author: El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

text:
    Arreche et al., Demandantes y Apelados, v. Porto Rico Railway Ligh & Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, .Sección Primera, en nn pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2575.
    Resuelto en febrero 1, 1923.
    DaBos por Negligencia — Partes Demandantes — Indebida Acumulación de Partes y Acciones. — Una demanda reclamando daños y perjuicios por la muerte de un bijo menor a causa de negligencia, en la que se establecen dos causas de aeeión, una por el esposo y otra por la esposa con el concurso de su marido, redamando sentencia cada uno para sí, adoleee del defeeto de in-debida acumulación de partes y de aeciones. En tales casos sólo al padre, de acuerdo con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, compete el ejercicio de la aeeión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. H. Brown, P. Amado Rivera y M. Acosta Velarde.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una reclamación sobre daños y perjuicios oca-sionados con motivo de la mjuerte de mi niño, producida por un carro eléctrico, el 15 de Noviembre de 1917.

Los demandantes son Eduardo Arreche y su esposa Ma-ría Prados de Arreche y la demandada la corporación dueña del tranvía. Se establecen en la demanda dos causas de ac-ción, una por el marido y otra por la mujer con el concurso de su marido. Se pide sentencia por doce mil dólares en favor del demandante y diez mil en favor de la demandante.

Se adujo por la demandada, como excepciones previas, la indebida acumulación de partes y de acciones, y la falta de hechos suficientes para determinar una buena causa de acción. Las excepciones fueron declaradas sin lugar. Con-testó la demandada negando todas y cada una de las alega-ciones de la demanda y alegando, por vía de defensa adicio-nal a ambas causas de acción, la negligencia del niño, imputable a sus padres los demandantes.

Fué el pleito a juicio, practicándose una larga prueba, y la corte, por último, dictó la sentencia apelada por virtud de la cual se condenó a la demandada a pagar al deman-dante Arredre $7,880 y a la demandante Sra. de Arredre $7,000 con costas y honorarios de abogado.

Señala la apelante en su alegato la comisión de doce errores.

El primero se refiere a las excepciones previas. Com-prende dos cuestiones, a saber: acumulación de acciones y de partes y falta de hechos.

Veamos la cuestión relativa a la acumulación. La ape-lante sostiene que:

“Aquí la demanda enmendada establece dos acciones una corres-pondiente al padre y la otra a la madre y la corte adoptando tal teoría realmente dieta dos sentencias concediendo una cantidad como indemnización del demandante y otra suma como 'indemnización de la demandante. Es un caso típico de indebida acumulación de partes y de indebida acumulación de acciones.”

Los apelados discuten ampliamente en su alegato la cues-tión, pero nada concreto aportan para la resolución del pro-blema.

El juez sentenciador, se expresó, en su opinión, así:

“No tenemos duda de que el padre demandante en este caso puede recobrar daños por la muerte de su hijo basado en el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, y además por el 1803 del Código Civil, y que la madre del demandante puede asimismo recobrar daños por la muerte de su hijo basada en las disposiciones del referido ar-tículo 1803 del Código Civil, pues el artículo 60 antes citado no im-pide ni restringe su acción.”

“El que por acción u omisión causa daño a otro, inter-viniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado,” dice el artículo 1803 del Código Civil Eevisado.

Esa disposición legal es la misma que promulgó el le-gislador español en el artículo 1902 del Código Civil antiguo. Y aplicándola, la Corte Suprema de España y la de Puerto Eico han reconocido que a virtud de ella pueden reclamarse los daños y perjuicios realmente cansados a virtud de la mnerte de una persona ocasionada por la cnlpa o negligen-cia de otra. Véanse las sentencias del Tribunal Supremo de España de 14 de diciembre de 1894, 76 J. C. 483 y de la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso Díaz v. The San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R. 69, 74.

En 1904 el legislador portorriqueño adoptó un Código de Enjuiciamiento Civil de procedencia genuinamente americana que, en sus artículos 60 y 61, dice:

“Art. 60. — Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, puede entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por daño a un menor, o pupilo, o muerte de éste, cuando dicho daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dicha demanda podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por otra persona responsable de su con-ducta, también contra ésta.
“Art. 61. — Cuando la muerte de una persona mayor de edad fuere causada por el acto ilegal o negligencia de otra, sus herederos o re-presentantes personales podrán entablar demanda imr daños y per-juicios contra la persona causante de la muerte; y si dicha persona estuviere empleada por otra, responsable de su conducta, podrán también entablarla contra ésta. En toda demanda con arreglo a este artículo y al precedente, se regulará el importe de los daños y per-juicios que fueren justos vistas todas las circunstancias del caso.”

La regla general contenida en el artículo 1803 se con-cretó, en cuanto a los casos fijados en los mismos, en los ar-tículos 60 y 61 y son éstos, como última expresión y como disposición específica del pensamiento legislativo, los que de-ben aplicarse.

“Como el derecho de acción por daños resultantes de la muerte,” dice .Corpus Juris, “es enteramente estatutorio, tal acción debe establecerse en el nombre de la persona o personas a quienes el dereclio de acción es otorgado por el estatuto bajo el cual la acción se ejercita. Cuando existe un estatuto general y otro especial que concede el derecho por la muerte ilegal en determinadas clases de casos, el último es el que rige con respecto a cuál es la propia parte deman-dante en casos en que el estatuto especial controla el dere-cho a recobrar. Donde una preferencia es dada por el esta-tuto a ciertas personas, la acción debe presentarse por las personas autorizadas en el orden de preferencia.” 17 C. J. 1262.

Siendo esto así, sólo al padre competía en este caso el ejercicio de la acción y la excepción de indebida acumula-ción de acciones y de partes debió ser declarada con lugar.

Por el motivo indicado se impone la revocación de la. sentencia recurrida sin que haya necesidad de examinar los restantes errores señalados, pero, refiriéndonos a las excep-ciones previas solamente, nos parece oportuno consignar que de entrar en el examen de la segunda, quizá también nos hubié-ramos visto obligados a declararla con lugar. Los hechos se alegan en una forma tan larga, vaga y confusa, que en realidad de verdad no surge de ellos, por lo menos con la claridad de-bida, el derecho que pueda existir a clamar daños y perjui-cios a virtud de la muerte del niño Arreche.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la sentencia apelada, con permiso para enmendar la demanda deiítro del término de cinco días contados a partir del en que esta sen-tencia sea registrada en la corte de distrito.

Revocada la sentencia apelada y concedidos cinco días a los demandantes para, enmen-dar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Rivera, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre divorcio.
    No. 2799.
    Resuelto en febrero 5, 1923.
    Apertura de Rebeldía — Sentencia Nula — Emplazamiento Nulo — Discreción Judicial. — No apareciendo beeha bajo juramento la manifestación de ser' mayor de 18 años de edad la persona que hizo el emplazamiento, y no ha-biéndose enmendado el juramento para corregir la omisión, la sentencia die- ' tada en rebeldía es nula; y al negarse a declararlo así y a decretar, en su ■ consecuencia, la apertura de la rebeldía, abusó de su discreción la corte da distrito.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Benet & Souffront.

    Abogados del apelado: Sres. A. Amoldo y J. Texidor.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del ’ tribunal.

Castor Lino Rivera radicó demanda en la Corte de Dis-trito de Mayagüez solicitando un decreto de divorcio. Alegó en resumen que contrajo matrimonio en Rockville, Monk gomery County, Maryland, con Mary Evelyn Easterdáy, el 25 de febrero de 1913; que vivió con ella hasta que habiendo surgido diferencias se acordó que la esposa viniera a vivir a Mayagüez, Puerto Rico, con los padres del demandante, continuando éste en el Continente sus estudios de medicina; que la esposa, sin motivo, se separó del hogar de los padres del demandante y fué a vivir a Washington, D. C., mientras el esposo residía en Chicago, Ill.; que desde febrero de 1916 la demandada deliberadamente abandonó a su esposo y no obstante las gestiones y súplicas de éste, se negó a vivir con él; que terminados sus estudios, el demandante regresó a Puerto Rico y estando aquí llegó su esposa y fué a residir separadamente a San G-ermán, sin que el demandante lo-grara que viviera con él, en el mismo hogar, como marido y mujer, por todo lo cual solicitó de la corte que declarara roto y disuelto el vínculo matrimonial que lo unía con Mary Evelyn Rivera, antes Mary Evelyn Easterday.

Radicada la demanda se expidió por el secretario de la corte el emplazamiento que fué diligenciado así:

“Diligencia de emplazamiento y notificación a la demandada Mary Evelyn Rivera, antes Mary Evelyn Easterday. — Affidavit (de-claración jurada). — Yo, Dionisio IJlises Pabón y Toro de 53 años de edad, casado, Agente de negocios judiciales y domiciliado en esta ciudad de San Germán, bajo juramento declaro:’ Que habiendo recibido orden del abogado Sr. don José Ramón Freyre para el dili-genciámiento del precedente emplazamiento expedido por el Secre-tario de la Corte de Distrito de Mayagiiez en el caso civil No. 6550 ‘Rivera vs. Rivera’ sobre divorcio, para la notificación y emplaza-miento de la demandada Mary Evelyn Rivera, el día 2 de abril de 1918, a las 10 a. m. me personé en el domicilio de dicha demandada sijto en 153 Luna Street, en San Germán, P. R. y teniendo presente a dicha Mary Evelyn Rivera, antes Mary Evelyn Easterday, perso-nalmente le emplacé y notifiqué de la demanda de autos, entre-gándole y dejando personalmente en poder de dicha demandada, una copia fiel y exacta de la demanda sobre Divorcio que contra ella ha ;sido radicada en la Secretaría de la. Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagiiez, P. R. bajo el número 6550; habiéndole entre-gado a la vez, y dejado personalmente en su poder, una copia tam-bién fiel y exacta de la Cédula de Emplazamiento que motiva esta diligencia con constáneia del día y hora en que dicha demandada fuera notificada y emplazada. — Declaro y juro además, que no soy parte en el pleito de autos que no tengo parentesco con ninguna de las partes en el mismo y menos interés de clase alguna en el asunto que lo motiva. Tal declaro y juro a todos los fines y efectos legales hoy en San Germán, P. R. a tres de Abril'de 1918. — (Firmado) D. U. Pabón, declarante. — Número 487. — Suscrita y jurada ante mí hoy la precedente declaración por don Dionisio Ulises Pabón y Toro, casado, mayor de edad, Agente de Negocios Judiciales y vecino de esta ciudad, a quien personalmente conozco. — San Germán, Abril 3 de 3918. — (Firmado) Sebastián Quintana Ithier, Juez de Paz. — Hay un sello de Rentas Internas de veinticinco centavos cancelado.”

No contestó la demandada. Se acusó su rebeldía. Se ce-lebró el juicio en su ausencia el 15 de noviembre de 1918 y el 18 del propio mes la corte dictó sentencia declarando' la demanda con lngar.

