text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Gerardino, Carmen Gerardino y Joaquín Tellechea, acusados y apelantes.
    No. 2752.

    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    1. Seguros — “Control” y Reglamentación en General — Delitos en General —Procesos y Castigos — Apelación—Revisión—Errores no Perjudiciales —Admisión de- Pruebas — Error Subsanado bor Otras Pruebas. — La mani-.festación de un testigo de que la firma en una solicitud de seguro- es la eje la, persona asegurada a la cual aquél no había visto firmar ni tenido corres-pondencia con él no es error cuando existe en- evidencia, presentado -por los apelantes, el recibo dado por la compañía por la- cantidad pagada por dicha persona como prima por la póliza que se expidió a virtud de la solicitud.
    2. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — En General. — La admi-sión de un certificado médico identificado por uno que, si bien no ha visto al médico firmar, conoce su firma- por cartas suscritas por él y recibidas por dicha persona, entre ellas una solicitud que él hiciera para ser nombrado médico de-la compañía aseguradora de la cual el testigo que identifica es su gerente general, y asegura que la firma en dicho certificado es la del médico que la suscribe, no constituye error.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, t Certiorari — Revisión—Admisión de Prueba -Objetada — Errores no Perjudiciales — Error Subsanado por Otra Prueba. — La admisión en evidencia de un documento sobre cambio de bene-ficiario en una póliza no es error cuando existe prueba, presentada por los propios apelantes, al efecto de que uno de ellos — agente de la compañía/— recogió la- firma del asegurado en dicho documento y admisiones por dicho agente en .cuanto al pago y recibo de la prima y .expedición de la póliza provisional por él.
    4. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Error Subsanado por Otra Prueba. — Cuando preguntado un testigo acerca del parentesco del asegurado con los beneficiarios él se refiere a lo que sobre tal parentesco dice -un documento ya en evidencia, la admisión de tal declaración en evidencia no constituye error.
    5. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a las Pruebas — Mociones para Eli-minar y Excepciones — Mociones para Eliminar Prueba en General — En General. — Solicitada la eliminación de una póliza expedida por no ser igual a la provisional en la que sólo se ha agregado la traducción al inglés de lo que decía el castellano de la, provisional sin haberse alterado ni variado su esencia, en ausencia de impugnación en cuanto al contenido del castellano, el motivo de eliminación es frívolo.
    6. Derecho- Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Su Suficiencia para Sos-tener, Una Convicción. — En el caso de autos — proceso por conspiración con el fin dei defraudar — se presentó moción de non suit, sobre insuficiencia de la prueba, cuya moción sólo se disente en apelación en relación con dos de los acusados. Se resolvió: que la prueba de cargo, prima facie, era sufi-ciente para establecer la convicción de todos los acusados.

      7. Derecho Penal — Ai-elación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradicto-ria. — Existiendo conflicto en las pruebas de este caso, se resolvió: que dicho conflicto fué justamente resuelto por la corte inferior contra los acusados.
    SENTENCIA de R. Díaz Ontrón, J. (Ponce), condenando a los acu- • nados por delito de conspiración, con costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, José R. Gelpí y J. Tons Soto, abogados de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El P%ieMo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados apelaron de una sentencia que les declaró culpables de un delito de conspiración, consistente en que obrando juntos y de común acuerdo, conspiraron y se pu-sieron de acuerdo para engañar y defraudar a la compañía de seguros de vida “The Manufacturers’ Life Insurance Company,” asegurando' en dicha compañía a Carlos Juan Gerardino por la suma de $10,000, haciendo saber a la misma que el asegurado se encontraba en buen estado de salud y era un riesgo de primera clase, a sabiendas dichos acusados que el asegurado a la fecha del seguro se encontraba en muy mal estado de salud, sufriendo de tuberculosis pulmonar y bajo tal engaño indujeron .a la compañía a asegurar al refe-rido Gerardino por la suma antes indicada, para lo cual dicha compañía expidió una póliza a favor del asegurado, el cual falleció, obteniendo así los acusados que la compañía a la muerte de Carlos Juan Gerardino pagase el importe de la póliza a Pedro y Carmen Gerardino, como beneficiarios de ■la misma, defraudando de este modo a la compañía en la cantidad de $9,079, importe total de la liquidación de la póliza.

En su alegato los apelantes hacen un señalamiento de varios errores, pero entre éstos, los siguientes han sido estu-diados y resueltos en los casos Nos. 2750 y 2751, decididos en el día de hoy; 1, oposición a la representación del go-bierno por los Fiscales Romani y Samalea, el primero como Fiscal del Distrito de Mayagüez y el segundo como Fiscal especial; 2, negativa de la corte a la moción solicitando el sobreseimiento de la acusación citándose el inciso 29 del ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal; 3, deses-timación de la moción solicitando un bill of particulars; y 4, haberse declarado sin lugar la moción sobre excepciones perentorias. .Estos errores descansan en circunstancias más o menos iguales a los casos mencionados.

Al deolarar el testigo Eliseo Font se le mostraron ]os ciguientee doenmentos: una solicitud de seguro do vida del asegurado; un certificado medico de su examen, un o comprohante do pago, un certificado medico, un documento sobre cambio de heneficiario, asI como uha do seguro. A! ex~niinar Ia solicitud sobre ci seguro y al testigo si Ia firma que contenIa era de Carios Juan dino, ol testigo dijo que era en firma porque fuC el rne~i~ soheithd. fuC el docu rne~i~ recibiC solicitando eL seguro sobre el cual la corn paFi~ cxpidiC Ia p�liza. Es verdad que ci testigo dijo que Oerardh~o no habIa fir~iado a su presencia ni habla tenido correspondencia con Cl pero do todos modos no hubo error porqin~ los mismos apelantes presentaron en evidencia el rectho quo (ho la compafila aseguradora por la cantidad que el asegurado pag� en concepto de prima por Ia p�liza que expidiC a virtud de tal soheithd.

El certificado médico aparecía firmado por el Dr. P. J. Salicrup y el testigo si bien declara no haberlo visto firmar ai Dr: Salicrup, dijo, sin embargo, que conocía su firma por haber recibido “un número de cartas escritas por él y la soli-citud que hizo para ser nombrado médico de la compañía,” asegurando ser la firma y letra del Dr. Salicrup.

Con el documento sobre el cambio de beneficiario ocurre lo mismo que con la solicitud de seguro. Telleehea por cartas dirigidas al testigo y en su declaración dice haber recogido en dicho documento la firma del asegurado. En cuanto al pago de la prima y expedición de la póliza provisional, son hechos que fueron admitidos .por Telleehea, quien dijo haber cobrado la prima de $468.50 y" expedido la póliza provisional.

No hubo error en la admisión de estos documentos. Se quejan los apelantes, sin- embargo, de que la póliza provisional que se envió a Tellechea mientras la compañía ex-pedía la póliza definitiva no estaba en la misma forma que lo era originalmente y por ello se pedía su eliminación. En este documento, como en otros de los presentados, se había añadido por la compañía la traducción en inglés de lo que decía el castellano, pero esta parte no había sido alterada en nada y la traducción no variaba la esencia de los documentos sino más bien- facilitaba la comprensión de los mismos. Además, no se hizo impugnación alguna en cuanto al contenido en castellano y el motivo para solicitar la eliminación fue enteramente frívolo.

Asimismo los apelantes se quejan de que el testigo declarase acerca del parentesco del asegurado con los beneficiarios sin saberlo personalmente y sí por referencia. Sin embargo, el testigo se refirió al ser preguntado a lo que decía el documento sobre el cambio de beneficiario. Le constaba por lo que decía tal documento y no hubo el error que se apunta.

De ios restantes errores señalados solamente merecen ser considerados los que se refieren a la moción perentoria sobre insuficiencia de la prueba y a la apreciación que do la misma hizo el juez inferior. Examinaremos conjuntamente estos errores.

La moción sobre la insuficiencia de la evidencia más bien se discute en relación con • los acusados Pedro y Oarmen Gerardino, beneficiarios de la persona asegurada, pues se admite por los apelantes en su alegato que en cuanto a ios demás acusados puede existir prueba suficiente para decla-rarles convictos del delito que se les acusa.

La prueba de cargo era suficiente prima facie para esta-blecer la convicción de todos los acusados.

La póliza se obtuvo de la compañía aseguradora por medio de engaño y fraude.

Se trataba de una persona, Carlos Juan Gerardino, que on oí momento do solicitar el seguro y obtenerlo ya había sido diagnosticado de estar padeciendo de tuberculosis pulmonar, haciendo gestiones para hacer su ingreso en el Sanatorio Insular de Río Piedras.

El 30 de enero de 1923 ol Dr. Osvaldo Goyco escribió al Dr. Pedro Malaret, Subeomisiondo de Sanidad, la siguiente carta:

“Mi estimado amigo: El joven Garlos Juan Gerardino, amigo nuestro, padece de tuberculosis pulmonar, confirmado este diagnós-tico por el examen microscópico del esputo. El deseo de la familia del enfermo es trasladar a éste al sanatorio de Río Piedras y como sé lo que valdría su influencia en este asunto,'le suplico su interven-ción para hacer este favor tan beneficioso.
“Le anticipa las gracias su amigo y compañero.
(f) Dr. Osvaldo Goyco,
Com. Mpal. de Benf. ”

En febrero 2, 1923, Juan B. Huyke, Gobernador Interino, escribió al Dr. W. F. Lippitt, Comisionado de Sanidad, una carta en el mismo sentido, recomendando el ingreso de Carlos •Juan Gerardino en el Sanatorio Insular.

En febrero 9, 1923, pocos días después, Carlos Juan Ge-rardino solicitó y obtuvo una póliza de seguro ordinario de vida por $10,000. La solicitud fue tramitada por Joaquín Tellechea agente de la compañía aseguradora. En el docu-. mentó se hizo constar que el asegurado estaba en buena salud y así se hizo constar en el certificado médico por el Dr. Salicrup con un endoso del agente Tellechea confirmando la buena salud del asegurado. El 15 de febrero de 1923 ingre-saba, no obstante, Carlos Juan Gerardino en el Sanatorio-insular de enfermos tuberculosos, en donde estuvo hasta abril 19, 1923, que salió del asilo pero continuando pade-ciendo de tal enfermedad.

