author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Ramos, acusado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Pimentel, acusado y apelante.
    Nos. 4500 y 4504.

    Sometidos: Junio 11, 1931.

      Resueltos: Junio 25, 1931.

      B. A. Arroyo Ríos, abogado de los acusados; B. A. Gómez, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En estos dos casos está envuelta la misma cuestión a resolver, y, en tal virtud, serán estudiados en una misma opinión. En ambos el fiscal del distrito formuló acusación imputando a los acusados la comisión del delito previsto y castigado en el segundo párrafo del artículo 260 del Código/ Penal, en los siguientes términos:

“El referido . . . ilegal, voluntaria y maliciosamente cometió actos de impudicia y lascivia con el cuerpo y partes pudendas de la niña menor de catorce años de edad . . con la intención de in-citar y satisfacer su impudicia, pasiones y deseos sexuales.”

Los acusados exeepcionaron las acusaciones-¡por no aducir heelios suficientes para imputarles la comisión de un delito público. Las excepciones se desestimaron y celebrado el juicio fueron los acusados declarados culpables y conde- . nados. No conformes, apelaron, suscitando en esta Corte Suprema la misma cuestión que en la corte de distrito. Estudiado el caso, el fiscal de esta Corte Suprema, en un razonado alegato, solicitó la revocación de las sentencias recurridas.

El artículo 260 del Código Penal, en lo pertinente, dice:

“Art. 260.— * * * * * *
“Toda persona que maliciosamente cometiere cualquier acto im-púdico o lascivo, fuera de los que constituyeren otros delitos pre-vistos en el Código Penal, con un niño menor de catorce años de edad, o con el cuerpo de dicho niño o cualquiera parte o miembro del mismo, con la intención de despertar, incitar o satisfacer la im-pudicia, pasiones 'o deseos sexuales de dicha persona o de dicho niño, será culpable de delito grave (felony) y recluido en la penitencia-ría por un período que no excederá de cinco años.”

El artículo 288 del Código Penal de California es igual al segundo párrafo del 260 del nuestro que es el que aquí tiene aplicación, y resolviendo la misma cuestión aquí levan-tada en el caso de El Pueblo v. Grinnell, 98 Pac. Rep. 681, la Corte Suprema del estado, se expresó así:

“El acusado fue convicto por una acusación que le imputaba el delito definido en el artículo 288 del Código Penal. El apela de la sentencia y de una orden negándole su moción de nuevo juicio.
“En el juicio el acusado- objetó a la introducción de evidencia por el fundamento de que los hechos alegados en la acusación n'o constituían delito público, objeción que fué declarada sin lugar. La sección 288 lee así: ‘Toda persona que voluntaria y lujuriosa-mente cometiere cualquier acto Injurioso o lascivo fuera de los que constituyeren otros delitos previstos en la segunda parte de este código sobre o con el cuerpo o cualquier parte o miembro del mism'o, de un niño menor de catorce años con la intención de despertar, in-citar o satisfacer la impudicia, pasiones O deseos sexuales de dicha persona o dicho niño, será culpable de delito grave, (felony), y re-cluido en la penitenciaría por un período no menor de un año.’ La alegación de la acusación es que el acusado ‘voluntaria y lujo-riosamente cometió un acto lujurioso y lascivo sobre y con el cuerpo de un niño menor de catorce años . . . con la intención etc. . .’
“La sección 15 del Código Penal define un delito público como ‘un acto cometido u omitido en violación de la ley que lo prohíbe u ordena que se lleve a cabo . . .’ La acusación se propone impu-tar al acusado el delito- específico previsto en el artículo 288, pero no intenta siquiera expresar los actos específicos que el acusado ha debido cometer a fin de justificar su convicción. Ni tampoco describe el delito sustancialmente en el lenguaje del estatuto puesto que deja de expresar que el acto cometido no era uno de los que cons-tituyen algún otro, delito previsto en la segunda parte del Código Penal. Son solamente los actos lascivos y lujuriosos distintos a los que están ya castigados p'or otros artículos del código los que cons-tituyen delito de acuerdo con dicha sección. Los actos a que se re-fiere la excepción expresada por las palabras ‘fuera de los que cons-tituyeren otros delitos previstos en la segunda parte de este Código’, son una descripción del delito y sirven para definir el mismo. Por tanto, la acusación para alegar el delito debe, a menos que dicho delito no aparezca de actos específicos que se aleguen, negar cual-quier conclusión de que los actos que se imputan al acusado son los Comprendidos en la excepción. La cuestión es si la excepción está tan incorporada a y se ha convertido de tal modo en parte de la ley que llega a constituir parte de la definición o descripción del delito; porque es indiferente que la excepción esté contenida en la propia acusación que define el delito o introducida en ella en cual-quier otra forma. Es la naturaleza de la excepción y no el sitio en que esté colocada, lo que determina la cuestión. Tampoco de-pende la cuestión de ninguna distinción o diferencia entre las pa-labras ‘disponiéndose’ o ‘exceptuándose’, según puedan aparecer en el estatuto. En cualquier caso la única cuestión a investigar es si la materia contenida en el disponiéndose o en la excepción está de Ital modo incorporada al estatuto que llega a ser una parte del mismo. •
“El acusado tiene dereeh'o al beneficio de cualquier inferencia que razonablemente pueda deducirse de los hechos que se le impu-tan consistente con su inocencia. La acusación ni por haber des-crito específicamente los actos que se imputan al acusado ni por ha-ber descrito el delito sustancialmente en el lenguaje del estatuto imputa realmente al acusado la comisión de ningún acto lascivo o lujurioso de los que se describen en el estatuto a los fines de cons-tituir el delito, y por tales razones dicha acusación es insuficiente para alegar un delito- público.
“La sentencia debe ser revocada.”

No es necesario seguir adelante con más citas. La cuestión es clara. Como sostiene el fiscal en su alegato, el delito que prevé y castiga el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal debe imputarse así:

“Io. Redactando la acusación en el propio lenguaje del estatuto incluyendo las frases ‘fuera de los que constituyeren otros delitos previstos en el Código Penal’; 2o. Expresando que los hechos que se atribuyen al acusado no están penados por otros artículos del Có-digo Penal; y 3o. Alegándose específicamente los actos impúdicos o lascivos imputados al acusado, de tal manera que por la propia ale-gación de eUos aparezca claramente que dichos actos no están com-prendidos y castigados por otros artículos del Código Penal.”

Ninguna de las formas fue seguida en estos casos y en tal virtud bay que concluir que las acusaciones son fatal-mente defectuosas.

Deben revocarse las sentencias apeladas y declararse con lugar las excepciones previas formuladas por los acusados.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Arturo Guerra, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5364.

    Sometido: Marzo 13, 1931.

      Resuelto: Junio 27, 1931.

      L. Méndez Taz, abogado del apelante; Hon. Attorney General James R. Beverley y M. Rodríguez Berra, Segundo Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito sobre devolución de contribuciones pagada's bajo protesta, fué iniciado por don Arturo Guerra, ingeniero, agricultor y vecino de Vega Baja, basándose en que siendo dueño de tres quintas partes y arrendatario de las otras dos, de las fincas “Blandito” y "Carmelita”, situadas en Vega Baja, las dedicó al cultivo de cañas celebrando un contrato de com-praventa, molienda y anticipo de dinero para su cultivo y recolección con los Sres. Hubert Hermanos, por tres años, que comenzó el 15 de julio de 1921. Liquidada la cosecha de 1921, dió el siguiente resultado: Gastos: $71,789.75; Valor de las cañas entregadas: $51,783.11; Saldo en contra de Guerra: $20,006.64. Así lo hizo constar también en la planilla del año 1922 y no se le impuso tampoco contribución alguna. En el 1923, el resultado de la liquidación fué dife-rente, a saber: Gastos: $65,478; Importe de las cañas en-tregadas: $83,897.50; Saldo a favor de Guerra: $18,449 (sic). El saldo a favor de Guerra lo retuvieron íntegro los Sres. Hubert Hermanos para abonarlo a los descubiertos de las zafras de 1921 y 1922. Así lo hizo constar Guerra en la planilla correspondiente consignando como baja deducible el dicho saldo aplicado al pago de la deuda. El Tesorero no admitió la deducción e impuso a Guerra como contribución sobre ingresos $856.02. Guerra acudió en alzada a la Junta de Revisión e Igualamiento y la junta sostuvo al Tesorero. Entonces pagó la contribución bajo protesta e inició este pleito que fue resuelto en contra suya por sentencia sobre las alegaciones de la Corte de Distrito de San Juan. Guerra apeló para ante esta Corte Suprema,

Como punto legal sostiene el apelante que al cobrársele la contribución se ha infringido la sección 12, caso primero, de la Ley No. 43 para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de determinadas contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos y para otrqs fines, apro-bada en 1921, Leyes de 1921, p. 323, que dice:

“(1) Todos los gastos ordinarios y necesarios, incurridos o pa-gados durante el año contributivo en la explotación de cualquier .ne-gocio o industria radicada en Puerto Rico, incluyendo una cantidad razonable para sueldos y compensaciones a empleados p'or servicios personales realmente prestados, e incluyendo rentas u otros pagos que baya habido necesidad de efectuar para los fines de la indus-tria o negocio.”

Agrega que su argumentación se refuerza por lo dispuesto en la sección 14 de la propia ley que especifica las deduc-ciones no admisibles, entre las cuales no está incluida la que el apelante reclama.

