text:
    Luis Miray, peticionario y apelante, v. Eulogio Mercado, Alcaide de la Cárcel Municipal de Vieques, P. R., demandado y apelado.
    Núm. 7833.

    Sometido: Marzo 29, 1939.

      Resuelto: Junio 14, 1939.

      F. González Fagundo y J. Rivera Pérez, abogados del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados dé El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Luis Miray radicó una petición de habeas corpus ante la Corte de Distrito de Humacao. Sucede que la Corte Municipal de Fajardo celebró sesión en la isla de Vieques y que el peticionario fué allí juzgado y convicto de un delito. La petición enmendada de habeas corpus en este caso aducía varias razones para demostrar por qué la sentencia de la Corte Municipal de Fajardo estaba equivocada. El fiscal de este tribunal hace en su alegato un resumen de estas varias razones.

En marzo 5, 1937, o allá para esa época, cuando el Juez González Fagundo,. quien en ausencia del juez propietario Arjona Siaca, fué designado como juez sustituto de la Corte de Distrito de Humacao, se inhibió en el caso, el Lie. Jesús A. González fué nombrado para ver este recurso. Con mo-tivo de su nombramiento no solamente juzgó el caso de Luis Miray, sino también las peticiones de otros acusados a quienes se imputaba el mismo delito que al peticionario en este caso. El juez especial designado declaró sin lugar ésta y todas las demás peticiones de hábeas corpus. En el presente caso se apeló para ante este tribunal.

El apelante señala en su alegato varios errores. Posteriormente atacó el derecho del abogado Jesús A. González a juzgar este caso por falta de jurisdicción. El fiscal se allana a que este caso cae de plano dentro de la decisión, de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso de Annoni v. Nadal’s Heirs, 94 F. (2d) 513. En dicho caso se resolvió que el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico no contenía ninguna disposición que, en ausencia del juez propietario, justificara el nombramiento de otro juez para determinado caso, sino que por el contrario había que trasladar la causa a otro distrito. Dicho caso resolvió igualmente que no podía haber cuestión alguna sobre el derecho de un juez defacto a actuar en lugar del juez propietario, cuando ninguna otra persona podía intervenir en dicha jurisdicción en un caso específico. El fiscal de esta corte sugiere que el caso sea revocado y de-vuelto para ulteriores procedimientos en la Corte de Distrito* de Humacao bajo el mismo recurso de hábeas corpus.

Además, el apelante ha presentado una llamada segunda cuestión jurisdiccional nueva. Insiste en que el acusado fué juzgado en la Corte Municipal de Fajardo sin estar asistido de abogado. Esto quizá es cierto, mas no creemos que tenemos ante nos un récord suficiente que justifique a este tribunal decidir si este caso cae dentro de la decisión de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, y de los casos resueltos por nosotros de conformidad con el mismo, o si el acusado posiblemente no renunció su derecho a estar asistido por letrado.

Estamos plenamente convencidos de que el mejor proce-dimiento sería devolver el caso a la Corte de Distrito de Humacao para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Antolino Vélez, peticionario y apelante, v. Eulogio Mercado, Alcaide de la Cárcel Municipal de Vieques, P. R., demandado y apelado.
    Núm. 7834.

    Sometido: Marzo 29, 1939.

      Resuelto: Junio 14, 1939.

      F. González Fagundo y José Rivera Pérez,, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que se dicte en este caso debe estar en armonía con nuestra opinión y decisión en el caso núm. 7833, Luis Miray, peticionario y apelante, v. Eulogio Mercado, etc., demandado y apelado, (ante, pág. 127).

En adición, el presente caso núm. 7834 y los casos núms. 7835 a 7851, inclusive, nunca fueron específicamente asig-nados al Sr. González, quien actuó como juez en comisión, por el Gobernador de Puerto Rico, siendo ésta otra razón por la cual el recurso debe devolverse para que se vea ante la Corte de Distrito de Humacao.


text:
    Rafael Nones, demandante y apelante, v. Luis C. Trigo, demandado y apelado.
    Núm. 7675.

    Sometido: Febrero 2, 1939.

      Resuelto: Junio 14, 1939.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; J. M. Calderón, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Nones y Luis C. Trigo vivían en Santurce como vecinos. El último de ellos construyó una pared con vistas a los terrenos de Nones y con dos ventanas que daban al solar del demandante y qne se bailaban situadas dentro de dos metros de distancia del solar de Nones. Luego de cele-brarse un juicio la Corte de Distrito de San Juan resolvió el caso a favor del demandante Nones y ordenó que las ventanas de la casa del demandado, hechas en la pared con-tigua a la propiedad del demandante, a una distancia menor de dos metros, fueran tapiadas con madera o material de suficiente resistencia y durabilidad para impedir que la luz penetrara o que una persona pudiera mirar hacia los terre-nos del demandante. La sentencia de la corte de distrito fue apelada y confirmada por este Tribunal.

Al recibirse el mandato en la corte de distrito, el marshal, en cumplimiento de una orden del secretario, ejecutó la misma e hizo constar en su diligenciamiento que el deman-dado había cumplido con la sentencia y orden de la Corte de Distrito de San Juan.

Posteriormente, en 15 de noviembre de 1936, el deman-dante acudió una vez más ante la corte y se quejó de que el demandado Trigo no había realmente cumplido con la orden de ésta. La idea fundamental del demandante era que las ventanas debían tapiarse totalmente a nivel con el exterior de la pared y que no era suficiente poner una cubierta de madera en el interior de los huecos de las ventanas. ,La Corte de Distrito de San Juan consideró la moción, hizo una inspección ocular del lugar y resolvió que el demandado había cumplido suficientemente con la sentencia de la corte. Decidió que los huecos estaban bien cerrados y que lo único que daba una apariencia en contrario era que las antiguas persianas habían quedado en la parte exterior de dichos huecos. Acep-tamos las conclusiones de la corte como finales sobre los hechos.

El apelante se queja, conforme ya hemos indicado, de que la madera utilizada para tapiar los huecos podía ser quitada fácilmente y restablecerse la condición anterior. Sos-tiene además que si deseara vender su casa un comprador en perspectiva tal vez se abstendría de comprarla debido a la posibilidad de qne se abrieran las ventanas de nnevo. El apelado, con bastante certeza, dice qne el demandante pnede inscribir sn sentencia original en el registro de la propiedad y qne nn comprador en perspectiva entonces sabría qne Trigo no tiene servidumbre o derecho alguno a abrir las ventanas con vistas sobre la finca del demandante; qne si el deman-dado tratara de reabrir las ventanas resultaría contumaz, o en otras palabras, qne se le podría procesar por desacato. Nada hay en la sentencia original qne exija al demandado tapiar sus ventanas al nivel del exterior de la pared.

Existen otras cosas qne contribuyen a la confirmación de la sentencia. El caso no tiene índice. La sentencia dic-tada en la vista original está copiada en los autos, al igual qne algunas de las actuaciones del marshal, mas los hechos ocurridos durante el juicio no aparecen en dichos autos. La corte se refiere a la inspección hecha por ella, mas deseamos llamar la atención hacia el hecho de que técnicamente debe-ríamos tener a la vista los autos completos. El apelante se refiere a la decisión de este tribunal que aparece publicada en 50 D.P.R. 538, mas no la menciona espcíficamente como parte de los autos en apelación.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Sobrino de Izquierdo, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7572.

    Sometido: Junio 10, 1938.

