text:
    Ana María Rosario Rodríguez, peticionaria y apelada, v. Sergio Cuevas Bustamante, en su carácter de Comisionado del Interior de Puerto Rico y Virginia Medín de Igaravídez, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8463.

    Sometido: Mayo 7, 1942..

      Resuelto: Mayo 29, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcolm j A. E. Franco Ca-brero, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; R. Díaz Co-llazo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de octubre de 1935, la peticionaria ocupaba el cargo de “taquígrafa” de la División de Edificios Públicos del Departamento del Interior. En noviembre del mismo año se le concedió licencia sin sneldo para trabajar en las oficinas de la Puerto Rico Reconstruction Administration, en donde permaneció basta octubre 4 de 1939. La peticionaria notificó en seguida al Departamento del Interior, que al día siguiente, octubre 5, 1939, se reincorporaría a su antiguo cargo y el Comisionado del Interior le contestó que el cargo había sido abolido por la Legislatura en la ley de Presu-puesto del año 1936-37, creándose en su lugar una nueva plaza denominada “Secretaria”, en la misma División de Edificios Públicos.

Durante el tiempo que la peticionaria estuvo empleada en la P.R.R.A., su puesto de taquígrafa fué ocupado, con carác-ter de “temporera”, por la demandada Virginia Medín de Igaravídez, cuyo nombramiento fué prorrogado en varias ocasiones. Al empezar a regir la Ley de Presupuesto para 1937-38, la señora Igaravídez, quien ocupaba aun interina-mente el cargo de “taquígrafa”, pasó a ocupar el de “Se-cretaria” en la mencionada división.

La peticionaria radicó una querella ante la Comisión de Servicio Civil y ésta, después de oír a las partes, decidió que la peticionaria tenía derecho a ser restituida en su puesto desde el momento en que cesó de prestar sus servicios a la P.R.R.A. y notificó al Comisionado demandado su intención de reintegrarse al servicio de su departamento.

Alega la peticionaria que no obstante haber sido reque-rido, por orden de la Comisión de Servicio Civil, para que restituyera a la peticionaria en su puesto, el demandado se ha negado arbitrariamente a hacerlo.

En su solicitud radicada ante la Corte de Distrito de San Juan, la peticionaria solicitó se dictara auto de mandamus dirigido al Comisionado del Interior, ordenándole dar pose-sión y permitir a la demandante desempeñar las funciones de su empleo como taquígrafa y ordenándole además expedir las nóminas correspondientes a los sueldos de la peticiona-ria, desde octubre 5, 1939 basta la fecha en que se le dé po-sesión del cargo.

Los demandados formularon excepción previa, basada en la alegada insuficiencia de la petición; y el Comisionado del Interior radicó una contestación en la que interpuso como defensas:

(a) Que el cargo de “taquígrafa” fue abolido, creándose en su lugar un nuevo cargo de “secretaria”; y que aun cuando los deberes de ambos cargos son en muchos casos idénticos, sin embargo, existen algunas diferencias fundamen-tales que hacen que los cargos sean distintos.

(b) Que después de vencer los primeros seis meses de licencia sin sueldo concedídale por la Comisión de Servicio Civil, la peticionaria cesó como empleada del Pueblo de Puerto Rico al no reintegrarse en su cargo de taquígrafa y al dejar de desempeñar los deberes del mismos por más de tres meses consecutivos.

(c) Que el cargo de “taquígrafa” que ocupaba la peti-cionaria fue abolido por acción legislativa, creándose en su lugar la plaza de “secretaria”, para la cual fue nombrada, mediante terna propuesta por la Comisión de Servicio Civil, la demandada Sra. Igaravídez, en julio l9, 1937, con carácter permanente.

(d) Que la resolución dictada por la Comisión de Servi-cio Civil en marzo 12, 1940 es nula, “por cuanto dicha comi-sión actuó ilegalmente al declarar que había existido un estado de licencia sin sueldo durante todo el período de cuatro años que la peticionaria trabajó en la P.R.R.A.”, mientras que los reglamentos de la propia comisión limitan las licencias sin sueldo a un período de seis meses exclusivamente; y que por los mismos motivos la orden de reposición de abril 17, 1940 es nula y ultra vires.

Desestimadas las excepciones previas, las partes convi-nieron en que la demandante y el comisionado someterían el caso mediante una relación de hechos, y que la demandada Sra. Igaravídez tendría hasta enero 20, 1941 para contestar la petición. La contestación de dicha demandada contiene las mismas defensas interpuestas por el comisionado deman-dado, y en ella se alega especialmente que la peticionaria so-licitó y obtuvo una sola licencia original por un período de seis meses y “nunca solicitó ni obtuvo después, renovación, extensión o prórroga de dicha licencia”.

En septiembre 17 de 1941 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia por la que se ordenó al- Comisionado del Interior que diera posesión y permitiera a la peticionaria desempeñar las funciones de su empleo como Secretaria de la División de Edificios Públicos. Apeló el comisionado de-mandado, para ante esta Corte Suprema. Del récord no aparece que la demandada Virginia M. de Igaravídez haya interpuesto recurso alguno.

Consideraremos ahora las varias cuestiones envueltas en el caso.

¿Tenía la Comisión de Servicio Civil facultad para conceder a la peticionaria licencia sin sueldo, en cualquier año natural, por un -período mayor de seis meses'?

La regla XXXIX del Reglamento de la Comisión de Ser-vicio Civil, según fué enmendada en mayo 23 de 1935, dis-pone en su apartado 10 lo siguiente:

“La licencia, con excepción de lo que esta regla autoriza, será sin sueldo y no excederá de un total de seis meses en cualquier año natural ; Disponiéndose, que una prórroga que pueda ser estrictamente requerida, será concedida cuando la enfermedad o el impedimento físico del empleado o una enfermedad contagiosa en su familia o en su hogar, debidamente certificado este hecho por un médico de buena reputación, sea la causa para una prolongada ausencia del servicio.”

En junio 9 de 1936, la Comisión de Servicio Civil, en el ejercicio de la facultad que le concede la Regla IV de su re-glamento, para adoptar disposiciones fijando el procedimiento a seguir en la administración de las reglas y para enmendar éstas, adoptó el acuerdo núm. -36, por el cual interpretó el alcance de la limitación del período de licencia prescrito en el apartado 10 de la Regla XXXIX, supra. Dicho acuerdo fue tomado al resolver favorablemente las solicitudes de pró-rrogas adicionales de licencias sin sueldos formuladas por tres empleados permanentes del Gobierno Insular, para po-der continuar su colaboración técnica en la P.R.R.A.. La co-misión se expresó así:

. . (1) la limitación prescrita en el apartado 10 de la Regla XXXIX de Servicio Civil tuvo por origen el evitar que empleados permanentes clasificados del Gobierno Insular abandonaran sus car-gos en la práctica aunque reteniéndolos por virtud de ser empleados en propiedad, con el propósito de disfrutar de licencia ilimitada o de dedicarse a empleos privados o ajenos al Gobierno Insular como vía de prueba o con el propósito de obtener mayor remuneración; (2) que los empleados de referencia en este caso no van a disfrutar de licencia ni a ocupar cargos ajenos a la administración pública, sino que prestarán sus servicios en organismos oficiales de los gobier-nos Federal e Insular, en beneficio de ambos y de los intereses pú-blicos generales del Pueblo de Puerto Rico; (3) que la Comisión por tal motivo entiende que dicho apartado no es aplicable al caso de referencia en cuanto que no conflige éste ni infringe el propósito que originara dicha limitación, por lo que la licencia sin sueldo adi-cional está justificada por la emergencia y los méritos del caso.”

Opinamos que la Comisión de Servicio Civil actuó dentro del límite de sus facultades al prorrogar la licencia conce-dida a la peticionaria para poder prestar sus servicios a la P.R.R.A.

Sostiene el apelante que del récord no aparece que la peticionaria solicitase y la comisión le concediese las ale-gadas prórrogas y que la peticionaria perdió su status como taquígrafa al expirar los seis meses de licencia que le fueron concedidos originalmente. Esta contención carece de méri-tos. De la resolución de la comisión de marzo 12, 1940, of re-, Gida en evidencia como parte de la relación de hechos esti-pulados por las partes, aparece que en noviembre 20, 1935 el Comisionado del Interior solicitó de la comisión autoriza-ción para el nombramiento temporero de Virginia M. de Iga-ravídez, como taquígrafa, con sueldo de $1,200 anuales “para actuar durante la ausencia de Ana María Rosario, empleada regular en licencia sin sueldo7El nombramiento fué apro-bado el 21 del mismo mes, en los mismos términos en que fué propuesto y fué renovado en las mismas condiciones, mediante solicitudes semestrales del Comisionado del Interior, habiéndose aprobado la última prórroga en marzo 5, 1937.

Resolvemos que las solicitudes hechas por el Comisionado del Interior a la Comisión de Servicio Civil, para que la Sra. Igaravídez pudiera continuar actuando durante la ausencia de la peticionaria, tuvieron el efecto legal de prorrogar la licencia y de mantener vivo el status legal de la peticionaria como “empleada regular en licencia sin sueldo”, y que no era requisito esencial que la peticionaria solicitase también la prórroga de su licencia.

Resuelto, pues, que en julio 1°., 1937, fecha en que empezó a regir el presupuesto de 1937-38, la peticionaria tenía el status de “empleada regular en licencia sin sueldo”, debemos considerar y resolver ahora si el cargo de “taquí-grafa” que ocupaba la peticionaria fué abolido por dicho presupuesto por el simple hecho de haber cambiado la de-nominación de “taquígrafa77, sustituyéndola por la de “se-cretaria”.

La Comisión de Servicio Civil consideró y resolvió la cuestión así:

“La hoja de clasificación que aparece en nuestros archivos, de Ana María Rosario, contiene un detalle de los deberes que corres-pondían a la empleada mencionada cuando ocupaba dicha plaza de taquígrafa. A base de dichos deberes, fué clasificada la plaza en el Manual de Clasificaciones del Servicio Civil Clasificado aprobado por la Comisión de Servicio Civil en junio 10, 1936, como primer ofici-nista taquígrafo (215-6), siendo los trabajos que ella realizaba igual a los que aparecen descritos en el segundo párrafo de los ejemplos del trabajo a ejecutar en la especificación de clase correspondiente y el cual lee como sigue:
" 'Servir como oficinista-secretario al jefe de una oficina o esta-ción moderadamente grande; independientemente, relevarle de de-talles importantes; tomar y transcribir dictados sobre asuntos téc-nicos de dificultado poco común; llevar actas de reuniones; preparar correspondencia, informes y memoranda, implicando una compren-sión del procedimiento y las normas de oficina, con más o menos libertad; independientemente buscar, reunir y resumir información y datos para acción ejecutiva; entrevistar visitantes y hacer arreglos para entrevistas y conferencias.’
"Del pliego de clasificación de Virginia Medín de Igaravídez, en la descripción de los deberes y responsabilidades de la plaza el cual fué enviado a la Comisión en septiembre 20 de 1939, aparece que los deberes y responsabilidades de la plaza eoneuerdan casi en su tota-lidad con los deberes y responsabilidades de la plaza de taquígrafa que desempeñaba Ana María Rosario.
"Esta plaza fué clasificada también por la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, bajo el número 215-6, o sea, igual al de 3a plaza de taquígrafa que existía anteriormente y a la cual hemos hecho referencia.
"El cargo de secretaria según fué establecido en la Ley de Pre-supuesto a que hemos hecho referencia y que ocupa la Sra. Virginia Medín de Igaravídez, es el mismo que el cargo de taquígrafa que existía bajo la ley de presupuesto de los años 1935, 1936 y 1937 que ocupaba permanentemente Ana María Rosario y temporeramente Virginia Medín de Igaravídez.”

