author: El Juez Asociado Señou HutchisoN,

text:
    Manuel A. García Méndez, demandante y apelante, v. Andrés Villarrubia Chaparro y su esposa Tomasa Figueroa Acevedo, demandados y apelados.
    No. 5129.

    Sometido: Marzo 27, 1931.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      Juan B. García Méndez, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señou HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ejecutivo sumario, la finca hipote-cada fué adquirida por el acreedor, único postor en la venta, por una cantidad representativa de algo más de la mitad de la deuda. El acreedor entonces instruyó al márshal que embargara otras tres parcelas de terreno, el usufructo de los demandados en ellas, y cierto ganado. La corte d'e distrito se negó a ordenar la venta de los bienes así embargados, y el acreedor apela.

La sección primera de la “Ley relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, ’ ’ aprobada el 9 de marzo de 1905 (Estatutos Revisados, sección 5295) dispone:

“Que en las sentencias que se dicten en juicios sobre ejecución de hipotecas y otros gravámenes se ordenará que el demandante recupere su crédito, daños y costas mediante venta de la finca sujeta al gravamen; y al efecto se expedirá una orden al márshal del distrito en. que la propiedad hipotecada radique, disponiendo que proceda a em-bargarla y venderla para satisfacer la sentencia, en la forma pres-crita por la ley para la venta de propiedad bajo ejecución; y si uo se encontrase la finca hipotecada o si el resultado de su venta fuese in-suficiente para satisfacer la totalidad de la sentencia, entonces el márshal procederá a recuperar el resto del dinero o remanente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra propiedad del deman-dado, como en el caso de cualquiera otra ejecución ordinaria.”

En P. R. Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, 13 D.P.R. 234, este tribunal resolvió que la'sección que acabamos de citar no autorizaba el embargo y venta de bienes no comprendidos por la hipoteca a fin de satisfacer cualquier sentencia o fallo que pudiera recaer en un procedimiento ejecutivo sumario. No hallamos en.el alegato del apelante razón satisfactoria alguna para alterar la conclusión a que allí llegamos.

En el presente caso hubo un requerimiento de pago, en la forma estereotipada, seguido por la orden usual de venta de la finca gravada. No hubo fallo o sentencia decretando que “el demandante recupere su crédito,” como en P. R. Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, supra. La providencia de venta, no ordenaba al rnársbal qne “si el resultado de su venta fuese insuficiente para satisfacer la totalidad de la sentencia, en-tonces el marshal procederá a recuperar el resto del dinero-o remanente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra propiedad del demandado, como en el caso de cualquiera otra ejecución ordinaria.” El requerimiento de pago no con-tenía indicación alguna en el sentido de que la falta de-cumplir con el requerimiento sería seguida por resultados tan. desastrosos. No hubo tal decisión o sentencia como la pre-vista por la ley de 1905 para ser satisfecha mediante la incautación y venta de bienes no cubiertos por la hipoteca.

Debe confirmarse la orden apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Texidob,

license: Public Domain

text:
    Asociación Médica de Puerto Rico, Inc., demandante y apelante, v. Pío Rechani, demandado y apelado.
    No. 4776.

    Sometido: Diciembre 11, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      Feliú & La Costa, abogados de la apelante; B. Martinez Nadal j Celestino Triarte, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

La Asociación Médica de Puerto Rico, alegando ser una corporación constituida de acuerdo con la ley, presentó ante la Corte de Distrito de San Juan, una demanda de injunction para que se prohibiera a Pío Rechani que ejerciera como médico. Aparte de la alegación a que nos referimos, en la demanda aparecen las de que el demandado' sin poseer licencia expedida por la Junta Insular de médicos examina-dores, y sin estar autorizado por las leyes de Puerto Rico, ■viene dedicándose al ejercicio de la Medicina, diagnosticando enfermedades, expidiendo recetas para las personas, desem-peñando el cargo de médico municipal en violación de la Ley No. 73 de 1923 y de la número 15 de 1924, y sin que el de-mandado tenga el título académico de escuela alguna de medicina reconocida por la Junta de Médicos examinadores, o licencia otorgada por esta junta; que el consumo o inges-tión de medicina y drogas recetadas por el demandado a los pacientes, y su asistencia constituye un peligro público; que el demandado cobra, a sus pacientes compensación por sus servicios; que esa conducta ocasiona a los asociados de la demandante el perjuicio de verse privados de la compensa-ción que recibirían de los mismos enfermos, pérdida que no puede fijarse en cantidad alguna; y que el demandado es insolvente, y los perjudicados no podrían hacer efectiva una condena de daños y perjuicios.

El demandado contestó, negando que ejerza la medicina sin derecho a ello, y alegando también que por las disposi-ciones de la Ley No. 79 de 1911, viene ejerciendo la medicina, y desempeñando cargos, formulando recetas para tratamiento y curación de enfermedades, sin usurpar funciones de los médicos autorizados de Puerto Rico, y sin que perciba de sus pacientes compensación de manera fraudulenta, sino la .adecuada por los servicios que les presta; negó que su actuación constituya peligro o amenaza para la salud y la seguridad del pueblo, o cause perjuicio a la demandante o .sus asociados.

Y en la comparecencia, presentó el demandado una mo-ción to quash, que según resulta de la opinión de la corte, se convino por las partes en que se tomaría como una excep-ción previa. En esa moción el demandado pidió que se ■desestimara la demanda: (a) porque los hechos en ella alegados no son suficientes para justificar la expedición del .auto de injunction; (b) porque la demandante no tiene capa-cidad para pedir tal auto; y (o) porque la demandante tiene remedio adecuado en ley.

La corte declaró sin lugar la petición de injunction, fun-dándose en una opinión en la que estudia especialmente su .jurisdicción como corte de equidad, la procedencia del injunction, la capacidad de la demandante, la existencia de remedio ■en ley, y la del daño específico a la demandante; y ésta ha apelado ante nosotros, presentando a nuestra consideración •sinco señalamientos de error.

La parte apelante sostiene que la corte erró al declarar que no tiene jurisdicción en este asunto, por la naturaleza del mismo.

La corte de distinto, en la opinión base de su sentencia, ■estima que la ley en que la demandante funda :su petición, es la No. 73 de 1923, y su enmienda por la No. 15, de 1 de .julio de 1924, según las que el ejercicio ilegal de la medicina y la cirugía, es un delito menos grave; y en cuya legislación ■se dispone que el tribunal de médicos examinadores puede investigar la identidad de cualquier persona que se haga pasar por médico, y en su caso anular la licencia, y dar cuenta .al Procurador General para la persecución del infractor por los tribunales. La corte entiende que la ley en ese aspecto, <es una ley penal, y dice en su opinión:

. Una corte de equidad no tiene jurisdicción para impedir la comisión de delitos, ni intervenir en la prevención de actos ilícitos, sólo porque sean ilegales, y la razón para esto es, no solamente la falta de jurisdicción, sino también la existencia de un remedio ade-cuado en ley, en otras palabras, las cortes de equidad no deben inter-venir en la administración de un estatuto criminal.”

En apoyo de esta tesis cita Spelling, la obra de Wharton sobre ley penal, y alguna de Corpus Juris.

En oposición a esta manera de ver de la corte la apelante cita la doctrina del caso In re Debbs, 158 U. S. 564, en donde se dijo:

“Por otro lado, se objeta el que está fuera de la jurisdicción de una corte de equidad el inhibir la comisión de delitos. Esto, como proposición general, es incuestionable. Algo más que la amenazada comisión de una ofensa contra las leyes del país, es necesario para invocar el ejercicio de los poderes inhibitorios de la corte. Debe ha-ber algunas interferencias, reales o amenazadas, contra bienes o de-rechos de naturaleza pecuniaria; mas, cuando aparecen tales inter-ferencias, surge la jurisdicción de una corte de equidad, y no se des-truye por el hecho de que estén acompañadas (las interferencias) de o que constituyan ellas de por sí, violaciones de la ley general.”

Los hechos esenciales en. este caso In re Debbs, se dife-rencian bastante de los del caso en que resolvemos. En el de Debbs aparece que había veinte y dos compañías de ferro-carril que hacían el tráfico y trasporte entre Estados, llevando a éstos mercancías diversas y en grandes cantidades':, y que llevaban también correspondencia postal, y habían hecho trasporte de tropas, municiones y provisiones; que los de-mandados, eran oficiales de la American Railway TJnion; que-hubo choque entre la compañía de vagones Pullman,y sus empleados, que se retiraron del servicio de la compañía; y la citada Union estableció el boycott contra la compañía; se alegó que los demandados por sí y sus agentes detenían el tráfico ferroviario, sustrayéndoles trabajadores, inutilizando material y empleando violencia, etc. La petición de injunction fué presentada y sostenida por el fiscal de distrito del distrito norte de Illinois bajo la o dirección del Attorney «General. Se libró la orden de injunction, y se notificó a varios de los interesados. Como algunos la desobedecieron se presentó el cargo contra ellos por desacato; y por virtud de tal cargo fueron condenados a cumplir términos de cárcel, que variaban de tres a seis meses. Acudieron los acusados, ■en error y en fiábeas corpus. Y en este último procedimiento .aparece la opinión que se fia citado. Naturalmente, no .siendo los fiecfios del caso los mismos, es difícil aplicar al presente, de una manera estricta, lo que allí se determinó, .salvo algunos conceptos generales.

En aquel caso fiabía el perjuicio general, ocasionado por los actos de los demandados, que obstruían y obstaculizaban ■el comercio entre Estados, que impedían el trasporte de ar-tículos de primera necesidad, y que se manifestaban en violencias de obra. En el caso presente-, los hecfios no tienen gran analogía con los de In re Debbs. En este último dijo la Corte Suprema:

“El caso que la demanda presenta es el siguiente: Los Estados Unidos, Rallando que la transportación interestadual de personas y propiedad, así como la conducción del correo, está violentamente obs-truida, y que existe una combinación y conspiración con el fin de so-meter el dominio de dicha transportación a la voluntad de los cons-piradores, acudió ante uno de sus tribunales, actuando como corte -de equidad, en solicitud de un injionction para impedir tal obstruc-ción y prevenir :que la conspiración se llevara a efecto. Se presen-tan dos cuestiones de importancia: Primero. 4Son las relaciones en-tre el gobierno general y el comercio interestadual y la transporta-ción del correo de tal naturaleza que autoricen una intervención directa para prevenir la obstrucción forzada de los mismos ? Segundo. .Si existe, como toda autoridad en los asuntos gubernamentales implica tanto poder como deber, ¿ tiene una corte de equidad jurisdicción para expedir un injunction a fin de contribuir al cumplimiento de tal obli-gación f”

Y después, en la página 583, tomo citado, aparece lo que .sigue:

"De tal suerte, en el caso que nos ocupa, el derecho al uso de vio-lencia no excluye el de recurrir a las cortes en demanda de una re-solución judicial y del ejercicio de todas sus facultades de prevention. En realidad, es un elogio, más que una inculpación, al go-bierno, que en lugar de dirimir por sí mismo entre el bien y el mal por parte de estos peticionarios y sus asociados, y de obligar el cum-plimiento de tal resolución con la macana del policía y la bayoneta del soldado, sometió todas dichas cuestiones a la determinación pací-fica de tribunales judiciales, e invocó su consideración y juicio res-pecto a la medida de sus derechos y facultades y las obligaciones co-rrelativas de aquéllos contra quienes se presentaba la demanda. E igualmente hay que acreditar a estos últimos que la sentencia de dichos tribunales fuera por la gran mayoría de ellos respetada, y que se terminaran las controversias que amenazaban tantos desastres.”

