text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Asamblea Municipal de Guánica, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento de certiorari.

    No. 2661.
    Resuelto en febrero 12, 1923.

      Certiorari — Excepción Previa. — No es la mejor práctica hacer objeción a la pe-tición de certiorari por una excepción previa sino que debe hacerse por mo-ción en la que admitiéndose la verdad de las alegaciones contenidas en la pe-tición, se solicite, por insuficientes, la desestimación de la misma.

      Id. — Quo Warranto. — El recurso de certiorari es adecuado para demandar la nu-lidad de un, acuerdo de la asamblea municipal que destituyó al peticionario del cargo, de Comisionado de Instrucción, cuando se alega que la destitución se realizó mediante procedimientos ilegales, violándose derechos constituciona-les del peticionario. Aunque la asamblea hubiera nombrado otro comisionado de instrucción, es el certiorari y no el quo warranto el recurso adecuado.
    Ip.. — Causa de Acción. — Una petición de certiorari para anular un acuerdo de la asamblea municipal no es insuficiente por el hecho de que no alegue expresa o implícitamente que los errores imputados al acuerdo fueron impugnados en el organismo recurrido.

      Id. — Contestación.—No existe disposición legal que autorice una contestación en autos de certiorari, puesto que la verdadera contestación en estos procedi-mientos especiales la constituye el rePwrn.

    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. R. Arjona Siaca.

    Abogados del apelado: Sres. D. Sepulveda y J. Rosario Gelpí.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de certiorari en apelación ante esta Corte Suprema.

La Asambla Municipal de Guánica adoptó un acuerdo el día 2 de diciembre de 1921 y por él dispuso la destitución del peticionario del cargo de Comisionado de Instrucción del mu-nicipio de Guánica, y como consecuencia de dicho acuerdo el peticionario acudió a la corte inferior mediante una pe-tición de certiorari solicitando se anule el referido acuerdo y se le repusiera en su cargo.

En la petición se alega: que el peticionario Clemente J. Eodríguez Cario desempeñaba desde antes del 20 de noviem-bre de 1921 el cargo de Comisionado de Instrucción del mu-nicipio de Guánica, para cuyo cargo fué legalmente nom-brado por la asamblea municipal y habiendo cumplido debi-damente las funciones de dicho cargo; que fué separado, y destituido ilegalmente del cargo de Comisionado de Ins-trucción por procedimientos ilegales llevados a cabo por dicha asamblea municipal desde noviembre 20 de 1921 hasta el 6 o 7 de diciembre de 1921, nombrándose para dicho cargo de Comisionado de Instrucción, con carácter interino, a cierto' Pedro Nieves, a quien el peticionario no ha hecho entrega del cargo; que los actos llevados a cabo por la Asamblea Municipal de Guánica para destituir al peticionario y nom-brar su sucesor son ilegales y por ello contrario a la ley y violan derechos constitucionales por las razones siguientes: (a) Porque dos asambleístas no fueron legalmente citados para la reunión, en que se destituyó al peticionario; (6) Porque no fué oído y no se le dió oportunidad de confron-tarse y repreguntar a los testigos que declararon en su contra ni tampoco para defenderse de los cargos que se le hicie-ron; (c) Porque en los acuerdos tomados por la Asamblea Municipal de Guánica tomaron parte y votaron asambleístas que de acuerdo con el reglamento de la asamblea estaban im-pedidos de hacerlo; (d) Porque la Asamblea Municipal de Guánica abusó de su discreción al privarle defenderse de los cargos que se le hacían sin poder repreguntar a los testigos y presentar su prueba de defensa; (e) Porque los cargos formulados contra el peticionario aun siendo ciertos, no eran suficientes para justificar la destitución; (/) Porque cinco asambleístas, al tratar este asunto, obraron con pasión, pre-juicio y manifiesta parcialidad en contra del peticionario; y se alega, por último, que el peticionario carecía de otro re-medio en el curso ordinario de la ley para hacer valer sus derechos.

El auto fué expedido por la corte inferior y en el acto de la vista la demandada presentó las siguientes alegacio-nes: moción para eliminar; excepción previa por falta de causa de acción; moción para anular el auto y contestación a la petición.

La corte inferior en 4 de enero dictó sentencia anulando el acuerdo de la Asamblea Municipal de Guánica de 2 de diciembre de 1921, y ordenando que el peticionario Clemente J. Rodríguez Cario sea repuesto en el cargo de Comisionado de Instrucción del municipio de Guánica. De esta senten-cia la Asamblea Municipal de Guánica apeló para ante esta Corte Suprema y en su alegato la apelante apuntó como erro-res:

“I. Declarar sin lugar la moción para anular el auto.
“II. Declarar sin lugar la excepción previa, por falta de causa de acción.
‘! III. Haber tomado en consideración hechos qne no aparecían ale-gados específicamente como errores del procedimiento en la petición.
“IV. Haberse ordenado que el peticionario sea repuesto en su cargo de Comisionado de Instrucción del municipio de G-uánica.
“V. No haber llegado la corte interior a la conclusión de que el peticionario no fué oído al tomarse el acuerdo de su destitución ni haberle dado la oportunidad de confrontar y repreguntar a Ios-testigos que declaraban en su contra ni para defenderse de los cargos que se le hacían, etc., y tomar, no obstante, como base para su sentencia, en cuanto a la notificación de los cargos, el hecho de que la notificación no fué hecha con tiempo razonable ni haber sido razonable el tiempo concedido para comparecer a la defensa.
“VI. Haber impuesto las costas a la demandada.”

No estamos conociendo con jurisdicción original del auto-de certiorari en este caso. Nos encontramos, sin embargo, sin una exposición del caso o bill de excepciones 3^ esto nos imposibilita de tener a la vista para su examen el record, completo (return) de las diligencias o procedimientos me-diante los cuales actuó la Asamblea Municipal de G-uánica y que terminaron con la destitución del peticionario del cargo de Comisionado de Instrucción. De este modo se reduce la acción de esta Corte Suprema a examinar solamente las cues-tiones legales que puedan surgir de la petición misma y de-las alegaciones presentadas por el apelante en la corte inferior.

Las mociones para eliminar y anular el auto y la excep ■ción de falta de causa de acción fueron dirigidas a la peti-ción inicial y no aparece de los autos que se reprodujeran luego de haberse presentado la petición enmendada. No obstante, está dentro de nuestras facultades considerar la excepción previa de falta de causa de acción. 'Parece que no es la mejor práctica hacer objeción a la petición de certio-rari por una excepción previa sino que debe hacerse por mo-ción en la que admitiéndose la verdad de las alegaciones con-tenidas en la petición, se solicite, por insuficientes, la deses-timación de la misma.

“Bn los Estados donde la vista del caso se celebra por virtud de la petición para que ■ el auto sea expedido, una excepción previa puede ser considerada como una moción para anularlo, por el fun-damento de que, admitiéndose que la petición sea cierta ella no presenta un caso meritorio para el libramiento de un certiorari.” 11 C. J. pág. 155.
“Una moción para amular el auto por insuficiencia de la pe-tición interesando el mismo es equivalente a una excepción previa a la petición, y de otro modo una excepción a la petición para el auto es equivalente a una moción de desestimación y una sentencia a favor del demandado basada en tal excepción prácticamente es igual a una desestimación.” 11 C. J. pág. 187, 188.

La parte apelante parece, no obstante, bacer una dife-rencia ele una y otra alegación y las funda en razones dis-tintas.

La moción para anular se refiere al punto técnico sobre la procedencia del certiorari en el sentido de que habiéndose designado un tercero en el cargo de Comisionado de Instruc-ción del municipio de Guánica no es el certiorari el recurso-que procede sino el de quo ivarranto. Pero esta argumenta-ción no tiene aplicación al presente caso donde se alega una destitución ilegal y que se realizó mediante procedimientos ilegales, quebrantándose leyes y violándose derechos cons-titucionales que afectan al peticionario. En tal forma ale gada, naturalmente que dichos procedimientos no han tenido el alcance de darle jurisdicción a la asamblea municipal y asi presentada la cuestión no es éste el caso para que se deba recurrir a un quo warranto que responde a un objeto dis-tinto.

La parte apelante funda la excepción previa de falta de causa de acción en que la petición no alega ni expresa ni im-plícitamente que los errores imputados al acuerdo de la asamblea municipal habrían sido impugnados en el orga-nismo recurrido.

