author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rodríguez v. Rodríguez et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 794.
    Resuelto en mayo 24, 1912.
    Hijos Naturales — Documento Público — Reconocimiento por Cédula Testa-mentaria. — -El reconocimiento de un hijo natural hecho en cédula testamen-taria que no ha sido elevada a escritura pública no constituye un reconoci-miento hecho en documento público, pues la cédula testamentaria por sí sola no puede calificarse de tal.
    Id. — Nulidad de Declaratoria de Herederos — Reconocimiento en Cédula Tes-tamentaria. — El reconocimiento de un hijo natural hecho en una cédula tes-tamentaria que no ha sido elevada a escritura pública, no puede producir efecto alguno en una acción de nulidad de declaratoria de herederos ejer-citada bajo la base de existir reconocimiento consignado en documento pú-blico, carácter que por sí no tiene la cédula testamentaria.
    Id. — Partida de Bautismo — -Reconocimiento.—El hecho de que se consigne en una partida de nacimiento y de bautismo que el bautizado es hijo reconocido de determinada persona, sin que el presunto padre interviniera bajo concepto alguno en dicha partida, ni haya del reconocimiento más prueba que la simple afirmación del ministro que autoriza el documento, no es prueba bastante para estimar justificado mediante documento público el reconocimiento del hijo natural.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Benedictos.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de febrero del año 1911 Pedro José Rodríguez Castro presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, contra Candelaria y Paulina Rodríguez Castro, José María Rodríguez Nieves y Julia y Juana Rodrí-guez Claudio, éstos tres como herederos de José María Rodrí-guez Castro, y alega como hechos fundamentales de su acción los siguientes:

Io. Que es hijo natural reconocido en documento público por Pedro José Eodríguez Castro, fallecido en abril de 1880.

2°. Que Pedro José Eodríguez Castro había otorgado en el mes de marzo del mismo año una cédula testamentaria, en la que instituía por únicos y universales herederos a sus her-manos Pedro. José y Candelaria Eodríguez Castro, en union de tres hijos naturales reconocidos por aquél, a saber, Nieves, Hermenegilda y el demandante, cuya cédula testamentaria fué anulada por falta de un requisito de forma en resolución que dictó el extinguido Juzgado de Ia. Instancia de San Francisco de esta capital.

3°. Que en el año de 1884 José María, Candelaria y Paulina Eodríguez Castro, promovieron expediente ante el expresado juzgado para que se les declarara únicos y universales here-deros de su difunto hermano Pedro José Eodríguez Castro, sin hacer mención de los tres hijos naturales reconocidos, habiendo sido aprobado dicho expediente por resolución dic-tada en el mes de marzo de dicho año, en cuya virtud los herederos declarados tomaron posesión de los bienes del finado, sin dar en ellos participación, alguna al peticionario, ni a sus dos hermanos naturales.

4°. Que a la muerte de Pedro José Eodríguez Castro el demandante era un niño de corta edad, por lo que no pudo hacer entonces valer sus derechos.

El demandante concluye su demanda con súplica de qué se dicte sentencia declarando nulo el expediente de declaratoria de herederos con su auto aprobatorio, y ordenar en su conse-cuencia se abra el intestado de Pedro Eodríguez Castro, con-cediendo al peticionario cualquier otro remedio que proceda en justicia dada la naturaleza del caso, con las costas a los demandados.

Anotada la rebeldía de los demandados a instancia de los demandantes se celebró el juicio sin asistencia de los mismos en 19 de septiembre del año 1911, terminando por sentencia dietada en 16 de octubre siguiente, que declaró sin lugar la. demanda con las costas al demandante, quien interpuso contra ella recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Opinamos que esta sentencia se ajusta a los hechos resul-tantes del juicio y a los preceptos legales aplicables al caso..

De las pruebas, practicadas en el juicio resulta:

Io. Que Pedro José Rodríguez otorgó cédula testamentaria, en 11 de abril de 1880, en cuyo documento declaró haber pro-creado con Dionisia Hernández un hijo llamado Pedro José,, con G-enara Hernández una niña llamada Nieves y con Fer-nanda del Valle otra hija llamada Hermenegilda, teniendo además dos hermanos nombrados Pedro José y Candelaria; a los cuales en unión de sus tres hijos expresados, a los que reconocía como tales, instituía por sus únicos y universales herederos, con mejora del quinto de sus bienes a favor de sus-, hijos Pedro José y Nieves, habiendo nombrado a Juan Ramón. Calderón albaeea para cumplir su testamento y además tutor’ y curador de sus menores hijos con relevación de fianza y frutos por pensión.

2°. Que promovidas diligencias de jurisdicción voluntaria, por Juan Ramón Calderón para elevar a escritura pública el testamento por cédula de Pedro José Rodríguez, terminaron por auto que dictó el Juzgado de Ia. Instancia de San. Francisco en 17 de febrero de 1881, declarando no haber lugar a. elevar a escritura pública el testamento que se decía hecho' de palabra por Pedro José Rodríguez, según la cédula testa-mentaria acompañada, y a declarar testamento dicha cédula.

3°. Que por auto que dictó el Juzgado de Ia. Instancia de^ San' Francisco en 16 de marzo de 1885 en expediente pro-movido al efecto, fueron declarados José María y Paulina Rodríguez Castro herederos abintestado de Pedro de iguales apellidos, sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho, mandando en su consecuencia quedaran a su disposición los bienes ocupados de la pertenencia del difunto.

4°. Que según la partida de nacimiento y bautismo 'de Pedro José Rodríguez, éste fué bautizado en 27 de enero de 1873, a los cuatro meses de nacido, como hijo reconocido de Pedro José Rodríguez y Dionisia Hernández, sin que estos figuren en dicho documento.

Ante tale's hechos no podemos estimar probado el carácter de hijo natural de Pedro José Rodríguez Castro que alega el demandante a virtud de reconocimiento hecho en documento público, según afirmó en su demanda, pues la cédula testa-mentaria en que se hizo tal reconocimiento no es documento público, y precisamente por no serlo, es que se promovieron diligencias por el albacea ante el extinguido Juzgado de Ia. Instancia de San Francisco, para darle la fuerza y eficacia de tal documento público, que no llegó a obtener, por haber re-caído resolución declarando no haber lugar a elevar a escri-tura pública el testamento que se decía hecho de palabra por Pedro José Rodríguez, ni a declarar testamento la cédula testamentaria en que se consignó.

La cédula testamentaria de que se deja hecho mérito, si algunos efectos puede producir, como documento privado, con relación al reconocimiento de hijo natural del demandante por el difunto Pedro Rodríguez Castro, nunca los produciría en el presente juicio que versa sobre nulidad de declaratoria de herederos bajo la basé de dicho reconocimiento consignado en un documento público, carácter que por si no tiene la cédula testamentaria de que se deja hecho mérito y que por modo expreso le negó el Juzgado de Ia. Instancia de San Francisco en su resolución de 17 de febrero de 1881.

Esa doctrina ha sido ampliamente expuesta en el caso de Calaf v. Calaf, 17 D. P. R., 198, y en los demás casos que allí se citan.

En cuanto al hecho consignado en la partida de naci-miento del demandante, de ser hijo reconocido de Pedro José Rodríguez y Dionisia Hernández, sin que el presunto padre interviniera'bajo concepto alguno en dicha partida, ni haya del reconocimiento mas prueba que la simple afirmación del ministro que autoriza el documento, opinamos como ya h> hemos establecido en anteriores resoluciones, que tal prueba no es bastante para estimar justificado mediante documento público el reconocimiento del hijo natural:

“Las par Helas de bautismo y de matrimonio como en general todos los documentos públicos, hacen ¡e del hecho que motivó su otorga-miento y de la fecha de éste o sea de la administración del bautismo y de la celebración del matrimonio en la fecha que expresan; pero no de la veracidad de las manifestaciones que en ella se inserten respecto de la filiación o eslado del bautizado o casado. Esa es la doctrina legal derivada de sentencias del Tribunal Supremo de España de 28 de jimio de 1864, 18 de marzo de 1873, 24 de junio de 1897, y 13 de junio de 1899, doctrina conforme con el precepto del artículo 1186 del Código Civil vigente.’’

Ex Parte Ramos, 9 D. P. R., 488;

Ex Parte Vidal, 9 D. P. R., 553;

Aguayo et al. v. García, 11 D. P. R., 274.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 16 de octubre de 1911.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Áldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Ocasio v. Enrique Monllor & Co. et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 797.
    Resuelto en mayo 24, 1912.
    Nuevo Juicio — Apelaciones Procedentes de las Cortes Municipales — Juris-dicción del Tribunal Supremo.' — De acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado en marzo 9, 1905, el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para conocer de apelaciones interpuestas contra la resolución de una corte de distrito concediendo o denegando un nuevo juicio en un caso procedente de una corte municipal, cuando la cuantía litigiosa no excede de $300.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo P. Gibson.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Salinas presentó Rosendo Ocasio una demanda de tercería de dominio contra Enrique Monllor & Cía. y Cordero & Torres, en la que alegó que el primero de éstos, para cumplir una sentencia a su favor contra los se-gundos, había embargado como de su propiedad, un estableci-miento mercantil del demandante, y en el cual se embargaron los efectos de provisiones que el mismo contenía ascendente su valor a doscientos cincuenta pesos.

El juicio fue fallado por la corte municipal y luego en apelación por la Corte de Distrito de Gnayama, la que des-pués con fecha 4 de diciembre de 1911 dictó una orden acce-diendo a la petición de Enrique Monllor & Cía. de que dejara sin efecto su sentencia y le permitiera presentar su prueba en un nuevo juicio.

Contra esta orden es que ha establecido esta apelación el demandante Rosendo Ocasio.

De lo expuesto resulta que no tenemos jurisdicción para conocer de la apelación establecida, ya que la cuantía de la contienda entre las partes no excede de trescientos pesos. Leyes de Puerto Rico, año 1905, página 213, en la que se con-tiene una enmienda al artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil.

Es cierto que la apelación no es de la sentencia sino contra la orden que concedió el nuevo juicio, pero según hemos re-suelto en el caso de Mora v. Rosaly fallado en 26 de marzo del presente año, no existe apelación contra la orden que re-suelve una solicitud de nuevo juicio cuando la cuantía es inferior a trescientos pesos.

