author: La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

text:
    Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico, peticionaria, v. Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, recurrido.

      Número: AC-2013-3

      Resuelto: 15 de junio de 2015

      Monique Guillemard-Noble, Andrés Guillemard-Noble y Vicky González-Vega, de Nachman & Guillermard, PSC, abogados de la parte apelante; Luciano Osvaldo Cano Rojas, abogado de la parte apelada.
   La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de interpretar la Ley Núm. 71-2010, que enmendó el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, conocida como Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad, 21 LPRA sec. 5098a. En particular, debemos evaluar si luego de esa enmienda se mantuvo como requisito jurisdiccional el procedimiento de revisión administrativa, incluyendo el pago correspondiente, previo a la presentación de una acción de impugnación judicial. Respondemos en la afirmativa por los fundamentos expuestos a continuación.

I

En el 2011, la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI) presentó ante el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) cuatro solicitudes de revisión administrativa en las cuales impugnó la imposición de contribuciones sobre cuatro propiedades inmuebles. Acompañó cada una de las solicitudes con un pago equivalente al cuarenta por ciento de la contribución impugnada.

Pasaron sesenta días sin que el CRIM emitiera una contestación escrita con relación a las revisiones presentadas por COSVI. Debido a que el Art. 3.48(a) de la Ley Núm. 83-1991, supra, dispone que cuando suceda lo anterior se entenderá que el CRIM ratificó el estimado de contribuciones, COSVI presentó ante el Tribunal de Primera Instancia cuatro demandas de impugnación en las que solicitó que se anulara el requerimiento de pago. Sostuvo, entre otras cosas, que el CRIM no consideró una enmienda realizada al Código de Seguros que aumentó la exención de la propiedad mueble e inmueble de un asegurador cooperativo a diez millones de dólares. Explicó que no tenía que pagar cantidad alguna, pues sus propiedades tenían un valor menor al de la referida exención.

El Tribunal de Primera Instancia consolidó las demandas. Posteriormente, el CRIM presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción. Argumentó que COSVI incumplió con el requisito jurisdiccional de incluir el cien por ciento del pago de la contribución impugnada junto a sus recursos de revisión administrativa. COSVI se opuso a la desestimación.

El Tribunal de Primera Instancia, por su parte, notificó una orden en la que resolvió lo siguiente: “tiene término de veinte días el demandante para cumplir con el pago del 100% de la fianza en cada uno de los casos o desestimaremos por falta de jurisdicción, Lilly del Caribe Inc. v. Gloria E. Santos Rosado, 2012 TSPR 65, Opinión de 3 de abril de 2012”. Conforme a lo ordenado, COSVI pagó el restante sesenta por ciento de las contribuciones impuestas.

El CRIM presentó oportunamente una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue declarada “sin lugar”. Todavía insatisfecho, el CRIM acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el foro primario debió declararse sin jurisdicción, por lo que erró al ordenar a COSVI que hiciera el pago correspondiente.

El Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia en la que revocó el dictamen del foro primario. Resolvió que el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar la demanda por falta de jurisdicción, pues COSVI no cumplió con el Art. 3.48, supra. Inconforme, COSVI presentó una moción de reconsideración que fue declarada “sin lugar”.

Aún en desacuerdo, COSVI acude oportunamente ante este Tribunal mediante un recurso de apelación. En lo pertinente, sostiene que lo resuelto en Lilly del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239 (2012), aplica prospectivamente y que sus demandas de impugnación se instaron antes de que este Tribunal emitiera esa Opinión.

Este Tribunal acogió el recurso como certiorari y lo expidió. COSVI presentó una Moción Informativa en la que solicitó que se acogiera su recurso como su alegato en los méritos. El CRIM presentó su alegato. En síntesis, reitera que el foro judicial carece de jurisdicción para atender las demandas de impugnación debido al incumplimiento de COSVI con el Art. 3.48, supra. Con relación a lo resuelto en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, señala que en Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 128 (2012), este Tribunal resolvió que, al tratarse de un requisito jurisdiccional incluido en una disposición clara y libre de ambigüedad, lo allí pautado no estaba restringido a una aplicación prospectiva.

Luego, COSVI presentó una Solicitud de Autorización para Presentar Réplica a Alegato de la Parte Recurrida. Esta vez alegó que no tenía la obligación de agotar remedios administrativos, pues el CRIM impuso las contribuciones impugnadas sin tener autoridad para ello. Sostuvo que el CRIM actuó ultra vires porque le negó a COSVI la exención de diez millones de dólares concedida por ley. Añade que

[t]oda vez que COSVI cuestiona la autoridad legal del CRIM para imponerle el pago de una contribución contrario a las disposiciones de la exención en ley, no era necesario que previo a solicitar la revisión de las determinaciones del CRIM ante el foro judicial, se agotara remedio administrativo alguno. Por lo que resulta irrelevante a la controversia del presente caso lo esbozado por este Honorable Tribunal en los casos en los que se basa la Demandada-Recurrida en su Alegato de Oposición, a saber, Lilly, supra, Pfizer, supra, y Shell, supra. (Enfasis en el original). Réplica, pág. 6.

Este Tribunal declaró “con lugar” la Moción Informativa presentada por COSVI y el caso quedó sometido para su adjudicación.

II

Un requisito jurisdiccional debe cumplirse antes de que el tribunal pueda atender los méritos de un pleito. Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123, citando a I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2000, pág. 235. Si una parte incumple con un requisito jurisdiccional, el tribunal carecerá de jurisdicción para evaluar la controversia ante su consideración y deberá desestimar el caso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 DPR 742 (2001). Ello, pues toda sentencia que un tribunal dicte sin jurisdicción es nula. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917 (2000).

En casos sobre impugnación de contribuciones, los requisitos jurisdiccionales “ ‘no son otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande. Por lo tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la misma forma que se ha exigido por el legislador’ ”. Shell v. Srio. Hacienda, supra, págs. 123—124. Véase Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. Hacienda, 82 DPR 633, 641 (1961).

Como hemos reiterado, la mejor expresión de la intención legislativa es el texto de la ley cuando es claro y libre de toda ambigüedad. Shell v. Srio. Hacienda, supra; Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849 (2010). En cambio, si el texto es ambiguo, el tribunal debe asegurarse de cumplir la intención del legislador. Shell v. Srio. Hacienda, supra; Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2010). En particular, las leyes contributivas deben interpretarse razonablemente, de forma tal que se lleve a efecto la intención del legislador. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010); Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, 94 DPR 270, 279 (1967). Por lo tanto, no podemos interpretar una ley contributiva de forma que se le permita al contribuyente evadir el pago de impuestos que la Legislatura estableció. Lilly Del Caribe v. CRIM, supra, pág. 252; West India Oil Co. (P.R.) v. Sancho Bonet, Tes., 54 DPR 732, 744-745 (1939). Tomando en consideración estas normas de interpretación estatutaria, examinemos los estatutos en los que se enmarca el caso que hoy nos ocupa.

La Ley Núm. 7-2009, según enmendada, conocida como Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, 2009 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 32, estableció una contribución especial sobre la propiedad inmueble con fines residenciales y adoptó los procedimientos seguidos por el CRIM para reglamentar esa contribución. Luego, esta contribución especial se extendió a la propiedad inmueble con fines comerciales mediante la Ley Núm. 37-2009 (2009 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 328). Respecto al proceso de revisión administrativa e impugnación judicial de la contribución especial, el Departamento de Hacienda emitió la Carta Circular de Rentas Internas 2009-08. Esta dispone, en lo pertinente, que

[...] aquellos contribuyentes que deseen solicitar una revisión administrativa o impugnar judicialmente la contribución, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221 del CRIM, entendiéndose que cualquier referencia en dicha ley o en dicho reglamento al CRIM o su Director, se tendrá como referencia al Departamento de Hacienda o al Secretario de Hacienda. Carta Circular de Rentas Internas 2009-08, pág. 2, en: http:/ / www. hacienda.gobierno.pr / publicaciones / carta-circular-derentas-internas-num-09-08

La Ley de Contribuciones Municipales sobre la Propiedad, Ley Núm. 83-1991, según enmendada, 21 LPRA see. 5001 et seq., establece en su Art. 3.48 (21 LPRA sec. 5098a) un procedimiento de revisión administrativa e impugnación judicial para las imposiciones contributivas. Antes de unas enmiendas efectuadas a la ley en 2010, las cuales discutiremos más adelante, el artículo disponía lo siguiente:

(a) Revisión administrativa.—Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por el Centro de conformidad con las sees. 5076 y 5077 de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el contribuyente [...]:

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;

(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta [...]

El Centro deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la solicitud de revisión administrativa por el contribuyente. [...]

El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.

