author: El Juez Pbesidextb Se. del Tobo,

text:
    Di Cristina, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Commercial Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre rescisión de contrato y daños y perjuicios.
    No. 2577.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Venta de Truck con Obligación de Separarlo Gratis — Interpretación de Con-trato. — Interpretando la siguiente cláusula: "Este carro se reparará gratis dondequiera que se descomponga, y cualquier pieza defectuosa será repuesta gratis,” consignada en un contrato de venta de un truck, se resolvió: que-ja promesa hecha en la primera parte es generad y no está limitada por la segunda a reparaciones que se dehan únicamente a defectos de fábrica.
    Id. — Rescisión de Contrato — Restitución del Precio. — Vendido un truck con obligación de repararlo gratis, cuya obligación dejó de cumplir la vendedora es procedente la sentencia que condena a la dicha vendedora a hacerse cargo' del truck restituyendo al comprador la suma pagada a cuenta del precio.
    Los hechos están expresados, en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. S.ifre, Jr.

      Abogados del apelado: Sres. Be,net S Souffront.

   El Juez Pbesidextb Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre rescisión de contrato y daños y perjuicios.

El demandante, en septiembre de 1919, compró a la de-mandada nn tmclc, comprometiéndose la demandada, pala-bras textuales del contrato, como sigue: “Este carro se re-parará gratis donde quiera que se descomponga, y cualquier pieza defectuosa será repuesta gratis.” A mediados de diciembre de 1919 el carro sufrió desperfectos. La demandada fue notificada y no los reparó. El demandante en marzo si-guiente inició este pleito. Contestó la demandada que su obligación se limitaba a hacer aquellas reparaciones necesa-rias por defectos de fábrica que pudiera tener el vehículo y que ese no era el caso. Fué el pleito a juicio y la corte de distrito lo falló en favor del demandante, apelando entonces la demandada para ante este tribunal.

La apelante señala en su alegato tres errores, a saber: 1, el cometido al interpretar el contrato; 2, el cometido al declarar la rescisión; y 3, el cometido al conceder los daños y perjuicios reclamados.

1. Argumentando el primer error señalado, se expresa en su alegato la apelante así:

“De la interpretación que se dé a la cláusula del contrato que adelante transcribimos, depende sin duda alguna la resolución de este litigio en favor o en contra de la apelante; parécenos que es el eje alrededor del cual giran todas las otras cuestiones planteadas en el caso y por tanto hemos de hablar primero sobre ella y tal vez con mayor amplitud.
“La cláusula en cuestión dice literalmente:
‘1 ‘ Este carro se reparará gratis donde quiera que se descomponga, y cualquier pieza defectuosa será repuesta gratis.’
“Como vemos, esta cláusula se compone de dos oraciones unidas-por una conjunción copulativa, y forman así un solo párrafo.
‘ ‘ ¿ Significa la segunda cláusula una repetición modificación o limi-tación de la cláusula primera? ¿O una variación o diferencia?
“Oreemos que pueda significar repetición y limitación porque de sus propias palabras se desprende la intención de reparar gratis e inmediatamente nos habla de la reposición de piezas defectuosas, dando a entender que la vendedora quedaba limitada a reparar el carro reponiendo aquellas piezas defectuosas en su fabricación.
“La idea expresada en la cláusula primera, se repite en palabras diferentes, que la fijan y expresan con mayor exactitud. ¿Qué es lo que la corporación se compromete a reparar? ¿Cómo es que la corporación efectuará esa reparación?
“¿Se obligó, acaso la corporación a reparar gratis el citado carro donde quiera que se descompusiera sin limitación alguna en cuanto a la naturaleza de las reparaciones?
“Parécenos absurdo mantener esta interpretación de esa cláusula, por cuanto ello equivaldría a obligar a la corporación ad perpetúan a reparar dicho carro, y por cualquier causa que motivara la des-composición del mismo, fuera ya un choque, el desgaste natural por el uso, y aún por el abuso, o por la negligencia del comprador, etc., efe.
“Sostener que tal ha sido la intención del vendedor, que es una corporación que se dedica a la venta de automóviles y a la que de-bemos suponer,- por lo menos, con alguna experiencia en el mundo de los negocios y sobre todo en el negocio que explota, es simplemente acogerse al absurdo, y desconocer el espíritu que informa nuestra vida comercial.
“Por el contrario, mantener, como mantenemos que por la recta interpretación de esa cláusula, la corporación sólo se obligó a repa-rar el carro donde quiera que se descompusiera debido a los defectos de fábrica que pudiera tener y a reponer las piezas defectuosas que motivaron esas descomposiciones, es lo lógico, es a lo que todos los vendedores de automóviles pueden obligarse, sin que la ruina los aceche, es una cláusula general en casi todos los contratos de esta índole, y en el presente caso lo pregona la unidad de un párrafo, la declaración del propio demandante, y la opinión de autoridades que citamos al pie:
“ ‘2 Page, 'On Contracts/ sección 1121, página 1742.
‘As between two constructions, each-probable, one which maíces the contract fair and reasonable cmd other of which malees it unfair and unreasonable, the former should always be preferred/
"Transcribimos de 6 B. C. L. sobre ‘Contratos,1 sección 230, pá-gina 841:
‘.Contracts must receive a reasonable interpretation, according to the intention of the parties and the time of executing them, if that intention can be ascertain from their language. Where the language of a contract is contradictory, obscure or ambiguous, or where its meaning is doubtful, so that it is ■susceptible of two constructions, one of which maltes it fair, customary, and such as prudent men would naturally execute, while the other makes it inequitable, unusual, or such as reasonable men would not be likely to enter into, the interpretation which makes a rational and probable agreement must be preferred. If one construction would make it unreasonable, ivhile another would do justice to both parties, the latter will be adopted.’
“La teoría que sostenemos en cnanto a la interpretación de esta cláusula, queda demostrada también por la propia declaración del demandante, quien a la pregunta de su abogado si él (el deman-dante) bizo objeciones a la compra de ese carro, cuando se lo ofre-cieron en venta, contestóle:
“ ‘No quería comprarlo porque no era un carro conocido aquí y con la duda de defectos que podía tener el carro, o cualquier cosa, no quería comprarlo, entonces ellos se comprometieron a arreglar el carro donde quiera que hubiera algún desperfecto por cuenta de la compañía.’
“(Página 3 de la transcripción de la evidencia.)
“Esto nos demuestra, que lo que babía en la mente del compra-dor y vendedor respectivamente no era otra cosa que los defectos de que pudiera adolecer el carro inicialmente, y que al ofrecer el vendedor reparar tales desperfectos que surgieran por tal motivo, el vendedor los subsanaría sin costo alguno para el comprador.
“También corrobora nuestra contención la declaración del tes-tigo del demandante Manuel Matteo, el que se bailaba presente cuando se efectuaba la venta. A la pregunta del abogado del de-mandante: ‘¿Qué fué lo que se trató, qué se dijo?’, respondió: ‘Que me pondrían todas las piezas del carro en cualquier parte que se rompiera el carro por cuenta de la casa.’ ”

Tal es la presentación de su caso por parte del apelante. Sus razonamientos son lógicos, pero no destruyen a nuestro juicio la conclusión a que llegó la corte sentenciadora. Es tan claro el contrato que no es susceptible de interpretación distinta, no siendo, por tanto, aplicable la jurisprudencia in-vocada. “Este carro se reparará gratis donde quiera que se descomponga” es una promesa tan precisa hecha en tér-minos tan positivos y en lenguaje tan corriente, que cual-quier persona de inteligencia común resolvería sin esfuerzo mental alguno que se refería a todos los casos. Después de ella existe una coma y entonces sigue “y cualquier pieza de-fectuosa será repuesta gratis,” nueva promesa que si bien está enlazada con la anterior y es de semejante naturaleza, tiene vida independiente por sí misma y no puede interpre-tarse como limitativa de la primera.

Dice la apelante que la cláusula es corriente en esta clase de contratos, pero no ha citado jurisprudencia alguna inter-pretativa de una cláusula igual o semejante. Examinando el contrato en su totalidad nos inclinamos a creer que no se trata de una cláusula corriente. Al final del documento figu-ran las condiciones aceptadas por la Asociación Nacional de Manufactureros de Automóviles y en ninguna de ellas figura una cláusula semejante. La prueba demuestra un gran in-terés por parte de la demandada en vender el truck. Era de una marca nueva que se deseaba introducir en el mer-cado y sólo así se concibe que la vendedora asumiese una responsabilidad tan amplia y desusada.

Además, un examen cuidadoso de la prueba demuestra que vendido el carro en septiembre de 1919 funcionó mal desde el principio. Pequeñas reparaciones fueron hechas por el propio demandante, pero finalmente se rompió una pieza que no pudo sustituirse en Mayagüez y el carro quedó ente-ramente fuera de servicio.

Aparecen en la transcripción copias de cartas y telegra-mas cruzados entre las partes. En algunos de los documen-tos no consta la fecha, pero enlazándolos por su contenido se llega a la conclusión de que el demandante pidió a la de-mandada la pieza rota y la demandada manifestó que no la tenía, pero que la pediría por cable; que la demandada equi-vocó el pedido; que transcurrieron meses y no proporcionó la pieza ni dió una explicación razonable y el demandante entonces archivó su demanda en la corte de distrito.

Sostiene la demandada que no estaba obligada a propor-cionar la pieza porque de acuerdo con la interpretación que da al contrato sólo lo estaba cuando los defectos eran de fábrica y aquí no se demostró tal cosa. .Dejando a un lado la interpretación de hecho que la propia demandada dió ál contrato al aceptar que su deber era enviar al demandante la pieza que le pedía, creemos que en la prueba hay datos para concluir que se trataba en verdad de una pieza defec-tuosa y por tanto que aún aceptando su propia interpreta-ción, debe concluirse que la demandada no cumplió con lo prometido en el contrato.

El truck era nuevo. Sólo trabajó unos meses. Se des-compuso en varias ocasiones como dejamos expuesto. El chaittffeur Bascarán que lo manejó primero dijo que en un viaje se le habían roto dos válvulas. Lueg’o el demandante contrató otro chaioffeur y un día Bascarán vió que “el motor no andaba y según la explicación que me dió el chcmjf eur tenía un rosverín roto que desde entonces no lo he visto tra-bajar más.” Y el mecánico Altiery, refiriéndose a piezas del carro que se le llevaron a reparar dijo-, “que estaban malas, partidas, rotas '* * * ” y que el motivo de la rotura se debió “a la debilidad, a la pieza, material muy débil.” Por último se refirió al rosverín y dijo que esa pieza no se arre-gló porque en Puerto Rico no había materiales para ello.

2. El carro fue vendido con la obligación de repararlo. El precio se fijó en tres mil dólares. El demandante llegó a pagar mil setecientos. Al quedar inservible el carro y ante la inhabilidad de la demandada para cumplir con su obli-gación, parece claro el derecho del demandante a pedir por lo menos que la demandada tome su carro y le devuelva el dinero recibido a cuenta del precio. T esto fue lo que en este extremo decretó la corte en su sentencia.

