author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Carlos Juan Luna González, Gloria E. Pérez Valentín, etc., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2006-1080

      Resuelto: 16 de marzo de 2007
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri reconsideraría.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El pasado 9 de febrero de 2007, y mediante una resolución a esos efectos, una mayoría de los integrantes de Tribunal denegó el presente recurso de certiorari. En dicha resolución se hizo constar que los “Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri expedirían”. Los peticionarios Ramón Caballero Serrano y su esposa, Aida Luz Rivera Martínez, han solicitado la reconsideración de la mencionada determinación.

Hoy la Mayoría se reitera en la denegatoria que proveyera el 9 de febrero de 2007. Por creer que el Tribunal, al así actuar, está cometiendo una injusticia con dos octogenarios que tienen derecho a un remedio legal, hoy disentimos por escrito.

En síntesis, los peticionarios —el matrimonio Caballero-Rivera— han comparecido ante este Tribunal en revisión de una errónea sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual dicho foro judicial confirmó la errónea determinación que hiciera el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Este último había declarado “sin lugar” una reconvención presentada por los peticionarios —en reclamo de los daños y perjuicios sufridos— contra el Banco Popular de Puerto Rico, como consecuencia de la actuación negligente de éste al presentar equivocadamente contra los peticionarios una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca.

La controversia planteada en el presente caso es sorprendentemente sencilla, a saber, si de los hechos, conforme surgen de las alegaciones plasmadas en la demanda y la reconvención, se puede concluir que los peticionarios tienen una causa de acción en daños y peijuicios contra el Banco Popular de Puerto Rico. Contestamos que sí. Veamos por qué.

I

El 25 de agosto de 2004 el Banco Popular de Puerto Rico presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca, ante la Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia, contra el Sr. Carlos Juan Luna González, la Sra. Gloria E. Pérez Valentín y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. En la demanda se incluyeron, equivocadamente, como partes demandadas al matrimonio Caballero-Rivera, unos ancianos de 85 y 82 años respectivamente.

Los peticionarios Caballero-Rivera, luego de ser emplazados, contestaron la demanda negando los hechos y presentaron una reconvención por daños y peijuicios en la cual alegaron que nunca habían suscrito un préstamo u otorgado alguna hipoteca con el Banco Popular de Puerto Rico y que dicha institución financiera, obviamente, no había realizado una investigación responsable para poder identificar, correctamente, a las partes deudoras en este caso. Señalaron que dicha actuación negligente del Banco Popular afectó adversamente su reputación, integridad y honestidad, así como el crédito excelente que habían mantenido por más de 40 años, sufriendo daños que calcularon en $10,000. Reclamaron, además, $30,000 en concepto de sufrimientos y angustias mentales.

El Banco Popular de Puerto Rico presentó una moción de desistimiento voluntario para indicar que desistía de la acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Caballero-Rivera, aceptando que éstos no tenían deuda alguna con dicha entidad bancaria. Alegó, como excusa de su negligente actuación, que su inclusión en la demanda se debió a una información equivocada suministrada en el estudio de título sobre la propiedad objeto de ejecución, realizado por una compañía independiente en el cual éstos surgían como titulares regístrales de la propiedad hipotecada. Solicitó la desestimación de la reconvención.

El foro de instancia, mediante sentencia a esos efectos, decretó el archivo de la reclamación en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Caballero-Rivera, por desistimiento sin perjuicio. Dicho tribunal señaló una vista para dilucidar la solicitud de desestimación de la reconvención. Posteriormente, el foro de instancia emitió una sentencia parcial que declaró “sin lugar” la reconvención presentada por los esposos Caballero-Rivera. Concluyó el referido foro que la inclusión de éstos en la demanda no “tuvo la intención de ocasionarle daños ... ni ... constituye una persecución maliciosa contra aquéllos”. Apéndice, pág. 83.

Inconformes, los peticionarios Caballero-Rivera acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro apelativo intermedio confirmó la sentencia apelada. Resolvió que no procedía una acción en daños por persecución maliciosa como consecuencia de un pleito civil. Sin embargo, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determinara si procedía la imposición de costas y honorarios de abogado al Banco Popular de Puerto Rico.

Insatisfechos, el Sr. Ramón Caballero Serrano y la Sra. Aida Luz Rivera Martínez acudieron ante este Tribunal —vía certiorari— para plantear que el foro apelativo intermedio erró

... al confirmar la Sentencia por el [fiundamento de que la radicación de una demanda y el diligenciamiento del emplazamiento no genera una causa de acción.
... al determinar que existe una controversia real y genuina respecto a si el Banco Popular incurrió en negligencia y no obstante ello confirmar la Sentencia desestimando la reconvención incoada reclamando los daños causados por la negligencia de la parte demandante-recurrida. Petición de certiorari, págs. 3-4.

II

Como podemos notar, la parte peticionaria plantea, en síntesis, que incidió el Tribunal de Apelaciones al determinar que no procedía una acción en daños y perjuicios contra el Banco Popular de Puerto Rico. Veamos.

El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, establece:

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del peijudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.

Como es de todos conocido, para que exista responsabilidad bajo esta disposición estatutaria es necesario: (1) que alguien sufra un daño; (2) que éste sea producto de una acción u omisión culposa o negligente, y (3) que exista relación causal entre el daño y la conducta culposa o negligente. García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800 (2005).

El Art. 1802 del Código Civil, supra, “se enuncia ‘en forma general y sin concretarse a determinados tipos de infracción’, lo que presupone una norma genérica que nos prohíbe causar daño a otro mediante conducta, ya sea activa, ya pasiva”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) García v. E.L.A., supra, pág. 809, citando a Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 105 (1986). El concepto de culpa recogido en el Art. 1802, supra, es infinitamente abarcador, tanto como lo puede ser la conducta humana. García v. E.L.A., supra.

Sabido es que en Puerto Rico no existe, de ordinario, la acción civil de daños y perjuicios por persecución maliciosa como consecuencia de un pleito civil. López de Tord & Zayas v. Molina, 38 D.P.R. 823 (1928). No obstante, y a manera de excepción, este Tribunal ha reconocido la acción de persecución maliciosa en casos de reclamaciones civiles que luego resultan improcedentes cuando ocurren circunstancias extremas en que, realmente, se persigue y hostiga a un demandado con reiterados pleitos de naturaleza civil injustificados e instituidos maliciosamente. Fonseca v. Oyóla, 77 D.P.R. 525 (1954). En estos casos, el demandante está obligado a demostrar que el demandado actuó de mala fe, sin causa probable y con el deliberado propósito de causar daño y estrago. Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 D.P.R. 778 (1975). Por ser la malicia un elemento esencial de la persecución maliciosa, en nuestro ordenamiento se le cataloga como una acción en daños y peijuicios causados por una conducta torticera intencional bajo el citado Art. 1802 del Código Civil. García v. E.L.A., supra. Hemos resuelto que, en ausencia de una disposición expresa que conceda dicha causa de acción, la sanción judicial por el uso indebido de los procedimientos legales se limita a la condena en costes y honorarios de abogado y, cuando proceda, intereses legales por temeridad. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R. 91, 97 (1992); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961).

En nuestro criterio, el caso de autos no versa sobre una acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa, sino sobre una acción en daños por conducta negligente. A pesar de que en el presente caso no se configura una causa de acción por persecución maliciosa, por faltar el elemento de malicia, sí se configura una causa de acción por daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, por la conducta crasamente negligente desplegada por el Banco Popular de Puerto Rico.

