author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Angel S. Sifre, José Dávila Ricci, Luis Rechani Agrait, Enrique Gatell y Joaquín A. Burset, miembros que componen la Comisión Hípica Insular, peticionarios, v. Daniel Pellón, Jr., Juez Interino de la Corte de Distrito de San Juan, y Manuel C. Rolán, demandados.
    Núm. 74.

    Sometido: Marzo 14, 1939.

      Resuelto: Abril 12, 1939.

      Diego O. Marrero, abogado de los peticionarios; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar j II. González Blanes, abogados del deman-dado Holán.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Manuel C. Holán radicó una solicitud de injunction en la Corte de Distrito de San Juan contra la Comisión Hípica Insular, en la que sustancialmente alegó:

Que es dueño de una cuadra de caballos de carreras, entre los cuales se bailan los ejemplares Joan Crawford, Mae West y Myrna Loy, inscritos todos en la Comisión Hípica Insular. Que el 25 de enero de 1937 adquirió los tres ejemplares antes mencionados por compra a un potrero de Culebra debida-mente registrado en la Comisión Hípica Insular, pertene-ciente a la Sucesión Nieves & Castrillón. Que cuando el peticionario adquirió diclios tres ejemplares, ya estaban éstos inscritos en los libros de la Comisión Hípica Insular como caballos del país y habían sido inspeccionados, aprobados y marcados como tales por los oficiales de dicha Comisión. Que el valor de dichos caballos excede de $5,000, y que tres meses después de haberlos adquirido fué notificado por la deman-dada con copia de una resolución por ella dictada, a virtud de la cual se le prohibió inscribirlos para tomar parte em las carreras que se celebraren en los hipódromos de Puerto Eico, prohibiéndole además la venta, cesión o traspaso de dichos equinos, hasta tanto se substanciase una investigación que, según la demandada, hacía algún tiempo venía practi-cando, a fin de determinar el origen de los referidos caba-llos. Que se le notificó además, el 16 de mayo de 1938, otra resolución de la demandada por la cual se suspendió el pago al peticionario de la suma de $480, correspondiente al primer premio ganado por el ejemplar Joan Crawford en la carrera efectuada el 17 de julio de 1937, es decir, aproximadamente un año antes de dictarse la referida resolución. Que el 24 de mayo de 1938 el peticionario recibió copia de una “Orden para Mostrar Causa”, expedida por la demandada, citán-dole para comparecer ante ella el 9 de junio siguiente para mostrar causas por las cuales no deberían cancelarse en el “Registro de Potros” y “Registro de Caballos de Carre-ras” las inscripciones de las tres potrancas tantas veces alu-didas, expresando como fundamento de dicha orden que aquéllas no habían nacido en Puerto Rico, según había cer-tificado anteriormente la propia demandada, y que los infor-mes, declaraciones y documentos presentados a la demandada por el anterior dueño de los tres ejemplares en relación con la procedencia de los mismos eran falsos y fraudulentos. Que celebrada la vista el 9 de junio de 1938, la demandada dictó resolución con fecha 30 de noviembre siguiente, por la cual ordenó la cancelación definitiva de dichas potrancas en el Stud-Booh, así como su cancelación en el “Registro de Caballos de Carreras”, fundándose en que el anterior dueño de ellas había obtenido su inscripción fraudulentamente. Que la citada resolución de 30 de noviembre último es nula, arbi-traria, confiscatoria e irrazonable, y que privó al peticionario de sus derechos de propiedad sobre dichos animales sin el debido proceso de ley, por las siguientes razones:

“(a) Porque la querellada no tenía jurisdicción ni facultad ni poder alguno para dictar dicha orden o resolución, toda vez que no tuvo ante sí ninguna evidencia competente para probar las alegacio-nes de fraude por ella establecidas.
■ “ (b) Porque no obstante disponer la ley que la inscripción de un caballo en el Stud-Booh es permanente y sólo podrá ser eliminada por la querellada por justa causa y previa audiencia de las partes interesadas concediéndose a éstas oportunidad de defenderse, en el presente caso ni existió causa de ninguna especie ni se celebró la audiencia requerida por-la ley, habiendo la querellada negado reite-radamente al peticionario la oportunidad de defenderse, a pesar de haberla éste solicitado en repetidas ocasiones.
“(c) Porque dicha resolución se funda exclusivamente en las de-claraciones de supuestos testigos llamados Federico Santiago, William W. Yaughan, Arthur Cromwell, James H. Anderson, James Kaney, Harry Wakoffi y otros, cuyos testigos no estuvieron presentes en nin-gún momento durante la celebración de la vista, ni prestaron decla-ración, ante la querellada, la cual negó al peticionario reiteradamente su derecho a ver, confrontarse con y repreguntar a dichos testigos, no obstante las solicitudes repetidas hechas a tal efecto por el peti-cionario. ’ ’

Alegó además el peticionario:

“Que él compró los ejemplares de carrera mencionados en esta petición al potrero de la .Sucesión Nieves & Castrillón como ejempla-res del país, confiando en los certificados expedidos por la propia querellada acreditando la procedencia de dichos ejemplares como del país, y a base de los archivos, registros y libros de la propia quere-llada en los cuales consta la inspección de dichos ejemplares que veri-ficaron los funcionarios y el veterinario oficial de la querellada, así como la marca estampada en el cuello de dichos ejemplares por el referido veterinario oficial designado por la querellada; y alega asi-mismo que escasamente tres meses después de haber comprado dichos ejemplares, la querellada prohibió su inscripción en las carreras que se celebrasen en los hipódromos de Puerto Rico, y prohibió su venta, cesión, traspaso o enajenación en forma o manera alguna, por lo que hace ya cerca de diez meses el peticionario se ha visto privado no solamente de inscribir dichos ejemplares en las carreras, y en esta forma de obtener los premios correspondientes, sino aún de poder dis-poner de su propiedad, y asimismo se ha visto obligado a sufragar los gastos de manutención, cuidado y vigilancia de estos ejemplares, sin poder usarlos en forma o manera alguna.
“Que ha satisfecho a la querellada todos los derechos exigidos por la ley para la reinspección de estas tres potrancas, así como para el registro de ellas a nombre del peticionario, sin que en ningún mo-mento antes de comprar dichas potrancas la querellada advirtiese al peticionario sobre la supuesta falsedad de los certificados de inscrip-ción expedidos por la propia querellada.
“Que por ministerio de la ley la expulsión de un caballo implica una prohibición de venderlo, cederlo, traspasarlo o enajenarlo en forma alguna a ninguna persona, sociedad o establo, y asimismo im-plica que los demás caballos, propiedad de la misma persona, así como todos aquellos otros caballos en que esté interesada tal persona, quedan afectados por la referida expulsión, por lo que, siendo el peti-cionario dueño de establo de caballos de carrera, denominado Don Stable, la orden o resolución antes referida afepta no sólo a las tres potrancas llamadas Mae West, Joan Crawford y Myrna Doy, sino asimismo a todos los demás caballos de carrera propiedad de dicho establo.
“Que de ser puesta en vigor la orden o resolución anteriormente referida, sus derechos de propiedad sobre las potrancas mencionadas, así como sobre todos los demás caballos pertenecientes al Don Stable, quedarán destruidos, toda vez que dichos caballos no tienen valor alguno excepto como caballos de carrera, quedando igualmente des-truidos los derechos de propiedad del peticionario sobre los demás caballos ele carrera que integran el Don Stable, causándosele así a este peticionario daños irreparables y daños y perjuicios cuya cuan-tía resulta sumamente difícil de precisar, ya que no pueden estimarse en ninguna forma los premios que, de participar dichos caballos en las carreras que se celebran en los hipódromos de Puerto Rico, pu-dieran corresponderles.
“Que carece de recurso alguno rápido, adecuado y eficaz en de-recho para impedir que la querellada ponga en vigor la orden o reso-lución anteriormente referida, no obstante ser ésta nula, eonfiscatoria e irrazonable, toda vez que no existe derecho de apelación contra la referida orden o resolución.”

Termina la solicitud de injunction con la siguiente súplica:

“Por tales razones el peticionario a esta Honorable Corte respe-tuosamente suplica se sirva dictar un auto permanente y definitivo de injunction prohibiendo a la querellada o a cualquiera de sus miem-bros el que por sí, o por medio de sus agentes, empleados, subalternos, o por medio de cualquier otra persona, ponga en vigor su resolución u orden fechada 30 de noviembre de 1938, mediante la cual se ordenó cancelar la inscripción en el Stud-Book de las potrancas Mae West, Coronela y La Gallega, y además cancelar definitivamente Ja inscrip-ción en el Registro de Caballos de Carreras de las mismas potrancas, las cuales figuran con los nombres de Mae West, Myrna Loy y Joan Crawford.
“Solicita asimismo el peticionario que en tanto se sustancia y resuelve definitivamente la solicitud de injunction permanente ante-riormente formulada, se sirva esta Hon. Corte ordenar la expedición de un auto de injunction preliminar conteniendo las mismas prohi-biciones relacionadas, mediante prestación por el peticionario de una fianza buena y suficiente, en la cuantía que señale esta Hon. Corte, para responder a la querellada de los daños y perjuicios que pudiere causarle la expedición de dicbo auto preliminar de injunction.
“Suplica además el peticionario que mientras se resuelva la soli-citud de injunction preliminar aquí formulada, expida esta Hon. Corte una orden de entredicho dirigida a la querellada y conteniendo las mismas prohibiciones aquí enumeradas, condicionada a la presta-ción de fianza buena y suficiente por el peticionario, en la cuantía que fije este Hon. Tribunal, para responder a la querellada de los daños y perjuicios que pudiere causarle la orden de entredicho re-ferida.
“Finalmente el peticionario solicita de esta Hon. Corte que al dictar sentencia en estos autos, condene a la querellada y a cada uno de sus miembros a pagar al peticionario las costas, gastos y desem-bolsos del presente litigio, más una suma razonable para honorarios de abogados.”

Con vista de la solicitud de injunction antes reseñada, la Corte de Distrito de San Juan, por su Juez interino, Hon. Tomás Torres Pérez, dictó, el 27 de diciembre último, una “Orden para Mostrar Causa y de Entredicho,” previa pres-tación de fianza por la-cantidad de $1,000, prohibiendo a la demandada y a cada uno de sus miembros (nombrándolos), que por sí o por medio de sus agentes, empleados, etc., pon-gan en vigor la referida resolución, y que una vez prestada y aprobada la referida fianza, se notifique dicha orden en forma legal a la demandada para su cumplimiento, apercibida de desacato si la desobedeciere. Dispuso además la corte que la demandada fuese notificada, con copia de la solicitud de injunction y de la orden de entredicho, para que si lo esti-maba conveniente compareciese ante el tribunal el 9 de enero último, a las 9:00 a.m., a exponer las razones que tuviere por las cuales no debía concederse el injunction preliminar solici-tado. Tres días después de dictada la orden de entredicho, Manuel C. Holán radicó una moción en la misma corte soli-citando que, previo los trámites legales, la Comisión y sus miembros fuesen castigados por desacato por haber desobe-decido la referida orden. Inmediatamente se dictó la orden interesada por Bolán, disponiendo que la Comisión Hípica Insular y sus miembros (se nombran) compareciesen ante la corte inferior el 5 de enero de 1939, a las nueve de la mañana, para que mostrasen causas, si algunas tuvieren, por las cuales no deberían ser castig’ados' por desacato.