3. En cuanto a la condena de daños y perjuicios, cree-mos que no encuentra apoyo en la prueba el pronunciamiento de la sentencia ordenando a la demandada que pag’ara al demandante mil ochocientos dólares .por daños y perjuicios debidos producir por la ganancia dejada de obtener por el no uso del truck, calculada dicha ganancia a razón de treinta dólares limpios diarios. Hemos examinado cuidadosamente la evidencia y no comprendemos cómo fundándose en ella pudo llegarse a la conclusión contenida en la sentencia.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos- que debe con-firmarse la sentencia apelada con excepción de su pronuncia-miento relativo a la condena de daños y perjuicios que debe revocarse.

Revocada en parte y en parte confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Bello et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una escri-tura de hipoteca.
    No. 527.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Mención de Derechos Reales — Terceros—Perjuicio de Terceros. — Mencionada 1 en la inscripción de la venta de una finca la hipoteca que por preeio aplazado constituyeron los compradores a favor de los- vendedores, procede inscribir dicha hipoteca aunque la finca hubiera sido traspasada de nuevo y aparezca ya inserita a favor del adquirente.
    Hipoteca de Varias Hincas — Distribución de Responsabilidad Hipotecaría-Aceptación por Apoderado. — Si los apoderados para vender varias fincas tie-nen facultad para aceptar la hipoteca constituida para fianzar el preeio apla-zado, implícitamente la tienen para aceptar la distribución de la responsabili-dad hipotecaria entre las varias fincas.
    Hipoteca- — Escbituba de — Oompabecencia de Pastes. — No es necesaria que con-curra al otorgamiento de una escritura de hipoteca, la persona a cuyo favor se constituye.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los recurrentes: Sr. J. D. Rodríguez.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de mayo de 1914, por escritura pública, Daniel Feo y su esposa y José Bello y su esposa, vendieron a Antonio García y Nicolás Morell once fincas rústicas por treinta y cinco mil dólares pagaderos en siete plazos anuales de cinco mil, quedando hipotecadas todas las fincas vendidas para responder del precio aplazado. La hipoteca se constituyó en el mismo documento, señalándose la cantidad de que debía responder cada finca de acuerdo con la ley.

En abril último la escritura de 1914 fué presentada en el Registro de la Propiedad de Arecibo para la inscripción de la hipoteca, y el registrador se negó por medio de la siguiente nota:

"Denegada la inscripción de la hipoteca que comprende el pre-cedente documento, que es copia de la escritura de 16 de mayo de 1914, otorgada ante el notario Ulpiano Crespo, Jr., porque Antonio García Morell y Nicolás Moréll Hernández que la constituyen, no tienen derecho, según el registro, para constituirla (artículo 125, Ley Hipotecaria); porque inscritas las fincas por escritura del once del actual, otorgada en Ponce ante el notario José Tous Soto, no puede inscribirse ningún título de anterior fecha, como el presen-tado, por el cual se gravan los mismos inmuebles (artículo 17, Ley Hipotecaria) y porque las fincas constan inscritas a favor de Julio Cabrera Paz, persona distinta de los hipotecantes (párrafo 4o. del artículo 20 de la Ley Hipotecaria) ; y tomada en su lugar anota-ción preventiva por 120 días con el defecto subsanable de no acre-ditarse el carácter, que de apoderado de los acreedores, ostentan Manuel Lecaroz y Eduardo Bello para aceptar la distribución' que de la responsabilidad hipotecaria se hace entre las fincas gravadas (ar-tículos 119 y 235 de la Ley Hipotecaria y 164 de su Reglamento.”

No conforme la parte interesada interpuso para ante este tribunal el presente recurso gubernativo.

1. Además de la escritura se elevaron dos certificaciones expedidas por el registrador, una a instancia de los recu-rrentes y otra por su propio acuerdo. De todo resulta lo que sigue:

Ni los vendedores ni los compradores presentaron para su inscripción eñ el registro inmediatamente la escritura de 1914. Pasaron los años. ' El Banco de Ponce inició un pleito en cobro de cuatro mil dólares contra Antonio García y Ni-colás Morell, los compradores en la escritura de 1914, y el 10 de mayo de 1921 se expidió una orden de embargo. Pre-sentada dicha orden en el registro a fin de que se anotara sobre algunas de las fincas vendidas, el registrador se negó porque dichas fincas aún no estaban inscritas a favor de los Sres. García y Morell. Tomada anotación preventiva del embargo, caducó por haber vencido el término por el cual fué hecha.

El pleito a que no hemos referido siguió adelante y se vendieron en pública subasta varias de las fincas embarga-das adquiriéndolas el banco acreedor a quien se le otorgó escritura de venta. Presentada ésta en el registro, se negó su inscripción de igual modo porque las fincas no estaban inscritas a favor de García y de Morell. La anotación pre-ventiva tomada también caducó.

Así las cosas y a los efectos de que las fincas se inscri-bieran a favor de García y de Morell, no ellos sino el de-mandante en el pleito seguido contra ellos en cobro de pesos o sea el Banco de Ponce recurrió a la escritura de 1914, la presentó en el registro y pidió que se inscribiera en cuanto a la venta solamente. Así lo hizo el registrador, pero men-cionando al propio tiempo en el mismo asiento la hipoteca constituida sobre las fincas vendidas para garantir el precio aplazado, haciendo constar que de dicha hipoteca no se soli-citaba inscripción.

Inscritas las fincas de tal modo a favor de García y de Morell, el registrador inscribió sin dificultad la venta de dichas fincas al banco hecha en 23 de noviembre de 1921 y la venta del banco a Julio Cabrera verificada el 11 de abril de 1922. •

Y entonces cuando los acreedores hipotecarios, los recu-rrentes en este caso, presentaron la escritura de 1914, para que se inscribiera también la hipoteca que en ella se había constituido, el registrador, el 19 de abril de 1922, negó la inscripción en la forma que dejamos expuesta.

Cita el registrador en apoyo del criterio que sustenta los artículos 17, 20, párrafo 4, y 126 de la Ley Hipotecaria, que dicen así:

“Art. 17. — Inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los in-muebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no po-drá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.
“Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación del título traslativo del dominio o de la posesión, no podrá tampoco inscribirse o anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de treinta días, contados desde el siguiente al de la fecha del mismo asiento.
“Art. 20.— * * *
“En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los regis-tradores denegarán la inscripción solicitada.
“Art. 126. — -La hipoteca constituida por el que no tenga derecho para constituirla según el registro, no convalecerá aunque el cons-tituyente adquiera después dicho derecho.”

E invocan los recurrentes el artículo 29 del propio cuerpo legal, que es como sigue:

“Art. 29. — El dominio o cualquier otro derecho real que se men-eione expresamente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el registro por medio de una inscrip-ción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.
“Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.”

A nuestro juicio, y quedando desde luego limitada nues-tra decisión a los fines del registro, es erróneo el criterio sustentado por el registrador. Si el Banco de Ponce tuvo que recurrir a la escritura de 1914 y en dicha escritura cons-taba la hipoteca y la hipoteca, se mencionó en el registro al verificarse la inscripción de la venta, es necesario interpretar los preceptos citados por el registrador a la luz de lo esta-tuido en el invocado por los recurrentes. No se trataba de algo nnevo. Junto con el derecho de propiedad de los den dores del banco surgió su obligación consignada en la garan-tía hipotecaria. Y en la misma inscripción en que se hizo constar el derecho de propiedad, se mencionó el gravamen. Lo que ahora pretenden los recurrentes es inscribir en forma debida lo que antes se mencionó para que el derecho no que-dara extinguido en cuanto a terceros.-

Comentando el artículo 29 de la Ley Hipotecaria, dice Galindo:

“Sabido es que la publicidad es una de las base de la ley, desa-rrollada en los artículos 23, 24 y 25, declarantes de que sólo los títu-los inscritos surten efecto contra tercero que no haya registrado su derecho. Aunque lógico parece que cada derecho real conste en ins-cripción separada, no olvidó el legislador la frecuencia con que en algunos títulos se mencionan o se, reservan otros derechos, que se deben hacer constar en la inscripción relativa al acto o contrato que pudiéramos llamar principal; y teniendo presente aquella base, se redactó el artículo 29. En virtud de lo en él dispuesto, si, por ejemplo, en una escritura de venta a plazos se asegura el pago de éstos con hipoteca de la misma finca, se deberá mencionar en la ins-cripción de venta, y aunque el vendedor no solicite que separada y especialmente se inscriba su derecho de hipoteca, basta que se halle mencionada para que surta sus efectos contra tercero (Y. S. de 22 May. 1889.) La razón es obvia: La persona que desee contratar sobre esa finca puede acudir al registro, y como en él aparecerá el gravamen, no puede alegar ignorancia, aunque no se halle especial-mente inscrito.” 2 Galindo, Legislación Hipotecaria, pág. 317.

Y glosando el 17 de la misma ley, expresa:

“.También, atendida la materialidad de las palabras del artículo 17, puede considerarse excepción, la inscripción de hipotecas o cen-sos constituidos y no inscritos antes de inscribirse en el registro el título traslativo de dominio de la finca a que afecten, si en él se hizo mención de esas cargas.
“Si hubiera de entenderse literalmente el artículo 17, no se po-drían inscribir tales hipotecas o censos, no obstante haberse mencio-nado en la' inscripción del título traslativo de dominio; pero teniendo en cuenta que el vendedor, obrando con la debida buena fe, hizo constar la existencia de la hipoteca o del censo, y que el' registrador, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 29 de la ley, hizo men-ción de tales cargas, incluyéndolas en el párrafo correspondiente de la inscripción, creemos que si después de extendida ésta solicitara el acreedor hipotecario o el censualista que se inscribiese su título, se habría de acceder a ello, no obstante ser de fecha anterior al título inscrito. Bl objeto del artículo 17 es impedir que se perjudique al que oportunamente inscribió, y como en el caso propuesto no hay perjuicio, porque con arreglo al artículo 29 de la ley, el dominio o cualquier otro derecho real mencionado expresamente en una ins-cripción, surte su efecto contra tercero, y con más razón contra el que fué parte en el acto o contrato inscrito, sin que se exima por ello de la obligación de inscribir especialmente el referido derecho, no debe impedirse al acreedor que lo inscriba cuando quiera. (Y. Res. de 27 Jul. 1899.) 1 Galindo, Legislación Hipotecaria, pág. 652.

2.. No existe el defecto subsanable apuntado. Los vende-dores en la escritura de 1914 comparecieron por medio de apoderados. No dice el registrador que dichos apoderados no tuvieran facultad para aceptar la hipoteca, sino que no la tenían “para aceptar la distribución que de la respon-sabilidad hipotecaria se hace entre las fincas gravadas.” Si tenían facultad para aceptar la hipoteca, implícitamente la tenían también para cumpliendo con la ley aceptar la can-tidad asignada a cada finca.

Pero es más. Según se lia resuelto no es necesario que concurra al otorgamiento de la escritura de hipoteca la persona a cuyo favor se constituye.