La cita que hace la apelante, 11 C. J. 151, para sostener su contención no ha sido bien interpretada por la apelante. Es cierto' que también gobierna en materia de certiorari la regia general de que cuestiones que na ban sido levantadas en la corte inferior u organismo recurrido no pueden susci-tarse por primera vez en la corte de apelación, pero para saber si ban sido o no levantadas tales cuestiones y obje-tadas, se bace necesario que se haya traído a la corte de ape-lación una exposición del caso o till de excepciones, lo que no se ba becbo debidamente en este caso; y sin que tampoco pueda aceptarse la teoría que las objeciones así tomadas tengan necesariamente que alegarse en la petición inicial de certiorari, Como sostiene la apelante.

El cuarto error es una repetición del primero; y en cuánto a los demás señalados existe la misma dificultad para con-siderarlos y es la falta de las diligencias o actuaciones (return) de la Asamblea Municipal de Guánica y de lo que ya antes hemos becbo mención. No importa que también se baya presentado una contestación por la demandada, toda vez que carece de objeto y no podemos discutir sus méritos en relación con la petición joorque no existe disposición legal que autorice una contestación en autos de certiorari, puesto que la verdadera contestación en estos procedimientos es-peciales es lo que ya hemos dicho que constituye el return.

“En el procedimiento de certiorari no existe alegación formal por parte del demandado. El auto diligenciado Race las veces de contestación en una acción ordinaria, y a veces se le designa' como tal. El único oficio que desempeña el auto de certiorari de la ley •c-omún es hacer que se certifiquen los autos de un procedimiento por una corte inferior a una superior y es el deber del organismo inferior a quien el auto se dirige enviar una. transcripción completa ■de los autos, debidamente certificados, a la corte que concede el auto sin ninguna exposición de hechos que no consten de los autos.” .,8 Spelling, Injunctions and other Extraordinary Remedies, pág. .1733.
“El demandado también formuló una contestación a la petición para el auto, negando las alegaciones de dicha petición. Esto fué irregular. El auto diligenciado constituye la contestación, así como la prueba y el caso se celebra por virtud del mismo, a menos que mediante moción se presente una contestación adicional o enmen-dada. Stumpf v. San Luis Obispo County, 131 Cal. 364, 366, 63, P. 663, 82 A. S. R. 350; Compárese el caso de Carpenter v. San Joaquín County Super. Ct., 77 Cal. 291, 19 P. 500 donde se sos-tiene que una contestación no presenta una cuestión esencial de hecho).” 11 C. J. 156, nota 37 (a).

En las condiciones del presente caso, sin récord que exa-minar, esta corte tiene que presumir que la sentencia de la corte inferior está sostenida por el récord completo de los procedimientos que de la Asamblea Municipal de Gfuánica tuvo a la vista y por carecer del mismo en esta apelación no podemos llegar a otra conclusión distinta que la que resulta de la sentencia apelada.

Por todo lo expuesto la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wiole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pereira et al., Acusados y Apelantes.
    Apelacióñ procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en causa por infracción al artículo 61 de la Ley de Ar-bitrios.
    No. 2009.
    Resuelto en febrero 12, 1923.
    Prueba; Peritos. — Un agente de rentas internas puede, establecida su capacidad para ello, declarar como perito sobre si determinado aparato presentado a la corte en piezas constituye o no un alambique, y cuando tal prueba no es con-tradicha la corte está justificada en aceptar la conclusión del perito, especial-mente cuando su declaración está robustecida por otra prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. C. Garda de la Noceda.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo sido declarados culpables los apelantes por te-ner ilegalmente en su posesión un alambique, alegan como errores, los siguientes:

“(A) La corte inferior cometió error al aceptar, como ha acep-tado, que las piezas ocupadas por la policía, sean en su totalidad, un alambique, listo para destilar alcohol;
“ (B) La corte cometió error al llegar a la conclusión de que los acusados eran culpables de una infracción a la sección 61 de la Ley de Arbitrios, aprobada en 1919; y
“(C) La corte cometió error al llegar a la conclusión de que los acusados, maliciosa 3^ voluntariamente, tenían en 'su podjer, cus-todia, bajo su disposición o control, un alambique o aparato desti-latorio. ’ ’

Este fué un caso en el cual un agente de rentas internas, probando su capacidad como perito, y dos policías declara-ron que los aparatos ocupados constituían un alambique, ha-biendo la corte cládole crédito a sus manifestaciones. No hubo substancialmente ninguna contradicción en la prueba sobre este punto. Aunque, pudiera haber alguna duda res-pecto a si los aparatos como fueron hallados podrían fun-cionar como un alambique, hubo suficiente prueba circuns-tancial ante la corte inferior para declarar probado que las personas a quienes los aparatos pertenecían estaban en po-sesión ilegal de un alambique.

Los otros dos señalamientos pueden ser considerados con-juntamente. Hubo contradicciones en las manifestaciones de los dos policías como sucede frecuentemente. Estos poli-cías, que fueron llamados como testigos, declararon sobre la existencia del alambique y el testigo Colón manifestó que uno de los acusados a presencia del otro admitió la propie-dad de los aparatos. Algo por el estilo puede verse en la manifestación hecha por el otro testigo. Todo esto fué fuer-temente contradicho. El caso, sin embargo, no es uno que pueda quedar excluido de la regla ya establecida y tan fre-cuentemente enunciada de que el juez sentenciador está en la mejor situación para apreciar los Rectos.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutebison y Franco Soto.


author: El Juez .Asociado Se. Wolf,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelante, v. Mari, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2635.
    Resuelto en febrero 12, 1923.
    Arrendamiento de Servicios — Causa de Acción — Precio Cierto. — Aduce heehos suficientes para establecer la causa de acción que nace del artículo 1447 del Código Civil, una eontrademanda en la que se alega que el demandante con-vino en pagar al contrademandante por los servicios de éste cierto tanto por ciento que fijarían más tarde las partes de acuerdo con las costumbres y usos locales. Del hecho de que se alegara un precio indefinido no puede con-cluirse que no se alegó precio cierto.
    Id.- — Valor Razonable de los Servicios. — Probado en este caso que el agente prestó valiosos servicios a su principal mediante la oferta que le hiciera éste de pagarle un tanto por ciento que se fijaría en el futuro, es necesario con-cluir que el 5 por ciento de los beneficios es un tipo razonable y está de acuerdo con los usos y costumbres del país.
    Los.becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez .Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso los hechos declarados probados y opinión de la corte sentenciadora fueron los siguientes:

“El presente pleito se inició ante esta corte mediante demanda establecida por don Juan Ortiz Perichi v. Ernesto Mari en cobro de dinero por la suma de $3,001.95, procedente de un café tomado por el señor Mari del señor Periebi.
“A esta demanda contestó el demandado aceptando casi todos sus hechos a excepción de una pequeña diferencia en la liquidación de dicho café, pero alegando que el mismo había sido tomado a cuenta de una liquidación por servicios prestados por el deman • dado al demandante, la cual no había sido efectuada aún; y además, estableció dicho señor Mari contrademanda reclamando del señor Perichi por servicios prestados a dicho señor como apoderado y administrador de sus bienes, desde el año 1913, hasta Junio de 1920, la suma de $11,217.75 o sea el cinco por ciento de los beneficios líquidos obtenidos por el contrademandado señor Perichi durante el tiempo indicado, los cuales ascendían a la suma de $224,355.50, y solicitando de la corte que al deducir de dicha suma el importe del café tomado a cuenta, condenase a dicho contrademaudado a satisfacer al contrademandante la suma de $8,258.03, más el interés legal de dicha suma desde la interposición de la contrademanda y las costas del pleito.
“Esta contrademanda fué contestada por el demandante y con-trademandado aceptando el montante total de los beneficios obte-nidos durante las fechas fijadas en la eontrademanda, pero negando que el contrademandante tuviere derecho a remuneración alguna por los servicios alegados, y negando asimismo la prestación de tales servicios por parte del contrademandante, alegando que el contra-demandante sólo actuó como tenedor de libros del contrademandado por lo cual obtenía un sueldo fijo.
“Dado lo extensa de las alegaciones de ambas partes, la corte omite el reproducirlas en esta opinión, pero se contrae a las mismas, así como a la prueba practicada en el juicio.
“El juicio de este caso tuvo lugar el día 6 de Abril del co-rriente año, representado el demandante y contrademandado por su abogado Ledo. José Sabater, y el demandado y contrademan-dante por los suyos Benet & Souffront, habiéndose practicado prueba documental y testifical y sometido el caso mediante argumentación oral de los abogados de ambas partes.
“De la prueba practicada, así como de las alegaciones de las partes en cuanto éstas constituyeron admisiones pertinentes al de-recho de las partes, la corte llegó a las siguientes conclusiones:
“Que en el mes de mayo del año 1913, y en necesidad el éon-trademandado señor Perichi de ausentarse de la Isla de Puerto Rico por tiempo ilimitado, nombró apoderado y administrador de sus bienes al contrademandante señor Mari en unión de don Miguel Juan Llaneras, lo cual fué formalizado mediante escritura pública de 13 de mayo del misino año y consta en los autos del pleito.
“Que el apoderado, señor Llaneras, nunca hizo uso alguno de dicho poder ni actuó como tal administrador, lo que consta por la escritura de revocación de poder otorgada por el propio señor Pe-ri chi y que se encuentra unida a los autos y que fué presentada como prueba.
“Que el contrademandante señor Mari se hizo cargo de todos los asuntos y administración de los bienes del señor Periehi, tales como recaudar rentas, gestionar préstamos hipotecas, compra y venta de cafó y otros frutos, cobros, etc. mediante la oferta de dicho señor Periehi de pagarle un tanto por ciento de los beneficios que se ob-tuvieran de acuerdo con el valor razonable de dichos servicios; ocu-pándose camo se ocupaba dicho señor Mari para ganarse su subsis-tencia de idéntica clase de negocios, a los que le fueron entregados por el señor Periehi, o sea a los que dicho señor Periehi se dedicaba.
“Fué aceptado por las partes que el señor Periehi obtuvo como beneficios líquidos desde el año 1913 hasta junio de 1920, en sus negocios la suma de $224,355.50; pero en el acto del juicio hubo cierta incongruencia entre las pruebas y las alegaciones con res-pecto a los beneficios correspondientes al año 1913, por lo que sola-mente quedaron en pié no sujetos a discusión alguna, los correspon-dientes a los años 1914 hasta julio de 1920, ascendentes a la suma de $202,858.79.
“Encuentra probado la corte que no solamente durante el tiempo que estuvo ausente de Puerto Rico el señor Periehi, sino hasta junio de 1920, el contrademandante señor Mari actuó como apoderado, agente y administrador de dicho contrademandado Pe-richi contribuyendo con sus conocimientos, actividad, gestiones y consejos a las ganancias anteriormente relacionadas y que fueron realizadas por el contrademandado señor Periehi.
“Que dicho señor Mari actuó siempre en beneficio del contra-demandado, siendo un celoso leal y entendido administrador, de-dicándole todo el tiempo necesario a los negocios del señor Periehi, y viéndose obligado a trabajar hasta altas horas de la noche,” y aún en días festivos, estudiando todos y cada uno de los negocios de dicho señor Periehi, bien como su apoderado o como administrador, negociando y agenciando préstamos hipotecarios y de otra índole, negociando, agenciando y atendiendo a la compra y venta de café y otros frutos propios del negocio, así como a cobros y vencimientos.
“La corte, también encuentra probado que el valor razonable de los servicios prestados por el coutrademandante al contrademan-dado montan como mínimum al 5% de los beneficios obtenidos por el eontrademandado en sus negocios durante el tiempo en que el con-trademandante fue su apoderado, agente y administrador, y que tal tanto por ciento, se encuentra ajustado a los usos y costumbres del país.
“Por los fundamentos anteriormente expuestos, y otros que sería prolijo enumerar, la corte es de opinión que la Ley y los hechos están en contra del demandante y contrademandado Juan Ortiz Pe-richi y a favor del demandado y contrademandante Ernesto Mari Rodríguez, y en su consecuencia que debe dictarse una sentencia que declare que el contraclemandado es en deber al demandado y contrademandante la cantidad de $10,142.93, o sea el cinco por ciento de los beneficios obtenidos por el demandante Juan Ortiz Perichi durante los años 1914 hasta, Junio de 1920, de los que de-berá deducirse la suma de $3,001.95 valor del café entregado por el .demandante y contrademandado. Perichi al demandado y contra-demandante señor Mari, y deducir de la misma cantidad de $180 .que confesó haber recibido a cuenta del demandante y contrade-mandado, señor Perichi según la alegación quinta de la contrade-manda, quedando un balance a favor del señor Mari de seis mil novecientos sesenta dólares, noventa y ocho centavos, ($6,960.68) que deberá pagar el contrademandado Perichi al contrademandante, señor Mari más el interés legal de dicha, suma desde el día 16 de octubre de 1920, hasta su total solvento y además las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado de este pleito.”

Este es otro de los muchos casos en el cual el apelante ha dejado de presentar un señalamiento de errores y por tanto sólo consideraremos los puntos más salientes de la apelación.

No podemos convenir con el apelante en que la contrade-manda en este caso depende exclusivamente de un tanto por ciento por los servicios prestados (quantum meruit). El párrafo dos de la misma alega que las partes convinieron en cierto tanto por ciento de los beneficios el cual había de fijarse más tarde entre las partes, de acuerdo con las costum-bres y usos de la localidad. Estamos de acuerdo en que esto era algo indefinido, pero había un convenio específico para una compensación. En el caso de García v. Cañada, 11 D. P. R. 421, citado por el apelante, no se probó ningún con-trato ni convenio sobre compensación. Un comentario se-mejante es aplicable al caso de Agosto v. Woods, 13 D. P. R. 369. El artículo 1447 del Código Civil en el cual se fnnda el apelante, prescribe lo siguiente:

. “Art. 1447. — En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.”

Alega la contraderuanda un precio cierto o convenio, aun-que la suma exacta es indeterminada.

Sostiene el apelante que la corte inferior incurrió en error al declarar probado que bubo un convenio expreso entre las partes para una remuneración. Esta es la cuestión más im-portante en el caso. ¿Existió tal convenio? El apelante llama la atención al liecbo de que el apelado estaba em-pleado con el apelante como tenedor de libros y que los ser-vicios prestados, aunque eran importantes, estaban compren-didos en los deberes del empleo y por los cuales el apelado recibía la suma de $10 mensuales; que el apelante estaba'» continuamente prestando al apelado dinero para varios fines; que el apelado tenía una sociedad con el apelante, en la cual el primero ganó dinero; que el apelado en la misma época trabajaba con otro comerciante de quien obtuvo la suma de $8,597.33, y otras alegaciones. Sostiene asimismo el apelante que es algo sospechoso que el apelado baya dejado pasar tantos años sin presentar un estado de cuenta, especialmente si se tiene en cuenta que durante todo este tiempo el apelado hacía liquidaciones semanales de sus cuentas con el apelante. Aceptamos que la prueba no es tan satisfactoria como pu-diera serlo, y quizá si fuera un caso de primera impresión podríamos tener fuertes dudas.

Las partes, sin embargo, comparecieron ante la corte inferior y dicba corte dió crédito a la manifestación hecha por el apelado. El no haberse presentado antes una reclamación se explica por las alegadas constantes promesas del apelante de hacer un buen arreglo. El hecho de haber aceptado el ape-lado un empleo con Gregory demuestra que dicho apelado no era un mero empleado del apelante y que fácilmente po-día prestar servicios extraordinarios aparte de su empleo como tenedor de libros. El trabajo efectivamente realizado era esencialmente de naturaleza distinta.

De los autos en conjunto llegamos a la conclusión de que el apelado prestó los servicios más valiosos por los cuales debe considerarse que el 5% es un tipo razonable, equitati-vo y como declaró probado- la corte inferior, está de acuerdo con los usos y costumbres del país.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Amorós, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 2004.
    Resuelto en febrero 15, 1923.
    Jurisdicción — Lugar Donde se Comete el Delito — Prueba.—Aunque no es ne-cesario que se demuestre la jurisdicción mediante prueba directa y positiva, siendo bastante la de indicios para determinar el lugar en que se comete el delito, dicha prueba, sin embargo, deberá ser clara y convincente para que pueda servir de base a una sentencia condenatoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. A. Martines.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué primeramente declarado culpable en la corte municipal y después en la de Distrito, por un delito que se alegó haberse cometido dentro del distrito municipal de Gruayama.

