author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, demandante, apelada y apelante, v. Josefa Aguayo Casals et al., demandadas, apelantes y apeladas.
    No. 5864.

    Sometido: Abril 24, 1933.

      Resuelto: Abril 26, 1933.

      Tons Soto & Zapater, abogados de las apelantes apeladas; Guerra-Mondragón é Soldevila, abogados de la apelada apelante.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por dos motivos: 1°., porque el documento radicado en la corte de distrito como notificación del recurso contiene dos avisos de apelación, uno contra la orden de que aquí se trata, o sea la relativa al memorándum de costas y otro contra otra orden dictada el mismo día en el mismo pleito con referencia a la aprobación de un dictamen arbitral, habiéndose adherido y cancelado sellos de rentas internas por valor de cinco dó-lares en vez de diez, y 2°., porque la transcripción no contiene copia de la sentencia pronunciada en el pleito.

Examinada la transcripción, encontramos que ambas partes apelaron contra la resolución de la corte fijando finalmente las costas y desembolsos en la suma de $3,018.

La apelación de las demandadas, que es la que la deman-dante pide que se desestime, se interpuso por medio de un escrito que copiado a la letra en lo pertinente dice:

“Las demandadas, por sus abogados que suscriben, notifican a ustedes que apelan ante la Corte Suprema de Puerto Rico, de las órdenes de esta Honorable Corte, dictadas después del fallo, y afec-tando a derechos substanciales de estas partes, todas dictadas en 29 de julio de 1931, en el presente caso, a saber: (a) Orden en el inci-dente de rendición y aprobación de cuentas.
< < * « * * * * «
“(6) Orden en el incidente de costas.” ' :

Según certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Ponce a ese escrito se adhirió un sello de rentas internas por valor de cinco dólares sin que para su radicación se acompañara ni cancelara ningún otro sello.

La exacta cuestión suscitada ha sido ya resuelta por esta corte en contra de la contención de la demandante. En el caso de Dessús v. Ricci, 27 D.P.R. 750 la corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“En un solo escrito interpuso la parte apelante recurso de apela-ción contra dos resoluciones de la corte inferior y adhirió a dicho escrito un sello de rentas de cinco dólares.
“Fundándose en este hecho solicita la parte apelada la desestima-ción de las apelaciones por entender que debieron adherirse al escrito dos sellos de a cinco dólares cada uno por tratarse de dos apelaciones.
“El apartado D de la sección 2a de la Ley No. 17 de 1915 para regular el cobro de los derechos y costas en los asuntos civiles en las cortes de distrito y municipales dispone lo siguiente: ‘Por cada escrito de apelación de'una corte de distrito al Tribunal Supremo, $5.’
“Como las palabras de una ley deben ser 'generalmente enten-didas en su más corriente y usual signifiación; y como lo que exige la ley es que se paguen cinco dólares por cada escrito de apelación, entendemos que la apelante cumplió con ese precepto a pesar de que su escrito contiene dos apelaciones pues según la letra de la ley sólo bay que pagar cinco dólares por cada escrito de apelación y no por cada apelación que se establezca en el escrito.”

Tampoco procede la desestimación por el segundo motivo. La sentencia forma parte del récord de este recurso. En abril 2, 1932, las demandadas presentaron una moción notificada a la demandante por virtud de la cual basándose en la Eegla 40 b de las de esta corte, pidieron que la transcripción en el recurso No. 3898 Elvira Juana Manuela Joaquina Fernández v. Josefa Aguayo et al., sobre nulidad y otros ex-tremos, que contiene dicha sentencia, se tuviera como parte de esta transcripción, y la corte proveyó de conformidad.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wolf,

license: Public Domain

text:
    United Porto Rican Sugar Co. (of Puerto Rico), peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez; La Comisión Industrial de Puerto Rico y Augusto R. Soltero, Superintendente de Seguros de Puerto Rico, demandados.
    No. 55.

    Sometido: Marzo 21, 1932.

      Resuelto: Abril 27, 1933.

      J. Henri Broten y Walter L. Newsom, Jr., abogados de la peticiona-ria; Hon. Procurador General Interino A. Ortiz Toro y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la Comisión Industrial; V. Brunet, abogado del Superintendente de Seguros.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Perfecto Torres era un empleado de la peticionaria. Tra-bajaba en la lancha de vapor “Ana Mercedes” y puede ad-mitirse que era un marino según es entendida esta palabra. A poca distancia del puerto de Humaeao, mientras la lancha “Ana Mercedes” se separaba de un ancón de acero, se de-sató un fuerte ventarrón, a consecuencia del cual Perfecto Torres sufrió lesiones y murió poco tiempo después. Una hermana de Perfecto Torres presentó reclamación a la Co-misión Industrial de conformidad con la Ley de Indemniza-ciones a Obreros. El caso fué apelado a la Corte de Distrito de Humaeao, la que confirmó la resolución de la Comisión Industrial. La suma concedida fué $1,583.34.

Cuando se presentó originalmente la reclamación del obre-ro, el patrono, la peticionaria en este caso, no trató de atacar la jurisdicción de la Comisión Industrial ni de la Corte de Distrito de Humaeao, mas lo hizo luego en un escrito de re-consideración.

La presente es una petición de auto inhibitorio fundada en que ni la Comisión Industrial ni la Corte de Distrito de Humaeao tenían jurisdicción para conocer de este caso, toda vez que dicha jurisdicción residía solamente en las cortes de almirantazgo de los Estados Unidos. Se descansa princi-palmente en el artículo 688 del título 46 del Código de los Estados Unidos, pág. 1523, que lee como sigue:

“Indemnización por lesiones a un marino o por la muerte de éste. —Cualquier marino que sufra lesiones personales en el curso de su empleo, puede, a su elección, sostener una acción de daños y perjui-cios en ley, con derecho a un juicio por jurado, y en tal procedimiento serán aplicables todos los estatutos de los Estados Unidos que modi-fiquen o extiendan el derecho o remedio otorgado por la ley común en casos de lesiones personales a empleados de ferrocarriles. En caso de que ocurriere la muerte de cualquier marino como resultado de tal lesión personal, el representante personal de tal marino podrá incoar acción ele daños y perjuicios en ley, con derecho a un juicio por jurado, y en tal procedimiento serán aplicables todos los esta-tutos de los Estados Unidos que confieren o regulan la causa de ac-ción por muerte cuando se trata de empleados ferroviarios. La ju-risdicción en tales procedimientos corresponderá a la corte del dis-trito en que el patrono demandado resida o en que radique su oficina principal. (Mar. 5, 1915, c. 153; sección 20, 38 Stat. 1185; Junio 5, 1920, c. 250, sección 33, 41 Stat. 1007.)

Creemos que el caso de Lastra v. N. Y. & P. R. S.S. Co., 2 F. (2d) 812, es una respuesta completa a la contención, de la peticionaria y la mayor dificultad con que liemos tropezado en este caso lia sido tratar de seguir la distinción que se lia intentado hacer entre dicho caso y el presente. En el caso de Lastra, supra, la Corte de Circuito de Apelaciones llamó la atención hacia el hecho de que Puerto Rico no había sido incorporado a los Estados Unidos en tal forma que la Cons-titución fuera aplicable ex proprio vigore. Igualmente que la disposición sobre almirantazgo contenida en la Constitu-ción no se extendía a Puerto Rico a menos que el Congreso la trajera a esta Isla mediante legislación, citando los Casos Insulares y Porto Rico v. Tapia, 245 U. S. 639. La corte no halló tal legislación, sino lo contrario. También reconoció que los poderes legislativos locales se extendían a toda clase de cuestiones de naturaleza legislativa que no fueren local-mente inaplicables. Los artículos 7 y 8 de nuestra Carta Orgánica fueron expresados entonces en la opinión del modo siguiente:

“. . . toda propiedad que al tiempo de la cesión pertenecía, en virtud de las leyes de España entonces en vigor, a las diferentes juntas de obras de puertos de Puerto Rico; todas las orillas ele los puertos, muelles, embarcaderos, terrenos saneados, y todos los terre-nos y edificios públicos no reservados hasta ahora, por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para ser administrados a beneficio del pueblo de Puerto Pico; y la. Asamblea Legislativa de Puerto Rieo tendrá autoridad, con sujeción a las limitaciones impuestas a todas sus leyes, para legislar respécto a todos esos asuntos según lo esti-mare conveniente; ...”
“Artículo 8. — La superficie ele los puertos y los cursos y extensio-nes ele aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos dentro y alrededor de la isla de Puerto Pico y de las islas y aguas adyacen-tes, que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han sido reser-vados por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la pre-sente colocados bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para que sean administrados de la misma manera y con sujeción a las mismas limitaciones que las propiedades enumeradas en el artíc.ulo precedente; . .

Klu respuesta a las argumentaciones de la parte apelada en diclio caso, aquella corte no dudó de que la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos tuviera jurisdicción en materia, de almirantazgo en los casos en que tal jurisdicción fuera aplicable, pero resolvió que las palabras que daban juris-dicción a dicha corte no podían ser interpretadas en el sen-tido de hacer que en Puerto Rico rigiera el conjunto uniforme de derecho de almirantazgo que de acuerdo con la Constitu-ción, tal cual ha sido interpretada por la Corte Suprema de la nación, prevalecía en los Estados Unidos. La corte dijo que la concesión de jurisdicción y la concesión de un derecho exigible eran dos cosas distintas. Dijo además que no había fundamento de peso alguno para resolver que existía una po-lítica pública implícita, para crear una uniformidad de dere-cho marítimo que incluyera a Puerto Rico, y hubo también otro razonamiento. Al final de su opinión la corte manifestó lo que sigue: “Solamente la voluntad clara y expresa de los Estados Unidos debe prevalecer contra la presunción de do-minio local en cuestiones de interés 'local ’ ’, citando varios ca-sos de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Si bien es cierto que un examen del caso de Lastra no re-vela que la Corte de Circuito estuviese considerando el ar-tículo 688 del Código de los Estados Unidos, supra, y que allí no estaba claramente envuelto derecho alguno de un marino, sin embargo, su razonamiento claramente comprende la idea de que dicho artículo, o cualquier otro similar, es inaplicable a Puerto Rico toda vez que tenemos una legislación especial y peculiar aplicable a nosotros.

El caso de Spencer Kellog & Sons, Inc. v. Hicks, 285 U. S. 502, cae dentro de la misma demarcación que los otros argu-mentos de la petición que tenemos ante nos. La Corte Su-prema en dicho caso simplemente decidió que entre un estado y los Estados Unidos la ley de almirantazgo es aplicable cuando ocurre un accidente en las aguas navegables de los Estados Unidos, v. gr., en el río Hudson. El caso no da mayor peso a la contención de que la ley de almirantazgo debe aplicarse a Puerto Eico con exclusión del derecho de nuestra Legislatura a aprobar una Ley de indemnizaciones a obreros que incluya a los marinos mientras éstos se hallan dentro de las aguas de Puerto Eico, o sea, muy cerca del puerto de Hu-macao.

Leyendo dicho caso tal vez surja una duda respecto a si fue la intención de la corte decir que la jurisdicción de almi-rantazgo era exclusiva. Aparecía que la corte de almiran-tazgo en realidad había tomado jurisdicción, más no tenemos interés en dar énfasis a este punto.