La Dirección General de los Registros de España, en su resolución de 29 de diciembre de 1880 publicada en la Gaceta de 21 de enero de 1881, estableció la siguiente doctrina:

“Considerando, por último, que a tenor de lo dispuesto en el ar-tículo 138 de la Ley Hipotecaria y la doctrina consignada en reso-lución de 25 de junio de 1877, no es necesario que concurra al otor-gamiento de la escritura de hipoteca la persona a cuyo favor se constituye, y por tanto ha de ser también inscribible la que ha mo-tivo el presente recurso, aún en el supuesto de que los que inter-vienen en nombre del Banco de Castilla no hubiesen acreditado en forma legal su personalidad.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada, sin el defecto apuntado.

Revocada la nota recurrida y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado SR. Fbanoo Soto,

text:
    Flores, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 536.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Poder Otorgado en Estados Unidos — Legalización de Poder. — No puede cau-sar inscripción en Puerto Rieo un poder otorgado ante un notario en Esta-dos Unidos si tal poder no ha sido legalizado ante uno de los funcionarios expresados en el artículo 69 de la Ley de Evidencia.
    Bienes Gananciales — Bienes Privativos. — Constituye defecto subsanable el no acreditarse el carácter privativo de los bienes que en tal concepto pretende inscribir un cónyuge a su favor, no siendo bastante a tal fin la simple expre-sión del otro cónyuge en cuanto al origen privativo del dinero invertido en la compra.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. M. A. Rivera.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado SR. Fbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se presentó al Registro de la Propiedad de Guayama, para su inscripción, la escritura No. 59, otorgada en 30 de noviembre de 1921 ante el notario Manuel A. Rivera, me-diante la cual Silverio Carattini y Carattini, actuando como apoderado de Pedro Rosario Carattini, vendió a Josefa Plo-res y Planellas, de estado casada, una finca urbana radicada en Aibonito. En .dicha escritura se consignó además que la finca adquirida no tiene el carácter de bien ganancial porque la cantidad pagada por la adquirente corresponde a sus bie-nes privativos.

El registrador denegó la inscripción fundándose en que el poder que ostenta Silverio Carattini y Carattini y que se inserta en la escritura, no está debidamente legalizado; y además señaló el defecto subsanable de no acreditarse que el dinero con que se lia hecho la compra de la finca sea pri-vativo de la compradora.

La nota del registrador fué recurrida para ante nos y es objeto de nuestra resolución final.

Resulta cierto que Pedro Rosario Carattini, residente en la ciudad de Baltimore, Estado de Maryland, compareció ante el notario William E. Schol y otorgó el poder que se refiere e inserta en la escritura de venta, pero no consta del mismo poder ni de otro documento que la firma del notario haya sido autenticada o legalizada en forma alguna.

El artículo 69 de la Ley de Evidencia, enmendado según la Ley de 24 de febrero de 1906, dice así:

“Art. 69. — Otros documentos oficiales podrán probarse como sigue:
ift tí» # # # . 6# ■#
“7. Los documentos de cualquiera otra clase en un Estado de la Unión, mediante el original o una copia, certificada por el guardador legal de aquél, acompañada de la certificación del Secretario de Es-tado, un juez de la Corte Suprema, superior, o del condado, o alcalde de una ciudad de dicho Estado, haciendo constar que la copia está certificada en debida forma por el funcionario encargado oficialmente de la custodia del original.”

La disposición legal anterior es enteramente aplicable al presente recurso y puede notar la recurrente que existe en nuestro estatuto una ley clara que prevé lá forma en que deben legalizarse los documentos que otorga un notario en un 'Estado de la Unión para que puedan surtir todos sus efectos legales en Puerto Rico.

En consecuencia, no apareciendo de la escritura de venta ni de ningún otro documento que al poder otorgado por Pedro Rosario Carattini ante el notario William E. Schol se baya acompañado la certificación expedida por álguno de los fun-cionarios a que alude la disposición arriba citada, autenti-cándose por ese medio la firma del notario, es fácil entender que el registrador estuvo justificado al denegar la inscrip-ción de la venta, toda vez que faltando la autenticidad de la firma del notario autorizante, el poder más bien tiene el ca-rácter de un documento privado para los efectos del registro.

Habiendo llegado a la conclusión que antecede que implica la no inscripción de la escritura de venta, podría omitirse la consideración del segundo defecto subsanable apuntado. Sin embargo, es conveniente decir que la simple manifesta-ción del otro cónyuge no es bastante, como se ba decidido por esta misma corte en Feliú v. El Registrador, 16 D. P. R. 766.

En el presente caso, además de la aceptación del esposo, en la escritura se fija, con referencia a lieclios concretos, el origen privativo del dinero invertido en la compra. Acredi-tados esos lieclios, quedaría justificado el carácter privativo de los bienes. Véanse las decisiones de esta corte en los casos de Sociedad Protectora de Niños v. El Registrador de San Juan, 29 D. P. R. 974, y Usera v. El Registrador de San Juan, (pág. 89).

Por las razones que anteceden la nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Su. del Tono,

text:
    Molina, Demandante y Apelado, v. Porto Rican Lloyd’s, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre cumplimiento de con-trato y daños y perjuicios.
    No. 2651.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Seguro de Automóvil contra Reclamación Judicial por Colisión — Embargo.— Una póliza de seguro sobre un automóvil, que cubre al asegurado contra cual-quier acción judicial por parte de personas cuyas propiedades hayan sufrido a consecuencia de un choque con el carro asegurado, obliga a la compañía aseguradora a levantar el embargo trabado sobre dicho automóvil para ase-gurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en un pleito esta-blecido por dichas personas en reclamación de daños y perjuicios, o a tomar cualquiera otra medida que deje al automóvil a la libre disposición de su dueño.
    Daños y Perjuicios — Indemnización por Incumplimiento de Contrato. — La in-demnización de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de du-ración continuada debe limitarse a los perjuicios ocasionados hasta la fecha de la presentación de la demanda, sin perjuicio del derecho que tenga el re-clamante a entablar una nueva acción por los daños sufridos después de esa fecha. Sucesores de Olvoa y Co. v. J. Matíenzo y Cía., 13 D. P. R. 2931.

      Id. — Seguro de Automóvil oontra Colisión — Reparación Adecuada del Auto-móvil. — Una compañía aseguradora que en la póliza garantiza al asegurado “una reparación adecuada” del automóvil objeto del seguro en casos de co-lisión, está obligada a sustituir por'piezas nuevas las piezas rotas o de tal manera averiadas que fuera imposible volverlas a su condición primitiva.
    Id. — Cuando un automóvil asegurado contra colisión sufre daños a causa de un clioque y la compañía aseguradora cumple fiel y rápidamente sus deberes en cuanto a la reparación, generalmente no existen daños y perjuicios por el no uso del auto durante el período de la reparación. Pero cuando la compañía dilata el cumplimiento de su deber, cuando la reparación no es adecuada o cuando por otras causas a ella imputables impide que el dueño derive el be-neficio positivo que estaba derivando del uso de su carro, claro es que pro-ceden los daños y perjuicios por la ganancia dejada de obtener.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. L. Jcmer.

    Abogado del apelado: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Peesidente Su. del Tono,

emitió la opinión de^ tribunal.

El demandante, dneño del automóvil “Buick,” motor No. 528,108, valorado en mil seiscientos dólares, lo aseguró en la compañía demandada.

La compañía se obligó:

“Daños a Propiedad Ajena: Este riesgo cubre el asegurado, contra cualquier acción judicial por parte de persona o personas cuyas propiedades hayan sufrido a consecuencias de un choque con el carro asegurado * * '*. (Colisión) : Bajo este riesgo queda el asegurado cubierto de acuerdo con la franquicia indicada arriba, contra pérdidas o daños que pueda sufrir el carro asegurado a con-secuencia de un choque con otro carro u objeto. Teniendo derecho el asegurado a una reparación adecuada al carro asegurado, y cuyo costo no exceda de la suma asegurada.”

Vigente el seguro, el auto asegurado chocó con otro y sufrió desperfectos. La demandada e'nvió el auto a un taller y allí fué reparado. El dueño del carro con el cual chocó el del demandante entabló una acción judicial en reclamación de daños y perjuicios sufridos a consecuencia del choque y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dic-tarse embargó el auto del demandante. Este pidió a la de-mandada que lo librara del embargo. La demandada no ac-cedió. T basándose el demandante en que la demandada es-taba obligada a protegerlo del embargo y al no hacerlo así le ocasionó perjuicios, y en qnc la reparación hecha al carro no era adecuada inició este pleito cnya súplica es como sigue:

“Por lo que a la Hon. Corte suplica dicte una sentencia decla-rando con lugar esta demanda y condenando a la compañía deman-dada al cumplimiento del contrato de seguro entregándole su carro, el referido automóvil ‘Buiek/ perfectamente arreglado y libre de todo gravamen, o en su consecuencia indemnizarle las sumas de dos-cientos dollars para las reparaciones necesarias y cuatrocientos dó-lares por depreciación de su valor en el mercado y pagándole ade-más por vía de indemnización de daños y perjuicios la expresada suma de quince dólares diarios a partir de- la fecha del accidente hasta que se dicte sentencia con más las costas, gastos, intereses y honorarios de abogados.”

La parte demandada insistió en que su contrato no le obli-gaba a levantar el embargo y en que la reparación que hizo era ■ adecuada. Y así fue el pleito a juicio resolviéndolo la corte en favor del demandante. Es conveniente transcribir en sú totalidad la opinión de la corte. Es como sigue:

“En este easo el demandante reclama el cumplimiento de un contrato y a la vez indemnización por daños sufridos a virtud de incumplimiento del mismo contrato, por parte de los demandados. Se trata de una póliza de seguros de automóviles. A virtud de ella, el demandado viene obligado a proteger al asegurado, aquí deman-dante, contra pérdidas o daños que pueda sufrir el automóvil ase-gurado a consecuencia de un choque con otro carro u objeto, teniendo derecho el asegurado a una reparación adecuada al carro asegurado.
“Alega el demandante que esta condición de la póliza no ha sido cumplida, por cuanto el automóvil del demandante que sufrió un choque con otro, no ha sido adecuadamente reparado. Sobre este punto, creemos que la reparación hecha por cuenta de la demandada al carro del demandante no es una reparación adecuada, pues según declaración de los expertos mecánicos prestada en el juicio, no todas las piezas averiadas fueron sustituidas por otras nuevas,- por el contrario, una de ellas, de mayor importancia, fué remendada en forma tal, que si bien permite el uso del automóvil, éste ba sido de-preciado. Entendemos que la frase ‘reparación adecuada’ usada en la póliza de seguro, implica una sustitución de piezas averiadas por piezas nuevas, y no un remiendo de las.piezas averiadas.
“Por otra parte, el demandante alega que el contrato ba sido incumplido por la demandada, toda vez que no le ba protegido, de acuerdo con la póliza, contra un embargo decretado en un pleito pro-movido por el dueño del otro automóvil, a consecuencia del mismo choque. Se demostró en el juicio que el automóvil del demandante fué embargado por orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, y que a virtud de tal embargo el demandante ba sido privado del uso del auto, viéndose precisado a alquilar otros fre-cuentemente para realizar sus negocios habituales.
“Una de las condiciones de la póliza que constituye el contrato entre las partes, dice así: ‘Este riesgo cubre al asegurado contra cualquier acción judicial por parte de persona o personas cuyas pro-piedades hayan sufrido a consecuencia de un choque con el carro asegurado. En este caso, a instancias, de don Adolfo Mesorana, persona cuyo automóvil sufrió averías a consecuencia del choque con el del demandante Molina, se decretó el embargo, y en cumplimiento de la orden de embargo se privó al demandante del uso de su auto-móvil, sin que la demandada Porto Rico Lloyd’s le haya protegido tratando de levantar el embargo, y permitiéndole así el libre uso de su carro.
“Entendemos que los términos en que está concebida la condi-ción preinserta de la póliza, son tan claros, que no dejan lugar a dudas. El embargo es un procedimiento judicial civil, y está com-prendido en las frases ‘contra cualquier acción judicial’ contenida en la póliza. La compañía aseguradora está en el deber de proteger al dueño del carro asegurado contra un embargo, ya prestando la fianza requerida para levantarlo, o por cualquier otro procedimiento legal que surta el mismo efecto. Se ha negado a ello. Creemos, .por tanto, justo que indemnice al demandante de los daños sufridos por no haber cumplido la compañía aseguradora esa condición del con-trato. La suma de $400 es una suma razonable para indemnizarle por ese perjuicio.”