También invoca en su favor el apartado (fe) de la sección 9. de la Ley No. 74 de 1925, Leyes de 1925, p. 425, que dice:

“(b) Si, por cualquier año contributivo, se demostrare por me-dio de prueba satisfactoria al Tesorero que cualquier contribuyente ha sufrido una pérdida neta, el montante de dicha pérdida será ad-misible domo deducción al computar el ingreso neto del contribu-yente para el año contributivo subsiguiente (el cual se denominará en adelante en esta sección ‘segundo año’), y si dicha pérdida neta es en exceso de dicho ingreso neto (computado sin incluir esa de-ducción), el montante de dicho exceso será admitido como deduc-eión al computarse el ingreso neto para el subsiguiente año contri-butivo (el cual se denominará en adelante en esta sección ‘tercer año’); la deducción en todos los casos será becba de acuerdo con las reglas prescritas por el Tesorero.”

El criterio del juez sentenciador quedó expresado en su resolución, así:

‘‘Alega el demandante que la deducción o baja que solicita está incluida en la última frase del precepto legal copiado: ‘otros pagos que haya habido necesidad de efectuar para los fines de la indus-tria o negocio.’ El razonamiento del demandante es que habiéndose aplicado la suma reclamada al pago de una deuda originada para la vida del negocio, tal deducción debió hacerse, ya que no está in-cluida entre las deducciones no admisibles que señala el artículo 14 de la misma ley. También nos cita el demandante el apartado (b) de la sección novena de la ley aprobada en 6 de agosto de 1925 para demostrarnos la razón que le asiste al hacer la reclamación; pero no vemos cómo se puede interpretar y aplicar un estatuto por el sentido de otro posterior, cuando no sabemos las causas y motivos que indujeron al legislador a adoptar el nuevo estatuto.
‘‘El hecho cierto es que la cantidad que se reclama fué antici-pada al demandante a virtud del contrato hecho eOn el refaecio-nista, y que tal suma la empleó para la vida del negocio. Después al liquidar el contrato, el beneficio del año se aplica al pago de la deuda. ¿Deja de percibir por ello un beneficio el demandante? La cantidad del préstamo fué deducida al emplearse en el negocio; pero al liquidarse el beneficio, el hecho de que el refaccionista se la apropie para abono de la deuda, fio le quita el carácter de bene-ficio, no in curso, como dedueible, en la última frase de la sección 12, precitada. De aceptar la teoría del demandante, tendríamos que el Tesorero estaría deduciendo dos veces la misma cantidad: primero, como gastos en la siembra, y después1, como saldo de la deuda in-currida al hacer los gastos anteriores.
“El hecho de que el demandante fio reciba el dinero, en efec-tivo, toda vez que el acreedor la retuvo, abonándola en cuenta, no le quita a la suma reclamada el carácter de ingreso recibido y tributable. Las partidas de ingresos, como las de gastos, no necesitan ser en forma de especie o metálico. Es suficiente que tales parti-das, si han sido incluidas debidamente al computar el ingreso, pue-dan ser fácilmente valoradas como efectivo. Ingreso acreditado en cuenta a un contribuyente, o puesto en cuenta para él, y contra el que puede girar en cualquier momento, está sujeto a tributación por el año que se abonó o puso en cuenta, aun cuando en aquel mo-mento no estuviese en su poder. Holmes Federal Taxes, 420-423, Ed. 1923.
“De suerte que para que el ingreso sea tributable no es nece-sario que esté en la p'osesión física del contribuyente; basta con que le baya sido abonado en cuenta corriente, o abonado al pago de una deuda, o en cualquier momento pueda disponer de él.
“No nos es p'osible aceptar la teoría del demandante. Si una doble contribución por el mismo concepto no sería tolerable, tam-poco lo puede ser una doble deducción o rebaja.”

Si pudiera aplicarse a su caso la letra (b) de la sección 9 de la Ley No. 74 de 1925, tendría razón el apelante, pero, como bien dice el juez sentenciador, esa ley no rige para la computación de la contribución tasada, impuesta y cobrada a G-uerra. Aun para casos más fuertes que éste, el criterio del legislador quedó fijado en ese sentido en la sección 63 de la propia Ley No. 74 de 1925.

Limitando la interpretación a las secciones 12 y 14 de la Ley No. 43,de 1921, que es la aplicable, no es posible dar la razón al apelante, por más meritorio que su caso sea.

No creemos que el pago de lo adeudado a virtud de liqui-daciones de años anteriores, pueda considerarse como “un pago que haya habido necesidad de efectuar para fines de la industria o negocio.” 'Cada año se liquida separadamente. La última parte de la sección está relacionada con la primera. Se habla de pagos por sueldos y compensaciones a empleados por servicios personales realmente prestados durante el año, incluyendo rentas y otros pagos. El concepto de deudas correspondientes a liquidaciones de años anteriores no puede comprenderse dentro de esos otros pagos. Para compren-derlo hubo necesidad de una disposición expresa como la de la Ley de 1925.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso López Solano y Hermenegildo Sierra, acusados y apelantes.
    No. 3912.

    Sometido: Noviembre 12, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1931.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante Hermenegildo Sierra; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados fueron convictos de asesinato en primer grado. De los hechos admitidos en evidencia, el jurado tenía derecho a creer que Alfonso López Solano y Hermenegildo Sierra (alias “Merejo”), persiguiendo un designio común de obtener algún dinero perteneciente a José Pontánez Torres, fueron a la casa solitaria de éste en Guaynabo, donde vivía con su única hija, y no sólo mataron a José Pontánez, sino que para ocultar su crimen, dieron muerte a Eegina Pon-tánez, la niña. Esta acusación es por el asesinato de José Pontánez, y la apelación ha sido entablada por Sierra sola-mente.

El primer señalamiento de error alega que la corte erró al permitir que el fiscal de distrito conectara este casó con el de la muerte de Eegina Pontánez. Si los hechos admitidos hubieran de creerse, todas las circunstancias estaban tan entrelazadas que los dos crímenes eran inseparables (El Pueblo v. Philip, 34 D.P.R. 644), o podían considerarse como parte de la res gestae (El Pueblo v. Souffront, 30 D.P.R. 105; Underhill on Criminal Evidence página 157, párrafo 88). Si no por algún otro motivo, la tentativa de ocultación, como huir, esconderse o guardar silencio cuando se está en el deber de hablar, podría ponerse de manifiesto al jurado.

El noveno señalamiento se refiere a un error del taquígrafo. El tomó en taquigrafía que el testigo decía que la pistola usada era de nácar. La corte, sin embargo, estaba convencida de que el testigo había dicho “negra,” y estuvo justificada al ordenar el cambio a “negra.” Sucede que el signo taquigráfico para cada palabra es el mismo. Además, el jurado sabría lo que se dijo, y no se trató de demostrar que la corte estaba equivocada, ni de solicitar una instrucción respecto a lo que en realidad se dijo.

En la discusión del segundo error el apelante nos remite a la página del récord, pero no menciona específicamente en su alegato lo que de ella era objetable. Se trataba de una prueba circunstancial leve, o su admisión era inofensiva.

El fiscal de esta corte agrupa los señalamientos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo, undécimo, duodécimo, décimotereero y décimocuarto.

La teoría del apelante es que la prueba objetada no conectaba a Hermenegildo Sierra, alias “Merejo,” con el cielito, y que no existe suficiente corroboración de la confe-sión del coacusado López, por virtud de la cual se pueda condenar a Hermenegildo Sierra. Alfonso López bizo una confesión completa, y claramente complicó a su coacusado. Parte de la evidencia objetada se refería a la conducta de “Merejo” después del crimen, su actitud o palabras. G-ran parte de ella era relevante, más no importante, como cuando “Merejo,” estando presente en la investigación preliminar, dijo: “No lo viren,” refiriéndose al interfecto, o que “Me-rejo” estaba intranquilo. Esta clase de objeciones se dirige al peso de la evidencia, no a su materialidad o pertinencia (competency).

Entonces viene bastante prueba testifical respecto a lo que López dijo tendiendo a incriminar a Sierra. El principio es que en una empresa combinada o conspiración como la del presente caso, ya se alegue claramente o no la conspi-ración, si ésta se prueba o la evidencia objetada tiende a establecerla, pueden admitirse las manifestaciones de un cómplice, especialmente si se bacen antes de consumarse la conspiración. People v. Carson, 155 Cal. 164, 99 P. 970; People v. Murphy, 146 Cal. 502, 80 P. 709; 16 C. J. 644, párs. 1283 et seq.; El Pueblo v. Beltrán, 18 D.P.R. 944; El Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361; People v. McPhee, 26 Cal. A. 218, 146 Pac. 522; 16 C. J. 648, par. 1288. Y esto, desde luego, en ausencia de un acusado como Sierra.

En cuanto a la corroboración de López, el fiscal de este tribunal revisa en su alegato la evidencia objetada, y mucbo más lo bace para demostrar la corroboración de López. El caso de People v. Negra, 208 Cal. 64, en gran parte transcrito en el alegato del fiscal, fué uno en que la corroboración era más débil que la del presente. La evidencia no tiene que ser muy fuerte. Este principio está sostenido por People v. Kempley, 205 Cal. 441, donde la corte revocó por falta de corroboración suficiente. Que la corroboración no necesita ser muy fuerte fia sido frecuentemente declarado por este tribunal.

