author: El Juez Asociado Seños, Aldbey,

text:
    Arsenio Martínez, demandante y apelante, v. Independence Indemnity Co., demandada y apelada.
    No. 4033.
    Visto: Noviembre 8, 1926.

      Resuelto: Noviembre 15, 1926.
    1. Apelación y .Error — Desestimación, Estiro y Abandono — Falta de Dili-gencia en la Tramitación del Kecurso. — Aún cuando entre la interposición de la apelación y la radicación del récord en el Supremo transcurra más de noventa días, si e'l apelante ha proseguido de buena fe y con diligencia su apelación y ésta ha sido retardada por causas ajenas a su voluntad, no pro-cede desestimarla bajo la Kogla 59 de esta corte.

      2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Envío, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Omisión de Radicar el Transcript en Tiempo — Tardanza—Apelación Retardada por Causas Ajenas al Apelante. — En el caso de autos, no obstante haberse solicitado la desestimación vencida la prórroga concedida para radicar en el Supremo el récord de apelación, dentro de las circunstancias concurrentes y en bien de la justicia, se negó la desestimación solicitada, permitiéndose que la ape-lación continuara.

      Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Denegada.

      José 8abater y Rafael A. Saliva, abogados del apelante; J. U. Brown y Clemente Ruis Nasario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños, Aldbey,

emitió la opinión' del tribunal.

La apelación en este pleito fné interpuesta por el demandante el 29 de mayo de este año y el 27 de agosto fué aprobada por el juez sentenciador la transcripción de la evidencia Lecha por el taquígrafo para esta apelación. Tres días después fué discutida en la corte inferior una moción del demandante para que se dejase sin efecto la sentencia dictada contra él, y para resolver esa moción el juez llevó consigo los autos a su casa y también la transcripción que aprobó de la evidencia. El 20 de septiembre el apelante presentó al secretario de la corte inferior la transcripción del legajo de la sentencia para que la certificase y enviase a este Tribunal Supremo con la transcripción de la evidencia pero no habiendo podido conseguir tal certificación por tener los autos el juez y por estar de mudanza de local la corte de distrito, el apelante obtuvo del abogado del apelado que el 24 de septiembre firmase con el otro abogado dicha certificación. El 25 de septiembre el apelante obtuvo de este Tribunal Supremo que le prorrogara hasta el 27 de octubre el tiempo para radicar aquí la transcripción de la evidencia, y antes de que esa prórroga venciera, el día 15 de octubre, entregó al secretario la certificación firmada por los abogados para que con la transcripción aprobada de la evidencia la enviara a este tribunal, recordándole en carta que le escribió que el 29 de octubre vencería el tiempo dentro del cual debía ser radicada en este Tribunal Supremo, pero el secretario no pudo enviarla hasta el 3 de noviembre por haber tenido el juez en su poder la transcripción de la evidencia hasta esa fecha.

Esos hechos demuestran que la regla 59 de las de esta corte no puede ser aplicada en este caso para desestimar la apelación, pues si bien entre la interposición de la ape-lación y la radicación en este tribunal transcurrieron más de noventa días, sin embargo, el apelante ha proseguido de buena fe y con diligencia su apelación, que ha sido retar-dada por causas ajenas a su voluntad.

En cuanto al segundo motivo de la moción, si bien es cierto que la desestimación de apelación ha sido solicitada dos días después de vencida la prórroga que tenía el apelante para la radicación de la apelación en este tribunal y antes de que esa radicación fuera hecha, esto no obstante, no desestimaremos la apelación, pues en vista de los hechos ocurridos y en bien de la justicia haremos uso de nuestro poder discrecional permitiendo que continúe esta apelación.

Negada la desestimación.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Wole,

license: Public Domain

text:
    José Delgado González, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 528.
    Visto: Julio 19, 1926.

      Resuelto: Noviembre 18, 1926.
    1. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Existencia del Recurso de Ape-lación. — En el caso de autos, aún cuando el peticionario tenía el remedio de apelación, dentro de las circunstancias concurrentes, se considera aquél en sus méritos.
    2. Embargos— Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías— Sobresei-miento del Pleito Principal — Efecto—En General. — Efectuado un embargo y presentada tercería, la resolución que ordene el archivo por aban-dono del pleito principa! no releva al tercerista de su deber de proseguir su acción probando que la propiedad embargada le pertenecía.
    3. Embargos— Reclamaciones hor Terceras Personas — Tercerías— Sobresei-miento del Pleito Principal — Notificación al Tercerista — Falta de No-tificación y Efecto. — La falta de notificación a un tercerista de una reso-lución ordenando el archivo por abandono del pleito principal no puede favo-recer a dicho tercerista por haber dejado de proseguir su acción.
    4. Embargos— Reclamaciones- por Terceras Personas •— Tercerías— Sobresei-miento del Pleito- Principal — Notificación al Tercerista — En General. —Si es necesario notificar a un tercerista de todos ios pasos dados por las partes- inter sese, o solamente de actos que afectan sus intereses, quaere.

    5. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Naturaleza y Eorma; del Remedio. — Un tercerista tiene el1 deber de proseguir su caso probando su título contra cualquiera de las partes en la acción que motivó la tercería o contra ambas.
    6. Embargos — Reclamaciones de Terceras Personas — Tercerías—Abandono dé-la Acción — Parte Victoriosa. — El abandono del procedimiento de tereería convierte al opositor — demandante en la acción principal — en la parte vic-toriosa.
    CeRtioRARI para revisar fallo ele Gabriel Caístejón, J. (Humacao), contra un tercerista y sus fiadores por el valor de la propiedad reclamada por aquél y orden denegando reconsideración de otra que desestimó moción para que se dejara sin efecto dicho fallo.

      Anulado el auto expedido.

      M. Rodríguez Serra, abogado del peticionario; González Fagundo <& González, Jr., abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre de 1921 Avelino Márquez demandó a Sa-turnino Dávila en cobro de varios miles de pesos y embargó un anto-camión como de la propiedad del demandado. En agosto 20 de 1922 intervino José Delgado González, el peti-cionario en el presente recurso de certiorari, alegando que la propiedad embargada era suya y prestó la fianza acos-tumbrada suscrita por dos fiadores para que le devolvieran el auto-camión. Hasta el día 15 de diciembre de 1922, el caso no presentaba ningún aspecto legal distinto a otros ca-sos de tercería. Sin embargo en dieba fecha la corte or-denó el archivo del caso principal por haber sido abando-nado por Avelino Márquez Díaz, el demandante en el mismo.

El tercerista y peticionario en este recurso, según dedu-cimos de la petición, descansando en una creencia falsa por este supuesto abandono y archivo, dejó de proseguir su pro-pia demanda de tercería y con excepción de sus medidas originales, no dió paso alguno para asegurar su título al auto-camión hasta que averiguó que se había dictado una sentencia contra él y sus fiadores. Sucedió que por estipu-lación entre el demandante y el demandado en el pleito original se dejó sin efecto la orden del 15 de diciembre de 1922, y se restableció este caso en el calendario pocos días después de haberse archivado; que después de varios pro-cedimientos preliminares, incluyendo el juicio, el demandante obtuvo en 1924 sentencia contra el demandado en la acción principal; que después de resolverse la apelación en esta corte el demandante solicitó se dictara sentencia contra el tercerista y la obtuvo en 12 de mayo de 1926. Entonces el tercerista solicitó que se dejara sin efecto la sentencia contra él y sus fiadores y cuando su moción fué desestimada pidió su reconsideración, la que también le fué denegada.

Es enteramente evidente que el'peticionario tenía un remedio, el de apelación. Fuimos inducidos a librar este 'auto de certiorari en gran parte debido a las varias alega-ciones de que no se había notificado al peticionario de pro-cedimientos importantes. Probablemente debimos haber de-jado que el peticionario se valiera del recurso de apelación, pero habiendo asumido jurisdicción y habiendo intervenido para la buena resolución de esta petición inevitablemente el período de vacaciones, consideraremos el caso en sus mé-ritos.

El peticionario alegó varias veces que la resolución de diciembre 15 de 1922 ordenando el archivo del caso por abandono le hizo creer o estar bajo la impresión de que el procedimiento de embargo quedó extinguido por dicha resolución. El peticionario evidentemente asume que dicha resolución era una sentencia que ponía fin al caso. La resolución de diciembre 15 de 1922 no era en su forma ni en la práctica corriente tal sentencia final. Dicha resolución no concede costas ni ordena al secretario que registre una sentencia final a favor del demandado. En el presente caso el demandante vino a la corte al día siguiente de dictarse la resolución, o sea el 16 de diciembre de 1922, y dijo que él había equivocado el día de la vista y la corte,' mediante estipulación de' las partes a ese efecto, prontamente dejó sin efecto su resolución. En la práctica corriente o de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil una corte restablecerá un caso que esté decididamente en condiciones más desfavorables y sería culpable de abuso de discreción si así no lo hiciera. La posición del peticio-nario como tercerista no fué legalmente variada o afectada por la resolución de la corte ordenando el archivo del caso o dejando sin efecto dicha resolución, y el pétieionario no tenía derecho a confiar en el supuesto abandono.

Igualmente la supuesta falta de notificación de tal decisión no puede favorecer al peticionario. El efecto, si lo hubo, de la falta de notificación de la resolución ordenando el archivo únicamente podía anular la validez de dicha resolución dejando el pleito original en todo su vigor. Además el peticionario en este caso confía mucho en dicha resolución y es claro que él tenía conocimiento de ella. También él estaba obligado a saber que la resolución no era final, y que fácilmente podía dejarse sin efecto. A lo sumo la falta de notificación no podía afectar al peticionario porque como veremos su deber principal era proseguir su propia demanda de tercería. De conformidad con él demandado tenemos serias dudas de si es necesario notificar a un tercerista de todos los pasos dados por las partes inter sese, o solamente de actos que afectan sus intereses.

