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license: Public Domain

text:
      In re Juana Valentín Pérez.

      Número: TS-9199

      Resuelto: 13 de febrero de 2009

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Juana Valentín Pérez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción presentada por la Lie. Juana Valen-tín Pérez el 29 de julio de 2008, así como la Moción en Contestación a Resolución presentada el 29 de agosto de 2008 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, se autoriza la reinstalación de la Lie. Juana Valentín Pérez como miembro activo de dicha institución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Benjamín Pagán Medina, peticionario.

      Número: CC-2009-74

      Resuelto: 18 de febrero de 2009

      Ana Esther Andrade Rivera, abogada de la parte peticionaria; Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, y Zulma E. Martínez Alvarez, procuradora general auxiliar, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

El señor Pagán Medina presentó un recurso extraordi-nario de hábeas corpus en el Tribunal de Primera Instan-cia por entender que estuvo detenido preventivamente y privado de su libertad en exceso del término máximo de seis meses que dispone nuestra Constitución. Tras la nega-tiva del foro de instancia y del Tribunal de Apelaciones de conceder lo solicitado, acude ante nosotros para que orde-nemos su excarcelación. Su petición nos permite interpre-tar el “lacónico mensaje’ de la cláusula constitucional y expresamos en tomo al cómputo de seis meses. Resolve-mos que, una vez se determina judicialmente que un im-putado o acusado de delito no es procesable al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y se ordena su reclusión para tratamiento, tan sólo se puede excluir del cómputo del término máximo de detención pre-ventiva el tiempo durante el cual éste estuvo efectiva-mente en una institución adecuada para su tratamiento.

i — t

El 26 de abril de 2008 el señor Pagán Medina fue arres-tado por violación a los Artículos 122 y 208(b) del Código Penal y al Artículo 5.05 de la Ley de Armas. Fue conducido ante un magistrado, quien determinó que hubo causa probable para su arresto y le impuso una fianza de cinco mil dólares. El señor Pagán Medina no prestó la fianza y per-maneció detenido preventivamente desde entonces. Poste-riormente, el 12 de mayo de 2008, a solicitud de la defensa, el tribunal paralizó los procedimientos y ordenó una eva-luación psiquiátrica del imputado, a tenor con la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, para determinar si el señor Pagán Medina estaba capacitado para ser procesado criminalmente por los cargos en su contra.

La vista se celebró el 20 de agosto de 2008. Compareció el psiquiatra del Estado, el Dr. Rafael Cabrero Aguilar, quien testificó bajo juramento que evaluó al señor Pagán Medina y que, en su opinión, el imputado no reunía los criterios para ser procesado. El tribunal acogió la recomen-dación del perito médico y determinó que el imputado no se encontraba procesable. Así pues, ordenó el traslado del se-ñor Pagán Medina al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras para que recibiera tratamiento.

El 17 de septiembre de 2008 se celebró otra vista, a la cual compareció, nuevamente, el Dr. Rafael Cabrero Aguilar. El perito testificó que el imputado estaba capaci-tado para comprender el proceso en su contra y ser some-tido ajuicio. Así lo determinó el tribunal, por lo cual ordenó el traslado del señor Pagán Medina a la institución penal y la continuación de los procedimientos.

El 12 de diciembre de 2008 el señor Pagán Medina pre-sentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que se le había confinado, en ca-lidad de sumariado, en exceso de seis meses sin habérsele celebrado juicio y, a tono con la limitación constitucional, reclamó su excarcelación. El 17 de diciembre de 2008 el Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” el reme-dio solicitado con las expresiones siguientes: “no ha trans-currido el término de detención preventiva provista [sic] en ley, (excluyendo el tiempo transcurrido en evaluación al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal [)].”

El 8 de enero de 2009, mediante una petición de certio-rari, el señor Pagán Medina acudió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el Tribunal de Primera Instancia había errado al resolver que el término de detención pre-ventiva se había interrumpido el 12 de mayo de 2008, cuando el imputado solicitó la celebración de una vista para dilucidar su capacidad mental de acuerdo con la Re-gla 240 de Procedimiento Criminal. El señor Pagán Medina alegó que lo que procedía para calcular la duración de su confinamiento y, por ende, la interrupción de su deten-ción preventiva, era excluir solamente los días durante los cuales estuvo recluido en el hospital psiquiátrico. Anejó una certificación del Departamento de Corrección en la cual se relacionan las fechas en que estuvo ingresado en la institución penal de Bayamón. Por lo tanto, argüyó que habían transcurrido más de seis meses contados desde el 27 de abril de 2008, cuando ingresó a la institución penal, hasta la fecha de su solicitud de excarcelación el 12 de diciembre de ese año.

En cumplimiento de la orden para mostrar causa dic-tada por el Tribunal de Apelaciones, el 8 de enero de 2009 el Procurador General alegó que el término de detención preventiva no debe incluir el período desde que el tribunal tiene una base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado hasta que determina que el im-putado está finalmente capacitado para ser sometido a jui-cio, puesto que los procedimientos contra el imputado de delito quedan interrumpidos y el Ministerio Público está impedido de continuar la acción penal. Por lo tanto, según el Procurador General, durante los 128 días desde la para-lización de los procedimientos cuando el señor Pagán Medina presentó su moción al amparo de la Regla 240 de Pro-cedimiento Criminal, supra, hasta que el tribunal determinó nuevamente que éste era procesable, no estaba pendiente la celebración del juicio y el imputado no estaba detenido preventivamente. Así, pues, concluyó que “el tér-mino de detención preventiva no puede transcurrir contra el Ministerio Público mientras éste se encuentre legal y constitucionalmente vedado de proseguir con el procesa-miento criminal del acusado”.

El 16 de enero de 2009 el Tribunal de Apelaciones de-negó el auto de certiorari. El foro apelativo acogió la inter-pretación del Procurador General y resolvió que al compu-tar el término de seis meses se excluyó correctamente el período durante el cual se dilucidaba la solicitud de la de-fensa al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, es decir, aun antes que se ordenara la reclusión, ya que desde que se presentó la solicitud el Ministerio Pú-blico quedó vedado de proseguir la acción criminal contra el acusado.

Oportunamente, el 26 de enero de 2009 el señor Pagán Medina nos solicitó que revocáramos la resolución del foro apelativo. El 28 de enero de 2009 ordenamos a la Procura-dora General mostrar causa por la cual no debiéramos hacerlo. El 4 de febrero de 2009 la Procuradora General compareció e invocó los mismos fundamentos que había presentado ante el Tribunal de Apelaciones, avalando la decisión recurrida y la determinación del tribunal de instancia. Tras la comparecencia de ambas partes, expedi-mos el recurso de certiorari y procedemos a resolver.

II

La Regla 239 de Procedimiento Criminal, en lo pertinente, dispone que “[njinguna persona será juzgada ... por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”. 34 L.P.R.A. Ap. II. Por tal razón, si el tribunal tuviera base razonable para creer que el imputado de delito está mentalmente incapacitado, deberá suspender inmediatamente los procedimientos y señalar una vista para dilucidar su capacidad de ser sometido a juicio. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 240(a). Véase Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 555 (1978).

La Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, concede al tribunal la discreción para determinar si hay base razonable para poner en duda la capacidad mental del acusado. Véase Pueblo v. Santiago Torres, 154 D.P.R. 291, 301 (2001). Si se determinara que el imputado no es procesable, el tribunal deberá ordenar su traslado a una institución adecuada para su tratamiento. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 240(b); Pueblo v. Santiago Torres, supra, pág. 301; Pueblo v. Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455, 457 (1986).

El propósito de estas medidas procesales es “impedir que se someta a juicio a un reo que es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos que contra él se siguen, y como consecuencia, de defenderse adecuadamente”. Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 457-458 (1962). De esta forma, consagran un prin-cipio mayor de debido proceso de ley para asegurar un jui-cio justo, en la medida en que “[l]a eficaz garantía del de-recho a un juicio justo e imparcial exige del acusado un estado específico de capacidad mental como criterio para medir la capacidad procesal”. O.E. Resumil, Derecho Pro-cesal Penal, Orford, Equity Publishing Company, 1990, T. 1, pág. 101. Véase, también, E.L. Chiesa Aponte, De-recho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, Vol. III, 1993, pág. 349.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Sección 11, establece unos derechos primordiales para los procedimientos penales. Específicamente dispone que:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abo-gado, y a gozar de la presunción de inocencia.
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. (Enfasis suplido.) Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 343-344.

Todos estos derechos están entrelazados y encuentran su razón de ser en el principio constitucional básico de la presunción de inocencia. Pueblo v. Colón, 161 D.P.R. 254 (2004); Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R. 388 (2003). En Pueblo v. Colón, al referirnos a la detención pre-ventiva y al derecho de la fianza, explicamos que “[e]llo es así toda vez que sería un contrasentido mantener encarce-lada a una persona que se considera inocente, cuya culpa-bilidad corresponde al Ministerio Público probar, y que eventualmente puede ser exonerada”. íd., págs. 259-260. Hace más de medio siglo y a estos efectos, el Juez Negrón Fernández expresó lo siguiente:

El derecho a la libertad provisional bajo fianza, el derecho a que éstas no sean excesivas, y el derecho a salir en libertad transcurridos seis meses de encarcelación por defecto de fianza en espera de juicio, son derechos correlativos, dirigidos todos a salvaguardar el superior derecho —constante también como garantía constitucional— de la presunción de inocencia.
Fue indudablemente inspirada en un propósito de fundamental política pública que la Convención Constituyente pre-ceptuó que la prisión preventiva antes del juicio no excedería de 6 meses. La Convención obviamente estimó que mi período mayor de detención en espera de juicio, en defecto de fianza, constituía un gravamen sobre el ciudadano que, presumién-dose inocente hasta el momento de recaer convicción, era res-tringido por el Estado —en el ejercicio de su poder de custo-dia— en el disfrute de su libertad personal, con el solo propósito de hacerle comparecer a juicio en su día. Consideró preferible rendir la custodia de un acusado después de ese período, antes que hacer vulnerable la integridad de su dere-cho a la presunción de inocencia... . Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 856-857 (1955), opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández.