Al referir el seguro el agente Tellechea al gerente general en San Juan, Eliseo Font, aquél le comunicó por escrito del buen negocip del seguro, pensando que por esta razón tal vez sería aumentado en algunos miles de duros. Los beneficiarios de la póliza originalmente eran los here-deros del asegurado, pero tres días después de solicitarse el seguro, según refiere el agente Tellechea, el asegurado le habló para hacer el cambio de beneficiarios. El agente tra-mitó asimismo el expediente y el Cambio se hizo a favor de Carmen y ’Pedro Gerardino, hermana y primo, respectiva-mente, del asegurado, en abril 23 de 1923, asignándose $3,500 a Carmen y $6,500 a Pedro.

Días después, o sea, el 3 de mayo de 1923, falleció Carlos J. Gerardino y los beneficiarios Carmen y Pedro Gerardino reclamaron el seguro tramitándose también por el agente la documentación necesaria para el cobro.

A pesar del estado inequívoco en que se encontraba Carlos Juan Gerardino, padeciendo de tuberculosis pulmo-nar, en el certificado médico de defunción un tal Dr. Posado de León hace constar que falleció de bronquitis. Era nece-saria esta falsa representación para cobrar el seguro. Era el finis coronat opus de la conjura de los acusados en este caso. La certificación, junto con los otros documentos del reclamo, se mandó por Tellechea al gerente general en San Juan para el debido curso del pago. El gerente pudo notar que el certificado no significaba nada porque decía que la bronquitis era un síntoma pero no una enfermedad. Enton-ces se enmendó el certificado y se hizo constar que el asegu-rado había fallecido de influenza.

La compañía, sin sospechar siquiera los hechos ocultos y engañosos que sirvieron de base al plan fraudulento y elimina! de los acusados, ordenó el pago y extendió los cheques, uno a favor de Pedro Gerardino por $5,901.35, y otro a nombre de Carmen Gerardino por $3,177.65. Estos cheques fueron remitidos a Tellechea, quien los entregó a los interesados, no sin recoger de ellos un recibo de des-cargo.

La prueba de defensa trata de establecer que el acusado estaba en buena salud al tiempo de solicitar el seguro. La corte no dió crédito, como no podía darle, a esta prueba, resolviendo el conflicto justamente en contra de los acusados. La declaración del acusado Joaquín Tellechea más bien pone de manifiesto que él desempeñó el papel principal en la cons-piración y traicionó el cargo de confianza que como agente representaba a nombre de la compañía defraudada.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,'

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Tellechea, acusado y apelante.
    No. 2753.

    Visto: Enero 24, 1027.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    Seguros — ‘ ‘ Control ’' y Reglamentación en General — Delitos bob Agentes , de los Aseguradores — Informes Falsos con Relación a Una Solicitud be Seguro. — Uno que, como agente de seguros, suministre un informe falso eon el fin de obtener su comisión como tal agente, infringe la sección 54 de ■ia Ley de Seguros No. 66 de 1921 (p. 523).
    SenteNCía de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando culpable al acusado del delito de infracción al artículo 54 de la ley de se-guros, sin costas.

      Confirmada.

      José R. Gelpí, Felipe Colón Díaz y J. Tons Soto, abogados del ape-lante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,'

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de una infracción al artículo 54 de la Ley “proveyendo lo necesario para la incorpora-ción de compañías de seguros,del país, para regular el ne-gocio de seguros en Puerto Rico, y para otros fines,” Le-yes de 1921, pág. 523.

El, artículo 54 de la citada ley, en lo pertinente a la cuestión aquí envuelta, dice así:

“'Cualquier solicitante, agente, médico examinador, u otra persona, que, a sabiendas e intencionalmente, emitiera un informe falso, alterara o desfigurara la verdad de los hechos, o introdujera dato, o detalle alguno en una solicitud de seguro, o en un informe, o dic-tamen con relación a la misma, teniendo conocimiento de que ese dato o detalle no fuere cierto, con la premeditación de obtener ho-norarios, comisión, dinero u otros beneficios, será culpable de un delito menos grave ...”

La denuncia en este caso dice así:

“El Fiscal del Distrito de Ponce, formula denuncia contra Joa-quín Tellecliea, por delito de Inf. al Art. 54 de la Ley de Segtíros de Puerto Rico, de 1921, cometido de la manera siguiente:
“Allá por el mes de febrero de 1923, y con anterioridad a la pre-sentación de esta denuncia, y en Ponce, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., ilegal, a sabiendas e intencional-mente y actuando como agente de la Compañía de Seguros de Vida ‘The Manufacturers’ Life Insurance Co.,’ que es una corporación extranjera debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, y en ocasión de haberse presentado a dicha corporación una solicitud de póliza por Carlos Juan Gerardino, el citado Joaquín Tellecliea emitió, como tal agente, un informe falso con relación a la misma en el que desfiguró la verdad de los hechos haciendo constar que Carlos Juan Gerardino se encontraba en buen estado de salud, teniendo conocimiento de que el referido Carlos Juan Gerardino es-taba en muy mal estado de salud y que padecía de tuberculosis pul-monar, con la premeditación de obtener, como obtuvo, una suma de dinero en concepto de comisión.”

El alegato del apelante parece contener una copia verbatim del alegato de los apelantes en los casos Nos. 2754, El Pueblo v. Gerardino, y 2755, El Pueblo v. Valedón, los cuales acabamos de resolver. La contención del apelante no ha tenido la aprobación de la mayoría de ios jueces de este Tribunal en los casos a que acabamos de hacer refe-rencia; pero aún cuando la corte hubiese llegado a una conclusión distinta en cuanto a este extremo, una revoca-ción en cualquiera de aquellos casos no habría afectado el resultado del presente.

En su argumentación, el apelante pasa por alto el hecho de que al acusado se le imputaba no el haber insertado in-formación o detalles falsos en una solicitud de seguro, como en los casos anteriores, sino el haber suministrado un in-forme falso, como agente de la compañía, con el fin de obte-ner su comisión como tal agente.

La senteneia apelada debe ser eonfi/nnada.


author: Él Juez Asociado Señor Wolb,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan J. Gerardino, acusado y apelante.
    No. 2754.

    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    1. “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— Materias Supf.rfluas o Complementarias — F,n General. — En acusación, bajo el artículo 54 de la Ley de Seguros No. 66 de 1921 (p. 565) que im-puta el cargo esencial do que el acusado, a sabiendas e intencionalmente, introdujo en una solicitud de seguro el detalle de que confirmaba la respuesta y confirmaciones hechas por el asegurado, el uso do frase “desfigurando la verdad de los hechos” pueden considerarse como complementarias o super-finas.
    2. Seguros — “Control” y Reglamentación en General — Delitos por Personas que Realzan Negocios oon los Aseguradores — Informes o Detalles Fal-sos en Solicitud de Seguro — Confirmación de Respuestas, Declaracio-nes y Convenios Hechos por el Asegurado. — Siendo la confirmación de las respuestas, declaraciones y convenios hechos por el asegurado una condición precedente aJ otorgamiento de una póliza aquel que agregue a sabiendas su firma a tal confirmación, introduce en la solicitud un detalle — que confirma las respuestas y declaraciones del asegurado — a los efectos del artículo 54 de la Ley de Seguros.
    3. Seguros — “Control” y Reglamentación en General — Delitos por Personas que Realizan Negocios con los Aseguradores — Informes o Detalles Fal-sos en Solicitud de Seguro — Confirmación de Respuestas, Declaracio-nes y Convenios Hechos por el Asegurado.- — Aquel (pie agregue su firma a la confirmación impresa en una solicitud de seguro a sabiendas de que las respuestas, declaraciones y convenios hechos por el asegurado son falsos, introduce una declaración falsa con relación a la póliza a los efectos del ar-tículo 54 de la Ley de Seguros.
    SbntknCia de B. Díaz Cintran, (Ponce), declarando culpable al acu-sado del delito de infracción al artículo 54 de la Ley de Seguros.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, José lí. Gelpí y J. Toas Soto, abogados del ape-lante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   Él Juez Asociado Señor Wolb,

emitió la opinión del trijbunal.

El apelante fné declarado culpable de una supuesta in-fracción a la sección 54 de la. “Ley proveyendo lo necesa-rio para la incorporación de compañías de seguros del país, para regular el negocio de seguros en Pnerto Pico, y para otros fines,” Leyes de 1921, págs. 523-565.

La sección 54 de dicha ley en parte dice así:

. “Cualquier solicitante, agento, módico examinador, u otra persona, que, a sabiendas e intencionalmente, emitiere nn informe falso, alterara o desfigurara la verdad de los hechos, o introdujera dato, o detalle alguno en una solicitud de seguro, o en un informe, o dic-tamen con relación a la misma, teniendo conocimiento de que ese dato o detalle no fuere cierto, con la premeditación de obtener hono-rarios, comisión, dinero u otros beneficios, será culpable de un de-lito menos grave, ...”

La acusación, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Que allá por el mes de mayo de 1928 y con anterioridad a la presentación de esta denuncia, en Ponce, que forma parte del Dis-trito Judicial Municipal de Ponce, P. R., ilegal, a sabiendas e in-tencioxmlmente y en ocasión de haberse presentado a la Compañía de Seguros de Vida The Manufacturers Life Insurance Co., que es una corporación extranjera, debidamente autorizada para hacer ne-gocios en Puerto Pico, una solicitud de póliza por Julio F. Rivera, en la que éste declaraba que se encontraba en buen estado de salud, el citado Juan J. Gerardino desfigurando la verdad de los hechos, introdujo en dicha solicitud el detalle de que confirmaba la respuesta y declaración antes dichas de Rivera, haciendo constar que éste es-taba en buen estado de salud, teniendo conocimiento de que Rivera estaba enfermo a la fecha de hacerse tal solicitud, ...”

La persona que redactó esta acusación leyendo la sec-ción 54, supra, trató quizá de imputar dos de los posibles delitos que se podían presentar de acuerdo con la misma, o sea, uno cometido por cualquier persona “que introdu-jera en una solicitud de seguro, o en un informe,” etc., y el otro el cometido por cualquier persona que “desfigurara la verdad de los hechos,” cometido cada uno de ellos a sa-biendas e intencionalmente. Tal vez el acusado pudo hacer que se le aclarara su situación mediante una excepción pe-rentoria fundada en que había duplicidad o ambigüedad, o mediante una moción para eliminar. Nada de esto hizo él. Según los hechos presentados durante el juicio, y general-mente, las palabras “desfigurara la verdad de los hechos” pueden considerarse como complementarias, o que eran su-perfiuas. El cargo esencial es que Juan J. Gerardino, a sa-biendas e intencionalmente, introdujo en una solicitud de seguro el detalle de que confirmaba la respuesta y declara-ción hecha por Julio F. Rivera, el asegurado, etc.