La teoría del segundo señalamiento de error es que no hubo prueba del lugar donde ocurrió el hecho.

Sobre este punto se nos afirmó en'el alegato del gobierno que la prueba demostraría que todos los testigos son resi-dentes de Gruayama, que un policía insular que compareció como testigo se encontraba de servicio en Guayama, y que además de todo esto, ciertos pormenores de la -prueba re-velarían que el delito fué cometido en Guayama.

Verdad es que el policía, al celebrarse el juicio en la corte de distrito, más de un año después de la fecha que se alega en la denuncia y menciona en su declaración, dijo, usando el tiempo presente, que se encontraba de servicio en Guayama; pero no expresó cuánto tiempo había estado des-tacado en Guayama, ni que se encontraba de servicio en Gua-yama al ocurrir el hecho que ha referido. No hubo ningún otro testigo por parte de la acusación ni nada más preciso en la declaración del policía sobre el punto relativo al lugar en que se cometió el delito.

El acusado fué a declarar, pero por inadvertencia o al-gún otro motivo, no hizo referencia alguna a la situación geo-gráfica de su domicilio.

Otro testigo manifiesta que vivía en la calle de Hostos y que el acusado era su vecino, pero dejó de nombrar el pueblo.

El próximo y último testigo llega a decir que vive en Guayama, y en el interrogatorio de repreguntas explica que acostumbraba visitar la casa del acusado porque eran veci-nos. Esto, por supuesto, no quiere necesariamnete decir que el testigo vivía dentro de los límites urbanos, o en el propio pueblo, ni que el acusado residía dentro de la demarcación geográfica del municipio.

Si existen otros pormenores más significativos, se han escapado a nuestra atención, apesar de la lectura razonable-mente cuidadosa que Remos liecbo de la prueba.

Como se indica en el caso de El Pueblo v. Llabrés, 29 D. P. R. página 749, y en el párrafo del autor Underhill, so-bre evidencia criminal, citado en dicho caso:

“El lugar del delito no es necesario que se establezca por prueba directa y positiva.' — Es suficiente si puede inferirse razonablemente de los hechos y circunstancias que han sido probados y que están envueltos en el acto criminal. Es bastante si de las circunstancias puede inferirse por el jurado que el delito fué cometido en el con-dado alegado en la acusación.”

Pero en el caso de Llabrés, como revela la opinión, las circunstancias fueron tales y tan numerosas, que hay poco o ningún motivo para cualquier duda razonable de que el de-lito en efecto fué cometido dentro de la jurisdicción. Y deba o no disiparse toda esa duda, el acusado por lo menos tiene derecho a que la prueba sea clara y convincente en este punto,

En el tomo 1, sección 384, de Bishop, Nuevo Procedi-miento Criminal, encontramos la siguiente declaración, que es algo conservadora:

“Gomo en otras cuestiones (issues), no se requiere que la prueba se presente en las palabras de la acusación; es bastante cualquier prueba corriente que en efecto lleve al jurado a la conclusión, como tal vez se cree generalmente, más allá de una duda razonable. Hay alguna autoridad para decir que la doctrina de duda razonable ño al-canza a esta cuestión que solamente es jurisdiccional; pero la razón de la doctrina parece abarcarla razonablemente y la cuestión por lo menos merece una detenida consideración.”

En el presente casó el testigo a que hemos hecho referen-cia últimamente, fija su residencia en Guayama hacia la fe-cha del juicio y no dice exactamente ni siquiera que vivía en Guayama al cometerse el delito. La inferencia de tal decla-ración de que el acusado vivió en Guayama por más de un año con anterioridad a la fecha del juicio es enteramente de-masiado remota e indeterminada para sostener una condena. La prueba del lugar del delito en la mayoría de los casos, si no en todos, es muy simple, y no envuelve gran dificultad. Pero aunque así no fuere, a falta de tal prueba, no debe ser declarado culpable el acusado. En cuestiones como ésta fia de establecerse de algún modo el límite y no deben los fis-cales confiar enteramente en que esta corte confirme toda sentencia en caso criminal, sin tener en cuenta la forma en que se fia celebrado el juicio, por el solo fiecfio de demostrarse que el acusado fia cometido un delito.

La sentencia apelada debe ser revocada.

JRevocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Rocafort, Demandante y Apelado, v. Cantero et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero por virtud de contrato.
    No. 2791.
    Resuelto en febrero 15, 1923.
    Obligaciones — Pago—Intereses.—El deudor que desea impedir la acumulación de intereses debe consignar el montante de su deuda en la corte, aun cuando ésta, con motivo de embargo trabado en pleito distinto, haya ordenado la retención de dicho montante por el deudor, pues tal orden no da a éste el carácter de un depositario no obligado al pago de intereses.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. Martines Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Gusmán Benítes.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Primitivo Rocafort obtuvo sentencia contra dos deman dados por la suma de $2,000 con intereses sobre dicfia can-tidad a razón del 10 por ciento anual, a contar del día 11 de mayo, 1917. La única parte de la sentencia qne lia sido ape-lada es la qne se refiere a los intereses toda vez qne los deman-dados y apelantes alegan qne en mayo, 1917, y en nn procedi-miento de embargo seguido contra sn acreedor Rocafort, se les ordenó qne no verificaran el pago del capital o ningnna parte del mismo sino qne retuvieran toda la suma en sn cus-todia basta nueva orden de la corte. Los apelantes insis-ten en que no deben ser condenados al pago de los intereses cuando se encontraban cumpliendo con una orden de una corte competente en qne se disponía qne no se luciera el pago. El apelado Rocafort fué demandado habiéndose ex-pedido embargo contra sus deudores. Después él ganó el pleito y no fué por su culpa que no pudo cobrar su crédito de los actuales apelantes.

A pesar de la orden de la corte si los apelantes hubieran querido impedir la acumulación de intereses, el ■ camino lo tenían abierto para ese fin. Ellos pudieron haber hecho la consignación del dinero en la corte por virtud de las dispo-siciones del Código Civil, artículos 1144 y siguientes. Si los apelantes tenían duda con respecto a cualquier particular en relación con sus deberes ellos pudieron haber solicitado de la corte que les permitiera verificar la consignación del dinero. Según sucedió ellos obtuvieron el dinero dé Rocafort y lo con-servaron en su poder a través de los años. Recibieron todo el beneficio del préstamo y uso del dinero. De igual manera en los Estados Unidos para impedir la acumulación de in-tereses debe verificarse el pago en la corte. 22 Cyc. 1559.

Podemos decir incidentalmente que no consta que los ape-lantes quedaran convertidos en depositarios del dinero pero que a la firma principal de quien eran fiadores in sólido se le ordenó que no pagara. Ni siquiera se hizo depositaría a esa firma. Por tanto el artículo 1672 del Código Civil relativo al depósito en dinero no es de aplicación. No se depositó nin-gún dinero con los apelantes.

El artículo 1124 (leí Código Civil prescribe que las obli-gaciones se extinguen por el pago, etc., y los apelantes no se ban colocado dentro de ninguna prescripción del referido ar-tículo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Ramírez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda, denegando la ins-cripción de una escritura de segregación ■ y traspaso de un solar.
    No. 555.
    Resuelto en febrero 16, 1923.
    Embargo — Venta Judicial de Finca Gravada con Anotación de Embargo — Parte en el Procedimiento. — Una anotación de embargo no puede produ-cir el efecto de impedir la ejecución de gravámenes anteriormente existen-tes sobre una propiedad ni la venta judicial de ésta, aunque si la persona a cuyo favor fué decretado el embargo no es hecha parte en el procedimiento de ejecución, entonces la venta judicial y todos los sueesivoq traspasos esta-rán sujetos al gravamen del embargo, siendo la anotación un aviso a los compradores de la posible existencia de derechos a favor del acreedor em-bargante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. Guerra.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 10 de 1921, un minuto después de las ocho, fué presentada en el registro para su inscripción una escri-tura de hipoteca que tres días antes había sido otorgada por Gabriel Guerra a favor de Arturo Guerra, la que después, y en el mismo día, quedó debidamente, inscrita. A las 3 y 40 minutos de la tarde del día arriba citado en primer término, tina anotación de embargo con prohibición de enajenar, de fe-cha febrero 10 y procedente de la Corte Federal en un pleito-seguido por el American Colonial Bank contra la Specialty Shop for Automobiles, Inc., y Gabriel Guerra, fué presen-tada, y al día siguiente, o sea, el 11, anotada en el registro. En agosto 30 del mismo año una escritura que había sido otorgada el 15 de dicho mes por el marshal de una corte de distrito insular traspasando la propiedad en cuestión a Arturo Guerra como consecuencia de una venta en ejecución de hipoteca en procedimientos seguidos por dicho Arturo Guerra contra Gabriel Guerra, se presentó al registro y quedó inscrita sin objección alguna.

