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    Bonnie Savary Leguillow et al., apeladas, v. Municipio de Fajardo e Integrand Assurance Company, apelantes.

      Número: AC-2016-0033

      Resuelto: 18 de agosto de 2017

      Guelmarie Águila Meléndez, abogada de la parte apelante; Javier Rotger Martinó, abogado de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la Opinión del Tribunal.

En este recurso se plantea si Integrand Assurance Company (Integrand o apelante), en calidad de Tercero Adminis-trador de un Programa de Responsabilidad Pública de los Municipios de Puerto Rico (Programa), le responde directa-mente a una persona que ha sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la alegada negligencia de un municipio. Luego de examinar detenidamente los sucesos pertinentes, a la luz del derecho aplicable, resolvemos que no procede tal reclamación.

H-I

Trasfondo

A continuación resumimos los hechos relevantes a la controversia, así como el trámite correspondiente a la causa de acción que sirvió de base al asunto que nos ocupa.

El Area de Servicios Públicos del Departamento de Hacienda e Integrand suscribieron un acuerdo denominado Municipalities of Puerto Rico Deposit Accounted Liability Policy-Contract (Contrato), a favor de los municipios de Puerto Rico, con vigencia de un año a partir de 30 de junio de 2010.

El 27 de agosto de 2012, la Sra. Bonnie Savary Leguillow (señora Savary), junto a su hija y su madre (apeladas), pre-sentaron una Demanda contra el municipio de Fajardo (Mu-nicipio) y varios codemandados, algunos de ellos desconocidos. Como parte de su reclamación, las apeladas solicitaron el pago de los daños sufridos como consecuencia de una caída de la señora Savary, que tuvo lugar el 29 de abril de 2011. Este accidente ocurrió mientras la señora Sa-vary discurría por una acera del Municipio, causado por el desnivel de una tapa de acero que se encontraba a su paso.

El 6 de septiembre de 2013, el Municipio sometió una Moción de Sentencia Sumaria, para la desestimación de la Demanda, por incumplir con el requisito de notificación previa fijado en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4703.

El 22 de octubre de 2013 se presentó una Demanda En-mendada con el propósito de añadir a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como parte demandada por, ale-gadamente, ser la propietaria de la aludida tapa de acero. En el documento se incluyeron, además, como parte de-mandada, a aseguradoras desconocidas que, a la fecha de los eventos, tenían pólizas de seguros vigentes a favor de la AEE.

El 5 de marzo de 2014, la parte apelada presentó una Moción Solicitando Autorización para Emplazar. Por este medio pidió incluir a Integrand en el pleito, en sustitución de una de las aseguradoras demandadas desconocidas, ale-gando que la apelante respondía directamente por los da-ños ocasionados por el Municipio.

Luego de una serie de trámites procesales, el 12 de marzo de 2014 Integrand, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, compareció en calidad de administradora del Programa y presentó una Comparecencia Especial, Moción Urgente e Informativa en Cuanto a Estatus del Fondo. Allí explicó que, al 7 de marzo de 2014, únicamente quedaban disponibles $35,510 de los fondos del Programa adminis-trado por Integrand destinados al pago de las reclamacio-nes contra los municipios de Puerto Rico por eventos ocu-rridos entre el 30 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2011, es decir, durante la vigencia del Contrato.

El 2 de abril de 2014, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la sustitución y el emplazamiento de Integrand. El 8 de mayo de 2014 se emplazó a la apelante con copia de la Demanda Enmendada.

El 17 de julio de 2014, Integrand presentó una Moción de Sentencia Sumaria. Solicitó la desestimación de la ac-ción directa instada en su contra en calidad de asegura-dora del Municipio, según provisto en el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 LPRA see. 2003. Argumentó no ser aseguradora del Muni-cipio, sino meramente una administradora del Programa. Entre otros documentos, Integrand incluyó una carta sus-crita por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, quien certificó que el Contrato no era de seguro, sino que, a tra-vés del acuerdo, se pactaron únicamente los servicios de administración de un programa de autoseguro.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Sumaria Parcial para declarar "con lugar” ambas mociones y desestimar de esta forma las reclama-ciones instadas, tanto en contra del Municipio como de Integrand. En lo atinente a Integrand, el foro primario concluyó que la apelante no era aseguradora del Municipio. Dispuso que, conforme a los términos del Con-trato, no hubo una transferencia de riesgo y las funciones de la apelante se limitaron exclusivamente a las de un Ter-cero Administrador de un programa de autoseguro.

La parte apelada recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. En lo concerniente a este recurso, dicho foro dejó sin efecto la desestimación de la reclamación en contra de Integrand.

El foro apelativo intermedio examinó la normativa pre-valeciente en otras jurisdicciones debido a la ausencia de alguna disposición específica que regule el autoseguro para efectos de la Ley de Municipios Autónomos. En atención a ello, citó legislación y jurisprudencia de varios estados de Estados Unidos, en donde se atendió la interrogante de si, según ciertas circunstancias, un autoseguro puede tratarse como un seguro para efectos legales.

Dictaminó que, contrario a lo aducido por Integrand, las cláusulas del Contrato eran confusas y no fijaban con pre-cisión el rol y las responsabilidades de la apelante ante una reclamación. Señaló que las disposiciones del acuerdo se asemejan más bien a las de una póliza de seguro. En particular destacó que el documento: se titula Policy-Contract, hace referencia al pago de una “prima” y dispone para una participación activa de Integrand en la tramita-ción de las reclamaciones.

Por otra parte, mencionó que el Tribunal de Primera Instancia no precisó el derecho aplicable a la figura de Ter-cero Administrador en el contexto de la reclamación en contra de Integrand para, de este modo, fundamentar la desestimación decretada. Indicó que, a diferencia de varias jurisdicciones de Estados Unidos, en Puerto Rico la figura del Tercero Administrador se ha reglamentado exclusiva-mente en el campo de los servicios de salud. Explicó que, el único intento de regular esta práctica localmente, a través de una enmienda al Código de Seguros, resultó infructuoso. Por lo tanto, localmente existe un vacío legal sobre este particular.

Así pues, resolvió que mediaban consideraciones de alto interés público que requerían devolver el caso al foro pri-mario para que Integrand presentara prueba sobre la in-tención detrás del acuerdo, así como el alcance de sus cláu-sulas, para poder determinar si la apelante actuó como Tercero Administrador o si, por el contrario, debía responder directamente a la parte apelada en calidad de aseguradora.

Inconforme, Integrand acudió a este Foro. El 24 de junio de 2016 acogimos su recurso de apelación. Como único error, debemos resolver si procedía dictar sentencia suma-ria desestimando la acción presentada en contra de Integrand. Veamos.

I—I

El contrato

Las particularidades siguientes, relevantes a la disposi-ción de la controversia planteada, surgen del Contrato sus-crito por la apelante.

En el Contrato, Integrand se obligó a investigar, defender y transigir cualquier reclamación en daños interpuesta contra los municipios. Por su parte, el Gobierno, a través del Departamento de Hacienda, se comprometió a crear un fondo de $18 millones (Funding Amount), de los cuales $14.4 millones serían destinados al pago de las reclamacio-nes en contra de los municipios y $3.6 millones para sufra-gar los gastos de Integrand en investigar, defender y tran-sigir reclamaciones cubiertas por los términos y las condiciones del Contrato. A tono con lo pactado, el Go-bierno debía desembolsar los $18 millones no más tarde de 10 de septiembre de 2010. De lo contrario, la apelante ten-dría el derecho a rescindir el Contrato. Asimismo se esta-blecieron los términos para calcular el reembolso de cual-quier sobrante del fondo en la eventualidad de cancelarse el Contrato o al terminar su vigencia.

Igualmente resulta importante mencionar que se dis-puso, en el Contrato, que la responsabilidad de Integrand cesaría una vez se agotase el fondo de $14.4 millones asig-nado para cubrir las reclamaciones contra los municipios. De ocurrir esa eventualidad, la responsabilidad de pagar las reclamaciones revertiría al Gobierno. Contrato See. Did, Apéndice, pág. 152. Además, se insertó una cláusula de relevo CHold, Harmless and Indemnification), aplicable, entre otras causas, a reclamaciones iniciadas contra Integrand por daños en exceso de los límites del fondo de $14.4 millones. Contrato, Sec. Fb, Apéndice, pág. 152.

I—i )—1

Derecho aplicable

A. Ley de Municipios Autónomos

El Art. 8.011 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361, exige a los municipios proteger sus activos y recursos de “riesgos puros”. En este contexto, el término “riesgos puros” incluye reclamaciones por daños y perjuicios. Art. 8.011(c)(3) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361(c)(3). Para poder cumplir con este deber, los municipios han de valerse de aquellos mecanis-mos fijados por el Secretario de Hacienda para manejar riesgos. Art. 8.011(a) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361(a).

De esta manera, la responsabilidad de negociar y tramitar los regímenes necesarios para salvaguardar a los municipios de estas contingencias ha sido delegada al Secretario de Hacienda. A esos efectos, el Art. 12.020(3) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1201(3), dispone: “[e]xcepto en aquellos casos en que por ley se disponga de otro modo, el Secretario de Hacienda gestionará y contra-tará los seguros del Estado Libre Asociado y sus municipios”. (Enfasis nuestro). Estas competencias amplias, según encomendadas al Secretario de Hacienda, se detallan del modo siguiente:

El Secretario de Hacienda actuará en representación de los municipios, en la forma que estime más conveniente, econó-mica y ventajosa para éstos, en todo lo relacionado con la pro-tección de sus activos contra pérdidas resultantes de los ries-gos puros. En el desempeño de esta responsabilidad, el Secretario estará facultado, entre otras cosas, para decidir el mecanismo que se utilizará para tratar los riesgos a cubrir, los límites de la cobertura, los términos contractuales que aplica-rán a la misma y la aportación, cuota o prima que habrá de pagar el municipio por la cobertura que habrá de recibir y los procedimientos a seguir en el trámite, ajuste y negociación de las reclamaciones. (Enfasis nuestro). Art. 8.011(d) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361(d).

Asimismo, el estatuto reconoce expresamente la autori-dad del Departamento de Hacienda de optar por utilizar el mecanismo del autoseguro al ejercitar su cometido. De modo que, se faculta “[e]l uso de autoseguros que cumplan con los requisitos de la técnica del seguro pero que no se considerarán como seguros al amparo [del] ‘Código de Seguros de Puerto Rico’ ”. (Énfasis nuestro). Art. 8.011(a)(1) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361(a)(1).

B. El seguro

El seguro constituye un acuerdo donde una parte se compromete a compensar a otra por una pérdida ocasio-nada a causa de una contingencia en particular. El Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102, lo define como aquel “contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo”.

Es decir, a cambio del pago de una prima, se transfiere el riesgo de un evento específico a la aseguradora, quien viene obligada a cubrir los daños económicos por los que el asegurado esté llamado a responder. Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015); Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564 (2013); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146 (2012). Así pues, la función primordial de una póliza de seguro es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el contrato de seguro. R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699 (2017); R.A. Goode, Self-Insurance as Insurance in Lia bility Policy “Other Insurance” Provisions, 56 Wash. & Lee L. Rev. 1245, 1252 (1999).

