author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mercado et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de' Distrito de Humacao ■ ■ en cansa por delito de conspiración.
    No. 1070.
    Resuelto en febrero 4, 1918.

    Conspiración — Actos y Admisiones de un Conspirador en Cuanto a Otros.— Los actos y admisiones de nn conspirador no obligan a otro basta tanto se establezca la existencia de una conspiración y la conexión de ambos con la misma; pero la conducta de cualquiera de ambos puede ser considerada, en tanto cuanto tienda a mostrar la existencia de una conspiración o su propia conexión con la misma.
    Id. — Actos Aislados de los Acusados. — Actos aislados de los acusados, pero tendentes al mismo fin, junto con las relaciones que tuviesen uno y otro de los que lo cometieron, y cualquier otro becbo explicativo que constituya un cuerpo de pruebas circunstanciales, pueden probarse porque justificarían deducir la conspiración de que son productos. Pero por inferencia o de otro modo, debe aparecer alguna conexión entre los actos, o de lo contrario serían inadecuados. Esta clase de prueba puede darse en primer lugar para esta-blecer una conspiración; o la combinación puede hacerse aparecer por cual-quier testimonio competente, y entonces los actos aislados y las declaracio-nes de los co-conspiradores incluyendo aún personas no acusadas, puede ser producida en evidencia, porque cuando esta clase de relación existe entre varias personas, las actuaciones de una se considerarán a los ojos de la ley como las de todos.
    Prueba Documental — TiSrminos del Documento — Otros Hechos Relativos al Mismo. — La noción fundamental de la regla que requiere la presentación de un documento consiste en que en un eserito la más mínima variación de pa-labras puede ser de importancia, y que es más fácil que ocurran errores de esta naturaleza en cuanto a frases y palabras que errores respecto a otros pormenores de un objeto físico. Así pues, la regla es de aplicación sola-mente en cuanto a los términos en que se halla redactado el documento, y no en cuanto a cualesquiera otros hechos relativos al mismo. En otras palabras, la regla es de aplicación cuando se pide la eliminación de testimonios que tratan de ser introducidos con el propósito de establecer los términos en que se baila redactado el documento, y exige en su lugar que se produzca el do-cumento, pero no es de aplicación cuando se desea la eliminación de testi-monios que se relacionan con el documento sin tratarse de establecer los términos en que está concebido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Rafael Guillermety y Luis Muñoz Morales.

    Abog’ado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

       En marzo 5 denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron convictos de nn delito de conspira-ción a virtud de acusación formulada por el fiscal porque—

“Los citados Dr. Clemente Mercado y Juan Marcano Santiago, en Caguas, que pertenece al Distrito Judicial de Humacao, allá para el mes do septiembre de 1914, ilegal, voluntaria y maliciosamente conspiraron y se pusieron de acuerdo para engañar y defraudar a la Compañía contra accidentes físicos “El Ancora,” corporación debi-damente incorporada y autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, y con tal objeto, el citado Dr. Clemente Mercado médico en el ejercicio de su profesión, allá para el primero de septiembre de 1914 reconoció a un tal Fermín Martínez y certificó que poseía la inte-gridad anatómica y funcional de sus extremidades y que no padecía de afecciones de la vista y gozaba de buena salud general, sabiendo dicho médico que el citado Martínez estaba en muy mal estado de salud y que padecía de tuberculosis, habiendo sido admitido como suscritor en dicha Compañía ‘El Ancora’ el citado Martínez en vir-tud del examen y certificación expedida por el Dr. Clemente Mercado, habiendo efectuado estos actos de acuerdo con Juan Marcano Santiago, para lo cual éste le expidió un pagaré de $200 y el citado Marcano se hizo ceder a su favor la póliza de seguro expedida por la Compañía El Ancora, al Fermín Martínez, el cual falleció tuber-culoso el día 26 de diciembre de 1914, reclamando actualmente el citado Juan Marcano Santiago, por la vía judicial ante la Corte de Distrito de Ponce, a dicha compañía el pago del importe del aseguro ascendente a unos $967.05.”

En favor de Marcano se lia alegado que la corte erró, primero, al declarar sin lugar una moción pidiendo la abso-lución perentoria del acusado presentada al terminarse la prueba del Fiscal por falta de prueba suficiente que justifi-case una convicción por el delito imputado, y segundo, al declarar, convictos a los acusados basándose en el testimonio no corroborado de un cómplice.

En el alegato en favor de Mercado no se lian especificado errores contra la sentencia, pero sigue el mismo curso en términos generales protestando también contra la admisión de prueba oral respecto del pagaré que se menciona en la acusación.

El juicio se abrió con una admisión que hiciera la defensa de que el riesgo fué aceptado por la compañía en septiembre de 1914, a virtud del examen y certificado expedido por Mercado y que se describe en la acusación, en el que se contiene un espacio en blanco para “Observaciones,” el cual no ha sido utilizado y destinado para ser llenado por el médico examinador quien debía mencionar cualquier dolencia de me-nor importancia.

Martínez falleció en diciembre y Marcano entabló pleito para el cobro de la póliza como cesionario de Martínez.

Rafael Rivera Dávila, agente local de la compañía en Oaguas, presunto cómplice, fué el tercer testigo llamado a declarar por el Fiscal y a quien se le permitió declarar antes que los testigos que más adelante se mencionan, sin objeción alguna, ora en cuanto al orden de la prueba, ora respecto de la admisibilidad de su declaración como co-conspirador. Aparte de cualquier cuestión sobro renuncia del pretendido derecho en este sentido, y admitiendo quizás innecesaria-mente, para los fines de la argumentación, el pretenso ca- - rácter de este testimonio, en primer lugar nos referiremos brevemente a la prueba - aliunde tendente a establecer el he-cho de una conspiración y de conectar a cada uno de los acu-sados con ella así como en cuanto, ésto corrobora incidental-mente la versión de este testigo.

El abogado Luis Mendin' Sabat, declaró sobre una con-versación que tuvo lugar en la oficina del abogado Carlos D. Buitrag’o, respecto a una protesta que hiciera ante la corte el testigo a nombre y representación de la viuda y hermana de Martínez, impugnando la validez de la cesión de la pólisa a Marcano, en el curso de la cual manifestó Marcano que su negocio era asegurar a personas que estuviesen a punto de morir con el fin de cobrar después la póliza; que él no iba a asegurar a una persona que pudiera vivir mucho tiempo, porque ese no era su negocio; que su negocio era asegurar a aquellas personas que estuviesen a punto de morir. Este testigo dice también que se estaba Rabiando precisamente de Martínez, que estaba allí José María Berrios, que esas ma-nifestaciones no fueron hechas en sentido jocoso, y que ésto ocurrió en enero después de la muerte de Martínez ocurrida en diciembre.

José María Berrios, declara que en esta ocasión se dis-cutía la cuestión de la póliza expedida a favor de Fermín Martínez, y cita palabras de Marcano que' exponen que él había hecho ese negocio porque tenía la seguridad de cobrar su dinero pronto, porque sabía que ese hombre estaba en-fermo.

Luis Polo García, dijo que conoció a Fermín Martínez por inás de 25 años. Que nacieron en el mismo pueblo y se criaron en Caguas. Que Fermín Martínez como dos años con anterioridad a su muerte ya presentaba síntomas de en-fermedad, que empezó a adelgazar, se le sentía cierto roncar y una tos. Que allá por el mes de septiembre de 1914 es-taba mal de salud, estaba ronco, tosía mucho, expectoraba y .se quejaba de que era un hombre que no podía andar mucho porque se cansaba. El Dr. Mercado, discutiendo sobre la muerte de Martínez, le dijo al testigo que había examinado a Martínez, que había enviado sus esputos a San Juan y que había recibido un informe negativo. Martínez, dos años antes de su muerte llevaba una canasta de quincallero, después fue decayendo y no podía trabajar pero llevaba encajes y cintas en los brazos. Antes de hacerse quincallero tenía el oficio de barbero y tenía un pequeño cafetín en Caguas y des-pués una tienda. Que antes de tener la tienda él se sentía enfermo, expectoraba, tosía, tosía mucho, dijo que se sentía malo, se veía que estaba demacrado, siguió adelgazando y se quejaba de dolores en el pecho. Que la tienda la tenía en Ca-guas en el mismo sitio donde Marcano tenía su tienda. Mar-tínez 3 o 4 meses antes de su muerte ocurrida en 26 de diciembre estaba más grave, no podía trabajar, ya no había vida, el hombre estaba más débil, más decaído.

Carlos Delgado Fragoso también se crió con Martínez en la misma calle y fué vecino snyo durante los dos últimos años de su vida. No solamente lo veía amenudo durante agosto y septiembre de 1914, sino que lo ayudaba. En Caguas se le consideraba como tísico, al menos en su casa, porque le te-nían sus trastos separados, donde comía y cuando salía donde quiera que caía la saliva le echaban orín y gas; que el tes-tigo y Ventura Caraballo un comerciante del lado, hacían ésto, echaban gas donde quiera que dejaba un esputo; que eso lo hacía porque estaba tuberculoso; que un día vino al testigo con un papel pidiéndole que le ayudara a comprar ciertas inyecciones; el declarante le preguntó que quién le había recetado esas inyecciones y le dijo que el Dr. Mercado; el declarante leyó el papel y eran inyecciones de cacodilato de soda y entonces el declarante fué a casa de Juan Mendoza y le mandó a despachar las inyecciones. Luego, al poco tiempo, un día le. dijo que se encontraba mal, y que quería ingresar en el hospital municipal y el declarante le llevó al Dr. Buitrago, quien lo examinó (dando los detalles del exa-men.) El tosía mucho, estaba muy fañoso, ronco. Que dos días después de la muerte de Martínez el declarante vió al Sr. Mercado en la calle frente a la botica de Juan Mendoza y le preguntó si Martínez era socio del Ancora y que Mercado le contestó: “Sí, fué el segundo socio que ingresó en el An-cora y a los 29 días de ingresado le vendió la póliza a Juan Marcano;” Que esta manifestación fué hecha en diciembre 28, después de la muerte de Martínez. La defensa sacó a luz en la repregunta la información adicional de que en sep-tiembre Martínez le dijo al declarante que Marcano le había dado 20 pesos que él le dió al testigo a guardar en dos billetes de diez pesos cada uno, uno de los cuales lo invirtió en quin-calla, cintas y encajes, el otro lo guardó hasta que se lo en-tregó.

El Dr. Buitrago declaró haber reconocido un hombre para él -desconocido, pero que le fué presentado por Delgado Fra-goso y que se demostró por otras circunstancias que no es preciso manifestar, que era el propio Martínez y expuso su eonclusióu de que el individuo estaba concluyentemente su-friendo de tuberculosis pulmonar.

Felipe B. Cordero Colón, otro médico en ejercicio en Ca-guas desde el 1911 asistió a Martínez como paciente insol-vente en el hospital municipal, le recetó en distintas ocasio-nes basta fines del 1913, y después de hacer un estudio cuida-doso del caso lo diagnosticó de tuberculosis pulmonar. Este testigo vió también a Martínez después en las calles llevando sus quincallas, algunas veces sentado en la puerta de alguna casa, muy débil, tanto que acostumbraba a andar con una quincalla, y últimamente no andaba nada'más que con algo en los brazos, algunos encajes y cosas así; que era un hombre muy débil. Que la última vez que el declarante vió a Martí-nez fue un mes, o dos o tres antes de su muerte, y desde la primera hasta la última vez el declarante vió que su enfer-medad iba progresando en su curso natural.