En octubre 24 una escritura otorgada por Arturo Guerra a favor del recurrente, de segregación y traspaso a este úl-timo de un solar de 414 metros cuadrados de la propiedad citada, fué presentada y denegada su inscripción por estar vigente una anotación de embargo con prohibición de enaje-nar, que constaba como gravamen de la finca principal.

No podemos estar conformes, ya con el recurrente en que el efecto de la venta judicial, sin otra cosa, era cancelar la anotación de embargo, ipso facto, o con el registrador en que la orden de la Corte Federal prohibiendo una venta era necesariamente un injunction in rem obligatorio para los an-teriores tenedores de gravámenes que no eran partes en la ac-ción establecida por el banco. Por lo menos la certificación remitida por el registrador a virtud de requerimiento de esta corte, no revela que tal era el carácter y efecto de la orden, y no podemos tener ninguna presunción fuerte en este sen-tido. Por otra parte, el propio embargo permanece como-carga sobre la propiedad hasta que sea cancelado, ya por mandato judicial o por el consentimiento formal del banco.

Esa circunstancia, sin embargo, no podía' haber producido el efecto de impedir la ejecución de gravámenes anteriores y la venta judicial de la propiedad, como resultado de tal pro-cedimiento, ya con sujeción al gravamen del embargo si el banco no era parte, o libre de todo gravamen si siendo becbo parte el posterior tenedor del gravamen, dejó de reclamar sus derechos y la corte, en vista de tal omisión, así lo babía or-denado. .

Habiendo sido inscrita sin objeción la escritura otorgada por el marshal, no estamos llamados a resolver ninguna cues-tión que afecte a la jurisdicción de la corte en los procedi-mientos de ejecución por relacionarse con la cualidad de ele-gible para ser inscrito del documento ya aceptado por el re-gistrador como suficiente para llenar el fin para el cual fué otorgado.

De todos modos, la mera circunstancia de una anotación de embargo no es obstáculo insuperable para un traspaso por el actual dueño con título inscrito, sin perjuicio, desde luego, del efecto de tal anotación como aviso al comprador en el cual se le apercibe de la existencia de cualesquiera derechos pen-dientes del acreedor embargante.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Feancjo Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Felicié, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 2006.
    Resuelto en febrero 19, 1923.

      Former Jeopardy — Sobreseimiento.—Una sentencia del Tribunal Supremo orde-nando el sobreseimiento por no haberse presentado la acusación dentro de 60 días contados desde la detención (art. 448 del Código de Enjuiciamiento Cri-miaal) no impide la presentación de una nueva acusación por el mismo de-lito cuando se trata de un felony.

    Id. — La alegación de anterior sentencia absolutoria envuelve una cuestión de de-recho cuya resolución compete a la corte y no al jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. J. B. Aponte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Feancjo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de mutilación y celebrado el jui-cio se le declaró culpable de un delito de acometimiento y agresión grave. No .conforme con la sentencia se interpuso el presente recurso de-apelación.

El acusado al serle leída la acusación presentó como de-fensa la siguiente alegación: “el acusado contestando la acusación que se le ha leído alega haber sido ya absuelto del delito imputádole, por sentencia del Tribunal Supremo de ■Puerto Rico, de fecha 14 de julio de 1922,” y la sentencia a que alude el acusado, dice:

“Bn la OoRte Supeema de PueRto Rioo. — El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, vs. Manuel Felicié. — No. 1944. — Ape-lación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo. — Sentencia.— San Juan, Puerto Rico, julio 14, 1922. — Por los fundamentos de las opiniones de esta Corte emitidas en los casos de El Pueblo v. Otero, resuelto en abril 7, 1922, y de El Pueblo v. Laguerra, decidido en abril 25, 1922, este tribunal resuelve revocar, como revoca, la sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo, en el caso arriba expresado en febrero 18, 1922, y sobreseer, como sobresee, la acusa-ción. — Comuniqúese en la forma y a los fines procedentes. * * * ”

La corte inferior desestimó la anterior alegación del acu-sado, y éste es el único error que el apelante apunta en su alegato, agregándose además que la corte inferior cometió el error de no haber dejado esa cuestión a la decisión del ju-rado.

La sentencia citada por el apelante y que ha servido de base a su moción, se funda a su vez en el artículo 448, inciso Io. del Código de Enjuiciamiento Criminal; y esta prescrip-ción legal sólo autoriza el sobreseimiento del proceso o acu-sación en caso de no justificarse la dilación en presentarse la acusación dentro del término de 60 días. Pero esta de-claración de la ley no envuelve, tratándose de un felony, la significación de uña sentencia absolutoria que impida que se presente una nueva acusación por el mismo delito, pues esto está expresamente determinado por el mismo Código de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 452, que dice:

“Art. 452. — -Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro pro-ceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos grave) ; pero no así cuando el delito es un ‘felowy’ (delito muy grave).”

En el présente caso se trata de una mutilación que .es un felony y el sobreseimiento de la acusación que babía sido decretado por la sentencia anterior de esta corte, no impe-día la nueva acusación que fué presentada y en virtud de la cual resultó el acusado declarado culpable del delito menor de acometimiento y agresión grave.

En el caso de El Pueblo v. Portela, 27 D. P. R. 261, se de-cidió por esta corte lo siguiente:

* * u* “El Fiscal considera uno de ellos, o sea el de que el veredicto fué insuficiente y está conforme en que la sentencia ape-lada debe ser revocada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio. A esto opone el apelante que tal nuevo juicio lo pondría en peligro por segunda vez. Está equivocado el apelante en esta contención. Después de una condena está impedido el acu-sado de alegar una condena anterior cuando tal sentencia conde-natoria ha sido revocada debido a error, a virtud de apelación o auto de error establecido por él mismo, U. S. v Ball, 163 U. S. 662, 672; People v. Mooney, 132 Cal. 16; 63 Pac. 1070, 12 Cyc 278; 8 R. C. L. 160; People v. McFarlane, 138 Cal. 481; 61 L. R. A. 245; People v. Tong, 155 Cal. 579; 24 L. R. A. (N. S.) 481. La re-vocación anula por completo el juicio anterior y deja a las partes en igual situación que si no se hubiera celebrado ningún juicio. Artículo 302, Código de Enjuiciamiento Criminal.”

Y en California, de donde proviene el artículo 448 supra, que es el equivalente al 1382 del Código Penal de aquel Es-tado, se tiene declarado que un sobreseimiento de la acusa-ción contra un acusado de acuerdo con dicho artículo es a manera de una sentencia de sobreseimiento (nonsuit); y Como el acusado no ha estado expuesto- (in jeopardy) no es obstáculo para la presentación de otra acusación; Ex parte Clark, 54 Cal. 412; Ex parte Cahill, 52 Cal. 463 y Ex parte Bull, 42 Cal. 196. Véase asimismo People v. Schmidt, 64 Cal. 260, en relación con el artículo 452, supra, equivalente al 1387 del Código Penal de California.

La corte inferior, por tanto, procedió de acuerdo con la ley y la jurisprudencia al denegar la alegación de una sen-tencia absolutoria anterior por el mismo delito; y del mismo modo no cometió error de que tal alegación no era proce-dente someterla a la decisión del jurado por tratarse más bien de una cuestión de derecho de la competencia exclusiva de la corte, como así lo hizo al resolverla.

