author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE. JUEZ ASOCIADO SE. DE ALDREY, CON LA CUAL ESTÁ CONEORME EL JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO.

text:
    La Sucesión de José Cruet y Arroyo, compuesta de su viuda doña Ramona Colón y de sus legítimos hijos Julio, Monserrate, Domingo, Marcolina, María y Carmen Cruet y Colón, demandante y apelante, v. Iris Mandes y Cruet e Isabelino Mandes y Montes, éste último como supuesto padre de dicha menor Iris, demandados y apelados.
    No. 3774.

    Visto: Febrero 4, 1926.

      Resuelto: Julio 21, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Circunstancias Indicativas de Alegada Pa-sión y Prejuicio. — Interpretada la actuación del juez inferior en este caso en conexión con las circunstancias que la rodearon y a la luz de la ley apli-cable a! referido caso, se resolvió ella no demostraba pasión o prejuicio alguno poi* su parte.
    2. Paternidad y Filiación — De los Hijos Legítimos — Acción para Impugnar la Legitimidad — Apelación—Revisión—Cuestiones de Hecho — Aprecia-ción de las Pruebas por la Corte Tneeriori — Atendida la prueba de este caso se resolvió: que la corte inferior no cometió error alguno al apreciarla.
    3. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Credibilidad, Efecto y Pesio del Testimonio de Testigos — Incum-bencia (Province) del Tribunal de Derecho. — La credibilidad de los testi-gos y el efecto y peso de la prueba cuando ésta fuere contradictoria, son cuestiones de hedió a resolver pox la eorte inferior.
    SentbnCia de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      José J. Aponte y B. Rivera Zayas, abogados de la apelante; José J. Acosta Acosta y José JE. Bigneras, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelan de nna sentencia declarando sin lugar la demanda y como base para la revocación de la sen-tencia alegan que la corte cometió error manifiesto e incurrió en prejuicio en la apreciación de la prueba. La “relación del caso y opinión” emitida por el Juez de Distrito dice así:

“Los demandantes en este caso son parte de los herederos de don José Cruet y Arroyo quien falleció en Guáyama, P. R., bajo testa-mento abierto el día 14 de junio de 1922.
“Pretenden los demandantes por medio de esta acción que se declare inexistente la legitimación hecha por Victoria Cruet Colón hija y hermana- respectivamente de los mismos, de una niña de nom-bre Iris la cual figura inscrita en el Registro Civil como hija legí-tima de la referida Victoria Cruet y de su esposo Isabelino Mandes, solicitándose a la vez la nulidad de dicha inscripción.
“Para sostener sus pretensiones alegan los demandantes que dicha niña, la demandada Iris Mandes Cruet, no es hija legítima de los esposos Cruet Mandes que la reconocieron y legitimaron como tal, sino hija natural de una señora de nombre Antonia Rivera quien la procreó con un individuo llamado Juan Montero habiendo sido recogida por doña Victoria Cruet de Mandes cuando la madre tra-taba de ahogar a la niña en el río Guamaní debido a encontrarse en aparente estado de enajenación mental.
“Que don José Cruet padre de Victoria Cruet, la persona que legitimó a la niña Tris, falleció en Guayama y que tal legitimación merma los derechos de los demandantes a la herencia tde su esposo y padre.
“Con el propósito de probar los hechos alegados se ha presentado prueba documental creditiva de la inscripción en el Registro Civil de la niña Iris como hija legítima de Isabelino Mandes y Montes y de Victoria Cruet Ramos, certificaciones de defunción del causante José Cruet; de su hija Victoria, y de Antonia Rivera la supuesta madre de la niña con más copias del testamento de José Cruet y prueba testifical.
“Todo el peso de este caso se hace descansar en tal prueba tesl tifical tendiendo la misma a demostrar las alegaciones de la de-manda.
“Este es un caso especial en que se trata de privar a una niña de doce a quince años de edad de sus derechos de legitimación y con ellos de la parte de herencia de su abuelo a la que tiene derecho en representación de su madre legítima Victoria Cruet según consta en el Registro Civil, y dada la importancia del caso y los resulta-dos que habrían de derivarse de la resolución del mismo, entende-mos que la prueba debe ser tan robusta y convincente que no deje duda alguna en nuestro ánimo con respecto a la certeza de la misma.
“Manresa en el tomo l9 pág. 520 de su obra Comentarios al Có-digo Civil al analizar la prueba necesaria para probar la legitima-ción nos dice:
“ ‘La experiencia ba hecho conocer los peligros e inconvenientes de la prueba testifical, sobre todo cuando ha fallecido la persona a quien se atribuye la paternidad.’
“En el presente caso tenemos fallecidas a ambas madres no sólo la que se alega como legítima si que también aquella a quien se im-puta la falsa legitimación que hoy se combate, quedando toda la prueba en manos de personas extrañas en absoluto a la niña deman-dada a las que no les unen vínculos algunos de afecto con ella, siendo de notar además que el presunto padre natural tampoco ha apare-cido ignorándose su paradero, quedando por tanto esta niña entre-gada. en todo a los enemigos de sus derechos pues aún Isabelino Mandes su padre legítimo según el Registro y la persona que la inscribió como su hija viene hoy a la Corte a declarar en contra de sus propios actos, haciendo causa común con los demandantes para conseguir con ello lo que ha de privar a la niña Iris de su apellido y de los derechos a la herencia de su abuelo.
Podríamos en tal situación y fundados en dicha prueba dictar una sentencia contra una niña indefensa satisfaciendo los dictados de nuestra conciencia?
“No, en modo alguno.
“Si tuviéramos ante nosotros a doña Victoria Cruet, si la voz de Antonia Rivera la madre que se alega como legítima viniera a re-clamar los derechos maternales sobre su hija Iris, si el padre ig-norado Juan Montero alegare su condición de ,padre natural, qui-zás variaríamos nuestra opinión pero negarle derechos adquiridos por la niña Iris al amparo del Registro Civil y por una posesión de hija legítima por doce o trece años, darle por madre una pobre loca fallecida y un padre ignorado de cuyas paternidades tenemos gran-des dudas y así la tienen también los demandantes que en su de-manda no afirman categóricamente tal hecho sino que lo hacen por información y creencia, es lo que nos parece muy duro y muy con-trario a la vez a los principios de una estricta y completa justicia.
“Al hacer el estudio de este asunto hemos encontrado muy po-cos casos análogos al presente.
“El Tribunal Supremo de España en una sentencia de cinco de enero de 1900 si bien analizando preceptos del antiguo Código Civil derogados actualmente, expresa su opinión en esta materia en la si-guiente forma: 'que el estado de un hijo reconocido y que como tal se haya en posesión del mismo dentro de una familia no puede ser anulado sin justificación cumplida de que el supuesto hijo tiene un estado conocido distinto o de que no ha podido ser engendrado por el- que lo reconoció cuando sólo de la paternidad se trate aun cuando el mismo padre así lo afirme- posteriormente contradiciendo sirs actos anteriores.1
“Principios que por la bondad y sabiduría de los mismos creemos aplicables a este caso en que no está definido el estado distinto de la niña Iris como hija de una loca y de un padre desconocido y en que el padre Isabelino Mandes no ha demostrado su imposibilidad para enjendrar tal hijo ni tampoco la de su esposa, cuya paterni-dad ha negado no obstante haberla reconocido como tal hija legítima en el Registro Civil, siendo de notar además que la posesión de es-tado de hija legítima por parte de la niña Iris data de doce a trece años y se le quiere privar ahora de ella cuando su madre doña Victoria Cruet ha muerto, sin respeto alguno para la voluntad de ésta ni por parte de su madre y hermanos ni aún más de su esposo Isa-belino Mandes partícipe en el reconocimiento.
“Y entrando en el espíritu que integra el Código Civil Español y que es la fuente de nuestro derecho sustantivo civil aunque cier-tos preceptos no estén hoy vigentes diremos con Manresa, tomo 1Q pág.-522:
“ ‘Con estos datos, no de teoría, sino de positiva legislación, se comprenderá el carácter restrictivo de nuestro Código, cuyos redac-tores tuvieron presente, sin duda, para adoptar este temperamento, las razones de prudencia que siempre en estos casos se alegan para evitar litigios escandalosos o perturbaciones inútiles y maliciosas en las familias. Aun cuando la realidad abona con hechos de otros países contra este temor, aún pudiera alegarse aquellos motivos para huir de una tan absoluta libertad como la del Código bávaro; mas no ciertamente para términos medios como el del Código de Napo-león y nuestra Ley de matrimonio civil, considerando que las leyes deben al favorecimiento de la parte más débil, que es el hijo, y que con tribunales prudentes y experimentados es más difícil de lo que parece lograr el triunfo de una pretensión contraria a la 'verdad.’ (Lo subrayado es nuestro).
“Siendo estos principios sostenidos en sustancia por nuestra ju-risprudencia ya que en el caso de Alcaide vs. Morales, ’ 28 D.P.R. 291, nuestra Corte Suprema se expresa así:
“ ‘01a.ro e»s que la prueba que se aporte tiene que ser de tal ma-nera robusta y convincente que al anular el reconocimiento volun-tario, hecho, la Corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resolución que impone la justicia.’
“Al amparo de tal doctrina y velando por los intereses de una pobre niña indefensa, creemos que los fines de la equidad y la jus-ticia se cumplen mejor en este caso declarando sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.”

En! la relación citada no Rallamos indicios de pasión o prejuicio. Tampoco invocan los apelantes nada de lo qne dijo el juez sentenciador al resolver el caso, sino qne mencionan, ciertas preguntas y manifestaciones hechas por él durante el juicio.

Si hubiesen ocurrido estos incidentes en una controver-sia corriente entre partes más o menos equilibradas y en un caso en el cual no estuviere envuelta cuestión alguna de po-lítica pública, la contención de los demandantes merecería un poco más de consideración. En el presente caso, sin embargo, la actuación de que se quejan no puede desprenderse de su marco y considerarse por sí sola, sino que debe interpretarse en conexión con todas las circunstancias que la rodean y a la luz de la ley aplicable a esta clase de casos. La demanda en este caso fué radicada el 19 de diciembre de 1924. En ella se- alega que el demandado, Isabelino Mandes, compareció personalmente el día 14 de marzo de 1914 en el Registro Civil de G-uayama e hizo inscribir el nacimiento de una niña llamada Iris como hija legítima de él y de su esposa Victoria Cruet Colón, y como que había nacido el día 17 de febrero del mismo año; que al tiempo de la inscripción el mencio-nado Mandes manifestó e hizo que se hiciera constar, entre otras cosas, que los abuelos maternos de la niña eran José Cruet y Ramona Colón; que Mandes hizo esto a sabiendas de que la mencionada niña no era hija legítima de él y de su esposa Victoria Cruet, como se hizo constar; y que José Cruet y Ramona Colón no eran los abuelos maternos, ya que Mandes y su esposa Victoria Cruet no tenían ningún hijo que viviera, en aquel entonces. Los demandantes también ale-gan por información y creencia que la niña Iris, era bija natural de una tal Antonia Rivera y de un individuo llamado Juan Montero; y que había nacido en una casa o ranchón de madera propiedad de don Bautista Soto, sito en el Barrio de G-uamaní, en fecha anterior a la mencionada en el regis-tro civil; que la niña Iris fué recogida por doña Victoria Cruet esposa de Mandes, en momentos en que la madre de la niña, que se había vuelto loca, trataba de ahogarla en el Río Guamaní; que doña Victoria Cruet murió en Guayama el día 8 de agosto de 1920, sin haber dejado descendientes, sucediéndole sus padres, José Cruet y Ramona Colón; que la verdadera madre de Iris murió en Guayama el día 15 de mayo de 1913; que José Cruet también falleció en Guayama el 14 de junio de 1922, dejando bienes y bajos testamento, en el cual instituyó a los demandantes y a la mencionada Victoria Cruet como sus únicos y universales herederos; y que teniendo los demandantes que dividir la herencia de su ex-presado causante don José Cruet y Arroyo, no lo han podido verificar porque para ello se hace necesario ventilar este caso ante la corte para que se declare inexistente el estado de hija legítima de la niña Iris como descendiente de los espo-sos Isabelino Mandes y Victoria Cruet, por el motivo de que es incierto el hecho de la inscripción de nacimiento como hija legítima de los cónyuges Mandes-Cruet y sin causa legal que lo justifique; y subsistiendo tal inscripción ello daría dere-cho a la niña Iris en la herencia de su supuesto abuelo el fenecido don José Cruet y Arroyo, en representación de su supuesta legítima madre doña Victoria Cruet, fallecida tam-bién, y con la inscripción de referencia se perjudica el de-recho de la viuda doña Ramona Colón, madre legítima de doña Victoria Cruet, que es su heredera forzosa, como tam-bién el derecho de los demás legitimarios del causante José Cruet y Arroyo, según los hechos precedentemente alegados.