Consta después de los autos que el secretario dirigió la notificación de la sentencia por correo a la demandada a su domicilio de la calle de la Luna número 153, de San Germán, P, E. La carta fué devuelta por la oficina de Correos, por no haberse reclamado. Entonces se ordenó la notificación de la sentencia por edictos que se publicaron en un perió-dico "de la ciudad de Mayagüez, P. E.

Así las cosas, el 24 de 'marzo de 1922 la demandada com-pareció ante la corte y le pidió que dejara sin efecto la re-beldía y le permitiera archivar su contestación decidiendo entonces el caso por sus méritos. La moción presentada es larga. En ella se sostiene que la esposa no abandonó al es-poso, ni fué notificada legalmente de la demanda por cuyo fil-mo motivo no consta que la corte adquiriera jurisdicción so-bre la persona de la demandada.

La corte oyó a ambas partes y declaró sin lugar la aper-tura de la rebeldía, estableciendo entonces la demandada el presente recurso de apelación.

Examinados los anteriores hechos a la luz de la ley y de la constante jurisprudencia de esta corte sobre la materia, es necesario concluir que erró la corte al negarse a abrir la re-beldía. Véanse los artículos 92, 97 y 98 del Código de En-juiciamiento Civil, Compilación de 1911, pág. 857, y las deci-siones de esta corte en los casos de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D. P. R. 409; Goldsmith v. Villari, 27 D. P. R. 794; Quintana et al v. Aponte, 26 D. P. R. 196; Torres & Enseñat v. Alfaro, 24 D. P. R. 731; Serrano v. Berdiel et al., 22 D. P. R. 445; Andino v. Knight, 20 L. P. R. 198; Freiría y Cia. v. Félix Hermanos y Co., 20 D. P. R. 159, y Orcasitas v. Márquez et al., 19 D. P. R. 477.

No habiendo jurado la persona que hizo el emplazamiento que era mayor de 18 años de edad, ni habiéndose enmendado el juramento, la jurisdicción de la corte no surgía en propia forma de los autos cuando la corte pronunció la sentencia en rebeldía, ni tampoco cuando dictó la orden recurrida.

Se trata en este caso de un pleito de divorcio. Lo inició el marido y la causa que se alega es el abandono. Existen Hi-jos. La mujer que no fué emplazada cumpliéndose todas las exigencias que requiere la ley, comparece abora y pide que el caso sea juzgado por sus méritos. Si existen ocasiones en que los tecnicismos de la ley pueden favorecer la causa de la justicia, es ésta claramente una de ellas.

Debe revocarse la orden apelada, anularse la sentencia, abrirse la rebeldía y concederse diez días a la demandada, contados a partir del en que esta sentencia sea radicada en la corte de distrito, para que archive su contestación.

Revocada la orden recurrida y amulada la sen-tencia en rebeldía.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Al drey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Paoli, Demandante y Apelado, v. Colorado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2774.
    Resuelto en febrero 5, 1923.
    Desestimación de Apelación — Alegato—Señalamiento de Errores. — Cuando el alegato del apelante no contiene el señalamiento de errores que exigen los artículos 42 y 43 del reglamento del Tribunal Supremo, procede la desesti-mación del recurso y con mayor razón en el presente caso en que no se ar-chivó una transcripción completa de los autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Dones.

    Abogado del apelado: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Paoli, como cesionario de José Gurgui, de Barcelona,- España, demandó a Eáfael Colorado en cobro de 4198 pesetas y 5 céntimos, equivalentes a 838 dólares y 56 centavos. La deuda procedía de ciertos efectos de cinema-tógrafo vendidos por Gnrgni a Colorado. Este aceptó en sn contestación qne había tenido negociaciones con Gnrgni pero negó qne la suma pendiente de pago fnera la reclamada, ni ninguna otra. Alegó qne a sn vez había remitido a Gnr-gni efectos de cinematógrafo por nn valor superior al de los qne de él había recibido siendo, por tanto, acreedor en vez de dendor de Gnrgni.

Fné el pleito a juicio. Amibas partes presentaron sus pruebas y la corte finalmente dictó sentencia declarando la de-manda con lugar, y el demandado interpuso entonces la pre-sente apelación.

El alegato del apelante no contiene el señalamiento de errores qne exige el reglamento de este tribunal y, por tal motivo, debe desestimarse la apelación interpuesta. Repe-tidamente esta corte ha venido insistiendo en que los aboga-dos preparen en debida forma sus alegatos. Con ello no sólo defenderán mejor los derechos de sus clientes, sí que tam-bién auxiliarán a la corte en la más rápida y completa admi-nistración de la justicia.

Pero existe algo más en este caso. Obsérvase qne en la “transcripción de la evidencia,” respecto a dos documentos importantes sólo se consigna lo qne signe: “Exhibit A. Este documento no se copia por ser difícil. Exhibit B. Este do-cumento no se copia por igual motivo.” Uno de esos docu-mentos es una cuenta corriente. Al referirse el récord a su presentación se dice que contiene una nota transfiriendo el saldo a favor del demandante, de acuerdo con el art. 347 del Código de Comercio y que la transferencia aparecía debida-mente legalizada por el cónsul americano de Barcelona. En su alegato sostiene el apelante que no* consta el carácter de cesionario del demandante. Salta a la vista la necesidad del examen, del documento indicado para resolver la cuestión sus-citada.

En tal virtud, no habiéndose archivado nna transcrip-ción completa de los autos, ni presentádose el alegato con la exposición de errores en que se funda el recurso, exigida por las reglas 42 y 43 del reglamento de la Corte Suprema, dehe desestimarse la apelación interpuesta.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison-,

text:
    Cortés et al., Demandantes Apelados Apelantes, v. Díaz et al., Demandados Apelantes Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 2285.
    Resuelto en febrero 5, 1923.
    Bienes Gananciales — Presunción de Ser Gananciales — Prueba para Des-truir la Presunción.. — Cuando el marido o la mujer están en posesión de los bienes, uno u otro sin ninguna prueba documental del título, o a virtud de un título que por sí no es bastante para destruir la presunción de ser gananciales, el peso de la prueba recae siempre en quien niega el estado ganancial de la propiedad o afirma el carácter privativo de la misma. No es necesaria la prueba de la adquisición durante el matrimonio para estable-cer una base a fin de que pueda tener lugar la presunción legal de ser ga-nanciales los bienes.
    Ejecución de Hipoteca — Jurisdicción — Requerimiento de Deudor Hipoteca-rio. — Es necesario el requerimiento a los herederos de la esposa fallecida cuando ha sido 'requerido el esposo, demandado único, que estaba, al frente de los bienes gananciales hipotecados un año antes de regir el Código Civil Revisado.
    Id. — Prescripción Ordinaria — Justo Título para Prescribir. — -Una escritura de venta judicial para ejecución de hipoteca, que emana de una corte sin juris-dicción para dictar la orden o decreto autorizando la venta o traspaso, es enteramente nula y no confiere el justo título que se requiere para la pres-cripción ordinaria.
    Los hechos estáln expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados apelantes: Sres. J. y M. Tons Soto.

    Abogados de los apelantes apelados: Sres. S. Largó y A. Lens Güeña..

   El Juez Asociado Se. Hutchison-,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró a los demandantes, nietos de un deudor hipotecario, dueños de ciertos condominios pro indi-visos en dos fincas rústicas, y declaró además nulas dos es-crituras de ventas otorgadas en la misma fecha, una por el marshal a una acreedora hipotecaria, compradora en la su-basta, y la otra que fué otorgada por 1a- acreedora hipotecaria a favor del hijo del deudor hipotecario y de su cónyuge pre-muerta.

Ambas partes, demandantes y demandados, establecieron apelación. El escrito de apelación archivado por los de-mandantes es únicamente en cuanto a que la sentencia no condena al demandado a rendir cuentas de los frutos y pro-ductos y porque no condena al demandado en costas.

Los demandantes no han radicado ningún alegato bien como apelantes o apelados, por lo que no es necesario con-siderar los méritos de su apelación.

La corte inferior en substancia consideró probado que en julio de 1891 Hermógenes Díaz, esposo de Mercedes Maído-nado, inscribió como adquirida por compra cuatro años antes de la fecha de dicha inscripción, la posesión de la finca de 85 cuerdas descritas en la demanda; que posteriormente, en septiembre, de 1899, Hermógenes Díaz compró otra finca de 106 cuerdas, descrita también en la demanda, e inscrita en el registro de la propiedad; que en julio de 1901 Hermógenes Díaz constituyó hipoteca sobre estas dos fincas a favor do la sociedad Viuda de Martínez & Cia.; que en 1902 falleció in-testada Mercedes Maldonado; que le sobrevivieron sus tres hi-jos legítimos Cristóbal, Luisa y Teresa Díaz y Maldonado que otros dos hijos legítimos, Amelia y Manuel Díaz Maldonado fa-llecieron con anterioridad a esta última’fecha, habiendo dejado Amelia dos hijos legítimos, José Félix y Carmen Cortés Díaz; y Manuel otros dos llamados Manuel y Elisa Díaz González; que en abril de 1905, en escritura de disolución social de “Viuda de Martínez y Ca.”, el referido crédito hipotecario fué adjudicado a Juana de Dios Sofía Deventós; que en junio de 1907 dicha cesionaria estableció demanda en procedimiento sumario hipotecario contra Hermógenes Díaz como único de-mandado; que en el mismo mes se dictó orden de requeri-miento contra Hermógenes Díaz; habiéndose dictado orden de venta en octubre y de ejecución coii embargo de las dos ■fincas arriba mencionadas, en el mes de diciembre; que en marzo 7, 1908, se señaló el día 31 del mismo marzo, a las 3.30 p. m., sin decirse para qué habían sido fijados dicho día y hora, publicándose el edicto en un periódico local en los días 12, 19 y 26 de marzo, 1908; que la venta tuvo lugar en 31 de marzo siendo las fincas adjudicadas a la Sra. De-ventós, única postora; que en 8 de mayo, 1908, el marshal de la corte de distrito, a nombre de Hermógenes Díaz ven-dió a la Sra. Deventós las dos fincas en cuestión por precio de once mil dólares, para abonarse a cuenta del crédito hi-potecario ; que en el mismo día la Sra. Deventós vendió a Cristóbal Díaz Maldonado las dos fincas así adquiridas; que las dos escrituras de ventas fueron otorgadas ante el mismo notario presentadas en el registro de la propiedad al mismo tiempo en el mes de febrero del año siguiente, corriendo dichos trámites cual si hubiese estado envuelto un solo contrato.

