text:
    Guilhon & Barthelemy, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1573.

    Sometido: Noviembre 17, 1944.

      Resuelto: Diciembre 14, 1944.

      E. Martínez Rivera, abogado de la peticionaria; José López Baralt, abogado del interventor, demandante, en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso surgió como consecuencia de nuestra sentencia en Balasquide v. Guilhon & Barthelemy, 60 D.P.R. 341. Cuando la corte de distrito recibió nuestro mandato confirmando su sentencia a favor del demandado, éste soli-citó que el demandante consignara a nombre del demandado ciertas sumas de dinero de conformidad con una estipula-ción radicada por las partes a tenor con nn embargo efec-tuado originalmente por el demandante. La corte inferior celebró una vista de esta moción y dictó resolución el 15 de octubre de 1943, ordenando al demandante y a su fiadora que consignaran en corte la suma de $731.55, valor de la maqui-naria vendida objeto de este pleito, y $400 para honorarios de abogado.

El 21 de octubre de 1943 la demandada solicitó la recon-sideración de la referida resolución por los fundamentos de que ía corte de distrito había cometido error (1) al fijar el valor de la maquinaria en una suma menor que la de su ver-dadero valor; (2) al deducir de dicho valor la suma de $507 por el alegado motivo de que dicha suma ya se había pagado-a cuenta a la demandada y (3) al fijar los honorarios de abogado en $400. El 21 de octubre de 1943 el deman-dante y su fiadora apelaron de la resolución del 15 de octubre.

La corte inferior celebró una vista de la moción de recon-sideración el 13 de marzo de 1944. Posteriormente, decidi-mos el caso de Molina v. Rodríguez, 63 D.P.R. 477. Basán-dose en dicho caso, la corte de distrito dictó resolución el 13 de julio de 1944 declarando sin lugar la moción de reconside-ración por el fundamento de que se le había privado de jurisdicción para considerar la moción radicada por la deman-dada en vista de la apelación interpuesta subsiguientemente por el demandante. A solicitud del demandado expedimos el auto de certiorari para determinar esta cuestión de juris-dicción.

En el caso de Molina v. Rodríguez revocamos nuestros casos anteriores que resolvían que una corte de distrito podía considerar una moción pendiente ante ella de aper-tura de rebeldía aún después de haberse apelado de la sen-tencia para ante este tribunal. Resolvimos, siguiendo los casos de California, de donde se copió el artículo 297 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, que siendo dicho artículo terminante en sus disposiciones, por razón de la apelación, la corte inferior había perdido jurisdicción para considerar dicha moción.

Según dijimos en el caso de Molina, tanto los casos de California como los nuestros resuelven que la corte inferior tiene el poder de resolver una moción de nuevo juicio bajo estas circunstancias Dichos casos están predicados en la teoría de que tal moción no es un ataque directo a la senten-cia, sino independiente y colateral a la misma (Véanse Hatfield v. Levy Bros., 117 P. (2d) 841, 846 (Calif., 1941); 2 Cal. Jur. §§180-1, págs. 418-20). Pero, según indicamos en el caso de Molina, los casos de California siempre han re-suelto que la corte de distrito pierde jurisdicción para en-mendar o dejar sin efecto una sentencia una vez que se ha apelado de la misma.

El presente caso se rige claramente por nuestro razona-miento en Molina v. Rodriguez. En verdad la peticionaria no aduce contención en contrario. Admite que nuestros casos anteriores a 1937 — tales como ©1 de González v. Schlüter, 53 D.P.R. 401, y casos allí citados — en los que resolvimos que una corte de distrito podía considerar una moción de reconsideración no obstante haberse apelado de la sentencia fueron resueltos erróneamente, en vista de las disposiciones del artículo 297. Sin embargo, la peticionaria afirma que la Ley núm. 67, Leyes de Puerto Rico, 1937 (pág. 199), que enmienda el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, ha cambiado dicha situación; y que, al leerse en armonía eon el artículo 297, la Ley núm. 67 confiere ahora a las cortes do distrito la autoridad y el deber de resolver una moción de reconsideración que esté pendiente a pesar de que posterior-mente se entable una apelación. Pin síntesis su contención es que la Ley núm. 67 confiere un derecho absoluto a la corte inferior para resolver una moción de reconsideración radi-cada en tiempo prescindiendo de que la parte promovente o la opositora'posteriormente entablen recurso de apelación.

Empezaremos por indicar que para poder convenir con la peticionaria tendríamos que injertar en las terminantes dis-posiciones del artículo 297 — “ . . . una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia . . . apelada . . . ” — una dis-posición eximiendo exi>resamonte de los mismos las mociones de reconsideración. Pasamos a la contención de la peticio-naria de qué la ley núm. 67 exige este resultado.

La Ley núm. 67 fue consecuencia directa de nuestra opinión en Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494. Allí dijimos que mientras la Legislatura no tomara acción sobre el particular, esta Corte estaba obligada a seguir la jurisprudencia sentada por la Corte de Circuito en Saurí v. Saurí, 45 F. (2d) 90. Mientras tanto, estábamos constreñidos a resolver (pág. 500) que “la interposición [a tiempo] de una moción de reconsideración de una sentencia . . . renueva ... [el término para apelar] para que empiece a contarse de nuevo desde la fecha en que se deniegue la reconsideración . . .” (Corchetes nuestros). En otras palabras, una moción de reconsideración radicada en tiempo trae como consecuencia que la misma sea automáticamente “considerada” (entertained) .

La Legislatura, conviniendo con nosotros que el efecto de la decisión en el caso de Saurí tendía a estimular la demora en la interposición de las apelaciones, aprobó al siguiente año la Ley núm. 67. Dicha ley, que enmienda el artículo 292 del’Código de Enjuiciamiento Civil, cambia la regla de Saurí y dispone que una moción de reconsideración debe radicarse en la corte de distrito dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dicte sentencia final o dentro de los cinco días después de haber dictado una resolución apelable; que la corte de distrito debe resolver tal moción dentro de cinco días; y que si la corte de distrito rechazare de plano tal moción, el término para apelar se considera eonio que nunca fué interrumpido. Por el contrario, si la corte de distrito decide considerar u oír la moción — es decir ‘‘declara con lugar” la moción a los fines de una vista o para reconsideración — el término' para apelar empieza a contarse desde la fecha en que se dicte resolución resol-viendo definitivamente la petición de reconsideración.

Por tanto ahora la regla en esta jurisdicción es que a menos que la corte de distrito tome alguna acción afirmativa ‘‘declarando con lugar” una moción de reconsideración y señalando el caso para una nueva vista, tal mocion no ha sido “considerada” {entertained) aun cuando se haya ra-dicado en tiempo. Las partes que radiquen tal moción lo hacen a riesgo de que el término para apelar continúe corriendo, a menos que la corte de distrito después de radicarse la moción formalmente la “declare con lugar”. Si la moción se deniega sin vista, se considera que el término para apelar empezó a correr desde la fecha en que se archiva en autos la notificación a las partes de la sentencia de la corte de distrito. (Marcano v. Marcano, 60 D.P.R. 351; Concepción v. Latoni, 59 D.P.R. 666; Las Monjas v. Comisión Hípica Insular, 52 D.P.R. 445. Cf. Torres v. Sucn. J. Serrallés, 55 D.P.R. 124, que revirtió a los casos originales y que parece haber sido una aberración temporal

Como ya se ha indicado, la Ley núm. 67 le otorga a la corte de distrito cinco días dentro de los cuales “deberá resolver” la moción de reconsideración. Hemos resuelto que éste “no es un término fatal de carácter jurisdiccional y si puramente directivo ”. Sin embargo, sugerimos en el caso de- Marcano (pág. 353) que “Lo que en realidad se exige de la corte no es que dicte una. resolución sobre los méritos de la moción, dentro de dicho término, y sí que tome alguna acción con respecto a la moción, rechazándola de plano si a sn juicio careciere de méritos o señalándola para oír a las partes si la juzgase meritoria.”

Si las cortes de distrito siguieran fielmente la sugestión arriba indicada de darle preferencia a tales mociones, y dentro de los cinco días las rechazaran dé plano o las seña-laran para vista de levantar las mismas una cuestión sustan-cial, la parte promovente no se confrontaría con el dilema bien de abandonar su moción de reconsideración o correr el riesgo de que expire el término para apelar mientras la corte de distrito tenga pendiente la moción de reconsideración y luego la declare sin lugar sin nueva vista. La Legislatura o este Tribunal por Reglamento quizás deberían disponer que si no se actúa en la moción dentro de los cinco días esto significa que se declara sin lugar automáticamente Esto quizás instaría a las cortes de distrito a actuar. De cual-quier manera, eliminaría el actual problema que tienen las partes promoventes que no pueden obtener decisiones sobre sus mociones de reconsideración pendientes mientras está corriendo el término para apelar.

Hemos dicho en detalle lo antes expuesto con el fin de dar énfasis a nuestra manifestación en el caso de Marcano (pág. 353) de que “el verdadero propósito del estatuto es evitar que se recurra a mociones de reconsideración frívolas y carentes de méritos, con el sólo propósito de dilatar la ejecución de la sentencia.” Es evidente que la Ley núm. 67 —que por vez primera dió reconocimiento estatutario a la práctica de radicar mociones de reconsideración en las cortes de distrito — no ha cumplido su objetivo a cabalidad. Ade-más, ha dejado otros problemas a su paso. Pero si bien estos problemas .son graves, nada tienen que ver con este caso, excepto para demostrar que la Ley núm. 67 no tuvo en miras contestar el problema ante nos: La jurisdicción de una corte de distrito para considerar una moción de reconsi-deración a pesar de haberse apelado.

En síntesis nada encontramos en la Ley núm. 67 que demuestre que la Legislatura tuvo intención alguna en dicha ley de intercalar una excepción en la regla absoluta del artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil y con ello descartar la regla de California — y más aún la regla casi universal — de que la apelación contra una sentencia arranca la jurisdicción de la corte inferior para considerar una mo-ción de reconsideración pendiente. Añadimos lo que quizás ya sea obvio; como en el caso de Molina v. Rodríguez, supra, este es un caso de lex scripta y a la luz de dicho caso y del razonamiento del presente, González v. Schluter, supra, y todos nuestros casos similares fueron resueltos errónea-mente y quedan expresamente revocados. Desde luego, el efecto de nuestra decisión es dejar en vigor tanto el artículo 297 como el 292, según enmendados: el 292 provee el término para radicar y resolver una moción de reconsideración; el 297 opera para privar a la corte inferior de jurisdicción sobre tal moción si se entabla la apelación antes de que ella resuelva la moción.

El resultado a que hemos llegado parecería severo cuando, como en este caso, la moción de reconsideración se radicó por una parte y la apelación posterior se entabló por la otra parte. Pero no podemos eludir las claras disposicio-nes del estatuto aún bajo tales circunstancias. El remedio, de alguno haber, debe conseguirse por ley o por regla-mento

La peticionaria, al radicar su moción de reconsideración, aparentemente no descansó ante la corte de distrito en el artícnlo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Pero en vista de los argumentos en este caso y del lenguaje de algunos de nuestros casos anteriores, creemos propio añadir que nuestra conclusión aquí no se afecta por las disposicio-nes del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo ha tenido una historia curiosa. Primero se copió del artículo 473 del Código de California. Luego se copió sustancialmente del estatuto de California la Regla 60(h) de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil. Este Tribunal al adoptar nuestras Reglas de Enjuiciamiento Civil, insertó la Regla Federal 60(b) en nuestras propias reglas. Por tanto podemos recurrir a los casos de California y a casos federales recientes en busca de luz sobre este punto. Las autoridades ya citadas demuestran que California no ha permitido a las cortes inferiores actuar bajo tales circunstancias, pese al hecho de que la moción solicitaba la clase de remedio conferido bajo el artículo 473. Y los casos Federales, aunque algunos expresan una preferencia hacia la regla contraria, reconocen que están obligados a resolver bajo la Regia 60(b) que las cortes de distrito pierden la jurisdicción sobre tal moción al interpo-nerse la apelación. (Schran v. Safety Ins. Co., 45 F. Supp. 636 (Dist. Court, Mich., 1942); Miller v. United States, 114 F. (2d.) 267 (C.C.A., 7th, 1940); 3 Moore’s Federal Practice sec. 60.05 pág. 3277 y 1942 Supp., pág. 206. Cf. Perlman v. 322 West Seventy-Second Street Co., Inc., 127 F. (2d) 716 (C.C.A., 2d, 1942)).

