text:
    Claudio L. Lloreda, demandante y apelante, v. Hon. Pedro Manzano Aviñó, Juez de la Corte Municipal de San Juan, Sección 2ª, demandado y apelado, y Commercial Credit Company, interventora y apelada.
    No. 4197.

    Visto: Marzo 24, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Ventas — Ventas Condicionales — Acciones por el Vendedor o su Cesionario— Sobre Entrega de la Oosa Vendida — Consignación de la Cantidad Adeu-dada — Insuficiencia de la Consignación t Efecto. — Cuando el no pago de unos plazos da origen al procedimiento que para la entrega al vendedor de la cosa vendida, establece la ley sobre ventas condicionales No. 61 de 1916 (p. 126), según fué enmendada por la No. 40 de 1925 (p. 247), la consignación del importe de dichos plazos sin incluir los gastos a que se refiere el contrato de venta condicional no releva al comprador de su obli-gación y procede ordenar la entrega, de la cosa vendida eondicionalmente, al vendedor.

      SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar recurso de certiorari, con costas.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Francisco Soto Gras, abo-gado del interventor-apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario apeló de una sentencia de la corte inferior qne declaró sin lugar una petición de certiorari inter-puesta con el fin de que se revisaran ciertas resoluciones de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, dicta-das en un procedimiento sobre venta condicional.

El peticionario había comprado a la mercantil Zorrilla, Sáenz y Compañía un automóvil. Del precio que había sido convenido quedó a deber cierta cantidad que debía sa-tisfacer en plazos iguales, empezando el primer pago en noviembre 19, 1925. La venta tenía el carácter de condi-cional, de acuerdo con lo que determina la Ley No. 61 de 1916 sobre ventas condicionales, según fué enmendada por la Ley No. 40, aprobada en junio 27, 1925. La cantidad aplazada fué cedida luego a la corporación “Commercial Credit Company,” quedando ésta subrogada en los dere-chos de la sociedad vendedora.

El peticionario dejó de satisfacer del crédito adeudado varios plazos vencidos, haciendo un total de $119.86. La corporación cesionaria acudió entonces a la corte municipal y siguiendo el procedimiento que establece dicha ley sobre ventas condicionales, pidió por incumplimiento de las con-diciones del contrato de venta que se citara a las partes in-teresadas para una audiencia y que se ordenara la incau-tación por el marshal del automóvil y se entregara a la Commercial Credit Company.

El comprador no compareció a la audiencia que fué acordada y la corte en diciembre 8, 1926, resolvió de acuerdo con lo solicitado. El márshal no pudo, sin embargo, cumplir la orden de la corte por no encontrar el automóvil en po-der del comprador, y entretanto dicho comprador ofreció al márslial la referida suma de $119.86 con el fin de dar por cumplida la condición del contrato y no tuviera que ejecutar dicha orden.

El marshal se negó a recibir dicha suma fundándose en que' la orden de la corte no le autorizaba para hacerlo y en-tonces el comprador, después de acudir a la otra sección de la corte municipal y consignar los $119.86, en diciem-bre 16, 1926, presentó una moción a la Corte Municipal, Sección Segunda, y basándose en la consignación que había hecho solicitó el sobreseimiento de las diligencias sobre in-cautación y entrega del carro a la corporación cesionaria. Esta moción no aparece que fuese resuelta por la corte municipal, y en diciembre 23, 1926, la corporación “Commercial Credit Company,” alegando que el márshal devol-vió la orden con el diligenciamiento de no haber podido en-contrar el automóvil y que teniendo conocimiento exacto del sitio donde se encontraba, pedía que dicho márshal pro-cediera a su entrega. La corte municipal en diciembre 24, 1926, resolvió de conformidad. En diciembre 29, 1926, el comprador recurrió de nuevo a la Corte Municipal, Sección Segunda, insistiendo en haber hecho el pago mediante la consignación y en haber ofrecido a la corporación cesiona-ria los gastos del procedimiento montantes a $3.25, solici-tando la entrega del automóvil. La corte municipal, sección segunda, finalmente, en enero 4, 1927, mediante una resolu-ción fundada, denegó la moción. A fin de que se revisa-ran estas resoluciones se acudió por el comprador a la corte inferior mediante certiorari, y la corte declaró sin lugar el recurso resolviendo en síntesis que si bien la can-tidad de $119.86 que consignó el comprador cubría el total de los plazos, no comprendía los gastos originados por el retiro y almacenaje del vehículo, incluyendo entre éstos los gastos y honorarios del abogado de que se valió la Commercial Credit Company ante la corte municipal para el retiro del automóvil del poder del comprador.

Existe una cláusula eu el contrato de las partes que dice así:

“Que si el Vendedor o sus sucesores tomasen posesión del ¡vehículo mencionado de acuerdo con el párrafo anterior de este contrato, dicho Vendedor o sus sucesores dejarán dicho vehículo por el término de los siguientes treinta días a la disposición del Comprador, durante cuyo término el Comprador podrá obtenerlo nuevamente mediante- el pago completo del importe total de todos los plazos que aún queden sin pagar, más los gastos originados por el retiro- y almacenaje de dicho vehículo. ’ ’

Este acuerdo de los interesados en cuanto a la retención por .el vendedor del vehículo por un término de treinta días, durante el cual el comprador o su cesionario podía dar cumplimiento al contrato y subsiguientemente recibir los bienes, está provisto por el artículo 6 de la ley sobre ventas condicionales. En dicho artículo se prescribe ade-más el procedimiento a seguir para que el vendedor pueda recuperar los bienes muebles o semovientes cuando el com-prador ha faltado a las condiciones del contrato, pudiendo retenerlos por el indicado término de treinta días' Tal procedimiento fué seguido por el vendedor. El comprador no compareció a la vista que fué señalada por la corte municipal, sección segunda, y la corte ordenó la entrega del vehículo al vendedor, sujeto a las demás disposiciones de la ley. La orden de la corte no pudo cumplirse por no en-contrarse el automóvil en poder del comprador, y días des-pués se hizo la consignación de la suma de $119.86 de los plazos adeudados y cuya falta de pago dió origen al proce-dimiento establecido. Sin embargo, aquella suma no incluía los gastos a que se refería el convenio. Y no es como alega el apelante que no habiéndose cumplido la orden de la corte no existían gastos. El último párrafo del artículo 6 antes citado dice: “Al recibir el márshal de la corte la declaración jurada mencionada, cobrará por derechos la suma de tres dollars que cancelará en sellos de rentas in-ternas y la cual cantidad incluye la anotación del asunto en la secretaría de la corte.” Además, según el contrato los plazos vencidos devengaban el interés del 12 por ciento annal y los devengados basta la fecba de la consignación no fneron incluidos. La consignación en tales condiciones no liberaba al comprador de sn obligación y la corte, municipal tnvo razón al dictar nna segunda resolución ordenando la entrega del vehículo al vendedor. Más tarde, el 29 de diciembre de 1925, el comprador condicional nuevamente in-sistió, basándose en la consignación y en baber ofrecido los $3 en concepto de costas, en que se sobreseyeran las dili-gencias sobre retiro y se le entregara el referido automó-vil, pero ya en aquella fecba habían transcurrido varios días desde que el automóvil estaba en poder del vendedor y ni siquiera aparece que se ofrecieran pagar los gastos de almacenaje y los intereses devengados.

Es conveniente aclarar que aunque la corte inferior in-cluye entre los gastos que debe pagar el comprador, hono-rarios de abogado, sin embargo, ni la ley ni el convenio es-tablecen tal obligación.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    José Delgado González, demandante y apelante, v. Avelino Márquez Díaz y Saturnino Dávila, demandados y apelados.
    No. 4190.

    Visto: Mayo 9, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Apelaoióít y Error. — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Térímino para Interponer el Recurso — Comienzo del Mismo — Archivo de Copia de la Notificación de Sentencia — Su Suficiencia. — La constancia —nota—del secretario al pie de una resolución apelable al efecto de haberse enviado copia de ella a los abogados de la parte perjudicada, no constituye el archivo de la eopia de la notificación con los autos a que se refiere la sección 2 de la Ley No. 70 de 1911 (p. 238).
    MooiÓN sobre desestimación de apelación,, interpuesta ésta contra re-soluciones de Pablo Perga y Gabriel Gastejón, J. (Humacao), en acción sobre tercería de bienes muebles.

      No ha lugar a desestimar.

      M. Rodríguez Perra, abogado del apelante; González Pagundo &

      González Jr., abogados del apelado; Avelino Márquez Díaz, repre-sentado éste por sus herederos.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión dél tribunal.

José Delgado González inició nn procedimiento de terce-ría en la Corte de Distrito de Hnmacao el 30 de agosto de 1922. El 22 de septiembre siguiente formuló la cuestión por escrito por medio de su abogado Celestino Benitez. El demandado Márquez contestó en octubre 10,* 1922, oponién-dose. Pasó el tiempo sin que nada más se hiciera y la corte el 21 de noviembre de 1924 dictó una resolución de-cretando el archivo del caso por abandono.