Los pliegos de clasificación de la peticionaria y de la de-mandada, presentados en evidencia, sostienen la conclusión de la comisión y el fallo de la corte inferior. Las obligacio-nes del cargo de “taquígrafa” y las del cargo designado como “secretaria” son idénticas. Prueba de ello es que cuando la Comisión de Servicio Civil certificó nombres para el puesto de “secretaria” los tomó del registro de elegibles para el empleo de taquígrafo.

La jurisprudencia sostiene que un mero cambio de nom-bre no es por sí solo suficiente para crear un nuevo cargo y abolir el que existía anteriormente. Cuando se suprime un cargo y en seguida se crea otro bajo una nueva designación, pero con iguales deberes que el anterior, las cortes amparan al funcionario perjudicado, por entender que el cambio se ha hecho con el propósito de evadir las leyes del Servicio Civil. People v. La Grange, 7 App. Div. 311, 40 N. Y. Supp. 1026; People v. Coleman, 57 Misc. 57, 107 N. T. Supp. 957; State v. Seattle, 83 Wash. 91, 145 P. 61; State v. Powell, (Ohio) 142 N.E. 401; Allen v. U. S. Fidelity & G. Co., 109 N. E. 1035.

En State v. Seattle, supra, en el que los hechos eran pa-recidos a los del caso de autos, la corte, al expedir el auto de mandamus ordenando la reposición del empleado, se ex-presó así:

‘ ‘ El propósito de los estatutos que crean y regulan el Servicio Civil es asegurar la continuación en el servicio público de funcionarios fieles'y competentes, sin dejarlos expuestos a las vicisitudes de las luchas políticas. Estatutos de este carácter no tienen la intención de limitar, ni limitan, el poder de la ciudad para abolir un puesto cuando sus deberes han dejado de existir, ni para realizar cualquier otro acto para la mejor o mayor administración económica de los asuntos municipales, cuando se hace bajo la influencia de buenos mo-tivos y para fines justificables. (Citas).
“La abolición de un puesto, con el solo propósito de deshacerse del hombre pero no del puesto, no es un acto de buena fe, y si s:e permitiese convertiría el Servicio Civil en una farsa. Teniendo esto en mente, se ha sostenido uniformemente que las autoridades muni-cipales no pueden conseguir la sanción de las cortes al tratar de ejer-citar tal poder. (Citas).”

Por las razones exptoestas debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    José Cintrón, Jr., demandante y apelado, v. José A. Domínguez y su esposa Micaela del Moral de Domínguez, demandados y apelantes.
    Núm. 8361.

    Sometido: Abril 17, 1942.

      Resuelto: Mayo 29, 1942.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la apelante Sra. del Moral de Do-mínguez; José ¡¡abater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Mayagüez, José Cintrón, Jr., presentó demanda en cobro de dinero contra José A. Domín-guez y su esposa Micaela del Moral de Domínguez, basada en los siguientes hechos:

Que el día 8 de febrero de 1935 el demandado Domínguez suscribió por su propio derecho y como apoderado de su es-posa un pagaré a la orden de Francisco del Moral, a vencer el 7 de agosto de 1935, por la suma de quinientos dólares, sin intereses, y el cual fué entregado al acreedor, quien lo en-dosó y entregó al demandante y que no habiendo los deman-dados pagado dicha suma ni en todo ni en parte, solicitó sen-tencia condenando a los demandados a pagar al demandante los referidos quinientos dólares más intereses legales desde la interposición de la demanda, y las costas.

En su contestación los demandados aceptaron el otorga-miento y entrega del pagaré pero alegaron como defensa qne el pagaré había sido dado a Francisco del Moral “como nn acto de donación condicional” para remunerarle de ciertos actos y pagos qne se obligó a ejecutar en relación con ciertos pleitos, y cuyos actos no ha ejecutado ni en todo ni en parte; que dichos actos se calculó que podrían ser realizados dentro de los seis meses después de otorgado el pagaré y habrían de constituir la condición o consideración que habría de hacer válida la donación del pagaré, pero que del Moral no ha cum-plido con dicha condición.

La corte municipal declaró con lugar la demanda y con-denó a los demandados a pagar al demandante $500 más los intereses legales desde la interposición de la demanda y cos-tas. Apelado el caso a la Corte de Distrito de Mayagüez ésta a su vez dictó sentencia al mismo efecto y contra ella inter-pusieron los demandados este recurso en el que alegan que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la ex-cepción previa de falta de jurisdicción presentada por los demandados tanto ante la corte municipal como en la de dis-trito, y al resolver que el demandante es un tenedor de buena fe del pagaré a pesar de haber adquirido el mismo después de su vencimiento y que, por lo tanto, la defensa de falta de causa levantada por los demandados no podía prevalecer contra él.

El primer señalamiento carece de méritos. En el caso de Coballes v. Corte, 43 D.P.R. 595, resolvimos que “la acumulación de intereses pendiente lite no despoja a la corte (municipal) de la jurisdicción adquirida” y en el caso de Chalemán v. Corte, 48 D.P.R. 446 que “la suma principal re-clamada es la que debe tenerse en cuenta para determinar la jurisdicción de la corte municipal, no debiendo considerarse las costas como formando parte de esa suma para fijar la cuantía y determinar la jurisdicción”.

Al reclamarse en este caso $500 más los intereses desde la interposición de la demanda y las costas, es obvio que los intereses son aquellos devengados pendente lite y, no for-mando parte las costas de la suma principal reclamada, la Corte Municipal de Mayagüez tenía jurisdicción para cono-cer de la acción.

Sí se cometió, a nuestro juicio, el segundo error.

De acuerdo con los hechos que la corte inferior consideró probados, el pagaré se otorgó el 8 de febrero de 1935 para vencer el 7 de agosto de 1935, y no fué pagado a su venci-miento, sino que el 30■ de diciembre de 1935, Francisco del Moral se lo endosó a su yerno el aquí demandante José Cin-tron, Jr. En la opinión emitida por el juez sentenciador de-claró probado, además, lo siguiente:

“Aunque el demandado con su prueba demostró a la corte que ei pagaré que suscribió a favor de Francisco del Moral lo fué para que éste cancelara ciei'tos gravámenes de bienes que fueron adjudicados a doña Micaela del Moral de Dominguez en la testamentaría de la Sucesión de doña Carmen Nadal y Freyre y que dichos gravámenes no habían sido canceladlos, al extremo de ser embargados bienes de la demandada, doña Micaela del Moral de Domínguez, por virtud de dichos gravámenes, es lo cierto que en el pagaré otorgado y suscrito por el demandado, don José A. Domínguez, por sí y como apoderado de su esposa, la otra demandada, se hace constar que dichos $500 del referido pagaré, sin intereses, consisten de valor recibido en prés-tamo por los demandados y, además, dicho pagaré fué endosado por valor recibido por Francisco del Moral a José Cintrón, Jr., el ahora demandante, quien no fué parte en la primera transacción ni se probó que tuviera conocimiento de que dicho pagaré por valor recibido constituyera una donación condicional o remuneratoria, por lo cual procede desestimar esta defensa legal de los demandados y se des-estima.” (Bastardillas nuestras.)

A pesar de haber considerado probada la defensa estable-cida por los demandados, la corte inferior resolvió que no eran aplicables los artículos 17, 53 y 59 de la Ley de Instru-mentos Negociables por entender que el demandante es “un tenedor de buena fe de la obligación que trata de cobrar pues la aceptó de Francisco del Moral por cansa onerosa y que no tenía conocimiento de ningún defecto en el documento que le fué transferido o en el derecho de la persona que se lo ne-goció.”

Desde antes de aprobarse la Ley de Instrumentos Nego-ciables en el año 1930, teníamos en nuestro Código de En-juiciamiento Civil el artículo 52 que dispone lo siguiente:

‘‘Artículo 52. — -En el caso ele la cesión de una cosa litigiosa, la acción ejercitada por el cesionario es sin perjuicio de cualquiera re-clamación en contrario, o de otro derecho existente al tiempo de no-tificarse la cesión, o antes; pero asió no es aplicable a la cesión de un documento negociable, traspasado dé buena fe, y por valor recibido, antes de su vencimiento.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de Martinez, Cesionario de Fajardo v. García, 18 D.P.R. 733, 738, al interpretarse dicho artículo, se dijo lo siguiente:

‘‘Además, estamos conformes con el apelado en que el artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable a las partes en el presente caso; pero puesto que el pagaré fué cedido después de su vencimiento, cualquier defensa que se alegaba en contra de Fajardo sería igualmente aplicable a Martínez. Sin embargo, como creemos que no se presentó una buena defensa que hubiera podido alegarse contra Fajardo, entendemos que su cesionario tenía un derecho prima facie para recuperar la suma.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos ya hemos visto que la corte inferior consideró probada la defensa que tenían los demandados en contra del acreedor original del Moral sobre la verdadera consideración del pagaré. Habiendo sido éste otorgado en el año 1935 ya regía la Ley de Instrumentos Negociables aprobada en el año 1930, que no es otra cosa, según se dijo en el caso de Moody v. Morris-Roberts Co. 226 P. 278, 280 que: “con unas pocas excepciones meramente una codifica-ción de leyes viejas que estaban en vigor y efecto a virtud de pronunciamientos judiciales o disposiciones legislativas generalmente uniformes (citas).”

Los artículos 17, 53 y 59 de dicha ley, incorporados al Código de Comercio de 1932 como los artículos 369, 405 y 411, que la corte inferior consideró no eran aplicables a los hechos de este caso, disponen:

“Artículo 369. — Todo contrato sobre documento negociable no quedará perfeccionado y será revocable basta la entrega del docu-mento con el fin de ciarle efecto. Entre contratantes directos y en lo que respecta a una parte que no lo fuere y que tampoco sea un tenedor de buena fe, la entrega del documento, para que surta efecto deberá hacerse por las partes que lo hicieren, libraren, aceptaren o endosaren, según sea el caso, o con su autorización, y en tal caso po-drá probarse que la entrega ha sido condicional, o solamente para un fin especial, y no con el propósito de transferir la propiedad de dicho documento. Pero cuando estuviere éste en manas de un tene-dor de buena fe, se presumirá concluyentemente la entrega válida del mismo por todas las partes a dicho tenedor, de modo que le sean responsables. Y cuando el documento no estuviere ya en posesión ■de persona cuya firma aparezca en el mismo, se presumirá la entrega válida y voluntaria por ella, hasta que se pruebe lo contrario.” (Bastardillas nuestras.)
“Artículo 405. — Tenedor de buena fe es el que ha tomado el do-cumento con arreglo a las siguientes circunstancias:
“1. — Que esté completo y sea regular en su apariencia;
“2. — Que se convirtió en tenedor del mismo antes de estar ven-cido, y sin tener conocimiento de que su aceptación o pago había sido rehusado previamente, si ése fuere el caso;
“3. — Que lo tomó de buena fe y por causa onerosa;
“4. Que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de de-fecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona que lo negoció.” (Bastardillas nuestras.)
“Artículo 411. — Pn manos de un tenedor que no sea tenedor de buena fe, el documento negociable está sujeto a la misma materia de defensa que el documento que no fuere negociable. Pero un tenedor que derive su derecho del de un tenedor de buena fe, y que no haya sido parte en fraude o ilegalidad alguna que afecte al documento, tendrá todos los derechos de dicho tenedor anterior en lo que respecta a todas las partes que hayan precedido al último.” (Bastardillas nuestras.)

