text:
    Josefa Mojica, demandante y apelada, v. María González, demandada y apelante.
    No. 5614.

    Sometido: Junio 20, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      Angel A. Vázquez y Ccm'los D. Vázquez, abogados de la apelante; L. Muñoz Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tri-

bunal. •

Este es un caso en que Antonio Sánchez Mojica, soltero, compró una propiedad a Hermenegildo Claudio y Benito Guil e hipotecó la misma a favor de Alicia Suris Cardona. Antoilio Sánchez Mojica .falleció el 24 de junio de 1928 sin dejar testamento, y la demandante, Josefa Mojica, fué de-clarada su heredera. ■ En la demanda se alegaba que la de-mandante había pag’ado las contribuciones sobre la propie-dad; que María González se halla en posesión de la finca sin el consentimiento de la demandante y detenta la misma precariamente, sin pagar canon o merced alguna. La de-mandante, pues, trató de desahuciar a la demandada me-diante un procedimiento de desahucio en precario. La de-mandada contestó alegando que ella había vivido con Antonio Sánchez Mojica por espacio de diez y ocho años y que ambos habían ocupado la misma finca objeto del litigio; que dicha propiedad fué adquirida con dinero de la demandada aunque ella convino y consintió en que la escritura fuese puesta a nombre de Antonio Sánchez Mojica; que ella pagaba las con-tribuciones y que la demandada había incoado un procedi-miento en la Corte de Distrito de San Juan contra la deman-dante en este litigio como madre y sucesora de Antonio Sán-chez Mojica, en el cual se trataba de obtener un fallo en el sentido de que la propiedad en cuestión pertenecía a la de-mandada en el presente pleito.

La Corte de Distrito de San Juan resolvió que la deman-dante había probado todas las alegaciones de la demanda mientras que la demandada no había demostrado la exis-tencia de una situación tal que impidiera el procedimiento de desahucio en precario. Sólo se hizo un señalamiento ai efecto de que la corte cometió error al decir que nada había que impidiera la acción de desahucio, ya que la prueba tendió a demostrar que había un conflicto de títulos.

Desde luego, la mera existencia de un concubinato no podía crear un conflicto de títulos. Quizá si la demandada hubiera presentado prueba suficientemente fuerte para con-vencer a la corté de que la finca era suya, aunque figuraba a nombre de Antonio Sánchez Mojica, podría haber surgido fin conflicto de títulos. Sin embargo, cuando un demandado alega que la propiedad fué adquirida con dinero de su propio peculio, debe existir en su favor la duda en la mente de ia córte respecto a la veracidad de la alegación para poder des-truir uña acción de desahucio en precario. Cuando existe una conclusion general de hechos en favor de un demandante, el1'¿¿mandado debe convencernos de que ha habido un'máiii-fiesto error por parte de la corte. -

, Además, dudamos que lá demandada, habiendo adoptado M actitud que asumió y habiendo puésto la finca a nombre dé Antonio Sánchez Mojica, nó tuviera que probar que ella lo hizo así con el entendido claro de parte de aquél dé' que la finca no, pertenecería-a él, sino a ella.

Debe confirmarse la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Miguel J. Arsuaga, Peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 827.

    Sometido: Abril 18, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      Molina, Bubón & Ochoteco, abogados del peticionario; González Fa-gundo & González Jr., como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso una cuestión q-ue ha sido objeto de debates interesantes y resoluciones varias en las cortes de distrito de la Isla, a saber, la del procedimiento a seguir para el cobro de las costas en un ejecutivo sumarísimo ins-tado de acuerdo con la Ley Hipotecaria cuando su pago se ■garantiza con hipoteca, fijándose una determinada suma. ,

: El peticionario es el ejecutante en un procedimiento de ■esa naturaleza entablado en la Corte de Distrito de Huma-■cao. En. el escrito inicial que presentara alegó haber pres-tado a Cándido Ramírez y a su esposada suma de cinco mil dólares, garantizando los deudores el préstamo con hipoteca sobre cierta finca rústica, en la. siguiente forma:

,(b).. — En garantía- del pago de los expresados Cinco Mil DolLARS, de los correspondientes intereses al tipo convenido del nueve por ciento anual y de una suma adicional de Quinientos DóllaRS que se calcula para.costas, gastos y honorarios de abogado en caso de recia-mación judicial, los esposos Don Cándido Ramírez Muñoz y Doña María Morell Santana constituyen primera .bip’oteea voluntaria a favor del compareciente Don Miguel J. Arsuága, sobre la finca descrita en el apartado primero de este instrumento.”

La corte dictó la orden de requerimiento en la manera, usual, excepto en cuanto a las costas. Refiriéndose a ellas,, decretó:

y además, se le apercibirá a los demandados que deberán., satisfacerle al demandante y por concepto de costas, gastos y hono-rarios de abogado, la suma que oportunamente fijará este Tribunal mediante el correspondiente memorándum de costas y que en nin-gún momento será mayor de $500.00- cantidades todas hipotecaria-mente garantizadas. ...”

Requeridos los deudores, en marzo 26, 1932, el ejecutante-se dirigió a la corte pidiéndole que habiendo transcurrido con exceso el término del requerimiento sin que se hubieran satisfecho las sumas reclamadas, a saber: $5,000 de capital,, intereses al nueve por ciento desde el Io. de julio de 1931 hasta la fecha del pago y $500 para cubrir los gastos que habrían de ser tasados oportunamente por la corte, procedía ordenar la venta de la finca hipotecada en pública subasta.

Así las cosas, cuatro días después, el 30 de marzo de 1931, aparece archivado por el ejecutante un memorándum que notificó a los deudores y que contiene las siguientes partidas r

“Honorarios del márshal, $12.00; honorarios del secretario, $5.00;. indemnización de testigos,-; Honorarios del Registrador de la Propiedad por la certificación que se acompañó al escrito inicial, $2.00; Honorarios de los abogados del demandante-ejecutante, $431.00; De-sembolsos que habrán de hacerse para honorarios del márshal en eje-cución de la sentencia, edictos y escritura, algunos, $50.00.”

El 2 de abril siguiente el ejecutante presentó a la corte-sus puntos de vista sobre la tramitación del incidente sobre-costas en procedimientos ejecutivos hipotecarios, y la corte, sin oír nuevamente al ejecutante ni en momento alguno a los deudores, dictó la siguiente:

“Orden. Considerado el memorándum de costas radicado en este-caso por el demandante, la corte reduce a $200.00 la partida consig-nada para honorarios de abogado y lo aprueba en todos sus demás particulares, quedando la cuantía total del mismo reducida a Dos-cientos Sesenta y Nueve DollaRS.”.

Y el propio día 4 de abril, 1932, decretó que la finca se vendiera en pública subasta “para que el producto que se obtenga sea pagado al demandante ejecutante como el crédito hipotecario de cinco mil dollars ($5,000), con sus intereses a razón del nueve por ciento {9%) anual desde el primero de julio de 1930 basta la' fecha del remate, y la suma de dos-cientos sesenta y nueve dollars ($269), según memorándum que ha sido aprobado por la corte, para costas, gastos y honorarios de abogado.”

Fué entonces que el ejecutante pidió a este Tribunal Supremo que interviniera en el caso mediante la expedición de un auto de certiorari. El auto fué expedido y a su vista compareció además del peticionario por sus letrados, la firma de abogados González Fagundo & González, Jr., de Humacao como amicus curies.

El amicus curias sostiene que el procedimiento seguido es totalmente erróneo, siendo errónea también la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Vidal Sánchez v. Corte, 40 D.P.R. 106, y expresa:

“Nuestra contención es, que la cantidad fijada para costas en una escritura de hipoteca es exigible en su totalidad, cuando el deudor no paga, sea cual fuere la cantidad señalada. Si la referida cantidad no alcanza para gastos y honorarios de abogados, el acreedor sale per-judicado y paga con dinero la equivocación que cometió al poner tan poca cantidad, y si es excesiva, el deudor paga esa cantidad porque es el resultado de un contrato completamente válido celebrado entre las partes, porque no es contrario a ninguno de los preceptos del Có-digo Civil ni al orden público ni a las buenas costumbres.”

Cita entonces un párrafo de la Exposición de Motivos que precede a la Ley Hipotecaria, los artículos 105, 128 y 135 de la misma, dos párrafos de la exposición que precede al Reglamento y los artículos 175, 169, 170 y 176 del mismo, varios artículos de la antiguá Ley de Enjuiciamiento Civil, varias decisiones de esta corte relativas a la vigencia de la Ley Hipotecaria, las sentencias del Tribunal Supremo de España de 13 de febrero de 1911, 120 J. C. 377, y 28 de abril de 1916, 136 J. C. 297, el caso de Vidal Sánchez, su-pra, y los artículos 1120 y 1123 del Código Civil en relación con el mismo. Revela su alegato un estudio cuidadoso y concien-zudo digno de tomarse, como se ba tomado, en consideración.

El peticionario sostiene que debe requerirse al deudor para que pague la cantidad total consignada en la escritura de hipoteca para costas al igual que la deuda y sus intereses, sin que corresponda intervención alguna al deudor, y para el caso de que se concluyera que debe subsistir la doctrina de Vidal Sánchez, sv,pra, pide a la corte que fije reglas que armonicen el cobro de las costas dentro del procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria, con la naturaleza y fines de dicho procedimiento tales como resultan de la Ley Hipo-tecaria y su Reglamento y de las Exposiciones de Motivos que los preceden.

La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cum-plimiento de la obligación para cuya seguridad fué consti-tuida. Artículo 105 de la Ley Hipotecaria.

En tal virtud, constituida en este caso la hipoteca en garantía'“dé una suma adicional de quinientos dólares que se calcula para costas, gastos y honorarios de abogado en ..caso.de reclamación judicial”, la finca hipotecada quedó su-' ■jeta directa e inmediatamente al cumplimiento de esa obli-gación'.' .

Llegó el momento de entablar la reclamación judicial por no haber pagado su deuda el deudor, y el acreedor escogió para ello la vía sumarísima que ponían a su alcancé la Ley Hipotecaria y su Reglamento. '

" "'Y'como el artículo 170 del Reglamento dispone que “Él juez: examinará el‘escrito y los documentos que lo instruyen, y si considera cumplidos los requisitos legales, sin más trá-mites, dictará auto, mandando requerir a los que, según la certificación del registro, estuvieren en posesión de los bienes hipotecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan trans-mitido a tercero en todo o en parte, para que dentro de treinta días verifiquen el pag’o de la suma reclamada con las costas, si también estuviesen hipotecariamente garantidas, bajo apercibimiento de procederse a la subasta de los bienes hipotecados,” (bastardillas nuestras), y aquí las costas es-taban hipotecariamente garantidas, el juez debió ordenar que el requerimiento se hiciera por la cantidad total garantizada.

Sobre esto no hay duda alguna. En el propio caso de Vidal Sánchez v. Corte de Distrito, supra, que es el que ha dado origen en su aplicación a la diversidad de criterios a que nos referimos al principio de esta opinión, el deudor consignó en la corte la totalidad de la suma garantizada con hipoteca y fue entonces que pidió que satisfecha la deuda y consignada la suma fijada para costas se procediera a la liquidación de éstas con suspensión del procedimiento eje-cutivo.