Por otra parte, nuestro ordenamiento en materia de seguros le permite a un perjudicado iniciar una acción directamente contra una aseguradora con el propósito de reclamar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por su asegurado. Esta acción se caracteriza por ser “inde-pendiente, distinta y separada” de la reclamación que tiene disponible el promovente en contra del causante de sus daños. Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 DPR 353, 364 (1998). Véase, además, SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382 (2016).

A pesar de ser una acción separada, una persona que reclama daños por la alegada negligencia de un asegurado tiene tres opciones para hacer valer su derecho: (1) deman-dar al asegurador, (2) demandar al asegurado o (3) deman-dar a ambos conjuntamente. SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra; Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988). Claro está, la responsabilidad del asegurador estará limitada por las cláusulas y restric-ciones delineadas en la póliza bajo la cual se demanda. SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra.

C. El autoseguro

El término “autoseguro” no tiene una acepción legal precisa. E. Hollowell, Self-insurance against Liability as other Insurance within Meaning of Liability Insurance Policy, 46 ALR4th 707, 710 Sec. 2 [a] (1986). Con el fin de examinar su significado, comenzamos por transcribir la definición siguiente:

Situación en la que una persona, física o jurídica, soporta con su patrimonio las consecuencias económicas derivadas de sus propios riesgos, sin intervención de ninguna entidad aseguradora. J. Castelo Maltrán, Diccionario Mapfre de Seguros, Madrid, Ed. Mapfre S.A., 1988, pág. 26.

De igual manera, se ha descrito el autoseguro como un concepto amplio y relativamente amorfo utilizado de forma inconsistente para describir una entidad que carece, par-cial o totalmente, de un seguro comercial o que de alguna manera retiene parte de su propio riesgo. J.B. Berkely, Recent Developments in Self-insurance Law, 33 Tort & Ins. L.J. 693-694 (1998). Véase, además, Goode, supra, pág. 1250. De manera que, en cierto sentido, todo riesgo que no esté asegurado adviene autoasegurado. 1-A Couch on Insurance 3d Sec. 10.1, pág. 10-3 (2010).

A diferencia del seguro, el autoseguro se distingue por-que no se le transfiere el riesgo a una aseguradora a través de una póliza.

Entre las bondades que ofrece el negocio de seguros es pre-cisamente que una persona expuesta a sufrir una pérdida, ya sea de su propiedad o quedar obligado financieramente a un tercero por actos u omisiones negligentes, le transfiere ese riesgo o pérdida económica de naturaleza contingente a un asegurador que económicamente puede absorber dicha pérdida. No obstante, cuando una persona natural o jurídica se propone utilizar las primas, que ordinariamente les serían pagadas al asegurador, para crear una reserva encaminada a compensar dichas pérdidas, se entiende que el asegurado ha autíoa] segurado o asumido el riesgo él mismo. (Enfasis nuestro). R. Cruz, Derecho de seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, pág. 354.

En ocasiones, las grandes corporaciones y entidades gu-bernamentales eligen autoasegurarse en lugar de adquirir un seguro. Igualmente, los negocios más pequeños optan por esta alternativa, en particular si no está disponible la cubierta deseada a un precio favorable. Incluso los indivi-duos pueden preferir autoasegurarse. De hecho, en otras jurisdicciones la decisión de pactar un deducible u otros mecanismos para reducir el monto de la prima de un se-guro, se ha considerado como la voluntad de una persona de autoasegurarse. El autoseguro puede venir acompañado del deseo de financiar las pérdidas, como, por ejemplo, si se reserva periódicamente dinero suficiente para cubrir daños anticipados. Por otra parte, el autoseguro puede consistir simplemente en la decisión de absorber ciertas pérdidas en la eventualidad de que ocurran daños. Couch, supra, Sec. 10.1, pág. 10-5.

El uso del autoseguro ha resultado particularmente be-neficioso para las municipalidades y otras entidades gubernamentales. Precisa recordar que los autoasegurados mantienen su independencia del mercado tradicional co-mercial y deciden cómo manejar el riesgo y las controver-sias asociadas al litigio. Se entiende que este mecanismo redunda en mayor seguridad, menos pérdidas y una mejor administración. Berkely, supra, pág. 693.

De manera que, convertirse en un autoasegurado, par-cial o totalmente, puede constituir una manera efectiva de manejar los costos de una empresa en la medida que se ahorra en el pago de comisiones, impuestos, las ganancias de las compañías aseguradoras y gastos administrativos sustanciales asociados con la industria de seguros. M.W. Flory y A. Lui Walsh, Know thy Self-insurance (and thy Primary and Excess Insurance), 36 Tort & Ins. L.J. 1005, 1006 (2001). Además, no tiene que hacerse desembolso al-guno hasta que ocurre la pérdida. De este modo se retienen los intereses acumulados sobre los fondos que hayan reser-vado para cubrir pérdidas futuras. 1 New Appleman on Insurance Law Library Edition Sec. 1.09 [2], pág. 1-95 (Rel. 11-9/2014). Véase, además, Couch, supra, Sec. 10.1, pág. 10-5.

Por otro lado, la desventaja principal de este mecanismo es que el autoasegurado retiene el riesgo de la pérdida y absorbe los costos relacionados con la investigación y el trámite de las reclamaciones. New Appleman on Insurance Law Library Edition, supra, Sec. 1.09[2], pág. 1-95. Véase, además, Couch, supra, Sec. 10.1, pág. 10-5.

En Estados Unidos, el uso del autoseguro aumentó signi-ficativamente en la década de 1980, debido al encareci-miento dramático que experimentaron las primas de los se-guros en lo que se denominó “la crisis de los seguros”. Flory y Walsh, supra, pág. 1006; Goode, supra, pág. 1250. Durante esa época, muchas entidades decidieron autoasegu-rarse, ya fuese porque las cubiertas no estaban disponibles o sus costos resultaban prohibitivos. Goode, supra, pág. 1250. En las últimas décadas, este mecanismo, en sus diferentes modalidades, se ha convertido en algo cada vez más común en otras jurisdicciones. Flory y Walsh, supra, pág. 1005. En tiempos recientes han surgido, además, una variedad de al-ternativas a las prácticas tradicionales de seguro comercial. New Appleman on Insurance Law Library Edition, supra, Sec. 1.09[1], pág. 1-95.

D. Tercero Administrador

Un gran número de entidades ha decidido que, para fines de manejar sus riesgos, el autoseguro le resulta más conveniente que comprar una cubierta. Sin embargo, mu-chas de las compañías que optan por el autoseguro carecen de un departamento de reclamación propio y desconocen las particularidades del proceso de reclamaciones. Así pues, eligen contratar a un Tercero Administrador que se encargue de procesar las reclamaciones que surjan bajo un programa de autoseguro.

El Tercero Administrador es un intermediario que puede asumir ciertas tareas operacionales a nombre de en-tidades autoaseguradas. Generalmente, tiene la enco-mienda de tramitar las reclamaciones y los beneficios de programas de seguros de salud y de vida. New Appleman on Insurance Law Library Edition, supra, Vol. 2, Sec. 15.02[4], pág. 15-18 (Rel. 9-9/2013). Puede llevar a cabo esta función, en todo o en parte, a nombre de un autoasegurado. Además, provee los servicios de cobro de primas, inscripción y otras actividades de naturaleza administrativa. 1 New Appleman Insurance Law Practice Guide Sec. 1.11[2], pág. 1-25 (2016). En fin, un Tercero Ad-ministrador investiga y ajusta las reclamaciones de, prác-ticamente, la misma forma en que una compañía o un ajus-tador independiente lo liaría. No obstante, el pago de la reclamación proviene de un programa de autoseguro en lugar de una póliza de seguro. New Appleman on Insurance Law Library Edition, supra, Sec. 4.03[6], pág. 4-25 (Rel. 13-9/2015).

La figura del Tercero Administrador no aparece regla-mentada en nuestro ordenamiento, excepto en el campo de los servicios de salud. A través de la Ley Núm. 203-2008 se insertó el Capítulo 31 al Código de Seguros, 26 LPRA sees. 3101-3108, mediante el cual se autorizó la negociación co-lectiva entre las organizaciones de servicios de salud y los proveedores para acordar los términos de sus contratos. Como parte de la Ley Núm. 203-2008, supra, se consignó la siguiente definición del Tercero Administrador:

Es una organización pública o privada que procesa reclama-ciones de proveedores sin asumir riesgo. Usualmente son con-tratados por organizaciones de servicios de salud u otras enti-dades que se autoaseguran, con el propósito de que administren los servicios de: procesamiento de reclamaciones, cobro de primas, contratar proveedores, pago a proveedores y actividades administrativas. (Énfasis nuestro). Art. 31.020(7) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 3102(7).

Posteriormente, hubo un intento fallido de añadir el Ca-pítulo 32 al Código de Seguros con el propósito de regular los contratos de los Terceros Administradores con las ase-guradoras y organizaciones de servicios de salud en Puerto Rico. Con ese propósito, el 6 de octubre de 2014, se aprobó en la Cámara de Representantes el P. de la C. 1573. Sin embargo, el proyecto no se validó como ley.

E. Interpretación de pólizas de seguro

El Código de Seguros, 26 LPRA sec. 101 et seq., establece las reglas propias para la interpretación de las pólizas de seguro, las cuales hemos recogido en nuestra jurisprudencia. Véanse, por ejemplo: Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra; Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra. Entre los principios más destacados, despunta la protección del asegurado. Así pues, en aquellos casos en que surjan dudas en torno a las cláusulas de una póliza, se acogerá la interpretación que más le favorezca. De ser ne-cesario, se recurrirá de manera supletoria a los principios generales de hermenéutica aplicables a los contratos, según preceptuados en los Arts. 1233 a 1241 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3471—3479. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra.

F. Interpretación de contratos

La interpretación de los contratos en general se rige por el esquema dispuesto en los Arts. 1233 a 1241 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3471-3479, teniendo presente en todo momento la intención de las partes. VDE Corporation v. R & R Contractors, 180 DPR 21 (2010); Rodríguez et al. v. Gómez et al., 156 DPR 307 (2002).

Cónsono con nuestro ordenamiento, primeramente, se examinarán los términos del contrato. De ser claros, se hará valer el sentido literal de lo allí dispuesto. Sin embargo, si lo consignado en el acuerdo aparenta ser contra-rio a la intención de las partes, prevalecerá esta última. Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. Como parte de este proceso de análisis, se examinarán los actos con-temporáneos y posteriores al acuerdo con el fin de verificar la intención de las partes al vincularse contractualmente. Art. 1234 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474. Por último, nuestra normativa ordena que las disposiciones del con-trato se interpreten de manera integrada, cónsona con los designios de los contratantes. Art. 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3475.

