author: El Juez PresideNTe Señor del Tiorio

text:
    The Texas Company (P. R.) Inc., peticionaria y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7603.

    Sometido: Abril 20, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la apelante; JIon. Procurador General B. Fernández Garda y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez PresideNTe Señor del Tiorio

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Este caso fné resuelto en febrero once, último. 52 D.P.R. 658. La peticionaria presentó una extensa moción de recon-sideración, oyéndose a las partes sobre la misma oralmente y por escrito en abril veinte siguiente. Las cuestiones en-vueltas son todas dignas de estudio y a todas hemos prestado la debida consideración, concluyendo finalmente que la recon-sideración no procede.

Versa ésta sobre dos puntos esenciales, a saber: admi-siones del demandado y procedimiento seguido para el cobro de las indemnizaciones.

En cuanto al primero, nada tenemos que agregar a lo que dijimos en nuestra opinión de febrero once. Hemos vuelto a examinar la estipulación de que se trata y no cree-mos que actuando en justicia pueda interpretarse como pre-tende la demandante.

El segundo entraña dos cuestiones. La del efecto retro-activo de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), estudiada a la luz de lo que preceptúa su sección 34, sobre la cual nada nuevo en verdad dice la apelante, y la del procedimiento a seguir por el Tesorero para el cobro de las indemnizaciones, que es la que nos hizo vacilar y nos movió a oír otra vez a las partes.

En la citada opinión de esta corte de febrero once, Texas Co. v. Sancho Bonet, 52 D.P.R. 658, 667, se dijo:

“El hecho de que en todo caso sea la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251) la que deba aplicarse y nunca la núm. 85 de 1928 (pág. 631), no tiene im|portaneia porque de acuerdo con ambas procede el cobro por el tesorero como si se tratara de una contribución.”

Y en su moción de reconsideración, después de transcribir parte del artículo 15 de la Ley núm. 45 de 1935, la apelante dice:

‘ ‘ ¿ En qué parte de dicho artículo y en qué forma se le da autori-dad de ley al Tesorero de Puerto Rico para cobran estas indemniza-ciones por el método sumario de apremio, emb,argo y venta en su-basta pública? Lo único que dice el artículo es que el Tesorero ‘co-brará al patrono dicha compensación y gastos y una y otros consti-tuirán un gravamen sobre toda la propiedad del patrono . . . ’ La ley del año 1928 en que intentó cobijarse el demandado en la corte inferior, sí disponía en su artículo 25 que el Tesorero ‘cobrará al patrono dicha indemnización y gastos incurridos y una y otros cons-tituirán un gravamen sobre toda la propiedad del patrono con el mismo efecto legal y prelación que si fuere una contribución impuesta sobre dicha propiedad . . . ’
“Como las contribuciones se pueden cobrar por el método suma-rio es claro que de acuerdo con la ley del año 1928 las indemnizacio-nes, a las cuales se le daba el mismo efecto legal y prelación que a una contribución, podían ser cobradas por el método sumario. Pero es que la Ley del año 1935 no le da ese efecto legal o prelación, y sólo dice que el Tesorero las cobrará. Siendo ello así, se debe en-tender que las cobrará por medio de una acción plenaria.”

Creemos que la ley aplicable es la del 1935 tantas veces citada y es por tanto a sus disposiciones a las que nos de-bemos atener.

Hemos visto que la propia apelante admite que de acuerdo con lo prescrito en la ley anterior — -la de 1928 — el Tesorero estaba autorizado para cobrar las indemnizaciones como si de contribuciones se tratara, esto es, por el procedimiento especial sumario que el estatuto autoriza. Ello simplifica la cuestión.

Veamos lo que disponía la ley del 1928. Por su sección 25 (Leyes de 1928, pág. 663) ordenaba:

“En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero cuando trabajare para un patrono que en violación de la ley no estuviese ase-gurado, la Comisión Industrial determinará la indemnización que proceda más los gastos en que incurriere, y certificará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien impondrá y cobrará al patrono dicba indemnización y gastos incurridos y una y otros constituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono con el mismo efecto legal y prelaeión que si fuere una contribución impuesta sobre dicha propiedad; . . .”

Y la ley en vigor, o sea la de 1935, por su artículo 15 (Leyes de ese año, pág. 293), dispone:

11 En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero o empleado cuando trabajare para un patrono que en violación de la ley no es-tuviere asegurado, el Administrador del Fondo del Estado determi-nará la compensación que proceda más los gastos en el caso y certi-ficará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien cobrará al pa-trono dicha compensación y gastos, y una y otros constituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono; Disponién-dose, que dicha compensación y gastos se declaran gravámenes pre-ferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cual-quier otro concepto, con excepción de los créditos hipotecarios y los créditos refaccionarios y de las contribuciones sobre la propiedad gra-vada por tres años y la anualidad corriente que pese sobre la pro-piedad del patrono al trabarse embargo en garantía de tal compen-sación y gastos; . .

A nuestro juicio no bay duda de que la ley de 1928 auto-rizaba el cobro por la vía de apremio, y no creemos que pueda concluirse que por las enmiendas introducidas en la del 1935 desapareciera la facultad del Tesorero para cobrar la indemnización por esa vía.

Se trata de la ejecución de una resolución final a la cual llegó determinado organismo administrativo en el ejercicio de sus facultades regladas mediante la debida consideración de los hechos y la ley, con audiencia u oportunidad de au-diencia a las partes interesadas y contra la cual pudo recu-rrirse para ante las cortes de justicia. Por ella se condena a determinada persona o entidad al pago de determinada suma. Y por ambas leyes se envía al Tesorero para que la haga efectiva.

En la ley del 1928 se dice “quien (el Tesorero) impondrá y cobrará al patrono dicha indemnización y gastos incurri-dos” y la del 1935, “quien (el Tesorero) cobrará al patrono dicha compensación y gastos.” Sólo queda eliminada en la del 1935 la palabra “impondrá”, correctamente porque nunca fue el Tesorero el que imponía o determinaba la in-demnización. i

En la ley del 1928 se sigue diciendo “y una y otros cons-tituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono con el mismo efecto legal y prelación que si fuere una contribución impuesta sobre dicha propiedad,” y en la-del 1935 “y una y otros constituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono. ’ ’ Se omiten las palabras “con el mismo efecto legal y prelación que si fuere una con-tribución impuesta sobre dicha propiedad,” pero en su lugar aparece un Disponiéndose como sigue: “que dicha compen-sación y gastos se declaran gravámenes preferentes a toda carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, con excepción de los créditos hipotecarios y los refaccionarios y de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente que pesen sobre la propiedad del patrono al trabarse el embargo en garantía de tal compensación y gastos.”

Lo que se hizo, pues, en 1935, fue concretar el significado de la prescripción general sobre el “mismo efecto legal y prelación que si fuere nna contribución” que contenía la ley de 1928.

“Al interpretar el estatuto enmendatorio” dijo la Corte Suprema de Arkansas, en State v. Gus Blass Co., 105 S. W. (2d) 853, 858, “debemos seguir las reglas de hermenéutica estatutaria bien establecidas, y una de ellas es que cuando vuelve a decretarse un estatuto sustancialmente en la misma forma que el anterior, debe presumirse que los legisladores no tuvieron la intención de hacer otros cambios que aquéllos que surjan claramente del lenguaje del nuevo estatuto.”

Si se admite que el Tesorero tenía el poder y el deber de cobrar la compensación por la vía de apremio en 1928 nece-sariamente se admite también que lo sigue teniendo en 1935.

Ese poder emana del acto mismo del encargo. “El Teso-rero recaudará y custodiará los fondos públicos.. .y desempe-ñará las demás funciones que prescribiere la ley,” ordena la Carta Orgánica de 1917 en su artículo 15.

Y ya hemos visto que por ambas leyes, por la de 1928 y por la de 1935, se le impuso el deber de cobrar la indemni-zación de que se trata, cuyos efectos legales ahora especifi-cados, siguen siendo los mismos que los de una contribución, deber que lógicamente y como ha sido uniformemente inter-pretado, lo cumple siguiendo los trámites que fija el Código Político para su ejercicio o sea mediante notificación de embargo de propiedad del deudor que produce el mismo efecto que un fallo judicial sobre la propiedad embargada (art. 315 del Código Político) y venta en pública subasta de la pro-piedad con sujeción a la ley (arts. 335 al 344 del Código Político).

¿De qué otro modo puede y debe cobrar el Tesorero sumas que se le ordena que cobre mediante la ley? Cuando el legis-lador ordenó que se siguiera otro procedimiento — el de la Ley núm. 102 de 1925 (pág. 943), vigente hasta 1928 — no fué al Tesorero a quien encomendó el cobro si que dispuso que una vez que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros deter-minara la indemnización “lo comunicará al Attorney G-eneral para que entable contra dicho patrono en una corte de juris-dicción competente la acción correspondiente para el cobro de dicha suma.”

Aunque reconocemos que la Legislatura pudo y debió hablar con más claridad, su actuación implica con tanta fuerza su propósito, que nos sentimos antes y seguimos sin-tiéndonos ahora justificados en resolver que el procedimiento seguido por el demandado para el cobro de las indemniza-ciones en este caso está autorizado por la ley.

Bebe declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Charles Minot Griffith, demandante y apelante, v. Junta de Retiro, compuesta por Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, y Presidente, y a éste en su carácter de tal Tesorero; Dr. E. Garrido Morales, José G. López, Germán Agostini y Juan B. Huyke; y Leslie A. MacLeod, en su carácter de Auditor Insular, demandados y apelados.
    Núm. 7569.

    Sometido: Marzo 16, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Wilson P. Golb&rg, abogado del apelante; Son. Procurador General B. Fernández García, Jesús A. Gonzalez j Enrique Górdova Diaz, Provu/rador y Subfrocuradior Generales Auxiliares, respectiva-mente, abogados del Auditor de Puerto Rico, apelado; y Miguel A. Muñoz, abogado de la Junta apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Charles Minot Griffith, Tesorero qne fné de la Universidad de Puerto Rico, pidió a la Corte de Distrito de San Juan que expidiera un auto de mandamus contra los miembros de la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Perma-nentes del Gobierno Insular y contra el Auditor y el Teso-rero de la Isla, ordenándoles el pago de sus pensiones como funcionario retirado que, a partir de junio 80,1936, se habían negado a verificar.

Alegó sustancialmente en su demanda que en enero 27<, 1928, recibió un certificado de la Junta de Retiro que transcribe íntegramente y que en lo pertinente dice:

“. . . Por el presente se certifica: Que de acuerdo con la Ley núm. 104 de la Asamblea Legislativa' de Puerto Rico aprobada el 2 de septiembre de 1925, Charles M. Griffith, quien estuvo empleado como Tesorero en la Universidad de Puerto Rico, tiene derecho a una pensión, la que le ha sido concedida, con renta vitalicia de Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve y 90/100 dólares, pagaderos men-sualmente, comenzando desde el día 1 de febrero de 1928.”