Sobre esta supuesta cuestión de falta de notificación los autos presentan un aspecto peculiar. Fulgencio Piñero, era el abogado del demandado en el pleito original. El peticio-nario, según él mismo alega,' puso su defensa en manos de dicho abogado. Este último, según el peticionario alegó en la corte inferior, pasó el caso a Celestino Benitez. El pe-ticionario manifestó a la corte que él siempre creyó que el Ledo. Fulgencio Piñero le representaba y que confiaba en dicho abogado. La corte dijo incidentalmente que el Ledo. Piñero no tenía derecho a representar al peticionario; sin embargo, el hecho cierto es que el Ledo. Piñero fué contra-tado originalmente por el peticionario y también es un he-cho que dicho abogado fué notificado de todos los procedi-mientos en el caso. No creemos que se cometiera error y ciertamente no vemos perjuicio alguno en estas supuestas faltas de notificación.

Un tercerista tiene el deber, como cualquier otro demandante, de proseguir su caso. La controversia existe entre él y las partes en el pleito original y se refiere casi ex-clusiva, si no totalmente,, al dominio de los bienes embargados. El demandado en el pleito original, así como el demandante, tienen el derecho a que se les oiga sobre si la propiedad embargada es suya. Aun satisfaciendo la reclamación de un demandante por vía de ejecución, el demandado aún podría tener derecho al sobrante, en caso de que lo hubiera. Al abandonar el demandante el pleito el demandado tenía derecho a que se le devolviera el auto-camión embargado, siempre que la reclamación del tercerista no fuese superior. El deber de un tercerista es probar su título contra cualquiera de las partes en el pleito original o contra ambas, y el demandado, si se dicta sentencia a su favor en el pleito principal, tiene derecho a su día en corte en la acción subsidiaria. Con el supuesto abandono o abandonos de la demanda original no se relevó al tercerista de su deber de probar que la propiedad embargada le pertenecía.

El demandante en el pleito original obtuvo sentencia contra el demandado el día 12 de mayo de 1924. El peticionario no se queja de que no se le notificara esta sentencia. La siguiente resolución aparece en los autos del procedimiento de tercería:

“DistRito Judicial de HuMAoao, P. B.
EN LA CORTE DE DISTRITO
“Archivo por Abandono Eesoluoión.
“Hoy 21 de noviembre ele 1924, señalado para que compareciera Ja parte demandante a exponer razones por las cuales no deba te-nérsele por desistida de su acción en este caso, por falta de instan-cia, toda vez que ba transcurrido más de un año, sin que baya be-ebo gestión alguna en el sentido de proseguir este caso, la corte or-dena el sobreseimiento y archivo del mismo, sin especial condenación de costas.
“Dada en Corte abierta, en Humaeao, P. R., a 21 de Noviem-bre de 1924.
(Pdo) Pablo Be-rga,
Juez del Distrito.
“Copia de la anterior resolución remitida a Celestino Benitez, Juncos, abogado del demandante, boy 21 Noviembre 1924.
(Pdo) R. Ramírez, Jr.,
Secretario. ’ ’

Copia de esta resolución fue enviada a Celestino Benitez. El peticionario se queja de que este aviso no era suficiente, pero no nos aclara por qué no lo era. El 6 de mayo de 1926 el demandante solicitó que se dictara sentencia en contra del tercerista y de sus fiadores y la obtuvo. No pode-mos convenir con el peticionario sobre cuestión alguna de notificación o de un supuesto derecho a confiar en el aban-dono por el demandante. El peticionario también alega que de acuerdo con la ley debe haber una parte victoriosa y que en este caso no la hubo. El abandono del procedimiento de tercería convirtió a su opositor, el demandante, en la parte victoriosa.

La única seria duda que hemos tenido en este caso es si la corte inferior no debió haber hecho uso de su discreción a favor del peticionario de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. El peticionario alegó que tenía un buen derecho de propiedad y en realidad nunca se le oyó sobre esa cuestión, debido quizás a la negligencia de sus abogados. La única sentencia final en contra de él estaba fechada en mayo de 1926 y su moción a la corte fué presentada en tiempo y en debida forma. Sin embargo el peticionario no ha invocado en esta corte tal fundamento, sino que ha confiado en supuestas infracciones a sus dere-clios. El peticionario alega que fue inducido a error por el abandono o inactividad del demandante. No obstante, du-rante cuatro años él dejó de probar su título y la negligen-cia de su abogado o abogados debe imputársele a él.

Bajo estas circunstancias no estamos preparados a decir, especialmente de propia iniciativa, que la corte abusó de su discreción y debe anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Germán Moreno, acusado y apelante.
    No. 2766.
    Visto: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 18, 1926.
    Automóviles — Infracción a la Ley de Automóviles — Proceso y Castigo — Evi-dencia — Suficiencia de la Misma — Debido Cuidado y Precauciones del que Maneja — En General. — Cuando una persona que maneja un carro, después de eeharse a su derecha para dejar paso a otro vehículo, cierra el paso obligando a éste a desviar rápidamente para evitar un choque, produ-ciéndose el vuelco de dicho / vehículo, dicha persona es culpable de infringir la Ley No. 75 de 1916.
    Sentencia de Charles E. Eoote, J. (San Juan), condenando al acu-sado por infracción de la ley de automóviles (Ley No. 75 de 1916).

      Confirmada.

      Joaquín Vendrell, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El fundamento de esta apelación es que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba porque ésta no justifica la culpabilidad del acusado.

Al apelante se le imputó que voluntaria y maliciosa-mente, mientras manejaba un automóvil y debido a su fun-cionamiento, tuvo un accidente o choque con otro automóvil en una de las carreteras de esta Isla resultando destrozado dicho automóvil y heridos sus pasajeros, no habiéndose de-tenido el acusado para dar su nombre y número de la licen-cia a las personas perjudicadas ni prestádales ayuda ni co-municado el accidente a la estación de policía más inmediata.

El fiscal presentó en el juicio las declaraciones de tres testigos. El primero de ellos, Miguel Burset, declaró que el día del suceso como a la una o una y media de su tarde ve-nía de Yega Baja para San Juan en un automóvil guiado por Miguel A. Landrón a 35 millas de velocidad para asis-tir a las carreras del hipódromo: que bastante cerca de dicho pueblo y en una recta encontraron en la misma direc-ción otro automóvil -manejado por el acusado al que se le pidió paso y se echó a la derecha y cuando el otro automó-vil iba a pasar el acusado le cerró el paso produciéndose el accidente, yéndose a la cuneta el automóvil en que iba el testigo y volcándose, sin que pueda decir en qué parte de los automóviles chocaron: que el automóvil del acusado si-guió su camino sin detenerse: que no puede decir si el acu-sado se dió cuenta del accidente y que el golpe no fué vio-lento sino simplemente cerrar el paso -voluntariamente: que los vehículos no chocaron aunque le parece que rozaron. Rogelio Alvarez manifestó lo mismo que el anterior y tam-bién que cuando iban a pasar al otro automóvil del acusado éste les cerró el paso. Miguel A. Landrón, chauffeur del automóvil volcado, explicó que pidió derecha al otro auto-móvil en una recta y al dársela aceleró la marcha y que tocó bocina otra vez y entonces el acusado cerró el paso y al desviar el testigo su automóvil fué a parar a la cuneta: que si el acusado hubiera conservado su derecha nada hu-biera sucedido: que no había obstáculo en el camino para que el acusado doblara a su izquierda y que si el testigo no desvía hubieran chocado los dos automóviles, pues estaba a pocas pulgadas del otro automóvil cuando le fué cerrado el paso.

La prueba del acusado demostró que cuando su automó-vil fué detenido al llegar a Bayamón no tenía señal alguna de choque; y el acusado y un pasajero declararon que no tuvieron choque alguno y que se enteraron del accidente cuando se lo informó la policía de Bayamón.

De esa prueba resulta que el automóvil de Landrón no se volcó porque tuviera un choque con el que guiara el acu-sado, extremo que no ha imputado ningún testigo del fiscal, sino porque el acusado después de haberse echado a su derecha para dejar pasar al otro vehículo le cerró el paso, lo que fué causa de que el otro tuviera que desviar rápida-mente a su izquierda y de que se produjera el vuelco y las heridas en sus pasajeros; acto que debe reputarse intencio-nal a falta de prueba en contrario.

Es cierto .que el automóvil volcado caminaba a tal velo-cidad que según la ley es evidencia prima facie de ser con-ducido sin el debido cuidado (Ley No. 75 de 1916, artículo 13, apartado a) pero entendemos que a pesar de esa velo-cidad el vuelco fué debido al acto del apelante cerrando el paso al otro automóvil que lo obligó a desviar rápidamente para evitar un choque, produciéndose el vuelco.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    ANTONIO Cardona Morales, recurrente, v. El Registrador de Arecibo, recurrido.
    No. 648.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 19, 1926.
    Marido y Mujer — Bienes Gananciales — Derechos de los Cónyuges Mientras Exista la Sociedad Legal de Gananciales — Derechos del Marido — En Cuanto a Otorgar Cartas de Pago bor Precio Aplazado Procedente de la ■ Venta de Bienes. — El marido, como administrador de la sociedad conyugal, tiene derecho a otorgar, sin ed consentimiento de la esposa, carta de pago por el precio aplazado procedente de una venta cuando no aparece que por dicho precio se haya constituido un derecho real.
    Nota de Emigdio S. Ginorib, R. (Arecibo), denegando cancelación de mención sobre precio aplazado procedente de una venta me-diante escritura de carta de pago.

      Revocada.

      Valentin Polanco de Jesús, abogado del recurrente; El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 159 del Código Civil dispone lo siguiente:

“El marido será el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario.
“Las compras que con dichos bienes haga la mujer serán váli-das, cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta.
“No obstante, los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino me-diante el consentimiento expreso de ambos cónyuges.”

De igual modo los artículos 1327 y 1328 del citado código dicen:

“Artículo 1327. — El marido es el administrador de la sociedad de gananciales, salvo lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Capí-tulo VI, Título V, del Libro Primero de este Código.”
“Artículo 1328. — Sin embargo "de las facultades que tiene el ma-rido como administrador, no podrá donar, enajenar y obligar a tí-tulo oneroso, los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento expreso de la mujer.
“Toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes' haga el marido en contravención a este artículo, y los demás dispuestos en este Código o en fraude de la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.”

