author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Presidente Señor Hernández Denton.

text:
    Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, demandante peticionario, v. Juan Carlos Méndez Torres, en su capacidad oficial como Secretario del Departamento de Hacienda, y otros, demandados recurridos; Richard W. Markus, Carlos E. Pérez Acosta, Janille Rodríguez Beamud, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carmen S. Curet Salim, de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Pedro E. Ortiz Alvarez, José A. Rivera Ayala, de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José Alvarez González e Iván García Zapata, de la Universidad de Puerto Rico, amicii curiae.

      Número: CT-2007-8

      Resuelto: 14 de julio de 2008

      José A. Acosta Grubb, María Luisa Montalvo Vera y José L. Ramírez Coll, de Fiddler González y Rodríguez, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida; Richard W. Markus, Carlos E. Pérez Acosta y Janille Rodríguez Beamud, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carmen S. Curet Salim, de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Pedro E. Ortiz Alvarez y José A. Rivera Ayala, de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y José Alvarez González e Iván García Zapata, de la Universidad de Puerto Rico, amicii curiae.

   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 18 de julio de 2007, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) presentó ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia una demanda sobre mandamus y sentencia declaratoria contra el Estado Libre Asociado, el Hon. Juan Carlos Méndez Torres, en su capacidad oficial de Secretario del Departamento de Hacienda (Secretario de Hacienda), y el Hon. José Guillermo Dávila Matos, en su capacidad oficial de Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Director de la OGP). En su demanda, el CRIM alegó que conforme a la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991 (Ley 80), 21 L.P.R.A. see. 5801 et seq., le correspondía el pago de la Aportación para Ingreso al Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales, partida conocida como subsidio municipal, equivalente al 2.5% de las rentas internas netas del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico (Fondo General) para el año fiscal 2007-2008. Señaló que según la referida ley, el Secretario de Hacienda debía transferir al Banco Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de cada mes, una doceava parte del estimado de ingresos a recibirse en el año fiscal en cuestión, y el Banco, a su vez, le remitiría dichos fondos a los municipios no más tarde del decimoquinto día de cada mes; ello así ya que, a su juicio, el subsidio municipal es una asignación fija e ineludible.

El CRIM sostuvo que, como los ingresos estimados que le notificaron a los municipios para el año fiscal 2006-2007 ascendían a 9.09 billones, le correspondían al CRIM 227.25 millones, de los cuales sólo habían sido desembolsados 214.225 millones. Señaló que, en una carta suscrita por su Director, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reconoció al CRIM un crédito de 13.025 millones!) en concepto de la deficiencia en el pago del subsidio municipal respecto al año fiscal 2006-2007. Mientras, el CRIM indicó que los ingresos estimados para el año fiscal 2007-2008 ascendieron a 8.702 billones, por lo cual procedía el pago de 217.5 millones al CRIM, o sea, $18,129,166.67 mensuales. El CRIM argüyó que, no obstante lo anterior, el Director de la OGP y el Secretario de Hacienda incumplieron con las obligaciones que le impone la Ley 80, ya que sólo desembolsaron 214.225 millones para el año fiscal 2006-2007 y 188.029 millones para el año fiscal 2007-2008, ambas cifras menores al 2.5% de los ingresos estimados para el Fondo General, no habiéndole satisfecho el crédito que le reconocieron de 13.025 millones.

Por todo lo antes expuesto, el CRIM le solicitó al foro de instancia que le ordenara al Director de la OGP que autorizara la transferencia del subsidio municipal correcto, a saber, $18,129,166.67 mensuales a partir del mes de julio del año fiscal 2007 — 2008, y le ordenara al Secretario de Hacienda que transfiriera inmediatamente $2,460,083.34, balance impagado a causa de la deficiencia en el pago en concepto de subsidio municipal que le fuera enviado al CRIM el 10 de julio de 2007, así como la transferencia de $18,129,166.67 en o antes del décimo día de cada mes del año fiscal 2007-2008. Por último, solicitó del tribunal que declarase que la OGP le había reconocido al CRIM un crédito de 13.025 millones —en concepto de un ajuste de las Rentas Internas Netas del Presupuesto aprobado para el año fiscal 2006-2007— y que ordenara el pago inmediato de dicha suma.

Luego de presentada la demanda, el CRIM presentó varias mociones en las que solicitó la celebración de una vista y adujo la urgencia en la adjudicación del caso. De hecho, el 24 de agosto de 2007, el CRIM solicitó la disposición sumaria del caso. A esos efectos, argumentó que la Ley 80 le imponía un deber ministerial al Secretario de Hacienda y al Director de la OGP de autorizar mensualmente el desembolso de una doceava parte del subsidio municipal correspondiente al año fiscal en cuestión, que consistía de un 2.5% de las rentas internas netas del Fondo General. Sobre el particular, adujo que no existía controversia relacionadas con las cuantías que le correspondían en concepto del subsidio municipal establecido en la Ley 80 y el incumplimiento con el pago de las mismas, a saber, el 2.5% de 9.09 billones, ascendente a 227.25 millones para el año fiscal 2006-2007, y el 2.5% de 8.702 billones, ascendente a 217.55 millones para el año fiscal 2007-2008. En consecuencia, sostuvo que procedía el pago de 13.025 millones de ajuste para el año fiscal 2006 — 2007, ya que sólo se habían desembolsado 214.225 millones, y $4,920,166.68 correspondientes al balance impagado del subsidio municipal para los meses de julio y agosto de 2007, en los cuales sólo se desembolsaron $15,669,083.33 cada mes, cantidad inferior a la doceava parte del subsidio municipal de 217.55 millones para el año fiscal 2007-2008.

Durante la vista celebrada el 27 de agosto de 2007, las partes acordaron que la cuestión a resolverse era de estricto derecho, por lo cual, sometieron una estipulación de hechos. Ello no obstante, el 31 de agosto de 2007, el Secretario de Hacienda, el Director de la OGP y el Estado Libre Asociado (ELA), por conducto del Departamento de Justicia, se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria del CRIM y, a su vez, solicitaron la desestimación del pleito. Plantearon, en primer lugar, que el CRIM carecía de legitimación activa para presentar la demanda en cuestión porque, por tratarse de un asunto político, cualquier reclamación sobre las cuantías asignadas para los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008 se debía plantear ante la Asamblea Legislativa y no ante el foro judicial. Sostuvieron que, de intervenir en el caso, el foro judicial estaría interfiriendo indebidamente con la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, en violación al principio de separación de poderes. A su vez, adujeron la improcedencia del recurso de mandamus bajo el fundamento de que las facultades de aprobar leyes o resoluciones conjuntas, hacer cumplir las leyes, asignar fondos del presupuesto general y administrar dichos fondos, no estaban sujetas a la revisión judicial. Por último, alegaron que mediante la Resolución Conjunta 158 de 10 de julio de 2006, la Asamblea Legislativa le asignó al CRIM $214,225,000 en concepto del subsidio municipal para el año fiscal 2006-2007, y en la Resolución Conjunta 87 de 30 de junio de 2007, le asignó al CRIM $188,029,000 en concepto del subsidio municipal para el año fiscal 2007-2008. Sostuvieron que las referidas resoluciones conjuntas, las cuales tienen fuerza de ley, tuvieron el efecto de modificar la Ley 80 en lo relativo al subsidio municipal correspondiente a los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008.

El CRIM se opuso a la desestimación del pleito. Alegó que tenía legitimación activa ante la existencia de un daño claro, real e inmediato a raíz del incumplimiento con la Ley 80. A su vez, argüyó que una resolución conjunta no puede derogar una ley, y aun si así fuese, la derogación no puede ser tácita, y que las resoluciones conjuntas en cuestión en momento alguno consignaron expresamente la derogación o modificación de la Ley 80.

El 21 de septiembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la que declaró “sin lugar” la demanda presentada por el CRIM. Aun cuando resolvió que el CRIM tenía legitimación activa para presentarla, concluyó que no existía un deber ministerial del Director de la OGP y del Secretario de Hacienda, al amparo de la Ley 80, por motivo de las Resoluciones Conjuntas 158 y 87, las cuales dejaron “en suspenso” la aplicación de la Ley 80 durante los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008. Por eso, el foro recurrido sostuvo que “la Asamblea Legislativa tiene la facultad de suspender el efecto de una disposición legal, en este caso referente a la asignación presupuestaria, cuando en el ejercicio de sus prerrogativas lo entienda necesario para el buen funcionamiento gubernamental de acuerdo a la realidad fiscal del país”. Apéndice de la Solicitud de certificación, pág. 248.

Por otra parte, el tribunal primario indicó que a pesar de que el Director de la OGP le envió una carta al CRIM en la cual reconoció una deuda de $13.025 millones, en concepto de la diferencia entre el subsidio municipal que se le pagó y la cantidad que le correspondía al amparo de la Ley 80, ello constituyó un error administrativo que no podía crear derechos. Así, era improcedente el desembolso de dichos fondos cuando no existía una asignación válida de los mismos.

Inconforme con tal determinación, el CRIM acudió al Tribunal de Apelaciones. No obstante, el 16 de octubre de 2007 presentó una solicitud de certificación ante este Tribunal para solicitar que atendiéramos el caso de epígrafe, pretiriendo el cauce procesal ordinario. En su solicitud plantea que erró el foro de instancia al concluir que las Resoluciones Conjuntas 158 y 87 tuvieron el efecto de suspender tácitamente las disposiciones de la Ley 80 sobre el subsidio municipal. Todas las partes se allanaron a la solicitud de certificación, por lo cual expedimos el recurso y, con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

I

A. Es norma reiterada que los tribunales debemos ser guardianes celosos de nuestra jurisdicción. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.RR. 360 (2002). Sobre ello, hemos expresado que “[l]a jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro sistema de gobierno, se halla gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad ...”. íd., pág. 370.

La legitimación activa es un instrumento de autolimitación judicial que tiene su génesis en la doctrina de la justiciabilidad de las controversias. Su función principal es asegurar que sólo se atiendan aquellos casos que presentan un caso o controversia que le permita al tribunal resolver controversias entre partes opuestas y concederles a éstas un remedio apropiado. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006). El promovente de la acción posee legitimación activa cuando, “con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982). Véanse: Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., ante; Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989).