      Resuelto: Junio 14, 1939.

      R. Díaz Collazo y Fiddler, Córdova & McConnell, abogados de la apelante; Son. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Alcb'ey, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Sobrino dé Izquierdo, Inc., apela de una sentencia ad-versa dictada en nn pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. Hay dos leyes envueltas. La pri-mera de ellas fué aprobada el 15 de mayo de 1936. Es cono-cida con el nombre de “Ley de Bebidas Alcohólicas” (Ley núm. 115 de 1936, (1) pág. 611). La segunda fué aprobada el 30 de junio de 1936. Es conocida con el nombre de “Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas” (Tercera Legislatura Extraordinaria, Ley núm. 6, pág. 45). La cuestión aquí en-vuelta es si Tuborg Double Stout, que es un tónico de malta importado, estaba sujeto al pago de la contribución.

Al comenzar el juicio las partes estipularon que Tuborg Double Stout contenía dos décimos del 1 por ciento de alcohol por volumen, y que era un producto de malta. La prueba del demandante tendió a demostrar que:

Tuborg Double Stout es recetado por los médicos a la mujer durante el período de gestación, a las personas débiles y a los niños; a personas que requieran un tratamiento que sea tónico y al mismo tiempo nutritivo, por la gran cantidad de malta que contiene; las bebidas alcohólicas son perjudiciales a la mujer durante el período de gestación. El tanto por ciento de alcohol que Tuborg contiene es tan pequeño que resulta inofensivo. Tuborg se usa solamente como tónico y como producto alimenticio. Dos décimas del 1% de alcohol equivalen a alrededor de cuatro gotas de alcohol por vaso. El primer paso en la fabricación de un tónico de malta es la germinación de la cebada y la adición de lúpulo. A esto sigue la fermentación y luego la desalcoholización del producto. El alcohol se elimina en su casi totalidad a excepción de una pequeña cantidad que es imposible eliminar.
Tuborg se vendía en botellas que llevan una etiqueta en que se hace constar el hecho de que no tiene alcohol. También en la etiqueta se prescribe la dosis.

El demandado no presentó prueba.

La médula del argumento de la apelante es la siguiente:

El fin de la ley fué reglamentar e imponer una contribución a la producción y venta de bebidas alcohólicas. No fué el espíritu de la ley fijar impuestos a productos como el Tuborg Double Stout. Tuborg no es una bebida alcohólica sino un tónico, un producto medicinal y alimenticio.
La necesidad de reglamentar la fabricación y venta surgió de la derogación de la Enmienda XVIII, de la Ley Volstead y de ciertas disposiciones de nuestra Carta Orgánica. De ahí que se aprobara la ley “Para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico me-diante la imposición de ciertos derechos de rentas internas sobre cada litro de cervezas, vinos o sustitutos de los mismos, que se in-troduzcan, fabriquen, usen, vendan, o que de otro modo se disponga de ellas para el consumo en Puerto Rico; y de ciertas licencias sobre determinadas ocupaciones o industrias relacionadas con tales pro-ductos, y para ingresar dicha contribución o derechos en los fondos generales del Tesoro Insular, y para otros fines.” (Leyes de 1933, pág. 207.) Ésta fué seguida por otras leyes incluyendo las dos de 1936. La ley de 1933 llenó el vacío dejando en nuestras leyes contri-butivas al derogarse la prohibición. Impuso contribuciones sobre cosas que no estaban previamente gravadas por haber estado su fa-bricación y venta prohibidas. No fué el fin primordial de la Le-gislatura de 1936 imponer contribuciones sobre artículos que habían sido objetos legítimos de comercio durante la época de la prohibición. Las leyes de 1936 no pretenden gravar productos medicinales o ali-menticios que contienen alcohol. Tuborg es un producto medicinal y nutritivo. No se usa como bebida alcohólica, aunque contiene un pequeño tanto por ciento de alcobol. No cae dentro de la definición de cerveza, contenida en la sección 3 de la ley aprobada el 15. de mayo de 1936, a pesar del hecho de que aparentemente está dentro de la letra de esa definición por ser un producto fermentado de malta y contener alcohol. Esa definición debe interpretarse a la luz de la intención legislativa de no incluir productos medicinales que de ordinario no son considerados como bebidas alcohólicas. No fue la intención de la legislatura gravar los productos medicinales: pri-mero, porque no obstante los cientos de medicinas que contienen alcohol con frecuencia en grandes proporciones, la ley no grava ningún producto medicinal conforme demuestra su artículo 4; segundo, por-que los antecedentes históricos de la legislación que siguió a la Ley Volstead demuestran la intención legislativa de gravar las bebidas alcohólicas cuya venta era ilícita durante la vigencia de la prohibi-ción, mas no las medicinas que contengan alcohol y cuya venta nunca había estado prohibida; tercero, porque el artículo 21 de la propia ley exime expresamente del pago del impuesto a los espíritus desti-lados que se utilizan en la composición y preparación de medicinas y productos alimenticios. La Asamblea Legislativa no creyó nece-sario declarar exentos de contribuciones los productos medicinales en sí, ya que el artículo 4 de la ley no fija impuesto alguno a tales productos.
Desde que se derogó la prohibición, no hay que mirar con sos-pecha los productos medicinales que contienen alcohol. El que fa-brica, vende o consume una bebida alcohólica ya no tiene que escon-derse. No pueden atribuirse al fabricante, vendedor o consumidor propósitos siniestros. Si bien es cierto que el brandy, whisky y otras bebidas alcohólicas tienen ciertas propiedades medicinales, las tienen precisamente por el alcohol que contienen. Las propiedades medicinales de Tuborg son independientes de su contenido alcohólico. Las propiedades medicinales del whisky y brandy son secundarias. Dichos productos son fundamentalmente bebidas alcohólicas. Como tales se venden y se consumen. El producto Tuborg no tiene carac-terística alguna de bebida alcohólica en el sentido usual de la pa-labra. Es exclusivamente un producto medicinal y alimenticio. Se agotan los recursos de la ciencia para eliminar el alcohol. Cuando hay duda en cuanto a si algún artículo está o no sujeto al pago del impuesto, la duda debe resolverse en sentido favorable al contri-buyente. P. R. Distilling Co. v. Tesorero, 32 D.P.R. 576:

El artículo 4 de la ley aprobada en mayo 15, 1936, fija una contribución:

“4. — Sobre toda cerveza, ‘lager beer’, ales, porters, malta y extrac-tos de malta y otros productos análogos, fermentados o no fermen-tados, cuyo contenido alcohólico sea de 1 por ciento o menos por volumen, un impuesto de 15 centavos por galón y en proporción igual por fracción de galón; Disponiéndose, que cuando el contenido alco-hólico de dichos productos' exceda de 1% por ciento por volumen, el impuesto será de 30 centavos por galón y en proporción igual por fracción de galón; Disponiéndose, además, que si dichos productos contuvieren más de 1% por ciento ele alcohol por volumen y se ven-dieren en envases de cinco (5) galones o más, el impuesto será de 20 centavos por galón y en proporción igual por fracción de galón.”

El artículo 7 fija una licencia a los traficantes al por mayor y al detall de bebidas alcohólicas.

La cerveza y las bebidas alcohólicas son definidas por el artículo 3 en la siguiente forma:

“ (12) Cerveza. — Comprende cualquer bebida fermentada o no fer-mentada de cualquier nombre o descripción, fabricada de malta, total o parcialmente, o de cualquier substancia de la misma que contenga alcohol.”
“(15) Bebida alcohólica. — Comprende todos los espíritus, espíri-tus rectificados, cervezas y vinos que han sido reducidos a una prueba potable para el consumo humano.”

