author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Otero & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Luis Mendín Sabat, demandado y apelado.
    No. 5277.

    Sometido: Diciembre 16, 1930.

      Resuelto: Marzo 12, 1931.

      B. Hernández Matos, abogado de la apelante; Luis Mendín Sabat, como abogado, por sí y en su propia representación.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la declaración jurada presentada en este caso el 15 de noviembre de 1929, en la Corte Municipal de Ponce, de acuerdo con la Ley número 61 de 15 de abril de 1916 sobre ventas condicionales, enmendada por la número 88, de 1925 (p. 671), Código Civil (Ed. 1930), página 412, se alega que el 29 de julio de 1926 Luis Mendín Sabat compró a la deman-dante una pianola por $950, pagando $400 de contado y com-prometiéndose a pagar $550 a razón de $30 mensuales, y que Mendín llegó a pagar $450 en plazos y no satisfizo los dos últimos que vencieron el 1 de septiembre y el 1 de octubre de 1927. Basándose en ello, el vendedor reclamó la entrega de la pianola vendida, a los efectos expresados en la sección 6 de la ley indicada;

Contestó el demandado aceptando la celebración del con-trato. Alegó que había pagado la totalidad del precio. Alegó además que la demanda o declaración jurada no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y que en todo caso la acción había prescrito a tenor del artículo 1869 del Código Civil.

Después de la declaración y de la contestación a que acabamos de referirnos, aparece en la transcripción elevada a esta Corte Suprema la sentencia dictada por la corte municipal que, en lo pertinente, dice:

“No habiendo probado la demandante Otero & Co., S. en C., los hechos alegados en su petición, se declara sin lugar la misma, sin especial condenación en costas.”

Apeló la demandante para ante la Corte de Distrito de Ponce. Suscitó el demandado varias cuestiones previas, y resolviendo una, la de prescripción, falló el caso también en favor del demandado. La demandante recurrió entonces para ante este tribunal.

En su oportunidad pidió el demandado que se desesti-mara el recurso por razón de la cuantía y esta corte dijo:

“Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y no habiéndonos convencido el promovente de la carencia de jurisdicción por virtud de la cuantía envuelta, no ha lugar a la desestimación solicitada. ’ ’

Insiste el demandado en su alegato en la cuestión de jurisdicción que antes levantara, y estudiándola de nuevo el tribunal se ratifica en su anterior resolución.

La sección 6 de la ley especial sobre la materia— Código Civil (Ed. 1930), página 416 — en lo pertinente, dice:

. . Disponiéndose, que para que el vendedor condicional pueda recuperar los bienes muebles o semovientes objeto del contrato, para ser retenidos por el indicado término de treinta días, deberá presen-tar ante el juez de la corte con jurisdicción en el caso, una declara-ción escrita. . .”

Siendo ello así, determina la jurisdicción de las cortes la cuantía de la cosa vendida condicionalmente y reclamada por el vendedor a los efectos de ley. La cuantía de la cosa ven-dida en este caso es la de $950, superior a la fijada por el número 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil para determinar la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos decididos por las cortes de distrito procedentes de las cortes municipales.

Abora bien, el estudio de la cuestión nos lleva a otra consecuencia inevitable: la de que ambas cortes, la municipal al conocer del caso originalmente y la de distrito al decidirlo en apelación, actuaron sin jurisdicción, porque sólo hasta $500 alcanza la de la corte 'municipal y aquí el valor de la cosa reclamada fijado en el contrato excede de esa suma.

En tal virtud- debe dejarse sin efecto la sentencia apelada, pero no por los fundamentos q_ue alega la parte apelante, sino por haber sido dictada sin jurisdicción, y procediendo a dictar esta corte la única resolución que pudo dictar la de distrito en el caso, debe mular también la sentencia pronun-ciada por la corte municipal, por falta de jurisdicción, todo sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Cosme y Félix Rivera, acusados y apelantes.
    No. 4281.

    Sometido: Febrero 19, 1931.

      Resuelto: Marzo 13, 1931.

      A. Días Viera, abogado de los apelantes; B. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Tobo,

emitió la opinión, del tribunal.

Se trata de una causa por adulteración de lecbe, seguida contra Valentín Cosme y Félix Rivera, en la que se imputa, además, la reincidencia a los acusados. La corte del distrito declaró a éstos culpables y les impuso, a cada uno, seis meses de cárcel y quinientos dólares de multa, con los demás pro-nunciamientos que el estatuto fija para los casos de reinci-dencia.

Cosme y Rivera apelaron, señalando en su alegato la comisión de seis errores, todos en relación con la práctica y la apreciación de las pruebas.

Por el primero se sostiene que la corte erró al admitir en evidencia cierto ticket o etiqueta. En el juicio declararon d.os inspectores de sanidad. Ambos dijeron que la lecbe que resultó adulterada se ocupó de una garrafa a la que estaba unida una etiqueta que decía: “Leche de vaca. Licencia No. 8. Propiedad Félix Rivera.” La etiqueta fué separada, guardada por uno de los inspectores, reconocida como la misma en el acto del juicio y entonces introducida como prueba. No vemos que se cometiera error alguno.

La circunstancia de que la etiqueta quedara en poder del inspector y no se entregara al fiscal cuando se practicó la investigación preliminar, no bace la prueba inadmisible. Tampoco era necesario que el fiscal probara que el nombre “Félix Rivera” que aparecía en la etiqueta, había sido puesto por el acusado. Lo que el fiscal trató de probar fué que a la garrafa que contenía la lecbe adulterada, estaba unida, como cuestión de becbo, la etiqueta.

El segundo error se refiere al cometido por la corte al permitir que el testigo Berreteaga declarara sobre ciertas admisiones del acusado Cosme. Declarando Berreteaga, se expresó así:

“El día 22 de agosto del corriente año como a la 1 de la tarde acompañé al inspector Alicea a coger varias muestras de lecbe en Martín Peña, y en eso que venía Valentín Cosme, el acusado, con-duciendo un automóvil con 3 garrafones de leche, lo paramos y le preguntamos de quién era la leche aquella y dijo que era de la va-quería de Félix Rivera. Los garrafones estaban rotulados y precin-tados. El rótulo decía: ‘Félix Rivera, licencia No. 8, leche pura de yaca, Trujillo Alto’, y le preguntamos a Valentín Cosme que para dónde llevaba esa leche y dijo que la llevaba para un puesto de Su-noco y un puesto de Talleres.”

Nada objetó la defensa basta el final. Dijo entonces:

“Nos oponemos porque las confesiones deben hacerse de acuerdo-con la ley. No meras manifestaciones hechas traerlas aquí como una confesión del acusado.”

Tanto por el fiscal como por el propio juez se indagó del testigo, sobre si Cosme había contestado voluntariamente, sin amenaza de especie alguna, manifestando el testigo que no medió amenaza y que Cosme contestó voluntariamente a las preguntas que se le hicieron, sabiendo que el testigo era inspector de sanidad.

La defensa preguntó y el testigo contestó:

.“Def. ¿Uds. le dijeron a Valentín Cosme que él tenía derecho a reservarse eso?
“T. No, señor.
‘-‘A. ¿No le advirtieron-que se tomarían esos hechos aquí en contra de él?
“T. No, señor.”

Insistió el acusado en su objeción. La corte permitió que-jo contestado por el testigo quedara en récord. Y el acusado-tomó excepción.

No existe error. No se trata de una confesión, sino de meras admisiones en el curso de una conversación, que pueden presentarse como prueba, sin necesidad de adverten-cia previa alguna, según se ha resuelto repetidamente por los tribunales.

Tampoco erró la corte al admitir como prueba la solicitud de licencia y la fianza que presentara el fiscal. El Pueblo presentó al testigo Carlos A. del Bosario, jefe de la división de alimentos y drogas del Departamento de Sanidad, a cuyo cargo está la expedición de licencias para el negociode leche. Bosario presentó la solicitud de Félix Bivera y la fianza. Se le preguntó por la defensa si podía asegurar que la firma “Félix Rivera” que aparecía en la solicitud fuera puesta por el acusado. Contestó que no, que la soli-citud se la. entregó firmada Félix Rivera, la endosó favo-rablemente al jefe local de Trujillo Alto, el comisionado le fijó la fianza que él prestó y está aquí. Creemos que es bastante. La ley no exige que la firma se ponga en presencia del oficial que recibe la solicitud.

Se alega además que la corte erró al admitir la declaración de Aldea Bigle's, subsecretario de la corte de distrito. La declaración de Aldea fué presentada por El Pueblo a los efectos de probar la reincidencia. El apelante sostiene que las sentencias introducidas en evidencia no eran admisibles porque Aldea no pudo asegurar si el Félix Rivera a que se íefieren era el Félix Rivera aquí acusado. No bay duda alguna que hubiera sido más eficaz que el sub-secretario hubiera estado en condiciones de afirmar que conocía personalmente al acusado y que era el mismo que fué acusado y condenado en los otros procesos, pero el que no se encontrara en esas condiciones no lo imposibilita de declarar a ios efectos de la presentación de los records.

Restan sólo por examinar dos errores, el que se re-fiere a no haber tomado la corte en consideración la declara-ción del perito Angel M. Pesquera y el que versa sobre el error que se imputa a la corte al decidir que la prueba de-muestra la culpabilidad de los acusados.