Al pie de ella aparece una nota que dice:

“Copia de la anterior resolución remitida a Celestino Benitez, Juncos, abogado del demandante, boy 21 de Nov. 1924. (Firmado) A. Ramírez, Jr., Secretario.”

Sigue luego una moción del demandado Márquez fechada el 6 de mayo de 1926 pidiendo que se dicte sentencia contra el demandante y sus fiadores, y una orden accediendo a lo solicitado, al pie de la cual existe una nota que expresa:

“El Secretario que subscribe certifica: que con fecha de hoy 13 de mayo de 1926 ha remitido por correo certificado a Celestino Beni-tez de Juncos como abogado del tercerista José Delgado González, a Miguel Santiago Morales y Onofre Solano, ambos de Caguas, como fiadores, copias de la orden que precede. — Humacao, P. R. a 13 de Mayo de 1926. (Firmado) A. Ramírez, Jr. — Secretario.—Hay tres recibos impresos del correo creditivos del envío por correo certificado de tres pliegos por el Secretario de la Corte a Miguel Morales Santiago, Caguas, a Onofre Solano, Caguas y a Celestino Benitez, Juncos, en Mayo 13 de 1926, suscritos por J. Carreras, Postmaster.”

El 10 de febrero de 1927 el tercerista, por medio de su abogado M. Rodríguez Serra, archivó un escrito apelando para ante esta Corte Suprema de la resolución de 21 de no-viembre de 1924 y de la orden de 12 de mayo de 1926.

El 13 de abril último la parte apelada solicitó la deses-timación del recurso por haberse interpuesto fuera del tér-mino de ley. Se opuso la parte apelante alegando que el término para apelar no ha vencido porqne no se han radi-cado con los autos las notificaciones de las resoluciones ape-ladas y es a partir de dichas radicaciones que el término se cuenta. El 9 de mayo ambas partes fueron oídas sobre la moción.

La cuestión envuelta en este caso ha sido debatida en varias ocasiones en el seno del tribunal. Véase Cruz et al. v. Sucesión Jiménez, 32 D.P.R. 833, y opinión concurrente del Juez Asociado Sr. Wolf, a la página 840.

Luego, en el caso de Del Rosario v. Allende, 33 D.P.R. 770, emitiendo la opinión de la corte el propio Juez Aso-ciado Sr. Wolf, se decidió:

“que la mera adición a los autos de una certificación fechada pero sin firmar por el secretario, creditiva de que el día que expresa la fecha fué enviada una copia de la notificación de la sentencia a la parte perjudicada por ésta, no constituye la debida radicación de la noti-ficación de la sentencia que de acuerdo con el artículo 2 de la ley de 1911 sirve de base para limitar el término de apelación.”

¿ Pueden sustituir las constancias del secretario que de-jamos transcritas, al archivo de la notificación con los autos? No es posible. La ley es terminante. Dice que el secretario comunicará la sentencia apelable a la parte por medio de “una notificación escrita informándole que la sen-tencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.”

No se concibe que no se cumpla por los funcionarios a ello llamados un precepto de ley tan preciso y de tanta tras-cendencia para las partes. Estas, por medio de sus aboga-dos, deben vigilar su debido cumplimiento, ya que como se dijo en la opinión concurrente al caso de Cruz et al v. Sucesión Jiménez, supra, “El principio de una limitación al derecho de apelar se interpreta estrictamente a favor del apelante, 3 C. J. p. 1059, y siguientes donde se citan casos de California y de Louisiana.

No ha lugar a la desestimación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alejandro Laborde, demandante y apelado, v. Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 3881.

    Visto: Mayo 12, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Apelación t Ekbor — Desestimación, Retir© y Abandono — Defectos en los Procedimientos para Elevab la Causa — Radicación del Escrito de Ape-lación Fuera del Término. — Interpuesto un recurso después de transcurrido el término estatutario para apelar, procede desestimarlo.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla),- declarando con lugar la demanda en cuanto a lo principal reclamado, mas no en cuanto a lo accesorio, sin costas.

      M. Tons Soto, abogado del apelante; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El día antes del señalado para la vista se presentó una moción solicitando la desestimación del recurso que fue oída juntamente con el caso en su fondo el 12 de mayo último.

Se basa la moción en que habiéndose notificado la sen-tencia apelada el 9 de octubre de 1925, a la parte contra quien se pronunció, dicha parte no apeló hasta el 8 de diciembre de 1925, fecha en que había transcurrido con exceso el término de treinta días concedido para ello por la ley.

Como prueba de lo consignado en su moción la parte apelada acompañó una certificación expedida por el secreta-rio de la corte de Distrito que, en lo pertinente, dice:

“Que en dicho caso esta Corte de Distrito, en 8 de octubre de 1925, dictó sentencia condenando al Municipio de Isabela a pagar al demandante la cantidad de cinco mil dólares, en concepto de precio convenido por sus gestiones en la tramitación de un empréstito de dicho municipio, sin intereses y sin costas.
“Que dicha sentencia le fué notificada al municipio demandado el día 9 de octubre de 1925.”

En el acto de la vista se autorizó a la parte apelante para radicar sn oposición por escrito, concediéndosele un término de cinco días.

El 27 de mayo, 1927, la parte apelada presentó otra moción solicitando que el caso se resuelva por la moción de desestimación. En dicho escrito, que fue notificado al abo-gado del demandado-apelante, se consigna lo que sigue:

‘ ‘ Que en dicho acto el apelante ofreció radicar una certificación del Secretario creditiva de la fecha en que realmente se hizo tal notifica-ción; y dicho documento no ha sido radicado por el apelante toda-vía en esta fecha.”

El municipio demandado no archivó su oposición dentro del término que se le concediera, ni después. Tampoco la certificación a que se refiere el demandante-apelante.

Bajo esas circunstancias, visto lo dispuesto en el art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, opinamos que dehe declararse la moción con lugar y en su consecuencia deses-timarse el recurso.


text:
    Union Commercial Corporation, demandante y apelada, v. Arturo Ortiz Toro y Eleuterio Santiago, demandados y apelantes.
    No. 4011.

    Visto: Febrero 1, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    1. Evidencia — Admisiones—Admisiones Ante los Tribunales — Admisiones en las Alegaciones — Admisibilidad en Juicio Posterior — Juicio Entre; las Mismas Partes. — Admitida por estipulación en juicio anterior la veracidad de ciertas alegaciones que, al ser enmendada la demanda a los solos efectos de pedir en su súplica que se condenara a los demandados al pago del in-terés legal, permanecieron iguales, la admisión puede invocarse como válida en juicio posterior entre las mismas partes.
    2. Embargos — Responsabilidades Sobre Fianzas t "Undertakings” — Acciones Sobre Fianzas — Apelación—Revisión—Evidencia.—Atendidas las pruebas en este caso se resolvió que ellas eran suficientes para/ sostener la sentencia' apelada.
    SbntenCia de B. H. Todd Jr., J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes Carda, abogado de los apelantes; Angel Fiol Ne-gron y Juan Yaldejuli, abogados de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez viene este pleito a la Corte Suprema. La vez primera se practicó la prueba de la parte demandante y la parte demandada presentó una moción de non suit que fué declarada con lugar. Apeló la demandante y esta corte revocó la resolución recurrida. La opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey, termina así:

“ (1) Las admisiones de los demandados y la evidencia presentada por la demandante prueban suficientemente prima facie todos los Le-chos de la demanda, por lo que la corte inferior cometió error al de-clarar sin lugar la demanda por los méritos de la prueba de la de-mandante; sin que sea obstáculo para esta conclusión que se pre-sentara prueba secundaria sobre el contenido del pleito contra O ’Sheaf y de la fianza que en ellos prestaron los demandados, pues éstos ad-mitieron, y además se probó, que esos autos se han perdido.” Union Corp. v. Ortiz, 24 D.P.R. 216, 219.

Devuelto el caso a la corte de distrito, se señaló la vista para el 26 de octubre de 1925. Comparecieron en dicho día las partes y la demandante pidió que el juicio continuara partiendo de la base de la prueba ya practicada. La corte no accedió y se celebró un juicio enteramente nuevo. Final-mente la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar y no conforme la parte demandada interpuso el pre-sente recurso de apelación..

El primer error señalado se formula así:

' “1. — La Corte cometió error al negar como negó la eliminación ■del hecho 5 de la demanda enmendada, todo lo que se alega allí de que la Corte de Distrito de Ponce considerando un memorándum de éstos lo aprobó a favor de la demandante por la suma de $111.40.”

No sólo al señalar el error si que también al argumen-tarlo se sostiene que el memorándum fué aprobado por la corte de distrito, cuando lo cierto es que todo el procedi-miento ocurrió en la Corte Municipal.

Aclarado esto diremos que el fundamento de la petición de eliminación fné el de que por el hecho quinto de la de-manda se intentaba recobrar honorarios de abogado y en las cortes municipales no podían imponerse tales honorarios. Contestó la demandante que en la demanda no se decía que el memorándum comprendiera honorarios y que en cier-tos casos, cuando las partes se habían obligado a ello a virtud de un contrato, podían percibirse honorarios en las cortes municipales, y la. corte declaró sin lugar la elimina-ción.