Por falta de jurisdicción debemos desestimar el presente recurso de apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sb. .Aldbey,

text:
    Herrera v. Herederos de Otero.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 780.
    Resuelto en mayo 24, 1912.
    Nuevo Juicio — Apelaciones Procedentes de las Cortes Municipales- — Juris-dicción' del Tribunal Supremo. — De acuerdo con' el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado'en marzo 9, 1905, el Tribunal Supremo sólo tiene jurisdicción para conocer de apelaciones en casos de sentencias dictadas por las cortes de distritos conociendo en grado de apela-ción de las de las cortes municipales, cuando la cuantía en litigio excede «de $300, y por consiguiente carece de jurisdicción para conocer de una orden denegando la anulación de una sentencia y la concesión de un nuevo juicio, en un caso procedente de una corte municipal por cuantía inferior a esa suma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José A. Poventud.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Jiménez.

   El Juez Asociado Sb. .Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Ponce se suscitó una contro-versia entre Doña Rita Herrera y Don Olimpio Otero, hoy sus herederos, para que no se aprobara la consignación de setenta y seis pesos con setenta y cinco centavos que la pri-mera hizo a favor del segundo, por sostener éste que la suma consignada no era la que se le debía, sino la de ciento noventa y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos.

Pallado el caso por la Corte de Distrito de Ponce cono-ciendo en grado de apelación de la sentencia que había dictado la corte municipal de aquella ciudad, le fué presentada una solicitud para que concediera un nuevo juicio y anulara la sentencia que había dictado, moción que desestimó la corte de distrito por su orden de 21 de octubre de 1911 y contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado- en 9 de’marzo de 1905, página 213 de las leyes de ese año, sólo nos concede jurisdicción para conocer de apelaciones en casos de sentencias dictadas por las cortes de distrito conociendo en grado de apelación de las de las cortes municipales, cuando la cuantía en litigio excede de tres-cientos pesos, y por consiguiente no la tenemos para conocer de la orden que negó la anulación de tal sentencia y la con-cesión de un nuevo juicio.-

Esta misma cuestión la hemos resuelto en el caso de Mora v. Rosaly, decidido en 26 de marzo de este año, y en el que digimos lo siguiente que es aplicable a este caso

“Se dirá tal vez que en el presente caso no se ha apelado de la sentencia, sino de la resolución negando un nuevo juicio- No discu-tiremos si la anterior razón tendría o nó fuerza legal en un juicio en que la cuantía de la reclamación o de la sentencia excediera de 300 dollars; pero desde luego afirmamos que carece de toda eficacia en el recurso sometido a nuestra consideración, en el que el valor de la cosa reclamada y la cuantía de la sentencia no exceden de la ex-presada suma. Si admitiéramos que tal recurso fuera procedente, dejaríamos burlado el precepto del legislador contenido en la sección 2a. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque en-tonces, en vez de apelarse de la sentencia, se solicitaría un nuevo juicio, se apelaría de la negativa del nuevo juicio y por ese medio hábil podría llegarse a la revocación de una sentencia, que mediante recurso de apelación contra la misma interpuesto, no podría ser revo-cada por falta de jurisdicción de esta Corte Suprema.”

En vista de lo expuesto carecemos de jurisdicción para conocer de esta apelación y debe desestimarse el recurso in-terpuesto.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    García v. American R. R. Co. of Porto Rico.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez..
    No. 734.
    Resuelto en mayo 28, 1912.
    Paños y Perjuicios — Prueba Contradictoria — Causa del Accidente. — En los casos de prueba contradictoria la apreciación que de la misma haga el tribunal sentenciador, no será revocada a menos que se demuestre que obró influido por pasión, prejuicio o parcialidad, y que haya incurrido en manifiesto error. De acuerdo con esta doctrina, habiendo el tribunal sentenciador estimado que el accidente, en este caso, no fué casual, sino debido a culpa y negligencia de la demandada, tal apreciación debe quedar en pie.
    Id. — Montante de la Indemnización — Gastos—Golpes y Dolencias del Le-sionado. — Apareciendo de la prueba aportada al juicio en este caso que la demandante sufrió golpes que le produjeron un aborto con las dolencias consiguientes al mismo, aunque es cierto que sólo se probaron sesenta y ocho pesos y centavos como gastos tenidos por la demandante, para pago de medicinas y por asistencia médica, no es errónea la sentencia que fija en mil dollars el importe de la indemnización, atendiendo a todas las circuns-tancias de este caso y a que dicho montante está, dentro de la cuantía reda-mada en la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Bres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Un tren de la sociedad “The American Railroad Co. of Porto Rico” qne conducía pasajeros descarriló, y volcaron sus coches el día 15 de marzo de 1910 entre las estaciones de “Filial Amor” y “San Germán.”

Como consecuencia de este hecho, la demandante Dolores García Nazario alegando que era una de las pasajeras en ese tren, qne por consecuencia de tal accidente cayó de bruces so-bre los asientos y maderamen del coche en qne viajaba, reci-biendo un terrible golpe en el pecho, cerca del vientre y en todo el tronco qne le produjo dolor, teniendo qne guardar cama inmediatamente, y como consecuencia de dichos golpes tuvo al siguiente día un aborto qne puso en peligro su vida ha-biendo estado retenida en cama con asistencia médica, y ale-gando además qne ese accidente ferroviario ocurrió por culpa y negligencia de la expresada compañía y de sus empleados y sin culpa o negligencia de la demandante, concluyó pidiendo fuera condenada “The American Railroad Co. of Porto Rico” a pagarle en concepto de indemnización, la cantidad de un mil pesos y las costas. .

Habiendo negado estos hechos la corporación demandada y celebrado el- juicio correspondiente, la Corte de Distrito de Mayagüez qne conocía del caso, dictó sn sentencia en 21 de ■diciembre de 1910 por la qne declarando qne los hechos y la ley estaban a favor de la señora demandante, ordenó qne la demandada le pagara la cantidad de mil pesos en qne estimó' los daños sufridos por aquélla y las costas, sentencia qne ha. sido recurrida por la parte condenada.

Los dos primeros motivos de error aducidos por la cor-poración demandada en apoyo de sn recurso, están basados en qne la evidencia no fné propiamente apreciada por la corte inferior en cuanto a las causas qne motivaron el descarrila-miento y vuelco de los coches del tren, y en cnanto a la exis-tencia del aborto alegado por la señora demandante.

Eespecto de estos dos extremos se presentó en el juicio prueba contradictoria y al condenar la corte de distrito a la corporación demandada y apelante, decidió el conflicto de la evidencia en el sentido de qne el accidente no fné casual sino debido a culpa y negligencia de la demandada, por haber colo-cado impropiamente un guarda-rail en la vía por donde corría el tren y en el sitio donde el accidente ocurrió; y también decidió, que como consecuencia del vuelco del coche en que viajaba la demandante, ésta padeció los golpes y aborto que alega.

Como el juez sentenciador tenía facultad para decidir el conflicto de la evidencia y como no se ha alegado ni demos-trado que en el ejercicio de dicha facultad procediera con pasión, prejuicio o parcialidad, ni encontramos que haya in-currido en manifiesto error, debemos aceptar su decisión en ese respecto.

El tercero y último error descansa en haber concedido la corte mil pesos como indemnización cuando solo se probaron sesenta y ocho pesos y centavos como gastos tenidos por la demandante para pago de medicinas y por asistencia médica.

A pesar de ser cierto que sólo se han justificado esos pa-gos, sin embargo, como de la prueba aparece que la deman-dante sufrió también golpes que le produjeron un aborto con las dolencias consiguientes al mismo, fijada la indemnización atendiendo a todas estas circunstancias y dentro de la cuantía reclamada en la démanda, no vemos razón para sostener que se cometió el error que se alega y así lo liemos resuelto ya en los.casos de Díaz v. San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R., 69; Ramírez v. The American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D. P. R., 464; y Hernández v. American Railroad Co. of Porto Rico, resuelto en abril 24 de 1912.

En vista de lo expuesto, no vemos razones para revocar la sentencia, la que debe ser confirmada, desestimándose el recurso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Le Hardy v. Acosta.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 803.
    Resuelto en mayo 29, 1912.
    Patria Potestad — Casos en que Puede Suspenderse o Privarse de la Patria Potestad. — únicamente en los casos -taxativamente definidos en el artículo 236 del Código Civil, puede privarse a un padre o suspendérsele en el ejercicio de la patria potestad, siendo de aplicación la máxima “Bxpresio unvas est exelusio alterius. ’ ’

    Id. — Insuficiencia de la Prueba — Dureza Excesiva — Corrupción.—De acuerdo, con la doctrina del párrafo anterior, no existiendo, como no existe en el easo de autos, prueba alguna de que el padre haya tratado a sus hijos con du-reza excesiva, o les haya dado órdenes, consejos o ejemplos corruptores, es errónea la sentencia que priva a un padre del ejercicio de la patria potestad y debe por tanto revocarse.
    Id. — Crueldad—Segundo Matrimonio. — No cae dentro de los casos de privación o suspensión de la patria potestad taxativamente definidos en el artículo 236 del Código Civil, el hecho de que el padre haya contraído segundo matrimonio poco tiempo después de haber enviudado, o que se haya casado en segundas nupcias con una mujer que no mereciera la ¿probación de la madre de su primer esposa, ni constituye crueldad el que el padre confíe los hijos de su primer matrimonio al cuidado de la madrastra. El caso de Bx parte Byan, 126 La.,. 454, es discutido y carece de aplicación al easo de autos.

      Ib. — Bienestab. be bos Hijos. — Beberes be los Tribunales. — El bienestar de los hijos debe ser objeto de especial atención por parte de los tribunales, teniendo siempre en cuenta que la ley ha sido promulgada con ese fin, y que esa atención debe ser ejercitada en la forma dispuesta por nuestras leyes.
    Id. — Nombramiento de Tutor. — Revocación de la Sentencia. — Si el tribunal sentenciador en el caso de autos hubiera sólo cometido el error de no nom-brar un tutor para los menores, este error hubiera sido subsanado devol-viendo el caso a dicho tribunal con instrucciones en este sentido, pero con-sistiendo el error en ser la sentencia contraria a derecho, procede su revo-cación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. López Landrón y Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Juan Hernández López.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

El difunto Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., dictó en este caso el día 17 de abril de 1911, la si-guiente sentencia:

“Después de examinada debidamente la prueba presentada, y de considerar debidamente el caso por los fundamentos de la opinión escrita que se unirá a los autos, oída sentencia final, declarando sin lugar la demanda, y ordenando que, basta nueva resolución, queden los niños Philippe y Hilda Le Hardy y Meltz, bajo la protección y custodia de la señora abuela materna de los mismos, Doña Juana Acosta, viuda de Meltz y demandada en esta acción; reservándose siempre el demandante, el derecho de presentarse más tarde ante esta corte, cuando las circunstancias se hayan modificado, de tal manera, que se deba dictar otra providencia en beneficio de los niños; y que la orden dictada por esta corte permitiendo al demandante tener los niños en su poder durante seis horas de cada domingo, quede en vigor hasta tanto sea modificada por el tribunal. ’ ’

Contra esta sentencia se interpuso la apelación que ahora pende ante este tribunal, y después de haberse formulado los debidos informes orales y presentado esmerados alegatos, quedó finalmente sometida a la resolución de este tribunal el día 9 de abril último. El apelante por medio de su abogado señala 12 errores en los cuales se funda para solicitar la revo-cación de la sentencia, que se alegan haber sido cometidos por la corte sentenciadora al dictar dicha sentencia. Solamente se hace necesario citar uno de estos señalamientos de error, a saber:

“7o. La corte inferior ha errado manifiestamente en todos los respectos contenidos en el artículo 236 del propio Código, al privar al padre de la patria potestad, en todo o en parte, suspendiendo su ejercicio indefinidamente en cuanto a sus principales deberes, sin haberse alegado ni probado ninguna de las causas taxativas que re-quiere ese precepto legal, cuales son la dureza excesiva del trato del padre, las órdenes, consejos o ejemplos corruptores dados a los mismos hijos, y lo que es más aun, sin proveerle de tutor como hubiera sido necesario en semejante caso.”

No hay necesidad de considerar ahora los otros errores que han sido alegados, pues la cuestión principal ha sido pre-sentada en la proposición contenida en el séptimo señala-miento de error según ha sido indicado.

El artículo principal del Código Civil Revisado de Puerto Rico que se alega que ha sido infringido al incurrirse en el error a que se ha hecho referencia, es el siguiente:

“Artículo 236. — Los tribunales podrán privar a los padres de la patria potestad, o suspender el ejercicio dec ésta, si trataren a sus hijos con dureza excesiva, o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corruptores, nombrando en su lugar un tutor, con arreglo a la ley, para las personas de los hijos. En estos casos, deberán también privar a los padres de la administración y usufructo de los bienes del hijo, y adoptar las providencias que estimen convenientes a los intereses de éste. ’ ’

Se alega que otros muchos estatutos han sido infringidos y desatendidos, pero no es necesario que ahora los conside-remos.

Por tanto resulta que el apelante alega que la determina-ción de sus derechos en este caso debe regirse por nuestros estatutos, sin tomar en consideración ninguno de los princi-pios enunciados en la jurisprudencia americana. Examine-mos por tanto ligeramente los hechos.

Las dos cartas escritas por el demandante y en las cuales hasta cierto punto se fundan las alegaciones de la demandada, son como siguen:

“Junio 5 de 1910. Señor Angel Aeosta Quintero, Arecibo. Mi Apreciado Tío Angel. — Hoy por la mañana me entregó Coco su buena carta, llena de consejos. Ha sido un consuelo para mí ver que a pesar de todo lo que ha pasado desde mi llegada a Puerto Pico, de la manera incomprensible, hasta para mí, en que me había olvidado de todo se puede decir, haya Yd. podido interesarse aún para el bien mío, para el de esas inocentes criaturas, privadas a tan tierna edad del amor de su santa madre, lo comprendo. Sería poco decir que estoy sumamente agradecido.
“Antier, con la buena Sólita hablé detenidamente sobre todas estas cosas. Ha sido ella para mí como una madre y siempre me acordaré de ella con cariño.
“En la primera ocasión, dentro de dos semanas, me embarco solo, dejando a los queridos niñitos al buen cuidado de la familia que los quiere con delirio. Cuando estén mayores si la suerte me lo permite, los vendré a buscar para que acaben su educación al lado de mi buena madre.
‘ ‘ Cada día que pasa creo mas en el destino. Todo lo que ha pasado en estos últimos meses, casi hasta el último detalle me parece que lo he visto antes, lo he previsto allá lejos en otra existencia tal vez. Paréceme que no me ha valido luchar contra la fuerza del destino y he hecho cosas semejantes a los actos de un ser sin corazón, y sin sen-timiento cuando en realidad soy lo contrario.
“El momento ha llegado en que he oído la voz del deber y vuelvo al lado de mi anciana madre, para consolarla y ayudarla en cuanto alcanzan mis fuerzas en los últimos años que le quedan aún.
“Voy sin recursos pero confiando en la buena voluntad de Dios.
“Vuelvo a repetirle mi agradecimiento por todo y espero que la Providencia velará siempre por Vd. y todos los suyos.
‘ ‘ Su sobrino que le aprecia,
“(Firmado) Phedippe Le Hardy.
“San Juan, P. R., junio 15 de 1910. Sra. Doña Juana Acosta Vda. de Meltz, San Juan. Muy Distinguida Señora. — Debiendo em-barcarme para los EE. UU. próximamente, concedo a Vd. autoriza-ción para que conserve a mis hijos a su cuidado y compañía, hasta tanto en el día de mañana resuelva yo lo que considere más conve-niente y acertado para su educación y porvenir.
“Tengo especial gusto en dar a Td. esta prueba de confianza y afecto, seguro como estoy de que mis hijos a su lado tienen en Yd. una verdadera madre que los quiere y protege cariñosamente.
“De Yd. con toda consideración,
Suyo affmo.,
(Firmado) L. P. Le Habdy.

Consideremos ahora los derechos de las partes en este pleito a la luz de las alegaciones que han sido presentadas en los alegatos, de la prueba aportada al juicio y de la ley apli-cable a los hechos.

Este pleito lo siguió Le Hardy contra la madre de su difunta esposa, para que quedaran sus hijos Philippe y Hilda, de cuatro y tres años respectivamente y los que había dejado temporalmente al cuidado y custodia de la demandada some-tidos a su autoridad como padre de los mismos, haciendo uso de su autoridad paterna patria potestas que le concede nues-tro Código Civil. Alegó que había reclamado la posesión de sus hijos para tenerlos y gozar de su compañía, y educarlos e instruirlos con arreglo a sus recursos.

La demandada se opuso a la demanda presentada por el padre y trató de seguir en la posesión y custodia de sus nietos, alegando que el demandante se había casado por segunda vez y deseaba tener estos hijos de tierna edad sometidos al cuidado maternal de la segunda esposa. Que el demandante en el año 1909 había salido de la Isla dejando a su esposa e hijos al cui-dado de la demandada que es madre y abuela respectivamente. Que después que hacía cuatro meses que el demandante se encontraba ausente, falleció su esposa en el mes de enero de 1910. Que a su regreso Le Hardy encontró á sus hijos pri-vados de su madre y atendidos en la casa de su abuela, la demandada. Que durante su viaje de regreso a esta Isla el demandante venía acompañado de una joven en circunstan-cias anormales y extraordinarias; y que desde su regreso el demandante ha estado viviendo con dicha joven en Cataño como esposo y esposa. Esto fué expresado así por la deman-dada en su contestación según su información o creencia. Y que finalmente en 11 de junio de 1910, el demandante contrajo matrimonio con la referida joven, cuando apenas había trans-currido cinco meses del fallecimiento de su esposa. Que el demandante ha expresado su deseo de sacar a estos niños de tiernos años de su pais natal y llevarlos al extranjero; o sea los Estados Unidos. Que después de algunas discusiones habidas entre el demandante y la demandada él escribió las cartas que llevan fecha 5 y 15 de junio, a las cuales ya se ha hecho referencia en esta opinión. Se han alegado otras cues-tiones que no son esenciales y la demandada termina alegando en su contestación, que el hecho de sacar a dichos niños del cuidado maternal de la demandada para llevarlos a vivir a su nuevo hogar en las condiciones que han sido expresadas y a una edad tan tierna, constituye excesivo trato cruel hacia estos niños por parte del demandante. De conformidad con estas alegaciones la demandada solicita que se dicte una sen-tencia desestimando la demanda y de acuerdo con el artículo 236 del Código Civil de Puerto Rico, que se declare con lugar la reconvención establecida y se ordene al demandante que cumpla con su convenio, que se le prive dé su patria potestad o se le suspenda en el ejercicio de la misma en cuanto al cuidado de sus hijos, que ha solicitado hasta tanto lleguen ellos a una edad en que pueda educarlos, que puede ser a la de 10 años para el niño y 12 para la niña, o la que la corte señale de acuerdo con su criterio, nombrando a la demandada como tutora de dichos niños para que pueda cuidarlos hasta que lleguen a las edades que han sido expresadas, adoptando en el ínterin las órdenes interlocutorias que puedan ser nece-sarias en beneficio de dichos niños y que se impongan las costas al demandante.

No hay duda alguna, según aparece de los autos, que los niños, Philippe y Hilda Le Hardy, nacidos durante los años 1906 y 1907 son los legítimos hijos del demandante y de su primera esposa que era hija de la demandada. El deman-dante escribió las cartas qne llevan fecha 5 y 15 de junio de 1910 y que han sido anteriormente transcritas en su totalidad. La primera esposa falleció en enero de 1910 y el demandante contrajo segundo matrimonio en junio del mismo año. Desde la muerte de su madre y desde algunos meses antes los niños ñan vivido con su abuela y han sido cuidados bondadosamente por la demandada. El demandante los lia visto semanal-mente y según aparece de la prueba él ha sido con ellos un padre afectuoso. No existe prueba alguna de que el padre haya tratado a los hijos con dureza o que les haya dado con-sejos, órdenes, o ejemplos de carácter corruptivo, a no ser que se considere así el hecho de haber contraído segundo matri-monio.

