author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Mario Mercado Riera, cuentadante, apelante y apelado, v. Adrián Mercado Riera y María Luisa Mercado Riera de Belaval, opositores, apelados y apelantes.
    Núm. 8911.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Enero 14, 1947.

      Francisco Parra Capó y Pedro M. Porrata, abogados del apelante y apelado; José A. Poventud y Celestino Iriarte, F. Fernández Cvr yar y H. González Planes, abogados, respectivamente, de los opo-sitores, apelados y apelantes.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 24 de julio de 1946, según fue enmen-dada dos días después, este Tribunal acordó dejar sin efecto su sentencia de 8 de mayo último y oír a las partes única-mente sobre las siguientes cuestiones: (a) ¿Erró esta Corte al conceder compensación al albacea? y (b) ¿Debe entregarse al padre con patria potestad del menor Adrián Y. Mercado Jiménez lo donado a dicho menor por los herederos de Mario Mercado Montalvo?

I

Bajo el art. 908 del Código Civil Español en vigor en Puerto Rico hasta el 1902, fecha en que fue aprobado el Código Civil Revisado, el cargo de albacea era gratuito. Dicho artículo fué adoptado en nuestro Código Civil Revisado y es indudable que hasta el 9 de marzo de 1905 en que se aprobó la Ley Referente a Procedimientos Legales Especiales, ésa era la regla en esta jurisdicción. Pero el art. 53 de dicha ley, tomado del 1618 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, sin derogar expresamente el art. 882 del Código Civil Revisado, igual al 830 del Código Civil (ed. 1930) y al 908 del Español, por primera vez en esta ¡ju-risdicción declaró remunerado el cargo de albacea. El ci-tado art. 53 que añora figura en nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil bajo el núm. 586, dice así:

“Art. 586. — Todo administrador o albacea, a no disponer otra cosa el testamento bajo el cual se le nombra, tendrá derecho a per-cibir del caudal, en remuneración de sus servicios, el cinco por ciento: de los ingresos que ocurran durante la administración, montantes a la cantidad máxima de mil (1,000) dollars; 2yz por ciento cuando éstos asciendan hasta diez mil (10,000) dollars; y el 1 por ciento sobre las cantidades que excediesen de diez mil (10,000) dollars. También dispondrá el juez que se abonen al administrador o albacea los gastos indispensables que ocasione la administración, incluso el costo de los anuncios, publicaciones que la ley prescriba, la conser-vación y guarda de los bienes, consulta de abogado y gastos de viaje.”

Es evidente el conflicto entre el art. 830 del Código Civil dispositivo de que el albaceazgo es gratuito y el art. 586 del Código de Enjuiciamiento Civil que fija a todo albacea una compensación igual a la que concede a todo administra-dor judicial. Sin embargo, los opositores a la aprobación de las cuentas del albacea, es decir, los herederos María Luisa y Adrián Mercado Riera, que en lo sucesivo llamaremos “los opositores”, tratan de armonizar los dos preceptos antitéti-cos. A este efecto arguyen que con arreglo a las atribucio-nes que el testador haya conferido al albacea, éste puede ser un albacea administrador o un albacea simple, según le con-fiera o no por testamento facultades para administrar el caudal. Partiendo de esa premisa concluyen “los opositores” que el albacea a que se refiere el art. 586 es al albacea ad-ministrador y no al simple álbacea a quien el testador, como en el presente caso, no ha conferido facultades de adminis-tración. De otro lado, el ex albacea sostiene que las facul-tades que con arreglo al Código Civil tiene el albacea cuando el testador no las ha determinado especialmente, son muy limitadas y que esa circunstancia explica la razón por la cual el Código Civil dispone que ese cargo es gratuito. Arguye entonces que el Código de Enjuiciamiento Civil amplió con-siderablemente las facultades del albacea, equiparándolas en muchos, casos a las del administrador y que por ese mo-tivo su remuneración fue equiparada a la de éste.

En verdad el Código de Enjuiciamiento Civil ha ampliado considerablemente los deberes del albacea imponiéndole la prestación de ciertos servicios a que no venía obligado bajo el Código Civil y ha aumentado sus responsabilidades en tal forma que sería injusto el privarle de compensación. De ahí que nuestra Legislatura, al aprobar el art. 586 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, el cual corresponde, con lige-ras variantes, al art. 1618 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, concediese igual compensación al albacea que al administrador, a menos que el testador hubiese dis-puesto que el desempeño del cargo fuese gratuito o fijare una compensación distinta de la prescrita por la ley. Los opositores buscan apoyo a su tesis en la circunstancia de que el art. 586, al fijar la compensación del albacea y del administrador, toma por base los ingresos “que ocurran du-rante la administración” y en el uso de la palabra “admi-nistración” se fundan para sostener que fué la intención del legislador compensar al albacea que tuviese la administra-ción del caudal y excluir a aquél a quien el testador no hu-biera confeiido tal facultad. Si bien es verdad que en casos resueltos por este Tribunal y en algunos del Tribunal Supremo de España se hace referencia al albacea con faculta-des de administrador, sin embargo, nuestro Código de En-juiciamiento Civil no establece la distinción que invocan los opositores entre albaceas simples y albaceas administrado-res. Dicho Código se refiere al albacea sin calificativo al-guno. Si nuestra Legislatura, al aprobar el art. 586 hubiera querido' establecer .esa distinción que no existe en California, fácil le hubiera sido expresarlo así, refiriéndose al albacea con derecho a compensación como albaeea-administrador.

No debemos perder de vista que el art. 586 se refiere con-juntamente al administrador y al albacea y de ahí que use una sola palabra para comprender las funciones de ambos cargos, el de albacea y el de administrador. Y no es extraño que use la palabra “administración” en relación confias fun-ciones del albacea porque Escriche, en su artículo sobre “al-bacea”, usa la palabra “administrar” refiriéndose a la fun-ción del albacea y al efecto dice: “Ya por la ley 1, tit. 12, lib. 10 de la Nov. Recopilación, se prohibe a los albaceas com-prar bienes de la'testamentaría que administren; ”... (Bas-tardillas nuestras). La citada ley de la Nov. Recopilación usa también la palabra “administrar” en relación con la función del albacea. Y si examinamos el art. 586 a la luz de otros del Código de Enjuiciamiento Civil que tratan de la misma materia, veremos que el legislador estuvo justificado al usar la palabra “administración”. El albacea, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, no es un mero cus-todio de la herencia. El art. 593, por ejemplo, le impone la obligación de pagar las deudas legítimas del finado con in-tervención de los herederos, o en su defecto, de la corte de distrito. El 587 le impone el deber de recibir las cantidades pertenecientes al caudal y le exige la presentación de cuen-tas trimestrales de las cantidades recibidas y desembolsadas por él. El art. 588 prescribe que el albacea, cuando haya terminado la liquidación de los bienes, o cuando por cual-quier causa cesare en el desempeño de su cargo, deberá pre-sentar a la corte una cuenta final jurada acompañada de los recibos y resguardos correspondientes. Finalmente, el art. 590 dispone que la corte de distrito dictará auto definitivo aprobando la cuenta o haciendo modificaciones. ¿Puede acaso negarse que estas funciones del albacea no constituyen actos de administración?

En el caso de Mercado v. Corte, 62 D.P.R. 368, no se re-solvió este punto. La cuestión allí adjudicada fue que la he-rencia de este caso no se hallaba en administración judicial, pues en ningún momento se había nombrado un administra-dor judicial ni el testador en su testamento confirió al al-bacea facultades de administración; que Mario Mercado Riera era un albacea y que no habiéndole fijado plazo el tes-tador, su cargo terminaba al expirar el año desde su acep-tación (art. 826 del Código Civil); que si bien el testador amplió el plazo legal, como no señaló expresamente el plazo de la prórroga, ésta se entenderá que fué por un año (art. 827 del Código Civil; que habiendo transcurrido ya más de dos años desde que se aceptó el albaceazgo, éste había ter-minado y consecuentemente, el ex albacea venía obligado a entregar la herencia a los herederos para éstos dar cumpli-miento a lo ordenado por el testador en todo lo que no hu-biera hecho el albacea. Es verdad que en Mercado v. Corte, supra, citando casos anteriores se dijo que el albacea no te-nía otras facultades que las determinadas en los artículos 823 y 824 del Código Civil. Pero esa manifestación ignora por completo los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil que, como hemos visto, amplían las facultades que a los albaceas confiere el Código Civil. También se dijo en Mer-cado v. Corte, supra, que en ausencia de un nuevo estatuto no puede sostenerse que las disposiciones positivas de nues-tro Código Civil sobre el nombramiento y deberes del alba-cea y el término del albaceazgo, puedan considerarse varia-das o modificadas en cuanto a su alcance como derecho sus-tantivo por las disposiciones procesales de la Ley Referente a Procedimientos Legales Especiales. A este efecto conviene tener en cuenta lo dispuesto en el art. 619 del Código de En-juiciamiento Civil (85 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales) que dice así:

"Esta Ley empezará a regir desde su aprobación, quedando dero-gadas todas las leyes anteriores que la contradigan; pero seguirán vigentes los procedimientos especiales establecidos en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y su Reglamento, y en cualquiera otra ley, en cuanto no esté previsto por la presente.” (Bastardillas nuestras.)

No conocemos precepto constitucional alguno que impida a la legislatura ampliar o variar en una ley de procedimientos las disposiciones contenidas sobre la misma materia en el Código Civil, ni existe razón legal alguna que impida derogar un precepto del Código Civil por otro posterior de una ley procesal. Habiéndose aprobado el art. 586-del Código de Enjuiciamiento Civil con posterioridad al art.. 882 del Código Civil Revisado, éste último artículo quedó' parcialmente derogado en cuanto prescribe que el albaceazgoes gratuito. Y como el testador nada dispuso respecto a la remuneración del albacea, éste tiene derecho a la retribución prescrita por el art. 586 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Finalmente arguyen “los opositores” que el albacea. no tiene derecho a compensación cuando media negligencia de su parte en el desempeño de su cargo.

No hemos encontrado en nuestros estatutos ninguna dis-posición legal que imponga esa penalidad al albacea que sea negligente en la custodia y manejo del caudal. Por el con-trario, la Corte Suprema de California repetidamente ha re-suelto que si bien el albacea o administrador es responsable de las pérdidas que haya sufrido el caudal hereditario por su culpa o negligencia o por haber disipado o mal adminis-trado o por haberse apropiado para su beneficio fondos del caudal, en ninguna parte se provee que tal conducta por parte del administrador o albacea le priva de la compensación pro-vista por la ley; que en tales casos se cargará al administra-dor o albacea la pérdida y se deducirá de su compensación, de modo que hasta donde fuere necesario, su compensación será aplicada al pago de las pérdidas. In re Roberts’ Estate, 162 P.2d 461 (Cal. 1945); In re Sayers’ Estate, 265 P. 924 (Cal. 1928) e In re Carvers’ Estate, 55 Pac. 770 (Cal. 1898).

Por lo expuesto debe denegarse la reconsideración de aquella parte de nuestra sentencia que concedió compensación al albacea.

11

Don Mario Mercado Montalvo dejó en sn testamento varios legados por $10,000 cada uno a los hijos de su hija María Luisa Mercado de Belaval, a los de su hijo Mario Mercado Riera y a los hijos de su nieto Pastor Mercado Mandry. Dispuso que estos legados devengarían intereses al 7 por ciento anual una vez transcurridos 90 días del fallecimiento del testador; y que debería pagarse la cuarta parte de cada uno de ellos del dinero efectivo que tuviese en los bancos y el resto dentro del término de cuatro años, a razón de una cuarta parte por año. En relación con el pago ole dichos legados dispuso además:

“Designo a don Mario Mercado Riera tutor de todas las personas a quien anteriormente les he dejado legado y que se encuentran com-pre]! didas entre aquellas sometidas a tutela y a los solos efectos de la administración de dichos legados.” (Bastardillas nuestras).