El emplazamiento fué diligenciado con fecha 7 de enero de 1925.

El 14 de enero los demandantes solicitaron el nombra-miento de un tutor ad litem, basados en el inciso segundo del artículo 27 del Código de Enjuiciamiento Civil, alegando línicamente el hecho de que la demandada Iris Mandes era menor de catorce años. Esta moción termina así: “En tal virtud esta parte suplica a la Hon. Corte que se le nombre a la menor Iris Mandes y Cruet, demandada en este caso, como defensor judicial, a su tío carnal don Francisco Aponte, para que como tal defensor comparezca a defender los de-rechos de dicha menor en esta contención, por carecer la misma de madre que la represente, pues según alegan los de-mandantes en su demanda la madre de dicha niña falleció hace algún tiempo, digo algunos años. Dicbo Sr. Aponte es mayor de edad y vecino de esta ciudad. ’ ’

El 23 de enero el juez de distrito nombró al fiscal tutor ad litem y en la misma orden le instruyó hacerse cargo de la defensa de la menor. El mismo día se notificó esta orden al fiscal.

La acción fué presentada contra Isabelino Mandes indi-vidualmente y como supuesto padre de Iris Mandes. Con fe-cha 18 de abril los demandantes solicitaron se anotara la re-beldía de Isabelino Mandes en su doble carácter y el 20 del mismo mes, el secretario anotó la rebeldía solicitada. ■

Cuando se llamó el caso para juicio el 24 de abril, el fiscal no había ni excepcionado ni contestado la demanda.

El primer testigo de los demandantes fué el demandado Isabelino Mandes, quien, sin objeción u oposición de parte del fiscal en ningún momento, ni intervención alguna del juez sentenciador, declaró prácticamente sobre todos los hechos alegados en la demanda. La única información adicional su-ministrada por este testigo fué al efecto de que él hizo de búena fe que se hiciera el asiento en el registro civil y que después consultó un abogado, Celestino Domínguez, respecto a este asunto y que éste le aconsejó que consultara con la corte, y que él quería muellísimo la niñita, como si fuera su propia bija. Él no explicó por qué no siguió el consejo dá-dole por Domínguez ni dice tampoco si consultó o no un abo-gado con referencia a sus propios derechos o los de la otra demandada en este caso, ni se le preguntó respecto a alguna de estas materias.

El examen superficial de repreguntas becbo por el fiscal y las preguntas y manifestaciones del juez sentenciador, cri-ticadas por los apelantes, son como! sigue:

“Hon. Fiscal: ¿Cuál es el motivo de IJd. alegar que no es bija suya? — Porque ellos quieren baeer el testamento del viejo.' — -¿Quié-nes quieren hacer el testamento? — Los herederos, los hijos de don José Cruet. — ¿Ud. conoció al padre de esa niña? — -El padre era Juan Montero, que tuvo esa hija en esa señora. — ¿Ud. conoce los padres de esa niña? — Sí señor, murió la madre. — ¿El padre vive?- — ■ Vive en Vega Baja, pero es casado. — ¿Qué edad tenía la niña cuando Ud. la inscribió? — Me parece que tenía treinta y cinco días de que estaba en casa. — ¿Con quién vive la niña en la actualidad, con Ud? —Sí señor, yo siempre le he dado todo lo que ha necesitado. — Nada más. — Hon. Juez: ¿Por qué Ud. ha esperado a hacer eso ahora; por qué no lo hizo Ud. antes? — Debía haberlo hecho antes. — ¿Ud. es viudo, no? — Sí señor. — ¿De tal manera que a su señora quién la hereda hoy, tal como están las cosas? — Sus familiares. — ¿Pero hoy, siendo esa niña hija legítima, quien la heredaría, no sería Iris?— Sí señor. — ¿De tal manera que hoy lo que se quiere es desheredar a Iris? T si Ud. lo hubiese hecho antes su esposa tal vez la hubiera adoptado o le hubiera dado un legado. — Debía haberlo hecho antes.— ¿ Y no lo hizo para reventar a esa chiquita ? Ese es el punto; y hoy, muerta la madre no se pu.ede hacer nada e Iris se queda en la ca-lle. Puede irse. — Repreguntado por el Licdo. Aponte: ¿Ud. no vive en un pedaeito de terreno que era lo de Victoria su esposa? —Sí señor. — ¿Ud.sabe fijamente que ese pedazo de terreno se lo van a dar a Iris? — Sí señor. — Nada más. — Repreguntado por el Hon. Juez: ¿Qué bienes dejó su esposa? — Siete cuerdas y media de terreno con casa. — ¿No dejó nada más? — Eso fué lo que teníamos nosotros y eso al morir ella como estaba en nombre del padre. No, ¿pero los bienes de Ud. y su esposa? — Esos eran los bienes. — ■ Con eso lo que han hecho es reventar a esa chiquita. ¿Ud. dice que la quiere como padre? — Sí señor, la quiero como hija.- — Puede re-tirarse. ’ ’

Este es el más serio de los incidentes sobre que los ape-lantes basan su alegación de pasión y prejuicio. A Mandes se llamó nuevamente a la silla de los testigos en un estado más avanzado del juicio y fué una vez más preguntado por el juez sentenciador, quien también bizo una o dos preguntas similares, aunque en forma mucbo más suave, a uno de los demandantes que también declaró como testigo.

Debe admitirse y se admite que la conducta del juez sen-tenciador no demuestra ninguna inclinación a favor de los demandantes. Pero la corte se confrontó con una situación difícil y embarazosa. La situación en que se había colocado a la niña Iris fué un aspecto del caso que podía conmover profundamente la conciencia así como el corazón de cualquier juez de mente abierta.

No se hizo ciertamente ningún esfuerzo para ocultar lo que estaba en la mente de la corte. "Un juez deshonesto tal vez hubiese sido más discreto. La exaltación de que se trata no puede recomendarse como un ejemplo de la actitud mental que caracteriza un temperamento judicial sereno. No obstante, tomando todo en consideración, estamos convenci-dos de que en el presente caso todo lo que dijo e hizo el juez de distrito puede considerarse tan sólo como una adverten-cia oportuna a los demandantes de que a ellos incumbía es-tablecer su demanda con prueba robusta y convincente: In-dudablemente esa es la ley, según resolvió esta corte en el caso de Alcaide v. Morales, invocado por la corte inferior y basado en las decisiones de la Corte Suprema de España que allí se citan.

La evidencia, como ya hemos mencionado, debe ser apreciada según parece haber sido considerada por la corte inferior, desde el punto de vista de la ley que rige este caso.

El tutor ad litem no ofreció evidencia alguna en defensa de los demandados y cuando se le preguntó al final del jui-cio qué tenía que decir, Rizo la siguiente manifestación:

“Hon. Fiscal: — Yo no puedo en estos momentos. A mí me pa-rece prima facie que el Sr. Mandes está estoppel para pedir la nu-lidad de la inscripción de esta muchacha. Figúrese su señoría que esta muchacha de hija legítima se va a convertir en hija adulte-rina! Yo no estoy en condiciones de informar ahora definitiva-mente.”

Entonces el juez concedió diez días al fiscal para presen-tar un alegato y otros diez días a los demandantes para con-testar el mismo.

Ciertamente que no se llegó a una conclusión rápida y pre-matura, sino que el asunto estuvo considerándose y el resul-tado fué anunciado después de un mes o seis semanas de de ■ liberación concienzuda, según se desprende de la opinión emi-tida a la terminación de ese período y citada al principio de esta opinión.

Estamos enteramente de acuerdo con el resultado a que llegó la corte inferior.

Los apelantes en su argumentación, sin ninguna otra ra-zón que no sea el Recho de que no se ofreció prueba oral al-guna por parte de los demandados, asumen, pero no consi-guen demostrar en absoluto, que no Ray conflicto en la prueba. El alegato pasa por alto enteramente lo fuerte de la posición defensiva,ocupada por la verdadera demandada Iris Mandes basada en su estado civil prima facie según consta del asiento en el. registro civil. Ese asiento dice como sigue:

‘En Guayama, P. R., el día 19 de marzo de 1914, siendo las dos de la tarde, en virtud de la declaración a mí presentada por Isabe-lino Mandes, mayor de edad, de estado casado, profesión comer-ciante, natural de Guayama, avecinado en el barrio de Guamaní de Guayama, yo, Juan Alfredo Blondet, Encargado del Registro Civil, procedo a extender esta acta de nacimiento haciendo constar: — 1.— Que a las nueve de la mañana del día 27 de febrero de mil novecien-tos catorce (1914) nació una niña de la raza blanca, a la que se le puso ‘Iris.’ — 2.—Que dicha niña es hija legítima del declarante, cu-yas circunstancias personales ya están consignadas y de su esposa Victoria Cruet, mayor de edad, casada, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, natural de Guayama, y avecindada en el barrio de Guamaní de Guayama. — 3.—Que los abuelos paternos son: Se-bastián Mandes, natural de Guayama, ya difunto y Rosa Montes, natural de Guayama y avecinada en la calle de Luis Venega de Gua-yama dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, y maternos José Cruet y Ramona Colón, naturales de Guayama, avecinados en la calle de Hostos de Guayama de oficio propietarios y dedicada a las ocupaciones propias de su sexo respectivamente.- — 4.—Que-5. — Que el expresado Isabelino Mandes hizo la preinserta declara-ción en su carácter de padre de la referida niña. — 6.—Que fueron testigos en este acto Gabriel Capó Cintrón, mayor de edad, de es-tado casado, de profesión empleado, natural de Guayama, y aveci-nado en la calle de Ashford de Guayama, casa No. 25 y José Juan Vidal, de estado casado, profesión empleado avecinado en la calle de Hostos de Guayama, casa No. 10, y habiendo leído los que en él figuran lo preinserto, dichos testigos declaran constarles su certeza y todos lo aprueban y ratifican y firman, de todo lo que yo, el Encar-gado del Registro Civil certifico. — Firmado: Isabelino Mandes, Gabriel Capó, José Juan Vidal y Juan A. Blóndet, Encargado del Re-gistro Civil.”

Isabelino Mandes declaró que la niña tenía como una se-mana cuando su esposa y “otro hombre” impidieron que fuese abogada. También manifestó al ser repreguntado (véase resumen supra) que la inscripción en el registro civil se hizo 35 días después de haber recogido la niñita. Clara-mente, sobre esta base el período máximo entre la fecha del nacimiento y la del registro serían como seis semanas. El asiento mismo especifica aproximadamente la mitad de este período en cuanto a ese hecho y puede considerarse como co-rroboración suficiente y substancial sobre este punto.

Sin embargo, desgraciadamente para los demandantes, el certificado de defunción de Antonia Rivera indica que ella murió el 15 de mayo de 1913, o sea unos diez meses antes de haber nacido Iris, según el principal testigo Mandes y según el registro civil.

