author: En, Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Altagracia Santos, en su propio nombre, y a nombre y en representación de los menores bajo su patria potestad, Esperanza, Roberto, Víctor M. y Gloria Inés Correa Santos, demandantes, apelados y apelantes v. The Fajardo Development Co., demandada, apelante y apelada.
    No. 5581.

    Sometido: Diciembre 4, 1931.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      Jaime Sifre y Horacio Franceschi, abogados de la apelante apelada; Bolívar Pagán, abogado de los apelados apelantes.
   En, Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Correa murió estando casado con Altagracia Santos con la que tuvo varios Mjos que eran menores de edad cuando falleció, y su viuda por sí y en nombre de esos hijos demandó a The Fajardo Development Co. para que le pagase la cantidad de $15,000 por la muerte de Francisco Correa que atribuyeron a negligencia de los empleados de la deman-dada. La sentencia que resolvió ese pleito condenó a la de-mandada a pagar $3,000 sin costas y ambas partes apelaron de ella: la demandada porque entiende -que no debe ser con-denada al pago de cantidad alguna; los demandantes porque debe serles concedida mayor indemnización. Ambos1 recur-sos han sido tramitados y vistos conjuntamente. Resolvere-mos en primer término el de la demandada.

Según la demanda, la muerte de Francisco Correa fué cau-sada por un tren del ferrocarril de la demandada que se dirigía de Fajardo para Río Grande, poco antes de llegar a la estación de Mameyes, a las once de la noche del 8 de marzo de 1929. Según la demandada a esa hora y en esa fecha no ocurrió accidente alguno pero al regresar dicho tren para Fajardo, poco antes de llegar a la estación de Mameyes a la una de la madrugada del 9 de marzo de 1929, el maquinista del tren vió en la vía férrea un bulto, sin poder precisar lo que era, y quiso parar el tren sin haberlo logrado hasta des-P'uós de liaberle pasado por encima a dicho bulto, que luego resultó ser el cuerpo de Francisco Correa. La corte inferior llegó a la conclusión de que los hechos en ese particular ocu-rrieron a las once de la noche como dice la demanda. Aun-que la demandada no alega error en cuanto a esa conclusión, sin embargo, dedica la mayor parte de la argumentación de su primer motivo del recurso, fundado en otras cuestiones, a demostrar que no es sostenible esa conclusión de la corte sentenciadora. El estudio que hemos hecho de la prueba nos convence de que tal conclusión es correcta, pues la declara-ción del único testigo de los demandantes sobre ese particular está corroborada por la prueba de la demandada, ya que la cabeza del occiso estaba antes de la estación de Mameyes y el cuerpo sobre el cual pasó el tren a la una de la mañana estaba sin la cabeza al otro lado de la estación, algo distante de ella. En vista de la precedente conclusión nos limitare-mos a la prueba referente al tren que iba de Fajardo para Río Grande, que pasó por la estación de Mameyes a las once de la noche, y a la que con ella se relaciona.

El único teptigo del accidente que causó la muerte de Francisco Correa es Ángel González, que con aquél andaba esa noche. Los demás son para corroborar algunas de sus manifestaciones. Ángel González, hombre de 32 años, de-elaró en el juicio que como de diez y media a once de la noche del 8 de marzo de 1929 llegó Correa con un jarro de leche al cafetín donde trabajaba el testigo en el barrio de Mameyes 0 Palmer, de Río Grande, y le pidió un poco de café negro para echarle a la leche; preguntó al testigo si se iba en se-guida, a lo que le contestó que se esperara un momento en lo que cerraba el cafetín: que allí estaba Carlos Pérez y salie-ron los tres, quedándose Carlos Pérez en la entrada de la es-tación en el cafetín de Jesús Ríos. Que Correa y el testigo tomaron el camino que va desde la carretera a la estación de Mameyes y al llegar a tres o cuatro metros del cruce de la vía el testigo se paró para encender un cigarrillo y Correa siguió pero al momento sintió ruido y vió al tren que venía de Fa-jardo a eso de las once de la nociré a una velocidad grandí-sima y cuando trató de llamar a Correa ya el tren lo había cogido: que el tren siguió sin parar: que iba como a ochenta millas por hora: que en el sitio del cruce no había cadenas o portones ni luces en la estación, la que estaba cerrada y si» guardián: que la máquina del tren no tocó el silbato: que el-camino por donde andaban es público y cruza la vía: que ese-camino es el que acostumbraba pasar para ir a su casa: que el tren no detuvo su marcha al llegar a ese cruce: que des-pués que pasó el tren se arrimó a la vía y encontró la cabeza de Correa y que el resto del cuerpo se lo llevó el tren, siendo-hallado al día siguiente a larga distancia: que la noche era oscura: que volvió para el pueblo a dar la noticia y que la primera persona que encontró fué a Carlos Pérez y llamaron-gente y fueron al sitio a ver el cadáver y allí se amanecieron: que del cafetín a la estación hay como dos o tres kilómetros: que el tren llevaba los vagones vacíos, lo que pudo ver desde el sitio en que estaba: que llevaba delante de la locomotora cuarenta o cincuenta vagones: que la máquina no llevaba luces: que cuando el tren lleva delante los vagones no se puede apreciar el ruido: que la estación queda al otro lado del camino: que en el poblado hay un policía al que dieron cuenta de lo ocurrido: que es familia de Correa: que éste vivía por dicho camino, un poco más adelante y que mucha gente pasa por él. El testigo Carlos Pérez, de 34 años de edad, confirmó en cuanto a él se refiere lo dicho por González y manifestó además que como diez o quince minutos después de haber salido González con Correa regresó aquél con la noticia de la muerte de Correa. El perito médico fué al día siguiente al sitio y encontró la cabeza a un pie de la vía iz-quierda como a diez o doce metros de la estación y a su lado una botella con un líquido que aparentemente era leche: invo-que andar más de doscientos metros para encontrar el cuerpo,, que estaba despedazado y bastante lejos de la cabeza: y que la muerte fué producida por la separación de la cabeza del cuerpo por una carga cortante y pesada. El alcalde de Bío-Grande declaró que el camino donde murió Correa es pú-blico y 'cruza la vía férrea de la demandada y que por él ha pasado muchas veces. Un testigo de la demandada, Ramón Alonso, reconoció que existe dicho camino que va desde la ca-rretera a la estación y continúa hasta una finca y que por él pasa la gente: él también lo usa. El conductor del tren de-claró que salieron de la central en Fajardo con un número de vagones que con los que cogieron en San Miguel comple-taron setenta vagones y entonces empezaron a repartir de ellos en varios desvíos continuando luego con treinta y tres con destino a Palmarej o: que antes de llegar a ese sitio pa-saron por la estación de Mameyes como a las once de la noche: que la máquina iba delante de los vagones, pero luego dijo que los vagones iban antes que la máquina: que llevaba focos potentes encendidos: que cuando pasaron por la estación de Mameyes estaba cerrada y no se detuvieron en ella sino en la colonia Blasina que está bastante retirada de dicha estación: que cuando terminaron de repartir los treinta y tres vagones en Palmare jo regresaron cogiendo caña hasta hacer un nú-mero de veinte vagones: que cuando regresaban para Fa-jardo llevaba el tren cargado con caña: que a eso de la una de la madrugada divisó un bulto y el tren le pasó por en-cima porque no pudieron detenerlo, como a setenta y cinco, ochenta o cien metros antes de llegar a la estación de Ma-meyes : que ése fu.6 el único percance que tuvieron esa noche: que con frecuencia ponen los vagones delante de la máquina y entonces llevan un farolito pequeño en el que va delante, vigilando las cañas: que esa noche no había focos o luces en la estación de Mameyes: que en el cruce donde ocurrió el accidente no hay cadenas ni portones para cerrar el tránsito cuando pasa la locomotora: que el pito se toca al pasar por los cruces: que el tren no paró en Mameyes cuando iba de Fajardo y que esa noche no funcionaron con los vagones de-lante. Patricio Navarro, maquinista del expresado tren, dijo que esa noche la máquina llevaba encendidos los focos delan-teros : que no vió a persona alguna en la vía y que al re-gresar para Fajardo a eso de la una de la madrugada, vio un bulto en la vía y aunque puso los frenos para parar el tren le pasó por encima, resultando luego ser una persona cuya cabeza no vio. El jefe de la estación de Mameyes de-claró que en ella no se encienden luces por. la nocbe y que en el sitio donde se dice bay un cruce existe un aviso prohi-biendo el paso. Otros testigos no se refieren al hecho de la muerte de Correa. De esa prueba se concluye, entre otras cosas, que la muerte ocurrió cerca de la estación de Mameyes en la parte más cercana a Fajardo, que posiblemente es el este, y que al otro lado de ella, oeste, fué visto el cuerpo pol-los empleados del tren a la una de la madrugada.

Alega la apelante en los números primero, segundo y ter-cero de su recurso que la corte sentenciadora cometió error ai declarar probado por los demandantes que en el sitio y hora del accidente el tren de la demandada caminaba a una velo-cidad de ochenta kilómetros por hora: que llevaba cuarenta o cincuenta vagones vacíos delante de la locomotora y que no llevaba luces encendidas; así como por haber declarado que fué negligente porque el tren tenía la obligación de reducir la velocidad én el sitio del suceso; y al declarar con lugar la demanda no habiéndose establecido por la demandante la negligencia alegada.

La declaración del único testigo presencial del accidente, que fué creída por la corte inferior, convence de que el tren llegó al sitio del suceso de súbito, sin ser visto ni oído y a mucha velocidad, sin tocar el silbato de alarma, con treinta y tres vagones delante de la locomotora y sin luces, pues aun-que llevase encendidos los focos delanteros éstos no podrían alumbrar por delante el camino, como lo demuestra el hecho de que cuando se llevan los vagones por delante, lo que ocurre frecuentemente, se lleva en el primer vagón un pequeño farol, y'que el tren no redujo su marcha ni paró en la estación de Mameyes. Los empleados de la demandada no vieron a Co-rrea en la vía ni cerca de ella ni a González, que estaba a tres o cuatro metros de distancia de la misma. Esas conclusiones de- hecho nos convencen de que hubo negligencia por parte de los empleados de la demandada, pues al cruzar el expresado camino público debieron avisar sn llegada con el silbato o con la campana, pues podían esperar que encontrasen transeúntes en el camino, con mayor razón cuanto que no había barreras que impidieran el paso ni luces que avisaran la proximidad de un tren, y que llevaban un gran número de vagones de-lante de la locomotora. Por consiguiente, los empleados de la demandada fueron negligentes. Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 40.

Es cierto que Correa conocía la existencia de la vía férrea en aquel sitio pero como no existe prueba de cómo entró en la vía hay que suponer que lo hizo con el debido cuidado, porque no vio el tren ni oyó su aproximación, como le ocurrió a Angel González, por lo que es aplicable la doctrina del caso de Baltimore & Potomac R. R. Co. v. Landrigan, 191 U. S. 461, citado en el caso de Ferrer, supra. Así queda resuelto el cuarto motivo de la apelación.