Por las razones expuestas, la sentencia debe ser con-firmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Montañez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión simple.
    No. 1990.
    Resuelto en febrero 19, 1923.
    Acusación — Testigos—Juez Instructor. — De acuerdo con el artículo 3 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, como quedó enmendado por la ley de mayo 28, 1904, una acusación presentada por el fiscal ante la corte de distrito no es defectuosa por el hecho de que los testigos en que está basada no hubie-ran sido examinados bajo juramento por dieho funeionario sino por el juez de paz que actuó como juez instructor.
    Id. — -Acometimiento t Agresión Grave — -Intención de Causar Daño Corporal. — Imputa la intención de causar daño corporal, aunque en forma imper-fecta, una acusación por acometimiento y agresión grave que en lo perti-nente expresa: “los * * * acusados * * * ilegal, voluntaria y ma-liciosamente acometieron y agredieron a * * * , quien era un funciona-rio legal (policía insular de Puerto Eico), en el cumplimiento de sus de-beres, sabiendo los acusados que dicho * * * era tal policía, en el cum-plimiento de sus deberes, asestándole varios golpes con los puños y con pa-los que le produjeron varias heridas de carácter grave.”
    Id.- — Id.—Transcripción—Prueba.—Cuando la prueba no consta! en la transcrip-ción, el Tribunal Supremo no está en condiciones de resolver si la corte de distrito erró al condenar a los acusados por acometimiento y1 agresión simple de acuerdo con el veredicto del jurado, habiendo sido acusados.de aco-metimiento y agresión grave cometido en la persona de uh funeionario pú-blico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. B. Cuevas Zequeira.

    Abogado del apelado: >Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal dé la Corte de Distrito de Humacao formuló acusación contra José y Juan Montañez, Manuel Dávila y Dámaso Ayala. Al pie del documento aparece lo que sigue: “La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante el Juez de Paz de Fajardo, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal.” En tiempo y forma alega-ron los acusados que no fundándose la acusación en testigos examinados por el Fiscal, debía desestimarse. La corte de distrito resolvió la cuestión levantada en contra de los acu-sados. Se celebró el juicio ante un jurado y éste rindió su veredicto declarando no culpable a Manuel Dávila, culpable de acometimiento y agresión simple a José y Juan Mon-tañez y de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes a Dámaso Ayala. Dictada sentencia por la corte se apeló de ella por los perjudicados para ante este tribunal.

1. Insisten los apelantes en su alegato en que la acusa-ción debió desestimarse por no haberse presentado de acuerdo con la ley.

La mente del apelante estuvo fija sin duda en los ar-tículos 71 y 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En el segundo, al transcribirse la forma de la acusación se dice, en parte: ‘ ‘ Certifico por el presente que la acusación que precede está presentada tomando como base para ello la de-claración jurada de testigos examinados por mí, '* * *

Pero el artículo 70, que también podría invocarse para sos-tener la contensión de los apelantes, se refiere al 3 del pro-pio cuerpo legal y dicho artículo 3, tal como quedó enmen-dado por ley de 28 de mayo de 1904, dispone que “Todo de-lito respecto del cual tuviere jurisdicción original la corte de distrito, deberá perseguirse en virtud de acusación pre-sentada por el fiscal en sala de justicia y confirmada con su declaración jurada que será suficiente si en ella se ex-presa que la acusación se funda en las declaraciones de tes-tigos juramentados por él o (en) las declaraciones de testi-gos examinados ante un juez instructor '* * *Las itálicas son nuestras.

No es necesario el examen de la jurisprudencia. La ley resuelve la cuestión planteada en el sentido de la validez de la acusación.

Para explicar por qué conoció originalmente de este de-lito menos grave la corte de distrito, véase la Ley No. 84 de 22 de julio de 1919 enmendando el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente y concediendo el derecho a juicio por jurado en algunos misdemeanors.

2. La segunda cuestión que se levanta es la de que no alegándose expresamente en la acusación que los acusados realizaron el acometimiento y agresión Con' la intención de causar daño corporal, no es suficiente, y debió desestimarse.

La acusación, en lo pertinente, dice: “los acusados * * '* ilegal, voluntaria y maliciosamente acometieron y agredieron a Trinidad Rosario, quien era un funcionario legal (policía in-sillar de Puerto Eico), en el cumplimiento de sns deberes, sabiendo los acusados que dicbo Trinidad Rosario era tal policía, en el cumplimiento de sus deberes, asestándole va-rios golpes con los puños y con palos 'que le produjeron varias heridas de carácter grave.”

Dice la sección 1 de la Ley de 1904 para determinar y castigar acometimiento * * *, lo que sigue: “Todo acto ile-gal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, constituirá un delito de acometimiento y agresión.” Y la sección 6 de la propia ley fija los casos'en que el acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes. Son diez. El primero es “cuando se comete en la persona de un fun-cionario legal en el cumplimiento de sus deberes * * # ” y el noveno “cuando se cometiera con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

No hay duda alguna que en la acusación se imputa ex-presamente la circunstancia agravante primera de la sección 6 de la ley. La cuestión a estudiar es la de si se imputa fundamentalmente el delito de acometimiento y agresión simple tal como lo define la ley. Esta, en su sección primera, usa las palabras “con la intención de causarle daño.” Esas palabras no se consignan expresamente en la acusación. El fiscal debió haberlas consignado. Debe ponerse un especial cuidado en la redacción de las acusaciones. La pureza del procedimiento, el respeto a los derechos del acusado y a la ley, lo requieren de consuno. No debe dejarse a inferen-cias, lo que con un leve esfuerzo puede consignarse expre-samente,

Ahora bien, a nuestro juicio el error cometido no es de tal modo fatal que vicie la acusación por completo, ya que de sus términos cualquier persona de inteligencia común puede deducir que los acusados acometieron y agredieron ai funcionario con la intención de causarle daño, pues le ases-taron varios golpes con los puños y con palos que le pro- dujeron varias heridas de carácter grave. El Diccionario de la Deal Academia Española dice qne asestar significa: “Dirigir na arma, o cosa qne haga sn oficio, hacia el objeto qne se quiere amenazar u ofender con ella. Asestar el cañón, la lanza. Descargar contra un objeto el proyectil o el golpe de un arma o de cosa que baga su oficio. Asestar un tiro, una puñalada, una pedrada, un puñetazo. (Fig.). Hacer tiro, intentar causar algún daño a otro.” El acto fue vo-luntario, mabcioso, y no se concibe que una persona acome-ta y realice una agresión contra otra voluntaria y malicio-samente asestándole golpes con puños y palos produciéndole heridas graves, sin la intención de causarle daño.

Estamos enteramente conformes con la jurisprudencia que cita el apelante en el sentido de que es esencial la alegación de la intención de causar daño. Lo que resolvemos es que, aunque en forma imperfecta y no recomendable, tal inten-ción se ha alegado. Algunos de los casos invocados por el apelante se refieren al acometimiento y agresión con la agra-vante señalada con el núm'ero noveno en la sección 6 de la ley, a que nos hemos referido. La alegación específica de la intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales, es en tales casos absolutamente necesa-ria, como que dicha intención específica es lo que consti-tuye la circunstancia agravante imputada. Aquí la circuns-tancia agravante fué otra.

En el caso de El Pueblo v. Astado, 23 D. P. R. 844, esta corte, por medio del Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“No hay duda de que de acuerdo con la ley de marzo 10 de 1904 para derogar el artículo 237 del Código Penal y para determinar y castigar acometimiento y acometimiento y agresión simple o con circunstancias agravantes la intención de causar daño es un ele-mento esencial del delito de acometimiento y agresión, pero como la intención es un estado de la mente hay que deducirla de los hechos que se realizan y por esto el artículo 12 del Código Penal dice que la intención criminal se manifiesta por las circunstancias relacio-nadas con el delito y el sano juicio y discreción del acusado, así eomo que se presume por la manera y deliberación con que se in-tente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. Para que la intención exista basta que el daño corporal sea el re-sultado de la conducta ilegal de otra persona porque la' ley supone que toda persona intenta las consecuencias naturales y razonables de sus actos, voluntariamente ejecutados. Artículo 102, No. 3 de la Ley de Evidencia. En consecuencia, para poder determinar si el apelante tuvo intención criminal de causar el daño que produjo a Monserrate Padilla es necesario que expongamos la manera cómo ocurrieron los hechos que dieron ese resultado.” 23 D. P. R. 844.

Se procede entonces a analizar la prueba concluyéndose que demuestra la intención requerida por la ley.

Es cierto que aquí se trata de una excepción .previa, pero el principio es el mismo. Una excepción admite la verdad-de los hechos alegados. T a nuestro juicio si la prueba hu-biera demostrado la comisión de los hechos tal como se alega en la acusación, surgiría clara la intención de causar daño por parte, de los acusados.