Otra circunstancia curiosa es que Mandes se ajusta a la alegación de la demanda al manifestar que su esposa partí-cipo en el salvamento de la niña y tomó posesión de ella en aqnel entonces. Por otra parte el verdadero héroe en aque-lla ocasión no hace mención de que doña Victoria Cruet es-tuviese presente, sino que dice que más tarde Guadalupe Aponte, un tío de Antonia Rivera Aponte, le preguntó si que-ría la niña; que él rehusó tomarla porque su esposa le aca-baba de obsequiar con guares y le sugirió a su tío que le diera la niña a doña Victoria; que entonces su tío “fué y habló con” doña Victoria; que el testigo vió a Guadalupe Aponte entregar la niña unas tres semanas después y que Antonia Rivera falleció en aquel entonces. Este testigo tam-bién dice que sabe cuál es la edad de Iris Mandes, porque los guares nacieron en 1912, más o menos en la época en que se intentó el infanticidio.

El apellido del testigo mencionado últimamente es suges-tivo de una relación familiar con otro testigo cuyo testimonio, a fin de que hable por sí mismo, citaremos en su totalidad:

“Estefanía Poventud declara bajo juramento, examinada por el Licdo. Aponte: — ¿ Cómo se llama Ud. ? — Estefanía Poventud.— ¿Dónde vive Ud. ? — En la Planta. — ¿De qué pueblo? — De Guayama. —¿Ud. conoció a doña Victoria Cruet? — Sí señor. — ¿Conoce a don Isabelino Mandes? — También.—¿Conoció Ud. a doña Antonia Rivera Aponte? — No la conocí; la vi cuando estaba loca en dos oca-siones. — Y a Juan Montero, ¿lo conoció Ud.? — Sí señor. — ¿Ud. co-noce algo que se relacione con el nacimiento de la niña Iris? — Yo lo tínico que conozco solamente es que esa niña cuando se la entrega-ron a Isabelino Mandes y Victoria Cruet era bien pequeña y yo es-taba en la casa y yo era quien la cuidaba, y a mí misma ellos me decían que nunca le hiciera saber que ellos no eran sus padres; siempre me lo estaban nombrando. — ¿De manera que Ud. sabe que ella no era hija de ellos?- — No señor, no era hija de ellos; ellos la criaron. — ¿Y la madre de esa niña Ud. la vió allí dos veces cuando estaba loca ? — Sí señor. — ¿ Qué movimientos hacía ella allí ? — Ella iba a mi casa y se sentaba en una hamaca y se daba unas mecidas,, y había un tabique y decía que pasaba por allí. — Nada más. — Repre-guntada por el Ilon. Fiscal: — ¿A quién vió Ud. allí? — A la madre de Iris. — ¿ La' vió con la chiquita ? — No, ya la habían entregado.— ¿Quién la entregó? — Yo no sé, yo estaba en la casa cuando vi He-gar a la casa a doña Victoria y me dice ‘mira Yayita lo que me ban traído los Reyes.’ — ¿De manera que en su concepto doña Victoria nunca tuvo hijos? — No señor, nunca. — Nada más. — Repreguntada por el Hon. Juez: — ¿Qué edad tenía la chiquita esa cuando los Reyes a los Mandes? — No sé decirle. — ¿Pero poco más o menos? — Yo sé que no tenía el mes de nacida. — ¿Era ehiquitita? — Chiquitita y coloraclita que no se veía en los paños. — Puede retirarse.”

Con excepción de Isabelino Mandes — que ha sido identi-ficado como comerciante, de Julio Cruet, hijo de José Cruet, fenecido, y Eladio Ortiz, un peón — -Estefanía Poventud es la única testigo en este caso, respecto de la cual hay algún in-dicio, siquiera remoto, de su ocupación, categoría social o responsabilidad financiera. Adolfo Poventud, Mandes y Es-tefanía Poventud son los únicos testigos oculares de la ale-gada entrega de la niña, si a Estefanía puede considerársele como tal. Mandes, como ya se ha dicho, declara que su es-posa salvó la niña y la trajo a su casa unas cinco semanas antes de que se inscribiera su nacimiento. Adolfo, como tam-bién se ha dicho, declara que Guadalupe Aponte llevó la niña a la casa de Mandes más de un año antes de hacerse el asiento en el registro civil. Estefanía usa el plural pero no menciona nombres. Su aproximación más cercana a algo definido en este respecto está en la cita que hace de la manifestación atri-buida a doña Victoria Cruet al efecto de que la niña era un regalo de los Tres Reyes.

Guadalupe Aponte, quien por lo menos tenía un techo para albergar su sobrina demente y quien es hermano de Francisco Aponte, candidato para ser nombrado tutor ad Utem y prominente como testigo de los demandantes, se hizo conspicuo por su ausencia.

Francisco Aponte dice que conoció a Antonia Rivera, a Isabelino Mandes, a Victoria Cruet y a una niña llamada Iris, que estaba emparentada con él, siendo hija de su so-brina, Antonia Rivera y Aponte. Que el padre y la madre de Antonia Rivera eran Santos Rivera y Margarita Aponte; que el padre de Tris era Juan Montero; que la madre era Antonia Rivera; qne Juan Montero y Antonia Rivera vi-vieron juntos; qne el testigo nunca había tenido ninguna conversación con la niña; qne él había hablado con ella; que ella le había preguntado y él le había dicho qne él era familia de ella; (al ser repreguntado) dice que sabe qne la niña no es hija de Mandes, “pero que ellos la criaron,” desde qne nació; qne sabe que Antonia Rivera es la ma-dre de la niña porque ella la tuvo en casa de una muchacha llamada Francisca, esposa de Bautista Soto; que no sabe nada del traslado de la niña a la casa de Mandes, pero que “ellos la criaron;” que siendo la niña hija de Antonia Rivera no puede serlo de la señora de Mandes; que no puede asegurar que la niña no sea hija de la señora de Mandes.

Francisca Vicente declara: que conoció a Antonia Rivera, quien vivía en una habitación que le alquiló el ma-rido de la testigo; que conoció a Juan Montero, esposo de Antonia Rivera; que también conoció a Isabelino Mandes y a Victoria Cruet; que conoció a una niña llamada Iris; que la niña estaba en el salón de la corte (señalándola); que la niña nació en una habitación que le alquiló el marido de la testigo a Juan Montero, marido de Antonia Rivera (en respuesta a la pregunta) .“¿esposo o querido?”, la testigo contestó, “querido”; que Montero iba y venía; pero que alquiló la habitación para Antonia Rivera; que la niña na-ció en la habitación que ellos habitaban; que esto ocurrió hace como doce años, más o menos, antes del juicio; que la comadrona que atendió el parto fué Antonia Reyes, muerta tres años antes del juicio; que unos nueve días después de dar a luz la madre se volvió loca, y como el marido estaba trabajando alquiló un peón para que la llevara a casa de su tío, Guadalupe Aponte; que respecto a lo que ocurrió después no sabe nada; que el peón se llamaba Eladio Ortiz.

Eladio Ortiz declaró que él había trasladado a Antonia Rivera y a su niña de la casa de Bautista Soto a la del tío, Guadalupe Aponte.

La declaración de Julio Cruet es clara e inequívoca. Tal vez sea la declaración más digna de crédito, quizás la única digna de crédito, en el presente caso, en tanto que los he-chos que él menciona le constan de propio conocimiento. Se refieren en su mayor parte, sin embargo, a cuestiones que no afectan el asunto principal en controversia. Este testigo dice que Iris no es hija de Victoria Cruet y que Victoria Cruet murió sin haber dejado hijo, alguno. Ad-mite francamente que no conoció los padres de la niña, y no se le preguntó cómo obtuvo la información de que Iris era una hija de crianza o la forma en que él averiguó ese hecho, si tal cosa le constaba que era un hecho. En au-sencia de tal demostración, la mera declaración de este tes-tigo de que su hermana no tuvo hijos no es suficiente para destruir el estado civil de una persona según ha constado durante más de diez años en los libros del registro civil. Si hay algo de cierto en las declaraciones de los otros tes-tigos de los demandantes, y especialmente en la declaración de Mandes acerca de su consulta con Domínguez, es lamentable para los apelantes que no se utilizara a Domínguez como testigo. Una palabra corroborativa de él sobre este punto hubiera valido más que toda la otra prueba en este caso, en lo que se refiere a la identidad de Iris Mandes como hija de Antonia Bivera Aponte.

Para los fines de esta opinión puede admitirse sin resol-verse que la demanda aducía una causa de acción contra la demandada Iris Mandes en tanto en cuanto atacaba su es-tado prima facie como hija legítima de Victoria Cruet y solicitaba se hiciera la correspondiente cancelación en el registro civil. De ello no se desprende que la misma doc-trina debe prevalecer respecto al estado similar de la niña como hija de Isabelino Mandes y la cancelación del asiento en su totalidad. Ni es necesariamente cierto que el asiento debe permanecer como un todo indivisible o de lo contrario ser cancelado en su totalidad.

El acta de defunción de Antonia Bivera demuestra que ella se había divorciado. Se desconoce la fecha del decreto do, divorcio así como la fecha del matrimonio entre Man-des y Victoria Cruet. En cnanto aparece de los antos Mandes pnede mny bien haber sido el esposo de Antonia Rivera antes de contraer matrimonio con Victoria Cruet y el divorcio pudo ser concedido dentro de los 300 días del nacimiento de la niña concebida por Antonia Rivera, caso en el cual la supuesta hija natural podría más o menos concluyentemente presumirse que era hija legítima de Isa-belino Mandes. Núñez v. Lacot, 32 D.P.R. 81. No es res-puesta a esta sugestión decir que la posibilidad de tal com-binación de circunstancias es algo remota. El punto ver-dadero es que la continuación o extinción del estado legal de Iris Mandes como hija legítima de Isabelino Mandes no depende necesariamente de la continaución o extinción de su estado legal como hija legítima de Victoria Cruet.

Isabelino Mandes ni por derecho propio ni como su-XJuesto padre de Iris Mandes tenía ningún derecho a parte alguna de los bienes dejados por José Cruet al tiempo de su muerte. Asimismo, Iris Mandes no tenía derecho alguno sobre tales bienes con motivo de su parentesco con Isabe-lino Mandes. Por las mismas razones los demandantes no tenían interés en el estado legal de Iris Mandes como hija legítima de Isabelino Mandes, ningún derecho legítimo de investigar la paternidad de Iris Mandes, ni ninguna causa de acción contra Isabelino Mandes, ni como demandado in-dividualmente ni como supuesto padre de Iris Mandes.

La decisión de este caso, sin embargo, no depende de alguna ni de todas las proposiciones mencionadas última-mente.

De acuerdo con toda la prueba de los demandantes ellos estaban dispuestos y en realidad habían convenido con Man-des en renunciar todo derecho a lo que Iris Mandes ya ha-bía recibido como herencia directamente de su madre. En lo que a tal herencia se refiere no puede alegarse, por con-siguiente, que Mandes hizo ningún sacrificio financiero al servirles de testigo a los demandantes.

Iris Mandes como hija legítima de Victoria Cruet hu-biera recibido a lo sumo de la Sucesión Cruet, de acuerdo con la declaración de todos los testigos excepto la del pro-pio Mandes, unos mil dólares ($1,000). Esta adjudicación en dinero o como más frecuentemente sucede, en forma de terrenos más o menos poco productivos, hubiera estado su-jeta en su manejo y administración a las restricciones im-puestas por ,1a ley sobre el dominio y disposición de pro-piedades pertenecientes a menores de edad. Mirando este asunto desde un punto de vista puramente mercenario, las ventajas pecuniarias que resultarían a Mandes de tal adju-dicación serían insignificantes comparadas con la exonera-ción de toda responsabilidad paternal en conexión con la asistencia, mantenimiento y educación de su hija legítima Iris, para no mencionar otras posibles consideraciones. No obstante, el resultado directo del decreto solicitado en la demanda, intentáranlo o nó los demandantes o el mismo Man-des, sería relevar a este último de las cargas y responsabi-lidades incidentales a la patria potestad.

Por tanto, nos es imposible asumir con los apelantes que Mandes en realidad estaba declarando en contra de sus in-tereses pecuniarios.

