author: El Juez Asociado SeñoR Todd, Je., Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

text:
    E. Solé & Co., S. en C., demandante y apelante, v. American Railroad Company of Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 8524.

    Sometido: Febrero 9, 1943.
    Resuelto: Abril 7, 1943.

      Miranda (& Miranda Estove, abogados de la apelante; Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Donald R. Dexter, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la demanda en este caso en reclamación de daños y perjuicios y en la opinión que dictó en apoyo de su sentencia consideró probados los siguientes hechos:

“. . . que allá para el día 26 de febrero de 1941 y como a las 11:15 a. m., un camión marca “Studebaker’ propiedad de la de-mandante marchaba por la calle Nueva Palma de Santurce con dirección de este a oeste detrás de otro truck cargado de arena. . . . Al llegar el camión al paso a nivel del camino de Miraflores con la vía férrea, donde la demandada tiene un empleado encargado en dicho cruce de colocar cadenas para.avisar al público de la aproxi-mación del tren, el camión de la demandante, al pasar dicho sitio por sobre la vía férrea, se paró el motor, atascándose el truck en tal forma, que a pesar de los esfuerzos del chauffeur no pudo lograr hacer arrancar el motor con la manivela por lo que un tren de carga tirado por la máquina núm. 90 y propiedad de la demandada y que iba con rumbo a Arecibo vino a chocar con el camión de la deman-dante causándole desperfectos en el truck cuyo valor se reclama en este pleito .... que la vía del ferrocarril al acercarse, en direc-ción de San Juan a Santurce, al paso a nivel donde ocurrió el acci-dente, es una pendiente en escala ascendente y constituye una curva bastante violenta. El tren que ocasionó el choque era uno compuesto de una locomotora y 22 vagones cargados; el maquinista, con motivo de la caldera y la curva tan cerrada, no pudo distinguir el truck en el cruce y fué el fogonero quien a una distancia de 40 metros del truck le avisó de la obstrucción en la vía y entonces aplicó inmedia-tamente los frenos no pudiendo detener el tren antes de llegar al| cruce a pesar de todos los esfuerzos que hiciera para reducir la velo-cidad. La locomotora se paró como a 15 metros después de cruzar ■el paso a nivel e iba a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Eli maquinista ocupa el lado derecho en la locomotora y no puede ver el lado izquierdo de la vía y tampoco la parte delantera, de un truck estacionado en el cruce hasta la distancia de 20 metros del centro de la carretera; el fogonero, que va en su asiento al lado atrás de la máquina, a una distancia como de 8 metros del frente del botavaca no viene a distinguir el paso a nivel hasta una distancia de 40 a 50 metros y el muro que allí existe tiene una altura de 15 metros que también le impide ver el lado izquierdo. Por ese sitio un tren con 22 vagones cargados no puede subir la curva a una velocidad de 5 kilómetros por hora necesitando cuando menos marchar a 10 kilómetros; el tren caminaba a 15 y a esa velocidad le era comple-tamente imposible al maquinista parar él tren cuando vino a darse 'cuenta de la presencia del camión por aviso del fogonero a una■ dis-tancia de 40 metros del cruce.” (Bartardillas nuestras.)

En este recurso la apelante alega que la corte inferior al desestimar la demanda cometió cuatro errores, a saber: 1, ál descartar el testimonio del perito de la demandante; 2, ál considerar que la velocidad a que corría el tren de la de-mandada no constituía negligencia alguna; 3, al sostener que ,,el guardabarrera no venía obligado a dar aviso al tren para .que éste se detuviera y que el maquinista no estuviera obli-'■'gado a estar pendiente de que el guardabarrera hiciera la "señal de vía franca, y 4, al declarar sin lugar la demanda 'por las razones expuestas en los tres errores que preceden.

El primer error fue cometido. En su opinión la corte .£,1 referirse al testimonio del perito de la demandante, Ven■•tura Manautou, se expresó así:

“El demandante no presentó prueba alguna sobre estos extremos pues la declaración de su llamado perito demostró que no lo era cuando manifestó que el tamaño o peso de un tren nada tenía que ver con el poder del maquinista para detenerlo en un caso dado. ...”

i.: Dicho perito declaró todo lo contrario. En el eontrainte-í rrogatorió a que fue sometido contestó que el tonelaje de una 'locomotora y el peso de los vagones tenían que ver con la forma de pararse el tren; que el peso de la locomotora afecta la distancia qne debe recorrer para pararse y a las páginas 51 y 52 de la Transcripción de. Evidencia aparece lo si-guiente :

“P. ¿La locomotora con cinco vagones se para lo mismo qne con veinte vagones?
“R. No puede pararse igual con cinco vagones que con veinte vagones.
“P. ¿Cuál se detiene primero?
“R. La de los cinco vagones se detiene primero.”

Lo que declaró este testigo que pudo llevar al juez sen-tenciador a su errónea conclusión fue la contestación en la negativa que dió a las preguntas de si sabía cuántas tonela-das tenían la locomotora en este caso y el peso de los railes de los trenes donde había trabajado. Es obvio que este des-conocimiento expresado por el testigo no es. suficiente para que se descarte la declaración de un perito que afirmativa-mente ha dicho que una locomotora con cinco vagones se de-tiene primero que una con veinte vagones, debiendo presu-mirse que uno de los factores tomados en consideración por el perito fue precisamente el tamaño y peso del tren.

Aún cuando este error por sí solo no sería suficiente para revocar la sentencia cobra importancia al relacionarlo con el segundo señalado.

Como hemos visto la corte inferior declaró como hecho probado que el tren de la demandada caminaba a-una velocidad de 15 kilómetros por hora y que el maquinista, debido a la caldera y la curva en la vía antes de llegar al paso a nivel, no pudo distinguir el truck de la demandante en el cruce. Fue el fogonero quien, a una distancia de 40 a 50 metros del truck, le avisó de la obstrucción en la vía aplicando el maquinista los frenos pero a pesar de eso no pudo parar el tren hasta que había corrido como 15 metros más allá del paso a nivel después de chocar con el camión. Sobre estos hechos no existe controversia entre las partes. Esta surge en cuanto a si la consecuencia de estos hechos — el choque— especialmente la velocidad a (pie corría el tren, tomando ei consideración el sitio y el tráfico, constituyen o no negligen-cia por parte de los agentes de la demandada que llagan la compañía responsable de los daños causados al truck d( la demandante.

El Juez sentenciador dedica gran parte de su opinión discutir la regla prevaleciente en el derecho común en cuanto! a la velocidad a que puede correr un ferrocarril en una zona! urbana y, aunque cita varios casos, se basa principalmente! en el de Custer v. Baltimore & O. R. Co., 55 A. 1130, resuelto! por la Corte Suprema de Pennsylvania y del cual entresaca] en su opinión la siguiente doctrina:

“La regla que entresacamos de las autoridades y claramente ex-presada en Custer v. Baltimore & O. R. Co., supra, es que aún en cruces dentro de la zona urbana en ciudades y sitios poblados el ferrocarril puede correr a cualquier velocidad compatible con la segu-ridad ele sus pasajeros y la carga que lleva siempre y cuando establezca cadenas o barreras y personas encargadas de su cuidado, no surgiendo la obligación del ferrocarril de reducir la velocidad y detener el tren hasta tanto el maquinista o fogonero descubra el peligro.” (Bastar-dillas nuestras.)

Y más adelante dijo:

“De acuerdo, por tanto, con lo anteriormente expuesto, y con lo que creemos ser el concensus unánime de la jurisprudencia, no cons-tituye negligencia por parte de un ferrocarril el correr a velocidad exagerada por los cruces de las calles de una ciudad simpre y cuando que allí se tengan barreras o cadenas y- una persona a su cuidado para proteger las vidas de los transeúntes al mismo tiempo que los conductores por medio del pito y la campana dan aviso de su aproxi-mación. Cuando la dueña del tranvía cumple con estas obligaciones no podemos, comprender cómo puede existir el peligro de pérdidas de vidas humanas que tanto teme el abogado de la parte deman-dante.” (Bastardillas nuestras.)
* * «= * * #
“El único caso que se'nos ocurre puede suceder es uno como el de autos que sólo envolvería daños a la propiedad y como se dijo en I Custer v. Baltimore & 0. R. Go., supra, sería uno verdaderamente ¡raro y excepcional. Las pequeñísimas pérdidas, que pudieran ocurrir [serían compensadas grandemente por los grandes beneficios econó-micos producidos por un servicio rápido y eficiente del ferrocarril.”

En efecto,' lo que resolvió la corte de Pennsylvania fné que de acuerdo con las decisiones de dicto Estado prevale-cen dos proposiciones, a saber:

”1. Que no bay límite a la velocidad en que una compañía de ferrocarriles puede correr sus trenes en campo abierto y en los ca-minos rurales, siempre que el límite de seguridad a sus clientes no sea sobrepasado, (citas) 2. En ciudades, pueblos y distritos poblados la velocidad de los trenes debe ser moderada o la compañía debe tomar precauciones razonables para que haya seguridad para el público que cruza sus vías, (citas) La conclusión a que llegó la corte sentenciadora en este caso parecería seguir naturalmente que cuando una compañía ha puesto barreras en un camino y ha puesto un guardián allí para proteger a los que pasan por el camino, puede correr sus trenes a gran velocidad (high speed) en ese punto, aún cuando sea dentro de los límites de una municipalidad o de un distrito poblado.” (Bastardillas nuestras.)

Somos de opinión, qne esta doctrina aplicada por la corte inferior no puede prevalecer en jurisdicciones donde, como en Puerto Rico, rige un precepto de ley que expresamente dispone la velocidad a que deben correr los ferrocarriles en la zona urbana. El inciso (g). del artículo 3 de la Ley de Servicio Público (Ley núm. 70 de 1917 (2) pág. 433), en lo pertinente dispone que: “Si se tratare de una compañía de ferrocarril . . . deberán instalar en sus locomotoras campa-nas, silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túne-les y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere necesario como advertencia de la aproximación de dichas lo-comotoras y trenes los que reducirán la velocidad al míni-mum en los cruces de calles; ...” (Bastardillas nuestras.)

Cuando por estatuto se fija úna regla de conducta a ser cumplida por un ferrocarril en su cruce con una calle, su violación constituye negligencia per se. 52 C. J. 250, sección! 1837. En el caso de Osborne v. McMasters, 41 N. W. 543, sel establece con claridad la diferencia entre la negligencia del| deerebo común y la estatutaria, en esta forma:

“Negligencia es la violación de un deber legal. Es inmaterial si el deber es uno impuesto por la regla de derecho común que requiere i el ejercicio de cuidado ordinario para no causar daño a otro, o si | es impuesto por estatuto aprobado para la protección de otros. . . La única diferencia es que en un caso la medida legal se determinará I por los principios del derecho común mientras que en el otro lo fija I el estatuto, de manera que la violación del estatuto constituye evi-dencia conclusiva de negligencia per se. íúdo lo que hace el estatuto es establecer una norma fija a virtud de la cual la negligencia pueda determinarse.”

Véase Prosser -on Torts, pág. 264, sección 39.

La corte inferior al considerar el alcance del inciso (q), supra, se expresó en esta forma:

“No hemos perdido de vista el inciso (q) de la sección 3 de nues-tra Ley de Servicio Público. Ella impone a los ferrocarriles la obligación de reducir la velocidad a su mínimum en los cruces de calles; no dice la ley lo que debe considerarse como mínimum pero entendemos que no puede ser otro que el que sea compatible con el poder de arrastre de la locomotora y la eficiencia del servicio y ya hemos demostrado que la velocidad que él tren llevaba era necesaria para que pudiera subir la pendiente que conducía al cruce.” (Bas-tardillas nuestras.)