G. Sentencia sumaria

A través del mecanismo de sentencia sumaria dis-puesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, los tribunales están autorizados a disponer parcial o to-talmente de litigios civiles en aquellas situaciones en las que no exista alguna controversia material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015). De manera que, pro-cede dictar sentencia sumaria cuando no existe un conflicto genuino en torno a hechos materiales y el derecho aplica-ble así lo permite. íd. Este trámite sumario agiliza el pro-ceso judicial, alivia la carga de los tribunales y ayuda a las partes a obtener un remedio justo, rápido y económico. Id.

IV

Discusión

A. Tercero administrador

Además de concluir que los términos del Contrato no eran claros, el Tribunal de Apelaciones destacó que la fi-gura del Tercero Administrador no está reglamentada en nuestro ordenamiento fuera del campo de la salud. Especí-ficamente, advirtió que el tribunal primario no funda-mentó las razones para permitirle a un Tercero Adminis-trador manejar fondos públicos sustanciales ante esta ausencia de normativa. Sobre este particular, indicó lo si-guiente:

En su día, corresponderá al foro primario dilucidar en un juicio plenario si Integrand es una administradora del auto-seguro del Municipio, si procede en derecho, y pese a que [...] el único proyecto de ley sobre este tema no contó con el aval del Senado de Puerto Rico, extender el reconocimiento de dicha figura al ámbito de responsabilidad pública en ausencia de ley positiva o si Integrand debe responder ante la recurrida en capacidad de aseguradora. (Énfasis nuestro). Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 45.

Sin embargo, a falta de reglamentación expresa en torno al acuerdo bajo la consideración del tribunal, corres-pondía analizar los términos de lo pactado entre las partes a la luz de la autonomía de la voluntad, principio rector en materia de contrato. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 DPR 540, 554 (2012); Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186, 198 (1997); Meyers Bros. v. Gelco, 114 DPR 116, 123 (1983).

Cónsono con esta norma, las partes quedan li-bres de estipular todas las cláusulas y condiciones que es-timen pertinentes a su relación, siempre que éstas no con-travengan la ley, la moral o el orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra; Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra; Meyers Bros. v. Gelco, supra.

En lo que respecta a la controversia ante nos, el estado de derecho actual no impide que se contrate a entidades como Integrand para realizar labores relacionadas con el manejo de reclamaciones —estrictamente en calidad de Tercero Administrador— por el mero hecho de ser asegu-radoras autorizadas para emitir pólizas en Puerto Rico. Nuestro ordenamiento guarda silencio sobre este particular. No vemos razón legítima para vedar esa prác-tica en el presente recurso. Es decir, a pesar de que la figura del Tercero Administrador no ha sido reglamentada en nuestra jurisdicción, resolvemos que, en el contexto es-pecífico del Contrato que da base a este litigio, no existe impedimento legal que inhabilite a Integrand para efec-tuar este tipo de labor.

En ese sentido, la Ley de Municipios Autónomos espe-cíficamente autorizó al Secretario de Hacienda para, a nombre de los municipios, adoptar el mecanismo de auto-seguro con el fin de proteger a estas entidades guberna-mentales de los riesgos denominados “puros”. También le facultó a fijar aquellos términos contractuales que enten-diese apropiados para llevar a cabo esta encomienda, in-cluyendo disponer los “procedimientos a seguir en el trá-mite, ajuste y negociación de reclamaciones”. (Énfasis nuestro). Art. 8.011(d) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4361(d). Estas responsabilidades deta-lladas en la ley son cónsonas con las labores delegadas al Tercero Administrador en escenarios de autoseguro, lo que nos lleva a concluir que el aludido estatuto permite utilizar este tipo de servicio para atender gestiones con-cernientes a las reclamaciones instadas en contra de los municipios.

Asimismo, conforme a la documentación que consta en autos, resulta incuestionable que las funciones delegadas a Integrand se ejercieron en calidad de Tercero Administra-dor de un fondo de autoseguro y no como asegurador. Se-gún mencionamos, las facultades encomendadas a un Ter-cero Administrador en materia de autoseguro pueden coincidir, en muchos aspectos, con las labores de una com-pañía aseguradora en la medida en que se le delega el defender al autoasegurado, así como procesar y transigir las reclamaciones sometidas contra éste, sin que esto le con-vierta en un asegurador.

No podemos perder de perspectiva que, como regla general, los autoasegurados carecen del peritaje necesario para procesar las reclamaciones que afectan su capital. Por ello, tal como ocurrió en este caso, las entidades autoase-guradas, ya sean públicas o privadas, comúnmente recu-rren a compañías independientes para que lleven a cabo estas gestiones con el propósito de reducir gastos.

De otra parte, el Tribunal de Apelaciones entendió que la discreción y responsabilidad, que conlleva la enco-mienda de manejar las reclamaciones según el Contrato, podían tornar a Integrand en una entidad responsable directamente ante la parte apelada.

Sin embargo, acorde con las alegaciones vertidas en la Demanda, la acción instada contra Integrand está predi-cada exclusivamente en el mecanismo de acción directa dis-puesto en el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra. Es decir, se le trae al pleito únicamente en calidad de asegu-radora, por alegadamente haber expedido una póliza de seguros que cubre reclamaciones por daños y perjuicios, por los cuales el Municipio es llamado a responder. No consta en el caso alegación alguna dirigida contra Integrand en su capacidad de Tercero Administrador. Es decir, en ningún momento se cuestiona la labor de la apelante al defender, procesar y transigir reclamaciones a la luz de los términos del Contrato.

Por lo tanto, no existe fundamento legal para adscribirle responsabilidad a Integrand por sus ejecutorias como Ter-cero Administrador, según los hechos imputados en la Demanda.

B. El autoseguro

El autoseguro tampoco aparece reglamentado taxativa-mente en Puerto Rico en el contexto del Contrato que nos ocupa. Sin embargo, existe una amplia discusión del con-cepto en otras jurisdicciones, que nos permite analizar esta figura con mayor claridad.

A través del Contrato, se repiten ciertos conceptos bási-cos que confirman la naturaleza del pacto como de admi-nistración de un autoseguro. En primer lugar, y fundamental a este asunto, se destaca la obligación del Gobierno de pagar la cantidad de $18 millones denominada Funding Amount. Esta exigencia aparece consignada taxativamente entre las cláusulas del Contrato.

El Funding Amount se encuentra, a su vez, desglosado en dos partidas, a saber: $14.4 millones para el pago de reclamaciones y $3.6 millones para cubrir los gastos de Integrand en tramitarlas. Asimismo se fijó el límite máximo de $14.4 millones para el pago agregado de recla-maciones en contra de los municipios por pérdidas cubier-tas según los términos del Contrato.

Así pues, no cabe duda de que, según los términos ine-quívocos del Contrato, le correspondía al Gobierno el pago total de estos fondos. Este requisito de pago constituyó una obligación esencial del acuerdo, al extremo de que su in-cumplimiento daba base a la cancelación del Contrato. De manera que se especificó el derecho de Integrand a rescin-dir la póliza de no pagarse en su totalidad el Funding Amount en el término de tiempo provisto para ello. Con-trato Sec. A2a, Apéndice, pág. 150.

De igual manera, Integrand tenía que devolver cual-quier excedente del dinero aportado por el Gobierno, una vez terminara el Contrato, ya fuese por su expiración o cancelación. En atención a ello, la apelante venía obligada a calcular y a reembolsar al Gobierno el sobrante de los $14.4 millones. Contrato Sees. Al y A3, Apéndice, pág. 150.

A base de lo anterior, y conforme a los términos relevan-tes del Contrato, los cuales no están en controversia, las compensaciones a los reclamantes habrían de pagarse con fondos provenientes del Gobierno y no mediante una póliza expedida por Integrand. No existe disposición alguna en el Contrato que dé base a concluir lo contrario. De esta ma-nera, el riesgo concerniente a los posibles daños, por los actos u omisiones negligentes de los municipios, nunca se transfirió a Integrand. Por el contrario, el riesgo se retuvo entre los municipios, quienes aportaron a un fondo común a través del Departamento de Hacienda para, de este modo, enfrentar posibles reclamaciones futuras.

Una lectura integral del Contrato tampoco nos permite decretar que los $3.6 millones pagaderos a Integrand cons-tituían primas de seguro. Más bien, estos dineros iban diri-gidos a compensar a la apelante por sus obligaciones rela-cionadas al manejo y la transacción de las reclamaciones iniciadas en contra de los municipios en calidad de Tercero Administrador, según contraídas mediante el Contrato. Es decir, cubrían los gastos de Integrand vinculados a la inves- tigación, defensa y disposición de estas reclamaciones. Una vez agotados los $14.4 millones, cesaba la responsabi-lidad de Integrand de pagar las reclamaciones, por lo que esta obligación revertía al Gobierno.

Al no estar frente a una póliza de seguros, sino ante un contrato de administración de un autoseguro pactado entre Integrand y el Departamento de Hacienda, corresponde in-terpretar el acuerdo, utilizando las reglas de hermenéutica dispuestas en el Código Civil y no la normativa especial fijada en el Código de Seguros. Por lo tanto, examinamos los términos consignados por las partes en el documento de una manera integral. Únicamente de no resultar claros, habrá que auscultar la intención de las partes.

Notamos que el Tribunal de Apelaciones apoyó su deter-minación en una serie de estatutos y precedentes judiciales de varias jurisdicciones de Estados Unidos, según los cua-les, bajo ciertas condiciones se ha calificado el autoseguro como una cubierta comercial o se ha considerado que, al adentrarse en esta práctica, se está incursionando en el negocio de seguros (business of insurance).

Debe quedar claro que la aplicabilidad de esta normativa y jurisprudencia responde a situaciones concre-tas, muy particulares, que no guardan relación alguna con los hechos presentes en este recurso. Es decir, estos prece-dentes resultan ajenos a la controversia que nos ocupa. Además, mediante ninguna de las contingencias contem-pladas en estas leyes y casuística, un autoseguro consti-tuido, enteramente por una aportación gubernamental, puede transformarse en una póliza de seguro de responsa-bilidad pública que nunca fue emitida por una compañía aseguradora. En otras palabras, si lo que está de por medio es el pago de una reclamación y el resarcimiento corres-pondiente proviene exclusivamente del dinero aportado por un autoasegurado, no puede imputársele responsabilidad en calidad de aseguradora a una entidad que ha actuado meramente como Tercero Administrador de esos fondos.

Repetimos, la reclamación que pesa sobré':'íntegrand está fundamentada única y exclusivamente en que, presun-tamente, emitió una póliza de responsabilidad pública a favor del Municipio según el Art. 20.030 del Código de Se-guros, supra (“acción directa”). Por lo tanto, en este caso, resultan improcedentes las variantes jurídicas, según las cuales se han reputado ciertas prácticas del autoseguro como un seguro.

Advertimos, además, que el Tribunal de Apelaciones in-dicó en su Sentencia que la transferencia de riesgo, de por sí, no constituye el único criterio para determinar si una empresa está o no dedicada al negocio de seguros y citó a Insurance Bd. under Social Ins. Plan v. Muir, 635 F.Supp. 1425 (M.D. Pa. 1986), en apoyo a esta posición. En ese caso, la controversia giraba en torno a las disposiciones de la Ley McCarran-Ferguson, 15 USCA secs. 1011—1015, mediante la cual expresamente se les delegó a los estados de la Unión la facultad de reglamentar el “negocio de seguros” (business of insurance).