Mediante estipulación se convino que la prueba en este caso sería la misma que la presentada en el caso de El Pueblo v. Gerardino, No. 2750 de esta corte, No. 6766 de la corte inferior. Examinando la prueba encontramos la solicitud, que es una sola hoja, contentiva de todas las res-puestas y declaraciones escritas hechas por Rivera, en res-puesta a las preguntas impresas de la compañía asegura-dora. Luego en la misma hoja, un poco más abajo de la firma de Rivera, hallamos en forma impresa la siguiente declaración: “Confirmo las respuestas, declaraciones y con-venios que anteceden,” y entonces firmó Juan J. Gerardino. No hay duda alguna de lo que él hizo. Surgió una duda con motivo, según se supone, de que Juan J. Gerardino no introdujo nada en el cuerpo de la solicitud sino que mera-mente firmó una declaración que estaba al pie de la misma.

Según hemos indicado, la solicitud se compone de una sola hoja. En la parte superior tiene el título “Application.” Puede decirse que la' declaración hecha por el ape-lante era tan parte de la solicitud como lo eran las respues-tas y declaraciones hechas por Rivera. La corroboración, ratificación ■ o confirmación de Gerardino era condición pre-cedente al otorgamiento de la póliza.- Este pliego completo era un todo para obtener el seguro. :E1 documento fué ex-puesto ante Gerardino y la prueba demuestra fuertemente y sin lugar a dudas que él sabía lo que estaba firmando. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que el ape-lante introdujo literalmente en la solicitud el detalle que confirmaba las respuestas y declaraciones hechas por Rivera.

Sin embargo, también podemos fundar nuestra decisión en bases más amplias. El mal que el estatuto quería castigar era el que una persona introdujera en una decía-ración que iba a ser usada con relación a una solicitud de seguro, cualquiera información o detalle a sabiendas de que era falso. Agregando a sabiendas su firma a la confirma-ción impresa puesta por la compañía, Gerardino introdujo tal declaración falsa “con relación” a la póliza de seguro, de no haberlo hecho directamente. El objeto del estatuto, según demuestran las palabras usadas, era impedir cual-quier falsa representación para obtener la póliza. Juan J. G-erardino, el beneficiario según la póliza, a sabiendas e in-tencionalmente hizo tal falsa representación y creemos que literal y moralmente cayó dentro de. la sanción del estatuto.-No hubo posibilidad de que por la acusación fuese inducido a creer erróneamente que él hubiese hecho otra cosa que no fuera confirmar las respuestas y declaraciones de Rivera. Esa confirmación puesta deliberadamente fue el cargo esen-cial héchole en la acusación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: JSl Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Valedón, acusado y apelante.
    No. 2755.

    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    Seguros- — “Control” y Reglamentación en General — Delitos bob. Personas que Realkan Negocios con los Aseguradores — Ineorm.es o Detalles Pal-sos en la Solicitud de Seguro — Confirmación de Respuestas, Declaracio-nes y OoNVtNios IIeciios por el Asegurado. — Aquel que como beneficiario suscriba una solicitud de seguros juntamente con e inmediatamente después de la firma de otro que con él confirmen las respuestas, declaraciones y con-venios expuestos en la misma, separadas ambas firmas por materia impresa sin importancia, a sabiendas de lo que estaba firmado y que las respuestas, declaraciones y convenios no eran ciertos, infringe el artículo 54 de la Ley No. 66 de 1921 (p. 565).
    SentenCia de R. Díaz Cinirón, J. (Ponce), declarando culpable al acusado del delito de infracción al artículo 54 de la Ley de Seguros, con costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, José R. Gelpí y José Tons Soto, abogados del apelante; José F. Figueras, abogado de FA Pueblo, apelado.
   JSl Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

* Este caso se regirá por la decisión en el de El Pueblo v. Gerardino, No. 2754, resuelto en el día de boy. La única diferencia existente entre este caso y el de Gerardino es que Valedón no suscribió la solicitud' directamente a conti-nuación de las palabras “Confirmo las respuestas, declara-ciones y convenios que anteceden,’b. sino que lo hizo otra persona llamada Pedro J. Eobles. Sin embargo, inmedia-tamente después de la firma de Eobles y separada única-mente por materia impresa sin importancia, el acusado firmó én esta forma: “Enrique Valedón Maldonado, Beneficiario.” La prueba en el presente caso, al igual que en el de Gerar-dino, tendió fuertemente a demostrar que Valedón sabía lo que estaba suscribiendo y que con su- firma ratificaba lo que el asegurado babía manifestado. No bay otra explicación para que su firma • aparezca en la solicitud.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    La Sucesión de Manuel Astasio, demandante y apelante, v. Los Herederos Desconocidos de Celestino Lanza y José Toro Ríos, demandados y apelados.
    No. 4043.

    Visto: Febrero 1, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    J. Ejecución — Venta—Manera, Proceder (Conduct), Validez y Confirmación o Anulación — Ataque Colateral a los Procedimientos que Motivaron la Venta. — Adjudicada una finea vendida en ejecución de sentencia al acreedor y otorgada la escritura de venta a favor de uno a quien aqu’él traspasó la misma o sus derechos sobre ella, el título adquirido por éste no puede ser atacado eolateralmente mediante impugnación Ije los procedimientos que mo-tivaron la venta, aún suponiendo que la sentencia- y la venta fueran defec-tuosas.
    2. Ejecución — Venta—Manera, Proceder (Conduct), Validez y Confirmación o Anulación — Ataque Colateral -a los Procedimientos que Motivaron la Venta. — Aún cuando el título de adjudicación de una fi-üca vendida en eje-cución de sentencia sea imperfecto — en el supuesto de que la sentencia y la venta fueran defectuosas — vendida- la finca jjor el adjudicatario a un tercero, el título de aquél es un justo título en lo que respecta a éstte, y contra quien, una vez adquirido título absoluto mediante prescripción por más de diez años, no puede prosperar una acción en que se ataquen eolateralmente los procedi-mientos que motivaron la venta y la adjudicación.
    3. Ejecución — Venta—Título y Derechos del Comprador — Compradores mbl .Adjudicatario en la Venta. — Aún euando una escritura respecto a una fines haya pasado por manos de un registrador y aquella pueda haber demostrado falta de título, ello no le impide adquirir la propiedad a que aquélla se refiere, y para anularlo su título por supuestos defectos en el mismo, al de-mandante incumbe demostrar que él tenía conocimiento real de dichos defec-tos si es que existían.
    SENTENCIA ele Pallo Barga, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Francisco Cervoni Gely, abogado del apelante; González Fagund® é González Jr., abogados del apelado José Toro Ríos.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos enteramente con los apelados en queel alegato del apelante es defectuoso por no contener una relación más amplia del caso. La corte inferior dictó una extensa opinión que lia sido considerada sumariamente o pasada por alto en el alegato del apelante. Este ataca el procedimiento qne dió lugar a la venta judicial efectuada en 3896. Aunque no discutiremos la cuestión, bay probabilidad razonable de qne la corte inferior y los apelados tengan razón al sostener qne los procedimientos qne dieron lugar, a la sentencia y venta en cumplimiento de la misma en el año 1896 eran correctos o qne de sus defectos sólo podían aprovecharse personas qne ahora no están ante la corte. Más qne en esto, sin embargo, convenimos con la corte y los apelados en qne el comprador en la venta judicial estaba protegido contra nn ataque colateral y qne el demandado José Toro Ríos ha estado en posesión de la iraca en cuestión por más de diez años con buena fe y justo título. El caso de González v. Anglada, 33 D.P.R. 1021, y los casos citados en el mismo son aplicables a las distintas, proposiciones que consideraremos más adelante.

Manuel Astasio Carrillo falleció el día 13 de octubre de 1893. Según el alegato del apelante, su sucesión (sic) fue-demandada por Antonio Oms en cobro de pagaré por la suma de $282.50 y la finca objeto de este litigio fué embar-gada y vendida. Estos fueron los procedimientos impug-nados por el apelante. La finca fué adjudicada al acree-dor, Oms. Este último traspasó la misma o sus derechos sobre ella a Celestino Lanza, a cuyo favor se otorgó la es-critura de venta. Celestino Lanza adquirió un título que nos inclinamos a creer no podía ser atacado en un pleito colateral. Aparentemente, la persona de quien él compró tenía un justo título, adquirido en virtud de adjudicación de una corte competente. Todo esto, en el supuesto de que la sentencia y la venta fueran defectuosas.

El pleito no está dirigido contra Celestino Lanza, sino contra José Toro Ríos. En el año 1906 el primero otorgó a favor del segundo escritura formal de la finca, pero la prueba tendió a demostrar que José Toro Ríos bubo la finca de Lanza en 1899. En el 1903 José Toro Ríos tramitó e inscribió un expediente de dominio sobre el mismo inmueble, en unión a otras fincas.

Bajo estas circunstancias, aunque -Celestino Lanza tu-viera un título imperfecto, era un justo título en lo que a José Toro Ríos se refería. Este último obtuvo un título absoluto mediante prescripción por más de diez años. Cruzado v. López Ballester, 26 D.P.R. 163.

El apelante dió algún énfasis al becbo de que José Toro Ríos era Registrador de la Propiedad al tiempo en que la finca fué vendida en pública subasta y hasta la época en que él, José Toro Ríos, la compró. Creemos que un registrador puede adquirir una propiedad como cualquiera otra persona, aun cuando una escritura que haya pasado automáticamente por sus manos pueda haber demostrado falta de título. A los demandantes incumbía demostrar que José Toro Ríos tenía conocimiento real de los defectos, si es que éstos existían.

La sentencia apelada debe ser ccmfirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Micaela Ramírez, demandante y apelada, v. Antonio Rosa Suárez, demandado y apelante.
    No. 3959.

    Visto: Diciembre 7, 1926.