Los dos únicos elementos tomados en consideración por el juez sentenciador para determinar lo que debe constituir “velocidad a su mínimum” fijada por la ley, es decir, que sea compatible 1, con el poder de arrastre de la locomotora y 2, con la eficiencia del servicio, no están en armonía ni con la letra ni con el espíritu del inciso (q) supra, que no es otro que el de salvaguardar la vida y la propiedad de los que transitan por las calles y caminos que son cruzados por los ferrocarriles. Los dos elementos mencionados toman en con-sideración únicamente la conveniencia y necesidad de la com-pañía en cnanto al poder de arrastre de nna locomotora, y en cnanto al público la eficacia del servicio. Empero, por encima de esos dos elementos está el tercero qne fiemos apun-tado; la seguridad personal y de propiedad.

No importa que el caso sea, por sus fiecfios, extraordina-rio, ya que no es lo corriente que un truck se atasque preci-samente en un cruce de ferrocarril, pero la ocurrencia de-muestra la razón de la regla sobre velocidad mínima estable-cida por la ley. Frente a sus preceptos no pueden ni deben prevalecer otras reglas que sancionen la velocidad excesiva en un cruce siempre que se fiayan puesto las barreras de se-guridad. Pueden surgir otros casos en que no sólo se oca-sione daño a la propiedad sino a las personas. En este mismo que resolvemos si el chófer por cualquier circunstan-cia no hubiera podido salir del truck antes de llegar el tren pudo haber sido arrollado y sufrido daños. Cf. Domínguez v. P. R. Ry., Light & Power Co., 19 D.P.R. 1090, y Marrero v. American Railroad Co., 33 D.P.R. 207.

Desde luego, que el tercer elemento depende para su exis-tencia de que se haya probado o no que la velocidad a que marchaba el tren era o no la mínima a que podía marchar. Si no lo fué existió negligencia por parte de la demandada.

Aún cuando la corte inferior en una parte de su opinión admitió que el tren “necesitaba mando menos marchar a 10 kilómetros” para subir la curva, no aplicó esta velocidad como la mínima que señala la ley, sino que habiéndose pro-bado que el tren caminaba a 15 kilómetros llegó a la conclu-sión de que “la velocidad que el tren llevaba era necesaria para que pudiera subir la pendiente que conducía al cruce”, y que “a esa velocidad le era completamente imposible al maquinista parar. ’ ’

Esta conclusión no está sostenida por la prueba. No sólo la de la demandante sino que la de la propia demandada de-mostró que el tren podía subir la cuesta a 10 kilómetros por hora. Su testigo Juan Velázquez, Ingeniero Jefe de Talle-j res y Depósitos declaró en el contrainterrogatorio:

“P. ¿Esa cuesta la puede subir a 10 kilómetros por bora?
“R. Sí, señor.
' “P. ¿No es cierto que si sube esa cuesta a 10 kilómetros se para-ría el tren?
“R. Puede ser. Yo creo que la puede subir.
“P. ¿Con los 22 vagones?
“R. Sí, señor.
“P. ¿No había peligro en que el tren fuera a diez kilómetros?
“R. No, señor.
“P. ¿Pararía .yendo a 10 kilómetros en menos distancia que yendo a 15 kilómetros? '
“R. Sí, señor.
“P. ¿Qué diferencia en metros habría yendo la máquina a 10 kilómetros por hora?
“R. A diez kilómetros por hora necesitaría para parar treinta metros.
“P. ¿Esa locomotora está fabricada para caminar a diez kiló-metros por hora?
“R. Sí, señor.
.* * «= * * =» *
“P. ¿Si ese tren hubiera ido a diez kilómetros por hora, hubiera podido parar antes de llegar al paso a nivel?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Y a diez kilómetros por hora ese tren hubiera subido bien la cuesta I
“R. Posiblemente sí y posiblemente no; todo depende de las condiciones.
“P. ¿Con la máquina y potencia que usted conoce?
“R. La puede subir.
“P. ¿Y es mucho más fácil de detenerla?
“R. Sí, señor.”

Ya-el testigo había declarado que ese tren caminando a 15 kilómetros por hora necesitaba 60 metros para poder pa-rar (T. de E. pág. 120).

El propio juez lo interrogó entonces en esta forma:

“Sr. Juez: — P. ¿Un tren caminando a diez kilómetros por hora y tomando como base este mismo tren, saliendo del túnel a diez kilo-[metros, puede parar si nota al salir del túnpl algo antes de llegar al [paso a nivel?
[ “R. Sí. Del túnel al paso a nivel bay 120 metros.
“P. 4Desde qué sitio se comienza a ver y puede el fogonero ver
■el paso a nivel?
1 ”R. A 40 metros del paso a nivel.
I “P. jT a qué distancia puede parar el tren en ese sitio yendo J-a diez kilómetros por hora?
I “R. En ese sitio, a 30 metros puede parar sin considerar la reac-I ción del maquinista y fogonero, i “P. ¿Vamos a considerar eso también?
i “R. Pues yendo a diez kilómetros por hora, serían un promedio | *de dos metros por segundo, son cinco segundos; pues serían 40 metros.
“P. ¿O sea que vendría a parar en el mismo paso a nivel?
“R. Sí, señor.”

El abogado de la demandada le preguntó entonces si ha-bía calculado el tiempo que tarda el fogonero en- decirle al maquinista lo del truck y el tiempo que tarda éste en verlo y parar,.y contestó que le concedía cinco segundos. Ya an-teriormente había declarado este testigo que por los experi-mentos realizados con el personal del ferrocarril había sa-cado el promedio de cinco segundos como reacción desde que el maquinista es avisado para que pueda hacer los cuatro movimientos necesarios para aplicar los frenos. (Véase el caso de Clark v. Boston & Maine R. R., 182 A. 175, 177, donde la corte le asigna un término de dos segundos a una reacción idéntica por parte del maquinista.)

El -maquinista del tren si bien en una parte de su decla-ración dijo- que aún corriendo a diez kilómetros no hubiera podido parar antes del cruce, en otra parte manifestó que •si le hubiera dado tiempo suficiente hubiera parado y que marchando a diez kilómetros, con el aviso anticipado de pa-rada ('suponemos se refería al del fogonero), también hu-biera parado antes del paso a nivel. Asimismo declaró que esa curva, debido al aumento del tráfico de los trucks del gobierno “es un sitio de peligro”.

Esta prueba demuestra, sin dejar lugar a dudas, que el! minimum de velocidad que exige el inciso (q) supra, pudo! cumplirse en el caso de autos si el tren hubiera corrido al diez kilómetros por hora y además que si el tren hubiera corrido a dicha velocidad hubiera podido detenerse antes o al llegar al paso a nivel. El tren no tenía que correr a quince j kilómetros por hora para poder subir la pequeña pendiente) y, por tanto, no era ése el mínimum a que debió correr, ve-locidad que fue la causa de que no pudiera detenerse hasta después de chocar con el truck en el cruce de la calle y, por consiguiente, es preciso concluir que se probó la negligencia de la demandada.

Ahora bien, para hacer responsable a la demandada.] de los daños causados a la' demandante, esta negligencia tiene que ser la causa próxima del accidente sin que la demandantefuera culpable de negligencia contributoria. Somos de opinión que no se probó la negligencia contributoria, ya que el truck de la demandante se paró en el cruce, no por negligencia de su chófer, sino debido al hecho fortuito de habersedetenido inesperadamente el otro camión que le precedía y,, al apagarse el motor del truck de la demandante quedó parado en el mismo cruce y por más esfuerzos que hicieron el’ chófer y su ayudante no pudieron echar a andar el motor durante cinco minutos. Si el tren de la demandada hubiera: estado corriendo a la velocidad mínima que exige la ley enlos cruces de calles hubiera parado antes o al llegar al crucey se hubiera evitado el accidente y, por tanto, la negligencia: de los empleados de la demandada fué la causa próxima del mismo.

No está envuelta en este caso la doctrina de la última: oportunidad (lást olear chance) como sostiene la apelada.. La demandante no invoca esta teoría pues para su aplicacióntendría que admitir su propia negligencia para entonces ale-gar que a pesar de esa negligencia la demandada tuvo la última oportunidad de evitar el accidente. Yéase la extensa. Inonografía en 92 A.L.R. 47 y Miranda v. P. R. Ry. Light & Power Co., 42 D.P.R. 719.

I La prueba de la demandante, no contradicha por la de-¡mandada, demostró que la reparación del truck de la deman-Idante valía $482.30 incluyendo piezas y mano de obra y que lademás aún después de reparado tenía una depreciación de [$200. Ésta fue la cuantía de los daños probados.

I Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decía-\rand.o •con lugar la demanda y condenando a la demandada a pagar a la demandante $-68.2.30 más los costas.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

RESOLUCION

Abril 27, 1943.

Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

Vista la moción de la apelada solicitando la reconsidera-ción de la sentencia en este caso, fundada, entre otras razo-nes que no consideramos necesario resolver de nuevo, en que por ella esta Corte sostiene que la violación del inciso (g) del artículo tercero de la Ley de Servicio Público, reglamentando-la velocidad de los trenes en los cruces de calles constituye-negligencia per se y no mera evidencia de negligencia.

Por cuanto si bien en nuestra opinión hicimos referencia a autoridades que sostienen que la violación de un estatuto-estableciendo una velocidad determinada constituye negligen-cia per se, nuestra decisión no tiene dicho alcance ya que-el inciso (q), supra, no establece una velocidad determinada, sino que se limita a imponer la obligación de reducir la velo-cidad “al mínimum en los cruces de calles” y resolvimos que de acuerdo con los hechos que la propia corte sentencia-dora declaró probados el tren sólo “necesitaba cuando me-nos marchar a 10 kilómetros” y que a pesar de eso no aplicó-esta velocidad como la mínima que señala la ley habiéndose-demostrado por otra prueba que de haber marchado a dicha velocidad como mínimum el accidente pudo evitarse. De-hecho aplicamos la regla de que la violación del estatuto! •constituyó evidencia de negligencia -que no fné debidamente! apreciada por la corte inferior dentro de las circunstancias! •concurrentes del caso. 1

Por tarto, se declara sin lugar la moción de reconside-j ración. |


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado. - Señor Sítyder

license: Public Domain

text:
    Russell & Co., Sucrs., demandante y apelada, v. Higinio Padrón Fortier et als., demandados y apelantes.
    Núm. 8586.

    Sometido: Febrero 23, 1943.

      Resuelto: Abril 7, 1943.

      JR. V. Pérez Marchand, abogado de los apelantes; F. Manuel Toro y Leopoldo Tormes García, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado. - Señor Sítyder

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la corte de distrito resolvió que la demandante había adquirido título por prescripción a favor de dos de sus fincas, de una servidumbre de acueducto con-sistente de un canal de riego construido de manipostería que medía 6 pies de ancho y de 22 a 24 pulgadas de alto. Este canal, conocido como el Canal del Cacique, corría a través de la finca de los demandados en una extensión de 2,061 pies y era visible en toda su extensión.

Todas las contenciones levantadas por los demandados en apelación son- frívolas. Tales cuestiones como una alegada toma nueva de agua para el canal y la alegada falta de un derecho de propiedad exclusivo de la demandante sobre las aguas que discurren por el canal son enteramente ex-trañas a este pleito. La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de la demandante para que se eliminaran de la contestación de los demandados las alegaciones referentes a estas cuestiones, y por tanto actuó correctamente al no ciarle peso al testimonio sobre estas cuestiones, después de haberse celebrado el juicio en sus méritos. Tales cuestiones no eran relevantes a la única verdadera cuestión en controversia que estaba propiamente ante la corte; a saber, si la demandante tenía título a la servidumbre que reclamaba.

