enmendada presentada contra él después de dictada la resolución apelada y el de que la con-testara después de establecida su apelación no pueden ser considerados como una sumisión a la corte inferior ni como su renuncia del derecho que trata de sostener por la apela-ción que tiene establecida, ya que la ley dispone'que a pesar de tal apelación continúan los trámites del pleito, sujetos por consiguiente a las resultas de la apelación de tal manera que si la resolución fuera revocada la actuación posterior a su fecha no surte efectos legales, por lo que no debemos deses-timar la apelación. Santalís v. El Zenit, 28 D. P. R. 695.

En cuanto a la apelación, los demandados alegan como único motivo de su recurso el siguiente: í£La corte erró al permitir la enmienda de la demanda, para impedir el tras-lado, y al denegar la moción de traslado.” Este alegado error comprende en verdad dos: primero, que la corte inferior no podía permitir la enmienda de la demanda; segundo, que debió conceder el traslado que se le pidió.

Una moción de traslado plantea a la corte la cuestión de que no tiene competencia para conocer del pleito por corres-ponder su conocimiento a otra corte y por esto la corte ante quien se presenta tal moción carece de facultad para decidir cualquiera otra cuestión basta que baya resuelto la de tras-lado, pues si los demandados tienen derecho a él también lo tienen a que cualquier moción o procedimiento en el pleito sea resuelto' por la corte de su residencia, por lo que fué errónea la resolución apelada al tener a los demandantes por desistidos de su acción en cuanto al demandado Luis Lorenzi sin haber resuelto previamente la petición de traslado hecha por los demandados. En el caso de Brady v. The Times-Mirror Company, 106 Cal. 56, que es. igual al presente, pues oída una moción de traslado y antes de que fuera resuelta se permitió desistir de la demanda en cuanto a uno de los demandados, se resolvió esa cuestión de igual manera a como lo hacemos nosotros; y si bien los apelados dicen ahora que el caso no es igual porque la resolución se dictó después de oída la moción, esto no afecta a la cuestión, pues lo que im-pide que pueda resolverse otra cuestión es la presentación de la moción de traslado. También dicen los apelados que la resolución citada es errónea pero nosotros no la estimamos así. Alegan, además, que ellos tienen el derecho de desistir del pleito en cualquier tiempo antes del juicio, previo pago de costas, a menos que mediase una reconvención o que el demandado hubiera solicitado alguna resolución a su favor. Esto es cierto, pero los demandantes no desistieron del pleito teniendo que pagar las costas sino que se limitaron a desistir de su acción contra uno de los demandados, quedando el pleito en pie para ser continuado mediante la enmienda de la de-manda.

Siendo errónea la resolución de la corte inferior en cuanto a tener por desistidos a los demandantes de sn acción contra nno de los demandados mientras estaba pendiente la petición de traslado qne Rabian becbo, para resolver sn apelación de-bemos tener en cnenta el pleito como si el desistimiento en cnanto a Lorenzi no hubiera sido resnelto por la corte inferior.

En este caso ambos demandados pidieron el traslado del pleito y si bien Adolfo Nones no tiene derecho a él por ha-berse sometido volnntariamente a la corte inferior, según los términos del pagaré qne suscribió (Gómez v. Toro, 23 D. P. R. 642, y Körber & Cía. Inc. v. Colón, decidido el 9 de junio último) pág. 772, Luis Lorenzi tiene un claro derecho a qne el pleito se vea en el lugar de su residencia, pues al decir en la obligación que él contrajo que garantizaba el pago del docu-mento ‘ ‘ en las condiciones en él establecidas ’ ’ se refiere única-mente a las condiciones de la obligación, o sea, a las cantidades adeudadas, al tiempo de su pago, a satisfacer los intereses de mora al tipo que se dice y a pagar costas, gastos y honora-rios de abogado; y no puede declararse que también se some-tió a la competencia de los tribunales de San Juan porque siendo una renuncia de un derecho concedido por la ley debió hacerla constar expresamente para que surtiera efectos le-gales. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, siendo todos los demandados por acción personal residentes de Ponce al tiempo de ini-ciarse la acción, debió ser trasladado el pleito a la corte de su residencia de acuerdo con la petición de Lorenzi, porque según dijimos en el caso de Royal Bank of Canada v. A. McCormick, 25 D. P. R. 123, “la residencia de los demandados o de algunos de ellos es la que regula la jurisdicción de las cortes de distrito en los casos a que alude el artículo 81. Si ninguno de los demandados reside dentro del distrito, la corte sólo puede adquirir jurisdicción por sumisión de las partes. Y si todos los demandados son partes necesarias y son todos no residentes, la corte no pnede adquirir jurisdicción por la sumisión de alguno o algunos de dichos- demandados, sino que es necesaria la de todos ellos.”

