author: Ei, Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Angela Santaella, promovente, v. E. Garrido Morales, Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 11.

    Sometido: Abril 3, 1936.

      Resuelto: Junio 3, 1936.

      Ismael Soldevila, abogado de la promovente; I-Ion. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Subprocurador, y Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y Sector González Blanes, abogados del demandado.
   Ei, Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

. La peticionaria y apelante, Ángela Santaella, Directora del Hogar Insular de Niñas, formuló demanda ante la Corte de Distrito de San Juan contra el Comisionado de Sanidad de Puerto Eico, Dr. E. Garrido Morales, solicitando senten-cia de injunction para que dicho funcionario se abstuviera de separar a la peticionaria de su referido cargo, bajo el pretexto de que el mismo ha sido suprimido y eliminado como consecuencia de no haberse hecho en la ley de presu-puesto para el corriente año fiscal la correspondiente asig-nación para pago del sueldo, no obstante haber sido creado dicho cargo por leyes anteriores que no han sido expresa-mente derogadas.

En 26 de julio de 1935 la corte de distrito dictó una orden de entredicho. • Celebrada la vista sobre la petición de injunction pendente lite, la corte, en 25 de marzo de 1936, dictó su resolución declarando sin lugar la petición y disolviendo la orden dictada. Solicitada la reconsideración y que se de-jara vigente la orden de entredicho, durante la tramitación de una apelación ante esta Corte Suprema, dicha solicitud fue denegada.

La peticionaria ha radicado en la corte inferior un es-' crito de apelación de la sentencia de marzo 25, 1936, y acude ahora ante esta corte en solicitud de un auto de injunction, en auxilio del recurso de apelación interpuesto, para que durante la tramitación del mismo el demandado se abstenga de llevar a efecto la remoción de la peticionaria.

Se alega en la solicitud jurada presentada a esta corte, qne con fecha 26 de marzo de 1936, el demandado, en sn ca-rácter oficial, dirigió nna carta a la peticionaria, por la qne le ordena qne desocnpe el local qne como Directora del Hogar Insnlar de Niñas ocnpa en dicha institnción y qne en-tregue la propiedad bajo sn custodia al administrador del Hogar, debiendo cumplirse ambas órdenes antes del día 31 de marzo de 1936.

En la petición ante nos se alega además, qne es de jus-ticia qne se mantenga el statu quo mientras se decide el re-curso interpuesto; qne la permanencia de la peticionaria en el Hogar Insular de Niñas no puede cansar daño alguno y qne si alguno se cansare, éste sería compensado por la fianza qne la peticionaria ofrece prestar; qne por el contrario los daños que habría de sufrir la peticionaria serían irrepara-bles; qne si no se concede uno u otro de los remedios qne se solicitan, la resolución favorable del recurso de apelación interpuesto resultaría ilusoria y académica, pues si se per-mite que el demandado desposea de su cargo y eche de su hogar a la peticionaria, ésta no tendría después de realizados esos actos un remedio eficaz para su protección.

Se invoca en este caso la jurisdicción original del Tribunal Supremo, solicitando un auto de injunction contra el demandado para impedir la realización por éste de actos que la peticionaria, alega son ilegales y constituyen una violación de sus derechos.

Considerando que el caso revestía suficiente importancia para que pudiera denegarse la solicitud de injunction; de plano o decretarse la expedición del auto sin dar a la parte deman-dada una oportunidad de ser oída, esta corte expidió una orden requiriendo al demandado para que mostrase las cau-sas o razones por las cuales no. deba librarse el auto de injunction y ordenando a dicho demandado que mientras tanto se abstenga de remover a la peticionaria de su cargo de Directora General (Superintendente) del Hogar Insular de Niñas, así como de realizar cualquier otro acto tendiente a desposeer a la peticionaria del local que ocupa en dicha institución.

Es indudable que esta corte .tiene amplia facultad o jurisdicción para librar en casos adecuados autos de injunction con el fin de “hacer efectiva su jurisdicción.” Véase: Artículo 676, Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (Ed. 1933); Héreter v. Reguero et al., 40 D.P.R. 925 y Rodríguez v. Saldaña, 38 D.P.R. 404.

No podemos entrar en este momento en el fondo de la cuestión para resolver si la corte de distrito erró o si pro-cedió correctamente al declarar sin lugar la petición de injunction preliminar y disolver la orden de entredicho. Solamente debemos decidir si la petición presentada ante esta corte, invocando su jurisdicción original, presenta un caso prima facie, que justifique la expedición del auto soli-citado, como medida necesaria para hacer efectiva su juris-dicción sobre el recurso de apelación pendiente ante ella.

En el acto de la vista de la orden para mostrar causa el demandado ofreció en evidencia el récord núm. 23354 de la Corte de Distrito de San Juan y el demandante el récord taquigráfico de la vista celebrada ante dicha corte en relación con el mismo caso, y dos volúmenes que contienen las actas del Consejo Ejecutivo de Puerto Eico por el pe-ríodo de febrero 6, 1901, a diciembre 31, 1902.

De la prueba presentada en apoyo de la solicitud aparece que en 10 de agosto de 1909 la peticionaria ocupaba el cargo de maestra en la Escuela de Beneficencia para Niñas, y que en esa fecha fue ascendida al cargo de Superintendente de dicha institución; que el nombramiento para este nuevo cargo, le fué extendido por el Director del Departamento de Sanidad, Beneficencia y Correcciones; y que la peticionaria ha continuado desde esa fecha ocupando dicho cargo de Supe-rintendente, hasta el día 25 de julio de 1935, cuando el de-mandado, en su carácter de Comisionado de Sanidad, le dirigió una comunicación por la que le informaba que la Ley de Presupuesto aprobada para él ejercicio fiscal de 1935-36 no contenía asignación para el pago del sueldo de la Superintendente del Hogar Insular de Niñas, y que dicho cargo había sido eliminado en dicha ley.

No es éste un caso en que un Jefe de Departamento se-para de su cargo a un empleado o funcionario público, sin justa causa y sin darle una oportunidad de ser oído, y el fun-cionario recurre al injunction para que se le mantenga en el puesto, o al mandamus para que se le reponga en él.

La cuestión que se presenta es:

¿Tiene la Legislatura de Puerto Eieo facultad para abo-lir el cargo de Superintendente del Hogar Insular de Niñas, y en caso de que la tuviera, puede hacer uso de esa facultad mediante la supresión en la Ley del Presupuesto Insular de la partida necesaria para cubrir los sueldos de la incumbente de dicho cargo?

Alega la peticionaria que el cargo de Superintendente fué creado y existe por virtud de la ley de 31 de enero, 1901 (Leyes de 1901, págs. 162-163); que la creación y existencia de dicho cargo fueron reafirmadas por todas las leyes de presupuesto aprobadas con posterioridad y especialmente por la sección 3 de la ley de 10 de marzo de 1904 (Estatu-tos Revisados de Puerto Rico de 1911, sección 2828), por la sección 1 de la Resolución Conjunta núm. 7 de 9 de no-viembre de 1917 (Leyes de 1917, vol. II, pág. 671), y por la sección 6 de la Ley de Servicio Civil; que la Ley de Pre-supuesto para el año fiscal 1935-36 es nula porque la Legis-latura carece de autoridad para crear o para abolir cargos públicos en la ley general de presupuesto; que dicha ley es además nula porque la Legislatura carece de autoridad para legislar en una ley general de presupuesto, y qué la aboli-ción de un cargo público es un acto legislativo; y por úl-timo, que aún cuando la Legislatura ha dejado de hacer asignación para el sueldo de la demandante, el sueldo ante-riormente fijado deberá ser pagado sin necesidad de nueva asignación.

Examinemos cuidadosamente la legislación citada por la peticionaria para sostener su contención de que el cargo de Superintendente fue creado y existe en virtud de una ley especial.

La ley de 31 de enero de 1901 abolió la antigua Junta de Beneficencia, y transfirió el control administrativo y eje-cutivo de todas las instituciones de beneficencia al Director de Beneficencia, nuevo cargo creado por la misma ley. Ésta disponía en su sección 7 que todos los superintendentes, auxiliares, escribientes, domésticos y otros serían nombrados por el Director de Beneficencia de acuerdo con las reglas que adoptara el Consejo Ejecutivo.

El Reglamento del Consejo Ejecutivo, aprobado en 10 de abril de 1901, disponía que los Superintendentes de las escuelas de beneficencia serían nombrados por el Director, con la aprobación del Consejo Ejecutivo; que podrían ser destituidos cuando la conveniencia del servicio lo requiera; y que estaban autorizados para residir en la institución y tener a su cargo la disciplina interior de la escuela. De acuerdo con la ley y el reglamento antes citados, en marzo 18; 1901, el Director sometió a la aprobación del Consejo una relación de los empleados para las instituciones benéficas y en ella aparecía el Superintendente de la Escuela de Bene-ficencia para Niñas, con sueldo de $1,000 anuales. Esos nombramientos fueron aprobados por el Consejo.

La ley de marzo 10 de 1904 consolidó los cargos de Director de Beneficencia, Director de Prisiones y Director de Sanidad, creó el Departamento de Sanidad, Beneficencia y Correcciones y confirió al director del nuevo departamento la facultad de nombrar, con el consentimiento del Consejo Ejecutivo, los superintendentes de instituciones, con los suel-dos que fijare el Consejo

Por Resolución Conjunta núm. 7 de 9 de noviembre de 1917, las escuelas de beneficencia fueron adscritas al nuevo Departamento de Sanidad creado por la Ley Orgánica de Puerto Rico, de 2 de marzo, 1917, y todos los empleados de ■dichas instituciones pasaron a serlo del Departamento de Sanidad. Y por la Ley núm. 20 de junio 8, 1921 (pág. 155), •el Comisionado de Sanidad se hizo cargo del gobierno y ad-ministración de dichas instituciones.

Arguye la representación de la apelante que ésta es un “funcionario publico” (public officer); que su cargo fue creado y dejado subsistente por leyes especiales de la Le-gislatura; y que dicho cargo existe con absoluta independen-■cia de las leyes de presupuesto. Y en apoyo de su conten-ción cita, entre otros, los casos de Patton v. Board of Health, 127 Cal. 388 y People v. Addison, 10 Cal. 1-2, 7.

