source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Asociada Señora Pabón Charneco,

license: Public Domain

text:
    Raúl Pérez Torres, peticionario, v. Academia Perpetuo Socorro y otros, recurridos.

      Número: CC-2010-695

      Resuelto: 26 de septiembre de 2011

      Brenda Quiñones Bayrón, abogada del peticionario; Marie Eugenie Rodríguez López, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde resolver si, a la luz de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (vigentes a la fecha en que se dictó la orden recurrida), el tribunal de instancia tenía la autoridad para imponer una sanción eco-nómica interlocutoria al peticionario a favor de la parte contraria en el pleito. Evaluada la controversia, resolvemos que la sanción impuesta por el tribunal de instancia no estaba dispuesta en esas reglas ni en la jurisprudencia.

Así, como norma general las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 tampoco contemplan la autoridad del foro de instancia para imponer de forma interlocutoria una san-ción económica a una parte a favor de la parte contraria en el pleito. La única excepción a esa norma es cuando el Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corpora-ciones o instrumentalidades tuvieran una conducta consti-tutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia, en cuyo caso el tribunal podrá imponer la san-ción económica interlocutoria y esta se concederá a favor de la parte contraria en el pleito.

En el presente caso, el Sr. Raúl Pérez Torres (señor Pé-rez Torres o peticionario) nos solicita que revoquemos una resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones, me-diante la cual ese foro denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. El señor Pérez Torres interesaba que el Tribunal de Apelaciones revocara una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en la que se le ordenó consignar $13,937.50 para satisfacer los honorarios de abogado en los que incurrió la parte demandada en preparación para el juicio en su fondo.

Por las razones que discutimos más adelante, se expide el recurso de certiorari, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones y se deja sin efecto la orden dictada por el tribunal de instancia. Los hechos sobre los cuales fundamentamos nuestra determinación se detallan a continuación.

I

En diciembre de 2004, el señor Pérez Torres presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato contra la Academia del Perpetuo Socorro (Academia), la Iglesia Ca-tólica y la Orden de Hermanas de Notre Dame (todas son la parte recurrida). Específicamente, el peticionario adujo que la parte recurrida había incumplido con el deber de informarle acerca de cualquier cambio en la conducta de sus dos hijas, que fuera de naturaleza grave o que mere-ciera una pronta atención.

Como parte del descubrimiento de prueba, la Academia solicitó examinar el expediente preparado por el entonces Departamento de Servicios Sociales respecto a un inci-dente de remoción de las dos hijas del señor Pérez Torres. Ante esa petición, el foro de instancia notificó a ambas hijas y les permitió presentar las objeciones que fueran necesarias para proteger la confidencialidad de los documentos que habrían de examinarse. Solo compareció una de ellas y esta solicitó intervenir en el pleito, lo que fue aceptado por el tribunal de instancia.

En febrero de 2009, las partes anunciaron que el descu-brimiento de prueba había culminado. Así, pues, en abril de 2009, el foro de instancia celebró la conferencia con an-telación al juicio. En esa vista, la Academia anunció como testigo a la hija interventora, a lo que se opuso el peticionario. No obstante, el tribunal de instancia permitió que el peticionario tomara una deposición a esa testigo y ordenó que esta se realizara el día señalado para el co-mienzo del juicio en su fondo (27 de abril de 2009), pero mantuvo en vigor el señalamiento del juicio para los días 28, 29 y 30 de abril de 2009 y 1 de mayo del mismo año.

Unos días antes de la fecha pautada para la deposición, la parte recurrida se opuso a que esta se realizara. Especí-ficamente, solicitó su cancelación y, en la alternativa, pidió que se limitara el alcance de las preguntas dirigidas a la hija interventora. Además, solicitó que el señor Pérez Torres no estuviera presente durante la toma de deposición.

Llegado el día de la deposición, la abogada de la hija interventora manifestó que se oponía a la toma de deposi-ción y solicitó una orden protectora para que esta no se realizara. La representante legal fundamentó su oposición en que el señor Pérez Torres había tenido la oportunidad de realizar el descubrimiento de prueba y los asuntos que habrían de discutirse ya estaban incluidos en una contes-tación a interrogatorio y en una declaración jurada.

Así las cosas, el foro de instancia ordenó la toma de deposición a la hija interventora e impuso ciertas restric-ciones para regular ese procedimiento. En particular, el tribunal manifestó que la deposición no podía exceder el ámbito de una declaración jurada suscrita por la joven el 23 de febrero de 2009 y una contestación al interrogatorio del 15 de abril de ese mismo año. A su vez, el foro de ins-tancia reiteró que el testimonio de la joven en el juicio tam-bién se limitaría a esos dos asuntos: la declaración jurada y la contestación al interrogatorio. Sin embargo, el peticiona-rio no estuvo conforme con las limitaciones a la deposición, por lo que solicitó reconsideración en corte abierta y la pa-ralización de la toma de deposición. Además, pidió que el tribunal pusiera su dictamen por escrito.

Así las cosas, el foro de instancia denegó la petición de reconsideración, por lo que el señor Pérez Torres decidió abandonar la toma de deposición. Mediante una minuta-resolución, el tribunal de instancia hizo constar que el se-ñalamiento de juicio en su fondo continuaba vigente para el día siguiente, el 28 de abril de 2009. Llegado ese día, comparecieron al tribunal la hija interventora, las partes y sus respectivas abogadas. De inmediato la representante legal del peticionario informó que había presentado ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción para que se paralizara el inicio del juicio hasta tanto ese foro apelativo resolviera su solicitud. Así, pues, el tribunal de instancia pospuso el co-mienzo del juicio para horas de la tarde y señaló que si el Tribunal de Apelaciones no paralizaba los procedimientos, entonces el desfile de prueba comenzaría con el testimonio del demandante, el señor Pérez Torres. Finalmente, ese foro apelativo denegó tanto la moción en auxilio de juris-dicción como el recurso de certiorari.

Una vez el tribunal de instancia reanudó los procedi-mientos en la tarde de 28 de abril de 2009, el señor Pérez Torres indicó que había solicitado reconsideración al Tribunal de Apelaciones, ya que alegaba que la decisión de ese foro estuvo basada en que la deposición en controversia se había tomado el día anterior cuando en realidad esta nunca se realizó. Así, pues, la abogada del peticionario manifestó que, responsablemente, no podía entrar a ver el juicio en su fondo debido a que su cliente le había solicitado que siguiera apelando. Según consta de la minuta-resolu-ción de 28 de abril de 2009, el foro de instancia indicó lo siguiente en corte abierta:

Este Tribunal está listo para ver el caso y hoy es el día que la parte demandante tiene señalado su caso. Se le dio oportu-nidad para tomar una deposición. No tomaron la misma por razones que la licenciada Quiñones Bayrón entendió que eran prudentes, correctas y adecuadas. Pero, la obligación de este Tribunal era darle esa oportunidad. Se declinó esa oportuni-dad, este Tribunal no tiene nada más que decir. El Tribunal no puede obligar al demandante a testificar, lo único que le ad-vierte es que va a tener la posición del demandante de no estar dispuesto a que se le tome juramento y desfilar la prueba como falta de interés para continuar su caso. Una vez haya un Tribunal de mayor jerarquía que resuelva si su negativa a que el Tribunal le tome juramento y se inicie el desfile de la prueba hoy es razonable o irrazonable, [e\ste Tribunal determinará qué consecuencias conlleva el que el demandante haya sido citado para escuchar la prueba y se haya negado a que se le tome juramento para testificar. (Enfasis suplido.)

Ante las expresiones del tribunal de instancia, la repre-sentante legal del señor Pérez Torres señaló que no era cierto que su cliente no tuviese interés en el pleito, sino que entendía que no se debía comenzar el juicio en su fondo toda vez que ello podía provocar la academicidad de los planteamientos en apelación. Estas expresiones de la abogada del peticionario fueron consideradas por el tribunal de instancia como una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones denegara la moción de reconsideración del señor Pérez Torres, este pre-sentó un recurso de certiorari ante nuestra consideración, pero en noviembre de 2009 denegamos su expedición. Ante la culminación del trámite apelativo, el 14 de enero de 2010, el peticionario solicitó al foro de instancia que conti-nuara los procedimientos y expidiera una citación para de-poner a la hija interventora. Sin embargo, el tribunal de instancia denegó la solicitud hasta que el señor Pérez Torres mostrara causa por la cual no se debía desestimar su caso por este “haberse negado a iniciar el desfile de la prueba en la fecha en que estaba señalado el juicio en su fondo”. Entonces, en enero de 2010 el peticionario -en cumplimiento de ordenexpresó que nunca se negó a desfi-lar prueba y que solo estaba ejerciendo su derecho a apelar la decisión del tribunal de instancia. Así, pues, ese foro ordenó que la parte recurrida y la hija interventora se ex-presaran en cuanto a la moción en cumplimiento de orden presentada por el señor Pérez Torres. Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, el 6 de abril de 2010, el foro de instancia denegó la moción del peticionario y expresó lo siguiente:

... No permitiremos el desfile de prueba al menos que la parte demandante pague todos los honorarios de abogado incurridos por la parte demandada en la preparación del juicio en su fondo que debió iniciarse el 28 de abril de 2009. Provea la parte demandada un desglose de los honorarios incurridos para exigir el pago de los mismos como sanción a la parte demandante [al] negarse a desfilar la prueba para sostener sus alegaciones a pesar de que el Tribunal de Apelaciones de-negó la moción en auxilio de jurisdicción presentada ante este foro y después de las múltiples advertencias del Tribunal de las consecuencias de su negativa a continuar los procedimien-tos según previamente pautados. La parte demandada debe someter informe de honorarios de abogado en diez días. (Enfa-sis suplido.