.La testigo Carmen Martínez, una hermana de Fermín, declara que su hermano era un hombre muy débil, siempre achacoso, siempre tenía fiebre y dolores de cabeza y resfria-dos, pero después de estar con Marcano en el cafetín contrajo una enfermedad con mucha más fiebre la cual nunca le dejó; la tenía todos los días, tosiendo y escupiendo muchísimo, que estuvo con Marcano pero por poco tiempo y que esta enfer-medad ocurrió como cuatro meses antes de morir. Que la declarante le asistió y el Dr. Mercado que nunca vino a la casa sino que cuando su hermano necesitaba algunas recetas iba a la oficina de Mercado o al hospital. El hermano vivía en la casa de la declarante y murió allí (describiendo las condiciones de sus últimos días). Que su hermano era fla-quito y los huesos del pecho pelados. Que cuando salió del cafetín puso un ventorrillo de verduras, pero que la gente no le compraba, porque estaba enfermo y los guineos ama-rillos se le podrían y .los botaba al otro día al carro de la basura y le dijo un día: “Yo tengo que vender este vento-rrillo porque yo no hago nada.”. Que ese-ventorrillo estuvo en poder de él dos días, porque no hacía negocio ninguno. Que después compró'una quincalla, pero la tuvo pocos.días porque no podía atenderla. Que le ponía la canasta al mu-dacho y se iba detrás del muchacho porque sus fuerzas no le daban y no podía cantar la quincalla, pues por eso la ven-dió; era una quincalla pequeña, no era grande. Que antes de caer enfermo grave estaría 3 o 4 días con la quincalla.

Lorenzo Rivera, comerciante, tenía un cafetín en Caguas durante la última parte del año 1914 donde Martínez acos-tumbraba a venir a menudo, que él estaba delgado, tenía fiebre, dijo que tenía fiebre, tosía y expectoraba flema, y acostumbraba a pedir agua, el declarante tenía una pieza separada para él por su enfermedad. Que tosía y expecto-raba frecuentemente. Venía despacio como si estuviese can-sado o fatigado y decía: “Tengo fiebre.” El declarante notó estos síntomas como por espacio de un año con anterio-ridad a la muerte de Martínez.

También se presentó alguna prueba médico-pericial basada en preguntas hipotéticas tendentes a corroborar el diagnóstico de los doctores 1 iuitrago y Cordero, aunque el fin principal de estos testimonios parece haber sido con el objeto de de-mostrar la dificultad que existe en confundir un caso de tisis con uno de enteritis aguda, anticipando así la teoría de la defensa mas bien que para suministrar pruebas acumulati-vas de lo que parece haber sido muy generalmente conocido tanto de los profanos como de los médicos de Caguas.

A esto pudiéramos añadir, si fuera necesario, la manifes-tación del agente de que cuando él aceptó el riesgo para su transmisión a las oficinas de la compañía, él sabía que el solicitante estaba más muerto que vivo no como para incul-par a los acusados, sino como una circunstancia adicional que señala la existencia de una conspiración y que tiende a sos-tener la teoría de los apelantes de que este testigo era un cómplice.

El hecho incontrovertible que encubre todo lo demás en el caso es de que Fermín Martínez, a la fecha de ser recono-cido y admitido como socio,-estaba en el último grado de la tuberculosis pulmonar y que solamente estando ciego podría una persona de ordinaria inteligencia engañarse, en cuanto a su estado de salud. Las compañías aseguradoras no acep-tan a sabiendas tales riesgos.

Ningún hombre en ese estado sin la ayuda de terceros pudo haber engañado a una compañía. Es obvio que, ■ si se eliminase la teoría de la substitución, pues-en este case no existe cuestión alguna sobre 'sustitución de personas, sería aún más imposible para cualquiera otra persona, sin ayuda de tercero y por sí sola obtener el mismo resultado. Apenas es demasiado decir si se dice que la mera aceptación de un riesgo semejante, de buena fe, sin conocimiento de su ver-dadero carácter y por razón de una certificación médica falsa transmitida por los medios regulares estableciera un caso prima facie de conspiración y deja abierta a investigación solamente la cuestión de la identidad de los conspiradores respectivos y de la participación que en ella tuvo cada cual, aunque por supuesto, el esclarecimiento de estas cuestiones por lo general, si no necesariamente, suministra ulteriores evidencias de la conspiración misma. En todo caso el hecho' de que se intente cometer un fraude flagrante no está abierto a la argumentación.

Martínez no actuó sólo, si es que puede decirse de que tomara participación alguna salvo como un mero instrumento en manos de los otros. El falso certificado era un requisi-to previo indispensable a fin de que pudiera expedirse la-póliza. Indudablemente, que Mercado facilitó el frustrado fraude, suponiendo que nada más existía a esta época, y lo convirtió en una conspiración por certificar deliberadamente una patente falsedad; pues que ál hacerlo así, sin tener en cuenta sus motivos, él necesariamente y a sabiendas parti-cipó con otro u otros en el plan concebido para defraudar a la compañía.

Martínez había sido empleado por Marcano y antes de ocupar tal empleo aparentemente había llevado un negocio suyo propio en el mismo sitio. Caguas es un pueblo pequeño. Marcano debió baber sabido que Martínez estaba a punto de morir. Hay ciertos detalles omitidos en interés a la breve-dad que aparecen del testimonio antes citado, que justifican la conclusión de que Martínez no tenía dinero para pagar los honorarios del reconocimiento médico, o admitiendo de que nada se hubiera cobrado por este concepto, carecía del dinero para pagar el importe de su ingreso, o el montante del primer premio. Todas las circunstancias, con la única excep-ción del hecho de que él era la persona asegurada, contradi-cen la idea de que él concibió o ejecutó a su propia iniciativa cualquier parte del planj o que tenía algún interés en el asunto más allá de los dos billetes de diez pesos o cualquier otra cosa que le hubiera dado como regalo inmediato para prestarse a sí mismo a los propósitos de su anterior principal y los del médico que le dió las recetas.

La póliza después de expedida fué prontamente cedida a Marcano, quien una vez muerto Martínez entabló pleito en su carácter de cesionario. Marcano poco después de la muerte de Martínez prácticamente admite no de que él com-pró la póliza sino de que él procuró el seguro con la idea de cobrar la póliza. Esto puede haber sido mera filfa (perciflage), o acre sarcasmo, pero dadas las circunstancias, para él fué la menos afortunada de las observaciones, que por- lo menos exigía explicación. De paso y algo así como por vía de anticipación, podemos decir que semejante expli-cación no fué ofrecida en la prueba de descargo; sino que en su lugar se negó que se hicieran tales manifestaciones.

Por supuesto los actos y admisiones de Marcano no obli-gan a Mercado hasta tanto se establezca la existencia de una conspiración y la conexión de ambos con la misma, o vice-versa ; pero la conducta de cualquiera de ambos puede ser considerada, en tanto cuanto tienda a mostrar la existencia de una conspiración o su propia conexión con la misma.

“La declaración de una tercera persona como por ejemplo cuando dice que él cometió el delito en cuestión no será admitida por lo general en favor o en contra del acusado * * Pero si se demos-trare que una o más personas actuaban de acuerdo con el acusado sobre la cosa en cuestión, todos con un objeto común, las manifesta-ciones becbas durante su curso por ^cualquiera de las otras, ya esté presente o ausente pueden admitirse como prueba en contra del acusado.”

2 Bishop’s New Criminal Procedure, página 1067, pá-rrafo 648.

“Actos aislados de los acusados, pero tendentes al mismo fin, junto con las relaciones que tuviesen uno y otro de lo que lo come-tieron, y cualquier otro becbo explicativo, que constituye un cuerpo de pruebas circunstanciales, pueden probarse porque justificarían al jurado deducir la conspiración de que son productos. Pero por in-ferencia o de otro modo, debe aparecer alguna conexión entre los actos, o de lo contrario serían inadecuados.”
“Esta clase de prueba puede darse en primer lugar para esta-blecer una conspiración; o * * * la combinación puede hacerse aparecer por cualquier testimonio competente, y entonces los actos aislados y las declaraciones de los co-conspiradores incluyendo aún personas no acusadas, puede ser producida en evidencia, de acuerdo con el principio expuesto en el tomo I. Porque cuando esta clase de relación existe entre varias personas, las actuaciones de una se considerarán a los ojos de la ley como las de todos.”

3 Bishop’s New Criminal Procedure, págs. 1370, 1371, párrafos 227, 228. Véanse también: 12 C. J. 638, párrafo 231; 5 R. C. L. 1066, párrafo 37; State v. Thompson, 38 At. 868; State v. Gannon, 52 At. 727; Osborne v. State, 55 So. 52; Commonwealth v. Smith, 40 N. E. 189; Commonwealth v. Hunton, 46 N. E. 404; Commonwealth v. Rogers, 63 N. E. 421; Commonwealth v. Riches, 107 N. E. 371, 374; Kelley v. People, 55 N. Y. 565; People v. Van Tassel, 51 N. E. 274; People v. Dunbar Contracting Co., 109 N. E. 554; People v. Hummel, 119 App. Div. R. N. Y. 153; People v. Miles, 123 App. Div. R. N. Y. 862; U. S. v. Newton, 52 F. R. 275; Lehman v. U. S., 127 F. 41; U. S. v. Cohn, 128 F. 615; Smith v. U. S. 157 F. 721; Alkon v. U. S. 163 F. 813; U. S. v. Breese, 173 F. 402; Jones v. U. S. 179 F. 584; Ryan v. U. S., 216 F. 13; Smith v. U. S., 231 F. 25.

No creemos necesario discutir las autoridades citadas por. los apelantes en cuanto a esta faz del caso. En todo cuanto por confusión de ideas, falta de detenida consideración, tér-minos imprecisos, obiter dicta, indebida aplicación de otras bien conocidas reglas in pari materia, o de otro modo, las decisiones en que se ban apoyado los apelantes, así como al-gunas otras pocas que pueden encontrarse en ciertas juris-dicciones, pueden estimarse como que repudian la regla arriba enunciada según se aplica a los hechos de este caso, las mismas no son sanas en principio fundamental y en la práctica tienden a obstruir más bien que a facilitar la debida administración de la substancial justicia.

Si el Fiscal hubiera parado aquí sin llamar al supuesto cómplice, y si la moción pidiendo la absolución de los acu-sados hubiera sido desestimada, es algo más que dudoso si semejante actuación de la corte habría constituido un error de los que dan motivo a la revocación de una sentencia. El reproducir el-testimonio de este así llamado cómplice, ex-cepto la parte que se refiere al pagaré, sería supérfluo. El afirmar que está “corroborado por otra prueba que en sí mismo y sin la ayuda del testimonio del cómplice tiende a conectar” a ambos acusados “con la comisión del delito” no es tan exacto como decir que presta a la red de circuns-tancias ya entretejidas en derredor de los acusados cual-' quiera que fuera la fuerza adicional, caso de que la hubiere, sea necesario excluir “toda otra hipótesis razonable que no sea la de la culpabilidad de los acusados.”