En el caso de autos hubo prueba tendente a demostrar la conducta nerviosa de Sierra y su silencio cuando debió baber hablado; acerca de su manifestación de que algún día 1 endría que irse a las manos con Fontánez, maldiciéndolo, y algo más en ese sentido; de la carencia de dinero en Sierra para jugar antes del suceso, y su posesión de dinero después; de su miedo de ser acusado; de haberse dejado de sorprender cuando lo arrestaron (no es extremo de importancia, pero es admisible); que López sugirió que ambos confesaran el delito, y Sierra se negó a ello; de sus negaciones cuando López hizo la confesión en su presencia, y de estar Sierra temblando; de su conducta mientras buscaba el cadáver de la niña; también hubo testimonio al efecto de que Sierra admitió .que Fontánez no ofreció'resistencia la noche del suceso, y, más particular-mente, la prueba importantísima que tendió a colocar a Sierra en posesión de la pistola que muy recientemente había perte-necido a Fontánez, y su tentativa de ocultarla.

Los señalamientos octavo, décimoquinto, décimosexto y decimoséptimo, relativos a las instrucciones y al peso de la prueba, no fueron discutidos por el apelante, y no hallamos error alguno.

Pin la vista de la apelación, y brevemente en su alegato, el apelante dijo que la confesión de López le fue extraída por medios impropios. Esta y otras cuestiones se suscitan, o quizá se sugieren, en el alegato del apelante, pero tales cuestiones, o fueron renunciadas o consentidas, o no se hizo la debida objeción, y no se mencionan específicamente en el señalamiento do errores. En cuanto a que fuera involuntaria la alegada confesión, se adujo testimonio tendente a demos-trar que fué enteramente voluntaria, y que no se ejerció sobre López fuerza indebida, coacción, o algo similar. La cuestión de si la confesión de López se hizo voluntariamente fué dejada al jurado bajo instrucciones cuidadosas por la corte.

Ni el apelante ni el fiscal se fian tomado el debido trabajo de citarnos las páginas de los autos en que puede bailarse el testimonio. El apelante no ba becbo aquella breve rela-ción de los becbos que la letra y el espíritu de nuestras reglas demandan.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutcbison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Pedro Roselló y Batlle y Federico Font Delort, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 829.

    Sometido: Enero 12, 1931.

      Resuelto: Junio 27, 1931.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce concedió autorización a don Federico Font Delort para que como tutor de sn esposa incapacitada doña Prudencia Ubides Aponte prestase consen-timiento por ella para vender a don Pedro Boselló Batlle una casa adquirida por la sociedad legal de gananciales de ambos consortes, debiendo verificarse la venta por precio de $7,090.76 de los cuales el vendedor recibiría $2,090.76 y los $5,000 res-tantes quedarían aplazados por término de cinco años con interés, debiendo el comprador garantizar el precio aplazado y sn interés con hipoteca sobre la misma casa.

Otorgada la correspondiente escritura pública de venta y de hipoteca de acuerdo con los términos de la expresada resolución y habiendo consentido el marido como tutor de su esposa incapacitada en la enajenación, el registrador de la propiedad se negó a inscribir la venta a favor de Boselló por no haberse verificado en pública subasta; y negó la de la hipoteca por no haber sido inscrita la venta. Contra ambas negativas se ha interpuesto este recurso gubernativo.

Sostiene el registrador que la venta en pública subasta es necesaria en este caso porque, según el artículo 282, No. 5, úlel Código Civil, los tutores necesitan autorización judicial para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces y que de acuerdo con la ley de procedimientos legales especiales en sus artículos 80, 81'y 82 la venta en esos casos debe hacerse en pública su-basta.

En nuestro Código Civil existe la sociedad legal de ganan-ciales por virtud de la cual, según el artículo 1310, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matri-monio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio. Los bienes gananciales son los determinados en el artículo 1316. Por consiguiente, los bienes gananciales pertenecen en comunidad a ambos cónyuges durante el matrimonio aunque la mitad líquida que a cada uno corresponda no pueda determinarse basta la disolución del matrimonio. En consecuencia 'hemos dicho en el caso de Sucn. García v. Registrador, 17 D.P.R. 781, que mientras se disuelve el matrimonio y se liquide la sociedad de gananciales, la mujer no tiene participación alguna en los bienes de la misma que pueda estar sujeta a embargo o ejecución por deudas u obligaciones de carácter particular, que no sean de aquéllas por las cuales puede obligar los bienes de la sociedad de acuerdo con el artículo 1323 del Código Civil.

La administración de tales bienes gananciales está enco-mendada al marido por disposición expresa de la ley con las limitaciones consignadas en el artículo 1328 de nuestro actual Código Civil de no poder donarlos, enajenarlos ni obligarlos a título oneroso sin el consentimiento expreso de la mujer.

Como consecuencia de lo expuesto el artículo 282, No. 5, del Código Civil y los de la Ley de Procedimientos Legales Especiales en los que el registrador funda su negativa no son aplicables al caso' presente porque no tratándose de enajenar capital privativo de la mujer incapacitada no es necesaria la autorización de la corte para la venta ni la subasta pública, siendo bastante con que la corte haya auto-rizado al tutor de la esposa incapacitada a consentir por ella. De aceptarse el criterio del registrador quedarían destruidas la sociedad de gananciales y la administración que de esos bienes confiere la ley al marido, pues no sólo estaría obligado el esposo a celebrar subasta para la enajenación de bienes inmuebles sino que el producto de las ventas saldría de sus manos y administración para quedar en las cortes para que éstas le diesen colocación con intervención del fiscal, y tendría que vender también en subasta los bienes muebles cuyo valor excedieran de $200, requerido todo esto por el Código y por la Ley de Procedimientos Legales Especiales para los tu-tores en cuanto al capital propio de menores e incapacitados. Además, se daría el absurdo de que la participación posible del marido en los bienes gananciales, no estando declarado incapacitado, estaría sujeta a las restricciones y formali-dades de una subasta al venderse la propiedad que se reputa ganancial, sin ley que tienda a tales restricciones, que no puede ser creada por la jurisprudencia.

La venia debe ser inscrita y consigwientemmle la hipo-leca.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Cándido Marrero, José Miranda, Juan Pedro Marrero y Pablo Pomales, peticionarios, v. Domingo Sepúlveda y Roberto H. Todd, Jr., Jueces de la Corte de Distrito de Ponce, demandados.
    No. 773.

    Sometido: Junio 22, 1931.

      Resuelto: Junio 27, 1931.

      Agustín E. Font, abogado de los peticionarios; B. A. Gómez, abo-gado de El Pueblo, por los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Cinco personas fueron detenidas en la investigación de nn delito de asesinato y a nombre de ellas interpuso el abo-gado don Agustín E. Font recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito de Ponce, cuyo fallo apeló para ante este Tribunal Supremo. Mientras esa apelación estaba pendiente fué presentada acusación en la Corte de Distrito de Ponce contra esas cinco personas por delito de asesinato sin deter-minación de grado del delito y fué señalado día para la. lectura de la acusación. También a nombre de todos los acusados compareció en la corte inferior el mismo abogado en solicitud de que dicho acto fuese pospuesto hasta que la apelación en el habeas corpus fuera resuelta, lo que la corte negó y la lectura de la acusación,, fué hecha, concediéndoseles un término para que pudieran hacer sus alegaciones contra ella. Al vencimiento de ese término compareció el abogado Font con tres mociones, dos de ellas a nombre de los cinco acusados negando la acusación en nombre de todos y solici-tando juicio separado para cada uno: en la tercera, a nombre de cuatro de los acusados, solicitó que por ser ellos pobres, según había sido reconocido por el fiscal y la corte en el procedimiento de habeas corpus, se nombrase abogado de oficio para cada uno de ellos, que podía ser el mismo Sr. Font por estar enterado de la causa y estar dispuesto a defenderlos como abogado de oficio. Respecto a la última moción se celebró una vista en la que el fiscal admitió que esos cuatro acusados son insolventes y en la que intentó probar, sin conseguirlo, que el quinto acusado pag*a la defensa de todos al abogado Sr. Font. La corte se negó a nom-brarles defensor a esos cuatro acusados por entender que tienen abogado que los defienda puesto que el Sr. Font ha estado representándolos y admitió que ellos todos son insol-ventes para los efectos de prestar fianza pero manifestó que eso es distinto de que no puedan pagar un abogado.

Señalado día para' verse el juicio de esa causa por primera vez en cuanto a uno de los, cuatro acusados que pidió el nombramiento de defensor, compareció de nuevo el abogado Sr. Font ante la corte, presidida entonces por otro juez, a nombre de los acusados para que ese señalamiento de juicio y otro para el quinto acusado fueran pospuestos y para que se nombrase abogado defensor a los cuatro que son insol-ventes. En la vista de esa moción expuso el abogado Sr.> Font que José Calazón Marrero, que es el que hemos llamado quinto acusado, le paga sus servicios como .defensor suyo, que no es abogado de los otros cuatro y que los incluyó en el habeas corpus para beneficiarlos con ese recurso, como lo consiguió, pues la fianza de $15,000 exigida para todos fué reducida a $5,000, y que mientras ha estado pendiente la de-cisión del habeas corpus los representó, pero insistió en que no es el abogado de ellos. La corte inferior admitió que los cuatro acusados tienen derecho al nombramiento de un de-fensor pero se negó a nombrárselo porque el Sr. Font es el abogado de ellos toda vez que ha venido representándolos y porque tal solicitud no fué hecha en el momento de leérseles la acusación. Contra esas dos resoluciones se interpuso el presente recurso de certiorari.