(b) Impugnación judicial.- Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva realizada por el Centro, de conformidad a los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley y el inciso (a) de este artículo, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley, siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado término:

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;

(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.

Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se considerarán de carácter jurisdiccional. (Énfasis suplido). 21 LPRA ant. sec. 5098a.

Esta Curia interpretó este procedimiento en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, al evaluar dos impugnaciones de contribuciones presentadas en el 2009 por Lilly del Caribe y DirecTV, respectivamente. Lilly del Caribe impugnó una contribución, alegando que le cobijaba un decreto de exención. Por su parte, DirecTV impugnó la contribución que le fue impuesta, alegando que el Departamento de Hacienda no tenía autoridad legal para requerirlo. En el trámite administrativo, ambas compañías acompañaron su impugnación con cheques por una cantidad equivalente al cuarenta por ciento de la contribución impugnada. Id. Transcurridos sesenta días desde que presentaron sus impugnaciones, acudieron por separado ante el Tribunal de Primera Instancia. El Departamento de Hacienda solicitó la desestimación por falta de jurisdicción en ambos casos. Id.

El Tribunal de Primera Instancia denegó desestimar por entender que las compañías cumplieron con el requisito jurisdiccional. En cuanto a Lilly del Caribe, también concluyó que la demandante no tenía que agotar los trámites administrativos para impugnar el impuesto en cuestión, de acuerdo con lo resuelto en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230 (2009). En el caso citado, se resolvió que

[...] si un ciudadano logra demostrar con claridad meridiana que no puede ser considerado como un contribuyente ante el tributo que se le ha impuesto, resulta irrazonable obligarle a tributar para luego hacerle agotar los mecanismos administrativos y judiciales disponibles. Lo contrario implicaría malgastar recursos del Estado para llegar a la misma conclusión que se pudo haber conocido desde el comienzo mediante la utilización del remedio extraordinario del injunction: su condición de no contribuyente. Así se evita que los ciudadanos sean sometidos a procedimientos engorrosos de manera innecesaria. Precisamente, para impedir que el Estado especule erróneamente con la tranquilidad y el dinero de nuestro pueblo, este Tribunal ya ha pautado la procedencia del injunction en estas circunstancias especiales y excepcionales, íd., pág. 279.

Insatisfecho, el Departamento de Hacienda recurrió separadamente de ambas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. En el recurso de certiorari referente a la impugnación de Lilly del Caribe, el Tribunal de Apelaciones acogió la petición del Estado y desestimó la demanda. Concluyó que Lilly del Caribe incumplió con el requisito jurisdiccional de pago cuando se impugna la totalidad del impuesto. Por su parte, en el caso de DirectTV un panel distinto del Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el recurso. Eventualmente, tanto Lilly del Caribe como el Departamento de Hacienda recurrieron ante nos de las respectivas determinaciones. Este Tribunal consolidó los dos casos y, luego de interpretar el texto del artículo en cuestión y la intención legislativa que motivó su aprobación, resolvimos que el derecho vigente cuando se instaron esos pleitos era que el contribuyente que deseara impugnar la totalidad de la contribución impuesta tenía que pagar el cien por ciento de como requisito jurisdiccional para presentar su demanda ante los tribunales. Lilly del Caribe, Inc. v. CRIM, supra. En particular, reseñamos que el Art. 3.48, supra, fue incorporado mediante la Ley Núm. 135-1998 y que en el proceso de su aprobación se explicó lo siguiente:

[...] se establece que durante ese término, el contribuyente deberá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándosele el rembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. [...]
Estas disposiciones uniforman el procedimiento de cobro de las contribuciones a los establecidos en el caso de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, para que el CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de distribuir a los municipios la parte cobrada. Esto es necesario, ya que en la práctica los contribuyentes obvian el proceso de revisión administrativo recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la contribución impuesta hasta tanto el Tribunal emita su decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los ingresos que reciben los municipios por este concepto sobre todo, cuando conscientes del proceso de revisión administrativa [eZ] contribuyente acude al Tribunal como subterfugio para dejar de pa-gar sus contribuciones. (Enfasis suplido). Lilly del Caribe, Inc. v. CRIM, supra, págs. 250-251, citando el Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998, pág. 2.

De esta forma, enfatizamos que la intención de la Legislatura fue

[...] minimizar los efectos en las arcas públicas de que los contribuyentes intenten dilatar y evadir el pago de las contribuciones inmuebles mediante revisiones administrativas e impugnaciones judiciales. Ello tendría como resultado una falta de liquidez que podría repercutir en la prestación de servicios esenciales. Informe del P. de la C. 1543, id. Es decir, la Asamblea Legislativa creó un mecanismo, de carácter jurisdiccional, para que un contribuyente promueva su acción impugnatoria solo cuando tiene bases sólidas. (Enfasis suplido). Lilly Del Caribe v. CRIM, supra, pág. 251.

En vista de que las compañías demandantes en ese caso solo pagaron el cuarenta por ciento de la cantidad impugnada, este Tribunal desestimó sus demandas por falta de jurisdicción. Lilly del Caribe v. CRIM, supra. Asimismo, sostuvimos que Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, no aplicaba porque, contrario a aquel caso, las partes en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, eran deudoras del tributo que se les impuso y, como tales, se sujetaron a los requisitos del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, supra, en lugar de acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso extraordinario, como ocurrió en Yiyi Mo tors, Inc. v. E.L.A., supra. Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 256. Esta última alternativa —concluyó el Tribunal— solo la tiene quien no es un contribuyente según la ley, pues el procedimiento dispuesto en el Art. 3.48, supra, no está disponible en esa circunstancia. Lilly del Caribe v. CRIM, supra, págs. 256-257.

Seis meses después de haber resuelto lo anterior, esta Curia interpretó nuevamente el Art. 3.48, supra, en Shell v. Srio. Hacienda, supra. En esa ocasión, la parte demandante también impugnó la totalidad de la contribución impuesta, pero pagó el cuarenta por ciento de esta. En consecuencia, el Departamento de Hacienda solicitó sin éxito que se desestimara la acción de impugnación. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones entendieron que la norma establecida en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, no aplicaba al caso, porque se pautó luego de que Shell presentara su acción de impugnación. Llegado el caso ante nuestra consideración, este Tribunal expresó lo siguiente:

[...] según expresamos en el caso de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, [...] el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro en cuanto a las circunstancias en las que es permisible el pago del cuarenta por ciento de la contribución y cuando se tiene que pagar el cien por ciento de la contribución al impugnar la contribución notificada. Quiere decir, que no existe otra posible interpretación al artículo. Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, no contempla la interpretación que pretendió establecer Shell. Es por eso que Shell no puede alegar que confió en una norma anterior que quedó desplazada por una nueva norma. Debido a que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de ambigüedad, su disposición siempre ha sido la norma establecida. Por lo tanto, a Shell no se le violó el debido proceso de ley. (Énfasis en el original). íd., pág. 128.

Con posterioridad a los hechos que originaron los precedentes citados, se aprobó la Ley Núm. 71-2010, la cual enmendó el Art. 3.48 para impugnar las contribuciones sobre la propiedad inmueble del año económico 2010-2011, en adelante. Actualmente este artículo establece lo siguiente:

(a) Revisión administrativa.—Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por el CRIM [...] podrá solicitar al CRIM [...] una revisión administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el contribuyente, dentro del citado término y en conformidad con el Reglamento que el Comité Interagencial establezca para la ejecución de la sec. 5051a de este título, según sea el caso:

(1) Pague al CRIM o a la oficina designada por el municipio al que se le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de este título la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme,

(2) pague al CRIM o a la oficina designada por el municipio al que se le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de este título la totalidad de la contribución impuesta, o

(3) en el caso de la contribución impuesta bajo la see. 5051a de este título, pague al CRIM o a la oficina designada por el municipio al que se le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de este título, el total de la contribución impuesta.

El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta, dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.

El CRIM [...] deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la solicitud de revisión administrativa por el contribuyente. Cuando el CRIM [...] no conteste dentro de ese término, se entenderá que ratifica el estimado de contribuciones notificado al contribuyente. [...]

El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.

(b) Impugnación judicial. —Si el contribuyente no estuviere conforme con la determinación emitida por el CRIM o a la oficina designada por el municipio al que se le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de este título, según sea el caso, de conformidad con el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación de la determinación del CRIM o a la oficina designada por el municipio al que se le haya delegado las facultades contenidas en la sec. 5051a de este título, según sea el caso, al contribuyente. Si el Centro o el Comité Interagencial, según sea el caso, no emite su determinación dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la solicitud de revisión administrativa por el contribuyente, el contribuyente podrá impugnar la contribución ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de dicho término de sesenta (60) días. (Enfasis suplido). 21 LPRA sec. 5098a.