Una parte posee legitimación activa cuando demuestra: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Romero Barceló v. E.L.A., ante; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443 (2006); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 D.P.R. 875 (2005); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., ante; Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, ante; P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

Por el contrario, un caso no es justiciable cuando plantea una cuestión política, cuando una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover el pleito, si después de comenzado el pleito, hechos posteriores lo convierten en académico, y si las partes buscan obtener una opinión consultiva o se promueve un pleito que no está maduro. Cordova y otros v. Cámara Representantes, 171 D.P.R. 789 (2007); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Si bien en ocasiones previas hemos interpretado los requisitos sobre legitimación activa flexible y liberalmente, tal discreción no es ilimitada. Col. Opticos de P.R. v. Vani Visual Center, ante; Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Solis v. Municipio de Caguas, 120 D.P.R. 53 (1987). Ello porque los tribunales sólo podemos decidir controversias dentro de un contexto adversativo que sea susceptible de ser resuelto judicialmente y siempre teniendo como norte que nuestro sistema de separación de poderes limita nuestra intervención en aquellas materias que son del criterio exclusivo de las otras ramas de gobierno. Acevedo Vilá v. Meléndez, ante; Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., ante; Noriega v. Hernández Colón, ante; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

De ordinario, las controversias que tratan sobre asuntos que se le han delegado a otras ramas de gobierno se consideran de índole político y, por lo tanto, constituyen una cuestión política que no es susceptible de ser resuelta judicialmente. Córdova y otros v. Cámara Representantes, ante. Dicho de otro modo, una cuestión política es aquella que plantea asuntos que deben ser resueltos por las otras ramas de gobierno. Sin embargo, ello no implica que todo asunto político sea una cuestión política. En Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759 (1977), atendiendo la normativa establecida en Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962),() resolvimos que aun cuando la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen poderes y facultades exclusivas a cada rama, la “definición de sus contornos y la determinación de su ejercicio son asuntos cuidadosamente reservados a los tribunales”. Son los tribunales los intérpretes finales de las leyes y la Constitución, incluso de las actuaciones de las otras Ramas del Gobierno. Ello es necesario, ya que una rama de gobierno no puede convertirse en juez de sus propias actuaciones. Así se vela el cumplimiento con el sistema de pesos y contrapesos. Acevedo Vilá v. Meléndez, ante; Santa Aponte v. Srio. del Senado, ante; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Noriega v. Hernández Colón, ante; RED. v. Gobernador I, ante.

B. La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 nos confiere jurisdicción original para considerar en primera instancia los recursos de mandamus. Art. 3.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24s). Véase, además, Arts. 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 3421-3422. El mandamus es un recurso extraordinario y, por lo tanto, discrecional y altamente privilegiado, mediante el cual se le ordena a una persona o entidad cumplir con el acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, ante. Sólo procede cuando sea el único remedio disponible en ley para la parte que lo solicita. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3423. Sobre el particular, hemos expresado que procede “ordenar el cumplimiento de un deber ministerial, que no ad-mite discreción en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir ese remedio”. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, ante, págs. 454-455, citando a Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382 (2000). Véase Córdova y otros v. Cámara Representantes, ante.

Al determinar si se debe expedir un auto de mandamus, debe tomarse en cuenta el posible impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos en cuestión y el potencial de confusión o perjuicios de los derechos de terceros, a la vez que se evita una intromisión indebida en los procedimientos del Poder Ejecutivo. Noriega v. Hernández Colón, ante. Hemos destacado que “el posible impacto público que tendrá la expedición del mandamus será proporcional a la importancia del deber ministerial que se alega ha sido incumplido y que se pretende vindicar mediante el mandamus”. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, ante, pág. 392. Es decir, su procedencia depende del carácter del acto que se pretende compeler mediante el recurso. Córdova y otros v. Cámara Representantes, ante; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, ante.

C. Nuestra Constitución establece que “[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días ... contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido”. Art. Ill, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1, ed. 1999, pág. 381. Si el Gobemador objeta la aprobación de un proyecto de ley, dicho proyecto sólo se convertirá en ley si es aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada Cámara. Id.

A su vez, la Sec. 18 del Art. Ill de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, dispone que se determinarán por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite que el de un proyecto de ley. La Ley sobre la Aprobación, Promulgación y Distribución de Leyes y Otros Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953 (Ley 2), 2 L.P.R.A. see. 181 et seq., reglamenta estatutariamente lo relativo a la aprobación de las leyes y, particularmente, las resoluciones conjuntas. Por eso establece que “[t]oda legislación que haya de perder su fuerza al realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue, será objeto de consideración por la Asamblea Legislativa mediante resolución conjunta y no formará parte de los estatutos permanentes de Puerto Rico”. Sec. 1 de la Ley Núm. 2, ante, 2 L.P.R.A. see. 200. De modo que una resolución conjunta tiene una duración limitada. La See. 3 aclara que “[n]inguna medida será inválida porque se haya aprobado indebidamente como resolución conjunta, debiendo haberlo sido como ley, o porque se haya aprobado como ley, debiendo haberlo sido como resolución conjunta”. 2 L.P.R.A. see. 201.

D. El CRIM es “una entidad municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalizad del Gobierno ...”. Art. 3 de la Ley 80 (21 L.P.R.A. see. 5802). Su propósito y responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos provenientes de las diversas fuentes señaladas en su ley habilitadora.

Mediante el Art. 15 de la referida Ley 80 (21 L.P.R.A. see. 5814) se creó el Fondo de Equiparación para los Municipios con el propósito de mantener separados los fondos transferidos a los municipios de los demás fondos del Gobierno. Entre las partidas que reciben los municipios al amparo de la Ley 80 se encuentra el subsidio municipal, cuantía que se computa a base de las rentas internas netas del Fondo General.()

Sobre el particular, el Art. 16(c) de la Ley 80 (21 L.P.R.A. sec. 5815(c)), dispone que para el año fiscal 2001-2002 y para años fiscales subsiguientes, se transferirá a los municipios dos y cinco décimas por ciento de las rentas internas netas del Fondo General. Una vez se determina la cuantía correspondiente al dos y cinco décimas por ciento de las rentas internas netas del Fondo General del año fiscal en cuestión, “el Secretario (de Hacienda) transferirá al Banco Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de cada mes, una doceava (1/12) parte del estimado de los ingresos a recibirse en el año fiscal de que se trate Art. 18 de la Ley 80 (21 L.P.R.A. see. 5817). A su vez, no más tarde del decimoquinto día del mes, el Banco Gubernamental de Fomento remesará tales fondos a cada municipio. Id.

II

En su solicitud de certificación, el CRIM plantea que erró el tribunal de instancia al resolver que la Resolución Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 suspendieron el efecto de la Ley 80 durante los años fiscales 2006-2007 y 2007 — 2008. A su juicio, tal alegada suspensión en realidad constituye una derogación tácita de una asignación autorrenovable establecida por ley, privando al CRIM permanentemente de todos los fondos correspondientes al subsidio municipal, ya que en momento alguno se ha indicado que el pago de las cuantías adeudadas será satisfecho en una fecha posterior. Sostiene que una resolución conjunta no puede enmendar o derogar una ley de forma tácita ni dejar sin efecto una asignación autorrenovable, y en su lugar, fijar una cantidad totalmente arbitraria.

Por su parte, los demandados alegan que la acción presentada por el CRIM no es justiciable porque la controversia planteada es una cuestión política. A su juicio, todas las funciones relacionadas al presupuesto, así como los desembolsos del presupuesto, son competencia exclusiva de las otras Ramas del Gobierno y no son susceptibles de adjudicación en el foro judicial. Sostienen que de intervenir el foro judicial en el presente caso, se provocaría un desbalance en el presupuesto, ya que requeriría la asignación de fondos adicionales que no fueron considerados; además, ello alegadamente constituiría una violación al principio de separación de poderes.

Los demandados también arguyen que la Resolución Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 tuvieron el efecto de “suspender” temporalmente, no de derogar tácitamente, la aplicación de la Ley 80. Por lo cual, alegan que no cabe hablar de un deber ministerial del Secretario de Hacienda y el Director de la OGP, e, igualmente, resulta improcedente el recurso de mandamus. Argumentan que las referidas resoluciones tienen los mismos efectos que una ley y que, por ser posteriores a la Ley 80 e incompatibles con lo allí establecido, tienen primacía. Adicional a ello, señalan que nuestra Constitución no proscribe la suspensión temporera de una ley.

De entrada, es menester señalar que, contrario a lo planteado por los demandados, el CRIM posee legitimación activa para entablar la acción de epígrafe. Además de ser el organismo responsable del manejo de los fondos municipales, actualmente sufre un daño claro, real y palpable; a saber, no ha recibido los fondos que le corresponden en virtud de la Ley 80. Ello tiene serias consecuencias para la administración y el funcionamiento adecuado de todos los municipios. Adviértase, además, que según señalamos anteriormente, no todo asunto político es una cuestión política.

Nuestra intervención en el presente recurso no viola el principio de separación de poderes ni se trata aquí de una cuestión política, sino de la interpretación y armonización de una ley con unas resoluciones conjuntas, o sea, una cuestión de derecho, facultad que le compete exclusivamente a la Rama Judicial. Conforme ya destacamos, reiteradamente hemos resuelto que los tribunales son los intérpretes finales de las leyes y de nuestra Constitución.

De otra parte, el mandamus es el recurso apropiado cuando un funcionario público incumple un deber ministerial, es decir, con una obligación que le fue impuesta por ley. Ante el incumplimiento de parte de los demandados, el CRIM no tenía remedios alternos para solicitar el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 80. El planteamiento de los demandados relacionado a que el CRIM debió acudir ante la Asamblea Legislativa es totalmente improcedente e irrazonable. Cuando se trata del cumplimiento de un deber impuesto por ley, los tribunales tienen la facultad para intervenir e interpretar el derecho aplicable.

Ciertamente, si bien la See. 3 de la antes citada Ley 2 dispone que una resolución conjunta o una ley no pierde su validez por haber sido aprobada mediante el mecanismo incorrecto, aquí no se trata de invalidar una resolución conjunta que debió ser ley. Tampoco se trata de si una resolución conjunta debe ser aprobada mediante el mismo proceso que una ley y si tiene la misma validez. No cabe duda de que las resoluciones conjuntas son mecanismos esenciales para una función legislativa adecuada y eficaz. Particularmente, han sido utilizadas comúnmente en lo relativo a los presupuestos. Sin embargo, el caso de marras presenta una situación diferente, a saber, el efecto de una resolución conjunta sobre una ley que establece una asignación fija y autorrenovable.