Después de muerto el testador nació su nieto Adrián Y. Mercado Jiménez. Como el testador no dejó a éste legado alguno, pactaron los cuatro herederos en el contrato parti-cional que celebraron, que se le asignase en el inventario' una donación de $10,000 con cargo al caudal hereditario, sujeto a las mismas condiciones a que se hallaban afectos los.lega-dos hechos a nietos y biznietos en el testamento. En las cuen-tas finales del albacea, bajo el título “pagos hechos de los plazos vencidos e intereses a legatarios, ’J se consignó la si-guiente partida: “A Adrián V. Mercado Jiménez, $3,550”. Esta cantidad aparecía pagada a Mario Mercado Riera por el primer plazo e intereses sobre los $10,000 objeto de la do-nación. Solicitaron “los opositores” en la corte inferior que el ex albacea entregase esta cantidad al padre con patria po-testad sobre el menor. La corte a quo rehusó resolver la cuestión por entender que no procedía considerarla dentro de un procedimiento de aprobación de las cuentas finales del albacea. Este Tribunal en apelación la resolvió en contra do “los opositores”. Habiendo éstos solicitado reconsidera-ción y oídas las partes, procederemos a determinar si fue o no errónea nuestra decisión.

Alegan “los opositores” que es contraria a la ley la dis-posición testamentaria que designa a Mario Mercado Riera tutor de los menores nietos y biznietos del testador a los solos efectos de la administración de los legados de $10,000. En apoyo de esta tesis arguyen que la patria potestad excluye la tutela y que donde existe la primera no puede existir vá-lidamente la segunda, e invocan el caso de Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564.

Partiendo de la premisa de que la condición impuesta en el testamento en relación con el nombramiento de tutor para los nietos y biznietos es nula e inexistente, sostienen “los opositores” que es también nula la condición impuesta en el contrato particional a virtud del cual se confiere a Mario Mercado Riera la administración de lo donado a Adrián Y. Mercado Jiménez. En su consecuencia demandan que el pago de los $3,550 debe hacerse a Adrián Mercado Riera, padre con patria potestad sobre el menor.

Si fuéramos a resolver la controversia por el Código Civil Español que imperó en esta ;j urisdicóión basta que fue aprobado el Código Civil Revisado en 1902, quizás podría-mos convenir con “los opositores” en que la condición en controversia os contraria a la ley. Dispone el Código Civil Español en su art. 206:

“El padre puede nombrar tutor . . . para sus hijos menores y para ios mayores incapacitados ...
“Igual facultad corresponde a la madre; ....
“En todo caso será preciso que la persona a quien se nombre tutor . ... no se halle sometida a la potestad de otro.” (Bastardi-llas nuestras.)

Y el 207 prescribe:

“También puede nombrar tutor a los menores o incapacitados el que les deje herencia o legado de importancia. El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que el Consejo de familia <¡haya resuelto aceptar la herencia o el legado.”

Interpretando el art. 207 a la luz del último párrafo del 206 dispositivo de que “en todo caso será preciso que la persona a quien se nombre tutor no se baile sometida a la po-testad de otro,” sostienen los comentaristas del Código Civil Español que el nombramiento de tutor para la adminis-tración de la herencia o' legado de importancia a que se re-fiere el art. 207 antes transcrito, no procede cuando el me-nor (o incapacitado) tenga padre o madre con patria potes-tad. 2 De Diego, Institución de Derecho Civil Español, pág. 604; 2 Scaevola, Código Civil, pág. 181 y 4 Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, pág. 552. Si bien Manresa a virtud del último párrafo del art. 206 del Código Civil Español opina que no puede nombrarse tutor cuando existe padre o madre con patria potestad, adoptando una interpre-tación ecléctica no encuentra obstáculo legal alguno que im-pida encargar a una tercera persona la administración de los bienes legados e invoca la resolución de la Dirección General de los Registros de 13 de abril de 1892 (tomo 5, pág. 67). 2 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, (ter-cera edición 1907, pág. 193).

Pero el Código Civil Revisado no adoptó íntegramente los artículos 206 y 207 del Español. Estos artículos corres-ponden con las variantes aludidas, a los números 244 y 245 del Revisado, que figuran bajo el 174 y el 175 del Código Civil ed. 1930. Disponen estos dos artículos:

“Artículo 174. — El padre o. la madre pueden nombrar tutor en su testamento para sus hijos menores y para los mayores incapacitados.”
“Artículo 175. — También el que les deje herencia o legado de importancia a los menores o incapacitados, puede nombrarles tutor para la administración de dichos bienes. El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que la herencia o el legado haya sido aceptado por el padre, la madre o el tutor del menor, con la apro-bación de la corte de distrito competente.”

Se observará que el art. 174 no contiene el último pá-rrafo del 206 del Código Español a que antes hemos hecho referencia. Y como para hacer más clara la posición adop-tada por el Código Civil de Puerto Rico en el art. 175 se dis-puso: “El nombramiento [de tutor] sin embargo, no surtirá efecto hasta que la herencia o el legado haya sido aceptado por el padre, la madre o el tutor . . . ”. (Bastardillas nues-tras.) Es evidente que si la herencia o el legado debe ser aceptado por el padre y en su caso por la madre para que el nombramiento de tutor surta efecto, la existencia de la patria potestad no excluye el nombramiento del tutor a que se contrae el art. 175 del Código Civil.

Cúmplenos ahora considerar el caso de Concepción v. Latoni, supra, en el cual ponen gran énfasis los ilustrados abogados de “los opositores”. En aquel caso el padre de tres hijos naturales menores de edad los instituyó por sus únicos y universales herederos y dispuso en su testamento:

“ ‘En uso del derecho que le concede la ley elige y nombra tutor de sus menores hijos Joaquín, Carmen y Alberto, a su amigo don Manuel García Lago, mayor de edad, soltero, comerciante y vecino de esta ciudad, con relevación de fianza, confiriéndole las facultades en derecho necesarias; y si bien por ministerio de la ley, la madre natural de sus menores hijos, la citada Modesta Concepción y Cosme, tiene la patria potestad sobre dichos menores, velando por el bienes-tar y la educación de mis hijos, he creído conveniente el nombra-miento de tutor que acabo de hacer, por las razones, de que dicha madre hace mucho tiempo que no vive con sus hijos, a los cuales ha abandonado, y por ser una mujer muy ignorante que de asumir la administración de los bienes que dejo a mis hijos, estarían éstos ex-puestos a sufrir privaciones y a presenciar malos ejemplos’ ”.

La madre con patria potestad impugnó la disposición tes-tamentaria que designó tutor para sus hijos y la privó de la patria potestad. La corte de distrito resolvió que consis-tiendo la legítima de los hijos naturales en aquel caso en una tercera parte de la herencia, dichos menores tenían ca-rácter de herederos forzosos en cuanto a una tercera parte y de voluntarios en cuanto a las dos terceras partes restantes de libre disposición. Y considerando la herencia de las dos terceras partes de libre disposición como una herencia de im-portaneia, la corte de distrito' llegó a la conclusión, con arre-glo al art. 175 del Código Civil, de que el nombramiento de tutor debería entenderse limitado a la administración de dos tercios de la herencia, reteniendo la madre natural la patria potestad y la administración del tercio de herencia forzosa.

Este Tribunal revocó la decisión de la corte de distrito. La revocación está predicada en el art. 174 y otros del Có-digo Civil que tratan sobre distintos aspectos de la patria potestad. Si bien se tuvo en cuenta que el último párrafo del art. 206 del Código Civil Español no se había adoptado en el 174 del nuestro,, se hizo completa abstracción del art. 175 de nuestro Código Civil que ya hemos analizado'. Es incuestionable que el padre en el caso de Concepción v. Latoni, supra, no podía imponer condición alguna a la legítima, es decir, al tercio de que consistía la herencia forzosa. Pero no es menos cierto que en cuanto a la herencia voluntaria —las dos terceras partes de libre disposición — podía impo-ner las que tuviese por conveniente, siempre que no fueran contrarias a la ley,'a la moral o al orden público. Y si el que deja herencia o legado de importancia a un menor o incapacitado puede nombrarles tutor para la administración de dichos bienes, ¿por qué razón legal ha de prohibirse al padre o a la madre que haga lo mismo que el extraño cuando la herencia o el legado no está comprendido en la legítima que corresponde al menor o incapacitado1? La corte de dis-trito, sin duda interpretó correctamente y cumplió hasta donde fue legalmente posible la voluntad del testador sin menoscabar los derechos de la madre natural, quien conservó la guarda y custodia de los menores y la administración y usufructo' de los bienes que constituían la herencia forzosa. A nuestro juicio la corte de distrito actuó con arreglo a de-recho y fué errónea la revocación por parte de este Tribunal. Consecuentemente, el caso de Concepción v. Latoni, supra, debe entenderse revocado en cuanto al punto que nos ocupa.

Arguyen además “los opositores” que no consta que la tutela que se defirió a Mario Mercado Riera se haya inscrito en el Registro de Tutelas y consecuentemente no puede ser tutor por prohibición expresa del art. 195 del Código Civil que en lo pertinente prescribe:

“No pueden ser tutores:
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“10. El tutor testamentario que descuidare o abandonare el cum-plimiento de los requisitos que son indispensables para empezar el ejercicio de la tutela.”

El hecho de que la tutela deferida a Mario Mercado en el testamento de su padre no haya sido inscrita en el Re-gistro de Tutelas, quizás podría tener alguna pertinencia en un procedimiento seguido para privar a dicho tutor de la administración de los legados hechos a los nietos y biznietos del testador. Pero esa cuestión no está ahora ante nos y consecuentemente no expresaremos opinión alguna sobre ella. Pero la circunstancia de que el tutor no haya cumplido con los requisitos para empezar el ejercicio de la tutela, no im-plica que la disposición testamentaria por la cual se le de-firió el cargo para la sola administración de los legados, sea contraria a la ley, a la moral o al orden público. No puede ser contraria a la ley, a la moral ni al orden público porque, como hemos visto, lo autoriza el art. 175 del Código Civil. Por las mismas razones no puede alegarse con éxito que la condición del contrato partieional que confirió a Mario Mercado Riera la administración del legado del menor Adrián V. Mercado Jiménez sea ilegal e inexistente.

Siendo válida la condición impuesta por todos los herederos entre los cuales se halla Mario Mercado Riera, al efecto de que la cantidad donada al menor en cuestión sea administrada por el ex albacea, los herederos todos están obligados al cumplimiento de lo pactado y sólo pueden de-jarlo sin efecto mediante el consentimiento de todos los con-tratantes.

Procede, por lo expuesto-, denegar la reconsideración y restablecer, desde esta fecha, la sentencia que fue dejada sin efecto a virtud de la moción de reconsideración.

         Desde el año 1931 este artículo pasó a formar parte del Prolate Code of the Stale of California bajo los números 901, 902 y 903.

      E1 art. 823 del Código'Oivil prescribe:
      “Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les baya con-ferido el testador, y no sean contrarias a las leyes. ’ ’

       Véanse los siguientes artículos del Código de Enjuiciamiento Civil: 568, 584, 587, 593, 598 y 600. Véase, además, el art. 372 del Código Político.

       Es pertinente tener en cuenta que en el contrato partieional no se defirió tutela alguna. Sólo se defirió el cometido de administrar los legados, pues de conformidad con el art. 172 del Código Civil, la tutela se difiere: 1, por testa-mento; 2, por la ley; y 3, por tribunal competente. Claro es que por contrato no puede nombrarse tutor.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Marengo Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 11632.

    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Enero 14, 1947.

      Buenaventura E sieves, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se trata aquí de una apelación que establece el acusado contra sentencia de 18 meses de presidio luego de ser con-victo por un jurado del delito de robo. El apelante señala dos errores que consideraremos conjuntamente; (1) la corte de distrito erró al denegar su moción de absolución peren-loria (nonsuit); (2) el veredicto rendido por el jurado es contrario a la prueba.