A su vez, Insurance Bd. under Social Ins. Plan v. Muir, supra, se basó en Union Labor Life Ins. Co. v. Pireno, 458 US 119 (1982), donde se establecieron ciertos factores para identificar si, para propósitos de la Ley McCarran-Fergu-son, la práctica en controversia constituye un “negocio de seguros” que permita salvaguardar la autoridad estatal so-bre el asunto. La decisión del máximo foro judicial federal dispuso que, entre los criterios que se han de considerar, se evalúa si, conforme a la gestión sujeta al escrutinio judicial, se transfiere o se extiende el riesgo del asegurador, si ésta constituye una parte integral de la relación entre el asegurador y su cliente, y si su uso se limita a entidades en la industria de seguros. Union Labor Life Ins. Co. v. Pireno, supra.

Como puede apreciarse, las expresiones del Tribunal Supremo federal están suscritas únicamente en función de la interpretación de la Ley McCarran-Ferguson. Es decir, a través del análisis se procura precisar si, a tono con las prácticas en controversia, se entiende que una entidad está incursionando en el negocio de seguros y, por lo tanto, se encuentra sujeta únicamente a la reglamentación estatal en materia de seguros. Nuevamente, los parámetros esta-blecidos por el foro federal, en consideración a un estatuto especial, no tienen injerencia con los hechos que tenemos ante nuestra consideración. Las únicas incidencias rele-vantes a este recurso surgen del Contrato entre Integrand y el Departamento de Hacienda, y se atienden satisfacto-riamente por las disposiciones de nuestro Código Civil.

En resumen, en este caso no median hechos en contro-versia que impidan disponer de la solicitud de sentencia sumaria a favor de Integrand. Tampoco es menester aden-trarse en el proceso de indagar la intención de las partes contratantes. Los términos cruciales a la naturaleza del Contrato, como el de autoseguro, se encuentran delineados ineludiblemente en sus cláusulas. Independientemente de que algunos de los vocablos allí consignados estén asocia-dos a las pólizas de seguro, en este caso está ausente el requisito cardinal de una cubierta: la transferencia de riesgo. El dinero aportado proviene única y exclusiva-mente de fondos públicos. De otra parte, las características propias del autoseguro permean todo el Contrato.

Cabe notar que, según mencionamos, el Art. 8.011(a)(1) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, permite el me-canismo de autoseguro y advierte que no se equiparará a un seguro. Asimismo, el Comisionado de Seguros certificó que el Contrato en cuestión no constituía un contrato de seguros. Cónsono con nuestro dictamen, fundamentó su opinión de la forma siguiente:

Habiendo examinado las características del referido Programa [Programa de Responsabilidad Civil de los Municipios de Puerto Rico], es la posición de esta Oficina que el mismo cons-tituye un contrato de administración y no un contrato de seguros. Lo anterior obedece a que el referido asegurador no recibe una transferencia de los riesgos, sino que realiza fun-ciones de las que se conocen en la industria de seguros como las de un Tercero Administrador para un Programa de Autoseguro. Apéndice, pág. 202.

Erró, por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones al deter-minar que existía la posibilidad de que, en este caso, el autoseguro pudiese constituir una cubierta de responsabi-lidad pública a favor del Municipio.

Habida cuenta de que, en esta ocasión, Integrand no emi-tió una póliza de seguro y que la reclamación que nos ocupa descansa exclusivamente en el mecanismo de acción directa dispuesto en nuestro Código de Seguros, no existe base legal para retener a Integrand como parte en el litigio.

V

Conclusión

Abase de lo anterior, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 9 de noviembre de 2015 y se desestima la reclamación instada por la parte apelada en contra de Integrand.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       Se incluyeron como demandados a las entidades siguientes: municipio de Fajardo y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; además, las compañías de se-guros Acosta Adjustment, Inc., Triple S y X, Y, Z, en calidad de desconocidas que, al momento de los hechos, tenían pólizas de seguros vigentes a favor de los demandados y respondían por los daños y perjuicios reclamados.

       “INTEGRAND Assurance Company shall investigate, defend and settle any covered claim or ‘suit’ against any or all of the insureds, jointly or severally, seeking damages”. Municipalities of Puerto Rico Deposit Accounted Liability Policy-Contract, Liability Coverages, Apéndice, pág. 154.

       A esos efectos, el Art. 20.010 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 LPRA sec. 2001, dispone:
      “El asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona contra da-ños o peijuicios, por causa de responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad de una tercera persona, será responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia”.

       Así lo dispone específicamente el Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003(1):
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente [...] La responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza [...] Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado [...]

       AI amparo de la Ley Núm. 203-2008 (26 LPRA secs. 3101-3108), la Oficina del Comisionado de Seguros promulgó el Reglamento Núm. 7646 de 23 de diciembre de 2008, conocido como Regla Núm. 91. Allí se establecieron las normas atinentes al proceso de negociación entre estas entidades y los Terceros Administradores.

       El Art. 32.010 del P. de la C. 1573, 17ma Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, 6 de octubre de 2014, definía esta figura del modo siguiente:
      “I. ‘Tercero administrador’, conocido por sus siglas en inglés como ‘TPA’, signi-fica una persona que en representación de un asegurador administre seguros, sea directa o indirectamente, acepta solicitudes de seguros, cobra primas o realiza ajus-tes o transige reclamaciones, o realiza cualesquiera otras funciones administrativas u operacionales según contratadas con el asegurador relacionadas a las cubiertas de cualquier tipo de seguro que provea un asegurador a personas o sobre riesgos que residan en Puerto Rico”. (Enfasis nuestro).

       Específicamente, el Tribunal de Apelaciones hizo referencia a: Wathor v. Mutual Assur. Adm’rs., Inc., 87 P.3d 559 (Okla. Sup. Ct. 2004), y Cary v. United of Omaha Life Ins. Co., 68 P.3d 462 (Co. Sup. Ct. 2003). En estos casos, se debatió la responsabilidad de Terceros Administradores a cargo de planes de salud frente a los beneficiarios del plan por alegaciones de mala fe en el manejo de las reclamaciones.

       “ ‘Funding amount’ the funding amount payable is $18,000,000.00 net of commission which represents the sum of the ‘OVERALL AGGREGATE LIMIT FOR ALL INDEMNITY PAYMENTS’ of $14,400,000.00 and the ‘LOSS ADJUSTMENT EXPENSES AND OTHER EXPENSES’ OF $3,600,000.00”. Apéndice, pág. 149.

       “ ‘OVERALL AGGREGATE LIMIT FOR ALL INDEMNITY PAYMENTS OF $14,400,000.00’ means the maximum overall aggregate limit to be paid for all indemnity losses that amounts to FOURTEEN MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($14,400,000.00 includes all amounts paid by INTEGRAND Assurance Company to third parties or reimbursed to you for losses under this policy which includes prejudgment and post judgment interest awarded against INTEGRAND Assurance Company or you)”. (Enfasis nuestro). Apéndice, pág. 149.

       “An expenses incurred by INTEGRAND Assurance Company in the duty to investigate, defend and settle ‘claims’ or ‘suits’ as covered under the terms of this Policy-Contract. [...] The loss adjustment expenses and other expenses account amounts to THREE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($3,600,000)”. Apéndice, pág. 149.

       “[Ajfter the OVERALL AGGREGATE LIMIT FOR ALL INDEMNITY OF $14,400,000.00 has been exhausted, Integrand Assurance company will not be responsible for any further indemnity payments under this Policy Contract. In the event that the OVERALL AGGREGATE LIMIT FOR ALL INDEMNITY PAYMENTS OF $14,400,000.00 is exhausted, you will assume the responsibility to make further indemnity payments”. Apéndice, pág. 152.

       A pesar de que el autoseguro no constituye propiamente un seguro, en oca-siones se ha debatido si estos dos mecanismos deben ser equiparados para ciertos propósitos. En otras palabras, se ha cuestionado si, en circunstancias muy particu-lares, una parte que no ha comprado un seguro y, en efecto, actúa como su propio asegurador, debería ser tratada, para fines legales, de la misma forma que un ase-gurador comercial y atribuírsele los derechos y las obligaciones de un asegurador. Sin embargo, esta discusión se ha limitado a unos escenarios específicos.
      Concretamente, este tema se ha atendido en los contextos siguientes: (1) la cláusula de “otro seguro” (other insurance clause), (2) la inmunidad soberana del gobierno, (3) las exenciones a los esquemas de seguro compulsorio, (4) las obligacio-nes y los deberes en el trámite de las reclamaciones y (5) el derecho a la exención tributaria del pago de primas de seguro. Véanse: 1 New Appleman on Insurance Law

        Library Edition Sec. 1.09[2], pág. 1-97 (Rel. 11-9/2014); H. Nosowitz, C. Clarke y J.B. Berkeley, Recent Developments Affecting Self-insurers and Risk Managers, 41 Tort Trial & Ins. Prac. L.J. 719 (2006); M.W. Flory y A. Lui Walsh, Know thy Self-insurance (and thy Primary and Excess Insurance), 36 Tort & Ins. L.J. 1005 (2001); R.A. Goode, Self-Insurance as Insurance in Liability Policy “Other Insurance” Provisions, 56 Wash. & Lee L. Rev. 1245 (1999); J.B. Berkely, Recent Developments in Self-insurance Law, 33 Tort & Ins. L.J. 693 (1998); E. Hollowell, Self-insurance against Liability as other Insurance within Meaning of Liability Insurance Policy, 46 ALR 4th 707 (1986).

       A esos efectos, la Ley McCarran-Ferguson, 15 USCA sec. 1012(a), dispone:
      “The business of insurance [...] shall be subject to the laws of the several States which relate to the regulation or taxation of such business”. (Énfasis nuestro).

       La version en inglés establece los criterios del modo siguiente:
      “[T]he practice has the effect of transferring or spreading a policyholder’s risk; second, whether the practice is an integral part of the policy relationship between the insurer and the insured; and third, whether the practice is limited to entities within the insurance industry’. Union Labor Life Ins. Co. v. Pireno, 458 US 119, 129 (1982).

       El Tribunal de Apelaciones entendió, además, que no procedía dictar sen-tencia sumaria, porque los términos del acuerdo no eran claros y se asemejaban más bien a los de una póliza de seguro. A esos efectos mencionó que se utilizaron los vocablos “póliza” y “prima” en algunas de las cláusulas del Contrato. Sin embargo, no por ello el Contrato se convierte en una póliza de seguros. Cabe recordar que, según hemos advertido en ocasiones anteriores, el nombre no hace la cosa. Siaca v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559 (2016); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Raúl E. Casasnovas Balado et al., recurridos, v. UBS Financial Services, Inc. et al., y Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc. et al., peticionarios; United States Chamber of Commerce, amicus curiae.