En la fecha anteriormente indicada comparecieron los demandados y radicaron una “Contestación a la moción sobre citación por desacato”, y una “Moción para que se desestime la solicitud de injunction y se levante la orden de entredicho por falta de jurisdicción de la corte.”

Es innecesario, a los efectos de esta opinión, reseñar el contenido de dichas dos alegaciones, excepto en cuanto a aquella parte de la primeramente mencionada en que bajo el título de “Defensas especiales” alegaron los demandados que la corte inferior carecía de jurisdicción para dictar la orden •de entredicho, y en cuanto a aquella parte de la moción men-cionada en segundo término, en que se exponen las razones de la demandada para sostener tal falta de jurisdicción de la corte para dictar la referida orden de entredicho.

Celebrada la vista del incidente de desacato, el Juez, Hon. T. Torres Pérez, concedió a las partes un término para que sometiesen por alegatos la cuestión sobre desacato y a la vez dejó sin efecto el señalamiento previamente fijado para el 9 de enero para la vista del injunction preliminar, señalán-dolo para el 23 del mismo mes. No se celebró la vista del injunction preliminar el 23 de enero, ni tampoco se ha resuelto, según aparece' de los autos, el incidente de desacato, por lo que, a moción del demandante en el caso de injunction, se señaló por el Pión. Juez interino Sr. Daniel Pellón, la vista del injunction preliminar para el día 24 de febrero último. Se opuso al señalamiento la Comisión Hípica Insular, ale-gando que debía esperarse la resolución del incidente de desa-cato. El juez últimamente citado denegó la reconsideración de la orden señalando el injunction preliminar para la fecha indicada.

Fue con motivo de esta negativa que con fecha 17 de febrero último los aquí peticionarios radicaron en este tribunal la solicitud de auto inhibitorio, en la que después de referirse a las distintas mociones y órdenes anteriormente reseñadas, de las cnales acompañaron copia a la solicitud, marcándolas como exhibits, e insistiendo siempre en la falta de jurisdicción de la corte inferior para expedir el auto de injunction interesado por Rolan, terminan con la siguiente súplica:

“Por todas las razones anteriormente expuestas, los peticionarios a la Hon. Corte suplican se sirva dirigir un auto inhibitorio al Hon. Daniel Pellón, Jr., Juez Interino de la Corte de Distrito de San Juan, y a Manuel C. Rolan, peticionario en el caso civil núm. 30896, para que desistan y se abstengan de llevar procedimiento alguno a efecto y especialmente el celebrar la vista de injunction preliminar fijada para el día 24 de febrero de 1939; y que asimismo comparezcan ante esta Hon. Corte a exponer los motivos por los cuales no deban ser absolutamente impedidos de cualquier procedimiento ulterior en dicho caso civil núm. 30896, hasta tanto se dictare una nueva orden por esta Hon. Corte, y que esta Hon. Corte dicte asimismo un auto de certiorari para revisar la actuación de la Corte de Distrito de San Juan, en virtud de la cual se dictó la orden de entredicho de fecha 27 de diciembre de 1938, cuya copia se acompaña como exhibit B, y previo el trámite correspondiente dicte resolución definitiva 'anulando dicha orden.”

Con vista de la petición de auto inhibitorio y documentos anexos antes mencionados, este tribunal dictó resolución el 20 de febrero último por la que ordenó la expedición de un man-damiento en la forma ordinaria, dirigido al Hon. Daniel Pellón, Jr., Juez, y a Manuel C. Bolán, peticionario en la demanda de injtmction, para que se abstuvieran de llevar a efecto procedimiento alguno en dicho caso, y especialmente de celebrar la vista del in junction preliminar fijada para el día 24 de febrero, y que mostraran causas, el 6 de marzo siguiente, a las dos de la tarde, por las cuales no debería absoluta y definitivamente impedírseles actuar en tal forma.

Celebrada la vista ante este tribunal en la fecha señalada con asistencia e informe oral de ambas partes, se les concedió plazo para alegato, quedando el-casó finalmente sometido a nuestra consideración el 14 del mes pasado.

Es obvio que el solo hecho de estar pendiente de resolución un incidente de desacato por violación de una orden de entredicho no impide que continúen los procedimientos en el pleito de injunction. Por el contrario, si se resuelve primero la improcedencia del injunction preliminar, facilitaría la decisión en el incidente de desacato, pues en caso de resolverse que la orden decretando el injunction fué dictada sin jurisdicción como alegan los peticionarios, la orden de entredicho sería nula y, siendo nula, su desobediencia no constituiría desacato, pues nadie está obligado a obedecer una orden dictada sin jurisdicción.

En el caso Ex parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024, 1029, se dijo por este tribunal:

“Es cierto que una orden ilegal de una corte, por haberse dictado sin jurisdicción o extralimitándose en ella, no hay obligación de res-petarla y. su desobediencia no apareja castigo por desacato, según hemos resuelto ya en el caso de Laura Núñez v. el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento de certiorari resuelto el 20 de marzo de 1908, ya que para que se cometa desacato es necesario que se desobedezca voluntariamente una orden legal librada con ju-risdicción sobre la materia litigiosa y sobre las partes litigantes.”

Véanse además Asmnblea Municipal v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 702, Reyes Delgado v. Corte) 41 D.P.R. 902, y Pérez Guerra v. Matos, 48 D.P.R. 599.

En la alegación sexta de la solicitud de auto inhibitorio, los peticionarios exponen las razones en que se fundan para sostener que la corte inferior carece de jurisdicción para conocer de y resolver el injunction preliminar. A ese respecto alegan los peticionarios que'la resolución de la Comisión Hípica de 30 de noviembre de 1938 que motivó la demanda de injw%ction radicada por Manuel C. Rolán en la corte inferior, fué el resultado de una investigación llevada a cabo por dicha Comisión de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Hípica, según fué enmendado por la Ley núm. 108 de 6 de mayo de 1938, y que por disposición expresa de dicho precepto es un acto administrativo de la Comisión contra el cual, según los peticionarios, no puede interponerse recurso alguno ante los tribunales, por no conceder la ley remedio alguno contra tales resoluciones.

El artículo 9 antes citado en que descansan los peticio-narios, según lia sido enmendado' por la Ley núm. 108 de 6 de mayo de 1938 (Leyes de ese año, pág. 239), dice así:

“Artículo 9. — Toda persona natural o jurídica que por cualquier medio intente obtener u obtenga una inscripción en cualquiera, de los registros de la Comisión Hípica Insular de un caballo importado haciéndolo aparecer como nacido en el país, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y castigado con una pena no menor de seis (6) meses de cárcel o quinientos dólares de multa, o ambas penas, a discreción del tribunal; Disponiéndose, que el período de tiempo para la formulación de la denuncia será el de tres (3) años a partir de la fecha en que la Comisión. Hípica Insular haya comenzado su investigación sobre el origen del caballo de que se trate.
“La Comisión Hípica Insular queda por la presente facultada para elinvnar de sus registros a cualquier caballo qite se hubiere inscrito en contravención a lo que se dispone en el presente artículo, así como también para cancelar la licencia si el que lo hubiera ins-crito tuviera una licencia de dueño de caballos, UNA vez haya subs-tanCiado nos ooeeespondientes procedimientos; Disponiéndose, que cuando a judcio de la Comisión Hípíc-a Insular hubiesen motivos para creer que un caballo importado hubiera sido inscrito en cualquiera de los registros de la comisión como nacido en el país, podrá suspen-derlo de tomar participación en las carreras que se celebren hasta tanto se hubiera dictado una resolución definitiva; Disponiéndose, además, que la Comisión Hípica Insular queda autorizada para no aprobar traspaso alguno en sits registros en relación con un caballo incurso en las disposiciones de este artículo mientras no se haya dic-tado una resolución definitiva en cuanto a su origen.”

Es verdad que el artículo 9 transcrito autoriza a la Comi-sión Hípica Insular para eliminar de sus registros a cual-quier caballo que se hubiere inscrito en contravención a sus disposiciones, y que también la autoriza para cancelar la licencia si el que lo hubiere inscrito tuviere una de dueño de caballos; pero no es menos cierto que de estas facultades sólo puede hacer uso la Comisión “una ves, haya substanciado los correspondientes procedimientos¿Y cuáles son “los correspondientes procedimientos”? La respuesta la encon-tramos en el artículo 7 de la propia ley, que preceptivamente dispone que para cancelar “cualquiera de las licencias expe-didas por la Comisión Hípica Insular, ésta concederá a la parte una previa audiencia y oportunidad de defenderse”, disponiendo además el artículo 28 del reglamento de la propia Comisión lo siguiente:

“La inscripción de un caballo en el síud-iook de la Comisión Hí-pica Insular se considerará permanente y sólo podrá ser eliminada por la Comisión Hípica Insular por justa causa y previa mocDiencia de las partes interesadas.”

No podemos convenir con los peticionarios en que resolu-ciones de la índole de la dictada con fecha 30 de noviembre último sean resoluciones administrativas. Una resolución de una Comisión, sea cual fuere la naturaleza de ésta, dictada a base del poder concedídole por la Asamblea Legislativa para decidir en relación con la propiedad o derechos de los ciuda-danos, después de oír a las partes interesadas, es una reso-lución cuasi judicial y no administrativa como pretenden los peticionarios. Véanse Baker v. Gooding County (1914) 25 Idaho 506,138 P. 342; Robinson y. Sup. of Sacramento (1860) 16 Cal. 208.

En el caso de City of Macon v. Anderson (1923) 155 Gra. 607, 117 S.E. 753 (auto de error, desestimado en (1925) 269 U.S. 592, 70 L. ed. 429), se resolvió que era procedente el auto inhibitorio para impedir que un consejo municipal conozca de ciertos cargos para la destitución de un miembro de su Junta de Comisionados de Acueducto, puesto que la función del consejo en tales procedimientos era judicial.