No vemos que la corte cometiera error alguno. La parte demandada pudo pedir quizá que se especificaran las parti-das del memorándum. De todos modos quedaba el juicio. La prueba tenía que presentarse y entonces se conocería si se incluían o no honorarios de abogado y podría suscitarse la cuestión para qué la corte la decidiera al pronunciar su sentencia.

2. El segundo error es como signe:

“2. — La Corte cometió error al declarar como declaró con lugar la moción de la demandante al objeto de que se tuvieran por admiti-das las alegaciones número uno, dos, tres, cinco, seis y parte de la siete de la demanda enmendada, no obstante la contestación enmen-dada radicada con permiso de la corte.”

Es cierto que se enmendó la demanda con permiso de la corte, pero lo fue sólo en la súplica para pedir que se con-denara a los demandados al pago del interés legal sobre la reclamación desde que se interpuso da demanda. Las ale-gaciones de que se trata permanecieron iguales y la verdad de las mismas había sido admitida por estipulación de las partes por medio de sus abogados en el juicio anterior.

Siendo ello así, no cabe concluir que la corte cometiera error alguno al permitir que se presentaran como prueba las anteriores admisiones. Su decisión se sostiene por lo dispuesto en el artículo 35, apartado 2, de la Ley de Evi-dencia. Compilación de 1911, página 301, y por lo estable-cido por la jurisprudencia.

“La regia general,” dice el tratadista Jones, “es que las admi-siones hechas por un abogado en un pleito no son admisibles en otro pleito entre las mismas partes. Pero cuando se hace una admisión absoluta e incondicional en un caso pendiente, ya sea mediante esti-pulación escrita del abogado o como cuestión de prueba en el juicio, puede ser utilizada en un juicio subsiguiente y no puede ser retrac-tada excepto con permiso de la corte mediante una demostración de error, engaño o sorpresa.” 2 Jones on Evidence, 459-60.

Véase también el caso de Nathan v. Diersen, 146 Cal. 63.

3. El tercero y el cuarto y último error se refieren a haberse dado, según los apelantes, un alcance ilimitado a la declaración del testigo Pérez Mercado y a que la sentencia es contraria a las pruebas y a la ley.

La lectura de la evidencia practicada en este caso y la consideración de sus varios incidentes lleva al ánimo del juzgador el convencimiento de que la sentencia que se dictó es la única que podía dictarse.

La declaración del abogado Pérez Mercado es tan am-plia y completa, que aún suponiendo que la corte hubiera cometido el segundo de los errores señalados, ella por sí sola bastaría para sostener la sentencia.

La reclamación original en cobro de pesos data del año 1921. Pérez Mercado fué el abogado de la Union Commercial Corporation. El pleito se dirigió contra Frank O’Sheaf. Se embargó un automóvil del demandado y para levantar el embargo los actuales demandados Ortiz Toro y Eleuterio Santiago prestaron una fianza. Obtenida senten-cia favorable a la demandante, no pudo ejecutarse en bienes del demandado y entonces, en' 1922, se inició este pleito contra los fiadores. Se perdió la fianza. Pérez Mercado celebró gestiones privadas. El demandado Santiago admi-tió ante él la verdad de su obligación. Y eso no obstante continuaba la lucha judicial, de tal modo que se ha llegado al 1927 y aún la demandante no ha podido hacer efectivo su pequeño crédito. Será duro a veces pagar una fianza, o sea una deuda que no se contrajo originalmente, pero una vez asumida una obligación, el único deber claro que surge es cumplirla.

Las otras pruebas son todas congruentes con la declara-ción de Pérez Mercado. Parece conveniente decir que éste al celebrarse el nuevo juicio en que prestó la amplia decla-ración a que nos bemos referido, ya no era el abogado de la demandante.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Celedonio Álvarez, demandante y apelado, v. Antonio Candelario 1º, Antonio Candelario 2º, Petrona Candelario y Alejandro Candelario, demandados y apelantes.
    No. 3975.

    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Contratos — Requisitos y Validez — Requisitos Normales — Necesidad' de que se Otorguen en Escritura Pública — Acción para Compeler al Otorga-miento Recíproco Entre Partes — Apelación—Resolución y Disposición del Caso — Confirmación.—Hecho un estudio cuidadoso de la prueba, se con-cluyó que sostenía la sentencia apelada, motivo, por el cual debía ésta con-firmarse.
    Sentencta de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; Luis Freyre Barbosa, abogado del apelado. '
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Celedonio Álvarez demandó a Antonio l.9, Antonio 29, Pe-trona y Alejandro Candelario, herederos de Francisca Cle-mente, para que le otorgaran la escritura pública de la venta que la dicha Francisca Clemente le había hecho hacía unos catorce años de un condominio de una cuarta parte de un solar de 5,862 metros cuadrados, situado en Machucha!, Santurce.

Fue el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte dictó sentencia en contra de los demanda-dos. Estos apelaron y señalan en su alegato diez errores todos en relación con la apreciación de la prueba.

Para fundar su sentencia el juez de distrito emitió una cuidadosa opinión. Hemos estudiado la evidencia y aunque encontramos que deja algo que desear, sin embargo, no creemos que pueda afirmarse que no sostiene las conclusio-nes del juez de distrito. El alegato de los apelantes revela un estudio paciente e inteligente de la prueba. Contiene veinte y dos nutridas páginas escritas en maquinilla. He-mos examinado todos los errores a la luz de la jurispru-dencia que cita aplicándola a los beclios del caso y si bien reconocemos la fuerza de sus contenciones, no nos sentimos justificados para sustituir nuestro juicio por el juicio del juez sentenciador. Es éste uno de esos casos en que cla-ramente juega un papel decisivo la credibilidad que me-rezcan los testigos que ante el tribunal declaren, y la corte de distrito, que estaba en mejores condiciones que nosotros para ello, se decidió de modo claro, expreso, por los testi-gos del demandante.

Se trata de un solar en Santurce. Muy poco valían las tierras allí bace treinta o cuarenta años. Por cuerdas se vendían y no por metros. Hoy su valor es muy subido. María, Micaela, Juan y Francisca Clemente eran los due-ños de la totalidad de la finca en cuestión, sin que su título estuviera inscrito en el registro de la propiedad. Sobre esto no bay disputa.

Se alega en la demanda que bacía unos catorce años Francisca Clemente vendió su participación en la finca al demandante Celedonio Álvarez por $558.60, pagados de con-tado; que la venta se bizo Constar en un documento pri-vado, habiendo muerto la vendedora sin llegar a otorgar la escritura pública correspondiente; que el demandante entró en posesión desde la compra y fue respetado en ella por los herederos demandados a la muerte de la vendedora, y que en 1924 se tramitó un expediente de dominio en el que se hicieron aparecer como condueños los demandados com-prometiéndose éstos a otorgar luego la escritura a favor del demandante, lo que no hicieron. De ahí el pleito.

Para probar la venta, declaró el demandante. Si su declaración es cierta, ella por sí sola es bastante. Y la corte le dió' entero crédito.

El demandante no pndo presentar el documento. Ase-guró qne lo tenía guardado en sn casa, qne era nn ranchito de paja, y se qnemó al incendiarse totalmente el rancho. La existencia del incendio de la casa se prueba además por otro testigo.

Según la declaración del demandante, Pedro Falú fné testigo del documento, pero no pndo ser llamado a decla-rar por haber fallecido a la fecha del juicio.

El demandante era nn hombre pobre, ganaba mny poco y tenía una larga familia. No sabía leer ni escribir. Dice que tenía reunidos $315 y lo demás lo reunió entre sus her-manos. Fueron éstos los que se instalaron en el terreno y sobre él viven desde entonces.

La dificultad para reunir el dinero, la destrucción del documento y la muerte de la vendedora y del único testigo que intervino en el contrato, son en verdad desfavorables para el demandante. Su presencia, su manera de declarar, su aparente hombría de bien debieron influir mucho en el ánimo de la corte sentenciadora para darle crédito. El he-cho de la posesión no interrumpida durante catorce años, debió influir también.

No fué ésa toda la prueba. Una de las condueñas, Ursula Urguijo, hija de una de las Clemente, se mostró ente-rada de la venta a Alvarez, aunque por referencia, aceptó la posesión de Alvarez y su ayuda proporcional con los de-más condueños para el pago de las contribuciones/ Tam-bién declaró favorablemente al demandante otro de los con-dueños, Guillermo llamos.

Por último sucedió que llegó un momento en que los condueños no pudieron pagar las contribuciones y acudie-ron a un hombre que tenía más recursos materiales que ellos y más conocimientos, Cándido Fernández. Éste pro-metió facilitar el dinero y hacer tramitar un expediente de dominio, siempre que se le cediera un solar de seiscientos metros. Así lo acordaron. Y Fernández finalmente no sólo recibió lo prometido sino que se convirtió en dueño de tres cuartas partes de la finca, quedando así él el único otro condueño, bien sea con el demandante, ya con los demanda-dos. Entre otras cosas, Fernández declaró en el juicio lo que sigue:

“Yo sé que Celedonio Álvarez posee una finca en el Machuchal porque yo intervine, o mejor dicho, compré tres partes a la sucesión Clemente, y no tenían escritura y cuando se hizo la escritura se llamó a la sucesión Candelario, que compareció Álvarez también, de-lante del abogado de Jesús en un expediente de dominio; ellos con-fesaron que la mamá le había vendido a Celedonio Álvarez ese te-rreno, y al llamarle la atención de Jesús que si hacían el expediente a nombre de ellos que ellos tendrían que darle la escritura a Álvarez, contestaron que no tenían inconveniente siempre que pagase $20.00 que había quedado a deber.”