En el alegato a nombre de Cristóbal Díaz Maldonado se alegan como cometidos los siguientes errores:

“1. La Corte de Distrito de Arecibo erró al estimar bienes ga-nanciales de la sociedad conyugal constituida por Hermógenes Díaz Latorre y Mercedes Maldonado, las do,s fincas rústicas objeto del pro-cedimiento hipotecario en cuestión, apreciando de ese modo, equivo-cadamente, la prueba practicada.
“2. Suponiendo gananciales los bienes hipotecados que fueron ob-jeto de dicho procedimiento sumario, la Corte de Distrito de Are-eibo erró al declarar que ha debido requerirse de pago en ese proce-dimiento, a las personas que forman la sucesión de Mercedes Maído-nado, o sea sus herederos, no bastando a su juicio, el practicado per-sonalmente a don Hermógenes Díaz Latorre, deudor y dueño de los citados bienes, según el Registro de la Propiedad, en su residencia -de la finca hipotecada, de Ciales, lugar de su domicilio.
“3. Dicha corte de distrito erró al declarar viciado de nulidad, sin valor ni eficacia alguna, el procedimiento hipotecario en cuestión, seguido por Juana de Dios Sofía Reventós contra Hermógenes Díaz Latorre, con respecto a los demandantes y en cuanto al supuesto dere-cho de éstos en las dos fincas hipotecadas y ejecutadas por ese pro-cedimiento, así como respecto a la adjudicación y venta de tales fincas a la ejecutante Juana de Dios Sofía Reventós, y enajenación por ésta a Cristóbal Díaz Maldonado, estimando que los edictos y •anuncios para la subasta de dichas fincas no se publicaron por el tér-mino de ley, o sea. por espacio de veinte días contados desde la pu-blicación del anuncio, hasta el día de la subasta, cuando esos anuncios se hicieron y publicaron en forma legal, por mayor número de días, en tres sitios públicos del Distrito Judicial de Arecibo (Utuado, Ciales y Arecibo) o sea, del 7 al 8 de marzo de 1908 hasta el 31 del mismo mes y año, con sujeción al artículo 251 del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Rico.
“4. Erró la corte inferior al declarar el derecho de condominio en •común y pro indiviso de los demandantes en todas y cada una de las partes de las dos fincas, de 85 cuerdas y 106 cuerdas, descritas en el hecho segundo de la demanda, en la participación y proporción que atribuye a cada uno, como herederos de Mercedes Maldonado, en las fincas de referencia.
“5. Erró asimismo la corte inferior al declarar la nulidad de las ventas de dichas fincas otorgadas en 8 de mayo de 1908, la primera por el Marshal del Distrito de Arecibo, a nombre del ejecutado Her-mógenes Díaz, a favor de Doña Juana de Dios Sofía Reventós, y la segunda, por ésta, a favor de Cristóbal Díaz Maldonado, en cuanto una y otra venta afectan, al supuesto condominio de los deman-dantes.
“6. La Corte de Distrito de Arecibo erró al no estimar la pres-cripción ordinaria de diez años alegada por el demandado Cristóbal Díaz Maldonado como modo de adquisición por él de las fincas com-pradas a Juana de Dios Sofía Reventós, por escritura pública de 8 de mayo de 1908 otorgada ante el Notario Manuel Paz Urdaz, no apreciando en consecuencia, la extinción de toda acción ejercitada de contrario.
“7. Erró también la corte inferior, por cuanto la sentencia ape-lada se ha dictado sin citar ni emplazar de la demanda, a los de-mandados Luisa Díaz Maldonado y Manuel Díaz y González, y sin acusar la rebeldía de la demandada Teresa Díaz Maldonado, no ha-biendo ninguno de estos tres demandados comparecido en el juicio, ni de ningún otro modo en el pleito.
“8. La Corte de Distrito de Arecibo erró en fin, al no declarar las costas del pleito a cargo de los demandantes. ’ ’

El abogado del acreedor hipotecario no alega sino un error que es substancialmente idéntico al séptimo señalamiento he-cho por Díaz Maldonado. La proposición envuelta se so-mete sin argumentarse, como que es por sí evidente, no siendo' necesario que se discuta o consigne por separado.

En un asiento hecho en el registro de la propiedad se-consigna que Hermógenes Díaz, casado en 1891, acudió al juzgado municipal solicitando acreditar su posesión de la finca de 85 cuerdas, la cual fué debidamente inscrita. En la. petición se alegaba la adquisición por compra y la posesión por un período mayor de cuatro años con anterioridad a esa fecha. Nada se dice de ningún derecho de dominio privativo.. El asiento no tiene por objeto ser una inscripción de pose-ción de propiedad privativa.

Pero dicen los demandados: Non constat que Mercedes-Maldonado fuera la esposa de Hermógenes Díaz bien en la fecha del asiento, o en la de la adquisición de las 85 cuerdasen el año 1887, o en el año 1889 en que fué comprada la finca de mayor cabida. Insisten en que no hay ninguna prueba de-que Hermógenes estuviera en realidad casado antes de la fe-cha del expediente posesorio. El hecho no negado de que-Mercedes Maldonado al ocurrir su fallecimiento en 1902 era la esposa de Hermógenes Díaz y la madre de sus hijos le-gítimos incluso el demandado Cristóbal Díaz Maldonado, se-trata de hacer desaparecer indicándose una posible legiti-mación mediante un matrimonio m articulo mortis o una ce-remonia celebrada en cualquier momento después del naci-miento de tales hijos.

• La teoría del primer señalamiento es que sólo surge la presunción de bienes gananciales mediante prueba del matri-monio en o antes de la fecha de su adquisición.

Esa fecha, por supuesto, es un elemento vital al estable-cer el hecho positivo de si determinada propiedad inmueble adquirida por compra es una propiedad privativa o ganan-cial.

El artículo 1314 del Código Civil enumera las varias cla-ses de bienes propios. El 1316 determina como bienes ga-nanciales, entre otros, “los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.” Tres elementos hay aquí envueltos, pri-mero, un título oneroso, segundo, la adquisición durante el matrimonio, y tercero, los fondos o bienes conyugales como origen del precio de compra. Pero el artículo 1322 no ex-presa que todos los bienes adquiridos durante el matrimo-nio se presumen adquiridos a título oneroso, o a costa del caudal común, ni expresa tampoco lo contrario de una u otra de estas proposiciones, aunque cada una es cierta como co-rolario de la amplia definición del estatuto. No hay más ra-zón para exigir prueba de cualquiera de estos elementos que la que puede haber para exigirla de una u otra, o de ambas de las otras dos, como base para la presunción. Si se prueba terminantemente que existen los tres elementos, entonces no se presume meramente que la propiedad es ganancial. En realidad lo es. La presunción legal des-cansa en el hecho de la posesión y no en la prueba de que la presunción, o cualquiera de sus elementos, es real-mente cierta. Lo que sí expresa el artículo 1322, supra, es que “todos los bienes del matrimonio” — queriendo decir to-dos los bienes que se encuentran en posesión de uno u otro de los esposos — “se repintarán gananciales mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mu-jer.”

Lado el hecho de tener la posesión el marido o la mujer, uno u otro sin ninguna prueba documental del título, o a vir-tud de un título que por sí no es bastante para destruir la presunción, el peso de la prueba recae siempre en quien niega el estado ganancial de la propiedad o afirma el carácter pri-vativo de la misma.

liemos resuelto bace poco tiempo, después de una detenida consideración, que en una información posesoria un. promo-vente que es casado puede establecer, de ser posible, y no obstante la presunción legal, una posesión basada en un tí-tulo aparentemente válido de ser privativa la propiedad; y que al presentarse prueba clara y convincente en este sentido puede la corte determinar la naturaleza prima facie de tal posesión. Sandoval v. El Registrador, 30 D. P. R. 361. Véase también el caso de Delgado v. El Registrador, 30 D. P. R. 483. En el caso de Sandoval la prueba era una escri-tura de una propiedad adquirida con anterioridad al matrimo-nio, en la cual el notario daba fe del estado civil de las partes y de su conocimiento personal de las mismas. Pero no ci-tándose autoridades no estamos en condiciones de prestar asentimiento a la proposición de que es necesaria la prueba de la adquisición durante el matrimonio para establecer una base a fin de que pueda tener lugar la presunción legal de ser gananciales los bienes.

T aunque los matrimonios celebrados in articulo mortis y la legitimación de los hijos no son desconocidos, tales ca-sos esporádicos no son sino excepciones que sirven para acla-rar la regla. No podemos asumir con los apelantes que esta posibilidad que más bien es remota sea realmente el hecho en el presente caso.

Al argumentar el segundo señalamiento declaran los ape-lantes que aceptan sin discusión la doctrina establecida por esta corte en el caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D. P. R. 728, pero tratan de diferenciarlo debido a la circunstancia de que en el presente caso el marido, dueño según el registro y deudor hipotecario de la propiedad en cuestión, estaba vivo en la fecha del procedimiento sumario, y por tanto que no era necesario ningún requerimiento a los herederos de la esposa fallecida.

Hay ciertos particulares de este caso que no fueron tra-tados tan ampliamente como pudieron hacerlo los deman-dantes en el juicio, y ciertos motivos de distinción la base de los cuales pudo haberse establecido más cuidadosamente por los demandados en la corte inferior. Pero no dispone-mos de tiempo para hacer una investigación independiente de cuestiones que no han sido suscitadas específicamente por los apelantes y que no están sostenidas por sólido razona-miento o citas de autoridades. La resolución de tales cues-tiones puede dejarse hasta que sean debidamente someti-das para su decisión.

La mera circunstancia de que aquí el esposo sobreviviera a la esposa mientras que en el caso de Arvelo fué la esposa la que sobrevivió al marido, no es bastante para diferenciar el presente caso en cuanto a los hechos. Aparte de la simple cuestión de administración, hay poca o ninguna diferen-cia entre el interés de los respectivos esposos en los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Es verdad que en la fecha de la hipoteca, un año antes de la revisión del Código Civil, no era necesario la firma y el consentimiento expreso de la esposa. Pero no es cierto que el marido era el único y exclusivo dueño con título inscrito y deudor. Tanto la ins-cripción como la hipoteca revelaban que él era casado, y por tanto que la propiedad era ganancial. La dueña con título inscrito y deudora era la sociedad conyugal. Y a la muerte de cualquiera de los esposos una mitad indivisa en todos los bienes de la comunidad, sujeta solamente a ciertas continen-cias que pudieran o no surgir en el curso de la liquidación, pasa en seguida a los herederos del cónyuge fallecido.

La alegación de que el requerimiento de pago es una mera cuestión de procedimiento y no jurisdiccional no requiere seria consideración. La contestación a esto puede verse en el caso de Arvelo v. Banco, supra, y en el de López Comas v. Quiñones, 30 D. P. R. 342.

Toda vez que la publicación del edicto anunciando la venta, por regular que fuera no podía suplir la falta de ju-risdicción sobre la persona, el error apuntado en el tercer se-ñalamiento, de haberse cometido, no perjudicaba.

Las premisas envueltas en el cuarto y quinto señalamien-tos son secuela de las proposiciones anteriormente sometidas y no requieren ulterior discusión.

