text:
    García, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 521.
    Resuelto en mayo 18, 1922.
    Indemnizaciones a Obreros — Declaratoria de Herederos — Dependencia.—Si l>ien en principio la Ley de Indemnizaciones a Obreros parte del principio de que los- bienes que adquiere el beneficiado con motivo del fallecimiento del causante lo son por título hereditario, para lo cual exige la previa declara-toria de herederos a fin de que pueda determinarse quién tiene derecho a la indemnización, sin embargo, los herederos que para su subsistencia dependían exclusivamente del causante exeluyen a los demás herederos del mismo grado en quienes no concurre tal condición de dependencia.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. E. Campillo.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

• Por escritura otorgada en San Juan, a 16 de diciembre de 1921, ante el notario Enrique Campillo Abrams, la recu-rrente en este caso adquirió por compra a los cónyuges Fer-mín Rodríguez y Matilde Lanza, una finca urbana radicada en el barrio de Santurce, de la ciudad de San Juan, y en la .misma escritura se expone que la recurrente Inés García está casada con don José Belén Camaclio, quien no comparece al otorgamiento de la escritura por efectuar la señora García la operación con dinero propio, procedente de la compensa-ción que le fué concedida por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros por la muerte de su lujo Luis Camacbo, según su resolución de noviembre 29 de 1920. Presentado este docu-mento al registro, el registrador denegó su inscripción, siendo la nota del registrador la siguiente:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de otros, por los motivos siguientes: Io. Que expresándose que el precio invertido en la adquisición del inmueble procede de la indemnización de referencia, no aparece haberse tramitado la declaración de here-deros del finado que prescribe la sección 8\ de la Ley sobre Indemni-zaciones a Obreros como quedó enmendada en 6 de mayo de 1920. 2o. Que resultando de la documentación que el finado dejó padre y madre, sin que tales extremos se hayan justificado y sin perjuicio de serlo en la expresada declaración de herederos, y debiendo regularse la propiedad del importe o indemnización en parte invertida en la compra por las disposiciones relativas a los derechos de sucesión, según así se desprende de la misma sección 8a. deben considerarse en tal caso como herederos presuntos del finado a su padre y a su madre conjuntamente en el supuesto de no haber dejado aquél des-cendientes, y no puede, por lo tanto, estimarse que tal precio o in-demnización, y por 'Consiguiente la finca comprada, pertenezca exclu-sivamente a la madre, no concurriendo tampoco a esta escritura su esposo don José Belén Camacho.”

No conforme con la nota del registrador la recurrente-lia establecido el presente recurso que ramos a considerar.

Podemos condensar los motivos que tuvo para rehusar la inscripción el registrador, en esta forma:

(a) No haberse cumplido con la tramitación o declarato-ria de herederos, para acreditar el derecho de sucesión de la recurrente;
(b) Y aun llenado el anterior. requisito, la solicitud de que se haga la inscripción como propiedad exclusiva de la recurrente, cuando existen personas herederas presuntas del mismo grado.

El párrafo tercero del artículo 8 de la Ley sobre Indem-nizaciones a Obreros, tal como fué enmendado en 6 de mayo de 1920, dice así:

“En caso de que la solicitud sea presentada por los que se consi-deren herederos de un obrero fallecido, la Comisión lo comunicará inmediatamente al Attorney General para que ante la corte de dis-trito que corresponda, por el fiscal de la misma o cualquier oficial jurídico facultado para actuar como fiscal, practique todas las dili-gencias procedentes hasta obtener la declaratoria de herederos del obrero fallecido, remitiéndola a la Comisión; Disponiéndose, que esta clase de expedientes serán tramitados con toda urgencia por las cortes sin necesidad de incluirse en el calendario especial; Y disponiéndose, además, que no se cobrará por la corte ni por sus funcionarios, costas ni derecho alguno por la tramitación j aprobación de tales expe-dientes, ni por las certificaciones que se libren para uso de la Co-misión. Los encargados del registro civil expedirán gratis todas las certificaciones que fueren necesarias al propósito indicado.”

Este párrafo lia sido una adición que se Rizo a la ley ci-tada para llenar una omisión que existía en la misma y de-terminar de este modo los parientes más cercanos con dere-cho a ser indemnizados. La Ley misma de Indemnizaciones a Obreros es la que prescribe la necesidad de la declaratoria de herederos en la sucesión intestada para determinar quié-nes deben ser las personas beneficiadas y la razón de la ley consiste en que el derecho del beneficiado a suceder en los derechos del obrero fallecido tenía que regirse en primer lugar por su grado de parentesco con el causante. Gomo puede observarse, si se presentare una reclamación por los ' que se consideren herederos, el párrafo citado impone a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros la obligación de co-municarlo al Attorney General para que proceda a tramitar la correspondiente declaratoria de herederos. Esa misma ley quedó enmendada en ese sentido el 6 de mayo de 1920, y la resolución por la referida comisión tiene fecha 29 de no-viembre de 1920. De esto simplemente resulta que la comi-sión no cumplió en ese extremo con la disposición taxativa de la ley. T no se puede argüir que la necesidad de subsis-tencia exclusiva ‘de que dependiera el heredero presunto del obrero fallecido, es la única cuestión de la competencia ex-clusiva de la comisión. Si esto fuera así, hubiera sido inútil e innecesaria la prescripción de la ley al disponer que se lleve a efecto la declaratoria de herederos para determinar y fijar de este modo quiénes habían de ser las personas fa-vorecidas por razón de parentesco. Si la Ley de Indemni-zaciones a Obreros parte en primer lugar del derecho suce-sorio, o sea, que el beneficiado tenía derecho a la indemniza-ción por razón del parentesco, hay que llegar a la conclusión de que el registrador tiene razón al consignar como primer defecto para no inscribir, la falta de tramitación de la de-claratoria de herederos para que en esta forma conste en el registro el derecho de la recurrente y produzca la inscrip-ción del mismo todos los efectos legales contra terceros.

El segundo defecto señalado por el registrador es todavía de más seria consideración. Admitido que se había subsa-nado ei primer defecto, es cuestión ahora a decidir si aun habiéndose tramitado la declaratoria de herederos, el grado de parentesco está subordinado a la necesidad de la subsis-tencia de aquellos parientes que dependían exclusivamente del causante. Es decir, si dentro del mismo grado de paren-tesco, como en el presente caso, la madre puede excluir al padre en la participación de la indemnización concedida por el fallecimiento de su hijo y por la sola razón de estar aquélla dependiendo exclusivamente para su subsistencia del cau-sante.

•El inciso quinto del artículo tercero de la Ley de Indem-nizaciones a Obreros, tal como quedó enmendado en junio 19, 1919, dice:

“5. Si el obrero u obrera perdiera la vida como resultado de lesiones sufridas y ocurriere la muerte dentro de un año después del accidente, j como consecuencia de éste, los padres, la viuda o-viudo, los hijos y nietos legítimos y en su caso los hijos ilegítimos, sean o no naturales, del obrero u obrera fallecido, todos los cuales depen-dían exclusivamente para su subsistencia de lo que ganaba aquél o aquélla, recibirán una compensación de tres mil (3,000) a cuatro mil (4,000) dólares como máximum, que se graduará en atención a la capacidad económica del obrero u obrera fallecidos, al número de personas con derecho a recibir compensación y a las condiciones y necesidades de éstas; la cual compensación se distribuirá por partes iguales entre todas las personas con derecho a ella. En defecto de las personas antes mencionadas, el padre o madre de crianza, o el pariente de más cercano parentezeo que dependiere exclusivamente de lo que ganaba el fallecido, recibirá una compensación de dos mil (2,000) a cuatro mil (4,000) dólares, como máximum, y si fuesen varios los parientes cercanos con derecho a compensación, ésta se dis-tribuirá entre ellos en partes iguales.
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Parece interpretarse de la disposición inserta que la Ley sobre Indemnizaciones a Obreros da cierta preferencia a de-terminado pariente dentro de un mismo grado por razón de la subsistencia exclusiva de que dependían del causante.-Esta es la interpretación que le damos a dicha ley siguiendo el texto literal de sus palabras. Pero tal interpretación pa-rece estar en oposición a lo que dispone el Código Civil sobre derechos sucesorios, y nuestra posición sería decidir si existe tal conflicto y cómo debemos resolverlo. Sin embargo, dada la naturaleza especial de la Ley de Indemnizaciones a Obre-ros, no podíamos sostener que haya un conflicto de legisla-ción al estatuir esa ley una preferencia en favor de uno o más herederos dentro del mismo grado con exclusión de otros. El Código Civil Revisado y la Ley de Indemnizaciones a Obreros son leyes que giran en órbitas distintas. La última obedece a exigencias sociales para llenar moldes más amplios en el presente en vista de cambios económicos e industriales que se han ido desarrollando en el curso del tiempo. “El interés del público, sin embargo, no está limitado en la actua-lidad a medidas positivas para la protección de la vida o algún-miembro. En el lenguaje de la Corte Suprema de los Estados Unidos ‘uno de los fundamentos de su relación con la vida continuada y el poder económico protector es su interés en la prevención del pauperismo con sus concomitentés del vicio y del crimen. Y en nuestra opinión las leyes que regu-lan la responsabilidad de los patronos por lesiones o muerte de empleados, que surja del empleo mismo, guarda tan ín-tima relación con la protección de la vida y seguridad de aquéllos a quienes afectan que propiamente pueden ser con-sideradas como comprendidas dentro de la categoría de re-glamentaciones de policía * * * * ’ El poder de policía es para el público lo que la ley de necesidad es para el indi-viduo. Está comprendido en la máxima salus populis su-prema le-jo. No es nna regla; es una evolución.” 28 R. C. L. 741.