Que dicho certificado le fue expedido después de haber servido trece años en el Departamento de Educación por puesto creado por la Asamblea Legislativa de la isla y nueve y medio como Tesorero de la Universidad, habiéndosele pagado su pensión-mensualmente hasta junio 30,1936, y como inquiriera el porqué del cese, el Secretario de la Junta le con-testó :

“. • • I am sorry to inform you that the Supreme Court of Puerto Rico has held that employees of the University of Puerto Rico are not covered by our Pension Law and all contributions made by officials and employees of the University have been reimbursed. Under that same ruling we hold that all pensions enjoyed by University officials and employees are illegal, so we have stopped the payment of such pensions accordingly. However, we shall inform you in this respect when the matter is definitely settled. . ?

Que en noviembre siguiente, dirigió a la Junta una comu-nicación que en parte dice:

. . This request is based upon the following reasons:
“1. — According to the Secretary of that board the suspension of payments in my case is based upon a ruling by the board that, in view of a recent decision of the Supreme Court . . .
“2.- — My pension was granted by that board as constituted in the year 1928, in accordance with the pension act as interpreted by the officials of said board at that time. Moreover, this interpretation was supported by the Attorney General of Puerto Rico through an opinion requested of him. I can not justly be held responsible for, and made the victim of, the mistakes of the authorities that decided my retirement case.
“3. — Due weight should be given to the fact that, of the twenty-one years and eight months spent in the Civil Service of Puerto Rico, my term of service under the University was a little over nine years; under the Department of Education more than twelve years. . . . ”

Que la Junta archivó dicha comunicación sin tomar acción sobre ella, y que dicho organismo carece de facultad para cancelar su pensión por los siguientes fundamentos:

Porque el demandante recibía su pensión al amparo de la Ley núm. 104 de 1925; porque la sección 11 de la Ley núm. 23 de 1935, dispone: “ ... Cada uno de los funcionarios y empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico que, antes de entrar en vigor esta Ley, hubiere sido retirado o cuya solicitud de pensión hubiere sido resuelta favorablemente de acuerdo con las disposiciones de las Leyes núms. 22 de 22 de septiembre de 1923 y núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, tal como fué enmendada.. .tendrá derecho a recibir la renta vitalicia que le fué originalmente asignada menos un des-cuento que se computará en la forma siguiente... ”; porque la dicha Ley núm. 23 de 1935 no confiere a la Junta de Retiro que crea por su sección 16 facultades para suspender pen-siones otorgadas por Juntas creadas por leyes anteriores, ni para revocar pensiones existentes; porque según lo resuelto por la Corte Suprema de la Isla en el caso de Fernández Toste v. Junta, 52 D.P.R. 899, después que una pensión lia sido concedida y se lia empezado a disfrutar, el derecho a la misma se convierte en un derecho adquirido del que no puede privarse al pensionado en todo ni en parte, y porque la deci-sión de la propia Corte Suprema en el caso de Maura v. Junta, 49 D.P.R. 860, no es aplicable porque la pensión del deman-dante se concedió por la Junta con poder para ello, y de haberse cometido algún error de derecho no puede perjudi-carle.

Expedido el auto en forma alternativa, contestaron, los demandados alegando en primer término que la demanda no aducía hechos constitutivos de causa de acción y luego admi-tieron la mayor parte de sus hechos, negando que los nueve años y medio de servicios del demandante como Tesorero de la Universidad pudieran utilizarse legalmente para aña-dirlos al cómputo de años de servicios que requería la ley para conceder la pensión por años de servicio y alegando además que el cómputo hecho con la agregación de dicho tiempo para conceder la pensión al demandante no establece la base necesaria para ello. También negaron que care-cieran de facultad para actuar en la forma en que lo hicieron y alegaron que el peticionario venía recibiendo su pensión en contra de la ley, careciendo la Junta de facultad para seguirla satisfaciendo.

Como materia de defensa alegaron:

A. — Que el demandante fué nombrado Tesorero de la Uni-versidad en agosto 21, 1918, renovándose el nombramiento cada año consecutivamente hasta su renuncia para retiro, lo que de hecho constituía un contrato de servicios a prestarse anualmente, y que el demandante no ha servido al Gobierno Insular, en ninguna otra capacidad, el número de años que se necesita para derivar una pensión por razón de años de servicios; y

B. — Que el demandante habiendo contribuido a la Junta de Pensiones con la suma de trescientos veinte dólares, ha recibido de la Junta alrededor de doce mil en contra de las disposiciones de la ley.

De su hoja de servicios presentada en evidencia durante la vista, aparece que el demandante comenzó a ejercer como maestro en San Juan en septiembre 29, 1902, con un sueldo de ciento once dólares y once centavos mensuales, y así con-tinuó hasta 1908 en que fué al Departamento de Educación. Trabajó allí hasta 1917 con un sueldo que osciló entre mil doscientos y mil quinientos dólares anuales. En 1917 se le nombró Tesorero de la Universidad, cargo que desempeñó hasta 1927. Al nombrársele, su sueldo era de dos mil dólares anuales, al retirarse de tres mil ochocientos.

Bien puede decirse que ya por admisión o por evidencia presentada, las verdaderas alegaciones de hecho de una y otra parte quedaron comprobadas. Sobre los hechos, pues, no hay cuestión. Es sobre el derecho aplicable que la cues-tión existe. La corte sentenciadora estimó que el derecho favorecía a los demandados y dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, con costas, sin incluir honorarios de abogado.

El demandante apeló y señala en su alegato siete errores cometidos a su juicio por la corte de distrito al resolver que el peticionario no tenía un dérecho adquirido, que la Junta tuvo facultad para reconsiderar su concesión de pensión, que dicha Junta actuó sin jurisdicción al conceder la pensión, que la jurisprudencia del caso de Olivieri v. Junta, 50 D.P.R. 881, no tiene la fuerza de un precedente legal, que siendo el come-tido un error de derecho no obligaba a quien lo cometió, que la Junta pudo actuar en la forma en que lo hizo sin citar para vista al demandante, y al dictar su sentencia.

Argumenta luego el apelante dichos errores en su alegato ampliamente y los demandados los impugnan en el suyo ampliamente también. Los hemos estudiado cuidadosamente y a nuestro juicio ninguno de ellos fué cometido y la sentencia apelada debe confirmarse en tal virtud. .

La ley que regía cuando se concedió el retiro al demandante era la núm. 104 de 1925 (leyes de ese año, pág. 951). Su sección 8 exigía para la clase de retiro a que se acogió el demandante veinte años de servicios computados en la forma que prescribe su sección 2. Si los servicios prestados por el demandante en la Universidad de Puerto Rico podían tomarse en consideración, entonces la Junta tuvo base para conceder la pensión. Si no, actuó sobre una base inexistente.

Y es a este respecto que debe tomarse en consideración lo resuelto por esta Corte en el caso de Maura v. Junta, 49 D.P.R. 860.

Dicho caso fué iniciado por una persona que como el demandante en éste tenía un cargo administrativo en la Uni-versidad de Puerto Rico y era nombrado por su Junta de Síndicos año por año, alegando no estar obligado a contri-buir con parte alguna de su sueldo al Fondo de Retiro de los Empleados. Permanentes del G-obierno Insular por los siguientes motivos:

“1. — Porque el demandante, como Registrar de la Universidad de Puerto Rico, no está incluido ni en el Servicio Clasificado ni en el no clasificado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Servicio Civil de Puerto Rico (Ley núm. 88 de marzo 11, 1931).
“2. — Porque el demandante, como tal Registrar, no desempeña sus funciones con carácter permanente, según lo requiere la sección 1 de la ley creadora del fondo de retiro y pensiones, o sea la ya citada Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925.
“3. — Porque el demandante no es un empleado del' Pueblo de Puerto Rico, según lo requiere la ley del fondo de pensiones, y sí un empleado de carácter contractual (contractual employee) de la Uni-versidad.”

La Junta de Pensiones qne fné la demandada alegó qne el registrar era nn empleado permanente y estaba incluido en el Servicio Civil Clasificado. Actuó congruentemente con el criterio que hasta entonces sirvió de guía a sus actos, con el criterio que la llevó a conceder en 1928 la pensión del demandante.

Fue el pleito a juicio y la corte de distrito lo decidió en contra de la Junta. Apeló y esta Corte Suprema declaró sin lugar la apelación, estableciendo en su opinión la siguiente jurisprudencia que tomamos del resumen:

“No siendo el Registrar de la Universidad de Puerto Rico un fun-cionario o empleado permanente del Gobierno de Puerto Rico incluido dentro del servicio clasificado o no clasificado del Servicio Civil de dicho Gobierno, sino un empleado contractual de la Universidad, no viene obligado a contribuir al fondo de retiro creado por la Ley núm. 104 de 1925 (pág. 949).”

La decisión del caso de Maura, supra, tuvo el efecto, dado nuestro sistema de gobierno, de trascender a todos los funcio-narios que se encontraban en las mismas condiciones, ajus-tando la Junta su conducta desde entonces a la norma en él trazada. De ahí la resolución que tomara en cuanto al caso del demandante.

Creemos que es tan claro en esta jurisdicción después de lo decidido en el repetido caso de Maura, supra, que los servicios prestados por el demandante en la Universidad no pudieron servir de base para completar el término de veinte años que la ley exigía para el retiro con pensión, que no cabe ni siquiera ponerlo en tela de juicio.

Se insiste, sin embargo, en que aunque ello sea así y aunque su adquisición se debiera a un error de derecho, es lo cierto que el demandante tiene en la actualidad un derecho adquirido del cual no puede ser despojado y por tanto que la Junta no estuvo justificada en su actuación. Se invocan los casos de Fernández v. MacLeod, 52 D.P.R. 899 y Travieso v. Junta, 52 D.P.R. 921.

Es cierto que en dichos casos se resolvió que el derecho de una persona a recibir nna pensión lnego de haberse jubi-lado, es nn derecho adquirido, pero en ellos no se trataba como en éste de casos en que la pensión se hubiera concedido por la Junta actuando sin autoridad. Aquí la pensión fue nula en su origen y no puede, por tanto, convalecer por el transcurso del tiempo.

En cuanto al error de derecho creemos, como dice la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión, que “sería muy pertinente a este caso si en vez de una acción de mandamus establecida por el peticionario para restablecer su pensión, se tratase de una acción de la Junta para recobrar el retiro erróneamente pagado y recibido por el pensionado. Es claro que en este último caso la Junta no podría recobrar lo pagado por error de derecho, pero nada le impide que advertido el error rehúse hacer nuevos pagos.”

Y en cuanto a la cita del caso de Olivieri v. Junta, 50 D.P.R. 881, no la consideramos aplicable del todo por tratarse de situaciones distintas. Aquí en verdad la Junta no recon-sideró su juicio a virtud de un nuevo estudio del caso. Su actuación se debió a una decisión judicial que dejó sin base su anterior resolución. La pensión era algo que se renovaba mes tras mes. Y no pudo continuar renovándose después de haber quedado esclarecido y resuelto por los tribunales su ilegalidad. Lo pasado queda en pie, pero para seguir ac-tuando en el presente y en el futuro del mismo modo carecía de autoridad legal la Junta. Su actuación no podía ser otra que la de negarse como se negó a seguir satisfaciendo la pensión.

