text:
    Castrillón & Cía., Demandante y Apelada, v. Juez Municipal Sustituto de San Juan, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, sobre un recurso de certiorari.

    No. 2073.
    Resuelto en diciembre 5, 1919.
    Apelación Prematura — Sentencia no Registrada — Desestimación de Apela-ción. — -Una apelación interpuesta contra una sentencia antes de haberse re-gistrado ésta en el libro correspondiente, es prematura y debe ser desesti-mada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Abogado de la apelada: Sr. Luis Méndez Yaz.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es la de si debe deses-timarse o no una apelación interpuesta contra una senten-cia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cierto recurso de certiorari. La parte apelada solicita que lo sea entre otros motivos porque se interpuso antes de que se registrara la sentencia.

Seg’ún los autos, la' apelación se interpuso el 23 de junio de 1919, y según la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, la sentencia se dictó en corte abierta el 19 de junio de 1919, pero no se registró en el libro de sentencias hasta el 11 de julio del mismo año.

Siendo esto así, es necesario reconocer que la apelación se estableció antes de tiempo y que, en tal virtud, debe ser desestimada.

La cuestión no es nueva. Desde 1905, esta corte dijo: “Una apelación interpuesta contra una sentencia, antes de haberse registrado en el libro de sentencia de la corte de distrito, es prematura, y debe ser desestimada.” La Compañía de los Ferrocarriles et al. v. La Compañía Línea Férrea del Oeste et al., 8 D. P. R. 427. Véanse también los casos Schroder v. Schmidt, 71 Cal. 399, y Coon v. United Order of Honor, 76 Cal. 354, en los que se establece igual jurisprudencia.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimado él recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Áldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Franco Soto, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    Moción solicitando la desestimación del recurso.
    No. 2112.
    Resuelto en diciembre 8, 1919.
    Desestimación de Apelación — Apelación Frívola.- — Para que pueda desestimarse una apelación de acuerdo con la regla 59 de este tribunal es necesario que se baya probado satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apela-ción con la debida diligencia o de buena fe, o que la apelación es frívola; y cuando tales hechos no aparezcan claramente, este tribunal no ejercitará su discreción en ese sentido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Víctor P. Martínez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son las mociones sometidas a nuestra consideración y decisión por el demandado apelado, Víctor P. Martínez y Glonzález, vistas ambas conjuntamente en 24 de noviembre próximo pasado, la primera de ellas radicada en 4 de octu-bre anterior para que se declare abandonada y frívola la apelación interpuesta por el demandante Carlos Franco Soto, y la otra radicada en 14 de noviembre citado para que se agregue a los autos certificación de un proyecto, de transac-ción propuesta por el demandado al demandante, de cuya certificación, así como del récord del caso dice intenta va-lerse para sostener la primera moción.

El récord del caso, o sea la transcripción de autos, había sido radicado en este tribunal con fecha 1º. de noviembre citado, con anterioridad a la fecha de la radicación de la segunda moción, y al ser vistas ambas mociones en 24 de no-viembre ya el apelante había radicado su alegato escrito, lo que verificó en 10 de noviembre, habiendo radicado el de-mandado su alegato en la misma fecha de la vista de ambas mociones.

Funda el apelado su moción de desestimación en haber transcurrido el término de noventa días desde que fué pre-sentado el escrito de apelación hasta la fecha de la moción, sin haberse radicado por el apelante la transcripción de autos para la tramitación del recurso, y no haber practicado personalmente ni por medio de otras personas gestión alguna tendente a radicar dicha transcripción; en que el apelante no ha expresado los extremos de la sentencia contra los cua-les establece el recurso; en que los hechos que determinan la alegación fundamental de la demanda quedaron sin justi-ficar en el juicio y en que la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado a la demanda se demostró me-diante la evidencia aportada al juicio por el demandado.

La sentencia en el caso fue dictada en 26 de mayo de 1919 declarando sin lugar la demanda y adicionada por or-den del día 31 del propio mes declarando sin lugar las re-convenciones del demandado, con la cláusula de nunc pro tuno, cuya sentencia y orden fueron registradas en 31 del mismo mayo retrotrayéndose sus efectos al día 26 de mayo en que fué dictada la sentencia en corte abierta.

El demandante interpuso en 23 de junio de 1919 recurso de apelación contra la sentencia dictada en su contra, y a moción del apelante se dictó una orden en 5 de julio siguiente para que se preparara por el taquígrafo la transcripción del caso de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1917. La transcripción fué aprobada por el juez que conoció del juicio, Hon. Jacinto Texidor, en 9 de octubre, 1919, y certificada por el secretario en 31 del pro pió mes, habiéndose archivado en la secretaría de esta corte, como hemos dicho antes, en 1º. de noviembre de 1919.

Ciertamente que desde la fecha del escrito ele apelación, junio 23, hasta la fecha del archivo de la moción para que se desestimara la apelación, 4 de octubre, transcurrieron más de los noventa días a que se refiere'el artículo 59 del Regla-mento de este tribunal.

Ese artículo dice así:

“Art. 59. — Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las pró-rrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción po-drá desestimar una apelación que nó baya sido anteriormente regis-trada en este tribunal, mediante moción presentada al efecto. si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su ape-lación con. la diligencia debida o de buena fe y que tal apelación es frívola.”

La transcripción del récord tiene 643 folios y el juez que había de aprobar la exposición del caso estuvo ausente en los Estados Unidos con licencia desde 1º. de junio, 1919, en que empezó sus vacaciones, hasta el 15 de agosto en que tomó posesión de su cargo nuevamente. No se nos ha pro-bado satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, y este tribunal por tanto no ejercerá su discreción en sentido favorable a la pretensión del apelado.

Hemos examinado las alegaciones de la parte apelante para sostener el recurso y no nos sentimos inclinados a es-timar que la apelación sea frívola. Las cuestiones envuel-tas en el caso serán .consideradas detenidamente al resol-verlo por sus méritos.

En cuanto a la certificación del proyecto de transacción que ha sido presentado no aparece, ni el peticionario se ha cuidado de demostrarlo, que sea de influencia para la reso-lución de la primera moción de desestimación.

Procede desestimar ambas mociones.

Denegada la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Figueroa, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 433.
    Resuelto en diciembre 9, 1919.
    Inscripción — Renuncia de Derechos — Artículo 20 dis la Ley Hipotecaria.— A y B compraron por escritura pública dos solares a C quien luego vendió la finca a D con la descripción que tenía antes de esas segregaciones rese-ñadas con las letras (i) y (c). Presentó A al registrador su título de ad-quisición del solar (&) acompañado de una escritura, en la cual D hizo cons-tar: que si bien de su título de adquisición aparece el otorgante comprando la totalidad de la finca antes citada, lo cierto finé que la adquirió sin los so-lares (6) y (c) arriba mencionados que habían sido anteriormente segregados y vendidos a A y a B, por lo que hacía constar tal hecho queriendo que se entendiera así para todos los efectos legales y que no so oponía a que A y B inscribieran sus solares en el registro. Entablado recurso contra nota- del registrador denegando la inscripción del solar letra (6), se resolvió: que en-trañando el acta otorgada por D una renuncia de derechos por reconocimiento de una venta anterior, tal renuncia es bastante para que se verifique la ins-cripción pretendida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro G-ómez Lasarre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 3 de agosto de 1917 otorgada ante el notario Andrés Mena Latorre, los dueños de una finca de 652 metros 59 centímetros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad de Oaguas, segregaron de ella dos solares que reseñaron bajo las letras B y O y vendieron el solar B con una casa a Zoilo Figueroa y el otro solar a Ramón R. Roldan.

Por otra escritura pública de 13 de abril de 1919, otor-gada ante el mismo notario, manifestó Félix Pérez López haber comprado por escritura pública de 10 de febrero de 3918 la finca de 652 metros 59 centímetros cuadrados, de que antes liemos hecho referencia, y que si bien del docu-mento aparece que compró la totalidad de la finca lo cierto fue que adquirió la finca sin los solares B y C que habían sido segregados y vendidos con anterioridad a Zoilo Figueroa y a Ramón R. Roldán por. lo que como aclaración y ratifica-ción hacía constar ese hecho y quería que se entendiera así para todos sus efectos legales y que no se oponía a que los compradores de esos solares B y C los inscribieran a su nombre en el registro de la propiedad.

Presentadas esas dos escrituras en dicha oficina el regis-trador se negó a hacer la inscripción de compra de Figueroa del solar B fundándose en que la finca de la cual se se-grega se halla inscrita a favor de Félix Pérez López, persona distinta de los vendedores del solar (art. 20 de la Ley Hipotecaria) y porque si bien se presenta como documento complementario la escritura otorgada por Félix Pérez López con el fin de obviar el obstáculo proveniente del registro que impide la inscripción, como antes expresa, dicha escri-tura no es suficiente: (a) porque mientras subsista la ins-cripción tal cual está a favor de Pérez no es posible inscribir más transmisiones que las verificadas por éste, siendo evi-dente que la susodicha escritura llamada aclaratoria y rati-ficación no es un título traslativo del dominio del inmueble cuya inscripción se solicita (art. 2 supra); (b) porque los documentos públicos hacen prueba contra todos del hecho que motivó su otorgamiento y de la fecha de éste, pero no la hacen contra tercero de las declaraciones consignadas por los otorgantes, no pudiendo, por tanto, las consignadas en la mencionada escritura aclaratoria perjudicar los derechos de los terceros que en la misma se mencionan 16 D. P. R. 766; (c) porque una escritura de ratificación de venta debe ser otorgada por todos los interesados en la cosa vendida y en la escritura aclaratoria faltan todos los interesados y sobra el otorgante Pérez que no fué parte en la escritura ratifi-cada, o sea la que es objeto de la nota denegatoria (22 D. P. R. 171); y por último porque habiendo fijado la ley hi-potecaria en sus artículos 77 al 82, 254 al 264 y sus concor-dantes del reglamento el medio de extinguir las inscripcio-nes y de rectificar los errores cometidos en las mismas, ya: provengan del título o del registro, no es lícito a las partes prescindir de él para acudir a otro distinto como se hace en este caso, de una manera anómala, confusa y sin prece-dente legal alguno.

Contra la negativa de inscripción interpuso Zoilo Figueroa el presente recurso gubernativo.

Como se ve, la dificultad para la inscripción del solar comprado por. Figueroa ha surgido por haber presentado su título para inscripción después de estar inscrita a favor de Pérez la finca de 652 metros 59 centímetros cuadrados en su totalidad, por haberse hecho la descripción de la finca que compró sin tener en cuenta las segregaciones y enaje-naciones que de ella habían hecho las personas que la ven-dieron.

Aunque el artículo 20 de la Ley Hipotecaria dispone que para inscribir o anotar títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos rea-les deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la trans-misión o gravamen; y aunque en este caso la finca no se halla inscrita ahora a favor de las personas que hicieron la venta al recurrente del solar y casa que describieron con Ja-letra B en la escritura de 3 de agosto de 1917 que se trata de inscribir, sino a favor de persona distinta, sin embargo, como ese artículo tiene por objeto la protección de los de-rechos de las personas que tienen inscritos sus títulos o de-rechos reales en el registro, entendemos que la inscripción a favor de Félix Pérez López no es obstáculo para que se inscriba la mencionada escritura de venta de 3 de agosto de 1917, porque de la otra escritura de 13 de abril de 1919 otor-gada por el actual dueño del inmueble a quien perjudicaría la inscripción solicitada, aparece que consiente en que tal inscripción, se haga, renunciando, de ese modo el derecho que la ley quiso protegerle, escritura que si bien no es de tras-misión de derechos es no obstante inscribible de acuerdo con el No. 2º. del artículo 2 de la dicha ley, porque contiene la extinción del derecho de dominio sobre el mencionado solar y casa, otorgada por el que resulta ser dueño según el re-gistro.

Las manifestaciones de esa escritura no perjudican dere-chos de las terceras personas que en ella se mencionan, o sea de los anteriores dueños de la finca, porque éstas tras-mitieron tales derechos a Zoilo Figueroa por el contrato de yenta que con él celebraron sobre dicho solar y casa; y tam-poco es necesario su comparecencia en la escritura de 13 de abril de 1919, porque aunque se la califica como ratifica-ción de venta no es sino de renuncia de derechos por recono-cimiento de una venta anterior.

No es necesario tampoco que se sigan las reglas estable-cidas para extinguir .las inscripciones y rectificar los erro-res que en éstas se hayan cometido porque al hacer la ins-cripción a favor de Félix Pérez López de acuerdo con su título- no se cometió error .alguno que deba ser corregido; ni se trata de extinguir dicha inscripción sino solamente de inscribir un título anterior de venta mediante la renuncia extintivá del derecho inscrito en cuanto a la adquisición que había hecho el recurrente, por reconocerlo y aceptarlo el actual dueño de la finca y consentir en que se inscriba.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser re-vocada y oi’denarse la inscripción.

Revocada la nota, recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

, Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Reboira, Peticionario, v. Juez de la Corte de Distrito de Arecibo, Demandado.
    Recurso de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Arecibo, en un pleito sobre cobro de dinero.
    No. 267.
    Resuelto en diciembre 9, 1919.
    Comparecencia Voluntaria — Emplazamiento Innecesario — Rebeldía de los De-mandados. — Cuando presentada una demanda comparece un abogado formu-lando excepción previa que suscribe como abogado de los demandados, aun-que todos no hayan sido citados y emplazados, tal comparecencia voluntaria es equivalente a la diligencia de citación personal, según el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil; y si enmendada la demanda y entregada copia de ella a dicho abogado la parte demandada no hiciere alegación al-guna contra ella en el término legal, procederá la anotación de rebeldía.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario; Sres. Eduardo Marín y Luis Mercader.

    El demandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A petición de José Dolores Reboira libramos orden al Juez de Distrito de Arecibo para que nos remitiese los autos originales seguidos ante él por el peticionario contra la su-cesión de Caídos Dávila con el fin de examinar la resolución de que se queja el demandante y corregirla si a ello hubiere lugar.

De esos autos resulta que la demanda tiene por objeto cobrar cierta cantidad dé dinero de un préstamo con garan-tía de productos agrícolas que se alega debe la sucesión de Carlos Dávila, compuesta por los hijos y la viuda cuyos nombres se especifican en ella. Citados los demandados, me-nos dos, se personó en los autos el abogado don H. Miranda en nombre de la parte demandada alegando la excepción de que la demanda no aduce hechos suficientes determinantes de cansa de acción y firmó esa alegación como abogado de los demandados.

Antes de que esa excepción fuera disentida ante la corte la parte actora presentó demanda enmendada que notificó al abogado don H. Miranda y transcurridos algunos meses sin que se presentara por los demandados alegación alguna contra la demanda enmendada, el demandante pidió por es-crito al secretario de la corte que anotase la rebeldía de los demandados y registrase sentencia a su favor, limitándose el secretario a anotar la rebeldía en la siguiente forma: “Ar-chivado en mi oficina y anotada la rebeldía de los demanda-dos, sucesión de Carlos Dávila * *

Pocos días después de esa anotación, en 4 de septiembre de 1919, el demandante presentó escrito a la corte pidién-dole que el pleito en rebeldía fuera incluido en el calendario del día 8 para ser visto el viernes 12 de dicho mes, petición que negó la corte declarando no haber lugar a la anotación de la rebeldía ni a registrar sentencia porque el secretario hizo la anotación de rebeldía sin existir constancia alguna del emplazamiento o citación a los demandados de la de-manda enmendada y porque la anotación de rebeldía debe ser individual, por no ser una sucesión una persona jurídica. Contra esta resolución fué que se interpuso el auto de cer-tiorari que estamos considerando.

Por los términos en que el abogado Sr. Miranda hizo su comparecencia en los autos tenemos que tomar como base para resolver la materia de este recurso que hizo la compa-recencia en nombre de todos los demandados, aunque todos no fueron citados y emplazados Rowland v. Coney, 55 Cal. 1. La comparecencia voluntaria de los demandados es equi-valente a la diligencia de su citación personal y entrega de copia de la demanda, según declara el último párrafo del artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Tenía el demandante derecho a enmendar su demanda sin pedir permiso a la corte porque así lo reconoce clara-mente el artículo 139 del propio código al establecer que cualquiera alegación podrá enmendarse una vez por la parte que la haya presentado sin costas, en cualquier tiempo antes de presentarse la contestación o excepciones previas o des-pues de éstas y antes de juzgarse la cuestión de dereclio planteada por la alegación que lia de enmendarse, lo cual se liará presentando la enmendada y entregando copia de la misma a la parte contraria, quien tendrá diez días contados desde la entrega para contestar o formular, excepción pre-via contra la alegación enmendada.

De acuerdo con el precepto que acabamos de mencionar, no sólo tenía el demandante derecho para enmendar su de-manda, sino que, además, por haber comparecido en el pleito los demandados por medio de abogado le bastaba al deman-dante con entregar copia de la demanda enmendada al abo-gado de los demandados, sin necesidad de hacer nueva cita-ción y emplazamiento de ellos, pues según el artículo 323 del mismo código, un demandado comparece cuando contesta, opone excepción previa o notifica por escrito su compare-cencia al demandante, o cuando un abogado hace constar su comparecencia por dicho demandado; y después de la com-parecencia el demandado o su abogado tendrá derecho a que se le notifiquen todos los procedimientos subsiguientes cuando corresponda.

Como en este caso transcurrieron más de diez días desde que fue entregada al abogado de los demandados la copia de la demanda enmendada sin que los demandados hicieran alegación contra ella, era procedente la anotación de rebeldía.

En cuanto al otro fundamento de la resolución que exami-namos opinamos que, dados los términos en que está exten-dida la anotación de rebeldía hecha por el secretario de Ja corte, este funcionario no anotó la rebeldía dela sucesión de Carlos Dávila como persona jurídica, sino la de los de-mandados, pues las palabras “sucesión de Carlos Dávila’’ que puso a continuación solamente son una explicación in-necesaria de que ellos componen esa sucesión; y como al ano-tar la rebeldía de los demandados comprendía a todos los que fueron demandados, no era necesario que los mencio-nara individualmente.

Por las razones expuestas debemos anular la resolucióa que declaró no haber lugar a la inclusión del pleito en ol calendario do asuntos en rebeldía.

Anulada la resolución de la corte inferior de-clarando no haber lugar a. la inclusión del pleito en el calendario de asumios en rebel-día.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matienzo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Sa,n Juan, Sección Segunda, en causa sobre infracción a la Ley de Automóviles.
    No. 1437.
    Resuelto en diciembre 9, 1919.
    Automóviles — Infracción de la Ley.— Denuncia Insuficiente. — Es insufi-ciente una denuncia fundada en la sección 12 de la Ley No. 75, aprobada en abril 13 de 1916, cuando en ella no se imputa al acusado la violación de al-guna o algunas de las disposiciones concreta? contenidas en dicha seeción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado -del apelante: Sr. L. Sánchez Vaamonde.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado por infracción del artículo 12a de la Ley No. 75 de 1916 sobre automóviles, porque en 23 de diciembre del año 1918, como a la 1 P. M., y en el barrio de San Antón del distrito judicial municipal de Carolina, ilegal, maliciosa y voluntariamente guiaba el automóvil No. 2286 sin ejercer el debido cuidado y sin tomar las precau-ciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, chocando con el automóvil P356 de la propiedad del denunciante, al que causó varios desperfectos y roturas.

No se ha presentado por el apelante alegato alguno para sostener el recurso y el fiscal solicita la revocación de la sentencia apelada por insuficiencia de la denuncia en la que no se especifica- la infracción legal realizada.

La cuestión levantada por el fiscal ha sido considerada anteriormente por esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Borque, 25 D. P. R. 595, El Pueblo v. Rivera, 26 D. P. R. 439 y El Pueblo v. Salgado, decidido últimamente en 21 de noviembre próximo pasado, (pág. 881), habiendo-llegado a la conclusión en que se funda el fiscal para solicitar la revocación de la sentencia apelada.

Ratificando la jurisprudencia contenida en dichas decisio-nes es de revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado, con las costas de oficio.

Revocada, la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Benítez, Demandante y Apelante, v. Portela et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre injunction.

    No. 2038.
    Resuelto en diciembre 9, 1919.
    Injunction — Jurisdicción—Suspensión de Procedimientos Judiciales. — Sola-mente tiene jurisdicción para expedir un auto de injunction suspendiendo la ejecución de una sentencia o decreto judicial, la misma corte que estuviera conociendo del procedimiento que se trata de suspender.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Gonzalez.

    Abogados del apelado: Sr. José Martinez Dávila y Luis Llorens Torres.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 4 de marzo de 1919 el demandante apelante José J. Benítez radicó en la Corte de Distrito de Humacao una de-manda de injunction contra los demandados apelados Manuel Pórtela, José A. Díaz y Bafael Mas,- marshal de aquella corte, alegando los siguientes hechos que son los esenciales y pertinentes a la decisión de la cuestión legal envuelta en el recurso:

Que por escritura pública de 12 de junio de 1918. el marshal de la Corte -de Distrito de Humacao, Bafael Mas, en representación do Enriqueta Longpré, condueña de la es-tancia “Piedra Hueca,” que se describe, radicada en el tér-mino municipal de Yieques, vendió al demandado José A. Díaz la participación indivisa que a aquélla corrost>on-’ía en la finca descrita, por precio alzado de $5,550.

Que el demandante como condueño de la expresada es-tancia radicó en 20 de junio de 1918 en la Corte de Distrito de Humacao demanda de retracto legal contra José A. Díaz, consignando el precio de la venta y el importe de los gastos del contrato para subrogarse en lugar del comprador José A. Díaz, y habiéndose celebrado el correspondiente juicio en 20 de enero de 1919 se encuentra pendiente de fallo.

Que en 3 de septiembre de 1918 el demandante José J. Benítez radicó en la Corte de Distrito de Humacao una de-manda contra José A. Díaz en cobro de la suma d« *2.500 con costas, desembolsos y honorarios de abogado, y el marshal de dicha corte, cumpliendo orden de la misma ember-,ó en 6 de septiembre de 1918 para aseguramiento de la s'”i+'"'"ia los $5,550 consignados en el pleito de retracto, encontrán-dose aquella acción en cobro de dólares pendiente de la ce-lebración del juicio.

Que en 18 de septiembre de 1918 el marshal de la Corte de Distrito de Humacao, en cumplimiento de una orden de la Corte de Distrito de San Juan, librada en pleito de Ma,nuel Pórtela contra José A. Díaz en cobro de dinero, em-bargó como de la propiedad de éste la participación indivisa en la finca “Piedra Hueca” a que se refiere el pleito de re-tracto, habiendo señalado el marshal de la corte de Hnma-eao el día 4 de marzo de 1919 para la venta en pública su-basta de la participación embargada.

Que si se verifica la subasta ordenada tendría el deman-dante qne establecer diversos procedimientos contra la persona que adquiriera la participación indivisa de que se trata, :a fin de que resultara eficaz la sentencia que recayera en ■el pleito de retracto, lo cual le irrogaría perjuicios que no podrían estimarse fácilmente, aparte de que cualquier com-pensación no habría de proporcionarle remedio adecuado pues con la venta se violaría un derecho que tiene el demandante a adquirir la participación en la finca “Piedra Hueca” que •compró J. A. Díaz.

Que la acción de Manuel Pórtela contra José A. Díaz en cobro de dinero, es simulada y el resultado de una colusión entre ambos con el propósito de entorpecer las dos acciones que sigue José J. Benítez contra José A. Díaz, pero que aun en el supuesto de que la deuda reclamada por Pórtela a Díaz fuera legitima, .Pórtela podría cobrarla por tener Díaz bienes suficientes para hacerla efectiva; y que el demandante carece de todo remedio en ley adecuado, rápido y eficaz para evitar las actuaciones de los demandados, pues 'cualquier ac-ción oue .interpusiera no le proporcionaría la restauración de sus derechos.

La demanda concluye con la suplica de que se dicte sen-tencia ordenando que los demandados se abstengan de con-tinuar cualquier procedimiento para llevar a efecto la venta de la participación de la finca “Piedra Hueca” hasta que terminen definitivamente los dos pleitos que sigue José J. Benítez contra José A. Díaz sobre retracto y cobro de dinero.

Los demandados Manuel Pórtela y José A. Díaz, bajo distinta dirección profesional, contestaron la demanda y am-bos opusieron a ella las excepciones previas de que no aduce hechos bastantes para determinar la causa de acción que se ejercita y que la corte no tiene jurisdicción para expedir el injunction solicitado.

La corte, por sentencia de 9 de mayo de 1919, declaró con lugar la excepción previa de falta de jurisdicción, y en su consecuencia desestimó la solicitud de injunction, anu-lando la orden de entredicho dictada en 4 de marzo de 1919, sin perjuicio de que el demandante establezca si conviene a su derecho el procedimiento de injunction ante la misma corte que dictó la sentencia cuya ejecución se trata de suspender, con las costas a cargo del demandante, cuya senten-cia ha sido apelada por el demandante para ante esta Corte Suprema.

La cuestión levantada sobre falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de Humacao para expedir el injunction solicitado no es nueva y antes de ahora ha sido considerada y resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Sucn. Iglesias v. Bolívar, 11 D. P. R. 571. Entonces dijimos que con arreglo a la jurisprudencia de California era necesario en-tablar los procedimientos de injunction en la corte que dic-tara la sentencia o decreto cuya ejecución se tratara de suspender o en la corte en que se siguieran dichos procedi-mientos; y para sostener esa doctrina nos referimos a los casos de Crowley v. Davis, 37 Cal. 268; Hockstacker v. Levy, 11 Cal. 76; Uhlfelder v. Levy, 9 Cal. 615; Gorham v. Toomey, 9 Cal. 77; Chipman v. Hibbard, 8 Cal. 270; Rickett v. Johnson, 8 Cal. 35; y Revalk v. Kraemer, 8 Cal. 71. Y el fin de dicha regla, como dijo el Juez Sr. Sprague en el caso de Crowley v. Dams, no ha sido precisamente proteger los de-rechos de las partes sino más bien proteger los derechos de las cortes de igual categoría, • para evitar conflicto de ju-risdicción, demora y la confusión en la administración de justicia.

Y antes de resolver el caso de Sucn. Iglesias v. Bolívar, supra, en otro caso anterior de The Bonnie Fruit Co. v. Dávila et al., 7 D. P. R. 442, dejamos establecido que una soli-citud en que se pide un mandamiento de injunction para suspender un procedimiento es un incidente o procedimiento colateral de la demanda principal, y es regla de procedí-.miento que el que conoce de lo principal debe conocer de lo accidental o accesorio.

Como la demanda de injunction se presentó en la Corte de Distrito de Humacao para suspender procedimientos or-denados por la Corte de Distrito de San Juan en pleito se-guido por Manuel Pórtela contra José A. Díaz en cobro- de dinero, de cuyo pleito era un incidente la demanda de injunction, entendemos que la Corte de Distrito de Humacao pro-cedió con razón derecha al denegar el injunction solicitado por falta de jurisdicción.

Es de confirmase la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no toma-ron parte en la resolución de este caso.


text:
    Mangual, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una declaración de dominio.
    No. 445.
    Resuelto en diciembre 15, 1919.
    Expediente de Dominio — Estado Civil del Promovente al Verificar la Adqui--sición — Inscripción.—No es defecto que impida la inscripción en el registro de la propiedad, de una sentencia declaratoria de dominio, la falta de expre-sión del estado civil del promovente al verificarse la adquisición del inmueble pues dicha falta constituye solamente un defecto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    ■ El registrador recurrido, Sr. Pedro Grómez Lasserre, com-pareció por escrito.'
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Hnmaeao Demetrio Mangual Jiménez casado con Benita Yérgara promovió expediente para justificar el dominio de una finca con cabida de treinta y seis cuerdas 50 centavos, situada en el barrio “Turabo” del término municipal de Caguas. La expresada corte de-claró justificado el dominio de la finca por resolución de 23 de abril de 1918, ordenando su inscripción en el Registro de la Propiedad de Caguas a favor de Demetrio Mangual Jiménez y el registrador denegó la inscripción en cuatro de noviembre del corriente año por el fundamento de no apa-recer consignado en la resolución ni haberse acreditado me-diante prueba procedente en derecho el estado civil que te-nía Mangual Jiménez cuando adquirió la finca.

La anterior calificación ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema.

La resolución de la Corte de Distrito de Humacao mues-tra que Demetrio Mangual Jiménez estaba casado con Benita Vergara en la fecha en que promovió el expediente de do-minio y que adquirió por título de compra las distintas par-celas de terreno que integran dicha finca, sin que se exprese ciertamente cuál fuera su estado en las distintas fecha en que hizo las adquisiciones.

La cuestión legal envuelta en el recurso ha sido ya ante-riormente considerada y decidida por esta Corte Suprema, la que al resolver el caso de Ramos v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, 16, D. P. R. 60, resolvió que era inscribible una sentencia en la que no cons-taba cuál fuera el estado del promovente en la fecha de la adquisición de la finca, y en caso posterior de Vega contra el Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 799, reprodujo igual resolución.

No es, pues, defecto que impida la inscripción en el re-gistro de una sentencia declaratoria de dominio la falta-de expresión del estado civil del promovente al verificar su ad-quisición; pero esa falta constituye un defecto subsanable como así lo resolvió esta corte en el caso de Rivera contra el Registrador de la Propiedad de Guayama, 26 D. P. R. 625.

Es de revocarse la nota recurrida ordenándose la ins-cripción denegada aunque con el defecto subsanable de ño constar el estado civil de Demetrio Mangual Jiménez en la fecha .en que adquirió la finca.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción con él defecto subsanable de no ■ constar el estado civil del promovente en la . fecha de la adquisición.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Astacio, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1427.
    Resuelto en diciembre 15, 1919.
    APRECIACIÓN de Prueba — Conplicto de Prueba. — Si existe conflicto en la prueba, aunque éste afecte las declaraciones del testigo principal y de un perito mé-dieo, ambos testigos del gobierno, es aplicable la regla general de que no se irá en apelación contra la apreciación que de la prueba baya hecho la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Ruis- de Valí.

    Abogado del apelado: JSr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Atilano Astacio fue acusado de un delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes por haber acometido a Sinforoso Figueroa con un machete, que es un arma mortífera, produciéndole heridas. La apelación gira sobre cuestiones de hecho, sosteniendo el apelante que Sinfo-roso Figueroa fue el agresor y que el apelante actuó única-mente en defensa propia.

A la verdad que el testigo principal del gobierno, y que aparentemente es indispensable, es el denunciante, quien hace una manifestación que está .en abierta contradicción con la del perito médico. Sinforoso Figueroa, quien dice que es ambidiestro, en la lucha que surgió entre los dos •hombres, en la cual ambos portaban machetes, dejó caer su arma al suelo, habiendo sido herido ya en su brazo izquierdo en la misma contienda. Este testigo manifestó a la corte que cogió el machete con su mano herida y siguió defendién-dose con el mismo. Dice el perito que la mano estaba en tal condición que hubiera sido imposible para el denunciante poder usarla. De igual modo el propio testigo manifestó que él solamente dió dos machetazos y la prueba demuestra un número mayor inflijido sobre el apelante. Hubo otras contradicciones aparentes entre el perito y el testigo denun-ciante que han sido analizadas por el apelante para mostrar que el denunciante declaraba falsamente y por tanto que los autos muestran un caso de defensa propia por parte del apelante.

Sin embargo, la corte sentenciadora tiene el derecho y obligación de aquilatar el conflicto de la prueba aun cuando exista un conflicto entre un perito y un testigo ocular y también, como ocurre en el presente caso, que ambos son testigos del gobierno. A falta de un claro convencimiento de que la corte creyó que la mano o muñeca del denunciante quedó inmediatamente inutilizada, no podemos aceptar ese hecho como establecido. La corte tenía derecho a creer que el doctor en parte había sufrido una equivocación. El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 346. Un doctor declara solamente teniendo en cuenta el examen que hace después de ocurrido el hecho.

Prescindiendo de todo esto, el denunciante pudo haber estado haciendo manifestaciones equivocadas o, para prote-jerse él mismo, declarar falsamente en parte. Pero aun así la corte tenía el derecho a creer, en vista de sus manifesta-ciones en unión de la otra prueba, que el acusado fue el agre-sor o que, no siéndolo, empleó más fuerza de la necesaria para defenderse. No existe prueba, con excepción de la suya propia, que demuestre que tenía tal motivo para abri-gar razonables temores respecto al otro hombre, que se vió obligado en defensa propia a inflijir todas las heridas que resultan de la prueba.

La prueba justifica además la teoría de una lucha entre ambos en la cual los dos hombres entraron voluntariamente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Oaguas, denegando la inscripción de un expediente de dominio.
    No. 419.
    Resuelto en diciembre 15, 1919.
    Agrupación de Fincas — Bienes Privativos — Bienes Gananciales. — De acuerdo con los términos del artículo 61 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, no es inscribible una declaración de dominio que ordéna la ins-cripción a favor del promovente, de una finca formada por agrupación de dos parcelas de las cuales una era .privativamente suya y la otra pertenecía a la sociedad de gananciales, por ser bienes de distinta naturaleza jurídica que no pueden agruparse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: 8r. V. Polanco.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce Ramón Torres Ortiz, casado con Adelfa Verdesía, promovió expediente para jus-tificar el dominio de una finca con cabida de 201 cuerdas ra-dicada en el barrio de Cacaos, término municipal de Barros. La expresada corte declaró justificado el dominio de la finca a favor de Ramón Torres Ortiz por resolución de 28 de marzo de 1919, ordenando su inscripción en el registro de la propie-dad del partido; y el Registrador de Oaguas denegó la ins-cripción en 11 de abril siguiente por el fundamento de que la finca fue adquirida por Ramón Torres Ortiz, parte por título de compra durante su matrimonio con Adelfa Verde-sía y parte por herencia de sus padres Máximo Torres y Soledad Ortiz, habiéndose agrupado bienes de distinta na-turaleza jurídica, a saber gananciales pertenecientes a la-sociedad ' conyugal, y privativos de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges.

La anterior calificación ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema.

La resolución de la Corte de Distrito de Ponce muestra que de las 201 cuerdas que forman la finca de que se trata, 35 fueron heredadas por Ramón Torres Ortiz de sus padres Máximo Torres y Soledad Ortiz y adquiridas las res-tantes por título de compraventa durante la sociedad de ga-nanciales de los esposos Ramón Torres Ortiz y Adelfa Ver-desía.

Siendo ello así es de aplicación al caso el artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, según el cual para que puedan inscribirse en el registro bajo un sólo número y como una sola varias fincas, es requisito ne-cesario que éstas pertenezcan a un mismo dueño o a varios proindiviso, o lo que es lo mismo que cada una de las dis-tintas personas que tratan de agrupar los inmuebles ha de tener condominio en cada una de las fincas que deban reu-nirse. Durán et al. v. El Registrador, 20 D. P. R. 148.

Alega el abogado de la parte recurrente que no se trata de agrupar si no de inscribir una finca. Pero semejante ra-zón es inadmisible en un caso como el presente en que eier-tamente se trata de inscribir nna finca pero nna finca en la que se agrupan varias que tienen distinta naturaleza jurí-dica.

Si se verificara la inscripción denegada no llenaría los fines que la ley persigue en beneficio de tercero, pues aun-que en ella se expresara la procedencia de las distintas cuer-das de terreno que integran la finca no sería posible conocer y precisar cuáles de ellas pertenecen a la sociedad conyugal y cuáles al marido. Además de nuestra decisión supra véanse las posteriores de P. R. Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 20 D. P. R. 398 y Muñoz v. El Registrador de Caguas, 25 D. P. R. 842.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida..

Jueces concurrentes: Asociados Sres. Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Vilá, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Eeourso gubernativo interpuesto contra nota del Eegistra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, dene-gando la inscripción de una escritura de agrupación y compraventa.
    No. 429.
    Resuelto en diciembre 15, 1919.
    Agrupación de Fincas Rústicas — Bienes Privativos — Bienes Gananciales.^ Si bien es verdad que no procede inscribir la agrupación de dos fincas rús-ticas colindantes que pertenecen una privativamente a uno de los cónyuges y otra en parte a éste y en parte a la sociedad conyugal, esto no impide qm? vendidas las dos fincas a un solo comprador, si éste así lo decide y solicita,' se inscriban ambas a su favor agrupadas en una.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José G. Torres.

    El registrador recurrido .compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de noviembre de 1912 comparecieron ante notario Juan Sanjurjo y sn esposa Felipa Mojica, de nna parte, y Rodolfo Yilá, el recurrente, de otra, y otorgaron una escri-tura pública de la que aparece lo siguiente: Sanjurjo heredó <Ie su padre una finca de treinta y cinco cuerdas. De ellas segregó y vendió diez a David Carrión, quedándole veinte y cinco. De esas veinte y cinco segregó y vendió veinte al propio compareciente Rodolfo Vilá, con anterioridad al otor-gamiento de la escritura, quedándole cinco. Además San-jurjo era dueño de trece cuerdas y 33 céntimos de terreno que adquirió la mitad por herencia de su padre y la otra mitad por compra a su hermano. De ésta última finca ven-dió a Tomás Sanjurjo nueve cuerdas y treinta y tres cén-timos, quedándole un remanente de cuatro cuerdas. Ex-puestos estos antecedentes, el compareciente Juan Sanjurjo manifestó que era su voluntad agrupar en una finca lo que le restaba de las dos a que se había referido, por colindar entre sí. Y entonces Sanjurjo y su esposa vendieron la finca así agrupada al otro compareciente Vilá, y éste no se limitó a comprar sino que consignando en la misma escritura el hecho de que la finca de nueve cuerdas que compraba colin-daba con la de veinte que había comprado con anterioridad, resolvió agruparlas, a fin de que se inscribieran como una sola en el registro.

Presentada la escritura para su inscripción, el registra-dor, el 7 de julio último, se negó a hacerlo porque la agrupa-ción de las fincas de cinco y cuatro cuerdas hecha por San-jurjo para formar la de nueve, no podía verificarse de acuerdo con la ley, ya que una finca era un bien privativo y la mi-tad de la otra era ganancial. El comprador interpuso en-tonces el presente recurso gubernativo.

Si se tratara simplemente de inscribir la primera agru-pación, estaríamos conformes con el criterio del registrador. Véase el artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y los casos de Muñoz v. Registrador de Caguas, 25 D. P. R. 842 y Berríos v. Registrador de Caguas, decidido el 4 de diciembre actual.

Pero como lo que en verdad se trata de inscribir es la compra efectuada por Vilá a los esposos Sanjurjo y como el registrador no lia puesto reparo alguno a ese contrato, no es justo que se detenga la inscripción del mismo porque algo que en él se consigna, que no es esencial a la compra-venta, es incorrecto. Agrupadas o no, las fincas fueron ven-didas. Si la agrupación es nula, dése por tal, y sígase ade-lante, con el espíritu de facilitar las transacciones entre los hombres. Adquiridas ya las fincas por el comprador, agru-padas o no, tenemos el solo dueño que requiere el precepto re-glamentario. Y ese solo dueño manifiesta también su vo-luntad de agrupar todo lo qu,e había adquirido así por la escritura como por otro contrato anterior, ya que se trataba de terrenos colindantes. Y nada legal se opone a su deseo. Es el dueño único de tierras colindantes y puede, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, en vez de inscribirlas separa-damente, agruparlas y obtener que así agrupadas se inscri-ban en el registro. Debe, en tal virtud, revocarse la nota recurrida y obtenerse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: conforme con la sentencia y con la opinión con excepción de su penúltimo párrafo.


text:
    Goitía, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra negativa del Regis-trador de la Propieded de Caguas a inscribir una escri-tura de compraventa.
    No. 431.
    Resuelto en diciembre 16, 1919.
    Pe Notarial en Cuanto al Contenido de la Escritura — Nulidad de Escri-tura — Inscripción.—No estimando la Ley Notarial como causa de nulidad de una escritura pública el dejar de consignar el notario que da fe o certi-fica 'del contenido de todo el documento, no .puede sostenerse que no es inscri-bible una escritura que si bien carece do tal requisito, aparece que lia sido signada, firmada e incorporada al protocolo del notario autorizante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente, como parte interesada y persona a quien afectaba la negativa del registrador, solicita la revocación de dos calificaciones del Registrador de la Propiedad de Caguas. En la primera de estas calificaciones se sostenía, que el no-tario autorizante de la escritura debía de cumplir con cier-tas formalidades o de dar fe sobre algunos particulares que se mencionan en varias cláusulas de la escritura en cuestión.

La nota del registrador para su primer- calificación es como sigue:

“Denegada la inscripción del documento que precede, que es la escritura No. 172, pasada en está ciudad el 17 de septiembre de 1910 ante el notario Rafael ’Arce Rollet, y extendida en su lugar anotación preventiva durante 120 días a favor de Juana Torres al folio 250 del Tomo 28 de Caguas, finca No. 1421, anotación letra ‘b’; por la razón siguiente: .Porque el notario autorizante de la misma no da fe de haberla leído a los otorgantes y a los testigos ins-trumentales o de haber permitido que la leyesen a su elección antes de que la firmasen y de advertir a unos y a otros que tenían el dere-cho de leerla por sí; ni dando tampoco fe dicho notario de los ac-tos, pactos y condiciones del contrato a que el ameritado documento se contrae, y ni aun siquiera ha consignado al final de éste que cer-tífica de todo lo contenido en el mismo para qne tal expresión se entienda aplicada a todas las palabras, actos, estipulaciones, mani-festaciones y condiciones reales o personales contenidos en el pre-dicho instrumento con arreglo a las leyes, uno de cuyos actos es la firma del mismo por los otorgantes y testigos ante el notario que lo autoriza. Y siendo esto así y no habiendo llenado el notario dicha formalidad, las firmas de los otorgantes y testigos que aparecen al pie del mencionado instrumento carecen de eficacia alguna legal, están como si no hubieran sido puestas y por ende la falta de dichas firmas lo vicia de nulidad. Secciones 1a., 9, 17 y 20 de la Ley Notarial, artículos 3, 18 y'22 de la Ley Hipotecaria; artículos 1184, 1185, 1191 del Código Civil; 11 D. P. R. 594; 23 D. P. R. 222. Se hace constar el defecto subsanable de no expresarse la medida superficial del solar.”

La escritura, entre otras cosas, expresa lo siguiente:

“Así lo dicen y otorgan por ante los testigos vecinos de esta lo-calidad y sin excepción legal” (citándose los nombres de dichos testigos).
“Leída que les fué esta escritura, porque renunciaron al adver-tírseles el derecho que tenían de hacerlo por sí, se ratificaron y firman.”
“Doy fe de conocer a los otorgantes. Y respecto de la edad, es-tado, profesión y vecindad de los mismos, doy también fe de acuerdo con sus manifestaciones.”

La escritura original está firmada por todas las partes y testigos y está signada y firmada por el notario que la autoriza, haciéndose constar que hay un sello de rentas in-ternas de un dollar. Copia de esta escritura también fué extendida por el notario bajo su signo, firma y sello, ha-ciendo constar que es copia conforme con el original de su contenido obrante • en el protocolo original.

Sostiene el recurrente que el único particular omitido en la escritura es el no haberse hecho constar que el notario certifica o da fe del contenido de dicha escritura. Creemos, para mayor claridad, que hubiera sido mejor si el notario hubiese certificado en esa forma, pero el decir que una • es-critura en la cual simplemente se omite tal fórmula no puede ser inscrita realmente es ir demasiado lejos. La escritura que nos ocupa está signada y firmada por el notario y lle-vada a su protocolo con la misma solemnidad. En cuanto a este particular las partes lian demostrado liaber cumplido con la ley y se les advirtió por el notario respecto a sus de-rechos y los testigos requeridos por la ley firmaron en de-bida forma. Si bien es cierto que la Ley Notarial prescribe que el notario dará fe del contenido de una escritura, sos-tenemos, sin embargo, que dicho funcionario llena los fines de la referida ley cuando signa y firma la escritura y la lleva a su protocolo. Es mejor, como hemos sugerido, que el notario al final del documento certifique o dé fe de todo lo contenido en el mismo, pero su omisión no anula la es-critura si aparece, de modo claro, el acto e intención de cumplir con las solemnidades y otorgar un documento pú-blico. La Ley Notarial prescribe que la omisión de las fir-mas de los otorgantes, testigos, y otros particulares produ-cirán la nulidad de la escritura, pero nó declara igual nulidad por haber dejado de consignar el notario que da fe o certifica del contenido de todo el documento.

El artículo 3 de la Ley Hipotecaria dispone que para que puedan ser inscritos los títulos, deberán, entre otros mo-dos, estar consignados en escritura pública, y ningún pro-fesional ni particular dudaría de que el documento sometido a nuestra consideración por virtud del cual se trasfiere el título es una escritura pública. No tenemos duda alguna de que la escritura de este caso cumple suficientemente con la Ley Notarial y que es un documento público de acuerdo con los artículos 1184 y siguientes del Código Civil y 45 y siguientes de la Ley de Evidencia, y reunía por tanto los re-quisitos necesarios para su inscripción.

La segunda calificación envuelve la negativa a inscribir una escritura otorgada por el comprador a favor de un ter-cero basada en el primer documento. Una vez inscrito el primer documento la objeción de falta de título inscrito en el vendedor desaparece y la segunda escritura reúne las con-¿liciones legales para ser inscrita con los defectos snbsana-bles que no lian sido objeto de esta apelación.

Las dos calificaciones deben ser revocadas y verificadas las inscripciones.

Revocadas las notas recurridas ordenándose la inscripción con los defectos subsanables apuntados por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hntcbison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Soto, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por alterar la paz.
    No. 1431.
    Resuelto en diciembre 16, 1919.
    Alteración de la Paz — Prueba Insuficiente. — Cuando la denuncia imputa una alteración de la paz de una persona o personas determinadas, si de la prueba no aparece que tales personas estaban presentes al realizarse los hechos que dieron origen a la denuncia, comete error la corte al declarar culpable de alteración de la paz al acusado aun cuando los actos realizados por él y no imputados en la denuncia constituyesen el delito de alterar la paz.
    Id. — Evidencia Inadmisible. — Cuando no se ha imputado al acusado el delito de haber pronunciado frases obscenas o lenguaje indecoroso o .grosero al alcance del oído de mujeres y niños, comete error la corte que permite , el preguntar a los testigos si estaban presentes mujeies y niños en el sitio de los sucesos.
    Los hechos están expresadlos en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Buenaventura Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia formulada en este caso imputaba a Simeón Soto la comisión de un delito de alterar la paz pública por-que desde una tribuna pública y en presencia del público que le escuchaba, amenazó a Valentín Núñez, alias Pinche, o a sus familiares que pudieran estar presentes, tratándolo de sin vergüenza, que es nn epíteto ofensivo y vulgar, ver-tiendo amenazas de atentado a la vida contra el citado Pin-che y las personas que se decidiesen a trabajar en contra de los principios de la huelga qne el orador trataba de sus-tentar.

No aparece de la prueba que Núñez estuviera presente. En verdad, lo contrario puede inferirse fácilmente. Dedu-cimos de la prueba que ni Núñez ni ningún otro rompe-huelga estaba presente, y, por tanto, que no fué alterada la paz de ningaino de ellos. Tal vez el público estuvo perturbado. Hubo alguna incitación-a violar la ley en la forma de las palabras. Sin embargo, cualquiera que fuera la interpre-tación lógica que diéramos a la denuncia, si algo significaba, en ella se alegaba una alteración de la paz 4© Valentín Nú-ñez o sus familiares y no existe absolutamente ninguna prueba de tal alteración de la paz. El haber declarado culpable al acusado del cargo que le imputó la denuncia consti-tuyó un error.

También se cometió error al permitirse preguntar a los testigos si allí estaban presentes mujeres y niños, pues al acusado no se le imputó el delito de haber pronunciado fra-ses obcenas o lenguaje grosero e indecoroso al alcance del oído de mujeres y niños, que es el delito especial previsto •en el artículo 368 del Código Penal.

Además, no parece que la misma policía creyera que en realidad de verdad él había cometido un delito, puesto que ellos lo toleraron después de interrumpirle y únicamente le advirtieron que no continuara. Parece que se pensó en el arresto después de lo ocurrido. No hubo nada que demues-tre que el lenguaje usado produjo realmente una alteración de la paz, aunque hubiera podido interpretarse en tal sentido non una denuncia algo diferente y quizás con ligeros hechos adicionales.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    Carballo, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Recurso de certiorari contra el Hon. Jesús Ma. Bossy, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito de divorcio.
    No. 264.
    Resuelto en diciembre 16, 1919.
    Divorcio — Costas y Honorarios de Abogado de i,a Esposa — -Litis Expensas.— Siendo obligación del esposo el suministrar litis expensas a su esposa cuando la ha demandado en divorcio, no es errónea una orden dictada por la corte a petición de la demandada decretando la suspensión de todo procedimiento en el pleito hasta tanto el demandante depositara en la secretaría la suma de $75 para pago de costas y honorarios del abogado de la demandada.
    Señalamiento de Vista de una Moción sobre Litis .Expensas — -Error que no Causa Daños Irreparables. — Si bien teniendo en cuenta el artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil, constituye error de procedimiento por parte de la corte el resolver una moción de litis expensas sin oir a la parte contra-ria, como ese error no ha causado perjuicios irreparables al peticionario, no es de corregirse mediante recurso de certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Adrián Agosto.

    El juez demandado no compareció.
    El abogado Antonio Trujillo compareció a la vista representando a la demandada en el pleito de divorcio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Están sometidos a nuestra revisión los autos del caso de divorcio seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Segunda, entre José Carballo y María Martínez, ele-vados originales a esta Corte Suprema en virtud de recurso de certiorari interpuesto por el demandante contra el juez de dicha corte, Hon. Jesús María Rossy, para que se anule ia resolución que dictó en 7 de agosto del corriente año so-bre moción de litis expensas presentada por la demandada.

El auto de certiorari fue librado en 10 de noviembre pró-ximo pasado.

De los autos originales resulta que' el demandante pre-sentó demanda de divorcio contra la demandada por trato cruel e injurias graves en marzo 7, 1919; que la demandada contestó la demanda negando general y específicamente todosy cada uno de los liechos de la misma; que en 7 de agosto-de 1919 la demandada presentó moción notificada el día anterior al demandante, para que la corte le ordenara deposi-tara dentro del término de 10 días las costas de la acción y una cantidad razonable para lionorarios de abogados; que esa moción fue resuelta por orden del mismo día 7 de agosto decretando la suspensión de todo procedimiento en el caso hasta tanto .el demandante depositara en la secretaría de la corte la suma de $75 en concepto de litis expensas; que de la anterior .resolución solicitó reconsideración el demandante por haber sido dictada sin audiencia suya y sin práctica de pruebas, por haberse seguido un procedimiento. en contra de la ley y por no aparecer de la demanda ni de la contestación, ni de la moción de litis expensas que haya bienes de la so-ciedad de gananciales existente aun entre las partes deman-dante y demandada; y que la corte declaró sin lugar la mo-ción de reconsideración por. orden de 30 de septiembre, de-jando subsistente la orden que había dictado en 7 de agosto anterior.

La orden de 7 de agosto de 1919 a que se contrae el pre-sente recurso envuelve en su esencia un señalamiento de $75 que el demandante debe consignar en concepto de litis ex-pensas para la defensa de la demandada en el pleito de divorcio contra ella iniciado, y tal orden está autorizada por el artículo 168 del Código Civil, preceptivo de que si la mu-jer no contase con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste.

Los honorarios de abogado en el pleito, como ya dijimos al resolver el caso de Wolkers v. Masson, 26 D. P. R. 188, son parte de la manutención de la mujer o cuando menos muy similares a la manutención. 14 Cyc. 751. No puede negarse en principio la obligación del esposo a suministrar litis ex-pensas a la esposa en pleito de divorcio iniciado contra ella,, y la mera existencia del pleito es causa bastante para tal medida. La cuantía del señalamiento está sujeta a la dis-creción judicial.

Ciertamente que en el presente caso se cometió error de procedimiento con infracción del artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil dejando de oir la moción en día opor-tuno, pero ese error, en un caso como el presente, no ha cau-sado perjuicios irreparables al demandante, pues la resolu-ción de 7 de agosto puede ser enmendada por el tribunal si así lo exigieren las circunstancias del caso mediante moción en que alegue cuanto a su derecho incumba y cuanto hubiera podido alegar al discutirse la moción para señalamiento de litis expensas.

Cuando el auto de certiorari se usa para corregir los pro-cedimientos de una corte inferior, no es de procedencia obligatoria (writ of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una causa especial para ello, y la corte está investida de discreción judicial en cada caso. Marrero v. Bryan, Juez Municipal, 26 D. P. R. 430.

Atendidas las circunstancias del caso, es de anularse el auto de certiorari expedido, devolviéndose a la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección ■ Segunda, el pleito original ele-vado, a los fines procedentes.

Anulado el auto de certiorari expedido y de-vueltos los autos originales.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y HutcMsou no toma-ron parte en la resolución de este caso.


text:
    Cabassa, Demandante y Apelante, v. Bravo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre privación de patria potestad.
    No. 1997.
    Resuelto en diciembre 16, 1919.
    Patria Potestad — Ejemplos Corruptores — Custodia de los Hijos. — -El hecho de que después de divorciada la esposa bajo cuya patria potestad fueron confia-dos los hijos contrajera segundo matrimonio antes de los 301 días después del divorcio con un primo hermano, así como el hecho de que poco tiempo después de anulado este segundo matrimonio contrajera terceras nupcias con un hombre de color y de condición social inferior a ella, no pueden estimarse causas legales bastantes, de acuerdo con el artículo 236 del Código Civil, para privarla o suspenderla en el ejercicio de la patria potestad.
    Id. — Los ejemplos corruptores a que alude el artículo 236 del Código Civil revi-sado son los que los padres puedan dar a sus hijos por su actual vida licen-ciosa o por actuales actos de reconocida inmoralidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. F. Castro.

    Abogado del apelado: \8r. A. Nasario Lugo.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito de divorcio seguido por Eosaura Cabassa y Hernández contra su esposo Alfredo Bravo y González, la Corte de Distrito de Mayagüez pronunció sentencia en 27 de marzo de 1914 que quedó firme en julio 18 del mismo año, por la que declaró con lugar la demanda de la demandante y sin lugar la contra-demanda establecida por el demandado, disponiendo además, de acuerdo con el artículo 175 del Código Civil Bevisado, que los hijos de ambos cónyuges me-nores de edad quedaran bajo el cuidado y patria potestad de la madre.

Esos hijos eran seis, nombrados Santos Josefina, Carlos Alfredo, Santos, Leopoldo Guillermo, Elva y Eosaura, los cuales todos con excepción de la llamada Elva que está con la madre, permanecieron en la compañía de su padre.

En el pleito de divorcio indicado, el demandado Alfredo Bravo presentó moción a la corte en el año de 1918, con sú plica de que se dictara una orden privando a la demandante Rosaura Cabassa de la patria potestad sobre sus menores hijos ya relacionados, y concediendo ésta a su padre. A los fines pretendidos alegó el demandado Bravo que Rosaura Cabassa después de decretado el divorcio, lejos de cumplir con los deberes que le imponía la patria potestad sobre sus menores hijos, contrajo casi a raíz de disuelto el matrimonio, relaciones amorosas con Ricardo Nadal y Cabassa, primo camal suyo, con el que celebró matrimonio en la colonia ho-landesa de Curacao, declarado nulo por sentencia firme de 29 de octubre, 1918, tanto por no haber precedido la corres-pondiente dispensa de parentesco cuanto por haberse verifi-cado antes de los 301 días que marca el Código Civil para que una divorciada pueda contraer nuevas nupcias; que la demandante después de anulado el segundo matrimonio tam-poco cumplió con los deberes que la ley le impone sobre sus menores hijos, y contrajo nuevo matrimonio con persona de 'la clase de color y, por tanto, de distinta categoría social a la de ella y sus menores, hijos; que durante todo el tiempo transcurrido desde que fué decretado el divorcio la deman-dante no se ocupó de sus menores hijos quienes permanecie-ron y permanecen bajo la única atención de su padre, quien los ha sostenido siempre en todas sus necesidades, atendiendo a su educación, manutención y vestuario, sin que la madre tratara de cultivar y sostener el cariño y relaciones con sus hijos, a quienes no ha escrito una sola vez desde la fecha-de su separación; que en el testamento otorgado por Leopoldo Cabassa, abuelo materno de los menores, éstos fueron ins-tituidos legatarios en la suma de $2,000 a cada uno para los gastos de educación y manutención, habiendo sido nombrado tutor para la administración de dichos legados el hijo del testador Jacobo Cabassa y Hernández; y que la demandante no ha hecho* gestión alguna para conseguir del tutor la en-trega del usufructo de los legados que bien administrados han debido producir nna renta mensual de $100, que hubie-ran servido a los menores para los gastos necesarios de la vida.

A la anterior moción se opuso la demandante Rosaura Cabassa alegando que el procedimiento seguido por el de-mandado no era el adecuado para privar a la demandante de la patria potestad sobre sus menores hijos, sino que él demandado debió entablar la acción ordinaria correspon-diente, y que tampoco las causas aleg’adas en la moción eran de las que el código reconoce como suficientes para la pri-vación de la patria potestad.

La demandada además presentó otra moción a la corte para que en cumplimiento y ejecución de la sentencia de divorcio que disponía que los hijos del matrimonio quedaran bajo su cuidado y patria potestad se requiriera al deman-dado para que le hiciera entrega de los mismos.

Ambas mociones fueron señaladas y vistas en un solo acto, en que se practicaron pruebas por ambas partes, ha-biendo sido resueltas por orden de 9 de enero, 1919, que en lo sustancial dice así:

“La corte luego de oir la evidencia introducida y los argumentos orales de los letrados concurrentes, reservó su decisión basta boy 9 de enero de 1919 y en este día resuelve:
“De la prueba practicada se desprende que desde que el divor-cio se decretó, en 27 de marzo de 1914 y con anterioridad a esa fecba, los expresados niños nombrados Santos Josefina, Carlos Alfredo, Santos, Leopoldo Guillermo y Rosaura viven en compañía de su padre el demandado, quien los ha venido sosteniendo en las condiciones de posición social que ocupa la familia, que es de la. primera sociedad, proveyéndolos de lo necesario para su manutención, vestuario, asis-tencia médica e instrucción; que durante todo ese tiempo la madre de dichos menores, la demandante, no se ha ocupado de los mismos, ni siquiera que hubiera intentado en una sola ocasión ver a dichos menores, y ahora cuando el abuelo de estos menores, don Leopoldo Cabassa, falleció, hace poco tiempo, dejando en su testamento un legado para ser empleado en la educación de aquéllos,, es cuando la madre se presenta por primera vez demostrando interés en tener &' sus citados hijos a su lado.
“La demandante ba contraído dos matrimonios con posterioridad •a la sentencia de divorcio, nno en Curacao, con nn primo hermano suyo, el cual matrimonio fné anulado, y el otro en la ciudad de New Tork, con un hombre, que la hija mayor de dicha demandante, nom-brada Josefina, declara que es de raza inferior, sin que esa afirma-ción fuera refutada en manera alguna.
“Los hijos Josefina, Alfredo y Santos, declararon en la vista de ■esas mociones y expresaron que preferían continuar viviendo con su padre; que la madre los tenía abandonados en absoluto y que ésta no les podía tener ningún cariño, y que ellos se encontraban felices en la forma que vivían en la actualidad.
“De estos hechos, la corte llega a-la conclusión, considerando como debe considerar en estos casos, nada más que el bienestar de los menores, que ellos deben permanecer bajo el cuidado de su padre, el demandado, quien debe invertir las rentas que produce el legado dejado por el abuelo a los menores en la instrucción de los mismos.
“Por tanto, la corte declara sin lugar la moción de la deman-dante y decreta y ordena que los menores Santos Josefina, Carlos Alfredo, Santos, Leopoldo Guillermo y Eosaura Bravo y Cabassa, continúen bajo la custodia y cuidados de su padre el demandado Alfredo Bravo y González quien deberá invertir las rentas que pro-duzca el legado hecho a los mismos por su abuelo don Leopoldo Ca-bassa para los fines a que fue destinado por el testador.”

La resolución transcrita ha sido apelada por la deman-dante Eosaura Oabassa y su representación alega como mo-tivo del recurso los siguientes: 1°., que la corte incurrió en •error al estimar válido y eficaz el procedimiento seguido por la parte demandada para privar a la demandante de la patria potestad; 2°., que la corte incurrió en error al privar a la demandante de la patria potestad de sus menores hijos y concederla al demandado otorgando a éste la custodia de los menores y la administración de sus bienes.

Considerada aisladamente la moción del peticionario. Alfredo Bravo entendemos que la cuestión legal sobre privación de la patria potestad debe discutirse y resolverse por los trámites del juicio ordinario y no por el procedimiento de una simple moción.

Comentando Scaevola el artículo 171 del Código Civil Es-pañol, que eon alguna ligera variación es el 236 del Código Revisado, dice así:

“Pero si, como será lo más probable, el padre o la madre se opo-nen, como quiera que ya surge una cuestión entre partes conocidas y determinadas, el asunto revestirá ya carácter contencioso, que ha-brá de resolverse en un juicio ordinario de mayor cuantía, por tra-tarse de la pérdida o extinción de derechos tan importantes como los inherentes a la patria potestad.”
3 Scaevola 367.

De la misma opinión es el ilustrado comentarista Man-resa:

“Si es necesario emplear el procedimiento civil, deberán decidirse estas cuestiones en juicio ordinario de mayor cuantía, por referirse a derechos que versan sobre la condición de las personas.”
2 Manresa 62.

Y esa lia sido la práctica seguida en las cortes insulares aun después de regir el actual Código de Enjuiciamiento Civil. LeHardy v. Acosta, 18 D. P. R. 450, y Arbona v. Torres, 24 D. P. R. 450.

Pero teniendo en cuenta que por sentencia dictada en pleito de divorcio de Rosaura Cabassa contra Alfredo Bravo fue que se dispuso que los hijos de ambos cónyuges menores de edad quedaran bajo el cuidado y patria potestad de la madre, que en ese mismo pleito presentó Bravo la moción para que se privara a Rosaura Cabassa de la patria potestad conferídale, que en el propio pleito presentó otra moción la Rosaura Cabassa interesando el cumplimiento de la senten-cia de divorcio, que ambas mociones fueron acumuladas y que se practicaron pruebas por ambas partes en apoyo de sus respectivas alegaciones, viniendo a ser la moción de Bravo como una oposición a la moción de Rosaura Cabassa, pasamos a examinar el segundo motivo del recurso. Esta-blece el artículo 175 del Código Civil que en todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte que lo hubiese obtenido, te-niendo el otro cónyuge derecho a continuar las relaciones de familia con sns hijos, y según el artículo 234 el padre o la madre perderán la patria potestad sobre sns hijos, cuando por sentencia firme en pleito de divorcio se concediese la custodia de los hijos a nno de los cónyuges.

En virtud de la sentencia qne pronunció la Corte de Dis-trito de Mayagüez en el pleito de divorcio de Rosaura Ca-bassa contra Alfredo Bravo, los hijos menores: de ambos cónyuges habían de quedar bajo el cuidado y patria potes-tad de la madre, habiéndola perdido desde entonces el padre.

Ciertamente que el artículo 175 qué dejamos citado, no puede entenderse en el sentido de reconocer al cónyuge ino-cente el derecho inmediato y sin condiciones ni reservas a la. custodia física de los hijos menores de edad, pero esas condiciones y reservas no pueden ser arbitrarias sino que deben ser las que se encuentran determinadas en el estatuto,:

El artículo 236 del Código Civil expresa claramente las condiciones y limitaciones en que pueden los padres ser pri-vados de la patria potestad con respecto a sus hijos o en que puede suspenderse la misma. Ese artículo dice así:

“Art. 236. — Los tribunales pueden, privar a los padres de la pa-tria potestad o suspender el ejercicio de ésta, si trataren a sus hijos con dureza excesiva o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos co-rruptores, nombrando en su lugar un tutor con arreglo a la ley para las personas de los hijos * * ®.”

Al anterior precepto es aplicable la doctrina contenida en el axioma legal expresio unius est exclusio álterius.

No encontramos en los autos ninguna prueba referente á dureza excesiva en el trato, órdenes, consejos o ejemplos co-rruptores que puedan justificar la privación, de la patria po-testad con relación a la madre. Su segundo matrimonio de-clarado nulo y su tercer matrimonio con un hombre de color, de condición social inferior a la suya y a la de sus hijos, no pueden estimarse razones legales de las comprendidas en el artículo 236 para la privación o suspensión de la patria po-testad.

Es cierto que el bienestar de los hijos debe ser debida-mente tomado en consideración por las cortes, pero éstas de-ben recordar que también la ley lia sido decretada teniendo en consideración este fin. 21 Cyc. 331, 332 y 333; In re Gates, 95 Cal. 461.

Así lo dijimos al resolver el caso de LeHardy v. Acosta, 18 D. P. R. 458, y añadimos entonces y repetimos ahora: "Y aunque las cortes tienen el deber de ejercitar el mayor cuidado en la protección de los niños en .todos sus derechos e impedir que se les ocasione ningún perjuicio, sin embargo, este, cuidado debe ejercitarse en el presente caso en la forma indicada por nuestro código, y es el deber de las cortes, tanto, en éste como en los demás casos, observar la ley. Como la corte sentenciadora, sin duda con las mejores in-tenciones, no tomó en consideración los requisitos exigidos por los estatutos al dictar la sentencia apelada, no debemos permitir que subsista la sentencia así dictada. “El padre debe tener el dominio absoluto y custodia de sus menores hijos a menos que se alegue y pruebe alguna poderosa ra-zón legal en contrario.”

No importa que los hijos Josefina, Alfredo y Santos de-clararan en la vista de las mociones que preferían continuar viviendo con su padre, que la madre los tenía abandonados en absoluto, que ésta no les podía tener ningún cariño y que ellos se encontraban felices en la forma en que vivían.

Alfredo Bravo, aunque divorciado de Bosaura Cabassa con pérdida de la patria potestad sobre sus hijos menores, no dejó de ser padre legítimo de los mismos y al atenderlos como los atendía, cumplió los deberes de padre, ya que la madre no se cuidaba de aquéllos, pero nunca esa falta de cuidado sería razón bastante para la pérdida o suspensión de la patria potestad confiriéndola a Bravo. Bosaura Ca-bassa tiene derecho reconocido por la ley y por sentencia judicial a la custodia de sus hijos; Bravo ha perdido ese derecho, y la mera preferencia de los hijos por regla general no puede prevalecer sobre, semejante derecho. 29 Cyc. 1596.

No hay la más ligera indicación de que Bosaura Cabassa en el liogar actualmente constituido por ella y su actual es-poso pueda dar ejemplos corruptores a sus liijos, sea cual haya sido su anterior conducta, y por tanto'falta una causa actual bastante para privarla de la patria potestad que la ley le reconoce, pues según sentencia del Tribunal Supremo de España de 9 de noviembre de 1898, los ejemplos corrup-tores a que alude el artículo 171 del Código Civil Español, equivalente al 236 - del reformado, son los que los padres pueden dar a sus hijos por su actual vida licenciosa o por actos de presente de reconocida inmoralidad.

Si Eosaura Cabassa dejó de cumplir los deberes de una madre solícita por el bienestar de sus hijos, hoy se mani-fiesta dispuesta a cumplir esos deberes, y las cortes están en el deber de colocarla en condiciones de que así lo haga, poniendo a sus menores hijos bajo su custodia, sin interrum-pirse las relaciones de familia entre el padre y los hijos.

Es de revocarse la resolución apelada.

Revocada la resolución apelada y ordenada la entrega de los hijos a. la madre apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey..

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la sentencia."

El Juez Asociado Sr. Hutchison no'tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Sierra, Acusado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción al artículo 283 del Código Penal.
    No. 1390.
    Resuelto en diciembre 22, 1919.
    Publicaciones Obscenas — Acusación — Alegaciones Suficientes. — Cuando la acusación formulada por violación del artículo 283 del Código Penal transcribe un artículo de periódico cuya tendencia es corromper la moral o oxeitar pensamientos lascivos, es un error el sostener una excepción perentoria fun-dada en que los hechos alegados no constituyen delito público por no ser obs-ceno el lenguaje usado. El móvil y propósito del articulista no afecta la cues-tión así suscitada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José N. Quiñones y Salvador Mestre, Fiscales.

    Abogado del apelado: Sr. Celestino Iriarte, Ji\

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Sierra fné acusado en cada nna de las dos acusa-ciones qne separadamente se formularon contra él de una infracción al artículo 283 del Código Penal, porque voluntaria y lascivamente publicó dos escritos obscenos titulados “De Domingo en Domingo” qne aparecieron en el semanario local llamado “El Diluvio.”

En cada uno de estos casos en la acusación se expresan literalmente ciertas partes del escrito a que las mismas se refieren y en ambos la corte de distrito declaró con lugar la excepción perentoria formulada por el acusado, de que los hechos denunciados no constituyen delito público.

La teoría sustentada en la excepción perentoria en cada uno de los casos era la de que el lenguaje que ha sido citado en la acusación no es obsceno, apareciendo de la faz del propio escrito que el móvil del articulista no fue lascivo y que el propósito del artículo no era el excitar en las personas que lo leyeran deseos sensuales'o pensamientos lascivos, sino qne, por el contrario, el objeto de dicho artículo era criticar de modo severo, aunque en estilo refinado, la actitud asumida por el Attorney General de Puerto Rico en relación con las infracciones al capítulo 7 del Código Penal, a la par que presentar a la sociedad de cuerpo entero los defectos existentes en su constitución y los males y vicios de la prostitución y del adulterio.

“Aunque no es posible definir lo que es la obscenidad con deter-minado grado práctico de certeza, el medio puesto ordinariamente en práctica por las cortes al resolver si cierta publicación n otra cosa es obscena, dentro del significado de los estatutos,, es ver si la tendencia de lo que se imputa que es obsceno es depravar y eorrom-por aquellas personas cuyas mentes estén expuestas a tales influen-cias inmorales y a cuyas manos pudiera llegar la publicación u otro artículo que se considera obsceno. Así pues, se ha sostenido que cuando la publicación u otro artículo sugiere en la mente de un joven de uno u o.tro sexo, o aun en la de personas de más edad, pen-samientos de carácter impuro y deshonesto, dicha publicación es obscena. Otro medio de probar la obscenidad es la de si lo publi-cado perturba el sentido ordinario corriente de los hombres como indecencia. El verdadero medio de probar la obscenidad vertida de palabras es si el lenguaje que precisamente ha sido empleado tiene por fin corromper la moral, o excitar pensamientos lascivos, y no si las palabras mismas son impuras. Sucede a veces que las palabras honestas pueden constituir el medio de manifestar pensa-mientos obscenos, mientras que por el contrario, términos o frases indecentes de índole más baja pueden ser usadas con el sólo resul-tado de únicamente causar disgusto y desprecio hacia la- persona que los usa.”
8 Rulling Case Law, 312, 338.

El móvil y propósito del articulista no son cuestiones en-vueltas en la que ahora está sometida a nuestra considera-ción. 8 Ruling Case Law, 313, 339. Pero aunque así no fuera la pureza del móvil y propósito no resulta tan clara en manera alguna de la faz de los artículos en cuestión como se sugiere en los fundamentos de la excepción perentoria.

En el caso de Knowles v. United States, 170 Fed. 409, el tribunal, refiriéndose al artículo sometido a su considera-ción, dijo: “En él se glorifica la fornicación y se le pone bajo la bendición de Dios.” Aunque no habrá de entenderse que coincidimos con el criterio sustentado en dicho caso res-pecto a los hechos del mismo, no vacilamos, sin embargo, en afirmar que el artículo que de tal modo fue conceptuado, comparado con uno u otro de los que están envueltos en este caso, parece un modelo de castidad tanto por su concepto como por su estilo.

En el presente caso el acusado no solamente encuentra “algo de lo divino” en ciertas especies de adulterio, sino que va recopilando y con nn propósito firme digno de me-jor cansa explora la enciclopedia, el arte, la literatura, la mitología, la filología y la historia, tanto bíblica como pro-fana, con el fin de acumular sn pequeño muladar de prece-dentes, para dar rienda suelta a la propensión ilícita del instinto sexual. Que con cierto grado de habilidad literaria se presente así al vicio con el ropaje de la virtud, adornado con anécdotas atractivas, apoyado por investigaciones pseudo-científicas y cubierto por una fácil y atractiva fluidez del lenguaje, no es una circunstancia atenuante.

“Lo más obsceno, lujurioso y lascivo puede expresarse por pa-labras que en sí mismas no son de carácter obsceno. Lo principal es la idea que desea expresarse con las palabras que se emplean y esa idea es lo que caracteriza el lenguaje.” U. S. v. Bennett, case No. 14771, 24 Fed. Cases, 1093.
“La ley tiene relación tanto con el asunto cuanto con el ropaje con que se le presente. Tanto el asunto como la forma o manera de presentarlo deben estar libres de obscenidad. El tema más depravado puede ser presentado con el lenguaje más escogido. En tal forma es cuando es más peligroso. Las sugestiones impuras brillantemente ataviadas corrompen mientras que presentadas en forma indecente y escueta disgustarían y repugnarían.” U. S. v. Smith, 45 Fed. 478.

En asuntos de esta naturaleza las cortes deben ser muy cuidadosas con el fin de evitar la tendencia exclusivista para condenar todo aquello que simplemente no se ajusta a las exigencias del gusto literario individual, o se acomode a los grados de moralidad personal y pulcritud mental. Quizás fue algo de tal sentimiento por parte del juez de distrito lo que le inclinó a declarar con lugar la excepción perentoria, prefiriendo incurrir en error, si así fué, pero cayendo al lado de una actitud amplia y tolerante. Pero el claro propósito del estatuto y las reglas de ley establecidas no pueden ser desatendidas al' resolver cuestiones de esta naturaleza.

Después ele una detenida consideración de la cuestión en este sentido, y no obstante nuestro desagrado en llegar a nna conclusión contraria a la que llegó la corte inferior, nos vemos obligados a declarar que los artículos en cuestión son claramente obscenos y, por tanto, que la acusación imputa un delito publico.

La resolución apelada en cada uno de estos casos debe ser revocada, devolviéndose las actuaciones.

Revocada la, resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Sierra, Acusado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda en causa por infracción al artículo 283 del Código Penal.
    No. 1391.
    Resuelto en diciembre 22, 1919.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 1390, ÍCI Tuéblo v. Sierra, do diciem-bre 22, 1919.
    Abogados del apelante: Sres. José E. Quiñones y Salvador Mestre, Fiscales.

    Abogado del apelado: Celestino Iriarte, Jr.

   Revocada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-¡ ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Escudero et al., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de-negatoria de la inscripción de una partición de bienes.
    No. 441.
    Resuelto en diciembre 22, 1919.
    Partición de Herencia' — Intereses Opuestos Entre Hermanos Herederos — De-fensor Judicial .de Menores. — -No es inscribible una partición de bienes en la cual uno de los herederos comparece por sí y, además, en representación, como defensor judicial nombrado por la corte de distrito, de un hermano suyo menor de edad, por existir intereses opuestos entre ambos herederos.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Méndez Vas.

    El registrador- recurrido, Sr. R. Tirado Verrier, compa-reció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ocurrido en Carolina el fallecimiento abintestato de Rosa Bonilla, su viudo Manuel Escudero y sus legítimos hijos Teodulfo, Tomasa, José Manuel, Francisco y Antonio Escu-dero Bonilla, éste menor de edad y representado por un de-fensor judicial que lo era su hermano Teodulfo, procedie-ron a formalizar extrajudioiahnente las operaciones de in-ventario, avalúo, liquidación y partición del caudal relicto consistente en una finca rústica que fué dividida en seis par-celas marcadas con las letras A, B, O, D, E, F y adjudicadas al viudo e hijos ya nombrados.

Protocolizadas las referidas operaciones y expedido el co-rrespondiente testimonio de las mismas, fué presentado en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera para la inscripción a favor de los adjudicatarios de las par-celas descritas bajo las letras D, E, F, y el registrador denegó ía inscripción mediante nota de 11 de octubre de 1919 que dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de la declaratoria de herederos y de otros comprobantes, en cuanto a las fincas letras D, E, F únicas cuya inscripción se solicitó, porque el nombramiento recaído en don Teodulfo Escudero Bonilla de de-fensor de su hermano don Antonio es nulo con arreglo al artículo 230 del Código Civil en relación con la sentencia del Tribunal Supremo, tomo 25, pág. 372, y otras que en ella se citan, por razón de tener ambos interés en la herencia, siendo por tanto nula esta par-tición, que a la vez comprende división material de la finca, por la indicada falta de capacidad del defensor, defecto que no se subsana por la aprobación judicial, habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal.”

Contra la anterior calificación interpuso la representación de los interesados recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La única cuestión legal envuelta en el recurso es la de si habiendo representado Teodulfo Escudero a su hermano me-nor Antonio en las operaciones particionales como defensor del mismo esa representación vició de nulidad el documento por existir incompatibilidad de intereses entre defensor y defendido.

La anterior cuestión ha sido considerada y resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Sucn. Alvarez v. El Registrador de Caguas, 16 D. P. R. 602.

Entonces dijimos:

“En la partición de la herencia del finado Ramón Alvarez Se-garra correspondía a la viuda Quiteria López, por razón de la patria potestad que sobre sus hijos legítimos no emancipados le otorga el artículo 222 del Código Civil, el derecho de representar a sus me-nores hijos Federico Marcelino y María Antonia; pero como su in-terés era opuesto al de dichos menores, llegó el caso de dar aplicación al artículo 230 ya transcrito, nombrándoles un defensor que los re-presentara.
“Pero, jpodrá ser ese defensor un hermano de ellos o sea Ramón Alvarez López? Creemos que no.
“Si Quiteria López tenía interés opuesto al de Federico Marcelino y María Antonia, pues ella como es natural había de procurar el mayor beneficio para sí, igual interés opuesto había de haber por parte de Ramón Alvarez López respecto de sus dichos hermanos, si es que esa oposición no es mayor, pues nunca la generosidad de un hermano respecto de otro hermano, en el orden de la naturaleza, puede equipararse al de una madre con relación a sus hijos.
“Ramón Alvarez Segarra tenía interés en la herencia de su difunto padre, y ese interés era contrario al de sus hermanos Federico Marcelino y María Antonia, por cuya razón no podía representar a éstos en la divisoria de los bienes de su padre.
“No se trata de reclamación de herencia, en cuyo caso los inte-reses de esos tres hermanos, lejos de ser contradictorios podían ser harmónicos, sino de partición de herencia, en que es natural que cada interesado procure sacar el mayor beneficio posible, y de ahí el conflicto de intereses.
“Y no se alegue que el artículo 230 del Código Civil se contrae al nombramiento de defensor de los hijos menores de edad cuando el padre o la madre tengan interés opuesto a ellos, sin ocuparse de interés opuesto entre hermanos, a quienes, por tanto; no alcanza aquel precepto.
“El legislador trató de evitar que el padre o la madre represen-taran intereses contrarios, y sería absurdo suponer que para evitar un escollo se cayera en el otro de representar un hermano interés propio y también de sus hermanos.
“Ni se diga que habiendo sido nombrado Ramón Alvarez Segarra defensor legal de sus hermanos Federico Marcelino y María Antonia por autoridad judicial competente, tiene que aceptarse como válida su representación, pues no es inscribible una escritura de partición de bienes en que el interesado tiene dos representaciones incompatibles, según resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 10 de agosto de 1867, 9 de marzo de 1875, 20 de diciem-bre de .1883 y 19 de noviembre de 1898.
“Tampoco cabe alegar que las operaciones divisorias de que se trata han sido aprobadas por la autoridad' judicial, pues esa apro-bación es un requisito que tiene sólo por objeto dar mayor solemni-dad o autenticidad a las expresadas operaciones, y que no implica ni exige el examen de la validez de su contenido por el juzgado, sin que atendido su carácter meramente formulario, pueda equipararse dicha aprobación en sus efectos a las resoluciones que dictan los jue-ces y tribunales, previo el examen de la certeza de los hechos y su apreciación con arreglo a las leyes según resoluciones de la Direc-ción General de los Registros de 14 de junio de 1897 y 28 de junio de 1899.”

Esa doctrina fue implícitamente aceptada en el caso de Díaz v. El Registrador de Caguas, 17 D. P. R. 1074, y expre-samente ratificada por la mayoría de los jueces de esta corte en el caso de Alvarez et al. v. El Registrador de Humacao, 25 D. P. R. 372-377, y no encontramos ahora razón bastante para desantorizarla y separarnos de ella.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jneces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Romero, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa por asesinato en segundo grado.
    No. 1436.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Nuevo Juicio — Prueba Descubierta Después del Juicio. — No procede la conce-sión de nuevo juicio pedido por el fundamento de nueva prueba descubierta, cuando esa prueba pudo bailarse antes del juicio mediante razonable diligencia.
    Nuevo Juicio — Demencia del Acusado al Cometer el Delito. — Guando se soli-cita nuevo juicio bajo el fundamento de que la persona acusada padecía de demencia en el momento de cometer el delito, la corte de apelación debe tener ante sí prueba bastante para demostrar a lo menos que en tal nuevo juicio el apelante iludiera probar tal demencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Jesús Tisol.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la apelante no ha radicado alegato, pero en el acto de la vista dos cuestiones fueron sincera-mente presentadas a la consideración de la corte. La ape-lante había presentado una moción de nuevo juicio basada en prueba nuevamente descubierta tendente a probar, como alegó el abogado, la irresponsabilidad de la acusada en el momento de cometer el asesinato en segando grado, de cuyo delito fné declarada culpable. La corte sentenciadora de-claró sin lugar la referida moción. No es tanto el error lo que se alega, sino que se recurre a nuestra discreción y se nos pide que demos a la apelante una verdadera oportunidad para probar su irresponsabilidad. La segunda cuestión que ba sido planteada fue la de que la prisión por el término de diez y siete años era excesiva.

El hecho de si una persona es o no irresponsable al mo-mento de cometer un supuesto delito, es una cuestión que puede surgir fácilmente en la mente de ún abogado. Des-plegando razonable diligencia puede éste bailar la prueba tendente a mostrar tal estado de demencia. Podemos desde luego imaginarnos un caso en que tal demencia realmente existiera y que la prueba acerca de la misma no hubiera po-dido ser descubierta basta después del juicio, pero no es esto lo que generalmente ocurre. La más ligera investiga-ción entre los parientes de la acusada en este caso, hubiera hecho surgir los hechos nuevamente descubiertos en-los cua-les se funda el abogado. El caso de la apelante no está com-prendido en el número en que los- hechos no pudieron obte-nerse con la debida diligencia.

Sin embargo, aun cuando se hubiera probado la diligen-cia, no se ha hecho demostración alguna por otra parte de donde siquiera aparezca la probabilidad de que la acusada padecía de demencia en el momento en que se cometió el delito. Hemos examinado los affidavits presentados con la moción de nuevo juicio los que no muestran un caso suficiente que nos justifique para proceder en contra de la conclusión a que llegó la corte inferior.

Después de un juicio, las cortes deben proceder con cau-tela para conceder un nuevo juicio por el fundamento de pruebas nuevamente descubiertas.

Estimamos la sinceridad de la apelación que se hace a nuestra discreción y el deseo del abogado de cumplir ente-ramente con sn'deber bacía sn cliente. Aunque pnede qne tengamos el poder, carecemos de autoridad para ordenar no nuevo juicio a falta de alguna demostración legal más ro-busta de la presentada en este caso. No se ba probado que exista la más ligera probabilidad de que en un nuevo juicio pudiera probarse la demencia de' la acusada y por otra parte no tiene ella derecho a un nuevo juicio. Si en realidad de verdad el abogado o amigos pueden probar la demencia de la acusada, bay medios para obtener otra clase de revisión de su causa.

Por otra parte, presumiéndose que la apelante estaba cuerda, no encontramos razón alguna en los autos para pro-ceder en contra de la sentencia de la corte inferior al fijar la condena de diez y siete años de presidio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la. sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.