Loa apelantes hacen, esfuerzos extraordinarios en su ale-gato para impugnar el testimonio de Fernández y logran establecer ciertas contradicciones. Eso no obstante la afir-mación de Fernández de que los demandados admitieron que se había vendido la finca al demandante, quedó en pie y a ella dió entero crédito el juez sentenciador. Y aunque tengamos dudas, dadas las circunstancias concurrentes, no son ellas bastantes para alterar el juicio del tribunal a quo.

La prueba de los demandados consistió en el expediente de dominio de que se ha hecho mérito del cual resulta que son dueños del condominio en cuestión con su derecho ins-crito en el registro de la propiedad, y en las declaraciones de Pedro Figueroa, Antonio Candelario y el dicho Cándido Fernández.'

Fernández se sostuvo en lo expuesto anteriormente ; Figueroa trató de demostrar que ciertos extremos de. la de-claración de Fernández no eran ciertos y el interés de Fer-nández contrario a los demandados, y el demandado Can-delario negó las admisiones que le atribuía Fernández y declaró vagamente sobre la historia del caso.

Se insiste mucho en que el demandante debió haber llevado a la silla de los testigos al abogado que según Fer-nández aconsejó que el expediente de dominio se tramitara a nombre de los demandados en cuanto al condominio en cuestión para que éstos luego otorgaran la escritura de venta a favor del.demandante y que escuchó las admisiones de los demandados. Su declaración hubiera sido en verdad de extraordinaria importancia, quizá de influencia decisiva, pero sin ella, creyendo como creyó la corte al demandante y a Fernández, el caso es menos fuerte, pero no sin base.

Por virtud de todo lo expuesto, sin detenernos a analizar uno por uno los diez errores señalados, lo que extendería considerablemente esta opinión, sin beneficio para la juris-prudencia, entendemos que debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cornelio Santiago, acusado y apelante.
    No. 3174.

    Visto: Junio 15, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    Portar Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso t Castigo — Apelación— Revisión — Evidencia—Apreciación de las Pruebas. — Atendida la prueba en el caso de autos se resolvió que la- corte, al no creer al acusado — único testigo de descargo — no cometió error manifiesto, especialmente cuando es raro que los hechos ocurrieran en la forma relatada por el mismo.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por delito de portar armas, con costas.

      Confirmada.

      Alemany & Ramírez y Angel A. Vázqttez, abogados del apelante; José E. Figneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado el delito de portar armas prohibi-das consistente en haber portado sobre su persona, en Ma-yagüez, el 27 de octubre de 1925, para fines de ofensa y de-fensa, un revólver, con el cual podía causarse daño corporal.

La prueba de cargo consistió en las declaraciones de cuatro testigos que de modo terminante aseguraron que vieron al acusado en la feolia y en el sitio especificados en la acusación, revólver en mano, haciendo fuego en una riña.

Por la defensa sólo declaró el propio acusado. Dijo que fué agredido al salir de la corte y cayó a tierra, se paró, sintió unos disparos que lo hirieron, ‘ ‘ entonces, en ese mo-mento en que yo estaba parado, no sé quién me puso un revólver en las manos y yo disparé hacia donde venían las balas, sin darme cuenta, ...”

La corte, visto el resultado de la prueba, condenó al acu-sado. No conforme éste, apeló y sostiene en su alegato que la corte erró porque lo que demuestra la prueba a su juicio no es que portara un revólver sobre su persona, sino que accidentalmente hizo uso de un revólver que otra persona colocó en sus manos para defender su vida. Cita en apoyo de su contención el caso de El Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783.

En el caso de Moll, supra, se analizó la prueba y se concluyó que demostraba que el acusado, al formarse un tumulto, quitó el revólver a una persona y disparó para avisar a la policía, que en efecto llegó en seguida, y devol-vió el revólver a su dueño. Se resolvió que el acusado bajo esas circunstancias no era culpable.

Pero eso no quiere decir que cada vez que ocurra un caso semejante al que está sometido a nuestra considera-ción, baste que el propio acusado declare en la forma que lo hizo aquí, para que la corte esté obligada a dar crédito a su declaración por inverosímil que ella sea.

Es sencillamente una cuestión de credibilidad. La corte no creyó al acusado, y no vemos que cometiera error mani-fiesto al proceder de tal modo pues en verdad sería dema-siado raro que los hechos pudieran ocurrir en la forma en que los relata el acusado en cuanto a la colocación del re-vólver en sus manos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Borges, acusado y apelante.
    No. 3176.

    Visto: Junio 7, 1927.

      Resuelto: Julio 12, 1927.
    1. Derecho Penal — Evidencia—Actos t Declaraciones de Conspiradores y Coacusados — Efecto de Tales Autos o Declaraciones. — Acusadas dos per-sonas de un delito y celebrado un solo juicio, la prueba aportada por una favorece o daña a la otra.
    2. Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Procesos Criminales — Per-sonas Responsables — Persona a Cuy® Nombre Está la Licencia del Puesto — Puesto de Leche Perteneciente a Varias Personas. — Cuando la licencia y fianza de un puesto de leche está a nombre del acusado como único dueño, el hecho de que el puesto pudiera pertenecer además a otras per-sonas, no exime al acusado de responsabilidad personal directa por la venta de leche adulterada en el mismo.
    SentbNCIA ele Luis Samalea, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      Antonio Beyes Delgado, abogado del apelante. José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra Ramón Borges y Casimiro Prieto imputándoles la co-misión de un delito de adulteración de lecbe consistente en haber, el 24 de agosto de 1925, en Quebradillas, tenido ex-puesta para la venta y vendido para el consumo humano como pura leche de vaca adulterada.

Fue la causa a juicio y el 26 de febrero último la corte declaró culpables a ambos acusados imponiendo a Borges setenta y cinco dólares de multa y veinte y cinco a Prieto. No conforme Borges, interpuso el presente recurso de ape-lación.

El único error que se señala se refiere a la apreciación de la prueba.

Sólo dos testigos de cargo declararon: El inspector Agustín Abrams y el químico Gadea. Abrams el día y en el sitio especificados en la acusación fué al depósito de leche que según la licencia y la fianza pertenece al acusado Borges y encontró que se estaba vendiendo leche y de ella tomó tres muestras. Examinada una de las muestras por Gradea resultó que estaba “adulterada aproximadamente con 22 por ciento de agua añadida artificialmente.” Pre-guntado Abrams por el abogado defensor de Borges sobre quiénes eran los verdaderos dueños del depósito, contestó, “sé, por decir una cosa segura no, sé que lie oído decir que son tres, que es del padre, del hijo y de los herma-nos.” La tendencia de la pregunta y de la contestación era demostrar que aunque el acusado Borges fué el que soli-citó la licencia y prestó la fianza como dueño del depósito, éste pertenecía en realidad de verdad también a su padre y sus hermanos.

El acusado Borges declaró como su propio testigo mani-festando que el depósito era de la propiedad de varios agri-cultores y que todos mandaban leche para ser en él expen-dida.

El otro acusado Prieto presentó como prueba las decla-raciones de varios testigos que tienden a demostrar que la leche fué inspeccionada cuando llegó del campo procedente del acusado Borges.

No está envuelta en este recurso de apelación la participación que en el hecho delictivo tuviera Prieto, pero como se celebró un solo juicio la prueba aportada por Prieto favorece o daña a Borges.

El alegato del apelante Borges está cuidadosamente pre-parado y se hacen en él los mayores esfuerzos por demos-trar que la prueba no es suficiente para sostener la senten-cia condenatoria dictada en cuanto a Borges. Se invocan los casos de El Pueblo v. Luccioni, 29 D.P.R. 49 y El Pueblo v. Alvares, 32 D.P.R. 893.

La teoría del acusado es que demostrando la prueba que el depósito pertenecía a Varios dueños y enviando todos leche para ser vendida en el mismo, no puede condenarse al acusado como solo dueño.

El acusado era el dueño único según la licencia y la fianza. ■ Si había otros dueños, no importa. Para poder precisamente exigir responsabilidad a una persona determi-nada es que la ley requiere que se expida la licencia a favor de alguna persona y se preste por ella-la fianza. Volunta-riamente aceptó el acusado la posición de mayor responsabi-lidad y no puede eludir ahora las consecuencias de sus actos.

El caso de Luccioni, supra, presenta una situación dis-tinta. Allí se resolvió que "cuando la prueba en conjunto es terminante en cuanto a que el acusado era el dueño y tenía el verdadero control del puesto' de leche, el tratarse de probar que la patente estaba a nombre de un empleado no podría servirle de excusa para eludir su responsabili-dad por la venta de leche adulterada”. Aquí la licencia estaba a nombre del acusado y el acusado era también dueño aunque lo fuera con otros. Además si algún elemento de duda pudiera dejar el examen de la prueba de cargó combinada con la de descargo de Borges, desaparece al examinar la de descargo del otro acusado Prieto que mos-tró el origen de la leche de que se trata como proviniente de Borges.