Respecto del quinto diremos que con la prueba de los de-mandantes y con la de algunos testigos de la demandada quedó demostrado que en aquel sitio hay un camino que es usado por el público en general.

El' sexto y último motivo de error alegado tampoco existe, porque aunque el sitio donde ocurrió la muerte de Correa sea propiedad de la demandada, lo cierto es que allí existe un camino que es usado por el público y que se ha demostrado que la negligencia de los empleados de la demandada fue la causante de la muerte de Correa.

Pasemos ahora a la apelación de los demandantes, fundada en dos motivos, a saber, en que la condena debió ser por mayor cantidad y en que debieron imponerse las costas a la demandada.

Correa era un hombre de treinta y cuatro años de edad, que ganaba nueve dólares semanales como boyero. En apoyo del primer motivo del recurso citan los apelantes varias sen-tencias de tribunales de los Estados Unidos en que se han concedido cantidades mayores de $3,000 en casos semejantes al presente, pero no pueden servirnos de 'guía porque la ten-dencia general de los veredictos de las cortes insulares ha sido muy conservadora en materia de cuantía por las indem-nizaciones, teniendo en cuenta quizás que este país no es rico. Además, la indemnización concedida nos parece suficiente porque capitalizada al tipo de 12% anual permitido por nues-tras leyes daría una renta de $30 mensuales, que es casi la cantidad que ganaba al mes Correa cuando trabajaba. Opi-namos que la cantidad concedida no es claramente inadecuada o improcedente.

Con respecto al error alegado por no haber sido condenada en costas la demandada no podemos decir que la corte inferior abusara del poder discrecional que la ley le concede para imponerlas, pues el solo hecho de que la demandada se, opusiera a la demanda y que se haya dictado sentencia en su contra no es bastante por sí solo para declarar que fué temeraria en su oposición a la demanda, pues aunque la demanda estaba jurada por el abogado no lo fué por conocimiento personal de los hechos de ella sino por información de otra persona; y la prueba en el juicio demostró que los empleados de la demandada sólo sabían que al regresar para Fajai'do vieron a la una de la mañana, un bulto en la vía férrea, que luego resultó ser el cuerpo de Correa, y que trataron de evitar pasarle por encimá, no habiéndose dado cuenta de que horas antes el tren había matado a Correa, por lo que la demandada estuvo justificada aparentemente en oponerse a la demanda. Además, la diferencia entre la cantidad pedida como indemnización y la concedida por la sentencia es tau grande que no debemos declarar que la corte inferior abusara de su poder discrecional al no imponer las costas a la demandada. Sucn. del Toro v. Zambrana, 27 D.P.R. 492: Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Rafael Sancho Bonet, Juez, demandada.
    No. 874.

    Sometido: Febrero 20, 1933.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, peticionario; A. Beyes Delgado, abogado del acusado en la causa, interventor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de esta Corte Suprema radicó una petición para qne se expidiera un auto de certiorari contra la Corte de Dis-trito de Arecibo en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Pedro P. Pagan por adulteración de leebe. El auto fué ex-pedido, celebrándose la vista el 20 de febrero actual con asis-tencia del fiscal e intervención del acusado Pag’án por su abogado.

De la petición y de la causa resulta lo siguiente. El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló contra Pagán la siguiente acusación:

“El fiscal formula acusación contra Pedro P. Pagán, por el de-lito de Adulteración de Lecbe (misdemeanor), cometido del modo siguiente :
“El referido acusado, Pedro P. Pagán, el día 27 de octubre de 1931, y en Hatillo, P. R., que forma parte del distrito judicial de Arecibo, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con el fin de dedicarla al consumo humano, tenía para la venta y transpor-taba, leche de vaca adulterada con ácido bórico o una de las sales derivadas de éste y diluida con agua añadida artificialmente.
“Alega, además, el fiscal, que con anterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos arriba alegados, o sea, el día 11 de febrero de 1931, este mismo acusado, Pedro P. Pagán, fué convicto del delito de infracción a la sección primera de la Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche, aprobada en agosto 12 de 1925, por sentencia firme de la Corte de Distrito de Mayagüez de fecha 11 de febrero de 1931, por la cual se le condenó a pagar una multa de $25, que el acusado satisfizo.”

El acusado alegó su inocencia y en el acto del juicio entre otras pruebas presentó el fiscal la que sigue:

“Hon. Fiscal. — Ofrezco en evidencia una certificación del Secre-tario de la Corte de Distrito de Mayagüez, creditiva de una sentencia dictada contra Pedro P. Pagán, en 11 de febrero de 1931, por adul-teración de leche.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. — No me opongo.
“Hon. Juez. — Se admite el documento y se marca con el No. 3, Fiscal.
“ ‘Documento No. 3, Fiscal. — En la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Mayagüez, .... La corte después de oír la evi-dencia introducida y sometido el caso a su consideración, declara al acusado Pedro P. Pagán culpable del delito de teneR y ofrecer en VENTA Y CON EL FIN DE DEDICARLA AL CONSUMO HUMANO, LECHE DE VACA adulterada, y en su consecuencia dicta sentencia condenán-dole.

Sigue la certificación del secretario en forma, expresán-dose además en ella que la sentencia fué apelada a esta Corte Suprema y confirmada, quedando finalmente cumplida en junio 24, 1931, mediante el pago de la multa por el acusado.

Terminada la prueba de cargo, presentó el acusado una moción de nonsuit así:

“Abogado Sr. Reyes Delgado. — Vamos a pedir a la Corte, que decrete la absolución perentoria del acusado, por dos motivos. Pri-mero, porque no se ba demostrado la comisión de delito alguno o infracción a la sección primera de la Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de lecbe y para otros fines, de agosto 12 de 1925, por el acusado. Segundo, porque de haberse realizado esos hechos por el acusado, no tiene jurisdicción para conocer del caso esta Hon. Corte de Distrito de Arecibo.”

Se opuso el fiscal. Concedió la corte tiempo para alega-tos y finalmente decidió:

“Por tales consideraciones, se declara con lugar la moción de nonsuit formulada por la defensa en cuanto a la segunda modalidad contenida en la acusación, o sea, tener a la venta leche adulterada, y se declara sin lugar dicha moción de nonsuit en cuanto a la pri-mera modalidad, o sea estar transportando leche adulterada para ser destinada al consumo humano.”

La defensa manifestó que no tenía prueba que introducir y el caso quedó concluso para sentencia. Ésta fué dictada del siguiente modo:

í í Sí? -tí •)>' V.:
“Y en el día de hoy, la corte resuelve la moción de nonsuit de-clarando con lugar la segunda modalidad y sin lugar en cuanto a la primera modalidad y dieta sentencia declarando culpable y convicto a dicho Pedro P. Pagan del delito de transportar leche adulterada para dedicarla al consumo humano de que se le acusa y le condena a pagar la suma de cien (100) dólares de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer; y, además, a pagar las costas de esta causa.”

Se alega en la petición que la corte se negó a dictar sen-tencia declarando al acusado reincidente e imponiéndole la pena que para tales casos señala la ley. Examinados los autos no consta lá negativa de la corte, a no ser por implicación. Tampoco el motivo qne tnvo para actnar en la forma en qne lo hizo.

El fiscal expone qne ese motivo fné el de haberse dictado la sentencia anterior por tener y ofrecer en venta leche de vaca adulterada cuando la dictada en este caso lo era por transportar leche de vaca adulterada. Sostiene que la Corte estuvo equivocada porque tratándose de dos modalidades del mismo delito o de delitos distintos de igual naturaleza, la reincidencia era clara. A primera vista tiene razón el fiscal.

La sección 1 de la Ley No. 77 de 1925, dice:

“Toda persona que adulterare o diluyere leebe y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o al-macenare con el fin de dedicarla al consumo humano, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere, castigada en la primera violación con multa no menor de vein-ticinco (25), ni mayor de (100) dólares; Disponiéndose que la reincidencia aparejará la pena de encarcelamiento por el término de seis meses a un año, multa de quinientos (500) dólares y la revo-cación de la licencia; ...”

Tratando el asunto de convicciones anteriores para im-poner penas más severas, dice Corpus Juris, resumiendo la jurisprudencia:

“Aunque es siempre necesario de acuerdo con los estatutos el que haya una convicción anterior del acusado a fin de que se pueda im-poner una pena más severa por una segunda convicción o por convic-ciones sucesivas, el carácter de la convicción anterior y de la cual depende la mayor penalidad, solamente puede determinarse por la interpretación del estatuto específico de cada jurisdicción. De acuerdo con algunos estatutos, no es necesario que la segunda convic-ción sea por un delito del mismo carácter o grado que la anterior convicción, mientras que otros estatutos se refieren a convicciones por violaciones del mismo estatuto. Un estatuto que provee mayores cas-tigos por delitos subsiguientes nombrados específicamente, no requiere que la segunda ofensa sea una. repetición de un delito idéntico por el cual hubiera sido convicto el acusado, sino que debe interpretarse que se refiere a uno cualquiera de los específicamente mencionados. Un estatuto que autoriza una pena más severa cuando el acusado lia sido convicto anteriormente ‘del mismo delito’.no debe interpretarse que quiere decir un delito idéntico sino uno del mismo carácter que aquél por el cual el acusado ba sido traído a juicio nuevamente. Un delito debe considerarse como ‘un delito similar’ al de la convicción anterior aún cuando la pena para ambos sea distinta. ” 16 C. J. 1340.

Ruling Case Law refiriéndose al mismo asunto y bajo el epígrafe “Identidad de Delitos”, resume la jurisprudencia así:

“La frase ‘el mismo delito’, tal como se usa en estatutos que proveen un mayor castigo en casos en que una persona es subsiguien-temente convicta del mismo delito, no quiere decir que necesaria-mente los actos que constituyen el delito sean exactamente iguales, sino solamente que deben ser del mismo carácter. Así, por ejemplo, cuando una persona es convicta de violar la ley que probibe vender, regalar o tener licores embriagantes, con la intención de venderlos o regalarlos, una convicción por vender licores en contra del estatuto es suficiente para aumfentar la penalidad al dictarse otra sentencia por violar el estatuto de tener licores con intención de venderlos.” 8 R.C.L. 273.