Por las razones expuestas no ha lugar a desestimar la apelación, y la resolución apelada dehe ser revocada, dictán-dose otra ordenando el traslado del pleito a la Corte de Dis-trito de Ponce.

Revocada la resolución apelada y ordenado él traslado del pleito a la Corte de Distrito de Ponce.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. "Wolf firmó: “Conforme con la sen-tencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 531.
    Resuelto en julio 6, 1922.
    Bienes de Menores — Autorización Judicial — Transacción. — -En el presente caso la madre, para evitar un pleito y por tratarse de bienes cuyo valor ex-presó en la escritura que era inferior a $500, traspasó sin autorización judicial, amparándose en el artículo 1712 del Código Civil, ciertos defectos rea-les de sus hijos menores. Recurrida la nota que denegó la inscripción, se resolvió: que demostrando la escritura que se trataba de una venta y no de una transacción, la inscripción fué propiamente denegada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se presentó al Registro de la Propiedad de Arecibo, para su inscripción, una escritura de compraventa sobre cierto con-dominio en nna finca rústica, otorgada por Candelaria Ro-dríguez Salgado, como madre con patria potestad de sns me-nores hijos y se hace constar que la venta se verifica haciendo uso de la facultad que concede el artículo 1712 del Código Civil Revisado, con el objeto de evitar un pleito y por tra-tarse de bienes cuyo valor es menor de quinientos dólares.

El registrador denegó la inscripción y fundó su negativa en la siguiente nota:

“DbNbgada la inscripción solicitada, porque Candelaria Rodrí-guez Salgado,, vende el derecho de condominio que a sus menores hijos corresponde en la finca, sin estar autorizada para ello por la corte de distrito, lo que es contrario al precepto terminante del ar-tículo 229 del Código Civil, y a lo resuelto por la Corte Suprema en el caso 23 D. P. R. 473 y en el de Acosta et al. v. El Registrador, (13 enero de 1921) y porque no se trata de una finca esencialmente indivisible, sino de una parcela de terreno de fácil división material y adjudicación, en cuyo caso bastaría que sólo interviniera la repre-sentante legal de las menores (artículos 413 y 1027 del Código Civil) * *

Dicha nota ha sido recurrida y es objeto del recurso que vamos a considerar.

Según los términos de la escritura el comprador había comprado a la madre de los menores la mitad proindivisa de la finca y la razón de obtener ahora la otra mitad perte-neciente a dichos menores es porque se ha tratado de dividir la comunidad existente en la finca entre el recurrente y los menores, pero debido a que el terreno es poco y las casas que contiene no están todas en el mismo estado de conser-vación, no ha sido posible llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, de modo que la venta al recurrente es un medio de transacción y era la manera de evitar un pleito. Se expone, además, que como la madre ni sus menores hijos tienen otros bienes de que disponer ella se ha visto obligada a ser la vendedora.

Esta última consideración sería bastante para justificar plenamente la nota del registrador al apreciar qne se trata de una simple venta y no de una transacción. Si existe una necesidad para vender es la corte competente la que puede decidir ese extremo por ser indispensable en ese caso la au-torización judicial, según dispone el artículq 229 del Código Civil Revisado, como quedó enmendado por la Ley No. 33 de 1911, y las decisiones que cita el registrador en su nota. Ade-más, en el caso de Acosta et al. v. El Registrador, 29 D. P. R. 9, que es muy análogo al presente y en donde se interpreta el artículo 1712 del Código Civil Revisado, se dijo por esta corte que la Ley No. 33 de 1911 probibe cualquier enajena-ción de inmuebles concerniente a menores sea o no hecha para llegar a una transacción.

No siendo, pues, una transacción y sí una venta el con-trato a que se contrae la escritura objeto de este recurso, la nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.