En la misma opinión se cita el caso United States v. Bell Telephone Company en donde se había sostenido por una parte que los Estados Unidos no tenían interés pecuniario en el objeto del pleito, pero esa proposición fué desestimada, sosteniéndose, de acuerdo con la doctrina del caso United States v. San Jacinto Tin Co., 125 U. S. 273, que era evidente que en el ánimo de la corte en el caso ante ella, el derecho •de propiedad sobre el terreno en controversia, .era una materia de importancia, pero cuidadosamente estableció que los casos en que la intervención de la corte no podía ser usada son aquéllos en que los Estados Unidos no tienen interés pecuniario en el remedio a que se aspira.

Como se nos ha citado algún párrafo de ésta opinión, es -de conveniencia fijar la atención en el mismo, para no darle ■otro alcance que el que por sí tiene. Dijo la Corte Suprema:

“Por otra parte, se aduce que está fuera de la jurisdicción de una ■corte de equidad el evitar la comisión de delitos. Esto, como propo-sición general, no se discute. Un juez de equidad no tiene jurisdic-ción criminal. Para poner en curso los poderes de la corte para ex-pedir autos de injunction se requiere algo más que el amenazarse co-meter un delito contra las leyes del país. Debe haber algunas inter-venciones reales o amenazadas en la propiedad o derechos de natu-raleza pecuniaria, pero cuando aparezcan tales intervenciones, surge la jurisdicción de una corte de equidad, y no la destruye el hecho de que estén asociados o sean por sí mismas violaciones de la ley penal. De este modo, en Cranford v. Tyrrell, 128 N. Y. 341, se sos-tuvo un injunction para impedir al demandado que mantuviera una casa de citas deshonestas, expresándose así la corte en la página 344: ‘Que el que ocasione el estorbo esté sujeto a las disposiciones y pena-lidades de la ley criminal no es defensa a una acción sobre resarci-miento de daños sufridos, establecida en su contra por una persona privada, ni a un injunction por el uso continuo de sus propiedades de tal manera.’ Y en Mobile v. Louisville & Nashville Railroad, 84 Alabama, 115, 126, hay una manifestación similar en estas palabras: ‘El mero hecho de que un acto sea criminal no despoja de jurisdic-ción a una corte de equidad para prevenirlo mediante injunction, si ello es a la vez una violación de derechos de propiedad y la parte perjudicada no tiene otro remedio adecuado para impedir los daños irreparables que resultarían de la omisión o inhabilidad de un tribunal de derecho para garantizar tales derechos’.”

Como vemos la proposición general de que las cortes de equidad no tienen en su jurisdicción la facultad de represión o de prevención de delitos, se considera indudable. Un juez de equidad no tiene jurisdicción penal. Para que actúe, es necesario ‘ ‘ algo más que la amenaza de comisión de una viola-ción de las leyes del país.” Y un algo más es el ataque a la propiedad o intereses pecuniarios; y entonces actúa la equidad, aunque el hecho de que se trata sea de naturaleza delictiva. La cita que se hace del caso Mobile v. Louisville S Nashville Railroad, es importantísima; de ella aparece la necesidad de que la parte no tenga otro remedio adecuado para la prevención del daño irreparable.

La legislación de Puerto Rico en la materia, se halla esencialmente compuesta por las leyes No. 79 de 1911, No. 73 de 1923, y No. 15 de 1924. No se cita la original de 1903, porque para este caso no es de necesidad.

En la ley No. 79 de 1911, se enmienda una sección o artículo de la de 1903, y se fija la forma en que las personas que deseen ejercer la Medicina han de obtener su licencia. TJn “Disponiéndose” de la sección enmendada, establece que aquéllos que han estado practicando en Puerto Rico la pro-fesión médica por un período de cinco años anfes de la aprobación de la ley tendrán derecho a continuar en el ejer-cicio de la profesión sin sujetarse a lo prescrito en esa ley.

La Ley No. 73 de 1923, estableció una junta de médicos examinadores, y fijó sus atribuciones y deberes. De acuercLo con sus disposiciones, es preciso, para ejercer la profesión médica en Puerto BAco, a más del título, edad y conducta, la licencia expedida por la junta, previo examen fie reválida; estableciéndose por la ley algunas exenciones de tal examen.

La Ley No. 15, de 1 de julio de 1924 (p. 123), enmendó varios artículos de la que acabamos de citar, entre ellos eL 25, que en su última redacción es como sigue:

‘1 Sección 25. El Tribunal Médico Examinador, por su propia ini-ciativa, o a virtud de queja o denuncia, debidamente fundada, de un ciudadano, podrá en cualquier momento investigar la identidad de. cualquier persona que pretenda ser, o se anunciare o baga pasar como médico-cirujano, osteópata, practicante, optómetra, comadrona, enfer-mera, o enfermero licenciado o no por la Junta y después de notifi-car por escrito al interesado, tendrá poder para exigirle que presente pruebas razonables y a satisfacción del tribunal de que posee una li-cencia legalmente obtenida para practicar su profesión en la Isla de Puerto Rico y de que es en realidad la persona a quien original-mente se expidió dicha licencia. Si de la investigación resultare que el denunciado no tiene licencia para practicar, o no le pertenece le-gítimamente la que posee, la junta anulará dicha licencia y, además, en cualquiera de los dos casos traspasará el expediente al Attorney General de Puerto Rico para la debida persecución de los infractores ante los tribunales del país; Disponiéndose, que el Tribunal Médico de Exámenes, tendrá poder para retirar y anular, temporal o defi-nitivamente, la licencia que poseyera cualquier médico-cirujano, os-teópata, practicante, optómetra, comadrona, enfermera o enfermero, por convicción en cualquiera de los siguientes casos: delito de fraude o engaño cometido durante el ejercicio de la profesión; por delito de crimen (felony) ; por ser un alcohólico consuetudinario o adieto al uso de drogas narcóticas; por practicar o ayudar a efectuar, de cualquier manera, método o forma, un aborto criminal en rma. mujer; por excederse repetidas veces en las atribuciones profesionales que le señala esta Ley; por conducta de mal práctica, es decir, incompeten-cia burda y manifiesta, con perjuicio de tercero, en el ejercicio de su profesión; por conducta inmoral y deshonrosa; Disponiéndose, asi-mismo, que el procedimiento a seguir para la anulación o suspensión temporal de una licencia será incoado por uno de los miembros del tribunal designado por el Presidente, a virtud de querella presentada por cualquiera de los miembros del tribunal o declaración jurada pre-sentada por cualquier ciudadano. La querella o declaración deberá en todo caso aducir, hechos que prima facie constituyan causa probable. El querellado tendrá para su defensa ante el Tribunal Médico Examinador todos los derechos concedidos a personas acusadas de de-lito, o con excepción del juicio o investigación por jurado; Dispo-niéndose, igualmente, que en todos los casos de anulación o suspen-sión de licencias el fallo del Tribunal Médico de Exámenes será co-municado a las autoridades fiscales y policíacas de la Isla para que. vigilen su debido cumplimiento; pero que en los casos a los que se refiere el disponiéndose inmediato anterior, juzgados por el tribunal y en el que el fallo fuere de anulación o suspensión de licencia por más de un año, dicho fallo no será firme ni comunicado a las auto-ridades fiscales y policíacas, mientras una corte de distrito no haya revisado y juzgado el caso, para ante cuya corte tendrá derecho de apelación, en juicio de revisión, el profesional sentenciado por el Tribunal Médico, cuyo derecho deberá ejercitar dentro de un plazo de diez días.”

Este precepto legal marca de una manera indudable el procedimiento. El Tribunal Médico Examinador tiene el poder necesario para exigir pruebas de la posesión de una licencia legal para la práctica de la profesión; y el resultado de la investigación lleva el expediente a poder del Procurador General para la persecución del infractor ante los tribunales del país. De uno de los “Disponiéndose” aparece clara-mente que esa persecución por el Procurador General no ha de ser solamente en la vía penal, ya que se habla de fallo del tribunal de anulación o suspensión de licencia.

Puede entonces dejarse de lado la cuestión de si un tribunal de equidad tendría o no jurisdicción en injunction, en un caso como el presente, ya que tenemos en la misma ley, la solución del problema en cuanto a la capacidad de la aquí demandante para la promoción y prosecución de un procedi-miento para impedir que el demandado ejerza la profesión de médico. A nuestro entender la Junta de Médicos Exami-nadores, es la capacitada, por ley, para establecer el pro-eedimiento, y para enviar el expediente al Procurador Grene-ral, para su actuación ante los tribunales. Y siendo ello así, la resolución de que se apela se baila justificada.

No entendemos que en la resolución apelada se hayan cometido los errores que la apelante señala.

La demandante carece de personalidad para este litigio. Además, existe un remedio claro, adecuado, y suficiente en ley; y no resulta de la demanda el daño irreparable a la demandante.

jDebe- confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Texidoe,

text:
    Juan S. Marchán, demandante y apelante, v. José Pedro, Delfina Josefa Antonia y Manuel Eguen Otazabal, herederos de Adolfo Graciano Eguen Otazabal, demandados y apelados.
    No. 5595.

    Sometido: Marzo 16, 1931.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; Large & Acevedo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso, Doctor Juan S. Marchan, apeló de la sentencia dictada por la corte de distrito de San. Juan en un pleito por él seguido contra la sucesión de Don Adolfo Graciano Eguen Otazabal en cobro de honorarios profesionales. La apelación se presentó en 13 de junio de 1930. El apelante pidió la transcripción de evidencia, la que se hizo y quedó aprobada en 29 de diciembre de 1930, y fué elevada a este tribunal en 28 de enero de 1931. La trans-cripción es un tomo de 683 páginas, y aun hay una adicional de 12 páginas.

3STo se lia. presentado la transcripción del récord; y el apelante ha solicitado diversas prórrogas para hacerlo, fundándose en que el taquígrafo no la ha podido terminar; la última prórroga que aparece concedida por este tribunal expiró el 14 de marzo de 1931; y en marzo 9, 1931, pidió el apelante una prórroga de 30 días para la preparación y radi-cación de alegato, que le fué concedida; y en. 13 de los mismos mes y año, una de treinta días para la radicación de trans-cripción del récord, fundándose en que el abogado del ape-lante ha intentado preparar esa transcripción de acuerdo con los abogados de la parte apelada, que se negaron a ello; que los gastos de la transcripción montan a $50 aproximadamente, y que el apelante reside en Manatí; que el abogado del apelante tiene imperiotea necesidad de ir a los Estados Unidos continentales por un término de veinte días, y se embarca el 14 de marzo de 1931. Esta petición no ha sido provista.