Dispone una ley de 1905, página 210, lo siguiente:

“Cuando se traiga al acusado ante el tribunal con el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua, si resultare que no tiene abogado y que la pobreza del acusado no le permita emplear defensor, el tribunal designará uno o más letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, concediendo a dichos letrados un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los demás casos, quedará a la discreción del tribunal la designación de abogado.”

Los peticionarios han sido acusados de un delito de asesinato sin determinación de grado por lo que, según el artículo 202 del Código Penal como fué enmendado en 1929, pueden ser condenados a reclusión perpetua si se probare que cometieron delito de asesinato en primer grado, o a prisión en el presidio de diez a treinta años si su delito es en segundo grado, por lo que claramente tienen derecho a que se les nombre abogado de acuerdo con el artículo citado y con el caso de El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590.

Las manifestaciones del abogado Sr. Font en la corte inferior yen esta corte, referentes éstas a que solicita que se nombre defensor de oficio a los cuatro acusados pobres para que no queden indefensos por falta de recursos para la citación de testigos y para la transcripción taquigráfica de la evidencia en caso de que tuvieran que apelar la sen-tencia, nos convencen de que aun cuando ha actuado como abogado de ellos lo fué provisionalmente, sin ser su abogado, y solamente para beneficio de los mismos mientras se les nombrase abogado por la corte.

Por lo expuesto, y toda vez que la pobreza de los acu-sados ha sido admitida, sin que exista prueba en contrario a ese hecho, que no ha sido fundamento para haberles negado el nombramiento de abogado y que tampoco lo es que la solicitud no se hiciera al ser llamados para leérseles la acusación, .pues en el caso de El Pueblo v. Plata, supra, esa petición se hizo al comenzar el juicio y declaramos que el nombramiento de defensor debió ser hecho, se anula la reso-lución recurrida de 24 de julio de 1930' en cuanto niega el nombramiento de defensor de oficio para los acusados peti-cionarios y también la de 19 de septiembre de 1930 en cuanto al mismo extremo, debiendo devolverse los autos a la corte inferior para que nombre abogado defensor a cada uno de los cuatro peticionarios.


text:
    Dr. T. J. Ramírez Cuerda, demandante-apelado-apelante, v. Angel María Yumet Méndez, demandado-apelante-apelado.
    No. 4798.

    Sometido: Febrero 6, 1930.

      Resuelto: Julio 7, 1931.

      A. García Ducós, abogado del apelante; J. Al&mañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. T. J. Ramírez Cuerda demandó a don Angel María Yumet Méndez para que le pagase la cantidad de $5,000 como valor razonable de los servicios médicos que le prestó. Dictada sentencia condenatoria por la cantidad de $1,500 con ios intereses legales desde la interposición de la demanda y sin especial condena de costas, interpuso el demandado esta apelación.

La cuestión fundamental en este recurso es que la cantidad de $1,500 concedida por la corte inferior como valor razonable de los seryicios del demandante es excesiva y debe ser re-bajada a $350 qne el apelante estima justo y que ofreció pagar en su contestación a la demanda.

Resulta de la prueba que don Angel María Yumet Méndez, que vive en Aguadilla, enfermó el 4 de marzo de 1927 de tonsilitis o absceso peritonsilar según su médico el Dr. Igartúa, mejorando poco después, a tal punto que por tres o cuatro días salió a la calle, pero después volvió a ponerse malo y su médico encontró entonces un estado de edema de las bases de los pulmones, teniendo una enorme cantidad de albúmina, sangre y cilindros en la orina por lo que su diagnóstico entonces fué de nefritis secundaria a la tonsilitis o absceso peritonsilar. En 22 de marzo bubo una consulta con el Dr. Biamón, de San Juan, quien estuvo de acuerdo con el diagnóstico y con el tratamiento del médico de cabe-cera Dr. Igartúa, pero el enfermo siguió agravándose y el 27 de marzo en ocasión de estar en Aguadilla los doctores Biamón y González Martínez, de San Juan, y habiendo sido llamado el Dr. Torregrosa, tuvo lugar otra consulta y todos ellos estuvieron conformes con el diagnóstico de nefritis aguda secundaria a la tonsilitis. El día 30 de ¡marzo fué llamado en consulta el demandante, que ejerce su profesión en Mayagüez, donde tiene una clínica, y tuvo lugar otra con-salta entre los Drs. Ramírez Cuerda, Igartúa, Zamora y Cardona, en la que después de la información del caso y reconocimiento del paciente opinó Ramírez Cuerda que el enfermo tenía difteria, con cuyo parecer no estuvieron con-formes los otros tres médicos de la consulta, acordando entonces que para comprobarlo se enviase al laboratorio de Gan Juan el exudado de la garganta, como se bizo, contes-tando al día siguiente por la tarde diebo laboratorio por telegrama que era un caso positivo de difteria. En vista de ese informe le fué aplicado suero antidiftérico al paciente. Dos días después fué otra vez el Dr. Ramírez Cuerda a Aguadilla, requerido por la familia del Sr. Tumet, encontró mejor al enfermo y se le aplicó más cantidad de-suero y se le pusieron inyecciones de suero glucosado. El 5 de abril volvieron a llamar al Dr. Ramírez Cuerda porque el enfermo se había agravado y fué a Aguadilla donde lo visitó con el Dr. Igartúa, encontrando disminución en la orina y síntomas eurémicos causado's por tóxicos de la vacuna antidiftérica, por lo que propuso una sangría o felbotomía con la que estuvo conforme el Dr. Igartúa, pero por cuestión de dife-rencia con los otros médicos, Cardona y Zamora, no se hizo la sangría y fué llamado el Dr. Susoni, de Arecibo, quien fué y estuvo conforme con que se hiciera la flebotomía, la que no' se practicó en seguida por la gravedad del enfermo y hubo que esperar algunas horas para hacerla, hasta las once de la noche, cuando el enfermo tuvo alguna reacción favorable, y por la madrugada el paciente empezó a mejorar. Nueve días después volvió el demandante a Aguadilla a requerimiento de la familia, y con el Dr. Igartúa fué declarado el estado de convalecencia del enfermo y no volvió más. En esas visitas el Dr. Ramírez Cuerda tuvo necesidad de per-manecer por muchas horas en Aguadilla. Según el Dr. Igartúa el paciente nunca tuvo difteria y las inyecciones puestas para ella lo agravaron. Se admitió que los doctores Zamora y Cardona declararían como el Dr. Igartúa.

El Dr. Ramírez Cuerda declaró en la corte y a presencia de varios médicos que luego testificaron, en qué consistieron los servicios que prestó al Sr. Yumet, y teniendo en cuenta esa declaración manifestaron los Drs. Montalvo Gnenard y Frank O. Rivera, que a su juicio tales servicios valen $10,000. Los Drs. Blanes y Casaldue los valoraron en $5,000. Los Drs. Igartúa, Biamón y Susoni, presentados por el demandado, no declararon cuál es el valor razonable de los servicios del demandante.

Nuestro Código Civil en su artículo 1846 concede a los profesionales, cuando no existe contrato de servicios, el derecho de reclamar y obtener el importe razonable de ellos. Para su valoración se puede tener en cuenta además de los servicios mismos, la naturaleza y dificultad del caso, la reputación profesional del demandante, su experiencia como médico y aun la situación económica del demandado, aunque sobre este extremo hay gran conflicto en las decisiones de los tribunales. 48 Corpus Juris 1167. Sobre dichos elemen-tos se dice en Wharton & Stillés’ Medical Jurisprudence, tomo 3, pág. 472, lo siguiente:

“Un médico que presta servicios profesionales a otra persona, sin mediar un convenio específico respecto a la compensación, debe cobrar, si a ello tiene derecho, a base de quantum meruitf, siendo el valor a probar el precio ordinario y razonable de servicios de esa índole. Y a esto él tiene derecho cuando no se demuestra es-pecíficamente falta de habilidad, aunque él incurriera en error en el curso del tratamiento, y a pesar de que no lograse realizar aquello para que se utilizó. En tal caso, sin embargo, un facultativo sólo puede cobrar el valor razonable de los servicios que prestó; y el valor de los servicios de un médico no puede medirse, como materia de derecho, por el promedio diario de sus ingresos; en tales casos el jurado debe tomar en consideración todos los varios elementos, y derivar su propia conclusión acerca del importe por comparación. Y lo razonable de lo que cobre un médico por sus servicios no puede determinarse mediante comparación con otros cobros hechos por él en casos similares.
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“La norma de compensación de los médicos y cirujanos se rige hasta cierto punto por su reputación y habilidad en la profesión, la seriedad del caso, los servicios prestados, y la responsabilidad general y éxito de aquéllos.” Lange v. Kearney, 21 N. Y. S. R. 262, 4 N. Y. Supp. 14.

Teniendo en cuenta lo expuesto y la prueba río contro-vertida del demandante respecto al valor razonable de los servicios que reclama, opinamos que no es excesiva la can-tidad que fijó la corte inferior en este caso.

Otras varias cuestiones secundarias ha propuesto el apelante en su alegato. La negativa de eliminación de ciertos particulares de la demanda y la excepción de que ella no aduce hechos determinantes de causa de acción fueron propiamente resueltas. Los motivos 4, 5 y f> referentes al éxito obtenido por el demandante no’ existen, pues tal éxito es elemento a tenerse en cuenta en la valoración de los ser-vicios médicos. Con respecto al séptimo y octavo por haber sido admitida prueba respecto a la. situación económica del demandado, aun no siendo admisible, lo que no resolvemos, no lia causado perjuicio al apelante pues a pesar de haber declarado algunos de los médicos que presentó que los ser-vicios valían los $5,000 reclamados y otros que valían mucho más, la corte fijó la cuantía en $1,500. El décimo tampoco es sostenible porque el Dr. Francisco J. Casalduc está capa-citado para valorar los servicios del demandante aunque no trabaje en Aguadilla. Y el undécimo y último porque ha-biendo ganado el demandante su pleito no se le debían imponer las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    Gonzalo Fernós y Luz López, demandantes y apelados, v. Municipio de San Juan, representado por su alcalde, Hon. Roberto H. Todd, demandado y apelante.
    No. 5677.