No vemos realmente la aplicabilidad de estos casos al caso de autos. En Patton v. Board of Health, supra, el deman-dante solicitó un auto mandatorio para que se le admitiese en ■el cargo de inspector de Sanidad. La Junta de Sanidad había nombrado al demandante para ocupar uno de los seis puestos de inspectores provistos por el Código Político de California; pero en la orden de su nombramiento no se especificaba ni se limitaba en manera alguna el término durante el cual el de-mandante habría de ocupar el cargo. La junta ordenó la separación del demandante sin formularle cargos y sin darle oportunidad de defenderse. La Corte Suprema al revocar el auto expedido por la corte inferior dijo:

“Parece estar razonablemente sentado que cuando la Legislatura crea el puesto, prescribe sus deberes, y fija la compensación, y •esos deberes se relacionan con el público y son continuos y perma-nentes, no ocasionales o temporales, tal puesto o empleo es un cargo público (office) y el que lo ocupa un funcionario (officer). En ese ■caso, existe una declaración inequívoca de la Legislatura de que ■alguna parte, grande o pequeña, de las funciones soberanas del Go-bierno habrán de ser ejercidas en beneficio del público, y la Legis-latura ba resuelto por sí misma que el empleo es de dignidad e im-portancia suficientes para que se considere como un cargo público.
“Es solamente cuando la Legislatura ha delegado su facultad para crear el cargo y para prescribir sus deberes y fijar el sueldo, que han surgido diferencias de opinión entre los tribunales. ....
“Nuestra conclusión es que la Legislatura tuvo la intención de’ hacer a los inspectores de 'Sanidad ‘funcionarios’ en el sentido cons-titucional, y, habiendo omitido declarar el término de duración del cargo, dichos funcionarios lo ocupan a voluntad de la Junta de Sa-nidad. (Citas.) ”

El otro caso, People v. Addison, supra, solamente sostiene que debe presumirse que un cargo público creado por una ley es continuo, a menos que su duración estuviere limitada por la ley creadora o por la naturaleza de los deberes que lian de cumplirse.

El cargo de Superintendente del Hogar Insular de Niñas no ha sido creado por ley alguna. La ley de 31 de enero de 1901 solamente facultó al Director de Beneficencia para nom-brar todos los empleados subalternos que fueren necesarios para la administración y manejo de las instituciones,- y aun-que babla de superintendentes, no determina el número de éstos que puedan o deban ser nombrados, ni tampoco fija sus deberes, ni los’ sueldos, ni el término por el que deban ser hechos los nombramientos. Igual puede decirse de la ley de 10 de marzo de 1904 que creó la Dirección de Sanidad, Benefi-cencia y Correcciones. El lenguaje usado por el legislador en ambas leyes no demuestra su intención de crear tal cargo. Véase : 28 R.C.L. 421, 422, sección 67.

“Para crear un cargo no es necesario usar un lenguaje especial, siendo suficiente si la intención de la Legislatura se manifiesta por el lenguaje usado. Sin embargo, un cargo es creado legalmente tan sólo como resultado de una ley aprobada para ese propósito; no puede ser creado . . . por una simple asignación para el pago de compensación al ineumbente de un puesto determinado.” 46 C. J. 334, sec. 29.

Tampoco pudo ser creado el cargo que ocupaba la peticionaria, por los reglamentos aprobados por el Consejo Ejecutivo, pues dicho cuerpo no tenía facultades para crear cargos, a menos que los creara como cuerpo colegislador, con la concurrencia de la Cámara de Delegados y la aprobación del Gobernador.

El hecho de que los salarios de la peticionaria hayan sido consignados en el presupuesto general de gastos del Gí-obierno Insular, durante un número de años consecutivos, no puede ser aducido como argumento para sostener que el cargo de Superintendente del Hogar Insular de Niñas fue creado por la Ley de Presupuesto, pues esta corte ha resuelto ya que ninguna legislación de carácter general, especialmente aquélla que tiene por objeto la creación de un cargo, podrá ser in-cluida en una ley de presupuesto. Véanse: Pueblo v. Foote, 48 D.P.R. 492; Commonwealth, v. Barnett, 48 Atl. 976; Constitutional Defense League v. Waters, 164 Atl. 613, 309 Pa. 545; State ex rel. Davis v. Smith, 75 S.W. (2d.) 828.

La Ley de Servicio Civil, al incluir en el Servicio Clasifi-cado el cargo de Superintendente del Hogar Insular de Niñas, no creó dicho cargo, sino simplemente reconoció su existencia y lo puso bajo su amparo con el propósito de que mientras el cargo sea sostenido por el Comisionado de Sanidad, la persona designada para ocuparlo no pueda ser removida sin justa causa y sin oportunidad de ser oída; y no se trata en este caso de una separación ilegal de la peticionaria. No está obligado el Comisionado de Sanidad a conservar el puesto de Superintendente indefinidamente, si en su opinión la su-presión del mismo fuera necesaria o conveniente para el mejor servicio de las instituciones que por ministerio de la ley han sido puestas bajo su dirección. V no habiendo sido creado el cargo de Superintendente específicamente por ley alguna, sino por el mismo Comisionado de Sanidad en el ejercicio de las fa-cultades que la ley le confiere para nombrar el personal subal-terno de su departamento, dicho Comisionado puede suprimir el cargo de Superintendente cuando el interés del servicio así lo requiera.

“La autoridad en el gobierno investida de facultad para crear un cargo tiene, a falta de alguna disposición legal aprobada por una autoridad superior, la facultad implícita para abolir el cargo que ha creado.” 46 C. J. 934, sec. 29.

Véase: Vincenheller v. Reagan, 64 S. W. 278.

En el presupuesto general de gastos del G-obierno Insular, por mandato expreso de nuestra Ley Orgánica (Párrafo 15, art. 34), se deben incluir solamente las asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para las escuelas públicas. Las demás asignaciones deberán hacerse en proyectos separados.

De lo expuesto anteriormente resulta que el poder legisla-dor delegó en el Comisionado de Sanidad la facultad de nom-brar los superintendentes, sirvientes y empleados de las ins-tituciones bajo su dirección, con aquellos sueldos que la le-gislatura fijare anualmente, para cada uno de dichos emplea-dos, y se reservó la facultad de no asignar en el presupuesto anual de gastos suma alguna para el pago del sueldo y la de abolir en esa forma cualquier cargo o empleo, no creado por ley especial alguna. Esto nos lleva a la conclusión de que el cargo de Superintendente, envuelto en este caso, podía ser abolido, bien por el Comisionado, dejando de hacer el nom-bramiento, o bien por la Legislatura mediante la eliminación de la partida necesaria para cubrir el sueldo de dicho empleo.

El sueldo de la Superintendente del Hogar Insular de Niñas no está fijado por ley especial alguna. La Legislatura ha venido, año tras año, haciendo en el presupuesto general, entre las asignaciones para el Departamento de Sanidad, una para el pago del sueldo de la referida Superintendente. Esas asignaciones anuales se han hecho por recomendación o a propuesta del Comisionado de Sanidad, que es el funcionario capacitado para designar el pei'sonal subalterno que ha de emplear en su departamento durante el año fiscal que ha de cubrir el presupuesto que la Legislatura aprueba anualmente.

En la Ley de Presupuesto para el año fiscal 1935-36 no se incluyó asignación alguna para el pago del sueldo de la Su-perintendente del Hogar Insular de Niñas. No podemos pre-sumir que esa supresión fuera hecha por inadvertencia o por descuido. El Comisionado de Sanidad es el funcionario en-cargado de someter anualmente a la legislatura la lista de los empleados que lia de necesitar durante el año fiscal para llevar a cabo la labor de su departamento. Si el Comisionado no pidió asignación para el sueldo de la Superintendente, y si la Legislatura no incluyó dicha asignación en el presupuesto de 1935-36, debemos inferir que la intención de uno y de otra o de ambos, fue la de suprimir el cargo.

No es de la incumbencia de esta corte investigar o discutir los motivos que haya podido tener el Comisionado de Sanidad o la Legislatura para abolir el cargo y dejar al Hogar Insular de Niñas sin una Superintendente.

La petición formulada y los hechos sometidos a nuestra consideración no presentan razones y motivos suficientes para justificar la expedición del auto de injunction pendente lite que se ha solicitado.

La solicitud debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Isabelino Mandés Montes, acusado y apelante
    Núm. 6096.

    Sometido: Mayo 28, 1936.

      Resuelto: Junio 3, 1936.

      Santiago Porrata Doria, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado ante la Corte Municipal de Guayama por el supuesto delito de portar sobre su persona un revólver calibre 38, en violación de las disposiciones del Artículo 1 de la Ley núm. 14 de 1924, (pág. 115).

Visto el caso en apelación ante la Corte de Distrito, ésta declaró al acusado culpable y le impuso la pena de un mes de cárcel. Contra esa sentencia se ba interpuesto el presente recurso.

Se alega como único fundamento para solicitar la revoca-ción de la sentencia apelada, que ésta es contraria a la prueba y al derecho aplicable.

Examinemos la prueba que aparece en la transcripción de evidencia unida a los autos.

El policía denunciante declaró que el día de autos oyó unas detonaciones que le llamaron la atención, por la calle Jobos; que miró hacia arriba y vió al acusado cuando se metió debajo de la ropa una cosa envuelta en un pañuelo; que siguió al acusado, se acercó a él, le vió un promontorio, se lo ocupó y era un revólver; que dicho revólver tenía humo de pólvora recién disparada, lo que indicaba que había sido dis-parado recientemente; y que cuando vió por primera vez al acusado fué frente al cafetín Vienés, en la calle Jobos, más arriba del taller de herrería de Girod.

El sargento de policía Andrés Carire declaró solamente que el acusado, al ser llevado al cuartel de la policía, admitió que el revólver le había sido ocupado por el policía denun-ciante ; y que el revólver olía a pólvora.

Los testigos de descargo declararon:

Eugenio Viñas, herrero, empleado en la herrería Girod desde hace 38 años, declaró que el domingo 22 de septiembre de 1935 el acusado le trajo a su casa un revólver para com-poner; que él llevó el revólver al mecánico del taller; que al domingo siguiente, día 29 del mismo mes, el acusado fué a bus-car su revólver; que el mecánico, para probar que el arma estaba buena disparó un cartucho sin plomo, dentro de una, cisterna que hay allí para probar las armas, y después de hecha esa prueba le entregó el revólver al acusado; que la prueba del revólver se hizo en su presencia; que hubo una detonación.

Canuto Robles, mecánico y armero del taller de G-irod, corroboró en todas sus partes la declaración de Engenio Viñas e identificó el revólver presentado en evidencia por la acusa-ción, como el mismo que él había reparado y que entregó a su dueño, el acusado, el día de autos.

Julio Rodríguez, declaró que acompañó al acusado a la herrería Girod a buscar un revólver que le estaban compo-niendo ; que vió cuando le entregaron el revólver al acusado; •que cuando regresaba con el acusado para G-uamaní, que es donde vive dicho acusado, éste se detuvo a comprar un pe-riódico y allí fué donde el policía le ocupó el revólver; que el •acusado llevaba el revólver atrás y que parece que el guardia ■se fijó en el bulto y lo registró; que sabe que antes de entre-garle el revólver al acusado lo probaron, haciendo un solo disparo; que no vió el disparo, pues él se quedó en la calle, pero que lo oyó.

, Las declaraciones de los testigos de descargo no solamente no fueron controvertidas en manera alguna por la prueba del fiscal, sino que fueron corroboradas en su parte más esencial por las declaraciones de los dos policías insulares, uno de los cuales declaró haber oído una detonación, y los dos declararon que el revólver ocupado al acusado olía a pólvora quemada recientemente. Toda la prueba demostró que el revólver no estaba cargado y que el acusado lo llevaba envuelto en un pañuelo.

•• No hubo conflicto alguno en la prueba, ni se hizo impugna-ción alguna de la presentada por la defensa que justificase su completa repudiación por la corte sentenciadora. Más aún, parece que la corte inferior creyó que era su deber condenar al acusado, aun cuando diese crédito a sus testigos, por el solo hecho de que el acusado no llevaba el revólver “bien empa-quetado con una cuerda,” condición que la corte estimó era esencial para demostrar que su intención era solamente trans- . portar el revólver de la herrería a su casa.

Las palabras de la corte revelan que en su mente existía, como existe en la nuestra, una duda en cuento a la culpabili-dad de acusado. Y fué error de la corte sentenciadora el no dar al acusado el beneficio de esa duda. Véase: El Puebo v. Pérez, 40 D.P.R. 754.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado señor Córdova Dávila no intervino.


author: Él Juez Peesideette Seño®, Del Tobo,

text:
    Plácido Longo & Cía., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, y Julián W. Blanco, en su carácter de Tesorero Interino de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7266.

    Sometido: Junio 1, 1936.

      Resuelto: Junio 4, 1936.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados de los apelantes; Dubón <& Ochotecos abogados de la apelada.
   Él Juez Peesideette Seño®, Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso por frívolo y creemos que le asiste la razón.

Plácido Longo y Co. demandaron al Tesorero de Puerto Rico en solicitud de que se le condenara a devolverles cierta suma que les cobrara por contribución de un cuarto de centavo sobre varios miles de libras de tabaco, fundándose en la Resolución Conjunta núra. 13 de 1929 ( (2) pág. 75), según quedó enmendada por la Ley núm. 11 de abril 21, 1930, (pág. 157). Basaron su demanda en la anticonstitucionalidad de la Resolución Conjunta y en su no aplicación a los hechos de su caso.

Contestó el demandado. Se pidió sentencia sobre las ale-gaciones. Negó la corte la petición. .Ambas partes some-tieron entonces el caso bajo una estipulación que, en lo perti-nente, dice:

“6. — Que la demandante el 24 de julio, 1934, se vió obligada a pagar y pagó al demandado, actuando bajo compulsión y temor de que sus bienes fuesen vendidos bajo subasta pública, la suma de $1,003.76 por concepto de la contribución de % centavo por libra sobre las 401,503 libras de tabaco antes referidas, pero de esa suma sólo pagó bajo protesta por el concepto antes indicado la cantidad de $915.41.
“7. — Que de las 401,503 libras de tabaco de referencia, 240,398 libras procedían de tabaco cosechado y producido por la demandante de sus siembras propias y nunca fueron objeto de venta alguna por su parte, habiéndose destruido totalmente dichas 240,398 libras de tabaco por el incendio antes mencionado.
“8. — Que de las 401,503 libras de tabaco, a que se refiere la de-manda, 152,934 libras pertenecían a Jesús Longo, José Valiente y Plácido Longo, personas distintas de la demandante, habiendo sido, destruidas totalmente dichas 152,934 libras por el mismo incendio ya referido. . :
“9. — Que las 152,934 libras de tabaco pertenecientes a los cita-dos señores Jesús Longo, José Valiente y Plácido Longo no fueron: producidas ni conseehadas por la demandante, y se encontraban em «us almacenes en calidad de depósito exclusivamente, en la fecha que fueron destruidas por el incendio y dichas 152,934 libras de tabaco nunca fueron objeto de venta alguna por su productor o co-sechero ni por la demandante.”

La sentencia dictada por la corte fué contraria al deman-dado. En la opinión emitida para fundarla la corte con-cluye que la ley envuelta es anticonstitucional y que aunque no lo fuera no cabría el cobro de la contribución de acuerdo con sus términos.

La moción de desestimación prescinde de la cuestión cons-titucional y así lo haremos nosotros.

Dispone la sección 2 de la Resolución Conjunta núm. 13, tal como quedó enmendada por la Ley núm. 11 de 1930:

“Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley, se impondrá y cobrará una contribución de % de centavo por cada libra de tabaco que se coseche en Puerto Rico; disponiéndose, que esta contribución sólo podrá cobrarse por una sola vez cada año en el momento de efectuarse la venta por el productor, quedando éste obligado a dejar en poder del comprador la cantidad de % de centavo por cada libra de tabaco, según se dispone por la presente sección, y el comprador a su vez pagará dicha contribución al Te-sorero de Puerto Rico en la forma que éste prescriba en el Regla-mento que dictará al efecto.”

Si el tabaco de que se trata jamás fué vendido, si quedó totalmente destruido por un incendio ¿cómo es posible cobrar una contribución que según los términos expresos de la ley que la impone sólo podrá cobrarse por una sola vez cada año en el momento de efectuarse la venta por el productor?

Se hizo referencia en el informe oral del apelante al becbo que de la demanda consta que el tabaco estaba asegurado.

Así es en efecto, pero tratándose como se trata de la impo-sición y cobro de una contribución, no es posible interpretar el seguro como venta.

Es cierto como sostiene el apelante que la contribución pesa sobre el tabaco, pero también lo es que sólo podrá co-brarse cuando el tabaco se venda. Destrucción por incendio no es venta. Podrían imaginarse casos en que el cobro del seguro por incendio equivaliera al resultado de una venta, ya que si bien el tabaco queda materialmente destruido por el incendio, su valor, en cuanto estaba asegurado, se percibe por su dueño. Si estuviera envuelto algún derecho equitativo, la cuestión tendría importancia. Pero no lo está. Se trata del derecho a cobrar una contribución que no puede ejercitarse a menos que surja claramente de la ley, y aquí no surge por lo menos con la claridad debida.

En tal virtud procede y debe decretarse la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, The Fajardo Sugar Growers’ Association y Loíza Sugar Company, demandadas.
    Núm. 1.

    Sometido: Mayo 16, 1936.

      Resuelto: Junio 4, 1936.

      Hon. Procurador General B. Fernández García; M. Guerra Mon-dragón, R. Rivera Zoyas y Lester P. Sehoene, abogados del quere-llante; J. Jlenri Brotan, Jaime Sifre Jr., y José A. Poventud y Arturo Aponte, abogados, respectivamente, de las demandadas.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A instancias del Fiscal General de Pnerto Rico, esta corte, el 28 de enero último, ordenó que se instruyera una infor-mación de la naturaleza del “quo warrcmto” en este caso, concediéndose a las querelladas basta el 28 de febrero si-guiente para excepcionar, contestar o formular cualquiera otra alegación que procediera.

El cinco de febrero el querellante radicó una moción so-licitando la inspección y la obtención de copias de ciertos libros, papeles y documentos en posesión o bajo el control de las querelladas y éstas el quince del propio mes se opu-sieron por escrito entre otros motivos porque esta corte por diversas razones que expusieron no tenía a su juicio juris-dicción para actuar en el asunto.

Pidió el querellante que fueran eliminadas de las oposi-ciones determinadas cuestiones de derecho suscitadas, entre ellas las relativas a la jurisdicción. Se oyó sobre el particular a ambas partes y la corte decidió que no era posible resolver la cuestión de inspección descartando la de jurisdic-ción y señaló el 16 de marzo, 1936, para oír de nuevo a las partes. Fueron en efecto oídas ampliamente, archivando además alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones que-dando radicado el último el 16 de mayo, 1936.

:¿ Cuál es la cuestión envuelta? La posesión de tierras por corporaciones agrícolas.- -¿Qué pide El Pueblo de Puerto Rico por medio de su Fiscal G-eneral? Que esta corte dicte sentencia de pérdida de franquicia en cuanto a The Fajardo Sugar Company pf Porto Rico y a The Loíza Sugar Company, ordenando su disolución inmediata y prohibiéndoles seguir haciendo negocios en Puerto Rico, imponiéndoles la multa correspondiente, y en cuanto a The Fajardo Sugar Growers’ Association que dicte sentencia condenándola a ce-sar de hacer negocios en esta Isla, con todos los demás pro-nunciamientos que en equidad y justicia sean pertinentes en cuanto a todas.

Se alega substancialmente en la querella que The Fajardo Sugar Company of Porto Rico es una corporación que fue •organizada de acuerdo con las leyes de esta Isla en febrero 28, 1919, siendo sus propósitos dedicarse a la agricultura y a la fabricación de azúcar, especificándose en sus cláusulas de incorporación que su derecho a poseer o controlar tierras en Puerto Rico estaría limitado a quinientos acres solamente, tal como se establece en la sección 3 de la Resolución Con-junta del Congreso de los Estados Unidos de América, apro-bada en mayo 1, 1900, y que eso no obstante adquirió todas las propiedades de The Fajardo Sugar Company, una cor-poración organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York en 1905 dedicada en esta Isla a la agricultura y a la fabricación de azúcar, que tanto por' sí como por medio de la querellada The Fajardo Sugar Growers’ Association ha-bía adquirido de tiempo en tiempo la propiedad o el control de tierras en Puerto Rico que sumaban unos treinta mil se-tecientos acres.

Con respecto a The Fajardo Sugar Growers’ Association se alega substancialmente en la querella que es una entidad que se describe a sí misma como una compañía por acciones, que fue organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York para dedicarse al cultivo de la caña de azúcar y adquirir por compra, arriendo o cualquier otro medio las tierras que fue-ren necesarias para realizar sus'fines y que habiendo cum-plido con lo exigido por la ley de corporaciones privadas de Puerto Rico aprobada en marzo 9, 1911, quedó autorizada para hacer negocios en la Isla. Sigue una serie de alega-ciones tendentes a demostrar que es de hecho una corpo-ración.

Y alega la querella substancialmente con respecto a la otra querellada Loíza Sugar Company, que es una corpora-ción organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico para .comprar y arrendar tierras y sembrar y cosechar caña de azúcar. Lo mismo que las de la primera querellada, sus propias cláusulas de incorporación expresamente establecen que su derecho a poseer y controlar tierras estará limitado a quinientos acres de acuerdo con la Resolución Conjunta del Congreso citada anteriormente, a pesar de lo cual era dueña y controlaba en octubre 6, 1925, unos once mil treinta y ocho aeres de terreno en la Isla.

Continúa alegándose substancialmente en la querella que el 6 de octubre de 1925 la querellada The Fajardo Sugar Company of Porto Rico adquirió por compra todas las accio-nes del capital de la Loíza Sugar Company y aún controla el 99 por ciento de las mismas y de tal modo maneja y domina sus negocios; que por escritura pública otorgada en enero 10, 1935, la Loíza Sugar Company traspasó a The Fajardo Sugar Growers ’ Association, con el fin de ocultar la entidad verdaderamente dueña de las mismas, todas las tierras de labranza que poseía y controlaba en Puerto Rico, a excepción de unos quinientos noventa y ocho acres que todavía posee y controla en su propio nombre individual.

Se hace referencia en la querella a ciertos instrumentos otorgados demostrativos a juicio del querellante de la inter-dependencia de las tres querelladas y se alega textualmente: “La suma total de tierras de labrantío poseída y controlada en la actualidad por dicba demandada Tbe Fajardo Sugar Company of Porto Rico, tanto por sí misma como por medio de sus subsidiarias o agentes arriba mencionadas, y en las que se dedica en la actualidad a la agricultura, según se ba dicho, monta a unos 23,800 acres.”

La querella termina alegando que la tenencia y control por las querelladas de tierras concentradas en grandes fun-dos, son contrarios a la política pública de Puerto. Rico y están en conflicto con el bienestar económico del pueblo de la Isla, con expresión de los hechos y circunstancias en que esa alegación se basa.

La Resolución Conjunta de que se ha hecho mérito se apro-bó diez y ocho días después de haberse organizado el terri-torio de Puerto Rico por el Congreso de los Estados TJnidos. Por su sección tercera, como consta publicada a la pág. XXXVI de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1902, ordena lo que sigue:

“Sección 3. — Que todas las franquicias, privilegios o concesiones otorgados de acuerdo con la sección 32 de dicha ley, estarán sujetos a enmiendas, alteraciones o revocaciones. 'En ellos se prohibirá la emisión de acciones u obligaciones, excepto cuando tal emisión se realice a cambio de dinero al contado, o de propiedades cuyo justi-precio sea igual al valor, a la par, de las acciones u obligaciones ex-pedidas; se prohibirá la declaración de dividendos de acciones u obligaciones; y cuando se trate de sociedades para llenar un servicio público, se acordarán reglamentos eficientes que fijen los precios de dicho servicio; y en caso de compra o traspaso a las autoridades pú-blicas de las propiedades pertenecientes a dichas sociedades, los re-glamentos fijarán el precio en un valor justo y razonable. Ninguna sociedad estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda sociedad autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por sus estatutos, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta previsión será adoptada para impedir a cualquier miembro de uiiá sociedad agrícola que tenga interés. de ningún género en otra sociedad de igual índole.”

La palabra “corporation” usada en el original inglés, se tradujo .indebidamente por “sociedad” al castellano. Par-tiremos de'la base de que la exacta traducción es “corpo-ración”.

■ La asamblea legislativa creada por la Ley Orgánica de abril 12, 1900, decretó el 1 de marzo de 1902 una ley estable-ciendo los procedimientos de Quo Warranto (Leyes de 1902, pág. 305, Comp. 1319-1327) y en 9 de marzo de 1911 otra ti-tulada Ley para poner en vigor una ley de corporaciones privadas (Leyes de 1911, pág. 93, Comp. 407-471). Ambas leyes estaban vigentes a las fechas en que las corporaciones querelladas The Fajardo Sugar Company of Porto Eico y The Loíza- Sugar Company se organizaron y comenzaron a negociar en esta Isla, y al amparo de la segunda fue la otra querellada admitida a realizar negocios en nuestra comu-nidad.

La sección 2 de la primera de dichas leyes dispone, en lo pertinente, que “. . . cuando alguna corporación haga u omita algo que equivalga a la renuncia o a la pérdida de los de-rechos y privilegios que como tal corporación le correspon-dan; o cuando ejercitare derechos no conferidos por la ley, el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la Corte de Distrito que tenga jurisdicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud de que se abra una información de la naturaleza de un ‘quo warrant o ’, a nombre de El Pueblo de Puerto Eico. .

T la 6 disponía:

. , ■ “ En caso de que alguna persona o corporación contra quien se haya hecho la petición resultare culpable la corte podrá dictar su fallo, despojando a dicha persona o corporación del cargo o franqui-cia a .que.s.e refiere la petición, y podrá multar a dicha persona o corporación por la usurpación o desempeño ilegal de tal cargo, o de dicha franquicia, o su intrusión en él o en ella, y podrá, tam-bién imponer al demandado el pago de las costas de las actuaciones. Disponiéndose, que en lugar de sentencia de despojo de franquicia, la corte podrá multar a la persona o corporación que resultare culpable, en una suma que no excederá de cinco mil dollars por cada falta. ’ ’

El artículo 3 de la Ley de Corporaciones Privadas, en lo pertinente, prescribe:

“Art. 3. — Toda corporación tiene facultades para:
“4: Adquirir y poseer, en cualquier forma legal, bienes raíces y muebles, y traspasar los mismos, conforme exigieren los fines consig-nados en las cláusulas de incorporación, así como hipotecar dichos bienes y sus privilegios; Disponiéndose, sin embargo, que la facultad de cualquiera corporación agrícola organizada bajo esta Ley, para poseer bienes raíces, estará sujeta a las prohibiciones establecidas en el Artículo 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Es-tados Unidos, de mayo 1 de 1900.” Leyes de Í911, p. 93.

Por eso esta corte al decidir que la cuestión de la pose-sión de tierras por corporaciones en una extensión mayor de quinientos acres no era propia para ser suscitada por un re-gistrador de la propiedad y para ser considerada y resuelta dentro del recurso gubernativo interpuesto contra la nota del registrador, tras un estudio de la Ley Orgánica de 1900 y de la jurisprudencia, dijo:

“De modo que la ley dispone de manera suficiente las medidas necesarias que han de adoptarse para que cualquier infracción de la Ley Orgánica pueda ser completamente investigada y perseguida por el Fiscal General. Si existe alguna duda en cuanto al límite de la facultad que tiene el registrador, esta duda aparece enteramente re-suelta por las disposiciones de la Ley Orgánica y el artículo 73 dél 'Código Político. El Fiscal General es el único funcionario en quien reside el derecho a iniciar procedimientos sobre revisión de bienes o atacar el derecho que tiene una corporación a poseer bienes inmue-bles. Sin tal procedimiento judicial o cuasi judicial, una corpora-ción podría ser privada de algunos derechos de propiedad sin el debido procedimiento de ley.” Compañía Azucarera de la Carolina v. Registrador de San Juan, 19 D.P.R. 152, 161.

Y por eso refiriéndose a ésa y a otras de sus decisionesen igual sentido, recientemente expresó:

“Desde entonces, o sea desde hace más de veinte años, el Poder-Judicial habló con toda claridad y mostró el camino. Los Poderes Ejecutivos y Legislativos Federales e Insulares y la Comunidad en general quedaron informados. Y es a ellos a quienes corresponde-actuar.” Baetjer v. Registrador, 48 D.P.R. 647, 666.

La Resolución Conjunta de 1900 está aún en todo su vigor. Al decretar el Congreso en 1917 la segunda Carta Or-gánica de Puerto Pico (39 Stat. at Large, Part I, Cliap. 145,. p. 951), que es la que rige en la actualidad, en el artículo 39 de la misma, ordenó:

“Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sen-tido de revocar o en alguna forma menoscabar o afectar la disposi-ción contenida en la Sección 3 de la Resolución Conjunta aprobada en 1 de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de-bienes inmuebles.” Leyes de 1917, p. 55.

La Ley de Quo Warranto fue enmendada en 1931 (Ley; núm. 37 de 1931, pág. 355) y en 1935. La enmienda de 1931 carece de importancia. En 1935 se dictaron dos leyes. La. primera, la núm. 33, de julio 22, 1935 ( (2) pág. 419), co-piada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Ley para conferir al Tribunal 'Supremo de Puerto Rico juris-dicción original exclusiva en procedimientos de Quo Warranto que-el Gobierno de Puerto Rico inicie por violación de las disposiciones-de la sección 752 del Título 48 del Código de los Estados Unidos, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Por la presente se confiere al Tribunal Supremo de Puerto Rico jurisdicción original exclusiva para conocer de todo pro-cedimiento de qtoo warranto que el Gobierno de Puerto Rico insteen lo sucesivo por violación de las disposiciones de la Sección 752 del Título 48 del Código de los Estados Unidos, y al efecto se dispone que la violación de dichas disposiciones constituirá motivo bastante-para que se inicie un procedimiento de la naturaleza de quo warranto.,r

La segunda, la 47, aprobada en agosto 7, 1935 ( (2) pág. 531), también copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Ley para enmendar las secciones 2 y 6 de la ‘Ley estableciendo los procedimientos del Quo Warranto aprobada en 1ro. de marzo de 1902’, según fué enmendada por la Ley núm. 37, aprobada en 24 de abril de 1931, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico:
“Sección 1. — Que la sección 2 de la ‘Ley estableciendo los pro-cedimientos de quo warranto, aprobada en 1ro. de marzo de 1902’, queda por la presente enmendada en la forma siguiente:
“ ‘Sección 2. — Cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejerciere o desempeñare funciones de algún cargo público o hiciere ilegalmente uso de alguna franquicia, ... o cuando alguna asocia-ción o número de personas actúen en Puerto Rico en concepto de corporación, sin estar incorporadas legalmente, o cuando alguna corporación haga u omita algo que equivalga a la renuncia o a la pérdida de los derechos y privilegios que como a tal corporación le corresponden; o cuando ejercite derechos no conferidos por la ley, el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante cualquier corte de distrito de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del quo warranto, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; o cuando cual-quier corporación por sí, o a través de cualquier otra entidad subsi-diaria o afiliada o agente ejercite derechos o realice actos o contra-tos en contravención a las expresas disposiciones de la Carta Orgá-nica de Puerto .Rico o de cualquiera de sus estatutos, el Fiscal General o cualquier fiscal de distrito, ya obrando por su propia inicia-tiva, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una solicitud para que se instruya infor-mación de la naturaleza del Quo Warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; . . .
“ ‘Cuando cualquier corporación por sí o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente esté poseyendo ilegal-mente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio pro-cedimiento,- instar la confiscación de dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.
“ ‘En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropiación Forzosa. ’
“Sección 2. — La Sección 6 de la referida Ley estableciendo los procedimientos de ‘quo warranto’, aprobada en 1ro. de marzo de 1902, queda por la presente enmendada del modo siguiente:
“ ‘Sección 6. — En caso de que alguna persona o corporación contra quien se haya hecho la petición resultare culpable, la corte podrá dictar su fallo, despojando a dicha persona o corporación del cargo o franquicia a que se refiere la petición, y podrá multar a dicha persona o corporación por la usurpación o desempeño ilegal de tal cargo, o de dicha franquicia, o su intrusión en él o en ella, y podrá también imponer al demandado el pago de las costas de las actua-ciones; . . .
“ ‘En todos los casos en que quedare satisfactoriamente probado, a juicio de la corte que la corporación o corporaciones, han reali-zado actos o ejercitado derechos no conferidos por la ley, o en contra-vención a las expresas disposiciones de la misma, en la sentencia que recaiga, se decretará la disolución de la entidad demandada, si fuere doméstica, la prohibición de continuar haciendo negocios en el país, si fuere extranjera, la nulidad de todos los actos y contratos reali-zados por la corporación o entidad demandada, y se decretará, ade-más, la cancelación de los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Eico, y cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Eico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos. A estos efectos deberá fijarse el justo valor de los bienes sujetos a enajenación o confiscación en la misma forma fijada en los casos de expropiación forzosa.
“ ‘La infracción de la orden prohibiendo hacer negocios después de dictada sentencia firme será penada con multa máxima de qui-nientos (500) dólares por cada día que la entidad continuare ejer-ciendo sus funciones, ejecutable en los bienes de la entidad, y las personas que las representan incurrirán en desacato a la corte, casti-gable con pena mínima de uno a seis meses de cárcel.
■ “ .‘Siempre que se pronuncie alguna sentencia a favor de algún demandado, éste podrá recobrar del demandante las costas, inclu-yendo una suma razonable para honorarios de abogado.
“ ‘A los fines de fijar el valor de los bienes El Pueblo de Puerto Eico, por conducto de sus agentes o representantes, queda autori-zado para penetrar en las fincas o bienes objeto de controversia cual-quiera que sea su naturaleza y condición.’ ”

Tales son los hechos y las leyes envueltos en el caso.

El procedimiento a seguir £ué marcado por el legislador. La jurisdicción de esta corte parece algo que no debería le-vantar dudas. Sin embargo, todo ha sido impugnado de ma-nera tan complicada y laboriosa, que no ha sido tarea fácil volver a la primera impresión.

Sostiene la Fajardo Sugar Growers’ Association, que no es una corporación y que no siéndolo no se le puede imputar violación de ley alguna porque sea dueña de o controle más de quinientos acres de tierra.

Admitiendo sin resolverlo que sea así, ello no obstante, dados los hechos que en la querella se alega que ha realizado, creemos que se encuentra debidamente ante la corte.

Si la corte tiene jurisdicción para juzgar los actos de las otras dos querelladas cuya naturaleza corporativa es indiscu-tible, también la tiene para juzgar los suyos, porque están según se alega tan entrelazados todos que constituyen una sola transacción.

Dados los términos de la querella, la entidad central vio-ladora de la ley resulta ser la querellada The Fajardo Sugar Company of Porto Eico. Las querelladas The Fajardo Sugar Growers’ Association y The Loíza Sugar Company son se-gún la querella entidades subsidiarias suyas, constituyen las agencias usadas para controlar y poseer tierras en exceso de las permitidas por la ley y por sus propias cláusulas de in-corporación, por su franquicia. Y en el estado actual del procedimiento a lo alegado en la querella debemos atenernos.

La querellada The Fajardo Sugar Company ataca de inconstitucionales las leyes núms. 33 y 47.de 1935, porque a su juicio enmiendan la resolución conjunta del Congreso de 1900 e invaden el campo legislativo reservádose por éste, por-que la Legislatura de Puerto Eico no tiene facultad para im-poner penalidades por violaciones. de leyes de los Estados Unidos, porque contienen más de nn asunto y asuntos no cla-ramente mencionados en el título, porque restablecen, enmien-dan y dan mayor alcance a disposiciones de leyes de los Es-tados Unidos y de Puerto Rico sin decretar de nuevo y publicar en su totalidad dichas leyes, porque la 47 es una ley ex 'post facto, menoscaba el valor de los contratos y priva a la querellada del debido procedimiento de ley y porque am-bas son de tal manera indefinidas que resultan nulas.

La querellada The Loíza Sugar Company levanta más o menos las mismas cuestiones sosteniendo además que la reso-lución conjunta del Congreso es anticonstitucional por discri-minatoria y arbitraria.

Según la opinión que del caso hemos formado puede y debe preseindirse por ahora de estudiar y resolver todas las cuestiones suscitadas relativas a nuevas penalidades impues-tas por las indicadas leyes, limitando nuestro estudio y reso-lución a la cuestión de si por ellas se confirió y pudo confe-rirse jurisdicción original a esta Corte Suprema para cono-cer de aquellos casos de quo warranto seguidos contra corpo-raciones que posean tierras en exceso de la extensión per-mitida.

Ordena la sección 34, párrafos 8 y 9 de nuestra Ley Or-gánica que:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con-excepción de'los de presupuesto general, que contenga más de nn asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no baya sido ex-presada en el título.
“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o confe-rida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

Conocemos los títulos de las leyes núms. 33 y 47. El de la primera comienza así: “Ley para conferir al Tribunal Supremo de Puerto Rico jurisdicción original exclusiva en procedimientos de Quo Warranto. ...” Es terminante. Y ni de la segunda, como sigue: “Ley para enmendar las sec-ciones 2 y 6 de la ‘Ley estableciendo los procedimientos de Quo Warranto. . . .’ ” La enmienda incluye la jurisdicción. Substaneialmente el precepto constitucional quedó cumplido.

Pero se insiste en que por la 33 la jurisdicción se ■confiere para conocer de las violaciones de una ley del Congreso y en que por la 47 se enmienda la indicada ley imponiendo penalidades, para lo cual no tiene facultades la Asamblea Legislativa Insular.

Que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no tiene fa-cultades para invadir el campo de acción del Congreso, ni para enmendar ley alguna federal, es evidente. Por tanto, si las leyes 33 y 47 invadieran dicbo campo o enmendaran la resolución conjunta de 1°. de mayo de 1900, no tendrían va-lidez alguna. Pero a nuestro juicio en cuanto a la cuestión de jurisdicción se refiere, dichas leyes ni invaden el campo reservádose por el Congreso ni enmiendan su resolución con-junta indicada. Si es que lo invaden en cuanto a las nuevas penalidades, es cuestión separable que ya dejamos indicado •que no precisa considerar por ahora.

Puerto Rico es un territorio perfectamente organizado. Posee gran parte de los atributos y puede compararse en va-rios extremos a un Estado de la Unión. Ejercitando sus po-deres legislativos pasó la Ley de Corporaciones Privadas a que antes hicimos referencia, y a esa ley quedan sujetas las corporaciones que se organizan de acuerdo con la misma.

A Puerto Rico corresponde no sólo dictar como dictó le-yes sobre corporaciones, si que vigilar su cumplimiento. De ahí que desde 1902 promulgara la ley estableciendo los pro-cedimientos de Quo Warranto, ley conocida por las querella-das y a cuyos preceptos quedaron sometidas desde que fue-ron organizadas y comenzaron a actuar.

Alega la Loíza Sugar Company que “la limitación sur-gente de la resolución conjunta de 1900 no se esfuma en las cláusulas locales de incorporación, ni pierde su origen, en-tidad o naturaleza como restricción impuesta por el Congreso-de los Estados Unidos.”

Es necesario reconocer que la limitación sobre dominio de tierras por parte de las corporaciones tuvo su origen en la resolución conjunta del Congreso, pero ese hecho como alega el querellante “nada tiene que ver y no debe jamás confun-dirse con el conjunto de relaciones jurídicas que del mismo nacen, conjunto éste que es el que interesa a la solución de las cuestiones debatidas en este procedimiento. Dentro de los límites de la Constitución de los Estados Unidos (Cons-titución en el sentido amplio que incluye tradiciones de go-bierno), debido a un finísimo ajuste, conviven, en sus res-pectivas esferas, un gobierno federal y los gobiernos de los estados y territorios sin rozamientos. Para conservar ese fino, ajuste y la separación de las esferas, el gobierno federal se mira mucho antes de intervenir en los asuntos puramente locales de los estados y territorios. El gobierno federal, por ejemplo, no interviene jamás directamente en la reglamenta-ción de las corporaciones creadas o autorizadas para hacer ne-gocios por las soberanías estatales o territoriales.”

A los efectos de penetrarse bien de que en el caso de Puerto Rico se siguió la tradición norteamericana de gobierno* parece oportuno transcribir lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su Juez Sr. Moody en Martínez v. La Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de Ponce, 213 U. S. 20, 23. Fué así:

“Por el tratado de paz (30 Stat. 1754), España cedió la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos y renunció a toda soberanía sobre ella. Se dispuso cuidadosamente que la cesión no mermaría la propiedad, o los derechos correspondientes a las corporaciones, aso-ciaciones o individuos. -Artículo YIII. Sin embargo, es claro que desde entonces el deber de proteger la propiedad y los derechos den-, tro del territorio cedido corresponde a los Estados Unidos. Se dió la oportunidad a los súbditos españoles, naturales de la península, de conservar su fidelidad a la corona de España haciendo' dentro de determinado período de tiempo una declaración a ese efecto. Ar-tículo IX. Este artículo evidentemente no. sé refería a las eorpo-raciones. Ningún otro precepto del tratado parece pertinente a la cuestión qne pende ante nos.
“Somos del criterio qne la cesión de Puerto Rico por España a los Estados Unidos rompió todas las relaciones existentes entre Es-paña y esta corporación (la Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de Ponce) y que desde entonces no puede en forma alguna considerársele como ciudadana o súbdito español. España no tiene deber ni facultad sobre la misma.
“La siguiente cuestión es si la corporación demandante es ciu-dadana de Estados Unidos. Su status durante el período que medió entre la cesión y la aprobación de la ley para proveer un gobierno civil a la isla, no es necesario que se determine. Esa ley creó una forma de gobierno para Puerto Rico e islas adyacentes y en ella se exhibió con algunas modificaciones la separación característica ame-ricana de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. el alcance del poder legislativo se describe plenamente en la sección 32, así:
“ ‘Que la autoridad legislativa estatuida por la presente, se apli-cará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean local-mente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios, según fuere necesario, y proveer y dero-gar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, reformar, modificar y derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cualquiera clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito y que no se opusieren a lo prescrito aquí; Disponiéndose, sin embargo, que toda concesión de franquicias, derechos y privilegios, o concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por el Consejo Ejecutivo, con la apro-bación del Gobernador, y toda franquicia concedida en Puerto Rico será comunicada al Congreso, el cual se reserva por la presente la facultad de anularla o modificarla.”
“En la forma de gobierno, que es típicamente americana, la crea-ción y dirección de las corporaciones es función exclusivamente le-gislativa. Somos del criterio que el efecto de la carta orgánica es conferir tal función, en lo que se refiere a una corporación de la índole de la que está ante nos, cuyas características esenciales es innecesario repetir, al gobierno de Puerto Rico; y que tal corporación hoy en día, de ser un ciudadano de algún país, lo es de Puerto Rico. No es necesario que consideremos si la corporación tiene una existencia más’ que de facto, sujeta a la voluntad de la legislatura de Puerto Rico.”

Lo resuelto por la Corte Suprema sigue siendo aplicable después de la aprobación de la segunda carta orgánica, pues lo que por ella hizo el Congreso fué continuar llevando a la práctica su claro pensamiento de establecer en esta Isla una forma de gobierno típicamente americana.

Con esa norma por guía, creemos que asiste la razón al querellante cuando sostiene,'refiriéndose a la resolución con-junta del Congreso, que “es un estatuto de naturaleza pura-mente constitucional, una enmienda a nuestra carta orgánica que no tiene otra función y alcance que limitar el poder de-legado a nuestra legislatura de crear y reglamentar las per-sonas jurídicas dedicadas a la agricultura.”

Como una indicación de que el Congreso se reservó la fa-cultad de reglamentar su prohibición, se insiste por las que-relladas en lo dispuesto por él mismo en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica de 1917, a saber:

“El Gobernador de Puerto Rico dispondrá que se tenga prepa-rado y se someta al Congreso en la legislatura que principiará el primer lunes de diciembre de 1917, un informe de todos los bienes inmuebles usados para fines agrícolas y poseídos, bien directa o indirectamente, por corporaciones, sociedades o individuos, en can-tidades que excedan de quinientos acres.”

Sin embargo, es lo cierto que la enmienda originalmente ofrecida y que fué adoptada por el Senado contenía al final de la sección 39 la siguiente disposición: “Que el derecho de legislar ulteriormente sobre la materia queda reservado al Congreso.” (Congressional Record, February 10, 1917, p. 3385). No se mostró conforme la Cámara. Se avino el Se-nado. (Id. February 23, p. 3995). T la disposición fué eli-minada y la ley aprobada en la forma que conocemos.

La resolución provee:

“. . . y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limi-tados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; ...”

Toda la Carta Orgánica demuestra que el Congreso estaba estableciendo una forma territorial de gobierno con el mismo control sobre las corporaciones creadas por él o haciendo ne-gocios dentro de sus límites, que el que pudiera tener un es-tado o cualquier otro territorio. Por consiguiente, ya que las franquicias son concedidas por Puerto Rico y su gobierno tiene control sobre las corporaciones dentro de sus límites, la in-ferencia inevitable es que la violación de la franquicia o la tenencia de tierras en exceso de quinientos acres es una cues-tión local. Es inconcebible que la violación de una carta cons-titutiva o de la carta orgánica debiesen ser excluidas del control de Puerto Rico. Sería tan posible decir que una vio-lación de la llamada “Declaración de Derechos” es materia exclusivamente de jurisdicción federal, y así sucesivamente, d.e cualquier otra disposición de la carta orgánica.

La cuestión de si la Legislatura Insular pudo conferir a esta Corte Suprema jurisdicción original, la consideramos resuelta en sentido afirmativo por la ley y la jurisprudencia. Artículo 40 de la Ley Orgánica de 1917. Municipality of Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U. S. 296.

El caso de Ferris v. Higley, 87 U. S. 375 invocado por la querellada The Fajardo Sugar Company no altera nuestro criterio. Ha sido ampliamente analizado y discutido por el querellante en su segundo alegato, págs. 10 a 16 del mismo y 783 a 789 del récord. Nada tenemos que agregar.

Y con respecto a que la Legislatura de Puerto Rico no puede privar a la Corte Federal de jurisdicción, bastará de-cir que el hecho de que por la Ley núm. 33 se confiera juris-dicción exclusiva a esta Corte Suprema, no puede ni debe interpretarse en el sentido de menoscabar la jurisdicción con-currente que pueda tener la Corte Federal. Dicha palabra dentro de una correcta interpretación se extiende únicamente a aquellas cortes sobre las cuales tiene facultad organizadora y reorganizadora la Legislatura o sean las cortes insulares. Las leyes deben interpretarse con el espíritu de darles vida, a menos que violen en realidad de verdad la ley suprema, la constitución.

Por último y sin entrar en detalles y argumentos minuciosos, diremos que a nuestro juicio no es discriminatoria ni arbitraria en sí misma y de tal modo que resulte anticonstitucional la Resolución Conjunta del Congreso de mayo 1, 1900.

Al constituir la Isla de Puerto Rico en un territorio or-ganizado, pensó el Congreso que dada su extensión territorial, podrían ser acaparadas sus tierras por una o varias po-derosas corporaciones y estimando que ello sería dañoso para su futuro desenvolvimiento, fijó su política sobre la materia mareando un límite a las facultades de la naciente legisla-tura que fiabía de tener a su cargo la adopción de leyes sobre corporaciones.

Las corporaciones pueden ser limitadas por una constitu-ción. No podemos ver, especialmente en una comunidad agrí-cola, que la limitación en el número de acres a ser controlado por una corporación dedicada a la agricultura o que la pre-vención de un monopolio agrícola, constituyan un discrimen injusto. T nada se nos lia citado para demostrarnos que el libre privilegio existente en cuanto a otras personas o cor-poraciones ocasiona un perjuicio.

Podrá discutirse si el límite de quinientas cuerdas estuvo o no bien seleccionado, pero no que sea irrazonable. Si se separa el negocio industrial del agrícola, puede concebirse que se establezcan corporaciones que levanten y sostengan en actividad grandes fábricas que transformen en azúcar las cañas que independientemente cultiven decenas o centenares de personas y corporaciones que a ello se dediquen ocupán-dose directamente de sus fincas, desarrollando actividades y multiplicando el número de ciudadanos y familias eficientes que se sostengan a sí mismos y que constituyen en los países bien organizados la base más segura y estable de una vida normal y ordenadamente progresiva.

El hecho de que pará las corporaciones dedicadas a la agricultura se fijara un límite exacto — quinientas cuerdas— dejándose la determinación del de las otras corporaciones al racionalmente necesario para llevar adelante sns propósitos, no implica discrimen.

Difícilmente se concibe que las otras corporaciones lle-guen a necesitar quinientas cuerdas de terreno para el esta-blecimiento de sus fábricas, para el desarrollo de sus nego-cios, pero tal vez alguna dedicada por ejemplo a la explota-ción de minas tuviera la necesidad de extenderse como conse-cuencia de sus investigaciones a más y en tal caso sí que se-ría irrazonable destruir la unidad de la explotación a virtud de una limitación fijada de antemano.

Por virtud de lo expuesto y por todo lo que surge de los autos mismos, deten desestimarse las objeciones mterpuestas por las querelladas a la jurisdicción de esta corte y ordenarse que el caso siga tramitándose de acuerdo con let ley.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no se encuentra presente en el momento en que se lee y adopta la opinión que fundamenta esta resolución ni fia tenido la oportunidad de leerla, pero sí asistió a la vista final en que la cuestión de ju-risdicción fue informada e intervino en la discusión del asunto en el seno del Tribunal y estoy autorizado por él para hacer constar que está conforme en que esta Corte tiene jurisdic-ción. El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Jxjez Peesidente Señoe Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Guillermo Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 6076.

    Sometido: Mayo 20, 1936.

      Resuelto: Junio 4, 1936.

      Eduardo Flores Colón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Jxjez Peesidente Señoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al apelante lo que sigue:

“Que el 31 de marzo h-2: 00 P. M. de 1935 y en la calle Muñoz Rivera de Río Piedras, P. R. del Distrito Judicial Municipal de Río Piedras, P. R. que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado, Angel Guillermo Rodríguez, allí y entonces de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, actuaba como compañía de Servicio Público, transportando pasajeros en el automóvil No. P-2237 de su propiedad en la ruta entre Río Piedras y San Juan, mediante paga de diez centavos cada pasajero, sin tener un certificado de Necesidad y Conveniencia u otra autorización vá-lida alguna expedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico para servir dicha ruta, no obstante estar aquélla servida exclu-sivamente por la Compañía de Servicio Público White Star Bus Line, Inc., que es la única que está autorizada a prestar dicho servicio, mediante franquicia concedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico el día 9 de abril de 1927 y aprobada por el Hon. Gobernador de Puerto Rico el día 12 de abril del mismo año; infrin-giendo de este modo la Orden Final de la Comisión de Servicio Pú-blico de Puerto Rico de fecha 15 de octubre de 1932, la que fué pu-blicada por medio de edictos en los periódicos ‘La Correspondencia. de Puerto Utico’ en octubre 18 de 1932 y en ‘La Democracia’ en octu-bre 19 de 1932 y enmendada de acuerdo con la Orden Final de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico de marzo 16 de 1935, y el Artículo 95 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico según quedó enmendado por la Ley núm. 2 de mayo 7 de 1927 (pág. 399).”

Llamada la causa para juicio, se le leyó la acusación y el acusado alegó que era inocente. Practicó su prueba El Pueblo y la suya la defensa. La corte declaró culpable al acu-sado y le impuso cincuenta dólares de multa. Apeló y en su alegato sostiene que la orden final de la Comisión no se re-fiere a personas jurídicas o naturales sino a vehículos, que dicha orden sólo prohíbe que se establezcan servicios de pa-sajeros entre San Juan y Pío Piedras y que no se probó que el acusado se dedicara a dicho servicio sin tener un per-miso de la Comisión.

La Orden de la Comisión de Servicio Público cuya violación se imputa al acusado en su parte dispositiva, dice:

“Se ordena además y por la presente queda prohibido el que ningún vehículo de motor que no haya sido previamente autorizado por la Comisión, actúe, sirva, funcione u opere como porteador pú blico en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general mediante paga y por asiento entre puntos incluidos dentro de las rutas servi-das por la White Star Bus Line, Inc.
“El hecho de que un vehículo de motor transporte a uno o más pasajeros de un sitio a otro dentro de las rutas servidas por la White Star Line, Inc. mediante paga por asiento, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta orden.”

La primera contención del apelante carece de sólida base. Al referirse la Comisión a “vehículo de motor”, tuvo en mente un vehículo en ejercicio, que no se concibe sin el'chauf-feur que lo guíe. Aunque los progresos alcanzados por la ciencia son en verdad maravillosos, no lian llegado aún a pres-cindir de la razón y la experiencia que son sns propias fuentes para poner en acción las máquinas que lia creado.

Si alguna duda pudiera surgir, desaparece al relacio-nar la orden de la Comisión cuya infracción se imputa al acusado con la sección 95 de la Ley de Servicio Público de Puerto Eico tal como quedó enmendada por la Ley núm. 2 de 1927, leyes de 1927, p. 407, que prescribe:

“Si cualquier persona o compañía de servicio público infringiere cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o realizare cualquier acto que por la presente se prohíbe; o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a desempeñar cualquier deber a que está obligada por esta Ley; o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cumplir cualquier disposición, requisito, determinación u orden final que hubiere dictado la comisión; o si dejare de cumplir cual-quier sentencia pronunciada u orden o decreto expedido por cual-quier corte, dicha compañía de sei’vicio público, incurrirá, convicta que fuere, por una corte de jurisdicción competente, en multa no. menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa.
“Las cortes municipales tendrán jurisdicción concurrente para conocer de estos casos.”

Véase además el caso de El Pueblo v. Vega, 45 D.P.R. 223.

La Orden de la Comisión no es susceptible de ser interpre-tada como prohibiendo solamente que se establezcan servicios especiales de pasajeros en la ruta de la White Star Bus Line, como pretende el apelante. Comprende dichos servicios es-peciales y además aquellos que pudieran prestarse por otras líneas de fuera que actúen en la ruta. A menos que haya sido previamente autorizado por la Comisión para ello, nin-gún vehículo de motor fuera de los de la White Star Bus Line puede dedicarse al negocio de transportar pasajeros mediante paga por asiento bien se circunscriba únicamente a la ruta Río Piedras-San Juan, ya penetre en ella en el curso regular de sus viajes desde otros pueblos de la Isla a San Juan. Es claro que las líneas de la Isla pueden realizar su negocio de acuerdo con sus autorizaciones hasta San- Juan, pero una vez que entran en la ruta Río. Piedras-San Juan o viceversa ya no pueden tomar pasajeros dentro de dicha ruta, para el servicio exclusivo de la misma.

Parece conveniente agregar que la orden de la Comisión fue el resultado de una amplia investigación y tiende tanto a garantizar la franquicia concedida a la White Star Bus Line como los intereses y la seguridad del público en general.

Hemos examinado la evidencia y a nuestro juicio es bastante para concluir que el acusado guiando el vehículo de motor de que se trata dedicado al transporte de pasajeros de Fajardo a San Juan, en Río Piedras invitó a montar a precio de guagua para San Juan viéndosele aceptar un pasajero. No creemos que fuera absolutamente necesario presentar como prueba de cargo la certificación negativa de la autorización de la Comisión. Como cuestión de defensa, si es que en realidad estaba autorizado para ello, pudo y debió presentar la certificación afirmativa el acusado.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidentb Seítoe Del Tobo,

text:
    Modesto Cobián Rivera, demandante y apelado, v. Manuel Espina, demandado y apelante.
    Núm. 7320.

    Sometido: Junio 1, 1936.

      Resuelto: Junio 4, 1936.

      J. J. Fuertes, abogado del apelante; Lloréns Torres & O’Neill, abo-gados del apelado.
   El Juez Pbesidentb Seítoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una sentencia de una corte de distrito pronun-ciada en febrero 26, 1936, y notificada el 28, declarando de-sierto un recurso de apelación interpuesto para ante ella contra sentencia de una corte municipal dictada en un pleito civil sobre cobro de dinero y de una resolución de la dicha corte de distrito de abril 2, 1936, notificada el 6 negándose a reconsiderar su sentencia.

La apelación se interpuso el 15 de abril de 1936 y la parte apelada solicita su desestimación por haberse establecido fuera de término y por ser frívola.

La cuestión sobre interrupción del término para apelar a virtud de moción de reconsideración, está siendo considerada nuevamente por este tribunal en otro caso que está pendiente de resolución. Quizá debería esperarse para seguir en éste la línea definitiva que en aquél se trace. Pero como se ha alegado también el motivo de frivolidad para pedir la deses-timación y la frivolidad es manifiesta, prescindiremos de con-siderar y resolver si el recurso se entabló o no en tiempo y lo desestimaremos por falta de méritos.

La sentencia recurrida es como sigue:

“La transcripción de autos en este caso fué radicada en 20 de no-viembre de 1935 y el mismo día el secretario notificó a las partes. Posteriormente se celebraron lecturas de calendario general en diciembre .15, 1935, enero 15, y febrero 15, 1936, de acuerdo con el re-glamento del tribunal. El demandado y apelante no lia solicitado la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos ci-viles para vista en ninguno de diehos calendarios, posteriores a la ra-dicación de la transcripción de autos.
“PoR Tanto, vista la Sec. 3(«) de la Ley sobre Apelaciones contra Sentencias de las Cortes Municipales en pleitos civiles, enmen-dada por Ley núm. 31 de 1934, se declara con lugar la mocion del demandante y desierto el recurso de apelación por el demandado contra la sentencia de la Corte Municipal de San Juan, Sección 2, de 31 de octubre de 1936, con las costas al demandado. El secre-tario comunicará esta sentencia a la corte inferior, a los fines pro-cedentes. ’ ’

T la ley aplicada ordena:

“El secretario de la corte de distrito anotará la causa en el re-gistro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. . . . Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calen-dario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, imponién-dole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.” Art. 3o. de la Ley núm. 31 de 1934, p. 293.

Esa ley lia sido interpretada por esta corte en varias oca-siones. Transcribimos del caso de Manrique v. Corte, 48 D.P.R. 619:

“Las disposiciones que anteceden son idénticas a las contenidas en el artículo tercero de la Ley núm. 93, promulgada el 31 de marzo de 1919 como apéndice al tomo II de las Leyes de 1917. Interpre-tando las referidas disposiciones dijo esta corte en el caso de Marrero Ríos v. Muller, 35 D.P.R. 369, 370:
“ ‘Hemos tenido cierta duda respecto a si las prescripciones de esta ley de 1917 eran enteramente mandatorias, y a la vez si no per-mitían alguna discreción a la corte de distrito, pero en conjunto estamos convencidos de que la idea de la Legislatura fué que la inclusión en el calendario era una de las gestiones necesarias por las cuales un apelante perfeccionaba su apelación. El apelante no duda de que es el deber de la corte desestimar una apelación si el caso en realidad no ba sido incluido por no bacer el apelante tal so-licitud. Por la teoría de tal deber imperativo de parte del ape-lante él estaba obligado a actuar inmediatamente. Él pudo baber evitado toda cuestión pidiendo al secretario que incluyera su caso en la primera lectura del calendario, o tomando alguna otra medida adecuada. Sentimos la necesidad que babía para la actuación en este caso, pero parece ser cuestión de lex scripta, una determinación específica de la legislatura.’
“Esta doctrina fué ratificada en el caso de Morales v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 909, y en el caso de Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, donde so dice que no hay cuestión con respecto a lo imperativo de la ley. La Legislatura de Puerto Rico teniendo conocimiento del criterio sostenido por este tribunal, incorporó en nuestra legis-lación en 1934 la misma ley de 1917, que no fué entonces debida-mente aprobada según interpretación judicial.
“. . . No es posible establecer excepciones; la letra de la ley ex-presa claramente el pensamiento del legislador y ninguna corte de distrito puede negarse a desestimar una apelación cuando el man-dato del estatuto resulta incumplido.” Págs. 621, 622.

El fundamento alegado para la reconsideración fué la en-fermedad del abogado de la parte apelante. La Corte de Dis-trito lo estimó insuficiente. Y no vemos motivo justificado alguno para alterar su conclusión.

Deben desestimarse por frívolos los recursos de apelación interpuestos.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Moscoso Hno. & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Municipio de Jayuya, demandado y apelado.
    Núm. 6658.

    Sometido: Diciembre 10, 1935.

      Resuelto: Junio 5, 1936.

      B. Gintrón Lastra y Fernando Zapater, abogados de la apelante; A. Fiol Negrón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante instó pleito para recobrar del Municipio de Jayuya la suma de $1,057.79 como precio de ciertos pro-ductos químicos de farmacia y medicinas que alegaba baber vendido y entregado a dicho municipio. Sostenía que estos efectos habían sido vendidos en cuenta corriente, que el im-porte total de la deuda había sido reconocido por el muni-cipio, que éste había convenido en incluir la partida en su presupuesto correspondiente al año 1928-29, y que no lo hizo así. Ella apela ahora de una sentencia adversa y sostiene que:

“Primer error: Erró la Corte al resolver que la demandante no ha probado que el Municipio de Jayuya tomara efectos de farma-cia y medicinas a la demandante por valor de $1057.79.
‘ ‘ Segundo error: Erró la Corte al resolver que si bien la deman-dante ha probado que suministró medicinas y efectos de farmacia al Municipio de Jayuya, esto no se hizo en forma legal, es decir, cum-pliendo con los requisitos expresos de la Ley Municipal y -Regla-mento de Contabilidad Municipal vigente.”

La corte de distrito admitió en evidencia, con la objeción del demandado, el siguiente documento:

“CERTIFICACIÓN. Yo, Ángel D. Falcón, Auditor Municipal de Jayuya, P. R., por la presente certifioo: Que los Sres. Moscoso Hno. & Co., S. en C., de Ponce, P. R., tienen créditos pendientes de cobro en este Municipio por valor de mil cincuenta y siete dolases con SETENTA y nueve centavos (fl,057.79), que están registrados a favor de los libros (sic) de 'Contabilidad de esta Auditoría a mi cargo. Que dicha deuda no les ha'sido satisfecha ni en todo ni en parte; pero que les será pagada con los ingresos ordinarios del corriente año económico de 1928-29, probablemente, y de acuerdo con el cobro de contribuciones, dentro de los próximos noventa días a contar desde la fecha del presente certificado. Y, para que dichos señores puedan hacer el uso comercial que estimen conveniente de este documento, expido la presente certificación de Jayuya, P. R., hoy día seis de diciembre 1928. (Fdo.) Ángel D. Falcon, Auditor Municipal. — (Hay un sello en tinta que dice: ‘Gobierno Municipal — Jayuya, P. R.’, y otro, ‘Moscoso Hermano & Go., S. en C., por (firma ilegible) Gestor.’ ”

Fuera de cualquier cuestión relativa al valor probatorio de tal evidencia, fuera de cualquier cuestión en torno a la sufi-ciencia de la prueba de la demandante en lo atinente al valor total de los efectos suministrados al municipio o sobre cual-quier parte del mismo, y fuera de numerosas otras cuestiones discutidas en los alegatos, bastará decir que el supuesto con-trato era ultra vires y nulo, toda vez que al tiempo de la trans-acción no se había asignado suma alguna en el presupuesto municipal con el objeto de hacer frente a tal obligación. Véase el inciso 9, sección 8, Ley Municipal, Leyes de 1928, págs. 339, 343. De ahí se desprende que la demandante no podía recobrar ni basada en la teoría de un contrato expreso ni en la teoría de uno implícito. Municipality of Río Piedras v. Serra Garabís & Co., 65 Fed. (2d) 691; Roberts v. City of Fargo, 86 N. W. 726 (N.D.); Hurley v. City of Trenton, 49 A. 518; Empire Voting Machine Co. v. City of Chicago, 267 Fed. 162; City of Litchfield v. Ballou, 114 U. S. 190; Hagerman v. Hagerman, L.R.A. (1915 A) 904, 910; 44 Corpus Juris 136, sec. 2247; 84 A.L.R. 936; 7 A.L.R. 361; 19 R.C.L. 1060-1066, secs. 344-354; Dillon, on Municipal Corporations, vol. 1, pág. 549, sec. 297.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., demandada.
    Núm. 2.

    Sometido: Marzo 13, 1936.

      Resuelto: Junio 8, 1936.

      jRon. Procurador General B. Fernández García; M. Guerra Mondra-gón, B. Rivera Zoyas y Lester P. Bchoene, abogados del quere-llante; Jaime Bifre, Jr., Forado Franceschi y Orlando J. Anton-sanü, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento de quo warranto presentado contra Rubert Hermanos, Inc. Al notificársele, el primer paso dado por la demandada fué radicar una moción para eliminar ciertos particulares de la petición. El día señalado para la vista el peticionario solicitó oralmente que se ignorara la moción para eliminar. La teoría fué que la ley de quo warranto autorizaba solamente una alegación similar a una contestación o excepción previa, y que en la ley de quo warranto no liabía campo para tal moción para eliminar, especialmente toda vez que la idea de la ley fué que el procedimiento fuera rápido.

Estamos plenamente convencidos de que para este fin un procedimiento de quo warranto no difiere esencialmente de cualquier otro pleito cuyo objeto es determinar una contro-versia entre las partes. Un demandado tiene siempre de-recho a saber exactamente qué es lo que tendrá que afrontar en el juicio e insistir en que no debe llamársele para refutar alegaciones innecesarias o aun redundantes o impertinentes. Cuando un peticionario se ha excedido posiblemente de los límites de una buena práctica (good pleading), el demandado debe tener derecho a traerle dentro de tales límites.

Los. artículos 123 y 315 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil disponen:

“Artículo 123. A moción de la parte contraria se eliminará por la corte toda materia impertinente y redundante contenida en una alegación, y hasta que tal moción sea resuelta por la corte la parte promovente no estará obligada a hacer nueva alegación.
“Artículo 315. Toda disposición de una corte, o juez dada por escrito, o anotada en el récord y no incluida en una sentencia, se denomina una orden. La solicitud pidiendo que se expida una orden constituye una moción.”

De suerte, pues, que si se interpretan conjuntamente estos dos artículos, la conclusión necesaria es que la orden de una corte eliminando materia redundante o de otra índole puede obtenerse mediante moción.

Nosotros mismos liemos discutido la naturaleza de una moción para eliminar en Vargas v. Cruz, 32 D.P.R. 456. Cormparamos la moción con una excepción previa especial y nos re-ferimos a otra jurisprudencia.

Al considerar una moción para eliminar, especialmente en esta clase de procedimiento, cuando la materia objetable tan sólo se excede un poco o es inofensiva, y no impone pesada carga en los hombros de la querellada, la corte podría ne-garse a eliminar.

Debe declararse sm lagar la moción de El Pueblo.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado SeñOR Wolf,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. R. Riancho & Co., y Manuel Pascual, demandados y apelante el segundo.
    Núm. 7265.

    Sometido: Jimio 8, 1936.
    Resuelto: Junio 12, 1936.

      Alejandro Lamour Rivera, abogado del apelante; González Ragnndo a; González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñOR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Teniendo duda respecto- .a si el apelante no podía tal vez justificar su apelación, ordenamos la reconsideración (49 D.P.R. 643) La idea que teníamos era que el apelante po-día efectivamente haber sido inducido a error con motivo de estar pendiente una moción para que se dictara sentencia sobre las alegaciones. El apelante insistió enfáticamente en que estaba bajo la impresión de que no tenía que estar pen-diente dol calendario mientras pendía tal moción.

Indudablemente los letrados de ordinario deben estar al tanto del señalamiento de sus casos y de la forma en que la corte procede a señalarlos. Dudamos nuevamente si el hecho de estar pendiente una moción solicitando sentencia sobre las alegaciones, tan frecuentemente negada, relevaría, cuando ha surgido controversia en el caso, a la parte, de estar enterada de los señalamientos hechos en el calendario. No e.s extraordinario que una corte resuelva ciertas mociones pendientes el día señalado para el juicio.

El apelante en su moción de reconsideración presentada a este tribunal dijo que no hizo solicitud de “reconsideración” a la corte inferior porque dicha corte indicó al letrado que no estaría dispuesta a alterar su decisión. Lo que sucedió en este caso fué que la corte de distrito, luego de declarar sin lugar la moción solicitando sentencia sobre las alegaciones, favoreciendo así al apelante, oyó prueba y dictó sentencia contra el demandado y apelante. La moción apropiada hubiera sido no, según dijimos en nuestra opinión, una moción de reconsideración, sino una moción para dejar sin efecto la sentencia a tenor del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, o alguna otra. La orden de la corte declarando sin lugar tal moción hubiera sido, a nuestro juicio, apelable, y no creemos que el apelante fuera relevado de dar a la corte inferior la oportunidad de corregir.

El 23 de julio de 1935 la corte de distrito, a moción del apelante, ordenó se preparara la transcripción de la evidencia dentro del término de veinte días. Nada tenemos ante nos que demuestre que el apelante diera paso alguno tendente a incorporar la prueba con posterioridad al 11 de septiembre del año pasado.

Tampoco, a no ser por manifestaciones generales, se nos ha hecho una verdadera demostración de que el recurso sea meritorio. La moción para desestimar se basaba en varios fundamentos, incluyendo el de frivolidad y la falta de prose-guir el recurso con diligencia, y la misma debe ser declarada con lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Honorio González, acusado y apelante.
    Núm. 6163.

    Sometido: Junio 5, 1936.

      Resuelto: Junio 12, 1936.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de infracción del artículo 553 del Código Penal, consistente en baber tenido, abierto al público un establecimiento comercial de pulpería, exhibiendo para la venta provisiones y efectos de varias cla-ses, el día 2 de septiembre de 1935, Día del Trabajo, que es un día de fiesta legal. Declarado culpable por la Corte Municipal, apeló para ante la Corte de Distrito de Aguadilla.

El día señalado para la vista del caso, el acusado com-pareció en persona y sin abogado y anunció estar listo para juicio. Celebrado éste, la corte lo declaró culpable y le con-denó al pago de un dólar de multa y las costas. Contra esa sentencia se ha interpuesto el presente recurso.

De la transcripción de la evidencia aparece qne en el acto de la vista, al serle leída la acnsación, el acusado alegó qne tenía abogado defensor y solicitó la suspensión de la vista basta qne compareciera su abogado. La corte denegó la mo-ción de suspensión y procedió a oír la prueba.

La única prueba de cargo fué el testimonio del policía denunciante, quien declaró que el Día del Trabajo, como a las 2:30 p. m., el acusado tenía su establecimiento comercial de cafetín y pulpería abierto al público; que el cafetín y la pul-pería no están separados, sino juntos; que el acusado exhibía allí objetos de quincalla y comestibles; que en ese momento había bastante gente dentro del establecimiento y que vió que allí se hacían transacciones. El acusado hizo uso de su derecho a repreguntar al testigo y éste ratificó todo lo que había declarado a preguntas del Fiscal. El acusado no ofre-ció prueba alguna.

Al terminar la corte de dictar sentencia, compareció ante ella el Lie. Buenaventura Esteves, quien alegó ser abogado del acusado, y dijo: que desconocía la fecha señalada para la vista del caso; que a pesar de haber informado en corte abierta que él ha venido actuando como abogado defensor y de haber firmado el escrito de apelación, se procedió a ce-lebrar el juicio en su ausencia, privando así al acusado de su derecho a estar representado por abogado y privándole de un “due 'process of law”, y que ha sido condenado con la sola declaración del denunciante, en violación de la Carta Or-gánica de Puerto Rico; que el abogado llegó a la corte a las 9:30 a. m., encontrando que ya el juicio se había celebrado; que el acusado tenía una buena defensa sobre los méritos del caso; y terminó pidiendo se dejara sin efecto la sentencia, dictada y que se señalara nuevamente día y hora para la cele-bración de la vista.

La corte hizo constar en autos que el acusado fué citado por el márshal cuatro días antes del señalado para el juicio; que fué citado para comparecer a las 9 de la mañana; que el caso no fué .llamado hasta las 10:15 a.m.; qne al ser pre-guntado si tenía testigos, el acusado contestó que los tenía en San Sebastián, y que tenía abogado, pero no dijo su nombre. Y en vista de esos hechos la corte declaró sin lugar la mo-ción, tomando excepción la defensa.

En su alegato, el apelante imputa a la corte inferior la . comisión de los siguientes errores:

1 Primero: La Corte de Distrito cometió manifiesto error y actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al celebrar el juicio de este caso negándole al acusado su derecho a estar representado por un abo-gado defensor, infringiendo así el artículo 11, incisos 2 y 3, del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal y lesionando un derecho constitu-cional del acusado.
‘£ Segundo: La Corte de Distrito cometió manifiesto error y actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al declarar culpable al acusado con la sola declaración del policía denunciante.
“Tercero: La Corte de Distrito cometió manifiesto error y actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al negarse a dejar sin efecto la sentencia y abrir el caso de nuevo para dar al acusado su oportu-nidad de defenderse con su' abogado y testigos.
‘ ‘ Cuarto: La denuncia no contiene hechos suficientes para cons-tituir una infracción al artículo 553 del Código Penal; por lo que la sentencia es contraria a la Ley y a los hechos.”

Los tres primeros alegados errores carecen por completo de méritos y no es necesaria nna extensa argumentación para justificar sn desestimación. Es innegable que todo acusado tiene derecho a estar representado por abogado en el acto del juicio y que las cortes no deben privar a ningún acusado de ese derecho. De los autos no aparece que haya habido en este caso privación alguna. El acusado fue notificado a tiempo del día y hora en que debía comparecer ante la Corte, y era a él a quien incumbía comparecer con su abogado y con sus testigos. Las cortes no están obligadas a alterar sus calendarios o el orden de sus asuntos para adaptarlos a las conveniencias o a los caprichos de las partes. Son las partes, cuando han sido debidamente citadas, las que deben comparecer ante la corte en el día y hora señalados y esperar que llegue su turno para ser oídas. Sostener lo contrario sería introducir el caos y la anarquía en los tribu-nales y hacer imposible la ordenada administración de jus-ticia. Si el acusado en el presente caso tuvo que entrar en juicio sin la asistencia de su abogado, de él y no de la corte fué la culpa. No cometió ésta ningún error al proceder a la vista del caso sin esperar la llegada del abogado.

El cuarto error se refiere a la suficiencia de la denuncia.

El Artículo 553 del Código Penal, según quedó enmendado en 1925 (Ley núm. 18, pág. 137), lee así:

“Art. 553. — Los domingos, durante todo el día; excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 p. m.; todo los días laborables desde las 6 p.m. y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m. perma-necerán cerrados al público; y una bora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados en los es-tablecimientos comerciales e industriales, con excepción de los desig-nados a continuación: ...”

La denuncia se ajusta sustancialmente al estatuto y alega que el acusado “tenía abierto al público un establecimiento comercial de pulpería, exhibiendo para la venta efectos tales como bacalao, manteca, tocino, jamón, arroz y otros, siendo el 2 de septiembre de 1935 Día del Trabajo, que es un día de fiesta legal.”

Arguye el apelante que la denuncia debió alegar “que el acusado realizaba transacciones comerciales en violación del artículo 553 del Código Penal,” y que no habiendo hecho esa alegación, debe ser considerada como insuficiente.

La cuestión que discutimos ha sido ya resuelta por esta corte en el caso de El Pueblo v. Hernández, 36 D.P.R. 855, en el que se dijo:

“Una denuncia bajo el Artículo 553 del Código Penal como quedó • enmendado en 1925 (pág. 137), que diga que el acusado tenía su establecimiento con ‘todas sus puertas abiertas al público’ en los días y a las horas que especifica dicho artículo, es suficiente sin que sea necesario alegar qne se realizaron en él transacciones comerciales.”

Opinamos que la denuncia y la prueba presentada son am-pliamente suficientes para sostener la sentencia apelada, la cual debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.