Esto es, el presente caso versa sobre unas resoluciones conjuntas mediante las cuales se intentó modificar tácitamente las disposiciones claras y vigentes de la Ley 80 sobre la asignación de fondos para el subsidio municipal. Del texto de la referida ley surge palmariamente que el subsidio municipal es una asignación de 2.5%, fija y autorrenovable. En nuestro ordenamiento, la Rama Judicial y la Universidad de Puerto Rico también gozan de asignaciones fijas y autorrenovables. Ello le garantiza a dichas entidades urna porción de los ingresos del Fondo General, sin la necesidad de justificar anualmente los fondos que necesitan para su fimcionamiento adecuado. Véanse: Ley Núm. 286 de 20 de diciembre de 2002 (23 L.P.R.A. see. 104); Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, 18 L.P.R.A. see. 621 et seq.

Adviértase que las partes estipularon ciertos hechos que no están en controversia, los cuales exponemos a continuación. En primer término, acordaron que el estimado de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el año fiscal 2006-2007 era de 9.09 billones y que el 2.5% de tal cantidad era 227.25 millones, de lo cual sólo se le asignó al CRIM $214,225,000 mediante la Resolución Conjunta 158. De otra parte, estipularon que el estimado de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el año fiscal 2007-2008 era de 8.702 billones y que el 2.5% de tal cantidad era 217.5 millones, de lo cual sólo se le asignó al CRIM 188,029 millones mediante la Resolución Con-junta 87. Para julio y agosto de 2007, el Departamento de Hacienda desembolsó al Banco Gubernamental de Fomento un total de $31,338,167 en concepto del subsidio municipal, es decir, desembolsó mensualmente V12 parte de 188,029 millones, lo cual equivale a $15,669,083.33 mensuales. Sin embargo, ambas partes reconocieron que V12 parte de 217.5 millones, el estimado de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el año fiscal 2007-2008, equivale a $18,129,166.67.

Los demandados sostienen, repetimos, que a pesar de todo lo antes expuesto, no cabe hablar de un incumplimiento con la Ley 80, ya que las resoluciones conjuntas tuvieron el efecto de suspender su efectividad durante los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008. No les asiste la razón.

Distinto a lo alegado por los demandados, de las resoluciones conjuntas en cuestión no surge indicio alguno de la alegada intención de los legisladores de “suspender” o modificar lo dispuesto en la Ley 80. Incluso, del texto de ambas resoluciones conjuntas surge una intención contraria a lo que ahora alegan los demandados, ya que en éstas, al señalar la procedencia de las cuantías que se le concederían al CRIM, la Asamblea Legislativa expuso que eran “[p]ara cumplir con la Aportación al Fondo de Equiparación, Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada”. Apéndice de la Solicitud de certificación, pág. 162. Dicho de otro modo, reconocieron expresamente la vigencia, validez y obligatoriedad de la Ley 80.

Los demandados admiten que el 30 de agosto de 2006 el Director de la OGP le remitió una carta al Director Ejecutivo del CRIM en la cual le informó que, de acuerdo con la Ley 80, el CRIM tenía un crédito a su favor de $14,171,000, en concepto del subsidio municipal. En la referida carta, el Director Ejecutivo de la OGP le informó al Director Ejecutivo del CRIM lo siguiente:

Como es de su conocimiento, durante el mes de junio de 2006 la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1408, la cual se convirtió en la Resolución Conjunta Núm. 158 de 10 de julio de 2006. Específicamente, en el inciso B 5(i) la Asamblea Legislativa reafirmó la vigencia de la Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, mejor conocida como: “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 80, supra, la cantidad que debió incluirse en la Resolución Conjunta era doscientos treinta millones seiscientos cuarenta y nueve mil dólares ($230,649,000), y no doscientos catorce millones doscientos veinticinco mil dólares ($214,225,000).
A tales efectos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto reconoce que a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, usted tiene un crédito a su favor por catorce millones ciento setenta y un mil dólares ($14,171,000) que será sufragado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales cuando los ingresos del Estado así lo permitan. Cordialmente,
(Fdo.) José Guillermo Dávila Matos[,] Director
(Énfasis suplido.) Apéndice de la Solicitud de certificación, pág. 60.

Ante tal lenguaje no cabe hablar de un error administrativo ni de supuestas enmiendas a la Ley 80. Esto es, en la susodicha carta, enviada antes de la presentación de la demanda que motiva el presente recurso, la OGP expresamente reconoció la validez de la Ley 80 así como la existencia de un crédito de 14,171 millones a favor del CRIM.

De lo anterior claramente se infiere que la OGP reconoció que la Resolución Conjunta 158 tenía un efecto transitorio y que, una vez los fondos estuvieran disponibles, serían transferidos al CRIM. De igual forma, la Resolución Conjunta 87 también tiene un efecto transitorio, en tanto allí se reconoce la validez de la Ley 80, pero los fondos desembolsados son menores a los que asigna la referida ley. Como consecuencia, el Departamento de Hacienda y la OGP todavía le adeudan al CRIM la diferencia entre las cuantías pagadas en concepto del subsidio municipal para los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008, y la cantidad que le correspondía según la Ley 80, o sea, el 2.5% del total de las rentas internas netas del Fondo General para los años fiscales en cuestión.()

En fin, la asignación autorrenovable de 2.5% del total de las rentas internas netas del Fondo General que establece la Ley 80 se debió incluir correctamente al fijarse el presupuesto general. Es un porcentaje fijo que ha sido avalado por la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva desde que fue instaurado en nuestro ordenamiento jurídico. No podemos excusar su incumplimiento bajo el pretexto de que así hacerlo crearía un desbalance en el presupuesto. La ley es clara y debió ser cumplida fielmente desde un principio.

En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la revocación de la sentencia recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Estamos conformes, en términos generales, con la Opinión del Tribunal y la determinación de revocar la sentencia apelada. Sin duda alguna, la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva no pueden asignar, mediante una resolución conjunta de presupuesto, una cantidad totalmente arbitraria y en contravención a las garantías de autonomía operacional que provee la tasa fija y autorrenovable establecida por ley a favor de ciertas entidades públicas. Debido a las ramificaciones positivas que tiene el desenlace de este caso en nuestro ordenamiento constitucional, deseamos reflexionar sobre el curso de acción seguido por la mayoría.

La controversia ante nuestra consideración es de estricto derecho. En esencia, ésta consistió en determinar si las Resoluciones Conjuntas 158 y 87 —correspondientes a los presupuestos gubernamentales de los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008— tuvieron el efecto de suspender o derogar temporera y tácitamente la fórmula establecida por la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 5801 et seq.), con relación al subsidio municipal que maneja el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Ante la realidad fáctica de que las mencionadas resoluciones conjuntas le asignaron al CRIM una cantidad significativamente menor a la correspondiente por concepto del subsidio municipal conforme a la fórmula impuesta por la Ley Núm. 80, supra, el Procurador General alega que el CRIM carece de legitimación activa para presentar la demanda de autos. A su juicio, la mencionada controversia trata de una cuestión política que sólo puede ser dilucidada ante la Asamblea Legislativa y no ante el foro judicial. A su vez, sostiene que si la Rama Judicial interviene en el caso, estaría interfiriendo indebidamente con las Ramas Ejecutiva y Legislativa, en violación a la doctrina de separación de poderes. Nada más lejos de la verdad.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[s]e determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución con-junta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley”. Art. 3, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 381. Las diferencias prácticas entre una resolución conjunta y un proyecto de ley fueron objeto de un intenso debate de teoría constitucional y procedimiento legislativo en la Convención Constituyente. Véase 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 856-863 (1951).

En esa ocasión, el delegado Antonio Reyes Delgado ex-presó su preocupación en cuanto a que la referida disposición constitucional se pudiera interpretar para sugerir que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de enmendar o modificar una ley o un código por virtud de una resolución conjunta, cuando la jurisprudencia interpretativa de la Ley Jones claramente establecía que tal acción legislativa no era posible. Valiente & Co. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 586 (1936). Por eso presentó una enmienda para calificar que sólo los asuntos especiales pudieran ser objeto de consideración mediante resolución conjunta. Diario de Sesiones, supra, pág. 857.

Dicha enmienda fue derrotada ante la oposición de los delegados Luis Negrón López y Celestino Iriarte, pues éstos expresaron que tal calificación no era necesaria porque el mismo precepto constitucional limitaba el mecanismo de la resolución conjunta a “los asuntos que se incluyan en la ley que apruebe la Asamblea Legislativa ... para dar cumplimiento a esta disposición constitucional, [los cuales] tendrán que ser asuntos especiales ...”. Diario de Sesiones, supra, pág. 860. Es decir, el consenso imperante en la Convención Constituyente fue que la resolución conjunta se podría utilizar como un mecanismo para legislar asuntos especiales y transitorios, “sin otras consecuencias ulteriores”. Id., pág. 862. Sin embargo, en ningún momento se sugirió que la resolución conjunta se puede utilizar para modificar, suspender o dejar sin efecto —aunque sea transitoriamente— una ley que forma parte de los estatutos permanentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño.

En cumplimiento con el mandato constitucional antes mencionado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre la Aprobación, Promulgación y Distribución de Leyes y Otros Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, la cual definió la resolución conjunta como “[t]oda legislación que haya de perder su fuerza al realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue ... y no formará parte de los estatutos permanentes de Puerto Rico”. 2 L.P.R.A. see. 200. A su vez, dicha ley dispone que se excluyen de dicha definición de resolución conjunta “aquellos casos en que la materia que deba considerarse como resolución conjunta sea parte necesaria, aunque incidental, de una materia principal que deba considerarse mediante proyecto de ley”, íd. Por otro lado, el referido estatuto dispone que “[nfinguna medida legislativa será inválida porque se haya aprobado indebidamente como resolución conjunta, debiendo haberlo sido como ley, o porque se haya aprobado como ley, debiendo haberlo sido como resolución conjunta”. 2 L.P.R.A. see. 201.