Durante todo el curso de la discusión en el caso de Spencer Kellog, supra, se hace evidente que la corte hablaba de un acto torticero marítimo. Una lectura de la petición de-muestra que en el presente caso no hay indicio alguno de que el dueño de la embarcación cometiera ningún acto torticero. Es cierto que los indicios son que lo ocurrido a Perfecto Torres fué un accidente inevitable, lo cual es otra razón para dudar de la aplicación de dicho caso.

La peticionaria igualmente alega que el caso de Lastra sostiene su criterio. La corte allí dijo algo respecto a un derecho exigible, más el uso de estas palabras no altera el hecho de que la ley de almirantazgo de los Estados Unidos en un caso como el de Perfecto Torres no ha sido hecha ex-tensiva a Puerto Eico. Aun si tuviésemos alguna duda so-bre si la Corte de Circuito de los Estados Unidos en el caso de Lastra había prestado la debida consideración al artículo 688 del Código de los Estados Unidos, a pesar de ello, nos consideraríamos obligados por la decisión en dicho caso. Igualmente creemos que el caso de Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U. S. 362, tiene alguna aplicación.

E's difícil concebir, después de las decisiones emitidas en los casos de Muratti o Tapia, que pueda surgir alguna cues-tión constitucional. El dominio que tiene el Congreso es com-pleto. Ese cuerpo ba demostrado su intención. Cualquier duda respecto a su intención debe ser interpretada en favor de la mayor latitud de remedios por parte de un obrero le-sionado. La tendencia moderna es favorecer la aplicación sistemática de las leyes de indemnizaciones a obreros.

La resolución de marzo 17, 1932, suspendiendo los proce-dimientos en la Corte de Distrito de Humacao debe ser anu-lada y la corte inferior debe proceder tal cual si no se hu-biese librado la orden para mostrar causa.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Córdova Dávila,

text:
    Emma Cardona Santos, representada por su padre con patria potestad sobre la misma, Jenaro Cardona, y Clotilde y Ramón Rodríguez, representados por su madre con patria potestad sobre los mismos, María Rodríguez, demandantes y apelantes, v. M. Grau e Hijos, Andres Bonilla, en su carácter de Márshal de la Corte Municipal de Añasco, y Emilio Cardona, demandados y apelados.
    No. 6325.

    Sometido: Abril 20, 1933.

      Resuelto: Abril 27, 1933.

      E. Báe-z García-, abogado de los apelantes; Oscar Souffront, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señok Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de julio de 1932 se dictó sentencia.a favor de la demandada y contrademandante en este caso, M. Gran e Hijos, y en contra de los demandantes y contrademandados Emma Cardona Santos y Clotilde y Ramón Rodríguez, y del demandado y contrademandado Emilio Cardona. De esta sentencia apelaron los demandantes contrademandados, radi-cando sn escrito de apelación en secretaría en 29 de agosto de 1932.

En 7 de septiembre del mismo año, la corte, a petición de los apelantes, ordenó al taquígrafo que preparase la trans-cripción completa del récord del caso, siendo notificado el taquígrafo de dicba orden en la misma fecha en que fué dictada.

En 24 de septiembre de 1932 la corte inferior concedió al taquígrafo una prórroga de veinte días a partir del 27 de septiembre del mismo año. En 18 de octubre, 14 de noviem-bre, j 12 de diciembre de 1932, y en 10 de enero, 7 de febrero, y 7 de marzo de 1933, se concedieron por la corte inferior idénticas prórrogas de treinta días a solicitud de los apelantes.

La demandada y apelada M. Grau e Hijos solicita de esta corte la desestimación del recurso interpuesto, alegando que los demandantes apelantes han venido voluntariamente, sin excusa alguna, dilatando la radicación de la transcripción de evidencia con el solo propósito de demorar los procedi-mientos.

La moción de desestimación del recurso fué oportuna-mente notificada al abogado de los apelantes, quien también fué notificado del señalamiento para la vista de dicha moción por el secretario de esta corte. Los apelantes no compare-cieron a dicha vista ni han presentado excusa alguna, si es que la tienen, para solicitar tantas prórrogas y demorar la apelación. La primera prórroga se concedió en 24 de sep-tiembre de 1932, comenzó a tener efecto el 27 de dicho mes, y la última prórroga se concedió en marzo de 1933, para expirar en 15 de abril.

Todas estas prórrogas cubren nn período de cerca de siete meses desde qne la. primera fné concedida. El tiempo transcurrido es tan largo qne, en ansencia de prneba, justi-fica la desestimación del recurso por abandono. La diligencia de los apelantes para solicitar prórrogas contrasta con sn inactividad para perfeccionar el recnrso y presentar excnsas por sn conducta.

La apelación interpuesta debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Emilio Feliciano, demandante y apelado, v. José G. López, Presidente de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6187.

    Sometido: Febrero 8, 1933.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      J. Henri Brown, O. Ruiz Nazario, G. H. González y G. Benitez Gaih tier, abogados del apelante; Martínez Nadal c© Martínez Rivera, allegados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En primero de febrero de 1932 Emilio Feliciano, policía insular acogido desde el año 1925 a los beneficios de la Ley No. 52 de 11 de julio de 1921 '(p. 375), fné notificado por el jefe del distrito de que había recibido un telegrama del. cuartel de la Policía Insular en que se le comunicaba que se había decretado su retiro para tener efecto inmediatamente. Desde entonces el demandante quedó retirado del servicio. En 4 de febrero de 1932 la Comisión de la Policía Insular notificó a la Asociación Pondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico que dicho policía había sido retirado. En 9 de febrero del mismo año los abogados Martínez Nadal y Martínez Rivera escribieron una carta a la Asociación mencionada solicitando de sn presi-dente y junta de directores que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley No. 52 de 1921 procediera a notificar a los Jefes de Oficinas y Departamentos del Gobierno Insular la incapa-cidad física del demandante y el hecho de haber éste cesado por tal motivo como empleado del Gobierno, para que dichos Jefes de Departamentos y Oficinas ordenaran que al hacerse las próximas nóminas fueran descontadas del sueldo de todos y cada un'o de los empleados de sus respectivos departa mentos y oficinas acogidos a la ley creando la asociación, las cantidades qne en dicha ley se especifican, y para qne el mon-tante de las sumas así descontadas fuera satisfecho al de-mandante en pago de sn segnro por inutilidad física. El presidente y la junta de directores se negaron a cumplir con lo solicitado por el demandante, quien inmediatamente solicitó la expedición de un auto de mandamus dirigido al presidente de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Em-pleados del G-obierno Insular de Puerto Rico, o a la junta de directores de dicha Asociación, requiriéndoles para que sin excusa ni pretexto alguno procediesen inmediatamente a cumplir con el deber ministerial que les impone el artículo 20 de la ley antes citada. Se expidió por la Corte de Distrito de San Juan un auto condicional de ma/ndamus y sometido el caso, dicha corte, en 15 de julio de 1932, decretó la expedi-ción de un auto perentorio de mandamus dirigido al deman-dado como presidente de la mencionada asociación para que como tal cumpliese con el deber ejecutivo de notificar a los Jefes de Oficinas y Departamentos del G-obierno Insular la incapacidad física del postulante Emilio Feliciano, a fin de que dichos Jefes de Oficinas y Departamentos actuasen de conformidad con dicho aviso o notificación. Esta sentencia fué apelada por el demandado, quien atribuye a la corte inferior ocho errores.

Procederemos a examinar preferentemente los errores tercero, cuarto y séptimo, que prácticamente en-vuelven una misma cuestión y qué están relacionados con los demás errores, con excepción del sexto, que discutiremos en otro lugar. Alega la parte demandada que:

"(3) La Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico no tienen que ser cumplidas directamente por el em-pleado acogido a los beneficios de la Ley No. 52 de 11 ele julio de 1921, según enmendada y vigente; sino por el departamento u oficina en clónele presta sus servicios el empleado; y al resolver asimismo que el deber del empleado, de acuerdo con dicho artículo 12, es suplemen-tario o accesorio al deber del departamento u oficina en donde presta sus servicios el dicho empleado para el caso de que tal departamento u oficina no dé cumplimiento a las disposiciones de dicho artículo.
"(4) La Corte de Distrito de San Juan erró al resolver en su ameritada sentencia que el peticionario ya bien directamente, o ya bien por conducto del Jefe de la Policía Insular, cumplió con la con-dición precedente establecida por el artículo 12 de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, que constituía un requisito previo para que el peti-cionario tuviera derecho a reclamar el pago de su seguro.
“(7) La Corte de Distrito de San Juan en su ameritada senten-cia erró al declarar que una declaración de incapacidad hecha por cualquier oficina o Junta del Gobierno Insular de Puerto Rico a favor ele cualquier empleado sometido a las disposiciones de la Ley No. 52 de 11 de julio de 1921, según enmendada y vigente, es obligatoria para la Junta Directiva y para el Presidente de la Asociación a los efectos del cumplimiento ele la sección 20 de dicha ley, sin que sea necesario alegar y probar tal incapacidad ante dicha Junta Directiva independientemente ele cualquier incapacidad declarada por dicha otra Junta o Departamento elel Gobierno.”

Copiamos a continuación las conclusiones de la corte inferior que sirven de base al señalamiento de estos errores:

“Se alega por la parte demandada que el artículo 12 del regla-mento impone al peticionario un deber a cumplir, el que ha sido igno-rado por éste. Y al efecto copia en su contestación dicho artículo 12 que dice así:
“ ‘Todo miembro de la Asociación en activó servicio público que alegue haber quedado inutilizado permanentemente para el desem-peño de sus funciones por virtud de un accidente o enfermedad, en-viará su solicitud a la Junta de Directores, exponiendo los hechos del caso, acompañando a dicha solicitud una certificación médica jurada de la cual aparezca dicha inutilidad permanente, si tal fuere él caso.’
“En efecto, no alega el peticionario haber cumplido con este ar-tículo del reglamento; pero tal requisito del reglamento es sólo su-plementario para en caso de que no lo haga el departamento u oficina en donde prestaba sus servicios el funcionario declarado físicamente incapaz. En este caso, y a virtud de lo alegado en la contestación,
“ . . el demandado admite que la separación del servicio del demandante fué notificada a la Asociación Fondo de Aborro y Prés-tamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico por el departamento de la Policía Insular . . .’
“Y más adelante, en el mismo párrafo, alega el demandado:
“ ‘Que el demandante dejó de ser empleado, en activo servicio público, del Gobierno Insular de Puerto Rico el día primero de fe-brero de 1932. Que tal hecho fué notificado a la Asociación . . . por la oficina del Jefe de la Policía Insular, y no por el peticionario, el día 4 de febrero de 1932. Que después de haber quedado cesante sic- el empleado, o sea el 9 de febrero de 1932, ... se dirigió al Presidente . . . solicitando el pago de su seguro . . .’
“De suerte que aceptados estos hechos tenemos que llegar a las si-guientes conclusiones: (1) que el empleado fué separado del servi-cio por causa de incapacidad física; (2) que el aviso le fué dado a la Asociación por el Jefe de la Policía Insular; y (3) que no obstante ello, el peticionario reiteró su solicitud de retiro que ya había sido hecha por el Jefe de la Policía Insular.”

A juicio de la corte sentenciadora la notificación por la oficina del Jefe de la Policía Insular a la Asociación mencio-nada de que el demandante fué separado del servicio por incapacidad física es bastante para que el Presidente esté obligado a notificar el hecho a los Jefes de Oficinas y Departa-mentos, a fin de que éstos ordenen los descuentos de rigor. El presidente de la Asociación, según la corte inferior, no puede impugnar, investigar o cuestionar el hecho de la inca-pacidad. Su deber es puramente ejecutivo y ministerial, sin que pueda ejercitar para su cumplimiento discreción alguna.