El artículo 21 dispone:

“Artículo 21. — Los impuestos prescritos por esta ley no se apli-carán a los espíritus destilados obtenidos de acuerdo con aquellas dis-posiciones que el Tesorero prescriba para los mismos cuando se usen para fines industriales en la fabricación de alcohol desnaturalizado, preparaciones medicinales, farmacéuticas, antisépticas y de tocador, la composición y preparación de medicinas, extractos para dar sabor, strops y productos alimenticios; ni cuando se usen para fines cientí-ficos, químicos, mecánicos, e industriales, siempre que dichos produc-tos no sirvan para preparar bebidas alcohólicas.”

El párrafo cuarto del artículo 4, supra, aparece de nuevo en forma algo más elaborada como subincisos (a), (b) y (c) del párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley núm. 6 aprobada el 30 de junio de 1936. Las bebidas alcohólicas y la cerveza son definidas nuevamente por los párrafos 13 y 15 del ar-tículo 3 de la ley posterior, así:

“ (13) Bebida alcohólica: Se entenderá por tal todos los espíritus y espíritus rectificados que ban sido reducidos a una prueba potable para el consumo bumano y los licores y bebidas que contengan alcohol, ya sean producidos por fermentación o destilación, incluyendo vinos, cervezas y cidras.”
“(15) Cerveza: Significa cualquier bebida fermentada o no fer-mentada con cualquier nombre o descripción, fabricada, total o par-cialmente, de malta o de cualquier sustituto de la misma, que contenga alcohol. ’

El artículo 21 de la primera ley aparece nuevamente como el artículo 25 de la segunda. Ahora lee:

“Los impuestos prescritos por esta ley no se cobrarán por aquellos espíritus destilados despachados por una destilería y obtenidos por cualquier persona de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que el Tesorero prescribiere, con el fin de ser destinados a fines in-dustriales, científicos, medicinales o químicos.”

Tuborg es una bebida fermentada. Es fabricada de malta. Contiene alcohol. Es “cerveza” dentro del significado de esa palabra, conforme la misma es definida por el estatuto. Es una “cerveza” que ha sido reducida a una prueba potable para el consumo humano. Es una bebida que contiene alcohol y que es producida por fermentación. Es tanto cer-veza como bebida alcohólica, según ambos términos son defi-nidos dos veces por la Asamblea Legislativa en dos leyes sucesivas. Sea ello como fuere, es un extracto de malta o un producto similar fermentado, cuyo contenido alcohólico es menos del 1% por volumen. En su consecuencia está sujeto a la contribución impuesta por el párrafo 4 del ar-tículo 4 de la primera ley y por el subinciso (a) del párrafo 4 del artículo 4 de la segunda ley.

Tuborg Double Stout no es un “espíritu destilado”. No es “obtenido de acuerdo con aquellas disposiciones que el Tesorero prescriba”. No es utilizado en la fabricación de productos medicinales o en la preparación y manufactura de medicinas y productos alimenticios. Tampoco nada hay que demuestre que los productos en que así pudiera usarse Tuborg “no sirvan para preparar bebidas alcohólicas.”

El artículo 25 de la ley posterior exime “aquellos espí-ritus destilados . . . destinados a fines . . . medicinales, des-pachados por una destilería y obtenidos por cualquier persona de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que el Tesorero prescribiere.” La “cerveza . . . extracto de malta, y otros productos análogos fermentados” especificados en el subinciso (a) supra, no están exentos bajo los términos del artículo 25 al ser “destinados a . . . fines . . . medicinales”. Si el extracto de malta u otros productos análogos que con-tienen determinado tanto por ciento de alcohol — destinados y utilizados tan sólo para fines medicinales y que no pueden ser clasificados como cerveza o bebidas alcohólicas en el sen-tido ordinario y corriente de esos términos — deben estar exen-tos de contribuciones, es cuestión a determinarse por la Asamblea Legislativa y no por los tribunales.

El argumento de la apelante es bastante plausible o lo sería, si hubiera alguna duda sobre el significado del lenguaje usado en las dos leyes. Ese lenguaje, sin embargo, es ente-ramente claro. No deja lugar a duda o a interpretación. Cuanto hemos dicho resuelve los señalamientos primero y segundo.

El tercer y último señalamiento se refiere a la admisibi-lidad de cierta prueba excluida por el juez de distrito. Dado el criterio que hemos formado del caso, el error, de existir, no resulta perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rufo Rotger, acusado y apelante.
    Núm. 7689.

    Sometido: Junio 6, 1939.

      Resuelto: Junio 15, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis .Tañer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.

       3STota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao sentenció al apelante por el delito de abandono de menores, consistente en que “degal, voluntaria y maliciosamente y con la intención de perjudicar a la vida de su bija Mérida Pérez, de seis años de edad, tenida con la. denunciante, la abandonó y sin excusa legal dejó de cumplir con las obligaciones que la ley le impone de proveerle de su indispensable alimento, vestuario, asisten-cia médica y protección. ’ ’

Apeló el acusado para ante este tribunal señalando los siguientes errores que sostiene fueron cometidos por la corte inferior:

“Primero: La corte cometió error por infracción del artículo 263 del Código Penal vigente.
“Segundo: La corte cometió error por infracción del artículo 125 del Código Civil, edición de 1930.
“Tercero: La corte cometió error por infracción de los artículos 249 y 250 del Código Civil.
“Cuarto: La corte cometió error toda vez que la prueba presen-tada no es suficiente para sostener la sentencia.”

Eli cuanto a los tres primeros señalamientos de error, basta referirnos a los casos de Pueblo v. Bohena, 52 D.P.R. 313 y Pueblo v. Lópes, 54 D.P.R. 294, en el último de los cuales se dijo:

“No liay duda de que la palabra reconocidos usada por el legisla-dor en relación con el hijo ilegítimo en la ley penal — artículo 263 del Código Penal ed. 1937 — lo fué por inadvertencia. Pero partiendo de la base de su existencia entendemos que significa que sólo se comete el delito cuando lo es por un padre que pudiendo deja de alimentar a hijos ilegítimos que ha tenido pública o privadamente como tales o que por ser sus hijos en realidad de verdad se hubiera visto obligado a reconocer si concurriera en ellos la condición de naturales, y dando a lo prescrito en el Código Civil — artículo 129 — una interpretación razonable, en armonía con la enmienda legislativa de la ley penal de 1931 (Ley núm 35 de 1931, pág. 353), entendemos que la sen-tencia dictada en un proceso criminal a que se refiere puede ser la qqe se dicte dentro del proceso criminal que por abandono del hijo ilegítimo se siga como se siguió en este caso.
“8i se demuestra en él fuera de duda razonable que el padre saMa que el menor era su hijo o que lo había tenido como tal y por con-siguiente como tal debía reconocerlo o lo había reconocido y que eso no obstante voluntariamente y sin excusa legal había dejado de cum-plir las obligaciones que la ley le impone de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, debe ser condenado aunque no se presente el documento a que se refiere el párrafo se-gundo' o la sentencia dictada en pleito civil de que habla el párrafo primero del articulo 129 del Código Civil tantas veces citado.
“Dentro del estado actual de nuestro Derecho, la sentencia dictada en proceso criminal a que se refiere el repetido artículo no puede ser otra que la que se dicte en la causa criminal por abandono donde todos los hechos esenciales pueden quedar debidamente establecidos. La obligación del padre surge del hecho sustancial de serlo. Probado en debida forma que lo es y que siéndolo dejó de cumplir su obliga-ción en la manera que la ley penal establece, el delito debe enten-derse cometido.” (Bastardillas nuestras.)