A virtud de todo lo expuesto y tratándose como se trata además de un auto de mandamus, creemos que el criterio sustentado por la Corte de Distrito de San Juan al negar su expedición final debe sostenerse. Como se dice en el caso de Godwin v. Telephone & Telegraph Co., 1 Ann. Cases, págs. 203, 204:

“Está bien establecido que no procede un auto de mandamus para compeler la ejecución de actos ilegales contrarios a la política pública o tendentes a auxiliar un propósito ilegal. ’ ’

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Antonio Monroig Obrador, demandante y apelado, v. Agustina Monroig Obrador, demandada y apelante.
    Núm. 7364.

    Sometido: Enero 14, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      R. Cuevas Zequeira, abogado de la apelante; V. M. Sánchez Fernán-dez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de octubre, 1931, Josefa C. Viuda de Monroig sus-cribió un pagaré a la orden de.su hijo, Antonio Monroig, pol-la suma de $9,772.93. La viuda de Monroig murió el 12 de abril de 1932 dejando como sus herederos a título universal a Antonio, Agustina y Valentín Monroig y a José A. López Monroig, este último en representación de su madre, Juana Monroig. Todos fueron declarados herederos por la Corte de Distrito de San Juan. Según el apelado, él requirió de su hermana qne le pagase la porción que de los $9,772.93 a ella correspondía, ascendente a $2,443.23 y que ella se negó a pagar dicha suma. Después de haberse declarado sin lugar una excepción previa en la contestación se admitieron los hechos de la demanda con la sola excepción de que se negó que Antonio Monroig jamás hiciera requerimiento de pago alguno a su.hermana.

Las defensas de Agustina Monroig Obrador fueron sus-tanciahnente que el pagaré suscrito por su madre a favor de su hermano había sido una mera simulación sin haber jamás existido causa (consideration) para el mismo, ya que dicha Josefa O. Viuda de Monroig nunca recibió del deman-dante ni de ninguna otra persona valor 'alguno por dicho pagaré y que el referido documento fué siempre considerado absolutamente nulo por las partes.

En el juicio el demandante, Antonio Monroig, que fué el único testigo, declaró entre otras cosas que él le había pres-tado el dinero a su madre y con esto cerró su caso.

La demandada adujo evidencia tendente a demostrar que las partes convinieron en la partición de la herencia sin haberse jamás mencionado el pagaré objeto de este pleito. Sin embargo, se trajo evidencia durante el juicio, que la corte creyó, al efecto de que Antonio Monroig, en unión de algunos o todos los otros herederos, presentó dicho pagaré como una de las bajas a que estaba afecto el caudal heredi-tario de la finada madre. Es indiscutible que esto se llevó a cabo, estuviese o no Agustina Monroig Obrador completa-mente consciente de ello. La declaración del Dr. López Antongiorgi, con las alegaciones originales del demandante, en nuestra opinión, presentaron un caso completo a favor del demandante. La Corte de Distrito de Báyamón dictó sen-tencia en favor de él.

En apelación se señalan tres errores, a saber:

“1. — La corte de distrito cometió error al declarar sin lugar las excepciones previas de la demanda.
“2. — La corte de distrito cometió error al dictar sentencia decla-rando con lugar la demanda.
“3. — La corte de distrito cometió error al imponer las costas a la demandada. ’ ’

Uno de los fundamentos de la excepción previa era qne el pagaré se presumía mercantil y por lo tanto qne la acción había prescrito. En apelación, entre otras cosas, la apelante descansa en el caso de Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258. El apelado contesta diciendo qne la prescripción es nna cuestión de privilegio personal y fné abandonada por la demandada en su contestación, y además trata de replicar con otros argumentos; qne después de un juicio amplio se demostró que el pagaré no era mercantil; que era meramente un préstamo de hijo a madre. Convenimos en que el pagaré no era mercantil y también en que la demanda pudo haber sido enmendada de manera que demostrara el carácter no mercantil del pagaré.

Además de todo esto el señalamiento de error era clara-mente insuficiente especialmente al no decir que la apelante descansaba en una cuestión de prescripción.

El segundo señalamiento de error es también insuficiente y lo discutiremos tan sólo para decir que la corte de distrito estuvo enteramente justificada, por la prueba presentada, en creer que Antonio Monroig le prestó a su madre la cantidad que aparece del pagaré descrito en la demanda y que ella nunca se la pagó.

Es verdad que la madre de los herederos envueltos en este litigio era una mujer acomodada y heredó propiedades, una sola de las cuales valía $200,000, vivió desahogadamente y poseía un automóvil, etc.; que su hijo una vez le llegó a deber $2,000, pero el fin para el cual ella solicitó el préstamo nunca fué revelado y, como dijo su hijo en la silla de los testigos, y muy bien dicho, a una persona pudiente a veces le es muy conveniente el tomar dinero a préstamo. El deman-dante presentó un caso prima facie, que no encontramos fuera suficientemente controvertido por la demandada.

No hallamos razón adecuada para revocar la concesión de costas hecha por la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Carlos R. Rossi, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, sustituído por R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7539.

    Sometido: Junio 14, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Son. Procurador General B. Fernández Gar<oía, B. Cordones Arana y Manuel Boctríguez Bamos, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelante; Patio Defendini, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso aparecen de la siguiente estipula-ción de las partes:

“I. — Que en marzo 6 de 1933 el demandante suministró a virtud de contrato al Gobierno Insular, por orden núm. 7404 del Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte de dicho Gobierno, 10 tonela-das de ‘straight 40% gelatin dynamite, in 1" X 8" sticks packed ip cases containing 50 lbs. each, manufactured by tile Austin Powder Co., of Cleveland, Ohio;’ ‘30,000 No. 6 Blasting Caps,’ y ‘5,000 No. 6 intantaneous electrict Blasting caps with 8 feet wires;’ siendo el montante del contrato la suma de «$5,146.62.
“II. — Que el Gobierno Insular cobró al demandante 1% de arbi-trios sobre el montante de dicha transacción, o sea la suma de $51.47, bajo lo dispuesto en la subdivision 5, Sección 16, Ley 85 de 1925 (Leyes de 1925, pág. 585), tal como fué enmendada por la Ley 17 de 1927 (Leyes de 1927, pág. 459).
“III. — Con fecha 30 de junio de 1933, a requerimiento del de-' mandado, entonces Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, el demandante pagó a éste la suma de $514.66 por concepto de arbitrios bajo la misma ley anteriormente citada, y de acuerdo con el inciso siguiente:
“ ‘Sección 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas por una sola vez lo siguiente:
(< íí * * ' # * *
‘35. — Dinamita, pólvora, fulminantes y mechas para barrenos.— Sobre toda dinamita, pólvora, fulminantes y mechas para barrenos, que se venda, traspase, use o consuma en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento ad valorem
“IV. — Que la cantidad relacionada en el párrafo anterior, $514.66, fué pagada por el demandante al demandado bajo protesta el día 30 de junio de 1933, por mediación del Colector de Rentas Internas de San Juan, Sr. Lucas Jiménez, y el Agente de Rentas Internas, Sr. A. Hidalgo, según comprobantes que se acompañan.
“V. — Que los materiales suministrados al Gobierno por el deman-dante que se mencionan en el apartado I de esta estipulación fueron introducidos por el demandante en esta Isla expresamente para su venta al Gobierno.”

El apelado obtuvo una sentencia en la corte inferior me-diante la cual se ordenó al Tesorero que le devolviera los $514.66, supra, con intereses legales desde la fecha de la radicación de la demanda hasta su definitivo pago, más costas y $25 de honorarios de abogado. Es de esta sentencia que apela el Tesorero.

El único señalamiento de error atacó la procedencia de todos los pronunciamientos de la sentencia. Las disposiciones de ley envueltas en esta controversia son las siguientes:

“Sección 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas por una sola vez lo siguiente:
“35. — Dinamita, pólvora, fulminantes y mechas para hórrenos.— Sobre toda dinamita, pólvora, fulminantes y mechas para barrenos, qiie se venda, traspase, use o- consuma en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento ad valorem.” (Ley Núm. 85 de 1925, págs. 591 y 603.)
“OTROS ARBITRIOS
“1. — .
“5. — Contratos.—Toda persona que obtenga contratos para el su-ministro de cualquier material, equipo, herramienta o maquinaria, o para la ejecución de cualquier obra, celebrados con un Departamento del Gobierno Insular o Municipal, o con cualquier organismo que dependa del Gobierno Insular o Municipal, o con cualquier organismo, junta o comisión creados por las leyes de Puerto Rico, o con cualquier funcionario o empleado en el Servicio del Gobierno Insular o Municipal, o ante cualquier funcionario o miembro de un organismo, junta o comisión, creados por las leyes de Puerto Rico, deberá pagar, en concepto de arbitrios, el uno (1) por ciento del montante del contrato; Disponiéndose, que si durante la ejecución de este contrato el montante del mismo es aumentado, el contratista o abastecedor deberá, asimismo, pagar un impuesto adicional equivalente al uno (I) por ciento del aumento obtenido.” (Ley núm. 17 de 1927, enmendando ciertas sec-ciones de la Ley núm. 85 de 1925, supra, Leyes de 1927, págs. 459, 473.)

El apelante descansa fuertemente en la palabra “intro-ducidos,” la cual no hemos podido encontrar en los volú-menes correspondientes a los años 1925 y 1927 que contienen las leyes para dichos años. El sostiene que la “introducción” a Puerto Rico es una transacción enteramente independiente y separada de la “venta” o “contrato” con el Gobierno. Asumiendo a los fines de la argumentación que la palabra “introducidos” aparezca en la sección 16, supra, no podemos convenir con el apelante en que su presencia obviaría la difi-cultad. Cualquier persona que haga un contrato con el Gobierno para la venta de materiales no producidos en la Isla, tiene forzosamente que entregarlos y para hacer esto tiene que “introducirlos” en la isla y ésa fue la intención y contrato entre las partes. La introducción era un elemento necesario para el cumplimiento del contrato.

El párrafo 35 de la sección 16, supra dispone una variedad de situaciones o actos, uno de los cuales solamente puede estar sujeto a contribución. Como dice el apelado, la contención del apelante justificaría una contribución separada ad valorem sobre la “venta,” “consumo,” “uso,” o “introducción” del artículo. No fué ésta la intención de la legislatura.

Ya que el Tesorero había impuesto y cobrado una contri-bución sobre el contrato, y puesto que bajo el caso de West India Oil Co. v. Domenech, 49 D.P.R. 801, esta corte decidió que el cobro de dicho impuesto excluía la posibilidad de cobrar otro impuesto sobre la “venta” como una transacción separada, tenemos que llegar a la conclusión de que el razona-miento de dicho caso es aplicable al presente. Tanto porque la “introducción” formaba parte de la misma transacción como porque el impuesto sobre el contrato equivale a una contribución sobre la venta, que es una de las situaciones su-jetas a contribución de acuerdo con la sección 16, párrafo 35, supra, se confirma la sentencia de la corte inferior.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor "Wole

text:
    José Nine, demandante y apelado, v. Los Esposos José Avilés y María Brunet, Maximino Brunet y los menores Jesús y Luis Avilés Brunet, representados por su padre José Avilés, demandados y apelantes.
    Núm. 7419.