Pero sea esto como fuere, Mandes por su propia decla-ración fue muy poco escrupuloso en lo que se refiere a sus representaciones inexactas que él ahora dice fueron delibe-radamente hechas por él “de buena fe” en 1914. Bajo la teoría de que su riltima aserción sea cierta en lo que se re-fiere a este primer incidente, no sabemos hasta cierto punto cómo juzgar sus escrúpulos concienzudos que parecen ha-ber surgido en época posterior a la muerte de su esposa y antes de presentarse la demanda en este caso.

Por otra parte, si él dijo la verdad en 1914, su declara-ción en la silla de los testigos once años después en el pre-sente caso no puede en manera alguna ser cierta; y el factor más importante en este caso desde su principio hasta el fin. es la presunción a favor del estado legal que surge de las representaciones hechas por el mismo Mandes en 1914.

Una repetición gráfica del principio que debe regir este aspecto del caso ha sido citada con aprobación por esta corte en dos ocasiones anteriores. Puede hallarse en Quevedo v. Pino, 15 D.P.R. 686 y en Rico v. Lopes, 21 D.P.R. 564.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados señores Aldrey y Franco Soto, disintieron.

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

En sus puntos'principales estoy de acuerdo con la opi-nión de esta corte. Quizás debería darse más énfasis al hecho de que en casos de esta índole, no es suficiente aún una probabilidad razonable en favor de los demandantes, sino que la prueba debe ser clara y convincente. Sin embargo, lo que en parte me ha inducido a emitir una opinión concurrente es que no veo cómo podía admitirse la declara-ción de Domínguez, el supuesto abogado de Mandes. Si era admisible, convengo en que el dejar de presentarlo te-nía gran significación.

Igualmente baso mi opinión concurrente en otro punto, expuesto' tan sólo parcialmente en la opinión principal. Es-tando vivo su supuesto padre y habiéndola inscrito como hija legítima, ninguno de los demandantes tenía interés al-guno o capacidad para atacar el estado legal de Iris Man-des. En mi opinión, Mandes era el único ser viviente que' tenía derecho a presentar tal acción. Los demandantes ante la ley no tenían nexo jurídico.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. DE ALDREY, CON LA CUAL ESTÁ CONEORME EL JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO.

Isabelino Mandes y Montes compareció en el Registro Civil de G-uayama el 19 de marzo de 1914 e hizo inscribir el nacimiento de la niña Iris como ocurrido el 17 de febrero del mismo año, como Mja legítima saya y de su esposa Victoria Cruet Colón y como nieta de don José Cruet Arroyo. Doña Victoria Cruet Colón murió seis años después y dos años más tarde, el 14 de junio de 1922, falleció don José Cruet Arroyo, padre de doña Victoria Cruet. En 1924 la viuda de José Cruet Arroyo y los hijos de ese matrimonio demandaron a Isabelino Mandes y a la niña Iris alegando los anteriores hechos y, además, que al hacer Isabelino Man-des que la niña Iris fuera inscrita como hija legítima suya y de su esposa Victoria Cruet sabía que no era hija de ellos, pues no tenían hijos vivos en la fecha de la inscrip-ción ni posteriormente, que creen de buena fe por informa-ción que tienen que la niña Iris es hija natural de Antonia Bivera y de Juan Montero habiendo nacido en una casa de Juan Bautista Soto en el barrio de G-uamaní de Guayama: que Iris nació algún tiempo antes del que aparece en la ins-cripción de su nacimiento; que esa niña fué recogida por doña Victoria Cruet, esposa de Mandes, en momentos en que su madre, por su estado de enajenación mental, trataba de sumergirla en el río de Guamaní teniendo la niña enton-ces quince o veinte días de nacida, y que doña Victoria Cruet no dejó descendientes a su muerte pero sí ascendientes; que la verdadera madre de Iris es Antonia Bivera y murió en Guayama el 15 de mayo de 1913; y que teniendo los deman-dantes que dividir la herencia de don José Cruet Arroyo, muerto después que su hija doña Victoria, no han podido hacerlo porque se hace necesario que se declare inexistente el estado de hija legítima de la niña Iris toda vez que es incierta su inscripción como hija legítima y porque subsis-tiendo tal inscripción tendría derecho la niña Iris a here-dar a don José Cruet Arroyo en representación de doña Victoria, perjudicándose con esa inscripción los derechos de la viuda e hijos de don José Cruet Arroyo. Por esas alegaciones solicitaron que se declarase inexistente el es-tado de hija legítima de la niña que consta en la inscrip-ción de su nacimiento y nula dicha inscripción.

Los demandantes solicitaron de la corte de distrito qne nombrase defensor judicial de la niña Iris a sn tío carnal Francisco Aponte pero la corte nombró al fiscal del dis-trito, y anotada la rebeldía del demandado Isabelino Man-des sin qne conste en la transcripción qne tenemos contesta-ción del defensor judicial nombrado, con la asistencia e in-tervención de éste se celebró el jnicio recayendo después sentencia declarando sin lugar la demanda, la que motiva este recurso interpuesto por los demandantes.

El motivo alegado por los apelantes para sostener su re-curso es que al declarar la corte sin lugar la demanda apre-ció la prueba con manifiesto error y prejuicio.

El prejuicio de un tribunal para resolver las cuestiones que se le someten para su decisión no está siempre basado en móviles impropios, incorrectos o bastardos en contra de una de las partes litigantes sino que puede ser producido por la naturaleza de la cuestión que se ventila, por un ex-cesivo celo por lo que se cree justo y muy especialmente' por las condiciones de niñez, sexo y por otras de índole análoga; y si como en este caso el juez está bajo la idea de que el verdadero objeto del pleito no es que se esclarezca y determine si la niña Iris es hija legítima o nó del matri-monio Mandes Cruet para que si no lo es no forme parte de una sucesión en la que sólo podía intervenir siendo hija legítima de ese matrimonio sino que el objeto del pleito es sólo privar por ese medio a una niña de una herencia, en-tonces ese celo por la protección de la herencia de la niña crea un prejuicio en el juez, no venal sino altruista e invo-luntario pero que no deja de ser prejuicio y que pone al juez en condiciones de no poder apreciar serenamente la prueba para decidir la verdadera cuestión en el litigio, cual es si en verdad la niña es o nó hija legítima de determinadas per-sonas. Y esto es lo sucedido en este caso, pues el juez de la corte inferior en su celo por proteger la herencia de la menor si es hija legítima del matrimonio Mandes estuvo durante todo el juicio bajo la impresión de que este pleito se establecía no para decidir la cuestión primordial en él sino para arrebatar una herencia a dicha menor, como lo demuestran sns actuaciones en el juicio, que pasamos a ex-poner, subrayando nosotros algunas de sus palabras.

Isabelino Mandes declaró en el juicio que de su matri-monio con Victoria Cruet y a la muerte de ésta no queda-ron hijos; que a Iris la recogieron ellos de siete días de nacida, cuando la madre la estaba ahogando en el río; que la madre de la niña se llamaba Antonia Rivera y murió en el hospital y el padre era Juan Montero y está vivo; que quiere a la niña como si fuera suya; que su esposa re-cogió a esa niña y él la inscribió de buena fe como hija le-gítima del matrimonio para completar la caridad que le hi-cieron porque no tenían hijos; que después de haber ins-crito a la niña como hija legítima de su matrimonio con-sultó con un abogado quien le dijo que debió consultar eso con la corte y que debieron adoptarla pero no inscribirla como hija legítima; que el padre de doña Victoria, supuesto abuelo de la niña, murió dejando hijos y a su esposa; y preguntado cuál es el motivo de alegar ahora que no es hija suya contestó que los herederos del padre de doña Victoria quieren hacer su testamentaría, y se entabló entre el juez y el testigo el siguiente diálogo: “Juez: ¿Por qué Ud. ha esperado hacer eso ahora? ¿Por qué no lo hizo Ud. antes? — Testigo: Debía haberlo hecho antes. — Juez: ¿Ud. es viudo? — Testigo: Sí señor. — Juez: De tal manera que a su señora ¿quién lá hereda hoy, tal como están las cosas?— Testigo: Sus familiares. — Juez: ¿Pero hoy, siendo esa niña legítima, quien la heredaría, no sería Iris? — Testigo: Sí se-ñor. — Juez: De tal manera que hoy lo que se quiere es desheredar a Iris. Y si Ud. lo hubiese hecho antes su es-posa tal vez la hubiera adoptado o la hubiera dado un le-gado? — Testigo: Debía haberlo hecho antes. — Juez: Y no lo hizo para reventar a esa chiquita. Ese es el plinto y hoy, muerta la madre, no se puede hacer nada e Iris se ■quedará en la calle. Puede irse.” Después de esto el abogado de los demandantes preguntó al testigo si no vive en un pedacito de terreno que era de su esposa y con-testó que sí y que se lo van a dar a Iris. Intervino nueva-mente el juez a quien dice el testigo que ese terreno son siete y media cuerdas que era lo que tenía el matrimonio, diciendo en seguida el juez: “Con eso lo que han hecho es reventar a esa chiquita. ¿Ud. dice que la quiere como padre? — Testigo: Sí señor, la quiero como bija. — Juez: Puede retirarse.” Después de haber declarado otros testigos fue llamado nuevamente Isabelino Mandes haciéndosele única-mente las siguientes preguntas: “Juez: ¿Quién es José Cruet Arroyo ? — Testigo •: El suegro mío: murió. — Juez: ¿Y Ramona Colón, quién es? — Testigo: Mi suegra: está viva. — Juez: ¿Y Julio, Monserrate, Domingo, Marcelina y Carmen Cruet y Colón, son hermanos de su señora? — Tes-tigo : Sí señor. — Juez: ¿De tal manera que lo que discuten aquí es la herencia de su señora para quitársela a esa chi-quita?- — Testigo : Sí señor. — Juez: Puede irse. ’ ’ Después el juez en la opinión escrita para declarar sin lugar la de-manda dice que éste es un caso especial en que se trata de privar a una niña de doce a quince años de sus derechos de legitimación y con ellos de la parte de herencia de su abuelo y que la niña está entregada en un todo a los enemigos de sus derechos.

Lo que hemos transcrito nos convence de que desde el principio hasta el fin de este pleito el juez ha estado bajo la idea de que el objeto del mismo era solamente privar a la niña de la herencia que pudiera corresponderle en la su-cesión de don José Cruet Arroyo, en representación de doña Victoria y no si era cierto que no es hija de esa señora y de su esposo Isabelino Mandes; idea que lo lleva a decir en su dicha opinión que si tuviera ante sí a doña Victoria, a Antonia Rivera, y a Juan Montero quizás variaría de opi-nión, cuando por la evidencia sabía que eso es imposible porque las dos mujeres habían muerto y porque Juan Mon-tero no estaba obligado a dar contestación tendente a ex-ponerle a castigo .por delito de adulterio. Y ese prejuicio filé cansa de que dijera en sn opinión que doña Victoria había hecho la legitimación de Iris y repitiera después qne fué la que legitimó la niña, cuando lo cierto es que dicha señora no realizó ese acto sino que fué su esposo al inscri-bir la niña como hija legítima de su matrimonio con doña Victoria, afirmaciones que repite otra vez al decir que a d'oña Victoria se imputa la falsa- legitimación que se com-bate; y también fué causa de que apreciara erróneamente la evidencia que a nuestro entender fué suficiente para de-clarar con lugar la demanda, como se verá por el resumen que de ella haremos.