Por consiguiente, un esposo, no puede enajenar, gravar, vender o hacer transacción alguna con respecto a los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales sin el consenti-miento de su esposa.

De la escritura presentada para su inscripción en este caso aparece que Juan Marrero Luna, casado con Ana Ma-ría Rivera vendió en enero 16 de 1920 una finca rústica a Antonio Cardona Morales. Al tiempo de la venta se deja-ron de pagar doscientos cincuenta pesos, haciéndose men-ción de este hecho en la escritura y anotándose en el regis-tro. Como la escritura fué inscrita debe presumirse con-cluyentemente para los fines de este recurso gubernativo que se obtuvo el consentimiento de la esposa.

Luego, en 21 de febrero de 1921 compareció el vendedor Juan Marrero Luna ante un notario y otorgó carta de pago por la suma dejada de pagar al tiempo de efectuarse la venta. Al presentársele la escritura el Registrador de Are-cibo se negó a inscribir la carta de pago según consta en la siguiente nota:

“Denegada la cancelación de la mención comprendida en el pre-cedente documento porque no consiente en ella Ana María Rivera, esposa del acreedor Juan Marrero Luna, como prescriben los artícu-los 159 y 1328 del Código Civil Revisado, y lo resuelto por la Honorable Corte Suprema, entre otros, en los casos números 24, tomo 12, página 222, y en el 10, tomo 9, página 187, D.P.R., requisito tanto más indispensable cuanto que se trata de cancelar (que equi-vale a vender) un derecho expresamente mencionado en una ins-cripción y que procede del precio de la venta de una finca, que tiene el carácter de bien ganancial por haber sido adquirido por permuta por otra, que también hubo el acreedor, a título oneroso, estando casado con dicha señora.”

Kstamos enteramente de acuerdo con las decisiones an-teriores de esta corte. Una hipoteca que garantiza con bie-nes inmuebles una obligación personal es un derecho real y tal derecho no puede destruirse o cancelarse por el esposo sin el consentimiento de su esposa. Las partes han conver-tido voluntariamente una obligación personal en un dere-cho real.

Sin embargo, hasta que ocurra tal conversión la mera mención en el registro de la propiedad de un derecho personal no constituye un derecho real. Vega v. Ponce, 34 D.P.R. 9, así como citas de comentaristas, especialmente 2 Morell, 572 y 573.

El derecho de un esposo a administrar los bienes de la sociedad conyugal es la regia, y las excepciones están mencio-nadas en los articulos 159, 1327 y 1328 del Código Civil, supra. Para negarle el derecho de otorgar una carta de pago por el dinero dejado de pagar al tiempo de la venta debe aparecer claramente que se ha constituido un derecho real.

Dede revocarse la nota recurrida y hacerse la inscrip-ción.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Antonio Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    Nos. 651 y 652.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 19, 1926
    Notarios — Corns de Documentos Notariales — De la Suscripción — Omisiones en la Misma — Su Corrección. — Cuando el original de una escritura notarial reúne todos los requisitos de ley, la omisión de consignar en la eopia que el origina! estaba rubricado no anula dicho documento, podiendo l'a omisión corregirse mediante la debida certificación.
    Notas de Luis Capó Matres, R. (San Germán), denegando inscripcio-nes de escrituras de venta.

      Revocadas.

      El recurrente y el registrador recurrido, comparecieron por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La calificación del registrador en el caso No. 651 de-pende enteramente de su nota en el 652. Siendo ello así, estudiaremos conjuntamente ambos recursos.

La negativa del registrador en el recurso No. 652 se; funda en que de la copia notarial presentada para su ins-cripción en el registro no aparece que el original de la es-critura hubiera sido rubricado por el notario que lo auto-rizó.

De la copia resulta que el 12 de diciembre de 1921 com-parecieron ante notario público Francisco Catalá, y su es-posa Rita María Matei y vendieron a Juan Aguilera un solar radicado en Yauco. En la copia, expedida el mismo día en que se otorgó la escritura, no se hace constar que el original estuviera rubricado. Años después, en la misma copia, el propio notario consignó lo que sigue:

‘ ‘ Certifico: que el original de esta copia, o sea la escritura nú-mero 112, pasada ante mí, ... se encuentra debidamente signada, firmada y rubricada, por mí, y estampado sobre ella el sello de la Notaría. ...”

La certificación aparece firmada, signada, rubricada y sellada por el notario.

La teoría del registrador es que sólo debe considerarse la copia tal como se expidió en el primer momento y que la certificación nada vale por no estar autorizada por la ley. .Invoca el registrador el caso de Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.B. 195.

Convenimos en que la copia debe reflejar el original por completo y que en ella debió aparecer desde el primer mo-mento el liecflo de la rúbrica, pero no vemos por qué no debe darse crédito a la certificación que complementa y per-fecciona la copia. No se necesita que exista una ley que expresamente permita expedir tal clase de certificaciones. Se fia usado de un medio reconocido en general como legí-timo. Cabe una omisión de buena fe en una copia y esa omisión puede corregirse siempre y cuando como en este caso la corrección esté revestida del mismo grado de auten-ticidad que el documento.

La decisión invocada, Fragoso v. Marxuach, supra, no es aplicable. Allí la copia era completa, mas no el original. Este tenía la fecba escrita con lápiz y no estaba firmado, ni signado, ni sellado por el notario, y se declaró, de acuerdo con la ley, que el documento era nulo. Aquí bajo la fe del notario autorizante debemos aceptar que el original reunió siempre todos los requisitos exigidos por la ley, y que la copia que al expedirse no resultaba perfecta, íué luego de-bidamente corregida.

No existe, pues, el defecto apuntado.

Una vez que el documento quede inscrito, procede tam-bién la inscripción del otro documento origen del recurso No. 651, que es una escritura por virtud de la cual Juan Aguilera y su esposa,- compradores del solar en la escritura de 12 de diciembre de 1921, lo venden al recurrente Antonio Rodríguez. El único motivo que tuvo el registrador para negar la inscripción en este caso fué que el título del ven-dedor no estaba inscrito.

Ambas notas deben revocarse, ordenándose las inscrip-ciones solicitadas.

El Juez Asociado Señor HutcMson no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Mercedes Rodríguez González, recurrente, v. El Registrador de Arecibo, recurrido.
    No. 655.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 19, 1926.
    Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Contratos Con-signados en Escritura Pública — Su Inscripción — Defectos Subsana-bles — Descripción de la Finca — Finca de la Cual se Segregó Una Por-ción. — No constituye defecto subsanable el dejar de consignar separadamente en una escritura de venta de una finca inscrita de la cual se lia segregado una porción las descripciones de l'a finca tal como era antes do 'la segregación y como quedó 'después, si la escritura contiene una descripción completa de la finca vendida con ilas debidas referencias a la segregación y a la previa ins-cripción en el registro.
    Nota de Emigdio 8. Gtinorio, R. (Arecibo), inscribiendo escritura de compra-venta con el defecto - subsanable expresado en la opinión.

      Revocada.

      Eduardo Marín Marién, abogado del recurrente; El Registrador re-currido no compareció.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Arecibo la escritura No. 193, otorgada en Utuado el 30 de agosto de 1926 ante el notario Eduardo Marín Ma-rién, el registrador la inscribió pero “con el defecto subsa-nable de no describirse la finca principal de donde es disgre-gada la vendida.” No conforme la parte interesada inter-puso el presente recurso gubernativo.

A nuestro juicio tiene razón el apelante. La finca que se vende e hipoteca no se disgrega de otra principal sino que es el resto que queda de la principal y continúa siendo por tanto la principal en el registro. Todo consta con su-ficiente claridad en la escritura y el propio registrador no tuvo dificultad de ninguna especie para verificar la inscrip-ción. Del registro aparece qne la finca principal tal como, fné inscrita por vez primera constaba de veinticinco cner-das. Se segregaron de ella cinco, cnerdas y se vendieron e inscribieron como finca aparte. Por la presente escritnra se vende el resto o sea veinte cnerdas qne se describen de conformidad con la ley, expresándose en la propia escritnra el 'tomo y página donde consta inscrita.

El registrador no ba presentado alegato y no conocemos autoridad alguna qne pueda sostener su nota. Las escritu-ras deben ser siempre lo más claras qne sea posible y con-venimos en qne la escritnra en este caso pudo contener dos descripciones separadas, la de la finca de veinticinco cner-das y la de la misma finca tal como quedó al segregársele las cinco cnerdas; pero conteniendo como contiene la ul-tima con las debidas referencias a la primera, atendidos los claros e inequívocos antecedentes del registro, creemos que es suficiente.

Debe revocarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Santini Fertilizer Co. Inc., recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 646.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 19, 1926.
    Embargos — Mandamiento de Embargo — Anotación de Embargo — Orden para Anotar Embargo — Validez.—Procede anotar ol embargo solicitado en man-damiento expedido, directamente al registrador, por el secretario de una corte en virtud de una orden de ésta, aún cuando la finca sobro la cual ha de ano-tarse radique fuera del distrito .judicial del tribunal que decretó el embargo. (Baile v. Registrador, 30: 746, seguido.)
    Nota de Raúl Benedicto, R. (San Juan, Sección Segunda), dene-gando anotación de embargo solicitada.

      Revocada.

      Enrique Rincón Plumey, abogado del recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El Secretario ele la Corte Municipal de San Juan, Sec-ción Segunda, en la acción qne en cobro de dinero inició Santini Fertilizer Co., Inc., contra Jesús Pérez Crnz, cum-pliendo una orden de la corte, expidió directamente manda- • miento de embargo al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, para su.anotación sobre cierta finca rústica radicada en el término municipal de Vega Baja.

El registrador denegó la anotación solicitada por el si-guiente fundamento:

"Denegada la anotación de embargo solicitada en el precedente mandamiento, por no haber sido practicado el mismo por el Marshal de la Corte Municipal de Vega Baja, qué es donde radica la finca.”

Este caso parece comprendido dentro de la autoridad del de Batle v. El Registrador, 30 D.P.R. 745. El subsecretario de la Corte de Distrito de Ponce dirigió mandamiento al Re-gistrador de la Propiedad de Arecibo para la anotación de un embargo sobre ciertas fincas radicadas en esta última ju-risdicción. Se presentó la misma objeción por el registra-dor, pero sostuvimos la actuación del subsecretario de la Corte de Distrito de Ponce de acuerdo con lo que dispone la orden general No. 100, del Gobierno Militar, de abril 12, 1900.