      Número: CC-2017-0427
    Resuelto: 23 de agosto de 2017

      José Sánchez Castro, Alica I. Lavergne Ramírez, de López Sánchez & Pirillo, LLC, Salvador J. Antonetti-Stutts, Mauricio O. Muñiz Luciano y Ubaldo M. Fernández Barrera, de O’Neill & Borges, LLC, Guillermo J. Bobonis y Enrique G. Figueroa Llinás, del bufete Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud, Gustavo A. Pabón Rico y Carlos R. Rivera Ortiz, del bufete Richard & Escalera, abogados de la parte peticionaria; Harold D. Vicente, Harold D. Vicente Colón y Verónica Irizarry Báez, del bufete Vicente & Cue-bas, Emily C. Komlossy, yRoss A. Appel, de Komlossy Law,

      PA., Francisco Pujol Meneses, de Pujol Law Office, PSC, Mark C. Gardy y Meagan A. Farmer, del bufete Gardy & Notis, abogados de la parte recurrida; United States Chamber of Commerce, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

El presente caso nos brinda la oportunidad de atender, por primera vez en nuestra jurisdicción, una situación particular de derecho probatorio en el contexto de una acción derivativa. En específico, debemos determinar si procede in-corporar en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina esta-blecida en Garner v. Wolfinbarger, infra. Para ello, tomamos en consideración que una corporación con fines de lucro tiene un deber de fiducia frente a sus accionistas y que éstos son los últimos beneficiarios de las gestiones de este tipo de entidad jurídica Además, tenemos presente que el caso ante nos involucra a varias corporaciones que tienen sus respectivos accionistas y, en ocasiones, representantes lega-les distintos. Por lo tanto, estos privilegios le pueden perte-necer a grupos de accionistas diferentes. Para poder atender adecuadamente este asunto, debemos dirigir nuestra mi-rada al estado de Delaware, de donde surge, en gran me-dida, nuestro derecho corporativo y donde ya se ha atendido este tipo de controversia. Por los fundamentos que expo-nemos a continuación, acogemos la doctrina, tomando en consideración las particularidades del presente caso.

I

El caso de epígrafe fue instado por nueve accionistas (parte recurrida de varias corporaciones de fondos mu-tuos, en contra de UBS Financial Services, Inc. (UBS), diversas entidades afiliadas a UBS, los propios fondos y sus respectivos directores y exdirectores, entre otros (en con-junto, parte peticionaria). La reclamación fue catalogada como una acción derivativa en beneficio de los referidos fondos. La parte recurrida alegó, entre otras cosas, que la parte peticionaria violó sus deberes de fiducia y de buena fe al crear un esquema ultra vires para defraudar a los accionistas de los fondos.

El 7 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió un dictamen en el que aprobó una Orden de Confi-dencialidad con el propósito de prohibir a la parte recu-rrida la divulgación de secretos de negocios a terceros. Ello promovió que se intercambiara información de manera liberal, rápida y efectiva entre las partes, en consideración al gran volumen de documentos que se espera se produz-can en el trámite del presente pleito.

Tras atender varias mociones sobre el descubrimiento de prueba, el 17 de junio de 2016, el foro primario ordenó que no se entregaran documentos con tachaduras. La parte peticionaria solicitó la reconsideración de dicha orden de-bido a que las tachaduras tenían el propósito de proteger información confidencial, el privilegio abogado-cliente y el producto del trabajo de los abogados. Explicó que se pro-dujo una bitácora de privilegios sobre los documentos en cuestión. La parte recurrida se opuso y argumentó que los documentos no eran privilegiados y que la bitácora de pri-vilegios sometida por UBS era insuficiente o defectuosa. La parte peticionaria presentó una réplica en la que suplicó que se ordenara a los litigantes realizar esfuerzos razona-bles y de buena fe para resolver la controversia, conforme a la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, previo a acudir al tribunal respecto a la misma, de ser necesario.

Así las cosas, el 26 de agosto de 2016, la parte recurrida sometió una moción urgente en la que argumentó que la doctrina de Garner provee una excepción al privilegio abo-gado-cliente en las acciones derivativas en razón del deber de fiducia que las corporaciones tienen con sus accionistas. Informó, además, que las partes se reunie-ron para resolver asuntos de descubrimiento de prueba, pero que la reunión no fue productiva debido a que conclu-yeron que existía una controversia de derecho sobre la aplicabilidad de la doctrina de Garner que debía ser re-suelta por el tribunal. La parte peticionaria presentó su oposición en la que señaló que, durante la referida reunión, intentó resolver las controversias sobre la bitácora y los documentos en controversia, pero que la parte recurrida se negó amparada en la doctrina de Garner.

Por otro lado, el 8 de septiembre de 2016 la parte recu-rrida sometió una moción suplementaria en la que informó que uno de los representantes legales de UBS, el Ledo. Paul J. Lockwood, fue amonestado por un tribunal de Delaware por producir una bitácora de privilegios defectuosa, por lo que dicho foro determinó que la parte renunció a los privilegios reclamados y, como sanción, se ordenó la pro-ducción de todos los documentos en disputa. Afirmó que el licenciado Lockwood utilizó el mismo tipo de bitácora en el caso de marras y, consecuentemente, sostuvo que debe determinarse que UBS no alegó cabalmente el privilegio abogado-cliente. La parte peticionaria se opuso, entre otras cosas, a la aplicación de este enfoque (tipo blanket waiver) utilizado por un foro primario en Delaware.

El 15 de noviembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la parte peticionaria someter una copia de los documentos en cuestión en sobres sellados para ser examinados en cámara. Esta compareció en cumplimiento con dicha orden. El 16 de diciembre de 2016, dicho foro celebró una vista en la que manifestó que determinaría cuáles documentos debían ser protegidos. A su vez, las par-tes expusieron sus respectivas posturas en cuanto a la doc-trina de Garner.

El 20 de diciembre de 2016, el foro primario emitió una Resolución y Orden en la que dispuso del asunto probatorio ante su consideración. Determinó que, en razón del deber de fiducia impuesto por ley a UBS, no procede invocar el privilegio abogado-cliente frente a los fondos y sus accionistas Al acoger y aplicar la doctrina de Garner, señaló que la información solicitada no puede ser obtenida de otra fuente que no sea la propia parte peticionaria y que esta información es determinante para que la parte recu-rrida tenga la oportunidad de probar sus alegaciones, por lo que el privilegio invocado en este caso violenta el acceso adecuado a la justicia. Además, el Tribunal de Primera Ins-tancia indicó que le correspondía a UBS demostrar la exis-tencia de los privilegios reclamados, los cuales se deben interpretar restrictivamente. En esa línea, determinó que las listas y bitácoras sometidas por la parte peticionaria no fueron útiles debido a que no describían con suficiente pre-cisión o particularidad la razón específica del privilegio reclamado. Por lo tanto, ordenó la producción de los docu-mentos en controversia.

El 9 de enero de 2017, la parte peticionaria presentó una moción de reconsideración en la que argumentó, entre otros asuntos, que el tribunal debía evaluar cada docu-mento en particular para determinar si existía causa sufi-ciente (good cause) para exceptuar el privilegio. También alegó que ninguno de los recurridos era accionista de UBS, por lo que no se debe aplicar la doctrina de Garner en este caso. Además, argumentó que dicha doctrina no se debe extender al privilegio del producto del trabajo del abogado. Finalmente, insistió en que la bitácora en cuestión era adecuada. No obstante, el foro primario proveyó “no ha lu-gar” a la solicitud de reconsideración.

Inconforme, la parte peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y objetó la aplicación de la doctrina de Garner en nuestra jurisdicción, así como el alcance de la misma en el contexto de este litigio. En particular, señaló que el foro primario erró al aplicar liberalmente la doc-trina, en lugar de evaluar, restrictivamente, los indicado-res o la indicia de causa suficiente (good cause) estableci-dos jurisprudencialmente. También alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al extender la doctrina de Garner al privilegio del producto del trabajo del abogado. Fi-nalmente, argumentó que la bitácora aquí involucrada era adecuada y suficiente para reclamar los privilegios en cuestión y que, en la alternativa, se le debió conceder una oportunidad para suplementaria.

El 15 de marzo de 2017, el foro apelativo intermedio dictó una sentencia confirmatoria. En primer lugar, aclaró que UBS consintió a la aplicación de la doctrina de Garner en nuestra jurisdicción. En segundo lugar, evaluó los indi-cadores o la indicia de la doctrina para concluir que pro-cede la producción de los documentos. Para ello, tomó en consideración la naturaleza de la reclamación, la relación fiduciaria entre las partes, la presunta malversación de los fondos y de las inversiones efectuadas por UBS, la necesi-dad de la información para probar las alegaciones de la Demanda Enmendada el hecho de que la información estaba en el poder exclusivo de la parte peticionaria, que no estamos ante una expedición de pesca y que cualquier secreto de negocios estaba debidamente protegido por la Orden de Confidencialidad. Además, puntualizó que en la Demanda Enmendada se alegó que el descubrimiento de prueba demostraría que UBS actuó como alter ego en sus relaciones financieras en Puerto Rico para inducir a la parte recurrida a comprar acciones de los fondos y evitar que las vendieran. En fin, concluyó que se cumplió con los criterios de necesidad y especificidad de la doctrina de Garner y que su aplicación en el presente caso era razonable.

El Tribunal de Apelaciones consideró que la doctrina de Garner “es una herramienta necesaria y de gran utilidad para promover y garantizar la eficiencia y sana adminis-tración de la justicia en esto[s] tipos de casos”. Sentencia de 15 de marzo de 2017, pág. 28, Caso Núm. CC-2017-0427, Pieza 5. En esa línea, determinó que era justo que la parte recurrida tuviera acceso a las asesorías recibidas por la parte peticionaria “en cuanto se relacionen con las inver-siones de los Fondos y la información que se le ofrecía a los accionistas para retenerlos como accionistas y venderles otros instrumentos de inversión”. (Enfasis nuestro). Id., pág. 36.

Por otro lado, el foro apelativo intermedio coincidió con el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que la bitácora de privilegios provista por la parte peticionaria no fue útil para evaluar la existencia de los mismos. Además, tras exa-minar varios de los documentos en controversia, el Tribunal de Apelaciones determinó que éstos no son privilegiados. En cuanto al privilegio del producto del trabajo del abogado, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la bitácora no con-tiene documentos relacionados con la asesoría legal o impre-siones mentales de abogados sobre las estrategias de un litigio.

Inconforme, el 22 de mayo de 2017 la parte peticionaria presentó ante nos el recurso de referencia y señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al: (1) adoptar la doctrina de Garner ampliamente, al exigir el descubrimiento de todos los documentos pertinentes a alegaciones de violaciones a deberes de fiducia; (2) extender la doctrina de Garner al privilegio del producto del trabajo del abogado a pesar de que la bitácora especificaba que ciertos documentos conte-nían impresiones mentales de su representación legal; (3) realizar un análisis superficial y generalizado en cuanto a la necesidad de obtener cada documento en particular y la indisponibilidad de la información en otras fuentes; (4) extender la doctrina de Garner a documentos relacionados con intereses independientes de UBS que no están relacio-nados a los fondos, y (5) violar el derecho constitucional de la parte peticionaria al debido proceso de ley y a obtener asesoramiento legal. En síntesis, consideró que la doctrina en cuestión debe aplicarse de forma muy restrictiva, en conformidad a la jurisprudencia de otras jurisdicciones.