El apelante alega que El Pueblo no ha probado que él sustrajera dinero a la victima por medio de la violencia y la intimidación. Pero el apelante lee erróneamente el artículo 238 del Código Penal que define el delito de robo. Dicho artículo sólo exige que la sustracción se lleve a efecto por medio de la violencia o de la intimidación; no es necesario que se empleen ambas, la violencia y la intimi dación. People v. Borra, 11 P.2d 403 (Calif., 1932); Hood v. State, 157 P.2d 918, 921 (Okla., 1945); Wagner v. Com monwealth, 182 S.W.2d 661, 663 (Ky., 1944); People v. Coleman, 127 P.2d 309, 315 (Calif., 1942). "Toda vez que es suficiente la intimidación únicamente, el delito de robo puede cometerse sin que medie la violencia física. Es suficiente si de palabra, conducta o circunstancias se crea en la mente de la víctima la intimidación — temor de peligro. People v. Borra, supra; State v. Woodworth, 1 A.2d 254, 258 (N. J., 1938); Koby v. State, 198 N. E. 88 (Ind., 1935); Burdick, Law of Crime, sección 599, págs. 415-17. Según la Corte expresa en el caso de Koby a las págs. 90-91: “ ... el uso efectivo de la violencia no es esencial a la comisión del robo si la conducta del supuesto salteador es tal que ocasiona en la víctima el temor a daño corporal, de no satisfacer las demandas de aquél. ... El temor efectivo no necesita ser probado, ya que una presunción legal del temor surgirá de hechos que claramente sugieren una causa para ello. . . . Evidentemente, a la víctima no se le debe exigir que ponga a prueba la sinceridad de las amenazas de su atacante para usar la violencia, si la conducta de éste es de tal naturaleza que la víctima razonablemente estima que será objeto de agresión corporal si no cede a las demandas de su atacante. ’ ’

En vista de lo anterior, el récord contiene prueba sufi-ciente en apoyo tanto de la negativa a conceder la absolu-ción perentoria (momsuit) como del veredicto de culpabili-dad. La víctima declaró que el acusado lo acechó en un ca-llejón, lo tiró al suelo, se le vino encima y le sustrajo de su relojera $12.75 en efectivo mientras él se encontraba en el suelo. Declaró que dejó que el acusado tomara el dinero porque él quería más su vida que cien pesos, y que llamó a su vecina más cercana porque creyó que el acusado lo iba a golpear, ya que una persona que despoja a otra de su dinero en la forma antes dicha es capaz de usar la violencia para lograr su propósito.

Aun cuando supongamos, sin resolverlo, que estos hechos no constituyeron una sustracción mediante violencia, a los efectos del art. 238, la prueba claramente demuestra que la víctima permitió al acusado tomar su dinero' por temor a que éste le infligiera castigo corporal si resistía a ello. Y eso, según hemos visto, es suficiente para 'constituir una sustracción por medio de la intimidación según lo requiere el artículo 238.

Es verdad que algunas personas, o tal vez muchas, ha-rían resistencia al salteador con el resultado de que o bien se librarían del mismo o serían agredidas y robadas. Pero un ciudadano pacífico no viene obligado a desplegar tan ex-traordinario valor. Y si por el contrario elige ceder su pro-piedad o dinero bajo temor de violencia si no lo hace, el acu-sado bajo esas circunstancias ha obtenido propiedad por me-dio de intimidación en violación del art. 238.

El acusado también alega que existen algunas pequeñas discrepancias en las declaraciones de la víctima y otros testigos. No encontramos nada en estas discrepancias que nos obligue a anular el veredicto del jurado. En verdad, aun cuando desecháramos las declaraciones de los otros testigos, este Tribunal ha sostenido que el testimonio de un solo testigo, de ser creído, es suficiente para sostener una convicción por robo. Pueblo v. Cruz, 61 D.P.R. 720. Y el veredicto en este caso está ampliamente sostenido por la de-claración de la víctima.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       Artículo 238: “Entiéndese por robo el acto de apoderarse criminalmente de bienes muebles pertenecientes a otro, ya sustrayéndolos de su persona, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o de la intimidación. ’ ’


text:
    Eusebio Díaz Quiñones y Natividad Pagán, demandantes y apelantes, v. Central Lafayette, demandada y apelada.
    Núm. 9359.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Enero 20, 1947.

      Virgilio Brunet y Tibaldo Aponte, abogados de los apelantes; Adolfo Porrata Doria y F. J. Pérez Almiroty, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Central Lafayette, en vagones arrastrados por una locomotora, acarrea de las fincas a su factoría alguna de la caña que muele. Una de sus locomotoras subía por una pen-diente quince vagones cargados de caña a una velocidad de cinco o seis millas por hora. Un niño de nueve años se acercó a uno de los vagones en movimiento y trató de sacar un pedazo de caña. La caña iba tan apretada que el niño fue arrastrado por el vagón. Cayó sobre la vía, siendo arro-llado por las ruedas, a consecuencia de lo cual falleció. Sus padres han radicado demanda de daños y perjuicios contra la Central Lafayette. Después de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia a favor de la demandada. Los demandantes lian apelado.

Alegan los apelantes que la corte inferior cometió error al rehusar aplicar a los hechos de este caso la doctrina del peligro atrayente. Esta doctrina exige a los propietarios que tomen precauciones afirmativas para proteger a los niños que, si bien son transgresores, no se dan cuenta del peligro a que se exponen. Pero contraria a esta doctrina, está la política de no intervenir indebidamente o imponer restricciones gravosas e irrazonables al uso de la propiedad. Por tanto, tenemos el interés de la comunidad en preservar la seguridad de sus niños frente al legítimo interés de los propietarios de usar sus propiedades con razonable libertad. El esfuerzo para determinar cuál de estas dos consideraciones rivales debe prevalecer en determinado caso ha dado lugar a un considerable número de litigios. Anotaciones, 36 A.L.R. 34; 39 A.L.R. 486; 45 A.L.R. 982; 53 A.L.R. 1344; 60 A.L.R. 1444; 145 A.L.R. 322.

El Restatement, Torts, sec. 339, pág. 920, sintetiza la doc-trina del peligro atrayente, como sigue:

"Un poseedor es responsable de daños corporales recibidos por niños que entran sin permiso en su propiedad, causados por una es-tructura u otra condición artificial que él mantenga en el terreno, si
“ (a) el sitio donde se mantiene la condición es uno qué le consta al poseedor o que le debe constar que está sujeto a transgresión por los niños; y
"(ó) la condición es una respecto de la cual el poseedor sabe o debe saber y comprende o debe comprender que envuelve un irrazo-nable riesgo de muerte o grave daño corporal para tales niños; y
"(c) los niños, debido a su edad, no descubren la condición o no comprenden el riesgo envuelto en intervenir, con ella o en invadir el área que se tornó peligrosa debido a tal condición; y
“(d) la utilidad que recibe el dueño proveniente del manteni-miento de tal condición resulta pequeña si se compara con el riesgo que la misma envuelve para los niños. ”

La importancia de la doctrina del peligro atrayente es que bajo circunstancias adecuadas mitiga la aplicación a los niños de la regla de que un propietario no tiene deberes le-gales hacia un transgresor cuya presencia no se anticipa ra-zonablemente, con excepción de abstenerse de causarle daño voluntariamente o tomar las precauciones razonables después de haberse advertido su presencia. Ramos v. Sucesión Se-rrallés, 51 D.P.R. 343, 352-3; Ortiz v. American, Railroad Co., 62 D.P.R. 181, 192-93; Vega v. American Railroad Co., 57 D.P.R. 376, 380; Figueroa v. American Railroad Co., 64 D. P.R. 335; Shell Petroleum Corporation v. Beers, 91 P.2d 777 (Okla., 1938); Prosser on Torts, Sección 77, pág. 609; Boh-len & Harper, Torts, Secciones 88-89, págs. 212-14. Por el contrario, el dueño de una propiedad que está debidamente clasificada como un peligro atrayente debo ejercer mayor cuidado hacia los niños. Esto quiere decir que bajo las con-diciones establecidas en la sección 339, un dueño demandado no puede, como en el caso ordinario, simplemente cruzarse de brazos. Bajo estas circunstancias debe tomar razonables pa-sos afirmativos para evitar que se cause daño a los niños o de lo contrario será responsable de los daños recibidos por éstos. No quiere decir esto que la doctrina del peligro atra-yente convierta al demandado en asegurador de la seguridad de los niños. Pero bajo ella, está obligado a tomar precau-ciones para evitar las lesiones, tales como advertirles del peligro, estacionar guardias para evitar las lesiones, cons-truir verjas y aparatos de seguridad, etc.; y es el no tomar tales precauciones afirmativas lo que da lugar a compensa-ción bajo esta doctrina. Prosser, supra, págs. 621-25; Boh-len & Harper, supra, secciones 93-94, págs. 219-21.

En el caso que nos ocupa, los demandantes alegan que un vagón en movimiento' cargado de caña tiene un atractivo peculiar para los niños, quienes sienten la tentación de aga-rrar un pedazo de caña cuando el vagón va pasando; que ésta era una costumbre de los niños de esa comarca que era conocida por la .demandada o razonablemente debió haberla anticipado; que debido a estos hechos, la demandada tenía la obligación bajo la doctrina del peligro atrayente de tomar precauciones afirmativas para evitar que los niños tomaran cañas de sus vagones en movimiento, de suerte que los ni-ños no corrieran el riesgo de recibir lesiones que ellos no estaban supuestos a prever; y que la muerte del hijo de los demandantes fue causada por la negligencia de la demandada al dejar de tomar dichas precauciones afirmativas, dándole derecho a los demandantes a recobrar daños por ella.

En apoyo de este argumento, afirman los demandantes que en el caso de Ramos v. Sucesión J. Serrallés, supra, re-solvimos que la demandada era responsable de acuerdo con la teoría del peligro atrayente, y que los hechos en el pre-sente caso son suficientemente similares a los del caso de Ramos para exigir el mismo resultado aquí. Por tanto pa-semos primero a* examinar los hechos y el razonamiento de dicho caso.

En el caso de Ramos los empleados de la demandada transportaban caña en cinco vagones tirados por bueyes. Los carreteros se vieron obligados a detener los vagones por hallarse una calesa en medio de la vía. Muchos niños acos-tumbraban venir a este sitio a coger caña y montarse en los vagones. Uno de los obreros aprovechó esta oportunidad para darle de comer a los bueyes, ayudándole los carreteros. Entonces avisó a los carreteros que reanudaran la marcha. Los vagones se detuvieron inmediatamente de comenzar a moverse al escucharse los gritos de una señora que avisaba que uno de los vagones había arrollado una niña.