Tampoco favorece al apelante el otro caso que invoca o sea el de El Pueblo v. Álvares, supra, porque aquí no es el testimonio del inspector de sanidad, como allí, dudoso y evasivo, sino claro y terminante.

En tal virtud y visto el caso de El Pueblo v. Gautier, 20 D.P.R. 327, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Pablo, Rosendo y María de Jesús; Marcelino, Escolástico, Carmen, Bonifacia, Justino, Flor y Bernalda de Jesús Rosario; Feliciano, Álvaro, Práxedes y Felícita Rosario de Jesús; Francisca, Feliciana, Lorenza, Mariana y Felipe de Jesús Fragoso; Rosa, Eusebio, Maximiliano, Alberto y Agustín Rosario Escobar, representados por su madre con patria potestad sobre ellos, Fausta Escobar, demandantes y apelantes, v. José Demetrio, Jesús Enrique, Rafael, Miguel y Alejandrina de Jesús Borrás, y Compañía Georgetti, S. en C., demandados y apelados.
    No. 3894.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 13, 1927.
    1. Limitación de Acciones — Computación del Período de Prescripción (Limitation) — Comienzo de la Acción u Otro Procedimiento — Computación de la Prescripción. — Interrumpida la prescripción extintiva mediante la interpo-sición de una demanda en la que se ejercita la acción que había de prescribir, al cesar los efectos del ejercicio de dicha acción empieza a contarse de nuevo el término de prescripción sin que, el tiempo anterior a la interrupción, pueda acumularse al que transcurra después de ella, no obstante la doctrina establecida en el caso de González v. San Juan L. I. Co., 17: 125.
    2. Limitación de Acciones — Computación del Período de Prescripción (Lwnitation) — Comienzo de la Acción u Otro Procedimiento — Computación de la Prescripción. — Interrumpida la prescripción de una acción por su ejercicio ante los tribunales, el término anterior no puede computarse después para sumar todo el tiempo necesario para prescribir empezando de nuevo dicho término desde la cesación de la interrupción.
    3. Reivindicación — Jurisdicción, Partes, Diligencias (Process), y Procedimien-tos Incidentales — Término para Ejercitar la Acción. — Alegándose en una demanda en acción reivindicatoría que antes de transcurrir el término estatutorio para ejercitar dicha acción los demandantes presentaron otra demanda en un tribunal de justicia contra los demandados, para recuperar las fincas, la acción ejercitada en la segunda acción no está prescrita aún cuando desde la fecha en que nacieron los derechos de los demandantes hasta la fecha en que se ejercitó dicha segunda aceión haya transcurrido más del término estatutorio señalado para la prescripción de dicha acción.
    SENTENCIA de Enrique Lloreda, J. (Areeibo), declarando la de-manda sin lugar por haber prescrito la acción, con costas.

      Re-vocada y devuelto el caso.

      Félix Santoni, abogado de los apelados de Jesús Borras; Rafael Sancho Bonei, abogado de los demandantes y apelantes; Simón Largó, abogado de la apelada Compañía Georgetti, S. en C.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

.emitió la opinión del tribunal.

Demetrio de Jesús mnrió el 14 de septiembre de 1891 y treinta y dos años después, el 11 de julio de 1924, fué pre-sentada en la Corte de Distrito de Areeibo la demanda de este pleito en reivindicación de dos fincas cuya descripción se hace, radicadas en el barrio de Hato Viejo de Areeibo, alegándose que Demetrio de Jesús fué dueño de esas fin-cas y las poseyó hasta su fallecimiento, poseyéndolas desde entonces los demandados; qne Demetrio de Jesús murió siendo soltero, sin descendientes legítimos ni naturales y sin ascendientes, por lo que su herencia correspondió a cua-tro hermanos legítimos suyos, de quienes son herederos los demandantes: y que el 10 de septiembre de 1921, o sea cuatro días antes de que transcurrieran treinta años desde la muerte de Demetrio de Jesús, los demandantes demanda-ron judicialmente en la Corte de Distrito de San Juan a los demandados para, recobrar dichas fincas.

Los demandados formularon excepción previa contra esa demanda fundándose en que la acción reivindicatoria que en ella se ejercita está prescrita y la corte, después de sos-tener esa excepción, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, contra cuyo fallo interpusieron los demandantes este recurso de apelación.

El Código Civil en su artículo 1864 dispone que las ac-ciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años: el 1862 que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley; y el 1870 que el tiempo de pres-cripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposi-ción especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. De acuerdo con esos pre-ceptos de la ley, si la demanda no tuviera otra alegación esencial, la acción reivindicatoria ejercitada por los ape-lantes en este caso hubiera estado prescrita cuando presen-taron su demanda en 1924 por haber transcurrido entonces más de los treinta años que la ley concede para ejercitar la acción reivindicatoria de propiedad inmueble, contados desde 1891 en cuya fecha nacieron los derechos que los apelantes alegan tener en las fincas que fueron de Demetrio de Jesús, pues desde esa fecha pudieron ejercitar su acción; pero como también en la demanda se alega que el 10 de septiem-bre de 1921, antes de transcurrir los treinta años concedidos por la ley para la acción que se ejercita, ellos demandaron judicialmente a los demandados para recuperar las fincas, tendremos que examinar el efecto legal de tal hecho.

El Código Civil dedica un capítulo a la prescripción de! dominio y demás derechos reales con determinadas reglas respecto a la interrupción de dicha prescripción; y otro ca-pítulo a la prescripción de las acciones, que también con-tiene regias para la interrupción de la prescripción de las acciones. Son dos distintas clases de prescripción: por la primera se adquiere un derecho que antes no se tenía; por la segunda prescriben las acciones que existían; por esto' sus regias son distintas y por eso las de la interrupción de la prescripción adquisitiva no pueden ser aplicadas a la interrupción de la extintiva, y así lo declaró el Tribunal Supremo de España en sentencia de 4 de enero de 1901 al decidir que lo dispuesto en el artículo 1964 (igual a nues-tro artículo 1847) sobre que dejará de producir efecto la interrupción judicial de la prescripción adquisitiva cuando el actor desistiera de la demanda o dejare caducar la ins-tancia, no surte el mismo efecto en la extintiva, “porque ni la letra ni el espíritu del artículo 1973 (igual al nuestro 1874) permiten que tenga el alcance de que, en virtud d© ella, pueda llegar a perderse la acción.”

En el caso que resolvemos se trata de prescripción ex-tintiva de la acción.

Según nuestro artículo 1874 la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales^ por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor; por 1© que alegándose en la demanda que antes de que vencieran los treinta años fijados por la ley como término para ejercitar la acción reivindicatoría de propiedad inmueble los demandantes demandaron judicialmente a los demandados para recuperar las fincas, resulta claro que la prescripción de la acción quedó interrumpida por el mero hecho de la presentación de la demanda ante un tribunal de justicia j interrupción que produce el efecto de que tenga que empezarse a contar de nuevo el término de prescripción, diciendo sobre este particular el Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil Español, tomo 12, pág. 906, lo siguiente: “La interrupción de la prescripción extintiva se produce eficaz-mente desde luego con la presentación o interposición de la demanda o con cualquier otro acto en que sea ejercitada la acción que hubiera de ser prescrita en otro caso, y en su virtud habrá que empezar a contarse de nuevo el término cuando cesen los efectos de dicho ejercicio, ya por aban-dono o desistimiento voluntario del actor, ya por caducidad de la instancia, ya por sentencia recaída en el juicio, sin que pueda acumularse en ningún caso el tiempo anterior a la interrupción, al que transcurriera después'de ella.”

En 33 Century Edition, pág. 931, encontramos la si-guiente cita (La. 1811): “Un pleito no interrumpe la pres-cripción solamente mientras existe. Una vez interrumpida, el término anterior no puede computarse después para su-mar todo el tiempo necesario para prescribir, el cual co-menzará de nuevo solamente desde la cesación de la inte-rrupción. Riviere v. Spencer, Mart. (O.S.) 83.” Y en Fi-lipinas se ha declarado en 13 Jurisprudencia Filipina, pág. 70, que el sobreseimiento de una acción carece de importan-cia según el artículo 1973 del Código Civil; y en el caso de Marella v. Argonsillo, 44 Jurisprudencia Filipina, pág. 903, se declaró que habiendo nacido la causa de acción antes de 1901 en que fué promulgado el Código de Procedimiento Civil, éste no era aplicable a las acciones nacidas antes sino el Código, Civil, y que de acuerdo con el artículo 1973 (que es igual a nuestro 1874) aunque la acción haya nacido en 1897, habiéndose hecho reclamación extrajudicial para el co-bro en 1910, no puede considerarse prescrita la acción ejer-citada por no haber transcurrido quince años desde la re-, clamaeión hasta 1913 en que fué presentada la demanda.