Este caso no exige una resolución en cuanto' a qué clase de casos justifica el remedio provisto en la Regla 60(b). Tampoco envuelve la cuestión de si la jurisdicción de la corte de distrito se readquiere cuando nuestro mandato llega a dicha corte a los fines de considerar bien una moción corriente de reconsideración o una moción bajo la Regla 60(b). Sólo resolvemos aquí que tal remedio deja de exis-tir mientras esté pendiente la apelación contra la sentencia en cuestión. Por tanto estamos constreñidos a añadir que, de la misma manera que el caso de González v. Schluter fué resuelto erróneamente, el lenguaje de tales casos como los de Sucn. Mandés v. Sucn. Agüero, 42 D.P.R. 684, 689; Saldaña v. Comas, Sindico, 41 D.P.R. 339, 348; Pérez v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 130, 133, al efecto de que una corte de distrito puede considerar una moción de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil (ahora la Regla 60(b), no empece la apelación, es errónea.

El auto de certiarari será anulado.

       La demandada alegó en su moción de reconsideración que la estipulación expresamente decía que se pagaría el valor completo de la maquinaria a pesar de que se liabía lieelio un pago anterior de $507.

      La demandada argumentó en reconsideración que en 3a estipulación el demandante liabía convenido, en caso de que finalmente la demandada resultase gananciosa, pagarle a ésta los honorarios que la demandada tendría que pagarle a su abogado; que la demandada tenía que pagar $1,000 de honorarios; y que por tanto la corte de distrito no tenía discreción para rebajar dicha suma a $400.

      E1 artículo 297, Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933, dispone que “Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedi-miento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cues-tiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.”

       Los artículos 220-6, Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933, regulan el procedimiento para la radicación de mociones de nuevo juicio en esta juris-dicción.

        In re Shafter-Wasco Irr. Dist., 130 P. (2d) 755 (Calif., 1942); Linstead v. Superior Court in and for Mendocino County, 61 P. (2d) 355 (Calif., 1936) ; Schroeder v. Superior Court, 239 Pac. 65 (Calif., 1914); 2 Calif.. Jur. 419; 1 Calif. Jur., Ten Year Supplement, 1926-36, pág. 348 et seq. “La notificación 7 radicación de un escrito de apelación contra sentencia final . . . traslada el caso de la corte . . . [de distrito] a la corte apelativa y priva a la corte . . . de distrito de jurisdicción ulterior en el pleito, excepción hecha de cuestiones que no están afectadas por la sentencia o la resolución apelada. La corte senten-ciadora ya no tiene poder o dominio sobre el pleito, y no puede seguir adelante
        con cuestiones comprendidas en la sentencia hasta que la apelación, se oiga y se resuelva y se readquiera jurisdicción. No puede cambiar la resolución apelada . . .
      '‘Una apelación tiene el efecto de remover de la jurisdicción de la corte sentenciadora el asunto envuelto en la sentencia o resolución apelada, incluyendo todas las cuestiones referentes a la validez o corrección de tal sentencia o reso-lución. Posteriormente la corte sentenciadora no tiene poder para enmendar o corregir su sentencia o resolución, o para revocarla o dejarla sin efecto ...” 2 Calif. Jur. §$178-9, págs. 415-17. (Bastardillas y corchetes nuestros).

      Se llama la atención a dos errores de traducción en la Ley núm. 67. A la página 191, línea 9, la palabra "judgment” debe leer "order”. A la misma página, línea 23, las palabras ‘ ‘ the final decision ’ ’ deben leer ‘ ‘ the final order ’ Leyes de Puerto Rico, 1937, texto inglés, págs.. 190-1.

      Sabemos exactamente lo que la palabra "outright” significa en español; usamos las palabras "de plano”. Estas significan que, aunque la moción se ha examinado, ésta fué denegada sumariamente sin vista.

      i Suspende la radicación en tiempo ante esta corte de una moción de recon-sideración, sin más, el período para apelar de esta Corte a la Corte de Circuito de Apelaciones? Esa es una cuestión de procedimiento Federal y no local, y carecemos de autoridad para considerarla. Debo sor contestada por las cortos superiores a este tribunal a baso de la Ley Federal. Véase Denholm McKay Co. v. Commissioner of Int. Rev., 132 F. (2d) 243, 247 (C.C.A. 1st, 1942).
      • Pero es necesario que demos por lo menos contestación preliminar aunque las; cortes superiores tendrían nuevamente que decir la última palabra en cuanto a una cuestión Federal relacionada: ¿retiene esta corte su jurisdicción para consi-derar una moción de reconsideración pendiente no obstante el hecho de haberse apelado posteriormente de la sentencia en cuestión para la Corte de Circuito de Apelaciones? En Campos Delgado v. Central Cambalache, Inc., (ante pág. 58), contestamos en la negativa esta pregunta, resolviendo que la regla Federal y la local son iguales a este respecto.

         Marcano v. Marcano, 60 D.P.R. 351, 353.

      cf. una disposición similar en California en cnanto a mociones de nuevo juicio. 2 Calif. Jur. §175, pág. 409.

      No nos confrontamos en esto caso eon el problema de una sentencia divisible con partes independientes, una favorable al demandante y otra favorable al demandado. En tal caso si el demandado radica una moción de reconsidera-ción de aquella parte de la sentencia que le es desvaforablo, y luego el deman-dante apela únicamente en cuanto a la otra parte de la sentencia, ¿privaría la apelación de la demandante a la corte de distrito de jurisdicción para considerar la moción de reconsideración de la demandada en cuanto a la otra parte de la sentencia? (Véanse 2 Calif. Jur. §§25, 570, 590, 628; cf. Reyes v. Aponte,
        60 D.P.R. 369; Padilla v. Garcia, 61 D.P.R. 734). Dejamos esta cuestión sin resolver ya que aquí no procede la contención de que la moción de reconsidera-ción y la apelación fueron dirigidas contra partes diferentes e independientes de la sentencia. En el presente caso la resolución fué por una cantidad especifica más $400 de honorarios de abogado. La peticionaria, la parte gananciosa, solicitó la reconsideración por el fundamento de que las dos cantidades fijadas por la corte de distrito son muy pequeñas; la apelación de la otra parte, según se desprende de su posición en la corte inferior, es por el fundamento de que estas mismas cantidades son muy elevadas.

      Dicho artículo dice en parte como sigue: “Podrá la corte, en bien de la justicia . . . eximir a alguna persona o a sus representantes ... de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dietado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia . .

      Debe notarse que al trasplantar el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil a la Eegla 60(6) esta corte cometió el mismo error de traducción hallado en el artículo 140. Como indica el texto inglés es la equivocación, etc., de la parte promovente, y no la equivocación de la corte o de otras personas, que puede ser corregido de conformidad con el mismo.

      Aquí también, con referencia a la Begla 60(h), la peticionaria admite que la regla expuesta en este caso es correcta, pero alega que aquí también la Ley núm. 67 opera para cambiar la regla. Por los motivos ya indicados, somos de opinión quo la Ley núm. 67 no tiene' dicho efecto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez .Peesidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Ramón Colón, demandante y apelado, v. Los Esposos Francisco Santiago y Carmen Colón, demandados y apelantes.
    Núm. 8980.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 18, 1944.

      E. Tristani, Jr., abogado de. los apelantes; J. I. Fernández Segarra, abogado del apelado.
   El Juez .Peesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Colón estableció acción de desahucio en precario contra los esposos Francisco Santiago y Carmen Colón. Alegó en su- demanda que es legítimo dueño de una casa; y que los esposos demandados detentan desde hace algún tiempo la posesión de dicha casa, ocupándola como su resi-dencia, precariamente, o sea, sin contrato alguno y sin pagar canon o merced por dicha ocupación y contra la expresa vo-luntad de su dueño, el demandante.

En el acto de la primera comparecencia se ofreció prueba por el demandante en apoyo de sus alegaciones y los deman-dados radicaron su contestación contentiva de excepción previa, contestación negando los hechos alegados en la demanda y estableciendo defensas especiales. Visto el caso en sus méritos la corte de distrito falló en favor del deman-dante.

Contra esta decisión es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación imputando a la corte sentenciadora la comisión de cuatro errores. Consideraremos el error seña-lado en cuarto término por entender que, de haber sido cometido, causará la revocación de la sentencia recurrida. Dicho señalamiento lee así:

“IV. Cometió error la corte al estimar que no hubo' conflicto de título, de acuerdo con las pruebas de ambas partes.”

La corte inferior al resolver el caso en la forma en que . lo hizo negó la existencia de un conflicto de título. Luego,. el punto a resolver por nosotros es, si la contención de dueño planteada por los demandados es tan evidentemente insus-tancial e insostenible que no merezca seria consideración o si la prueba en apoyo de la misma era suficiente para suscitar-una cuestión digna de ser resuelta en una acción ordinaria.

Haremos un resumen de la evidencia aducida por una y otra parte.

El demandante ofreció como prueba documental, (1) una copia certificada de una escritura otorgada el 7 de octubre de 1943, en Juana Díaz, por el carpintero Alejandro Colón, a favor del demandante, en la cual se expresa que Alejandro Colón construyó la casa de que se trata en este pleito por orden de y para Ramón Colón, el demandante; y (2) unos borderós que se alega fueron expedidos por el almacén que vendió la madera utilizada para la construcción de la casa. Encontramos que estos borderós no fueron efectivamente presentados.

Como prueba testifical, el demandante ofreció el testi-monio de varios testigos, quienes declararon:

Ramón Colón — Que es dueño de la casa ocupada por .los demandados; que esa casa la construyó Alejandro Colón por orden suya; que él fué quien pagó a Alejandro Colón los servicios que prestó como carpintero; que allí fué a vivir su familia (su abuela, su tía y otras personas mas) pero que él vivía aparte; que cuando murieron sus familia-res, la casa fué alquilada a un tal José Ramos, a razón de cinco pesos mensuales; que cuando Ramos se mudó, la casa permaneció cerrada; que estando así cerrada los demandados se presentaron un día y le pidieron permiso y que él les dijo que sí; más tarde dice que los demandados se metieron ep la casa y que después de estar allí fué que él se enteró y que los dejó por tratarse de familiares que estaban en mala situación; que luego les llamó la atención para que se muda-ran y que los demandados de ninguna manera quisieron • desocupar; que ellos no le pagan canon o merced alguna; que la última vez que les requirió para que abandonaran la casa fué en 1939. Repreguntado por la defensa dice que el solar en que está la casa es de la sucesión de Eustaquio Colón; que la casa se construyó en 1929; que eso fué posterior al temporal de San Felipe.

Bernabé Fernández Segarra — Que conocía al demandante; que acostumbraba a comprarle tabaco; que en una ocasión el demandante le pidió que le guardara el dinero producto de las ventas, pues lo necesitaba para comprar alguna ma-dera y que más tarde le pidió este dinero.

Alejandro Colón — Qu^ es capintero; que bace doce o catorce años construyó una casa de madera, techada de zinc, para Ramón Colón; que esa casa medía 18 pies de frente por 21 de fondo; que lo ayudó un tal 'Lolo; que nadie más trabajó en la obra; que esa casa la viven actualmente los demandados.