Para que una persona pueda considerarse tenedor de buena fe debe reunir los cuatro requisitos exigidos por el ar-tículo 405, supra. 10 C.J.S. Bills and Notes, See. 301; Lafont v. Bird, 57 D.P.R. 142, habiéndose resuelto en este último caso, después de citarse el artículo 411, supra, que: “De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, no siendo el de-mandante en este caso un tenedor de buena fe, contra él puede interponerse la defensa de pago de la obligación, a menos que de la prueba resultase que la persona que le hizo la donación del pagaré era tenedora de buena fe del mismo.”

Para una discusión amplia sobre distintos aspectos en-vueltos en el problema de instrumentos negociables traspa-sados después de su vencimiento, véase el artículo sobre “Rights in Overdue Paper” por Zaehariah Chafee, Jr., en 31 Harvard Law Review 1104-1153, en el cual el punto que discutimos se sintetiza en esta forma:

“La solución del problema que este artículo aprueba como la más en armonía con los verdaderos principios sobre instrumentos nego-ciables es: la compra de "buena fe y mediando cansa, después de su vencimiento, transfiere título legal e impide que se levanten equi-dades en cuanto al título (equities of ownership) pero no equidades de defensa (equities of defense). En otras palabras, el que compra un instrumento ya vencido y pagadero al portador, endosado en blanco, o endosado especialmente a él, de buena fe y mediando causa, sin conocimiento específico, adquiere título legal al instrumento y lo puede retener, no empece cualesquiera daños infligidos a los dueños anteriores u otras personas, y puede recobrar su importe de cual-quiera de las partes anteriores que no tenga una defensa en equidad en cuanto a sí mismo, perro no puede, recobrar de ninguna parte que tenga tal defensa(Bastardillas nuestras.)

Refiriéndose a estas defensas, dicho autor dice más ade-lante que la regla ha sido expuesta en forma definida y ra-cional por el Juez Presidente Shaw de la Corte Suprema de Massachusetts en el caso de Fisher v. Leland, 4 Cush. (Mass.) 456 (1849) en esta forma:

“Pero cuando un instrumento negociable se encuentra en circu-lación después de su vencimiento, debe inspirar recelo por ese mero liecbo. La pregunta surge inmediatamente — ¿por qué está en cir-culación, por qué no ba sido pagado? Aquí bay alguna irregulari-dad. Por lo tanto, aunque no informa al endosatario de la existencia de alguna materia específica de defensa, como por ejemplo compensa-ción, pago, o adquisición fraudulenta, sin embargo, lo pone en guar-dia; y él adquiere solamente título igual al que tenía el endosante, sujeto a cualquier defensa que se hubiere levantado, si la acción se hubiera incoado por el endosante.” (Bastardillas nuestras.)

Y en el caso de Morgan v. U. S., 113 U. S. 476, 500 (1885) la Corte Suprema de los Estados Unidos, por voz de su Juez Asociado Mathews, se expresó así:

“Usualmente un pagaré o letra de cambio se convierte en functus officio a su vencimiento, pues se otorgó para ser pagado a su venci-miento, y si esta condición no se cumple, la presunción es que se debe a algún defecto que le ba dado suficiente motivo a la parte aparente-mente deudora para no haber cumplido puntualmente su obligación.”

La regla a que nos venimos refiriendo prevalece también en Inglaterra desde el año 1789 en que se resolvió el caso de Brown v. Davies, 3 T. R. 80. Véase Campbell “Gases on Bills and Notes” pág. 568.

No siendo el demandante José Cintrón, Jr., un tene-dor de buena fe (holder in due course) por haber adquirido el pagaré después de su vencimiento, su reclamación estaba sujeta a las mismas defensas que los demandados podían le-vantar en cuanto a su acreedor original Francisco del Moral, y entre ellas a la de falta de consideración o causa, 10 C.J.S. Bill and Notes, see. 519. Al resolver la corte inferior que los demandados probaron su defensa en el sentido de que Francisco del Moral no había prestado dinero alguno a los demandados sino que la verdadera consideración del pagaré consistió en que Francisco del Moral obtuviera la cancelación de ciertos gravámenes que pesaban sobre los bienes que fue-ron adjudicados a la codemandada en la testamentaría de doña Carmen Nadal y Freyre y que el Sr. del Moral nunca cumplió con. dicho convenio, la única conclusión a que debió llegar dicha corte es que la causa o consideración del pagaré nunca cobró vida y como consecuencia, que Francisco del Moral nunca hubiera podido exigir su pago a los demanda-dos, y siendo esto así debió declarar sin lugar' la demanda.

Debe declararse con hogar el recurso, revocarse la sen-tencia que dictó la corte inferior, y en su hogar dictarse otra declarando sin hogar la demanda, con costas.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    In Re Francisco Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, querellado.
    Núm. 1.

    Sometido: Mayo 22, 1942.

      Resuelto: Junio 3, 1942.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm; Ricardo A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, J. Suárez Garriga, Fiscal Especial General y José C. Aponte, Fiscal Auxiliar del Distrito de San Juan, abogados del querellante; F. Navarro Mendín, José Saba-ter, Oscar Soujfront, Miguel A. García Méndez, Gilberto López de Victoria y Celestino Iriarte, abogados del querellado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de abril de 1930 el Gobernador de Puerto Pico aprobó la Ley núm. 58 decretada por la Asamblea Legisla-tiva Insular disponiendo que el cargo de juez de las cortes de distrito de esta Isla sea desempeñado por jueces nombra-dos por el término de diez años y proveyendo para sn nom-bramiento y destitución (Leyes de 1930, pág. 419).

De acuerdo con lo prescrito en el párrafo segundo de la sección tercera de esa ley, en abril 13, 1942, G-eorge A. Malcolm, Procurador General de Puerto Rico, presentó en la se-cretaría de este tribunal un escrito firmado y jurado por él como querellante, formulando seis cargos contra Francisco Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez y pidiendo a la corte que ordenara a su fiscal la investigación preliminar de los mismos, informándole de su resultado.

Esta corte examinó la querella y ordenó la práctica de la investigación preliminar de ley.

El 28 de abril de 1942, el Procurador General querellante presentó otro escrito firmado y jurado, adicionando los car-gos primero y segundo de su querella, y la corte ordenó que la investigación preliminar se extendiera a la adición.

En mayo cuatro siguiente informó el fiscal que había practicado la investigación preliminar que se le ordenara y que, a su juicio, de la misma resultaban probados los cargos formulados. La corte, en mayo 5, 1942, estimando que ha-bía méritos suficientes para ello, dispuso que se notificara al Juez Navarro Ortiz de la querella, de los cargos adicionales y del informe del fiscal, y avisó que se reuniría el día veinti-dós de mayo a las nueve de la mañana y siguientes hábiles para celebrar la vista correspondiente.

Notificado el querellado, archivó su contestación y defensa en mayo 20, 1942, y en mayo 21 el fiscal pidió que se elimi-naran de ella ciertos párrafos de la subdivisión (c), cuarto cargo, y sus “defensas especiales.”

En el día señalado, hallándose presentes el querellante y el querellado, sus abogados y el fiscal de esta corte, comenzó la investigación. Se oyó a las partes sobre la moción elimi-natoria del fiscal y la corte decretó la eliminación del tercer párrafo de la subdivisión (c), cuarto cargo, por inmaterial, y de las “defensas especiales,” por irrelevantes. La vista prosiguió, continuando el 23, sábado^ y el 25 y 26, lunes y martes, de mayo, 1942, terminando el 26 con el informe oral por parte del querellante, del fiscal de esta -Corte, Sr. Gó-mez, del Procurador General Sr. Malcolm y del fiscal Aponte, y por parte del querellado, de sus abogados Sres. M. A. Gar-cía Méndez y José Sabater. Ambas partes estuvieron pre-sentes en todas las sesiones, concediéndoseles basta el 28 de mayo para presentar, como presentaron, memoranda de au-toridades.

Ordena la ley que si después de la debida consideración de las pruebas presentadas, el Tribunal Supremo llegase a la conclusión de que la querella o cualquier parte sustancial de la misma es cierta, adoptará una resolución recomendando al Gobernador la destitución del juez querellado, y a los efectos de cumplir ese deber procederemos al examen de la prueba con respecto a los cargos, por el orden en que fueron formulados.

1. Veamos el primero. Gira alrededor de la conducta del querellado en dos procesos sobre adulteración de lecbe en los que se alegó la reincidencia de los acusados.

Expresa el querellante que fue inusitado el interés que demostró el querellado en el primero de ellos—Pueblo v. Acosta Padilla en el que el acusado estuvo representado por el abogado P. N. Colberg — en que se probara la reincidencia, mientras que en el segundo —Pueblo v. Toro Zapata en el que el acusado estuvo representado por el abogado C. Gar-cía Méndez — consintió en que se eliminara la alegación de reincidencia, y sostiene que su actuación demuestra negligen-cia inexcusable en el desempeño de sus funciones como juez, conducta inmoral al preferir unos abogados a otros e inepti-tud manifiesta para el ejercicio de su cargo.

El caso del Pueblo v. Acosta vino a esta corte en apela-ción. Se alegó como error el hecho de haberse ordenado por el juez la prueba de la reincidencia “a pesar del fiscal no dis-ponerse a probarla.” Esta corte desestimó el error. Narró extensamente lo ocurrido según las constancias del récord y dijo finalmente:

“ . . . En la acusación se alegaba la reincidencia, expresando el número del caso en que el acusado liabía sido convicto. Cuando el fiscal trató de probar el liecho de la reincidencia con prueba oral, se opuso la defensa, alegando que la mejor prueba era el libro de sen-tencias. Fué entonces que la corte ordenó que el libro fuese traído a su presencia, sin que aparezca del récord que la defensa se opu-siera o tomara excepción.” Pueblo v. Acosta, 56 D.P.R. 138, 140, 142.

La conducta del querellado en dicho caso fué al parecer la de un juez celoso de que la prueba se practicara en su to-talidad y en propia forma, llegando en su celo a ayudar al representante del Pueblo en su actuación. La sentencia im-poniendo al acusado seis meses de cárcel y quinientos dóla-res de multa, con revocación de la licencia para vender leche, se dictó el once de febrero de 1939.

En el otro caso, o sea en el del Pueblo v. Toro Zapata, también por adulteración de leche, la reincidencia se alegó, en la acusación, en los siguientes términos:

“Se alega la reincidencia de este acusado como sigue: El refe-rido acusado, José Toro Zapata, fué acusado en el caso 9047 de esta Corte de Distrito de Mayagüez, P. R., y condenado en 1 de marzo de 1935 a pagar la multa de $25 o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer, por un delito de transportar leche de vaca adulterada para consumo humano, sentencia que es firme, cum-plió el acusado y no fué apelada.”

La celebración del juicio fué suspendida varias veces. Finalmente el récord demuestra que el dos de marzo de 1939, o sea alrededor de veinte días después de la sentencia en el caso de Acosta, ocurrió lo que sigue:

“Comparece El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal Especial Hon. Y. Palés Matos y el acusado en persona y asistido del Ledo. C. García Méndez, éste en sustitucióón del Ledo. P. N. Colberg que es el abogado del acusado, para la vista de este caso.
“El Fiscal solicita permiso de la corte para eliminar de la acu-sación la alegación de reincidencia y la corte ordena la eliminación solicitada.
“El acusado por medio de su abog'ado Race alegación de culpable del delito que se le imputa.
“La corte declara al acusado José Toro Zapata culpable y con-victo de un delito de tener en su poder y posesión, transportar, con-ducir y ofrecer en venta con el fin de dedicarla al consumo Rumano lecRe de vaca adulterada y dieta sentencia condenándolo a pagar veinticinco dólares de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer abonándosele el tiempo que Raya estado preso por esta misma causa y al pago de las costas.”