Se estableció claramente durante el juicio que el canal en cuestión ha existido desde el 1846, y que la demandante y sus predecesores lo han venido usando desde dicha fecha como una servidumbre de acueducto que atraviesa la finca de lo.s demandados. El hecho de que tal servidumbre nunca se inscribió como un gravamen sobre la finca de los demandados no tiene importancia. Esta es una servidumbre positiva, continua y aparente (art. 497, Código Civil; 28 Enciclopedia Jurídica Española 667), la existencia de la cual se manifiesta mediante signos ostensibles e indubitados. Tal servidumbre se adquiere mediante el uso durante veinte años. Alvarez v. Municipio, 43 D.P.R. 521, 525, 8; Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871, 874 y siguientes, especialmente las páginas 878, 9; Stella v. Blasini, etc., et als., ante, págl '372. Aquí, como hemos visto se ha probado tal uso por casi un siglo. Aunque su validez no estaba envuelta directamente esta corte ya tuvo ocasión en el caso de Russell & Co., Sucrs. v. Grau Vda. Olivieri, 57 D.P.R. 989 (per curiam) de reco-nocer la existencia de la servidumbre envuelta en este caso.

Existen otras contenciones de los demandados que m •están muy lejos de ser absurdas. Los demandados alegan.! por ejemplo, que la corte inferior cometió error al resolver •que ciertos exhibits que se especifican eran suficientes para basar en ellos su sentencia a favor de la demandante. Pero la corte inferior muy claramente basó su sentencia en toda la evidencia ofrecida. Y aun los demandados no alegan que el récord en total no justifica una sentencia a favor de la •demandante. De igual manera, la contención de que la corte cometió error al no transcribir en su opinión la súplica de la contestación de los demandados en vista del hecho de que la corte transcribió en dicho documento la súplica de la de-mandante, sólo necesita ser expuesta para disponer de ella.

Los otros errores señalados son igualmente triviales. Las contenciones de que la demandante no estableció su per-sonalidad jurídica; qué la corte inferior cometió, error por-que resolvió que los demandados no probaron una comuni-dad de regantes; y que la corte inferior cometió error al no •determinar en cuál de las dos causas de acción alegadas pol-la demandante se basaba el derecho de servidumbre — toda vez que la demanda alegó y la prueba estableció solamente una causa de acción basada en prescripción — igualmente no .justifican una 'discusión por esta Corte.

No hubo error al admitirse como un exhibit una ad-misión hecha por uno de los demandados en un caso entre la demandante y un tercero (Russell & Co., Sucrs. v. Grau vda. Olivieri, supra), al efecto de que el canal en cuestión pertenecía a la demandante y de que él había venido obser-vando el canal desde que nació, hacía sesenta y tres años. Morales v. Ceide, 51 D.P.R. 27, 34, 5.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Enrique González Ramos, por sí y como mandatario de María Petronila, Leonirda, Leonor y Florencia González Ramos, demandantes y apelantes, v. Antonio Joy y Joy, Lorenzo, Juan y Carmen Castañer Frontera, y Pedro Pons, demandados y apelados.
    Núm. 8633.

    Sometido: Abril 1, 11943.

      Resuelto: Abril 7, 1943.

      Buenaventura Esteres, abogado de los apelantes; Héctor Reichard, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso envuelve una controversia en relación al derecho de propiedad sobre tres fincas. La demanda alega dos cansas de acción, una de nulidad de nn expediente de dominio que envolvía las tres fincas y la otra en reivindica-ción de las mismas fincas. Los demandantes alegaron que “son los únicos y universales herederos del finado Antonio Bamos Soto, quien falleció en estado de viudez en el barril Bartolo de Lares, P. R., el 27 de abril de 1885; y como tale! herederos son dueños de las siguientes fincas”, describiendl las tres fincas en controversia. Los demandados radicarmi una excepción previa por el fundamento de que la demandil no aducía hechos suficientes para determinar una causa di acción, y radicaron también una moción para que se eliminal ran de la demanda las palabras “los demandantes son loi únicos y universales herederos del finado Antonio Ramol Soto”, por el fundamento de que constituyen una conclusióil de derecho que no está acompañada-de hechos de los cualeaj la misma pueda derivarse. La corte inferior declaró con luí gar ambas mociones, citando como autoridad para ello Ecm parte Sánchez, 28 D.P.R. 139, y concediendo a los demandan! tes diez días para enmendar su demanda. Al no enmendarlal los demandantes, la corte de distrito, a moción de los deman-dados, dictó sentencia a favor de éstos. Los demandantes han apelado de tal sentencia.

Un examen de Ex parte Sánchez, supra, revela que es distinguible del caso de autos. El caso de Sánchez era un procedimiento ex parte para obtener una declaratoria de herederos, incoado bajo un estatuto especial que especifica los elementos necesarios que deben establecerse para obtener tal declaratoria. (Art. 552, Código de Enjuiciamiento Civil.) Fué a la luz de tales requisitos que esta Corte dijo en el caso de Sánchez a la pág. 140 que la alegación de que los peticionarios “como legítimos hermanos de Felipe Sánchez Mercado., eran sus únicos herederos abintestato, entraña una conclusión legal y la parte ha debido establecer en su petición hechos en virtud de los cuales la corte hubiera podido llegar a tal conclusión. Esos hechos eran que Felipe Sánchez Mercado había fallecido abintestato en estado de soltería, que antes de él habían fallecido los ascendientes del mismo, que no dejó hijos naturales y que sus parientes máspróximos son sus hermanos legítimos que se relacionan en la petición. Probados esos hechos, hubiera venido como con-clusión legal para la corte la de qne los hermanos legítimos de Felipe Sánchez Mercado eran sns únicos y universales herederos abintestato”.

I Además, dehe notarse también qne la decisión en el caso de Sánchez no se basó únicamente en la alegada deficiencia en las alegaciones. La corte inferior procedió a celebrar la vista a pesar de la petición-defectuosa y resolvió qne (pág. 140) “en la solicitad ni se alega ni tampoco se ha justificado con medio alguno de prueba que Felipe Sánchez Mercado al tiempo de su fallecimiento no dejara hijos legítimos o natu-rales y que hayan fallecido Tomás Sánchez e Ignacia Mercado, padres del finado, y demás ascendientes del mismo”. Al confirmar la sentencia, esta corte por tanto basó su deci-sión en el fundamento adicional (pág. 141) de qne “Tal prueba no existe, y por tanto, no es posible afirmar que haya suplido la deficiencia de las alegaciones del escrito inicial del procedimiento”.

En. contraste, aquí tenemos un procedimiento contencioso plenario en el cual los demandantes reclaman título sobre tres fincas. La teoría de su caso es que ellos son los únicos y universales herederos de su causante, del cual ellos derivan -el título sobre las fincas. Toda vez que éste no es un caso en que, como en el de Sánchez, ellos tratan de obtener una declaratoria de herederos, no están obligados a cumplir con el artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil que especifica detallada-mente los requisitos necesarios para demostrar su calidad de herederos. El único requisito en este caso es que, como en todos los casos corrientes, la demanda aduzca hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción. T al alegar tales hechos, no hay requisito alguno al efecto de que los demandantes necesiten alegar toda o parte alguna de su evi-dencia, o todos los hechos preliminares o intermedios que conduzcan al hecho fundamental (ultimate fact). Es sufi--cíente alegar el hecho fundamental (ultimate fact) o los he chos que le den derecho al remedio que solicitan. Puede se .que algunas veces, como en el presente caso, el hecho fun damental (ultimate fact) o los hechos también sean una con .elusion de derecho, convirtiéndose por ende en una cuestió]) mixta de hecho y de derecho. Sin embargo, esto no alter el “principio cardinal en materia de alegaciones de que hej chos fundamentales (ultimate facts) y no probatorios debei| alegarse”. (1 Bancroft’s Code Pleading, See. 21, pág. 52)

En un caso corriente una alegación general de titule como la que existe en este caso es una alegación suficiente de un hecho fundamental (ultimate fad), y el reclamante no tiene que alegar los hechos que evidencian tal alegación 1 Bancroft’s supra, Sec. 48, pág. 100; Idem, Ten Year Supplement, Sec. 48, pág. 30. Es innecesario hacer constar que si tal alegación, aunque técnicamente aduciendo una causa, de .acción, no ofrece a la parte contraria suficiente información para contestar o preparar una defensa, tal información puede obtenerse mediante un pliego de especificaciones u otras me-didas adecuadas.

La ■sentencia de la corte de distrito será revocada, y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsisten- ' tés con esta opinión.


author: [El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Mariano Vázquez, demandante y apelado, v. Emilio Antuñano, demandado y apelante.
    Núm. 8636.

    Sometido: Marzo 18, 1943.

      Resuelto: Abril 13, 1943.

      wR-odríguez & Parga, abogados del apelante; Luis Sánchez Vahamonde, I abogado del apelado.
   [El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del triI tranal.

I Emilio Antuñano, el demandado, era dueño de una casa ¡que arrendó a Gonzalo Díaz. El demandante almorzaba y Jcomía en la casa de Díaz. Un día como a las 11:20 a. m., ¡cuando el demandante entró al cuarto de' baño de la casa, parte del piso, que se babía podrido, se derrumbó, resultando el demandante lesionado. Éste instituyó pleito contra el de-mandado, dueño de la casa, por daños y perjuicios ascenden-tes a $3,000. El demandado ña apelado de la sentencia de la corte de distrito concediendo al demandante la suma de *400 más $50 para honorarios de abogado.

La opinión de la corte de distrito lee en parte como sigue:

“Alega el demandado en su defensa que jamás, con anterioridad al accidente, le fuera notificado el mal estado del piso de la casa. Esto no era necesario. La obligación del demandado emanaba del artículo 1802 del Código Civil. No dependía en absoluto de contrato alguno de arrendamiento entre él y Díaz. El dueño de un edificio está en la obligación de mantenerlo en buenas condiciones y si no cumple con este deber por cuyo motivo ocasiona daños a una tercera persona viene obligado a resarcir los perjuicios causados. No era necesario tampoco que el demandado tuviera conocimiento actual del mal estado del piso. Este se desplomó con el solo peso del deman-dante al entrar en el cuarto de baño, lo que nos demuestra que si el demandado hubiera cumplido con su obligación de inspeccionarlo dentro de períodos de tiempo razonables hubiera notado inmediata-mente- su condición defectuosa. Torres v. Fernández, 56 D.P.R. 482, resuelve terminantemente todas las cuestiones aquí envueltas a favor del demandante. Copiamos de este caso lo siguiente:
“‘(494) Si mediante el cuidado necesario que estaba obligado a tener, el defecto hubiera podido descubrirse y ese cuidado razonable no se tuvo, el dueño es responsable.
C i •/? -Tv: * 'Hi
“ ‘De haber-cumplido con su deber, se hubiera enterado neeesa-riamente del defecto, y siendo ello así puede imputársele conoeimient constructivo del mismo. Conociéndolo, no lo reparó. Su negligee cia es evidente y la responsabilidad que de ella se deriva inevitable.
“Véanse además Roa v. Puig, 19 D.P.R. 386, Pérez v. Gandía, 3 D.P.R. 562, y Miranda v. Méndez, 50 D.P.R. 850.”

Aunque hubo cierto conflicto en la prueba en este caso e cuanto a si el piso del baño estaba completa o sólo parcial mente cubierto por un linóleo, todos los testigos del deman dante, incluyendo otros abonados, declararon que a pesar de linóleo las malas condiciones del piso habían estado clara mente visibles hacía varios meses. En verdad, los testigo del demandante declararon que la esposa del arrendatárii había sido notificada por ellos en cuanto al estado del piso aunque el arrendatario negó que estos avisos hubieran sid< dados. De cualquier modo, interpretando la prueba desd< el punto de vista más favorable al demandante, en este cas( no está envuelto defecto latente alguno en la condición d< la casa. Cf. Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560, 64, 65.