La parte dispositiva de la sentencia apelada, dice:

“ * * # la corte dieta sentencia declarando con lugar la de-manda y en su consecuencia ordena a la demandada Porto Rico Lloyd’s o a sus agentes Sobrinos de Ezquiaga: — Primero: que baga por su cuenta una reparación adecuada al automóvil asegurado, sus-tituyendo las piezas averiadas por piezas nuevas. — Segundo: que pague al demandante en concepto de indemnización de daños y per-juicios, la suma de cuatrocientos dollars ($400). — Teroero: que prac-tique las diligencias necesarias para levantar el embargo trabado sobre el automóvil del demandante, a que se refiere este pleito, de modo que le sea entregado libre de todo gravamen; debiendo la de-mandada pagar al demandante cinco dólares ($5) por cada día que transcurra desde la fecha de esta sentencia, sin poner el automóvil a la libre disposición de dicho demandante. — Cuarto: que la deman-' dada pague las costas y honorarios del abogado del demandante en este, caso.”

La primera cuestión que debe estudiarse es la relativa al embargo. Sostiene la apelante que ella estaba por su con-trato comprometida a satisfacer la sentencia que pudiera dic-tarse en contra del demandante pero nada tenía que ver con el embargo.' No tiene razón a nuestro juicio la apelante. El embargo es un incidente de la acción judicial entablada contra el demandante y si la demandada prometió cubrir al de-mandante contra cualquier acción judicial, claro es que la protección debe extenderse al incidente. Si a la demandada correspondía satisfacer la sentencia, correspondía también a ella, y no al demandante, garantizar el pago de la misma.

La primera parte del tercer pronunciamiento de la sen-tencia, es correcta. ¿Lo es la segunda o sea la que manda pagar cinco dólares por cada día que transcurra desde la fecha de la sentencia, sin poner el automóvil a la libre dis-posición del demandante1? A nuestro juicio se impone una respuesta negativa y para fundarla basta invocar el caso de Sucesores de Oliva y Cía. v. J. Matienzo y Cía., 13 D. P. R. 293. Transcribimos del resumen lo que sigue:

“Al estimar los daños y perjuicios ocasionados por el incumpli-miento de un contrato de duración continuada, como para la entrega de cierta cantidad de leche diaria, el tribunal no debe apreciar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse en lo futuro, es decir, entre el día en qne se presentara la demanda y aquél en qne se haya fijado como Yencimiento del contrato, pues no es posible afirmar qne el .incumplimiento haya de subsistir, o que no pueda ocurrir algún accidente inevitable suficiente a excusar la falta de cumplimiento; la indemnización debe, pues limitarse a los perjuicios ocasionados hasta la fecha de la presentación de la demanda.
“De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior, ei demandante tienq derecho a entablar una nueva acción por los daños que puedan habérsele ocasionado después de la fecha de la presen-tación de la demanda.”

2. Veamos ahora el primer pronunciamiento de la senten-cia, o sea si se hizo o no una reparación adecuada. No esta-mos conformes con el criterio absoluto expresado por el juez sentenciador en su opinión en el sentido de que sea siempre necesario sustituir por piezas nuevas las averiadas. Si en vez de decir averiadas hubiera dicho rotas, o averiadas de tal modo que fuera imposible volverlas a su condición pri-mitiva, sería distinto. Y en realidad de verdad lo último es lo que demuestra la prueba que ocurrió en este caso. De ahí que no constituya error perjudicial el indicado. No ya la prueba del demandante, sino la propia prueba de la deman-dada demostró que, por lo menos en cuanto al chassis, la re-paración no fué adecuada.

Reparar, según la misma jurisprudencia citada por la ape-lante, significa restaurar a su condición primitiva, y un chassis roto, partido, no queda reparado adecuadamente, esto es, restaurado a su condición primitiva, haciéndole un refuerzo interior con remaches como se hizo en este caso.

3. Examinemos el segundo pronunciamiento. En casos de esta naturaleza cuando la compañía aseguradora cumple fiel y rápidamente sus deberes en cuanto a la reparación, ge-neralmente no existen daños y perjuicios por el no uso del auto durante el período de la reparación, Pero cuando la compañía dilata el cumplimiento de su deber, cuando la re-paración no es adecuada, cuando por otras causas a ella im-putables impide que el dueño derive el beneficio positivo que estaba derivando del uso de su carro, claro es que pro-ceden los daños y perjuicios. La corte de distrito apreció aquí esos daños en cuatrocientos dólares. Hemos revisado la prueba y sólo encontramos base para ciento diez y seis dólares.

4. El cuarto pronunciamiento o sea el relativo a las costas, debe confirmarse.

Confirmada en forte y en parte revocada,

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Asamblea Municipal de Guánica, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la corte de Distrito de Ponce en procedimiento de certiorari. — Moción sobre eliminación y desestimación de apelación.
    No. 2661.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Pliego de Excepciones • — ■ Exposición del Caso — Íranscripción — Desestima-ción de Apelación.' — Aquellos documentos que no forman parte del legajo de la sentencia conforme al artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil, sólo pueden ser traídos ante el Tribunal Supremo mediante un pliego de ex-posición del caso o de excepciones aprobado por la corte inferior o mediante una transcripción beeha por el taquígrafo y aprobada en igual forma, y de no serlo deberán ser eliminados; lo cual, sin embargo, no será motivo para desestimar la apelación, pues según jurisprudencia constante aun a falta de exposición del caso o pliego de excepciones pueden ser discutidas y resueltas las cuestiones que surjan de las alegaciones.
    ■Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. B. Arjona Siaca.

    Abogados de los apelados: Sres. D. Sepulveda y J. Rosario Gelpí.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido establecida en nn procedimiento de certiorari contra sentencia de la corte inferior por la cnal se annla nn acuerdo de la Asamblea Municipal de Guániea que separó al peticionario de su carg*o de Comisionado de Instrucción Pública de aquel municipio.

En la transcripción certificada por los abogados de las partes que se nos ba presentado para resolver la apelación se bailan las alegaciones, fallo y apelación, y en las páginas 23 a la 86 se encuentran los cargos formulados contra el pe-ticionario ante la Asamblea Municipal de Guániea y las dili-gencias por ésta practicadas que culminaron en su destitu-ción, todo lo que el secretario de la asamblea municipal en copias certificadas remitió a la corte por orden de ésta; y por haberse traído esas actuaciones ante nosotros sin formar parte de una exposición del caso o de un pliego de excep-ciones aprobado por la corte inferior se nos pide que elimi-nemos dichos documentos de la transcripción y que desesti-memos la apelación porque sin ellos no hay materia para resolver la apelación.

Los documentos cuya eliminación se nos pide no forman parte del legajo de la sentencia de acuerdo con el artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil y por esto la manera como pueden ser traídos ante nosotros es mediante un pliego de exposición del caso o de excepciones aprobado por la corte inferior o mediante una transcripción hecha por el taquígrafo, aprobada también por la corte inferior; y como no han sido traídos en alguna de estas formas no podremos tomarlos en consideración y deben ser eliminados de la transcripción.

A pesar de tal eliminación no desestimaremos la apela- ■ eión porque pueden ser discutidas y resueltas las cuestiones ' que surjan de las alegaciones, según hemos resuelto en varios casos.

Con lugar la moción del apelado en cuanto a la eliminación y sin lugar la desestimación de la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Simons Hardware Company, Demandante y Apelada, v. Healy & Siebert, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero (tras-lado del caso).
    No. 2745.
    Resuelto en julio 28, 1922.
    Traslado — Sustitución de Partes. — Cuando el demandado tiene derecho al tras-lado del pleito a la corte de su domicilio, ocurrida su muerte, sus herederos pueden solicitar y obtener el traslado aunque no hayan heeho moeión formal para sustituir a su causante.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada: Sr. E. F. Besosa.

    Abogado de la apelante: Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Simons Hardware Company demandó en la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, a Healy & Siebert, compuesta por los socios gestores Jobn J. Siebert y Jobn Doe para cobrarle cierta cantidad de dinero por mer-cancías que alega baber vendido a la demandada desde marzo 23 basta noviembre 21, 1920, a cuatro meses plazo, y que no le ban sido pagadas.

Compareció en el pleito Concepción Milanta por sí y en nombre de sus bijos, todos menores de edad, para pedir el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Mayagüez y en la declaración jurada que presentó expuso que su esposo Jobn Jacob Siebert falleció a los ocho días de baber sido citado personalmente para comparecer en este pleito; que ella y sus bijos, cuyos nombres y edades relaciona, constituyen su-sucesión; que la residencia de la sociedad Healy & Siebert, la de John Jacob Siebert y la de la compareciente y sus hijos es y ha sido por más de siete años la ciudad de Mayagüez; que la sociedad Healy & Siebert estaba formada por su es-poso John Jacob Siebert y por Archibald L. Healy, pero que éste transmitió a aquél sus derechos en la sociedad hace más de cinco años, siendo desde entonces John Jacob Siebert hasta su muerte el único dueño de todo el activo y pasivo de dicha mercantil Healy & Siebert y el único que ha venido haciendo negocios desde entonces con el nombre de esa razón social; que Archibald L. Healy después del traspaso que hizo al otro socio se ausentó de esta Isla desde hace cinco años, y que todos los derechos, acciones, título e interés de la sociedad Healy & Siebert han pasado por el fallecimiento de John Jacob Siebert a sus herederos comparecientes. También se dice en esa declaración jurada que sus abogados a quienes han expuesto su caso le manifiestan que tienen una buena defensa y que comparece en este procedimiento para susti-tuir a su esposo y pedir el traslado del pleito.

Se opuso la demandante a la petición de traslado y la corte lo denegó fundándose en que la compareciente y sus hijos no son partes en el procedimiento porque no se ha pe-dido la sustitución de la parte demandada, si es, como se alega, que Mr. Siebert murió y que la señora Milanta y sus hijos componen su sucesión.