Inconforme con la decisión del tribunal de instancia, la parte recurrida solicitó una reconsideración fundamentada en que lo procedente en derecho era la desestimación de la demanda con perjuicio y no la imposición del pago de los honorarios de abogado. Añadió que procedía una sentencia desestimatoria con la imposición de costas y honorarios de abogado. A su vez, el 27 de abril de 2010 el señor Pérez Torres solicitó una reconsideración al tribunal de instancia y reiteró su petición de que se expidiera una citación para deponer a la hija interventora.

En relación con la “Moción en cumplimiento de orden, de reconsideración y para que se desestime la demanda con perjuicio” presentada por la parte recurrida, el 28 de abril de 2010, el foro de instancia emitió una orden en la que dispuso lo siguiente:

Muestre causa la parte demandante por l[a] cual no debe-mos acceder a lo aquí solicitado o, en la alternativa, que se le . ordene pagar los honorarios de abogado invertidos por la parte demandada en la preparación de un juicio que no se pudo ce-lebrar por su negativa a desfilar la prueba, lo que ascendía a $13,937.50. Tiene diez días. (Énfasis suplido.

El 3 de mayo de 2010 el tribunal de instancia declaró “no ha lugar” la petición de reconsideración del señor Pérez Torres y señaló que, ante la denegatoria del Tribunal de Apelaciones a su moción en auxilio de jurisdicción, el seña-lamiento de juicio en su fondo continuaba vigente y su obli-gación era desfilar la prueba. Además, el foro de instancia remitió al peticionario a la orden de 28 de abril de 2010. Así, pues, en cumplimiento con esa orden de mostrar causa, el 7 de mayo de 2010 el señor Pérez Torres reiteró su derecho a apelar una determinación que consideraba errónea y solicitó la continuación del juicio en su fondo.

Finalmente, mediante una orden de 12 de mayo de 2010, el tribunal de instancia dispuso lo siguiente en torno al peticionario:

Consigne $13,937.50 en 30 días para satisfacer los honora-rios de abogado incurridos por la parte demandada en prepa-rarse para el juicio en su fondo en el cual la parte demandante se negó a desfilar la prueba necesaria para adjudicar su causa de acción. El incumplimiento de esta Orden conllevará la des-estimación de la Demanda con perjuicio. ... (Énfasis suplido.

Así las cosas, el peticionario recurrió de esa orden al Tribunal de Apelaciones, pero ese foro denegó la expedición del recurso en junio de 2010. Específicamente, el Tribunal de Apelaciones indicó que el foro de instancia no erró al exigirle a la abogada del señor Pérez Torres que se comen-zara con el desfile de prueba. Fundamentó que “conside-rando que la postura de dicha parte causó el retraso injus-tificado de la celebración del juicio de autos, y ciertamente gastos legales innecesarios para la Academia y para la parte interventora, resolvemos que el tribunal de instancia no cometió el error imputado”.

Inconforme con la decisión del Tribunal de Apelaciones, el 6 de agosto de 2010, el señor Pérez Torres presentó un recurso de certiorari ante esta Curia. En particular, el pe-ticionario señaló que el Tribunal de Apelaciones cometió los dos errores siguientes:

(1) al considerar que las sanciones económicas impuestas no son excesivas y que el foro de instancia tiene absoluta discre-ción para la imposición de las mismas, y
(2) al determinar que el peticionario debía comenzar el juicio sin que se hubiese finalizado el descubrimiento de prueba. Pe-tición de certiorari, pág. 10.

Así, pues, el señor Pérez Torres solicitó la revocación de la decisión del Tribunal de Apelaciones, la eliminación o reducción de la sanción económica impuesta y la continua-ción de los procedimientos en el tribunal de instancia, para que así se pudiera culminar el descubrimiento de prueba.

Más adelante, el 24 de agosto de 2010 el tribunal de instancia emitió una orden en la que dispuso lo siguiente:

Vista la “MOCION CONSIGNANDO PAGO DE SANCIO-NES Y SOLICITANDO ORDEN” presentada por la parte de-mandante el 17 de agosto de 2010, disponemos como sigue:
Se aprueba la consignación. Expídase un cheque a nombre de la parte demandada Academia del Perpetuo Socorro por la totalidad de lo consignado. Señalamos una Conferencia a cele-brarse el 27 de octubre de 2010 a las 3:00 p.m. para re-estructurar los procedimientos. (Enfasis suprimido.)

A raíz de esta determinación del foro de instancia, el 1 de septiembre de 2010, el peticionario presentó una moción en auxilio de jurisdicción mediante la cual nos solicitó la paralización de esa orden, ello para evitar la disposición de los fondos consignados ($13,937.50) y que se convirtiera en académica cualquier decisión de este Foro.

Mediante Resolución de 28 de septiembre de 2010, este Tribunal ordenó lo siguiente: (1) la paralización de los efec-tos de la orden emitida el 24 de agosto de 2010 para que se expidiera el cheque por $13,937.50 a favor de la Academia, (2) la continuación de los procedimientos en el foro de ins-tancia mientras resolvíamos la controversia ante nuestra consideración, y (3) que la parte recurrida mostrara causa por la cual no debíamos revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Entonces, en octubre de 2010 la parte recurrida pre-sentó una moción en cumplimiento de orden en la que in-dicó que tanto el foro de instancia como el Tribunal de Ape-laciones habían incurrido en grave error al determinar que la suma de $13,937.50 era una sanción económica sufi-ciente para condenar la actuación del peticionario, ello en lugar de desestimar la demanda con peijuicio e imponer el pago de honorarios de abogado, costas y otros gastos gene-rados durante el litigio.

Luego de evaluar el recurso de certiorari presentado por el señor Pérez Torres y la moción para mostrar causa de la parte recurrida, procedemos a resolver la controversia del caso de epígrafe.

II

Las sanciones en la litigación civil

En nuestro ordenamiento procesal civil existen varias reglas que confieren a los tribunales la autoridad de impo-ner sanciones. En particular, están las Reglas 37.3 y 44.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), vigen-tes a la fecha en que el tribunal de instancia emitió la orden recurrida. Estas tienen sus equivalentes en las Re-glas 37.7 y 44.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V). Veamos.

La Regla 37.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra, indicaba que si una parte incumple con una orden del tribunal, no comparece, se niega a participar o comparece sin estar preparado —ya sea a una conferencia preliminar al juicio o a la conferencia entre abogados— el tribunal podría (1) desestimar la demanda, (2) eliminar las alegaciones del demandado, (3) condenar al pago de costas y honorarios de abogado o (4) dictar una orden que fuese justa. Por su parte, la Regla 37.7 de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que si una parte o su abogado incumple con los términos y señalamientos de esa regla, o incumple con cualquier orden del tribunal para el manejo del caso, sin que medie justa causa, entonces el tribunal impondrá a la parte o a su abogado la sanción económica que corresponda.

Por otro lado, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, señalaba que el tribunal podría “imponer costas interlocutorias a las partes, y sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte y a favor del Estado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. (Enfasis suplido. Como ha expresado esta Curia, el propósito de esta regla es “proveer al tribunal un instrumento adicional para agilizar los procedimientos y de esta manera evitar la demora y congestión en los tribunales”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 748-749 (1986).

Por su parte, la actual Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las par-tes y sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligen-cia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. El pago por tales conceptos se llevará a cabo por medios electró-nicos o cualquier otro método o instrumento que el Juez Pre-sidente o Jueza Presidenta del Tribunal Supremo adopte, en coordinación con el Secretario o Secretaria de Hacienda. Las cantidades recaudadas por sanciones económicas impuestas a las partes o a sus abogados(as) ingresarán al Fondo Especial de la Rama Judicial creado mediante [la Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, según enmendada,] para ser utilizados de la forma y para los fines allí dispuestos. (Enfasis suplido.)

De lo anterior surge que el tribunal puede tomar dos acciones correctivas interlocutorias. En primer lugar, puede imponer, en ciertas circunstancias, costas interlocu-torias a favor de una parte para reembolsar un gasto ex-traordinario innecesario en el que tuvo que incurrir a causa de la otra parte. En segundo lugar, como ocurrió en este caso, el tribunal puede imponer sanciones económicas interlocutorias. Como se deduce claramente del texto, la nueva regla añadió, en primer lugar, el que tales sanciones económicas se podrán imponer no solo a las partes, sino ahora también a los abogados. Además, la regla señala que las cantidades recaudadas por tales sanciones económicas ingresarán ahora al Fondo Especial de la Rama Judicial, para que estas sean utilizadas conforme a los fines dis-puestos en la Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, según enmendada. Finalmente, la regla expone que las sanciones que se impongan al Estado o sus agencias, corporaciones o instrumentalidades se concederán a favor de la parte con-traria en el pleito. Con relación a esto último, el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil pro-puso el siguiente lenguaje para la Regla 44.2:

El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las par-tes, y sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte y a favor del Estado o sanciones económicas contra el Estado y a favor de una parte, por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. (En-fasis en el original.