Lorenzo Santiago — Que fué él quien bizo los hoyos para la casa; que el carpintero que trabajó allí fué Alejandro Colón; que esa casa es en la que viven los demandados actualmente; que Ramón Colón fué quien le pagó por su trabajo. Repreguntado dijo que la casa medía 18 pies de ancho por 21 de fondo; que recuerda exactamente las medi-das porque el carpintero le informó de ellas; que además de Alejandro Colón también trabajó en la obra Joaquín Colón, pero que lo que hacía Joaquín Colón era aguantar las tablas, pues en realidad el carpintero era Alejandro Colón.

Rufino Rivera — Que fué él quien llevó las maderas para hacer la casa; que las recogía en 4‘casa de Pacheco”, que representaba Pepito Cintrón; que hacía esto por orden de Ramón Colón. Repreguntado declaró que no sabe si Ramón Colón tiene otras casas allí; que no sabe en qué casa se usó la madera que él llevó, pues al llegar al sitio entregaba la madera, cobraba y se regresaba.

Juan J. Cintrón — Que conoce bien a Ramón Colón, el demandante; que le ha vendido maderas en distintas oca-siones; que hace alrededor de doce o catorce años le vendió una madera a Ramón Colón, la cnal conducían hacia “Las Marías”; que no vió la casa en que se usó la madera; que no recuerda la fecha exacta de las ventas.

Juan de Dios Rodríguez — Que conoce a Ramón Colón, el demandante; que sabe que él fabricó una casa de madera en “Las Marías”, después de San Felipe; que esa casa la hizo Alejandro Colón, carpintero; que vió al carpintero trabajando allí con Joaquín Colón; que Ramón Colón era quien pagaba al carpintero; que él vió cuando hacía ésto. Contestando a las repreguntas, este'testigo incurrió en tantas contradicciones que su testimonio no es merecedor de crédito.

Los demandados presentaron la prueba siguiente: Escri-tura número 3 del 7 de enero de 1941 otorgada ante el notario Félix Luis Padilla, de Juana Díaz. En ella don Joaquín Colón y Colón le vende a Francisco Santiago (uno de los co-demandados) el solar en que está ubicada la casa objeto de este pleito.

El testimonio de los testigos siguientes:

Francisco Santiago Colón (codemandado) — Declara que conoce al demandante Ramón Colón; que es hermano de su esposa (codemandada en este caso);' que su esposa vive en esa casa desde San Felipe, fecha en que fué a cuidar a Leonarda; que ahí había una casa que fué destruida por el temporal de San Felipe y que pertenecía a Leonarda Colón (abuela de su esposa); que al destruirse la casa él se llevó a las señoras a Ponce a vivir con él; que estando viviendo todos en Ponce acordaron arrendar el terreno para, con el producto del arrendamiento, construir la casa en que actual-mente viven; que el terreno fué arrendado a don Luis Guillermo Mercado por la suma de $100, por escritura hecha ante don Manolo Rivera, de Coamo; que doña Leonarda le dió el dinero a Joaquín Colón (hijo de esta última y tío de la esposa del testigo); que Joaquín Colón fué con Ramón Colón, para con un poquito de madera que había dado la Cruz Roja hacer la casa objeto de este litigio; que él estaba presente cuando doña Leonarda le dió el dinero a Joaquín Colón; que él iba a menudo a ver cómo progresaban los trabajos de la casa; que Joaquín Colón y Alejandro Colón fueron los carpinteros que construyeron la casa; que él les daba dinero para seguir comprando los materiales que se necesitaban; que ese dinero era de su propio peculio; que la casa se terminó y vinieron a vivir a ella doña Leo-narda, doña Eugenia y la esposa del testigo (las dos pri-meras abuela y madre, respectivamente, de la esposa del testigo declarante); que él se quedó en Ponce mientras tanto porque allí trabajaba con doña Ana González; que también vivía en la casa Joaquín Colón; que a la muerte de las dos señoras, su esposa se vino para Ponce; que hace cerca de siete u ocho años ellos decidieron ir a vivir a la casa y le enviaron a Joaquín Colón por la llave; que esa casa es de su esposa y que por ser de ella él la ha vivido como suya siempre; que Ramón Colón los quiere desahu-ciar porque él (el testigo declarante) le hizo sacar de su solar dos casas que dicho Ramón Colón había construido; que “es una venganza” de Ramón Colón contra él por ha-berle hecho sacar las casas antes mencionadas. Repregun-tado no puede precisar si la suma de dinero que él alega aportó para la construcción de la casa fué utilizada para jornales, materiales o clavos, dice que como se trataba de familiares no había malicia y le bastaba con que dicho dinero fuera utilizado en la casa.

Carmen Colón de Santiago (codemandada) — Declara que la casa en que vive con su esposo es de ella; que la adquirió cuando San Felipe derrumbó la casa de la abuela, arren-dando el terreno a Mercado, ayudada por la Cruz Roja y con dinero que aportó su marido; que alrededor de nueve años atrás Ramón Colón hizo unas casas; que Ramón Colón tiene como cuatro casas de su propiedad.

Víctor Santiago — Declara qne vive en “Las Marías”; qne tiene 52 años de edad; qne conoce a los demandados y qne éstos viven en nna casa qne era de la abuela de ellos, Leonarda Colón; qne Ramón Colón construyó, dos casas allí; qne Joaquín Colón y Alejandro Colón fueron los qne hicieron la casa objeto de este litigio; qne vió hacer la casa. Repreguntado dice qne Joaquín Colón y Alejandro Colón fueron los carpinteros qne hicieron la casa; qne no sabe quién les pagaba por su trabajo; qne no sabe dónde se compró la madera. (Se hace constar por el juez qne el tes-tigo titubea.)

Carlos Giorgetti — Declara que conoce a los demandados; que los demandados vivían generalmente en Juana Díaz y algunas veces en Ponce, en el barrio Clausells; qne conoció a doña Leonarda, la abuela, porque ésta crió a su esposa; qne en una ocasión intervino como testigo para firmar un documento “para conseguir a doña Leonarda $100”; que vió a doña Leonarda recibir los $100; que vió la casa objeto de este litigio porque la ha visitado varias veces.

Juan Rivera Torres — Declara que conoce a los deman-dados y dice que hablaba con Francisco Santiago (codeman-dado) cuando éste pasaba y le decía “voy a ver cómo sigue la casa y voy a pagarle a los muchachos”.

Rebuttal del demandante:

(1) Ramón Colón volvió a declarar para negar los hechos declarados por los demandados.

(2) Alejandro Colón volvió a declarar que Ramón Colón fue la única persona de quien él recibió dinero por su trabajo como carpintero.

De la prueba presentada por ambas partes, arriba sin-tetizada, se desprende claramente que el demandante, para acreditar su título de propiedad sobre la casa objeto de esta controversia, lo único que presenta es una escritura (acta de edificación) otorgadá a su favor por Alejandro Colón, el carpintero que se alega construyó la casa. En ella el otor-gante, al expresar qne hizo dicha casa por orden del deman-dante, afirma qne el solar en qne se encuentra la misma per-tenece a la sncesión Colón. Los demandados oponen a esta prueba documental una escritura de compraventa otorgada por Joaquín Colón a favor de Francisco Santiago (uno de los codemandados) traspasándole el dominio del solar. Este documento tiene fecha -de 1941. Como «puede apreciarse la escritura del demandante, hecha en 1943, expresa que dicho solar pertenece a la sucesión Colón, cuando desde 1941 era propiedad exclusiva de los demandados. Esa inexactitud es bastante para crear ciertas dudas respecto a la absoluta ve-racidad y exactitud del resto de lo expresado en esa escri-tura que nada demuestra haya sido inscrita en el registro de la propiedad y en la que aparece un carpintero expre-sando que construyó esa casa por orden, del demandante. Esas dudas se reafirman cuando, tanto el carpintero como el demandante, insisten durante el juicio que el solar es de la Sucesión Colón. El mismo demandante en su declaración admite que no está seguro quiénes componen esa Sucesión.

La escritura de compraventa del solar presentada por los demandados nada prueba en cuanto al derecho de pro-piedad sobre la casa, no obstante, da apariencia de buena fe a su reclamación al demostrar inexactitud en la única prueba documental del demandante. Si a esa escritura del deman-dante no hubiera concurrido el carpintero, la misma no hu-biera podido ser admitida en evidencia, al igual que la de los demandados, pues sería “self-serving evidence”. Luego, si la fuerza probatoria de esa única prueba documental del demandante depende de la veracidad y exactitud del otor-gante, al demostrarse la falta de exactitud en éste, surgen dudas en cuanto a la veracidad de lo expresado en la totali-dad del documento. Y si a esa duda y a la aparente buena fe de los demandados, unimos el hecho de que éstos, al con-testar la demanda, negaron el título del demandante y que como defensa especial reclamaron ser los únicos y verdade-ros dueños de la casa, reclamación que fue sostenida por sus declaraciones, las que a su vez fueron corroboradas en parte por los testigos presentados, los que al corroborarlas establecieron además la aparente fuente del dinero que los demandados alégan se usó para construir la casa, llegamos a la conclusión de que se ba establecido un conflicto de título.

Sin que expresemos opinión alguna en cuanto a la sufi-ciencia de la prueba para establecer un derecho de propie-dad, creemos, sin embargo, que ella basta para demostrar la buena fe de la reclamación de los demandados y como hubo-“algún indicio de prueba” en cuanto a la existencia de un derecho oponible al del demandante y tratándose, como se trata, de un pleito de naturaleza rápida y sumaria como es el de desahucio, creemos que debe desestimarse la’ acción in-terpuesta y en su consecuencia ordenarse que las reclama-ciones controvertidas sean dirimidas mediante la interposi-ción de la acción reivindicatoría pertinente. “Es cuestión bien establecida que reclamaciones opuestas de título, si son tona fide, no pueden ser juzgadas y resueltas en un proce-dimiento de desahucio.” “Una cuestión aparentemente tona fide, sostenida por prueba que sea suficiente para demostrar algún color de la existencia de un derecho, es evidencia su-ficiente para presentar una cuestión genuina de título, justi-ficará y requerirá la desestimación del procedimiento. Sa-bemos que no basta la mera alegación de título por parte del demandado, si que es necesario que presente por lo me-nos un principio de prueba y que es preciso que de las ale-gaciones y de la prueba de la parte demandada surjan he-chos suficientes para demostrar que sus pretensiones de tí-tulo no están desprovistas de fundamento.” Sucesión de Pedro Pedroza Trías v. Cándida Martinez, ante, págs. 5, 10.

La sentencia recurrida debe ser revocada y ■en su lugar dictarse otra desestimando la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Montes Solero, acusado y apelante.
    Núm. 10647.

    Sometido: Diciembre 7, 1944.

      Resuelto: Diciembre 18, 1944.

      Juan Nevares Santiago, abogado del apelante; Pu. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión, del tribunal.

El acusado fué juzgado y convicto por un jurado en la corte de distrito ‘ por el delito de escalamiento en primer grado. Ha apelado de la sentencia imponiéndole un año de presidio con trabajos forzados.

El primer error señalado es que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia una declaración ju-rada prestada ante un juez de paz por los fundamentos (a) de que el acusado no estuvo asistido por abogado en: aquel instante; (b) que el acusado no renunció inteligentemente su derecho a estar representado allí por abogado; (c) que no se le advirtió que la declaración podía ser usada en su contra; (d) que la declaración no fué identificada por dicho .juez de paz durante el juicio; y (•&) que la declaración no fué hecha voluntariamente.

