text:
    Mariano Rodríguez Rosario, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agrait Aldea, Juez, recurrido.
    Núm. 316.

    Sometido: Junio 23, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      Angel Rodríguez Escolar, abogado del peticionario; Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de septiembre de 1936 se presentó en la Corte de Distrito de Arecibo nna acusación contra Mariano Rodríguez Rosario, el peticionario en este caso, por un delito de homi-cidio involuntario. El 26 del mes siguiente se procedió a la lectura de la acusación, la que fué contestada por el acusado haciendo alegación de no culpable y solicitando a la vez juicio por jurado.

Alegando que hasta la fecha no se ha celebrado el juicio, que éste nunca se ha transferido o suspendido a petición suya y que ha estado en todo tiempo dispuesto a someterse a juicio, manteniendo y reclamando su derecho a un juicio rápido en dicha causa, presentó el 23 del mes pasado una petición de mandamus contra el juez de la corte antes men-cionada, para que por este tribunal se le ordene el sobresei-miento de la causa antes aludida.

Las alegaciones de la petición de mandamus son tan fuertes, acusan tal menosprecio de los derechos constitucionales del acusado, que el día siguiente a su radicación este tribunal expidió una orden dirigida al Juez de la Corte de Distrito de Arecibo requiriéndole para que en la sesión de este tribunal que habría de celebrarse el 5 del actual, a las dos de la tarde, compareciera a exponer las razones que existieran para que no se expidiese la orden perentoria de mandamus solicitada por el peticionario.

El día 2 del actual radicó su contestación jurada el juez demandado y de ella y de los exhibits que acompaña resulta: que la acusación fué leída el 20 de octubre de 1936 y fué señalado el juicio para el día primero de diciembre siguiente, lo que no tuvo efecto por no haberse podido localizar al acusado. Señalóse nuevamente el juicio para el 4 de febrero de 1937 y todas las diligencias que se hicieron para localizar al acusado fueron también infructuosas, informando por carta de esa misma fecha uno de los fiadores, don Virgilio del Pozo, que no habían podido localizar al acusado y que el otro fiador, don Joaquín Rosa, se hallaba aquel día en San Juan haciendo gestiones para conseguirlo y presentarlo inme-diatamente ante la corte. Aparece además de los autos una comunicación del márshal de la Corte Municipal de Manatí, de primero de junio de 1938, en la que informa al márshal de la Corte de Distrito de Arecibo que todas sus gestiones para citar al acusado habían resultado infructuosas, devol-viendo sin cumplimentar la orden de citación que se le había enviado contra el acusado.

De la propia petición de mandamus (párrafo 3) aparece señalado el juicio para el 20 del mes pasado, que el peticio-nario fue notificado el 17 de dicho mes por uno de sus fiadores y que entonces, désplegando una actividad que hasta la fecha no había demostrado, el mismo 17 de junio de 1938 radicó una moción de archivo y sobreseimiento, invocando el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Resulta además que no se solicitó el señalamiento de dicha moción para una fecha anterior a la dispuesta para la cele-bración del juicio, sino que el mismo día 20 de junio pidió que se llamase a la vista de su moción y la corle la denegó de plano y se dispuso a celebrar el juicio, solicitando entonces el acusado la suspensión del mismo, siendo señalado para el 12 de septiembre próximo.

La exposición de hechos que precede es la mejor contesta-ción que puede darse a la petición de mandamus. El recurso de mandamus, aunque es un remedio en ley, participa de la índole de los remedios de equidad y para que pueda conce-derse es preciso que el que 1© solicita no solamente tenga un derecho claro al remedio, si que también venga a la corte con las manos limpias. En este caso, ya hemos podido apreciar la conducta del acusado, evadiendo la celebración del juicio y obstaculizando así la pronta administración de justicia. Ño es el propósito del artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal premiar a aquéllos qne como el acusado en este caso "se ocultan de la justicia para luego solicitar el sobreseimiento, imputando al tribunal una negligencia de la cual son ellos los únicos responsables. Así pareció. enten-derlo el acusado, cuando en su petición de mandamus falsa-mente asegura que siempre ha estado “manteniendo y recla-mando su derecho a un juicio rápido en esta causa.”

No abrigamos duda alguna de que ha existido justa causa para la no celebración del juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación. Procede, por consiguiente, desestimar la petición de mandamus.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado- Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Martínez, acusado y apelante.
    Núm. 7167.

    Sometido: Julio 19, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      Juan Válldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado- Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

■ El 4 de febrero del año pasado la Corte de Distrito de Sán Juan dictó 'sentencia en este caso condenando al acusado a pagar una multa de $50 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejase de pagar. No estando conforme con la sentencia, el mismo día radicó el acusado en la secretaría de la corte inferior un escrito de apelación del cual no notificó al fiscal. No obstante el tiempo transcu-rrido desde la interposición del recurso, el acusado no lia radicado hasta la fecha transcripción de evidencia o exposi-ción del caso, encontrándose en libertad bajo fianza.

Por no haberse notificado el escrito de apelación al fiscal del distrito y por haber dejado de radicar en la corte inferior la transcripción de evidencia o exposición del caso, solicita el fiscal de este tribunal la desestimación del recurso. Noti-ficado de la moción de desestimación, radicó el acusado por su abogado Sr. J. Validejuli un escrito de oposición en el que entre otras razones para que no se desestime el recurso expone:

1. Que habiéndose iniciado este caso en una corte municipal mediante denuncia, al apelar de la sentencia que en grado de apelación dictó la corte de distrito no era necesario notificar al fiscal con copia del escrito de apelación, requisito éste que según la representación del acusado sólo se exige en los casos originados en las cortes de distrito.

2. Porque el acusado no estuvo representado por abogado en la corte de distrito por carecer de medios económicos e ignoraba la ley relativa a la formalización del recurso de apelación, suplicando ahora el acusado que se le conceda un nuevo término de treinta días para radicar la transcripción de evidencia en esta Corte Suprema.

Alega otras razones el acusado que van dirigidas a atacar la validez de la resolución de la Comisión de Servicio Público que motivó la sentencia, cuestiones éstas que como veremos más adelante no es necesario considerar dentro de este pro-cedimiento.

Dispone el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal que “todas las causas en que deban entender los jueces de paz o municipales, cuando se apelan a la Corte de Distrito, serán juzgadas atendiendo a la primitiva denuncia o auto judicial, procediéndose de nuevo al juicio en la Corte de Distrito.” De suerte que apelada la causa para ante la corte de distrito-, se juzga allí el caso de novo, siguiéndose exactamente el procedimiento prescrito para los demás casos misdemeanors, originados en dicha corte, con la sola excepción que en estos últimos el cargo se presenta mediante acusación fiscal, mientras que en los originados en las cortes munici-pales, al juzgarse en la de distrito, subsiste la denuncia. Al apelar de la sentencia de la corte de distrito para ante este tribunal, la ley no establece diferencia alguna entre los misdemeanors originados en las cortes municipales y aquellos que se juzgan originalmente en las cortes de distrito. El procedimiento es el mismo en uno y otro caso y entre los artículos que lo regulan se halla el 350 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, que dice así:

“Se establece una apelación, presentando al secretario del tribunal en que estuviere archivada la sentencia o providencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias correspondientes al abogado de la parte contraria.” (Itálicas nuestras.)

La cuestión suscitada por la representación del acusado sobre la necesidad de la notificación del recurso de apelación al fiscal no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, en que se trataba de un delito de abandono de menores, misdemeanor que se ve en primera instancia en las cortes municipales, al apelar el acu-sado de la sentencia que le impuso la Corte de Distrito de San Juan notificó por correo al fiscal de distrito con copia del escrito de apelación. Se solicitó la desestimación del recurso, alegando el fiscal que no se le había entregado per-sonalmente la copia del escrito de apelación. El acusado no probó en manera alguna que el escrito de apelación hubiese llegado a manos del fiscal y como el Código de Enjuiciamiento Criminal no autoriza las notificaciones por correo en los casos criminales, se consideró a los efectos del caso como si el es-crito de apelación no hubiese sido notificado al fiscal. Resol-viendo la cuestión de falta de notificación del recurso, este tribunal, por su Juez Presidente Sr. del Toro, se expresó en los siguientes términos:

“Con respecto a la necesidad de notificar al fiscal debidamente el escrito de apelación para que esta corte pueda conocer del recurso, no hay cuestión. Se ha decidido repetidas veces por esta misma Corte Suprema que si la notificación no se hace, no adquiere jtiris-dicción la corte y el recurso debe ser desestimado sin oírse.” (Itáli-cas nuestras).

En el mismo caso de El Pueblo v. Rubio se cita con aprobación el de People v. Bell, 70 Cal. 33, donde se dijo:

“ ‘El récord aquí no demuestra que el escrito de apelación se haya notificado personalmente a nadie. La ley requiere que el mismo sea entregado personalmente a los abogados de la otra parte (Código Penal, art. 1240) y el récord debe demostrarlo. (People v. Phillips, 45 Cal. 44; People v. Clark, 49 Cal. 455.) No siendo ése el caso, la apelación no puede considerarse. ’ Toda vez que de la omi-sión y el error cometido se llamó la atención al apelante por el alegato de la otra parte y no se ha hecho esfuerzo alguno para corregir tal omisión o error o demostrar que el servicio personal de la notifica-ción fué hecho, debemos llegar a la conclusión de que no existió tal servicio personal y que la corte nunca tuvo jurisdicción para conocer de la apelación.”

Siendo como es el requisito de la notificación del recurso al fiscal de carácter jurisdiccional, al no haberse cumplido ■con el mismo esta corte no ha adquirido jurisdicción para •conocer del recurso y sean cuales fueren los méritos del caso nos sentimos obligados a desestimarlo por falta de jurisdic-ción, no pudiendo por igual motivo considerar las demás cuestiones alegadas por el acusado en oposición a la moción de desestimación.

Procede, por lo expuesto, desestimar la apelación que en este caso interpuso el acusado contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que le condenó a pagar $50 de multa y las costas, o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, denegándose a la vez el res-tablecimiento del término para la radicación de la transcrip-ción de evidencia.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José Segarra, demandante y apelante, v. Roberto Castellón, demandado y apelado.
    Núm. 7792.

    Sometido: Julio 19, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      A. Casanova Prats, abogado del apelante; A. Ortiz Toro, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia qne en este caso dictó la Corte de Distrito de San Juan desestimando la demanda fue notificada al demandante el 28 de septiembre de 1937. El 27 del mes siguiente el demandante radicó nn escrito de apelación acogiéndose al procedimiento de la transcripción de evidencia para la apelación.- El 24 de noviembre el demandante pidió y obtuvo nna prórroga para radicar dicha transcripción de evidencia, concediéndosele-también prórrogas al mismo efecto el 27 de diciembre de 1927 y el 26 de enero de 1938. El 23 de febrero siguiente el demandante solicitó una nueva pró-rroga para radicar la transcripción de la • evidencia, sin que la corte tomase providencia alguna con respecto a su petición. El 28 del mes siguiente, no obstante no haber actuado la corte inferior en relación con su petición de prórroga, volvió a pedir, una nueva, sin que la corte tampoco dictase pronun-ciamiento alguno. Desde entonces él demandante no ha hecho más diligencias para formalizar su recurso de apelación.