De acuerdo con este testigo después que Marcano hizo su solicitud sobre la vida de su dependiente presentó el certi-ficado médico, suscrito por Mercado y pagó el premio u hono-rarios de admisión y después de que el agente había visto firmar al enfermo la solicitud, tuvo lugar la siguiente con-versación entre el testigo y los acusados:

“ ‘Dr., usted ha visto a Fermín Martínez’ y dice él, ¿por qué?— ‘porque se está muriendo parado.’ Y dice entonces: ‘Yo no lo he visto, hoy voy a verlo, y al día siguiente o al otro día, le presenta el Dr. Mercado, un pagaré suscrito por Juan Marcano, por valor de doscientos pesos, y le dice: ‘deje pasar el ingreso éste, que Ud. ten-drá participación en este asunto.’ Dijo el declarante: ‘Hagan lo que quieran por mi parte yo no quiero nada.’. Fué una debilidad de él, pero eso pasó así, y por eso se ve aquí, que vino a la corte. Antes de eso * * * un día, se encontró a Fermín Martínez en la calle, frente a la casa de don Carlos Fragoso,echando el alma por la boca; el declarante vió entonces al Doctor Mercado y el señor Mar-cano, y les dijo: que recogieran al hombre aquel que estaba murién-dose en la calle, supuesto que tenía una póliza, que iban a coger después la cantidad que le correspondía en el seguro. Ya que ellos eran los que iban a recibir el beneficio, que lo recojan y lo tengan en un sitio seguro.”

Entonces, después de una narrativa de otros aconteci-mientos, incluyendo la muerte de Martínez, la protesta pre-sentada por los suscriptores en Caguas en contra del pago,, la investigación hecha por la compañía y las ofertas y pro-mesas hechas por ambos acusados al testigo, del récord apa-rece :—

‘‘que no sabe donde iría a parar el documento de doscientos pesos, que no sabe donde fué a parar, el declarante no se quedó con él, quien se quedó con él fué el Dr. Mercado. El Fiscal hace la siguiente.pre-gunta: ‘¿Cómo decía el documento?’ el testigo contesta que el do-cumento decía: ‘pagaré a don fuláno de tal, Dr. Mercado, la cantidad de doscientos pesos * # *’. La defensa se opone. La corte dice que ya el testigo ha contestado y la corte admite cualquier evidencia que no sea objeto de' oposición, y que sea presentada por cualquiera de las partes. El Fiscal preguntó qué decía ese documento, y la defensa no se opuso 'a la pregunta. Parecía como que la defensa aceptaba que no se introdujera el documento, y la corte no puede sostener ahora una oposición tardía cuando la defensa conocía per-fectamente la pregunta y que espera hacer uso de su derecho a opo-nerse una vez que se ha respondido, para ver si le conviene o no le conviene la respuesta.
“La defensa alega que por otra parte ese testigo ha dicho que el documento ha quedado en poder del Dr. Mercado.. El Fiscal ha podido solicitar de la corte una orden duces tecum. T la corte re-suelve que indudablemente, el Fiscal tiene el medio de una orden cluces tecum, pero si se ba preguntado al testigo sobre qué era lo que decía ese documento, y en ese momento que era el momento para 'oponerse, su Señoría no lo hace y espera, la contestación para juzgar de su contenido.
“La defensa alega que hace consignar en el récord que solicita de la corte se sirva ordenar la eliminación de la pregunta que ha hecho el Fiscal, y la parte de la contestación de esa pregunta, que ha dado el testigo, por entender que la forma en que debe probatse sería con el documento mismo, toda vez que la Ley de Evidencia le da un medio para poder traer al Dr. Mercado con el documento por medio de una orden duces tecum,.
“La corte declara sin lugar la moción, porque esa pregunta fué hecha sin oposición por parte de la defensa, y la corte entiende que una vez hecha una pregunta y no media oposición, queda renunciado cualquier derecho que tuviera la parte para solicitar la introducción de una mejor evidencia.
“La defensa toma excepción de la resolución de la corte.
“Sigue declarando el testigo que vió el documento. El Fiscal hace la siguiente pregunta: ‘¿Por quién está firmado?’ y el testigo contesta: ‘Firmado, Juan Marcano.’ La defensa, igual objeción de eliminación a la pregunta del Fiscal y á la contestación, ha. sido tan rápida que no ha tenido tiempo para hacerlo antes de que el testigo contestara. La corte resuelve como resolvió anteriormente, que ha-biendo renunciado la defensa a que se probara el contenido del do-cumento por la mejor prueba, y siendo esa pregunta una consecuencia de 1a, anterior, el Fiscal puede hacerla.
“La defensa toma excepción, toda vez que el testigo no había de-clarado si había visto la firma o no. El Fiscal dice que retira la pregunta, porque ya está contestada por el testigo anteriormente.
“Sigue declarando el testigo que la oferta a que se refería ante-riormente se la hicieron cuando al declarante se le presentó el Dr. Mercado con el documento ese, un pagaré manuscrito y le dijo: ‘deje pasar esto que yo le daré participación de este asunto, ’ y el declarante le dejó el documento; y con respecto de dejar pasar o no eso, lo que hizo fué que lo dejó pasar, una falta de él, pero lo dejó pasar, des-pués no le cabía, era mucha carga para él, y un día cogió la pluma y dijo a la compañía, ‘esto ha pasado’; que dejó pasar eso por una ■de tantas, una de tantas blanduras de carácter, ni más ni menos, una -de tantas blanduras de carácter.”

La razón que da el juez sentenciador para su decisión y que Mercado en su alegato critica, no es tan importante como el fundamento sobre el que se liizo oposición en la corte inferior. En el caso que nos ocupa, la identidad de la firma, el montante mencionado en el pagaré y los términos exactos y condiciones del mismo son detalles insignificantes. La parte de alguna significación, que existe en este testimonio es la de que Mercado exhibió un documento descrito por el testigo, en conexión con la siguiente manifestación y súplica: “Este asunto está arreglado, yo arreglé con Marcano y me dió este documento, dejé pasar esto que Ud. tendrá parti-cipación en este pagaré.”

“La noción fundamental de la regla que requiere la presentación de un documento consiste en que en un escrito la más mínima varia-ción de palabras puede ser de importancia, y que es más fácil que ocurran errores de esta naturaleza en cuanto a frases y palabras que errores respecto a otros pormenores de un objeto físico. Así pues, la regla es de aplicación solamente en cuanto a los términos en que se halla redactado el documento, y no en cuanto a cualesquiera otros hechos relativos al mismo. En otras palabras, la regla es de aplica-ción cuando se pide la eliminación de testimonios que tratan de ser introducidos con el propósito de establecer los términos en que se baila redactado el documento, y exige en su lugar que se produzca el documento, pero no es de aplicación cuando se desea la eliminación de testimonios que se relacionan con el documento sin tratarse de es-tablecer los términos en que está concebido.” II Wigmore on Evidence, secciones 1242 al 1256.

Es difícil percibir el perjuicio que podría traerle al acu-sado el rehusar la exclusión o eliminación de una mera re-petición de prueba mucho antes del tiempo en que este in-cidente tuvo lugar, ya envuelto en el récord y a la admisión de la cual jamás se hizo objeción alguna.- No trató de ha-cerse distinción alguna entre los dos acusados' en la corte inferior, y Marcano en su alegato meramente llama la aten-ción a la falta del testigo en decir la fecha del pagaré como si tratara de impugnar el peso de la prueba. En cuanto' se refiere a la falta de una orden duces tecum previa cuando menos en cnanto al único acusado qne insiste sobre este punto, diremos qne la acusación constituía nna notificación suficiénte para qne se produjese el documento. II Wigmore, secciones 1192 al 1205. 2 Bishop’s New Criminal Procedure, p. 448.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Jfuez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


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text:
    Ramírez, Demandante y Apelado, v. Ramírez y Sosa, Demandados, y Apelante el Ultimo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre preferencia de crédito hipotecario.
    Moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1731.
    Resuelto en febrero 4, 1918.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN-PALTA DE NOTIFICACIÓN A UNA PARTE EN REBEL-DÍA Interesada — Cancelación de Hipoteca.- — En este caso se estableció de-manda sobre nulidad de procedimiento hipotecario y para que se ordenase la cancelación de una hipoteca constituida sobre una casa que fué destruida por un incendio y se mandase a inscribir otra hipoteca sobre una nueva casa construida en el mismo solar. La demanda fué establecida por el segundo acreedor contra el primer acreedor que adquirió en pública subasta, y contra el deudor hipotecario. Se anotó la rebeldía del deudor, y dictada sentencia a favor del demandante se estableció apelación por el segundo acreedor de-mandado, pero sin notificar el escrito a su codemandado. Se resolvió: que el codemandado tenía interés real en el litigio, adverso al apelante, y que quedaría directamente afectado por el resultado de la apelación si la sen-tencia fuere revocada, por lo que no habiendo sido notificado de la apela-ción procedía desestimarla por falta de jurisdiccdójl para considerar la misma en sus méritos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Ricardo del Toro Soler y Juan Alemañy Sosa.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una casa perteneciente a Severiano Ramírez Colberg que radica en solar egido del Municipio de Cabo Rojo e hipote-cada a Juan del Carmen Sosa fué destruida por un incendio y subsiguientemente reconstruida con permiso del munici-pio. La nueva casa fué hipotecada a Delfín Ramírez quien entabló pleito contra Sosa y Severiano Ramírez. Se le anotó a Severiano la rebeldía y en el juicio declaró como tes-tigo del demandante, - quien obtuvo sentencia a su favor en la que se sostiene que la garantía de la obligación hipotecada original habíase perdido por destrucción de la propiedad hi-potecada y que eran nulos y sin ningún valor ni eficacia legal los procedimientos sumarios incoados por Sosa porque se dirigían contra una garantía que había dejado de existir, de-cretándose al propio tiempo , la preferencia de la hipoteca constituida en favor de Delfín Ramírez, ordenando la can-celación en el registro de la hipoteca de Sosa y mandando a inscribir la hipoteca de Delfín Ramírez.

El demandado Sosa apeló de la sentencia, pero sin noti-ficación al co-demandado Severiano Ramírez, y el deman-dante apelado presentó una moción interesando la desesti-mación del recurso por falta de tal notificación. Cuando se vió esta moción allá en julio de 1917, nos reservamos nuestra decisión hasta que se sometiera el casó por sus méritos. La transcripción de autos y la relación del caso fueron presen-tados en octubre de 1917. En 22 de enero de 1918, se ar-gumentó el caso y se llamó otra vez la atención de esta corté sobre la relacionada moción de desestimación.

Un detenido examen de todo el record incluyendo el tes-timonio del demandado Severiano Ramírez muestra que su interés real en el litigio es adverso al del apelante, y que qu'edaría directamente afectado por el resultado de la apela-ción a menos que se confirmase la sentencia dictada por la corte de distrito.

Con una revocación de esa sentencia, no solamente que-daría la propiedad en cuestión sujeta a la ejecución del gravamen que la corte de distrito declaró haber quedado extinto, sino que, a menos que tengamos que rechazar el testimonio no contradicho de Severiano Bamírez en cuanto a la venta de la casa en pública subasta antes de la fecha en que se ce-lebró el juicio en el presente caso, tendría el efecto de una transmisión del dominio a virtud de los procedimientos decla-rados nulos y sin eficacia legal alguna por la corte inferior.