Después de citar nuestros casos anteriores sobre peligro atrayente y de discutir extensamente la doctrina, dijimos a las páginas 358-59:

“. . . Aunque técnicamente no pueda considerarse un vagón cargado de cañas como un attractive nuisance, la verdad es que no puede negarse que ejerce cierto poder de atracción sobre los niños. . .
<<■# ■* # # * * *
“A tenor de la jurisprudencia citada, el grado, de responsabilidad o de cuidado que debe ejercer el demandado varía de acuerdo con la utilidad del objeto peligroso. En este caso, es innegable que el uso de los vagones para transportar cañas es de utilidad para la deman-dada y para la industria a que se dedica. También hay que reconocer que la industria de caña es de utilidad a la comunidad. No es nece-sario, por lo tanto, esperar de la demandada precauciones extraordi-narias, en la hipótesis de que se trate de un attractive nuisance, porque esto equivaldría a imponerle una carga excesiva sobre una industria que es socialmente útil; pero creemos firmemente que dicha demandada estaba obligada a adoptar precauciones ordinarias, ac-tuando con el debido cuidado para evitar el accidente. Aunque el objeto peligroso resulte de utilidad, de acuerdo con la jurisprudencia citada, el dueño o poseedor de dicho objeto tiene la obligación de adoptar aquellas medidas que resulten pertinentes para evitar el daño siempre que resulten razonables, que no sean onerosas, y que no destruyan la utilidad del objeto.
“No hay duda de que los vagones, vacíos o cargados de cañas» [ya estén detenidos o en moción], constituyen una atracción para los niños. La demandada debió anticipar la presencia de niños en el sitio de peligro y ejercer el debido cuidado para evitar accidentes al ponerse los vagones en moción. En nuestro sentir, la responsa-bilidad de dicha demandada es manifiesta, tanto si nos atenemos a la teoría del attractive nuisance, como si nos basamos en aquellos princi-pios generales que se aplican en casos ordinarios de negligencia. La prueba demuestra que los carreteros que conducían los vagones se-encontraban entretenidos dándole comida a los bueyes. Aunque se ha demostrado que en aquel momento no había niños cerca de la vía, la verdad es que en otras ocasiones acostumbraban aproximarse al. peligro y que, como ya hemos dicho, la demandada debió haber anti-cipado la presencia de niños allí. Denver City Tramway Co. v. Nicholas, 84 P. 813. Los carreteros debieron estar alertas para evitar-que alguno de los niños de los vecinos que residían en las casas pró-ximas a la vía se acercasen al sitio de peligro. Si hubieran ejercido" alguna vigilancia es de presumirse que hubiesen visto a la niña y evitado el accidente, ocurrido al ponerse los' vagones en moción. Esta vigilancia no le ocasionaba gasto alguno a la demandada ni le imponía precauciones irrazonables. Louisville & N.R. Co. v. Steele, 201 S.W. 43, 44, et seq.
“La única precaución que adoptaron los carreteros fué mirar en el momento en que se iniciaba la marcha de los vagones y se mon-taban en los yugos de los bueyes. Estando como estaban entrete-nidos en dar alimento a los bueyes, sin ejercer vigilancia alguna para observar a algún niño que pudiera acercarse a la vía, no creemos que hayan adoptado las precauciones razonables que debieron ejercer, y que hubieran, indudablemente, de haber sido ejercitadas, evitado el accidente.
“Todo induce a creer que. la niña se coló entre dos vagones y fué atrapada por los mismos al emprender la marcha. Los carreteros no ejercieron el debido cuidado, porque de haber mirado detenidamente y de haberse fijado habrían visto a la niña y se hubiera evitado el accidente. ’ ’

Si bien el lenguaje arriba copiado en algunos puntos casi parece invocar la doctrina del peligro atrayente, en análisis final el ratio decidendi del caso de Ramos no fué que un va-gón cargado de caña ya estuviera estacionado o en movi-miento, fuera un peligro atrayente per se, sino que bajo las circunstancias de este q$.so específico el accidente se debió a negligencia corriente de los empleados de la demandada que hubieran podido evitarlo si hubieran mirado cuidadosamente alrededor de los vagones para cerciorarse de que no había niños allí, antes de emprender nuevamente la marcha des-pués de detenerla en un sitio donde ellos sabían' que los ni-ños acostumbraban acudir a coger caña, a agarrar caña de los vagones o a montarse en los mismos. Luego en Vega v. American Railroad, supra, págs. 381-83, hicimos más claro que la lesponsabilidad de la demandada en el caso de Ramos se fundó en negligencia corriente, más bien que en la doc-trina de peligro atrayente.

Pero aun si hubiéramos aplicado la doctrina de peligro atrayente en el caso de Ramos, no surge que debemos apli-carla aquí. La diferencia estriba en que en el caso de Ramos el vagón de caña estaba estacionado, mientras que aquí era arrastrado por una locomotora que se movía a razón de cinco o seis millas por hora. Suponemos arguendo que un vagón de caña que está estacionado atraerá a un niño que’desea obtener un pedazo de caña y que éste no se daría cuenta del peligro si el vagón empezara a moverse mientras todavía trata de agarrar la caña. Pero a pesar del hecho de que también un niño podría ser atraído por la posibilidad de coger un pedazo de caña de un vagón en movimiento, puede razonablemente esperarse de un niño como el del caso de autos, que tiene suficiente edad para andar solo y con inte-ligencia común, que se dé cuenta del riesgo que existe en tratar de coger un pedazo de caña de un vehículo en. movi-miento.

Una vez que aceptemos la premisa de que un nitrn co-rriente se daría cuenta del peligro que existe en tratar de extraer un pedazo de caña de un vagón en movimiento, no puede invocarse en su beneficio la doctrina del peligro atra-yente cuando es lesionado al intentarlo'. Bajo dichas cir-constancias, no concorren aquí los requisitos establecidos en los incisos (a) y (c) de la sección 339 para qoe constituya un peligro atrayente. Según dice el Restatement al comen-zar el inciso (a) a la página 922, esta doctrina “no se ex-tiende a aquellas condiciones la existencia de las cuales es obvia aun para los niños y cuyo riesgo se comprende total-mente por ellos.” De la misma manera, el Restatement, co-mentando el inciso (c), dice lo siguiente:

“ . . . Esto no le exige que mantenga su propiedad libre de las condiciones que aun los niños pequeños están supuestos a observar y a comprender todo el riesgo envuelto en las mismas. El propósito del deber es proteger a los niños de los peligros que ellos no están supuestos a comprender y no a protegerlos contra daños provenientes de su propio descuido en casos en que conocen el peligro. .Por tanto, aun cuando la condición sea que el poseedor deba comprender que es una condición respecto de la cual los niños no están supuestos a comprender todo el peligro a que se exponen interviniendo con la misma o bregando con ella, el poseedor no es responsable hacia un menor que de hecho descubra la condición y se dé cuenta de todo el riesgo envuelto en ella, pero eso no obstante decida bregar con la misma por descuido o baladronada.”

La conclusión que liemos expuesto está sostenida por la jurisprudencia. Se lia resuelto casi unánimemente que ve-hículos en movimiento, si bien tentando a los niños a mon-tarse en ellos, no constituyen peligros atrayentes y por tanto sus chóferes no están obligados a tomar precauciones extra-ordinarias contempladas por dicha doctrina — tales como es-tacionar un guardia para evitar que se monten los niños— al compararse con el cuidado debido en los casos de negli-gencia ordinaria, aun si tienen conocimiento de la costumbre de los niños de montarse y tirarse de tales vehículos en mo-vimiento. Catlett v. St. Louis, I. M. & S. Ry. Co., 21 S. W. 1062 (Ark., 1893); Swartwood’s Guardian v. Louisville & N. R. Co., 111 S. W. 305 (Ky., 1908); Underwood v. Western & A. R. Co., 31 S. E. 123 (Ga., 1898); Allred v. Pioneer Truck Co., 176 P. 455 (Calif., 1918); Zigman v. Beebe & Run-yan Furniture Co., 151 N. W. 166 (Neb., 1915); Routt v. Look, 191 N. W. 557 (Wis., 1923); Kaproli v. Central R. of New Jersey, 143 A. 343 (N. J., 1928); Louisville & N. R. Co. v. Bennett’s Adm’r, 269 S. W. 549; casos anotados en 36 A.L.R. 34, 217-21, 284; Prosser, supra, págs. 622, 624. Pero cf. Vest v. Chesapeake & O. Ry. Co., 187 S. E. 358 (W. Va., 1936), comentado en 46 Yale L. J. 1082. Adoptamos dicha doctrina en esta jurisdicción cuando rehusamos aplicar la de peligro atrayente para exigirle responsabilidad a una compañía de tranvías por lesiones recibidas por un niño que se montó en uno de sus tranvías para dar un paseo, a pesar del hecho de que esta costumbre era bien conocida por la demandada. Bernard v. P. R. Ry. Lt. & P. Co., 60 D.P.R. 218.

En síntesis, en vista del requisito del inciso (c) de la sec-ción 339 del Restatement al efecto de que para que exista un peligro atrayente el niño no debe comprender el riesgo envuelto en bregar con el objeto en cuestión, un vehículo en movimiento no es un peligro atrayente, precisamente porque se admite generalmente que el elemento de movimiento le-imparte a tales vehículos un peligro cuya existencia es ob-via a los niños aun para los más jóvenes. Y el deber de vigilai' por la seguridad de un niño transgresor termina donde empieza la capacidad del niño para comprender y evitar el peligro.

Además, como ya hicimos constar claramente en el caso de Ramos el requisito de la cláusula (d) no se cumple aquí: La utilidad social de permitir que los vehículos se muevan libremente sobrepasa por mucho el riesgo esporádico de un niño que trata de abordar o intervenir de algún otro modo con un vehículo en movimiento. El exigir, como sugieren los demandantes, que se estacionen hombres en los dos la-dos de la vía dondequiera que los vagones de caña reducen la velocidad a cinco millas por hora, con el fin de evitar que los niños se roben la caña o se monten en los vagones, sería exigir una excesiva medida de precaución que nunca ha sido impuesta por corte alguna sobre un demandado, con el fin de proteger a los niños que- se proponen asumir un riesgo que aun un niño de inteligencia corriente debe comprender es peligroso. En verdad, para asegurar la absoluta protección de los niños que pudieran ser atraídos por vehículos en movimiento, requeriría aún la mayor precaución de poner guardias al frente y detrás de cada vehículo. Pero tildar de negligencia la omisión de poner tales guardias en un vehículo en movimiento y con ello hacer responsable a los dueños de automóviles por los accidentes que ocurren ocasionalmente cuando no se impide a los niños abordarlos o bregar de algún otro modo con vehículos en ■ movimiento, equivaldría a decir que es más importante el que nunca se debe lesionar un niño que el que la comunidad tenga el beneficio de transportación moderna. No podemos dar ese paso atrás. Hemos indicado en otra ocasión la posibilidad de que la Legislatura pueda algún día creer aconsejable como una forma de seguro social, el proveer compensación sin referencia a quién tiene la culpa. Matos v. Pabón, 63 D.P.R. 890, 901. Pero hasta que dicho día llegue, bajo la actual doctrina de responsabilidad solamente en caso de negligencia, no podemos echar sobre los hombros del dueño de un vehículo una carga que en efecto práctico anularía el derecho a nsar su vehículo de manera razonable.

Nos damos-cuenta de que el presente caso no es idéntico al caso típico en que el niño claramente comprende el riesgo que asume al montarse para dar un paseo en un vehículo que se mueve rápidamente y que se dedica a la transportación urbana. Bernard v. P. R. Ry. Lt. & P. Co., supra. Aquí los vagones de caña subían una pendiente y se movían rela-tivamente despacio; eran de endeble construcción y de fácil acceso; discurrían a través de una zona rural; y el niño so-lamente quería coger un pedazo de caña, no trataba de su-birse para dar un paseo. Reconocemos que bajo estas cir-cunstancias un niño no se percataría del peligro inherente a su' conducta de manera tan fácil como el bribonzuelo urbano que da su paseíto en un tranvía o en un tren. Pero ésta es una cuestión de grado. Estamos preparados para convenir que el caso de Bernard y casos similares envolvían riesgos que eran mayores y más patentes que aquéllos asumidos por el niño de este caso. Sin embargo,- estamos constreñidos a resolver que, si bien en grado menor, el niño en este caso no obstante se percató o debió haber anticipado razonable-, mente el riesgo que corría, see. 339,, inciso (c) del Restatement; y que aquí, como en aquellos casos, la utilidad social de transportación moderna sobrepasa la conveniencia de pre-cauciones extremas que impedirían la transportación, inciso (d).

Sólo resta examinar algunos de nuestros propios casos. En Alvarez v. Santa Isabel Sugar Co., 37 D.P.R. 105, resol-vimos que vagones en movimiento, cargados con caña, al cru-zar un camino público en un sitio en que hay considerable tránsito y un vecindario densamente poblado no constituye un peligro atrayente para los niños. Es cierto que aparen-temente no había alegaciones en la demanda al efecto de que (1) el propósito para el cual el niño trataba de abordar el vagón era el de obtener un pedazo de caña y (2) que la de-mandada sabía o debió haber sabido que los niños acostum-braban abordar sus vagones mientras éstos se movían. Pero los amplios términos de nuestra opinión, confirmando una sentencia a favor de la demandada concedida en excepción previa, hacen ver con razonable claridad que esta Corte, en vista de las consideraciones aquí expresadas, no estaba dis-puesta a caracterizar un vagón en movimiento cargado de caña como un peligro atrayente.