Para sostener el sexto señalamiento se insiste algo en la opinión emitida por el anterior Juez Presidente de esta corte en el caso de Martorell v. Ochoa, 25 D. P. R. 759. La parte substancial del texto citado está contenida en el párrafo cuarto del sumario donde se dice que una escritura “por la que la madre en ejercicio de la patria potestad sobre sus menores bijos los demandantes, y con autorización del Tribunal de Distrito de San Juan, que no era el de su domicilio, conce-dida en 28 de abril de 1902, vendió a la sociedad demandada los condominios expresados, es un título justo, verdadero y válido para la prescripción: justo, por ser de compraventa, bastante para transferir el dominio; verdadero, porque no ba sido argüido de falso; y válido por ser perfecto en' sus requisitos externos y aún en las condiciones internas que afec-tan a su vida y existencia, con arreglo al artículo 1226 del Código Civil, pues bubo materia del contrato, consentimiento y causa del mismo.”

Sin embargo, de un examen cuidadoso de esa opinión se verá que el título en cuestión se consideró que era sólo anu-lable y no absolutamente nulo. No existe ningún conflicto entre el criterio allí sustentado por el Juez Presidente y la proposición que de modo más terminante se enuncia tanto en la opinión concurrente como en las disidentes emitidas en el mismo caso, al efecto de que una escritura que emana de una corte sin jurisdicción para dictar la orden o decreto autori-zando la venta o traspaso es enteramente nula y no con-fiere ningún título aparente.

En el presente caso el marshal, como aparece ■ de la faz de la propia escritura, compareció y actuó a nombre y en re-. presentación de Iíermógenes Díaz. El documento no tiene por fin traspasar el derecho, título o interés de ninguna otra persona. En cuanto a estos demandantes no era “justo por ser bastante para transferir el dominio.” Respecto a ellos no hubo consentimiento “dado por su representante legal,” o de otro modo. Puesto que la corte nunca adquirió jurisdic-ción sobre estos demandantes la orden de venta, la venta misma y las escrituras que ahora se alega que constituyen un “justo título,” fueron y son completamente nulas en tanto se trata del condominio de dichos demandantes. Siendo esto así, no puede haber cuestión alguna de título aparente.

Los apelantes no discuten el elemento de buena fe con gran amplitud sino que parecen invocar solamente la pre-sunción legal en relación con un alegado derecho para, acep-tar a ciegas y con toda confianza cualquier traspaso qué pro-ceda de una corte de justicia como resultado de los procedi-mientos judiciales ante ella seguidos. Para nada se men-ciona la cuestión de parentezco, proximidad de residencia, o de alguna prueba que arroje luz sobre el punto de tal cono-cimiento como el que pueden haber tenido los apelantes de los hechos que no constan del registro. No se alega que no hay prueba o que ésta no es suficiente en este sentido. Aparte de una mera referencia a la presunción de que existe buena fe, ni siquiera se sugiere que se ignoran tales hechos. En vista de las circunstancias y a falta de algún título apa-rente, .no es necesario considerar el punto relativo a la buena fe, si bien el caso de López Comas v. Quiñones, supra, puede tener cierta aplicación al particular.

En cuanto al séptimo señalamiento será bastante con de--cir que el alegato de los apelantes no demuestra que las men-cionadas personas fueran partes necesarias, o que los ape-¡antes han sido perjudicados de algún modo por la omisión,, si la hubo, de la corte inferior al ordenar por iniciativa pro-pia la expedición de nn emplazamiento a los demandados que no hubieran .sido ya citados, o anotar la rebeldía de cualquier demandado que hubiera dejado de comparecer después de no-tificado el emplazamiento.

En el octavo señalamiento no hay razonamiento y la pro-posición que en él se consigna descansa en la falsa hipótesis-de que la corte inferior debió haber desestimado la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco -Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Frontera, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de. Mayagüez en pleito sobre deslinde.
    No. 2679.
    Resuelto en febrero 5, 1923.
    Deslinde — Causa de Acción- — Demanda Suficiente. — Aduce hechos suficiente» una demanda en juicio declarativo en la que el demandante alega que es-dueño de un predio colindante con el demandado, quien se niega a practicar el deslinde, por lo cual solicita que se ordene éste en conformidad con lo» títulos de ambos propietarios. Y cuando probadas tales alegaciones el de-mandado rehúsa presentar su título, la sentencia que ordena el deslinde de conformidad con el título del demandante es correcta y debe ser sostenida en apelación. No exigen los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil que-para que el propietario pueda ejercitar la acción de deslinde deba alegar que los linderos se hallan confundidos o hayan desaparecido ni que el de-mandado haya usurpado terrenos del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Soúffront.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Frontera Rullán demandó en juicio declarativo-a Indalecio Rodríguez alegando ser dueño de una finca de 206 cuerdas 7 céntimos que tiene inscrita en el registro de la propiedad, la que según la descripción que de ella hace colinda por el norte, sur y este con terrenos de Bernard Hermanos, que pertenecen añora a Indalecio Rodríguez: que esa finca está demarcada según sus títulos anteriores por puntos fijos y rumbos según aparece de la mensura que de ella transcribe en la demanda; y que el demandado se ña negado a los re-querimientos que le ña fiecño el demandante para que le per-mita el deslinde de dicña finca y la del demandado en lo que respecta a la colindancia común para establecer la verdadera línea divisoria entre ambas. Por estas alegaciones solicitó-del tribunal que de acuerdo con las prescripciones de los ar-tículos 392, 393 y 394 del Código Civil y con vista de los tí-tulos del demandante y del demandado, si lo tuviere y qui-siere presentarlo, ordene el deslinde de la finca del deman-dante y de la finca del demandado en clicñas colindancias con objeto de averiguar la extensión y los límites del terreno que corresponde al demandante y que en caso de oposición se condene al demandado al pago de las costas.

El demandado opuso excepción previa a la demanda y la contestó haciendo una. negación general de los fiecños en ella expuestos y el día del juicio probó el demandante que esa finca está inscrita a su nombre en el registro de la pro-piedad, habiendo originado su inscripción primera la dación en pago de deuda que con ella hizo en 31 de agosto de 1881 la sociedad Bernard Hermanos, quienes siendo dueños de esos terrenos y de otros contiguos quedaron como colindan-tes por el norte, sur y este: que en ese título de adjudicación en pago se hizo constar la mensura de la finca de 206 cuerdas 7 céntimos que previamente los contratantes hicieron practi-car por un agrimensor, la que es igual a la que se inserta en la demanda: que los terrenos colindantes de Bernard Her-manos pertenecen ahora al demandado: que existe diferencia en la línea divisoria de ambos y que al requerir al deman-dado para el deslinde quería que se practicara de acuerdo con sus documentos.

Al .terminar el demandante la presentación de su. prueba el demandado pidió al tribunal que por ser insuficiente decla-rase sin lugar la demanda y, habiendo sido negada esa pe-tición, se abstuvo de presentar su prueba, recayendo enton-ces sentencia que ordenó el deslinde de acuerdo con la men-sura dicha.

Alega el demandado en este recurso de apelación contra dicha sentencia que para que pueda establecerse la acción de deslinde en juicio declarativo es necesario que se alegue y pruebe que los linderos comunes entre la finca del demandante y del demandado están confundidos o han desaparecido y que por esto el demandado está usurpando terrenos del de-mandante, y que por falta de tales alegaciones y prueba el tribunal inferior cometió error al no declarar con lugar la excepción previa que opuso a la demanda por no aducir he-chos determinantes de causa de acción, al declarar sin lugar su petición de sentencia contra el demandante por insufi-ciencia de su prueba y que se excedió en el pronunciamiento' de su sentencia.

Los artículos del Código Civil invocados en la demanda, que son los tres que integran el capítulo tercero sobre des-linde y amojonamiento del título segundo, libro segundo, dicen así: ' !

“Art. 392. — Todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.
“La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.
“Art. 393. — El deslinde será en conformidad con los títulos de cada propietario, y a falta de títulos suficientes, por lo que resultare <de la posesión en que estuvieran los colindantes.
“Art. 394. — Si los títulos no determinasen el límite o área per-teneciente a cada propietario y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, la parte de terreno que re-sulte sobrante en el deslinde pertenecerá al Pueblo de Puerto Rico.”

De acuerdo con esos preceptos el propietario tiene dere-cho al deslinde y amojonamientos de su ñuca con la condición de citar a los dueños de los predios colindantes y de que se practique en conformidad con los títulos de ambos propieta-rios, y a falta de títulos suficientes por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes. No se dice en ellos que para que el propietario tenga derecho al deslinde sea necesario que los linderos se hallen confundidos o hayan desaparecido ni que haya usurpación de terreno por el deman-dado, por lo que no creemos que esas. alegaciones sean nece-sarias y deban ser probadas, porque la ley no lo exige como condición para el ejercicio de esa acción, por lo que enten-demos que el dueño tiene derecho al deslinde en todo, tiempo y aunque se baya practicado otro deslinde, pudiendo ocurrir que el propietario quiera Cerciorarse de la exactitud o error de otro deslinde anterior, aunque no sea esto lo más frecuente en la generalidad de los casos en los que será motivado por-que exista confusión de linderos que dan lugar a la intro-misión o usurpación de colindantes.

Ese derecho se ejercita, según declaramos en el caso de León v. León, 26 D. P. R. 606, como acto de jurisdicción vo-luntaria de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, anterior al Código de Enjuiciamiento Civil vigente, mientras algún colindante no se oponga al deslinde pues con respecto a él habrá de ejercitarse la acción en juicio declarativo, se-gún dispone el artículo 2069 de dicha Ley de Enjuiciamiento. Por esto es suficiente alegar, como se alegó en este pleito, que el demandado sé opone al deslinde para que la demanda aduzca hechos determinantes de causa de acción, habiéndose probado que quería que se practicara de acuerdo con su tí-tulo, en contra del precepto de la ley que dispone se haga en conformidad con los de cada propietario.

Si bien en este caso se alegó que existía una mensura de la finca del demandante, se pidió que el deslinde se practi-case de acuerdo con los títulos del demandante y del ciernan dado; pero como este no presentó su título tuvo el tribunal inferior que ordenar el deslinde de acuerdo con el título que le presentó el demandante para que pudiera ser efectivo el derecho que la ley le reconoce como propietario al deslinde de su finca.

. La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado SR. Aldrey,

text:
    Caballero, Peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de. Distrito de Arecibo, Hon. Enrique Llo-reda, Juez.

      No. 397.

    Resuelto en febrero 6, 1923.
    Interven ción — r Derecho a Intervenir. — En rm. pleito de desahucio entablado por los sucesores de A contra B, pidieron permiso para intervenir C y D fundán-dose en que A hipotecó la finca a C quien en 1904 tomó posesión de ella por dación en pago que le hiciera el deudor, habiendo pasado en 1907 el inmueble a ser propiedad de D quien tomó posesión por haber adquirido el crédito de C, único título que pudo éste transmitirle en razón a que el apoderado nombrado por el deudor A no cumplió su cometido en vida de éste, alegando finalmente que el demandado B es un arrendatario de D. Admitida la inter-vención a G pero negada a D, bajo la teoría de ser este último un simple adquirente del crédito hipotecario, se resolvió: que interpretada liberalmente la petición de intervención, D no es un simple acreedor hipotecario pues-alega ser el dueño de la finca por lo que tiene derecho a ser admitido como interventor y así se ordenó en un recurso de certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. E. Rincón.