No obstante lo anterior, y como bien señala la Opinión del Tribunal, la controversia ante nos no trata sobre la validez de una resolución conjunta que debió ser ley, sino sobre el efecto de una resolución conjunta contraria al mandato de una ley que requiere una asignación fija y autorrenovable con el fin de proteger la independencia operational de la entidad pública en cuestión. Por lo tanto, so-mos del criterio que las resoluciones conjuntas en controversia constituyeron un intento por parte de las ramas políticas de modificar las disposiciones claras y precisas de la Ley Núm. 80, supra, que regulan la asignación de fondos con relación al subsidio municipal que administra el CRIM. Dicha ley establece que tal asignación es contingente a una tasa fija y autorrenovable de 2.5% de las rentas internas netas del Fondo General del gobierno en el año fiscal correspondiente, por lo que cualquier asignación menor para tales propósitos en una resolución conjunta de presupuesto adolece de nulidad por ser contraria al referido estatuto. 21 L.P.R.A. see. 5815.

Más aún, las propias resoluciones conjuntas en controversia reconocieron la validez y obligatoriedad de la tasa fija y autorrenovable con relación al subsidio municipal, pues las partidas asignadas al CRIM se justificaron expresamente “para cumplir con la Aportación al Fondo de Equiparación, Ley Núm. 80 ...”. Apéndice de la Solicitud de certificación, pág. 162. Es por ello que nuestra intervención en el presente caso no constituye una mera revisión judicial de la facultad de aprobar leyes o resoluciones conjuntas, ni la de asignar fondos del presupuesto general o administrar dichos fondos. Todo lo contrario, pues la controversia ante nos evidentemente se refiere, como acertadamente indica la Opinión del Tribunal, al cumplimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo con un deber impuesto por ley, ya que la Ley 80 no ha sido derogada ni enmendada por ninguna ley posterior. Ante la situación fáctica de que los fondos asignados y desembolsados fueron menores a los que asigna la tasa fija y autorrenovable impuesta por el referido estatuto, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto todavía le adeudan al CRIM las cantidades estipuladas para los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008.()

Por último, conviene mencionar que el Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, enfatiza que el CRIM es “una entidad municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno ...”. (Enfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 5802. Cónsono con ello, las asignaciones fijas y autorrenovables establecidas por ley para el CRIM, así como las fórmulas presupuestarias establecidas por ley para la Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial, le proveen automáticamente a dichas entidades una porción de los ingresos del Fondo General sin sujeción al vaivén electoral y partidista del momento. La integridad de estas asignaciones garantiza la autonomía operacional de las instrumentalidades públicas concernidas, pues no se requiere que éstas justifiquen anualmente ante la Asamblea Legislativa los fondos particulares que necesitan para su funcionamiento adecuado. Véanse: Ley Núm. 80, supra; Ley Núm. 286 de 20 de diciembre de 2002 (23 L.P.R.A. see. 104); Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. see. 621). Es por ello que cualquier intento —por medio de una resolución conjunta— de reducir, suspender o derogar la cuantía proporcional establecida por ley para estas entidades públicas independientes constituye una acción nula y ultra vires que contraviene el estado de derecho vigente.

Por todo lo antes expuesto, no cabe duda de que las ramas políticas deben cumplir con el claro mandato de la ley, asignando las partidas por concepto del subsidio municipal en conformidad con la tasa fija y autorrenovable que establece la Ley Núm. 80, supra. Por ende, estamos conformes con la Opinión del Tribunal.

      (1) De la Carta de 30 de agosto de 2006 surge que la Oficina de Gerencia y Presupuesto le reconoció un crédito de $14,171,000 ya que, según expresó, la cantidad que le correspondía al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para el año fiscal 2006-2007 era $230,649,000.

      (2) El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que una controversia plan-tea una cuestión política cuando el asunto en controversia se ha delegado expresamente a otra Rama del Gobierno, hay una ausencia de normas judiciales sobre el asunto, resulta imposible adjudicar la controversia sin hacer una determinación de política pública que no le corresponde a los tribunales, requiere adherirse a una decisión política previa o cuando se genera un potencial de confusión debido a determinaciones conflictivas entre varios departamentos del Gobierno en torno al mismo asunto. Véanse: Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

      (3) El Art. 2(n) de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 5801(n)), define rentas internas netas como “el total de las rentas del Fondo General resultante luego de deducir los ingresos provenientes de fuentes externas, los ingresos no recurrentes y los ingresos con que se nutren las cuentas y fondos especiales”.

      (4) En su demanda, en lo relativo al año fiscal 2007-2008, el CRIM sólo solicitó el pago de las deficiencias para el mes de julio, ya que la fecha de la presentación de la demanda fue el 18 de julio de 2007. Sin embargo, actualmente se le adeuda el pago de la deficiencia en el pago del subsidio municipal de los meses posteriores a julio de 2007 hasta elpresente.

      (1) En atención a que los tribunales son los intérpretes finales de las leyes, la Constitución y de las actuaciones de las otras ramas, la controversia ante nos sobre la validez de una resolución conjunta que contradice el texto de una ley es claramente justiciable. Nuestra intervención en el presente caso es fundamental, pues una rama de gobierno no puede convertirse en juez de sus propias actuaciones cuando éstas contravienen el sistema de pesos y contrapesos que delinea la Constitución. La Constitución le confiere determinadas facultades al Poder Legislativo y Ejecutivo, pero la definición de sus contornos y la determinación de la validez de su ejercicio son asuntos reservados a los tribunales. Véanse: Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 D.P.R. 875 (2005); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Alinaluz Santiago Torres, peticionaria, v. Roberto Pérez López, recurrido.

      Número: CC-2007-848

      Resuelto: 14 de julio de 2008

      Jaime Ferrer Fontánez y Humberto Malavé Santiago, abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2007, le concedimos el término de veinte días a la parte demandada recurrida para que mostrara “causa por la cual este Tribunal no debe expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones”. A pesar del tiempo transcurrido, dicha parte no ha comparecido. Resolvemos según lo intimado en la orden de mostrar causa emitida.

I

La peticionaria Santiago Torres, quien es nacida y criada en Puerto Rico, contrajo matrimonio el 22 de febrero de 1991 en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba, con el demandado recurrido Pérez López, quien es oriundo de Cuba. El 4 de junio de 2007, Santiago Torres presentó una demanda de divorcio, por la causal de separación, ante la Sala Superior de Caguas del Tribunal de Primera Instancia. Acompañó como anejos de la referida demanda el original de un certificado de nacimiento del hijo menor de edad habido durante el matrimonio y una copia del Certificado de Matrimonio expedido por el Registrador del Estado Civil de la Dirección de Registros y Notarías de la República de Cuba.

La Secretaria del tribunal de instancia se comunicó con la representación legal de la demandante Santiago Torres para solicitarle un certificado de matrimonio en original. Al informársele que la demandante no contaba con uno, se le requirió que presentara una moción explicativa al efecto. Al así hacerlo, la demandante expresó: que había contraído matrimonio con el demandado mientras cursaba estudios doctorales en Cuba; que no tiene familia alguna en dicho país; que no tiene forma alguna de conseguir dicho certificado, y que ante la situación de ausencia de relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, ella está imposibilitada de viajar a Cuba.

El tribunal de instancia, entendiendo que dicha explicación no era satisfactoria, dictó una sentencia que desestimó la demanda presentada. Insatisfecha, Santiago Torres acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante sentencia a esos efectos,!) el foro apelativo intermedio confirmó la actuación del tribunal de instancia.

Aun inconforme, Santiago Torres acudió ante este Tribunal —vía certiorari— e imputó al foro apelativo intermedio haber errado al

.. .no revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Caguas al no acoger la copia del certificado de matrimonio celebrado en la Ciudad de la Habana en Cuba por serle imposible a la demandante-peticionaria obtener el original de su certificado de matrimonio, por haberse extraviado el original y sin estar en controversia el contenido de la copia del certificado de matrimonio. Petición de certiorari, pág. 3.

II

Procede revocar. El Art. 87 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 265, establece:

El matrimonio contraído en los Estados Unidos, o en país extranjero, donde estos actos no estuviesen sujetos a un registro regular o auténtico, puede acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. (Enfasis suplido.)

Es de notar, sin embargo, que la Regla 69 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, dispone:

A menos que un estatuto o estas reglas dispongan otra cosa, para probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía se requiere la presentación del escrito, fotografía o grabación original. (Enfasis suplido.)

La Regla 69 —conocida como la Regla de la Mejor Evidencia— exige que cuando para probar un hecho se descanse en el contenido de un escrito, éste se debe presentar para constatar su contenido. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 331 (1991). Ahora bien, el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte nos llama la atención sobre la posibilidad de probar un hecho particular a través de otros medios diferentes al escrito. A esos efectos, expresa que

... cuando determinado hecho puede ser probado mediante el contenido de un escrito ... y mediante cualquier otra prueba, la regla de la mejor evidencia no exige que se pruebe mediante la presentación del escrito, aunque éste sea la “mejor evidencia” o la evidencia primaria. El elegir uno u otro medio de prueba es aquí cuestión de credibilidad y valor probatorio para el juzgador. ... E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y federales, San Juan, Pubs. J.T.S., 2005, T. II, pág. 936.

Sobre este particular, en Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983), determinamos que, a pesar de que un documento en que conste un contrato es la mejor prueba de su existencia, ésta no es la única forma. En dicho caso se probó de manera incontrovertida, mediante prueba testifical, la existencia y las condiciones de un contrato. Hemos afirmado que nuestro ordenamiento probatorio, en o fuera del cuerpo de las Reglas de Evidencia, no exige determinada forma para establecer un hecho. Pueblo v. Jordán Tarraza, 118 D.P.R. 592 (1987).

Por otro lado, la Regla 70 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. TV, establece que

[s]erá admisible otra evidencia del contenido de un escrito, grabación o fotografía que no sea el original mismo cuando:
(a) El original se ha extraviado o ha sido destruido, a menos que el proponente lo haya perdido o destruido de mala fe.
(b) El original no puede ser obtenido por ningún procedimiento judicial disponible ni de ninguna otra manera.
(c) El original está en poder de la parte contra quien se ofrece y ésta no produce el original en la vista a pesar de haber sido previamente advertida de que se necesitaría producirlo en la vista.
(d) El original no está íntimamente relacionado con las controversias esenciales y resultare inconveniente requerir su presentación. (Énfasis suplido.)