3. Sostiene por último la parte apelante que la Corte de . Distrito erró al condenar a Juan y a José Montañez por aco-metimiento y agresión simple habiendo sido acusados de aco-metimiento y agresión grave.

La prueba no forma parte de la transcripción. Fué apre-ciada por el jurado. La sentencia se pronunció de acuerdo con el veredicto. No estamos en condiciones de resolver la cuestión planteada.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “Conforme con la sentencia.”

Estoy conforme con la sentencia dictada pero no puedo Convenir con que la palabra “asestar” denote por sí necesa-riamente la “intención de causar daño.” Lo que entiendo es, y lo revela aparentemente el diccionario, que la palabra “asestar” empleada como verbo transitivo significa en la relación en que ha sido usada, la misma cosa que “dar.” Por otra parte la intención puede presumirse de los hechos, artículo 12 del Código Penal, y cuando una acusación o de-nuncia expresa hechos de los cuales se presume una inten-ción y contradice su ausencia, eso es todo lo que debe exi-girse de un fiscal. Sería mucho mejor práctica alegar la in-tención específicamente, pero en el presente caso no veo cómo es que podía surgir una falta de intención sin negarse uno o más de los otros hechos alegados.


author: El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

text:
    Piovanetti, Demandante y Apelante, v. Asamblea Municipal de Yauco, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en recurso de certiorari.

    No. 2847.
    Resuelto en febrero 19, 1923.
    Consolidación de Departamentos Municipales — Abolición de Cargos Munici-pales. — Un. cargo municipal no es una propiedad en sentido constitucional, y la legislatura, puede suprimir un cargo durante el término para el cual el interesado fué elegido o nombrado sin infringir ninguno de sus derechos constitucionales. Así también, un cargo creado por ordenanza municipal puede ser suprimido por ordenanza, y el interesado deja de ser un funcio-nario. Aun cuando un funcionario debido al hecho de haber sido nombrado por un término definido o por un precepto especial del estatuto, no puede ser legalmente destituido a menos que sea por causa justificada, después de una audiencia, su eargq puede ser sumariamente suprimido siempre que las de-bidas autoridades municipales lo consideren conveniente. 19 R. O. L. 936.

      Certiorari — Su Extensión — Motivos del Legislador — En la revisión de actos legislativos de las asambleas municipales mediante el eertiorari que auto- • riza el artículo 65 de la Ley Municipal, sólo debe investigarse si la asamblea tuvo o no jurisdicción, o se excedió en el ejercicio de la misma, o el proce-dimiento adoptado para ejercitarla fué erróneo, o actuó ultra vvres. Pene-trar en los motivoá del legislador, es traspasar el poder conferido a las cor-tes en estos casos.
    Id. — Contestación al Certiorari — Return.—Del hecho de que no se presente una contestación en oposición a la petición de certiorari, no puede inferirse una admisión a los heehos alegados en la petición. En el certiorari, el return hace las veces de contestación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. C. del Toro Fernández.

    Ahogado de la apelada: Sr. C. Brunet.

   El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Yauco, en mayo de 1922, aprobó una ordenanza cuya parte dispositiva dice así:

“POR TANTO, resuélvase por la Asamblea Municipal de Yaueo, P. R. — Sección 1. — Que en virtud de la facultad que les otorga a las Asambleas Municipales el Disponiéndose del artículo 29 de la vi-gente Ley Municipal, aprobada en 12 de julio de 1920, se consolida y por la presente quedan consolidados el Departamento Municipal de Instrucción Pública con el de Beneñeencia, cuyo Departamento se nominará del 1 de julio de 1922 en adelante, ‘Departamento Municipal de Beneficencia e Instrucción Pública.’ ”

Domingo Piovanetti, que desempeñaba el cargo de comi-sionado municipal de instrucción, considerándose perjudicado por la ordenanza pidió, mediante certiorari, a la Corte de Distrito de Ponce que decretara su nulidad. La corte expi-dió el auto, oyó a las partes y finalmente, en junio 22, 1922, dictó sentencia declarando sin lugar la solicitud y anulando el auto expedido. Contra esa sentencia interpuso Piovanetti el presente recurso de apelación.

El recurso ejercitado por el apelante en la corte de dis-trito fué el que autoriza el art. 65 de la Ley Municipal vi-gente, letra (a), a saber:

“Art. 65. — Las Cortes de Distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada—
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo ó admi-nistrativo de la asamblea municipal o concejo de administración o de los comisionados, que lesione derechos constitucionales de los querellados o sea contrario a la Ley Orgánica o a las Leyes de Puerto Rico, mediante certiorari

¿Lesionó la ordenanza en cuestión los dereolios constitu-cionales de Piovanetti o es contraria a la Ley Orgánica o a las Leyes de Puerto Rico? La corte de distrito estimó que no. Veamos si estuvo acertada en su criterio.

El artículo 29 de la ley estableciendo un gobierno local y reorganizando los servicios municipales, aprobada en julio 31, 1919, dice en lo pertinente así:

“Art. 29. — El concejo de administración se compondrá de:
“1. Un comisionado municipal de servicio público, policía y pri-siones ;
“2. Un comisionado municipal de sanidad y beneficencia;
“3. Un comisionado municipal de hacienda;
“4. Un comisionado municipal de obras públicas;
“5. Un comisionado municipal de instrucción pública.
“Disponiéndose, que no se creará por la asamblea municipal ningún otro departamento administrativo no provisto por este Ar-tículo; pero la asamblea municipal, en los municipios de segunda y tercera clase, podrá consolidar departamentos; sin que en ningún caso puedan ser menos de tres los departamentos en ningún muni-cipio.” * * '*

Esta disposición de la Ley Municipal fué enmendada por las leyes números 9 y 60 de 1920 y 1921, pero los párrafos que transcribimos no sufrieron modificación.

Es tan clara la facultad que la ley confiere a la asam-blea municipal para bacer lo que bizo en este caso, que está desprovisto de todo fundamento el ataque que pueda diri-girse a la ordenanza en el sentido de que es contrario a la ley.

¿Lesionó la asamblea, al ejercitar sus facultades, los de-rechos constitucionales del querellado? Opinamos que no.

Ruling Case Law, resumiendo la jurisprudencia sobre abo-lición de cargos municipales, dice:

“Un cargo municipal no es una propiedad en sentido constitu-cional, y la legislatura puede suprimir un cargo durante el término para el cual el interesado fue elegido o nombrado sin infringir nin-guno de sus derechos constitucionales. Así también, un cargo creado por ordenanza municipal puede ser suprimido por ordenanza, y el interesado deja de ser un funcionario. Aun cuando un fun-cionario debido al hecho de haber sido nombrado por un término de-finido o por un precepto especial del estatuto, no puede ser legal-mente destituido a menos que sea por causa justificada después de una audiencia, su cargo puede ser sumariamente suprimido siempre que las debidas autoridades municipales lo consideren conveniente.” 19 R. C. L. 936.

Y esta misma Corte Suprema, en el caso de Belaval v. Todd, 24 D. P. R. 37, se expresó así:

“La interpretación dada por esta corte a la sección 32 en el sentido de que una vez nombrado un empleado no puede ser des-" tituído sino por justa causa y previa notificación y audiencia del interesado, no niega en manera alguna la facultad de los concejos municipales para abolir los cargos por ellos creados. Si una persona se nombra para un cargo creado por el concejo, esa persona tiene derecho a desempeñar el empleo de acuerdo con la ley mien-tras el empleo subsista; pero si el empleo es abolido, cae por su base el nombramiento y el nombrado no tiene derecho alguno en contra de la municipalidad.”

¿Se apartó al ejercitar sus facultades la asamblea, del procedimiento fijado por la ley? Nada hay en los autos que lo demuestre. Pero el apelante insiste en que la asamblea actuó incorrectamente, siendo el verdadero motivo de la con-solidación no el bien del servicio público, sino la separación ilegal del querellado del puesto para el cual había sido ele-gido debidamente.

No le es dable a la corte entrar en ese terreno. Es cierto que la Legislatura de Puerto Bico fué tan lejos que ha permi-tido la revisión, no ya de los actos administrativos sí que también de los legislativos de las asambleas municipales, pero al intervenir las cortes en esa revisión mediante certiorari, deben actuar con sujeeción a los principios bien establecidos por la jurisprudencia.