Por consiguiente, en vista de que la demanda alega que en el año 1921, antes de transcurrir los treinta años concedidos por la ley para ejercitar esta acción, se presentó una demanda en un tribunal de justicia contra los demandados para recuperar Jas fincas, y de lo dispuesto en el ar--tíeulo 1874 de nuestro Código Civil, tenemos que llegar a la conclusión de que la acción ejercitada en este pleito no está prescrita por haber sido interrumpida en 1921 la pres-cripción que comenzó en 1891, no obstante la doctrina con-traria establecida en el caso de González v. San Juan Lt. & T. Co., 17 D.P.R. 125, citado por los apelados.

La sentencia debe ser revocada y continuar los procedi-mientos.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Manuel Cividanes Rolán, demandante y apelante, v. Antonio M. Somoza y Emilia Abarca, demandados y apelados.

      No. 4309.

    Visto: Julio 11, 1927.

      Resuelto: Julio 14, 1927.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Palta de Diligencia en la Tramitación del Recurso. — Cuando transcurre el término fijado por la regla 59 del Reglamento del Supremo y se pide su aplicación, surge en el apelante el deber de explicar satisfactoriamente su conducta, y si no lo hiciere, la apelación debe ser desestimada.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación interpuesta ésta contra sentencia de Pablo Berga, J. (San Juan), en acción de daños y perjuicios.

      Con lugar.

      L. Muñoz Morales, abogado del apelante; F. Soto Gras, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la parte apelada solicita la desestimación del recurso basándose en que la apelación se interpuso el 9 de octubre de 1926, en que el apelante optó por la trans-cripción de la evidencia preparada por el taquígrafo, en que la corte ordenó a dicho funcionario que preparara la transcripción y en que no obstante haber transcurrido 238 días a la fecha de la moción, la transcripción de los autos no ha sido archivada en esta Corte Suprema, todo lo cual demuestra que el recurso no ha sido proseguido con la de-bida diligencia. Se invoca la regia 59 del Reglamento de este tribunal.

La moción está jurada y fné notificada al abogado de la parte apelante el 14 de junio de 1927. Señalada sn vista para el 11 de julio actual, se notificó el señalamiento a los abogados de las partes el mismo día 14 de junio ultimo. Sólo compareció al acto de la vista la parte apelada, por su abogado. La parte apelante ni compareció ni se ña opuesto por escrito ni de otro modo a la petición de la apelada.

La regla invocada dice:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas conce-didas por la corte inferior, el Tribunal a discreción podrá desesti-mar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

Interpretándola fiemos resuelto varias veces que no basta el mero transcurso de los noventa días para que se en-tienda probada la negligencia. También fiemos decidido en muefias ocasiones que comenzando a correr el término para archivar la transcripción de los autos en esta Corte Su-prema desde la feefia en que la corte de distrito aprueba la exposición del caso, la transcripción de la evidencia o el pliego de excepciones, es necesario alegar y probar que no existe pendiente de aprobación ninguno de diefios documen-tos en la corte inferior, para que la desestimación pueda decretarse.

Las circunstancias que concurren en éste no se presen-taron en los casos resueltos con anterioridad.

Es un fieefio que la regla existe. Se inspira en el deseo de que las apelaciones se tramiten lo más rápidamente que sea posible. Se presume que la sentencia dictada es justa. La parte perjudicada tiene el dereefio de apelar pero tiene también el deber de ser diligente. La regla fija el término de noventa días como bastante para los casos corrientes. Cuando transcurre dicho término y la parte apelada pide la aplicación de la regla, surge en la parte apelante el de-ber de explicar satisfactoriamente su conducta.

¿Lo ha hecho en el presente caso? Ella fué notificada de la moción en la que se alega como hemos visto que ha-bían transcurrido no ya 90 días sino 238 días y en la que se le hace expresamente el cargo de negligencia. A ella se le notificó el señalamiento de la vista de la moción con mayor antelación que la usual. T eso no obstante, ni com-pareció al acto de la vista, ni ha explicado en modo alguno sus gestiones. Su actitud sólo puede interpretarse en el sentido de aceptar el cargo de negligencia que se le hizo.

Siendo ello así, a pesar de no haberse demostrado si está o no pendiente de aprobación alguno de los documen-tos mencionados, aceptado por la propia parte apelante que no ha proseguido su apelación con la diligencia debida y habiendo transcurrido con exceso el término fijado por la regia 59 invocada, debe declararse con lugar la moción de la parle apelada y en su consecuencia desestimarse el re-curso.


author: En Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    The National Cash Register Co., demandante-apelada- apelante, v. R. A. Berdeguez, demandado-apelante-apelado.
    No. 3733.

    Visto: Marzo 8, 1927.

      Resuelto: Julio 14, 1927.
    1. Ventas — Ventas Condicionales — Eor'ma en que Operan las Condiciones del Contrato de Venta t Erecto de Estas en Cuanto a Terceros — En General — Inscripción del Contrato. — Los compradores posteriores de un objeto mueble vendido condicionalmente lo' adquiere sujeto a las mismas con-diciones en que lo tenía el primitivo comprador cuando el contrato de venta se lia inscrito condicionalmente.
    2. Ventas — Ventas Condicionales — Inscripción del Contrato de Venta — Pre-ceptos Estatutorios — Interpretación. — Habiendo discrepancia entre los testos Inglés y Castellano de la Ley No. 61 de 1916 (p. 126) en cuanto al sitio en que debe inscribirse el contrato de venta condicional, habiendo sido presentada la ley en Inglés y aprobado en ese idioma por el Gobernador, el texto on Inglés debe prevalecer.
    3. Ventas — Ventas Condicionales — Inscripción del Contrato de Venta — Lu-gar en que Debe Inscribiese. — El contrato de venta condicional debe ins-cribirse en el domicilio del comprador según el texto Inglés de la Ley No. 61 de 1916 (p. 126) y no en el sitio del domicilio del vendedor que prescribe el texto castellano de dicha ley.
    4. Apelación y Error. — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Envío, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Omisión de Radicar el Récord de Apelación y Efecto — Desestimación.—Apelada una sentencia en cuanto a su pronunciamiento de costas, cuando el apelante no perfecciona la apelación presentando al Supremo la transcripción de los autos ni presenta alegato eserito para sostenerla, el recurso debe desestimarse.
    -SenteNcia de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Sin hogar el recurso clcl demandado, desestimado el de la demandante y confirmada la sentencia ape-lada por el demandado.

      Manuel Cruz Horta j H. R. Francis, abogados de la demandante-apelada-apelante; López de Tord c& Zayas Pizarro, abogados del demandado-apelante-apelado.
   En Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

The National Casia Register Co. vendió condicionalmente el 28 de diciembre de 1921 a M. Cajigas e Hijos una caja registradora marcada con el No. 442-1379-797 y valorada en $350, de los cuales el comprador pagó $35 pero no satis-fizo el resto del precio que se comprometió a pagar en pía-sos mensuales; venta que fue registrada en el registro de contratos condicionales del municipio de Agnadilla, domici-lio del comprador.

Esa caja fue vendida en subasta en la quiebra de M. Cajigas e Hijos y comprada por Francisco Forteza y Ca. que la vendió a R. A. Berdeguez, a quien lia demandado Tbe National Cash. Register Co. en octubre de 1923 para que le entregue dicha caja, a lo que se opuso el demandado.

La Corte de Distrito de Ponce, en grado de apelación, idictó sentencia condenatoria sin especial condena de costas que ha sido apelada por ambas partes, aunque limitado el recurso de la demandante al particular de las costas.

Dispone la Ley No. 61 de 1916 vigente en la fecha Je la venta condicional de la expresada caja que el título Je propiedad de las cosas muebles vendidas condicional-mente será retenido por el vendedor hasta que haya sido pagado totalmente o hasta que ocurra cualquier futuro evento o contingencia sujetos a las disposiciones de esa ley, teniendo derecho a recuperar la cosa en caso de incumpli-miento del contrato sujeto a otras disposiciones de la ley; condiciones que serán nulas en cuanto a terceras partes, y en lo que respecta a ellas la venta será considerada como absoluta, a menos que el contrato conteniendo dichas condi-ciones y reservas, o una copia fiel del mismo, haya sido inscrito en la secretaría del municipio donde resida el com-prador en el registro de ventas condicionales; y como en este caso el contrato de venta condicional a M. Cajigas e Hijos fué inscrito en la forma dispuesta por la ley, las con-diciones del mismo perjudican a los compradores posterio-res quienes adquirieron la caja sujeta a las mismas condi-ciones en que la tenía Cajigas e Hijos, por lo que la de-mandante tiene derecho a que le sea entregada la caja.

Discute el demandado-apelante que el contrato debió inscribirse en el domicilio del vendedor como dice el texto en castellano de la ley, pero el texto en inglés dice que la inscripción se haga en el domicilio del compradoi’, y esa ley fué presentada en inglés y en este idioma fué aprobada por el Gobernador de esta Isla.

Las otras cuestiones suscitadas por el demandado no tienen importancia.

La apelación interpuesta por el demandante por las costas no ha sido perfeccionada presentándonos la transcripción de los autos para su apelación ni presentándonos su alegato escrito para sostenerla, por lo que debe ser desestimada.