La duda surge en si el acreedor hipotecario tiene o no derecho a percibir toda la suma fijada para costas en todos los casos al verse obligado a recurrir a la vía judicial para cobrar su crédito, o si dicha suma está sujeta a ulterior liquidación.

Para resolver el problema debe tenerse en cuenta la naturaleza del procedimiento ejecutivo sumarísimo y la vo-luntad de las partes contratantes tal como consta expresada en el contrato.

En la Exposición de Motivos que precede a la ley expli-cando el porqué y el alcance de la misma en cuanto al proce-dimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios, dijo el Ministro de Ultramar Sr. Maura a las Cortes, lo que sigue:

“Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oír con mayor fuerza contra la ley, demandando remedio pr'onto, es en lo referente al procedimiento pana hacer efectivos los créditos' hipotecarios. Sn complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su coste incalculable, retraen al capital o sugieren condiciones usurarias; la venta a retro viene sustituyendo al préstamo, para suprimir todo procedi-miento con daño del terrateniente; se estipulan intereses que tripli-can el capital prestado, y tal vez, empleando otras fórmulas, se sujeta con responsabilidades penales al deudor, convirtiendo la santidad de las leyes escritas para castigar delitos en vil instrumento de la codicia contra el infortunio. Emplea estas artes la desconfianza, porque el procedimiento legal no satisface las exigencias razonables de la con-tratación, y a cortar la raíz de estos males, proporcionar a la tierra el capital que necesita, y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, se consagra la reforma de mayor transcendencia que pro-pone el Gobierno, suprimiendo trámites que, sin garantía positiva de los derechos, ahoga los más sagrados. La previa tasación, la fijeza en la competencia judicial para las diligencias precisas, la supresión de todo pleito, un solo requerimiento y la subasta inmediata, son las bases de la nueva legislación; suprímense juicios, excusiones, exhortos, mandamientos de embargo de R que está ya hipotecado, incidentes, subastas simultáneas y tantas otras barreras atravesadas en la senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que sólo tropieza real-mente la buena fe.”

Y en la que precede al Reglamento, dijo el propio Minis-tro, al someterlo a la aprobación de la Reina Regente de España, en cuanto a dicho extremo, lo que sigue:

“Toda la Sección que regula el proeedhnento ejecutivo para co-branza de créditos hipotecarios, queda ajustada a la ordinaria norma de los procedimientos judiciales, en tanto que lo consiente la delibe-rada innovación que la ley ha querido hacer para emancipar el cré-dito de las formas y ritos que, a menudo, sacrifican en aras del fraude aquella misma justicia a quien se intentó rendir culto más fervoroso. Pártese del concepto de que la inscripción hipotecaria subsistente en el Registro, define un estado de derecho no menos digno de la pre-sunción de intrínseca y definitiva legitimidad que aquel otro estado que engendra después de la sentencia de remate el juicio ejecutivo, con mermadas garantías y contadas o privilegiadas excepciones y de-fensas. Conságrase todo el cuidado a la fluidez y eficacia de los trá-mites del apremio, bajo la responsabilidad del actor, y en vez de con-sentir que este designio, que tiene vital importancia para el crédito, se frustre con asomos de contención, que en todo caso quedaría cohi-bida e imperfecta, resérvase todo cuanto pueda y deba dilucidarse «contradictoriamente, para que lo ventile cualquier interesado en el juicio declarativo, el cual a toda hora estará abierto, y cuya final •ejecutoria puede garantizarse por los medios que se agregan a los •del procedimiento ordinario, para asegurar el cumplimiento de la .misma. ’ ’

De ahí que Manresa, con su acostumbrada certeza y cla-ridad, resumiera la reforma así: Suprime el primer período del juicio ejecutivo y comienza el procedimiento judicial por la vía de apremio, simplificándola cuanto es posible. Véase 5 Manresa. — Ley de Enjuiciamiento Civil, 442, 629. Y que •esta corte resolviera: “La vía de apremio comienza después •de dictada y consentida la sentencia de remate. De suerte •que al requerirse al deudor, lo que en verdad se le notifica •es una sentencia, dándosele treinta días para satisfacerla.” Perales v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 902.

■ La propia Ley Hipotecaria reformada fué la que permitió ■también el cobro de las costas por la vía sumarísima al pres-cribir, en el propio artículo 128 que lo regula, lo que sigue: ^‘La finca hipotecada rio responde de las costas que se causen, .a no constar inscrita en el registro la cantidad indispensable para esa atención.” Cuando consta, se ordenará el requeri-miento incluyendo su pago en la forma prescrita en el artículo 170 del Reglamento, siendo su cobro la consecuencia lógica de lo acordado en el contrato y lo dispuesto en la ley.

Si ello es así, si las costas garantizan y se cobran por el procedimiento sumarísimo hipotecario, para que éste pueda •desarrollarse sin interrupciones, debe entenderse que se trata de una suma líquida, previamente discutida, acordada y fijada por las partes para el caso de que una de ellas, el acreedor, se viera obligado a acudir a la vía judicial para el •cobro de su crédito. Y ése ha sido en verdad el constante •entendimiento de las propias partes contratantes y de la abogacía en Puerto Rico por cerca de cuarenta años, llegando •en tal virtud a constituir una regla de propiedad que debe respetarse.

(Hasta aquí, y también con los dos últimos párrafos de esta opinión, están conformes los Jueces Asociados señores Aldrey y Córdova, quienes no intervinieron en la resolución, del caso de Vidal Sánchez).

La' desviación de la reg'la surgió con motivo de nuestra decisión en el caso de Vidal Sánchez, supra. Nuestra aten-ción en ese caso estuvo fija en los méritos del mismo. Las complicaciones en el procedimiento no surgían. Requerido el deudor se avino a pagar la reclamación. Sólo discutió la cuantía de las costas, previa consignación, como dijimos, de la totalidad de las mismas. Su contención parecía justan ¿A qué empeñarse el acreedor en continuar el procedimiento-llegando hasta la venta en pública subasta de la finca hipo-tecada para el cobro de un crédito cuyo montante íntegro estaba en condiciones de percibir en el acto, sólo porque se pedía por el deudor la fijación del montante de las costas dentro de la suma garantizada y depositada? Las circuns-tancias concurrentes eran tales que apelaron a la conciencia de la corte y el caso fué decidido aplicando las regias gene-rales que rigen para los casos corrientes. Por eso dijimos,, después de transcribir la cláusula de la escritura en que se hizo constar la obligación:

"Nada hallamos en estas palabras que demuestre que la intención de las partes fué hacer que el pago de la suma de $1,000 constituyera una penalidad o una suma enteramente líquida. Estas son las pa-labras que se susan ordinariamente cuando un acreedor recibe una garantía para el caso de que tenga que acudir a una reclamación judicial. Él estaba ampliamente garantizado en este caso. Las pena-lidades no son favorecidas en derecho, y si las partes hubiesen deseado-hacer que la suma de $1,000 fuera pagadera absolutamente en caso de reclamación judicial, debieron haberlo dicho así más específica-mente.” Vidal Sánchez v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 106, 108.

Y no es que al reexaminar la decisión la encontremos, desprovista de fundamento. Al contrario, por lo menos a los jueces que en ella intervinimos nos sigue pareciendo justa, estando nuestro criterio sostenido por el del Comentarista Morell que en el tomo 4, página .20 de su "Legislación Hipote-caria”, se expresa así:

“La hipoteca asegura, como sabem'os, además ■ del capital, el im-porte de los intereses, ya hasta el límite de la cantidad marcada para ese fin al constituirse dicha hipoteca, ya dentro del fijado en el art. 114 de la ley, y en su caso, el importe de las costas y gastos. Esta última responsabilidad no puede ser de' antemano con'oeida con exac-titud, y la ley autoriza la fijación de un máximum, entendiéndose, desde luego, que si las éostas en su día, no llegan a ese máximum, el sobrante pertenece al deudor, o al tercero a quien pueda favorecer, y si exceden, nunca puede el exceso perjudicar a tercero, que sólo resp’onde de la cantidad determinada que para dicho fin se fijó. Tiene la responsabilidad por razón de costas otro carácter, que es el de ser condicional, pues si la obligación se cumple voluntariamente, las cos-tas no llegan a existir, y la responsabilidad, por tanto, desaparece.”

Algunas decisiones nuestras como la de Blázquez v. Hernáiz, 34 D.P.R. 632, y la de Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669, que la sigue enteramente, podrían también citarse en su apoyo.

Lo que nos lleva a revocarla son las conclusiones a que hemos llegado con respecto' a la naturaleza del procedimiento ejecutivo sumarísimo que implantó la Ley Hipotecaria y a la voluntad de las partes en el contrato particular de que se trata, voluntad que se deduce claramente de los términos mismos del contrato interpretado a la luz de la ley y de su entendimiento uniforme por parte de contratantes y letrados en miles de casos semejantes ocurridos a partir del 1893 en que comenzó a regir en Puerto Eico la Ley Hipotecaria de 14 de julio de ese año.

Por virtud de todo lo expuesto, debe anularse la orden de-requerimiento dictada en él ejecutivo hipotecario, civil No. 16439 de la Corte de Distrito de Humacao, Manuel J. Ar-suaga v. Cándido Ramírez Muñoz y su esposa María Morell Santana, y todos los procedimientos subsiguientes en el mismo, devolviéndose el caso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.


text:
    Josefa Soler Ríos Vda. de Rocafort, peticionaria v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 826.

    Sometido: Abril 18, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      J. H. Brotvn y Walter L. Newsom, Jr., abogados de la peticionaria; Juan B. Soto, González Fagundo é González, Jr. y Elias B. Wilcox, abogados del demandante en el pleito principal; Molina, Du-bón ■& Ochoteco, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició en la Corte de Distrito de Humacao por el procedimiento sumarísimo que autorizan la Ley Hipo-tecaria y su Reglamento a fin de cobrar una deuda garan-tizada con hipoteca constituida por- escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, así:

“TERCERA: Para garantizar los cinco mil dollars del préstam'o, sus intereses al tipo indicado y quinientos dollars señalados para gas-tos, costas y honorarios del abogado del acreedor en caso de reclama-ción judicial, D'on Salvador Rocafort, como apoderado de su señora madre Doña Josefa Soler Ríos viuda de Rocafort constituye primera hipoteca voluntaria a favor de Don Elias B. Wilcox sobre la finca descrita en la parte expositiva de esta escritura, con todo l'o que la misma encierra, con cuyo gravamen permanecerá hasta que se pague totalmente la deuda que garantiza.” .

Luego la deuda y la garantía se ampliaron en la misma forma a $6,000, fijándose $600 para costas, gastos y honora-rios de abogado.

Al ordenar la corte el requerimiento del deudor con res-pecto a las costas, lo hizo en la forma que sigue:

. . . basta la de Seiscientos DonnARs que ella se obligó a pa-gar como gastos, costas y honorarios de abogado en casó de ejecución, según dichas costas y honorarios de abogado fueron aprobados pór la Corte, . . . .”