La parte apelada ha presentado moción para que desestimemos la apelación, fundándose en que no ha sido presentada la transcripción del récord, y han transcurrido más de treinta días de la aprobación de la de la evidencia; que la Ley 81 de 1919 dispone que se eleve a este tribunal, sin demora el récord completo dentro de ese término; que ilo se ban entregado al Secretario de la corte de distrito la certificación de los documentos que componen el legajo de sentencia, ni los derechos que importa la misma; y que la apelación no está perfeccionada,, y las prórrogas concedidas son nulas.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 81 de 1919, en la parte necesaria dice así:

“Constituirá el récord de una apelación la certificación que libran el secretario del tribunal a quo, o los abogados de las partes, del le-gajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, excepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la evidencia de acuerdo con la ley. En este caso el récord de apelación estará cons-tituido por dicha transcripción original y por certificación de los de-más documentos que constituyan el legajo de la sentencia autorizada en la forma prevista anteriormente. Será deber del apelante entre-gar al secretario dicha certificación autorizada por los abogados de las partes, o solicitar la misma de aquél, y dicho funcionario elevará a la Corte Suprema, sin demora alguna, el récord completo de la apelación. El récord de apelación deberá ser-archivado en la se-cretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones, sin que la demora del Secretario perjudique a la apelación con la constancia de haberse notificado a los abogados de las partes apeladas, con copia literal de la misma, certificada por el abogado del apelante. En el caso de ha-berse aprobado una transcripción de la evidencia, el término se con-tará desde la aprobación de la misma, y la constancia mencionada se limitará a la entrega de la parte restante del legajo de la sentencia."

Sin que pueda caber duda en cuanto al texto legal, la transcripción de autos se forma con la de la evidencia, o la exposición del caso, y el legajo de sentencia. No es dudoso que no es misión del taquígrafo de la corte la copia de los documentos que constituyen el legajo de sentencia, cuya autenticación indudablemente y por mandato de la ley toca al secretario de la corte, o a los abogados de las partes. Si cualquiera de éstas encarga o pide al taquíg'rafo tal copia, de su mayor o menor diligencia, y facilidades para despa-charla, responde la parte misma.

La transcripción del récord según el articulado de la ley, es una y única. El presentarla fraccionada no puede tenerse como cumplimiento del precepto legal, y esto es lo que ocurre en este caso.

lían transcurrido, con exceso, los noventa días desde que se presentó la apelación en este caso. • Dé acuerdo con la íegla 60 de este tribunal, cuando el apelante deje de cumplir los deberes o requisitos que se le imponen por la ley o el reglamento, puede el tribunal desestimar la apelación, de oficio, o a instancia de parte.

El apelante no puede sostener que ha presentado la trans-cripción del récord, como la define la ley.

Se desestima esta apelación.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado £>eñor Hutchison disintieron.

EN RECONSIDERACION

Abril 30, 1931

A nuestra resolución del 31 de marzo de 1930, desesti-mando la apelación, se ha presentado solicitud para que reconsideremos.

Es frecuente el caso de que los peticionarios en reconsi-deración, insistan en argumentar sobre extremos ya resueltos, sin presentar algo nuevo, que quizá hubiera escapado al es-tudio y consideración del tribunal al resolver. Sobre estos extremos basta lo que en la resolución de que se trata fue dicho a su tiempo.

Nada hay en nuestra resolución que tienda a limitar las facultades y derechos de este tribunal; ni que justifique esa creencia. El tribunal conoce perfectamente sus facultades, y en la concesión de prórrogas va hasta donde le es posible en cuanto a tolerancia.

Los hechos en este caso indican un olvido de algunas reglas elementales en cnanto a la tramitación de la apelación. Nada hay en la ley ni en el reglamento del tribunal qne per-mita presentar fraccionada la transcripción del récord; y nada qne indique qne es el taquígrafo de la corte el funcio-nario qne ha de preparar el legajo de sentencia; la parte qne encarga al taquígrafo de tal misión, lo hace a su riesgo.

El reglamento de este tribunal, en su artículo 58, no dice lo qne la parte peticionaria pretende, citando el texto en parte:

“Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del tér-mino prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una mo-ción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la copia de los autos ha sido presentada a la fecha en que se haga' tal noti-ficación, este hecho constituirá una conte'stación eficaz a la referida moción, aun en el caso de que dicha copia no se hubiere presen-tado dentro del término prescrito.”

Hecha una moción para desestimar, el tribunal puede de-cretar la desestimación; si la copia de los autos se presenta antes de verse la moción, ello sería una contestación eficaz, lo que no priva al tribunal de resolver lo que estime más justo.

Aquí la moción para desestimar se presentó el 27 de febrero de 1931; la parte apelante, lejos de presentar la transcripción, pidió en 14 de marzo siguiente, esto es, unos quince días después de notificada de tal moción, una nueva prórroga para tal presentación, cuando ya la tenía en su poder, y aun entonces necesitaba, segúín expresó, treinta días más, para que la certificara el secretario. Y se oyó la moción en 16 de marzo sin que se presentara la transcripción; si se hubiera presentado podría invocarse el artículo 58 del reglamento que ahora se nos recuerda.

Esto no obstante, y prescindiendo de la tenacidad con que se nos alega un derecho que no existe, teniendo en cuenta que se ha presentado una transcripción de evidencia de cerca de. 700 páginas; que la parte apelada no ha querido, según lo que se alegó, subscribir la certificación del legajo del récord; y que la falta lia procedido de una errónea, aunque no con-fesada, interpretación de la ley, usaremos de nuestra discre-ción para abrir esta apelación, y conceder a la apelante un fínico término de diez días para presentar el legajo y que se nna a la transcripción de evidencia.

      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Baudilia Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 835.

    Sometido: Marzo 20, 1931.

      Resuelto: Abril 1, 1931.

      L. Tirado Qéigel, abogado de la recurrente; El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Al registrador de la propiedad de Mayagüez se presentó para anotación en su registro, un documento que copiado literalmente es así;

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico. — -Baudilia Rodríguez, demandante, v. Gabriel Palerm Enrich., demandado. — Civil No. 12925. — Daños y Perjuicios. — Esta-dos Unidos de América, El Presidente de los EE. UU., ss. — El Pueblo de Puerto Rico, al Sr. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, Puerto Rico. — Mandamiento.—PoR cuanto, en el caso arriba titu-lado esta Hon. Corte ha dictado con .fecha 24 de octubre de 1930 la siguiente orden:
“ ‘Vista y considerada la precedente solicitud de la parte aetora, y examinados los autos del caso, esta corte accede a lo solicitado y ordena el embargó adicional de bienes propiedad del demandado en este caso, en virtud de la misma fianza para aseguramiento de sen-tencia ya prestada por la demandante. — San Juan, P. R., a 24 de oc-tubre de 1930. (fdo.) R. A. Gómez, Juez.’
“PoR cuanto la demandante ha designado como bienes a embar-gar el siguiente inmueble propiedad del demandado Gabriel Palerm Enrich, mayor de edad, casado con Emilia María Alfonsso, propieta-rio y vecino de San Juan, a saber:
“ ‘Casa de concreto, terrera, techada de zinc, de 54 pies de frente por 46 de fondo, o sean 13.11 cm. y 13.95 respectivamente, valorada en $3,500 y enclavada en solar propiedad del Municipio, sito en el pueblo de Añasco, esquina de las calles “Barceló” y “Caridad”, que mide trece metros veintitrés centímetros de frente por veinte metros y cuarenta y cinco centímetros de fondo, o sean trescientos doce metros cuadrados (según rectificación sólo 270.55 cm. cuadrados) que linda por la derecha entrando Este con la calle ‘ ‘ Caridad ’ ’; izquierda Oeste casa de Epifanía Suárez; espalda Norte egidos del pueblo de Añasco; y frente Sur calle “Barceló”. Se encuentra libre de cargas. Inscrita al folio 172 del tomo 38 de Añasco, finca No. 1636, inscrip-ción 2da.’
“Por CUANTO a solicitud de dicha demandante Baudilia Rodrí-guez, mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de San Juan y en cumplimiento de la orden transcrita he embargado el inmueble arriba descrito.
“PoR tanto, para que por Ud., Sr. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, P. R., se tome anotación del referido embargo, le libro el presente mandamiento por duplicado bajo mi firma y el sello de esta corte, en San Juan, P. R., hoy día 24 de octubre de 1930.
“ (fdo.) P. N. Colberg,
“Secretario Corte de Distrito, S. J.”

El registrador puso la siguiente nota:

“Denegada la anotación del embargo adicional que precede por el fundamento de que se trata de una orden de la corte en términos generales, ejecutada por el secretario de la misma, quien carece de facultades para tales actos, y tomada en su lugar la correspondiente anotación preventiva por 120 días, a los efectos de ley, al folio 172 del tomo 38 de Añasco, finca 1636, anotación A. Se ha tenido a la vista otro documento.”

La interesada acude en recurso gubernativo ante este tribunal.

La nota del registrador es correcta. El secretario de la corte no puede embargar bienes, ni ésa es función que le corresponde, de acuerdo con la ley. El embargo debe bacerse por el mársbal bajo el mandamiento librado por el secretario.

Se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Miguel A. Bustelo, demandante y apelante, v. A. Lugo Viñas, demandado y apelado y Mercedes Gilot, interventora y apelada.
    No. 5307.

    Sometido: Marzo 13, 1931.

      Resuelto: Abril 1, 1931.

      F. Gallardo Díaz, abogado del apelante; F. B. Fornaris, abogado del demandado y la interventora, apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción contra A. Lugo Viñas, Miguel A. Bustelo embargó una póliza de seguro de vida en poder de la Sra. Lugo Viñas, como cesionaria de un tal Juan Rivera Sánchez. La Sra. Lugo Viñas intervino, alegando el dominio exclusivo de la póliza, y la corte de distrito anuló el embargo.

El artículo 428 del Código de Comercio preceptúa, en substancia, que el producido de una póliza de seguro de vida pertenece al beneficiario “aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla.” No dice que cuando el endosatario de un beneficiario sea un hombre o una mujer casada, la póliza o su producto será un bien privativo de él o ella. Se presume ganancial una póliza de seguro de vida poseída por una mujer casada como endosa-taria de un beneficiario o< de un asegurado que no es su esposo. Artículo 1322, Código Civil, (Estatutos Revisados 4428); Bollinger v. Wright, 143 Cal. 292. El caso de Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, invocado por el juez de distrito, no es aplicable.

Debe revocarse la sentencia apelada en cuanto al pronun-ciamiento relativo al levantamiento' del embargo.


text:
    Félix Benítez Rexach, demandante y apelado, v. El Municipio de Ponce, Ricardo Skerret y Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandados, y apelantes los dos últimos.
    No. 4978.

    Sometido: Marzo 11, 1930.

      Resuelto: Abril 7, 1931.