    Sometido: Junio 22, 1931.

      Resuelto: Julio 7, 1931.

      E. Font Suárez, abogado del apelante; Molina, Bubón & Ochoteco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes se quejaron dp una zanja y de una tubería de concreto colocada en su propiedad sin sn consentimiento, y entablar on. pleito para qne se declarase la inexistencia de una servidumbre y por daños y perjuicios, contra el municipio de San Juan, representado por su alcalde Roberto BL Todd. El municipio compareció por su abogado y exeepcionó la demanda. La excepción fue desestimada. Posteriormente, los demandantes hicieron que el secretario tomara razón de la rebeldía del demandado. El caso fue puesto en calendario, y la corte lo vió, fallándolo a favor de los demandantes y resolviendo que no existía servidumbre alguna, que los demandantes no la habían consentido, y que el municipio debía remover la tubería, etc. Durante el juicio, el demandado sólo compareció para impugnar el derecho de los demandantes a demandar al municipio, bajo las circuns-tancias.

Esta defensa se basa en la sección 29 de la Ley Municipal, Leyes de 1928, página 357, que entre otras cosas dispone:

“En. ningún procedimiento o acción en que sea parte el muni-cipio representado por el Alcalde, podrá éste allanarse a la demanda, o dejar de contestarla ni someter dicha acción o procedimiento a arbitraje, sin el consentimiento de la Asamblea Municipal. .

Los demandantes nos piden que desestimemos la apela-ción por frívola.

La corte inferior resolvió que si el artículo citado pre-valeciera para impedir pleitos, un municipio demandado podría, a su arbitrio, demorar esos pleitos, y la ley sería inconstitucional en ese particular. Evidentemente, la corte tiene razón. Ese artículo debe interpretarse como una mera medida directiva que restringe al alcalde. No puede soste-nerse que sea un impedimento al derecho a demandar. Des-cartando ciertas excepciones que es innecesario considerar, los municipios deben responder de sus culpas y cumplir sus obligaciones al igual que otras personas. Algo de esto llegó a ser aparente recientemente por nuestra decisión en Serra, Garabís & Co. v. El Municipio de Río Piedras, pág. 468 de este tomo.

El apelante radicó un alegato sobre la proposición principal, en el que prometió estudiar más detenidamente la cuestión, pero no nos da motivo satisfactorio alguno para demorar a los demandantes, y la apelación debe ser desesti-mada por frívola.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Arturo E. Bravo, demandante y apelado, v. Las Monjas Racing Corporation, demandada y apelante.
    No. 5704.

    Sometido: Junio 9, 1931.

      Resuelto: Julio 7, 1931.

      Feliú & La Costa, abogados de la apelante; Gabriel de la Haba, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El 31 de agosto de 1928, Arturo E. Bravo vendió un predio de terreno a Las Monjas Racing Corporation.. En pago del precio, la compradora entregó a Arturo E. Bravo cinco pagarés de $12,000 cada uno, vencederos nominalmente el 31 de diciembre, 1929. Por convenio de las partes, uno de los cinco pagarés habría de ser pagado a su vencimiento, pero los otros cuatro estaban sujetos a prórroga. En los docu-mentos evidenciando el convenio nada había que demostrara el plazo de tiempo a concederse. Arturo E. Bravo traspasó tres de los cuatro pagarés restantes y retuvo el otro. Este pag’aré se redujo a cerca de $9,000 mediante pagos que la deudora efectuó antes del vencimiento. El pagaré no fué satisfecho a su vencimiento nominal, y las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el plazo a concederse. Así, pues, Arturo Bravo radicó el 30 de marzo de 1930 pleito para que se fijase el plazo, amparándose en el artículo 1095 del Código Civil. Ese artículo lee así:

“Si la obligación n'o señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquél.
“También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor.”

La contestación alegó varios hechos tendentes a establecer un plazo largo o pagos parciales. La corte, después de oír la prueba, el 16 de septiembre de 1930 fijó la fecha del pago en el 31 de diciembre, 1930.

Se nos pide que desestimemos esta apelación por dos motivos. Uno de ellos es que el recurso es frívolo. De la opinión de la corte resulta que de los $60,000 originalmente adeudados, la deudora, en adición a los $10,000 pagaderos al vencimiento (muy probablemente con intereses), satisfizo a los varios acreedores la suma de $11,333.33; que hubo prueba tendente a demostrar que la deudora había convenido en pagar $500 mensuales, lo que no había hecho; que, entre otras cosas, toda vez que la deuda sólo estaba garantida por una segunda hipoteca, la corte creía que no debía concederse un plazo de larga duración. La deudora también había probado sus otras deudas y obligaciones.

Ahora, puede ser que un examen de toda la evidencia nos convenza de que la corte actuó con acierto y que la deudora sólo estaba buscando ulteriores demoras. Hay bastante, sin embargo, en la faz de los procedimientos para sugerir que la deudora está efectuando pagos; que las condiciones han variado desde que se celebró el contrato; que a pesar de sus anteriores faltas de pago la demandada tal vez no podría reunir prontamente $9,000 o más entre septiembre 16, 1930; cuando se dictó la sentencia, y diciembre 31, 1930. También debe recordarse que el acreedor probablemente tuyo algún buen motivo, al efectuar su venta, para sujetar los pagos a prórroga. Asimismo, vemos que la deudora pagó $10,000 en 1929, y para 1930 babía pagado $11,000 adicionales. Es posible que algún tipo de pago semejante estuviera en las mentes de todas las partes cuando se hizo la venta. Nada sabemos de los pagos efectuados después de la sentencia, o quizás antes. Toda la prueba tendría que ser examinada antes de que concienzudamente pudiéramos decir que la ape-lación carece de mérito.

El tribunal, en ejercicio de su discreción, tal vez en alguna ocasión examinará toda la prueba para cerciorarse de si una apelación es frívola. En general, sólo se bará tal cosa cuando, después de la vista de una moción para desestimar, la parte apelada nos convenza claramente de que la apelación no tiene mérito. Si una apelación tiene visos de mérito, los tribunales no anticiparán la decisión, sino que preservarán el derecho de un apelante a tratar en una vista plenaria de convencer a la corte de la existencia de error o abuso de discreción. Autoridades tendentes a sostener estas conclu-siones son Bancroft Code Practice & Eemedies, tomo 9, página 9469; 2 Cal. Jur. 771-772, sección 451; y 4 C. J. 2382.

El apelado también solicita la desestimación porque el récord no fué radicado a tiempo. Se presentó una solicitud de prórroga ante la corte de distrito, cuando debió haber sido radicada en este tribunal. La apelante nos convence en una declaración jurada de que ése fué un error del que debe relevársele. Como no se trata de una cuestión jurisdiccional, haremos uso de nuestra discreción para negar la desestimación por ese fundamento.

Se declara s-in lugar la moción.


author: El Juez Pbesidente Señor del Toro,

text:
    Francisco Soto Gras, demandante-apelado-apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado-apelante-apelado.
    No. 5561.

    Sometido: Marzo 27, 1931.

      Resuelto: Julio 7, 1931.

      Attorney General James B. Beverley j Tomás Torres Pérez, Subpro-curador, abogados del demandado apelante; J. J. Ortiz Alibrán y F. Soto Gras, abogados del demandante apelado.
   El Juez Pbesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito versa sobre devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta. Fué resuelto en favor del contribu-yente, sin especial condena dé costas. Ambas partes ape-laron, el tesorero del pronunciamiento relativo a la devolución, el contribuyente del de la no imposición del pago de las costas al Tesorero.

En la demanda se alegaron dos cansas de acción. Se funda la primera en baber radicado el contribuyente en abril de 1919 su declaración de ingresos correspondiente al 1918 con nn total de beneficios netos de $11,436.53 y baber satis-fecho la contribución de conformidad. Y en que así las cosas en septiembre de 1926 fné requerido por el Tesorero para pagar nna sama adicional a virtud de haber fijado dicho funcionario los ingresos en $12,297.42. Se funda la segunda en haber radicado el contribuyente su declaración de ingresos correspondiente al año 1919 en abril de 1920 con un total de beneficios notos do $11,879.48 y haber pagado la contribución de conformidad. Y en haber sido requerido por el Tesorero en septiembre de 1926 para que pagara una suma adicional por haber aumentado dicho funcionario los ingresos a $12,833.86. En ambos casos después de agotar el contribu-yente la vía administrativa, pagó bajo protesta las cantidades reclamadas — $54.93 y $313.13 — e inició este pleito en la Corte Municipal de San Juan en abril de 1930, de acuerdo con lo prescrito en la sección 3 de la Ley No. 8 de 1927. El 24 de julio de 1930 la corte municipal desestimó la demanda. Apeló el contribuyente a la corte del distrito y ésta el 16 de diciembre del propio año dictó la sentencia a que nos refe-rimos al principio.