En los comentarios a la mencionada regla, el Comité Asesor Permanente indicó que “[la] regla se enmendó a los fines de aclarar que el Estado también está sujeto a ser sancionado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o por falta de diligencia, ya que el Comité consideró que este también tiene un deber de pro-mover y cooperar con la solución rápida de los litigios, por lo que deberá asumir las consecuencias de su incumplimiento”.

De manera que, ni la regla vigente al momento de darse las circunstancias procesales que nos ocupan ni la regla actual permiten la imposición de una sanción interlocuto-ria a una parte cuando tal sanción es pagadera a la parte contraria en el pleito. La actual Regla 44.2 solo concede tal instancia cuando la sanción se le impone al Estado.

III

En vista de que mediante nuestra resolución de 28 de septiembre de 2010 ordenamos la continuación de los pro-cedimientos en el foro de instancia, pues solo teníamos que resolver el asunto colateral relacionado con la orden de consignación de $13,937.50 para satisfacer los honorarios de abogado incurridos por la parte recurrida, resulta inne-cesario discutir el segundo error planteado por el señor Pérez Torres.

Así las cosas, solo corresponde atender el primer seña-lamiento de error, el cual se circunscribe a determinar si el tribunal de instancia tenía la autoridad para imponer una sanción económica interlocutoria al peticionario a favor de la parte contraria en el pleito. ¿Fue válida la actuación del foro de instancia? Determinamos que no. Veamos.

Según surge del expediente, a través de una orden de 6 de abril de 2010 el foro de instancia indicó que no permiti-ría el desfile de prueba a menos que el señor Pérez Torres pagara todos los honorarios de abogado en los que hubiera incurrido la parte recurrida en la preparación para el juicio en su fondo. Como parte de esa determinación, el tribunal de instancia le ordenó a la parte recurrida que proveyera un desglose de los honorarios incurridos y presentara el informe de honorarios de abogado en el término de diez días. En particular, el lenguaje del foro de instancia fue el siguiente: “Provea la parte demandada un desglose de los honorarios incurridos para exigir el pago de los mismos como sanción a la parte demandante.” (Enfasis suplido.

Posteriormente, el 28 de abril de 2010, el foro de instan-cia le ordenó al peticionario que mostrara causa por la cual no procedía la desestimación de su demanda con perjuicio o, en la alternativa, que se le ordenara pagar los honora-rios de abogado invertidos por la parte demandada, lo que ascendía a $13,937.50.

El señor Pérez Torres presentó su moción en cumpli-miento de orden, mas el 12 de mayo de 2010, el tribunal de instancia emitió la orden recurrida. En esta claramente se dispuso que el peticionario tenía que consignar la suma de $13,937.50 “para satisfacer los honorarios de abogado in-curridos por la parte demandada en preparase para el jui-cio en su fondo”.

Luego de examinar en conjunto las órdenes emitidas por el foro de instancia el 6 de abril de 2010, el 28 de abril de 2010 y el 12 de mayo de 2010 (la orden recurrida), se puede deducir razonablemente que estamos ante una situación de sanciones económicas interlocutorias impuestas a una parte a favor de la parte contraria en el pleito. Ello se puede colegir de la orden emitida el 6 de abril de 2010 cuando el tribunal de instancia indicó lo siguiente:

Provea la parte demandada un desglose de los honorarios incurridos para exigir el pago de los mismos como sanción a la parte demandante [al] negarse a desfilar la prueba para sos-tener sus alegaciones a pesar de que el Tribunal de Apelacio-nes denegó la moción en auxilio de jurisdicción presentada ante ese foro y después de las múltiples advertencias del Tribunal de las consecuencias de su negativa a continuar los pro-cedimientos según previamente pautados. La parte deman-dada debe someter informe de honorarios de abogado en diez días. (Énfasis suplido.

Del lenguaje utilizado por el tribunal de instancia en las tres órdenes mencionadas se deduce que la intención de ese foro era sancionar al peticionario debido a que este “se negó a desfilar la prueba necesaria para adjudicar su causa de acción”. Esto es, el foro de instancia impuso una sanción económica interlocutoria al señor Pérez Torres e indicó que sería para “satisfacer los honorarios de abo-gado incurridos por la parte demandada en prepararse para el juicio en su fondo”.

Primero, es importante enfatizar el hecho de que la Re-gla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, no contem-plaba la imposición de una sanción económica interlocuto-ria a una parte a favor de la parte contraria en el pleito. En esta regla, vigente a la fecha en que se dictó la orden recu-rrida, se establecía que el tribunal podía imponer sancio-nes económicas “en todo caso y en cualquier etapa a una parte y a favor del Estado”. Pero en este caso, el foro de instancia no expresó que sería una sanción económica in-terlocutoria a favor del Estado, sino que sería para satisfa-cer los honorarios de abogado incurridos por la parte ad-versa, la parte recurrida. Por lo tanto, la actuación del Tribunal de Primera Instancia no encuentra fundamento en la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

Segundo, tampoco puede la actuación del foro de instan-cia fundamentarse en la Regla 37.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra, pues la sanción impuesta por ese tribunal no fue debido a que el peticionario no compareciera, se ne-gara a participar o compareciera sin estar preparado, ya fuera a la conferencia preliminar al juicio o a la conferencia entre abogados.

Resolvemos, pues, que en este caso la sanción económica interlocutoria impuesta por el foro de instancia al peticio-nario a favor de la parte contraria en el pleito, es improcedente.

IV

Por las razones antes expresadas, este Tribunal expide el recurso de “certiorari”, revoca la determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones y, a su vez, deja sin efecto la orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Pro-cede, entonces, la devolución al señor Pérez Torres de los fondos ascendentes a $13,937.50 que este consignó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar la expresión siguiente:

Concurro con el resultado por entender que en este caso no procedía la sanción impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, difiero del razonamiento de este Tribunal porque considero que los jueces tienen la facultad de imponer sanciones no solamente a favor del Estado, sino a favor de una de las partes, en aquellas circunstancias en que ello sea necesario para garantizar una administración efi-ciente de la justicia. Esto, como corolario del poder de los jue-ces para tomar medidas dirigidas a mantener el orden en los procedimientos y procurar el cumplimiento de sus providencias. Art. 2.017 de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003 (4 L.P.R.A. sec. 24o).
Además, sostengo que aunque las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, aplicables en este caso, no mencionan expresa-mente que los tribunales puedan imponer sanciones a una parte a favor de otra, nuestro ordenamiento procesal civil es lo suficientemente flexible como para contemplar una sanción de este tipo. Véanse: Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679 (1987); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T.2, pág. 740.
Estimo, además, que si el Tribunal de Apelaciones está fa-cultado para sancionar económicamente a una parte a favor de otra parte, cuando determine que el recurso ante su consi-deración es frívolo, que se presentó para retrasar los procedi-mientos, o que existe conducta constitutiva de demora, aban-dono, obstrucción o falta de diligencia, Art. 4.008 de la Ley Núm. 201-2003 (4 L.P.R.A. see. 25), igual facultad debemos reconocer al Tribunal de Primera Instancia. Después de todo, es este último quien enfrenta, junto a la parte afectada, los perjuicios ocasionados por la conducta que da paso a la sanción.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco,

a la que se une el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Disiento respetuosamente de la opinión emitida por este Tribunal, pues no debemos intervenir con la discreción del foro primario sin manifestarse un craso abuso de discre-ción, prejuicio o parcialidad, o equivocación alguna en la aplicación de una norma.

Por el contrario, la sanción impuesta por el tribunal sí está contemplada por la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Aunque en principio las sanciones interlocutorias son en beneficio del Estado, los tribunales tienen la facultad para imponer sanciones a favor de la parte afectada por la conducta sancionada, inte-grante esencial del sistema adversativo de justicia.

! — I

En nuestro ordenamiento procesal prevalece el criterio rector de que las controversias deben resolverse de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986). No obstante, en ocasiones las partes entorpecen este objetivo. Es por ello que las Reglas de Pro-cedimiento Civil de 1979 autorizan a los tribunales a im-poner diversas sanciones por incidentes interlocutorios con el propósito de compensar ya sea a una parte o al Estado por los gastos en que haya incurrido por una infracción procesal. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, págs. 183—186.

A tales efectos, diversas reglas de procedimiento civil autorizan la imposición de costas y honorarios de abogado, entre otras sanciones. Estas sanciones se diferencian de nuestra concepción general de costas y honorarios, inter alia, por ser interlocutorias y concedidas por motivo de los gastos incurridos tras la infracción procesal, y no por ser la parte sancionada perdidosa o temeraria. Por lo tanto, son costas y honorarios sui generis, aunque para su interpreta-ción también se nutran de la jurisprudencia general aplicable. No obstante, cada una de estas reglas ha sido dirigida a un momento procesal particular, ya sea el des-cubrimiento de prueba, las conferencias con antelación a juicio o de abogados.

En el caso particular de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, esta aplica a cualquier etapa del pro-cedimiento y dispone que:

El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las par-tes, y sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte y a favor del Estado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia.