Nótese que la enmienda efectuada a este artículo eliminó del inciso (b) sobre impugnación judicial aquella parte que hacía referencia a que el contribuyente que impugnara una contribución hiciera el pago de cuarenta por ciento o cien por ciento de esta. También se eliminó el párrafo que establecía expresamente que tanto la presentación de la impugnación como ese pago se consideraría un requisito jurisdiccional. Sin embargo, el inciso (a) sobre el proceso de revisión administrativa mantuvo expresamente el requisito de pago y el requerimiento de que se complete el proceso de revisión administrativa previo a poder acudir al foro judicial.

Siendo así, el inciso (a) es claro al exigir que el procedimiento de revisión administrativa, incluyendo el pago correspondiente, según nuestra interpretación en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, se complete previo a la presentación de la acción de impugnación judicial. Del historial legislativo de la Ley Núm. 71-2010, no se desprende expresión alguna del legislador contraria a su intención original de que el pago fuese un requisito jurisdiccional para impugnar judicialmente la contribución impuesta.

Por el contrario, el legislador mantuvo el lenguaje explícito que dispone que el procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que el contribuyente que no estuviere conforme impugne judicialmente. Como parte de ese procedimiento, el legislador preservó la exigencia de que se pague —en el término para presentar la revisión administrativa— el cien por ciento de la parte de esta con la cual estuviera conforme más el cuarenta por ciento de la parte cuestionada cuando se impugna el tributo parcialmente. Más bien, al aprobar la Ley 71-2010 el legislador se concentró en crear un registro de propiedades inmuebles no tasadas, conceder beneficios y exenciones contributivas y tasar, cobrar y distribuir los cobros realizados.

Por ello, ante las poderosas consideraciones de política pública que informaron la intención original del legislador, así como la jurisprudencia interpretativa (particularmente Lilly del Caribe v. CRIM, supra, y Shell v. Srio. Hacienda, supra) y la manera como está estructurado el procedimiento de revisión administrativa e impugnación judicial, entendemos que el requisito del previo pago de la contribución —ya sea en su totalidad o de forma parcial— sigue siendo de naturaleza jurisdiccional. Tal y como dispone el actual Art. 3.48, supra, un contribuyente inconforme con la contribución notificada puede solicitar la revisión administrativa siempre y cuando pague al CRIM en el término provisto la totalidad o parte de la contribución, según sea el caso. Asimismo, antes de impugnar judicialmente la determinación del CRIM, el contribuyente tiene que completar el procedimiento de revisión administrativa como requisito previo.

Y es que no puede ser de otro modo. Antes de la enmienda, el Art. 3.48 contenía lenguaje superfluo, pues establecía como requisito jurisdiccional tanto para la revisión administrativa como para la impugnación judicial el pago al CRIM de la contribución. Se trataba de una expresión legislativa confusa y baladí, ya que el propio artículo exigía que el procedimiento administrativo se completara como requisito previo para presentar la impugnación judicial, lo cual tenía el efecto de hacer redundante el requerimiento de pago ante el foro judicial. La enmienda efectuada mediante la Ley Núm. 71-2010 aclaró este punto y dispuso de manera más ordenada las dos etapas del procedimiento. Se eliminó, pues, lo referente al pago de la contribución en la etapa de impugnación judicial. Ello, ya que dicho pago estaba previsto en la fase administrativa y su carácter jurisdiccional había sido reconocido mediante interpretación judicial desde antes de la aprobación de la Ley Núm. 71-2010, Villamil Development v. C.R.I.M., 171 DPR 392, 405-406 (2007).

Así pues, y tomando en cuenta todo lo explicado, surge indubitadamente la intención legislativa de considerar el requisito de previo pago como de naturaleza jurisdiccional a los efectos de la revisión administrativa y la posterior impugnación judicial de una notificación contributiva, según lo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, supra, según enmendada. Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588, 592 (1998) (este Tribunal concluyó que el cumplimiento de los requisitos de la Sec. 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA see. 2172 —sobre revisión judicial— tienen carácter jurisdiccional, aunque dicha ley no lo establezca expresamente); Lugo Rodríguez v. J.P., 150 DPR 29, 47 (2000).

Consecuentemente, al interpretar la versión enmendada del Art. 3.48, supra, concluimos que tanto la revisión administrativa como el pago requerido durante esta etapa siguen siendo de carácter jurisdiccional. Por lo tanto, un contribuyente que desee impugnar la totalidad de la contribución impuesta tiene que pagar el cien por ciento durante el trámite administrativo como requisito previo a la presentación de una acción de impugnación judicial. Lo mismo cabe decir para cuando se impugna parcialmente una contribución, en cuyo caso deberá pagar el cien por ciento de la parte con la cual estuviera conforme y el cuarenta por ciento de la parte disputada como requisito previo a la acción de impugnación judicial. En ambos casos, el pago tendrá carácter jurisdiccional.

III

Es un hecho no controvertido que COSVI no acompañó sus cuatro recursos de revisión administrativa con un pago correspondiente al cien por ciento de las contribuciones impuestas, a pesar de impugnar la totalidad de estas. Como vimos, el Art. 3.48, supra, así lo exige como requisito previo a instar una acción de impugnación judicial.

COSVI argumenta que lo resuelto en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, no aplica al caso de autos porque se decidió después de que COSVI presentara sus acciones de impugnación. No tiene razón. Este Tribunal consideró y descartó este tipo de planteamiento en Shell v. Srio. Hacienda, supra, al resolver que el Art. 3.48, supra, siempre contempló el requisito de pago como uno cuyo incumplimiento privaría de jurisdicción al foro judicial. Por consiguiente, no hay espacio para interpretar que se trata de una nueva norma de derecho con carácter prospectivo.

En la alternativa, COSVI alega ante nosotros que no tenía que agotar remedios administrativos, en virtud de lo resuelto en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra. Su planteamiento carece de méritos. Este Tribunal también consideró y descartó este tipo de argumento en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, al concluir que Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, no aplicaba a las controversias ante sí, ya que las partes estaban sujetas al impuesto y por ello instaron una acción de impugnación de contribución, sometiéndose a los requisitos del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, supra. Lo mismo sucede en el caso que hoy consideramos. COSVI no podía acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia mediante una demanda de injunction. Su alternativa era presentar una acción de impugnación de contribución —como hizo—, con lo cual se sujetó al requisito del pago en cuestión.

Por ende, es forzoso concluir que COSVI no cumplió con lo requerido para acudir ante el foro judicial para impugnar en su totalidad las contribuciones impuestas, pues incumplió con el requisito de acompañar sus cuatro recursos de revisión administrativa con un pago correspondiente al cien por ciento de las contribuciones impugnadas. En consecuencia, procedía la desestimación de sus recursos.

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y la desestimación de los recursos de revisión judicial presentados por COSVI.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

       Por su parte, también vale mencionar que el Reglamento de Procedimiento Administrativo para Impugnar la Notificación de Contribuciones sobre la Propiedad Inmueble, Reglamento Núm. 7221 del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, 12 de septiembre de 2006, pág. 9, no ha sido objeto de enmienda para alterar el carácter jurisdiccional del pago de la contribución, según está dispuesto en su Art. IX, Inicio del procedimiento de revisión administrativa: “El pago de la contribución del modo aquí dispuesto constituirá un requisito jurisdiccional para la presentación de una solicitud de revisión administrativa, según lo dispuesto por la Ley 83 y este Reglamento”.

       Aunque los hechos que dieron lugar a las controversias en Lilly del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239 (2012), y en Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012), sucedieron cuando aún no había entrado en vigor la Ley Núm. 71-2010 •—-por lo cual no tuvimos que aplicar el Art. 3.48 enmendado para resolver la controversia—■, este Tribunal expresó en un escolio que “[ajunque la Ley Núm. 71-2010 enmendó este artículo para reflejar el nuevo esquema que promueve el registro de las propiedades inmuebles no tasadas y propiedades comerciales e industriales con mejoras no tasadas [...] lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio alguno con la nueva ley”. Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 250 esc. 1. Similar expresión se puede encontrar también en Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 120 esc. 11.

       Por ello, tanto en Lilly del Caribe, Inc., supra, como en Shell v. Srio. Hacienda, supra, desestimamos las reclamaciones presentadas por los contribuyentes por estos haber incumplido con el pago del cien por ciento del impuesto impugnado. De esa manera, descartamos que pudiera subsanarse —mediante el pago posterior— el defecto jurisdiccional del que adolecía la impugnación en ambos casos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Rodríguez Zayas.

      Número: TS-7583

      Resuelto: 19 de junio de 2015

      Manuel Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Gilberto Rodríguez Zayas, pro se.

   RESOLUCIÓN

El 6 de febrero de 2015 emitimos una Resolución en la que ordenamos al Ledo. Gilberto Rodríguez Zayas corregir las deficiencias señaladas en el Informe de la Oficina de Inspección de Notarías, incluyendo la reconstrucción de los Protocolos correspondientes a los años naturales 1999 y 2000. Le ordenamos, además, que informara si su incumplimiento había causado daños a alguna persona o había sido objeto de pleito o controversia. Se le apercibió que no cumplir con lo ordenado podría conllevar sanciones adicionales, incluyendo la separación de la práctica de la abogacía y de la notaría.

El 11 de marzo de 2015 el licenciado Rodríguez Zayas solicitó una prórroga de 45 días, la cual se le concedió el 14 de abril de 2015. Aún hoy no ha comparecido. Por consiguiente, se suspende indefinidamente y de inmediato al querellado, Ledo. Gilberto Rodríguez Zayas, del ejercicio de la notaría. Además, se le ordena que no más tarde de los veinte días siguientes a la fecha de notificación de esta Resolución, muestre causa por la que no deba ser suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la profesión.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse del sello y la obra notarial del abogado suspendido y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Por último, atendido el señalamiento de una deficiencia arancelaria, se refiere este asunto al Secretario de Justicia para la acción que éste entienda que corresponde.

Notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Kermidt E. Troche Mercado.

      Número: TS-12071

      Resuelto: 19 de junio de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   RESOLUCIÓN

El 6 de febrero de 2015 emitimos una orden para que el licenciado Kermidt E. Troche Mercado mostrara causa por la cual no deberíamos aceptar la recomendación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) en su informe y referir al Secretario de Justicia la deficiencia en el pago de aranceles que allí se informa. Además, se le apercibió que su incomparecencia se interpretaría como que se allanaba a las recomendaciones del informe de ODIN.

El notario no compareció. Por consiguiente, se suspende indefinidamente y de inmediato al querellado, Kermidt E. Troche Mercado, del ejercicio de la notaría. Además, se le ordena que no más tarde de los veinte días siguientes a la fecha de notificación de esta Resolución, muestre causa por la que no deba ser suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la profesión. Se refiere al Departamento de Justicia el asunto de la deuda arancelaria para la acción correspondiente.

Notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Arquímides A. Gierbolini Rivera.

      Número: TS-17,338

      Resuelto: 19 de junio de 2015

      Hiram R. Morales Lugo, de HRML & Associates, LLC, abogado de Arquímides A. Gierbolini Rivera.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Comparecencia Especial en Solicitud de Suspensión Provisional, presentada por el Ledo. Arquímedes A. Gierbolini Rivera el 21 de mayo de 2015, se ordena su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía. Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute del sello y de la obra notarial del licenciado Gierbolini Rivera y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el trámite pertinente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re Nereida Rivera Navarro, querellada.

      Número: CP-2013-17

      Resuelto: 22 de junio de 2015

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradoras generales auxiliares, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general; Nereida Rivera Navarro, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   PER CURIAM:

I

El 4 de junio de 2013, la Oficina de la Procuradora General de Puerto Rico (PG) presentó una querella sobre conducta profesional contra la Leda. Nereida Rivera Navarro (querellada o licenciada). La querella presentada por la PG imputaba la violación a los Cánones 8, 9,12,18, 20, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. La situación que da base a la imputación de estas violaciones a los cánones de ética profesional surgió como consecuencia de una queja presentada el 21 de octubre de 2009 por el honorable Héctor Clemente Delgado, juez superior del Tribunal de Primera Instancia. En su queja, el togado refiere a nuestra atención a la abogada de epígrafe por entender que las actuaciones de la licenciada en el caso Jennie Marie Hayeck Arroyo v. Teresa Pérez Guevara, Civil Núm. D-AC2004-1725, sobre liquidación de Sociedad Legal de Gananciales y partición de herencia, constituían una conducta prohibida por los mencionados cánones de ética. En el referido caso la licenciada Rivera Navarro representaba a la Sra. Jennie Hayeck Arroyo como parte demandante.

El honorable juez Clemente Delgado expuso en su Resolución que la licenciada poseía $92,667.53 pertenecientes al caudal hereditario del caso. En un principio, su dienta entregó estos fondos para que se consignaran en el Tribunal. Sin embargo, la licenciada Rivera Navarro, sin estar autorizada por la Sucesión, los depositó en una cuenta personal en la cual ella era la única firmante autorizada.

Según surge del expediente, el 18 de mayo de 2004 la licenciada Rivera Navarro presentó un escrito titulado Moción Solicitando Remedios Provisionales. En este escrito informó que el causante Luis Manuel Arroyo Palou —abuelo materno de la Sra. Jennie Hayeck Arroyo—, al momento de su fallecimiento, poseía varias cuentas y una caja de seguridad en una institución bancaria. El escrito señalaba, además, que la también causante María Luisa Arroyo Matta —madre de la Sra. Jennie Hayeck Arroyo— poseía, por su parte, varias cuentas bancarias al momento de fallecer.

Así las cosas, la licenciada Rivera Navarro solicitó al tribunal que se emitieran varias órdenes dirigidas a las instituciones bancarias, a los efectos de congelar las cuentas para evitar que los fondos fueran dilapidados. Estas órdenes fueron emitidas por el Tribunal de Primera Instancia según solicitado. A pesar de lo anterior, el 14 de marzo de 2006, a solicitud de la dienta de la licenciada Rivera Navarro, el Banco Santander canceló las cuentas de los causantes y emitió cinco cheques, dos a nombre de la señora Hayeck y otros tres a nombre de varios miembros de la Sucesión.

Luego de haber recibido los cinco cheques, la señora Hayeck retuvo y cambió dos de estos, pertenecientes a las cuentas de la causante María L. Arroyo Matta, ya que era la única heredera. En cambio, los otros tres cheques, pertenecientes al caudal hereditario del Sr. Luis Manuel Arroyo Palou, se entregaron a la licenciada Rivera Navarro para que los consignara en el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, estos cheques, cuya cantidad total era de $100,567.78, la licenciada los endosó y depositó en una cuenta bancaria personal en la cual ella aparecía como única persona autorizada.

En la Conferencia con Antelación a Juicio, celebrada el 17 de febrero de 2009, la parte demandada solicitó al tribunal que se emitiera una orden de arresto contra la representada de la licenciada Rivera Navarro. Esto, pues la señora Hayeck no estaba presente para explicar las razones por las cuales se había retirado sin autorización el dinero de las cuentas bancarias pertenecientes al caudal hereditario. Por su parte, la licenciada Rivera Navarro suplicó al tribunal que no emitiera la orden de arresto contra su dienta. Al serle negada su petición por el tribunal, la licenciada informó que ella tenía en su oficina dos de los cheques que sumaban sobre $92,667.53, pero que por la fecha en que se emitieron se debían hacer cheques nuevos. Añadió que el resto del dinero había sido utilizado por su dienta, la señora Hayeck. A pesar de la argumentación de la licenciada, el tribunal emitió una orden de arresto contra la señora Hayeck con una fianza de $2,000 y la citó para que compareciera el 4 de marzo de 2009 para aclarar el asunto.

Según surge del Informe de la Comisionada, ese mismo día —17 de febrero de 2009— la parte demandada trajo a la consideración del tribunal que, contrario a lo expresado por la parte demandante, el expediente de la institución bancaria reflejaba que los cheques de referencia no estaban en posesión de la licenciada en su oficina, sino que habían sido endosados y depositados por la licenciada Rivera Navarro en una cuenta personal exclusiva. La parte demandada solicitó la descalificación de la licenciada Rivera Navarro del caso por las implicaciones éticas que lo anterior pudiese representar. El foro de instancia accedió y señaló la vista para el 27 de abril de 2009, en la cual se discutiría la descalificación de la licenciada. A dicha vista la licenciada no se presentó ni excusó su incomparecencia. Posteriormente, el tribunal concedió la descalificación.

El 6 de julio de 2009 se celebró otra vista en la que Jennie Hayeck declaró bajo juramento ante el tribunal que le había solicitado la renuncia y la devolución del expediente a la licenciada Rivera Navarro mediante cartas y llamadas telefónicas. Además, testificó que la licenciada había acordado con ella que asistiría a la vista, pero no cumplió. En respuesta para el record, el tribunal resolvió que “ ‘para todo fin práctico y legal la licenciada Rivera Navarro no es abogada de la parte demandante, primero porque fue descalificada y segundo porque la parte demandante indicó bajo juramento que no la quiere como abogada’ [...]”. (Enfasis suprimido). Querella, pág. 5. Además, el tribunal le concedió cinco días a la licenciada Rivera Navarro para que entregara el expediente a la demandante.

Así las cosas, ante el reiterado incumplimiento de la licenciada, el 6 de octubre de 2009 el tribunal emitió una orden en la cual citó para una vista el 23 de diciembre de 2009. En esta vista la licenciada Rivera Navarro debía mostrar causa por la cual no debía declararse que incurrió en desacato por incumplir con las órdenes anteriores. La orden dispuso que se diligenciara personalmente por conducto de la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Bayamón, aun fuera de horas laborables.

El 28 de octubre de 2009 la Unidad de Citaciones Arrestos del tribunal de Caguas certificó para el tribunal de Bayamón las gestiones realizadas para notificar la orden a la licenciada, sin tener éxito. Aun cuando no fue notificada, la licenciada Rivera Navarro compareció a la vista del 23 de diciembre de 2009 y consignó un giro por $48,687.32. Además, solicitó que se descongelara su cuenta personal en el Banco Popular, que había sido previamente congelada para asegurar la disponibilidad de los fondos adeudados. De esta forma, adujo la licenciada Rivera Navarro, podría pagar los restantes $43,980.21. El tribunal le concedió 10 días a la licenciada para consignar el resto del dinero.

A pesar de varios trámites procesales a estos fines, la licenciada incumplió con dichas órdenes. Según surge en la Minuta del 8 de septiembre de 2010, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar que a dicha fecha la licenciada aún debía el dinero; incumplió así con las órdenes del tribunal.

II

Infracción al Canon 8

El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que regulan la profesión de la abogacía y promueven las guías de comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia.

En lo relativo al caso que nos ocupa, el Canon 8 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada “no debe permitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos que crean la relación de abogado y cliente, incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente”.

En el caso Jennie Marie Hayeck Arroyo v. Teresa Pérez Guevara, supra, la prueba dispone que Jennie Hayeck acudió a la institución bancaria en la cual se encontraba el dinero perteneciente al caudal hereditario y lo retiró. Esto a sabiendas de que, a petición de su representación legal, se habían congelado las cuentas para que las partes no pudieran retirar los fondos. Al momento de incurrir en tal conducta, la señora Hayeck se encontraba representada y asesorada por la licenciada Rivera Navarro, la cual retuvo varios de los cheques sin consignarlos inmediatamente en el tribunal.

Indudablemente, la licenciada Rivera Navarro no tan solo representaba, asesoraba y conocía de las acciones de su dienta, sino que colaboró activamente con su conducta. Esto, pues, si bien los cheques se emitieron a petición de su dienta el 14 de marzo de 2007, la licenciada los depositó en su cuenta personal el 29 de junio de 2007, sin notificar de lo sucedido a las partes del pleito. De esta forma, guardó silencio ante los reclamos de la otra parte e, incluso, ante los cuestionamientos del tribunal sobre el paradero de estos fondos.

No es hasta luego de que la parte demandada la confrontara con el expediente de la institución bancaria en la que se demuestra que fue la licenciada quien endosó y depositó los cheques, que la licenciada admitió que tenía conocimiento de estas actuaciones. Así, luego de múltiples órdenes del tribunal y continuos incumplimientos por parte de la licenciada, poco a poco la querellada devolvió parte de estos fondos. Sin embargo, al momento del inicio de este proceso disciplinario la licenciada aún debía una suma significativa de los fondos pertenecientes al caudal hereditario del pleito. Es precisamente la conducta en la que incurrió la licenciada Rivera Navarro la que prohíbe el Canon 8 del Código de Etica Profesional, supra. Por ello, en definitiva, la querellada infringió el Canon 8 con su forma de proceder.

t—I

Infracción al Canon 9

El Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, obliga al abogado a cumplir con su deber de atender pronta y diligentemente las órdenes del tribunal. De esta forma, se le exige a los abogados a comparecer a los señalamientos notificados por el tribunal. Lo anterior es corolario del respeto profundo que se les exige tener hacia el foro judicial.

Hemos reiterado en innumerables ocasiones que “ la desatención a las órdenes emitidas por los tribunales de justicia constituye un grave insulto a la autoridad de éstos, en directa violación al deber de la conducta exigida por el referido Canon [9]’ ”. (Corchetes en el original).

Un análisis del trámite procesal del caso que propició esta querella revela que la Leda. Nereida Rivera Navarro hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia, que le requerían consignar en el tribunal las sumas de dinero del caudal hereditario que retuvo en su cuenta personal sin la autorización de las partes No obstante, la licenciada hizo caso omiso a las órdenes del tribunal a esos fines y optó por retenerlas en su poder, lo que constituye una clara falta de respeto al tribunal.

El continuo incumplimiento de la licenciada Rivera Navarro con las órdenes del tribunal ocasionó un sinnúmero de inconvenientes a las partes y al tribunal. En definitiva, la actuación de la licenciada laceró la búsqueda de la justicia y es incompatible con la conducta esperada en los miembros de esta profesión. Sin duda, la conducta de la licenciada infringió el referido Canon 9.

IV

Infracción al Canon 12

El Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, dispone:

Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.

El mencionado canon impone al abogado ser puntual y diligente al momento de tramitar las causas. Asimismo, exige a los abogados que sean responsables en la tramitación de los casos que les son encomendados para evitar que se entorpezca su resolución.

A su vez, hemos resuelto que el abogado debe cumplir con la obligación que se establece en el Canon 12 de Ética Profesional en todas las etapas de un litigio. Además, hemos enfatizado que los abogados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales. Los abogados que no presten la diligencia requerida pueden quedar sujetos al rigor disciplinario. Así, es norma claramente establecida que la “desobediencia de las órdenes del tribunal demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética profesional, que exigen el mayor respeto hacia los tribunales”.

La falta de diligencia de la licenciada Rivera Navarro en la tramitación del caso se manifestó al no atender las órdenes y los requerimientos del tribunal mientras fungió como representante legal de Jennie Hayeck. Lo anterior provocó la celebración de incidentes procesales para la resolución del pleito que, si la licenciada hubiese actuado diligentemente, no hubiese sido necesario celebrarlos. Esto hizo que el caso se dilatara injustificadamente y provocó gastos adicionales a la dienta de la licenciada Rivera Navarro. La falta de diligencia en el trámite del caso por parte de la licenciada Rivera Navarro provocó la violación al Canon 12, supra.

V

Infracción del Canon 18

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.

Las actuaciones de la licenciada Rivera Navarro van en contra de la letra clara de este canon, toda vez que no se desempeñó de forma competente al defender los intereses de su dienta. Por el contario, la licenciada hizo caso omiso a su deber de proteger los intereses de ésta y desempeñarse a la altura que requiere la profesión legal. La desatención de las órdenes del tribunal por parte de la licenciada y sus otras acciones han provocado que la señora Hayeck sea demandada por lo acontecido ante los tribunales mientras era representada legalmente por la licenciada Rivera Navarro. Sin lugar a dudas, el desempeño de la licenciada en el referido caso no se ajusta a lo esperado de los miembros de nuestra profesión legal al amparo del Canon 18, supra.

VI

Infracción del Canon 20

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

Canon 20. Renuncia de representación legal
Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar a la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.

Como hemos mencionado, indudablemente, al retener el dinero sin autorización de la comunidad hereditaria y no consignarlo, la licenciada Rivera Navarro provocó un conflicto con los mejores intereses de su dienta. Así se le advirtió desde la vista celebrada el 9 de febrero de 2009. Por su parte, el tribunal descalificó a la licenciada Rivera Navarro del caso. Además, su representada manifestó reiteradamente su deseo de que la licenciada renunciara a su representación legal y le devolviera el expediente. Sin embargo, a pesar de haber sido descalificada y de la solicitud de su dienta, la licenciada no devolvió el expediente inmediatamente como exige el Canon 20, supra. Cuando un cliente solicita la entrega del expediente, el abogado está obligado a entregarlo de inmediato y sin dilación alguna. La actuación de la licenciada claramente violó el mencionado canon.

VII

Infracción del Canon 23

En lo pertinente a nuestro caso, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente, establece:

Canon 23. Adquisición de intereses en litigio y manejo de los bienes del cliente
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

En el pasado, hemos interpretado como una práctica altamente lesiva a la profesión legal el que los abogados retengan fondos de sus clientes. De igual modo, hemos enfatizado en que “[n]i la devolución del dinero retenido al cliente, ni la falta de intención para apropiárselos permanentemente eximen a un abogado de la sanción disciplinaria correspondiente”. Así, hemos aclarado que tan solo “la dilación en la devolución de los fondos, de por sí, es causa suficiente para infringir el Canon 23”. (Énfasis suprimido).

La licenciada Rivera Navarro recibió de su dienta tres cheques pertenecientes al caudal hereditario que era materia del pleito. La letrada estaba encargada de consignar el dinero inmediatamente en el tribunal. Sin embargo, la licenciada retuvo los cheques y, posteriormente, los endosó y depositó en una cuenta bancaria personal exclusiva. Además, guardó silencio sobre el paradero de estos cheques a las otras partes del pleito en repetidas ocasiones cuando se le cuestionó. No es hasta que se solicitó una orden de arresto contra su representada que notificó que poseía los cheques, aunque no informó que habían sido depositados en una cuenta personal.

Por las actuaciones de la licenciada se tomaron medidas en contra de su entonces dienta e, incluso, se inició posteriormente un proceso civil en su contra para recuperar este dinero. Al momento de iniciado este proceso disciplinario, el tribunal le había ordenado varias veces a la licenciada Rivera Navarro que devolviera el dinero, pero esta hizo caso omiso. La conducta desplegada por esta letrada incumple con el Canon 23, supra, y es repudiada por ir en contra de la conducta que se les exige a los miembros de la profesión legal.

VIII

Infracción del Canon 35

El Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, dispone:

Canon 35. Sinceridad y honradez
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.

En el pasado esta Curia ha enfatizado que el Canon 35, supra, exige a todo miembro de nuestra profesión legal desempeñarse con sinceridad y exaltación del honor y la dignidad de la profesión. Así, el abogado incumple con este deber al proveer información falsa, que no se ajuste a la verdad o que oculte información que deba ser revelada al tribunal. No puede ser de otra forma, pues nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales.

Surge del Informe de la Comisionada Especial que la licenciada Rivera Navarro ha hecho falsas representaciones tanto al Tribunal de Primera Instancia como a este Tribunal Supremo, “tratando de desvirtuar la realidad de lo verdaderamente sucedido con el dinero que se le entregó para ser consignado; ofreciendo versiones contradictorias entre sí y ajenas a la verdad”. En un principio, la licenciada alegó desconocer el paradero del dinero en controversia. Posteriormente, alegó al Tribunal de Primera Instancia que los cheques se encontraban en su oficina, pero que debían ser emitidos unos cheques nuevos por la fecha en que se emitieron. No obstante, la parte demandada tenía el expediente de la institución bancaria y este reflejaba que a la fecha esos cheques ya se habían endosado y depositado en una cuenta bancaria personal de la licenciada.

Las actuaciones de la licenciada provocaron incidentes innecesarios que retrasaron en gran medida la resolución del caso de su representada. Estas actuaciones perjudican nuestro sistema de administración de la justicia. Con esta conducta la licenciada Rivera Navarro se distanció de la conducta exigida por nuestro Canon 35, supra.

IX

Infracción del Canon 38

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Además, dis-pone que, “[p]or razón de la confianza pública en él depositada [...] todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable”.

Hemos señalado que cada abogado representa la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. En vista de esto, se le recomienda a todos los abogados actuar a un nivel superior, y no al margen, de lo establecido por los cánones del Código de Ética Profesional.

Con su conducta la licenciada Rivera Navarro no solo violó los Cánones 8, 9, 12, 18, 20, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, sino que demostró un aparente patrón de menosprecio por el honor y la dignidad de la profesión. En vez de desempeñarse con el propósito de exaltar el respeto y honor por la profesión legal, la gravedad de sus acciones ofende y lesiona la imagen de toda la profesión legal. Sin duda alguna, esta forma de desempeñarse incumple con los parámetros establecidos por el Canon 38, supra.

X

Por todo lo anterior, este Tribunal suspende inmediata e indefinidamente a la licenciada Rivera Navarro del ejercicio de la abogacía y la notaría. La licenciada deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “Per Curiam” y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial de la Leda. Nereida Rivera Navarro y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       4 LPRAAp. IX.

       El Sr. Luis Manuel Arroyo Palou falleció el 24 de junio de 2003.

       La Sra. María Luisa Arroyo Matta falleció el 9 de octubre de 2003.

       El giro de $48,687.32 estaba girado a favor de Jennie Marie Hayeck y Teresa Pérez, por lo que se le ordenó acudir a una sucursal del Banco Popular cercana para que se sustituyera por uno a favor del Secretario del Tribunal.

       Al momento no tenemos certeza absoluta en cuanto a si dichos fondos fueron descongelados. Sin embargo, vale destacar que el tribunal de instancia le ordenó en varias ocasiones más que restituyera los fondos restantes, pero a la fecha de la presentación de la queja ello aún no había ocurrido. Además, actualmente hay un pleito civil pendiente en el cual los miembros de la Sucesión reclaman a la licenciada Rivera Navarro la restitución de estos fondos. Por lo anterior, entendemos que la licenciada Rivera Navarro no ha restituido el dinero perteneciente al caudal hereditario.

        In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826 (2013), In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013).

       4 LPRAAp. IX.

        In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998).

      8) In re Nieves Nieves, supra, pág. 35. Véase In re Roldos Matos, 161 DPR 373, 383 (2004), citando el texto no publicado de In re Quevedo Cordero, 147 DPR Ap. (1999).

       Según surge del expediente al momento de iniciarse el proceso disciplinario contra la licenciada Rivera Navarro, aún se adeudaba una suma considerable del dinero perteneciente al caudal hereditario del pleito.

        In re Vélez Lugo, 168 DPR 492, 496 (2006).

        In re López Montalvo, 173 DPR 193 (2008).

        In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003); In re Pagán Hernández, 141 DPR 113 (1996).

        In re Collazo I, supra, pág. 149.

        In re Nieves Nieves, supra, pág. 36. Véase, además, In re Collazo I, supra, pág. 149.

        In re Avilés Vega, 141 DPR 627 (1996).

        In re Colón Hernández, 189 DPR 275, 283-284 (2013); In re Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009).

        In re Colón Hernández, supra, pág. 284.

       íd. Véanse: In re Rivera Lozada, supra; In re Bonilla Berlingeri, 175 DPR 897 (2009); In re Ríos Ríos, 175 DPR 57 (2008).

        In re Nieves Nieves, supra, pág. 41.

       íd.

       íd., pág. 42; In re Irrizary Vega, 176 DPR 241 (2009).

       Informe de la Comisionada Especial Eliadís Orsini Zayas, pág. 23.

       Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

        In re Morales Lozada, 192 DPR 239 (2015); In re Guemárez Santiago, supra; In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

        In re Morales Lozada, supra, pág. 244; In re Nogueras Cartagena, 150 DPR 667 (2000).


author: per curiam:

text:
      In re Ricardo Morales Maldonado.

      Número: TS-10,708

      Resuelto: 24 de junio de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En esta ocasión nos vemos obligados a decretar la suspensión de un miembro de la profesión legal debido a su craso incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., con el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, R. 58A, por su indiferencia a las órdenes de este Tribunal, así como por su desatención al no mantener actualizada la información de contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Ante la conducta demostrada en el trámite que exponemos a continuación, suspendemos indefinidamente al Ledo. Ricardo Morales Maídonado del ejercicio de la notaría y la abogacía. Veamos los hechos que ameritan nuestra intervención.

I

El licenciado Morales Maldonado fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994. El 10 de febrero de 1994 prestó juramento para ejercer el notariado. Su obra notarial consta inspeccionada y aprobada hasta el 2006. Así las cosas, mediante una carta de 20 de octubre de 2014, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) citó al licenciado Morales Maldonado para el proceso de inspección ordinaria de su obra notarial correspondiente a los años 2007 al 2013 y varios asientos que forman parte de su Libro de Registros de Testimonios. La inspección fue pautada para el 1 de diciembre de 2014.

Llegado ese día, las inspectoras de la ODIN, Leda. Carol Reyes Figueroa y Leda. Teresa Trujillo Ortiz (inspectoras), intentaron comunicarse vía telefónica con el licenciado Morales Maldonado a los números de teléfono que surgían de RUA. No obstante, dicha gestión fue infructuosa, ya que los teléfonos se encontraban fuera de servicio. Sin que ello constituyera un impedimento, las inspectoras acudieron a la oficina del licenciado Morales Maldonado, la cual está situada en su residencia. Al iniciar el procedimiento, el licenciado Morales Maldonado no contaba con un lugar apropiado ni puso a la disposición de las inspectoras todos los Protocolos sujetos a inspección. El licenciado Morales Maldonado entregó a las inspectoras una caja con 47 instrumentos sin encuadernar de su Protocolo de 2009 y otra caja que contenía 61 instrumentos correspondientes al Protocolo de 2010 también sin encuadernar.

Ante esta situación, las inspectoras realizaron un inventario de la obra notarial bajo la custodia del licenciado Morales Maldonado e hicieron constar que no encontraron los Protocolos de los años 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 y 2013, así como los tomos Segundo y Tercero del Libro de Registro de Testimonios. Por tal razón —y con la anuencia del licenciado Morales Maldonado— las inspectoras aceptaron la entrega voluntaria de la obra y del sello notarial. Durante el proceso, el licenciado Morales Maldonado no pudo confirmar dónde se encontraba la obra notarial que no se incluyó en el inventario realizado por las inspectoras. Acto seguido, las inspectoras depositaron la obra notarial entregada voluntariamente por el licenciado Morales Maídonado en el Archivo Notarial de Utuado. Los instrumentos sin encuadernar correspondientes a los años 2009 y 2010, el tomo Cuarto del Libro del Registro de Testimonios y el sello notarial fueron trasladados a la ODIN para continuar el proceso de inspección.

Como resultado de este cuadro fáctico, el 18 de diciembre de 2014 el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, presentó ante este Tribunal una Moción Urgente Notificando el Estado de la Obra Notarial; Solicitud de Autorización para Retener Obra Preventivamente; y Otros Remedios. En dicha moción expuso los trámites realizados en cuanto al licenciado Morales Maldonado.

Mediante Resolución de 9 de enero de 2015, le otorgamos al licenciado Morales Maldonado un término de 10 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría y la abogacía. Además, le ordenamos que en el mismo término informara al Tribunal dónde se encontraba la obra notarial que no pudo entregar a la ODIN. Asimismo, le instruimos que, en caso de que la encontrara, debía entregarla inmediatamente a la ODIN por conducto de la Oficina del Archivero Notarial del Distrito de Utuado y que, en la alternativa, debía comenzar el proceso de reconstrucción al amparo de la Regla 58A del Reglamento Notarial, supra.

Por último, permitimos que la ODIN retuviera la obra notarial que voluntariamente entregó el licenciado Morales Maldonado a los fines de culminar el proceso de inspección. Esta Resolución fue notificada mediante diligenciamiento personal al licenciado Morales Maldonado el 12 de enero de 2015 y así consta en su expediente. Sin embargo, el licenciado Morales Maldonado no contestó nuestra Orden.

Examinemos el derecho aplicable a este asunto.

II

A. En reiteradas ocasiones hemos expresado que la práctica de la notaría exige un alto nivel de cuidado, diligencia y esmero. In re López Cordero, 164 DPR 710, 715 (2005); In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 6 (1999). En el ejercicio de esta delicada función se requiere un estricto cumplimiento con la Ley Notarial y su reglamento, y con los cánones del Código de Etica Profesional. In re López Cordero, supra; In re Capestany Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Cuando un notario incumple con la normativa previamente citada se expone a la acción disciplinaria correspondiente, no sólo en el ámbito notarial, sino también como abogado. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000); In re Capestany Rodríguez, supra.

El Protocolo de un notario es la colección ordenada de las escrituras matrices y actas que éste autoriza durante un año natural. 4 LPRA see. 2071. El Art. 48 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2072, establece que

[l]os Protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conservarán con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, siendo responsables de su integridad. Si se deteriorasen o perdiesen por falta de diligencia, los repondrán a sus expensas, pudiendo el Tribunal Supremo imponer también a su discreción las sanciones establecidas en la see. 2102 de este título. Si hubiere motivo para sospechar la comisión de un delito se informará de ello a la autoridad competente para que se tome la acción que corresponda.

La disposición antes citada expresa taxativamente que los Protocolos le pertenecen al Estado, siendo ello un principio arraigado en el notariado. In re Ríos Acosta, 128 DPR 412, 414 (1991). En múltiples instancias hemos señalado que el notario es el custodio de los Protocolos y que tiene la obligación de guardarlos y conservarlos responsablemente para que no se pierdan o deterioren. In re Rosenbaum, 189 DPR 115, 119 (2013); In re Sáez Burgos, 164 DPR 704, 707 (2005); In re López Cordero, supra, pág. 716; In re González Maldonado, 152 DPR 871, 898 (2000); In re Ríos Acosta, supra, pág. 415. Sabido es que “ ‘la custodia y conservación de los protocolos es de vital importancia para la secretividad, protección e integridad de los mismos’ ”. In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 803 (2008). Véase In re Algarín Otero, 117 DPR 365, 369-370 (1986).

Tan importante es el deber de custodia de los Protocolos, que el Art. 53 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2077, prohíbe su remoción de la oficina del notario, a menos que exista un decreto judicial a esos fines o una autorización de la ODIN. In re Sánchez Quijano, 148 DPR 509, 512 (1999).

En armonía con la Ley Notarial, el Reglamento Notarial también prohíbe el traslado físico de los Protocolos de la oficina del notario, excepto cuando se obtenga previamente una autorización del Director de la ODIN. 4 LPRA Ap. XXIV, R. 58. Sólo puede prescindirse del requisito de autorización previa de la ODIN cuando existe una emergencia y la integridad de los Protocolos está en peligro. Id.; In re Sáez Burgos, supra.

Como parte del deber de custodia, el Art. 52 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2076, establece la obligación de todo notario en cuanto a la encuadernación de los Protocolos. A esos efectos, dispone que “[e]n el tercer mes de cada año, deberán quedar encuadernados los Protocolos del año anterior con su correspondiente índice de contenido para cada tomo”. Id. Véase In re González Maldonado, supra, pág. 898.

Cuando ocurre una pérdida o la destrucción de un Protocolo, el Art. 55 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2079, establece el mecanismo para su reconstrucción:

En caso de inutilizarse o perderse el todo o parte de un protocolo el notario dará cuenta al Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien ordenará reconstruir, con citación de partes, el oportuno expediente. Se cotejarán los índices y libros y examinará[n] cuantos antecedentes fueren necesarios, procurando que se reponga en lo posible lo que se haya inutilizado o destruido. El Tribunal Supremo, a recomendación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías [,] aprobará el expediente.

El notario utilizará este mecanismo con diligencia “y probado esfuerzo, ya que de su gestión dependerán terceras personas que confiaron en él para preservar diversos negocios jurídicos”. In re Rosenbaum, supra, pág. 119. Véase, además, In re López Cordero, supra, pág. 718. En cuanto al Libro de Registro de Testimonios —a diferencia del Protocolo—, no se prohíbe que el notario pueda sacarlo de su oficina. Ello ya que, “[c]omo no se trata de instrumentos públicos, se perdería un récord del cual hay constancia en los índices notariales”. C.R. Urrutia de Basora y L.M. Negrón Portillo, Curso de derecho notarial puertorriqueño, 3ra ed., Puerto Rico, 2002, pág. 152. Sin embargo, el notario también tiene la obligación de conservar el Libro de Registro de Testimonios y, en caso de pérdida o deterioro, debe reconstruirlo conforme al procedimiento para la reconstrucción del Protocolo y del Registro de Testimonios detallado en la Regla 58A del Reglamento Notarial, supra.

Con relación a la obligación de conservar e informar la ubicación del Registro de Testimonios, la Regla 11 del Reglamento Notarial dispone que, una vez un notario es admitido a la práctica de la notaría, éste debe notificar inmediatamente al Tribunal Supremo y al Director de la ODIN la localización de la oficina donde conservará el Protocolo de instrumentos públicos y el Registro de Testimonios. 4 LPRA Ap. XXIV.

B. El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, exige que la conducta de todo abogado hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto. De este precepto surge la ineludible obligación de los miembros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 663 (2011); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

De manera reiterada les hemos recordado a los abogados que no atender las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). La actitud de no cumplir con las órdenes del Tribunal denota menosprecio hacia nuestra autoridad, razón por la cual tal conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, págs. 430-431.

A pesar de repetir en múltiples instancias la norma antes expuesta, frecuentemente nos vemos en la obligación de suspender a miembros de la profesión legal por no contestar nuestros requerimientos. Este Tribunal ha sido consistente en la aplicación de dicha medida disciplinaria. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843-844 (2011).

Por último, la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, exige que los profesionales del derecho mantengan actualizada en el RUA su información de contacto, que incluye los números de teléfono de su oficina y los personales, la dirección física y postal, el correo electrónico, entre otros datos. Constituye una obligación notificar a este Foro cualquier cambio en su información de contacto. In re Betancourt Medina, 183 DPR 821, 825 (2011). El incumplimiento con el deber de mantener al día la información de contacto en el RUA constituye un obstáculo para el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013); In re Betancourt Medina, supra, pág. 825; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011). Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

III

Según expuesto previamente, el 1 de diciembre de 2014 las inspectoras de la ODIN acudieron a la oficina del licenciado Morales Maldonado para llevar a cabo el proceso de inspección previamente notificado. Al iniciar el procedimiento, el licenciado Morales Maldonado no entregó a las inspectoras la totalidad de la obra notarial sujeta a inspección. En consecuencia, las inspectoras procedieron a realizar un inventario de la obra notarial del licenciado Morales Maldonado y se percataron de que éste no tenía bajo su custodia los Protocolos de los años 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 y 2013, así como los Tomos Segundo y Tercero de su Libro de Registro de Testimonios. Más aún, el licenciado Morales Maldonado les entregó dos cajas con instrumentos sin encuadernar, 47 correspondientes al Protocolo de 2009 y 61 del Protocolo de 2010.

Ante esta situación, el Director de la ODIN solicitó nuestra intervención. Mediante Resolución de 9 de enero de 2015, notificada personalmente, le concedimos 10 días al licenciado Morales Maldonado para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la notaría y la abogacía, así como para que nos informara dónde se encontraba su obra notarial. En caso de que la encontrase, le ordenamos que iniciara un proceso de reconstrucción. Transcurrido más del término concedido, el licenciado Morales Maldonado no ha comparecido ante nosotros para justificar su proceder.

Resulta altamente preocupante que el licenciado Morales Maldonado no tenga conocimiento sobre la ubicación de su obra notarial. Este proceder quebranta el principio fundamental del notariado sobre el deber de custodia y conservación. Actualmente desconocemos el paradero de dicha obra debido a la indiferencia demostrada por el licenciado Morales Maldonado a nuestra Orden. En consecuencia, tampoco conocemos las razones por las cuales la obra notarial no se encontraba en su oficina. El licenciado Morales Maldonado no ha acreditado que posea una autorización para remover los Protocolos de su oficina ni alguna situación de emergencia que ameritara su traslado. Por lo tanto, no actuó con la rigurosidad requerida para la custodia y conservación de su obra notarial.

El licenciado Morales Maldonado también falló en su deber de custodia al no encuadernar los instrumentos públicos correspondientes a sus Protocolos de 2009 y 2010. El notario actuó en clara violación a la Ley Notarial y se condujo con indiferencia y desidia ante sus obligaciones y los requerimientos de este Tribunal. Se apartó de las normas más fundamentales que rigen a los que ejercen la delicada función de la notaría.

Surge, además, que el licenciado Morales Maldonado no mantuvo actualizada su información de contacto en el RUA. Como corolario del deber de custodia, la función pública que ejercen los notarios exige que en todo momento informen su ubicación. Véase Urrutia de Basora y Negrón Portillo, op. cit., pág. 151. Cabe destacar que no es la primera vez que el licenciado Morales Maldonado actúa con descuido respecto a su obra notarial. El 3 de abril de 2009 aprobamos su Protocolo del año 2000 con deficiencias y le apercibimos que debería cumplir estrictamente con los requisitos de la Ley Notarial y el Reglamento Notarial.

La gravedad de lo ocurrido trasciende el ámbito notarial. La inobservancia a las normas del notariado por parte del licenciado Morales Maldonado y su falta de interés en el cumplimiento de las órdenes de este Tribunal no nos deja otra alternativa que decretar su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría y la abogacía.

Así pues, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Según surge de los hechos, el licenciado Morales Maídonado entregó voluntariamente la obra notarial bajo su custodia y el sello notarial. Asimismo, el 9 de enero de 2015 autorizamos a la ODIN a retenerla hasta culminar el proceso de inspección. Considerando lo anterior y debido a que procede su incautación, la ODIN podrá retener indefinidamente la obra notarial del licenciado Morales Maldonado.

Se le apercibe al licenciado Morales Maldonado que esta acción disciplinaria no lo exime de tener que informar dónde se encuentra su obra notarial extraviada y que, de no encontrarla, deberá iniciar inmediatamente el procedimiento de reconstrucción conforme a la Regla 58A del Reglamento Notarial, supra. De incumplir con lo ordenado, se expone a un proceso de desacato.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Los asientos del Libro de Registros de Testimonios sujetos a inspección son del número 4,544 en adelante.

       Del recibo surge que el Archivo Notarial de Utuado recibió la entrega de los Protocolos correspondientes a los años 1994 al 2001 (un tomo por año); 2002 (dos tomos); 2004 y 2005 (un tomo por año), y el Tomo Primero del Libro de Registro de Testimonios.

       Además, véase In re Rs. Proc. Civil y R. T. Supremo, 179 DPR 174 (2010).


text:
      In re José A. Ramírez Zambrana.

      Número: AB-2013-0494

      Resuelto: 26 de junio de 2015

      José A. Ramírez Zambrana, pro se.

   per curiam:

Hoy nos vemos obligados a suspender inmediata e indefinidamente al Ledo. José A. Ramírez Zambrana del ejercicio de la abogacía y notaría por no contestar una queja presentada en su contra, a pesar de que le brindamos tiempo más que suficiente para hacerlo.

I

El licenciado Ramírez Zambrana fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la notaría el 4 de abril de 1979. El 20 de diciembre de 2013 la Subsecretaría del Tribunal Supremo cursó una comunicación, certificada con acuse de recibo, al licenciado Ramírez Zambrana en la que le concedió un término de diez días para contestar una queja presentada en su contra. Debido a que el letrado no compareció, se le envió una segunda misiva el 26 de febrero de 2014 en la que se le concedió un término adicional de diez días para que compareciera y reaccionara a la queja. Tampoco contestó esa misiva. Por esa razón, el 13 de mayo de 2014 emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de cinco días al licenciado Ramírez Zambrana para que compareciera y contestara la queja presentada en su contra. Además, apercibimos al letrado de que su incumplimiento con nuestra Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias, inclusive la suspensión del ejercicio de la profesión.

El 10 de julio de 2014 el licenciado Ramírez Zambrana compareció y solicitó una prórroga de diez días para contestar la queja debido a que estuvo fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos personales y familiares. En vista de lo anterior, el 12 de febrero de 2015, le concedimos un término final de cinco días para que contestara la queja. En esa ocasión, volvimos a apercibirlo de que su incumplimiento con nuestra Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias, inclusive la suspensión del ejercicio de la profesión. Al día de hoy, el licenciado Ramírez Zambrana no ha comparecido.

Por otro lado, el 15 de mayo de 2015, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) nos presentó un informe especial en el que, entre otras cosas, expresó que el licenciado Ramírez Zambrana adeudaba veintisiete índices de actividad notarial mensual y los informes estadísticos de actividad notarial anual para los años 2011 a 2013. Esas deficiencias fueron notificadas al letrado a su dirección de notificaciones, según obra en el Registro Unico de Abogados (RUA), el 21 de noviembre de 2014, pero fue devuelta por el servicio postal debido a que no fue reclamada. ODIN notificó nuevamente los señalamientos el 16 de enero de 2015. En esa ocasión, la comunicación no fue devuelta. Según nos informó ODIN, al presente, el licenciado Ramírez Zambrana no ha contestado los requerimientos. Tampoco surge de los archivos de ODIN y de este Tribunal que el letrado tenga vigente la fianza notarial requerida por ley.

II

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece las normas que rigen la conducta de los miembros de la profesión legal. En específico, el Canon 9, supra, dispone que los abogados deben observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Por esa razón, hemos enfatizado que “ ‘es la obligación de todo letrado responder diligente y oportunamente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente aquellos relacionados con los procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional’ ”. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015). Cuando un abogado no cumple nuestras órdenes relacionadas con un procedimiento disciplinario, “ ‘demuestra menosprecio hacia nuestra autoridad, infringiendo de ese modo, las disposiciones del Canon 9’ ”. (Corchetes omitidos). In re Martínez Rodríguez, 192 DPR 539, 542 (2015). Lo anterior es igualmente aplicable a los requerimientos de ODIN. In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

En esa misma línea, hemos resuelto que “ [e] 1 incumplimiento con nuestras órdenes y la indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituyen causa suficiente para la suspensión inmediata de los abogados”. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014). La obligación de cumplir con nuestras órdenes en los procedimientos disciplinarios es independiente de los méritos de la queja presentada. Id.

III

El licenciado Ramírez Zambrana desatendió los requerimientos y las órdenes de este Tribunal en varias ocasiones. Lo mismo sucedió con los requerimientos de ODIN. Esa conducta, en sí misma, constituye una violación del Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. Al igual que hemos hecho anteriormente, no dudaremos en tomar acción disciplinaria en contra de abogados que reiteradamente incumplan con términos finales concedidos para contestar nuestras órdenes. In re Pestaña Segovia, supra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. José A. Ramírez Zambrana de la práctica de la abogacía y notaría. El licenciado Ramírez Zambrana deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y devolverá a estos los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Ramírez Zambrana y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez no intervino.