El demandante descansa en Vega v. American R. R. Co. of P. R., supra. Pero como hemos visto, lo mismo que en el caso de Bamos, el caso de Vega descarta la doctrina del peligro atrayente y basa su sentencia a favor de la deman-dante en la teoría de que la demandada fué negligente al operar en reversa un automóvil de vía sin tener una persona que le indicase al conductor la presencia en la vía de alguna, persona extraña. Por tanto nada hay en dicho caso contra-rio a nuestras conclusiones en éste. De la misma manera, Figueroa v. American R. R. Co. of P. R., supra, Hernández v. Acosta, 64 D.P.R. 171, y Ortiz v. American R. R. Co., supra, fueron resueltos a base de negligencia ordinaria. La teoría de peligro atrayente no jugó papel alguno en dichas decisiones y las opiniones no la discuten. Si bien es cierto que, al resolver el caso de Hernández, descansamos en la doctrina familiar de que la norma de conducta que debe se-gtiir un niño es aquélla que debe esperarse de un niño de igual edad, inteligencia y experiencia, dicho concepto no tiene relación alguna con la doctrina de peligro atrayente.

La sentencia ele la corte de distrito será confirmada.

       Véase Hudson, The Turntable Cases in The Federal Courts, 36 Harv. L. Rev. 826; Mindel, The Doctrine of Attractive Nuisances, The Daily Record, Balti more, Md., January 3, 1936; Green, Landowner v. Intruder; Intruder v. Landowner. Basis of Responsibility in Tort, 21 Mich.L.Rev. 495; Bohlen The Duty of a Landowner Towards Those Entering His Premises of Their Own Right, 69 U. of Pa.L.Rev. 142, 237, 340; Note, 86 U. of Pa.L.Rev. 300.

      Dobe notarse que la regla entra en juego no solamente cuando el menor transgredo la finca del demandado si que también como ocurre aquí cuando el niño transgrede un vagón o cualquier otro objeto poteneialmonte peligroso en una carretera o sitio por donde dicho vagón tiene derecho a pasar, públicos o privados, Ramos v. Sucesión J. Serrallés, 51 D.P.R. 343; Green, supra, pág. 506, nota 57.
      To.mbión notamos, si bic-n en esto caso no está envuelto dicho punto, que este Tribunal ha seguido lo que Prosser llama las "mejores autoridades” al resolver que no es necesario que el niño sea originalmente atraído por la condición que constituye el peligro; es suficiente quo si el demandado hubiera provisto que los niños probablemente entrarían sin permiso y con ello llegarían hasta el sitio del peligro, aun cuando los niños no tuvieran conocimiento de la condición peligrosa y por tanto no fueran atraídos al sitio por dicha condición. Ramos v. Sucesión J. Serrallés, supra, págs. 354-55; Prosser on Torls, Sección 77, pág. 619, y casos allí citados; Bestatement, Sección 339, comentario sobra la cláusula (a), págs. 920-21.

        Rivera v. Porto Rico Drug Co., 32 D.P.R. 510; González v. P.R.Ry. Lt. & P. Co., 34 D.P.R. 573; Alvarez v. Santa Isabel Sugar Co., 37 D.P.R. 105; Acosta v. P.R.Ry.Lt. & P. Co., 37 D.P.R. 414; Berrios v. Garáu, 46 D.P.R. 799.

      La frase entro corclietes aparece en el texto en español de la opinión publicada en 51 D.P.R. 343, 359. Por una inadvertencia al traducirse la opinión se omitió en el texto inglés dicha frase

      El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no está conforme eon este análisis de la opinión del caso de Hamos. Su criterio es que el Tribunal basó su decisión en dicho caso tanto en la doctrina de peligro atrayente como en la de negligencia ordinaria. En cuanto al resto de esta opinión, dicho Juez está enteramente de acuerdo.

      Eldredge, Tort Liability to Trespassers, 12 Temple Law Q. 32, reeditado en 1 Harper, Headings in Torts, 553, 575, expresa la misma idea, afirmando qua la doctrina del peligro atrayente “tiene la intención de proteger 'a los niños' do peligros graves no comprendidos por ellos., No crea un deber hacia el niño descuidado que, dándose cabal cuenta del peligro, temerariamente lo afronta con espíritu de baladronada.”

      Una buena exposición de esta doctrina se encuentra en Wilson v. Atchison, T. & S.F.Ry. Co., 71 P. 282, 283 (Kans., 1903): "... el peligro de montar y bajar de los trenes en movimiento so comprendo tan bien, y la tarea de evitar que los niños se monten o brinquen sobre los vagones que se mueven lentamente a través de las ciudades o estaciones os tan impráctiea y pesada, que hace inaplicable la regla invocada [peligro atrayente]. El cuidar los trenes a fin de que los niños estén completamente alejados de los mismos requeriría un sinnúmero do empleados y establecería una norma de responsabilidad que nunca lia recibido sanción en este Estado. Tal norma de deber y responsabi-lidad no puede inventarse y aplicarse por la corte sin legislación . ... ” (El corchete es nuestro).

      Para que no se nos entienda inal, hacemos constar que al resolver que un vehículo ordinario en movimiento no debe clasificarse como peligro atrayente, no debe interpretarse como que también resolvemos que una maquinaria en movi-miento, que es particularmente tentadora y peligrosa para los niños, de igual modo no está gobernada por la doctrina del peligro atrayente. Véase Berg v. B.B. Fuel Co., 142 N.W. 321 (Minn., 1913).

      La prueba fué contradictoria en cuanto a si los niños acostumbraban coger caña de los' vagones en movimiento perteneciente a la demandada, para chuparla y extraerle el guarapo que ésta contenía. Y la corte inferior no re-solvió este conflicto. Sin embargo, suponemos que tales episodios ocurrieron freeuontemente y que la demandada por tanto debió haber anticipado razonable-mente que ocurrirían aquí. Sin embargo, por los motivos ya expuestos, la de-mandada estaba justificada, lo mismo que en el caso de Bernard, en no tomar las precauciones afirmativas que se hubieran exigido de aplicarse la doctrina de peligro atrayente.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Carolina González Cofiño, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1192.

    Sometido: Diciembre 9, 1946.

      Resuelto: Enero 21, 1947.

      Andrés Mena, abogado de la recurrente; el^registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

■ La recurrente Carolina González Cofiño solicitó del Re-gistrador de la Propiedad de Caguas que de acuerdo con el testamento abierto otorgado por Manuel González Suárez inscribiera a favor de la viuda y de sus hijas Blanca Rosa y Carolina los únicos bienes que había dejado el causante y los cuales describió en esta forma:

“Urbana: Casa terrera de maderas y techada de tejas de barro de veinte y una varas de frente por diez y seis varas de fondo fabricados situada en la calle San Sebastián hoy Corchado de Caguas, Puerto Rico en solar que mide veinte y dos y media varas de frente por veinte y siete de fondo, colindante por el Sur con Dolores y José Mas Gelpí, hoy Isabel Pérez y Luisa Esteves Sola; por-el Norte con hermanas Ruiz, hoy Rafael López Cabezudo, y hermanas Polo; por el Este con la citada calle Corchado que es su frente y por el Oeste con solar de Salvador Mas, hoy Florentina Jiménez Vda. de Jiménez Cruz . . . ”

El registrador en la nota que es objeto de este recurso hizo constar lo siguiente:

"Inscrito el precedente documento, con vista de otros, en cuanto a una casa terrera de maderas y techada de tejas de barro que mide 21 varas de frente por 11 varas de fondo, en la calle Corchado de Caguas, al folio 196 del tomo 17 de Caguas, finca 867 inscripción 7a., con el defecto subsanable de no acreditarse quien sea el dueño del solar donde enclava dicha casa.”

Solicita la recurrente ordenemos la revocación del defecto subsanable consignado.

Sostiene el recurrido que en ninguna de las inscripciones de que lia sido objeto esta casa se ha hecho constar quién es el dueño del solar y que éste nunca ha sido inscrito.

Deludo a que la recurrente en su alegato transcribió par-cialmente las inscripciones primera a sexta de que ha sido objeto este inmueble, para mejor proveer solicitamos del re-currido certificación completa de dichas inscripciones.

La primera inscripción, en lo pertinente, dice así:

"Ia. Urbana. Casa terrera, construida de maderas del país y techada con tejas de barro, de veinte y una varas de frente con once de fondo fabricadas, situada en la calle de San Sebastián de esta población. Linda por el Norte, con las señoritas Ruiz, por el Sud, con don Salvador Más y Parés, por el Este, con la citada baile que es su entrada y por el Oeste, que son sus fondos, con un solar de don Salvador Más que da a la calle de Alfonso. Esta finca se encuentra libre de cargas. Su valor es de mil pesos provin-ciales. Don Salvador Más y Parés viudo, mayor de edad, propie-tario y vecino de esta población acudió al Juzgado Municipal de esta eiudad solicitando acreditar la posesión en que se encuentra de ésta y otra finca, habiendo adquirido la de este número por haberla fabri-cado hace más de treinta años en vida de su esposa, en cuya testa-mentaría se le adjudicó hacen veinte años en pago de bienes propios y gananciales, sin tener de dicha adquisición título alguno inscribible, Admitida la información ofrecida fueron citados los dueños de los predios colindantes que nada expusieron en contra y declararon como testigos don Miguel Puig Auger y don Manuel Jiménez Cruz, ambos mayores de edad, propietarios y de esta vecindad, quienes manifes-taron les constaba de ciencia cierta que don Salvador Más hace el tiempo expresado viene poseyendo a título de dueño la finca de este número, o sea desde hacen veinte años. Comunicado el expediente al Fiscal Municipal éste opinió que en su tramitación se habían guar-dado las formalidades legales, dictándose en su consecuencia auto de aprobación el diez y ocho de diciembre del pasado año, por el Juez Municipal suplente de esta ciudad don Federico Diez y López, ante su Secretario don Francisco Morales. En su virtud, habiendo examinado el Registro y no encontrando ningún asiento que se oponga a lo relacionado, inscribo la'posesión de la finca de este número a favor de don Salvador Más y Parés, sin perjuicio de tercero de mejor derecho a su propiedad. ...” (Bastardillas nuestras.)

Las siguientes inscripciones, hasta la quinta inclusive, al describir la finca se refieren a la que se hizo constar en la “ins-cipción primera” o “las' anteriores.” En la sexta es que, por primera vez, surge una-descripción diferente en el do-cumento presentado en el que se hace constar que la casa mide “veinte y una varas y media de frente por diez y seis de fondo-, en un solar de veinte y dos y media varas de frente por veinte y siete varas de fondo.” Empero,, en la inscrip-ción se hizo constar lo siguiente:

' ‘. . . En su virtud doña Encarnación Cofiño de González inscribe a su favor la finca de este número en cuanto a veinte y una varas y media de frente por once varas de fondo, que adquiere por título de compra sin condiciones especiales. No practicándose operación alguna con respecto a la diferencia de cabida que resulta del título con el Registro, por haberlo solicitado así el vendedor don José Más y Gelpí por un escrito de esta fecha. ...” (Bastardillas nuestras.)

De manera que en tanto en cuanto la recurrente al soli-citar la inscripción describió el solar como de “veinte y dos y media varas de frente por veinte y siete de fondo” no pro-cedía esta inscripción ya que, de acuerdo con la inscripción sexta de la finca se hizo en cuanto a la medida que siempre había tenido de acuerdo con el registro, o sea, “veinte y una y media varas de frente por once de fondo,” no practi-cándose operación alguna con respecto a la diferencia de cabida por haberlo solicitado el propio vendedor en aquella ocasión.