Sólo debe investigarse si la asamblea tuvo o no jurisdic-ción, o se excedió en el ejercicio de la misma, o el procedi-miento adoptado para ejercitarla fué erróneo, o actuó ultra vires. Penetrar en los motivos del legislador, es traspasar el poder conferido a las cortes en estos casos.

“Las cortes no inquirirán los motivos de un cuerpo legislativo.' ’ State ex Rel. Voris v. Seattle, 74 Wash. 199, 183 Pac. 11.

No es necesario examinar los demás errores que señala el apelante. No aparecen del return. Del hecho de que no se presentara una contestación en oposición a la petición, no se puede inferir, como alega el apelante, una admisión a todo lo expuesto en la petición de certiorari. No se trata de un procedimiento ordinario sino de uno extraordinario de cer-tiorari en el que el record Completo de los procedimientos o diligencias (return) en virtud de los cuales actuó la Asam-blea Municipal de Yauco constituye la verdadera contesta-ción. Véase Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, decidido en 12 de febrero de 1923, (p. 493).

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey. Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Feaxco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Valdespino, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por acometimiento y agresión con agravantes.
    No. 1980.
    Resuelto en febrero 19, 1923.
    Sobreseimiento de la Acusación — Juicio Rápido. — Los 120 días a que se refiere el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal se cuentan desde que la acusación es presentada, pero el tiempo que se consuma en mociones dila-torias y en sus resoluciones es una buena causa de excusa para justificar la demora y no sobreseer la causa.
    Los lie olios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P>. Baigés Gomes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Feaxco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El Gran Jurado acusó a Ernesto Valdespino de un delito de ataque para cometer asesinato y celebrado el juicio se le declaró culpable de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. El acusado, no conforme con la sen-tencia: que le impuso dos años de cárcel, apeló para ante esta Corte Suprema, solicitando su revocación.

Si bien se lia elevado una exposición del caso, no aparece que el apelante baya presentado alegato para sostener el presente recurso. Esta omisión del apelante sería un mo-tivo para que desestimáramos la apelación, pero teniendo en cuenta que de la transcripción de autos resulta que el acu-sado antes de la celebración del juicio babía solicitado el so-breseimiento de la acusación fundándose en el artículo 448, inciso 2°., del Código de Enjuiciamiento Criminal, conside-ramos que se trata de una cuestión que debemos resolver en este caso.

La acusación se presentó el 30 de diciembre de 1921 y el juicio fué celebrado el 9 de mayo de 1922. Eesulta clara-mente que los 120 días de que trata el artículo 448, supra, habían expirado el 30 de abril de 1922. La corte inferior, sin embargo, denegó la moción y se fundó en que el acusado, al dársele lectura a la acusación, pidió que se le concediera hasta el 9 de enero de 1922 para contestar dicha acusación, y al llegar a esa fecha pidió nueva prórroga para contestar, lo cual vino a bac'erse por el acusado el 23 de'enero de 1922, y estimó como causa justa de la demora las mociones dila-torias del acusado presentadas dentro del período de los 120 días. En este sentido creemos que la corte inferior estnvo justificada al declarar sin lngar la moción de sobreseimiento porque según se dijo por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Díaz et al., 22 D. P. R. 191, los 120 días dentro de los cuales debe celebrarse el juicio en causas criminales se cuentan desde que la acusación es presentada, pero el tiempo que se consuma en mociones dilatorias y en sus resoluciones es una buena cansa de excusa para justificar la demora y no sobreseer la cansa. No aparece tampoco que el juez inferior, al considerar la justa causa en este caso concreto, se baya excedido en sus facultades discrecionales para apre-ciarla ni tal cosa se ba intentado demostrar por el acusado.

Por lo demás, no aparece de la transcripción de autos error alguno que apreciar cometido por la corte inferior, por todo lo cual la' sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. FraNoo Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ríos et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 359 del Código Penal.
    No. 2017.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Motín — Denuncia Suficiente — Causa de Acción. — Imputa suficientemente el de-lito de motín una denuncia en la cual se alega que los acusados voluntaria y maliciosamente, obrando juntos y sin autoridad legal, emplearon fuerza y violencia, unos disparando tiros y otros lanzando piedras y haciendo uso de los puños en momentos que un policía procedía al arresto de uno de los acusados, perturbando de este modo la paz y tranquilidad públicas. No hace insuficiente la denuncia el hecho de no alegarse en ella que los aetos de fuerza o violencia se realizaran contra determinada persona o propiedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. García, Veve.

      Abogado del apelado: iSr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró culpables a los acusados de una infracción al artículo 359 del Código Penal y no conformes con la sentencia presentaron el presente recurso.

Sostienen los apelantes como único motivo de error de que aceptando los hechos tal como aparecen de la denuncia, éstos no constituyen delito público.

La denuncia en sus términos, dice:

“Los acusados de referencia, Ignacio Ríos, Justino Ríos, Alejo Maldonado, (a.) Alejito, Eusebio Cruz y Domingo Rodríguez, allí y entonces, voluntaria y maliciojsamente, infringieron el artículo 359 del Código Penal, por cuanto dichos acusados, obrando juntos, y sin autoridad de ley, emplearon fuerza y violencia en la siguiente forma-. Ignacio Ríos disparó tiros con un revólver; Justino Ríos,, hizo uso de los puños y piedras; Alejo Maldonado, (a) Alejito,. hizo uso también de piedras al igual que el Eusebio Cruz y Domingo Rodríguez hizo uso de palo y piedras, acto éste que reali-zaron todos y cada uno de los acusados en los momentos en que el policía insular Ramón Rosario, No. 504, procedía al arresto del su-sodicho Justino Ríos por el delito de contra la justicia pública, per-turbando dichos acusados de este modo la paz y tranquilidad pú-blicas. ’ ’

El reparo que oponen los apelantes a la denuncia es que no se imputa en la misma un delito de motín en la forma que define el artículo 359 del Código Penal citado, porque si bien se les acusa de que obraron juntos y sin autoridad legal em-pleando fuerza y violencia, no se especifica en la denuncia-contra quién iba empleada o dirigida dicha fuerza o violen-cia, por ser indispensable ese requisito en los casos de motín.

El artículo 359, supra, textualmente, dice:

“Art. 359. — Todo empleo de fuerza o violencia, que perturbare la tranquilidad pública, o amenaza de emplear tal fuerza o violencia, acompañada de la aptitud pava realizarla en el acto, por parte de dos o más individuos, obrando juntos y sin autoridad de ley, constituye un motín.”

La denuncia en la forma que está redactada comprende tocios los requisitos que define el artículo arriba transcrito. Se alega en la denuncia que los acusados, más de dos en nú-mero, voluntaria y maliciosamente, obrando juntos y sin au-toridad legal, emplearon fuerza y violencia, unos disparando tiros y otros lanzando piedras y liaeiendo uso de los puños en momentos que un policía procedía al arresto de uno de los acusados, perturbando de este modo la paz y tranquili-dad públicas.

No se desprende del estatuto ni puede verse de las auto-ridades que sea requisito indispensable, como alegan los ape-lantes, que los actos de fuerza o violencia tengan que em-plearse contra determinada persona o propiedad. Estos ac-tos pudieron causar daño a personas determinadas o pro-piedades, pero esto no califica el delito de motín en esa parte del estatuto, sino que si bien son indispensables que actos físicos de fuerza o violencia se realicen por los acusados, dichos actos necesariamente han de producir el efecto de per-turbar la tranquilidad pública que es esencialmente lo que integra el delito de motín.

“La acusación debe alegar una reunión ilegal como principio del motín; y actos ilegales, por ejemplo, alteración de la paz, terror, etc., como consecuencia de ello.
■ “No es necesario que se alegue ningún otro fin ilegal que no sea el de alterar la paz; ni si se alegase una alteración de la paz acom-pañada de violencia y terror producida por ella, ningunas palabras particulares son necesarias.” Ill Wharton’s Criminal Law, p. 2057.

De manera que lo que aparece alegado en la denuncia, siguiendo lo que se entiende por motín, es una alteración de la paz acompañada de actos de fuerza y violencia, y el hecho de tibiar piedras o disparar tiros o hacer uso de los puños en la forma y momentos que se exponen en la denuncia, son hechos suficientes para constituir el delito que define el ar-ticulo 359 del Código Penal. Además, un sólo acto de los descritos en la denuncia y realizado por mi acusado afecta en igual grado la responsabilidad de los demás acusados, porque los actos de uno en el delito de motín son los actos de todos.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.