El demandado solicita la desestimación del recurso, fun-dándose precisamente en que hasta la fecha no se ha radi-cado en la corte inferior la transcripción de evidencia ni solicitado prórroga para ello desde el 28 de marzo ultimo. '

El hecho de que la corte inferior no hubiese actuado resol-viendo las dos mociones de prórroga presentadas por el apelante en 23 de febrero y 28 de marzo últimos, no lo releva de la obligación en que está de radicar dentro dél término legal o de la prórroga en su caso la transcripción de evidencia. Si el juez de la corte inferior dejó de actuar resolviendo las mociones, debió el apelante insistir en que se resolvieran y, no consiguiéndolo, pudo acudir al recurso legal que le .ofrece la ley en tales casos, es decir, recurrir a esta corte mediante una petición de mandamus.

A nuestro juicio, el abandono manifiesto por parte del demandante apelante en la tramitación de la apelación no justifica en manera alguna a esta corte para usar de su dis-creción restableciendo el término para la- radicación de la transcripción de evidencia.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso.


text:
    María Bithorn Vda. de Benítez, Administradora Judicial, apelante, Ex parte; José Manuel Benítez, apelado.
    Núm. 7775.

    Sometido: Julio 11, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados de la apelante; Miguel A. Muñoz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de abril último la Corte de Distrito de Hnmacao dictó una resolución ordenando el cierre de la administración judicial en este caso y concediendo a la administradora un plazo de treinta días para la rendición de su cuenta final. Contra esa resolución la administradora interpuso este re-curso, cuya desestimación solicita el apelado fundándose en los siguientes motivos:

1. Que conforme aparece del escrito de apelación, la reso-lución apelada fué notificada a la administradora judicial el 9 de mayo y no fué hasta el 24 del mismo mes que el apelado recibió por correo la notificación del escrito de apelación, entendiendo por esta razón el apelado que el recurso le fué notificado después de haber expirado el término legal.

2. Porque la copia del escrito de apelación que recibió el apelado no fué cursada por correo certificado.

3. Porque el diligenciamiento de la notificación del escrito de apelación no se ha acreditado por medio de affidavit.

En oposición a la moción del apelado la apelante radicó un escrito a manera de memorándum en el que expone los fundamentos legales que cree tener para que no se desestime el recurso, y separadamente el abogado P. González Fagundo, uno de los representantes legales de la apelante, radicó un affidavit en el que asegura que el día 18 de mayo depositó una copia del escrito de apelación en las oficinas del correo de la ciudad de Humacao en un sobre cerrado debidamente franqueado y dirigido al abogado del apelado, Sr. Miguel A. Muñoz, a esta ciudad de San Juan.

En la moción de desestimación no se expresa en qué fecha la apelante depositó en el correo la copia del escrito de apelación. La apelante, sin embargo, asegura bajo el juramento no controvertido de su abogado Sr. P. González Eagundo, que verificó esa diligencia el 18 de mayo, o sea nueve días después de notificársele la resolución apelada. El artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia interpretativa del mismo, contenida en los casos de American Colonial Bank v. Ramos, 33 D.P.R. 890, 894, Serra v. Corte Municipal, 49 D.P.R. 542, y otros al mismo ufecto, sostienen terminantemente que en la notificación sus-tituta o constructiva la notificación o la entrega del docu-mento se entiende cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo y no cuando la recibe el destinatario. Habién-dose notificado la resolución a la apelante el 9 de mayo, al depositarse en el correo la copia del escrito de apelación el 18 del mismo mes, es evidente que el recurso se notificó legal-mente al apelado dentro del término de nueve días. Por con-siguiente, cualquiera que sea. la naturaleza de la resolución apelada, preciso es concluir que el recurso fué notificado en tiempo. Artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Se queja el apelado de que la copia del escrito de apelación no le fué remitida por correo certificado. No lo niega la apelante en su affidavit, pero ese requisito no era necesario en el presente caso. El Código de Enjuiciamiento Civil sólo exige que la notificación de documentos se curse por correo certificado en el caso previsto en. el inciso 2 del artíulo 320 del citado código, es decir, cuando la notificación se hace a la parte y se ignora su residencia. En los demás casos puede enviarse el pliego por correo ordinario, aunque recomendamos como mejor práctica hacerlo por correo certificado, ya que de ese modo con mayor seguridad llegará el pliego al destinatario, Véanse Serra v. Corte Municipal, supra, y artículos 321 y 322 del Código de EnjuiciamientoCivil.

Las diligencias judiciales deben constar en forma auténtica. Cuando se trata de un funcionario autorizado pol-la ley para acreditar sus actuaciones por medio de certificación, su certificado es suficiente. En los demás casos las. diligéncias deben acreditarse por medio del affidavit de la. persona que las verifica. Murphy v. Sumner, 74 Cal. 316; Reinhart v. Lugo, 86 Cal. 395; Harris v. Minnesota Inv. Co., et al., (Cal.) 265 P. 306.

Nuestras leyes no autorizan a los abogados a acreditar las notificaciones que bagan por medio de certificación. Por el contrario, el artículo 75 del reglamento de este tribunal dispone que la notificación de documentos y mociones a la. parte contraria se acreditará, a; no ser qne la ley disponga lo contrario, por medio de la declaración jurada de la persona que diligencie la notificación o entrega. Véase Serra v. Corte Municipal, supra. Por consiguiente, asiste la razón al ape-lado al quejarse de que los abogados de la apelante no acre-ditaron el diligenciamiento de la notificación por medio de affidavit, siendo ineficaz el certificado que a ese efecto exten-dieron. Sin embargo, la jurisdicción de este tribunal no depende de la prueba de haberse hecho la notificación, sino de que en realidad la notificación se haya verificado en el tiempo y forma que dispone la ley. 21 Cal. Jur. 575, sección 88. Por esa razón cuando del récord no aparece la debida constancia de haberse diligenciado la notificación, puede el tribunal discrecionalmente conceder un plazo razonable para que la actuación o diligencia se acredite en forma legal. Perri v. Beaumont, 88 Cal. 108. En el caso de Serra v. Corte Municipal tantas veces citado, al conceder permiso al apelante para acreditar la notificación del escrito de apelación, se dijo por este tribunal:

“El apelante, sin embargo, solicita permiso para radicar el jura-mento omitido. En diversas ocasiones hemos permitido se hagan en corte abierta los juramentos necesarios omitidos en escritos origina-les. Igualmente hemos permitido que se demuestre con prueba aliunde que una corte municipal ha adquirido jurisdicción. Que tal prueba puede ser presentada en una situación algo similar, es el re-sultado de nuestra decisión en el caso de Berio v. De Santiago, 41 D.P.R. 87. No hallamos razón alguna para distinguir en principio este caso. ’ ’

En el presente caso ya hemos visto que el apelado admite que fué notificado con copia del escrito de apelación, aunque según él, fuera de tiempo. Aparece también unido a los autos el affidavit que posteriormente radicó el abogado F. González Fagundo, que sustancialmente cumple con los requisitos legales. Por consiguiente es innecesario radicar un affidavit adicional, y por la autoridad de los casos de Perri v. Beaumont y Serra v. Corte Municipal, supra, procede denegar la moción de desestimación.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Antonio Perazza, acusado y apelante.
    Núms. 7156, 7157, 7158, 7159, 7160 y 7161.

      Sometidos: Julio 14, 1938.

      Resueltos: Julio 20, 1938.
    El acusado compareció por escrito; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Ponce formuló seis acusaciones contra José Antonio Perazza por delitos de falsi-ficación. El acusado hizo alegación de culpable en cada uno de estos casos y la corte le impuso un año de presidio con trabajos forzados en cada uno de ellos. Contra las sentencias así dictadas interpuso el acusado recurso de apelación.

Como las cuestiones envueltas en cada caso son las mismas, vamos a considerar los seis recursos conjuntamente en una sola opinión.

En cada uno de estos seis casos el acusado imputa a la corte inferior tres errores, a saber:

‘ ‘ 1. Que la acusación que formula el Hon. Fiscal Aux. de la Corte de Distrito de Ponce contra este acusado no responde ni es la propia para los casos de violación del artículo 413 del Código Penal y sí la que corresponde a un caso de falsa representación.
“2. Que no se estableció conexión alguna ele acuerdo con el texto de la denuncia, entre la falsificación y la intención de defraudar, ya que la posesión de unos cheques como firmados por Juan Lugo Ramí-res y en poder del acusado, no prueba intención o malicia de intentar realizar la violación alegada por el fiscal, ya que dicha firma no se probó fuese la del acusado.
“3. Que los cheques en posesión del fiscal revelan que no fueron cobrados por este acusado ni por ninguna otra persona. Este acusado declaróse culpable creyendo que la posesión establecía el delito.”

La acusación formulada por el fiscal en el caso • número 7156 es igual a la de los cinco restantes, con excepción del nombre de la persona cuya firma se alega haber sido falsi-ficada, que en los casos 7156, 7157, 7158 y 7161 fué Juan Lugo Ramírez, y en los restantes Juan Pagán; la fecha de la comisión del delito, que en los casos 7156 y 7157 se alega fué el 2 de noviembre de 1937, mientras que en los demás se alega que fué el primero de noviembre de dicho año, y el montante de los cheques, que fluctúa entre $25 y $50.

La acusación en el referido caso 7156 dice así:

“El Fiscal formula acusación contra José Antonio Perazza por un delito de falsificación, infr. art. 413 Código Penal (felony), come-tido de la manera siguiente:
“Porque el referido acusado, José Antonio Perazza, con anteriori-dad a la presentación de esta acusación, o sea allá en o para el día 2 de noviembre de 1937, y en Ponce, P. R., que forma parte del Dis-trito Judicial de Ponce, P. R., allí y entonces, ilegal, voluntaria, criminal y maliciosamente y con la intención de defraudar a Juan Lugo Ramírez, falsamente, falsificó la firma de éste en un cheque, por la suma de $50.00, contra el Banco Caja de Economías y Préstamos, de ■San Germán, que es una corporación constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.
‘ ‘ Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de 'El Pueblo de Puerto Rico.’ (Fdo.) Guillermo S. Pier-luisi, Fiscal del Distrito. — La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante mí, cre-yendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al tribunal. (Fdo.) Guillermo S. Pierluisi, Fiscal del Distrito. — Jurada y firmada ante mí, hoy 17 de noviembre de 1937. (Fdo.) E. Gotay Purcell, Secretario de la Corte de Distrito de Ponce. ’ ’

La acusación antes transcrita contiene los elementos todos constitutivos del delito de falsificación, artículo 413 del Có-digo Penal, a saber: (a) Falsificación de la firma de Lugo o de Pagán, según los casos, y (ó) con la intención de defrau-darlos.