Es cierto que dentro de nuestro sistema acusatorio es el fiscal el que tiene el control de sus asuntos, pero aquí la acu-sación había sido ya formulada con la alegación de reinci-dencia y el fiscal para eliminarla solicitó el permiso de la corte y la corte que tan celosamente había actuado días antes en un caso similar, decretó la eliminación acto seguido sin que del récord conste que inquiriera siquiera el funda-mento de la petición del fiscal, llamando inevitablemente la atención además que eso ocurriera cuando el abogado de Toro Zapata que era el mismo que representó a Acosta Padilla, fué sustituido.

El querellado ha tratado de explicar la eliminación de la reincidencia en el sentido de haberse hecho porque así pro-cedía de acuerdo con la ley, ya que en la acusación pendiente se imputaba a Toro Zapata que “tenía en su poder y pose-sión, transportaba, conducía y ofrecía en venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada” y en la anterior por la cual fué condenado, sólo se le imputó que “transportaba, con el fin de dedicarla al consumo hu-mano, leche de vaca adulterada.”

La explicación no es aceptable. La primera acusación imputaba la comisión del delito por el cual fué condenado el acusado, adulteración de leche, en una de sus modalidades, transportar leche adulterada para el consumo humano, y lá pendiente imputaba al mismo acusado el mismo delito en la misma modalidad y en otras. La alegación de reincidencia estuvo, pues, bien formulada de acuerdo con la ley y la ju-risprudencia. Ley núm. 77 proveyendo lo necesario para cas-tigar la adulteración de leche y para otros fines, aprobada en agosto 12, 1925, pág. 559; Martínez v. People of Porto Rico, 46 F. (2d) 427, y Pueblo v. Cotis, 50 D.P.R. 484, en que quedó resuelto que “el transporte de leche adulterada para el consumo humano es constitutivo de delito de acuerdo con la ley aunque la persona que la transporte no sea la que verificó la adulteración.”

Como adición al primer cargo, se formularon cuatro más en relación (a) con la aprobación de cierta escritura de adop-ción; :(6) con una declaratoria de herederos; (o) con el áb mtestato de Inés Rivera Irizarri; y (d) con ciertas renova-ciones de licencias para portar armas.

(a) Sostiene el querellante que el querellado demostró in-capacidad y negligencia manifiesta como juez al aprobar la escritura de adopción en el caso Civil núm. 2967, Dr. Nelson Perea Fernández, porque lo hizo sin recibir prueba documen-tal de la edad de los adoptantes, sin informe escrito del fiscal y sin unirse al expediente el récord taquigráfico de la vista.

Contestó el querellado que no era necesaria prueba docu-mental de la edad de la esposa del adoptante, que tuvo ante sí prueba fehaciente de la edad del adoptante Dr. Perea, que no se necesita informe escrito del fiscal y que la aprobación se otorgó de acuerdo con la ley.

El expediente introducido en evidencia por el querellante se compone del escrito inicial presentado por medio del abo-gado C. García Méndez en noviembre 25, 1940; del certificado de nacimiento de Francisco José Orta el 7 de junio de 1940, hijo de Flor de Luz Orta, de diez y siete años de edad, natural de Mayagüez; de la resolución aprobatoria, cuyo se-gundo por cuanto dice: “Por cuanto: Examinada la prueba documental presentada, consistente en copia certificada de dicha escritura y certificación literal del nacimiento de dicho menor adoptado, y vista asimismo la prueba testifical ofre-cida en el acto de la vista de este caso, aparece que se ha cumplido con todas las formalidades de ley que el caso re-quiere;” de copia de una minuta haciendo constar que se practicó prueba documental y testifical el 27 de noviembre de 1940, y de un escrito solicitando el desglose y entrega de la escritura de adopción para anotarla en el Registro Demo-gráfico, que se proveyó de conformidad.

El querellado presentó en evidencia copia de la escritura de adopción y copia del récord expedida en mayo 8, 1942. En el récord aparecen las declaraciones del doctor Perea, de Flor de Luz Orta y de Gril Orta, y consta del mismo que el abogado del promovente hizo referencia a la escritura de adopción y a la certificación de nacimiento unidas al expe-diente, y el juez dijo:

“Aceptadas en evidencia. Que se una al expediente el récord taquigráfico de las declaraciones prestadas y pase al Fiscal para su informe, después de lo cual se redactará una resolución, declarando a este niño hijo adoptivo del Dr. Nelson Perea y de Joaquina Ferrer Vera, para que ese niño goce en lo sucesivo de todos los derechos legales prescritos en el Código Civil.”

Resulta en tal virtud comprobado que el récord taquigrá-fico nunca se unió al expediente, que no se aportó la mejor-prueba en relación con la edad del adoptante y que el fiscal no fue oído como la propia corte ordenó.

(5) Alega el querellante que el querellado demostró in-competencia como juez en la tramitación de la declaratoria de herederos de Juana Fantauzzi, Civil núm. 1969, de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Del expediente que introdujo en evidencia aparece que la solicitud inicial se presentó por medio del abogado A. Ramí-rez Silva, en julio 24, 1939, pidiéndose la declaratoria de he-rederos a favor de dos hermanos; que en agosto 4 siguiente se practicó prueba ante ‘el juez especial Sr. Sabater quien llamó la atención al abogado sobre la publicación de edictos; que en agosto 21, 1939, se unió al expediente una declaración jurada de la promovente asegurando que el valor de la he-rencia no excedía de mil dólares y que el 21 de diciembre del propio año se dictó la resolución final declarando herederos de su hermana Juana Fantauzzi a Ciprián Fantauzzi y a la promovente. Dicha resolución aparece firmada por el que-rellado como juez de distrito.

En su contestación alegó el querellado que el asunto se tramitó de acuerdo con la ley y declarando en la vista ex-plicó que el caso le fue sometido en cámara por el abogado de la promovente cuando cesó el juez especial y él se reinte-gró a la misma y que no ordenó la publicación de edictos por tratarse de una herencia el valor de cuyos bienes no excedía de mil dólares. Declaró el abogado de la promovente y co-rroboró lo dicho por el juez.

La informalidad que se advierte es que el asunto debió someterse al juez querellado por escrito y no verbalmente. En cuanto a los edictos era discrecional en el juez ordenar o no su publicación.

(c) El querellante imputa al querellado ineptitud, negli-gencia y favoritismo al declarar herederos a determinadas personas sin tener ante sí las certificaciones de su nacimiento, que se unieron al expediente después de dictada la resolu-ción.

De los autos originales del caso civil núm. 1268, db intes-tado de Inés Rivera Irizarry, resulta que el asunto se pro-movió por Francisco Rivera Irizarry por medio de su abo-gado C. García Méndez en julio 13, 1938, pidiendo que se de-clararan herederos de doña Inés Rivera, fallecida en Ponee, radicando sus bienes en San Germán, a sus menores hijos Amelia, Gladys y Héctor y a su viudo y que en julio 22 se practicó prueba documental y testifical. Al final del acto dijo el abogado del promovente:

“. . . vamos a solicitar que quede el caso abierto para prueba eu cuanto a las certificaciones de nacimiento de dos de los hijos, porque resulta que nacieron en Estados Unidos y no las tenemos.”

Y el juez querellado resolvió:

“Admitida la prueba documental ofrecida y se marcan Exhibits ‘A’ y ‘B’ del peticionario, quedando el caso abierto para presentar la prueba documental que falta, después de lo cual, que se una al expediente el récord taquigráfico de las declaraciones prestadas, y que se formule un proyecto de resolución y la corte resolverá.”

Así las cosas, en el propio mes de julio, sin que se hubiera presentado la prueba documental que faltaba, que no fué ob-tenida en Nueva York basta agosto 8, siguiente, el juez que-rellado decretó la declaración de herederos solicitada. El segundo por cuanto de dicha resolución, copiado a la letra, dice:

“Por cuanto: Se acompañaron a dicha solicitud los documentos correspondientes, y habiéndose señalado día para la vista en corte abierta de dicha solicitud, se practicó la prueba testifical ofrecida consistente en la declaración de dos testigos, y quedaron comprobados los hechos todos de la solicitud; y habiendo estado presente en dicha vista el Fiscal del Distrito éste manifestó no tener oposición alguna que hacer a lo solicitado, sin que tampoco hubiera oposición de parte otra alguna, y habiéndose observado en esta tramitación todos los requisitos de ley.”

La contestación del querellado a esta adición al primer cargo consistió en que antes de dictar su resolución de julio 29, 1938, tuvo ante sí certificaciones de nacimiento de las he-rederas Gladys y Amelia Rivera, pero encontrándolas defi-cientes, recomendó al abogado del peticionario la obtención de certificaciones enmendadas y en que no eran necesarias las certificaciones, pudiendo en su discreción basar su decla-ración en la prueba testifical practicada. En la vista el juez declaró en el mismo sentido de la contestación. A una pre-gunta del Juez Asociado Sr. De Jesús sobre si las certifica-ciones imperfectas se unieron a los autos, contestó: “El abo-gado se las llevó para mandarlas a Nueva York.”

Queda en pie el hecho de haberse decidido el asunto sin tener el juez a la vista la mejor prueba para presentar la cual quedó expresamente abierto el asunto. Además, hemos visto que en el por cnanto de la resolneión transcrito se hace constar “y habiendo estado presente en dicha vista el fiscal de distrito éste manifestó no tener oposición alguna que ha-cer a lo solicitado.” Sin embargo ni del récord taquigráfico ni de ninguna otra parte de los autos aparece lo manifestado por el fiscal, ni siquiera que estuviera presente en el acto de la vista.

(d) Este último cargo adicional al primer cargo abarca tres actuaciones del juez querellado en tres renovaciones de licencias para portar armas, que el querellante sostiene que revelan favoritismo al bufete profesional del Lie. M. A. Gar-cía Méndez.

Se alega que en febrero 13, 1939, en el expediente Civil núm. 17473, Dr. Enrique Lassise, renovación licencia portar armas, se pidió una renovación; que se celebró una vista en marzo 10, 1939, y en marzo 27, 1939, el juez querellado con-cedió el permiso, sin que el fiscal informase, no obstante ha-berlo así ordenado el propio juez, y que igual sucedió en el expediente Civil núm. 17781, José Ramón Flores, y en el Civil núm. 17452, Delfín Rodríguez Cario, en todos los cuales los peticionarios estuvieron representados por la oficina de García Méndez.

Para probar el cargo el querellante presentó los tres ex-pedientes. Se iniciaron en 1934. En 1939 comparecieron los peticionarios por su indicada representación y pidieron la renovación de la licencia! El juez querellado ordenó la prác-tica de prueba, y practicada, mandó que el récord taquigrá-fico se uniera al expediente de cada uno y que pasara el caso al fiscal para su examen e informe y en todos dictó resolu-ción final haciendo constar en ella lo que sigue: “y vista la conformidad del Ministerio Fiscal”. Aparecen unidos a los expedientes el récord taquigráfico de la prueba y los edictos publicados pero no los dictámenes del fiscal.

En su contestación negó el querellado haber dictado las resoluciones de que se trata sin que el fiscal informara y alegó que si los informes no aparecen en los autos “tendrían que haber sido separados maliciosamente de los records de dichos casos.” En el acto de la vista declaró el querellado que en ningún caso de renovación tramitado ante él como juez actuó sin la previa publicación de edictos, sin el informe del fiscal y sin prueba “porque acaso el peticionario ha va-riado en su conducta,” y que no obstante haberse decidido por esta Corte Suprema que cuando el fiscal asiste a la corte no es necesario su informe escrito, él siempre lo ha exigido para constancia en los autos.