Además de la declaración de Isabelino Mandes, que he-mos consignado antes, se presentaron por los demandantes otros testigos en el juicio celebrado el 24 de abril de 1924. Francisca Vicente testificó que Antonia Rivera vivía en su casa en una habitación que alquiló su querido Juan Montero y allí ellos tuvieron y nació la niña Iris hará unos doce años, habiéndola parteado Antonia Reyes que falleció hace unos tres años; que como a los nueve días de haber nacido esa niña la madre se volvió loca y como su querido estaba en su trabajo el marido de la testigo alquiló al peón Ela-dio Ortiz y la mandó a casa de Lupe Aponte, tío de ella; que vió nacer a esa niña y como a los ocho días la llevaron a casa de Mandes porque su madre estaba loca. Eladio Ortiz declaró que conoce a la niña Iris que es hija de Antonia Rivera y nació en la casa de Francisca Vicente; que no la vió nacer pero que como a los nueve días lo alquilaron para llevar a Antonia Rivera a la casa de su tío Lupe Aponte a donde la llevó con la hija, la que está en el jui-cio. Adolfo Poventud manifestó haber conocido a Antonia Rivera y a Juan Montero, que era su vecino, y sabe que la niña Iris llegó a poder de Isabelino Mandes y de su esposa doña Victoria Cruet porque habiéndose vuelto loca Antonia Rivera, madre de la niña, la llevaron a la casa de su tío Guadalupe Aponte y estando el testigo cerca de una que-brada la madre se tiró eon la chiquita en mitad del charco y entonces el testigo avanzó y le quitó la chiquita a la loca y después el tío de ella le ofreció la chiquita al testigo pero no la aceptó porque su esposa había dado a luz guares y entonces el tío habló con doña Victoria y ella la cogió: que Juan Montero vivía con Antonia Rivera antes de nacer la niña como marido y mujer y entonces la vió encinta; la vió también después del parto; que esa niña es la misma que cogió doña Victoria; que la niña tiene trece años lo que le consta porque su señora había dado a luz guares en la misma fecha y su hijo tiene trece años de edad y nació en 1912; que esa niña fue llevada a la casa de Isabelino Mandes como a los veinte días; que la madre murió loca en el hospital de G-uayama; que vió cuando Guadalupe Aponte llevó a la niña a la casa de Mandes para que la re-cogieran como hija, cuando todavía no había muerto la madre, y que Juan Montero estaba en la casa cuando nació la niña pero después se fue para Comerío, era casado y estaba en las obras del riego de Guayama como mecánico. Estefanía Poventud no conoció a Antonia Rivera pero la vió cuando estaba loca y sabe que Iris era muy pequeñita cuando so la entregaron a los esposos Mandes; que doña Victoria le dijo “mira lo que me han traído los reyes”; que la testigo estaba en la casa y era quien la cuidaba y los Mandes le decían que no le dijera a la niña que ellos no eran sus padres; que esa niña no era hija de los Mandes quienes nunca tuvieron hijos pero la criaron; que a la ma-dre de la niña la vió en dos ocasiones cuando fué ella a ver a su hija. Francisco Aponte, tío de Antonia Rivera, de-claró que la niña Iris es pacienta de él porque es hija de su sobrina Antonia Rivera y que conoció a Juan Montero que es el padre de la niña y sabe que ambos vivían juntos en la finca de Francisca, la señora de Bautista Soto; que ha hablado con la niña y le ha dicho que son familia por-que ella se lo preguntó y que le consta que esa niña no es hija de los Mandes pero la criaron desde que nació. Julio Cruet dijo que su liermana Victoria no dejó hijos al morir; que ella no es la madre de Iris; que conoció a los padres de esa niña; que su hermana Victoria dejó.una es-tancia y la idea de la sucesión de don José Cruet es dejar la estancia a la niña porque el que la crió dijo que cuando se arreglara este asunto le pasaran ese terreno a la niña, a pesar de no ser su hija y que si Iris fuera hija de Victoria le tocaría como mil pesos en la sucesión de José Cruet Arroyo.

De la prueba documental resulta comprobada también la muerte de José Cruet Arroyo ocurrida el 15 de mayo de 1913; y del testamento de éste que los demandantes son sus herederos. La valoración dada por el Tesorero a los bienes dejados por José Cruet Arroyo asciende a $10,050 y como la mitad son gananciales de la viuda quedará un líquido de $5,025 divisibles entre sus seis hijos, y si Iris es hija legítima de doña Victoria habría que dividir entre siete herederos y correspondería a cada uno $717, si no hay que hacer bajas en la herencia.

Ciertamente que la prueba en casos de la naturaleza del presente debe ser fuerte, robusta y convincente, pero a nuestro entender esos requisitos los reúne la presentada en este juicio pues todos los testigos, entre ellos parientes de la niña, han declarado que no es hija de los esposos Mandes, sin que exista contradicción entre ellos y siendo digna de crédito la de Isabelino Mandes porque la prestó contra su propio interés, pues si Iris es hija legítima de su matrimonio con doña Victoria la niña tendrá derecho, re-presentando a dicha señora, a recibir una parte de la he-rencia de don José Cruet Arroyo; participación cuyo usu-fructo durante su menor edad correspondería a Mandes quien también tendría sobre esa participación el derecho de herencia por muerte de la niña antes de que ésta tenga hijos.

Se dice en la opinión de la mayoría de este tribunal que Mandes no explicó por qué no siguió el consejo que le dió el abogado Sr. Domínguez, pero esa explicación se encuen-tra en sus propias palabras, pnes él declaró que su con-sulta al abogado la hizo después de haber hecho la inscrip-ción de la niña como hija legítima y que el abogado se li-mitó a decirle que en vez de esa inscripción debió haberla adoptado como hija, y nada le aconsejó para destruir lo mal hecho. También se dice que debió ser presentado dicho abogado como testigo para corroborar la declaración de Mandes, pero dicho testigo no era permisible por ser su testimonio res inter alios acta.

No podemos convenir tampoco con la manifestación de los jueces de la mayoría de este tribunal respecto a que la conducta del juez de distrito en el juicio fué tan sólo una advertencia oportuna a los demandantes de que a ellos in-cumbía establecer su demanda con prueba robusta y con-vincente porque nada de eso se deduce de sus , palabras sino la expresión de su idea fija de que se quería arrebatar una herencia a la niña; y dichos jueces al confirmar la sen-tencia apelada llegan hasta suponer, sin base alguna, que la niña puede ser hija de Mandes y de Antonia Rivera, sólo porque no aparece del juicio la fecha del matrimonio de Mandes con doña Victoria ni en la que Antonia Rivera se divorció. Se dice también que Mandes declaró que su esposa y otro hombre impidieron que la niña fuese ahogada y tomó posesión de ella en aquel momento y que el verda-dero héroe en aquella ocasión (Adolfo Poventud) no hace mención de que doña Victoria estuviera presente y dijo que más tarde Guadalupe Aponte, tío de Antonia Rivera, le preguntó si quería la niña y que él la- rehusó y le sugirió que la diera a doña Victoria y que entonces fué el tío y habló con doña Victoria, que vió entregar la niña unas tres semanas después y que Antonia Rivera falleció en aquel entonces. Sin embargo nosotros no encontramos esas con-tradicciones que se trata de señalar, pues lo que dijo Man-des fué que la madre de la niña se tiró por el río abajo y a la gritería se tiró su esposa y otro hombre más y la co-gieron, y como ella no tenía familia se la llevó a casa y la crió; lo cual no quiere decir que entonces, en ese mismo momento, fué que la recogió y que no pudiera haberle sido entregada días después; ni tampoco el hecho de que Poven-tud se limitara a hablar de su intervención en ese hecho y no mencionara a doña Victoria excluye la idea de que dicha señora tomara parte en el salvamento de la niña. Y por último el hecho de que los testigos no resultan unáni-mes en la fecha exacta del nacimiento de la niña Iris no es motivo tampoco para declarar sin lugar la demanda por-que ese particular era un hecho accesorio e inmaterial en este pleito en el que la verdadera y única cuestión es si ella es o nó hija de los esposos Mandes; porque la cuestión de fechas es generalmente cosa frágil en los testigos, como se demuestra por el mismo testimonio de Adolfo Poventud, calificado de héroe, quien cuando declaró en el juicio en 1924 dijo que su hijo, contemporáneo con Iris, tenía trece años de edad y sin embargo manifestó que nació en 1912 lo que daría una edad de doce años; y porque de todas las declaraciones se viene en conocimiento que la niña Iris na-ció en 1913 porque todos declararon respecto a la locura de Antonia Bivera poco después de su parto, originaria de la entrega de la niña muy pequeñita y sobre su muerte poco tiempo después, la que documentalmente consta que fué el 15 de mayo de 1913.

La prueba en este caso nos demuestra que se trata de uno de los varios casos en que los sentimientos generosos de un matrimonio sin hijos inscriben como hija legítima suya a la hija de otras personas con el noble fin de prote-gerla y de trasmitirle su herencia sin pensar en que la muerte de alguno de esos padres ficticios pueda perjudicar los derechos de personas que para nada intervinieron en la legitimación y que no tienen más disyuntiva que atacarla o permitir que personas extrañas se introduzcan en su fami-lia y reciban herencia a la cual no tienen en verdad derecho y disminuyan así sus participaciones hereditarias; y cuando casos como estos se presentan en los tribunales no debe es-tarse pensando que las personas que reclaman tienen por tínico móvil el conseguir unos cientos o miles de pesos más y deben tenerse en cuenta que independientemente de ese hecho la verdadera cuestión es si las personas que inscriben como legítima una niña o niño no son en verdad sus padres. No sería nuevo el caso en que un matrimonio de avanzada edad movido por sentimientos nobles inscribiese como hijo suyo el fruto natural de un hijo del matrimonio que desoye los dictados de su conciencia, y que los verdaderos hijos por afecto entrañable a tal criatura no quieran atacar esa legitimación y permitan que participen en la herencia como si fueran hijos de dicho matrimonio.

Para concluir, réstanos decir que entre los demandantes y los demandados existe nexo jurídico, negado en el voto concurrente, porque si la niña Iris no es hija legítima de los esposos Mandes el figurar como tal produciría perjui-cios a los herederos de don José Cruet Arroyo porque dis-minuiría el haber hereditario de ellos al tener que dar una cuota igual a la suya a dicha niña, y dondequiera que existe un perjuicio tiene que haber un remedio, como declaró este tribunal en el caso de García v. García, 18 D.P.R. 964, caso bastante análogo al presente pues en él un niño solicitaba que se anulase la inscripción de su nacimiento hecha en el registro civil como hijo natural de un hombre que no era su padre pero que lo reconoció como tal por afecto a él, y en el que también la corte de distrito estuvo bajo la idea de que no se podía atacar el reconocimiento de dicho menor como hijo del demandado.

En resumen, opinamos que la sentencia apelada debió ser revocada y dictarse otra declarando con lugar la de-manda.

Estoy autorizado por el Juez Asociado Sr. Franco Soto para decir que está conforme con este voto disidente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Isabel Sojo de Malgor, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 643.

    Sometido: Junio 10, 1926.

      Resuelto: Julio 21, 1926.
    1. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Contrato Con-signado en Escritora Pública — Bu Inscripción — Defecto Subsanable— In comparecen cía del Esposo en Oompra-venta Otorgada a Pavor de la Esposa. — Una esposa puede adquirir proquedad inmueble a su propio nombre sin que el esposo comparezca a la escritura otorgada al efeeto, y la no com-parencia de éste no constituye defeeto subsanable alguno del título.
    2. Cortes — Creación (Establishment), Organización y Procedimiento en General — "Bules of Decisions”, Adjudicaciones, Opiniones y Récords — De-cisiones en Conflicto — Decisiones de un Mismo Tribunal. — Cuando hay conflicto, aparente o real, entre dos decisiones del Tribunal Supremo, debe prevalecer la más reciente.
    Nota de A. Malaret, R. (San Juan, Sección Primera), inscribiendo escritura de compraventa otorgada a favor de una esposa, con el defecto subsanable de no haber comparecido a dicha escritura el esposo de aquélla.

      Revocada.

      Angel R. de Jesús, abogado del recurrente; el recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso aparece una -esposa adquiriendo una propiedad inmueble sin que su esposo compareciera, y el registrador de la propiedad inscribió la escritura con ún defecto subsanable. Hemos resuelto en dos ocasiones que una mujer puede adquirir bienes en esta forma. Giménez v. El Registrador, 21 D.P.R. 329, 332, y Peraza v. El Registrador de Arecibo, 30 D.P.R. 537. El registrador llama nuestra atención al hecho de que esta corte resolvió lo contrario en el caso de Longpré v. El Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 896. No obstante, nuestra decisión en ei caso posterior de Peraza, supra, no dejaba lugar a dudas. Cuando liay conflicto, aparente o real, entre dos decisiones de esta corte, debe prevalecer la más reciente. Toda la corte estaba consciente y enteramente convencida de que una esposa puede adquirir bienes en su propio nombre, aunque desde luego la presunción es que los bienes así ad-quiridos pertenecen a la sociedad de gananciales.