Celebrado el juicio se dictó sentencia contra el demandante el 17 de abril del año último, desestimándose la demanda y confiriendo la custodia de los niños a la demandada, sin impo-nerse costas contra ninguna de las partes y sin que se hiciera nombramiento de un tutor para dichos menores, todo de con-formidad con la orden que se ha expresado en una de las ante-riores páginas. Al resolver así el caso la corte declaró que la patria potestad aunque indudablemente forma parte de la •jurisprudencia de Puerto Pico, no significaba el derecho inme-diato y sin condiciones ni reservas a la custodia física de los niños. Esto es bastante cierto, pero las condiciones y reservas son aquellas que se encuentran determinadas en nuestros estatutos. Hemos citado hasta ahora el artículo 236 de nuestro Código Civil en el que se expresan claramente las condiciones y limitaciones en que pueden los padres ser pri-vados de lá patria potestad con respecto a sus hijos o en que puede suspenderse la misma. A este estatuto lo mismo que a otros, la doctrina contenida en la máxima “ expressio unius est exclusio alterius” es aplicable. De modo que estos son los casos en que los tribunales pueden privar por un período más o menos corto o largo al padre del derecho al dominio y custodia de sus hijos. Es inútil buscar en los autos ninguna prueba referente a trato severo, órdenes, consejos o ejemplos de carácter corruptivo o de tal clase que puedan justificar la sentencia dictada en este caso. El mero hecho de haber con-traído el padre, matrimonio en nn período de viudez más corto que el de costumbre o que escogiera por segunda esposa a una joven con la cual no estaba conforme la.madre de su primera ■esposa, no puede considerarse como un hecho constitutivo de la conducta a que hace referencia el artículo 236 del Código Civil. Ni constituye crueldad por parte del padre el confiar la custodia de sus hijos a una madrastra. Algunas de ellas han demostrado ser excelentes tutoras de los niños como todo el mundo sabe. No aparece de los hechos contenidos en los autos nada que demuestre que la actual esposa del deman-dante no sea una persona capacitada para educar y tener a sus hijos bajo su dirección. En el caso de Ryan que ha sido citado por el apelado en las decisiones de la Corte Suprema de Louisiana, se negó al padre la custodia de su hija de trece años por haberse considerado que era un hombre de carácter inmoral; y que el tío con cuya familia vivía la niña estaba en condiciones de atender a su cuidado; y además, la corte tenía el convencimiento que habiendo estado la niña apartada de los disgustos y desavenencias de sus padres, había crecido y no tenía afecto alguno para su padre y había llegado a una edad, erL Ia que de obligársele a vivir con él y su familia y separarse de aquellos a los cuales había estado unida, le oca-sionaría futuras desdichas que nada bueno le proporcionarían. (Ryan ex parte, 126 Louisiana, 454.) Tal estado de cosas no aparece en el presente caso. Siendo los hechos distintos, el caso citado no es de aplicación.

Sin resolver el hecho de que un padre en casos necesarios confiera la custodia de sus hijos de tierna edad a su abuela, resolvemos sin embargo, que ninguna de las cartas que fueron presentadas como prueda puede ser interpretada sino en el sentido de que hubo un arreglo temporal, el que' según los términos en que el mismo aparecía redactado, podía terminar a voluntad del padre, recuperando éste todos sus derechos como tal padre. Y lo que era aún más natural, que tan pronto como él lo creyera conveniente para su segunda esposa, de-seaba traer a sus hijos a su propia casa, para gozar allí de la compañía de los mismos, educarlos e instruirlos y atenderlos según sus recursos y los dictados de su amor paterno.

El tenía dereclio .a hacer esto, a menos que resultara a juicio de la corte que existía un impedimiento estatutario. Es cierto que el bienestar de los hijos debe ser debidamente tomado en consideración por las cortes, pero estas deben re-cordar que también la ley ha sido decretada teniendo en cuenta este fin. (21 Cyc., 331, 332 y 333; In re Gates, 95 Cal., 461.) Y aunque las cortes tienen el deber de ejercitar el mayor cuidado en la protección de los niños en todos sus derechos e impedir que se les ocasione ningún perjuicio, sin embargo, este cuidado debe ejercitarse en el presente caso en la forma indicada por nuestro Código, y es el deber de las. cortes, tanto en éste como en los demás casos observar la ley. Como la corte sentenciadora sin duda con las mejores inten-ciones no tomó en consideración los requisitos exigidos por los estatutos al dictar la sentencia apelada, no debemos per-mitir que subsista la sentencia así dictada. El padre debe tener el dominio absoluto, y custodia de sus menores hijos, a menos que se alegue y pruebe alguna poderosa razón legal en contrario. .

Si la corte hubiera cometido error solamente dejando de nombrar un tutor, éste error hubiera sido corregido fácil-mente, devolviendo el caso para que esto se hiciera; pero según nuestra opinión el padre tiene derecho a que se le de-vuelvan sus hijos. Por consiguiente debemos anular la sen-tencia dictada por la corte sentenciadora y dictar ahora una sentencia procedente a favor del demandante de conformidad con la súplica de su demanda.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Enrich v. Forteza.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 789.
    Resuelto en mayo 31, 1912.
    Prueba Contradictoria — Apreciación de la Prueba Hecha por el Tribunal Sentenciador — Pasión, Prejuicio o Parcialidad. — En easo de prueba con-tradictoria, eomo sucede en el caso de autos, la apreciación que de la misma baya becbo el tribunal sentenciador, no será revocada en apelación, a menos que se demuestre que obró influido por pasión, prejuicio o parcialidad, o con gran abuso de su discreción, lo que en este caso no se ha alegado, ni de la evidencia obrante en la exposición del caso bay el menor indicio de que esto baya sucedido.
    Apelación — Fundamentos de la Sentencia. — Uno de los errores alegados por el apelante consiste en una manifestación hecha por la corte inferior en los fundamentos de su sentencia. Se resolvió que el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra su fundamento, pero a pesar de esto, exa-minados los fundamentos de la sentencia apelada, carece de base alguna el error alegado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. López Landrón y Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Gay. Coll Cuchí.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La contienda entre las partes en este pleito está basada en una negativa general y específica del demandado a todo cnanto se alega en la demanda, por la qne se reclaman cinco mil pesos en pago de daños y perjuicios, de cuya cantidad un mil doscientos a un mil quinientos pesos, se alega haberlos sustraído el demandado al demandante y ser el resto por los perjuicios y privaciones que ha sufrido al carecer de esa suma, que constituía sus únicos bienes.

Celebrado el juicio correspondiente, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., dictó sentencia en 3 de octubre de 1911, por la que declaró sin lugar la demanda con costas al demandante y contra la que éste estableció el presente recurso de apelación.

Esta sentencia demuestra que la corte sentenciadora no estimó probados los hechos de la demanda, como así aparece del siguiente párrafo de la opinión en que se basa:

“No se ba presentado prueba satisfactoria de los hechos alegados como base de las acciones ejercitadas, y mucho menos del principal de tales hechos, o sea de que el demandante realmente poseyera y tuviera en el baúl a que se refiere su demanda la suma mencionada.”

En el alegato del apelante se consignan diez y siete errores para basar la solicitud de que se revoque la sentencia, pero de ellos los marcados con los números dos al doce inclusive, tienen por objeto atribuir a la corte una errónea apreciación de la evidencia.

Muchas y repetidas veces hemos dicho que el juez que presencia el juicio es el que está en mejores condiciones para apreciar la credibilidad de los testigos y el llamado a resolver el conflicto de evidencia contradictoria, por cuya razón no intervendremos con la apreciación que de la misma haya for-mado a menos que se alegue y se nos demuestre que obró influido por pasión, prejuicio o parcialidad o con grave abuso de su discreción, lo que en este caso no se ha alegado, ni en el conjunto de la evidencia obrante en la exposición del caso hay el menor indicio de que esto haya existido, a tal punto, que nosotros hubiéramos llegado a la misma conclusión que la'corte inferior, si hubiéramos de resolver el conflicto de esa evidencia, y a pesar de no haber presenciado las declaraciones de los testigos.

Los errores que con los números trece al diez y siete, inclusive, se consignan, parten de la base de estar probadas las alegaciones de la demanda, y como esto no es así, no pueden existir.tales infracciones.

Y en cuanto al error marcado con. el número uno, apoyado en una manifestación hecha por la corte inferior en los funda-mentos de su sentencia, a pesar de que los recursos de apela-ción se dan contra la sentencia y no contra sus fundamentos, sin embargo, queremos decir que no comprendemos de que manera pudo infringir la corte inferior los artículos 1068-1069 y 1055 del Código Civil por decir la corte en su opinión qne en la demanda se ejercitaban acciones, cuando después de todo es cierto que se ejercita la acción de devolución de la cantidad que se dice sustraída y la de indemnización de per-juicios por ese acto.

Por estas consideraciones procede desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Belaval et al. v. The Fajardo Sugar Growers' Association
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 817.
    Resuelto en junio 4, 1912.
    Costas — Enmienda del Juramento del Memorandum de Costas — Discreción del Tribunal. — El permitir enmendar el juramento de un memorandum de costas deseansa exelusivamente en la discreción del tribunal sentenciador, y a menos que se demuestre que ha abusado de esa facultad con injusticia para la parte perjudicada, la resolución concediendo la enmienda no será revocada en apelación.
    Id. — Enmiendas—Notificación a la Parte Contraria — Perjuicio.—En el caso de autos el tribunal sentenciador permitió que se enmendara el juramento del memorandum de costas en el sentido de que el notario que tomó el juramento expresara que conoeía personalmente al que lo prestó. Dicha enmienda no fué notificada a la parte contraria. Se resolvió que la necesidad de notificar a la parte contraria depende de la naturaleza y circunstancias de cada caso, y para que la'falta de notificación sea motivo de revocación de la orden ape-lada es necesario que la parte que se queja de la falta de notificación de-muestre que ha sufrido perjuicio alguno por'ese motivo, lo cual no se ha justificado en el caso de autos, como tampoco que fuera necesaria tal notificación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Horacio S. Belaval y Eduardo Acima.

    Abogado de los apelados: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso se lia interpuesto contra la reso-lución de la corte inferior aprobando un memorandum de costas, en el que se incluye una partida de $200 por honora-rios de abogados. Los hechos pueden brevemente referirse como sigue:

Los apelantes, Belaval y Vizcarrondo, por su propio de-recho y en representación de sus respectivas esposas enta-blaron un pleito en la Corte de Distrito de San Juan, contra la Fajardo Sugar Growers’ Association, reclamando el pago de la suma de $10,000 correspondiente a un plazo del canon dé la finca denominada “Aurora” situada en la jurisdicción de Fajardo.