Bebe revocarse la nota y ordenarse la 'anotación del embargo.

El Juez Asociado Señor Hutcbison no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Seño» Feanco Soto,

text:
    Sucesión de Francisco Pieraldi y Bianchi, compuesta de su esposa, Paula Camacho e hijos, Úrsula, Octavia, Amalia, Sofía, Antonia, Luis Antonio y Felipe Pieraldi y Cedeño y Mercedes y Dalia María Pieraldi y Camacho, recurrentes, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 656.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Mesuelto: Noviembre 23, 1926.
    Recursos Gubernativos — Revisión—Presunciones.—Pandado un recurso en los méritos de la. solicitud presentada — para cancelar ciertas cargas — si aquélla sólo1 so limita a referir ¡las cargas sin expresar ningún dato o fundamento que explique el estado del registro en contradicción con la nota del' registra-dor, debe presumirse que éste tiene razón y su ilota debe confirmarse.
    Nota de Luis Capó Matres, R. (San Germán), denegando solicitud para cancelar cargas en cierta finca inscrita a nombre del cau-sante.

      Confirmada.

      José Tous Soto, abogado del recurrente; El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Seño» Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La sucesión de Francisco Pieraldi y Biancbi, compuesta por los herederos que se nombran más arriba, solicitaron del Registrador de la Propiedad de San Germán que se can-celaran en cierta finca rústica inscrita a nombre de sn can-sante, las siguientes cargas: (a) mención de nn reconoci-miento de deuda hecho por Ignacio Pieraldi y Maestracci, por escritura pública de julio 28, 1877, a favor de sus bijos Rosa, Luis, Matea, Luisa, Juana y Adolfo, por' la suma de $12,000, o sea $2,000 por cada uno; y (&) mención de le-gado hecha por Felipe Pieraldi y Graciani, en sn testamento a favor de Ramón Orengo por la suma de $500.

Se alegó como fundamento por los interesados para que-se practicara la cancelación de dichas cargas, que desde la fecha en que se hizo el reconocimiento de deuda han trans-currido veinte años sin que se haya solicitado la inscripción del derecho mencionado, y en cuanto al legado por no ha-berse anotado en tiempo y forma, no constituyendo nn gravamen real sobre la finca.

El registrador negó la solicitud consignando las razones en la nota, que dice:

“Denegadas las cancelaciones que se solicitan en el precedente documento por la citada Sucesión de Francisco Pieraldi y Bianchi, que se compone de su viuda Paula Camacho y de sus hijos Úrsula, Octavia, Amalia, Sofía, Antonio, Luis Antonio y Felipe Pieraldi y Cedeño y Mercedes y Dalia María Pieraldi y Camacho, de la men-ción de reconocimiento de deuda hecha por Ignacio Pieraldi y Maes-tracci, que se relaciona en el hecho tercero de la solicitud, por la suma de doce mil pesos a favor de sus hijos llamados Rosa, Luis,. Matea, Luisa, Juana y Adolfo, en la proporción de dos mil dólares para cada uno, por cuanto de los antecedentes e inscripciones exis-tentes en los libros de este Registro consta, que dicba deuda fué constituida tal como aparece de la anterior instancia, o sea por es-critura de fecha 28 de julio de 1877 ante el notario Francisco Parra, sobre la totalidad de la finca que se describe en la anterior instancia, pero asimismo consta también que un condominio de la mitad indi-visa de.la propia finca, está sujeto al presente a una condición reso-lutoria que lo está afectando, por no resultar haber sido cumplida dicha condición, y tal estado jurídico de la finca general o de la to-talidad, no cabe .aceptar que dicha finca sea de la sucesión recurrente, sino un condominio de la mitad de la misma, no siendo por tanto dicha sucesión dueña y poseedora de la totalidad de la finca de que se trata, a virtud de la condición resolutoria, que aún está vigente, y no habiendo transcurrido tampoco los veinte años de haberse he-cho la mención del legado a favor del citado Ramón Orengo, a que se refiere la solicitud en su hecho tercero en su segundo lugar, por-que dicho testamento fué inscrito el año pasado, por las razones antes expuestas, y además, porque la aludida condición resolutoria ya ex-presada es tal de importancia por su naturaleza, por su imposición testamentaria del testador, Felipe Pieraldi y Graciani, todo lo cual consta inscrito en este Registro, que no resulta purificada por no haberse cumplido, y ella impide que la citada sucesión recurrente tenga autoridad y personalidad jurídica que la den capacidad para solicitar las cancelaciones aludidas, por todo lo cual deniego las can-celaciones solicitadas. ’ ’

De la negativa del registrador se apeló a este Tribunal Supremo y el abogado recurrente solamente funda su re-curso. en los méritos de la petición que fué presentada al registrador. Tía petición a su vez se limita únicamente a referir las cargas qué pesan sobre la finca sin expresar nin-gún dato ni fundamento que explique el estado del registro en contradicción con la nota del registrador. Debemos pre-sumir, por consiguiente, que el registrador tiene razón y su nota debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Felipe Pieraldi Cedeño, recurrente, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 657.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 23, 1926.
    Expedientes Posesorios — Conversión de la Inscripción Posesoria en Inscrip-ción de DoMinio — Prescripción del Término Estatütoruo — Interrupción de la Prescripción. — Inscrita indivisa una finca parte en posesión a favor ele dos personas, e inscrito asimismo legado que de sus bienes todos una de ellas hizo sujeto’ a condición que, de cumplirse, el legatario, adquiriría- el dominio pileno.-de dichos bienes, la no realización de dicha condición — la de tener descendencia — impide se verifique a favor de los herederos del otro eondómino Ja conversión a que se refiere la Ley No. 21 de 1923 (Leyes de 1923 (1), p. 217) por existir la interrupción de la prescripción del término que dicha ley prescribe.
    Nota de Luis Capó Mairos, R. (San Germán), denegando conversión de inscripción posesoria en inscripción de dominio.

      Confirmada,

      José Tons Soto, abogado del recurrente; el Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Felipe Pieraldi Cedeño presentó al Registro de la Pro-piedad de San Germán cierta escritura en la qne hace cons-tar sn solicitud como condueño de una finca rústica para que se convierta eu inscripción de dominio la inscripción posesoria de .una parte ele dieña finca, por haber transcu-rrido más de veinte años de la fecha en que se inscribió la posesión sin que ésta se haya interrumpido en modo alguno.

El registrador denegó 1a. conversión solicitada en nota de octubre 8, 1926, puesta al pie del documento, en la que sim-plemente consigna sn negativa por los mismos motivos indú cados en sn nota de septiembre 16, 1926. Esta nota dice así:

“Denegada la conversión de posesión en dominio de la finca que se describe en el precedente documento, que es una copia de la escri-tura No.. 121 otorgada en la ciudad de Ponce a 19 de julio de 1926 ante el Notario José Tous Soto, por cuanto de los datos antecedentes e inscripciones existentes en los Libros de este Registro tenidos a la vista, resulta claramente que la finca de que se trata en su historial inscrito, aparece que lo fué en común pro indiviso a favor de Felipe Pieraldi y Graciani y do Francisco Pieraldi y Bianchi, parte en dominio y parte en posesión y bajo tales condiciones fué inscrito el condominio que en la citada finca tenía el expresado Felipe Pieraldi y Graciani según resulta de la inscripción 2» de la finca No. 599, obrante al folio 123 del tomo 12 de Yaueo. En los conceptos antes indicados, los precitados Francisco Pieraldi y Bianchi y Felipe Pie-raldi y Graciani poseían la finca que se componía de 289 cnerdas 25 céntimos, en dominio, y, en posesión 118 cuerdas 19 céntimos, cuya finca más tarde por otras agrupaciones que se le hicieron au-mentó a un total de quinientas cuerdas cincuenta céntimos. Así las cosas Felipe Pieraldi y Graciani, por y en virtud de la disposición testamentaria bajo la cual falleció el día 25 de abril de 1919, legó a su hija adoptiva María Bertha Pieraldi, el usufructo de todos sus bienes mientras no tuviese hijos, pero que una vez que los tuviese, quedaría en plena posesión de todos dichos bienes, de los que podría disponer como legítima y universal heredera, y que para el caso de que falleciera sin tenerlos entonces los bienes legados a ella, pasa-rían al poder de las otras personas que el • mismo testador nombró en dicho testamento como sustituías en tal caso de la legataria; todo en la forma y cuantía expresada en dicho testamento. Esa condi-ción resolutoria aparece aún incólume, sana, viva, sin detrimento y con ella adquirió Bertha María Pieraldi el condominio que en esa finca tenía el causante Felipe Pieraldi y Graciani, pues no existe en el Registro verificada operación alguna que haya hecho desapare-cer tal condición resolutoria, por no haber sido ésta cumplida en ningún concepto. Resulta de esas inscripciones que Bertha María Pieraldi sólo fué instituida heredera por su causante solamente en aquellos momentos en el usufructo de sus bienes sujeta a la condi-ción ya dicha, de tener hijos, bajo cuyas circunstancias cambiaba su situación de usufructuaria a las de dueña por realizarse el acon-tecimiento de su maternidad y como tal cosa no se ha comprobado, tenemos que seguir sosteniendo por imperio de Ley la virtud de esa condición resolutoria de tan respetable trascendencia, tal y como está constituida por voluntad del testador. No empece, que esa parte indivisa de finca o el condominio que en la misma tenía Bertha María Pieraldi por causa de tal legado, haya sido trasmitido bajo cualquier circunstancia a otra u otras personas tales trasmisiones llevaron consigo siempre el defecto subsanable que está anotado en la inscripción antes referida y otras subsiguientes. Ese condominio fué inscrito a favor de la legataria indicada arrastrando tal condi-ción y se ha seguido consignando en todas las inscripciones sucesi-vas y en los títulos que la motivaron, sin que contra tal defecto apun-tado se interpusiera recurso alguno sino que demuestra haber sido aceptado tácitamente por todos los interesados. Esa condición im-pide por las razones expuestas que se verifique tal conversión por quedar interrumpida, y por tanto se deniega la conversión solici-tada.”