El demandado excepeionó la petición sobre la base de que la misma no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y solicitó que fuese eliminada por inmaterial la alegación de que la separación del servicio activo del de-mandante fué notificada a la Asociación por el Departamento de la Policía Insular.

Hemos visto que después de notificada la Asociación por la oficina de la Policía, el demandante solicitó de dicha Asocia-ción que diese cuenta de su incapacidad física y de su retiro a los Jefes de Oficinas y Departamentos, y que la Asociación se negó a hacerlo. El demandado alegó en su contestación, entre otras cosas, que el-demandante no cumplió con los pre-ceptos de la sección 12 del reglamento ni suministró a la Asociación la solicitud y certificación médica jurada que dicho reglamento exige.

El deber que tiene todo Jefe de Oficina o Departamento de notificar a la junta de directores surge de la sección 6 de la Ley No. 52 de 1921, enmendada en 1927, que dice así:

"La Junta de Directores llevará un registro de todos los empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico acogidos a los beneficios de esta Ley, anotando allí las altas y las bajas por nombramiento, defuncio-nes o cesantías.
"Todo jefe de oficina o Departamento Insular que por ley tenga la obligación de certificar las nóminas de los empleados de su oficina o departamento, dará cuenta a la Junta de Directores cada vez que ocurra un nombramiento, defunción, renuncia o separación de un empleado y cuando concediere a un empleado licencias con sueldo adelantado deberá hacer constar en la nómina correspondiente que el empleado no ha expresado su intención de renunciar al finalizar dicha licencia. En caso de que la intención del empleado fuera renun-ciar su cargo, será obligación de dicho jefe de departamento ordenar que se le descuente la cantidad necesaria para solventar cualquier deuda que tuviere con la Asociación de Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico.”

La ley dispone que la junta de directores llevará un registro donde anotará las altas y las bajas por nombra-mientos, defunciones, y cesantías. Claro es que para cumplir con este requisito dicha junta de directores necesita tener conocimiento de las altas y las bajas y es por esta razón que la sección sexta dispone que los Jefes de Oficinas y Depar-tamentos den cuenta de los nombramientos, defunciones y cesantías.

No existe en la ley precepto alguno que convierta a los Jefes de Oficinas y Departamentos en jueces definitivos de la incapacidad física a los efectos del cobro del seguro. Ciertamente no parece que sea ésta la intención del legislador. Por el contrario, la ley dice que la Asociación será gober-nada por la junta de directores y autoriza a esta junta para designar uno o más médicos que examinen a los empleados, que soliciten el seguro por inutilidad física. Y es natural que así sea. Alguna autoridad debe tener esta junta para cerciorarse en un caso como el presente de si se trata o no de una incapacidad permanente.

El artículo 25 de la ley dispone que todo empleado de nuevo nombramiento deberá presentar una certificación mé-dica jurada en el impreso que proporcionará la Asociación sobre su estado de salud, el cual deberá ser comprobado por un examen de uno o más médicos designados por la junta de directores. También serán sometidos al examen físico corres-pondiente aquellos socios que solicitaren el seguro por inuti-lidad física y aquellos que en cualquier tiempo solicitaren ser admitidos en la Asociación, disponiéndose que el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico prestará a la Asociación su coope-ración para llevar a efecto dichos examenes físicos, y facili-tará todos los medios de diagnóstico tales como laboratorios, rayos X, etc., libre de todo costo.

Este artículo demuestra que es la junta la que designa los médicos que fian de comprobar el estado de salud del empleado, cuando se trata de nuevos nombramientos. Al disponer la ley que también serán sometidos al examen físico correspondiente aquellos socios que solicitaren el seguro por inutilidad física, tácitamente está diciendo que debe seguirse el mismo procedimiento que para los empleados de nuevo nombramiento. El artículo 12 del reglamento no hace otra cosa que ajustarse a las disposiciones de la ley, cuando prescribe que los becbos del caso deben exponerse en la solicitud que dirija a la Asociación el empleado, acompañándola de una certificación médica jurada de la cual aparezca la inuti-lidad permanente. Esta junta, que designa los médicos que han de comprobar el estado de salud del empleado, tiene deberes que cumplir y uno de ellos es velar por que el em-pleado a quien se pague el seguro esté real y permanente-mente incapacitado para el desempeño de sus funciones ofi-ciales. Además de estas disposiciones de la sección 25, que indican dónde radica la facultad de considerar estas solici-tudes basadas en inutilidad física, entendemos, como se apunta en el caso de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 410, que dicha facultad surge de la necesidad de que se estudie y apruebe o rechace cada reclamación presentada, del hecho de que la junta de directores es el cuerpo directivo de la asocia-ción y de la circunstancia adicional de que la junta tiene el poder de formular reglamentos razonables para .darle efecto a la ley. No se ha probado en este caso que el demandante presentara una solicitud exponiendo los hechos, acompañán-dola de una certificación médica jurada, como se dispone en el reglamento. Lo único que hizo el demandante fue diri-girse por conducto de sus abogados a la Asociación solici-tando que se comunicara su incapacidad física y su retiro a los Jefes de Oficinas y Departamentos del Gobierno Insular. No está el demandante en posición de pedir al presidente o a la junta de directores que lleve a cabo esta notificación, mientras no cumpla con los requisitos previos que prescriben la ley y su reglamento.

Se alega por el demandado que la corte inferior erró en su sentencia al resolver que el peticionario no supiera o no pudiera presumir, mientras estaba en activo servicio público, que él iba a ser declarado físicamente incapacitado para el servicio, y que al así actuar la Corte de Distrito de San Juan dejó de dar el debido alcance y eficacia legal a la resolución de esta corte dictada en el caso de Acosta v. Junta de Retiro, 42 D.P.R. 828. Este es el sexto de los errores señalados por el demandado.

De acuerdo con el artículo 19 de la ley “la junta directiva de la institución, una vez constituida, procederá a dictar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para la aplicación de esta ley y dichas reglas y reglamentos tendrán fuerza de ley.” El artículo 12 del reglamento dispone, entre otras cosas, que todo miembro de la asociación en activo servicio público, que alegue incapacidad permanente para el desem-peño de sus funciones, por virtud de accidente o enfermedad, enviará su solicitud a la junta. La parte demandada inter-preta esta disposición en el sentido de que Tínicamente un miembro activo tiene derecho para presentar la solicitud, y cita en su abono el caso de Acosta v. Junta de Retiro, supra. En dicho caso se interpretan los artículos 3 y 9 de la ley de pensiones aprobada en 1925; ahora estamos interpretando un reglamento. La junta tiene poderes para dictar aquellas reglas y reglamentos razonables que fueren necesarios para la aplicación de la ley. No vemos nosotros la necesidad ni la razonabilidad de una disposición que priva a un empleado,, súbitamente separado de su cargo, del derecho de presentar su solicitud, dentro de un tiempo razonable. En este caso el peticionario, si bien es cierto que en octubre de 1931 sufrió un ataque cardíaco y que permaneció- algún tiempo disfru-tando de licencia, no es menos cierto que retornó al desem-peño de sus funciones como empleado y que estando en el cumplimiento de sus deberes, fué notificado por telégrafo de que había sido retirado del servicio. En estas condicioñes, la equidad y la justicia demandan que se le dé una oportu-nidad para someter su prueba con respecto a la incapacidad alegada.

Según aparece de la estipulación de las partes ofrecida como prueba, la demandada admitió que el demandante fué retirado de su cargo dentro del cuerpo de la Policía Insular de Puerto Pico porque a juicio de dicha comisión y de sus médicos estaba incapacitado para el servicio. La sección 20 de la ley, enmendada en 1927, dispone que siempre que uno de los miembros de la Asociación se inutilice permanente-mente para desempeñar sus funciones oficiales por virtud de accidente o enfermedad, tendrá derecho al seguro en la forma que en dicha sección se especifica. Ta dijimos antes que no existe en la ley precepto alguno que convierta a los Jefes de Oficinas o Departamentos en jueces definitivos de la inca-pacidad física, y debemos añadir que la ley habla de inuti-lidad permanente y que lo único que se ha probado en este caso es que el demandante fué separado de su cargo porque, a juicio de la Comisión de la Policía y de sus médicos estaba incapacitado para el servicio, sin qne se diga si esta incapa-cidad es permanente o no.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la petición de mandamus, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf, disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Antonio Hoyo Liaño, demandante y apelante, v. Savino Cortés y María Soledad La Luz, demandados y apelados.
    No. 5968.

      Sometido: Febrero 3, 1983.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      José E. Díaz, abogado del apelante; S. O’Neill Torres, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Hoyo Liaño inició este injunction para recobrar la posesión de una casa situada en La Glorieta de Manatí por demanda presentada en la Corte de Distrito de Arecibo en la que alegó, en resumen, que adquirió la finca de que se trata en subasta pública celebrada en la Corte Municipal de Ma-natí el 28 de mayo de 1930, dándole posesión de la misma el mársbal de dicha corte el 10 de junio de 1930, desde cuya fecha continuó en posesión hasta el 1 de octubre de 1930 en que los demandados se introdujeron en la casa rompiendo una puerta y han permanecido en ella contra la voluntad del demandante negándose a desocuparla.

Contestaron los demandados negando que hubieran pene-trado en la casa en cuestión violentamente y alegando que están en posesión de ella desde mayo 26, 1928, en que la com-praron a Felipe Miranda y la ocupan actualmente.

Fué el pleito a juicio. Practicó su evidencia el deman-dante, consistente en las declaraciones de los siguientes testi-gos que expresaron, en resumen, lo que sigue:

Antonio Hoyo, el demandante, que el 28 de mayo de 1930 le adjudicó la casa la Corte Municipal de Manatí. Su abo-gado le preguntó: “¿Por qué se la adjudicó?” Intervino el abogado de los demandados: “La mejor prueba no es la de-claración del testigo, sino la prueba documental”; replicó el abogado del demandante: “No tenemos título. Es pose-sión.”, y resolvió el Juez: “Adelante.” Y en efecto siguió declarando el demandante que tomó posesión el 10 de junio, 1930, y cobró la renta a Saro Rodríguez dos meses, hasta que visitó la casa y encontró viviendo en ella a los demandados a quienes manifestó que la casa era suya y quienes le contes-taron que no saldrían de ella en modo alguno. No ejercitó acción civil contra los demandados. La casa era de Felipe Miranda, “él me lo manifestó y me la puso en garantía.” Cuando tomó posesión la ocupaba Rosario Rodríguez, sin que. sepa quién se la había alquilado. Contestando a la pre-gunta de cómo fué que tomó posesión, dijo: “El Márshal fué allí y manifestó que había sido adjudicada por la corte a nombre mío, esa casa y los vecinos tenían que pagar la men-sualidad a mí.”

Siguió el testigo Marcelino Hoyo. Es hermano del de-mandante. La casa se la entregó el Márshal de Manatí en representación de su hermano que estaba enfermo en el Au-xilio Mutuo. La ocupaba Rosario Rodríguez como inquilino, quien le pagó por dos meses. El márshal se comunicó con el inquilino y le dijo “que no tenía que entenderse con la se-ñora; que era mi hermano.” Rosario Rodríguez se fué. Le entregó la llave el último de septiembre. “Al otro día se metió una gente en la casa, esa Señora”, señalando a la de-brandada María Soledad la Lxiz, “que se negó a desocuparla. La puerta estaba forzada.”

Rosario Rodríguez, conoce a demandante y demandados, ‘ ‘ lo único que puedo decir es que alquilé la casa a G-oira y viví tres meses y estando viviendo en la casa al cumplirse los tres meses llegó Marcelino Hoyo con el mársbal. El Marshal de Manatí y me dijo estas palabras: ¿A quién le ba pagado durante los tres meses? y dije: A Goira, y me dijo: De hoy en adelante tiene que pagarme a mí. Hoyo, y me dieron unos papeles y se fueron; y cuando cumplí el mes llegó un mu-chacho para cobrar la casa y le di los cinco pesos y me dió el recibo. Yo puse el candado, le amarré un curricán y mandé la llave a Marcelino Hoyo. Vine al otro día por allí frente, a un cafetín que había allí cuando vi a la señora La Luz y abrió la casa y se metió dentro. Dijo que la casa era de ella y no había quién la sacara de allí.” Se mudó porque estaba “ajorado” por la Señora La Luz que sostenía que la casa era de ella y le habían hecho un “laberinto?’ para alquilarla.

El último testigo fué Desiderio Santos cobrador del de-mandante. Rosario Rodríguez le pagó dos meses de alquiler y desocupó la casa el primero de octubre. Estando la casa cerrada, la Señora La Luz la abrió y se instaló en ella. Avisó a Antonio Hoyo y éste fué y dijo a la Señora que se fuera y ella le contestó que no se iba. A la pregunta: “'¿Esa casa era de Antonio Hoyo?”, contestó: “Esa casa era de Felipe Miranda primero; después la tomó él y cuando vino el Már-shal le dijo a Rosario Rodríguez: De hoy en adelante esta casa es de Antonio Hoyo.”

Terminada la prueba del demandante, presentaron los de-mandados una moción de nonsuit que fué declarada con lugar, dictándose en su consecuencia sentencia en contra del deman-dante. Este apeló y señala en su alegato la comisión de tres-errores que envuelven una sola cuestión, la de si la evidencia aportada es o no suficiente para sostener los hechos alegados, en la demanda.

Conocemos la prueba por el extracto que de ella hicimos. al principio de esta opinión y la verdad es que lio puede ser más deficiente.

El injunction para recobrar la posesión se concede (Leyes 1917, vol II, pág. 221) al que dentro del año anterior a la presentación de la demanda, está en la posesión real de la propiedad que en ella se describe. Y aquí el demandante no demostró con la seguridad que un caso judicial requiere que estuviera en la posesión real de la finca de que se trata.

No se probó que orden alguna judicial fuera dictada. Se pretendió probar las actuaciones de un mársbal y la existen-cia de un pleito a virtud de referencias orales de otras per-sonas. Aquella parte de la evidencia que más .pudiera bene-ficiar al demandante, el pago del alquiler por el inquilino y la entrega de la llave al desocupar la casa, carece de fuerza decisiva porque se explica la actitud dél inquilino obedeciendo la indicación de un funcionario que no se sabe con qué au-toridad actuaba, pero que él estimó que no debía discutir. Además duró muy poco, sólo dos meses, desocupando la casa el inquilino al verse “ajorado” por la persona que al salir él la ocupó y que de modo consistente desde un principio alegó que era el dueño. Tampoco se demostró que la persona a quien el inquilino alquiló originalmente la casa fuera la misma de quien dice traer causa el demandante. La casa fué alqui-lada por Rosario Rodríguez a José Goira, y no a Felipe Miranda, y ni Goira ni Miranda declararon en el juicio.

Cuando un ciudadano pide a una corte que actúe recono-ciendo en él un derecho en contra de otra persona, debe de-mostrar de modo claro y firme la existencia de tal derecho. Una prueba tan incompleta como la aportada por el deman-dante en este caso cuando estaba a su alcance despejar todas las dudas, no justifica siquiera la continuación del litigio. La sentencia de nonsuit era procedente y debe confirmarse.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Armando Dávila Rodríguez, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandada y apelada.
    No. 5582.

      Sometido: Abril 19, 1933.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      'Armando A. Miranda, abogado del apelante; Henri Brown, C. B,uiz Nazario, G. González, y G. Benitez Gautier, abogados de la ape-lada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

.El 7 de septiembre de 1928 compareció ante la Corte de Distrito de San Juan, Armando Dávila Rodríguez y archivó una demanda contra la P. R. Ry. Lt. & P. Co. en reclamación de cincuenta mil dólares por daños y perjuicios.

En ella alegó, en resumen, que es un menor emancipado judicialmente, hijo único y universal heredero de Julián Dá-vila, y que éste murió instantáneamente el 25 de abril de 1910, en la carretera insular número tres, cuando caminaba por ella en dirección a su casa, situada en el barrio de Canova-nillas del municipio de Loíza, a consecuencia de haberse roto y caído sobre él uno de los alambres conductores de electri-cidad de una instalación de la demandada a virtud de la me-aliaencia de ésta.

Emplazada la demandada excepcionó y contestó la de-manda, alegando entre otras defensas la de cosa juzgada, así:

“A. — Que el presente pleito y la causa de acción en el mismo iniciada tienen el carácter de cosa juzgada, toda vez que la contro-versia aquí surgida entre las mismas partes por los mismos hechos y por igual causa de acción fué objeto del pleito civil No. 4598 se-guido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Segunda, y resuelto en contra del demandante y a favor de la demandada, según sentencia de fecha 13 de agosto de 1912, la cual fué apelada para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico por el demandante en este caso, confirmándose dicha sentencia por la referida Corte Suprema, según resolución de fecha 4 de junio de 1913, reportada en el volumen 19 P.R.R. 613 a 616, por virtud de cuya sentencia fué definitivamente resuelta la cuestión litigiosa entre las mismas partes en este pleito y por igual causa de acción, a favor de la aquí demandada.”

Señalado el pleito para verse, las partes estipularon que sólo se aportara la evidencia en relación con la defensa de cosa juzgada, posponiéndose la presentación de la restante para el caso de que dicha defensa fuera declarada sin lugar. Y la corte aprobó la estipulación.

Be aceptó que la madre del demandante Armando Dávila Rodríguez era Francisca Rodríguez, constando en el Registro Civil inscrito Armando como hijo natural reconocido de Francisca. Y se probó que en cierto pleito sobre filiación el de-mandante fué declarado hijo natural de Julián Dávila.

Se aportó en evidencia la demanda enmendada base del pleito civil No. 4598 iniciado el 28 de marzo de 1911 en la Corte de Distrito de San Juan por “Armando Dávila repre-sentado por su madre con patria potestad sobre él, Francisca Rodríguez vs. The Porto Rico Power & Light Co., sobre in-demnización de daños y perjuicios”.

En ella se reclamaron $25,000 por daños y perjuicios a virtud de la muerte de Julián Dávila, padre del menor Armando, ocurrida el 25 de abril de 1910 en la carretera número tres, a consecuencia de haberse roto y caído sobre él, a vir-tud de la negligencia de la demandada, uno de los alambres conductores de electricidad de su instalación.

La demanda comienza así:

“Comparece ante esa Hon. Corte Armando Dávila, menor de edad, representado por su madre con patria potestad sobre él, Francisca Rodríguez, por medio de su. abogado que suscribe, y formula esta demanda contra Tbe Porto Rico Power & Light Company por indemnización de daños y perjuicios y como causa de acción expone los siguientes hechos:”

Y termina como sigue:

“En mérito de todo lo expuesto a esa Hon. Corte suplioa: Que previos los trámites legales se sirva dictar sentencia, declarando con lugar esta demanda, condenando a la Sociedad demandada a pagar al menor Armando Dávila la suma de VEINTE y cinco MIL dólares como Indemnización de daños y perjuicios, con las costas, gastos y honorarios de abogado.”

También la contestación a dicha demanda en la que se ad-mitieron algunos hechos y se negaron otros, alegándose que si la muerte de Julián Dávila se produjo a consecuencia de algún choque con alambres de la demandada, se debió exclu-sivamente a su propia negligencia; la Resolución fundada de la corte — que constituye en efecto una opinión- — en la que el juez de distrito estudia los hechos y la ley envueltos en el litigio, y la sentencia registrada que, en lo pertinente, dice:

‘ ‘ El día trece de agosto de 1912, y en Corte abierta, se llamó este pleito a juicio oral por su orden de señalamiento, y comparecieron ambas partes por medio de sus respectivos abogados, anunciando estar listas para el acto: En su virtud, leyeron sus alegaciones, introdu-jeron sus pruebas, que se practicaron en debida forma, y finalmente, sometieron el caso bajo argumentaciones escritas, que presentaron a su debido' tiempo.
“Y la Corte, tomando en consideración dichas alegaciones y prue-bas, declara sin lugar, la demanda, sin especial condena de costas.
“El Secretario librará la correspondiente orden de ejecución.”

Además se introdujo como prueba la opinión y la senten-cia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de junio 4, 1913 confirmando la sentencia .de la Corte de Distrito que dejamos transcrita. 19 D.P.R. 643.

Basándose en todo ello la corte sentenciadora el 27 de marzo de 1930 declaró con lugar la defensa de cosa juzgada y en sn consecuencia dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. Y es de esa sentencia que se apela, señalándose en el alegato la comisión de siete errores’que pueden redu-cirse a cinco.

El primero se refiere a que la alegación de cosa juzgada no aduce hechos suficientes para constituir una defensa.

La cuestión se suscitó en la corte sentenciadora por vez primera después de practicarse la evidencia de la deman-dada, y a ella refiriéndose dijo la corte de distrito en su re-lación del caso y opinión:

“El demandante no impugnó mediante excepción previa ni en ninguna otra forma antes que se presentara como evidencia la sentencia, la alegación de cosa juzgada a que la misma se refiere ni tampoco presentó evidencia alguna para impugnar la presunción que de dicha sentencia surge que la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, actuó con jurisdicción y siguió el procedimiento esta-blecido por la Ley. Si algún defecto tenía la alegación de cosa juz-gada quedó curado con la evidencia. F. Gavilán & Co. vs. Garriga e hijo, 38 D.P.R. 416; Padilla vs. Saldaña, 39 D.P.R. 542; Aboy Vidal & Co. vs. Garófalo, 39 D.P.R. 750 y D’Azizi vs. Alcaraz re-suelto en enero 31 de 1930 y en estas circunstancias una vez presen-tada la sentencia, al demandante incumbía probar falta de jurisdic-ción de la Corte. Candal vs. Pierluissi, et al., 28 D.P.R. 606; González vs. González, 35 D.P.R. 702.”

.Estamos conformes. La no existencia del error quedará más clara aún cuando consideremos conjuntamente los erro-res dos, tres y siete que envuelven la cuestión decisiva de] litigio.

Por los señalamientos cuarto, quinto y sexto se sostiene que la corte de distrito erró al resolver que el Subsecretario de la Corte Suprema tenía facultad para autenticar documentos archivados en la secretaría de dicha corte; al decidir que no era necesaria la autorización judicial para que una madre con patria potestad pudiera iniciar un pleito en representación de su hijo menor de edad, y al no sostener que la sentencia dictada en el pleito civil No. 4598 era nula.