El Banco Popular de Puerto Rico es una poderosa institución bancaria que tiene a su disposición grandes recursos económicos, los cuales, cuando menos, le permiten realizar una adecuada investigación antes de presentar una demanda contra un ciudadano. A pesar de ello, en el presente caso entabló equivocada y negligentemente una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra unos ancianos de aproximadamente 85 años, los cuales no eran los deudores de la deuda que se pretendía cobrar. Dicho hecho era de fácil corroboración, ya que el banco tenía en su poder la escritura de constitución de hipoteca y el pagaré, de los cuales claramente surgía que los demandados no eran los deudores. A nuestro entender, lo anterior demuestra la forma negligente y descuidada en que el banco actuó en este caso al entablar una demanda sin cotejar sus propios expedientes. Por otro lado, surge del expediente ante nos que los ancianos demandados alegaron que temieron perder su residencia al ser emplazados y que dicha situación les causó grandes angustias. Además, alegaron que tuvieron que acudir al médico por padecer de desórdenes de ansiedad, perturbación en su estado anímico, depresión mayor e insomnio causados por la actuación del banco y que tuvieron que ser asistidos por sus vecinos en dicho proceso, lo cual, ciertamente, son daños reclamables.

En resumen, a pesar de entender que en el presente caso no se configura una causa de acción por persecución maliciosa, creemos que existe una causa de acción por daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, por la conducta crasamente negligente desplegada por el Banco Popular de Puerto Rico al no verificar sus propios expedientes y presentar una demanda en cobro de dinero contra unas personas que no le adeudaban un centavo. Por tal razón, opinamos que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la reconvención presentada por los esposos Caballero Rivera, error que hoy el Tribunal acentúa al negarse a revisar, y a revocar, dicha actuación. Esta es una cuestión que debe ser dilucidada en un juicio plenario, conforme la prueba que presenten los peticionarios Caballero-Rivera y el Banco Popular de Puerto Rico.

Nuestro sistema de justicia debe amparar y protejer tanto a los poderosos, como el Banco Popular de Puerto Rico, como a los menos afortunados de la vida, como el matrimonio Caballero-Rivera. De eso es de lo que se trata cuando hablamos de “hacer justicia”.

       Este Tribunal resolvió recientemente el caso García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800 (2005), el cual presenta cierta similitud con el caso de epígrafe. En dicho caso, el Departamento de la Familia removió a una menor de su hogar porque alegadamente era maltratada por sus padres. Luego de realizarse los trámites judiciales de rigor, el Tribunal de Primera Instancia no encontró evidencia del alegado maltrato, por lo que los padres de la menor presentaron una demanda contra el Estado Libre Asociado (E.L.A.) y el Departamento de la Familia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al resolver que no hubo malicia por parte del Estado. El Tribunal de Apelaciones revocó dicha determinación. Este Tribunal, al confirmar el foro apelativo intermedio, resolvió que ni la inmunidad de la Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI, Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, ni la Ley de Pleitos contra el Estado, cobijan al E.L.A. ante una reclamación por una actuación negligente de uno de sus funcionarios. Se determinó que en este caso sí procedía una causa de acción por daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, por la conducta negligente del E.L.A.


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license: Public Domain

text:
      In re Luis Carbone Rosario.

      Número: TS-3177

      Resuelto: 16 de marzo de 2007

      Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general; Doel Quiñones Núñez, presidente de la Comisión de Reputación para al Ejercicio de la Abogacía; Luis Carbone Rosario, pro se.

   RESOLUCIÓN

Visto el cumplimiento del Ledo. Luis Carbone Rosario con lo ordenado por la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía y la Notaría en su Resolución de 3 de enero de 2006, y visto, a su vez, el Informe sobre Cumplimiento con Términos de Reinstalación Condicionada, presentado por la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía y la Notaría el 14 de febrero de 2006, se ordena la reinstalación del referido abogado al ejercicio de la abogacía y de la notaría en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    R & B Power, Inc., demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ing. Jorge A. Rodríguez Ruiz, en su capacidad de Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis Nevárez, en su capacidad de Director de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y Félix Núñez, en su capacidad de Coordinador de la RFP (2005-001) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, demandados y peticionarios; RIMCO, Inc. y GT Corporation, interventores.

      Número: CC-2005-757

      Resuelto: 20 de marzo de 2007

      Pedro Santiago Rivera y Andrés Ramírez Marcano, del bufete Richard & Escalera, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, parte peticionaria; Tomás Correa Acevedo, abogado de la parte recurrida; Mane L. Quiñones Tañón, del bufete Látimer, Biaggi, Rachid & Godreau, abogados de RIMCO, Inc., parte interventora; Manuel I. Vallecillo, del bufete Saldaña, Saldaña-Egozcue & Vallecillo, abogados de GT Corporation, parte interventora.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de marras permite expresarnos sobre las enmiendas efectuadas a la ley orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el 2004. En esta ocasión, la controversia gira en tomo a la facultad que le fue conferida a la Junta de Directores de la Autoridad para, en aras de evitar un incumplimiento con leyes o reglamentos ambientales que pudieran redundar en multas a la agencia, decretar un estado de emergencia dispensando del proceso de subasta formal la adquisición de cierto equipo.

I

Los hechos del caso de marras son sencillos y sobre los mismos no hay controversia alguna.

El 16 de abril de 2005 la Junta de Directores (Junta) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Autoridad o AAA) emitió la Resolución Núm. 2132 para eximir del requisito formal de subastas, la adquisición del veinte por ciento de la flota de vehículos de la Autoridad. La resolución emitida requirió que se solicitaran, al menos, tres cotizaciones en el mercado abierto y que se procurara obtener los mejores términos económicos posibles para la AAA. Una vez se adquiriera ese equipo, la resolución perdía vigencia.

La determinación de la Junta obedeció a un informe rendido por su división de seguridad corporativa en el cual se concluyó que la flota de vehículos se encontraba en grave estado de deterioro, por lo que debía ser reemplazada en su totalidad en un plazo de cinco años, pero que era necesario sustituir de inmediato el veinte por ciento de la misma. Dicho informe indicaba que debido al estado de abandono de los vehículos de la Autoridad, se podrían suscitar “interrupciones en las operaciones y el servicio [de la Autoridad]”. Lo que se estimó redundaría en “violaciones ambientales que podrían afectar la salud ... y pudieran dar lugar a imposiciones de multas, ya que no tenemos el equipo en las condiciones óptimas para responder en casos de emergencias”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 139.

La Junta emitió dicha resolución de acuerdo con la Ley Núm. 92 de 31 de marzo de 2004, que había enmendado significativamente la ley orgánica de la AAA, y autorizaba a la Junta a eximir del requisito de “subasta pública y licitación para la adjudicación de contratos de construcción, compras u otros contratos cuando por situación de emergencia se estime que es necesario y conveniente a los fines de proteger la vida o la salud ... o para evitar incumplimientos ambientales que pudieran dar lugar a la imposición de multas ...”. (Énfasis nuestro.) Art. 4 de la Ley Núm. 92, ante, 22 L.P.R.A. see. 151.

La Autoridad procedió a preparar un requerimiento de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) donde se establecieron los requisitos, las especificaciones y el procedimiento que se seguiría para adquirir el equipo. El documento preparado contenía un detallado itinerario de cumplimiento. En éste se incluían: la fecha en que se emitiría el requerimiento de propuestas, la fecha para someterlas, la fecha de notificación del postor agraciado y la fecha de entrega de los vehículos. El documento también identificaba cuáles eran los criterios para la adjudicación, a saber: calidad del producto, años de garantía, plan de mantenimiento y servicio a través de toda la isla, precio, especificaciones técnicas y fecha de entrega de los vehículos. Se indicaba que a cada criterio se le asignaría un peso y se adjudicaría a base de quién obtuviera la mejor puntuación. El documento reconocía que la Autoridad podría negociar los términos propuestos. El documento proveía que los licitadores podrían objetar ante el director de compras de la Autoridad los términos, las condiciones o el proceso establecido en el RFP

El documento se envió a veinte veinte compañías, entre las que se encontraba la parte aquí recurrida, R & B Power, Inc. (R & B). Durante el proceso, la Autoridad modificó algunos de los requerimientos o especificaciones del RFP.