Véanse también Beavers v. Armistead (1923) 156 Gra. 833, 120 S.E. 526; Speed v. Detroit, 98 Mich. 360, 57 N.W. 406; Glover v. City Council of Columbus (1923) 132 Miss. 776, 96 So. 521, y O’Donnell v. Morrissey (1934) 151 Mise. 315, 272 N.Y. Supp. 451.

La procedencia del auto inhibitorio depende de que la corte inferior tenga jurisdicción para conocer del injunc tion solicitado por Rolan contra los peticionarios, y para determinar tal cuestión tenemos qne recurrir a la solicitud de injunction a base de la cual la corte inferior dictó la orden de entredicho y se proponía considerar la expedición del injunction preliminar. Si de la faz de las alegaciones de la solicitud de injunction aparece que la corte carece de juris-dicción para conocer del caso, claro es que el auto inhibitorio es procedente; pero si por el contrario de la faz de la solici-tud de injunction aparece que la corte inferior tiene jurisdic-ción, o que aún no teniéndola,*la resolución de la corte inferior concediendo el injunction preliminar es revisable mediante el recurso de apelación, en cualquiera de dichos dos casos pro-cede denegar el auto inhibitorio. Artículos 664 y 666 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933.

Conocemos las alegaciones de la solicitud de injunction por haberlas reseñado al principio de esta opinión. De ellas resulta que la resolución dictada por la Comisión el 30 de noviembre de 1938 tuvo por base exclusivamente las declara-ciones de ciertos testigos que no estuvieron presentes ante la Comisión, privando así al demandado Rolán del derecho a confrontarse con ellos y repreguntarlos, a pesar de sus insistentes requerimientos a ese efecto. Aceptando que estas alegaciones de la solicitud de injunction sean ciertas, pues como tales tenemos que considerarlas a los efectos de deter-minar la jurisdicción del tribunal inferior para conocer de dicho asunto, ¿cuándo y en qué momento cumplió la Comisión con el precepto terminante del artículo 7 de la Ley Hípica dispositivo de que “para cancelar cualquiera de las licen-cias expedidas por la Comisión Hípica Insular, ésta conce-derá a la parte un previa audiencia y oportunidad de defen-derse”? ¿Por qué motivo tenían que suspenderse en perjui-cio del demandante en el caso dinjunction los efectos del reglamento de la propia Comisión Hípica, dispositivo de que la inscripción de un caballo en el shid-booh “sólo podrá ser eliminada por la Comisión Hípica Insular por justa causa y previa audiencia de las parles interesadas”? El mismo ar-tículo 9 que invoca la Comisión, al facultarla para eliminar de sus registros cualquier caballo ilegalmente inscrito y para cancelar la licencia de su dueño, si la tuviere, dispone que dicta Comisión podrá hacerlo “una vez haya substanciado los correspondientes procedimientos.” ¿Puede concebirse dentro de un gobierno de leyes como el nuestro un procedi-miento tan arbitrario, especialmente cuando el poder legisla-tivo, al delegar tales facultades a la Comisión lo tace bajo la condición de que deberá oír a la parte perjudicada y darle oportunidad de defensa? ¿Qué oportunidad de defensa tuvo el interesado, si ni siquiera se le permitió confrontarse y repreguntar a los testigos contrarios?

Se dice por los peticionarios que las licencias o prerrogativas de que ña sido privado Eolán no constituyen derechos adquiridos, sino meros privilegios de que puede ser privado en cualquier momento. Admitimos que la Asamblea Legislativa, de quien emanan tales privilegios o licencias, tiene el poder de cancelarlas en cualquier momento sin necesidad de conceder audiencia alguna al interesado; pero cuando ese poder legislativo es delegado a un funcionario, junta o comisión administrativa, para que la delegación sea constitucional es preciso que el legislador declare las normas y establezca los principios legales por los cuales habrá de regirse el delegado al hacer uso de la facultad que se le confía, quedando así limitadas sus funciones a determinar si los hechos investigados justifican la aplicación de las normas o principios legales declarados por el legislador. Mutual Film Gorp. v. Ohio Industrial Gomm., 236 U.S. 230, 239, 59 L. ed. 552; Thompson v. Smith, 71 A.L.E. 604,154 S.E. 579. Hemos visto que nuestra Asamblea Legislativa, al obligar a la Comisión Hípica Insular, a través de la Ley Hípica, las facultades que ahora invoca, le impuso la norma de no cancelar tales licencias o privilegios sin conceder previamente al interesado una audiencia y oportunidad de defenderse. Artículos 7 y 9 de la Ley Hípica. De manera, pues, que para el ejercicio legítimo de las facultades así delegádasle, la Comí-sión Hípica Insular tiene que ajustarse a las condiciones que le impone la ley. Si, olvidándolas, actúa en exceso de sus facultades, opresiva o arbitrariamente, causando daños irre-parables, aunque la ley guarde silencio sobre el remedio ade-cuado, el auto de injunction es el procedente para mantenerla dentro de los linderos de su autoridad. 'Purnell v. Maysville Water Go., 23 A.L.E. 223, 234 S.W. 967. Véase también la monografía en 112 A.L.E. 965, y casos citados.

En el caso de Arana v. Comisión Hípica, 35 D.P.E. 745, 753, interpretando preceptos similares de una ley anterior, este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Hutcbison, dijo:

“No hallamos nada en estos artículos que sostenga la conclusión que de ellos se desea inferir. Pero aún si se pudiera dar la inter-pretación sugerida por la apelante, la Comisión no tiene poder para derogar el artículo 12 ó cualquier otra disposición específica de la ley que la creó. El expulsar un caballo o tachar su nombre del siud-book equivale en ese sentido a revocarle la licencia al dueño. Si a un dueño, s'n notificársele ni dársele oportunidad de ser oído, puede privársele del derecho de correr sirs caballos, el estatuto que requiere tal notificación y vista como un requisito indispensable antes de re-vocarse una licencia no tendría efecto alguno.”

Y recientemente, en el caso de Hernández v. Comisión Hípica, 50 D.P.E. 100, 102, este tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Wolf, interpretando preceptos sustancialmente iguales a los de la vigente Ley Hípica, se expresó en los siguientes términos:

“La ley que regía el hipismo en Puerto Rico en la época en que ocurrió este caso, lo era la núm. 11 de 1932 (pág. 195), que autori-zaba a la Comisión Hípica Insular a formular ciertas reglas y a de-legar poder para actuar a un jurado designado por la Comisión para la supervisión directa de las carreras. Al amparo de la facultad eoncedídale por esta Ley, la Comisión Hípica formuló la regla 96 para los jurados, el inciso (h) de la cual lee así:
“ ‘ (h) Antes de imponer castigo alguno, deberá practicar, hasta dónele sea posible, una investigación de los hechos denunciados, to-mando todas las declaraciones bajo juramento y dando la oportu-nidad al querellado de ser oído en su defensa. ’
“ Convenimos en que no fue la intención de los redactores de dicho inciso que se observaran todas las solemnidades de un juicio. El jurado de un hipódromo no está en condiciones de celebrar un juicio completo. Estamos muy convencidos de que se exigían mu-chas menos formalidades. Creemos que bastaría que los testigos y el acusado fuesen citados, juramentados y examinados de manera informal y que se le diera al jockey la oportunidad de llamar a otros testigos, quizá a algunos de los otros jockeys que temaron parte en la carrera. Sea esto como fuere, al demandante apelado no se le dió oportunidad de defenderse. Lo que le sucedió a Hernández fue algo más parecido a lo que ocurre a la terminación de ciertos juicios criminales, cuando la carie le pregunta al acusado si tiene alguna razón que alegar para que no se dicte sentencia. 8i procede un injunction por dejar de cumplir con las disposiciones de la regla 96 supra, éste es un caso que claramente cae hajo la misma.” (Bastar-dillas nuestras.)

Sobre la suficiencia de la audiencia y oportunidad de defensa, conviene, por ser de perfecta aplicación a la cuestión que ahora nos ocupa, referirnos al caso de hit. Com. Comm. v. Louisville é Nashville R.R.., 227 U.S. 88 (57 L. Ed. 431). En dicho caso New Orleans Board of Trade instó tres procedimientos separadamente contra Louisville & Nashville R.B., interesando de la Comisión de Comercio que dejase sin efecto por injusta, irrazonable y discriminatoria cierta tarifa de precios. Contestó la compañía ferrocarrilera. Se celebró una audiencia, se ajustaron las tarifas por estipulación de las partes, y en 31 de diciembre de 1909 la Comisión, por una simple orden en la que declaró que las tarifas eran irrazonables, dispuso que se restableciesen las anteriores y que se hiciese la correspondiente reducción en las mismas. La compañía ferrocarrilera radicó entonces, en 26 de enero de 1910, una demanda en equidad en la Corte de Circuito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Kentucky, solicitando que se impidiese a la Comisión poner en vigor dicha orden, calificada por la demandante de arbitraria, opresiva y confiscatoria, y de que privaba a la compañía de su propiedad y derecho a hacer tarifas, sin el debido procedimiento de ley. La Corte de Circuito denegó el injunction preliminar. Más tarde el caso fue trasladado a la Corte de Comercio (Gommercé Court), habiéndose becbo parte a los Estados Unidos. En dicbo tribunal, además de la evidencia que tuvo ante sí la Corte de Circuito, la compañía presentó toda la que se babía introducido ante la Comisión, a fin de probar que la evidencia no demostraba en manera alguna que las tarifas impugnadas fueran irrazonables. En una extensa opinión de la Corte de Comercio (un juez disintió) se sos-tuvo que la orden de la Comisión era nula porque material-mente no existía evidencia para sostenerla. En la apelación que se interpuso para ante el Tribunal Supremo de los Esta-dos Unidos, insistió el Gobierno en que de acuerdo con los preceptos de la Ley Hepburn de 1906, las tarifas pueden ser canceladas “si después de una audiencia la Comisión es de opinión que son irrasonables.” Se insistió en que la orden basada en tal opinión era concluyente (a pesar de lo resuelto en contrario en el caso de Com. Comm. v. Dmon Pac. B.B., 222 U.S. 541, 547 (56 L. EcL 308), y que no podía ser anu-lada aunque la conclusión no estuviese sostenida por la prueba.

Resolviendo la cuestión, dijo.el Tribunal Supremo:

“Pero el estatuto concedió el derecho a una amplia audiencia {full hearing) y esto confería el privilegio de introducir testimonio a la vez que imponía el deber de decidir de acuerdo con los hechos probados. Una conclusión que no está sostenida por la evidencia es arbitraria y completamente desprovista de fundamento. Si la con-tención del Gobierno fuese correcta, .la Comisión podría hacer caso omiso de todas las reglas de evidencia y caprichosamente formular conclusiones {malte findings) por fíat administrativo. Tal autori-dad, no obstante lo beneficiosamente que pudiera ejercitarse en un caso determinado, podría ser perjudicialmente ejercitada en otro; es inconsistente con la justicia racional y cae dentro del anatema cons-titucional contra todo ejercicio arbitrario de poder.
“En los relativamente pocos casos en que tales cuestiones se han suscitado, se ha reconocido claramente que las órdenes administrati-vas de carácter judicial son nulas si no se ha concedido una audiencia o si la que se hubiere concedido ha sido injusta, o si la conclusión fuere contraria a la evidencia no controvertida. (Citas.)”