La demandada formuló excepción previa a dicha demanda alegando que la demanda no exponía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Habiendo sido declarada con lugar dicha excepción previa, se dictó sentencia a favor de la demandada en noviembre de 1910 imponiendo las costas a los demandantes, contra cuya sentencia se interpuso recurso de apelación y fue confirmada por la Corte Suprema de Puerto Pico. Posteriormente la demandada oportunamente presentó un memorandum de costas ascendente a la suma de $300.70 por honorarios de abogados y costas de secretaría. Este memorandum de costas fue jurado ante notario por el abogado de la demandada, y la declaración jurada que acom-pañaba al mismo dejaba de especificar que el notario cono-ciera personalmente al abogado que hizo el juramento.

El demandante formuló a su debido tiempo su excepción previa a este memorandum de costas, alegando en primer tér-mino, que la sentencia no era definitiva por haberse inter-puesto recurso de apelación contra la misma; y en segundo lugar, que la suma de $300 que se había incluido como honora-rios de abogados era excesiva.

Después de confirmarse la sentencia por la Corte Suprema se discutió esta objeción que se formuló al memorandum de costas y al celebrarse la vista el abogado del demandante alegó, que la declaración jurada que acompañaba a dicho memorandum era nula. La corte de distrito concedió per-miso para enmendar la declaración jurada, la que fue por consiguiente enmendada por el mismo notario ante quien se prestó, mediante una declaración jurada ante el secretario de la corte de distrito, en la que el notario afirmó que cuando preparó la declaración jurada para dicho memorandum de costas él conocía personalmente al abogado que la firmó. No existe variación alguna en la declaración jurada del abogado ni tampoco en el memorandum de costas.

Los apelantes fundan su apelación en cuatro señalamientos de error, los cuales pueden copiarse literalmente como sigue:

Io. La corte inferior cometió un grave error al conceder permiso para enmendar la certificación hecha por el notario al juramento, en su resolución de 21 de noviembre de 1911, siendo dicha resolución una de aquellas contra las cuales se ha interpuesto recurso de apelación, en el presente caso, por ser contraria a la ley y a la jurisprudencia aplicable al mismo.

■2o. La corte inferior cometió asimismo un grave error al admitir las enmiendas hechas a la certificación del notario con respecto al juramento en la forma en que realmente se llevó a cabo y por la persona que lo hizo.

3o. La corte inferior igualmente cometió error al permitir la enmienda sin conceder un tiempo razonable a los deman-dantes para que alegaran lo que fuera conveniente a sus derechos.

4. Y finalmente, la corte inferior también cometió un error en conceder al abogado de la demandada la suma de $200 como honorarios en su resolución de 28 de diciembre de 1911, que es la otra contra la cual se ha interpuesto apelación por no estar la misma sostenida por la prueba.

La cuestión principal promovida en estos señalamientos • de error se refiere a la enmienda hecha a la declaración jurada contenida en el memorandum de costas que presentó la de-mandada. Debe notarse que la enmienda hecha por el no-tario, con permiso de la corte al juramento, no afectaba los méritos del caso en manera alguna, pues sólo se refería a la forma en que se expresaba que el notario conocía personal-mente al declarante para cumplir con los requisitos del esta-tuto.

La cuestión referente a la concesión de tales enmiendas está encomendada exclusivamente a la discreción de la corte sentenciadora, y a no ser que se demuestre • que ba habido abu,so de esta discreción legal del que resulte una injusticia para la parte que se queje del mismo, la resolución de la corte sentenciadora no será modificada. (Palmer & Rey v. Barclay, 92 Cal., 201; Burns v. Superior Court 140 Cal., 5; Gorba v. Dobner, 90 Cal., 338.)

Nuestro estatuto — artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil — autoriza la concesión de enmiendas- en bien de la justicia, no solamente en las alegaciones sino en los proce-dimientos, corrigiéndose los errores. La cuestión relativa a si es necesario notificarse a la parte contraria depende de la naturaleza del asunto y de las circunstancias que rodean al mismo; y la parte que alegue que no se le ha hecho tal noti-ficación debe probar que se le ha ocasionado algún perjuicio por tal motivo. En este caso resulta claro que tal notificación no' era necesaria y el hecho de que no se hiciera no fué en manera alguna perjudicial a los apelantes.

Debe observarse que el artículo 68 de la Ley de Práctica de California es idéntico al artículo 473 del Código de Enjui-ciamiento Civil de ese Estado, el cual ha sido reproducido en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil en el artículo 140. Por consiguiente los casos de California que han sido citados con respecto a la interpretación que ha de darse a dicho artí-culo son de singular aplicación. (Véanse los casos de Palace Hotel Co. v. Smith, 134 Cal., 381; Melde v. Reynolds, 129 Cal., 308; Roland v. Kreyenhagen, 18 Cal., 455; Brackett v. Banegas, 99 Cal., 625.)

Los casos de Galindo v. Roach, 130 Cal., 389, y Widel v. Herman, 59 Cal., 507, que han sido citados por los apelantes y en los que los hechos no son semejantes, no son de aplica-ción al caso de autos. La enmienda de este affidavit en el particular donde aparecía el defecto, estaba perfectamente de acuerdo con la práctica general americana y se hizo en bien de la justicia y en debida forma. (2 Cyc., 31 y 34, y casos allí citados.)

T en cuanto al cuarto error alegado, que la suma de hono-rarios que se concedieron, o sea la de $200 no estaba justifi-cada por la prueba, estamos convencidos de que dicho error1 no fue debidamente tomado. Existe prueba para que se declare con lugar la concesión hecha, y según los autos tene-mos motivos para creer que es razonable.

Por tanto hay razones suficientes para confirmar la sen-tencia dictada por la corte sentenciadora al aprobar este memorandum de costas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente. Plernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Fajardo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 442.
    Resuelto en junio 5, 1912.
    Derecho Penal — Ejercicio Ilegal de la Profesión de Dentista — Pruebas—■ Carta. — Examinada la prueba en el caso de autos, estimó este tribunal que era insuficiente para sostener la sentencia condenatoria dictada contra el acusado, pues la carta presentada por el fiscal no es bastante para demostrar ■la falta de autorización del acusado para ejercer dicha profesión. En tér-minos generales una carta cuyo contenido no ha sido jurado, no constituye prueba alguna, aunque cuando pueda serlo] haya sido admitida como prueba por no haberse formulado objeción en debida forma contra su admisión.
    El artículo 123 de la Ley de Evidencia determina los tres medios de presentar en juicio la 'declaración de un testigo, entre los cuales no se men-cionan las cartas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Yriarte.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un proceso que se siguió por ejercerse ilegalmente la profesión de dentista. El caso se inició en la corte municipal en donde fué declarado culpable el apelante, quien ha-biendo interpuesto recurso de apelación para ante la corte de distrito contra dicha sentencia, fué declarado culpable por segunda vez, en donde se le impuso también una multa de $50. Finalmente, se interpuso apelación contra esta última sen-tencia para ante este tribunal admitiendo el Fiscal en el acto de la vista del caso ante esta corte, que la prueba es insufi-ciente para fundar en ella una sentencia condenatoria. En ,1a denuncia se imputa a Fajardo el delito de ejercer ilegal-mente la profesión de dentista, cometido en la siguiente forma:

“Q.ue el día 28 de diciembre de 1911 a la 1 p. m. y en la parada 17 de Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., dicho acusado voluntaria e ilegalmente se dedicó a ejercer la profesión de dentista sin estar autorizado por la ley para ejercer dicha profesión, infringiendo así las prescripciones contenidas en el artículo de la ley de la Asamblea Legislativa, de 12 de marzo de 1903.”

Examinando la prueba, creemos que es insuficiente, por no demostrarse por el Fiscal la falta de autorización con arreglo a la ley para ejercer la profesión de dentista. La carta que fué presentada como prueba para sostener esta alegación es vaga e incierta en sus términos y no expresa de modo satis-factorio ningún hecho que se relacione con este caso. Ade-más, una carta que no ha sido jurada en cuanto a su contenido, ordinariamente no constituye prueba alguna, aunque sea así cuando la misma fué admitida debidamente, por no haberse formulado una objeción válida contra su admisión. Sola-mente existen tres métodos de recibir la declaración de un testigo en la celebración de una causa en esta Isla, a saber: 1. Por affidavit o declaración jurada; 2. Por deposición; 3. Por medio de interrogatorio oral. (Véase el artículo 123 de la Ley de Evidencia.) Un testigo no puede declarar por carta. Aun cuando las objeciones formuladas a la carta no eran sostenibles, sin embargo, admitiendo que la misma es cierta, ésta no prueba la falta de capacidad legal por parte del acusado para el ejercicio de la profesión de dentista.

Si el acusado es culpable, el Fiscal de la corte de distrito debe probar qne lo es; y basta que no se presente esta prueba existe a sn favor la presunción de inocencia. Por las razones expuestas la sentenciá de la corte de distrito debe revocarse y dictarse una sentencia por este tribunal absolviendo al ape-lante de la acusación que contra él se formuló.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico v. Rossy, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de, certiorari.

    No. 89.
    Resuelto en junio 5, 1912.
    Rendición de Cuentas en Trámite de Ejecución de Sentencia — Impugnación de las Cuentas — Presentación de Pruebas. — En este caso se trata de dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Supremo en junio 24, 1909, en un pleito entre Margarita Cintrón y otros contra el Banco Territorial, en cuya sentencia se hizo el pronunciamiento de que el Banco Territorial ‘ ‘ rinda cuenta detallada • y justificada de la administración de la hacienda Laura,' ’ a la parte demandante. Se resolvió que los términos ‘ ‘ rendición de cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda Laura” comprenden además de la ¡presentación de dicha cuenta en la forma dispuesta, su examen con audiencia de los interesados y su aprobación o reforma defi-nitiva en el trámite de ejecución de la sentencia de 24 de junio de 1909, a fin de determinar el legítimo saldo o alcance, porque estos tres actos tienen entre sí perfecta conexión y son absolutamente imprescindibles para que se cumpla formal y eficazmente lo juzgado. Tal procedimiento no está en contradicción con el vigente Código de Enjuiciamiento Civil, y está conforme con los proce-dimientos seguidos en las cortes de los Estados Unidos.
    Id. — Impugnación de las Cuentas — Práctica de Pruebas. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, los reparos hechos por los deman-dantes contra las cuentas presentadas por el Banco Territorial, deben dis-cutirse y resolverse después de oídas las alegaciones de las partes y de ha-berse practicado las pruebas conducentes en defensa de sus derechos respec-tivos, y no procede, como pide el peticionario, que se declaren terminadas las diligencias de cumplimiento de sentencia por haber sido presentadas por el banco las cuentas, y que se acuda a un pleito ordinario para impugnarlas y comprobar los reparos.

      Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. Juan de Gusmán Bemtez.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan por Margarita y Eulalia Cintrón y la Sucesión de José P. Cintrón contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, sobre rendición de cuentas y otros extremos, la referida corte dictó sentencia en 28 de diciembre de 1907, por la que declaró no haber lugar a decretar la nuli-dad de la subasta de la hacienda “Laura,” celebrada el 19 de mayo de 1906, y ordenó al demandado que dentro del tér-mino de 15 días, desde el en que fuera firme dicha sentencia, rindiera a los demandantes cuenta detallada y justificada de la administración de dicha hacienda “Laura” durante el período comprendido entre el 30 de junio de 1902 y el 19 de mayo de 1906, con prevención a los demandantes que dentro de diez días, a partir desde la entrega de cuentas de que se trata, mostraran su conformidad o no conformidad con ellas, en cuyo último caso la corte, de acuerdo con el artículo 205 del Código de Enjuiciamiento Civil, y para dar cumplimiento al fallo, sometería la cuestión a un arbitraje con designación de árbitro o árbitros de la manera prevenida por la ley, orde-nándose finalmente, que si resultará algún saldo a favor de los demandantes después de cubiertos todos los gastos justi-ficados y el crédito de $12,196.96, para cuyo cobro tomó a su cargo el demandado la administración de la hacienda “Laura,” se entregara dicho saldo a los demandantes.

Esa sentencia fué apelada por ambas partes, y esta Corte Suprema por la suya de 24 de junio de 1909 estimó que pro-cedía su confirmación “en cuanto declara no haber lugar a decretar la nulidad de la subasta celebrada en 19 de mayo de 1906 y ordena que el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico rinda dentro de quince días a los demandantes, cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda ‘Laura’ durante el período que media entre el 30 de junio de 1902 y el 19 de mayo de 1906, cuyo término ’ ’ sería prorro-gable a discreción de la corte inferior, revocando la misma sentencia en los demás extremos que abraza, sin especial con-denación de costas. (Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D. P. R., 507.)

Para cumplir la expresada sentencia en la parte relativa al pronunciamiento sobre rendición de cuentas, produjo el Banco Territorial y Agrícola las de la administración de la hacienda “Laura” que empiezan en 30 de junio de 1902 con un saldo a su favor de $14,606.69, y terminan en 19 de mayo de 1906 con un saldo también a su favor de $22,724.37, y entonces la parte contraria presentó moción a la corte, el 20 de diciembre de 1909, en que por el fundamento de que las cuentas presentadas sólo eran una copia incompleta de los libros mercantiles del banco sin comprobante ni justificante alguno y sin relación a las distintas partidas de bienes reci-bidos bajo inventario al encargarse de la administración de la hacienda “Laura,” pedía se ordenara al demandado rindiera dentro de quince días la cuenta detallada y justificada, pre-sentando al efecto el inventario con arreglo al cual el banco se hizo cargo de la administración, así como el respectivo comprobante original de cada asiento, con señalamiento de otro término de quince días a los demandantes para la impug-nación o presentación de reparos a dicha cuenta, partida por partida, y deducir el saldo' o alcance que había de ser satis-fecho con sus intereses por la parte a cuyo cargo resultara.

La moción fné declarada con lugar por orden de 19 de marzo de 1910 y ello dió lugar a que la representación del Banco Territorial y Agrícola acudiera a esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari, para que revisados los pro-cedimientos de la corte inferior se declarara que las cuentas habían sido producidas en forma debida, y que los deman-dantes debían presentar los reparos justificados que tuvieran que hacer para que entonces el banco presentara los compro-bantes de las partidas objetadas y se resolvieran en la forma procedente las cuestiones qne se suscitaran con motivo de dichos reparos.

Expedido el anto de certiorari y elevados a esta corte los procedimientos del caso, recayó resolución en 27 de marzo de 1911 declarando no haber lugar al recurso y ordenando se devolvieran los autos a la corte inferior, la que quedaría en libertad-para proceder como si no hubiera sido expedido aquel auto.

Presentó el banco una nueva copia de las cuentas de la administración de la hacienda “Laura” con los comprobantes que estimó conducentes, tanto respecto de las partidas de cargo como de las de abono y la representación de Cintrón Hermanos hizo reparos a dichas cuentas: 1°., porque el banco dejó de presentar .el inventario de los bienes que recibió en administración; 2°., porque las cuentas no comprenden todos los ingresos de la administración de la central “Laura,” sino tan sólo los de la caña, y éstos incompletos; 3°., porque los ingresos y sus comprobantes no son detallados y específicos para poder venir en conocimiento de su procedencia y deter-minar la exactitud de su cuantía; 4°., porque en los ingresos no se incluyen los productos del ron, ni de las mieles en su defecto, ni del terreno no dedicado a caña, ni de los pastos, ni de la leña, ni del cuido de bueyes ajenos, ni del alquiler de la bueyada de la dotación, ni del alquiler de los carros o carre-tas, ni de las aparcerías por cuido de ganado y por siembras de frutos menores, ni de la venta indebida de pertenencias varias de la finca, ni del arrendamiento de parcelas de te-rreno de ella, ni del alquiler de su casa tienda, ni de la venta de maderas, de hierro y cobre viejos, y de accesorios de la maquinaria; 5°., porque las limitadísimas partidas de ingreso se refieren a la venta de cañas a la factoría de la central “Mercedita,” y no comprende la administración completa de la central “Laura,” con todas sus utilidades, provechos y productos; . 6°., porque los ingresos abonados a Cintrón Hermanos no son los naturales y verdaderos de la central “Laura,” debidos producir en una mediana y regular admi-nistración, con arreglo a la prueba pericial practicada en el juicio; 7°., porque en las cuentas no se incluyen las mieles, ni el ron de los cosechos de los años 1905 y 1906; 8°., porque ni aun los ingresos de azúcar figuran completos en las par-tidas de cargo del banco; 9°., porque en las cuentas se ocultan y omiten fraudulentamente la mayor parte de los diversos ingresos que no son de azúcar, percibidos por el adminis-trador subalterno que el banco puso al frente de la central “Laura”; 10°., porque los ingresos que figuran en las cuentas no son los de una central de cañas en las mejores condiciones de cultivo, como la “Laura,” sino los de una central conver-tida en colonia agrícola; 11°., porque no son detalladas e inteligibles en su contexto las partidas de cargo y abono que se especifican; 12°., porque en las cuentas se omiten fraudu-lentamente los ingresos legítimos que se especifican en la relación que se acompaña (Exhibit número 1); 13°., porque los ingresos especiales de la producción de azúcar durante los cuatro cosechos que comprenden las cuentas, no se ajustan al promedio de 30,000 dollars por cada año, establecido en el juicio por prueba pericial; 14°., porque agrupados los in-gresos y gastos de cada año de administración resultan los reparos e impugnación constatados en los diversos exhibits presentados.

Por el mérito de tales reparos la representación de Cin-tron Hermanos concluye su moción con la súplica de que se dictara una orden, disponiendo: 1°., que eran inadmisibles tales cuentas, como contrarias a la cosa juzgada y a las bases aprobadas para su liquidación; 2°., que se requiriera al ge-rente del banco bajo apercibimiento de desacato, para que presentara sin excusa ni pretexto alguno el inventario y ava-lúo original con arreglo a los cuales tomó a su cargo la admi-nistración de la central “Laura”; 3°., que se fijara día y hora para practicar la prueba sumaria de autenticación de los reparos y documentos privados de impugnación, ya peri-cialmente, ya por medio de escrituras y documentos públicos; y 4°., que se condene al Banco Territorial y Agrícola, una vez practicadas las pruebas, a satisfacer a Cintrón Hermanos la cantidad total resultante de la liquidación presentada por los demandantes, y en todo caso la resultancia de los reparos totales y parciales que oponían a las cuentas.

La representación del banco también presentó moción para que fuera desestimada la impugnación de Cintrón Hermanos, suplicando a la corte que por haber cumplido el banco con la obligación que se le impuso de rendir las cuentas detalladas, y además por las razones que consignaba en su moción con-tradiciendo los reparos hechos, desestimara' la impugnación de cuentas hechas en las diligencias sobre cumplimiento de sentencia, ordenando se archivaran dichas diligencias por estar debidamente concluidas.

A la anterior moción recayó en 26 de marzo último la siguiente resolución:

“Sin lugar la moción y de acuerdo con las órdenes anteriores, se señala el martes 2 de abril a las 9 de la a. m. para presentar la prueba sumaria de autenticación de los reparos y documentos privados de impugnación. ’ ’

La orden que dejamos transcrita ha dado lugar a que la representación del Banco Territorial y Agrícola acudiera a esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari, para que mediante revisión de los procedimientos de la corte inferior se resuelva, que habiendo sido rendidas las cuentas de-talladas y comprobadas a cuya rendición venía obligado el banco en virtud de la sentencia de esta Corte Suprema de 24 de junio de 1909, se declare nula la orden sobre pruebas de la impugnación de cuentas y se ordene' el archivo del pleito como definitivamente terminado, sin perjuicio de que los de-mandantes ejerciten mediante los trámites legales corres-pondientes los derechos de que se crean asistidos, si algunos tienen, como consecuencia de la rendición de cuentas hecha por el banco demandado.

Fue expedido el auto de certiorari solicitado y de las ale-gaciones del peticionario y de las actuaciones originales que lian venido a esta Corte Suprema en cumplimiento de diclio anto, resulta que los procedimientos lian sido llevados por la ■corte inferior en los términos expuestos.