    Sometido: Enero 19, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Virgilio Brunet, abogado de los apelantes; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la opinión del tribunal.

La determinación de cuál es el remedio adecuado para dejar sin efecto un traspaso fraudulento ha sido a veces causa de confusión entre los abogados. Tanto la acción de nulidad como la de rescisión han sido usadas para lograr dicho propósito. Nuestro Código Civil, en su artículo 1243, 'edición de 1930, ha establecido expresamente la acción resci-soria, al disponer:

“Artículo 1243. Son rescindibles:
“3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pue-dan de otro modo cobrar lo que se les deba.”

A pesar de esta disposición el presente recurso envuelve un caso en que la demanda se intitula como una de “Nulidad”. Su mera lectura, sin embargo, demuestra inmediatamente que el único propósito de la acción fue dejar sin efecto unos traspasos fraudulentos. Bajo la jurisprudencia de esta corte, el título erróneo de un litigio no es suficiente motivo para derrotar la reclamación del demandante si sus alegaciones claramente aducen una completa causa de acción.

De las alegaciones y de la evidencia la situación parece ser la siguiente. José Nine, el apelado, había hecho varios préstamos esporádicos de dinero a los esposos José Avilés y María Brunet durante un período de tiempo que precedió al mes de abril de 1930. Parte de ellos habían sido satisfechos pero en abril 30 de 1930, los deudores, que aún debían $230, suscribieron un pagaré por dicha suma que vencería dos años más tarde, en el cual María Brunet se obligaba principalmente y su esposo se obligaba como fiador y además como principal. La responsabilidad asumida era solidaria.

El 10 de abril de 1930 María Brunet y su esposo José Avilés, por escritura notarial, traspasaron el título de una casa que, de acuerdo con el demandante, constituía su único capital para aquel entonces, a un hermano de María Brunet llamado Maximino Brunet, por la suma de $800, valor reci-bido antes de dicha fecha. Al siguiente día Maximino Brunet traspasó la misma casa por vía de donación a sus sobrinos Jesús y Luis Avilés Brunet, hijos menores de los deudores.

En 1932 José Nine radicó un pleito para recobrar los $230 arriba mencionados, obtuvo sentencia a su favor, y ejecutó la misma sobre la casa que él suponía pertenecía a los demandados en dicho caso. Después de la adjudicación descubrió que el título de la casa había sido transferido a los hijos menores de los deudores, en la forma ya expuesta, y en su consecuencia instó la presente acción para que se dejaran sin efecto dichos traspasos como fraudulentos.

Se declararon sin lugar una moción eliminatoria y una excepción previa, el caso fue a juicio, y la corte inferior dictó sentencia en los siguientes términos:

“La Corte, en el día de hoy, después de haber considerado las pruebas practicadas en este caso por ambas partes es de opinión que la ley y los hechos en esta controversia están a favor del deman-dante y contra los demandados esposos José Avilés y María Brunet y Maximino Brunet y sus hijos Jesús y Luis Avilés y Brunet por la que declara nula y sin valor ni efecto legal alguno la escritura otor-gada a 10 de'abril del año de 1930, por la que los esposos José Avilés y María Brunet vendieron al codemandado Maximino Brunet la casa en litigio que se describe así:
“Igualmente declara nula y sin valor ni efecto legal alguno la otra escritura otorgada el 11 de abril del propio año de 1930 por la cual Maximino Brunet aparece donando dicha casa a los code-mandados en aquel entonces menores de edad Jesús y Luis Avilés' y Brunet, ambas escrituras otorgadas ante el Notario en aquel en-tonces de esta ciudad Ledo. Emilio Forestier Gregory, imponiendo las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a los deman-dados. ’ ’

Los apelantes señalan siete errores. El primero de ellos ataca la actnaeión de la corte inferior al declarar sin lugar la moción para eliminar presentada por los demandados. Ellos fundan su contención en la teoría de que ciertos pá-rrafos de la demanda eran redundantes e innecesarios en una acción de nulidad. Ya que resolvemos que la acción en este caso debe ser considerada como una para dejar sin efecto un traspaso fraudulento (y por ende, rescisoria) el primer señalamiento pierde su fuerza. Los párrafos atacados eran bastante adecuados en una demanda para rescindir un tras-paso que se alega fue hecho en fraude de acreedores.

El segundo señalamiento es el más importante. La cuestión específica envuelta gira en torno a la resolución sobre la excepción previa presentada por los demandados. Esta contenía tres fundamentos: (a) indebida acumulación de partes demandadas, (6) ambigüedad e incertidumbre del octavo párrafo de la demanda, y (c) falta de hechos para aducir una causa de acción. La corte inferior desestimó todos los fundamentos. Si se considera el verdadero objeto de la acción, todos y cada uno de los adquirentes de la casa eran partes demandadas adecuadas, de no ser partes necesarias. En cuanto al octavo párrafo, especialmente ya que el error no fué bien señalado, resolvemos que es suficientemente claro si se interpreta en relación con otros párrafos de la demanda, especialmente con el cuarto.

Consideremos, pues, las alegaciones de la demanda para determinar si son suficientes para establecer una buena causa de acción. Como ya se ha dicho, la acción debe considerarse como una dirigida a dejar sin efecto un traspaso fraudulento.

El segundo párrafo de la demanda establece una deuda de $230 de parte de los esposos demandados Avilés-Brunet. El tercero describe cómo se incorporó esta deuda en un pa-garé el 30 de abril de 1930. El cuarto y quinto párrafo rela-cionan los detalles de- la acción entablada en cobro de dicho pagaré, la sentencia que se dictó a favor de José Nine, y cómo dicha sentencia se ejecutó sobre la casa de los deman-dados y se adjudicó al demandante. El séptimo párrafo iden-tifica a cada uno de los demandados (los actuales apelantes) y describe su parentesco consanguíneo. Además, alega que “dicho Maximino Brunet en 10 de abril del año de 1930 era insolvente y atraía recursos para su subsistencia como bar-bero que apenas le producía lo bastante para subsistir y que dichos esposos demandados únicamente contaban por todo capital con la descrita casa, así como los indicados menores no poseían bienes ni rentas de especie alguna y dependían para su subsistencia del trabajo de los indicados padres.”

En el último párrafo de la demanda el demandante alega qne los demandados se confabularon entre sí para evitar el cobro de los $230 qne se le debían desde antes de abril de 1930, y qne con este fin otorgaron la escritura de venta simu-lada de los esposos Avilés-Brunet a Maximino Brnnet, quien era el hermano de la señora Aviles, por el expresado precio de $800, y qne al día siguiente Brunet le regaló la casa a los hijos menores de su vendedor. El demandante termina la a Legación diciendo qne dichas transacciones hicieron la adju-dicación judicial de la casa a su favor completamente nula y sin valor y “en perjuicio del interés y derecho del deman-dante.”

En la súplica se solicita se declaren nulos los traspasos y la donación ya descritos.

En el caso de Sucesión de Almazán v. López et al., 20 D.P.R. 537, resolvimos que en una acción de la naturaleza de la presente la demanda debía establecer:

“(a.) Que el demandado es realmente deudor del demandante ; (b) que el demandado enajenó sus bienes, en fraude de su acreedor; (c) que el demandante ha sido perjudicado por tal enajenación; y (d) que el demandante no tiene otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio sufrido, que pedir la rescisión del con-trato de enajenación.”

El parentesco entre las partes, la insolvencia del deudor o de su adquirente, etc., son todas circunstancias que pueden ser probadas a fin de sostener la naturaleza fraudulenta de las transacciones. Las alegaciones de la demanda que tene-mos ante nos suficientemente establecen los requisitos (a), (b), y (c), supra. Es con respecto al requisito (d) que surge una seria duda. Es cierto que el demandante afirma que todo el capital de los demandados José Avilés y María Brunet al tiempo de hacerse el traspaso a Maximino Brunet, o sea en abril 10 de 1930, consistía en la casa en cuestión. También alega que por dichos traspasos previos se le quitó todo valor que hubiese podido tener la adjudicación en ejecución de sen-tencia por $230 que él había obtenido en 1933. ¿Son los hechos alegados suficientes para demostrar que el deman-dante “no puede de otro modo cobrar lo que se le debe” conforme exige el artículo 1243 del Código Civil? No se alega expresamente que los deudores, en marzo de 1934, cuando se radicó este pleito, no poseían otros bienes, ni que el deman-dante no tenía otros medios para cobrar su deuda. La mera dificultad de parte del acreedor no es suficiente.

El caso de The Texas Co. v. Estrada et al., 50 D.P.R. 743, contiene una discusión amplia de las alegaciones y evidencia necesarias en una acción rescisoria de esta naturaleza. El caso bajo consideración guarda algunas analogías con el que hemos citado. En ambos se trató de descansar fuertemente en el íntimo parentesco que existía entre el deudor y su adqui-rente. Aunque, como se dijo en el caso de The Texas Co., ésta es una circunstancia sospechosa que en unión de otras puede considerarse que demuestra la existencia de fraude, ella no es suficiente por sí misma para establecer tal hecho. El caso citado ratifica la regla sentada en el caso de Almamn, supra, cuando dice a la página 751:

“. . . Para que una acción de la naturaleza de la que se ejercita en este caso pueda prosperar, el demandante, o sea el que alega el fraude, debe probar: . . . (d) que no tiene otro recurso legal para poder hacer efectivo su crédito.”

Luego de citarse varios casos, se hace la siguiente decla-ración :

“Ni las alegaciones de la contestación, ni la prueba aducida por The Texas Co. cumplen con los requisitos que hemos enumerado. No se ha hecho alegación alguna, ni se ha presentado evidencia, al efecto de que el demandado carecira de otros bienes sobre los cuales pu-diera hacerse efectivo el crédito de la demandante.”

Esta última cita es especialmente aplicable a la situación de autos. La evidencia del demandante en forma alguna ha demostrado que los deudores no tengan otros bienes sobre los cuales pueda hacerse efectiva la sentencia del deman-dante.

Habiendo llegado a la conclusión de que la demanda omite una de las alegaciones esenciales, deficiencia que no ha sido subsanada ni por la contestación ni por la prueba, el resul-tado inevitable es'decidir que el demandante ha dejado de alegar o probar hechos suficientes para aducir una causa de acción. Por consiguiente, la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción previa presentada por dicho funda-mento.

Es innecesario discutir los otros señalamientos de error.

La sentencia de la corte inferior debe ser revocada, con costas, pero sin incluir honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señob, Wole

text:
    Cruz Pérez, demandante y apelado, v. Santini Fertilizer Co. y The National Surety Co., demandadas y apelante la última.
    Núm. 7468.