Quedó en pie el hecho de que los dictámenes del fiscal no aparecen en los autos que fueron entregados por el secre-tario de la corte a los fiscales foliados, y que igualmente fo-liados se introdujeron en evidencia. Quizá pudieron extra-viarse en secretaría, pero llama la atención que sucediera lo mismo con los tres.

2. Pasaremos al estudio del segundo cargo. Por él sos-tiene el querellante que el juez querellado demostró mani-fiesta ineptitud y negligencia inexcusable al resolver el caso de hábeas corpus, civil núm. 3065, Julio López v. Camelia Rodríguiez, basándose en prueba que nunca se practicó en el mismo, siendo inmoral su conducta y cometiendo un delito al alterar de su puño y letra los autos, especialmente en la transcripción de la minuta del 27 de enero de 1941, para conformarla maliciosamente a la sentencia dictada el 13 de marzo de 1941.

La contestación en resumen sostiene que el caso de hábeas corpus quedó sometido al juez querellado para su decisión el 24 de enero de 1941; que habiéndose practicado prueba en un incidente del pleito de divorcio existente entre las mismas partes del caso de hábeas corpus, partió involuntariamente de la impresión errónea de haberlo sido en el hábeas corpus y a ella se refirió en su opinión, enmendando la transcrip-ción de la minuta que figuraba en los autos, creyendo que ése era su deber; que bien pudo llegar a la misma conclu-sión a que llegó en su sentencia declarando el hábeas corpus sin lugar, sin referirse a prueba alguna, porque cuando le fué sometido el 27 de enero, hacía cuatro días que se había iniciado el pleito de divorcio y el artículo 98 del Código Civil ordena que los hijos del matrimonio se pongan bajo el cui-dado de la mujer mientras el pleito se sustancia y decide, salvo razones poderosas en contrario, y que prueba su buena fe el hecho de haber dejado sin efecto su sentencia y el de que sometido el caso de nuevo al juez de distrito at large Sr. Massari, volvió a resolverlo declarando la demanda sin lugar.

Se admite la existencia de los casos de hábeas corpus y divorcio. También que la vista del hábeas corpus que es-taba señalada para enero 24, 1941, se transfirió para el 27, fecha en que se había ya radicado el divorcio.

No está de acuerdo la evidencia en cuanto a si el 27 de enero, 1941, el caso de hábeas corpus quedó o no sometido a la decisión de la corte. La minuta como fué redactada pri-meramente dice que quedó y así lo afirmó el secretario de la corte Pascual Frank Paganacci. Por el contrario, el abo-gado del demandante, E. Báez G-areía, sostuvo en su decla-ración que el hábeas corpus quedó pendiente y que sólo se discutió el efecto que tendría sobre él la radicación del pleito de divorcio. Las notas tomadas de lo ocurrido en corte abierta por Rosa María Sánchez que actuaba ese día como taquígrafa oficial, corroboran la declaración de Báez y en cierto modo también la corrobora lo declarado por el abo-gado Charneco de la demandada en el hábeas corpus y de-mandante en el divorcio. Nos inclinamos a resolver el con-flicto en el sentido de que el hábeas corpus no quedó some-tido a la decisión del juez.

Son hechos también admitidos que el hábeas corpus se decidió por sentencia de 13 de marzo de 1941 fundada en tina opinión en la que se Race referencia a prueba practicada que nunca se practicó, y que la minuta de lo ocurrido el 27 de enero, 1941, fué alterada por el juez agregando de su puño ' y letra “y practicada prueba de ambas partes,” pero la evi-dencia es contradictoria en cuanto al último en lo que se re-fiere a la fecha en que se verificó la alteración, pues mien-tras el juez y el secretario dijeron que lo fué el propio trece de marzo en que se dictó la senteñóia, Báez García sostuvo enfáticamente que se hizo después de su conversación con el juez cuando fué en busca del abogado de la parte contraria. Había visto poco antes la minuta sin la alteración y a su regreso la encontró hecha con la tinta fresca todavía.

Y son hechos también admitidos que dentro del divorcio, en el incidente sobre alimentos provisionales, después del 27 de enero pero antes del 13 de marzo, 1941, se practicó prueba, y que según la minuta de marzo 21, 1941, copia de la cual está en los autos del caso de hábeas corpus, la corte dejó sin efecto la sentencia del trece “por haberse incurrido en un error involuntario.”

Este cargo es serio en verdad. Aun cuando se acepte que el juez no actuara con dañada intención, tiene que concluirse-que fué negligente en grado sumo en el examen de los records o que su cerebro no funcionó correctamente al resolver el hábeas corpus emitiendo una larga opinión en la que no sólo se dice que se practicó evidencia si que se hace referen-cia a ella, cuando es lo cierto que jamás fué practicada. El hecho de haberse oído prueba en el incidente de alimentos, tiende a explicar lo ocurrido, pero la explicación no puede aceptarse como satisfactoria.

Y eso no es todo. Lo que completa el cargo y lo agrava, es la reacción del juez que cuando el abogado de una de las partes le llama la atención sobre lo ocurrido, sostiene lo he-cho y para probarlo, mientras dicho abogado va en busca del de la parte contraria, altera personalmente la minuta haciendo aparecer como cierto algo cuya falsedad no podía ya dejar de constarle. Esa reacción frente al error, constituye con-ducta inmoral incompatible con la que debe seguir un hombre a quien se encomienda la misión de administrar justicia.

A este segundo cargo adicionó dos más el querellante, que marcó con las letras (a) y (b).

(a) Consistió el cargo adicionado en haber condenado el juez querellado a Juan Torres Valentín como autor de un delito de portar armas sin que existiera contra él formulada acusación alguna por tal delito.

Alega el querellante que ello demuestra incapacidad y negligencia por parte del querellado en el desempeño de sus funciones oficiales y poco celo por los derechos y la libertad ciudadana. Sustanció el cargo por medio de prueba docu-mental.

Aceptó el querellado en su contestación la ocurrencia de los hechos, pero negó que revelaran incapacidad, negligencia y falta de celo, explicando que se debieron a lo que sucede rutinariamente en casos de asesinato y portar armas, al cú-mulo enorme de trabajo y a la necesidad de dar atención a innúmeros asuntos criminales y civiles, especialmente en las sesiones de la mañana. Llamó a declarar a uno de los abo-gados que intervino, Pascasio Fajardo Martínez, quien se expresó así:

“P. ¿Recuerda usted, compañero', haber tenido que intervenir como abogado conjuntamente con el Licenciado.Pedro Baigés Gómez, en el caso de asesinato contra Juan Torres Valentín, caso que se ce-lebró en la Corte de Distrito de Mayagiiez, presidida por el Juez Hon. Francisco Navarro Ortiz allá para el 31 de enero de 1939?
“R. Fui uno de sus abogados.
“P. ¿Recuerda usted, compañero, si después de dictado veredicto de homicidio en dicho caso se realizó algún acto por usted y el com-pañero Baigés Gómez y el Fiscal Interino, si se realizó alguno en ese día?
“R. Voy a explicar. El juicio principió. Se vió la prueba de cargo. La prueba de cargo no fué todo lo fuerte que el Fiscal creyó que era y entonces transigimos con él en el sentido de que él se alla-naba a que nosotros lo declarásemos culpable de homicidio volun-tario; y así lo hicimos. Entonces el Hon. Juez señaló fecha para dictar la sentencia y en esos momentos el ministerio público, o sea el Fiscal, dice: ‘Bueno, queda pendiente nn misdemeanorY nos-otros, sin darnos cuenta, tal vez guiados porque en los autos había una fianza por un delito de misdemeanor y tal vez porque dada la experiencia nuestra siempre sabemos que en todos estos casos se acusa por el misdemeanor y por el delito felony, pues dijimos: ‘No hay inconveniente. Lo declaramos culpable también y solicitamos que se posponga dictar la sentencia para el mismo día del caso felony.’ Así lo hizo el tribunal.
⅞⅜ * # i* * * *
“P. Después de eso, ¿que pasó, si pasó algo?
“R. Pues un día o dos antes de la hora de la sentencia, estu-diando el caso, vemos que no existía tal denuncia de misdemeanor. Yamos donde el Fiscal y le dijimos: ‘Bueno, ¿dónde está la denun-cia del misdemeanor!’ Dice, ‘Caramba, no está.’ Entonces la for-muló y la radicó y nosotros, como habíamos declarado al acusado culpable de un misdemeanor, entonces, no recuerdo si por escrito u oralmente, fuimos donde el juez y le explicamos la situación, le dijimos nuestra responsabilidad y le pedimos que nos exonerara de la declaración de culpabilidad; y así lo hizo, y entonces nosotros pre-sentamos una moción pidiendo el sobreseimiento por prescripción de esa denuncia, ya que había transcurrido más de un año.
“P. ¿Hizo alguna rectificación el juez cuando le enteraron de lo que había sucedido y solicitaron reconsideración?
“R. Resolvió ambas cuestiones a nuestro favor, o sea exonerarnos de la alegación de culpabilidad y luego declarar sin lugar la radica-ción por el Fiscal de la denuncia y ordenar el sobreseimiento y ar-chivo del caso.
“P. ¿Recibió algún perjuicio el representado de ustedes o alguna sentencia adicional a la impuesta de culpabilidad del homicidio?
“R. No, señor.”

No hubo perjuicio para el acusado pero sí revela lo ocu-rrido una situación de records y actos tales en la corte que preside y dirige el querellado que es contraria a su debido funcionamiento. Apenas puede comprenderse cómo en una corte de récord pueda ocurrir un hecho semejante. Y el mayor responsable es siempre el que ocupa el puesto más alto, en este caso el juez querellado.

(b) Alega el querellante que el querellado demostró ma-nifiesta ineptitud al designar los Comisionados de Jurados para 1942-1943, eligiendo entre ellos uno a sabiendas de que había actuado como comisionado el año anterior.

El cargo fue sustanciado por evidencia documental. De ella resulta que el juez querellado el primero de abril último designó Comisionado de Jurado por el pueblo de Añasco a Leovaldo E. Pijuán, que había servido como tal el año anterior, hecho que lo imposibilitaba para actuar en éste. Así las cosas, el 21 del propio mes de abril dictó resolución ha-ciendo constar el hecho como error involuntario y sustitu-yendo a Pijuán por José Francisco Rodríguez.

En su contestación aceptó lo ocurrido el querellado pero negó que nombrara a Pijuán a sabiendas de que había ac-tuado en el año anterior. En el juicio declaró explicando lo ocurrido.

No revela el cargo, desconocimiento de la ley que fué leída en lo pertinente por el propio juez en los procedimientos que tuvieron lugar en corte abierta, pero sí descuido en su apli-cación en la práctica.

3. Por el cargo tercero sostiene el querellante que el juez querellado incurrió en negligencia inexcusable al no dictar sentencia dentro de las veinticuatro horas de ley en los ca-sos criminales números 10,800 y 10,801 por portar armas y no inscripción de armas seguidos contra Luis Peláez, que se vieron del 21 al 23 de enero de 1941 por la misma prueba practicada en el número 10,799 seguido por asesinato contra' el mismo acusado; que en el propio asunto incurrió el que-rellado en conducta inmoral e impropia de un magistrado al dictar una minuta en marzo 15, 1941, haciendo constar he-chos falsos como ocurridos en enero 24, 1941, constituyendo además' dicho acto una intromisión por su parte en las fun-ciones del secretario de la corte demostrativa de ineptitud.

Como prueba introdujo el querellante los autos originales en las causas de asesinato (10,799), portar armas (10,800) y no registro de armas (10,801), los de los recursos de cer-tiorari (1262) y mandamus (365) tramitados ante esta Corte Suprema, el récord taquigráfico de la sesión de la noche del 23 de enero, 1941, en la cansa de asesinato y el de las vistas en las cansas por portar armas y no registro de armas y nn libro de minutas. Y llamó a declarar a M. A. García Mén-dez y V. Palés Matos.