La presunción de inocencia es el pilar del sistema penal puertorriqueño del cual surgen derechos corolarios, como la garantía al acusado que no permanecerá detenido preventivamente, en espera del juicio, en exceso de seis meses y el derecho a la libertad bajo fianza. Véase Resu-mil, op. cit., pág. 149. La Regla 219 de Procedimiento Criminal establece que en defecto de fianza, el imputado per-manecerá bajo la custodia del Estado como garantía para su comparecencia al juicio y a otros eventos procesales. 34 L.P.R.A. Ap. II. Véanse: J.E. Fontanet Maldonado, El proceso penal de Puerto Rico, San Juan, Editorial InterJu-ris, 2008, T.l, pág. 256; I. Betancourt y Lebrón, Los Dere-chos del Acusado, [ed. de autor], 1975, pág. 214. No obs-tante, la cláusula de la detención preventiva es un límite constitucional al poder de custodia del Estado, pues el im-putado se presume inocente y no debe ser castigado en anticipación de un delito por el cual aún no ha sido juzgado. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990); opinión del Juez Negrón Fernández en Sánchez v. González, supra, pág. 854; Resumil, op. cit., pág. 150.

El alcance del derecho constitucional a no ser encarcelado preventivamente en espera de juicio por más de seis meses fue discutido en la Convención Constituyente. En estos debates se manifiesta claramente que este derecho está íntimamente relacionado al derecho constitucional a juicio rápido y, por lo tanto, a los términos estatutarios de enjuiciamiento rápido. No obstante, el derecho a no ser detenido preventivamente por más de seis meses responde a consideraciones adicionales de política pública, particularmente evitar el abuso de poder, las cuales asegu-ran una mejor administración de la justicia.

En Sánchez v. González, supra, ordenamos la ex-carcelación del acusado aun cuando el Ministerio Público sostenía que el peticionario había renunciado a ser excarcelado al solicitar y obtener la suspensión del juicio en dos ocasiones. Tratándose de un dictamen emitido por sentencia, no hubo opinión del Tribunal. Sin embargo, en opinión de tres de los miembros del Tribunal, por voz del Juez Asociado Señor Negrón Fernández, se explicó que el término máximo de la detención preventiva madura por el mero pasar del tiempo y no se entiende renunciado por una solicitud de posposición del caso. Véase Betancourt y Lebrón, op. cit, pág. 235. Recordando las discusiones recogidas en los diarios de sesiones de la Convención Constituyente, el Juez Negrón Fernández explicó la preeminencia del derecho a la libertad personal:

El derecho de un acusado a una posposición —bien se encuen-tre en libertad bajo fianza o bajo custodia— no puede medirse en términos de renuncia o de sacrificio del derecho a su liber-tad personal, luego de seis meses de detención, ni éste puede medirse en términos de renuncia o de sacrificio del derecho a la posposición, si ésta procede. La posposición requiere el ejer-cicio de una discreción judicial, sobria, para proteger al acu-sado en el disfrute de su derecho a un juicio justo, y en sus oportunidades de defensa. Se concede por consideraciones que no afectan la libertad o custodia del acusado, y su concesión —que surte efectos de renuncia tan sólo en la esfera del juicio rápido— no puede derrotar su derecho a la libertad provisional sin fianza después de seis meses, ni puede condicionarse a que éste se renuncie. Ningún fundamento de buen gobierno justificaría extender las consecuencias de una renuncia del de-recho a juicio rápido —en su expresión legislativa— a un de-recho que engendra, por motivos superiores de política pública, una garantía inmediata de libertad. (Escolio omitido y énfasis suplido.) Sánchez v. González, supra, págs. 857-858.

Más recientemente, en Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001), resolvimos que no procedía la excarcelación de un acusado que fue recluido en una institución psiquiátrica bajo tratamiento luego de que el tribunal determinara que no estaba capacitado para el proceso. Razonamos y resolvimos que el acusado no estaba detenido preventivamente, pues durante su reclusión no estaba en contemplación del juicio ni en espera de que se celebrara el proceso criminal en su contra. Dicha reclusión obedecía más bien a la necesidad de tratamiento. En aquella ocasión explicamos que la suspensión del caso penal al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, protege el derecho del acusado a un juicio justo, puesto que someterlo a un procedimiento criminal que podría culminar en la privación definitiva de su libertad, cuando no tiene la capacidad mental necesaria para defenderse, sería una violación a un derecho constitucional al debido proceso de ley. Además, con ello se “promueve la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial criminal, conservando su dignidad e integridad”. íd., págs. 501-502.

III

El 26 de abril de 2008 el peticionario fue arrestado y al día siguiente ingresó a la institución penitenciaria de Ba-yamón al no prestar la fianza impuesta. Permaneció bajo la custodia del Departamento de Corrección en detención preventiva hasta el 25 de agosto de 2008, cuando fue tras-ladado al Hospital de Psiquiatría Forense, luego de ha-berse celebrado la vista de acuerdo con la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, y haberse determinado que no estaba capacitado para ser sometido a juicio. Poste-riormente, el 17 de septiembre el tribunal determinó que el señor Pagán Medina estaba en condición de ser procesado, por lo cual levantó la paralización y señaló la continuación de los procedimientos.

Por su parte, el 12 de diciembre de 2008 el peticionario presentó una petición de hábeas corpus y solicitó ser excarcelado. Alegó que había estado más de seis meses bajo la custodia del Estado en detención preventiva y que su encarcelamiento era ilegal, pues se había excedido el límite máximo que permite nuestra Constitución. El Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” su petición y el Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el recurso de cer-tiorari para revisar dicha determinación. Por lo tanto, hoy el señor Pagán Medina aún se encuentra detenido en es-pera de juicio.

Según el Ministerio Público, el período durante el cual estuvieron paralizados los procedimientos no debe tomarse en cuenta en contra del Estado cuando éste ha sido dili-gente en el encausamiento del caso. Específicamente, la Procuradora General arguye que al computar los términos de detención preventiva no se debe considerar el tiempo que transcurre desde que se solicita una vista para diluci-dar la capacidad del imputado o acusado para ser sometido a juicio y, por consiguiente, desde que se paralizan los pro-cedimientos por este motivo, hasta la fecha en que el tribunal llega a una decisión sobre la capacidad mental de la persona objeto del proceso penal. No nos convencen estos argumentos, pues excluyen la consideración del factor primordial en todo proceso penal: la libertad personal y su principio concomitante, la presunción de inocencia.

El derecho constitucional a no permanecer detenido preventivamente por más de seis meses no es solamente un principio valorado por nuestra sociedad, de tan alto calibre que fue elevado a rango constitucional, sino que, además, es irrenunciable. Sánchez v. González, supra. Véase Betancourt y Lebrón, op. cit., pág. 235. Por eso, la presentación de una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, no puede entenderse como una renuncia al derecho a no permanecer en detención preventiva en exceso de seis meses.

Los fundamentos de la opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández en Sánchez v. González, supra, al ne-garse a aceptar que la solicitud de posposición del juicio fuera equivalente a una renuncia al término máximo de detención preventiva, son igualmente aplicables a la situa-ción que ahora atendemos. En Sánchez v. González se dis-cutía el efecto de una solicitud y autorización de posposi-ción del juicio sobre los límites constitucionales a la detención preventiva, mientras que en el caso que nos ocupa se trata de la solicitud y determinación de incapaci-dad del imputado para ser sometido a juicio. Ambas situa-ciones requieren “el ejercicio de una discreción judicial so-bria, para proteger al acusado en el disfrute de su derecho a un juicio justo, y en sus oportunidades de defensa”. Sánchez v. González, supra, pág. 857.

No podemos obviar que el peticionario permaneció bajo la custodia del Estado, en espera de ser procesado criminalmente, después que se presentó su moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, hasta que el tribunal determinó que no era procesable. El que la presentación de la moción paralizó los procedimientos, de manera que el Ministerio Público estuvo impedido de procesar al señor Pagán Medina desde ese momento no cambia esta realidad. Hemos visto que la prohibición de enjuiciar a una persona que no reúna los criterios de capacidad para defenderse adecuadamente está íntimamente relacionada a su derecho constitucional al debido proceso de ley. Por eso, no podemos sostener la posición del Ministerio Público en cuanto al punto de partida del período ex-cluido del cómputo de los seis meses de detención preventiva, pues pondría al imputado en la situación de tener que escoger entre salvaguardar su derecho constitucional y estatutario a un debido proceso de ley y su libertad personal. Cualquier alternativa implica una renuncia inválida a sus derechos constitucionales.

En el cumplimiento de su deber de proteger el derecho al debido proceso de ley de los imputados de delito, el tribunal tiene la facultad de asegurarse de que se está procesando a una persona que comprende la naturaleza del procedimiento dirigido en su contra, de manera que pueda también dirigir su defensa. Además, el que el acusado sea procesable es un requisito de debido proceso de ley, que no solamente protege al mismo acusado, sino que es una garantía para la sociedad de la integridad de los procesos. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 502.

En Ruiz v. Alcaide, supra, resolvimos que no está detenida preventivamente una persona que está re-cluida en una institución adecuada, recibiendo tratamiento por orden judicial, luego de determinarse que no está ca-pacitada para ser sometida ajuicio. Es congruente resolver ahora que al computar el término máximo de detención preventiva, debe excluirse, solamente, el tiempo en que el peticionario está efectivamente recluido en una institución adecuada para su tratamiento, por orden del tribunal. Ello es así, precisamente, porque es durante ese término que no está sujeto a ser procesado y, por lo tanto, la privación de su libertad responde a otras razones y no está bajo deten-ción preventiva.

Por lo tanto, al computar los seis meses de detención preventiva en este caso, no se debieron contar los días du-rante los cuales el peticionario estuvo recluido bajo trata-miento, es decir, entre el 25 de agosto de 2008 y el 17 de septiembre de 2008, cuando se determinó que era procesa-ble nuevamente. La fecha a partir de la cual se interrum-pió dicho cómputo es el día en que se traspasó la custodia del peticionario del Departamento de Corrección al Hospital de Psiquiatría. Decidir lo contrario dejaría al arbitrio del Estado retener al acusado bajo su custodia después de la orden de reclusión, sin trasladarlo, en perjuicio de su libertad. La resolución judicial que determinó que el señor Pagán Medina no era procesable, dictada el 20 de agosto de 2008, no dio inicio a la reclusión para tratamiento, por lo cual tampoco dio comienzo al período que debe excluirse del cómputo de la detención preventiva.

En fin, al calcular los días desde el 26 de abril hasta el 25 de agosto de 2008, y sumarle los transcurridos desde el 17 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2008, encon-tramos que pasaron más de seis meses desde que el peti-cionario fue detenido preventivamente. Procedía expedir el auto de hábeas corpus.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la re-solución del Tribunal de Apelaciones que, al no expedir el “certiorari”, sostuvo la negativa del Tribunal de Primera Instancia a expedir el auto de habeas corpus. Ordenamos la excarcelación inmediata del señor Pagán Medina y devol-vemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton hizo cons-tar que por las razones expuestas en su opinión disidente en Ruiz Ramos v. Alcaide está conforme en este caso. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita.

        Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 850 (1955), opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández.

       La certificación del Departamento de Corrección indica las fechas en que el señor Pagán Medina estuvo ingresado a la institución penal de Bayamón. Dicho documento, en lo pertinente, relata lo siguiente:
      “Se certifica que el confinado Benjamín Pagán Medina, ingresó a la Institución 705 de Bayamón el 27 de abril de 2008 ....
      “A la fecha del 25 de agosto de 2008 el confinado ingresó al Hospital Forense en Río Piedras hasta el 22 de septiembre de 2008 según se desprende en el expediente criminal para un total de 27 días.

        “Del 26 de abril al 25 de agosto de 2008 y del 22 de septiembre de 2008 al 17 de diciembre de 2008, el confinado lleva ingresado 207 días, equivalente a 6 meses con 27 días de reclusión.” (Enfasis suplido.)

       En Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973), nos expresamos sobre la capacidad mental necesaria para que se dicte sentencia contra el acusado. Particularmente, expresamos que:
      “Lo determinante es si el acusado ... es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos y de participar en el acto, con plena consciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impi-dan que se dicte sentencia.” Id., pág. 560.
      Luego, recordando los postulados que garantizan un debido proceso de ley al acusado, en Pueblo v. Santiago Torres, 154 D.P.R. 291 (2001), retomamos el tema de la no procesabilidad del imputado de delito y resolvimos que sólo procede el archivo permanente de la acusación después de celebrar una vista formal a esos fines.

       Por su parte, la profesora Helen Silving señala que la capacidad para ser sometido a un proceso “debe formularse en términos de la ‘capacidad del imputado para dirigir su defensa, de manera que tenga sentido, en procedimientos seguidos contra él’ y no en términos de ‘capacidad para asistir en la defensa’ ”. (Citas omitidas.) H. Silving, Elementos Constitutivos del Delito, (G.R.Carrio, trad.), Río Pie-dras, E.D.U.P.R., 1976, pág. 279.

       “Regla 219. Fianza; condiciones; requisitos.
      “(a) Antes de la convicción. Las condiciones impuestas y la fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción garantizarán la comparecencia del acu-sado ante el magistrado o el tribunal correspondiente y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista preli-minar en los casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada cantidad de dinero.” 34 L.P.R.A. Ap. II.

       El delegado señor Alvarado explica que:
      “Al redactarse esta medida, se tuvo en cuenta ... la legislación vigente. La le-gislación vigente concede al fiscal 60 días para radicar la acusación. Y entonces dispone que el juicio debe celebrarse dentro de 120 días después de radicada la acusación. Y en total establece un término de 180 días desde que el acusado es detenido para responder, hasta que se somete a juicio, 180 días, que son seis meses que hemos venido consignando.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente 1594-1595 (2003).
      A su vez, el señor Reyes Delgado aclaró que:
      “Ya la [Asamblea] Legislativa insular ha fijado por ley términos que se conside-ran razonables para que se actúe .... Si dentro de esos seis meses ahora no se le celebra juicio, el fiscal pide el archivo y sobreseimiento y especialmente si se trata de un felony, procede otra vez a arrestar al individuo y a recluirlo preventivamente y puede tenerlo otros seis meses en la cárcel sin celebrarle juicio.
      “Y a eso es a lo que vamos nosotros encaminando este precepto: que se usen los seis meses de que la legislación local ha tenido a bien proveer al ministerio público para que se haga efectiva la maquinaria del pueblo en la administración de la justi-cia penal.” íd., págs. 1595-1596.
      El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos indica que lo que se propuso precisamente, fue evitar la práctica señalada por el Delegado Reyes Delgado: “impe-dir que se encarcele a una persona por más de seis meses sin celebrarle juicio. Actualmente es posible lograr esto mediante la radicación de acusaciones sucesivas, cada vez que finalice el término de ciento veinte días que marca la ley.” 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2571 (2003).

       No obstante, según también señalamos, no se puede permitir una reclusión de esta naturaleza ad infinitum. Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001).

       Véase J.E. Fontantet Maldonado, El proceso penal de Puerto Rico, San Juan, Editorial InterJuris, 2008, T. 1, págs. 243-244:
      “En Puerto Rico, el derecho a gozar de la presunción de inocencia y el derecho a gozar de la libertad bajo fianza antes de la convicción mediante la presentación de una fianza razonable en las circunstancias del caso figuran entre los pilares sobre los cuales se asienta nuestro sistema democrático de vida, y los intentos por socavarlos no han tenido éxito. De hecho, el 6 de noviembre de 1994, el Pueblo de Puerto Rico, mediante referéndum rechazó la enmienda a la Carta de Derechos de la Constitución del E.L.A. que se le sometiera para eliminar el derecho absoluto a la fianza antes de la convicción.”

       Al determinarse nuevamente procesable el 17 de septiembre de 2008, pode-mos concluir que desde luego cesó el tratamiento del peticionario.


text:
    Lcdo. Agustín F. Soto Hernández, peticionario, v. Hon. Gildren S. Caro Pérez, Registradora de la Propiedad, Sección de Aguadilla, recurrida.

      Número: RG-2008-4

      Resuelto: 18 de febrero de 2009

      Agustín F. Soto Hernández, abogado del peticionario; Gildren S. Caro Pérez, registradora de la propiedad, Sección de Aguadilla.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Tenemos nuevamente ante nuestra consideración una controversia sobre cómo logra acceso al Registro de la Pro-piedad un documento privado de compraventa otorgado ante notario fuera de Puerto Rico, en específico, en Estados Unidos.

El peticionario es del criterio que en estos casos sólo se requiere que el documento otorgado se ajuste a lo dis-puesto en el Art. 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 30 L.P.R.A. see. 2209 (Ley Hipotecaria de 1979) y, una vez el Registrador de la Pro-piedad se cerciora de que se cumplen los requisitos del ar-tículo, está obligado a inscribir el documento. Nos indica también que para protocolizar el documento otorgado en el extranjero, según ordena el Art. 46, ante, sólo hay que cumplir con lo dispuesto en las Reglas 40 y 41 del Regla-mento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

La Registradora de la Propiedad, por el contrario, sos-tiene que para que un documento de esta naturaleza logre acceso al Registro de la Propiedad no tan sólo tiene que cumplir con los parámetros del Art. 46, ante, sino también se requiere que se otorgue una escritura que recoja el ne-gocio jurídico efectuado, con el consentimiento de las par-tes que intervinieron en el documento privado y se ratifi-que ante notario. Sólo de esta forma el documento puede elevarse a escritura pública y tener acceso al Registro de la Propiedad. La Registradora postula que para efectuar este proceso hay que atenerse a lo dispuesto en las Reglas 26 y 42 del Reglamento Notarial de Puerto Rico y no mera-mente a la Regla 40 del referido reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

Trabada la controversia bajo estos términos, pasamos a atenderla.

I

El 12 de octubre de 2002 el Sr. Miguel Acevedo Torres y la Sra. Jenny Abreu Cordero, casados entre sí, suscribieron un contrato de compraventa en la ciudad de Nueva York. En éste, vendieron al Sr. Lino Acevedo Torres un bien in-mueble sito en el barrio Palmar de Aguadilla por la canti-dad de $18,000. La propiedad consta inscrita en el Registro de la Propiedad. El contrato se suscribió ante el notario público José Rivera, cuya comisión expedida por el estado de Nueva York expiraba el 31 de julio de 2006, y cuya firma fue legalizada por el “County Clerk of the Supreme Court of the State of New York”.

El 1 de octubre de 2003 el Sr. Samuel Pellot Torres sus-cribió la Escritura Pública Número 338 sobre Protocoliza-ción de Documento de Compraventa otorgado fuera de Puerto Rico (Acta de protocolización), ante el notario pú-blico Agustín F. Soto Hernández. En el Acta de protocoliza-ción otorgada, el notario resumió el negocio efectuado en Nueva York y le anejó el original del contrato de compra-venta, así como también el volante de certificación que le-galizaba la firma del notario.

El 16 de octubre de 2003 el Acta de protocolización se presentó para su inscripción en el Registro de la Propie-dad, Sección de Aguadilla. El 7 de julio de 2006 el Regis-trador de la Propiedad, Hon. Frank Quiñones Vigo, notificó las siguientes faltas al documento presentado:

1. Para elevar un documento privado a escritura pública es indispensable que comparezcan al acto todas las partes que intervinieron en el documento privado o en su defecto, sus herederos, representantes legales o voluntarios a prestar su consentimiento. “Reglamento Notarial de P.R. Reglas 26,40 y 42”.
2. La manera de elevar a documento privado un documento público no es protocolizar el documento, sino otorgar una es-critura que recoja el negocio y se ratifique ante el notario con el consentimiento prestado previamente. Este otorgamiento lo puede hacer personalmente ante el notario, los que compare-cieron en el documento privado, todos o por conducto de man-datarios siempre y cuando dicho mandato (poder) cumpla con lo dispuesto en la Ley Notarial. Recurso Gubernativo, Anejo A, pág. 1.

El Registrador indicó en su comunicación que las faltas antes mencionadas impedían la inscripción del documento presentado.

El 14 de junio de 2006 el Registrador de la Propiedad suspendió el término para presentar el escrito de recalifi-cación habida cuenta que se había presentado, en otro caso, un escrito de recalificación en el cual se planteaba un asunto similar sobre cómo lograr acceso al Registro de la Propiedad un documento otorgado fuera de Puerto Rico. El referido asunto llegó finalmente ante este Tribunal me-diante el correspondiente recurso gubernativo. Véase Banco Popular v. Registrador, 172 D.P.R. 448 (2007).

Resuelto este caso, el 4 de jimio de 2008 la Registradora de la Propiedad, Hon. Gildren Caro Pérez, notificó nueva-mente al notario Soto Hernández las mismas faltas que ha-bían sido notificadas en julio de 2006 respecto a la inscrip-ción de la Escritura de protocolización. El 23 de junio de 2008 el notario presentó su escrito de recalificación. El 9 de septiembre de 2008 la Registradora denegó el escrito de re-calificación y tomó anotación preventiva de denegatoria con-forme dispone el Art. 71 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30 L.P.R.A. see. 2274. El notario compareció oportunamente ante este Tribunal mediante el correspondiente recurso gubernativo. También compareció la Registradora de la Propiedad. Estando en posición de resolver, pasamos a hacerlo.