Ahora bien, es cierto que en la inscripción primera no se hace referencia al solar en que está radicada la casa pero creemos que de acuerdo con lo resuelto en los casos de Chevremont v. El Registrador de la Propiedad, 9 D.P.R. 206, y Rivera v. El Registrador de Caguas, 26 D.P.R. 746, proce-día la inscripción de la casa en su inscripción original sin el defecto subsanable señalado por el registrador recurrido.

En el caso de Ghevremont se hipotecó una casa con su solar y el registrador inscribió la hipoteca sobre la casa pero denegó la inscripción sobre el solar porque “ni en la ins-cripción primera de la casa de que se trata, ni en ninguna de las posteriores, se ha hecho mención del solar, no resul-tando, por consiguiente, inscrito éste a favor de los dueños de la casa, ni de ninguna otra persona. ...” Al revocar esta nota dijimos a la página 209:

“Considerando que habiendo declarado la Sección de los Regis-tros del Ministerio de Ultramar en su resolución de 16 de mayo de 3896, que inscrito un edificio, debe entenderse inscrito el solar a favor del mismo dueño, cuando éste no es un mero superfieiario, por la presunción legal de que el que es dueño de lo edificado lo es también del suelo,' no hay motivo alguno para que esta doctrina, que venía sancionada por la práctica, y que ha sido expresamente confirmada por el centro superior de los Registros de la Propiedad, no continúe aplicándose en todos los casos, siempre que la presunción legal en que se funda, no resulte destruida por una prueba suficiente en contrario. ’ ’

Batificando esta doctrina en el caso de Rivera v. El Registrador de Caguas, supra, se dijo a -la página 748:

“ ... La confusión del registrador parece que se debe al hecho de que no obstante continuar siendo lo principal en las fincas urbanas el suelo, se prescinde de mencionar éste y se hace referencia siempre a ellas como a la casa número tal o al edificio cual. En la idea de casa o edificio va comprendido generalmente el solar donde se le-vantan, sin cuya previa existencia la de la casa o del edificio no pueden concebirse.”

Por último, en el caso de Sánchez v. Rodriguez, 57 D.P.R. 73, después de citar el caso de Ghevremont, supra, y juris-prudencia norteamericana, se resolvió, citando del sumario, que “La venta de una casa lleva consigo el título sobre el suelo en que radica, en ausencia de algún término o cláu-sula restrictiva de ese significado.”

Es de importancia hacer constar que la primera inscrip-ción de esta finca se hizo en enero 19 de 1900 a virtud de expediente posesorio en el que se probó que su dueño venía poseyéndola bacía; más de veinte años. A pesar del tiempo transcurrido, en ningún momento se ha presentado en el re-gistro prueba alguna de que tanto el primitivo dueño como los posteriores no lo fueran del solar en que radica la casa.

Los casos de Ramírez de Isern v. El Registrador de Caguas, 25 D.P.R. 844, y Durán et al. v. El Registrador, 20 D.P.R. 148, citados por el recurrido no son de aplicación a los hechos del presente ya que en el primero lo que se re-solvió fué que estando inscrito un solar a favor del Muni-cipio de Caguas no procedía la inscripción de una casa fa-bricada en parte de dicho solar hasta tanto se segregara la porción e inscribiera como finca independiente del Municipio para luego inscribir el usufructo del mismo y la casa a favor del recurrente; y en el segundo, que no siendo inscri-bible un solar tampoco cabe inscribir la casa construida so-bre el mismo.

Debe revocarse la nota en cuanto se refiere, al defecto subsanable señalado por el registrador.


author: El Juez Presideete Señor Travieso

text:
    Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Fernando Gallardo Díaz, Juez, demandada.
    Núms. 1655, 1656 y 1657.

    Sometidos: Noviembre 4, 1946.

      Resueltos: Enero 23, 1947.

      Gabriel Guerra Mondragón, C. Domínguez Rubio, José Vila Ruiz y Antonio M. Bird, abogados de la peticionaria; E. Martínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados de los interventores, demandantes en los pleitos principales.
   El Juez Presideete Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Eico radicó ante esta Corte tres solicitudes de certiorari, las cua-les, por envolver hechos idénticos y una misma cuestión legal, serán resueltas con una sola opinión.

Fernando Acevedo radicó demanda ante la corte de dis-trito de Bayamón contra la Autoridad de Fuentes Fluviales, reclamando la suma de $15,000 como daños y perjuicios por la destrucción por incendio de una casa de su propiedad. Alegó que el incendio fué producido por la corriente eléc-trica que la demandada trasmitió para darle a los inquilinos de dicha casa servicio de luz y fuerza; y que el siniestro tuvo como única causa el descuido y negligencia de la demandada al mantener sus líneas de trasmisión con equipo malo y de-fectuoso y sin la debida supervisión.

Antes de contestar la demanda, la demandada radicó una moción solicitando especificaciones sobre: (a) si la casa es-taba asegurada, cantidad del seguro y nombre del asegura-dor; (ó) materiales con que fué construida la. casa; (c) nombres de los inquilinos y rentas pagadas por cada uno; (d) forma en que la fuerza eléctrica ocasionó el incendio; cuál era el equipo defectuoso, y en qué consistió la falta de vigilancia y supervisión y la negligencia por parte de la de-mandada. La corte declaró con lugar la moción en cuanto a la especificación de los nombres de los inquilinos y las ren-tas pagadas; y sin lugar en cuanto a las demás especifica-ciones solicitadas.

Habiendo el demandante suministrado las especificaciones ordenadas por la corte, la demandada contestó la demanda negando los hechos esenciales de la misma y alegando varias defensas especiales. Con posterioridad a la radicación de su contestación, la demandada radicó ante la corte inferior un escrito titulado “interrogatorio al demandante”, por el cual se requiere al demandante para que conteste bajo juramento las mismas preguntas contenidas en la moción sobre especi-ficaciones, declarada sin lugar por la corte, y, además: (a) que suministro los nombres, direcciones y domicilio de los testigos y peritos de que intente valerse para justificar su demanda y cuáles testigos utilizará para cada una de sus alegaciones; (b) si tiene fotografías o películas de la casa, tomadas antes o después del siniestro, que suministre el nom-bre y la dirección del fotógrafo y la fecha en que fueron to-madas; y (o) nombre y dirección de la persona que hizo la instalación eléctrica en la casa destruida.

Se opuso el demandante, alegando (1) que la informa-ción que se requiere es inmaterial e irrelevante; (2) que la moción de la demandada es un “fishing expedition”, cuyo único propósito es dilatar y entorpecer el procedimiento; (3) que los informes solicitados están dentro del mejor co-nocimiento de la demandada, por ser de carácter técnico y, además, por estar bajo el control de la demandada las ins-trumentalidades que motivaron el incendio; y (4) porque la información que se solicita respecto a la alegación de negli-gencia es y fue materia de especificación de particulares.

En abril 12, 1946 la corte inferior dictó su resolución ra-tificando la dictada el 18 de enero de 1946, por la cual de-claró sin lugar la moción sobre especificación de particulares, y declarando con lugar el interrogatorio en cuanto a lo re-ferente al nombre y dirección de la persona que hizo las ins-talaciones eléctricas en la casa.

Acudió la demandada ante esta Corte Suprema en soli-citud de un auto de certiorari para la revisión de la citada resolución de abril 12 de 1946. El día 24 del mismo mes la solicitud fué declarada sin lugar por entender el Tribunal que la corte inferior no tuvo una oportunidad adecuada de resolver la cuestión planteada, por no habérsele informado que en la vista del 12 de abril se trataba de algo distinto a lo que se había resuelto en enero 18 de 1946; y que la de-mandada, al no informar a la corte adecuadamente, permitió que ésta creyera que se trataba sencillamente de la repro-ducción de .una solicitud que ya había sido denegada. La demandada solicitó entonces la reconsideración de la reso-lución de abril 12, 1946, y al serle denegada acudió ante esta corte mediante la solicitud de certiorari que estamos consi-derando.

Sostiene la peticionaria que el error de la corte inferior consiste en haber resuelto el incidente sobr.e la oposición del demandante a los interrogatorios, como si se tratara de una nueva moción sobre especificaciones de particulares.

La regla 12, párrafo (e) de las Eeglas de Enjuiciamiento Civil, dispone que antes de contestar una alegación “cualquier parte podrá solicitar una exposición más definida o una especificación de particulares de cualesquier asuntos ■que no se aleguen con suficiente exactitud o particularidad para poder formular adecuadamente su alegación responsiva”. Se dispone, además,, que “una especificación de particulares se convierte en parte de la alegación que complementa”.

El propósito fundamental de la citada Regla 12(e) es el de suministrar a la parte obligada a contestar una demanda o reclamación todos los datos y pormenores relacionados con y pertinentes al caso, para que dicha parte pueda preparar una alegación responsiva.

La Regla 33 de las de Enjuiciamiento Civil dispone que “Una parte litigante podrá notificar y entregar a cualquiera parte adversa interrogatorios por escrito para ser contesta-dos por la parte así notificada”; que “los interrogatorios serán contestados por separado y totalmente, por escrito y bajo juramento”; que “las objeciones a cualesquiera inte-rrogatorios podrán presentarse a la Corte dentro de diez días después de la notificación y entrega de los mismos”; y que “las contestaciones serán diferidas hasta que las obje-ciones sean resueltas, lo que se hará dentro del plazo más breve posible”.

La jurisprudencia de las cortes federales interpretativa de las citadas reglas 12(e) y 33, establece la siguiente dis-tinción entre los fines y propósitos de una y otra:

“Una de las distinciones fundamentales entre la Regla 12(e), 28 U.S.C.A. siguiendo a la Sección 723c, que provee para un pliego de especificaciones, y la Regla 33 que provee sobre los interrogatorios, es que de acuerdo con esta última una parte litigante puede buscar el descubrimiento de hechos, los cuales pueden más tarde ser incor-porados a los autos como evidencia, mientras que de acuerdo con la primera una parte solamente puede con propiedad buscar el descu-brimiento de datos que van a formar parte de las alegaciones, y que son necesarios para que la parte que los solicita pueda preparar debidamente su contestación, o prepararse para el juicio.”

Sure-Fit Products Co. v. Med-Vogue Corp., 28 Fed. Supp. 489, 490.

“La Regla 12(e) permite a la parte promovente requerir a la otra parte para que defina los puntos en controversia (issues) con cuanta ' p . tieularidad fuere necesaria. La Regla 33, por otro lado, permite a la parte promovente solicitar pruebas. Los informes su-ministrados bajo la Regla 33 pueden convertirse en parte del récord de la vista; los informes suministrados de acuerdo con una moción bajo la Regla 12(e) se convierten en parte de las alegaciones.”

Adams v. Hendel, 28 Fed. Supp. 317, 318.

Véase: 1 Moore’s Federal Practice, 657 y casos allí ci-tados.

El interrogatorio al demandante fué formulado y notificado al demandante con posterioridad a la radicación de la contestación. El primer párrafo dice así: “De acuerdocon la Eegla núm. 33 de Enjuiciamiento Civil para las cortes de Puerto Eico, la demandada le requiere para que conteste bajo juramento el siguiente interrogatorio:”. Se trata, pues, de un interrogatorio formulado con el propósito de descubrir pruebas y no de una moción sobre especificación de particulares.

La Eegla 33, como todas las demás, debe ser interpretada en forma tal que garantice una solución justa, rápida y eco-nómica de la acción qne se ejercita. Dicha regla reconoce el derecho de toda parte litigante a requerir a la parte contra-ria para qno conteste por separado, totalmente y por escrito los interrogatorios qne le sean notificados y entregados. La regla no contiene limitación alguna de ese derecho. Las de-cisiones federales sostienen unánimemente que la Regla 33 dehe ser interpretada con la misma liberalidad que la Regla 26, la cual provee en su apartado .(6) que “el deponente po-drá ser examinado con relación a cualquier asunto-, no pri-vilegiado, que fuere pertinente a la cuestión envuelta en la •acción pendiente”.

Hemos examinado con detenimiento todas y cada una de las preguntas contenidas en el interrogatorio notificado al demandante. Ninguna de ellas es de carácter privilegiado, ni tampoco tan claramente impertinente que pueda justificar la resolución de la corte no permitiendo el interrogatorio. Por el contrario, si la casa destruida estaba o no asegurada; •si dicha casa era de madera o de cemento o mixta; la forma ■en que el incendio fue ocasionado; en qué consistió la ale-gada negligencia de la demandada; cuál era el equipo de la demandada que estaba defectuoso; y en qué consistía la falta ■de vigilancia y supervisión de la demandada, son hechos,-a nuestro juicio, pertinentes a la cuestión envuelta en la ac-ción pendiente. Los interrogatorios no constituyen evidencia hasta que son ofrecidos y admitidos como tal en la vista del caso. La corte tiene autoridad para rechazarlos en todo o en parte cuando' a su juicio sean inmateriales, irrelevantes o no pertinentes a la causa de acción. Los interrogatorios no deben ser eliminados por el fundamento de ser irrelevan-tes, ya que la corte ante la cual se celebra la vista puede excluir las contestaciones y no admitirlas como evidencia cuando resultaren ser irrelevantes. Patterson Oil Terminals v. Charles Kurz & Co., Inc., 9 Federal Rules Service 33.321, Case 2 (D. C. Pa. 1945). Si las cuestiones envueltas en el caso no son claras, es preferible permitir que el interroga-torio sea contestado en vez de denegarlo y descubrir más tarde-que la evidencia que se trataba de obtener era rele-vante. Bowles v. Keller Glove Mfg. Co., 4. F.R.D. 450, 451 (D. C. Pa. 1945), Bloomer v. Sirian Lamp Co., 4 F.R.D. 167.

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil, permiten las llamadas “expediciones de pesca”. Boysell Co. v. Hale, 30 F. Supp. 255; Byers Theaters v. Murphy, 1 F.R.D. 286; Gutowitz v. Pa. R. Co., 9 Fed. Rules Service 33.321, Case 1; 2 Moore’s Federal Practice, 2620-2621. Como dice el tratadista Holtzoff:

‘ ‘ Como cuestión de justicia, si parece existir una razonable proba-bilidad o aún posibilidad de que bayan peces en el estanque, no existe razón alguna para que no se permita al litigante que trate de atraparlos. Una actitud liberal en cuanto a este punto promo-verá los fines de la justicia.”

Holtzoff, Instruments of Discovery Tinder Federal Bules of Civil Procedure, 41 Mich. L. Rev. 205, 6 Fed. R. Serv. 864.

El propósito de las reglas sobre descubrimiento de pruebas, es obtener admisiones de la parte contraria para limitar así los hechos en controversia y evitar la necesidad de llevar al juicio numerosos testigos. Es por esa razón que se lia sostenido que porque una parte tenga conocimiento de ciertos hechos no se le debe impedir que interrogue a la parte contraria sobre esos mismos hechos.

Es cierto que las cortes tienen y deben tener amplia dis-creción para decidir si un interrogatorio es o no procedente; y que las cortes de apelación sólo deben intervenir en aque-llos casos en que se trate do un abuso en el ejercicio de esa discreción.

Tío resuelto en el caso de Pierce v. Pierce, 5 F.R.D. 125 (D. C. Feb. 27, 1946) es aplicable al caso de autos:

“Uno de los propósitos de los interrogatorios es reducir el nú-mero de controversias y permitir a la parte que interroga cerciorarse precisamente de aquello con que tendrá que confrontarse en el juicio. Este propósito quedó cumplido con los interrogatorios envueltos en esta ocasión. Por ésta razón parecen' ser correctos. El mero becbo de que el demandado haya radicado una contestación, negando las alegaciones de la demanda, no es razón para que se le prive de obtener las especificaciones requeridas por los interrogatrios, porque en la preparación para el juicio él tiene derecho a saber precisa-mente qué es lo que se le va a presentar.
“Hace algún tiempo yo denegué una moción para un pliego de especificación de particulares, en la que se pedían los mismos infor-mes, porque el peso de las autoridades sostiene que la especificación de particulares no debe ser ordenada con el propósito de ampliar o especificar detalles de alegaciones hechas en la demanda, si ésta expone una causa de acción contra la cual el demandado puede pre-sentar una contestación. La razón para que no se permitan los pliegos de especificaciones bajo tales condiciones es que las mociones sobre especificación de particulares tienen un efecto dilatorio. Las cortes han sostenido repetidamente que informes de la clase de los que aquí se piden deben ser requeridos mediante el procedimiento para descubrir pruebas, después que las alegaciones hayan quedado perfeccionadas. ’ ’
< < # • * * * # * ®
“Entre los propósitos y objetivos de las Reglas Federales de En-juiciamiento Civil figuran la eliminación del elemento de sorpresa y la reducción de los puntos.en controversia para el juicio.”

La peticionaria tenía derecho, como parte demandada, a solicitar y obtener los nombres y direcciones de los testigos del demandante, de acuerdo con la .Regla 33 y la Regla 26(b) que reconoce el derecho a descubrir la identidad y residencia de las personas que tienen conocimiento de hechos relevantes. 2 Moore’s Fed. Practice, 2621; Whitkop v. Baldwin, 1 F.R.D. 169; Greden v. Central R. Co., 1 F.R.D 168.

En el caso de Hickman v. Taylor, resuelto en enero 13 de 1947,_U.S_la Corte Suprema de los Estados Unidos en una extensa e interesante opinión interpreta las Reglas 26 a 37 de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil, señalando el alcance y limitaciones de las mismas. Recomendamos a la profesión la lectura de dicha opinión, así como la concu-rrente del Juez Jackson, pues en ellas se establecen las nor-mas a seguir en la aplicación de las reglas referentes a depo-siciones, interrogatorios y producción de documentos.

Somos de opinión que las preguntas contenidas en el in-terrogatorio formulado por la peticionaria son procedentes y que la corte recurrida abusó de su discreción al no per-mitir dicho interrogatorio.

La resolución recurrida debe ser anulada y el caso de-vuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

         Benevento v. A. & P. Food Stores, Inc., 26 Fed. Supp. 424. Coca-Cola Co. v. Dixi-Cola—Laboratories, 30 F. Supp. 275. Samuel Goldwyn, Inc. v. United Artists Corp., 35 F. Supp. 633. 2 Moore’s Fed. Practice, 2617-2618.


author: El Juez Pkesideíítb Señor Travieso

text:
    Francisco Gracia Rivera, demandante y apelante, v. Junta Examinadora de Químicos de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 9325.

    Sometido: Noviembre 8, 1946.

      Resuelto: Enero 23, 1947.

      José C. Jusino, abogado del apelante; Hon. Procurador General Inte-rino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procura-dor General, en el alegato) y J. Rivera Barreas, Procurador General Auxiliar, abogados de la apelada.
   El Juez Pkesideíítb Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de abril de 1932 la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley número 31 (Leyes de 1931-32, pág. 257), ti-tulada “Ley para Regular el Ejercicio de la Profesión de Químico, etc.,” (Compilación de 1941, pág. 1260). La sección 1 de dicha Ley previene que toda persona que se dedique en Puerto Rico al ejercicio de la profesión de químico o “ana-lizador” público, deberé en lo sucesivo poseer una licencia de químico. Para cumplir las disposiciones de la Ley. la sección 2 de la misma crea la “Junta Examinadora de Quí-micos.” La sección 8 dispone que la Junta no concederá examen de químico a persona alguna que no posea un grado universitario (degree) con química como ciencia principal o un título profesional de químico, otorgado por una univer-sidad o colegio de buena reputación. La sección 9, inciso (b), que es la base de la controversia en este caso, dispone:

“Sección 9. — Dentro de los seis meses subsiguientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley, la junta expedirá una licencia para el ejercicio de la, profesión de químico a cualquiera persona que, una vez satisfechos los derechos que más adelante se estipulan, reúna uno de los requisitos siguientes:
■# #■###•
“(5) Que por cinco años con anterioridad a la fecha en que empiece a regir esta Ley se haya venido dedicando al ejercicio de la profesión de químico de acuerdo con la sección primera de esta Ley, habiendo estado, por lo menos durante dos años, a cargo de trabajos técnicos de responsabilidad que requieran iniciativa y juicio propio para ejecutarlos y demuestre satisfactoriamente su experiencia como químico a tenor de lo dispuesto en la sección primera de esta Ley.” (Bastardillas nuestras.)

El término de seis meses fijado por la sección 9, supra, fue prorrogado hasta febrero 5 de 1943 por disposición ex-presa de la Ley núm. 117, aprobada el 7 de mayo de 1942 (Leyes de 1942, (1) pág. 697).

En 5 de noviembre de 1942, el demandante Francisco Gracia Rivera radicó ante la Junta demandada una solicitud para que se le expidiera una licencia de químico, alegando que durante más de cinco años con anterioridad a la apro-bación de la Ley núm. 31 de 1932 se vino dedicando al ejer-cicio de la profesión de químico, habiendo estado por más de cinco- años a cargo de trabajos técnicos de responsabilidad que requerían iniciativa y juicio propios para ejecutarlos. En apoyo de su solicitud el demandante presentó cuatro de-claraciones juradas tendientes a acreditar su buena conducta y reputación y su experiencia como químico. Declarada sin lugar dicha solicitud, acudió el demandante ante la Junta solicitando la reconsideración y acompañando dos nuevas de-claraciones juradas por dos médicos, quienes hacen constar que el demandante fué empleado por los declarantes durante muchos años para trabajos de análisis y síntesis químicos y que sus servicios fueron satisfactorios. La Junta denegó por segunda vez la solicitud y ratificó el acuerdo anterior. En 11 de febrero de 1943 el demandante radicó una nueva soli-citud pidiendo ser oído sobre los méritos de su caso y ofre-ciendo prueba adicional.

En su demanda radicada ante la Corte de Distrito, dm Bayamón el demandante, después de exponer los hechos que' ya hemos relatado, alega que la Junta nada ha dispuesto so-bre su última solicitud para ser oído, motivo por el cual se ve obligado a instar este procedimiento de mandamus para que se ordene a la Junta demandada a- extender al' deman-dante la licencia por él solicitada.

Expedido el auto condicional, compareció la Junta y con-testó la demanda negando específicamente todas las alega-ciones de la demanda referentes a la alegada práctica del demandante en el ejercicio de la profesión de químico. Alegó la Junta que a pesar de no estar obligada por ley a contro-vertir la veracidad de las declaraciones del solicitante, la Junta estudió e investigó dichas declaraciones y llegó a la conclusión de que “no se justificaba la expedición de la licen-cia de químico al peticionario.” Negó la Junta que el de-mandante hubiera suministrado prueba suficiente de su ca-pacidad como químico. Negó también que la Junta no hubiera resuelto nada sobre la última solicitud para ser oído radi-cada por el demandante; alegando en contrario, que por carta de 13 de febrero de 1943, la Junta le notificó al de-mandante que le avisaría la fecha en que oiría a sus testi-gos para resolver el caso, no pudiendo hacerlo en seguida por haber muchas solicitudes pendientes.

Como materia nueva, la demandada alegó que la solici-tud del demandante fué denegada porque éste no probó a satisfacción de la Junta haber cumplido con los requisitos de la sección 1 de la ley, supra; que la prueba presentada no demostró satisfactoriamente que el demandante se dedicara a la profesión de químico, por entender que las personas que firmaron las declaraciones juradas no estaban capacitadas para calificar el trabajo del demandante; y, por último, que el recurso de mandamus es improcedente, por haber la Junta actuado dentro de la facultad discrecional que la ley le concede para apreciar la prueba que le fué sometida.

En 27 de diciembre de 1945 la corte inferior dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda. Apeló el deman-dante, señalando como errores cometidos por la corte inferior: (1) el de no haber dado valor probatorio a la eviden-cia, del demandante; (2) al concluir que la Junta había he-cho buen uso de sus facultades discrecionales; (3) al admi-tir prueba de la demandada que es inmaterial e impertinente; y (4) a.1 dar valor probatorio a prueba objetada por el de-mandante y no admitida por la Corte.