    Sometido: Enero 21, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Besosa <& Besosa, abogados de la apelante; Arturo Aponte, abogado del apelado; R. Buscaglia, abogado de Santini Fertilizer Co., de-mandada.
   El Juez Asociado Señob, Wole

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso gira sobre la aplicación de la Sección 4 de la Ley de marzo 1, 1902, pág. 178, intitulada “Ley para asegurar la efectividad de sentencias.” Dicta sección dis-pone :

“Sección 4. — Si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza. En cualquier otro caso, exigirá fianza para decretarlo. La fianza que al efecto se prestare, responderá de los daños y perjuicios que se causen al demandado por consecuencia del aseguramiento.” (Estatutos Revisados de 1911, pág. 885.)

El “aseguramiento” a que se refiere dicha sección es el proceso de embargo.

Las partes más o menos admiten que la Santini Fertilizer Co. originalmente radicó un pleito (Núm. 4721 de la Corte de Distrito de San Juan) contra Cruz Pérez, el ahora ape-lado, para recobrar cierta suma de dinero. Con el propósito de asegurar la efectividad de la sentencia se embargaron cuantiosos bienes (finca de caña) del demandado y se pres-taron fianzas por la demandante en las sumas de $2,000 y $10,000, respectivamente, sirviendo de fiadora la National Surety Co., la cual es ahora apelante. Luego se prestó una fianza adicional de $7,000 para asegurar el fiel desempeño de los deberes de un administrador judicial, Agustín Andino, nombrado dentro del mismo procedimiento para que admi-nistrara la propiedad embargada mientras durara el litigio, también con la National Surety Co. como fiadora.

Luego de un traslado la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia en favor del demandado, Cruz Pérez, sin las costas, cuya sentencia se convirtió en firme cuando la ape-lación de la misma fué desestimada por esta corte. Santini Fertilizer Co. v. Pérez, 43 D.P.R. 42.

Algún tiempo después, a saber, en diciembre 31, 1932, Cruz Pérez demandó a la Santini Fertilizer Co. y la National Surety Co. para recobrar daños y perjuicios como resultado del embargo y la administración judicial, los cuales el deman-dante alegaba ascendían a $19,000. Para asegurar la efec-tividad de la sentencia qne pudiese recaer en su favor Pérez solicitó se embargaran suficientes bienes de los demandados para responder de su reclamación. En su moción, el deman-dante pidió que el embargo se expidiese sin fianza, fundán-dose en el caso de Fabelo, etc. v. Quintana, 47 D.P.R. 71. La corte concedió el embargo sin fianza y la National Surety Co., cuya propiedad había sido específicamente embargada, radicó una moción para que se levantara el embargo, basada en que el caso citado era inaplicable y qne se debió haber exigido la prestación de una fianza. Se apela de la denega-ción de esta última moción.

La única cuestión ante nosotros es si los hechos de este caso sostienen la conclusión de la corte inferior al efecto de qne “consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible.”

El punto no es enteramente nuevo en esta jurisdicción. Los siguientes casos han tratado sobre la misma situación en general: Avalo v. Porrata (2 decisiones) 19 D.P.R. 20 y 29; Polanco v. Goffinet, 26 D.P.R. 323; Roig v. Landráu, 29 D.P.R. 315; Bonilla v. Santiago, 30 D.P.R. 246, 248; Benitez v. Benitez, 34 D.P.R. 222; Fabelo, etc. v. Quintana, 47 D.P.R. 71; Blanco Fresno & Co. v. Royal Ins. Co. et al., 47 D.P.R. 277.

En el primero de los casos de Avalo, supra, esta corte dijo, a la pág. 28:

“Como antes liemos dicho, para que el aseguramiento de sentencia pueda decretarse sin fianza, es necesario que aparezca claramente de documento auténtico que la obligación es exigible, lo que quiere decir no sólo que los documentos en que se base la petición sean auténticos, sino también que fácilmente, sin gran dificultad, pueda el juez venir en conocimiento de que realmente la obligación existe y puede recla-marse. ’ ’

Los dos casos que en nuestra opinión tienen alguna rela-ción con el presente son los de Roig v. Landráu y Fabelo v. Quintana Reyes, supra. Tanto el apelado como la corte inferior descansan en el caso de Fabelo.

En este último caso Quintana Reyes había demandado originalmente a Fabelo para recobrar la posesión de un auto-camión que Quintana alegaba le había sido previamente ven-dido. Después de prestar una fianza de acuerdo con la sec-ción 173 del Código de Enjuiciamiento Civil, obtuvo la en-trega de dicho camión. Posteriormente se dictó sentencia en contra de Quintana, con costas. Carolina Fabelo entonces instó demanda contra Quintana alegando tres causas de acción, a saber: (a) reclamando $1,000 como el valor del camión, (b) reclamando $2,000 por la pérdida del uso del mismo, y (c) reclamando $515 por costas y honorarios de abogado incurridos en defenderse del pleito original. La controversia en apelación fué si ella tenía derecho a un embargo sin fianza, ..Al confirmar la resolución de la corte inferior que había concedido dicho privilegio, esta corte dijo:

“Admite el apelante que la sentencia que tuvo en cuenta la corte de distrito es un documento auténtico, pero sostiene que de ella no surge que las cantidades reclamadas sean exigibles porque se limitó a declarar la demanda sin lugar, con costas.
“Si la sentencia no estuviera explicada por la relación del caso y opinión que es parte de la misma, tendría razón el apelante. Pero estándolo como lo está no erró la corte sentenciadora al actuar en la forma en que lo hizo.
“Es cierto que el exacto valor del truck está sujeto a ser fijado a virtud de las alegaciones y las pruebas, lo mismo' que la suma reclamada por concepto del uso del mismo, y que las costas quizá estén abiertás a discusión,. pero ello no quiere decir que las obliga-ciones reclamadas no surjan de documentos auténticos como lo son la sentencia y la fianza de que se trata y que na sean exigibles. ’ ’

El caso de Roig v. Landráu fué uno en que Roig sub-arrendó una propiedad inmueble a Landráu y también le vendió la caña sembrada en dicho terreno a un precio que debía medirse por el que Landráu recibiese en pago de dicha caña de cierta central azucarera. Todo el contrato “fué incor-porado en una escritura notarial. Luego Roig trajo una acción contra Landráu alegando que éste aún le debía $7,713.03 como resultado de la recolección de dicha caña. Trató de embargar propiedad del demandado sin. fianza y la corte le negó tal derecho. En apelación esta corte resolvió:

“Es verdad que el contrato celebrado se hizo constar en un do-cumento público, pero la cantidad reclamada si bien emana de o tiene su base en dicho contrato, depende de datos, cálculos y liqui-daciones que no constan en forma auténtica alguna. Y siendo ello así, la aplicación de la ley hecha finalmente por la corte de distrito, se ajusta a su espíritu. De otro modo sería suficiente que la base de una obligación cuyo desarrollo y extensión dependiera de hechos ulteriores, constara .en escritura pública, para decretar sin fianza el embargo de bienes del obligado por una cuantía que dependería de la simple alegación, ni siquiera jurada, como en este caso, del de-mandante.” (Itálicas nuestras.)

La Ley de Enjuiciamiento Civil española bajo el título de “Embargos Preventivos” disponía en su artículo 1400 que antes de que se permitiese un embargo era necesario que el demandante acompañase su solicitud con un documento demostrativo de la existencia de una deuda y que el deudor fuese o extranjero o residiera fuera de España o hubiese desaparecido de su residencia bajo condiciones especiales. Se desprende que bajo la disposición arriba expuesta sola-mente aquellos títulos que llevaran aparejado el llamado dere-cho de ejecución le permitirían embargar sin fianza. Entre estos títulos se encontraban: escrituras notariales, documen-tos privados reconocidos bajo juramento ante un juez compe-tente o una deuda confesada ante él, letras de cambio bajo circunstancias específicas, obligaciones vencidas pagaderas al portador, etc. Yéase Mantesa, Comentarios al Código de Enjuiciamiento Civil español, volumen 5, pág. 375 et seq. y 430 et seq. De los comentarios citados parece que bajo el pro-cedimiento español embargos preventivos para asegurar la efectividad de sentencias solamente procedían en acciones para cobrar una deuda y en esos casos exclusivamente cuando la deuda constase en un documento escrito. Pág. 379, supra.

Es difícil encontrar jurisprudencia en los Estados Unidos porque pocos de los estados, de haberlos, tienen estatutos que permitan embargo antes de sentencia. Podemos presumir, por lo tanto, que nuestra legislación ha sido modelada de acuerdo con lo que sugiere la ley española. Aplicando el pro-cedimiento peninsular parecería que la frase “si consta cla-ramente en documento auténtico que la obligación es exigible ’ ’ de nuestro estatuto, se refiere a. “ el título o documento que tenga aparejada ejecución,” que se define por la sección 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española y a la cual ya nos hemos referido.

Sin embargo, existen varias diferencias- en nuestra legis-lación actual. Mientras el Código Español requería que la acción fuese en cobro de deuda, nuestro estatuto no ha limi-tado así el campo. Cuanto requiere es que conste en docu-mento auténtico que la obligación es exigible. No se define expresamente la clase de obligación.

¿Era la obligación bajo las fianzas, en un caso que había progresado hasta donde ha llegado el presente, la clase de obligación que tuvo por mira nuestro estatuto? La National Surety Co. se había obligado auténticamente a pagar aque-llos daños, de haberlos, que fuesen incurridos por el deman-dado como resultado del embargo, pero dicha obligación depen-día necesariamente para su exigibilidad de la existencia material de dichos daños. No puede presumirse legalmente la exis-tencia de daños excepto quizá en ciertas circunstancias. En el caso de Eabelo los hechos que dieron lugar a la acción de la demandante ya habían transcurrido. El autocamión le había sido quitado a la demandada bajo una fianza que expre-samente obligaba al demandante a devolver el mismo o su valor, las costas ya habían sido incurridas por ella y se le habían concedido por sentencia y ella había sido privada del uso del autocamión. Todo eso aparecía de la sentencia y opinión de la corte sentenciadora. Ellos eran hechos indiscu-tibles que automáticamente crearon la obligación y su exigi-bilidad.

En el presente caso dos pasos tienen que preceder el dere-cho a exigir el cumplimiento de la obligación bajo la fianza. Uno es la decisión judicial al efecto de que existen daños y el otro es la determinación de sn cuantía. Bajo el caso de Fabelo el último carece de importancia, pero el primero debe siempre demostrarse.

Somos de opinión, por lo tanto, que la resolución de la Corte de Distrito de Eumaoao de diciembre 7, 1936, debe ser revocada y la orden de la misma corte de fecha 14 de diciem-bre de 1935, decretando el embargo sin fianza, debe ser anil-lada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Rafael Dávila Díaz, demandante y apelante, v. Raimundo Balet Puig, sustituído por Gloria Fuxá y Raimundo y Pedro Balet Fuxá, demandados y apelados.
    Núm. 7464.

    Sometido: Febrero 24, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      A. L. López, abogado del apelante; José C. Rivera Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada en Caguas el 28 de diciembre de 1927, y por la suma de $2,100 que en ella se bacía constar, Rafael Dávila Díaz, demandante en el pleito que está ante nos, cedió a Raimundo Balet Puig dos créditos hipotecarios cedidos a Díaz, en que los deudores hipotecarios eran Jesús Dávila y su esposa. El demandante hacía constar en dicha escritura que había recibido la mencionada suma con ante-rioridad al otorgamiento de la misma.