Por último, la Regla 73 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, dispone que

[u]n duplicado es tan admisible como el original a no ser que surja una genuina controversia en torno a la autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, sea injusto admitir el duplicado en lugar del original.

III

Opinamos que, en vista de los hechos y circunstancias particulares y específicas del presente caso, la copia del certificado de matrimonio en controversia es admisible según las disposiciones del inciso (b) de la citada Regla 70 de Evidencia, ya que es una realidad que la demandante Santiago Torres no puede obtener, en estos momentos, el original de dicho certificado, “por ningún procedimiento judicial disponible ni de ninguna otra manera”. Por otro lado, en esta etapa de los procedimientos, no existe ninguna controversia genuina en torno a la autenticidad de la copia del documento que la demandante presentó ante el tribunal de instancia; tampoco creemos que suija alguna en el futuro. Después de todo, nadie presenta una demanda de divorcio —con los gastos y molestias que ello conlleva— si no está verdaderamente casado.

De todas maneras, creemos procedente exigir que la demanda de divorcio presentada por Santiago Torres sea juramentada por ésta ante el tribunal de instancia; ello garantiza, aún más, lo aseverado por la demandante en la demanda presentada, lo cual será seguramente reiterado por ella cuando se siente a declarar en la vista en su fondo del caso.

En conclusión, y por los fundamentos antes expresados, procede expedir el auto de “certiorari” y dictar Sentencia para revocar la que emitió el Tribunal de Apelaciones, y devolver el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señor Rivera Pérez y Señora Fiol Matta concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Hon. Jorge L. Escribano Medina, juez ponente.


text:
    Bonifacio López Rivera, apelante, v. Administración de Corrección, apelada.

      Número: AC-2007-47

      Resuelto: 15 de julio de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Reinaldo Camps del Valle, procurador general auxiliar, Mariana D. Negrón Vargas y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradoras generales, representantes de la Administración de Corrección, parte recurrida; Jesús Faisel Iglesias, parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso de epígrafe tenemos la oportunidad de aclarar si el procedimiento de acción inmediata que dispone la See. 3.17 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico faculta a las agencias para formular, mediante reglamentación, parámetros temporales para sus procesos adjudicativos que se desvíen de las garantías procesales mínimas establecidas en la referida ley. Por entender que dicha facultad no se deduce de la referida disposición, concluimos que la Regla 20 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios —que dispone un término de cinco días calendario para solicitar la reconsideración de las sanciones disciplinarias impuestas contra los confinados— es nula por contravenir la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

I

El 17 de marzo de 2006, el sargento Edwin Martínez (Sargento Martínez) se encontraba de guardia en el segundo piso de la Institución de Máxima Seguridad de Ponce. Los oficiales del Cuadrante D-2 de la institución penal informaron al Sargento Martínez sobre cierta conducta sospechosa que exhibía el confinado Bonifacio López Rivera (señor López Rivera), quien se encontraba en su celda. Al observar la forma en que el señor López Rivera se comportaba y movía su cuerpo, el Sargento Martínez sospechó que el confinado había utilizado sustancias controladas.

Por tal motivo, el funcionario de la institución penal entró a la celda y encontró en el piso una caja de cigarrillos que tenía en su interior una jeringuilla, así como un pomo de ungüento antibiótico y un sobre plástico pequeño con dos envolturas que contenían una sustancia desconocida. Dicha evidencia fue ocupada sin que el señor López Rivera presentara resistencia. Tras realizar el análisis químico correspondiente, se determinó que las sustancias ocupadas eran heroína y cocaína.

A raíz de esos hechos, el Sargento Martínez presentó un informe disciplinario que culminó con la presentación de una querella administrativa contra el señor López Rivera por infringir las normas del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios, Reglamento Núm. 6994 de 29 de julio de 2005 (Reglamento Disciplinario) que prohíben la posesión, introducción, uso, venta o distribución de sustancias controladas en una institución carcelaria. El Oficial Examinador celebró la vista administrativa correspondiente. Aquilatada la prueba, dictó una resolución en la que determinó que el señor López Rivera cometió los actos imputados en la querella. Se le impuso como sanción la cancelación del cien por ciento de la bonificación por buena conducta acumulada entre el mes anterior a la comisión del acto prohibido y la fecha de la resolución. Además, en la resolución se ordenó la segregación disciplinaria del señor López Rivera por un término de sesenta días.

Esta resolución se le notificó al señor López Rivera el 28 de marzo de 2006. En ésta se apercibía al confinado de su derecho a solicitar una reconsideración ante la Oficina de Asuntos Legales dentro de un término de “cinco días laborales”, contados a partir de la notificación de la resolución. Para ello, debía requerir un formulario para solicitar la reconsideración al Oficial de Querellas de la agencia administrativa.

Así las cosas, el señor López Rivera presentó una solicitud de reconsideración el 10 de abril de 2006, es decir, trece días naturales después de la notificación. El 27 de abril de 2006, la Administración de Corrección determinó no acoger la solicitud de reconsideración porque se presentó fuera del término de cinco días calendario establecido para ello en la Regla 20 del Reglamento Disciplinario.

Insatisfecho, el señor López Rivera acudió en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el Reglamento Disciplinario, al establecer un término de cinco días calendario para solicitar reconsideración de una determinación de la agencia, violaba su debido proceso de ley y contravenía las disposiciones de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. see. 2165, que dispone un término de veinte días para que la parte adversamente afectada por una resolución de una agencia pueda pedir su reconsideración.

El foro apelativo confirmó la resolución recurrida y resolvió que “la naturaleza de la función que cumple la Administración de Corrección y las particulares circunstancias en las que debe operar la colocan entre las agencias que pueden reclamar las excepciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el manejo de emergencias y de situaciones de acción inmediata”. Apéndice, pág. 21. Por lo tanto, determinó que la desviación de los parámetros temporales era razonable y se ajustaba al mínimo exigido por el debido proceso de ley.

Aún inconforme, el señor López Rivera acude ante este Tribunal y nos solicita que revoquemos el dictamen recurrido. En síntesis, aduce que erró el foro apelativo al confirmar la resolución emitida por la Administración de Corrección, dado que la mencionada entidad pública no es una de las agencias exentas de cumplir con lo dispuesto en la LPAU en cuanto a los términos para solicitar la reconsideración. En vista de ello, sostiene que la disposición del Reglamento Disciplinario en controversia, así como la determinación de que las circunstancias particulares de este caso constituyen una situación de emergencia, adolecen de nulidad por ser arbitrarias y contrarias a la ley.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

La LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.), se aprobó con el propósito de sistematizar y crear un cuerpo de reglas mínimas que toda agencia debe observar al formular sus reglamentos y al llevar a cabo sus procedimientos adjudicativos. Para lograr estos objetivos, la LPAU sustituyó los procedimientos administrativos que eran incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de tales asuntos de manera consecuente con sus disposiciones. Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165 (2005); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999). Por lo tanto, las disposiciones de la LPAU desplazan y tienen predominio sobre toda regla de una agencia que sea contraria a ésta. Es por ello que, de ordinario, las agencias están obligadas a conducir sus procedimientos de acuerdo con la mencionada ley. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra.

La Sec. 3.1 de la LPAU exige a toda agencia que deba adjudicar formalmente una controversia a dirigir sus procedimientos en conformidad con sus disposiciones. 3 L.P.R.A. see. 2151; Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). En cuanto al proceso de adjudicación formal, la LPAU incorporó las garantías procesales mínimas siguientes: (a) derecho a una notificación oportuna de los cargos; (b) derecho a presentar evidencia y a ser oído; (c) derecho a un adjudicador imparcial; (d) derecho a que la decisión esté fundamentada en el expediente oficial, y (e) derecho a solicitar la reconsideración y la revisión judicial de una determinación administrativa adversa. 3 L.P.R.A. sees. 2151 y 2165.

En armonía con lo anterior, las agencias deben adoptar un reglamento para regular sus procedimientos adjudicativos en conformidad con la LPAU y el debido proceso de ley, siempre velando por que no se impongan requisitos que contravengan las pautas establecidas por el estatuto. 3 L.P.R.A. see. 2152. Por lo tanto, las agencias cobijadas por la LPAU carecen de autoridad para adoptar reglamentación que establezca requisitos adicionales o distintos relacionados con la reconsideración o revisión judicial que dispone la referida ley. Véase Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999).

De hecho, la See. 2.7 de la LPAU dispone que una regla o un reglamento aprobado después de la fecha de efectividad de dicha ley será nulo si no cumple sustancialmente con sus disposiciones. 3 L.P.R.A. see. 2127. Por consiguiente, hemos establecido que cualquier actuación de una agencia que se haga en contravención con las pautas mínimas impuestas por la referida ley no puede prevalecer. Véase Com. de Seguros v. A.E.E.L.A., 171 D.P.R. 514 (2007). En conformidad con ello, el profesor Demetrio Fernández ha expresado que “ [e] 1 proceso de reglamentación seguido por las agencias cubiertas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme tiene que ajustarse a lo delineado en esa ley. Si la regla o reglamento no se conforma y ajusta a lo establecido por dicha ley carecerá de fuerza de ley y estará sujeto a que se cuestione judicialmente. La agencia está impedida de sustituir el procedimiento de la ley so pena de que se vicie de nulidad la reglamentación adoptada”. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 120.

Ahora bien, la Sec. 3.17 de la LPAU faculta a las agencias a utilizar “procedimientos adjudicativos de emergencia en una situación en que exista un peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar público o que requiera acción inmediata de la agencia”. 3 L.P.R.A. sec. 2167(a). En esos casos, la agencia debe tomar sólo aquella acción que sea necesaria y justifique el uso de una adjudicación inmediata. 3 L.P.R.A. sec. 2167(b). Es decir, la agencia puede prescindir de los parámetros temporales que exige la LPAU para los procedimientos ordinarios de adjudicación formal cuando las circunstancias particulares del caso constituyan alguna de las excepciones mencionadas. A su vez, dicha disposición también establece que, en procedimientos adjudicativos de esta naturaleza, “[l]a agencia deberá dar aquella notificación que considere más conveniente, a las personas que sean requeridas a cumplir con la orden o resolución. La orden o resolución será efectiva al emitirse”. 3 L.P.R.A. sec. 2167(c).