II

Iniciamos nuestra discusión reseñando nuevamente y en mayor detalle, los planteamientos de la Registradora de la Propiedad. En su escrito ante nosotros, la Registra-dora expresó que el fundamento legal para la denegatoria de inscripción se encuentra en las Reglas 26 y 42 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV; las cuales, junto al Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979, regulan, a su juicio, la inscripción en el Re-gistro de la Propiedad de los documentos otorgados fuera de Puerto Rico.

Sostiene, que la protocolización de que habla el Art. 46 no es meramente aquella que se recoge en la Regla 40 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, sino que se tiene que cumplir con lo que se dispone en la Regla 26 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXTV, de suerte que el documento pueda ser elevado a escritura pública e inscrito el Registro de la Propiedad.

La Registradora nos señala además que se “cuestiona si la dación de fe de un notario del estado de New York, Es-tados Unidos de Norteamérica, de que los suscribientes del contrato privado de compraventa tenían la capacidad nece-saria para suscribir el mismo se puede equiparar a la fe pública [notarial]”, según ha sido analizada por este Tribunal en Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215 (1963). Alegato de la parte recurrida, pág. 12. Concluye entonces que, habida cuenta que la escritura de pro-tocolización no se ajusta a lo especificado en la Regla 26 del Reglamento Notarial y a lo resuelto en Ponce Real Estate Corp., ésta no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Para el notario autorizante, la postura asumida por la Registradora es errónea. Considera innecesario los requeri-mientos exigidos por ésta de que se cumpla con la Regla 26 del Reglamento Notarial. Apunta que lo importante es, como ya adelantamos, que el documento presentado para inscripción se analice de acuerdo con las exigencias del Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979 y, una vez la escritura cumple con lo allí provisto, procede su inscripción en el Re-gistro de la Propiedad. Sostiene que su Escritura de proto-colización cumple a cabalidad con lo que ordena la ley hipo-tecaria, por lo que no le asiste la razón a la Registradora.

Pasamos a resolver.

III

Existen dos tipos de documentos públicos notariales, a saber: las escrituras y las actas. L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 84; E. Giménez Amau, Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Universidad de Navarra, 1976, pág. 723. Estos sirven fines diferentes y tienen diferentes formalidades. El acta es un instrumento público en el cual el notario narra un evento “capaz de influir en el derecho de los particulares y levantada por el requerimiento de otra persona”. (Enfasis en el original.) Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 622 (1939).

En Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, ante, exploramos las diferencias entre estos dos tipos de instrumentos notariales en referencia a los efectos de la inscripción del contenido del instrumento en el Registro de la Propiedad. Indicamos que el acta notarial de protocoliza-ción de un contrato de arrendamiento es, en efecto, un do-cumento público fehaciente con garantía de autenticidad y de fe pública del hecho que lo motiva, pero no cabe consi-derarlo como una escritura pública. Id. Véase, además, Rivera Rivera, op. cit, pág. 85. Ello es así pues, entre otras cosas, en el acta notarial de protocolización el notario no interviene “en la formación del derecho que surge o [del] negocio jurídico, ni da fe pública de la voluntad declarada en cuanto al mismo, ni del consentimiento ... porque la voluntad no se ha declarado ante él de acuerdo a las for-malidades de ley, por personas por él conocidas, o que le han sido identificadas”, contrario a lo que ocurre con la escritura pública. Ponce Real Estate Corp., ante, pág. 226.

Tomando ello como base, concluimos que la protocolización de un documento privado —en este caso un contrato de arrendamiento cuyo término era mayor de seis años— no tenía el efecto de elevarlo a escritura pública, por lo que ello no hacía viable su acceso al Registro de la Propiedad. Cabe recordar que la ley hipotecaria requería entonces, como requiere en la actualidad, que para inscribir en el Registro de la Propiedad un contrato de arrendamiento cuyo término es mayor de seis años, éste tiene que constar en escritura pública. De acuerdo con nuestro dicta-men en Ponce Real Estate Corp., según adelantamos, la Registradora se negó a inscribir el instrumento presentado.

Lo primero que debemos señalar es que en Ponce Real Estate Corp. nos expresábamos en torno a la inscripción en el Registro de la Propiedad de un documento privado otor-gado en Puerto Rico y no fuera de la isla, como es el caso que nos ocupa. Por ello, el Tribunal no tuvo que expresarse sobre el Art. 5 de la Ley Hipotecaria de 1893, entonces vigente, que regulaba este asunto.

Los recurrentes en ese caso fundamentaron su alegato en el rechazo a la nota denegatoria de inscripción en una disposición de la Sec. 17 de la Ley Notarial entonces vigente, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, que leía como sigue: “No se realizará ninguna operación en los libros del Registro de la Propiedad en relación con un documento notarial otorgado fuera de Puerto Rico, a menos que el mismo haya sido previamente protocolizado en Puerto Rico, siendo obligación del notario cancelar los mismos derechos arancelarios, como si hubiera sido otorgado originalmente en Puerto Rico.” 1956 Leyes de Puerto Rico 743.

Rechazamos este razonamiento expresando que la See. 17 antes transcrita no aplicaba a la controversia que se dilucidaba en el caso, ya que el documento protocolizado había sido otorgado en Puerto Rico. Ello no obstante, y en una expresión que claramente constituye obiter dictum, señala-mos que la Sec. 17 mencionada, “[ni] de su faz, ni por su historia legislativa, tiene el efecto a nuestro juicio de alterar todo un rancio sistema de derecho hipotecario permitiendo, mediante un acto de protocolización, que ganen acceso al Registro de la Propiedad en peijuicio de tercero, documentos carentes de las garantías necesarias de acuerdo con la ley y su reglamento”. Ponce Real Estate Corp., ante, pág. 227.

En estricto rigor, lo indicado en Ponce Real Estate Corp. no puede ser base para denegar la inscripción en el Registro de un documento privado otorgado fuera de Puerto Rico, cuando la controversia en dicho caso versaba sobre cómo gana acceso al Registro de la Propiedad un documento pri-vado otorgado en Puerto Rico. Las expresiones respecto a la Sec. 17 de la entonces vigente Ley Notarial son claramente dicta y no obligan a este Tribunal. Pero aun cuando no se consideraran como tal, el ordenamiento legal reinante hace que las mismas hayan perdido vigencia y vitalidad.

IV

A. La Ley Hipotecaria de 1979 contiene disposiciones específicas que regulan la inscripción en el Registro de la Propiedad de un documento otorgado fuera de Puerto Rico, a saber: los Arts. 45, 46 y 47 del referido estatuto, 30 L.P.R.A. secs. 2208-2210. El Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que habría de convertirse en la Ley Hipotecaria de 1979, explica que estos artículos “contienen disposiciones legales del campo del derecho internacional privado en cuanto a documentos otorgados fuera de Puerto Rico”. Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 792, pág. 12. El propósito de estas disposiciones fue procurar “que los documentos provenientes de otras jurisdicciones sean lo más confiables posibles”. Id. Es decir, con ellas, el legislador puertorriqueño procura no desentenderse del derecho internacional privado, cuya importancia en estos tiempos parece evidente. Véase, además, Banco Popular v. Registrador, ante.

Ello es cónsono con el hecho de que el movimiento de personas de un país a otro y la necesidad de otorgar documentos en un lugar para que sean ejecutados en otro, requieren que el ordenamiento considere la forma y manera en que se le ha de conferir validez, frente a terceros, a estos documentos. En la actualidad, el intenso tráfico comercial internacional que caracteriza una economía de mercado globalizada, hace que el reconocimiento de la ex-traterritorialidad del instrumento notarial sea una necesidad imperiosa.

El Art. 45 de la Ley Hipotecaria de 1979 provee para la posibilidad de que los títulos otorgados en Estados Unidos o el extranjero se inscriban en el Registro de la Propiedad al establecer lo siguiente:

También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y con-tratos expresados en la see. 2201 de este título otorgados en los Estados Unidos de América, o en país extranjero, que ten-gan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecu-torias pronunciadas por tribunales de los Estados Unidos de América, o extranjeros, a que deban darse cumplimiento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción. 30 L.P.R.A. sec. 2208.

Esta disposición es clara al declarar inscribibles aque-llos contratos otorgados en Estados Unidos o el extranjero traslativos del dominio de un inmueble que tengan fuerza en Puerto Rico. E.g. Sosa v. Registradora de la Propiedad, 145 D.P.R. 859 (1998). Véase R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, T. II, 1976, pág. 628.

Para que los documentos que se enumeran en. el artículo precedente puedan inscribirse, el Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979, ante, establece los requisitos siguientes:

Primero— Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes de Puerto Rico.
Segundo— Que los otorgantes tengan la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto o contrato con arreglo a las leyes de su país. Sin embargo [,] cuando se relacionen con bienes de menores de edad y de incapacitados, deberá haberse dado cum-plimento a las disposiciones legales vigentes en Puerto Rico.
Tercero— Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades del territorio o país donde se han veri-ficado los actos o contratos, o las de Puerto Rico.
Cuarto— Que el documento contenga la legalización y demás requisitos necesarios para su autenticación en Puerto Rico.
Quinto— Que dicho documento haya sido protocolizado por un notario en Puerto Rico si para su eficacia no requiere trá-mite judicial.
No será requisito la protocolización en el caso de los títulos de cesiones o traspasos de propiedad inmueble u otros dere-chos reales por el Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, corporaciones o instrumentalidades públicas, ex-pedidos por funcionarios competentes a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones o instru-mentalidades públicas o sus subdivisiones políticas, los cuales se considerarán documentos auténticos.

Sobre estas exigencias debemos señalar lo siguiente: La primera de ellas se complementa en el Art. 60.1, pár. 1, del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1997 (Reglamento Hipotecario), conforme con el cual “[n]o son inscribibles los títulos o actos otorgados fuera de Puerto Rico que estén prohibidos por las leyes del país”. Lo que constituye “un freno al posible fraude internacional”, al exigir que el asunto o materia del acto o contrato sea cónsono tanto con la ley del país donde se otorga como con la de Puerto Rico. E. Vázquez Bote, Tratado teórico y práctico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Butterworth de Puerto Rico, 1992, T. XV, Sec. 15.5, pág. 417.