Transcurrieron los treinta días del requerimiento sin que se verificara el pago y el ejecutante, el 11 de julio de 1931, presentó un memorándum de costas, gastos y honorarios de abogado, ascendente a $600. Además presentó una moción en forma alternativa, reclamando el pago de los $600 como daños líquidos o penalidad fijada para el caso de tener que recurrirse a la vía judicial para el cobro de la deuda.

El 25 de agosto siguiente la corte dictó una resolución que dice:

“Considerado el memorándum de costas radicado en este caso, as-cendente en su totalidad a la suma de $600.00, el cual nó ha sido impugnado en forma alguna por los demandados, a pesar de haber transcurrido el término legal, la Corte le imparte su aprobación.”

Al enterarse la deudora de esa resolución pidió, el 3 de septiembre, 1931, su reconsideración. Se opuso el ejecutante, y la corte decidió, el 11 de marzo de 1932, lo que sigue:

“Estudiada minuciosamente la cuestión fundamental planteada, desarrollada muy hábilmente desde todos sus puntos de vista, en los alegatos de los comparecientes, el criterio de la Corte es-que el único medio de satisfacer el derecho del deudor ejecutado en cuanto a las costas judiciales del procedimiento y garantizar, el suyo al acreedor ejecutante, en cuanto a la no interrupción de su acción sumaria me-diante intervenciones contenciosas, aunque incidentales, es el de que las costas, honorarios incluidos,- sean liquidados y fijados por la Corte, mediante memórándum rendido al tribunal, el cual no viene obligado a conceder audiencia sobre el mismo al deudor ejecutado. De lo con-trario el procedimiento ejecutivo que es motivo fundamental de la Ley ’ Hipotecaria y base eficaz del crédito territorial, quedaría lesio-nado en la naturaleza sumaria y especial que le imprimió siempre la legislación sobre la materia. Se declara sin lugar la moción sobre reconsideración, con lugar la acción sobre eliminación y se ratifica la aprobación del memorándum de costas que aparece en los autos.”

Entonces la deudora alegando además que el ejecutante había vendido por escritura pública de 14 de marzo de 1932 su hipoteca a la United Porto Rican Sugar Company of Porto Rico, comprometiéndose a no seguir el procedimiento de ejecución excepto en cuanto a la fijación y concesión de las costas y honorarios de abogado, solicitó de esta Corte Suprema que expidiera un auto de certiorari y revisara los procedimientos de la Corte de Distrito de Humacao.

Tanto el peticionario como el ejecutante han argumentado ampliamente sus respectivas posiciones. No tendremos ne-cesidad de referirnos a esa argumentación, porque en la decisión rendida en el día de hoy en el caso No. 827, Arsuaga v. Corte de Distrito, se cubren los puntos fundamentales deba-tidos. Tal cual allí dejamos interpretada la ley no resulta anticonstitucional, como sostiene la peticionaria en este caso que resultaría si se acordara el pago de las costas sin dársele una oportunidad de ser oída. Fueron las mismas partes las que voluntariamente contrataron que en caso de ejecución se entendieran cubiertas las costas que pudiera originar el pro-cedimiento con una determinada suma que de común acuerdo fijaron, pudiendo cobrarse dicha suma al igual que las demás garantizadas por la hipoteca.

Ahora bien, en este caso concreto resulta que el acreedor después de iniciado el procedimiento ejecutivo sumarísimo cedió su crédito a la United Porto Rican Sugar Co., comprometiéndose a no seguir la ejecución excepto en cuanto “al incidente de costas y honorarios de abogado.” La cesionaria compareció en el procedimiento iniciado por el primitivo acreedor, a saber, en el caso civil No. 16058 de la Corte de Distrito de Humacao, Elias B. Wilcox v. Josefa Soler y Ríos viuda de Rocafort, sobre ejecución de hipoteca, y pre-sentó una moción acompañada de los documentos públicos creditivos de la cesión, pidiendo a la corte que “se tenga por substituida a la peticionaria como parte demandante en esta acción, con excepción hecha del incidente sobre costas, y que se tenga asimismo por desistida de este procedimiento suma-rio para la ejecución de la hipoteca y su ampliación, dejando en pie, sin embargo, el incidente sobre aprobación de costas en que el demandante, Elias B. Wilcox, ha de quedarse como la parte demandante.”

A esa moción la corte proveyó como sigue:

“Yista la moción de la United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico) qne precede, y los documentos que a la misma se acom-pañan, se tiene a dicha United Porto Rican Sugar C’ompany (of Porto Rico) por substituida como parte demandante en esta acción, con ex-cepción hecha del incidente sobre costas, teniéndosele asimismo por desistida de este procedimiento sumario para la ejecución de la hi-poteca y su ampliación, dejando en pie, sin embargo, el incidente sobre aprobación de costas, en que el demandante, Elias B. Wilcox, ha de quedarse como la parte demandante. ’ ’

. En los propios términos usados por la cesionaria al diri-girse a la corte y por la corte misma se advierte una desvia-ción completa del procedimiento ejecutivo sumarísimo que autoriza la Ley Hipotecaria, que no es en verdad un pleito contencioso, ya que la “sentencia” que debe dictarse es acordada, fijada y consentida por las partes contratantes y se ejecuta a gestión del acreedor, previa por supuesto la demostración ante la autoridad competente de que se está en el caso de ello de conformidad con el contrato y la ley, reser-vándose al deudor el derecho a pedir su suspensión en los casos taxativamente expresados en el artículo 175 del .Regla-mento y a formular sus demás reclamaciones en el juicio plenario que corresponda.

Siendo ello así ¿ cómo es posible continuar el procedimiento sólo en cuanto al cobro de las costas? Éstas se fijan para el caso de que Raya necesidad de cobrar la deuda por la vía judicial. Aquí se comenzó el procedimiento de cobro ante la corte, pero la deuda fué cobrada por la cesión sin necesidad del ausilio de la corte. La garantía bipotecaria para el pago de las costas está supeditada al cobro de la deuda por la vía judicial. El procedimiento ejecutivo sumarísimo quedó de becbo terminado al desistir la cesionaria del cobro de su crédito.

No debe entenderse que resolvemos que no asiste derecho alguno al primitivo acreedor o a su cesionaria a virtud de las costas en que incurrieran como consecuencia del no pago del deudor a su debido tiempo. Nada resolvemos en sentido afirmativo ni en sentido negativo. Lo que sí resolvemos es que no cabe recurrir al procedimiento sobre cobro de costas que fija el vigente Código de Enjuiciamiento Civil, ni al especial que adoptó la corte de distrito dentro de un procedi-miento sumarísimo tramitado de acuerdo con la Ley Hipo-tecaria y que cuando instado ese procedimiento el acreedor percibe su crédito y desiste de su cobro por la vía suma-rísima no cabe continuar ésta exclusivamente para el cobro de las costas. Debe anularse la orden de requerimiento dic-tada en el dicho ejecutivo No. 16058 y todas las subsiguien-tes, devolviéndose el caso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, demandante y apelado, v. Jesús Vergara González, demandado y apelante.
    No. 5746.

    Sometido: Abril 14, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      Emilio Buitrago, abogado del apelante; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

De la exposición del caso resulta que el 29 de noviembre de 1929 y en la Corte de Distrito de Humacao, E. F. Schlüter presentó un escrito inicial pidiendo la ejecución de cierta hipoteca que Jesús Vergara había constituido a su favor. El 3 de diciembre siguiente la corte ordenó el requerimiento del deudor a fin de que pagara $577 de principal y $200, hipotecariamente asegurados también, para costas y honora-rios de abogado. No pagó el deudor y el 10 de diciembre de 1930 el ejecutante presentó un memorándum de costas comprensivo de las siguientes partidas: “Honorarios del Marshal, $4.50; Honorarios del Secretario, $5; Certificación del Registro de la Propiedad,’ $3.50; Glastos publicación de edictos y subasta; Honorarios de abogado incluyendo el tra-bajo hasta la terminación de este procedimiento, $180; Total, $193.”

El 19 del propio diciembre el deudor presentó un escrito aceptando las partidas del márshal y del secretario e impug-nando la de honorarios de abogado por excesiva. La corte aprobó las tres primeras partidas y rebajó la de honorarios a $150 por resolución de 13 de abril de 1931 y dos días des-pués, a petición del ejecutante, decretó la venta en pública subasta de la finca hipotecada para el pago de $577 de principal y $163 de costas.

No consta expresamente de los autos que la finca se ven-diera. Quizá lo fue. Sólo consta que el deudor interpuso la presente apelación contra la orden aprobatoria del momo-rándum de costas, en cuya apelación dejó de comparecer la parte apelada, o sea el acreedor. No sabemos cuál es su actitud, debiendo presumirse que aceptó lo resuelto por la corte de distrito.

Basta la mera exposición de los hechos del caso para concluir que está envuelta en él la misma cuestión fundamental que en los recursos de certiorari Nos. 826 y 827 que acabamos de decidir. En tal virtud lo que procedería sería anular la resolución apelada, pero ello equivaldría a declarar con lugar la apelación y quizá a suscitar nuevas cuestiones en un asunto terminado a satisfacción de la parte apelada que se avino a cobrar menos cuando pudo cobrar más.

Siendo ello -así y sin necesidad de entrar a considerar y a resolver los errores que señala el apelante, ya que ninguno puede serle perjudicial puesto que si alguien salió ganancioso con la resolución de la corte fue él, creemos que debemos dejar a las partes en la misma situación en que se encuen-tran, limitándonos a desestimar la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Morales, acusado y apelante.
    No. 4773.

    Sometido: Mayo 17, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      Ruis F. Camacho, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Morales apela de la sentencia que lo condena a tres meses de cárcel por infracción al artículo 328 del Código Penal.

Dicho artículo, según quedó enmendado por la Ley No. 51 de 1916, dice así:

“Todo conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja, u otra persona encargada del todo 'o en parte de cualquier vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación y cualquier despachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dich'o vagón, locomotora, tren de ferroca-rril, automóvil o embarcación, que, por imprudencia temeraria o des-cuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, automó-vil o embarcación, tren o cualquier otro objeto 'o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presi-dio por un término máximo de cinco años.
“Si como Consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dollars, o en ambas penas a discreción de la Corte.”

El objeto de ese precepto es castigar al que por impru-dencia o descuido dejare o hiciere chocar, entre otros ve-hículos, a un automóvil con otro objeto o cosa y que como consecuencia de tal choque resulte muerte o lesión de alguna persona.

Al apelante se le imputó que por descuido o inexperiencia en el manejo de un automóvil que guiaba “conduciéndolo a mayor velocidad” dió lugar a que chocara con el balcón de una casa en el pueblo de Salinas resultando del mismo dos niños con contusiones y heridas.

En el juicio no presentó prueba el apelante y alegó enton-ces y alega abora que la del fiscal es insuficiente para soste-ner su condena.

El fiscal presentó seis testigos. Salvador Morales nada sabe sobre el asunto. Juan Rivera nada sabe del choque ni dónde estaban los niños pero dice que el automóvil iba des-pacio ; y preguntado por los desperfectos que encontró en la casa manifestó lo siguiente:

“Dos balaustres que se desplomaron, al chocar se corrieron un poquito.”

Eduardo Morera y Blas Alvarez no presenciaron el acci-dente. Juan Grandonec declaró así:

“Yo estaba en el balconcito que queda detrás de mi casa cuando el carro amarillo que iba, yo vi al joven haciendo mucha fuerza, pa-rece que se le metió el guía 'o algo así y por más que él trató, pri-mero ch'ocó con la acera y después con la casa pero yo no vi dónde le dió a los muchachos ’ ’:

que los niños estaban en la calle, sin poder precisar la dis-tancia y que no vió cuando recibieron los golpes. El último testigo fué Germán Rivera que dijo lo siguiente:

“Pues yo estaba sentado en el balcón de la casa de casa cuando vi que el señor venía en un automóvil y cuando dió la curva, pues el carro se fué a chocar con la casa y yo vi que él trató de endere-zar el guía y no pudo y siempre el carro fué a chocar con el balcón, cuando chocó con el balcón iban dos nenes que venían comiéndose unos guineítos y les dió, cuando les dió cayeron acostados.”

Dijo también que el automóvil no venía a velocidad sino como a siete millas y que al doblar la esquina redujo la velocidad; que quiso enderezar el carro pero siempre se le fué encima a la casa; que a su juicio se le metió el guía y que los niños pasaban en ese momento.

El hecho de que un automóvil guiado por una persona choque con un objeto o cosa no es por sí solo constitutivo del delito castigado en el artículo 328 del Código Penal pues se requiere que tal choque sea debido a imprudencia teme-raria o descuido, circunstancias que deben ser probadas por el fiscal; y aunque en la denuncia se alegó que la impericia y el descuido del acusado consintieron en conducir “a mayor velocidad”, de la prueba del fiscal resulta que el apelante llevaba el automóvil despacio, como a siete millas, que redujo su marcha al dar la vuelta a la esquina y que hizo esfuerzos por no entrar en la acera y chocar con el balcón de la casa, por lo que entendemos que no se probó la imprudencia teme-raria o descuido a que la ley se refiere.

En el caso de El Pueblo v. Limardo, 29 D.P.R. 46, hemos dicho que la intención original del estatuto consignada en el artículo 328 fue proteger a los pasajeros en los trenes y otros vehículos de los efectos de choques y hacer responsables a los maquinistas y otros conductores de vehículos por su ne-gligencia cuando cualquier persona reciba alguna lesión como consecuencia de tal choque. De la prueba en este caso no resulta que como consecuencia del choque con el balcón reci-bieran los niños contusiones y heridas, pues ellos no estaban en el balcón sino en la acera de la calle. El caso de El Pueblo v. Román, 41 D.P.R. 766, no es aplicable al presente pues el niño que en él resultó lesionado estaba sentado en el muro contra el cual chocó el automóvil y se dijo en ese caso que el choque y la lesión debieron ser simultáneos, ni el de El Pueblo v. Lebrón, 26 D.P.R. 427, porque en él resultó que por lo menos una parte de las lesiones sufridas por una persona fueron causadas al chocar el automóvil contra una pared.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    Pedro María Alvarez Lugo, Demandante-apelante, v. El Municipio de Añasco, Demandado-apelado.
    No. 5519

       Véase la opinión de la mayoría en la página 521. 1020

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

En este recurso la corte parece decir que en casos de ser-vidumbres continuas y aparentes debe presumirse conoci-miento sobre su existencia. La opinión en el caso de Pagán Rosell v. Sucn. Rivera Vélez, 38 D.P.R. 649, como yo la leo, no resuelve claramente tal cosa; tampoco Morell; ni la Corte Suprema de España, según se ña citado. Lo que es-tas autoridades resuelven más bien es que en casos de ser-vidumbres continuas y aparentes debe presumirse su cono-cimiento cuando los signos de las servidumbres son “osten-sibles e indubitados.” Disentiré como cuestión de derecho de una proposición más general.

Asumiendo que la corte estuviese haciendo aplicación so-lamente de los principios de las autoridades citadas, no en- • cuentro que los hechos del caso constituyeran los signos os-tensibles o indubitados de que habla la jurisprudencia. La prueba no me convenció de que el acueducto estuviese tan a la vista sobre el supuesto predio sirviente, que constituyera una excepción a la regla de que para perjudicar a tercero, la servidumbre debe estar inscrita.


author: JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    Gabriel Palerm, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, Demandada.
    835

       Véase la opinión del tribunal en la página 872.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Como en este caso se libró nn embargo en forma ordinaria y como se tomó posesión del dinero adeudado por la com-pañía de seguros, no vi razón adecuada por la cual los bienes embargados no debían ser entregados al sustituirse la fianza. El objeto de cualquier embargo para asegurar la efectividad de una sentencia es, en casos de una sentencia final, proveer un remedio inmediato al acreedor. Si bien el objeta del pro-cedimiento sumario de la Ley Hipotecaria es conceder un re-medio inmediato, la misma razón existe en un embargo para asegurar la efectividad de una sentencia. En ambos casos el objeto es otorgar un remedio inmediato y al acreedor hipote-cario no le causan mayores inconvenientes que los produci-dos a un acreedor por sentencia. Cada uno de ellos tendría que proceder contra los fiadores al prestarse una fianza.

Además, si bien es cierto que el objeto de la Ley Hipote-caria es conceder un remedio inmediato al acreedor, es igual-mente el fin de dicho código reconocer él derecho del deudor a incoar un procedimiento ordinario para recobrar nueva-mente la finca si el procedimiento hipotecario se incoare in-debidamente o si se prosiguiera de modo equivocado. La situación del acreedor con motivo de la destrucción de los bienes asegurados tal vez apelaría a uno, pero quizá también la situación del deudor.

Estoy autorizado para hacer constar que el Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con esta opinión.


text:
    No. 5168.
    Sucn. Franceschi, Etc., aplte., v. González, apldo.
    C. D. Ponce.
    Enero 19, 1932.
   Vista la moción para suspender la ejecución de la sentencia pre-sentada por la parte apelante en este caso, habiéndose admitido el recurso de apelación interpuesto para ante la Corte de Circuito y estando pendiente de resolverse la solicitud de supersedeas formulada: la Corte, en apoyo de su jurisdicción, ordena a las partes que se abs-tengan de realizar acto alguno tendente a la ejecución de la senten-cia, debiendo esta orden comunicarse también por telégrafo a la Corte de Distrito de Ponce y al Registrador de la Propiedad de Utuado a fin de que preserven el status quo en el momento de recibirla.


text:
    No. 5168.
    Sucn. Franceschi, Etc., aplte., v. González, apldo.
    C. D. Ponce.
    Enero 19, 1932.
   Examinado el escrito de apelación y el señalamiento de errores; y vista la moción presentada por la parte apelante interesando se reclame el mandato, se concede a la demandante apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito contra la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 18 de diciembre de 1931, se ordena la devolución del mandato que había sido remitido a la Corte de Distrito de Ponce, y se señala el día 25 de enero de 1932, a las 2 p. m., para oír a las partes en cuanto a la monta de la fianza de supersedeas que habrá de fijarse en este caso a los fines de la ape-lación interpuesta.


text:
    No. 4914.
    Sosa, aplte., v. Sosa, apldo.
    C.D. San Juan.
    Enero 20, 1932.
   Pob cuanto, la demandante — apelante Francisca Sosa Fernández y el demandado — apelado José Sosa Oliva, por sus respectivos abo-gados han radicado una estipulación relacionada con la apelación establecida por dicho José Sosa Oliva para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, contra la sentencia dictada por esta Corte en noviembre 27, 1931, en cuya estipulación se conviene que por esta Corte se decrete el embargo de los bienes de dicho José Sosa Oliva que fueron objeto de la anotación de demanda hecha en este caso, cuyo embargo habrá de surtir el mismo efecto que una fianza de supersedeas, y limitando la cuantía de la fianza a ser pres-tada, a los fines de tal apelación, a la suma necesaria para responder de las costas de apelación:

Pob tanto, la Corte por la presente aprueba en todas sus partes la mencionada estipulación, y, a los fines de responder de la suspen-sión de la ejecución de la sentencia decretada, ordena el embargo de los bienes del demandado José Sosa Oliva que fueron objeto de la ano-tación de demanda becha en este caso y los cuales le serán debida-mente señalados por las partes al Marshal de esta Corte.

Dicho embargo se decreta sin«sujeción a fianza alguna por constar la certeza y cuantía de la obligación en la sentencia dictada por esta Corte con fecha 27 de noviembre de 1931, y el mismo responderá del montante de dicha sentencia, ascendente a $8,381.20 de principal, con los intereses al tipo legal a partir de noviembre 27, 1931 y las costas.


text:
    No. 29.
    In re José Soto Rivera, querellado.

    Febrero 9, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por •cuanto, el 14 de enero del año en curso este Tiúbunal dictó sentencia en este caso suspendiendo al abogado José Soto Rivera en el ejercicio de la abogacía y del notariado por un período de dos años;

Por CUANTO', dicho abogado nos ha presentado escrito solicitando que rebajemos a un año la suspensión decretada dadas las circunstan-cias que en este' caso han ocurrido y que se hacen constar en la opi-nión que sirve de fundamento a nuestra sentencia; y que en todo caso le concedamos un término de sesenta días para que nuestra senten-cia entre en vigor, por tener pendientes varios asuntos;

Por cuanto, las circunstancias a que se refiere el peticionario fueron tenidas en cuenta por este Tribunal para limitar la suspen-sión al período que entonces fijó, como se hace constar al final de la opinión que fué escrita:

Por tanto, no ha lugar a rebajar el término de duración de la sus-pensión decretada en este caso y se dispone que nuestra sentencia no entre en vigor hasta que transcurra el presente mes de febrero.


text:
    No. 5622.
    Buitrago, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Guayama.
    Febrero 15, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento de error es:

“Que la corte inferior incurrió en manifiesto error al declarar con lugar la demanda, porque apareciendo de las alegaciones y de la evidencia presentada, admitida como cierta por la misma corte, que existe un conflicto de títulos, es bien claro, de acuerdo con la constante jurisprudencia de esta Hon. Corte Su-prema, que no es el juicio de desahucio el apropiado para resolverlo, sino el juicio declarativo, el cual ofrece las necesarias garantías de defensa e informa-ción : ’ ’

Por cuanto, la parte pertinente de la relación del caso y opinión archivada por el juez de distrito lee como sigue:

“La prueba presentada en conjunto tiende a demostrar que Juana Qui-ñones vivió en concubinato con el demandado Jesús María González adquiriendo' dicha casa y que posteriormente contrajeron matrimonio ambos concubinos.
"Que la referida casa fué reparada con dinero que se dice pertenecer al demandado liasta la suma de seiscientos dólares.
"Aun aceptando que estos hechos sean ciertos y que el demandado hubiese empleado en reparar la casa en cuestión ciertas cantidades de dinero, entendemos que ese hecho de por sí no le da un título sobre dicha propiedad y que a lo sumo él tendría una causa de acción en contra de Juana Quiñones para reclamar y obtener de ésta el importe del dinero que hubiese empleado en dichas mejoras, no apareciendo de la prueba presentada que existiera entre el demandado y la Juana Quiñones un convenio expreso por virtud del cual ésta cediera a aquél y a cambio del dinero invertido en dicha propiedad por concepto de mejoras, un condominio o participación en la misma y que este heeho que supone una trans-ferencia de dominio a favor- del referido González se hiciera constar de una manera clara y eficaz para poder llegar a la conclusión de que la propiedad en cuestión dejó de pertenecer en su totalidad a la referida Juana Quiñones y vino a convertirse en un bien común perteneciente a ambos concubinos.
"Por tal razón la corte entiende que habiendo acreditado suficientemente el demandante por medio de un título escrito y otorgado ante notario, que adquirió la finca en cuestión de Juana Quiñones, quien a su vez, a nuestro- juicio, tenía la propiedad total de la misma y el derecho para transmitirla a quien tu-viere por conveniente, él tiene derecho a establecer la presente acción de desahu-cio y a obtener la posesión de la finca en cuestión, según lo solicita y procede por tanto declarar con lugar la demanda de desahucio presentada en este caso, ordenándose que el demandado desaloje y deje a la libre disposición del deman-dante la finca en cuestión dentro del término de 15 días a partir de la fecha en que la sentencia sea firme, apercibido de lanzamiento si no lo verificare, de-biendo registrarse sentencia de conformidad por el secretario, de acuerdo con los términos de la presente opinión; con las costas al demandado."

Bor CUANTO, estamos conformes que del mero heebo de haber in-vertido el concubino algún dinero en reparaciones o mejoras hechas en una casa propiedad exclusiva de su concubina, vendedora del de-mandante en un procedimiento de desahucio, no surge ningún con-flicto de títulos:

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama en diciembre 15, 1930.


text:
    No. 272.
    Saavedra, peticionario, v. Corte, dmda.

    Febrero 18, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Poe cuanto, si bien fué nombrado como se alega en la petición un juez sustituto durante la ausencia en vacaciones del juez propietario ■demandado, aparece, sin embargo, de la contestación de dicho juez, que el referido juez sustituto fué nombrado nuevamente en sustitu-ción de dicho juez propietario para entenderse en el juicio y disposi-ción del caso específico en el cual dicho juez propietario se había in-hibido ;

Por cuanto, dicho nombramiento por su faz indica que fué hecho en virtud de la autoridad conferida al Gobernador de Puerto Rico por la ley, sin que el peticionario haya atacado directamente la vali-dez de dicho nombramiento, poniéndolo por primera vez en tela de juicio en su alegato, del cual no .aparece haber sido notificado el juez sustituto, sino por el contrario, dicho peticionario ha comparecido ante dicho juez sustituto con una moción pidiendo la suspensión de la vista de otra moción sobre apertura de rebeldía y lueg’o ha radicado ante dicho juez sustituto un alegato en oposición a que se abriese dicha rebeldía, en el cual dicho peticionario solicitaba que no se per-mitiera la referida apertura;

Por Cuanto, en tales circunstancias el derecho del peticionario al traslado solicitado en la corte de distrito, de acuerdo con el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil, no está muy claro, y menos claro aún su derecho al remedio extraordinario solicitado;

Por Cuanto, en tocio caso, existe el recurso ordinario de una ape-lación de la resolución del juez de distrito declarándose sin jurisdic-ción para ordenar el traslado solicitado:

Por cuanto, se anula el mandamiento alternativo o condicional ex-pedido y se declara sin lugar la petición para un auto perentorio de mandamus.


text:
    No. 5853.
    Alvarez, apldo., v. García, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Febrero 26, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por Cuanto, interpuesta apelación en este caso para ante la Corte .de Circuito del Primer Circuito de los Estados Unidos, se solicitó .una orden de “supersedeas” que fué dictada el 26 de diciembre de 1931 fijándose en seis mil dólares la fianza que debía prestar el ape-lante ; y

Por Cuanto, el 4 de febrero actual la parte apelada presentó una moción solicitando que se remitiera el mandato a la Corte inferior por . no haber prestado la fianza fijada el apelante, y señalada la vista de dicha moción para el 15 de febrero sólo compareció el apelado:

Por TANTO, habiendo dejado el ¿pelante de cumplir con la condi-■ción que se le impusiera para ordenar la paralización de la ejecución '"de la sentencia, hágase como propone el apelado, esto es, remítase -'el mandato al tribunal sentenciador


text:
    Nos. 815 y 819.
    Maryland Casualty Co., peticionaria, v. Corte, dmda. Robles, peticionario, v. Corte, dmda.

    Marzo 8, 1932.
    Marzo 11, 1932.
   (Por la Corte, a. propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

,No siendo la actuación de una corte de,distrito rehusando declarar •que la Comisión Industrial carece de jurisdicción, aun en la hipótesis de que tal jurisdicción falte, un error de procedimiento o de juris-dicción, no ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    No. 5661.
    Cruz, aplda., v. Franco, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 9, 1932.
   A la anterior moción para que se dicte sentencia por transacción, visto lo resuelto en Medina v. Sucn. Rivera, 42 D.P.R. 330, no ha lugar.


text:
    No. 5650.
    Coto, aplte., v. Pabón, apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 24, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutcliison.)

Bob cuanto, los únicos señalamientos de error son los siguientes:

“Primer error: La Hon. Corte de Distrito cometió manifiesto error al con-siderar las pruebas presentadas y dictar sentencia declarando sin lugar la de-manda en todas sus partes.
“Segundo error: La Hon. Corte de Distrito cometió error al condenar a la demandante al pago de las costas.”

PioR cuanto, si bien no encontramos que la corte inferior haya co-metido error manifiesto alguno en la apreciación de la prueba, ni haya abusado de su discreción al imponer al demandante el pago de las costas, sin embargo, creemos que del último pronunciamiento deben ser excluidos los honorarios de abogado:

PoR tanto, se modifica la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en marzo 8, 1929, en la parte referente a las costas para que lea como sigue: “y condenando además a la deman-dante a. satisfacer al demandado las costas del pleito, pero no los hono • rarios de abogado, los cuales quedan por la presente expresamente ex-cluidos de dichas costas”, y así modificada se confirma dicha sentencia.


text:
    No. 5258.
    Sucrs. de L. Villamil & Co., aplte., v. Chabert et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Marzo 24, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista esta apelación y siendo los hechos de este caso y las cuestiones legales envueltas en él iguales al pleito No. 4989 de Morales v. Chabert y otros, 43 D.P.R. 119, por los fundamentos del mismo y los del caso de Municipio de Fajardo v. Axtmayer et al, 31 D.P.R. 823, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en enero 22, 1930, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 811.
    Lawton, peticionario, v. Corte, dmda.
    Marzo 29, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

Poe cuanto, Charles E. Lawton resuit'ó 'victorioso én" ún " pleito en que se ordenó a Rafael Carrión que removiera un edificio construido por éste.

PoR cuanto, posteriormente, Rafael Carrión entabló pleito contra el aquí peticionario para rectificar la sentencia recaída en el caso anterior.

Por cuanto, para obtener un injunction o suspensión de los pro-cedimientos en el primer pleito el referido Carrión prestó una fianza por la suma de tres mil dólares.

Por cuanto, -finalmente la corte de distrito dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda en el segundo pleito.

Por cuanto, Charles E. Lawton presentó una moción a la corte de distrito solicitando que se aumentara la fianza a fin de que respondiera de los honorarios de abogado que pudieran recaer en el segundo pleito.

Por CUANTO, tenemos la idea de que la resolución recurrida por me-dio de este certiorari es apelable.

Por cuanto, el momento más oportuno para solicitar el aumento de la fianza fué cuando ésta se prestó originalmente.

Por cuanto, la cuestión del aumento de una fianza cae bajo la discreción del juez de distrito, y el hecho de que éste exprese razones equivocadas al negar tal aumento no varía necesariamente su discre-ción.

Por cuanto, aun en el supuesto de que la corte dejara de ejercer su discreción, dudamos que el error sea revisable por certiorari como un error de procedimiento o jurisdicción.

Por cuanto, no estamos convencidos de que el remedio hábil para el peticionario sea el aumento de la fianza.

Por tanto, y en ejercicio de nuestra discreción, se anula el auto expedido en el presente caso.


text:
    No. 5234.
    In re Ortiz Guzmán, apldo., v. Venegas, Alcalde, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 11, 1932.
   Dada cuenta por eJ ¿Secretario con un telegrama del abogado de una de las partes, no siendo Ja vía telegráfica el medio adecuado para ha-cer solicitudes al Tribunal Supremo, no ha lugar a proyeer.


text:
    No. 5709.
    Albelo y Colón, apltes., v. The Porto Rico Leaf Tobacco Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Abril 14, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por .cuanto, la demanda en est,e caso fué .presentada en la Corte de Distrito de San Juan:

PoR cuanto, solicitado por los demandantes el traslado del pleito para la Corte de Distrito de Arecibo por la conveniencia de los tes-tigos, fué negada esa petición y se interpuso este recurso:

P'oR cuanto, la solicitud de traslado se limita a decir que los tes-tigos de los demandantes residen en Utuado y que ntf podrán ser traí-dos a San Juan por ser pobres los demandantes:

PoR cuanto, esa solicitud es insuficiente, según ha declarado este tribunal en los casos de Arzuaga & Co. v. Aramburu, 16 D.P.R. 178; Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., 15 D.P.R. 209, y Sánchez v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 567:

Por tanto, se confirma la resolución apelada de 13 de enero de 1931.


text:
    No. 5781.
    Pueblo ex rel Sosa, apldo., v. Migenes, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 26, 1932.
   Siendo enteramente iguales las cuestiones envueltas en este recurso a las del No. 5780 (Pueblo Ex Rel Sosa v. García, 43 D.P.R. 403), por los motivos consignados en la opinión emitida en el dicho recurso No. 5780, se confirma la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha Io. de abril de 1931, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4621.
    Pérez Casalduo, et al., apldos., v. Díaz Mediavilla y su esposa, et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Abril 22, 1932.
   Habiendo sido revocada en diciembre 17, 1931, por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, la sentencia de este Tribunal de julio 18, 1930, confirmatoria de la que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en febrero 18, 1928, por los fundamentos de la opinión emitida por la expresada corte de circuito, se revoca la sentencia apelada y se desestima la demanda, de-biendo enviar el Secretario-Repórter a la Corte de Distrito de Are-cibo una copia certificada del mandato remitido por la Corte de Cir-cuito antes mencionada a fin de que la corte inferior expida manda-miento de ejecución por el importe de las costas concedidas a la parte demandada-apelante, cuya cuantía consta en el mandato.


text:
    No. 5390.
    Hernández, apldos., v. Otero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 26, 1932.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el apelante son los siguientes:

“Primer error: Fué un abuso de discreción imponer las costas, desembolsos y honorarios de abogado en este caso al demandado.
“Segundo error: La corte cometió error al conceder $150 en este caso, como honorarios al abogado de los demandantes.”

Por CUANTO, en la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito en el pleito principal, resuelto por este Tribunal en Hernández v. Otero, 40 D.P.R. 885, no se suscitó cuestión al-guna. en cuanto a la imposición de costas, desembolsos y honorarios de abogado, y la queja del demandado presentada por primera vez en la presente apelación de la resolución aprobando un memorándum de costas, viene demasiado tarde.

Por cuantío, no aparece demostrado en estos autos que la corte inferior cometiese error al apreciar y fijar el valor de los honorarios del abogado de los demandantes en la cantidad de $150.00.

Por tanto, se confirma 1a, resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 3 de junio de 1930, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 5710.
    Cruz, aplte., v. Rodríguez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 27, 1932
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por cuanto, solicitado por el demandante el traslado de este pleito a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, fue negada, esta petición y se interpuso este recurso;

• Por cuanto, la solicitud de traslado se basa en que los hechos ocu-rrieron en el pueblo de Cataño, que formaba parte del territorio de la corte de San Juan y que ahora forma parte del territorio de la Corte de Distrito de Bayamón, alegándose además que los testigos de la demandante residen en Cataño, o sea dentro del distrito de Ba-yamón, que a los testigos de la demandante les sería muy conveniente que la vista del presente caso se celebrara en esta iiltima corte, y que los fines de la justicia se beneficiarían con el traslado de este pleito a la corte mencionada;

Por cuanto la Corte de Distrito de San Juan adquirió jurisdic-ción en este caso y no se acompaña declaración jurada alguna a la pe-tición de traslado;

Por cuanto, esta solicitud es insuficiente, puesto que no se ha su-ministrado a la Corte ningún hecho que demuestre que el interés de la justicia requiere que dicho traslado se verifique, y los testigos en este caso residen en Cataño, teniendo las mismas facilidades para trasla-darse a San Juan que a Bayamón;

Por tanto, se confirma la resolución apelada de 23 de abril de 1931.


text:
    Nos. 5369 y 5428.
    Marchán, et al., apldos., v. Fernández, aplte. Marchán, et al., apldos., v. Moczó et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 12, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, estando estos casos pendientes en apelación ante esta Corte, las partes Ran llegado a una transacción que nos Ran presen-tado para su aprobación.

PoR cuanto, la estipulación presentada envuelve un cambio o mo-dificación de la sentencia apelada que necesariamente afecta los mé-ritos de las contiendas litigiosas suscitadas ante la corte inferior.

Por cuanto, según Remos resuelto en el caso de Medina v. Sucesión Rivera Luna, 42 D.P.R. 330, un recurso de apelación se establece para ser resuelto por sus méritos a menos que cualquier cuestión técnica o de procedimiento lo impida, y esta Corte sólo puede revocar, confirmar o modificar la resolución o sentencia de una corte de distrito colocán-dose en las mismas condiciones en que estuvo colocada la corte senten-ciadora para actuar.

PÍOR tanto, no ha lugar a aprobar la estipulación presentada.


text:
    No. 5762.
    Castro, et al., apltes., v. Junta Liquidadora de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, aplda.
    C. D. Iiumacao.
    Junio 3, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)'

Visto el caso con la sola comparecencia de la parte apelada, exa-minado el alegato del apelante y no habiéndose demostrado un claro abuso de discreción por parte de la corte de distrito al declarar sin lugar la moción para que se dejara sin efecto su resolución anterior dictada en 14 de noviembre de 1930, ordenando el sobreseimiento y archivo del pleito por abandono, se confirma la orden apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en junio 1, 1931.


text:
    No. 6021.
    Pueblo ex rel Pérez, querellante v. Sandín, querellado; Miranda, Interventor aplte.
    C. D. Bayamón.
    Junio 24, 1932.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el caso No. 5921, El Pueblo de Puerto Rico, ex rel. Sabat Santos, demandante apelante, vs. Artemio Camacho Díaz, demandado apelado, resuelto en el día de Roy (43 D.P.R. 691), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Bayamón con fecha 25 de febrero de 1932, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 5766.
    Méndez & Co., aplda., v. Parés y Alicea, apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 22, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison).

Vista la moción que antecede sobre reconsideración de la sentencia dictada por esta Corte en junio 15 de 1932, y no apareciendo de los autos que el juez de distrito haya resuelto ni haya tomado en consi-deración la cuestión suscitada por primera vez ante este Tribunal en dicha moción, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 5373
    Saldaña, aplte., v. Municipio de Bayamón, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Julio 7, 1932.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de Roy en el caso No. 5368, Félix Benítez Rexach y Fernando Caso, demandantes apelantes, v. El Municipio de Bayamón, Del Valle & Co., Carlos F. del Valle, Director Gerente y Guillermo S. Esteves, Comisionado del Interior, demandados apelados (43 D.P.R. 734) se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe con fecha 7 de junio de 1930.


text:
    No. 5598.
    J. Mulero & Hermano, aplte., v. Moneró y Sánchez, apldos.
    C. D. de Humacao.
    Julio 7, 1932
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. HutcRison.)

Por cuanto, el único error señalado por el apelante se refiere a un supuesto error en la apreciación Recha de la prueba por la corte de distrito;

PoR cuanto, el apelante en su alegato ha dejado de demostrar la existencia de tal error por un análisis y discusión adecuada de toda la prueba aducida durante el juicio; y,

Por cuanto, tampoco se desprende de una lectura de la transcrip-ción de la evidencia que la corte haya cometido un erorr tan manifiesto en la apreciación de dicha prueba que exija la revocación de la senten-cia apelada.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao con fecha 14 de noviembre de 1930 en el caso arriba expresado. Comuniqúese.

Ex parte Rodríguez, peticionario. — Sobre Admisión a examen de reválida. Julio 7, 1932.

(Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

No siendo el ejercicio del Magisterio ni de la teneduría de libros 3a práctica “en oficinas públicas o privadas donde se requiera un cono-cimiento de derecho” a que se refiere la Ley No. 45 de 1919, no ha lu-gar a admitir al peticionario a examen de reválida.


text:
    Nos. 276 y 277.
    Del Toro Fernández y Perez Arguinzoni, peticionarios, v. Junta Local de Elecciones del Primer Precinto del Municipio de San Juan, dmda. Jimenez Sicardó y De la Cruz, peticionarios, v. Junta Local de Elecciones del Segundo Precinto del Municipio de San Juan, Etc., dmda.
    Julio 12, 1932.
    Julio 12, 1932.
   Por los motivos expresados en la resolución de esta Corte de 31 de julio actual en el caso No. 275, mandamus, Frank A. Martínez y José Enrique Gelpí, peticionarios v. Junta Insular de Elecciones, demandada, archívese este asunto.


text:
    No. 5339.
    Calaf et al., apltes, v. Domenech, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 20, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por Cuanto, el Tesorero de Puerto Rico preparó una planilla a nombre de la parte demandante en la que se imponían contribuciones sobre ingresos retenidos en el origen por los intereses que pagó la re-ferida demandante por un préstamo sin hipoteca que concertó con L. W. & P. Armstrong en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, donde dicha sociedad reside y hace sus negocios, sin que tenga negocio, oficina o agente en esta isla: y también por comisiones co-bradas por dicha sociedad por las ventas qúe hizo en los Estados Uni-dos de azúcares del demandante:

Por Cuanto, el demandante pagó bajo protesta, la cantidad de $701.89 por los conceptos expresados y habiendo establecido este pleito para que dicha cantidad le sea devuelta sostuvo la corte inferior la cuestión opuesta a la demanda de no aducir hechos determinantes de causa de acción y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda:

Por Cuanto, esa sentencia fué apelada por el demandante:

Por cuanto, la cuestión envuelta en este litigio ha sido resuelta por este Tribunal Supremo de acuerdo con la teoría del demandante, en el caso de Gallardo v. United Porto Rican Sugar Co., 42 D.P.R. 646:

Por tanto, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada y se devuelve el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos, sin especial condena de costas.


text:
    No. 5340.
    Calaf, et al., apltes., v. Domenech, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 20, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, la cuestión envuelta en este pleito es exactamente igual a otra entre las mismas partes que hemos resuelto hoy, con la sola diferencia en la cantidad que los demandantes pagaron bajo pro-testa, que en este caso es de $191.22, cuya devolución reclama:

Por cuanto, por entender la corte inferior que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción dictó sentencia decla-rándola sin lugar y fué apelada:

Por tanto, por los motivos de nuestra opinión en el caso de Gallardo v. United Porto Rican Sugar Co., 42 D.P.R. 646, se revoca la sentencia apelada, sin especial condena de costas, y se devuelve el Caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos.


text:
    No. 858.
    Benítez, peticionario, v. Corte, dmda.

    Julio 21, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

No apareciendo entre otros posibles motivos que se haya dado oportunidad a la Corte sentenciadora para corregir el error que se alega, si es que existe, el. Tribunal, en uso de su discreción, resuelve1 no haber lugar a expedir el auto de certiorari que se solicita.


text:
    No. 5984.
    National Surety Company, aplda., v. Suárez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 22, 1932.
   Vista la anterior moción de la apelada y la opinión de este Tribunal de 7 del corriente (National Surety Co., v. Suárez, 43 D.P.R 739), se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.


text:
    No. 5384.
    Loíza Sugar Co., aplte., v. Domenech, Etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1932.
   Por los motivos consignados en la. opinión emitida en el caso No. 5383, Loíza Sugar Co., demandante-apelante vs. Manuel V. Domenech, etc., demandado-apelado, resuelto en el día de hoy, se confirma la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe con fecha 28 de abril de 1930, en cuanto ordenó la devo-lución de $200.93, y se revoca en tanto se negó a conceder las demás cantidades objeto de este pleito; y en su consecuencia se declara con lugar la demanda y se condena al demandado, Tesorero de. Puerto Rico, a pagar a la demandante la cantidad de $7,102.71.


text:
    No. 5785.
    Rubert Hermanos, Inc., aplte., v. Santos, apldo.
    C. D. Bayamón.
    Julio 29, 1932.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso No. 5784, Rubert Hermanos, Inc., demandante y apelante, v. Antonio Hernández, demandado y apelado (43 D.P.R. 960), se revoca la sentencia apelada, que dictó la Corte de Distrito de Baya-món en junio 23, 1931, en el caso de epígrafe, y en su lugar se dicta ésta declarando con lugar la demanda, sin postas, y en su consecuen-cia ordenando, como se ordena, el lanzamiento del demandado Cande-lario Santos de/ la siguiente finca propiedad de la demandante, a saber: Predio de terreno lindante por sus cuatro puntos cardinales con la finca que más adelante se describe, el cual predio mide 58 varas por su lado norte; 35 varas por su lado sur; 34 varas por su lado este y 22 varas por su lado oeste, equivalente más o menos dicho predio a dos cuerdas con el-amenta céntimos de otra. Esta finca forma parte de la que aparece inscrita a favor de la demandante al folio 197 del tomo 10 de Vega Alta, finca No. 465, inscripción primera, bajo la si-guiente descripción:

“Rústica: Parcela de terreno radicada en los barrios Punto Blanco, Sabana y Cerro Grordo del término municipal de Vega Alta, P. R., compuesta de nove-cientas cuarenta y ocho euerdas con sesenta y cinco céntimos de otra, equiva-lentes a 372 hectáreas, 85 áreas y 57 centiáreas, colindante por el norte con el mar (Océano Atlántico), Mister G. Y. Waymouth, antes, boy don Eloy Hernández y Mister Moore; por el sur, con la Central Carmen y Mister Moore; por el esto, eon Mister G. Y. Waymouth antes, hoy don Eloy Hernández, la Central Carmen y Mister Moore; y por el oeste, con Rubert Hermanos, Inc.”