El contribuyente invocó en su favor la prescripción de cinco años que fija el estatuto especial aplicable. Al con-testar el demandado, alegó que las .planillas presentadas por el contribuyente en 1919 y 1920 eran incorrectas, por no contener una declaración terminante de todos los ingresos tributables percibidos por él y por consiguiente falsos, lo que motivó su revisión y el cobro de la suma adicional corres-pondiente que, en tal caso, puede hacerse en cualquier tiempo.

Pidió el demandante sentencia sobre las alegaciones y la corte aplicando las secciones 61, apartados (a) y (d) y 60 de la Ley No. 74 de 1925, no encontrando en la contestación ¿¡legación alguna de fraude ni de falsedad con la intención de evadir el pago de la contribución, desestimó la demanda.

En su alegato el Tesorero apelante hace el siguiente señalamiento de errores:

“!• La Corte erró al declarar en su sentencia, que la acción del Tesorero de Puerto Rico para el cobro de las contribuciones im-puestas ba prescrito.
“2. La Corte erró al declarar en su sentencia que una decla-ración falsa no incluye una declaración meramente incorrecta 'o errónea siendo necesario que las mismas sean fraudulentas.
“3. La Corte erró al declarar que de la contestación debe apa-recer alegado que las declaraciones sean fraudulentas.
“4. La Corte erró al declarar con lugar la moción de!1 sentencia por el mérito de las alegaciones y con lugar la demanda.”

Estudiaremos conjuntamente las cuestiones que dichos errores levantan.

En primer lugar debe esclarecerse cuál es la ley aplicable. La corte de distrito basó por entero su sentencia en la Ley No. 74 de 1925. Si esa ley rige, la conclusión déla corte sería enteramente correcta. Pero el Tesorero apelante sostiene que el caso se regula por la Ley No. 80 de 1919 y si ello es así, la cuestión envuelta sería por lo menos dudosa.

La sección 56 de la Ley No. 80 de 1919, dice:

“Cualquier Contribución imponible de acuerdo con las disposi-ciones de esta Ley podrá ser computada e impuesta por el Tesorero dentro de cinco años después de la fecha en que se rindió o debió rendirse la declaración, y no se iniciará ningún procedimiento para el cobro de la referida Contribución después de espirados los cinco años.
“En el caso de que con el fin de evadir' el pago de la contri-bución no se rinda la correspondiente declaración de ingresos, y en el caso de declaraciones falsas, el importe de la contribución impo-nible, podrá ser determinado y cobrada aquélla en cualquier tiempo, sin limitación alguna.”

La sección 63 de la Ley No. 74 de 1925, dispone:

“Sección 63. — Si después de promulgada esta Ley el Tesorero determina que debe hacerse una tasación relacionada con alguna con-tribución sobre ingres'os y beneficios excesivos impuesta por la Ley de Contribuciones sobre Ingresos No. 59 de 1917, por la Ley de Contribuciones sobre Ingresos No. 80 de 1919 y por la Ley de Con-tribuciones s'obre Ingresos No. 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según fueron enmendadas, la cantidad a tasar (bien como deficiencia o como intereses, penalidad, n otra adición a la contri-bución) será computada como si esta Ley no hubiere sido promul-gada; per'o la cantidad así computada será impuesta, cobrada y pagada en la misma forma y estará sujeta a las mismas disposicio-nes y limitaciones (incluyendo las disposiciones sobre morosidad en el pago después de la notificación y requerimiento) que los casos de Contribuciones impuestas por este título, a excepción de lo que en contrario dispone la Sección 60.”

La sección 60 de la propia Ley No. 74 de 1925, en lo pertinente, prescribe:

“Sección 60. — (a) Excepto lo que disponen la sección 61 y la subdivisión (d) de la sección 62:
“(1) El importe de las contribuciones sobre ingresos y benefi-cios excesivos y el importe de la contribución Sobre ingresos im-puestos por esta Ley, o por la ley de contribución sobre ingresos número 59 de 1917, la ley de contribuciones sobre ingresos número 80 de 1919, la ley de contribuciones sobre ingresos número 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según han sido enmendadas, se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la declaración, y no podrá entablarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribuciones después de vencido dicho período.”

Y la sección. 61 de la misma, en lo pertinente, ordena:

Sección 61. — (a) En el caso de una declaración falsa o frau-dulenta con la intención de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la declaración, la contribución podrá ser impuesta, o un procedimiento entablado en una corte para el cobro de dicha contribución, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna. ’ ’

Gomo sabemos, aquí se trata de contribuciones corres-pondientes a los años 1918 y 1919 a virtud de declaraciones rendidas en 1919 y 1920, revisadas por el Tesorero en 1926.

Las leyes de 1919 y 1925 son iguales en cuanto fijan el período de cinco años para verificar la tasación en los casos corrientes, pero difieren fundamentalmente en sus disposi-ciones referentes a los casos en que la tasación puede veri-ficarse en cualquier tiempo.

Según la Ley de 1919 podía verificarse la tasación en cualquier tiempo ££en el caso de que con el fin de evadir el pago de la contribución no se rinda la correspondiente de-claración de ingresos, y en el caso de declaraciones falsas.”

Según la Ley de 1925, ££en el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la intención de evadir la contribu-ción, o en el caso de baber dejado de rendir la declaración.”

La Ley de 1919 exigía para’el caso de dejarse de rendir la declaración que lo fuera con el fin de evadir el pago de la contribución. La de 1925 fija escuetamente el hecho de dejarse de rendir la declaración. Esto en nada influye en la resolución de este caso. Lo que pudiera tener influencia es que la Ley de 1919 sólo exigía que la declaración fuera falsa, mientras que la de 1925 exige que la declaración sea £‘falsa. o fraudulenta con la intención de evadir el pago de la contribución,” ya que falso tal como se usa en la Ley de 1919 ha sido definido e interpretado como incorrecto. Nlein, Federal Income Taxation, pág. 1470; Seaman v. Bowers, 297 Fed. 375; 25 C. J. 435, 436.

Todo estriba a nuestro juicio en la interpretación que se dé a la sección 63 de la Ley de 1925.

££Si después de promulgada esta ley” (la de 1925) ££el Tesorero determina que debe hacerse una tasación”, como sucedió en este caso, ££ relacionada con alguna contribución sobre ingresos . . . impuesta por la ley de contribuciones sobre ingresos ... No. 80 de 1919 ... la cantidad a tasar . . . será computada como si esta ley no existiera. . .”

¿Hace referencia la acción de computar al período dentro del cual puede verificarse la computación? Quizá, pero las disposiciones de la propia sección que siguen, a saber, que £‘la cantidad así computada será impuesta, cobrada y pagada en la misma forma y estará sujeta a las mismas disposiciones y limitaciones . . . que los casos de contribuciones impuestas por este título, a excepción de lo que en contrario dispone la sección 60,” y el no haber podido encontrar nada en con-trario en la sección 60, nos lleva a resolver nuestra duda en el sentido de qne a partir de la vigencia de la Ley de 1925, aunque se trate de contribuciones computadas de acuerdo con las leyes de 1917, 1919 y 1921, debe aplicarse lo preceptuado en la sección 61, apartado (a) de dicha ley. Y aplicándolo es necesario concluir, como ya dijimos, que la sentencia que dictó la corte de distrito es la justa y proce-dente. La apelación del Tesorero debe, pues, declararse sin lugar.

Consideremos ahora la apelación del contribuyente.

A nuestro juicio también debe ser declarada sin lugar. Como acabamos de ver, se trata de una cuestión dudosa, de-batible, y no puede asegurarse bajo esas circunstancias que la corte de distrito abusó de su poder discrecional al no imponer el pago de las costas al demandado por no consi-derarlo temerario.

En el caso de Morales v. Peña, 40 D.P.R. 186, esta corte resolvió:

“El mantenimiento de teorías opuestas y discutibles no debe te-nerse por acto de temeridad que justifique la condena en costas de una parte.”

Beben, en tal virtud, desestimarse ambos recursos y con-firmarse la sentencia apelada.


text:
    María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera, demandantes y apelados, v. Sucesores de Huertas González, demandada y apelante.
    No. 5092.

    Sometido: Mayo 2, 1930.

      Resuelto: Julio 8, 1931.

      José G. Jusino, abogado de la apelante; José Martines Dávila y F. Rodrigues Alverio, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión dei tribunal.

María Pontón Bamos y su esposo Luis Santiago Bivera demandaron a la mercantil de Toa Alta Sucesores de Huertas González pidiendo a la corte que decretara la nulidad de cierto procedimiento ejecutivo hipotecario seguido por la de-mandada contra los demandantes y. condenara a la deman-dada a pagar a los demandantes veinte mil dólares por daños y perjuicios y las costas del pleito.

Excepcionó y contestó la demanda la demandada. Admi-iió ciertos hechos y negó otros y estableció varias reconven-ciones.

Fné el pleito a juicio. Practicóse una larga prueba documental y testifical, y la corte finalmente dictó sentencia declarando la nulidad pedida y ordenando la devolución de la propiedad ejecutada con sus frutos y rentas, y si ello no fuere posible la entrega de su valor y del de los daños mate-riales sufridos basta la suma de $7,500. Condenó además la corte a la demandada a pagar a los demandantes $4,500 como indemnización por los dolores morales producidos por la angustia y sufrimientos mentales tenidos por los deman-dantes con motivo de la ejecución de su finca por la deman-dada. Decidiendo sobre las reconvenciones, decretó que quedara subsistente el préstamo con garantía hipotecaria por $4,500, más sus intereses al tipo establecido desde el 20 de junio de 1927, y los $500 fijados para costas en caso de ejecución. El pago de las costas- del pleito lo impuso la corte a la demandada.