Añora bien, ¿se probó fuera de toda duda razonable que el apelante sabía que la menor Mérida Pérez era su bija? La única prueba que se presentó sobre ese extremo consistió en la declaración de la madre denunciante, de la que resnlta que ella vivió con el acusado como nn año, sin poder pre-cisar cuándo empezó a vivir con él. Al preguntársele qué tiempo antes de nacer la niña vivió con el acusado, contestó:

‘ ‘ Seguramente tenía que vivir eon él. ’ ’

Insistió nuevamente el fiscal en la misma pregunta, con-testando entonces:

"Como dos o tres meses antes de nacer la niña.”

No resulta de la declaración de esta testigo que el acu-sado considerase a la niña como Rija suya ni en público ni en privado, pues el Recbo de que la Rubiera ayudado o aten-dido por dos o tres meses y luego se retirase, como declaró la denunciante, no implica necesariamente que al ayudar a la niña lo hiciera movido por su relación de padre.

No apareciendo de la prueba que al tiempo de la concep-ción de la niña el acusado viviera en concubinato con la denun-ciante, ni apareciendo tampoco que en fecba determinada comprendida dentro del período de gestación hubiesen tenido ellos relaciones sexuales, tenemos que convenir con el fiscal de este tribunal que la prueba no demuestra más allá de duda razonable la paternidad de la niña en el apelante. La decla-ración de la denunciante es perfectamente compatible con la existencia de relaciones iniciadas después de la concepción de la niña.

Existe, a nuestro juicio, el cuarto de los errores señala-dos. Procede, por consiguiente, la revocación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Félix Juan Serrallés y Sánchez, demandante y apelante, v. Hon. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. Juan Eugenio Serrallés y Sánchez, demandante y apelante, v. Hon. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7764 y 7765.

    Sometidos: Mayo 6, 1939.

      Resueltos: Junio 16, 1939.

      V. Zagas Pizarro, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxilar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En julio 28, 1938, se resolvió que las apelaciones in-terpuestas en estos casos debían desestimarse como se desestimaron por frívolas, quedando en su consecuencia con-firmadas las sentencias apeladas que dictó la Corte de Distrito de Ponce en mayo 6,1938. 53 D.P.R. 650.

En agosto 8, 1938, se remitió el mandato a la corte de distrito y en febrero 6, 1939, o sea más de cinco meses des-pués, los apelantes presentaron mociones pidiendo a esta corte que dicte en ambos recursos resoluciones contentivas de los siguientes pronunciamientos:

(A) Ordenando a la Corte de Distrito de Ponce remita el man-dato en los casos del epígrafe para ante ese Hon. Tribunal, y becho lo cual:
“ (B) Esa Corte aclare o enmiende su resolución de fecha 28 de julio de 1938, en tales casos, en el sentido de ordenar que los mismos sigan tramitándose en forma regular y ordinaria ante la Corte de Dis-trito de Ponce; y
“(C) Dictando cualquier otra resolución o providencia que pro-ceda en derecho y en justicia.”

Oída la parte apelada, se opuso a las pretensiones de los apelantes. Tiene razón a nuestro juicio porque dado el tiempo transcurrido carece esta corte de autoridad para recla-mar los mandatos, y ése sería el primer paso que habría que dar para resolver luego las otras peticiones.

Aquí los' procedimientos ocurrieron normalmente. La propia corte de distrito desestimó las demandas a virtud de una excepción de falta de jurisdicción presentada por el Teso-rero demandado, resolviendo que no era a ella si que a la corte municipal competente a la que correspondía conocer de los pleitos. Se apeló y esta Corte Suprema confirmó las sen-tencias recurridas y dentro del término reglamentario se remitieron los mandatos, no por fraude, ni por'inadvertencia o error, sino actuando deliberadamente, de acuerdo con la práctica seguida en todos los casos.

Ni siquiera pidieron reconsideración los apelantes. Es después de cinco meses que actúan cuando se enteran de la decisión de esta corte en el caso de A. Cuesta y Cía., Sucrs., v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 87 y creen que la jurispru-dencia sentada en la misma les favorece.

De modo consistente esta Corte Suprema fia aplicado la regia de que una vez que el mandato lia sido remitido a la corte sentenciadora, en ausencia de fraude, accidente, inad-vertencia o error, no puede ser reclamado, negándose a recon-siderar sentencias ya comunicadas a las cortes que las dictaron. Véanse los casos de Falcó v. Sucesión Suau, 18 D.P.B. 744, Royal Bank of Canada v. Goico, et al., 35 D.P.B. 1056, González v. Sociedad Civil “Peña y Balbás”, 38 D.P.R. 1042, Schlüter & Cía., Sucr. v. González, et al., 38 D.P.B. 249, Manrique v. Ramírez González, 38 D.P.R. 540 y Mojica v. Corte, 49 D.P.R. 535, especialmente los dos últimos en los que se estudia la cuestión con alguna amplitud y se cita juris-prudencia de las cortes del continente. ■

Como se expresó en el caso de Thomas v. Thomas, 27 Okla. 801, 113 P. 1058, 35 L.R.A. (N.S.) 124, 133, citado en el de Mojica v. Corte, supra.

“. . . Es evidente que todo litigio debe tener su fin, y el punto lógico en que debe terminar la jurisdicción apelativa sobre un proce-dimiento es aquel momento en que se ha investido de nuevo a la corte inferior de jurisdicción para actuar y hacer cumplir cualquier sen-tencia emitida.
“Un caso similar a éste es el de Dempsey v. Billinghurst, 8 S. D. 86, 65 N. W. 427. En él la Corte Suprema de South Dakota dice: ‘. . . Está bien sentado, y al parecer, pudiera difícilmente ser otro el principio, que cuando el mandato ha ido a la corte inferior sin mediar fraude, accidente, o inadvertencia, la corte superior ha perdido su ju-risdicción en el caso-, y no puede ordenar su devolución.’ Refirién-dose al mismo asunto, la Corte Suprema de Carolina del Sur en el caso de Carpenteri v. Lewis, 65 S. C. 400, 43 S. E. 881, dijo: ‘Da pri-mera cuestión'que debe ser considerada es si la corte tiene jurisdic-ción para considerar la moción solicitando que se devuelva el mandato. La sección doce del Código dispone que “la Corte Suprema puede revocar, confirmar, o modificar la sentencia, decreto u orden apelada, total o parcialmente, y en cuanto a alguna o todas las partes, y la sentencia será remitida a la corte inferior para ser ejecutada de acuerdo con la ley.” En el caso de Sullivan v. Speights, 14 S. C. 358, la corte dice: “Bajo la regla de este tribunal, cuando un caso es oído y decidido, el mandato a la corte inferior no es enviado inmediata-mente sino que siempre se le retiene durante diez días a menos que la corte lo disponga de otro modo. Y previa solicitud demostrando causa suficiente, cualquiera de los jueces, en cámara, puede ordenar que sea retenido hasta el tercer día de la próxima sesión. El objeto de esto es conservar la jurisdicción sobre el- caso, a fin de que cual-quiera de las partes que desee presentar una moción pueda tener oportunidad de hacerlo y la corte el poder oírla. Sin embargo, des-pués que el mandato es enviado el caso sale de los límites de la corte y ésta pierde su jurisdicción y desde ese momento ninguna moción sobre la materia podrá ser considerada por la .corte. ” ’ ”

Parece conveniente consignar además que aunque no se titulen de reconsideración las mociones que estamos consi-derando y resolviendo, de hecho lo son. Yan a la sustancia del caso. La enmienda que se pide consiste en ordenar a una corte que se ha declarado que no tiene jurisdicción que continúe eso no obstante conociendo de los litigios y los resuelva en sus méritos por haber sido inducidos a error los demandantes por cierta jurisprudencia que dicen que se encon-traba vigente al interponer sus demandas.