En el delito de falsa representación para recibir dinero o bienes (artículo 470 del Código Penal) y en el de falsificación (artículo 413 del mismo código) existe un elemento común a ambos cual es la intención de defraudar. Pero cuando para llevar a efecto el fraude falsamente se altera, falsifica, hace o emite cualquier título, documento, obligación, cheque, etc., el delito que se comete es el de falsificación, siendo el de falsa representación en los demás casos en que para llevar a efecto el fraude se acude a otros medios que no sean la falsificación, alteración o emisión de documentos. En este caso, en que se emitió un cheque falsificando la firma de Juan Lugo Ramírez, el delito imputado es el de falsificación y no el de falsa representación e impostura. No existe, pues, el primer error señalado por -el acusado.

El acusado hizo alegación de culpable y esa alegación constituía la mejor prueba de los hechos imputádosle en la acusación. Confessio facta in judicio omni probatione major est. Tampoco existe el segundo error.

El hecho de que los cheques falsificados no llegaran a cobrarse o a hacerse efectivos no exime al acusado de responsabilidad criminal. La esencia de este delito es la falsificación con intención de defraudar. No es necesario que el fraude llegue a perpetrarse.

No se ha cometido ninguno de los errores señalados por el acusado. La acusación en cada caso es suficiente y la sentencia es la mínima que autoriza la ley. Por consiguiente, procede confirmar la sentencia de un año de presidio con trabajos forzados que en cada uno de los casos arriba expre-sados impuso al apelante la Corte de Distrito de Ponce.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Pelliccia, acusado y apelante.
    Núms. 6934 y 6935.

    Sometidos: Mayo 20, 1938.

      Resueltos: Julio 23, 1938.

      Martínez Nadal, Juliá & Hernández Matos, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Antonio Pelliccia.de haber cometido el delito de asesinato en primer grado en la persona de Rafael Ralat, así como el delito de portar armas prohibidas. Ambos casos fueron vistos conjuntamente y el acusado declarado culpable de homicidio voluntario y del otro delito. En apelación, ambos casos fueron discutidos el mismo día y para ellos se radicó un solo alegato. En su consecuencia, los dos recursos pueden ser resueltos con una sola opinión.

No se hizo señalamiento de error alguno a ese efecto, pero la cuestión relativa a la suficiencia de la acusación para imputar el delito de asesinato en primer grado se plantea por primera vez en apelación. La parte pertinente de la acusación dice que el acusado

“. . . . voluntaria e ilegalmente, con malicia, premeditación, deli-beración y propósito firme y decidido de darle muerte ilegal, atacó con un revólver, arma mortífera, al ser humano, Rafael Ralat, etc....”

El acusado sostiene que se omitió el elemento de alevosía. El artículo 201 del Código Penal (edición de 1937), que define el delito de asesinato, dispone:

“Grados de asesinato. — Todo asesinato perpetrado por medio dé veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, o mutilación, constituye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.”

Conforme indicamos en el caso de El Pueblo v. Belardo, 50 D.P.R. 512, existe una discrepancia entre la versión in-glesa y castellana. Donde la versión inglesa dice “or by any other kind of wilful, deliberate, and premeditated killing,” el equivalente en castellano lee: “y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada.” La palabra “wilful” ha sido traducida al castellano como “alevosa”, que tiene un significado enteramente distinto. No hay duda alguna de que en lo que se refiere al Código Penal, que fue aprobado antes de 1917, la versión inglesa debe prevalecer. Pueblo v. Belardo, supra. La acusación cumple con los requisitos del artículo 201, supra, según el mismo lee en inglés. Se imputa claramente que la muerte fué voluntaria, deliberada y pre-meditada.

Se señalan tres errores. El primero de ellos lee así:

“El veredicto rendido por el jurado en este caso es contrario a la prueba presentada en el mismo.”

La contención del apelante no 'puede prevalecer. La prueba de cargo tendió substancialmente a demostrar que Pelliccia y Ealat, el occiso, estaban asociados en el deporte localmente popular de riña de gallos; que Ealat cuidaba y adiestraba los gallos de Pelliccia; que el día de la muerte, el acusado babía perdido algunas peleas y debido a las con-diciones del clima advirtió a Ealat que no permitiera que el último, gallo que le quedaba se mojara y acusó a Ealat de estar confabulado con su contrario; que Ealat se encolerizó al ver la actitud de Pelliccia y se negó a continuar cuidándole los gallos y que Pelliccia, según los testigos de cargo, en-tonces se acercó a Ealat en actitud amenazadora y le dijo que él creía o babía creído que Ealat era una persona decente, y otras palabras similares. La prueba entonces tendió a demostrar que Ealat agredió a Pelliccia en la cara y que este último inmediatamente eebó a correr en su caballo. El Pueblo presentó a Miguel y a Pelegrín Hernández como tes-tigos oculares del disparo, y éstos declararon que iban en dirección de su casa acompañados de Eafael Ealat, entre cuatro y cinco de la tarde, cuando el acusado, que estaba escondido detrás de una maleza, le disparó a Ealat por la espalda; que el acusado estaba en terrenos pertenecientes a Desiderio Luciano, a orillas del camino, y que después del disparo corrió en dirección a su propia finca. Otro testigo, Anastasio Pola, declaró que vió que el acusado corría hacia su casa poco después de oír el disparo que más tarde resultó ser el disparo fatal.

El acusado presentó un caso de defensa propia. Los hechos esenciales del incidente ocurrido en la gallera son admitidos, pero la versión de los testigos del acusado fué que Pelliccia meramente le dijo a Ealat que cuidara de que el gallo no se mojara y que Ealat entonces le contestó que él era un intruso y le tiró con el gallo en forma muy desagra-dable; que cuando Pelliccia le presentó sus excusas dicién-dole que no había tenido la intención de ofenderle, Ealat le pegó en la cara, y cuando Pellicccia .se iba, Ralat dijo: “Tienes tus hijos, pero no los vas a criar.” Respecto al disparo los testigos Eladio Serrano y Rafael Pantoja decla-raron que habían ido a la finca del acusado con el objeto de llegar a un entendido en relación con una parcela de terreno que iban a cultivar a medias con Pelliccia y que los tres habían volteado la finca cuando vieron que Ralat venía por el camino que atraviesa la finca del acusado; que al ver al acusado, que estaba en su propia finca, el interfecto soltó el gallo que portaba y dijo: “Ahora te voy a arreglar” o “Aquí está el sin vergüenza”, y al mismo tiempo sacó una navaja barbera y atacó al acusado, quien retrocedió unos cuantos pasos, sacó su revólver y disparó contra el occiso.

En su alegato el-acusado copia los puntos salientes de las declaraciones de Serrano y Pantoja y descansa en ellas para convencernos de que el veredicto del jurado era contrario a la prueba. No se trata siquiera de discutir toda la prueba ni de demostrar que la de cargo no debió haber sido creída por el jurado. El conflicto claro en la prueba aducida por los varios supuestos testigos oculares fué resuelto a favor de El Pueblo. Bajo las circunstancias del caso, esta corte está prácticamente obligada a sostener el veredicto del ju-rado, que oyó a los testigos y que se encontraba en mejor posición para determinar su credibilidad. Pueblo v. Colón, 42 D.P.R. 53; Pueblo v. Rosado, 17 D.P R. 441; Pueblo v. Villegas, 6 D.P.R. 223. No existe tentativa alguna de im-putar al jurado pasión, prejuicio o parcialidad, ni la comisión de manifiesto error. Véanse Pueblo v. Goitía, 5 D.P.R. 121; Pueblo v. Dessús, 12 D.P.R. 342; Pueblo v. Jiménez, 48 D.P.R. 14 y Pueblo v. Vázquez, 48 D.P.R. 425.

El segundo señalamiento de error lee así:

“La Corte de Distrito de Ponce cometió grave y perjudicial error al declarar al acusado culpable del delito de portar armas.”

Éste depende para su validez de las mismas cuestiones que el primero, toda vez qué’ está envuelta la credibilidad de las declaraciones de idénticos testigos. Por las razones antes expuestas, el error no puede favorecer al apelante. La prueba creída por el jurado bastaba para demostrar que el acusado disparó desde un punto fuera de su propia finca y que en su consecuencia era culpable de portar un arma prohibida.

El último señalamiento plantea la objeción aducida a cierta declaración dada en rebuttal por un juez de paz con el objeto de establecer la buena reputación del finado. Se desprende que la defensa había- atacado previamente la reputación del interfecto y tratado de presentarlo ante el jurado como un hombre pendenciero y guapo, como un hombre temible y realmente temido por la comunidad. Con estos antecedentes el fiscal puso al juez de paz local en la silla de los testigos y le preguntó si alguna vez se había visto precisado a intervenir con Rafael Ralat. El testigo contestó en forma negativa, luego de haber la corte desestimado la objeción del acusado y de haberse anotado la excepción correspondiente.

El señalamiento se basa en el artículo 158 de la Ley de Evidencia, que dispone: (Estatutos Revisados de 1911, séc. 1526.)

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala; pero no con evidencia de determinados actos reprobables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave (felony).”

No podemos ver la aplicación del artículo anterior al inci-dente aquí envuelto. Se había atacado la reputación o carác-ter del interfecto y el fiscal meramente ejercía el privilegio de tratar de establecer la buena reputación de éste. No se trató en absoluto de impugnar la credibilidad de ningún testigo específico. El propio acusado levantó la cuestión relativa a la reputación del interfecto y de ese modo abrió las puertas al fiscal. Además, el error, de haberse cometido, no hubiera sido perjudicial.

Deben confirmarse las sentencias de la corte inferior.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Miguel Sánchez León, Juan Tapia, Benjamín Laureano y Carlos Ferrer, peticionarios, v. Marcelino Romany, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 314.

    Sometido: Junio 20, 1938.

      Resuelto: Julio 23, 1938.

      J. Valldejuly Rodríguez, abogado de los peticionarios; A. Ortiz Toro, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados en un procedimiento de desacato criminal apelaron de una sentencia adversa y radicaron una solicitud para que se dictase una resolución ordenando al taquígrafo que preparara una transcripción de la evidencia. El artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal (edición de 1935) dispone que:

“. . . . Al recibir dicho escrito, será el deber de la corte ordenar al taquígrafo de la misma que transcriba fiel y completamente el ré-cord taquigráfico del juicio ...”

El artículo 2 de una ley aprobada el 27 de noviembre de 1917 (Leyes de ese año, Yol. II, págs. 275, 277) contiene nna disposición similar referente a apelaciones perfeccionadas de acnerdo con las reglas establecidas por el Código de Enjui-ciamiento Civil.

El juez de distrito, actuando bajo la teoría de que no procede apelación alguna de la sentencia en un procedimiento de desacato criminal, denegó la solicitud. A instancias de los peticionarios esta corte expidió entonces una orden 'para mostrar causas por las cuales no debía expedirse un auto de mandamus.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza apelaciones de las cortes de distrito:

“1. De una sentencia difinitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado...”

El artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone:

‘'Cualquiera de las dos partes en un proceso criminal originado en alguna corte de distrito puede apelar para ante la Corte Suprema, según lo prescrito en este capítulo.”