Por tanto, lo que nos concierne en este caso son única-mente aquellas defectos que pudieron haber sido observados mediante una inspección ordinaria y razonable. En cuantc a tales condiciones defectuosas, la corte de distrito interprete erróneamente el alcance del caso de Torres y los otros casos citados en su opinión. El lenguaje citado por la corte inferior del caso de Torres como antes se ha expuesto-, fue ex-traído sin tomar en cuenta su contexto. Mediante aquel lenguaje, esta Corte, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro, se refería a la responsabilidad de un arrendador por no haber conservado debidamente reparada una escalera de madera situada en el patio y que daba acceso a la azotea de la casa en la cual vivían varios inquilinos. Esta escalera estuvo en todo momento bajo el control del arrendador y era mantenida por éste para el uso de todos los inquilinos, in-cluyendo a la demandante. Bajo tales circunstancias, como el lenguaje del Juez Presidente indicó, no se necesita notifi-¡¡ación alguna al arrendador por parte del arrentario, y la ¡responsabilidad de éste por lesiones provenientes de su des-cuido negligente al no mantener en buenas condiciones tal escalera, es absoluta.

Pero los hechos del presente caso son enteramente dife-rentes. Aquí el alegado defecto existía en el piso del cuarto de baño, el cual, desde que el arrendatario entró en posesión hacía cuatro años, había estado bajo el control exclusivo de éste.

El artículo 1444 del Código Civil dispone que un arren-dador está obligado “A hacer en ella durante el arrenda-miento todas las reparaciones necesarias a fin de conser-varla en estado de servir para el uso a que ha sido desti-nada”. Pero el artículo 1449 del Código Civil contiene la disposición altamente razonable de que el arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador con el me-nor retraso posible, la necesidad de las reparaciones antes dichas.

También es cierto, como indicamos en el caso de Torres, que un arrendatario no está limitado en una acción de da-ños y perjuicios de esta naturaleza a su contrato de arren-damiento y a los artículos del Código Civil que se refieren al mismo. Tiene derecho a invocar el artículo 1802 del Có-digo Civil al efecto' de que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Sin embargo, debe existir primeramente alguna actuación u omisión de parte del arrendador que pueda calificarse de negligente antes de poderse otorgar un remedio contra él bajo el artículo 1802. Bajo las circunstancias del caso de Torres, resolvimos que la disposición en cuanto a notificación contenida en el ar-tículo 1449 era innecesaria, toda vez que la escalera estaba bajo el control del arrendador, la cual era usada en común por todos los arrendatarios, y que por tanto existía respon-sabilidad por negligencia bajo el artículo 1802. Pero en el presente caso, no podemos ver cómo el haber dejado el arren-j dador de reparar el piso de nn cuarto de baño que ha estado! bajo el exclusivo control del arrendatario durante cuatro! años pueda calificarse de negligente, en ausencia de notifi-l cación alguna sobre el particular del arrendatario al arren-dador, de conformidad con el artículo 1449, y en ausencia de cualquier conocimiento obtenido por el arrendador por otros medios de que deben hacerse las reparaciones. En verdad, el testimonio no contradicho fue al efecto de que el arren-dador, un mes antes del accidente, había enviado un carpin-tero a preguntarle al arrendatario si había que hacer algu-nas reparaciones y que el arrendatario le había dicho que no. Tanto el arrendador como el arrendatario declararon sin contradicciones que el último no había hecho notificación al-guna al primero en cuanto a la necesidad de hacer repara-ciones. Como cuestión de hecho, el arrendatario declaró que no existía defecto alguno, pero, como ya se ha indicado, la corte inferior dió crédito a los testigos del demandante en cuanto a la existencia del defecto, el cual, por tanto, debe considerarse como probado.

En el caso de Pérez v. Gandía, citado por 'la corte inferior y discutido extensamente con aprobación en nuestra opinión en el caso de Torres, estableció la norma (test) que ha sido seguida sin interrupción por esta Corte en casos si-milares. Indicamos en Pérez v. Gandía, en una opinión del Juez Presidente Sr. Del Toro, quien también escribió la opi-nión en el caso de Torres, a la página, 564, que “Rosario [el arrendatario] tenía derecho a recibir huéspedes, visitas, en la casa que para vivir alquiló. Cualquier persona pudo entrar en ella dentro del curso ordinario de los negocios. Y para con todos tenía el dueño obligaciones. El dueño estaba en el deber de conservar la casa en condiciones habitables y si teniendo conocimiento de su mal estado negligentemente dejó de corregir el defecto, es responsable del daño que con ello pudiera haber ocasionado. Su responsabilidad surge del jmasi contrato a que se refiere el artículo 1802 del Código' ¡Civil . . . ”. (La materia en corchetes y en bastardillas es ¡nuestra).

I El hecho de que en el caso de Pérez fné nn Inspector de; Sanidad en vez del arrendatario quien notificó al arrendador de la condición defectuosa de la casa, es inmaterial. Lo im-portante es que tuviera conocimiento, que es un prerequisito bajo las circunstancias aquí envueltas para poder hacerlo responsable de los accidentes que resulten por no haber re-parado la casa.

Miranda v. Méndez, 50 D.P.R. 850, en el cual la opinión fue también escrita por el Juez Presidente Del Toro, está completamente de acuerdo con nuestros casos anteriores. Allí el demandante-arrendatario había notificado al deman-dado-arrendador, (pág. 851) “del mal estado en que se en-contraba una pequeña escalera que tenía la casa para bajar al patio, y que a pesar de dicha notificación, el demandado ni su agente . . . hicieron arreglo alguno . . .”.

La decisión en el caso de Roa v. Puig et al., 19 D.P.R. 386, en el cual el Juez Asociado Sr. MacLeary escribió la opinión, no está en contra de la regla establecida en este caso. En aquel caso la demandante era sirvienta del.arren-datario. Alegó que se asustó tanto al caerse una viga del techo de una de las habitacionés de la casa, que tuvo un aborto. Aparte del hecho de que el caso envolvía un defecto latente — “el mal estado de las vigas no era perceptible á simple vista” (página 393) — esta corte dijo a la página 393 que “El apoderado, teniendo en cuenta el incidente ocurrido en septiembre del año anterior, debió estar sobre aviso y ha-ber ordenado oportunamente un reconocimiento en forma dé la viguería del techo para llevar a cabo las reparaciones que las circunstancias exigieran, librando así a su principal dé cualquier imputación de culpa o negligencia”. Como pued4 verse, en ese caso esta corte resolvió en efecto que la notifi-cación al apoderado del arrendador de que poco antes deí incidente en controversia se había desprendido otra viga, sub-l sanó cualquier alegado defecto en el caso de la demandante! que surgiera de la falta de una notificación específica delj arrendatario al arrendador del defecto en cuestión.

Es cierto que la opinión en el caso de Boa dice, a la pá-l gina 392-3 que “Tampoco puede alegar la propietaria quel no fue notificada por el inquilino de las condiciones en que] se encontraba la casa. La ley no exige tal notificación y en I el presente caso el mal estado de las vigas no era perceptible] a simple vista’5. La manifestación de que “la ley no exige[ tal notificación” fue un dictum, toda vez que la Corte resol-vió en realidad (a) que la notificación había sido dada en I efecto mediante la notificación de un accidente similar anterior, y (b) que estaba envuelto un defecto latente. Pero lo que es más importante es que el dichim se emitió no como una interpretación del requisito de notificación contenido en el artículo 1449, en relación con los artículos 1446 y 1802 del Código Civil, sino al interpretar dos artículos enteramente diferentes; es decir, los artículos 323 (entonces el 396) y el 325 (entonces el 398), que leen como sigue:

“Sección'323. — Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída.
“Si no lo verificase el propietario de la obra ruinosa, la autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo.”
“Sección 325. — En los casos de los dos artículos anteriores, si el-edificio o árbol se cayere, será responsable el propietario de los daños y perjuicios que se ocasionen, salvo el caso de fuerza mayor.”

En el presente caso nada tenemos que ver con el hecho de si un caso que surge bajo estos artículos no requiere no-tificación al arrendador, como se indicó en la opinión en el caso de Boa. Sólo necesitamos indicar que la manifestación era innecesaria para la decisión en aquel caso, en vista del hecho que esta corte resolvió que se había dado notificación constructiva, y que de cualquier modo el presente caso se rige por otros artículos del Código Civil.

La expresión más reciente de esta Corte en cnanto a cuándo se requiere que el arrendatario notifique al arrenda-dor se encuentra en el caso de Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560, donde la corte, por voz del Juez Asociado Sr. Hutchison expuso la regla de la siguiente ma-nera a la página 564:

“De acuerdo con el artículo 1449 el arrendatario está obligado a poner en conocimiento del dueño la necesidad de todas las repa-raciones requeridas a fin de conservarla en estado de servir para el fin previsto en el contrato de arrendamiento. Esta disposición pre-supone aquella posesión y dominio por parte del arrendatario que le permita cumplir el requisito estatutario. No impone al arren-datario de la planta baja de un edificio la obligación de notificar a su arrendador, que retiene la posesión y dominio de la azotea, de que es necesario hacer en ésta reparaciones.”

La regla del derecho común parece sustancialmente la misma que se expresa en este caso. El Comentario sobre la Sección 357, Restatement of Torts, dice en parte a la pá-gina 968 que “A menos que el contrato estipule que el arren-dador inspeccionará la propiedad para cerciorarse de la ne-cesidad de reparaciones, un contrato para mantener el interior en condiciones de seguridad exige responsabilidad del ■arrendador si, y solamente si, no ejercita un cuidado razo-nable después que el arrendatario le haya notificado la ne-cesidad de las reparaciones”. Para una luminosa discusión de toda esta materia, véase Eldridge, Modern Tort Problems, Capítulo V, Landlord’s Tort Liability for Disrepair, págs. 113 et seq.

En este caso la corte inferior resolvió que era deber del •arrendador examinar el pisó del cuarto de baño, y por la omisión del cumplimiento de ese deber, imputó a aquél co-nocimiento- constructivo de los defectos que pudo haber des-cubierto mediante una inspección ordinaria. La dificultad con esa posición, como hemos visto, es que la corte de dis-trito interpretó el caso de Torres como que resuelve que tal deber de inspección descansa siempre sobre el arrendador,-mientras que lo único que resuelve tal caso es que el deber i recayó sobre el arrendador bajo las condiciones que allí con- j currieron, que eran completamente diferentes a aquellas que concurren en este caso. Toda vez que* bajo las circunstan-cias del presente caso, conocimiento actual de parte del arren-dador es exigido para hacerle responsable, la falta completa de prueba para demostrar algún conocimiento por parte del arrendador de la condición defectuosa, lo releva de respon-sabilidad.

La sentencia de, la corte de distrito será revocada y se dictará otra a favor del demandado.


text:
    Sucn. Luis B. Manzano Soto, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1119.

    Sometido: Marzo 29, 1943.

      Resuelto: Abril 14, 1943.

      Oscar Soujfront, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico otorgó una escritura pública con el propósito de cancelar una hipoteca sobre bienes in-.nebíes otorgada por el cansante de la recurrente a favor e El Pueblo de Puerto Pico. La escritura de cancelación-tace constar que la hipoteca en cuestión se otorgó original-nente con el fin de garantizar un préstamo hedióle por la [Junta de Terremotos de conformidad con la Ley núm. 8, [Leyes de Puerto Rico 1918 ((2) pág. 27), y que, habiéndose satisfecho dicho préstamo, el Tesorero, de conformidad con la Ley núm. 12, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 127), otorga la referida escritura de cancelación de hipoteca. El Regis-trador se negó a inscribir la escritura de cancelación expo-niendo como fundamentos para ello las siguientes razones:

“No consta en ninguno de los asientos, en donde está registrada la hipoteca cuya cancelación se solicita,' que el préstamo en garantía del cual se estableció dicho gravamen, le fuera concedido al deudor, por la Junta de Terremotos, o de conformidad con el artículo cuatro de la Ley número ocho, aprobadá en doce de diciembre de 1918, no estando esta cancelación cubierta por las disposiciones de la ley nú-mero doce aprobada en 12 de mayo de 1925. Se acompañó una certificación complementaria, expedida por el citado otorgante, con fecha primero de febrero actual, cuyo documento es ineficaz en dere-cho para rectificar o surtir el efecto legal de rectificar implícitamente los asientos mencionados a falta del correspondiente título inscrito, o sin una providencia judicial en su defecto; . . .”.