Como la declaración jurada de Copnepción Milanta no ha sido contradicha por la parte demandante y como de ella aparece que John Jacob Siebert fué citado en este pleito como socio gestor de Healy & Siebert; que murió; que su viuda ó hijos comparecientes son sus herederos; que tanto estas personas como John Jacob Siebert y la sociedad Healy & Siebert tienen y han tenido por varios años su residencia en la ciudad de Mayagüez, y que John Jacob Siebert era el único interesado en la razón social demandada cuando fué con-traida la obligación cuyo pago se reclama, llegamos a la con-elusion de que ejercitándose en este pleito una acción personal, los comparecientes tienen derecho a que el pleito sea trasladado a la Corte de Distrito de Mayagüez, aunque no ha-yan hecho una moción formal para sustituir a su cansante porque esta diligencia puede tener lugar en la corte de su domicilio.

La resolución apelada debe ser revocada y ordenarse el traslado del pleito.

Revocada la resolución apelada y ordenado él traslado del pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez 'Asociado Se. FeaNoo Solo,

text:
    López, Peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Guayama, Hon. Angel Arroyo, Juez.
    No. 378.
    Resuelto en julio 29, 1922.
    Aumentos — Desacato.—La desobediencia a una orden firme concediendo alimen-tos puede ser castigada en procedimiento por desacato.
    Cortes — Facultad de las Cortes para Proceder en CImara — Alimentos.—-Las cortes de distrito tienen poder para despachar y resolver en cámara una orden citando al marido demandado para que comparezca a mostrar causas por las cuales no debe ser castigado por desacatar una orden firme que Le impuso el pago de una pensión alimenticia a su esposa demandante en divorcio.
    Divorcio — Sindicatura—Sociedad de Gananciales. — -Atendidos los términos del artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil las cortes tienen facultad para nombrar síndicos que tomen posesión de bienes que corresponden a la sociedad de gananciales) en cualquier estado del pleito de divorcio y durante la sustanciación 'del mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sra. H. Tormes.

    La parte demarjdada no compareció.
   El Juez 'Asociado Se. FeaNoo Solo,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito de divorcio seguido en la Corte de Distrito de Guayama por Margarita Coll v.. Carmelo López Barros, dicha corte, a moción de la demandante, concedió una pen-sión alimenticia mediante la siguiente orden, que dice:

“Para la vista del incidente sobre pensión alimenticia en el caso arriba titulado, compareció la demandante asistida de su abogado Martínez Dávila, no habiendo comparecido el demandado: Exami-nada la prueba aportada por la parte compareciente y justificada la necesidad de la pensión alimenticia solicitada por la demandante, la'corte ordena que el demandado Carmelo López Barros, pase a la demandante por conducto de la secretaría de este tribunal una pen-sión alimenticia mensual de sesenta dólares, a contar de esta fecha; Disponiéndose, que esta orden sea notificada al demandado mencio-nado para que proceda a cumplir lo dispuesto en la misma. — Dada en Guayama, P. R., hoy 12 de mayo de 1922. — (F.) Angel Arroyo, Juez del Distrito.”

Después de dictada la orden transcrita, la demandante se quejó ante la corte inferior de que el demandado no había cumplido la resolución sobre alimentos y la corte otra vez por orden de 30 de junio de 1922 dispuso que el demandado compareciera en cámara (at chambers) el día 7 de julio de 1922 para que mostrara causa por la cual no debiera ser castigado por desacato, la cual orden literalmente, en la parte pertinente, dice:

“Poe cuANTp, la demandante Margarita Coll nos ha informado, mediante declaración jurada al efecto, de que usted, el demandado antes mencionado, no le ha entregado hasta la fecha, ni personal-mente, ni por conducto del secretario de esta-corte, ni por ningún otro conducto, cantidad alguna de dinero, en desobediencia a lo orde-nado por esta corte el citado día doce de mayo ppdo.
“Pos tanto, se requiere a usted, Carmelo López Barros, el de-mandado supramencionado para que sin excusa de ningún género comparezca ante nos, el juez que provee, en su despacho sito en el edificio de este tribunal ubicado en la calle de Hostos No. 16, a las diez de la mañana del día siete de julio de 1922, a exponer las eau-sas,' si alguna tuviere, por la que no deba ser condenado por desa-cato. — Así lo ordenamos y firmamos de nuestro puño y letra y bajo el sello oficial de la corte, en nuestro despacho, en la ciudad de Gua-yama, P. R., boy día 30 de junio de 1922. — (F.) Angel Arroyo, Juez del Distrito.”

Por otra moción, a nombre de la demandante, solicitando el nombramiento de nn síndico para qne tome posesión de los bienes de la sociedad conyugal durante la sustanciación del pleito de divorcio, la corte accedió al nombramiento soli-citado dictando la sig’uiente orden que copiamos:

“Vista la moción presentada por la demandante interesando el nombramiento de un síndico, la moción sobre oposición presentada por el demandado y el escrito de la demandante proponiendo para el referido cargo de síndico a Jesús Rivera; oída la prueba prac-ticada y que ofreciera la demandante, no habiendo ofrecido alguna el demandado, que fué debidamente citado y notificado para la vista de dicha moción, la corte decreta y ordena el nombramiento de Jesús Rivera, como síndico' de los bienes muebles pertenecientes a la socie-dad de gananciales habida entre Carmelo López Barros, demandado y Margarita Coll, demandante, debiendo prestar el debido juramento del cargo y una fianza por la suma de quinientos dollars ($500) para responder del fiel cumplimiento de los deberes y obli-gaciones correspondientes a dicho cargo. — Notifíquese a las partes y a sus abogados. — Dada en Guayama, Puerto Rico, hoy 19 de junio de 1922. — -(F.) Angel Arroyo, Juez de Distrito.”.

En virtud de los procedimientos que acabamos de rela-cionar, el peticionario ba interpuesto el presente recurso de certiorari para que sean revisadas las actuaciones de la corte inferior y para que se dicte cualquier resolución conforme con la ley y los hechos que aparezcan justificados ante esta corte.

El auto preliminar fué expedido y tenemos ante noso-tros el record original, así como los alegatos de una y otra parte interesada en este caso.

El peticionario, con respecto a la orden para mostrar causa por la cual no debiera ser castigado por desacato, alega: Primero. La corte inferior no tenía facultad para proceder en cámara en ese caso, y sí en corte abierta, tal como dispone el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, y la Enmienda Sexta de la Constitu-ción de los Estados Unidos; segundo, porque el demandado no se ba negado obstinadamente ni en ninguna otra forma a cumplir orden alguna legal de la corte inferior; y tercero, porque de acuerdo con las disposiciones del artículo 164 del Código Civil, cualquier orden de la corte puede ser ejecu-tada en alguna forma por un funcionario ejecutivo dentro del procedimiento para liacer efectivo los alimentos; y que, por' la orden de la corte, queda constituido el demandado en lugar y sitio de un deudor, y cualquier sentencia que la corte dicte en este procedimiento, equivaldría a un castigo en contra del demandado, por deuda, lo que es contrario a la Constitución de los Estados Unidos

Los fundamentos del peticionario constituyen una asig-nación de errores y los examinaremos por el mismo orden que ban sido presentados.

1. El artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil apro-bado en marzo 1°., 1904, tal como fué enmendado en marzo 8, 1905, dice:

“Art. 22. — Los jueces de distrito podrán dictar en sus despachos, si así se solicitare:
“,(») Las providencias, autos y órdenes de todo género que sé insten en los asuntos év parte, o sea en aquellos en que no exista contienda.
“(ó) Los autos de mandamus, certiorari, inhibitorios y prohibi-torios.
“ (c) Las providencias, autos interlocutorios, y toda resolución afectante al procedimiento o encaminada a asegurar la efectividad de la sentencia, que se soliciten antes de contestar la demanda o des-pués de contestada, y también en el período de ejecución de sen-tencia.
“En los casos a que se contraen los apartados letras (b) y (o) la parte o partes que se consideren agraviadas, podrán dentro de los cinco días siguientes oponerse a la resolución recaída, y la opo-sición así suscitada, se resolverá por el juez, también en su despacho, dentro de un plazo máximo de diez días, a contar de la fecha en que se presentare la oposición.”

La enmienda introducida al artículo transcrito en rela-ción eon el original lia consistido en la adición del inciso letra (c). Esto quiere significar que se ampliaban las fa-cultades de los jueces para despachar en cámara providen-cias, autos interloeutorios y toda resolución afectante al pro-cedimiento o tendente a ásegurar la efectividad de una- sen-tencia.

La resolución de la corte inferior de fecha 12 de mayo de 1922 concediendo alimentos y la que fue expedida no estando la corte en vacaciones, no fué apelada, y es una orden.exi-gible por ser firme. Cualquiera que sea el remedio que la ley permita para su ejecución, nuestra conclusión es que la corte inferior tiene poder para despachar en cámara toda orden que se encaminara a asegurar la efectividad de la re-solución final que se había dictado sobre alimentos.

2. La orden de la corte inferior para mostrar causa, de fecha 30 de junio de 1922, se basa en que el demandado se ha negado o ha sido negligente en cumplir la • orden conce-diendo alimentos. Se puede notar que esta es una cuestión que versa sobre apreciación de hechos que no pueden ser re-visados por certiorari. Toda la argumentación del peticio-nario en. relación con ese extremo carece de todo interés legal en este recurso.

3. No vemos la pertinencia ni la apropiada conexión que pudiera tener el artículo 164 del Código Civil que cita en su solicitud el peticionario. Ese artículo se refiere a las cau-sas de divorcio que establece nuestro Código Civil y nos pa-rece que es una cita equivocada. De todos modos el peticio-nario sostiene que la orden concediendo alimentos puede ser ejecutada por un funcionario ejecutivo y que el castigo que pudiera imponérsele al demandado equivaldría a una sen-tencia por deuda. Esta es una cuestión que no se discute por primera vez ante este Tribunal. En el caso de Frau v. Canals, 8 D. P. R. 120, citado por el peticionario en apoyo de su teoría, se resuelve la misma cuestión. Pero el punto que se nos impone discutir abora es examinar si en la época en que se resolvió aquel caso las disposiciones legales vigen-tes así lo exigían y si en la actualidad aún siguen subsisten-tes los principios sustentados en aquella sentencia. El caso se originó el 27 de octubre de 1903 antes de la implantación del vigente Código de Enjuiciamiento Civil. El código re-ferido empezó a regir el Io. dé marzo de 1904 y es un cuerpo legal esencialmente americano. En 1903 ya regía el Código Civil Revisado que si bien en su totalidad casi reproducía el Código Civil Español, sin embargo en materia de divorcio in-troducía innovaciones fundamentales en nuestras leyes. Se creyó entonces por el tribunal inferior de Arecibo, aplicando un principio de ley internacional, que a un país cedido y en el que se establecían leyes del país soberano, éstas se habían de interpretar de acuerdo con las instituciones, espíritu y jurisprudencia de este último, el que permitía exigir el co-bro de una pensión alimenticia mediante un proceso - por desacato. No obstante, esta corte revocó el fallo de la corte inferior fundándose en que solamente se trataba de fijar el procedimiento que ba dé seguirse en un caso determinado, sobre el cual la Ley Procesal (Ley de Enjuiciamiento Civil Española) es clara y no ofrecía dudas ni dificultades de nin-guna especie, y el procedimiento fijado era el procedimiento de apremio.