Hasta la fecha este tribunal ha considerado, sin discusión, apelaciones de sentencias en procedimientos de desacato civil, bajo el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y apelaciones de sentencias en procedimientos de desacato criminal, bajo el artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Véanse: In re Montalvo, 22 D.P.R. 653; Pueblo v. De Jesús, 39 D.P.R. 331; In re Cerdeira, 41 D.P.R. 598; Pueblo v. Lastra, 50 D.P.R. 118; Pueblo v. Bigio, 51 D.P.R. 165. Véanse también 3 Corpus Juris 555, sección 396; 13 Corpus Juris 97, sección 155; State v. American News Co., 253 N. W. 492; Burnett v. State ex rel West, 47 L.R.A. (N.S.) 1175; Clark v. United States, 61 F. (2d) 695 (confirmado en 289 U. S. 1).

No es necesario que nos detengamos a considerar si un procedimiento de desacato criminal constructivo — que surja de una acción civil y esté dirigido contra una o más de las partes en dicha acción — constituye o no un “procedi-miento especial”, tal como dicho término se usa en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Pero véase 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies 3716, sección 2895.

Puede admitirse que un desacato criminal en esta juris-dicción no es ni un misdemeanor ni un felony. No es nece-sario que el cargo se formule mediante denuncia o acusación. Pueden surgir casos en los cuales debe establecerse alguna distinción entre un procedimiento de desacato criminal y un proceso criminal. Sin cerrar las puertas a una investigación ulterior, no estamos ahora preparados para decir que un procedimiento de desacato criminal no constituye un proceso criminal, dentro del significado de este término, tal como se usa en el artículo 345.

Si procede una apelación de la sentencia en un procedimiento de desacato criminal, bajo el artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el deber del Juez de Distrito de ordenar una transcripción de la evidencia es claramente ministerial. De todos modos, el Juez de Distrito no debería negarse a expedir tal orden en un caso dudoso, y éste es, hasta el punto en que la cuestión ha sido desarrollada en los alegatos ante nos, un caso dudoso.

Nuestra conclusión es que el auto debe expedirse.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Manuel Terceiro Esmoris, demandante y apelante, v. División de Hogares Seguros, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 7500.

    Sometido: Febrero 23, 1938.

      Resuelto: Julio 23, 1938.

      Oscar Souffront, abogado del apelante; lion. B. Fernández García y Harry B. Lienza, Oficial Jurídico, División de Hogares Seguros, abogados de la apelada. i
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda interpuesta en este caso tiene por objeto obligar a los funcionarios públicos demandados al cumpli-miento específico de un contrato y al pago de daños y per-juicios.

Alega el demandante, como primera causa de acción, que es dueño de una finca de 300 cuerdas; que en 16 de junio de 1932 la anterior Comisión de Hogares Seguros le hizo una oferta para la compra de dicha finca por la suma de $13,500, la que fué aceptada por el demandante con -fecha 9 de julio del mismo año, quedando así perfeccionado un contrato de compraventa; que antes de aceptar el deman-dante la oferta que le hiciera la Comisión de Hogares Se-guros, se convino entre las partes que el precio se compu-taría a base de $45 por cuerda; que el demandante fué requerido por el abogado de la Comisión para que remitiese como remitió a la Comisión los títulos y documentos nece-sarios para proceder al otorgamiento del contrato; que en cumplimiento de lo estipulado el demandante se abstuvo de hacer trabajos de conservación y cultivo en la finca, motivo por el cuál las cosechas de café en los años 1932, 1933 y 1934 fueron menos del cincuenta por ciento de las que pro-ducía la finca normalmente; y que el demandante ha estado siempre dispuesto a cumplir el contrato, mas no así la de-mandada, la cual se ha negado a cumplirlo.

En la segunda causa de acción alega que como conse-cuencia del incumplimiento por parte de la demandada el demandante ha sufrido daños por la suma de $8,000.

En la súplica de la demanda se pide sentencia conde-nando a los funcionarios demandados a cumplir específica-mente el alegado contrato de compraventa y a pagar al demandante $13,500 como precio de la finca, con intereses desde la interposición de la demanda, más la suma de $8,000 como indemnización, más las costas, todo con cargo a los fondos de la Comisión de Hogares Seguros. No se solicita remedio alguno contra ninguno de los demandados en su carácter privado.

Contestaron los demandados y alegaron que las negocia-ciones para la compraventa de la finca del demandante se hicieron con sujeción a la autoridad concedida al Tesorero de Puerto Rico para emitir bonos hasta la suma de $500,000, para dedicar el producto a la compra de terrenos para ser destinados a granjas agrícolas, “y con la condición precisa y expresa de que dichos bonos fueran emitidos y su producto puesto a disposición de la Comisión de Hogares Seguros para tales fines”; que las negociaciones entre el deman-dante y la Comisión quedaron suspendidas por orden admi-nistrativa del Gobernador de Puerto Eieo de fecba 8 de .julio de 1932; que la Comisión en ningún momento prohibió ■al demandante que realizara trabajos en la finca para su ■conservación y cultivo, y que si el demandante se abstuvo de hacer dichos trabajos lo hizo por su cuenta y bajo su responsabilidad, pues él tuvo conocimiento desde julio de 1932 de la orden administrativa del 8 de dicho mes, la que puso fin a las negociaciones para la compraventa de la finca y a virtud de la cual el Tesorero de Puerto Rico suspendió la emisión de bonos que había de producir los fondos nece-sarios para la compra de terrenos para granjas agrícolas; que como consecuencia de la actitud del Tesorero de Puerto Rico, la Comisión de Hogares Seguros y los aquí deman-dados carecen de fondos con que poder atender las obliga-ciones de la compra de la finca del demandante; y niegan que el demandante haya sufrido daño alguno. Y como de-fensas especiales y separadas alegaron:

A. Los hechos alegados en la demanda son insuficientes para deter-minar una causa de acción.

B. Defecto de partes demandadas por no haberse hecho parte a El Pueblo de Puerto Rico; que éste es la parte realmente intere-sada en el caso y no ha prestado su consentimiento para ser demandado.

O. Imposibilidad de cumplir específicamente el contrato, si alguno se hubiere celebrado, por carecer la División de Hogares Seguros de los fondos necesarios para la compra de la finca del deman-dante.

D. Que la acción está prescrita a tenor de las disposiciones del Ar-tículo 9 de la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916, enmendada por la núm. 11 de 18 de abril de 1928, por haberse ejercitado la acción más de dos años después del 9 de julio de 1932, fecha en que según alega el demandante quedó perfeccionado el alegado contrato.

E. Que el demandante está impedido de reclamar los daños y per-juicios que alega haber sufrido, a virtud de las disposiciones-del párrafo B del artículo 1 de la Ley núm. 76 de abril 13, 1916, enmendado por la núm. 11 de 18 de abril de 1928, que dispone que no se recobrarán daños y perjuicios que se hubieren ocasionado por El Pueblo de Puerto Rico, con anterioridad a la fecha en que se entable la acción.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia deses-timando la demanda e imponiendo las costas al demandante, quien no estando conforme apeló.

Los seis señalamientos que aparecen en el alegato del apelante se refieren prácticamente a la única cuestión sustancial envuelta en el caso, la que puede resumirse así:

¿Erró la corte inferior al resolver que carecía de juris-dicción, por tratarse de una acción dirigida contra El Pueblo de Puerto Rico y no haber dado éste su consentimiento para, ser demandado?

Antes de considerar y resolver la cuestión así planteada,, debemos considerar como una cuestión previa si El Pueblo' de Puerto Rico era parte necesaria y esencial para el ejer-cicio de la acción interpuesta en el presente caso. El ape-lante dirigió su acción contra la División de Hogares Segurosen el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, represen-tada por los Comisionados del Trabajo, de Sanidad y del Interior; y sostiene que El Pueblo de Puerto Rico no es-parte necesaria en la acción. El Pueblo de Puerto Rico no ha sido emplazado, ni ha comparecido voluntariamente en el pleito y no ha estado en ningún momento bajo la juris-dicción de la corte sentenciadora. La inclusión de los Comi-sionados que constituyen la División de Hogares Seguros, como partes demandadas, no convierte al Pueblo de Puerto Rico en parte demandada. Éste debe ser mencionado en la demanda y emplazado en la forma prescrita por el Artículo-93 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), para que la corte pueda adquirir jurisdicción sobre el mismo. Así lo ha sostenido el Tribunal Supremo Federal en Davis v. Gray, 16 Wall 203 (21 L. Ed. 477), diciendo:

“Cuando el Estado está interesado, se le debe hacer parte, si se puede. El que no pueda hacerse es una razón suficiente para que se le omita, y la Corte puede proceder a dictar sentencia contra los funcionarios del Estado en todos respectos como si el Estado fuese parte en el récord. Para decidir quiénes son partes en el pleito, las cortes no mirarán más allá del récord. El hacer parte a un funcio-nario del Estado no hace parte al Estado, aun cuando sus leyes hayan motivado el acto del funcionario y el Estado le respalde como una parte realmente interesada. El Estado puede ser hecho parte solamente redactando la demanda expresamente con ese fin, como cuando se trata de poner a individuos o corporaciones en esa rela-ción con el caso.” (Itálicas nuestras.)

Para sostener su contención de que las acciones sobre cumplimiento específico de contrato y daños y perjuicios por su incumplimiento pueden ser ejercitadas contra los funcionarios que representaron al Estado en la celebración del contrato, sin tomar en consideración el interés que pueda tener el Estado, el apelante ha citado numerosas decisiones del Tribunal Supremo Federal, que consideramos inaplicables a los hechos del caso de autos.

El primer caso en que se debatió esta cuestión fué el de U. S. v. Peters, 5 Cranch 115 (3 L. Ed. 53), en el que se trataba de recobrar el producto de la venta de un barco, que se encontraba en poder del Tesorero del Estado de Pennsylvania. La corte inferior decidió que el demandante tenía derecho a los fondos, pero se negó a expedir orden de ejecución de sentencia contra el Tesorero basándose en que éste tenía los fondos en su poder como propiedad del Estado, y que como el Estado no podía ser sometido a procedimientos judiciales (judicial process) tampoco podía serlo el funcio-nario que tenía los fondos en representación del Estado. La Corte Suprema expidió auto de mandamus para obligar a la corte inferior a ejecutar sn sentencia, expresándose así por voz del Jnez Presidente Marshall:

“Al Estado no se le puede hacer parte demandada en una acción incoada por un individuo, pero las Cortes de los Estados Unidos tienen el deber de decidir todos los casos traídos ante ellas por ciuda-danos de un Estado contra ciudadanos de otro Estado distinto, cuando un Estado no es necesariamente parte demandada. En este caso la accióii no fué instituida contra el Estado o su Tesorero, sino contra los albaceas de David Rittenhouse (el Tesorero) para recobrar el producto de un barco confiscado por la Corte de Almirantazgo, cuyo producto se admitió estaba en poder de ellos. Si estos fondos hubiesen sido realmente propiedad de Pennsylvania, no obstante haber sido ilegalmente adquiridos, el descubrimiento de ese hecho hubiese presentado un caso sobre el cual sería innecesario expresar una opinión; pero ciertamente nunca podrá alegarse que la mera sugestión de un título a favor de un Estado, sobre propiedad en posesión de un individuo, debe suspender los procedimientos de la Corte e impedir que ésta investigue la sugestión y examine la validez del título. (Itálicas nuestras.)

En Meigs v. McClung, 9 Cranch, 11 (3 L. Ed. 639), se trataba de recobrar la posesión de terrenos sobre los cuales los Estados Unidos habían construido edificios militares a un costo de $30,000. Los demandados eran los oficiales mili-tares que estaban en posesión del terreno, quienes alegaron que la acción no podía ser sostenida contra ellos porque el terreno estaba ocupado por tropas de Estados Unidos, para beneficio de los Estados Unidos y en obediencia a sus órdenes. La corte inferior desestimó las objeciones de los demandados y decidió que estando el título a favor del demandante éste podía recobrar la propiedad, y que “Si el terreno era pro-piedad privada, los Estados Unidos no podían tener la intención de privar a su dueño de ella sin pagarle por la misma una compensación.” La Corte Suprema confirmó la sentencia, diciendo:

“Esta Corte es unánime y claramente de opinión que la Corte de Circuito no cometió error al instruir al jurado que el título Indio sobre la propiedad en controversia se había extinguido, y que el de-mandante en la corte inferior podía sostener su acción.”

En el caso de Osborn v. U. S. Bank, 9 Wheat 738 (6 L. Ed. 204), considerado como el leading case sobre la materia, el Estado de Ohio impuso una contribución a- nna sucursal del banco situada dentro del Estado. Negóse el banco a pagarla y el Auditor del Estado, Osborn, se incautó de $100,000, los que entregó al Tesorero del Estado al enterarse de que la corte había expedido auto de injunction para im-pedir el cobro de tal contribución. El banco dirigió su acción contra el Auditor y el Tesorero. Alegaron éstos que el Estado de Ohio era la parte realmente interesada; que ellos eran funcionarios del Estado, que habían actuado en su carácter oficial y en obediencia a las leyes del Estado y que éste era parte necesaria para el remedio que se solicitaba, o sea la devolución del dinero. Al decidir el caso en favor del banco demandante, la Corte Suprema, por voz del Juez Presidente Marshall, se expresó así:

“Si el Estado de Ohio pudiese haber sido hecho parte demandada, no podría negarse que éste sería un caso fuerte para un injunction. La objeción es que, como la verdadera parte no puede ser traída ante la Corte, la acción no puede ser sostenida contra los agentes de esa parte; y se han citado casos para demostrar que una corte de equidad no dictará sentencia a menos que se incluyan como partes demandadas en lá acción a todos los que tengan un interés sustancial. Esto es ciertamente así cuando está dentro de las facultades del demandante el incluirlos como partes, pero si la persona que es el verdadero principal, la persona que es la verdadera fuente del acto malicioso, en virtud de cuyos poderes y para cuyo beneficio se realizó el acto, estu-viese por encima de la ley y exento de procedimientos judiciales, sería contrario a todos los mejores principios ya establecidos el decir que las leyes no pueden proporcionar contra el agente utilizado para la realización del acto ilegal los mismos remedios que ellas proporcio-narían contra dicho agente si su principal pudiese ser incluido en el pleito....
“. El proceso es sustancialmente, aunque no formalmente, contra el Estado, .. .y el interés directo del Estado en el pleito así entablado es admitido; y si el Banco hubiese tenido el poder de hacerlo parte, quizás no debería dictarse sentencia en el caso hasta que el Estado estuviese ante la Corte. Pero el Banco no tenía ese poder, ... y la muy difícil cuestión que debe ser resuelta es si en un caso-de tal naturaleza la Corte puede actuar sobre los agentes em-pleados por el Estado y sobre la propiedad en manos de aquéllos.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de United States v. Lee, 106 U. S. 196 (27 L. Ed. 171), se entabló acción para recobrar la posesión de los terrenos dedicados al Cementerio Nacional, en Arlington. La demanda fué dirigida contra los funcionarios del Gro-bierno Federal que estaban en posesión de los terrenos, sin que se hiciera parte demandada a los Estados Unidos. La Corte Suprema, después de revisar todas las decisiones ante-riores, se expresó así:

“Este examen de los casos en esta Corte establece claramente este resultado: que la proposición de que cuando un individuo es deman-dado para recobrar propiedades que él posee como funcionario o agente de los Estados Unidos, su posesión no puede ser atacada cuando se llama la atención de la Corte hacia ese hecho, ha sido desestimada y negada en todos los casos en que ha sido necesario decidir esa cuestión”; ...

El examen que hemos hecho de los casos citados por el apelante revela que en todos ellos se trataba de reivindicar propiedades de las cuales los demandantes habían sido despo-seídos ilegalmente por funcionarios públicos, quienes al ser demandados alegaron como única defensa que ellos habían actuado bajo la autoridad del Estado y que éste era la parte realmente interesada, contra la cual debía ser dirigida la acción. El ratio decidendi en los casos que hemos exami-nado es que cuando el Estado es parte necesaria en una acción sobre reivindicación de propiedad detentada ilegal-mente en su nombre y bajo su autoridad y no da su consen-timiento para que se le demande, la acción puede ser dirigida contra los funcionarios que tienen la posesión física de la propiedad, por ser dichos funcionarios joint tort feasors, transgresores, conjuntamente con el Estado, de los derechos del dueño de la propiedad que se trata de reivindicar.

En el caso de autos no se trata de reivindicar una pro-piedad y sí del cumplimiento específico de nn contrato cele-brado con el demandante por funcionarios públicos, actuando ■en su capacidad oficial, como agentes del Estado y a nombre y para beneficio de éste. Las dos acciones que aquí se ejer-citan son por su naturaleza ex contractu. Y esas acciones sólo pueden ser dirigidas contra el Estado, que es la otra parte contratante, y no contra los funcionarios que represen-taron al Estado en la celebración del contrato o que se negaron a cumplir lo estipulado.

En el caso de Cunnigham v. Macon & B. R. R. Co., 109 U. S. 446, 27 L. Ed. 992, se decidió que en aquellos casos en que aparece claramente del récord que el Estado es una parte indispensable para que pueda concederse el remedio solici-tado, la corte debe negarse a asumir jurisdicción. La infe-rencia es, que cuando de la faz del récord aparece que los -demandados no tienen un interés individual en la contro-versia, y que el remedio que contra ellos se pide es solamente •en su capacidad oficial, como representantes del Estado, que es el único que va a ser afectado por la sentencia, la cuestión que entonces surge, de si el pleito no es substancialmente un pleito contra el Estado, es una cuestión jurisdiccional. Véanse: Ex Parte Madrazzo, 32 U. S. 7 Pet. 627, (8 L. Ed. 808); Kentucky v. Dennison, 65 U. S. 66 (16 L. Ed. 717); y New Hampshire v. Louisiana, 108 U. S. 76 (27 L. Ed. 656).

En Hagood v. Southern, 117 U. S. 52 (29 L. Ed. 805), el Estado de South Carolina, que era la parte realmente inte-resada, no fué incluido como demandado. La acción fue ■dirigida contra el Tesorero, el Auditor y otros funcionaras públicos. Al resolver que la acción no podía prosperar, la 'Corte Suprema Federal dijo:

“Estos pleitos están correctamente descritos como acciones para el «cumplimiento específico de un contrato entre los demandantes y el Estado de South Carolina, que son las únicas partes contratantes. Pero en estas demandas el' Estado no ha sido mencionado por su nombre como demandado.;.; y excepto con su consentimiento, no puede ser traído ante la Corte, ni obligado a comparecer o a defen-derse. Y sin embargo, él es la parte real en el alegado contrato, cuyo-cumplimiento ba sido ordenado, el que ha sido requerido para cum-plir la sentencia y la única parte por quien ésta puede ser cumplida. Aunque nominalmente no es parte del récord, es la verdadera y única parte interesada, los demandados nominales siendo los funcio-narios y agentes del Estado, quienes no tienen interés personal en la controversia y se defienden solamente como representantes del Estado. Y las cosas que la sentencia ordena sean hechas y cumplidas por ellos, son las mismas cosas que una vez hechas y cumplidas, cons-tituyen el cumplimiento del alegado contrato por el Estado. El Estado es no solamente la parte verdadera en la controversia, sino también la parte contra la cual se solicita el remedio en la acción, y el pleito está, por lo tanto, sustancialmente dentro de la prohibición de la Enmienda Undécima de la Constitución de los Estados Unidos. ’

De la decisión en Ex parte Ayers (123 U. S. 443), 31 L. Ed. 216, copiamos lo que sigue:

"¿Podría preguntarse cuál es el verdadero fundamento de la distinción, en tanto la protección de la Constitución de los Estados Unidos es invocada, entre los derechos contractuales del demandante en tal pleito, y otros derechos personales o sobre propiedad? En estos últimos casos se dice que puede ejercitarse la jurisdicción sobre demandados individuales, no obstante el carácter oficial de sus actos, mientras que en los casos de la primera descripción se niega la juris-dicción.
"La distinción, sin embargo, es obvia. Los actos que según se alega en la demanda amenazan realizar los demandados, s.on viola-ciones del supuesto contrato entre el Estado de Virginia y los deman-dantes, solamente en cuanto son considerados como actos del Estado de Virginia. Los demandados, como individuos, no siendo partes en el contrato, no son capaces en derecho de cometer una violación del mismo. No existe remedio para la violación de un contrato, .... excepto sobre el contrato mismo, y entre aquéllos que de acuerdo con la ley son partes contratantes. Pero cuando el contrato es entre un individuo y el Estado, no procede acción alguna contra el Estado, y cualquiera acción basada en el contrato, contra demandados que son funcionarios del Estado, el objeto de la cual sea el cumpli-miento específico del contrato, obligando a los demandados a haeer aquellas cosas que una vez hechas constituirían el cumplimiento por parte del Estado, o prohibiéndoles hacer aquellas cosas que si fueran beebas serían meras infracciones del contrato por el Estado, es en substancia una acción contra el Estado mismo, e igualmente dentro de la prohibición constitucional.” Véanse: Louisiana v. Jumel, (107 U. S. 711) 27 L. Ed. 448, 468, y Pennoyer v. McConnaughy, (140 U. S. 1) 35 L. Ed. 363.

De acuerdo con la jurisprudencia citada, tanto la acción sobre cumplimiento específico del contrato como la de daños y perjuicios por su incumplimiento, son acciones ex contractu que deben ser dirigidas contra la otra parte contratante, El Pueblo de Puerto Pico. Si los tres Comisionados aquí de-mandados en su carácter oficial, no son partes en el contrato y han actuado como meros agentes o mandatarios del Estado, en ese caso la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción contra ninguno de los tres Comisionados individualmente, ni contra los tres conjunta-mente como constituyentes de la División de Hogares Se-guros del Departamento del Trabajo de Puerto Rico.

Alega el apelante que la División de Hogares Seguros ha sido convertida por la ley en una corporación o en una quasi corporación y no puede, por lo tanto, evadir la responsabilidad de cumplir específicamente sus contratos y la de pagar daños y perjuicios por su incumplimiento. Veamos, pues, si la División de Hogares Seguros del Departamento del Trabajo ha sido investida por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de aquellos poderes y facultades que en derecho tendrían el efecto legal de convertirla en una corporación o quasi corporación.

. En el caso de Gross v. Kentucky Board of Managers, 49 S. W. 458 (105 Ky. 840), citado por el apelante, el Estado de Kentucky aprobó una ley para que dicho Estado exhibiese sus productos en la Exposición de Chicago y asignó $100,000 para los gastos de la exhibición. La ley creó una comisión denominada “Board of Managers,” para que cumpliese lo dispuesto en el estatuto, con facultades para nombrar agentes y empleados. La Comisión, aun cuando no estaba autorizada para ello, retiró de una vez la suma total asignada. La Legislatura pasó entonces una Eesolución avisando al público que el Estado no asumiría el pago de ninguna obligación que pudiese quedar insoluta después de haberse agotado la asignación ya hecha. El demandante Gross demandó a la •Junta para recobrar daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato. La Junta excepcionó la demanda, alegando que la Comisión era un mero agente del Estado, y ño podía ser demandada. Al revocar la sentencia por la que se sos-tuvo dicha excepción, la Corte Suprema de Kentucky se expresó así:

“Es regla bien sentada la de que el Estado no puede ser deman-dado, y que la misma protección se concede a los funcionarios del Estado. Pero la regla no es aplicable a una corporación creada por él'Estado para ciertos fines públicos. ... La cuestión que se presenta es si la parte apelada fué investida por la legislatura con el carácter de una corporación o quasi corporación. No es necesario que la cosa creada por la legislatura sea denominada por ésta ‘una corporación.’ Su carácter depende de las facultades que le hayan sido conferidas, y no del nombre que la legislatura le haya dado. . . . En el presente caso la legislatura, por la resolución conjunta antes mencionada, declaró expresamente que el Estado no asumiría ninguna de las-deudas de la Comisión. Si el Estado no era el deudor, debe haberse contemplado que existía una entidad sobre la cual descansaría la obligación de estos contratos. . . . Pero no puede presumirse que la intención fuera la de que las personas que contrataban con esta Junta no tuvieran a nadie a quien poder exigir el cumplimiento de sus justas reclamaciones. Los Comisionados no eran responsables personalmente de sus obligaciones; el Estado declaró expresamente' que no sería responsable; y la única conclusión razonable es que la intención fué que la Junta de Administradores, a la cual se confiaron $100,000 para cumplir los fines de la Ley fuera, hasta el límite de los fondos puestos én sus manos, por lo menos una quasi corpora-ción; y como el poder de celebrar contratos le ha sido expresamente conferido, la fácultad de demandar o ser. demandada sobre dichos contratos fué necesariamente otorgada a dicha Comisión, porque-los contratos eran obligaciones de la Comisión, y no obligaciones, del Estado. ... La Comisión era una ‘agencia del Estado,’ pero estaba investida además de facultades corporativas, y en su capacidad,corr porativa puede ser demandada por sus actos corporativos lo mismo que cualquiera otra corporación. ... La Comisión no fué creada para realizar una función gubernamental. La construcción de un pabellón y la explotación de un restaurante eran asuntos de negocios, con respecto a los cuales esta Junta fué colocada en el mismo plano que otros dedicados a empresas similares. Al enviarla a otro estado distante a realizar tales negocios, y al absolver al Estado de toda responsabilidad, debe presumirse que la intención de la legislatura fué que los fondos en manos de la Comisión quedarían afectados al pago de sus obligaciones.”

Examinaremos ahora las leyes creadoras de la Comisión de Hogares Seguros y de la División de Hogares Seguros en el Departamento del Trabajo de Puerto Bieo, para que podamos determinar si el efecto legal de sus disposiciones fué el de crear una corporación o quasi corporación facultada para demandar y ser demandada para el cumplimiento espe-cífico de sus obligaciones.

La Ley núm. 53 de 11 de julio de 1921, leyes de ese año, página 387, enmendada por la núm. 60 de 1928, por su ar-tículo 1 autorizaba al Comisionado del Interior para adquirir por compra, con fondos de la Comisión de Hogares Seguros, aquellos terrenos que fueran seleccionados por él como pro-pios para la formación de granjas agrícolas, y los que fueran seleccionados por él y por el Comisionado de Sanidad como propios para la creación de barriadas obreras. El artículo 2 disponía que la Comisión de Hogares Seguros se compon-dría del Comisionado del Interior, Presidente ex oficio, el Tesorero, el Comisionado de Sanidad, el Comisionado de Agricultura y Trabajo y tres personas designadas por el Gobernador; y que dicha Comisión tendría facultad para adoptar reglas y reglamentos para el arrendamiento, admi-nistración y venta de las casas que habían de ser construidas. Disponía el artículo 3 de dicha ley que todos los fondos pro-cedentes de emisiones de bonos, alquileres u otros ingresos de las casas serán administrados por El Ptieblo de Puerto Rico y constituirán un fondo especial en la Tesorería de Puerto Rico. Ese fondo fué asignado para ser invertido por el Comisionado del Interior, con la aprobación de la Comisión de Hogares Seguros, en el pago de construcción de casas,. compra de terrenos y otros gastos necesarios para la cons-trucción de un barrio obrero o venta de granjas agrícolas. La Comisión fué facultada para distribuir los fondos así asignados, de acuerdo con las necesidades de cada pueblo o zona; y para fijar el canon de arrendamiento y el precio de venta de casas y solares (artículo 4). El Artículo 5 autori-zaba al Comisionado del Interior, de acuerdo con la Comisión de Hogares Seguros, para arrendar y vender granjas y so-lares a los trabajadores. El artículo 6 facultaba al Comi-sionado del Interior para cambiar o permutar terrenos per-tenecientes al Pueblo de Puerto Rico por otros más apro-piados para la construcción de barriadas obreras y granjas-agrícolas y para vender terrenos públicos y con el producto de la venta adquirir otros para los indicados fines, y disponía: “y al efecto se autoriza al Comisionado del Interior para que efectúe las ventas, compras, cambios o permutas que a su juicio fueren convenientes y necesarios, con la condición de que los terrenos que se adquieran de este modo y forma serán dedicados exclusivamente a cumplir los fines de esta Ley.” El artículo 7 autorizaba al Comisionado del Interior y a la Comisión de Hogares Seguros para determinar el área de los solares que habrían de arrendarse, con derecho de propiedad, para vivienda o para vivienda y labranza. Los artículos 8 a 17, ambos inclusive, se refieren exclusiva-mente al procedimiento a que deberán ajustarse el Comisio-nado del Interior y la Comisión para el arrendamiento y venta de solares y granjas, transferencia y anulación de con-tratos, reversión de terrenos al Pueblo de Puerto Rico por falta de pago, etc. Las demás disposiciones de la citada Ley no son pertinentes a la cuestión que hemos de resolver en el presente caso.

En diciembre 14, 1931, la Asamblea Legislativa de Puerto-Rico aprobó la Ley núm. 4 (Leyes de 1931, Sesión Extraor-diñaría, pág. 147) por la cual se autorizó al Tesorero de Puerto Pico para emitir bonos de El Pueblo de Puerto Rico hasta la suma de $500,000 y se disponía que el producto de ■dichos bonos “será invertido por la Comisión de Hogares Seguros en la adquisición de terrenos y destinado a granjas agrícolas bajo las disposiciones de la Ley de Hogares Se-guros.” Para el pago del principal e intereses de dichos bonos, quedó empeñada la buena fe del Pueblo de Puerto Rico. Los bonos al ser emitidos constituían una obligación legal e ineludible del Pueblo de Puerto Rico hasta que fueran amortizados. La sección 6 disponía que “el producto de la venta de los bonos se depositará con un depositario autori-zado del Gobierno de Puerto Rico, con sujeción a las condi-ciones que prescribiere el Gobernador de Puerto Rico.”

En 15 de mayo de 1933, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Resolución Conjunta núm. 47, en cuyo preám-bulo se hizo constar que era deseable tanto desde el punto ■de vista de una buena administración, como de la economía, que algunas de las comisiones existentes dentro del Gobierno Insular fueran abolidas y sus funciones transferidas al De-partamento con el cual estuvieren relacionadas por la natu-raleza de su trabajo; y que la obra de engrandecimiento social y humano que realisaba la Comisión de Hogares Se-guros debe continuarse por el Gobierno de Puerto Rico. Y ■de acuerdo con dicho preámbulo se dispuso:

1. Crear la División de Hogares Seguros en el Departamento del Trabajo, la que ejercerá todas las funciones, poderes y deberes que venía ejerciendo la Comisión de Hogares Seguros a virtud de la Ley núm. 53, supra, quedando dicha Comisión abolida.

'2. Autorizar a los Comisionados del Trabajo, del Interior y de Sanidad para adquirir por compra con fondos de la Comisión de Hogares Seguros, terrenos para granjas agrícolas y barriadas obreras.

'3. Transferir a la División así creada todos los fondos, personal, documentos, archivos, organismos y dependencias administra-tivas que pertenecieren a la extinta Comisión de Hogares Seguros.

4. Disolver la Comisión de Hogares Seguros.

Somos de opinión que la intención legislativa al aprobar la Ley núm. 53, supra, fué la de organizar la Comisión de Hogares Seguros como una agencia administrativa o cuerpo consultivo del Gobierno para la ejecución y desarrollo del plan que tenía por objeto la formación de granjas agrícolas y la construcción de barriadas obreras. Las facultades de seleccionar y de adquirir por compra terrenos propios para dichas granjas .y barriadas y para cambiar o permutar te-rrenos públicos por otros propios para los fines de la ley, fueron conferidas al Comisionado del Interior y no a la Comi-sión de Hogares Seguros. Los fondos destinados a cumplir los propósitos de la Ley eran administrados por El Pueblo de Puerto Rico y quedaban bajo la custodia del Tesorero Insular, con el carácter de fondo especial. La facultad de invertir esos fondos se confería al Comisionado del Interior; y a la Comisión solamente se le confirió la facultad de apro-bar o desaprobar las inversiones propuestas por el Comisio-nado. No tenía la Comisión de Hogares Seguros la libertad de acción y la plenitud de facultades necesarias para que podamos sostener que aun cuando no se llamó expresamente “corporación” se le invistió de los atributos inherentes a una entidad corporativa.

Si aceptáramos que la Ley núm. 53 invistió a la Comisión de Hogares Seguros de los atributos de una corporación, esa aceptación en nada ayudaría al' apelante. En la fecha en que se radicó la demanda dicha Comisión había dejado de existir y sus funciones habían sido transferidas a una Divi-sión del Departamento del Trabajo, que es uno de los depar-tamentos ejecutivos del Gobierno Insular y una agencia del Pueblo de Puerto Rico. La intención del legislador fué clara-mente expresada al decir “esta obra de engrandecimiento social y humano debe continuarse por el Gobierno de Puerto Rico,” y al disponer en la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo que todo el personal y aquellos organismos y dependencias administrativas de la Comisión de Hogares Seguros se adscribieran a dicho Departamento, con todo el servicio que prestaba dicha Comisión.

Tanto la División de Hogares Seguros del Departamento del Trabajo, como cada uno de los tres funcionarios ejecu-tivos aquí' demandados, son meros agentes del Pueblo de Puerto Pico, y actúan a nombre y en beneficio de éste y bajo su autoridad para ejercitar una función puramente guber-namental y no para llevar a cabo un negocio como en el caso de Gross v. Kentucky Board of Managers, supra.

Convenimos con la corte inferior en que las acciones que se ejercitan en este caso debieron ser dirigidas contra El Pueblo de Puerto Rico y no contra sus agentes. Y no ha-biendo sido emplazado El Pueblo de Puerto Rico, creemos improcedente considerar la cuestión de si éste ha dado o no su consentimiento para ser demandado en acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de contratos celebrados por sus agentes.

La sentencia apelada- debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    En el Asunto de la White Star Bus Line, Inc., contra varios porteadores públicos con vehículos de motor con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros. Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González y otros, porteadores públicos con licencia del Departamento del Interior.
    Núm. 7770.

    Sometido: Julio 11, 1938.

      Resuelto: Julio 26, 1938.

      Juan Valide juli Rodríguez, abogado de los apelantes; C. Liarte, F. Fernández Cuyar y H. González Manes, abogados de la White Star Bus Line, Inc.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la vista adelantada del recurso de apelación interpuesto por Jaime Ortiz, Alejandro Salgado, Juan Gon-zález y otros, contra una decisión de la Corte de Distrito de San Juan sosteniendo la validez de cierta orden de la Comi-sión de Servicio Público. La apelada o interventora White Star Bus Line, Inc., radicó una moción para que se deses-timara el recurso por frívolo. Declaramos sin lugar la moción para desestimar en una opinión que ha de ser consi-derada en conexión con el fallo que ahora estamos dictando. En ella dijimos:

“...Estas consideraciones resolverían la apelación, que entonces podría considerarse como frívola si no fuera por el hecho de que los apelantes sugieren otra duda.
“Esa duda es ésta, que el artículo 38 de la Carta Orgánica, supra, parece ser aplicable exclusivamente a porteadores públicos. De toda esta parte de la Carta Orgánica se hace evidente que el Congreso tuvo en mente compañías o probablemente personas que actuaran como tales porteadores públicos. Desde luego, los redactores de la Carta Orgánica de 1917 puede que no pensaran en los pequeños automóviles con asientos para un número limitado de pasajeros. No obstante, la tendencia general de la Carta Orgánica, a nuestro juicio, se limita a corporaciones de servicio público.
“Entonces surge la cuestión de si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podía, mediante una pretendida definición, convertir a los apelantes en compañías de servicio público, si de acuerdo con las bien conocidas prácticas y costumbres de vehículos de motor que se dedican al transporte de pasajeros, ellos no eran tales.”

Teníamos la duda de si en Puerto Rico los llamados “velloneros”, que frecuentemente eran en su origen automóviles privados, son o podían ser considerados porteadores públicos. Nominalmente, bajo una teoría especial quizá, se llamaban a sí mismos porteadores públicos y en varios escritos, radicados en relación con éste caso, ellos mismos se llaman así.

Si los vehículos objeto de este litigio lian de ser consi-derados como “jitneys” (guaguas en Puerto Rico), entonces existe un cúmulo ilimitado de autoridades en los Estados TJnidos que demuestran que son porteadores públicos a saber:

Nolen v. Reichman, 225 F. 812, 42 A.L.R. 854; Rathbun v. Ocean Accident & Guarantee Corp., 299 Ill. 562, 132 N. E. 754; “Pond on Public Utilities”, tomo 3, sec. 807 et seq. Véase también Goldsworthy v. Maloy et al., Public Service Commission, 141 Md. 674, 119 A. 693, y otros casos citados en el alegato de la White Star Bus Line, Inc.

Citamos de la obra “Pond on Public Utilities”, pág. 1527, párr. 761:

“x Jitneys’ como porteadores públicos. — El advenimiento del * jitney’ creó una condición enteramente nueva de transporte local e hizo surgir muchas cuestiones nuevas y problemas de control local. Este medio de transporte constituye una forma enteramente nueva y distinta del porteador público y puede así clasificársele para fines de reglamentación. Los ‘jitneys’, ora funcionen dentro de una sola municipalidad o entre varias municipalidades, usan las calles y carre-teras de manera extraordinaria, y su explotación, por ser un privi-legio y no un derecho, está sujeta a ser reglamentada y controlada por el estado directamente o por el municipio bajo ,1a autoridad del estado. Su explotación por las calles y caminos como porteadores públicos, por lucro, es un uso especial que tiende a obstruir el trán-sito, y este uso, con el consiguiente desgaste en las vías públicas, es un objeto adecuado de reglamentación. La entrada del ‘jitney’ en el campo de la transportación requirió una reglamentación especial, y en el ínterin muchas ciudades ban aprobado ordenanzas con tal objeto y su derecho a así hacerlo ha sido sostenido uniformemente. Además de lo razonable de las disposiciones de tales ordenanzas, el derecho a clasificar los ‘jitneys’ y a reglamentarlos como una clase especial, está reconocido en todas las jurisdicciones.”

Lo siguiente también es afín y demuestra el origen del nombre:

“Algunos años ha el predominio de pequeños automóviles baratos dió ocasión a una costumbre, que se generalizó por el país como un fuego de pradera, seguida por los dueños de estos artefactos al ofrecer por una tarifa baja transportar al público cortas distancias dentro de nuestras apiñadas ciudades. Los mecánicos y pequeños hombres de negocio al ir y regresar de sus faenas, ganaban de este modo lo suficiente para cubrir los gastos del funcionamiento de sus vehículos, a medida que el público ansiosamente se aprovechaba de la oportunidad de correr más cómoda y rápidamente que en los tranvías urbanos. A esos vehículos se les dió el nombre de ‘jitneys’, puesto que ése era el mote local que en el Oeste se daba a la mone-dita que de ordinario se cobraba por el transporte. Hubo una época en que el movimiento amenazó con arruinar todos los tranvías del país y por este motivo y con el objeto de proteger al público en otras' formas, para reglamentar estos vehículos se adoptaron muy pronto medidas drásticas, que fueron seriamente atacadas, y en su conse-cuencia ha surgido un número considerable de precedentes en rela-ción con ellas.” (Babbitt, The Law App. to Motor Vehicles, pág. 124, párr. 188.)

Por tanto, a este respecto queda por decidirse si estos “velloneros” pueden ser considerados como “jitneys”. No tenemos a la mano el mismo número de autoridades para demostrar que un automóvil, explotado en la forma en que lo son estos velloneros, debe ser considerado como un “jitney”, mas creemos que tal es el entendido universal en los Estados Unidos, conforme indican las autoridades aquí cita-das. Por ejemplo, el señor Pond continúa diciendo en el párrafo 762:

“El motivo para que se baga una distinción entre un sistema de tranvías urbanos, que discurren sobre rieles permanentes de acero, bajo una franquicia especial, y que exige que se haga una inversión considerable de manera permanente, y un carro de turismo Ford, explotado como un ‘jitney bus1, es por de más obvio... ”

Estos velloneros, a excepción de que son de menor tamaño, funcionan exactamente en la misma forma que los ómnibus (guaguas) y que otros porteadores públicos reconocidos. Un carro de turismo Ford, que toma pasajeros indistintamente en cualquier punto, es un ómnibus pequeño. El que de ordi-nario no pueda llamársele así no altera su situación legal como porteador público.

Un porteador público de pasajeros puede definirse como uno que se dedica, como negocio mediante paga o remunera-ción, a transportar a toda persona, o prácticamente a todo aquél que lo solicita. 10 Corpus Juris 606 et seq., 643 et seq. Como cuestión de derecho y como consecuencia de la' posición asumida por ellos no tenemos dudas de que los apelantes son porteadores públicos.

Los “jitneys” que usan las vías públicas para el trans-porte prácticamente de todo pasajero que lo solicita, son tales porteadores públicos.

En 1850 se aprobó en el estado de Pensilvania una ley concebida en los siguientes términos:

“ . ‘Que los consejos selectos y comunes de la ciudad de Filadelfia tendrán autoridad, mediante ordenanza u ordenanzas, para regla-mentar debidamente los ómnibus, o los vehículos que participen de la naturaleza de los ■ mismos, y con tal fin será legal para dichos consejos, etc., prescribir lo relativo a la expedición de licencias a aquellas personas que las soliciten y que deseen poseer y utilizar ómnibus o vehículos de la naturaleza de los mismos, así como para imponer una suma razonable anualmente o en' cualquier otra forma....”

(Frankford etc. R’y Co. v. Philadelphia, 98 Am. Dec. 242, 246.)

La Corte Suprema de Pensilvania dijo:

‘ ‘. . . Esta ley aún está en vigor. Claramente autoriza una regla-mentación mediante el uso de licencias. Y somos del criterio que ella es aplicable a trenes utilizados para el transporte de pasajeros. Ellos son ómnibus o, de no serlo, son vehículos de la naturaleza de ómnibus. Todo el mundo tiene acceso a ellos, y ésa ha sido la inten-ción.” Frankford etc. R’y. Co. v. Philadelphia, supra.

Así, pues, se desprende que los precursores de los carros ferroviarios fueron los ómnibus, que eran reconocidos indis-putablemente como porteadores públicos.

La necesidad de reglamentar los vehículos que utilizan las vías públicas es casi de por sí aparente, y hacemos la si-guiente cita:

“Un 'jitney’' ha sido definido como 'un vehículo movido por fuerza propia, excepción hecha de un tranvía urbano, que cruza las vías públicas entre puntos definidos o terminales, y como un por-teador público que transporta pasajeros a razón de 5 centavos o menos, entre dichos terminales o puntos intermedios, y tenido, con-siderado y anunciado como tal.’ Y en algunas disposiciones para reglamentar los ‘jitneys’, han sido clasificados y definidos como porteadores públicos de pasajeros. Además, en algunas jurisdic-ciones, los preceptos que reglamentan el uso de ‘jitneys’ expresamente definen un ‘jitney’ como un porteador público de pasajeros. Ha sido clasificado como una entidad de servicio público. (Public utility.) Un ómnibus de motor o un ‘jitney’ es claramente un porteador público de pasajeros dentro del significado de esa frase, conforme la misma ha sido antes definida. La mayoría de los estados han otorgado a las comisiones de servicio público ciertas facultades sobre el funcionamiento de ‘-jitneys’ incluyendo la de exigir una licencia especial o certificado de necesidad o conveniencia pública.” (Huddy’s Cyclopedia of Automobile Law, novena edición, tomo 1-2, págs. 299, 300, see. 116.)

Los apelantes, tanto en la vista original como en la apelación final, hicieron hincapié en el hecho de que estos “velloneros” ya habían obtenido licencias públicas del Pueblo de Puerto Pico y habían pagado $30 por cada una. Esta licencia es una de carácter muy general y naturalmente per-mitiría a los “velloneros” hacer cnanto quisieran, dentro dé-lo razonable, de no ser restringidos por la Comisión de Ser-vicio Público, conforme ha ocurrido en este caso. El posible-campo de explotación de estos “velloneros” no es anulado-sino posiblemente limitado y, según insiste la interventora,, algunos o todos ellos podrían funcionar como guaguas, de-obtener permiso de la Comisión de Servicio Público.

En su consecuencia, el caso de Smith v. Cahoon, 283 U. S. 553, citado en nuestra opinión de julio 5, 1938, con referencia, a porteadores públicos, no es de aplicación.

En la vista pública celebrada ante este tribunal, Iosapelantes se quejaron amargamente de que no se les diooportunidad de ser oídos ante la Comisión de Servicio Público. Cuán públicas son las sesiones de la Comisión de Servicio Público no lo sabemos, mas creemos que existe una posibilidad razonable de que los apelantes u otros similares, a ellos, hubieran tenido una oportunidad, de haberla deseado. Sea ello como fuere, la Comisión de Servicio Público es para, la mayoría de los fines, incluyendo el presente, un cuerpoadministrativo o participa de una índole cuasi legislativa,, similar a la 'de las asambleas municipales y los comités de la Asamblea Legislativa. En este caso específico, la naturaleza de estos “velloneros” era enteramente conocida para todos y en cuanto a los hechos la Comisión de Servicio Público no necesitaba que se le ilustrara. Existe la posibilidad de que la actitud de la Comisión pudiera haber cambiado con la argumentación de los letrados, pero tal oportunidad ha. sido ahora ampliamente concedida con las vistas celebradas en la corte inferior y ante este tribunal.

Tenemos también ante nos una moción solicitando que-expliquemos el alcance de nuestra resolución en lo relativo-a la fianza a ser prestada por los apelantes. Ahora no hay necesidad de una fianza ulterior.

Debe confirmarse la decisión apelada.


text:
    Virginia Valentina Martínez Mató, conocida por Carolina Martínez Mató, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1025.

    Sometido: Julio 12, 1938.

      Resuelto: Julio 26, 1938.

      Oscar Souffront, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 83, de 6 de mayo de 1938, ante el notario don Oscar Souffront, doña Teresa Mató y Avellanet viuda de Martínez, en garantía de la cantidad de $11,242.44 y de dos créditos adicionales de $500 cada uno para intereses en caso de mora y para costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial respectivamente, constituyó hipo-teca sobre una finca rústica de su propiedad a favor de su acreedora doña Virginia Valentina Martínez y Mató.

Bajo el párrafo cuarto de dicha escritura se halla la cláusula marcada con la letra G, que literalmente dice así:

“(Gr) La hipoteca aquí constituida se hace extensiva asimismo al derecho del Hogar Seguro (Homestead) que pudiera tener y corres-ponderle a la deudora hipotecaria y sus sucesores o cesionarios en derecho en la finca hipotecada, quedando especialmente hipotecado en garantía del préstamo antes relacionado dicho derecho de Hogar Seguro.

Presentada la escritura para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán, en cuya demarcación radica la finca hipotecada, el Registrador la denegó en cuanto hace extensiva la hipoteca al derecho de homestead, expresando los motivos legales qne tuvo para tal denegación en nna nota qne dice así:

“Inscrito el documento qne precede, al folio 198vto. del tomo 21 del Ayuntamiento de Maricao, finca Núm. 217 cuadruplicado e inscrip-ción 16a; denegándose en cuanto a la extensión de la hipoteca al derecho de homestead, porque según expresa la cláusula G de la escritura, la hipoteca se hace extensiva al derecho de Hogar Seguro que pudiera tener y corresponderle a la deudora, sus sucesores o cesionarios en la finca, no pudiendo ser admitida tal extensión a ese derecho porque para ello sería necesario qne la deudora fuera dueña de un derecho de hogar seguro que al presente no tiene según expresa dicha cláusula, ya que en el Registro se inscriben los bienes inmuebles o derechos reales cuando tales existen y no enforma hipotética, en el momento de hacer un contrato o transacción. D.P.R. pág. 502, Panfleto Núm. 4 del tomo 51. Tomándose anotación preventiva por el término legal a favor de la acreedora de su derecho.”

No conforme la acreedora con la nota del registrador recurrió a este tribunal interesando que se revoque la nota y se ordene qne se inscriba la hipoteca, haciéndola extensiva al derecho de homestead.

Tanto la recurrente como el registrador en los alegatos qne presentaron invocan en su auxilio el caso de Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495, y la recurrente invoca ade-más el de Rodríguez v. Registrador, 51 D.P.R. 372.

En el primero de dichos casos y en la página 501, se dijo:

“La ‘Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exen-tarlo de una venta forzosa’, aprobada en 12 de marzo de 1903 (Comp. 1000 et seq.), vigente en la fecha en que los demandantes adqui-rieron la finca por compra a Ortiz Perichi, es la ley aplicable para fijar los derechos de las partes litigantes. Dicha ley provee:
“ ‘Artículo 3. — Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, ái'empre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.’ ”

Para disipar cualquier duda que pudiera existir sobre la correcta interpretación del artículo 3 antes transcrito, vuelve a decir el tribunal:

“Debemos liaeer constar, para evitar que se pueda dar al refe-rido dictum mayor alcance que el que tuvimos en mente, que lo que quisimos decir fué que el dueño de un derecho de hogar seguro puede venderlo, permutarlo o gravarlo, siempre que lo haga constar expresa-mente en la escritura o instrumento correspondiente; y que el de-recho de homestead se trasmite también al comprador de un inmue-ble, cuando el vendedor por los términos del contrato vende, cede y traspasa todo su título e interés sobre el inmueble y entrega la posesión física del mismo al comprador, sin hacer expresa reserva de su derecho de hogar seguro.”

Si la ley vigente en la fecha en que se celebró el contrato de hipoteca hubiera sido la “Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa,” aprobada en 12 de marzo de 1903, por la autoridad del caso de Franceschi v. Claudio Elena, supra, no hubiésemos vaci-lado en revocar la nota del registrador y ordenar la inscrip-ción según lo solicita la recurrente. Pero la ley vigente ent la actualidad y .en la fecha en que se celebró el contrato es otra. La ley citada de 1903 ha sido expresamente derogada por la número 87, aprobada el 13 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, pág. 461), titulada “Ley para establecer el de-recho de hogar seguro (homestead), exentarlo de una venta forzosa, etc.”, cuya sección 8 literalmente dice:

“Sección 8. Por la presente, se deroga en todas sus partes la ley titulada 'Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa’, aprobada el 12 de marzo de 1903.”

El artículo 3 de la Ley de homestead de 1903 antes trans-crito permitía la renuncia de ese derecho siempre que se hiciese de manera expresa en la escritura de traspaso (conveyance) otorgada por el jefe de familia.

No obstante hallarse la ley en nuestros estatutos desde el año 1903, permanecía prácticamente ignorada tanto por el público como por el foro. No fué hasta el año 1926 que este tribunal, en la opinión emitida en el importante caso de Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, la sacó de la oscuridad en que hasta entonces se hallaba y la puso de manifiesto ante la profesión y el público en general. Con sobrada razón dijo el Juez Presidente Sr. del Toro en la página 798 de la opinión:

“Desde el 20 de marzo de 1903 la Asamblea Legislativa de Puerto Kico decretó la ‘Ley para definir el Homestead (bogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa' y muy pocas veces se han suscitado cuestiones en relación con la misma. ' Parece que el pueblo durante tantos años no se ha dado cuenta de la existencia de la ley. No ha sido ése el caso en los estados y territorios de la Unión donde el estatuto, en forma igual, semejante o diferente, de antiguo existe y donde se han dictado miles de decisiones por los tribunales de jus-ticia ora explicando el espíritu y el alcance de sus preceptos, ya aclarando y resolviendo los múltiples problemas que su aplicación ha suscitado.”

Advertidos así de la existencia y alcance de la ley, no tardaron los prestamistas y acreedores en buscar un medio de evadirla y desde entonces las escrituras de hipoteca con-tenían una cláusula en la que el deudor renunciaba al derecho de homestead que pudiera tener sobre el inmueble gravado, de este modo frustrando el propósito del legislador de no dejar desamparados a los familiares del deudor cuyos bienes eran ejecutados. Consciente de esta situación, en 1936 vuelve el legislador a atacar el mal y aprueba entonces la vigente ley de homestead, de la que elimina por completo la posibi-lidad de renunciar a ese derecho. Llevando a cabo su pro-pósito deroga en 1936 la ley de 1903, y en la sección 1 de la vigente ley, en lenguaje que no admite dudas, dispone:

“Este derecho de homestead es irrenunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo.” (Itálicas nuestras.)

Por si tan terminante precepto no fuese lo suficientemente explícito, repite el legislador en las secciones 5 y 6 de la misma ley:

“Sección 5. — No se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocupare la misma como bogar seguro (homestead), inscrita o no en el registro de la propiedad, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares. f “•
“Sección 6. — En caso de no formularse reclamación alguna ante el oficial encargado de verificar la subasta, la persona con derecho a la reclamación de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que la subasta se celebró, entablar acción ordinaria correspondiente.”

El contrato de hipoteca implica necesariamente el derecho de ejecución y venta de la cosa hipotecada para hacer efec-tiva la garantía. Siendo ello así, declarando la sección 1 de la ley que el derecho de homestead es irrenunciable y que cualquier pacto en contrario es nulo y la sección 5 que no se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocu-pare la misma como hogar seguro.... a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares, claro es que cualquier hipoteca que intente extenderse al derecho de homestead es contraria a la ley en tanto en cuanto a ese derecho respecta. Y si es.contrario a la ley el contrato en lo que al homestead respecta, es nulo por el precepto expreso del artículo 1207 del Código Civil (edición de 1930) que dice así:

“Art. 1207. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláu-sulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.”

El caso de Rodríguez v. El Registrador, 51 D.P.R. 372, citado por la recurrente, no es de aplicación al que nos ocupa. Allí se trataba de la venta privada de un inmueble. Esta corte, por su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

‘1 Cuando una persona tiene el dominio absoluto de una propiedad y la vende, teniendo con ello la intención de enajenar o de disponer de su título e interés completos, el derecho de hogar seguro nece-sariamente se amalgama (merges) en el derecho mayor de dominio. In praesentia majoris cessat potentia minoris.”

El caso de Rodríguez v. Registrador, supra, está en perfecta armonía con la ley. Allí no se trataba de vender el derecho de homestead independientemente de los demás de-rechos dominicales qne sobre el inmueble tenía el vendedor, y como muy bien dijo la corte en el párrafo final de la opinión, una interpretación distinta, cuando toda la propiedad valga más de $500, pondría un obstáculo a la libre enajenación y podría, en su consecuencia, dar lugar a una cuestión consti-tucional.

Siendo como es nula la cláusula de la escritura número 83 antes citada, por la cual se intenta hacer extensiva la hipoteca al derecho de homestead que sobre la finca hipote-cada pudieren tener la deudora o sus sucesores en interés, ;procede confirmar la nota recurrida.