El único problema en este caso es determinar el proce-dimiento apropiado para hacer que las correspondientes ins-cripciones en el registro reflejen todos los hechos en el pre-sente caso. El registrador cita los casos de Balzac v. Registrador, 48 D.P.R. 171, Vázquez v. El Registrador de San Juan, 30 D.P.R. 13, Jaca v. Registrador, 33 D.P.R. 775, y Morales v. Registrador, 55 D.P.R. 975 (per curiam), como que sostienen su posición al efecto de que de acuerdo con el artículo 256 de la Ley Hipotecaria el acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador, o una providencia judicial, es necesario- para poder “rectificar” las inscripcio-nes del registro en este caso.

La recurrente ofrece la explicación de que no existe co-pia de la escritura original de hipoteca, toda vez que ésta se destruyó en un fuego, y la copia del Tesorero se “extravió”. Afirma que la omisión original al no inscribirse en el regis-tro el hecho de que la hipoteca había sido otorgada por ra-| zón de un préstamo hecho por la Junta de Terremotos pudo| muy bien haber sido un olvido del Registrador cuando ins-cribió la escritura original de hipoteca. Sin embargo, no te-nemos derecho a especular sobre tal posibilidad. También I pudo muy bien ser, como indica el registrador, que la copia | que se le presentó al registrador no contuviera tal disposi-ción, aunque de ser así, debió quizá señalar un defecto sub-sanable. Pero el registrador tiene razón al afirmar que no puede actuar a base de una información ex parte y a base de especulación. Sea ello como fuere, la única cuestión ahora ante nos es si el registrador actuó correctamente al negarse a inscribir la escritura de cancelación debido a que la ins-cripción de la escritura original de hipoteca no hace referencia alguna al alegado préstamo hecho por la Junta de Terre-motos.

Los casos citados por el registrador se refieren a “erro-res ’ ’ en las inscripciones del registro que se alega están ‘ ‘ en conflicto” con los hechos verdaderos, los cuales no pueden ser “rectificados” mediante un recurso gubernativo. Aquí la situación es algo diferente, toda vez que no existe error alguno como losque existieron en dichos casos, sino única-mente la omisión en la inscripción de la hipoteca de la ra-zón por la cual el deudor hipotecario la otorgó. Y de cual-quier modo, no se realiza esfuerzo alguno para cambiar la inscripción de la escritura original. Ésta, bien por error o por otra causa, fué inscrita sin defecto. Aquí la única cues-tión es si otro instrumento — una escritura que cancele la hi-poteca — tiene derecho a ser inscrita.

Asumiendo, como afirma el registrador, que el poder del Tesorero a otorgar una escritura de cancelación de hipoteca debe encontrarse dentro de la Ley núm. 12, Leyes de Puerto Rico, 1925, que confiere poder al Tesorero para otorgar tales documentos al saldarse los préstamos hechos por la Junta de Terremotos, la escritura de cancelación aquí envuelta cumple con tal condición. Específicamente dice que la hipo-teca que se cancela garantizaba tal préstamo. Otra vez no-tamos la peculiaridad de que el defecto, si existió alguna vez, fué sólo en la escritura original de hipoteca, la cual el re-gistrador inscribió sin objeción aguna. Y no está envuelto un tercero. Por tanto resolvemos que, a lo sumo, existe aquí un defecto subsanable. El propio registrador parece acep-tar este punto cuando concluye su alegato diciendo: “Por nuestra parte no habría inconveniente en cancelar la hipo-teca teniendo a la vista cualquiera de los siguientes docu-mentos :

1. Copia certificada de la escritura.
2. Acta correspondiente de la Junta de Terremotos.
3. Providencia Judicial.”

Véanse artículo 110 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, Estatutos Revisados, 1911, §7207, pág. 1175; Hernández v. El Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 130; Cf. Marcano v. El Registrador, 20 D.P.R. 525; Ramírez v. Registrador, 38 D.P.R. 771, 2.

La recurrente ofreció con la escritura de cancelación una certificación expedida por el Tesorero que lee en parte como sigue:

“Que según se desprende del Registro de ‘Empréstitos sobre Terremotos’.que se lleva en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, con fecha 20 de agosto de 1920 ... la Junta de Terremotos . . . concedió un préstamo hipotecario por la suma de $1,100 al Sr. Luis B. Manzano y Soto . . .
“Certifico, además, que para garantizar dicho préstamo hipote-cario'el Sr. Luis B. Manzano y.'Soto otorgó escritura de Hipoteca a favor de El Pueblo de Puerto Rico gravando dos fincas de su pro-piedad.
“Certifico, finalmente, que de acuerdo con el citado Registro, el Sr. Luis B. Manzano y Soto saldó dicho préstamo hipotecario en su totalidad en septiembre 14 de 1930.”

Esta certificación en relación no se ajusta a los requisito.' señalados por el artículo 431, párr. 6 y artículo 436, Códigí de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). Véanse Hernández v. Registrador, 61 D.P.R. 267, y los artículos 433 y 438 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. Una certificación literal de Id parte pertinente de los records de la Junta de Terremotos acreditativa de la transacción .que dió origen a la constitu-ción de la hipoteca debe ser presentada al registrador si se desea inscribir la escritura de cancelación libre de defectos.

Se le ordenará al registrador que inscriba la escritura de cancelación aquí envuelta con el defecto subsanable de que la certificación del Tesorero ál efecto de que la hipoteca que se cancela garantizaba un préstamo hecho por la Junta de Terremotos, no cumple con los requisitos de ley-.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    West India Oil Co. (P. R.), demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8562.

    Sometido: Febrero 12, 1943.

      Resuelto: Abril 15, 1943.

      J. Cariia Miranda y Miranda <6 Miranda Estove, abogados de la apelante; IIon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Eulogio Riera, Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia objeto.de este recurso fue dictada a instan-cias de la demandante apelante, a base de una resolución de la corte inferior declarando con lugar una moción eliminato-ria que por su alcance y consecuencias tiene el efecto de una excepción previa. En tales circunstancias, la cuestión a resolver se reduce a determinar si incurrió en error la corte sentenciadora al declarar con lugar la moción eliminatoria. A ese fin conviene conocer la demanda y especialmente las alegaciones que fueron objeto de la orden de eliminación. La demanda puede resumirse así: Desde el mes de agosto de 1925 basta noviembre de 1940 la demandante y su antece-sora en título, West India Oil Co., extrajeron y vendieron de un tanque de adeudo (bonded tank) aproximadamente' 70,000 galones de aceite combustible que exportaron de Puerto Ricd para ser utilizados por las embarcaciones en sns viajes poi[ alta mar, fuera del comercio de la Isla. Dudando la deman-| dante si la sección 62 de la Ley de Rentas Internas de Fuerte Rico-, que imponía nn tributo de 2 por ciento sobre el precie de las ventas ordinarias, era aplicable a las ventas de aceite combustible extraído de tanques- de adeudo para ser consu-| mido en la forma indicada, consultó en 1925 con el entonce» Tesorero de Puerto Rico, quien le manifestó que dicho im-[ puesto no era aplicable a tales ventas. Consistente con esi opinión del Tesorero, de la cual participaba también el Go-I bernador, no se impuso ni se cobró tributo alguno sobre dichas ventas en los diez años comprendidos entre 1925 y 1935.1 En esta última fecha el entonces Tesorero de Puerto Rico| expresó la posibilidad de que la sección 62 supra fuese apli-cable a dichas ventas y como medida de precaución ordenó! que se practicase una investigación de los libros de la de-| mandante a fin de determinar el número de galones extraí-dos de -su tanque de adeqdo y vendidos en las condiciones I antedichas desde que empezó a regir la Ley de Rentas In-ternas en 1925. En vista de la nueva actitud asumida por el Departamento de Hacienda, la demandante apelante en septiembre de 1935 recurrió a la corte inferior en solicitud de una sentencia declaratoria que despejase la incertidum-bre, recayendo dicha sentencia en octubre de 1936, declarando que la sección 62 no era aplicable a ventas de la naturaleza indicada. Apeló el Tesorero para ante este tribunal, dictán-dose sentencia en 10 de mayo de 1939 (54 D.P.R. 732) que revocó la de la corte de distrito y sostuvo la aplicabilidad de la sección 62. Apeló entonces la demandante para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, siendo confirmada la de este tribunal por sentencia de 15 de diciembre de 1939 (108 F. (2d) 144). Por último recurrió la demandante para ante la Corte Suprema de Jos Estados Unidos, la que, con fecha 12 de no-liembre de 1940, confirmó a su vez la de la Corte de Circuito 311 U. S. 20, 85 L. ed. 16).

I Resuelto judicialmente y de manera definitiva que la section 62 era aplicable a ventas de la naturaleza indicada, el , ■Tesorero, a fines de 1940, ordenó otra investigación de los ■ libros de la demandante y posteriormente impuso tributo a '• lidias ventas y requirió de pago a la demandante. El 15 de narzo de 1941 el Tesorero, basándose en la sección 77 de la Ley de Rentas Internas, exigió a la demandante en concepto le penalidad el 10 por ciento de la cantidad representativa leí impuesto propiamente dicho, ascendiendo dicha penalidad a $15,467.29, y en adición exigió, por concepto de intereses, el pago de $105,971.12, o sea un total de $121,438.41, que era el importe de los intereses sobre las ventas efectuadas desde que empezó a regir la ley en 1925 hasta la fecha en que la . demandante pagó la contribución propiamente dicha. Sobre el pago de dicha contribución no existe controversia alguna. La hay, sin embargo, en cuanto a la referida suma de ■ $121,438.41, que la demandante pagó bajo protesta el 21 de ' abril de 1941, y para recobrar dicha suma, que alega le fué" ilegalmente cobrada, instituyó este pleito en la corte inferior.

La demanda fué debidamente jurada y de ella solicitó el demandado que se eliminasen los párrafos tercero, cuarto y • séptimo; y de los párrafos duodécimo y decimotercero, las porciones que más adelante se transcribirán, por ser unas, conclusiones de derecho, y otras, materia argumentativa e irrelevante. La materia de que se solicita eliminación dice" así: ''