La corte no dejó de tomar en consideración la declaración del perito de la defensa. La tomó en consideración pero encontrando que era contradictoria a la del perito del fiscal, resolvió el conflicto dando crédito al perito del fiscal.

En cuanto a la prueba en general, aunque en verdad es rara, creemos que es bastante. Con respecto al acusado Cosme, es tan completa, que la misma defensa no insiste mucho en pretender demostrar lo contrario. Insiste sí con respecto al acusado Rivera. Que un Félix Rivera sea culpable, ni se' puede discutir siquiera. Es evidente. La duda se levanta sobre si el Félix Rivera acusado, es el Félix Rivera culpable. Se sostiene que el Félix Rivera acusado es un simple empleado de la limpieza municipal de San Juan, que jamás tuvo vaquería alguna. Puede que sea así, ¡pero- si lo es, siempre resultaría que asumió el papel de testaferro y debe sufrir las consecuencias de su propios actos. Contes-tando el inspector Alicea a preguntas de la defensa, entre otras cosas, dijo:

“¿Ud. sabe si el Félix Rivera a que se refiere esta acusación es ese mismo u otra persona?
“Eso me consta.
‘ ‘ ¿ Por qué sabe 'que es ese mismo ?
“Porque lo conozco.”

Y el otro inspector, Berreteaga, también a preguntas de la defensa, contestó:

“¿Ud. en algún momento ha tenido que ver con Félix Rivera?
“No, señor.
“¿Ud. no lo conoce a él?
“Lo he conocido porque se le han cogido otras muestras.”

Si a esto se agrega la declaración del jefe de la división de drogas y alimentos y la presunción de la identidad de personas derivada de la identidad de nombres, no destruida por la vaga declaración del acusado en el acto del juicio n,o creída por la corte sentenciadora, se concluirá, como antes ‘dijimos, que la prueba- es bastante.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Jorge Palacios, acusado y apelado. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Jorge Palacios, acusado y apelado.
    Nos. 4333 y 4334.

    Sometidos: Marzo 5, 1931.

      Resueltos: Marzo 13, 1931.

      R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió lá opinión del tribunal. ,

En estos dos casos se imputó al acusado Jorge Palacios, como infracción al artículo 440 del Código Penal, el becho de haber “ilegal, voluntaria y maliciosamente, con la intención de perjudicar y defraudar a la Porto Pico (Railway Light and Power Co., que es una compañía de servicio público. . . auto-rizada para producir y vender corriente eléctrica,, . . . aflo-jado un tapón o fusible de la instalación destinada a sumi-nistrar luz” (en el caso número 4333 en la casa de Dolores Griusti y en el caso número 4334 en la casa de Gumersindo Márquez) “y conectado con dicha instalación un alambre en contacto con la tierra, obstruyendo así la acción del metro usado para registrar la luz, haciendo de ese modo que se eludiera el pago del derecho correspondiente por la luz con-sumida, y perjudicando y defraudando a la mencionada com-pañía, dueña de la corriente.”

En ambos casos el acusado alegó por vía de excepción-perentoria que la denuncia no aducía hechos suficientes para imputarle la comisión del delito previsto y castigado en el artículo 440 del Código Penal, y la corte declaró con lugar la excepción, sobreseyendo en las causas y absolviendo al acusado. No conforme el fiscal, apeló. Sostiene que las denuncias son suficientes, con razón, a nuestro juicio.

El artículo 440 del Código Penal, copiado a la letra, dice:

“Toda persona que con el propósito de perjudicar o defraudar, hiciere, o mandare hacer algún tubo, conducto, alambre, u otro ins-trumento, y lo conectare o hiciere conectar con la cañería maestra, tubo de conducción u otro tubo, alambre o conexión usada para sur-tir de gas de alumbrado o luz eléctrica, de modo que se surta de gas-de alumbrado o luz eléctrica a cualquier quemador, orificio, globo u otra conexión, en que se consuma o por el cual se trasmita dicho gas o luz, alrededor del metro provisto para medir y registrar la cantidad consumida, y sin pasar por dicho metro, o de cualquier otro modo, con el fin de eludir el correspondiente derecho, así como toda persona que con igual propósito obstruyere la acción de dicho metro, incu-rrirá en misdemeanor.”

Las razones que tuvo la corte sentenciadora para concluir que las denuncias no imputaban al acusado la comisión del delito previsto y castigado en ese artículo, se expresaron por su propio juez, así:

“La corte entiende 'que para la comisión de este delito es necesa-rio que el acusado realice una de dos cosas: haga o mande a hacer al-gún tubo, conducto, alambre u otro instrumento y lo conecte o haga' conectar con la cañería maestra, tubo de conducción u otro tubo, alam-bre o conexión usada para surtir de gas de alumbrado o luz eléctrica, de modo que no sea medido, y por consiguiente no aparezca consu-mido; o que obstruya la acción del contador con igual propósito, perjudicando o defraudando en cualquier caso a la compañía pro-ductora. En este caso sólo se imputa al acusado que aflojó un tapón o fusible y conectó un alambre en contacto con la tierra; pero no dice que de este modo se surtió de corriente al dueño de la casa; por otra parte, el acusado no aparece lucrándose en forma alguna de la conexión fraudulenta alegada, puesto que a él no se le suministraba luz, según se alega en la denuncia.”

Las denuncias, de modo positivo, imputan al acusado haber aflojado un tapón o fusible de la instalación destinada a suministrar luz en determinadas casas, conectando con dicha instalación un alambre en contacto con la tierra, obstruyendo así la acción del metro usado para registrar la luz y haciendo que se eludiera de tal modo el pago del derecho correspon-diente por la luz consumida, todo ello actuando ilegal, volun-taria y maliciosamente, y con la intención de defraudar a la compañía dueña de la corriente eléctrica.

Es cierto que la ley especifica determinados medios para la comisión del delito y que ninguno de ellos fue el usado por el acusado en estos casos, pero también dice; “o de cualquier otro modo,” y en ese amplio, concepto cabe el medio puesto en práctica por el acusado para perpetrar el acto prohibido por la ley.

No era necesario alegar en la denuncia que el dueño de la casa se surtió de corriente. El acto delictivo realizado por el acusado con intención de perjudicar al dueño de la corriente eléctrica, se consumó por completo cuando terminó su obra por virtud de la cual quedó aislado el contador, permitiendo que la corriente pasara sin dejar marca en el mismo. Que no se realice tal acto y que si se realiza sea su autor considerado reo de misdemeanor, fué el claro propósito de la ley.

La intención de defraudar a la compañía dueña de la corriente, se alega expresamente en la denuncia. Según el propio Código Penal, artículo 12, “la intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas' con el delito, y el sano juicio y discreción del acusado. . . Una intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de per-judicar a otro.”

No sólo se imputa expresamente en la denuncia la inten-ción de defraudar, sino que a mayor abundamiento se alega que el acusado actuó maliciosamente, lo que, según el artículo 559, número 4, del repetido Código Penal, denota la comi-sión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa — la esciente infracción de la ley, en perjuicio de otro.”

Tampoco era necesario alegar que el acusado se babía lucrado en forma alguna. La inferencia lógica del acto reali-zado, es la obtención de algún lucro por parte del que lo realiza, pero el delito puede perpetrarse por mera maldad o sin recibirse beneficio pecuniario alguno. El legislador no ha querido introducir esas complicaciones, que harían difícil la persecución de los delincuentes. En el acto hay siempre un fraude, o por lo menos una intención de perjudicar o de-fraudar, que es todo lo que exige el estatuto. Por lo tanto, una persona aunque no se lucre con ello, que use de sus conocimientos o habilidades para que otra pueda recibir co-rriente sin pagar, de la manera que prescribe el artículo 440 del Código Penal, perpetra el delito, y también lo perpetraría el que lo llevara a efecto sin beneficio para él ni para otra persona individual, por ejemplo, en relación con el alumbrado público. N es que bajo cualquier aspecto que el acto se realice, se está siempre perjudicando o defraudando a alguien, el dueño de la corriente, en una forma insidiosa, oculta e ilegal.

En tal virtud, examinadas las denuncias a la luz de la ley aplicable, estimamos que son suficientes y que al resolver lo contrario erró la corte de distrito, debiendo revocarse sus sentencias de sobreseimiento y absolución y ordenarse que continúan las causas tramitándose de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcos Goitía y Salvador Carrasquillo, acusados y apelantes.
    No. 4054.

    Sometido: Junio 6, 1930.

      Resuelto: Marzo 13, 1931.

      J. Yalldejuli Rodrigues, abogado de los apelantes; R. A. Comes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

En este caso un jurado en San Juan declaró a los acusados culpables de incendio malicioso. En la apelación de una sen-tencia condenatoria, los acusados alegan la comisión dé varios errores.

La corte se declaró en receso varias veces. A tenor de los artículos 260 y 261 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el primer receso la corte dió a los señores jurados instrucciones cuidadosas respecto a la conducta que deberían observar todos cada vez que abandonaran la sala de la corte. Posteriormente, la corte dijo, cada vez que declaró un receso: “Se hace al jurado la advertencia de ley.” Ante un jurado de inteligencia ordinaria, la corte no estaba obligada a repetir, palabra por palabra, sus instrucciones anteriores, sino que bastaba llamar la atención del jurado Lacia su advertencia general anterior. No hallamos ni error ni perjuicio.