Los requerimientos segundo y tercero deben acreditarse ante el Registrador, si éste así lo solicita. Art. 60.1, par. 2 del Reglamento Hipotecario. Sobre el tercer requisito, relacionado con las formalidades y solemnidades del ins-trumento que se otorga, la Lie. Sarah Torres Peralta nos indica lo siguiente en su tratado de derecho notarial:

Esta disposición constituye uno de los adelantos más impor-tantes en la reglamentación del ordenamiento registral. Pre-viamente, los documentos extranjeros, incluyendo los autoriza-dos en Estados Unidos de América, que no cumplían con las formalidades de las escrituras públicas que requería la ley local, no tenían acceso registral en Puerto Rico. Ello era así aún cuando el documento notarial otorgado en la otra jurisdicción fuere suficiente allá para la enajenación de un derecho real inscribible en Puerto Rico, Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215 (1963).
Ahora la situación es distinta. Puede ocurrir que un inmue-ble sito en Puerto Rico sea objeto de un acto traslativo de dominio mediante una declaración jurada otorgada y autori-zada en Nueva York o en Francia. Dicho documento será debi-damente legalizado en el país de origen y será traído a Puerto Rico, donde podrá ser objeto de protocolización. Si cumple con los demás requisitos del artículo 46 de la Ley Hipotecaria, el acta de protocolización de dicho contrato será título inscribible en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Así lo dispone el referido articulado de la Ley Hipotecaria. (Enfasis nuestro.) S. Torres Peralta, El derecho notarial puertorriqueño, San Juan, Pubs. S.T.P., 1995, pág. 8.72.

Naturalmente, cuando el documento otorgado en el extranjero disponga sobre un bien inmueble sito en Puerto Rico, “los requisitos internos del contrato, deberá [n] cumpli[r] con las leyes de de Puerto Rico” en virtud de los Arts. 10 y 11 in fine del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 10, 11 in fine. E. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño, Barcelona, Ed. Lex, 1973, pág. 389. Véase, además, Rojas, Randall & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R. 21, 23 (1919). Como sabemos, los actos y contratos relativos a bienes inmuebles se rigen por las leyes del país donde éstos están sitos. Banco Popular v. Registrador, ante. Véase además, Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Ello es así, independientemente del domicilio de sus dueños. Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989).

El cuarto requisito, que el documento contenga la legalización y requisitos necesarios para su autenticación en Puerto Rico, se refiere a que el documento haya “sido firmado ante una persona autorizada a tomar firmas .... Además un fimeionario del ... lugar de origen del documento, garantizará que la persona que tomó la firma está autorizado para desempeñar esa tarea”. Rivera Rivera, op. cit., págs. 91 — 92. Véase In re Rodríguez Mangual, 172 D.P.R. 313 (2007). Cuando el documento por protocolizarse proviene de Estados Unidos, la firma del notario o “notary public” se acredita por un secretario estatal o municipal, quien se conoce como “county clerk”. Véanse: Torres Peralta, op. cit., págs. 8.68-8.71; C.R. Urrutia de Basora y L.M. Negrón Portillo, Curso de derecho notarial puertorriqueño, 2da ed., 1999, págs. 484-485. Este requisito obedece a la necesidad de evitar que documentos fraudulentos logren acceder al Registro de la Propiedad y en consecuencia afecten derechos de terceros.

Finalmente, el inciso (5) del Art. 46 requiere que el documento se protocolice. Sobre este proceso, el profesor Rivera Rivera nos indica que éste “se rige por la Regla 41 del Reglamento Notarial y significa que el notario puertorriqueño hará constar la entrega del documento por el requirente, lo identificará y expresará que contiene las firmas y lo unirá al acta de protocolización”. (Enfasis nuestro.) Rivera Rivera, op. cit., pág. 85. En igual tenor, véase Torres Peralta, op. cit., pág. 8.68. Lo que supone, como discuti-remos, que el acta de protocolización cumpla con lo orde-nado en la Regla 40 del Reglamento Notarial. Véase discusión infra.

Conforme con la discusión que antecede, podemos colegir que un contrato otorgado en Estados Unidos o en el extranjero, traslativo de dominio de un inmueble sito en Puerto Rico, será inscribible en el Registro de la Propiedad siempre y cuando se cumpla con los requisitos sustantivos y de forma enumerados en el Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979. El Registrador de la Propiedad debe entonces, por imperativo del principio de legalidad, al calificar el documento, verificar el cumplimiento con lo ordenado en este artículo de suerte que sólo accedan al Registro títulos válidos y perfectos. Preciosas V. del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981). Véase, además, Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2267. Una vez verificado que el negocio cumple con lo que exige el Art. 46, el acta de protocolización del documento privado será el título inscribible en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

Pasemos ahora a evaluar ese proceso de protocolización de que se habla en el Art. 46 de la Ley Hipotecaria, de acuerdo con las objeciones de la Registradora de la Propiedad.

B. Anteriormente reseñamos que la Registradora sos-tiene que la protocolización que se menciona en el Art. 46 de la Ley Hipotecaria no es la “mera protocolización ... [de] la Regla 40 del Reglamento Notarial ...”. Ella considera que el notario autorizante debe cumplir con lo que ordena la Regla 26 del Reglamento Notarial “para poder elevar el do-cumento a escritura pública y por ende que éste pueda tener acceso al Registro”. Alegato de la parte recurrente, pág. 12.

Como sabemos, la protocolización de un documento, en términos generales y de ordinario, “implica su transcripción e ingreso al protocolo de instrumentos públicos del notario, incorporado o unido como parte de la escritura o mediante acta que viabiliza este procedimiento”, tal y como ordena la Regla 40 del Reglamento Notarial. In re Rodríguez Mangual, ante.

Las actas de protocolización de documentos están expli-cadas en las Reglas 41 a 43 del Reglamento Notarial. De éstas, sólo la Regla 41 habla de la protocolización de docu-mentos otorgados en el extranjero. Con lo cual, es a ella a donde hay que mirar para saber en qué consiste la protoco-lización que se menciona en el Art. 46 de la Ley Hipotecaria. Véase Urrutia de Basora y Negrón Portillo, op. cit., pág. 484. Allí se indica:

Los documentos notariales otorgados fuera de Puerto Rico de-berán ser protocolizados para que tengan eficacia de instru-mento público en esta jurisdicción. Tales documentos deberán estar legitimados por autoridad competente como condición para ser protocolizados en Puerto Rico. (Enfasis nuestro.)

Como se observa, la regla precitada sólo afirma la nece-sidad de protocolizar el documento notarial otorgado sin imponer requisitos específicos para ello, más allá de la ex-presión respecto a la legalización por autoridad compe-tente que, como vimos, es exigencia también del Art. 46 de la Ley Hipotecaria. Siendo ello así, hay que mirar entonces a la Regla 40 del Reglamento, que es la regla que describe en qué consiste la protocolización de un documento. Con lo cual y como indica el profesor Rivera Rivera, al protocoli-zar este tipo de documentos el notario hará constar la en-trega del documento por el requirente, su identificación y expresará que contiene las firmas, uniendo el documento al acta de protocolización. Rivera Rivera, op. cit., pág. 85.

Recordemos que cuando el texto de la ley es claro, debemos atenernos a éste. En este caso, sólo la Regla 41 del Reglamento Notarial se refiere a la protocolización de los documentos notariales otorgados en el extranjero. Esta regla regula este proceso sin imponer mayores requisitos a los dispuestos ya en la regla general sobre protocolizaciones (Regla 40), que la legalización del documento.

Cabe señalar también, que el Art. 38 de la Ley Notarial, 4 L.RR.A. see. 2056, exige además que en estos casos el notario cancele “los mismos derechos arancelarios como si hubiera sido otorgado originalmente en Puerto Rico”. Ello es así, cuando el documento va a ser presentado en el Registro de la Propiedad. Véase Urrutia de Basora y Negrón Portillo, op. cit., pág. 484.

En resumen, una vez presentado en el Registro de la Propiedad un acta de protocolización de un documento notarial otorgado en el extranjero, el Registrador, al calificar el documento, deberá cerciorarse de que éste ha sido protocolizado acorde con lo previamente indicado, así como que el asunto o materia del contrato o acto que se recoge en el documento notarial no esté prohibido por la ley del país donde se otorgó o por las de Puerto Rico; que los otorgantes tengan la capacidad legal para el acto o contrato según las leyes de su país; que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades del territorio o país donde se han verificado los actos o contratos o las de Puerto Rico, y que el documento contenga la legalización y demás requisitos necesarios para su autenticación en Puerto Rico, y que se hayan cancelado los aranceles correspondientes. Si el documento notarial protocolizado encierra un negocio re-ferente a un inmueble sito en Puerto Rico, el Registrador de la Propiedad debe cerciorarse, al calificarlo, que sustantiva-mente el negocio cumple con las leyes de Puerto Rico.

Un comentario adicional. La Registradora de la Propiedad cuestiona la dación de fe del notario de Nueva York respecto a su acreditación de la capacidad de los otorgantes para acordar el negocio de compraventa que suscribieron. Este argumento se esgrime, aparentemente, para fortalecer la exigencia de que se cumpla con la Regla 26 del Reglamento Notarial. Su observación no es insustancial. Ahora bien, el ordenamiento existente le ofrece un mecanismo para atender este asunto. Como ya discutimos, la Regla 60.1, pár. 2, del Reglamento Hipotecario, que complementa al Art. 46 de la Ley Hipotecaria, faculta al Registrador a solicitar cualquier documento complementario que considere necesario para acreditar la aptitud y capacidad legal de los otorgantes. Es ese el mecanismo al cual hay que acudir para despejar toda duda sobre este particular. Véase esc. 9, ante.

Ciertamente, como hemos señalado, adoptar la solución propuesta por la Registradora sería contrario al texto del Art. 46 la Ley Hipotecaria. Además, impondría una rigidez tal a la inscripción de documentos otorgados en el extranjero, que contravendría los esfuerzos del campo del derecho internacional privado para establecer vías que fomenten el tráfico jurídico entre los países y se adapten al flujo económico y de personas que caracteriza la época actual. La fe pública notarial, de la cual es depositante el notario en nuestro ordenamiento y la cual se requiere para la inscripción de documentos otorgados en Puerto Rico, no encuentra equivalentes en muchas jurisdicciones y siste-mas de derecho. Consecuentemente, exigir que un docu-mento extranjero cumpla con dicho elemento para su ins-cripción equivaldría a rechazar la eficacia, en nuestro ordenamiento, de documentos otorgados en múltiples jurisdicciones. Ello a pesar de que se cumplan con los re-quisitos establecidos por el legislador: la legalización y pro-tocolización del documento. No podemos desligar del resto del mundo nuestro sistema registral.

En virtud de lo anterior, no tiene razón la Registradora de la Propiedad cuando le exigió al notario que cumpliese con lo dispuesto en la Regla 26 del Reglamento Notarial para poder inscribir el documento presentado en el Regis-tro de la Propiedad. Su denegatoria de inscripción por ese fundamento es errónea.