Ese mismo día, la parte peticionaria solicitó autoriza-ción para someter ciertos documentos en un sobre sellado para inspección en cámara, con el propósito de salvaguar-dar la confidencialidad y el carácter privilegiado de los mismos.

El 1 de junio de 2017, la parte recurrida sometió su Oposición a Expedición del Auto. Explicó que UBS es quien posee y retiene la prueba necesaria para demostrar las ale-gaciones de la Demanda Enmendada y que, al descubrirse la misma, el litigio se resolvería. Afirmó que los foros recu-rridos realizaron un profundo, meticuloso y bien razonado análisis y tomaron medidas apropiadas para proteger la confidencialidad de la información solicitada. Aclaró que los indicadores o la indicia de la doctrina de Garner fue utilizada por los foros recurridos y contribuyeron a deter-minar que había causa suficiente (good cause) para divul-gar la información. Por lo cual, entendió que no era nece-sario analizar los documentos individualmente. Reiteró, además, que la bitácora aquí involucrada es deficiente, ya que no justifica la retención de la información y que, con-secuentemente, se renunció a los privilegios en cuestión. En cuanto al privilegio del producto del trabajo del abo-gado, argumentó que, para que proceda, tiene que tratarse de asesoría legal durante o en anticipación a un litigio y no en el curso ordinario de los negocios. Por otro lado, señaló que la parte peticionaria alegó, por primera vez en alzada, una nueva teoría legal de índole constitucional. De todas formas, argumentó que el privilegio abogado-cliente no es de índole constitucional.

El 14 de junio de 2017, compareció la U.S. Chamber of Commerce (USCC) y solicitó autorización para presentar un alegato en calidad de amicus curiae. Propuso presen-tar su insumo e inquietudes en torno a la adopción de la doctrina de Garner en Puerto Rico, alegando que esto po-dría acarrear graves consecuencias para la economía del país. En su escrito, la USCC aclaró que un fondo mutuo no es una corporación tradicional y que, por lo tanto, me-rece consideraciones particulares. Indicó que un fondo mu-tuo se caracteriza por la separación que existe entre éste y la compañía que lo administra y lo que los ata es una re-lación contractual. Argumentó que, debido a su estruc-tura particular, se debe evaluar si los directores y oficiales de la compañía de administración tienen deberes fiducia-rios hacia los accionistas de los fondos mutuos. Señaló que, aunque la compañía de administración tiene un deber fi-duciario de administrar el fondo mutuo con responsabili-dad y diligencia, esta obligación no puede extenderse irre-flexivamente a sus accionistas. Opinó que, al no tratarse de una entidad corporativa típica, la controversia sobre el descubrimiento de prueba en el presente pleito no puede manejarse en el contexto de una acción derivativa y, conse-cuentemente, no debe aplicarse la doctrina de Garner al mismo. Afirmó que ordenar un descubrimiento de prueba indiscriminado atenta contra la existencia de otros fondos mutuos que no forman parte del presente pleito y, a su vez, podría desestabilizar y desarticular este tipo de ins-trumento de inversión.

El 23 de junio de 2017, la parte recurrida presentó el Plaintiffs’ Memorandum of Law in Opposition to the Motion to File an Amicus Brief by the U.S. Chamber of Commerce en el que propuso que se descartara el análisis de la USCC porque se basó en casos o circunstancias en los que aplicaba el Investment Company Act de 1940, mientras que a los fondos mutuos que forman parte del presente pleito no les aplica dicha legislación Además, argumentó que debe verse con sospecha el que el CEO de la compañía matriz de UBS, el Sr. Sergio P. Ermotti, es también el chairman y presidente del Swiss-American Chamber of Commerce, entidad relacionada al USCC. Indicó además que la diferencia entre una corporación tradicional y un fondo mutuo es insignificante y que procede la aplicación de la doctrina de Garner en el presente caso por la manera complicada en que las entidades de UBS están estructura-das y son operadas. En esa línea, citó el caso de Kenny v. Pac. Inv. Mgmt. Co. LLC, infra, para sostener que UBS tiene un deber fiduciario con los accionistas de los Fondos y que, por ello, procede la divulgación de las comunicaciones entre abogado-cliente en disputa. Concluyó que esto redun-daría en una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los administradores de fondos mutuos y promove-ría la confianza de los inversionistas en este mercado puertorriqueño. Por lo cual, solicitó que se denegara la so-licitud de amicus curiae de la USCC

El 27 de junio de 2017, la USCC presentó una Urgente Moción Aclaratoria y Reiteración de Solicitud al Amparo de la Regla 43 del Tribunal Supremo para Comparecer en Ca-lidad de Amicus Curi[a]e, en la que rechazó toda imputa-ción de irregularidad o motivo avieso para su intervención en este ligitio. Aclaró que, en ningún momento, argumentó que el Investment Company Act de 1940 aplicaba a los fon-dos mutuos organizados en Puerto Rico y que su petición no descansaba en dicha proposición. Además, indicó que, en nuestra jurisdicción, los privilegios son creados por el Tribunal Supremo, pero que se tienen que referir a la Asamblea Legislativa para su posterior consideración, mo-dificación o adopción. Por lo cual, expuso que, para mante-ner una adecuada separación de poderes, este Foro debe abstenerse de adoptar jurisprudencialmente una excepción al privilegio abogado-cliente.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y de la USCC como amicus curiae, expedimos el auto de certio-rari solicitado y atendemos el recurso de epígrafe sin trá-mite ulterior conforme a la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. Veamos.

HH 1—I

A. Descubrimiento de Prueba

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece los parámetros del descubrimiento de prueba en los casos civiles. En particular, el inciso (a) de dicha regla le permite a las partes solicitar el descubrimiento “sobre cual-quier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente”. Así pues, el alcance del descubrimiento es amplio y liberal. Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 (2009).

En varias ocasiones hemos reiterado que en nues-tro sistema de justicia impera “un esquema de descubri-miento de prueba extrajudicial que fomenta una mayor fle-xibilidad y cooperación entre las partes”. Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 (2001), citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 468. Por su parte, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que, para poder acudir al tribunal para que se ordene descubrir prueba, la parte promovente deberá incluir una certificación que indique, en forma particularizada, que realizó esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo con la representación legal de la parte adversa para resolver los asuntos probatorios en controversia y que éstos resultaron infructuosos.

B. Privilegio abogado-cliente

El propósito de los privilegios evidenciarios es “adelantar valores e intereses sociales que por considera-ciones de política pública se estiman superiores a la bús-queda de la verdad”. Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 784 (2011), citando a E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, San Juan, Pubs. JTS, 2005, T. I, pág. 169. Uno de estos privilegios es el de abogado-cliente establecido en la Regla 503 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. En particular, el inciso (b) de esta regla dispone que el cliente tiene el privilegio de rehusar revelar y de impedir que otra persona revele una comunicación confidencial en-tre ésta y su abogado realizada en el curso de procurar asistencia legal. Conforme al inciso (a)(4) de la referida regla, esta comunicación protegida es aquella habida “en relación con alguna gestión profesional, basada en la con-fianza de que no será divulgada a terceras personas, salvo a aquéllas que sea necesario para llevar a efecto los propó-sitos de la comunicación”. Id. Este privilegio tiene como fin garantizar la confidencialidad de las consultas a un abo-gado de manera que se promueva una ayuda legal efectiva. Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509 (2013).

El peso de probar un privilegio lo tiene la parte que alega o reclama su existencia. Pagán et al. v. First Hospital, supra. Así pues, le corresponde establecer prima facie que concurren los elementos necesarios para su aplicación. íd. Para ello, se exige que se demuestre: que hay expectativa de confidencialidad; que ésta es un elemento esencial para mantener la relación entre las partes; que la comunidad promueve o reconoce este tipo de relación, y que el peijuicio ocasionado por la divulgación de la comunicación supera el beneficio de divulgarla. Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra. Finalmente, la Regla 518 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece que la determinación sobre la existencia de los privilegios se hará con una interpretación restrictiva, excepto aquellos de rango constitucional.

C. Privilegio del producto del trabajo del abogado

La Regla 505 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece el privilegio para el producto del trabajo de un abo-gado, consultor, fiador, asegurador o agente, preparado u obtenido “en anticipación de, o como parte de una investi-gación o procedimiento civil, administrativo o penal”.

El producto del trabajo o la labor del abogado (work product):

[...] consiste de esa información que [el abogado] ha reunido y las impresiones mentales, teorías legales y estrategias que él persigue o ha adoptado, derivadas de entrevistas, declaracio-nes, memorándum, correspondencia, resúmenes, investigacio-nes de hechos o de derecho, creencias personales y otros me-dios tangibles o intangibles. Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 525 esc. 3 (1984), citando a State ex rel. Dudek v. Circuit Court for Milwaukee County, 150 N.W.2d 387 (1967).

D. Doctrina de Garner

Debido a que en nuestra jurisdicción no existe un precedente aplicable a la controversia de marras, los foros recurridos resolvieron la misma basados en la excepción de fiducia establecida en el caso de Garner v. Wolfinbarger, 430 F.2d 1093 (5to Cir. 1970), mejor conocida como la doctrina de Garner. En dicho caso, la Corte de Apelaciones Federal para el Quinto Circuito tuvo ante sí una controversia de descu-brimiento de prueba sobre el privilegio abogado-cliente en el contexto de una acción derivativa.

En particular, debía determinarse si una corporación tiene un derecho absoluto al privilegio abogado-cliente o si, en cambio, éste puede ceder ante un reclamo de los accionistas. El referido foro optó por una alternativa que armoniza estas dos opciones. Concluyó que, aunque el pri-vilegio abogado-cliente puede ser invocado por las corpora-ciones frente a sus accionistas, estos últimos pueden mos-trar causa por la cual deben obtener información privilegiada en una acción derivativa en la cual se recla-man actuaciones contrarias a los intereses de los accionistas. Garner v. Wolfinbarger, supra.

Para determinar si existe causa justificada (good cause) se deben considerar varios indicadores (indicia). Entre es-tos factores, el tribunal puede evaluar:

[...] the number of shareholders and the percentage of stock they represent; the bona fides of the shareholders; the nature of the shareholders’ claim and whether it is obviously colora-ble; the apparent necessity or desirability of the shareholders having the information and the availability of it from other sources; whether, if the shareholders’ claim is of wrongful action by the corporation, it is of action criminal, or illegal but not criminal, or of doubtful legality; whether the communication related to past or to prospective actions; whether the communication is of advice concerning the litigation itself; the extent to which the communication is identified versus the extent to which the shareholders are blindly fishing; the risk of revelation of trade secrets or other information in whose confidentiality the corporation has an interest for independent reasons. Garner v. Wolfinbarger, supra, pág. 1104.