      Procurador General James R. Beverley y Arturo Ortiz Toro, Primer Subprocurador General Auxiliar, abogados del Comisionado del Interior; Tous Boto & Zapater, abogados del Señor Skerret; F. B. Fornaris y M. Bdhamonde, abogados del Municipio de Ponce; G. Goll y Cuchí, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Benítez Rexaeb presentó ante la Corte de Distrito de San Juan, una demanda contra el Municipio de Ponce, Ricardo Skerret y Guillermo Estéves, Comisionado del Interior de Puerto Rico. En ella alegó extensamente los hechos que a su juicio le daban derecho a pedir la nulidad-de la subasta de obras de mejoras del puerto de Ponce; alegó que la fianza prestada por Skerret y aprobada por el Comi-sionado del Interior es nula; que la adjudicación se bizo a Skerret teniendo en cuenta el interés de determinados can-didatos para alcalde en próximas elecciones y el auxilio en dinero que el adjudicatario se comprometió a prestar a un candidato, y no teniendo en cuenta los intereses públicos, ni los méritos de las proposiciones, material técnico, capacidad, etc.

Los demandados formularon excepciones previas a la de-manda, las que fueron declaradas sin lugar por resolución de 28 de febrero de 1929.

En 1 de marzo de 1929, la parte demandante pidió a la corte una orden de injunction pendente lite, por la que se prohibiera al demandado Skerret que continuara la construc-ción de las obras del puerto de Ponce, y que realizara acto alguno que tendiese a hacer ineficaz la sentencia que en este pleito hubiera de recaer en su día.

La corte dictó una orden para que los demandados com-parecieran el 21 do marzo, a mostrar causa por la que no se pudiera decretar la prohibición solicitada, librando la orden de entredicho. De lo que ocurrió el día señalado da cuenta la transcripción del récord taquigráfico. Comparecieron: Félix Benítez Rexach, representado por el abogado Sr. Coll y Cuchí; el Comisionado del Interior, por el Subprocurador G-eneral Sr. Ortiz Toro; y el demandado Ricardo Skerret, por el abogado Sr. Tous Soto, representado por la licenciada Sra. Joaquina Pérez. Esta última parte pidió la suspensión de la comparecencia, basándose en que no había recibido noti-ficación de la parte actora solicitando el injunction. Aparece de las palabras del Juez que éste había concedido al muni-cipio hasta el día último del mes de marzo para presentar su contestación. El Municipio de Ponce no acudió a esta com-parecencia.

El Comisionado del Interior presentó contestación a la demanda, y a la orden para mostrar cansa.

El demandado Skerret, se hallaba presente en corte, y su representante profesional manifestó que las obras estaban paralizadas por orden del Comisionado del Interior.

El Subprocurador G-eneral se opulso a toda paralización de las obras, por el perjuicio que sufriría el Municipio de Ponce, y el crédito de El Pueblo de Puerto Rico; y sostuvo ■que la petición de injunction pendente lite no aduce hechos suficientes. La. representación de la parte demandante, objetó ¡sosteniendo que el Attorney General se arrogaba la defensa del Sr. Skerret, y contestaba la demanda alegando derechos de este señor. La. representación del Sr. Skerret retiró la moción de suspensión, e hizo suyas las manifestaciones que presentara el Attorney General; y presentó su contestación a la demanda, anunciando que no comparecía a contestar a la orden para mostrar causa, y renunciaba a ello. El de-mandante pidió se eliminara la contestación mostrando causa presentada por el Comisionado del Interior, y pidió luego que se dictara la orden de entredicho contra el Municipio de Ponce y el otro demandado Sr. Skerret.

La corte dictó la orden en esta forma:

“La corte dicta una orden de entredicho, dirigida a las tres par-tes demandadas, para que se abstengan"por sí, y por sus agentes, apo-derados, mandatarios, o por cualquier persona bajo su jurisdicción de realizar obra alguna relacionada con el pleito en el caso de epígrafe, en el puerto y muelle de Ponce, hasta tanto se disponga otra cosa por la corte, y para ser efectiva la orden de entredicho, la parte deman-dante deberá prestar una fianza a satisfacción de las tres partes de-mandadas y de la corte, con fiadores buenos y abonados, o por una compañía de seguros, por la cantidad de $150,000.00.”

Contra esa orden apeló el Procurador General, en nombre del Comisionado del Interior.

Contestando la petición de injunction el Comisionado del Interior presentó varias defensas especiales: la de no aducir la petición hechos justificativos de expedición de auto de entredicho; no aparecer de la misma los hechos en que se funda la alegación de daños irreparables; que la anulación de la adjudicación de la subasta a Skerret no implicaría su adjudicación al peticionario; que el contrato de fianza es posterior a la adjudicación, y puede enmendarse; que el interés del demandante es remoto y problemático ; que el de-mandante tiene remedio en ley; y que el perjuicio, de haberlo; es susceptible de computación adecuada*. Alegó además que el demandante no viene “con manos limpias”; que la expe-dición del auto causaría perjuicios graves al Sr. Skerret, que tiene ya dispuestos los materiales, y al Municipio de Ponee, por razones que expone por extenso; y que el demandante ha sido culpable de laches, o negligencia en la promoción del procedimiento, porque ha dejado transcurrir más de los treinta días de que habla el artículo 83 de 1a, Ley Municipal.

De la resolución de la corte concediendo el injunction pen-diente litigio, lia apelado también el Sr. Skerret.

Dos errores, que pueden reducirse a uno, señala el ape-lante Sr. Esteves, Comisionado del Interior. El uno> por dejar de tomarse en consideración las defensas especiales, y el otro por haberse expedido la orden de entredicho.

La representación del Sr. Skerret, y la del peticionario Sr. Benítez Rexach, nos han privado de su concurso, dejando de presentar alegatos.

En su primera defensa especial el ahora apelante sostuvo que la solicitud de injunction pendente lite no aduce hechos justificativos de la expedición de un auto de injunction. Y ahora sostiene que no se exponen en la solicitud los hechos en que se funda la conclusión de que el demandante sufriría daños irreparables.

En la petición de injunction se copia la demanda con que se inició el pleito. No creemos que el sistema pueda ser recomendable. La petición de injunction debe tener los elementos necesarios para sostenerse por sí misma. Pero, de todos modos, en la demanda lo fundamental es la alegada nulidad de la fianza, la condición de ser la proposición del demandante la mejor y más ventajosa, y la alegada propuesta de que el demandante diera el 5 por ciento del total del precio del contrato para ciertos fondos electorales; y las alegaciones relativas a que el demandado Skerret aceptó con-tribuir con $10,000 a la campaña electoral de Ponce, siempre que se le adjudicara la buena pro en la subasta de que se trata. Y en la misma petición de injunction se alega:

“Segundo: Y específicamente alega el demandante que el de-mandado Ricardo Skerret, con el conocimiento y consentimiento del codemandado Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, y de las autoridades municipales de Ponee, Puerto Rico, ha continuado, y continúa y amenaza continuar la realización de las obras y mejoras en el puerto de Ponce, en las que la buena pro le fué adjudicada, se-gún se alega en la demanda, y amenaza continuar las dichas obras, con graves perjuicios al demandante, ocasionándole con ello daños irreparables 'que no pueden ni podrán ser adecuadamente compensa-dos con una indemnización pecuniaria.”

En el caso Martínez v. P. R. Ry. Light & Power Co., 17 D.P.R. 725, este tribunal dijo lo que sigue:

“Pero a más de esto, la demanda es en sí deficiente porque se li-mita a exponer que con los actos del demandado sufre perjuicios irre-parables, pero no expone hechos de donde la corte pueda venir en co-nocimiento de que efectivamente esos daños son irreparables; y la mera alegación de que se ha sufrido daño irreparable, sin exponer en qué consiste, es insuficiente (Abbot’s Trial Brief, vol. 1, p. 837, y ca'sos en él citados).”

Y en el caso Peña v. Vergne de la Concha, 37 D.P.R. 285, se dijo:

“La apelante insiste en que la alegación de daños irreparables se infiere de las alegaciones de la demanda y no es necesario hacer una alegación expresa de los mismos. Se funda en que los libros y de-más documentos que se reclaman no tienen valor monetario y sí lo tienen intrínsecamente. Sin embargo, parecía lo natural que se hu-biera hecho una alegación en esa forma. TTna mera alegación de ‘ da-ños irreparables’ en una petición para solicitar un injunction no es suficiente. Se necesita alegar los hechos como requiere la jurispru-dencia. Además, tanto en la demanda como en la moción pidiendo el injunction, la súplica se extiende no sólo a la devolución de libros y otros documentos, sino a dinero o fondos en poder del demandado, y es cuestión unánimemente resuelta que el injunction no es el remedio apropiado para obligar al pago de dinero.”

Este es el caso del peticionario' Benitez Rexaoli. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia citada, no hay alega-ción suficiente de daños irreparables en la petición de mjiMc-iion.

Esto es bastante para revocar la resolución apelada, Sin necesidad de estudiar y resolver los demás extremos.

Debe revocarse la resolución a/pelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    Ex parte, Miguel José Arsuaga, peticionario y apelante.
    No. 5417.

    Sometido: Marzo 27, 1931.

      Resuelto: Abril 8, 1931.

      Rafael Arce, abogado del peticionario y apelante.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel José Arsuaga, como padre de los menores Juan Alberto, Miguel Angel, Lorenzo, Alfonso y Rafael Arsuaga Roure, con'patria potestad sobre ellos, acudió a la corte de distrito de Arecibo en solicitud de autorización para vender los condominios que tenían dichos menores en dos fincas rús-ticas radicadas en término municipal de Manatí. La corte concedió la autorización fijando el precio de los condominios y ordenando la subasta, y que se depositara el montante que se obtuviera en ella en la secretaría de la corte para disponer del mismo, con intervención fiscal, en adquisición de una casa u otro inmueble o hipoteca.

Se llevó a cabo la subasta, y se depositó el montante que tocaba a los menores en la secretaría de la corte. Pocos días después el promovente pidió que el depósito se hiciera en la sección de ahorros de un banco, y así se dispuso e hizo.

Le nuevo acudió a la corte el Sr. Arsuaga, para pedir que se hiciera la inversión de la suma perteneciente a sus hijos en otra forma. El Sr. Arsuaga tenía a su favor una primera hipoteca sobre una finca urbana, casa de madera, en la calle del Rosario, en Caguas, por dos mil dollars de capital con interés al 9 por ciento anual; el Sr. Arsuaga proponía tomar a préstamo a sus hijos los $1,900, con interés al 9 por ciento anual por el tiempo que restaba para vencer la hipoteca, garantizándoles el pago con una subhipoteca de la antes indicada, con las mismas garantías. El fiscal se opuso por no parecerle conveniente para los menores una negociación de la que resultaría que el acreedor (?) hipotecario sería el propio padre de los menores, y el mismo que tendría que ejercitar las acciones necesarias en caso de que no se cum-pliera lo que se convenía en el contrato de subhipoteca. La corte declaró sin lugar la petición. Y de ello apela ante nosotros el Sr. Arsuaga.