Son hechos indiscntibles e indisentidos los relativos a la existencia de las tres cansas criminales contra Peláez a qne hemos venido refiriéndonos y el de qne las de portar armas y no registro de armas se sometieron a la corte presidida por el juez querellado por la prneba a practicarse, como se practicó en efecto del 21 al 23 de enero, 1941, en la de ase-sinato; qne no hnbo veredicto en la de asesinato y no se dictó sentencia en las de portar armas y no registro de ar-mas dentro de las veinticnatro horas de terminada la prác-tica de la prneba y qne cerca de dos meses despnés, el 15 de marzo de 1941, el juez querellado dictó la siguiente minuta que el secretario de la corte registró a los folios 47 y 48 del Libro de Minutas núm. 152:

“En los casos criminales números 10,800, por un cielito de Portar Armas y 10,801 por Infracción al artículo 7 de la Ley Núm. 14 de 8 de julio de 1936, enmendada, se hace constar que estos casos estaban condicionados a la vista y prueba del caso felony Núm. 10,799 contra el mismo acusado por un delito de asesinato.
“Se celebró el juicio por asesinato el día 23 de enero de 1941 en que comparecieron las partes por sus respectivos abogados y el Pueblo de P. R. por si; Fiscal General, y retirado el Jurado a deliberar como a la una de la madrugada del día 24 de enero 1941, compareció el Jurado a sala manifestando que ni estando reunidos por el término de 15 días podrían rendir un veredicto-, a razón por la cual la corte disolvió el Jurado.
“No encontrándose ninguno de los abogados del acusado en sala, la corte se abstuvo de dictar sentencia contra el acusado- por los casos de Portar Armas y Registro de Armas, a la mañana siguiente se soli-citó de los abogados de dicho acusado, Y. Palés Matos y Carlos Gar-cía Méndez, que si deseaban continuar dejando los casos misdemeanor condicionados a ser resueltos conjuntamente con el felony cuando hu-biese veredicto, debían presentar una moción en cada uno de los casos misdemeanor a que se refiere la presente minuta, aceptaron la condi-ción de que los misdemeanors quedaran para ser resueltos cuando se resolviera el felony contra el acusado; y ofrecieron presentar dicha moción sin que hasta el día de hoy la hayan radicado en los espe-dientes sobre portar armas y registro de armas.
“En tal virtud, y aceptada por la corte la condición de que estos dos misdemeanors se resuelvan cuando sea resuelto el felony, quedan los mismos pendientes hasta que en otro señalamiento así se haga contra el acusado Luis Peláez.”

El querellante afirma que es falso que la sentencia en los misdemeanors dejara de dictarse en la noche del 23 de enero de 1941 por no encontrarse en sala ninguno de los abogados del acusado y que a la mañana siguiente los abogados C. García Méndez y Y. Palés Matos consintieran en que dichos misdemeanors continuaran condicionados a ser resueltos cuando se resolviera el felony. El querellado sostuvo que los hechos ocurrieron en la forma narrada en la minuta.

Hemos examinado y pesado toda la evidencia aportada y tenemos el convencimiento de que no es cierto que las sen-tencias en los misdemeanors (portar armas y no registro de armas) dejaran de dictarse porque no estuviera en sala ninguno de los abogados del acusado y que tampoco es cierto que al día siguiente los abogados del acusado aceptaran la condición de que los misdemeanors quedaran para ser resuel-tos cuando se resolviera el felony (asesinato) contra el acu-sado, como consignó el juez en la minuta de marzo 15, 1941.

Del récord taquigráfico de lo ocurrido en la sesión de la noche de enero 23, 1941, al disolverse el jurado que actuó en el felony, consta que el “Abogado Sr. Américo Seda”, inter-vino y dijo: “Señor juez, yo solicitaría que dándole un tiempo razonable a los señores del jurado, me parece que ellos po-drían, considerando la prueba y analizándola nuevamente, ponerse de acuerdo sobre su veredicto” y no obstante con-signar el juez querellado en su contestación que Seda “no era parte del ‘staff’ de abogados de Peláez,” hecho que “era de conocimiento personal del juez querellado,” admitió sin observación alguna su intervención en el caso en la indicada forma.

Pero aunque se aceptare que Seda no era uno de los abo-gados de récord, resulta tan claro del resto de la evidencia que no fué por la falta de abogado que se dejó de dictar sen-tencia, que llegaríamos siempre a la misma conclusión.

Parece conveniente hacer referencia a lo declarado ante esta corte por M. A. García Méndez y V. Palés Matos, abo-gados de récord en el caso de Peláez.

El Sr. García Méndez, tras una serie de contestaciones evasivas, respondió como sigue:

“P. ¿Es que no puede contestar si es cierto lo que se dice en esa minuta? Usted me contesta que no sabe si son ciertos.
“R. En lo que dice aquí no he participado directamente, luego se me contó a mí y entonces yo me negué a aceptar eso como leading lawyer del caso.
“P. ¿Se negó a aceptarlo porque no era verdad?
‘‘R. No porque no fuera verdad, sino porque cuando el Lie. Pa-lés Matos me dijo que el juez había llamado por teléfono al día si-guiente para que radicara una moción y dijo que no había inconve-niente. Cuando yo llegué de Estados Unidos y el Lie. Palés Matos fué a hablarme del asunto le dije: ‘De ningún modo, si el caso El Pueblo v. Acosta fué resuelto en el sentido de que había que archivar el caso.’ Entonces él me llamó y dijo que por su parte no había inconveniente'. Yo le llamé la atención también a que había que archivar, de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Corretjer, que está resuelto que tiene que archivarse. Esa es mi posición en el caso. Porque ya fuera porque el abogado le contestara que por su parte no había inconveniente, cosa que • no podía aprobar como leading-lawyer porque no podía renunciar un derecho de mi defendido, o ya sea porque aun cuando él hubiera estado conforme, tomando en cuenta que yo tenía el derecho a pedir el archivo a base de lo deci-dido en el caso de El Pueblo v. Corretjer.
“P. ¿En ningún sitio, Sr. García Méndez, usted ha asegurado o ha dicho que ninguno de los abogados consintió en que se pospusiera la dictadura de la sentencia en ese caso?
“R. Lo que he dicho es que dentro de las 48 horas subsiguientes a la vista del caso de asesinato ni este abogado ni ninguno de los abogados de la defensa compareció ante esta corte, por lo cual quise sostener que no había radicado ninguno de ellos moción alguna re-nunciando al derecho del acusado a pedir el archivo del caso. Que la estipulación era la única que constaba en autos, o sea la estipula-ción original. No he dicho que no fuera cierto lo que le dijo Palés al juez o lo que el juez le dijo a Palés. No comparecimos dentro de las 48 horas porque la cuestión de derecho era ésa exclusivamente.

T Palés manifestó:

“R. ... Quiero explicarme porque de otro modo la respuesta no dará una clara visión de la verdad de los hechos. Con un sí o un no no se responde nada. Al día siguiente de la vista de los felonies el juez de la corte de distrito, que no había dictado sentencia, como era su deber y nuestro criterio, en los misdemeanors, me llamó por teléfono a mi oficina a mí y me dijo que si queríamos que los misdemeanors continuaran siguiendo la vida del felony, que hiciéramos una moción para ello conviniendo eso. Y me decía que se lo dijera también al compañero Carlos García Méndez y a los otros compañe-ros míos. ‘Bueno,’ yo le dije, ‘Juez, por nuestra parte no hay in-conveniente ninguno en que así se haga. Pero eso es una cosa que hay que acordarla con el leading lawyer, Lie. Miguel Angel García Méndez, y yo tengo que verlo.’ Y eso quedó así.
“P. ¿De manera que usted no convino con él nada?
“R. No.”

Estamos inclinados a creer que ni siquiera hubo conver-sación alguna entre el juez y el abogado Palés en enero 24, 1941, pero aunque la hubiera habido en los términos expli-cados por Palés, ¿qué base tuvo en ella el juez querellado para dictar la minuta de marzo 17, 1941? Ninguna cierta en verdad.

El cargo es grave. Puede un juez dejar de cumplir un deber por un olvido involuntario, sin dañada intención. To-dos los cerebros tienen un límite de resistencia. Tras un juicio por asesinato que dura varios días y que termina por la noche con la disolución del jurado que no llega a un ve-redicto, se concibe que un juez a quien ni el fiscal ni la de-fensa llaman la atención, olvide cumplir con el deber de resolver por sentencia dos casos por delitos menos graves que le fueron sometidos por la prueba practicada en el de ase-sinato, pero lo que es incompatible con una serena y firme conciencia judicial es recurrir a conversaciones telefónicas con los abogados del acusado, si es que se recurre, y darles un alcance que no tuvieron, o imaginarlas por completo o fijarles una fecha falsa para redactar cerca de dos meses después una minuta que se ordena incluir en el libro oficial de la corte a fin de salvar la falta cometida. Un juez que de tal modo procede, se conduce en forma contraria a la ley y a la moral.

4. Por el cuarto cargo sostiene el querellante que las ma-nifestaciones que transcribe hechas por el juez querellado en las causas criminales núms. 12,114, Pueblo v. Dalmáu y otros, por violación; 10,799, Pueblo v. Peláez, por asesinato, y 11,898, Pueblo v. Toro Ortiz, por asesinato, constituyen con-ducta inmoral e impropia de un magistrado y que su resolu-ción negándose a excusar al jurado Ruperto Santos también constituye conducta inmoral e impropia de un magistrado que pone en peligro una buena y sana administración de la justicia e invita a que el jurado entre en polémicas con el fiscal, tratando de crear prejuicios en contra del mismo.

En su contestación sostiene el querellado que actuó en los indicados casos debidamente. Dice que sus manifestaciones no se transcriben completas en la querella. Alega que el jurado no excusado intervino en tres casos en que actuó el Fiscal Suárez Grarriga y hubo veredicto condenatorio y que el fiscal no lo recusó motivada ni perentoriamente, y expone que el Fiscal Fornaris cuando hizo las manifestaciones qué dieron lugar a las suyas se encontraba en completo estado de embriaguez.

La evidencia del querellante con respecto a este cargo fué documental, consistente en récords de las causas crimi-nales indicadas; la del querellado,, testifical. En rebuttal declararon por el querellante el.Fiscal Fornaris y otros tes-tigos.

Sea cnal fnere el estado en qne se encontrara el Fiscal Fornaris cnando mostró su inconformidad con el veredicto absolutorio que el jurado rindiera en el caso de asesinato de que se trata y por duras que pudieran resultar sus apre-ciaciones, es lo cierto que examinadas las manifestaciones del juez querellado en sí mismas encuéntranse en ellas algu-nas que revelan no al guía firme, seguro, que muestra el único camino a seguir, el del cumplimiento del deber, sino al que no pudiendo concebir la grandeza de su misión o que pudiendo concebirla no tiene dentro de sí la fuerza moral bastante para ponerse a su altura, se aviene a cualquier si-tuación y la acepta y la explica y llega hasta el halago cuando la censura procede.

Es cierto que puede cometerse una injusticia cuando se entresaca un párrafo de una serie de manifestaciones que constituyen una integridad y se pone todo el énfasis en él sin tomar en consideración los otros, pero cuando estudiada la totalidad de unas manifestaciones se concluye que en uno de sus párrafos queda la sustancia de las mismas o cuando de alguna manera se advierte que el espíritu del que las hizo se refleja, queriéndolo o sin quererlo, en una parte de ellas, el párrafo o la parte pueden invocarse en un caso como éste para juzgar la personalidad del autor.