Veamos ahora si dichos procedimientos se ajustan á la sentencia de esta Corte Suprema de 24 de junio de 1909, en cnanto ordena que el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico rinda a los demandantes cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda Laura” durante el período que media entre el 30 de junio de 1902 y el 19 de mayo de 1906.

El alcance de ese pronunciamiento es el que revelan los términos en que está concebido; y los términos “rendición de cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda ‘Laura’ ” comprenden, además de la presentación de dicha cuenta en la forma dispuesta, su examen con audiencia de los interesados y su aprobación o reforma definitiva en el trámite de ejecución de la sentencia de 24 de junio de 1909, a fin de determinar el legitimo saldo o alcance, porque estos tres aptos tienen entre sí perfecta conexión y son absoluta-mente imprescindibles para que se cumpla formal y eficaz-mente lo juzgado.

Esa doctrina ha sido consignada por el Tribunal Supremo de España en sentencia de 28 de septiembre de 1878 y el Código de Enjuiciamiento Civil que actualmente rige no la contradice en ninguno de sus preceptos. Antes por el con-trario, los procedimientos seguidos en las cortes de los Está-dos Unidos están conformes con ella.

Opinamos que la Corte de Distrito de San Juan ha obrado dentro de los límites de su jurisdicción al dictar la orden de 26 de marzo último que ha dado lugar al presente recurso de certiorari, sin infringir regla alguna de procedimiento.

La opinión que fundamenta la sentencia de 24 de junio de 1909 no favorece al peticionario, según éste alega, cual si en esa opinión hubiéramos establecido que la impugnación de la cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda “Laura” que rindiera al banco Cintrón Hermanos, debía hacerse no en las diligencias de cumplimiento de dicha, sentencia, sino en otro juicio independiente.

En dicha opinión dijimos:

‘ ‘ * * * En las cuentas de administración de la hacienda ‘Laura’ son partes igualmente interesadas la demandante y la deman-dada, y no cabe privar a ésta del derecho de examinarlas para preparar las acciones de que se crea asistida, acciones que pueden prosperar o nó después de oídas las alegaciones de las partes y de haberse practi-cado las pruebas conducentes en defensa de sus respectivos derechos.
‘ ‘ El mismo Banco Territorial y Agrícola, al ser requerido en Io. de septiembre de 1905 por los abogados López Landrón, Iíartzell y Rodríguez Serra, en representación de Cintrón Hermanos, para que' les pusiera de manifiesto las cuentas de administración de la hacienda ‘Laura’ manifestó que estaba dispuesto a presentar a Cintrón Her-manos o a sus apoderados en forma las cuentas que se le pedían para que prestasen su conformidad o reparos justificados desde 23 de agosto de 1905 en adelante, pues hasta esa fecha estaban tácitamente aproba-das, según la cláusula undécima del contrato de 23 de mayo de 1900, y que también accedía a presentar dichas cuentas desde el 30 de junio de 1902 hasta el 31 de agosto de 1905, pero haciendo constar que con arreglo a dicho contrato esas cuentas estaban ya aprobadas hasta el 23 de agosto de 1905 sin que la condescendencia del banco pudiera, entenderse en el sentido de renunciar o poner en duda el hecho de estar ellas reconocidas.
‘ ‘ Tales manifestaciones revelan claramente que el banco estaba dis-puesto o mostrar a Cintrón Hermanos la contabilidad relativa a la ad-ministración de la hacienda ‘Laura’ y únicamente les negaba el de-recho de poner reparos a sus cuentas de administración por estimar1 que están consentidas y aprobadas, tácitamente, según las estipulacio-nes de la escritura de 23 de mayo de 1900.
“Nos parece prematura tal alegación, pues sólo podría1 hacerse después que Cintrón Hermanos en vista de las cuentas y en forma debida hagan los reparos que juzguen convenientes.
“El examen de las cuentas por Cintrón Hermanos es necesario1 para el ejercicio de las acciones de que se crean asistidos, y no cabe-cerrarles la puerta a toda reclamación, privándoles de unas cuentas en que son partes tan interesadas como el Banco Territorial y Agrí-cola.
“En cuanto a los demás extremos que contiene el primer pronun-ciamiento de la sentencia recurrida, nos parecen improcedentes en derecho. Examinadas las cuentas de la administración de la hacienda ‘Laura’ por los demandantes, éstos ejercitarán los derechos que les asistan, si algunos tienen, y entonces habrá llegado el momento de dictar las resoluciones que la ley aconseje mediante los trámites legales necesarios. Es prematuro invocar como de aplicación al caso el artí-culo 205 del Código de Enjuiciamiento Civil, y ordenar se entregue al demandado por los demandantes un saldo problemático.”

(Cintrón et al. v. El Banco Territorial y Agrícola, 15 D. P. R., 507.)

Como se ve, esta Corte Suprema estimó que el Banco Territorial y Agrícola estaba en el deber de rendir a Cintrón Hermanos cuenta detallada y justificada de la administración de la central “Laura” durante cierto período de tiempo y que a Cintrón Hermanos no podía privárseles del derecho de examinar esa cuenta; pero no formuló prejuicio alguno sobre el tiempo, modo y forma en que Cintrón Hermanos pudieran hacer los reparos que juzgaran convenientes, ni sobre el pro-cedimiento que debiera seguirse para discutir y resolver tales reparos, los que indudablemente debían discutirse y resol-verse después de oídas las alegaciones de las partes y de haberse practicado las pruebas conducentes en defensa de sus derechos respectivos. Esas alegaciones y pruebas, lo mismo pueden caber en un pleito ordinario, que en diligencias sobre cumplimiento de la sentencia que ordena la rendición de cuentas.

Si esta corte en su sentencia de 24 de junio de 1909 no aceptó más pronunciamientos de la corte inferior que el que ordenaba la rendición de cuentas por el banco a Cintrón Hermanos, revocando los demás concernientes al particular, fué porque opinó que éstos eran prematuros antes de que estuvieran rendidas las cuentas, y no por que tratara de re-servar para un juicio ordinario la impugnación de las mismas.

La resolución de la corte inferior de 26 de marzo último negándose a dar por terminadas las diligencias de cumpli-miento de sentencia, que legalmente no están terminadas, y ordenando la presentación de pruebas, se ajusta a las reglas procesales. Las diligencias deben continuarse basta que re-caiga resolución definitiva sobre las cuentas presentadas.

No encontrando en los procedimientos de la Corte de Dis-trito de San Juan razón alguna que nos autorice para declarar nula la orden de 26 de marzo último, sobre pruebas de la im-pugnación de cuentas y para ordenar el archivo del pleito como definitivamente terminado, según solicita la representa-ción del Banco Territorial y Agrícola, procede se devuelvan los autos a dicha corte, dejándola en libertad para proceder como si no se hubiera expedido el auto de certiorari, el cual quedará anulado.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Bithorn v. Zavala.
    ApelacioN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 845.
    Resuelto en junio 8, 1912.
    Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante — Solicitud de Pró-rroga. — En un pleito ele reivindicación en el que el demandante y apelante no presentó pruebas en el juicio, pero sí el demandado, tendentes a justificar que es dueño de la finca que se le reclama, el apelante radicó la transcripción de autos en este tribunal el 9 de abril, y en 18 de mayo siguiente, cuando aun no había el apelante presentado su alegato dentro del término que determina el artículo 42 del reglamento de este tribunal ,el apelado presentó una moción para que se desestimara la apelación por falta de dicho alegato, sin que el apelante entonces ni después haya presentado su alegato. Se resolvió, que atendidas todas las circunstancias de este caso procedía la desestimación de la apelación, negándosele al apelante la prórroga que pidió al discutirse dicha moción, para que se le prorrogara, después de vencido el término para pre-sentar su alegato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante presentó en la Corte de Distrito de Are-cibo una exposición del caso para tramitar la apelación qne interpuso contra la sentencia qne aquélla dictó contraria a sns pretensiones y habiéndose ordenado por la corte qne se hicieran ciertas enmiendas en ella, redactó un nuevo pliego que fué aprobado en once de marzo ultimo.

El récord de la apelación, del que formaba parte tal expo-sición del caso, fué presentado en esta Corte Suprema el 9 de abril, después de lo cual el apelante debía presentarnos el 19 su alegato de errores, según la regla 42 de las de este tribunal; no lo hizo así y en 18 de mayo último.el apelado radicó una moción, que fué discutida el día 27, interesando que se desestimara la apelación por la falta del alegato. Esa moción fué impugnada por el apelante exponiendo que ha-biendo advertido un error en la exposición del caso, acudió a fines de abril a la corte de .distrito que la aprobó para que se subsanara el defecto, habiendo ésta resuelto en 2 de mayo que, puesto que el pliego aprobado era correcto y la apelación estaba formalizada ante el Tribunal Supremo, no había lugar a proveer, contra cuya resolución ha establecido apelación, por lo que interesaba que mientras ésta se tramita se sus-penda el plazo para presentar su alegato, y si esto no fuere procedente, que se le conceda un plazo de veinte y cuatro horas para radicarlo.

El pleito que ha dado lugar a la moción de desistimiento versa sobre reivindicación de finca rústica y durante el juicio el demandante no presentó evidencia alguna en apoyo de su reclamación, aportándola únicamente el demandado, siendo ésta tendente a demostrar su propiedad en la finca reclamada.

Si el apelante deseaba que esta Corte Suprema le conce-diera una prórroga del tiempo determinado por nuestras regias para presentar su alegato, debió acudir ante nosotros antes de que expirara, en solicitud de tal prórroga y mostrar-nos las razones que tuviera para su concesión, a fin de que apreciando nosotros su bondad accediéramos a su petición, pero no ha debido determinar por sí propio que tenía una buena razón para no presentar oportunamente su alegato. Además, no solamente dejó de presentarlo a su debido tiempo sino que ni aun al notificársele la moción de desistimiento, ni cuando la moción fué discutida lia sido presentado.