      Resuelto: Julio 22, 1927.
    1. Marido y Mujer — Bienes (de la Sociedad Legal de) Gananciales — Disolu-ción de (la Sociedad Legal de) Gananciales — Acción S®bre Liquidació.n de los Bienes — En General. — En acción sobre liquidación de gananciales en que está envuelto el carácter privativo o ganancial de unos bienes, cuando' la teoría de la demanda es que éstos so adquirieron durante el matrimonio y la prueba incoutrovortida demuestra lo contrario — no obstante haberse otor-, gado las escrituras durante el matrimonio — la solicitud de- enmienda de la demanda para fundarla sobre una teoría distinta, abandona cualquiera ten-tativa de demostrar que aquéllos se adquirieron durante el matrimonio.
    Marido y Mujer. — Bienes (de la Sociedad Legal, de) Gananciales — Disolu-ción de (la Sociedad Legal de) Gananciales — Acción Sobre Liquidación de los Bienes — Evidencia—Carácter Privativo de los Mismos. — Solicitada la liquidación de unos bienes que se alega son gananciales, y demostrando la prueba que aquéllos se adquirieron fuera del matrimonio y por el ex-ma-rido demandado mientras las partes litigantes vivían en concubinato antes de casarse, el carácter privativo de dichos bienes queda así establecido sin que sea suficiente a destruirlo el hecho de que se adquirieran dentro del concubi-nato cuando no hay nada que demuestre que existiera una sociedad civil entre ellos, o que dichos bienes los adquirieron entonces solidariamente o de común acuerdo.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Modificada, y así modificada confirmada.

      Rafael Padró Pares, abogado del apelante; Buenaventura Esteve's, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Micaela Ramírez obtuvo sentencia de divorcio contra sn esposo, Antonio.Rosa Suárez, con fecha 30 de junio de 1921. El matrimonio se efectuó el 22 de junio de 1914. Con anterioridad a dicha fecha y durante nnos diez y ocho años ellos habían vivido en concubinato. El 20 de febrero de 1924 se presentó este pleito sobre liquidación de gananciales. La controversia ante esta corte es si ciertos inmuebles pertenecían privativamente al esposo divorciado. La demandante ha alegado en distintos momentos que la propiedad pertenecía en común a ambos cónyuges, (3) porque fue adquirida durante el matrimonio, o (2) porque fue ad-■quirida cuando, en efecto, existía una - sociedad civil entre las partes en el presente pleito.

La teoría de la demanda era que la propiedad fue adqui-rida durante el matrimonio. La prueba incontrovertida de-mostró que si bien las escrituras de la propiedad fueron otorgadas durante el matrimonio, las. fincas fueron compra-das, pagadas y poseídas por el esposo demandado antes del matrimonio. La corte así lo resolvió y al tiempo en que se trató de enmendar la demanda se abandonó cualquiera ten-tativa de demostrar que las fincas fueron realmente adqui-ridas mientras eran casados.

La corte resolvió que lá demandante y el demandado habían vivido en concubinato durante dieciocho años y que las fincas fueron adquiridas con dinero adquirido mediante el trabajo común de estas dos personas durante dichos dieciocho años. La corte dijo que las fincas pasaron a la sociedad conyugal, en vista de que no se habían otorgado capitulaciones matrimoniales. Finalmente, la corte dijo que la prueba era confusa y que por lo tanto debía prevalecer la presunción de que las fincas pertenecían a la sociedad conyugal. Se-dictó sentencia a favor de la demandante.

Según hemos indicado, la prueba tendió a demostrar que las fincas en cuestión fueron adquiridas antes de efectuarse •el matrimonio. Fueron identificadas completamente, y si ■en realidad fueron adquiridas por el esposo antes del ma-trimonio, dichas fincas podían segregarse enteramente de la demás propiedad perteneciente a la sociedad de ganancia-les. Si la esposa tenía bienes privativos adquiridos inde-pendientemente antes de efectuarse el' matrimonio que ella •quería proteger en caso de que el vínculo matrimonial fuese ■disuelto por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio, a ella incumbía dar los pasos necesarios para proteger sus intereses. No hacemos hincapié sobre este punto, ya que el verdadero ratio decidendi fué que los bienes pertenecían a los cónyuges en común por haber sido adquiridos mientras vivían en concubinato mediante el trabajo común y esfuer-zos de ambas partes.

A este respecto debe prevalecer la decisión de esta corte en el caso de Morales v. Cruz Vélez, 34 D.P.R. 834, que re-cientemente ba sido confirmada por la Corte de Circuito de Apelaciones. En el presente, al igual que en dicho caso, se demostró que ambas personas vivían juntas y no hubo prueba de que se constituyera una sociedad civil. La prueba a lo sumo tendió a demostrar que Micaela Ramírez ayu-daba al demandado en su trabajo y en todo lo que éste ba-cía. No bubo prueba de que ellos adquirieran esta propie-dad solidariamente o de común acuerdo. Además, los bie-nes inmuebles fueron adquiridos por el demandado y la presunción de que le pertenecían privativamente no fué destruida por la prueba. Esta no demostró que las fincas en cuestión fueron habidas por el demandado con dinero de su propio peculio.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de declarar que las dos fincas que alega la demandante son gananciales tienen el carácter de bienes propios del deman-dado y así modificada, sin costas, se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Diego, Melitón y Florentina Vicente, demandantes y apedantes, v. Aureliano Gutiérrez, demandado y apelado.
    No. 4214.

    Visto: Junio 7, 1927.

      Resuelto: Julio 22, 1927.
    1. Evidencia — Admisiones—Prueba y Efeoo» — Efecto en General — Admisio-nes en Cuantío a Traspasos en General.- — Otorgada por una viuda eseritura de reconocimiento de traspasos anteriores por su marido a favor de una persona, con las formalidades de ley, el mero hecho de ésta no firmar dicha escritura no vicia su admisión de que las manifestaciones en él contenidas-eran verdaderas y correctas.
    2. Comunidad de Bienes — -Derechos, Deberes y Responsabilidades Mutuas de LOS Oo-PBOPIETARIOS-POSESIÓN ADVERSA POR PARTE DE ELLOS-CARÁCTER Hostil de la Posesión. — Otorgada por una viuda eseritura de reconocimiento de traspasos anteriores por su marido a favor de un hijo y heredero de la- persona a cuyo favor so hicieron dichos traspasos, en posesión de los bienes de su causante a la fecha del otorgamiento, si bien dicha eseritura demuestra’ que en dicha feeha el hijo y heredero mencionado estaba en posesión como tal y en virtud de tal título, de ella no se desprende que tal posesión y título sean adversos a los demás coherederos y eo-propietarios de la finca.
    3. Descendencia t Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herederos y “Distributees” — Naturaleza y Establecimiento de los Derechos en General — Acciones Ejercitadas por dos Herederos — Sobre Declaración de Derechos Hereditarios y Proindivisos. — Considerada la prueba y cir-cunstancias concurrentes del caso de autos se resolvió la misma era suficiente para establecer un caso prima faeie.

    Sbntbngia de Rafael 'López Aniongiorgi, J. (Guayama), deses-timando la demanda, con costas.

      Bevoc-acla, devolviéndose el caso.

      Jesús J. Vergne y Gt. Cruzado Silva, abogados de los apelantes; Miguel Mareos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

. Los demandantes apelan contra una sentencia declarando sin lugar la demanda dictada resolviendo una moción de non-suit, y alegan que la corte inferior erró al declarar la prueba insuficiente para establecer el título de los demandantes y para identificar el terreno en controversia.

Parece no haber disputa alguna en cnanto al interés ni en cuanto a la relación de las partes como herederos de un supuesto antecesor común. El juez sentenciador especifica como fundamento principal para la conclusión a que llegó la insuficiencia de cierto documento para establecer el título en dicho común causante.

El demandado admite que él deriva su título de un tal León Vicente.

El escrito a que antes nos hemos referido es un reco-nocimiento formal otorgado en julio 26, 1887, ante un nota-rio público por doña Paula Núñez Cartagena, de edad y viuda, a favor de León Vicente. El notario en un preám-bulo certifica sobre su conocimiento de los comparecientes y al final del documento y antes de las firmas expresa que el mismo fué otorgado en presencia de testigos de él conocidos, mencionando sus nombres, y que fué leído en voz alta a pre-sencia de todos, quienes estuvieron conformes con el mismo y al ser informados de su derecho a leerlo por sí mismos re-nunciaron a ese privilegio. Se hace referencia en el cuerpo del documento al compareciente, don León Vicente. El mero hecho de que León Vicente no firmara el documento no vi-ciaba su admisión de que las manifestaciones contenidas en el mismo eran verdaderas y correctas.

La manifestación así becba por la Sra. Núñez fué al efecto de que su esposo, Lorenzo Rodríguez,, antes de su muerte, estando adeudando a doña Petrona López la suma de $150 representada por pagarés, le dió en pago 1% cuerdas de terreno en el barrio de Matión Abajo (describiéndolas), y asimismo su dicbo esposo, uno o dos años antes de su muerte, entregó a dicba Petrona López 9 cuerdas de terreno, más o menos, en el mismo barrio y en el de Toíta (describiéndolas); que la dicha Petrona López continuó en la posesión de dicho terreno basta su fallecimiento, pasando el mismo entonces a manos de su hijo León Vicente, quien en adelante continuó' en su posesión a título de dueño; que en este supuesto y a instancias de dicbo León se bacía el reconocimiento en cues-tión con el fin de que la verdad sobre todos estos hechos constara en todo tiempo y .que el dicbo León pudiera hacer tal uso de la declaración como estimara conveniente.

No podemos convenir con el abogado del apelado en que este documento demuestra una posesión adversa por parte de Vicente en 1887. Sí demuestra que él estaba en posesión en esa época como hijo y heredero de su difunta madre, y en virtud de tal título, adversamente a la Sra. Núñez. Pero de ello no se desprende que tal posesión y título de dominio fueran adversos a los co-herederos y copropietarios, asumiendo para los fines de la discusión, pero sin resolverlo, que tal posesión pudiera en algún caso convertirse en dominio. El reconocimiento hecho por la Sra. Núñez de un traspaso anterior por su marido fué para todos los fines y propósitos prácticos una escritura de renuncia pedida y aceptada por Vicente como un abandono y desprendimiento de cualquier derecho, título o interés en el terreno que a la muerte de doña Petrona López había pasado a sus hijos, incluyendo a dicho Vicente. . Las m.anifestaciones con respecto a los dos traspasos anteriores por el marido eran claramente admisiones contra interés en tanto en cnanto a la viuda se refiere y estaban por lo tanto dentro de esta bien conocida excepción a la regla sobre prueba.de referencia.

En la contestación se admite que el demandado está en posesión de seis cuerdas, parte de las 9 cuerdas descritas en la demanda.

La principal dificultad que fiemos tenido no fia sido tanto con respecto a los méritos del caso, como con respecto a la condición de los autos, debido a la forma en que el caso fue llevado en la corte inferior.

No creemos necesario entrar en detalles y mencionamos este aspecto de la cuestión meramente a manera de indica-ción de que no fiemos pasado por alto los fundamentos téc-nicos por los cuales la sentencia pudo fiaber sido confirmada sin entrar en los méritos.

Hubo amplia prueba oral al efecto de que Petrona López estaba en posesión de la finca descrita en la demanda a la fecha de su muerte y desde algún tiempo antes, que a su fallecimiento la finca pasó a manos de uno de los hijos llamado Irene y más tarde a poder de León Vicente, quien continuó en posesión de la misma hasta su muerte, y que el demandado, quien parece haberse casado con una hija de León Vicente, se halla al presente en posesión de la misma finca. Esta prueba oral también tiende a demostrar que la posesión por parte de Petrona López era en su carácter de dueña, .aunque aparentemente por una lamentable falta de familiaridad con las reglas de evidencia la demostración en este sentido deja mucho que desear. Sin embargo, considerando todas las circunstancias, no estamos en posición de decir, que, independientemente de las manifestaciones contenidas en el documento antiguo primeramente mencionado, no fuera suficiente para establecer un caso- prima facie. Sucesión de Arrarás v. Figueroa et al., 31 D.P.R. 664.

La sentencia apelada, debe ser revocada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Cándido Martínez, acusado y apelado.
    No. 2874.

    Visto: Marzo 10, 1927.

      Resuelto: Julio 22, 1927.
    1. Seducción — Responsabilidad Criminal — De la Evidencia — Carácter de la Perjudicada.- — Una mujer divorciada o viuda debe considerarse como de pre-vio carácter easto a los efectos del artículo 261 del Código Penal.
    2. Seducción — Responsabilidad Criminal — Preceptos Estatutorios — Interpre-tación. — Las palabras “unmarried female” usadas en el artículo 261 del Código Penal y traducidas como "soltera”, no son aplicables a una mujer -divorciada o a una viuda.
    3. Seducción — Responsabilidad Criminal — Preceptos Estatutorios — Interpre-tación. — Traducidas las palabras “unmarried female’> en los Códigos de Puerto Rico siempre como "soltera”, que equivale a la palabra “single” en inglés, habiéndose aeex>tado, aparentemente, tal traducción por la Legis-latura, y habiendo usado ésta independientemente la palabra "soltera” en una enmienda a la sección 261 del Código Penal, surge una interpretación contemporánea la que os siempre favorecida por la ley.
    Sentencia de Gabriel Cast ojón, J. (Humacao), ordenando el archivo y sobreseimiento del caso a virtud de excepción perentoria aducida contra la acusación.

      Confirmada.

      José E. Figueras y Benjamín Guerra Mondragón, abogados de El Pueblo, apelante; Carlos Travecier y R. Cuevas Zequeira, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nuestra consideración la interpretación que debe dársele a la palabra “unmarried”, según aparece en el artículo 261 del Código Penal, y que dispone lo siguiente:

"Art. 261. Toda persona que bajo promesa de matrimonio, se-dujere a una mujer soltera, hasta entonces reputada por pura, y tuviere comercio carnal con ella, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años, o multa máxima de cinco mil dollars, o en ambas penas, a discreción del tribunal.”

Y en inglés es como sigue:

“Section 261. Every person who, under promise of marriage, seduces and has sexual intercourse with an unmarried female of previous chaste character, is punishable by imprisonment in the penitentiary for no.t more than five year's, or by a fine of not more than five thousand dollars, or by both such fine and imprisonment.”

Este artículo vino hasta nosotros indirectamente de California, Estado" que aparentemente lo tomó de Nueva York. El mismo fué adoptado en Puerto Rico en 1902 y aunque la versión española fué aprobada al mismo tiempo, de confor-midad con las conocidas reglas de interpretación si hay al-gún conflicto entre las dos versiones debe prevalecer el texto inglés.

En la acusación se decía que Cándido A. Martínez, en la ciudad de Caguas, que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, ilegalmente sedujo bajo promesa de matrimo-nio a Elsie Márquez, una mujer no casada, o sea, divorciada, de previo carácter casto, teniendo con ella actos carnales. El acusado presentó una excepción perentoria a la acusa-ción, que fué declarada con lugar por la Corte de Distrito de Humacao.

Ha habido muchas discusiones en los libros respecto a si una divorciada o una viuda eran de previo carácter casto, según la palabra “casto” se usa en el estatuto, pero entendemos que la mejor opinión es que una mujer en tal estado debe considerarse como que es de previo carácter casto. Así lo hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. Santos, 8 D.P.R. 366, y El Pueblo v. Millán, 27 D.P.R. 862.

No obstante, numerosas cortes han resuelto lo contrario. En el caso de Bray v. United States, 39 Appeal Cases District of Columbia 607, en opinión emitida por el Juez Sr. Shepard, la corte dijo:

“La primera excepción tomada se refiere a la instrucción dada por la corte respecto a lo que significa ‘previo carácter casto.’ La corte instruyó al jurado al efecto de que lo que se quiere decir es cas-tidad física de hecho. La cojitención del acusado es que significa cas-tidad moral, castidad de mente y de pensamiento. Por el gran peso de las autoridades en la interpretación de estatutos similares, la vir-ginidad es la piedra de toque. Esto constituye una norma (test) directa y segura, mientras que la prueba de castidad moral o mental es metafísica, especulativa e impracticable.”

La corte entonces cita casos de Minnesota, Indiana, California, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Mississippi,. Missouri y Nueva York.

El apelado también cita un caso de Texas como que se inclina hacia la misma dirección. Barnes v. State, 37 Tex. App. 320, 39 S.W. 684.

Aunque no tenemos la intención de abandonar la jurisprudencia sentada por los casos de esta corte, se demostrará que la actitud adoptada por varias cortes al insistir en la prueba de virginidad tiene alguna relación con la interpretación que se le debe dar a la palabra “unmarried Con respecto al significado de la palabra “unmarried” por sí sola, los abogados de ambas partes prácticamente han agotado la jurisprudencia. Aunque hay algunos indicios délo contrario, se admite prácticamente que la palabra “'unmarried” en su uso corriente significa una persona que nunca ha contraído matrimonio.

En la página 837 del tomo 39 de Cyc encontramos lo si-guiente: “En su significado original y ordinario, que nunca ha contraído matrimonio.” En las notas se citan casos de. Illinois, Virginia, Nueva Jersey e Inglaterra y Canadá. En. el caso de Kirk v. Long, 7 U.C.C.P. 363, 365 (Canadá), ci-tado en Cyc, se dijo que “el término unmarried female sig-nifica claramente una mujer que no ha contraído matrimonio, o en estado de soltería, y no es aplicable a una mujer que ha estado casada y se ha divorciado.” En una nota al caso de Bradshaw v. Jones, 76 A.S.R. 655, se cita el de Kirk v. Long, supra, así como el de Anderson v. Rannie, 12 U.C.C.P. 536, este último al efecto de que una viuda no está incluida dentro del estatuto. Según la nota al caso de State v. Wallace, L.R.A.. 1916-D 459, en adición al caso de Kirk v. Long, supra, de acuerdo con el caso de Cambridge v. Sutherland (1914), 20 D.L.R. 832 (Canadá), una viuda no puede ini-ciar una acción por su propia seducción basándose en un estatuto que le da tal derecho a una mujer soltera. En el caso de Jennings v. Commonwealth, 21 L.R.A. (N.S.) 265, se dijo: “Se ha aceptado que, en su sentido corriente y pri-maño, la palabra ‘unmarried’ significa ‘que nunca fia con-traído matrimonio.’ ” Este significado primario se acepta en el caso de People v. Weinstock, supra, que se analizará luego en este memorándum. La obra Words and Phrases Judicially Defined ordena algunos de los casos y la genera-lidad de las citas son al efecto de que el significado ordina-rio y principal de la palabra es “que nunca ha contraído matrimonio,” a'pesar de que ligeras circunstancias pueden dar a dicha palabra su otro significado de no tener esposo o esposa de momento. Webster’s International Dictionary no cita directamente la palabra excepto para decir “Véase ‘un’ significando ‘not married.’ ” El Century Dictionary dice: “no casado, soltero. Comúnmente la palabra significa que la persona a quien se aplica nunca ha contraído matri-monio ; pero puede aplicársele a una viuda o viudo y posi-blemente a una persona divorciada. ’ ’ La antigua American & English Encyclopaedia of Law dice: “El término frecuen-temente se halla en escrituras de fideicomiso (deeds of trust) y testamentos y ha sido objeto de interpretación judicial. Su principal significado es, que nunca ha contraído matrimonio. Pero el término tiene un significado flexible y sin duda li-geras circunstancias serán suficientes para dar a la palabra su otro significado de ‘persona que no tenga esposo o esposa en el momento en cuestión. ’ ” El mismo contexto se hallará en la Segunda Edición de la American & English Encyclo-paedia of Law. Según estas autoridades, que son en su ma-yoría casos civiles, se sostiene generalmente que una viuda o divorciada no están incluidas dentro del significado de la palabra “unmarried.” Circunstancias muy leves pueden ha-cer que las cortes incluyan bajo la definición de “unmarried” a las viudas y divorciadas. Esto ha ocurrido frecuente-mente cuando un hombre deja algunos bienes a sus hijas solteras o a sus hermanas solteras.

En el campo de los estatutos penales las decisiones no son tan numerosas. El caso más antiguo fué el de Jennings v. Commonwealth, 21 L.R.A. (N.S.) 265. En dicho caso se resolvió claramente que la palabra “unmarried” no era apli-cable a una divorciada. En sentido contrario se pronuncian los casos de People v. Weinstock, 140 N.Y. Sup. 453; Slate v. Wallace, (Ore.), 154 Pac. 430, L.R.A. 1916-D 457; State v. Eddy, 167 N.W. 392.

Examinando el caso de Jennings, supra, debemos decir que el ratio decidendi incluye la idea de que la mujer sedu-cida debe ser virgen. Por otra parte, si bien el caso de Wallace, supra, trata de bacer distinción del caso de Jennings, su razonamiento se basa en el probable espíritu bené-fico del estatuto. No se discute el significado de la palabra. Igualmente, el caso de Eddy, supra, en el cual se cita el de Wemstock, tampoco discute el significado de la palabra. California probablemente resolvería al igual que lo hizo Virginia, ya que tiene el mismo concepto del virgo, intacta. No nos satisface del todo el razonamiento de ninguna de estas decisiones, como tampoco nos satisface el caso de People v. Weinstock. Convenimos con el juez que escribió la opinión en el caso de People v. Wemstock en que los estatutos pe-nales no deben interpretarse demasiado estrictamente. No obstante, desde que se dictó la opinión en el caso de United States v. Wiltberger, 5 Wheaton 76, y antes, la idea ha sido que a los estatutos penales debe dárseles una interpreta-ción estricta. En dicho caso el Juez Presidente Sr. Marshall dijo:

. La intención de la legislatura debe desprenderse de las pa-labras usadas. Cuando no bay ambigüedad en las palabras, no bay lugar a interpretación. El caso debe ser muy fuerte en verdad para justificar que una corte se desvía del significado claro de las palabras, especialmente en un estatuto penal, en busca de una inten-ción no sugerida por las mismas palabras del estatuto. Para deter-minar si un caso cae dentro de la intención de un estatuto, su len-guaje debe autorizarnos para decirlo así. Sería en verdad m.uy pe-ligroso extender el principio de que un caso que cae dentro de la razón o mal de un estatuto está comprendido en sus disposiciones, al extremo de castigar un delito que no se fija en el estatuto, por ser igualmente atroz o de naturaleza similar a los enumerados en el mismo.”

En el caso de People v. Nelson, 153 N.Y. 90, 60 A.S.R. 592, 46 N.E. 1040, que fné un caso de seducción bajo pro-mesa de matrimonio, la corte dijo que los estatutos penales deben ser interpretados estrictamente y que no podían ex-tenderse a casos que no estuvieran cubiertos claramente por los mismos. Este caso es de significación porque fue citado en el de People v. Weinstock, supra. Aunque el juez que emitió la opinión en el caso de Weinstock no parece estar enterado de la fuerza del de Nelson, podríamos basar nues-tra decisión enteramente en el fundamento de que como el significado corriente de la palabra “unmarried” no incluía a las viudas y divorciadas, un acusado tiene derecho al bene-ficio que surgiera por haber dejado la legislatura de hacer que su lenguaje fuera más definido. El mal a que se lle-garía no debería desempeñar un papel importante a menos que la intención del estatuto sea , clara.

Podría decirse que éste es también el principal razona-miento del caso de Jennings, supra. El apelante ha con-'fiado mucho en la decisión del caso de People v. Weinstock. .No es esa la opinión de una corte de apelaciones, ni mucho menos de la corte de última instancia del Estado de Nueva York. La corte examina un gran número de autoridades y cita decisiones del Estado de Nueva York y de otros esta-dos en que la palabra “unmarried” se ha extendido hasta incluir las viudas, y entonces dice:

“La División ele Apelaciones de la Corte Suprema en Ex parte Oakley, 67 App. Div. 493, etc., al discutir el caso de Dalrymply v. Hall, 16 Ch. Div. 717, citó un sumario de dicho caso al efecto de que en ausencia del contexto que demuestre una intención contraria, la palabra ‘unmarried’ debe interpretarse de acuerdo con su significado original y primario como que quiere decir 'que nunca ha contraído matrimonio,’ y, por consiguiente, que el legado a los hijos de B no surtía efecto por ser éste viudo. Dicho caso, sin embargo, es igual-mente una autoridad en el sentido de que cuando el contexto de-muestra una intención distinta, la palabra ‘unmarried’ no debe de-finirse como ‘persona que nunca ha contraído matrimonio.’ ”

Hemos leído muy cuidadosamente el caso de People v. Wemstock, y no vemos qué pudo haber en el estatuto de Nueva York que indujera al Juez Fresehi a hallar palabras en el contexto que extendieran el significado primordial de la palabra “unmarried.” El estatuto de Nueva York es casi palabra por palabra igual al de Puerto Eico. Supongamos, sin embargo, que nunca se hubiesen resuelto casos como el de United States v. Wiltberger, y que meramente tuviéramos ante nuestra consideración el hecho de que varias cortes han interpretado en forma distinta el significado de la palabra “unmarried.” Entonces nos confrontaríamos con un caso en que una palabra ha sido usada con ambigüedad en el es-tatuto. ¿Tenemos algún medio de averiguar lo que la legis-latura quiso decir al usar las palabras “unmarried female”¶

Los artículos 58 y 59 del Código de Enjuiciamiento Civil dicen así:

“Art. 58. Una mujer soltera puede deducir, como demandante, una acción por haber sido seducida, y para obtener por medio de dicha acción el importe de los daños pecuniarios o ejemplares que se decretasen a su favor.
“Art. 59. Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado a su familia, la madre, podrá deducir una acción como demandante por la seducción do una hija que no hubiese llegado a su mayoría de edad al ocurrir la seducción, y asimismo podrá el tutor dedu-cirla por la seducción de una pupila menor de edad al ocurrir la seducción, aunque la hija o pupila no viviese con el demandante, ni estuviese a su servicio al tiempo de la seducción o después de ella, ni mediare pérdida de servicios.”

El artículo 59 da a entender que la Legislatura tenía en mente en casos de seducción, a mujeres que nunca habían contraído matrimonio.

Más importante que esto, sin embargo, es la cuestión de la interpretación contemporánea según lo expresan las má-ximas Optima est legum iníerpres consuetudo, 25 E.C.L. 1(542; Contemporánea expositio est optima et fortissima in lege, 12 C.J. 1313. Cuando se han usado las palabras “unmarried female” en los códigos de Puerto Eico, han sido traducidas invariablemente como “mujer soltera.” Esto es •cierto no sólo en cnanto al artículo 261 que estamos discu-tiendo, sino también en cuanto al 260. Desde luego, el ar-tículo 260 habla específicamente de personas menores de 21 ■años. Este artículo se refiere a toda persona que por medio de amaños indujere o engañare a una mujer soltera a entrar en alguna casa de lenocinio, etc. Nos imaginamos que nadie discutiría que este artículo debe aplicarse a viudas y divor-ciadas menores de 21 años de edad. El artículo 56 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil citado más arriba ha sido tra-ducido en forma similar.

Cuando se aprobaron en 1902 ó 1904 estos códigos, la Legislatura de Puerto Eico se componía por lo menos de una cámara en que se llevaban a cabo los procedimientos ente-ramente en castellano. Cuando se presentó el proyecto de ley para su adopción, hallaron los legisladores únicamente la palabra “soltera” en el estatuto y la mente de por lo menos una gran parte de los legisladores estuvo fija en dicha pa-labra “soltera.” No tenemos aquí, como lo tiene ahora el° Estado de Louisiana, un estatuto que haga que el inglés sea el idioma legal, y tampoco lo teníamos al tiempo en que es-tos estatutos fueron aprobados.

El apelado también nos ha presentado una enmienda al artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, apro-bada en 1909, que dispone:

“Art. 250. — En juicio por el delito de promover o intentar la promoción de un aborto, o por contribuir o ayudar en su perpetra-ción, por seducir con engaño, corromper por medio de halago o apo-derarse de una mujer soltera, menor de veinte y cinco años, hasta entonces reputada por casta, con objeto de prostituirla, o contribuir y ayudar a ese fin, o en juicio por el delito de seducción bajo pro-mesa de matrimonio, o por violación, el acusado no podrá ser decla-rado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas.”

Esta fué una enmienda presentada en español y demues-tra la comprensión legislativa.

El caso de El Pueblo v. Martínes, 13 D.P.R. 248, fué un caso de seducción bajo promesa de matrimonio. En el curso' de la opinión confirmando la sentencia de la corte inferior, este tribunal, por voz del Juez McLeary, dijo:

“As far as concerns the proposition designated by the letter ‘D’ we may say that all women are born single and the law presumes that a status once established continues until there is some proof presented of a change therein. Then if the injured female was married it devolved on the defendant to prove the fact.” (Princi-pio que no 'se siguió en un caso posterior.) “But all the circumstances go to prove the singleness of the injured woman.”

“Singleness” es una palabra inconsistente con la idea de casada o divorciada. Esta opinión también da alguna luz, en la interpretación que debe dársele al lenguaje usado.

El caso de Cohens v. Virginia, 6 Wheaton 264, dió én-fasis a la interpretación contemporánea. Sin embargo, he-mos sido impresionados por el lenguaje usado por la Corte Suprema del Estado de Pennsylvania en el caso de Comomonwealth v. Paine, 207 Pa. State 245, 56 Atl. 317. La corte dijo:

“. . . . Pero en caso de legislación dudosa, debido bien a am-bigüedad de la expresión de una sola ley o a la obscuridad o inconsis-tencia que surge de varias leyes sobre el mismo asunto, la interpre-tación contemporánea es siempre importante en lo que al verdadero-significado se refiere. Si en opinión del foro y del pueblo intere-sado que vivía entonces y que fué afectado de cerca por tal legisla-ción tenía un significado determinado dentro de los varios que eran posibles, las cortes en años venideros se mostrarán reacias a adop-tar otra interpretación, aunque tal vez, al examinar detenidamente las leyes, podrían no estar inclinadas a estar de acuerdo con la in-terpretación contemporánea. ’ ’

Hicimos referencia al hecho de que un número, de cortes ha interpretado las palabras ‘£ de previo carácter casto ’ ’ como que significan virgo intacta. Ahora bien, aunque es nues-tra intención adherirnos a las decisiones de esta corte de que una mujer reformada o una prostituta podrían ser -se-ducidas bajo promesa de matrimonio, sin embargo, como en un número de estados las palabras “de previo carácter casto” necesariamente excluirían a las viudas y divorciadas, un es-tatuto que usa las palabras “unmarried female” sin más debe entenderse que no incluye tales viudas o divorciadas.

Si tuviésemos ante nos tan sólo un estatuto aprobado en el idioma inglés, tal vez tendríamos mayores dudas, pero en vista de lo que pudiéramos llamar la aceptación legislativa de la palabra “soltera” en la traducción de “unmarried,” no creemos que la sentencia de la corte inferior deba ser alterada y procede su confirmación.

El Juez Asociado Señor Hutcbison está conforme con la sentencia.


author: El Juez PresideNtb Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Colón, José Inglés y Diego Ramos, acusados y apelantes.
    No. 3023.

    Visto: Febrero 1, 1927.

      Resuelto: Julio 22, 1927.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — revisión—Cuestiones Dis-crecionales — Resoluciones en Relación con la Acusación o las Alega-ciones Hechas (Pleas) — Resolución de Moción Sobre Mayor Especifica-ción de Particulares. — Bajo acusación que sólo impute falta de prudencia y circunspección en el manejo de una locomotora a tres personas que desem-peñen funciones distintas en ésta, abusa de su poder discrecional una corte que niega moción sobre mayor especificación (bill of particulars) de los hechos constitutivos de los actos u omisiones que se califican de ilegales o constitutivos de la falta de debida prudencia y circunspección por parte de ellas.
    Sentencia de Luis Ramalea, J. en Comisión, (Aguadilla), eonde- . nando a los acusados por delito de Homicidio Involuntario.

      Re-vocada y devuelto el caso.

      Mariano y Federico Acosta Velarde, abogados de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNtb Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de este proceso, dice, en lo pertinente,, así:

“El Fiscal formula acusación contra Angel Colón, José Inglés y Diego Ramos, por un delito de Homicidio Involuntario (felony), cometido del modo siguiente: — Los referidos acusados, Angel Colón, José Inglés y Diego Ramos, en óp.oca anterior a la presentación de esta acusación o sea allá por el día 5 de diciembre de 1925, en la municipalidad de Aguadilla, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, allí y entonces, ilegal y voluntariamente,, y en ocasión en que la locomotora No. 83 de la American Railroad Co. of Porto Rico marchaba hacia atrás empujando un tren o convoy de vagones hacia la estación de la playa de esta ciudad de Aguadi-lla, el primero como maquinista, el segundo como fogonero y el úl-timo como-, guardafrenos de dicha Locomotora No. 83 de la American Railroad Co. of Porto Rico, sin guardar la debida prud encía o circunspección y por descuido y negligencia dieron lugar a que el ser humano Leonor Llorens fuera arrollado por el vagón extremo de dicho tren o convoy, el cual vagón pasándole por encima, le cer-cenó o separó la cabeza del tronco, a consecuencia directa de lo que-falleció inmediatamente la expresada Leonor Llorens, el propio día 5 de diciembre de 1925.”

Leída a los acusados, presentaron éstos una detallada moción solicitando especificaciones. La corte la negó. Pre-sentaron entonces excepciones previas, que fueron declaradas sin lugar. Celebrado el juicio, el jurado declaró culpables a los acusados. Pidieron éstos un nuevo juicio, y la corte de-sestimó su petición, dictando sentencia por virtud de la cual impuso a. cada uno un mes de. cárcel. No conformes, apela-ron, señalando en- su alegato la comisión de tres errores co-metidos por la corte al declarar sin lugar la moción solici-tando especificaciones, las excepciones previas y la moción de nuevo juicio.

En su alegato el fiscal de esta corte admite que está bien fundado el primero de los errores señalados. Y así es en efecto.

En el caso de El Pueblo v. Piñeiro, 31 D.P.P. 1, 4, esta Corte. se- expresó así:

“En este caso el acusado pidió una especificación de particulares y se le negó. El acusado, como fundamento de su petición, se limitó a decir que no podía preparar su defensa sin enterarse de los he-chos, los actos n omisiones que se califican de ilegales o constitutivos de falta de debida prudencia y circunspección. Debió ser más ex-plícito para convencer a la corte de que le sería imposible o difícil preparar su defensa, por lo que se nos hace difícil declarar que al negar tal moción la corte abusó de su poder discrecional para' con-cederla, pero' como el examen que hemos hecho de la prueba, nos de-muestra que en verdad el hecho imputado pudo ocurrir de muchas maneras pues por las declaraciones' de unos testigos el acusado lle-vaba el carro eléctrico a una gran velocidad; según otros no tocaba, la campana de aviso; se declaró también que no estaba encendida la luz delantera del carro y que no miraba para la vía férrea por estar distraído mirando a unas jóvenes que pasaban por la acera-derecha de la calle. Todo esto nos convence de que en bien'de la justicia y bajo el poder general que tenemos debe revocarse la sen-tencia apelada a fin de que sea concedida la moción que hizo sobre especificación de hechos (bill of particulars).”

Un examen de los hechos de este caso presenta una situa-ción parecida al de Piñeiro, supra. Además, aquí la moción, según dejamos consignado, fue detallada, — ocupa dos páginas en maquinilla — , y el caso es más fuerte por tratarse de tres acusados. A esta última circunstancia refiriéndose, dice el Fiscal en su alegato:

“Hay otro fundamento- que nos inclina con mayor fuerza a alla-narnos a la revocación de la sentencia por este error planteado, por-que verá el Tribunal que la acusación imputa la falta de prudencia y circunspección en el manejo de una locomotora a tres acusados,-uno que se' dice que era el maquinista, otro el fogonero y el último el guardafrenos de dicha locomotora; y siendo esto así, si en al-guna acusación, a nuestro juicio, ha debido prosperar una moción para hacerla más específica ha debido' ser en este caso, en que contra lo natural y corriente, o sea la imputación del delito a la persona qué tenía el manejo o- control de la locomotora, se hace la im-putación a dos personas más, que por las funciones que desempeña-ban en dicha locomotora, como las de guarda-frenos y fogonero, no parece que claramente tuvieran participación en el hecho, esto es, en la falta del debido cuidado en el manejo de la referida loco-motora.
“No hay duda alguna de que para declarar a una persona culpable de un delito de esta naturaleza la negligencia debe ser el acto personal e individual del que así actúa.
“Para declarar a una persona culpable de homicidio a virtud de la realización de un acto negligente que causa la muerte, el acto negligente debe haber sido un acto personal, individual. Y cuando una persona que tiene a su cargo una locomotora la para y sale de ella:, y otra persona viene y la pone en movimiento y ocasiona la muerte que se investiga, la persona que salió de la locomotora no es criminalmente responsable de la muerte. Ni puede el guarda-frenos de un ferrocarril que no tiene el control de la máquina, ser responsable de la muerte de una persona resultante de la negligen-cia en el cum'plimiento de su deber por parte del maquinista y del fogonero.” Wharton on Homicide, 3a. Ed. pág. 722.

Habiendo llegado a la anterior conclusión, se hace inne-cesario considerar los otros errores señalados. Debe revo-carse la sentencia apelada y la causa devolverse para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: Juez Asociado Señor Aldrey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON,

text:
    Enrique Cueto, peticionario, v La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, y la Sucesión de Augusto Villanueva y Rodríguez, compuesta de su viuda Carmen Rodríguez y de sus hijos Lidia Matilde y Lorenzo Augusto Villanueva y Rodríguez, demandados.
    No. 579.

    Visto: Julio 5, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Alegaciones y Evidencia — Contestación • — En General. — En un juicio ejecutivo hipotecario no es procedente una contestación y contrademanda sobre hogar seguro (homestead).

    Certiorari para revisar resolución y orden de Pablo Berga, J. (San . Juan), negándose a eliminar una contestación y contrademanda sobre homestead presentada por el demandado en un procedi-miento ejecutivo hipotecario y ordenando la subasta sujeta a la reclamación de tal hogar seguro (homestead).

      Anuladas la re-solución y la orden recurrida.

      Heriberto Torres Soló,, abogado del peticionario; Luden Long champs, abogado de la Sucesión demandada, opositora a la expedición del auto.
   OpiNiÓN del

Juez Asociado Señor Aldrey,

con la cual está conforme el Juez Asociado Sr. Franco Soto.

En el juicio hipotecario seguido en la Corte de Distrito de San Juan por el procedimiento de la Ley Hipotecaria y su Reglamento para el cobro de $1,000 garantizados con hipo-teca de un solar de diez metros de frente por veinte metros de fondo con casa de maderas en él fabricada de 18 pies de frente por 29 de fondo, radicado en el pueblo de Río Piedras, la sucesión del deudor, después de ser requerida de pago, pre-sentó en ese procedimiento una contestación a la demanda y una contrademanda, alegando que en esa casa y solar tiene constituido su hogar seguro (homestead) y solicitando que la demanda fuese declarada sin lugar y que se condenase al demandante a reconocer que los contrademandantes tienen constituido su hogar seguro 'en dicha casa y solar y que es-tán libres de ejecución hasta la cantidad de $500.

El ejecutante solicitó de la corte la eliminación de tal alegación, pero antes de resolver la corte esa solicitud dis-puso que el márshal vendiese la finca hipotecada sujeta a la reclamación del hogar seguro hecha por los demandados y días después negó la eliminación solicitada por el ejecutante, concediéndole diez días para alegar contra la mencionada alegación.

En tal situación esos autos nos pidió el ejecutante que expidiésemos un auto de certiorari para revisar la orden disponiendo la subasta sujeta a la reclamación del hogar seguro y la resolución que negó la eliminación de la alega-ción hecha por los demandados. Expedimos el auto y hemos oído a las partes interesadas en él.

La Ley Hipotecaria y su reglamento establecen un pro-cedimiento sumario y rápido para la ejecución de las hipo-tecas y el artículo 175 del Reglamento dispone que tales pro-cedimientos no podrán suspenderse por medio de incidentes m por otro alguno a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo si se justificare documentalmente la existencia de un procedi-miento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda; si se interpusiere tercería de dominio, acompañada del título de propiedad inscrito antes del crédito' del ejecutante, o si se presentare certificado del registrador expresivo de estar cancelada la hipoteca o copia auténtica de la escritura de su cancelación, con nota de presentación en el registro donde haya de tomarse razón de ella; y que todas las demás reclamaciones que tenga el deudor se ventilarán en el juicio plenario que corresponda.

De acuerdo con esas disposiciones, los demandados no tienen derecho a presentar en este procedimiento ejecutivo hipotecario su alegación de contestación ni de contrademanda, por no referirse a ninguna de las cuestiones que están auto-rizadas en este procedimiento y por tanto no puede resol-verse en él si en la finca hipotecada está constituido el ho-gar seguro de los demandados ni si el ejecutante está obli-gado a respetarlo. La alegación de los demandados requiere una contestación, la celebración de un juicio y una sentencia resolviendo la cuestión propuesta por los demandados, o sea un juicio ordinario dentro de un procedimiento especial y sumario, lo que pugna con la naturaleza del juicio ejecutivo hipotecario y está en contra del artículo 175 citado. Podrán tener los demandados otro procedimiento para hacer efec-tivo el derecho de hogar seguro que dicen tener, pero cier-tamente no es el escogido para que en un juicio ejecutivo hipotecario se resuelvan cuestiones que la ley no autoriza. Y no se diga que puede ser permitida la alegación de los de-mandados porque el procedimiento ejecutivo no queda sus-pendido toda vez que la corte ha ordenado la venta de la finca hipotecada, y que puede llevarse a efecto no sujeta a la reclamación del hogar seguro como dispuso la corte inferior sino reteniendo el márshal del precio obtenido en la venta los $500 del valor del hogar seguro, porque cualquiera de esas dos conclusiones da por cierto y por resuelto, si o audiencia del ejecutante, que los demandados tienen consti-tuido su hogar seguro en esa finca y que el ejecutante está obligado a respetarlo. El caso de Hernández Mena v. Lecumberri, 36 D.P.R. 396, no tiene aplicación al presente por-que en el procedimiento ejecutivo a que hace referencia sólo se tuvo a Hernández por substituido en los derechos del ejecutado, por haberle comprado la finca y no hubo reclama-ción alguna de él. En el caso de Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, se declaró que el procedimiento ejecutivo hi-potecario está vigente hasta el requerimiento inclusive al deudor para el pago de la deuda, y derogado en lo referente a la venta, que debe regularse por la ley de 9 de marzo de 1905 sobre sentencias y manera de satisfacerlas, pero esta ley se refiere solamente a la manera de vender los bienes y en modo alguno puede servir como fundamento para admitir en un procedimiento ejecutivo reclamaciones que no permite la ley. Podría decirse que reteniendo los $500 del precio de venta quedaría esta cantidad sujeta a las resultas de la reclamación de los demandados, pero esto equivaldría a ob-tener un aseguramiento de sentencia sin prestación de la fianza exigida por la ley cuando la obligación reclamada no consta en documento público. Por consiguiente, la corte inferior cometió error de procedimiento al no eliminar la ale-gación de los demandados, autorizando así un juicio plena-rio dentro de un procedimiento sumario.

También fué errónea la orden de venta sujeta a la recla-mación de hogar seguro que se hizo porque, como antes de-cimos, da por cierto y resuelto lo que ha de ser probado en el juicio plenario sin haberse celebrado el juicio y sin haberse dictado sentencia; y porque el crédito hipotecario del eje-cutante no puede tener más limitaciones o gravámenes que los que resulten del registro, por hallarse amparado por las disposiciones de la Ley Hipotecaria, aún cuando lo contra-rio ha declarado la mayoría de este tribunal en el caso de Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, en el que se ha soste-nido que el derecho del hogar seguro perjudica a un acree-dor hipotecario afín cuando no haya sido inscrito en el re-gistro de la propiedad.

Por ser fundamento de la Ley Hipotecaria la publicidad y la especialidad de los gravámenes en la propiedad inmue-ble quedaron suprimidos por ella todos los gravámenes ocul-tos, quedando sólo como hipoteca tácita legal la preferencia que la misma ley en su artículo 218, enmendado en 1907, concede al Pueblo de Puerto Rico y a la correspondiente municipalidad sobre cualquier otro acreedor para el cobro de las tres últimas anualidades y la corriente no pagada; y al asegurador de bienes inmuebles, según el artículo 220, por los premios de dos años o los dos últimos dividendos en su caso, mientras no sé devenguen. Por consiguiente, el acreedor hipotecario no puede ser perjudicado por el gravamen oculto y tácito que en el caso de Dávila v. Sotomayor, supra, se reconoció para el hogar seguro. Y no se diga que la ley de hogar seguro enmendó en ese particular la Ley Hipotecaria, porque por la importancia de los derechos que ella regula dispuso en su artículo 413 que ninguno de sus preceptos podrá ser derogado sino en virtud de otra ley especial; precepto que ha sido reconocido y aceptado por este Tribunal en los casos de Giménez et al. v. Brenes, supra; American Trading Co. v. Monserrat, 18 D.P.R. 276; Valdivieso v. Rivera, 19 D.P.R. 709; y López et al. v. El Registrador, 24 D.P.R. 689. Y no es que dicha ley sea invulnerable, sino que para poder derogar o modificar alguno de sus preceptos es necesaria una ley que expresamente lo haga.

Por lo expuesto, entendemos que debe ser anulada la reso-lución que negó la eliminación de la alegación de los deman-dados sobre contestación y contrademanda y también la or-den de venta en cuanto dispone que la subasta seai hecha su-jeta a la reclamación de hogar seguro de los demandados.

Estoy autorizado para hacer constar que el Juez Asociado Sr. Franco Soto está conforme con esta opinión.

OPINIÓN EMITIDA POR. EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

Los demandados, en un procedimiento sumario para la ejecución de una hipoteca sobre un solar y una casa pequeña, reclamaron un derecho de homestead en la finca hipotecada por la suma de $500 y pidieron que tal derecho fuera decla-rado exento de ejecución.

El escrito de que se trata era en forma de una contesta-ción admitiendo los hechos alegados en la demanda, seguida de ima contra-demanda exponiendo los hechos en qne se ba-saban la reclamación de exención y la súplica pidiendo un pronunciamiento afirmativo.

El demandante entonces pidió qne se eliminara la contra-demanda y solicitó una orden para la venta de la finca hipo-tecada. He leído la opinión original del Juez Sr. Aldrey y en ella descanso en lo que respecta a una más detallada ex-posición de los hechos.

La sección la. de la Ley de Homestead dispone lo si-guiente :

'‘Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o. predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exac-ción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condi-ciones del mismo.”

Mi idea es que de acuerdo con esta sección el dueño de una finca tiene un derecho real que no es susceptible de anu-lación por cualesquiera pasos que pueda dar un acreedor hipotecario. El propietario no necesita declaración alguna de la corte para proteger su derecho de homestead y creo que puede reclamarlo en cualquier tiempo. El dueño a nada renuncia por no levantar protesta alguna en el procedimiento ejecutivo hipotecario. Quizás si algunos pasos se estuvie-sen dando o alguna inscripción se estuviera haciendo, pa-sando por alto sus derechos, pudiera tener algún derecho a estar ante la corte, pero mientras no se establezca ningún procedimiento adverso a su derecho de homestead el dueño está en el caso de estar pidiendo algo que ya la ley le ha dado. No existe una verdadera controversia y la reclama-ción del dueño es académica. Una situación semejante e iguales razonamientos se presentaron en el caso de Bianchi v. Pierazzi et al., 25 D.P.R. 631. Como no existía una ver-dadera controversia no había motivo para interrumpir el pro-cedimiento sumario ejecutivo, como se hizo en este caso. El resolver sobre una alegación (pleading) que se ha inter-puesto es siempre causa de demora, y si el deudor tiene de-recho a una orden puede también tener derecho a una ape-lación.

Por estas razones la orden debe ser anulada.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Los hechos han sido expuestos en las opiniones que an-teceden, emitidas por los Jueces Asociados Sres. Wolf y Al-drcy. Bastará agregar que la corte inferior, al ordenar la venta de la propiedad con sujeción a la reclamación del ho-gar1 seguro, y al desestimar la moción para eliminar la con-testación y contrademanda, pasó por alto deliberadamente la forma y sólo tomó en consideración la substancia de la alegación últimamente mencionada.

La Ley Hipotecaria y el Reglamento para su ejecución no autorizan o prevén la venta de propiedad alguna que no esté incluida en la hipoteca, salvo dentro de ciertas circuns-tancias excepcionales, a opción del deudor hipotecario o en beneficio y conveniencia suya, caso en el cual él está prote-gido por el consiguiente derecho de participar en el produ-cido de la venta. El artículo 175 del Reglamento. sólo se infiere a y prohíbe la suspensión o entorpecimiento del pro-cedimiento sumario. No deja de haber casos en que, no obs-tante e independientemente de las distintas materias y de-fensas enumeradas en el artículo íntimamente mencionado, un deudor hipotecario, aún dentro de los estrechos límites de los procedimientos sumarios, y perfectamente dentro del espíritu, si no dentro de la letra de la ley y sus reglamentos, pueda exigir que se excluya cierta propiedad de la venta en perspectiva o de lo contrario, que se venda separadamente y se le entregue el producido de la misma. Hernández Mena v. Lecumberri, 36 D.P.R. 395, y jurisprudencia citada.

Hace más de veinte años que esta corte, en el caso de Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, dijo:

* “. . . llegamos hoy a la conclusión de que el procedimiento especial para el cobro de créditos garantidos con hipoteca está toda-vía vigente en su parte inicial o sea hasta el requerimiento inclusive al deudor para el pago de la deuda y derogado en la parte que po-dría llamarse ‘vía de apremio/ es decir; en lo que se refiere a la venta de la propiedad gravada con la hipoteca, venta que debe su-jetarse en un todo a lo dispuesto en la repetida ley aprobada en 9 de marzo de 1905 que al modo de satisfacer las sentencias se re-fere.”

La orden de la corte inferior, por lo tanto, no interrum-pió, entorpeció o suspendió parte alguna del procedimiento sumario prescrito por la Ley Hipotecaria y su Eeglamento. Pero aún en el “juicio declarativo” a que se relega el de-mandado por el artícul* 175 del Eeglamento, él tendría de-recho a hacer que el producido de la venta se retenga bajo la custodia de la corte, ínterin se determinen sus derechos en tales pleitos por separado. Dentro de las circunstancias, nos es difícil comprender por qué razón la reclamación del hogar seguro, que sólo afecta la cuestión de la venta o la disposición o distribución del producido, no pueda ser de-terminada bien por virtud de una moción o de una contra-demanda y dirimida tanto en el procedimiento ejecutivo como en una acción independiente. No sólo tendería esta práctica a evitar multiplicidad de acciones, sino que, si se resuelve la cuestión así levantada, haría que los compradores en pers-pectiva pudieran averiguar qué parte, si alguna, de la pro-piedad hipotecada, había sido excluida, en vez de desalentar las ofertas de los postores debido a- informes vagos sobre una reclamación pendiente de dirimirse por medio de una acción independiente. En el presente caso, sin embargo, la situación se simplifica por el hecho de que no está envuelta cuestión alguna de designación, mensura o segregación del hogar seguro, y el abogado de los contrademandantes ad-mite que dentro de las circunstancias, debe modificarse la orden de la corte de distrito en el sentido de decretar la retención de quinientos dólares del producido de la venta, hasta tanto se resuelva la cuestión sobre el derecho de log demandados en el procedimiento ejecutivo a recibir esta can-tidad, según las disposiciones de la sección 4 de la Ley del Hogar Seguro (homestead). En realidad, no puede soste-nerse que la orden, al ser así enmendada, retardaría o inte-rrumpiría en forma alguna la tramitación del procedimiento sumario, aún en lo referente a la venta y a la distribución del producido.

La orden decretando la venta de la propiedad hipotecada debió haberse modificado en ese sentido, y, así modificada, confirmarse junto con la resolución sobre la moción para eli-minar la contrademanda.

El que suscribe está autorizado para decir que el Juez Presidente Sr. del Toro está conforme con esta opinión.