La corte ordenó que se tomara juramento al marshal, y es de presumirse que, de ser necesario, lo prestó. Esto resuelve el primer señalamiento de error.

Bajo el artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la corte tiene discreción respecto al momento en que podrá ordenar una inspección ocular. En este caso aparece que la corte lo hizo así al notar que el jurado no llegaba a un acuerdo. Cuando efectivamente se ordenó la inspección, ■estaban presentes el acusado y su abogado, y no formularon objeción a los funcionarios designados para acompañar al jurado. La ausencia del juez mismo o de cualquiera de los funcionarios de la corte fuera de los marshals o de cualesquier otros funcionarios designados, no constituyó error. No hallamos error alguno.

El tercer señalamiento se refiere a la apreciación de la prueba. Como es nsnal en casos de esta índole, la evidencia íué en gran» parte circunstancial. Un bombero y otros testigos encontraron el local impregnado de gasolina, y se vió .a ambos acusados con bastante frecuencia merodeando por ■el lugar del siniestro, conduciendo allí materiales inflamables antes del incendio. Uno de los principales argumentos de los apelantes es que el acusado G-oitía no tenía interés alguno en quemar la propiedad, toda vez que ya no era el dueño, habiéndose desprendido de ella. La prueba tendió a demostrar que Uoitía aceptó una hipoteca sobre la casa vendida y que sus cobros en relación con la misma eran poco satisfactorios, de no haber una falta de pago. La finca estaba asegurada. Sin embargo, echando a un lado el móvil, o aun si el mismo no hubiera existido, el jurado tenía derecho a llegar a la conclusión, a causa de los actos de los dos acusados al llevar objetos a la casa, de que ambos eran culpables del incendio imputádoles. Los apelantes no nos convencen de que faltara eslabón alguno en la cadena de la prueba circunstancial.

El cuarto señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a conceder un nuevo juicio. La moción se presentó antes de dictarse sentencia. No se apeló separadamente de la providencia declarando sin lugar la moción. El fiscal dice que no le ha sido posible hallar que se anotara .excepción de la resolución de la corte denegando esa solicitud. Los apelantes sostienen que cuando los jurados fueron a Eío Piedras se dispersaron e individualmente examinaron el edificio, y que allí había otras personas. Evidentemente, los apelantes no convencieron a la corte de que en forma alguna se disolviera el jurado o de qué otras personas hablaran con sus miembros en forma perjudicial, o en manera alguna. En ausencia de prueba más robusta, debe presumirse que los funcionarios a cargo del jurado cumplieron con su deber y lo mantuvieron, bajo su vigilancia, sin que ocurriera nada perjudicial para los acusados.

Debe confirmarse la sentencia recurrida. » '


text:
    Abintestato de Juan Rabassa, Ex parte; Alfonso Vega, administrador judicial y apelante, y José Feliciano, acreedor y apelado.
    No. 5046.

    Sometido: Abril 10, 1930.

      Resuelto: Marzo 13, 1931.

      José Sabater, abogado del apelante; Osear Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Bernard L. Levy, acreedor del finado Juan Babassa, solicitó de la Corte de Distrito de Mayagüez el nombramiento de un administrador judicial. Este tomó posesión de oiertos efectos del difunto y los vendió bajo la dirección de la corte. Algún tiempo antes de la acción de Bernard L. Levy, José Feliciano, otro acreedor, trabó pleito contra la sucesión de Eabassa, y obtuvo nn embargo sobre efectos vendidos posteriormente por el administrador judicial. Feli-ciano intervino en el procedimiento de administración judicial, y alegó becbos demostrativos de una prelaoión. La corte de distrito falló a favor de la preferencia de Feliciano, y ordenó al administrador que no pagara dinero alguno basta aue fuera satisfecha la preferencia de Feliciano. El primer señalamiento es al efecto de que la corte erró al resolver que el administrador judicial actuó ilegalmente al tomar posesión de los bienes que pertenecían a Eabassa, y al venderlos. La orden final sencillamente impide al administrador que pague dinero alguno basta que se satisfaga la prelaoión de Feliciano. Uno de los extremos suscitados por el apelante es que Feliciano, por medio de su abogado, tomó parte en la administración y en el inventario, actuó como perito o tasa-dor en la valoración de los bienes, y fué uno de los licitadores en la venta en pública subasta, todo ello sin protesta alguna de su parte, y que no se mencionó su reclamación. Aparente-mente, la idea es que Feliciano consintió la administración. Estamos de acuerdo con el apelado en que la anterior "'expo-sición de los actos u omisiones de Feliciano corresponde más bien al segundo señalamiento de error. Discutiendo este error más o menos en la forma en que el apelante lo señaló, podemos decir que en primera instancia probablemente nadie sabía el valor de la herencia, y Feliciano no creyó necesario dar paso alguno basta que se efectuara la venta, en pública subasta. El pudo haber asumido que estaba protegido por el gravamen de su embargo. La corte inferior resolvió, el ape-lado sostiene, y tal parece ser la ley, que una administración judicial no surte el efecto de una adjudicación en quiebra, ni hay nada que dé lugar a un prorrateo entre los acreedores. En la mayoría de los casos existe la presunción de que la sucesión es solvente.

En el segundo señalamiento de error se alega, en efecto, que Feliciano estaba impedido por sus propios actos de alegar una preferencia. Según hemos indicado parcialmente, nada bailamos en los autos que sostenga esta contención. Feli-ciano tenía derecho a asumir que el administrador procedería de acuerdo con la ley y pagaría una deuda preferente. No podemos ver que importe algo el que al márshal o al admi-nistrador se le creara alguna dificultad con el silencio o la falta de gestión de Feliciano. Ni a los funcionarios ni a los acreedores se les puso en peor situación que la que habría surgido si Feliciano hubiera insistido en su preferencia en una etapa anterior de los procedimientos. No era menester tal insistencia.

No encontramos que haya habido tal impedimento, ni error alguno en la actuación de la corte, y debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Jacinto Santos, demandante y apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño y Benigno Díaz, demandados y apelados.
    No. 5057.

    Sometido: Abril 3, 1930.

      Resuelto: Marzo 13, 1931.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Miguel Mareos Morales, abogado del apelado Crédito y Ahorro Ponceño.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

Jacinto Santos entabló esta acción contra el Crédito y Ahorro Ponceño (en lo sucesivo designado como el banco), y Benigno Díaz, para anular un procedimiento ejecutivo sumario y la venta de ciertas propiedades hipotecadas por una cantidad en exceso de la garantida por la hipoteca.

Esta fue otorgada por Santos a favor del banco y de Benigno Díaz, sobre dos predios de terreno. En lo que atañía al banco, respondería del pago de $1,132.25 de capital. En cuanto a Benigno Díaz, garantizaba el pago de $3,668.68 de principal y $200' en concepto de intereses al tipo del 12 por ciento a partir de la fecha del vencimiento, en caso de mora. Se amplió para cubrir una cantidad adicional de $200 por si hubiera que incoar procedimiento ejecutivo, a favor del peti-cionario o los peticionarios en tal procedimiento.

Más específicamente, se creó un gravamen sobre el predio (a) para garantizar $2,400 de capital adeudados a Díaz, para afianzar el pago de $700 de principal debidos al banco, y para garantir $150 de la cantidad fijada para honorarios de abogado. El predio (b) se hizo responsable de $2,268.68 del principal adeudado a Díaz, de $50 de la cantidad desig-nada en concepto de intereses devengados, de $432.25 de capital debido al banco, y de los restantes $50 de la cantidad fijada para honorarios de abogado en caso de ejecución.

Después del otorgamiento formal de una hipoteca en la manera anteriormente reseñada, hay un párrafo relativo a la inscripción del documento en el registro, de la propiedad. .A ése sigue un párrafo exponiendo el status legal de las partes. Después viene otro que dispone que el costo del otorgamiento y de la cancelación de la hipoteca, y cualquier otro gasto con motivo de tal contrato, serán de cuenta del deudor. En un párrafo posterior el deudor se obliga a reem-bolsar a cada uno de sus acreedores la monta total de su deuda el día en que venza la obligación, con los intereses que puedan devengarse en caso de morosidad en el pago, “ya que el crédito a favor del banco no devengará intereses du-lante el término o vigencia de esta hipoteca, y el crédito a favor del señor Díaz tiene capitalizados los intereses hasta el vencimiento.”

En el procedimiento ejecutivo, el banco trató de recobrar, como cantidades garantizadas por la hipoteca, $1,132.25 de capital, $220.17 de intereses al 6 por ciento desde la fecha del vencimiento de la hipoteca hasta diciembre 31, 1927, $48:80 por costas en el otorgamiento de la hipoteca, copias e inscripción de la misma en- el registro de la propiedad, haciendo un total de $1,401.22, intereses sobre la misma desde diciembre 31, 1927, hasta su pago, y $200 por costas en el procedimiento de ejecución.

La cuestión a ventilar es si las cantidades que se pretende recobrar en concepto de intereses y gastos inci-dentales al otorgamiento e inscripción del instrumento estaban garantizadas por la hipoteca. La corte de distrito resolvió que lo estaban.