Finalmente el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Corte de Comercio, no porque la Comisión tuviera los arbi-trarios poderes que alegaba tener, sino porque al considerar el caso en su fondo' llegó a la conclusión de que la Comisión, al restablecer las anteriores tarifas, no babía actuado arbi-trariamente, sino basada en evidencia sustancial, aunque contradictoria, y siendo ello así debía prevalecer la conclu-sión de hecho a que llegó la Comisión al dirimir el conflicto de la evidencia, puesto que los tribunales no deben sustituir su criterio por el de aquellas comisiones a quienes les está confiada la facultad de establecer tarifas, siempre que sus decisiones estén sostenidas por evidencia sustancial.

No bay duda, pues, de que las alegaciones de la demanda de injunction presentada en la corte inferior aducen becbos constitutivos de causa de acción y que la corte de distrito tiene jurisdicción para conocer del asunto. Siendo ello así, no procede el auto inhibitorio solicitado por los peticionarios, pues además de existir jurisdicción en la corte inferior, el injunction preliminar que ésta hubiera podido dictar, en el supuesto de que no existiera tal jurisdicción, sería apelable, siendo entonces de aplicación el artículo 666 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) dispositivo de que no podrá ^expedirse ningún auto inhibitorio para impedir cualquier resolución de tribunales inferiores que fuere revisable por medio de apelación.

Por lo expuesto, procede anular el auto expedido para que continúen los procedimientos en la corte inferior.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Mayo 10, 1939.

En este caso la demandante presentó una extensa moción en que solicita reconsideremos nuestra sentencia del 12 del mes pasado, por la cual denegamos la expedición definitiva del auto inhibitorio por ella solicitado. La opinión que sirve de base a nuestra sentencia está fundada principalmente en que de acuerdo con las alegaciones de la petición de injunction que motivó la solicitud de auto inhibitorio, la Comisión Hípica Insular actuó arbitrariamente y sin conceder una opor-tunidad de defensa al perjudicado, Manuel C. Rolán, al dictar su resolución de 30 de noviembre de 1938. Hemos estudiado la moción de la demandante y lejos de inclinarnos a rectificar, nos reafirmamos en la posición que asumimos en la sentencia cuya reconsideración se solicita.

Tratando la demandante de distinguir el caso de Interstate Commerce Commission v, .Louisville '& Nashville B. B. Co., 227 U.S. 88, que citamos en extenso en nuestra opinión, transcribe algunos párrafos del caso de Steamboat Canal Co. v. Garson, 185 Pac. 801, 804, 805, resuelto por la Corte Su-prema de Nevada. De los párrafos transcritos por la propia demandante, claramente resulta que el citado caso de Nevada sostiene decisivamente nuestra opinión. Después de hacer un ligero resumen del caso de Louisville & Nashville B. B. Co., supra, se dice en un párrafo de la opinión del caso de Nevada que transcribe la demandante:

“En el presente caso la orden de la Comisión no está desprovista de evidencia que la sostenga, ni basó la Comisión su orden en evi-dencia extraña (extraneous evidence), como se pretendía en Interstate Commerce Commission v. Louisville ds Nashville B. R. Co., supra, que podían hacer las juntas administrativas. Como hemos dicho antes, se celebró una amplia audiencia, en la cual todas las partes estuvieron representadas, se enteraron de toda la evidencia sometida y se les dió toda oportunidad razonable de presentar testigos, de re-preguntarlos, de investigar (test), explicar o refutar cualquier evi-dencia sometida a la consideración de la Comisión.” (Moción de re-consideración de la demandante, pág. 32.) Bastardillas nuestras.

No es esa clase de audiencia la que se celebró en el caso de autos. No tuvo el perjudicado Rolán la oportunidad de repreguntar los testigos en su contra, que ni siquiera estu-vieron presentes en la llamada audiencia, sino que declararon por affidavits ex parte. Si de la petición de injunction hubiera aparecido que la Comisión Hípica Insular había concedido a Rolán una audiencia tan amplia como la celebrada en el caso de Nevada por ella invocado y hubiera resultado además que la evidencia practicada tendía a sostener la resolución impug-nada, indudablemente otra hubiera sido nuestra sentencia.

Cita también la demandante el caso de Traer v. State Board of Medical Examiners, 76 N. W. 833, en que se trataba de la cancelación de una licencia concedida a un médico para el ejercicio de su profesión. La Junta Examinadora de Médi-cos notificó al Dr. Traer de los cargos contra él presentados, notificándole que debía comparecer y defenderse. Traer com-pareció a la primera vista por medio de abogado y solicitó su posposición, la cual fue concedida. En la segunda vista que se señaló, no compareció. La Junta, basada en ciertas copias de declaraciones juradas que fueron acompañadas a la querella formulada por cinco médicos del Condado contra el Dr. Traer, le canceló la licencia. No conforme el Dr. Traer con la resolución de la Junta Examinadora, recurrió a los tribunales de justicia y la Corte Suprema de Iowa, al sos-tener la resolución de la Junta Examinadora, entre otras cosas dijo:

“No se nos escapa el hecho de que las declaraciones originales no constituían evidencia admisible en una corte de justicia que hubieran podido presentarse contra la objeción del demandante, pero consti-tuían evidencia competente para algunos fines y tendían a demostrar que el certificado del demandante había sido revocado. Aunque de :acuerdo con la ley él (Traer) tuvo oportunidad de oponerse a que tales declaraciones se usaran en su contra, no lo hizo así. La Junta no actuó sin evidencia, pues adoptando la posición más favorable al demandante, actuó a base de evidencia que de haberse objetado hu-biera sido excluida(Moción de reconsideración de la deman-dante, págs. 25-26.) Bastardillas nuestras.

En el caso de autos, conforme aparece de la petición de injunction, Rolán objetó repetidas veces y en ningún momento renunció el derecho que tenía a que no se presentasen contra él las declaraciones juradas en cuestión. A pesar de su protesta, la Comisión Hípica Insular las admitió. Si la Comi-sión hubiese seguido la norma señalada por la Corte Suprema de Iowa en el caso citado por ella, al oponerse Rolán no debió admitir las declaraciones en cuestión y al no admitir-las no hubiese existido evidencia alguna en contra de aquél y en su consecuencia no hubiera dictado la resolución que arbitrariamente dictó.

Por lo expuesto, procede denegar la reconsideración soli-citada.

      Nota: Además del Lie. Liego O. Marrero, firma la moción el Lie. C. Ooll y Cuchí.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Juan Santiago Andino, conocido por Juan Santiago Prosper, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1172.

    Sometido: Abril 10, 1939.

      Resuelto: Abril 14, 1939.
    Y. Gutiérrez Frangías, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal, j Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari establecido por Juan Santiago Andino en solicitud de que se declare nula la sentencia dictada en su contra por la Corte de Distrito de San Juan el diez de septiembre de 1936 y a virtud de la cual se le condenó a tres años de presidio con trabajos for-zados.

Expedido el auto, se celebró la vista del mismo el diez de abril en curso con asistencia del peticionario por su abo-gado y del fiscal de esta corte que se allanó al recurso.

Como los autos originales fueron elevados, transcribire-mos textualmente lo que de ellos resulta en relación con el pronunciamiento de la sentencia cuya nulidad se- pide por haberse dictado sin jurisdicción, cometiéndose un grave error de procedimiento al aceptar la declaración de culpabilidad del acusado sin haberle antes informado de su derecho a estar acompañado de abogado y sin investigar si la declaración constituía una renuncia inteligente de su .dicho derecho cons-titucional y estatutario.

La causa lleva el número 2920 de la Corte de Distrito'de San Juan. Se inició a virtud de acusación formulada por él fiscal del distrito imputando al peticionario la comisión de un delito de atentado a la vida. Señalado el diez de sep-tiembre de 1936 para la lectura de la acusación, comparecie-ron El Pueblo por su fiscal y el acusado en persona y ocurrió lo que sigue: *

“Juez. ¿Cómo se llama usted?
“Acusado. Juan Santiago, para servirle.
“¿No tiene otro apellido?
“No.
“¿No es Andino?
“Juan Santiago Prosper.
“Juez. Se enmienda la acusación en el sentido que diga así en lugar de Juan Santiago Andino.
“¿Qué edad tiene?
“Cincuenta años.
“¿Qué profesión?
‘ ‘ Carpintero.
“¿De dónde es vecino?
“De Santurce.
‘' ¿ Soltero o casado ?
‘ ‘ Casado.
“¿Tiene familia?
“Sí, señor.
“¿Tiene hijos?
“Sí, señor.
‘ ¿ Cuántos hijos tiene ?
“Dos hijos.
“¿Es ciudadano americano?
‘ ‘ Sí, señor.
“(En este momento fué leída por el señor Juez que preside la Corte, el acta de acusación.)
“¿Usted es culpable o inocente?
‘ ‘ Culpable.
“Usted tiró con intención ...
“Yo tiré al bulto; me cayeron encima y yo tiré al bulto; no me dirigí a nadie. Me-bago culpable de que yo le tiré el tiro.
“¿Alguien le lia aconsejado a usted que se declare culpable?
“No, señor.
“¿Es voluntariamente que usted lo hace?
‘ ‘ V oluntariamente.
“¿Usted quiere que se dicte sentencia añora?
“Como usted quiera.
“Esa es una cuestión para usted resolverla.
“Mire como estoy; lleno de golpes. A mí me cayeron encima; dentro de casa estaba yo y me cogieron el revólver dentro de casa.
‘ ‘ ¿ Qué usted dice ? ¿ Quiere que se le dicte sentencia añora ?
“Sí, señor.
“Antes de dictar sentencia la Corte le pregunta si tiene algún motivo o fundamento’ legal para que no se dicte sentencia en contra suya.
“Yo tiré el tiro y yo no me dirigí a nadie y del balcón de casa, fué que disparé.
“Juez. En atención de que se declara culpable la Corte le con-dena a sufrir tres años de presidio con trabajo forzado.
“Hay otra acusación de portar armas, ¿qué alegación ñace?
Culpable.
“Juez. Un mes de cárcel.”

El artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal,, ed. 1935, concretando el derecho constitucional a estar repre-sentado por ahogado que consagran las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución y el artículo 2, párrafo 2 de nuestra Ley Orgánica, ordena que:

“Si compareciera el acusado a responder a la acusación sin abo-gado, deberá el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse.el acta de acusación y preguntarle si desea la asistencia de letrado. -Si contestare afirmativamente, y no estu-viere en posición de emplearlo, el tribunal deberá nombrarle abogado defensor, de oficio.”

La ley de marzo 9, 1905, que se copia después de dicho artículo en la indicada edición de 1935 del Código de Enjui-(¿amiento Criminal, no altera el deber general del tribunal de informar al acusado sobre su derecho a tener abogado defensor. Para mayor claridad la transcribiremos de igual modo. Dice:

"Cuando se traiga al acusado ante el tribunal eon el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua, si resultare, que no tiene abogado y que la pobreza del acu-sado no le permita emplear defensor, el tribunal designará uno o más letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, concediendo a dichos letrados un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los demás casos, quedará a la discreción del tribunal, la designación de abogado.”

Fijando el alcance del derecho constitucional de que se trata y aplicándolo, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458 por medio del Juez Black el 23 de mayo de 1938:

"Toda vez que la Enmienda Sexta concede a un acusado de delito el derecho constitucional a ser asistido por abogado, el cumplimiento de este mandato constitucional es un requisito jurisdiccional previo y esencial para que una Corte Federal tenga facultad para, privar a un acusado de su vida o de su libertad. Cuando ese derecho ha sido debidamente renunciado, la asistencia de abogado deja de ser un elemento necesario de la jurisdicción de la corte para proceder hasta la convicción y sentencia. Sin embargo, si el acusado no está representado por abogado y no ha competente e inteligentemente re-nunciado su derecho constitucional, la Enmienda Sexta se opone como una barrera constitucional en contra de la validez ele una convicción y sentencia que le prive ele su vida o de su libertad. La jurisdicción de la corte al comenzar el juicio puede perderse ‘en el curso de los procedimientos’ por haber dejado de completar la corte — según lo requiere la Enmienda Sexta — proveyendo abogado para el acusado que está imposibilitado para obtenerlo, que no ha renunciado inteli-gentemente'esta garantía constitucional y cuya vida o libertad están envueltas. Si este requisito de la Enmienda Sexta no es cumplido, la corte deja de tener jurisdicción para seguir el proceso. La senten-cia de convicción dictada por una corte sin jurisdicción es nula, y el que hubiere sido encarcelado en virtud de ella puede obtener su libertad mediante habeas corpus.”

T este propio tribunal en los casos de Ex parte Hernández Laureano, ante, pág. 416 y El Pueblo v. Rosario Mata y El Pueblo v. Rodríguez Cordero, decididos, respectivamente, en marzo 27 y 28 (per curiam), ha interpretado nuestros pre-ceptos de ley sobre la materia a la lnz de la doctrina del Supremo Nacional y ha declarado nulas sentencias dictadas sin haberse cumplido con los mismos.

Bastaría lo expuesto para concluir que el certiorari pro-cede, ya que en momento alguno advirtió la Corte de Distrito de su derecho al acusado, pero hay aún más en este caso concreto. De las contestaciones del acusado se desprende que si bien declaró que había portado el arma y hecho el disparo, dijo que la portación lo fue en su casa y el dis-paro lo hizo porque “le cayeron encima”, y bajo esas circuns-tancias no debió registrarse una declaración de culpabilidad. Esas mismas circunstancias ponen de relieve la necesidad del abogado, del experto en ley, que' con conocimiento de los hechos está en condiciones de aducir en pro de su represen-tado, en debida forma, las defensas que puedan existir en su favor.

Debe, en tal virtud, anularse la sentencia diotada en la causa núm. 2920 condenando al peticionario como autor de un delito de atentado a la vida, y■ surgiendo además de los autos que se dictó otra sentencia en las mismas condiciones en la causa que contra dicho peticionario se siguiera por por-tar el arma con que hizo el disparo, debe también anularse esa otra sentencia, a fin de que la corte quede expedita para continuar actuando en ambas causas de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Rivera Cintrón (a) Tolín, acusado y apelante.
    Núm. 7695.

    Sometido: Abril 10, 1939.

      Resuelto: Abril 14, 1939.

      El apelante compareció por escrito: R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado. .
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación procede de la Corte de Distrito de Ponce.

Al ser llamado en la corte inferior para la lectura de la acusación, el acusado manifestó “que pondría abogado defen-sor.” Sin embargo, en una petición dirigida abora a este tribunal el acusado, deseando aprovecharse del precedente establecido por el caso Ex Parte Ramón G. Hernández Laureano, ante, pág. 416, solicita se revoque la sentencia y se sobresea el recurso.

El fiscal de esta corte se allana a que el caso sea revo-cado y devuelto para ulteriores procedimientos, mas no se aviene específicamente a que se sobresea la acusación.

El caso de Hernández Laureano arriba citado descansó en la opinión emitida por el Tribunal Supremo de los Esta-dos Unidos en el de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458. En dicho caso, por voz del Juez Asociado Sr. Black, el tribunal dijo:

“Debe tenerse presente, sin embargo, que una sentencia no puede, por motivos leves, ser dejada sin efecto mediante un ataque colateral, aun en habeas corpus. Al ser atacada colateralmente, la sentencia de un tribunal lleva consigo la presunción de regularidad. Cuando un acusado sai estar asistido de letrado se somete a un juicio que resulta en su convicción y luego solicita que se le excarcele a virtud del remedio extraordinario de habeas corpus, el peso de la prueba recae sobre él para que establezca que no renunció competente e inte-ligentemente su derecho constitucional a estar asistido por letrado. Si en la vista del habeas corpus presenta esta prueba y convence al tribunal por preponderancia de la misma de que no tuvo letrado ni renunció en debida forma su derecho constitucional a estar asistido por éste, es el deber del tribunal expedir el auto.
“En este caso el peticionario fue convicto sin estar asistido de letrado. En la creencia de que no procedía el Mbeas corpus, la corte de distrito no hizo conclusiones respecto a una renuncia por parte del peticionario. ■ Estando los autos así, creemos necesario devolver el caso. Si — al ser devueltos — la corte de distrito concluye de toda la evidencia presentádale que, el peticionario lia probado su caso y que no renunció competente e inteligentemente su derecho a estar asistido por letrado, entonces deberá resolver que la corte sentencia-dora no tuvo jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni para condenar al peticionario, y en su consecuencia éste tendrá derecho a que su petición sea declarada con lugar. Si el peticionario deja ele probar este extremo, no tendrá derecho a la expedición del auto.
“Debe revocarse el caso y devolverse el mismo a la corte de dis-trito para que actúe en consonancia con esta opinión.
“Revocado.”

No estamos muy seguros de que la manifestación del acu-sado no equivalió a una renuncia,' mas de conformidad con la opinión antes citada dejaremos que la corte de distrito resuelva esta cuestión, y de tener ella serias dudas, que pro-ceda a leerle, nuevamente la acusación al acusado.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la Corte de Distrito de Ponce para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Sbñoe Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Ignacio T. Peñagarícano, Eduardo G. González y Maryland Casualty Company of Baltimore, demandados y apelados.
    Núm. 7707.

    Sometido: Marzo 23, 1939.

      Resuelto: Abril 14, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández Garcia y M. Rodriguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Juan B. Soto y F. Igaravídez, abogados de la apelada Maryland Casualty Co. of Baltimore.
   El Juez Asociado Sbñoe Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

El 15 de septiembre de 1927, los demandados Peñagarí-cano y G-onzález, socios y dueños de un stadium dedicado a la celebración de exhibiciones de boxeo, y la compañía de fianzas Maryland Casualty Company otorgaron a favor de El Pueblo de Puerto Rico la fianza por $5,000 que de acuerdo con las disposiciones de la sección 5 de la Ley núm. 15 de 16 de mayo de 1927 (Leyes de 1927, pág. 439) debe prestar toda persona a quien se expida una licencia para operar un stadium en Puerto Rico. En lo que es pertinente, dicha fianza lee así:

“Por la PRESENTE se hace constar que la social ‘Peñagarícano, González & Co., S. en C.,’ representada por sus gestores Ignacio T. Peñagarícano y Eduardo G. González, de-San Juan, P. R>., como prin-cipales, y la Maryland Casualty Company, de San Juan, P. R., como fiadores, nos obligamos solidaria y maneomunadamente, a favor de El Pueblo de Puerto Rico, en la suma de cinco mil dollars ($5,000) moneda corriente, la cual suma será pagada al Tesorero de Puerto Rico, de acuerdo con las condiciones aqvÁ establecidas y lo- que al efecto dispone la antes citada ley, quedando nosotros, así como nues-tros herederos y causahabientes, albaceas o administradores de nues-tros bienes, formal y solemnemente obligados a efectuar tal pago.
“PoR cuanto los mencionados Ignacio T. Peñagarícano y Eduardo G. González tienen establecido un stadium en la parada 15, Santurce, en la municipalidad de Santuree, P. R., para llevar a cabo exhibiciones o encuentros de boxeo o luchas grecorromanas, y sobre el total del ingreso bruto producido por la venta de entradas (tickets) a cada espectáculo debe pagar una contribución del diez (10) por ciento al Tesorero de Puerto Rico;
“Pok CUANTO, los mencionados Ignacio T. Peñagarícano y Eduardo G. González están sujetos al pago de cualquier contribución impuesta al stadium, o reclamación por daños y., perjuicios ocasionados con mo-tivo del funcionamiento del stadium, y
“Por Cuanto los mencionados Ignacio T. Peñagarícano y Eduardo G. González están en la obligación de‘dar cumplimiento a otras dis-posiciones establecidas en dicha Ley Núm. 15.
“Por tanto (si los mencionados Ignacio T. Peñagarícano y Eduardo G. González rehúsan o dejan de pagar el diez por ciento, 10%, del ingreso bruto producido por- la venta de entradas (tickets) en la forma y tiempo establecidos, o rehtisan o dejan de pagar mal-quiera otra contribución, o rehúsan o. dejan de satisfacer cualquier reclamación por daños y perjuicios ocasionados con motivo del fun-cionamiento del stadium, cuando tal reclamación está debida y legal-mente determinada, o rehúsan o dejan de dar cumplimiento a cual-quiera de las demás obligaciones establecidas por la citada Ley Núm. 15, el mencionado fiador pagará el importe total de tales deudas y reclamaciones contraídas o incurridas por el principal en esta fianza, y en caso contrario la fianza prestada o el depósito hecho será con-fiscado a favor de El Pueblo de Puerto Rico, ingresando en sus fon-dos el remanente luego de saldar las cuentas por cada concepto).” (Bastardillas nuestras.)