Pero actualmente tenemos una nueva ley procesal. En esta ley se encuentran los medios para obligar al cumpli-miento de una orden como la dictada en 12 de junio de 1922 sobre alimentos.

El artículo 28 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, dice:

“Art. ,28. — Todo funcionario judicial tiene facultad:
“2. Para obligar a la obediencia de sus órdenes legales, según se dispone en este Código; #

Y el artículo 29, dice:

“Para el ejercicio efectivo de las facultades conferidas por el precedente artículo a un funcionario judicial puede éste castigar por desacato en los casos dispuestos en este código.”

Según esos preceptos el medio que autoriza la ley para hacer obedecer una orden como la que es objeto de este re-curso no puede tener el carácter alternativo ni supletorio, ya que la ley procesal anterior quedó derogada en todos aquellos preceptos que resultaran inconsistentes o incompatibles con la presente, y porque además es una medida defi-nida e independiente que se establece por la vigente Ley Pro-cesal. De manera que el caso de Frau v. Canals, supra, ci-tado por el peticionario, no tiene aplicación después de la promulgación del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, por-que diebo caso se originó en 1903 al amparo de los procedi-mientos que eran regulados por la antigua Ley de Enjuicia-miento Civil Española, siendo por el contrario de completa aplicación la teoría que en aquella ocasión trató de introdu-cir en nuestra jurisprudencia el tribunal colegiado de Are-cibo y cuyas principales consideraciones fueron las siguien-tes :

“Considerando que la Corte Suprema de Puerto Rico, en varias ■ocasiones, ba sentado l'a jurisprudencia de que para interpretar y llevar a efecto las leyes de divorcio en Puerto Rico, debe acudirse a la jurisprudencia de los Estados Unidos, y en la sentencia de 20 de febrero de 1902, en el pleito de divorcio de María del Carmen Marimón contra su esposo Francisco Pelegrí, declaró: que cuando el Congreso de los Estados Unidos dió a Puerto Rico un sistema de leyes referentes a matrimonio y divorcio, en muchos puntos en completo conflicto con las leyes vigentes en la Isla, al firmarse el Tratado de París, existió claramente la intención de que estas leyes se parecieran en teoría y método a las vigentes en los Estados Uni-dos, y qne debieran ser administradas y llevadas a efecto de acuerdo con los principios de jurisprudencia americana, e interpretadas de la misma manera.
“Considerando que por esta razón el tribunal para hacer efec-tivo el pago de la cuota alimenticia no está limitada al procedimiento señalado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que puede escoger entre éste y el modo de proceder señalado por la jurisprudencia de los Estados de la Unión.
“Considerando que en la jurisprudencia americana, el modo más prominente de obligar al pago de la pensión alimenticia, es mediante un proceso por desacato, según lo afirma el autor Bishop, autoridad en esta materia, en el párrafo 1092 del tomo segundo de su Obra sobre matrimonio, divorcio y'separación, y se desprende de las mu-chas sentencias en el mismo párrafo citado.
“Considerando que a menos que se explique la dilación en el cobro, los tribunales generalmente no obligan de este modo al pago de cantidades debidas desde más de un año, como dice el mismo autor, en el párrafo 1098 del Tomo y Libro ya referidos.
“Considerándose: que en el presente caso, está tanto más acer-tado este procedimiento, porque de los pleitos seguidos entre las mismas partes, aparece claramente la intención del demandado Canals de resistir y burlar el mandamiento de la corte y evitar a todo trance el pago de las mensualidades que adeuda a su esposa.”

La teoría sustentada por la Corte de Distrito de Areeibo en 1903 pudo ser prematura, pero los principios siempre sub-sisten ; y cuando se fundan en una teoría realmente humana, tienen que prevalecer. La ejecución para que se haga efec-tiva una orden sobre alimentos es más o menos dilatoria, su dilación traería graves injusticias, porque se trata de alimen-tos, y su negación, como necesidad perentoria que no admite-prórroga, afectaría la vida misma de las personas necesita-das ; lo cual sería tanto más lamentable y reprochable cuando en el matrimonio existe prole. Así es que en el Common Law, que es la fuente de inagotables remedios que descansan en principios de derecho natural, se recurrió a un procedimiento, más enérgico, como lo es el desacato, no precisamente para que se haga el cobro de la pensión alimenticia, sino para cas-tigar principalmente la inhumana negiig’encia de la persona que rehúsa el cumplimiento de órdenes judiciales de la natu-raleza de la que tratamos, acordando alimentos. Tal proce-dimiento hoy lo autoriza la ley y debemos sostener la acción de la corte inferior.

La segunda orden, que solicita el peticionario que revi-semos por el presente recurso, es la que dispone el nombra-miento de un síndico que tome posesión de los bienes ganan-ciales, para que sean administrados bajo la dirección de la corte, basta la terminación de la acción de divorcio.

No creemos que nuestros estatutos ofrezcan dificultades para resolver esta cuestión levantada por el peticionario, ni tampoco es materia nueva que por primera vez se presente a nuestra consideración.

El número Io. del artículo 182 del Código de Enjuicia-miento Civil vigente, dice:

"Art. 182. — Un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente o se baya fallado, o por el juez de dicha corte:
"1. En una acción entablada por un vendedor para anular una compra fraudulenta de bienes, o por un acreedor para someter a su reclamación cualesquiera bienes o fondos, o entre socios, u otras personas que en común posean o estén interesadas en bienes o fon-dos, mediante solicitud del demandante o de cualquiera parte, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos o productos de los mis-' mos sea presumible, siempre que se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir daños de conside-ración. * * * ”

Los bienes gananciales pertenecen a la sociedad conyu-gal, y ya que se considere a ambos cónyugés como socios de dicha sociedad, o que dada la naturaleza del matrimonio, se entienda que dichos bienes están poseídos en común por ellos como interesados en los mismos, es incuestionable, conforme a la disposición anterior, la facultad de las cortes para nom-brar síndicos que tomen posesión de bienes que correspon-den a la sociedad de gananciales, en cualquier estado del plieto de divorcio y durante la snstanciación del mismo. Si no dispusiéramos de esta medida no encontraríamos protec-ción en la ley para evitar el fraude en caso de que cualquiera de los cónyuges, en una acción de divorcio, tratara de tras-pasar los bienes muebles o corrieran el peligro de perderse o de sufrir daños de consideración.

El caso que cita el abogado de la demandante, de Vázquez Prada v. Dávila, 22 D. P. R. 705, tiene relación Con la cues-tión aquí debatida pero el de Masson v. Campillo, 28 D. P. R. 428, es más reciente y de estricta aplicación al presente.

' Por las precedentes consideraciones, debe anularse el auto expedido.

Anulado él auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

text:
    Gandía, Peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Hon. Charles E. Foote, Juez.
    No. 380.
    Resuelto en julio 29, 1922.
    Reconsideración de Sentencia — Sentencia Dictada en Reconsideración.-— Una vez que una sentencia de la Corte Suprema ha sido reconsiderada y se ha señalado una nueva vista, tal sentencia queda anulada y el pleito se re-, suelve por la nueva sentencia que se dicte.
    Ejecución de Sentencia — Apelación—Suspensión de Ejecución. — La mera ad-misión de un recurso de apelación establecido contra una sentencia dictada por la Corte Suprema, no suspende la ejecución de dicha sentencia. La eje-cución queda suspendida cuando prestada y aprobada la fianza señalada para ella, así se ordena.

      Jd. — Nulidad—Certiorari.—No constando que la orden de ejecución de la sen-tencia se librara por la Corte de Distrito y el cumplimiento de la misma se llevara a efeeto con posterioridad a la aprobación de la fianza de suspensión por la Corte Suprema, no obstante haberse realizado todos dichos aetos el mismo ijlía, erró la Corte de Distrito al resolver que su orden de ejecución era nula y el error cometido puede corregirse en certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado de la parte contraria: Sr. G. Cruzado Silva.

   El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Gandía, el 22 de julio actual, presentó en esta corte una colicitud de certiorari. El auto fué expedido y señalada la vista para el 28. Asistieron el peticionario por su abo-gado y la Porto Eico Fertilizer Company por el suyo y el caso quedó sometido a la consideración y resolución del tribunal.

De la solicitud y de la contestación, y de los autos origi-nales en el pleito No. 9463, Pedro Gandía v. Porto Rico Fertilizer Company, sobre cobro de dividendos, elevados por la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, a virtud del auto, resulta lo que sigue.

El 8 de julio de 1922 el Secretario de esta Corte Suprema remitió al de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Dis-trito, copias certificadas de las sentencias y opiniones del Tribunal Supremo de 24 de abril y 3 de julio de 1922 en el caso No. 2474, Pedro Gandía v. Porto Rico ertilizer Company.

El once de julio Pedro Gandía por su abogado presentó a la corte de distrito un escrito cuya súplica dice:

“Suplica a la corte se sirva ordenar el cumplimiento de la sen-tencia del Tribunal Supremo en este pleito y la ejecución de la misma. disponiendo que por el secretario de esta corte se expida el corres-pondiente mandamiento para que dicha ejecución tenga efecto contra los bienes de la corporación demandada hasta hacer pago al de-mandante del capital de ocho mil doscientos treinta y cuatro dollars, seis centavos y los intereses de esta suma, al seis por ciento anual desde el veinte y ocho de febrero de mil novecientos diez y siete hasta el completo pago de la deuda.”

En el cuerpo del escrito se liace referencia a la senten-cia dictada por la corte de distrito en el pleito el 28 de octu-bre de 1920 y se expone que:

“Apelada dicha sentencia, el Tribunal Supremo, resolviendo el recurso de la demandada por su sentencia de 24 de abril de 1922, confirmó el fallo inferior en cuanto condena a la Porto Rico Fertilizer Company a pagar al demandante la expresada suma de $8,234.06 dollars más los intereses de este capital al tipo del seis por ciento anual desde la feeba antes expresada y las costas del pleito. Esta sentencia fué confirmada en todos sus extremos por la del mismo Tribunal Supremo de fecha tres del corriente mes de julio. ’ ’

En 13 de julio la corte de distrito libró la orden de eje-cución de su sentencia de 28 de octubre de 1920 “confirmada, en apelación por el Tribunal Supremo de Puerto Eico en su sentencia de 24 de abril de 1922.” En la orden no se cita la sentencia de 3 de julio.

La orden fué inmediatamente cumplida' entregándose por el marshal a Pedro G-andía la suma de $10,889.52. Así las cosas, en un escrito que no tiene fecha, la Porto Eico Fertilizer Company pidió a la corte de distrito que anulara el mandamiento y ordenara la restitución del dinero entregado a Gandía, basándose en:

“Que el día 12 de julio de 1922 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a virtud de escrito de apelación debidamente interpuesto contra la sentencia de dicho tribunal por esta demandada para ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, admitió dicha apela-ción, suspendiendo la ejecución de la sentencia, según copia certi-ficada de dicha orden que se une a esta moción.
“Que el demandante, a pesar de dicha orden, y aprovechándose de que la misma no había sido notificada a esta corte, gestionó fes-tinadamente y obtuvo una orden de ejecución, y la hizo cumplir por el marshal, tomando del American Colonial Bank dinero efectivo propiedad de la demandada por más de diez mil dollars.
‘ ‘ Que al dictarse dicha orden de ejecución esta corte había per- > dido su jurisdicción sobre el caso, por virtud de la indicada orden del Tribunal Supremo.”