Ninguno .de estos ataques contra la admisibilidad de la declaración jurada justifica minuciosa consideración. En cuanto a los fundamentos (a) y (b), en esta jurisdicción no existe requisito constitucional.de que el acusado deba.estar representado por abogado con anterioridad a la lectura de la acusación. (Pueblo v. Travieso, 60 D.P.R. 530). De la misma manera, en cuanto al fundamento (c), aun cuando podría ser la mejor práctica, la advertencia de que una de-claración puede ser usada en contra del acusado no es una condición precedente a sn admisibilidad (Pueblo v. Méndez, 54 D.P.R. 195). También bay una similar carencia de mé-. ritos en el fundamento (d) testigos que de beebo oyeron de-clarar al acusado y lo vieron firmar la declaración, testifica-ron a ese efecto. Bajo tales circunstancias, el no poner a declarar al juez de paz no trae por consecuencia la inadmi-sibilidad del documento.

En cuanto al fundamento (>e), la contención está basada en el hecho de que al llegar el dueño de la tienda de que aquí se trata, encontró al acusado dentro de la cocina de la casa, que se conectaba con la tienda en donde penetró el acusado; y que el dueño entonces abofeteó al acusado, quien le suplicó que no le pegara, que él diría todo lo que sabía. Aparte del hecho de que estas circunstancias escasamente pueden tener el carácter de violencia extrema- (third degree), como las describe el acusado en su alegato, el punto predominante en este caso es que la declaración que se ataca fue hecha por escrito añte el juez de paz al siguiente día. Ni en el juicio ni ahora se hace la alegación de que la declaración antes referida no se hiciera voluntariamente. La corte inferior por tanto no erró al admitirla. Véase Lyons v. Oklahoma, 322 U. S. 596, 602.

El segundo error apuntado es que el acusado no estuvo representado por abogado al leérsele la acusación. El récord demuestra que “el acusado hizo alegación de inocente por instrucciones de su abogado O. R. Brizzie quien lo representó en este acto, y solicitó juicio por jurado.” Los alegatos de las partes clarifican este lenguaje ambiguo por medio de sus manifestaciones al efecto de que el abogado de récord de hecho no estuvo presente el día de la lectura de la acusación. La práctica ejercitada en este caso no es una que merezca encomio. Para que un acusado esté representado efectivamente en la lectura de la acusación, generalmente es necesario que esté representado personalmente por su abogado. Pero no podemos ver dé qué manera se perjudicó al acusado en este caso específico. De conformidad con las ins-trucciones de su abogado, hizo alegación de inocente y soli-citó juicio por jurado. Durante el juicio estuvo representado por abogado, donde se declaró inocente nuevamente y fué convicto por el jurado: El revocar una convicción criminal bajo tales circunstancias sería darle a vanos formalismos una importancia que no merecen.

El acusado se queja en su tercer señalamiento de error de que la corte de distrito no dió instrucciones al jurado, de escalamiento en segundo grado, que es el escalamiento cometido durante el día. El Pueblo practicó la única prueba del caso; y toda ella tendió a demostrar que el delito se cometió después de baber oscurecido. Por tanto, no bubo error al negarse la corte a dar instrucciones al jurado sobre un’ delito respecto del cual no se babía presentado prueba. Pueblo v. Calderón, 50 D.P.R. 336; Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893.

El cuarto error señalado fué que la corte de distrito no instruyó específicamente al jurado al efecto de que podían , traer un veredicto de escalamiento en primer grado o de inocencia. En primer lugar, no se llamó la atención de la corte bacia este punto al momento en que se trasmitían las instrucciones. Y, de cualquier modo, la instrucción en conjunto claramente daba la idea de que el jurado debía ab-solver de no estar convencido por la prueba de la culpabilidad del acusado. Por ejemplo, en una etapa de sus instrucciones, la corte de distrito le dijo al jurado que “la culpabilidad del acusado debe probarse fuera de toda duda razonable. Y cuando existe esa duda, debe absolvérsele.” He-mos leído las instrucciones en su totalidad, y no encontramos en ella error perjudicial alguno.

El quinto señalamiento de error se queja del siguiente incidente: el juez de distrito babía comenzado a resumir la evidencia, cuando fué interrumpido por el abogado del acusado para inquirir si el juez de distrito iba a hacer tal resumen. Entonces el fiscal dijo que éste “es un caso, a mi ver, que El Pueblo lo considera probado basta la sa-ciedad, yo creo que deben darse las instrucciones analizando la prueba . . . Hubiera sido mejor si el fiscal hubiera hecho este comentario al argumentar el caso. Pero después de todo, esto sólo fue una repetición de la creencia del fiscal de que el acusado .era culpable — creencia que de cualquier modo podía el jurado inferir razonablemente en un caso co-rriente del mero hecho de que el fiscal había traído el caso a juicio. Por tanto escasamente podemos resolver que este comentario? casual y único perjudicó suficientemente al acu-sado para justificar la revocación de la sentencia impuéstale. Cf. Pueblo v. Marchand, 53 D.P.R. 671.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Guillermo J. Godreau Philemon, demandante y apelante, v. Godreau & Compañía, S. en C., demandada y apelada.
    Núm. 8961.

    Sometido: Diciembre 7, 1944.

      Resuelto: Diciembre 20, 1944.

      Erasto Arjona Siaca, abogado del apelante; María Melame Godreau y Leopoldo Tornes García, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En sn demanda, radicada ante la Corte de Distrito de Ponce, el demandante Guillermo J. Godreau Philemon soli-citó se dictara seiíteneia a su favor ordenando a la sociedad demandada que le reconozca como socio colectivo de la misma y, en consecuencia, que le permita hacer un examen de su contabilidad, libros,' documentos y comprobantes. Pidió, ade-más, que se condenara a la demandada al pago de costas y honorarios. ■ . ‘

Los hechos esenciales alegados en la demanda son:

'La demandada es una sociedad civil agrícola en coman-dita, dedicada al cultivo de caña. Alega el demandante que desde el 6 de agosto de 1936 él es socio colectivo de Godreau & Compañía, S. en C., y que su participación en el capital y en los beneficios acumulados e indivisos asciende más o menos a unos $82,500; que con el propósito de estudiar cier-tas irregularidades ocurridas en la contabilidad de la socie-dad demandada, de las cuales se derivan pérdidas sustancia-les para las finanzas de la sociedad, el demandante, en su carácter de socio, solicitó de dicha sociedad en repetidas oca-siones que se le diese una oportunidad para examinar su ' contabilidad, libros y comprobantes; que la demandada con-testó todas las súplicas amistosas del demandante con una negativa, alegando como única excusa la falta de autoridad' y derecho por parte del demandante para pedir y realizar dicho examen; que la demandada se ha negado a reconocer al demandante como socio colectivo de la misma y se niega a reconocerle los derechos que como tal socio le correspon-den de acuerdo con la ley, no permitiéndole que asista a las reuniones de los socios ni a intervenir en las votaciones, de-jando de remitirle copias de los informes, inventarios y balances anuales y prescindiendo absolutamente del deman-dante en su condición de socio colectivo.

En su contestación la demandada niega que el demandante sea socio de Godreau & Cía., S. en C. y que tenga interés alguno en el capital o beneficios de dicha sociedad. Como materia nueva se alega que el demandante es miembro de la Sucesión de don Guilllermo Godreau Manatou, quien fué so-cio de la sociedad demandada hasta su fallecimiento en agosto 17, 1936; y que al fallecimiento de don Guillermo, su suce-sión pasó a ser miembro de la sociedad, pero debiendo estar representada en la misma por el señor Eugenio Lecompte, según acuerdo de la Junta de Socios de fecha agosto 6 de 1936, ratificado por los herederos, entre los que figura el de-mandante, en 21 de agosto de 1936, todo ello sujeto a lo es-tipulado en el contrato social de la demandada. Se alega, además, que al demandante se le han dado todos los infor-mes que las circunstancias han permitido le sean dados y que la demandada ha actuado siempre de acuerdo con lo que prescribe el contrato social y los acuerdos tomados por la Junta de Socios.

Como defensas especiales la demandada alegó:

1. Que la demanda no aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción.

2. Que durante más de dos años con anterioridad a la radicación de la demanda, el demandante fué empleado a sueldo de la demandada y como tal tenía conocimiento personal de las actividades y negocios de la sociedad.

3. Que todos los informes solicitados por el demandante y a los cuales pudiera tener derecho según el contrato social, le han sido suministrados; y que el examen de cuentas, libros y comprobantes que interesa el demandante se está llevando a cabo por el contador público autorizado, Juan C. Villariny.

Basándose en una extensa opinión, la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando al demandante al pago de las costas y $1,000 como honorarios de abogado.

Como fundamentos de su recurso el demandante apelante señala siete errores que a su juicio fueron cometidos por la corte sentenciadora.

Los.siete señalamientos pueden condensarse en uno solo, para formular la única cuestión fundamental envuelta en este litigio: ¿ erró el tribunal inferior al resolver que aun cuando el demandante es un miembro de la sucesión de Guillermo Godreau Manatou, no es en forma alguna un socio de la sociedad Godreau & Cía., S. en CJ Para contestar la pregunta que hemos formulado, nos hemos visto precisados a hacer un detenido estudio de toda la evidencia, de la cual haremos un resumen a continuación:

La sociedad aquí demandada fué constituida mediante escritura pública, en mayo 9 de 1921, siendo sus socios co-lectivos don Julio Godreau Manatou, don Guillermo Godreau Manatou, su esposa doña Clemencia Philemon de Godreau y don José Godreau Manatou, y su único socio comanditario ‘don Julio Godreau Lanausse. El término de duración de la sociedad fué fijado en treinta años. En el hecho octavo de la escritura social se estipula que un socio colectivo podrá ser removido en cualquier tiempo por el voto de una ma-yoría de los socios colectivos. Se estipula además:

“En caso de remoción o de muerte, quiebra o insolvencia de un socio colectivo, esta sociedad no será disuelta, sino que por el con-ta'ario continuará entre los socios colectivos supervivientes y el socio comanditario; y los herederos, albaceas, administradores, receivers o trastees de la quiebra del fallecido, quebrado o insolvente, no vendrá a ser socio, si no fuere así acordado %mánimemente por todos los socios colectivos.
“Un socio colectivo que haya sido removido y sus herederos . , . y cesionarios .del socio fallecido, quebrado o muerto no tendrán dere-cho para intervenir o tomair parte en los negocios de la sociedad o para exigir ninguna liquidación, división o estado de cuentas de la sociedad .... y no tendrán otro derecho que exigir a la sociedad que pague sin intereses el montante del capital aportado por dicho socio.” (Subrayado nuestro.)

En agosto 6 de 1936, con motivo de la enfermedad de don Guillermo Godreau Manatou, “managing partner”, socio ad-ministrador de la sociedad demandada, se celebró una junta extraordinaria de socios a la que concurrieron todos los so-cios colectivos, y en dicha junta se acordó por unanimidad designar al señor Eugenio Lecompte para sustituir a don Guillermo Godreau como “managing partner”, tomándose, además, el siguiente acuerdo:

“TeeCBRO: Se acueirda además ahora, por unanimidad, por los socios colectivos de Godreau & Cía., S. en O., que en caso de que por desgracia falleciere el manager partner de esta so’ciedad, don Guillermo Godreau Manatou, sus herederos pasarán ipso facto a for-mar parte de esta sociedad como socios colectivos de la misma, según lo dispone la cláusula octava del contrato social, pero deberán estar representados en la sociedad por don Eugenio Lecompte, quien en todo caso y hasta nuevo acuerdo de los socios, continuará desempe-ñando el cargo de manager partner de Godreau & Cía. S. en C., con las mismas facultades, derechos y obligaciones que se le otorgaron a don Guillermo Godreau Manatou, como tal manager partner, por la escritura sobre constitución de esta sociedad antes mencionada.” (Bastardillas nuestras.)