La apelación del demandado debe ser declarada sin lu-gar y confirmarse la sentencia apelada, y el recurso de la demandante debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Francisco A. Franceschi, demandante y apelante, v. Francisco Fournier, demandado y apelado.
    No. 4058.

    Visto: Abril 5, 1927.

      Resuelto: Julio 14, 1927.
    1. Apelación t Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba es contradictoria y nada demuestra que se cometiera error en la reso-lución del conflicto existente procede sostener en apelación la conclusión a que, sobre la misma, llegó la corte inferior.
    2. Acciones — Fundamentos y Condiciones Precedentes — Hechos Delictivos.— El flecho de que .uno se declare culpable en denuncia criminal por violar la-ley de automóviles formulada con motivo de un accidente carece de impor-tancia en la acción civil que se entable con motivo de dicho accidente.
    3. Negligencia — Acciones—Derecho de Acción, Partes, Procedimientos Pre-liminares y Alegaciones- — Incongruencias Entre las Alegaciones y Pruebas — Cuestiones a Probar — Alegaciones.—El que se alegue por el de-mandado en la contestación que se tocó la bocina y nada se deelare sobre el particular en el juicio no significa una contradicción de él con su contestación.
    4. Negligencia — Acciones—Derecho de Acción, Partes, Procedimientos Pre-liminares y Alegaciones — Incongruencias Entre las Alegaciones y las Pruebas — Cuestiones a Priobar — Alegaciones.—El que se alegue en la con-testación que se tocó la bocina y nada se deelare sobre el' particular en el juicio carece de importancia- alguna en la acción civil que, como consecuencia de nn accidente tenido, se entable contra el demandado.
    5. Negligencia — Acciones — Juicio, Sentencia y Revisión — Apelación — Revi-sión — Conclusiones Sobre las Pruebas — Prueba Contradictoria. — En au-sencia de motivo para variar la conclusión de la corte inferior en la resolución del conflicto de la evidencia-, cabe sostener su conclusión de que una parte no tuvo culpa ni negligencia en un accidente.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Pedro G. Quiñones, abogado del apelante; Francisco Soto Gras, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Francisco A. Franceschi viajaba en la tarde de nn domingo en nn ómnibus de motor, llamado aquí gua-gua, que tuvo un choque con un automóvil guiado por el apelado en la intersección de la calle de Cañáis del barrio de Santurce de esta ciudad con la carretera que pasando por ese sitio conduce a Río Piedras, resultando Franceschi con contusiones en el brazo y costado derecho de su cuerpo, y en sn demanda reclamando indemnización de daños y perjuicios alegó que el accidente tuvo lugar por haber sa-lido el demandado de la calle Canals sin tocar bocina y a mucha velocidad.

El demandado negó los hechos de esa demanda y cele-brado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda.

En el recurso de apelación interpuesto por el deman-dante alega los siguientes motivos de error:

“1. — La Corte de Distrito cometió manifiesto error en la aprecia-ción de la prueba.
“2. — La Corte de Distrito cometió manifiesto error al encontrar que el demandado-apelado Francisco Fournier, no fué culpable de negligencia en el accidente que dió origen a este pleito.
“3. — La Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar la demanda en este caso.
“4. — La Corto de Distrito cometió error al imponer las costas al demandante. ’ ’

Podemos considerar conjuntamente los tres primeros mo-tivos porque están tan íntimamente relacionados que el se-gundo y tercero son consecuencia de que existe el primero.

La corte inferior fundó su sentencia en que la evidencia que fué presentada en el juicio resultó contradictoria por cuanto los testigos del demandante tendían a pro-bar que el automóvil guiado por el demandado desembocó por la calle de Canals hacia la carretera a gran velocidad y fué.a chocar contra la guagua, mientras que los testigos del demandado tendían a probar que al salir el automóvil de la calle de Canals se paró teniendo parte de él en dicha calle y otra parte en la carretera, en cuyo momento pasaban dos guaguas regateando chocando una de ellas con el automóvil, cuyo conflicto de evidencia resolvió a favor del demandado por las fotografías del automóvil que fueron tomadas después del accidente, que demuestran que el automóvil recibió el choque en la mitad de su costado izquierdo sin haber sufrido desperfecto alguno en su parte delantera, por lo que llegó a la conclusión de que el accidente no fué debido en manera alguna a culpa o negligencia del deman-dado.

Ciertamente la evidencia fué contradictoria y no encon-tramos que la corte inferior cometiera error en la resolu-ción de ese conflicto, especialmente teniendo en cuenta que el automóvil del demandado sufrió los desperfectos en su parte media izquierda y ninguno en su parte delantera, según aparece de las fotografías obrantes en los autos, lo que induce a creer que fué la guagua la que chocó con el automóvil, con mayor motivo cuanto que la guagua sufrió desperfectos en su parte delantera, pues el testigo ■ Pablo Casiano, cabo de la policía encargado del servicio del trá-fico por ese sitio, declaró que entre otros desperfectos la guagua tenía el bonete y el guardalodo doblados;- según Jorge Castro, mecánico que arregló la guagua, ésta, entre otros desperfectos, tenía el radiador roto y la defensa del-mismo y el eje delantero doblados; y según Fernando Ber-múdez, uno de. los pasajeros de la guagua, el choque fué en la parte delantera de la guagua siendo todos esos testigos presentados por el demandante.

El hecho de que el apelado se declaró culpable en una denuncia criminal por violar la ley de automóviles formulada con motivo de ese accidente no tiene importancia en un procedimiento civil para por él llegar a la conclusión de que debió ser condenado en este pleito; ni tampoco tiene importancia el hecho de que habiendo alegado el demandado en su contestación jurada que tocó su bocina al salir de la calle de Canals, nada dijese sobre esto cuando declaró en el juicio, pues tal omisión no significa una contradicción con su contestación, como alega el apelante.

Como no encontramos motivo para variar la conclusión de la corte inferior en la resolución del conflicto de la evidencia, es sostenible su conclusión de que el.apelado no tuvo culpa ni negligencia en dicho accidente y también en cuanto a la condena en costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustin Llera, acusado y apelante.
    No. 3251.

    Visto: Junio 21, 1927.

      Resuelto: Julio 14, 1927.
    1. Desacato — Autoridad para Castigar y Procedimientos para Ello — Proce-dimientos Sumarios — Desacato por'Perjurio en Corte Abierta — En General. — Reproducidas, durante un juicio, manifestaciones hechas por un tes-tigo ante el juez instructor, después de él haber declarado1 lo contrario, el que dichas manifestaciones inconsistentes se hicieran en sitios diferentes y bajos distintos juramentos no impide el que se incoe un procedimiento de desa-cato por perjurio en corte abierta.
    2. Desacato — Autoridad para Castigar y Procedimientos para Ello — Proce-dimientos Sumarios — Desacato por Perjurio en Corte Abierta — Orden Imputando la Comisión del Delito — Alegaciones—Su Suficiencia. — La alegación — en orden imputando-al acusado la comisión del delito de desacato por perjurio en corte abierta — de que el acusado declaró bajo juramento fal-samente que cierto acusado no tenía en la mano una macana de plomo y que no asestó con ella varios golpes, demuestra que el acusado hizo una declara-ción falsa de un hecho muy pertinente en una acusación por el delito de por-tar armas.
    SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por desacato por perjurio cometido en corte abierta, sin costas.

      Confirmada.

      Arcilio Alvarado, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando un testigo hace ciertas manifestaciones ante un juez instructor (committing magistrate), cuyas funciones en Puerto Eico realiza el fiscal, y estas manifestaciones son reproducidas durante el juicio después del testigo haber declarado lo contrario, el hecho de que tales manifestaciones inconsistentes fueran hechas en sitios diferentes y bajo distintos juramentos no impide que la corte incoe un procedimiento de desacato por perjurio. en corte abierta, ya que la segunda declaración contiene la posibilidad dé un juramento falso y corrupto. Desde luego, debe demostrarse que la segunda declaración es falsa y corrupta. Esto resuelve el primer fundamento de la excepción perentoria presentada en la corte inferior.

El otro fundamento de la excepción fué que la orden imputando al acusado la comisión del delito de desacato por perjurio en corte abierta, no demostraba que el testigo hubiese hecho anteriormente ante la corte una declaración falsa de un hecho pertinente a la acusación. La orden, en-tre otras alegaciones esenciales, decía que el testigo de-claró bajo juramento falsamente que cierto acusado no te-nía en la mano una macana de plomo y que no asestó con ella varios golpes. Estas negativas evidentemente se refe-rían a prueba muy pertinente en una acusación por el delito de portar armas.

No hallamos que la corte cometiera error al declarar sin lugar la excepción perentoria, por lo que la sentencia ape-lada dede ser confirmada.


text:
    Sucesión de Francisco Rivera Colón, recurrente y apelada, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. José E. Aybar, Juez, recurrido; Francisco Castañeda, interventor y apelante.
    No. 4179.

    Visto: Junio 21, 1927.