No conforme ésta estableció el presente recurso de ape-lación, señalando en su alegato la comisión de trece err'ores que argumenta extensamente.

Los cuatro primeros se refieren a cuestiones previas, alegándose que fueron cometidos por la corte, el primero al declarar sin lugar una moción eliminatoria, el segundo al desestimar la excepción previa de falta de causa de acción, el tercero al negarse a suspender la vista y el cuarto al negarse a eliminar ciertos particulares de la excepción previa y contestación a la reconvención.

En cuanto al primero bastará decir que quizá tuvo en algo razón la demandada al solicitar la eliminación de ciertos particulares de la demanda, pero no habiéndose demostrado perjuicio, el error, de haberse cometido, no lleva consigo la revocación de la sentencia.

Para fundar el segundo dice la apelante que “el derecho que asiste a la demandante, declarada la nulidad de dicho procedimiento, está claramente determinado en nuestro Có-digo Civil,” y agrega que siendo ello así, la demandante lia debido ejercitar l'a. acción reivindicatoría, y que no conte-niendo su demanda las alegaciones necesarias para reivin-dicar, no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Y a esto contesta, con razón a nuestro juicio, la parte apelada, en su alegato:

“No es ni puede ser la presente una acción reivindicatoría. Es simplemente una acción para obtener daños y perjuicios basa'dos en la nulidad de ciertas actuaciones; en la falsedad maliciosa de cier-tas alegaciones del escrito inicial y en la certeza y cuantía de la deuda reclamada, así como el vencimiento de la misma. (Arts. 169 y 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.) ”

Tendríamos que extendernos demasiado para narrar todos los detalles referentes a la petición de suspensión del juicio. Bastará decir que no aparece que la corte abusara de su poder discrecional y que el juicio mismo demostró que la parte demandada se encontraba preparada para entrar en él sin que se le causara perjuicio alguno. No existe el error.

Para concluir que tampoco existe el error cuarto, bastará repetir lo que dijimos al referimos al primero.

Los señalamientos quinto y sexto se refieren a errores con motivo de la práctica de la prueba.

Se sostiene por el quinto que la corte erró al permitir que se presentaran como prueba todos los autos del procedimiento ejecutivo cuya nulidad se pide y no determinadas constancias del mismo. Es mejor práctica la presentación específica de determinadas constancias, pero en un caso como este quizá quedaba colocada la corte en mejores condiciones para actuar pudiendo entrar en el examen de la totalidad de los autos. No hubo error en ía admisión.

Tampoco puede considerarse como error capaz de pro-ducir la revocación de la sentencia el sexto que se formula así: “La corte erró al admitir prueba referente a las con-diciones del contrato de hipoteca, fuera del contrato mismo.” A primera vista parece serio. Pero se va al récord y se encuentra que lo ocurrido fué que al declarar como testigo fel demandante Luis Santiago, se le preguntó “¿Usted re-cuerda los términos de ese contrato? ¿Cuáles eran sus obli-gaciones con ese contrato?” Y, no obstante la objeción de la demandada, se le permitió contestar: “Pagar los intereses anualmente.” Insistió la demandada, y la corte dijo:

“Juez: Ya el compañero ha explicado. La Ley de Evidencia no puede ser de tal manera estricta que no permita a la parte ha-cer esas preguntas; la parte debe tener cierta elasticidad, y ya el testigo ha dicho que se obligaba a pagar los intereses anualmente. Claro que la corte no permitiría una cláusula que no estuviera en el contrato, no sería admisible.”

Y contestó la demandada por su abogado:

“Dda.: Lo hacíamos con el objeto de que no se llene el récord con cosas innecesarias.”

Los señalamientos séptimo y octavo van a los méritos del caso. Sostiene en ellos la apelante que la corte sentenciadora erró al declarar probado que los intereses de la hipoteca correspondientes al año 1926-1927 estaban pagadosa la fecha de la ejecución, y al declarar que la notificación del requerimiento de pago en un procedimiento ejecutivo hipotecario no puede hacerla una persona particular.

A fin de entender bien las cuestiones planteadas, se hace necesario narrar lo esencial de los hechos envueltos.

Los demandantes, dueños de una finca de 73 cuerdas, tomaron a préstamo a la demandada la suma de $4,500 y para garantizarla, con más $500 para intereses, gastos y costas en caso de ejecución, hipotecaron la finca por escritura pública otorgada en Comerío el 20 de agosto de 1924.

En diciembre de 1927 la demandada solicitó en la Corte de Distrito de San Juan la ejecución de la hipoteca, alegando que los intereses no estaban satisfechos desde el día 30 de junio de 1925 y que la deuda estaba vencida, pidiendo que se dictara orden para que se requiriera a los deudores a fin de que dentro del término de treinta días hicieran efectiva la deuda, eon los apercibimientos de ley. Expidió el secretario el oportuno mandamiento, qne fné cumplimentado por Ramón Ooto, persona qne no era el márshal. Transcurrido el plazo de ley sin que el pago se verificara, se dictó orden de remate, adjudicándose en el celebrado la finca a la demandada.

Los demandantes sostuvieron que el procedimiento hipo-tecario era nulo por varios motivos. Nos limitaremos a mencionar los que consideró suficientes la. corte de distrito para decretar la nulidad. Fueron dos. Refiriéndose al pri-mero, dice la corte en su relación del caso y opinión:

“’Se pide la ‘nulidad del ejecutivo hipotecario, porque en el es-crito inicial se hacen alegaciones falsas que afectan al vencimiento del préstamo y cuantía de la deuda, por lo que la Corte careció de .jurisdicción en el asunto por causa de la materia de acción.’ Nece-sariamente tenemos que recurrir, para discutir este fundamento de nulidad, a los autos originales de la causa número 5759, Sucrs. de Huertas González vs. María Pontón Ramós y Luis Santiago Rivera, sobre ejecución hipotecaria, que fueron ofrecidos en su totalidad por la parte demandante, (Exhibit ‘A’). En el hecho cuarto de la de-manda se dijo textualmente:
“ ‘Cuarto: Se convino y Consta así inscrito en el Registro de la Propiedad, que el no pago de los intereses estipuladosi con toda puntualidad o el no pago de uno cualquiera de los plaz'os anuales de mil doscientos cincuenta dollars convenidos, daría lugar a que los acreedores dieran por vencida la hipoteca en su totalidad y proce-der a ejecutarla en la forma ordinaria establecida por la Ley, Art. 128, 129 y 130 de la Ley.’
“Examinando la escritura que consta unida a los autos de este expediente, aparece realmente que no fué esto lo convenido entre las partes al otorgar dicho documento. No consta la estipulación de declarar vencida toda la deuda, por el no pago de unto cual-quiera de los plazos anuales convenidos, aunque sí se Convino que el no pago de los intereses, daría por vencida la hipoteca y l’os acreedores podían proceder a la ejecución de la misma. Achaca malicia y mala fe la parte demandante a la demandada por haber hecho estas alegaciones, y para ello insiste en que de la alegación quinta de la demanda se desprende de nuevo que los demandantes dieron p'or vencido el primer plazo del capital y los intereses eo-respondientes respectivamente al 30 de junio del año 1925 y al 30 de junio de 1926 por no estar satisfechos en todo ni en parte. Sin embargo, la prueba que desfiló ante la corte nos dice otra cosa. La propia prueba de la demandada, dice que los intereses fueron satis-fechos hasta 1926, cosa que está en abierta, contradicción con las alegaciones que se hacen en el hecho quinto de la demanda en eje-cución. En cuanto al pago de los intereses de la hipoteca de 1927, también se probó a satisfacción de la Corte, (Exhibit ‘B’ y ‘C’) que l’os demandantes pagaron los intereses hasta el año 1927.
“De suerte que esto no puede considerarse, como alega la parte como un error inmaterial que en nada afecta al procedimiento hi-potecario ni a los intereses de los ejecutados, sin'o que realmente es un error grave, toda vez que consiste en la exposición de hechos falsos e inexistentes a la fecha en que se radieó la demanda en eje-cución. Esta se radicó en diciembre 23 de 1927, esto es, en una fecha en que todavía no estaba vencido el préstam'o garantizado por la hipoteca. El capital de $4,500 había de pagarse a razón de $1,250 anuales, empezando el pago el día 20 de junio de 1925; cla-ramente el último plazo vencía el 20 de juni'o de 1928. Esto es, seis meses después de presentarse la demanda en ejecución. . . No es como dice la parte demandada, que vencido uno de los plazos del capital, puede considerarse vencida toda la deuda. Si esta es-tipulación no figuró en la escritura, como realmente no figuró, el acreedor hipotecario no podía variar los términos y condiciones de la misma y declarar vencida la hipoteca en el tiempo y forma que le viniera en ganas, sino solamente cuando las condiciones del con-trato no fueran cumplidas por los acreedores.”