En contadas ocasiones hemos tenido la oportunidad de expresarnos con relación a esta. Así, en Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 748, reconocimos el origen autóc-tono de la regla, que provee un instrumento a los tribuna-les para agilizar los procedimientos y evitar la demora y congestión. Esto se logra mediante la imposición de sancio-nes por los tribunales, cuando la conducta de alguna de las partes vaya en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. Sin embargo, ante el confuso desarrollo procesal en Lluch v. España Service Sta., supra, consideramos in-apropiado imponer sanciones según esta. No obstante, aprovechamos la ocasión para instar a los Tribunales de Primera Instancia a utilizar efectiva y vigorosamente los recursos procesales disponibles para resolver las contro-versias de forma justa, rápida y económica.

Aunque al adoptar y aprobar la Regla 44.2, el Comité propulsor de esta comentó que “el beneficiario de toda san-ción impuesta será el Estado”, en más de una ocasión nos hemos apartado de una interpretación estricta de esta ex-presión, otorgándole mayor utilidad a esta norma. De esta forma, en Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679, 687 (1987), consideramos apropiado imponer una san-ción pecuniaria a la parte demandada a favor de la deman-dante, por honorarios de abogado y costas.

En ese caso, ante la injustificada incomparecencia de la parte demandada a la vista en su fondo el tribunal de ins-tancia correctamente dictó sentencia para declarar “con lu-gar” la demanda y desestimar la reconvención con peijuicio. No obstante, aceptamos relevar a esa parte de la sentencia, no sin antes imponerle una sanción de quinien-tos dólares ($500) por honorarios de abogado y costas como condición para el relevo. Esto, pues, la parte demandante experimentó gastos e inconvenientes por la situación creada por la otra parte, y se afectó la maquinaria judicial al incurrir en trámites adicionales. Resolvimos también que, de no satisfacerse la sanción en el término provisto, quedaría automáticamente reinstalada la sentencia del foro primario.

Poco más tarde, en Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989), recurrimos nuevamente a la Regla 44.2 y distinguimos entre las dos partes que la componen: la primera es la imposición de costas, la segunda es la impo-sición de sanciones económicas. Entonces, amparados en los casos precedentes indicamos que tanto Lluch v. España Service Sta., supra, como Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., supra, sostienen que la imposición de sanciones eco-nómicas siempre es a favor del Estado. No obstante, según las facultades provistas por la Regla 71 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), el interés público de proteger a los menores y la aplicabilidad de un tratado internacional, establecimos que “aquella parte que incum-pla con un decreto de custodia emitido válidamente por nuestros tribunales podrá ser requerida a pagar las costas y honorarios de abogado interlocutorios incurridos por la parte a quien se le había otorgado la custodia y se vio pri-vada de ella”. Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, supra, pág. 542. Concedimos, pues, honorarios de abogado interlocuto-rios como parte de los gastos que se deberán compensar, aunque como norma general los gastos que han de resar-cirse a una parte como costas no incluyan los honorarios de abogado. Véase la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

No obstante, al reanalizar estos casos podemos observar el reconocimiento por parte de este Tribunal de que el per-juicio causado a la eficiente administración de la justicia por la conducta constitutiva de demora, inacción, obstruc-ción o falta de diligencia, y que conlleva una sanción, afecta a todos sus componentes, incluyendo al Estado. Por lo tanto, en busca de una solución justa, es mi entender que los tribunales cuentan con la autoridad suficiente para imponer el resarcimiento a la parte afectada, no solo de las costas, sino también de los honorarios de abogado. No cabe duda de que el resarcimiento a la parte también re-dunda en beneficio para el Estado y el sistema judicial. Además, las costas y los honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.2 son sui generis y no necesariamente res-ponden a interpretaciones previas al amparo de la Regla 44.1. Por lo tanto, no puedo respaldar una visión tan res-trictiva como la que apoya este Tribunal en la opinión ma-yoritaria; visión que extiende también a las Reglas de Pro-cedimiento Civil de 2009.

rH I — I

Como es sabido nuestro ordenamiento procesal re-prueba el que una parte prolongue innecesariamente un pleito, pues se atentaría contra el correcto funcionamiento de nuestro sistema de justicia.

En el caso de autos, la parte demandante paralizó el caso tras imponer dos recursos de certiorari y una reconsi-deración, y negarse a participar en la vista en su fondo al entender que de esta forma preservaría su derecho a des-cubrir la prueba. Empero, tales recursos no paralizaban el proceso en instancia. Véase la Regla 53.9 de Procedimiento Civil de 1979, supra; Regla 35 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B; Regla 20 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por lo tanto, la conducta de la parte demandante prolongó innecesariamente el pleito.

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia en vez de recurrir a la sanción última de desestimar con perjuicio la demanda, procedió a sancionar a la parte con el monto de $13,937.50, para satisfacer los honorarios de abogado, in-curridos por la parte demandada en preparación para el juicio en su fondo. La sanción debía cumplirse previo a la continuación del proceso. Tal proceder sancionó la con-ducta dilatoria de la parte demandante en contravención a la eficiente administración de la justicia, mientras resarció los gastos innecesariamente incurridos por la parte de-mandada a causa del comportamiento de la parte sancionada. Esta actuación se encuentra en la sana discre-ción del tribunal y está apoyada en los instrumentos que tiene a su disposición. Como discutiéramos, a determina-ción similar llegó este Tribunal en Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., supra, pues todo ello redunda finalmente en beneficio para el Estado y nuestro sistema de justicia. Ade-más, la determinación del tribunal fue cónsona con la clara política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos. Por lo tanto, amparados en la norma general de que un tribunal apelativo no intervendr con las determina-ciones interlocutorias discrecionales procesales de los tribunales de instancia confirmara la orden recurrida.

Por los argumentos expresados, disiento respetuosa-mente de la opinión emitida por el Tribunal.

       El Tribunal de Apelaciones tituló su decisión como una “Sentencia”, cuando en realidad esta constituye una “Resolución” conforme a la Regla 11(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A. En este caso el foro ape-lativo denegó la expedición del auto solicitado, por lo que esa determinación final se denomina “Resolución”.

       Según consta del expediente, el incidente de remoción ocurrió en 1995 y el señor Pérez Torres era el único con patria potestad sobre las menores ante el falle-cimiento de la madre de estas. Véase el Apéndice de la petición de certiorari, págs. 51-52. Valga mencionar que para la fecha cuando se presentó la demanda, las hijas del señor Pérez Torres eran mayores de edad.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 66.

       En su Resolución de 28 de abril de 2009, el Tribunal de Apelaciones señaló lo siguiente: “Conforme surge del expediente, la deposición fue tomada en la fecha acordada en el TPI.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 72.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 68.

       íd., pág. 83.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102.

       Según surge de la solicitud de reconsideración, la parte demandada incluyó un desglose de los servicios profesionales rendidos en la preparación para la vista en su fondo. Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 108.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 120.

       íd., pág. 119. Esa orden expresa lo siguiente:
      “Muestre causa la parte demandante por l[a] cual no debemos acceder a lo aquí solicitado o, en la alternativa, que se le ordene pagar los honorarios de abogado invertidos por la parte demandada en la preparación de un juicio que no se pudo celebrar por su negativa a desfilar la prueba, lo que ascendía a $13,937.50. Tiene diez días”. íd., pág. 120.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 39.

       íd., págs. 10-11.

       Véase Moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada el 1 de septiem-bre de 2010 por el señor Pérez Torres.

       En referencia a la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, el tratadista José A. Cuevas Segarra nos expresa que “[l]a peculiaridad de esta regla es que la sanción que se impone no es a favor de la parte adversa, sino del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ...”. (Énfasis suplido.) J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 740.

       Valga aclarar que este lenguaje propuesto por el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil fue modificado y la regla se aprobó con un lenguaje diferente.

       Véase Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008, pág. 530.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102.

       íd, pág. 39.

       íd, pág. 102.

       íd, pág. 39.

       íd.

       Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) estaban vigentes al momento de dictarse la orden recurrida.

       Véanse, por ejemplo: las Reglas 23.2, 27.9, 34.1, 34.3, 34.4, 36.7, 37.3 y 44.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

       Véase Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529, 539 (1989). Véanse, además: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 740. Sobre las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, véase Cuevas Segarra, op. cit., 2da ed., 2011, T. IV, pág. 1325.

       Por otra parte, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) establece que:
      “El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las partes y sanciones eco-nómicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligen-cia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. El pago por tales con-ceptos se llevará a cabo por medios electrónicos o cualquier otro método o instru-mento que el Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal Supremo adopte, en coordinación con el Secretario o Secretaria de Hacienda. Las cantidades recaudadas por sanciones económicas impuestas a las partes o a sus abogados ingresaran al Fondo Especial de la Rama Judicial creado mediante las Sees. 1482 a 1482e del Título 32, para ser utilizados de la forma y para los fines allí dispuestos.
      “Las sanciones económicas que el tribunal imponga al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, corporaciones o instrumentalidades se concederán a favor de la parte contraria en el pleito.”
      Sobre la nueva norma el Dr. José A. Cuevas Segarra expresa:

        “Se derogó la anterior limitación de que la sanción que se impusiere fuera a favor del Estado y no de la parte, pues se consideraba más bien una multa o penalidad. Se puede adjudicar la sanción - como debe sera favor de la parte afectada, y la misma también puede imponérsele al E.L.A., sus agencias, corporaciones o instrumentalidades”. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., T. IV, pág. 1326.

       Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo, Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, Guaynabo, Ed. Art Printing Inc., 1979, pág. 153.

       Similar postura presenta el doctor Cuevas Segarra, autor al que hemos re-currido en varias ocasiones al analizar la Regla 44.2, supra. Indica que:
      “El hecho de que esta regla autorice las sanciones interlocutorias a favor del Estado no quiere decir que el tribunal no pueda imponer las demás sanciones que autorizan estas reglas (e.g., honorarios de abogado) a favor de otra parte en el pleito, afectada por la misma conducta que dio base a la sanción a favor del estado. De hecho, lo más probable es que la mayoría de las veces se impongan ambas sanciones (a favor del Estado y de la parte) coetáneamente. Aunque eso dependerá, claro está, de cada caso en particular. Véase Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, supra, págs. 539-541”. Cuevas Segarra, op. cit., Ira ed., pág. 740.

       La parte demandante presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y otro ante nos. Previamente había abandonado una toma de deposición.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 39.

       Claro está, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre un craso abuso de discreción, prejuicio o parcialidad, o una interpretación o aplicación equivocada de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva, y que nuestra intervención en dicha etapa evitaría un perjuicio sustancial. Lluch v. Espaa Service Sta., supra.


author: Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

text:
    José Córdova Iturregui y otros, peticionarios, v. Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, recurrida; Raquel del Valle y otros, peticionarios, v. Francisco González Rodríguez y otros, recurridos; Colegio de Abogados de Puerto Rico, amicus curiae.

      Números: CC-2007-350
    CC-2007-361

      Resueltos: 29 de junio de 2007

      José A. Rodríguez Jiménez, abogado de José Córdova Iturre-gui y otros, parte peticionaria; Héctor M. Collazo Maído-nado, del Bufete Collazo & Collazo, y Pedro J. Valera Her-nández, abogados de Raquel del Valle y otros, parte peticionaria; Angel J. Vargas Carcaña y Kevin Miguel Rivera Medina, de la Oficina de Asesores Legales y Asuntos Federales del Presidente del Senado de Puerto Rico; Richard W. Markus, director de la Oficina de Asesores Lega-les; Carlos E. Pérez Acosta, asesor del Presidente del Se-nado, y Manuel D. Herrero, del Bufete Herrero & Herrero, abogados de la parte recurrida; Margarita Nolasco Santiago, Carlos A. Pagán González, Pedro Rosselló González, José Emilio Gonzalez, Loma Soto y Daniel Muñiz Cortés, senadores electos por el Partido Nuevo Progresista, en comparecencia especial; Marcos A. Ramírez Lavandero y Luis González Castañer, abogados del Colegio de Abogados de Puerto Rico, amicus curiae.

   Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

Una de las características del ejercicio de la profesión legal que más le llama la atención al ciudadano común y corriente —y que más difícil le resulta entender— es que las dos posiciones contrarias de, prácticamente, todas las controversias legales que a diario se plantean ante los tribunales de justicia pueden ser objeto, ambas, de funda-mentada argumentación y resolución; situación que, en-tendiblemente, resulta sumamente difícil de aceptar para el ciudadano lego en estas cuestiones y que, posiblemente, sea una de las principales razones por las cuales la profe-sión legal no goza de la confianza y estima que debería de tener entre la ciudadanía.

Hay ocasiones, sin embargo, en que no obstante los fun-damentados argumentos aparentes que un tribunal utiliza en apoyo del resultado que promulga, un análisis somero de la decisión judicial emitida, y de los argumentos esbo-zados en ésta, es todo lo que se necesita para que una persona pueda percatarse de lo errado del proceder judicial en ese caso en particular. Esa, precisamente, es la situación en el recurso hoy ante nuestra consideración. El error come-tido por la mayoría de los integrantes del Tribunal en la decisión que emite en el presente caso es tan abismal que “resalta a la vista y hiere la retina”.

La decisión mayoritaria emitida en el recurso de epí-grafe es errónea, lamentable y —porqué no decirlo— una acomodaticia. Así no se le hace justicia a este pueblo.

Los ciudadanos de este bendito país tienen el derecho a que, si les asiste la razón, este Tribunal así lo determine y decrete, independientemente de cuántas veces haya que fa-llar o decidirle en contra a determinado sector de nuestra sociedad.

No podemos avalar esa clase de conducta judicial y, mu-cho menos, permanecer callados. Nuestro norte siempre tiene que ser, como árbitros de las controversias que afec-tan a nuestra ciudadanía, darle la razón al que la tenga sin tomar en consideración que a algunas personas, o funcio-narios, les pueda disgustar nuestras decisiones, esto es, in-dependientemente de las consecuencias que éstas nos pue-dan acarrear. No ejercemos nuestro ministerio dentro de un concurso de popularidad.

Resolver, como lo hace la Mayoría, que la Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 2004, aprobada por la Decimo-cuarta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no tiene con-secuencia legal alguna, por lo que no obliga a la actual Asamblea Legislativa —en específico, a la Cámara de Re-presentantes— a actuar conforme claramente establece la mencionada Ley Núm. 477 significa, llana y sencillamente, que dicha acción legislativa fue una “tomadura de pelo a nuestra ciudadanía”; es decir, que fue un ejercicio de futili-dad llevar a cabo el referéndum celebrado el 10 de junio de 2005, y, peor aún, un gasto de dinero superfluo y hasta, posiblemente, ilegal.

I — I

El Art. VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que:

Sec. 1 — La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara. Toda propo-sición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no me-nos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda con-tendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una pro-posición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 423.

No hay que ser ni muy inteligente ni muy perspicaz para correctamente poder concluir que, por mandato cons-titucional, todo intento de enmendar nuestra Constitución —aun cuando inicialmente sea recomendado, digamos, a manera de ejemplo, por el Gobernador de Puerto Rico— se tiene que originar en la Asamblea Legislativa.

Eso, precisamente, fue lo que sucedió en el presente caso en el 2004. La acción de enmendar la Constitución —res-pecto a la existencia de una sola cámara legislativa— se originó en la Asamblea Legislativa.

Lo que sucede es que la Legislatura, teniendo en dicho momento el pleno poder o facultad para aprobar, mediante resolución conjunta o una ley, la celebración inmediata y directa de un referéndum —especificando, desde un prin-cipio, las enmiendas específicas a la Constitución, esto es, y a manera de ejemplo, de cuántos miembros se compon-dría dicha unicámara, los distritos electorales que éstos miembros representarán, entre otros— determinó dividir este proceso de enmienda en dos etapas o partes; procedi-miento que es completamente legal porque “el que puede lo más, puede lo menos”. Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 251 (1994).

La Asamblea Legislativa —actuando en forma cautelo-sa— determinó mediante una ley que en la primera de esas etapas la ciudadanía votaría sobre si favorecía, o no, la unicameralidad. Estableció —de forma clara y específica— mediante la citada Ley Núm. 477, en lo pertinente, que un voto a favor de la unicameralidad “significara un mandato a la Asamblea Legislativa para que se celebre un referén-dum el nueve (9) de julio de 2007 con el fin de proponer al electorado que se enmiende la Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, de forma tal que a partir del 2 de enero de 2009 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico esté constituida bajo urna sola cámara”. (Enfasis suplido.) 16 L.P.R.A. sec. 971a.

La única interpretación, lógica y razonable, del lenguaje de la ley citada es a los efectos de que, celebrada la con-sulta el 10 de junio de 2005 y habiendo resultado favore-cida por el pueblo la unicameralidad, la actual Asamblea Legislativa obliga a pasar a la segunda etapa establecida por la Ley Núm. 477.

Dicho de otra manera, ya no le corresponde a la pre-sente Asamblea Legislativa ejercer su discreción sobre si puede celebrar, o no, el referéndum sobre la unicamerali-dad ya que, repetimos, está obligada a ello. Sobre lo que sí tiene discreción —en esta segunda etapa— es sobre la de-cisión de qué enmienda específica a la Constitución le van a proponer al pueblo', votación que tiene que ser aprobada por dos terceras partes de sus miembros.

¿Por qué están así obligados? Llana y sencillamente por-que ellos representan al pueblo, el pueblo ya se expresó, favoreció la unicameralidad, decidió que quieren que se celebre el referéndum, y el pueblo es soberano. Ni más ni menos.

En resumen, la actual Asamblea Legislativa no puede en esta etapa pasar juicio sobre la deseabilidad de celebrar un referéndum sobre la unicameralidad. Esa decisión ya la tomó el pueblo. En consecuencia, la Legislatura no goza de discreción para negarse a ello. Lo único que tiene que de-cidir la actual Asamblea Legislativa es determinar el len-guaje de la enmienda a la Constitución que se le va a so-meter al pueblo.