“3. Que en 1925, la demandante, abrigando serias dudas y azu- ' zada por razonable incertidumbre con respecto a si la sección 62 de" la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, por la cual se cargan-tributos del 2 por ciento sobre el precio o valor (dado de contado o : a crédito) de las ventas diarias, era aplicable a ventas de la natura-leza alegada en el hecho segundo, procedió a descubrir o averiguar el alcance de dicha sección 62, mucho antes de que el tributo se - impusiere y de que la situación del cobro contributivo tuviese efecto.”
“4. Que en 1925, la demandante, previa consulta que llevara cabo con el Tesorero de Puerto Rico, recibió de éste la seguridad d que dicha sección 62 no era aplicable a las ventas de la naturalez: referida en la alegación segunda, porque el Gobernador y el Tesorer< de Puerto Rico habían llegado a la conclusión de que dicha secciói 62 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico que impone una con tribución del 2 por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias bien de contado o bien a crédito, no era aplicable a las ventas d< aceite combustible a vapores para consumo en alta mar.”
“7. Que en 1935 la demandante, apremiada por la nueva actituc que el Tesorero asumía con respecto a la posible aplicación de h sección 62 tantas veces citada, a ventas de la naturaleza descrita pensando en el riesgo que podía correr de actuar solamente guiadc por sus propias conjeturas o de. incurrir por omisiones involuntarias en posibles predisposiciones, penalidades y recargos, decidió solicitai que asta Hon. Corte la señalara el camino legal a seguir antes de que un paso en falso ocasionara a la demandante daños y perjuicios. ’
“12. . . . basándose en la sección 77- de la Ley de Rentas Inter-nas de Puerto Rico que dice así: ‘Cuando una persona obligada por -esta Ley a pagar contribución sobre el montante de sus ventas mensuales no lo hiciera en la forma y tiempo establecidos en la misma, pagará, además de dicha contribución y como parte de ella, en concepto de- penalidad, un diez (10) por ciento de la cantidad .adeudada e intereses a razón del uno (1) por ciento mensual, com-•putables desde la fecha en que se vencieron los diez días de término concedidos por la sección 63 de esta Ley para el pago de la expre-sada contribución’ ...”
“13. . . . por las siguientes razones:
“(a) porque el hecho de haber recurrido la demandante al pro-cedimiento de decretos declaratorios establecidos casualmente para dar pauta o guía legal a una persona que se encuentra insegura en sus derechos y ■ en situación de peligro, es circunstancia que exami-nada propiamente destruye cualquier tendencia mental hacia la .determinación de un concepto do penalidad, es decir, a la incurrencia en dolo, negligencia o contravención de una obligación legal como la establecida por la sección 77 de la Ley de Rentas Internas;
r. “(5) porque el hecho de haber considerado el Tesorero d- 'o -Rico que la sección 62 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico .-no era aplicable a ventas de la naturaleza mencionada, el no haber •impuesto contribución alguna sobre tales ventas desde 1925 a 1940, y el haber la demandante recurrido al procedimiento de decretos declaratorios para que una corte diera a ambas partes un camino a lieguir, son circunstancias que examinadas propiamente destruyen cualquier tendencia mental hacia la determinación de un concepto lie morosidad no recíproca, es decir, de imposición de intereses como compensación a daños sufridos por la tardanza exclusiva de un ¡deudor en el pago de una obligación legal similar a la establecida ¡por la sección 77 de la Ley de Rentas Internas;
‘‘(c) porque el hecho de haber existido dudas de parte de la demandante en cuanto a la aplicación de la sección 62 a las ventas referidas y el haber opinado el demandado que tales ventas no esta-ban sujetas a contribución por dicha ley, son circunstancias que examinadas propiamente destruyen cualquier tendencia mental hacia lia conclusión de que la época en que había de entregarse la cosa fué motivo determinante para establecer la obligación, es decir, de la existencia de mora por la mera razón de que la obligación legal establecida por la sección 77 de la Ley de Rentas Internas lo declara así expresamente;
{d) porque, dados los hechos ocurridos, según han sido alega-dos, los elementos accidentales que han concurrido en este caso par-ticularizando la obligación legal creada por la sección 77, la natura-leza'de la obligación, lo esencial de ésta y las circunstancias de la misma, resulta que ha habido un estado especial de pago contribu-tivo o simple retraso, pero no resulta que ha habido const it rtción en mora, es decir, comienzo de ella o declaración de que la mora empezara y con ello empezara también a surtir el retraso los efectos que de la mora son propios;
“ (e) porque el hecho de no haber pagado a tiempo la demandante la contribución del 2 por ciento sobre las ventas mencionadas no fué debido a falta de cumplimiento normal, como ha sido alegado, lo que elimina el carácter de agravación de la responsabilidad penal esta-blecida por la sección 77 de la Ley de Rentas Internas;
!! (/) porque en el hecho de no haber jjagado a tiempo la deman-dante la contribución del 2 por ciento sobre las ventas mencionadas no intervino la negligencia de la demandante como ha sido alegado, y en tales casos no cabe la exacción de la pena que impone la sección 77 de la Ley de Rentas Internas;
“ (g) pórque el hecho de no haber pagado a tiempo lá deman-dante la contribución del 2 por ciento sobre las ventas mencionadas no constituye la infracción que castiga la pena impuesta por la obligación legal, establecida por la sección 77 de la Ley de Rentas Internas y la imposición de tal pena como lo ha hecho el demandado llevando el rigorismo del derecho penal al derecho administrativo! es severo, impropio e injusto por constituir un plus peíüio irrazo-l nable y antisocial.” I

En la opinión que sirvió de base a la resolución dedal rando con lugar la moción eliminatoria, después de exponeil las alegaciones de que se solicitó eliminación, la corte infe-l rior en lo pertinente se expresó así: , I

“Basta una ligera lectura de las anteriores alegaciones, cuya! eliminación se solicita, para llegar a la conclusión de que el único! fundamento aducido en dichas alegaciones para solicitar el reintegro! de las cantidades pagadas bajo protesta como penalidad e intereses! es que el Tesorero no tenía derecho alguno a imponerlos porque lal demandante abrigaba serias dudas, de buena fe, sobre su obligación! de pagar los tributos impuestos sobre las ventas a que la demanda se refiere, hasta el extremo de acudir a los tribunales para que éstos resolviesen sobre la legalidad de un impuesto en que tanto un Go-bernador como un Tesorero de Puerto Rico habían llegado a la conclusión de que no cubría las transacciones relatadas en la de-manda. Y resolvemos ahora que_ tales alegaciones no constituyen excusa legal alguna para haber dejado de pagar las contribuciones a su debido tiempo. No es posible que los contribuyentes -puedan demorar el pago, de sus tributos al fisco bajo la alegación de que en su creencia, más o menos honesta, no estaban en la obliga-ción legal de satisfacerlos. De sostenerse tal teoría podría darse el caso que no funcionara la maquinaria gubernamental porque las rentas no ingresaban a su oportunidad. Es por eso que la ley, sabia, ha marcado un procedimiento sencillo que salvaguar-diando los derechos del erario, permite al mismo tiempo que (el contribuyente pueda recurrir a los tribunales y allí discutir sus derechos. Pagando las contribuciones bajo protesta y solicitando más tarde su reintegro, puede el contribuyente, si triunfa su conten-ción, obtener la devolución de su dinero con sus intereses, más las costas incurridas, incluyéndose también a discreción del tribunal una cantidad para honorarios de abogado. lia demandante, que pudo hacerlo, no siguió este procedimiento. Prefirió retener inde-bidamente un dinero que ha tiempo debía haber estado en manos del tesoro, privar ele su uso al gobierno-que posiblemente tuvo que obte-ner préstamos e incurrir en deudas para atender a sus atenciones inmediatas, cuando al final de una contienda litigiosa que lleva hasta el tribunal más alto de la nación, advertido ya que su obligación de pagar estaba vencida hace muchísimos años, quiere evadir el cumpli-miento de la sección 77 de la Ley de Rentas Internas con la simple alegación de que era su creencia bona fide que no estaba obligada a pagar la aludida contribución. La sección 77, supra, manda termi-nantemente que el contribuyente que no hiciere el pago en el tiempo y forma establecidos por la ley, pagará, además, como parte de la contribución, un diez (10) por ciento de la cantidad adeudada e intereses a razón del uno (1) por ciento mensual, computables desde la fecha en que se vencieron los diez días de término concedidos por la sección 63 de la misma ley. Más claras no pueden ser estas dis-posiciones. En ninguna parte de ellas se dice que el contribuyente no está obligado a pagar los recargos cuando dejase de satisfacerlos de buena fe. 'No podemos intercalar en la ley conceptos que no insertó el legislador. Sería incurrir en el a todas luces condena-ble vicio de legislación judicial. La jurisprudencia sostiene estos principios. ’ ’

A continuación cita la corte inferior la jurisprudencia en que basa su conclusión declarando con lugar la moción eli-minatoria.

La jurisprudencia citada por la corte a quo es enteramente correcta. Expone la regla aplicable en casos ordinarios. Pero en aquellos en que concurren circunstancias extraordinarias que justifican la dilación en el pago de la contribución, de tal forma que imponer la penalidad — es decir, el pago del 10 por ciento del montante de la contribución más intereses a razón de 1 por ciento desde que debió pagarse aquella — resultaría manifiestamente injusto y opresivo, los tribunales fian interpretado el estatuto en el sentido de que no pudo ser la intención del legislador imponer la penalidad en tales circunstancias. Al así interpretar la ley no se incurre en lo que el ilustrado juez de la corte inferior llama “el a todas luces condenable vicio de legislación judicial”. Lejos de incurrir en vicio alguno, lo que en ese caso liaecn los tribunales es dar vida a la ley, dándole efecto a su espíritu para lograr así el laudable propósito de cumplir a cabalidad la intención del legislador. Pero asumiendo que en el estricto sentido de. la palabra tal actuación pudiera calificarse de legislación judicial, la práctica no efl siempre reprobable. No pnede negarse qne los tribunales veces legislan, pero sólo les es permitido hacerlo para cnbrii| situaciones qne si bien aparentemente están comprendidas er la letra estricta de la ley, evidentemente no lo están dentrc de .su espíritu. A este efecto se dijo por el Juez Holmes eii sn opinión disidente emitida en Southern Pacific Co. v. Jensen, 244 U. S. 205, 221:

“Reconozco sin vacilación qne los jueces legislan, y es sn deberI legislar, pero sólo pneden hacerlo para llenar vacíos (interstitially)

La Corte Suprema de los Estados Unidos hizo aplieaciónl de este principio en el caso de United States v. Kirby, 71 Wall., 74 U. S. 482, 486, cuando por voz de sn Jnez Asociado) Sr. Field se expresó así:

“Las leyes deben recibir una interpretación sensata (sensible). Vocablos de significación general deben ser limitados en sn aplicación, de suerte qne no conduzcan a la injusticia, a la opresión o a conse-cuencias absurdas. Por lo tanto, siempre se presumirá que la legis-latura tuvo la intención de intercalar excepciones en el lenguaje del estatuto, para evitar así dichos resultados. El espíritu de la ley debe prevalecer en tales casos sobre su letra.
“El sentido común aprueba la sentencia mencionada por Puí-fendorf, que declaró que la ley de Bolonia que prescribía que ‘quien hiciese derramar sangre en las calles sería castigado con la mayor severidad’ no era aplicable al cirujano que abría las venas de una persona que caía en la calle atacada de enfermedad. Ese mismo sen-tido común acepta la decisión citada por Plowden al efecto de que el estatuto de Eduardo II dispositivo de que la persona que escapase de la prisión sería culpable de felony, no era de aplicación a un preso que salía cuando la prisión cogía fuego, ‘porque él no debe ser ahorcado, por no quedarse para ser quemado’, y creemos que el mismo sentido común sancionará nuestra decisión al efecto de que la ley del Congreso que castiga la obstrucción o retraso del correo o su portador no se aplica a un caso de dilación temporal del correo motivado por el arresto de su portador para responder de una acusa-ción de asesinato.”

Sin duda el juez de la corte inferior no apreció en [toda su extensión el alcance de los hechos expuestos en la [demanda, hechos que debió asumir como ciertos a los efectos [de la resolución sobre la moción eliminatoria. No es que la [demandante, como único fundamento para reclamar el rein-tegro de las cantidades'pagadas bajo protesta por concepta de penalidad, alegue el hecho de que ella abrigaba serias du-das acerca de su obligación de pagar el impuesto “que (ci-tando de la resolución) tanto un Gobernador como un Teso-rero de Puerto Rico habían llegado a la conclusión de que no cubría las transacciones relatadas en la demanda”. (Parén-tesis nuestro.) No es ése el único fundamento, repetimos. Obsérvese que, conforme se expresa en la demanda, desde el año 1925 en que empezó a regir la Ley de Rentas Internas, hasta el 1935, es decir, por espacio de diez años consecuti-vos, el Departamento de Hacienda, a quien por ministerio de la ley incumbe cobrar las contribuciones, sostuvo, por medio de su jefe — el Tesorero — , que la contribución impuesta por el artículo 62 de dicha Ley no era aplicable a ventas verifi-cadas en las condiciones descritas en la demanda, y, con-gruente con esa opinión, durante ese largo lapso jamás se intentó imponer o cobrar tal tributo. Aceptando que esos son los hechos, ¿cómo vamos a exigir a la demandante que pagase esa contribución bajo protesta para evitar el pago de la penalidad, si el propio Tesorero, encargado de cobrarla, insistía en que la demandante no debía tal impuesto?