Por estar en desacuerdo con los cambios introducidos por la AAA, R & B acudió —un día antes de la fecha límite para someter su propuesta a la Autoridad— ante el Tribunal de Primera Instancia para solicitar que se dictara un entredicho provisional que paralizara el proceso de adquisición que se llevaba a cabo. En esencia, R & B cuestionó la validez del mecanismo que RFP utilizó por apartarse del procedimiento establecido en el reglamento de subastas de la AAA y cuestionó algunas de las especificaciones incluidas en el RFP. Otros dos licitadores intervinieron en el pleito, impugnando también el procedimiento utilizado por la Autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia, luego de celebrar la correspondiente vista, emitió el entredicho solicitado. Concluyó que la recurrida tenía una probabilidad de prevalecer en los méritos, pues la Autoridad estaba “obligada por sus propios reglamentos a utilizar el procedimiento informal de subasta para la adquisición de vehículos y equipos ... por sobrepasar la compra los $20,000.00”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 207.

Inconforme, la AAA acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito, adujo que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción para atender la demanda de R & B, toda vez que el procedimiento administrativo que conducía no había concluido, por lo que no había determinación final de la cual recurrir. También señaló que la jurisdicción para revisar las decisiones administrativas finales de la Autoridad residía en el tribunal apelativo intermedio y no en el foro de primera instancia. Finalmente, la Autoridad cuestionó la validez de la orden de entredicho dictada porque incumplía con los requerimientos exigidos por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El Tribunal de Apelaciones confirmó al foro primario. Enmarcando la controversia como de agotamiento de remedios administrativos, concluyó que procedía la orden de entredicho provisional, pues los recurridos no tenían un foro adecuado para impugnar la decisión de la Junta de declarar un estado de emergencia que dispensó del procedimiento de subasta formal la adquisición del veinte por ciento de su flota vehicular. El foro apelativo descartó también los errores procesales invocados.

En desacuerdo nuevamente, la Autoridad compareció ante este Tribunal. Levantó dos cuestiones ante nuestra consideración, al igual que lo había hecho ante el foro intermedio. La primera se refiere a la falta de jurisdicción del foro primario porque: (a) el proceso administrativo no había concluido, y (b) porque una vez concluyera, la jurisdicción le correspondía al Tribunal de Apelaciones. La segunda cuestión planteada se refiere a la orden de entredicho provisional emitida y cómo la misma se aparta de las exigencias de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El 12 de agosto de 2005 expedimos el auto solicitado. Posteriormente, y a petición de la Autoridad, dejamos sin efecto el interdicto emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Pendiente el caso, la compañía G.T. Corporation, quien había comparecido como interventor ante el foro primario, solicitó comparecer como interventora en el proceso de marras. Luego de varios trámites procesales y de que las partes presentaran sus respectivos alegatos, el caso quedó sometido para su resolución el 12 de enero de 2006.

Pasamos a resolver.

II

La Ley Núm. 92 enmendó la ley orgánica de la Autoridad —Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada— con el propósito primordial de modificar su estructura administrativa, para formalizar el proceso de regionalization de la Autoridad. 22 L.P.R.A. see. 141 et seq. Ello, luego de que el Gobierno retomara la operación de la Autoridad del control de operadores privados, por estimar que el funcionamiento privado de la agencia “no ha[bía] probado ser efectiv[o]”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92, ante, 2004 Leyes de Puerto Rico 433.

El legislador consideró que, retomada la administración y operación de la corporación pública, resultaba imprescindible proveerle a la agencia “la flexibilidad necesaria” para operar eficientemente. Para ello, era necesario dotar a la Autoridad de “mecanismos que a largo plazo agilizaran] la operación del Sistema [Estadual de Acueductos y Alcantarillados] y result [aran] en mayor eficiencia administrativa y de servicio”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92, ante, pág. 433.

En este contexto, la referida Ley Núm. 92 enmendó la Sec. 11 de la Ley Núm. 40 para expandir el concepto “estado de emergencia”, que permite soslayar el proceso de subasta para la adquisición de bienes o servicios. La ley provee para que la declaración de emergencia la decrete la Junta de Directores de la Autoridad. Conforme dispone la Ley Núm. 92, ante, decretada la emergencia, copia de dicha declaración deberá presentarse en “la [S]ecretaría de cada una de las Cámaras de la Asamblea Legislativa dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a[su] aprobación ...”. 22 L.P.R.A. see. 151(6).

De ordinario, las leyes o los reglamentos que regulan la adquisición de bienes o servicios que hacen los entes gubernamentales contienen una disposición que per-mite obviar el requisito de subasta formal en situaciones excepcionales. Por ejemplo, cuando por una emergencia se requiera de la entrega inmediata de materiales o equipo; cuando se requiera adquirir piezas de repuesto para bienes previamente subastados, o que haya un solo suplidor, por 10 que no es posible la competencia en precios. La Sec. 11 de la ley orgánica de la Autoridad tiene una disposición similar. 22 L.P.R.A. see. 151(6).

Mas, sin embargo, con la Ley Núm. 92, ante, se pretendió ampliar las circunstancias en las cuales se puede soslayar el proceso formal de subasta, añadiendo a la See. 11 el párrafo siguiente:

La Autoridad estará exenta de cumplir con el requisito de subasta pública y licitación para la adjudicación de contratos de construcción, compras u otros contratos cuando por situación de emergencia se estime que es necesario y conveniente a los fines de proteger la vida o salud de los residentes de Puerto Rico o para evitar incumplimientos ambientales que pudieran dar lugar a la imposición de multas, así como para cumplir con los fines públicos de las sees. 141 a 161 de este título, y así lo autorice la Junta en cada caso en particular mediante resolución al efecto. En dicha resolución, se expresarán las circunstancias que justifican que la Autoridad quede exenta del requisito de subasta. Copia de dicha resolución deberá presentarse en la secretaría de cada orna de las Cámaras de la Asamblea Legislativa dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la aprobación de dicha resolución por la Junta. 22 L.P.R.A. see. 151(6).

Por otra parte, la ley orgánica de la Autoridad provee también que cuando no se utilice la subasta formal por motivo de un estado de emergencia, “la compra de tales materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto en la forma usual y corriente en los negocios”. 22 L.P.R.A. see. 151(6).

Respecto la disposición aquí en controversia, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92 explica su propósito de la siguiente manera, y citamos in extenso:

Además, más allá de la facultad actual que tiene la AAA de determinar una emergencia para efectos de procedimientos de compras y contratación, mediante esta Ley estamos expandiendo dicha facultad y autorizando a la Junta de Directores de la AAA a declarar todo o parte del sistema en estado de emergencia cuando las circunstancias así lo requieran. Esta facultad va dirigida, entre otras, a poder atender de manera efectiva y con carácter de urgencia aquellas circunstancias críticas y apremiantes de administración, operación o financieras que pueden repercutir en incidencias que afectan el efectivo cumplimiento con las disposiciones ambientales pertinentes, según determine la Junta de Directores. Al facilitar la ejecución efectiva de medidas administrativas, operacionales y de mantenimiento para cumplir con leyes y reglamentos ambientales aplicables, estas disposiciones son cónsonas con el compromiso de la AAA, y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de cumplir con los Decretos por Consentimiento entre la AAA y la Agencia de Protección Ambiental Federal. Otorgada esta facultad de declarar estados de emergencia de todo o parte del sistema, la AAA tendrá una herramienta importante para asegurarse de cumplir con los requisitos de las dispensas a las Plantas 301(h) y demás requisitos legales y reglamentarios por lo que se le exhorta a que considere prioritariamente el estado de las Plantas 301(h) y de declararse en estado de emergencia, ejerza todas las medidas necesarias que sus poderes permitan para subsanar el riesgo apremiante sobre estas plantas. (Énfasis nuestro.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92, ante, págs. 436-437.

No hay duda entonces de que con la aprobación de la Ley Núm. 92 el legislador pretendió, entre otras cosas, flexibilizar los mecanismos de operación y administración de la AAA para hacer a dicha agencia más efectiva y eficaz en el servicio que presta a la ciudadanía. La enmienda de la Sec. 11 tenía como objetivo, también, cerciorarse de que la agencia pudiera cumplir a cabalidad con la legislación y reglamentación ambiental aplicable, así como con los compromisos ambientales contraídos, principalmente, con la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de Estados Unidos. El legislador, a su vez, reconoció que la facultad de decretar un estado de emergencia es de carácter extraordinario, encaminada a atender situaciones de “riesgo apremiante”.