V

Por los fundamentos expresados, procede revocar la de-negatoria de inscripción bajo el fundamento de que el do-cumento no se protocolizó acorde a derecho. Ahora bien, ante la preocupación expresada por la Registradora de la Propiedad respecto a la capacidad de los otorgantes en este caso para acordar lo pactado, lo más razonable es devolver este asunto al Registro de la Propiedad, Sección de Agua- dilla, para que la Registradora, Hon. Gildren Caro Pérez, proceda a calificar nuevamente el documento protocolizado, ahora, cónsono con los principios aquí expresados.

Una vez ésta se cerciore de que el documento cumple con las disposiciones del Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979, ante, procederá la inscripción en el Registro de la Propie-dad del documento presentado.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Regla 26 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, dispone:
      “El Notario podrá elevar a escritura pública un documento privado cuyo conte-nido es materia de contrato.
      “En tal caso, el Notario podrá optar por redactar nuevamente el contrato pri-vado, pero hará constar en la escritura la existencia previa del documento privado.
      “Podrá optar, además, por unir el contrato privado a la escritura que autoriza sin redactarlo nuevamente. En tal caso el notario relacionará el contrato privado, dará fe de haberlo leído, de haber aceptado su redacción, del número de folios de que consta éste, y de que su texto se incorpora como si estuviere transcrito, de todo lo cual los comparecientes en su presencia lo ratifican y firman el original de la escritura.
      “En ambos casos será indispensable que comparezcan al acto todas las partes que intervinieron en el documento privado o, en su defecto, sus herederos, represen-tantes legales o voluntarios a prestar su consentimiento.
      “El notario cumplirá, además, con todas las formas y solemnidades que requiere la autorización de una escritura pública.”

       La Regla 42 del Reglamento Notarial, 4 L.RR.A. Ap. XXIV, lee como sigue:
      “Un documento privado cuyo contenido fuere materia de contrato podrá ser protocolizado mediante acta cuando alguno de los contratantes desee evitar su ex-travío y dar certeza a su fecha. En tal caso el notario hará constar que la protocoli-zación no tiene los efectos de la escritura pública.
      “Tal acta será considerada como documento sin cuantía.”

       La Regla 40 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXTV, dispone:
      “En el acta de protocolización el notario hará constar la entrega del documento por el requirente, e identificará adecuadamente el mismo. En caso de que el docu-mento contenga firmas, y éstas o alguna de ellas no aparezcan en original, así lo hará constar.
      “Cuando la protocolización obedezca a providencia judicial, deberá ser incorpo-rada ésta así como cualquier otro documento que la misma requiera.
      “Cada uno de los folios del acta y del documento protocolizado deberá tener el sello y rúbrica del notario autorizante.
      “Al protocolizar el documento o expediente es indispensable unirlo al acta, siendo potestativo del notario transcribirlo.”

         El Art. 5 de la Ley Hipotecaria de 1893 lela como sigue:

        “También se inscribirán en el Registro los documentos ó títulos expresados en el art. 2°, otorgados en país extranjero que tengan fuerza en España [debería decir Puerto Rico] con arreglo á las leyes ....”

       El Art. 47 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2210) trata sobre la necesidad de traducir los documentos que se presenten en el Registro de la Propie-dad para inscripción en un idioma que no sea español o inglés. Sobre los Arts. 45 y 46 (30 L.P.R.A. secs. 2208 y 2209), véase discusión infra.

       En este tenor, se ha señalado lo siguiente: “La gran circulación de personas, mercancías, capitales y bienes en general, característica de la economía globalizada y de la facilidad de desplazamientos, produce también la cada vez mayor circulación de documentos en general y notariales en particular.” E. Highton y A. Vitale, La fun-ción notarial en la comunidad globalizada, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2005, págs. 47-48. Ello, a su vez, ha conllevado que “todas las legislaciones del mundo admiten hoy la validez del documento notarial que, observando la forma requerida en el lugar de celebración, deba surtir efecto en otro Estado íd., pág. 44.

       Entre los títulos que se enumeran en el Art. 38 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.RR.A. see. 2201), se encuentran, en lo que nos concierne, los actos y contratos “[Constitutivos, traslativos, declarativos o extintivos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales o de trascendencia real impuestos sobre los mismos ...”.

       Las exigencias del Art. 46 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30 L.P.R.A. see. 2209, siguen los parámetros generales que dispone el ordenamiento español sobre este asunto. Véanse: Art. 4 de la Ley Hipotecaria española y el Art. 36 del Regla-mento Hipotecario. Ello es así, salvo el requerimiento de protocolización, el cual no se exige por el ordenamiento registral hipotecario español.

       Véanse: Rojas, Randall & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R. 21 (1919); Antongiorgi v. El Regis. de la Prop., 6 D.P.R. 239 (1904), revocado por otros motivos en Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943). Véase, también, E. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño, Barcelona, Ed. Lex, 1973, págs. 387-390.

       A pesar de que el reglamento notarial establece que dichos requerimientos deberán acreditarse si el Registrador así lo solicita, nos parece altamente recomen-dable que los Registradores hagan uso de esa facultad. Después de todo, son los Registradores los llamados a asegurar que, conforme al principio de legalidad, los documentos que tengan acceso al Registro sean válidos y perfectos. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989). Estando en muchas ocasiones estos docu-mentos otorgados en el extranjero carente de la fe pública que sólo un notario latino puede acreditar, la función calificadora del Registrador cobra aún mayor relevancia, por lo que enfatizamos la conveniencia de exigir la acreditación del cumplimiento de los requisitos del Art. 46(2) de la Ley Hipotecaria de 1979, ante.

       Durante el proceso de vistas públicas del P. del S. 792, que luego de apro-bado se convirtió en la Ley Hipotecaria de 1979, el tratadista Eduardo Vázquez Bote criticó esta exigencia por estimarla innecesaria. Indicó que esta disposición consti-tuía una “concesión a los notarios para que lleven a cabo la expedición de algún documento”. Senado de Puerto Rico, Comisión de lo Jurídico, 6 de marzo de 1979, pág. 140. En su tratado, añade que este requisito constituye un “modo de dificultar el tráfico”. E. Vázquez Bote Tratado teórico y práctico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Butterworth de Puerto Rico, 1992, T. XV, Sec. 15.5, pág. 418.

       El ordenamiento español ha reconocido que, excepcionalmente, “las actas notariales pueden servir de título formal inscribible. ~V.gr.:: el acta notarial acredita-tiva de no haberse terminado las obras objetos de refacción, para evitar la caducidad del artículo 92 LH; el acta notarial del artículo 130.5 LH, al objeto de modificar el domicilio para notificaciones en el procedimiento judicial sumario ...; o en general las actas notariales acreditativas del cumplimiento o incumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias”. A. Oliva Rodríguez, Reflexiones acerca del principio de legalidad, 75 (Núm. 637) Rev. Crít. Der. Inmob. 481, 490 (2000).

       La Regla 40 del Reglamento Notarial ante, especifica qué tiene que expresar el notario en un acta de protocolización de un documento. De acuerdo con esta regla, se tiene que especificar: la entrega del documento al notario por el requirente e identificarlo; si el documento por protocolizar contiene firmas y éstas no son en original, así deberá hacerlo constar; además cada uno de los folios del acta y del documento protocolizado deberá tener el sello y la rúbrica del notario autorizante y siempre se unirá como anejo el documento protocolizado al acta de protocolización.

       La Regla 41 del Reglamento Notarial trata de los requisitos exigibles para la protocolización de documentos otorgados fuera de Puerto Rico. La Regla 42, por su parte, trata sobre los requisitos para la protocolización de un documento privado cuyo contenido fuese materia de contrato. Finalmente, la Regla 43 se refiere a docu-mentos que pueden protocolizarse para asegurar su existencia e identidad. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

       Por documento notarial entendemos aquel documento en el que ha interve-nido un notario autorizado para impartirle a ese documento un grado de formalidad.

       Sobre este tema, véase J.A. Miquel Calatayud, El documento extranjero ante el registro de la propiedad español, Madrid, Centro de Estudios Regístrales, 2001.


text:
    Ex Oficial Erick González Rodríguez, Ex Oficial Kelvin Negrón Martínez y Oficial Wanda Pacheco Muñiz, peticionarios, v. Administración de Corrección, recurrida.

      Número: CC-2007-1091

      Resuelto: 20 de febrero de 2009

      Juan Rosario Mercado, abogado de la parte peticionaria; Sylvia Roger-Stefani, procuradora general auxiliar, e Ileana M. Oliver Falero, subprocuradora general interina, parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite pronunciarnos sobre una controversia que ha generado múltiples interpretacio-nes conflictivas del Tribunal de Apelaciones. En esencia, debemos resolver cuál es el foro apelativo con jurisdicción exclusiva para evaluar y revisar las medidas disciplinarias impuestas a los oficiales de custodia de la Administración de Corrección: la Comisión Apelativa del Sistema de Admi-nistración de Recursos Humanos (CASARH) o la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

Luego de analizar de manera integrada la delimitación estatutaria y reglamentaria entre ambos foros administra-tivos, opinamos que la CIPA es la agencia con jurisdicción apelativa exclusiva para atender las querellas disciplina-rias presentadas contra los oficiales de custodia, mientras que la jurisdicción de la CASARH en cuanto a tales funcio-narios está limitada a aquellos asuntos de transacciones de personal como lo relacionado al principio del mérito en el servicio público. En vista de que el caso de epígrafe trata sobre varias imputaciones disciplinarias contra tres oficia-les de custodia, concluimos que la CIPA es el foro con juris-dicción apelativa exclusiva. Por ende, confirmamos la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

I

El Secretario de la Administración de Corrección, el Ledo. Miguel A. Pereira, tomó varias medidas disciplina-rias contra tres oficiales de custodia (los peticionarios) por haber incurrido en alegadas violaciones al Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, Reglamento Núm. 6326 de 7 de mayo de 2001, y al Regla-mento de Personal de la Administración de Corrección de 28 de septiembre de 1979, según enmendado. A continua-ción, especificamos los cargos y las sanciones impuestas a los peticionarios y exponemos el trámite procesal transcu-rrido en cada caso.

Mediante comunicación escrita de diciembre de 2001, el Secretario indicó al Sr. Kelvin Negrón Martínez su inten-ción de destituirlo del puesto de Oficial de Custodia. En dicha misiva, el licenciado Pereira alegó que el señor Ne-grón Martínez abandonó su puesto al quedarse dormido, permitiendo la fuga de ocho confinados. Según el Secreta-rio, ello constituyó una violación a varias disposiciones del Reglamento de Oficiales de Custodia, supra, relacionadas a los deberes y responsabilidades de tales funcionarios.