    Abogados del demandado en el pleito: Sres. E. Marín y L. Mercader.

   El Juez Asociado SR. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los herederos de José Marrero, algunos personalmente y otros por el cesionario de sus derechos, Miguel Torres Gó-mez, demandaron en juicio de desahucio a Joaquín Vega alegando ser dueños de una finca cuya posesión detenta el demandado sin pagar canon o merced alguna. En la de-manda se hac'e una extensa alegación sobre el derecho a la herencia de cada una de las quince personas que alegan ser dueñas de la finca en concepto de herederos y al final de ella se dice que también han adquirido por escritura de venta judicial todo el título, derecho e interés que en dicha finca tu-viere Joaquín Ramón Caballero.

El día que estaba señalado para la primera comparecen-cia de las partes comparecieron éstas habiendo hecho el de-mandado una negación general de todos los hechos consig-nados en la demanda. También comparecieron Camilo Ta-boas y Joaquín Ramón Caballero con una moción pidiendo permiso al tribunal para radicar una demanda de interven-ción que presentaron, fundándose en que José Marrero hi-potecó la finca en cuestión a Camilo Taboas quien en el año 1904 tomó posesión de ella porque su deudor se la dió en pago de su deuda; que luego pasó a ser propiedad de Joa-quín Ramón Caballero desde 1907, quien en esa fecha tomó posesión de ella por haber adquirido el crédito hipotecario de Taboas, único título que pudo transferirle por no haber podido Taboas adquirir el título de propiedad debido a que el apoderado nombrado con tal objeto por el cedente Ma-rrero no cumplió' s-u cometido en vida de aquél; que desde 1904 los únicos que han tenido la posesión de la finca como dueños han sido Taboas y ahora Caballero, quien es el le-gítimo dueño de ’ella y la ha dado en arrendamiento al de-mandado Joaquín Vega; y que los interventores han radi-cado demanda contra Jos demandantes como herederos de José Marrero para que por virtud del contrato de dación en pago de su causante le otorguen la escritura de traspaso correspondiente para a su vez poder Taboas traspasarle dicha escritura a Caballero.

El 24 de julio de 1922 el tribunal inferior admitió la in-tervención de Taboas pero negó la de Caballero porque apa-rece ser un simple adquirente de un crédito hipotecario y suspendió la primera comparecencia para otro día. En éste se presentó nuevamente Joaquín Ramón Caballero solicitando se le permitiera intervenir en el pleito asociándose al inter-ventor Camilo Taboas y presentando una demanda de am-bos, fundándose en que en la demanda de desahucio se hace aparecer el origen del título a la finca como proveniente de un derecho hereditario: que en las últimas alegaciones, con-fundidas con otras se dice que el demandante Miguel Torres es, además, dueño de cualquier derecho o acción que pudiera tener Caballero, título que es nulo por las infracciones le-gales que se cometieron en los actos que dieron origen a su transferencia y que ha presentado demanda para anularlo.. Le fué negada por segunda vez en. 11 de diciembre de 1922 la intervención solicitada porque ya había sido desestimada antes su pretensión y porque se presentaba en el acto para la primera comparecencia del juicio de desahucio. Entonces interpuso Joaquín Ramón Caballero este recurso de certio-rari alegando que ambas resoluciones son inapelables y ex-pedido el auto y recibidas las diligencias originales del pleito, tuvo lugar la audiencia de las partes habiendo com-parecido ante nosotros los abogados del peticionario y de los demandantes.

Interpretadas liberalmente las alegaciones de Joaquín Ra-món Caballero ante el tribunal 'inferior llegamos a la con-clusión de que no aparece ser un simple acreedor hipotecario de la finca pues aunque dice que Taboas le traspasó su cré-dito hipotecario, manifiesta también, que esto se hizo así por-que Taboas no tenía la escritura de la dación en pago que de la finca le hizo el dueño y deudor Marrero pero que Taboas desde 1904 tuvo la posesión de la finca como dueño y que en 1907 traspasó esa propiedad a Caballero quien desde enton-ces es el legítimo dueño de ella y la tiene arrendada al demandado. Con tales alegaciones debió permitirse a Caballero la intervención que pidió la primera vez con más razón que a Taboas, pues si aquél es abora el dueño de la finca tiene derecho a intervenir en el pleito en defensa de su arrendatario, con tanto más motivo cuanto que niega en su segunda petición que el demandante Torres haya adqui-rido válidamente los derechos que él tuviere en la finca. Como él tiene derecho a intervenir en el pleito no era obs-táculo para reconocérsele el hecho de que antes le hubiera sido negado, habiendo hecho su petición el día que estaba señalado para la primera comparecencia.

La única dificultad que vemos es que Caballero presenta la nueva demanda de intervención a su nombre y al de Ca-milo Taboas, quien ya tiene presentada la suya, pero esto es fácil de subsanar permitiéndole que la enmiende para que exponga los hechos conducentes a su derecho.

La resolución del tribunal inferior de 24 de julio de 1922 debe ser anulada en cuanto se refiere a Joaquín Ramón Caballero j totalmente la de 11 de diciembre de 1922, y en su lugar debe dictarse otra concediendo permiso a Joaquín Ra-món Caballero para intervenir en este pleito asociándose al demandado, debiendo el tribunal inferior concederle permiso para enmendar su demanda de intervención.

Anulada la resolución de la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. FraNCO Soto,

text:
    McFaddin Rice Milling Company, Demandante y Apelante, v. Maldonado, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre ejecución específica de un contrato.
    No. 2717.
    Resuelto en febrero 6, 1923.
    Compraventa Mekcantil — Interpretación de Contratos. — Interpretando un contrato mercantil de compraventa de arroz, en el cual, respecto al tiempo de embarque y a la forma de transporte, se hizo constar:
    “When-embarque durante abril.

      “Sow ship — por vapor.”

      Se resolvió: que aunque el molino no estuviera situado en la costa, la pala-bra "embarque” no significa que el medio de transporte sea el ferrocarril y que la expresión "por vapor” no significa prohibición' de enviarlo por goleta.
    Id. — Obligaciones Contractuales.' — Si una parte se impone una obligación que pueda cumplirse, debe estar y pasar por ella a menos que el cumplimiento se haga imposible por un acto inevitable (aet of God), por la ley o el acto de la otra parte. Las dificultades imprevistas no excusarán el cumplimiento. Cuando las partes nada han dispuesto sobre excusas, deben prevalecer los términos del contrato. El que celebra un contrato nunca puede estar ente-ramente seguro de que podrá cumplirlo cuando llegue el momento, y su ver-dadera esencia es que él asume el riesgo dentro de los límites de su com-promiso.
    Td. — Id.—Por regla general cuando una parte se compromete expresamente a cum-plir cierto acto su compromiso le impone un deber cuyo cumplimiento no puede ser excusado demostrando su inhabilidad por razón de la intervención de terceras personas.
    Id. — Contratos "C. I. E.” — La abreviación "c. i. f.” a veces se usa en tran-sacciones comerciales especialmente en Inglaterra, significando eosto, aseguro y flete. TJn vendedor de acuerdo con un contrato de venta que contiene tales términos tiene primero que embarcar en el puerto de embarque artículos de la descripción contenida en el contrato; segundo, obtener un contrato de fletamento conforme al cual los artículos serán entregados en el punto de destino que se intenta en el contrato; tereero, convenir en un aseguro en las condiciones corrientes en el negocio que pueda obtenerse para beneficio del comprador; cuarto, llenar una factura; y finalmente presentar estos do-cumentos al comprador de modo que pueda saber cuál es el flete que tiene que pagar y obtener la entrega de los artículos, si llegan, o recobrar su pérdida si se pierden en el viaje. Tales términos constituyen un convenio de que los artículos, siempre que sean los convenidos en el contrato, serán entregados a tordo del’ torco en el puerto de embarque.

    ID. — Tiempo como Elemento Contractual. — En un contrato mercantil la decla-ración en que se describe la materia del contrato' o algún elemento esencial, como por ejemplo, el tiempo y lugar, generalmente se considera como una garantía o requisito previo, pudiendo' la parte perjudicada rechazar todo el contrato por su falta o incumplimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. F. Manuel Toro y O. B. Fraser.

    Ahogados del apelado: Sres. J. A. y A. S. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. FraNCO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso, que es una corporación do-miciliada en el Estado de Texas, ciudad de Beaumont, y el demandado, residente en Ponce, Puerto Rico, celebraron el 19 de abril de 1920 un contrato por el cual el segundo com-pró a la primera 300 pockets de arroz c. i. f. para embarque durante el mes de abril de 1920.

El arroz fué embarcado en el puerto de Galveston el día 24 de mayo de 1920 y llegó a Ponc'e el 15 de junio de 1920. El demandado rehusó recibir el artículo alegando haber lle-gado fuera de tiempo por lo que la demandante interpuso la demanda de este caso, exigiendo la ejecución específica del contrato.

Al terminar la. práctica de la prueba del demandante, se presentó por el demandado una moción de nonsuit, y la corte inferior, resolviendo dicha moción, dictó la siguiente resolución:

“La corte, resolviendo la moción de nonsuit, la declara con lugar sosteniendo el fundamento tercero de la misma, por ser insuficiente la demanda y la prueba. El contrato objeto del litigio requería el embarque del arroz por vapor durante abril, de 1920, y el arroz no fué embarcado hasta mayo 25; el tiempo es la esencia dél contrato, el cual solamente puede cumplirse poniendo los géneros a bordo de la embarcación dentro' del tiempo convenido. Por estas razones, la corte desestima la demanda y ordena se archive con costas. Que se registre una sentencia de acuerdo con esta resolución.”

La demandante ■ estableció apelación y asignó como erro-res los siguientes: ■ ;

“I. La Corte cometió error en la construcción del contrato cuando dice que según el contrato el arroz debe embarcarse por valor du-rante abril.
“II. La corte cometió error en resolver que la demandante no había cumplido con el contrato.
“III. La corte cometió error en resolver que el tiempo era la esencia del contrato.”

Podemos considerar conjuntamente el primero y tercer error, pues uno y otro se refieren al sentido que debe dársele a determinadas palabras del contrato y al “tiempo” como base esencial en que pueda descansar la interpretación de dicbo contrato:

El testo literal del contrato dice:

“Order No. Ene. A. Abril 10, 1920. — McFaddith Biee Milling Co. — Ship to José Maldonado. — At Ponce. — When. How ship: em-barque durante Abril por vapor 300 pockets arroz No. 121, a $11.25 e. i. f. 100 lbs. netas, oferta para confirmar. — A. Barasorda, por Díaz. José Maldonado. — Conforme a $11.50 c. i. f.- — Aceptado boy abril 19/29. — A Barasorda, Díaz. — José Maldonado.”