El juez de distrito se fundó en los artículos 1Í4 y 147 de - la Ley Hipotecaria, a saber:

“Artículo 114. La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés, no asegurará con perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.”
“Artículo 147. El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes a quien pueda per-judicar la repetición, no podrá exceder la cantidad que por ella se reclame de la correspondiente a los réditos de los dos últimos años transcurridos y no pagados y la parte vencida de la anualidad co-rriente.”

Estos artículos presuponen la existencia de una hipoteca para garantizar tanto los intereses como el principal. En el caso de Figueroa Rodríguez v. Ramírez, 36 D.P.R. 919, tam-bién invocado por el juez de distrito, hubo tal hipoteca.

En el caso de autos, la fraseología de la cláusula mediante la cual se creó la hipoteca es demasiado palmaria para admitir interpretación. El hecho de que el deudor hipotecario, en párrafos posteriores del mismo documento asumiera ciertas obligaciones personales, no puede servir de ampliación de la hipoteca para garantizar el cumplimiento de lá obligación, a falta de evidencia de esa intención. Ni el interés de la deuda para con el banco, ni el dinero satisfecho por él al notario y al registrador de la propiedad, fueron incluidos en la hipoteca. El procedimiento ejecutivo fué nulo. Este resul-tado no lo afecta el hecho (también señalado por el juez sentenciador) de que al prorratearse el producido de la venta entre el banco y Benigno Díaz, el banco, después de la adqui-sición de la finca gravada, renunció su reclamación sobre los intereses y el reembolso de cualquier gasto en concepto de honorarios del notario y del registro.

No es menester considerar los demás motivos de esta apelación.

Debe revocarse la sentencia recurrida, y, en su lugar, la de este tribunal será dictada en favor del demandante.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    E. Solé & Co., S. en C., demandante y apelada, v. José Claudio, demandado y apelante.
    No. 4942.

    Sometido: Febrero 6, 1931.

      Resuelto: Marzo 18, 1931.

      C. del Toro Fernández, abogado del apelante; Osear Souffront, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La primera contención del apelante es que la confirmación de un arreglo (composition) entre el quebrado y sus acreedores (no obstante la oposición de uno de tales acreedores, quien posteriormente aceptó un pago a prorrata) relevó a los fiadores de diclio quebrado de toda responsabilidad por el saldo en descubierto de una obligación en poder del acreedor disidente, aquí demandante. La corte de distrito' no erró al resolver esta cuestión en forma adversa al apelante. 7 C. J. 346, See. 598; Easton Furniture Manufacturing Co. v. Caminez, 146 App. Div. 436; Stauffer, Eschleman Co. v. Aldington Hardware & F. Co., 131 La. 714; Myers v. International Trust Co., 273 U. S. 380.

La segunda contención del apelante suscita una cuestión de novación.

Según lia sido desarrollada por las alegaciones y la prueba, ella era primordialmente una cuestión de intención y de becbo. No hallamos que se cometiera tan manifiesto error en la apre-ciación de la prueba sobre este particular, que exija la revo-cación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SbÍtob Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Marrero, conocido por Moncho, acusado y apelante.
    No. 4202.

    Sometido: Junio 27, 1930.

      Resuelto: Marzo 18, 1931.

      C. Coll y Cuchí y H. Miranda, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SbÍtob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Un jurado, debidamente constituido, declaró a Ramón Marrero (a) Moncho, culpable de un delito de asesinato en s’egundo grado, y la Corte de Distrito de Arecibo, ante la que se vio el proceso, le condenó a sufrir la pena de veinte y cinco años de presidio con trabajos forzados. Y contra esta sentencia ha interpuesto la presente apelación.

La acusación en este caso fué, esencialmente:

“Los referidos acusados, Ramón Marrero, c/p Moncho, Carlos Co-lón y Olimpio Pérez, en la noche del día 4 de septiembre de 1929, en el sitio conocido por ‘Junco’, del Bo. Hato Abajo, de Areeibo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, allí y en-tonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con malicia pre-meditada y deliberado propósito de dar muerte, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, acometieron, agredieron y tortura-ron a Antonio Rivera, (ser humano) produciéndole varias heridas en el cráneo y cuerpo con una azada, siendo una de dichas heridas (la que le ocasionaron en la región occipital derecha del cráneo, con frac-tura de éste) la causa de la muerte ilegal de dicho Antonio Rivera, que ocurrió allí y entonces, pocos momentos después.”

En el juicio, cuando se hallaba declarando el Doctor Pablo Curbelo, fué éste preguntado por el fiscal si había examinado el cadáver de .Antonio Rivera, y contestó que sí, que había hecho su autopsia; el abog'ado del acusado se opuso a la pregunta si el fiscal no conectaba antes el sitio en que se examinó el cadáver, y si no fuera aquél en que se cometió el delito, conectara este último con el en que se practicó la autopsia, a fin de que conectara si el doctor levantó el cadáver, o si entre el levantamiento y el momento en que el doctor intervino, otras manos que no fueran las de este último intervinieron con el cadáver. La corte declaró sin lugar la objeción, con excepción por la defensa. Ahora, se fundamenta el primer señalamiento de error, sosteniendo el apelante que no se ha demostrado que el cadáver del que se hizo autopsia fuera el de Antonio Rivera.

Del récord (declaraciones de los testigos Fuentes, Maldonado, Justo Marrero, y López) aparece la identificación del cadáver de Antonio Rivera, hasta donde humanamente es posible. El Doctor Curbelo, a menos que conociera personal-mente a Antonio Rivera, no tiene otro medio de identificarle que el informe que recibe del celador del cementerio en donde se bailaba el cadáver; no se trata de un herido, a quien se puede preguntar con esperanza de que responda.

No podemos convenir en la existencia del error señalado.

El segundo señalamiento de error se refiere a que la corte permitió que declarase el fiscal Sr. Pérez Casaldue con referencia a los procedimientos de investigación sumarios, antes de la acusación.

Para fundar nuestra decisión, es forzoso copiar del récord lo ocurrido en este estado del proceso:

“Eduardo Pérez Casaldue, juramentado en debida forma, declaró:
“Me llamo Eduardo Pérez Casaldue y ocupo el cargo de Fiscal de Arecibo. Durante el curso de la investigación de este caso que la tomé yo al reanudar mi trabajo, después de una licencia, llamé en una ocasión al acusado Ramón Marrero ante mí, y estuve hablando con él sobre el crimen y me explicó todo lo que había hecho aquella noche, que había estado en el cine, y me dijo, que al llegar a su casa. . .
“Abogado Sr. Coll y Cuchí.' — Me opongo a la declaración del fiscal en cuanto se refiera al acusado, a menos que declare bajo jura-mento que le hizo saber a Marrero que era Fiscal del Distrito y que la i declaración que prestaba ante él podía en un tribunal de justicia usarse en su contra como una admisión o confesión.
“Hon. Fiscal. — No se trata de una confesión del acusado, sino de manifestaciones de él, que es muy distinto a una confesión, sino sim-plemente manifestaciones de él.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Las manifestaciones de un acusado hechas a una persona que no sea autoridad pública son voluntarias, pero cuando se hacen a una autoridad pública es necesario que se le dé conocimiento que las está haciendo ante una autoridad.
“Hon. Fiscal. — Si mis manifestaciones llegaran hasta una confe-sión, acepto que la teoría de la defensa estaba bien; pero no trato de traer una confesión del acusado sino una manifestación de él que no le incrimina si la vamos a estudiar por sí.
“Hon. Juez. — La Corte deniega la objeción del acusado por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Quintana, 39 D.P.R. 197, y por los de El Pueblo v. Del Valle, 29 D.P.R. 557.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Excepción.
■“Hon. Juez. — Continúe.
—“Me dijo que al llegar a su casa él había encontrado solamente a su mamá y a una señora que vivía con él, que se llama María Abréu, y a Bilí, pero que Marcos Maldonado no estaba allí; y siempre in-sistí en la presencia de Marcos Maldonado y siempre negó que Mar-eos Maldonado estuviera en su casa cuando llegó de Arecibo. Des-pués de unos días noté que no se había interrogado a Bilí que es Eleuterio Rivera, y lo mandé a buscar con un detective, y admitió lo que acabo de declarar, que Marcos Maldonado estaba en la casa de él cuando llegó Moncho Marrero de la población, y como estaba en contradicción con lo que había dicho el acusado y Marcos Esquina y lo mandé a buscar y los confronté, y Eleuterio Rivera sostuvo ante Marcos Esquina.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Me opongo a eso del careo.
“Hon. Juez. — A menos que no convenza a la Corte no admitirá, eso.
—'“En esa situación nos pusimos a interrogar a Marcos Esquina y finalmente dijo que quería decir la verdad voluntariamente. Esto ocurrió como a las siete de la noche, siete y media, y lo traje a esta misma sala del Tribunal, y en presencia de dos testigos, Pedro Orpi y este Sr. Nolla, de la Aduana, prestó su declaración, sin que hubiera intimidación de ninguna clase y sin que hubiera ofrecimiento de-parte mía para él. También deseo declarar, que al hacerme cargo de la investigación me constituí en el barrio Junc'o con dos policías, y dos detectives, y no conocía al acusado hasta ese día, y llegamos a una tienda que hay en el barrio. . . .
“Abogado Sr. Coll y Cuchí.' — 'Quiero repetir mi objeción, de que el fiscal declara todo el sumario de una investigación hecha, porque lo que puede hacer es traer la prueba, pero no repetir por boca de él lo que haya en la investigación. Puede sentarse a declarar para contradecir a un testigo que le haya hecho manifestaciones, pero no-puede sentarse a declarar sobre un testimonio que lo tiene a la mano,, que lo puede reproducir, porque sería impedirme el derecho que tengo-de repreguntar.
“Hon. Fiscal. — No trato de traer declaración; lo que trato de traer es la conducta del acusado durante la investigación, que es ad-misible en evidencia. La conducta del acusado durante el tiempoen que se practicó la investigación es admisible.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — El testigo afirmó que declaraciones-hechas ante él corresponden a declaraciones que se han prestado aquí. Es apremiador para mi conciencia. Sé que la única prueba que se tiende a traer ante el jurado es la declaración de un cómplice y de xm fiscal. Eso repugna a mi conciencia de abogado y a la manera de cómo adquirí los conocimientos en mi carrera.
‘ ‘ Hon. Juez. — Indudablemente que el fiscal no debe ni puede traer al conocimiento del jurado hechos que él debe y puede traer con la prueba que él tenga en su poder. Esto no implica, sin embargo, que no se pueda traer ante la corte la conducta de un acusado en o alrededor de la fecha en que los supuestos sucesos tuvieron lugar u ocurrieron. En estas circunstancias la Corte dispone que el testigo no haga referencias a ningún hecho, circunstancia o manifestación de cosas o incidentes que pueden ser traídos por medio de prueba, y que debe concretar su declaración, si es que puede ser prestada y es admisible al propósito manifestado por él de establecer o fijar la ac-titud del acusado durante los días a que hemos hecho referencia.
“Hon. Fiscal. — Es mi único propósito. El único propósito que anuncié es el siguiente: Las manifestaciones que trato de hacer, trato de llevar al jurado la conducta del acusado durante el tiempo en 'que practiqué la investigación; lo que noté en él y lo que hizo durante el tiempo en que practiqué la investigación, y no manifes-taciones, porque no me voy a referir a manifestaciones de él, fuera de las que dije, sino a la conducta de él.
‘ ‘ Hon. Juez. — Continúe.
—“El primer día que me hice cargo de la investigación me cons-tituí en el barrio Junco y en una tienda que hay en el camino de Junco, propiedad de una persona nombrada Inés Colón Marrero, es-taba el acusado, que era la primera vez que lo veía y se me llamó la atención hacia él y noté que inmediatamente que me vió a mí pali-deció y tenía un papel en la mano. . . .
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Deseo por lo menos que conste mi objeción a estas manifestaciones del fiscal ahora en esta declaración. Estamos en el tiempo de Torquemada. Es imposible que sea admi-sible en evidencia decir el fiscal que el acusado palideció al encontrarse con él.
“Hon. Fiscal. — Puedo traer jurisprudencia.
“Hon. Juez. — La Corte sostiene la objeción de la defensa.
—“La noche en que fué traído Marcos Esquina, que prestó su declaración' ante mí, después de haber declarado fué llevado a pre-sencia del acusado Ramón Marrero al cuarto del márshal, que estaba en la esquina ésa del edificio de aquí, y estaba Ramón Marrero sen-tado en una silla y cerca Marcos Maldonado, y me senté en medio de los dos, y estaba también el detective Colón, y Marcos Esquina relató ante Ramón Marrero la forma en que se realizó el hecho, el crimen.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Me opongo a que declare el fiscal sobre un careo entre el acusado y el testigo ése, acogiéndome a la resolución de la Corte.
“Hon Juez. — No creo haber oído al fiscal que se estableció un ca-reo, sino 'que estando presente el acusado el testigo Marcos Maído-nado hizo las manifestaciones que declaró aquí.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Eso es un careo.
“Hon. Juez. — En ese caso la Corte denegaría la objeción por los fundamentos del caso de Millón, 35 D.P.R. 889.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Si es una discusión entre el acusado y un testigo es un careo.
“Hon. Fiscal.- — -Para establecer que las manifestaciones de Maído-nado fueron oídas por el acusado.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — No tenemos inconveniente en eso.
—“Marcos Maldonado relató todos los pormenores del crimen en presencia del acusado Ramón Marrero. Cuando Marcos relataba el -crimen le dije a Marrero: Marrero, ¿qué hay de eso?
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Ya es un careo. Nos oponemos a ■que el fiscal relate el resultado de un careo habido en una oficina de la Corte y en su presencia, entre el acusado y un testigo, desde el momento en que le dice: ¿ qué le parece la declaración ?
“Hon. Juez. — Denegada la objeción por los fundamentos de El Pueblo v. Millán, 35 D.P.R. 889.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí.- — Excepción.
—“Como decía antes, después que Marcos Maldonado relató los pormenores del crimen en presencia del acusado y donde éste podía oírlos, llegó un momento en que le dije: Marrero, ¿qué hay de eso? y dijo: ¿con quién va eso? Y Marcos le dijo: con quién va a ser, ■contigo; y a esta manifestación de Mareos el acusado lo único que hizo fué sonreírse y ño dijo'una palabra. También deseo declarar que me constituí en el lugar del suceso e hice un croquis del sitio del su-ceso, que lo tengo en mi poder, en donde aparece el sitio en donde apareció el cadáver, la casa de Ramón Marrero. . .
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — Nos oponemos a la presentación del -croquis y a que el fiscal hable sobre el croquis, porque no forma parte del res gestae, por no haberse hecho pocos momentos después de co-metido el delito, sin haberse alterado el lugar del corpus delicti.
“Hon. Fiscal. — Este caso está resuelto por la Corte Suprema en •el caso de El Pueblo v. Morales, en que se presentó una fotografía ■que fué admitida, de muchos días después. La jurisprudencia es la misma respecto a croquis, mapas, fotografías.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — En un procedimiento civil no puede -admitirse la presentación de un croquis sin que la parte contraria baya tenido intervención en el levantamiento del croquis. ¿Cómo es posible que se admita un croquis beebo por el fiscal sin la interven-ción del acusado y mucho después de haberse cometido el delito ? Una fotografía es la representación exacta y un croquis puede variarse sin intención.
“Hon. Juez. — La Corte sostiene la objeción.
“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — No tenemos nada que preguntar.’’

Es cierto que es peligroso que pueda el funcionario que practica una investigación en asunto criminal, ocupar, en el juicio, la silla del testigo. Puede insensiblemente, y sin quererlo, trasponer los límites de lo que puede declarar y entrar en un campo vedado por las reglas del procedimiento. La ley ha querido dar al acusado una sólida garantía de sus derechos, ante la que, en cierto modo, ceden las garantías sociales y generales. Pero como para todo hay un límite, y como es posible que el jurado que va a rendir un veredicto tenga una información seria en que fundar su creencia y su juicio, hay extremos sobre los que puede prestarse aquella declaración. En la que aquí prestó el fiscal, hay un mo-mento en que éste dice:

“Hon. Fiscal. — Para establecer que las manifestaciones de Maldonado fueron oídas por el acusado.’’

T la defensa:

“Abogado Sr. Coll y Cuchí. — No tenemos inconveniente en eso.”

Acerca de que las manifestaciones de Maldonado en la investigación, fueron oídas por el acusado, y cuál fué la • actitud de éste, pudo correctamente declarar el fiscal.

En el caso El Pueblo v. Millán, 35 D.P.R. 889, que se nos cita por el fiscal de este tribunal, aparece que se había permitido a Domingo Quiles que relatase ante el jurado ciertas manifestaciones hechas por Francisco Acevedo, y la actitud que observó el acusado. Este tribunal dijo:

“El apelante sostiene que las manifestaciones hechas por Acevedo y declaradas por Quiles no eran admisibles porque no hacen referen-cia a él ni fueron hechas en su inmediata presencia. Sin embargo, de los autos aparece que fueron hechas por Acevedo en voz alta, que el apelante estaba cerca, que podía oírlas y que se sonreía cuando fueron hechas por lo que no puede sostenerse que las manifestaciones de Acevedo no fueron hechas en su inmediata presencia; manifes-taciones que no se refieren solamente a Acevedo pues dijo, en plural, que aquella noche habían gozado mucho, sin que Millán hiciera obje-ción y antes al contrario se sonreía, lo que puede considerarse, como asentimiento a dichas manifestaciones; y esas manifestaciones de Acevedo, que también fué acusado y condenado por violación de esa niña, eran admisibles porque no estaban faltas de conexión con la conducta del apelante cuando fueron hechas por Acevedo. En el caso de People v. Mallon, 103 Cal. 514, había sido permitido a dos testigos que declarasen ciertas manifestaciones hechas por Foran, que había sido acusado con Mallon de ataque para cometer robo, y se declaró lo siguiente:
“ !. . . Esta declaración, por sí sola y sin relación alguna con la conducta del apelante al tiempo de haeei’se las supuestas manifes-taciones, sería, sin duda, claramente de referencia e inadmisible. Pero es una regla ya establecida de derecho que si bien una manifes-tación hecha en presencia del acusado no es admisible por ser prueba de un hecho narrado en tal manifestación, es admisible, primaria-mente con el fin de demostrar que el acusado asintió a tal manifesta-ción, ya por consentimiento expreso, o con su silencio, o con tal con-ducta que claramente implicaba tal consentimiento. (People v. McCrea, 32 Cal. 98; People v. Estrado, 49 Cal. 171.) Tal testimonio debe, sin duda, recibirse con cautela; si no es seguido por alguna prueba de la conducta del acusado debe eliminarse; y si el abogado del acusado lo solicita (lo que no se hizo en este caso) la corte debe instruir al jurado que tal manifestación se admite únicamente para probar el fin arriba indicado. Pero la corte no comete error al ad-mitir tales manifestaciones desde el primer momento. En el pre-sente caso creemos que aparece claramente, cuál era la conducta del acusado cuando Foran hizo sus manifestaciones, las que éste no negó. Durante la declaración de Crockett acerca de tales manifestaciones y después del abogado del acusado presentar una objeción, la corte dijo: "asumo que se sabrá lo que este acusado dijo e hizo en el curso de la conversación ”; y la corte entonces preguntó al testigo: ‘¿qué dijo este acusado?’ a lo cual el testigo contestó: ‘El no dijo nada cuando le dijeron eso,’ y después el testigo dijo ‘Estábamos to-dos formando un grupo. El acusado, Mallon, no dijo nada.’ Des-pués del testigo Donovan declarar a ciertas manifestaciones hechas por Foran al acusado, dijo que ‘éste no contestó nada.’ Y, además, •que cuando el testigo le preguntó al acusado ‘Tu estabas allí?’ éste le contestó ‘ Te ■ imaginas que soy tan tonto que te voy a decir que estaba allí?” ’ ”

No es preciso citar más autoridades acerca de este particular, y para decidir en contra del señalamiento de error.

El tercer señalamiento se enuncia así:

‘‘Tercer error. — La corte erró al declarar sin lugar la moción del acusado para que se ordenara una absolución perentoria por falta de prueba.”

Bajo este título se discute por el apelante la cuestión de testimonio del cómplice, y corroboración necesaria.

No hemos de entrar en la consideración de basta dónde pueda justificarse la creencia de que el cómplice esté dis-puesto, por su interés, a mentir al declarar. Quizá pudiera .justificarse el consejo que se diera a los jurados para que pusieran la mayor cautela al pesar la declaración del cóm-plice, sin que lo sea tanto el becbo de traer ese- recelo al ■estatuto. Ese no es nuestro propio fuero. Pero de todas formas, como sostiene el fiscal de este tribunal, ba habido la necesidad de sujetar el precepto a limitaciones discreta-mente introducidas por la jurisprudencia, que el mismo fun-cionario señala en su alegato; y entre ellas, las más impor-tantes son aquéllas que hacen referencia a la discreción de la corte, y a la libertad de apreciación de la prueba por el jurado.

Marcos Maldonado, cómplice, declaró que había tenido una entrevista con Moncho Marrero, el acusado, una noche, antes de la muerte de Antonio Rivera, y que Moncho le había dicho que le iban a coger los chavos a Rivera y que necesitaba al testigo y a Olimpio Pérez para que velaran, le indicó que fuera a buscar a Olimpio y Carlos Colón, para que éstos fueran a casa de Justo, le llamaran y le dijeran que le estaban robando las gallinas, a ver si hacía algún disparo, y luego se aguardaran en la entrada del callejón, y así lo hizo el testigo; fueron y llamaron a Justo Colón Marrero, y le dijeron que le estaban robando las gallinas, y cuando él se-estaba levantando, echaron a correr, y fueron al callejón, donde les aguardaba con una azada, y mandó a Olimpio a la parte abajo, al testigo a la parte arriba, y a Colón a llamar a Rivera, mientras él sacaba la vaca, y así lo hicieron; que Rivera se levantó y fué detrás de la vaca, a la que Moncha amarró de la raíz de un palo de cupey, y él se subió a la parte arriba; que al llegar Antonio Rivera, fué a soltar la vaca, y Moncho desde arriba le dió con la azada, y Colón le echó mano al machete que llevaba Rivera, y le entró a tajos, y Moncho a golpes con la azada, y cayó Rivera gritando ‘‘Moncho, no me maten,” y cuando ya no se movía Rivera, le registraron y le sacaron una bolsa con dinero y un revólver, y se fueron; se repartieron el dinero en casa de Carlos Colón.

El testigo Justo Marrero dijo que en la noche del 4 al 5 de septiembre se levantó como a las 3 ó 4 de la madrugada, para ordeñar y a las 5 fué al pueblo para buscar el pan, y al volver, vió a alguna gente, y el cadáver de Antonio Rivera, en la zanja, al lado de un barranco, y vió allí un cabo de azada, y una vaca amarrada de un palo de cupey; que la noche antes del crimen se acostó temprano, y que sintió los perros ladrando a eso de las 11:30, y se levantó, y por el balcón disparó dos tiros, y se fijó en la casa de su sobrino, el acusado, que queda en frente, y en la que había luz.

Eleuterio Rivera, o Bilí, tío del acusado, dijo que la noche antes de la muerte de Antonio Rivera, vió a Marcos Maldonado en la casa de Moncho, el acusado, en donde estuvo hasta las diez, .hora a que llegó Moncho, y que ellos no hablaron, y Moncho Marrero se acostó y durmió en la casa.

Eladio López Torres dijo que después de la muerte de Antonio Rivera, vio a Moncho Marrero, que algunas veces iba por la tienda del testigo, y una vez;, cuando le preguntó éste por la azada, dijo Marrero: “Esa azada tiene mi nombre, pero Monchos habernos bastantes.”

Francisco Rivera Classen, hermano de Antonio Rivera, entre otros extremos de sn declaración se refirió a un dis-gusto entre su hermano y Moncho, por cierto, arrendamiento de casa, y habló asimismo de que su hermano tenía dinero, y que lo llevaba encima, en dos bolsas de lienzo y de hule, y que eran alrededor de trescientos dollars.

Francisca Miranda, amante de Eustaquio Rivera (a) Bilí, dice que al día siguiente de ocurrido el crimen estuvo en su casa Moncho Marrero, y dijo que no entraba porque estaba todavía nervioso, y ella le preguntó por qué, y él le contó que si no sabía del crimen y le explicó la forma en que se suponía que había ocurrido, que suponía que al hombre le habían llamado para desamarrar la vaca que le estaban robando, y se tiró, y cuando estaba soltando la vaca, de arriba le dieron, que le habían amarrado la vaca alto, cosa de tirarle de arriba cuando 1a. estuviera desamarrando, que Moncho volvió otra vez el domingo, y la testigo estaba acos-tada, y él preguntó por ella, y luego hablaron abajo, estando en juego, y dijo uno: “di que le mataste, no lo niegues,” y que no sabe los que estaban.

Eustaquio Rivera, dijo que vió a Moncho Marrero en casa de Paca la noche del día en que se cometió el crimen, y luego otra vez que fué con varios más, entre ellos uno que está acusado, y que la noche que vinieron tocaron y pregun-taron por Paca, que estaba enferma, y viraron; que les oyó en cuestión de relajo, que decían: “tú fuiste quien lo ma-taste”; que cree que estaban metidos en fiesta.

Aparte de este testimonio, y acerca de algún otro punto interesante, declararon:

El Doctor Curbelo, sobre la autopsia. De su testimonio la parte más interesante se refiere a las heridas que se notaban en el cadáver, y que eran una contusa en la región occipital derecha, con fractura del cráneo, otra incisa entre las regiones frontal y parietal; fractura de la mandíbula inferior derecha; fractura del cúbito, brazo derecho; dos heridas in-cisas en el brazo izquierdo; destrucción del lóbulo occipital derecho del cerebro; hemorragia, etc.

El policía insular Guillermo Fuentes, dijo que el 5 de septiembre por la mañana tuvo conocimiento del crimen, fué al sitio y encontró el cadáver de Antonio Rivera, en un camino vecinal, el del Junco, en una cuneta, donde hay dos barrancos, y el camino en el centro; que la parte donde estaba la vaca amarrada y en donde se veían machetazos pegados es bastante alta; la vaca estaba amarrada de la raíz de un árbol, no sabe si de hicaco; encontró una azada, un cabo de azada partido, con sangre y fango. Reconoce la azada que se le muestra.

Manuel Barrios, policía insular, que también fué al sitio en que se encontró el cadáver, y vió la azada, y le arregló el mango, dice que en éste había un nombre escrito con lápiz, que dice “Moncho” o “Maldonado.” Reconoce la azada que se le muestra.

La defensa, al terminar la prueba de la acusación, pidió se instruyera al jurado para una absolución perentoria, fundándose en que el testimonio de un cómplice, no es sufi-ciente, si no hay evidencia corroborante, y que en este caso no la hay. La petición fué negada por la corte; y la defensa se abstuvo de presentar prueba.