Y eu el volumen 58 de los American Law Reports, a las páginas 30 y 34, entre otras cosas, se dice:

“En aquellos casos donde se ba levantado la cuestión de si el de-lito por el cual se obtuvo la convicción debe ser idéntico en natura-leza que el delito que se imputa, se ba decidido generalmente que no se requiere que los dos delitos sean idénticos en su naturaleza sino que basta con que sean similares.
“En el caso de El Pueblo v. Bisbop, la Corte, al interpretar la sección 23 de la Ley sobre Registros y Secuestros en relación con bebidas embriagantes, decidió que la convicción anterior por violación de la ley no tiene que ser por un delito idéntico al de la segunda violación de la ley; que el hecbo de que exista cualquier violación de la ley anterior sería suficiente para constituir contra el acusado un segundo delito.
“También la corte, al pasar sobre la cuestión de la eonstitucio-nalidad de un estatuto que provee mayor castigo para una segunda ó tercera convicción por cualquier delito de escalamiento, burto mayor, burto de ganado, robo o falsificación, decidió en el caso de Kelly v. People, que de acuerdo eon la ley no era necesario que el segundo o tercer delitos fueran de la misma naturaleza o grado que el primer delito, porque de acuerdo con el lenguaje del estatuto la pena mayor cabía por la comisión de cualquiera de dichos delitos.
“En el caso de McConnell v. People, se decidió que cuando el delito anterior es por venta de licores embriagantes y el segundo es por transportación de licor, debía considerarse la transportación del licor como un segundo delito a los fines de aumentar la penalidad. La corte dijo que las dos convicciones no tenían que ser por idén-ticos delitos, sino que bastaba con que hubiera dos convicciones por dos violaciones de la ley de prohibición.
“En el caso de Sawyer v. State, se decidió que cuando un es-tatuto provee el castigo por vender, suministrar o regalar o poseer licor con la intención de venderlo o regalarlo en violación de la ley y además provee por una mayor penalidad cuando ocurre una se-gunda violación, una convicción ñor violar la ley en cualquiera de sus formas era suficiente para que pudiera aumentarse la penalidad por la segunda convicción cuando se violara el estatuto en cualquiera otra forma.
“En el caso de State v. Miglin, 101 Conn. 8, 125 Atl. 250, la corte resolvió que cualquier delito anterior por la violación de dicha ley colocaba al acusado al cometerlo en las condiciones de haber co-metido un segundo delito. La corte dijo que era absolutamente in-diferente qué porción de la ley hubiera sido violada, lo mismo si era por vender, por tener o por guardar licores embriagantes con la in-tención de venderlos. La corte desestimó la contención del acusado de que todos los delitos por violar distintas partes de la ley consti-tuían una sola ofensa, así como la contención de que la corte inferior cometió error al considerar al acusado como autor de un segundo delito de acuerdo con cada uno de los ‘counts’ de la acusación y al imponerle la sentencia de acuerdo.”

En la nota que aparece en 24 L.R.A. 432 a 439, se cita el caso de Muckenfuss v. State, 55 Tex. Crim. Rep. 216, 117 S. W. 853, en que se resolvió:

“Una convicción por violación de la ley del cierre debía consi-derarse como una convicción anterior ‘por el mismo delito’ cuando-el acusado fué subsiguientemente convicto en una acusación por per-mitir tener abierto un teatro en domingo, interpretándose la frase ‘el mismo delito’ como que significaba puramente un delito del mismo-carácter. ’ ’

En la mayor parte de los casos citados puede verse que las leyes dicen “reincidencia'en el mismo delito”, y esas fra-ses lian sido interpretadas como significando reincidencia en delitos de la misma naturaleza o carácter, siendo suficiente la violación anterior de la ley en cualquiera de sus modali-dades. El estatuto puertorriqueño de que se trata es el que provee “lo necesario para castigar la adulteración de leche”, fijando luego las diferentes maneras en que el delito puede cometerse y limitándose luego a decir en cnanto a la reinci-dencia: “Disponiéndose, que la reincidencia aparejará la pena. . .”

Esa forma simple se adoptó en sustitución de la más es-pecífica que figuraba en la ley anterior y que quizá pudiera levantar alguna duda, a saber: “Disponiéndose, que la rein-cidencia en la adulteración, difusión, oferta o tenencia en venta o venta de leche adulterada, aparejará para el culpable la pena de . . .”

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones ¿puede esta Corte Suprema dentro de este recurso extraordinario de certiorari, devolver la cansa a la Corte de Distrito para que amplíe su sentencia de acuerdo con los principios enunciados en esta opinión, que es lo que pretende el Fiscal?

La Ley de 1904 que autoriza la expedición de autos de certiorari, define el remedio así:

“El auto de ‘certiorari’ es un auto expedido por un tribunal superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero, de una copia certificada de las diligencias pendientes en el tribunal inferior o los autos de alguna causa ya terminada, en aque-llos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la Ley, y con objeto de terminar los procedi-mientos cuando el tribunal inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.” Leyes de 1904, pág. 123.

Aquí la corte de distrito no parece que rehusara termi-nar la causa, sino que se negó a declarar reincidente al acu-sado por estimar que no lo era de acuerdo con la interpreta-ción que dió a la ley. Sin embargo, ni su decisión sobre ese extremo ni los motivos de la misma constan en los autos como ya dijimos.

¿Se ajustó el procedimiento seguido por la Corte de Dis-trito a lo prescrito en la ley? Para contestar la pregunta debidamente es necesario fijar primero lo que se entiende por procedimiento de acuerdo con la ley de certiorari.

Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y Ju-risprudencia, tomo 4, p. 677, dice que procedimiento judicial es “la instrucción o proceso de una causa o proceso en ma-teria civil o criminal” y luego entra en la amplia considera-ción de los diferentes procedimientos judiciales.

La palabra usada en el texto inglés de la ley es procedure. Resumiendo la jurisprudencia que la define, encontramos en 50 Corpus Juris 425:

‘ ‘ Se dice que como término legal no es bien entendido; siendo su significado tan amplio, es raras veces usado como término de arte; es generalmente definido como que incluye en su significación lo que se desea dar a entender con las tres palabras técnicas ‘alegación’, ‘evidencia’ y ‘práctica’, y quizás nada más; término general que in-cluye las alegaciones, el procedimiento, la evidencia y la práctica— en realidad cuanto paso pueda darse desde el comienzo basta la fina-lización de un caso; el modo de conducir los litigios y asuntos judi-ciales, distinguiéndose de esa rama de la ley que concede o define los derechos.”

En el caso de Mahoning Valley R. Co. v. Santoro, 93 Oh. St. 53, 56, 112 N. E. 190, citado en la nota 68, se dice:

“ ‘Práctica’ o ‘procedimiento’ es: ‘El modo de proceder para hacer cumplir un derecho legal; lo que regula los pasos formales a tomar en una acción u otro procedimiento judicial; el curso de los procedimientos en la eoi’te; la forma, modo y orden en que se acos-tumbra conducir los procedimientos; . la forma, modo y orden en que se conducen y llevan a cabo los litigios o procesos en las cortes en sus distintas etapas, de acuerdo con los principios de ley y las re-glas establecidas por las cortes respectivas.’ ”

Atendida la amplitud del término, la mejor regla es inter-pretarlo de acuerdo con su propio significado y el objeto de la ley particular en que se emplea. Véase 50 C. J. 426.

La jurisprudencia de esta propia Corte Suprema sobre los casos en que procede el certiorari es ya abundante, en verdad, habiéndose distinguido entre el certiorari clásico que es el autorizado por la ley de 1904 y los otros que se han concedido por el legislador en casos especiales.

Para fijar el alcance del primero se ha interpretado la ley a la luz de la jurisprudencia establecida por las cortes del continente. Quizá un resumen exacto de la nuestra sea el si-guiente : Procede el auto extraordinario de certiorari cuando no existe en el curso ordinario de la ley otro remedio eficaz y está envuelta alguna cuestión de jurisdicción o de procedi-miento, descansando su expedición en la discreción de la corte. La regia es fácil de exponer. La dificultad está en aplicarla. Hay casos tan claros, tan típicos de jurisdicción o de proce-dimiento, que el así determinarlo no suscita dudas de ningún género. Pero hay otros que requieren un detenido estudio para fijar su naturaleza.

No hay duda alguna que la Corte de Distrito de Arecibo tenía jurisdicción para actuar en el caso de que aquí se trata y para resolver por sus méritos la cuestión que se le planteara. ¿Cometió algún error de procedimiento? El que resalta a primera vista es el de no haber hecho constar expresamente su decisión sobre la cuestión de reincidencia a fin de que el récord hablara por sí mismo con toda claridad, pero la simple devolución del caso para la corrección de ese error no tendría trascendencia. Iría a la forma, no a la substancia.

Sin embargo, entrelazada como está la cuestión de forma con la de fondo, bien podría esta Corte, especialmente no existiendo como no existe recurso de apelación, no sólo orde-nar a la corte de distrito que registrara su decisión expresa-mente, si que además lo hiciera ajustándose a los principios que en esta opinión se establecen, reservando al acusado desde luego las defensas de que pudiera estar asistido.

Pero no tomaremos esa resolución. Concurren aquí las siguientes circunstancias: la sentencia de la Corte de Distrito se dictó el 8 de febrero de 1932. Fué apelada por el fiscal y la apelación declarada improcedente. El recurso de certiorari se interpuso el 27 de diciembre de 1932, diez meses después de dictada la sentencia. A la fecha de la vista del auto, ya la sentencia, según manifestó el abogado del acusado, se había cumplido por éste. Es demasiado tarde para in-tervenir.

En tal virtud, debe emularse el auto expedido, devolverse la causa a la corte de su origen y declararse sin lugar la petición.


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    Marcelina Franqui de Alfaro, por y como madre con patria potestad de su menor hijo Vicente Vélez, demandante, apelante y apelada, v. Fuertes Hermanos, S. en C., demandada, apelada y apelante.
    No. 5655.

    Sometido: Mayo 2, 1932.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      García Méndez & García Méndez, abogados de la apelante apelada; J. Henri Brown, C. Ruiz N-azario, G. E. González y G. Benitez Gautier (Salvador Suau y F. Prieto Azúar, en el alegato), abo-gados de la apelada apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fué resuelto por sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo condenando a los demandados a pagar a la demandante, por vía de indemnización, $2,688, más las costas y gastos del litigio.

Firme la sentencia, la parte victoriosa arcliivó sn memo-rándum de costas y desembolsos en el que incluyó las siguien-tes partidas: Honorarios del Márslial, $1; Honorarios del Secretario, $10; Indemnización de testigos, $12; Traslado del Dr. Sánchez de Isabela a Arecibo, $6; Traslado Dr. Car-dona de Aguadilla a Arecibo, $6, y Honorarios de abogados, $2,000. Total, $2,035.

La parte vencida aceptó las dos primeras partidas del me-morándum e impugnó las restantes, por excesivas. Pidió que los honorarios se fijaran en una suma no mayor de $250.

Oyó la corte a ambas partes y decidió finalmente aprobar íntegras las cuatro primeras partidas del memorándum y re-bajar la última a $600.

No conforme la parte demandada, apeló para ante este Tribunal Supremo. La transcripción que ha elevado está formada por copias certificadas por el Secretario de la sen-tencia que resolvió el pleito, del memorándum de costas y desembolsos, de la impugnación del mismo, de la resolución de la corte y del escrito de apelación y por la transcripción de la evidencia certificada por el taquígrafo y aprobada por el juez sentenciador.

La evidencia aportada por la parte demandada y apelante en la vista del memorándum consistió en la declaración del abogado Fernando B. Fornaris, quien dijo que hizo un ligero examen de los autos del pleito y que a su juicio los honorarios de abogado de la parte demandante valían de $300 a $350. Entonces presentó su evidencia la parte demandante. Introdujo primero el récord taquigráfico del pleito, que no forma parte de la transcripción preparada para este recurso, y luego las declaraciones de los letrados Manuel A. G-arcía Méndez y Luis Mercader. El primero actuó como uno de los abogados del pleito. Describe la demanda en la que se re-clamaron seis mil y pico de dólares, el incidente de traslado que siguió, la moción eliminatoria presentada, las excepciones previas y el juicio que duró “un día desde la mañana tem-prano basta cerca de la nocbe.” Dijo que durante el juicio se suscitaron cuestiones de derecho importantes como las que aparecen a las páginas 10, 52, 60, 61, 64 y 73 del récord. Se discutió mucho la lesión del demandante que fué sometido a una hábil operación quirúrgica. El caso fué apelado y con-firmada la sentencia por el Supremo. El cliente estuvo como noventa veces en su oficina durante la tramitación del litigio. El bufete dedicó como quince días a la investigación del caso y a su estudio. El abogado Sr. Mercader después de hacer referencia al pleito dijo que a su juicio los honorarios no va-lían menos de mil doscientos dólares. Volvió a declarar el abogado Manuel A. García Méndez, así:

“Declaro nuevamente que en este caso la parte demandante no convino con sus abogados García Méndez y García Méndez pagar cantidad específica, sino que fueron, honorarios eventuales, que esta-ban sujetos al resultado del pleito, y nosotros cobramos el cincuenta por ciento a que asciende la sentencia con los intereses legales desde la sentencia hasta que se pague, con excepción de que del importe total se sacarían los gastos y honorarios médicos, y de la diferencia la parte demandante nos satisface el cincuenta por ciento.
“A preguntas del Abogado Sr. Prieto Azúar, declaró: P. Iban a partir dentro de las resultancias de eventualidad del pleito?' — Sí, señor; honorarios eventuales. Si no ganaba el pleito no ganaba ni un centavo.
“P. Recuerda 3o que es el Champerty Common Law, que lo que está prohibido prohibe? — En Puerto Rico no está prohibido.
“P. La ética profesional. — No está en conflicto cuando 3a legis-latura lo ha dicho, como por ejemplo, en casos de indemnizaciones a obreros que la ley dice 3o que puede cobrar un abogado, pero en pleitos particulares, como de daños y perjuicios, que están sujetos a contingencias del pleito el resultado definitivo y en ese caso es más que honrado cobrar el cincuenta por ciento de los resultados, y lo liemos hecho porque acostumbramos ser honrados en nuestras actuaciones.
“P. No. cree que la práctica en los Estados Unidos se sigue en Puerto Rico, y moralmente le está prohibido a un abogado por hono-rabie que sea, como el compañero, llevar un caso a partir? — Si cre-yera lo contrario no hubiera aceptado el cincuenta por ciento. Lo acepté de buena fe y porque es honrado y permitido en Puerto Eieo hacerlo. ’ ’

En su. alegato la parte demandada y apelante señala la comisión de cuatro errores. Se refiere el primero a la par-tida de $12 por indemnización de testigos, el segundo a los gastos ocasionados por el traslado de los médicos y el ter-cero a la concesión de $600 por honorarios de abogado. El cuarto se formula como sigue:

“La Corte de Distrito de Arecibo, Puerto Eico, cometió mani-fiesto error al conceder suma alguna por honorarios de abogado.”

No nos detendremos en la consideración de los tres pri-meros errores. La Corte razonó su resolución, estudiando los hechos del caso a la luz de la jurisprudencia establecida por esta misma Corte Suprema. Nada de ilegal o irrazonable en-contramos en sus conclusiones. Además, la parte apelante no ha archivado una transcripción completa de los autos que coloque a esta Corte Suprema en las mismas condiciones que estaba la corte de distrito al dictar la resolución recurrida.

Es el cuarto error el que será discutido en toda su exten-sión. El señalamiento no está bien formulado. No da por sí mismo una idea de la cuestión que suscita. Sin embargo, se discute luego ampliamente y ampliamente también se rebate por la parte contraria y será considerado. Envuelve la cuestión de q<nota litis-.

Resumiendo su argumentación sostiene el apelante que no procede la concesión de honorarios de abogado en este caso:

(a) Porque el artículo 1362 del Código Civil interpretado por la corte de circuito de Boston en el caso de Jones v. Pettingill, 245 F. 269, expresamente prohibe la ‘cesión’ de algún interés al abogado que interviene en un litigio, y la concesión de honorarios equivaldría a la sanción de tal cesión.
“ (b) Porque de la transcripción de la evidencia surge claramente en el presente un caso de ‘champerty’.
(o) Porque la jurisprudencia americana es uniforme en la repro-bación de los contratos viciados de ‘champerty’, así como también la jurisprudencia y los comentaristas españoles, sosteniendo además que la cuestión puede ser suscitada por un tercero tan pronto como de la prueba del caso surja el contrato ilícito.
“(d) Porque es proverbial en la práctica de los tribunales ame-ricanos el negarse a oír a una parte que al reclamar un derecho no lo hace recurriendo con las manos limpias.
“ (e) Porque el memorándum de costas en el presente caso se basa en una transacción contraria a la más sana tradición jurídica y está doblemente censurada por la ley y por la moral, siendo a un tiempo ‘malum prohibitum’ y ‘malum in se’.”

El pacto de giwta litis fué considerado ilegal tanto por la legislación española cuanto por la inglesa y americana.

La Ley XIV, tit. VI, de la Tercera Partida, es como sigue:

“Ley NIV. — Que gualardon deuen auer los Abogados, quando bien fizieren su, oficio, e qual pleyto les es defendido, que non fagan c-on la Parte a quien ayunan.
“Reconocer deue la parte del trabajo que lleua el Abogado en su pleyto, quando anda y lealmente, gualardonandole, e pagandol su salario assi como puso con el. E porque los ornes, con cuyta que han de vencer los pleytos, e a las vegadas por maestría de los Abo-gados, prometen, mayores salarios, que non deuen,' o fazen posturas con ellos a daño de si; porende mandamos, que el Abogado tome salario de la parte segund el pleyto fuere, grande, o pequeño, e le comiiniere según su sabiduría, o el trabajo que y lleuare; de manera que el mayor salario, que pueda ser, non suba de eient marauedis arriba, quanto quier sea grande la demanda; e dende ayuso, según fuere el pleyto. Otrosí defendemos, que ningún Abogado non sea osado, de fazer postura con el dueño del pleyto, de recebir cierta parte de aquella cosa, sobre que es la contienda. Porque touieron por bien los Sabios antiguos, que cuando el Abogado sobre tal postura razonasse, que se trabajaría de fazer toda cosa, por que la pudiesse ganar, quier a tuerto, quier a derecho. E aun lo defendieron por otra razón, porque quando tal pleyto les fuesse otorgado, que pu-diessen fazer con la parte a quien ayudassen, non podrían los ornes fallar Abogado, que en otra manera les quisiesse razonar, nin ayudar, si non con tal postura; lo que seria contra derecho, e cosa muy dañosa a la gente. Pero si algún Abogado fuesse tan atreuido, que fiziesse tal postura como esta, con la parte a quien ayudasse; man-demos, que después que le fuere prouado, non pueda razonar por otri en juyzio, assi como persona enfamada; e demas, que el pleyto, que ouiere puesto con la parte, que non le vala.” 3. Los Códigos Españoles Concordados y Anotados, 87.

Y la Ley XXII, tit. XXII, libro Y, de la Novísima Reco-pilación, es como signe:

“Ley XXII. — Prohibition de hacer los Abogados igualas con las partes por razón de ganar el pleyto, mi de seguirlo a sil costa.
“Los mismos en las ordenanzas de Medina de 1489 cap. 56 y 70, y allí cap. 13.
“Mandamos que ningún Abogado pueda liaeer partido ni iguala con la parte a quien ayudare, que le dé cierta cantidad de maravedís ni otra cosa alguna por razón de la victoria y vencimiento del pleyto ; y qualquier que lo hiciere, sea suspendido del oficio de Abogacía por tiempo de seis meses: y ansimismo que no aseguren a sus partes la victoria de las causas por quantía alguna, so pena de pagar la dicha quantía con el doblo. Y mandamos, que los dichos Abogados ni Procuradores no hagan partido de seguir y fenescer los pleytos a sus propias costas por cierta suma; so pena de cincuenta mil ma-ravedís de cada uno dellos que lo contrario hiciere para nuestra Cámara, y que por el mismo hecho, lo contrario haciendo, incurran en la dicha pena sin otra sentencia. (Ley 8, tít. 16, lib. 2 R.).” 8. Los Códigos Españoles Concordados y Anotados, 96.

El legislador del Código Civil fue menos explícito que el de las Partidas y el de las Recopilaciones. Se limitó a pres-cribir en su artículo 1459:

“Art. 1459. No podrán adquirir por compra, aunque sea en su-basta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
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<39
‘49
“5- Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio fiscal, Se-cretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya ju-risdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendién-dose esta prohibición al acto de adquirir por cesión.
“Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean.
“La prohibición contenida en este niim. 59 comprenderá a los Abogados y Procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio.”

Comentando el precepto dice Manresa:

“Se ha discutido si en la incapacidad de los Procuradores y Abo-gados está incluido el pacto de quota litis: Consiste éste, como es sabido, en la estipulación de que el Abogado o el Procurador han de hacer suyos una parte alícuota de la cosa que se litiga, si la sentencia es favorable. Con este concepto a la vista, es para nosotros indu-dable que el artículo- que comentamos no menciona ese pacto; pero como la incapacidad de los Abogados y Procuradores se extiende al acto de adquirir por cesión, y la efectividad del pacto de quota litis implica necesariamente una cesión, estimamos que con sólo el núm 5Q del artículo 1459 podría pedirse con éxito la nulidad de ese pacto tradicionalmente considerado como ilícito.” 10. Manresa. Comen-tarios al Código Civil, 107.

No opina lo mismo otro gran comentarista español, Scae-vola. Expresa :

“Goyena opina que en la prohibición de comprar impuesta a los Abogados va implícita la del llamado pacto de quota litis, porque supone la venta o cesión de una parte de la cosa o derecho que es objeto del litigio.
“En igual sentido opinan Baudry Lacantinerie y Leo Saignat, en contra de otros jurisconsultos franceses como Duvergier, Demo-lombe, Aubry et Rau y Laurent, que atribuyen a dicho pacto causa ilícita; siendo, por tanto, nulo en virtud de otros preceptos del Có-digo Civil.
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“Nos adherimos a la opinión de Laurent y Aubry et Rau, porque la contextura rígida del último párrafo del artículo 1459 presta mu-cho menos elasticidad de la que se necesita para reputar el pacto de quota litis como compra de una cosa o derecho litigioso.
“La coparticipación del paladín en la victoria del vencedor será todo lo inmoral que se quiera, aunque en ello hay mucho de con-vencionalismo, pero no es caso de compraventa ni de cesión de dere-chos en litigio.” 23, Mucius Seaevola. Código Civil 429, 430. .

El artículo 1459 del Código Civil Español es igual al 1348 de nuestro Código Civil Revisado, ed. 1930, 1362 de la edición de 1911. Esta Corte Suprema ña interpretado el precepto en varios casos, pero en ninguno de ellos se decide directamente la cuestión que aquí se suscita. Ha sido la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en un caso procedente de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Pico, la que lia resuelto algo que es directamente apli-cable. Nos referimos al caso de Jones v. Pettingill, 245 F. 269.

El contrato de que se trataba era como sigue:

‘ ‘ Convengo en pagar a mis abogados, los Sres. Pettingill y Leake, la mitad de lo que yo pueda recibir si la sentencia de la corte me es favorable en un pleito que voy a entablar en la Corte Federal contra Antonio Olivieri, albaeea de Félix Olivieri, si dichos abogados pagan todas las costas y desembolsos de dicho pleito y lo tramitan hasta su terminación. En caso de que se llegara a una transacción los abogados recibirán la mitad de cualquiera cantidad que se me pague, en saldo de sus honorarios. De acuerdo con la sentencia de la corte, les pagaré y dividiré con ellos en proporción de la mitad de lo que yo recibiere por orden de la eorte.”

Y los abogados se comprometieron en él a:

“Nos comprometemos a llevar este pleito a favor de (la referida Adelaida), pagando todas las costas y desembolsos, y tramitándolo hasta su fin, ya por transacción o por sentencia del tribunal.”

Siendo su cláusula final:

“Se conviene además que, en caso de transacción, la misma no será Amlida si no se hiciere en presencia y con el consentimiento y concurso de las dos partes de este contrato.”

En el curso de su opinión dijo la Corte de Circuito:

“La cuestión principal que se nos ha planteado no fué suscitada por la contestación a la demanda, ni en momento alguno durante el curso de los procedimientos en la corte de distrito, hasta que Jones alegó en su aludida moción de reconsideración, como .motivo para reconsiderar, que la corte de distrito había errado al no soste-ner que el contrato objeto del pleito era ‘contrario a la moral, estaba basado en un convenio para incoar un pleito, (champertous), y nulo/ y, por ende, un contrato que no daba derecho a causa de acción al-guna. Al denegar la petición, la corte de distrito resolvió, según aparece de su opinión de fecha mayo 29, 1915, que Jones no podía impugnar la validez del contrato por primera vez después de decreto final, ni en momento alguno ‘ en que no era parte en el contrato . . . ’; y se consideró innecesario discutir su validez. También resolvió que Jones estaba impedido de suscitar la cuestión, por baber aceptado de Pettingill la cantidad requerida para la ‘redención’ de la parti-cipación reclamada por él, según la determinó el perito.
“Las anteriores objeciones a la validez del contrato plantean una cuestión de orden público, que es aparente del récord y no envuelve cuestiones de hechos en disputa. El contrato íntegro fué unido a la demanda, tanto en castellano como en inglés. Si de los autos resulta ser un contrato de tal naturaleza que una corte de equidad no debe prestarse a hacerlo cumplir, las objeciones susodichas van a la base de los derechos alegados en la demanda, y son objeciones que la corte de distrito pudo haber considerado de su propia volición, ya fueran o no sugeridas por las partes, y que pudieron haberse aducido como motivo para impedir que se dictara la sentencia. También hay objeciones que una corte de apelación puede considerar motu proprio, ya fueran o no formuladas en la corte inferior. Primeau v. Granfield, 193 F. 211, 114 C. C. A. 549; Griggs v. Nadeau, 221 F. 361, 363, 137 C. C. A. 189. Se dice que no han sido propiamente planteadas por el señalamiento de errores; pero esta corte puede, de conformidad con sus reglas 11 y 25, párrafo 4 (150 F. XXVII, XXXIII, 79 C. C. A. XXVII, XXXIII), considerar a su opción errores claros no señalados, y así lo ha hecho repetidamente.
“Se admite que éste es un contrato que ‘pudo ser considerado como basado en un convenio para incoar un pleito, y nulo bajo la antigua ley común’; pero se alega que no hay jurisdicción alguna en que una regla del derecho común no haya sido alterada, variando el grado de la alteración en lás jurisdicciones. Asumiremos, en vista de Stanton v. Embrey, 93 U. S. 548, 23 L. Ed. 983, McPherson v. Cox, 96 U. S. 404, 24 L. Ed. 746, Taylor v. Bemiss, 110 U. S. 42, 3 Sup. Ct. 441, 28 L. Ed. 64, Ball v. Halsell, 161 U. S. 72, 80, 16 Sup. Ct. 554, 40 L. Ed. 622, y Nutt v. Knut, 200 U. S. 15, 21, 26 Sup. Ct. 216, 50 L. Ed. 348, que no se ha de declarar nulo o anula-ble un contrato meramente porque la compensación del abogado se haga depender del éxito o la cantidad recobrada; estando exento, a lo que parece, de fraude, falsas simulaciones o falta de honradez. Las decisiones citadas se refieren a contratos por servicios en la tramitación de reclamaciones contra los Estados Unidos o ante tribunales que actúan bajo la autoridad del gobierno federal.
“Mas el pacto de que los letrados recibirán como honorarios el 50% de la suma que se obtenga, no es el factor más objetable de este contrato. Éstos convienen en pagar tocias las costas y desem-bolsos del litigio que babía en perspectiva y el contrato dispone que ninguna transacción por sus clientes será válida a menos que los abogados estén presentes y presten su consentimiento. Además, aunque no hay una cesión de parte de la señora a ellos, en términos claros, de parte de su interés, ella conviene con ellos, quienes no alegan tener interés alguno en la propiedad, ‘en pagar y dividir con ellos la mitad de lo que yo recibiere por orden de la corte.’ . .
“Puede que haya jurisdicciones en que la legislación local permita alguna de las disposiciones anteriores; mas, hablando generalmente, creemos que es claro que rui contrato celebrado por abogado y cliente, relativo a honorarios profesionales que dependan del resultado del litigio, según el cual los abogados convienen en pagar todos los gas-tos del pleito, tener el dominio de cualquier transacción y estar soli-daria e igualmente interesados con el cliente en los bienes envueltos al ser recobrados, es un contrato tan contrario al espíritu de nuestro derecho que una corte de equidad no lo hará cumplir.
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“En cuanto a 1a. estipulación tendiente a invalidar cualquier transacción del supuesto litigio por parte del cliente, a menos que ésta fuera hecha en presencia- del abogado y con su consentimiento, no podemos vacilar en considerarla como contraria a la política pú-blica y nula por tal motivo. La Corte de Distrito Federal para Puerto Rico así consideró una estipulación a ese efecto, en un con-trato similar a éste en muchos respectos, en Rodríguez v. Cueli, 1 Porto Rico Fed. 272, 275. In re Snyder, 190 N. Y. 66, 82 N. E. 742, 14 L. R. A. (N. S.) 1101, 123 Am. St. Rep. 533, 13 Ann. Cas. 441, y Weller v. Jersey City, 68 N. J. Eq. 659, 61 Atl. 459, 66 An. Cas. 442, pueden también ser vistos.
“Si bien la ley local aquí envuelta, o sea la ley de Puerto Rico, trata las cuestiones arriba mencionadas desde un punto de vista distinto, y su política se desprende más bien de códigos que están basados en el derecho civil o en los comentaristas al mismo, que en opiniones publicadas, no hallamos razón alguna para creer que con-tratos como el que aquí está envuelto, son considerados en Puerto Rico menos detestables a la política del derecho de lo que lo- son en los Estados Unidos. Los bien reconocidos fundamentos para creer que de ellos emana un peligro para los intereses públicos, no .pueden ser menos fuertes allá que aquí.
“De acuerdo con el artículo 1362 del Código Civil de Puerto Rico de 1902, que suplantó un código anterior que contenía dispo-siciones similares, los jueces, individuos del ministerio fiscal, secre-tarios ele tribunales y juzgados ‘y oficiales de justicia’ están impedi-dos de adquirir por compra los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercieren sus res-pectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al acto, de adquirir posesión. Esta misma prohibición incluye expresamente ‘los aboga-dos respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio.’
“El Código Civil Español contiene prohibiciones similares y los autores españoles convienen en que, de acuerdo con el derecho es-pañol, el convenio celebrado por un abogado de incoar un procedi-miento por parte de los bienes envueltos, está prohibido y en su consecuencia es nulo.’’

¿Prohíbe la legislación vigente en absoluto el pacto de quota litis como lo prohibían Las Partidas y la Nueva y la Novísima Recopilación?

Ta hemos visto que dos grandes comentaristas del Código Civil Español difieren en sn criterio sobre el particular. Manresa estima que sí; que no Scaevola. Éste se ajusta a la letra, aquél pretende interpretar su espíritu a la luz de las viejas prescripciones.

Acabamos de ver la interpretación de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito. Se inclina a la afirma-tiva, pero lo hace como un argumento más después de haber llegado a la conclusión de que el contrato envuelto en el li-tigio sometido a su consideración y resolución era nulo por ser contrario a la política pública a virtud de las estipula-ciones que lo integraban. Quizá si considerando aisladamente el artículo 1362 del Código Civil que forma parte de las dis-posiciones relativas al contrato de compraventa, hubiera va-cilado en decidir si contiene o no una prohibición absoluta del pacto de quota litis. Expresa no la contiene. Implícita quizá, aunque llama mucho la atención que después de existir una legislación expresa tan clara y precisa como la de las Partidas y Recopilaciones, el Código no la siguiera si seguirla en verdad era su propósito. Tal vez el legislador español dejó impreciso su criterio para que fueran las circunstancias especiales de cada caso las que llevaran, como llevaron a la Corté de Circuito de Apelaciones en el de Jones v. Pettingill, supra, a declarar la nulidad.

Revisando la jurisprudencia americana encontramos gran número de decisiones que sostiene que no es nulo en sí mismo el pacto por virtud del cual el abogado se aviene a proseguir un litigio y a cobrar por su trabajo si el resultado es favorable un tanto por ciento' de lo que obtenga su cliente. Su nu-lidad depende de las circunstancias concurrentes. Para no alargar indebidamente esta opinión nos limitaremos a citar dos casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el de Taylor v. Bemiss, 110 U. S. 42 y el de Wright v. Tebbitts, 91 U. S. 252.

En el primero, hablando por la Corte, el Juez Sr. Miller se expresó así:

“Aún resta por considerar si en este contrato sobre locación de servicios existe algo que, después de haber sido plenamente cum-plido por ambas partes, exija sea declarado nulo por una corte de equidad y que se devuelva el dinero recibido de conformidad con el mismo. En el caso de Stanton v. Embrey, 93 U. S. 548, se resol-vió que los contratos celebrados por abogados respecto a honorarios por proseguir reclamaciones contra los Estados Unidos no eran nu-los por haberse hecho depender su cuantía del éxito que se pudiera obtener o de la suma que se recobrara. Y las bien conocidas difi-cultades y demoras en obtener el pago de reclamaciones justas que no están dentro del curso ordinario de los procedimientos de los fun-cionarios fiscales del Gobierno, justifican que se haga una compensa-ción liberal en aquellos casos en que se tiene éxito, y en que ninguna ha de recibirse en caso de que se fracasase.
“Cualquier otra regla sería muy injusta para con aquellos acree-dores de pocos recursos que residen lejos de la capital y que no están en posición de ofrecer dinero ni de prestar su atención personal para garantizar sus derechos.
“Sin embargo, esto no borra la sospecha que naturalmente existe en tales contratos y cuando se puede demostrar, que éstos son ob-tenidos del litigante mediante influencia indebida por parte del abo-gado contra el cliente o por medio de fraude o dolo o que la com-pensación es claramente excesiva de tal suerte que equivale a una extorsión, en un caso adequado la corte protegerá a la parte perju-dicada. Si bien el cincuenta por ciento parece ser una suma más de lo razonable para la división entre abogado y cliente en un caso ordinario, no estamos preparados para asumir que equivalga a una extorsión por esa razón solamente y las declaraciones de los letrados a ese respecto, como peritos, no justifican tal conclusión. Eli el caso que pénde ante nos no bay duda de que los abog'ados de la Sra. Bemiss no ejercieron influencia alguna sobra ella para obtener los honorarios estipulados en el contrato. Ellos no la habían cono-cido hasta el momento del pacto y no fué a instancias de ellos o de sus agentes que ella vino a verles. En su primera carta sobre la materia dirigida a los abogados ella les ofrecía el cincuenta por ciento y nada más solicitaron ellos.
“Las declaraciones, de dos de los jueces que constituían la corte demuestran que el caso fué difícil y complicado y que tanto Taylor como Wood lo atendieron con tesón y que a él prestaron mucha aten-ción y tiempo y que estuvieron en la corte considerable tiempo.
“Parece probable que la Sra. Bemiss fuera mujer impaciente y poco astuta, mas no hay prueba relativa a tal torpeza de su parte que la incapacite para celebrar un contrato ni el menor indicio de que se obtuviera alguna ventaja de ella en cualquier estado de los procedimientos. Por el contrario, el pago efectuado por los abo-gados principales de dos quintas partes de los honorarios conveni-dos por ellos a otros abogados por ella contratados sin consultarles, por los cuales ella era responsable mientras que ellos no lo eran, podrá demostrar lo que se desee menos coerción o conducta opresiva y serviría mucho para mitigar cualquier objeción a que se le dé validez al contrato fundado en la idea de que existe compensación excesiva.” Taylor v. Bemiss, 110 U. S. 42, 45.

JOn el segundo la opinión fué escrita por el Juez Presi-dente Sr. Waite. Uno de los errores señalados se formula así: “Porque es un contrato basado en un convenio para ini-ciar un pleito, (because it is cliampertous), ya que se acordó pagar el diez por ciento de lo que se obtuviera.” Discutién-dolo dijo la Corte:

“En Wylie vs. Coxe, 15 How. 415, resolvimos que un convenioen que se acordaba pagar un tanto por ciento razonable de la suma obtenida no era un contrato ilegal. En el presente caso después que se prestaron los servicios y según se exponía después que se ha-bía garantizado la reclamación Wright convino en pagar el diez por ciento de la suma que eventualmente se obtuviera como compensa-ción por los servicios prestados. No vemos razón alguna para que bailemos objeción a esto; y el jurado parece haber adoptado tam-bién esta regla, que las partes establecieron para sí mismos, para representar el verdadero criterio para calcular el valor razonable de los servicios prestados.” Wright v. Tebbitts, 91 U. S. 252, 254.

Parece, pues, que el criterio más justo no es condenar el pacto en sí, sino juzgarlo de acuerdo con las circunstancias que en él concurran. Constituye algo que siempre ha sido mirado con prevención, que debe evitarse, ya que son muchas las razones fundamentales que militan en su contra, pero el legislador moderno enfrentándose abiertamente con la situa-ción, se ha dado cuenta de que existen casos en que la justicia sería difícil que fuera defendida a no ser en esa forma y ha preferido dejar que sean los hechos los que hablen por sí mis-mos en cada transacción.

Aplicando esa regia, un pacto como el celebrado en el caso de Jones v. Pettingill, supra, será resuelto siempre en los tribunales puertorriqueños en el sentido de decretar su inefica-cia porque allí no sólo se convino en pagar un tanto por ciento, si que además eran los abogados los que sufragaban los gastos del litigio y la parte quedó atada de tal modo que se obligó a no transar sin la intervención y conocimiento de los abogados, pudiendo interpretarse la transacción como una compraventa de bienes en litigio, que es lo que expresamente prohíbe el Código Civil. Aquí los hechos sólo demuestran que la remuneración de los abogados estaba sujeta a la suerte que corriera el pleito, fijándose en una cantidad proporcional a la que el demandante obtuviera. No consta que los abo-gados se comprometieran a pagar los gastos. No aparece que ejercieran indebida influencia con su cliente ni que éste que-dara a ellos de tal manera atado que perdiera su libertad de contratación. No hay indicio de fraude alguno. La misma espontaneidad con que el asunto fue revelado por uno de los abogados del demandante después que la parte demandada había admitido en su impugnación que los honorarios valían $250 y su único testigo acababa de declarar que podían ta-sarse en trescientos o trescientos cincuenta dólares, demues-tra que se había actuado a las claras, bajo la impresión de que nada contrario a la ley se había hecho.

No satisface en verdad la transacción. El cincuenta por ciento en un caso como el de autos parece excesivo. Es una práctica que no debe tener la acogida favorable de las cortes. La conciencia del juzgador sufre porque quisiera actuar mar-cando rumbos más en armonía con la justicia como son los de dejar la fijación de los honorarios a la justa apreciación de su valor después de rendidos los servicios cualquiera que fuere la cantidad que se obtenga en el litigio, pero no creemos que atendido el estado de la ley y de la jurisprudencia, los hechos de este caso permitan a la corte rechazar la reclama-ción de plano por considerar el contrato viciado de nulidad.

El mismo legislador puertorriqueño ha dado su sanción expresa a pactos de quota litis al disponer en la sección 49 de la Ley No. 84 de 1928, sobre indemnizaciones a obreros, leyes de 1928, p. 625, 687, que:

“Cualquier contrato, convenio o estipulación que se celebre entre el obrero lesionado o sus herederos de acuerdo con esta Ley, y un abogado, para el pago a éste de honorarios cuya cuantía dependa del resultado del pleito, será nulo y no tendrá fuerza ni efecto legal-a menos que se haga por escrito y sea aprobado por la Comisión Industrial o el juez de la corte correspondiente, según fuere el caso.
“Cualquier convenio para el pago de honorarios a un abogado, de una cantidad que exceda del diez por ciento de la suma obtenida por un obrero como compensación será ilegal y nulo, y el otorga-miento de tal contrato, o el recibo efectivo por dicho abogado de una cantidad que exceda del diez por ciento de la suma obtenida en el juicio, será ilegal y nulo, y constituirá mala conducta por parte del referido abogado, castigable con suspensión o privación del ejer-cicio de la profesión de abogado, después de incoarse procedimientos adecuados contra el delincuente de acuerdo con las leyes existentes.7 ’

Examinada, pues, la cuestión desde sus varios ángulos se concluye que el cuarto error señalado tampoco existe, debiendo en su consecuencia confirmarse la resolución recurrida.

También apeló de la resolución fijando los honorarios en seiscientos dólares la parte demandante. En marzo 15, 1932, la parte demandada solicitó la desestimación del recurso basándose en no haberse archivado la transcripción de la evi-dencia. Se opuso la parte demandante invocando cierta or-den de la corte sentenciadora dictada a los efectos de que la misma transcripción sirviera para ambas apelaciones y la cuestión fué resuelta en los términos que constan de nuestra opinión de abril 8, 1932, que obra en el récord.

La parte demandada solicitó reconsideración y ambas par-tes fueron oídas sobre la moción en el acto de la vista del re-curso en su fondo. A virtud de la nueva argumentación de la parte demandada y de un mayor esclarecimiento de los hechos tales como ocurrieron, no habiéndose avenido el de-mandante a pagar su parte correspondiente en los gastos de la transcripción, precisa concluir que la orden de la corte sen-tenciadora se dictó sin una base apropiada y no puede favo-recer al dicho demandante.

Insistimos en que no deben radicarse transcripciones se-paradas para apelaciones contra la misma sentencia en que se trata de récords iguales, pero convenimos en que debe exis-tir un acuerdo entre-las partes sobre el pago de los gastos. No sería justo imponer a una sola de ellas todo el peso de los mismos.

En tal virtud, procede la reconsideración, debiendo deses-timarse la apelación interpuesta por él demandante por no haberse perfeccionado a tiempo.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con la sen-tencia.


text:
    Luis Izquierdo, demandante y apelante, v. Celestino Andrade, hoy sus hijos, Martín, Alejandrina, Margot, Dolores, Matilde y Sinesia Andrade, demandados y apelados.
    No. 5375.

    Sometido: Mayo 11, 1932.

      Resuelto: Marzo 17, 1933.

      E. Martínez Rivera, abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez viene este pleito ante este tribunal. La primera £ué fallado sobre las alegaciones. La corte de dis-trito decidiendo una excepción previa resolvió que no habién-dose becbo parte en el pleito al dueño del vehículo, ni ale-gándose que estuviera en él al ocurrir el accidente; y que no siendo tampoco el demandado dueño del carro, ni alegándose que iba en él, y no alegándose que el automóvil fuera público, el demandante carecía de acción para reclamar los daños y perjuicios que sufriera a virtud de un accidente ocasionado por el carro en cuestión guiado negligentemente por una persona por encargo del demandado. Resolviendo el recurso esta Corte Suprema revocó la sentencia apelada ordenando que la resolución declarando con lugar la excepción previa se enmendara en el sentido de permitir una enmienda a la de-manda dentro de diez días de radicado el mandato en la corte inferior.

