author: JUEZ ASOCIADO SE. TEXIDOR,

text:
    Rosa Pérez Casalduc et als., demandantes y apelados, v. Manuel Díaz Mediavilla et als., demandados y apelantes.

    No. 4621.

    Resuelto: Enero 20, 1931.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 734.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. TEXIDOR,

CON LA CUAL ESTÁ OONEOEME EL JUEZ ASOCIADO SE. ALDEEY.

Disentimos de la opinión de la mayoría, por entender que en este caso la trasmisión de los bienes de que se trata se hizo por virtud de una transacción, y que una vez que tal transacción fue autorizada por el consejo de familia de los menores, no era necesaria la subasta pública, ni en esa clase de transacciones puede, por regla general, celebrarse tal subasta.

Entre los bienes de la herencia de Don Eusebio Pérez Castillo y Doña Monserrate Rivera se hallaban dos fincas rústicas conocidas por “Santa Bárbara” y “Hornos,” radi-cadas en el barrio de Jayuya Arriba la primera, y en el de Jayuya Abajo la segunda, en el término municipal de Utuado. Estas fincas pasaron, por herencia, a los hijos de Eusebio Pérez y Monserrate Rivera, llamados Pablo, Josefa, Asun-ción, Eusebio, José Antonio, Emilia y Monserrate Pérez Rivera, y a los nietos, menores de edad, Rosa, Monserrate Rafaela, Rafaela Monserrate, Eduardo y Soledad Pérez y Casalduc.

Los menores antes citados se hallaban bajo la tutela de Don Felipe Casalduc Colón, asistida de un consejo de familia, institución del antiguo Código Civil Español, que rigió en Puerto Rico hasta 1°. de julio de 1902, en cuya fecha empezó la vigencia del actual Código Civil de Puerto Rico. El consejo de familia tenía atribuciones y poderes como los que tienen actualmente las cortes de distrito, en lo que se refiere a tutela. T entre ellos, la autorización necesaria para tran-sigir y comprometer en árbitros los pleitos o cuestiones en que los menores o incapacitados tengan interés. Apartado 12, artículo 269, Código Civil Español.

Establecemos estos hechos de acuerdo con la certificación del registro de la propiedad y con la de acta del consejo de familia de los menores Rosa, Monserrate Rafaela, Eduardo, Rafaela Monserrate, y Soledad Pérez y Casalduc, inserta en una escritura.

En veinte y cuatro de marzo de 1902, se celebró una sesión del consejo de familia de dichos menores, y se dio cuenta de un escrito del tutor en que pedía autorización para transigir varias cuestiones judiciales que se seguían contra la sucesión de Eusebio Pérez y Monserrate Rivera, de que formaban parte sus pupilos; el tutor exponía la necesidad de evitar más gastos y costas que los hechos, y el riesgo de que vinieran a subasta los bienes que ya estaban embargados, y que dada la crisis de moneda que prevalecía, no habían de obtener buen precio en las subastas, dejando de cabrir los créditos y quedando los deudores ejecutados en peor situación que antes; alegó además que, de acuerdo con los herederos mayores de edad debían transigirse los pleitos pendientes, dando en pago los bienes embargados, y entre ellos las fincas “Santa Bárbara” y “Hornos,” sobre la primera de las cuales pesaba un embargo por una alta suma, y sobre la segunda una hipoteca y un embargo, por cantidad considerable. Alegó que seis de los herederos habían con-venido en ceder o dar en pago de varias deudas reclamadas judicialmente, al heredero José Antonio Pérez y Rivera, los derechos que les corresponden sobre tales dos fincas “Santa Bárbara” y “Hornos,” y el José Antonio Pérez Rivera se obligaba a satisfacer los treinta y cuatro mil seiscientos pesos a que ascendían las deudas, intereses y costas de que tenían que responder las fincas por la hipoteca y embargos, incluyéndose en esa suma lo que el dicho señor había pagado por otros créditos para evitar que continuaran los embargos, y cuyos créditos le habían sido endosados; que creía nece-sario y útil que los menores cedieran sus derechos por una octava parte sobre tales fincas.

Se oyó por el consejo al pro-tutor que opinó ser útil y necesaria a los menores la cesión; y el consejo' resolvió que dados los innumerables procedimientos que se seguían contra la sucesión y la situación anómala, de la Isla, debían tran-sigiese los pleitos y cuestiones; y autorizar al tutor para ceder o dar en pago a José Antonio Pérez y Rivera, para que cubra, en la parte que a los menores tocaba hacerlo de los treinta y cuatro mil seiscientos dólares que pesaban sobre las fincas “Santa Bárbara” y “Hornos,” el condominio de dichos menores por la suma igual a la que el cesionario se obliga a pagar a los acreedores, estimando las fincas en $30,000' la primera, y en $4,600 la segunda.

Del registro de la propiedad aparecían sobre la finca “Santa Bárbara” siete anotaciones de embargo, según se relaciona en la inscripción quinta de la finca (folios 46 a 48, transcripción de la evidencia) y en cuanto a la finca “Hornos” una hipoteca a favor del Banco Español de Puerto Rico, por treinta y un mil quinientos treinta y siete pesos y 26 centavos, antigua moneda provincial, con intereses al 8% por ciento anual, y dos mil pesos para costas y gastos. Inscripción 5' de esa finca, según aparece de las páginas 54, 55 y 56 de la transcripción de evidencia. Y además, un embargo (págs. 56, 57 y 58, T. E.) trabado, por el Banco Español de Puerto Rico en pleito contra la sucesión de Eusebio Pérez por' $6,922.36 de principal, $1,500 de intereses y $250 por costas, procedentes de préstamo hipotecario, siendo la orden para anotación del embargo de fecha 27 de diciembre de 1901.

En esas condiciones se otorgó la escritura de transacción No. 91, de 8 de octubre de 1902, ante el notario Don Felipe Casalduc y Goicoechea, por la que, de una parte, Don Pablo, Don Eusebio, Doña Josefa, Doña Emilia y Doña Monserrate Pérez y Rivera, y Don Felipe Casalduc Colón,- como tutor de los menores hijos de Don Eduardo Pérez y Rivera, Doña Rosa, Doña Monserrate Rafaela, Doña Rafaela Monserrate, Don Eduardo y Doña Soledad Pérez y Casalduc, y acredi-tando su autorización con la certificación del acta de sesión del consejo de familia de que hemos hecho aquí relación, por vía de transacción adjudican a Don José Antonio Pérez y Rivera las fincas “Santa Bárbara” y “Hornos” para que con su valor cubra las sumas ya desembolsadas por él en pagos de créditos contra la sucesión de Eusebio Pérez y Monserrate Rivera, y las pendientes que se hallan aseguradas con hipoteca y embargo sobre las dos fincas, inclusos intereses y costas; y José Antonio Pérez y Rivera acepta el contrato comprometiéndose a presentar los recibos de los acreedores por sns créditos, intereses y costas.

Adjudicadas así las fincas a José Antonio Pérez, e ins-critas a su favor en el registro de la propiedad por vía de transacción, no es necesario seguir en detalle las trasmi-siones sucesivas. Baste decir que el crédito hipotecario que se hallaba constituido a favor del Banco Español de Puerto Rico con otro más constituido por José Antonio Pérez Rivera, íué objeto de reclamación judicial seguida por el acreedor contra el dicho Pérez Rivera, y obtenida sentencia, contra éste las fincas fueron vendidas en pública subasta y adju-dicadas al Banco acreedor, que las inscribió a su nombre. El Banco vendió las fincas a Don Luciano Ortiz Antón, que obtuvo la inscripción en el registro de la propiedad, que-dando los inmuebles hipotecados a favor de la entidad ven-dedora, por parte del precio. Ortiz y Antón y su esposa vendieron a Miguel de Ramery la finca “Hornos,” inscri-biéndose en el registro la venta. De esa finca se segregaron dos parcelas: una de 308 cuerdas y 56 centésimas, y otra de 84 cuerdas y 84 centésimas; y las dos fueron vendidas por Ramery a Francisco Parra Capó. Este segregó de la de 308 cuerdas una parte de 8 cuerdas, que vendió; y en cuanto a las otras dos fincas las vendió a Pedro Colón y Rafael Arcelay, inscribiéndolas como finca de 385 cuerdas y 40 centésimas; y ésta fué vendida por Colón y Arcelay a Manuel Díaz Mediavilla, que es el demandado principal en el presente caso. Esa finca fue hipotecada a favor del Federal Land Bank of Baltimore, en garantía del pago de un préstamo.

La demanda en este caso se basó fundamentalmente en c^ue los demandantes son dueños de una octava parte pro indivisa de la finca “Los Hornos,” y en el fondo, en que la trasmisión de la finca a José Antonio Pérez Rivera no existió nunca en dereolio, porque no se hizo con autorización legal y por subasta.

El demandado Mediavilla sustancialmente alegó que .la trasmisión de la finca a José Antonio Pérez y Rivera, fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Arecibo en octubre de 1902, y realizada por las personas que aparecían como dueños en el registro' de la propiedad, y que al Facerse la inscripción a favor de José Antonio Pérez se Fizo constar que los menores interesados Fabían tenido la autorización del consejo de familia al tutor después de cumplidos los trámites legales,'; que de la inscripción no aparecía que los menores tuvieran derecho o interés sobre el inmueble, ni necesitaran autorización judicial, y la finca Fabía sido enajenada repe-tidas veces, e inscritas las trasmisiones Fasta llegar al de-mandado, sin que de registro resultara defecto alguno que advirtiera a cualquier persona que los menores tenían de-reoFo o interés alguno en la finca; y que el demandado por su propia posesión y la de sus causantes, Fa poseído la finca por más de diez años, y todos los demandantes Fan residido siempre en Puerto Rico.

TFe Federal Land Bank of Baltimore contestó en la misma forma que Mediavilla, y alegó además que Fabía con-tratado con éste una hipoteca sobre la finca de que se trata, de buena fe, e inscribiendo su derecho en el registro.

El Código Civil de Puerto Rico empezó a regir el Io. de julio de 1902. Este código rechazó la institución del consejo de familia que existía en el español, vigente Fasta entonces. Y en las ventas o enajenaciones y gravámenes de bienes de menores o incapacitados, la autorización corresponde a la autoridad judicial.

Entre las disposiciones transitorias, finales del Código Civil de Puerto Eico, encontramos las dos siguientes:

“1. Se regirán por la legislación anterior al Código revisado1 los derechos nacidos, según ella, de hechos realizado bajo su régimen, aunque dicho Código los regule ele otro modo o no los reconozca. Pero si el derecho apareciere declarado por primera vez en el Có-digo Civil revisado, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo origine se verificare bajo la legislación anterior, siempre que no se oponga o perjudique a otro derecho nacido o adquirido al am-paro de dicha legislación anterior.
“2. Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la le-gislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma, sin limitación de ningún género.”

La autoridad que para la transacción y la trasmisión de la finca, pidió el tutor al consejo de familia fue obtenida por él en 24 de marzo de 1902, bajo el Código Civil Español, entonces vigente. Que tenía esa autoridad legalmente, es indiscutible. El acto del consejo al autorizar al tutor para la transacción, era perfectamente válido; el tutor adquirió toda la autoridad legal que necesitaba. El becbo de que otro Código Civil fuera puesto en vigor con posteridad a tal autorización, no anulaba ésta, ya que de una manera expresa la disposición transitoria segunda del mismn nuevo código, que acabamos de citar, estableció que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de 1a. legislación anterior “sur-tirán todos sus efectos, según la misma, sin limitación de ningún género.” Esas palabras de la ley “sus efectos según la misma” referidas a la legislación anterior, nos llevan a • aplicar el antiguo código, que es esa legislación anterior, y a ver qué efectos producía, con arreglo a él, la autorización.

El artículo 269 del Código Civil Espauol fijaba los casos en que el tutor necesitaba autorización del consejo de familia, y entre ellos; en el apartado 12, se decía:

“Para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en que el menor o incapacitado estuviere interesado.”

La situación, en los momentos en que el tutor acudió al consejo, era ésta:

(a) Los menores bajo su tutela tenían participación indivisa en esta finca “Los Hornos.”

(b) La finca “Los Hornos” se bailaba sujeta a gravá-menes y embargos, por razón de créditos contra el causante de la sucesión, y luego la sucesión misma.

(c) José Antonio Pérez y Eivera, babía pagado algunos créditos contra la sucesión.

(d) Los acreedores tenían el derecho de perseguir y ejecutar los bienes, entre ellos, esa finca “Los Hornos.”

(e) Los acreedores estaban dispuestos a tratar con José Antonio Pérez y Eivera, acerca de la solución de sus créditos, sin ejecutar las fincas.

(/) En la transacción se evitaban posteriores procedi-mientos judiciales, nuevas costas y nuevos gastos.

No tenemos duda alguna de que se trataba de una tran-sacción,. contrato por el que las partes dan, prometen o re-tienen cada una alguna cosa, y evitan la provocación de un pleito, o ponen término al ya comenzado. Los acreedores, de una parte, debían recibir pagos; la otra parte, que en realidad era la sucesión de Eusebio Pérez, recibía el descargo de sus deudas, y el beneficio de las costas y gastos nuevos, sin otra acción ulterior de parte de los acreedores. No im-porta el papel que desempeñara José Antonio Pérez y Eivera. Los créditos, en cuanto a la sucesión afectaban, se extinguían, y lo mismo los embargos y gravámenes, y las responsabili-cladés personales para el caso de que los bienes gravados o embargados no fueran suficientes a cubrir los créditos.

v Es de considerar también cuál era la verdadera posición de los menores con respecto a esta finca. En ella tenían un derecho, indiviso, de una octava parte. Sobre esta finca y otra pesaba una hipoteca que, en su origen fué por un valor de 31,537.26 pesos, antigua moneda provincial, que se había reducido por razón de algún o algunos pagos; y un embargo, por 6,922 dólares y 26 centavos de principal, 1,500 dólares por intereses, y 250 dólares para costas, procedentes del mismo crédito hipotecario. La finca se hallaba valorada, según aparece del registro, en cuarenta mil pesos de la antigua moneda provincial, según la inscripción 5 (páginas 54, 55 y 56, T. E.) y posteriormente, inscripción 7 (páginas 58 y 59, T. E.) en ocho mil dólares. Notamos que parece ser que la' participación de los menores no pasaba de mil dólares; y su responsabilidad en los gravámenes era de otros mil dólares, cuando menos:

No vemos que se hubiera hecho una adjudicación especí-fica, de parte determinada, a los menores: un tanto sobre la finca es todo lo que ellos tenían como un derecho sobre el inmueble.

En las condiciones en que la sucesión se hallaba, y en las condiciones en que se encontraba la participación de los menores, que como un bien era problemática, ya que tenía la finca un embargo como el que hemos anotado, la transac-ción al consejo propuesta y por él autorizada, cediendo todos los interesados sus derechos a uno de los herederos que se encargaba del arreglo y solución de los créditos, era la razo-nable, y quizá la única posible. Un acreedor tenía un embargo que había de convertirse en ejecución; y ciertamente no iba a buscar acuerdos erizados de dificultades técnicas, teniendo en sus manos el cobro sobre la finca, y la facilidad de ir contra los demás bienes de sus deudores, por el balance insoluto de su crédito.

Para transigir fue dada la autorización, y para ese mismo contrato pasaron a poder de José Antonio Pérez y Rivera las participaciones que en la finca “Los Hornos” y en la “Santa Bárbara” tenían los herederos de Eusebio Pérez.

En estas condiciones se otorgó la escritura de 8' de octubre de 1902, que se inscribió en el Registro de la Propiedad de Arecibo.

Entramos en el examen del punto que nos parece más importante en este caso.

Los artículos 33 y 34 de nuestra Ley Hipotecaria, leen como sigue:

“Artículo 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
“Artículo 34. No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Eegistro aparezca con derecbo para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o re-suelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no ins-crito o de causas que no resulten claramente del mismo Eegistro.
“Solamente en virtud de un título inscrito1 podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.
“Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en ningún tiempo al título inscrito con arreglo a lo prevenido en el artículo 390, a menos que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho a que se refiera dicho título.”

El artículo 34 que citamos es uno de los más discutidos y comentados de la ley. Era evidente que la circunstancia de bailarse inscrito un acto, o un contrato aparente, realizados en violación de la ley, no podría hacerlos prevalecer como buenos y perfectos. Pero, como la Ley Hipotecaria es de g;arantía con respecto a terceros, y como- para la inscripción de actos y contratos, se exigen requisitos estrictos y la inter-vención y calificación de documentos por un registrador abo-gado, que tiene la facultad de negar la inscripción a los actos y contratos unios, tenía qne darse valor y eficacia a la inscrip-ción ya hecha, si de ella no resultara nn vicio qne hiciera nulo el acto o contrato. Si resultara, el 'futuro comprador, y el. adquirente de derechos sobre la finca así inscrita, adqui-riría a sabiendas de la existencia de una causa de nulidad, de la que estaba avisado por el mismo registro de la pro-piedad; y si la causa no resultara de la inscripción, el ad-quirente se hallaría protegido por ese hecho.

¿Resulta de la inscripción original a favor de José Antonio Pérez y Rivera una causa de nulidad? En este mismo caso se está discutiendo si tratándose de una transacción, era indispensable la subasta pública, y si en realidad hubo una enajenación al tratarse de una participación indivisa en una finca gravada con exceso tal que su valor desaparecía bajo el gravamen. De manera que el extremo no es fácil para determinar; es un punto de ley que requiere serios conoci-mientos en ella, para determinar y resolver. Por esto, el artículo 34 no habla simplemente de causas que no resulten del mismo registro, sino de “causas que no resulten clara-mente del mismo registro” (itálicas nuestras). Porque no se trata de requerir el estudio de un abogado experto en Ley Hipotecaria, sino de que cualquiera persona de mediana instrucción pueda ver si resulta, o no-, del registro, la causa de nulidad. La interpretación hecha por la jurisprudencia está de acuerdo con esta teoría. Así, en el caso Ayllón y Ojeda et al. v. González y Fernández et al., 28 D.P.R. 67, se dijo:

“Interpretamos el artículo 33 en el sentido de significar que una escritura que ya es nula no adquiere fuerza alguna por el becbo de su inscripción en el registro de la propiedad. En otras palabras, si es nula o anulable, continúa siéndolo. Sin embargo, el artículo 34 es -uno de los principales artículos de la Ley Hipotecaria que protége-los derechos de terceros. Una persona que adquiere de otra cuyo título está inscrito en el registro está protegida, a no ser que exista un claro defecto en el registro de la propiedad. El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1; Sánchez v. Hartzell et al., 26 D.P.R. 684. La corte inferior bace cierta insistencia en cuanto a la diferencia que existe entre las palabras ‘aparezcan’ y ‘resulten,’ tal como se usan en el referido artículo. Entendemos que las dos palabras son sinónimas para los fines de esta Ley, criterio que está robustecido por el hecho de que en la traducción hecha por el Departamento de la Guerra, la palabra ‘resultar’ ha sido traducida por ‘appear.’

Esta sentencia fué en definitiva confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en B. Fernández & Bros., Sucrs., et al. v. Ayllón y Ojeda, 266 U. S. 144, revocando la de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito. En esta decisión no se discute explícitamente el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de Puerto Eico, pero se dice:

“. . . La cuestión a dirimir es si los demandados poseían con título ‘justo’ o ‘propio,’ según se le designa indistintamente, dentro del significado de la ley que determina la prescripción de diez años en tal caso, en vez de los treinta años para los cuales no se precisa justo título. Según observó la corte de Puerto Rico, un justo título no significa un título perfecto, pues de otro modo no sería menester la prescripción. Véase United States v. Candler-Dunbar Water Power Co., 209 U. S. 447, 450. Si el título es bueno por su propia faz, y el poseedor a virtud del mismo no tiene conocimiento de ningún defecto extrínseco, fundará un buen título en diez años. La orden de venta no revelaba defecto alguno, y la Corte Suprema resolvió que, .toda vez que fué librada por una corte con jurisdicción sobre los menores y el tutor, según hemos indicado, los compradores no estaban obligados a investigar más. No tenían conocimiento real de las omisiones del tutor, y, para los fines de una posesión de buena fe, eso satisface a la ley. Ellos tenían derecho a asumir que todos los requisitos necesarios habían sido cumplidos. No necesitamos con-siderar la observación adicional de la corte, también digna de res-petarse, de que la omisión de inscribir en el registro de tutelas y d'' prestar fianza no anulaba la venta.”

Conviene anotar aquí esta parte de la opinión, por la íntima relación entre la doctrina de “justo título,” y el contenido del artículo 34 de la ley hipotecaria.