Aquí no se trata, como se nos quiere hacer creer, de que una Asamblea Legislativa no puede obligar a otra. Ese ar-gumento podría utilizarse bajo otra situación de hechos y circunstancias en las cuales no exista un mandato expreso del pueblo de Puerto Rico. De lo que aquí realmente se trata es que la actual Asamblea Legislativa no puede ignorar el mandato que este pueblo emitió el 10 de junio de 2005. Debe recordarse que el poder que posee la Asamblea Legis-lativa se lo concede, o emana de, el Pueblo de Puerto Rico, quien es el soberano. La Asamblea Legislativa no es auto-noma ni omnipotente. Ésta depende de los mandatos y po-deres que le concede el pueblo.

Por otro lado, debe mantenerse presente que los compo-nentes de la actual Asamblea Legislativa, al tomar pose-sión de sus cargos, juraron defender y obedecer la Consti-tución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; es por ello que vienen obligados a obedecer las disposicio-nes de la citada Ley Núm. 477 de 2004, la aplicación de cuya ley culminó en un mandato del pueblo a esa Legislatura.

Resolver lo contrario —como lo hace la mayoría de los integrantes del Tribunal, amparándose en argumentos erróneos y en doctrinas que no son aplicables a los hechos del presente caso— es resolver que los miembros de una Asamblea Legislativa en particular son “más soberanos” que el Pueblo de Puerto Rico, lo cual resulta ser insostenible y absurdo.

I — I HH

Es norma reiterada que la jurisdicción de nuestros tribunales se limita a aquellas instancias en que pueda pre-cisarse la existencia de un caso o controversia, pues “los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen inte-rés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958). Es por ello que en función de la doctrina de separación de poderes y dentro de nuestro esquema de au-tolimitación judicial, hemos establecido que la Rama Judicial no intervendrá en asuntos en que esté involucrada una “cuestión política”.

“La doctrina de cuestión política plantea, en esencia, que hay asuntos que no son susceptibles de determinación judicial porque su resolución corresponde a las otras ramas de gobierno —ejecutivo y legislativo— y no al poder judicial.” Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 422 (1994). No obstante, ante distintos reclamos de cuestión política atendidos en el pasado, este Tribunal ha expresado que dicha doctrina no priva a los tribunales de su deber de interpretar la Constitución y de determinar si los actos de una rama de gobierno exceden su autoridad constitucional. Véanse: Noriega v. Hernández Colón, ante; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977). A esos efectos clara-mente hemos expresado que la “Constitución les confiere determinadas facultades al Poder Legislativo y al Ejecu-tivo, pero la definición de sus contornos y la determinación de la validez de su ejercicio son asuntos cuidadosamente reservados a los tribunales”. Véase Santa Aponte v. Srio. del Senado, ante, pág. 759.

Con dicho principio como norte, en Santa Aponte v. Srio. del Senado, ante, asumimos jurisdicción y dispusimos que el Senado —aun cuando goza del poder constitucional ex-clusivo para decidir si ordena un recuento de votos res-pecto a un senador cuya elección se ha cuestionado— viene en la obligación de permitir que el senador electo disfrute de todas las prerrogativas de su cargo hasta tanto culmine el proceso de recuento de votos y se determine finalmente quién obtuvo la mayoría de éstos.

Por otro lado, en Silva v. Hernández Agosto, ante, luego de resolver que la doctrina de cuestión política no era apli-cable, intervinimos en el proceso de reglamentación interna de la Asamblea Legislativa, y resolvimos que cierta regla que versaba sobre los procesos investigativos y deliberati-vos de la Comisión de lo Jurídico del Senado infringía los derechos constitucionales de los representantes de las minorías.

Por último, en Noriega v. Hernández Colón, ante, pág. 426, citando con aprobación los casos previamente señala-dos y luego de rechazar la aplicación de la doctrina de cues-tión política, procedimos a “delinear los contornos que la Constitución de Puerto Rico le confirió a las Ramas Legis-lativas y Ejecutiva con respecto a los poderes de cada una de hacer y de poner en vigor las leyes”. (Enfasis suplido.)

Dicho de otra manera, en los casos citados y no obstante la supuesta “existencia” de la doctrina de cuestión política en nuestra jurisdicción, intervinimos directamente con po-deres y reglamentos de la Asamblea Legislativa; procedi-mos a delinear procedimientos a seguir por ésta; a anular reglamentos internos promulgados por la Legislatura, y a precisarle los parámetros de sus poderes.

Cabe preguntarse: ¿qué nos impide ahora ordenarle a la Asamblea Legislativa a que cumpla con las claras disposi-ciones de una ley y, sobre todo, con el mandato claro y es-pecífico del Pueblo de Puerto Rico?

HH 1 — I

Analizadas las circunstancias de este caso y la jurispru-dencia citada, no hay dudas de que la doctrina de cuestión política —la cual, repetimos, nunca hemos aplicado— no constituye impedimento para que este Tribunal atienda y se exprese sobre la controversia aquí planteada.

Coincidimos con los peticionarios respecto a que la Asamblea Legislativa, al negarse a respetar el mandato del pueblo se colocó al margen de la Constitución y que este Tribunal, como máximo interprete de la Constitución, viene obligado a vindicar los derechos del pueblo mediante la correcta y única interpretación de las disposiciones jurídi-cas en controversia; de lo contrario, estaríamos abdicando nuestra función ineludible de interpretar “la Constitución y [de] velar que el espíritu y el esquema democrático de esta Carta no se vulnere”. Silva v. Hernández Agosto, ante, pág. 57.

Por entender que así actúa la Mayoría, es que disentimos.

        In re Roldán González, 113 D.RR. 238, 242 (1982).

       De hecho, que conozcamos, este Tribunal nunca ha aplicado la doctrina de cuestión política a un caso ante su consideración. Esta sería la primera vez que se hiciera en la historia jurídica de este país.


author:
(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Iván Marval Pimentel, peticionario.

      Número: CC-2010-979

      Resuelto: 16 de noviembre de 2010

      Félix A. Cifredo Cancel, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la Petición de Certiorari y a la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción, “no ha lugar.”

Como se sabe, hemos establecido que para considerar un planteamiento sobre violación a juicio rápido se deben evaluar los criterios siguientes: “(1) la duración de la tar-danza; (2) las razones para la dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente su derecho, y (4) el peijuicio que resulte de la tardanza”. A esos efectos, y en cuanto a las razones para la dilación, el Tribunal de Apelaciones men-cionó que el 10 de diciembre de 2009, fecha cuando se se-ñaló originalmente la vista preliminar, “[e]l agente no se presentó y mediante acuerdo entre el Ministerio Público y la representación legal del señor Marval se transfirió la vista para el 17 de diciembre de 2009.” (Enfasis suplido.) Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 104. Cónsono con ello, el Tribunal de Primera Instancia indicó que no hubo dilación excesiva “[m]ás aun cuando hubo una interrupción de los términos con la anuencia de la defensa ... con el propósito de someter el caso por el expediente”. Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 98.

Como consecuencia de lo anterior, consideramos que el acusado renunció a su derecho a juicio rápido y a los tér-minos de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Este renunció voluntariamente a reclamar ese derecho al aceptar que la vista preliminar se pospusiera. En ese momento, el abogado de defensa se de-bió percatar de que los términos podrían ser transgredidos y le correspondía defender el derecho de su cliente. Ade-más, opinamos que no se causó perjuicio real al acusado y que la dilación no fue irrazonable.

Notifíquese por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria Interina del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina

O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unió la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

Hoy este Tribunal deniega expedir el recurso de epígrafe cuando surge de este una clara violación al derecho fundamental a juicio rápido que le asiste al Sr. Iván Marval Pi-mentel en el proceso penal que pesa en su contra. Ante tal proceder, nos vemos obligados a disentir respetuosamente, pues consideramos que la Resolución que se emite está al margen del derecho vigente aplicable y de la jurispruden-cia interpretativa que nos sirve de precedente.

En junio de 2009, el Ministerio Público le presentó al señor Marval Pimentel varias denuncias por alegadas in-fracciones a los Arts. 198 y 199 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4826-4827, y violaciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas del 2000 (25 L.P.R.A. secs. 458(c)-458(n)), por hechos presuntamente ocurridos el 7 de junio de 2009. Así las cosas, el 8 de junio de ese mismo año, al señor Marval Pimentel se le determinó causa probable para arresto. No obstante, y luego de otros trámites proce-sales, el 14 de septiembre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los pliegos acusatorios del caso al am-paro de la Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2009, el Ministe-rio Público presentó de nuevo varias denuncias contra el señor Marval Pimentel al amparo de la Regla 67 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Asimismo, el foro de instancia determinó causa probable para arresto en ausen-cia contra el acusado y le impuso una fianza de $125,000. Por tal razón, el 24 de noviembre de 2009 arrestaron al señor Marval Pimentel y, como no pudo cumplir con la fianza correspondiente, fue encarcelado. La vista prelimi-nar para determinar causa para acusar se señaló para el 10 de diciembre del mismo año. Llegado ese día, sin embargo, el Ministerio Público no estuvo preparado para ce-lebrar la vista, por lo que se reseñaló para el 17 de diciem-bre de 2009.

Luego de determinarse causa probable para acusar por algunos de los delitos imputados, el foro primario señaló la lectura de acusación para el 7 de enero de 2010, y el juicio para el 4 de febrero de ese mismo año. El 7 de enero, sin embargo, el Ministerio Público todavía no había presen-tado las acusaciones correspondientes, por lo que el acto de lectura de acusación se reseñaló para el 11 de febrero, fe-cha en la cual la defensa del señor Marval Pimentel anun-ció que presentaría formalmente una solicitud de desesti-mación al amparo de la Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, supra.