La apelación debe ser desestimada por falta de jurisdic-ción para considerar la misma en sus méritos.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Pbesxdewte Su. HeRhaudez,

text:
    Andino, Demandante y Apelado, v. Canales, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre desahucio en precario.
    No. 1723.
    Resuelto en febrero 4, 1918.
    ALEGACIONES' — JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA DEL DEMANDADO. — Las alegacio-nes de las cortes de distrito deben hacerse por escrito en consonancia con los artículos 118 y 135 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero ello no impide al juez inferior ni tampoco a la Corte Suprema considerar si ha habido o no jurisdicción sobre la parte demandada, examinando al efecto si el dili- ' geneiado del emplazamiento llena los requisitos sustanciales prevenidos por la ley.
    Desahucio — Desahucio en Precario — Apercibimiento al Demandado — Empla-zamiento Nulo. — La omisión del apercibimiento ordenado por el apartado 2o. de la sección 5a. de la Ley de Desahucio de que no compareciendo el de-mandado por sí o por legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oirlo, constituye un defecto sustancial que vicia de nulidad el em-plazamiento por privar al demandado del derecho a que se le informe de lo que puede oeurrirle si no eompareee.
    L'os hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de la apelante: Sres. Ramírez Pabón é Her-nández.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Trujillo Güil.

   El Juez Pbesxdewte Su. HeRhaudez,

emitió la opinión del tribunal.

Es el presente un recurso de apelación interpuesto por la demandada contra sentencia que en 18 de junio de 1917 pronunció la Corte de Distrito de -San Juan, Sección 2a., de-clarando con lugar la demanda radicada por el demandante Agustín M. de Andino para obtener el desalojo de una finca urbana que se describe en dicha demanda.

La sentencia dice como sigue:

“Hoy 18 de junio de 1917, y en corte abierta, se llamó este caso a la vista de la primera comparecencia, señalada para este día, com-pareciendo la parte demandante, por su abogado, quien manifestó hallarse listo para el caso.
‘ ‘ No compareció la parte demandada; pero se presentó el abogado, Señor Ignacio Hernández, manifestando que comparecía por la de-mandada con el único objeto de impugnar el emplazamiento, sin so-meterse a la jurisdicción de la corte; pero sin presentar alegación escrita alguna.
“Declarada sin lugar'la moción del Abogado Señor Hernández, re-tirado éste voluntariamente de la vista, la parte demandante presentó' su prueba, consistente en dos documentos, sin que ofreciese prueba testifical alguna.
“En virtud de la prueba ofrecida y de la incomparecencia de la parte demandada, en forma, la corte dicta sentencia, declarando con lugar la demanda y disponiendo que la parte demandada deso-cupe dentro del término de 20 días la finca objeto de la demanda, * * sin especial condenación de' costas.”

El diligenciado del emplazamiento consigna entre otras cosas que el emplazamiento fue notificado personalmente a Juana Canales, en su casa, con copia del mismo y de la de-manda, sin expresar el apercibimiento ordenado por la Sec-ción 5a. de la Ley de Desahucio de 9 de marzo de 1905, de que no compareciendo por sí o por legítimo apoderado se decretaría el desahucio sin más citarla ni oirla.

Alega la. apelante como fundamento del recurso que la sentencia es nula pues la corte no adquirió jurisdicción so-bre la persona de la demandada por no haber sido emplazada legalmente. El apelado sostiene que una moción de compa-recencia especial to quash the summons, o sea para anular el emplazamiento, debe hacerse por escrito alegando las razo-nes que la justifiquen.

Entendemos que las alegaciones en las cortes de distrito -deben hacerse por escrito en consonancia con los artículos 118 y 135 del Código de Enjuiciamiento Civil, según sostuvo el Juez Sr. MacLeary en su opinión concurrente en el caso de Olivieri et al v. MckJones, 17 D. P. R. 1164, cuya doctrina fué aceptada por este tribunal en el caso de Mongil v. Castro, Juez de Distrito, 19 D. P. R. 683; pero ello no impide al juez inferior ni tampoco a esta Corte Suprema considerar si ha habido o no jurisdicción sobre la parte demandada, exami-nando si el diligenciado del emplazamiento llena los requi-sitos sustanciales prevenidos por la ley, pues los motivos de excepción que se basan en la falta de jurisdicción de la corte y en la carencia de. hechos determinantes de una causa de acción pueden tratarse también motu propio o de oficio sin necesidad de que sean alegados ante la corte de distrito o ante la Corte Suprema según jurisprudencia repetida de este tribunal.

Para que un demandado quede sujeto a la jurisdicción de la corte es necesario que se le cite en la forma que la ley prescribe y además que se devuelva a la corte una constan-cia de haberse llevado a efecto la citación, de la cual aparezca que los requisitos exigidos por el estatuto se cumplieron de-bidamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil. Orcasitas v. Márquez et al, 19 D. P. R. 477.

En el caso de López v. Meléndez, 22 D. P. R. 156, resol-vimos implícita o tácitamente la cuestión que ahora estamos examinando, al decidir que en un pleito de desahucio en que se hace la citación del demandado con apercibimiento de que .si no comparece a formular sus alegaciones se continuará el pleito por todos sus trámites sin más citarlo ni oirlo hasta ■dictarse la sentencia qne proceda, se había cumplido sustan-■cialmente con el estatuto. En el presente caso no se hizo apercibimiento alguno y por tanto en ese particular no se ■cumplió con el estatuto. La corte no adquirió -jurisdicción ■sobre la persona del demandado."

Véase también el caso de Rubio v. Rodríguez, Juez Municipal, 25 D. P. R. 182, en el que al examinar un recurso de certiorari dijimos que en la petición no se alegaba que al diligenciarse la citación se apercibiera al demandado de qne no compareciendo por sí o por legítimo apoderado se decre-taría el desahucio sin más citarlo ni oirlo, según previene la sección 5a. de la ley sobre la materia, aprobada en 9 de marzo de 1905, no apareciendo qne en la citación se llenaran todas las formalidades prevenidas por la ley y siendo por tanto defectuosa la demanda de certiorari.

Entendemos que cualquier irregularidad no vicia de nu-lidad el emplazamiento, y nos referimos para ello a lo doc-trina establecida en los casos do Serrano v. Berdiel et al, 22 D. P. R. 445, y Llorens v. Castillo, Juez Municipal, 22 D. P. R. 670, pero la omisión del apercibimiento ordenado por el apar-tado 2°. de la sección 5a. de la Ley de Desahucio constituye un defecto sustancial que vicia de nulidad el emplazamiento por privar al demandado del derecho a que se le informe de lo que puede ocurrirle si no comparece.

Es de revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso al juez para que proceda con arreglo a los principios que de-jamos establecidos.

Revocada la sentencia apelada y devibélto el caso para que se proceda con arreglo a los principios establecidos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Alclrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Santiago, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegando la inscripción de parte do una sentencia de dominio.
    No. 352.
    Resuelto en febrero 7, 1918.
    Expediente de Dominio de Finca ya Inscrita en el Registro. — Inscrita una finca en el registro, no cabe inscribir de nuevo una porción de la misma por medio de un expediente independiente de dominio.
    Los hechos están expresados’ en la opinión.
    Abogados del recurrente': Sres. Herminia y Leopoldo Tornes.

    El registrador recurrido, Sr. Miguel Plan ellas, compare-ció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Santiago Suárez acreditó ante la Corte de Dis-trito de Ponce el dominio de una finca rústica de treinta y una cuerdas y media, situada en el barrio de Pasto, del Munici-pio de G-uayanilla, que había adquirido en tres porciones, una de seis por compra a Antonia Banch, otra de ocho por compra a José Banch, y otra de diez y siete y media por compra a la Sucesión de Lorenzo Rodríguez. Presentada la sentencia en el Registro de la Propiedad de Ponce, el re-gistrador la inscribió en cuanto a catorce cuerdas, negán-dose a inscribirla en cuanto a las diez y siete y media res-tantes o sea a la porción adquirida de la Sucesión de Lorenzo Rodríguez, por aparecer ya inscrita.

En efecto, examinada la inscripción a que se refiere el registrador, es necesario concluir que la finca de diez y siete cuerdas que por virtud de un expediente posesorio consta inscrita al folio 90, del tomo 6, del Municipio de Guayanilla, desde el año de 1888, a favor de Lorenzo Rodríguez, es la misma porción de diez y siete y media cuerdas comprendida en la finca de treinta y una cnerdas y media cnyo dominio acreditó y pretende inscribir el recurrente.

En tal virtud y por la autoridad de los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria y de las decisiones de esta Corte Su-prema en los casos de Toro v. Registrador de Mayagües, 25 D. P. R. 473; Colón v. Registrador de Caguas, 24 D. P. R. 770; Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 17 D. P. R. 228; Días v. Registrador, 16 D. P. R., 275; Morales v. Registrador, 15 D. P. R. 699 y Ginorio v. Registrador, 2 S. P. R. 579, debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Rivera, Demandante, Apelante-Apelado, v. Martínez, Demandado, Apelado-Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito sobre libelo y daños y perjuicios.
    Moción del demandado sobre corrección de autos.
    No. 1778.
    Resuelto en febrero 7, 1918.
    Transcripción de Autos — Notificación de Sentencia. — No es necesario que aparezca de la transcripción de autos la notificación de la sentencia al ape-lante. El hecho de haberse interpuesto el recurso implica que dicha parte se ha enterado de la existencia del fallo que es el fin que se persigue con la notificación.
    Apelación — Notificación por Correo Residiendo «-las Partes en la Misma Ciudad — Desestimación de Apelación. — Cuando ambas partes residen en la misma ciudad,'no debe el apelante notificar por correo su eserito de ape-lación a la parte contraria, pudiendo este motivo servir de base para deses-timar la apelación, a no ser que se demuestre, como se demostró en este caso, que la parte apelada fué informada en tiempo de la interposición del recurso.
    Transcripción de Autos — Certificación Librada por el Secretario. — La certi-ficación deí ’ secretario deberá hacer constar, siguiendo las palabras de la ley, que la transcripción contiene una copia fiel y exacta del legajo de la sen-tencia y de la notificación de la apelación, pero esto no quiero decir que si no se siguen textualmente las palabras del estatuto, no tenga validez el do-cumento.
    Corrección de Autos — Palta de Contestación del Apelante. — El hecho de que un demandante-apelante no conteste por escrito a una moción sobre corrección de autos del demandado-apelado, no es motivo para considerar como ciertas las alegaciones contenidas en la misma. El artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil no tiene aplicación al caso.
    Exposición del Caso — Procedimiento para su Aprobación — Enmiendas.—El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil fija el procedimiento que debe seguirse para la preparación de las exposiciones del caso, y es el día fijado por el juez sentenciador el momento en que debe comparecer la parte contraria para hacer las observaciones que estime pertinentes con respecto al pliego o exposición presentado por el apelante.
    Id. — Corrección de Autos — Reapertura de los Procedimientos para la Pre-paración de la Exposición del Oaso. — Dentro de los limites de la sección 55 del Reglamento del Tribunal Supremo, no cabe reabrir los procedimientos para la preparación de una exposición del caso, que ya ha sido aprobada y mandada incorporar como parte del legajo de la sentencia por el juez sen-tenciador. '
    Los hechos están expresados en. la opinión.
    Ahogado del demandante: Sr. Luis Llorms Torres.

    El demandado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El día 14 de enero de 1918 se archivó en la Secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de los autos en el pleito seguido por José C. Rivera contra Víctor P. Martínez, so-bre libelo y daños y perjuicios, en la Corte de Distrito de Ag’uadilla, preparada por la parte demandante y apelante. En enero 22 el demandado en el dicho pleito, Víctor P. Mar-tínez, presentó una moción fechada el 21 del propio mes, ale-gando : 1, que se le había notificado el 12 de enero, 1918, con copia de la transcripción; 2, qne la sentencia en el pleito fue dictada el 26 dé octubre de -1917, sin qne conste cuándo fue notificada al apelante, debiendo por tanto concluirse que la apelación se interpuso fuera del tiempo legal; 3, que la no-tificación del escrito de apelación es nula porque se hizo por .correo no obstante tener ambas partes la misma- residencia; 4, qne el 11 de diciembre de 1917 el demandado radicó en la secretaría de la corte inferior unas “enmiendas a la exposi-ción del caso y pliego de excepciones servido a esta parte el día 4 del mes actual en la apelación interpuesta por el deman-dante José C. Kivera contra la sentencia dictada por esta Hon. Corte el día 26 de octubre de 1917 y notificada el 27 del mismo mes,” sin que el demandado baya sido notificado de resolución alguna de dicha corte inferior admitiendo o dese-chando las referidas enmiendas que se transcriben en la mo-ción, y 5, que la certificación del secretario puesta al calce de la transcripción del récord no abarca los particulares exigidos por la ley. *

No obstante las alegaciones 2, 3 y 5 el demandado limita la súplica de su moción a pedir que esta Corte Suprema de-crete la corrección de los autos de acuerdo con las enmiendas que propuso.

Luego, el mismo demandado presentó otra moción, fechada el 26 de enero último, alegando que la primera moción estaba jurada; que había sido notificada al abogado de la parte contraria;-que la vista de la moción estaba señalada para el 28 de enero, y que su dicha primera moción no había sido impugnada, por virtud de lo cual, de acuerdo con el artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil, debía tenerse por cierta, y en su consecuencia procedía ordenar al apelante que corrigiera y enmendara la transcripción de los autos de acuerdo con su repetida primera moción.

En el día señalado se llamó el caso para la vista de la moción, sin que' compareciera el demandado. Sólo compa-reció el demandante, por su abogado.

Dada la única petición del demandado tanto en su moción de 21 de enero último como en la del 26 del propio mes, po-dríamos prescindir de considerar las cuestiones alegadas bajo los números 2, 3 y 5 de la primera de dichas mociones. Sin embargo procederemos a su estudio.

No es necesario que aparezca de la transcripción la noti-ficación de la sentencia al apelante. El hecho de haberse interpuesto el recurso implica que dicha parte se enteró' de la existencia del fallo, que es el fin que se persigue con la notificación. Parece que la parte demandada confunde la notificación de la sentencia con el registro de la misma en los libros de la corte.

Residiendo en el mismo pueblo ambas partes, no debió el demandante apelante notificar por correo su escrito de apelación al demandado. A no ser porque la misma moción del demandado demuestra que había sido informado en tiempo de la interposición del recurso, el motivo indicado hu-biera podido servir de base para la desestimación del mismo. Véase Quintero et al. v. Morales, 19 D. P. R. 1183, 1187.

El precepto de ley invocado por el demandado dice que constituirá el récord de la apelación, la certificación que li-brará el secretario del tribunal a quo o los abogados' de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación.

En el presente caso el secretario de la corte inferior cer-tificó que la transcripción era una copia fiel-y correcta de las alegaciones esenciales originales obrantes en .el pleito. Hemos examinado la dicha transcripción y en ella aparecen todos los documentos que constituyen el legajo de la sentencia y, además, el escrito de apelación. De suerte que aunque el secretario no siguió, como debió, las palabras de la ley en su certificación, es lo cierto que cumplió en la práctica, con todo lo exigido por la misma.

Resta sólo examinar la cuestión relativa a la corrección de autos y es éste el momento apropiado para considerar también la segunda de las mociones del demandado. El ar-tículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice que toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la ac-ción, no tiene aplicación a este caso. Hubiera sido en ver-dad mucho más correcto que el demandante hubiera contes-tado por escrito la moción del demandado, pero el no haberlo hecho no es motivo para considerar como ciertas todas las alegaciones del demandado.

Ya hemos dicho que el demandado no compareció al acto de la vista de su moción. El demandante compareció y se limitó a oponerse oralmente a las enmiendas propuestas por-que éste no era el momento ni el procedimiento apropiado para ello.

En efecto el artículo 299 ya citado, fija el procedimiento que debe seguirse para la preparación de las exposiciones del caso, y es el día señalado por el juez sentenciador el mo-mento en que debe comparecer la parte contraria para hacer las observaciones que estime pertinentes con respecto al pliego o exposición presentado por el apelante. En su moción no alega el demandado que no se le diera la oportunidad fijada por la ley, basando toda su queja en el hecho de que nada se le ha notificado con respecto a la suerte que corrieron las enmiendas escritas qu.e archivara. Las partes no pueden imponer a las cortes el sistema de procedimiento que ellas elijan sino que tienen que someterse al fijado por la ley, puesto en práctica por el tribunal.

Además, lo que ahora se pretende en verdad es reabrir los procedimientos para la preparación de una exposición del caso que ya ha sido aprobada y mandada a incorporar como parte del legajo de la sentencia por el juez sentenciador, (página 55 de la transcripción del récord.) Tal procedi-miento no cabe dentro de los límites de la sección 55 del re-glamento de este tribunal.

Por virtud de todo lo expuesto deben declararse sin lugar las mociones del demandado de 21 y 26 de enero último.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Escudero, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado, y Sabater, Interventora.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez, de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento-sobre administración judicial.
    No. 209.
    Resuelto en febrero 8, 1918.
    Administración Judicial — Cuentas Finales — Reclamaciones del Administra-dor como Acreedor de la Herencia. — Una corte- puede a petición de un heredero, conforme al artículo 58 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales, ordenar que cese la administración de los bienes de la herencia por el cónyuge viudo y conceder al administrador un término razonable para, presentar sus cuentas finales; podiendo asimismo la corte después de oir a las partes y en conexión con la liquidación de las cuentas finales, sin ne-cesidad de un pleito por separado, determinar en cuanto a una reclamación, del cónyuge viudo como acreedor de la herencia por gastos que hiciera y pagara con motivo de la última enfermedad y funerales del causante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: \Sr. Marcelino Romany.

    El juez demandado no compareció.
    Abogado de la interventora Teresa Sabater: Sr. José Sa-bater.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de junio de 1916, después de haberse dictado sen-tencia por este tribunal en el caso de Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854, fué nombrado el peticionario por la Corte de Distrito' de Mayagüez administrador judicial de la Suce-sión de Juanita Sabater, causante ab-intestato.

Presentada y aprobada que fué la fianza, tomó el admi-nistrador posesión de los bienes pertenecientes a la sucesión y entró en el desempeño de sus deberes oficiales.

En Io. de noviembre de 1917, Teresa Sabater, una de las herederas que pretende ser la única dueña de todo el caudal hereditario, como cesionaria de los derechos y acciones de los demás herederos, sujeto solamente al derecho de usufructo en cuanto a la mitad de la herencia que le corresponde al peticionario como cónyuge supérstite, derecho susceptible de ser ajustado y arreglado de acuerdo con la sección 12 de la ley de 1905, (Comp., see. 3884, pág. 721), y que alega falta de llegar a un acuerdo con el administrador en este respecto,, presentó una moción para que se ordenase:

“(1) Que cesase la administración de los bienes relictos por Juanita Sabater;
“ (2) Que el administrador judicial procediera a rendir su cuenta final;
“(3) Que dichos bienes fueran entregados a la compareciente Teresa Sabater para que tomase posesión de los mismos;
(4) Que se asignase al cónyuge viudo una renta a los productos de determinada finca urbana de los dejados por dicho causante, a fin de que los demás bienes que hoy son de la compareciente no continúen afectos al gravamen del usufructo de acuerdo con la sección 12 de la Ley de marzo 9 de 1905.”

En 18 de enero de 1917, el administrador judicial solicitó se ordenase la autorización .para reembolsarse, como acreedor, ciertos gastos que alega se hicieron y pagaron por él con motivo de la última enfermedad y funerales de la causante.

El peticionario alega que se opuso a la moción de Teresa Sabater, como acreedor, cónyuge supérstite y administrador judicial por las siguientes razones:

“(a) Porque la administración judicial no podía cesar hasta que no se administrase completamente el caudal relicto, esto es, hasta que no se pagasen todas las deudas de la finada, la de vuestro peticio-nario inclusive, y en este caso la administración no tenía fondos su-ficientes para pagar dicha deuda;
“(fe) Porque vuestro peticionario entendía que mientras no se hubiese efectuado la partición de los bienes y se le hubiese adjudi-cado al cónyuge viudo su porción en usufructo, o en su defecto, hasta que no le hubiese sido asignada una renta vitalicia, o los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, no podía decirse ni tampoco decretarse por la corte el cese de la administración judicial; y
“(c) Que el administrador judicial sólo estaba obligado a pre-sentar su cuenta final cuando la administración judicial hubiese cesado.”

No liemos encontrado en los autos esa alegación ni evi-dencia alguna de semejante oposición fuera de lo que consta y aparece de la siguiente orden:

“Hoy 9 de noviembre de 1917 señalado para la discusión de una moción de Teresa Sabater, heredera de Juanita Sabater, solicitando cese la administración judicial de los bienes de dicha, finada, y que se ordene al administrador proceda a rendir la cuenta final, com-parecieron la promovente de la moción por su Abogado Sr. José Sa-bater y el Administrador José Escudero por el suyo Sr. Marcelino Romany.
“El administrador se opuso a lo solicitado alegando que existen deudas pendientes de pago, y presentó además una cuenta a su favor por $120.50 por concepto de gastos de funerales y enfermedad de la finada.
“Luego de oir los argumentos orales de los letrados concurrentes, y visto el récord del caso, la corte encuentra que existe solamente pendiente de pago una deuda a favor del mismo administrador, quien no puede aceptarla como tal administrador por ser parte interesada; que los edictos llamando a los acreedores fueron publicados en los días 2, 9 y 16 de noviembre de 1916, sin que el administrador proce-diera, como era su deber, inmediatamente de vencido los seis meses desde la fecha de dicha publicación, a terminar la administración, habiendo, transcurrido cerca de seis meses más sin hacer nada en ese sentido, continuando indebidamente la administración con perjuicio de los herederos;
“La corte resuelve que debe ponerse fin a esta administración y en su consecuencia concede al administrador José Escudero el tér-mino de veinte días para presentar la cuenta final de dicha adminis-tración y concede hasta el día de mañana a los herederos peticiona-rios para aceptar o impugnar la deuda que existe a favor del expre-sado administrador, disponiendo que si la misma no fuere aceptada, se tendrá por rechazada por la corte, quedando a salvo el derecho del acreedor de demandar en juicio su pago.”

La sección 12 de la Ley de 1905 antes citada reza como sigue:

“Sección 12. — Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia o los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
“Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda al cón-yuge viudo. ’ ’

El artículo 58 dé la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales dispone que—

“Cualquier heredero, legatario, acreedor o fiador de un adminis-trador o representante legítimo de dicho fiador, o cualquier tutor de un menor o incapacitado, puede dirigir una petición al tribunal para que obligue a un albacea o administrador a que rinda su cuenta final, la cual petición deberá concederse, salvo que el juez a quien se haga, podrá a su discreción denegarla, si no hubieren transcurrido quince meses del nombramiento del albacea o administrador, y resultare que por causas fundadas en dificultades y demoras inevitables ocurridas en la administración, no hubiere sido posible liquidar y presentar la cuenta final. ’ ’

Se observará que en su orden la corte no concedió todo lo que se pidió en la moción de Teresa Sabater, sino que sen-cillamente sostuvo que debía cesar la administración y con miras a este fin le concedió ál administrador un término ra-zonable para que presentara su cuenta final. Las cuestiones a que se refieren la tercera y cuarta subdivisiones de la sú-plica fueron con toda propiedad reservadas basta que se pre-sentaran y aprobaran o liquidaran las cuentas. La actitud adoptada por la corte al rechazar la reclamación del adminis-trador como acreedor de la herencia en la forma y manera en que lo hizo fue quizás algo ligera y prematura de no cons-tituir un error de los que dan motivo a una revocación, aun-que como nos revelan los autos la paciencia del juez ha sido puesta a una fuerte prueba. No vemos razón alguna por la que no pueda esta cuestión- determinarse por la corte, des-pués de oir a las partes y en conexión con la liquidación de las cuentas finales, sin necesidad de un pleito por separado. Sin duda a la fecha en que se presenten estas cuentas habrá suficiente dinero en caja disponible para cubrir esta cuenta en caso de que se apruebe, si el demandante puede probarla, como una reclamación propia contra la sucesión.

Si diéramos ana historia completa de esta administración innecesariamente prolongaríamos esta opinión. Bastará de-cir qne la forma en qne la misma ha sido dirigida justifica más de lo ordinario las conclusiones a qne llegó la corte de distrito respecto a la propiedad del cierre de la misma.

No encontramos error alguno ora respecto a la jurisdic-ción ,o al procedimiento en la acción tomada por la corte de distrito fuera de la sugestión que acabamos de hacer refe-rente a la cuenta del administrador para reembolsarse los gastos de funerales, y el auto expedido en este caso debe ser anulado de conformidad.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Pbesidpxte Se. Hesetáudez,

text:
    Baigés, Peticionario y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación contra resolución del Juez Asociado del Tribunal Supremo, Hon. H. M. Hutchison, en un recurso de habeas „ corpus.

    No. 1218.
    Resuelto en febrero 8, 1918.
    Habeas Corpus — Causa Probable. — Dentro de un procedimiento de habeas corpus iniciado para investigar la causa de la detención de un ciudadano, no se averigua ni decide si el detenido es culpable o no del delito de que se le acusa, sino simplemente si existe o 310 un principio de prueba que justifique su detención como presunto responsable del delito público que se le imputa.
    Id. — Alteración- dje Papeletas Electorales — Falsificación de Prueba. — Apli-cando la anterior doctrina se concluyó que ese principio existe én el presente caso y que el peticionario no se halla privado ilegalmente de libertad, por cuanto teniéndose a la vista las papeletas electorales de cuya alteración se trata, se le encontró relacionado con la alteración por un testigo que de-claró que en dos ocasiones le propuso aquél dañara las papeletas, a lo que se negó.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eugenio Benitos Castaño y Manuel Benitos Flores.

      Abogado del apelado: Sr. Luis Campillo, Fiscal del Dis-trito de San Juan.

   El Juez Pbesidpxte Se. Hesetáudez,

emitió la opinión del tribunal.

Encontrándose detenido Pedro Baigés Gómez en la cárcel del distrito de San Juan a virtud de orden de arresto expe-dida por el Fiscal de dicho distrito en 24 de octubre de 1917, imputándole la .infracción del artículo 128 del Código Penal, acudió al juez de esta Corte Suprema, Hon. H. M. Hutchison, solicitando la expedición de un auto de habeas corpus y que en definitiva se le pusiera en libertad por. falta de causa probable para privarle de ella.

Expedido el auto por el juez expresado, tuvo lugar la vista del mismo con asistencia del peticionario asistido de abogado, y del Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, Hon. Luis Campillo, quien declaró como testigo, habiéndose aportado además como pruebas 16 papeletas electorales correspon-dientes a las últimas elecciones verificadas en el distrito de Mayagüez, y el récord taquigráfico de las declaraciones de varios testigos cuyas pruebas tuvo en cuenta el fiscal para disponer el arresto de Baigés Gómez.

El juez después de un detenido estudio de la solicitud, de la prueba practicada y de la jurisprudencia aplicable, resol-vió en 24 de octubre de 1917 anular el auto expedido y orde-nó que el peticionario fuera devuelto a la custodia del al-caide de la cárcel.

Esa resolución ha sido apelada por Pedro Baigés Gómez para ante esta Corte Suprema, y se alega como fundamento del recurso que falta prueba legal de clase alguna que jus-tifique el arresto del apelante.

Examinadas las pruebas practicadas, forzoso se hace con-cluir que existió causa probable para decretar la detención del peticionario, y por tanto que éste no se halla privado ile-galmente de libertad.

Tenemos a la vista las papeletas electorales de cuya al-teración se trata y encontramos relacionado con la altera-ción al apelante Pedro Baigés Gómez por el testigo Francisco Dobal quien declara que en dos ocasiones le propuso Baigés Gómez dañara las papeletas, a lo que se negó abiertamente.

No necesitamos analizar las demás pruebas para sostener la conclusión antedicha, pues dentro de un procedimiento de habeas corpus iniciado para investigar la causa de la deten-ción de un ciudadano no.se averigua ni decide si el detenido es' culpable o no del delito de que se le acusa, sino simple-mente si existe o«no un principio de prueba que justifique su detención como presunto responsable del delito público que se le imputa. El Pueblo v. Pillot, 19 D. P. R. 264.

Ese principio de prueba existe en el presente caso.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Hutchison no inter-vinieron en la resolución ele este caso.


author: En Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. Oben, Demandado, y Comisionado del Interior, Interventor, Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un incidente sobre alzamiento de embargo.
    No. 1692.
    Resuelto en febrero 19, 1918.
    Embargo — Nulidad de Embargo — Intervención—Juicios de Novo. — No es tarde para solieitai antes del juicio o vista en la corte de distrito, la intervención en un incidente sobre nulidad de embargo apelado a dicha corte, porque se haya dictado sentencia por la corte municipal y perfeccionado aquella ape-lación, pues el procedimiento inieiado en la corte de distrito es de novo desde el principio hasta el fin.
    Id. — Juntas Escolares — Bienes Exentos de Embargo. — Una junta eseolar o los oficiales de la misma, no están sujetos al procedimiento de embargo (garnishment), pues si se permitiera que fueran citados como terceros em-bargados, ello iría contra el orden público.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Antonio Sarmiento y G. Domínguez Rubio.

      Abogado del demandado: Sr. M. A. Martínez Dávila.

    Abogados del interventor; Sres. Howard, L. Kern, Attorney General; Salvador Mestre, Fiscal del Supremo, y B. H. Todd, Jr.

   En Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una corte municipal presentó Francisco Fernández un pleito en contra de Rufo Obén en cobro' de la suma de $499.95 por materiales comprados por el demandado para ser uti-lizados en la construcción dé una casa-escuela, alegando in-cumplimiento de una promesa de pagar a plazos según fuera recibiendo el demandado de El Pueblo de Puerto Rico los pagos parciales de tiempo en tiempo durante el curso del trabajo.

El demandante habiendo obtenido a su favor una orden de embargo instruyó al marshal por escrito para que embar-gara como de la propiedad del demandado:

“Todo el dinero que deba pagarle la Junta Escolar de Cayey, en lo sucesivo por resto del importe del contrato que tiene celebrado el demandante con el Departamento de Interior y la Junta Escolar de Cayey, sobre edificación de una casa escuela en el barrio de Já-jome Bajo de esta municipalidad, significándole que dicho importe es de $983.76 teniendo recibidos el demandado $283.00.”
Ea diligencia de devolución hecha por el márshal y que aparece al dorso del mandamiento de embargo dice:
“Que recibí la precedente orden de embargo el día doce de fe-brero de 1917, y que el día 13 del mismo mes procedí al embargo y embargué como bienes del demandado Rufo Obén, previo señala-miento hecho en moción por la parte demandante lo siguiente: Qui-nientos cincuenta dollars de la cantidad de setecientos dollars y 76 centavos que dicho demandado deberá recibir en concepto de importe de un contrato celebrado entre éste y el Departamento del Interior y Junta Escolar de Cayey sobre edificación de una casa escuela en el barrio de Jájome Bajo de dicho municipio.
“El indicado contrato fué celebrado con fecha 25 de noviembre de 1916 por la cantidad de $983.76, de los cuales el demandado ha recibido ya $283. Trabado el embargo lo notifiqué al demandado haciéndole los apercibimientos legales, y también notifiqué, a peti-ción del demandante al Sr. Tesorero de la Junta Escolar de Oayey.”

Posteriormente y después de haberse dictado sentencia en el pleito original la corte municipal a instancias del de-mandado anuló el embargo, y contra esta orden interpuso el demandante recurso de apelación para ante la corte de distrito.

El día de la vista el Comisionado del Interior solicitó y-obtuvo permiso para intervenir, por ser una parte en el con-trato celebrado con el demandado por el Departamento del Interior y la junta escolar para la construcción de una casa-escuela, y la corte de distrito de igual manera sostuvo la nu-lidad clel embargo.

El apelante insiste alegando que esta orden debe ser re-, vocada por las siguientes razones:

“Ia. Porque admite indebidamente la intervención del Ministerio Fiscal.
“2a. Porque infringió la ley del contrato realizado entre el de-mandante Rufo Obén (?) y el demandado Rufo Obén.
“3a. Porque aplicó indebidamente la jurisprudencia relativa a la exención de trabas o de ejecución de los bienes de corporaciones o entidades públicas o semi-públicas.
“4a. Porque exime de ejecución bienes que no están exentos se-gún ley.”

El argumento aducido bajo la primera proposición' con-siste en que la moción solicitando permiso para intervenir, se presentó demasiado tarde, después de haberse dictado la sentencia de la corte municipal y de haberse perfeccionado la apelación interpuesta contra la orden dictada subsiguien-temente a dicha sentencia.

Se ha sugerido también que'la alegación presentada por el interventor revela de su faz la ausencia de todo interés público, y que la misma concluye pidiendo no solamente que el embargo se deje sin efecto sino que el dinero embargado en poder de la junta escolar quede a la libre disposición del demandado Rufo Obén.

Es cierto que la forma do la alegación deja mucho que de-sear y la teoría sobre la que la misma se basa parece ser algo confusa, pero ninguna de las órdenes ya más allá de la de-claración de nulidad del embargo, y no aparece que el de-mandante fué erróneamente inducido en perjuicio suyo ni que la corte de distrito entendió mal la verdadera situación.

En la corte de distrito el demandante primeramente soli-citó se desestimara la moción del demandado para anular el embargo por el fundamente de que el demandado no era la parte propia que debía levantar la cuestión de interés pú-blico. La corte sugirió que la moción del demandante era prematura y entonces el Fiscal presentó su moción para in-tervenir. El demandante se opuso alegando entre otros fun-damentos el de que la moción no estaba acompañada por la demanda corriente y que no mostraba de su faz liechos sufi-' cientes que justificasen la intervención. La corte entonces declaró con lugar la moción de intervención ordenando al Fiscal presentara su demanda’ y le concedió dos boras o más para presentarla. -

Esto explica quizás la razón por la cual el Fiscal siguió demasiado de cerca tal vez la alegación ya presentada por el demandado levantando la misma cuestión, en vez de adop-tar una actitud más independiente.

' El demandante entonces presentó una moción pidiendo la desestimación; primero, porque la alegación ofrecida por el Fiscal no era una demanda dentro de lo preceptuado por el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil; segundo, porque el Comisionado del Interior no tenía derecho alguno para intervenir.

/ Cuando se presentó la demanda preguntó la corte si es-taba listo el demandante para seguir adelante o deseaba al-gún tiempo para estudiar la cuestión, y después de cinco minutos de receso la única contestación que se dió fué la que se hizo con la moción oral de desestimación. Después que esta moción fué declarada sin lugar el demandante hizo al-gunas. oposiciones algo vagas aunque un poco más específicas, do carácter de mía excepción perentoria oral, y de no haber revelado claramente el récord que el demandante no snfrió perjuicio o sorpresa alguna quizás se liaría necesaria la re-vocación. Pero el interventor presentó al monos la misma cuestión ya levantada por el demandado y cuyo derecho a insistir sobre la misma había sido impugnado por el deman-dante, y no introdujo ninguna otra cuestión litigiosa en la controversia.

Teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, si el punto ha sido bien levantado estimamos inú-til devolver el caso para que se celebre un nuevo juicio des-pués que se subsanasen, mediante enmiendas al efecto, defi-ciencias de forma de carácter técnico y al parecer inofensivas.

A la atención del apelante se le escapa el hecho de que el procedimiento iniciado por la corte de distrito era de nova desde el principio hasta el fin. El interventor no tenía que preocuparse por la orden de la corte municipal. Su interés tanto como el del demandado no era el que se revocase, modi-ficase o confirmase dicha orden, sino conseguir después de una nueva audiencia completa y plena de toda la cuestión sometida a la corte de distrito por el demandante, se dictase una orden parecida sino idéntica en sus términos a la dictada en la corte municipal. El primer paso del propio demandante en la corte de distrito era solicitar se desestimara la moción del demandado que había ya sostenido la corte municipal en la orden recurrida, tal como si se hubiese interesado la nu-lidad del embargo por primera vez en la corte de distrito.

Si el precepto legal que provee un procedimiento de novo en la corte de distrito significa algo en realidad, nosotros no podemos ver la razón por la cual una persona que pu-diera intervenir antes del juicio en la corte municipal no pudiera insistir sobre el mismo derecho por primera vez antes del juicio o vista de novo en la corte de distrito. Ubi eadem ratio, ibi idem jus; et de similibus idem esi judicium.

La segunda proposición del apelante depende, de la ter-cera y cuarta razones porque la ley que regula la materia objeto del contrato, y que forma parte del contrato, o si no es así, entonces en tanto cnanto puede referirse a algún con-flicto existente, la ley y no el convenio entre las partes es la que debe prevalecer. Es igualmente evidente que la cuarta proposición debe correr la misma .suerte que la tercera, la que no necesitamos discutir en toda su amplitud.

“La cuestión de si un distrito escolar está en principio, en de-fecto de alguna disposición específica de la ley positiva, sujeto al procedimiento de embargo, es una cuestión sobre la que la opinión judicial no está conteste. Una mayoría de las decisiones sostienen •la doctrina al efecto de que un distrito escolar, o los oficiales del mismo, no están sujetos al procedimiento de embargo. La razón que más frecuentemente se ba dado como fundamento de esta doc-trina es la de que si se permite que los distritos escolares, o sus oficiales, sean citados como terceros embargados, (garnishees) ello iría contra el orden público. Por el contrario bay cortes que permiten em-bargos (garnishments) contra distritos escolares, por lo general de conformidad con los estatutos que exigen semejante interpretación.” 12. R. C. L., p. 844, sección 83.

Ni los b'eclios del presente caso, ni el alegato del apelante, ni nuestras leyes locales, ni. los casos, decididos, revelan ra-zón adecuada alguna por la cual debiéramos desviarnos de la doctrina basta aquí enunciada por esta corte en el caso de Lamboglia v. Junta Escolar de Guayama, 15 D. P. R. 318, y otros más, respecto a la -cuestiób de embargos ordinarios, ni para establecer una doctrina distinta en materia de embargo, (garnishments) y por lo tanto la orden recurrida debe ser confirmada.

C.onfirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Su. Wolf,

text:
    Martínez et al., Peticionarios y Apelados, v. Martínez, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito sobre nombramiento de administrador judicial y alimentos provisionales.
    No. 1706.
    Resuelto en febrero 19, 1918.
    Administración Judicial — Mociones de Oposición — Alimentos Provisiona-les — Ordenes Apelables. — Una orden desestimando la oposición al nombra-miento de un administrador judicial es una sentencia final que pone fin a las alegaciones de oposición así como una orden concediendo alimentos pro-visionales dictada después de sentencia, y ambas son órdenes perfectamente apelables de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Oposición al Nombramiento de un Administrador — Apelación—Ejecución de Sentencia — Suspensión.—Quaere: Cuándo se considera suspendida la eje-cución de una sentencia durante una apelación.
    Conocimiento Judicial — Autos de Otro Pleito — Enmienda.—La Corte Suprema no tomará conocimiento judicial de otro récord más que en casos excepcio-nales, aunque quizás permitiría, de ser procedente, que se trajera el récord por medio de una enmienda.
    Hijo Legítimo — Posesión de Bienes Hereditarios — Administración Judicial— Pleito Ordinario. — El que un hijo legítimo esté en posesión de los bienes del causante e impugne todos los pasos dados por otros herederos para el nombramiento de un administrador judicial, no hace necesario que éstos re-curran a un pleito ordinario, ni impide el nombramiento de tal administrador.
    Id. — Alegaciones de la Solicitud — Relación de Bienes — Títulos de Propie-dad — Depreciación de los Bienes. — En una solicitud sobre administración judicial no es necesario más que una mención general de los bienes sujetos a administración, ni que tengan que acompañarse como exhibits de la petición las diferentes escrituras de propiedad.
    Id. — Nombramiento de Administrador — Hijos Legítimos — Cuándo Procede.— Cuando no existe viudo, es evidente que entre los herederos debe preferirse generalmente el hijo legítimo a los ilegítimos; pero cuando el heredero legí-timo está en posesión de los bienes y en la solicitud se expresa que él re-clama como de su propiedad una parte de ellos, con exclusión de los here-deros menores, constituye un caso excepcional en que las cortes pueden des-viarse de la práctica.

      Id. — Id.—Contestación—Confesión.—Quaere: Si deben o no considerarse como admitidos los hechos de una petición, euando la contestación es vaga, ambi-gua y dudosa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Víctor P. Martines y Luis Mimos Morales.

      Abogados de los apelados:- iSres. Carlos Franco Soto y Juan B. Soto.

   El Juez Asociado Su. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados en este caso solicitaron de la Corte de Dis-trito de Aguadilla el nombramiento de un administrador judicial y posteriormente radicaron también una petición de alimentos provisionales. La corte actuó en favor de ambas solicitudes, y la presente apelación es contra las dos órdenes dictadas en contra del opositor en la corte inferior. La pe-tición sobre nombramiento de un administrador expresa, en-tre otras cosas, que Víctor Martínez y Martínez dejó bienes sujetos a partición, y luego enumera dichos bienes detalla-damente. El apelante en esta corte presentó una moción so-licitando que la apelación se entienda admitida para suspender los procedimientos de la corte inferior en ambos efectos.

Entre otras cosas los apelados insisten en que las órdenes de que se trata no son apelables. La orden desestimando la oposición del apelante era una sentencia final, pues ponía fin a sus alegaciones de oposición, artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528, Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854, y la otra orden concediendo alimentos provisionales fue'una dictada después de senten-cia, y por tanto ambas eran apelables de acuerdo con el ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En 31 de mayo de 1917 el apelante ^radicó una solicitud para que se expidiera un auto de certiorari, cuyo fin era en gran parte idéntico al de la présente moción solicitando que esta apelación tenga el efecto de suspender los procedimien-tos (en ambos efectos). Esta corte, previa la correspon-diente vista, anuló el auto. Martínez v. Crosas, Juez de Distrito, 25 D. P. R. 789. El certiorari fué propiamente dene-gado en ese caso y aunque se admitiera que cuando se hace oposición a una solicitud pidiendo un administrador judicial el caso viene a ser contencioso, y la apelación entonces debe regirse por los preceptos de los artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, la denegatoria del certiorari siem-pre se sostendría por las razones expuestas en el ultimo pá-rrafo de la opinión.

Como quiera que esto sea, no podemos aplicar remedio alguno en este caso porque no se han traído en forma ade-' cuada hechos bastantes al récord que tenemos ante nosotros. La moción del apelante expresa que la parte contraria y la corte han violado la alegada suspensión legal en varios par-ticulares, pero la moción no ha sido jurada. Para probar tales infracciones a la suspensión, el apelante nos hace refe-rencia a los anteriores procedimientos incluyendo el certio- ' rari No. 191, que acabamos de mencionar — Martínez v. Crosas, Juez de Distrito, supra. Hemos resuelto varias veces que no tomaremos conocimiento judicial de otro récord más que en ca-sos excepcionales. Sucesión de Igaravídez et al v. Rubert Hermanos et al., 23 D. P. R. 293; Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 25 D. P. R. 1. En el último dé esos casos resolvimos, en efecto, que las cortes no permitirán general-mente que se traiga al récord una gran parte de los procedi-mientos de otro caso con el propósito de servir a los fines po-sitivos del apelante.’ Aun más, en el caso de certiorari tenía-mos ante nosotros los autos originales y esos autos fueron de-vueltos a la corte de distrito. En un caso adecuado podríamos quizás permitir a un apelante enmendar su récord en bien de la justicia, pero no vemos razón para hacerlo así en la pre-sente apelación, pues hemos llegado a la conclusión de que la sentencia y orden apeladas deben ser confirmadas.

Pasando ahora a los méritos de la apelación, el hecho de que un hijo legítimo esté en posesión de los bienes e impugne todos los pasos dados por otros herederos para el nombra-miento de un administrador judicial, no hace necesario que los otros herederos recurran a un pleito ordinario. La po-sesión de los bienes y otras cosas análogas, podrán ser qui-zás cuestiones a resolver entre el administrador judicial y el heredero que tiene la posesión, pero el hecho de que un heredero esté en posesión de los bienes, y niegue los dere-chos de los otros herederos, es justamente un caso propio para el nombramiento de un administrador judicial .sujeto al control de la corte.

No emplearemos mucho tiempo estudiando la forma de la" petición. Los defectos alegados no tienen importancia. Si los hechos en particular, tales como la muerte del causante, no estuvieran específicamente establecidos en la petición, ellos serían inferidos necesariamente del hecho de existir una declaratoria de herederos, defecto de fácil subsanación por enmienda, no siendo la omisión perjudicial al apelante. En otras de sus alegaciones se admite la muerte del causante. No era necesaria más que una mención'general de los bienes sujetos a administración, sin que tuvieran que acompañarse como exhibits de la petición las diferentes escrituras.

Otras cuestiones levantadas por el peticionario no son en realidad de forma, sino sustanciales, como por ejemplo, el no haber los peticionarios alegado que los bienes habían de-preciado, y otras parecidas. Algunos de los otros errores alegados han quedado resueltos por nuestra opinión en el caso de Méndez v. Martínes, No. 1686 (pág. 96).