Don Guillermo Godreau Manatou, socio colectivo de la sociedad demandada, falleció el 17 de agosto de 1936, bajo testamento de fecha' junio 17 de 1929,' por virtud del cual nombró e instituyó por sus únicos y universales herederos a sus hijos legítimos Guillermo — el aquí demandante — y María Melanie, habidos en sn matrimonio eon Clemencia Philemon Gervais, y a sus tres hijos naturales reconocidos, llamados María Maximina, Aristides y Constancia, habidos con ante-rioridad a su matrimonio.

En agosto 21 de 1936, los herederos de don Guillermo Godreau otorgaron un documento por el cual manifestaron estar enterados del acuerdo tomado por los socios colectivos en agosto 6 del mismo año, inclusive la designación del señor Lecompte para representar a los herederos en la sociedad demandada, ratificaron dicho acuerdo y confirieron poder y autoridad al señor Lecompte para que en representación de dichos herederos actuara como managing partner.

La negativa de la sociedad demandada a permitir el exa-men de sus cuentas y libros por el demandante, quedó clara-mente establecida por la carta de febrero 2 de 1942, dirigida por el señor Lecompte al demandante, y .por la copia del acuerdo tomado por los socios colectivos de la demandada en 29 de junio del mismo año. En dicho acuerdo se hace constar que “según la cláusula 8 de nuestro contrato social, don Guillermo J. Godreau no es un miembro de nuestra so-ciedad y no tiene derecho a inspeccionar los libros de conta-bilidad así como ningún otro documento de la compañía”. En su declaración en el acto de la vista, la señora viuda de Godreau al ser preguntada si alguna vez se le negó al de-mandante el derecho a examinar los libros de la sociedad, contestó:- “Sí, señor, después que ya no era empleado, se le negó, porque la junta de socios estuvo de acuerdo o estu-vimos todos'de acuerdo que no se le deberían dar”. Y más adelante declaró: “Pero como todas esas cuestiones las pe-día en su carácter de socio; y como nosotros todos tenemos la creencia de que él no es un socio de Godreau & Cía., que él forma parte de la sucesión de Guillermo Godreau que no era socio, no quisimos. Si nosotros le dábamos, en su carácter de socio cualquier documento, nosotros admitíamos una cosa que no estaba en nuestra manera de pensar. Una confesión de que era socio”. El señor Lecompte declaró en el mismo sentido, añadiendo: “En ese carácter que el pretendía, de socio, no tenía derecho a eso, pero que él podía, a través de la sucesión de Guillermo G-odrean Manaton, tomar cualquier dato, informe, récord, documento o aclaración que fuere po-sible”.

Un' detenido estudio de la prueba documental nos lleva a la inescapable conclusión de que la corte inferior cometió manifiesto error al resolver que el demandante no tiene de-recho a examinar los libros de contabilidad de la sociedad demandada. De acuerdo con la cláusula octava del contrato social, supra, la muerte de don Guillermo Godreau Manatou no causó la disolución de la sociedad. Ésta continuó en todo su vigor entre los socios colectivos supervivientes y el socio comandidatorio. ¿Qué podía o debía hacer la sociedad, en cuanto a la participación que en la misma tenía el socio fa-llecido y que por virtud de su testamento pasó a sus here-deros? Estos no tenían, desde luego, derecho alguno a exi-gir que se les permitiese continuar en la sociedad como so-cios colectivos, pero sí tenían el derecho que les reconoce el artículo 1595 del Código Civil de exigir que se hiciese una liquidación de la participación que en la sociedad tenía su causante y que se les pagase el saldo que pudiera resultar a su favor. Los socios colectivos supervivientes no tenían derecho alguno para exigir a los herederos del socio falle-cido que continuasen en la sociedad como ■ socios colectivos. El contrato social contiene la disposición necesaria para ha-cer frente a esa situación. La misma cláusula octava dis-pone que los herederos del socio fallecido no vendrán a ser socios, “si no fuere así acordado unánimemente por todos los socios colectivos”. Procediendo de conformidad con esa disposición,'en agosto 6 de 1936, todos los socios colectivos dé Godreau & Cía., incluyendo a don Guillermo Godreau Ma-natou, acordaron por unanimidad que al fallecimiento, de don Guillermo “sus herederos pasarán ipso facto ¿ formar parte de esta sociedad como socios colectivos de la misma”. No siendo suficiente este acuerdo unánime de los socios eolecti-vos para obligar a los herederos del socio fallecido a perma-necer en la sociedad, en agosto 21 de 1936, los herederos del señor Godreau aceptaron y ratificaron el acuerdo tomado por los socios colectivos, incluyendo la designación del señor Le-compte para actuar como socio administrador y para repre-sentar a los herederos en la administración de la sociedad.

Las palabras usadas por los socios colectivos en el acuerdo de agosto 6, 1936 — “sus.herederos pasarán ipso facto a for-mar parte de esta sociedad como socios colectivos” — son tan claras, que no es necesaria una interpretación judicial para fijar su significado. No dijeron los firmantes de dicho acuerdo que a la muerte de don Guillermo su sucesión, como entidad jurídica, pasaría a ser un socio colectivo, y si lo hubiesen dicho el efecto legal hubiera sido el mismo, toda vez que las sucesiones no tienen personalidad jurídica para contratar, ni para demandar o ser demandadas. La sucesión no es otra cosa sino el medio legal por el que los bienes de un finado se trasmiten o pasan a la persona que le sucede. Artículos 599 al 610 del Código Civil. Los contratos que se celebren y las acciones que se ejerciten con posterioridad a la muerte de un socio colectivo deben ser celebrados y ejercitadas por y a nombre de sus herederos individualmente, pues son ellos, los herederos, quien'es suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.

El efecto legal de la cláusula octava de la escritura social, considerada en relación con el acuerdo tomado en agosto 6, 1936 por los ^socios colectivos y la aceptación y ratificación del mismo por los herederos, fue el de convertir a cada uno de los herederos de don Guillermo Godreau Manatou en un socio colectivo de la sociedad demandada, con todos los de-rechos inherentes a esa condición.

Con el propósito evidente de evitar la intervención de todos y cada uno de los herederos, como socios colectivos, en la administración y manejo de los negocios de la sociedad, se dispuso en el acuerdo de agosto 6 de 1936 y fue así acep-tado por los nuevos socios colectivos, que el señor Eugenio Leeompte sería el representante 'de los nuevos socios en la sociedad y que hasta nuevo acuerdo de los socios dicho señor Leeompte continuaría desempeñando el cargo' de managing partner o socio administrador, con las mismas facultades que por la escritura social se concedieron a don Guillermo' Go-dreau Manatou, como socio administrador.

Ni el nombramiento del señor Leeompte, quien no es miembro de la sociedad demandada, para representar en ella a los nuevos socios colectivos, ni su nombramiento para el cargo de socio administrador pueden implicar en manera ah guna una renuncia por parte de los nuevos socios del derecho que individualmente tiene cada uno de ellos para exigir que se le rindan cuentas de la administración de su participación en el capital social y de las ganancias que ese capital haya producido o mermas que haya podido sufrir. Tampoco puede sostenerse que por el mero hecho de haber nombrado al se-ñor Leeompte para representarles en la administración de los negocios de la,sociedad los nuevos socios colectivos renun-ciaron el derecho que les concede el artículo 1Í0 del Código de Comercio para examinar el estado de la administración y de- la contabilidad y hacer las reclamaciones que creyeren convenientes al interés. común. El señor Leeompte, como apoderado de los nuevos socios colectivos y como gestor o administrador de los negocios de la sociedad, está obligado a rendir a los socios poderdantes cuentas de su administración, a suministrarles los informes que razonablemente le pidieren y a permitirles examinar las cuentas, libros y comprobantes de la sociedad, siempre que dicho examen sea practicado en forma tal que no interfiera en modo alguno con los negocios de la sociedad.

La demandada es una sociedad civil agrícola, pero siendo mercantil en su forma por haber adoptado la moda-lidad comanditaria, que es una de las reconocidas por el Có-digo de Comercio, las disposiciones de dicho Código le son aplicables ele acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1561 del Código Civil, edición 1930. El artículo 110 del Código ..de Comercio, que es de perfecta aplicación al caso de autos, dispone:

“Artículo 110. En das compañías colectivas, todos los socios, admjiñistren o no, tendrán derecho a examinar el estado de la admi-nistración y de la contabilidad, y a hacer, con arreglo; a los pactos consignados en la escritura de la sociedad o las disposiciones gene-rales del derecho, las reclamaciones que creyeren convenientes al inte-rés común.”

El artículo 125 del mismo Código dispone- que los socios colectivos de una sociedad en comandita “tendrán además los mismos derechos y obligaciones que respecto a los socios de la compañía colectiva quedan prescritos en la sección anterior”, de la cual forma parte el artículo 110, supra. Véase Echavarri, Comentarios al Código de Comercio, tomo 2, págs. 230 y 231.

La jurisprudencia de los estados americanos reconoce el derecho que tiene todo accionista de una corporación a saber cómo se administran los negocios de la compañía y si el capital al cual él ha aportado una parte se está empleando prudente y provechosamente. Para poder obtener esa infor-. mación, el accionista tiene' derecho, en momentos que sean convenientes y oportunos, a inspeccionar todos los libros y records de la corporación. No se consideran como razones suficientes para denegar una .solicitud de inspección el hecho de que ésta habrá de causar molestias a la compañía o que el accionista sea hostil a los oficiales de la corporación, o que la compañía usté dispuesta a suministrarle extractos o copias de sus libros o a permitirle que se haga un examen de la contabilidad por un perito nombrado por ambas partes. El derecho de los accionistas a inspeccionar los libros está basado en el hecho de que ellos son en realidad los dueños de los libros de la corporación, siendo los poseedores de dichos libros meros agentes de los accionistas. En cuanto pueda afectar a los hechos de este caso, la relación que existe entre un accionista j la corporación es semejante a la que existe entre nn socio -y la sociedad de que forma parte. Am. Jur. Vol. 13, págs. 480 a 482. Véase Usera v. Bird Arias, 42 D.P.R. 818.

Apareciendo de la evidencia que hemos examinado, que el propósito de la inspección solicitada es el de comprobar si existen o no las irregularidades en la administración de los negocios de la sociedad a las cuales sé hizo referencia en la vista del caso, opinamos que la corte inferior erró al dic-tar sentencia desestimando la demanda.

Por las razones expuestas debe revocarse. la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra declarando con lugar la demanda en cuanto al reconocimiento del demandante como socio colectivo de la sociedad demandada; ordenando a dicha sociedad y a sus socios, administradores, -agentes y empleados que permitan -al demandante el examen de la con-tabilidad, libros, documentos y comprobantes de la sociedad Godreau & Compañía, 8. en C., fijando- a -ese efecto los días laborables y las horas que el demandante podrá utilizar para esos fines; y condenando a la sociedad demandada al pago de las costas, más la suma de $400 •como honorarios del abo-gado del demandante.


text:
    Juan Figueroa Lugo y Victoria Guerra Arce, demandantes y apelados, v. American Railroad Co. of Porto Rico, Jorge Vega Mercado y Simón Vidot Ruaño, demandados y apelante la primera.
    Núm. 8949.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 20, 1944.