La corte de distrito oyó a los abogados de ambas partes y el 15 de julio dictó la orden que sigue:

“Vista la moción de la demandada solicitando la restitución de ciertas cantidades que obtuvo el demandante mediante la orden de ejecución dictada por esta corte el día 13 de julio, 1922, y su dili-geneiamiento por el marshal en el mismo día, oídos los argumentos de ambas partes debidamente representadas por sus abogados, la corte ordena que Pedro Gandía el demandante, deposite inmediata-mente en la secretaría de esta corte la suma de dinero recibida por virtud de dieba ejecución montante a diez mil novecientos cincuenta y seis dollars, setenta y cinco centavos ($10,956.75), para que sea entregada a la corporación demandada; por cuanto la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que decide las materias en litigio entre ambas partes, y contra la cual puede establecerse un • recurso de apelación legal es la dictada en 3 de julio de 1922; y por cuanto la orden del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1922 fué dictada con anterioridad a la orden de ejecución de esta corte, por lo cual tanto la orden de ejecución como la ejecución en sí, son nulas y ca-recen de valor alguno.”

Pedro Gandía solicitó de la propia corte de distrito la reconsideración de la orden que antecede, y habiéndole sido negada interpuso el presente recurso de certiorari alegando que dicha orden es enteramente nula por haber sido dictada sin jurisdicción y en contra del debido procedimiento de ley.

Para formar una idea exacta de los hechos, conocidos los procedimientos en la corte de distrito, es necesario expo-ner los que tuvieron lugar en la Corte Suprema.

El 24 de abril de 1922 esta corte dictó en el caso de que se trata, la siguiente sentencia:

“Por los fundamentos consignados en la anterior opinión este tribunal resuelve revocar, como revoca, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en octubre 28, 1920, en cuanto por ella se ordena a la demandada a mantener en sus libros de acciones y de transferencia de acciones las sesenta acciones de la corporación demandada, y a tener y considerar a.l demandante como uno de los accionistas por las sesenta ac-ciones mencionadas, y a pagarle los dividendos que hayan de re-partirse por razón de los beneficios que tenga la corporación deman-dada; y confirmar, como confirma, la dicba sentencia en sus demás particulares. Comuniqúese en la forma y a los fines procedentes.”

Uno de los particulares confirmados fue aquél por virtud del cual se condenó a la demandada a pagar al demandante $8,234.06 y sus intereses, que le correspondían por dividen-dos. Otro el pago de las costas.

El 6 de mayo de 1922 la demandada solicitó la reconside-ración de la sentencia, y el 22 del propio mes la corte dictó una resolución que dice así:

"Por los motivos consignados en la opinión que antecede, se re-considera la sentencia dictada el 24 de abril de 1922 y se señala una nueva vista para el 5 de junio a las 2 P. M. para oir a las partes sobre el punto relativo a las costas y a si la sentencia de la corte inferior puede ser interpretada como sostiene la parte apelada en su moción de reconsideración.”

La resolución se fundó en una opinión cuyo párrafo final lee como sigue:

“El caso, por tanto, será nuevamente señalado y las partes po-drán informar sobre dos puntos, a saber, la cuestión de costas y de si la sentencia de la corte inferior puede ser interpretada como sos-tiene el apelado.”

Celebrada la nueva vista, el tribunal, el 3 de julio, dictó la siguiente sentencia:

“Por los fundamentos consignados en la opinión de esta corte de abril 24 de 1922 y en la que antecede la corte resuelve revocar, como revoca, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en octubre 28 de 1920, en cuanto por ella se ordena a la demandada a mantener en sus libros de acciones y de transferencias de acciones las sesenta acciones de la corpora-rión demandada, y a tener y considerar al demandante como uno de los accionistas por las sesenta acciones mencionadas, y a pagarle los dividendos que hayan de repartirse por razón de los beneficios que tenga la corporación demandada,- y confirmar, como confirma, la dicha sentencia en sus demás particulares. Comuniqúese en la forma y a los fines procedentes.”

El 8 de julio se comunicó lo resuelto a la corte senten-ciadora y el 11 de julio la demandada presentó un escrito apelando de la sentencia de 3 de julio para ante la Corte de Circuito de Boston. El 12 de julio se admitió la apelación y se fijó la fianza de trescientos dólares para costas y doce mil para obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia. El 13 de julio las fianzas se prestaron y la corte ordenó la suspensión. El 14 siguiente se cumplió la orden notificán-dola a la Corte de Distrito de San Juan. '

Disponemos de muy poco tiempo para emitir una opinión escrita. Los hecbos Rabian por sí mismos.

Ha Rábido una gran confusión entre las partes con mo-tivo de las dos sentencias dictadas. Una vez que una sen-tencia de esta corte fia sido reconsiderada y se lia señalado una nueva vista, tal sentencia queda anulada y el pleito se resuelve por la nueva sentencia que se dicte. Aquí se acordó la reconsideración pero en términos tales que señalaron un límite a las cuestiones a discutir en la nueva vista. Eso no obstante al dictar su nueva sentencia el tribunal tuvo buen cuidado de abarcar todos los extremos a fin de que dicha sentencia fuera como es la única que resuelve definitivamente el recurso. Pero lo ocurrido y el hecho de ser esencialmente iguales ambas sentencias explica la confusión del peticio-nario.

Insiste la demandada en que la orden de ejecución de 13 de julio dictada por la corte de distrito es nula porque se basa solamente en la sentencia sin existencia real de 24 de abril. Es cierto que en la orden se menciona solo la sen-tencia de 24 de abril, pero siendo cierto también que G-andía se basó en la de 3 de julio y que todos los antecedentes — co-pias de ambas sentencias y de las opiniones que las funda-mentan- — estaban ante la corte y sobre todo refiriéndose la corte correctamente a la ejecución de su propia sentencia con-firmada en ambas ocasiones, en el particular que se mandaba ejecutar, por la Corte Suprema, la omisión carece de impor-tancia.

Despejado este extremo, examinemos la cuestión fundamental envuelta. La orden de ejecución de la corte de dis-trito se libró- y ejecutó el 13 de julio. Si bien esta Corte Suprema admitió la apelación el 12 de julio, no fue hasta el 13 que ordenó la suspensión de la ejecución y hasta el 14 que su orden de suspensión se comunicó a la corte de distrito.

• La orden del 12 de julio no puede ser invocada. No sus-pendió la ejecución. La del 13 es la importante. No consta la hora del día 13 en que se dictó la orden de ejecución por la corte de distrito y se cumplimentó. Tampoco consta la hora en que se dictó la orden de suspensión por esta Corte Suprema. De todos modos es un hecho indiscutible que cuando la orden de ejecución fué librada por la corte sen-tenciadora y ejecutada por su marshal, ninguna orden de suspensión de la corte de apelación había sido recibida ni consta que hubiera sido dictada, y siendo ello así, ¿a base de qué puede sostenerse que dicha orden de ejecución y su diligenciado eran nulos?

No existía base sólida alguna. La corte de distrito dió a la, orden de 12 de julio de esta Corte Suprema, un alcance que no tenía. La mera admisión del recurso y fijación de la cuantía de la fianza que deba prestarse para la suspensión, no suspende la ejecución. La ejecución queda suspendida cuando prestada y aprobada la fianza, así se ordena.

Por virtud de todo lo expuesto debe anularse la orden de 15 de julio arriba transcrita y devolverse los autos a la corte inferior.

Anulada la orden de julio 15, 1922, declarando nula la orden de ejecución dictada el 13 de julio, 1922.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez -Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Acha, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Ponce, Hon. Charles E. Foote, Juez.
    No. 339.
    Resuelto en julio 29, 1922.
    Sociedad Civil —• Sociedad Mercantil — Responsabilidad de los Socios. • — • De acuerdo con las prescripciones del Código Civil la responsabilidad de un miembro de una sociedad civil respecto de las deudas de la sociedad no es idéntica a la exigida por el Código de Comercio a un miembro de una so-ciedad mercantil en este respecto.

      Certiorari — Apelación.—Si después de radicada una petición de certiorari y antes de la celebración de su vista la corte inferior dieta sentencia y queda per-feccionada una apelación contra la misma, el auto deberá ser anulado toda vez que el peticionario por virtud de la apelación tendrá amplia oportunidad para probar su dereebo, si alguno tuviere, al remedio solicitado en el proce-dimiento de certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del peticionario: Sres. L. Llorens y E. Rincón.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez -Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de enero de 1921 Emil Trautman estableció demanda contra la sociedad mercantil Trautman & Acha y los socios que la componen, George Trautman y Eduardo Acha, alegando en la misma que dicha compañía es una so-ciedad mercantil dedicada a la explotación de manganeso y mármol.

Eduardo Acha por su propio derecho “y como socio gestor de la sociedad mercantil Trautman y Acha” compareció formulando su contestación, alegando expresamente, entre otros particulares y en una contra-demanda, lo siguiente:

“Que el contra-demandante constituyó una sociedad mercantil eon George Trautman para dedicarse al negocio de explotación de minerales en la cual tenía el contra-demandante una participación de un 45 por ciento y George Trautman otra participación de un 55 por ciento, dividiéndose las pérdidas y beneficios en la misma proporción. ’ ’

En febrero 20, 1921, el demandado Acha presentó una moción sobre levantamiento de un embargo basada en los siguientes fundamentos:

“Primero: Que el compareciente es socio gestor de la sociedad demandada Trautman y Acba.
‘ ‘ Segundo: Que al presentar el demandante su demanda en este caso solicitó y obtuvo por vía de aseguramiento de la sentencia que pudiera recaer embargo de los bienes de los demandados en canti-dad suficiente a cubrir principal y costas, y con tal mandamiento de embargo el demandante señaló al marshal como bienes para ser embargados una casa propiedad privativa del compareciente y que no fué aportada a la sociedad, cuya propiedad se describe así: (des-cripción) .
“Tercero: Que dicha propiedad ha sido embargada como se deja dicho para asegurar la efectividad de la sentencia, y en este pleito aún no ha recaído sentencia y por consiguiente no ha llegado el caso de ejecución en cuyo trámite únicamente pueden ser embargados y ejecutados bienes privativos de los socios hecha excusión previa de los bienes de la sociedad.”

El alegato en apoyo de esta'moción expresa como único fundamento para ella que “el embargo es prematuro toda vez que no ha llegado aún el caso de excusión de los bienes sociales para que el acreedor pueda irse especialmente contra los bienes de los socios no aportados a la sociedad.”

Para sostener esta proposición el demandado se fundó enteramente en el artículo 127 del Código de Comercio y en la interpretación dada al mismo por la Corte Suprema de España en sus sentencias de diciembre 17, 1872, febrero 16, 1897 y junio 23, 1903.

El abogado del demandante en contestación citó el caso de Sucesores de M. A. Lamadrid & Cía. v. Martorell, 27 D. P. R. 599. La segunda apelación en el mismo caso, qne apa-rece reportada en el tomo 28 D. P. R. 879, no había sido resuelta entonces.