En la referida solicitud de desestimación, el señor Mar-val Pimentel alegó que, en conformidad con lo dispuesto en la Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, supra, y lo preceptuado por este Tribunal en Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000), el Ministerio Público tenía hasta el 24 de diciembre de 2009 para presentar las acu-saciones en su contra, hecho que ocurrió el 8 de enero de 2010, quince días luego de vencido el término para ello. El foro de instancia, luego de escuchar a las partes, declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación.

No obstante, el 22 de abril de 2010, luego de varios trá-mites procesales, el Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” una solicitud de habeas corpus que presentó el señor Marval Pimentel, por lo que se ordenó su debida excarcelación. El 4 de mayo de 2010, día señalado para el juicio, el Ministerio Público no estuvo preparado, por lo que se reseñaló para el 7 de jimio. Mientras tanto, inconforme con la determinación de proveer “no ha lugar” a su solici-tud de desestimación, el señor Marval Pimentel acudió ante el Tribunal de Apelaciones, foro que confirmó el dicta-men de instancia.

Insatisfecho, oportunamente el señor Marval Pimentel acude ante nos y alega, esencialmente, que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar un dictamen del foro primario que declaró “no ha lugar” a una petición de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, supra. Esto, pues aduce que el Estado no probó justa causa para tardar cuarenta y cinco días, desde el arresto del se-ñor Marval Pimentel, en presentar las correspondientes acusaciones, quince días en exceso del límite estatuido como razonable en nuestro cuerpo procesal criminal. Le asiste la razón. Veamos.

II

El derecho fundamental a juicio rápido está consagrado en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Asimismo, nuestras Reglas de Procedimiento Criminal y el prece-dente jurisprudencial han delimitado términos razonables de tiempo constitucional para procesar penalmente a un ciudadano entre el arresto y el juicio, pues este derecho fundamental cobra vigencia desde que el imputado de de-lito es detenido o está sujeto a responder. Pueblo v. Carta-gena Fuentes, supra, pág. 248. Véanse: Pueblo v. Candelaria, 148 D.P.R. 591 (1999); Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813 (1993).

Específicamente, la Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, supra, que regula estatutariamente el derecho a juicio rápido, establece términos temporales que transcu-rren simultáneamente partiendo desde el momento del arresto o de la detención del imputado, como lo es un tér-mino para presentar la acusación en casos graves y un plazo para celebrar la vista preliminar, dependiendo de la condición procesal del imputado. Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 249. Sobre la presentación de la acu-sación en un proceso penal a un imputado sumariado, la referida regla preceptúa que:

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstan-cias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso ajuicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
(1) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se hubiere presentado acusación o denuncia contra él, o que ha estado detenido por un total de quince (15) días sin que se hubiere presentado urna acusación o denuncia contra él si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con la Regla 6(a). (Enfasis suplido.) Regla 64(n)(l) de Procedimiento Criminal, supra.

Como se deduce del texto de la Regla 64(n)(l) de Proce-dimiento Criminal, supra, el legislador entendió que el tér-mino constitucionalmente razonable para que se le pre-sente la acusación a un imputado detenido o sujeto a responder, cuando este está detenido preventivamente, es de treinta días. El plazo para imputados de delito que no estén sumariados es el doble, a saber, sesenta días. Véanse: E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 158; O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, Orford, Equity Co., 1990, T.l, pág. 374.

No obstante, también hemos expresado que la inobser-vancia de este término, por sí sola, no necesariamente constituye una violación al derecho a juicio rápido, ni con-lleva, como consecuencia, la desestimación de la denuncia o acusación. Pueblo v. Candelaria, supra, pág. 598. Por ello, en Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 433 (1986), adoptamos de la jurisdicción federal cuatro criterios para evaluar si el incumplimiento con un término estatuido so-bre juicio rápido lacera este derecho fundamental. A saber, el tribunal deberá evaluar: “(1) [la] duración de la tar-danza; (2) [las] razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente ese derecho, y (4) [el] perjuicio resultante de la tardanza.” Véase Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 154-155 (2004). Véanse, además: Solera v. Helm, 463 U.S. 277 (1983); Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972).

Luego de ponderar las circunstancias del caso en particular mediante los criterios antes esbozados, si el tribunal entiende que se laceró el derecho a juicio rápido, entonces el remedio más apto y adecuado es el que nos proporciona la propia Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra: la desestimación de la acusación o denuncia. Véase Barker v. Wingo, supra, pág. 522. Véanse, además: Strunk v. United States, 412 U.S. 434, 440 (1973); Chiesa, op. cit, págs. 84-86.

Con estos preceptos en mente, pasemos a analizar con-cretamente el caso ante nos.

III

En el caso de autos no hay controversia sobre la dilación o tardanza que ocurrió entre el arresto del señor Marval Pimentel y la presentación de las acusaciones por parte del Ministerio Público. Como surge del expediente, el 24 de noviembre de 2009, el acusado de epígrafe fue arrestado porque se encontró causa probable para arresto el 20 de ese mismo mes y año. No obstante, no es hasta el 8 de enero de 2010 que el Ministerio Público presentó las co-rrespondientes acusaciones en contra del señor Marval Pimentel. En otras palabras, que entre el arresto del acu-sado y la presentación de las acusaciones transcurrieron cuarenta y cinco días, lo que supone quince días en exceso de lo constitucionalmente razonable que establecen estatu-tariamente las Reglas de Procedimiento Criminal en la Re-gla 64(n)(l), supra.

Sobre el segundo criterio, las razones para la dilación, el Ministerio Público, a través de la Procuradora General, se-ñaló que existió justa causa para la tardanza porque esta se debió a la ausencia de un testigo de cargo durante la vista preliminar. No le asiste la razón.

Como es sabido, el término para presentar la acusación durante un proceso penal transcurre paralelamente con el término preceptuado para celebrar la vista preliminar en casos donde se imputen delitos graves. Por ende, no es un mismo término que, de haber justa causa para dilatar uno, esta le aplique al otro. El Ministerio Público, por el contra-rio, aduce como justa causa que la vista preliminar se tuvo que celebrar el 17 de diciembre de 2009 porque un testigo fundamental no se encontraba para una fecha anterior. Con esta razón intenta justificar que el término para pre-sentar las acusaciones en este caso se haya dilatado por cuarenta y cinco días, lo que supone, como ya hemos dicho, quince días en exceso de lo permitido. Si bien esta razón podría ser justa causa para reseñalar la vista preliminar, o para no desestimar las denuncias por haberse realizado fuera del término, no es posible que sea justa causa para presentar las acusaciones fuera del término establecido para ello en este caso.

En esencia, no hay coherencia lógica entre la justa causa para aplazar una vista preliminar y el cumplir con el término reglamentario para presentar las acusaciones. Así, pues, si en este caso la vista preliminar se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2009, el Ministerio Público tuvo siete días para cumplir con el término reglamentario para pre-sentar las acusaciones, lo que hizo veintidós días después. Por lo tanto, no es plausible que la ausencia de un testigo de cargo en el primer señalamiento de la vista preliminar haya justificado en el caso de autos la demora en la pre-sentación de las acusaciones.

Sobre el tercer criterio, que analiza si el acusado invocó oportunamente su derecho, entendemos que el señor Mar-val Pimentel lo cumplió satisfactoriamente. A tales efectos, el señor Marval Pimentel expresó en el acto de lectura de acusación que presentaría formalmente una moción de desestimación por violaciones a juicio rápido. Evidente-mente, fue en el primer momento que tuvo ante el foro judicial que el hoy acusado invocó su derecho constitucio-nal a juicio rápido.

Por esta razón, erró el Tribunal de Apelaciones al consi-derar que el acusado renunció a su derecho a juicio rápido cuando consintió que el acto de lectura de acusación se celebrara catorce días después de finalizado el término de treinta días establecido en la Regla 64(n)(l) de Procedi-miento Criminal, supra. No obstante, dicha regla no regula en ninguna parte el término referente al acto de lectura de acusación, sino el término que debe cumplir el Ministerio Público cuando se apresta a presentar una acusación. Por esta razón, confundir ambas acciones procesales tendría el efecto de añadirle a la referida regla un término para rea-lizar el acto de lectura de acusación. Como demuestra este caso, el acto de lectura de acusación se llevó a cabo el 11 de febrero de 2010, pero las acusaciones se presentaron el 8 de enero de ese mismo año.

Concluir que por haber consentido al reseñalamiento del acto de lectura de acusación el acusado de epígrafe re-nunció a su derecho fundamental a juicio rápido, como se-ñaló el Tribunal de Apelaciones, sería equiparar la presen-tación de las acusaciones y el acto de lectura de acusación durante el proceso penal a los términos establecidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Por ende, entendemos que el señor Marval Pimentel invocó su dere-cho constitucional a juicio rápido tan pronto como compa-reció ante el foro judicial, siendo oportuno su reclamo.