El Subsecretario de la Corte Suprema Sr. Marrero com-pareció ante la corte de distrito llevando consigo los autos del recurso civil No. 926, titulado Francisca Rodríguez, como madre con patria potestad de Armando Dávila, demandante apelante, vs. Porto Rico Railway, Light & Power Co., de-mandada apelada, procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera. Se le mostró una copia de la opinión y sentencia del Supremo que aparecían unidas al pleito No. 4598 de la corte de distrito y las reconoció finalmente como copias exactas de sus originales. Nada dijo entonces el de-mandante. Fué después de terminado el interrogatorio que ocurrió lo que sigue:

“Dte: — -En cuanto a la oferta del señor González nos oponemos por no estar debidamente identificados los documentos.
“Juez: — Habiéndose admitido que el documento que esté unido a los autos es una copia fiel y exacta de los documentos que obran en la Corte Suprema de Puerto Rico, la Corte los admite. (Ddo. Ex. 8).
“Dte: — Excepción, por creer que no está debidamente identifi-cado el documento y no constar certificación ninguna en el mismo.”

La práctica en esta Corte Suprema es la de comunicar a la corte de distrito correspondiente la sentencia resolutoria del recurso que se dicte y la opinión en que se funde por medio de copias certificadas, ajustándose así a lo prescrito en el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en 1906, Comp. 1911, pág. 904, que dice:

“Cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar la sentencia, orden o de-creto que debió haber dictado el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la cual hubiere que decretarse, fuere dudosa, pues en cualquiera de estos casos se de-volverá la causa para su revisión al tribunal inferior.
“La sentencia ..pronunciada en apelación por la Corte Suprema se enviará certificada al tribunal inferior para su cumplimiento. Cuando la apelación fuere de una sentencia definitiva, el secretario del tribunal inferior deberá unir el certificado al registro de senten-cias y hacer una minuta de la sentencia de la Corte Suprema en el libro o registro de causas, junto al asiento primitivo.
‘ ‘ Cuando la apelación fuere de una orden, el Secretario deberá ins-cribir íntegramente en los autos del tribunal el certificado recibido y anotar frente al asiento de la orden apelada una referencia al cer-tificado, consignando en términos breves que dicha orden fué apro-bada, anulada o modificada por la Corte Suprema, en apelación.”

Si esa práctica se sigue y el secretario de la corte de dis-trito cumple con lo que la ley le ordena, no vemos la nece-sidad de que tenga que hacerse nada más para que la actua-ción del Tribunal Supremo quede debidamente acreditada en la corte de distrito pudiendo hablar el récord de ésta por sí mismo.

No está claro si las copias que en este caso se enviaron al tribunal sentenciador estaban o no certificadas. Quizá no lo estaban y si ello era así, creemos que la declaración del sub-secretario suplió lo que faltaba. El carácter con que a ins-tancias de la demandada compareció dicho funcionario fué admitido por el demandante. Quedó demostrado que el Sr. Marrero era, como es, el Subsecretario de la Corte Suprema, que en aquel momento llevaba consigo los autos del recurso de que se trata archivados en la secretaría de dicho tribunal, y actuaba como si fuera el Secretario bajo cuya custodia de acuerdo con la ley y el reglamento de la corte se encontraban dichos autos.

La circunstancia de que se titulara a la parte deman-dante y apelante en el recurso “Francisca Rodríguez como madre con patria potestad de Armando Dávila” cuando el pleito se inició por “Armando Dávila representado por su madre con patria potestad sobre él, Francisca Rodríguez”, no destruye la identidad perfectamente establecida por los hechos en que se basa la demanda y que analizados en la opinión del Supremo en relación con las pruebas y la ley sir-vieron de fundamento a la sentencia que dictara.

Por el quinto error se sostiene qne para iniciar válidamente el pleito de 1911 la madre debió haber solicitado y obtenido previamente autorización judicial. No estamos conformes. En el caso de Cibes et al. v. Santos et al., 22 D.P.R. 224, 233, hablando esta corte por su Juez Presidente Sr. Hernández, se expresó así:

“Los menores hijos de Herencia, ausentes o presentes, tenían un representante legítimo en la persona de su madre y no era por tanto necesaria la administración judicial de los de los bienes del difunto.
“Habiéndose alegado la falta de capacidad para demandar, sin expresión de hechos que la determinen, esa falta de capacidad, si ha-bría de derivarse de la misma demanda, podría entenderse en el sen-tido de que la madre no podía representar a sus hijos menores de edad. Examinemos la excepción bajo ese aspecto. En busca de al-guna razón legal que pueda apoyarla, hemos encontrado el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice así:
“ ‘Artículo 56. — Cuando un menor, demente o persona incapaci-tada es parte en un litigio deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto en cada caso o por el juez de la misma . . .’
“Ese artículo no deroga el 223 del Código Civil que entre otros particulares dispone que el padre y la madre tienen respecto de sus hijos no emancipados el deber de representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho, y armoni-zando los preceptos de ambos Códigos podemos llegar a la conclusión de que al padre o a la madre por razón de la patria potestad corres-ponde la representación de sus hijos menores de edad, y que sola-mente cuando haya incompatibilidad para ello podrán éstos ser repre-sentados por medio de su tutor general o un defensor nombrado por la corte.
“En el presente caso no hay incompatibilidad de intereses entre la viuda y sus hijos demandantes. El Tribunal Supremo de España en sentencia de 17 de junio de 1903 establece que no procede la apli-cación del artículo 165 del Código Civil Español (230 de Puerto Rico) en juicio sobre pago de cantidad cuando litiga en concepto de demandada una madre en nombre propio y en representación de sus hijos menores, porque en este caso no existen intereses opuestos sino comunes. Jurisprudencia civil, tomo 95, página 951. Aceptamos esa doctrina y la encontramos aplicable al presente caso.
“La excepción de falta de capacidad para demandar no fné pro-puesta en forma y por ese fundamento pudo ser desestimada; pero aun discutiéndola en su fondo, como la bemos discutido, es improce-dente. ’ ’

Es el tutor el que de acuerdo con las expresas prescrip-ciones del artículo 212 del Código Civil, ed. 1930, necesita au-torización de la corte. Nada exige la ley cuando se trata del padre o de la madre en su caso que actúen en el ejercicio de los derechos y deberes que les impone la patria potestad. El artículo 159 del Código Civil, ed. 1930, que invoca el ape-lante no es aplicable. Se refiere a una situación distinta. No favorece la contención del apelante. Al contrario, la per-judica porque demuestra que cuando el legislador quiso res-tringir el ejercicio de la patria potestad y exigir la inter-vención previa de las cortes de justicia, lo hizo en términos expresos.

Por su sexto señalamiento sostiene el apelante que la corte de distrito erró al no declarar que la sentencia que dictara en 1912 en el pleito No. 4598 era nula por no ajustarse a lo prescrito en el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como regía en dicha fecha, Comp. 1911, pág. 881.

Aparte de que no ya a virtud de ataques colaterales sino directos hemos resuelto que el no'haberse dado cumplimiento a ese artículo no vicia de nulidad la sentencia resolutoria de un pleito, demuestran los autos que aquí el juez sentenciador cumplió esencialmente con todo lo que la ley exige. En su ti-tulada ‘ ‘ resolución ’ ’ que precede a su sentencia, dicho juez hizo y archivó en efecto la “relación breve del caso exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión”, a que se refiere la ley.

Veamos ahora si existe o no la cosa juzgada, re-solviendo así los señalamientos 2, 3 y 7, que son los únicos que no hemos considerado aún.

Para que surja la presunción exige la ley, artículo 1204 del Código Civil, ed. 1930, “que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. ’ ’

Comienza la parte apelante por sostener que no se probó en debida forma la sentencia anterior. Cita amplia jurispru-dencia sobre el particular. De ella nos limitaremos a trans-cribir la que sigue, tal como la resume Corpus Juris, por es-timar que es suficiente para, aplicada a los hechos del caso, dejar resuelta la cuestión planteada. Es así:

“La persona que aduzca la alegación de res judicata debe esta-blecerla mediante preponderancia de-evidencia. Para probar la exis-tencia y el contenido de una sentencia es necesario presentar, y ellos serían suficientes, los autos del pleito o copia auténtica, y estos he-chos no pueden ser establecidos mediante prueba colateral o extrín-seca. Además no basta presentar la sentencia solamente sino que ésta debe estar acompañada por el récord en su totalidad, cuando el mismo existe incluyendo el legajo de la sentencia, a menos que, según puede ocurrir con los decretos de equidad, la sentencia de la corte contenga una narración que demuestre plenamente no sólo el hecho de la sentencia sino el alcance y la extensión del impedimento (es-toppel) por ella creado.” 34 C. J. 1069.

Aquí la parte que alegó la defensa de cosa juzgada to-mando en sus manos el récord del pleito No. 4598 ofreció en evidencia entre otras constancias del mismo la demanda en-mendada radicada con fecha marzo 29, 1911. Y la parte con-traria dijo: “La aceptamos como que es el original presen-tado en la Corte de Distrito. ” Y el Juez la admitió. Segui-damente introdujo la contestación. Y dijo el demandante: “Se admite.” Y la corte la admitió. Entonces expresó: “De dicho expediente 4598, ofrecemos en evidencia la resolu-ción de dicho caso, dictada en agosto 12, 1912, por el Juez de la Corte de Distrito, Sección Primera, Félix Córdova Dávila, y la sentencia del día 13 del mismo mes y año.” Y dijo el demandante: “Nos oponemos porque esa sentencia no fué contra nadie.” Continuando el incidente como sigue: “Dmdo: — Estoy presentando el documento original. Es en el tomo 7. Que lo traiga el secretario. — Dte:—Nosotros aceptamos que es una copia auténtica de la sentencia. — Juez: —-Entonces se admite como cierto el hecho de la sentencia. En cuanto al efecto es lo que discute. — Dte:—Sí, señor.— Juez: — Se admite para darle el valor que tenga. (Dmdo. Exlis. 6 y 7). — -Dte:-—Excepción.”

En Puerto Eico rige -una ley que fija el modo de coleccio-nar los autos en los asuntos civiles. Se aprobó en febrero 19, 1906. Comp. 1911, pág. 340. Todos los documentos re-ferentes al asunto deben coleccionarse y coserse esmerada-mente por orden de ingreso bajo una cubierta que contiene el nombre de la corte, el número de radicación del asunto, los nombres de los litigantes y sus abogados, el título o in-dicación de la materia del proceso, la fecha en que fué ini-ciado, la del señalamiento y la fecha en que se dicta la sen-tencia o resolución definitiva. No sólo se unen al expediente las alegaciones y escritos originales, si que es deber del Se-cretario de la corte llevar a él libre de gastos para las partes copia de los asientos del libro de minutas y de toda resolu-ción o sentencia que se dicte durante el curso del proceso.

Siendo ello así la verdad es que hubiera sido sumamente fácil para la parte demandada introducir en evidencia la to-talidad de los autos siguiendo la jurisprudencia y evitando dificultades en el futuro.

Creemos sin embargo que lo presentado es suficiente para concluir fuera de toda duda que en la demanda y contestación introducidas — que de hecho al ser presentadas llevaron a la corte la totalidad del récord, pues no fueron ni pudieron ser desglosadas ni se presentaron por medio de copias — consta todo cuanto se sometió a la decisión de la Corte de Distrito. Y como se introdujeron además la titulada “resolución” y la sentencia tales como aparecían del libro en que originalmente se registraron (artículo 231 del Código de Enjuiciamiento Civil) y la “resolución” es amplia y detallada y recita la cele-bración del juicio y la práctica de la evidencia que se expone, analiza y pesa por la corte, hay base suficiente en el récord de este nuevo pleito para concluir que la sentencia anterior fué dictada decidiendo sobre sus méritos una determinada controversia judicial cuyos becbos y fundamentos constan en los autos.