III

A. La Autoridad nos planteó en su recurso que el procedimiento que llevaba a cabo para la adquisición del veinte por ciento de su flota vehicular y que fue impugnado por R & B no era propiamente un proceso de subasta, por lo que no le aplicaban las disposiciones de su reglamento de subastas. Nos indicó que se trataba, mas bien, de un procedimiento administrativo informal autorizado por su Junta, por lo que se regía por lo provisto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU). En atención a lo cual, no sería hasta tanto la agencia tomase una decisión final respecto a quién adjudicar la buena pro, que podría acudirse al tribunal y, en todo caso, al Tribunal de Apelaciones. En vista de ello, sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para atender la demanda de injunction presentada.

Adujo en su escrito que la determinación de la Junta en la que se decretó un estado de emergencia “no p[odía] ser revisada por los Tribunales”, ya que “se niega la intervención judicial sobre determinaciones administrativas ... cuando lo prohíbe expresa o implícitamente un estatuto o cuando se ha encomendado la determinación a la discre ción de la agencia”. (Énfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 20.

Por el contrario, la peticionaria, al igual que la interventora, reclamaron que el procedimiento que utilizaba la AAA no era un procedimiento administrativo, toda vez que el mismo no se ajustaba a la definición de la LPAU para este tipo de procedimiento. 3 L.P.R.A. see. 2102. No siendo, por lo tanto, el RFP un proceso administrativo informal, no aplicaba la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones como reclamaba la agencia.

R & B adujo también que la Ley Núm. 92 no proveyó un mecanismo para revisar judicialmente la declaración de estado de emergencia. Indicó que esta “emergencia” no era más que un subterfugio para circunvalar la exigencia de someter la adquisición de bienes al proceso formal de subastas. En vista de ello, la peticionaria considera que la agencia está actuando sin autoridad en ley. En cuyo caso, la única avenida disponible para impugnar tal actuación es a través del recurso interdictal presentado ante el Tribunal de Primera Instancia.

B. En infinidad de ocasiones hemos expresado la importancia que reviste para la buena marcha de la cosa pública que los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno se lleven a cabo con eficiencia, honestidad y completa probidad. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2006); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999). Es innecesario entonces recalcar lo que ya es jurisprudencia reiterada.

Con el propósito de uniformar los procedimientos administrativos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se promulgó la LPAU como cuerpo de reglas mínimas para gobernar de manera uniforme los procesos de adjudicación y reglamentación pública. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999); Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). Con relación a los procedimientos administrativos para la adjudicación de bienes y servicios, la LPAU solamente uniformó el procedimiento de reconsideración de la adjudicación de la buena pro ante la agencia y la revisión judicial de la orden o resolución final de la entidad gubernamental en tal respecto. 3 L.P.R.A. secs. 2151, 2169 y 2172; Perfect Cleaning v. Cardiovascular, ante.

A falta de legislación especial, queda a la discreción de cada ente gubernamental, utilizando su conocimiento especializado, aprobar un reglamento que establezca el procedimiento y las guías a seguir para la adquisición competitiva de bienes y servicios en sus respectivas dependencias. 3 L.P.R.A. see. 2169. Véanse, además: L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 875 (1999); RBR Const., S.E. v. A.C., ante. El objetivo de la reglamentación establecida deberá ser promover la mayor competencia en las proposiciones recibidas, de suerte que el Estado tenga a su disposición el mayor número de alternativas posible y, de entre éstas, escoger la que más le beneficie desde el punto de vista de precio y calidad. También, la reglamentación procura evitar la colusión, favoritismo o fraude en la adjudicación del contrato. Véanse: Empresas Toledo; Maxon; L.P. C. & D., Inc.

De ordinario, en la adquisición competitiva de bienes y servicios por el Gobierno, se utiliza el mecanismo de la subasta pública formal o tradicional. W.N. Keyes, Government Contract, Minnesota, West Publishing Co., 1986, Sec. 14.1, pág. 152 (“A primary method of contracting that employs competitive bids ... is ‘sealed bidding’. This has been traditional for public bodies”). Para lo cual, cada entidad gubernamental promulga su propio reglamento; como es el caso del Reglamento Núm. 2732 de 14 de noviembre de 1980, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El que se aduce, aplica en este caso.

En términos generales, el procedimiento de subasta formal consta de varias etapas, a saber: la preparación por parte del ente gubernamental de los pliegos de condiciones y especificaciones, el aviso de subasta al público, el recibo y posterior apertura pública de las propuestas selladas recibidas, la evaluación y el estudio de las mismas por un comité evaluador, la recomendación del comité respecto a la adjudicación de la buena pro, la adjudicación de ésta y la notificación a todos los licitadores. Una vez sometidos los pliegos de licitación y abiertos éstos, los mismos no admiten modificaciones. La apertura de los pliegos de licitación se efectúa públicamente ante todos los licitadores. No hay cabida en este proceso para la negociación de los términos sometidos entre agencia y licitador.

De otra parte, el RFP o requerimiento de propuestas es otro mecanismo disponible para que el Gobierno adquiriera bienes y servicios. Su característica sobresaliente es que admite negociación. IB Government Contracts: Cyclopedic Guide to Law, Administration, Procedure Sec. 9.20[3], pág. 9-10 (Sup. 2007) (“Requests for proposals (RFP’s) are used in negotiated procurements to communicate the government’s requirements to prospective contractors and to solicit proposal”). El RFP es, ante todo, un mecanismo de compra negociada.

Frecuentemente se recurre a éste cuando se trata de la adquisición de bienes o servicios especializados —que involucran asuntos altamente técnicos y complejos— o cuando existen escasos competidores cualificados. Véase Comentario, Request for Proposals in State Government Procurements, 130 U. Pa. L. Rev. 179, 181 (1981) (“Competitive negotiation is generally employed by the government to purchase sophisticated technology that is produced by a limited number o suppliers and cannot be readily defined by precise specifications”).

En el requerimiento de propuestas se deben enumerar los requisitos y factores que se utilizarán para la adjudicación del contrato en cuestión y a los cuales todo licitador tiene que ser responsivo. Habitualmente se le adjudica un valor o peso a los factores que se van a considerar al adjudicar la buena pro. El documento describe cómo se llevará a cabo el proceso, incluso el itinerario para recibir, evaluar y adjudicar la buena pro y los términos del contrato que se otorgará. Y como ya indicamos, este mecanismo admite la negociación entre el oferente y la entidad gubernamental mientras se evalúan las propuestas recibidas. De ordinario, este hecho se hace constar en el documento en sí. Véase Government Contracts, ante, See. 9.20 [3].

Sobre las diferencias entre la subasta formal y el proceso de requerimiento de propuestas, se ha indicado lo siguiente:

By definition, any contract awarded without using sealed bidding procedures is a negotiated contract. ...[£/] nlike sealed bidding, negotiation is a “procedure that includes the receipt of proposals from offerors, permits bargaining, and usually affords offerors an opportunity to revise their offers before award of a contract”. (Enfasis nuestro.) Keyes, op. cit., Sec. 15.3, pág. 197.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que el mecanismo de requerimiento de propuestas se destaca por su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el grado de discreción que se le confiere a la entidad pública en la consideración de la propuesta recibida, en comparación con la subasta tradicional. Sigue siendo éste, sin embargo, un mecanismo alterno para la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno y como tal, necesariamente, participa de alguna de las características de la subasta formal.

Como ya discutimos, en el caso de autos la Asamblea Legislativa eximió del procedimiento de subastas formal aquellas compras de bienes o servicios que como resultado de una emergencia de carácter ambiental fueran necesarias en un momento dado. La Legislatura no tuvo a bien especificar qué mecanismo debía utilizar la Autoridad para estos casos, aunque su ley orgánica sí dispone que estas adquisiciones “podrá [n] hacerse en [el] mercado abierto en la forma usual y corriente en los negocios”.