El demandante continuó alegando que a pesar de haberse hecho constar qne había recibido la ameritada suma, en realidad ello nunca sucedió así; que él y su hermano Emilio .Dávila, en el año 1927-28, sembraron tabaco en Veg’a Alta, y que la sociedad de Balet y Recondo de dicho pueblo convino verbalmente en conceder al demandante y a su hermano un crédito refaccionario sobre dicho tabaco; que Raimundo Balet era para aquel entonces uno de los gestores de dicha so-ciedad y exigió garantía para el préstamo refaccionario arriba mencionado; que Raimundo Balet convino en otorgar dicho préstamo refaccionario con la garantía de los antes mencionados créditos hipotecarios, y para cumplir con este convenio dichos créditos hipotecarios fueron cedidos al Sr. Balet por valor recibido; que se hizo la liquidación final de dicho crédito refaccionario y la misma demostraba un saldo a favor de los hermanos Dávila; que con la misma garantía dicha sociedad hizo otro préstamo refaccionario a los herma-nos Dávila en el año 1928-29; que el referido tabaco fué entre-gado a dicha sociedad y vendido por ésta sin consentimiento de los hermanos Dávila; que luego de venderse el tabaco la sociedad mandó a los hermanos una cuenta que mostraba un saldo contra ellos, pero que la cuenta no fué aceptada por los hermanos; que el demandante no adeudaba al demandado suma alguna y que sin la debida liquidación de la cuenta para el préstamo refaccionario de 1928-29, dicho demandado eje-cutó los dos créditos hipotecarios e hizo que la propiedad hipo-tecada le fuese adjudicada; que en dicha adjudicación el demandado redujo la suma de los créditos hipotecarios; que los deudores hipotecarios, Jesús Dávila y su esposa, nunca habían efectuado pago alguno para abonar al capital o los intereses de dichos créditos, y que cuando dicho demandado alegó que su crédito ascendía a $1,350 en vez de $2,100, él hizo tal alegación bajo el supuesto de que el demandante era su deudor, cosa' que no era cierto.

El demandado aceptó las alegaciones de la demanda, excepto en tanto las mismas se referían al hecho de que el precio de las cesiones no le había sido entregado. También negó todas las alegaciones de la demanda relativas a los prés-tamos refaccionarios. Como defensa especial adujo que el demandante le cogió prestados a él, Raimundo Balet, diversas sumas de dinero, y que allá para fines del año 1927, el deman-dante adeudaba al demandado $1,800, y que al liquidar sus cuentas, ellos convinieron en la cesión de los dos créditos hipotecarios en pago de dicha suma; que el saldo del importe de los créditos hipotecarios, o sea la suma de $300, fué entre-gado por el demandado al demandante el mismo día que se otorgó la escritura de cesión en Caguas y antes de firmarse la misma; que la propiedad objeto de los créditos hipoteca-rios estaba sujeta a otro crédito hipotecario que fué ejecu-tado y que la propiedad fué adjudicada a Buibal & Matanzo, quienes luego la vendieron a Marcos Reyes Vergara; que este último hizo ciertos pagos a Raimundo Balet para que se le abonaran al crédito hipotecario que le había sido cedido por el demandante; que él aplicó dichos pagos al primer crédito hipotecario; que la cesión de los créditos hipotecarios a Rai-mundo Balet fué hecha por el demandante con el único fin de conservar su crédito personal con el primero; que la socie-dad de Balet y Recondo nada tenía que ver con la cesión de los créditos hipotecarios celebrada entre el demandante y Raimundo Balet.

El demandante declaró ante la corte de distrito más o menos sosteniendo sus alegaciones. El demandado también así lo hizo. La corte de distrito en su opinión declaró que el demandante no había probado satisfactoriamente su caso y desestimó por ende la demanda. El demandado original, Raimundo Balet Puig, falleció el 1 de marzo de 1936, y su sucesión, compuesta de su viuda Gloria Fuxá y de sus meno-res hijos Raimundo y Pedro Balet Fuxá, fué sustituida como parte demandada por orden de la corte de distrito. El deman-dante apeló de la resolución de la corte de distrito y señala dos errores, a saber:

1. Que la corte de distrito cometió error al no resolver que la contestación admitía todas las alegaciones esenciales de la demanda, j

2. Que la corte de distrito cometió error al estimar que la prueba sostenía las defensas especiales alegadas por el demandado.

Para sostener su primer señalamiento, el apelante alegó que el demandado, en su contestación, usó negaciones que envolvían afirmaciones (negative pregnants) para negar las aseveraciones de la demanda, admitiéndolas en su consecuen-cia. Aceptando como un hecho, meramente para los fines de la discusión de este error, que la contestación del demandado contenía en realidad negaciones que envolvían afirmaciones, bailamos, sin embargo, que dicha contestación también conte-nía materia nueva, que se alegó a manera de defensas espe-ciales contra la demanda.-

En un caso algo similar al presente—Berríos v. Garáu, 46 D.P.R. 799, 802—este tribunal dijo lo siguiente:

“. . . El demandante pidió a la corte que dictara una sentencia en su favor invocando los artículos 110 y 113 del Código de Enjui-ciamiento Civil y los casos de Horton et al. v. Robert, 11 D.P.R. 176, Delanoy v. Blondet, 22 D.P.R. 236, Fernández v. Ruiz Soler, 27 D.P.R. 80 y Santiago v. Cabán, 23 D.P.R. 509, en los cuales se sostiene la doctrina de que cuando la demanda es jurada, las negaciones con-tenidas en 1a. contestación deben ser específicas y si no lo son y si no se alegan nuevos hechos constitutivos de defensa, se considerarán aceptados los hechos alegados en la demanda y podrá dictarse una sentencia sobre las alegaciones si así se solicita.
“Pe opuso el demandado:
“ ‘2do. Porque de no serlo así, las defensas especiales alegadas por el demandado controvierten las alegaciones de la demanda; y
“ ‘3ro. Porque aun aceptando que no fuera así, el demandante ha perdido sus derechos (a) por no haber presentado moción para sentencia por las alegaciones y (b) porque presentó prueba para tratar de sostener esas alegaciones que ahora dice fueron admi-tidas. ’ ’
“La corte de distrito resolvió la cuestión levantada en contra del demandante, con razón a nuestro juicio.
“En primer lugar la cuestión se suscitó demasiado tarde. En el caso de Ana María Sugar Co. v. Castro et al., 28 D.P.R. 241, 260, elijo esta Corte:
“ ‘Sostiene también la apelante que la corte debió haber dictado sentencia sobre las alegaciones. En primer lugar somos ele opinión de que una moción para que se dicte sentencia basada en las alega-ciones debe hacerse antes ele que se llame el caso a juicio, por los mismos principios discutidos en el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111. Debe presumirse que si el demandante va a juicio sin promover la cuestión de la suficiencia de la contestación, ya me-diante tal moción o por moción para eliminar, él está conforme con las cuestiones como han sido alegadas. Tal moción, en beneficio de la justicia, no debe hacerse a manera ele sorpresa en el juicio. ’
“Y en segundo lugar en su contestación el demandado no se li-mitó a la negativa de referencia. Levantó doce defensas especiales que hemos examinado y que estamos de acuerdo con la corte senten-ciadora en que constituyen una suficiente negación de y oposición a los hechos todos de la demanda, quedando así subsanado el de-fecto. En el caso de Fajardo v. American Railroad Company, 27 D.P.R. 608, 610, resolvió esta corte:
“ ‘Aunque el demandado negó de una manera general el hecho segundo de la primera causa de acción, sin embargo, como alegó en contrario materia que es una oposición completa a todos los extremos consignados en dicha alegación, resultó de este modo negada ■ espe-cíficamente dicha alegación ya que las afirmaciones en una contes-tación contraria a lo que afirma la demanda equivalen a una nega-ción de ésta y, por tanto, la corte inferior no cometió el error que se le atribuye. (Citas.)”

La misma idea fue sostenida en el caso de Santana v. Orcasitas, 47 D.P.R. 735, en la siguiente forma:

“El defecto al negar la verdad literal de alegaciones contenidas en una demanda jurada queda subsanado cuando el demandado no se limita a la negativa de referencia sino que alega defensas que constituyen una suficiente negación de, y oposición a los hechos con-tenidos en esas alegaciones.”

Véanse también Tevis v. Hieles, 41 Cal. 123 y Fitzgerald v. Neustadt, 91 Cal. 600. En su consecuencia, la corte de dis-trito no cometió error, según alega el apelante en su primer señalamiento.

El segundo señalamiento hecho por el apelante carece en absoluto de mérito, toda vez que en él se alega que la corte estimó que la prueba sostenía las defensas especiales aduci-das por el demandado. Al examinar la opinión de la corte de distrito no podemos hallar sostén para tal aseveración. La Tínica referencia que la corte hace a la prueba aducida por las partes se encuentra al decir ésta lo siguiente:

“Examinadas las alegaciones de las partes y considerada mi-nuciosamente la evidencia documental ofrecida por cada una de ellas, así como considerada la testifical aportada por ambas; pon-derada ésta en relación con la documental y juzgada de acuerdo con las modalidades que revistió la testifical ofrecida por eb demandante y el demandado, la corte ha llegado a la opinión de que el demandante no ha probado satisfactoriamente su caso y de que, por consiguiente, su demanda debe ser declarada sin lugar...”

De lo anterior puede verse que la corte no resolvió que la materia nueva fué probada por el demandado, sino que por el contrario resolvió que el demandante no había probado su taso.

Además, convenimos con el apelado en que el señalamiento es insuficiente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Quintana Racing Park, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7412.

    Sometido: Febrero 2, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      BoIívm' Pagán, abogado de la apelante; 1-Ion. Procurador General B. Fernández García y C. Andréu Pibas, Snbpr ocurador General Au-xiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 4 de 1934 se celebraron varias carreras en el hipódromo Quintana, perteneciente al demandante, Quin-tana Bacing Park, Inc. En dicho día y de conformidad con la Ley Hípica de Puerto Eico (Ley núm. 11 ele 1932, Leyes de 1931-1932, pág. 195), se celebró también en relación con esas carreras lo que se conoce con el nombre de subscription-fund. Deogracias Viera Bodríguez, que para aquel entonces era presidente de dicha corporación, fué designado “Begis-trador Oficial.” Dicho nombramiento fué aprobado por la Comisión Hípica Insular. Para el referido subscription fund se vendieron 33,588 boletos. En la faz de cada boleto se hizo constar que el valor del mismo era 72 centavos y que la comi-sión del agente sería de 28 centavos.

El Colector de Rentas Internas de Río Piedras impuso en 5 de diciembre de 1934 al Quintana Racing Park, Inc., una contribución de $2,653.46, o sea el 10 por ciento del 75 por ciento de 33,588 boletos a un dólar, y otros cargos que no están aquí en disputa. El demandante pagó dicha suma bajo protesta e instó demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito de San Juan para obtener la devo-lución de dicha contribución. La corte de distrito resolvió en favor del Tesorero y declaró sin lugar la demanda. De esta decisión el demandante, Quintana Racing Park, Inc., apeló y señala cuatro errores, así:

“1. La corte inferior incurrió en error al resolver que era la de-mandante la obligada a retener el importe de la contribución por con-cepto de arbitrio del ‘subscription fund’ del 4 de noviembre de 1934, y pagar dicho arbitrio al Tesorero de Puerto Rico, y no el agente registrador de dicho ‘subscription fund’, Deogracias Viera Rodríguez.
“2. La corte inferior incurrió en error al resolver que la deman-dante venía obligada a pagar $2,653.46 al ¡Tesoro Insular por los re-feridos arbitrios, y no $1,813.75 de acuerdo con el dinero recibido por el registrador del fondo.
“3. La corte inferior incurrió en error en la apreciación de la evi-dencia practicada por la demandante.
4. La corte inferior incurrió en error al dictar sentencia decla-rando sin lugar la demanda.”

El apelante, en apoyo de su primer señalamiento, sostiene que el Quintana Racing Park, Inc., no estaba obligado a pagar la contribución del subscription fund, y que por el contrario Deogracias Viera Rodríguez, el “Registrador Oficial,” era el llamado a efectuar tal pago. En apoyo de este argumento el demandante insiste en que el artículo 29 de la Ley Hípica (núm. 11 de abril 18, 1932, Leyes de ese año,' página 195) no dice que el dueño de un hipódromo esté obligado a cumplir con los deberes que recaigan sobre la persona encargada del subscription fund. El demandante arguye además que las personas que tenían el dominio absoluto del fondo eran el “Registrador Oficial” y la Comisión Hípica Insular y que no podía retirarse de los bancos fondo de clase alguna sin la autorización de ambos. Sin embargo, el párrafo 3 de la Ley núm. 11 de la tercera sesión extraordinaria de 1932, página 51, lee así:

“Pools y Subscription Funds.Toda persona que perciba u ob-tenga cualquier cantidad como ganancia en los Pools y Subscription Funds en cualquier hipódromo establecido en Puerto Rico, pagará en concepto de arbitrios diez (10) por ciento del montante de la can-tidad percibida, recibida u obtenida. Este impuesto será retenido por la persona, compañía o corporación a cargo de la explotación del hipódromo, deduciéndola del montante que deberá percibir u ob-tener el agraciado, la cual cantidad deberá ser pagada dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se hayan efectuado tales pagos y mediante la cancelación de sellos de rentas internas sobre facturas que proveerá el Tesorero de Puerto Rico; ...”

La obligación de retener la contribución impuesta sobre las ganancias obtenidas en el subscription fund se fija por tanto claramente a la persona, compañía o corporación en-cargada de la explotación del hipódromo, y toda vez que el Quintana Eacing Park, Inc., era dicha corporación, él es, en su consecuencia, la persona directamente responsable por ley del pago de dicha contribución. El primer supuesto error señalado por el apelante carece por ende de fundamento.

Como segundo error el apelante sostiene que la contribución impuesta debió haber sido $1,813.75, en vez de $2,653.46. Para sostener esta asunción, el apelante alega que el valor del boleto era en realidad 72 centavos, concediéndose los otros 28 centavos al agente como comisión por la venta del mismo. En otras palabras, que tan sólo 72 centavos del precio pagado por el boleto ingresaban en el fondo, del cual más tarde se pagaban los premios. El apelante cita el inciso 3 de la Ley núm. 11, tercera sesión extraordinaria de 1932. Dicho inciso prescribe lo siguiente:

“Tocia persona que perciba -u obtenga cualquier cantidad como ganancia . . . pagará en concepto de arbitrios diez (10) por ciento del montante de la cantidad percibida ... Y, disponiéndose, ade-más, que el montante recaudado por el impuesto del diez (10) por ciento sobre la cantidad a repartir por concepto de premios deri-vados del producto de la venta de .tickets suscritos al 'subscription fund’ ...”

Por tanto, es evidente qne la contribución del 10 por ciento es un impuesto sobre las ganancias.

El artículo 29 de la Ley nmn. 11 de 1932 (Leyes de 1931-1932),. págs. 195, 211, dispone:

“En los hipódromos de Puerto Rico se descontará ... el veinte y cinco (25) por ciento del total bruto o de las apuestas que se crucen en el pool, subscription funds o mutuels. El total bruto que se derive por concepto de dichos descuentos deberá ser distribuido en la si-guiente forma: ochenta y cinco (85) por ciento para la corporación explotadora del hipódromo y quince (15) por ciento para los fondos de la Comisión Hípica Insular.”

En su consecuencia, la comisión que el Quintana Racing Park, Inc., paga a sus agentes por la venta de boletos debe deducirse del 85 por ciento del 25 por ciento del total bruto de las apuestas entregadas a la corporación, toda vez que dicha comisión constituye un gasto de explotación. El otro 75 por ciento del total bruto ingresa en el fondo del cual se pagan las ganancias, y es esta última suma a la cual se im-pone una contribución del 10 por ciento. La regla núm. 3 adoptada por la Comisión Hípica Insular lee así:

“Los boletos debidamente numerados serán vendidos al precio que se estipule en los mismos, debiendo ingresar en el ‘fondo’ el im-porte que se obtuviere de dicha venta, debiéndose especificar en cada boleto, además del valor del mismo, la comisión que deberá percibir la persona encargada de su venta. En el caso de que el boleto se fraccionase para su mayor difusión, deberá llenarse el anterior requi-sito en cada una de dichas fracciones.”

Esta regla no altera el valor del boleto, según alega el apelante, de un dólar, valor efectivo, a 72 centavos. El ape-lante alega que del precio del boleto, 72 centavos es la suma que va a poder del “Registrador Oficial,” puesto que el agente retiene su comisión y la misma, por tanto, no perte-nece al fondo. La regia 3 de la Comisión Hípica Insular expone claramente que el boleto será vendido al precio fijado en el mismo y que la suma obtenida de dicha venta ingresará en el fondo. Luego dice que la comisión pagada al agente también aparecerá impresa en el boleto. Aun si esta regla fuera contraria a los términos del artículo 29 de la Ley núm. 11 de 1932, este último sería aplicable, toda vez que la Comi-sión Hípica Insular en ningún momento puede modificar la ley adoptando una nueva regla. La corte de distrito no cometió el segundo error señalado por el apelante.

Como tercer señalamiento el apelante sostiene que la corte de distrito cometió error al apreciar la prueba del deman-dante. El apelante insiste en que él nada tiene que ver con la administración del fondo y que la única persona que tenía el dominio absoluto y la administración del subscription fund y el manejo del fondo era el “Registrador Oficial,” con la intervención del presidente de la Comisión Hípica Insular. También sostiene que la prueba demuestra que el valor de cada boleto era 72 centavos y no un dólar, ya que la comisión pagada no formaba parte del fondo. No vemos que la corte de distrito cometiera error alguno, toda vez que en lo que al valor del boleto se refiere, la Ley Hípica directamente cubre el punto y en su consecuencia ello no es una cuestión de evi-dencia sino de interpretación estatutaria.

El cuarto señalamiento del apelante es que la corte de distrito cometió error al desestimar la demanda. Como la contribución fijada por el Colector de Rentas Internas de Río Piedras fue correctamente impuesta, la corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los señores Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Ramón Luis García Robles, lesionado.
    Núm. 33.

    Sometido: Mayo 2, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Son. Procurador General B. Fernández Gm.xía, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar j Luis Neofrón Fernández, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; Virgilio Brunet, abogado del lesionado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

De los hechos incontrovertidos de este caso se desprende que el menor Ramón Luis García Robles sufrió un accidente mientras se hallaba en el curso de su empleo; que al momento del accidente él tenía 14 años de edad y estaba empleado sin que su patrono hubiera obtenido el permiso requerido por la Sección 8 de la Ley núm. 75 de 1921 (leyes de ese año, pág. 679) para reglamentar el empleo de menores.

Surgió la cuestión de si dicho menor, que era de edad “permisible” de empleo, estaba protegido o cubierto por la Ley de Indemnizaciones a Obreros (Núm. 45 de 1935, (1) pág. 251). El Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado denegó la compensación, fundándose en que al tiempo del accidente el empleo del menor era ilegal y qne por ende no estaba comprendido por la Ley de Segnro del Estado. Al apelarse para ante la Comisión Industrial la decisión del Administrador fue revocada y la compensación concedida. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado recurrió para ante este tribunal y señala tres errores, que en realidad pueden reducirse a uno.

La única cuestión a determinarse es si el menor tiene derecho a estar protegido por la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1935, supra. El punto no ba sido resuelto en esta jurisdicción, mas bay abundante jurisprudencia en los distintos Estados de la Unión. La regla general seguida por la mayoría de los Estados es que el empleo que tienen por mira las disposiciones de las leyes de indemnizaciones a obreros, es un empleo legal y que semejantes estatutos no son aplicables a casos en que un menor cuyo empleo es ilegalsufre lesiones. Véanse 14 A.L.R. 825; 33 A.L.R. 341; 49 A.L.R. 1436; 60 A.L.R. 848; y 83 A.L.R. 420 y los casos allí citados.

Se desprende igualmente que con la posible excepción de Wisconsin, Washington y Nueva York, las cortes no han reconocido ninguna distinción entre el empleo de un menor que en manera alguna puede ser empleado legalmente y, el de un menor que puede ser empleado bajo determinadas con-diciones de trabajo o con un permiso especial, cuando tal permiso no se obtuvo o no se cumplieron tales condiciones. Pueden consultarse las mismas notas arriba citadas de American Law Reports. •

Es cierto, según hace constar la Comisión Industrial en su opinión, que muchos de los estatutos que se han interpre-tado en la forma que se dice más arriba, contenían disposi-ciones que expresamente limitaban la aplicación de tales es-tatutos a menores a quienes se permitía legalmente trabajar bajo las leyes del Estado. Se da mucho énfasis al hecho de que nuestra Ley de Indemnizaciones a Obreros- no contiene expresamente tal limitación. El artículo 38 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros vigente, al definir las palabras “obrero” o “empleado,” dispone:

“Se entiende por ‘obrero’ o ‘empleado’ toda persona al servicio de cualquier individuo, sociedad o corporación que emplee regular-mente obreros comprendidos bajo las disposiciones de esta Ley; Dis-poniéndose, que se excluyen expresamente los obreros y empleados dedicados al servicio deméstico y aquéllos cuya labor sea de un carác-ter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, in-dustria, profesión u ocupación, aquéllos que trabajen en sus domi-cilios, y los de patronos exentos de las obligaciones de esta Ley.
“Las palabras ‘obrero’ o ‘empleado’ incluyen a todo trabajador que se emplee en cualquier establecimiento u ocupación fabril, comer-cial o agrícola por una persona natural o jurídica por alguna com-pensación, y por el Gobierno Insular o cualquiera de sus dependen-cias, do acuerdo con los fines de esta Ley.”

El empleado y la Comisión Industrial sostienen qne la anterior definición es lo suficientemente amplia para que in-cluya a cualesquiera menores que estén efectivamente em-pleados.

El artículo 8 de la Ley núm. 75 de 1921, supra, dispone, sin embargo, lo siguiente:

“Ningún niño de catorce y menor de diez y seis años será em-pleado, ni se le permitirá ni tolerará que trabaje en ninguna ocu-pación lucrativa ni en relación con ella, excepción hecha del trabajo doméstico y en granjas y jardines a menos que su patrono procure y conserve en sus archivos, y accesible para cualquier funcionario, inspector u otra persona autorizada para obligar o ayudar a obligar al cumplimiento de esta Ley, un permiso para trabajar durante el curso escolar expedido de acuerdo con lo que más adelante se dispone en esta Ley, y que fije una lista completa de todos estos niños empleados en tal ocupación en un sitio visible del local donde tales niños están empleados. ’ ’

No bay duda alguna en este caso que no se dió cumpli-miento a las disposiciones del artículo anterior.

Ha habido casos que han resuelto que los menores ilegal-mente empleados deben ser considerados como que tienen derecho a estar protegidos por la Ley de Indemnizaciones a Obreros bajo el supuesto “amplio y humanitario fin de la ley, de dar un remedio seguro y rápido a aquéllos que sufren lesiones en la industria y a los que de ella dependen.” Pierce’s Case, 267 Mass. 208; 166 N. E. 636. Creemos que la política de la Ley para Reglamentar el Empleo de Menores, aprobada para proteger la salud y el desarrollo de los niños, es mejor fomentada con una interpretación de la Ley de Indemnizaciones a Obreros que esté en armonía con los prin-cipios expresos de tales leyes de menores, conforme las mismas estaban en vigor al tiempo en que la actual Ley de Indemnizaciones a Obreros fué aprobada. No debe uno olvi-dar, que el contrato de seguro existe entre el empleado y el Fondo del Estado, y que el empleado es tan sólo un benefi-ciario que no tiene, o no debe tener, derechos de clase alguna a menos que el patrono haya cumplido con todas las condi-ciones del contrato de seguro. Si al menor se le priva de su recurso bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros, él tiene aún derecho a acudir ante los tribunales contra su patrono.

En nuestra opinión la Ley de Indemnizaciones a Obreros tiene por mira proteger a un empleado que ha sido legal-mente contratado y no a aquél en cuyo empleo ha habido alguna violación de la ley. Un menor que está entre los 14 y los 16 años y para cuyo empleo no se ha obtenido permiso, se halla en la misma posición que uno que tiene menos de 14 años y se le emplea en violación de la Carta Orgánica y de la Ley para Reglamentar el Empleo de Menores, de 1921. El empleo de cada uno de esos menores está en violación de la ley y por tanto resolvemos que no fué la intención que estuvieran cubiertos por el Fondo del Estado.

Convenimos con el recurrente, en que la Ley para Regla-mentar el Empleo de Menores ha de ser tomada en conside-ración al interpretar la Ley de Indemnizaciones a Obreros. Es cuestión de bienestar público, así como de política pública, que tan sólo aquellos menores que están debidamente capa-citados para el trabajo a tenor de la Ley para Reglamentar el Empleo de Menores, sean empleados. El permitir que los patronos ocupen menores de edad y el otorgar tanto al pa-trono como al empleado los privilegios de la Ley de Indemni-zaciones a Obreros tendería a alentar más bien que a desalen-tar el empleo' de menores. Este principio está sostenido por los siguientes casos: Messmer v. Industrial Board, 282 Ill. 562; 118 N. E. 993; Rock Island Coal Mining Co. v. Gilliam, 213 P. 833, 89 Okla. 49; Widdoes v. Laub, 129 A. 344, 33 Del. 4; Lincoln v. National Tube Co., 112 A. 73, 268 Pa. 504 y muchos otros.

En el caso de Tilgham Co. v. Conway, 133 A. 593, la corte dijo:

“.... El i-esultacLo de tina condición en que se emplea o permite' que trabaje en. una fábliea a un menor entre 14 y 16 años, sin que tenga un certificado de empleo, es igual que si el menor tuviera me-nos de 14 años. En ambos casos el empleo es ilegal por estar espe-cíficamente prohibido por aquellas secciones del artículo 100 del Có-digo arriba citado. Viéndose, pues, que el empleo es ilegal y que está prohibido por la ley positiva, ¿comprende y son aplicables a tales personas las disposiciones de la Ley de Indemnizaciones o Obre-ros? Creemos que no.”

El caso contiene una discusión detallada del problema que ahora está ante nos y un buen análisis de los varios casos principales sobre la materia.

La interpretación que estamos dando, creemos redunda en beneficio de los menores y es consistente con los mejores principios de derecho.

Por las razones antes expuestas debe revocarse la resolu-ción de la Comisión Industrial.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez 'Asociado Señor HutohisoN

text:
    María de Jesús, demandante, apelada y apelante, v. Miguel J. Arzuaga, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 7725.

    Sometido: Junio 20, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Y. Brunet, abogado del apelante apelado; Cao-Ios D. Yázquez, abo-gado de-la apelada apelante.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez 'Asociado Señor HutohisoN

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 1805 del Código Civil (edición de 1930) lee así:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

La demandante, en acción de daños y perjuicios basada en el artículo anterior, obtuvo sentencia a su favor por la suma de $700 y honorarios de abogado. El demandado, dueño de un perro policía, apela y dice que la corte de dis-trito cometió error: al resolver que la causa próxima del acci-dente fué el ‘ ‘ acometimiento ’ ’ del perro; al resolver que no hubo fuerza mayor: al declarar que el demandado es respon-sable de los daños sufridos por la demandante; al condenar al demandado a pagar la suma de $700, más las costas y ho-norarios de abogado.

El apelante cita a Gastan, Comentarios al Código Civil Español (edición de 1931) al efecto de que la disposición esta-tutaria se basa en la presunción de que el dueño del animal incurre en culpa, principalmente por falta de “vigilancia.” Cita también a Manresa (tomo 12, edición de 1931, pág. 574) como autoridad para el criterio de que si el acto de un ter-cero no pudo ser previsto o impedido por el dueño del animal, el resultado es igual al de la fuerza mayor. Cita igual-mente el caso de Bostock-Ferari Amusement Co. v. Brocksmith, 73 N. E. 281, y copia en su alegato la opinión emitida por una Corte de Circuito de Ohio en Seegmueller v. Pahner, 29 Ohio Cir. Ct. 693, citado en 3 C. J. 97, 98, sección 330, nota 14, bajo el inciso (6), Barking Dog. La apelada solicita la desestimación de la apelación por frívola y que se le conce-dan costas y honorarios de abogado.

María de Jesús caminaba por la acera de la Avenida Fernández Juncos, que es una de las dos vías principales de Santurce, sección densamente habitada de la ciudad de San Juan. La acera estaba separada del patio delantero de la casa del demandado por una verja de hierro. El perro del demandado hizo que María se cayera y se fracturara un brazo. El único conflicto en la prueba giraba en torno a la forma en que el perro dió lugar a este resultado.

La ciara preponderancia de la prueba fué al efecto de gue cuando la mujer pasaba junto al portón del frente, el perro salió del patio repentinamente y la atacó. La deman-dante declaró que fué lanzada al suelo por el impacto de las patas delanteras del animal en la espalda de ella. Su decla-ración fué corroborada por lo menos por la de dos testigos oculares aparentemente inteligentes y desinteresados. Según la hoja clínica del caso conforme la describe un médico del hospital, ella hizo el mismo relato del caso al llegar al hospital inmediatamente después del accidente.

Por la parte demandada se presentaron dos testigos. Uno de éstos declaró que la mujer trató, de correr y se cayó y que él no vió ni oyó ningún perro. El otro era el celador nocturno del demandado. Declaró sustancialmente lo que sigue:

“Dormía durante el día en una casita que había en aquel lugar; se levantaba de ordinario de 5 a 6 de la tarde y comía en la casa del demandado; el animal era un perro policía grande, de-color negro, y joven; el testigo no sabía la edad del animal; no había examinado sus dientes porque le tenía miedo; de día estaba encadenado detrás de la casa; de tarde el testigo sacaba el perro de paseo por el patio cogido de la cadena; no podía soltársele; en la tarde en cuestión el testigo tenía el perro en el patio delantero de la casa; el perro tenía sus patas anteriores en la verja del frente de la casa cuando la mujer pasaba; el perro le ladró y ella se asustó; ella se volvió, corrió contra un árbol y se cayó; el testigo amarró el perro, fué en ayuda de la mujer, y según instrucciones recibidas de la esposa del demandado, llevó a la herida al hospital donde ella le dijo al practicante que le había cogido miedo al animal y que se cayó cuando el perro le ladró; el animal — el testigo siguió contestando en el examen de repregunta— era un perro bravo; que si no se le amarraba atacaba a la gente; al principio, cuando el animal no conocía al testigo, le atacaba; primero él le tenía miedo al perro pero más tarde logró hacer las paces con él y sacaba al animal de paseo por la tarde; cuando el perro le ladró a la mujer, parecía como que iba a tirársele encima.

El practicante mencionado en la declaración del celador nocturno no fué llamado como testigo.

El juez de distrito declaró que la demandante tenía dere-cho a daños y perjuicios aun bajo la propia teoría del caso sustentada por el demandado. No hallamos error en esto. El celador nocturno era un empleado del demandado que ac-tuaba dentro de las atribuciones de su empleo y en el cum-plimiento de sus deberes como tal empleado. El perro estaba bajo su inmediata custodia y bajo su dominio. Él conocía mejor que nadie la propensión del animal a atacar a los ex-traños. Tenía toda razón para creer que el perro trataría de atacar o estaría propenso a atacar a la mujer a medida que ésta pasara por el lugar en que el perro estaba parado con sus patas delanteras en la verja. El permitir que el animal continuara en esta posición bajo semejantes circunstan-cias demostraba por lo menos falta de prudencia ordinaria.

El acto del perro fué la causa próxima de las lesiones re-cibidas y el juez de distrito no cometió error al así resolverlo. No hubo cuestión de fuerza mayor ni acto alguno de un ter-cero que pudiera considerarse como equivalente a fuerza mayor. La lectura de las opiniones emitidas en Bostock-Ferari Amusement Co. v. Brocksmith y Seegmueller v. Pahner, supra, bastará para distinguir esos casos. La de-mandante tenía perfecto derecho a hallarse donde estaba sin que se le sometiera al temor de un ataque repentino o ines-perado o a un supuesto ataque por parte de un perro aparen-temente bravo, y sin estar sujeta a la amenaza de tal ataque. El acto del perro del demandado, permitido negligentemente —de no haber sido deliberadamente — por el empleado del de-mandado, equivalió a una invasión de ese derecho.

La corte no cometió error al declarar que el demandado era responsable de los daños y perjuicios recibidos por la de-mandante. La indemnización concedida no fué excesiva. No encontramos abuso de discreción en la concesión de costas. El recurso, a nuestro juicio, es claramente frívolo. Debe ser desestimado con costas adicionales que incluirán $50 de hono-rarios de abogado para la demandante y apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.