Comparando ahora este pleito con el anterior entendemos que existe entre ellos la perfecta identidad que la ley requiere para que pueda concluirse que la cuestión que se suscita en éste quedó en aquél definitivamente juzgada y resuelta en contra del demandante y en favor de la demandada.

Existe perfecta identidad entre las cosas. Ambas de-mandas, la de 1911 y la de 1928, se basan en el becbo de la muerte de Julián Dávila ocurrida en la carretera insular nú-mero tres el 25 de abril de 1910, siendo esa muerte la que tomó en consideración la Corte de Distrito de San Juan para dictar su sentencia de 13 de agosto de 1912, confirmada por la de esta Corte Suprema de 4 de junio de 1913.

Existe perfecta identidad entre las causas. En el pleito anterior como en éste se ejercita la misma acción de daños y perjuicios basada en que la muerte de Julián Dávila, padre de Armando, se debió a la negligencia de la misma entidad demandada en ambos pleitos al no mantener su instalación eléctrica con el debido cuidado.

Y existe perfecta identidad entre las personas, porque en ambos pleitos el demandante es Armando Dávila Rodríguez, y la demandada la Compañía Eléctrica de que se trata.

Esto en cierto modo lo acepta la propia parte apelante. Es la perfecta identidad de la calidad con que las personas litigaron, la que sostiene dicba parte que no existe, invo-cando en su favor como única autoridad lo decidido por esta Corte Suprema en el caso de Irisarri v. Bias Ojea, 35 D.P.E. 144, que copiando del resumen, fué como sigue:

“Iniciada acción perteneciente a la sociedad de gananciales por la esposa personalmente asistida de su esposo, la sentencia en ella dictada no puede invocarse como cosa juzgada en acción posterior fundada en los mismos becbos establecidos por el esposo como representante de la propiedad legal de gananciales.”

En el curso de la opinión se dijo:

“En el acto del juicio se probó la existencia del otro pleito ale-gado, pero la parte demandante sostiene, con razón a nuestro juicio, que habiéndose iniciado dicho pleito por Providencia Morales que no tenía derecho a ello pues la acción pertenecía a la sociedad de ganan-ciales, la sentencia en él dictada no puede invocarse para perjudicar la acción ejercitada en este pleito. Que la acción pertenece a la so-ciedad de gananciales fué resuelto en el caso de Vázquez v. Valdés et al., 28 D.P.R. 467, decisión que acaba de ser ratificada en tal ex-tremo en el caso de Vázquez v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 35 D.P.R. 62.
“El artículo 1219 del Código Civil revisado (Comp. 1911, see. 4325) dice que ‘Para, que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.’ El pleito No. 9254 decidido por sentencia de 13 de diciembre de 1922 es cierto que se basó en los mismos hechos que el presente pero fué iniciado por Providencia Morales personalmente, mientras que en éste figura Providencia Morales como miembro de la sociedad de gananciales constituida con su esposo. El que fuera asistida de su esposo en el primer pleito no altera la situación. No existe, pues, la perfecta identidad que la ley exige entre los litigantes en amibos pleitos, y en tal virtud no procede la excepción de cosa juzgada. ’ ’

Como puede verse, el oaso es distinto. Aquí la demanda ahora establecida se presenta por Armando Dávila Rodrí-guez, como único hijo y universal heredero de Julián Dávila, para su propio beneficio, y la demanda que antes se estable-ció fué presentada por el propio Armando Dávila que, como era entonces un menor no emancipado cuyo padre había muerto, compareció representado por su madre con patria potestad sobre él, Francisca Rodríguez, siendo el pleito para beneficio exclusivo del menor, quedando los derechos del me-nor resueltos definitivamente en dicho pleito, en ausencia de fraude o de cualquier otro vicio capaz de invalidarlo, que en el nuevo pleito ni siquiera se alega que existiera. Corker v. Jones, 110 U. S. 317, 320.

Siendo, pues, perfecta la identidad de cosas, causas, per-sonas de los litigantes y calidad en que lo fueron, no erró la corte de distrito al dictar su sentencia de mayo 27, 1930. La obra de la justicia constituida quedó terminada en esta con-troversia desde 1913. Así lo exige el reposo de la sociedad y lo prescribe la ley.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Rosa, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras Freyre, demandantes y apeladas, v. Josefa Dolores Brunet y Guayta, demandada y apelante.
    No. 6290.

    Sometido: Abril 24, 1933.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      G. de la Haba, abogado de la apelante; A. Marín, abogado de las ape-ladas.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso porque los autos se radicaron en febrero 23,1933, y en marzo 4 siguiente se concedió a la ape-lante una prórroga para presentar su alegato a vencer el 4 de abril de 1933 y porque el alegato no fue presentado dentro de dicho término, limitándose la apelante a solicitar en abril

3. otra prórroga de treinta días que le fue concedida sin autoridad por esta corte.

Sostiene la apelada usando sus propias palabras: “Que la prórroga últimamente concedida está desautorizada por las disposiciones del artículo 53 del Reglamento de esta Hon. Corte, tal como dicho artículo debe entenderse; y por tanto tal prórroga es nula.”

Dice la sección 53 del reglamento de esta corte, qne se invoca:

“Siempre que un Letrado solicite de este Tribunal una prórroga, para cualquier fin, la concesión de la cual pueda demorar la tramita-ción de la causa por más de treinta días, se denegará dicha prórroga, a no ser que la parte contraria o su abogado hayan sido notificados, o 'consientan por escrito en dicha demora.”

Sostiene la apelada qne la correcta interpretación de esa regla es la de qne no es necesario qne la prórroga qne se solicite sea en sí misma por nn término mayor de treinta días cuando ya se ha solicitado y concedido anteriormente otra que cubra dicho término.

Desde qne fné aprobada hace más de veinte años, ha venido aplicándose dicha regla de modo invariable en el sen-tido de qne las qne exigen notificación a la parte contraria o a su abogado, o su consentimiento por escrito, son las peti-ciones de prórroga en sí mismas por más de treinta días, irrespectivamente de si el término ha sido o no prorrogado con anterioridad. No se nos presentan razones de peso para variar la interpretación.

Además aunque resolviéramos lo contrario y decidiéramos qne es la correcta la interpretación qne da a la regla la parte apelada, no procedería la desestimación del recurso porque no se trata de nn término jurisdiccional y la corte ha ejerci-tado ya su discreción extendiéndolo.

En materia de apelaciones sólo hay nn término jurisdiccional fatal en absoluto, el de la interposición del recurso. Una vez qne el recurso se interpone, la corte adquiere jurisdicción para tramitarlo. Los otros términos fijados son prorrogables, concediéndose las prórrogas en el ejercicio de una sana discreción, de acuerdo con las circunstancias que concurran.

Debe declararse no haber lugar a la desestimación soli-citada.


text:
    Sucn. de María Antonia Pagán y Asencio, etc., demandante y apelada, v. Sucn. de Juan Asencio Padilla, etc., demandada y apelante.
    No. 5824.

    Sometido: Abril 18, 1933.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      Miguel A. García Méndez, abogado de la apelante; P. Fajardo Mar-tínez, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se decidió por sentencia de julio IB, 1931, de-clarando la demanda con lugar. Apeló la parte demandada señalando en su alegato la comisión de tres errores, el pri-mero al desestimarse la defensa-de prescripción, el segundo al declararse sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción y el tercero al apreciarse la prueba.

Así las cosas, ambas partes el 29 de julio de 1932 presen-taron una estipulación que dice:

“Que ban estipulado solicitar de este Honorable Tribunal se sirva resolver en el presente caso la cuestión de derecho planteada por los apelantes en su pRimee ERRiOR, relativa a si procede o no declarar ex-tinguida por prescripción una acción sobre nulidad de contratos fun-dada en la alegada incapacidad de una causante, no habiendo mediado previa declaración de incapacidad y habiendo transcurrido más de cuatro años desde el fallecimiento de la causante para la fecha en que se radicó la acción de nulidad por la sucesión actora.
“Los abogados suscribientes someten esta estipulación a este Honorable Tribunal, renunciando el señalamiento de vista pública para la discusión de dicha cuestión, en obvio de tiempo y para beneficio de la profesión en Puerto Rico, por ser ése el único ‘issue’ fundamental de derecho que informa la apelación en el presente caso.”

La estipulación fue aprobada por la corte, pero impo-niendo a las partes el deber de cumplir con lo dispuesto en la sección 63 de su reglamento, esto es, la presentación de alegatos impresos. No lo bicieron y el recurso se señaló de nuevo para verse el 18 de abril actual. Faltaron las partes en comparecer y, dadas las circunstancias concurrentes, la corte ordenó que fueran oídas por escrito o en corte abierta el 24 de abril sobre si la cuestión envuelta en el litigio había llegado a ser académica.

Por escrito, notificado a la parte contraria, informó la apelante:

“. . . que la decisión que se ha solicitado de esta honorable Corte así se ha solicitado por ambas partes, incurriendo en el gasto de trans-cripción y en el trabajo de elev'ación de alegatos, por entender que la cuestión de si debe o no ratificarse la doctrina sentada en el caso de Cabrera et al vs. Aponte, 29 D.P.R. 938, por envolver dicha materia un punto fundamental de derecho, es de gran interés para la profesión. Lo relativo al resultado material del litigio ha sido ob-jeto de transacción ya aprobada por la Corte inferior, por lo que, en atención a lo ordenado por esta honorable Corte, forzoso nos es con-signar que, en lo que a dicho resultado material respecta, la cuestión envuelta es académica.”

Nada ha dicho la apelada.

De modo terminante consta, pues, que el litigio ha sido transado y que el recurso sólo se sostiene por el deseo de las partes de obtener la resolución de esta corte sobre un punto legal que consideran de interés para la profesión. No existe uná controversia real entre ellas, y la regla general establecida de modo invariable por la jurisprudencia es que toda vez que los tribunales de apelación no se constituyen para emitir opiniones sobre cuestiones académicas o propo-siciones abstractas, la apelación será desestimada cuando no existe una verdadera controversia entre las partes al tiempo de la vista. Véase 4 C. J. 575.

Existen algunas excepciones entre las cuales no está com-prendido este caso. No aparece envuelta cuestión alguna de interés público de tal magnitud que pudiera reclamar la intervención de la corte. El caso de Cabrera, supra, a que se refiere el escrito del apelante, ba permanecido sin altera-ción desde 1921 en que fué resuelto, y a juzgar por los ale-gatos de ambas partes no se impugna su doctrina, tratándose sólo de fijar su alcance en relación con los hechos de este caso.

En tal virtud debe, desestimarse, por académico, el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Tomás Robles, peticionario, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 819.

    Sometido: Junio 15, 1932.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      G. Dominguez Rubio, abogado del peticionario; Juan B. Boto, abo-gado de la interventora Maryland Casualty Co., aseguradora del patrono.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Después de varias órdenes preliminares este caso se en-cuentra ante nos con motivo de una vista señalada para de-terminar si debe expedirse o no un auto de certiorari.

El peticionario Tomás Robles presentó ante la Comisión Industrial de Puerto Rico una petición en solicitud de com-pensación con motivo de un accidente ocurrídole el 26 de no-viembre de 1930. El patrono Miguel Rivera estaba asegu-rado con la Maryland Casualty Company.

La Comisión Industrial resolvió que él tenía derecho a recibir compensación a causa de la enucleación de un ojo que le produjo una desfiguración y le concedió la suma de $247.50. La Maryland Casualty Company apeló para ante la corte de distrito al igual que el obrero. De los autos o de las admisiones de las partes aparece suficientemente que Tomás Robles, un número de años antes había sufrido un accidente a consecuencia del cual perdió prácticamente la visión del ojo derecho. El todavía podía distinguir bultos. Debido al accidente sufrido el 26 de noviembre de 1930, recibió otro golpe en el ojo derecho que hizo necesaria la enucleación. La Comisión Industrial basó su sentencia en la teoría de que la desfiguración le haría difícil conseguir trabajo y que en su consecuencia tenía derecho a recibir compensación.

A virtud de estipulación el recurso interpuesto por el pa-trono fué visto primeramente. Este sostenía que el caso de la enucleación de un ojo, falto ya de visión, no estaba com-prendido por la ley. Parece ser cierto que si años antes un obrero sufre un accidente, como en el presente caso, por el cual quizá hubiese tenido derecho a compensación, por pér-dida de la vista, él no podría ahora obtener indemnización solamente por la enucleación mencionada en la Ley de Indem-nizaciones a Obreros. Según el patrono, la ley se refiere a casos en que la enucleación produce la pérdida de la vista. Aparentemente, teniendo esto presente, la Comisión Industrial resolvió, en el ejercicio de su discreción, que el obrero tenía derecho a alguna compensación por la desfiguración. Al emitir su fallo en el primer recurso de apelación, la corte, podría decirse que discrecionalmente, tomó la posición de que por un impedimento ulterior de la vista la Comisión estaba justificada en conceder alguna compensación, y fijó la misma suma.

En el segundo recurso, el del obrero, la corte también escribió una opinión. La corte indicó que para una enucleación la ley concedía de |520 a $1,040, pero que disponía además que para cualquiera otra incapacidad parcial perma-nente no especificada, la concesión debía graduarse de con-formidad con el caso de incapacidad más inmediato. La corte fué de opinión de que el estado de visión anterior de-bía ser considerado y de que la concesión hecha por la Co-misión era justa y debía ser confirmada.

El peticionario sostiene que la Corte de Distrito de G-ua-yama no tenía jurisdicción para dictar la sentencia que dictó, sino que habiendo resuelto que la lesión recibida por el peti-cionario era distinta a la hallada por la Comisión, los pro-cedimientos debieron haberse devuelto a la Comisión Industrial a fin de que dicho organismo pudiera determinar la cuantía de la indemnización.

El juez que suscribe tenía algunas dudas respecto a si el recurso de certiorari procede en un caso como el presente, mas está ahora convencido de que sí procede; en otras pa-labras, de que tenemos ante nos un “caso” o una “causa,” tal cual estas palabras son definidas por la ley de certiorari.

De todos modos, el auto de certiorari es en gran parte discrecional y según los hechos de este caso dudamos que deba sostenerse el auto aun si estuviésemos convencidos de que la corte de distrito ha cometido algún error de jurisdic-ción o de procedimiento.

Convenimos con la corte de distrito y con el patrono en que la primera al apelarse para ante ella de la Comisión Industrial, tenía derecho a considerar el caso como un juez de equidad y a resolverlo tal cual pudo hacerlo la Comisión Industrial. White Star Bus Line Inc. v. Corte de Distrito, 41. D.P.R. 526. En su consecuencia, la actuación de la corte de distrito no sería un error de jurisdicción. A lo sumo equi-valdría a haber dejado de conceder al obrero la suma a que tenía derecho. Fue una interpretación errónea de la ley, se-gún la entendemos, más bien que el haber dejado de seguir el debido curso de los procedimientos.

Además, si bien el caso no ha estado exento de dudas, el peticionario deja de convencernos de que la corte estuviese equivocada al fijar la cuantía de la indemnización, y habiendo llegado a la conclusión de que se ha hecho justicia substan-cial, debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Maldonado Márquez, acusado y apelante.
    No. 4960.

    Sometido: Marzo 9, 1933.

      Resuelto: Abril 28, 1933.

      De la Torre & Ramírez, abogados del apelante;' B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de la ley local de alimentos y drogas (Leyes de 1931, pág. 415), expresa que una droga se considerará adulterada si “se vende bajo un nombre reconocido por la Farmacopea de los Estados Unidos .o el Formulario Nacional y difiere de la norma de fuerza, calidad o pureza expresada en los ensayos que constan en estos dos formularios oficiales, en la época de la investigación.” Dispone “que ninguna droga descrita en ambos formularios se considerará adulte-rada, si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aun-que ésta difiera de la oficial de aquellos dos formularios.” Por virtud de los términos de la sección 4, toda persona que vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o almacenare cual-quiera droga adulterada, será culpable de misdemeanor. La sección 7 provee que: “Ningún vendedor podrá ser proce-sado judicialmente si presenta una garantía escrita y firmada por cualquier comerciante al por mayor, importador, agente, representante, -distribuidor o manufacturero, en Puerto Rico o en los Estados Unidos, de los cuales se obtenga en compra el artículo aludido, haciéndose constar que no está adulterado o falsamente rotulado. Dicha garantía, para ofrecer la de-bida protección, deberá contener el nombre y la dirección completa de la persona o firma que hizo la transacción con el vendedor. En este caso el proceso judicial se instituirá contra la persona o firma responsable. . .”

Maldonado fué convicto de tener y ofrecer en venta y al-macenar polvos de Seidlitz adulterados. La prueba de des-cargo demostró, o tendió a demostrar, que Maldonado tenía y vendía los polvos en paquetes originales o sobres sellados que habían sido rotulados por la fabricante; ‘ ‘ The Juvenilina Company,” de Ponce, con las direcciones para su uso y el número del teléfono de la referida fabricante; que Maldonado había escrito a la Juvenilina Company pidiéndole una garan-tía y se le replicó que las autoridades sanitarias habían to-mado muestras del polvo y decomisado sus existencias hasta que el Departamento de Sanidad dispusiera lo procedente; y que para la época del juicio del presente caso ya se había iniciado otro proceso contra la Juvenilina Company.

La contención del apelante es que no hubo mens rea y que el nombre y dirección de la fabricante que aparecían en el paquete original en que se guardaban y vendían los polvos eran más que un equivalente de la garantía escrita a que se refiere la sección 7 de la ley. No podemos estar conformes con ese criterio. La intención criminal no es un elemento del delito. El caso de West v. Emanuel, 198 Pac. 180, 53 L.R.A. 329, y los citados en la nota al calce del de Windram Mfg. Co. v. Boston Blacking Co., 17 A.L.R. 669, no son aplicables. El rótulo fijado en el paquete original por la Juvenilina Company no era una garantía escrita ni el equivalente de “una garantía escrita y firmada por cualquier comerciante al por mayor . . . o manufacturero . . . haciéndose constar que” el contenido del paquete “no está adulterado o falsamente ro-tulado.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    No. 871 .
    Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.

       Véase la opinión de la mayoría en la página 680.

   OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

Desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia corriente, el extremo más importante en este caso es la interpretación que debe dársele al artículo 175 del reglamento de la Ley Hipotecaria. No obstante un número de asunciones en favor de la aquí peticiona-ria, el caso pudo y debió ser resuelto en sus hechos.

Puede, pues, asumirse de momento que en este procedimiento de certiorari teníamos el derecho de indagar si la corte ejerció o no suficientemente su discreción o se valió- de todos los medios a su alcance para investigar la autoridad de los abogados para incoar un procedimiento ejecutivo a nombre de M. L. de Soto, o para averi-guar la existencia o inexistencia del allí demandante, M. L. de Soto. Partiendo de esa asunción, sostengo que el peticionario ante nos ja-más controvirtió suficientemente la presunción de autoridad que existe a favor de la debida comparecencia de un abogado. Cuando un abogado comparece a nombre de una parte, debe presumirse ne-cesariamente la existencia de esa parte, así como el hecho de que el letrado derivó su autoridad de ella.

La opinión de la mayoría reconoce literalmente que la presun-ción a favor del derecho de un abogado a comparecer en represen-tación de una parte es fuerte, pero esa opinión necesariamente con-sideró o bien que la presunción fué destruida o que en supuestos casos sospechosos el deber de la corte, aun en un procedimiento sumario bajo la Ley Hipotecaria, era hacer una investigación más amplia. La base de la opinión de la mayoría fué que la corte inferior no fué tan lejos como debió.

La actuación de la corte se hizo depender exclusivamente del affidavit de Henri Brown, uno de los abogados de los Padres Ca-puchinos. Él hizo una demostración, por supuesto, fuerte, fundada en información y creencia, en el sentido de que no había en Santo Domingo comerciante, alguno de nombre M. L. de Soto, según se alegó en el escrito inicial presentado en la corte inferior. El de-clarante manifestó que había hecho un gran número de gestiones encaminadas a probar por medio de varias personas en Santo Domingo que ellas jamás habiam oído hablar de M. L. de Soto. Sin embargo, información obtenida de bancos y comerciantes no me convencería de qne una persona cuya ocupación natural sea el co-mercio, no haya de existir, no obstante ser desconocida por los que facilitaron la información al declarante.

Se dijo, en síntesis, que M. L. de 'Soto, comerciante, soltero, y residente en Santo Domingo, presenta un escrito inicial, etc. M. L. de Soto pudo dedicarse al comercio y haberse retirado. Es fácil-mente posible que una persona que una vez fué comerciante y cuyas actividades hayan cesado, no sea conocida por los comerciantes o banqueros, especialmente si no tiene cuentas en los bancos. Es cues-tión de conocimiento común en Puerto Rico que muchas personas no depositan su dinero en los bancos. No trataré de analizar todas las posibidades no excluidas por la declaración jurada del Sr. Brown.

No pongo en duda la jurisprudencia citada por este Tribunal al efecto de que la inexistencia de una persona no puede probarse por testimonio positivo sino que debe establecerse mediante la razonable exclusión de la posibilidad contraria. En un juicio criminal donde quizá se precisa la mayor prueba, una persona puede ser convicta sobre evidencia circunstancial. No sostengo que la evidencia en un caso civil deba ser tan robusta como la que se exige en un caso criminal, pero no puede surgir duda alguna de que la presunción a favor de la debida comparecencia de un abogado es tan fuerte y tan necesaria para la administración de justicia, que un affidavit debe excluir toda posibilidad razonable de que el demandante en el procedimiento ejecutivo en realidad existía. Desde el tiempo del caso de Osborn y de la opinión del Juez Presidente Sr. Marshall en él, la fuerza de la presunción en favor de un abogado ha to-mado incremento más bien que disminuido. Osborn v. The U. S. Bank, 9 Wheat, 738; Nota sobre el caso de McAlexander v. Wright, 16 Am. Dec. 98; Doe v. Abbott, 126 Am. St. Rep. 30, y nota.

La cuestión de si la presunción había sido vulnerada fué pre-sentada a la corte de distrito. Haya esa corte o no llegado a su conclusión mediante un proceso' mental similar al del que suscribe, lo cierto es que la corte inferior estimó que esa presunción no había sido destruida por el affidavit del Sr. Brown. La corte tuvo ante sí toda la evidencia, y, como en cualquier otro caso, tenía derecho a apreciarla, y su conclusión debió ser final para esta corte. Puede decirse que en este caso no había otra cosa envuelta que la aprecia-ción de la evidencia. Consideraré ahora otros aspectos del caso.