La nota recurrida debe ser revocada y 'hacerse la ins-cripción sin el defecto subsanable.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    José Mulero Orellana, peticionario y apelante, v. Juan Cruz Rivera, opositor y apelado.
    No. 3809.

    Visto: Junio 22, 1926.

      Resuelto: Julio 21, 1926.
    Bienes (Property)- — Propiedad de los’Mismos — Casos de Doble Venta de In-muebles — Títulos Nunca Inscritos. — Vendida una propiedad inmueble a dos personas distintas sin que ninguna llegara a inscribir su título en el registro, prevalece el título del primero que entró en la posesión material del inmueble.
    Sentencia de Pablo Porga, J. (Humaeao), declarando sin lugar la información de dominio solicitada y con lugar la oposición a dicha información, sin costas.

      Confirmada.

      Carlos B. Buürago y Francisco González, abogados del apelante; José C. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Mulero Orellana, el apelante, fue una vez dueño de una finca rústica. En el año 1920 se la vendió a Juan del Carmen Rosa. Este último se la vendió en 1923 a Juan Cruz Rivera, pero, no estando satisfecho con esto, en 1924 vendió la misma propiedad nuevamente al' apelante, José Mulero. Juan Cruz Rivera, según indica el apelado y se-gún la prueba tiende claramente a demostrar, casi inmedia-tamente entró en posesión de la citada finca por medio de representantes. El apelante, Mulero, trató de obtener un título de dominio sobre la indicada finca, pero Juan Cruz Rivera se opuso y tuvo éxito en ello. - Era un caso de doble venta,' que nunca había sido inscrita. No solamente fué Juan Cruz Rivera anterior en tiempo, sino que también tomó posesión material de la finca. Todo esto de acuerdo con el artículo 1376 del Código Civil.

El apelante, interpretando erróneamente los hechos y ne-gando la posesión material por parte de Jnan Cruz Rivera, entra a discutir el efecto de una venta civil en que el com-prador no toma realmente posesión, pero los hechos están en contra de él.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Custodio Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2662.

    Visto: Mayo 4, 1926.

      Resuelto: Julio 21, 1926.
    1. Falsa Representación (False Pretenses) — Naturaleza de la Representación '0 Simulación — En General. — El acusado se encontró a una persona y exa-minando un papel visiblemente en sus manos le dijo que se había ganado tres dollars y ésta entrególe tres décimos de un billete premiado con $10,000. Se resolvió: que cuando uno hace que crean que un papel que tiene en sus manos contiene cierta relación (premios), y en esa forma induce a otro a renunciar valiosos derechos, esto equivale a mostrar una lista, aunque la persona así defraudada miro o nó la lista.
    2. Derecho Penal — Apelación y ’Error y Certdorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Evidencia Acumulativa.-— La admisión como prueba de una lista de sorteo de lotería esté o nó debida-mente certificada o identificada, siendo evidencia acumulativa y sin impor-tancia-, no constituye error perjudicial.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Conclusiones Sobre la Prueba — Oonclusionis del Jurado.- — Cuando al jurado corres-ponde resolver una cuestión que surge de la prueba, y nada hay que indique que, ai resolverla, dicho cuerpo actuara movido por parcialidad o prejuicio, procede confirmar la sentencia apelada.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Cuestiones Relativas a la Admisión de Evidencia — Evi-dencia de Testigos no Incluidos al Dorso de la Acusación.- — En ausencia de abuso, no es error el permitir la declaración de testigos que no aparecen consignados al dorso de la acusación.
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), condenando al acnsado culpable de nn delito de falsa representación e impostura (in-fracción al artículo 470 del Código Penal).

      Confirmado.

      Alfonso Lastra, abogado del apelante; José E. Piqueras, abogado dé El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El jurado halló que Custodio Eodríguez valiéndose de falsas simulaciones defraudó a Julio Gómez. La acusación decía en efecto que el acusado mostrando una lista falsa Ra-bia inducido a Gómez a entregar tres décimos del billete de lotería No. 33708 por la suma de tres dollars, cuando en realidad el citado billete Rabia sido premiado y valía $3.0,000 de suerte que Gómez hubiera tenido derecho a $3,000.

Uno de los errores alegados es que el acusado nunca mostró a Gómez lista alguna. El acusado se Ralló con Gómez y examinando un papel que tenía visiblemente en sus manos, le dijo a Gómez que <se había ganado $3. Gómez le contestó que creía en su palabra y en realidad nunca miró la lista. Cuando un hombre hace que crean que un papel que tiene en sus manos contiene cierta relación y en esa forma induce a otra persona a renunciar valiosos derechos, esto equivale a mostrar una lista, aunque la persona así defraudada mire o nó la lista.

Se alegó que la lista de sorteo de la lotería de Santo Domingo fué admitida como prueba erróneamente, ya que no fué debidamente identificada o certificada. La prueba de El Pueblo tendía a demostrar que el billete No. 13708 de cierta lotería había sido premiado con $10,000. De manera que si la lista admitida estaba o nó debidamente certificada o identificada, su admisión fué meramente evidencia acumulativa y sin importancia. Aunque el Fiscal sostiene que la lista fué debidamente identificada y certificada, su admisión a lo sumo fué un error no perjudicial.

El acusado presentó prueba tendente a demostrar que el billete No. 13708 no se dividía en décimos, sino en medios, y que otras personas lo habían ganado. Esta era una cuestión que tenía que resolver el jurado y no hallamos que dicho cuerpo actuó movido por parcialidad o prejuicio.

Otro de los errores alegados se refiere al hecho de que se permitió declarar a ciertos testigos que no aparecían al dorso de la acusación. En ausencia de abuso, no es error permitir la declaración de testigos adicionales. Esto lo he-mos resuelto repetidas veces y no hay nada en contrario en el caso de El Pueblo v. Arrocho, 33 D.P.R. 657, citado por el apelante.

No hallando error alguno, la sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Matos, acusada y apelante.
    No. 2838.

    Visto: Julio 19, 1926.

      Resuelto: Julio 21, 1926.
    1. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo —De la Acusación o Denuncia.— Suficiencia de la Misma.— Acometi-miento con Agradantes. — La alegación en denuncia por delito de acometi-miento con agravantes, que el acusado con intención criminal de causar grave daño corporal a la persona de XX le acometió con un revólver haciéndole un disparo, imputa un acometimiento criminal.
    2. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos—Acometi-miento de Carácter Grave. — Un acometimiento cometido en alguna do las circunstancias a que se refiere la sección 6 de la ley de marzo 10, 1904, es necesariamente un acometimiento de carácter grave.
    SENTENCIA de Roberto II. Todd, Jr., J. (Ponee), condenando a la acu-sada por delito de acometimiento con circunstancias agravantes.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado de la apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ataca principalmente la denuncia, cuya’ parte principal dice así:

“Yo, Manuel González, P. I. No. 175, vecino de Ponce, P. R., calle de Isabel, número 41, mayor de edad, formulo denuncia contra María Matos, por delito de Acometimiento con agravantes, co-metido de la manera siguiente: Que en 16 de octubre, 7 P. M. de 1925, y en calle Las Casas de Ponce, P. R., que forma parte del dis-trito judicial de Ponce, P. R., la acusada María Matos, allí y enton-ces, voluntaria, ilegal, maliciosamente y con la intención criminal’ de causar grave daño corporal a la persona de Enrique Vargas, le aco-metió con un revólver, calibre 38, haciéndole un disparo, pero sin lograr herirlo.”

La apelante al citar el caso de El Pueblo v. Suárez, 23 D.P.R. 243, dice que las alegaciones de la denuncia no son suficientes para demostrar nn acometimiento hacia o so-bre una persona; que el decir que un acusado acometió con un revólver, haciéndole un disparo a otra persona no cons-tituye tal acometimiento. Es evidente que en la forma en que está redactada la denuncia imputa un acometimiento criminal.

La apelante sostiene que en la Ley de. 10 de marzo de 1904 no se define ningún delito de acometimiento grave, de que se declaró culpable al acusado. La ley define el delito de acometimiento y agresión y substancialmente dice que un acometimiento es la tentativa de cometer una agresión, queriendo decir con esto lo que se definió primeramente como “acometimiento y agresión.” Entonces en otra sección la ley dice que un acometimiento y agresión será considerado de carácter grave cuando se comete bajo ciertas circunstancias. Necesariamente un acometimiento cometido en esas circunstancias, es un acometimiento de carácter grave. Este punto se aclara más en la sección que fija la pena, la que dice así:

“Sección 8. — La pena correspondiente al delito de acometimiento de carácter grave o al de acometimiento y agresión de la misma na-turaleza, consistirá en multa que no bajará de $50 ni excederá de $1,000, o de prisión en cárcel que no bajará de un mes ni excederá de dos años, o ambas penas, multa y prisión.”

No podemos resolver que la corte inferior cometió error al imponer una pena de seis meses de cárcel por este delito de acometimiento con un arma peligrosa.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Margarita Biaggi Esbri, demandante y apelada, v. Eulalio Gómez Pérez, demandado y apelante.
    No. 3701.

    Visto: Febrero 19, 1926.

      Resuelto: Julio 22, 1926.
    1. Divorcio — De las Causas del Divorcio — En General, — No procede decretar el divorcio, cuando alguna de las causas que reconoce la ley como fundamento del mismo, no se prueba cumplidamente.

      2. Divorcio — De las Causas del Divorcio — Trato Cruel e Injurias Graves— Severidad de Temperamento, Mal Genio, Rudeza de Lenguaje — En General. — Brusquedades y malas palabras ocasionales proferidas por un es-poso contra su esposa, y el disgusto producido con ellas a la. esposa, dadas las condiciones en que aquél se encontraba en este caso, se resolvió que no podían servir como causa determinante de la ruptura del vínculo matrimonial.
    SbntbNcia cíe B. Díaz Cintron, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda de divorcio, sin costas.

      Revocada, declarándose la demanda sin lugar.

      B. Bivera Zayas, abogado del apelante; José Tous Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Margarita Biaggi entabló demanda de divorcio contra su esposo Eulalio Gómez alegando como causa el trato cruel y las injurias graves consistentes en haberle dicho malas pa-labras — que expresa — en alta voz, delante de visitas y ve-cinos, especialmente durante el mes de diciembre de 1923, todo lo cual le produjo un estado de postración física que le hacía insoportable la vida al lado de su esposo.

Éste se opuso alegando que no era cierto que hubiera tratado cruelmente a su esposa y que por el contrario ha sido ella la que lo había martirizado con su conducta cuando se vió obligado a dejarse amputar sus dos piernas por ra-zón de enfermedad, quedando inválido.

La prueba ocupa más de cien páginas y ha sido anali-zada minuciosamente en el alegato de la parte apelante.

La parte apelada no presentó alegato ni asistió a la vista del recurso.

El fiscal archivó su informe citando los casos de Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580, Figueroa v. Pierluissi, 25 D.P.R. 498, y Kennerly v. Kennerly, 29 D.P.R. 782, y llamando la atención de la corte hacia lo débil que a su juicio resultaba la prueba aportada por la parte demandante para sostener su acción.

Y así es en efecto. Es verdad que en su larga declara-ción la demandante se presenta como insultada por el de-mandado, pero cuando trata de corroborar los extremos de su declaración con el testimonio de otras personas, el de éstas presenta un cuadro de tonos diferentes.