Así las cosas, la AAA optó por utilizar el mecanismo de requerimiento de propuestas para recibir ofertas para la adquisición de los vehículos. Evaluado el RFP utilizado por la agencia, consideramos que éste cumple con los parámetros antes mencionados para este tipo de procedimiento. Habiendo expresado claramente la Asam blea Legislativa su intención de que en estos casos de emergencia el método de adquisición de bienes y servicios no fuera la subasta formal o tradicional, el método alterno utilizado por la Autoridad lo estimamos adecuado.

Cabe destacar que, aun cuando el RFP se configura como un procedimiento más informal que el de una subasta, no se le puede negar a quienes participan en la licitación y cuyas propuestas fueron rechazadas, el derecho a cuestionar la decisión de la agencia mediante la revisión judicial de ésta. Ello así, aun cuando el documento mismo de licitación, el RFP, nada disponga respecto al derecho de revisión judicial. Partimos de la premisa al así disponer, que existe una presunción a favor de la revisión judicial de las decisiones administrativas. Por lo tanto, en este caso, una vez concluya el proceso de selección del licitador agraciado, las partes que no prevalecieron podrán revisar judicialmente la decisión final de la agencia, incluso, claro está, la declaración misma del estado de emergencia. Resulta insostenible el argumento de la Autoridad que esta determinación está exenta de revisión judicial.

Después de todo, este mecanismo, alterno a la subasta formal, participa de características adjudicativas de la misma forma que la subasta tradicional. En vista de ello, son de clara aplicación los principios generales establecidos en la Sec. 3.16 de la LPAU, 3 L.P.R.A. see. 2166, que exige que cuando “la agencia concluye ... un procedimiento adjudicativo en un caso particular ... notificará por escrito por correo certificado con acuse de recibo a las partes su determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible Véanse: Velázquez v. Adm. de Terrenos, 153 D.P.R. 548 (2001); RBR Cosnt, S.E., ante, pág. 854. Véase, además, Stark v. Wickard, 321 U.S. 288, 304 (1944).

En consideración a lo anterior resolvemos, además, que la referencia a subasta pública en la Sec. 3.19 de la LPAU, 3 L.P.R.A. see. 2169, comprende, necesariamente, el mecanismo de requerimiento de propuestas utilizado en esta ocasión por la Autoridad para adquirir bienes, en cuyo caso, la parte adversamente afectada por la adjudicación de la buena pro también tendrá derecho a solicitar la reconsideración de esa determinación.

Advertimos que la facultad que le confirió la Ley Núm. 92 a la Junta es una facultad extraordinaria, pues el método preferido por el Gobierno para la adquisición de bienes y servicios es la subasta formal. Dada la naturaleza excepcional de la prerrogativa concedida, la Junta deberá cerciorarse de que se cumplen a cabalidad y con rigurosidad los criterios que la hacen posible. Sólo la escrupulosa adhesión a lo que constituye una emergencia evitará el despilfarro de fondos públicos. E.g., Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1008 (1994).

Este mecanismo excepcional no puede convertirse en la norma y así servir de subterfugio para que los entes gubernamentales soslayen el mecanismo tradicional de adquisición competitiva de bienes y servicios. Somos conscientes de la necesidad de proveerle al Gobierno y sus agencias mecanismos de mayor flexibilidad en el manejo de la cosa “pública para poder atender con prontitud y eficazmente los problemas que aquejan a la ciudadanía. Esa flexibilidad, sin embargo, no puede convertirse en patente de corso para el dispendio de fondos públicos. Le corresponderá a la Junta en el descargo de su responsabilidad fiduciaria asegurarse que ello sea así. Como siempre, será responsabilidad de los tribunales velar por que las agencias y las corporaciones públicas no se conviertan en autócratas en el ejercicio de la facultad extraordinaria concedida, actuando sin parámetros adecuados y exentos de supervisión alguna.

IV

En atención a lo previamente discutido, resolvemos que procede revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y desestimar la demanda instada en este caso. El proceso que sigue la Autoridad es una subasta negociada, por lo tanto le aplican las disposiciones de la LPAU respecto la revisión de la determinación final de la agencia ante el Tribunal de Apelaciones. Habida cuenta que el proceso de adjudicación no ha concluido aún, cualquier otro pronunciamiento en esta etapa sería prematuro.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad en parte y disidente en parte.

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con toda la normativa pautada por el Tribunal mediante la opinión mayoritaria en el caso de autos. En particular, coincido plenamente con los pronunciamientos de la mayoría respecto al alcance y los propósitos de la Ley Núm. 92 de 31 de marzo de 2004, y en cuanto a la naturaleza y significado de los llamados “RFP” (requerimientos de propuestas) y sus diferencias en comparación con el procedimiento de subasta tradicional. Coincido también con lo indicado en la opinión de la mayoría del Tribunal respecto a la revisión judicial de las decisiones de las agencias emitidas al amparo de un procedimiento de requerimiento de propuesta, y a la aplicabilidad a éste de lo dispuesto en la Sec. 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU).

Con lo que no estoy de acuerdo es con el dictamen ex-presado en el último párrafo de la opinión mayoritaria de de que sería prematuro resolver de una vez la controversia concreta del caso de autos. En su opinión la mayoría del Tribunal le intima a los peticionarios lo fatídico de su pro-ceder en este caso, al hacer hincapié en que la facultad que le concede la citada Ley Núm. 92 es “extraordinaria”, y al advertirle claramente que el mecanismo de los RFP “no puede convertirse en patente de corso para el dispendio de los fondos públicos”. En mi criterio, sin embargo, la mayoría debió ir más lejos para resolver de una vez que en el caso de autos no se dan las circunstancias necesarias para decretar un estado de emergencia que permita dispensar del proceso de subasta formal para la adquisición de los vehículos en cuestión.

En su opinión, la mayoría del Tribunal le da luz verde a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que concluya el proceso de adjudicar la subasta negociada del caso de autos. Deja pendiente determinar si en este caso fue lícito utilizar dicho mecanismo de subasta negociada —RFP— hasta que la referida subasta haya concluido, si es que alguien con la legitimación activa necesaria la cuestiona entonces.

En mi criterio, sin embargo, puede resolverse ya que la AAA no estaba justificada en declarar aquí un estado de emergencia para obviar el proceso de subasta tradicional. No surge en este caso, de modo alguno, cuáles eran las obligaciones ambientales concretas de la agencia que estaban en riesgo inminente de ser incumplidas si no se adquirían los vehículos en cuestión sin una subasta tradicional. Ciertamente, no surge el riesgo apremiante con respecto a ias Plantas 301(h) que el legislador específicamente señaló como justificación para crear el mecanismo de los RFP.

En este caso se trasluce con claridad que se ha reclamado por la agencia un innominado estado de emergencia como subterfugio para soslayar la subasta tradicional. Aunque la mayoría del Tribunal atisba e intima tal subterfugio, se queda corta en resolver lo que procede, que sería anularlo. Como no comparto aquí las reservas de la mayoría por terminar de adjudicar este asunto, yo disiento de esta parte del dictamen mayoritario.

       La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92 de 31 de marzo de 2004 (Ley Núm. 92) advierte también de la importancia que reviste para la agencia y para el país, el cumplimiento con las leyes y con las reglamentaciones ambientales, tanto del Gobierno del Estado Libre Asociado como del Gobierno de Estados Unidos, incluso, específicamente, las plantas de tratamiento que operan según las dispensas otorgadas “bajo la sección 301(h) de la Ley Federal de Agua Limpia, conocidas como las Plantas 301(h)”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92, ante, 2004 Leyes de Puerto Rico 436.

       Suponemos que esta exigencia obedece al interés de la Asamblea Legislativa de mantenerse informada de cuanto ocurra en la corporación pública.

       La Sec. 1.3(k) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2102(k), define procedimiento administrativo de la manera siguiente:
      “... Significa la formulación de reglas y reglamentos, la adjudicación formal de toda controversia o planteamiento ante la consideración de una agencia, el otorgamiento de licencias y cualquier proceso investigativo que inicie una agencia dentro del ámbito de su autoridad legal.”