En el proceso, el tribunal puede utilizar la inspección en cámara y las órdenes protectoras para preservar la confi-dencialidad de los documentos. Garner v. Wolfinbarger, supra. Se debe tener presente que pueden darse situacio-nes en las que la corporación, su gerencia o ambas tengan intereses adversos a los de alguno o todos los accionistas, íd. No obstante, es medular tener en consideración que los accionistas de una corporación son los últimos beneficiarios del privilegio abogado-cliente y que la corporación res-ponde a éstos. íd. Entonces, las decisiones o el juicio profesional de la gerencia no deben quedar cubiertas por un velo de secretividad absoluta. íd.

Eventualmente, esta doctrina fue acogida por el Tribunal Supremo de Delaware en Wal-Mart Stores, Inc. v. Indiana Elec. Workers Pension Trust Fund IBEW, 95 A.3d 1264 (Del. 2014). Dicho pleito también se presentó como una acción derivativa en la cual la corporación reclamó el privilegio abogado-cliente. íd. El foro de última instancia de Delaware explicó que la doctrina de Garner le permite a los accionistas, previa demostración de causa suficiente (good cause), invadir el privilegio abogado-cliente de su corporación para demostrar violaciones al deber de fiducia por parte de aquellos que controlan la corporación. íd. Ahora bien, enunció que, debido al interés público que pro-mueve el privilegio abogado-cliente en la administración de la justicia y en el balance de intereses, la excepción fiduciaria de Garner debe aplicarse de forma restrictiva, de forma tal que sea difícil de cumplir. íd.

En cuanto al indicador de necesidad de la información y la indisponibilidad en otras fuentes establecido en la doc-trina de Garner, el Tribunal Supremo de Delaware explicó que el foro primario encontró que los documentos solicita-dos iban a la médula de la controversia y que había prueba en el expediente que apuntaba a que la corporación de-mandada incurrió en ciertas conductas cuestionables que, para que ocurrieran, era necesaria la asistencia de abogados. Wal-Mart Stores, Inc. v. Indiana Elec. Workers Pension Trust Fund IBEW, supra.

Aunque el pleito de epígrafe versa sobre un asunto de derecho probatorio, está enmarcado en el ámbito del dere-cho corporativo puertorriqueño. Éste, a su vez, está basado en el derecho corporativo de Delaware, por lo cual, la juris-prudencia de dicho estado es altamente persuasiva e ilus-trativa en nuestra jurisdicción y la acogeremos en la me-dida en que ésta se ajuste a nuestra realidad. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38 (2015); Lloréns et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011).

Tras evaluar la doctrina de Garner, estamos con-vencidos de que ésta resultaría de gran utilidad para ade-lantar los intereses de una corporación en el contexto de una acción derivativa. No se trata de crear un privilegio por vía de la jurisprudencia sino de adoptar unas guías para identificar quiénes están cobijados por el privilegio abogado-cliente. Cabe reiterar que la corporación existe para adelantar los intereses legítimos de sus accionistas. Así pues, para atender adecuadamente controversias rela-cionadas con el privilegio abogado-cliente que surjan en este tipo de litigio, adoptamos en nuestra jurisdicción los indicadores establecidos jurisprudencialmente por dicha doctrina. Estos son: (1) la cantidad de accionistas en el pleito y el porciento de acciones que representa; (2) la buena fe de los accionistas; (3) la naturaleza de la reclamación y la probabilidad de prevalecer; (4) la necesidad aparente de obtener la información y la disponibilidad en otras fuentes; (5) si la reclamación contiene imputaciones de actos ilega-les, criminales, o de dudosa legalidad por parte de la cor-poración; (6) si la comunicación en disputa se relaciona a reclamaciones pasadas o futuras; (7) si la comunicación se relaciona a consejos sobre el propio litigio; (8) si se puede identificar la comunicación o si, en cambio, se trata de una expedición de pesca, y (9) el riesgo de divulgar secretos de negocios u otra información confidencial que la empresa interese proteger por razones ajenas al pleito.

Esta doctrina deberá interpretarse restrictivamente en contra de quien reclama la excepción fiduciaria. Además, debemos aclarar que éstos no son requisitos sino indicado-res, por lo que no será necesario, pero sí prudente, consi-derarlos todos en conjunto. Coincidimos con la jurispru-dencia que mencionaremos más adelante en cuanto a que el cuarto criterio, es decir, la necesidad aparente de obte-ner la información y la no disponibilidad en otras fuentes, es medular para este análisis.

Por otro lado, como muy bien señala el amicus curiae, la controversia que tenemos ante nuestra consideración no trata de una corporación tradicional, sino de un fondo mutuo. Los fondos mutuos son corporaciones o fideicomisos organizados con el propósito de que personas naturales y jurídicas inviertan su dinero y se conviertan en accionistas de éstas. J. Morley, The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation, 123 Yale L.J. 1228, 1238 (2014). Por su parte, los fondos utilizan el dinero invertido para adquirir diferentes instrumentos financieros que se encuentran en la oferta pública. E.D. Johnson, The Fiduciary Duty in Mutual Fund Excessive Fee Cases: Ripe for Reexamination, 59 Duke L.J. 145, 150-151 (2009). Finalmente, el rendimiento de los instrumentos financieros es repartido entre todos los accionistas del fondo mutuo.

Sin embargo, los accionistas de los fondos mutuos dele-gan, mediante un arreglo contractual, a otra corporación con personalidad jurídica propia, conocida como compañía administradora o promotora, la administración de los fondos. Morely, supra, págs. 1238-1239. En otras palabras, los fondos no cuentan con empleados ni con ningún tipo de bien operacional, pues la compañía administradora es la que se encarga de proveer todos estos servicios. íd. Esto es diferente a lo que ocurre en las corporaciones tradicionales en las cuales los accionistas delegan la administración de la corporación a la junta de directores, la cual es un orga-nismo interno de la corporación. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo, [s. l.], [ed. de autor], 2016, pág. 175. De esta forma, como muy bien surge de la moción del amicus curiae, el arreglo de los fondos mutuos incluye una entidad jurídica adicional. Así pues, los accionistas de los fondos mutuos no necesariamente son accionistas de la compañía administradora.

Asimismo, el amicus curiae trajo a nuestra atención dos casos recientes sobre fondos mutuos en los que se consideró la aplicación de la excepción fiduciaria. En Kenny v. Pac. Inv. Mgmt. Co. LLC, No. C14-1987-RSM (W.D.Wash.2016), un accionista de un fondo mutuo, organizado como fideico-miso, solicitó a la Corte de Distrito Federal en Western Washington que ordenara a ciertos Independent Trustees (fiduciarios) la entrega de una serie de documentos. Por su parte, estos Trustees, que no eran parte del pleito, y las corporaciones demandadas, se opusieron a la producción de cierta información y alegaron el privilegio abogado-cliente. Así pues, la controversia a resolver era si procedía aplicar la excepción fiduciaria y, por lo tanto, no aplicaba a los documentos en controversia el privilegio de abogado-cliente. La Corte de Distrito determinó que los Independent Trustees tenían un deber de fiducia para con los accio-nistas del fondo mutuo y que las comunicaciones en cuestión incluían consejo legal para el manejo del fondo. Por lo cual, concluyó que procedía el descubrimiento de la información privilegiada. Así pues, estableció una excep-ción relativamente amplia basada únicamente en la rela-ción de fiducia entre las partes, el impacto del consejo legal sobre el manejo del fondo mutuo y que la comunicación no sea en anticipación de un litigio.

Por otro lado, en Chill v. Calamos Advisors LLC, No. 17 C 1658 (N.D.Ill.2017), varios accionistas de un fondo mu-tuo, organizados como un fideicomiso, demandaron me-diante acción derivativa a la entidad encargada de admi-nistrarlo, Calamos Advisors LLC, y a otras entidades afiliadas por presunta violación al deber de fiducia. Sin embargo, ni el fondo ni los Independent Trustees fueron parte en la demanda. Durante el proceso, los demandantes solicitaron al fondo y a los fiduciarios del mismo la produc-ción de una serie de documentos. Por su parte, el fondo y los Independent Trustees alegaron el privilegio de abogado-cliente sobre algunos de los documentos solicitados. Tras acoger y analizar los indicadores de la doctrina de Garner, la Corte de Distrito Federal en Illinois determinó que la parte que solicita la información privilegiada debe demos-trar, particularmente, que la información no se puede ob-tener de otro modo. Para ello, dicha parte debe indicar lo siguiente: la información que esperan encontrar en los do-cumentos en disputa; la importancia de éstos para el caso, y la razón por la cual no se pueden obtener de otras fuentes no privilegiadas. Finalmente, la Corte determinó que no se demostró, de manera específica, la necesidad de cada documento. Indicó que no bastaba una alegación general que la información no estaba disponible en otras fuentes, por lo que concluyó que no se acreditó este indicador me-dular de la doctrina de Garner.

Cabe destacar que en los casos reseñados aplica la excep-ción antes señalada porque los accionistas solicitaron la pro-ducción de documentos a los fondos de los que son accionis-tas y no a las corporaciones administradoras de los fondos.

Conforme a lo anterior, siempre que se considere la doctrina de Garner, debe evaluarse si se trata de una relación accionista-corporación. Esto es así, debido a que la doctrina de Garner aplica en el contexto de una acción de-rivativa cuando los accionistas le solicitan a su propia cor-poración información cobijada por el privilegio abogado-cliente. Esto implica que los accionistas no pueden valerse de la doctrina de Garner para requerirle información pri-vilegiada a terceros ajenos a su propia corporación. En ese sentido, conforme a los criterios de esta doctrina, los accio-nistas de determinado fondo mutuo únicamente pueden re-clamar la producción de comunicaciones a esa entidad en particular. De lo contrario, se estaría extendiendo el al-cance reconocido de la doctrina a otras entidades que son partes en el pleito, tales como una compañía que adminis-tra fondos mutuos o a terceros ajenos al litigio

Es menester reiterar que, ante una controversia de esta índole, las partes deben cumplir con lo establecido en nues-tro ordenamiento procesal. En primer lugar, tienen que dar fiel cumplimiento a la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra. Una vez las partes realizan esfuerzos de buena fe para resolver las controversias probatorias sobre el descu-brimiento de información privilegiada y así lo certifi-quen, pueden acudir al Tribunal de Primera Instancia para que éste emita la decisión correspondiente.

De esta forma, las partes deberán poner al foro primario en posición de determinar la existencia del privi-legio abogado-cliente y a quién le aplica. Para ello, la parte que reclama el privilegio tiene el peso de demostrar la existencia “prima facie” del mismo. En el caso particular de una acción derivativa, sólo podrá aplicarse la doctrina de Garner cuando una corporación reclama el privilegio ante sus propios accionistas. En ese caso, los accionistas tendrán el peso de probar los indicadores antes esbozados. Entre éstos, destacamos que se debe precisar si existe una necesi-dad concreta de obtener la información privilegiada y si hay otro medio no privilegiado para adquirirla.