T ciertamente que no está en armonía con la misión que se le encomendara la personalidad de un juez como el que-rellado que dirigiéndose a jurados que fueron criticados por un fiscal, reconociendo el propio juez que el veredicto que rindieron y que motivó la crítica no era el que procedía .de acuerdo con la prueba, como sucedió en este caso, después de alabanzas exageradas, queriendo a su juicio aminorar el mal efecto que había producido la actitud del fiscal, a fin de conciliar intereses, les dice:

“De modo que esta corte respeta los veredictos del Jurado. Ellos son absolutos; y con la facultad que tiene el Jurado para condenar o absolver a un acusado, no nos podemos meter. La prueba está que un veredicto se rinde a cualquier llora, no importa los fundamentos que haya tenido el Jurado, y si ese veredicto es absolutorio, el acu-sado queda libre desde ese momento.”

Y el juicio que así se forma se robustece cuando ese pro-pio juez al disolver un jurado que le manifestó que no podía llegar a un acuerdo, en otro caso de asesinato, innecesaria-mente dice;

“El Jurado, señores, son los jueces de hecho, los amos en la apre-ciación de la prueba, y la decisión de ustedes será sostenida por esta corte mientras yo sea juez de ella y tengo plena confianza en que ustedes al comparecer a la corte así lo expresarán, no solamente por conducto de su Presidente, sino por cada uno de sus miembros. La corte está gustosa de que estos Miembros del Jurado sean decididos, sean honrados, como caballeros y como hombres honestos de este distrito y el que quería absolver ha expresado su opinión franca y sincera de que debía absolver al acusado y el que creía que debía condenarlo ha expuesto también su opinión franca y valiente de que él no podía absolverlo y esto le hace honor tanto a unos como a otros, y la corte se complace en este momento en rendir una felicitación al jurado. La corte disuelve el jurado y señala este caso para verse en el próximo término de lo criminal, para ser visto y juzgado por ante jurado. Muchas gracias por el servicio que han prestado a la jus-ticia en el Distrito de Mayagiiez.”

En cuanto a la no excusa del jurado, hemos examinado la evidencia y pesado las circunstancias que concurren y no encontramos que la conducta del juez fuera ilegal o inco-rrecta.

5. Eesta sólo considerar el quinto cargo que es de natu-raleza distinta a los que dejamos expuestos y juzgados. Por él se coloca al juez querellado fuera de la corte, en el restau-rante “La Greca” de la ciudad de Mayagiiez, realizando ac-tos que el querellante alega que demuestran conducta inmo-ral e impropia de un juez.

La evidencia presentada por el querellante para sustan-ciar el cargo fue toda testifical; la aportada por el quere-llado, documental, consistente en la copia de nn informe con-fidencial de la policía remitido por el Fiscal General al del Distrito de Mayagüez, y testifical.

Sobre el hecho de que se había anunciado para la noche del diez de diciembre de 1941, en Mayagüez, por las autori-dades con facultad para ello y con motivo de la situación de guerra en que nos encontramos, la práctica de un oscureci-miento; sobre el de haber entrado el juez querellado con Ignacio Saavedra al restaurante “La Greca” poco antes del oscurecimiento y sobre el de haber surgido una controversia porque la luz permaneció encendida en la mesa .que ocupaba el juez, no hay cuestión. Es sobre los detalles, sobre la con-ducta del juez, que la contradicción existe.

Escuchamos declarar a los testigos y hemos vuelto a exa-minar sus testimonios y nuestra razón y nuestra conciencia nos llevan a resolver el conflicto en contra del querellado. Creemos que los testigos Luis A. Rosado, M. A. Díaz, A. Vi-lanova, e Iris Agostini dijeron substancialmente la verdad.

Luis A. Rosado, policía insular destacado para prestar servicios en la noche del diez de diciembre en la calle Muñoz Rivera, esquina a Peral, Mayagüez, donde se encuentra “La Greca” perteneciente a M. A. Díaz, declaró que tuvo que in-tervenir con el juez querellado con motivo del oscurecimiento. Antes del mismo, Díaz salió del restaurante y le anunció que iba a tocar la sirena. Recomendó al cabo de la “home guard” que fuera al establecimiento. Él permaneció fuera.

“Al tocar la sirena se apagó tocio el pueblo de Mayagüez y en el .restorán La Greca permanecía una luz prendida que daba resplandor a la calle. La gente protestaba, tiraba piedras, daba con palos,eu las puertas; se aglomeró mucha gente y yo como policía insular tuve que intervenir con la gente para que se dispersaran; no lográn-dolo, pues al cabo de la 'home guard’ que estaba conmigo yo le dije: '‘Vaya usted dentro y diga que apaguen la luz.’ Visto que el cabo de la ‘home guard’ no podía apagar la luz, yo abandoné la gente y me dirigí donde el Lie. Francisco Navarro Ortiz y le dije: ‘Licen-ciado, ya tocaron la sirena hace más de quince minutos; el público está protestando y la gente me está tratando de negligente, y yo no quiero que se me trate de negligente. Yo quiero, con todo el respeto que usted se merece de mi parte, que me complazca.’ A lo que él contestó que esa luz no se veía ni a veinte pies de distancia. En-tonces está conmigo el cabo de la ‘home guard’ que yo entré en au-xilio de él y el señor Saavedra, ya molesto con la presencia del cabo de la ‘home guard,’ le dijo que ellos estaban acatando órdenes muy severas y que ése no era terreno que él tenía que pisar, que si él se creía con alguna'autoridad que los arrestara.’ El cabo me dijo: ‘Arrésteme este hombre,’ y yo le dije: ‘Vamos a tener calma, que yo voy a conseguir esto en una forma que no vaya a crear una situa-ción más grave.’ Entonces insistimos otra vez en que esta gente saliera y se apagara la luz. Entonces saqué a estos señores del esta-blecimiento. ... El Lie. Francisco Navarro Ortiz y el señor Saa-vedra ;. . . ”

• Dijo también el policía que cuando entró al restaurante, el juez y Saavedra estaban tomando. Uno de los abogados del querellado le mostró' la copia del informe policíaco que luego introdujo en evidencia y el testigo dijo: “Yo no re-conozco esto como el informe que yo hice.” En el que hizo “relaté los hechos.”

M. A. Díaz declaró que el juez y Saavedra llegaron a su establecimiento como a las ocho de la noche del 10 de diciem-bre de 1941 y dijeron que iban a comer. Pidieron tres “highballs” que les sirvió. Habló con el policía Rosado y le dijo “que a la hora que él quisiera podía pasar dentro del esta-blecimiento para así de una manera u otra informara de qué manera íbamos a apagar la luz.”

Manifestó que tocada la sirena anunciando el oscureci-miento, dejó “un pedacito de vela prendido' para que el se-ñor Navarro y el señor Saavedra terminaran de comer” y surgió una protesta del público que gritaba y tocaba las puer-tas, duro. La luz pudo estar encendida de cinco a diez mi-nutos. Llamó al policía y los señores Navarro y Saavedra salieron “después qne entró el policía y nn guardia local que les hizo saber la protesta del público.”

A. Vilanova, cabo de la Home Guard, encargado de patru-llar con cinco hombres la parte de la ciudad en que estaba “La Greca,” manifestó:

"... Díaz vino hasta donde nosotros y preguntó ‘quién es el cabo?’ y le dije ‘yo’ y me dice ‘usted quiere acompañarme al esta-blecimiento, tengo- unos señores en una mesa y precisamente no podré apagar las luces, o sean las bombillas.’ Entonces yo llegué con él hasta el establecimiento y al llegar encontré tres sujetos, tres seño-res, uno el Lie. Navarro Ortiz, otro de apellido Saavedra, que no conozco, y otro un oficial del cuerpo de bomberos de Mayagüez, que precisamente no recuerdo el nombre, pero es Torres Córdova. Este último al llegar yo a la mesa me dice en una forma como tratando de jugar conmigo: ‘Ud. conoce a esos señores,’ como intimidándome, ‘sí, señor, el Juez de la Corte de Distrito y a este otro no tengo el honor’; y entonces el Sr. Saavedra me dice ‘caramba yo no creí que en Mayagüez había una compañía tan bien preparada como ésta; ustedes tienen sus oficiales y ¿cómo se llaman?’ contesté ‘Luis Muñiz y Jaime Alcover Arrillaga’. Soltando al Sr. Saavedra me dice el Sr. Navarro Ortiz: ‘dígame Ud. no sabe que la Ley Marcial no está decretada todavía en Puerto Rico?’ y le dije: ‘si, señor, tiene razón, pero si está a mano del Gobernador la puedeülecretar en cualquier momento que la crea necesaria.’ ‘Nosotros tenemos una orden del Departamento de la Guerra y hay que hacerla cumplir; por tanto, les ruego que tan pronto como suene la sirena apaguen las luces.’
“P. ¿Tuvo usted que intervenir con ellos esa misma noche?
“R. Como veinte minutos después yo tenía cuatro hombres a mi custodia y subí patrullando cierta parte de la población que estaba a mi cargo y al llegar al establecimiento ‘La Greca’ encontré que era un escándalo aquello, y seguida el Sr. Tuto Díaz volvió y me insinuó para que fuera. Fui y me encontré con una discusión y le dije ‘llame a la policía para eso, yo no puedo hacer más nada, las luces están apagadas,’ y me dijo: ‘pero es que eso no puede seguir así’ y fui y al entrar la segunda vez el Sr. Saavedra en un estado- un poco encolerizado, cogiendo la silla en esta forma, y yo hice así por-que creía que me iba a dar. Él le dijo al policía ‘arreste a este hombre que está pisando un terreno que no le conviene.’ Es claro, el policía no lo hizo, y me dijo: ‘usted está en cumplimiento de su deber y yo tengo el derecho de protegerlo; tenemos que estar con ustedes para protegerlos en cualquier momento.’ Entonces el Sr. Navarro Ortiz dice: 'señores, si esta luz no se ve ni a 20 pies fuera del establecimiento. Como ustedes están comidos, qué les importa que nosotros no lo hayamos hecho?’ Entonces yo le contesté: ‘Yo lamento muchísimo que ustedes no hayan comido, cuando la isla en-tera de Puerto Rico tiene conocimiento que esta noche se llevaría a efecto un oscurecimiento en la Isla.’ ...”

Por último, Iris Agostini dijo que había entrado a “La Greca” en la noche del suceso como a las ocho y veinte a comprar unos pasteles, y allí vió al “Lie. Francisco Navarro Ortiz: estaba en una mesa con dos señores más, en una es-quina, estaban comiendo y bebiendo. El Lie. Navarro Ortiz me dirigió la palabra inmediatamente, ‘Oye, linda, ven para que comas con nosotros,’ ” y “trató de pararse, trató, pero no se paró, . . . bueno, por su estado de embriaguez.”

Dejando esos testimonios hablar por sí mismos, sin adi-ción de comentario alguno, se llega a la inevitable conclusión de que el hombre que se conduce como se condujo el quere-llado en el restaurante “La Greca” en la noche del diez de diciembre de 1941, no está capacitado para desempeñar el puesto de juez en la comunidad.

6. La práctica de evidencia con respecto al sexto cargo que consiste en la demostración de ineptitud que el quere-llante alega que demuestra el gran por ciento de sentencias dictadas por el juez querellado que este Tribunal Supremo revocó en apelación, quedó en suspenso por orden del tribunal. No será necesario reabrir la investigación. La prueba de los otros cargos, como acabamos de ver, es suficiente.

