author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ana, Sarah, Librada y Palmira Clavell y Rodríguez, demandantes y apelantes, v. Ulises Clavell y Ríos y Jaime, Justino, Juan, Antonio y Ulises Clavell y Rodríguez, demandados y apelados.
    No. 4834.

    Sometido: Diciembre 10, 1929.

      Resuelto: Junio 23, 1930.

      Guillermo 8. Pierluissi, F. Zapater j B. A. Atiles, abogados de los apelantes; Leopoldo Formes, abogado del apelado J. Clavell; José éh A. S. Poventud, abogados de los apelados restantes.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Don Jaime Facundo Clavell y Ríos falleció en Ponce el 25 de marzo de 1915. El 10 de julio del propio año fueron declarados herederos suyos por la corte del distrito sus nueve hijos Ana, Sarah, Librada, Palmira, Jaime, Justino, Juan, Antonio y Ulises Clavell y Rodríguez. El 20 de enero de 1928, Ana,-Sarah, Librada y Palmira, iniciaron este pleito contra Ulises Clavell y Ríos, en reivindicación de nna porción de terreno de cinco y media cnerdas, que valoran en $5,500, y cobro de $3,630 por. frutos percibidos, deduciendo de ellos $600 que el causante de las demandantes debía al demandado. Habiendo rehusado los otros cinco herederos de Don Jaime Facundo Clavell y Ríos asociarse a las demandantes, fueron hechos partes demandadas.

Se alega en la demanda, en resumen, que Don Jaime Facundo era dueño de una finca de treinta cuerdas que vendió con pacto de retro a Doña Matilde Muñoz Pizarro; que no contando con los $600 que necesitaba para retraerla, los pidió prestados a su hermano, el demandado' Don Ulises; que Don Ulises accedió y a fin de que pudiera reembolsarse del dinero prestado, Don Jaime Facundo convino en segregar de la finca de treinta cuerdas la porción de cinco y media que en la demanda se reclama, y entregársela para que con sus frutos se pagara él mismo su crédito, y que en vez de ello, al prepararse la escritura de retroventa de las treinta cuerdas, otorgada por la señora Muñoz a favor de Don Jaime Facundo, ordenó la preparación de otra de venta de las cinco y media cuerdas, otorgada por Don Jaime Facundo, a favor de Don Ulises, que se firmó en la forma que luego se indicará.

Los demandados contestaron alegando, en resumen, .que el demandado Ulises Clavell y Ríos posee y es dueño de las cinco y media cuerdas de terreno en cuestión, por haberlas adquirido por compra a Don Jaime Facundo Clavell y Ríos el 6 de septiembre de 1905, por escritura pública otorgada ante el Notario Don Rosendo Matienzo y Cintrón, inscrita en el registro desde el 26 de diciembre del propio año de 1905. Alegaron, además, los demandados: 1, que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción,; 2, que les favorecía la prescripción de cuatro años; •3, la de diez; 4, la de la reclamación de frutos y productos; 5, el estoppel por parte del causante de los demandantes; 6, la ratificación de la venta por dicfio cansante; y, 7, el estoppel por parte de las propias demandantes.

Fué el pleito a juicio. Practicóse una larga prueba, y la corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, con costas, expresando en su relación del caso y opinión, lo que sigue:

“La corte considera probado, sin tener duda de ello y por el crédito que le merece la prueba de los demandados, que al acto del otorgamiento de la escritura No. 263 ante el notario Rosendo Ma~ tienzo Cintrón, comparecieron las partes contratantes Jaime Facundo Clavell y Ríos y Ulises Clavell y Ríos y que el contenido de dicba escritura, o sea la venta de las cinco y media cuerdas de terreno, es cierto, habiendo sido ratificado posteriormente por otros actos del vendedor Jaime Facundo Clavell y Ríos.”

No conformes las demandantes, interpusieron el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la; comisión de nueve errores, que argumentan extensamente. El alegato de la parte apelada es también extenso, y contesta todas las cuestiones suscitadas por las apelantes.

Es tan fuerte la impresión que se va formando en favor de la parte demandada, a medida que se avanza en el examen de los autos, que al final no queda duda de ningún género de que la única resolución que cabe dictar es la confirmación de la sentencia apelada. La dificultad está en escoger la razón en que deba la confirmación fundarse, porque bay tantas, que exponerlas todas alargaría de un modo indebido nuestra opinión.

Todo gira aquí alrededor de cierto error cometido' al fir-marse la escritura de venta.

Dicba escritura termina así:

“Bajo las precedentes cláusulas dejan formalizada esta escritura, que los otorgantes se obligan a guardar y cumplir en legál forma. Leídales íntegramente a presencia de los testigos vecinos de esta ciu-dad y por mi conocidos, don Francisco Alvarez Tizol y don Raúl Mattei, por haber renunciado a hacerlo por sí, de cuyo derecho fue-ron advertidos, queda aprobada y ratificada por los comparecientes de los que sólo firma el comprador y'no-el-vendedor porque'‘aunque sabe Facerlo se lo impide la carencia de vista, pero por su mandato lo Face su Fijo presente don Jaime Clavell y Rodríguez, en unión de los instrumentales y de todo yo el Notario doy fe. — Jaime Clavell y Rodríguez. — Ulises Clavell. — Franco. Álvarez Tizol. — Raúl Mattei.— Signado: Ledo. Rosendo Matienzo Cintrón. — Rubricado.—Hay un sello de rentas internas del valor de un dollar, inutilizado.”

La ley notarial dice:

“Sección 14. — Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el Notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño, en ante firma, que lo Face por sí como testigo, y a nombre del otorgante, que no sepa o no pueda verificarlo.”

Y como el Fijo que firmó por el padre no figura como testigo, ni podía serlo, se sostiene que el documento es nulo. Este fué el hallazgo que sirvió para fabricar el pleito. Sin embargo, la fuerza de la verdad es tal que generalmente se impone por sí misma, siendo la tendencia firme de la ley y la jurisprudencia, reconocerla, abrirle el camino para que se manifieste y triunfe y quede establecida. Por eso estimamos que el juez sentenciador actuó con razón derecha y aplicó bien la ley y la jurisprudencia al decidir el caso en la forma en que lo decidió, y al expresarse en su indicada relación del caso y opinión, así:

“Tienen razón las demandantes de que dicha escritura debe con-siderarse nula, de acuerdo con la Ley Notarial y la jurisprudencia sentada en los casos de Banco Territorial v. El Registrador, 22 D.P.R. 584; Rosa v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 713; Berríos v. Registrador, 25 D.P.R. 718; Villanueva v. Registrador, 18 D.P.R. 831 y Rodríguez v. Registrador, 14 D.P.R. 738. Pero dicha nulidad sólo afecta a su inscripción en el Registro de la Propiedad, y, por tanto, no perjudica a terceros pero el hecho de que la escritura y su inscripción sean nulos, no significa que el contrato de compraventa lo sea, entre las partes, y sus causahabientes, y es eso lo que expre-samente resolvemos, que el contrato existió, la transacción se llevó a efecto, fué ratificada por todos, pues los mismos demandantes cedie-ron sus dereches y acciones sobre las veinticuatro y media cuerdas, admitiendo así desde 1915, siendo ellos mayores de edad, que las cinco y media cuerdas habían dejado de pertenecer a su padre, y por lo tanto, que en cnanto a las partes, el contrato fné y es válido. Nuestra Corte Suprema en el caso de Rosa v. Registrador de San Juan. 28 D.P.R., 712 resolvió que:
“ ‘La firma de ambas partes en la escritura de 1880 y la del ven-dedor en la de 1905, no constan en la forma exigida por la ley, y en tal virtud no pueden dichas escrituras recibirse en el registro como documentos públicos. Esto no quiere decir, desde luego, que los ac-tos a que dichas escrituras se refieren sean, por el defecto apuntado, nulos. Si en realidad de verdad las transacciones se llevaron a efecto, validas serán en cuanto a las pa/rtes que en ellas intervinieron.’
“El artículo 1221 del Código Civil Revisado dice que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, res-pecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y el 1225 dice que:
“ ‘Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su natu-raleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.’
“En el caso de Vázquez v. Medina, 17 D.P.R. 105, nuestro Tribunal Supremo resolvió que:
“ ‘De acuerdo con los artículos 1221 y 1225 del Código Civil Re-visado, queda perfeccionado un contrato de compraventa de finca rústica desde el momento en que las partes contratantes convienen en la venta de determinado terreno por precio cierto, sin que sea requisito esencial para la existencia de dicho contrato el que conste en documento público, pudiendo las partes compelerse recíprocamente a que se haga constar en documento público.’
“Y véase, en apoyo de esta doctrina, la sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de junio de 1902.
“Nuestra Corte Suprema, en el caso de Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.R. 195, resolvió que siendo nula una escritura como documento público y nula necesariamente su inscripción en el Registro, no obs-tante el contrato queda reducido a un documento privado que no perjudica a tercero, y asimismo, en el de Aponte v. Ramírez, 17 D.P.R. 624, donde se resolvió que:
“ ‘Desde el momento en que un contrato de venta de finca rústica queda perfeccionado por el consentimiento de las partes, unido a la posesión de la finca vendida, dicho contrato surte efectos legales entre las partes, herederos y causahabientes, sin que influya en nada en la eficacia del contrato, el no haberse otorgado documento público ni privado de dicha venta.’
“Vistos, por último, el artículo 1245.del Código Civil y los casos de Picart v. León, 22 D.P.R. 593 y Ayllón v. González, 28 D.P.R. 67, resolvemos que el contrato de compraventa, aun cuando sea nula la escritura en que se otorgó, existió y es obligatorio entre las par-tes y sus causahabientes. ”

Pero hay más, y éste será el solo otro motivo que expondremos para confirmar la sentencia. Es tan fundamental, que sería bastante para desestimar la demanda.

Fueron las propias demandantes las que en el acto del juicio introdujeron como prueba la escritura de venta de las cinco cuerdas y media que termina en la forma que cono-cemos. Pues bien, la escritura de retroventa, otorgada el mismo día que la otra y por virtud de la cual readquirió el causante de las demandantes la finca de la que se segregó la porción de cinco cuerdas y media, termina de idéntico modo, así:

“Leídales íntegramente a presencia de los testigos vecinos y por mi conocidos que lo son Don Eodulfo E. Monserrat y Don Francisco Eenta, por haber renunciado a leerla por sí de cuyo derecho fueron advertidos, queda aprobada y ratificada por los comparecientes que la firman con excepción del señor Clavell que aunque sabe hacerlo se lo impide la carencia de vista; pero por su mandato lo hace su hijo presente Don Jaime Clavell y Eodríguez en unión de los testigos, ante mi el Notario que de todo lo consignado en la presente, doy fe. Enmendado: “segunda”. Vale con aprobación de partes y testi-gos, vuelvo a dar fe. — Matilde Muñoz. — Eamón Albizu y Vázquez.-— Jaime Clavell Eodríguez. — Eodulfo E. Monserrat. — Francisco Eenta.:. —Signado, rubricado, firmado y sellado,- Ledo. Eosendo Matienzo Cin-tron.”

Si el demandado, Don Ulises, no pudo adquirir a virtud de la escritura de 1905, tampoco pudo adquirir el causante, de las demandantes, porque su escritura se otorgó en las-mismas condiciones, y por ello tuvo razón también la corte de distrito al consignar en su repetida relación del casó y-: opinión, 16 que sigue': ' ' • ’ ■

“Eesolvemos, además, que los. demandantes no han probado tener ¡ un título superior al de los demandados, como se requiere en. toda: acción reivindicatoría, y, por el contrario, ellos derivaron su título de uno que adolece del mismo defecto del de los demandados, o sea la escritura No. 262 de 6 de septiembre de 1905, en que también aparece firmando Jaime Clavell Rodríguez por su padre Jaime Facundo Cla-vell y Ríos. In pari deUcto potior est conditio defendentis. — Véase Santos v. López, 26 D.P.R. 417.”