Dos errores se señalan por el apelante. El primero de manifiesto abuso de discreción, en perjuicio de los intereses del padre solicitante, y de los mismos menores. Y el segundo de infracción del artículo 225 del Código Civil.

No son los intereses del padre solicitante materia de importancia alguna en casos como el presente. Antes parece que tales intereses deben ser descartados y separados por la corte en su actuación cuando se trata de bienes de menores. Si el padre lia hecho los gastos de tramitación del expediente de utilidad y necesidad y otros, ello es parte de su deber para con sus Rijos, si bien puede cobrar, de los intereses de la suma obtenida, o del mismo capital, lo que gastó. Ninguna corte se negaría a autorizar tal pag’o. Los gastos de educación de los menores son parte de los deberes que impone la patria potestad, así como los de alimentación y vestido; y no pueden invocarse, máxime cuando el apelante alega que por razón de su cargo y los emolumentos del mismo, puede atender a tales gastos.

En cuanto a la tendencia y alcance de la Ley de 9 de marzo de 1911, que se califica por el apelante de resultado desastroso en lo que atañe a las relaciones de familia, es nn hecho que en cuanto al producto de las ventas de bienes de menores, ella ha encargado de una manera indubitable, la inversión a la corte, y no al padre, madre o tutor. Si esto invade el sagrado de la familia, o restringe la autoridad y potestad de los padres, no es punto que hemos de resolver. La ley, generalmente, responde al principio filosófico de justicia, y a las circunstancias y época en que se dicta. El legislador estimó conveniente extender la autoridad de los tribunales; y así lo hizo.

No creemos en la infracción, por la corte, del artículo 225 del Código Civil. El texto legal es' éste:

“Los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido o ad-quiera con su trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo, pertenecen al hijo en propiedad, y en usufructo a los padres que les tengan en su potestad y compañía; pero si el hijo, con consenti-miento de sus padres, viviere independientemente de éstos, se le re-putará para todos los efectos relativos a dichos bienes, como eman-cipado, y tendrá en ellos el dominio, el usufructo y la administra-ción. ’ ’

Esta disposición de la ley da a los padres el usufructo de los bienes allí señalados; derecho que no .es afectado por la resolución de que se apela. La cuestión de inversión de producto de venta de bienes de los hijos, es materia regida por la Ley de 1911, que antes se cita.

Constituir a los hijos en acreedores de su padre, bajo la garantía de una hipoteca, es indiscreto. Y la. corte que niega tal petición, procede discreta y prudentemente.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Se^or Aldrey,

text:
      Antonia Figueroa de Quiñones por sí y como madre con patria potestad sobre sus hijos Agapito Rafael, Manuel Esteban, Dipma, Efigenio, Antonio Salustiano y Felipa Quiñones Figueroa, demandantes y apelados, v. Tomás González, demandado y apelante.

      No. 5320.

    Sometido: Marzo 24, 1931.

      Resuelto: Abril 8, 1931.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; F. Cer-voni Gely, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Se^or Aldrey,

emitió la opinion del tribunal.

Antonia Figueroa por sí y como madre con patria potestad sobre varios hijos menores de edad presentó demanda en la Corte de Distrito de Humacao el 22 de octubre de 1929 en la que describe una finca de 41 cuerdas con 361 milésimas de otra, -radicada en Vieques, colindante por el norte con el mar, y alega que de ella dieron los demandantes en arrendamiento al demandado 38 cuerdas en 20 de febrero de 1927, y que el resto de 3 cuerdas con 361 milésimas de otra, colindante por el norte con el mar y por el sur con la carretera de Playa Grande, la que atraviesa la finca principal de este a oeste, quedó en posesión de los demandantes; que fué convenido expresamente al hacerse el arrendamiento que una casa que existe en la parte oeste de la finca, inmediata a la carretera y en un ángulo de las tres cuerdas 361 milésimas quedaría en favor de los arrendadores estuviera o no dentro del predio exento del arrendamiento, por cuya razón los deman-dantes quedaron en posesión de esa casa, alquilándola para escuela y cobrando sus rentas, sin que el demandado hiciera objeción, pero que desde septiembre de 1929 el demandado ha impedido que la demandante penetre en ella, y que por las amenaza-s del demandado' han tenido que privarse los deman-dantes de entrar en el predio de terreno que no fué arrendado al demandado, quien entra y sale por él, remueve las cercas y, prácticamente, se lia posesionado de todo el predio. Por esas alegaciones y otras que fueron eliminadas acertada-mente, se solicitó sentencia que ordenase al demandado que restituyese a los demandantes la posesión de la casa y del predio de tres cuerdas 361 milésimas de otra con los demás pronunciamientos consiguientes.

Se opuso el demandado a esa demanda y celebrado el juicio fué dictada sentencia a favor de los demandantes en lo que se refiere únicamente a la casa en cuestión.

En la apelación que lia interpuesto el demandado Tomás Quiñones alega para sostenerla que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa que adujo contra la demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción y por ser ambigua, ininteligible y dudosa.

Entendemos que la demanda es suficiente pues alega que al dar los demandantes en arrendamiento al demandado treinta y ocho cuerdas de la finca principal que describe, quedaron en posesión del resto de tres cuerdas 361 milésimas de otra y también de una casa que está en la parte oeste^ de la finca, ya estuviera o no en el predio exento del arrendamiento, según convenio expreso de las partes; que desde 1927 lian estado en posesión de dicha casa y que últimamente han sido privados de ella por el demandado; alegaciones que son suficientes para la acción ejercitada de injikiotion para recobrar la posesión de dicha casa, pues la descripción que de ella se hace como que está en un ángulo en la parte oeste de la finca de las tres cuerdas 361 milésimas o de las 38 cuerdas arrendadas nos parece suficiente en este caso.

Es verdad que en la demanda se dice también que como consecuencia de la actuación del demandado con respecto a la casa se han visto los demandantes privados de entrar en el predio exento de arrendamiento y que el demandado entra y sale en él y remueve sus cercas, pero esto que es alegación para recobrar el predio de tres cuerdas 361 milésimas de ctra, no hace dudosa, ambigua ni ininteligible la demanda. Es sencillamente otra causa de acción, aunque no expuesta separadamente.

Otro motivo del recurso es que la sentencia, en cuanto a la casa, no está sostenida por la prueba.

Hemos examinado la que fué presentada en el juicio, en el que desde su principio' quedó descartada la cuestión de las tres cuerdas 361 milésimas, y encontramos que es suficiente para sostener la sentencia apelada, pues demuestra que los demandantes fian estado en posesión de la casa en contro-versia antes y después del arrendamiento de las 38 cuerdas al apelante, cobrando sus rentas por unos tres años que estuvo arrendada por la Junta Escolar de Vieques y que cuando terminado este arrendamiento quiso la madre de los menores hacer arreglos en ella se vió impedida de verificarlos por amenazas del apelante, quien también ante el juez municipal de Vieques dijo con motivo de una denuncia que hizo contra el marido de la demandante, de la que aquél fué absuelto, que no permitiría que la demandante ni su esposo, ni nadie a nombre de ellos, penetrase más en la casa porque si lo hicieran sucedería algo, y que ha estado respetando la casa porque estaba alquilada al municipio pero que en adelante no la respetaría.

El otro motivo de error por la imposición de las costas es improcedente en vista de los hechos expuestos.

Confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®. TexidoR,

text:
    Otto, Herbert, Walter, Carl Julius y Hertha Tischer, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 760.

    Sometido: Abril 6, 1931.

      Resuelto: Abril 17, 1931.

      J. Martínez Dávila, F. Igaravídez y L. A. García del Bosario, abo-gados de los peticionarios; F. Pérez Almiroty, abogado del juez demandado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Seño®. TexidoR,

emitió la opinión del . tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan se siguió un pro-cedimiento, instado por Otto, Herbert, Walter, Carl Julius y Hertha Tiscber y Voigbt para que se declarase a Emilia Voigt viuda de Tiscber, madre de los peticionarios, incapa-citada, y se le nombrara un tutor para administrar sus bienes; se celebró la vista, y la corte dictó una resolución conforme a lo pedido, y nombrando a Otto Tiscber tutor de la referida señora para administrar sus bienes. Prestó el tutor jura-mento, y en su oportunidad la fianza por la corte requerida, y tomó posesión del cargo.

Olga Tiscber de Tbyboe, bija legítima de Emilia Voigt viuda de Tiscber, acudió a la corte y alegó que la referida Emilia Voigt babía sido declarada incapacitada sin ser noti-ficada de la petición que a ese fin se presentara, ni tener noticia del nombramiento de tutor, que el nombrado para este cargo no babía jurado, que la dicba Emilia Voigt se baila en perfectas condiciones mentales, y puede atender a la ad-ministración de sus bienes; y pidió a la corte rehabilitara a la declarada incapaz. Al mismo tiempo el fiscal especial compareció por escrito ante la corte y alegó que babía prac-ticado una investigación en cuanto a Emilia Voigt de Tiscber, y a todo el espediente, en el qne encontró qne el fiscal de distrito no compareció a la vista del caso y sin expresar la fecha de sn aprobación, se limitó a consignar en el mismo expediente la frase “no.me opongo”; qne pide se reconsi-dere por la corte sn resolución declarando incapacitada a Emilia Voigt, porque se pretende privarla de sn libertad personal sin el debido proceso de ley; porque no se le nom-bró un defensor; porque siendo siete los hijos de esa señora, sólo han comparecido cinco, y no han justificado ante la corte el interés qne afirmaban tener en el caso y en los bienes de Doña Emilia Voigt; porque no se han fijado los límites de la tutela; porque no existe una fianza como lo exige el ar-tículo 271 del Código Civil; porque no han sido oídos los otros hijos de la interesada; y porque ésta pide ser oída en el caso, antes de que se le prive de su libertad y de admi-nistrar sus bienes, cuando ella ha estado siempre, y está ahora, en perfectas condiciones mentales, según jura su hija Olga Tischer de Thyboe; y que el procedimiento se ha se-guido erróneamente, porque no se trata del caso de tutela de un loco o sordomudo. Jura la petición Olga Thyboe.

La corte dictó una resolución por la que declaraba abierta a investigación su resolución del 28 de agosto de 1930, toda vez que el fiscal aseveraba haber practicado una investiga-ción con peritos médicos que informaban que la señora a quien la corte declaró incapaz, no lo está; y señaló la fecha del 26 de marzo para que el fiscal y la otra parte trajeran su prueba. Contra esta resolución se presentó la petición de certiorari. La petición de Olga Tischer de Thyboe sobre rehabilitación se declaró sin lugar.

Los fundamentos de esta petición de certiorari son: (a) que la orden dictada por la corte es nula, porque es contraria al procedimiento establecido por el artículo 255 del Código Civil ele Puerto Rico; y (6) que si el caso se tramita en la forma que dispone el juez en tal orden se priva a los peticionarios de su derecho de apelación.