De la prueba aparece que el lote de arroz salió del puerto de Galveston el 24 de. mayo de 1920 y el barco arribó a Puerto Rico el 15 de junio de 1920. Al ser requerido el de-mandado para que se hiciera entrega del arroz, dicho de-mandado escribió a la demandante rehusando recibir dicho artículo, en carta que dice:

“Playa Ponce, junio 17, 1920.' — Sr. Angel Barasorda, Ponce, P. R. — Muy Sr. mío: — Motiva la presente para avisarle el vapor Gera que está en este puerto nos trae 300 pockets de arroz No. 121 el que dejamos por cuenta de sus representados McFadding Rice Milling Co. por creer ha llegado fuera de tiempo. — De XJd. atto. S. S. — (Firmado) José Maldonado.”

La demandante contestó entonces en la siguiente forma:

“Ponce, P. R. junio 18, 1920. — Sr. José Maldonado. — Playa Ponce, P. R. — Muy Sr. mío: — Correspondo a su atta. del 17 d/e y enterado de sus particulares, paso a manifestarle que no puedo acep-tar su resolución de dejar por cuenta de mis representados el lote de arroz número 121 por haber llegado fuera de tiempo, porque al día. siguiente de haber sido aceptada la operación el molino embarcó el arroz según puede verse por el conocimiento del ferrocarril, y el único vapor que salió de G-alveston desde la fecha que se hizo el con-trato hasta la llegada de la mercancía, fué el ‘Lake Gera’ que trajo el arroz para usted.”

Planteada como ha quedado la cuestión por los términos del contrato y por los hechos' ocurridos, lo que nos corres-ponde resolver es si la corte inferior interpretó rectamente el sentido literal de las palabras usadas en el cuerpo del con-trato de acuerdo con la intención de las partes contratantes y si el “tiempo” constituyó, en consecuencia, la esencia del contrato.

El art. 1248 del Código Civil dice:

“Art. 1248. — Sí los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
“Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.”

La simple lectura del Contrato otorgado el 19 de abril de 1920 nos dice que sus términos son claros y precisos. Está redactado en un lenguaje comercial en donde la expresión es siempre lacónica, concisa y sin rodeos. El contrato se formalizó el 19 de abril de 1920 y en él se pactó la fecha de embarque de la mercancía y el medio de transporte, todo lo que fué estipulado expresamente con las siguientes palabras.

“When-embarque durante abril.
“Hoiv ship_por vapor.”

El juez sentenciador interpretó esas palabras en sentido de que “el contrato requería el embarque del arroz por vapor durante abril,” y que “solamente puede cumplirse el contrato poniendo los géneros a bordo de la embarcación dentro del tiempo convenido.” El apelante alega que dicho juez tomó las palabras “durante abril” en conexión con la palabra vapor, en vez de concordarla con la palabra “cuando” (tollen), y que de este modo se había cambiado el sentido del contrato. Parece qne la interpretación del con-trato por la apelante es qne el vendedor debe embarcar el arroz “durante abril,” significando qne el embarque se re-fería al ferrocarril como medio de transporte y además, qne el referido arroz había de ser transportado “por vapor” y no “por goleta.” Sin embargo, tal interpretación resulta contraria al sentido literal del contrato y en contradicción con las alegaciones de la misma demanda.

Las palabras “embarque durante abril” responden a la palabra “cuando” {when) para significar la fecha de embar-que, o sea, el “tiempo” dentro del cual el vendedor debe embarcar la mercancía, y también se refiere al medio de transporte, toda vez que el verbo “embarcar,” ya por su etimología de “em” y “barco,” ya por su sentido grama-tical de “meter o entrar en un buque,” no puede referirse ni aun en el lenguaje usual y corriente al transpoi'te “por ferrocarril. ’ ’

“Embarcar . . . De em y barco. Dar ingreso en una embar-cación . . . Aunque este verbo se emplea a veces en el significado de montar o subir a un coche, ferrocarril, etc., como en la frase las mercancías fueron embarcadas en el ferrocarril, tal uso no es tolerable.” Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Ameridana de Hijos de J. Espasa, tomo 19, pág. 913.
“Embarcar: Meter alguna cosa en la embarcación. . . . De “em” y “barco”. Diccionario de la Lengua Española, por M. Ro-dríguez Navas, pág. 555.
“Enbarcar: Meter o entrar en un buque.” Diccionario de la Lengua Castellana, por la Academia Española, Ia. edición, por D. R. V., pág. 383.
“Embarcar” significa: “To embark, to ship, to put on shipboard.” New Velazquez Spanish-English Dictionary, First Print, page 261.

Después de lo que debe entenderse por “embarcar” dicha palabra determinó en el contrato la dase de medio o modo de transporte y'las palabras “por vapor” fijáron me-jor el sentido del medio elegido. Pero si ann se nos ocurrie-ran dudas sobre la interpretación del contrato y se nos hi-ciera difícil descubrir con certeza cuál había sido la inten-ción de las partes, tales dudas quedarían disipadas por la misma demanda, en la cual, en el hecho segundo, se alega:

“2. Que el día 19 de abril de 1920 el demandado José Maído-nado compró a la demandante en este caso, ésta representada por su agente en Ponee, don Angel Barasorda, 300 pockets de arroz, de cien libras cada uno, número 121, a razón de $11.25 el pocket, e. i. f. Ponce, para embarque por el puerto de Galveston, Texas, durante el mes de abril de 1920.”

Esta es una admisión que claramente expresa: 1°., tiempo de embarque: durante el mes de abril de 1920; 2°., medio de transporte: por vapor dentro de esa fecha; y 3°., sitio de embarque: Por el puerto de Galveston, Texas. No en-contramos nada en la prueba que se diga otra cosa ni menos que las palabras del contrato significaran que el despacho de arroz debía hacerse por embarque en ferrocarril en el mo-lino de la demandante durante el mes de abril de 1920, como la apelante alega, y que el sentido de la expresión “por vapor” lo que significaba era la prohibición del transporte “por goleta.” Alega también la apelante que siendo ésa la ver-dadera interpretación del contrato y radicando el molino en Beaumont, Texas, desde donde no puede el arroz embarcarse por mar, dicho artículo no podía llegar al puerto de Galveston, en menos de tres o cuatro días, y que habiéndose firmado el contrato en abril 29 de 1920 para embarque durante abril, no podía ser embarcado desde aquel puerto durante dicha fecha, puesto que no quedaba más que un'día en el mes de abril después de firmado el contrato. En tales condiciones, en verdad, resultaba la imposibilidad física de cumplirse el contrato, pero toda la argumentación de la apelante en ese punto descansa en una premisa falsa, como es haber tomado por fecha del contrato el 29 de abril, cuando del contrato mismo y de la demanda aparece firmado dicho contrato el 19 de abril de 1920, no siendo nn día el qne faltaba para ter-minación del mes sino once días qne era el tiempo suficiente qne se había previsto para hacer el trayecto de Beaumont a Galveston y poner la mercancía a bordo del buque.

De la prueba resulta y además se admite en la demanda que el vapor donde fué embarcado el arroz salió del puerto de Galveston el 24 de mayo de 1920 y arribó al puerto de Ponc'e el 15 de junio de 1920. Se alega además en la demanda que no le fué posible a la demandante el embarque de la mercancía antes de esa fecha a pesar de haber hecho todas las diligencias del caso y porque el motivo de no haber salido en fecha anterior ningún vapor con destino a Puerto Rico a contar de la fecha del contrato, fué el hecho de existir una huelga en la isla entre los trabajadores del muelle. Siendo ésa la situación de las cosas, ella nos conduce a con-siderar la cuestión relativa al “tiempo” como esencia del contrato y examinar si fué o no el deber de la demandante de despachar el arroz desde el puerto de Galveston durante abril de 1920.

Es regla ya conocida que el tiempo como cuestión de ley es de esencia en los contratos, pero tal regla admite sus ex-cepciones. También se ha reconocido que no es indispensable estipular expresamente que el tiempo es la condición sine qua non del contrato para que se considerase como esen-cia del mismo, porque tal condición puede resultar de la na-turaleza del mismo o de las circunstancias del caso. En este caso se estipuló la fecha en que debía ser embarcada la mer-cancía, de modo que se fijó expresamente y no se dejó que se dedujera por implicación o inferencia; pero si a la condi-ción expresa añadimos la naturaleza del contrato que nos ocupa, que es la compra de un artículo de comercio y que su precio fluctúa en el mercado de tiempo en tiempo, a veces de un día, semana o mes para otro y en donde el comerciante al cerrar su transacción ha calculado determinadas circuns-tancias que aunque de carácter especulativo no son menos probables para an fin de lacro o margen en el precio de re-venta sin perder de vista el riesgo de la pérdida y qae para ello el tiempo qae tardara en llegar a sa poder es la base principal de toda especulación, la conclusión se impone de qae consideramos qae el tiempo ba sido la esencia del con-trato en el presente caso.

“En los contratos celebrados entre comerciantes el tiempo es un elemento esencial. El tiempo del embarque es el medio corriente y conveniente para fijar el tiempo probable de arribo, con el fin de suministrar fondos para pagar las mercancías, o de cumplir contratos con terceras personas.” Norrington v. Wright, 29 L.ed. 266, 370. 115 U. S. 189 y casos citados. — Cleveland Rl. Mi’. Co. v Rhodes, ci-tando a Norrington v. Wright, supra, 30 L.ed. 920, 922. 121 U. S. 255.
“Un contrato para la venta de harina que ha de embarcarse por un vapor que sale en el mes de febrero fué infringido cuando, si bien la harina fué entregada en el muelle para ser embarcada en febrero, no fué enteramente puesto a bordo hasta marzo 3 y el vapor salía en marzo 8, pues generalmente, en contratos mercantiles el tiempo es un elemento esencial puesto que la fecha de embarque es en tiempo or-dinario y conveniente para fijar la fecha probable del arribo con el fin de proveer fondos o cumplir contratos con terceras personas. Connell Bros. Co. v. H. Diederichsen & Co., 213. Fed. Rep. 737.

Por otra parte, la apelante alega que la demora para cumplir el contrato se debió a qae la compañía de vapores en Galveston no se aventuró a enviar vapor alguno basta el 24 de mayo de 1920, por existir en Puerto Rico ana baelga en los muelles. Pero las autoridades y la jurisprudencia es-tán contestes en el sentido de que el motivo alegado no cons-tituye una excusa legal.