Deben declararse las mociones sin lugar.


author: El Juez Peesidentb Señoe Del Tobo

text:
    Jesús Collazo, demandante y apelado, v. Hon. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7710.

    Sometido: Mayo 29, 1939.

      Resuelto: Junio 16, 1939.

      . Hon. Procurador- General B. Fernández García j Pablo Defending, Subprocurador, abogados del apelante; F. Martínez Rivera, abo-gado del apelado.
   El Juez Peesidentb Señoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este caso guarda estrecha relación con los de F. J. y J. E. Serrallés v. Sancho Bonet, Tesorero, que acabamos de resolver (ante, pág. 142). Y dehe seguir igual suerte.

Según los autos, en julio 28, 1938, se revocó la senten-cia apelada por haber actuado sin jurisdicción la corte que la dictó (53 D.P.R. 969). Las resoluciones en los dichos casos de F. J. y J. E. Serrallés v. Sancho Bonet, Tesorero, dictadas el mismo día y la decisión en el caso de The Shell Co. (P. R.), Ltd. v. Pagán, Tes., 51 D.P.R. 208, se citaron en apoyo de la sentencia.

No se pidió reconsideración y el mandato fué remitido a la corte de distrito en agosto 13, 1938.

Transcurrieron más de dos meses y en octubre 24, 1938, se presentó una moción pidiendo qne se dejara sin efecto la sentencia de jnlio 28 anterior. La moción fné declarada sin lugar en noviembre 9 siguiente.

En enero '27,' 1939, volvió a comparecer la parte perdi-dosa y pidiendo que se ordenara la devolución del mandato, solicitó de nuevo que se dejara sin efecto la repetida senten-cia de julio 28, 1938. Invocó el caso de A. Cuesta & Cía., Sucrs, v. Sancho Bonet, Tes. (54 D.P.R. 87) y -sus razona-mientos anteriores en el mismo sentido que los que llevaron a esta Corte en el. dicho caso a confirmar la sentencia apelada, no obstante haber sido dictada por una corte de distrito y reconocerse que, por razón de la cuantía, correspondía cono-cer del pleito a la corte municipal competente.

No es, posible reclamar el mandato y sin readquirir a vir-tud de ello nuestra jurisdicción sobre el asunto no cabe la .actuación que se pide.

La moción de enero 27,1939, debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    Las Monjas Racing Corporation, demandante y apelante, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7730.

    Sometido: Noviembre 9, 1938.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 29 de la Ley núm. 11 de 1932 (Leyes de ese año, pág. 195), conocida como Ley Hípica de Puerto Rico, dispone:

“En los hipódromos de Puerto Rico se descontará el veinte y cinco (25) por ciento de las cantidades apostadas en las bancas alemanas, después de deducir el importe apostado a los caballos ganadores en las bancas respectivas, y el veinte y cinco (25) por ciento del total bruto o de las apuestas que se crucen en el pool, subscription funds o muiuels. El total bruto que se derive por concepto de dichos des-cuentos deberá ser distribuido en la siguiente forma: ochenta y cinco (85) por ciento para la corporación explotadora del hipódromo y quince (15) por ciento para los fondos de la Comisión Hípica Insular. ’

A pesar de que la Ley Hípica limitó a 25 por ciento el descuento del total bruto de las apuestas cruzadas en el Subscription Fund, la Comisión Hípica Insular, por vía de reglamentación, autorizó a los hipódromos a deducir de dicho total bruto el 33% por ciento que reciben por concepto de comisión los agentes vendedores, y del 66% por ciento res-tante, no del 100 por ciento como ordena la ley, se deduce entonces el 25 por ciento a que s.e refiere el artículo 29 supra, recibiendo de ese modo los agraciados el 75 por ciento del 66% por ciento del total bruto del Subscription Fund.

La Ley de Rentas Internas, en su artículo 16 a, (inciso 3. de la Ley núm. 11 de la Tercera Legislatura Extraordi-naria de 1932, pág. 51), dispone que toda persona que sea agraciada con un pool o subscription fund deberá pagar un arbitrio de 10 por ciento sobre la cantidad total recibida, impuesto que retiene el hipódromo y lo paga en Tesorería.

La demandante, dueña y explotadora del hipódromo Las Monjas, celebró dos carreras en las fechas que se mencionan en las dos cansas de acción de que consta la demanda, y al satisfacer el impuesto antes aludido trató de pagarlo tan sólo sobre los premios que en realidad perciben los agraciados a virtud del descuento de 33% por ciento autorizado por La Comisión. Hípica Insular, y no sobre el 75 por ciento que queda luego de hacerse el descuento prescrito por la sección 29. No aceptó el Tesorero el pago que ofreció la deman-dante y exigió el arbitrio sobre el 75 por ciento del total bruto de los boletos. Las Monjas Racing Corporation pagó bajo protesta y estableció este pleito.

Según Ja corte de distrito, la controversia se reduce a determinar si la orden o regla de la Comisión Hípica es o no válida; si es ultra vires y si la Comisión trascendió sus poderes al autorizar tal descuento, entonces la demandante asumió el riesgo de pagar el impuesto sobre el total bruto menos el 25 por ciento. El poder de reglamentación de la Comisión Hípica Insular, continuó diciendo la corte de dis-trito, está definido en el artículo 5 de la Ley Hípica de Puerto Rico, que dice:

“La Comisión Hípica Insular queda facultada para regularizar todo lo concerniente al deporte hípico y a tal objeto tendrá facultad para prescribir las reglas y condiciones por las cuales deberá regirse la celebración de carreras de caballos en Puerto Rico; para regla-mentar todo aquello que se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas en las bancas alemanas y pools; y para prescribir por reglamento los requisitos que deberán llenar las personas que desearen obtener y obtengan de la Comisión licencias de hipódromos, dueños de caballos, jockeys, trainers o cuadreros.
“La Comisión Hípica deberá seguir en sus investigaciones y ac-tuaciones los procedimientos señalados en la ley a las cortes de jus-ticia para la tramitación y despacho de sus asuntos.
“La Comisión Hípica Insular, en el ejercicio de sus deberes, y sus miembros cuando actúen en su representación quedan autorizados para citar testigos, tomar juramentos y declaraciones y obligar la comparecencia de testigos y la presentación de libros, cartas, docu-mentos, papeles, expedientes y todos los demás datos que se considera-ren esenciales para un completo conocimiento del asunto objeto de in-vestigación en relación con el deporte hípico.
“Todas estas facultades deberán prescribirse en un reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobernador de Puerto Kico y una vez que dicho funcionario le imparta su aprobación, tendrá fuerza obli-gatoria. La Asamblea Legislativa se reserva la facultad de revisar y revocar dicho reglamento en todo o en parte cuando a bien lo tu-viere. ’ ’

La corte de distrito no halló nada en esta regia que auto-rice a la Comisión Hípica a violar el precepto específico con-tenido en la sección 29 de la Ley Hípica. El caso fué decidido a base de una excepción previa y la corte resolvió que la demanda no era susceptible de enmienda, y en su consecuencia, que la misma debía declararse sin lugar.