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senior Audrey,

license: Public Domain

text:
    Cantero, Fernández & Cía., Inc., Felipe Campos y P. Galguera & Co., S. en C., demandantes y apelados, v. Juan B. Huyke, en su carácter de Comisionado de Instrucción de Puerto Eico, demandado y apelante.
    No. 4772.

    Sometido: Junio 19, 1929.

      Resuelto: Junio 23, 1930.

      Attorney General James R. Beverley y Ricardo A. Gómez, abogados del apelante; L. Toro Cabañas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Senior Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Como consecuencia de una solicitud de injunction presen-tada en la Corte de Distrito de San Juan en 22 de octubre de 1926 por varios comerciantes de esta ciudad dedicados al' ramo de librería por el. cual pagan contribuciones, siendo' parte de su negocio vender libros de texto para los estudian-tes, la expresada corte estimó probado que el Departamento de Instrucción vendía a personas particulares, que no podía presumir eran, alumnos de ninguna escuela puesto que eran peones de librerías, en cantidades de $100, y que vendía libros a cualquiera persona que se presentara a solicitarlos, y dictó sentencia ordenando a diebo Comisionado que en lo sucesivo se abstuviera de hacer venta o entrega de libros de texto en las escuelas públicas de esta Isla a personas que no sean alumnos de las referidas escuelas.

Esa declaración de hechos probados por la corte senten-ciadora no es impugnada en, la apelación que ha interpuesto el Comisionado demandado, cuyos únicos motivos para su recurso son: que erró la corte al declarar con lugar el injunction sin tener en cuenta las equidades del caso que favo-recían al demandado; y al interpretar la Carta Orgánica y las leyes de Puerto Sico en relación con el Comisionado de Instrucción y su autoridad para vender libros a los alumnos de las escuelas.

El primer motivo alegado descansa en el supuesto de que los peticionarios apelados se valieron de fraude para que en el Departamento de Instrucción les fueran vendidos libros de texto en las escuelas públicas y en que ese departamento nunca tuvo la intención de vender tales libros a personas particulares. A pesar de esa intención el hecho cierto es que los libros eran vendidos a cualquiera! persona que quería, comprarlos con sólo pagar su precio, pero aquí no tenemos que resolver nada sobre este extremo porque aceptando la corte inferior las manifestaciones que hicieron los empleados del. Departamento de Instrucción sobre esa falta de intención no hizo parte de su sentencia la prohibición de vender a personas particulares como los apelados.

En cuanto al particular de fraude no existe pues los ape-lados no obtuvieron la compra de libros simulando que fueran alumnos de las escuelas públicas, pues todo lo que hicieron ■ fué que al tener noticias de que el Departamento de Instruc-ción vendía libros de texto a cualquiera persona sin más requisito que pagarlos, uno de ellos, para comprobar ese informe, mandó a un peón de su establecimiento comercial a comprar varios tomos de distintos libros de texto en las escuelas públicas que importaban una crecida cantidad de dinero y le fueron vendidos sin investigación alguna; y otro de los apelados hizo lo mismo con igual resultado, con la diferencia de que cuando le fué dada la orden para que le fueran entregados los libros en el almacén del departamento no fué por ellos y retuvo la orden. Esto no es fraude sino la comprobación del hecho de que tenían noticia por refe-rencia y que les era necesario comprobar para poder justi-ficar la certeza de ese hecho.

El segundo motivo del recurso plantea la cuestión de que el Comisionado de Instrucción está autorizado para vender libros de texto de las escuelas públicas a cualquier alumno de escuela, aunque no sea pública.

Según el artículo 17 de nuestra Ley Orgánica el Comi-sionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública dentro de la Isla; preparará todos los cursos de estudios, así como los reglamentos para la selección de maestros; y desem-peñara los demás deberes, no incompatibles con dicha ley, que se le asignaren en ella.

La Ley No. 6 de 9 de noviembre de 1917, página 207 de las de ese año, dispone que cualquier alumno graduado de octavo grado de las escuelas públicas de Puerto Rico que teniendo aptitudes meritorias desee continuar sus estudios en cualquiera de las escuelas superiores (altas escuelas) públicas y no pudiere hacerlo por carecer de recursos con que adquirir los libros de texto necesarios podrá solicitar del Comisionado de Instrucción que se los provea haciendo constar, varios requisitos en su solicitud, entre éstos que no dispone del dinero necesario para comprarlos, y acreditar con certifica-ción del maestro principal de la escuela en que obtuvo su diploma de octavo grado que observó buena conducta. Para ese fin consignó $5,000 para esos libros.

La ley de presupuesto para el año económico 1926-27 contiene un apartado que dice así:

“Libros de texto y material de escuela: Para compra de libros de texto, enseres y material de escuela, y para flete y seguro de los libros; Disponiéndose, que se les facilitarán los libros de texto y en-seres gratis a los alumnos matriculados en las escuelas públicas desde el primero basta el octavo grado, inclusive, y que el Comisionado de Instrucción podrá autorizar la venta de libros de texto a los alumnos según las reglas y reglamentos hechos por él; y Disponiéndose, ade-más, que los alumnos de todas las altas escuelas y escuelas de conti-nuación comprarán por su cuenta los libros de texto y enseres, suje-tándose a las reglas y reglamentos hechos por el Comisionado de Ins-trucción, excepción de lo que dispone la ‘Ley disponiendo lo nece-sario para proveer de libros de texto a ciertos alumnos de las altas escuelas de Puerto Rico,’ aprobada en 9 de noviembre de 1917, $100,000; para ciertos alumnos de las altas escuelas según se provee por la Ley de 9 de noviembre de 1917, $5,000. En junto, $105,000.”

Esas leyes demuestran que la Legislatura ha querido que se suministren gratis los libros de texto a los alumnos de las escuelas públicas en el curso elemental que comprende ocho grados y que en las escuelas superiores públicas los libros sean comprados por los alumnos, a menos que no puedan comprarlos. En consecuencia, el Comisionado de Ins-trucción no está autorizado para vender libros de texto a los alumnos de las escuelas superiores sino en ciertos casos y no lo está para vender libros a los alumnos de las escuelas priva-das, sin que tenga tal facultad porque nuestra Carta Orgánica disponga que el Comisionado de Instrucción diri-girá la instrucción pública en esta Isla, porque la facultad de vender libros de texto no está comprendida en la de dirigir la instrucción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Petra Torres, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 4896.

    Sometido: Diciembre 4, 1929.

      Resuelto: Junio 24, 1930.

      José Soto Rivera, abogado de la apelante; Attorney General James R. Beverley y Emilio Aldrey, Subprocurador, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, después de celebrar un juicio sobre los méritos del caso, desestimó una reclamación por $4,000 previamente rechazada por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros.

Iíubo un marcado conflicto de prueba respecto a la fecha del accidente, el que ocurrió, bien el 4 de mayo de 1925, o en mayo 4, 1926.

El juez de distrito llegó a la conclusión de que Santiago Morales se cayó de un árbol el día 4 de mayo, 1926, y falleció el 10 de diciembre. Cita la declaración del Dr. García Ebarri en el sentido de que estaba empleado en Río Piedras en mayo de 1925 y asistió a Morales mucho tiempo después del día de la lesión, época para la cual Morales padecía de tuberculosis pulmonar. El ratio decidendi de la relación del caso y opinión está revelado por el siguiente extracto:

“Si desde mayo de 1925, el obrero padecía de tuberculosis pul-monar, según dijo el Dr. García Ubarri, y el accidente ocurrió en mayo de 1926 y su muerte en diciembre del mismo año, no creemos que pueda imputarse la enfermedad al accidente sufrido, y nos pa-rece que este caso cae de lleno dentro de la teoría sentada por el Tribunal Supremo en el caso de Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 36 D.P.R. 45.”

El Dr. García Ubarri no dijo que Morales tuviera tuberculosis desde el 4 de mayo de 1925. La aproximación más cercana a una manifestación de esa naturaleza en el testi-monio de este testigo ha de hallarse en un coloquio habido inmediatamente después de calificarse como perito. Dice así:

“P. Dígame, doctor, allá para el año 1925, para el mes de mayo, ¿dónde trabajaba usted? — E. Como médico de la Comisión de In-demnizaciones a Obreros.- — P. ¿ Tuvo oportunidad de conocer al obrero Santiago Morales? — E. Sí, señor. — P. .¿Con motivo de qué lo conoció usted? — E. Yo supe de ese caso como consecuencia de una carta que recibí de López Domínguez, y cuando fui allá encontré que era un caso tuberculoso. Entonces me manifestó la familia que fue debido a una caída, pero no se reportó cuando se dió la caída, sino mucho después de estar enfermo, de estar declarados todos los síntomas de tuberculosis.- — P. ¿Lo vió después? — E. Mucho tiempo después.— P. ¿Como cuánto tiempo después? — E. Sé que recibí una comunicación de López Domínguez, Director de la Estación Experimental, diciendo vque había un caso de enfermedad y quería que yo lo viera y me manifestó que esa enfermedad le provenía a consecuencia de una caída. — P. ¿Cuándo se personó el obrero en la oficina? — E. No, si está reportado en la casa. — P. ¿Este es el report suyo? — E. El in-forme mío; yo lo informo ahí. — P. ¿qué clase de tuberculosis tenía este hombre? E. — Pulmonar.—P. ¿No es de ésas que llaman galo-pante? — E. Yo creo, como yo no lo conocía, yo le pregunté la histo-ria clínica, y después que continuó el tratamiento, mucho después supe que había muerto tuberculoso.”

Una solicitud sin firma, o la primera parte de un docu-mento fragmentario consumido parcialmente por el fuego, pero identificado por el Dr. García Ubarri, especifica el 4 de mayo de 1925 como la fecha del accidente. La segunda parte, reservada para el informe del patrono, aparece en blanco. Y la tercera parte del mismo documento, que apa-rece suscrita — y es de presumirse que fuera llenada. — por el Dr. García Ubarri, fija el 4 de mayo de 1926 como la 'fecha del accidente. Oita el 16 de mayo de 1926 como la fecha en que se practicó el primer examen médico. Indica que el peticionario podría regresar a sn trabajo el 22 de mayo de 1926.

Una resolución de la comisión, en octubre 10' de 1925, se basa en un informe rendido por el médico director de ese organismo, especificando que la reclamación se refiere a un accidente ocurrido el 4 de mayo fie 1925, pero es de fecha 5 de mayo de 1926, o sea, un año y un día después del acci-dente, y que durante ese tiempo no se presentó reclamación ni se dió paso alguno tendente a obtener resarcimiento de la comisión. Partiendo de la teoría del juez de distrito, de que Morales padecía de tuberculosis galopante en mayo de 1925, o en cualquier tiempo durante ese año, es más fácil creer que los documentos que especifican el 4 de mayo de 1925 como la fecha del accidente están equivocados a este respecto que el creer que Morales, no obstante su seria en-fermedad, demorara la presentación de su solicitud hasta mayo de 1926.

Para los fines de esta opinión asumimos con la apelada y el juez de distrito que sólo hubo un accidente, y aceptamos la conclusión a que llegó el juez de distrito de que este acci-dente ocurrió en mayo: de 1926.

El Dr. García Ubarri también identificó una serie ¡de certificaciones fechadas julio 16, 23' y 31, agosto 6, 13, 20 y 27, septiembre 3, 10, 17 y 24, octubre 1, 15, 22 y 29, noviembre 6, 19 y 26 y diciembre 3, respectivamente. En cada una de 'estas 19 certificaciones dice:

“El individuo Santiago Morales, a quien be visto boy, sigue mejor de la lesión recibida, por lo cual no puede trabajar.”

Es mucho más fácil creer que el Dr. García Ubarri en realidad no había examinado a Morales en cada una de las fechas especificadas en cada una de las certificaciones, que creer que él libró esas 19 certificaciones después de haber. comprobado en 1925 que Morales se estaba muriendo de tuberculosis galopante. El médico director practicó su exa-men a principios de agosto de 1926 y bailó la enfermedad en un estado extremadamente avanzado.