Es cierto que según el artículo 255 del Código Civil de Puerto Rico “contra los autos que pongan término al expe-diente de incapacidad podrán los interesados deducir de-manda ordinaria por el procedimiento del juicio oral y público”. Pero es innegable que en el expediente de que se trata, no fue Emilia Voigt viuda de Tiscber una parte de las que el precepto legal llama “interesados.” Ella no aparece en forma alguna notificada de la petición; y no fia interve-nido en este procedimiento en que se trataba de su libertad para administrar y de su capacidad mental. La represen-tación por el fiscal de distrito, no aparece de hecho, y por lo que se ve de los autos, suficiente; y de derecho, de acuerdo con la jurisprudencia en Chaloner v. Sherman, 242 U. S. 455, y Simon v. Craft, 182 U. S. 427, tampoco era bastante. La objeción hecha por el fiscal especial acerca de que la decla-ración de incapacidad se hizo sin el debido proceso de ley, es muy importante, y afecta a la jurisdicción de la corte. Esta al abrir el caso donde hay una objeción de esa clase, jurisdiccional, no comete un error, aunque, se expresen en la orden otros motivos que al juez parecieron de fuerza, y que posiblemente lo son.

Seguir estrictamente, en un caso anormal como éste, el artículo 255 del Código Civil, sería impedir que Emilia Voigt tuviera defensa alguna. Conduciría a establecer que el de-clarado incapaz, para ir contra tal declaración tiene que litigar, precisamente por medio de su guardián o tutor, que en algún caso, como el presente, puede ser uno de los que instaron la declaración de incapacidad.

Quizá tuviéramos alguna duda en otro caso. Pero aquí, donde en el procedimiento encontramos que realmente la in-teresada Emilia. Voigt no fue citada, o notificada de la peti-ción, y no tuvo oportunidad de defenderse, donde aparece faltó algo tan importante, no podemos declarar como errónea ]a resolución que deja abierto el proceso, y que pudo ser más radical.

La petición de Otto, Herbert, Walter, Carl Julius y Flertha Tischer debe ser denegada; y el auto expedido debe anularse.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señob. Texidob,

text:
    Carmen Rita Yñigo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 841.

    Sometido: Abril 14, 1931.

      Resuelto: Abril 17, 1931.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señob. Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Al Registrador de la Propiedad de Mayagüez le fue pre-sentada para su inscripción en el registro una escritura otor-gada ante el notario Enrique Báez, sustituyendo al notario José Sabater, por la que el Marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez vendió a Carmen Yñigo una finca en el barrio de Sábalos, término de Mayagüez, que según la escritura, aparece inscrita a favor de Carmen Antonia y Olga Ecñean-día e Tñigo, menores hijas de Eamón Echeandía, quien adquirió la finca de Alfredo Ramírez de Arellano pagando parte del precio de la misma de sn peculio y de contado. La finca se Labia embargado por orden de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn pleito seguido por Antonio Gronzález Snárez contra Ramón Echeandía, en el que el primero obtuvo una sentencia contra el segundo por tres mil quinientos dollars de principal, intereses, y doscientos dollars para hono-rarios de ahogado.

En el mandamiento al marshal para que hiciera efectiva la sentencia se le ordena que haga satisfacer las referidas sumas en bienes de la propiedad! personal del deudor, y si ella no fuera bastante, en la propiedad real que pertenezca a dicho deudor. El demandante designó ante el marshal bienes para su venta en pública subasta, y como tales todo el derecho, título e interés que tuviera el demandado Ramón Echeandía en la finca a que antes nos referimos. Se anunció' la subasta, y se llevó a cabo; y en virtud de ella se otorgó la escritura que es base de este recurso. En ella se trasmite a Doña Carmen Rita Tñigo todo el derecho, título e interés que tenga el demandado Ramón Echeandía, y sus hijas menores Carmen Antonia y Olga Echeandía en la finca antes citada.

El Registrador de la Propiedad de Mayagüez puso la siguiente nota-:

“Denegada la inscripción de la venta judicial que comprende el documento que precede que es la escritura número 110, otorgada en Mayagüez, a primero de julio del pasado año mil novecientos treinta, ante el notario Enrique Báez García, como sustituto de su compañero José Sabater y García, y Tomada anotación preventiva por el término de 120 días a todos los efectos legales a favor de la adquirente Carmen Rita Yñigo viuda de Rodríguez, por cuanto la finca descrita en dicha escritura aparece inscrita a favor de las menores Carmen Antonia y Olga Echeandía, personas distintas del demandado Ramón Echeandía, y si bien el Marshal de la Corte de Distrito de esta ciudad, vendió en el acto de la subasta todo título, derecho e interés que el demandado Ramón Echeandía y sus hijas menores Carmen Antonia' y Olga Echeandía tienen y pudiera corresponderles en diclia finca, del documento no consta 'que dichas menores fueran parte del proce-dimiento ni que fueran oídas y vencidas en el mismo, todo ello al folio 80 vuelto del tomo 199 de esta ciudad, finca número 2042, anota-ción letra B, con el defecto subsanable de no haberse acreditado las facultades y carácter de Antonio Alemañy Oliver para aceptar el contrato a nombre de la adquirente señora Carmen Rita Iñigo. Dicha finca aparece gravada con una hipoteca a favor de Alfredo Ramírez de Arellano. ’ ’

El registrador tiene razón. Las menores dueñas de esa finca conforme a registro, no aparece que Rayan sido parte en el pleito; antes bien lo que aparece de los documentos copiados en la escritura es que no lo fueron. Del mandamiento que se copia, en el primer “Por cuanto” aparece lo que sigue:

“Por Cuanto : El día seis de Noviembre de mil novecientos vein-tinueve Antonio González Suárez, como demandante obtuvo una sen-tencia a su favor en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico, contra Ramón Echeandía, por la suma de tres mil quinientos dólares con interés a razón del uno por ciento por mes desde el treinta de Septiembre de mil novecientos veinti-nueve hasta que sea satisfecha juntamente, doscientos dólares por honorarios, por costas y pago en la fecha de dicho fallo, y costas que se devengue, en la forma que se indica en el récord.”

Y la orden, dice:

“Por lo tanto: Usted, el Marshal antes mencionado, es reque-rido por la presente para que haga que satisfagan las ’sumas debi-das sobre dicha sentencia, con interés como queda dicho, con las costas devengadas y que ’se devenguen, conforme a dicha sentencia, en bienes de la propiedad personal de dicho deudor, y si no hu-biere propiedad personal bastante, entonces de la propiedad real que se hallare en el distrito de usted, y que pertenezca a dicho deudor en la fecha en que dicha sentencia fué registrada en dicha Corte de Distrito, o en cualquiera época después, devolviendo esta orden con un certificado de diligeneiamiento dentro de sesenta días de haber recibido usted la misma, con una‘manifestación al dorso de la misma de lo actuado por u’sted.”

El marshal, funcionario ejecutivo, no tiene derecho a ampliar o ejecutar arbitrariamente las órdenes qne recibe;, él se debe atender a lo que la corte dispuso y el secretario le comunicó. Y si incluyera a las menores bijas del deman-dado, excedería sus atribuciones, si no tenía mandamiento para ello, y su acto sería ineficaz y nulo. No encontramos que de los documentos nazca, autoridad alguna para trasmitir los derechos o título de las menores. El acta de la subasta se refiere a “todo el derecho, título e interés que tenga el demandado Eamón Echeandía en la siguiente finca: (aquí aparece la descripción).”

Es viejo, y casi axiomático el precepto “Nadie puede ser privado de su propiedad sin ser vencido en juicio” repetido en innumerables sentencias, no ya de los Estados Unidos o de España, sino de todos los países civilizados. El derecho a ser oído por el tribunal, el día en corte, es algo consagrado y universal.

Se confirma la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Paulino Somohano, demandante y apelante, v. Esteban Matanzo, demandado y apelado.
    No. 5040.

    Sometido: Diciembre 11, 1930.

      Resuelto: Abril 17, 1931.

      Rincón é Arroyo, abogados del apelante; E. Campos del Toro y C. Benitez Gautier, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

En este caso se dictó sentencia por desistimiento con im-posición de costas al demandante. El demandante no apeló. Firme la sentencia, el demandado presentó un memorándum, de costas y desembolsos en el que reclamó $200 como hono-rarios de abogado. Se opuso el demandante alegando entre otros motivos la falta de jurisdicción de la corte para con-ceder honorarios. La corte finalmente aprobó el memorán-dum fijando en $75 los honorarios. Y de esa resolución fué que apeló el demandante.

En su aleg'ato sostiene que la corte no tuvo jurisdicción para imponer las costas. No sólo tuvo jurisdicción, sino que estaba obligada a imponerlas precisamente por tratarse de una sentencia por desistimiento, de acuerdo con lo que expresamente dispone el No. 1 del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil. McEvoy v. Nadal Lugo, 34 D.P.R. 634.

Además, si el demandante no estaba conforme con la condena en costas, debió apelar de la sentencia. “No es en la apelación contra la resolución aprobando el memorándum de costas que el recurrente puede alegar abuso de discreción al imponerse las costas,” se resolvió en García v. P. R. Ry. Light & Power Co., 30 D.P.R. 455.

Impuestas las costas sin excluirse los honorarios, pudo reclamarlos la parte victoriosa. Véase el citado caso de McEvoy v. Nadal Lugo, 34 D.P.R. 634, y el de Hernández v. Sucesión Córdova et al., 31 D.P.R. 636, en el que se decidió, copiando del resumen: “Un demandado puede obtener honorarios de abogado en memorándum de costas presentado como consecuencia de una sentencia que tuvo por desistido, con costas, al demandante, antes del juicio.”

Bn cnanto a la cnantía fijada por la corte, no creemos qne se Raya demostrado qne sea excesiva.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    Luis C. Pietri, demandante y apelado, v. Valentín Burgos Santos y Gustavo Burgos Santos, demandados y apelantes, y María Ortiz, demandada y apelada.
    No. 5120.

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

      Resuelto: Abril 17, 1931.

      José E. Díaz y V. Polanco de Jesús, abogados de los apelantes; Luis Llorens Torres, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito de tercería iniciado por Luis O. Pietri contra Valentin y Gustavo Burgos Santos y Maria Ortiz. La corte de distrito lo falló en favor del tercerista, y los demandados Valentín y Gustavo Burgos apelaron de la sen-tencia para ante este tribunal.

De los autos resulta que el demandado Valentín Burgos entabló un pleito en cobro de dinero en la Corte de Distrito de Arecibo contra el otro demandado Gustavo Burgos y su esposa María Ortiz. Entre los esposos demandados existían graves disgustos. Vivían separados. La esposa residía en San Juan y solicitó el traslado del pleito a la corte de dis-trito de su residencia, por moción archivada en la Corte de Distrito de Arecibo el 5' de mayo de 1926, acompañada de una excepción previa a la demanda y de un affidavit de mé-ritos.

Pendiente de resolución la moción de traslado, el 21 de junio de 1926, el demandante solicitó el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse, y la corte lo decretó tres días después, embargándose al efecto la finca que es objeto de esta tercería.

El once de ag'osto de 1926 la Corte de Distrito de Arecibo resolvió la moción de traslado en favor de la Corte de Dis-trito de San Juan. Continuó esta última corte conociendo del litigio, resolviéndolo finalmente por sentencia declarando con lugar dos de las causas de acción ejercitadas, condenando a los demandados a pagar al demandante dos reclamaciones de mil dólares cada una, con intereses y costas.

En la ejecución de esa sentencia se sacó a pública subasta la finca embargada fijándose el remate para el 11 de septiem-bre de 1928, y fué entonces que surgió el pleito de tercería, olegando el tercerista Pietri haber comprado la finca a su dueña María Ortiz el 26 de marzo de 1928, por escritura pública, debidamente inscrita en el registro de la propiedad, libre de embargo alguno.

Los demandados Burgos, en tercería, contentaron. La ctra demandada no contestó, anotándose su rebeldía. Fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron sus pruebas y la corte, basándose en que el embargo decretado por la Corte de Distrito de Arecibo era nulo, declaró la demanda con lugar, con costas a los demandados.

En su alegato los apelantes levantan tres errores, uno que va al nervio de la cuestión, o sea la indicada nulidad, otro que se refiere a cierto hecho ocurrido con posterioridad s las alegaciones, y el último que versa sobre la imposición de las costas.

No hay duda alguna con respecto a que el tercerista adquirió de su legítimo dueño la finca en cuestión, que es un predio de terreno de ochenta y cuatro cuerdas situado en el barrio de Toro Negro, Cialitos, del término municipal de Ciales. Tampoco la hay de que, según el registro, adquirió la finca sujeta aparentemente, entre otros gravámenes, al del embargo decretado por la Corte de Dis-trito de Arecibo de que se ha hecho mérito.

Pero el tercerista sostuvo, y la corte de distrito le dió la razón, que dicho gravamen era aparente y no real, por haber sido anotado a virtud de una orden dictada sin jurisdicción y por tanto sin valor legal alguno.

T así es, en efecto. En el caso de Ramos v. Lloveras, 36 D.P.R. 685, 701, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison:

“Refiriéndonos nuevamente al tomo 1 de Sutherland,, siopra, pá-gina 603, sección 1000, según indica el apelante, el autor, al citar Ida casos de Brady v. Times Mirror Co., 106 Cal. 56 y Nolan v. McDuffic, 125 Cal. 334, dice:
‘Una moción solicitando el traslado de un caso suspende todos los demás procedimientos judiciales en el mismo, a'sí como el poder de la corte para actuar sobre cualquiera otra cuestión hasta tanto se resuelva la moción. Mientras esté pendiente la vista de la mo-ción, y hasta que se haya resuelto la misma, la corte no tiene fa-cultad para oír ni resolver una excepción previa a la demanda, y cualquier resolución dictada sobre esta última e's nula. De pro-ceder la moción de traslado, el demandado tiene derecho a que la excepción previa sea resuelta por la corte del distrito al cual deba trasladarse el caso.’

Y anteriormente, en el caso de Sucesores de Abarca v. Nones et al., 30 D.P.R. 866, 869, por medio de sn Juez Aso-ciado Sr. Aldrey, había dicho:

“Una moción de traslado plantea a la corte la cuestión de que no tiene competencia para conocer del pleito por corresponder su conocimiento a otra corte y por esto la corte ante quien se pre-senta tal moción carece de facultad para decidir cualquiera otra cuestión hasta que haya resuelto la de traslado, pues si . los deman-dados tienen derecho a él también lo tienen a que cualquier mo-ción o procedimiento en el pleito sea re'suelto por la corte de sa residencia, por lo que fué errónea la resolución apelada al tener o los demandantes por desistidos de su acción en cuanto al demandado Luis Lorenzi sin haber resuelto previamente la petición de tra'slado hecha por los demandados.”

La cuestión es clara. Cuando el demandante pidió a la Corte de Distrito de Arecíbo que asegurara la sentencia que pudiera dictarse en el pleito y la corte decretó el embarg’o, ya la demandada señora Ortiz, había solicitado el traslado que fué luego resuelto a su favor. Carecía en tal virtud de autoridad la corte para resolver cualquiera otra cuestión que no fuera la de traslado, y la orden de aseguramiento que dictara y el embargo trabado a virtud de ella no tienen fuerza legal alguna, y siendo ello así, hay que concluir que cuando1 Pietri adquirió la finca, no pesaba sobre ella el embargo que sirvió de base para anunciarla en pública subasta a los efectos de hacer efectiva la sentencia dictada contra su antigua dueña. No existía nexo jurídico entre la finca y el demandante en el pleito en cobro de pesos, Valentín Burgos. La dueña de la finca la vendió al tercerista Pietri, y éste la adquirió libre de dicho embargo. Y al resolverlo así no erró la corte de distrito, sino que decidió rectamente la cuestión que se le planteara. •

En su alegato tratan los apelantes de discutir los méritos del traslado decretado en el pleito en cobro de pesos. Es demasiado tarde. Tuvieron oportunidad de apelar y no lo hicieron. No se trata de una cuestión jurisdiccional que pueda levantarse no obstante el consentimiento de las partes.

■ Citan, además, los apelantes, en un alegato adicional, en apoyo de que la Corte de Distrito de Arecibo tenía auto-ridad para decretar1 el aseguramiento de la sentencia no obs-tante habérsele pedido con anterioridad el traslado, las si-guientes decisiones de esta Corte Suprema-. Rodríguez v. Corte de Distrito, 31 D.P.R. 694; United States Casualty Co. v. Méndez, 38 D.P.R. 995, y Banco Comercial v. Registrador, 40 D.P.R. 343.

Las hemos estudiado y ninguna favorece a los apelantes. - El hecho de que en la primera, o sea en la de Rodríguez, se concluyera que la orden de la corte que se dictó después de solicitado el traslado, era nula por otros motivos, sin hacerse referencia a la cuestión de traslado, no implica, que esta (Jorfe Suprema resolviera que la corte de distrito tenía autoridad para dictarla no obstante la petición de traslado.

La segunda decisión, o sea la de United States Casualty Co., es más bien adversa a los apelantes. Bastará copiar el resumen: “Un demandado que comparece ante una corte a solicitar el levantamiento de embargo efectuado sobre bienes de su propiedad, renuncia a su derecho a insistir en el tras-lado del pleito al radicar más tarde moción en tal sentido.” El aseguramiento se había decretado al presentarse la deman-da, cuando la corte tenía plena autoridad para ello, y si a pesar del traslado, solicitado por el demandado la corte pudo considerar válidamente su moción sobre levantamiento del embargo, fue porque se entendió que al pedir el propio de-mandado a la corte que interviniera como tal en el litigio, se sometió a su jurisdicción y abandonó su solicitud de tras-lado.

Lo que se resuelve en el tercer caso invocado, Banco Comercial de Puerto Rico, supra, es que la corte de distrito puede expedir la orden de embargo de conformidad con la ley sobre aseguramiento de sentencias, sin necesidad de que baya ya adquirido jurisdicción sobre el demandado en el pleito. Nada tiene ello que ver con la cuestión envuelta en este asunto.

El segundo señalamiento de error es muy confuso. La parte apelada no ba presentado alegato. No bemos, por tanto, tenido el beneficio de su impugnación. Después de un examen cuidadoso de los autos, creemos que la cuestión sus-citada nada tiene que ver con este litigio y por eso se com-prende que la corte sentenciadora no le diera atención alguna en su relación del caso y opinión.

Según el registro, la finca adquirida por el tercerista Pietri estaba gravada con una hipoteca a favor del Federal Land Bank y con otra a favor de Ceferino Rosario, cedida por éste al demandado Valentín Burgos. Esta última hipo-teca que pesaba, al parecer, sólo sobre una mitad de la finca, se dice que fué ejecutada, convirtiéndose el demandado Bur-gos en dueño de la mitad de la finca a virtud de dicha ejecución.

Por esa simple narración de hechos se ve que el debate planteado por el demandante en este pleito lo fué bajo una base distinta. La sentencia apelada en nada perjudica los derechos que pueda haber adquirido el demandado Valen-tín Burgos a virtud d'é otro gravamen. Lo que el tercerista Pietri alegó y lo que la corte de distrito resolvió fué que la finca adquirida por el tercerista lo fué libre del embargo constituido sobre ella para asegurar la efectividad de la sen-tencia en el pleito en cobro de pesos seguido por Valentín Burgos contra Gustavo Burgos y su esposa María Ortiz, decidido en favor de Valentín Burgos por sentencia que trató de ejecutar en la finca a base del embargo en ella trabado. Eso es todo.

Tampoco se cometió, pues, el segundo error. Ni el ter-cero, porque no se ba demostrado que la corte sentenciadora abusara de su discreción al imponer las costas a los deman-dados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Central Aguirre Sugar Co. y José González Hernández, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 839.

    Sometido: Abril 10, 1931.

      Resuelto: Abril 17, 1931.

      M. Marcos Morales, abogado del recurrente González, y Tons Soto <8s Zapater, abogados de la Central Aguirre Sugar Co.; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Guayama fué inscrita a favor del recurrente José González, Hernández la compra que hizo de una finca en una subasta judicial; y como el precio dado por ella sólo cubrió el crédito hipotecario ejecu-tado, la corte que conoció de él ordenó al registrador que cancelara todos los varios gravámenes posteriores al ejecu-tado. Así lo hizo el registrador excepto en cuanto a una mención de hipoteca para responder de un pagaré al por-tador por endoso por $12,000. Entonces la corte libró otra orden al registrador para que cancelase esa mención de $12,000 por no tratarse de un derecho inscrito después del derecho del ejecutante sino de nna mera mención, no cons-tando la persona ni el domicilio de aquélla a cuyo favor se constituyó la obligación; y porque el edicto que se publicó anunciando la subasta sirvió de notificación a todas las per-sonas que pudieran tener gravámenes no inscritos sobre la "expresada finca. Presentada esa orden al registrador éste se negó a cancelar la mención por $12,000, porque del edicto anunciando la subasta que tenía a la vista no aparece que el tenedor o portador de la obligación de $12,000 a que se refiere la mención fuera especialmente notificado de la naturaleza y efectos del procedimiento. Contra esa negativa se lia inter-puesto el presente recurso gubernativo.

Por lo expuesto puede verse que la hipoteca para garan-tizar el pagaré por $12,000 no ha sido inscrita sino mencio-nada y que mientras la corte dice en su orden de cancelación que el. edicto anunciando la subasta sirvió de notificación a todas las personas que pudieron tener gravámenes no ins-critos sobre la finca, el registrador entiende que el tenedor del pagaré por $12,000' no fué notificado por dicho edicto. En otras palabras el registrador invade el campo de acción de la corte y entiende que ese fundamento de la orden de cancelación es erróneo, sin facultad para ello, porque según hemos dicho repetidas veces, interpretando el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, si bien los registradores tienen la facultad de calificar los documentos judiciales que se le presenten, no están autorizados para calificar los fundamentos de esas reso-luciones, debiendo limitarse a examinar si se han dictado con la necesaria competencia y en el correspondiente juicio, pues la Ley Hipotecaria no convierte a los registradores en jueces de los jueces. Rivera v. Registrador de Ponce, 14 D.P.R. 258; Fernández v. Registrador de Gaguas, 17 D.P.R. 1061; Solá v. Registrador de Gaguas, 39 D.P.R. 497, y otros.