Tras celebrar la vista administrativa correspondiente, la Oficial Examinadora de la Administración de Corrección recomendó la destitución del señor Negrón Martínez. El Secretario acogió dicha recomendación y le notificó por es-crito al señor Negrón Martínez que había sido destituido de su puesto. A su vez, en la referida notificación se le apercibió sobre su derecho a solicitar la revisión de la de-cisión tomada por la Administración de Corrección ante la extinta Junta de Apelación del Sistema de Administración de Personal (JASAP, ahora CASARH).

En conformidad con tales directrices, el señor Negrón Martínez apeló oportunamente ante la JASAP. No obstante, dicho foro apelativo desestimó el recurso por entender que carecía de jurisdicción sobre la materia. Concluyó que la CIPA era la agencia con jurisdicción apelativa exclusiva cuando un oficial de custodia de la Administración de Co-rrección impugna una medida disciplinaria tomada en su contra.

Por otro lado, en junio de 2003 el licenciado Pereira envió una comunicación a la Sra. Wanda Pacheco Muñiz, Oficial de Custodia, en la que le indicó su intención de suspenderla de su empleo y sueldo por incurrir en alegadas amenazas e insubordinación contra otros funcionarios. Además, se alegó que la señora Pacheco Muñiz hizo caso omiso a varias órde-nes impartidas por un supervisor. En atención a lo anterior, se le imputaron varias violaciones disciplinarias al Regla-mento de Oficiales de Custodia, al Reglamento de Personal de la Administración de Corrección y al Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección.

Luego de varios incidentes procesales, la Administra-ción de Corrección envió una comunicación escrita a la se-ñora Pacheco Muñiz notificándole su suspensión de empleo y sueldo por sesenta días. En la referida misiva, se le aper-cibió que podía apelar dicha decisión ante la CASARH. Tras apelar a dicho organismo, éste se declaró nuevamente sin jurisdicción por entender que el foro apelativo con ju-risdicción exclusiva en tales casos era la CIPA.

Por último, en mayo de 2004 el licenciado Pereira le informó al Sr. Erick González Rodríguez su intención de destituirlo del puesto de Oficial de Custodia. La razón ale-gada para ello fue que éste se negó a cumplir una orden del Sgto. Gerardo L. García, en violación a varias disposiciones del Reglamento de Oficiales de Custodia, supra, sobre el deber de acatar las órdenes e instrucciones de sus supervisores. Además, por la misma conducta también se le imputó incurrir en violación al Reglamento de Personal de la Administración de Corrección y al Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección.

Tras celebrar la vista administrativa correspondiente ante un Oficial Examinador de la Administración de Co-rrección, el Secretario remitió una carta al señor González Rodríguez en donde le comunicó que había sido separado del puesto que ocupaba. Al igual que ocurrió en los dos casos anteriores, luego de que el señor González Rodríguez apeló ante la CASARH, dicho foro determinó que no osten-taba jurisdicción para atender su reclamo, pues entendió que la CIPA era el foro apelativo con jurisdicción exclusiva.

Inconformes con la determinación de la agencia admi-nistrativa de declararse sin jurisdicción, los tres peticiona-rios acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la determinación de la CASARH por entender que la ley habilitadora de la CIPA le concede jurisdicción apelativa exclusiva para adjudicar las apelaciones relacio-nadas con las violaciones al Reglamento de la Policía Es-tatal y de otras agencias con reglamentación similar, como lo es el Reglamento de Oficiales de Custodia de la Admi-nistración de Corrección. Concluyó, además, que la CA-SARH mantendría jurisdicción apelativa primaria para resolver los reclamos de los empleados de la Administración de Corrección relacionados con transacciones de personal, al amparo de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1461 et seq. Por último, resolvió que los peticiones disponen de treinta días, a partir de la notificación del dictamen, para presen-tar sus respectivas apelaciones ante la CIPA, de así esti-marlo prudente.

Aún insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos y solicitan que revoquemos el dictamen recurrido. Arguyen que otros paneles del Tribunal de Apelaciones resolvieron en varios casos similares que la CASARH es el foro apela-tivo con jurisdicción exclusiva y que, en consecuencia, dicha interpretación debe prevalecer de acuerdo con los he-chos y el derecho aplicable en el presente caso.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Con el bene-ficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

La jurisdicción de las agencias administrativas se deriva y delimita por su ley habilitadora. Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la Asamblea Legislativa le auto-riza y delega los poderes necesarios para que ésta actúe conforme al propósito perseguido con su creación. D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 198 (2009); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363 (2008). Por lo tanto, para determinar si una entidad pública está autorizada para considerar un asunto, es necesario acudir a su ley habilitadora. Al delimitar el ámbito jurisdiccional que dimana de su estatuto, se identifica el marco de autoridad delegado por la Asamblea Legislativa. Cualquier acción ad-ministrativa que exceda de tales parámetros adolecerá de nulidad y será esencialmente ilegal. D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra; Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 654 (2005); Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002).

En ese contexto, mediante la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 (1 L.P.R.A. sec. 171 et seq.), la Asamblea Legislativa creó la CIPA con el fin de establecer un organismo alterno e independiente para intervenir con los casos en que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente del orden público, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos. Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 765 (1998). En aras de cumplir con estos objetivos, la referida ley orgánica le delegó a la CIPA varias funciones investigativas y adjudicativas —tanto en primera instancia como en apelación— encaminadas a imponer y revisar las medidas disciplinarias incoadas contra un funcionario público bajo su ámbito jurisdiccional. Ley Núm. 32, supra. Véanse, además: Arroyo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 265, 275 (1997); Ortiz Ruiz v. Superintendente Policía, 132 D.P.R. 432, 439 (1993).

Posteriormente, al aprobar la Ley de Personal de Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, la Asamblea Legislativa estableció la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq. (derogada). Dicho foro, que luego fue sustituido por la CASARH, gozaba de jurisdicción primaria para entender en las apelaciones de las decisio-nes de gerencia de personal emitidas por los administrado-res individuales y de las autoridades nominadoras. 3 L.P.R.A. sec. 1394(1) (derogada).

La aprobación de la Ley Núm. 5 produjo una gran confusión respecto a la jurisdicción apelativa de la CIPA, ya que el referido estatuto concedió a la antes JASAP —hoy CASARH— la autoridad para entender y adjudicar, entre otros asuntos, las decisiones de gerencia de personal de los administradores individuales, incluyendo a los funcionarios de la Rama Ejecutiva autorizados a realizar arrestos. Véase Arroyo v. Policía de P.R., supra, pág. 276. Así las cosas, y para evitar el conflicto jurisdiccional generado entre las funciones adjudicativas delegadas tanto a la CIPA como a la JASAP, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 23 de 16 de julio de 1992, mediante la cual enmendó la ley habilitadora de la CIPA. En lo pertinente al caso de autos, dicha enmienda dispone que la CIPA

[a]ctuará como cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funciona-rios públicos cubiertos por este capítulo, cuando el jefe o director, del organismo o dependencia de que se trata le haya im-puesto cualquier medida disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas por este capítulo, o con faltas leves en que se haya interpuesto una reprimenda o suspensión de em-pleo y sueldo o faltas graves en el caso de miembros de la po-licía estatal o municipal o de otras agencias que tengan regla-mentación similar (Enfasis suplido.) 1 L.P.R.A. see. 172(2).

Es decir, el referido estatuto confirió jurisdicción apela-tiva exclusiva a la CIPA en los casos en que se haya im-puesto una sanción disciplinaria a un miembro de la Poli-cía —o a un funcionario de cualquier agencia con regla-mentación similar— como consecuencia de la comisión de faltas leves o graves establecidas en tales reglamentos.

Asimismo, el Art. 3 de la referida enmienda a la ley orgánica reafirmó que la CIPA ostenta jurisdicción ex-clusiva para actuar como foro apelativo en todo caso en el cual la autoridad nominadora haya impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos, en relación con actuaciones donde se le imputa mal uso o abuso de autoridad según se define en el Art. 2 de la ley. 1 L.P.R.A. sec. 173. Del mismo modo, la referida disposición aclaró que la CIPA goza de jurisdicción apelativa exclusiva en aquellos casos donde el Superintendente de la Policía haya impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un miembro de la Policía con relación a la comisión de faltas leves o graves, según se enumeran en la ley y el reglamento de dicha entidad pública.

En relación con todos los demás casos, como aquellos relacionados con cesantías, traslados, probatorias y con áreas esenciales del principio de mérito, el estatuto dispone que se ventilarían ante la CASARH. Art. 3 de la Ley Núm. 23, supra. De hecho, al amparo de tales fundamentos, este Tribunal resolvió en Arroyo v. Policía de P.R., supra, que la CIPA es el organismo designado por el legislador para atender, con jurisdicción apelativa exclusiva, cualquier medida disciplinaria impuesta por el Superintendente de la Policía a un miembro de ese Cuerpo en relación con la comisión de faltas leves o graves al Reglamento de la Policía de Puerto Rico.

A pesar de lo anterior, la referida disposición no menciona específicamente que la CIPA ostenta jurisdicción apelativa exclusiva cuando se le imputa la comisión de una falta leve o grave a un funcionario de la Administración de Corrección, según se establecen por la ley habilitadora de dicha agencia y sus reglamentos correspondientes. Sin embargo, como indicamos anteriormente, al aclarar el ámbito de la jurisdicción exclusiva de la CIPA, la referida en-mienda hace alusión a las apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos en casos de faltas leves o graves de la policía o de otras agencias que tengan reglamentación similar. 1 L.P.R.A. sec. 172(2).

Por lo tanto, el caso de autos requiere que determine-mos si la Administración de Corrección es una agencia con reglamentación similar a la establecida por la Policía de Puerto Rico. De contestar dicha interrogante en la afirma-tiva, nos corresponde resolver si las faltas imputadas son de carácter disciplinario bajo la autoridad revisora de la CIPA, o si se trata de meras transacciones de personal re-guladas por la Ley de Recursos Humanos en el Servicio Público.

En atención al marco normativo antes reseñado, proce-demos a resolver ambas interrogantes.

III

En el presente caso, los peticionarios alegan que nin-guna de las medidas disciplinarias impugnadas responde a imputaciones de mal uso o abuso de autoridad, según éstas se definen taxativamente en la orgánica de la CIPA. Ade-más, aducen que las sanciones impuestas en su contra tra-tan sobre, las normas de comportamiento y asistencia, las cuales constituyen transacciones de personal bajo la juris-dicción de la CASARH. No estamos de acuerdo. Veamos.