. La apelante, luego de exponer los hechos, señala cuatro errores, a saber:

“1. Erró dicha corte al concluir y fallar que las sumas que re-presentaban en cada juego de subscription fund celebrado la % parte del valor nominal de los boletos vendidos para cada uno de ellos, es-taban sujetas al pago del arbitrio, que impone la sección 16 a de la Ley de Arbitrios entonces vigente.
' “2. Igualmente erró dicha Corte al concluir y fallar que las re-glas aprobadas por la Comisión Hípica y el Gobernador para regir dicho juego de stobscription fund son nulas.
. “.3. Erró igualmente la Corte inferior al dejar de concluir y fallar que la apelante, en todo caso no era, ni es, la contribuyente ni deudora de dichos arbitrios y que el apelado, por este motivo^ tampoco pudo legalmente reclamar y hacerle pagar los mismos;
“4. Igualmente erró dicha Corte al dictar sentencia desestimándo-la dfemanda e imponiendo las costas a esta apelante.”

Haciendo las inferencias necesarias, el argumento de la apelante es, en síntesis, que la única cantidad que puede ser gravada es aquella que de hecho los hipódromos distribuyen entre los agraciados en el subscription fund. La idea es que la contribución que trata de cobrar el Tesorero tan sólo puede fijarse en la suma que de hecho distribuye' cada uno de los hipódromos. Por tanto, si se deduce el 25 por ciento, la suma a distribuirse entre los agraciados del suh- scription fund sería el 75 por ciento, y si a esa suma se le descuenta primero el 33% por ciento, la cantidad a repartir entre los agraciados sería el 75 por ciento del 66% por ciento. Se da énfasis repetidas veces al hecho de que los hipódro-mos no reciben el 75 por ciento del total bruto pagado por los adquirentes de los boletos a razón de $1.00.

Convenimos con la corte inferior en que la Comisión Hípica Insular no puede hacer nada que infrinja los fines del artículo 29 de la Ley núm. 11 de 1932. Sin embargo, la apelante insiste no sólo en que la Comisión Hípica Insular no se ha excedido en sus facultades, sino también en que la contribución, de todos modos, se fija tan sólo en la cantidad recibida por los respectivos hipódromos.

Al igual que sucede en otros casos, el público podría renun-ciar el derecho a percibir el 75 por ciento fijado por el artículo 29 supra. Modus et conventio vincwiü legem.

Empero, en el presente caso había una ley en vigor que disponía que el 18 por ciento de las sumas pagadas a los gana-dores será retenido por cada uno de los hipódromos. Por consiguiente, cuando la Asamblea Legislativa dijo en efecto que el 75 por ciento del producto de la venta de los boletos sería pagado a los agraciados, ella quiso significar lo que dijo, y por necesidad tuvo que haber tenido en mente que el 10 por ciento debía descontarse del 75 por ciento que quedaba luego de deducir el referido 25 por ciento. La intención de la Asamblea Legislativa evidentemente fue, interpretando conjuntamente el contenido de las dos leyes, a saber, Ley núm. 11 de 1932 (pág. 195) y Ley núm. 11 de la Tercera Legislatura Extraordinaria de 1932 (pág. 51), que los hipódromos debían retener el 10 por ciento del 75 por ciento. La equidad considera como hecho aquello que debió haberlo sido.

La sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolp

text:
    Hermenegildo Méndez, demandante y apelante, v. Guillermo Valentín, demandado y apelado.
    Núm. 7712.

    Sometido: Noviembre 18, 1938.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

      Ildefonso Freyre, abogado del apelante; P. Baigés Gómez, abogado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

Ambrosio Battle Morelia era dueño de una finca rústica en el barrio de Mayagüez Arriba, en Mayagüez, P. R. En 1914 otorgó hipoteca en favor de Hermenegildo Méndez, demandante en este caso, por la suma de $200, y en 1915 otorgó una segunda hipoteca en favor del demandante por $150. Allá para el año 1915 el demandante adquirió una finca de odio cuerdas y media de Ambrosio Battle en pago de las hipotecas, propiedad que figura inscrita a nombre del deman-dante en el Registro de la Propiedad de Mayagüez.

En 1911 ó 1912, antes del otorgamiento de las hipotecas, cuando Ambrosio Battle era aún dueño de la finca en cues-tión, él permitió que Guillermo Valentín tomara posesión de una pequeña parcela de terreno o de lo contrario se la donó a dicho Guillermo Valentín. El terreno de que Valentín tomó posesión medía como 354 metros. Poco después Guillermo Valentín construyó una casa sobre dicha propiedad, cercó el terreno y alegó poseer el mismo en calidad de dueño. No se redactó documento público alguno y en el registro de la propiedad no figura ninguna inscripción. Ni en la primera ni en la segunda escritura de hipoteca se menciona la dona-ción de Battle a Valentín.

Hermenegildo Méndez instó demanda de desahucio en pre-cario contra Guillermo Valentín. Méndez alega no tener derecho o título alguno a la casa y aún le ofreció a Valentín $10 por ella, cosa que Valentín con alguna vacilación admite como cierta. Igualmente aparece de los autos que cuando Hermenegildo Méndez adquirió la finca por compra a Ambro-sio Battle él sabía que el demandado Guillermo Valentín vivía en la finca.

La corte inferior resolvió que el demandado tenía una reclamación de hogar seguro en la casa de la cual trataba de lanzarle el demandante y que en su consecuencia existía un conflicto de títulos que no podía resolverse en un recurso de desahucio en precario. Convenimos enteramente con el apelante en que la mera alegación de la existencia de un derecho de hogar seguro no hace surgir un conflicto de títulos. La ley es enteramente clara al efecto de que para que haya una donación de cosa inmueble es necesario la existencia de una escritura pública. El hecho de que Guillermo Valentín residiera en la finca no dió aviso alguno al demandante de que el demandado tenía algún derecho o título a la misma. Además, la corte inferior resolvió que el demandante era dueño del terreno, más no obstante creyó que existía un con-, flieto de títulos a virtud de la reclamación de bogar seguro. La corte resuelve que no puede hacerse una donación ver-balmente y que es necesario que exista un título escrito.

Debe notarse especialmente que el demandante en este caso no alega tener derecho alguno a la casa y que admite que el demandado puede llevársela cuando le plazca. Sin embargo, lo que el demandante desea es la posesión del terreno que adquirió por escritura otorgádale por el anterior dueño.

El presente es un caso en que se admite el título de la casa y el derecho del demandado a llevársela. No surgió con-flicto de título alguno, toda vez que el demandante no alega tener derecho alguno a la casa. No conocemos ningún caso en que surja un derecho de hogar seguro sobre una casa por sí sola, y de sostener algo, eso fué legalmente cuanto el deman-dado alegó. Méndez tenía derecho a suponer que adquiría tierras en las cuales podía haber inquilinos. Empero, el mero inquilinato no crea un derecho de hogar seguro, y de un exa-men del registro se desprendía que no existía título alguno en favor del demandado. Este, es cierto, basó su reclama-ción en que vivía en la finca desde hacía 25 años, pero los actos meramente tolerados no hacen surgir un título. Para la posesión adquisitiva la alegación debe basarse en un justo título. La ley de desahucio debe prevalecer y el -demandado ser lanzado de la finca de conformidad con la misma.

La sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Central Aguirre Sugar Co., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, sustituído por R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7421.

    Sometido: Diciembre 20, 1938.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, (B. Gordovés Arana, Fx-Proentrador General Auxliañ*, en el alegato) y B. García Cin-tron, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Hart-zell, Kelley <& Hartzell y B. O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En una acción para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta la corte de distrito declaró sin lugar una excepción previa a la demanda. Se señala esto como error. La excep-ción se basaba en falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. La cuestión aquí envuelta es si cierto arado o cultivador mecánico automático era un tractor den-tro del significado de esa palabra, conforme la misma se usa en el inciso 8 del artículo 16 de la Ley de Eentas Internas (Ley núm. 85 de 1925, pág. 585), según fué enmendada en 1931 (Leyes de ese año, págs. 505 y 509).

La demandante alegó:

“Que en el mes de julio, 1933, la demandante importó un arado meeánieo automático completo (Fowler Gyrotiller No. 19,606). El Fowler Gyrotiller es un arado que de una sola pasada, rompe, re-mueve, pulveriza la tierra, prepara los bancos y los surcos, y deja ■ listo el terreno para la siembra, y no puede ser usado nada más que para cultivar la tierra. Este aparato o utensilio de labranza está com-puesto de dos discos cilindricos donde van atornilladas varias cuchi-llas o lengüetas a cada disco, los cuales discos dan vueltas a la derecha según todo el aparato en general se mueve lentamente hacia adelante, rompiendo, removiendo y pulverizando la tierra; tiene dos arados de forma corriente para preparar los surcos y los bancos necesarios para la siembra de caña. Dicho aparato o utensilio de labranza con-tiene además un motor Diesel, que desarrolla fuerza, el 90% de la cual sc transmite directamente a los mencionados discos giratorios cultivadores (rotary tillers) y el restante i0% de fuerza es u.sado para propulsar lentamente el aparato. Pesa el mencionado aparato unas 22 toneladas, o sea, más del doble del peso del tractor más pesado que se ba fabricado; cuesta cuatro veces más que el tractor más costoso, camina a una velocidad mínima de media milla por bora, siendo la velocidad mínima de un tractor la de dos millas por hora. Para evi-tar que dicho utensilio de labranza se atolle o atasque, el mismo está' montado en dos juegos laterales de ruedas-puentes y una de acero, situada en el centro de la parte delantera del aparato, todas con ancha superficie para poder sostener su peso, pero sin layas, agarraderas o pontones como los que tienen los tractores para evitar el patinaje .. .; nunca ba sido usado y anunciado como tractor, ni puede ser usado como tal; los embragues (clutches) que gobiernan las ruedas son ina-decuados para trasmitir toda la fuerza del motor a las ruedas ...”

Evidentemente, este utensilio es esencialmente un arado giratorio. De la descripción que acabamos de citar, puede hacerse la inferencia lógica de que el rompimiento, y en gran parte, la pulverización del terreno — verdadera labor de un arado — es hecha por los cultivadores giratorios. El terreno, luego de haber sido partido y parcialmente pulverizado por los cultivadores giratorios, es puesto en surcos y en bancos preparados entre los surcos en una sola operación por los dos “arados corrientes.” Podría admitirse que estos “ara-dos corrientes ’ ’• — con lo que se quiere significar, según enten-demos, las antiguas rejas de arado (plowshare and moldboard) — son movidos o arrastrados por el aparato de que forman parte. Tan sólo el 10 por ciento de la fuerza desarro-llada por el motor Diesel es requerida o utilizable para fines de locomoción y — dado el peso del aparato mismo — única-mente una parte insignificante de ese 10 por ciento es utili-zada para halar o arrastrar los arados corrientes. El noventa por ciento del total de la fuerza motriz desarrollada por este aparato se transmite directamente a los cultivadores girato-rios, los cuales no son halados ni arrastrados por dicha má-quina ni giran o funcionan por el movimiento hacia adelante o hacia atrás del aparato. Los embragues que gobiernan las ruedas son inadecuados para transmitir toda la fuerza del motor a ellas. Las ruedas o puentes en que está montado este utensilio no están equipados con layas, agarraderas o ponto-nes para adherirse al terreno y crear la fricción adhesiva de que la tracción depende. Evidentemente este aparato no fue diseñado o fabricado para arrastrar pesadas cargas o cargas de alguna magnitud, excepción hecha de su propio peso. Por el contrario, fué diseñado y usado primordialmente para hacer mover los discos giratorios, no por tracción, sino por aplicación directa de fuerza mientras la máquina está en movimiento. Si se tratara de un caso de primera impresión, muy bien podríamos vacilar antes de clasificar tal aparato como un tractor.

, Por otra parte, cuando se dedican los tractores a trabajo estacionario, mucha de su fuerza es utilizada para mover otras maquinarias. Si un aparato automático que pesa 22 tone-ladas y que depende para su locomoción del mecanismo usado por tractores — que está en realidad montado en “dos juegos laterales de ruedas-puentes” — puede ser clasificado de tractor, es por lo menos una cuestión debatible. Así, pues, entre las palabras nuevas que figuran en Webster’s New International Dictionary se define un “tank” en la siguiente forma:

“Una especie de máquina de propulsión propia que consiste de una armadura de pesado acero blindado montada en un tractor (es-pecialmente del tipo Caterpillar) ...” (Bastardilla nuestra.)

■ De suerte, pues, que podría muy bien argumentarse que cualquier mecanismo pesado de impulsión propia que se mueve con lentitud y que está “montado en un tractor” es para todo fin práctico un tractor. La mera ausencia de layas, agarra-deras o pontones puede quedar compensada y tal vez expli-cada por el peso excesivo de la máquina en comparación con los tractores de uso corriente. Sea ello como fuere, la cues-tión no es nueva para este tribunal. La demanda en el presente caso no puede ser distinguida de la demanda pre-sentada en el caso de Russell & Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 52, en el que este tribunal decidió que un “Gyrotiller”, que no difiere en ningún detalle importante del aparato envuelto en este caso, era un tractor dentro del significado de esa pala-bra, tal cual la misma es usada en el inciso 8 del artículo 16, supra. Ese caso fué confirmado en Russell & Co. v. Sancho Bonet, 92 Fed. (2d) 821, donde la Corte de Circuito de Apelaciones dijo:

“Esta Corte no está en condiciones de decir que el Tribunal Supremo de Puerto Pico estuvo claramente equivocado al decidir y resolver que el aparato descrito en la demanda era un tractor y como tal sujeto al pago de la contribución fijada por el artículo 16, inciso 8 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Pico, núm. 85 de 1925, según fué enmendada por el inciso 8 del artículo 16 de la Ley núm. 83 de 1931.”

La apelada insiste en que en el presente caso cualquier falta de hechos en la demanda quedó suplida por la prueba. Hemos examinado la evidencia. Tiende a aclarar y a dar énfasis a la importancia de las alegaciones contenidas en la demanda. Fuera de esto agrega muy poco o nada a esas alegaciones, según han sido interpretadas por nosotros. En lo que a la cuestión ya discutida se refiere, no hallamos dife-rencia apreciable alguna entre los hechos expuestos en la demanda y los establecidos durante el juicio.