“Si una parte se impone una obligación que pueda cumplirse, debe estar y pasar por ella a menos que el cumplimiento se haga im-posible por un acto inevitable (Act of God), por la ley o el acto de la otra parte (el acto del demandado, lo que no sucedió en este caso). Las dificultades imprevistas no excusarán el cumplimiento. Cuando las partes nada han dispuesto sobre excusas, deben prevalecer los tér-minos del contrato.
“El que celebra un contrato nunca puede estar enteramente se-guro de que podrá cumplirlo cuando llegue el momento, y su verda-dera esencia es que él asume el riesgo dentro de los límites de su com-promiso.” Columbus Railway and Light Co. v. Columbus, 63 L.ed. 669, 249 U. S. 402; United States v. Gleason, 175 U. S. 588, 602. 44 L.ed. 284, 289.
“Por regla general cuando una parte se compromete expresamente a cumplir cierto acto su compromiso le impone un deber cuyo cum-plimiento no puede ser excusado demostrando su inhabilidad por razón de la intervención de terceras personas, y se ha resuelto que el vendedor no ' queda exento del cumplimiento de su contrato para vender y entrega! mercaderías debido a una huelga que obstaculice el acto de tratar de obtener dicho vendedor el objeto de la venta o que aumenta su costo para él.” 23 R. C. L. pág. 1335.

Además, la defensa de una huelga en Puerto Bico es cues tión que se aleg*a solamente en la demanda y no está soste-nida por la prueba, pero suponiendo que tuviéramos cono-cimiento judicial de tal hecho a los fines solamente de esta argumentación, no es un caso de defensa o excusa como se deja establecido más antes.

El último error de la apelante se refiere al resolver la corte inferior que la demandante no había cumplido con su contrato.

La apelante alega de que se trata de un contrato c. i. f. y que bajo las condiciones generales y forma usual de este contrato la demandante cumplió con los términos del mismo al instante de hacer entrega de la menc'ancía al ferrocarril.

En el cuerpo del contrato celebrado por las partes se en-cuentran insertas las letras c. i. f. y éstas representan las letras iniciales en inglés de las palabras “cost, insurance and freight.”

“C. I. F. Es una abreviación de las palabras ‘costo, aseguro y flete,’ usadas en relación con cotizaciones y contratos comerciales para significar que en el precio de la mercancía se incluyen todos los gastos hasta el puerto de destino. También es una abreviación dé las pa-labras ‘factura consular libre’ (consular invoice free).” 11 C. J.. 765.

El contrato así abreviado es de uso corriente en Inglate-rra en las transacciones mercantiles entre comerciantes, pero introducido en los Estados Enidos en los últimos años y por esto no es abundante la jurisprudencia que existe en rela-ción con la interpretación que se ha dado a dicho contrato por los tribunales americanos. Pero continuando la discu-sión en este caso, la apelante sostiene que bajo un contrato de tal naturaleza el deber del vendedor es entregar la men canela a una compañía de transporte, mediante el conoci-miento de transporte o embarque, obtener una póliza para asegurar la mercancía contra riesgo marítimo y ofrecer al comprador para su entrega los documentos relacionados; y fundada en tales condiciones la apelante dice en su alegato:

“En nuestro caso la prueba demuestra que el arroz fué embarcado' del molino durante abril y aunque llegó a orillas del mar (seaboard) o sea G-alveston, durante el mes de abril, y que cualquiera demora que sufrió después fué debido a que la compañía no mandó sus va-pores a Puerto Rico por causa de la huelga de estibadores. La prueba demuestra, además, que el vendedor consiguió un contrato para el transporte de la mercancía de Ponce, un conocimiento a Ponce, y una póliza de seguros, y que mandó todos estos documentos al comprador por medio del banco y junto con la factura y giro correspondiente. Bajo esas circunstancias, y admitido que el arroz era de la calidad y tipo comprado en cuanto a cuyo hecho no hay prueba contraria, la responsabilidad de la demandante cesó al instante de la entrega al ferrocarril. Desde ese momento el título al arroz pasó al comprador, y nació la obligación de pagar el precio, aun en el caso extremo de nunca llegar el arroz a Ponce.”

Pero las condiciones que señala la apelante al contrato c. i. f. ni son todas las que debe reunir dicho contrato ni su argumentación está basada en la exactitud de tales condi-ciones. El hecho de que basta la entrega de la mercancía a un ferrocarril por el vendedor lo sería en el caso que así fuera convenido expresamente, pero no porque se sobren-tendiera que ésa era una de las condiciones en general del contrato. En contrario de la teoría del demandante las au-toridades sostienen como primer requisito embarcar en ei puerto de embarcación los géneros de la descripción conte-nidos en el contrato y parece que este requisito es manda-torio y no preceptivo.

“ C. I. F.; C. A. F. La abreviación ‘ e.i.f. ’ a veces se usa en tran-sacciones comerciales especialmente en Inglaterra, significando costo, aseguro y flete. Un vendedor de acuerdo con un contrato de venta que contiene tales términos tiene primero que embarcar en el puerto de embarque artículos de la descripción contenida en el contrato; se-gundo, obtener un contrato de fletamento conforme al cual los ar-tículos serán entregados en el punto de destino que se intenta en el contrato; tercero, convenir en un aseguro en las condiciones corrien-tes en el negocio que pueda obtenerse para beneficio del comprador; cuarto, llenar una factura; y finalmente presentar estos documentos al comprador de modo que pueda saber cuál es el flete que tiene que pagar y obtener la entrega de los artículos, si llegan, o recobrar su pérdida si se pierden en el viaje. Tales términos constituyen un con-venio de que los artículos, siempre que sean los convenidos en el con-trato,- serán entregados a bordo del barco en él puerto de embarque.” (Itálicas son nuestras). 23 R. C. L. 1335.

Aparte de lo que dejamos dicho, en el contrato de 19 de abril de 1920 se pactó expresamente la fecha en que debía embarcarse la mercancía y de acuerdo con la interpretación que ya hemos dado a la palabra “embarque” el requisito de poner a bordo del vapor los géneros cuya descripción con-tiene el contrato, dentro del tiempo convenido, no fué cum-plido por la demandante y, por tanto, la corte inferior no co-metió el error afirmando que dicho contrato fué quebrantado por la demandante.

“En un contrato mercantil la declaración en que se describe la -materia del contrato o algún elemento esencial, como por ejemplo, el -tiempo y lugar, generalmente se considera como una garantía o re-quisito previo, pudiendo la parte perjudicada rechazar todo el con-trato por su falta o incumplimiento.” Norrington v. Wright, 29 L.ed. 365; 115 U. S. 189, y casos citados.

A la luz de la cita anterior la claridad de nuestra inter-pretacíon del contrato es manifiesta en el sentido que lo lie-mos hecho y, por tanto, y por los razonamientos expuestos, la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HuteMson.


author: El Jtjez Asociado Sr. Wole,

text:
    Bravo, Demandance y Apelado, v. Martínez Hermanos, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cancelación de crédito hipotecario (mo-ción sobre desestimación de apelación.)
    No. 2956.
    Resuelto en febrero 8, 1923.
    Ai-elación — Notificación de la Apelación — Parte Adversa. — La parte adversa a quien debe notificarse la apelación es aquella que puede ser afectada adver-samente por la revocación; resolviéndose en este caso que no son partes adversas dos demandados igualmente causahabientes con el apelante por ra-zón, de una obligación contraída por su causante.
    Desestimación de Apelación por Falta de Notificación. — Si en contestación a una moción para desestimar, por falta de notificación a partes adversas, el apelante justifica con una certificación que la notificación a dichas partes, que no consta en los autos, sin embargo se tizo, la Corte Suprema puede ejercitar su discreción y admitir, como admitió en este caso, la certificación, y negar la desestimación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. O. Altiery.

    Abogado del apelado: Sr. J. Sabater.

   El Jtjez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Un demandante, después de celebrado un juicio en el cual ninguno de los demandados compareció, obtuvo sen-tencia contra todos. Uno de los demandados, como a los dos años siguientes, alegando ciertas nulidades solicitó de la corte que dejara sin efecto la sentencia. La corte desestimó la moción y dicho demandado interpuso recurso de apelación. Esta es una moción para que se desestime la apelación.

El fundamento de la moción es que el apelante no lia no-tificado a todas las partes necesarias. La' causa de acción originariamente fué contra un socio de una mercantil y este apelante y otros demandados eran respectivamente, la viuda del socio y los herederos de éste. Estos otros demandados son las partes a quienes el apelado dice que debió haberse notificado de la apelación. Tal notificación no constaba en la transcripción original.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que se notifique el escrito de apelación a la parte con-traria, o a su abogado. Parte contraria quiere decir aqué-lla que tiene un interés adverso al apelante y que sería afec-tada desfavorablemente por una revocación. Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R. 34; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D. P. R. 531; Ninlliat v. Suriñach, 25 D. P. R. 551, y casos Diamond Bank v. Van Meter et al., 21 A. E. Ann. Cas. 1273, y extensiva nota; 3 C. J. pág. 1220, y siguientes.

El anterior fundamento no fué alegado por el apelante pero como era jurisdiccional nos sentimos obligados a exa-minarlo motu proprio. El apelante, sin embargo, presenta una certificación del secretario de la corte de distrito de donde aparece que los dos demandados fueron en realidad notificados. Debemos ejercitar nuestra discreción en admi-tir esta certificación y existiendo realmente la notificación negarnos a desestimar la apelación también por ese funda-mento.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

iSin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. West India Oil Company, Etc., Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 333 del Código Penal.
    No. 1972.
    Resuelto en febrero 8, 1923.
    Delito contra la Seguridad Pública — Gasolina—Depósito de Explosivos.— Por el beeho de conservarse gasolina no se incurre en la sanción del artículo 333 del Código Penal. La idea de ese artículo es el conservarse una substan-cia explosiva semejante por su naturaleza a la pólvora o la nitroglicerina. La gasolina si bien es explosiva no es “altamente explosiva” dentro del significado del estatuto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. B. López Antongiorgi y B. Castro Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 333 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Art. 333. — Todo el que fabricare o conservare en su poder más de 100 libras de pólvora, nitroglicerina u otra substancia explosiva den-tro’ de alguna población o que lo llevare o condujere por las calles de la misma, sin tomar las precauciones prevenidas por la ley o exi-gidas por las ordenanzas de dicha población, será culpable de misdemeanor.”

La denuncia en su esencia fué la siguiente:

“Yo, José R. Yázquez, Sargento P. I., vecino de Fajardo, calle Del Río No. 12, mayor de edad, formulo denuncia contra West India Oil Co., o su representante Armando Sifre, por delito de infracción artículo 333 del Código Penal (delito contra la salud y seguridad pública), cometido de la manera siguiente: Que en febrero 14, 1922, y hora y en la calle Muñoz Rivera, de Fajardo, P. R., etc., el acusado West India Oil Co., o su representante Armando Sifre, allí y entonces, voluntaria, ilegal y maliciosamente, conservan en su poder dentro de la población más de 150 libras de substancia explosiva, gasolina, sin tomar las precauciones prevenidas por las ordenanzas de la población, etc. ’ ’

El gobierno está conforme en que de acuerdo con los he-chos alegados en la denuncia el art. 333, supra, no es de aplicación.