En primer lugar, de un análisis comparativo del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado, del Reglamento de Oficiales de Custodia, supra, y del Reglamento de Personal, supra, de dicha agencia, se deduce que la Administración de Corrección es una agencia con. reglamentación similar a la establecida por la Policía de Puerto Rico. A modo ilustrativo, el Art. 14, Secs. 14.3 a 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, supra, págs. 94-110, desglosa las acciones disciplina-rias que se tomarán contra todo miembro de la Policía y enumera las faltas que se consideran leves y graves. En particular, la Sec. 14.5 del referido reglamento clasifica las siguientes conductas como faltas graves: (1) negligencia en el desempeño de sus deberes; (2) amenazar con, o hacer uso de un arma de fuego contra cualquier persona; (14) desaca-tar órdenes de un superior; (33)(a) abandonar el servicio al quedarse dormido. íd., págs. 90, 100 y 104.

Nótese que dichas faltas son esencialmente análogas a las que se le imputaron a los peticionarios en el caso ante nuestra consideración. De hecho, todas las infracciones en controversia que reseñamos anteriormente se fundamentaron al amparo de varias disposiciones del Reglamento de Oficiales de Custodia y el Reglamento de Personal de la Administración de Corrección que prohíben la misma conducta. Aunque los referidos reglamentos no estructuran las faltas leves y graves de manera idéntica al Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, las conductas proscritas en éstos son muy similares y persiguen los mismos fines disciplinarios: regular y revisar la conducta de funcionarios autorizados a realizar arrestos y encargados de velar por el orden público. Ciertamente, los Oficiales de Custodia en las instituciones correccionales del Estado ostentan unas funciones intrínsecamente parecidas a las de la Policía de Puerto Rico, pues los funcionarios de ambas agencias tienen el deber primordial de velar por la seguridad pública del país.

Por ende, concluimos que la reglamentación de la Administración de Corrección es similar al Reglamento de la Policía de Puerto Rico para propósitos de la jurisdicción apelativa exclusiva de la CIPA, según se establece en la ley orgánica de dicho foro administrativo. 1 L.P.R.A. sec. 172(2). Más aún, dicha similitud entre los fines reglamen-tarios de ambas agencias trasciende la comparación anterior, pues este Tribunal ha reconocido que los oficiales de custodia constituyen un cuerpo policial adicional con el propósito de proveer seguridad en un sector que requiere vigilancia particularizada. Pueblo v. Andino Tosas, 141 D.P.R. 652, 657 (1996). Es por ello que el fin legislativo de establecer la CIPA como un organismo alterno e indepen-diente para intervenir de forma especializada con los casos en que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente del orden público o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos, aplica con igual rigor a la Administración de Corrección como a la Policía de Puerto Rico.

Ahora bien, cabe destacar que la jurisdicción apelativa en aquellos casos relacionados con el principio de mérito recae en la CASARH y no en la CIPA. Dicha conclusión es inevitable, pues el Art. 2 de la ley habilitadora de la CIPA dispone que “[t]odos los demás casos, incluyendo las separaciones en período probatorio, cesantías, traslados y aquellos relacionados con áreas esenciales al principio de mérito se ventilarán ante la Junta del Sistema de Administración de Personal, quien tendrá la jurisdicción primaria”. 1 L.P.R.A. sec. 173. De hecho, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público —la cual, como expresamos, creó a la CASARH como organismo adjudicativo sustituto de JASAP— le confirió jurisdicción apelativa a esta entidad pública sobre las decisiones de los Administradores Individuales

[c]uando un empleado dentro del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, no cubiertos por la Ley de Relacio-nes del Trabajo para Servicio Público, secs. 1451 et seq. de este título, alegue que una acción o decisión que le afecta viola cualquier derecho que se le conceda en virtud de las disposi-ciones de este capítulo, de la Ley de Municipios Autónomos, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los Administradores Individuales para dar cumplimiento a este capítulo. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1468i(l).

Dicha disposición es aplicable a la Administración de Corrección, pues como indicamos anteriormente, la men-cionada entidad pública es un Administrador Individual en conformidad con la referida ley.

En el caso de autos, los peticionarios ocupaban puestos de Oficiales de Custodia en la Administración de Corrección. Éstos fueron destituidos o suspendidos de em-pleo y sueldo por la Administración luego de alegadamente incumplir órdenes de un supervisor, abandonar su puesto al quedarse dormido, e incurrir en amenazas e insubordinación. Estas alegadas violaciones imputadas a los peticionarios no tratan sobre transacciones de personal o el principio del mérito, sino sobre conducta que incide directamente en el orden y en la seguridad de las institu-ciones penales. Dicha conducta está claramente regulada por los reglamentos de la Administración de Corrección, los cuales fueron invocados en el presente caso. Además, no hay duda de que el Reglamento de Oficiales de Custodia y el Reglamento de Personal de la Administración de Correc-ción son similares al Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico.

En conformidad con el ordenamiento estatutario y reglamentario antes examinado, resulta forzoso concluir que la CIPA es el foro apelativo con jurisdicción exclusiva para atender los recursos incoados por los peticionarios, incluso si éstos pudieran incidir subsidiariamente sobre el principio del mérito u otros asuntos de personal. Dicha conclusión meramente reproduce la clara intención de la Asamblea Legislativa al crear la CIPA como organismo es-pecializado para revisar las alegadas faltas disciplinarias de todos aquellos funcionarios llamados a preservar el or-den y la seguridad en las instituciones penales y en las comunidades del país.

IV

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que el organismo administrativo con jurisdicción exclusiva para resolver las apelaciones presentadas por los peticionarios es la CIPA y no la CASARH, por lo que el Tribunal de Apelaciones no erró al confirmar las resoluciones de CASAJRH declarán-dose sin jurisdicción. En vista de ello, confirmamos el dic-tamen recurrido.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En particular, al señor Negrón Martínez se le imputó infringir el Art. VKB)(1) y (7) del Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, Reglamento Núm. 6326 de 7 de mayo de 2001, págs. 6-7, el cual exige que los Oficiales de Custodia guarden la custodia general de todos los confinados bajo la jurisdicción de la Administración de Corrección y que cumplan con aquellas funciones u órdenes par-ticulares del “puesto” al que sea asignado durante su turno de trabajo. A su vez, se le imputó violar el Art. VI(D)(l)(b)(l) y (22), supra, págs. 9 y 12, que enumera como una tarea específica permanecer dentro de la unidad de vivienda que le sea asignada para prestar servicios y asegurarse que el confinado se mantenga en el lugar de vivienda asignado. Además, se alegó que el señor Negrón Martínez infringió varias normas de conducta enumeradas en el Ait. XII (AX1-3, 5), supra, págs. 60-61, relacionadas con la obligación de los oficiales de cumplir específicamente sus deberes y prestar un servicio eficiente a la Administración y de acatar aquellas órdenes e instrucciones de sus su-pervisores compatibles con la autoridad delegada en éstos y con las funciones y obje-tivos de la agencia. Por último, se le imputó violar el Art. XII(C)(3), supra, pág. 64, que dispone que los Oficiales de Custodia no abandonarán sus puestos de custodia (plan-tones) por ningún motivo, hasta que sean debidamente relevados u obtengan el per-miso de su supervisor. Véase Apéndice, pág. 132.

       En particular, a la señora Pacheco Muñiz se le imputó violar el Art. XII (B)(1)(a) y (b) del Reglamento de Oficiales de Custodia, Reglamento Núm. 6326 de 7 de mayo de 2001, págs. 63-64. Estas disposiciones exigen que los Oficiales de Cus-todia observen un comportamiento correcto, cortés y respetuoso en las relaciones con sus superiores, compañeros de trabajo y confinados, así como con el público en general. Además, se le imputó violar el Art. XII(A)(5) de dicho reglamento, supra, pág. 61, el cual dispone que los Oficiales de Custodia deberán acatar aquellas órde-nes e instrucciones de sus supervisores compatibles con la autoridad delegada en éstos y con las funciones y objetivos de la agencia. Véase Apéndice, pág. 137.

       Específicamente, al señor González Rodríguez se le imputó infringir el Art. XII(A)(1), (2), (5) y (8) del Reglamento de Oficiales de Custodia, Reglamento Núm. 6326 de 7 de mayo de 2001, págs. 60-61. En esencia, estas disposiciones establecen que los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia deberán cumplir específica-mente sus deberes y prestar un servicio eficiente a la Administración; y que serán responsables de sus acciones u omisiones ante sus supervisores inmediatos, compañe-ros, confinados y ante cualquier otra persona con la que se relacione. Además, dispo-nen que los oficiales de custodia deberán acatar aquellas órdenes e instrucciones de sus supervisores compatibles con la autoridad delegada en éstos y con las funciones y objetivos de la agencia, y que bajo ningún concepto organizarán, provocarán o incita-rán a ningún tipo de actividad que propicie la inestabilidad laboral o que conduzca a paros o movimientos huelgarios en horas de trabajo. Véase Apéndice, pág. 127.

       Evidentemente, dicha clasificación incluye a los oficiales de custodia, pues tales funcionarios están capacitados para portar armas y realizar arrestos. 4 L.P.R.A. sec. 1126.

       La Ley de Personal de Servicio Público de 1975 fue derogada mediante la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004 (3 L.P.R.A. 1461 et seq.). Como consecuencia, el referido estatuto creó la CASARH como organismo adjudicativo sustituto de la JASAP y le concedió jurisdicción apelativa en todas las reclamaciones de los empleados públicos no organizados sindicalmente que estuviesen relacionadas con el principio de mérito.

       Nótese que la Administración de Corrección era un administrador individual para efectos de la referida ley. 3 L.P.R.A. Ap. IX, Arts. V y VII.

       Además, aun si interpretáramos ampliamente la disposición antes transcrita de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público para incluir dentro de su ámbito regulatorio la conducta imputada, habría que resolver que la jurisdicción de la CIPA sobre infracciones disciplinarias prevalece en el presente caso al amparo del principio de especialidad. Ello es así, pues cuando varias disposiciones reglamentarias y facultades administrativas delegadas por ley a varias agencias administrativas aparentan incidir sobre el mismo asunto, prevalece el es-quema regulatorio especial sobre el esquema de carácter general. D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 198 (2009). Ante el hecho de que la CIPA es el foro apelativo con jurisdicción exclusiva sobre casos disciplinarios iniciados en cualquier agencia con reglamentación similar a la Policía, es indiscutible que los casos ante nuestra consideración debieron ser apelados ante la CIPA.


text:
      In re Rebecca Santiago Méndez.

      Número: TS-7052

      Resuelto: 23 de febrero de 2009

      Rebecca Santiago Méndez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinados el Informe del Procurador General y la mo-ción titulada Cumplimiento de Orden sobre Informe Pro-curador, presentada por la Leda. Rebecca Santiago Mén-dez, se autoriza su reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo