text:
    Eugenio Maya Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1209.
    Sometido: Mayo 19, 1947.

      Resuelto: Mayo 23, 1947.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura pública presentada al'Registro, los here-deros de doña Candelaria Segarra Tizol hacen constar que ]a causante vendió a Eugenio Maya Pérez, el aquí recurrente, una finca rústica, recibiendo del comprador el precio conve-nido; que se convino entre las partes que tan pronto como le fuera posible la vendedora otorgaría la correspondiente es-critura de venta a favor del comprador; que la vendedora falleció sin haber otorgado dicha escritura; y que después de investigar el asunto y cerciorarse de que la venta se había realizado, todos los herederos estuvieron conformes en rati-ficarla otorgando escritura a favor del comprador. Del do-cumento aparece que por resolución de 1ro. de octubre de 1946 la Corte de Distrito de Mayagüez declaró herederos de la señora Segarra a sus siete hijos mayores de edad y a dos nietos menores de edad. En la escritura de ratificación de la venta los dos menores estuvieron representados por el padre, quien hizo constar que “no tiene intereses encontrados con sus menores hijos respecto ala finca que se describirá y que vendió su abuela.”

Negóse el registrador a inscribir el documento, por el si-guiente fundamento:

“. . . porque siendo necesario el consentimiento de todos los he-rederos . . . para el otorgamiento de la escritura de ratificación . . . se otorgó la misma por los herederos mayores de edad y por Hermó-genes Rodríguez, como padre con patria potestad sobre los herede-ros menores de edad, . . . sin haber obtenido la correspondiente au-torización judicial para tal ratificación en la forma provista por el artículo ochenta de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 9 de marzo de 1905 y su enmienda de 9 de marzo de 1911.”

Alega el recurrente que el Registrador erró al exigir como condición para practicar la inscripción la autorización judicial en cuanto al interés de los menores. Y cita en apoyode su contención el caso de Martinez v. Registrador, 23 D.P.R. 356, el cual es claramente inaplicable al de autos. Lo' que se resolvió en el mencionado caso fué que el artículo 229 del Código Civil de 1902, según fué enmendado por la Ley de 9 de marzo de 1911 (art. .1.59, Código Civil de 1930) no es aplicable a una división de bienes en comunidad en que están interesados menores de edad, porque dicha división se rige por el artículo 413 (art. 340, Código Civil, 1.930) en relación con el 1027 de dicho Código (art. 1013, Código Civil, 1930), que no exige autorización judicial para llevar a cabo una división de bienes poseídos en comunidad por menores de edad cuando éstos están representados por el padre o la madre.

Admite el Registrador que en casos de partición de heíencia o de división de comunidad no se necesita autoriza-ción judicial cuando los menores están representados por el padre o por la madre; pero, en defensa de su nota denegato-ria, sostiene que en el presente caso no se trata de una divi-sión de comunidad ni de una partición de herencia y sí de la ratificación de una venta, para lo cual es necesaria la autorización judicial.

Tiene razón el Registrador. En Aviles v. Registrador, 17 D.P.R. 960, la viuda por su propio derecho y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos otorgó una escritura ratificando la venta de una finca que por documento privado había hecho su esposo. Se negó el Registrador a inscribir el documento y fue sostenido por este Tribunal, diciendo:

“Tales herederos eran menores de edad y no podían prestar por sí mismos su consentimiento, ni podía hacerlo por ellos su madre, en el ejercicio ordinario de la patria potestad. El acto envolvía la venta o la ratificación de la venta de un inmueble y la autorización judicial era absolutamente necesaria, de acuerdo con el Código Civil y la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905, vigentes cuando se otorgó el documento.”

En Avilés v. Registrador, 19 D.P.R. 365, se presentaron a la consideración de esta Corte hechos similares a los del caso anterior entre las mismas partes. Alegó el recurrente que las leyes citadas por el Registrador no eran aplicables ál caso, puesto que no se trataba de realizar una venta y sí del otor-gamiento del título de una venta ya realizada; y, además, que no cabía vender en pública subasta una finca ya vendida por documento privado. Se confirmó la nota denegatoria en los siguientes términos:

“Entendemos que las formalidades prevenidas para la venta de bienes inmuebles no regulan un caso como el presente, en que sola-mente se trata de elevar a documento público un documento privado de venta de una finca perteneciente a los menores Rijos de José Monserrate Deliz, por la potísima razón de que no bay términos há-biles para vender una finca ya vendida. Pero ello no exime de- que se solicite por la representación de los menores la autorización previa de la corte de distrito correspondiente para él otorgamiento de la es-critura pública.” (Bastardillas nuestras.)

Véanse: Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49; Costa v. Piazza, 51 D.P.R. 689; Aponte v. Registrador, 56 D.P.R. 834; West India Oil Co. v. Blanch, 57 D.P.R. 591.

El lieelio de que la participación que a cada uno de los menores, correspondería en el precio de la venta sea menos de $500, en nada ayuda al recurrente. El artículo 159 del Código Civil, 1930, dispone que “el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o agravar tienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de quinientos dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de aquéllos, sin previa autorización de la corte de distrito en que los bienes radiquen.” Ya hemos visto que aquí se trata de la ratificación de una enajenación de bienes inmuebles.

La nota recurrida será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok, De Jesús

license: Public Domain

text:
    Juan Estévez Gómez, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1206.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Mayo 23, 1947.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señok, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura núm. 138 de 14 de junio de 1946, ante el notario José Sabater García, Doroteo Estévez Gimeno, luego de describir varias fincas de su propiedad, expuso que bahía convenido con su lrijo, el otro compareciente, Juan Estévez Gómez, en adjudicárselas en pago de deuda. Llevando a cabo lo convenido y bajo el título “Exposición de la Deuda,” declaró en dicho documento que desde el año 1926 su hijo prácticamente se había encargado de la administración de sus bienes debido a su avanzada edad y al hecho de que iba per-diendo su vista; que para poder prestarle tales servicios su hijo casi abandonó su carrera de abogado; que ese trabajo lo realizó sin interrupción hasta el año 1941, sin haber recibido compensación alguna, “pero ahora ha convenido con su hijo asignarle una compensación por lo menos de $1,000 anuales, aunque sns servicios valen más y en su consecuencia reconoce que adeuda a su liijo la suma de quince mil dólares ($15,000)..” (Bastardillas nuestras.)

Expuso, además, que durante otros cinco años le adminis-tró otros bienes, por lo cual cree y conviene que una compen-sación de $400 anuales es justa y reconoció adeudarle $2,000 en adición a los $15,000 antes mencionados. Por último, en satisfacción de los $17,000 que manifiesta don Doroteo Esté-vez Gimeno adeuda a su hijo, le adjudicó las fincas-descritas.

Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad, el Registrador denegó la inscripción y tomó anotación preven-tiva por el fundamento de que el llamado “ Contrato de Da-ción en Pago” que se describe en la escritura no es otra cosa que una donación remuneratoria, en relación con la cual no se ha acreditado el pago de la contribución prescrita por la Ley núm. 303 de 12 de abril de 1946 ((1) pág. 783).

Es lugar común en Derecho que el nombre no hace la cosa. En la escritura que nos ocupa, el notario tuvo a bien denominar la transacción “Dación en Pago,” pero de la escritura surge que al prestar el hijo los servicios, no se pactó compensación alguna, ni hubo la intención de cobrarlos. Fue en el acto de otorgarse la escritura donde por primera vez Doroteo Estévez Gimeno se dispuso a asignarle una compensación por los servicios anteriormente prestados.. Hasta ese momento la deuda no era exigible y no siéndolo, su acto de liberalidad constituía la donación remuneratoria definida en el artículo 560 del Código Civil. () Porque, como dice Manresa, para que haya donación precisa que no exista obligación previa, es decir, que el precio del servicio que se pretende remunerar no sea exigible al donante con anterioridad al acto de la donación. 5 Manresa, Código Civil, (3ra. ed. 1910) pág. 71. De otro modo, al que quisiera ocultar una do-nación tras la máscara de una dación en pago, fácil le sería reconocer la exigibilidad de una obligación que antes no era exigible y en el mismo acto dar una cosa en pago de ella. Tal solución, no sólo violaría el artículo 560 del Código Civil, sí que también estaría en conflicto con la letra clara de aquella parte de la sección 1(a) de la Ley núm. 303 de 1946 que dice: “La donación será tal tanto cuando se hace en forma directa como indirecta.”

Ejemplificando lo que no constituye la deuda exigible, a que se refiere el artículo 619 del Código Civil Español, equi-valente al 560 del nuestro, dice Manresa:

“. • . Una persona administra gratuitamente los bienes de un amigo enfermo o un tutor los de un menor o incapacitado, sacrificando su vida al cuidado de esos bienes o al ’cumplimiento de lo que creen su deber,> y obtienen después una recompensa -más o menos impor-tante, pero merecida. Esta recompensa, ¿es donación? .... Si atendemos al que la da, como lo hace Troplong, y como creemos que quiere expresar el art. 619, hay donación, porque el donante no puedo ser legalmente competido a pagar esos servicios.” 5 Manresa (3ra. ed. 1910) pág. 72.

La facultad de calificar los documentos sujetos a' inscripción lia sido reservada exclusivamente al Registrador. () Resultando de la escritura que la transacción es una donación remuneratoria inter vivos, no venía el Registrador obligado por la denominación que le diera el notario.

Establecido que la transacción contenida en la escritura es una donación remuneratoria inter vivos, ¿estuvo justificado el Registrador en denegar la inscripción por no acompañarse el recibo acreditativo de haberse pagado la contribución impuesta por la citada Ley?

Desde el principio hemos enfatizado el hecho de que nos confrontamos en-el presente caso con tina donación inter vivos. La razón que hemos tenido para ello consiste sencillamente en que esta donación, efectiva en vida del donante, si bien está sujeta a contribución por la Ley núm, 303 de 1946, sin embargo. el procedimiento para su cobro es distinto del provisto por la misma Ley para el cobro de la contribución de heren-cia. . El procedimiento pára el -cobro de la contribución im-puesta a esta clase de donaciones se rige por las secciones 7 y 8 de la Ley. En contraste con el artículo 5, que se aplica a los bienes trasmitidos por herencia, la seeción’7(a) de la Ley núm. 303 impone a todo donante en exceso de $1,000 — siempre que la donación sea inter vivos — () la obligación de rendir una planilla al Tesorero dentro de los diez días, siguientes a la donación, haciendo constar el montante neto de la misma, la edad del donante, el nombre y dirección del donatario y cual-quier otra información que el Tesorero requiera. Prescribe, además, dicha sección, que todo donante que hiciere durante cualquier año natural donaciones montantes a más de $5,000, rendirá una planilla en o antes del 1ro. de febrero del año natural siguiente, haciendo constar en detalle el montante o valor de cada donación, la fecha en que se hiciera la misma, e] nombre, dirección y edad de la persona a quien se hiciera cada donación y cualquier otra información que el Tesorero re-quiera. Y la sección 7(fe) impone al donatario igual obliga-ción de rendir una planilla similar en o antes del 1ro. de fe-brero del año natural siguiente a la donación. Por último, prescribe la sección 8(b) que t£en el caso de clonaciones distin-tas a las hechas a no-residentes y a las efectivas al falleci-miento, la contribución vencerá y será pagadera en o antes del 1 de febrero del año siguiente al año en que la donación se hiciera . . . (Bastardillas nuestras.)

Por otro lado, el procedimiento para' el cobro de la contri-bución de herencia, en la cual está incluida la impuesta a las donaciones mortis causa, por ser éstas cargas de la herencia al igual que los legados, se rige por el art. 5 y siguientes de la Ley núm. 99 de 1925 (pág. 791), enmendados por e incorpo-rados en la Ley núm. 303 de 1946.

Es el artículo 12 de la Ley núm. 99 de 1925, según quedó enmendado por la Ley núm. 303 de 1946, que forma parte de los que rigen el cobro de la contribución de herencia propia-mente dicha, el que contiene la disposición que trató de apli-car el Registrador, a saber:

“Excepto en los casos especiales, según se determina en el artículo 5A() de esta Ley, ningún tribunal aprobará la división o distribu-ción de los bienes de ningún fallecido, ni permitirá la liquidación final de las cuentas de ningún albacea, administrador, fideicomisario o persona que administre cualesquiera bienes a menos de haberse presentado y exhiban el recibo o los artículos especiales, según lo dis-puesto en el artículo 11 de esta Ley; ... y ningún registrador insr cribirá . . . instrumento alguno ... en relación con la división, dis-tribución o entrega de dichos bienes a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero; . . . . ”

A poco que reflexionemos sobre el significado del párrafo que acabamos de transcribir, advertiremos que se refiere ex-clusivamente a la contribución impuesta sobre bienes trasmi-tidos por herencia y no a las donaciones inter vivos, las cua-les surten todos sus efectos en vida del donante. T como ni esta Ley, ni ninguna otra, contiene disposición alguna al efecto de exigir, como requisito previo a la inscripción de una dona-ción inter vivos, que se acredite e'1 pago de dicha contribución, erró el Registrador al denegar la inscripción de la escritura qne nos ocupa por el supuesto incumplimiento de un requisito no exigido por la ley.

Procede revocar la nota recurrida y ordenar la inscripción del documento libre de defectos.

      O Artículo 500 dpi Código Civil:
      ‘.‘Las donaciones entro vivos pueden sor do tros olases:
      í í ] * -i:- ' * -x *
      “3. La donación remuneratoria, o la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigible».”

      “Artículo 18 de la Ley Hipotecaria:
      "Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad do las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.

      (3) La sección excluye expresamente las clonaciones hedías por testamento u,, otra disposición efectiva al fallecimiento. ,

      O Artículo 5A :
      “En el caso do que los herederos, mandatarios y legatarios carecieran de dinero en electivo para pagar contribuciones sobre la propiedad de propiedades trasmitidas en herencia y para pagar la contribución de herencia impuesta por esta Ley, el Tesorero de Puerto Rico queda autorizado para consentir al al-bacea, administrador o fideicomisario que previo el trámite legal correspon-diente venda o grave con garantía hipotecaria o en cualquier otra forma, la parte de los bienes relictos que fueren necesariamente indispensables a fin de allegar fondos suficientes para el pago de las referidas contribuciones y el registrador de la propiedad queda autorizado, en estos casos, a inscribir los documentos que al efecto se otorguen.”


author: El J uez Asociado Señor Snyder

text:
    Engracia Torres, demandante y apelante, v. Jesús Roldán, demandado y apelado.
    Núm. 9409.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 23, 1947.

      G. Cruzado Silva, abogado de la apelante; B. Sánchez Castaño, abo-gado del apelado.
   El J uez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se trata aquí de un pleito sobre división de comunidad de bienes. La demandante alegó en síntesis: Que el demandado y ella vivieron en concubinato desde 1925 a 1935; que estable-cieron una comunidad de bienes por medio de su trabajo y de economías hechas con el dinero producido por sus respecti-vos esfuerzos; que la demandante se dedicaba a la crianza de cerdos, aves de corral y vacas y el demandado a la reventa de pan a domicilio; que con las ganancias establecieron un fondo común de $400; que con parte de esta suma adquirie-ron un solar, sobre el cual más tarde fabricaron una casa que fué vendida por $1,500; que con parte de los $1,500 se hicie-ron de una casa valorada en $300; que con el resto del dinero y otras economías posteriores producidas por trabajo de am-bos, las cuales guardaba el demandado, éste fabricó otra casa valorada en $2,500; que cuando la comunidad de bienes fué terminada en 1935 por haber cesado su concubinato, su activo era aproximadamente $3,000 incluyendo las casas de $300 y $2,500. Bn la súplica de la demanda se solicita la división entro la demandante y el demandado por partes iguales de los bienes poseídos en común.

El demandado radicó una moción para desestimar la'de-manda por falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción, la cual fué declarada con lugar por la corte, dictándose sentencia a favor del demandado. De la misma, ha apelado la demandante.

Bn esta jurisdicción una sociedad de gananciales se crea por ley únicamente mediante matrimonio; por tanto el mero concubinato no crea interés común en los bienes que adquieren los concubinos. Artículos 1295-1326 Código Civil, ed. 1930; Correa v. Quiñones, 29 D.P.R. 52, 54; Morales v. Cruz, 34 D.P.R. 834, 837; Véanse Vallera v. Vallera, 134 P.2d 761 (Calif., 1943); Blache v. Blache, 160 P.2d 136, 140 (Calif., 1945).()

Sin embargo, si nn hombre y una mujer mientras viven en concubinato convienen, expresa o implícitamente, en con-solidar sns ingresos y participar- por partes iguales en los bienes adquiridos con los mismos, las cortes exigirán de la parte que ha retenido más de lo que le corresponde, de acuerdo con lo convenido, que entregue dicho exceso. Vallera v. Vallera, 134 P.2d 761, 763, 166 P.2d 893 (Calif., 1943, 1946); Delamour v. Roger, 7 La. Ann. 152, 155 (1852); Mitchell v. Fish, 134 S.W. 940 (Ark., 1911); 36 L.R.A. (N.S.) 838; 75 A.L.R. 732, 740-741; 20 Calif. L. Rev. 453-54; De Fnniak, supra, sección 56, pág. 129, nota 29; Evans, Property Interests Arising from Quasi-Marital Relations, 9 Cornell L. Q. 246, 263-65. Véanse artículos 326-340, Código Civil, ed. 1930: Morales v. Cruz, 34 D.P.R. 834-842.

Es más, aun en ausencia de un convenio expreso o implí-cito, con miras a evitar nn enriquecimiento injusto por parte del demandado, el demandante tiene derecho a participar, en la proporción que sns fondos hayan contribuido a su adquisi-ción, en los bienes acumulados conjuntamente.. Vallera v. Vallera, supra, pág. 763; King v. Jackson, 164 P.2d 974 (Okl. 1945); Bracken v. Bracken, 217 N. W. 192 (S.D. 1927); Hayworth v. Williams, 116 S. W. 43 (Tex. 1909); Ah Leong v. Leong, supra; Williston, supra, sección 1791, pág. 5091; 5 Williston, supra, sección 1631, nota 3, págs. 4569-70. Véase Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121, 127-130.

Al dictarse sentencia a favor del demandado, la corte inferior citó los casos de Correa v. Quiñones, 29 D.P.R. 52, 54;, Morales v. Cruz, 34 D.P.R. 834, 837, 842; Santos v. Matos,, 39 D.P.R. 927, 928; Mojica v. González, 43 D.P.R. 999; Buitrago v. González, 43 D.P.R. 1024 (per curiam).

En Morales v. Cruz, supra, se trataba de una acción, como la del presente caso, en que una ex concubina trataba de recobrar determinados bienes. Decidió este caso que una acción de esta naturaleza no puede basarse únicamente en el concubinato. Y citando, como hacemos aquí, Mitchell v. Fish, supra, Delamour v. Roger, supra y 36 L.R.A. (N.S.) 838, el caso de Morales aparentemente reconoció a las páginas 837-42 que un acuerdo entre un hombre y.una mujer para compartir bienes adquiridos por ellos mientras vivan en concubinato, es válido. () Hasta aquí estamos de acuerdo con el caso de Morales.

Pero, a pesar de que la opinión en dicho caso no es tan clara como podía serlo, parece también sostener, a la página 842, que en ausencia de un convenio, una concubina no puede recobrar su parte proporcional de los bienes, aun cuando ella hubiese contribuido a su adquisición con su capital y trabajo. En vista de lo antes dicho, este último pronunciamiento, de ser así, queda revocado.

El caso de Morales fué confirmado por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones. Morales v. Vélez, 18 F.2d 519 (C.C.A. 1, 1927). Pero la opinión de la mayoría en la Corte de Cir-cuito expresa específicamente que la confirmación de la sen-tencia se basa en nuestras conclusiones de hecho al efecto de que (1) no existía convenio alguno entre las partes para com-partir la propiedad adquirida durante el concubinato, y de que (2) el trabajo de la demandante fué meramente incidental a su status de concubina. Por otro lado, hay una fuerte opinión disidente señalando que, aun en ausencia de un con-venio, la demandante tiene derecho a recibir ‘‘el valor de la propiedad y de los servicios que ha aportado al fondo.” (Pág. 521.) El Juez disidente descansa en algunos de los ca-sos que hemos seguido aquí al revocar, joro tanto, el de Morales. La opinión emitida por la mayoría de la Corte de Cir-cuito se distingue porque nos confirma aceptando nuestras conclusiones de hecho. Pero aun cuando la opinión de la mayoría sé interpretara como que establece una regla de de-recho al seguir nuestros puntos de vista sobre este particular en él caso de Morales, no obstante, creemos apropiado corre-gir en este caso el error que cometimos en el de Morales. Véase Díaz v. P. R. Ry.. Light & P. Co., 63 D.P.R. 808, 816-818.

En los casos de Correa, Sanios,'Mojica y Buitrago, se tra-taba de acciones de desairado. No necesitamos reexaminar-los aqní, excepto para declarar qne ninguno de ellos resuelve que no puede crearse mediante convenio una comunidad de bienes entre un hombre y su concubina, o que una mujer no puede pedir su participación en la propiedad adquirida, de-bido en parte a su capital o a su trabajo, aun en ausencia de un convenio.

La demandante tiene derecho a su día en corte con miras a probar, si puede, (1) que entre ella y el demandado existía un acuerdo para compartir los bienes que acumularan, o (2) que, aun sin tal convenio, ella contribuyó con cierto trabajo o capital que le da derecho a determinada, aunque no necesa-riamente igual, participación en los bienes envueltos.

La sentencia ele la corte inferior será revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1) Bn cnanto a los 'derechos adquiridos a l>ase de un matrimonio putativo, cf. Vallera v. Vallera, supra; Blache v. Blache, supra; Fung Dai Kim Ah Leong v. Lau Ah Leong, 27 F.2d 582 (C.C.A. 9, 1928) certiorari denegado Lau Ah Leong v. Fung Dai Kim Ah Leong, 278 U. S. 636, revocando Ah Leong v. Ah Leong, 29 Haw. 770 (1927); 31 A.L.R. 424; 75 A.L.R, 732; De Funiak on Community Property, sección 56, págs 124-130, y autoridades allí citadas; 5 Williston on Contracts (ed. rev. 1938) sección 1631, nota 3, págs. 4569-70; 20 Calif. L. Rev. 453; 9 Calif. L. Rev. 68; 13 Cornell L. Q. 282. Compárese artículo 1315, Código Civil, ed. 1930.

      ib Aparentemente al mismo efecto, Vázquez v. Camacho, 43 D.P.R. 659.


author: El-Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Rosario Figueroa, acusado y apelante.
    Núm. 11862.
    Sometido: Mayo 5, 1947.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      César Andréu Bitas, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El-Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante l:'ué sentenciado a reclusión perpetua por un delito de asesinato en primer grado. El único error que se-ñala es el de que el veredicto fue contrario a derecho y a la prueba.

La evidencia aducida por el fiscal tendió a probar que alrededor de las doce de la noche del 13 de julio de 1945, varias personas, entre ellas el acusado, se hallaban en el bar El Chévere, situado en la zona portuaria de esta ciudad. El cajero ordenó qne salieran todos del establecimiento porque se proponía cerrarlo. Muchos obedecieron, pero algunos permanecieron en el local. Entre estos últimos se encontraba el apelante, quien hablaba con una mujer llamada Quelín Her-nández, junto al mostrador del bar. El occiso, quien a la sa-zón se hallaba en la puerta del establecimiento, ordenó al acu-sado que saliera, contestando éste que no lo haría hasta que se lo ordenase el dueño, pues había otras personas allí y mien-tras éstas no salieran 61 no se marcharía. El interfecto le re-plicó que si el apelante era un guapo él también lo era y se fastidiaba con cualquiera” y lo desafió para afuera. El in-terfecto salió primero. Detrás salió el apelante. No pelea-ron, sin embargo, debido a la intervención de otras personas. Después de haberse evitado el encuentro, el interfecto dijo al apelante que se verían la cara esa noche o al día siguiente en El Chévere. Uno y otro quedaron separados por una dis-tancia de diez a quince pies. El apelante luego caminó hacia el occiso, quien no se hallaba en actitud de pelea, pues tenía los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, y le asestó una puñalada en el pecho que le cortó la arteria mamaria. Aco-metió con tal violencia que los testigos declaran que al darle la puñalada hizo un ruido piareeido al que se produce cuando se da un golpe sobre una superficie hueca. A juzgar por la actitud del occiso, éste debió estar distraído en el momento en que recibió la puñalada, pues no obstante la disputa que aca-baban de tener y a pesar de que el apelante tuvo que caminar diez o quince pies hasta donde se hallaba su víctima, ésta no hizo el más ligero movimiento para defenderse. Al recibir la herida se puso una mano sobre el pecho, dió media vuelta y anduvo algunos pasos hasta encontrar donde sentarse. Bajó entonces la cabeza y empezó a sangrar por la boca y la nariz, falleciendo poco después.

El apelante admite que los hechos sucedieron como resul-tan de la prueba de cargo, con excepción de que, según él, se vió obligado a atacar en defensa propia-, al advertir que el interfecto hacía ademán de acometerlo con un arma. Sin embargo, fué probado concluyentemente que el interfecto no por-taba arma -alguna, ni el jurado dió crédito a que hubiera existido tal ademán.

. En lo que a la alegación de defensa propia respecta, los autos revelan que la evidencia fue contradictoria y el jurado no dió crédito a la declaración del apelante.

Descartada la defensa propia, sólo nos resta determinar si de conformidad con la prueba, el apelante debió ser con-victo de homicidio voluntario. La corte a quo trasmitió ins-trucciones correctas y claras sobre homicidio voluntario y sobre el delito de asesinato en sus dos grados. Es innecesa-rio considerarlas en detalle porque el apelante no las im-pugna. En el presente caso, si se hubiera llevado a cabo la pelea al salir del establecimiento a virtud del desafío (pie hi-ciera el occiso y la muerte hubiera sido causada como resul-tado déla riña, el delito cometido hubiera sido el de homicidio voluntario, pues la muerte hubiera ocurrido con ocasión de una súbita pendencia. Pero cuando la muerte ocurrió, el ape-lante y el interfecto no estallan luchando. Todo lo que había existido entre ellos era la discusión motivada por la orden que le diera el occiso. Podemos presumir que, al traer un vere-dicto que no fue de homicidio voluntario, el jurado entendió que la discusión anterior no fue suficiente para producir el arrebato de cólera que hubiera reducido el asesinato a homi-cidio voluntario, o que al momento de inferir la herida fatal, había transcurrido tiempo bastante para que el acusado se calmara. No siendo homicidio voluntario el delito cometido por el acusado, necesariamente fué asesinato.

El artículo 199 del Código Penal, al definir el delito de ase-sinato, declara que consiste en “dar muerte ilegal, a un ser humano, con malicia y premeditación. ’ ’ El artículo 201 del mismo Código, al establecer los dos grados en que se divide el asesinato, declara que es de primer gradó: (a) todo ase-sinato -perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura; (b) toda clase de muerte alevosa, deliberada y premedi-tada; y (c) toda muerte cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto o mutilación, siendo de segundo grado todos los asesinatos que no estén comprendidos dentro del primer grado.

De conformidad con el artículo 201, para que el asesinato sea de primer grado, es preciso que la muerte haya sido premeditada y deliberada, excepto cuando tiene lugar durante la perpetración de los felonies que en' dicho artículo se expresan. En otras palabras, la muerte ilegal debe ser acompañada de la intención deliberada y premeditada de matar. La deliberación, es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento.

.Al jurado correspondía determinar si el asesinato era de primer o segundo grado. Naturalmente, su decisión no puede ser arbitraria. Tiene que guiarse por lo prescrito en la ley, y su decisión debe ser sostenida por la prueba, dando siempre el beneficio al acusado cuando exista duda razonable respecto al grado del delito, en cuyo caso lo declarará culpable de asesinato en segundo grado.

Aplicando estos principios a los hechos de este caso, debemos determinar si existe evidencia para sostener el veredicto de asesinato en primer grado.

Como se dijo en People v. Howard, 295 P. 333, 336 (Cal. 1930) :

“Para que el delito sea asesinato en primer grado. . . la muerte debe ser premeditada, excepto cuando tuviere lugar durante la per-petración de ciertos felonies, es decir, la muerte ilegal debe ser acom-pañada de una clara y deliberada intención de quitar la vida.”

Parece innecesario decir que la deliberación, siendo como es un acto subjetivo del acusado, no puede probarse con evi-dencia directa. Es preciso recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos puede racionalmente inferirse la deli-beración y premeditación. Los autos revelan que el occiso provocó el altercado ordenando al acusado que saliera del bar, sin que de la prueba resulte que tuviera autoridad para dar tal orden y luego lo desalió a pelear cuando aquél se negó a obedecerle. Después de evitado el conflicto, volvió el occiso a provocar al apelante diciéndole que tendrían que verse las caras esa nociré o al día siguiente en El Chévere. Pero, en-tre esta última provocación y la muerte, transcurrió un lapso cuya duración no revelan los autos. Por lo menos, el apelante tuvo que caminar de diez a quince pies para llegar basta su víctima, y por corto que fuera ese tiempo, pudo ser suficiente para que formara la decisión o resolución de matar. El he-cho de que la víctima hubiera ofendido al apelante, no es de-cisivo en lo que respecta a la calificación del delito. Por lo general, el asesinato se comete pará vengar una ofensa, más o menos grave. Todo depende de que los hechos probados justifiquen al jurado concluir que la mente del acusado, al realizar el delito, estaba en condiciones de deliberar y pre-meditar.

En el caso de State v. Ogilvie, 175 P.2d 454, 458 (Or. 1946), citando de State v. Morey, 35 P. 655, 36 P. 573, se dijo:

. . Como la facultad de deliberar o premeditar la poseen so-lamente aquéllos que tienen una mente libre de pasión o excitación, no puede decirse, como cuestión de derecho, que cualquier determi-nado espacio de tiempo ofrezca una oportunidad para deliberar y premeditar, si hay cualquiera cuestión en cuanto a si su mente estaba inhibida o perturbada. En ese caso, la cuestión de si hubo tiempo suficiente para calmarse y de si la mente estaba en condición de deli-berar y premeditar, correspondería al jurado resolverla y no a la corte. ’ ’

En el caso de autos la cuestión fué sometida al jurado y la resolvió adversamente al apelante. Y existiendo evidencia de la cual pudo el jurado Ilegal a esa conclusión, no debe este Tribunal sustituir por el suyo el juicio del jurado.

Procede confirmar la sentencia apelada.

      (*) La versión inglesa dice “willful” que significa “voluntariamente, in-tencionadamente ’ ’.


author: El Juez Asocíalo Señor De Jesús

text:
    Nicasio Feliciano Negrón, et al., querellantes y apelados, v. Puerto Rican Express Company, querellada y apelante.
    Núm. 9379.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Qharles B. Hartzell j Bafael O. Fernández, abogados de la apelante; Bauza <& Bauza, abogados de los apelados.

      (J) Secciones 1 y 14 de de la Ley mím. 10 de 14 de. noviembre de 1017 ((2) pág. 217), segón fueron enmendadas por la Ley nüm. 17 do 11 de abril do 1945 (pág. 45).

   El Juez Asocíalo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso de apelación envuelve la constitucionalidad de un estatuto dispositivo de que en pleitos entablados por un obrero o empleado contra su patrono, en el cnal reclame cualquier suma por concepto de compensación por trabajo y labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido sin previo aviso y sin cansa justificada, si se dictare senten-cia a-favor de la parte demandante y ésta hubiere compare-cido representada por abogado particular, se condenará al demandado al pago de honorarios de abogado. Prescribe, además, el estatuto, que si se probare malicia por parte del querellado, el juez lo condenará a pagar al querellante, por concepto de indemnización o liquidación de daños y perjui-cios, una suma adicional de $50.()

En el presente caso, ocho obreros representados por abo-gado particular, presentaron una demanda contra la apelante en la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, en la cual reclamaron $1,343.29; $1,202.80; $1,301.48; $1,301.48; $1,312.50; $1,083; $1,301.48 y $1,312.50, respectivamente, por concepto de horas trabajadas en exceso de la jornada de ocho horas. Solicitaron, además, que la demandada fuese conde-nada a pagar a cada uno de los demandantes la suma de $50 por concepto de indemnización, más intereses y el pago de costas y honorarios de abogado. La corte municipal sólo con-denó a la demandada a pagar a los demandantes: $209.88; $209.88; $206.41; $206.41; $206.41; $206.41; $206.41 y $206.-41, respectivamente.

Ambas partes apelaron para ante la corte a quo y cele-brado un juicio de novo se dictó sentencia a favor de los de-mandantes por las siguientes cantidades: $95.37; $28.66; $86.01; $22.00;'$106.13; $88.43; $27.50 y $31.18, respecti-vamente. También fué condenada la demandada a satisfacer intereses al 6 por ciento anual desde la fecha de la sentencia hasta el pago de dichas cantidades, más $200 por concepto de honorarios de abogado.

La demandada, si bien apeló de la totalidad de la senten-cia, en su alegato limita su recurso al pronunciamiento de ho-norarios.

La contención de la apelante es al efecto de que la parte del estatuto (pie concede honorarios de abogado al obrero, aun cuando no prueba la totalidad de su reclamación, viola la cláusula constitucional relativa a la igual protección de las leyes. Para el caso de que su contención no prosperare, alega que, suponiendo que el estatuto sea válido, su aplicación en el presente caso es inconstitucional. Finalmente sostiene que, independientemente de la inconstitucionalidad de la ley y de su aplicación, la corte inferior erró al conceder una cantidad irrazonable por concepto de honorarios de abogado.

El estatuto en cuestión, al conceder al obrero honorarios de abogado cuando se dicte sentencia a su favor, tiene por objeto proteger a una clase determinada, no en todo pleito que establezca contra cualquier persona, sino cuando la ac-ción vaya dirigida contra su patrono en reclamación de com-pensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada.

La determinación de si el estatuto infringe la cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes depende de que la Asamblea Legislativa, al conceder ese pri-vilegio en favor de una clase y en contra de otra, haya pro-cedido arbitrariamente. Si la clasificación no es por otros motivos irrazonable, el mero hecho de que el estatuto conceda honorarios de abogado a los demandantes victoriosos y no a los demandados que han obtenido sentencia a su favor, no hace que el estatuto viole la cláusula constitucional sobre la igual protección de las leyes. Las posiciones de demandantes y demandados, respectivamente, son diferentes. El deman-dante debe escoger la corte que tenga jurisdicción sobre el litigio, debe traer las partes necesarias en la acción y sobre él recae la carga de la prueba. Estas diferencias pueden ser-vir de base para aplicar, a una y a otra clase, una regla diferente en lo que respecta a honorarios de abogado como parte de las costas. Missouri, Kansas & Texas Ry. v. Cade, 233 U. S. 642, 650.

Podemos presumir que el obrero es pobre, que necesita de su salario para vivir y que el patrono, por el contrario, está en mejores condiciones económicas que él, existiendo así una marcada desigualdad entre las dos clases.

Obligar al obrero a pagar honorarios de abogado cuando se vea en la necesidad de reclamar lo que se le adeude por los servicios que ha prestado a su patrono, equivale a reducirle el precio de su trabajo en la cantidad que deba pagar a su abogado. El Estado tiene, en tales circunstancias, un legí-timo interés en protegerlo como cuestión de orden público. Al obligar al patrono al pago de honorarios de abogado, no sólo protege al obrero contra la injusticia de privarle de una parte; del valor de sus servicios, sí que también tiende a des-alentar en el patrono la tendencia a obligar al obrero a re-currir a un pleito con todos sus incidentes y dilaciones, o renunciar, mediante una forzada transacción, a una [jarte de lo que legítimamente se le deba, para poder cobrar sólo una parte del producto de su trabajo.

Arguye la apelante que el estatuto no se limita a con-ceder honorarios solamente cuando el demandante obtiene una sentencia por toda la cantidad reclamada en la demanda, sino que los concede invariablemente sin tener en cuenta que el demandado haya estado justificado en resistir la reclamación. Esto es cierto, pero no debemos perder de vista que el estatuto no concede una cantidad predeterminada para honorarios de abogado, sino que se limita a concederlos dejando la fijación de su cuantía a la sana discreción del tribunal. En tales circunstancias, la corte, al imponerlos, deberá tener en cuenta, no al efecto de concederlos, sino al de fijar su cuantía, el grado de temeridad del patrono y consecuentemente su poder discrecional para fijarlos fluctuará entre una suma nominal en casos de temeridad y una cantidad proporcionada al montante de la cuantía envuelta.

Kn el presente caso, tratándose de una reclamación de $10,158.53 y nna sentencia de $485.28. somos ele opinión que la cantidad de $200 concedida por concepto de honorarios no es razonable.

Procede, a nuestro jioicio, modificar el pronunciamiento de honorarios de abogado, reduciéndolos a $25. Así modificada se confirma la parte de la sentencia que ha sido objeto de este recurso.


author: El Juez Asociado Señor. Todo, Je.,

text:
    María Antonia Detrés, peticionaria y apelada, Ex Parte. Juana Ramona del Rosario Álvarez, conocida por Rosario Álvarez, peticionaria y apelante, Ex Parte.
    Núm. 9336.
    Sometido: Junio 3, 1946.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Jorge Días Crus, abogado de la apelante; Enrique Báes García, abo-gado de la apelada.

      O En 66 D.P.R. 502 denegamos la desestimación del recurso solicitada por la viuda.

   El Juez Asociado Señor. Todo, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La vinda y la madre de José Nazario Alvarez, quien falle-ció intestado, solicitaron la administración judicial de los bie-nes del finado. La corte, después de celebrar una vista y con-siderar la prueba presentada, nombró a la viuda, María Antonia Detrás, administradora, previa la prestación de la fianza correspondiente. La madre apeló () y sostiene en este recurso que la corte inferior erró, 1ro., en la apreciación de la prueba al estimar que la misma sostiene la capacidad de la viuda para administrar y que no existe razón justificada para excluirla como tal y, 2do., al designar a la viuda admi-nistradora judicial bajo la premisa de que la ley en Puerto Eico establece una “clara preferencia a favor del cónyuge viudo.”

En cuanto al .primer señalamiento bastará decir que la corto a quo después de apreciar toda la prueba presentada hizo constar en su resolución que estimaba “satisfactoriamente probado que la viuda, María Antonia Detrás, tiene capacidad necesaria para desempeñar el cargo de Administradora Judicial; teniendo en cuenta, además, que una parte de los bienes son gananciales habidos en su matrimonio con el causante ...” y más adelante: “En el presente caso no se ha consignado ningún hecho concreto demostrativo de que la cónyuge viuda está incapacitada para el ejercicio del cargo de Administradora. ... No se ha demostrado razón alguna que justifique el nombramiento de un Administrador extraño con postergación de la viuda cuya gestión como Administradora en todo caso quedará garantida por la fianza que preste, por las cuentas que rinda y por la supervisión que sobre ella ejerza la propia Corte.”

Hemos leído la transcripción de la evidencia en este caso y consideramos que la corte inferior no erró al apreciar la prueba en conjunto. Cierto que se trata de una mujer que va a administrar una finca parcialmente sembrada de cañas de azúcar — la finca es de 122 cuerdas y de ellas 40 están sem-bradas de cañas — y un pequeño negocio de mercería. Em-pero, se demostró que la viuda había trabajado en distintas casas comerciales durante varios años y que desde que se casó ayudó a su esposo en sus negocios. No consideramos que la corte inferior cometiera manifiesto error al apreciar la prueba al resolver que la viuda está capacitada para actuar como ad-ministradora judicial y, desde luego, no se ha alegado ni pro-bado, que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. No se cometió el primer error.

En cuanto al segundo, la apelante solicita que revoquemos nuestra decisión en el caso de Díaz et al. v. Cividancs 23 D.P.R. 847, en el cual basó la corte inferior su resolución. En dicho caso al interpretar el artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 31 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales) () y después de citar sus precedentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Rico de 1885 y en la de Enjuiciamiento Civil de España y los comentarios de Manresa sobre la misma, resolvimos lo siguiente, a la página 852:

“No puede negarse que la redacción del artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales es algo confusa, pero si dicho artículo se examina cuidadosamente se verá que establece una pre-ferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador.
“Esa preferencia no sólo está conforme con los precedentes le-gales españoles que hemos invocado, si que también con los ingleses y americanos que se encuentran claramente expuestos en Ruling Case Laiv en el artículo titulado ‘Priorities in Right of Administration.’ Véase 11 R. C. L. 34 y siguientes. Además es armónica con las disposiciones del Código Civil vigente relativas a las medidas pro-visionales que deben tomarse en caso de ausencia y a las precaucio-nes que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta. Véanse los artículos 94 y 932 del Código Civil Revisado.
“Desde luego que al reconocer la preferencia a favor del cónyuge viudo, no opinamos que sea tan indiscutible que deba siempre pre-valecer, porque pudiera darse el caso de existir razones tan podero-sas que fuera necesario nombrar administrador a otra persona.”

Arguye la apelante que la palabra “podrá” usada en el estatuto confiero al juez la potestad de elegir o seleccionar 'al administrador de entre las personas que menciona sin esta-blecer “prioridad especial para ninguna de ellas” y que la doctrina sentada en el caso de Díaz v. Cividanes, supra, seguida en los de Sabater v. Escudero, 23 D.P.R. 854, e Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 78, “en todo cuanto ordenan preferen-cia a favor del cónyuge viudo es ‘legislación judicial’ (judge made lato) y debe modificarse en el sentido (le equiparar a todas las personas que menciona el artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil en el mismo nivel y con igual opor-tunidad de ser llamados a la administración, según lo determine la justicia del caso y la sana discreción del magistrado.”

En el caso de Díaz v. Cividanes, supra, no “ordenamos” una preferencia a favor del cónyuge viudo. Nos limitamos a resolver que, de acuerdo con la forma en que está redac-tado el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales y sus precedentes y, tomando en-consideración dis-posiciones de nuestro Código Civil en situaciones similares, dicho "artículo establece una preferencia a favor del cónyuge viudo, no de carácter absoluto, sino que de existir razones poderosas — y la incapacidad para desempeñar el cargo sería una de ellas por disposición expresa del artículo — la corte siempre podrá nombrar a otra de las personas especificadas en dicho artículo. La discreción concedida al juez por la ley no ha sido menoscabada por nuestra decisión ya que siempre conserva el poder de resolver si existen o no en el cónyuge viudo las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de administrador. No es éste un caso en que.se haya demos-trado por la apelante que nuestra decisión en el caso de Días, supra, “sea tan manifiestamente errónea que no pueda sos-tenerse sin violentar la razón y la justicia,” que nos obligue a variarla después de haber estado en vigor por más de treinta años. García Fernández, Ex parte, 44 D.P.R. 296; Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72. () Por el contrario creemos que la preferencia condicionada que reconocimos al cónyuge viudo está basada, no sólo en la Ley, sino también en la razón y la justicia de que sea llamada en primer término a administrar los bienes la persona que, durante la vida del causante, convivió con él y le ayudó, en una u otra forma, a administrar sus bienes, como se demostró en el caso de autos, siendo parte de esos bienes de carácter ganancial.

No habiéndose cometido los errores señalados, procede confirmar la resolución apelada.

      (2) Dicho artículo dispone:
      "Artículo 564. — (31 L.) El día y hora señalados en la citación y después de oír personalmente o por medio de sus abogados, a las partes que hubieren comparecido nombrará el juez un administrador. Podrá nombrar al cónyuge sobreviviente, o a la persona con mayor. interés en la herencia o sucesión, si tuviere la capacidad necesaria para desempeñar el cargo; y si no la tuviere, o si todos fueren igualmente interesados, o se presentaren objeciones a tal nombramiento, designará el juez un extraño de reconocida honradez y capacidad."

      (S)C/. Engracia Torres v. Jesús Roldán, (ante, pág. 367), en el cual, con-vencidos de que parte del razonamiento- y conclusión legal a que llegamos en un caso similar resuelto hace más do veinte años era erróneo, lo revocamos en dicha parte.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Aurelio Bonilla y Eladia Santiago, demandantes y apelantes, v. Loíza Sugar Company, demandada y apelada.
    Núm. 9417.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Benjamín Ortiz y Alvaro Ortiz, abogados de los apelantes; Sifre, FrancesM & Sifre, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios en la cual la Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar una moción de nonsuit presentada por la demandada y dictó sentencia desestimando la demanda. Los demandantes apelaron y en este recurso alegan, como único señalamiento, que “la corte inferior cometió error de derecho al no aplicar la doctrina del peligro atrayente (attractive nuisance) en este caso y al declarar con lugar la moción de nonsuit presentada por la de-mandada y dictar sentencia declarando sin lugar la demanda. ’ ’

Del examen que temos hecho de la transcripción •de evidencia obrante en autos, consideramos que los hechos •. que la corte sentenciadora declaró probados, a virtud de la •.prueba de la demandante, y según aparecen en su “Exposi-ción de Hechos Probados y Conclusiones de Derecho” se ajus-tan a dicha prueba y al efecto los transcribimos a continua-ción :

“1. Que la demandada tiene tendida en el barrio Ausubal de Ca-nóvanas una vía de ferrocarril, sobre la cual acostumbra estacionar vagones para la carga y transportación ele cañas de azúcar.
“2. Que paralelo a dicha vía, y como a tres pies de distancia de ésta, discurre un camino o más bien vereda, por el cual acostumbran transitar los vecinos ele dicho barrio, y cuya vereda se encuentra a un nivel más bajo que el terraplén sobre el cual está tendida la in-ferida vía.
£í3. Que el día 18 de noviembre de 1942, la’ demandada tenía es-tacionados en dicha vía y sitio tres vagones: dos de ellos en un grupo y el otro separado a cierta distancia de aquéllos.
“4. Que la demandante Madia Santiago, que vivía en dicho barrio, se había trasladado al pueblo de Canóvanas, en dicho día, lle-vando a su hija de tres años de edad para ser examinada por un médico, y a su regreso del pueblo transitaba por el camino o vereda antes dicha, con su hija al hombro en dirección a su casa, como a eso de la una de la tarde. Debido a que dicho camino estaba enfan-gado, dicha demandante con su hija al hombro, allí y entonces aban-donó dicho camino o vereda y se subió al terraplén de la vía siguiendo su marcha por sobre los rieles y traviesas de ésta.
“5. Que mientras dicha demandante así transitaba "por sobre los raíles y traviesas de dicha vía en dirección al vagón que estaba pri-meramente estacionado en ésta, unos niños del vecindario que juga-ban allí y entonces con los otros vagones, empujaron éstos en dirección hacia el otro vagón solitario a que se aproximaba dicha de-mandante con su hija, haciendo chocar a aquéllos con éste en el pre-ciso momento en que dicha demandante y su hija llegaban al mismo, el cual, al recibir el impacto de los otros dos vagones dió un golpe a dicha demandante, cayendo ésta al suelo y perdiendo el conoci-miento, y desprendió de sus brazos a su pequeña hija, que fué a caer sobre las vías a cierta distancia y sufrió lesiones graves, a consecuen-cia de las cuales falleció el mismo día.”

A virtud de estos hechos resolvió la corte que la deman-dada no es responsable de los daños causados a los deman-dantes, primero, porque no resulta de la evidencia, ni puede inferirse de ésta, que los niños que pusieron en movimiento los vagones fueran agentes o empleados de la demandada en el desempeño de trabajo alguno para ésta o con ocasión de sus funciones como tales; segundo, porque la demandada no estaba obligada a anticipar la presencia de la demandante caminando con su hija en brazos sobre sus vías en dicho sitio y al así transitar actuaban como intrusos (trespassers) para con quienes la demandada no tenía ningún deber en ley; ter-cero, porque la demandada no ejercitó ningún acto, ni incu-rrió en ninguna omisión que puedan- considerarse legalmente constitutivos de culpa o negligencia para con la menor inter-fecta ni infringió deber legal alguno para con ésta; cuarto, porque dicho accidente tuvo como única causa próxima e in-mediata la negligencia de la demandante Eladia Santiago, y quinto,, porque, aim cuando los actos de los niños que empu-jaron los vagones hubieran sido imputables a la demandada y pudiera remotamente considerarse a ésta incursa en negli-gencia, también medió en el accidente la negligencia contri-butoria de la demandante Eladia Santiago imputable a la interfecta al abandonar su posición de seguridad en el camino o vereda por donde caminaba y subirse intrusamente al te-rraplén de la vía para transitar por sobre los raíles y tra-viesas de dicha vía con Su hija en brazos, cuya negligencia contributors fué la causa próxima e inmediata de dicho ac-cidente.

Hemos leído detenida y cuidadosamente la transcripción de la evidencia en este caso y somos de opinión que las con-clusiones de hechos probados a que llegó la corte inferior están sostenidas por la prueba. De acuerdo con dichos he-chos no erró la corte sentenciadora al no aplicar la doctrina del peligro atrayente en este caso. No citan los apelantes autoridad alguna que sostenga que dicha doctrina es aplica-ble cuando la persona lesionada es un tercero y no el propio niño al intervenir con o poner en movimiento el instrumento, aparato o máquina que, por su naturaleza atrayente para los niños, causó el daño. El caso de Ramos v. Sucn. Serrallés, 51 D.P.R. 343, citado por ellos, es claramente distinguible e in-aplicable.

Pero es.que aceptando, sin resolverlo, que dicha doctrina pudiera ser aplicada a un caso cuyos hechos especialísimos justificaran que se extendiese a daños causados a un tercero, sea éste mayor o menor de edad, los probados en el de autos demostraron que la cansa próxima del accidente no fue el hecho de que los niños pusiesen en movimiento los va-gones de la demandada, sino el haberla demandante Eladia Santiago abandonado el camino o vereda por donde caminaba y haberse subido al terraplén donde estaban las vías y con-tinuar caminando por encima de las traviesas. De no haber ella abandonado el sitio de seguridad por donde tenía derecho a transitar, los vagones puestos en movimiento por los niños hubieran continuado discurriendo por las vías sin cansarle daño alguno a ella o a su hija. No podía la demandada an-ticipar que la demandante actuaría en la forma en que lo hizo, aun cuando aceptáramos, sin resolverlo, que pudo haber pre-visto o anticipado que unos niños pusieran en movimiento los vagones.

La prueba de la demandante no demostró que la demandada dejara de cumplir .con algún deber hacia la me-nor fallecida o para con la demandante Eladia Santiago. No incurrió, por tanto, en negligencia, pero aun cuando hubiera incurrido, tampoco sería responsable de daños por el accidente, ya que la prueba- demostró que la demandante incurrió en negligencia contribucoria y que ésta íué la causa próxima del accidente. Ya hemos resuelto que un demandado puede descansar exclusivamente en la prueba del demandante para sostener dicha defensa. Ortiz v. Am. Railroad Co., 62 D.P.R. 181, 197.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR SnydbR

text:
    Clínica Díaz García, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 127.
    Sometido: Mayo 1, 1917.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Celestino Triarte, F. Fernández Guyar y H. González Blanes, aboga- , dos de la peticionaria; Son. Procurador General interino Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras, Procurador General Au-xiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado SeñoR SnydbR

emitió la opinión del tribunal.

Con el propósito de dirimir una disputa entre accionistas disidentes, en 1935 la Clínica Díaz García, Inc. adquirió de dos de sus accionistas, por $39,332.20, 27.de las propias ac-ciones emitidas por ella, con un valor a la par de $1,000 cada una.() La corporación contabilizó la diferencia entre el valor a la par y el costo — $12,332.20—como una “merma de capital” y dedujo la misma como pérdida en su planilla de contri!iliciones sobre ingresos para 1935. El Tesorero re-chazó esta deducción y notificó la correspondiente deficiencia a la corporación. El caso se encuentra ante nos en certiorari para revisar la decisión del Tribunal de Contribuciones de-clarando sin lugar la querella de la contribuyente.

Si bien el récord no es lo claro que debiera ser sobre esta cuestión, suponemos, para beneficio de la contribuyente, que cuando se expidieron originalmente las acciones, la corpora-ción recibió $1,000 por cada una de ellas y que en 1935 el valor en el mercado de las mismas era $1,000 por acción. Sin embargo, no -encontramos base para resolver que la compra de estas acciones 'por la corporación y su retención como Ac-ciones de Tesorería constituyeron una pérdida dedueible por la corporación en 1935.

El artículo 258 de nuestro Reglamento de Contribuciones Sobre Ingresos dice como sigue:

“Artículo 258. — Venta de Acciones. — El producto de la venta original por una corporación de sus propias acciones, ya dicbo producto sea mayor o menor que el valor a la par de las acciones expedidas, constituye el capital de la corporación. Si las acciones se venden a un precio mayor que su valor a la par, el exceso no es ingreso. De igual manera," si las acciones se venden con alguna rebaja, el importe de la rebaja no es una pérdida dedueible del ingreso bruto. Si a fin de poder ayudar a la corporación a conseguir capital dis-ponible o para cualquier otro propósito, los accionistas donan o de-vuelven a la corporación para ésta revenderlas, ciertas acciones de la corporación previamente expedídasles, o si la corporación compra cualesquiera acciones y las retiene como acciones de tesorería, la venta de tales acciones será considerada como una transacción de capital y el producto de tal venta será tratado como capital y no constituirá ingreso de la corporación. Una corporación no efectúa ganancia o pérdida alguna como resultado de la compra o venta de sus propias acciones. Véase el artículo 268.”

El único caso citarlo por la contribuyente en apoyo de su contención es el de Commissioner of Internal Revenue v. S. A. Woods Mach. Co., 57 F.2d 635 (C.C.A. 1, 1932), certiorari denegado, 287 U. S. 613. En dicho caso la corte resolvió que el valor de acciones emitidas por una corporación, recibidas por ella misma en transacción de un pleito pendiente,„ era ingreso tributadle, a pesar del Reglamento Federal equiva-lente al artículo 258 que estaba entonces en vigor. Dijo la Corte a la pág. 636:

“Depende de la naturaleza real de la transacción envuelta, el que la adquisición o venta por una corporación de acciones de su propio capital dé lugar a ingreso tributable o pérdida dedueible. . . Si en verdad fué una transacción de capital, v. g., si las acciones se adquirieron o se traspasaron en relación con un reajuste de la es-tructura del capital de la corporación, es de aplicación la regla de la Junta. . . . Pero cuando la transacción no goza de tal carácter, y una corporación legalmente ha negociado con sns propias acciones de la misma manera que lo podría hacer con acciones de otra cor-poración, y al así negociar ha obtenido una ganancia o sufrido una pérdida, no vemos razón suficiente para hacer caso omiso de la ga-nancia o pérdida al computar el ingreso tributable ....
“La transacción' envuelta en este caso equivalía al pago de una deuda en efectivo y la inversión de dicho numerario por la corpo-ración en sus propias acciones. De haberse hecho esto claramente el efectivo recibido hubiera sido ingreso tributable. La transacción no sufrió cambio alguno en su carácter esencial por el hecho de que, como el accionista tenía también algunas acciones, el pago en efec-tivo y la compra de las acciones fueron soslayados, y las acciones fueron transferidas directamente en pago de la deuda. Las accio-nes fueron el medio utilizado para el pago de la deuda ...”

Nuestro caso es claramente distinguible. Aquí la contri-buyente no negociaba con sus propias acciones de la misma manera que lo podría hacer con acciones de otra corporación. Compró acciones a personas con el fin de eliminar a éstas como accionistas y retuvo dichas acciones en Tesorería. Esta fué una transacción de capital que constituía un reajuste de la estructura del mismo. En verdad, aun la propia corpora ción designó la supuesta pérdida como un capital deficit (merma de capital). Por tanto la transacción cae claramente bajo el artículo 258 más bien que bajo la doctrina del caso de Woods. Véanse Dr. Pepper Bottling Co. of Miss. v. Commissioner, 1 T.C. 80, 84; cf. Cluett, Peabody & Co. v. Commissioner, 3 T.C. 169.

Hi bien nuestro artículo 258 no ha sufrido alteración al-guna, el caso do Woods dió lugar a un camino en su equiva-lente del Reglamento Federal. Desde entonces el problema de ganancias de corporaciones sujetas a tributación o pérdi-das deducibles bajo el nuevo Reglamento Federal ha sido fuente de considerable litigación. Pero ninguno de esos casos afecta la limitada cuestión antes nos. Véanse Helvering v. Reynolds Co., 306 U.S. 110; Mertens, Law of Federal Income Taxation, sección 5.11, pág. 187, et seq; Rankin, Income Tax Aspects of a Corporation’s Dealing in its Own .Shares„ 89 U. Pa. L.Rev. 934; Magill, Taxable Income, ed. rev., pág. 112, nota 107; 47 Yale L. J. 111; 37 Mich. L. Rev. 1351; 43 Col. L. Rev. 412.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confirmada.

      (1) Til costo do las acciones consistió de lieeho en la cesión de nn crédito por $31,228.50 de la Comisión Industrial a favor de la corporación, y en asumir ésta una deuda por $8,103.70 do. uno de los accionistas a favor de un tercero. Las partes no lian sostenido que el resultado esté afectado por el hecho de que el costo de las acciones consistió de estas partidas en vez de efeetivo.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Natalia Campis, demandante y apelada, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9381.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández {F. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato), y J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogado del apelante; F. Montalvo Guenard y Pedro Nelson CoTberg, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 237 de 12 de mayo de 1945 (pág. 803) reza en lo pertinente así:

‘ ‘ Sección 1. — Por la presente se autoriza a la señora Natalia Cam-pis, de Cabo Rojo, Puerto Rico, para demandar al Pueblo de Puerto Rico en reclamación de daños y perjuicios por las lesiones sufridas por dicha señora al sufrir un accidente el día 26 de agosto de 1944 en el pueblo de Cabo Rojo, Puerto Rico, cayéndose dentro de una ex-cavación practicada en la calle Rius Rivera por el Programa de Emergencia de Guerra que entonces realizaba la reparación de ca-lles en ese pueblo.”

Dicha ley contiene dos secciones adicionales y una Expo-sición de Motivos. En la sección 2 se provee que toda ley o parte de ley que se oponga a ella queda derogada y en la 3 que por ser de carácter urgente y necesaria la misma empe-zará a regir inmediatamente después de su aprobación.

En armonía con los términos de la misma, en 12 de julio de 1945 Natalia Campis radicó ante la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda de daños y perjuicios contra El Pueblo de Puerto Rico que puede sintetizarse así: (1) que su reclamación ha sido autorizada por acción legislativa mediante la Ley núm. 237; (2) que en 26 de agosto de 1944, como a las 9 p.m. mientras transitaba por la calle Rius Rivera del pueblo de Cabo Rojo ella cayó de cabeza dentro de una excava-ción allí practicada como parte de los trabajos de reparación de las calles y las aceras de dicho pueblo, llevada a cabo por y bajo la dirección del Programa de Emergencia de Guerra, el cual es a su vez una de las actividades autorizadas por él Consejo Insular de Emergencia que fné creado como nna agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Pico por la Ley niím. 16. aprobada el 27 de noviembre de 1942; (3) cpre en el referido accidente ella se produjo la fractura de su claví-cula derecha, etc.; (4) que dicho accidente tuvo como causa directa y única la negligencia y el descuido de las personas empleadas en las mencionadas obras; (5) que debido a la lesión sufrida en su mano derecha se ha visto impedida de trabajar durante unas 20 semanas en labores de aguja y cos-tura en general, y (6) que como consecuencia de dicho ac-cidente ha sufrido daños y perjuicios que razonablemente va-len la suma de $3,500. Termina solicitando se condene a El Pueblo de Puerto Rico a pagarle la indicada cantidad.

El demandado contestó negando los hechos esenciales de la demanda y luego de plantear determinadas cuestiones de derecho, que fueron reiteradamente desestimadas, se oyó prueba testifical, habiendo más tarde la corte dictado senten-cia declarando con lugar la demanda. No conforme, El Pueblo ha apelado y en su alegato señala dos errores, siendo el primero de ellos que la corte de distrito erró al resolver que la demandante no tenía que prestar la fianza requerida por la sección 4 de la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155) como condición previa para entablar su demanda, errando, por consiguiente al declararse con jurisdicción para entender en el caso.

Es principio general de derecho que el soberano no puede ser demandado sin su consentimiento. Bonet v. Yabúcoa Sugar Co., 306 U.S. 505; Porto Rico v. Rosály, 227 U.S. 270; Valiente & Cía. v. Cuevas, 65 D.P.R. 181; Méndez v. Buscaglia, Tesorero, 64 D.P.R. 743 y Rivera v. Pueblo, 65 D.P.R. 983. Y cuando presta su consentimiento para que se le demande habrá de cumplirse con todas las condiciones impuestas por él al conceder tal autorización, Saurí y Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242, 245.

En la referida Ley núm. 237 de 1945, El Pueblo de Puerto Rico tan sólo faculta a Natalia Campis para que le demande en reclamación de daños y perjuicios por las lesio-nes por ella sufridas. Según dijimos en el caso de M. Grau e Hijos v. Pueblo, 51 D.P.R. 13, 15, esa Ley^) — una Resolución Conjunta cuyo contexto es muy parecido al de la Ley 237 — ■ “no impuso al Pueblo de Puerto Rico ninguna responsabili-dad que de lo contrario no hubiera tenido,” diciéndose ade-más que tan sólo le concedió un remedio y que meramente le facultó para demandar a El Pueblo de Puerto Rico.

Por la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155) según fue enmendada por la núm. 11 de 18 de abril de 1928 (pág. 131), se autoriza en forma general a las cortes de dis-trito de Puerto Rico para admitir demandas contra El Pueblo de Puerto Rico en acciones por daños y perjuicios y para reivindicar propiedad inmueble o mueble. Por la sección 4 de ella se dispone que todo demandante, como condición pre-via para entablar su demanda, debe prestar una fianza por la suma de $2,000. En el caso de autos está admitido por las partes que tal fianza no se prestó y que tampoco se solicitó de la corte que eximiera a la demandante, por razón de su pobreza, de prestar fianza. ¿Al facultarse a la demandante a entablar demanda contra El Pueblo de Puerto Rico en la forma en que la Ley núm. 237 lo hizo, se le relevó de la pres-tación de la fianza a que ya nos hemos referido o de cuales-quiera otros de los requisitos exigidos por la ya mencionada Ley de 19161 A nuestro juicio no. La Ley 237, supra, me-ramente le otorgó el derecho a demandar a El Pueblo de Puerto Rico. En forma alguna derogó la núm. 76 de 1916 o los requisitos exigidos por ésta para poder demandar a nues-tro gobierno. [6] Las derogaciones de las leyes son expre-sas o tácitas. Artículo 6 del Código Civil, Edición de 1930. Las derogaciones tácitas no son favorecidas por la ley. La núm. 237 de 1945 no deroga expresamente la núm. 76 de 1916. Solamente provee en su sección 3, según ya hemos indicado, que toda le}?- o parte de ley que a ella se oponga queda dero-gada. Empero, la de 1916 nada contiene quo se oponga a la núm. 237 de 1945 o que sea irreconciliable con la misma. Al autorizarse a Natalia Campis a demandar a El Pueblo de Puerto Rico tan sólo se le facultó para entablar demanda contra el soberano, a fin de que judicialmente pudiera deter-minarse si éste tenía una responsabilidad substantiva. Leyes de esa naturaleza lian de interpretarse siempre restrictivamente() y en esa clase de casos el demandante debe cumplir a cabalidad con todos Jos requisitos exigidos por el Estado.

Cuando El Pueblo de Puerto Rico en alguna ley autori-zando demandas en su contra lia querido relevar a la parte demandante del cumplimiento de (malquiera de los requisitos exigidos por la ley general de 1916 supra, así lo lia beclio constar específicamente. Por ejemplo, por la Ley núm. 7 de 30 de marzo de .1938 (pág. 126) autorizó a Alfonso Gon-zález Cabrera para que le demandara -sin el requisito de la prestación previa de lianza, y por la núm. 176 de 15 de mayo de 1939 (pág. 903) según fue enmendada por la Ley núm. 105 de 5 de mayo de 1941 (pág. 773), autorizó a los herederos de don Manuel Estrada y don Fernando Noa Pimentel a deman-dar a El Pueblo de Puerto Rico, haya o no actuado éste a tra-vés de un agente especial. En el presente caso no se hizo salvedad alguna, ni se eximió a la demandante de cumplir con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley general de 1916.

La prestación de la fianza, según los propios términos de la ley, es una condición previa y sin ella la corte de distrito ante la cual se entabla una demanda contra El Pueblo de Puerto Rico no adquiere jurisdicción. Ortiz Toro v. Pueblo, 59 D.P.R. 441; Masini v. Pueblo, 53 D.P.R; 294, 297.

No habiendo la demandante radicado en momento alguno la fianza requerida por la sección 4 de la Ley ’de 1916, ni habiendo ella solicitado ni obtenido de la corte inferior que por razón de su pobreza le eximiera de la prestación de tal fianza, es claro qne la Corte de Distrito de Mayagüez no fia adquirido jurisdicción para conocer de este caso. El error señalado fia sido, en su consecuencia, cometido.

Habiendo llegado a la conclusión anterior, es innecesario disentir el segundo error levantado. Éste es al efecto de que la demanda no aduce beclios constitutivos de causa de acción, -por no alegarse en la misma qne los actos negligentes fueron realizados por un agente especial() de El Pueblo de Puerto Rico. Tampoco es necesario resolver si ese defecto en la de-manda podía subsanarse mediante prueba o si dicha corte cometió error al decidir que el Consejo Insular de Emergen-cia creado por la Ley núm. 16 de 29 de noviembre de 1942, (Ses. Ext., pág. 51) es una agencia especial de El Pueblo de Puerto Rico dentro de las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil (Edición de 1930). Todas estas cuestiones fue-ron suscitadas por el demandado no sólo al momento de ini-ciarse la vista del caso, sino también luego de desfilar la prueba de la demandante y reiteradamente la corte declaró las mismas sin lugar.

Debe revocarse la sentencia a-pelada, y desestimarse la de-manda.

      (a) Miller v. Pillsbury, 164 Cal. 199, Aun. Cas. 1914 B, 886, 128 Pac. 327.

      (3) Para un estudio de lo que se entiende por un agente especial bajo el artículo 1803, Edición de 1930, véanse Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713 y Rivera v. Pueblo, supra. '


text:
    Saturnino Negrón y Jovita Cruz Colón, etc., demandantes y apelantes, v. Juan Corujo, demandado y apelado.
    Núm. 9470.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Mayo 29, 1947.

      Tibaldo Aponte, abogado de los apelantes; Emilio Buitrago, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En contestación a una demanda de desahucio en precario radicada en su contra, el demandado Juan Corujo alegó que nunca lia poseído la finca en cuestión precariamente y sí como condueño de la misma, habiendo vivido en ella por es-pacio de más de treinta años y tenido allí su casa y su fami-lia. Trabada así la contienda el pleito fué a juicio. Luego de considerar* prueba documental y testifical, el juez de la corte inferior fué de opinión que babía surgido un conflicto de títulos y declaró sin lugar la demanda. No conforme con la sentencia dictada, el demandante lia apelado liara ante este Tribunal y en el alegato radicado señala cuatro errores como cometidos por dicha corte. Los dos primeros pueden dis-cutirse conjuntamente. Éstos son al efecto de que la corte de distrito erró al admitir en evidencia copia de una carta dirigida al demandado por el Jefe Interino del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad; y al admitir el expediente de apremio seguido contra José Corujo, el cual incluye dos cartas, la primera dirigida al Colector de lientas Internas por el jefe del citado Negociado y la segunda escrita al Co-lector de Rentas Internas ele Patillas, aparentemente por Pedro Pablo Bonelli. Procederemos a discutir en seguida los errores indicados.

Después de ofrecerse por el demandante prueba documental y testifical tendiente a demostrar que él es dueño de la finca qu^ se describe en la demanda, el demandado llamó como testigo al Lie. Nicolás Lecároz Largé, quien manifestó ser Jefe de la División de Embargos y Reclamaciones del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y tener bajo su custodia el expediente de apremio seguido por dicho Departamento contra José Corujo. El expediente fué ofrecido en evidencia inmediatamente por el demandado y la corte lo admitió por sobre la objeción del demandante. De él se infiere que en 16 de octubre de 1935 la propiedad de la cual se desea desalojar al demandado Juan Corujo fué vendida en pública subasta para el cobro de contribuciones y que la buena pro la obtuvo Pedro Pablo Bonelli. También aparece en él copia de una carta dirigida en 20 de marzo de 1942 al aquí demandado por el Jefe Interino del Negociado do Contribuciones sobre la Propiedad, haciéndole saber que la finca de 17 cuerdas que figuraba a nombre de José Corujo Flores había sido vendida en pública subasta al referido Pedro -’Pablo Bonelli en la lecha a que ya se ha hecho mención y que la misma fué más tarde redimida por Santiago Corujo, liijo de José Co-rujo Flores. Asimismo figura en el expediente de apremio una carta suscrita en 20 de abril de 1940 por Pedro Pablo Bonelli para el Colector de Rentas Internas de Patillas, in-formándole que la finca de 17 cuerdas en el Barrio Río Arriba, había sido redimida dentro del término legal por Santiago Corujo, hijo de José Corujo Flores. También figura la dirigida en 17 de abril de 1940 por el Jefe del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad al Colector de Patillas. A la admisión y consideración de esas tres cartas se opuso el demandante.

Es regla elemental de derecho que declaraciones de refe-rencia {hearsay) no son admisibles en evidencia. Pero las excepciones a esta regla son tan innumerables que de ordina-rio se ha dicho que las excepciones constituyen gran parte de la Ley de Evidencia en sí. La admisión de documentos, expe-dientes o records públicos forma una de las excepciones. La razón para ello es que como de ordinario tales documentos o expedientes son preparados por personas que no tienen mo-tivo alguno para suprimir o alterar la verdad o para fabricar evidencia, son además preparados en el desempeño de un de-ber público y casi siempre bajo la sanción de un juramento ofi-cial, los mismos constituyen una bien establecida excepción a la regla que se opone a que se admita prueba de referencia. La evidencia así admitida es prueba prima facie de aquellos hechos que "resultan relevantes o pertinentes a la cuestión en controversia. 20 Am. Jur., sección 1023, pág. 861; Wigmore on Evidence, Tercera Ed., Vol. V, sección 1632, pág. 513;. Idem, Vol II, sección 665 (1), pág. 782; y 32 C.J.S., sección 626, pág. 477.

Por otro lado, el artículo 69 de la Ley de Evidencia (ar-tículo 431 del Cod. de Enj. Civil, Ed. 1933) provee quo “otros documentos oficiales podrán probarse como sigue: . . . . 6. — Los documentos de cualquier otra clase en Puerto "Rico, mediante el original o una copia, certificada por el guardador legal de aquél.” Sólo se exige que se presente copia debi-damente certificada del documento o expediente o qne el original de éstos sea ofrecido en evidencia nna vez que el mismo lia sido identificado por la persona que lo tiene bajo su cus-todia. En el presente caso se dió cumplimiento a este último requisito al admitirse el expediente de apremio seguido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico contra José Oorujo Flores. () En él figuraban copias de las cartas diri-gidas por el Jefe del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad al Colector de Rentas Internas de Patillas y por el Jefe Interino de dicho Negociado al aquí demandado. Ha-biendo sido escritas éstas en el curso ordinario de los debe-res oficiales de dichos funcionarios, no hay duda de que bajo el precepto arriba expuesto y bajo nuestra propia ley las mismas eran admisibles en evidencia y podían ser conside-radas por el juez sentenciador al resolver el caso. En cuanto a la carta dirigida por el adquirente Pedro Pablo Bonelli al. Colector de Rentas Internas de Patillas, el supuesto error al admitirla, si lo hubo, no fué perjudicial, ya que su contenido aparecía en la escrita i)or el Jefe Interino del Negociado al demandado. () .Bajo estas condiciones el juez de distrito no cometió error al admitir en evidencia el referido expediente de apremio del Departamento de Hacienda ni al considerar las cartas a que ya nos hemos referido. Los dos errores pri-meramente señalados por el demandante apelante no han sido, pues, cometidos.

En los otros dos errores señalados se sostiene que la corte de distrito erró al resolver que el demandado había presentado un principio de prueba para sostener que no poseía en precario la finca objeto del desahucio, sino que por el contrario posee a título de condueño de la misma; así como al resolver que de la prueba surge la existencia de un conflicto de títulos entre las partes que no es posible resolver dentro del procedimiento de desahucio. También discutiremos estos errores conjuntamente.

Con el expediente de apremio a que ya nos hemos referido quedó plenamente demostrado que José Cortijo Flores tenía una finca de 17 cuerdas en el Barrio Río Arriba de Patillas que fué adjudicada en pública subasta a Pedro Pablo Bonelli en 16 de octubre de 1935 y que dicha propiedad fué más tarde redimida, dentro del término legal() por Santiago Cortijo. La evidencia testifical por otra parte demuestra que la finca así redimida es la misma propiedad cuya posesión está ahora en controversia; que José Oorujo Flores era padre del de-mandado y falleció luego de haberse vendido la propiedad en pública subasta; que la misma fué redimida por uno de los herederos, quien también murió, y que el demandado Juan Corujo y su familia han estado en posesión y vivido en dicha finca por espacio de más de 30 años. Con esta prueba ante sí el juez de distrito fué de opinión que había surgido un conflicto de títulos y que en su consecuencia la demanda de desahucio debía declararse sin lugar.

En innumerables ocasiones hemos resuelto que cuando en un procedimiento de desahucio la parte demandada presenta un principio de prueba tendiente a demostrar que está en po-sesión de la finca en concepto de dueño, la demanda debe ser declarada sin lugar toda vez que en un procedimiento sumario de desahucio no puede ventilarse una cuestión de título. Colón v. Santiago, 64 D.P.R. 312; Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274; Lafontaine, et al. v. Lafontaine, et al., 30 D.P.R. 194; Andino v. Canales, 27 D.P.R. 281; y Torres et al. v. Pérez, 18 D.P.R. 573.

De acuerdo con el artículo 348 del Código Político, tal cual existía para la fecha en que se redimió la propiedad en controversia y tal cual existe al presente, () vendido un inmueble en pública subasta para el cobro de contribuciones, cualquier heredero puede redimir la propiedad dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúa la adjudicación. Al redimir un heredero — -y en este caso se dijo que Santiago Oorujo lo era de su padre José Corujo Flores, dueño original de la linea vendida en el procedimiento de apremio — éste no readquirió la propiedad para sí exclusiva-mente, sino para beneficio 'de todos los demás herederos. Hernández et al. v. Costa, 16 D.P.R. 445. Es incuestionable que de la prueba en su totalidad surgió el conflicto de títulos y siendo ello así el juez de la corte inferior estuvo en lo cierto al. declarar sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (p Cf. Artículo 127 del Código Político.

      (2)C/. 20 Am. Jur., sección 1029, pág. 868.

      (3) Véase artículo 348 del Código Político.

        (*) Véase la enmienda introducida a, este artículo por la Ley 138 de 9 de mayo de 1945, págs. 4G7, 475.