El procedimiento administrativo de acción inmediata establecido por la Sec. 3.17 de la LPAU constituye, en esencia, una flexibilización del derecho a ser oído. Véase Fernández Quiñones, op. cit, pág. 200. Ello es permisible dado que el debido proceso de ley en el ámbito del derecho administrativo carece de la rigidez que se le reconoce en la esfera penal. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996); A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 882 (1974).

No obstante, el procedimiento adjudicativo de emergencia iniciado de acuerdo con la citada Sec. 3.17 debe limitarse a lo necesario, según lo que requiera la situación de peligro. A su vez, en aquellos casos en que se invoque esta disposición, es necesario que la agencia complete el procedimiento ordinario una vez cesen las circunstancias peligrosas que justificaron su desvío del cauce administrativo ordinario en primer lugar, según lo exige el inciso (e) de la referida Sec. 3.17 (3 L.P.R.A. sec. 2167(e)).

Partiendo de este marco normativo, procedemos a atender la controversia ante nuestra consideración.

III

El alcance de la LPAU es amplio y abarcador. Aplica a todo procedimiento administrativo ante todas aquellas agencias que no estén exceptuadas por la propia ley. El estatuto pretendió excluir de su ámbito sólo a un pequeño número de entidades expresamente identificadas en ella y entre las cuales no se encuentra la Administración de Corrección. 3 L.P.R.A. see. 2101; Pagán Ramos v. F.S.E., supra. Por consiguiente, la LPAU aplica a la Administración de Corrección, pues éste es un organismo gubernamental con poderes adjudicativos y de reglamentación que no ha sido excluido expresamente de la LPAU.

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., faculta al Administrador de dicha agencia a adoptar un reglamento que establezca los actos perpetrados por los confinados que constituyan mala conducta y la sanción correspondiente. 4 L.P.R.A. see. 1163. En conformidad con la facultad conferida por dicha ley habilitadora, y en cumplimiento con las formalidades para la reglamentación cuasilegislativa establecida por la LPAU, la Administración de Corrección promulgó el Reglamento Disciplinario en controversia. El Reglamento Disciplinario establece tanto la estructura del aparato sancionador como las normas sustantivas y los procedimientos que éste habrá de seguir para propiciar un ambiente de seguridad y orden en las instituciones correccionales del país. López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15 (2008).

En el caso de autos, el señor López Rivera impugna la validez de la Regla 20 del Reglamento Disciplinario, la cual regula lo concerniente a la reconsideración de las decisiones emitidas por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias:

La parte afectada por la determinación emitida por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, o por el Comité de Disciplina Institucional podrá solicitar mía reconsideración dentro del término de cinco (5) días calendarios contados a partir de la fecha de la notificación de copia de la resolución.

En esencia, el señor López Rivera alega que el término de cinco días calendario para solicitar la reconsideración que concede la referida disposición contraviene la Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Nótese que la Sec. 3.15 dispone que la parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final de una agencia podrá, dentro del término de veinte días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la decisión administrativa, presentar una moción de reconsideración. 3 L.P.R.A. sec. 2165.() Por lo tanto, el señor López Rivera sostiene que la Regla 20 del Reglamento Disciplinario, supra, al considerar un término mucho menor al dispuesto por la referida sección de la LPAU, adolece de nulidad por no cumplir sustancialmente con las disposiciones de la LPAU.

Por su parte, el Procurador General alega que la See. 3.17 de la LPAU, supra, permite a una agencia desarrollar procedimientos adjudicativos más restrictivos ante circunstancias de emergencia o situaciones que requieran acción inmediata. Por ello, sostiene que las circunstancias de las instituciones correccionales del país ameritan la adopción de este tipo de procedimientos con términos reducidos o perentorios que permitan la pronta vindicación de las normas violadas por aquellos confinados que ponen en riesgo la seguridad y convivencia pacífica de la sociedad carcelaria en general.

Es menester señalar que la LPAU no provee definiciones ni parámetros para precisar qué situación o circunstancias justificarían que una agencia se aparte del procedimiento adjudicativo ordinario e invoque la mencionada Sec. 3.17. Sin embargo, es evidente que para que la actuación sumaria esté justificada debe estar en juego un interés apremiante del Estado en preservar la salud, la seguridad o el bienestar de la ciudadanía, y que dicho interés no pueda protegerse mediante los mecanismos del proceso gubernamental ordinario.

En el presente caso, surge del expediente que la Administración de Corrección no utilizó un procedimiento adjudicativo excepcional a base de la Sec. 3.17 de la LPAU, supra, sino que adoptó mediante reglamentación unos términos más cortos a los parámetros temporales mínimos establecidos por la Sec. 3.15 de la referida ley. Según el Procurador General, dicha reglamentación se justifica a base de que las características de los procesos disciplinarios y la naturaleza de las medidas disponibles implican la necesidad de que se utilice un procedimiento interno distinto al convencional.

No obstante, y contrario a lo que sugiere el Procurador General, la citada Sec. 3.17 no faculta a las agencias a adoptar mediante reglamentación términos más cortos a los establecidos por la LPAU para situaciones en que la agencia se ve obligada a tomar decisiones de acción inmediata. El procedimiento de acción inmediata es un mecanismo excepcional que le permite a las agencias desviarse del cauce ordinario de adjudicación que garantiza el derecho al debido proceso de ley y la LPAU en situaciones extraordinarias que impliquen la existencia de un peligro inminente para la salud, la seguridad y el bienestar públicos, o que requiera la acción inmediata de la agencia. 3 L.P.R.A. see. 2167. Como hemos señalado, para que la actuación sumaria esté justificada, debe estar en juego un interés apremiante del Estado y que la dilación que conllevaría el procedimiento ordinario permitiría que ocurra lo que la acción sumaria pretende evitar; a saber, daños a la salud, la seguridad o el bienestar de la ciudadanía. El criterio rector para determinar si se justifica utilizar el procedimiento de acción inmediata al amparo de la mencionada Sec. 3.17 es si la situación particular ante la agencia configura una circunstancia extraordinaria que requiera prescindir, en ese caso en específico, de los requisitos reglamentarios y estatutarios para los procedimientos ordinarios ante la agencia en cuestión.

En el caso de autos, la Administración de Corrección intenta enmarcar y justificar la validez de la Regla 20 del Reglamento Disciplinario al amparo de la Sec. 3.17 de la LPAU, supra, la cual permite que las agencias prescindan del cauce administrativo de adjudicación ordinaria en situaciones de emergencia o de acción inmediata. No obstante, la Sec. 3.17 no provee autorización para legislar, sino para adjudicar excepcional y sumariamente en situaciones particulares que justifiquen la acción inmediata de la agencia. Por lo tanto, la referida disposición no autoriza a las agencias a legislar normas reglamentarias que contravengan directamente las garantías procesales mínimas que establece la LPAU, como, por ejemplo, los términos para acudir en reconsideración que considera la Sec. 3.15 de la referida ley. El cauce administrativo ordinario es, en efecto, el considerado por el reglamento de la agencia, por lo que éste debe cumplir cabalmente con todas las garantías mínimas que establece la LPAU. Claramente, el procedimiento administrativo objeto de controversia no constituyó una excepción válida al derecho a ser oído, por lo que tampoco se puede enmarcar en el contexto de la mencionada Sec. 3.17 de la LPAU.

Debemos tener presente que ni la LPAU ni la Ley Orgánica de la Administración de Corrección autorizan a la agencia a desviarse por vía reglamentaria de los parámetros temporales que establece la citada Sec. 3.15 de la LPAU para los supuestos en que una parte solicita la reconsideración. Por lo tanto, es evidente que el procedimiento administrativo ordinario que dispone la Regla 20 del Reglamento Disciplinario para solicitar la reconsideración de decisiones adversas de la Administración de Corrección adolece de nulidad, ya que reduce el término mínimo que garantiza la LPAU de veinte a cinco días calendario sin autoridad legal alguna. Dicha conclusión es inevitable, pues los procedimientos disciplinarios de los confinados se rigen forzosamente por la LPAU. Esto así, pues la referida entidad pública no es una de las agencias expresamente excluidas por el referido estatuto. Pagán Ramos v. F.S.E., supra.

Por último, es menester señalar que incluso si la Administración de Corrección hubiese invocado el procedimiento de acción inmediata al amparo de la Sec. 3.17 de la LPAU, supra, para desviarse de una norma reglamentaria que cumpliese con los preceptos de la LPAU, de todas maneras tendríamos que concluir que la acción administrativa de denegar el derecho a solicitar la reconsideración en el presente caso es inválida y contraria a las garantías procesales mínimas que establece la referida ley. A pesar de que reconocemos la posibilidad de que surjan supuestos disciplinarios que requieran la acción inmediata de la Administración de Corrección para preservar la armonía y la seguridad institucional en las cárceles del país, en este caso no se ha presentado justificación para prescindir de las garantías procesales mínimas que provee el ordenamiento administrativo vigente.

Ciertamente, la justificación de plazos aplazados y perentorios en los procesos disciplinarios contra confinados puede surgir de la necesidad de que se tomen medidas aceleradas para penalizar acciones y comportamientos indebidos que afecten la seguridad institucional de la entidad carcelaria. No obstante, no se ha presentado evidencia de que la conducta imputada al señor López Rivera suponga un riesgo de fuga o un peligro inminente de agresión contra los demás confinados o cualquier otro supuesto que requiera la acción inmediata y sumaria de la agencia o que justifique la desviación de los parámetros temporales que exige la LPAU. Resulta evidente, pues, que la acción disciplinaria contra un confinado por haber utilizado sustancias controladas no amerita preterir los mecanismos procesales dispuestos en la LPAU, pues no se trata de un peligro inminente para la seguridad general de la población penal.