El lanzamiento se verificará por el marshal de la corte sentencia-dora dentro del término de veinte días contado a partir de la fecha en que esta sentencia sea recibida en la Corte de Distrito de Bayamón, de acuerdo con lo prescrito por la ley sobre desahucio, Leyes de 1905, página 286 y 290.


text:
    No. 5786.
    Rubert Hermanos, Inc., apltes., v. Santos, apldo.
    C. D. Bayamón.
    Julio 29, 1932.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso No. 5784, Rubert Hermanos Inc., demandante-apelante, v. Antonio Hernández, demandado-apelado (43 D.P.R. 960), se revoca la sentenica. apelada que dictó la Corte de Distrito ele Bayamón en el caso de epígrafe con fecha 23 de junio de 1931, y en su lugar se dieta ésta declarando con lugar la demanda, sin costas, y en o i con-secuencia ordenando, como se ordena, el lanzamiento del demandado Anastacio Santos de la siguiente finca, propiedad de la demandante, a saber:

“Predio de terreno, lindante en sus cuatro puntos cardinales con la finca que más adelante se describe, el cual predio mide 61 varas por el Norte; 22 varas por su lado Sur; 51 varas por su lado Este y 66 varas por su lado Oeste, equivalente más o menos a tres euerdas con ochenta y ocho céntimos de otra. ’ ’

Esta finca forma parte de la que aparece inscrita a-favor de la demandante al folio 197 del tomo 10 de Vega Alta, finca 465, inscrip-ción primera, bajo la siguiente descripción:

“Rústica — Parcela de terreno radicada en los barrios de Punto Blanco, Sabana y Cerro Gordo, del término Municipal de Veg'a Alta, P. R., compuesta de novecientas cuarenta y ocho cuerdas con sesenta y cinco céntimos de otra, equivalentes a 372 hectáreas, 85 áreas y 57 centiáreas, lindante por el Norte con el mar, (Océano Atlántico) Mister G. Y. Waymouth antes, hoy don Eloy Her-nández y Mr. Moore; por el Sur con la Central Carmen y Mr. Moore; por el Este con Mr. G. Y. Waymouth antes, hoy don Eloy Hernández, la Central Carmen y Mr. Moore; y por el Oeste con Rubert Hermanos, Inc.”

El lanzamiento se verificará por el Márshal de la Corte sentencia-dora dentro del término de veinte días, contados a partir de la fecha en que esta sentencia sea recibida en la Corte de Distrito de Bayamón, de acuerdo con lo prescrito por la ley sobre desahucio, Leyes de 1905, página 286 y 290.


text:
    No. 5618.
    Schmidt, apldo., v. Torres, Alcalde, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 29, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

PoR cuanto, el alcalde de Juana Díaz destituyó a Armando Schmidt de su cargo de auditor del referido municipio.

PoR cuanto, presentada por tal auditor demanda en la Corte de Distrito de P'once, fué declarada con lugar.

PoR cuanto, los hechos reseñados x>or el apelante son como sigue:

“El Alcalde formuló al Auditor cargos por falta de cumplimiento de sus deberes y por insubordinación, fundado aquél en que el referido Auditor deso-bedeció una orden dictada por el Alcalde para que el Auditor le rindiera diaria-mente un informe sobre el estado del libro de caja, información que requería el Alcalde como jefe administrativo para estar mejor enterado de las operaciones financieras diarias del Municipio, para el bien del servicio.”

PoR cuanto, esos hechos no constituyen justa causa para la destitu-ción, especialmente cuando los deberes de que se trata incumben al Tesorero Municipal.

PoR tanto se confirma la sentencia- apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce con fecha 6 de octubre de 1930 en el caso arriba expresado.


text:
    No. 5850.
    Romañat, aplte., v. White Star Bus Line, Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1932.
   Por los motivos consignados en la opinion emitida en el caso Núm. 5773, Dolores Romañat, demandante apelada, v. White Star Bus Line Inc., demandada apelante (43 D.P.R. 939), se declara sin lugar el presente recurso de apelación.


text:
    No. 5613.
    Berio, Etc., apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 28, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso por falta de base para resolverlo ya que si bien se archivó en tiempo una transcripción del legajo de la sentencia dicha transcripción no contiene la prueba practicada y los errores que el apelante señala en su alegato guardan relación con la prueba; y

Por cuanto, examinados los autos se comprueban las alegaciones consignadas en la moción:

PoR tanto, se desestima el recurso por falta de base suficiente para resolverlo.


text:
    No. 5980.
    Rodríguez, peticionario, v. López, Etc., dmdo.
    C. D. San Juan.
    Marzo 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.

Vista con la sola asistencia del promovente la moción que antecede, en la cual se solicita la desestimación de la presente apelación entre otros motivos porque el demandador en este caso ni ninguna persona a su nombre ha pagado los derechos de radicación ni de sus alegaciones al comparecer, ni derecho alguno al radicar su escrito de apelación, siendo el demandado una persona particular y no formar parte del Gobierno Insular de Puerto Rico, y de acuerdo con la constante juris-prudencia ya establecida por este tribunal en los casos de Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.R. 240, Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 926, y Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89, se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 21 de enero, 1932.


text:
    No. 5908.
    Cuebas, aplda., v. Comisión de Indem. a Obreros, dmda. y Hernández, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 24, 1932.
   (P'or la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelante, examinado el alegato del promovente, el escrito de oposición, el memorándum de autoridades presentado por el apelante y los casos de Rodríguez v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D.P.R. 185, y Pérez v. Rivera, 31 D.P.R., 832, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5972.
    Nieves, apldo., v. R. R. Lutz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 26, 1932.
   Por cuanto, se ha presentado una moción de desestimación fun-dada en tres motivos.

Por cuanto, aparece que los apelantes .están actuando como fun-cionarios públicos y por tanto no están en la obligación de pagar dere-chos:

Píor cuanto, aparece que los apelantes no han sido negligentes y que las prórrogas eoncedídasles no eran inusitadas ni fijera de tiempo :

Por cuanto, el apelado no nos ha convencido ,que la apelación es frívola:

Por tanto, se declara $jn lugar la moción de ^desestimación.


text:
    No. 5991.
    Quiñones, aplda., v. Rubio, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 30, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción sobre desestimación que antecede, examinado el es-crito de oposición y la documentación acompañada al mismo, y apa-reciendo que está pendiente de resolución en la corte inferior una mo-ción sobre apertura de rebeldía, no ha lugar, por aliora, a la desesti-mación solicitada.


text:
    No. 6034.
    Sucrs. de Abarca, S. en C., dmte., v. Central Vannina, Inc. aplte; The United Porto Rican Bank, interventora, aplda.
    C. D. San Juan.
    Mayo 3, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociación Sr. Wolf.)

Vistas la moción sobre desestimación, la oposición de Central Van-nina, Inc., y la contestación a tal oposición, y creyendo la corte que los hechos de este caso caen más bien dentro del principio del de López, v. P. R. Ry. L. & P. Co., 31 D.P.R. 692, que dentro del principio de Fernández Náter v: Aponte, 35 D. P. R. 49, por no haber transcurrido mucho tiempo desde la entrega de la exposición del caso al Secretario de la corte inferior, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6077.
    Rodríguez, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 10, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la parte demandante apelada ha radicado moción para que desestimemos el presente recurso.;

Por cuanto, esa moción no ha sido notificada a la parte apelante personalmente ni a su abogado, por haber- fallecido éste e ignorarse el paradero de aquélla, según se desprende de una petición que para complementar su solicitud desestimatoria nos ha presentado el deman-dante ; y

Por cuanto, ya que ni por regla -ni por. ley se ha previsto el caso específico con que nos confrontamos, la parte apelada nos pide que, teniendo por presentadas la moción sobre desestimación y la certifi-cación acompañada a la misma, señalemos día y hora para la vista o dispongamos la forma en que debe ser citada la apelante, si lo creyé-remos conveniente;

Por tanto,, se ordena que, a fin de que pueda señalarse para vista la moción desestimatoria, el demandante acredite ante este Tribunal el hecho de haber sido la apelante citada por medio de edictos que contendrán' una síntesis de los hechos en que la parte demandante basa su moción y se publicarán tres veces durante el transcurso de diez días en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la Isla de Puerto Rico; debiendo la parte apelada remitir por correo copia de la moción para desestimar a la última residencia conocida de la demandada, y un ejemplar del periódico en que publique el edicto dirigido así: ‘ ‘ Sra. Laura Rodríguez, Caguas, Puerto Rico. ’ ’


text:
    No. 6077.
    Rodríguez, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 22, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, examinadas la resolución de esta Corte dictada en junio 10 de 1932 y la moción subsiguiente radicada en junio 30 de 1932, así como la documentación a ésta acompañada, y apareciendo que se ha cumplido con los requisitos de dicha resolución, se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 30 de septiembre de 1931.


text:
    No. 6078.
    Latoni, apldo., v. De los Santos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Examinadas la moción de desestimación de la parte apelada, la de oposición de la parte apelante y las certificaciones acompañadas a las mismas, habiéndose aprobado finalmente la exposición del caso por la corte sentenciadora el 17 de junio actual, no ha lugar • a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6057.
    Monserrat, apldo., v. Gallardo, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

No apareciendo que la parte apelante es culpable de la demora del taquígrafo en ultimar la transcripción de la evidencia en este caso; y no habiendo demostrado el apelado que la parte apelante haya sido de otro modo negligente, no ha lugar a desestimar.


text:
    No. 6107.
    Porto Rico Fertilizer Co., aplda., v. Zalduondo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

No estando plenamente convencidos de que el hecho de no poderse inscribir una escritura de hipoteca, o parte de ella, sea fundamento para considerar vencido el gravamen de conformidad con el artículo 1096 del Código Civil, por lo que surge la duda de si la demanda aduce causa de acción; no estando convencidos de qtíe una demanda complementaria cabe, bajo, esas condiciones, para suplir una supuesta falta de la demanda original; y no estando convencidos de que el. secretario de la corte de distrito tuviera derecho de anotar la rebeldía por la totalidad de la suma garantizada por la hipoteca, vencido" un plazo y no pagado, no ha lugar a lá desestimación solicitada.'


text:
    No. 5976.
    National City Bank of New York, apldo., v. Fossas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 29, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Apareciendo que el demandado admitió en el juicio todas las ale-gaciones de la demanda y consintió en que se dictase sentencia de acuerdo con la súplica de la misma, se niega el nuevo término que nos pide para presentar su exposición del caso en la corte inferior y se desestima su apelación por no ser apelable la sentencia, de acuerdo con el caso de Sanders Philippi v. Viuda de Baigés, 32 D.R.R. 856, y las citas que contiene.


text:
    No. 5996.
    Pueblo ex rel. Mendín Sabat, aplte., v. Seijo, et als., querellados apldos.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 5, 1932.
   No apareciendo que esté autorizada por la ley la apelación que se interpone en este caso, no ha lugar a admitirla, y en tal virtud tam-poco a suspender la ejecución de la sentencia que se solicita.