Los documentos complementarios que se mencionan en l*a nota de octubre 8, 1926, y que se presentaron con la es-critura al registrador, no aparecen unidos al récord. No te-nemos más base para la consideración de este recurso que las manifestaciones del recurrente contenidas en dicha escri-tura y la nota del registrador.

El recurrente funda su recurso acogiéndose a lo dis-puesto en el artículo 441 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, tal como quedó enmendado por la ley No. 21, aprobada en julio 7, 1923. La enmienda consis-tió principalmente en haberse adicionado a dicho artículo lo siguiente:

“Disponiéndose, que cuando hubieren transcurrido más de veinte años desde la fecha de la inscripción de posesión y no existiere en el registro nota que indique que la prescripción ha sido interrum-pida durante dicho término de veinte años, el registrador convertirá dicha inscripción de posesión en inscripción de dominio, por medio de nota marginal, a solicitud del propietario del imnueble que apa-rezca con su derecho inscrito, consignada dicha solicitud en escri-tura pública. ’ ’

La nota del registrador explica la situación del registro de todo lo concerniente a los condominios que pertenecían a Felipe Pieraldi y Graciani en la finca objeto del recurso. Todos los bienes del causante Pieraldi y Graciani fueron le-gados por éste .en usufructo a su hija adoptiva María Bertha Pieraldi, a quien pasarían en pleno dominio en caso de que llegara a tener hijos, según condición que le impuso el testador. Estamos conformes con el recurrente que se trata de una condición suspensiva y no resolutoria. Como no puede saberse ciertamente si la legataria tendrá hijos, la incertidumbre de que se realice tal suceso le da el carác-ter de condición que deja en suspenso el legado en cuanto a la adquisición del pleno dominio mientras no se sobre-venga el acontecimiento de que depende. Pero la natura-leza de la condición no hace diferencia. Según se desprende de la nota del registrador, consta inscrito el legado en la' forma dispuesta por el testador y luego se lian hecho trans-misiones del condominio de la finca a que se refiere este re-curso sujetas a tal condición. Si ésta se cumple o el acon-tecimiento llega de que la legataria tenga descendencia, se había de operar, ipso jure, un cambio en el registro, adqui-riendo ella el pleno dominio de los, bienes de su causante, que estaría abiertamente en conflicto con la solicitud del recurrente si la conversión que ella implica llegase a ins-cribirse. No hay duda, pues, que existe la interrupción de la prescripción que indica el registrador en su nota y que de todos modos el estado del registro creado con la ins-cripción del legado no puede alterarse sin el consentimiento de la legataria o una declaración judicial, ex officio judice, que estableciera la imposibilidad física de realizarse la con-dición o acreditarse en todo caso la defunción de la legata-ria sin dejar prole.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Buenaventura Esteves, recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, recurrido.
    No. 660.
    Sometido: Noviembre 13, 1926.

      Resuelto: Noviembre 23, 1926.
    Expedientes de Dominio — Asientos Contradictorios en el Registro — Su Can-celación Dentro del Expediente — Requisitos para Decretarla — Inscrip-ción a Favor de Hombre Casado, Cuya Esposa, Según el Registro, ha Fa-llecido. — Para poder decretar, dentro de un expediente de dominio’ la can-celación de una inscripción posesoria lieehai a favor de nn hombre casado, cuya esposa, según el registro, había fallecido, la sola citación del viudo no es bastante; es necesario eitar además personalmente a los herederos de la esposa- y, si son desconocidos, acreditar tal hecho y recurrir all medio de la citación por edictos.
    Nota de William J. Santos, R. (Aguadilla), negándose a cancelar inscripción posesoria que se solicitó y decretó dentro de un ex-pediente de dominio.

      Confirmada.

    El recurrente y El Registrador recurrido comparecieron por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Buenaventura Esteves instó en la Corte de Distrito de Aguadilla un expediente para acreditar el dominio de dos fincas rústicas, una de diez y seis cuerdas y otra de dos. Solicitó además dentro del expediente que se ordenara la cancelación de las inscripciones posesorias de dictas fincas en el registro. Tramitado el expediente, la corte, por auto de 22 de septiembre último, decretó el dominio y ordenó la cancelación en la forma solicitada.

Esteves presentó el auto en el registro y el registrador lo cumplió en cuanto a la finca de diez y seis cuerdas y se negó a cancelar la inscripción posesoria y por consiguiente a inscribir el dominio de la finca de dos cuerdas porque a su juicio no se siguió en el expediente el procedimiento mar-cado por la ley. No conforme Esteves interpuso el pre-sente recurso gubernativo.

Según el registro la inscripción posesoria de la finca de dos cuerdas está techa a favor de Víctor P. Martínez, ca-sado con Milagros de los Ríos y Avila, fallecida después. Según el auto el recurrente Esteves adquirió la finca de cierta persona que a su vez la obtuvo por adjudicación en pago de sentencia dictada en contra de dicto Víctor P. Martínez. En relación con la cancelación consta del auto que “fueron citados personalmente los anteriores dueños presentes y, por medio de edictos .... los herederos o causahabientes de los anteriores dueños fallecidos o ausen-tes . . . .” y el registrador sostiene que ello no es bastante porque el auto “no expresa que la finca está inscrita a nombre de Víctor P. Martínez, casado con doña Milagros de los Ríos Avila, ni que ésta ha fallecido,” no pñdiendo, por tanto, llegarse a la conclusión de que los causahabien-tes de la esposa fallecida fueran notificados.

A nuestro juicio tiene razón el registrador.

En el caso de López v. Registrador, 34 D.P.R. 31, 32, esta corte se expresó así:

“En el caso citado de Wiscovich (30 D.P.R. 127) se promovió el expediente posesorio por el motivo de que la finca estaba inscrita a favor de otra persona y se quiso acreditar la posesión y seguir al mismo tiempo el procedimiento establecido por el artículo 393 de la Ley Hipotecaria para casos de existir un asiento contradictorio a la inscripción que se solicita, o sea citando y oyendo a la persona a cuyo favor se halle inscrita la finca, y nosotros aprobamos la con-ducta seguida por Wiscovieli aunque sostuvimos la negativa de ins-cripción porque estimamos que para que pudiera inscribirse otra po-sesión no obstante la inscripción anterior contradictoria era necesa-rio que constase con absoluta claridad el consentimiento de la persona a cuyo favor aparecía el referido asiento o que se le citó en forma debida, cuyas constancias no existían en dicho caso.”

¿Basta que se citara a Víctor P. Martínez, como sostiene el recurrente que se citó? Si su esposa no hubiera falle-cido, su citación hubiera sido suficiente, pero habiendo fa-llecido, su sola citación no es bastante. Al disolverse el matrimonio por la muerte de la esposa, la presunción es que Víctor P. Martínez sólo era dueño de la mitad de la finca, pasando la otra mitad a los herederos de la esposa.

¿Basta la citación general a que el auto se refiere? En-tendemos que no. La jurisprudencia de esta corte ha ten-dido a facilitar la cancelación de asientos contradictoriosj pero no puede llegar al extremo de prescindir de que la ci-tación o notificación se haga de tal manera que pueda con-cluirse que se dió una verdadera oportunidad al que apa-rece con su derecho inscrito en el registro para oponerse.

Del registro constaba el fallecimiento de la esposa y por lo tanto que sus herederos eran los dueños de su participa-ción. Si no se sabía quiénes eran esos herederos ’ para po-derlos citar personalmente, debió haberse acreditado el he-cho en el expediente para que la corte hubiera podido or-denar su citación por edictos.

Debe confirmarse la nota recurrida. .

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Enrique González Ramos, recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, recurrido.
    No. 647.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Noviembre 23, 1926.
    L Expedientes-'Posesorios — Conversión de la Inscripción Posesoria en Ins-cripción de Dominio — Personas oon Derecho a Solicitar la Conversión.— La Ley No. 21 de 1923 (Leyes de 1923 (1), p. 217) en cuanto prescribe que la conversión se hará “a solicitud del propietario del inmueble que apa-rezca con su derecho inscrito” debe interpretarse en el sentido de considerar a los herederos del propietario como ed propietario mismo a los efectos de pedir la conversión.
    2. Expedientes Posesorios — Conversión de la Inscripción de Posesión en Ins-cripción de Dominio — De la Solicitud — Solicitud a Nombre de Unos He-rederos — Prueba del Carácter de Herederos. — El simple dicho, en solicitud de conversión hecha a nombre de unos herederos, de que el causante falleció y que el dicente, y otros que se mencionan, son' los legítimos herederos, es insuficiente para acreditar el fallecimiento y justificar el carácter de here-dero de los peticionarios a los efectos de la conversión solicitada.
    Nota de William J. Santos, R. (Aguadilla), negándose hacer la con-versión de una inscripción posesoria en inscripción de dominio.

      Confirmada.

      Pedro Amado Rivera, abogado del recurrente; El Registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

- En el registro de la propiedad de Aguadilla consta ins-crita la posesión de cierta finca rústica a favor de Antonio Ramos Soto y Antonia Vélez. Enrique González, diciéndose heredero y representante de los demás herederos de Antonio Ramos Soto y Antonia Vélez, compareció ante notario público y éste levantó un acta haciendo constar los anterio-res hechos y también el de que hacía más de veinte años que la posesión estaba inscrita, motivo por el cual procedía y solicitaban los herederos que se convirtiera a nombre de ellos la inscripción de posesión en inscripción de dominio.

Presentada el acta en el registro, el registrador se negó a hacer la conversión solicitada por dos motivos, porque no la pedía la persona a cuyo favor estaba inscrita la posesión y porqne los peticionarios no acreditaban el fallecimiento de sus cansantes y su carácter de herederos. No conforme González interpuso el presente recurso gubernativo.