IV

Por todo lo anterior, concluimos que la Administración de Corrección debió conceder al señor López Rivera las garantías procesales mínimas y los parámetros temporales que establece la LPAU, incluso el término de veinte días para solicitar la reconsideración que provee la Sec. 3.15 de la referida ley, supra. Por consiguiente, se expide el auto y se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Por ello, y de acuerdo con la See. 2.7 de la LPAU, supra, decretamos la nulidad de la Regla 20 del Reglamento Disciplinario. A su vez, le ordenamos al Oficial Examinador de la Administración de Corrección que evalúe la solicitud de reconsideración presentada oportunamente por el señor López Rivera para que determine si la acoge en sus méritos dentro del término de quince días desde que advenga final y firme esta sentencia, en conformidad con la citada Sec. 3.15 de la referida ley. De no acoger la mencionada reconsideración de la sanción disciplinaria impuesta, comenzarán a discurrir los términos de revisión judicial que se establecen en la misma al concluir el referido término.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) A su vez, la mencionada sección de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU) dispone que si la agencia rechaza de plano o no actúa dentro de los quince días de haber presentado la moción de reconsideración, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince días, según sea el caso. 3 L.P.R.A. see. 2165. Nótese que aunque el derecho a solicitar la reconsideración no se deriva de la cláusula constitucional del debido proceso de ley, ésta es una garantía procesal mínima que reconoce la LPAU para brindarle a los foros adjudicadores la oportunidad de enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido. Véase Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 D.P.R. 290 (1997).


text:
    Tomás Díaz Rodríguez y Energy Tech Corporation, demandantes y peticionarios, v. Pep Boys Corporation, Manny Moe and Jack Corporation et al., demandados y recurridos.

      Número: CC-2007-869

      Resuelto: 17 de julio de 2008

      Nelson Robles Díaz y Alberto Rodríguez Ramos, del Bufete de Martínez, Odell & Calabria, abogados de la parte peticionaria; Edna E. Pérez Román y Eric Pérez-Ochoa, del Bu-fete Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C., abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde determinar cómo debe proceder el Tribunal de Primera Instancia cuando un caso que fue trasladado a la Corte de Distrito de Estados Uni-dos para el Distrito de Puerto Rico es posteriormente devuelto al foro local por no existir jurisdicción federal. Por entender que el Tribunal de Primera Instancia erró al no permitir la presentación de una demanda enmendada, y que abusó de su discreción al convalidar y aceptar algunas alegaciones, escritos y mociones presentadas por las partes durante el trámite federal sin jurisdicción, revocamos el dictamen recurrido.

I

El 15 de marzo de 2002 el Sr. Tomás Díaz Rodríguez y Energy Tech Corporation (Energy Tech) presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra Pep Boys Corporation (Pep Boys) por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios con relación a la distribución exclusiva de un producto conocido como “Super Fuel Max”. Por entender que existía jurisdicción federal a raíz de la diversidad de ciudadanía de las partes, Pep Boys solicitó la remoción del caso antes de presentar alegación responsiva alguna en el tribunal de instancia. En vista de dicha solicitud, el 9 de abril de 2002 el caso se trasladó a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte de Distrito Federal).()

Luego de varios incidentes procesales ante la Corte de Distrito Federal, las partes realizaron un extenso descubrimiento de prueba. A su vez, Pep Boys contestó la demanda y presentó una reconvención vía “Interpleader” contra el señor Díaz Rodríguez, Energy Tech y el tercero Anchor Funding, Inc. Por su parte, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech enmendaron la demanda, y luego solicitaron presentar una segunda demanda enmendada. La Corte de Distrito Federal no permitió la presentación de la segunda demanda enmendada.

Así las cosas, ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria y sus respectivas posiciones en cuanto a lo que la otra parte solicitaba ante el foro federal. A tales efectos, el magistrado federal asignado emitió un informe en el que recomendó declarar “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por Pep Boys y denegar la solicitada por el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech. El señor Díaz Rodríguez y Energy Tech presentaron sus objeciones al referido informe. En marzo de 2004 la Corte de Distrito Federal acogió el informe y la recomendación del magistrado en su totalidad y dictó sentencia desestimando la demanda incoada por el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech.

Inconformes, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech presentaron una apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito de Boston. Dicho foro apelativo concluyó sua sponte que no existía jurisdicción federal por diversidad de ciudadanía, por lo que ordenó la devolución del caso al tribunal estatal. En cumplimiento con dicha orden, la Corte de Distrito Federal devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia mediante una sentencia dictada en julio de 2005.

Posteriormente, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech presentaron ante el foro de instancia una Moción Solicitando Vista Sobre el Estado Procesal del Caso para Radicar Demanda Enmendada y Sobre Otros Extremos, en la que solicitaron, entre otras cosas, presentar una demanda enmendada para recoger el trámite procesal ante el tribunal federal y el descubrimiento de prueba llevado a cabo ante dicho foro. Señalaron que ello no afectaba a Pep Boys debido a que la demanda enmendada presentaba alegaciones que fueron parte de los escritos presentados en el foro federal y éstos tuvieron oportunidad de realizar descubrimiento de prueba, presentar teorías, mociones y rebatir las alegaciones de los peticionarios.

No obstante, adujeron que los procedimientos ante la Corte de Distrito Federal se consideraban nulos ante la ausencia de jurisdicción sobre la materia de dicho foro. En vista de que no obraba en los autos del foro estatal una contestación a la demanda ni una moción dispositiva de los demandados, alegaron que procedía la presentación de la demanda enmendada.

Por su parte, Pep Boys presentó una oposición a que se enmendara la demanda y solicitó que se dictara sentencia sumaria a base de las mociones y alegaciones presentadas ante el tribunal federal. En síntesis, Pep Boys sostuvo que la enmienda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia es idéntica a la rechazada por el foro federal en la solicitud de segunda demanda enmendada, e indicó que el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech sólo querían cambiar los hechos que alegaron y admitieron ante la Corte de Distrito Federal. Por lo tanto, solicitó que no se permitiera la demanda enmendada y que se dictara sentencia sumaria una vez el tribunal de instancia revisara la moción, la oposición y la réplica que fueron presentadas ante el foro federal. En vista de ello, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech solicitaron un término para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Pep Boys en conformidad con la normativa puertorriqueña en cuanto a la resolución sumaria de controversias en este Foro.

A raíz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en la que las partes expusieron sus respectivas posiciones. Por un lado, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech sostuvieron que al regresar la controversia ante el foro local el caso quedó en forma idéntica a como estaba cuando sucedió el traslado a la Corte de Distrito Federal, pues dicho tribunal nunca tuvo jurisdicción para atender el recurso. Por el contrario, Pep Boys sostuvo que no existe razón para reiniciar el litigio cuando hubo un prolongado procedimiento ante el tribunal federal.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución mediante la cual concluyó que acogería todo lo acontecido ante el tribunal federal y que consideraría y aceptaría las mociones y alegaciones allí presentadas por las partes. En vista de ello, denegó la solicitud para enmendar la demanda presentada por el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech. A su vez, declaró “sin lugar” la solicitud de prórroga para contestar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Pep Boys, pues entendió que el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech ya habían presentado su posición en cuanto a ésta en los procedimientos llevados a cabo ante el tribunal federal.

Insatisfechos, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech acudieron mediante certiorari al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro apelativo denegó el recurso y concluyó que el tribunal de instancia no abusó de su discreción al acoger los trámites procesales y las alegaciones y mociones presentadas ante el foro federal.

Aún inconformes, el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech recurren ante este Tribunal. En esencia, aducen que el tribunal apelativo erró al concluir que no abusó de su discreción el foro de instancia. Alegan que el tribunal de instancia erró al acreditar selectivamente los trámites del caso ante la Corte de Distrito Federal y al acoger una moción de sentencia sumaria presentada ante ese tribunal, aun cuando dicho foro federal actuó sin jurisdicción sobre la materia durante todo el procedimiento con relación al presente caso.

Examinada la solicitud de certiorari, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

II

Sabido es que los tribunales federales ostentan una jurisdicción limitada. Ello significa que únicamente pueden entrar a considerar aquellos aspectos que les fueron delegados en la propia Constitución federal y aquellos que, por medio de legislación, el Congreso de Estados Uni-dos ha determinado que habrán de considerar. Roberts v. U.S.O. Council of P.R., 145 D.P.R. 58, 68 (1998); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223 (1994).

Una acción civil presentada en un tribunal estatal puede ser trasladada al foro federal siempre y cuando la Corte de Distrito federal tenga jurisdicción original sobre el caso. 28 U.S.C.A. sec. 1441(a). Si una parte en dicha demanda entiende que existe jurisdicción federal sobre la controversia, ésta puede solicitar la remoción del caso de la consideración del tribunal estatal mediante la presentación de una moción de traslado ante el foro federal. Una vez la solicitud de traslado es presentada y notificada oportunamente, opera una paralización automática de los procedimientos ante dicho foro local. 28 U.S.C.A. see. 1446.

“Para determinar si la Corte de Distrito federal tiene jurisdicción sobre la materia, ésta tiene que revisar la redacción de la demanda original al momento de solicitarse el traslado.” Bonafont Solis v. American Eagle, 143 D.P.R. 374, 383 (1997). Véanse, además: 14A Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters 2d pág. 213 (1985); Grupo Dataflux v. Atlas Global Group, L.P., 541 U.S. 567 (2004). Ahora bien, si el tribunal federal determina posteriormente que carece de jurisdicción en el caso o que el traslado se realizó indebidamente, procede la devolución de éste al foro estatal de origen (remand), sua sponte o a petición de parte. 28 U.S.C.A. see. 1447.

Por otra parte, es un principio claramente establecido en nuestro ordenamiento que las determinaciones y adjudicaciones realizadas por un tribunal sin jurisdicción son nulas, por lo que carecen de eficacia legal alguna. De hecho, este Tribunal reiteradamente ha expresado que cuando un tribunal ha actuado sin jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, es nula cualquier sentencia o resolución que haya dictado y nada significan en cuanto a los hechos que se pretendieron litigar. Sucn. Pacheco v. Eastern Med. Assoc., Inc., 135 D.P.R. 701, 709 (1994); Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 869-870 (1953).