En la demanda se señala el mes de diciembre de 1923 como el período más fuerte del mal trato. Fue entonces que al demandado se le llevó enfermo al hospital y se le amputaron sus dos piernas. Una nurse declaró que oyó al demandado proferir algunas palabras injuriosas contra su esposa y vió a la esposa llegar llorando a la oficina un día, pero no explica el origen del disgusto y aceptando todo lo peor para el demandado, dada la condición en que se en-contraba, aquellas brusquedades y malas palabras ocasiona-les y el disgusto que produjera con ellas a su esposa, no podrían jamás servir, de acuerdo con la ley y la jurispruden-cia, como causa determinante de la ruptura del vínculo matrimonial. Llama la atención que sólo una nurse declarara y que la demandante no requiriera el testimonio del doctor que asistía al paciente y sobre todo el de otro enfermo que ocupaba la misma habitación.

Parece indudable que el esposo en este caso es hombre rudo, acostumbrado quizá al uso de expresiones fuertes, de palabras malas. Su natural condición tuvo necesariamente que exacerbarse con motivo de su cruel enfermedad. La esposa no puede llamarse a engaño. Ella contrajo matrimo-nio con él en 1911 y a principios de 1914 solicitó y obtuvo el divorcio por causa de maltrato. A fines de 1914 volvió a unirse a él en matrimonio y con él vivió desde entonces y es ahora cuando su marido está más necesitado de ella que solicita el divorcio.

Esta corte, de modo consistente, desde su fundación, ha sostenido que el divorcio sólo debe decretarse cuando alguna de las causas que reconoce la ley se prueba cumplidamente. Desde el 15 de junio de 1905, en el caso de Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580, 586, dijo: para qjie las frases ofensivas den al demandante el derecho a obtener el divor-ció deben ser de tal naturaleza, o ir acompañadas de tales actos que el malestar producido equivalga en sí mismo al trato cruel. ” Y en julio 2, 1917, en el caso de Figueroa v. Pierluissi, 25 D.P.R. 496, hizo la siguiente cita del de McDonal v. McDonald, 155 Cal. 665, que parece escrita expre-samente para éste que resolvemos.. Dice así:

“Ha sido reconocido umversalmente, por lo menos teóricamente, que las partes no pueden ser divorciadas por el fundamento de crueldad simplemente por el hecho de vivir juntos sin ser'felices debido a sus caracteres irrefrenables o a sus desavenencias. Las personas casadas deben someterse a las consecuencias ordinarias de las debilidades humanas y de la unión imprudente, y la mala con-ducta que habrá de servir de base para obtener un divorcio para constituir crueldad debe ser grave. Y la mera severidad del tem-peramento, mal genio, rudeza en el lenguaje, o hasta los arranques impetuosos, si no amenazan daño corporal o causan perjuicio a la salud, por regla general no equivalen a crueldad. Como ya bien se ha dicho el esposo y la esposa están obligados a hacer mayores es-fuerzos porque desaparezca cualquier error, tratar de arreglar las cuestiones que entre ellos se susciten, suavizando el camino para la concordia, y de conseguir su reconciliación, que las personas en otras relaciones de la vida. El status del matrimonio no es mera-mente contractual de modo que cada uno tenga derecho a exigir del otro que cumpla estrictamente con el vínculo. Es un status en que la ley funciona sobre la debilidad lo mismo que sobre la fortaleza de la naturaleza humana, y no se disolverá a menos que existan cau-sas graves y sustanciales. 9 E. C. L. 336, pár. 116.”

Un análisis detallado de la prueba sólo conduciría a alar-gar innecesariamente esta opinión. La hemos estudiado ■cuidadosamente y a nuestro juicio no es bastante. A veces resulta el matrimonio una cruz y creemos que la esposa en ■este caso una vez que reflexione y deje que se manifieste la parte noble de su naturaleza,, será más feliz llevando su cruz sufrida y valerosamente hasta el fin, que dejándola abandonada en la mitad del camino.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse la de-manda sin lugar, sin especial condenación de costas.


text:
    Ramona Muñoz, viuda de Alonso, demandante y apelante, v. Angel Viejo, demandado y apelado.
    No. 3694.

    Visto: Diciembre 15, 1925.

      Resuelto: Julio 22, 1926.
    1. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Separación de la Propiedad de Dos Fincas- — Existencia de Signos Aparentes Entre las Fincas Establecidos por el Propietario de Ambas — Efecto.—Dados los hechos del caso de autos — construidas las ventanas y huecos de que se trata por el que fné propietario de ambas fincas cuando estaban enclavadas en un solo solar y constituyendo dichas ventanas y huecos signos aparentes — se resolvió que era de aplicación al mismo el artículo 548 del Código Civil y da, jurisprudencia aplicable al mismo.
    2. Servidumbres - — Creación, Existencia y Terminación — Extinción de las Servidumbres — Reconstrucción del Predio Dominante — No Uso de la Servidumbre Durante un Término no el Suficiente para la Prescrip-ción. — Cuando existe una servidumbre a favor de un edificio y éste se re-construye y entre la destrucción a los efeetos de la reconstrucción y la obra nueva no ha transcurrido el tiempo fijado por el artículo 553 del Código Civil, no puede sostenerse que la servidumbre ha prescrito.
    3. Injunction — Demandas de Injunction — Apelación—Revisión—Cuestiones de Hecho. — Un el caso de autos se resolvió que la corte inferior no cometió error al apreciar la prueba, especialmente tratándose de un injundion en el que, para obtener la medida en él solicitada, el derecho de la demandante debió resultar enteramente claro.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar la petición de injunction presentada, con costas.

      Confirmada.

      José N. Quiñones, abogado de la apelante; Jacinto Texidor, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito de injunction iniciado por Ramona Muñoz viuda de Alonso contra Angel Viejo con objeto de impedir que el demandado continuara cierta construcción.

Formuladas las alegaciones, fné el pleito a juicio y la corte lo resolvió finalmente declarando la demanda sin lu-gar, basándose en los siguientes liecbos, que estimó proba-dos, y precepto de ley, que citó y aplicó, así:

“Las casas de la demandante y del demandado pertenecieron al Sr. Miguel D. Gránela; una de altos y bajos, la del demandado, y la otra terrera, la de la demandante. Ambas tenían una pared me-dianera, y en ella, en los bajos, liabía dos linéeos, uno de puerta y otro de ventana, comunicando ambas casas. En tal estado se ha-llaban el año 1906, cuando el demandado adquirió la casa de dos plantas, y en la época en que la demandante compró la suya. Ni en una ni en otra escritura aparece manifestación tendente a la suspensión de esa servidumbre. En la casa de altos y bajos, en la pared alta, y en la parte contigua a la casa de la demandante,. ha-bía tres ventanas que existían en la época en que Gránela era dueño de ambas casas, construidas sobre un solar. En la escritura de venta por Gránela a Viejo, Gránela, que se quedaba con la casa te-rrera, obligóse a no levantar su pared, ni hacer más alta su casa sin el consentimiento de Viejo. Los huecos y ventanas eran públicos, visibles y conocidos, y durante más de veinte años han permanecido. Finalmente, el demandado Viejo está llevando a cabo obras de re-construcción de la casa de altos y en ellas conserva las ventanas de los altos y uno de los huecos de los bajos.
“La teoría de la demandante parece fundarse en el hecho de que el demandado está haciendo una casa enteramente nueva y dis-tinta de la anterior y que, por tal motivo, la servidumbre ha sido extinguida por no poder usarse, según el párrafo 3 del artículo 553 del Código Civil. Pero esta misma disposición legal es adversa a las pretensiones de la demandante, puesto que dice: ‘Cuando los predios vengan a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre: pero ésta, revivirá si después el estado de los predios permitiera usar de ellos, a no ser que cuando sea posible el uso haya transcu-rrido el tiempo suficiente para la prescripción, conforme a lo dis-puesto en el número anterior.’
“No se ha alegado que desde que se hizo la demolición de la casa de dos plantas hasta la fecha de la presentación de la demanda, haya transcurrido tiempo suficiente para la prescripción.
“La reconstrucción de una casa en la que concurran circunstan-cias de la que se trata no puede ser considerada como pretende la demandante, como destrucción total de la misma a los efectos de la extinción de la servidumbre.”

No conforme la demandante interpuso el presente re-curso de apelación, alegando la comisión de cinco errores, a saber: 1, al resolver la corte que existía una servidumbre de luces y vistas a favor del apelado; 2, al decidir que la servidumbre a favor del demandado, si existía alguna, no se había extinguido al destruirse el antiguo edificio; 3, al resolver que tratándose de una construcción nueva se trasmi-tía a ella el derecho que a la antigua correspondía; 4, al decidir que la apelante concurrió al otorgamiento de la ser-vidumbre impuesta por su causante a favor del apelado, y 5, al apreciar la evidencia en favor del demandado.

Sostiene la apelante discutiendo el primer error que no es posible declarar que existe la servidumbre de que se trata porque no consta inscrita en el registro ni consignada en documento público, sin que pueda alegarse la prescripción por ser la apelante un tercero, y cita los casos de García v. García, 25 D.P.R. 138, y Días v. Guerra, 18 D.P.R. 820.

Uno de los elementos básicos de nuestro sistema hipo-tecario es la publicidad, pero ese elemento, como expone el apelado en su alegato, no es exclusivo del Registro. A este respecto ha dicho el Tribunal Supremo de España, en sen-tencia de 7 de noviembre de 1911, 122 J. C. 636, lo que sigue:

“Que no puede atribuirse el carácter de tercero para los efectos de los artículos 29, 13, 23, 25 y 27 de la Ley Hipotecaria conforme a la doctrina repetida y constante del Tribunal Supremo sentada entre otras sentencias, en las 13 de julio de 1885, 31 de marzo de 1892, 11 de enero de 1895 y 5 de abril de 1898, al que adquiere bie-nes gravados legítimamente con servidumbre, respecto de cuya existencia por revelarse mediante signos ostensibles e indubitados no pueda dudarse, aunque no estén especialmente inscritos en el Registro, porque en tal caso, y siendo manifiesto y no oculto el gravamen, falta por entero la razón en que los indicados preceptos le-gales se fundan, como ocurre cuando las servidumbres consisten en acueductos o acequias permanentes construidas en el predio sirviente, por los cuales discurre el agua que de tiempo inmemorial utiliza el predio dominante y que por ser de naturaleza continua, apa-rente y visible, no pudieron permanecer ignoradas.”

Parece conveniente citar además lo resuelto por dicho tribunal en sentencia de 31 de marzo de 1902, 93 J. C. 521. Es así:

“Que si es cierto que según el art. 23 de la Ley Hipotecaria, los títulos en que se constituyan o reconozcan derechos reales, como el de servidumbre, no bailándose inscrito en el Registro, no pueden perjudicar a tercero, carece de la calidad de tal, como repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, quien si bien no intervino en el acto o contrato inscrito, tuvo conocimiento, al adquirir la finca de las servidumbres que, por ser aparentes o revelarse por signos ex-teriores, como la de luces y vistas, no pudieron ser desconocidas por el adquirente, pues en tal caso, no siendo oculto el gravamen, falta como base de aplicación de aquel artículo uno de los objetos prin-cipales de la Ley Hipotecaria, cual es la publicidad de las cargas que afectan a la propiedad inmueble.”

Dados los hechos de este caso, habiéndose construido las ventanas y huecos de que se trata por el que fué propieta-rio de ambas fincas cuando estaban enclavadas en un solo solar y constituyendo dichas ventanas y huecos signos apa-rentes, es de perfecta aplicación el artículo 548 del Código Civil y la jurisprudencia establecida por esta corte en el caso de Martines v. American Railroad Co. of Porto Rico, 19 D.P.R. 974.

El precepto de ley dice:

“Art. 548. — La existencia de un signo aparente de servidum-bre entre dos fincas establecidas por el propietario de ambas, se con-siderará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título' de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.”

T la jurisprudencia es como sigue:

“Los preceptos del artículo 548 del Código Civil Revisado que reconocen y sancionan la bien establecida teoría del signo aparente como título para adquirir las servidumbres, son aplicables al caso de una sola finca dividida en dos o más porciones.”

En atención a lo expuesto, resulta claro que los casos de García v. García, supra, y Días v. Guerra, supra, invo-cados por la apelante, no son de aplicación.