Convenimos con la apelante y el gobierno en qne por el hecho de conservarse gasolina no se incurre en la sanción del artículo 333. La idea de ese artículo es el conservarse una substancia explosiva semejante por su naturaleza a la pól-vora o la nitroglicerina. La gasolina si bien es explosiva no es “altamente explosiva” dentro del significado del estatuto.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

jRevocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso- - ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Sucesión Paoli, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2642.
    Resuelto en febrero 9, 1923.
    Daños y Perjuicios por Negligencia — Causa de Acción — Alegaciones Necesa-rias. — No alegando en su demanda el demandante que el patrono demandado empleaba menos de tres obreros al tiempo de ocurrir el accidente, a fin de que resulte que dicho demandante no estaba obligado a someterse a las dis-posiciones de la ley sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo, apro-bada en febrero 25, 1918, tenía que alegar que por virtud de tal ley no ha recibido compensación, y que las lesiones sufridas han sido causadas por el acto ilegal o negligencia criminal de su patrono, para que la demanda adu-jese hechos determinantes de causa de acción para reclamar daños y perjui-cios del demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Torres Grau.

    Abogados de la apelada: Sres. López de Tord & Zayas Pizarro.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fué interpuesta por el demandante contra la sentencia que después de celebrado el juicio declaró sin lugar su demanda.

El apelado insiste en su alegato ante nosotros en que ,1a demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción, excepción que formuló en el tribunal inferior, y como si tiene razón la demanda no puede prosperar, haremos un resu-men de las alegaciones esenciales del demandante para resolver esta cuestión.

Alega el demandante en su demanda que el día 31 de oc-tubre de 1918 sufrió la pérdida de un brazo mientras estaba trabajando como empleado del demandado en una máquina de descascarar café, debido a la negligencia del demandado por no haber quitado del rollo ele la máquina una parte sa-liente que tiene, que se usaba antes para dar movimiento a la máquina con una rueda y una palanca pero que ahora no es necesaria porque la máquina es movida por un motor de gas; que por esa negligencia el saliente del rollo le cogió un saco o mochila que tenía puesto sobre la cabeza y es-palda para protegerse de la melaza del café en uva que caía del piso superior, cogiéndole también el brazo y partién-doselo, y que ganaba cuarenta centavos diarios.

Cuando este hecho ocurrió estaba vigente la ley de in-demnizaciones por accidentes del trabajo, aprobada el 25 de febrero de 1918, que dispone en su artículo 33 que será aplicable a accidentes que ocurran después del 30 de junio de 1918.

Según su artículo segundo esa ley es aplicable a los obre-ros lesionados o que se inutilicen o pierdan la vida por ac-cidentes que provengan del empleo y ocurran durante el curso de éste, pero no lo es a ningún patrono que regular-mente emplee menos de tres obreros, ni a ningún obrero cuyo jornal excediere de la suma de $1,200 anuales. La indem-nización a qne tenga derecho el obrero, qne está regulada por la misma ley, podrá ser reclamada por el obrero ante la Comisión de Indemnizaciones que por ella se crea (art. 8°.), ley que en su artículo 21 dispone que nada de lo contenido en ella se interpretará en el sentido de privar al obrero le-sionado o a sus herederos en caso de muerte, cié j.a renuncia de sus disposiciones en cualquier tiempo antes de recibir compensación en virtud de ella, y a reclamar y obtener da-ños y perjuicios de su patrono, de acuerdo con las disposi-ciones de ley, antes de entrar ésta en vigor, cuando las le-siones sufridas por dicho obrero hubieren sido causadas por acto ilegal o negligencia criminal de su patrono (wilful misconduct; disponiéndose que solamente en ese caso de re-nuncia tendrá el obrero comprendido en esta ley, o sus he-rederos de acuerdo con la misma, derecho a ejercitar la ac-ción de daños y perjuicios contra el patrono.

Por consiguiente, como el demandante no alega que su patrono empleaba menos de tres obreros para que resulte que no estaba el demandante obligado a las disposiciones de dicha ley, tenía que alegar que por virtud de ella no ha re-cibido compensación, y que las lesiones sufridas han sido causadas por el acto ilegal o negligencia criminal de su pa-trono, para que la demanda adujese hechos determinantes de causa de acción para reclamar daños y perjuicios del de-mandado.

Por el motivo expresado la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cepeda, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Distrito Segundo, en causa por violación.
    No. 1999.
    Resuelto en febrero 9, 1923.
    SOBRESEIMIENTO de la Aousaojón — Juioio Eápido. — El beebo de que un acusado baya convenido en la suspensión de la vista de su caso no le impide solicitar luego el sobreseimiento a que se refiere el artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal, si después de la suspensión transcurren 120 días sin que el caso sea llamado nuevamente.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. B. S. Pesquera y J. B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de violación. El acusado fué juzgado ante el tribunal de derecbo, por haberlo así solicitado, y ce-lebrado el juicio se le declaró culpable del delito imputádole en la acusación.

Antes de empezar el juicio, el acusado pidió de la corte se ordenara el sobreseimiento del caso, por el fundamento de haber transcurrido el término de 120 días sin que se hu-biera celebrado el juicio y sin que el acusado hubiera pedido la suspensión del mismo.

El fiscal se opuso a la moción y alegó que en noviembre de 1921 el acusado había estado conforme en suspender la vista del caso, cuya suspensión había sido solicitada por dicho fiscal.

La acusación fué presentada el 4 de abril de 1921. En noviembre de 1921, fecha a que se refiere el fiscal, ya ha-bían transcurrido más de siete meses desde la presentación de la acusación. El juicio fué celebrado ctespués de aquella suspensión, el 3 • de abril de 1922, transcurriendo de nuevo más de 120 días.

Estamos conformes en que al acceder el acusado a la sus-pensión de la vista en noviembre de 1921, implícitamente renunció al derecho que tenía en aquel momento a que se so-breseyera la acusación de acuerdo con el artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, pero no en que su anuen-cia a la suspención pueda interpretarse c'omo una renuncia absoluta al derecho que a un juicio rápido le garantizan el artículo 11 del propio Código de Enjuiciamiento Criminal y el 2 de la Ley Orgánica.

Si después de la suspensión la corte no señala la vista para dentro de un término razonable en armonía con el es-píritu de la ley, concretado en cuanto a término razonable en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, surge necesariamente en el acusado de nuevo el derecho a pedir el sobreseimiento.

Aquí la corte dejó pasar, como hemos consignado, des-pués de suspendida la vista, más de cuatro meses sin celebrar el juicio, transcurriendo, por tanto, más de los ciento veinte días fijados por el propio legislador para el primer caso, y el sobreseimiento debió decretarse. Al no hacerlo así, cometió la corte el error que señala el apelante en su alegato.

Ahora bien, trantándose, como se trata, de un delito de violación, felony, de acuerdo con las propias prescripciones de la ley, artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el auto de sobreseimiento no impedirá la formación de otro proceso por el mismo delito.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia y ordenarse el sobreseimiento del caso.

Revocada la sentencia apelada y sobreseído el caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Carlo, Demandante y Apelado, v. St. Paul Fire & Marine Insurance Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero (moción sobre desestima-ción de apelación.)
    No. 2924.
    Resuelto en febrero 12, 1923.
    Desestimación de Apelación — Teanscripción Radicada Después de Notificada la Moción para Desestimar — Discreción del Tribunal Supremo. — En las apelaciones existe sólo un término jurisdiccional, el de la interposición del recurso. Una vez que el recurso ha sido interpuesto, todos los demás térmi-nos quedan sujetos a la discreción de la corte que puede prorrogarlos y aun en casos extremos sustituirlos por nuevos plazos. Pero la discreción de la corte no es arbitraria. Y no' habiendo acreditado el apelante que una justa causa le impidió radicar la transcripción en tiempo o pedir prórroga, el re-curso debe desestimarse, toda vez que la transcripción fué radicada después de notificada al apelante la moción para desestimar.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. H. G. Molina, y L. Toro Catanas. ■

    Abogado del apelado: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso. Se funda en que la transcripción no se archivó dentro del tér mino de ley. Así resulta en efecto. El 17 de octubre de 1922 se dictó sentencia resolviendo el pleito en definitiva pol-la Corte de Distrito de Mayagüez. El 16 de noviembre se interpuso la apelación. No existe pliego de excepciones ni relación de pruebas. El 20 de diciembre de 1922 la parte apelada archivó su moción solicitando la desestimación del recurso, moción que fué notificada a la parte apelante el propio día 20 de diciembre de 1922. T no fué basta el 28 de diciembre de 1922, esto es, cuando habían transcurrido más de diez días después de vencido el término de ley y ocho después de notificada la moción de desestimación, que la parte apelante archivó la transcripción de los autos.

Bastaría la exposición de los anteriores hechos para, de acnerdo con la ley, y siguiendo la constante práctica de este tribunal, desestimar la apelación, pero la apelante presentó una moción, que requiere la consideración de la corte, ale-gando que en este caso concurren las circunstancias que ex-pone y que a su juicio justifican el ejercicio por parte de este tribunal de su poder inherente y del que le reconoce el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, para per-mitir el archivo de la transcripción después de vencido el término de ley.

El término de treinta días para el archivo de los autos se fijó primeramente por las reglas de esta corte. Luego la Le-gislatura convirtió en ley el precepto reglamentario.

Las reglas de la corte disponen expresamente que cons-tituye una buena defensa el que la transcripción esté pre-sentada, aunque lo sea fuera de término, cuando se notifica la moción de desestimación, pero éste no es aquí el caso. Siendo ello así, tendría que demostrarse que concurren cir-cunstancias verdaderamente extraordinarias para que esta corte estuviera justificada en actuar en la forma.que pide la apelante.

En las apelaciones existe sólo un término jurisdiccional, el de la interposición del recurso. Una vez que el recurso ha sido interpuesto, todos los demás términos quedan su-jetos a la discreción de la corte que puede prorrogarlos y aún en casos extremos sustituirlos por nuevos plazos. Pero la discreción de la corte no es arbitraria. Y aquí no se ha presentado ninguna causa justa que explique por qué la ape-lante dejó de archivar la transcripción en tiempo o de soli-citar la prórroga del término fijado para ello por la ley.

Si bien el abogado que tuvo la dirección del asunto .re-gresó del Continente el día anterior al en que se vencía el término para apelar, la apelación se interpuso en tiempo. No es en ese trámite que se faltó. Después de interpuesto el recurso la ley le concedía a la apelante treinta días — tér mino prorrogable — para archivar sn transcripción en esta Corte Suprema. La circunstancia de residir dicho abogado en San Juan y tratarse de una sentencia dictada en Maya-güez, no le favorece. Los abogados que asumen la repre-sentación- de pleitos fuera del distrito de su residencia, según ya ha dicho esta corte, no tienen privilegio alguno. Si el abogado de Mayagüez a quien su colega de San Juan enco-mendó el asunto, hubiera recibido instrucciones detalladas, las hubiera cumplido, y si no lo hizo, de sn actuación res-ponde el abogado de San Juan.

Debe declararse con lugar la moción del apelado.

Desestimada la apelación.

' Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.