La propia declaración del Dr. García Ubarri que ya bemos citado en parte del récord taquigráfico, es que se enteró del caso con motivo de una carta y,, que al practicar un examen bailó que se trataba de un caso de tuberculosis; que la familia le manifestó que era a consecuencia de una caída, pero qne no le informaron la fecba en que ocurrió; que esto sucedió mucbo tiempo después de la caída; que se trataba de un caso de tisis pulmonar, en opinión del testigo, de tuberculosis galopante; que después, mucbo más tarde, el testigo supo de la muerte del paciente de tuberculosis; que la en-fermedad estaba en estado avanzado; que esto fué mucbo tiempo después del accidente; que antes de esto el testigo nada sabía sobre la caída; que la enfermedad pudo sobre-venir a consecuencia de la caída, dependiendo de la intensidad del golpe; que con anterioridad a esta visita el testigo no babía asistido al peticionario; que el declarante no recordaba el año; que Morales murió en 1926, ocbo meses después de la caída; y que el declarante no vió a Morales el día de la caída sino mucbo después. Un certificado de defunción que aparece suscrito por el Dr. García Ubarri expresa que Morales falleció de tuberculosis en diciembre 9, 1926. Si García Ubarri recibió o no la carta y practicó en la persona de Morales el primero y único examen algún tiempo después de expedir la certificación de diciembre 3 relativa a la. continua mejoría, y antes de firmar el certificado de defunción, o en una fecba anterior, no podemos estar de acuerdo con el criterio de que su declaración establece el becbo de que practicó un examen en fecba anterior al 4 de mayo de 1926. Por el contrario, levanta una fuerte sospecha de que nunca practicó examen alguno antes del 3 de diciembre de 1926. La relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito no sienta ninguna otra base para lá sentencia declarando sin lugar la demanda.

La declaración del médico director, al igual que su in-forme anterior a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, procede sobre la hipótesis de varias contusiones insignifi-cantes recibidas el 4 de mayo de 1925, de las cuales no reveló huella alguna un examen médico practicado poco tiempo después del accidente. Sobre esa base, este testigo llega a la conclusión de que no hubo relación causal entre la lesión y la enfermedad. De ser correcta la premisa, la conclusión es bastante lógica. Empero, la repregunta del dicente ter-mina con la siguiente pregunta y contestación:

“Y, doctor, el estado en que conviven nuestros trabajadores, ma-las condiciones, mal alimentados, con propensión a la tuberculosis, ¿ no pudo desarrollársele un proceso fulminante de tuberculosis, si esc obrero recibe golpes que le ocasionaran una hemorragia, una gran pérdida de sangre por la boca, falto de alimentos desde el mismo-momento en que cae, un obrero que tiene diez hijos, que los ve fal-tos de protección por parte de su padre, ese sufrimiento y esa falta de alimentos no pueden acelerar el proceso, aumentar el desarrolle de la tuberculosis?
“Hay tuberculosis de curso rápido, indudablemente, tuberculosis galopante. ’ ’

Echando completamente a un lado la declaración del Dr. García TJbarri, la aseveración no contradicha del Dr. Fer-nández García demuestra que por lo menos el 90 por ciento de nuestra población está predispuesta a la tuberculosis, y el hechoi adicional de que un golpe en el pecho puede producir, y frecuentemente produce, una tuberculosis galopante. Res-pecto al último hecho mencionado, la declaración de otro perito, el Dr. Soto Rivera, se pronuncia en igual sentido. Ijas declaraciones no controvertidas de testigos oculares del accidente es que una hemorragia pulmonar siguió a la caída. Estos testigos dicen que el accidente ocurrió el 4 de mayo de 1926, y que con anterioridad a dicha fecha Morales era un hombre sano y vigoroso. El había estado' empleado en la Estación Experimental durante unos diez años. Si estos tes-tigos estaban equivocados, bien respecto a la fecha del acci-dente o al estado físico anterior de Morales, ello pudo fácil-mente traerse a colación durante el juicio.

En ausencia de una demostración satisfactoria de que se hubiese desarrollado la tuberculosis antes de la fecha del accidente, la inferencia es que esa enfermedad se desarrolló, posteriormente como resultado del mismo. Nada hay en el caso de Rodrigues v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, supra, que excluya un fallo a favor de la parte demandante en el presente caso.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Carmen M. Gil, demandante y apelada, v. Hon. Carlos E. Chardón, en su carácter de Comisionado de Agricultura y Trabajo de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 4945.

    Sometido: Diciembre 18, 1929.

      Resuelto: Junio 25, 1930.

      Attorney General James B. Beverley y B. Cordones Arana, Sub-Pro-curador, abogados del apelante; Juan B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La señorita Carmen M. G-il presentó esta solicitud de mandamus pidiendo a la corte que ordenara al Comisionado de Agricultura y Trabajo, reponerla en su puesto de secre-taria y primer oficinista en el Negociado de Fomento Agrí-cola de su departamento.

Los techos en que se basa, se exponen en la solicitud, así:

“2. Que la demandante era en enero del año 1924 y ba continuado siéndolo sin interrupción alguna miembro del Servicio Civil Clasifi-cado de Puerto Rico, habiendo tomado y aprobado los exámenes co-rrespondientes y habiendo sido incluida en la lista de miembros de dicho Servicio.
‘ ‘ 3. Que en julio de 1924 el Comisionado de Agricultura y Tra-bajo de Puerto Rico nombró a la demandante Secretaria y Primer Oficinista del Negociado de Fomento Agrícola de dicho Departamento con un sueldo de $2,000.00.
“4. Que dicho puesto de Secretaria y Primer Oficinista del Ne-gociado de Fomento Agrícola de dicho Departamento existía al tiempo de ser nombrada para ocuparlo la demandante y existe aún formando parte de los cargos públicos 'que deben ser ocupados por miembros del Servicio Civil Clasificado.
“5. Que el demandado el día 25 de septiembre de 1928 escribió a la demandante una carta invitándola a renunciar el puesto de Se-cretaria y Jefe de Oficina del Negociado de Fomento a que se alude en el párrafo anterior de esta demanda dentro de las próximas 48 horas y prohibiendo a la demandante que volviera a su oficina du-rante dicho término.
• “6. Que en septiembre 29 de 1928 el demandado dirigió a la demandante una carta suspendiéndola de empleo y sueldo y retro-trayendo sus efectos al día 25 de dicho mes. A la referida carta se acompañó copia de una que manifiesta el demandado es copia a su vez de otra dirigida a él por el Sr. Ignacio L. Torres, Director Auxiliar del Negociado de Fomento Agrícola. Copiada literalmente dichas cartas, dicen así:
‘Sept. 29, 1928-. — Srta. Carmen M. Gil, San Juan, P. R. — Seño-rita: Le acompaño copia de una carta que con fecha 20 de julio recibí del Sr. Ignacio L. Torres Director Auxiliar del Negociado de Fomento Agrícola de este Departamento, la cual se explica por sí sola. Esta carta quedó en mi oficina detenida sin que yo tomara acción sobre ella por haber mediado la promesa de Ud. de que pre-sentaría su renuncia al cabo de unas vacaciones que se le conce-dieron a Ud. y que expiraron en septiembre 25.
“ ‘Lo expuesto por el Sr. Torres la acusa a usted de baber ejecutado un acto de insubordinación que apareja la destitución de usted como empleada en el Departamento de Agricultura y Trabajo.
“ ‘Por tanto, se le concede basta el miércoles 3 de octubre a las diez de la mañana para que conteste los' cargos contenidos en la carta del Sr. Torres, quedando usted por la presente suspendida de em-pleo y sueldo a partir del día 25 de septiembre de 1928, en el cual terminan sus vacaciones, llamando su atención que en caso de no recibir contestación antes de dieba fecba y bora consideraré que los cargos expresados son aceptados por usted y quedará usted ipso facto destituida de su cargo. — Atentamente, (£) Carlos E. Cbardón, Co-misionado. ’
“ ‘A 20 de julio de 1928. — ílon. Carlos E. Cbardón, Comisionado de Agricultura y Trabajo, San Juan, Puerto Rico. — Señor: El día 16 del corriente, al revisar los informes semanales recibidos de los distintos empleados del Negociado de Fomento Agrícola, noté con extrañeza que el correspondiente al Agente Agrícola, Emilio Muñoz, no estaba entre los recibidos. Solicitó los motivos de la Srta. C. M. Gil, quien tenía a su cargo el recibo' de estos informes, su ordena-ción y compilación, trabajo que corresponde a ella como Secretaria y Primer Oficinista del Negociado de Fomento Agrícola, así como también por órdenes expresas dadas en éste sentido en días antes.
“ ‘La Srta. Gil, en un arrebato de cólera y con una voz destem-plada me contestó en estas o parecidas palabras:
“ ‘Usted es un desmemoriado; ya yo le be dicho anteriormente que el informe de Emilio Muñoz no ba llegado.’ Con el objeto de conservar la armonía y el orden de la oficina hice caso omiso de la contestación imperativa de la Srta. Gil, y llamé la atención al becbo de que el Agente’ Muñoz había estado en la oficina durante cuatro o cinco días en la semana anterior y que muy bien pudo ella ha-berle pedido el informe en aquella ocasión. La citada Srta. Gil, sin deponer su actitud agresiva y haciendo uso de palabras impropias del caso, me increpó duramente haciéndome cargos sobre la responsa-bilidad en que estaba yo de recibir tales informes y que ella había cumplido su deber habiéndome informado que el citado informe de Muñoz no había sido recibido. Quiero hacer constar que la Srta. Gil no solicitó este informe a Muñoz como se le ordenó.
“ ‘No pudiendo sostener más esta situación desagradable en que me ponía la Srta. Gil, respetuosamente la increpé para que usara las formas y el lenguaje propios para dirigirse a su jefe inmediato. El resultado que tuve fué una amenaza de ella en el sentido de que-jarse al Comisionado de mí, si no retiraba mi reprimenda, y como no lo biee ella fue donde Ud. en queja, con cuyo acto me obligaba a retirarle mi confianza.
“ ‘Después de esto Ud. recordará que personalmente le hablé sobre este asunto, y estuvimos pendientes de que la Srta. Gil tuviese una oportunidad de encontrar una colocación en otro Departamento o renunciar ya que su posición en mi oficina era insostenible debido a su insubordinación manifiesta y al poco respeto demostrado al que suscribe.
“ ‘Por tanto, expongo el caso a su consideración suplicándole res- - petuosamente se proceda a exigir responsabilidad a la citada Srta. Gil, por el acto cometido ya que los servicios de esta oficina sufren serio quebranto al no existir relaciones cordiales entre el jefe y su su-balterna inmediata que hace las veces de su secretaria.
“ ‘Los señores Tomás Yera Ayala, Alfonso del Valle y Rafael López Capó son testigos oculares de todo lo ocurrido. — Atentamente, (f) Ignacio L. Torres, Director Agrícola Auxiliar.’
“7. Que el día 2 de octubre de 1928 fué entregada al demandado la contestación de la demandante al cargo de insubordinación que se le imputa en dichas cartas, siendo dicha contestación a dichos car-gos, literalmente copiada, la siguiente:
(Se transcribe íntegra en la demanda. Es amplia y detallada y, en resumen, admite los hechos, pero niega que ocurrieran en la ma-nera descrita por el Sr. Torres, exponiéndolos en la forma en que, según la demandante, tuvieron lugar.)
“8. Que el día 8 de octubre de 1928 la demandante envió al de-mandado, en pliego certificado que el demandado recibió con la misma fecha, una carta solicitando de dicho demandado, que fijara día y hora para la sustanciaeión de los cargos a que arriba se hace refe-rencia, y para la celebración de la vista correspondiente; y que dicho día y, hora le fueron notificados a la demandante.
“9. Que el demandado, en vez de acceder a tal solicitud para que se abriera una información del caso señalándose la vista corres-pondiente, escribió y dirigió a la demandante al día siguiente al en que la demandante solicitó de dicho demandado dicha vista, una carta destituyéndola de su puesto como Secretaria y Primer Ofici-nista del Negociado de Fomento Agrícola del Departamento de Agri-cultura y Trabajo, desde el día 25 de septiembre de 1928.
“10. Que en carta recibida por la peticionaria y fechada el 30 de octubre de 1928, que le fuera dirigida por el demandado en este caso, dicho demandado notificó a la demandante peticionaria, que quedaba la demandante restituida en el puesto dé Secretaria y Primer Oficinista del Negociado de Fomento Agrícola, con efectividad dicbo nombramiento a partir del día 25 de septiembre del mismo año.
“11. — Que posteriormente, o sea con fecha 10 de noviembre de 1928, el demandado dirigió a la demandante la carta que a continua-eión se transcribe:
“ ‘10 de noviembre de 1928. — Srta. Carmen M. Gil, Secretaria y Primer Oficinista, Carretera Nueva, Parada 14, Santuree, P. R. — -Se-ñorita: En mi carta del 29 de septiembre de 1928, envié a Ud. un pliego de cargos presentados contra Ud. por el Sr. Torres, Director Auxiliar del Negociado de Fomento Agrícola de este Departamento. Posteriormente, con fecha 2 de octubre, recibí las contestaciones a dichos cargos, y habiendo dado cuidadoso estudio tanto a los cargos presentados por el Sr. Torres como a las contestaciones dadas por usted, decidí ordenar su destitución del cargo que ocupaba en nues-tro departamento.
“ ‘En mi carta del 30 de octubre notifiqué a Ud. que no habién-dose llenado todos los requisitos que exige la sección 7 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil Portorriqueño en la tramitación de los cargos formulados contra usted, la restituí en el puesto de Secreta-ria y Primer Oficinista del Negociado de Fomento Agrícola, con efec-tividad a partir del 25 de septiembre próximo pasado. Hice esto con el objeto de dar a usted todas las oportunidades a que tiene derecho de acuerdo con la ley. Sin embargo, con el objeto de tramitar debi-damente el expediente de referencia, se le notifica que a partir del próximo lunes, día 12 del corriente, quedará suspendida de empleo y sueldo hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento que menciono a principio dé este párrafo. Le envío de nuevo copia de los cargos del Sr. Torres.
“ ‘Al efecto, celebraré una audiencia en mi oficina el miércoles 14 del corriente, a las diez de la mañana, para la cual queda usted citada por medio de la presente con el objeto de que en dicha au-diencia se presente la prueba 'que usted por su parte, y el Sr. Torres por la suya, crean pertinentes, teniendo usted en dicha audiencia de-recho a repreguntar los testigos. — Atentamente, (f) Carlos E. Char-dón, Comisionado.’
“12. Que de acuerdo con los términos de dicha carta el deman-dado reprodujo contra la demandante los mismos cargos por los cua-les el demandado había destituido primero a la demandante, repo-niéndola más tarde.
“13. Que a dichos cargos la demandante contestó nuevamente re-produciendo la carta que aparece inserta en el hecho séptimo de esta demanda.
“14. Que oportunamente se celebró una audiencia en la cual se practicó la prueba correspondiente por ambas partes, de la cual se acompaña copia.
‘**15. Que el día 28 de noviembre de 1928, con posterioridad a la celebración de dicha audiencia, el demandado destituyó a la deman-dante, por motivo de los mismos cargos de que previamente había sido absuelta dicha demandante.
‘ ‘ 16. Que la demandante en ningún momento ha renunciado dicho cargo, ni ha perdido su condición de miembro del Servicio Civil Cla-sificado de Puerto Rico.”

Expedido el auto en forma alternativa, contestó el deman-dado aceptando todas y cada una de las alegaciones conte-nidas en los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 20 de la mencionada solicitud, y aceptando parte de las alegaciones 15, 17 y 18, exponiendo a su vez lo que estimó pertinente en relación con las mismas.

Como materia nueva constitutiva de oposición a la soli-citud alegó varios hechos que no estimamos necesario trans-cribir.

Y como nuevas, distintas y separadas defensas especiales, alegó:

“1. Que el procedimiento para destituir a un funcionario o em-pleado público es de naturaleza administrativa y no penal por lo que la defensa de ‘former jeopardy’ no es aplicable a estos casos.
“2. Que la solicitud de mandamus tal como fué redactada, no aduce hechos constitutivos de causa de acción a favor de la peticio-naria.
“3. Que el recurso de mandamus no es el adecuado ni procede para revisar la orden de destitución de un funcionario público cuando, como en este caso, aparece que se han cumplido todas las formalida-des de ley y que existe causa legal para la destitución decretada.
“4. Que el remedio de mandamus es improcedente para decidir si la destitución de la peticionaria era o no necesaria para la buena marcha, y eficiencia del servicio público, porque envuelve una cues-tión discrecional, cuya resolución compete únicamente al deman-dado.”

Tomado el caso bajo su consideración, la corte lo decidió en favor de la peticionaria. Después de exponer los hechos, dijo, en su relación del caso y opinión:

“De acuerdo con la Regla YII del Reglamento del Servicio Civil, promulgado por el Gobernador de Puerto Rico, ‘ninguna persona po-drá removerse de un cargo del Servicio Civil Clasificado sino por aquellas causas que favorezcan la eficiencia del servicio y por mo-taos que se presentarán por escrito.’ La Ley del Servicio Civil en su sección 5, apartado 2, párrafo (e), también así lo dispone.
“Un empleado incluido en el Servicio Civil Clasificado tiene de-recho a no ser separado de su cargo sino por causa para el bien del servicio público. Castro v. Gallardo, Tesorero, 34 D.P.R. 199.
■ “El inciso 5 de la Regla Y enumera las causas que se consideran buenas y suficientes para la destitución del servicio y son las siguien-tes :
“(a) Por delincuencia o mala conducta;
“ (b) Por incapacidad física o mental;
“ (c) Por conducta criminal, deshonrosa, inmoral o notoriamente degradante;
“ (d) Por hacer intencionalmente una declaración falsa sobre cualquier hecho sustancial, o por practicar cualquier engaño o fraude para conseguir examen, certificado o nombramiento;
“ (e) Por negarse a prestar declaración según se requiere por la Ley del Servicio Civil; y
“ (f) Por el uso habitual y excesivo de bebidas intoxicantes.
“Examinados los cargos que se imputaron a la peticionaria halla-mos que ninguno puede equipararse a los indicados en la Regla Y, si se considera detenidamente lo ocurrido entre la peticionaria y el jefe inmediato, según aparece del pliego de cargos y de la contesta-ción, ya que las partes sometieron el caso por los méritos de las ale-gaciones. Quizás las palabras dirigidas por la peticionaria a su jefe inmediato llamándole desmemoriado y no haber pedido oportuna-mente el informe al agente agrícola Emilio Muñoz, ya que la obliga-ción de presentar dicho informe estaba en el propio Emilio Muñoz, pudieran constituir faltas que determinaran una reprensión, pero en modo alguno son causa suficiente para la destitución por la eficiencia del servicio, especialmente, si se tiene en cuenta que tal destitución incapacita al empleado para volver al mismo.
“Desde luego que no es el propósito de la corte aquilatar la evi-dencia que se presentara por una y otra parte durante la investiga-ción de los cargos- y decidir si fué o no suficiente, porque esa' evi-dencia no se nos ha presentado, y ésa no sería nuestra misión, sino, simplemente determinar si los cargos presentados constituyen justa causa para la destitución. A nuestro entender, no lo constituyen, considerada la letra y el espíritu de la ley.
“Cuando un empleado es destituido ilegalmente y sin causa jus-tificada, el mandamus es el remedio adecuado para reponerle en el cargo. 38 C. J. 709-710; Ex Rel Meyer v. Bealdwing, 19 L.R.A. (N.S.) 40.
“En cuanto a que la reposición de la peticionaria constituya un nuevo nombramiento, no lo estimamos así porque a ella no se le ex-tendió un nuevo nombramiento, sino que meramente se le repuso en el cargo para darle la oportunidad de oírla, ya que se le había des-tituido sin previa audiencia ni oportunidad de defenderse.”

No conforme el Comisionado, apeló. Su alegato está cuidadosamente preparado por la oficina del Attorney General de Puerto Rico.

Lo que más nos lia hecho vacilar en nuestra resolución, es la circunstancia de si habiéndose dado, como se dió, definitivamente, audiencia a la peticionaria, en cuya audiencia se practicó prueba que no consta ante nosotros, estamos, como corte de justicia, justificados en intervenir con el juicio que formara el Jefe del Departamento en cuanto al bien del servicio público cuya suprema dirección le está encomendada.

La tendencia moderna, y la más justa, y el espíritu de la ley creadora del servicio civil son garantizar la eficiencia del trabajo público, formando y sosteniendo un cuerpo de empleados competente, laborioso y honrado que no esté sujeto a los cambios, veleidades o apasionamientos políticos, o a la mala voluntad, el despotismo, o las miras interesadas de los jefes, sino que dependa de sí mismo, de su propia conducta en el ejercicio de sus funciones. Cumplir con el deber, tal es la norma del empleado; y si lo cumple, considerarse en su posición seguro, tal la garantía de la ley, que si se viola será restablecida por los tribunales de justicia.

. Después de un cuidadoso estudio, creemos que una cita que hace la propia parte apelante, en sn alegato, nos muestra el camino a seguir en este caso. Dice:

“El mandamus es un remedio adecuado para impedir que un fun-cionario, o junta, separe de su empleo a un funcionario o empleado, sin autoridad para ello, o cuando bay un manifiesto abuso de dis-creción.” 38C.J. 704.

La autoridad del Comisionado para destituir en propios casos, no puede discutirse. Que el procedimiento seguido se ajustó a las normas establecidas por la jurisprudencia y la buena práctica, tampoco puede discutirse. Se dió a la peti-cionaria amplia oportunidad de ser oída y defenderse, después de habérsele formulado cargos por escrito. Bajo esas cir-cunstancias, sólo a virtud de un manifiesto abuso de discreción por parte del Comisionado, podrá intervenir la corte, pues debe reconocerse que nadie está en mejores condiciones que él para juzgar si la destitución del empleado que trabajaba a sus órdenes favorecía o no la eficiencia del servicio público de que es él el principal responsable.

Todo depende, en tal virtud, de que el Comisionado abu-sara o no de su poder discrecional.

Las circunstancias son tales que a nuestro juicio demues-tran que existió el abuso. No debe aceptarse como buena la actitud asumida por la peticionaria para con su jefe in-mediato. Jamás debió contestarle en la forma en que lo hizo, pero esa actitud no justifica la destitución. Tal fué la primera impresión recibida en el acto de la vista del recurso; tal la impresión que perdura después de un estudio detenido del mismo.

Una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Diferencias entre jefes y empleados, son dañosas al servicio público, y si se extienden hasta llegar a constituir una ver-dadera división, terminarán por arruinar el servicio. Pero dar la razón en absoluto a la parte más fuerte, con mayor autoridad dentro de la casá, en el primer leve conflicto; tomar la medida extrema de echar fuera del hogar por una falta explicable, no reveladora de intención dañada, a uno de sus miembros, constituye un mal mayor que el que se trata aparentemente de evitar. Deben ponerse en ejercicio los medios que el conocimiento de la naturaleza humana aconseja, que el reconocimiento de la dignidad personal exige y que la ley consagra, antes de acudirse a la destitución. A ve-ces, después de darse cuenta de la falta cometida, y de la actuación elevada del encargado de corregirla, surge una situación de conciencia mejor para el decidido cumplimiento del deber, y por consiguiente beneficiosa para el servicio público.

Aceptando que la peticionaria olvidó pedir el informe y procedió de la manera que expresa el Sr. Torres en su carta ai Comisionado, creemos que su actuación constituye una falta reprensible, pero estimamos que no reviste la gravedad necesaria para servir de base a su destitución.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.


author: El Juez PeesideNte Seño®, del Tobo,

text:
    José Font, demandante y apelado, v. Inés Castro y R. Rullán, demandados y apelante el primero.
    No. 4852.

    Sometido: Diciembre 13, 1929.

      Resuelto: Junio 25, 1930.

      José Veray Jr., abogado de la apelante; Rafael Arjona Siaca, .abo-gado del apelado.
   El Juez PeesideNte Seño®, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada que sirve de base a este pleito se alega que los demandados allá por el mes de enero de 1923, suscribieron a favor del demandante, y le entregaron, una obligación en la cual se comprometieron a pagarle mancomu-nada y solidariamente, $728, el 31 de enero de 1924, con intereses al doce por ciento anual, y que los demandados, ni a la fecha del vencimiento, ni después, han satisfecho, ni separada ni conjuntamente, al demandante, la expresada suma, ni en todo ni en parte, ni lo ha hecho ninguna otra persona a nombre de ellos.

Excepcionaron los demandados la demanda, por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción, la contestaron aceptando el otorgamiento del pagaré y negando que no estuviera satisfecho, y alegando, además, como materia nueva, que con anterioridad al 31 de enero de 1924, el deman-dado, Inés Castro, efectuó el pago, entregando los $728 al propio demandante, José Font.

Declarada la excepción sin lugar, fué el pleito a juicio, y apreciando la prueba en muy cuidadosa opinión, la corte de distrito finalmente declaró la demanda con lugar, condenando a los demandados a pagar al demandante la sumá reclamada, intereses y costas.

No conformes los demandados, apelaron para ante este tribunal. Señalan en su alegato la comisión de tres errores.

Refiérese el primero a la excepción previa. Admiten los apelantes al discutirlo, que la demanda tal como quedó finalmente redactada es perfecta, porque se alegó no sólo que los demandados suscribieron la obligación, si que tam-bién la entregaron al demandante. Si esto es así, los mismos apelantes reconocen que la excepción fué declarada sin lugar debidamente y el error no existe.

La excepción previa admite la verdad de los hechos tales como se alegan. No es posible discutir una excepción como lo hacen los apelantes en su alegato, sosteniendo que la en-trega que se alegó en la demanda que se hizo al demandante, no quedó comprobada en el juicio.

Si tal entrega no se hubiere demostrado, procedería de-clarar la demanda' sin lugar, no a virtud de falta de hechos alegados, sino a consecuencia de falta de prueba.

Examinando el extremo como falta de prueba, diremos que en verdad en el acto de la vista no se demostró que la entrega se hubiera hecho personalmente a José Font, pero sí se demostró hasta la saciedad, no ya por prueba del demandante, si que por la de los propios demandados, que se entregó a su agente, Romaguera, y ello es bastante para sostener la alegación.

El segundo y el tercero de los errores señalados se refieren a la apreciación de la prueba.

Es tan grave la conclusión a que llegara la corte de dis-trito al apreciar la prueba, que hemos examinado este caso no en una, sino en dos ocasiones, dejando transcurrir entre ellas bastante tiempo. En las dos nos hemos convencido de que el juez tuvo razón.

Los $728 que aquí se reclaman proceden de una deuda mayor. El verdadero deudor ló ha sido siempre el deman-dado Inés Castro, pero como el otro demandado, Rullán, asumió la responsabilidad de pagar, es igualmente respon-sable de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

Los demandados habían reconocido deber a José Aguiló $1,318.08. Aguiló traspasó el documento al demandante Font. No pudiendo satisfacer la totalidad de la deuda, los demandados obtuvieron del acreedor, Font, por medio del agente de éste, Romaguera, que admitiera el pago de parte de la misma, otorgándose un nuevo documento' por el resto.

El nuevo documento se extravió en la oficina del agente, y al gestionarse privadamente el cobro, Castro se negó. Font, entonces, inició este pleito.

Los demandados no sólo declararon que la deuda se pagó, si que presentaron como prueba un pagaré por $728, a favor del demandante, suscrito por ellos, con nota de haberse cancelado, declarando Castro que mandó a su hijo, Ernesto Castro, a Ponce, a pagarlo, y a su vez Ernesto Castro* que dijo que fué a Ponce enviado por su padre, y entró en la casa de Font, y le pagó, y Font le entregó el documento can-celado. Otro testigo, Aurelio Méndez, declaró que fué a Ponce acompañando a Castro y se quedó en el auto mientras Castro entró a la casa de Font, viendo luego en. manos de Castro el documento que le entregara Font.

No obstante toda esa prueba, la corte falló en contra de los demandados, como ya hemos dicho. Font declaró que nadie le había pagado, y que lo dicho por Ernesto Castro es falso. Eomaguera, agente de Font, también declaró que la deuda no había sido satisfecha y que el documento se extravió en su oficina, extremo sobre el cual declararon también sus empleados.

En rebuttal se presentaron por el demandante dos decla-raciones de la mayor importancia, las de José Aguiló y Alfonso G-onzague.

Declarando Inés Castro, aseguró que él nada había sabido sobre el extravío del documento. Sin embargo, Aguiló dijo:

“Pues bien: cuando el señor Font me escribió diciéndome que creía que el documento se babía extraviado, esto es, el nuevo docu-mento, porque en la transacción que hicieron él pagó seiscientos y pico de pesos o sea la mitad de los mil trescientos, pues le escribí al señor Castro diciéndole que el documento se había extraviado.”

T el interrogatorio de Gonzague, que dijo ser un em-pleado del Departamento del Interior, que durmió por algún tiempo en casa de Inés Castro, es, en parte, como sigue:

Quiere usted informarme qué fué lo que le dijo el señor Inés Castro en relación con eso? — Él me suplicó para que viniera a serT virle de testigo a la corte como que él había pagado una cantidad en Ponee; me dijo que el documento donde constaba la cantidad esa se había extraviado y Ique si yo le hacía el favor de venir a de-clarar como afirmando que delante de mí Ernesto Castro había ido a Ponce y delante de mí le había pagado al señor Romaguera una cantidad de dinero y que yo dijera que había visto cuando él le había entregado el documento a que se refería esa cantidad. — ¿Usted aceptó esa proposición del señor Castro? — Nunca; yo soy una persona honrada. — Abogado del demandante: Nada más. — A preguntas del Abogado de los demandados, declaró: ¿Usted es amigo de don Inés Castro o enemigo? — Amigo.—¿Lo quiere mucho? — Yo no lo quiero mal; solamente me ha ofendido la proposición esa.”

Si a esto se agrega que en las declaraciones de los deman-dados Castro y Rullán, se advierten las vacilaciones y con-tradicciones a que se refiere el juez de distrito en su opinión; que pesando la prueba documental se encuentra que, como en sus propias palabras dice el juez sentenciador, “de la copia de la carta del señor Romaguera fechada en febrero 14, año 1923, en Ponce y dirigida al señor Castro, el señor Romaguera le decía en el segundo párrafo que le enviaba el pagaré por $728 para que se sirviera firmarlo conjuntamente con el señor Rullán. El señor Romaguera, al declarar, ma-nifestó que la letra manuscrita que llena los blancos del im-preso del pagaré presentado por'los demandados no es la de ninguno de los empleados de su oficina, y examinando el do-cumento contiene un dato que, dentro de las circunstancias, estima el juzgador que es de suma importancia. El pie im-preso para fechar dicho documento contiene las palabras ‘Lares_de_de mil novecientos’ en le-tras de imprenta, siendo así que el señor Romaguera que reside y ejerce el comercio en Ponce, manifestó que él no tiene en su oficina blancos de pagarés para fecharse en La-res, y que el propio Inés Castro duda, vacila pero no niega que fuera el pagaré que le remitiera para su firma el señor Romaguera desde Ponce el documento que después de sus-crito por él y el codemandado señor Rullán se le devolviera al domicilio del expresado señor Romaguera;” se concluirá que la sentencia apelada tiene justificación plena en los autos, y debe, en tal virtud, ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Marcelina Franqui de Alfaro por sí y como madre con patria potestad sobre su menor hijo Vicente Vélez, demandante y apelada, v. Fuertes Hermanos, S. en C., demandados y apelantes.
    No. 4767.

    Sometido: Noviembre 8, 1929.

      Resuelto: Junio 25, 1930.

      Salvador Siiau, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios en cuya demanda se alegaba que la acción se debía ‘ ‘ única y exclusivamente a la culpa y negligencia y al descuido y temeraria imprudencia de Federico Jovet, empleado de la demandada, quien actuaba como tal, siendo dicho descuido y negligencia la causa próxima e inmediata de dicho accidente.” La demandada sostiene en apelación que la demanda es insuficiente por dejar de alegar que el empleado actuaba dentro de las atribuciones de su empleo; en otras palabras, dentro de la sanción impuesta por el artículo 1804 del Código Civil.

En su opinión la corte inferior dijo que no se le señaló ningún defecto específico de la demanda. Durante el juicio, se probó suficientemente que el supuesto agente estaba actuando dentro del negocio de su patrono. Siguiendo la jurisprudencia expuesta en el caso de El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, 235, y citando la nota que aparece al calce del caso de Ellinghouse v. Ajax Live Stock Co., L.R.A. 1916 D 841, 843, debemos resolver que la demanda, bajo las circunstancias expuestas, debe considerarse enmen-dada.

En la demanda también se alegaba que en 26 de marzo de 1927 la demandada era dueña de un autocamión destinado al uso de la compañía para la conducción de productos, etc., y además, que el agente estaba actuando como tal empleado. De estas alegaciones podemos inferir que el agente estaba cumpliendo sus deberes. Tal vez podría decirse que cuando se alega que un vehículo estaba siendo conducido por un agente, surge la presunción de que dicho agente actuaba dentro del negocio de su principal. Esto resuelve el primer señalamiento de error.

Por la prueba presentada en el caso, la corte declaró: que a las 11:30 de la noche del 26 de marzo, 1927, el verdadero demandante Vicente Vélez, un menor de 16 años y agricultor de profesión, caminaba a caballo por la orilla de la carretera que conduce de Isabela a Aguadilla, por la derecha; que en dirección opuesta venía un autocamión marca “Mack,” licencia H. P. 143, propiedad de la demandada, guiado por su empleado o chauffeur, Federico Jovet; que este autocamión marchaba a velocidad excesiva, haciendo zigzags, sin tocar bocina ui dar alguna otra señal de alarma, y llevando dos lámparas de gas en la parte delantera, una de ellas apagada y la otra a media luz; que el autocamión chocó violentamente con el demandante, produciéndole una herida en la rodilla izquierda con profusa hemorragia y lanzándolo a la carretera junto con el caballo; que el autocamión siguió su veloz carrera hasta el pueblo de Isabela; que dicho demandante fué recogido por varias personas y conducido al pueblo de Isabela para ser curado, y allí fué asistido de primera intención por el Dr. Santiago, quien recomendó una inmediata intervención quirúrgica; que al día siguiente fué trasladado al hospital municipal de Aguadilla y el Dr. Cardona encontró que dicho demandante sufría una fractura compuesta, etc., de la pierna izquierda, con una herida que cogía casi toda la rodilla, etc.; que el demandante fué sometido a una operación en que fué necesario extraerle gran parte de la rótula, que estaba fracturada en forma de estrella; que estuvo cinco semanas recluido como pudiente en el hospital y dos meses más en su residencia; y que a consecuencia de este accidente sufrió de una anquilosis con pérdida de cerca de 70 por ciento de flexión, que no recobrará, quedando con una incapacidad parcial permanente.

También aparece de la prueba que las lesiones recibidas por el demandante le produjeron grandes sufrimientos físi-cos y morales,- que el actor pagó al Dr. Néstor Cardona la suma de $500 por la operación que en él realizó; que además satisfizo la suma de $113 por su estada en el hospital municipal; y que asimismo pagó la suma de $75 por concepto de medicinas, lo que hace un total de $688. Después de discutir la ley aplicable al caso, la corte dictó sentencia por la suma de $2,688.

La apelante critica a la corte inferior por no seguir el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil según fué enmendado por la Ley No. 25 de 12 de julio de 1925, que discutiremos un poco más adelante, a pesar de que no se hizo señalamiento de error por este motivo. La apelada dice que no bubo verdadera contradicción en la prueba, pero no podemos estar de acuerdo. La prueba de la demandada tendió a demostrar que hubiese sido imposible para los tes-tigos de la demandante haber visto lo que declaran, o sea, la forma en que ocurrió el accidente. Sin embargo, conve-nimos con la apelada en que el ataque principal de la apelante se dirige a la credibilidad de los testigos de la demandante, o respecto a si los hechos pudieron ocurrir en la forma expuesta por ellos. Por ejemplo, dos de los testigos manifestaron que aquella noche no había luna y que, no obstante, estaba sufi-cientemente claro para ver el número de la licencia y la forma exacta en que el autocamión chocó con el caballo de la parte demandante. Igualmente, la demandada comenta el hecho de que dos de los testigos relataran la misma historia palabra por palabra, tal cual si se les hubiera enseñado a decirla. Esto es solamente una referencia parcial al análisis hecho por la. demandada tendente a demostrar que era imposible que el accidente ocurriera en la forma expresada por los tes-tigos de la demandante. En varios casos hemos comentado el hecho de que inconsistencias entre las declaraciones de los testigos respecto a la forma en que ocurrió un accidente no afecta necesariamente su credibilidad, toda vez que por lo general los testigos pueden estar equivocados en parte de lo qué vieron o lo que creyeron haber visto. Por otro lado, no es razón para no creer a uno u otro testigo por el becbo de que ambos relaten exactamente la misma historia, cuando existe la posibilidad de que pueden haber hablados sobre el asunto con el abogado, o ensayado entre sí. Cualquiera cuestión de esta clase cae dentro de la apreciación que debe hacer el juz-gador del caso, o sea, el juez de distrito.

Leyendo la prueba, no hallamos razón alguna para dudar de la conclusión general a que llegó la corte inferior o de los hechos últimos que ella declaró probados. Las únicas dudas que hemos tenido surgen del análisis muy hábil hecho por la demandada. Pero estas dudas no bastan para pro-vocar la revocación del caso. No tenemos duda de que de acuerdo con la prueba, la corte tenía derecho a creer que el chauffeur de la demandada caminaba descuidadamente por la carretera, en la forma descrita por los testigos de la de-mandante.

En Jo que respecta al artículo 227, no sólo la demandada dejó de hacer un señalamiento de error sobre el particular, sino que dejó igualmente de solicitar de la corte que hiciera un análisis adicional al que se hizo en este caso. Hemos indicado antes que sería imposible para una corte expresar todas las razones que le indujeron a creer o a no creer a determinado testigo o grupo de testigos, y un gesto olvidado podría producir una convicción en la mente del juez. Podemos entender las dudas de la apelante, pero ésta no nos convence de que la corte estuviera errada al fallar el caso en favor de la demandante. Esto resuelve el segundo señalamiento de error.

El tercer señalamiento se refiere a la cuantía de la indemnización. Nos sentimos obligados a resolver que la concesión de $2,000 en adición a los gastos en que incurrió la parte demandante, no es excesiva.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez PkesideNte Señor del Toro,

text:
    Rodríguez Hevia & Co., S en C., demandante y apelada, v. Línea Férrea del Oeste, demandada y apelante; Valentín Negrón, demandante y apelado, v. Línea Férrea del Oeste, demandada y apelante; Evaristo Robles, demandante y apelado, v. Línea Férrea del Oeste, demandada y apelante.
    Nos. 4790, 4789 y 4791.

    Sometidos: Noviembre 22, 1929.

      Resueltos: Junio 25, 1930

      Artemio P. Rodrigues, abogado de la apelante; Fernando B. Fornaris, ' abogado de los apelados.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez PkesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Son la 'consecuencia estos tres casos del choque de una locomotora con un truck que produjo desperfectos al truck, y lesiones al chauffeur y al peón del mismo. Se establecieron tres demandas separadas. Se practicó la prueba en el pri-mero, y las partes estipularon que por ella fueran decididos el segundo y el tercero. En el primero se reclamaron $1,894, y la corte dictó sentencia concediéndolos. En el segundo se reclamaron $1,560, y la corte dictó sentencia concediendo mil. En el tercero se reclamaron $1,260, y la corte concedió qui-nientos. No conforme la demandada, en los tres casos inter-puso recursos de apelación, que se vieron en un solo acto y que serán considerados en esta sola opinión y resueltos por tres sentencias basadas en la misma.

En las demandas se alegó la ocurrencia del accidente, así:

“3. Que allá para el día 27 de marzo de 1924 y más o menos a las 6 P. M., el antes referido truck de la demandante viajaba por la carretera que conduce de Bayamón a Cataño y al aproximarse al puente que existe en dicha carretera y a la salida del pueblo de Ba-yamón, una locomotora propiedad de la demandada que caminaba en la misma dirección y que era conducida por el maquinista Pablo Cases, quien allí y entonces era agente y empleado de la demandada dentro del límite de sus funciones como tal agente o empleado, ne-gligentemente chocó con la parte del frente de la locomotora contra el costado derecho del aludido truck, lanzándolo a un precipicio donde quedó casi completamente destruido.
“4. Que la negligencia del maquinista consistió en no haber to-cado señal de alarma de su aproximación y haber conducido la loco-motora y los vagones que a ella iban pegados a una velocidad exce-siva y no tomando las debidas precauciones para evitar el accidente, reduciendo la velocidad o parando la locomotora al ver que el truck había ganado la entrada al puente y viendo claramente que ambas cosas, el truck y el tren no podían pasar al mismo tiempo por dicho puente, dado el poco ancbo que éste tiene.
“5. Qne el accidente y todas sns consecuencias se debió única y exclusivamente a la imprudencia, impericia y negligencia del agente o empleado de la corporación demandada, negligencia que consistió en los hechos apuntados en el párrafo anterior de esta demanda.”

La demandada contestó:

”4. Acepta la demandada que allá por el día veintisiete de marzo dé 1924, a la hora que se menciona en la alegación tercera de la de-manda, el referido truck de la demandante viajaba por la carretera que conduce de Bayamón a Cataño, pero niega la demandada que una locomotora de la demandada chocara contra el aludido truck al aproximarse éste al puente que existe en dicha carretera a la salida del pueblo de Bayamón, alegando por el contrario que en día y hora mencionados, antes de la entrada del puente sobre el río Bayamón a la salida de Bayamón para Cataño, el indicado truck, que era condu-cido por Valentín Negrón como chauffeur y en el que trabajaba como peón Evaristo Robles, ambos allí y entonces agentes y empleados de la demandante, dentro del límite de sus funciones como tales agentes ■.■o empleados, fué dirigido por dicho Valentín Negrón muy hacia den-tro de la vía por donde transita el tren de la demandada, en los mo-mentos en que el tren pasaba por el sitio indicado, chocando dicho truck contra el tren de la demandada, por su costado izquierdo, ha-ciendo que éste se descarrilara y la máquina fuera a caer a un pre-cipicio ; y alega la demandada que dicho accidente se debió a la ne-gligencia absoluta de la demandante y sus empleados, especialmente a la negligencia del chauffeur Valentín Negrón, quien no se detuvo ni tomó precauciones al aproximarse a la vía del tren de la deman-dada que pasa por dicho sitio y cruza el indicado puente, y quien no prestó atención alguna a las señales de la aproximación de dicho tren que daban los empleados de la demandada.
“5. Niega la demandada que el maquinista o empleados de la de-mandada el día y hora mencionados en la demanda no dieran señal de alarma de la aproximación del tren o que dicho maquinista con-dujera dicha locomotora y los vagones que a ella iban pegados a ve-locidad excesiva, o que no tomaran precauciones para evitar el acci-dente, alegando por el contrario que dichos empleados en los momen-tos de dicho accidente y desde antes de ocurrir el mismo iban tocando la campana y antes de entrar a la carretera, dicho maquinista había detenido la marcha del tren; y alega además la demandada que los empleados de dicha demandada tomaron, todas las precauciones del caso para evitar el accidente, el que ocurrió por la negligencia de los empleados de la demandante al dirigir el truck muy hacia la vía del tren en los momentos en que el tren pasaba por dicho sitio, sin que dichos empleados de la demandante pusieran atención alguna a las señales de alarma que daban los empleados de dicho tren y sin que se pararan, miraran y escucharan antes de acercarse a la vía del tren de la demandada.
“6. Niega la demandada que el accidente se debiera a la impru-dencia, o impericia o negligencia del agente o empleado de la deman-dada o de algún empleado o agente"de la misma.”

Juzgando la evidencia practicada, dijo el juez de distrito en la relación del caso y opinión en que basó sus sentencias:

“La versión que nos da la demandada de cómo ocurrieron los he-chos no me merece crédito, ni la creo aceptable, y me inclino a creer la teoría de la demandante corroborada por eí chauffeur y el peón del truck, de que ellos iban marchando a una velocidad moderada, que al llegar cerca del puente venía el tren de la demandada, que se les apareció súbitamente, viniendo también de Bayamón hacia Cataño; que al verlo tan próximo a ellos el peón del tnoch se asustó o con-fundió, y que dió un campanazo para mandar a parar el truck, por-que ya estaba muy cerca de ellos el tren, que en ese momento, el truck, giró hacia la derecha, y el tren, en su afán de pasar, le dió al truck por la parte trasera y lo tiró al precipicio.”

Y seguidamente agregó:

“La cuestión a resolver es si en esas circunstancias existe negli-gencia contributoria por parte de los empleados del truck, de tal na-turaleza que impida que se puedan recobrar daños y perjuicios por el accidente sufrido.
“Entiendo que se probó que en el puente por ,donde iba a pasar el tren, no cabían dos vehículos al mismo tiempo; tampoco se probó que el tren tuviera la exclusiva de pasar por este puente, y por el contrario de la prueba aparece que este puente está en una carretera insular, teniendo derecho a pasar por él un tren particular como el truck de referencia. Digo esto para aclarar la responsabilidad que pudiera haber en este caso.
“Teniendo en cuenta el sitio donde ocurrió el accidente, el dilema que se presentó a los que iban en el truck fué sencillamente el siguiente: Si seguían caminando, se meterían en el puente, y el tren, por lo cerca que estaba, los alcanzaría y sin duda alguna ocu-rriría un accidente quizás más serio aún que el oeui’rido; o, dete-nerse inmediatamente, de tal manera que le dieran paso libre al tren, que venía ligero, para evitar que ocurriera una desgracia. Aparece que en la confusión, y debido a la inminencia del peligro, el peón del truck se asustó y dió la señal errónea.
“Ahora, en cuanto al tren, ¿pudo éste desconocer el hecho de que él truck iba por la carretera, delante de él? Entiendo que no. Es-taba en la obligación de verlo, de acuerdo con la ley.”

En su alegato, señala la parte apelante la comisión de trece errores, que argumenta luego en grupos.

Los dos primeros señalamientos se refieren a que según la demandada apelante, la corte partió para formular su juicio de la base errónea de que el accidente había ocurrido en el puente.

Para convencernos de que no es así, basta leer la rela-ción del caso y opinión de la corte, y tomar en consideración las mismas fotografías en que tanto énfasis hace la parte apelante al discutir su noveno señalamiento de error.

Por los señalamientos tercero y cuarto, se sostiene que la corte erró al decidir que el truck iba delante del tren al ocurrir el accidente, y al no resolver que “el truck iba más hacia atrás de la máquina y el vagón, y que fué el truck el que chocó con el vagón al desviarse muy hacia la derecha.”

Recordamos los esfuerzos extraordinarios que hizo el abogado de la apelante en el acto de la vista y hemos consi-derado su hábil argumentación en el alegato sobre estos seña-lamientos de error, pero no podemos estar conformes con su teoría. La prueba de los demandantes sostiene por completo las conclusiones del juez de distrito, y el conflicto que surgiera a virtud de ciertas declaraciones aportadas por la demandada fué resuelto en contra de ésta, sin que exista indicio alguno de pasión, prejuicio o parcialidad, o pueda advertirse ningún error manifiesto. Al contrario. Analizadas las declaracio-nes, los hechos mismos y las fotografías, se concluye que la versión aceptada por el jaez es la más lógica y la que pro-bablemente más se acerca a la verdad de lo ocurrido.

Los errores 5, 6 y 6 b, giran alrededor de la aplicación ele la doctrina de emergencia por la corte sentenciadora.

Para actuar en la forma en que lo hizo, la corte de dis-trito se guió por la siguiente cita de Ruling Case Law:

“Se desprende de lo que hemos dicho que todo acto que tiende a privar a una persona de su habilidad de ejercer sus facultades inte-lectuales y de ser dueña de sus propias actuaciones, la releva de una imputación de negligencia que de lo contrario podría surgir de su conducta. Las emergencias y los peligros repentinos ilustran esta proposición. Expuesta judicialmente, la regla es que el que hallán-dose en una emergencia repentina actúa de acuerdo con su mejor cri-terio, o que, por falta de tiempo para formar criterio, deja de actuar en la forma más juiciosa, no se le puede culpar de negligencia. Así, pues, se ha resuelto que el dueño de un -restaurante no era responsa-ble del acto de un empleado al tratar de remover una lámpara in-cendiada. Aparecía que el empleado descubrió que una lámpara pe-ligrosa de gasolina estaba incendiándose, y, levantándola, trató de sacarla del local. Al hacer esto, sus ropas cogieron fuego. Entonces tiró la lámpara, que explotó, lesionando seriamente al demandante. Al confirmar una sentencia de nonsuit, la corte dijo: ‘El acto del empleado que lanzó la lámpara se realizó en un momento en que él mismo estaba incendiándose, lo realizó como una medida indispensable y urgente de propia conservación. El estaba luchando por sacar la lámpara del local: un acto enteramente propio y plausible. Para hacer esto, la había tomado en sus manos y se dirigía a la puerta cuando las llamas emitidas por el líquido ardiendo lo atacaron y lo amenazaron con las consecuencias más serias, y, posiblemente, fata-les. Para escaparse de esta calamidad, instintivamente arrojó la lám-para; pero no hasta que se había quemado severamente. Ese acto, realizado en circunstancias tan extremas, no debe regirse por las re-glas que son ordinariamente aplicables a los actos perpetrados a san-gre fría, con tiempo y oportunidad para que la parte considere las consecuencias y el método del acto que está próximo a realizar. Las decisiones .de esta corte y de otros tribunales son muy numerosas en la aplicación del principio a casos en que las personas que se colo-can repentinamente en situaciones de riesgo o peligro inminente ha-cen cosas que ordinariamente constituirían actos de negligencia.’ Lina persona en cuya posesión y bajo cuyo dominio se incendia un material combustible, y que, al removerlo con el fin de salvar su pro-piedad, destruye la ajena, no está en situación de alegar el bene-ficio de la regla de que el que se ve obligado a actuar en una emer-gencia no es responsable por dejar de ejercer el mejor criterio que sería hijo de la deliberación, pues esa regla es aplicable entre la persona que actúa y la persona a causa de cuya culpa se ve obligada a actuar sin tiempo para deliberar. El caso debe regirse por otra re-gla reconocida, a saber, que cuando una pérdida ha de ser sufrida por una de dos personas inocentes, recae sobre la menos ino-cente.” 20 R. C. L. 29.

Creemos que la corte actuó correctamente. Además, las circunstancias que revelan las pruebas son tales, que aunque no se hubiera dado la señal errónea que se dió, el accidente hubiera probablemente ocurrido, y entonces hubiera sido en el propio puente y tenido, quizá, peores consecuencias. El truck, que iba delante, tenía derecho a caminar por donde iba, y necesariamente, dado lo estrecho del sitio, al acercarse al puente y pasar por él, debía hacerlo por sobre de la vía. Dada la diferencia de velocidad a que marchaban, el truck despacio, y la locomotora aprisa, y lo cerca, casi encima, que se encon-traba la locomotora del tmck cuando el peón de éste dió la señal, la locomotora hubiera alcanzado al truck y chocado con él, aunque no se hubiera parado.

Por los errores 7, 8 y 10, se sostiene que la corte debió haber decidido que los que manejaban el truck fueron culpables de negligencia al no tomar las debidas precauciones al cruzar el puente, y al no cumplir con el aviso de “párese, mire, y oiga” que antes de él estaba colocado, y en vez de ello, resolver “que no habiéndose demostrado que el tren tuviera la- exclusiva de pasar por el puente, la demandada era responsable.”

En primer lugar, no se trataba propiamente de un cruce. En segundo lugar, aunque el sitio era peligroso en verdad, todo lo que podía esperarse es que el que guiaba el truck mirara y se cerciorara de si el puente estaba libre, y en efecto lo estaba. Pué la incomprensible decisión del que guiaba la locomotora de seguir adelante, lo que ocasionó, bien puede decirse que únicamente, el accidente. Aun teniendo la exclusiva, no hubiera podido el tren pasar por un puente ocupado previamente, con derecho o sin derecho, por (an truck.

Por ser ilustrativas del derecho de ambas partes en casos* como éste que resolvemos, transcribimos las dos citas que siguen, que tomamos del alegato de las partes apeladas. Dicen:

“La regla ha sido bien establecida, que cuando las vías de un ferrocarril están tendidas longitudinalmente sobre un camino público, el público tiene derecho al uso de todo el camino, incluyendo aquella parte del mismo sobre la cual están colocados los rieles, mientras tal derecho no sea incompatible con el derecho de la compañía de correr sus trenes, en forma razonable, sobre sus propias vías; y que por tanto, uno que esté sobre las vías en el camino, no es un transgresor. De acuerdo con el principio antes indicado, a los efectos de que per-sonas que se hallan en las vías de un ferrocarril en un camino pú-blico, no son transgresores, las cortes, en un número de casos han sentado reglas generales en relación con los mutuos deberes y res-ponsabilidades de una compañía ferroviaria y del público en el uso del camino. La doctrina, general aparecería ser que los caminantes y los conductores de vehículos tienen derecho al uso del camino, in-cluyendo aquella parte del mismo sobre la cual están tendidas las vías, y que tal derecho es igual al de una compañía ferroviaria.” Baltimore, etc. R. Co. v. Cumberland, 176 U. S. 232. Southern Ry. v. Caplinger, 151 Ky. 749.
“La responsabilidad de una compañía ferroviaria que explota trenes en un camino público es muy diferente de su responsabilidad al explotar trenes donde tiene derecho exclusivo de paso, y en sitios donde sus empleados a cargo de los trenes no tienen motivo pára esperar que haya personas sobre la vía, y ha sido bien establecido que es el deber de compañías ferroviarias que así funcionan en un camino público, el ejercer un grado de cuidado que corresponda al peligro de tal funcionamiento, y que el dejar de observar las debidas precauciones, bajo las circunstancias peculiares del lugar, constituye negligencia. Ellas están obligadas, a todas horas del día y de la noche, a prever la presencia de viandantes en el camino, y a tomar aquellas precauciones, en lo referente a velocidad, alarma, y vigilan-eia, que sean razonablemente suficientes para evitar daños a dichos viandantes.” Lampkin v. McCormick, 105 La. 418.

El error 9 no tiene importancia. Por el hecho de que el juez no mencionara las fotografías al referirse a la prueba de la demandada, no puede asegurarse que no las tuviera en cuenta al formar su criterio en cuanto a la prueba. Hemos examinado por nosotros mismos esas fotografías, y no obs-tante lo hábilmente que están tomadas, lo estrecho del sitio y las condiciones del mismo pueden apreciarse, y todo ello en vez de destruir lo dicho por los testigos de los deman-dantes y aceptado como probado por el juez lo confirma.

En su duodécimo señalamiento atribuye error la apelante a la corte de distrito al resolver que el choque se debió a la falta de previsión de las personas que conducían el tren, y ai declarar las demandas con lugar.

Creemos que todo cuanto hemos dicho es suficiente para concluir que este error no existe. No nos detendremos en un análisis minucioso de la prueba. Bastará decir que leyén-dola se llega el convencimiento de que a no haber sido por la conducta negligente o temeraria de los empleados de la demandada, el accidente no hubiera podido ocurrir.

Resta sólo considerar el señalamiento undécimo. Por él se impugnan las sentencias recurridas, en cuanto a la cuantía de los daños. En los casos números 4789 y 4791, hay prueba suficiente para sostener las sentencias de mil y quinientos dólares dictadas. Los demandantes sufrieron lesiones que se especifican. Se comprueba lo que ganaban, el tiempo que estuvieron recluidos en el hospital, los gastos de médico y medicina y la condición en que han quedado.

En el caso número 4790, la prueba es deficiente, y así lo reconoce la propia parte apelada, Rodríguez Hevia & Co., S. en C.,, en cuanto a la partida de $900 por lo dejado de ganar, pidiendo que se devuelva el caso a la corte inferior para aclarar el extremo. No es posible. Ella tuvo su opor-tunidad, y debemos considerar que la transcripción es com-pleta, ya que así se certifica y nada se probó en contrario a su tiempo, y abora lo que se bace es una mera suposición.

La prueba con respecto a la partida de $300 por depre-ciación es demasiado vaga para poder servir de base a una sentencia condenatoria. La de la otra partida de $694, por reparaciones, sólo alcanza a $600.

A virtud de todo lo expuesto la sentencia en el recurso número 4790 1debe modificarse, reduciendo la cuantía de los daños a $600, y así modificada, confirmarse, y las sentencias en los recursos números 4789 y 4791 deben ser confirmadas en su totalidad.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.

EN BECONSIDEEACION

Julio 10, 1930

La parte demandada y apelante ba presentado en estos casos mociones de reconsideración. Pide en ellas en primer término que se modifique la sentencia dictada en cada caso eliminando el pronunciamiento de costas, porque si dos jueces de los cinco de que se compone el tribunal estuvieron con-formes en que le asistía la razón, no debe considerársele como un litigante temerario.

Luego sostiene que deben reconsiderarse totalmente las sentencias, primero, porque según ella los becbos en su caso son exactamente iguales a los becbos en los casos de Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 40 y Ferrari v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 49, ya que resulta de los autos que el chauffeur del truck no se paró, miró, ni oyó antes de entrar al puente; y, segundo, porque no se probó que se diera señal errónea, no existiendo por tanto caso alguno de emergencia.

Estudiaremos primero las impugnaciones a la totalidad de las sentencias.

Los becbos en el caso de Ferrer e Hijo, supra, son dis-tintos. El ferrocarril caminaba por su vía. ¡Esa vía era cruzada por uu camino que daba acceso a una factoría, usado sólo por personas que negociaban con la fábrica y que tenía un letrero que decía: “Prohibido el Paso.’’ Por ese camino, en esas condiciones, fue que cruzó el truck con que chocó el tren. Aquí el tren de la demandada salió de su vía privada para aprovecharse de un puente público sobre el cual se le permitió tender sus rieles y cruzar por él y el truck con que chocó estaba más cerca del puente que la máquina y los vag’ones del tren de la demandada. El1 accidente en el caso de Ferrari, supra, también ocurrió al cruzar el demandante la vía del ferrocarril no obstante haber tenido oportunidad de ver la máquina y los vagones acercarse al cruce.

En cuanto al otro extremo de que no existe prueba de que el truck se parara, en las mismas mociones de reconsideración se hace referencia a que el peón del truck declaró que tocó la campana al chauffeur para que parara. Los autos de-muestran que paró en la forma que indicó el juez senten-ciador, pero suponiendo que no lo demostraran, entonces la responsabilidad de la demandada al alcanzar al y chocar con el truck, sería aún más fuerte.

No hay, pues, motivos para reconsiderar las sentencias en lo fundamental. La argumentación relativa a la no impo-sición de las costas es digna de tomarse en consideración y a los efectos de resolverla definitivamente debe darse a la otra parte oportunidad de ser oída.

■Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron en cuanto a la no reconsideración.

EN BECONSIDEBAOION

Julio 24, 1930

A la audiencia acordada comparecieron ambas partes por sus abogados e informaron oralmente, presentando la parte apelada además un alegato escrito oponiéndose a la modificación de la sentencia en el sentido de eximir a la demandada del pago de las costas.

La parte apelada hizo énfasis en el hecho de que las costas no fueron impuestas por este tribunal, sino por la corte de distrito que juzgó el caso y cuya sentencia fue confirmada, y en que la apelante ni recurrió expresa y sepa-radamente del pronunciamiento de costas, ni señaló en su alegato como error la imposición, de las mismas.

No es necesario apelar separadamente de cada pronuncia-miento que una sentencia contenga. Basta apelar contra la sentencia para que se entienda que se apela de todos sus pro-nunciamientos, pero sí debe señalarse como error en el alegato y argumentarse por qué, cualquier pronunciamiento que el apelante estime que le perjudica y que es contrario a los hechos o a la ley. De otro modo, eh Tribunal de Apelación no considerará el punto al resolver el recurso, y ésa es la norma que debemos seguir en este caso, sin que haya lugar, por tanto, a tomar en consideración los nuevos argumentos que presenta la parte demandada y apelante.

Parece conveniente citar lo resuelto por esta Corte Suprema en Vere v. Bianchi, 36 D.P.R. 728, 730:

“El demandante Charles Vere ahora alega que al apelar de la sen-tencia de la Corte de Distrito de Mayagüez también apeló del pro-nunciamiento de costas, y hallamos que esto es cierto. Por otra parte, la cuestión de que se le eximiera del pago de las costas fué abandonada en su alegato. Ninguno de los señalamientos de error trata sobre este extremo, y no se discute la cuestión en ninguna parte del alegato presentado a esta corte. Resolvemos que habiendo el demandante renunciado su derecho en esta forma, no debe ahora oírsele con respecto a la cuestión de las costas. Dudamos que la po-sición del demandante deba ser mejorada después de haber transcu-rrido este período de tiempo.”

Debe declararse también sin lugar la moción de reconsi-deración en cuanto a las costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.

       Nota : Véase el prefacio.

       Nota: Véase el prefacio.


text:
    Carlos Sabater García, demandante y apelado, v. The Union Central Life Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 4730.

    Sometido: Diciembre 5, 1929.

      Resuelto: Junio 25, 1930.

      Manuel F. Bossy, abogado de la apelante ¡ José Sahater, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal. ' ¡

Carlos Sabater García constituyó hipoteca sobre una finca, de sn propiedad, situada en el término -municipal de Maya-güez, a favor de The Union Central Life Insurance Co., una corporación residente en Cincinnati, Ohio, autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, en garantía de cierto prés-tamo que la segunda hizo al primero.

Alegando The Union que Sahater no había cumplido lo pactado, ejecutó la hipoteca, siéndole finalmente adjudicada la finca en pago de la deuda. El procedimiento hipotecario se tramitó en la Corte de Distrito de Mayagüez.

Así las cosas, Sahater inició este pleito en la propia Corte de Distrito de Mayagüez, solicitando que el procedimiento hipotecario seguido contra él por The Union fuera declarado nulo a partir de la orden de requerimiento, por los motivos que en sn demanda expone, declarándose nulas también la orden de remate, la subasta celebrada, la escritura de venta otorgada por el márshal a favor de The Union y su inscrip-ción en el registro, disponiéndose la cancelación de dicha inscripción, librándose, al efecto, el oportuno mandamiento.

El demandante Sabater, una vez que radicó su demanda, pidió su anotación en el registro, y en efecto fué anotada al margen de la inscripción de la finca hipotecada, rematada y adjudicada en el procedimiento hipotecario seguido por The Unión contra Sabater, de que se ha hecho mérito.

Entonces la corte, a petición del demandante Sabater, ordenó la citación de la demandada, The Union, por medio de edictos, que se publicaron en el periódico El Sol, de Mayagüez, enviándose, además, a la demandada, una citación por correo, a su residencia de Cincinnati.

Fué en ese momento que se suscitó la cuestión que motiva este recurso. The Union, por medio de su abogado, com-pareció a los solos efectos de impugnar la jurisdicción de la corte, bajo la base de que tratándose de una acción personal y residiendo ella fuera de la Isla de Puerto Bico, no podía citársele por edictos.

El tribunal decidió la cuestión así:

“La Corte resolviendo la moción sobre nulidad de emplazamiento presentada por la demandada y discutida en corte abierta en la se-sión del 6 del cursante, la declara sin lugar por el fundamento de que al radicarse la demanda de este caso la misma fué anotada en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con el artículo 91 del Cód. de Bnj. Civil (Cosme v. Santi González, 37 D.P.R. 763) y se concede a la demandada un término de 20 días para contestar la demanda.”

No conforme The Union, apeló para ante esta Corte Suprema. Sostiene que la acción de nulidad ejercitada por Sabater es de naturaleza personal y que por tanto al decidir la cuestión en la forma en que lo hizo, la corte de distrito infringió lo dispuesto en el artículo 81 del Código de En-juiciamiento Civil, en relación con los artículos 75, 76 y 77 del propio Código, y la doctrina sentada por esta corte en el caso de Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 49.

La parte apelada por el contrario sostiene que la acción por ella ejercitada es de naturaleza real, correspondiendo el conocimiento de la misma a la Corte de Distrito de Mayagüez en que está situada la finca hipotecada, la nulidad de cuya venta judicial se pide, siendo además válido el emplazamiento por edictos de la demandada, porque cuando se decretó ya se había anotado la demanda en el registro al margen de la inscripción de la finca que se le traspasara en los procedi-mientos cuya nulidad se pide.

Creemos que la parte apelada tiene razón, por en-tender que la acción por ella ejercitada si no es real, por lo menos participa de la naturaleza de una acción real.

Dice 'Escriche, en el tomo 1, página 192 de su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia:

“AociÓN Real. La que nace de alguno de los derechos llamados reales, esto es, del dominio pleno o menos pleno, de la sucesión here-ditaria, de la servidumbre, o de la prenda e hipoteca. Llámanse rea-les estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa, fijándose y encarnándose, por decirlo así, en ella.
‘ ‘ Todas las acciones reales nos competen o se nos dan contra cual-quiera poseedor, séanos conocido o desconocido, hayamos o no tratado con él: lo que no sucede en las acciones personales, las cuales se nos dan contra las personas con quienes hemos contratado y no contra terceros.
“Se tiene por poseedor contra quien podamos ejercer nuestras ac-ciones reales, no sólo el que posee actualmente la cosa, sino también el que dolosamente ha dejado de poseerla. De aquí es que si el de-mandado destruye maliciosamente o pierde por su culpa la cosa que es objeto del litigio, debe pagar el valor de ella, con los daños y per-juicios, según juramento del actor y previa tasación del juez. (Ley 19, tít. 2, Part. 3.)'
“Como son cuatro las especies de derechos reales, deben ser tam-bién cuatro las clases de acciones que de ellos dimanan.
“La primera clase, que es la que nace del dominio, abraza tres acciones reales, que son la acción reivindieatoria lo mismo del dominio directo que del útil, la acción publiciana, y la acción reseisoria cono-cida con el nombre de restitución in integrum.
La segunda clase de acciones reales, que es la que nace del dere-cho hereditario, comprende dos acciones que son la petición de he-rencia y la querella de inoficioso testamento: bien que esta querella no es otra cosa que una especie de petición de herencia.
La tercera clase, que es la de aquellas acciones que se dan con motivo de las servidumbres, contiene la .acción confesoria y la, acción negatoria. La confesoria nace propiamente de la servidumbre, y es una especie de reivindicación. La negatoria no nace de la servidum-bre, sino de la libertad natural del predio, y por los mismos princi-pios que rigen las acciones confesoria y negatoria; se consideran rea-les todas las dirigidas a libertar las, fincas de cualquier gravamen que pese sobre ellas, aun cuando sean prestaciones en especie, y todas cuantas se dirigen al cumplimiento de una obligación impuesta sobre los bienes, aun cuando de los títulos no resulten los deudores, porque la obligación se trasmite a los poseedores de las cosas por el mero he-cho de la posesión: easac. 27 de Setiembre de 1759 y 9 de Marzo de 1861.
“La cuarta clase de acciones reales es la de aquellas que nacen del derecho de prenda o hipoteca, considerando la prenda o hipoteca como derecho en la cosa y no como contrato, pues el contrato sólo produce acción personal. De este derecho de prenda o hipoteca dimanaban, según las leyes romanas, dos acciones reales, esto es, la Ser-viana, llamada así del nombre de su autor, y la cuasi Serviana, o sea la Hipotecaria. Aquélla era especial, y ésta general, aquélla se daba en favor del dueño de un predio rústieo contra su colono y cualquiera poseedor de las cosas obligadas al pago del precio del arriendo; y ésta a cualquiera acreedor contra su deudor o cualquiera poseedor de las cosas obligadas al pago de la deuda, para perseguirlas y asegurar en ellas el cobro de su crédito. Como la acción hipotecaria abraza todos los casos, sin exceptuar el del arrendador de un predio rústico que estipula prenda o hipoteca, no se hace ya distinción de acción Ser-viana y cuasi Serviana, y sólo es conocida la Hipotecaria.”

Y Cyc. tomo 22, página 1102, expresa:

“IN Rbm. Término que se aplica a un procedimiento en que la notificación se hace a la cosa misma; un procedimiento para determi-nar el estado, o condición, de la cosa en sí. En su sentido estricto, es un término que se aplica a un procedimiento seguido directamente contra los bienes, y que tiene por objeto disponer de la propiedad, sin referirse al título de los reclamantes individuales; pero en un sentido más amplio y general, in rem es un término que se aplica a las acciones que surgen entre partes, cuando el objeto directo es ob-tener y disponer de bienes poseídos por ellos, o de algún interés en los mismos.”

La acción se dirige contra The Union, es cierto; pero lo que verdaderamente se trata de resolver en el pleito es que el demandante es dueño de la finca en cuestión y no The Union que aparece como tal en el registro. Si algún derecho tiene el demandante emana de su dominio sobre la finca, no destruido por el procedimiento judicial nulo seguido por la demandada contra él.

No debe perderse de vista que la acción ejercitada por The Union, contra Sabater, para el cobro de su crédito, fué la sumarísima que autoriza la Ley Hipotecaria, en la cual, como se dice en el caso de Fermina Isabel Anaud viuda de Blanco v. José Martínez González et al., decidido el 28 de febrero último. “Excepto en los tres casos insignificantes especificados en el artículo 175, las manos de un deudor hipo-tecario están atadas. No tiene oportunidad de ser oído. Debe hacer frente al requerimiento de pago en su totalidad o per-mitir que su propiedad sea vendida. El procedimiento es pura-mente ex parte. Esto ha sido resuelto tan frecuentemente en nuestra jurisdicción y en casos anteriores de Louisiana, que no es necesario citar autoridades.”

En cuanto a que la corte de distrito adquiriera jurisdic-ción a virtud de la anotación de la demanda en el registro, estamos conformes con la parte apelante en que dicha anota-ción no es el acto equivalente al embargo de bienes del de-mandado que tuvo en mente la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 14.

A virtud de todo lo expuesto opinamos que la resolución apelada debe confirmarse, no por el fundamento que se ex-presa en la misma, que es erróneo, sino por tratarse del ejercicio de una acción que si no es real por lo menos parti-cipa de la naturaleza de una acción real.