Los errores 2 y 3 pueden estudiarse conjuntamente. La corte no apreció la prueba en el sentido de que demos-trara que el edificio anterior había sido destruido total-mente. ■ Consignó que aunque así hubiera sido, dado el tiempo que medió entre la destrucción y la obra nueva no había el demandado perdido su derecho de acuerdo con el artículo 553 del Código Civil, que, en lo pertinente, dice:

“Art. 553. — Las servidumbres se extinguen:
“2. — Por el no uso durante veinte años.
“Este término principiará a contarse desde el día en que hu-biera dejado de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas; y desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario a la ser-vidumbre respecto a las continuas.
“3. — Cuando los predios vengan a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el estado de los predios permitiera usar de ellos, a no ser que cuando sea posible el uso haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, con-forme a lo dispuesto en el número anterior.”

En sns comentarios al Código Civil, Manresa se ex-presa así:

“En el derecho romano la servidumbre quedaba,- digámoslo así, dormida, pero no muerta, y así, en cualquier tiempo en que el es-tado de los predios permitiera el uso de la servidumbre, ésta volvía •a poder ser ejercitada. Los códigos modernos no mantienen el rigor de este principio; pero no atreviéndose a romper con él en abso-luto, mezclan esta cuestión con la de la prescripción, y sólo con-sienten que reviva la servidumbre dentro de diez, de veinte o de treinta años. * * * Por último, el acto contrario a la servi-dumbre, si no siempre como acto, existe como hecho fatal e ineludi-ble, lo mismo para las servidumbres continuas que para las discon-tinuas, en el núm. 39. Las servidumbres de luces y vistas, por ejemplo, lo mismo se extinguen por el hecho de edificar, impidién-dolas, que por el de tapiar los huecos o ventanas que las disfrutan; en ambos casos se hace imposible el uso. Luego si el edificio de las ventanas o huecos se derriba o destruye, esos huecos o ventanas de-jan de existir; la servidumbre es imposible; hay un hecho que la inutiliza, hecho que no puede menos de estimarse contrario a la ser-vidumbre; basta contar desde él, y como al extinguirse la servi-dumbre de luces, la de no levantar no tiene ya razón de ser, ésta, como aquélla, quedará extinguida. Digamos lo mismo de las de acueducto, vertiente de tejados, apoyar una viga, etc. Basta, por tanto, siempre el transcurso del tiempo. A lo más se podrá decir que el'plazo puede interrumpirse, pero nunca que deje de empezar a correr.” Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo 4, páginas 633 y 634.

Es la misma parte apelante la que invoca el último de los párrafos de Manresa que dejamos transcrito. La cita es enteramente contraria a lo que pretende sostener. Pa-rece que el criterio de la apelante es que inmediatamente que el edificio antiguo fue destruido quedó la servidumbre extinguida. No es así. La destrucción es el punto de par-tida para contar el término de veinte años de no uso fijado por la ley. Y aquí si hubo no uso, fue cuestión de días, a lo sumo de algunos meses.

El error cuarto se refiere a cierta condición que se con-signó en lá escritura de 27 de julio de 1906 por virtud de la cual Ofranela, el antiguo dueño de las fincas, vendió al demandado la suya, a saber: ‘ Quinta. Es condición pre-cisa entre los otorgantes, que si por don Manuel D. Gfranela, se tratase en lo sucesivo, de levantar un segundo piso so-bre' la casa de manipostería que ha construido, descrita en la estipulación tercera de esta escritura, no podrá hacerlo sin el consentimiento y aprobación de don Angel Viejo.”

Aunque el juez sentenciador narra este hecho, su deci-sión no. depende de tal cláusula. No está envuelta aquí su aplicación o su no aplicación, su validez o su nulidad. No es la demandante la que está construyendo, sino el deman-dado el que está reconstruyendo. Huelga, en tal virtud, decidir en este pleito, la cuestión discutida.

liemos estudiado cuidadosamente la evidencia practicada y a nuestro juicio la corte no cometió error alguno al apreciarla, especialmente tratándose como se trata de un pleito de injunction en el que la verdadera cuestión envuelta es la de si se ordenaba o nó la paralización de la obra que realizaba el demandado. Para obtener tal medida el derecho de la demandante debió resultar enteramente claro.

“Es una regia general,” dijo esta corte en el caso de Martínez v. Soto, 32 D.P.R. 607, “que no se concederá un injunction cuando existe disputa en cuanto al derecho legal envuelto y el derecho del demandante es dudoso, siendo la teoría que es el deber de la corte proteger los derechos re-conocidos más bien que establecer otros nuevos y dudosos.” Yéase el caso del Municipio de Comerío v. Rivera, 34 D.P.R. 410.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    Jaime Más Guardiola, demandante y apelado, v. Francisca Muñoz Torruellas, demandada y apelante.
    No. 3832.

    Visto: Mayo 28, 1926.

      Resuelto: Julio 22, 1926.
    1. Divorcio — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Evidencia—Suficiencia —Acciones por Abandono — Prueba del Abandono. — En éste caso, aún cuando la prueba fué contradictoria y el conflicto fué resuelto por la corte inferior se resolvió que aún partiendo de la base más favorable al deman-dante el abondono alegado como causa determinante del divorcio, no se había demostrado cumplidamente.
    2. Divorcio — De las Causas del Divorcio — Abandono—Separauión—En General. — A los efectos del abandono como causa del divorcio, no basta el hecho material de la separación; es necesario' el propósito firme y deliberado y la actuación consiguiente de vivir separado, de romper de hecho el vínculo matrimonial, para que el abandono exista.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando con lugar la demanda de divorcio interpuesta, con costas.

      Revocada, declarándose la demanda sin lugar.

      Juan de Valide july, abogado del apelado; Herminio Miranda, abo-gado del apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre de 1922 José Más Guardiola estableció de-manda de divorcio contra su esposa alegando que ésta lo había abandonado por más de un año. Contestó la deman-dada alegando a su vez que fué su esposo el que se separó de ella; que no tenía el propósito de separarse, y que es-taba dispuesta a vivir con el demandante en el momento en qne así se lo manifestara.

Fnó el pleito ■ a juicio. La prueba del demandante consistió en su declaración y en las de Carlos Matos y José A. Florido. La de la demandada en su declaración y en las de los testigos Ildefonso Estella y Felipe Zavala. He-mos analizado esa prueba y es en algunos extremos contradictoria. Aceptando que el conflicto fuá resuelto por la corte y que debamos partir de la base que más favorece al demandante, aún así opinamos que el abandono que la ley y la jurisprudencia exigen como causa determinante del divorcio no se ha demostrado cumplidamente.

No basta el hecho material de la separación; no son suficientes meros disgustos. Es necesario el propósito firme y deliberado y la actuación consiguiente de vivir separado, de romper de hecho el vínculo matrimonial, para que el abandono exista. Y aquí la mujer no ha procedido de tal modo. Declarando en el juicio se expresó así: “que nunca ha sido su intención separarse definitivamente de su esposo, no lo ha pensado, como lo ha querido mucho y es el padre de sus hijos, es el único hombre que ha querido.”

Se trata de un matrimonio joven aún con muchos hijos, sin bienes de fortuna, que puede y debe: subsistir. Sólo su-mando sus fuerzas materiales y espirituales podrá ese ma-trimonio cumplir aún fielmente su destino.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse la de-manda sin lugar.


text:
    August y Constant Goffinet, demandantes y apelados, v. Cipriano Manrique, y Aguayo Hermanos & Co., Sucrs. S. en C., demandados y apelantes.
    No. 3848.

    Visto: Marzo 18, 1926.

      Resuelto: Julio 22, 1926.
    Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corto Inferior — Honorarios de Abogado. — Bajo las circunstancias de este caso, se íesolvió que la suma en que la corte inferior fijó la cuantía de los honorarios era excesiva.

      ResouuCión de Pablo Berga, J. (Humacao), en incidente sobre me-morándum de costas, aprobando dicho memorándum.

      Modificada j confirmada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados'de los apelantes; Henry G. Molina, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este caso es la de si la suma de quinientos dólares en que la corte de distrito fijó finalmente la cuantía de los honorarios de abogado es o no excesiva.

Los demandantes establecieron demanda contra el aquí demandado y apelante Cipriano Manrique y contra Aguayo Hermanos sobre devolución de dinero y cumplimiento de con-trato. Aguayo Hermanos se allanaron. Manrique contestó y fué el pleito a juicio. Este tardó un día en celebrarse. La prueba consistió en documentos y testigos. La suma envuelta és la de $788.49 y la cuestión a estudiar y a resolver no era difícil: se trataba de la interpretación de una escritura.

Bajo esas circunstancias, creemos que en realidad de ver-dad la suma de $500 fijada es excesiva, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta corte invocada por la parte apelante: Bertrán v. Carrasquillo, 29 D.P.R. 559; Fragoso v. Marxuach, 32 D.P.R. 690, y Castro v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, 34 D.P.R. 575. El último caso es especialmente aplicable porque el abogado que allí reclamaba los honorarios es el mismo y se encontraba respecto de sus clientes en las mismas condiciones que aquí se encuentra.

La propia parte apelante sugiere como apropiada la suma de doscientos cincuenta dólares. Nos jiarece razonable. Bebe modificarse en tal sentido la resolución apelada y así modificada confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Pablo Calcerrada, demandante y apelante, v. American Railroad Company, demandada y apelada.
    No. 3766.

    Visto: Enero 13, 1926.

      Resuelto: Julio 22, 1926.
    Juicio — Juicio for el Tribunal de Derecho — Vista y Resolución de la Causa —De la Prueba y su Suficiencia — Solicitud de Sobreseimiento for Palta de Prueba (Non Suit) — Cuestiones a Considerar y Resolver en la Soli-citud. — Bu una petición de sobreseimiento por falta de prueba- (non suit) no puede decidirse conflicto alguno que pueda babor en la priiel a del deman-dante (González v. González, 30-825, seg'uido).
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), desestimando la de-manda a virtud de moción de nonsuit, con costas.

      Revocada para ulteriores procedimientos.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Mariano Acosta Yelarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de presentar el demandante su evidencia eii el juicio, la corte, a instancia del demandado, declaró que no era suficiente para dictar sentencia condenatoria, (non suit) y declaró sin lugar la demanda, siendo uno de los errores ale-gados por el demandante para sostener su apelación en este caso el de baber sido estimada insuficiente su prueba.

En este juicio se-reclama indemnización de perjuicios por-que estando un autocamión {truck) del demandante descar-gando su mercancía en la estación que la compañía de ferro-carriles demandada tiene en el pueblo de Arecibo, y estando sobre los rieles de una de sus vías férreas llegaron de im-proviso unos vagones de la demandada sin gobierno y des-prendidos de una locomotora, por descuido o negligencia de sus empleados, y chocaron contra el autocamión causándole los perjuicios que se reclaman.

No bubo divergencia entre los testigos de la demandante respecto a que el hecho ocurrió en la forma expresada, pero discreparon en cuanto a si el autocamión estaba sobre la vía con el consentimiento de los empleados de la demandada, pues mientras el chauffeur del demandante declaró que era eos-tumbre poner allí los camiones, que'nadie puso obstáculo a esto y que los empleados de la demandada autorizaban el ponerlos allí, otro testigo del demandante, el jefe de la esta-ción, Rafael Torres, dijo que no autorizó que pusieran el ve-hículo en aquel sitio, que eso estaba prohibido y que aunque algunos quieren hacer allí la descarga se les llama la aten-ción respecto a que aquél no es sitio de descarga.

La sentencia de sobreseimiento por falta de prueba (non suit) ha de descansar en la carencia de prueba del deman-dante para sostener su demanda, pero en ella no se aquilata la prueba. González v. González, 30 D.P.R. 825. En el caso presente hay alguna prueba de que la demandada permitía que los vehículos que llevan carga a su estación se sitúen en las vías férreas y aunque esto ha sido contradicho por otro testigo del demandante no puede decidirse en una petición de sobreseimiento por' falta de prueba (non suit) el conflicto de tal evidencia, por lo que existe el error alegado y la sen-tencia apelada debe ser revocada para ulteriores procedi-mientos.