Bajo la autoridad del caso de Bussell, supra, la sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    Juan Rafael Cintrón, demandante y apelado, v. Rafael Gallardo Díaz, demandado y apelante.
    Núm. 7788.

    Sometido: Junio 16, 1939.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

      Faustino R. Aponte, abogado del apelante; Pablo Andino Espejo, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en un pleito de filiación se dejó anotar la rebeldía y apela de una sentencia adversa basada en la evi-dencia aducida por el demandante durante el juicio. El único señalamiento de error es al efecto de que:

“La Corte de distrito cometió error al dictar sentencia en rebeldía teniendo por base una demanda que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.”

El demandante alegó:

“1. — Alega que el demandado, Rafael Gallardo Díaz y Andrea Cintrón Cognet, siendo ambos solteros, sostuvieron relaciones amoro-sas pública y notoriamente por algún tiempo.
“2. — Alega que durante dichas relaciones amorosas y como fruto de ellas fué engendrado y nació el demandante en la municipalidad de San Juan, P. R., sin que al tiempo de la concepción o nacimiento, ni antes o algún tiempo después, tuviesen sus padres impedimento legal alguno para contraer matrimonio.
.. . “3. — Alega que desde la concepción del demandante, Juan Rafael Cintrón, el demandado, Rafael Gallardo Díaz, hasta el presente, ■por actos voluntarios del mismo, ha reconocido que lo concebido por 'Andrea Cintrón Cognet, madre del demandante, es descendencia suya, habida en las relaciones maritales con aquélla.”

El artículo 125 del Código Civil (ed. 1930) lee en parte como sigue:

“El padre está obligado a reconocer al bijo natural:
# £ # # # »» $
“2. — Cuando el bijo se baile en la posesión continua del estado de bijo natural del padre demandado, justificada por actos del mismo padre o de su familia.”

No era necesario, a nuestro juicio, alegar en las propias palabras, del estatuto la posesión continua del estado de bijo natural. La alegación de los becbos sobre la concepción y nacimiento del demandante, seguida de la alegación de que desde la concepción del demandante basta el momento de radi-carse la demanda, el demandado, por actos voluntarios, babía reconocido al demandante como descendencia suya, habida en las relaciones maritales con la madre del demandante, era una alegación suficiente de la posesión continua por parte del demandante del estado de bijo natural del demandado. Si la aseveración de que “el demandado, por actos voluntarios, babía reconocido al demandante como descendencia suya”, no equivalía a la alegación de un becbo último, sino más bien, conforme alega el apelante, a una conclusión de derecho, entonces el defecto fué subsanado por las conclusiones de la corte,y por su sentencia. Podría admitirse que en la demanda se exponía defectuosamente una buena, causa de acción. Ella no dejaba por completo de aducir una causa de acción. Véanse Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171; Negrón v. Sucn. Izquierdo, 46 D.P.R. 660, y Rivera v. Izquierdo, 52 D.P.E. 302, 306.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y De Jesús disintieron.


text:
    Monserrate V. de Segarra, asistida de su esposo Antonio Segarra, demandantes y apelantes, v. Antonio Vivaldi Pacheco, demandado y apelado.
    Núm. 7692.

    Sometido: Febrero 2, 1939.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

      Mario Báez García, abogado de la apelante; Oscar Souffroni, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La parte demandante alegó la existencia de un contrato de compraventa de una casa y solar en Mayagüez, seguido de posesión hasta el 19 de septiembre de 1930, cuando la demandante se mudó a San Juan y dejó un agente en Mayagüez. El agente debía pagar los plazos subsiguientes de las rentas y de cierto dinero que le remitiría la demandante desde San Juan hasta que el saldo del precio de la compraventa fuera pagado en su totalidad. Unos días más tarde el demandado, con el fin de efectuar ciertas reparaciones o de construir un garage, tomó la llave del agente. A partir de esa fecha el demandado repetidamente se negó a reentregar la posesión a la demandante y, por el contrario, cedió en arrendamiento la propiedad a varios inquilinos de quienes cobraba los cánones. La demandante, durante el tiempo que estuvo en posesión, gastó la suma de $800 en reparaciones necesarias y en reformas. Esto se Mzo> con el conocimiento y consentimiento del demandado. La demandante cumplió todas sus obligaciones bajo el contrato y exigió del demandado que diera cumplimiento a las suyas, obligaciones que el demandado se negó a cumplir, ocasionando así la rescisión del contrato. Al ser requerido para que indemnizara a la demandante, el demandado continuamente pospuso el pago de tal indemnización, así como la devolución del dinero pagádole por la demandante, y rehusó continuar el cumplimiento de sus obligaciones basta el 14 de mayo de 1987, cuando se negó rotundamente a continuar .el cumpli-miento de sus obligaciones bajo el contrato, a pagar la indem-nización o a devolver los pagos. En su demanda la deman-dante detallaba los daños por ella reclamados en la siguiente forma:

Cantidad entregada al demandado en el acto de firmar el
contrato_ $300. 00
Intereses sobre esa suma basta la fecba de la radicación
de la demanda_ 165. 00
28 pagos mensuales a razón de $40 cada uno_ 1,120. 00
Intereses sobre dieba suma desde la fecba del -último pago
basta la radicación de la demanda_ 460. 00
Reparaciones hechas por los demandantes en la casa_ 300. 00
Indemnización prevista y señalada en el contrato_ 500. 00
Total_$2, 845.00

La alegación final era que el demandado se ba negado a pagar la expresada cantidad, total o parcialmente, a pesar de las gestiones realizadas a ese efecto.

El demandado excepcionó la demanda fundado en que la acción había prescrito de conformidad con el artículo 1868 del Código Civil (ed. 1930). La corte inferior declaró con lugar la excepción y desestimó la demanda. La teoría del juez de distrito era que la acción se basaba necesariamente en el artículo 1802 del Código Civil (ed. 1930) y que, en su conse-cuencia, estaba prescrita por el artículo 1868. Estos dos artículos leen como sigue:

"Artículo 1802. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
"Artículo 1868. — Prescriben por el transcurso de un año: ■
"1. La acción para recobrar o retener la posesión.
"2. La'acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 desde que lo supo el agraviado.”

La demanda estaba titulada “Reclamación de daños y per-juicios por incumplimiento de contrato de promesa de venta.” La parte demandante alegó la existencia de un contrato y el incumplimiento del mismo por el demandado. La demanda no contenía ninguna de las alegaciones corrientes en un pleito basado en el artículo 1802. La acción era la que su título indicaba, o sea una reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, y no una acción fundada en negli-gencia. El acto torticero del demandado al obtener y retener la posesión de la finca, aunque era una transgresión (trespass), equivalía también a un incumplimiento de contrato. La demandante alegó y se basó en un incumplimiento de con-trato y no en un acto torticero. La apelante puede o no estar equivocada al descansar en los artículos 1042, 1044 y 1340 del Código Civil (ed. 1930) como base de su litigio. Véanse Moreno v. Toral, 43 D.P.R. 566; Vivaldi v. Quijano, íd. 811, y Emanuelli v. Cadierno, 50 D.P.R. 134. Ella está en lo •cierto al sostener que se trata de una acción personal, Apa-rentemente también lo está al sostener que no le cobija nin-gún otro período preseriptivo, a excepción del término de •quince años fijado por el artículo 1864 del Código Civil (ed. 1930).

La sentencia apelada debe ser revocada y devuelto el ■caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.