La instrucción al jurado fué cuidadosa y completa; cubre todos los extremos necesarios, y se ajusta a los dictados de la ley y la jurisprudencia. En cuanto al testimonio del com-plice, la instrucción dada fué ésta:

“De la prueba practicada por el fiscal aparece la declaración de un testigo que se llama Mareos Maldonado. Se ha alegado en este caso por la defensa que Marcos Maldonado es un cómplice y 'que su declaración debe ser corroborada con alguna otra prueba. La Corte instruye a los Sres. del Jurado que efectivamente Marcos Maldonado es un cómplice del delito que se le imputa a este acusado. Siendo un cómplice es necesario que su declaración esté corroborada. La declaración de un cómplice tiene que estar corroborada con alguna otra prueba que por sí misma, y sin la cooperación de las manifes-taciones del cómplice, tienda a conectar al acusado con la comisión-del delito. La corroboración que se requiere es, pues, aquella prueba que sin la ayuda del testimonio del cómplice tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito. No es necesario que la prueba corroborante sea directa, pues bien puede ser circunstan-cial o de indicios. Pero esa prueba de corroboración es necesario que tienda siempre a demostrar y muestre a -vuestro juicio la cul-pabilidad del acusado o sea suficiente para relacionarlo con la co-misión del delito, no siendo bastante dicba corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.
“La declaración de un cómplice queda corroborada cuando, eli--minada la evidencia del cómplice, existe prueba tendente a conectar al acusado con el delito imputado. . Se sugiere esta forma como una prueba adecuada; eliminad del caso la declaración o evidencia del cómplice y entonces examinad la evidencia de los otros testigos con el objeto de determinar si bay prueba inculpatoria, prueba tendente a conectar al acusado con el delito. Si existe, el cómplice está corro-borado. Si no existe ninguna prueba inculpatoria, no hay corro-boración, aunque el cómplice pueda ser corroborado en cuanto a cual-quier número de otros hechos por él jurados. Esa teoría está ba-sada en las siguientes disposiciones legales del artículo 253 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal: ‘No procede la convicción por de-claración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada por al-guna otra prueba que, por sí misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice, tienda a demostrar la relación del acusado con la comi-sión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.’ La Corte instruye al Jurado que la prueba necesaria para corroborar la declaración de un cómplice debe ser de tal naturaleza que ella permita conectar al acusado con la comisión del delito.
“Si vosotros creéis, Sres. del Jurado, que eliminado el testimonio del cómplice Mareos Maldonado, por las otras declaraciones hay prueba suficiente para condenar al acusado, entonces vuestro' deber es declararlo culpable y rendir un veredicto en este asunto. Pero, si por el contrario, vosotros creéis que, eliminada la declaración de Marcos Maldonado, no hay prueba suficiente para llegar a la con-clusión de que este acusado es autor del delito- que se le imputa, en-tonces debéis traer un veredicto absolviendo al acusado. No es su-ficiente el que vosotros creáis, en este caso, el testimonio del cóm-plice como verdadero para poder declarar culpable al acusado, aun cuando creyereis que el cómplice ha dicho la verdad para poder de-clarar al acusado culpable. Es necesario que las otras declarado-nes por sí mismas sean suficientes para conectar al acusado con el crimen, sin tener en cuenta la declaración del cómplice. Y si voso-tros creéis que las solas declaraciones de los demás testigos sin la del cómplice son insuficientes para conectar al acusado con el delito, os repito que es vuestro deber absolverlo.
“Francisca Miranda, durante su declaración hizo ciertas mani-festaciones que dice ella que hizo el acusado. La Corte admitió la prueba de esas manifestaciones para ser consideradas por el Jurado, y les instruye, que si después de considerar toda la prueba estimaren que las manifestaciones no fueron el resultado de actos voluntarios del acusado, deben rechazarlas o de lo contrario admitirlas, para darles el valor probatorio que merezcan, siendo también cuestión para el jurado determinar la credibilidad de la testigo que produjo esas manifestaciones. Las manifestaciones que se imputen a un acusado deben haber sido hechas libre y voluntariamente, sin haber sido in-ducido a hacerlas por amenazas, violencia o estímulos o influencia indebida o promesa de alguna autoridad o esperanza de algún cas-tigo más leve o de algún beneficio que habría de derivarse a su favor.
“Y con respecto a cierta prueba de carácter indieiario ofrecida en este caso debo instruir a los Sres. del Jurado que existen dos clases de prueba reconocidas y admitidas por las cortes de justicia, en virtud de cualquiera de las cuales puede el jurado encontrar a un acusado culpable de un delito. Una de ellas es el testimonio directo o positivo de un testigo ocular respecto a la comisión del delito. Esta se llama prueba directa. La otra clase de prueba es aquélla producida por testimonio de una serie de acontecimientos entrela-zados entre sí, que tienden a señalar, de manera suficientemente po-derosa, la comisión de un delito por el acusado. Esta es conocida como prueba circunstancial o de indicios. La misma puede consistir en planes concertados para la comisión del delito o en cualquier acto, declaración o circunstancia, admitidos como prueba, que tienda a establecer la conexión del acusado con la comisión del delito. Nada hay en la naturaleza de la prueba circunstancial que la haga menos segura que la otra clase de prueba, o sea, la directa. La Corte ins-truye al jurado 'que para declarar culpable al acusado por eviden-cia circunstancial solamente es necesario, no sólo que todas las cir-cunstancias concurran para demostrar que él cometió el delito de que se le acusa, sino que ellas sean inconsistentes con cualquiera otra conclusión razonable. No es suficiente que las circunstancias proba-das coincidan, concuerden y hagan probable la hipótesis buscada para establecer el objeto de la acusación, sino que deben excluir cualquier otra hipótesis fuera de la culpabilidad. Es. decir que en casos de prueba de indicios deben probarse hechos que sean no so-lamente compatibles con la culpabilidad del acusado sino también incompatibles con toda razonable hipótesis de inocencia; y cada he-cho aislado del que se ha de hacer la deducción de culpabilidad, debe demostrarse por medio de prueba que satisfaga el ánimo y la conciencia del jurado en el mismo grado en que es necesario satis-facerla con respecto al hecho en cuestión en casos en que la prueba es directa.”

El apelante y el apelado, en extensos y bien razonados alegatos, han disentido este punto, ofreciendo numerosas citas de autoridades, que no hemos de repetir.

A nuestro entender, el jurado encontró la corroboración necesaria para formar un juicio, y rendir un veredicto que satisficiera las conciencias individuales de sus hombres, y la colectiva de su tribunal de hecho, en los siguientes extremos:

Las declaraciones de Francisca Miranda y Eleuterio Rivera.

La azada, y las declaraciones con respecto a ella, así como el sitio en que se hallaba amarrada la vaca, los cortes de machete en aquel sitio, y el en que se encontró el cadáver.

T principalmente, la conversación que tuvo el acusado con la testigo Francisca Miranda.

Desde luego, por sí solos, estos elementos no establecen de manera indubitable la culpabilidad del acusado Marrero; pero de exigirse esto, la sociedad tendría que renunciar a perseguir los delitos en los que no se ofrecieran testigos de visu, que los criminales no suelen llevar consigo para ese solo fin.

En el caso El Pueblo v. Robles, 13 D.P.R. 309, este tribunal dijo; /

“No es necesario que la prueba corroborante sea directa, pues bien puede ser circunstancial, siempre que demuestre la culpabilidad del acusado, o sea suficiente para relacionarlo con la comisión del delito.”

En el caso People v. Mayhem, 30 N.Y.C.A. Rep. 1076, 44 N. E. 971, que cita El Pueblo, leemos:

“La corroboración del testimonio de nn cómplice en un juicio por asesinato, es suficiente para llenar los requisitos del artículo 399 del Código Penal de New York; que provee que la evidencia corro-borativa debe tender a conectar al acusado con la comisión del delito, cuando la declaración de dicho cómplice con respecto a la hora en que se cometió el crimen es corroborada por otros testigos. Cuando sus manifestaciones con respecto al arma empleada han sido corro-boradas por el carácter de la herida y el descubrimiento de diferen-tes artículos acerca de los cuales declaró fueron encontrados en si-tios donde él declaró que el acusado los había arrojado y cuando hay otra evidencia que tiende a conectar al acusado con ciertas par-tes del arma encontrada, y una llave que pertenecía al difunto fué encontrada donde el cómplice manifestó que el acusado la había ti-rado y cuando habiendo sido el muerto robado en su persona se de-muestra que el acusado tenía una cantidad de dinero en su poder poco después del crimen.”

¿A quién ha de dejarse el juicio de la corroboración sufi-ciente? Nos parece que si la corroboración ha de producir el efecto de originar una creencia y basar sobre ella una resolución, aquel juicio ha de dejarse al que tiene que creer para decidir. La función no puede hacerse técnica, sino que es de estado de conciencia. No podemos dejar al jurado en una situación de abandono en medio del oleaje de los tecni-cismos. Estos son buenos para que a ese tribunal de hecho no llegue lo que no debe llegar, pero no para dirigir el veredicto que es expresión de la conciencia ingenua de los doce jueces de hecho.

No se argumenta en el sentido de que el veredicto se halla manchado por un error en la apreciación de la prueba.

No existe el error señalado.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Yabucoa Sugar Company, demandante y apelante, v. Ernesto Fernando Schlüter, demandado y apelado.
    No. 5309.
    Sometido: Febrero 12, 1931.

      Resuelto: Marzo 19, 1931.