      Resuelto: Julio 14, 1927.
    Apelación y Error — Requisitos t Procedimientos para Elevar la Causa— TÉRMINO' PARA INTERPONER EL RECURSO — -COMIENZO DEL MlSMÜ-NOTIFICA-CIÓN de la Sentencia — En General.- — A pesar de la presencia del abogado en la corte al ser dictada sentencia en su contra, el precepto de la Ley No. 13 de 1917, (2) (p. 225) es imperativo y debe dársele notificación de dicha sentencia.
    Sentencia de Dominga Sepulveda, J. (San Juan), declarando con lugar el recurso de certiorari, sin costas.

      Confirmada.

      Carlos del Toro Fernández, abogado del interventor-apelante; Jtian de Guzmán Benitez, abogado de la recurrente-apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La parte que perdió el pleito en la Corte Municipal de San Juan interpuso un recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de San Juan. Citamos con aprobación la si-guiente relación de la opinión de dicha corte:

“Se practicó la prueba, y luego en el mismo acto, la Corte (Corte Municipal) dictó sentencia contra la sucesión demandada; la cual sentencia fué dictada en corte abierta y en presencia y oido de los abogados de las partes.
“El recurrente alega que nunca fué notificado de dicha senten-cia por la parte contraria, o por su abogado cuando se le notificó el memorándum de costas. Sin haberse llenado tal requisito, se libró orden de ejecución de dicha sentencia, la cual es firme todavía. (Pa-rece que la corte quiso decir que la sentencia ya era aparentemente inapelable.)
“Este es el error fundamental alegado por el recurrente. El recurrente funda su recurso, en la doctrina establecida por la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de Rodríguez v. Corte de Distrito de Mayagüez, 31 D.P.R. 300.
“El interventor Francisco Castañeda alega en contra del re-curso, la doctrina establecida en el caso de Torres v. Calaf. 17 D.P.R. 1185.
“Creemos que la referida jurisprudencia en el caso de Calaf no es aplicable al presente caso, que fué resuelto en diciembre 20 de 1911, muchos años antes de haberse aprobado la Ley No. 13 de 14 de noviembre de 1917, ‘regulando las apelaciones contra sentencias de las Cortes Municipales en pleitos civiles.’
“A primera vista cualquiera se inclina a creer que si una sen-tencia es dictada en presencia de las partes o de sus abogados, que tal hecho equivaldría a una notificación en forma. Pero pensándolo bien, parece a esta Corte que es mejor seguir los preceptos impera-tivos de la referida Ley No. 13 de 14 de noviembre de 1917, y así lo entendió la Corte Suprema y- fijó esta regla en el caso de Rodríguez vs. Corte de Distrito de Mayagüez, 31 D.P.R. 300, en que des-cansa el recurrente.”

La apelada dice que no so demostró que fuese cierta la manifestación hecha por el apelante de que la apelada es-taba presente en la corte, en el momento de dictarse la sen-tencia. Tal vez podría presumirse concluyentemente que la apelada estaba en la corte, pero, a pesar de tal presuncióu, la Legislatura ha prescrito el método a seguir para regular el término dentro del cual deben entablarse las apelaciones. La ley exige una notificación específica a la parte que pierde el pleito.

El juez que suscribe tenía algunas de las mismas dudas que el apelante y estaba dispuesto a escribir una opinión concurrente en el caso de Cruz v. Sucesión Jiménez, 32 D.P.R. 833. En realidad escribió tal opinión, pero tan sólo para estar de acuerdo con la opinión de la corte, llamando la atención al hecho de que el término para apelar no em-pieza a contarse a partir del hecho real de la notificación sino del acto del secretario de la corte de distrito, manifes-tando que ha sido enviada la notificación. El principio de una limitación sobre el derecho de, apelación se interpreta estrictamente a favor del apelante. 3 Corpus Juris 1059 et seq. Rodríguez v. La Corte de Distrito de Mayagüez, 31 D.P.R. 300, es el caso predominante. La sentencia ape-lada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Juan Rivera Arroyo y Valentín Cruz, demandantes y apelantes, v. Domingo Rivera O’Ferrall, María de la Cruz Rivera y O’Ferrall, representada por Gerónimo Martínez, Nicolás Rivera O’Ferrall representado por Francisco Rivera Suárez; Mariana Rivera O’Ferrall representada por Jesús María Cruz; Brígida y Juan Gallardo y Rivera; Rufino y Elvira Rivera O’Ferrall y Jesús María Santiago, demandados y apelados.
    No. 4047.

    Visto: Mayo 13, 1927.

      Resuelto: Julio 19, 1927.
    1. Apelaciósst y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Caosa— Recurso por Causa de Error, Citación o Notiivcación — Partes a Quienes Hay que Notificar el Escrito de Apelación, — Demandados Rebeldes. — En acción contra varios demandados en la que sólo uno de éstos comparece y los demás están rebeldes, y se apela contra la sentencia que deelara sin lugar la demanda, el escrito de apelación debe notificarse no sólo al que compareció sino a aquellos en rebeldía.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Palta de Juris-dicción Apelativa. — Guando en acción contra varios demandados el escrito de apelación se notifica sólo a uno que compareció y no a los otros en rebeldía, el Supremo no adquiere jurisdicción y procede desestimar el recurso inter-puesto.
    3. Partición — Eos Acto de las Partes — Partición de Herencia — Aprobación Judicial — En General. — En acción para obligar al otorgamiento de una es-critura de partición de inmueble anteriormente dividido entre unos herederos, cuando no aparece claramente que ésta realmente se hizo ni que dichos here-deros eran mayores de edad al efectuarla, y entre los demandados en la aeeión hay herederos menores de aquéllos, tiene quizás razón la corte al sostener que no cabe otorgar la escritura de partición sin la previa aprobación judicial.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Desestimado el recurso por falta de jurisdicción.

      Enrique Campillo, y Manuel Tous Soto, abogados de los apelantes; Manuel F. Bossy, abogado del apelado Domingo Eivera O’Ferrall.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito contra numerosos demandados que eran herederos de Nieasia O’Ferrall o algunos de los causaha-bientes de dichos herederos. El objeto del pleito era obli-gar a dichos demandados a otorgar una escritura de parti-ción de inmueble que según se alegaba había sido en reali-dad dividida anteriormente entre los herederos de Nieasia O’Ferrall. Los demandantes son compradores de algunos de los herederos. Entre otras cosas hubo una supuesta es-critura de partición en que comparecieron cuatro de los he-rederos.

La corte de distrito en su opinión menciona el hecho de que cuatro de los herederos se reunieron e hicieron la dis-tribución para los seis herederos que originalmente compo-nían la sucesión. Algunos de los demandados, herederos de herederos, eran menores de edad al tiempo de otorgarse la escritura y la corte resolvió que cuando había menores no podía otorgarse una escritura de partición sin la apro-bación judicial y citó el caso de Ex parte Sotomayor, 24 D. P.E. 185.

Los apelantes señalan varios errores, siendo el principal de ellos que la partición realmente ya había sido hecha y que el presente procedimiento era únicamente para obtener una escritura o reconocimiento de hechos u obligaciones mutuas que en realidad se habían efectuado o creado entre las partes.

De un examen de los autos aparece que solamente uno de los demandados contestó. La exposición del caso dice que se anotó la rebeldía de los otros demandados. Diclia exposición no demuestra la forma en que se anotó la rebel-día o en que se hicieron los emplazamientos. Examinába-mos los autos para averiguar cómo se hizo formar parte del caso a los menores, cuando descubrimos un error aún mayor.

Según hemos dicho, tan sólo contestó uno de los deman-dados. Los demandantes apelaron de la sentencia decla-rando sin lugar la demanda. El escrito de apelación, sin embargo, fué notificado exclusivamente al demandado que contestó la demanda. No se notificó de la apelación a nin-guno de los demandados que se alegaba estaban en rebel-día, incluyendo a los supuestos menores. Todos los deman-dados eran necesariamente partes contrarias. Por tanto, esta corte no adquirió jurisdicción y debe desestimarse la apelación. Galafar v. Sucesión Morales, 22 D.P.R. 493 y casos citados; Ninlliat v. Suriñach, 25 D.P.R. 548; Bravo v. Martínes Hermanos, 31 D.P.R. 483.

Dudamos, además, que los demandados menores de edad fueran traídos debidamente ante la corte y que alguno de los procedimientos fuera obligatorio en forma alguna para ellos.

Nos inclinamos a creer que la sentencia tendría que con-firmarse de todos modos. Si bien es cierto que teniendo todas las partes ante la corte, si se hubiese hecho en reali-dad la partición los demandantes podían haber obtenido al-gún remedio; sin embargo, en el presente caso los deman-dados menores de edad no hubiesen quedado obligados por la prueba. Los autos no revelan, en cuanto hemos podido averiguar, que todos los demandados eran mayores de edad al tiempo de efectuarse la supuesta partición. No se de-mostró que uno de los herederos, la madre de los menores, era adulta cuando se hizo la supuesta partición, cuya fecha no parece haberse hecho constar. Dudamos que aún se es-tableciera claramente que en realidad se hizo una partición. Bajo las circunstancias del caso pudo fácilmente parecerle al juez de la corte inferior que no se efectuó ninguna par-tición y no estamos, pues, convencidos de que éste estuviera equivocado al sostener que era necesario obtener la aproba-ción judicial.

Debe desestimarse la apelación.