Del resumen de la decisión de esta Corte que se encuentra reportada en 39 D.P.R. 938, transcribimos lo que signe:

“En acción de daños y perjuicios con motivo de un accidente de automóvil ocasionado por la negligencia del chauffeur empleado por el demandado, como comodatario, el dueño del vehículo no es una parte necesaria en dicha acción.
“En acción de daños y perjuicios con motivo de un accidente de automóvil ocasionado por la negligencia del chauffeur empleado por el demandado, como comodatario, la presencia del dueño del ve-hículo, en el carro, al ocurrir el accidente, no es un factor esencial en la causa de acción del demandante.
“La propiedad de una empresa en relación con la cual se uti-liza un vehículo, y no la propiedad del carro, es lo que determina la responsabilidad del demandado — ya sea dueño o comodatario— por los daños y perjuicios ocasionados por la negligencia de un empleado — chauffeur—; la responsabilidad no siempre depende del carácter público del carro, sino que puede ser de si éste se usaba o no para fines de negocio o en relación con una empresa.”

Solicitada reconsideración, se negó por las siguientes ra-zones :

“El apelante solicita la reconsideración por el fundamento de que el presente caso debe regirse por el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil y no por el 1804 del Código Civil. Hubo al-guna argumentación respecto a este extremo en el alegato y durante la vista, pero tal como se presentó la cuestión no se precisó una dis-cusión seria. Los únicos casos en que se descansaba fueron y son Román v. Vázquez, 29 D.P.R. 791, y Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743. No estamos preparados por el momento para resolver que el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil establece una nueva regla de respondeat superior. La opinión en el caso de Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co. tiende a sostener el criterio contrario y no está en conflicto con nada de lo dicho en el caso de Bomán.
“Debe declararse sin lugar la moción.”

Devuelto el pleito a la corte de distrito, se enmendó la de-manda. Contestó el demandado. Celebróse el juicio y otra vez se dictó sentencia en contra del demandante y éste apeló.

De la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora transcribimos lo que signe:

‘ ‘ Como resultado de las admisiones becbas y como resultado de la evidencia introducida, la corte declara probados los siguientes-hechos:
“Allá por el día 26 de abril de 1928, Joaquín Morales, dueño de un automóvil ‘Cadillac’, se lo prestó a Celestino Andrade (causante de los demandados). Celestino Andrade mandó a Reyes Ríos Cabán (chauffeur autorizado) que guiara dicho vehículo, conduciendo den-tro de él a Julia Mestre (concubina de Andrade) y a una sobrina de éste desde San Juan a Areeibo en viaje de ida y vuelta, con el único y exclusivo fin de ir donde lina espiritista a buscar aguas cu-rativas para uso personal de Celestino Andrade.
“Celestino Andrade era, entonces, contratista de ciertas obras que se realizaban en la escuela ‘José Celso Barbosa,’ de San Juan, y en dicha obra, y bajo las órdenes de Andrade y pagados por él, trabajaban los antes mencionados Joaquín Morales (como carpintero) y Reyes Ríos Cabán (como auxiliar).
“Cuando el referido ‘Cadillac’, guiado por Reyes Ríos Cabán, regresaba de Areeibo, al entrar en el pueblo de Bayamón, y debido a la negligencia del referido chauffeur Ríos Cabán, arrolló al niño Luis Izquierdo, hijo legítimo del demandante, falleciendo el niño Luis a consecuencia, del accidente, nueve (9) días después de ocurrido el mismo.
“Se ha probado que el niño Luis Izquierdo era completamente sa-ludable y estaba en primer grado en una escuela; y que el deman-dante Luis Izquierdo, con motivo del accidente perdió a su hijo Luis; se le enfermó su mujer; a causa de la enfermedad de ésta, que le provino como consecuencia del accidente, murió una hijita del de-mandante a la que daba todavía de mamar la madre; tuvo que gas-tar el demandante en médico y medicinas; perdió su trabajo en que gauaba $24 por semana y experimentó grandes sufrimientos mo-rales.
“Si esta acción fuera dirigida contra el chauffeur Reyes Ríos Ca-bán, no tendría esta Corte nada más que dictar una sentencia in-mediatamente contra él.
“Pero la demanda va dirigida contra Celestino Andrade (hoy su sucesión) y tenemos que resolver si Celestino debe responder por la negligencia del chauffeur Ríos Cabán.
“Ésta es la cuestión primordial a resolver en el presente caso. T a resolverla vamos.
“No cabe duda alguna que Celestino Andrade era el dueño de la empresa de las obras de construcción que se realizaban en la es-cuela ‘Doctor Barbosa’. Pero, se ba probado, más allá de toda duda razonable, que el viaje de San Juan a Areeibo fue ‘con el único y exclusivo fin de ir donde una espiritista a buscar aguas curativas para uso personal de Celestino Andrade.’
“Con esos hechos probados no hemos podido llegar sino a la si-guiente conclusión: ‘Que Celestino Andrade no envió.a su concubina y chauffeur en gestiones de negocios a Areeibo y que el carro ‘Cadillac’ no fué usado en relación con el negocio del demandado ni en llevar a cabo un asunto mercantil o una empresa, al ocurrir el accidente. Y para llegar con firme convencimiento a esa conclusión, hemos estudiado muy cuidadosamente la doctrina expuesta por la Corte Suprema-de Puerto Rico en el caso Candal vs. Sociedad Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 886, que copiada literalmente es como sigue:
“ ‘De acuerdo con la ley según está ahora en vigor, un hombre de negocios que pide por teléfono que le traigan su Carro no sería responsable de daños y perjuicios ocasionados por la negligencia de su empleado, el conductor, mientras éste se dirige- a la ciudad en cumplimiento de lo solicitado en la llamada. Pero si el mismo carro, mientras no está siendo utilizado por el mismo dueño, se utiliza para efectuar entregas en conexión con el negocio del dueño, y ocurre un accidente debido a la negligencia del conductor mientras el ve-hículo está siendo así usado, entonces el dueño es responsable. Si el dueño de una central azucarera envía su carro privado con un chauffeur acompañado de un inspector de caña en un viaje de inspección por las fincas de los colonos que sean partes en contratos de molienda o de refacción agrícola efectuados con dicho dueño, éste sería res-ponsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir como resultado de la negligencia de su chauffeur. Si ocurriera un accidente similar mientras el chauffeur del mismo carro se dirigiera a un teatro con el fin de poner el vehículo a disposición del dueño y su familia después de la función de acuerdo con instrucciones recibidas del dueño, éste no sería responsable.’
“Por .todo lo anteriormente expuesto y vistos, además, el artículo 3804 del Código Civil y los casos Vélez vs. Llavina, 18 D.P.R. 657, Truyol vs. West India Oil Company, 26 D.P.R. 361, y Alicea vs. Aboy, 23 D.P.R. 108, la Corte es de opinión que debe dictarse una sentencia declarando que la ley y los hechos están en contra del de-mandante y a favor de los demandados, y consecuentemente, declarar sin lugar, en todas sus partes, la demanda; todo ello sin especial condenación de costas.”

En su alegato la parte apelante admite que si su reclama-ción se basara en los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, dada la interpretación de esta corte de la doctrina de respon-deat superior que surge del ultimo de ellos, tendría razón la Corte de Distrito. Pero insiste fuertemente en la cuestión que planteara en su moción de reconsideración, a saber: que' su acción no se basa en los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, sino en el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil y que siendo ello así carece de importancia el hecho de si el automóvil se usó o no en beneficio de la empresa del de-mandado.

El artículo 60 invocado dice:

“Artículo 60. Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, puede entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por daño a un menor o pupilo, o muerte de éste, cuando dicho daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dicha de-manda podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por otra persona responsable ile su conducta, también contra ésta.”

Es substancialmente igual al artículo 376 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, que ha sido interpretado por la Corte Suprema de dicho estado, como sigue:

“Estatutos como este artículo crean un derecho enteramente dis-tinto al investido en la persona lesionada antes de su muerte.” 172 Cal. 407.
“El artículo crea un derecho enteramente distinto de aquél in-vestido en la persona lesionada antes de su muerte.” 39 Cal. App. 377.
“El artículo 376 según fué enmendado, otorga una causa de ac-ción por un acto negligente que produzca la muerte de un menor, mas no en todos los casos. Si el menor no tiene padre vivo, o tutor, ninguno de los dos artículos concede causa de acción por su muerte, aunque dicho menor sea sobrevivido por una esposa, esposo, hijos o hermanos o hermanas.” 159 Cal. 276.
“Se da una acción enteramente nueva contra la persona que hu-biera sido responsable al interfecto si éste hubiera vivido — una acción que ... es nueva en su clase, nueva en su calidad, nueva en sus principios, nueva en todo sentido, y que sólo puede ser instada si hay alguna persona que responda a la descripción de la viuda, padre o hijo que bajo tales circunstancias sufra pérdida pecuniaria.” 35 Cal. App. 51-52-53.

En el caso de Días v. P. R. Ry. Lt. & P. Ro., 21 D.P.R, 78 en el que se trataba de una acción de daños y perjuicios ini-ciada por una madre natural por la muerte de su hijo, esta Corte se expresó así:

“No hay duda alguna con respecto a cuál es la ley aplicable en este caso. Si algún derecho tiene la parte demandante, tal derecho surge del artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, vigente en Puerto Rico desde 1904, que copiado a la letra, dice así:
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“Dicho artículo es similar a la sección 3163 de las leyes de Idaho, 3 Idaho Codes Annotated, 55; a la 578 del Código de Enjuicia-miento Civil de Montana, 3 Montana Codes Annotated, 96 y a la 267 de los Estatutos Revisados, 1894, de Indiana, y se diferencia únicamente de la sección 376 del. Código de Enjuiciamiento Civil de California, Codes of California Annotated, Civil Procedure, p. 122, en que en la de California no aparecen las palabras: “and a guwrdian for the injury or death of his wm’d” que figuran en los Códigos de Idaho, Montana, Indiana y Puerto Rico.
“Siendo, pues, la procedencia de la ley aplicable a este caso ge-nuinamente americana, debemos acudir para interpretarla a la ju-risprudencia de los Estados Unidos.”

Sin embargo, tres años antes, en el caso de González v. San Juan Light & T. Co., 17 D.P.R. 124, había resuelto:

“La. acción establecida en el caso de autos, y que tiene por ob-jeto reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que sufriera la demandante por la muerte de un hijo suyo, ocasionado por la culpa o negligencia de la compañía demandada, está autori-zada por las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil, que constituyen nuestro derecho substantivo en esta materia.”

En el caso de Arreche et al. v. P. R. Ry. Lt. & P. Co., 31 D.P.R. 445, volvió a considerarse la cuestión y entrelazando los preceptos del Código Civil con los del Código de Enjuicia-miento Civil, se expresó así:

“La regla general contenida en el artículo 1803 se concretó, en cnanto a los casos fijados en los mismos, en los artículos 60 y 61, y son éstos, como última expresión y como disposición específica del pensamiento legislativo, los que deben aplicarse.”