En vista de estas razones y de la índole y circunstancias del pleito, no creemos que deba prorrogarse al apelante el tér-mino para presentar su alegato y en consecuencia la moción de desistimiento becba por el apelado debe declararse con lugar y desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de esta moción.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Barquet et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte Distrito de Ponce.
    No. 439.
    Resuelto en junio 8, 1912.
    Apelación — Exposición del Caso — Denegatoria de Aprobación.- — Una orden rehusando aprobar un pliego de excepciones de acuerdo con los hechos, no es final y conclusiva y por consiguiente no cabe establecer contra ella el recurso ordinario de apelación. En casos de esta naturaleza el procedimiento que debe seguirse es el definido en el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El caso de Fl Pueblo v. Fernández (12 D. P. R., 30), es exa-minado y algunos errores clericales que contiene la opinión y el resumen son corregidos.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Felipe Casalduc.

    Abogado del apelado: Hon. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce, se siguió una causa criminal por El Pueblo de Puerto Bico contra Juan y Narciso Barquet, por infracción a las leyes de rentas internas. La corte dictó sentencia condenando a los acusados y éstos es-tablecieron contra ella recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo. El abogado de los apelantes sometió al juez sentenciador una ‘£ exposición del caso y pliego de excep-ciones,” y el juez, en 20 de abril de 1912, resolvió:

' "Considerado este pliego de exposición del caso y de excepciones en relación con las notas taquigráficas tomadas durante el juicio, la corte ordena que se redacte un nuevo pliego introduciendo en él las en-miendas hechas por esta corte ya indicadas en el mismo pliego y eli-minando todo aquello que en el mismo pliego aparece tachado con líneas de tinta, y presentado que fuera el nuevo pliego así redactado, se aprobará.”

El documento fue enmendado de acuerdo con lo ordenado por el juez y éste, el 23 de abril de 1912, lo aprobó y certificó en la siguiente forma:

"Esta corte aprueba el anterior pliego de exposición del caso que contiene incluidas las enmiendas introducidas por el juez que suscribe, el pliego original presentado por la parte apelante, y el juez que sus-cribe certifica que el presente pliego contiene una reproducción fiel y exacta de las declaraciones prestadas por los testigos durante el juicio de esta causa y de las consideraciones que esta corte hiciera sobre la apreciación de la prueba, las que ordenó se hicieran constar en el récord; y se ordena que el secretario proceda a archivar el pliego aprobado y a unirlo a los .autos para que forme parte del mismo. ’ ’

Los acusados por conducto de su abogado apelaron para ante esta Corte Suprema de las órdenes de 20 y 23 de abril de 1912. La transcripción fué archivada el 27 de abril, el 13 de mayo el Fiscal solicitó que se desestimara el recurso por no ser apelables las órdenes citadas, y celebrada la vista de dicha solicitud el 27 de mayo último, el caso quedó sometido a nuestra consideración y resolución.

El artículo 347 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, igual al 1237 del Código Penal de California, prescribe que el acusado puede apelar de una providencia dictada des-pués del fallo que afecte los derechos sustanciales de la parte.

Los apelantes sostienen que su recurso está autorizado por ese precepto legal, pero se ha decidido por la Corte Su-prema de California que, en atención a lo dispuesto en la sección 1174 del Código Penal de dicho Estado, igual en lo pertinente al artículo 298 de nuestro Código de Enjuicia-miento Criminal, una orden rehusando aprobar un pliego de excepciones de acuerdo con los hechos, no es final y conclusiva y por consiguiente no cabe establecer contra ella el recurso ordinario de apelación.

En el caso de People v. Cox, 76 Cal., 281, se resolvió que cuando el juez sentenciador al aprobar un pliego de excep-ciones, rehúsa consignar lo que sucedió realmente, el remedio que tiene el apelante es irse en alzada a la Corte Suprema para probar la excepción que el juez se negó a establecer de acuerdo con los hechos, como prescribe la sección 1174 del Código Penal.

T en el de People v. Jackson, 138 Cal., 32, se decidió que: “La negativa de un juez sentenciador a aprobar un pliego de excepciones, o a permitir que se consigne una excepción de acuerdo con los hechos, no es una orden final y conclusiva que afecte los derechos sustanciales del acusado, de la cual se pueda apelar. El remedio es por mandamus para compeler al juez sentenciador a resolver sobre la aprobación, y por petición a esta Corte Suprema para probar la excepción que no se permitió establecer de acuerdo con los hechos.

“El procedimiento debe ser tal que permita completar el récord antes de que se presente la apelación en la Corte Su-prema. Es una práctica impropia tener pendiente la apela-ción de la sentencia al mismo tiempo que la apelación de una orden rehusando aprobar el pliego de excepciones en que se basa la apelación, y la apelación de esta última debe desesti-marse.”

A los efectos de una mayor ilustración sobre esta mate-ria, debe consultarse el caso de El Pueblo v. Fernández, 12 D. P. R., 36. Por error clerical se consigna en el resumen de dicho caso y en algunos párrafos de la opinión, la palabra “apelación” en vez de “alzada,” o “petición.” Claramente se concluye por la lectura de toda la opinión, que se trataba de^ un procedimiento seguido invocando el artículo 298 del Código' de Enjuiciamiento Criminal. El resumen y la opinión deben entenderse corregidos' en el sentido qne indicamos.

Por las razones expuestas, debe declararse con lugar la moción del Fiscal y desestimarse la apelación interpuesta en este caso contra las órdenes de 20 y 23 de abril de 1912,

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez PresideNTe Sr. HerNÁNdez,

text:
    Lizarribar v. Rossy, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 93.
    Resuelto en junio 8, 1912.
    Exposición del Caso — Enmiendas—Corrección de Errores en el Récord Ta-quigráfico — Certiorari.—El recurso de certiorari no es el procedimiento adecuado para conseguir que se dejen sin efecto las enmiendas ordenadas por una corte de distrito en una exposición del easo, pues si el juez cometió error al aprobar las enmiendas, el remedio para corregirlas se encuentra esta-blecido en las secciones 218 219 del Código de Enjuiciamiento Civil y en la sección 64 del reglamento de este tribunal, que aunque se refieren al easo en que baya sido denegada la aprobación de un pliego de excepciones o de una exposición del caso, tiene aplicación por analogía de razón al caso de que se trata, sin perjuicio de cualquier otro recurso que la ley autorice.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Enrique Rincón.

   El Juez PresideNTe Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por Simón de Lizarribar contra Benigno Luiña y. otros sobre cobro de pesos y liquidación de cuentas, el de-mandante apelante presentó escrito de exposición del caso, para cuya aprobación fué señalado el día 13 de abril último y en ese día presentaron los demandados un pliego de en-miendas que fueron discutidas, habiendo retirado el deman-dado una de ellas y sostenido las demás con oposición del demandante. Alegó éste que el récord no contenía fielmente las declaraciones de sus testigos Simón de Lizarribar y José Pousa Parés en ciertos particulares, por lo que interesó' que la corte señalara día y hora para subsanar los errores en que había incurrido el taquígrafo, mediante la comparecencia y juramento de ambos testigos con respecto a dichos errores, los que servían de fundamento a las enmiendas sostenidas por los demandados, y eran de tal naturaleza que de preva-lecer afectarían a la causa de acción del demandante.

La corte por resolución de 16 de abril citado declaró con lugar las enmiendas hechas por los demandados, y ordenó al demandante rehiciera el proyecto de exposición del cáso.

En moción jurada del mismo mes de abril solicitó el de-mandante la reconsideración de la orden que aprobó las en-miendas y pidió se señalara día para la comparecencia de los testigos Lizarribar y Pousa Parés, a fin de que bajo juramento declararan si las frases de sus respectivos testimonios a que se refieren las enmiendas, fueron proferidas como aparecen en el escrito de exposición del caso o como figuran en el récord taquigráfico, el cual debía ser enmendado con arreglo a la verdad de' los hechos.

La corte por orden de 15 de mayo próximo pasado, denegó dicha moción y la enmienda de los errores del récord, fundán-dose en que ninguna ley autoriza la rectificación de los récords taquigráficos equivocados, lo que .causaría un grave trastorno en el procedimiento.

' Los hechos que se dejan expuestos han sido alegados y jurados por la representación de Simón Lizarribar en soli-citud de auto de certiorari presentada a esta Corte Suprema en 27 de dicho mes, para que revisando los antecedentes del caso que se pedirán a la Corte de Distrito de San Juan, deje sin efecto las órdenes de 16 de abril y 15 de mayo a que se ha hecho referencia, y ordene que el juez de dicha corte de distrito fije día para la comparecencia de los testigos Simón Lizarribar y José Pousa Parés a fin de que declaren bajo juramento si las frases de sus declaraciones consignadas en el récord taquigráfico, fueron vertidas tales como aparecen en dicho récord o si las frases que vertieron fueron las consig-nadas en el escrito de la exposición del caso de la parte de-mandante.

Opinamos que el recurso de certiorari no es el apropiado a los fines que persigne el peticionario, pnes éste no invoca error alguno de procedimiento cometido por la corte inferior, ni falta de jurisdicción en ella. Sólo se propone conseguir que se dejen sin efecto las enmiendas ordenadas por dicha corte al escrito de exposición del caso que aquél presentó para su aprobación, y con el propósito de justificar la improce-dencia de tales enmiendas y para la rectificación del récord taquigráfico propuso la declaración bajó juramento de los tes-tigos Lizarribar y Pousa Parés que la corte rechazó.

Si el juez cometió error al aprobar las enmiendas, sea cual fuere su fundamento, el remedio para corregirlo se en-cuentra establecido en los artículos 218 y 219 del Código, de Enjuiciamiento Civil y en la sección 64 del Eeglamento' de esta corte, que aunque se refieren al caso en que baya sido denegada la aprobación de un pliego de excepciones o de una exposición del caso, deben tener aplicación igualmente por analogía de razón y en virtud del artículo 36 del Código citado, cuando se trate como en el presente caso de enmiendas de la exposición del caso ordenadas por la corte con oposición de la parte apelante, que no estima esas enmiendas ajustadas a la verdad de los becbos ocurridos en el juicio.

Teniendo el peticionario un remedio apropiado, rápido y eficaz para la defensa de su derecho, como el de que se deja hecho mérito, o cualquier otro que la ley le otorgue, a esos remedios ha debido acudir y no al recurso de certiorari que como de naturaleza privilegiada, solo cabe ordinariamente en aquellos casos en que no haya otro recurso ordinario, rápido y eficaz.

Procede denegar la expedición del auto de certiorari.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.