Respecto al cuarto criterio, como ya hemos determinado que no hubo justa causa por parte del Ministerio Público para dilatar los procedimientos en este caso, consideramos que el reclamo de daños que sufrió el señor Marval Pimen-tel es suficiente como para desestimar los pliegos acusato-rios que penden contra él. Según el señor Marval Pimentel, lo opresivo de estar privado de su libertad le causó angus-tias y nerviosismo por lo angustiosa que, de por sí, es la encarcelación. Así, es preciso recordar que en Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 254, expresamos que no debe caber duda del perjuicio resultante de hallarse encar-celado indebidamente —en detrimento del derecho consti-tucional a la presunción de inocencia— desligado de la vida familiar, a expensas de las calamidades del sistema carce-lario, al efecto nocivo de que se vea perjudicada su defensa con el transcurrir del tiempo y expuesto a la incertidumbre de la espera de una determinación.

Por esta razón, somos del criterio de que en este caso el Ministerio Público, quien debía sostener su dilación me-diante justa causa, no cumplió con demostrar que la de-mora estuvo justificada. Mucho menos podemos concluir que el señor Marval Pimentel renunció a su derecho cons-titucional a juicio rápido al no oponerse a un señalamiento de acto de lectura de acusación fuera del término para pre-sentar la acusación. Por lo tanto, al ocurrir una demora tan injustificada como la que se realizó unilateralmente en este caso, concluimos que sí se le violó el derecho fundamental ajuicio rápido que cobija al acusado durante todo el proceso penal.

Por lo tanto, ordenaríamos paralizar los trámites en el Tribunal de Primera Instancia y expediríamos el recurso de certiorari.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

text:
    Alejandro Cancel Montes, Emilio Acosta Morales y Felipe Fontanez Burgos, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Carlos M. Molina, como Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Administración de Corrección y Superintendentes María Lugardo del Anexo 676 del Complejo de Ponce, recurridos.

      Numero: HC-2011-1

      Resuelto: 16 de febrero de 2011

      Alejandro Cancel Montes, Emilio Acosta Morales y Felipe Fontanez Burgos, peticionarios, por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

El recurso de hábeas corpus que tenemos ante nuestra consideración presenta la interrogante de cuál es el debido proceso que cobija a los reclusos cuando la Administración de Corrección pretende revocar la concesión de programas de desvíos administrativos y de pases extendidos. Los he-chos surgen del expediente y del relato que hace la parte peticionaria.

I

A los reclusos Alejandro Cancel Montes y Felipe Fonta-nez Burgos, aquí peticionarios, se les revocó, por razones disciplinarias, el privilegio de participar en un programa administrativo de desvío. Por otro lado, al recluso Emilio Acosta Morales, también copeticionario, se le revocó por razones disciplinarias el privilegio de participar en un pro-grama administrativo de pases extendidos. Durante la vista inicial de revocación, a todos los reclusos solo se les permitió escuchar los cargos en su contra, sin oportunidad de presentar prueba a su favor ni impugnar la prueba de la Administración de Corrección.

Además del recurso que se encuentra ante nuestra con-sideración, el reo Cancel Montes presentó el 20 de enero de 2011 un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala de Ponce. En esencia, esgrimió los mismos argumentos que ahora presenta ante este Poro. El Tribunal de Primera Instancia reclasificó el recurso como un mandamus. Además, ordenó a la Secretaria que citara nuevamente al señor Cancel Montes y a la Administración de Corrección a una vista a celebrarse el 2 de febrero de 2011. Por último, decidió tramitar el recurso por el cauce ordinario.

Por otro lado, el peticionario Acosta Morales extinguió su sentencia de nueve años el 11 de febrero de 2011. En lo que respecta al reo Fontanez Burgos, la vista administra-tiva formal por las violaciones disciplinarias se pautó para el 15 de febrero de 2011.

II

El recurso de hábeas corpus es académico en lo que con-cierne al señor Acosta Morales. Ya él se encuentra en liber-tad y no procede que emitamos una opinión consultiva. Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Por otro lado, el reo Cancel Montes tiene ante el Tribunal de Primera Instancia un caso activo contra la Administración de Co-rrección que contiene las mismas controversias que este recurso. Como medida prudencial, conviene que el Tribunal de Primera Instancia reciba la prueba necesaria para emitir unas determinaciones de hecho y resolver la controversia. El señior Cancel Montes ya escogió ese foro.

Por último, la vista administrativa formal contra Fon-tanez Burgos fue señalada para el 15 de febrero de 2011. En ella, el reo tendrá oportunidad de presentar prueba y de refutar la que presente la Administración de Corrección. En ocasiones anteriores hemos resuelto en el contexto del proceso penal que una vista preliminar subsana cualquier error que se cometa en la determinación de causa probable para arresto. Véase Pueblo v. Rivera Rodriguez, 150 D.P.R. 428, 437 (2000), citando a Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803 (1998). De igual modo, la Vista de 15 de febrero de 2011 subsanará cualquier error cometido en la vista su-maria inicial.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se declara “no ha lugar” el recurso que presentaron los peticionarios.

Notifíquese por teléfono o fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton le concedería un término de cinco días a la Procuradora General para que exponga su posición. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. Además, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta en-tiende que “se debió pedir al Estado que se expresara sobre el caso de epígrafe. En su Resolución, el Tribunal está pre-sumiendo la ocurrencia de varios eventos cuya celebración no nos consta. Al no pedirle a la Procuradora General que se exprese sobre las alegaciones hechas por los peticiona-rios, el Tribunal está presumiendo que el peticionario Acosta Morales ha sido liberado a causa de la extinción de la sentencia. Igual ocurre en el caso del peticionario Fon-tanez Burgos, donde se presume, sin corroboración, que se llevó a cabo una vista administrativa formal hoy 15 de fe-brero de 2011 y que allí el señor Fontanez Burgos tuvo la oportunidad de 'presentar prueba y refutar la que presente la Administración de Corrección’. Ante alegaciones serias acerca de violaciones sustanciales de derechos constitucio-nales, lo mínimo que este Tribunal debe hacer es pedirle al Estado que responda”.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— o —

Voto particular disidente de la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

al cual se une la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta.

Disiento de la determinación que hoy anuncia la mayoría. En la petición de hábeas corpus ante nuestra con-sideración, tres confinados alegan que se les ha violado el debido proceso de ley en la medida en que el procedimiento de revocación de participación en un programa de desvío y de libertad supervisada no se ajusta a lo que dispusimos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

En Martínez Torres v. Amaro Pérez, ante, págs. 724—725, reconocimos que, una vez se concede el privilegio de disfrutar de un programa de libertad limitada, no se puede cancelar ese privilegio sin cumplir con los requisitos míni-mos del debido proceso de ley aplicable a la etapa postsentencia. En Martínez Torres, ante, pág. 725, citando de Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), indicamos que un probando tiene derecho a dos vistas, una preliminar al momento de su detención y arresto para determinar si existe causa probable de que haya violado su probatoria, y otra vista, un tanto más abarcadora, antes de la determi-nación de revocación final. Véanse, además: Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 489 (1972); Young v. Harper, 520 U.S. 143, 147 (1997).

En la vista final, “se le debe garantizar al menos: (a) una notificación escrita de las alegadas violaciones a la probatoria; (b) un examen de la prueba en su contra; (c) la oportunidad de ser oído personalmente y presentar testi-gos y evidencia documental a su favor; (d) el derecho a confrontar y contrainterrogar los testigos adversos, a menos que el juzgador examinador determine por razones de segu-ridad del informante justa causa para no permitir tal con-frontación; (e) un juzgador neutral e independiente que puede ser uno solo o un cuerpo pluralista ..., y (f) determi-naciones escritas de los hechos hallados probados, así como evidencia en que la decisión se basó, y las razones para revocar la probatoria”. Martínez Torres v. Amaro Pérez, ante, pág. 726. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, See. 33.9, pág. 563.

Tenemos serias dudas si el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 21 de septiembre de 2009 del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que rige los procesos de revocación del beneficio de participar en estos programas, cumple con el mandato constitucional. En particular, respecto al requeri-miento del derecho a confrontar y contrainterrogar los tes-tigos adversos.

Por otro lado, resulta altamente preocupante la costum-bre que se entroniza en el Tribunal de, para todos los efec-tos, modificar y hasta revocar sub silentio normas sustan-tivas de derecho a través de Resoluciones; y esto en casos donde ni siquiera hemos escuchado a todas las partes. E.g., Gotay Flores v. Adm. de Corrección, 180 D.P.R. 703 (2011). La Resolución, por su propia naturaleza, no refleja el aná-lisis profundo, sosegado y ponderado de una Opinión de este Tribunal, por lo que no considero adecuado utilizar este mecanismo para, rutinariamente, resolver asuntos sustantivos de derecho.

Es preocupante, también, que la Resolución que se cer-tifica tome como ciertos, y a base de ellos resuelva, alega-ciones cuya veracidad no nos consta. Lo apropiado hubiese sido ordenarle a la Procuradora General que compareciera a expresar su criterio tal y como indica la Jueza Asociada Señora Fiol Matta en su expresión particular.

No obstante los planteamientos graves que se levantan en el hábeas corpus, la mayoría se niega a considerarlos y a ordenarle a la Procuradora General que se exprese. Es muy lastimoso que ello sea así. Porque considero que ese proceder es erróneo, disiento.