       La caracterización de la subasta como “formal” obedece al deseo de diferenciarla del proceso de requerimiento de propuestas, el cual se cataloga o describe como de naturaleza “informal”. Somos conscientes, no obstante, de que la LPAU establece que la subasta constituye un procedimiento informal. Véase 3 L.P.R.A. see. 2169.

       Los tratadistas McBride y Touhay señalan en su obra lo siguiente:
      “In addition to the specification, a solicitation for competitive proposals, must include, at a minimum, a statement of all significant factors and subfactors the government reasonably expects to consider, the relative importance assigned to each of these factors and subfactors, a statement indicating whether the proposals will be evaluated and awarded with discussions with offerors or without discussions with offerors, and the time and place for submission of proposal.” IB Government Contracts: Cyclopedic Guide to Law, Administration, Procedure Sec. 9.20 [3], pág. 9-10 (Sup. 2007).

       Véase P. Shintzer, Government Contract Bidding, Federal Publications, Inc., 3ra ed., 1987, pág. 3-11, donde se indicó lo siguiente:
      “Unlike sealed bidding, where bids may not be modified or withdrawn between bid opening and award, changes may be made in both the solicitation and the offer in the course of [procured] negotiation. This permits a degree of flexibility not present in sealed bidding-defects and omissions may be noted and corrected, and ambiguities may be pointed out and explained.”

       En estos casos, la mejor práctica es aprobar unas guías generales que permitan encausar la discreción administrativa.

       Vista la conclusión a que hemos llegado, es innecesario discutir el error señalado por la parte peticionaria sobre la orden de entredicho provisional emitida y cómo ésta se aparta de las exigencias de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Juanita Medina Boria y Eddie Miró Castañeda, recurridos.

      Número: CC-2006-1165

      Resuelto: 20 de marzo de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Luis José Torres Asencio, procurador general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de El Pueblo; Alfredo E. González Vega y César H. Soto Cintron, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite resolver, de forma definitiva, cuál es el foro judicial con competencia territorial para atender los procesos penales instados de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Rentas Internas, específicamente, en relación con el delito de dejar de rendir planilla de contribuciones sobre ingresos.

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El 12 de abril de 2006, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, sendas denuncias contra los acusados de epígrafe por alegadas infracciones a la Sec. 604(c) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Código de Rentas Internas), 13 L.P.R.A. sec. 8054(c) (ed. 2004). En las denuncias se le imputó a los acusados —la señora Juanita Medina Boria y el señor Eddie Miró Castañeda— que alegadamente habían dejado de rendir las planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a 2000 hasta 2004, con la intención de evadir o derrotar la contribución impuesta por el Código de Rentas Internas. Se determinó causa probable en todos los casos.

Luego de la determinación de causa para arrestar y señalado el caso para la vista preliminar, los acusados presentaron conjuntamente, el 26 de junio de 2006, una moción en la cual solicitaron el traslado de los procedimientos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. En la misma, éstos argüyeron que la sala con competencia era la de la Región Judicial de Bayamón. Adujeron, de forma conclusiva, que por ser el delito imputado “de inacción (dejar de hacer)”, el mismo se comete en el municipio donde residen los imputados y no en la Región Judicial donde ubican las oficinas centrales del Departamento de Hacienda, en vista de lo cual, y en atención al derecho constitucional que les asiste a ser juzgados por un “jurado imparcial compuesto por doce vecinos del Distrito”, procedía el traslado a Bayamón. Véase Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Indicaron también que no existe disposición legal que le confiera competencia exclusiva al Distrito Judicial de San Juan para atender casos criminales de evasión contributiva.

La vista preliminar se celebró en la fecha pautada en el tribunal de San Juan. Se determinó causa para acusar y se señalaron los casos para la lectura de la acusación y la vista en su fondo. El 29 de junio, el tribunal emitió una breve resolución en la que ordenó el traslado de los casos al tribunal de Bayamón. La resolución dictada sólo aducía como fundamento para el traslado que de los autos surgía “satisfactoriamente” que las causas eran “de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón”, por lo que el tribunal, “de su propia iniciativa y conforme la Regla 27 de Procedimiento Criminal”, ordenaba el traslado a dicha sala.

Recibido el caso en Bayamón, el Ministerio Público presentó el 21 de julio las correspondientes acusaciones. Así las cosas, el 14 de septiembre, el Hon. Edwin Ruiz Rodríguez emitió, motu proprio, una resolución y orden mediante la que le concedía a las partes un término para que expresaran las razones por las cuales el caso no debía ser devuelto al Distrito Judicial de San Juan “por ser la [s]ede con la debida competencia”.

El Ministerio Público compareció por escrito al tribunal e indicó que procedía el traslado de los casos a la Región Judicial de San Juan. A contrario sensu, los acusados se opusieron al traslado bajo los fundamentos previamente expresados ante el foro judicial de San Juan. Añadieron, también, que “el Departamento de Hacienda cuenta con colecturías y oficinas regionales en casi todos los municipios de la isla y definitivamente, en todas las regiones judiciales donde el contribuyente pudiera radicar sus planillas de contribuciones sobre ingresos”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, págs. 54-55. En cuyo caso no existía una obligación legal de rendir las planillas de contribución sobre ingresos en ninguna región en particular por lo que lo razonable era que la región judicial de la residencia de un acusado fuera el foro con competencia.

El 13 de octubre, el tribunal de instancia dictó una resolución y orden mediante la que devolvía el caso a la Región Judicial de San Juan. Devuelto el mismo, San Juan ordenó el reenvío a Bayamón. En esta última resolución se indicaba que “en los casos de no radicación de planillas el delito debe tenerse por ocurrido en el lugar de la residencia del contribuyente, pues es allí donde, por regla general, se da la no preparación de la misma (la omisión)”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 63. En la resolución y orden se adujo también que la orden de traslado original había advenido final y firme, ya que no se había recurrido de ella.

Inconforme, el Ministerio Público acudió en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. El mismo día en que se presentó el recurso en alzada —el 4 de diciembre de 2006— el foro apelativo intermedio dictó una breve resolución en la cual se negó a expedir el auto solicitado. En la resolución dictada se concluyó que la determinación del tribunal de San Juan era esencialmente correcta. Citando como apoyo nuestras expresiones en Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 D.P.R. 792, 797 (1995), indicó que la “esencia del juicio por jurado es que el acusado sea juzgado por un grupo representativo de la comunidad [donde] reside”. (Enfasis nuestro.) Por esto, y ante la ausencia de una expresión legislativa clara sobre la sala con competencia para los casos de omisión de rendir planillas, el derecho a juicio por jurado obligaba a que el caso se ventilara en la Región Judicial del lugar de residencia del acusado.

En desacuerdo nuevamente, el Ministerio Público —a través del Procurador General— acudió ante nosotros el pasado 28 de diciembre de 2006. En su recurso, cuestionó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, de referir nuevamente el caso a Bayamón. Pendiente el recurso, el pasado 24 de enero de 2007 el Procurador General presentó una moción en auxilio de jurisdicción en la cual señaló que el caso estaba pautado para comenzar el 2 de febrero, por lo que solicitaba la paralización de dichos procedimientos.

El 29 de enero dictamos una orden dirigida a los acusados para que mostraran causa por la cual no debíamos ex-pedir el auto solicitado, revocar la determinación del tribunal apelativo intermedio y devolver el caso a la Región Judicial de San Juan. En auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos la vista pautada para el 2 de febrero.

Oportunamente, los acusados comparecieron ante nosotros y argumentaron, principalmente, que la orden de traslado dictada originalmente en este caso había advenido final y firme, por lo que era procesalmente improcedente —de parte del Ministerio Público— recurrir de la orden más reciente dictada por el foro de San Juan. En apoyo a su posición, invocaron nuestros dictámenes en Builders Ins. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 401, 403-404 (1972), y en Seijo v. Mueblerías Mendoza, 106 D.P.R. 491, 494 (1977).