En 1923 la Legislatura enmendó el artículo 441 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. Termina dicho artículo enmendado con un disponiéndole que dice:

“Disponiéndose, que cuando hubieren transcurrido más de veinte años desde la fecha de la inscripción de posesión y no existiere en el registro nota que indique que la prescripción ha sido interrumpida durante dicho término de veinte' años, el registrador convertirá dicha inscripción de posesión en inscripción de dominio, por medio de nota marginal, a solicitud del propietario del inmueble que aparezca con su derecho inscrito; consignada dicha solicitud en escritura pú-blica. ’ ’ -

El registrador sostiene que expresando la ley que la conversión se hará “a solicitud del propietario del inmueble que aparezca con su derecho inscrito,” los peticionarios tendrían que inscribir primero la posesión a su nombre para solicitar la conversión.

Estamos conformes con el recurrente en que tal inter-pretación es demasiado estricta y parece contraria a los fines de la ley tendentes a facilitar las transacciones sobre bienes inmuebles con títulos de la mayor fuerza posible. Creemos que una interpretación que considere a los herede-ros del propietario como al propietario mismo a los efectos de pedir la conversión, debe prevalecer.

El otro motivo está bien fundado. ¿Cómo es posible que se acepte por el registrador el simple dicho de una persona consignado en un acta notarial para dar por establecido que determinadas personas a cuyo favor consta cierto derecho inscrito falleciera y que el dicente y las otras personas que menciona son sus legítimos herederos? La cuestión es tan clara que no merece discusión alguna. La condición de heredero debe probarse por los medios estable-cidos en la ley. Coira y. Registrador, 30 D.P.R. 310.

Por tal motivo debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Jorge V. Domínguez, Francisco Soto Gras, Antonia Q. Viuda de Quiñones, José Ramón Quiñones, Segismundo Quiñones, Juana Manuela Rodríguez de Willoughby, Palmira McCormick de Schuck, Dionisio Trigo, Alvaro Trigo, María Rafaela Chloris McCormick y Murdock de McKinlay y Jaime Zubiaurre, demandantes y apelantes, v. Rafael Fabián y Fabián,
    No. 3839.
    Visto: Mayo 7, 1926.

      Resuelto: Noviembre 29, 1926.
    1. Fraude — Acciones — Evidencia — Prueba Necesaria para Establecer el. Fraude. — Si bien el fraude puede establecerse por medio de prueba circuns-tancial, su existencia, sin embargo, no puede quedar establecida por simples conclusiones, conjeturas o sospechas.
    2. Corporaciones — Oficiales y A'gentes — Derechos, Deberes y Responsabili-dades en Cuanto a la Corporación y sus Miembros — Acciones Ejercita-das por Accionistas Contra Directores — Apelación.—En este caso — acción para exigir responsabilidad por omisiones en los deberes de un cargo — se alegó en apelación que probados los hechos imputados y la intervención del de-mandado en ellos, a éste correspondía descargarse, mostrando que hizo cuanto pudo qiara que las cosas ocurrieran de distinta manera. Se resolvió: que cuando los hechos imputados no se prueban tal cual se alegan ni menos que el demandado interviniera en los mismos, no existía base para considerar la alegación mencionada.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Imposi-ción de Costas. — Cuando la corte ejerce su discreción al imponer las costas y por el resultado del pleito no hay motivos para revocar, dicho pronuncia-miento de la sentencia debe confirmarse.
    SENTENCIA ele M. Rodríguez Serva, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Jorge V. Domínguez y F. Soto Oras, abogados de los apelantes; Henry Q. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes como accionistas de la Central Boca Chica, corporación domiciliada e incorporada en la Repú-blica Dominicana, instituyeron esta acción para recobrar del demandado Rafael Fabián la suma de $65,300 en concepto, de daños y perjuicios como consecuencia de ciertos actos fraudulentos o de negligencia que se-alegan realizados por dicho demandado mientras desempeñaba los cargos de pre-sidente del Banco Territorial y Agrícola y vicepresidente de la Central Boca Chica, privándoles así del valor de sus acciones.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda y en su opinión se hace un resumen de las alegaciones, así como de sus conclusiones, en la siguiente forma:

“Se alega que el Sr. Fabián era uno de los administradores y el primer vice-presidente del Consejo de Administración de la referida Central Boca Chica, -antes del 15 de Septiembre de 1922, y basta el 14 de Octubre del mismo año; y a la vez, Presidente del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico. Este Banco había adquirido, como garantía colateral de un préstamo refaccionario, ciertos bonos hipotecarios de la Central, por valor de $350,000, que emitiera la Compañía anónima Central-Boca Chica. El Banco era trustee, re-presentante de los Tenedores de los bonos. Ni los intereses ni los plazos vencidos de la deuda así garantida habían sido pagados: por lo que el Banco procedió a la ejecución del crédito, habiéndose opuesto la Central, ante los Tribunales de Santo Domingo. El 15 de Septiembre de 1922 el Presidente de la Compañía Sr. Miguel Guerra Parra vino a Puerto Rico, y adoptó cierto acuerdo con el Banco para transar las diferencias existentes entre el Banco y la. Compañía anónima y también entre el Banco y otra Compañía de-nominada “Industrial y Comercial” de Santo Domingo de que Guerra era socio. El 'Sr. Miguel Guerra Parra aí llegar al acuerdo com el Banco ostentaba el doble carácter de vice-presidente de la Com-pañía Industrial y Comercial y accionista principal de la Central Boca Chica. En relación con dicho acuerdo, en Asamblea General de accionistas de la Compañía anónima Boca Chica, el 5 de Octubre de 1922, que estuvo según alegan los demandantes, bajo el control absoluto del demandado y del Sr. Guerra Parra, se acordó desistir de los procedimientos iniciados ante los Tribunales Dominicanos en oposición a la gestión judicial de cobro del Banco Territorial y Agrí-cola de Puerto Rico. Tales arreglos eran parte integrante de un plan de reorganización, y fueron realizados con el deliberado propó-sito de salvar los intereses de la Compañía deudora y de reorganizar sus negocios a ñn de ponerlos en estado de completa solvencia. En cuanto al Banco concernía, el acuerdo establecía una prórroga de su crédito, por el plazo de 12 años, con las garantías anteriores; y la compañía deudora, por su parte, se comprometía a no entorpecer o demorar la ejecución de los bienes embargados; y de este acuerdo quedó encargado, entre otros, el demandado Sr. Fabián en su doble carácter de Presidente y principal accionista del Banco Territorial y de Yice-Presidente de la Compañía deudora y de miembro de su Consejo y de Administrador representante de los accionistas de Puerto Rico. Y alegan los demandantes que con tal capacidad el Sr. Fabián hizo formal promesa al Sr. Soto Gras, de que el Banco no ultimaría gestión alguna que perjudicase los intereses de los ac-cionistas de la Compañía deudora; y confiando en la promesa el Sr. Soto Gras desistió de realizar un proyectado viaje a Santo Domingo, representando a los accionistas de Puerto Rico para defender y proteger ante la Asamblea General sus derechos e intereses; y que bajo la confianza de que la promesa se cumpliría y en vista del plan de reorganización adoptado, los demandantes no hicieron ges-tión alguna en defensa de sus intereses. Que el Sr. Fabián en vez de cumplir el acuerdo, se confabuló con otras personas para consti-tuir, en violación del acuerdo y al amparo de las leyes de la Repú-blica Dominicana, una corporación llamada “Andrés Sugar Company” de la cual es uno de los administradores. Que el objeto apa-rente de la constitución de esa compañía fué dar cumplimiento al acuerdo antes referido, que era en beneficio de los accionistas de la Central Boca Chica, pero en realidad resultó solamente en provecho del propio demandado y de otras personas, que así utilizaron las ventajas del plan de reorganización, adjudicándose los bienes de la Central Boca Chica, privando a los demandantes de sus derechos sobre los mismos. Que no existía en aquel entonces razón o motivo que impidiera al demandado, en su carácter de Administrador y Yice-Presidente de la Central Boca Chica, al cumplimiento de los términos del acuerdo con el Banco para Beneficio de todos los accio-nistas. Que ni la Andrés Sugar Company ni las personas que la organizaron aportaron cantidad alguna de dinero efectivo, ni bienes para el pago de parte o todo el crédito del Banco Territorial y Agrí-cola; que la ejecución del crédito fué ficticia y debióse a la influen-cia y gestión del demandado, como Presidente y mayor accionista 'del mismo, y a la confianza que en él depositaron los accionistas de-mandantes y a su influencia, además, como Yice-Presidente y uno de los mayores accionistas de la Compañía Central Boca Chica. Que el acuerdo del Banco fué incumplido por el Sr. Fabián y sus aso-eiados, entre otros extremos, especialmente en el de haber incorporado la nueva entidad bajo las leyes de la República Dominicana y no bajo las de Puerto Rico donde residen los demandantes. Que Fa-bián consintió que ciertos accionistas, amigos personales de él, y él mismo, recibieran los equivalentes íntegros de las acciones de que eran dueños, del capital social de la Central Boca Chica, y con pretexto de ciertas operaciones financieras garantidas con los pro-pios bienes y frutos de la Central Boca Chica. Que en Julio de 1921 dicha Central tenía un activo fijo de $1,404,955.07, y en la fecha de la adjudicación a la Andrés Sugar Company de los bienes de la Central Boca Chica o sea el 14 de Octubre de 1922, esos bie-nes tenían un valor neto de $755,491.15 excluyendo deudas y obli-gaciones, siendo el valor total emitido de sus acciones $750,000 y por tanto el valor efectivo de cada acción $100.00, oro americano. Los demandantes piden que se condene al demandado a pagarles el valor de sus respectivas acciones, montante a $65,000, más los inte-reses correspondientes.
‘ ‘ Tras diversos incidentes en que hubo amplia discusión, y luego ■ de haberse contestado' la demanda, tuvo lugar la vista del caso y fué terminado el juicio que duró varios días, el 27 de febrero úl-timo.
“Expondremos, después de una detenida consideración de los documentos ofrecidos como prueba, así como de las declaraciones de los distintos testigos en el juicio, aquellas conclusiones que nos pa-rezcan suficientes para resolución del caso a fin de no ser demasiado extensos.
“La Central Boca Chica en la época a que se refiere la demanda no había pagado sus deudas, hipotecarias o de otra índole; no había pagado los plazos del capital ni intereses, garantidos con la hipoteca, de que el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico era Trustee, ni tampoco el crédito refaccionario anticipado por la Compañía Industrial y Comercial, a la que adeudaba $115,890.86 en Julio 31 de 1921. Según se desprende de la Memoria de la Compañía de ese año, la zafra produjo pérdidas; la crisis azucarera empezaba a sen-tirse, y continuó afectándole, de modo que los negocios, en 1922, habían empeorado. Las gestiones para obtener un nuevo préstamo refaccionario que permitiera hacer la cosecha 1921-1922, no tuvie-ron éxito. En la imposibilidad de cobrar su deuda, el Banco Territorial envió a uno de sus directores, Mr. Walker, a Santo Domingo, en Febrero, 1922, para investigar la situación y tratar de salvarla. El Banco decidió ejecutar la hipoteca, pero deseaba dejar la em-presa en condiciones de poder continuar sus negocios. Al enterarse de la ejecución, el Sr. Soto Gras, uno de los demandantes, conferen-ció con el Sr. Fabián, quien le informó ser cierto que el Banco eje-cutaba, y que la actitud de esa institución no sería perjudicial a los accionistas; que el Banco no les era hostil. El Sr. Soto Gras, a pe-sar de quedar satisfecho de su conferencia con el Sr. Fabián, ob-tuvo de algunos accionistas, residentes en Puerto Rico,' de la Central Boca Chica, le designasen, junto eon el Sr. McCormick, como sus agentes o apoderados para concurrir a la Asamblea que el 10 de Junio de 1922 se celebraría por la Compañía Boca Chica en Santo Domingo. Dispuestos a embarcar, suplicaron, por cable; al Sr. Guerra Parra, la posposición de la Asamblea, porque el vapor llegaría tarde a Santo Domingo. El Sr. Guerra Parra, accionista fuerte de la Compañía ejecutada, vino a Puerto Rico, celebró una conferencia con el Sr. Soto Gras, y continuó viaje para España para obtener del capitalista Sr. Olegario Riera un nuevo préstamo refaccionario a favor de la Central Boca Chica. Este Sr. Riera era socio de la Compañía Industrial y Comercial de que era presidente Guerra Pa-rra y acreedora también, como hemos dicho, de Boca Chica; además era accionista de Boca Chica. El Sr. Guerra Parra, como Presi-dente de la Industrial y Comercial, alegaba ciertas preferencias o gravamen sobre los bienes muebles de la Central, los había embar-gado, desposeyéndola de algunos. No hay duda de que el Banco ac-tuaba bajo la impresión de que en su procedimiento ejecutivo, en-contraba la oposición de la Central Boca Chica, y de la Compañía Industrial y Comercial; y que en la transacción o acuerdo cele-brado con Guerra Parra era entendido que dicha Compañía Industrial y Comercial, en vez de entorpecer la ejecución, apoyaría al Banco, desistiendo de sus gestiones judiciales. No ha habido prueba de que la oposición de la Central Boca Chica tuviese buen funda-mento; al parecer, con ella sólo se trataba de ganar tiempo para conseguir un préstamo que permitiese recoger los bonos y solventar otras deudas de la Compañía. No ha habido prueba alguna ten-dente a demostrar que la hipoteca a favor del Banco tuviese algún defecto o vicio que la anulase; y es de presumir que el Banco Territorial, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus de-beres como trustee, debió hacer lo que hizo, esto es, gestionar el co-bro de la deuda, judicialmente. No se ha probado concreta y deta-lladamente, cuál fuera el plan de reorganización previamente con-venido, ni la ingerencia o participación real del demandado en el mismo. .Se ha demostrado que los Sres. Walker y Martínez Do-mínguez, como mandatarios especiales del Banco, investidos de am-plios poderes llegaron a una solución del asunto satisfactoria para
el Banco. El arreglo fué, en sustancia, que la Compañía Industrial desistiría de la oposición al Banco,, que el socio de la misma, Sr. Riera, aportaría un préstamo de $100,000, garantidos con primera hipoteca representada por nuevos bonos, los cuales serían emitidos en series para Riera, el Banco, McCormick y,la Industrial y Co-mercial por sus respectivos créditos. Se- trataría de obtener de otras personas la suma de $50,000 para la refacción, y continuar el fun-cionamiento de la Central. La refacción fué más tarde aumentada a $150,000, y se obtuvo de una corporación denominada ‘Porto Rico Sugar Developing Co.’ con la garantía personal de los Sres. McCormick, Walker y Martínez Domínguez. El Sr. Fabián era Pre-sidente de esta última Compañía, y otros de sus accionistas, los Sres. Bebn Bros., Manuel González, Walker y Martínez Domínguez, nin-guno de los cuales era accionista de Boca Chica. Como garantía adicional se convino organizar una nueva corporación llamada ‘An-drés Sugar Company’, la que sería deudora, y fué esta entidad la que obtuvo la adjudicación en el remate efectuado de los. bienes de la Central Boca Chica.
‘.‘No hay prueba de que los demandantes u otros accionistas de la Boca Chica aportasen dinero efectivo o crédito u otros valores para solventar las deudas vencidas y evitar la subasta. Los Sres. McCormick, Walker y Martínez Domínguez con su garantía personal obtuvieron como ya dijimos de la Porto Rico Sugar Developing Co. los $150,000 necesarios para que la Andrés Sugar Company pu-siera en marcha la Central que se había adjudicado.
“No se ha probado que la situación de insolvencia de la Compa-ñía Boca Chica en 1921 y 1922 se debiera en todo o en parte a la falta de cumplimiento, por el demandado, de sus deberes legales eomo eoadministrador del fundo, esto es, como vocal de su directiva. De la memoria o estado general de la Compañía, descriptiva de las operaciones y negocios desde Agosto 1, 1920, al 31 de Julio, 1921, suscrita por los Sres. Guerra Parra, Olegario Riera y Jesús Cobián, Presidente, Tesorero y Secretario respectivamente, comentando la desfavorable situación de los negocios se expone lo siguiente, bajo el epígrafe ‘Estado de Ganancias y Pérdidas’ — Pág. 16. El azúcar que teníamos en existencia al ‘finalizar el último ejercicio, avaluado en $304,434.61 ha sido realizado a un precio inferior al estipulado en el inventario (al principiar este ejercicio) dejando una pérdida de $166,726.04.’ En la página 18, se dice — ‘Pérdida este año (1921) $47,867.79.’ Del examen del Balance, página 19, resulta que el total de las deudas montaba a $588,968.42.
“Como causas de la situación, señala la memoria, el bajo precio del azúcar, comparado con el de los anteriores años, y los altos saT larios del personal — causas que afectaban en aquella época a todas las empresas azucareras.
“No se ha probado concretamente cuáles fueran las actuaciones en todo ese negocio, del demandado Sr. Fabián. Mucho menos que controlase la asamblea de accionistas de Boca Chica, al adoptar sus acuerdos relativos a la transacción con el Banco. No sabemos el nú-mero de sus acciones en la Compañía de la Central Boca Chica, en el Banco Territorial, ni en la Porto Rico Sugar Developing Company. No podemos presumir que, por el mero hecho de ser accio-nista de esas compañías, tuviera el control o decidiera con su voto personal o por medio de su apoderado, los distintos acuerdos para ultimar la negociación final. ■ No se ha probado qué clase de. cono-cimiento tuviera Fabián de los hechos de la transacción, algunos de lps cuáles se realizaron estando él ausente de Puerto Rico, en Europa. No se ha probado que fuera accionista de la nueva Compa-ñía Andrés Sugar Co. al organizarse y adjudicársele la Central, o después. Por el contrario la prueba ofrecida en este punto es ne-gativa; en consecuencia, no puede apreciarse cuál haya sido el be-neficio derivado por él de la alegada combinación, si es que en rea-lidad ha tenido alguno.
“Por tales razones, no habiéndose probado los hechos esenciales de la demanda, debe ser desestimada y declarada sin lugar.”

Aunque los apelantes señalan en su alegato la comisión de diversos errores por la corte inferior, en realidad el punto a resolver se contrae a una cuestión de hecho, o sea, si el demandado intervino de algún modo en los hechos que se le imputan en la demanda, o en otros términos, si la prueba demostró los actos de fraude o el incumplimiento de un deber por omisiones, de todo lo cual se trata de hacer responsable al demandado.

Hemos examinado cuidadosamente la extensa prueba que fué practicada por los apelantes y concurrimos con la corte inferior en que no se probó que el demandado tuviera ingerencia o participación en el plan de reorganización que dió por resultado el remate de los bienes de la Central Boca Chica en el procedimiento hipotecario seguido por el Banco Territorial, adjudicándose a la Andrés Sugar Co., nueva corporación que se formó de acuerdo con las leyes de la Eepública Dominicana, y asimismo quedó sin demostrar la afirmación categórica de la demanda de que el demandado fue uno de los organizadores de la corporación Andrés Sugar Co., ni tampoco que fuera accionista de la misma. Los apelantes sostienen, sin embargo, que la corte inferior erró al no considerar la evidencia circunstancial que babía de producir la certeza moral de la participación del deman-dado en las negociaciones que tuvieron por objeto el plan de reorganización a que se refiere la corte inferior. El mero hedió de ser el demandado presidente del Banco Territorial, accionista de la Central Boca Chica, poderdante de Rafael Martínez Domínguez y unido a éstos por razón de otros negocios, no son circunstancias por sí solas para demostrar la relación del demandado en la conspiración o actos fraudulentos que los apelantes alegan que fueron fra-guados entre aquellas personas y otras para ser privados del valor de sus acciones en la Central Boca Chica. No te-nemos dudas que el dolo o fraude puede establecerse por prueba circunstancial, pero en ningún caso- su ■ existencia puede quedar establecida por simples conclusiones, conjetu-ras o sospechas. Gómez v. Banco, 34 D.P.R. 148; Sabalier v. Iglesias et al., 34 D.P.R. 352. Desde julio de 1922 a enero de 1923 el demandado estaba ausente en España. En septiembre 15, 1922, la comisión de turno del banco tomó un acuerdo que fue ratificado por el consejo de administra-ción en septiembre 18, 1922, estableciendo las bases para ase-gurar la deuda hipotecaria de la Central Boca Chica y cuy© cobro estaba en curso ante los tribunales de la República Dominicana, pero con oposición de la corporación deman-dada por haber atacado la nulidad de la hipoteca. Dicho acuerdo en lo pertinente, dipe así:

