text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Western, acusado y apelante.
    No. 2531.

    Visto: Junio 24, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    1. Armas — Armas Prohibidas — Proceso t Castigo — Presentación del Arma, gomo Prueba. — La presentación del arma eomo prueba no es requisito previ» e indispensable a una condena por delito de portar armas prohibidas.
    2. Armas — Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Apelación y Error. — Exa-minada la prueba en el caso de autos, se resolvió: que dada la eonclusife a que llegó la corte inferior al resolver el conflicto existente, no podía soste-nerse que se incurrió en error al apreciarla ni que la sentencia fuera con-traria a dielia prueba.
    SENTENCIA ele Pablo Barga, J. (Humacao), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Adolfo Garda Y ove, abogado del apelante; José E. Pignoras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de terminar la presentación de su prueba el fiscal y haber el acusado presentado una moción de absolución perentoria, se permitió al primero presentar como prueba una cuchilla que había sido identificada durante los comien-zos del juicio como el arma que portaba el acusado.

El policía que identificó el arma, antes de hacerlo, la ha-bía descrito con tal riqueza de detalles que no dejó nada para alguna razonable duda con respecto a su naturaleza como arma mortífera. Su declaración sobre este punto no ha sido contradicha ni siquiera por el acusado y los otros testigos que declararon después de dictarse la resolución que ahora se asigna como error.

Dentro de las circunstancias, no podemos convenir con el critero del abogado del apelante de que la presentación de una cuchilla como prueba era un requisito previo indispensable a una condena por el delito de portar un arma prohi-bida el cual fue imputado al acusado. Pero aún de otro modo, el alegato del apelante no establece la proposición, de ser sostenible, de que el acusado en realidad fué privado de algún derecho sustancial, o de que el juez sentenciador era culpable de un serio abuso de su sana discreción judicial, que el apelante admite debe ser ejercitada en tales cir-cunstancias.

La contención de que la corte inferior incurrió en error en la apreciación de la prueba es algo más seria.

La prueba testifical de la defensa tendió a demostrar que el acubado es propietario de una agencia de bicicletas y pin-tor de camas y bicicletas; que la cuchilla en cuestión la usaba, él en su negocio como instrumento o implemento con el fin de raspar la capa de pintura original, requisito preli-minar para .pintar las camas y bicicletas; que poco antes de habérsele ocupado la cuchilla había estado ocupado raspando una bicicleta; que ciertos amigos lo habían llamado en con-sulta como contratista más antiguo y de más experiencia en relación con la futura administración de un contrato que precisamente acababan de obtener dichos amigos; que mien-tras discutía este asunto con ellos y les aconsejaba en tal sentido un policía que pasaba le exigió la entrega de la cu-chilla.; y que esta incautación se hizo a pocos metros de distancia de la puerta del sitio de negocio del acusado,

s .Si esto fuera todo y el juez sentenciador no hubiera ex-presado una opinión directamente sobre este aspecto del caso, podríamos inclinarnos a revocar la sentencia apelada. El Pueblo v. Feliciano Soto Coyet, (34 D.P.R. 286).

■Pero el acusado en su declaración y otros testigos tal vez con el deseo de favorecerle, fueron un poco más lejos diciendo que el policía había pasado algunos momentos antes del suceso y lo había visto, o pudo haber visto al acu-sado en su trabajo. Entonces el policía fué llamado nueva-mente a declarar y las manifestaciones que acaban de ha-cerse fueron contradichas enfáticamente.

El juez sentenciador al declarar culpable al acusado hizo referencia a este' conflicto en la prueba, manifestando que creía la versión del incidente hecho por el policía y no creyó que la cuchilla la llevaba o usaba el acusado como una he-rramienta de su trabajo.

Ante este conflicto en la prueba, y en vista de la termi-nante conclusión de la corte inferior no estamos en condi-ciones de decir que la sentencia es contraria a la prueba, o que la corte inferior incurrió en error en su apreciación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Torres Gómez, acusado y apelante.
    No. 2405.

    Visto: Abril 14, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Remisión — Moción he “Dormer Jeopardy”. — Constituido y juramentado el jurado y después de leída la acusación se presentó moción de former jeopardy a manera de moción para sobreseer la acusación fundada en la absolución del cargo) de asesinato debido a anterior condena por homicidio voluntario. • Se resolvió: que no obstante haberse tramitado el juicio como uno por asesinato en primer grado hasta el momento de la moción, el haberse ésta denegado no podía decirse que fuera error, a falta de cita de autoridades o de un razonamiento más persuasivo que la vaga sugestión de un posible prejuicio en la mente del jurado.
    SENTENCIA de B. Días Cinlrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      Fernando B. Fornaris y Cristino B. Colón, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué juzgado a virtud de una acusación por un delito de asesinato y declarado culpable de homicidio vo-luntario. En apelación fué revocada la sentencia y la causa devuelta a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio, 33 D.P.B. pág. 185.

El acusado fué entonces juzgado de nuevo por la misma acusación, pero bajo instrucciones que sólo comprendían el delito de homicidio y que excluían la' posibilidad de una con-dena por el delito mayor. El jurado otra vez declaró al acusado culpable del delito de homicidio voluntario; y ahora insiste él en que la segunda sentencia debe asimismo ser revocada por las siguientes razones:

“1. Porque la corte cometió error al denegar mía moción de former jeopardy que con respecto al delito de asesinato presentó él acusado por medió de su abogado.
"2. La corte cometió error al permitir que el fiscal utilizase el veredicto anterior refiriéndose a él como argumentación o justifica-ción de por qué el caso se ventilaba de nuevo.
“3. La corte cometió error al decidir sobre la moción de former jeopardy en cuanto al delito de asesinato, la que ba debido ser so-metida al jurado para su consideración.
“4. La corte cometió error en las instrucciones dadas al jurado por cuanto ellas no se compaginan con la acusación bajo la cual se celebró el juicio y ésto dió motivo a que se extraviara la mente del jurado.
“5. El veredicto del jurado es contrario a derecho y a la prueba presentada en el caso.”

La llamada moción de former jeopardy no era en la forma de una alegación sino más bien a manera de nna mo-ción para anular o sobreseer la acusación, basada en la teo-ría de una absolución del cargo de asesinato debido a la anterior condena por homicidio voluntario.

Esta moción no se hizo hasta después que el jurado ha-bía sido constituido y juramentado y leída la acusación.

El fiscal se opuso al propuesto “sobreseimiento,” por el fundamento de que la moción se hacía demasiado tarde, ci-tando el caso de El Pueblo v. Marrero, 18 D.P.R. 923; People v. McFarlane, 138 Cal. 481 (61 L. R. A. 245, 71 Pac. 568); y Vol. 7, Jurispi’udencia de California, p. 961, pár. 101. El fiscal, sin embargo, admitió y se adhirió a la suges-tión de que lo procedente dentro de las circunstancias sería seguir con el juicio como si fuera por homicidio voluntario solamente, bajo las debidas instrucciones al jurado.

El juez entonces denegó la moción y la defensa tomó ex-cepción “porque,” como dijo el abogado, “entendemos que no existe ninguna acusación.”

Es muy cierto, según indica el apelante, que hasta la fe-cha de esta moción el caso había sido tramitado como un juicio por asesinato en primer grado.' Verdaderamente que las primeras veinte páginas o más del récord taquigráfico, podría decirse que contienen una especie de lista de jurados calificados y descalificados en un caso de pena capital, y hasta este punto podría servir de base para una exposición escueta de los distintos criterios en el distrito acerca de la pena capital.

Pero la cooperación activa del abogado del acusado en representar una costosa farsa como la indicada, no tiende a robustecer la contención qne abora se bace de-que la corte inferior incurrió en error al negar la moción para sobre-seer, por mucbo tiempo demorada, al llamársele finalmente la atención a la cuestión de la anterior absolución. A falta de alguna cita de autoridades que requiera seria considera-ción, o de algún razonamiento más persuasivo que una vaga sugestión de un posible prejuicio en la mente de los jura-dos, como consecuencia de estos formidables preliminares, no estamos preparados abora para decir que el juez senten-ciador incurrió en error como se alega en el primer señala-miento.

Los autos no revelan el becbo, si lo fuere, de que el fiscal se refería en el argumento al veredicto anterior, por no hablar de la objeción becba a tal comentario, o de cualquier resolución sobre el mismo, o excepción tomada a tal decisión, si fué tomada.

El error imaginario sugerido en el tercer señalamiento, de cometerse, se instó y promovió por el abogado del acu-sado. Ni se necesita una viva imaginación para describir cuál podría baber sido la actitud del abogado en apelación si el juez sentenciador hubiera dado instrucciones al jurado acerca del delito de asesinato en primero y segundo grados como cuestiones -(issues) envueltas en el caso, y le hubiera sometido la cuestión de becbo en cuanto a la anterior abso-lución vel non a falta de cualquier alegación formal o reve-lación de la intención de defenderse por tal fundamento o de prueba aducida a virtud de tal teoría, o de alguna soli-citud para someter tal cuestión.

No hay queja alguna de las instrucciones realmente dadas, comprensivas del delito de homicidio voluntario, que en con-junto eran justas y tan favorables para el acusado como razonablemente podía esperarse. El razonamiento bajo el cuarto señalamiento es casi tan breve e ininteligible como el señalamiento mismo. En tanto lo entendemos, puede con-testarse con lo. que ya se lia diclio en relación al tercer se-ñalamiento.

Hubo prueba tendente a demostrar la defensa propia, y algunas declaraciones que de ser creídas, como al parecer lo fueron por el jurado, bastaban para sostener un veredicto de homicidio. La negativa del juez sentenciador a conceder un nuevo juicio no se asigna como error; y no estamos dis-puestos a variar la conclusión a que se llegó por dos jurados diferentes, que oyeron la prueba según se exteriorizaba por los testigos en la silla testifical.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado .Señor Aldrey,

text:
    Fernando Ferraris, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 3623.

    Visto: Mayo 29, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    1. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones Ejercitadas Contra las Mismas — Derecho a Solicitar Traslado de Pleitos. — El hecho que una corporación extranjera tenga su oficina principal en determinada ciudad no le da derecho a solicitar el traslado de un pleito iniciado contra ella en un distrito distinto a aquel en que tiene su oficina principal.
    2. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones Ejercitadas Contra las Mismas — Residencia Legal. — Una corporación extranjera dedicada al comercio en esta Isla no tiene su residencia legal en el sitio en que radica el centro de sus negocios, ni derecho a ser allí demandada.
    Resolución de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar una moción de traslado.

      Confirmada.

      Mariano Acosia Velarde, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado .Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante es una corporación organizada en el Estado de Nueva York que hace negocios en esta Isla explotando un ferrocarril para el transporte de pasajeros y de carga y habiendo sido demandada en el distrito- judicial de Agua-dilla para que indemnice los daños y perjuicios por el daño que el demandante alega le causó a un automóvil de su pro-piedad al cliocar con uno de sus trenes en el distrito de' Agua-dilla, solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito, Segundo Distrito, de San Juan, fundándose en que aquí debe tramitarse el pleito por ser donde tiene su oficina principal.

Esa cuestión lia sido resuelta por nosotros en varias oca-siones y considerada detenidamente en el caso de Del Río v. Sucesión Cancel y otros, 33 D.P.R. 9, en el que Paciendo una revisión de nuestras anteriores decisiones y de otras de diversos Estados de los Estados Unidos, liemos decla-rado, según el resumen que de ella se lia Pecho, que una corporación extranjera carece de residencia en Puerto Rico y que el mero hecho de que tenga su oficina principal en San Juan no le da derecho por razón de residencia a solici-tar el traslado del pleito a San Juan, doctrina que es apli-cable al caso presente.

Alega el apelante que según el Código de Comercio tiene el carácter de comerciante por dedicarse a la explotación de un ferrocarril y que siendo San Juan el centro de sus negocios es su residencia legal y tiene derecho a ser deman-dado en San Juan, de acuerdo con el artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero nos bastará decir que aunque, se dedique al comercio en Puerto Rico su residencia legal no está en San Juan sino en el Estado de Nueva York, se-gún se dice en el caso antes citado.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aurelio Bauzá, demandado y apelante.
    No. 2526.

    Resuelto en reconsideración: Julio 8, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Ereos, y Certiorari — Disposición y Besoltición del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada_Cuando la sentencia no especifica ©1 delito por el cual se declara culpable al acusado, pero del récord consta el delito por el cual se le acusó, diclia sentencia puede modifi-carse; en apelación en el sentido de que el acusado fué condenado por dicho delito, y así modificada, confirmarse.
    MooiÓN sobre reconsideración de sentencia.

      Domingo Sepulveda, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso resolvimos los errores que alegó el ape-lante contra la sentencia apelada y la confirmamos (34 D.P.R. 331). Después, el apelante nos lia presentado una moción para que reconsideremos nuestra sentencia, en la que no impugna los fundamentos que tuvimos para ella pero alega por primera vez que la sentencia de la corte inferior es nula porque declara al acusado culpable del de-lito imputádole sin especificar el delito, y cita los casos de El Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1190; El Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 114; El Pueblo v. Seda, El Pueblo v. Trinidad y El Pueblo v. De Jesús, que resolvimos el 28 de abril el primero, (34 D.P.R. 207) y el 15 de junio los dos últimos del año 1925.

Cierto es que la sentencia apelada no especifica como debiera el delito por el cual fué declarado culpable el acu-sado pero como en el récord consta que fué acusado por el delito' de adulteración de leche y que por ese delito fué ce-lebrado el juicio, estamos en condiciones de corregir la sen-tencia de la corte inferior y debemos corregirla, según he-mos declarado en los casos de El Pueblo v. Trinidad, 24 D.P.R. 886, y de El Pueblo v. Alvarez, 21 D.P.R. 86, y con tal fin dejaremos sin efecto nuestra sentencia de 5 de ju-nio último y dictaremos otra modificando la sentencia de la corte inferior en el sentido de que el acusado fué conde-nado por el delito de tener para la venta leche de vaca adulterada, y así modificada la confirmaremos.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    José Sosa Oliva, demandante y apelante, v. Sucn. de Manuel Sosa, compuesta de sus hijos Juan I. Sosa Escobar y Celestina Sosa Vizgarrondo, demandada y apelada.
    No. 3608.

    Visto: Junio 5, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Honorarios de Abogados.- — Apreciados -los honorarios de abogados con vista del pleito en que se reclaman, se resolvió: que la corte inferior abusó de su discreción al fijar la cantidad de $3,000 como honorarios, y que el valor razonable de éstos era $1,000.
    ResoluciÓN de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan], aprobando memorándum de costas.

      Modificada.

      Campillo é Campillo, abogados del apelante; Juan B. Soto y Juan Valldejuly, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda que estableció don José Sosa Oliva contra la Sucesión de don Manuel Sosa Oliva fué declarada sin lugar y condenado el demandante al pago de las costas. Cuando fué firme esa sentencia la sucesión demandada pre-sentó su memorándum de costas comprendiendo diversas partidas, siendo una de ellas de $4,000 por honorarios de abogado, cantidad que por la oposición a ella del demandante la corte inferior redujo a $3,000 y no conforme aún el de-mandante interpuso esta apelación alegando que es excesiva.

.Para que nosotros estemos en la misma condición que la corte inferior cuando resolvió esa cuestión y para que po-damos apreciar por nosotros mismos el valor de los honora-rios del abogado de la demandada y decidir si es excesivo, se nos ha presentado una transcripción de todo el pleito en que se reclaman, y el estudio que de él hemos hecho nos convence de que aun cuando el apelante reclamó en su de-manda el pago de $23,190.52 que alegó le eran debidos por diversos conceptos y aunque la práctica de la prueba duró dos días, las cuestiones planteadas por la demanda eran de hecho por lo que estimamos que la corte inferior hizo un mal uso de su discreción al fijar la cantidad de $3,000 como ho-ñor arios ele abogado ele la demandada y que la cantidad dell,000 es el valor razonable de esos servicios del abogado y en este sentido debe ser modificada la resolución apelada.


text:
    De la Torre & Ramírez, demandantes y apelados, v. Rosario Navajas Dávila, demandada y apelante.
    No. 3512.

    Visto: Abril 1, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    1. Abogado v Cliente — Compensación y “Lien” del Abogado — Acciones en Cobro de Honorarios — Demanda—Especificación de los Servicios Pres-tados. — En, una demanda en que se cobra, o-l saldo de una cuenta pasada, por servicios profesionales prestados, que se ofreció pagar en determinada fecha y no se hizo, no es necesario especificar detalladamente todos y cada uno de los servidos que! fueron prestados.
    2. Alegaciones — Poema y Alegaciones en G-eneral — Interpretación.—La ale-gación en una demanda de que la demandada hizo un abono a cuenta de un recibo pasado y ofreció pagar el resto, demuestra que el pago y ofrecimiento se hizo porque el recibo le fué presentado y aceptado por ella.
    3. .Contratos — Requisitos y Validez — Requisitos Formales — Contratos que no , Constan por Escrito o en Documento Auténtico. — Aunque la obligación de pagar determinada cantidad que se reclama en una demanda no conste por escrito o en documento auténtico, dicha obligación es eficaz cuando ella no afecta a terceros. (Más v. Liona, 31: 33, confirmado.)
    4. Principal y Agente — Derechos y Obligaciones en Cuanto a Terceras Per-sonas — Acciones—Obligación Aceptada por el Mandante — Alegación In-necesaria. — En una demanda en que no se alega que el apoderado de la demandada aeepitara obligación alguna a nombre de ésta, sino que fué ella la que se obligó a pagar el importe reclamado, no es necesario exponer las facultades que el apoderado tenía para obligar a su mandante.
    5. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones Sobre Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba es contradictoria y la corto inferior resuelve el conflicto existente, la resolución de dicha corte no se alterará en apelación en ausencia de motivos que lo justifiquen.
    6. Interés — Derechos y Responsabilidades en General — Sentencia que Con-dena al Pago de Interés Legal. — El pronunciamiento de una sentencia con-denando a una parte al pago de intereses legales desde determinada fecha sobre la cantidad reclamada en pleito no es erróneo, cuando de la prueba aparece que dicha parte fué requerida extrajudieialmente desde dicha fecha para el pago de dicha cantidad.
    7. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Temeridad. —Demostrado que una parte se negó temerariamente a pagar la cantidad que se le reclama en qdeito, está justificada la condena de pagar costas im-puesta por la corte en el mismo.

      SENTENCIA ele M. Rodríguez Sorra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Heriberto Torres Sola, abogado de la apelante; José Martínez Dá-vila, abog’ado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad profesional de abogados de la Torre y Ra-mírez demandó a Da. Rosario Navajas Dávila en cobro de dinero y habiéndose dictado sentencia favorable a la deman-dante fue interpuesta esta apelación en la que la deman-dada alega como primer motivo de error el haber desesti-mado la corte inferior la excepción previa aducida contra la demanda por no exponer hechos determinantes de causa de acción.

La demanda alega snbstancialmente que la demandada por conducto de su apoderado general Dn. Baltazar Saldaña encomendó a la demandante su representación en todos los asuntos que motivó la administración judicial de los bienes de Da. Rosario Dávila viuda de Navajas, incoada por Da. Carmen Navajas: que terminada dicha administración y sus incidentes la demandante formuló el 2 de julio de 1923 su cuenta de honorarios a la demandada, en los términos siguientes: “Recibimos de Dn. Baltazar Saldaña como apo-derado de Da. Rosario Navajas Dávila la cantidad de dos mil dólares por honorarios devengados y gastos suplidos en todos los asuntos en que hemos llevado la representación de aquélla, hasta la fecha, tanto en los judiciales con mo-tivo de la administración judicial promovida por Da. Carmen, en el de Don Pedro Hardouing y otros; como en los extrajudiciales, notariales, administrativos, en consultas, conferencias y demás subvenciones. De la Torre y Ramí-rez”: que el 14 de julio fué aceptado dicho recibo de hono-rarios, y a cuenta del mismo abonó la demandada a la de-mandante la cantidad de mil dólares y ofreció pagar los otros mil dólares el día último del siguiente mes de agosto del citado año 1923: y que desde entonces la demandante ha requerido repetidas veces a la demandada, por sí y por medio de su apoderado Sr. Saldaña para que le satisficiera los mil dólares resto de la expresada cuenta sin que los haya pagado. Por esas alegaciones pidió la demandante a la corte que condenara a la demandada a pagarle la cantidad de mil dólares más sus intereses legales desde el 14 de julio de 1923 y las costas.

Según esas alegaciones, la teoría de la demanda es que prestados servicios por la demandante a la demandada y habiendo ésta pagado una parte de la cantidad consignada por ellos en el recibo y habiendo ofrecido la demandada pagar el resto de ella- en agosto de 1923 se exige el cumplimiento de la obligación aceptada por la demandada de pagar dicho resto de un mil dólares. Por esto aunque en el recibo se mencionan los servicios prestados no era necesaria una especificación detallada de todos y cada uno de los servicios, como alega la apelante, porque no se trata por esta demanda de cobrar el valor razonable de los servicios prestados sino el saldo de la cuenta que fué pasada a la demandada, que ésta ofreció pagar en agosto de 1923 y que no ha satisfecho.

También alega la apelante que la demanda es insuficiente porque si bien alega que se formuló la cuenta de honorarios a la demandada no dice que esa cuenta le fuera entregada, y porque aunque expresa que el recibo fué aceptado no se dice por quién se hizo esa aceptación. Aunque esto es así, sin embargo como la demanda expone que la demandada hizo un abono a cuenta de dicho recibo y que ofreció pagar el resto, dando una interpretación liberal a la demanda podemos llegar a la conclusión de que puesto que pagó una parte y ofreció satisfacer el resto esto fué así porque el recibo le fué presentado y porque ella lo aceptó.

También la apelante encuentra insuficiente la demanda porque no alega que el apoderado aceptara por escrito o en documento auténtico la obligación de pagar, siendo así que el artículo 1247 inciso sexto del Código Civil requiere documento privado para los contratos cuya cuantía exceda de 300 dólares y documento auténtico para los celebrados por apoderado, pero el artículo citado no tiene aplicación al presente caso porque aunque no consta por escrito la obligación de la demandada de pagar los mil dólares que se le reclaman, es eficaz por no afectar a terceros (Mas v. Llona 31 D.P.R. 33): y porque la demanda no alega que el apoderado aceptara obligación alguna en nombre de su mandante sino que fué la misma Da. Rosario Navajas la que ofreció pagar el resto de la cuenta a que se refiere el recibo que inserta la demanda; por cuya ra-' zón tampoco era necesario que en la demanda se expusie-ran las facultades que el apoderado tenía para obligar a su poderdante, extremo que se alega por la apelante como insuficiencia de la demanda. Como consecuencia de lo ex-puesto no lia cometido la corte inferior el primer motivo de error aducido en este recurso.

El segundo y el tercero hacen referencia a la prueba alegándose ser errónea la conclusión de la corte inferior al resolver que como remuneración por los servicios profesionales prestados fué convenido entre las partes que la demandada pagaría a la demandante $2,000, y al resolver que a cuenta de ellos la demandada abonó $1,000 y ofreció pa-gar el resto sin que lo haya hecho.

La evidencia fué contradictoria pues mientras la de la demandante tendió a probar que cuando fueron pagados los mil pesos la demandada ofreció pagar los otros mil, la de la demandada trató de demostrar que solo aceptó pa-gar y pagó mil dólares por los servicios de la demandante y que no ofreció pagar los otros mil dólares. La corte inferior decidió ese conflicto de la evidencia a favor de la de- ■ mandante y no encontramos motivos para alterar su reso-lución.

La corte inferior condenó a pagar los intereses legales de un mil dólares desde el 14 de julio en 1923 y esto se alega ser erróneo en el cuarto motivo del recurso.

No creemos erróneo ese pronunciamiento de la senten-cia porque de la prueba aparece que desde la fecha expre-sada la demandada fue requerida extrajudicialmente para el pago de la cuenta de sus abogados, por lo que desde entonces incurrió en mora, según el artículo, 1067 del Có-digo Civil, y en la obligación impuesta por el artículo 1075 del mismo texto de pagar intereses legales.

Réstanos el último error alegado por la condena de pagar costas, pero también encontramos justificada a la corte apelada en esa declaración porque se ha demostrado que la demandada se negó temerariamente a pagar la cantidad que se le ha reclamado en este pleito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Salvador Lugo Torres, demandante y apelado, v. Pedro Ortiz, demandado y apelante.
    No. 3482.

    Visto: Marzo 10, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones — Apreciación de la Prueba. — -Examinada la prueba en el easo de autos se resolvió que la corte inferior no cometió error al apreciarla.
    2. Apelación y Error — Revisión—Errores nio Perjudiciales — Admisión y Ex-clusión de Pruebas. — En una aceión para recobrar posesión de parte de una finca, la admisión como prueba de una certificación del registro respeeto a la totalidad de 'la finca, así como de prueba tendente a identificar la finca total, j la no' exclusión de una declaración prestada en; cuanto a dicha finca total, son errores no perjudiciales al apelante.
    SENTENCIA de Angel Acosta, A. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Aurelio García Yanguas, Alfredo Amoldo y Pedro Amado Rivera, abogados del apelante; Benel & Sou front, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció este pleito para recobrar la posesión de cierto terreno alegando ser dueño de una finca de cien cuerdas de terreno de las cuales el río separó dos cuerdas de terreno, cuya descripción hace, en la creciente que tuvo durante el temporal de “San Ciriaco” ocurrido en 1899 y que continuó poseyendo esas dos cuerdas basta el 11 de julio de 1923 en que el demandado se introdujo en ellas y a mano armada desalojó de allí a los peones, de la demandante.

Negó el demandado esas alegaciones y celebrado el jui-cio recayó sentencia a favor del demandante, declarando la corte haberse. probado los hechos de la demanda.

Alega el demandado en esta apelación interpuesta por él que la corte inferior cometió error manifiesto al apreciar la prueba, pero el examen que hemos hecho de ella nos convence de que no existe tal'error pues el demandante declaró que estaba poseyendo esas dos cuerdas de terreno y las cultivaba y que fué interrumpido en su posesión en la fecha expresada por haberlas ocupado el demandado y haber sacado de allí a los peones del apelado, estando entonces aradas las dos cuerdas para sembrar tabaco; declaración que está corroborada por la de los testigos Felipe Vega, Catalino Santiago y otros.

Los otros motivos de error se fundan en haber sido admitida como prueba una certificación del registro de la propiedad de la finca de cien cuerdas, en haber permitido prueba tendente a identificar las cien cuerdas y por no haber sido eliminada la declaración del demandante en cuanto a la finca total, pero aunque en esta clase de juicio'sólo hay que probar la posesión del terreno que se reclama y la perturbación del poseedor por el demandado, esos errores no son perjudiciales al apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seños, Aldsey,

text:
    Antonio Trilla López, demandante y apelado, v. Ramón Caballero, demandado y apelante.
    No. 3523.

    Visto: Marzo 18, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    Servidumbres — Creación', Extinción y Terminación — Servidumbres de Luz— Obligación no Constitutiva de una Servidumbre de Luz. — La obligación contenida en una escritura de venta de no mandar el comprador a clausurar una ventana y permitir que permanezca abierta por todo el tiempo que quiera el vendedor no es constitutiva de una servidumbre de luz y sí una obligación personal a favor del vendedor que no puede éste transmitir a un tercero.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Himiaeao), declarando con lugar la demando de injunction, sin costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la demanda, sin costas.

      Antonio L. López y Julio Reguero González, abogados del apelante; V. M. Fernández y Luis Pereyó Quiñones, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seños, Aldsey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Fernando Guarch Eíos era dueño de dos casas en Cagnas construidas en solares colindantes, teniendo una de ellas un. garage que en parte ocupa terreno de la otra casa. En mayo de 1920 Guarch vendió a Don Eamón Caballero la casa de maderas cuyo solar está ocupado por parte del garage de la casa contigua, haciéndose constar en la escri-tura la siguiente cláusula: "Es convenido que no se com-prende en esta venta el garage ni la parte de solar que ocupa el mismo, y que el comprador señor Caballero, no tiene derecho a mandar clausurar la ventana que queda al fondo del expresado garage, la cual permanecerá abierta por todo el tiempo que requiera el señor Guarch Eíos.” En esa escritura no intervino la esposa de Caballero.

Pocos meses después el Sr. Guarch vendió la otra casa a Don Francisco Méndez quien en 1921 la vendió a Don Antonio Trilla López constando en la escritura de adquisición de este señor la cláusula referente al garage con la que Guarch vendió a Caballero.

Eecientemente Don Eamón Caballero clavó la ventana del garage de la casa del Sr. Trilla impidiendo así que pu-diera abrirla por lo que el Sr. Trilla presentó en la Corte de Distrito de Iiumacao un procedimiento de injunction para que se ordenase al señor Caballero que dejase expedita dicha ventana para que el peticionario pueda abrirla cuando lo desee, y habiéndose dictado sentencia en ese sentido in-terpuso el Sr. Caballero este recurso de apelación.

En la solicitud de injunct,ion se alega que por la cláusula que liemos transcrito de la escritura por la que Caballero compró a Guarch se constituyó una servidumbre sin decir de cuál clase, pero en su alegato ante nosotros la califica como servidumbre de luz, y la corte inferior la considera como una reserva de derecho de tener abierta una ventana. Por consiguiente lo primero que tenemos que decidir es la clase de obligación que aceptó el Sr. Caballero por esa, cláu-sula al comprar la casa al Sr. Guareli y así será conside-rado el primer motivo alegado para este recurso en el que se expone como error de la corte inferior el estimar que es un título válido de constitución de servidumbre de luces y vistas el alegado por el demandante.

La obligación que aceptó el apelante por la mencionada .cláusula de no mandar clausurar la ventana del garage y de permitir que permaneciera abierta por todo el tiempo» que quisiera el Sr. G-uareb no es constitutiva de servidumbre de luz ni de vista porque aunque por la ventana del garage se puede tener luz y vista no fia sido reconocida a favor' del predio colindante sino a favor del Sr. G-uarch por el tiempo que él quiera, y las servidumbres de esas clases por ser reales se constituyen a favor de otro predio y no a favor de una persona. Además, las servidumbres prediales, como la de luz y vista, son gravámenes de naturaleza real que afectan al predio sirviente y para cuya constitución es ne-cesario el consentimiento de la esposa cuando, de bienes ga-nanciales se trata, como en el caso presente, pues crean un derecho real contra la finca, y en la escritura no intervino la esposa del Sr. Caballero a prestar su consentimiento para la imposición de esa obligación real. En verdad, lo que demuestran las palabras de la expresada cláusula es que Don Eamón Caballero reconoció al Sr. Guarch' el derecho de tener abierta dicha ventana por el tiempo que él qui-siera . aceptando así una obligación personal a favor de su vendedor, derecho que por tener ese carácter no podía trans-mitir ni transmitió el Sr. Guarch a Don Francisco Méndez ni éste a Don Antonio Trilla, compradores de la segunda casa.

En vista de la conclusión a que llegamos, Don Antonio Trilla no tiene acción contra el Sr. Caballero para obligarle a que la ventana del garage continúe abierta y la senten-cia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la petición de injunction, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Antonio Bruno, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.

      No. 3586.

    Visto: Junio 19, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo— Compensación — Discreción al Resolverla y Estimación de la Compensa-ción. — La Comisión de Indemnizaciones a Obreros tiene discreción para resolver si concede o no el! límite de la suma permisible a un trabajador lesio-nado debiendo la compensación estimarse más bien por el alcance de la inca-pacidad sufrida.que por la extensión del daño.
    Sentencia de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; JIon. Attorney General y C. Llauger Díaz, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte dijo en efecto que debido a la con-tradicción en la prueba, por la falta de prueba de la inca-pacidad y porque generalmente las cortes no irían contra la resolución de la Comisión de Indemnizaciones no debía intervenirse con la resolución de dicha comisión. No esta-mos convencidos de que la corte inferior incurrió en error al expresar que las cortes generalmente siguen a la comi-sión, pero si estuviéramos así convencidos todavía sería ne-cesario para el apelante demostrar que la comisión estuvo equivocada. De una lectura de la ley y por nuestra misma experiencia, estamos satisfechos de que la comisión tiene discreción para resolver si concederá o nó el límite de la suma permisible a mi trabajador lesionado. El artículo 3, párrafo 3, Leyes de 1921, pág. 477, bajo el título de Dere-chos del Obrero, dice lo siguiente:

“Si el obrero quedare parcialmente incapacitado para trabajar de un modo permanente, recibirá una compensación adicional que no excederá de dos mil quinientos (2,500) dólares. La compensa-ción será graduada en relación con el tipo de jornal que ganaba el obrero, y la importancia de la lesión sufrida. Se considerará in-capacidad parcial permanente cualquier lesión permanente que no constituye incapacidad tolal permanente, tal como la pérdida de un ojo, una mano, un pie o cualquier otra lesión de carácter perma-nente que no incapacite totalmente a un obrero para hacer cual-quier trabajo en una ocupación remunerativa.”

De acuerdo con esta regla deducimos que la compensa-ción ha de estimarse más bien por el alcance de la incapa-cidad sufrida que por la extensión del daño. Notas al caso de Rayner v. Sligh Furniture Co., L.R.A. 1916A, 136 et seq.

Aquí el trabajador sufrió una lesión en los dedos de su mano izquierda. Hubo un conflicto en la prueba testifical respecto a si esta lesión le inutilizó totalmente para el tra-bajo, o nó.

No vemos razón alguna para dudar de la declaración del perito del gobierno al ser creída por la comisión y no siendo puesta en tela de juicio en la corte inferior. Al ape-lante se le concedieron |55 por incapacidad parcial, y no nos convence de que tuviera derecho a más.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto Figueroa, acusado y apelante.
    No. 2525.

    Visto: Junio 4, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Alimento (Food) — Leche—Venta de Leche Adulterada — Procesos Crimi-nales — Acusación Suficiente. — Una acusación que imputa al acusado el hecho de vender leche adulterada sigue el estatuto y es suficiente.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Disposición y Resolu-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada. — Cuando la sen-téneia no espeeifiea el delito po.r el eual se declara eulpable al acusado, y de la acusación aparece el delito por ©1 cual se le acusó, dicha sentencia debe modificarse en apelación en el sentido de que el acusado fué condenado por dicho delito y así modificada, confirmarse. {Pueblo v, Trinidad, 24: 886; Pueblo v. Alvarez,, 21: 86, y Pueblo v. Bauza, resuelto julio 8, 1925, confir-mados.)
    SENTENCIA de B. Díaz Cinírón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de adulteración de lecbe.

      Modificada.

      C. Brunei del Valle, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, -apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 1 de la ley proveyendo lo necesario para cas-tigar la adulteración de leche, ofrecerla o tenerla para la venta, aprobada en marzo 10, 1910 (Comp. 5787), prescribe lo siguiente:

“Toda persona que adulterare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venta o que causare o permitiere que se ofrezca en venta, y toda persona que la vendiere, ofreciere ó tuviere en venta, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y castigada con encarcelamiento que no exceda de un mes y además de dicha pena se confiscará la leche adulterada: .... La adulteración o dilución de la leche puede probarse en la forma usual que la ley provee para la vista de causas criminales, pero en cualquier caso se considerará y se tendrá por leche adulterada o diluida aquella, que no diere la prueba que se prescribe por las autoridades competentes. Dispo-niéndose que el grado legal (standard) de la leche deberá ser fijado por el Director de Sanidad, Beneficencia y Correcciones, y publicado para conocimiento general en la Gaceta Oficial de Puerto Rico y en los periódicos de mayor circulación de la Isla, que se determinaren por dicho funcionario.”

Con arreglo a este estatuto puede cometerse el delito adulterando o diluyendo leche, y también vendiendo u ofre-ciendo para la venta leche adulterada.

En este caso la acusación imputaba el hecho de haber vendido los acusados leche de vaca adulterada. A falta de autoridad. en contrario, nos sentimos obligados a declarar que una acusación que imputa el hecho de vender leche adulterada signe el estatuto y es suficiente. Cuando es su-ficiente seguir al estatuto en casos criminales y cuando no, lo hemos discutido con alguna extensión en el caso de El Pueblo v. Méndez, decidido hoy. La adulteración puede con-sistir en un acto deliberado o en la omisión en llegar al “standard” o tipo fijado por la ley. El Pueblo v. Rivera, 31 D.P.R. 646. Una u otra cosa envuelve una cuestión de he-cho y no una conclusión de derecho.

Si para preparar su defensa el acusado necesitaba mayor especificación, debió haber hecho una moción en ese sentido en la corte inferior. Nada de eso sucedió, sino que el acusado pretendió demostrar que no. era él la persona a quien pertenecía la leche.

Aunque hubo un conflicto en la prueba, y el acusado negó vigorosamente que la leche era suya, sin embargo, ni los autos ni el alegato del apelante nos convence de que la corte incurrió en error al dirimir el conflicto en favor del gobierno.

Aunque el apelante alega que la sentencia es insuficiente por no especificar el delito por el cual fué declarado culpable, siendo la acusación por el delito de venta de leche de vaca adulterada, debe modificarse la sentencia apelada según declaramos en los casos de El Pueblo v. Trinidad, 24 D.P.R. 886; El Pueblo v. Alvarez, 21 D.P.R. 86, y El Pueblo v. Bauzá, de julio 8, 1925 (pág. 439) en el sentido de que condena al acusado por el delito de venta de leche adulterada, y, así modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señob, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Méndez, acusado y apelante.
    No. 2534.

    Visto: Junio 23, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Escalamiento — Pboceso y Oastigo — Acusación Suficiente.— Una acusación. por escalamiento que sigue el lenguaje del estatuto es suficiente.

      2. Escalamiento — Pboceso y Castigo — Acusación Suficiente. — Una acusación ■por escalamiento que alega la penetración del acusado "con intención de eomáter hurto” es suficiente.

      SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de escalamiento en primer grado.

      Confirmada.

      C. Brunei del Valle, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la acusación alegaba que “El referido Je-sús Méndez el día 28 de noviembre de 1924 y en el distrito de Ponce, P. R., voluntaria y maliciosamente penetró. du-rante las boras de la noche en la plaza del mercado de Ponce y en el puesto de Juan Lugo con la intención de co-meter burto.”

• El único señalamiento de error en el caso es que la acu-sación no aduce becbos suficientes para constituir un delito público, toda vez que las palabras “con intención de come-ter burto”, es una conclusión de derecho y que dichas pa-labras no alegan suficientemente actos de los cuales podría inferirse la intención del acusado. El artículo 408 del Có-digo Penal prescribe lo siguiente: “Toda persona que en-trare en una casa, aposento, habitación, casa de vecindad, taller, almacén, tienda, granero, establo, dependencia, u otro edificio, pabellón, embarcación, carro o vagón, con el propó-sito de cometer burto o ratería, o cualquier delito grave (felony) será culpable de escalamiento.”

Generalmente esta corte ha declarado que la regia es que en una acusación, es bastante con seguir el estatuto. Hemos indicado algunas’ de las excepciones en el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D.P.R. 510, pero el caso ante nosotros no cae dentro de ninguna de las excepciones. La penetración, en el delito de escalamiento, es el hecho principal; la intención es un elemento secundario que debe ser alegado, pero es bastante para probar los becbos ante un jurado. El apelante cita el caso de People v. Shaber, 32 Cal. 36. En realidad de verdad el apelante admite que ese caso se pronunciaba en contra de su contención, pero cree que. la opinión disidente de uno de los jueces contiene la mejor doctrina. Sin embargo, en el caso de People v. Goldsworthy, 130 Cal. 600, 62 Pac. 1074, y en el de People v. Bartley, 12 Cal. Appeals 773, 108 Pac. 868, las cortes de California, haciendo citas de otros casos, resolvieron qne eran suficientes las acusaciones en el delito de escalamiento cuando la penetración activa se describía como qne había te-nido lugar “con la intención de cometer hurto.” Una de-cisión semejante puede hallarse en el caso de State v. Lewis, 42 Washington 672, 85 Pac. 668. Véase también a 9 Corpus Juris 1034 y siguientes.

Dehe confirmarse la. sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico a instancias de Eugenio Padilla Ríos, Tomás Orama López, Pablo Coronado Larracuenta, José Frontera Maristany, Modesto Rivera Domefuch, Francisco Martínez Rodríguez, Felipe Nery Quiñones y José Casta Fornés, peticionarios y apelantes, v. Joaquín Oms Sulsona, Alfredo López López, Mateo S. Rivera, Juan Miró Barneset, Juan S. Martínez, Joaquín González Ríos, Simón Simonetti y Pablo Torrellas, demandados y apelados.
    No. 3674.

    Visto: Junio 24, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Elecciones — Impugnación—Remedio de Persona Agraviada por una Elec-ción. — Cometido un fraude electoral en alguna parte de la Isla el remedio adecuado está a la disposición de la persona agraviada; cometido fuera de San Juan, el perjudicado tiene el remedio adicional de establecer un reeurso de certiorari en San Juan.
    2. Elecciones — Impugnación—Revisión por Certiorari y su Alcance. — El re-medio de certiorari prescrito por el artículo 89 de la Ley Electoral no está limitado a un examen de la documentación oficial.
    3. Elecciones' — Impugnación—Término—Pecha en que Empieza a Oorrer.— El término de 15 días prescrito por el artículo 89 de la Ley Electoral em-pieza a correr desde la publicación del resultado del escrutinio y no desde la fecha de la elección.
    4. Elecciones — Impugnación—Carácter del Remedio — Certiorari.—El reme-dio de certiorari conferido por el artículo 89 de la. Ley Electoral es mera-mente acumulativo al de quo warranto y otros de la ley común o estatuto-rios no incompatibles con dicho estatuto especial.
    5. Elecciones — Impugnación—Revisión por “Quo Warranto'' — Su Proceden-oía.: — El clereelio a revisar unas elecciones por quo warranto queda suprimido a menos que el nombramiento de un interesado siga inmediatamente a la publicación del resultado de la elección de modo que pueda ejercitarse el remedio dentro del término prescrito por la ley.
    6. Apelación y Error. — Revisión—Presunción-—Forma en que está Consti-tuida la Corte — Juez Especial Indebidamente - Nombrado. — A falta en ' los autos de impugnación hecha en la corte inferior, el juez especial nom-brado so color de autoridad es un juez de fasto, y a falta de prueba en dichos autos de que no había necesidad para su nombramiento, la actuación del Gobernador al nombrarlo se presume hecha regularmente.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), declarando con lugar moción para eliminar y anulando el auto de quo warranto ex-pedido, con costas.

      Confirmada.

      Benet <& Souffront y Figueroa del lio.sario, abogados de los apelan-tes; Luis Muñoz Morales y Angel A. Vázquez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Eugenio Padilla Ríos y otros, estableció este auto de quo warranto. Se alegaron fraudes toda vez que en las elecciones del Pueblo de Maricao se depositaron papeletas en la urna que nunca fueron votadas por ciudadanos, varios resultados que-daron alterados y basta personas imaginarias aparecieron en las listas de votantes. Si uno examina la petición se ve' que todos estos abusos fueron cometidos violenta y abierta-mente, de modo que fue prácticamente un asunto público,, de ser cierto, que estos fraudes electorales habían sido co-metidos. La acción se inició en 17 de febrero de 1925.

El juez que conoció del caso anuló el auto porque creyó, y su resolución se señala como error, que el remedio confe-rido por la Ley Electoral era exclusivo. Esta prescribe lo siguiente (Leyes de 1924, pág. 35):

“Que el resultado del escrutinio de unas elecciones, según se declarare por la Junta Insular de Elecciones y publicare por el Su-perintendente General de Elecciones, será definitivo, a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autori-zado, que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese escrutinio ante una corte de competente jurisdicción, y por la presente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan.”

Cuando se comete un fraude en cualquier parte de la Isla la persona perjudicada tiene el remedio apropiado a su alcance. Si se comete fuera de San Juan la persona agraviada tiene el remedio adicional de poder establecer un recurso de certiorari en San Juan, donde la Junta Insular de Elecciones reside, el Superintendente tiene su oficina y donde, como es de presumirse, las papeletas electorales son conservadas.

El procedimiento de certiorari de referencia, aunque debido al uso del nombre puede tener alguna de las características de un auto clásico de certiorari, no está limitado a un examen de la documentación oficial. Las protestas, los affidavits presentados ante la junta y posiblemente alguna prueba aliunde, especialmente si ha sido descubierta recientemente, podrían ser revisados en un procedimiento de certiorari. La idea de la legislatura fué proveer un auto para la corrección de los abusos electorales, y lo mismo que en la Ley Municipal y la Ley de Compensaciones a Obreros, la legislatura ha conferido un remedio. El limitarlo a la documentación oficial haría el auto en algunos casos completamente ilusorio.

La próxima cosa que ha de tenerse en cuenta es que una persona agraviada no está limitada a un término de quince días a contar de la fecha de la elección. El período comienza a correr desde la publicación del resultado del escrutinio, que siempre es algunos días posteriores a la fecha de la elección. Tal vez podemos tomar conocimiento judicial de que en las elecciones de 1924 la junta se constituyó y el resultado fué anunciado algún tiempo después.

Las partes nos han citado muy pocos casos de ver-dadero peso. La ley parece estar muy bien resumida en el tomo 20 de Corpus Juris, pág. 213, see. 273, tit. “Eleccio-nes”:

' “b. Carácter Exclusivo del Remedio. — Existe algún conflicto apa-rente entre los casos respecto a si, cuando el estatuto prescribe una forma específica para impugnar las elecciones, ese modo es exclu-sivo de o acumulativo del remedio de la ley común de quo warranto, aunque esta aparente falta de armonía judicial puede generalmente explicarse por la diferencia en los estatutos de acuerdo con los-cua-les las decisiones fueron dictadas. Hay muchos casos en los cuales se dice que el remedio estatutorio es exclusivo y el remedio de la ley común de quot warranto no será tenido en cuenta excepto en casos especiales donde aparece que los intereses públicos exigen que el auto sea expedido. A pesar de los numerosos casos que aparen-temente sostienen el criterio de que el remedio estatutorio es exclu-sivo, parece ser la mejor opinión que a menos que la intención del poder que establece la ley de privar a la corte de su jurisdicción resulte claramente, el remedio estatutorio especial es meramente acu-mulativo del remedio de quo warranto y de otros remedios de la ley común, o estatutorios que no son incompatibles con el estatuto especial. Y aunque se ha resuelto que el quo warranto está susti-tuido por los procedimientos estatutorios para impugnar elecciones las cortes conocerán del quo warranto en aquellos casos en los cuales el remedio estatutorio es inaplicable o insuficiente. El uso del quo warranto para investigar la validez de una elección a un cargo pú-blico no está limitado por disposiciones estatutorias para el escru-tinio de papeletas y declarar el resultado de una elección. Se ha resuelto que cuando por el estatuto se prescribe un remedio especial en el caso de una elección impugnada las cortes no intei’ven-drán mediante injunction ni siquiera para evitar la perpetración de un fraude, aunque se reconoce el deber de las cortes bajo tales circunstancias de intervenir por injunction mandatorio para obligar al tribunal estatutorio especial que tiene jurisdicción de la impug-nación a que actúe si deja o rehúsa hacerlo sin una buena causa; y se ha sostenido que la corte intervendrá cuando la legislatura ca-recía de facultad para nombrar al tribunal especial que ha de ce-lebrar la vista de la impugnación. De modo que cuando una elec-ción es nula por su faz por dejarse de adoptar las medidas juris-diccionales necesarias, procederá el injunction no obstante existir un remedio estatutorio para impugnar las elecciones. Pero la corte no resolverá los derechos de los candidatos en procedimientos de mandamus contra los agentes electorales, ni hará una investigación de las cuestiones en disputa por las vías ordinarias de los procedimien-tos legales o de equidad. La ley general que regula las impugna-ciones de elecciones es aplicable a las impugnaciones entre candida-tos en Rina elección y no a las contiendas relativas al título a un cargo donde una de las partes reclama su derecho por nombra-miento del ejecutivo y la otra por elección del pueblo.”

En Puerto Rico la legislatura misma ha dicho que el remedio será ejercitado dentro de quince días a contar de la publicación del resultado de la elección y que de otro modo la publicación es final. Esto limita el derecho de una persona agraviada si su caso no cae dentro de algunas de las excepciones enumeradas. El derecho a revisión por quo ivarranto queda, por tanto, generalmente suprimido a menos que el nombramiento de un interesado siga inmediatamente a la publicación. Un ejemplo explicará lo que queremos decir. Si la publicación fué demorada hasta enero y la toma de posesión tuviera lugar al día siguiente entonces la parte agraviada podía presentar un quo warranto dentro de catorce días siendo estos catorce, quince días a contar de la fecha de la publicación.

El límite del tiempo parece ser adecuado como hemos in-dicado. La idea de la legislatura fué poner fin a las im-pugnaciones después de haberse dado un término razonable para solicitar un remedio. Por tanto no es necesario resolver la naturaleza del auto de quo warranto en general. No hubo ningún derecho a tal auto en febrero 17 de 1925, con-siderando nuestra ley especial. Ni podemos siquiera supo-ner consistentemente que tal derecho pudo todavía haber existido quince días después de la toma de posesión, teniendo lugar esta última tanto tiempo después de la publicación.

El apelante también señala como error que el juez especial que conoció del caso no estaba debidamente nombrado y que no existía ninguna emergencia para que actuara como tal. Los autos no revelan que esta cuestión fuera promovida en la corte inferior, lo cual es una razón suficiente para que no resolvamos que la corte inferior incurrió en error.

A falta de la debida impugnación el juez especial, nom-brado so color de autoridad era un juez de facto. En el caso citado de El Pueblo v. Díaz, 18 D.P.R. 912, se demos-tró que el juez regular estaba allí, que se hizo la impugna-ción y no procedía la recusación de un juez de facto.

Además, convenimos con el apelado en que los autos no revelan que no hubo necesidad para nombrar un juez de facto. A falta de prueba en contrario la actuación del Go-bernador al nombrar un juez especial se presumiría que fue hecha regularmente. Las siguientes presunciones de la Ley de Evidencia parecen tener aplicación. Art. 102, par. 14: Que una persona en posesión de un cargo público fue ele-gida o nombrada para dicho cargo, en debida forma; art. 102, pár. 32: que la ley ha sido acatada.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmen Acevedo, acusada y apelante.
    No. 2508.

    Visto: Junio 3, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Abmas — Armas Prohibidas — Navaja.—Si bien una navaja no es originalmente un ama y sí un instrumento, usada indebidamente es un arma de ofensa y defensa prohibida por la ley.
    2. Abmas — Estatuto Prohibiendo Portar. Armas. — Constituctonalidad del Mis-mo. — La palabra instrumento usada después de arma■ en la Ley No. 14 de 1924 (p. 115) no es materia ajena al título de la misma y por tanto no es anticonstitucional.
    SENTENCIA de B. Díaz Ontrón, J. (Ponee), condenando a la acusada por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Vadi, ataca el apelante la constitucionalidad de la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924 (p. 115). Hemos discutido una parte de la objeción que hace el apelante en el referido caso de El Pueblo v. Vadi. El apelante, sin embargo, insiste en que si bien la palabra “arma” (arm) es quizás una descrip-ción suficiente de un arma prohibida, la palabra “instru-mento,” no lo es.

Como se ha indicado en nuestra anterior opinión, la pa-labra “instrumento” debe 'entenderse que ha sido usada más o menos en el mismo sentido que la palabra “arma.” Un instrumento que puede ser usado originalmente para otros fines que no sean los de ofensa y defensa no es un arma prohibida. No es bastante para caer dentro de la sanción de la ley que un instrumento pueda usarse a veces para fines de ofensa y defensa, como podría ser usado un cinturón. Este punto lo aclaramos en nuestra opinión en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, (pág. 315). Un ins-trumento debe ser algo como un arma.

Los hechos de este caso constituyen un buen ejemplo. Una navaja no es originalmente un “arma.” Es, como in-dica el apelante, un instrumento, y su objeto principal es usarla para afeitar. Sin embargo, una navaja usada inde-bidamente es un arma de ofensa y defensa y probablemente era esta clase de artículos los que tuvo la Legislatura en mente cuando usó la palabra, “instrumento” además de la palabra “arma.”

Alega el apelante que en la Ley núm. 14, supra, se in-cluyeron materias que no están en el título. En el razona-miento, sin embargo, se sostiene que la ley anterior conte-nía una definición completa de “armas” prohibidas mien-tras que la nueva ley menciona además la palabra “instru-mentos.” Cuando se entiende que la palabra “instrumen-tos” debe usarse necesariamente en el mismo sentido general que “armas,” no encontramos ninguna dificultad en resolver que el título de la ley comprende suficientemente los actos prohibidos.

No encontramos error alguno en la apreciación de los hechos por la corte inferior y debe por tanto confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Vadi, acusado y apelante.
    No. 2429.

    Visto: Mayo 21, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Armas — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Oonstitucionalidad del Mismo. — Alegada la nulidad de la Ley No. 14 de 1924 (p. 115) porque la Legislatura en vez de enmendar la Ley aprobó una enteramente nueva, se resolvió: que el cambio en la definición de arma prohibida efectuado por dicha ley está dentro del poder de enmendar de la Legislatura y dentro de 'la convocatoria del Gobernador para enmendar.
    2. Armas — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Oonstitucjonalidad del Mismo. — Se atacó la constitución alidad de la Ley No. 14 de 1924 (p. 115) por ser la definición del delito en ella contenida vaga e incierta y no especi-ficar claramente qué armaal son las prohibidas. Se resolvió: que los artículos 1 y 5 de dicha ley indican terminantemente la naturaleza de las armas o instrumentos prohibidos por la misma y no es, por tanto, anticonstitucional.
    SentenCia de Gabriel Cas tejón, J. (Gnayama), condenando al acu-sado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Adolfo Porrata Doria, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

■ El apelante fué declarado culpable de portar sobre su persona para fines de ofensa y de defensa, un revólver, que era un arma capaz de causar la muerte o grave daño corporal.

El acusado fué procesado por virtud de la Ley No. 14, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico en 25 de junio de 1924 (p. 115). El apelante señala como error que la referida ley es nula, toda vez que fué convo-cada una sesión extraordinaria de la Legislatura con el fin de hacer enmiendas a la ley de portar armas, y que dicha Legislatura en vez de meramente enmendar la ley aprobó una enteramente nueva.

Aunque en la indicada ley la definición de arma prohibida ha sido cambiada completamente, creemos, sin embargo, que la definición modificada estaba dentro del poder de enmendar que tiene la Legislatura como se define lo que es una enmienda en el tomo 2 de Corpus Juris, página 1316. De ahí que el cambio estaba dentro de la convocatoria del Gobernador para bacer una enmienda a la ley. Nos incli-namos- a convenir con el fiscal en que la discusión de este alegado error desaparece dentro de la discusión de la ale-gada anticonstitucionalidad de la ley en cuestión, la cual discute el acusado en sus demás señalamientos de error.

La objeción principal del acusado es que la Ley No. 14, supra, es anticonstitucional, toda vez que la definición en ella contenida es vaga, indefinida e incierta; que la ex-presada ley no especifica de una manera clara y terminante qué armas son las que están prohibidas. Como parte de está objeción sostiene también el apelante que la facultad de determinar lo que es, o nó, un arma prohibida, queda en gran parte al arbitrio del juez que conoce del caso. El artículo 1 de la Ley No. 14, supra, dice: “Toda persona que ilegalmente portare o condujere, cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.” El artículo 5 de la ley prescribe lo siguiente:

“Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables—
“1. A la portación de los útiles, herramientas e instrumentos de las artes, profesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se portaren con motivo u ocasión de los mismos;
“2. A la portación de bastones de uso corriente, siempre que no contengan estoque u otra de las armas prohibidas por esta Ley;
“3. A la portación de cortaplumas o cuchillas plegadizas de bolsillo, cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo;
“4. A la portacióu de armas de caza cuando se usaren para este fin, por personas con licencia para ello; Disponiéndose, que las li-cencias para cazar continuarán concediéndose de acuerdo con la ley especial en la materia;
“5. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca.
“6. A la portación por inválidos o lisiados, de muletas, bastones u otros útiles semejantes exigidos por su estado corporal.”

Examinando las palabras contenidas en el artículo 1, es evidente que la palabra “arma” significa un instrumento o algo que puede usarse con fines de ofensa y de defensa. Si el estatuto hubiera meramente usado la palabra “instru-mento,” sin más tentativa por clasificar la naturaleza de la cosa prohibida, tal vez habría fuerza en la contención del apelante de que la definición carece de certeza. Cada uno, sin embargo, sabe lo que significa un arma. Queda poco al juez más que decir si la cosa en particular usada es un arma, o un instrumento semejante a un arma, con el cual puede causarse daño corporal. Cada uno también sabe que un arma se usa para fines de ofensa y defensa. La corte sólo necesita decir en un caso particular si la cosa usada cae dentro de la definición de la palabra “arma,” o es un instrumento semejantemente usado. Véase el caso del Pueblo v. Cruz Rosado, (pág. 315).

Además, la definición del artículo 1 se complementa con el artículo 5 supra. Dicho artículo indica más terminante-mente la naturaleza de las armas o instrumentos prohibidos. Por tanto, creemos que es innecesario analizar la jurispru-dencia citada por el apelante al efecto de que un estatuto penal que no contiene una definición suficiente de un delito es anticonstitucional y nulo.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2433.

    Visto: Abril 28, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    1. Derecho Penal — Fecha del Juicio y Suspensión de éste — Moción de Sus-pensión — Probable Existencia de Otros Testigos que los Propuestos por el Acusado. — No bay base para suspender un juicio, cuando- la so-licitud de suspensión se funda en la posibilidad de que existan otros testigos que los propuestos por el acusado y no se alega en ella motivo alguno que pueda dar justificación a tal posibilidad.
    2. Homicidio — Juicio—Instrucciones—Proceso por Asesinato — Instrucciones Referentes al Delito de Homicidio. — En un proceso por asesinato, no es necesario instruir al jurado referente a-1 delito de homicidio cuando do la prueba claramente apareen que no se trata de dicho delito sino del de ase-sinato.
    3. Homicidio — Juicio—Instrucciones—Asesinato en Segundo Grado — Instruc-ción en Cuanto a la Premeditación. — Al Jai instnieeiones referente al de-lito de asesinato en segundo grado, una. corte no necesita instruir al jurado al efecto de que en dicho delito es necesaria la premeditación.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales. — Negativa de Nuevo Juicio. — No procede revocar una nega-tiva de nuevo juicio cuando el apelante no hace una asignación de errores por dicha negativa y menos aún cuando la petición de nuevo juicio se funda en los errores que alega contra la sentencia apelada, y considerados éstos, resultan improcedentes.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Asignación de Errores —Consideración de Errores en Apelación. — No se considerará un error en apelación, cuando los hechos en que descansa no aparecen de la transcrip-ción presentada.
    SbntbNCIa de Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de Asesinato en segundo grado.

      Confirmada, así como la resohición negando nuevo juicio.

      J. Alemañy Sosa, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El primer motivo de error que alega el apelante contra la sentencia que le condenó a cumplir la pena de quince años de presidio con trabajos forzados por el delitode asesinato en segundo grado es por baber negado la corte inferior su petición de que el juicio ■ fuera suspendido para otra fecha.

El abogado del apelante fué nombrado por la corte para la defensa seis días antes del señalado para el juicio y al comenzar éste solicitó la suspensión exponiendo que el acu-sado vivía en un barrio distante y que por las muchas ocu-paciones del letrado no había podido ir a dicho barrio para averiguar si habría personas que pudieran declarar en favor de su representado; que estuvo en la cárcel para po-nerse a la voz con su defendido y solicitó de la corte que fuera citado cierto número de testigos: que al comparecer dichos testigos para el juicio tuvo una entrevista con ellos pero a pesar de ésta entendía que no estaba en condiciones para celebrar el juicio.

No vemos en esas manifestaciones motivos fundados para que el juicio fuera suspendido pues la solicitud se basaba únicamente en que pudieran haber otros testigos que los propuestos por el acusado, sin alegarse motivo alguno que pudiera dar justificación a tal posibilidad y en esas condicio-nes el juicio no podía ser suspendido. En corroboración de esto los hechos posteriores justificaron plenamente la conducta de la corte inferior pues fueron examinados va-rios testigos de la defensa y el conjunto de la prueba nos convence de que declararon todas las personas que conocían los hechos.

El segundo motivo de error se funda en haberse negado la corte inferior a dar instrucciones al jurado respecto a que podía dar un veredicto de homicidio.

Hemos dicho en varias ocasiones que cuando claramente aparece demostrado por la prueba que no se trata de un de-lito de homicidio sino de un asesinato, no tiene necesidad el juez de dar instrucciones referentes al delito de homici-dio. Él Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 321: El Pueblo v. Lasalle, 18 D.P.R. 422: El Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, y El Pueblo v. Mejias, de diciembre 23, 1924 (33 D.P.R.). Y la prueba en este caso lo que demuestra es que el ape-lante encontró una noche a Monserrate Rosa dentro de un hoyo que estaba cavando cerca del mar y le preguntó en tono altanero qué hacía allí y al contestarle Rosa que no hacía nada malo y que se dejara de guaperías, al salir del hoyo fue en seguida herido junto a él por un tiro de esco-peta que le disparó el apelante produciéndole la muerte, sin que hubiera pendencia o arrebato de cólera justificado en él apelante, por lo que la corte no cometió el error que se le atribuye.

El tercer error se refiere a que la corte no instruyó al jurado que en el delito de asesinato en segundo grado es necesaria la premeditación.

Si bien el asesinato es dar muerte ilegal a un ser hu-mano con malicia premeditada, esa premeditación puede ser de dos clases, expresa o tácita, siendo expresa cuando es manifestada una deliberada intención de quitar la vida ile-galmente a un semejante, y tácita cuando no resulta notable provocación, o las circunstancias que concurren en el hecho demuestran un corazón pervertido y maligno; y todo asesinato perpetrado por medió de veneno, acecho o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, violación, robo, escalamiento o mutilación, consti-tuye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás. Artículos 199, 200 y 201 del Código Penal,

De acuerdo con esos preceptos en el delito de asesinato en segundo grado no es necesario que exista la premedita-ción, siendo bastante que la muerte se verifique sin resul-tar notable provocación o que las circunstancias concurren-tes demuestren un corazón pervertido y maligno. La dis-tinción entre los dos grados de ese delito está en que en el asesinato un primer grado la muerte tiene que ser delibe-rada y' premeditada, a menos que haya sido cometido al ejecutar o intentar perpetrar un incendio, violación, robo, escalamiento o mutilación, mientras que en el asesinato en segundo grado la muerte no es deliberada ni premeditada. Es la muerte ilegal con malicia pero sin deliberación o pre-meditación. En el asesinato' en primer grado la evidencia debe demostrar que ha habido la intención deliberada de quitar la vida, mientras que en el de segundo grado la pre-meditación no hay que probarla sino que. se deduce de la forma en que ha ocurrido la muerte. California Jurisprudence, vol. 13, pág. 12.

El cuarto y último error se alega porque la corte ins-truyó al jurado que podía rendir veredicto de asesinato en primero o en segundo grados, cuando no existía prueba de pre-meditación y deliberación, pero la asignación de este error es consecuencia del alegado en tercer lugar y como hemos visto que éste no es procedente, tampoco lo es el cuarto.

También estableció apelación el acusado por no habérsele concedido el nuevo juicio que solicitó, pero el ape-lante no ha hecho nna asignación de errores por dicha ne-gativa, aparte de qne fundó su petición en los errores qne ha alegado contra la sentencia, con excepción de nno qne no podríamos considerar porque los hechos en qne descansa no aparecen de la transcripción qne nos ha sido presentada, por todo lo qne no podemos revocar esa negativa.

La resolución negando el nuevo juicio y la sentencia deben ser confirmadas.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo de Jesús, acusado y apelante.
    No. 2314.

    Visto: Abril 2, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
    L “Indictment” y Acusación — Renuncia de Defectos y Objeccmnes y Sub-sanacíón por Veredicto — Objeciones a la Palta de Juramento en las Acusaciones. — El no estar jurada una acusación por ©1 fiscal es un defecto de forma que debe objetarse antes del juicio; de lo contrario se entiende renunciado y no puede ser levantado en apelación.
    2. “Indictment” y Acusación — Requisitos Pormales del “Indictment”— Juramento del Piscal Innecesario. — E-n una acusación formulada por el gran jurado, el juramento- del fiscal es innecesario.
    3. Homicidio — “Indictment” y Acusación — Muerte a Consecuencia de Heri-das — Alegación de que la Herida es Mortal. — En una acusación no es necesario alegar que la herida inferida a la víctima era mortal, cuando los heehos expresados en la acusación demuestran que la víctima falleció como consecuencia de la herida inferida.

      é. Derecho Penal — -Apelación y Error, y Certiorari — Revisión-—Cuestiones Discrecionales — Suspensión de Juicios. — Denegada una solicitud de sus-jiensión de juicio, el easo tiene que ser muy fuerte para convencer de que la no suspensión constituye abuso de discreción.
    SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (G-uayama), condenando al acu-sado por delito de asesinato en primer grado con atenuantes.
    - Confirmada.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, 'apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión de renuncia (waiver) se ha extendido de un modo imperfecto. Nuestra jurisprudencia en este sentido parece que está aumentando e.n vez de disminuyendo, y en materias que deben ser familiares a todos los abogados que ejercen su profesión. Existen tal vez tres períodos de re-nuncias (ivaiver), uno antes del juicio, otro en el juicio y el otro después de dictada sentencia o en apelación.

El primer señalamiento de error del apelante se debió al lieeño de no haberse dado cuenta de que la cuestión alegada como error había sido renunciada de dos maneras. El apelante se queja de que la acusación es insuficiente porque no estaba jurada por el fiscal. Esta es una cuestión de forma y debe ser levantada antes del juicio. El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111 y casos; El Pueblo v. Rosaly, 28 D.P.R. 474. Si no se levanta antes del juicio o durante el juicio, tal alegado error no puede ser suscitado en apelación. El Pueblo v. Aponte, 9 D.P.R. 383; El Pueblo v. Cintrón, 26 D.P.R. 246; El Pueblo v. Moreno, 28 D.P.R. 104; El Pueblo v. Ramírez, 28 D.P.R. 313.

Penetrando siquiera ligeramente en la substancia del se-ñalamiento, es evidente que esta objeción tardía no puede servir al apelante. Esta fué una acusación formulada por un gran jurado y el juramento del fiscal se ha hecho inne-cesario. Anteriormente su juramento era que la acusación se presentaba fundada en el. interrogatorio de los testigos examinados ante él. Los testigos ahora comparecen ante el gran jurado y no ante el fiscal.

El segundo señalamiento de error es que la acusación es insuficiente porque no alega que la herida inferida por el acusado a la víctima era una herida mortal. La acusación alega expresamente que Inés Yega Muñiz “a consecuencia directa de dicha herida de bala, falleció segundos después de recibir dicha herida.” La jurisprudencia es clara en cuanto a que en una acusación o indictment es innecesario usar específicamente la palabra “mortal” si los hechos expresados demuestran que la víctima falleció como consecuencia de la herida inferida.

A mitad del juicio el acusado deseaba utilizar a cierto policía como testigo y pidió su suspensión con tal fin. Para obtener una suspensión existen ciertos requisitos que hemos consignado en los casos de El Pueblo v. E. Otero & Co., 18 D.P.R. 51; El Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219, y Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772. La corte tiene, por supuesto, discretion para suspender un caso sin estas formalidades, pero ha de ser un caso fuerte para que nos convenza de que el hecho de no suspender un juicio constituye abuso de dis-creción. El apelante no nos convence en absoluto.

El cuarto señalamiento de error se refiere a la aprecia-ción de la prueba por el jurado, y el apelante no nos de-muestra que se haya incurrido en error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presideute Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cabrera Hernández y Francisco Rincón Plumey, acusados y apelantes.
    Nos. 2498 y 2510.

    Vistos: Mayo 22, 1925.

      Resueltos: Julio 10, 1925.
    1. Médicos y Cirujanos — Ejercicio de la'Medicina — Ejercicio Autorizado por la Ley. — La excepción establecida por el artículo 3 de la Ley de 1903, según se enmendó en 1911 (Comp. 1713), sólo tiene aplicación a aquellas personas 'que sin tener un diploma facultativo asumieron la posición de un verdadero médico en la comunidad, fueron reconocidos en ella como doctores y estu-vieron en abierto ejercicio de la profesión por espacio de cinco años con anterioridad al 1911 como si hubieran tenido un diploma.
    2. Médicos y Cirujanos — Ejercicio de la Medicina — Ejercicio Autorizado por la Ley — Prueba Necesaria. — Para demostrar que se está comprendido dentro de la excepción establecida por la ley (Oomp. 3713), la prueba debe sor amplia y convincente.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Iíumacao), condenando a los acusa-dos por delito de ejercicio ilegal de la medicina.

      Confirmadas.

      L. Muñoz Morales y B. Martínez Nadal abogados de los apelantes; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideute Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos recursos se vieron conjuntamente y de igual modo serán estudiados en una sola opinión.

Se denunció a Ramón Cabrera Hernández y á Francisco Rincón Plumey por ejercicio ilegal de la medicina, el pri-mero en Cagnas, en diciembre de 1924, y el segundo en San Lorenzo, en noviembre y diciembre del propio año, ambas municipalidades pertenecientes al distrito judicial de Hu-macao. Celebrados los juicios, la corte declaró culpables a los acusados de. infringir la seo. 9 de la Ley No. 73, apro-bada el 30 de julio de 1923 (p. 551), tal como fué enmen-dada por Ley No. 15, aprobada el 1 de julio de 1924 (p. 125), e impuso a cada uno una multa de cincuenta dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer. No conformes Cabrera y Rincón apelaron para ante esta Corte Suprema, señalando y discutiendo amplia-mente por escrito y oralmente los dos siguientes errores:

1. La corte cometió error al sostener' que los acusados están ejerciendo ilegalmente la medicina, y

2. La corte cometió error al sostener que no es aplica-ble a estos casos la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el de El Pueblo v. Rodríguez Alberty, de dic. 19, 1924, (33 D.P.R.).

No hay cuestión con respecto a la prueba de los hechos imputados en las denuncias. Es evidente que los acusados en Jos sitios y fechas indicados en las mismas, recetaron a pacientes cobrando por sus recetas y haciéndose pasar por médicos, y es evidente también que los acusados no tienen título de Universidad o Escuela de Medicina, ni están autori-zados por la Junta de Médicos Examinadores de Puerto Rico para ejercer la medicina en la Isla, pero Jos acusados sostienen que ellos no actuaron ilegalmente, sino autoriza-dos por la ley.

Obsérvase en cuanto se leen las denuncias y se estudia la prueba y se analiza la cuestión legal suscitada, que estos dos casos son la consecuencia directa de la decisión de esta Corte Suprema en-el.citado caso de El Pueblo v. Rodríguez Alberty. Seguramente existen más en espera de esta se-gunda decisión, y siendo ello así es el deber nuestro aclarar en cuanto fuere posible una situación de verdadera impor-tancia para toda la comunidad.

El precepto de ley de cuya infracción se declaró culpa-bles a los acusados, lee como sigue:

“Sección 9. — Toda persona que fuere denunciada y convicta de ejercer ilegalmente la medicina o cirugía, la osteopatía, o cualesquiera ramos de éstas o de sus profesiones auxiliares, o la obstetricia, con-traviniendo a las disposiciones de esta Ley, por cada infracción in-currirá .en un delito de misdemeanor y será castigada con una multa que no excederá de doscientos dólares o prisión en la cárcel por un término que no exceda de noventa días o ambas penas a discreción del tribunal; Disponiéndose, que en caso de reincidentes el delito' aparejará necesariamente- pena de cárcel. Para los efectos de esta Ley se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina y ciru-gía, la osteopatía o cualquiera de las ramas de estas profesiones, o la obstetricia, o cualquiera de las profesiones auxiliares de la me-dicina y cirugía, a toda persona que, sin estar legalmente autori-zada, añadiere a su nombre las letras M. D. (Doctor en Medicina), se anunciare o se biciese pasar como médico, cirujano, osteópata, optómetra, practicante, comadrona, enfermera o enfermero, prestare servicios como tales, e interviniere en el tratamiento de enfermeda-des o defectos físicos, recibiere- o nó remuneración por tales servi-cios. ’'

Las leyes anteriores fueron analizadas en la repetida de-cisión de El Pueblo v. Rodríguez Alberty y nada tenemos que añadir. Tampoco estamos convencidos de que debamos modificar el criterio sustentado por la mayoría del tribunal en dicha decisión en el sentido de que fué la intención del le-gislador puertorriqueño autorizar como autorizó a conti-nuar ejerciendo la medicina en Puerto Rico a toda persona que de hecho la hubiere ejercido por un período de cinco años con anterioridad al 9 de marzo de 1911, tuviera o nó título académico, hubiera estado o nó autorizada para ello por la Junta de Médicos Examinadores. La Legislatura re-conoció y garantizó una situación de hecho y la Legislatura no obstante haber sido su. intención de tal modo interpretada por la mayoría de los jueces de esta corte, teniendo faculta-des y oportunidad para variar la Ley, nada ha hecho, pu-diendo considerarse su silencio en el sentido de que su in-tención fué debida y fielmente interpretada.

Siendo ello así, debe formularse en estos casos la si-guiente pregunta: ¿Probaron los acusados que ejercieron la Medicina en Puerto Rico por espacio de cinco años con an-terioridad al 9 de marzo de 1911?

La contestación envuelve la fijación del concepto “ejer-cer la medicina” y el análisis.de la prueba.

A nuestro juicio la situación de lieclio reconocida por el Legislador, fue la de un verdadero status de médico en el seno de la sociedad. “Médico,” según el Diccionario de la Academia Española, es “el que se baila legalmente autori-zado para profesar y ejercer la medicina,” y “Medicina”, según la misma autoridad, es la “ciencia y arte de preca-ver y curar las enfermedades del cuerpo humano y en especial las internas.”

Desde 1804 los médicos en todo el territorio español, peninsular e insular, se dividían en médicos cirujanos, profe-sores de ciencias médicas, médicos puros y cirujanos. Es-tos últimos se subdividían en cirujanos de primera clase, que eran los llamados cirujano-médicos, cirujanos latinos, li-cenciados y doctores en cirugía médica; en cirujanos de se-gunda clase, en cuyo número entraban los llamados de co-legio y los antiguos romancistas; en cirujanos de tercera clase, o sean cirujanos sangradores, y en cirujanos de cuarta clase, que eran todos los demás profesores puramente prác-ticos. También existían los prácticos del arte de curar del plan de 1843 y los médicos de segunda clase del Real De-creto de diciembre de 1849, que estudiaron los principios elementales de la medicina y cirugía y destinaron algún tiémpo a la práctica de ellas, cuyas enseñanzas fueron abo-lidas sucesivamente. Además se conocían con el nombre de ministrantes anteriores a la ley de 1857, y el de practicantes creados por ésta, unos auxiliares subalternos, que no siendo facultativos no estaban comprendidos en las clases de ciru-janos existentes, pero que sin embargo habiendo estudiado y sufrido exámenes, obtenían un título que les concedía cier-tos derechos, aunque en limitada esfera. La citada ley de 1857 creó una clase de médicos llamados médico-cirujanos habilitados, análoga a la de los prácticos de 1843. Otras leyes se dictaron hasta que por la de 25 de octubre de 1868, salvo los derechos adquiridos al amparo de leyes anteriores, sólo se reconoció por facultativos de la ciencia de curar a los doctores o licenciados de ambas ciencias- — medicina y ci-rugía — , los cuales tenían de auxiliares a los practicantes a los efectos de administrar los medicamentos por ellos pres-critos. La carrera de médico-cirujano se estudiaba con su-jeción a un plan aprobado por el legislador en las universi-dades que eran instituciones del Estado. Yéase Alcubilla. Diccionario de la Administración Española, tomo 7, pág. 220 y siguientes de la cuarta edición.

Tal era a grandes rasgos la situación legal en Puerto Rico sobre la materia al ocurrir el cambio de la soberanía. Un médico-cirujano en Puerto Rico era conocido general-mente como doctor, aunque su título fuera el de licenciado y se presuponían sus estudios académicos. Nó sólo procedían de España. Muchos cursaron sus carreras en Francia, Bél-gica y Estados Unidos y fueron autorizados para ejercer por el gobierno español.

La tendencia de los pueblos a medida que progresan, es la de regular el ejercicio de las profesiones exigiendo cada vez más, de manera que los profesionales estén al día en el avance de su ciencia o arte y así puedan prestar a la comu-nidad sus servicios con la mayor seguridad de acierto.

Ocurrido el cambio de soberanía y organizado el gobierno civil de la Isla, se aprobó la ley de 12 de marzo de 1903 (Comp. 1711), que organizó la Junta de Módicos Examina-dores. Leyendo en conjunto sus disposiciones se observa el propósito firme del Legislador de autorizar solamente a ejer-cer en la Isla como médico-cirujanos á aquellos que hubieren estudiado en colegios y universidades bien reputados y que sufrieran además examen.

¿Qué motivó el disponiéndose que se consignó en la en-mienda a la sección 3 de la ley de 1903, hecha en 1911 (Comp. 1713) y que fué objeto de interpretación en El Pueblo v. Rodríguez Alberty, supra?

Diferentes causas se expusieron en el informe oral de estos recursos. Alguna necesariamente tuvo que existir. Quizá al Legislador constaba que había en la Isla ejerciendo la medicina cierta o ciertas personas que siendo perfecta-mente capacitadas para ello carecían de alguno o algunos de. los requisitos académicos exigidos por la ley y quiso le-galizar su situación. Siendo ello así sólo puede pensarse que estuvieron en la mente del legislador personas que en la comunidad asumían la posición de un médico, reconoci-das en ella como doctores, desempeñando puestos públicos como tales, considerados como iguales por sus compañeros de profesión, en una palabra verdaderos médicos en abierto ejercicio de su profesión. Un farmacéutico, un practicante, un cirujano menor, un curandero, no puede pensarse que fueran los médico-cirujanos de hecho que dieron motivo al disponiéndose.

Tal fué el caso, según la apreciación que hicimos de la prueba, del doctor Rodríguez Alberty, quien llegó a desem-peñar en la comunidad en que vivía cargos públicos que sólo se' encomendaban a médico-cirujanos, que como perito médico fué llamado a declarar por el Fiscal del Distrito, y como médico asistió a consultas con sus compañeros de pro-fesión.

Hemos examinado la prueba en estos dos casos de Cabrera y de Rincón y no nos convence de que ellos actuaron' como médico-cirujanos abierta y constantemente en el seno de la sociedad durante cinco años anteriores al 1911.

Toda la prueba es testifical. Ni una sola de las recetas que se ■ dicen expedidas fué aportada. Ni un solo registro de esas recetas en los libros de las farmacias en donde se dice que fueron despachadas fué presentado. Ningún co-lega profesional compareció ante la corte a declarar que los acusados actuaron como médico-cirujanos. No se introdujo documento público alguno otorgado en el período de los cinco años anteriores al 1911 en donde directa o indirecta-mente constara que la profesión de los acusados era la de médico-cirujano. Los acusados pudieron furtivamente rece-tar, curar, quizá tenían y tienen conocimientos bastantes, quizá en momentos anormales la sociedad se valió de esos conocimientos, pero no surge claro y robusto como es menes-ter de la prueba aportada el becbo de que practicaron la profesión de medicina y cirugía en la forma que al inter-pretar la ley bemos establecido, durante el período por la misma ley fijado. La prueba en casos de esta naturaleza debe ser amplia y convincente. Cinco años de ejercicio cons-tante de la profesión de médico-cirujano, tienen necesaria-mente que dejar un rastro tal de becbos y documentos que sería sumamente fácil aportar la prueba requerida. Lo que la prueba demuestra de modo convincente aquí es que los dos acusados son dos farmacéuticos inteligentes y diestros que de cuando en cuando se ban salido del radio de su pro-fesión y ban penetrado en el campo de la medicina. Eso es todo y para esos casos no estableció la excepción el legis-lador.

Deben confirmarse las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Señor Aldrey firmó conforme con la sentencia pero no con sus fundamentos.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fundador Ramos, acusado y apelante.
    No. 2536.

    Visto: Junio 24, 1925.

      Resuelto: Julio 13, 1925.
    Armas — Armas Prohibidas — Máchese—Prueba Insuficiente.- — El hecho de que una persona esté sentada sobre un machete no constituye por sí sólo prueba de que lo portaba.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Revocada y abstielto el acitsado.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se acnsó a Fundador liamos porque el 28 de diciembre de 1924, en la Ceiba, “portaba en su persona un machete que es un instrumento con el cual puede causarse daño corporal.” Llamada la causa para juicio, el fiscal practicó su prueba y el acusado presentó una moción de non suit que fué declarada sin lugar. No aportó evidencia el acusado y la corte lo condenó, como autor de un- delito de portar ar-mas prohibidas, a sufrir un mes de cárcel.

No conforme Ramos apeló señalando en su alegato como errores los cometidos a su juicio por la corte al admitir como prueba el machete y al negarse a absolverlo perento-riamente por falta de prueba.

Como testigos de la acusación declararon los .policías in-sulares José D. Ríos y Lorenzo Santana.

El primero se expresó así:

“Que el día 28 de diciembre, un domingo, como a las 4 p. m., iba el declarante en unión del policía insular Lorenzo Santana, de recorrida; que al llegar a la colindaneia del barrio ‘Machos,’ de Ceiba., y el barrio de la ‘Demajagua’, de Fajardo, en un estableci-miento pulpería, propiedad del Sr. Eleuterio Ramos, el cual estaba abierto, siendo día domingo, y en dicho local se llevaba a efecto una jugada a lo prohibido, de ‘monte’, en la que actuaba como ta-llador o banquero el acusado Fundador Ramos, teniendo debajo del muslo donde estaba sentado, un machete, el cual le fué ocupado. El Fiscal le presenta al testigo un machete a ver si lo conoce, y manifiesta ser el mismo que se le ocupara al acusado, el día 28 de diciembre, por ej. policía 'Santana, en el establecimiento de Eleute-rio Ramos, y cuyo hecho presenció el testigo.
“Repreguntado el testigo por el abogado del acusado, declara: Que si bien fué el guardia Lorenzo Santana el que le ocupó el machete al acusado, el testigo era el cabo, bajo cuyas órdenes es-taba el policía Santana, y vió la ocupación del machete, y tenién-dolo inmediatamente en sus manos. Que el acusado estaba en la tienda de Eleuterio Ramos, padre de dicho acusado, jugando a lo prohibido en unión de otros individuos más; que lo tenía debajo^ del muslo, o sea, el acusado sentado encima del machete; que’ Fun-dador Ramos estaba tallando cuando le ocuparon el machete, den-tro de un establecimiento, siendo un domingo, y estando abierto dicho establecimiento, como a las cuatro de- la tarde.”

Y el segundo dijo:

“Que conoce a Fundador Ramos, el acusado en el presente caso, y que el día veintiocho de diciembre del año pasado, mil novecientos veinte y cuatro, salió de recorrida en unión del cabo Ríos (José D. Ríos), y como a las cuatro de la tarde llegaron al estableci-miento del padre de Fundador Ramos, y en dicho establecimiento se jugaba a lo prohibido, y estaba el acusado sentado encima del mostrador y teniendo un machete debajo del muslo, siendo denun-ciado por portar dicho machete que es a manera de un sable. El Hon. Fiscal le presenta un machete al declarante a ver si lo conoce, y manifiesta ser el mismo que le ocupara a Fundador Ramos el acu-sado, en momentos en que estaba sentado encima del mostrador del establecimiento propiedad del padre de dicho acusado.
“Repreguntado por el abogado defensor del testigo declara: que el machete estaba en el mostrador y sobre el mostrador estaba sen-tado el acusado, teniendo dicho machete debajo de un muslo. Que el acusado estaba sentado encima del machete. Y el abogado hace la siguiente y última pregunta: Entonces el machete lo portaba a él?’ Y el testigo contesta: “El estaba sentado encima del machete. ’
“El lion. Fiscal presenta como prueba el machete, y el abogado defensor se opone a la admisión, porque el machete era un objeto que estaba encima del mostrador, y no lo portaba el acusado. La ■corte admite el machete como prueba, y el abogado anota una ex-cepción. ’ ’

De las anteriores declaraciones sólo pnede concluirse con .absoluta certeza que el acusado estaba sentado sobre un .machete y ello no constituye prueba de que lo portaba. Si ,a las circunstancias que concurren se hubiera agregado la •evidencia de que el machete pertenecía al acusado, quizá po-dría sostenerse la sentencia condenatoria, pero tal evidencia no fué aportada.

Debe revocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.