text:
    No. 5837.
    Seix, aplte., v. León Parra, apldo.
    C. D. San Juan.
    Enero 13, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, sin la asistencia de las partes, así como la regla 59 de esta corte; examinada la documentación acompa-ñada a dicha moción y especialmente la parte referente a las pró-rrogas concedidas para la preparación y radicación de una exposición del caso en la secretaría de la corte inferior, y apareciendo por los motivos expresados en las mociones solicitando tales prórrogas que la parte apelante no está gestionando con la debida diligencia la pre-paración de dicha exposición del caso, ni aún ha resuelto si procede o no desistir de la misma por ser según ella académica, y no habiéndose radicado hasta la fecha en la secretaría de este tribunal la transcrip-ción de autos a pesar de haber transcurrido más de 120 días desde la fecha del escrito de apelación, se desestima la apelación interpuesta en contra de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en agosto 20, 1930, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 5772.
    Nieves, apldo., v. Flores, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Enero 28, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la transcripción en este caso se archivó en la Secre-taría de esta Corte Suprema el 11 de septiembre de 1931 y la parte apelante fué solicitando prórrogas para la presentación de su alegato, concediéndosele finalmente nna hasta el siete de enero actual con carácter de última; y

PoR Cuanto, no habiendo presentado la parte apelante sn alegato dentro de la última prórroga que se le concediera, ni después, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por moción de 12 de enero actual que fue vista el 25 con la sola asistencia de la dicha parte apelada por su abogado:

Por tanto, se desestima la apelación por abandono.


text:
    No. 6041.
    Hernández, aplda., v. Freiría Hnos & Co. et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 10, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, el 18 de octubre de 1929 interpuso Freiría Hermanos & Co. apelación contra resolución dictada después de sentencia en el pleito de tercería de Antonia Hernández:

Por cuanto, el 9 de diciembre de 1929 la corte concedió a la apelante una prórroga de veinte días para radicar una exposición del caso para su apelación, sin que desde entonces haya hecho otra gestión para perfeccionar su recurso:

Por cuanto, la tercerista Antonia Hernández Curbelo nos pide que desestimemos esa apelación por estar abandonada:

Por cuanto, la aiielante Freiría Hermanos & Co. se limita en su oposición a esa moción a manifestar que el asunto objeto de la apela-ción ha sido transigido:

Por tanto, se desestima la mencionada apelación por haber sido abandonada por la parte apelante.

los siguientes casos fueron también desestimados por el funda-mento expresado en el inciso (c) SUPRA:

Nos. 5917, 5916, 5546, 5927, 5931, 5944, 5945, 5805, 5694, 5630, 5660, 5717, 5842, 5670, 5960, 5983, 5978, 5971, 5977, 6005, 6023,' 6033, 6036, 6110, 6086, 6115, 6122, 6123, 6124,


text:
    No. 5900.
    Manrique, dmdte., v. Díaz, dmdo. y Bonnet, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 19, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada; no apareciendo en los autos copia alguna del escrito de apelación; y no habiendo el apelante presentado su alegato dentro del término legal, se desestima, por falta de jurisdicción y de alegato, la apelación interpuesta en el presente caso.


text:
    No. 5802.
    Sabater, apldo., v. The Union Central Life Insurance Co., aplte.
    C. I). Mayagüez.
    Enero 12, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Estando radicado el alegato de la parte apelante, aunque poste-riormente a la presentación de la moción para que por falta del mismo desestimemos este recurso, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5924.
    Esprívalo, et al., apldos., v. Cerezo, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Junio 7, 1932.
   Celebrada con la sola asistencia de los apelados la vista de la moción do desestimación fundada, en que el apelante dejó de radicar su alegato en 17 de mayo de 1932, en que vencía la prórroga con-cedídalo al efecto; apareciendo que con dicha fecha el apelante obtuvo una nueva prórroga vencedera el 17 del corriente, y que efectiva-mente el día de la vista el dicho alegato había sido radicado, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5905.
    Pérez, apltes., v. Montalvo, apldos.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 12, 1932.
   (Por la corte, a. propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Habiendo vencido en 22 ele noviembre de 1930 la última prórroga concedida a los apelantes cm este pleito para que el taquígrafo pre-parara la transcripción de la evidencia, y no habiendo sido presentada en este tribunal la transcripción de los autos, se desestima este recurso por abandono, a instancia do los apelados.


text:
    No. 5801.
    Clos, aplte., v. García, apldo.
    C. D. Humacao.
    Enero 19, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vistos los casos de Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467, y de Vázquez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 63, en los cuales resolvimos que la acción por daños y perjuicios a la persona de una mujer casada no puede ser ejercitada por ella sino por su marido por tener el concepto de bien ganancial, se desestima por frívola, a instancia del apelado, la apelación interpuesta en este caso, por haber sido ejercitada igual acción por una mujer casada.


text:
    No. 5922.
    Ochoa Fertilizer Corporation, aplda., v. Gallart, et als., apltes.
    C. I). San Juan.
    Enero 26, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

PoR cuanto, se lia solicitado en este caso por la parte apelada la desestimación de la apelación por frívola en moción que fué notificada a la parte apelante sin que ésta compareciera al acto de su vista ni baya formulado oposición por escrito; y

Poe cuanto, de las constancias certificadas de los autos que la apelada acompaña a su moción se concluye que en la demanda se reclamó la suma de $815.60 basándose la reclamación en un pagaré vencido firmado por la demandada apelante como deudor solidario que se presentó con la demanda y cuya autenticidad quedó admitida por no haberse jurado la contestación, habiéndose dictado la sentencia des-pués de celebrado un juicio al que, dejó de comparecer la demandada:

Por tanto, estando convencido el Tribunal de, que se trata de una apelación enteramente frívola establecida con el mero propósito de dilatar la ejecución de la sentencia, resuelve declarar como declara con lugar la moción de la parte apelada y desestimar como desestima la apelación interpuesta por la demandada el 3 de diciembre de 1931 eontra la sentencia dictada el 4 de noviembre' anterior.


text:
    No. 5975.
    V. Braegger, S. en C., aplda., v. Amill, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr, Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia del promovente, se desestima, por ser frívola, de acuerdo con la constante jurispru-dencia de este tribunal establecida entro otros casos en los de Manrique v. Buxó, 40 D.P.R. 770, y Banco de Yabucoa v. Benítez et al., 40 D.P.R. 487, la apelación interpuesta contra la. sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, con fecha 19 de enero de 1932.


text:
    No. 5984.
    National Surety Co., aplda., v. Suárez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 23, 1932.
   Por cuanto, tenemos dudas acerca de si existe una ley que regule la materia do calendarios en las cortes de distrito cuando se trata de apelaciones procedentes de las cortes municipales, por no haber sido aprobado el proyecto de la Legislatura de. fecha 25 de noviembre de 1917, según el fallo de la Corte de Circuito de Apelaciones de los listados Unidos para el Primer Circuito em el caso de Porto Rico Telephone Co. v. People of Porto Rico, 47 Fed. (2d) 484.

Por cuanto, tenemos dudas, además, respecto a si es aplicable la supuesta ley en que descansa la. parte apelada, toda vez que la corte de 'distrito no llegó a considerar las defensas del demandado y este Tribunal no podría desestimar como frívola una contienda litigiosa que no fué resuelta por la corte inferior.

PoR tanto, se señala el día 20 de. junio de 1932, a las 2 p. m., para oír nuevamente a las partes sobre la moción dcsostimatoria pre-sentada en el caso del epígrafe.


text:
    No. 6066.
    Hernández Síndico del Banco Industrial de Puerto Rico, apldo., v. Vda. de Rabell, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 12, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la riioción que antecede con asistencia y audiencia de ambas partes, examinados la moción y la documentación' acompañadas a la misma, y el escrito de oposición, los autos y el alegato del apelante, se desestima por frívola la apelación interpuesta contra la sentencia en rebeldía registrada por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan en 24 de marzo de 1932.

En los casos enumerados a continuación, no estando convencido el Tribunal ni apareciendo de los autos que los recursos fueran entera-mente frívolos, la corte declaró sin lugar las mociones de desestima-ción interpuestas por los apelados:

Nos. 5911, 5889, 5932, 5860, 5859, 5806, 6037, 6001, 6057, 6106, 6024, 6025, 6070.


text:
    No. 6060.
    Argüelles, apldo., v. Cosme, apltes.
    C. D. Bayamón.
    Junio 8, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes; examinado el alegato del apelante; no apareciendo que la apelación sea enteramente frívola, ni que el escrito de apelación fuese radicado, fuera de tiempo; y habiendo los apelantes radicado su transcripción de autos antes de presentarse la moción sobre desestimación, no ha lugar la desestimación solicitada.

Los siguientes casos fueron también desestimados por no haberse-radicado la transcripción de autos 'dentro del término:

Nos. 5938, 5885, 6085, 6105, 6090, 6133.


text:
    No. 6117.
    Arriaga, aplte., v. Fernández, et al., apldos.
    O. D. Iíumacao.
    Julio 22, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, fundada en la supuesta falta de noti-ficación del escrito de apelación a la demandada Adela Fernández, o. a su abogado, y apareciendo de la documentación acompañada al eserito de oposición que el escrito de apelación fué debidamente notifi-cado a uno de los abogados de récord de dieba demandada, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5943.
    Beléndez & García, Inc., aplda., v. M. Aldea & Cía., y Agrait, apltes.
    C. D. Areeibo.
    Febrero 26, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Alegándose por la parte apelada y demostrándose con la certifi-cación acompañada a su moción, sin que la parte apelante baya hecho objeción alguna, que la cuantía envuelta en este pleito procedente de una corte municipal sólo alcanza a $171.27, se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.


text:
    No. 5998.
    Rodríguez, aplte. v. Viera, aplda.
    C. D. Humacao.
    Abril 8, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso porque habiéndose dictado y notificado la sentencia el 22 de enero de 1932 se radicó el escrito interponiéndolo el 24 de febrero siguiente o sea después de vencido el término de treinta días que fija la ley; y

Por cuanto, la parte apelante se opuso alegando que la sentencia no le fué notificada hasta el 25 de enero de 1932 habiendo en su consecuencia apelado en tiempo; y

Por cuanto, de la transcripción aparece que se archivó con los autos la notificación de la sentencia el 22 de enero de 1932;

Por tanto, vista la ley y la jurisprudencia aplicables, se declara con lugar la moción y se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.


text:
    No. 5692.
    Las Monjas Racing Corp., aplda, v. Comisión Hípica Insular de P. R., etc, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.

Por cuanto, la corte do Distrito de San Juan a instancia de Las Monjas Racing Corporation dictó un auto perentorio de mandamus contra la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico disponiendo que expidiese a dicha corporación una licencia para la explotación de su hipódromo “Las Monjas” por término de un año contando desde el 14 de septiembre de 1930 sin limitación ni restricción alguna en cuanto a los días que puedo celebrar fiestas hípicas en su hipódromo, sin especial condena de costas:

PoR cuanto, la demandada ha interpuesto recurso de apelación contra esa sentencia:

PoR cuanto, la parto apelada ha solicitado en su alegajo y también en la vista de esta apelación que desestimemos este recurso por carecer de finalidad práctica su resolución:

PoR cuanto, habiendo vencido el 14 de septiembre de 1931 el término por el cual debía ser expedida la expresada licencia resulta académico resolver ahora si la sentencia apelada es errónea o no.

Por tanto, se desestima el presento recurso de apelación.