En la página 752 del mismo volumen citado se lee: <£E1 seguro a obreros y las leyes de compensaciones son el pro-ducto del desenvolvimiento de la idea social y económica de la industria que siempre lia soportado el peso de deprecia-ción y destrucción de la necesaria maquinaria también llevará el peso de reparar la eficiencia de las máquinas Rumanas sin las cuales la industria misma no podría existir.” Estas con-sideraciones nos demuestran que estamos discurriendo sobre una ley que es una verdadera innovación en nuestros esta-tutos y que fiemos entrado en un terreno verdaderamente virgen en relación con nuestras antiguas leyes. Si las dis-posiciones de la nueva ley chocan o son incompatibles con otras leyes, tenemos que aplicar a aquella ley el espíritu liberal de interpretación que se le fia venido dando por todos aquellos Estados en que fia sido adoptada y no sería atre-vido afirmar que toda disposición legal existente en nuestros estatutos que fuera contraria a la Ley de Indemnizaciones a Obreros había quedado enmendada o derogada, según el caso. Las cortes generalmente fian sostenido que un espí-ritu de liberalidad debe caracterizar su interpretación. ’ ’ Véase la misma obra, página 755.

No es, pues, cosa extraña que tengamos que aceptar que si bien en principio la Ley de Indemnizaciones a Obreros parte del principio de que los bienes que adquiere el bene-ficiado con motivo del fallecimiento del cansante lo son por título hereditario, dentro de este principio establece ex-cepciones dando la preferencia a aquellos parientes o per-sonas que dependían exclusivamente del obrero fallecido; la misma ley establece las diferencias dentro de un mismo grado de parentesco y esa es una disposición absoluta que actúa en círculo distinto a las disposiciones del Código Civil que ■establece otra regla para disposición y partición de herencia. Porque la idea es .que no se trata de una herencia propia-mente dicha en el caso de la mnerte de un obrero por acci-dente del trabajo sino de una compensación que tiene todos los caracteres del seguro y que se concede al beneficiario legal o sea a la persona o personas que dependían exclusivamente del difunto para su subsistencia y mantenimiento.

La razón de dependencia exclusiva es condición sine qua non para tener derecho la persona o personas reclamantes. La Ley de Indemnizaciones a Obreros enumera las clases de personas que tienen este derecho a reclamar. Inciso quinto del artículo 3 supra citado. Si no se está dentro de la cla-sificación que hace la ley, y aun así, si no se está en una re-lación de dependencia exclusiva por razón de la subsistencia, no hay derecho a la compensación fijada por la ley. “De acuerdo con una mayoría de las leyes de compensaciones a obreros ninguna persona tiene derecho a compensación a me-nos que esté comprendida en una de las clases enumeradas, ni se autoriza a que se le haga un pago aun cuando sea miembro de una de las clases de parientes, a menos que pueda establecer que dependía del causante para su subsis-tencia.” 28 R. C. L. página 770.

Para concluir diremos que existen ya precedentes en donde se establece una distinción entre la' ley misma de com-pensaciones a obreros y en cuanto a las- personas que como herederos deben recibir el beneficio de la ley y las personas que por otros estatutos establecen el derecho a suceder los bienes en general del difunto. Podemos afirmar que aque-llas personas de que habla la Ley de Indemnizaciones a Obreros se denominan beneficiarios legales más bien que he-rederos legales. A este respecto en el tomo citado, en la página 776, se dice: “Bajo algunos estatutos son los bene-ficiarios legales los que tienen derecho a compensación, y esto se interpreta en el sentido de que se refiere a aquellas personas que se especifican en la ley de indemnizaciones por fallecimiento del obrero, y no a las clases enumeradas en el estatuto sobre herencia y su partición.”

En consecuencia la teoría del registrador en cnanto al segurado motivo de sn nota denegatoria es enteramente in-fundado y debe confirmarse dicha nota únicamente en cnanto se refiere al primer motivo.

Confirmada la nota sólo por él primer motivo de la misma.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sé. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vargas, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción a la Ley de Automóviles.
    No. 1901.
    Resuelto en mayo 18, 1922.
    Automóviles — Luces Nocturnas. — Siendo el propósito de la ley al ordenar que los automóviles que se dejen parados de noche en las calles, callejones o ca-minos, sean dotados de luces, el evitar accidentes; tal propósito queda cumplido cuando como en este caso si Men no se encendieron las luces del mismo automóvil, en el sitio donde se dejó parado había luz bastante para hacerlo visible en todas direcciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Forés.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sé. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Eugenio Vargas de una infracción a la Ley de Automóviles consistente en haber dejado parado,, a las diez de la noche del 22 de septiembre de 1921, en la calle “Carbonell” de Cabo Rojo, P. R., un-auto sin luz. Se probó la acusación, pero se alega que el hecho imputado y probado no es constitutivo de infracción alguna.

El artículo 8 de la Ley No 75 de 1916 dispone que “des-pués de la puesta del sol no se dejará ningún automóvil en un camino público sin dotarlo de luces suficientes, visibles en todas direcciones, para evitar peligros a las personas que usaren dicho camino.” Y la misma ley, en su artículo 1, prescribe que “camino público significará cualquier camino, insular o municipal, o cualquier calle o callejón de cualquier municipio.” Véase la versión inglesa, de la ley.

El apelante admite que la que acabamos de citar es la única ley aplicable, pero sostiene que dicha ley no comprende el caso de dejar un automóvil en una calle perfectamente iluminada, ya que entonces no existe el peligro que se trató de evitar por la ley. Y sostiene además el apelante que la prueba demostró que la calle “Carbonell” en la noche de que se trata, estaba iluminada con luz eléctrica suficiente.

Creemos que tiene razón el apelante. ' La ley no sólo or-denó que se tomara determinada medida, sino que expuso la razón que se tuvo para ello. Lo natural es que desde el mismo automóvil parta la luz a fin de que todas las personas se den cuenta de que está allí, en la calle o camino. Pero si desde otro sitio irradia luz bastante para hacer visible el automóvil en todas direcciones, entonces el propósito de la ley queda cumplido y no se comete infracción alguna.

En el presente caso uno de los testigos de cargo, el po-licía López Barreto declaró “que el auto estaba parado cerca del cine ‘Libertad’: que en la citada calle hay luz eléctrica pero las bombillas son pequeñas y estaba alumbrada la calle con esa luz: que le dijo al acusado que encendiera las luces y que desde muy lejos vió el automóvil apagado.”

A virtud de todo lo expuesto, .debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la lista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Díaz et al., Demandantes y Apelantes, v. Rosado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.

      No. 2247.
    Resuelto en mayo 18, 1922.
    Alegaciones — Incongruencia entre las Alegaciones y la Prueba. — De acuerdo con los artículos 136, 137 y 142' del Código de Enjuiciamiento Civil no es bastante con que una parte meramente alegue durante el juicio que lia sido inducida a error, a causa de incongruencia entre las alegaciones y la prueba, sino que deberá demostrar de algún modo a satisfacción de la corte senten-ciadora que la incongruencia es esencial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogados de los apelados: Sres. A. M. Villamil y*F. R. Flores.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

La demanda enmendada presentada en este caso alega, entre otros particulares, lo siguiente:

“3. Los demandantes son actualmente los únicos y legítimos due-ños en comunidad de la siguiente propiedad inmueble:
“ ‘PARCELA de terreno de 4 cuerdas, equivalentes a 1 hectárea 57 áreas 21 centiáreas de extensión, situada en el barrio de El Pueblo, del término municipal de Barceloneta, Distrito Judicial de Are-cibo, y linda por el norte, actualmente con la calle denominada Lienza Feliú, y solares de la Sucesión Martínez & Eguen, antes te-rrenos de la Central Plazuela adquiridos de don Bonocio Lienza; por el oeste con terrenos que actualmente son de la Central Pla-zuela y antes fueron de don Bonocio Lienza; por el este con el río Manatí; y por el sur con el camino que conduce al Puente Marrero, hoy calle de la Unión.’
“4. Los demandantes, en unión de su hermano fallecido don Manuel Díaz Lienza, adquirieron la mitad de dicha parcela de terreno a título de herencia de su abuelo don Bonocio Lienza y Feliú según el testamento que otorgara en Manatí ante el notario don Francisco I. Náter el 6 de febrero de 1891, y la otra mitad a título de herencia de su madre doña Joaquina Lienza y Gago según su testamento otor-gado en 1893 ante el mismo notario. Y se hace constar aquí que en la fecha de dichas adquisiciones los demandantes eran todos - me-nores de edad, y que la participación que correspondió al otro here-dero fallecido en la menor edad D. Manuel Díaz Lienza, pasó a la propiedad de su padre don Manuel Díaz Fonseca a título de heren-cia y de este último a los demandantes por igual título hereditario.
“5. Dichas cuatro cuerdas de terreno se hallan actualmente atra-vesadas de norte a sur por una calle denominada "Calle del Conde de Caspe’ y de este modo el terreno en cuestión está dividido en dos trozos de norte a sur separados, por la referida calle. Tanto el trozo del este como el del oeste se hallan actualmente divididos en solares, formando cada trozo una manzana de solares. La man-zana del este, o sea, la comprendida entre la -calle del "Conde de Caspe’ y el río Manatí se halla actualmente dividida en diez so-lares; de los cuales, contando desde el norte, el solar número 1 lo está detentando y poseyendo actualmente el demandado Francisco Estela; el número 2 lo detenta Alejandro Fernández; el número 3 Ramona Balseiro; e]. número 4 Manuel Massó; el número 5 Evan-gelista Caballero; el número 6 Santiago Acevedo; el número 7 Pri-mitivo Mercado; el número 8 Sucesión Martínez & Eguen y la de-nominada Sucesión de Avelino Natal; el número 9 Ambrosio Sán-chez; y el número 10 José I. Santana. Y la manzana del oeste, o sea, la comprendida entre la calle del 'Conde de Caspe’ y los terre-nos de la Central Plazuela se halla actualmente dividida en nueve trozos o solares, de los cuales contando desde el norte, el solar nú-mero 1 lo están detentando y poseyendo los demandados Adolfo Eguen y Vicente Arzuaga; el número 2 lo posee y detenta la sociedad que hemos denominado 'Culto Protestante;’ el 3 lo detenta Isabel Caballero; el 4 los demandados Venancio González e Isaac Martínez; él 5 Evangelista Caballero; el 6 Fernando Suria y Juan T. Puig; el 7 Alejandro Fernández y Antonio Rodríguez Avilés; el 8 Ramón Rosado; y el 9 Ramón Balseiro. Y aquí alegamos que los referidos demandados están todos poseyendo, ocupando y detentando el terreno descrito sin ningún título legal para ello y contra la voluntad y sin el consentimiento de los demandantes.”

Los demandantes apelan de una sentencia que declara sin lugar la demanda por los motivos consignados en la opinión del juez sentenciador de la cual extractamos lo siguiente:

“Fué anotada la rebeldía de los demandados, ‘El Culto Protes-tante,’ y José Y. Santana.
“Los demandados contestaron negando los beebos esenciales de la demanda y alegando bailarse cada uno en posesión de un solar en el pueblo de Barceloneta, quieta, pública y pacíficamente, adqui-rido con justo título de otra persona, y como legítimos dueños.
“Antes del juicio, y a virtud de escrito de transacción presen-tado por los demandantes por su abogado Sr. Llorens Torres, y los demandados Ramón Balseiro y Ramón Rosado, por el suyo Sr. ITuyke, la corte, a petición de los mismos y conformes a lo dispuesto en el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil, dictó sentencia en cuanto a los dicbos demandados, de acuerdo con la presentada tran-sacción.
“Al terminar la prueba de los demandantes, en el acto del juicio, a petición del abogado del demandado Yenaneio González, con la conformidad del abogado de los demandantes, la corte, sobreseyó el caso en cuanto a dicbo demandado Yenaneio González.
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“En las operaciones divisorias del caudal relicto al fallecimiento de don Bonocio Lienza y Feliú, verificadas en mayo de 1892, les fué adjudicado a los demandantes ‘doscientos pesos en el valor de cuatrocientos o mitad del dominio de un predio rústico en el barrio del ‘Pueblo’ término municipal de Barceloneta, de cuatro cuerdas, colindantes por el norte y oeste, con tierras de don Bonocio Lienza; este, con el río Manatí y sur con don Bonocio Lienza y camino que conduce al Puente Marrero. Es de observarse que en la anterior descripción no se menciona la calle del Conde de Caspe del pueblo de Barceloneta y sí en las de otras fincas comprendidas en la misma escritura particional.
“Los demandantes han presentado como antecedentes de título de la finca que tratan de reivindicar, la expresada adjudicación he-cha en la mencionada escritura de mayo de 1892, y otra escritura de 11 de febrero de 1846, otorgada cuarenta y seis años antes, en la que consta la venta hecha por don Ignacio G-uzmán a don Bonocio Lienza de una cuerda de terreno, que no se describe, y de tres más, que tampoco se describen.
“También han presentado las operaciones divisorias del caudal relicto al fallecimiento de doña Joaquina Lienza y Gago, practicadas por escritura de 11 de febrero de 1895, en las que se adjudica a los demandantes, ‘un condominio por la mitad de su valor por oncena parte y en común y proindiviso, en un predio rústico radicado en el barrio del ‘Pueblo,’ término municipal de Barceloneta, compuesto de cuatro cuerdas, colindantes por saliente el río Manatí, norte tierras de doña Joaquina Gago, poniente doña Clementina Lienza y sud el camino que conduce a Puente Marrero, dividida en dos fincas por la calle del Conde de Caspe.
‘ ‘ Como es de verse, los tres documentos producidos, por la parte demandante no establecen relación alguna de identidad entre las fincas que en ellos se describen, y la que se pretende reivindicar, y desde luego, mucho menos pueden demostrar la de todos y cada uno de los solares que se reclaman, con la finca que se describe en la demanda, y que formen parte de ella.
“Los demandados, en sus respectivas contestaciones, negaron po-seer finca alguna perteneciente a los demandantes, y éstos con arreglo al artículo 108 de la Ley de Evidencia, estaban en el deber de pre-sentar evidencia para probar su afirmación.
“No han demostrado los demandantes del modo completo y eficaz que requieren las acciones sobre reclamación y reivindicación de bie-nes, la identidad de la finca descrita en el hecho III, de la demanda, como adquirida por mitad en el año 1895, por herencia de su madre doña Joaquina Lienza y la otra mitad por legado de su abuelo don Bonocio Lienza; y mucho menos, que todos y cada uno de los so-lares indicados en el hecho Y de la demanda sin describirse, formen parte de la finca descrita en el hecho III.
“Con arreglo al artículo 450 del Código Civil, el poseedor en con-cepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo.
“En un pleito sobre reivindicación no basta describir la finca que se trata de reivindicar, sino^ que es necesario probar además que esa finca está en poder de' los demandados. Tal prueba no existe en el presente caso.
“Aún-cuando el hecho de no haber justificado los demandantes la identidad de la finca reclamada, releva a los demandados de la prueba de sus respectivos títulos de posesión, en virtud de la pre-sunción legal que a su favor determina el artículo 450 del Código Civil, es lo cierto que ellos han presentado documentos públicos cre-ditivos de su respectiva legítima adquisición de los solares que ocu-pan con sus casas, y de una posesión de los mismos como tales due-ños que unas veces por sí sola y otras computadas con la de sus ven-dedores constituye a su favor un título de prescripción adquisitiva, determinante de la extinción del derecho a acción de los deman-dantes, si alguno tuvieren, toda vez que, como dice el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 2 de marzo de 1912: ‘la pres-cripción adquisitiva, tanto la ordinaria-como la extraordinaria, acaso en pugna en determinada circunstancia con el ideal de la Justicia, es, al fin, una institución jurídica social establecida por los legisla-dores de todos los pueblos y tiempos que enlazándose con el origen y fundamento de la propiedad constituye título legítimo para que el poseedor de una cosa, que su verdadero dueño abandona, la haga aquél suya, si este último, durante el lapso de tiempo que las leyes, estatuyen deja de recuperarla, pues si así no fuere, ni habría con-sagración de la fortuna, ni se evitarían las contiendas a que la ines-tabilidad del dominio pudiera dar lugar.”
“No se ha probado por los demandantes, que hayan estado al-guna vez en posesión de la finca y sí se ha probado que desde allá por el año 1882 comenzó a urbanizarse el pueblo de Barceloneta, sin que ni los demandantes ni sus causantes aparezcan en todo ese largo período de tiempo hasta el presente, verificando acto alguno de due-ños sobre porción determinada de terreno que reclamara como suyo, ni que estuvieran o hayan estado en la posesión material del mismo y por el contrario se ha probado por los demandados, como hemos dicho con una prueba documental pública, inscrita en su mayor parte, y testifical, el poseer éstos por sí y sus antecesores, pacíficamente, sin interrupción y en concepto de dueños, con justo título de transmi-sión del dominio y buena fe, por más de diez años, los solares que ocupan con sus casas y establecimientos respectivos.
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“Es un hecho declarado por el testigo de los demandantes, Guillermo Carrión, que el pueblo de Barceloneta, se fundó en el año 1882 y entonces también la calle del Conde de Caspe que divide el pueblo, comprándose sucesivamente los terrenos y fabricándose las casas.
“El testigo Yenancio González Olivo, declara que el pueblo de Barceloneta se fundó en el año 1882, en el cual llegó él y ya existía abierta la calle del Conde de Caspe, y a los lados de ésta varias casas, continuándose fabricando en ese sitio; y el testigo Fernando Suria, de cincuenta y seis años de edad, y que dice que ha vivido siempre, toda su vida, en el pueblo de Barceloñeta, declara que cuando la tormenta de San Ciríaco poseía la manzana del lado oeste de la calle del Conde de Oaspe, ‘E. Giorgetíi y Cía.’ y la otra Miguel Arzuaga, quienes la poseían en 1898, desde cinco años antes, siendo esos los solares que hoy ocupan los demandados.
“Estos, como hemos dicho, han producido una prueba documental completa justificativa de su respectivo derecho de propiedad, sobre el correspondiente solar ocupado por cada uno de ellos.”

No se hacen señalamientos- de error por separado pero del alegato de los apelantes citamos lo suficiente para mostrar los fundamentos por virtud de los cuales se solicita la revo-cación de la sentencia, a saber:

“1. La corte apelada erró al decidir, como fundamento de su sentencia, que hay falta de claridad y precisión en las alegaciones de la demanda..
“2. La corte apelada erró al desestimar la demanda fundándose en que hay falta de causa de acción, o sea, que la demanda no con-tiene las alegaciones necesarias para determinar la acción reivindi-catoría que en ella se ejercita. Tal excepción fué propuesta por los demandados, y la corte, al decidir ese punto como excepción previa, resolvió en contra de los demandados, decidiendo que la demanda contiene todas las alegaciones necesarias.
“3. La corte apelada erró al decidir que no basta acreditar el de-recho a virtud del cual se adquirió la cosa reclamada sino que es necesario justificar el dominio actual, pues si bien es cierto que tal doetrma aparece de acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta honorable corte en el caso de Quintero v. Sosa, no lo es menos que tal doctrina ha sido posterior y recientemente modificada por nues-tra suprema autoridad jurídica.
“4. La corte erró en su opinión al decidir que no basta que los demandantes bayan probado sn título bereditario y que sus causantes poseyeron el inmueble reclamado, sino que debieron probar también que ellos (los demandantes) lo estuvieron poseyendo algún tiempo. Tal es un craso error, pues es elemental que el heredero hace suya la posesión de su causante.
“5. La corte apelada erró al decidir que la acción de los deman-dantes estaba prescrita; pues, en primer lugar, tal defensa no fué puesta por ninguno de los demandados, y en segundo lugar no se probaron en el juicio todos los hechos necesarios para dicha pres-cripción. Y por iguales razones la corte erró al basar su fallo en la prescripción adquisitiva del dominio por parte de los demandados.
"6. La corte apelada también erró en la apreciación de la prueba, ya que de la prueba documental y testifical presentada por los de-mandantes, quedaron plenamente probadas todas las alegaciones de la demanda que habían sido impugnadas en las diferentes contes-taciones.
“7. La corte apelada erró durante la sustanciación del juicio, al admitirle a los demandados pruebas documentales y testificales sobre materias no alegadas como defensa en la contestación; a cuyo efecto consta en nuestras oposiciones y excepciones tomadas en las páginas 99, 103, 108, 112, 146 y 164 de la transcripción de la evidencia, en cuya última página, al admitir dichas pruebas el honorable juez de la corte apelada, lo hizo bajo el fundamento de que tiene la prác-tica de no negar prueba.
“8. La corte apelada erró también en sus resoluciones durante el interrogatorio al notario Juan Z. Rodríguez, que figura en las páginas 167 y siguientes de la transcripción. En dicho interroga-torio, en que aparecen las objeciones de los demandantes, se puede ver que la corte admite preguntas sobre materias no alegadas; y en él aparece también el error de la corte en su fallo general, al decidir que los demandantes no probaron su título y la identidad del inmueble, pues en la página 168, con motivo de dicho interro-gatorio, aparece el abogado de los demandados admitiendo que la parcela reclamada por los demandantes y poseída en varios solares por los demandados, es la misma que los demandantes heredaron de su madre doña Joaquina Lienza, pero dice que los demandantes no son dueños porque doña Joaquina Lienza la vendió antes de morir, y para probarlo presenta la declaración del notario Juan Z. Rodríguez. Entendemos, por tanto, que al presentar tal prueba los demandados y al hacer tales manifestaciones su abogado señor Flores, quedaron admitidas las alegaciones esenciales de los demandantes; y abora sólo falta saber si los demandados probaron ser cierto que doña Joaquina Lienza vendió dicha parcela antes de morir.
“9. La corte erró también en-la resolución que le dió al incidente que figura en la página 172 de la transcripción. Dicho incidente es otra admisión que los demandados hicieron en el mismo sentido que la anterior, pues querían probar que ellos son dueños de los so-lares que se les reclaman por haberlos adquirido de la madre y cau-sante de los demandados. Al formular nuestra oposición en aquel momento hicimos constar las razones y nos abstenemos ahora de mo-lestar reproduciéndola, limitándonos a pedir que esta Corte Suprema las tenga en cuenta en su resolución, a cuyo efecto damos por repro-ducidas aquí nuestras razones expuestas en las páginas 172 y 173 de la transcripción, ampliadas en la página 182 de la misma.
“10. Y asimismo la corte apelada erró durante la sustanciación de la evidencia documental y declaraciones testificales, al desestimar las objeciones de los demandantes, sobre las cuales se tomaron ex-cepciones que damos aquí por reproducidas como fundamentos de tales errores.”

Una de las contestaciones después de formulada excepción previa por no aducir la demanda hechos suficientes para de-terminar una causa de acción, a la que siguen varias admi-siones y negativas específicas y una negativa general de to-das las alegaciones de la demanda que no hayan sido admi-tidas expresamente en la contestación, es la siguiente:

“1. El demandado Juan T. Puig alega: que él posee en la actua-lidad en el pueblo de Barceloneta, quieta, pública, pacíficamente y con justo título debidamente inscrito en el registro de la propiedad un solar que hubo por compra que de él hizo a don Fernando Suria, según escritura pública otorgada ante el notario don José Alegría Santos, en el pueblo de Barceloneta a 2(4 de julio de mil novecientos catorce, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Areeibo al folio primero vuelto del tomo veintiuno de Barceloneta, finca número novecientos cuarenta y nueve inscrip-ción segunda.
“Y se alega ahora por este demandado, que su vendedor don Fernando Suria adquirió dicha finca por compra que de ella hizo a don Evangelista Caballero, según escritura pública otorgada ante el no-tario don Manuel Paz Urdaz, inscrita al folio primero del tomo vein-tiuno de Barceloneta finca número novecientos cuarenta y nueve ins-cripción primera, habiéndola poseído este vendedor con justo título .y en concepto de dueño por espacio de muchos años, alegándose ade-más que don Evangelista Caballero a su vez poseyó dicho solar con justo título y sin interrupción alguna.
“2. El demandado Antonio Rodríguez Avilés alega: que el solar que él posee en el pueblo de Barceloneta forma parte, o mejor dicho, es la mitad del que don Juan T. Puig compró a don Fernando Suria, pertenece a este demandado por compra que de él hizo según escri-tura otorgada en 8 de abril de 1915 ante el notario Angel Yillamil, poseyéndolo por tanto con justo título y sin oposición de persona alguna.
“3. El demandado Isaac Martínez alega: que el solar y casa que él posee en el pueblo de Barceloneta lo hubo por compra que de él hizo a don Yenancio González Olivo según escritura pública otorgada en Barceloneta en 21 de enero de 1913 ante el notario don José Alegría Santos, y que se encuentra debidamente inscrito en el registro de la propiedad al folio 71 vuelto del tomo 15 de Barce-loneta, finca número 781 inscripción sexta. Y se alega ahora por este- demandado, que don Yenancio González poseyó dicho solar por espacio de muchos años con justo título y sin interrupción alguna.
“4. El demandado Santiago Acevedo alega: que un solar que posee en el pueblo de Barceloneta lo hubo por compra que de él hizo a don Miguel Arzuaga según escritura número 70 otorgada ante el notario don Francisco Prado Morales en el pueblo de Manatí a 9 de mayo de 1906, habiéndolo poseído desde dicha fecha quieta, pública y pacíficamente de buena fe y con justo título. Y se alega además que don Miguel Arzuaga también poseyó dicho solar sin oposición de persona alguna y lo tenía inscrito en el registro dé la propiedad al folio 175 del tomo 14 de Barceloneta finca número 756 inscripción primera.
“5. El demandado Ambrosio Sánchez alega: que posee un solar en el pueblo de Barceloneta por compra que de él hizo a don Luis Arzuaga como apoderado de don Miguel Arzuaga según escritura otorgada en Barceloneta a 10 de noviembre de 1906 ante el notario E. Fernández Yanga, y se encuentra inscrita en el registro de la propiedad al folio 177 del tomo 16 de Barceloneta, sección segunda de Manatí, finca número 283 inscripción primera. Y se alega ahora por este demandado que su vendedor don Miguel Arzuaga también poseyó por espacio de muchos años dicho solar sin interrupción ni oposición de persona alguna.
“6. El demandado Manuel Massó alega: que el solar que posee en el pueblo de Bareeloneta lo hubo por compra que de él hizo a don Miguel Arzuaga según escritura pública otorgada en el pueblo de Manatí el 3 de agosto de 1905 ante el notario Francisco Prado Morales, inscrita en el registro de la propiedad al folio 222 del tomo 14 de Bareeloneta sección segunda de Manatí, finca número 762 ins-cripción primera. Alega ahora este demandado que dicho solar lo poseyó don Miguel Arzuaga con justo título, debidamente inscrito en el registro de la propiedad por espacio de muchos años, sin que persona alguna les haya interrumpido en su posesión.
“7. Todos los demandados aquí representados, alegan, que los solares anteriormente expresados no han sido ni son parte de la par-cela de terreno descrita en el hecho tercero de la demanda, negán-dose así que ninguno de dichos .solares se encuentra incluido en dicha parcela de terreno.
“8. Los demandados también alegan, que ninguno de ellos de-tenta ni disfruta ningún solar que pertenezca o haya pertenecido a los demandantes en esta acción, alegándose además, que dichos de-mandantes no poseen ni han poseído en ninguna fecha ninguna par-cela de terreno ni parte de ella que esté comprendida dentro de los límites de los solares antes indicados no teniendo así ningún título inscrito, ni eficiente para su inscripción en el registro de la pro-piedad. ’ ’

En otra contestación después de una excepción previa y admisiones y negativas semejantes, se dice lo siguiente:

“El demandado Primitivo Mercado alega: que él posee en la actualidad en el pueblo de Bareeloneta un solar _ que tiene inscrito en el registro de la propiedad al folio 52 vuelto del tomo 17 de Bar-celoneta, sección segunda de' Manatí, finca número 838 inscripción segunda. Que dicho solar lo está poseyendo con justo título, quieta, pública y pacíficamente- desde el 30 de mayo de 1909 en que lo ad-quirió por compra que de él hizo a don Eusebio Terrón Santiago según escritura pública número 197 otorgada dicho día ante el no-tario Manuel Paz Urdáz. Se alega ahora por este demandado, que su vendedor también poseyó por espacio de muchos años con justo título, quieta, pública y pacíficamente dicho solar, y sin oposición de persona alguna.
“2. El demandado aquí representado alega, que el solar anterior-mente expresado no ha sido ni es parte de la parcela de terreno des-crita en el hecho tercero de la demanda.
“3. Este demandado también alega, que él no detenta, ni dis-fruta ningún solar que pertenezca o baya pertenecido a los deman-dantes en esta acción, alegándose además, que dichos demandantes no poseen ni ban poseído en ninguna fecha ninguna parcela de te-rreno ni parte de ella que esté comprendida dentro de los límites del solar antes indicado, no teniendo dichos demandantes ningún título, derecho ni interés sobre dicho solar.
“El demandado Francisco Estela alega: que él posee en la ac-tualidad en el pueblo de Barceloneta un solar que hubo su esposa por compra que de él hizo a don Bonocio Bamos según escritura nú-mero 25 otorgada ante el notario don Eduardo Acosta Quintero, en Manatí a 9 de julio de 1912. Que dicho solar lo está poseyendo con justo título, quieta, pública y pacíficamente desde la fecha de su adquisición, alegándose además, que don Bonocio Bamos hubo dicho solar por compra que de él hizo a don Esteban Olivi y Laureano quien también ló poseyó a título de dueño por espacio de muchos años.
“2. El demandado Francisco Estela asimismo alega, que el solar anteriormente expresado no ha sido ni es parte de la parcela de te-rreno descrita en el hecho tercero de la demanda.
“3. Dicho demandado también alega, que él no detenta, ni dis-fruta ningún solar que pertenezca o haya pertenecido a los deman-dantes en esta acción, alegándose .además que dichos demandantes no poseen ni han poseído en ninguna fecha ninguna parcela de te-rreno, ni parte de ella que esté comprendida dentro de los límites del solar antes indicado, no teniendo dichos demandantes ningún tí-tulo, derecho ni interés sobre dicho solar.”

Otros dos demandados después de hacer ciertas admi-siones en su contestación alegan:

“III. Niegan los demás hechos de la demanda, y en su lugar afir-man : que Alejandro Fernández García poseyó y Antonio Bodríguez Avilés posee el solar número siete a que se refiere el hecho quinto, en virtud de compra que hizo el primero de dichos señores a Bamón Bosado, y han ejercido y ejercen su derecho de buena fe, con justo título, y abiertamente; y en cuanto al solar, número dos lo posee Alejandro Fernández por igual título de compra y también de buena fe, públicamente y con justo título. Y alegan además que la finca de cuya reivindicación se trata jamás fué adjudicada a los deman-dantes a título de herencia, ni adquirieron la propiedad de la misma en esa ni en ninguna otra forma.”

En otra contestación que fné presentada después de deses-timada la excepción previa formulada por los demandados se alega lo siguiente:

“Ramón Balseiro, Ramón Rosado, Fernando Suria, Evangelista Caballero, Venancio González, Isabel Caballero, Vicenta Arzuaga, Ramona Balseiro, Sociedad Martínez & Eguen, M. Martínez & Eguen, Adolfo Eguen y Sucesión de Avelino Natal, demandados en el caso que arriba se expresa, comparecen por conducto de su abogado H. Díaz, y contestando la demanda alegan y exponen:
“Ia. Defensa.
“Estos demandados niegan todos y cada uno de los hechos que en la demanda se indican y que no estén conformes con las siguientes alegaciones:
“2a. Defensa.
“1. Reclaman los demandantes diez onzavas partes proindivisas de la parcela de terreno de cuatro cuerdas que en la demanda des-criben, sin describir asimismo, determinando sus colindancias, esas diez onzavas partes. Y afirman que dentro de la totalidad de dichas cuatro cuerdas, detentan cada uno de los demandados ciertas can-tidades de terreno sin determinar la superficie, ni las colindancias de lo que cada uno detenta.
“2. Los demandantes, que no son dueños en totalidad de las pre-dichas cuatro cuerdas, sólo ostentan en la demanda, como base de la acción reivindicatoría de diez onzavas partes de dichas cuatro cuerdas, su carácter de herederos testamentarios de don Bonocio Lienza y Feliú y de doña Joaquina Lienza y Gago.
“3. En la demanda no se afirma que la predicha parcela de cua-tro cuerdas esté inscrita en el registro de la propiedad a favor de los primitivos causantes don Bonocio Lienza, doña Joaquina Lienza, ni de los demandantes. Los demandados que producen esta contes-tación que poseen terrenos en el barrio del pueblo o poblado de Barceloneta, los adquirieron de personas distintas de don Bonocio Lienza Feliú, de doña Joaquina Lienza y Gago y de los demandantes, teniendo dichos demandados inscritos los títulos de sus adquisiciones en el registro de la propiedad, y no habiendo nunca formado parte esas adquisiciones de las cuatro cuerdas que en la demanda se re-lacionan.”

Según se lia expresado anteriormente por el juez senten-ciador, los demandados Balseiro y Rosado fueron eliminados por virtud de una transacción.

No consta que se Rubiera impugnado la suficiencia de nin-guna de estas contestaciones en la corte, ya mediante excep-ción previa o en otra forma.

De conformidad con las anteriores citas que Race el ape-lante encontramos en las páginas indicadas lo siguiente:

“Abogado Se. Flores. Presento también una certificación del Registro de la Propiedad de Arecibo, creditiva de que Evangelista Caballero poseía en Bareeloneta un solar que es el mismo que se describe en la demanda.
“Abogado Se. Llorens.' Nos oponemos a esa prueba, porque no es materia de defensa. Porque en la contestación el demandado Caballero dice que no ha poseído terrenos en esa parcela.
“HonoRable Juez. Admitida la prueba.
“Abogado SR. LloRens. Tomamos excepción, fundándonos en que la prueba no es pertinente con las alegaciones de la contestación.
“HonoRable Juez. La corte hace constar que de no admitir esta prueba por el fundamento que se excepciona podría considerarse como prejuicio de la corte sobre la prueba de identificación de los demandados. Letra B. Demandados.
•* * # . * * * *
“Abogado Sr. Plobes. Presentamos también como prueba una escritura otorgada por Manuel Massó a Evangelista Caballero de fe-cha 11 de octubre de 1907.
“Abogado Sr. Llorens. Es la misma que la objeción anterior.
“Honorable Juez. La misma resolución y marqúese con la letra C, demandados.
“Abogado SR. Llorens. La misma excepción y nos oponemos por las mismas razones.
*******
“Abogado Sr. Plores. Presentamos también como prueba una certificación del registrador de la propiedad, creditiva de que Vi-centa Arzuaga tiene inscrito el dominio de una casa y solar que se describe, en el pueblo de Bareeloneta; y relacionado con esa misma certificación, una escritura de venta otorgada por Manuel Díaz Pon-seca y su esposa Joaquina Lienza Gago a Miguel Arzuaga.
“Abogado Sr. Llorens. Nos oponemos a esta prueba, porque si se trata de presentar un título la mejor prueba es el título y no la inscripción; y la segunda razón es, porque Vicenta Arzuaga no planteó esta cuestión de defensa. Es el mismo caso que el anterior.
“HONORABLE Juez. Respecto a lo primero la corte tiene la ju-risprudencia sobre el caso, para cuando se trata de reivindicar.
“ Abogado Sr. Llorens. Tomamos excepción por la misma ra-.zón anterior, y además, porque no es la mejor prueba de la alega-ción que se pretende probar.
“Honorable Juez. La corte resuelve la primera por la razón expuesta y segunda, porque no se trata de demostrar el dominio, sino .de demostrar un medio de adquisición. Letra D, demandados.
*******
“Abogado Sr. Plores. Presento una escritura No. 24, otorgada por Rafael San Millán a favor de Adolfo Eguen, en su carácter de gestor de la mercantil que gira en Barceloneta bajo el nombre o razón de Martínez y Eguen, ante el notario Santiago B. Palmer, el 6 de febrero de 1916.
“Abogado Sr. Llorens. Es la misma cuestión que antes, en que no se alega esa defensa.
“Honorable Juez. La misma resolución general.
“Abogado Sr. Llorens. Tomamos excepción.
“Honorable Juez. Admitida y márquese con la letra E, de-mandados.
“Abogado Sr. Plores. Escritura de Pélix Massó a Alejandro Fernández, otorgada en 22 de septiembre de 1911.
“Abogado Sr. Llorens. La contestación de este señor está' en que niega todos los hechos de la 'demanda, y se trae esa escritura que es sobre otros extremos.
“Abogado Sr. Flores. Es una escritura de retroventa.
“Honorable Juez. No se admite esa prueba por ser un título transitorio.
“Abogado Sr. Plores. Presento también la escritura otorgada por Ramón Balseiro y su esposa a favor de Fernando Suria.
“Abogado Sr. Llorens. Nos oponemos a esa prueba por la misma razón que liemos dicho de las anteriores, y además porque se trata de un título no inscrito.
“Abogado Sr. Plores. En relación con esa escritura presento raía certificación del registrador de la propiedad, de que esa escri-tura está inscrita.
“Abogado SR. Ldorens. Pues solamente la oposición general que fiemos fiecfio y nuestra excepción.
“Honorable Juez. La misma resolución, y márquese la escri-tura con la letra L, y la certificación con la letra Ll, demandados.
“Abogado Sr. Flores. Esta misma certificación que la presento para relacionarla con la escritura de Yenanció González a Isaac Martínez.
“Abogado Sr. Flores. Y además, presento como prueba general en la defensa de todos los demandados, una certificación del regis-trador de la propiedad creditiva, de que Bonocio Lienza y Feliú y Joaquina Lienza y Gago, Luis Díaz Lienza, etc., o cualquiera otra persona, no tienen inscritos a su favor la posesión o dominio de una parcela de terreno de cuatro cuerdas de extensión, situada en el barrio del pueblo, término municipal de Bareeloneta.
“Abogado Sr. Llorens. Nos oponemos a esta prueba porque' en nuestra demanda no bay ninguna alegación de que esa parcela de terreno esté inscrita. No tiene pertinencia esta certificación. La cuestión de que una finca esté inscrita o no, no es motivo de prueba de que no pertenece a una persona.
“Honorable Juez. ¿Con qué fin se presenta la certificación?
' “Abogado Sr. Flores. Para corroborar el fiecho de que los de-mandantes no han poseído ni fian tenido el dominio de las cuatro cuerdas.
“Honorable Juez. Yo la admito porque tengo la práctica de no negar prueba. Letra M, demandados.
“Abogado Sr. Llorens. No tomamos excepción en cuanto a esa prueba.”

Los artículos 136-37 y 142 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil, que indican la forma en la cual debe consi-derarse una incongruencia que no es esencial así. como otros defectos y errores que no afecten a lo esencial de los dere-chos de las partes, se citan íntegramente en el caso de El Pueblo v. Zamorano, 28 D. P. R. 722, y no es necesario re-producirlos aquí.

Véase también el texto y casos citados en el de Guzmán v. American Railroad Company, 29 D. P. R. 402.

En el caso de Standard Oil Company v. Brown, 218 U. S. 78, en la página 84, se dice lo siguiente:

“Es muy conocida y elemental la regla de que las alegaciones y las pruebas deben ser congruentes, pero no se exige una rigurosa exactitud. En el caso de Nash v. Towne, 5 Wall. 689, 698, se dice que las modernas decisiones en cuanto a la congruencia entre las alegaciones y la prueba son más liberales y razonables que las an-teriores y declara que la regla es de acuerdo con el estatuto en las cortes federales ‘dictar sentencia de conformidad eon la ley y el derecho envuelto en la acción.’ Se observó que ‘es la regla general esablecida en los tribunales de los Estados que ninguna incon-gruencia entre las contenciones de una alegación (pleading) y las pruebas ofrecidas para sostenerla se considerará esencial a menos que sea de tal naturaleza que induzca a error a la parte contraria al sostener su acción sobre los méritos.’ El último comentario que hace la corte es que prescindiendo de esos estatutos, sin embargo, ninguna incongruencia debe nunca considerarse como esencial cuando la alegación y la prueba concuerdan substancialmente. Yéanse tam-bién los casos de Liverpool and London and the Globe Ins. Co. v. Gunther, 116 U. S. 113; B. & P. R. R. Co. v. Cumberland, 176 U. S. 232, 238.”

“Y,” se lia dicho, “que de acuerdo con tales estatutos no es bastante con que una parte alegue meramente que ha sido inducida a error, sino que debe probarse a satisfacción ■de la corte. Generalmente debe presentarse un affidavit que muestre en qué particular ha sido sorprendida o inducida a ■error la parte.” 31 Cyc. 703, y casos citados.

No hubo insinuación alguna en la corte inferior, ni su-giere tampoco el alegato de los apelantes, que en ninguna forma fueran sorprendidos o inducidos a error en su per-juicio estos demandantes.

Las otras objeciones a la admisión de pruebas son en su mayor parte del mismo tenor general, y en tanto pudieran considerarse meritorias en un sentido técnico estricto, no se ha demostrado perjuicio. No vemos tal error manifiesto en la apreciación de la prueba por el que estemos justificados para intervenir con la conclusión a que llegó la corte inferior de que los demandados probaron sus varias defensas afirmativas, que fueron alegadas por ellos en forma más o menos vaga y defectuosa; y los errores, si algunos se come-tieron en otros respectos, no eran perjudiciales.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbet,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ocasio, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por profanación de la bandera americana.
    No. 1782.
    Resuelto en mayo 18, 1922.
    PROFANACIÓN DE LA BANDERA AMERICANA-CAUSA DE ACCIÓN-DENUiTCIÁ SUFI-CIENTE.- — Constituye menosprecio a la bandera de los Estados Unidos de Amé-rica, penable de acuerdo con la Ley de marzo 10, 1904, el expresar en un mitin público que "la úniea bandera de vergüenza en Puerto Utico era la bandera roja.” Las palabras constitutivas de ofensa o menosprecio deben ser interpretadas en el sentido y con el significado que les darían las perso-nas que las oyeran y no es necesario que hagan la imputación directamente.
    Los Lechos están expresados en. la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbet,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Ocasio estableció este recurso de apelación contra sentencia condenatoria dictada contra él en virtud de una denuncia que copiada en lo necesario dice así:

“Que en octubre 21, 1920, a las 10 y 10 p. m. y en la plaza pú-blica de Peñuelas, parte del Distrito Judicial Municipal de Peñue-las, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., allí y entonces el referido acusado, Manuel Ocasio, ilegal, volun-taria y maliciosamente y mientras tomaba parte como orador en un meeting socialista que se llevaba a efecto en la plaza pública de este pueblo, se expresó, ‘que la única bandera de vergüenza en Puerto Rico era la bandera roja,’ encontrándose en dicbo momento en la referida tribuna la bandera ámericana solamente, por baber sido or-denado suspender la tal bandera roja, menospreciando con tal dicho la bandera americana que era la única que ocupaba la referida tribuna, en dicha noche.”

En el alegato escrito que nos ha presentado el apelante en apoyo de su recurso expone como motivo para que revo-quemos la sentencia y lo absolvamos que la corte sentencia-dora cometió error al desestimar la excepción perentoria que opuso a la denuncia por no exponer ésta hechos constitutivos de delito. El fiscal de este Tribunal Supremo está conforme con esta alegación.

La ley por cuya infracción se denunció y condenó al ape-lante fué aprobada en 10 de marzo de 1904 siendo su título “Ley prohibiendo y castigando la profanación de la bandera de los Estados Unidos,” y en su sección primera dispone lo siguiente:

“Sección L — Cualquier persona que con objeto de exhibir o anun-ciar, estampare, o hiciere estampar en alguna forma, alguna pala-bra, número, marca, grabado, diseño,' pintura u otro anuncio de cualquiera índole que éste fuese, en una bandera, estandarte, enseña o insignia de los Estados Unidos de América; que expusiere o hiciere exponer a la vista del público tal bandera, estandarte, enseña, o insignia en la cual se hubiere impreso, pintado o colocado en cual-quiera otra forma, o se hubiere adherido, añadido, estampado, o agre-gado alguna palabra, número, marca, grabado, diseño, pintura o anun-cio de cualquiera especie; que expusiere al público, manufacturare, vendiere, ofreciere en venta, diere o tuviere en su poder para vender, dar o para usar en alguna forma, cualquier artículo o sustancia que fuere un objeto de comercio, o un envase de mercaderías, carro o ve-hículo para el transporte de mercaderías en el cual se hubiere impreso, pintado, fijado o colocado en cualquier otra forma una representa-ción de la referida bandera, estandarte, enseña o insignia con el fin de anunciar, llamar la atención, decorar, marear o distinguir el ar-tíctilo o la sustancia en el cual se hubiere colocado; o que pública-mente mutilare, borrare, manchare, retare, pisoteare, vistiere de luto (excepto en casos de entierros) o menospreciare ya de palabras, ya por medio de hechos dicha bandera, estandarte, enseña o insignia, será culpable de misdemeanor y será castigado con una multa que no excederá de cien dollars, o con prisión por un período de tiempo que no excederá de treinta días, o con ambas penas a discreción del tribunal. ’ ’

Se sostiene por el apelante que la denuncia formulada contra él no le imputa el delito de profanación a la bandera de los Estados Unidos de América porque no hace referencia a ella sino a la bandera americana siendo así que hay muchas banderas americanas. Si las palabras atribuidas al apelante son de menosprecio a,la bandera de los Estados Unidos de América no dejarán de ser constitutivas de delito por el hecho de que en la denuncia no se mencione específicamente la ban-dera de los Estados Unidos de América pues en las pala-bras vertidas por el denunciado es donde ha de encontrarse la comisión del delito y no en las manifestaciones que por su cuenta haga el denunciante. Si éste no hubiera hecho esas manifestaciones no por eso dejaría la denuncia de im-putar un delito si dichas palabras son de menosprecio para la bandera de los Estados Unidos de América.

Con respecto a las palabras atribuidas al apelante sos-tiene éste que no son constitutivas de delito porque no ex-presan hecho ni acto alguno de los comprendidos en la ley que se dice infringida toda vez que no son de menosprecio para la bandera de los Estados Unidos de América, y nos cita en apoyo de su afirmación nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Rivera Esbrí, 26 D. P. R. 571; El Pueblo v. Del Moral, 16 D. P. R. 653 y de El Pueblo v. Suárez, 23 D. P. R, 243.

La denuncia imputa al apelante haber dicho en un meeting que “la única bandera de vergüenza en Puerto Rico era la bandera roja.” Con estas palabras no dijo directamente que la bandera de los Estados Unidos de América no tiene vergüenza, pero sí indirectamente porqne claramente exclu-yen de tener vergüenza, en Puerto Rico a cualquiera otra bandera que no sea la roja, y como la bandera de los Estados Unidos de América es la de Puerto Rico desde el año 1898 tales palabras tienen que significar para toda' persona que la bandera de los Estados Unidos de América no tiene ver-güenza, y constituyen un menosprecio de dicha bandera, que es penable de acuerdo con el artículo citado. Las palabras constitutivas de ofensa o menosprecio deben ser interpreta-das en el sentido y con el significado que le darían las per-sonas que las oyeron y no es necesario que hagan la impu-tación directamente. 17 Ruling Case Law, páginas 312 y 314. De acuerdo con esta regla si alguien dijera en una reu-nión de varias personas que la única honrada de las allí reu-nidas es una persona cuyo nombre da, nadie dudaría de que en esa forma indirectamente ha dicho claramente que las demás personas de la reunión no son honradas. ■ En cuanto a las citas que ha hecho el apelante de nuestras decisiones ninguna de ellas tiene aplicación al presente caso porque las tres declaran que en la denuncia deben consignarse los he-chos constitutivos del delito y en el caso presente la denuncia dice las palabras que pronunció el apelante y que según he-mos visto son constitutivas del delito de que se le acusa por-que menosprecian la bandera de los Estados Unidos de América.

Más fuerte parece ser el argumento .que el fiscal nos pre-senta al mostrar su conformidad con el recurso del apelante fundado en que no siendo las palabras atribuidas al apelante un menosprecio directo de la bandera de los Estados Unidos de América sólo por deducción puede llegarse a la conclusión de que cometió el delito que se le imputa, deducciones que no son admitidas cuando se trata de imponer castigo a un ciudadano según nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Aragón, 22 D. P. R. 797; El Pueblo v. Marini, 22 D. P. R. 11 y El Pueblo v. Grau, 29 D. P. R. 624; pero si se examinan con cuidado esos casos se verá que no son aplica-bles al presente porque si bien en todos ellos se ba decla-rado por este Tribunal Supremo lo que dice el fiscal, sin embargo, se refieren a que cuando el estatuto no ba creado di-' rectamente un delito no puede por deducción declararse que exista y no se refieren a que de los actos o palabras no pue-dan hacerse las deducciones que natural y lógicamente sur-gen. Así, en el caso de Aragón se trataba de un reglamento de sanidad que permitía el lavado de ropas en las casas bajo ciertas condiciones pero que no lo prohibía de un modo ter-minante y expreso, y dijimos que si bien podría decirse que de los términos en que está redactado se infiere lógicamente la prohibición, tal inferencia no puede admitirse cuando se trata de imponer castigo a un ciudadano, y citamos el caso de El Pueblo v. Paratze, 22 D. P. R. 38, en el que dijimos que ningún acto puede ser castigado como delito a no ser que esté prohibido y castigado por el estatuto y que la orde-nanza por cuya infracción se hizo la denuncia no prohíbe por sus términos ni castiga el acto imputado en la denuncia, que es puramente permisiva y no penal y no establece ni define delito alguno. En el caso de Marini lo que dijimos fué que determinando la ley ciertas circunstancias que son agra-vantes del delito de acometimiento y agresión para que la acusación imputara un delito de acometimiento y agresión grave debía expresarse claramente cuál era la circunstancia agravante que concurría al caso; y en el de Grau declara-mos que para comprender el hecho denunciado dentro de los términos de la ley por cuya infracción se le denunció había que forzar ésta y aplicarla .por extensión, procedimiento que no debe seguirse en casos criminales. Como se ve en estos tres casos se trataba de deducciones que querían hacerse de la ley, lo que no ocurre en el caso presente en que la ley claramente castiga al que con palabras menosprecie la ban-dera de los Estados Unidos de América, y lo único que hay que hacer en el presente caso es interpretar las palabras dichas por ol apelante para conocer si, aunque en forma in-directa, son de menosprecio para dicha bandera. Los casos que hemos examinado de State v. Halder, 13 Am. D. 738; State v. Seay, 20 Am. D. 66; Moore v. Commonwealth, 39 Am. D. 725; State v. Thurstin, 58 Am. D. 698; State v. Dale, 42 S. W. 723 y de State v. Whedbee, 67 S. W. 62, sostienen el mismo principio alegado en este caso por el fiscal pero se refieren a que las acusaciones no alegaron todos los hechos que eran necesarios para constituir el delito, los que no po-dían quedar sujetos a deducciones o conjeturas y se dife-rencian de éste en que no se trata de suplir por deducción o conjetura hechos que faltan en la denuncia sino simple-mente de interpretar las palabras pronunciadas por el ape-lante y determinar si son constitutivas de delito.

El segundo motivo del recurso alegado por el apelante fundado en que la corte inferior cometió error en la apre-ciación de la prueba tampoco es sostenible porque la prueba demostró que el apelante pronunció las palabras que se men-cionan en la denuncia, que como hemos dicho son constitu-tivas de delito, sin que el hecho de que fueran pronunciadas en ocasión reciente de haber sido prohibido gubernativamente el uso de la bandera roja destruya la existencia del delito pues por el contrario más bien demuestra la intención de menospreciar la bandera de los Estados Unidos de América por haber sido prohibido el uso de la roja, ni en ninguna otra forma aparece de la prueba la falta de intención de cometer el delito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Peraza, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo inscribiendo con defecto subsanable una escritura de hipoteca.
    No. 519.
    Resuelto en mayo 19, 1922.
    Bienes Gananciales — Sociedad Conyugal. — Una mujer casada puede compare-cer por sí sola y adquirir válidamente bienes inmuebles. Si no consta la pro-cedencia del dinero empleado, los -bienes adquiridos se presume que lo son para la sociedad conyugal.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. G. Zeno Sama.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública Gerardo García y su esposa María Dorotea Delgado reconocieron deber a Inocencia Peraza Be-tancourt, mayor de edad, casada con Francisco García Delgado, cierta suma de dinero y para garantir su pago hipoteca-ron dos fincas rústicas. Presentada la escritura en el registro, el registrador la inscribió pero “con el defecto subsanable de no estar legalmente representada la sociedad conyugal adquirente.” No conforme Inocencia Peraza, interpuso el presente recurso gubernativo contra la calificación del re-gistrador.

Explicando los fundamentos de su nota, expresa el regis-trador en su alegato:

“Que para poner el defecto subsanable, objeto de este recurso, tuvo en cuenta lo dispuesto en los artículos 159 y 161 del Código Civil, que dicen así:
“ ‘Artículo 159. — El marido será el administrador de los bienes, de la sociedad conyugal, salvo estipulaciones en contrario.
“ ‘Las compras que con dichos bienes haga la mujer serán váli-das, cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta.
“ ‘No obstante, los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nnlidad, sino me-diante el consentimiento expreso de ambos cónyuges.
“ ‘Artículo 161. — El marido es el representante legal de la so-ciedad conyugal.
“ ‘La mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes pro-pios, al desempeño de la patria potestad, a la tutela o administración que le confiera la ley y al ejercicio de una profesión, cargo u ocu-pación. ’
“Y es claro, si el marido es el representante legal de la sociedad de gananciales, la mujer no puede representarla; y si sólo son vá-lidas las compras que haga la mujer, cuando se refieran a cosas des-tinadas al uso de la familia, es evidente que en cualquier otra com-pra que realice la sociedad conyugal, máxime si se trata de un bien inmueble, ha de estar representada por el marido.”

La mujer en este caso no compareció como administradora de la sociedad de gananciales. Compareció haciendo uso del derecho que a toda mujer, soltera o casada, reconocen nues-tras leyes para contratar y adquirir. Sólo exige la ley queen “caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expre-sará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento.” Véase la sección 16 de la vigente Ley Notarial. Y el notario cumplió aquí con ese requisito.

El registrador debió haberse limitado a inscribir la hipo-teca a nombre de la persona casada a favor de quien estaba constituida, con expresión del nombre de su consorte. Y como del documento no consta que el dinero prestado y ga-rantido por la hipoteca sea privativo de la esposa, claro es que el derecho adquirido e inscrito tendría la presunción de ser un bien ganancial. Eso es todo.

La cuestión no es nueva. • Fué estudiada y resuelta por esta misma Corte Suprema desde 1914. En el caso de Giménez v. El Registrador, 21 D. P. R. 329, 332, la corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así:

“Es cierto que el marido es el administrador de la sociedad con-yugal, pero de esto no se deduce necesariamente que la esposa está incapacitada para recibir una escritura de venta sin su consenti-miento. Dejando a un lado la mera cuestión de la administración, no se ha llamado la atención de este tribunal acerca de ningún ar-tículo del código que establezca alguna diferencia entre los esposos, y la tendencia y espíritu general de la ley al tratar del marido y de la mujer y de bienes gananciales se muestra firmemente en opo-sición a la idea de alguna distinción. La omisión significativa de nuestro código local del artíbulo 61 del Código Español que expre-samente determina que no puede la mujer sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse sino en los casos y con las limitaciones estable-cidas por la ley, también indica claramente por lo menos que no debemos dejar de tener presente la máxima ubi lex non distinguiíf neo nos distinguere debemus.”

Por virtud de lo expuesto, se revoca la nota recurrida ■en cuanto al defecto subsanable en la misma consignado.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

text:
    Empresa Teatral Ponceña et al., Demandantes y Apelantes, v. Municipio de Ponce et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en incidente sobre memorándum de costas.
    No. 2595.
    Resuelto en mayo 19, 1922.
    Costas — Memorándum Radicado Prematuramente. — Aunque una corte tenga jurisdicción sobre el pleito y sobre la materia de costas impuestas en él, si el memorándum se radica antes del tiempo fijado por la ley, dicha corte no debe considerarlo y la resolución eliminándolo por prematuro es correcta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Brunet.

    Abogado de los apelados: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La Empresa Teatral Ponceña radicó en la Corte de Dis-trito de Ponce una demanda de certiorari en solicitud de que se declarara nula cierta ordenanza del Municipio de Ponce estableciendo un arbitrio sobre todo billete que se expendiera para asistir a diversiones o espectáculos públi-cos. Contestó el municipio demandado. Pué el pleito a jui-cio. T finalmente la corte lo resolvió en favor del deman-dante.

El 24 de septiembre de 1921 el demandante archivó su memorándum de'costas ascendente a cuatrocientos siete dó-lares por los siguientes conceptos: honorarios del secretario, euatro dólares; certificaciones unidas al record, tres dólares, y honorarios de abogado, cuatrocientos dólares.

El demandado impugnó el memorándum, primero, por-que la corte carecía de jurisdicción para aprobarlo por ha-berse archivado antes del tiempo fijado por la ley, y segundo, porque no se estableció ni alegó el valor de la materia liti-giosa, ni menos que excediera de quinientos dólares, y por-que, en todo caso, los honorarios eran excesivos.

La corte tomó bajo su consideración el asunto y lo resol-vió así:

“Una de las impugnaciones hechas por el ahogado de la deman-dada señor Sepulveda, es que la corte no tiene jurisdicción para co-nocer de dicho memorándum y resolverlo, por haberse presentado fuera de tiempo.
“La corte, de acuerdo con dicha alegación del demandado, ha examinado el record en este caso y encuentra que la sentencia se dictó en 9 de septiembre de 1921, y el memorándum de costas fué radicado por la demandante en la secretaría de esta corte en 24 de septiembre de 1921, tiempo en que aún no era firme la sentencia por no haber transcurrido término de treinta días para apelar de la misma. Y visto el artículo 339 de la Ley No. 15 aprobada por la Asamblea Legislativa de 19 de noviembre de 1917, que trata sobre costas, la corte es de opinión que dicho memorándum ha sido radi-cado antes del plazo que marca la ley, y resuelve que el mismo debe ser eliminado por los motivos expresados.
“Fundamento de derecho: ‘Lellick v. De Carlow, 95 Cal. 644.’ ”

Y contra esa resolución de la corte es qne se lia inter-puesto el presente recurso de apelación, señalándose cómo único error “el cometido por la corte al eliminar el memo-rándum de costas.”

Sostiene la parte apelante que si bien es verdad que el memorándum era prematuro, la corte no carecía de jurisdic-ción y que habiéndose planteado una cuestión de jurisdic-ción, esa y no otra fué la que debió decidir la corte. Que si el demandado se hubiera limitado a pedir la eliminación del memorándum por prematuro y la corte la hubiera decre-tado, él hubiera podido presentar de nuevo, en tiempo, su memorándum.

La sentencia se dictó el 9 de septiembre. De acuerdo con la ley sería firme treinta días después y dentro de los diez días siguientes es que debió presentarse el memorán-dum. Esto lo admite el apelante. El memorándum se ar-chivó el 24 de septiembre y la impugnación tiene fecha 27 del’propio mes y en ella se dijo, después de fijarse los días en que se dictó la sentencia y se archivó el memorámdum, “especialmente por ello alegamos que la corte no tiene ju-risdicción para conocer de dicho memorándum, y resolverlo, por haberse presentado fuera de tiempo.”

La demandante tuvo, pues, una amplia oportunidad para corregir su error ya que la cuestión fué abierta y claramente suscitada cuando ni siquiera era firme la sentencia. Ella prefirió seguir actuando bajo la base del memorándum ar-chivado y tiene que sufrir las consecuencias de sus propios actos.

La corte es verdad que tenía jurisdicción sobre el pleito y sobre la materia de las costas impuestas en él por ella misma, pero el memorándum se presentó e impugnó en un término en que la corte no tenía facultad para considerarlo y su resolución eliminándolo era la lógica y procedente y estaba necesariamente comprendida dentro de la cuestión sus-citada por la parte demandada.

El caso de California citado por el juez, Sellick v. De Carlow, 95 Cal. 644, es más fuerte que el que está sometido a nuestra consideración porque allí el memorándum se ar-chivó antes de registrarse la sentencia, pero el principio en--vuelto es similar.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.