En vista de ello, se ha cuestionado en varios tribunales federales y estatales la validez procesal de los trámites realizados ante un tribunal federal una vez se devuelve el caso al foro local por falta de jurisdicción federal. Dicho asunto, sin duda, es una cuestión de derecho estatal que se debe atender desde la óptica discrecional del foro con jurisdicción. De hecho, el Tribunal Supremo federal ha expresado; “ [i] t will be for the State court, when the case gets back there, to determine what shall be done with pleadings filed ... during the pendency of the suit in [federal court]”. Ayres v. Wiswall, 112 U.S. 187, 190-191 (1884). Ante la ausencia de normas que rijan tal proceder en nuestra jurisdicción, recurrimos al derecho procesal de los estados a modo comparativo.

A principios del siglo XX, varios estados decidieron no reconocer efecto alguno a las mociones y a los escritos presentados en el tribunal federal previo a la devolución del caso al foro estatal, pues al carecer de jurisdicción cualquier acto realizado en dicha corte no puede tener ningún efecto en los procedimientos ante el tribunal estatal. Citizens’ Light, Power Tel. Co. v. Usnik, 194 P. 862, 864 (1921). Véase, además, Tracy Loan Trust Co. v. Mutual Life Ins. Co., 7 P.2d 279 (1932).

Asimismo, en el estado de Georgia se ha reiterado la norma de que una vez se devuelve un caso a la jurisdicción estatal, el estado procesal es precisamente aquel en que se encontraba el caso antes de ser removido y trasladado al foro federal. Véanse, a modo ilustrativo: Southern Bell Telephone v. Perry, 168 Ga. App. 387 (1983); Cotton v. Federal Land Bank of Columbia, 246 Ga. 188, 269 S.E.2d 422 (1980); Allen v. Hatchett, 91 Ga. App. 571, 576 (1955). Igual normativa ha reafirmado el Tribunal Supremo del estado de Arkansas, al expresar que una vez se devuelve el caso, éste se encuentra en la misma posición ante el tribunal estatal que se encontraría si nunca hubiese sido removido. B-W Acceptance Corp. v. Colvin, 252 Ark. 306, 478 (1972).

Por otro lado, la tendencia más reciente en los tribunales estatales apunta a que gran parte de estos foros se inclinan a favor de la acreditación y reconocimiento de las mociones y alegatos presentados en el tribunal federal antes de la devolución del caso, siempre y cuando ello sea en beneficio de la economía procesal y no se perjudiquen indebidamente los derechos de las partes. Laguna Vill. v. Laborers Int’l Union of N. Am., 35 Cal.3d 174 (1984); Edward Hansen, Inc. v. Kearny P.O. Assoc., 399 A.2d 319, 323 (N.J. 1979); Citizens Nat. Bk., Grant Cty v. First Nat. Bk., Marión, 165 Ind. App. 116 (1975); Bolden v. Brazile, 172 So.2d 304, 310 (La. App. 1965). Por otra parte, algunos foros estatales han aceptado mociones y alegatos presentados en el tribunal federal con el único propósito de evitar prejuicios que impedirían que el caso pudiera resolverse en los méritos. Véase Teamsters Local 515 v. Roadbuilders, Inc., 249 Ga. 418 (1982).()

Ante la ausencia en nuestra jurisdicción de normativa alguna que regule el proceder de los tribunales locales con relación a las mociones y alegatos presentados ante el tribunal federal sin jurisdicción, entendemos que el tribunal que atiende el caso devuelto debe hacer un análisis discrecional de tres elementos esenciales al tomar una determinación al respecto: (1) la eficiencia y economía procesal; (2) el perjuicio indebido que la adopción o consideración de los escritos y mociones pueda ocasionar a las partes, y (3) si tal adopción o consideración evita la pérdida o renuncia de defensas o reclamaciones y favorece que las controversias se resuelvan en los méritos.

III

En el presente caso, no cabe duda que todos los trámites procesales realizados ante el tribunal federal se llevaron a cabo ante un foro sin jurisdicción, por lo que es nula cualquier sentencia o resolución que haya dictado y nada significan en cuanto a los hechos que se pretendieron litigar. Sucn. Pacheco v. Eastern Med. Assoc., Inc., supra. No obstante, ello no implica que el tribunal de instancia no pueda, dentro de los parámetros de su discreción, convalidar y adoptar ciertos trámites realizados ante dicho foro sin jurisdicción, si dicha actuación opera a favor de la economía procesal y no afecta los derechos de las partes. A su vez, nada impide que las partes lleguen a un acuerdo en cuanto a la utilización de los escritos presentados o los trámites realizados ante el tribunal federal sin jurisdicción.

Ahora bien, en el caso de autos nos corresponde determinar, particularmente, si el tribunal de instancia abusó de su discreción al no permitir la presentación de una demanda enmendada; al acoger y considerar la sentencia sumaria que ya fue resuelta y revocada por el tribunal federal, y al no permitirle al señor Díaz Rodríguez y a Energy Tech presentar una oposición a dicha sentencia.

En primer lugar, resulta evidente que el foro de instancia debió haber permitido la enmienda a la demanda. Al momento de devolverse el caso a la jurisdicción estatal, lo único que obraba en autos era la demanda originalmente presentada por el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech. La Regla 13.1 de Procedimiento Civil permite a cualquier parte enmendar sus alegaciones una vez, en cualquier momento, antes de habérsele notificado una alegación responsiva. 32 L.P.R.A. Ap. III. Nótese que los procedimientos iniciales ante el tribunal de instancia fueron paralizados en virtud de la moción de traslado, por lo que aún no se había presentado alegación responsiva alguna ante el tribunal de instancia, incluso después de la devolución del caso. Por lo tanto, en esa etapa no existía impedimento alguno para que el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech presentaran la demanda enmendada.

Por otro lado, no cabe duda que el tribunal de instancia abusó de su discreción al determinar que consideraría la moción de sentencia sumaria presentada por Pep Boys y la oposición a ésta presentada por el señor Díaz Rodríguez y Energy Tech en el tribunal federal. Surge del expediente que ambas mociones se presentaron en conformidad con la normativa procesal federal con relación a la sentencia sumaria, y no en cumplimiento con el estándar de dicha figura en Puerto Rico según la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Este Tribunal ha expresado que al considerar una moción de sentencia sumaria, hay que tener presente las características y necesidades particulares de los procesos seguidos en nuestro foro, según contempla la casuística interpretativa de la referida Regla 36. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 731 (1994).

Conforme a lo anterior, y dado la oposición de la parte demandante, el tribunal de instancia debió circunscribir su discreción en cuanto a la convalidación y acreditación de las mociones presentadas en la Corte de Distrito Federal sin jurisdicción a los criterios anteriormente esbozados. Es decir, el tribunal de instancia debió evaluar si: (1) la convalidación de tales actuaciones abona la eficiencia y economía procesal en el caso; (2) si la adopción o consideración de los escritos y mociones pueda ocasionar un peijuicio indebido a las partes, y (3) si tal adopción o consideración evita la pérdida o renuncia de defensas o reclamaciones y favorece que las controversias se resuelvan en los méritos. Un análisis del asunto a la luz de tales criterios demuestra que incidió el foro de instancia al adoptar y considerar automáticamente la sentencia sumaria presentada ante la Corte de Distrito Federal.

En primer lugar, esta misma moción de sentencia sumaria y su oposición ya fue atendida por el tribunal federal sin jurisdicción, por lo que su resolución sumaria por el tribunal de instancia —sin permitir que se fundamente su oposición en conformidad con nuestro esquema procesal— podría ocasionar un perjuicio indebido al señor Díaz Rodríguez y a Energy Tech. Además, el foro de instancia abusó de su discreción al no conceder un término adicional a las partes para presentar mociones conforme al derecho procesal de nuestro ordenamiento, pues ello no menoscaba la eficiencia o la economía procesal de este caso, ni resulta en la pérdida de defensas o reclamaciones de las partes.

Ahora bien, debe quedar claro que nada impide que por razones de eficiencia y economía procesal, el tribunal de instancia convalide ciertos actos realizados ante el foro federal sin jurisdicción. Al momento de la devolución del caso al tribunal de instancia, habían transcurrido cuatro años de litigio, incluyendo un extenso descubrimiento de prueba realizado ante la Corte de Distrito Federal. Ciertamente, la convalidación de dicho procedimiento beneficia a todas las partes, pues repetir el descubrimiento de prueba resultaría muy oneroso e ineficiente para la resolución justa y económica de la controversia. No obstante, al así hacerlo el tribunal de instancia debe tener presente que la aceptación de los escritos presentados ante el foro federal no menoscabe los derechos de las partes ni suponga una abdicación de sus facultades adjudicativas.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al negarse a revisar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la presentación de una demanda enmendada. A su vez, el foro apelativo erró al confirmar una resolución que le impartió aprobación y crédito a una moción de sentencia sumaria que ya había sido resuelta y revocada en el tribunal federal en el momento en que dicho foro desestimó con perjuicio y devolvió la acción presentada al tribunal estatal por carecer de jurisdicción federal. Por lo tanto, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que permita la presentación de la demanda enmendada y para procedimientos ulteriores consecuentes con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En mayo de 2002, el tribunal estatal tomó conocimiento del traslado y concedió diez días al señor Díaz Rodríguez y a Energy Tech Corporation “desistir” de su acción “por recurrir a la Corte de Distrito”. Apéndice, pág. 66. En octubre de 2002, el foro de instancia emitió una orden concediendo a los demandantes hasta el 2 de diciembre para cumplir con su orden del 15 de mayo bajo apercibimiento de desestimar la demanda. Tras el cumplimiento de dicha orden, el tribunal estatal celebró una vista en la que las partes acordaron la paralización del caso hasta tanto recayera alguna determinación del tribunal federal. El tribunal de instancia dictó sentencia de conformidad. Aunque la base jurisdiccional de todas estas acciones realizadas tras la presentación del traslado resultan cuestionables, éstas no son objeto de la presente controversia.

      (2) Además, cabe señalar que algunos estados han incorporado en sus Reglas de Procedimiento Civil diversos mecanismos para atender los incidentes procesales que surgen de los casos que se devuelven al tribunal estatal por falta de jurisdicción federal. Véanse, a modo ilustrativo: Arkansas R. Civ. P. 55(f) y 12(a); California R. Civ. P. 430.90; Colorado R. Civ. P. 12(a); Texas R. Civ. P. 237(a); Missouri R. Civ. P. 55.34.