La ley define el auto de certiorari así:

“El auto de certiorari es un auto expedido por un tribunal superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero, de una copia certificada de las diligencias pendientes en el tribunal (corte) inferior o los autos de alguna causa ya terminada, en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas." (Estatutos Revisados de 1911, sección 1349).

El becho de que la corte pueda o no baber estado equivocada en. la apreciación de la prueba no es un error de jurisdicción o pro-cedimiento, ni revisable por certiorwri. Arribas v. Corte de Distrito, 9 D.P.R. 484; Axtmayer v. Juez de Distrito, 14 D.P.R. 643; Del Toro v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 93.

Hay otra cuestión de procedimiento que el que suscribe cree debe ser decisiva del caso. La Asociación de Padres Capucbinos jamás llegó a ser parte en el procedimiento hipotecario, según yo entiendo la ley. El reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-tecaria dispone que los acreedores posteriores deben ser notificados del procedimiento, pero no se convierten en partes. Esto sólo les proporciona la oportunidad de comparecer a la venta pública y su-bastar la propiedad. Empero, como la Asociación de Padres Capu-chinos era la dueña del terreno en que estaba enclavado el edificio hipotecado, y como había radicado un pleito y anotado un aviso de lis pendens en el registro, era conveniente notificarla del procedi-miento ejecutivo. Esto no • hizo parte a la Asociación de Padres Capuchinos, y la conclusión que aparece en la solicitud en el sen-tido de que la referida asociación fué hecha parte es injustificada.

Un acreedor que embarga, también podría anotar su pleito en el registro y una corte podría de igual modo pero innecesariamente notificarle del procedimiento hipotecario.

Procederé ahora a considerar la interpretación del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria. Éste es un caso claro de expressio unius est exclwsio alterius. La naturaleza sumaria del procedimiento, sólo puede ser cambiada en los casos que se especifican. El artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, lee como sigue:

“Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella 110 debe' ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu."

El artículo 175 no quiere decir que a opción de una parte o de una corte cualquiera- materia puede- ser investigada, sino que todos los asuntos, excepto los enumerados en ese artículo, son relegados a una acción plenaria en que puede suscitarse cualquier cuestión. Si alguna cosa no debe ser puesta en tela de juicio en un procedi-miento sumario* en virtud de la Ley Hipotecaria, es el poder de representar a una parte. Si así fuese, un acreedor podría con fre-cuencia, si no siempre, ser requerido a probar el poder de su abo-gado, en casos fáciles de imaginar.

Los autos demuestran que la Asociación de Padres Capuchinos tenía un pleito pendiente y lo había anotado en el registro. Al igual que si se tratase de un deudor o de cualquiera otra persona que pudiera tener una reclamación sobre la propiedad, tal vez pudo haberse radicado una demanda complementaria en el mismo pleito para lograr que se ventilaran las imputaciones de fraude- y cons-piración hechas por lá Asociación de Padres Capuchinos contra Manuel Tous Soto y María Rivera Quiles. No veo que se cometa injusticia alguna al exigírsele a un deudor o a cualquiera otra persona recurrir a un pleito plenario para impugnar un procedi-miento ejecutivo. Si han de crearse obstáculos al cobro de las deu-das, la dificultad para obtener dinero una persona sería mayor. Esto se hizo lo suficientemente claro en la exposición de motivos para la aprobación de la Ley Hipotecaria. El procedimiento no es tan drástico como el que existe en varios de los estados de la Unión Americana, donde en lugar de la hipoteca ordinaria se otor-gan escrituras de trust por virtud de las cuales los trustees tienen facultad para vender sin necesidad de un procedimiento judicial, previa publicación de un anuncio en los periódicos en el sentido de que la propiedad será vendida en cierta fecha y en determinado sitio, desde luego, después que el deudor ha incurrido en mora.

No veo motivo para hacer una excepción en este caso, y lo ac-tuado por la corte de distrito no debió anularse.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


text:
    Figueroa Reyes, aplte. v. Lugo, dmdo. y El Pueblo, Interventor apldo.
    No. 5934.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 21, 1932.
   El apelante, en este caso de interdicto posesorio, solicitó recon-sideración de la sentencia dictada por este tribunal (43 D.P.R. 865) o la modificación de sn pronunciamiento en costas.

En cuanto a la reconsideración, insistió en las mismas cuestiones que presentó en su primitivo alegato y fueron consideradas o resuel-tas, sin que la nueva argumentación convenciera, de que debía re-vocarse la sentencia recurrida.

En cuanto a las costas, sostuvo que fué injusta la imposición de todas ellas, incluyendo los honorarios, y que la corte inferior abusó de su discreción al no excluir éstos, citando el caso de Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R. 74. Este tribunal, basándose en el de Rivera v. Vargas, 43 D.P.R. 155, declaró sin lugar la moción porque, aún cuando quizás la prueba no demostrara que el apelante era un liti-gante temerario, la corte de distrito podía aún, al fijar la cuantía de los honorarios, apreciar el grado de temeridad y esa corte estaba en mejores condiciones que el Supfemo para actuar en esa dirección.


text:
    Pueblo, apldo. v. Portalatín, aplte.
    No. 4917.

    Sometido: Diciembre 5, 1932.

      Resuelto: Diciembre 9, 1932.
   El acusado apeló de una sentencia condenatoria y, habiendo soli-, citado y obtenido se ordenara la preparación del récord taquigráfico,, la corte le ordenó que, dentro de un término, consignara los honora-rios del taquígrafo para éste proceder a preparar la transcripción de la evidencia. Alegando' en moción jurada ante este tribunal ser, absolutamente insolvente y que debido a la crisis no había podido consignar y, además, que no solicitó en tiempo prórroga para archi-var dicha transcripción porque vive entre Lares y ITtuado y no le fué posible cambiar impresiones con su abogado, dicho acusado soli-citó del tribunal que en el uso de su discreción, le concediera un tér-mino para archivar dicha transcripción y presentar su alegato.

Considerando que para solicitar una prórroga no era necesario que el acusado hablara personalmente con su letrado y, en cuanto a la insolvencia, que no se cuidó de alegarla debidamente ante la corte inferior para que ésta hubiera ordenado al taquígrafo la trans-cripción sin devengar honorarios en caso de que la hubiese justifi-cado, el tribunal desestimó la apelación interpuesta.


text:
    Gastón, aplte. v. Herederos de Franceschi, apldos.
    No. 4944.

    Sometido: Enero 9, 1933.

      Resuelto: Enero 23, 1933.
   Resuelto, este caso, en marzo 31, 1932 (43 D.P.R. 308) la parte demandada archivó en agosto 31, 1932 moción interesando la modifi-cación de los términos de la sentencia de este tribunal, por la que se revocaron ciertas resoluciones apeladas y en su consecuencia se anularon ciertos embargos practicados en aseguramiento de la sen-tencia que pudiera recaer a virtud de contrademanda presentada en el pleito, en el sentido de extender dicha sentencia a declarar sin lugar definitivamente dicha contrademanda para poder apelar así de ella para ante la Corte de Circuito.

El tribunal negó lo solicitado, en primer lugar, porque no estaba convencido de que no hubiera podido apelarse directamente de la sen-tencia en la fecha en que se dictó, y en segundo lugar, porque el pleito en el que se ordenaron los embargos quedó definitivamente re-suelto por sentencia sobre las alegaciones dictada por la corte inferior a virtud de demanda enmendada — presentada después de decre-tados los embargos — y de excepción previa formulada por los de-mandados, sentencia que fué confirmada por esta Corte Suprema tam-bién en marzo 31, 1932 (43 D.P.R. 300).

En cuanto a la petición de que ciertas palabras se insertaran en determinado párrafo de la opinión, la corte resolvió no era absoluta-mente necesario porque la exacta cuestión suscitada por los deman-dados ya había sido resuelta por esta corte en el caso de Armstrong & Co. v. Irizarri, 29 D.P.R. 606, en el sentido de que “cuando la de-manda no determina una causa de acción debe declararse con lugar una moción para anular el embargo practicado para el asegura-miento de sentencia pero no así cuando la demanda es susceptible de ser enmendada.”

La moción fué declarada sin lugar.


text:
    No. 5843.

    Paz, aplte. v. Maryland Casualty Co., aplda.
    C.D. Mayagüez.
    Diciembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son:

"1. La corte, mediante prejuicio, pasión y parcialidad, erró al declarar como declaró, que el demandante no había probado que su automóvil hubiera sufrido colisión alguna, ei'rando asimismo al asegurar que dicho demandante hubiera de-jado de probar que el dicho automóvil chocara con un árbol de la carretera y como consecuencia de dichos choques se desarrollara en él un ineendio que le destruyera.
“2. La corte, mediante prejuicio, pasión y parcialidad, erró al declarar que la única causa del daño sufrido por el carro del demandante lo fuera por un in-cendio y no como consecuencia del choque sufrido.
“3. La corte, mediante prejuicio, pasión y parcialidad, cometió error en la apreciación de la prueba.
' 4. La corte cometió error al declarar sin lugar la demanda. ’ ’

Por Cuanto, no encontramos indicio alguno de pasión, prejuicio o parcialidad, ni existe error tan manifiesto en la aprobación de la prueba que exija una revocación de la sentencia apelada;

Por Cuanto, en tal virtud resulta innecesario discutir las cues-tiones referentes a la interpretación y alcance de cierta cláusula de la póliza eximiendo a la compañía aseguradora de responsabilidad por toda pérdida o daño por fuego o por cualquier causa que fuere;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de -Mayagüez en 30 de junio de 1931.


text:
    No. 6144.
    Ortiz, aplte., v. Carrasquillo, aplda.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 13, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por Cuanto, el pleito de epígrafe era un caso ‘de divorcio en que surgió un incidente.de desacato y en que la Corte de Distrito de Iíu-macao condenó al demandante por desacato por haber desobedecido una orden concediendo alimentos a la demandada;

Por Cuanto, el demandante apeló de la orden de desacato y ahora solicita que se cambie el título del caso de modo que lea “El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Ortiz Stella, ’ ’ alegando que se trata más bien de un desacato criminal que de uno civil;

Por cuanto, en diciembre 24 de 1930 esta Corte rehusó desesti-mar la apelación por-no haberse notificado al apelado, bastando apa-rentemente una notificación al fiscal;

Poe Cuanto, habiendo esta Corte prima facie aceptado jurisdic-ción dél recurso el título del caso carece de verdadera importancia;

Pob TANTO, no ha lugar a la moción radicada, dejando a las par-tes en libertad de discutir en su fondo si el pleito es más bien civil o criminal.


text:
    Nos. 5639 y 5640.
    J. Octavio Seix & Co., Inc., aplte., v. Brockway Motor Truck Corporation of P. R. y Gómez, apldos. J. Octavio Seix & Co., Inc., aplte., v. Brockway Motor Truck Corporation of P. R. y Medina et als., apldos. (J. Octavio Seix & Co., Inc. v. Brockway Motor Truck Corporation of P. R., ante pág. 238)
    C. D. San Juan.
    C. D. San Juan.
    Dic. 16, 1932.
   se confirmaron las sentencias apeladas que dictó la Corte de -Distrito de San Juan en estos casos.