Ordenó el legislador en el párrafo primero de la sección tercera de la Ley Núm. 58 de 1930 ya citada, que cualquiera de los jueces de distrito de la Isla a quien se acusare de “ha-ber incurrido en prevaricación, soborno, conducta inmoral, negligencia inexcusable o ineptitud manifiesta para el desem-peño de sus funciones, deberá ser destituido por el Goberna-dor de Puerto Rico a recomendación del Tribunal Supremo,” previos los trámites que el mismo estatuto fija.

Aquí se acusó al juez querellado de conducta inmoral, ne-gligencia inexcusable e ineptitud manifiesta, se siguieron los trámites de ley y se practicó la evidencia con el resultado que dejamos expuesto.

Seis cargos formuló contra el querellado el Procurador General. Luego adicionó cuatro al primero y dos al segundo. Cinco de los cargos con sus adiciones quedaron substancia-dos ante esta propia corte. Algunas de las adiciones por sí solas no constituirían base suficiente para la destitución. To-das, sin embargo, se entrelazan y militan con mayor o menor fuerza en contra del querellado. Entre los cinco cargos, el segundo, el tercero y el quinto son de tal gravedad que im-ponen como consecuencia inescapable la destitución. Serios por sus implicaciones son también el cuarto y el primero.

La obra de jueces competentes, diligentes y morales es absolutamente necesaria en las cortes de distrito-para que la judicatura conserve su prestigio, inspire confianza y rea-lice su misión, para administrar justicia a todos por igual con prontitud y acierto. Y el juez querellado por sus actos se lia colocado fuera de ese plano de acción.

La prueba demuestra más allá de duda razonable que dicho juez querellado, Francisco Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, es culpable de la conducta inmoral y de la negligencia inexcusable en el desempeño de su cargo de que fue acusado y debe, por tanto recomendarse al Gobernador de Puerto Rico, de acuerdo con la ley-, su- des-titución.


text:
    Joaquín Vargas, demandante y apelante, v. International General Electric Co. of Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 8473.

    Sometido: Mayo 19, 1942.

      Resuelto: Junio 4, 1942.

      L. Mercader, abogado del apelante; James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión primordial a resolver en este recurso es si, de acuerdo con las alegaciones contenidas en la demanda y en la contestación en el caso del epígrafe y a virtud de una moción eliminatoria y para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, puede sostenerse, como pretende el demandante apelante, que la corte inferior debió resolver que existe la presunción de cosa juzgada entre una acción anterior esta-blecida por la demandada contra el demandante y la defensa y eontrademanda alegadas por la demandada en su- contes-tación en esta acción.

Los hechos son los siguientes:

En su demanda jurada Joaquín Vargas alega que el 29 de abril de 1941 la demandada International General Electric Co. of P. B. presentó una demanda contra él en la Corte Municipal de San Juan alegando que le adeudaba cierta can-tidad sobre un radio vendido a plazos; que la demandante en dicho procedimiento procedió a embargar en asegura-miento de sentencia el radio que estaba en poder del deman-dante no obstante haberle éste demostrado al márshal que el radio había sido pagado totalmente pero que la demandada se llevó el radio del hogar del demandante no obstante la pro-testa de éste y de su esposa; que seguido el procedimiento •ante la Corte Municipal de San Juan y vista la prueba pre-sentada, “dicho tribunal inmediatamente declaró sin lugar la reclamación” y dispuso que se devolviera el radio al deman-dante una vez firme la sentencia, de la cual no recurrió la demandada. Continúa alegando el demandante que debido a la culpa y negligencia de la demandada que embargó el radio a sabiendas de que el demandante nada le adeudaba, le ha causado daños y perjuicios en la suma total de $3,050.

En su contestación la demandada negó que el demandante o su esposa mostraran a persona alguna constancia de haber pagado totalmente el radio; que el demandante haya pagado el importe del precio total del radio, y por el contrario alegó que en la fecha del embargo y aun a la fecha de la contes-tación el demandante adeudaba a la demandada $16.20 de pre-cio aplazado, y negó asimismo todas las alegaciones en cuanto a los daños y perjuicios. Procedió entonces la demandada a establecer una contrademanda alegando que dicho radio fué vendido bajo contrato de venta condicional debidamente ins-crito en el Begistro y que del precio aplazado el demandante aun adeuda a la demandada $16.20, pidiendo sentencia por esta suma.

El demandante solicitó de la corte inferior qne ordenara la eliminación de los hechos alegados en la contestación en cnanto se refieren a la existencia de la denda y también de la contrademanda, por el fundamento de qne los hechos ale-gados fueron resueltos por la Corte Municipal de San Jnan en el procedimiento de reposesión y por lo tanto constitnían cosa juzgada y solicitó además qne se dictara sentencia so-bre las alegaciones.

La corte inferior declaró sin lngar esta moción del de-mandante y entonces éste solicitó qne se dictara sentencia, lo qne hizo la corte, declarando sin lngar la demanda. En este recurso alega el apelante qne la corte inferior cometió error al no eliminar de la contestación aquellos extremos concernientes a hechos relacionados con la acción de repose-sión incoada por la demandada ante la Corte Municipal de San Juan y asimismo toda la eontrademanda, por haber sido objeto de sentencia firme y constituir cosa juzgada entre las partes, estando impedida la demandada de atacarla cola-teralmente; al negarse a dictar sentencia sobre las alegacio-nes y al no condenar a la demandada al pago de los $3,050 reclamados más las costas y honorarios de abogado.

Los tres señalamientos pueden discutirse y resolverse conjuntamente.

Los motivos qne expuso la corte inferior para de-clarar sin lngar la moción eliminatoria de la demandante fueron los siguientes:

“Resultando, que la contestación presentada niega sustancial y específicamente los hechos esenciales de la demanda, no procede que se elimine la misma, ni que se dicte sentencia sobre las alegaciones.
Resultando, que la corte no puede afirmar, por no tener evidencia auténtica ante sí, que la deuda que se reclama en la contrademanda sea la misma que fué objeto de sentencia en la corte municipal, pues todavía no se ha presentado prueha alguna en este caso que demues-tre tal sentencia y el alcance de la misma, la corte entiende que no está en condiciones de eliminar la contrademanda y que no sufre perjuicio alguno la parte demandante en que esa cuestión se resuelva después del juicio, en el caso de que sea un ataque colateral a dicha sentencia sin que se alegue falta de jurisdicción.” (Bastardillas nuestras.)

Somos de opinión que la cuestión envuelta en este recurso se reduce a una de procedimiento más bien que a una de fondo. El demandante se limitó a alegar en su demanda en la presente acción que la demandada siguió una acción sobre reposesión del radio ante la Corte Municipal de San Juan y vista la prueba presentada “dicho tribunal inmediatamente declaró sin lugar la reclamación del demandado. ...” La demanda no contiene alegación alguna en cuanto a los fun-damentos que tuvo la corte municipal para declarar sin lu-gar la reclamación de la demandada en la acción anterior.

Tampoco radicó el demandante contestación a la contra-demanda en la cual, como defensa, levantara la excepción de cosa juzgada, sino que se limitó, como hemos visto, a radicar una moción eliminatoria y para que se dictara sentencia' so-bre las alegaciones. Es a base de esta moción que pretendió que la corte inferior resolviera que existía dicha defensa.

Somos de opinión que la corte inferior actuó correcta-mente al desestimar la moción del demandante pues [2] no es a través de una moción eliminatoria y para que se dicte sentencia sobre las alegaciones que debe plantearse la defensa de cosa juzgada. Una moción eliminatoria sólo levanta una cuestión de carácter legal y es semejante a una excepción previa especial, Mazarredo et al. v. García et al., 31 D.P.R. 771; Vargas v. Cruz, 32 D.P.R. 456, y, por tanto, no susceptible de que se pudiera presentar la prueba necesaria para dejar demostrada la defensa de cosa juzgada. [3] Tampoco procedía la moción para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, pues la demandada en su contestación específica-mente controvirtió las alegaciones esenciales de la demanda y por el fundamento adicional de que la defensa de cosa juz-gacla tampoco puede plantearse en esta forma. 30 Am. Jur., Judgments, sec. 271 y 120 A.L.R. 8, 132. Considerando la moción eliminatoria como una excepción previa especial, esta corte en el caso de Quiñones (Sucns.) v. Central Eureka, Inc., 37 D.P.R. 270, 275, resolvió lo siguiente:

“La excepción ele cosa juzgada no era procedente en este pleito como excepción a la demanda porque de las alegaciones de ella no aparece cómo terminó el anterior pleito ni las cuestiones en él re-sueltas para poder decidir si existe o no cosa jtisgada entre las partes. Las excepciones previas a una demanda lian de basarse en las ale-gaciones que ella contenga, y no es lícito fundarla en hechos que consten en otros autos, como hizo en este caso la demandada y la corte inferior, ...” (Bastardillas nuestras.)

Si bien en la demanda en el caso de autos se alegó que la Corte Municipal de San Juan “declaró sin lugar la recla-mación del demandado”, no contiene alegación alguna en cuanto a las cuestiones resueltas en dicha acción.

En el caso de Russell v. Mutual Lumber Co., (1925), 236 P. 96, la demandada presentó una moción eliminatoria que, por estipulación de las partes se sometió como si se tratara de una excepción previa, y a virtud de la cual se planteó la defensa de cosa juzgada, resolviendo la Corte Suprema de Washington, según aparece del sumario, lo siguiente:

“Estoppel por actuaciones, por admisiones y por res judicata son defensas afirmativas a una acción que deben alegarse y probarse .como tales; y no son materias que deban investigarse por una excep-ción previa y moción eliminatoria, cuando la única cuestión ante la corte es si el demandante ha hecho o no alegaciones impropias en su demanda o ha dejado de alegar hechos suficientes para constituir una causa de acción.”

Y en el de Samples v. United Fuel Gas Co., (1925), 130 S. E. 670, 672, se resolvió lo siguiente:

“. . . Una moción para desestimar o una moción eliminatoria, no son alegaciones sobre las cuales pueda presentarse prueba- para de-mostrar la defensa de cosa juzgada (citas).”

Al mismo efecto véanse los casos de Hall v. Morris et al., (1923), 219 P. 903 y Bronson v. Reed et al., (1934), 30 P. (2d) 459.

Para sostener que procedía sn moción y que no tenía que presentar prjieba algnna, arguye el apelante en su alegato lo siguiente:

“. . . Repetimos que el demandante alegó, y ya había probado en la Corte Municipal, que no sólo no debía nada a la demandada sino que le liabía hecho abonos por más del importe de la compra. La demandada admite, porque ni siquiera niega ese hecho esencial. Y siendo así, la corte no necesitaba evidencia auténtica de ninguna clase, sino que admitida la alegación, tenía que aceptarla sin más espera, y resolver a favor del demandante de acuerdo con la ley/’ (Bastardillas nuestras.)

No tiene razón, a nuestro juicio, pues en su contestación la demandada negó específicamente la alegación de la de-manda a que se refiere el apelante, en esta forma:

“. . . niega que el demandante o su esposa mostraran a persona alguna constancia de haber pagado totalmente por el mencionado radio; niega que el demandante haya pagado el importe deí precio total de dicho radio y por el contrario alega que en la fecha del embargo y aun en esta fecha el demandante adeuda a la demandada en precio aplazado de dicho radio la suma de $16.20.”

Negadas en esta forma las alegaciones de la demanda, la corte inferior no podía tomar conocimiento judicial de lo que el demandante “ya liabía probado en la corte municipal”, según sostiene éste en su alegato. La regla unánime preva-leciente es que una corte no toma conocimiento judicial de los records de otra corte distinta, y esta regla es aplicable especialmente cuando está planteada, en debida forma, la de-fensa de cosa juzgada. Véanse 30 Am. Jur., Judgments, sec. 273, y las monografías en 96 A.L.R. 944 y 120 A.L.R. 8, 164.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.