El párrafo primero de la exposición que hace el juez sen-tenciador al expresar sus razones para declarar sin lugar esta moción en su resolución de marzo 24,1921, es como sigue:

“Se trata de una acción en cobro de dinero contra la sociedad Trautman y Aelia, que es una sociedad mercantil colectiva, y contra sus socios, George Trautman y Eduardo Acha Calimaño. ”

En julio 5, habiendo sido sustituido el juez Rivera Zayas, que fué quien declaró sin lugar la moción citada en último término, por el juez Foote, el demandado volvió a solicitar el levantamiento del embargo, haciendo las siguientes ale-gaciones :

“2o. Que a pesar de que en la demanda en este caso se alega que la sociedad Trautman y Acha es una sociedad mercantil, alega-ción que está negada en la contestación,' es lo cierto que es una so-ciedad civil constituida con arreglo al Código Civil de Puerto Rico por escritura pública otorgada ante el notario público de Ponee don Eduardo Plores Colón en 21 de agosto de 1918, en cuyo contrato social no existe cláusula alguna que establezca la solidaridad de los socios en la responsabilidad de las deudas sociales.
“3o. Que al presentar el demandante su demanda en este caso solicitó y obtuvo por vía de aseguramiento de la sentencia que pu-diera recaer embargo de los bien'es de los demandados en cantidad suficiente a cubrir principal y costas, y con tal mandamiento de embargo el demandante señaló al marshal como bienes para ser em-bargados una casa propiedad privativa del compareciente y que no fué aportada a la sociedad, cuya propiedad se describe así:
# sfc •# # ■# #
“4o. Que según las alegaciones de la demanda en este caso, Emil Trautman reclama de la sociedad Trautman y Acha y de los socios que la componen George Trautman y Eduardo Acha una suma de dinero que dice le es debida por dicha sociedad como cesionario que es de un crédito en cuenta corriente que dicha sociedad era en deber a George Trautman y la alegación que se hace en la demanda negada general y específicamente en la contestación de que tal sociedad era una sociedad mercantil fué una alegación maliciosa becba con el avieso propósito de embargar a este compareciente sus bienes pri-vativos y no aportados a la sociedad.
* ■# =x=. ■* # #
“6a. Que en febrero del corriente año o sea a raíz de haberse iniciado el pleito de este caso el peticionario radicó una moción para que se levantara el embargo trabado sobre dicba casa, petición que fué denegada por esta Hon. Corte, pero toda la discusión versó sobre la errónea teoría de que en una sociedad mercantil no se podían embargar bienes privativos no aportados por el socio gestor basta tanto no se hubiese hecho excusión de los bienes de la sociedad y ahora la cuestión que se plantea para probarse y discutirse es com-pletamente distinta, esto es, que la sociedad Trautman y Acha como se deja dicho es una sociedad civil y de acuerdo con el artículo 1600 del vigente Código Civil Revisado la responsabilidad de los socios en esta clase de sociedades no es solidaria.”

Esta moción fué declarada sin lugar en septiembre 8, 1921.

En noviembre 10, 1921, el demandado Eduardo Acba ££por su propio derecho y como socio gestor de la sociedad mer-cantil Trautman y Acha,” presentó una contestación enmen-dada, en la cual, después de hacer una negativa general de los hechos, alegó como una de las varias defensas especiales que (E) la sociedad Trautman y Acha es una sociedad civil.”

T en la contrademanda el referido demandado alegó en-tonces :

££Primero: Que el contra-demandante constituyó una sociedad civil con George Trautman para dedicarse al negocio de explotación de minerales en la cual tenía el contra-demandante una participación de un 45 por ciento y George Trautman otra participación de un 55 por ciento dividiéndose las pérdidas y beneficios en la misma proporción.”

En diciembre 3, 1921, el demandado Eduardo Acha radicó en esta corte una petición de certiorari, alegando que en enero 17, 1921, Emil Trautman había presentado una demanda como queda dicho, la cual se copia literalmente en la peti-ción; que además del re-embargo de ciertos bienes pertene-cientes a la sociedad que cubrían con exceso la suma recla-mada, se embargó una casa que es propiedad particular del peticionario no aportada a la sociedad; que en junio 5, 1921, el peticionario había presentado una moción ante la corte inferior sobre levantamiento del embargo trabado sobre dicha casa bajo el fundamento de que siendo la sociedad Traut-man y Acha una sociedad civil de acuerdo con el artículo 1600 del Código Civil Eevisado, la responsabilidad de los socios no era solidaria y había presentado como prueba la escritura pública otorgada por los socios de la que aparece que la referida sociedad es una sociedad civil para' fines de explotación minera; que a pesar de tal prueba el juez de distrito sin redactar una opinión y solamente por fundamen-tos erróneos, había declarado sin lugar la moción; que según la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, las resoluciones dictadas en los incidentes sobre embargo sólo son apelables juntamente con la sentencia definitiva y que si el peticionario tuviera que esperar a que el pleito se resol-viese en definitiva se le causarían perjuicios irreparables por razón de la tardanza del remedio.

Por virtud de las anteriores alegaciones se ordenó la ex-pedición del auto, mostrando los autos, además de los par-ticulares a que se ha hecho referencia, que con posterioridad a la radicación de la petición en esta corte y con anterioridad a la expedición del auto fué dictada sentencia en la corte inferior a favor del demandante y en contra de la sociedad demandada después de la celebración de un juicio al cual no asistieron ninguno de los demandados.

También aparecía de los autos que el demandado Acha perfeccionó una apelación no sólo contra esta sentencia sino también contra la resolución declarando sin lugar la moción sobre levantamiento del embargo trabado en los bienes del referido demandado.

La única autoridad que cita el abogado del peticionario es el artículo 1600 del Código Civil, el cual prescribe que los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas de la sociedad.

Indiscutiblemente que la responsabilidad de un socio de tal sociedad con respecto a las deudas de la misma, de acuerdo con el Código Civil, no es idéntica a la que se exige a un socio de una sociedad mercantil en este sentido por las pres-cripciones del Código de Comercio.

En el caso de Co Pitco v. Yulo, 8 Jur. Fil. 550-52, la corte dice lo siguiente:

“La sociedad de Yulo y Palacios se dedicaba a la explotación de una hacienda de azúcar en Negros. Ei'a, por lo tanto, una so-ciedad civil, a distinción de la mercantil. Siendo sociedad civil, por precepto expreso de los ai*tículos 1698 y 1137 del Código Civil, los socios no son responsables solidariamente por las deudas sociales. La responsabilidad es mancomunada y en este asunto Pedro Yulo es responsable al demandante sólo por la mitad de la deuda. El hecho de que el otro socio, Jaime Palacios, se haya ausentado del país, no puede aumentar la responsabilidad de Pedro Yulo.”

En el de Dietrich v. Freeman, Etc., 18 Idem, 345, 347, encontramos lo siguiente:

“El objeto con que se constituyó la sociedad entre Freeman y Whitcomb demuestra claramente que dicha sociedad no era una so-ciedad mercantil; por tanto, las disposiciones del Código Civil y no las del Código de Comercio son las que deben regir para determinar la responsabilidad de los socios. (Manresa, tomo 1, p. 184; Aram-buro, Capacidad Civil, 407, 432; Prautch contra Hernández, 1 Jur. Fil. 733; Co Piteo contra Yulo, 8 Jur. Fil., 550.)”

Y en el de Bachrach v. “La Protectora,” 37 Idem, 464r-65, la misma corte dice lo que sigue:

“El negocio que se explotaba con el nombre de ‘La Protectora,’ era evidentemente el de una sociedad civil, y la responsabilidad de los socios de la misma debe determinarse con arreglo al Código Civil. Las facultades que tenía Marcelo Barba para obligar a la sociedad, al comprar estos camiones, están en un todo acreditadas por el do-cumento que en 12 de junio de 1913 otorgaron los cuatro apelantes. La operación por la cual consignó Barba estos camiones se ajustaba a los términos de este documento. Los pagarés constituyen una obli-gación exclusiva de ‘La Protectora’ y de Marcelo Barba, y en nin-gún sentido constituyen una obligación a que directamente tengan que atenerse los cuatro apelantes. Su responsabilidad se funda en que son miembros de una sociedad civil y, como tales, son respon-sables de las deudas de ésta. Es cierto que el artículo 1698 del Código Civil declara que los socios no quedan obligados solidaria-mente respecto de las deudas de la sociedad, pero resulta de este artículo, en relación con el 1137 del mismo código, que cada uno de ellos es responsable mancomunadamente de la parte alícuota que le corresponde en dicha deuda. Y así lo ha declarado este tribunal. (Co Piteo contra Yulo, 8 Jur. Fil., 550.)
* * ■# •* * * *
“En cuanto a la parte de la deuda referente al importe de los efectos y accesorios para automóviles, es evidente que en el docu-mento de 12 de junio de 1913 no se confiere autorización alguna para declarar responsable a los apelantes. Sin embargo, su respon-sabilidad por este concepto resulta no menos evidente que la con-traída en virtud de la compra de los camiones; y dicha responsa-bilidad se deriva de que la deuda se contrajo legalmente en rela-ción con los fines que se proponía la sociedad. ’ ’

En el presente caso, sin embargo, se invita a esta corte a que deduzca la naturaleza de la sociedad en cuestión de la escritura de incorporación, la que según parece ha sido interpretada frecuentemente por el abogado del peticionario durante los primeros períodos de la actual controversia y que abarca un término de muchos meses, como constitutiva de una sociedad mercantil no obstante considerarse la misma como una sociedad civil en la propia escritura. La conclu-sión sugerida puede que sea una deducción lógica y tal vez inevitable, pero no se ha tratado de probar en manera alguna que esto sea así o siquiera de explicar el criterio opuesto que adoptó primeramente el abogado del demandado en la corte inferior.

Además el alegato del peticionario asume simplemente sin discutir ninguna razón para la hipótesis, que el mero hecho de una sociedad civil excluye necesariamente la propiedad de los socios individuales de un embargo no obstante el hecho de haber sido ellos demandados conjuntamente en una de-manda establecida contra la sociedad. Ni siquiera se ha su-gerido ni indicado en la corte inferior- que tal acumulación era indebida, o que los socios individuales no son mancomu-nadamente solidarios con respecto a las deudas de la socie-dad. El alegato, en verdad, se funda terminantemente en la teoría de que los socios en particular son responsables man-comunadamente en proporción a sus respectivas participa-ciones de acuerdo con las cláusulas de incorporación.

En varias ocasiones durante el pasado año nos hemos visto obligados a llamar la atención de los abogados hacia el hecho de que incumbe a la parte que pretende anular la deliberada sentencia de una corte de distrito no sólo someter, sino probar la razón de cualquier proposición en que se funde para ello.

El peticionario tendrá amplia oportunidad en la apela-ción ya interpuesta contra la sentencia dictada por la corte inferior para desarrollar este particular del presente caso y demostrar concluyentemente su derecho, si alguno tiene, al remedio que ahora solicita.

Debe anularse el auto anteriormente expedido.

Amdado el mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.