      F. Cervoni Gely, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

En septiembre 16, 1921, Manuel Carrasquillo y su esposa otorgaron un pagaré que vencía el 31 de mayo de 1922, a favor de Sobrinos de Ezquiaga, o a su orden. El 20 de noviembre de 1921, Carrasquillo, con el consentimiento de su cónyuge, otorgó una hipoteca a favor de Sobrinos de Ezquiaga o sus endosatarios, para garantizar el pago de la obligación. La bipoteca fué inscrita en. el registro de la propiedad a favor del acreedor hipotecario o sus endosatarios. En julio 10, 1924, Sobrinos de Ezquiaga cedió la hipoteca a la Yabucoa Sugar Company. Este traspaso jamás fué inscrito en el registro de la propiedad.

' El 15 de marzo de 1930, la Tabuco a Sugar Company trató de incoar procedimiento ejecutivo sumario contra Ernesto Femando Schlüter, entonces dueño de la finca hipotecada. El juez de distrito se negó a expedir un requerimiento de pago, fundándose en que Ezquiaga &• Co., o sus endosatarios, eran, según el registro, los dueños del pagaré, y que la cesión no inscrita de la hipoteca sin el pagaré no era prueba sufi-ciente de título en la Tabuco a Sugar Company.

El artículo 152 de la Ley Hipotecaria dispone lo que sigue:

“El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimento al deudor, y que se inscriba en el Registro.
“El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo.
“El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.”

El artículo 153, tal cua-1 fué enmendado en 1912, Leyes de ese año, página 70, lee ahora así:

“En la hipoteca constituida para garantir obligaciones trans-feribles por endoso o títulos al portador, cuando se anajene o ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transferido con la obliga-ción o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.
“Tales obligaciones podrán ser constituidas por el dueño de una finca o derecho, sin determinación específica del nombre del acreedor, otorgándolas genéricamente a la orden de la persona a cuyo favor puedan ser transferidos o endosados los títulos quirografarios por el hipotecante. ’ ’

La frase “con la obligación o con el título,” eu la traduc-ción hecha por el Departamento de la Guerra antes de la enmienda, leía: “together with the obligation or document.” Compiled Statutes, 1911, sec. 6837. La versión castellana tanto antes como después de la enmienda dice: “Se enten-derá éste transferido con la obligación o con el título.” El fin palmario de la enmienda fué el de añadir la última oración en el artículo según quedó enmendado. El fin del artículo en sí, tanto antes como después de la enmienda, era facilitar el traspaso de documentos negociables juntamente con la hipoteca otorgada para garantizar el pago de los mismos. Cualquiera que baya sido la intención del legisla-dor, no fué la de relevar al cesionario de una hipoteca de la necesidad de inscribir la cesión, cuando no va acompañada del endoso o de la entrega del instrumento negociable garan-tido por la hipoteca.

Las autoridades citadas por la apelante (Trust National Bank v. Com. Savings Bank, 8 L.R.A. (N. S.) 1148; Hall v. Jameson, 12 L.R.A. (N. S.) 1190, 151 Cal. 606; y L.R.A. 1918-D, 522) en apoyo de la contención de que “dos docu-mentos relativos a las mismas materias, otorgadas al mismo tiempo, deben ser interpretados conjuntamente,” no son apli-cables.

Bebe confirmarse la resolución apelada.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

text:
    Alfredo Rondón, demandante, v. Juan Basabe, demandado. The Aetna Casualty Co., peticionaria y apelante, v. Alfredo Rondón, opositor y apelado.
    No. 4593.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 101.

   OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

Soy del criterio de que, suponiendo que la Comisión de Servicio Público tenga facultad para dictar una regla Pa-ciendo responsable a una compañía de seguros en la forma descrita en la opinión de la mayoría, sin embargo, esa com-pañía no puede ser alcanzada por un embargo, sino que ha-bría que entablar un pleito contra ella. La compañía debe tener su día en corte directamente. La opinión de la mayo-ría se inclina en ese rumbo, pero, desde mi punto de vista, no va lo suficientemente lejos.

Además, dudo que la Comisión de Servicio Público pueda, mediante una regla, fijar una obligación de esta índole en la compañía aseguradora. El poder, suponiendo que exista, re-sidiría más bien en la Legislatura. Mi disentimiento en Santiago v. Comisión de Servicio Público, 37 D.P.R. 520, cae den-tro de este mismo campo.


author: JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    Evaristo Robles, demandante-apelado, v. Línea Férrea del Oeste, demandada-apelante. Rodríguez Hevia & Co., S. en C., demandante-apelada, v. Línea Férrea del Oeste, demandada-apelante.

      Nos. 4891 y 4790.

       Yéase la opinión del Tribunal en la página 229.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Un estudio cuidadoso de los hechos me convence de que la cansa próxima de este accidente fné el haber dejado el conductor del camión de actuar como un hombre de ordinaria pru-dencia. No puedo, en primer lugar, estar de acuerdo con la corte inferior ni con la mayoría de este Tribunal en que el camión llegó primero al sitio del accidente. Desde un ca-mión que viaje de Bayamón a Cataño tal vez un tren que venga de Bayamón no pueda ser visto fácilmente hasta poco antes de entrarse en el puente. En forma similar, el maqui-nista del tren no verá fácilmente un camión que se aproxime en la misma dirección general hasta que el tren esté cerca del puente. Desde el punto de vista del maquinista, antes de ocurrir el accidente nada había delante de su vista en oca-sión alguna. El sitio era bien conocido, según declaró el conductor del camión, y podía esperarse un tren en cualquier mo-mento. Aunque el camino era claramente uno público, le in-cumbía ese deber a un conductor, irrespectivamente de cual-quier aviso de detemerse, mirar y prestar oído. La ley de cru-ces es aplicable. Aquí, el deber era más claro aún, toda vez que sólo podía haber un posible cruce de los vehículos poco después, y, por consiguiente, en el puente. El conductor te-nía, si caminaba despacio, bastante tiempo para mirar y de-tenerse. Las fotografías admitidas en evidencia, vistas y re-conocidas por el conductor del camión, revelan que el choque tuvo lugar a bastantes pies de distancia de la entrada del puente. Es un hecho resaltante del caso que si el conductor hubiese obedecido la señal del peón del camión, habría podido proseguir un poco y detenerse, y no habría ocurrido ningún accidente. Esto es especialmente cierto si el conductor del camión caminaba despacio, conforme declaró. Lo que real-mente ocurrió, a mi juicio, fué que el tren y el autocamión llegaron al sitio del suceso casi simultáneamente. Según de-muestran las fotografías, y de acuerdo con la inferencia que de ellas debe hacerse, el tren llegó un poco antes que el ca-mión. El tren estaba en su vía un poco al sur de la carre-tera y se dirigía hacia el este. Las fotografías y los hechos materiales demuestran que la locomotora y algunos de los va-gones se salieron de los carriles, cruzaron la carretera hacia el norte y cayeron en un precipicio al lado septentrional, lle-vándose consigo probablemente el camión. Esto sólo pudo haber ocurrido si se hizo que la parte anterior de la locomo-tora se inclinara hacia el norte. Un golpe en la parte posterior de la locomotora hubiera traído ese resultado. Como la locomotora atravesó la carretera casi perpendicularmente, la inclinación dádale a su parte posterior debió haber sido pro-nunciada. El impacto fué fuerte, y sólo pudo haberlo pro-ducido el camión. Se admite que inmediatamente antes del accidente el camión desvió hacia el sur, quizá tratando de pa-rarse. Esta desviación repentina, a mi juicio es inexplicable.

Según he indicado parcialmente, la negligencia de la de-mandada no fué demostrada por una preponderancia de prueba. En verdad, no puedo verla. Asumiendo tal negli-gencia, me es de todo punto imposible ver como la doctrina de actos realizados en emergencias es aplicable y destruye la doctrina de negligencia contribuyente. Asumiendo la ne-gligencia de la demandada, el conductor del camión estaba en el deber ineludible de pararse. El tuvo amplia oportuni-dad de hacerlo. El desviarse hacia el sur fué un acto irra-zonable e imprudente. La doctrina de actos realizados en emergencia no es aplicable a actuaciones imprudentes e irrazo-nables. Examinando algunos de los casos que aparecen en la nota de R.C.L. citada por ambas cortes, también es evi-dente que la emergencia, de haberla, fué creada por el de-mandante. Éste abandonó un sitio de seguridad donde pudo haberse detenido. Sólo hubo una emergencia en el sentido de que en cualquier caso de negligencia contribuyente una emergencia puede serle aparente a un demandante. Si cruza rápidamente la vía frente a una locomotora y puede llegar a salvo al otro lado, ante los ojos de la ley no existe para él protección alguna si se desvía hacia la locomotora. Desde el punto de vista legal encuentro que este caso no es distinto. Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey concurre en este disentimiento.


author: JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    Germán Ortiz, demandante apelado, v. Pedeo G. Quiñones, demandado apelante.
    No. 4812.

    Incidente de embargo.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 260.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

Mi idea es que la fianza prematuramente expedida era en-teramente nula, y, por tanto, insuficiente para sostener el embargo. Si, según ba resuelto el Tribunal, la fianza servía para cualquier fin por el término de cinco días, en forma similar serviría para seis, y así sucesivamente, ad infinitum. La idea de una fianza es para proteger al demandado, y aquí él no tendría a mi juicio recurso alguno contra la fianza según fué originalmente radicada. Así, pues, el embargo debió ser anulado.