“Y se tomaron los acuerdos siguientes:
“2. En este estado la sesión, su Presidente Sr. Walker, pasó a informar verbalmente a la Comisión sobre las diligencias practicadas para el arreglo del asunto de la Central Boca Chica de Santo Domingo en tramitación judicial cuya ejecución se dificulta en vista de los obstáculos que a su fin ba presentado la Compañía Industrial y Comercial de Santo Domingo, R. D.; y después de discutido su-ficientemente el caso por todos los señores que componen esta Comi-sión, se acuerda llegar a un convenio con dicha Compañía, sobre las siguientes bases:
“ (D) La Compañía Industrial y Comercial, en vez de entorpe-cer la ejecución, ayudará al Banco retirando sus mociones a la Corte y uniéndose al Banco para que esa ejecución se realice seguidamente.
“(2*)' Una vez ejecutada la Central y pasada su propiedad al Banco, se emitirán dos emisiones de bonos como sigue:
“Bonos A. Por trescientos mil dólares, para adjudicarse al Banco en pago de doscientos mil dólares a cuenta de su crédito, y los cien mil dólares restantes para darlos a las personas o entidades que aporten esa suma con el fin de poner la Central en condiciones de moler en la próxima zafra de azúcar, (véase ampliación abajo).
“Bonos B. Por ciento sesenta mil dólares para el Banco y ciento doce mil dólares para pagar el crédito de la Compañía Industrial y Comercial.
“De los bonos A. y B. que por trescientos sesenta mil dólares le correspondan al Banco, se dará la parte que proporcionalmente co-rresponda al Sr. Harry McCormick, por ser acreedor de cincuenta mil dólares contra la Central Boca Chica garantizados con igual cantidad de los anteriores.
“Tanto los bonos A. como los bonos B. se emitirán al plazo de doce años y al interés del ocho por ciento anual.
“(3^) Se formará una nueva corporación con oficina central y absoluta en esta ciudad de San Juan, teniendo el Banco poder de investigación en cualquier tiempo.
“La Comisión acuerda facultar y faculta al Presidente Sr. "Walker, para que ultime este asunto lo antes posible, pues se considera muy urgente su arreglo definitivo; y que así se recomienda al Consejo.
“Y a petición del Consejero Sr. Monserrat, la Comisión también acuerda dar al Sr. Walker un voto unánime de confianza, autori-zándole para terminar este asunto, conforme a su mejor criterio, y ultimar los detalles necesarios de esta negociación.”

Este acuerdo se tomó a iniciativa de M. A. Walker, vice-presidente del banco y quien actuaba como presidente en ausencia de Rafael Fabián, y daba amplias facultades a Walker para dar finalidad al asunto y así lo hizo en la prác-tica con la sola diferencia de que la corporación que remató los bienes de la Central deudora fné organizada o incorpo-rada de acnerdo con las leyes de la República de Santo Domingo. Parece qne este cambio se realizó por consejo del abogado qne representaba al banco en Santo Domingo y el enal en nada alteraba el propósito de asegurar sólidamente el banco su deuda.

Por otra parte, si bien Fabián aparece como uno de los administradores de la Central Boca Chica, lo era, sin em-bargó, nominalmente, pues quien realmente dirigía la central y entendía en todos sus negocios era el presidente de la corporación, Miguel Guerra Parra. Nada demuestra que el demandado participara en las reuniones del consejo de ad-ministración ni que tomara parte en sus deliberaciones y resoluciones. Un hecho, además, significativo y de singular importancia es que desde el 1921 el estado económico de la Central Boca Chica ya era bien poco satisfactorio. A pesar de que en la memoria anual de julio 31, 1921, del cuarto ejercicio de la corporación, se habla de sus excelentes con-diciones financieras, es lo cierto que la central tuvo pérdi-das durante dicho ejercicio. Se explican los motivos, infi-riéndose de ellos que en nada puede imputarse a actos de mala administración por sus directores. En la memoria, en las páginas 5 y 6, se dice lo siguiente:

“La gran baja que sufrió el azúcar en el presente año, compa-rada a ningún otro producto de este país y luego la crisis comercial, fueron partes principales de la desmoralización que han sufrido los Colonos, lo que ha dado por resultado que el tiro de la caña en una semana no daba más que para dos días de molienda, y, tanto así siguió esta irregularidad que después de terminada la zafra, el día 9 de Julio, se quedaron en los campos más de quince mil toneladas de caña. ’ ’

La desmoralización entre colonos parece que siguió en la zafra de 1921-22, pero se debió sin duda a la situación de insolvencia en que se encontraba la corporación. Ésta care-' cía de fondos para pagar en dinero el azúcar a sus colonos y éstos llegaban a la factoría con canastos para recoger dicílo producto, el que se disputaban entre ellos a medida que se fabricaba y salía de los aparatos. La crisis fué más grave con la carencia de fondos para pagar las deudas ven-cidas y atender a los diferentes gastos que exige una central para ponerla en condiciones de moler. Parece que fi-nalmente las diligencias y gestiones del presidente de la corporación para negociar un préstamo y bacer frente a la situación no tuvieron éxito, y entonces vino la ejecución por el banco de su hipoteca, la reclamación de la Compañía Industrial de Santo Domingo por cierto crédito refaccionario, embargando y retirando de la central lanchas y carros y las reclamaciones de otros acreedores. La Central' Boca Chica trató de resistir la ejecución del banco impugnando la vali-dez de la hipoteca, pero el presidente de la Central Boca Chica declaró en la junta de accionistas de octubre 5, 1922, que la oposición a la ejecución del banco fué más bien para dilatar los procedimientos por no existir nada que fuese vulnerable en cuanto a' sus méritos. De este modo, sin embargo, se llegó por los demás acreedores al plan de reorga-nización a que se refiere el juez inferior en sus conclusiones.

Los apelantes eligen en todo caso responsabilidad al demandado por omisiones suyas en los deberes que le imponían los cargos que desempeñaba, sosteniendo que la corte inferior erró al no- declarar probada la demanda en ausencia de prueba por parte del demandado. Sin que sea necesario detenernos a considerar el aspecto legal de tal proposición, los apelantes establecen la premisa de que una vez probados los hechos y la intervención que- en ellos tuvo el demandado, a éste correspondía descargarse, dar explicaciones, demostrando que hizo todo lo que pudo porque las cosas ocurrieran de distinta manera y sin perjuicio para los apelantes. Como los hechos no han sido probados tal como se alegan en la demanda, ni menos que el demandado interviniera de algún modo en los mismos, no existe base para establecer la conclusión a que se intenta llegar por dichos apelantes.

Discuten los apelantes la imposición de costas. Alegan que sn acción puede estar equivocada pero no es temeraria. La corte inferior, sin embargo, ejerció su discreción al imponer las costas a los demandantes y por el resultado del pleito no encontramos motivos para revocar ese particular de la sentencia.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Luis Hernández Betancourt, recurrente, v. El Registrados de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 661.
    Sometido: Noviembre 23, 1926.

      Resuelto: Diciembre 7, 1926.
    Información de Dominio — Anteriores Dueños o Causahabientes — Citación— Por Edictos — Suficiencia de la Citación. — Tratándose, de acreditar el do-dominio de bienes adquiridos por herencia, 'la citación por edictos de los su-cesores, herederos y causahabientes de los anteriores dueños, por ignorarse su' paradero así como su existencia, es suficiente.
    Nota de Augusto Malaret, R. (San Juan, Sección Primera), dene- . gando inscripción de una resolución aprobatoria de dominio en .cuanto a una parte o parcela de la finca objeto del espediente.

      Revocada.

      Rodolfo Ramírez Patón, abogado del recurrente; El registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del • ' tribunal. ■

'■ La Corte de Distrito de - San Juan dictó resolución de-clarando justificado a favor del recurrente el dominio de cierta finca rústica compuesta de tres parcelas de terreno, y presentada al registro para su inscripción el registrador denegó la inscripción de la porción de 21 cuerdas 90 cénti-mos porque no alegando el recurrente que fuese el único heredero de sus padres, Luciano Hernández y Carlina Be-tancourt, no se expresa quiénes eran los demás causaha-bientes de esas personas de quienes procede dicha porción a los efectos de cumplir con el requisito de la citación.

En la resolución aprobando la información se hace cons-tar que la corte inferior “ordenó la citación por edictos de los anteriores dueños y sus sucesores, herederos y cau-sahabientes por ignorarse el paradero actual y existencia de ellos.”

El registrador sostiene que la citación en la forma que aparece becba no se ajusta a la ley ni a la jurisprudencia aplicable, citándose entre otras decisiones la's de León v. Registrador, 27 D.P.R. 374, y Cancel v. Registrador, 28 D.P.R. 916.

Los términos de la resolución, sin embargo, expresan claramente que los sucesores, herederos y causahabientes de los anteriores dueños fueron citados por edictos por igno-rarse su paradero, así como su existencia. La cuestión es si hecha la. citación de un modo tan general es suficiente. A nuestro juicio nos inclinamos a la afirmativa. En la resolución se dice que el recurrente adquirió la parcela de terreno por herencia de sus padres y que éstos habían fa-llecido. Si no aparece que el recurrente era su único he-redero y existiera la posibilidad de otros herederos, la ci-tación incluyendo los sucesores, herederos o causahabientes de anteriores dueños tendría efecto legal en cuanto a tales herederos. El caso de Cancel, supra, aunque es casi idén-tico por sus circunstancias al presente, la diferencia con-siste únicamente en que no aparece hecha la citación en ninguna forma a los demás herederos o causahabientes del padre del recurrente, de quien éste hubo la finca, y se negó la inscripción; pero en este caso tal formalidad se ordenó mediante edictos, citándose, por los motivos que expresa la resolución de la corte, a todos los herederos o causahabien-tes de los anteriores dueños.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.