En octubre 5, 1936, El Pueblo de Puerto Rico interpuso demanda contra los principales y contra la compañía fiadora, alegando dos causas de acción. Por la primera se reclama la suma de $3,002.11 por concepto de “contribución sobre ingresos retenida en el origen y recargos calculados basta septiembre. 1 de 1936, habiéndose impuesto dicha contribución a la referida sociedad sobre los pagos hechos por ella a distintas personas no residentes por servicios prestados en esta Isla en relación con las exhibiciones de boxeo celebradas en el stadium de la referida sociedad. ’ ’ En la segunda causa de acción se reclama la suma de $132.47 “por concepto de arbitrios sobre espectáculos públicos celebrados en el stadium” de la sociedad Peñagarícano, González & Cía., S. en C.

La corte inferior declaró con lugar la excepción previa de insuficiencia de la demanda, en cuanto a la Maryland Casualty Company se refiere, sin perjuicio de que el pleito continúe en cuanto a los otros dos demandados. No con-forme, el demandante interpuso el presente recurso. De los cuatro señalamientos de error consideraremos solamente el primero y el segundo, los que pueden refundirse en estas breves palabras: “La corte inferior erró al resolver que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar causa de acción contra la compañía fiadora.”

De acuerdo con la sección 5 de la Ley núm. 15, supra, lo único que el tenedor de una licencia para explotar un stadium está obligado a afianzar es: (a) el pago de cualquier contribución impuesta al stadium; y (6) el pago de cualquier reclamación por daños y perjuicios ocasionados con motivo del funcionamiento del stadium.

La sección 10 de la misma Ley núm. 15 impone a la persona que opere un stadium la obligación de pagar al Tesorero de Puerto Rico una contribución del 10 por ciento del total del ingreso bruto producido por la venta de entradas a cada espectáculo. Hemos examinado cuidadosamente y en su tota-lidad la citada ley y no encontramos en ella ninguna otra disposición por la cual se imponga alguna otra contribución al negocio de mantener y explotar un stadium en Puerto Rico. No tenemos duda alguna en cuanto a que el pago de la con-tribución de 10 por ciento del ingreso bruto que la sección 10 impone al stadium está garantizado por la fianza suscrita por la Maryland Casualty Co.

¿Está obligada la compañía fiadora, de acuerdo con la Ley núm. 15 ya citada y con los términos de la fianza por ella prestada a responder del pago de las cantidades recla-madas en la demanda? A nuestro juicio no pesa tal obli-gación sobre la corporación demandada.

La sección 22 de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925 (Leyes de 1925, pág. 401), base de la contención de la parte demandante, impone a toda persona, cualquiera que sea la capacidad en que actúe, que. pague sueldos o salarios de .cualquier individuo no residente que no sea ciudadano de Puerto Eieo, el deber de deducir y retener una contribución igual al 6 por ciento,, de las cantidades así pagadas y satis-facer el importe de dicba contribución al Tesorero de Puerto Rico en o antes del 15 de junio de cada año. Dispone ade-más la citada sección (inciso (ó)) que “cada una de dichas personas queda por la presente declarada responsable de dicba contribución.”

Convenimos con la corte inferior en que la contribución del 6 por ciento que provee la sección 22 de la Ley núm. 74, supra, no puede ser considerada lógicamente como una contribución impuesta al negocio del stadium, o como aparece ■en el texto inglés “levied on tbe stadium.” El pago de dicba contribución es una obligación de la persona “no residente que no sea ciudadano de Puerto Rico,” cuyo cumplimiento está garantizado por la obligación que subsidiariamente impone la ley al pagador del ingreso tributable de retener el 'importe de la contribución y de responder de su pago.

No hemos podido encontrar en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, núm. 74, supra, disposición alguna que im-ponga a las personas obligadas por la sección 22 de la misma ley a retener el importe de la contribución en el origen, el deber de afianzar el cumplimiento-de esa obligación, ni tam-poco disposición alguna que autorice al Tesorero de Puerto Rico a exigir la prestación de tal fianza. No existe base alguna para establecer la presunción de que las partes con-tratantes tuvieron en mente el afianzamiento de las cantida-des que ahora se reclaman a la compañía fiadora apelada.

De los hechos expuestos solamente puede surgir una pre-sunción legal y es la de que al otorgar la fianza las partes tuvieron la intención de ajustarse. a y cumplir con el esta-tuto que exige la prestación de tal fianza, o sea la Ley núm. 15 de 1927. Dicha ley constituye parte de la fianza como si estuviera incorporada en ella; y la fianza debe ser inter-pretada a la luz del estatuto que le dió vida y de acuerdo con el propósito del mismo. 9 C. J. 34; Avilés v. Hijos de Rafael Toro, S. en C., et al., 27 D.P.R. 671, 678; artículo. 1726 Código Civil (ed. 1930).

Convenimos con la corte inferior en, que de acuerdo con la máxima de interpretación ejusdem generis, la frase “o rehúsan o dejan de pagar cualquiera otra contribución” que aparece en la fianza, se refiere a otras contribuciones que como la del 10 por ciento del producto bruto de las entradas, se impone al stadium, pero no a las contribuciones o arbitrios a que se refiere la demanda.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Leopoldo J. E. Vázquez Prada y López, demandante y apelante, v. Cipriano Santos y Lanchas, Merino, Rodríguez Hermanos, y la Sucesión de Gabriel Martín Sánchez, compuesta de su viuda Manuela Moro García y de sus hijos Manuel, Josefa Ermelinda, María Aurora, María Nestora del Pilar y María Isabel Martín, demandados y apelados.
    Núm. 7750.

    Sometido: Febrero 14, 1939.

      Resuelto: Abril 14, 1939.

      Leopoldo José E. Vázquez Prada, por su propio derecho; Garlos Santana Becerra, abogado de los apelados.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso contiene cuatro cansas de acción. En la primera se alega que doña Francisca Luisa López Laborde falleció el 26 de julio de 1918 dejando siete bijos —siendo uno de ellos el demandante y apelante — quienes fue-ron declarados sus únicos herederos por resolución de la Corte de Distrito de San Juan dictada en 31 de diciembre del mismo año; que los otros seis herederos cedieron todos sus derechos hereditarios al demandante y aquí apelante; que por escri-tura de 30 de marzo de 1916, la referida causante por sí y en representación de sus menores hijos Jaime José, Luz, Estela Catalina, Marina Petra Luz, Leopoldo José Eulogio Vázquez; y Arturo Leopoldo Vázquez y Luisa Ana María Vázquez, constituyeron hipoteca sobre una casa en San Juan a favor del demandado Cipriano Santos y Lanchas para res-ponderle de la suma de $8,400, más intereses, costas y hono-rarios; que en noviembre 11 de 1916 el demandado inició ante la Corte de Distrito de San Juan procedimiento sumario para la ejecución de dicha hipoteca y solicitó se expidiese el correspondiente requerimiento de pago, el cual fué expedido y cumplimentado por un tal Bernardo Artigas mediante entrega de copia del requerimiento y de la demanda a doña Luisa López Laborde, por sí y como madre con patria potes-tad sobre sus menores hijos; que aun cuando el auto de reque-rimiento expedido estaba dirigido al márshal, que es el encargado de cumplimentar las órdenes judiciales, el secre-tario de la corte permitió que el requerimiento fuese diligen-ciado por una persona particular; y que en febrero 6 de 1917 la corte de distrito dictó sentencia condenando a todos los deudores hipotecarios al pago de $8,400 de principal, $315 por intereses y $1,150 para costas, gastos y honorarios, y ordenó la venta en pública subasta de la finca hipotecada, la que fué así vendida y adjudicada al acreedor el aquí deman-dado y apelado.

En la segunda causa de acción se reproducen las alega-ciones de la primera y se alega que en la fecha en que se dili-genció el requerimiento el acreedor ejecutante sabía que el aquí demandante tenía cumplidos 21 años de edad; que en esa fecha el demandante tenía su residencia en la casa núm. 24, Ca-lle San José, en San Juan; que el marshal vendió la finca hipo-tecada sin antes haber trabado embargo sobre la misma; que el demandante no ha sido requerido de pago personalmente; que al dorso del requerimiento aparece que el demandante fué requerido como menor de edad; que el demandante era quien administraba la casa hipotecada desde marzo 30, 1916; que el procedimiento seguido, la sentencia dictada y la venta y adjudicación de la finca al demandado son nulos por haber sido hecho el requerimiento por persona particular y no por el márshal y por no haber sido requerido el demandante per-sonalmente; que él demandante ha sido privado y desposeído de su propiedad sin el debido proceso de ley y sin que la corte hubiese adquirido jurisdicción sobre su persona o sobre su propiedad.

En la tercera causa de acción se reclaman $44,000 como importe de los frutos y rentas de la finca desde la fecha de su adjudicación hasta la de la radicación de la demanda, más $14,061.72 por daños sufridos por el demandante al no poder efectuar la venta de la finca.

En la cuarta causa de acción se alega la constitución en 12 de enero de 1918 de una hipoteca de $9,000 por el deman-dado Cipriano Santos Lanchas a favor de los demandados “Merino, Rodríguez & Hermanos,” a quienes se imputa haber tenido conocimiento de los alegados vicios de nulidad en el título del otorgante de tal hipoteca; que la referida hipoteca está vencida y no ha sido prorrogada ni cancelada; que en enero 17, 1923, Santos Lanchas y su esposa vendieron la finca objeto de esta demanda a Gabriel Martín Sánchez, casado con la demandada Manuela Moro de Martín, quien la ins-cribió a su nombre y quien también tenía conocimiento de los alegados vicios de nulidad en el procedimiento mediante el cual Santos Lanchas adquirió la finca; que al fallecimiento de Gabriel Martín Sánchez, todos sus derechos sobre la finca pasaron a sus cinco hijos y a su viuda, quienes figuran en la demanda como demandados y a quienes se imputa haber adquirido con conocimiento de los.alegados vicios de nulidad; y que al hacerse la división de la herencia de don Gabriel Martín, la finca objeto de esta demanda fué adjudicada a la heredera María Nestora del Pilar Martín, esposa del demandado Cipriano Santos y Lanchas, quien tenía cono-cimiento de las alegadas causas de nulidad.

En la súplica de su demanda pide el demandante que se dicte sentencia por la que se decrete la nulidad de todos los procedimientos, actuaciones, escrituras y traspasos a los cua-les se ha hecho referencia en la demanda; y que se condene al demandado Cipriano Santos y Lanchas al pago de $58,061.72 y a devolver la finca al demandante.