Contando con la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición de resolver y pasamos a hacerlo conforme intimamos.

H-1 HH

Como cuestión de umbral, tenemos que atender el planteamiento esgrimido por los recurridos de que no pro-cede revisar la orden de traslado aquí impugnada, ya que la orden que se dictó originalmente en tal sentido advino final y firme. Iniciamos reconociendo que subyacen en la determinación de traslado de un caso penal una miríada de factores que no están presentes en las causas civiles, con lo cual, no son equivalentes las consideraciones que se sopesan al evaluar la procedencia de una solicitud en tal sentido. Ya en Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 797, habíamos indicado que “[e]l traslado en [la causa penal] requiere la consideración de elementos que no están presentes en un caso civil”. Con ello de trasfondo, vemos por qué no tienen razón los acusados.

Según se desprende de la relación de hechos antes transcrita, el caso de autos refleja un evidente conflicto entre dos regiones judiciales sobre cuál de ellas debe atender el caso. Tanto San Juan como Bayamón no asumen jurisdicción sobre esta controversia; aducen como fundamento que le corresponde la competencia a la otra Región Judicial. El insostenible conflicto entre las regiones judiciales hacía imperioso la intervención de un tribunal de superior jerarquía para ponerle coto a la incertidumbre evidente que reinaba en instancia.

Adviértase, además, que no nos habíamos expresado anteriormente sobre el asunto que provoca esta controversia. Este caso involucra el derecho constitucional del acusado a ser juzgado por un “jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito ...”. Const. E.L.A., supra, ed. 1999, pág. 327. Tanto el Pueblo como los imputados deben tener certeza sobre cuál será el lugar donde se presentarán los cargos criminales y dónde se ventilará el juicio. Nuestra intervención adquiere una relevancia necesaria para garantizar el derecho que le asiste al acusado, según nuestro ordenamiento constitucional, así como para cumplir con nuestra obligación de pautar el Derecho. Véase Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727 (1988).

Finalmente, destacamos que la controversia que se ha generado por el lugar donde se debe celebrar el juicio de los imputados no es de la hechura del Ministerio Público, como tampoco lo es de los acusados. Cada uno de ellos ha expresado su preferencia, como es natural, y como era de esperarse no coinciden en su criterio. La situación de difícil resolución que han suscitado las órdenes y contra órdenes de traslado dictadas por los foros de instancia, sólo puede solucionarse con nuestra intervención.

Los factores antes mencionados inciden directa o indirectamente sobre la garantía de juicio justo e imparcial que les asiste a los acusados, así como también sobre la ordenada tramitación de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia. Estos criterios de evaluación están ausentes en los casos invocados por los acusados, en atención a lo cual, consideramos que nada le impedía al Ministerio Público recurrir en alzada de la última determinación de traslado de Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Despejado este asunto, pasemos a dilucidar los méritos de la controversia traída ante nuestra atención.

HH HH h-H

La Regla 27 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que en todo proceso criminal “el juicio se celebrará en la sala correspondiente al distrito donde se cometió el delito, excepto lo que en contrario se provea en estas reglas”. (Énfasis nuestro.) Consecuente con lo anterior, el Art. 10 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3042 (ed. 1983)), aplicable a varios de los car-gos que penden contra los acusados, establece que el delito se considera cometido “[d]onde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida”. De acuerdo con lo anterior, inicialmente debemos determinar dónde se entiende cometido el delito de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos, a fin de fijar la competencia territorial.

El delito de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos aparece tipificado en la See. 6049 del Código de Rentas Internas, 13 L.RR.A. see. 8054, y dis-pone, en lo pertinente, lo siguiente:

... En aquellos casos en que cualquier persona voluntariamente dejare de rendir dicha planilla o declaración (dentro de los términos fijados por el Subtítulo correspondiente o por reglamentos) con intención de evadir o derrotar cualquier contribución impuesta por este Código, en adición a otras penalidades provistas por este Código será culpable de un delito grave .... (Énfasis nuestro.) 13 L.P.R.A. see. 8054 (ed. 2004).

Conforme lo anterior, este es un delito de omisión, pues consiste en no entregar la planilla o declaración de ingresos con la intención de evadir la contribución impuesta. Consecuentemente, para fijar la competencia territorial tenemos que analizar la figura de la omisión punible.

La omisión punible consiste “en la no realización voluntaria de un comportamiento que es requerido por ley”. (Escolio omitido.) E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, pág. 89. En estos casos, el legislador pretendió “castiga[r] ... la no realización de una acción”. F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal, 4ta ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pág. 269.

El delito de omisión requiere la previa existencia de un deber jurídico que compela la realización de un acto en particular, que el autor tenga la capacidad para realizar tal acción y que, no empece lo anterior, la acción ordenada no se realizó. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 89; E. Bacigalupo, Lincamientos de la teoría del delito, 3ra ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1994, pág. 203. El mismo queda consumado en el momento exacto en que se deja de realizar la acción requerida.

El delito de no rendir planillas de contribuciones sobre ingresos es el típico delito de omisión pura o tradicional. 1 LaFave, Substantive Criminal Law Sec. 6.2, págs. 434-435 (2003). (“[T]here are a number of statutory crimes which are specifically defined in terms of failure o act. ... Illustrative of the former are statutes making it a crime for a taxpayer to fail to file a tax return ...”). El profesor Chiesa Aponte nos apunta que este delito “se consuma en el momento exacto en que el individuo no entrega su planilla cuando le era requerido ...”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 91.

Analicemos entonces dónde el Código de Rentas Internas ordena que se debe entregar o rendir la planilla de contribución sobre ingresos para así fijar la competencia territorial.

La See. 1053 del Código de Rentas Internas, 13 L.RR.A. see. 8453 (ed. 2004), provee para la fecha y el lugar en donde se deberán rendir las planillas de contribución sobre ingresos. En tal sentido, el inciso (a)(1) dispone que las planillas rendidas a base del año natural deberán radicarse en o antes del 15 de abril siguiente al cierre del año natural. El inciso (b) dispone que éstas “deberán ser rendidas al Secretario” de Hacienda. Por lo tanto, si el deber imperativo impuesto es rendir o entregar las planillas al Secretario antes del 15 de abril, el delito se consuma en el momento que, llegada la fecha, ello no ocurre. Es decir, no se le rinden las planillas al Secretario de Hacienda.

Somos del criterio, entonces, que para efectos del delito de omisión de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos —según descrito en el Código de Rentas Internas— cuando se habla de rendir las planillas al Secretario de Hacienda, a lo que se refiere es a entregar o rendirlas en la sede del Departamento de Hacienda. Es allí donde ubican las oficinas centrales del Secretario, a quien por disposición de ley hay que rendirle las planillas.

Cabe destacar, también, que este es el lugar de acopio de las planillas de contribuciones. Allí se reciben, se analizan y, cuando corresponde, se notifican deficiencias a los contribuyentes. Por todo lo anterior concluimos que el delito de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos se comete en el Municipio de San Juan, sede del Departamento de Hacienda, por lo que el tribunal con competencia en la causa penal será el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, pues fue en San Juan donde se cometió el delito.

Hay que señalar también que, históricamente, ésta ha sido la tradición en el Departamento de Justicia a la hora de presentar cargos criminales contra aquellos ciudadanos que, se alega, incumplieron con su obligación con el fisco; lo que abona a la conclusión a la que llegamos. De ordinario, el Ministerio Público presenta este tipo de acusación en la Sala Superior de San Juan, del Tribunal de Primera Instancia. Al repasar los casos que hemos resuelto relacionados con el delito de no rendir planillas de contribución sobre ingresos, nos percatamos que todos provienen, en efecto, de dicha sala. E.g.: Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765 (2001); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 D.P.R. 823 (1988); Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481 (1978); Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717 (1977); Pueblo v. Rivera Adorno, 99 D.P.R. 555 (1971); Pueblo v. Calzada, 93 D.P.R. 803 (1966); Pueblo v. Franceschi, 74 D.P.R. 825 (1953).

Los acusados arguyen en su escrito de mostrar causa, igual que lo hicieron ante los foros inferiores, que toda vez que las planillas de contribuciones “se pueden radicar en cualquier colecturía” y no hay una obligación legal de hacerlo en la Región Judicial de San Juan, no cabe hablar de un lugar único donde rendirlas. Lo razonable es que se estime que la competencia territorial le corresponde al lugar de residencia del acusado, secuela de su derecho a un juicio justo e imparcial. No nos convence su razonamiento.

El primer escollo que enfrenta el argumento de los acusados es el propio texto del Código de Rentas Internas. Como repasamos anteriormente, el Código ordena que las planillas se le rindan al Secretario de Hacienda y éste tiene sus oficinas en la sede central de Departamento de Hacienda en el Municipio de San Juan. Como este es un delito de omisión que queda consumado en el momento en que se deja de realizar la acción requerida, es decir, al no rendir la planilla ante el Secretario de Hacienda, lo lógico es que la competencia territorial le corresponda a la Región Judicial de San Juan que es donde ubican las oficinas del Secretario.

De otra parte, si bien es cierto que un contribuyente puede rendir su planilla en cualquier oficina o colecturía del Departamento de Hacienda, esto constituye un mecanismo de conveniencia para los contribuyentes, que en nada detracta de a quién se le rinden las mismas conforme dispone el Código de Rentas Internas. Esto es lo imprescindible para determinar dónde se comete el delito. Por otro lado, y como sabemos, una vez las planillas se reciben en las distintas colecturías a través de la isla, las mismas se remiten al Departamento de Hacienda para su procesamiento.

No es pertinente a la resolución de la controversia traída a nuestra atención, como sugieren los acusados, que el Código de Rentas Internas disponga que cuando un contribuyente no esté conforme con una determinación de deficiencia que le ha sido notificada por el Departamento de Hacienda, éste pueda presentar una demanda para impugnar tal determinación en la sala correspondiente a su lugar de residencia. 13 L.RR.A. sec. 8022(a)(3) (ed. 2004). Ambas causas son enteramente distintas y lo relevante para determinar la competencia territorial en la causa penal, conforme las exigencias del Código Penal, es dónde se comete el delito. El legislador no proveyó para los casos de evasión contributiva una competencia territorial distinta a la provista en el Código Penal.

B. Finalmente, tanto el Tribunal de Apelaciones como los acusados invocan el derecho a un juicio justo e imparcial para sostener que la competencia territorial en este caso reside en la Sala Superior de Bayamón. No tienen razón.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 11, reconoce el derecho a juicio por jurado para los delitos graves. Dispone dicha sección como sigue:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. (Énfasis nuestro.) Const. E.L.A, supra, ed. 1999, pág. 327.

La discusión en el seno de la Constituyente arroja luz sobre la frase “doce vecinos del distrito” y nos permite auscultar su significado. Transcribimos in extenso:

Sr. González Blanes: Señor Presidente, ... [e]l concepto de juicio por jurado es sabido que se entiende que el jurado se compone de 12 personas.
Ahora, resulta a mi entender peligroso decir aquí “compuesto por 12 vecinos del distrito.” ... [M]e parece a mí que debería dejarse a la [Asamblea] Legislativa que determinara de dónde han de seleccionarse las 12 personas que han de intervenir en una causa contra un acusado y no usar aquí estas palabras “del distrito”.
Sr. Fernández Méndez: [Sugiero] ... se inserte: “quienes serán seleccionadas según se disponga por ley.”
Sr. González Blanes: Acepto la enmienda.
Sr. Presidente: La presidencia quiere saber cómo quedará entonces la enmienda.
Sr. Secretario: Quedará así: “En procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12[”] ... personas que se seleccionarán según se disponga por ley.
Sr. Reyes Delgado: En contra, señor Presidente. Yo estoy seguro que no es el propósito del representante González Blanes ni del representante Lionel Fernández Méndez el que se pueda disponer por ley que los delitos cometidos en la vecindad de San Juan puedan ser juzgador por jurados seleccionados del distrito de Ponce.
Si nosotros dejamos el texto tal como lo ha enmendado el compañero Fernández Méndez ..., la [Asamblea] Legislativa podrá disponer que sean juzgados los delitos o los acusados que cometen delitos en el distrito de San Juan, por jurados que sean seleccionados en Ponce.
Sr. González Blanes: Me permite el compañero.... Cuando se dice aquí “compuesto de 12 vecinos del distrito”, ¿de qué distrito?
Sr. Reyes Delgado: La interpretación histórica ha sido que es del distrito donde se comete el crimen. Esa ha sido toda la interpretación o aplicación. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1592-1593 (1953).

Así se refleja también en el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos sometido a la Asamblea Constituyente. Allí se indicó, respecto la sección aprobada:

La expresión doce vecinos del distrito va dirigida a retener el concepto de unidad geográfica dentro de determinadas comunidades, coincida o no esta vecindad con la correspondiente a las demarcaciones actuales. Se asume que aunque el sistema judicial quede integrado en lo que respecta a asuntos de jurisdicción en un solo distrito no será esto así necesariamente en lo que toca a la constitución de los jurados. Nos hemos referido a vecinos del distrito y no a vecinos del acusado. Lo hemos hecho así teniendo en cuenta los traslados de juicios y los casos de delitos en que por ley proceda celebrarse el juicio fuera del distrito de la residencia del acusado. (Enfasis nuestro.) Diario de Sesiones, supra, Vol. 4, pág. 2570.

Resulta meridianamente claro que la disposición constitucional sobre el Jurado imparcial “compuesto por doce vecinos del distrito”, lo que exige es que el Jurado lo compongan vecinos del distrito donde se cometió el delito. Así lo hemos resuelto en el pasado. En Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 797, indicamos que “[t]odo acusado de delito grave tiene derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial compuesto por vecinos del distrito donde alegadamente ocurrieron los hechos imputados”. (Énfasis nuestro.) En igual sentido, véanse: Pueblo v. Hernández Santana, 138 D.P.R. 577, 583 (1995) (“De ordinario, y sobre ello tampoco debe haber duda, ello significa y conlleva que el acusado deberá ser juzgado en el distrito judicial donde se alega por el Estado que ocurrieron los hechos delictivos” (énfasis suprimido)); Báez Montalvo v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 609 (1964).

En conclusión, no ofende el derecho a juicio justo e imparcial concluir que, para efectos de determinar la competencia territorial correspondiente, dispongamos que el delito de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos se comete en la Región Judicial de San Juan, donde tiene su sede el Departamento de Hacienda.

IV

Recapitulando, el delito de no rendir planilla de contribuciones sobre ingresos se comete en el Municipio de San Juan, donde ubican las oficinas del Secretario de Hacienda. Procede, en su consecuencia, que expidamos el auto solicitado y dictemos sentencia en la cual revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones que autorizó el traslado de la causa de marras al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, y se devuelva el caso a la Sala Superior de San Juan.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       El Art. 20 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 3052 (ed. 1983)), aplicable a varios de los cargos que se ventilan en el caso de marras, contiene un lenguaje idéntico al del Art. 10 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3042 (ed. 1983)), por lo que lo expresado respecto al Código de 1974 es igualmente aplicable al de 2004.

       En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se define el verbo transitivo rendir como “Entregar”. Diccionario de la Lengua Española, 22da-ed., Ed. Espasa-Calpe, 2001, Vol. II, pág. 1944.

       Ello, claro está, salvo que el contribuyente haya solicitado prórroga para rendir las mismas conforme autoriza el Código de Rentas Internas. 13 L.P.R.A. see. 8453m(a)(2), (3) y (4).

       Tanto el Acta Foraker de 1900 como el Acta Jones de 1917 guardaban silencio sobre el juicio por jurado El mismo, sin embargo “se estableció por legislación desde 1901, limitado a causas por delitos graves”. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 194. Véanse: Pueblo v. Campos, 69 D.P.R. 898 (1949); Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958); Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 (1967).