El demandante presentó como única prueba copias certificadas de las solicitudes y declaraciones juradas presentadas por él a la Junta. Analizando dicha prueba la corte inferior se expresó así:

“De todas las personas que prestaron declaración ante la Junta repecto a la experiencia y conocimiento del demandante, la que en mejores condiciones está de aquilatar dichas cualidades en el deman-dante, es su hermana, la Sra. Gracia Rivera, porque junto a ella ha trabajado por muchos años. Sin embargo, en su declaración ella expresa, como hemos dicho, que él trabajaba bajo su dirección en los análisis que hacía. Si el demandante hacía los análisis bajo la dirección de la regente de la Farmacia, no ejercía su propia inicia-tiva ni su propio juicio como la ley exige, sino que actuaba de acuerdo con las direcciones que recibía de acuerdo con el juicio y la iniciativa propios de la testigo. Hay más aún. De acuerdo con la prueba, en el año 1932, la Sra. Gracia Rivera -solicitó licencia de Química; y el demandado (sic) expidió una certificación que se unió a la solicitud expresando que la solicitante, era la encargada de los análisis de drogas y productos químicos de la Farmacia San Miguel. Al solicitar el demandado (sic) su licencia, la Sra. Gracia Rivera declara que el demandante es la persona que hace, aunque bajo su dirección, los análisis químicos de responsabilidad.
“Tanto la Sra. Gracia Rivera, como los doctores Rodríguez, en sus declaraciones, se limitan a decir, repitiendo las palabras del esta-tuto, que el demandante realizaba trabajos de química que requerían iniciativa y juicio propios, habiendo demostrado satisfactoriamente su experiencia en tales trabajos. Pero es la Junta demandada la que tiene la autoridad, y también la responsabilidad, de resolver si el demandante ha demostrado satisfactoriamente su experiencia como químico. El demandante no le ofreció a la Junta prueba concreta que demostrara satisfactoriamente su experiencia. No le dijo a la Junta demandada qué exámenes y análisis fueron los que practicó du-rante el tiempo a que se contraen las declaraciones juradas sometidas por él ni en qué consistía su experiencia, ni cómo, ni de qué m-anera ejercía su iniciativa y juicio propios en la práctica de dichos análisis. Ante la Corte tampoco hay prueba alguna que robustezca la presen-tada ante la Junta, y en ausencia de ella, la Corte es de opinión que la Junta actuó dentro de su discreción al denegar la solicitud.”

Ya liemos visto que la ley requiere que el solicitante de una licencia “demuestre satisfactoriamente su experiencia como químico.” Y es a la Junta a la que la misma ley concede la facultad discrecional necesaria para resolver si la evidencia demuestra de una manera satisfactoria la experien-cia del solicitante como químico. Hemos examinado deteni-damente las declaraciones juradas y no estamos preparados para decir que la Junta demandada y la corte inferior erra-ran al resolver que las mismas eran insuficientes. El de-mandante tuvo una oportunidad para ampliar su prueba ante la corte inferior y no la aprovechó, prefiriendo, descan-sar su caso en las declaraciones ya presentadas ante la Junta.

Los casos de mandamus contra la Junta Examinadora de Ingenieros citados por el apelante, no son de aplicación a su caso. La sección 9 de la Ley núm. 31 de 1927 (pág. 187) dispone que dentro de los seis meses subsiguientes a la apro-bación de la ley, la Junta Examinadora de Ingenieros expe-dirá una licencia de ingeniero a cualquier persona que “baya estado en,el ejercicio de la profesión de ingeniero . . . por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la apro-bación de esta Ley;” y dispone, además, lo siguiente:

“A menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evidencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la solici-tud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de ingeniero, arqui-tecto o agrimensor por un período de tres años.” (Bastardillas nues-tras.)

En el primero de dichos casos, Llovet v. Junta, se resol-vió que procedía el mandamus, porque de la mera declara-ción de que el peticionario había ejercido como ingeniero por más de tres años, no habiendo prueba en contrario, surgió el deber ministerial de la Junta de expedir la licencia. ' Los otros tres casos fueron resueltos aplicando a ellos la decisión del caso de Llovet. La ley citada impone a la Junta Exa-minadora de ingenieros la obligación de aceptar como evi-dencia satisfactoria la declaración del solicitante, salvo en el caso en que se presente prueba en contrario.

La Ley que estamos considerando no impone a la Junta Examinadora de Químicos la obligación ministerial de acep-tar como evidencia satisfactoria la declaración jurada del solicitante. Es éste el que está obligado a demostrar a sa-tisfacción de la Junta su experiencia corno químico; y es la Junta la llamada a apreciar la prueba del solicitante y a resolver si ella es satisfactoria o suficiente para justificar la expedición de la licencia.

Con frecuencia fiemos resuelto que no procede el mandamus para obligar a la ejecución de actos encomendados a la facultad discrecional de un funcionario o junta, a no ser que se demuestre que se fia abusado de esa discreción. Lutz v. Post, Gobernador de Puerto Rico, 14 D.P.R. 860; Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772; Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432; De Diego, et al. v. Cámara de Delegados, 5 D.P.R. 114 (2da ed.); Negrón, et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366; Registrador de Gucayama v. Attorney General, 28 D.P.R. 354, y El Pueblo, et al. v. Arrillaga, 30 D.P.R. 952. También fiemos resuelto que cuando un funcionario tiene facultad para considerar prueba y luego resolver,, el deber es judicial o cuasi judicial y por tanto discrecional. Meléndez v. Junta Examinadora de Contadores, 42 D.P.R. 405.

Habiendo llegado a la conclusión de que no procede el mandamus, creemos innecesario discutir los dos señalamien-tos restantes.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

        Llovet v. Junta, 40 D.P.R. 583; Arán v. Junta, 40 D.P.R. 589; González v. Junta, 40 D.P.R. 591; Flores v. Junta, 40 D.P.R. 592.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Camacho Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 11654.

    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Enero 28, 1947.

      Adolfo García Veve y Faustino li. Aponte, abogados del apelante; IIon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de asesinato en segundo grado 'cometido en la persona de Fabián de Jesús. El jurado lo declaró culpable de homicidio voluntario y fué sentenciado a cumplir seis años de presidio. El único error que se se-ñala en apoyo de este recurso es el no habérsele permitido presentar evidencia de cierta confesión extrajudicial hecha por Francisco de Jesús, hermano del occiso,, al efecto de que él y no el apelante, fué quien causó la muerte.

La prueba de El Pueblo es al efecto de que el 30 de marzo de 1941 el acusado, acompañado de Juan Alvira Cruz, pasó frente a la casa donde vivía Primitivo De Jesús, en el barrio Chupacallos del término' municipal de Ceiba y llamó a Primitivo para que saliera a hablar con él. Tuvieron una breve discusión el acusado y Primitivo De Jesús, yéndose a las manos. Mientras peleaban llegó el interfecto, hermano de Primitivo De Jesús, y recriminó a los contendientes por-que siendo vecinos y amigos estaban peleando. En esos mo-mentos el acusado sacó un puñal y sin que mediara provo-cación alguna por parte de Fabián De Jesús, infirió a éste una puñalada en el pecho, la cual le seccionó la aorta, cau-sándole la muerte casi instantáneamente. El interfecto -se desplomó al recibir la puñalada, siendo auxiliado por su ma-dre, quien lo recostó sobre su falda. En esos instantes Francisco De Jesús, hermano también del interfecto, corrió desde la casa donde vivía la familia De Jesús y con un machete que traía acometió al, acusado. Este evadió la agresión, reci-biendo la herida en el abdomen Fabián De Jesús, quien ya había expirado. Francisco De Jesús inmediatamente fué a Fajardo a dar cuenta a la Policía y por razones que no sur-gen del récord, fué detenido en la cárcel durante cinco o siete días como supuesto coautor del delito. Él acusado tam-bién fué arrestado. Al cabo de esos días, Francisco De Je-sús fué puesto en libertad, formulándose acusación única-mente contra el apelante.

La prueba de cargo es vigorosa en el sentido de que el acusado infirió la herida que seccionó la aorta y de que cuando accidentalmente Francisco De Jesús hirió a su hermano, éste ya.había muerto a causa de la puñalada que le infirió el acu-sado. La circunstancia de haberse causado la herida infe-rida por Francisco De Jesús después de muerto Fabián De Jesús, fué corroborada por el médico que practicó la autop-sia. Refiriéndose éste a la herida que seccionó la aorta, de-claró que tenía sangre coagulada en sus bordes y que den-tro de la herida había algún líquido sanguíneo. Con respecto a la herida en el abdomen declaró que en ella no había san-gre porque la herida del pecho vació toda la corriente san-guínea dentro de la cavidad del tórax, demostrando así que cuando se .infirió esta herida ya Fabián De Jesús había muerto.

Toda la prueba del fiscal fué directa, declarando cuatro testigos que presenciaron los hechos hasta el momento mismo en que terminó la contienda. Solamente Juan Montañez Cruz, testigo del Fiscal y primo del acusado, declaró no haber visto el momento en que Fabián De Jesús recibió la puñalada en el pecho.

La defensa llamó como testigo a Valeriano Flores, quien declaró que la noche de autos había visto a Francisco De Jesús portando.un machete manchado con sangre; que éste fué detenido por la Policía y conducido de Fajardo al Cuar-tel de la Policía en Ceiba. La defensa hizo a este testigo varias preguntas tendentes a probar cierta confesión por parte de Francisco De Jesús, al efecto de que éste fué quien dió muerte a su hermano. Pero objetadas esas preguntas y sostenida la objeción, la defensa pidió a la corte que retirase al jurado para consignar en récord lo que se proponía pro-bar con el testigo Valeriano Flores y con otro testigo lla-mado Manuel Casillas. Retirado el jurado, consignó en ré-cord la defensa que con el testigo Valeriano Flores se pro-ponía probar lo siguiente: Que Francisco De Jesús fué lie-vado al Cuartel y en presencia del propio testigo, del Jefe de la Policía y de otras personas, confesó que con el machete había dado muerte a su hermano Fabián De Jesús. Consignó, además, la defensa, que con el testigo Manuel Ca-sillas se proponía probar que el día 31 de marzo de 1941 Casillas se personó en la cárcel municipal donde estaba de-tenido Francisco De Jesús y que éste le manifestó que ha-bía matado a su hermano Fabián, preguntándole, además, si ya habían enterrado a su hermano, usando las siguientes pa-labras: “¿Ya enterraron a ese perro de mi hermano?”

Como hemos dicho, el hecho de que fué el acusado quien mató a Fabián De Jesús, fué declarado por varios testigos presenciales. La defensa pretendió descansar únicamente en la supuesta confesión de Francisco De Jesús y no presentó prueba alguna para controvertir las declaraciones de los tes-tigos de cargo.

Ya este Tribunal, en .el caso de Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 671, siguiendo el caso de Donnelly v. U. S., 228 U. S. 243 (1913), estableció en esta jurisdicción la doctrina de que, en un juicio criminal, evidencia de la admisión o con-fesión de un extraño al efecto de que él perpetró el delito, no es admisible como evidencia substantiva tendente a ex-culpar al acusado. Esa es la regla prevaleciente en la Corte Suprema de los Estados Unidos y en la mayoría de las ju-risdicciones estatales, así como en Inglaterra. Monografías en 162 A.L.R. 450; 48 A.L.R. 348 y 35 A.L.R 441.

No tenemos motivo alguno para abandonar la regla ya establecida. Pero en el supuesto de que estuviésemos incli-nados a hacerlo, las circunstancias del presente caso no lo justificarían, consideradas la ausencia de móvil por parte de Francisco De Jesús para matar a su hermano y la evidencia directa presentada por El Pueblo con la cual probó, a satis-facción del jurado, que la muerte fue causada por el acu-sado.

Procede la confirmación de la sentencia.