T estudiando el segundo expone:

“Otro fundamento de nulidad que alegan los demandantes es que el requerimiento no fué practicado por la persona designada por la Corte, careciendo ésta, por lo tanto, de jurisdicción sobre los de-mandados. Efectivamente, aparece en los autos del caso #5759 de esta Corte de Distrito, una orden firmada por el Juez Berga, en la que manifiesta que vista la demanda presentada sobre ejecución de hipoteca y los documentos que a la misma se ac'ompañan, y apare-ciendo que se han cumplido los requisitos y solemnidades que dis-pone la Ley Hipotecaria y su Reglamento, la corte decreta y or-dena que se requiera a los demandados para que dentro de 30 días a contar de la fecha en que se les notifique del requerimiento, sa-tisfagan al demandante la cantidad reclamada en la ejecución, aper-eibiéndoles que de no hacerlo así, se venderán en pública subasta los bienes hipotecados; y concluye su orden el Juez con lo siguiente: ‘librándose al efecto mandamiento al márshal para el cumplimiento de lo ordenado.’ De los mismos autos aparece que el requerimiento no ha sido dirigido al márshal para que cumpla la orden de la Corte, sino que se omitió esta parte de la Orden del juez, y, así el requerimiento está diligenciado por un tal Ramón Cotto, apareciendo como testigo Juan E. Ademas, P. I.
“Convenimos con la parte demandada en que el requerimiento no va dirigido al márshal, sino al deudor; pero no podemos conve-nir con él en que este requerimiento específico que determina el artículo 128 de la Ley Hipotecaria puede ser hecho de acuerdo con el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil. Se confunde por la demandada la disposición que contiene el artículo 168 del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que es concordante con el 228 de la misma, con los requerimientos preliminares a una demanda ordinaria. Pero no puede haber confusión posible.
“El asunto es interesante. Hemos hecho una búsqueda de lo más completo que nos ha sido posible, dentro del tiempo que dis-ponemos para estudiar los asuntos, y no parece que esta cuestión haya sido resuelta por nuestro Tribunal Supremo. El caso que nos cita la parte demandada, Isaac v. del Toro, 33 D.P.R. 1,000, no la resuelve. Es cierto que en este caso el diligenciamiento fué hecho por una persona particulai’, pero ello no se adujo como error, y por tanto, el Supremo no pudo pasar sobre esta cuestión. El error in-vocado por la parte apelante se refiere a la nulidad del diligencia-miento del requerimiento de pago por defectos en el juramento; pero ésa no es la cuestión a resolver en este cas'o. El Juez de esta Corte, según hem’os visto antes, dispuso que el Secretario expidiera man-damiento al márshal para que éste cumpliera el requerimiento. Esto no se hizo. . . El procedimiento especial para el cobro de crédito hipotecario está vigente en su parte inicial hasta el requerimiento ¡al deudor para el pagó de la deuda, pero está derogado en lo que se refiere a la venta de la propiedad gravada que debe sujetarse en todo a la ley de marzo 9 de 1905 sobre las sentencias y manera de satisfacerlas. Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 129; Marxuach v. Torres, 30 D.P.R. 504. Cuando se va a ejecutar una hipo-teca, al presentarse el escrito con los documentos corresp'ondientes, el juez dicta un auto. Un decreto dictado por un Juez para que un funcionario bajo su autoridad cumpla y ejecute lo que se le 'or-dena en él. En otras palabras, el acreedor hipotecario comparece por escrito ante el juez y le expone todos l'os requisitos que deter-mina el artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, y entonces el Juez deleg'a su autoridad en el marshal de la Corte, que es el funcionario ejecutivo de la misma, para que éste, a nombre del Tribunal, requiera a l'os demandados a cumplir lo que se les ordena en el auto, o sea, el pago de la obligación den-tro de los 30 días. Y esto se hace así, porque como el demandado no está presente, y la 'orden del Tribunal equivale a una sentencia, tal requerimiento debe tener alguna solemnidad que le distinga de una mera y simple citación, para comparecer a contestar una de-manda. La citación no puede tener el alcance que tiene el auto de requerimiento. La citación no es otra cosa que un mero aviso para que el demandado se entere de la acción establecida en su contra, y c'omparezca a contestar y defenderse. El Juez no ordena que este aviso se haga. El demandante puede hacerlo dentro de un año de radicar su demanda. El auto que dispone el artículo 169 debe ser hecho inmediatamente. Es un procedimiento sumario. El auto de requerimiento a nuestro juicio implica una intimación de autoridad, toda vez que si el demandado no cumple lo que allí se le ordena, puede el Tribunal, sin más trámites, ordenar la venta en pública subasta de la finca hipotecada.
“Comentaristas que hemos consultado, nos dicen que en España el requerimiento se hacía, o bien por medio de un notario, o bien por medio de un actuario, cuando se usaba en este sentido incluía a los escribanos de actuaciones y a los secretarios de los juzgados muni-cipales. En Puerto Rico, nuestro sistema procesal desconoce esta clase de funcionarios; pero la ley establece el cargo de márshal y le impone ciertas responsabilidades por el no desempeño de las fun-ciones que le están encomendadas. De manera que, c'onciliando los preceptos de la Ley Hipotecaria, con las nuevas disposiciones de nuestra vigente legislación, debemos llegar a la conclusión de que el auto de requerimiento de que habla la Ley Hipotecaria, no ha-biendo en Puerto Rie'o actuarios, debe ser hecho por el márshal de la Corte de Distrito, y no por una persona particular. Amén de que en el caso de autos, no se ha hecho requerimiento alguno, puesto que no basta Con decir que se le entregó a la parte ejecutada una copia de la demanda y una copia de la citación, sin que se diga que se le han entregado también copias de los demás documentos que se acompañaron con el escrito inicial.”

Estamos enteramente conformes con la apreciación de las pruebas hecha por la corte sentenciadora y con su razona-miento y conclusiones legales en ambos extremos. En rela-ción con el segundo, recientemente esta corte en el caso de González Martínez v. Registrador, 39 D.P.R. 835, resolvió que “En los ejecutivos sumarios hipotecarios, siendo la orden, de requerimiento de pago un acto judicial que emana directa-mente del juez o la corte, a los funcionarios auxiliares de ésta es a quienes compete cumplimentarla.”

Lo que acabamos de decir resuelve en contra del apelante el noveno error que se señala como cometido por la. corte al declarar sin lugar su moción de nonsuit.

Por el décimo error se levanta una interesante cuestión de derecho. Se formula así: “La corte erró al condenar a los demandados a pagar daños y perjuicios por sufrimientos morales.”

La corte sentenciadora dijo en su opinión:

“En cnanto a los dañ'os morales, creemos que los preceptos del artículo 1803 del Código Civil vigente nos dan autoridad para con-ceder indemnización por los perjuicios que naturalmente resulten de los daños que se ocasionan. El precepto de la ley es terminante. El que p'or acción u omisión causa daño a otro, mediando culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Tal daño tiene que surgir como una consecuencia natural del acto u omisión que le origina o lo causa. La ley ampara a toda pers'ona que, sin un debido procedimiento, se ve privada de su propiedad, autori-zándole a demandar la nulidad de una actuación judicial que lo privó a destiempo o inop'oi’tunamente, de lo que constituía su patrimonio. Si tal privación trae como consecuencia natural daños materiales y angustias y sufrimientos mentales y morales, y hay prueba de tales dañ'os, creemos que los mismos pueden y deben ser compensados de acuerdo con los preceptos del artículo 1803 del Código Civil. Sólo así, dando una amplia interpretación a los preceptos de la ley sus-tantiva, pueden hallar amparo y protección todas las nuevas moda-lidades que surgen a la vida del derecho, por imperio de las leyes ineludibles del progreso.
“No puede haber duda de que la interposición del ejecutivo su-mario fué un acto voluntario de la demandada. Ella fué el agente activo en un procedimiento del que los demandantes no podían de-fenderse. La acción, generadora de los daños, surge clara de las actuaciones de la parte demandada. Tal acción ha originado per-juicios.
“Tanto de naturaleza material c’omo los que ocasionan los in-cruentos dolores morales que nos producen las angustias y sufrimien-tos mentales al vemos privados de lo nuestro, cuando se nos llama a resp'onder de una obligación no vencida, y en un procedimiento en el que no podemos defendernos.”

Parece conveniente agregar que en el párrafo anterior de su opinión la corte sentenciadora analizó la prueba con respecto a los daños que se alegó que se habían ocasionado en los otros bienes de los demandantes con motivo del pro-cedimiento hipotecario, y concluyó que no había en ella elementos bastantes para concederlos.

Hemos estudiado cuidadosamente el problema y a nuestro juicio la corte de distrito lo resolvió erróneamente. No importa que la demanda se titulara “sobre nulidad de ejecu-tivo hipotecario, otros estremos y daños y perjuicios.” La acción que tiene el demandante es la que le reconoce el artículo 169 del reglamento de la Ley Hipotecaria que sujeta al ejecutante a indemnizar cuantos daños y perjuicios irrogue al deudor o a terceras personas interesadas, por malicia, o negligencia en la fiel exposición de los hechos, y esos daños son los que determina el artículo 12701 del Código Civil, o sea la restitución de la cosa objeto del contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses, u otros de naturaleza semejante. Regular este caso por las disposiciones del ar-tículo 1803 del Código Civil sería sacarlo de su propio centro. Véase la decisión de esta corte en Arvelo v. Banco, 29 D.P.R. 1066.

Los errores 11, 12 y 13 no se cometieron a nuestro juicio. Creemos que las otras reconvenciones que se declaran sin lugar lo fueron propiamente; que no se ha demostrado abuso de discreción por parte de la corte al imponer las costas a los demandados, y que la sentencia apelada no eg contraria a derecho, con excepción de su pronunciamiento relativo a la. condena de los daños y perjuicios por sufrimientos morales.

Debe modificarse la sentencia recurrida eliminando de ella la condena a pagar “$4,500 como indemnización por l,os dolores morales producidos por la angustia y sufrimientos mentales temidos por los demandantes con motivo de la eje-cución de su finca por la demandada”, y así modificada, con-firmarse.