Contestaron la demanda los demandados Cipriano Santos Lanchas y su esposa, quienes interpusieron la defensa especial de “cosa juzgada,” alegando: 1°., que en 8 de marzo de 1926 el aquí demandante y apelante y sus seis hermanos promovieron ante la Corte de Distrito de San Juan, bajo el núm. 1,052, contra el aquí demandado y apelado Cipriano Santos Lanchas y Gabriel Martín Sánchez y su esposa, una acción de nulidad del mismo procedimiento hipotecario de cuya alegada nulidad se trata en esta nueva acción; que en la dicha causa núm. 1,052 se alegaron substancialmente las mismas causas de nulidad que se alegan en este nuevo pleito; y que en dicha acción se dictó sentencia desestimando la demanda,' la cual sentencia fué confirmada on apelación por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por lo que el deman-dante está impedido para ejercitar nuevamente la misma acción; 2°., que en primero de agosto de 1929, los mismos demandantes y entre ellos el aquí apelante, promovieron la acción núm. 10,187 ante la Corte de Distrito de San Juan, contra el mismo demandado. Cipriano Santos Lanchas y su esposa, sobre nulidad de lós mismos procedimientos a que se refiere la presente acción; que en dicta cansa núm. 10,187 recayó sentencia en 9 de marzo de 1931 declarando sin lugar la demanda, quedando dicta sentencia firme por tater desis-tido los demandantes de la apelación que interpusieron para ante la Corte Suprema de Puerto Rico.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de San Juan, dictó ésta sentencia en mayo 17 de 1933 desestimando la demanda, sin especial condenación de costas. No conforme el deman-dante apeló. Y este Tribunal Supremo en 23 de diciembre de 1935 revocó la sentencia recurrida y devolvió el caso a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos de conformidad con la opinión emitida y publicada en 49 D.P.R. 308.

Después de reconsiderar el caso por las mismas alegacio-nes y evidencia que le fueron sometidas originalmente, la Corte de Distrito de San Juan, ajustándose a los términos de la citada opinión de este tribunal, dictó sentencia en mayo primero de 1937 declarando con lugar “las dos defensas de cosa juzgada y de inconsistencia o convalidación de las actua-ciones becbas por el propio demandante que adquirió todos los derechos y acciones de sus hermanos” y en su consecuen-cia desestimó la demanda sin especial condenación de costas.

Por el presente recurso el demandante y apelante solicita la revocación de dicha sentencia.

La única cuestión que debemos considerar y resolver es si la corte inferior procedió correctamente al sostener la excepción de “cosa juzgada” interpuesta por los demandados y apelados. Veamos, pues, si del récord ante nos aparece claramente establecida la identidad de partes, acciones y cosas necesaria en derecho para que pueda alegarse con éxito dicha excepción.

El pleito civil núm. 1052 iniciado ante la Corte de Dis-trito de San Juan en el año 1926, por el demandante y ape-lante y por sus hermanos, tenía por objeto la anulación del procedimiento ejecutivo hipotecario iniciado por Cipriano Santos Lanchas en noviembre 11, 1916, que es el mismo pro-cedimiento de cuya alegada nulidad se trata en el presente caso. La solicitud de nulidad en el caso anterior núm. 1052' se basaba en la alegación de que el acreedor hipotecario había ■ejecutado su hipoteca por una suma mayor de la que en rea-lidad le correspondía. Desestimada la demanda por la corte de distrito, apelaron los demandantes y esta Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida (40 D.P.B.. 53).

En el pleito civil núm. 10,187 iniciado en 1 de agosto de 1929 por el aquí demandante y apelante, ante la Corte de Distrito de San Juan, contra los aquí demandados y apelados, se solicitó la declaración de nulidad del mismo procedimiento ejecutivo a que se refiere el presente litigio y se reclamó ade-más el pag'o de frutos producidos por la finca y la nulidad de ciertos traspasos hechos por Cipriano Santos Lanchas con posterioridad a la ejecución. Interpuesta por los demanda-dos la excepción de “cosa juzgada” fué ésta sostenida por la Corte de Distrito, quedando firme su sentencia por no haber perfeccionado el demandante perdidoso el recurso de apela-ción que interpusiera.

Existe identidad de partes demandantes en los tres casos núms. 1052, .10187 y el de autos, pues si bien es verdad que en el primero comparecieron como demandantes todos los herederos de doña Luisa López Laborde, también lo es que en los dos últimos el demandante Leopoldo J. E. Vázquez Prada ha comparecido como tal heredero y como cesionario de los derechos y acciones que pudieran corresponder a sus hermanos y coherederos. La identidad de partes demanda-das es evidente. Véase artículo 1204, Código Civil, ed. 1930, y González v. Méndez et al., 15 D.P.R. 701.

La acción que se ejercita en cada uno de los tres casos es la misma; en cada uno de los tres se solicita prácticamente el mismo remedio; y en todos ellos se trata de anular la ejecución de una hipoteca y la venta y adjudicación de la finca hipotecada, para que ésta sea devuelta a sus anteriores dueños con el importe de los frutos dejados de recibir.

Trata el demandante y apelante de destruir -el efecto de la evidente identidad existente entre los tres pleitos por él iniciados contra los apelados, alegando qne en los dos pri-meros el fundamento de la acción de nulidad era qne el acreedor hipotecario había ejecutado la hipoteca por una suma mayor que la que en realidad se le adeudaba, mientras que el presente caso se basa en la alegada falta de jurisdic-ción de la Corte de Distrito de San Juan para dictar la providencia de remate, por haber sido diligenciado el reque-rimiento por una persona particular y por no haber sido requerido personalmente el aquí demandante y apelante.

No tiene razón el apelante. Cuando existe identidad de partes, de cosa y de causa o acción y sólo varía la razón de pedir la nulidad, debe prosperar la excepción de cosa juzgada. El demandante que inicia un pleito está obligado a utilizar dentro del juicio todos sus medios de defensa, para evitar las perturbaciones que resultarían si se conceptuasen como acciones distintas e independientes cada una de las razones o causas que el actor conocía y hubiera podido aducir para solicitar la nulidad de una sentencia. La aceptación de una regla distinta introduciría la incertidumbre y el caos en los negocios y haría imposible la constitución de un estado de derecho estable y serio. Véanse: Sentencia del Tribunal Supremo de España de 14 de marzo de 1898 (83 J.C. 634); González v. Méndez, et al., supra; Calaf v. Calaf, 17 D.P.R. 198; Rivera v. Rivera, 18 D.P.R. 349; y Ninlliat v. Suriñach, 27 D.P.R. 74, en el que este tribunal sostuvo la defensa de cosa juzgada, expresándose así:

“el mero hecho de que el presente pleito se ha seguido basándose eu una teoría distinta constitutiva de una nueva causa de acción, no altera la situación.”

Véanse: Manrique v. Goffinet, 37 D.P.R. 336; Carrión v. Lawton, 44 D.P.R. 463.

Los hechos alegados por el demandante en el presente pleito, como motivos de nulidad, no son hechos nuevos ocu rridos después de dictadas las sentencias en los dos casos anteriores. Su mayoría de edad y la falta de su requeri-miento personal eran hechos existentes y sin duda alguna conocidos por el demandante en las fechas en que éste inició los referidos pleitos. Pudo y debió él plantear el primero de dichos pleitos bajo las mismas bases aducidas para soste-ner el presente litigio. No es posible consentir que un deman-dante pueda dejar de utilizar “su día en corte” y reservarse alguna o algunas de las razones que pudieran servir de base a su demanda, para aducirlas más tarde en una nueva acción en el caso de que la sentencia le fuera adversa. Véase: Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D.P.R. 865.

La Corte Suprema de California ha expresado la regia de res judicata en los siguientes términos:

“La excepción de res judicata es aplicable excepto en casos espe-ciales, no solamente a aquellos puntos sobre los cuales la corte fué requerida por las partes para dictar una opinión y pronunciar una sentencia, si que también a todos y cada uno de los puntos que debida-mente correspondían a la materia litigiosa y que las partes, ejerci-tando una razonable diligencia, hubieran podido aducir en esa opor-tunidad.” Woolverton v. Baker, 98 Cal. 628, 632.

Véanse: Quirk v. Rooney, 130 Cal. 505; Aurora City v. West, 7 Wall. 84, 102; Herriter v. Porter, 23 Cal. 385.

Por las razones .expuestas debemos resolver que la corte inferior no erró al sostener la excepción de cosa juzgada y que por consiguiente debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.


author: El Juez Asociado Senoe De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Romero Acevedo, acusado y apelante.
    Núm. 7141.

    Sometido: Marzo 9, 1939.

      Resuelto: Abril 19, 1939.

      Herminio Miranda Negrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Romero Acevedo fué denunciado en la Corte Municipal de Arecibo por un delito de portar armas, con-sistente en que allá para el 29 de noviembre de 1936 y en Arecibo, Puerto Rico, “ilegal, voluntaria y maliciosamente portaba y conducía sobre su persona, para fines de ofensa y defensa, una cuchilla curva, estilo faca, de 3^4" de largo por 3/43 (sic) de ancho, . . . que es un arma mortífera con la cual se puede causar grave daño corporal en la persona de un semejante, y la que portaba el acusado, no siendo en su profesión, ocupación, oficio o deporte, y la que le fué ocu-pada y se presenta como materia de evidencia en el caso ante esa Hon. Corte.”

La Corte Municipal de Arecibo lo‘sentenció a un mes de cárcel y'las costas. Apeló para ante la corte de distrito y luego de celebrado un juicio de novo, fué condenado a un mes de cárcel con las costas.

Apeló de dicha sentencia para ante este tribunal y la única cuestión a resolver es si en efecto la cuchilla ocupada es un arma prohibida dentro de las disposiciones de la Ley de Portar Armas de 1924 (Leyes de ese año, pág. 115).

No hay controversia en cuanto a los hechos. Sostiene el acusado que la hoja no excede de tres pulgadas de largo y •que siendo el arma una cuchilla plegadiza, no es de las prohi-bidas por la ley. Admite el juez de distrito que la hoja no excede de tres pulgadas, pero sostiene que no se trata de .una cuchilla plegadiza sino de un “machetito”, y que por consiguiente dicha arma no está comprendida en la excepción establecida en el artículo 5 de la ley de 25 de junio de 1924, supra, que en lo pertinente dice así:

“Artículo 5. — Las disposiciones-de esta Ley no serán aplicables:
“3. A la portación de cortaplumas o cuchillas plegadizas de bol-sillo, cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo;” (Bastar-dillas nuestras.)