El registrador recurrido admite que no puede apreciar los fundamentos de las resoluciones judiciales ni la justicia o injusticia intrínseca de las mismas pero dice que en este caso no se trata de eso sino de si el procedimiento ha sido llevado con toda pureza, ajustado a la ley, y si la corte tiene jurisdicción para decretar esa cancelación. Sin embargo, ésta no es la cuestión en este caso, pues habiendo declarado la corte que el tenedor del pagaré por $12,000 fue notificado .de la subasta en el edicto que para ella se publicó, no puede el registrador juzgar si esa conclusión de la corte es errónea o exacta porque sería calificar como erróneo e injusto ese fundamento de la orden de cancelación.

Debe ordenarse la cancelación de dicha mención.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mercedes Ortiz, acusado y apelante.
    No. 4238.

    Sometido: Enero 13, 1931.

      Resuelto: Abril 21, 1931.

      Buenaventura Esifeves, abogado del apelante; B. A. Gomes, abo-gado de El Bueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Ortiz fné convicto de homicidio voluntario, y alega que el juez de distrito erró al admitir la declaración del jefe de la policía del distrito respecto a cierta confesión o determinadas admisiones hechas en el curso de una investigación, preliminar.

La médula del argumento es: Que si una confesión fué o no hecha voluntariamente es cuestión que incumbe a la corte resolverla, y no al jurado; que en el caso de autos no hubo un examen liminar en cuanto al carácter de la confesión; y que el testimonio sobre este extremo se presentó en pre-sencia del jurado.

Las primeras pregunta y respuesta en torno a cualquier admisión o confesión, fueron:

“P. Si Mercedes Ortiz libre y espontáneamente le hizo a usted algunas manifestaciones, sírvase decirle a lo's señores del jurado las manifestaciones que le hubiera hecho Mercedes Ortiz, el acusado.
!<R. La noche del 6, amanecer el 7 de enero de este año, en la oficina del Dr. Agustín Sánchez en Isabela, e'stando en la mesa de operaciones Eugenio Grajales, en la misma oficina estaba Mercedes Ortiz que presentaba una herida en un brazo; allí le presenté dos cuchillos que habían sido oeupado's por la pareja que había ido al barrio Bajura con el fin de hacer cierta investigación de un hecho de sangre que había ocurrido en ese barrio de Bajura de Isabela ; le presenté dos cuchillos y le pregunté cuál de esos dos cuchillos era el de él.”

La defensa objetó, y pidió la eliminación de la pregunta y la respuesta. El fiscal de distrito manifestó que, si Ortiz hablaba libre y espontáneamente al público cuando su narra-ción de lo que había ocurrido fué interrumpida por el jefe de la policía, la prueba era admisible. El juez observó que eso debía aparecer de la declaración del testigo. La defensa dijo que el fiscal de distrito estaba guiando al testigo con manifestaciones que éste no había hecho, y sugiriéndole lo que debía decir. En respuesta a una pregunta del juez, el testigo manifestó: Que Ortiz y G-rajales, quienes se habían herido, estaban en el despacho del Dr. Sánchez, y allí había mucha gente; que Ortiz estaba relatando a los circuns-tantes cómo él y Grajales se habían herido mutuamente; que cuando el testigo mencionó el hecho de que el cuchillo de Grajales había sido hallado en poder de Ortiz, y el de Ortiz en posesión de Grajales, Ortiz explicó que el cuchillo de Grajales con el cual había sido herido permaneció en la herida hasta que llegó a su casa; y que Ortiz identificó como suyo el cnchillo ocupado en poder de Grajales.

. Se traslució en la repregunta que Ortiz hizo esas mani-festaciones en la oficina del Dr. Sánchez, la noche de la re-yerta, que a él no se le había conducido al cuartel de la policía, que los dos cuchillos habían sido' entregados al jefe cié la policía en el despacho del Dr. Sánchez, y que había de 15 a 20 personas presentes al tiempo de la conversación entre Ortiz y el jefe de la policía. '

El carácter voluntario de las manifestaciones atribuidas a Ortiz quedó bastante bien establecido por las circunstancias reseñadas, no obstante la forma inusitada en que fueron traí-das a la luz. Si el juez de distrito erró o no al admitir el testi-monio respecto a este extremo sin otra investigación preli-minar, no es importante ahora, a falta de objeción al tiempo de tal admisión. Lo mismo puede decirse de aquella investi-gación preliminar que se hiciera en presencia del jurado. La mejor práctica, sin embargo, es la de permitir que el jurado se retire.

El apelante también dice que la corte erró al admitir una declaración in artículo mortis (dying declaration) atribuida a Grajales.

Después de testificar acerca del estado agonizante de Gra-jales y de las circunstancias indicativas de ese estado, el jefe de la policía del distrito manifestó que informó a aquél del estado en que se hallaba y le pidió que explicara lo ocurrido. La defensa se opuso por el fundamento de que no se había sentado ma base suficiente para la admisión de la declaración in artículo mortis. El juez de distrito hizo algunas preguntas adicionales sobre el estado de Grajales, y entonces anunció que admitiría lo dicho por el interfecto. Nuevamente se opuso la defensa por la misma razón que antes. Respondiendo a una instancia del juez para que adujera motivos más específicos, el'letfado explicó que el ' fiscal debía establecer primero que el lesionado se babía per-catado de su condición, y que declaró en la creencia de que estaba próximo a morir. El fiscal de distrito contestó que ya el testigo babía declarado a ese efecto. En esto estaba equivocado. Entonces la corte desestimó la objeción. Esto, desde luego, fué error.

Cuando el testigo empezó su narrativa de lo que Grajales babía diebo, a saber, que la noche en cuestión babía asistido a un velorio y que él y Ortiz habían salido juntos, el juez lo interrumpió para preguntarle si ésa era la primera mani-festación que Grajales babía hecho. El testigo contestó afir-mativamente, pero el fiscal entonces preguntó si Grajales, antes de hacer el relato, babía dicho algo respecto de su estado físico. La respuesta fué que cuando el testigo le informó a Grajales acerca de su gravedad, él contestó que lo sabía, que sabía que no se levantaría más. A esto siguió una pregunta capciosa en forma de una conclusión, y una res-puesta afirmativa al efecto de que Grajales comprendió que estaba próximo a morir.

Es de lamentarse que al abogado de la defensa en un caso criminal deba exigírsele que informe a la corte y al fiscal de distrito, en presencia de un testigo de cargo, lo que un deponente deba decir antes de que se admita como prueba una declaración in artículo mortis. Sin embargo, finalmente se estableció una base para la admisión de esa declaración, y la forma accidental en que fué sentada no constituye, sin más, suficiente motivo para la revocación.

Luego el apelante dice que la corte cometió error- al ad-mitir el testimonio de un testigo cuyo nombre no aparecía en la lista contenida en la acusación, y al permitir que el fiscal ocupara la silla y explicara en presencia de los señores jurados por qué el nombre del testigo no había sido incluido en la lista. En la forma en que se ha desarrollado en el alegato del apelante, esta cuestión no requiere seria consi-deración.

Otra contención es que la corte erró al permitir que un policía declarara sobre manifestaciones Rectas por el acusado, sin demostrarse primeramente que fueron tedias voluntariamente. La naturaleza voluntaria de estas admisiones fué claramente establecida antes de que se permitiera al testigo1 declarar lo que el acusado Labia dicto. Estas manifestaciones fueron tectas por el acusado en su propia casa, al llegar el policía poco después de la disputa. El acusado no estaba bajo arresto. El tecto de que estuviese Rabiando a un policía, o contestando preguntas tectas por un miembro de la uniformada, no tacía que sus manifestaciones fueran inadmisibles en evidencia.

El apelante también se queja de ciertas instrucciones.

Una objeción es que el juez asumió que el tecto de una riña y el del uso en la misma de dos puñales, tabían quedado establecidos por la prueba.

El juez dijo en parte:

“ (a) — El fiscal para sostener esta acusación presentó y fueron 'admitido's como prueba material los instrumentos de que se valieron los contendientes — el interfecto y el acusado — en la riña, o sea, dos puñales; y también examinó varios testigos y la teoría que se es-lableee por las declaraciones de esos testigos, es decir, lo que esas declaraciones ban tendido a demostrar, es más o menos lo 'si-guiente :— ’ ’

Este fué el prefacio de un resumen de la evidencia de cargo. Después de explicar esa prueba, el juez expuso la teoría de la defensa e tizo un resumen de la prueba en apoyo de la misma. Finalmente se dejaron al jurado todas las cuestiones de tecto en términos inequívocos.

Un juez sentenciador no necesita caracterizar cada uno de los tectos en controversia como1 un tecto alegado cada vez que lo mencione en sus instrucciones. El lenguaje criti-ado por el apelante debe interpretarse en relación con ej contexto y a la luz de las instrucciones en conjunto1. Así interpretado, difícilmente puede decirse que el juez asumió la supuesta riña como un tecto establecido.

El hecho de que en sus instrucciones al jurado el juez usara la palabra “puñales" mientras que los testigos se refirieron a las armas en cuestión como cuchillos, no es suficiente motivo para la revocación. Ambos cuchillos estaban ante el jurado, y éste no fué inducido a error por cualquier referencia inadvertida a estas armas como puñales.

La otra'objeción se dirige a la cuestión de hasta dónde puede ir un juez al someter al jurado cuestiones relacionadas con la admisibilidad y valor probatorio de declaraciones in artículo mortis. La ley que gobierna estas materias fué expuesta correctamente. Aunque hay alguna autoridad en contrario, creemos que el juez estuvo en lo cierto al permitir que el jurado considerara todas las cuestiones de hecho bajo instrucciones adecuadas en cuanto a la ley aplicable a declaraciones in artículo mortis.

“In limine, la cuestión de si supuestas declaraciones in artículo mortis 'se hicieron o no bajo tales circunstancias que las harían ad-misibles en evidencia, debe ser determinada por la corte a virtud de la prueba preliminar o predicado de su introducción. Pero la regla- general en semejante caso es que todo lo que se requiere para permitir que la declaración vaya al jurado es que se presente prueba prima facie de que las manifestaciones fueron hechas cuando el de-clarante estaba in artículo mortis y tenía consciencia de su estado agonizante; que al fin y al cabo la cuestión e's una a dirimir por el jurado, que puede descartar la declaración si cree que no fué hecha cuando el interfecto se hallaba in extremis y estaba consciente de su condición, y constituye error eliminar esta cuestión de la consideración del jurado. . .” 30 C. J. 268, see. 507.

De todos modos, el error, de haber alguno, no fué per-judicial, sino en favor del acusado, y él no está en condiciones de quejarse del mismo.

La contención final del apelante es que la sentencia y el veredicto son contrarias a derecho y a la prueba. Esta cuestión, tal cual se presenta en el alegato, no requiere dis-cusión separada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.