      Mariano Acosta Yelarde, Federico Acosta Velarde, y Donald B. Dexter, abogados de la apelante; B. Atiles Moréu, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 7 de mayo de 1942 Jnan Figneroa Lugo y Victoria Guerra Arce, radicaron demanda de daños y perjuicios contra “The American Railroad Company of Puerto Rico”, Jorge Vega Mercado y Simón Vidot Ruano, los dos últimos empleados de la primera. Alega sustancialmente la demanda que, (a) los demandantes son los padres legítimos de Gladys María Figueroa Guerra, de dos años once meses de edad, fallecida el día 27 de abril de 1942 a consecuencia de lesio-nes que sufriera el día antes, (b) que esas lesiones, que le causaron la muerte, fueron producidas por una locomotora propiedad de la demandada conducida por los empleados de ésta arriba mencionados, (c) que el accidente se debió a la negligencia de los empleados de la demandada al conducir a gran velocidad el tren que arrolló a la menor, sin que antes o después de pasar por el sitio del accidente diese aviso ni "señal de clase alguna ni redujese la velocidad, ni tomase m'e-didas razonables para evitar dicho accidente, (d) que con motivo de la muerte de la citada menor los demandantes han padecido sufrimientos morales, dolor físico y angustias men-tales, así como se han visto privados del consuelo, asistencia y ayuda que dicha menor podría darles en el futuro, por todo lo cual solicitan una compensación de diez mil (10,0,00) dóla-res, costas y honorarios de abogado. La demandada contestó negando específicamente todos los hechos imputados en la, demanda y alegando como materia nueva que, si en el acci-dente que motivó la muerte de la menor medió culpa o ne-gligencia por parte de la demandada también medió culpa o negligencia contribuyente de los demandantes o de la me-nor y que esa culpa o negligencia de los demandantes o de la menor fué la causa próxima, única e inmediata del acci-dente y que por lo tanto, solicitaba que se declarase sin lu-gar la demanda con las costas y honorarios en contra de la parte demandante. Celebrada la vista del caso, y habiendo ambas partes presentado su prueba, la corte inferior decidió en favor de la demandante concediéndole tres mil ($3,000) dólares, en concepto de daños y perjuicios con imposición de las costas, más la suma de doscientos cincuenta ($250) dóla-res para honorarios de abogado. La demandada ha inter-puesto el presente recurso de apelación. Sostiene la parte apelante que la corte sentenciadora cometió manifiesto error de hecho y de derecho (1) al concluir que la niña Gladys María Figueroa Guerra recibió graves contusiones a conse-cuencia de las cuales falleció; (2) al concluir que la locomo-tora venía a gran velocidad; y (3) al resolver que la de-mandada fue culpable de negligencia y que esta negligencia fue la causa próxima del accidente.

En realidad los tres señalamientos envuelven la misma cuestión, o sea si la corte inferior erró en la apreciación de la prueba. Los consideraremos, pues, conjuntamente.

Un estudio cuidadoso de toda la prueba nos demuestra que los errores imputados no fueron cometidos. 'En relación con el primer error imputado, de los autos encontramos que se ofreció prueba documental y testifical en cuanto a la causa de la muerte. En primer lugar, hubo las declaraciones de dos testigos, Catalino Rivera Guilbe y Elena Vázquez Haro, quienes afirmaron haber visto cuando la locomotora le dió a la niña. Contra estas declaraciones se opusieron las de los testigos de la demandada, Raúl Morales y Carmen Delia Castro González, ambos pasajeros del tren que se alega que causó Nel accidente. El primero, al ser preguntado sobre lo que había pasado, dijo: “Que vi que se cayó, y cuando la gente gritó: ‘mire, que mató a una niña’, salimos varias personas a ver lo ocurrido”; y la segunda, preguntada si la máquina le dió o no a la menor Gladys Figueroa, dijo: “No -sé si le dió o no le dió”.

Tampoco creemos que se.cometiera el segundo error im-putado, ya que hubo prueba testifical sosteniendo que la lo-comotora venía a gran velocidad. Así lo declararon tres testigos de la demandante. No obstante los propios testigos de la- demandada haber declarado que el tren sólo venía a veinticinco kilómetros por hora, de la declaración del maqui-nista se desprende que, habiéndosele advertido de la necesi-dad de detenerse cuando la máquina estaba a la mitad del ranchón, el tren no paró basta llegar frente a la casa del ma-yordomo, que queda a 52 metros del ranchón, el cual mide 33 metros de largo, o sea, que el tren se detuvo a 69 metros _ del sitio en que se le dió aviso para que parara. Sin duda alguna, esta circunstancia influyó en el ánimo del juez sen-tenciador para dar mayor credibilidad a las declaraciones de los testigos de los demandantes en cuanto a la velocidad del tren.

La corte inferior dió crédito a los testigos presentados por los' demandantes para probar la excesiva velocidad a que marchaba la locomotora y el hecho de que ni antes ni después de pasar por el-sitio del accidente se diese aviso o señal de clase alguna. Como nada hemos podido encontrar que. justifique que variemos esa conclusión, ni que interven- . gamos con la apreciación de la prueba hecha por el tribunal inferior, esa apreciación debe ser respetada en apelación. El juez sentenciador ante el cual deponen los testigos, quien tiene la oportunidad que no tiene este Tribunal, de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus con-tradieiones, dudas, vacilaciones, de ir formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si hay o no de-recho al remedio solicitado, es a quien la ley concede la facul-tad de pesar la prueba y de juzgar acerca de la credibilidad de los testigos y es por ello que creemos es nuestro deber no alterar en apelación sus conclusiones, a menos que se de-muestre que actuó con manifiesto error o movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Gay v. Vega, 39 D.P.R. 647; Acosta v. P. R. Ry., Lt. & Power Co., 60 D.P.R. 867; Méndez v. Sucesión Sella González, 62 D.P.R. 345-350, y el caso de Hernández v. Acosta y Maryland Casualty Co., ante, pág. 171.

Sostiene la demandada apelante que ella no venía obligada a anticipar qioe había niños en el sitio del accidente, ya que dicho sitio no era el cruce de una vía férrea con camino público, ni tampoco una zona urbana o una zona muy poblada y que por lo tanto la corte inferior erró cuando dijo, que descansaba su decisión “en el extremo de que la deman-dada debió anticipar la presencia de niños en ese sitio no cercado”. En apoyo de su contención citó los siguientes dos casos: Arreche v. P. R. Railway, Light & Power Co., 40 D.P.R. 299 e Imler v. Northern Pacific Railway Co., L.R.A. 1916 D 702. En el caso de Arreche, si bien los becbos ocu-rridos guardan cierta analogía con los de este caso, no tiene relación con los argumentos expuestos por la apelante en lo que concierne al error que se discute. En él. no se plantea ni se discute en momento alguno la necesidad de anticipar' la presencia de menores en el lugar del accidente. Dicho caso más bien va dirigido a atacar cierta parte de la opinión del juez sentenciador, en que éste asume que las vías se cons-truyeron después ’que el ranchón y por haberlas construido con posterioridad al ranchón, asume el riesgo de sus actua-ciones. En el caso de Imler se sostuvo que,

“el mero hecho de que el maquinista pudiera ver claramente a lo largo de la via, a una distancia mayor de una milla, eso por sí solo no hace ¡responsable a la compañía por los daños ocasionados por uno de sus trenes al golpear a una persona que camina por dicha vía, si nada indica que esa persona se encontraba parada en la misma, en algún plinto dentro de esa distancia, al acercarse el tren”.

En este caso, Imler salió de su trabajo a eso del atarde-cer y se dirigió a su casa, que-quedaba corno a milla y media. En determinado sitio, en el curso de su camino, entró a la vía del ferrocarril y siguió caminando por ella, siendo atra-pado por un tren, como resultado de lo cual murió. Ni el contenido de la opinión citada, ni los hechos que dieron lu-gar a la misma, encontramos que sean aplicables a lo que aquí se trata de resolver.

En el presente caso se trata de una niña de dos años once meses y se probó que el ranchón queda a 5 'pies cuatro pul-gadas de la vía; que la máquina sobresale a cada lado dq la vía 2 pies 4 pulgadas, o sea, que del extremo de la má-quina a la esquina del ranchón en donde estaba parada la niña, sólo hay una distancia de 3 pies; que en esa esquina del ranchón más cercana a la vía es donde precisamente queda el cuarto en que viven los demandantes y vivía la me-nor fallecida; que en el ranchón viven otras familias con ni-ños; que en los alrededores hay otras casas donde también hay niños, que en ese sitio no hay cerca alguna que separe la vía del ranchón; que para entrar o salir del ranchón hay que cruzar la vía, ya sea frente al mismo ranchón o por el paso a nivel cercano; que toda esa situación era y es bien conocida del maquinista y del conductor y por consiguiente de la demandada. En vista de esas circunstancias, ¿debió o no la demandada anticipar la presencia de menores en el si-tio del accidente? La parte demandante sostiene que sí y en apoyo de la sentencia de la corte inferior cita, entre otros:

44 American Jurisprudence, páginas 659, 660, 661: “La compañía viene obligada a anticipar la presencia de personas en la vía (right of way) én cualquier sitio en que, con su cono'cimiento y aquies-cencia, el público en número considerable,' abierta, notoria y habi-tualmente cruza por o camina a lo largo de ella, aunque esta situa-ción no se produzca junto a una carretera pública o. un paso a nivel. Esto se encuentra a menudo en áreas densamente pobladas tales como ciudades y pueblos donde hay fácil acceso a las vías C. Esta regla se aplica particularmente a situaciones donde hay un camino específico a lo largo o a través de la vía de una compañía de ferrocarriles, camino que se usa constantemente por muchas per-sonas que no tienen relación alguna con la compañía, y de cuyo uso la compañía tiene conocimiento o se supone que lo tenga. La aquiescencia o el consentimiento par parte, de la compañía de tre-nes a tal uso puede presumirse cuando la compañía ha permitido al público usar sus vías en un paso a nivel o en una vereda durante cierto tiempo sin objeción alguna. Tal uso puede ser tan pro-longado que puede equipararse a una invitación implícita para usar la vía en ¿ficho lugar a los fines de caminar por ella o de cruzarla, con las responsabilidades y riesgos concurrentes provenientes de la presencia de público por invitación implícita, a cargo de la com-pañía. De conformidad con este punto de vista, las cortes algunas veces basan sus decisiones no sobre la alteración del status prove-niente de una invitación implícita, sino sobre la responsabilidad que hay en cuanto a una persona cuya presencia se debe anticipar, ya sea su status técnico el de un transgresor, el de.uno a quien se le ba conferido permiso (licensee) o el de un invitado (invitee).”

Nosotros, investigando sobre el punto, liemos encontrado en 44 American Jurisprudence 645, sección 427, lo siguiente:

“.Si una compañía de trenes expresamente invita o tácita-merUe. permite a algunas personas el frecuentar sus terrenos o estar cerca de su maquinaria, la compañía tiene con tales personas el deber, no solamente de evitarles daño cuando se hace patente su presencia, sino también anticipar su presencia al tiempo dado o en el lugar donde tal invitación o permiso traerla probablemente su presencia, y debe tomar ciertas medidas aconsejables por la pruden-cia ordinaria para evitar que dichas personas sean lesionadas de estar de. hecho presentes.” (Bastardillas nuestras.) Moody v. St. Louis, I.M. & S.Ry. Co., 89 Ark. 103, 115 S. W. 400.

Ninguna de las partes, a pesar de los extensos alegatos sometidos, ba mencionado el caso de Ortiz v. American Railroad Co., 62 D.P.R. 181, a pesar de que en el mismo, en nues-tra opinión, se resuelve la cuestión aquí planteada. En este caso de Ortiz, un menor de 21 años de edad fue arrollado por una locomotora como a las 7:30 de la noebe, mientras cami-naba por la vía en dirección contraria a la en que venía el tren. El trayecto por donde transcurre la vía en ese sitio es recto y no hay casas pegadas- a la misma. Igualmente quedó demostrado que algunas tardes unos menores acostumbraban a jugar allí cerca de la vía. Concedida indemnización por la corte inferior, el caso se trajo en apelación y esta Corte resolvió, considerando las circunstancias prevalecientes en el mismo, que la compañía no venía obligada a anticipar la presencia de menores, diciendo a la,página 191 que:

“El mero hecha de que algunos muchachos jugasen en un sitio más o menos distante de la vía del ferrocarril no imponía deber alguno a los empleados de la demandada de anticipar que en los momentos de pasar allí el tren, pudiese haber muchachos dentro de la vía”.“y solamente debe obligárseles a reducir la veloci-dad y a tomar extraordinarias -precauciones cuando en realidad exista un motivo que lo justifique. 'Además, el que algunas tardes los muchachos jugasen en dicho sitio no es un hecho tan ostensible que. justifique la conclusión de la corte a quo al efecto de que los emplea-dos de la demandada sabían de estos juegos y consiguientemente tenían él deber de tomar precauciones. De la prueba no resulta que los empleados de la demandada tuviesen conocimiento de tales ¡jue-gos.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso en apelación ante nos, los niños vivían junto a la vía y por razón de esa proximidad, acostumbraban a jugar en o cerca de la misma. Por ella cruzaban para en-trar o salir del ranchón, lo que a todas luqes, más que un hábito, era y es una necesidad continua, y toda esa situación era bien conocida del maquinista que conducía el tren. Por lo tanto, fundándonos en lo resuelto en Ortiz v. American Railroad Co., supra, concluimos que, en el caso de autos existió y existe un motivo que justifica el que, cuando los trenes de la demandada pasen por ese lugar, ésta reduzca la velocidad de los misinos y tome precauciones extraordina-rias .ya que la situación de hechos arriba descrita constituye “un hecho tan ostensible” que impone a sus empleados la “obligación de anticipar la presencia de menores.” Obliga-ción que es más evidente cuando de la prueba se desprende que dichos empleados tenían conocimiento de esos hechos. Véase Hernández v. Acosta y Maryland Casualty Co., ante, pág. 171.

Alega la apelante que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al dictar sentencia contra la demandada por el fundamento de que la niña no era una transgresora. Un “trespasser” es un intruso, aquél que ha penetrado en la propiedad de otro sin permiso y no tiene derecho alguno a ello. De la prueba se desprende que la niña estaba parada entre la vía y el ranchón, donde solamente hay una distancia de 5 pies cuatro pulgadas. Ninguna de las partes ofreció prueba en cnanto a quién era el propietario o poseedor de esa faja de terreno. Luego, ¿estaba la niña en terreno rde la compañía o en los de la Hacienda Estrella? De los autos no podemos determinarlo. Pero, a los fines de resolver la cuestión, asumiremos que el sitio donde se encontraba la niña, en los momentos en- que fué golpeada por la máquina, pertenecía a la compañía. En ese supuesto, encontramos que en Prosser, On Torts, la opinión de las autoridades se en-cuentra dividida en cuanto a si una persona en esa situación es o no una transgresora frente a la ley, y a las páginas 616-617 dice:

“En un. número de casos, la corte ha tratado de explicar la res-ponsabilidad manifestando que la tolerancia continua del demandado hacia un tranagresor equivale a la concesión de permiso para usar el terreno, de tal suerte que el demandante ya no es un tranagresor, sino una persona a quien se le ha concedido permiso (licensee).” (Smith v. Philadelphia & R. Ry. Co., 1922, 274 Pa. 97, 117 Atl. 786).

Y a la página 621:

“El sitio donde se puede aplicar esta regla es- aquél en que el dueño sabe o debe, saber que hay la posibilidad de que tales niños estén. El .dueño del terreno no viene obligado a tomar precauciones cuando no tiene motivo para creer que en sus terrenos entren niños.” (Standard Steel Works Co. v. Chicago, A. & E.R. Co., D. C., Ill. 1939, 29 Fed. Supp. 297).

Somos de opinión que dentro de las circunstancias de este caso la compañía venía obligada a anticipar la presencia de menores y a tomar las debidas .precauciones para evitar el accidente.

Sostiene la parte apelante que la corte inferior cometió error al dictar sentencia contra la demandada y sostener que los demandantes no fueron culpables de negligencia contributoria y que esta negligencia no fué la causa próxima del accidente. La existencia de negligencia contribu-toria es una cuestión de hecho, que surge de las circunstan-cias particulares de cada caso y depende por tanto de la apreciación que de la prueba haga la corte inferior. Ésta dió crédito a la parte demandante y no la consideró incursa en negligencia contributoria. Nada encontramos en los autos que pueda justificar el que alteremos la conclusión de la corte sentenciadora. Además, aun cuando aceptáramos que los demandantes incurrieran en negligencia, siempre estaría-mos obligados a determinar cuál de las dos negligencias fue la causa próxima e inmediata del daño causado. Aceptando, pues, que la niña se situó en una posición de peligro por ra-zón de la negligencia de sus padres, la demandada, debiendo anticipar la presencia de menores en el lugar del accidente, tuvo la última oportunidad de evitar el daño mediante el ejercicio de una prudencia razonable, dando el oportuno aviso y reduciendo la velocidad del tren, precauciones .que según resulta de lá prueba, dejó de tomar. Restatement of the Law, Torts, Negligence, §§479 y 480.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

        Johnson v. Atlantic Coast Line R. Co., 59 Fla. 302, 51 So. 851.

        Pomponio v. N. Y., N. H. & H. R. R. Co., 66 Conn. 528, 32 L.R.A. 530.

         Thomas v. Chicago M. & St. P. R. Co., 103 Iowa 649, 72 N.W. 783, 39 L.R.A. 399.

      St. Louis & S. F. R. Co. v. Jones, 78 Okla. 204, 190 Pac. 385, 16 A.L.R. 1048.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

text:
    José C. Rodríguez Favale, demandante y apelado, v. Hon. José M. Gallardo, Presidente del Consejo Superior de Enseñanza de la Universidad de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8990.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 20, 1944.

      Hon. Procurador General Interino Fernando B. Fornaris y M. Rodrí-guez Ramos, Asesor Legal éste de la Universidad de Puerto Rico, abogados del apelante; B. Soltero Peralta, abogado del apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este recurso es si el Presi-dente del Consejo Superior de Enseñanza de la Universidad de Puerto Rico puede ser competido por' mandamus a firmar un diploma aprobado y expedido por dicho Consejo a un graduando de la Universidad. Los hechos son los siguientes:

Por no tener el índice académico de escuela superior re-querido, José C. Rodríguez Eavale fue admitido a la Uni-versidad de Puerto Rico como estudiante especial. En tal condición fue matriculado en los cursos objeto del grado de Bachiller en Administración Comercial durante cuatro años escolares y tres veranos. En 7 de enero de 1942, estando en su último año, solicitó permiso del Consejo Administrativo de Decanos para tomar un nuevo examen en cierta asigna-tura en la cual había obtenido calificación de “F”, siendo negada su petición debido a que su condición de estudiante especial no hacía necesario que él obtuviera grado o califica-ción alguna en cualquier asignatura por no tener derecho a crédito académico. El peticionario recurrió a la Junta de Síndicos, la cual aprobó por unanimidad su solicitud para que se le considerara como estudiante regular con derecho a graduarse. El Registrador de la Universidad solicitó enton-ces de la Junta que reconsiderara su decisión, ratificándose dicho cuerpo en ella el 27 de marzo de 1942.

Así las cosas, el 5 de agosto de 1942 entró en vigor la Ley número 135 de 7 de mayo de 1942 ((1) pág. 763), re-organizando la Universidad de Puerto Rico, y a virtud de la cual se eliminó la Junta de Síndicos, substituyéndose en su lugar el actual Consejo Superior de Enseñanza. Some-tida a la aprobación del Consejo la lista de estudiantes que habían completado los requisitos académicos necesarios para graduación para el 31 de julio de 1942, en la cual aparecía el nombre del peticionario, el Consejo la aprobó, expidién-dose como consecuencia los correspondientes diplomas. El Rector de la Universidad firmó dichos diplomas y los some-tió al Dr. José M. Cal-lardo, Presidente del Consejo,' para su firma, de acuerdo con la sección 5 del Capítulo X del Regla-, mentó de la Universidad, pero éste rehusó firmar el diploma del peticionario “por tener serias dudas en cuanto a la regu-laridad del procedimiento envuelto en su graduación”. Al insistir el Dr. G-allardo en su actitud, el estudiante radicó petición de mandamus en la Corte de Distrito de San Juan, la cual después de celebrar una vista en la cual se presentó prueba, expidió el auto. Contra esa sentencia apeló el de-mandado, alegando la comisión de dos errores- por la corte inferior al declarar sin lugar una excepción previa inter-puesta contra la suficiencia de la petición porque no surgía dé ella deber ministerial alguno de firmar el referido diploma y al apreciar los hechos y al aplicar la ley que cobija el caso.

Los dos errores se discuten conjuntamente por el ape-lante y sostiene que el peticionario no recurrió al mandamus con “manos limpias”, pues nunca cumplió con los requisitos universitarios; y que la Junta de Síndicos actuó en forma ilegal y ultra vires al conceder al peticionario el derecho a graduarse, haciéndolo estudiante regular.

La apelación interpuesta carece de méritos. La actuación de la Junta de Síndicos está autorizada tanto por la ley como por el Reglamento de la Universidad. Asimismo, aunque la ley de 1925 (Núm. 50, pág. 283) fue ex-presamente derogada por la ley de 1942 (véase la nota (2)), el poder absoluto de conferir grados académicos reside en el Consejo Superior de Enseñanza en igual forma en que residía en la Junta de Síndicos a virtud de la sección 28 de la Ley número 135 de 1942 que dispone que:

“En tanto se promulga el Reglamento de la Universidad a tenor de lo dispuesto! en esta Ley,- estarán en vigor todas las reglas, dis-posiciones, prácticas y procedimientos establecidos en la Universidad de Puerto Rico.”

Para la feclia de los trámites seguidos por el peticionario Rodríguez Pavale, no se había promulgado por el Consejo un nuevo reglamento.

' Habiendo resuelto la Junta de Síndicos que Rodríguez Favale era un estudiante regular de la Universidad de Puerto Rico con derecho a graduarse, y habiéndole el Consejo Superior de Enseñanza otorgado el grado de Bachiller en Ad-ministración Comercial, y conociendo en todo momento dichos organismos cualquier irregularidad habida en el caso del peticionario, no puede prevalecer la alegación del ape-lante en cnanto a qne el peticionario no actnó con “manos limpias”. En ningún momento trató el peticionario de ocul-tar su situación ante la Junta o el ’Consejo. Estos organis-mos, con completo conocimiento de causa, variaron el status del peticionario de estudiante especial a estudiante regular y al hacerlo actuaron dentro de las facultades que la ley y el Reglamento les concede.

El Presidente de ambos cuerpos no tenía discreción para negarse a firmar el diploma. Consideramos que su deber en este caso es claramente ministerial.

En el caso de Valentine v. Independent School Dist., supra, aún cuando no existía una ley que obligara a expedir un diploma, ni constaban las reglas para su otorgamiento, se resolvió lo siguiente:

“En el presente caso no aparece, qué reglas, si algunas, proveen los demandados respecto a la expedición de diplomas a quienes ter-minan el curso. Es cierto que no hay disposición expresa de ley requiriendo la expedición de un diploma en ese caso; pero nuestras escuelas son mantenidas mediante contribuciones, y son nuestras es-cuelas públicas, en cierto sentido, públicas, y las personas con auto-ridad, y quienes son responsables por el gobierno de las escuelas, están en cierto sentido, desempeñando un deber público. Y creemos y resolvemos que, aun en ausencia de una disposición expresa de ley, existe un deber legal implícito de parte de tales funcionarios a expedir constancia escrita de la graduación de la demandante en forma de un certificado, un diploma, o algo así, a aquellos que han terminado satisfactoriamente el curso de estudio prescrito, a no ser que por razones suficientes estén justificados en rehusarlo. Los de-mandados han adoptado el método de expedir diplomas, y no pueden discriminar contra la demandante.”

La doctrina de los casos citados es aplicable al de autos. El recurso se interpuso contra un oficial público, el Comi-sionado de Instrucción, quien a virtud de su cargo era Pre-sidente de la Junta de Síndicos, y es ahora Presidente del Consejo Superior de Enseñanza, y como tal estaba y en el presente está obligado a cumplir con aquellos deberes minis-teriales impuestos a la presidencia de dichos cuerpos de go-bierno de la Universidad de Puerto Rico.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Travieso se inhibió.

      (1)íí Sección 5: Todos los diplomas expedidos a aquéllos que reciban título de 'la Universidad deberán estar firmados por el Presidente de la Junta de Síndicos y por el Canciller de la Universidad.”

      (2)La sección 7, Ley núm. 50 de 21 de julio de 1925 (derogada por la Ijey núm. 135 do 7 de mayo de 1942) dispone en parte que: "... y se le concede, además, poder a la Junta de Síndicos para hacer y prescribir, según se requieran, reglamentos, reglas y estatutos razonables, con castigos razonables para el buen gobierno de dicha corporación, para el régimen de su propio cuerpo; y, además, con el consejo del Director Ejecutivo de la Universidad, determinará y regula-rizará los cursos de estudios de dicha Universidad; y la Junta de Síndicos con-cederá grados 'imwersiiarios según lo determine y prescriba.” (Itálicas nues-tras.)
      " Reglamento de la Universidad de Puerto Bico y de su Junta de Síndicos
      "Sección 4. — A los fines del sostenimiento, dirección y gobierno de los institutos universitarios y sus anexos y accesorios, se le determinan a la Junta de Síndicos las siguientes obligaciones:
      "(4) Conceder grados o títulos universitarios según ella misma lo determine y prescriba."

      (3) Comentando el caso de Hamlett v. Reid (1915) 165 Ky. 613, 177 S.W. 440, se dijo en Valentine v. Independent School Dist., 174 N.W. 334, 6 A.L.R. 1525, 1530:
      "... el superintendente de instrucción pública, por estatuto, fuó designado presidente ex officio de la junta de síndicos del Instituto Normal Industrial del Estado; los síndieos otorgaron un diploma al demandante, y todos lo firmaron: a excepción del superintendente del estado; óste se negó a firmar, aunque oí demandante había cumplido con todos los requisitos; se admitió que, aunque el diploma había sido firmado por el presidente pro témpore de la junta, y era válido sin la firma del superintendente del estado, sin embargo las autoridades del estado se habían negado a reconocerlo como válido sin la firma del superin-tendente del estado. Se resolvió que la ley no permitía que los propósitos para los cuales fué creada la escuela fueran fi-ustrados por una acción arbitraria de-parte de algún miembro de la junta, y la circunstancia de que .el diploma era de hecho válido no justificaba al superintendente en negarse arbitrariamente a fir-marlo, y que procedía un mandamus ordenándole que así lo hiciera.”


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Eugenio Géigel, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez Interino, demandada.
    Núm. 28.

    Sometido: Diciembre 18, 1944.

      Resuelto: Diciembre 20, 1944.

      Géigel & Silva, abogados del peticionario; los demandados en el pleito principal no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del -tribunal.

En nna acción de desahucio por falta de pago del canon de arrendamiento de una finca urbana situada en Santurce, propiedad del aquí peticionario, la Corte Municipal de San Juan dictó sentencia en rebeldía cuya parte dispositiva dice así:

“La Corte declara con lugar la demanda de desahucio por rebel-día del demandado disponiéndose que sí el demandado no satisface en su totalidad dentro de los treinta días después de su registro y de haberse notificado con copia de la sentencia, el demandante ten-drá derecho al local mencionado en la demanda y a que se expida un mandamiento ordenando al Marshal desalojar a todas las-personas de dicho local.”

Por considerar errónea aquella parte de la sentencia que disponía “que si el demandado no satisface en su totalidad [los cánones adeudados] dentro de los treinta días después de su registro y de haberse notificado con copia de la sen-tencia”, el demandante radicó ante la Corte de Distrito de San Juan una petición de certiorari. Expedido el auto y oídas las partes el 27 de junio de 1944 dicha corte, más de cuatro meses después o sea el 2 de noviembre de 1944, dictó sentencia anulando el auto expedido. Para revisar su ac-tuación expedimos auto de certiorari bajo la Ley número 32 de 1943 (pág. 85) por estar envuelta una cuestión de in-terés público general en relación con la interpretación y al-cance del artículo 5 de la Ley número 9 aprobada el día 17 de noviembre de 1941 ((1) pág. 27) que dispone lo siguiente:

“Cuando en una acción contra el ocupante de un local por alqui-leres o por el valor del arrendamiento del uso o la ocupación de dicho local, el demandante obtenga sentencia en rebeldía a su favor, la sentencia contendrá nna disposición al efecto de que,, si la misma no se satisface en su totalidad dentro de los treinta días después de su registro y de haberse notificado con copia de la misma' al demandado, el demandante tendrá derecho al local mencionado en la demanda y a que se expida un mandamiento ordenando al marshal desalojar a todas las personas de dicho local.”

Sostiene el peticionario que el artículo 5 no es aplicable a una acción de desahucio'y sí “únicamente a acciones por alquileres o por el valor del arrendamiento del uso o la ocu-pación de algún local” y que siendo su acción una de desa-hucio por falta de pago, erró la corte inferior al considerar aplicables a la misma las disposiciones de la Ley número 9 de 1941 que se refieren a la acción en cobro de cánones de arrendamiento, la cual es de naturaleza distinta y no acumu-lable a la acción de desahucio, según hemos resuelto en los casos de Puig v. Soto, 18 D.P.R. 132; Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 981; Finlay v. R. Fabián & Cía., 24 D.P.R. 152 y Pérez v. Corte, 57 D.P.R. 764. Creemos que el peticionario tiene razón. Veamos en detalle, la propia Ley 9 de 1941 y además en relación con otra legislación aprobada en la misma sesión legislativa.

En primer término, el título de la Ley núm. 9 apro-bada el 17 de noviembre de 1941 (Leyes de 1941, Sesión Es- , pecial, pág. 27) dice así:

“Ley relativa a las defensas que podrán establecerse en acciones basadas en contratos injustos, irrazonables y opresivos de arrenda-miento de casas y edificios destinados a vivienda y de solares donde enclaven casas ajenas destinadas a viviendas en las zonas urbanas y rurales de cualquier municipio o del Gobierno de la Capital de Puerto Rico, y pai’a otros fines.”

Asimismo los artículos 1 y 6 de dicha ley claramente ex-ponen la intención legislativa de que tanto en una acción de desahucio por falta de pago del canon como en nna acción para el cobro de alquileres “constituirá defensa el'hecho de que dichos alquileres son injustos e irrazonables y que el con-trato bajo el cual se pretenden cobrar dichos alquileres es abusivo”. Todo el propósito de esta Ley fué conceder a los demandados en desahucio por falta de pago o a los. deman-dados en cobro de alquileres la oportunidad de alegar y de-mostrar que los alquileres son injustos e irrazonables o que el contrato es abusivo. Una vez demostrado' esto debe la corte al dictar sentencia conceder al deriiandado un término-de treinta días para satisfacer en su totalidad la deuda a base de la cantidad que venía pagando anteriormente.

El artículo 5, supra, sin embargo, se refiere únicamente 'a que en las acciones en cobro de alquileres o por-el valor del arrendamiento del uso o la ocupación del local — y el de-mandante obtenga sentencia en rebeldía- — se concederá igual término de treinta días al demandado para pagar su deuda. Ninguna disposición contiene este artículo que lo haga apli-cable a una sentencia de desahucio por falta de pago dic-tada en rebeldía al extremo de que por interpretación se considere enmendado el artículo 635 del Código de Enjuicia-miento Civil-(Art. 16 de la Ley de Desahucio) el cual fué objeto de enmienda a virtud de la Ley número 170 aprobada el 9 de mayo de 1942 (pág. 889) concediéndose cuarenta días para el lanzamiento del demandado en lugar de los quince días que originalmente disponía la ley cuando se trata de una casa destinada a habitación o vivienda de familia.

Refuerza la opinión a que hemos llegado el hecho de que la Legislatura de Puerto Rico, en la misma sesión extraor-dinaria en que aprobó la ley que discutimos, también aprobó, el mismo día, la Ley núm. 10: “Para enmendar el Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil ^‘(Edición 1933) en relación con los procedimientos sumarios en los juicios de desahucio por falta de pago de la renta y para recuperar el dominio de un inmueble en la zona urbana o rural de cual-quier municipio o del Gobierno de la Capital de Puerto Rico, y para otros fines” (Leyes de 1942 (2) pág. 33) y la Ley núm. 14 aprobada el 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 45) para enmendar el artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los mismos procedimientos de desahu-cio. En ambas leyes se enmienda expresamente los artículos 9 y 2 de la Ley de Desahucio. Es significativo el hecho de que la Legislatura, que tuvo ante su consideración todas es-tas medidas de emergencia en relación con los alquileres ex-cesivos y contratos de arrendamiento abusivos y enmendó expresamente la Ley de Desahucio a virtud de las Leyes nú-mero 10 y 14, al aprobar el artículo 5 de la Ley número 9, no enmendó expresamente la Ley de Desahucio en cuanto a variar los términos fijados para ordenar el lanzamiento del demandado.

La acción interpuesta por el peticionario en este caso fué una de desahucio por falta de pago y no una en cobro de los cánones de arrendamiento adeudados. Estas acciones son distintas según liemos resuelto en los casos anteriormente citados. El artículo 5 de la Ley núm. 9 de 1941 no es apli-cable a la acción en este caso y como consecuencia debe anu-larse la resolución dictada por la corte inferior y devolverse él caso Civil R-2524 de José Ettgenio Géigel v. Corte Municipal de San Juan para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

      (1) Artículo 1. — En cualquier aeción de desahucio por falta de pago o para el cobro de alquileres de acuerdo con un contrato de arrendamiento de propiedad en las zonas urbanas y rurales de cualquier municipio o de la Capital de Puerto Bieo, utilizada para fines de vivienda, constituirá defensa el hecho de que dichos alquileres son injustos e irrazonables y que el contrato bajo el cual se pretenden cobrar dichos alquileres es abusivo; Disponiéndose, que cuando los cánones de arrendamiento, computados por una anualidad, no excedan do la suma de dos-cientos (200) dólares, el demandado estará exento del pago de todo dereclio, hasta la tramitación final del litigio.”

        “ Artículo 6.. — Cuando en cualquier acción por alquileres o por el valor de los mismos, el' demandado suscitare la cuestión de si la cantidad reclamada en la demanda es justa y razonable, deberá, al radiear la contestación, depositar en la secretarla una suma igual a la cantidad que venía pagando hasta el momento en que se le impuso el canon que se considera injusto, irrazonable y abusivo. Si el demandado dejare de hacer dicho depósito, la corte eliminará la negación o defensa en que se levanta esa cuestión. Dicho depósito se aplicará a satisfacer la sentencia dictada, o se dispondrá del mismo, de acuerdo con los dictados de la justicia. Cuando se dicte sentencia a favor del demandante, la misma deberá contener una disposición al efecto de que si no queda satisfecha en su totalidad con el depósito, o en otra forma dentro de los treinta días siguientes a su registro y a haberse notificado con copia de la misma al demandado, el demandante tendrá derecho al local descrito en -la demanda y a que se expida un manda-miento ordenando al marshal a desalojar a todas las personas de dicho local.”

      (2)“ Artículo 635. — La sentencia que declare con lugar la demanda de desa-hucio ordenará el lanzamiento del demandado dentro de los términos siguientes, contados desde que dicha sentencia quede firme:
      “Cuarenta días si se tratase de una casa destinada a habitación o vivienda de familia. Veinte (20) días en todos los demás casos.”