Parece oportuno consignar aquí por analogía el principio envuelto en lo dicho por la Corte Suprema de Pennsylvania en el caso de Breisch v. Coxe, 81 Pa. State 336, citado en la monografía titulada “Efecto de tratar de pagar contribucio-nes frustrado por el funcionario”, que aparece en 17 Ann. Cas. 820-3, a saber:

“Debe concederse que el pago de contribuciones es un deber y el dejar de cumplirlo es culpa del propietario. Pero el pago es una cosa y las gestiones conducentes a llevarlo a efecto son otra. De estas últimas el propietario no es responsable. Él no puede impo-nerse (assess) a sí mismo una contribución, o saber el montante d| lo que se le cobra. Debe esperar la acción de los agentes de la ley Él no puede pagar basta que baya sido • informado de lo que tienl que pagar. Para cumplir la obligación de pagar debe recurrir al Tesorero para informarse en cuanto a las contribuciones que se ll exigen. Si este funcionario deja de darle la información solicitada! jen qué justo principio podemos basarnos para decir que el contri! buyente no ba cumplido su deber? Podría decirse que ahí están loa libros de contribuciones abiertos para inspección y que él debe busj earlos. Pero esto ni le incumbe ni es su deber hacerlo.”

En el caso de Jaynes v. Heron (N. M. 1942), 142 A.L.R. 1191, 1197, se cita con aprobación el caso de Scudder v. Hart, 45 N. M. 76, 110 P. (2d) 536, 538, en el que a su vez se cit£ de Cooley on Taxation lo siguiente:

“Un ofrecimiento de pago (tender) por el que tiene el derechol a hacerlo, tiene el efecto do impedir una venta, sea o no aceptado! el ofrecimiento. ... Si el dueño' de un terreno se dirige de buena! fe al funcionario correspondiente con el objeto de determinar el| importe de las contribuciones y de pagarlas, y es impedido hacerlo por error, culpa o falta de dicho funcionario, el acto del tratar de pagar (attempt) generalmente es considerado como equi-valente al pago. (Cita más autoridades.) Véase Gamill v. Mann, 41 N. M. 552, 72 P. 2d 12.”

Es verdad que en el presente caso no se trata de anular] una venta por falta de pago de contribuciones, pero es evi-dente que si ésa actuación por parte del contribuyente es bastante para anular la venta, con mayor razón debe bastar para excusar la dilación en el pago de la contribución a los •efectos de imponerle el castigo que representa la aplicación de la penalidad. De la demanda no aparece expresamente que la demandante llegara a hacer, el ofrecimiento de pago {tender), pero de la actitud del Tesorero se infiere (Jue ese ofrecimiento hubiera sido inútil dada la opinión que dicho funcionario tenía con respecto a su derecho a cobrar el im-puesto. No olvidemos la máxima legal que dice que la ley no exige cosas inútiles. Si el Tesorero no hubiera opinado ■en la forma indicada, la demandante hubiera tenido entonces la oportunidad de pagar bajo protesta. Como se dice en 3 Cooley on Taxation, 4a. ed., pág. 2538, nota 29, “sólo puede imponerse la penalidad por falta de pago cuando el contri-buyente ha tenido una oportunidad de pagar y deja de ha-cerlo.” Véase al mismo efecto la monografía sobre la ma-teria, en 17 Ann. Cas. 820-2.

En el caso de Dravo Contracting Co. v. James (1940) 114 F. (2d) 242, 247, la corte, por voz de su Juez Parker, dijo:

“Otra cuestión presentada en la apelación es si las penalidades o intereses deben concederse sobre el importe de las contribuciones que se resolvió eran adeudadas. Creemos, sin embargo, que la corte inferior actuó sin duda correctamente al denegar las penalidades. ... El contribuyente estuvo justificado en rehusar el pago de las contribuciones según habían sido impuestas; y hasta que el ingreso que había de servir de base para la contribución fuese determinado y la contribución correspondiente fijada, no sería equitativo permitir que se cobrasen penalidades por la falta de pago. U. S. Trust Co. v. New Mexico, 183 U. S. 535, 544 . . .
. . Mientras el importe de la' contribución no sea fijado, dé modo que el contribuyente pueda saber con seguridad qué cantidad se le requiere pagar, no sería equitativo cargarle intereses. Esto es especialmente cierto en vista del hecho de que al contribuyente no se le ha ciado una oportunidad, de acuerdo con la ley, para pagar la contribución y reclamar judicialmente la devolución de la parte ile-galmente cobrada.”

Como el juez de la corte inferior, en su resolución decla-rando con lugar la moción eliminatoria, puso gran énfasis en el hecho de que el artículo 77 de la Ley de Rentas Internas prescribe que el contribuyente que no hiciere el pago en el tiempo y forma establecidos por la ley, pagará además, como parte de la contribución, la penalidad a que venimos haciendo referencia, parece conveniente consignar que en el caso de U. S. Trust Company v. New Mexico, supra, el estatuto in-terpretado usaba la misma frase y ello no obstante la Corte Suprema de los Estados Unidos, considerando las circunstan-cias concurrentes, declaró que el contribuyente no venía obli-gado a pagar la penalidad.

Ya Remos dicho que en el presente caso, aceptando como ciertas las alegaciones ele la demanda, la contribuyente no tuvo la oportunidad de pagar bajo protesta basta que el Te-sorero varió su opinión para la fecha en que se radicó el procedimiento sobre sentencia declaratoria, allá por el 1935, toda ve£ que dicho funcionario, hasta entonces, opinaba que la ley no era aplicable a las ventas en cuestión.

En el reciente caso de Com. v. Cincinnati, N. O. & T. P. R. Co. (Ky. 1941) 137 A.L.R. 301, la contribución venció en una fecha comprendida entre el cese del funcionario que de-bía cobrarla y la toma de posesión y prestación de fianza de su sucesor electo. De acuerdo con una carta del Procurador General del Estado, fechada 31 de enero de 1938, dirigida al secretario de la corte del condado de Muhlenberg, la ley no autorizaba al funcionario saliente para cobrar la contribu-ción en controversia. Tampoco podía cobrarla el sucesor por no haber prestado la fianza. Posteriormente, la legisla-tura enmendó la ley, aclarando la situación, y el contribu-yente, dentro del término concedídole, pagó el montante al anterior sheriff — persona autorizada posteriormente para cobrarlo — sin incluir penalidad. En enero 4 de 1939 el Co-misionado de Rentas del Estado radicó demanda contra el contribuyente, en cobro de penalidades e intereses. Se re-solvió que la dilación de buena fe en el pago de la contribu-ción estuvo justificada. Se dijo por la corte:

"La ley, en situaciones como ésta, no puede exigir o demandar del contribuyente la libra de carnej sino que reconoce la conducta y acción de buena fe como remedio contra tal demanda.”

La corte finalmente llegó a la conclusión de que de acuerdo-con las circunstancias, la corte inferior había resuelto correc-tamente que la contribuyente no era responsable del pago de la penalidad al desestimar la petición.

A nuestro juicio, las circunstancias descritas en la de-manda demuestran la buena fe de la demandante hasta la fecha anteriormente indicada. Que su duda al efecto de que lei artículo 62 no era aplicable a las ventas de aceite combustible no era caprichosa ni arbitraria, lo demuestra no sólo [la opinión del Tesorero, mantenida por diez años, si que [también el hecho de que la' Corte de Distrito de San Juan así interpretó la ley, que uno de los Jueces de este Tribunal disintió, y por último que al llegar el caso a la Corte Su-prema de los Estados Unidos dos de sus Jueces disintieron de la opinión a virtud de la cual se confirmó la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones. Véase la monografía titulada “Dudas acerca de la responsabilidad por, o acerca de la persona a quien deba pagarse la contribución, en cuanto afecta la responsabilidad por penalidades e intereses”, que aparece en 137 A.L.R. 306.

Considerando que la demandante pudo y debió en 1935 pagar la contribución bajo protesta y no lo hizo, proc'ede im-ponerle .la penalidad, pero limitándola al 10 por ciento de la cantidad adeudada por concepto de la contribución pro-piamente dicha, más intereses sobre el montante de dicha contribución a razón del 1 por ciento mensual desde la fecha antes indicada’ del año 1935.

Ahora bien, como se dice en People v. Texas Co. (Colo. 1929) 275 Pac. 896, 902, en materia de penalidad por no pagar una contribución dentro del término que fija la ley, cada caso debe resolverse por .sus propios méritos, teniendo en cuenta sus peculiares circunstancias, y no debe servir de precedente para otros a menos que concurran las mismas circunstancias.

Lo dicho nos lleva a la conclusión de que la resolución de la corte inferior es errónea en cuanto ordenó la eliminación de los .párrafos tercero, cuarto y séptimo de la demanda, por ser las alegaciones contenidas en dichos párrafos demostrativas de las razones que impiden al demandado imponer a la demandante toda la penalidad, es decir, el pago del 10 por ciento del montante de la contribución más intereses a razón del 1 por ciento desde 1925 hasta la fecha en que se paguen dichos intereses; y que actuó correctament' la corte sentenciadora al ordenar la eliminación de la part* transcrita del párrafo duodécimo, por ser una alegación d derecho, siendo innecesaria tal alegación toda vez que 1 ■corte toma conocimiento judicial de la ley; y por último qu< fue también correcta la resolución de la corte en cuanto or denó la eliminación de los incisos marcados (a), (b), (c), (d) (e), (/) y (d) del párrafo décimotercero de la demanda, tod vez que dichas alegaciones constituyen materia argumenta-tiva propia para un’ alegato pero impropia para ser expuest en una demanda.

Por todo lo expuesto procede revocar la sentencia ape-lada que declaró sin lugar la demanda, y devolver el caso la corte inferior con instnocciones de que se conceda un tér-mino razonable a la parte demandante para que enmiende stí| demanda eliminando los partiaiolares a qioe hacemos referen-i da, y continúe entonces la tramitación de este pleito en formal no inconsistente con los principios expuestos en esta opiniónJ


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Manuel Torres Ozores, demandante y apelante, v. José Luiña Alvarez, demandado y apelado.
    Núm. 8708.

    Sometido: Abril 5, 1943.

      Resuelto: Abril 27, 1943.

      [Alvarez Linares & Marrero Ledesma, abogados del apelante; Damián Monsevral, Jr., Gabriel de la Haba y R. Baragaño, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apelado radicó en marzo- 11 de 1943 una moción interesando la desestimación del recurso por el fun-damento de que a pesar de haber transcurrido cerca de seis meses desde la fecha de la radicación del escrito de apela-ción por el demandante aún el taquígrafo no ha radicado la transcripción de evidencia en el caso, no obstante la corte-inferior haberle concedido varias prórrogas para tal fin, es-tando la última todavía vigente, y no haber tampoco radi-cado el apelante la transcripción de autos del caso. Alega el apelado que el apelante no ha procedido con la debida diligencia y buena fe y que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 111 de 1939 (pág. 575), la Regla 59 de este tribunal y lo resuelto en los casos de Vázquez v. Laugier, 59 D.P.R. 581; Vázquez v. González, 60 D.P.R. 718, y Vega v. García, 60 D.P.R. 721, procede la desestimación del recurso. Es cierto que han transcurrido cerca de seis meses desde la fecha de radicación del escrito de apelación en la corte inferior, 22 de septiembre de 1942, hasta la fecha en qtie se ha radicado por el apelado la moción de desestimación del re-curso sin que se haya radicado la transcripción de evidencia en el caso, ante este Tribunal.

Sin embargo, el apelante ha acompañado su moción opo-niéndose a la desestimación solicitada, de una declaración jurada del taquígrafo de la corte inferior, en la cual hace constar que no le ha sido posible terminar la transcripción de la evidencia en este caso a pesar de las gestiones hechas por el propio apelante y por sus abogados por haber tenido que atender a la transcripción de evidencia de otros casos] que tenían preferencia en tiempo y turno, y que se lia com-prometido personalmente con el demandante y sus abogado; a terminar dicba transcripción dentro del término de la pró-rroga que está aún vigente y que vence el día 23 de abril de| 1943.

El apelante ha alegado no haber procedido por los me-dios coercitivos que la Ley núm. 111 de 1939 confiere a la| corte inferior para obligar al taquígrafo a transcribir la evi-dencia dentro del término de sesenta días después de la or-| den original para proceder a dicha transcripción, por ha-| berse convencido de serle materialmente imposible al taquí-grafo atender a las distintas órdenes sobre transcripción del evidencia que tenía pendientes y que tenían prelación a laj del demandante apelante.

Esta Corte tiene discreción, de acuerdo con la Regla 59, para desestimar una apelación mediante moción presentada al efecto una vez transcurran 90 días contados a partir de aquel en que se hubiera archivado el escrito de apelación aunque se hallen vigentes prórrogas concedidas para perfeccionarla por la corte sentenciadora. Sin embargo, de acuerdo con lo- resuelto en el caso de Vázquez v. Laugier, supra, ese poder sólo cabe ejercerlo de acuerdo con dicha regla en las tres ocasiones que ésta prescribe, a saber: (1) cuando se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida; (2) o de buena fe, y (3) cuando la apelación sea frívola. De acuerdo con lo resuelto en el citado caso, opinamos que no habiéndose imputado- mala fe al apelante ni alegado la frivolidad del recurso, no procede la desestimación por falta de diligencia toda vez que el apelante ha demostrado 'satisfactoriamente, con la 'certificación presentada, que ha sido diligente en cuanto a solicitar la transcripción de la evidencia, y que si la misma no se ha radicado ha sido por causas ajenas a dicho apelante.

En cuanto al alegado motivo de no haberse radicado a tiempo la transcripción de autos, el tribunal, tomando en consideración que dicha transcripción, fue archivada en la Secretaría de esta Corte cuatro días antes de la fecha señalada para la vista de la moción de desestimación. y que el apelante ha explicado a satisfacción de la corte su tardanza en radicaría, en uso de su discreción declara no haber lugar a la desestimación por el indicado motivo. Beiró v. Vázquez, 50 D.P.R. 979; Muñiz v. Viuda de Suárez, 50 D.P.R. 979 y Vázquez v. González, 60 D.P.R. 718.

No ha hif/ar por ahora a la desestimación.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Cecilio Echeandía Font, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría, demandado.
    Núm. 421.

    Sometido: Abril 13, 1943.

      Resuelto: Abril 27, 1943.

      B. Hernández Vargas, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de agosto de 1925 el peticionario ingresó en la Pe-nitenciaría Insular a cumplir una sentencia de reclusión per-petua impuéstale aquel mismo día por la Corte de Distrito! de Arecibo al ser convicto de un delito de asesinato en pri-J mer grado con atenuantes, y el 27 de octubre siguiente fué sentenciado po.r el mismo tribunal a la pena de diez años de presidio por otro delito de ataque para cometer asesinato. Hace dos años, allá por el 28 de marzo de 1941, la sentencia de reclusión perpetua le fué conmutada a treinta años de presidio. De conformidad con la liquidación practicada por el Jefe de la Penitenciaría,'el peticionario tendrá derecho a. ser excarcelado el 16 de abril de 1945. A los efectos de esa liquidación dicho funcionario partió de la base de

(a) que luego de deducirse de la sentencia de treinta años el término de diez meses y doce días de prisión preven-tiva, dicha sentencia así reducida empezó a contarse desde-que el peticionario ingresó en la Penitenciaría Insular el 25 de agosto de 1925 y no desde la fecha de la conmutación;

(&) que la sentencia por delito de ataque con intención de cometer asesinato y la impuesta por asesinato, que fué conmutada, eran concurrentes;

(c) que siendo concurrentes las sentencias, sólo tenía de-recho el peticionario a una sola deducción del término, por buena conducta, a razón de diez días por cada mes natural; y

(d) que del término de diez meses y-doce días de prisión preventiva no tenía derecho a deducción alguna de conformi-dad con nuestra decisión en el caso de Pérez v. Saldaña, 60 D.P.R. 916.

Sostiene el peticionario que las referidas sentencias que-daron extinguidas desde el 30 de agosto de 1941 y que en tal virtud su detención desde esa fecha es ilegal, razón por la cual radicó ante este tribunal la petición de hábeas corpus que nos ocupa.

El peticionario, al practicar su liquidación, se acredita:

(a) una deducción de diez días por mes natural sobre el término de treinta años como si sobre la prisión preventiva tuviese derecho a deducción, y

(&) otra de diez días por mes natural sobre la sentencia de diez años, a pesar de ser concurrentes dichas dos senten-cias.

¡i, Tiene derecho el peticionario a deducción por buena conducta del término de prisión preventiva?

Para contestar correctamente la pregunta propuesta con-viene tener presentes la sección 6362 de los Estatutos Eevi-sados de 1911 y la sección primera de la Ley de 14 de marzo de 1907, a saber:

“Sección 6362. Cuando una persona fuera acusada de un delito cualquiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por motivo de pobreza, conseguir fiadores, por 3o que tuviere que estar bajo custodia aguardando la vista de. su causa, si saliere sentenciada a un término ele prisión, se le descontará ele dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquella en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.”
“Sección 1. A partir del Io. de abril de 1907, todo preso sen-tenciado, o que en adelante se sentenciare, a prisión en la peniten-ciaría, o a prisión con trabajo en las cárceles de distrito de Puerto Pico, que observai’e buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término ele su sentencia, las cuales se com-putarán desde su admisión a la cárcel o penitenciaría, siempre que ingresare con posterioridad al primero de abril ele 1907:
! ‘ Por una sentencia de diez años o más: 10 días en cada mes.
“Dicha rebaja se hará por el mes natural, y si la sentencia de algún preso contuviere, una fracción de mes, bien al principio o"al fin de dicha sentencia, se le abonará un día por cada cinco días-o parte de los mismos, contenidos en dicha fracción.” (Comp. 1911, See. 2047.)

De conformidad con la sección 6362, a la persona que! ha estado en prisión preventiva y luego es sentenciada a un término de prisión “se le descontará de dicho término -el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha-de su arresto hasta aquella en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.”

Y volviendo la vista a la sección primera de la Ley i de 14 de marzo de 1907, notaremos que la deducción o rebaja se computará, no desde que empezó la prisión preventiva] •sino “desde su admisión a la cárcel o penitenciaría.” Comc| la deducción se computa desde la admisión del sentenciado la cárcel o penitenciaría y no antes, y como a partir de es-momento lo que va a cumplir no es la totalidad de la senten-cia impuéstale sino la que le falte por cumplir una vez acre-ditada la prisión preventiva, es evidente que la deducción] por buena conducta sólo podrá hacerse del término que em-pieza a correr desde que comienza a extinguir la sentencia en la cárcel o penitenciaría, según se trate de un delito misdemeanor o de uno felony. Por lo tanto no puede hacerse! la deducción de la totalidad de la sentencia dictada. Que la: frase “desde su admisión a la cárcel o penitenciaría” no se refiere al momento en que el acusado ingresa en prisión pre-ventiva y sí a aquel en que empieza a cumplir la sentencia definitiva, lo demuestra el hecho de que la preventiva nunca tiene lugar en la penitenciaría, ya que hasta que un preso ha sido sentenciado a pena de presidio no puede bajo nin-guna circunstancia ser ingresado en la penitenciaría.

En el caso de Aderhold v. Ellis, 84 F. (2d) 543, un esta-tuto sustancialmente igual al nuestro fue interpretado en el sentido de que la deducción del término de la sentencia debe computarse a partir del primer día del ingreso en la peni-tenciaría, prisión o cárcel a cumplir la sentencia, y que no debe tomarse en cuenta a los efectos de dicha deducción el tiempo que el acusado hubiere estado en prisión antes de dictarse la sentencia.

Finalmente alega el peticionario que nuestras decisiones en los casos de Hernández v. Saldaña, 60 D.P.R. 308, y Pérez v. Saldaña, supra, son contradictorias y que esa contradic-ción ha producido la consiguiente incertidumbre en los tribunales de distrito. [2] En la hipótesis de que tal contra-dicción exista, no debe producir incertidumbre alguna, pues bien sabido es que cuando dos decisiones del mismo tribunal son contradictorias, la más' reciente revoca a la anterior. ero en realidad no existe contradicción entre- uno y otro laso. Si se examinan los hechos de nna y otra decisión, qne ¡s lo que debe hacerse para determinar el ratio decidendi de caso, se observará inmediatamente que una y otra resuelen cuestiones distintas. En el de Hernández v. Saldaña, la iea cuestión a resolver era la siguiente: Hernández, en el o 1935, empezó a cumplir una sentencia de doce años de -residió por escalamiento en primer grado. En 1940, des-pués de haber estado en presidio cinco años, fué puesto en ibertad mediante un recurso de hábeas corpus en el cual se ¡leelaró nula la sentencia original. Algunos- días más tarde ué sentenciado a cumplir ocho años de presidio por el mismo [lelito e inmediatamente empezó a cumplir su sentencia. El efe del presidio le dió crédito por los cinco años que había bstado recluido a virtud de la sentencia anulada, pero consi-derando esos cinco años como si fuesen una prisión preven-iva, es decir, extinguidos antes de empezar a cumplir la entencia, se negó a hacerle la deducción correspondiente a icho término de prisión, por lo que el confinado presentó ecurso de mandamus en la corte de distrito, la que declaró on lugar la demanda. Apelado el caso, este tribunal con-firmó la sentencia de la corte inferior y ordenó que se hi-ciese la deducción del término de cinco años que en cumpli-miento de la sentencia anulada había extinguido- el peticio-nario en la Penitenciaría Insular. Ahora bien, debemos ad-mitir que en el citado caso de Hernández v. Saldaña, supra, se citó con aprobación cierto lenguaje de la corte inferior que no expone correctamente la ley, lenguaje que está en conflicto con lo resuelto posteriormente en el caso de Pérez v. Saldaña, que ratificamos en esta opinión.

Es tan absurda la pretensión del peticionario al -efecto de que debe dársele crédito por buena conducta sobre cada una de las dos sentencias, es decir, la de diez años y la con-mutada, que creemos innecesario discutir esa cuestión.

Tanto en su informe oral como en el escrito sostuxj el fiscal que la fecha en que el peticionario tendrá derec a excarcelación será el 29 de mayo de 1950 y no el 16 de abide 1945. Llega a esa conclusión el fiscal porque en su opl nión el término de treinta años a que fué conmutada la sei teneia de reclusión perpetua debe contarse, no desde que en pezó a cumplirse la sentencia de reclusión perpetua, sin| desde la fecha de la conmutación, o sea el 28 de marzo 1941. Sostuvo además que el peticionario no tiene derecbl a deducción por buena conducta por el término de dicha seij teneia, que finalizó el 28 de marzo de 1941.

Si, como hemos visto, aceptando la norma que adoptó jefe de la penitenciaría, que. es más favorable al peticionari] que la propuesta por el fiscal, aun así el peticionario no t-dría derecho a su libertad hasta el 16 de abril de 1945, el evidente que estaríamos resolviendo cuestiones purament académicas si tratásemos de resolver en este recurso la| propuestas por el fiscal. Si el 16 de abril de 1945 el Jefe d< la Penitenciaría participare de la opinión que sustenta fiscal ahora, y se negare a poner en libertad al peticionari' y el peticionario recurriere a los tribunales con tal motivol será entonces el momento oportuno de resolver dichas cues| tiones.

Procede, por lo expuesto, denegar la petición de hábea\ corpus.