Más tarde, en. el caso de Orta v. P. R. Ry. Lt. & P. Co., 36 D.P.R. 743, al confrontarse en una reclamación de nn padre por la muerte de un hijo menor de edad, con el problema de la medida de los daños, volvió a revisar el asunto, expresán-dose como sigue:

“La demandada sostiene que en este caso solamente hubo prueba de que el muchacho estaba ganando algún dinero, y que, por tanto, la concesión de $3,000 era enteramente excesiva. La Corte de Dis-trito de San Juan en su opinión no trató de expresar las razones que tuvo para conceder la suma de $3,000, a no ser manifestando que dicha suma de $3,000 era una indemnización suficiente.
“En el caso de González v. San Juan Light & Transit Co., supra, se fijó el artículo 1803 del Código Civil como la fuente primordial de una acción de daños y perjuicios, como sigue:
“ ‘El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.’
“Y entonces la corte continuó expresándose así:
“ ‘De modo que la reclamación de la demandante en el presente caso, se halla al amparo de este precepto legal que le reconoce el derecho de que se le repare por la demandada el daño causado a ella, por la muerte de su hijo, si dicha muerte fué causada por al-gún acto u omisión de dicha compañía en que intervino' culpa o negligencia.
“ ‘Este es nuestro derecho substantivo en materia de indemni-zación de daños y perjuicios, y de acuerdo con sus disposiciones, se-gún se interpretan por la jurisprudencia vigente, es que deben los tribunales resolver las cuestiones que se les sometan para su resolu-ción ; y por tanto, la demandante tiene derecho, en. casos en que intervenga culpa o negligencia por parte de la compañía demandada, a recobrar de ésta, los daños y perjuicios que realmente le hayan sido causados, cualesquiera que fueren.’
“En el caso de Arreche et al. v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 31 D.P.R. 445, también resolvimos que el artículo 1803 del Código Civil es la fuente primordial por la cual un demandante puede hacer a un demandado responsable de la muerte de otra persona. Entonces citamos los artículos 60 y 61 del Cogido de Enjui-ciamiento Civil como que eran la última expresión de la Legislatura con respecto a acciones por la muerte ele una persona; sin embargo, en el caso de Arrecbe considerábamos específicamente quién tenía derecho a entablar la demanda. Citamos el tomo 17 de C. J., 1262, al efecto de que los artículos 60 y 61 eran la última expre-sión respecto a las personas que tenían derecho a entablar una acción por la muerte de otra.
“En el caso de Maldonado v. Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, concedimos indemnización por daños y perjuicios, incluyendo el sufrimiento mental causado al padre del niño muerto. Algunas dudas han surgido sobre nuestra decisión en este caso con motivo de las varias decisiones de la Corte, Suprema de los Estados Unidos y de la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso de American Railroad Co. of P. R. v. Santiago, 9 F. (2d) 753.
“En dos casos de la Corte de Distrito de- los Estados Unidos para Puerto Rico, o sea, en los casos de Torres v. Ponce Railway, etc., Co., 1 P. R. Fed. 476, y Borrero v. Compañía, etc., 1 Fed. 144, se resolvió que mía acción fundada en la muerte ilegal de una persona existía sin que hubiera estatuto alguno al efecto de acuerdo con las leyes de España. En el tomo 17 de Corpus Juris, pág. 1184, nota No. 20, se hace referencia a estos casos.
“Entonces, es evidente que en Puerto Rico la causa de acción no dependía ni depende exclusivamente de los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. La causa de acción no fue creada por primera vez por estos artículos. Dado el estado anterior de la ley en Puerto Rico, examinemos estos artículos para ver el efecto que en realidad han tenido. Se nota inmediatamente que estos dos artículos se colocan bajo el capítulo del Código de Enjuiciamiento Civil que trata de las partes en las acciones civiles. Determinan las personas que pueden entablar una acción por muerte ilegal. Tal vez concedan el derecho a entablar una causa de acción a personas que anteriormente no lo tenían e impidan que otras personas ejer-zan derechos similares. No hallamos nada en estos artículos que demuestre que la Legislatura pensara que estaba creando una causa de acción por primera vez. Por el contrario, la legislatura tiene que haber sabido que existía el artículo 1803 del Código Civil y no trató de derogarlo o de restringirlo.”

La jurisprudencia de Orta, supra, fué seguida en el caso de Carbou Rodríguez v. Mir, resuelto poco después, 36 D.P.R. 809, 814, en que se dijo:

‘ ‘ Esto no obstante, estimándose que la situación jurídica en Puerto Rico era distinta, que los artículos 60 y 61 del Código de Enjuicia-miento Civil no eran la fuente original de la concesión de daños, sino los artículos 1803 y 1804 del Código Civil y que las Cortes Suprema y de Circuito no habían tenido aún. la oportunidad de resolver el problema a la luz de todas esas consideraciones, se sostuvo la juris-prudencia establecida en el caso de Maldonado, supra.

Y así quedaron armonizados los indicados preceptos dando a los del Código Civil el carácter de lejr substantiva y de ad-jetiva a los del Código de Enjuiciamiento.

Se sostiene ahora que el tribunal debe ir más lejos en cuanto al alcance que ha reconocido a los del último código, y, después de un detenido estudio, creemos que tiene razón el apelante. Seguiremos sosteniendo que la fuente primordial en Puerto Rico para la reclamación de daños causados por acción u omisión por una persona o por otra de quien deba responderse, está en los artículos 1803 y 1804 del Có-digo Civil, pero sostenemos también que los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil constituyen la ley sus-tantiva para aquellos casos no comprendidos en los artícu-los 1803 y 1804 del Código Civil y a que se refieren de acuerdo con sus términos y con la jurisprudencia interpretativa de los mismos.

En el caso de Orta no obstante tratarse de una reclama-ción de un„ padre por la muerte de un hijo, la reclamación estaba claramente sostenida por los artículos 1803 y 1804 porque la parte demandada era una empresa. Aquí no. Aquí la acción, de existir, estaría basada únicamente en el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dichos pre-ceptos no están en conflicto. Se complementan. En el pro-pio caso de Orta, supra, se dijo con referencia a los del Có-digo de Enjuiciamiento Civil: 4 ‘ Tal vez concedan el derecho a entablar una causa de acción a personas que anteriormente no lo tenían.”

La Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito ha dado por sentado que una acción emana del artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil. En el caso de American R. Co. of Porto Rico v. Santiago, 9 P. (2d) 753, resolvió:

“En una. acción en que el padre tiene derecho a demandar por la muerte de un hijo menor de edad, de conformidad con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, la moción de la parte demandada para que se desestime la demanda al ter-minarse de presentar toda la prueba, fué debidamente declarada sin lugar, a pesar de que el padre dejó de probar daños substan-ciales, ya que éste de todos modos tenía derecho a recobrar por lo menos daños nominales.”
“En una acción por la muerte de un hijo menor de edad in-coada de acuerdo con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, la corte debe instruir al jurado, al determinar la pérdida pecuniaria sufrida por el padre, que puede considerar la duración probable de la vida del padre y los beneficios pecuniarios que razonablemente pudo esperar recibir del hijo durante el período ordinario de vida que se esperaba éste tuviera, así como el dinero,, la atención personal, el cuidado, la protección y asistencia recibidos. del hijo, mas no los dolores y sufrimientos de este último o la pena, del padre, y que nada debe concederse por concepto de daños vin-dicatorios (vindictive damages).”

Ahora bien, al aplicar la regia de respondeat superior en el caso del artículo 60 cuando se trata de automóviles, ¿debe hacerse siguiendo la jurisprudencia general del continente o la especial de Puerto Rico sobre la materia?

La parte apelada en un alegato que presentó cuando se señaló la nueva vista del recurso para ante el tribunal en pleno, entre otras cuestiones levanta la de que aunque sea el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil el que rija el caso, la sentencia de la corte de distrito debe confirmarse. Se basa para sostenerlo en el artículo 17 de la Ley de Automóviles y en el caso de Candal v. Sociedad Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874, 885.

En el caso de Candal, supra, esta corte se expresó en efecto así:

“Es cierto, según se indicó en el caso de Morales v. Caraballo, 27 D.P.R. 591, que el artículo 17 de la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, aprobada poco después de la decisión de este tribunal en el caso de Alicea V. Aboy, supra, hace responsable al dueño de cualquier vehículo de motor por los daños causados debido a la negligecia del conductor o chauffeur mientras tal dueño se encuentra en el vehículo. Pero esa disposición es en efecto una en-mienda del artículo 1804 del Código Civil tal como fué interpretado por esta corte, y no altera o modifica en forma alguna la interpre-tación dada al artículo últimamente mencionado en lo referente a la responsabilidad del dueño de un automóvil privado, cuando dicho dueño no se halla en el vehículo en el momento en que ocurre el ac-cidente. No solamente por el contexto del artículo 1804 según ha .sido interpretado por este tribunal, si que también por una ratifica-ción legislativa tácita y por la aprobación de tal interpretación judicial, el dueño de. un automóvil que no es usado como parte de una * empresa,’ o en relación con la misma, está exento de toda respon-sabilidad civil por la ‘culpa’ o negligencia de su chauffeur, a menos que tal dueño esté dentro del carro en el momento en que ocurra el accidente. Si no fuera por la reciente limitación legislativa sobre tal exención, el dueño de un automóvil privado que no es usado en relación con una ‘empresa’ todavía estaría exento de toda respon-sabilidad legal, aun cuando estuviera sentado al lado de su chauffeur al tiempo de ocurrir un accidente debido a la culpa o negligencia de ese empleado, mientras éste actúe dentro de las atribuciones de su empleo.”

La Ley de Automóviles contiene la última expresión de la voluntad de la Asámblea Legislativa de Puerto Bico. Se aprobó mucho después del Código Civil y del Código de En-juiciamiento Civil y si se estimó que modificaba en sentido liberal el artículo 1804 del Código Civil, no hay motivo justi-ficado para sostener que no se aplique para modificar en sen-tido restrictivo el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil. T siendo ello así no puede prosperar la acción del de-mandante, porque Celestino Andrade, el demandado, no via-jaba en el automóvil cuando ocurrió el accidente.

Hay otra cuestión suscitada por la parte apelada en su indicado alegato que aunque no llegáramos a la anterior conclusión nos llevaría quizá también a la confirmación de la sentencia al vernos obligados a desestimar el recurso, y es la de que la transcripción no contiene la de la evidencia qne sirvió de fundamento a la corte de distrito para dictar su sen-tencia. El recurso se lia argumentado a base de la aprecia-ción de la evidencia que contiene la relación del caso y opinión en que se funda la sentencia y la parte apelada sostiene que ella presentó evidencia sobre ciertos particulares tales como que Celestino Andrade no tomó en comodato el automóvil sino en arrendamiento y que el chauffeur Reyes Ríos que lo guiaba cuando ocurrió el accidente era el chauffeur del dueño del carro, evidencia que no fué creída por la corte de distrito pero que tendría que ser revisada por la Corte Suprema antes de proceder a revocar la sentencia recurrida. En una palabra, el apelado sostiene que aquí están envueltas no sólo cuestiones de derecho si que también de becbo y que la ape-lante no ha colocado a la corte de apelación en las mismas condiciones en que se encontraba la de primera instancia al resolver el litigio.

A virtud de todo lo expitesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el re-sultado.