En el caso José A. Pérez Rivera et al. v. Jaime Colom, et al., 40 D.P.R. 397, se dijo por este tribunal:

“Los apelados contestan alegando que la fecha de la adjudicación no aparecía del registro mismo, sino en el asiento de presentación o inicial existente en el registro. Convenimos con los apelados y con la cuidadosa opinión emitida por la corte inferior en que el- defecto no aparecía claramente del registro. Un comprador en perspectiva no está obligado a examinar todos los libros del mismo. El asiento de presentación es de naturaleza,temporal o volátil. Lo que importa es el récord permanente. Los compradores de fincas en Puerto Rico tienen derecho a asumir que el registrador cumplió- con su deber y que inscribió en sus libros principales todo lo que era necesario trans-cribir. Por estar relacionados con la proposición principal, puedeu reproducirse los siguientes casos, algunos de los cuales fueron citados por la corte inferior: Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 37; El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1; Ayllón v. González, 28 D.P.R. 67; Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 775; Gutiérrez v. Pons. 32 D.P.R. 695; Gonzalez v. Anglada, 33 D.P.R. 1021.”

En el caso Menéndez v. Cobb et al., 28 D.P.R. 775, se dijo:

“P'or el solo hecho de que en la inscripción no se diga que el demandado fué citado en debida forma, no puede sostenerse que el tercero supo que no fué citado, pues pudo haberlo sido aunque no lo diga la inscripción. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria exige de modo categórico que las causas de nulidad resulten claramente del mismo registro, y por tanto' los hechos de los cuales resulten deben aparecer en él afirmativa y claramente.”

Siguiendo tal' doctrina, y tal razonamiento, sería preciso que hubiéramos visto que las causas de nulidad resultaban afirmativa y claramente del mismo registro, para que nos decidiéramos a confirmar la sentencia apelada, declarando do ese modo que los sucesivos adquirentes de la finca tenían noticia legal de la existencia de determinadas faltas o causas de nulidad. T a nuestro juicio, no resultan tales causas, de manera afirmativa, y claramente. Y sobre los méritos de una inscripción en el registro, de la que no aparecen afirma-tiva y claramente causas de nulidad, se realizan las adquisi-ciones posteriores de la finca, la que poseen por largos años los sucesivos adquirentes, de buena fe, y sin que los preten-didos partícipes en la propiedad bagan reclamación alguna a los poseedores.

El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 25 de noviembre de 1890, caso Ramón Valdés contra el Ayunta-miento de Oviedo, tomo 68 Jurisprudencia Civil, páginas 426 a 432, sostuvo que

“. . . el principio jurídico de que lo que es nulo desde su origen no puede convalecer por el transcurso del tiempo, no es ilimitado o absoluto, y sólo debe entenderse aplicable, según tiene declarado el Tribunal Supremo, cuando la ley, dadas ciertas circunstancias, no re-conoce o crea un derecho que bay que respetar.”

El demandado Mediavilla, y su esposa, ban comprado de quien en el registro de la propiedad aparecía como- dueño, y con derecho o título para vender y trasmitir, sin que de los asientos del registro resulte clara y afirmativamente causa de nulidad. Ellos poseen con justo título, quieta y pacífica-mente como dueños, y de buena-fe, por tiempo superior a diez años, tiempo en el que los ahora demandantes aparecen haber vivido en Puerto Rico, y durante el que no han presen-tado reclamación alguna, judicial o extrajudicial. Innece-sario citar aquí todos los casos en que hemos declarado lo que es justo título. Baste la antés citada decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Ayllón, o sea B. Fernández & Bros. Sucrs., et al. v. Ayllón y Ojeda, en la que se confirma la declaración de lo que es justo título, sentada por este tribunal, en el sentido de que no significa título perfecto; y de que si es válido en su faz, y el poseedor do tiene noticia de algún defecto extrínseco, sostendrá un título válido después de diez años.

En el caso Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano, 25. D.P.R. 759, se dijo por este tribunal:

“Por lo que atañe al justo título, por modo expreso dice el ar-tículo 1853 que se . entiende por tal el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. Para que el título sea justo no es necesario que de hecho transfiera el dominio o derecho real sino que sea suficiente para transferirlos, aunque adolezca de un vicio que lo invalide. Y tiene que ser así, porque si bajo el nombre de justo título que la ley exige para la prescripción, viniera comprendido' solamente un título adornado de todos los requisitos así internos como externos necesarios, para la transmisión real y positiva del dominio, abundaría la prescripción como medio adquisitivo del dominio. . .
^ . & % %
“El mismo tribunal en sentencia posterior de 30 de noviembre de 1910, establece ‘que aun en el supuesto de que una escritura no hubiera podido transmitir al comprador la propiedad de los bienes reclamados por la nulidad del título que el vendedor ostentara, si dicha escritura, además de reunir los requisitos externos que la ley requiere constituye por su naturaleza un título traslativo de dominio, es manifiesto que se llenen en ella las condiciones establecidas en los artículos 1952 y 1953 del Código Civil (1853 y 1854 del Revisado), como así lo tiene proclamado esta Sala en casos análogos, porque de exigirse que el título invocado transmitiera de hecho y de derecho el dominio de la cosa al comprador, no tendría para qué acudir éste a la prescripción, y este modo de adquirir, por lo que respecta a la prescripción ordinaria, sería superfino y habría que borrarlo por innecesario e inútil de entre todos los admitidos por nuestra legis-lación positiva.’ Jurisprudencia Civil, tomo 119, página 486.”

En la misma decisión Martorell v. Ochoa se habla del concepto de la buena fe, en estos términos:

‘‘En el artículo 1851 define el concepto de la buena fe, el cual consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa el poseedor, era dueño de ella y podía transmitir su dominio. Para la buena fe basta la creencia indicada y no es necesario el hecho real y positivo de que la persona de quien el poseedor recibió la cosa fuera en efecto dueño de ella y pudiera transmitir su dominio. Ese concepto de la buena fe concuerda con el artículo 436 aplicable a la prescripción, lo mismo que el 437, por precepto terminante del 1852, cuyo artículo 436 establece que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide, reputándose poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario. Y según el artículo 437 la buena fe se presume siempre y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. De modo que es poseedor de buena fe el que cree que ad-quirió la cosa de quien era dueño de ella y podía transmitir su do-minio, o el que ignora que en su título o modo de adquirir existiera vicio que lo invalidara. Así es que la buena fe es compatible con un título, afectado por un vicio que lo invalide, siempre que se ignore la existencia del vicio por el poseedor o éste crea que no existe.”

Adquirida esa finca en la forma que liemos diclio, poseída por los sucesivos adquirentes sin interrupción por más de diez años entre presentes, sumándose al tiempo de posesión del actual poseedor el de sus predecesores y causantes, en-tendemos que la prescripción establecida por los artículos Í831, 1841, 1842, 1851, 1853, 1854 y 1858 del Código Civil de Puerto Rico, protege a los demandados. Cítase en cuanto al tiempo de la prescripción, el mismo Código en su artículo 1861.

Por estas razones, entendemos que debe revocarse la sen-tencia apelada, dictándose otra por la que se declare sin lugar la demanda.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Texidor.)

license: Public Domain

text:
    No. 5494.
    Márquez et als. apldos., v. La Junta Insular de Elecciones, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por los fundamentos de la opinión de este tribunal en el caso No. 4928, Joaquín Márquez et al. v. Junta Insular de Elecciones, decidido en esta fecha (ante pág. 1) se revoca la sentencia dictada en el presente caso por la corte de dis-trito de San Juan en febrero 11, 1929, anulándose el auto de certiorari y declarándose válido el escrutinio general hecho por la Junta Insular de Elecciones en cuanto a las celebradas en el precinto electoral de Huruacao el día 6 de noviembre de 1928.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, disintió.


author: Juez Presidente Señor del Toro.)

text:
    No. 5087.
    Gómez, apldo., v. La Junta Examinadora de Ingenieros, etc., aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 27, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Confirmada por los fundamentos del caso de Llovet Díaz v. Junta Examinadora, 40 D.P.R. 583.


text:
    No. 268.
    El Pueblo de Puerto Rico, ex rel. James R. Beverley, Procurador General de Puerto Rico, peticionario, v. Héreter, demandado.
    Mayo 28, 1930.
   El tribunal, en el ejercicio de su discreción, estima que no debe intervenir originalmente en el asunto y en tal virtud, sin prejuzgar la cuestión de fondo envuelta en ningún sentido, niega el auto solicitado.


author: Juez Asociado Señor Wolf.)

text:
    No. 49.
    Héreter, promovente, v. James R. Beverley, Procurador General, y Castejón, demandados.
    Junio 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, la ley autorizando la expedición de autos inhibitorios es en general para los casos en que la causa original o algún incidente surgido en nn pleito no es de la competencia del tribunal a quo, sino de la de otro' tribunal (Leyes de 1904, página 122), y no procede para determinar si un juez está en el debido ejercicio de sus funciones.

Pob cuaNto, este tribunal está inclinado a creer que un juez debidamente nombrado ejerce sus funciones basta que su sucesor baya sido calificado, criterio que está sostenido por State ex rel. Eberle v. Clark, 52 L.R.A. (N. S.) 912, y 33 C. J. 942, nota 95.

Pob cuanto, si existiera duda de1 que fuera un juez de jure nos inclinamos a creer que siempre lo sería de facto por ejercer su cargo bajo condiciones que le dan color de auto-ridad.

Pob tanto, no ba lugar a expedir el auto inhibitorio soli-citado.


author: Juez Asociado Señor Hutchison.)

text:
    No. 4752.
    The Porto Rico Racing Corporation, aplda., v. Comisión Hípica Insular, aplte., y Las Monjas Racing Corporation, interventora y aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Confirmada por los fundamentos del caso Porto Rico Racing Corporation v. Comisión Hípica, 38 D.P.R. 280.


text:
    No. 96.
    Ex parte Valldejuli a nombre de Fernando Gallardo Díaz, peticionario.
    Noviembre 4, 1930.
   No siendo suficientes las razones alegadas para concluir que es indispensable que el auto solicitado se expida original-mente por este tribunal; visto lo dispuesto en las reglas 66 y 69 del Reglamento de esta corte; no ba lugar.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 739.
    White Star Bus Line, Inc., recurrente, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Noviembre 7, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Examinada la solicitud, visto el caso de la Maryland/ Casualty Co. v. Corte de Distrito, decidido el 15 de julio último, no lia lugar.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5162.
    Logia Adelphia, etc. aplda. v. Gran Logia Soberana, etc., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 10, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Examinado el escrito de apelación de octubre 22 y el seña-lamiento de errores que al mismo- se acompaña, a la luz de la ley que autoriza las apelaciones de las sentencias de esta corte para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, no existiendo cuantía envuelta, ni llegando en todo caso la que se dice envuelta a la suma jurisdiccional, ni tampoco cuestión alguna constitucional en la forma requerida por la ley y la jurispru-dencia, no lia lugar a admitir el recurso.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino. .


text:
    No. 4492.
    The Porto Rico Coal Co., aplte., v. Gallardo, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

A petición de la demandante el tribunal enmendó la reso-lución que dictara al enviar a la corte inferior el mandato recibido de Boston.


text:
    No. 5210.
    Combate Tobacco Corporation, aplda., v. Santini Fertilizer Co., et als., aplte. la primera.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 19, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no inter-vino.


text:
    No. 5462.
    West India Oil Co., aplda., v. Benítez Sugar Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Por cuanto, la demanda en el presente caso contiene dos Cansas de acción, la,primera por varios efectos vendidos a la demandada, y la segunda por un pagaré vencido en el cual la demandada se sometió expresamente a la competencia de los tribunales insulares del 'domicilio del tenedor del pagaré.

Por gxjaNto, la demandada oportunamente solicitó el tras-lado de este pleito al distrito judicial de Humacao, donde tiene establecida su residencia; y la Corte de Distrito de San Juan denegó dicha moción fundándose en el caso de Gómez v. Toro, 23 D.P.R. 642.

Por cuanto, la doctrina de dicho caso no es aplicable a los hechos del presente, por tratarse en éste de dos causas de acción, en cuanto a la primera de las cuales el derecho de la demandada para solicitar el traslado es perfectamente claro.

Por taNto, vistos los casos de Sucesores de Fernández, S. en C., v. Zalduondo, 40 D.P.R. 339; Fong. v. Sterne, 79 Cal. 30, y Brady v. Time Mirror Co., 106 Cal. 56, y la confor-midad por parte de la apelada con el criterio expresado en el alegato de la apelante de acuerdo con la jurisprudencia últimamente citada, se revoca la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 6 de octubre de 1930, en el caso arriba titulado, y se ordena el traslado-del pleito desde el distrito judicial de San Juan al distrito judicial de Humacao para que el juicio del mismo 'se celebre en el último.


text:
    No. 5538.
    Gallardo, aplte., v. Rodríguez, aplda.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 19, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No creyendo que la oposición presentada a una moción sobre apertura de rebeldía y la contestación a tal oposición deban formar parte de una exposición del caso, y dudando además que una moción para que esta corte ordene la inclu-sión de tales documentos, sea la forma adecuada de presentar la cuestión ante este tribunal, se declara sin lugar la moción radicada por el demandante-apelante con feolia 11 de diciem-bre de 1930.


text:
    No. 5073.
    Isern, aplte., v. Junta Examinadora de Ingenieros, etc., aplda.
    C. D. Hnmacao.
    Enero 20, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cijaNto, la demandada y apelada presentó ante la Corte de Distrito de Hnmacao dos mociones solicitando la suspensión de la vista del recurso;

Por cuanto, esas mociones, de conformidad con la deci-sión de este tribunal en el caso de Gómez Tejera v. Junta Examinadora, 40 D.P.R. 662, equivalen a una sumisión;

Por tanto, se revoca la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Hnmacao con fecba 7 de mayo de 1929 y continúese el recurso en la ameritada corte de distrito.


author: Juez Asociado Señor Aldrey.)

text:
    No. 748.
    El Banco de Ponce, Inc., peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez, demandada.

    Enero 23, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Apareciendo de la solicitud de certiorari que resolvemos que la sentencia de 13 de agosto de 1930 dictada a favor del peticionario y en contra del Municipio y la Asamblea Municipal de Toa Alta es firme, por lo que puede ser ejecutada, no ba lugar a expedir el auto interesado para revisar la resolución.de la Corte de Distrito de San Juan que negó la ■expedición de una orden de prohibición que tiene el efecto de asegurar la efectividad de la sentencia mientras se re-suelve la apelación establecida por el peticionario en un inci-dente por baber sido dejada sin efecto una orden de asegura-miento similar a la que abora se interesa; y también negamos el auto en uso de nuestro poder discrecional para concederlo.


text:
    No. 5163.
    Fernández, aplte., v. González, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Enero 30, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Considerada la moción del demandante y apelante intere-sando la reconsideración de nuestra sentencia de 20 de enero del corriente año para qne impongamos las costas al deman-dado, y vista la Ley No. 43 de 13 de marzo de 1913, enmen-dada por la Ley No. 11 de 14 de noviembre de 1917, y los casos Solís v. Castro, 36 D.P.R. 314; Ortiz v. Silva, 28 D.P.B. 118, y El Pueblo v. Oms, 35 D.P.R. 757, se declara la misma con lugar.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


text:
    No. 5272.
    Quiñones, aplda., v. Porto Rico Biscuit Company, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Considerados los argumentos de las partes y los docu-mentos presentados, y teniendo en cuenta que se ban unido al récord la transcripción y el alegato de la parte-apelante, el tribunal en uso de su discreción, deja sin efecto su resolu-ción de enero 20, 1931, y ordena siga su curso esta apelación.


text:
    No. 5280.
    Dr. Rafael U. Lange, apldo., v. María del Carmen Lange et als., apltes.
    C. D. Mayagüez. División de comunidad.
    Febrero 26, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Examinados los autos, y apareciendo que los demandados apelantes, si bien excepcionaron la demanda en el pleito principal, luego retiraron su excepción previa, se allanaron a a dicba demanda y pidieron que se dictara sentencia en su contra, el tribunal resuelve modificar, como por la presente modifica, la orden apelada, rebajando la partida de honora-rios de abogado a la suma de $25, y condenando a los dichos demandados únicamente al pago de la cantidad de $42.50 como importe total de costas y honorarios de abogado, y así modificada se confirma la orden apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez con-fecha 7 de febrero de 1930 en el caso de epígrafe.


text:
    No. 5232.
    Herminio Madera & Hno., Inc., aplte., v. Benigno Díaz, hoy su Sucesión, et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Marzo 4, 1931.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de ayer en el caso No. 5270, Ernesto Fernando Schlüter, etc., demandante y apelante, v. La Siccesión de Benigno Díaz, etc., demandada y apelada (p. 884) se confirma la resolución apelada que dictó 3a Corte de Distrito^.de Humacao con fecha 27 de enero de 1930, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 5201.
    Berreteaga, aplte., v. Pizá Hermanos, S. en C., y la Sucn. de Antonio Pizá y Mas, apldas; y Mercedes Fernández Vda. de Suárez, interventora-aplda.
    C. D. San Juan.
    Marzo 12, 1931.
   (Por la corte, a propuesta clel

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuanto, después de registrada sentencia a favor del demandante Félix Berreteaga contra la sociedad mercantil Pizá Hermanos, S. en C., y la Sucesión de Antonio Pizá y Mas, presentó moción en ese pleito Mercedes Fernández vda. de Suárez solicitando permiso para intervenir en el incidente del embargo trabado en ese pleito, alegando que es acreedora de Pizá Hermanos, S. en C., con hipoteca constituida y embargo trabado sobre cierta propiedad mueble de la deman-dada, la que ha sido embargada, por lo que dice tener interés para discutir la validez y prioridad del embargo hecho por el demandante;

Por cuanto, la corte inferior le concedió el permiso soli-citado, contra cuya resolución se ha interpuesto este recurso de apelación por el demandante en el pleito;

Por cuanto, la intervención no pudo concederse después de registrada la sentencia en el pleito, de acuerdo con el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil;

Por cuanto, tampoco es procedente admitir úna inter-vención sobre materia que no esté en litigio' en el pleito, y en el embargo en el que se quiere intervenir no era cuestión a resolver por la sentencia,

Por tanto, se revoca la órden de 8 de enero de 1930 por la que fué concedido permiso a Mercedes Fernández vda. de Suárez para intervenir en el pleito de Félix Berreteaga contra Fiza Hermanos, S. en C.


text:
    No. 5421.
    Mage, aplte., v. Cardona, apldo.
    C. D. Ponce.
    Marzo 4, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por ouaNto, los únicos errores señalados por el apelante son:

“La Corte de Distrito de Ponce cometió grave error al declarar en su opinión que forma parte de la sentencia que el derecho dé liomestead debe de constar en documento pú-blico y estar debidamente inscrito en el registro de la pro-piedad para que pueda perjudicar a tercero”.

“La. Corte de Distrito de Ponce erró en la apreciación que hizo de la prueba aportada para resolver este caso.”

Por cuanto, una hipoteca otorgada por el demandante a favor del cesionario y dueño de un crédito anterior (siendo la ejecución de éste el procedimiento que dió lugar al pre-sente litigio) contiene una cláusula que lee como sigue:

“Declara y hace.constar el compareciente don Narciso Mage Cortés por su propio derecho y en la representación que ostenta, que sobre la finca hipotecada no tiene consti-tuido derecho alguno de ‘homestead’ ni es su intención cons-tituirlo, pero que si alguno tuviese de acuerdo con la ley sobre la materia, voluntaria y expresamente lo renuncia, cede y traspasa a favor del Señor Cardona González, en conside-ración al préstamo que le ha hecho . . . .”

Por cuanto, como resultado de lo expuesto en el párrafo anterior procede la confirmación de la sentencia apelada a pesar de cualquier error en la apreciación de la prueba sobre otros extremos, y pese a cualquier error cometido según se alega en el primer señalamiento de error,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce con fecha 29 de enero de 1930, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 5234.

    In Re Ortiz, apldo., v. Venegas, Alcalde, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de boy en el certiorari No. 697, Leopoldo Venegas, Alcalde de Coamo, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto II. Todd, Jr., Juez, demandada (p. 108), se declara con lugar dicha moción, y se desestima la apelación inter-puesta.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5310.
    Rodríguez, apldo., v. González, etc., aplte.
    C. D. Guayama.
    Mayo 31, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Sin lugar la desestimación por no demostrarse que la apelación es académica como se alegó.


text:
    No. 5331.
    Pueblo Ex Rel. Ramírez, apldo., v. Solá Morales, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 21, 1930.
   Vista la moción de desestimación y apareciendo que la cuestión envuelta en el recurso ha llegado a ser académica por haber la Asamblea Municipal de Caguas, con el expreso consentimiento del apelante, declarado nulo su acuerdo nom-biánclolo alcalde, que es el cargo en controversia, se deses-tima la apelación interpuesta.


text:
    No. 5362.
    De la Cruz, apldo., v. López et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por ouaNto, la parte apelante ha dejado de presentar un señalamiento separado de errores;

Por cuanto, el único error alegado es que la corte inferior cometió manifiesto error al apreciar la prueba presentada por los demandados en apoyo de su moción de apertura de rebel-día, y al apreciar las circunstancias concurrentes en el caso;

Pok cuaNto, el único objeto de la moción presentada en la corte inferior fné dejar sin efecto una rebeldía, fundándose en que los demandados no habían sido debidamente empla-zados ;

Pon ouaNto, la corte de distrito resolvió con razón derecha al expresar que la comparecencia de los demandados para presentar una excepción previa constituyó una renuncia a la citación;

Pob cuanto, los apelantes no nos han convencido de que tienen una defensa o apelación meritoria,

Pob tanto, se desestima el presente recurso.


text:
    No. 5386.
    Santini Fertilizer Co., aplda., v. Hernáiz, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   (Por la corte, a propuesta clel

Juez Asociado Señor Texidor.)

Pob cuanto, aparece del récord que la demanda en este caso alegó la falta de pago de la suma de $500, parte de la de $794.93 e intereses, consignada en un pagaré, cuya copia se une a la alegación, resultando asimismo que el deudor en el expresado documento se obligó a pagar intereses al 12 por 100 anual en caso de demora, y los honorarios de abogado del acreedor, y los gastos que ocasionare el cobro;

Pob cuanto, aparece asimismo que la parte demandada opuso excepción previa sosteniendo la falta de jurisdicción de la corte de distrito por entender que la suma envuelta es de $500 solamente, y además por falta de hechos para deter-minar causa de acción; y declarada sin lugar la excepción, la parte demandada contestó admitiendo la existencia, sus-cripción y entrega del pagaré; y alegando novación por haberse sustituido el contrato original por otro. T una vez señalada la vista del caso, y llegado el día compareció ante la corte solamente la demandante que practicó su prueba; y la corte dictó sentencia contra la parte demandada por $500! de principal, intereses al 9 por 100, costas y gastos, inclu-yendo $100 para honorarios de abogado, sentencia que es objeto de esta apelación; •

Por cxjaNto, del alegato presentado por la demandada-apelante no aparece otra cosa que la alegación de qne en el litigio no se halla envuelta otra sama que la de $500 y que en la demanda no se alegó que la obligación se encontraba en poder de la demandante;

Por ouaNto, la cuestión de jurisdicción que se promueve se halla resuelta por la doctrina del caso Flesh v. Texidor, 27 D.P.R. 890, y la del caso Smallwood Bros. v. Fernández y 'Detres, 40 D.P.R. 686, en sentido adverso al que propone la demandada en este caso,

Por tanto, se desestima la apelación, a moción de la apelada.


text:
    No. 5515.
    Anaya, apldos., v. Súcn. McCormick y Hartman, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, el allanamiento de un demandado a que se dicte sentencia en su contra no impide que se apele de un pronunciamiento de costas;

Por cuanto, la demora en elevar la exposición del caso no puede distinguirse de muchas otras en causas apeladas a este tribunal;

Por cuanto, no estamos convencidos de que los deman-dados a quienes no se notificó la apelación sean partes con-trarias necesarias,

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 5533.
    Anaya, apldos., v. McCormick et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por los fundamentos de la resolución dictada con esta misma fecha en el caso No. 5515, Guadalupe, Sabina y Francisco Anaya v. Sucesión de Harry A. McCormick y Hartman, etc., no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 5532.
    Anaya, apldos., v. Sucn. McCormick, etc.,
    C. D. San Juan.
    Diciembre 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por los fundamentos de la resolución dictada con esta misma feelia en el caso No. 5515, Guadalupe, Sabina y Francisco Anaya, v. Sucesión de Harry A. McCormick y Hartman, etc., no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 5516.
    Ortiz, aplte., v. Carrasquillo, aplda.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vistos los casos de Paniagua v. El Pueblo, 33 D.P.R. 902, y Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 418, y creyendo que la resolución de desacato es apelable, y no habiendo la apelada demostrado que la presente apelación es frívola, ni que hubiera necesidad de notificar a la demandada en el pleito civil origen del procedimiento de desacato, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 5476.
    J. Octavio Seix, aplte., v. León Parra, apldo; y J. Octavio Seix & Co., Inc., demandada.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 24, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vistas las varias mociones presentadas por el apelado, y el escrito de oposición del apelante, la corte ha lleg’ado a la conclusión de que en realidad el apelante presentó su segunda moción de prórroga fuera de tiempo; y, en su consecuencia, declara con lugar la moción para desestimar radicada por el demandado, y se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 20 de agosto de 1930, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 5385.
    Tomás Rodríguez Hno., S. en C., aplte., v.
      Rodríguez, demandado, y Funtané, interventor, apldo.
    C. D. Ponce.
    Julio 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cxjaNTo, Tomás Rodríguez Hermano, S. en C-, ape-lada en este caso de una resolución de la corte inferior per-mitiendo a Rafael Funtané intervenir en un pleito estable-cido por el apelante contra Francisco Rodríguez Collazo;

Por cuanto, el apelado Funtané nos pide que desesti-memos esta apelación por no estar autorizada por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, a cuya moción no se ba opuesto el apelante;

Por cuanto, esta apelación no está comprendida en nin-guno de los casos especificados en el artículo citado,

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos la apela-ción que Tomás Rodríguez Hermano, S. en O., interpuso' contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de Ponce, con fecha 9 de enero de 1930.


text:
    No. 5388.
    Canino, apldo., v. Pastrana, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Se desestima, por no ser apelable, de acuerdo con la see-, ción 10 de la Ley de Desahucio de 1905, la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en fecha 23' de mayo de 1930.


text:
    No. 5321.
    Vargas, apldo., v. Lausell et al., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 27, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5331.
    El Pueblo de Puerto Rico, a solicitud de Cándido Ramírez, apldo., v. Solá, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 3, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Apareciendo que no existe falta de diligencia por parte del apelante en la tramitación del presente recurso, y que por el contrario lia hecho todas las gestiones pertinentes para la obtención en tiempo de la transcripción de las notas taquigráficas, habiendo consignado en la secretaría de la corte inferior el importe de los honorarios del taquígrafo en tal concepto; y apareciendo que la referida transcripción fue radicada en la corte de distrito con fecha 19 de mayo de 1930 a los fines de la aprobación que determina la ley, no ha lugar a desestimar.


text:
    No. 5333.
    Grevatt Brothers, aplda., v. Paradís, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 3, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5332.
    Vidal, apldo., v. Sobrinos de Ezquiaga, aplte., y Frank Bond Hatch, demandado.
    C. D. San Juan.
    Junio 3, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5336.
    Santini Fertilizer Co., aplda., v. Carro et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 3, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5349.
    Vélez, aplda., v. Díaz Collazo, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5355.
    Rojo Fabián & Ca., aplda., v. Félix del Río & Co., S. en C., Sucr., aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono. ■


text:
    No. 5359.
    Gely, aplda., v. Rolón, aplte.
    C. D. Gnayama.
    Junio 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5354.
    López, aplte., v. Sucesión de Domingo Figueroa, aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuaNuo, ninguna gestión debida se ba beebo en este caso, para perfeccionar la apelación, especialmente en cuanto a] procedimiento de aprobación de la transcripción de evi-dencia;

Por cuanto, la escusa de que el apelante ba estado sin defensor en este caso, a causa de baber sido nombrado su abogado para desempeñar un cargo judicial, no es suficiente, si se tiene en cuenta que tal nombramiento se bizo después de transcurridos cuatro meses de pedida y ordenada la trans-cripción de evidencia;

Por cuanto, la apelación se radicó en febrero 23 de 1927, y el nuevo término para aprobación de la transcripción de evidencia ,se solicita después de notificado el apelante de la moción de desestimación,

Por tanto, se declara con lugar la moción, y en su con-secuencia se desestima el recurso por abandono.


text:
    No. 5382.
    Márquez Hnos., aplda., v. Camerón, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 15, 1930.
   Reivindicación.


text:
    No. 5410.
    Koehler, aplda., v. Bas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 7, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5429.
    Valderrama, aplte., v. Esteves, Comisionado, et als., apldos.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5435.
    Buonomo, apldo., v. Villafañe, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5420.
    Santaella, aplte., v. G. Llinás & Co., S. en C., et al., apldos.
    C. D. Ponce. Tercería.
    Noviembre 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5431.
    María del Carmen y Laura Isabel Abad, apldas., v. Pizá Hermanos, S. en C., en liquidación, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 12, 1930.

         Nota: El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5434.
    Reyes, apldo., v. González et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 12, 1930.*
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5449.
    Vega et al., apltes., v. Cardona, apldo.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 26, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5450.
    Barreira et al., apltes., v. Cardona, apldo.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 26, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5472.
    Colón, aplte., v. Colón, apldo.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5473.
    Díaz, apldo., v. Acosta, demandado, y Acosta, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 28, 1930.*
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5465.
    Banco de Ponce, apldo., v. Silva et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista sin asistencia de las partes la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación; habiendo los apelantes justificado la demora en cnanto a la aprobación de la transcripción de la evidencia; apareciendo qne dicha trans-cripción ya está aprobada por el jnez qne presidió el jnicio del caso; y no habiendo el demandante apelado demostrado qne los codemandados no notificados- del escrito- de apelación son verdaderas partes contrarias, se declara sin lugar dicha moción.


text:
    No. 5477.
    Banco de Ponce, apldo., v. El Municipio de Toa Alta, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5474.
    Abarca Auto Co., Inc., aplda., v. Pesquera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5489.
    Brockway Motor Truck Corp. of Porto Rico, aplda., v. Medina, et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 9, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5488.
    Brockway Motor Truck Corp. of Porto Rico, aplda., v. Medina, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 9, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5526.
    Santini Fertilizer Co., aplda., v. Fernández, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 17, 1930.
   Desestimado por abandono.


author: Juez Presidente Señor de] Toro.)

text:
    No. 5475.
    Banco de Ponce, apldo., v. La Sucesión de Domingo Martínez, etc., aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 22, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor de] Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5479.
    Santini Fertilizer Co., aplte., v. Pérez, apldo.
    C. D. Hranacao.
    Diciembre 22, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por otjaNto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por dilación indebida;

Por cuaNto, la parte apelante se opuso alegando los motivos a virtud de los cuales se debe la dilación;

Por cuanto, examinadas las razones expuestas por una y otra parte y los documentos presentados, si bien se llega a la conclusión de que el recurso se viene dilatando más de lo que debiera, tal dilación no puede imputarse al apelante que ba sido diligente en sus gestiones, ni al taquígrafo, que si bien disfrutó de vacaciones lo fue precisamente para activar su labor en transcripciones de records;

Por cuanto, en este caso concurren las mismas razones que en el de Solá v. Hernández, 41 D.P.R. 70, para que la conducta censurable del taquígrafo, de adelantar sin justifi-cación otras transcripciones posteriores, no llegue a dañar por completo los intereses del apelante; y

Por cuanto, se observa que el juez del distrito que viene concediendo las prórrogas, sigue de cerca la verdadera situación del trabajo y actúa bajo la influencia de necesidades reales y no aparentes,

Por tanto, debe declararse y se declara sin lugar la moción de desestimación, sin perjuicio de que pueda repro-ducirse si la dilación continúa en forma tal que pueda en-tenderse que es de propósito o-, que en la forma más leve se deba al deseo de dañar los intereses de la parte apelada.


text:
    No. 5534.
    Rivé, apldo., v. Martí, Jr., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 14, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5552.
    García, aplda., v. Portilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 14, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5542.
    Banco Comercial de Puerto Rico, aplda., v. Alvarez et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Enero 15, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5469.
    Rossy, apldo., v. Sierra et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Enero 29, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado, por abandono.


text:
    No. 5575.
    Gordils, apldo., v. Piereschi, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5569.
    Rivas, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5576.
    J. J. Font & Co., aplte., v. Tesorero de Puerto Rico, apldo., y Auditor de Puerto Bico, interventor demandado.
    C. D. San Juan.
    Febrero 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5587.
    Chinchilla, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 16, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5586.
    Manrique, demandante y demandado en tercería aplte., v. Amedée Bonnet, apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5588.
    Benvenutti, apltes., v. Luce & Co., S. en C., aplda.
    C. D. Guayama.
    Febrero 18, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5583.
    Andino, aplte., v. Norwich Union Fire Insurance Society, Ltd., aplda.
    C. D. San Juan.
    Febrero 18, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado por ab'andono.


text:
    No. 5590.
    Turner Halsey Co., aplda., v. Bird, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 3, 1931.
   Desestimado por abandono.


text:
    No. 5607.
    Díaz, aplte., v. Polanco y Sucn. de Angelina Marcial Díaz, etc., apldos.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 5616.
    Pons Bujosa, apldo., v. Ledesma, Oquendo y The Federal Land Bank of Baltimore, Porto Rico Branch, apltes.
    C. D. Ponce.
    Marzo 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimado por abandono.


text:
    No. 4783.
    Rodríguez Vda. de Morey, et als., apldos., v. Ramos, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 4, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Examinados los autos, especialmente la demanda enmen-dada, la relación del caso y opinión del juez de distrito y la transcripción de la evidencia; leídos los alegatos, y vistas las reglas 42 y 43 de este tribunal y la jurisprudencia cons-tante de esta corte, se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Are-c-ibo con fecha 3 de julio de 1928 en el caso arriba titulado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5363.
    Silva, aplda., v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 8, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede, se desestima la apelación interpuesta por el demandado contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 20 de mayo del 1930, por falta de una relación breve de becbos y de un señalamiento' de errores por separado en el alegato del ape-lante, de acuerdo con las reglas 42 y 43, y la constante jurisprudencia de esta corte, y porque de los autos se des-prende que dicba apelación es claramente frívola.


text:
    No. 5403.
    López, et al., apldos., v. Colón, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 7, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No constando la noticia de apelación a la parte apelada, se desestima el recurso.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5461.
    Villamil, aplte., v. Sobrinos de Izquierdo, Inc., y Graulao & Hermanos, apldos.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sin la asistencia de las partes; y apareciendo que el escrito de apelación no fué notificado a todas las partes interesadas, se desestima la ■apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte dé Distrito de San Juan con fecba 7 de octubre de 1930.


text:
    No. 5436.
    Puig, apldo., v. Lorden, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 26, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, la apelada nos pide desestimemos este re-curso, fundándose en que el escrito de apelación no fué noti-ficado al demandante, ni a su otro abogado Sr. Rivera Zayas, y sí al Licenciado Sr. González Pagundo, que' si bien cooperó con el demandante y su letrado, no fué nunca el abogado principal ni llevó la dirección del pleito. Y presenta certi-ficación del Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, en relación, en la que dicho funcionario afirma, entre otros extremos que no consta que el escrito de apelación se entre-gara al abogado Sr. Puig Morales y sí al Licenciado Francisco González, y que éste no aparece suscribiendo ninguna alegación, salvo una moción para posponer una vista;

Por oitaNto, a tal moción se opuso la apelante alegando que las certificaciones presentadas lo son en relación y no literales, y presentando certificación del taquígrafo, en la que se copia literalmente la manifestación del abogado Sr. Gon-zález Fagundo al empezar la vista de este caso para que se hiciera constar que además del letrado que firma la demanda, él era uno de los abogados del demandante; y otra literal del Secretario de la Corte de Distrito de Humaeao, de la que consta que el día señalado para la vista de este caso compa-recieron las partes, en persona., y representado el deman-dante por sus abogados Rafael Rivera Zayas y Francisco González Fagundo, y otros extremos;

Por cuanto, no podemos dar valor a las certificaciones en relación, que pueden contener la opinión o creencia del fun-cionario quien debe certificar el hecho o la constancia de autos, quedando al tribunal la facultad de opinar acerca de lo que los hechos significan en ley;

Por cuanto, aparece que el abogado Sr. González Fagundo lo fué de récord en este caso, por lo que la notificación de apelación está correctamente hecha,

Por tanto, se declara sin lugar la moción desestimatoria.


text:
    No. 5466.
    El Municipio de Sabana Grande, aplte., v. Velasco, et al., apldos.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 14, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sin asistencia de las partes, se desestima la presente apelación por falta de alegatos.


text:
    No. 5272.
    Quiñones, aplda., v. Porto Rico Biscuit Company, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 20, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Apareciendo que la última prórroga que se concedió a la parte apelante para presentar su alegato venció el 26 de julio de 1930, sin que baya la apelante presentado tal alegato, ni hecho otra gestión, se desestima la apelación.


text:
    No. 5244.
    Pueblo, apldo., v. Del Toro et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Febrero 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No habiendo1 presentado el apelante su alegato para sos-tener su recurso desde el 14 de febrero de 1930, en cuya fecha radicó en este tribunal la transcripción de su apela-ción, ni habiendo solicitado prórroga para ello, se desestima esta apelación a instancia de la parte apelada.


text:
    No. 5554.
    Martis, etc., apltes., v. La Junta Liquidadora de la Actual Comisión de Indemnizaciones a Obreros, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Pendiente una moción de desestimación por falta de ale-gato, la parte apelante sin obtener previamente permiso de este tribunal, aunque había presentado una petición a ese efecto, radicó un alegato.

La apelada pide la desestimación del recurso fundándose en que no se ha presentado el alegato dentro del tiempo señalado. La parte apelante presenta varias excusas por no haber presentado el alegato anteriormente.

Versando' la apelación en su esencia exclusivamente sobre si .la corte tenía derecho o no a creer los testigos de la parte demandante y no estando nosotros convencidos por el alegato archivado de que la corte inferior se equivocara, se deses-tima la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, con fecha 17 de marzo de 1930, en el caso arriba titulado.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    No. 5370.
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, apldo., v. Jiménez y Jiménez Hermanos, apltes.
    C. D. Arecibo.
    Julio 10, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, aparece de autos que la sentencia fue dic-tada el 30 de abril de 1930, y no aparece cuándo se archivara la notificación;

Por cuanto, es cierto que en la demanda se inserta copia del pagaré, y la autenticidad del documento no está negada en forma y la parte demandada no acudió al juicio para probar defensa alguna,

Por tanto, se declara con lugar la moción de desestima-ción por frívola.


text:
    No. 5564.
    Belaval, apldo., v. Agostini, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 20, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuanto, la parte apelada nos pide que desestimemos esta .apelación, siendo uno de los motivos que alega que la apelación es frívola;

Por cuanto, en este pleito se cobra el capital y los inte-reses de una deuda reconocida por la demandada en docu-mento público, según el cual está vencida;

Por cuanto, la demandada aceptó en su contestación algunos hechos de la demanda, negó otros y alegó que el vencimiento de la obligación ha sido prorrogado hasta una fecha posterior a la demanda;

Por cuanto, la demandada no asistió al juicio de este pleito y la corte sentenciadora declaró probados los hechos de la demanda y dictó la sentencia condenatoria apelada;

Por cuanto, los hechos expuestos demuestran que esta apelación es frívola ya que la apelante nada probó contrario a la demanda;

Por ouANno, la apelante nada lia alegado respecto al expresado motivo de desestimación,

Por tanto, desestimamos la presente apelación.


text:
    No. 5465.
    Banco de Ponce, apldo., v. Silva et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Enero 29, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, la parte apelada ba presentado, en esta corte una moción de desestimación por el motivo de frivolidad;

Por cuanto, la demanda en este caso revela que la acción ejercitada es una en cobro de pagaré;

Por cuanto, aun cuando la Corte de Distrito de Ponce declaró sin lugar una moción pidiendo sentencia sobre- las alegaciones, es dudoso si la contestación, por su forma y contenido, no constituye una admisión de los hechos alegados en la demanda;

Por cuanto, en el juicio se presentó el pagaré aludido y a nuestro juicio probó el demandante todas las alegaciones de la demanda;

Por cuanto, de una inspección de las notas taquigráficas no aparece que la parte demandada hubiera tomado1 excep-ciones que merezcan alguna consideración de esta corte; y

Por cuanto, el apelante no compareció a la vista de la moción de desestimación, ni radicó oposición por escrito,

Por tanto, se declara con lugar la moción.


text:
    No. 5573.
    José Malgor & Cía., aplda., v. Zalduondo, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Desestimado por frivolidad.


text:
    No. 5609.
    Blondet, aplda. v. Blanco et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 10, 1931.


text:
    No. 5409.
    Banco de Yabucoa, apldo., v. Benítez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 7, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Vista la moción de desestimación, la falta de objeción del apelante y que tratándose de una providencia especial dic-tada después de sentencia el recurso ba sido interpuesto después de los diez días que concede el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, debemos desestimar1 y desestimamos la presente apelación.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5509.
    Gidormini, aplte., v. Lorenzo, apldo.
    C. D. Guayama.
    Marzo 3, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuaNto, ba sido interpuesta apelación en este caso contra la sentencia de 26 de junio de 1930 que declaró sin lugar la demanda;

Por cuanto, según certificación del secretario de la corte inferior el demandante solicitó la concesión de un nuevo1 juicio siéndole negado el 15 de diciembre de 1930, cuya reso-lución le fué notificada el mismo día, apelando de ella el 10 de enero de 1931;

Por cuanto, la parte demandada nos pide que desesti-memos la apelación contra la resolución denegatoria de nuevo juicio por haber sido interpuesta después de vencido’ el tér-mino concedido por la ley;

Por cuanto, los diez días que concede el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil para apelar de una resolución negando la concesión de un nuevo juicio habían transcurrido cuando la apelación contra esa resolución fué interpuesta.

Por tanto, desestimamos la apelación establecida en este caso contra la resolución que negó un nuevo juicio al deman-dante. ■ ■


text:
    No. 5324.
    Martínez, apldo., v. Iturrino, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 27, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, aparece de la moción del apelado que en este caso la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia en 26 de julio de 1929,- registrada en esa fecha, y el opositor radicó su apelación en 1 de agosto del mismo año, y en 9 de ese mes pidió por moción que se ordenara al taquígrafo preparara la transcripción, como se hizo por la corte en 12 del mismo mes de agosto;

Por cuanto, aparece asimismo que en 30 de agosto de 1929 el apelante, por moción, pidió a la corte de distrito que se concediera una prórroga de sesenta días para presentar la transcripción de evidencia, a cuya moción no recayó reso-lución alguna, sin que aparezca que se haya pedido nada más por el apelante;

Por cuanto, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha presentado 1a. transcripción de autos, ni se ha pedido prórroga para ello,

Por tanto, se desestima esta apelación, a moción del apelado.


text:
    No. 5342.
    Tomei, aplda., v. Paradís et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Junio 3, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vista la moción de desestimación de la apelada y apare-ciendo que la parte apelante no ha radicado la transcripción de autos dentro del tiempo que exige la ley y no siendo excusa la negligencia del propio abogado ¡de los apelantes para librar a éstos de los efectos de dicha negligencia, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 5338.
    Atanasio de Jesús, hoy su Sucesión, aplte.,
      v. Pérez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por CUANTO, la parte apelada solicita la desestimación del recurso por no haberse archivado los autos en esta Corte Suprema dentro del término de ley; y

Por ouaNto, de la certificación acompañada,a la moción resulta que el recurso se interpuso el 21 de marzo de 1930 y no se está tramitando exposición del caso, transcripción de evidencia o pliego de excepciones alguno en la corte inferior,

Por tanto, habiendo transcurrido el término de treinta días que fija la ley sin que se hayan archivado los autos en esta Corte Suprema, ni solicitado prórroga, debe desestimarse y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5330.
    Sucn. Franceschi, aplda., v. Ralat et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Junio 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso por no haberse archivado los autos en esta Corte Suprema dentro del término de ley; y

Por cuanto, de la certificación acompañada a la moción resulta que el recurso se interpuso el 2 de abril de 1930 y no se está tramitando exposición del caso, transcripción de evidencia o pliego de excepciones alguno en la corte inferior,

Por tanto, habiendo transcurrido el término de treinta días que fija la ley, sin que se hayan archivado los autos en esta Corte Suprema, ni solicitado prórroga, debe desesti-marse y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5345.
    Ramos, apldo., v. Vega, The Levonel Company y la Maryland Casualty Company, apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 26, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Interpuesta esta apelación el 25 de abril de 1930, sin que se hayan radicado los autos en esta Corte Suprema, ni está pendiente de tramitación en la de distrito exposición del caso, transcripción de evidencia o pliego alguno de excepciones, se declara con lagar la moción del apelado, vista sin asistencia de las partes el 9 de junio actual, desestimándose, como se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5521.
    Gely, Alcalde, apldo., v. Asamblea Municipal de Patillas, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 15, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Apareciendo que la, apelación en este caso fué radicada el 30 de julio de 1930, sin que la apelante baya radicado trans-cripción alguna en la corte inferior, ni en esta, ni solicitado prórroga, se desestima la apelación a solicitud de la apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 5559.
    Malavé, apldo., v. Lorenzi, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 23, 1931.
   Por cuanto, interpuesta apelación en este caso el 20 de septiembre de 1930, se fueron solicitando prórrogas que ven-cieron a fines de diciembre de 1930 sin que la transcripción se presentara; y

Por cuanto, no se ban radicado aún los autos en este tribunal,

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, se declara con lugar la moción de la parte apelada, vista el 19 de enero actual con la sola asistencia de su abogado, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5250.
    Alvarez, aplda., v. Anzalota, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por cuanto, la apelación en este caso se interpuso el 18 de enero de 1930 y se fueron solictando prórrogas para pre-sentar los autos en este tribunal basta dejarse fenecer la última el 28 de diciembre último sin que los autos se archivaran;

Por cuanto, basándose en ello la parte apelada solicitó el 29 de diciembre de 1930, la desestimación del recurso; y

Bob cdaNTo, si bien a la fecba de la vista de la moción— 19 de enero de 1931: — ya había sido archivada la transcrip-ción, ello no constituye por sí solo una perfecta defensa, ni es base para que el tribunal ejercite su discreción en pro del apelante porque de la propia transcripción aparece que el taquígrafo la expidió el 8 de julio de 1930 y el juez la aprobó el 25 de octubre del propio año, quedando sólo pen-diente el legajo de la sentencia que contiene diez y nueve páginas en maquinilla y que debió tenerse preparado o pudo y debió prepararse en uno o dos días después del 25 de octubre, en vez de solicitarse prórrogas innecesarias, tanto más cuanto que la parte apelada había demostrado su interés en que el recurso se tramitara con la rapidez debida, al solicitar su desestimación desde marzo 3 de 1930. 40 D.P.R. 789,

Por tanto, de acuerdo con la ley, las reglas de esta corte, la jurisprudencia y las circunstancias del caso, se desestima el recurso por falta de la debida diligencia por parte del apelante en la tramitación del mismo.


text:
    No. 5572.
    Sociedad Civil Peña & Balbás, aplda., v. Antongiorgi, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 10, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Apelada la sentencia en este caso el 20 de octubre de 1930 y habiendo vencido el 10 de enero último la prórroga conce-dida a la apelante por la corte inferior para que el taquí-grafo preparase la transcripción de la evidencia para esta apelación sin que haya sido presentada, y no habiendo radi-cado en este tribunal la transcripción de los autos, debemos desestimar y desestimamos la presente apelación, a instancia de la apelada.


text:
    No. 5568.
    Singala, apldo., v. Titley, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia de desahucio en este caso el 6 de octubre de 1930, la parte demandada apeló y fue soli-citando prórrogas para perfeccionar el recurso basta dejar fenecer la última a principios de enero de 1931 sin que lo hiciera; y

Por ouaNto, basándose en ello y en no haberse, como no se ha radicado la transcripción en esta corte dentro del tér-mino de ley, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por moción de 9 de enero último, notificada a la parte contraria, sin que ésta nada haya alegado por escrito ni' oralmente en la vista de la moción celebrada sin asistencia de las partes el 9 de febrero actual,

Pon tanto, se declara con lugar la moción de la apelada y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5566.
    León Parra, apldo., v. J. Octavio Seix & Co., Inc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, en este caso se ha archivado una moción para desestimar el recurso, fundada en que la transcripción de autos no se ha radicado oportunamente en. este tribunal y en que una prórroga concedida por la corte inferior lo fué a destiempo;

Por cuanto, tal moción debe prevalecer si la oposición presentada por el apelante carece de méritos;

Por cuanto, de los autos que tenemos ante nos aparece con bastante claridad quién es el demandante y quién la de-mandada, cuál el apelante y cuál la apelada, y que las equi-vocaciones cometidas por la apelante son meramente mate-riales ;

Por cuanto, la duda que suscita la parte apelante respecto a si Manuel León Parra figura como parte o como abogado en el litigio no tiene méritos, toda vez que Manuel León Parra es abogado y puede comparecer a nombre propio o en representación de otra persona;

Pon otjaNto, la corte no halla mérito alguno en la oposi-ción de la demandada-apelante,

Por tanto, se desestima la apelación.


text:
    No. 5328.
    Cuevas, et als., apldos., v. Gómez, aplte.
    C. D. Agnadilla.
    Mayo 26, 1930.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 5144.
    Grovas, tercerista-apldo., v. Torres y Porto Rico Racing Corporation, aplte el primero,
    C. D. Ponce.
    Mayo 29, 1930.
   Tercería.


text:
    No. 5352.
    Correa, etc., aplda., v. Porto Pico Railway, Light & Power Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 4, 1930.
   Daños y per-juicios.


text:
    No. 811.
    Martorell, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Junio 26, 1930.
   Repurso guberna-tivo.


text:
    No. 5379.
    Villar & Co., Inc., aplda., v. Hanson, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 27, 1930.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 5188.
    Aviles, apldo., v. Andréu Aguilar & Co., Inc., aplte.
    C. D. Agnadilla.
    Julio 1, 1930.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 5376.
    Collazo, aplte., v. El Pueblo, apldo.
    C. D. Guayama.
    Julio 7, 1930.
   Dominio.


text:
    No. 5374.
    Héreter, aplte., v. Reguero González, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Julio 8, 1930.
   Injunction.


text:
    No. 5404.
    Lessesne, Síndico, aplte.-apldo., v. Porto Rico Drug Co. Retail Inc., etc., apldos.-apltes.
    Julio 30, 1930.
   C. D. San Juan.


text:
    No. 5111.
    Pizzaro, et al., aplts., v. Pizzaro et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Agosto 6, 1930.
   Reclamación de propiedad inmue-ble y otros extremos.


text:
    No. 5259.
    Padró, Vda. de Pacheco, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Agosto 6, 1930.
   Administración judicial.


text:
    No. 5412.
    Piñeiro, apldo., v. Blanco, aplte.
    C. D. Humacao.
    Agosto 11, 1930.
   Cobro de honorarios.


text:
    No. 4605.
    Nieves, etc., apltes., v. Blanco, apldo.
    C. D. Humacao.
    Agosto 14, 1930.
   Filiación.


text:
    No. 5419.
    The Mayagüez Dock & Shipping Co., aplda., v. Supt. de Seguros, aplte.
    Agosto 15, 1930.
   C. D. Mayagüez.


text:
    No. 5406.
    Wenonah Military Academy, aplda., v. Antonsanti, aplte.
    Agosto 22, 1930.
   C. D. San Juan.


text:
    No. 5396.
    Reguero, apldo., v. Berríos, aplte.
    C. D. Humacao.
    Agosto 28, 1930.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5142.
    Friberg, apldo., v. Morales, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Septiembre 5, 1930.
   Incidente relativo a exoneración de sentencia.


text:
    No. 5174.
    Friberg, apldo., v. Morales., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Septiembre 5, 1930.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 5278.
    Comisión de Indem. a Obreros, aplda., v. Nicot, aplte.
    C. D. Ponce.
    Septiembre 18, 1930:
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5337.
    Aguadilla Lighter & Power Co., aplda., v. El Superintendente de Seguros de Puerto Rico, aplte.
    Septiembre 23, 1930.
   C. D, Aguadilla.


text:
    No. 5291.
    Vicente & Co. S. en C., aplda., v. Amadée, aplte.
    C. D. San Juan.
    Septiembre 22, 1930.
   Cobro de-dinero.


text:
    No. 5456.
    Toledo, et als., apltes., v. Seijo, Alcalde, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Octubre 17, 1930.
   Mandamus.


text:
    No. 5284.
    P. Ocasio & Co., S. en C., aplda., v. J. Octavio Seix, etc., y Ocasio, apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 4, 1930.
   Tercería de bienes muebles.


text:
    No. 5172.
    Santini Fertilizer Company, aplda., v. Soroco, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 17, 1930.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5485.
    Francis, apldo., v. Rexach, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 17, 1930.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5486.
    Marini de Figueroa, aplda., v. Carlo, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 18, 1930.
   Aprobación de edificación mediante indem-nización.


text:
    No. 5497.
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, aplte., v. Piquet et al., apldos.
    C. D, Aguadilla.
    Noviembre 21, 1930.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5500.
    Cabassa et als., apltes., v. Barbot, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 24, 1930.
   Reclamación, liquidación y partición de herencia.


text:
    No. 5527.
    Buitrago, aplte., v. Girod, apldo.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 5, 1930.
   Divorcio.


text:
    No. 5545.
    Noriega & Rangel, aplda., v. Ramos, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 19, 1930.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5537.
    Acosta, apldo., v. Maryland Casualty Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 26, 1930.
   Reclamación de indemnización, etc.


text:
    No. 5335.
    Martínez, etc., apldo., v. Garzot, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 30, 1930.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 5143.
    The Mayagüez Drug Co., aplda., v. United States Fire Insurance Co., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 2, 1931.
   Cobro de póliza.


text:
    No. 5562.
    Ferrán, aplte., v. Alcalde de Ponce, etc., et als., apldos.
    C. D. Ponce.
    Enero 8, 1931.
   Injunction.


text:
    No. 5082.
    Solá, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 14, 1931.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5407.
    Del Moral et als., peticionarios. Ex parte. Del Moral, aplte., y Del Moral, apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 29, 1931.
   Incapacidad y tutela.


text:
    No. 5501.
    Alméstica, et al., apltes., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, aplda., y Mercado, interventora y aplda.
    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1931.
   Indemnización.


text:
    No. 5596.
    United Porto Rican Sugar Co. (of Porto Rico), aplda., v. Saur, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 2, 1931.
   Consigna-ción.


text:
    No. 5603.
    Malavé, aplte., v. Lorenzi, apldo.
    C. D. Humacao.
    Febrero 10, 1931.
   Daños y perjuicios.


text:
    No. 3924.
    Pueblo, apldo., v. Llorens, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 12, 1931.
   Reivindicación.


text:
    No. 5612.
    United Porto Rican Sugar Co., aplda., v. Riefkohl et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Febrero 21, 1931.
   Consignación, de dinero.


text:
    No. 5629.
    Fernández, et al., apltes., v. Portela, Siragusa & Co., y Alicea, apldos.
    Marzo 4, 1931.
   C. D. Arecibo.


text:
    No. 4248.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 18, 1930.
   Oídas las partes, se anuló la resolución desestimatoria y se dejó reinstalado el recurso.


text:
    No. 4201.
    Pueblo, apldo., v. Benítez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 26, 1930.
   Oídas las partes y visto el allanamiento del fiscal, se revoca, por error en la apreciación de la prueba, la sentencia que dictó en este caso la Corte de Distrito de Humacao, en 3 de abril de 1930, y se absuelve al acusado.


text:
    No. 4157.
    Pueblo, apldo., v. Gutiérrez, aplte.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 28, 1930.
   Oídas las partes, y visto el allanamiento del fiscal, se revoca por falta de corroboración de' la declaración de la perjudicada en cuanto a la realización del acto carnal, la sen-tencia que dictó en este caso la Corte de Distrito de Guayama en 15 de marzo de 1930, y se absuelve al acusado.


text:
    No. 4224.
    Pueblo, apldo., v. Nieves y Hernández, apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Diciembre 3, 1930.
   Apareciendo de la moción y certificación acompañada por el fiscal que el coacusado Emilio Nieves Córdova fia fallecido, se sobresee el procedimiento contra dicho coacusado, y con-tinúe contra el coacusado Jesús Hernández Nieves.


text:
    No. 4344.
    Pueblo, apldo., v. Andrades, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 4, 1930.
   Vista la anterior moción del fiscal, se le tiene por desistido de su moción para desestimar radicada el día 18 de noviem-bre, 1930, y apareciendo de la moción del fiscal que el pre-sente recurso es una repetición del No. 4269, se ordena el archivo del presente caso.


text:
    No. 4346.
    Pueblo, apldo., v. Andrades, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 4, 1930.
   Vista la anterior moción -del fiscal, se le tiene por desistido de1 su moción para desestimar radicada el día 18 de noviem-bre, 1930, y apareciendo de la moción del fiscal que el presente recurso es una repetición del No. 4269, se ordena el archivo del presente caso.


text:
    No. 4190.
    Pueblo, apldo., v. Flores, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Diciembre 11, 1930.
   No encontrándose error manifiesto en la apreciación de la prueba y vistos los casos de El Pueblo de Puerto Rico v. Luis R. Rodrigues, ante, p. 600, y El Pueblo de Puerto Rico v. Casanovas, 38 D.P.R. 219, se confirma la sentencia ape-lada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez con fecha 24 de marzo del corriente año, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4223.
    Pueblo, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Diciembre 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por ouaNojo, en esta apelación de Jesús Hernández Nieves se alega para que revoquemos 1a, sentencia condenatoria dic-tada contra él que la acusación no le imputa el delito de falsa representación e impostura por el que ha. sido condenado, y que la sentencia es contraria a la prueba;

Por cuanto, no existe el primero de dichos errores porque en la acusación se alega que el perjudicado entregó a; Emilio Nieves quince rollos de tabaco hilado valorados en $240 debido a las falsas representaciones que le hizo Hernández de ser Nieves persona de gran posición económica, de ser solvente, de que su firma podía ser aceptada como buena y de que era portador de un cheque a su favor de $800;

Por ouaNTO, tampoco existe el otro error aleg’ado porque la prueba del fiscal, que fué creída por el tribunal inferior, es suficiente para justificar la sentencia,

Pon tanto, no es sostenible el recurso interpuesto por Hernández y confirmamos la sentencia por él apelada.


text:
    No. 4224.
    Pueblo, apldo., v. Nieves y Hernández, apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Diciembre 12, 1930.
   Por los motivos consignados en nuestra resolución de hoy en el caso número 4223 de El Pueblo de Puerto Rico v. Jesús Hernández Nieves supra, se confirma la sentencia objeto de esta apelación.


text:
    No. 4302.
    Pueblo, apldo., v. Irizarry, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 16, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Confirmada la sentencia por no existir el error imputado de ser insuficiente la prueba.


text:
    No. 4247.
    Pueblo, apldo., v. León Lugo, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 24, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Eevocada la sentencia y devuelto el caso para nuevo juicio, de acuerdo con la doctrina establecida en El Pueblo v. Bermúdez, 39 D.P.R. 826, y El Pueblo v. Alvarado, 35 D.P.R. 281.


text:
    No. 4252.
    Pueblo, apldo., v. Otero et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 5, 1931.
   Eevocada la sentencia y absueltos los acusados de acuerdo con la doctrina establecida en El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Luciano Fuertes, acusado y apelado, No. 4289 (ante, pág. 891.)

Los Jueces Presidente Señor.del Toro y Asociado Señor Aldrey están conformes con la revocación de la sentencia apelada por los motivos consignados en la opinión concu-rrente emitida en diclio caso No. 4289.


text:
    No. 4218.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

P'OR gdaNto, el rinico error alegado es que la corte inferior impuso al acusado la pena de 5 años de presidio, cuando dadas las circunstancias especiales que atenúan la responsabilidad del acusado, nunca debió imponérsele una pena mayor de 3 años;

Pon cuanto, un abogado acusado de asesinato y convicto del delito de homicidio voluntario de todos modos no merece más consideración que cualquier otra persona;

Por cuanto, este tribunal no halla razón legal alguna para intervenir en la discreción ejercida por la corte inferior,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que diotó la Corte de Distrito de Arecibo, con fecha 16 de mayo de 1930, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4217.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, no es la manera en que un acusado usa una pistola lo que determina el delito de portar armas;

Por cuanto, la imposición de la pena cae dentro de la discreción de la corte inferior,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo, con fecha 16 de mayo de 1930, en el caso arriba titulado. •


text:
    No. 4326.
    Pueblo, apldo., v. Soto et als., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Siendo contradictoria la prueba en este caso y suficiente la de cargo, y no habiéndose demostrado que la corte inferior cometiera' error al apreciarla, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 4326.
    Pueblo, apldo., v. Soto et als., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No ¿La lugar a la petición de Félix Soto Bomán y de Nicolás Crespo Hornero para que reconsideremos nuestra resolución desestimando sus apelaciones, tanto más cuanto que habiendo tenido que examinar la prueba en este caso para resolver la apelación de Pedro González González, estamos convencidos de que existe prueba suficiente para la condena de los peticionarios.


text:
    No. 4377.
    Pueblo, apldo., v. Blanco, aplte.
    C. D. Guayama.
    Marzo 11, 1931.
   Examinados los autos del presente caso, por los motivos consignados en la opinión emitida por este tribunal con fecha 19 de diciembre de 1930, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Zayas, acusado y apelante (ante, pág. 646), se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama con fecha 10 de diciembre de 1930.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.