La cuestión principal sometida a nuestra consideración es si la corte tenía facultades para nombrar un administrador judicial con exclusión del heredero legítimo. No existiendo el viudo, es evidente que entre los herederos debe preferirse generalmente el hijo legítimo a los ilegítimos. Esto es bien elaro*de nuestras decisiones en los casos de Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854 y Días v. Cividanes, 23 D. P. R. 849. Sin embargo, en ambos se reserva cuidadosamente el dere-cho de la corte, en casos excepcionales, a desviarse de la prác-tica. No tenemos duda alguna de que éste era uno de esos casos excepcionales. El heredero legítimo estaba en pose-sión de todos los bienes. La solicitud expresa que él reclama como de- su propiedad una parte de ellos, con exclusión de los herederos menores. La oposición del apelante era a todas laces poco franca. Después de haber estado litigando tenaz-mente contra estos niños durante tres o cuatro años, está manteniendo que no hay tal herencia, y haciéndolo en una forma vaga y ambigua. Tan vaga y ambigua es la forma de su oposición o contestación respecto a los bienes, que es discutible si los hechos expuestos en la solicitud de los me-nores con ^relación a tales bienes, no debieran ser considera-dos como confesados en su perjuicio, por lo menos a los fines de este procedimiento.

Copiaremos una parte de su oposición:

“3o. Admite el hecho 3 de aquella solicitud, en tanto en cuanto-no se oponga a que el pásivo del capital dejado por Víctor Martínez y Martínez y su esposa Secundina González y Gómez excedía en mu-cho al activo, según liquidación practicada en tiempo por cuyo mo-tivo no dejó herencia de acuerdo con el principio que dice ‘donde hay deuda no hay herencia.’
“4o. Admite que la finca de cuarenta cuerdas señalada en la so-licitud con el No. 1 fuese de Víctor Martínez y su esposa, pero hoy no lo es, pues pertenece a su acreedor.
“5o. Niego que la finca marcada con el No. 2, sea de Víctor Mar-tínez, pues-hace unos ocho-o diez años próximamente que dejó de ser de él y de su esposa.
“6o. Admite que la finca señalada con el No. 3, fuese de Víctor Martínez y su esposa; que en la actualidad es de su acreedor.
“7o. Admite que el crédito designado con el número 4 fuese de Víctor Martínez y su esposa; pero en la actualidad pertenece a su acreedor.
“8o. Niega e impugna que el crédito demarcado con el número 5-fuese nunca jamás de Víctor Martínez.
“9o. Niego e impugno que la finca señalada con el No. 6, de dos cuerdas cineuentisiete céntimos, haya sido nunca de Víctor Martínez.
“10°. Niega e impugna que el crédito hipotecario ■ contra Basiliso Barrero, demarcado con el número 7, haya sido en ningún tiempo-de Víctor Martínez.
“11°. Niega que el crédito hipotecario marcado con el No. 8, sea de Víctor Martínez.
“12°. Admite que el crédito hipotecario señalado con el No. 9, esté inscrito a favor de Víctor P. Martínez y González, pero tal cré-dito ha sido y es de la exclusiva propiedad del dicente.
“13°. Admite que la finca marcada con el No. 10 en la referida solicitud, de 5 cuerdas 47 céntimos, está inscrita a favor del dicente y de su esposa' doña Milagros de los Ríos y Avila; pero en la actuali-dad es de don Juan Antonio Medina.
“14°. Admite que la finca demarcada con el No. 11, de 77 cuerdas, del barrio de Culebrina, fué en un tiempo del dicente Víctor P. Mar-tínez y su esposa Milagros de los Ríos Avila; pero en la actualidad es de don Juan Antonio Medina.
“15°. Admite que la finca señalada con el No. 12, está inscrita a favor del dicente; pero es de su exclusiva propiedad.
"16°. Admite que la finca señalada con el No. 13, de 14 cuerdas, está inscrita a favor del relatante, pero es de su exclusiva propiedad.
“17°. Admite que la casa designada en aquella solicitud bajo el No. 14, ha sido de la exclusiva propiedad del dicente, pero en la ac-tualidad es de don Agustín Martínez.
“18°. Admite que el crédito hipotecario contra Claudina Jiménéz, señalado con el No. 15, está inscrito a favor del dicente, pero es de su exclusiva propiedad.”

Es irrazonable suponer que no bay tal herencia después de tan tenaz oposición, y sin embargo, aquí tenemos al mismo hijo legítimo que la hace negando su existencia. Además, el referirse al hecho de que una propiedad pertenece al acree-dor, no constituye en manera alguna una contestación a las afirmaciones de la solicitud. La corte inferior dijo:

“Por ouaNto, hallándose los bienes de la herencia en poder del heredero legítimo Víctor P. Martínez y González, no constando que se haya hecho división alguna de la mencionada herencia, lo que es contrario al derecho de los demás herederos Pedro Angel y Laura María Martínez y Méndez, quienes no están disfrutando parte al-guna de dichos bienes ni de sus productos, haciéndose por consiguiente necesaria la administración judicial de los referidos bienes.
“Por CUANTO, don Víctor P. Martínez y González, opositor en el presente caso, no solamente ha venido oponiéndose de una manera tenaz al pleito principal sobre reconocimiento de hijos naturales, sino ■que además ha hecho oposición también en las incidencias del mismo', tales como declaratoria de herederos y nombramiento de administra1 •dor judicial, circunstancias éstas que no le hacen recomendable para ejercer el cargo de tal administrador judicial de los bienes de la he-rencia.”

El apelante, a pesar del hecho de que los menores tienen derecho a una parte del caudal de su padre natural, como' fué declarado por las cortes -de Puerto Rico, ha venido poniendo al disfrute por ellos de una parte del mismo todos los obs-táculos que como hombre y ahogado ha podido imaginar; y como hemos dicho, de la manera más desingenua, si es que las constancias del récord son ciertas y como la corte inferior las creyó. No nos referimos en particular a su propó-sito de impedir que estos niños sean declarados herederos, ■sino más bien al aparentemente injustificado propósito, que .aparece en los autos, de negar la existencia, de un caudal hereditario. Esta actitud por sí sola constituye el caso ex-cepcional a que se refieren nuestras decisiones. No dehe .confiársele la administración de una herencia a quien, me-diante alegaciones tan vagas, evasivas y frívolas trata de negar la existencia de tal herencia.

No encontramos razones para anular las órdenes de la norte inferior, y ellas deben ser confirmadas.

Confirmadas las órdenes apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: 'El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Cruzado, Administrador Judicial, Demandante y Apelante, v. López Ballester, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación.
    No. 1735.
    Resuelto en febrero 19, 1918.
    Reivindicación — Títulos Inscritos — Prescripción entre Presentes. — Cons-tando inserito el justo título dominical del demandado por más de diez años ' en el registro y habiendo el dicho demandado, personalmente y por sus an-tecesores, permanecido por todo ese tiempo en la posesión material continua de la finca como tal dueño, de buena fe y entre presentes, no puede pros-perar en contra suya la aeeióh reivindicatoría ejercitada por los demandan-tesj no obstante haber éstos demostrado que tenían su título inscrito con anterioridad en el registro.
    Los hechos están expresados' en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   'El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un' pleito sobre reivindicación. De las ale-gaciones y de las pruebas resulta en cuanto al derecho de la parte demandante que Carlos Valentín Aponte, por escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1882, vendió a José Cru-zado una finca que tenía inscrita a su favor en el registro de la propiedad, de quince cuerdas, situada en el barrio del “quemado,” del término municipal de Mayagüez. Cruzado no inscribió su título en el registro y falleció en el año de 1897. El 13 de diciembre de 1915 la Corte de Distrito de Mayagüez declaró herederos abintestato del dicho José Cru-zado a sus siete hijos legítimos y a su viuda, y el 26 de junio de 1916 nombró administrador judicial de su herencia al he-redero José Cruzado Ramírez. El administrador trató de posesionarse de la indicada finca, no pudiendo verificarlo por haberla encontrado ocupada por Ernesto López Ballester. Entonces inició este pleito para reivindicarla archivando la demanda el 6 de julio de 1916.

El derecho de la parte demandante quedó, pues, prima facie, plenamente demostrado. Veamos el resultado de las alegaciones y de las pruebas con respecto al derecho de la parte demandada.

Como hemos dicho el demandado Ernesto López Balles-ter se encuentra en lá posesión material de la finca, y lo está por haber comprado el 14 de octubre de 1915, ante notario público, a Emma Carbonell una finca de setenta cuerdas dentro de la cual se hallan las quince a que se refiere este pleito. El título de Ballester se encuentra inscrito en el re-gistro de la propiedad y su origen es el siguiente: El 4 de abril de 1906 Angela Ramírez Vélez, viudá de José Cruzado, inició un expediente en la Corte de Distrito de Mayagüez para acreditar la posesión de la finca, alegando que la había adquirido por compra desde junio de 1898 a Rogelio Martínez. El expediente fué aprobado el 14 de abril de 1906 y se ins-cribió en el registro el día 18 de abril de 1906. El 29 de fe-brero de 1907 Angela Ramírez Vélez vendió la finca a Bernardo Bocanegra y Miguel Castro, inscribiéndose la venta en el registro. El 19 de mayo de 1908 los dichos Bocanegra y Castro la vendieron a su vez a José A. Menéndez, inscri-biéndose también la transferencia en el registro. Menéndez la vendió el 23 de noviembre de 1908 a Pedro J. Bras y éste la adjudicó en pago de cierta deuda a Emma Carbonell, el 14 de junio de 1915, quien como dejamos expuesto la vendió el mismo año al demandado. Rogelio Martínez declaró en el acto de la vista que en efecto había vendido la finca de setenta cuerdas allá por el año de 1898 a Angela Ramírez de Vélez. Los demandantes no aportaron prueba alguna tendente a demostrar que dichos Rogelio Martínez, Angela Ramírez y subsiguientes compradores hubieran actuado de mala fe.

Existe, pues, un conflicto de derechos que fué decidido por la corte de distrito en contra de la parte demandante.

% Actuó con razón derecha el tribunal sentenciador? Opi-namos que sí.

Es cierto que el título de los demandantes a las quince cuerdas de que se trata es más antiguo que el del demandado. Su inscripción data desde el año 1881. Pero también lo es que las quince cuerdas fueron vendidas por Rogelio Mar-tínez en 1898 a Angela Ramírez de Yélez y que ésta acreditó la posesión en que se hallaba en concepto de dueña y la ins-cribió sin dificultad en el registro el 18 de abril de 1906, o sea más de diez años antes de la interposición de la demanda en este pleito, y el artículo 1850 del Código Civil Revisado, igual al 1949 del antiguo, si bien dispone que contra un tí-tulo inscrito en el registro de la propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria, también ordena que tal prescrip-ción tendrá lugar a virtud de otro título igualmente inscrito debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo.

En este caso el término para prescribir es el de diez años, por tratarse de prescripción entre presentes. (Art. 1858 del Código Civil.) Se demostró que los demandantes resi-dían en Puerto Rico y aunque uno de ellos manifestó que había estado ausente en Santo Domingo y en los Estados Unidos, no hay datos en su declaración para concluir que su ausencia fuera por un año entero y continuo. (Art. 1859 del Código Civil.)

Habiendo en consideración todo lo expuesto y teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida por esta Corte Su-prema, entre otros, en los casos de Maldonado v. Ramos et al., 24 D. P. R. 297, y Teillard v. Teillard y otros, 18 D. P. R. 562, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.