1—I HH I—I

En el presente caso, los foros recurridos determinaron que la información solicitada por la parte recurrida era necesaria para probar sus alegaciones y que estaba en el poder exclusivo de la parte peticionaria. Ahora bien, de los autos no se desprende que la parte recurrida haya puesto en posición a los foros recurridos de analizar el criterio de necesidad y de indisponibilidad, según requiere la doctrina. Esta parte se limitó a argumentar que, en razón de la relación fiduciaria existente, operaba la doctrina de Garner, sin adentrarse suficientemente a discutir los indi-cadores antes señalados. La existencia de una relación fi-duciaria per se no activa automáticamente la doctrina de Garner. Como resultado de lo anterior, los foros recurridos se vieron precisados a realizar un análisis general de la bitácora en cuestión y de algunos de los miles de documen-tos sometidos ante ellos. Este análisis poco detallado no es suficiente para satisfacer el riguroso estándar de la doc-trina de Garner en este caso.

Además, la doctrina de Garner requiere que se acredite que la información en disputa no está disponible en otras fuentes. Usualmente, en una acción derivativa, la mayor parte de la información relacionada a las actuaciones de la corporación va a estar en poder exclusivo de la misma. Así pues, el término “otras fuentes” no se refiere necesaria-mente a fuentes ajenas a la corporación, sino que no esté disponible en otros documentos o testimonios no privilegiados. Los foros recurridos estimaron que era sufi-ciente determinar que toda la prueba pertinente está en ma-nos de la parte peticionaria, sin considerar la disponibilidad en otros documentos no privilegiados. Este tipo de análisis genérico no es suficiente al considerar dicho indicador. Por lo cual, se cometieron el primer y tercer error señalados.

Ahora bien, no estamos en posición de determinar con precisión la existencia prima facie de los privilegios recla-mados ni la titularidad de los mismos ni de determinar si la doctrina aplica a todos los documentos en disputa. Con-secuentemente, no es necesario adentrarnos a los restan-tes señalamientos de error.

No obstante, en cuanto al privilegio del producto del trabajo del abogado, debemos enfatizar que la parte perticionaria debe, en primer lugar, demostrar que la in-formación en cuestión fue provista o preparada en antici-pación o como parte de un litigio. Se le debe conceder una oportunidad de así hacerlo, luego de darse fiel cumpli-miento a la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra.

IV

Abase de lo anterior, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 15 de marzo de 2017. En consecuencia, dejamos sin efecto la paralización ordenada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continua-ción de los procedimientos en conformidad con el análisis anteriormente establecido.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervienen.

       Para un mejor entendimiento de lo que conlleva una acción derivativa y el deber de fiducia, véanse Multinational Ins. v. Benitez y otros, 193 DPR 67 (2015), y Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38 (2015).

       Véanse: Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Lloréns et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011).

       Durante el pleito, algunos demandantes desistieron de su reclamación, por lo que la parte recurrida quedó compuesta por Doris López García; Reynaldo Quintana Latorre; Manuel Porro como Síndico del Plan de Retiro Manuel Porro; Romualdo Rivera; Tonos Aurimir Arocho; Manuel Martínez Umpierre; Glafira Porro Vizcarra; Blanca M. Ortega Torres, y el Fideicomiso Punta Gorda.

       En Garner v. Wolfinbarger, 430 F.2d 1093 (5to Cir. 1970), se creó una excep-ción al privilegio abogado-cliente en acciones derivativas en razón del deber de fidu-cia que tienen los directores de una corporación para con sus accionistas. Para apli-car dicha doctrina, los accionistas deben demostrar que tienen causa suficiente (good cause) para descubrir esa información privilegiada.

       Ambas partes entienden que la doctrina de Garner podría ser acogida en nuestra jurisdicción. Sin embargo, la parte peticionaria disputó su aplicación al pre-sente pleito debido a que la parte recurrida no acreditó justa causa, necesidad sus-tancial ni los demás indicadores establecidos en la doctrina.

       Véase Klig v. Deloitte LLP, C.A. Núm. 4993-VLC (Del. Ch. 2010). En dicho caso, un foro primario de Delaware tuvo ante sí una bitácora de privilegios con descripciones genéricas o repetitivas sobre la materia privilegiada.

       Señaló, además, que no se debía permitir suplementar las bitácoras en esa etapa de los procedimientos.

       Nótese que el Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí todos los documen-tos en controversia, por lo que no dependió exclusivamente de la bitácora de privilegios.

       Ahora bien, de los autos no surge que se haya discutido en detalle sobre los indicadores o indicia que requiere la doctrina de Garner.

       Según fundamentó el foro primario, este deber fiduciario surge del Regla-mento 6078 de la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Sec. 25.1.

       Razonó que, debido al deber de fiducia de UBS Financial Services, Inc. (UBS), los accionistas son los verdaderos clientes y beneficiarios de la asesoría legal recibida por la parte peticionaria.

       El foro apelativo intermedio no albergó duda de que la información en cues-tión era pertinente para probar las alegaciones de la parte recurrida. No obstante, la parte peticionaria alegó ante nos que los foros recurridos no evaluaron los documen-tos individualmente, sino en forma general.

       En cuanto al primer señalamiento de error, la parte peticionaria esbozó que se limita a solicitar que se expida el recurso para definir el alcance apropiado de la excepción fiduciaria en Puerto Rico, de manera que haya un equilibrio adecuado entre los intereses involucrados.

       El sobre contiene 8 de los cerca de 10,000 documentos en disputa.

       Aclaramos que la parte peticionaria estuvo dispuesta a resolver la contro-versia sobre el descubrimiento de prueba, conforme lo requiere la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y a proveer una bitácora suplementaria. Además, sometió ante los foros recurridos toda la documentación en disputa para un examen en cámara. Por lo cual, adelantamos que no renunció al privilegio reclamado.

       Posteriormente, el U.S. Chamber of Commerce (USCC) compareció, me-diante la Moción Informativa en Torno a Notiñcación, para certificar que había re-mitido una copia de su escrito a todas las partes del pleito.

       Resaltó que la doctrina de Garner no goza de aceptación uniforme en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos y que su aplicación es limitada o estricta y supeditada al establecimiento de causa suficiente (good cause). En todo caso, argu-mentó que esta doctrina es inaplicable cuando no existe un mutuality of interest entre las partes al momento en que se efectúa la comunicación en disputa. Véase In re Fuqua Indus., Inc., C.A. Núm. 11974 (Del. Ch. 2002).

       Indicó que los accionistas de los fondos mutuos no son accionistas de UBS y los representantes legales de la compañía de administración no son, necesariamente, abogados de los fondos mutuos.

       La USCC añadió que las decisiones en Garner v. Wolfinbarger, supra, y Wal-Mart Stores, Inc. v. Indiana Elec. Workers Pension Trust Fund IBEW, 95 A.3d 1264 (Del. 2014), no involucraban fondos mutuos ni sus compañías de administra-ción, sino a corporaciones clásicas.

       Este escrito fue redactado en inglés y fue sometido conjuntamente con una copia traducida al español.

       La parte recurrida sometió una Moción Explicativa y el Memorando de Derecho de los Demandantes en Oposición... y nos aclaró que este último es una traducción al español del discutido Plaintiffs’ Memorandum of Law in Opposition..., y que cualquier discrepancia entre éstos se debe resolver utilizando el escrito en inglés.

       Véase, además, Ponce Adv. Med. v. Santiago Gonzalez et al., 197 DPR 891 (2017).

       Véase, además, S.L.G. FontBardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010).

       El caso de Garner v. Wolfinbarger, supra, al citar dos casos de Inglaterra, afirmó que la relación entre una corporación y sus accionistas podría ser análoga a la relación entre un fiduciario y los beneficiarios del fideicomiso.

       Moción al Amparo de la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae presentada por el USCC, pág. 4, Caso Núm. CC-2017-0427, Pieza 6.

       Nótese que la Corte de Distrito aclaró que las comunicaciones en controver-sia no eran consejos legales para los Independent Trustees en su carácter personal y tampoco se trataba de comunicaciones emitidas en anticipación a un litigio.

       Ante estas circunstancias, la Corte de Distrito consideró que los Independent Trustees que reclamaron el privilegio debían demostrar satisfactoriamente las razones por la cual éstos, actuando como fiduciarios de los accionistas o beneficiarios, podrían oponerse al descubrimiento de comunicaciones con abogados, pagadas por el trust para el beneficio del mismo.

       La Corte de Distrito Federal reconoció que la parte que solicita el descubri-miento no puede saber con exactitud el contenido de los documentos privilegiados. No obstante, mediante métodos altemos de descubrimiento de prueba, puede antici-par la información que espera obtener de los mismos.

       Como bien indica el amicus curiae, “la compañía de administración no es un organismo interno ni forma parte de la estructura corporativa del fondo mutuo, por lo que los abogados de la compañía de administración, no fungen necesariamente como abogados del fondo ni de sus inversores”. Moción al Amparo de la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae presentada por el USCC, pág. 11, Caso Núm. CC-2017-0427, Pieza 6.

       No obstante, debemos aclarar que, con esto, solo nos referimos a la excepción al privilegio abogado-cliente establecida en el contexto de Garner v. Wolfinbarger, supra, y su progenie. Esto se debe, en parte, a que varios de los indicadores establecidos bajo esta jurisprudencia se basaron en la relación accionista-corporación. Ahora bien, no descartamos que en una relación fiduciaria fuera de ese contexto pueda aplicar una excepción análoga al privilegio abogado-cliente. Véase, por ejemplo, Kenny v. Pac. Inv. Mgmt. Co. LLC, No. C14-1987-RSM (W.D. Wash. 2016).

       Nótese, además, que la Regla 23.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, exige que “[cjuando una parte retiene información requerida, reclamando que es materia privilegiada [...], deberá hacer su reclamo de manera expresa y fundamen-tada especificando la naturaleza de los documentos, de las comunicaciones o de los objetos no producidos o revelados, de forma que, sin revelar información privilegiada, las demás partes puedan evaluar la aplicabilidad del privilegio o protección, y expre-sarse sobre éstos”.

       Esto incluye evaluar quiénes son los titulares del privilegio reclamado.

       En ese sentido, es menester plantear si los titulares están en disputa o si los intereses de estos divergen. También, se tendrá que evaluar: si se había entablado algún procedimiento adversativo entre las partes al momento de recibir la conseje-ría; si hay alguna indicación de que la comunicación era para algún propósito que no fuera para el beneficio de los fondos, y quién pagó por la asesoría legal en disputa. United States v. Jicarilla Apache Nation, 564 US 162 (2011), comentando el caso de Riggs Nat. Bank of Washington, D.C. v. Zimmer, 355 A.2d 709 (Del. Ch. 1976). Véanse, además: In re Fuqua Indus., Inc., supra; Metro. Bank & Trust Co. v. Dovenmuehle Mortg., Inc., C.A. Núm. 18023-NC (Del. Ch. 2001).