La cuchilla fué traída ante este tribunal. No podemos convenir con el juez de distrito en que el arma en cuestión sea un “machetito”. Se trata de una cuchilla plegadiza, porque su hoja se pliega dentro del mango. Medida desde la rabera del acero hasta su terminación (Pueblo v. Peña, 34 D.P.R. 76), la hoja mide justamente tres pulgadas de longi-tud. Es curva, en forma de faca, y plegada la cuchilla mide cerca de dos pulgadas de ancho. Por su construcción, y uso a que se dedica, no es claramente un cortaplumas o cuchilla de bolsillo. En el caso de El Pueblo v. González, 36 D.P.R. 52, 54, al establecer una comparación entre el cuchillo y el cortaplumas de bolsillo, refiriéndose a este último se dijo:

“. . . . cortaplumas, según la misma autoridad (el diccionario) ‘es un instrumento a manera de navaja pequeña usado para cortar plumas,’ con el que podrá quizá causarse daño corporal en alguna ocasión inesperada pero cuyos otros múltiples usos personales, ente-ramente independientes de los fines de ofensa o defensa, son los de-terminantes de que se lleve comúnmente sobre la persona.” (Parén-tesis nuestro.)

Sabemos que los electricistas usan cuchillas plegadizas como la ocupada al acusado para quitar la cubierta de los alambres eléctricos al hacer conexiones, pero del récord no aparece que el acusado, al ocupársele el arma, la estuviese usando para esos fines.

A nuestro juicio el arma en cuestión no está comprendida en el inciso 3 del artículo 5 de la Ley de Portar Armas de 1924, y siendo ello así es un arma prohibida. Procede decla-rar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Tkavieso

text:
    Hermógenes Ríos, representado por su madre con patria potestad María Ríos, demandante y apelante, v. Teresa Chabriel, demandada y apelada.
    Núm. 7897.

    Sometido: Marzo 14, 1939.

      Resuelto: Abril 19, 1939.

      L. Mercader, abogado del apelante; A. Beyes Delgado y Pedro Santos Borges, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

Alegando ser dueño de una finca de ocho cnerdas y de una casa de dos plantas en ella ubicada, por haberla adqui-rido en subasta pública celebrada en el pleito núm. 99 de la Corte de Distrito de Arecibo, el demandante radicó demanda de desahucio contra la demandada. Contestó ésta negando todos los hechos de la demanda y alegó como defensas espe-ciales : que el demandante no tiene derecho o título alguno sobre la finca en cuestión; que el título que el demandante dice tener carece de validez por haber sido apelada para ante el Tribunal Supremo la sentencia por virtud de la cual se efectuó la subasta; y que la casa existente en la finca es de sn exclusiva propiedad por haberla ella construido con sus propios recursos, y es, además, su hogar seguro, donde reside desde 1932 y tiene mi valor de quinientos dólares. Declarada sin lugar la demanda, el demandante interpuso el presente recurso.

La transcripción de evidencia establece como hechos y antecedentes del caso los siguientes:

Por escritura de 7 de febrero de 1931, autorizada por la corte de distrito, Antonio González tomó a préstamo a los cuatro menores hijos de María Ríos la suma de $600 y en garantía de su devolución constituyó hipoteca sobre una finca de 8 cuerdas. González falleció intestado en octubre de 1931, dejando como únicos herederos siete hijos naturales recono-cidos y menores de edad y su madre legítima.

Vencida la hipoteca en 7 de febrero .de 1933, los menores Ríos, representados por su madre María Ríos, incoaron el 20 de febrero de 1937 ante la Corte de Distrito de Arecibo el caso civil núm. 99, en el que pedían se condenara a la Sucesión de Antonio González al pago de $600, intereses, cos-tas y honorarios. En oposición a dicha demanda alegó la Sucesión demandada que en 30 de noviembre de 1936 los demandantes Francisco y Valeriano Ríos, mayores de edad, y María Ríos en representación de sus menores hijos Her-mógenes y María Elena Ríos, celebraron un convenio por escrito y bajo affidavit con Ana Teresa Chabriel, madre natural de los hijos menores de Antonio González, por los tér-minos de cuyo convenio la Sucesión González dió a la Sucesión Ríos en pago de la hipoteca constituida por González sobre la finca de 8 cuerdas, otra finca de 11 cuerdas perteneciente también a la Sucesión González, estipulándose que María Ríos entraría en la inmediata posesión de la finca adjudicádale en pago de la deuda; que las partes contratantes se com-prometieron a gestionar ante la corte de distrito las auto-rizaciones necesarias para que cada parte pudiese obtener un título inscribible en el registro; y que de acuerdo con dicho convenio los demandantes Ríos entraron y continúan en pose-sión de la finca de 11 cuerdas. Y por- vía de contrademanda solicitaron los componentes de la Sucesión González que se obligara a la Sucesión Ríos a cumplir lo pactado en el con-venio a que ya se ba hecho referencia.

Por la sentencia dictada en dicho caso núm. 99, la Corte de Distrito de Arecibo sostuvo la validez del citado convenio en cuanto a Francisco, Valeriano y María Elena, quienes tenían 20, 19 y 16 años de edad, respectivamente, en la fecha en que aceptaron la dación en pago de la hipoteca, por enten-der que ‘ ‘ aunque los contratos realizados a nombre de meno-res sin autorización judicial se consideran inexistentes por falta de consentimiento, no sucede lo mismo con aquellos contratos convenidos por los menores cerca de su mayoría de edad, los cuales, si bien son anulables por lesión u otra causa legítima, no son absolutamente nulos”; y porque dichos menores “aceptaron la dación en pago con edad y capacidad para darse cuenta de que cobraban la parte que les corres-pondía en la hipoteca, con el beneficio respectivo que les proporcionaba la adquisición de la finca.” En cuanto al menor Hermógenes Ríos, quien tenía solamente ocho años de edad en la fecha del convenio, la corte estimó que su situación jurídica era distinta por razón de su corta edad; que el acto de la madre, no habiendo sido autorizado previa y judicial-mente, era absolutamente nulo; y que dicho menor podía igno-rar el convenio y cobrar el crédito hipotecario como si la dación no se hubiese realizado. Y en consonancia con las precedentes conclusiones, la corte desestimó la demanda en cuanto a los demandantes Francisco, Valeriano y María Elena Ríos, sin perjtxicio del derecho que puedan tener para esta-blecer nna acción distinta, y la declaró con lugar en cuanto al menor Hermógenes Ríos, “condenando a la parte deman-dada a pagar a dicho demandante por su condominio en el crédito hipotecario objeto de la demanda, la suma de ciento cincuenta dólares de capital, y los intereses, etc.” La con-trademanda fué declarada sin lugar.

La referida sentencia fué dictada el 20 de mayo de 1937, notificada a ambas partes el día 21 y archivada la notifica-ción el 22 del mismo mes. El 18 de junio de 1937 los deman-clantes solicitaron la reconsideración de la sentencia, la que fue denegada el 21 del mismo mes y año. El día 23 de junio de 1937 los demandados apelaron para ante la Corte Suprema, y el 29 del mismo mes solicitaron se ordenara al taquígrafo que preparase la transcripción de evidencia. En julio 6, 1937, la corte denegó dicha moción por el fundamento de que el escrito de apelación fué radicado después de haber expi-rado el término legal para apelar. De los autos ante nos no aparece que los demandados y apelantes hicieran gestión otra alguna para perfeccionar su apelación.

En 18 de noviembre de 1937, el menor Hermógenes Eíos, asistido de su madre, solicitó y obtuvo un mandamiento para la ejecución de la sentencia dictada a su favor. El 20 de enero, 1938, se celebró la subasta de la finca de ocho cuerdas afecta a la hipoteca y de otra finca de 2 cuerdas que había sido embargada, siendo adjudicada la primera al demandante ejecutante por la suma de $100. Y en esa misma fecha el márshal otorgó escritura pública a favor de Hermógenes Eíos, el aquí demandante y apelante, traspasando y adjudicando a dicho menor “cuantos derechos, participaciones, interés, acciones o condominios en tales descritos inmuebles, en la finca ‘A’ de ocho cuerdas hipotecada por cien dólares, etc.” En los edictos publicados con anterioridad a la subasta, el márshal anunció que en la fecha en los mismos indicada vendería en pública subasta, para hacer efectiva la sentencia a favor de Hermógenes Eíos, “cuanto derecho, acción, inte-rés o participación correspondan a los demandados en la finca hipotecada letra ‘A’ ”, que es la misma finca envuelta en el presente procedimiento de desahucio.

La sentencia recurrida parece estar en abierta contradic-ción y ser incongruente con la dictada en el caso anterior núm. 99, pues si Hermógenes Eíos adquirió por virtud de la primera todo el título, derecho e interés de la Sucesión de Antonio González en la finca de 8 cuerdas, el título con-ferídole por el márshal es y debe ser legalmente suficiente para solicitar el desahucio de los anteriores dueños. El error de derecho en qne aparentemente incurrió la corte es con-secuencia de la apreciación errónea que del convenio de dación en pago de la hipoteca hizo el juez sentenciador. Éste creyó, erróneamente, que la finca dada en pago de la hipoteca, por la Sucesión González a los menores Ríos, era la misma finca de ocho cuerdas afecta a la hipoteca y que fué más tarde ejecutada por Hermógenes Ríos, cuando en realidad, según aparece del convenio que consta en autos, la finca dada en pago era una de once cuerdas, enteramente separada y dis-tinta de la hipotecada. Fué ese error el que sin duda alguna indujo a la corte inferior a desestimar la demanda de desahu-cio, por considerar que “esto crea un conflicto de título con sus mismos hermanos, que no fueron notificados de la ejecu-ción.” El supuesto conflicto no existe. Los hermanos del demandante dejaron de tener interés en la finca hipotecada, que era la de 8 cuerdas, desde el momento en que aceptaron la de 11 cuerdas en pago de su crédito contra la Sucesión González.

En apoyo de la sentencia recurrida alega la parte apelada que el título que ostenta el demandante y apelante carece de validez por haber sido otorgado y la subasta celebrada sin que la sentencia fuera firme por haber sido apelada para ante esta Corte Suprema.

La apelación interpuesta por los demandados el 23 de junio de 1937 suspendió los efectos de la sentencia dictada el 20 de mayo del mismo año, la cual no podía ser legalmente ejecutada mientras estuviese pendiente de resolución dicho recurso. Artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil. Es la Corte Suprema y no la de Distrito la que tiene facultad y jurisdicción para resolver si una apelación ha sido tramitada debidamente y en tiempo. Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475.

No apareciendo del récord que la apelación interpuesta por la Sucesión de Antonio González haya sido desestimada por esta Corte Suprema, nos vemos obligados a resolver que el mandamiento para la ejecución de la sentencia apelada, la subasta celebrada a virtud de diclio mandamiento, la adju-dicación de la finca al demandante y el título conferido a éste por el márshal son nulos y por tanto insuficientes para transmitir al demandante el título de dominio o el derecho de posesión necesarios en derecho para poder solicitar el desahucio de la demandada.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada.