author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Figueroa, Acusado y Apelante.
    No. 2262.

    Visto: Abril 22, 1924.

      Resuelto: Junio 12, 1924.
    ApelacioNes Criminales — Término para Presentar la Exposición del Caso— Desestimación de Apelación. — El artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal no autoriza la apelación de una resolución que niega una prórroga al acusado para presentar la exposición del caso por estar vencido el término. Por esta razón la apelación fué desestimada a petición del fiscal.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Desestimado el recurso.

      B. Pagán, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

En nn caso criminal y según el apelante, después de dic-tada sentencia de prisión perpetua la Corte de Distrito de Guayama se negó a conceder una prórroga para radicar una exposición del caso. La teoría de la corte de distrito era que de acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal carecía dicha corte de jurisdicción para conceder la pró-rroga toda vez que la moción interesando tal prórroga fué presentada demasiado tarde. El apelante archivó una mo-ción de reconsideración sosteniendo que su moción estaba dentro del término. El alegó que su moción, que fué puesta en el correo de San Juan el día 23 de enero de 1923, llegó a Guayama el día siguiente, enero 24, después de las horas de oficina de la corte, y que la carta no se entregó ese día úni-camente porque el secretario de la corte no pudo ser hallado. En varias decisiones hemos resuelto que es el deber de una parte estar al tanto de que un documento que ha de ser en-tregado llegue a manos del secretario. Díaz et al. v. Pastor, 29 D.P.B. 95, y casos en él citados. Una parte no tiene de-recho alguno a confiar en el correo para la pronta entrega.

En este caso, sin embargo, el Pueblo de Puerto Pico soli-cita la desestimación de la apelación por no ser apelable la resolución dictada por la corte. La teoría es que la orden no está comprendida dentro de las resoluciones apelables que menciona el artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual es como sigue:

“Art. 347. — El acusado puede apelar:
“1. De una sentencia condenatoria definitiva.
"2. De una providencia denegando una petición para la celebra-ción de nuevo juicio.
“3. De una providencia dictada después del fallo que afecte los derechos sustanciales de la parte.”

Que una resolución como ésta no es apelable, ha sido vir-tualmente resuelto en los casos de El Pueblo v. Barquet, 18 D.P.R. 478, y El Pueblo v. Jackson, 138 Cal. 32. En el último la Corte Suprema de California se expresó así:

"La negativa de un juez sentenciador a aprobar un pliego1 de ex-cepciones, o a permitir que se consigne una excepción de acuerdo con los hechos, no es una orden final y conclusiva que afecte los de-rechos sustanciales del acusado, de la cual se pueda apelar. El re-medio es por mandamus para compeler al juez sentenciador a resolver sobre la aprobación, y por petición a esta Corte Suprema para probar la excepción que no se permitió establecer de acuerdo con los hechos.
"El procedimiento debe ser tal que permita completar el récord antes de que se presente la apelación en la Corte Suprema. Es una práctica impropia tener pendiente la apelación de la sentencia al mismo tiempo que la apelación de una orden rehusando aprobar el pliego de excepciones en que se basa la apelación, y la apelación de esta última debe desestimarse.”

Tal vez si en un caso como el presente el apelante en la apelación principal solicitase ser eximido de las consecuen-cias de su abandono esta corte tendría discreción para or-denar que se preparara una exposición del caso.

La apelación interpuesta en este caso debe, sin embargo, ser desestimada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Blasco, Acusado y Apelante.
    No. 2282.

    Visto: Junio 5, 1924.

      Resuelto: Junio 13, 1924.
    Adulteración de Leche — Venta de Leche Adulterada. — El dueño de una fonda y cafetín en la cual se sirvió a un parroquiano, mediante precio pagado, un vaso de leche que resultó adulterada, es tan responsable ante la ley, como si tal artículo hubiera sido tenido principal o exclusivamente para la venta.

      SeNtenoia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de adulteración de lecbe.

      Con-firmada.

      B. Rivera Zayas, ■ abogado del apelante; José E. Pigueras, Fiscal, abog’ado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué condenado a sufrir cinco días de cárcel por tener y ofrecer en venta lecbe adulterada.

Como único motivo de error el acusado señala que la sentencia no está sostenida por la prueba presentada en el juicio.

Sostiene el apelante que de acuerdo con la jurispruden-cia de esta Corte Suprema, es preciso, en un caso como éste, que se demuestre fuera de toda duda razonable, que se rea-lizó un acto específico de ofrecer o tener en venta la leche.

El acusado era dueño de una fonda y cafetín. TJn inspector de sanidad entró el 15 de enero de 1924 en el estable-cimiento del acusado y pidió un vaso de leche para tomarlo y no pareciéndole buena procedió a tomar la muestra resul--tando adulterada en un 30 por ciento de agua añadida. La leche le fué vendida por el dependiente estando presente el acusado cuando el inspector tomó la muestra. El inspector no pudo decir que la leche estaba en algún aparador ante el público ni que se tenía a la venta pero sí que la pidió y se la sirvieron.

Tal vez con esta sola declaración la cuestión legal que surgiría era si en un establecimiento de fonda y cafetín en donde la leche se servía con café, en dulces y cremas, como así afirma el acusado que se utilizaba, podía considerarse la ingerencia de la leche en esos artículos fuera del alcance de la ley previendo vender u ofrecer en venta leche artifi-cialmente adulterada con agua. Nos inclinamos a la nega-tiva. La responsabilidad del acusado es como si se ven-diera u ofreciera en venta la leche separadamente, si bien en este caso desaparece toda duda en cuanto al hecho de ofrecer en venta la leche, pues el acusado aunque declara que no acostumbraba venderla ni tiene licencia para hacerlo afirmó sin embargo haberla despachado aunque muy pocas veces, a los clientes.

La sentencia debe confirmarse.


author: El Juez Pbesidente Señob del Toko,

text:
    Borrero, Demandante y Apelante, v. Ubarri, Demandado y Apelado.
    No. 3148.

    Visto: Febrero 28, 1924.

      Resuelto: Junio 13, 1924.
    Cobro de Dinero — Prueba: Apreciación de la Misma. — Dependiendo la decisión de este caso únicamente del resultado do la. prueba, examinada ésta y (apa-reciendo que es suficiente para sostener la sentencia recurrida, debe dicha sentencia confirmarse aunque se concluyera que no estaban bien fundadas algunas de-las razones que la Corte de Distrito tuviera para dictarla.
    Sentencia de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      U. Crespo, Jr., abogado del apelante; F. Rodríguez Alverio, abo-gado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Florencio Borrero demandó a Cesáreo Ubarri en cobro de $614.20, alegando que el demandado adeudaba a José ■Rodríguez, dueño del establecimiento mercantil “Buxeda y Rodríguez,” la suma de $702, como saldo de una cuenta li-quidada el 1 de mayo de 1921; que Rodríguez cedió y tras-pasó su crédito al demandante por valor recibido, notificán-dose el traspaso al demandado, y que el demandado hizo tres abonos ascendentes a $87.78 dejando así pendiente el saldo reclamado que se ha negado a satisfacer no obstante los repetidos requerimientos que se le han hecho para ello.

. Contestó el demandado aceptando que era deudor de Ro-dríguez. pero negando que debiera la suma indicada. Negó el hecho del traspaso y su notificación. También que hi-ciera abonos al demandante ni .que fuera requerido de pago por el mismo. Y como materia constitutiva de oposición y 'defensa, alegó que con. motivo de cierto embargo practicado en su establecimiento mercantil se reunieron todos sus acree-dores, entre ellos Rodríguez, y acordaron liacer una rebaja •de un setenta y cinco por ciento en cada una de sus acreen-cias, quedando de tal modo reducida su deuda para con Ro-dríguez a $175.57, suma que se obligó a pagarle en seis plazos mensuales, habiéndole satisfecho tres ascendentes a .$87.78.

Fue el,pleito a juicio y la corte finalmente dictó senten-cia declarando la demanda sin lugar. Apeló el demandante señalando en su alegato tres errores que más bien se re-fieren a los razonamientos del juez sentenciador contenidos ■en la opinión, que a la sentencia misma.

Después de un examen cuidadoso de los autos, creemos •que la decisión de este caso estriba enteramente en la apre-ciación de la prueba.

La evidencia del demandante consistió en la declaración -de José Rodríguez y en la suya propia. La del demandado en la declaración de Rodríguez, en la suya propia y en tres documentos.

¿Qué dijo Rodríguez, declarando como testigo dél deman-dante? Se expresó así: Que negocia en Arecibo en ferrete-ría y quincalla y conoce a Cesáreo Ubarri con quien sostuvo relaciones comerciales abriéndole una cuenta corriente que ■se liquidó en mayo 21, 1921, — según consta de un libro que mira, pero que no se ofreció como prueba — , hallándose pre-sente Ubarri, con un balance en contra del mismo de $702 ■que Ubarri quedó conforme en pagar; que posteriormente traspasó su crédito al demandante Borrero y notificó el tras-paso personalmente a Ubarri] que sabe que Ubarri hizo ■tres abonos dirigiendo los cheques a nombre del testigo, en-dosándolos el testigo a Borrero y cobrándolos éste; que no hizo arreglo alguno con Ubarri; ni asistió a reunión alguna de acreedores.

Y el demandante Borrero, dijo: que es comerciante; que-.Rodríguez le traspasó la cuenta de Ubarri; que notificó personalmente a Ubarri pero éste no quiso entenderse com él,- que Ubarri hizo abonos mandándolos directamente a Ro-dríguez y éste'endosándolos al testigo que los cobró. Al re-preguntarle el abogado del demandado cómo liabía notificado-la cesión, dónde y cuándo, contestó: “Verbalmente. — Frente a mi establecimiento en una ocasión y en otra ocasión no-recuerdo dónde fue. — No recuerdo la fecba tampoco.”

Llamado a declarar José Rodríguez como testigo del de-mandado, se le pidió que reconociera cierta carta dirigida por- él a Ubarri y así lo hizo, pero el juez no permitió que el demandado presentara la carta reconocida como prueba.. Se le pusieron de manifiesto entonces tres cheques firmados-por Ubarri y reconoció haberlos recibido, introduciéndolos-el demandado como prueba. Contestando a repreguntas del demandante respondió que los cheques fueron endosados por él a Borrero porque le había traspasado la cuenta.

Los repetidos cheques son por la misma suma de dinero,, uno expedido el 8 de julio de 1921, otro el 17 de agosto y otro el 4 de octubre del mismo año. Se transcribe el pri-mero. Dice:

“No. 74. — Arecibo, Puerto Rico, julio 8, 1923. — Banco Comercial de Puerto Rico, — Arecibo Branch. — Pay to the order of José Rodriguez, veinte y nueve 26/00 dollars.— (firmado) Cesáreo Ubarri. — . $29.26. (Hay un sello que dice: Banco Comercial de Puerto Rico, Arecibo, P. R. — Paid Jul. 9 1921.) Al respaldo: (firmado) José Rodríguez. — P. Borrero Cordero. — Páguese a la orden del Banco Co-mercial de Puerto Rico. — Banco Territorial y Agrícola de Puerto-Rico. — Arecibo, P. R., Jul. 9, 1921.- — E. Alcaraz, Director-Cajero.”'

Y, por último, declarando como su propio testigo, el de-mandado Ubarri manifestó: Que nunca ha tenido negocios-con el demandante Borrero; que sostuvo relaciones comer-ciales con Rodríguez; que nunca fué notificado por Rodrí-guez de la cesión de la cuenta que con él tenía; que se en-tendió siempre con Rodríguez y que éste le vendió la cuenta por el veinte y cinco por ciento para pagar en seis plazos-que todos sus acreedores se reunieron e hicieron un doeu-mentó, siendo el pago garantizado por Lanrito Estrella; que recibió ima carta de Rodríguez donde le decía que estaba apurado. Se le pone de manifiesto la carta y la reconoce. La otra parte admitió la autenticidad del documento, pero la corte se negó a admitirlo como prueba. El testigo enton-ces declaró que la carta decía “que le mandara los 29 pesos que correspondían al mes de octubre.” Insiste en que liubo un convenio por virtud del cual su deuda original quedó reducida a la cuarta parte, comprometiéndose a pagarla en seis plazos mensuales de $29.26, habiendo satisfecho tres..

Examinada en sí misma la evidencia del demandante es deficiente. Aunque no estamos conformes con la corte sen-tenciadora en que sea indispensable la evidencia escrita, pa-rece en verdad la apropiada en casos de esta naturaleza. No comprendemos cómo no se introdujo como prueba el li-bro o la parte pertinente del mismo que miró el testigo Ro-dríguez mientras declaraba. Y si se examina dicha eviden-cia en relación con la aportada por el demandado, el con-flicto surge en seguida en extremos esenciales. Y a nuestro juicio debe resolverse a favor del demandado porque los che-ques librados por éste en las épocas y por las sumas que ex-presan y dirigidos todos a Rodríguez, inclinan poderosa-mente la balanza en pro de la existencia del convenio afir-mado por el demandado y negado por el demandante. Otras circunstancias pudieran apuntarse.

Siendo ello así, procede la confirmación de la sentencia apelada, ya que está sostenida por las alegaciones y las pruebas.


author: El Juez Asociado Señoe Aldkey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matta, Acusado y Apelante.
    No. 2270.

    Visto: Junio 12, 1924.

      Resuelto: Junio 13, 1924.
    Daños Maliciosos. — Resolviendo evidencia contradictoria en este caso, la corte inferior estimó probado que la cabra cuya muerte se imputó al acusado es-taba en la orilla del camino y que al sentir las pisadas de los caballos que montaban el acusado y otra persona rompió la soga y penetró en la planta-ción de cañas de la ñuca de que es mayordomo el acusado, quien en seguida la mató. Se resolvió: que aunque en ocasiones anteriores algunas cabras se hubieran metido en las cañas y hubieran producido daños en ellas, no estaba justificado el acusado en causar la muerte de ese animal y su conducta fué maliciosa.
    SENTENCIA, de Pablo Berga, J. (Humacao), condenando al acusado por delito de daños maliciosos.

      Confirmada.

      González Pagundo & González, Jr., abogados del apelante; José E. Pignoras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué condenado por el delito de daños mali-ciosos por haber matado una cabra que no era de su pro-piedad.

La evidencia del fiscal fué que la cabra estaba amarrada en la orilla de un camino vecinal y que al sentir las pisa-das de los caballos que montaban el acusado y otra persona rompió la soga con que estaba amarrada y se metió dentro de una pieza de cañas de la finca de que es mayor-domo el acusado, quien en seguida la mató. La evidencia del acusado tendió a probar que la expresada cabra no es-taba amarrada en la orilla del camino ni rompió la soga al sentir el ruido de los caballos, sino que estaba dentro de las siembras de caña de dicha finca donde fué muerta porque repetidas veces se había avisado a los que tienen cabras por allí que sus animales estaban causando daños' en las siem-bras.

Como el juez condenó al acusado tenemos que llegar a la conclusión de que resolvió el conflicto de la evidencia en contra del apelante y por tanto que estimó probado que la cabra estaba amarrada en la orilla del camino y que rom-pió la soga al sentir los caballos y penetró en la plantación de cañas en cuyo momento fué muerta por el acusado; y siendo éstos los hechos probados y aunque en ocasiones an-teriores algunas cabras se hubieran metido en las cañas y hubieran producido daños en ellas, no estaba justificado el acusado en causar la muerte de ese animal y su conducta fué maliciosa; siendo este caso distinto al de El Pueblo v. Valdés, 23 D.P.R. 713, pues en éste la cabra no estaba ama-rrada momentos antes de ser muerta sino que fué encon-trada causando daños a la propiedad.

La,sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Torres, Demandante y Apelado, v. Asamblea Municipal de Guánica, Demandada y Apelante.
    No. 3230.

    Visto: Abril 11, 1924.

      Resuelto: Junio 13, 1924.
    Asambleas Municipales — Vacantes en las Asambleas Municipales; Manera .de Cubrirlas — Nombramiento de Miembros de las Asambleas. — Ratificando la doctrina establecida en Piovanelii v. Fas, 28 D. P. R. 337, se resolvió en el presente caso: que el poder de nombramiento de la asamblea municipal para cubrir vacantes de sus miembros es meramente subsidiario. La desig-nación la liace principalmente el pueblo por conducto del organismo local del partido politico a que pertenece el miembro saliente. Al haeer, pues, la sustitución, la asamblea actúa ministerial y no diserecionalmente.
    Id. — Id.—Id.—La enmienda introducida al artículo 22 de la Ley Municipal de 1919 después de la resolución de Piovanetti v. Pas (supra) no afectó la doctrina de dielio caso.

      Id. — Mandamus—'Parte Interesada. — Una persona capacitada para desempeñar el puesto de miembro de la asamblea municipal y propuesta para tal cargo por el partido político a que pertenecía el miembro saliente, tiene el interés necesario para acudir al recurso de mandamus y no necesita alegar la falta de otro remedio adecuado.
    Id. — Id.—Alegación Innecesaria. — Tratándose de cuestión de tan alta natura-leza pública como es la selección de una persona para representar en la asamblea municipal a determinado distrito electoral, no es necesario alegar en la petición de mandamus que la asamblea fué requerida para que diera la posesión del cargo al candidato elegido.
    Sentencia de B. Díaz Cinirón, J. (Ponce), declarando con lugar petición de mandamus con costas.

      Confirmada.

      J. B. Gelpí, abogado de la apelante; B. Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponee expidió un auto perento-rio de mandamus dirigido a la Asamblea Municipal de Guá-nica. ordenándole que procediera a hacer el nombramiento del peticionario, como miembro de dicha asamblea. El peti-cionario alegó que- existía una vacante en la asamblea con motivo de la renuncia de un miembro socialista y haber sido nombrado debidamente el peticionario por el partido socia-lista para cubrir la vacante. Teniendo conocimiento de esta vacante, o tal vez actuando por la indicación hecha por otro miembro socialista de la asamblea, ésta solicitó del partido socialista el envío -de una terna a la expresada asamblea.

Con excepción de que la vacante era de un miembro unio-nista los hechos principales de este caso son idénticos a los de Piovanetti v. Paz, 28 D.P.R. 537. La asamblea municipal, apelante en este caso, entre otros fundamentos de im-pugnación sostiene que el caso de Piovanetti es erróneo y que la sección 22 de la Ley No. 85 del año 1919, página 685, ha sido enmendada a ñn de variar la forma de cubrir una vacante en la asamblea municipal. La apelante sostiene vi-gorosamente que la facultad para cubrir una vacante reside en la asamblea municipal por virtud de varios artículos de la Ley Municipal así como por la Ley Orgánica, mientras que el caso de Piovanetti v. Paz directa o implícitamente confiere tal facultad al partido al cual pertenecía el miem-bro que origina la vacante.

El artículo 22 como fue aprobado en el año 1919 es como sigue:

“Artículo 22. — Las vacantes que ocurran en la asamblea municipal se cubrirán por ésta con personas que tengan la condición de elegibles y sean de- la misma filiación política del miembro que cau-sare la vacante, a propuesta del organismo director local del partido que eligió el miembro cuya vacante baya de cubrirse.”

A Puerto Rico se le ha dado lo mismo que a cualquier es-tado de la Unión una forma representativa de Gobierno. Fundamentalmente el pueblo gobierna y elige sus represen-tantes. Los representantes son elegidos por los electores ca-pacitados. Esto es así en cuanto al Pueblo de Puerto Rico lo mismo que para sus municipalidades. Las asambleas mu-nicipales son elegidas por los votantes capacitados.

Costaría entonces mny poco a nna corte quedar obligada .-a creer que una Legislatura liará todo lo qne esté dentro de sus facultades para llevar a cabo la voluntad del pueblo so-berano como ha sido .expresada por sus votantes. Los vo-tantes de ciertos barrios de Guánica eligieron nn miembro socialista, y la intención del artículo 22 fné claramente per-petuar tal representación, cuando dió al mismo partido el derecho de recomendar para cubrir una vacante. La opi-nión en el caso de Piovanetti v. Paz demuestra muy bien que nunca fué la intención de la Legislatura permitir a un partido contrario seleccionar las personas que debían cu-brir una vacante. La intención de la Legislatura quedaría anulada si cualquier elección o facultad de elegir se dejó a la asamblea municipal en oposición de la voluntad del par-tido a quien se ha dado el derecho de recomendación. Por supuesto que si el partido proponente elige enviar una terna a la asamblea, esa es una cuestión diferente. Cuando se hace una simple recomendación si el caso de Piovanetti v. Paz es correcto y reúne condiciones el propuesto miembro, surge el deber en la asamblea de nombrar la persona reco-mendada.

El supuesto conflicto entre el artículo 22 de la Ley Municipal y la interpretación que le dió esta corte ha sido ori-ginado principalmente por el artículo 26 de la Ley Municipal.

“Art. 26. — Corresponderá privativamente a la asamblea municipal :
“8. — Cubrir las vacantes que ocurran, así entre sus miembros como en el concejo de administración; Disponiéndose, que éste cu-brirá las vacantes que ocurran en su seno cuando la Asamblea no estuviere en sesión y los nombramientos que así hiciere tendrán efecto hasta qué la asamblea municipal los confirmare o hiciere nue-vos nombramientos.
‘ ‘ * # =» # # #

Existe algún conflicto aparente pero este conflicto tiene que ceder ante la clara intención de la Legislatura. Fácil-mente pueden imaginarse casos donde el derecho absoluto a cubrir una vacante surgiría, en la asamblea; por ejemplo, cuando no ha habido ninguna elección con motivo de un em-pate, o la negativa de un electorado a votar. Asimismo, podría surgir el derecho a escoger cuando el partido que tiene el derecho a recomendar para cubrir una vacante dejó o rehusó actuar. Cuando, sin embargo, el partido político en cuestión actúa y recomienda, existe el deber de nombrar por parte de la asamblea municipal.

La apelante se refiere al alegado poder para nombrar de la asamblea municipal. El poder de nombramiento de la asamblea municipal para cubrir vacantes es meramente úl-timo o subsidiario. La elección la tiene principalmente el pueblo y el nombramiento, sostenemos, se deja al partido que pierde un miembro en la asamblea. Por la Constitución de los Estados Unidos la facultad de nombramiento puede dejarse por el Congreso al Presidente o a los jefes de de-partamentos y no dudamos que el Congreso tiene el dere-cho de fijar tal facultad de nombramiento en alguna otra, parte. Quizás originalmente los partidos políticos no fue-ron reconocidos como entidades legales pero la historia en los Estados Unidos ha demostrado que los partidos políticos están reconocidos para varios fines como entidades legales, hasta el punto de que se imponen limitaciones a su organi-zación. Somos claramente de opinión de que la Legislatura de Puerto Pico tenía el derecho de dejar que se cubra una vacante por el partido político, y así lo hizo.

Se infiere del artículo 32 de la Ley Orgánica (mar. 2, 1917,) y el 23 de la Ley Municipal que las limitaciones a los miembros son aquellas que generalmente se imponen a las Asambleas Legislativas, pero el uso de tal palabra “li-mitaciones” más bien negaría que afirmaría el derecho de un poder de nombramiento.

Sé desprende casi necesariamente de lo anteriormente ex-presado que el derecho a cubrir una vacante es un mero acto ministerial y no discrecional como sostendría el ape-lante. El mero hecho de que la misma asamblea tuviera que convencerse de que la propuesta persona tenía las con-diciones legales para la elección, no es el ejercicio de discre-ción. ' Un deber ministerial legal pnede existir annqne la persona a qnien se trate de obligar mediante mandamus tenga que interpretar una ley o examinar a un propuesto' miembro para ver si reúne las condiciones necesarias. La, apelante también sostiene que el artículo 22 de la Ley Municipal fué enmendado y cambiado su efecto. La enmienda es como sigue':

“Cuando por empate en la votación o por eneontrar.se vacantes varios puestos en la Asamblea Municipal y no tener ésta quorum, ■no pueda cubrirse por la misma Asamblea los puestos vaeantes, en-tonces el Gobernador de Puerto Pico, con la aprobación del Senado Insular, liará los nombramientos que fueren necesarios, debiendo, re-caer éstos en personas que tengan la condición de elegibles y sean de la misma filiación política del miembro o miembros que causaron las vacantes, y a propuestas del organismo director local de Par-tido que eligió el miembro o miembros,, cuyas vacantes hayan de cubrirse.” Ley No. 9 de mayo 12, 1920; p. 53.

Convenimos con el. apelado, sin embargo, en que esta adi-ción a la ley abarca meramente dos casos: Primero, cuando la asamblea tiene un derecho a escoger y no puede llegar a elegir, debido a un empate y, segundo, cuando no hay quorum en la asamblea municipal. No vemos que esta adición haya afectado nuestra decisión en el caso de Piovanetti v. Paz, supra.

La apelante alegó que no se demostró que hubiera una vacante, pero la petición aceptada por la asamblea del envío-de una terna por sí probaría tal vacante, aún cuando este hecho no se hubiera demostrado por la declaración del se-cretario municipal.

Suponiendo la debida autoridad para nombrarle y que él reunía las condiciones debidas, el peticionario tenía el inte-rés necesario para establecer un auto de mandamus. Un miembro con derecho a ser nombrado tiene claramente bas-tante interés para obligar al cumplimiento de lo que liemos declarado que es un deber ministerial. El partido socia-lista podría tener un derecho correlativo pero no sería exclu-sivo.

Aún cuando el peticionario tuviera algún otro remedio no sería tan rápido, adecuado o eficaz como el recurso de mandamus, pero este derecho a un auto de mandamus, sos-tenemos, que fue conferido por el artículo 65 de la Ley Municipal. El hecho de no alegar la falta de un remedio ade-cuado no era necesario, como lo demuestran las citas hechas por el apelado.

Como tendería a demostrar nuestra discusión de la cues-tión principal, la selección de una persona para representar a determinado distrito electoral es un asunto de alto carác-ter público. Por tanto, estamos satisfechos en vista de las citas del peticionario, de que en cuestiones de tan alta na-turaleza pública un previo requerimiento para que se cumpla el acto en cuestión no es necesario. Nos inclinamos a sos-tener que a la asamblea se le hizo un requerimiento mediante la orden para mostrar causa o la orden condicional expedida por la corte. Además, la asamblea aprobó una resolución razonada en la cual alegaba tener ella misma el derecho de selección y aparentemente negaba dicho derecho al partido socialista. No fué necesario ningún otro requerimiento bajo estas circunstancias. Este no es el caso donde la po-sición del peticionario no se hizo clara al demandado.

Al terminar el caso del peticionario la apelante presentó una moción de nonsuit basada en que el peticionario no ha-bía demostrado reunir ciertos requisitos. La corte dentro de su discreción permitió al peticionario probar tales requi-sitos y no encontramos que haya habido abuso de discreción.

La apelante también se queja de que la corte se negó a considerar su excepción previa basada en la teoría de que la ley de mandamus sólo reconoce la petición y la contestación. Aunque nos inclinamos al parecer de que el Código de Enjui-ciamiento Civil de 1904 no cambió como alega el apelante la ley especial de mandamus, sin embargo, también estamos satisfechos de qne todas las cuestiones que la apelante trató de presentar mediante excepción previa u otra moción especial fueron sometidas por el demandado.

La apelante, con varias repeticiones, señala otros funda-mentos de error. Estos bien están tratados en nuestra de-cisión anterior en el caso' de Piovanetti v. Paz, o incidental-mente en esta opinión, o de otro modo no son importantes. Algunos no fueron levantados en la corte inferior.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Gutiérrez, Demandante y Apelante, v. Asamblea Municipal de Yauco, Demandada y Apelada.
    No. 3207.

    Visto: Marzo 6, 1924.

      Resuelto: Junio 13, 1924.

      Certiorari Contra Asambleas Municipales — Comisionado de Servicio Público • — Facultad de las Asambleas para Exonerar a los Comisionados — In-terpretación de los Artículos 18 y 26 de la Ley Municipal. — En la ape-lación de una decisión que negó un auto de certiorari para revisar una reso-lución de la asamblea municipal que exoneró al comisionado de servicio pú-blico, policía y prisiones de ciertos cargos formulados por el peticionario, interpretando conjuntamente los artículos 18 y 26 de la Ley Municipal como quedaron enmendados en 1920 y 1921, respectivamente, se resolvió: que “por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal’' se quiere expresar las dos terceras partes de aquellos presentes, asumiendo, por supuesto, la existencia de un quorum, el cual consiste en la mayoría del número total de miembros de la asamblea.
    Resolución de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), denegando auto de certiorari contra un acuerdo de la asamblea municipal.

      Confir-mada.

      C. del T.oro Fernández, abogado del apelante; la parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce desestimó una solicitud de certiorari para revisar la resolución tomada por la Asam-blea Municipal de Yauco exonerando al comisionado de ser-vicio público de responsabilidad por ciertos cargos que le fueron formulados por el peticionario.

Las tres alegadas causas de acción fueron en sustancia, (1) que de los nueve miembros sólo cinco estuvieron pre-sentes; (2) que uno de éstos babía tomado parte en la se-sión después de la investigación o vista de los cargos; y (3) que la conclusión a que se llegó era contraria a la prueba.

Alega abora el apelante haberse cometido los siguientes errores:

“Primero: Erró la corte de distrito, al declarar en el preám-bulo de su resolución apelada, que la cuestión principal promovida por nosotros fue la exoneración del Comisionado Vivaldi por una Asamblea que no estaba constituida por las dos terceras partes de sus miembros integrantes.
“Segundo: Erró la corte de distrito discutiéndonos en el nú-mero 1-de- la enumeración de sus razones para denegarnos el auto rogádole, si tenemos o nó derecho a apelar, contra la resolución de la Asamblea Municipal de Yaueo.
‘ ‘ Tercero: Erró 1a. corte de distrito sosteniendo como otras de las razones de su resolución apelada, que lio se pueden revisar o anular mediante certiorari los actos realizados por las asambleas mu-nicipales en el ejercicio de sus facultades puramente privativas, y reconociendo contra ellas únicamente un derecho de apelación para ser ejercitado sólo por aquellos que por razón del puesto que desem-peñen o el cargo que ocupen, directa o indirectamente sufran perjui-cios por la resolución de una asamblea municipal.
"Cuarto: Erró la corte de distrito exponiendo como otra razón suya para la denegatoria de plano del auto, que la exoneración del Comisionado Vivaldi no constituye un acto legislativo.
‘ ‘ Quinto: Erró la corte de distrito admitiendo que según el in-ciso 59 del artículo 26 de nuestra Ley Municipal el comisionado de servicio público, policía y prisiones podía ser juzgado y separado de su cargo por justa causa etc.; que el precepto claramente ex-presa que se necesitan dos terceras partes de los.miembros de la asamblea municipal para tal fin, para concluir que nada expresa la ley del número de asambleístas necesario para exonerarlo.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que la corte inferior cometió todos los errores que le han sido im-putados.

El alegato no nos convence de que la segunda causa de acción tenga algún mérito, ni que la corte de distrito, en un procedimiento como éste, tiene facultad para resolver la cuestión que trató de levantarse en la llamada tercera causa de acción. El primer error, por tanto, si lo es, puede con-siderarse que no es perjudicial.

Los demás errores igualmente no perjudican, a menos que el peticionario tenga derecho al remedio solicitado por virtud de la teoría de una falta de quorum.

“Está bien establecido que una mayoría de un quorum de un concejo municipal tiene derecho a adoptar cualquier acción que esté dentro de las facultades de todo el concejo, a menos que el estatuto, carta constitutiva o reglamentos que gobiernan el concejo dispongan otra cosa, * * * Cuando el estatuto prescribe que cierto asunto sólo puede ser resuelto por voto unánime, el voto unánime de aque-llos presentes en la reunión es todo lo que es necesario, y cuando una proporción mayor que una simple mayoría es necesaria, la pro-porción requerida de aquellos presentes y que votan, generalmente se considera suficiente, con tal que desde luego haya quorum. Cuando, sin embargo, el estatuto exige el voto de una mayoría o una proporción mayor de ‘los miembros’ del concejo, se ha resuelto que no puede adoptarse una medida por una mayoría de los pre-sentes, a menos que ellos también constituyan una mayoría de todos los miembros del concejo, tanto presentes como ausentes.” 19 R. C. L. p. 890, see. 190.

El artículo 18 de la Ley Municipal, como quedó enmen-dado en el año 1920, leyes de ese año página 59, y artículo 26, enmendado en 1921, leyes de 1921, página 445, en tanto son pertinentes a cualquier cuestión aquí envuelta, prescri-ben lo siguiente:

“Art. 18. — La mayoría del número total de miembros de la asam-blea municipal constituirá quorum; y todas las sesiones de dicha asamblea serán públicas y se celebrarán en la casa municipal.”
“Art. 26. — Corresponderá privativamente a la asamblea municipal:
# # «= * « * *
“5. El nombramiento y separación, por justa causa, previa au-diencia de parte y oportunidad de defenderse, de los miembros del concejo de administración, con excepción del comisionado de servi-ció público, policía y prisiones, el cual podrá ser juzgado y separado de su cargo por justa causa, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal, mediante un procedi-miento público de impugnación {impeachment), y de la resolución que dicte la asamblea, el comisionado de servicio público, policía y prisiones tendrá derecho a apelar ante la corte de distrito corres-pondiente ; ”

Interpretando estos dos artículos conjuntamente a la luz del razonamiento que lia de hallarse en los casos resueltos, nos vemos obligados a declarar, a falta de una indicación más definida de una intención contraria por parte de la le-gislatura, que “por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal” se quiere expresar las dos terceras partes de aquellos presentes, asumiendo, por supuesto, la existencia de un quorum; y que, como en el caso del nombramiento o separación de otros miembros del concejo de administración, sólo el quorum expresamente de-finido por el lenguaje adaptado a ese fin en el artículo 18, supra, es necesario para acusar, separar o exonerar a un comisionado de servicio público, policía y prisiones.

Véanse los siguientes casos: State v. Skeggs, 46 So. 270; Zeiler v. Central Railroad Co., 34 L.R.A. 470; Atkins v. Phillips, 10 L.R.A. 158; Warnock v. City of La Fayette, 4 La. Ann. 420; State v. Board of Police Comrs., 113 La. 427; United States v. Ballin, 144 U. S. 1; State v. Missouri Pac. Ry. C. 152. Pac. 781.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Santiago, Demandante y Apelado, v. Capó, Márshal de la Corte Municipal, y Arbona Hermanos, Sucesores, Demandados y Apelante la Segunda.
    No. 3241.

    Visto: Abril 24, 1924.

      Resuelto: Junío 16, 1924.

      Injunction — Crédito Preferente — Aseguramiento de Sentencia. — ‘ ‘A” demandó en cobro de dinero y embargó bienes del comerciante “B” en pleito ante la corte municipal. “C” alegando un crédito preferente por sueldos y que estaba pendiente en apelación un pleito contra “R” para su cobro, radicó en la corte de distrito una demanda de injunction contra “A” y contra el marshal de la corte municipal para impedir la anunciada venta de los bienes embargados. Se resolvió: que tal remedio intentado por ¡iO” no era el adecuado sino el que brinda la ley sobro aseguramiento de sentencia de .1902 que debió ejercitar ante la corte municipal. Goffinet v. Polanco, 30 D. P. R. 826.
    Sentencia de R. Diaz Ontrón, J. (Ponce), declarando con lugar demanda de injunction, sin costas.

      Revocada y desestimada la demanda.

      López de Tord & Zayas Pizarra, abogados de la apelante; A. Quin-tana Cajas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Cruz Semidey, quien se alegó era insolvente, de-bía dinero a Arbona Hermanos y Cía., comerciantes de Ponce, y para cobrar su crédito la segunda, después de pre-sentada una demanda en la Corte Municipal de Coamo, em-bargó las mercancías de dicho Semidey. Juan A. Santiago .era un empleado de Semidey, quien también trabó un embargo por sueldos devengados, el cual dejó en poder del marshal de la Corte Municipal de Coamo. Entonces Santiago en la Corte de Distrito de Ponce radicó una demanda de injunction contra Arbona Hermanos y Cía. y el marshal. La demandada Arbona Hermanos formuló excepción previa y sometió su caso, dictando la corte sentencia en favor del demandante.

La demanda alega que Santiago era un acreedor prefe-rente y que está pendiente una acción en la Corte de Dis-trito de Ponce en apelación de la Corte Municipal de Coamo en cobro de dicha suma. El demandante alegó que la venta de las mercancías embargadas fué señalada para cierto día posterior a la radicación de la demanda de injunction, y alegó-también que si se verificase la venta su crédito prefe-rente quedaría anulado.

Convenimos con la apelante en que todo el procedimiento pudo quedar arreglado debidamente en la Corte Municipal de Coamo por virtud del procedimiento de embargo y de-bió haber sido resuelto allí. Una corte tiene amplias facul-tades de conformidad con nn procedimiento de embargo. Este es el efecto de nuestra decisión en el caso de Goffinet v. Polanco, 30 D.P.R. 826. El apelado trata de distinguir el casoj fundado en que no hubo ningún embargo en el caso de Goffinet, pero estábamos sugiriendo que tal embargo era un remedio que podían utilizar las partes en la ejecución de la sentencia en vez de un injunction. Y estas conside-raciones serían de aplicación si tuviera Santiago un crédito preferente por virtud del artículo 1825 del Código Civil. El apelado parece creer que un embargo y venta extingui-ría su derecho a recobrar, toda vez que Semidey es insolvente.

Lo que es muy evidente en este caso es que la demanda no presenta un caso tal que justifique la intervención de una corte de equidad. El apelado no ha demostrado .que no tiene un remedio adecuado en ley, sino varios. El no demuestra una condición de daños irreparables y su suges-tión de la necesidad de evitar una multiplicidad de accio-nes no nos parece sostenible.

También podemos dudar si la equidad favorecerá a un simple acreedor por contrato cuya reclamación no se ha con-vertido en sentencia, pero no nos detendremos a examinar-la jurisprudencia en este sentido.

Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda.


text:
    Yabucoa Sugar Co., Demandante y Apelante, v. El Municipio de Yabucoa, Demandado y Apelado.
    No. 3081.

    Visto: Diciembre 10, 1923.

      Resuelto: Junio 16, 1924.
    Ordenanzas Municipales; Procedimiento Adecuado para Anularlas — Certio-rari. — El procedimiento adecuado para pedir la nulidad de una ordenanza municipal no es el pleito ordinario sino el certiorari prescrito por la Ley Municipal de 1919.
    Id. — Contribuciones Municipales — Pago Bajo Protesta. — Si la recaudación de la contribución impuesta por una ordenanza municipal ha de hacerse por el Tesorero de Puerto Rico, la demandante tiene el remedio de verificar el pago bajo protesta y establecer la acción que corresponda para exigir su devolu-ción, si ella es ilegal, excesiva o errónea.

      ■Sentencia'de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; J. Soto Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao declaró con lugar una -excepción previa formulada a la demanda en este caso. La ■demandante alegó la nulidad de una ordenanza municipal -que pretendía fijar un impuesto sobre azúcares manufactu-rados por la Tabucoa Sugar Co. y la corte inferior resol-vió que el impuesto era justificable de acuerdo con las de-cisiones de esta corte en los casos de Pantauzzi y Central Victoria. Estos casos fueron revocados por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, y están .abora pendientes en la Corte Suprema de los Estados Uni-dos, pero es dudoso si los fundamentos en que descansa la apelante ban sido tenidos en cuenta en dichas revocaciones. No consideraremos estos casos con gran amplitud' toda vez ■que somos de opinión que la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada por otras razones que fueron aducidas por la corte de distrito.

Este pleito fue establecido en la formá ordinaria y des-pués de alegarse la nulidad de la ordenanza se pedía a la corte que dictara sentencia declarando dicha nulidad. La demanda no alegaba que el demandado había tomado nin-guna medida para llevar a cabo el cobro del impuesto. Por el contrario la demanda expresaba que semejantes medidas no habían sido tomadas pero expresaba el temor de que la ordenanza se pondría en vigor. Hemos resuelto que no procede una acción ordinaria para anular una ordenanza, La Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D.P.R. 91; Truyol v. Municipio de Guayama, 19 D.P.R. 541; San Juan Hippodrome Company v. La Comisión Hípica Insular., 21 D.P.R. 1. El único remedio concedido para anu-lar una ordenanza es el certiorari prescrito en la Ley Municipal del año 1919. La presente demanda no pretende ser un certiorari, ni tampoco sostiene la apelante que así deba» ser considerado.

Nos inclinamos al parecer de que la corte inferior es-tuvo correcta al expresar que si la recaudación de la contri-bución impuesta lia de hacerse por el Tesorero de Puerto-Rico, la demandante tiene el remedio de verificar el pago-bajo protesta y establecer la acción que corresponda para exigir su devolución, si ella es ilegal, excesiva o errónea.. Ley No. 17 de 13 de mayo de 1920, (p. 125).

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor AldRet,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelante, v. Muñoz et al., Demandados y Apelados.
    No. 2716.

    Visto: Junio 15, 1922.

      Resuelto: Junio 16, 1924.
    Jurisdicción por Razón de la Cuantía — Acumulación de Acciones. — Guando-varias causas de acción son aeumulables el importe total de todas es lo que-da jurisdicción a la corte; y una de distrito no deja de tenerla por el hecho de que la cantidad reclamada por una de las causas de acción no-llegue a $500.
    Arrendamiento — Causa de Acción Contra Subarrendatarios. — No aduce he-chos suficientes contra los subarrendatarios demandados una demanda para cobrarles mancomunada y solidariamente cánones debidos por el arrendatario,, en la cual, si bien alega que se practicaron gestiones de cobro cerca de ellos, no expresa cuándo les fué hecho tal requerimiento, para conocerse desde cuándo nació su obligación para con el arrendatario ni que cuando fué hecho-estuvieran adeudando cantidad alguna al subarrendador.
    Id. — Daños Causados a la Finca por Incendio — Acumulación de Acciones y de Partes — Demanda Suficiente. — Una demanda del arrendador presentada después de vencido el contrato contra el arrendatario y los subarrendatarios-para que entregaran la finca urbana en las mismas buenas condiciones en que la recibieron o que en su defecto paguen el importe de las obras nece-sarias para reparar desperfectos ocasionados en ella por incendio, no es-insuficiente por el hecho de no alegarse que el incendio ocurrió por culpa o negligencia del arrendatario; ni puede concluirse tampoco que es dudosa ni que adoleee del defecto de indebida acumulación de partes demandadas, pues-de acuerdo con el artículo 1454 del Código Civil también los subarrenda-tarios son responsables para con el arrendador por los daños sufridos pol-la finca.

      SbnteNcia de Pablo Berga, J. (Humacao), en acción en cobro de dinero y cumplimiento de contrato de arrendamiento, declarando sin lugar la demanda, con las costas.

      Revocada.

      R. Arce, abogado del apelante; F. González y A. L. López, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor AldRet,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda que origina esta apelación fué interpuesta en la Corte de Distrito de Humacao por el dueño de una finca urbana radicada en la ciudad de Caguas que la dió en arrendamiento a una persona, la que a su vez subarrendó por partes dicha casa a otras tres personas, estando la de-manda dirigida contra el arrendatario y contra los tres sub-arrendatarios, alegándose en ella dos causas de acción.

La demanda fué presentada mes y medio después de ven-cido el término de arrendamiento y en la primera causa de acción se alega que el canon de arrendamiento fué de- $70 mensuales pagaderos por mensualidades vencidas y que ni el arrendatario ni los subarrendatarios fian satisfecho el pre-cio del arrendamiento correspondiente a los cinco meses an-teriores a pesar de las gestiones de cobro que ■ ha practi-cado cerca de ellos por lo que se solicita sean condenados los demandados a pagar mancomunada y solidariamente al demandante los cánones de arrendamiento devengados y no satisfechos hasta que se verifique la devolución del immueble.

En la segunda causa se expone que a pesar de haber ven-. cido el término del arrendamiento la casa continúa en la po-sesión del arrendatario y de los subarrendatarios a pesar de las solicitudes que el demandante les ha hecho para que se la devuelvan: que en el contrato de arrendamiento el inquilino se obligó a conservar la casa en buen estado: que la casa está parcialmente destruida, en tal condición que la hace impropia para los usos a que se destinaba cuando fué recibida por el arrendatario, debido a un incendio que co-menzó en el interior de la casa: que ésta no estaba 'asegu-rada contra incendios, hecho que conocían el arrendatario y los subarrendatarios, pero sí estaban aseguradas por $9,000 las mercancías de dos de los subarrendatarios, quie-nes cobraron el importe de las pólizas: que por esa época ocurrieron unos cuantos incendios en casas mercantiles de Oaguas, especialmente en la zona que está situada la del demandante, y que a pesar del estado de alarma que rei-naba entonces en Caguas por la repetición de los incendios, ni el arrendatario ni los subarrendatarios adoptaron me-dida alguna de protección, ejercieron vigilancia ni usaron de diligencia para que la casa no se quemara, y que las re-paraciones que necesita la casa ascienden a $3,500 por lo que el demandante pidió a la corte que condenase a los de-mandados a entregarle la casa en las mismas buenas con-diciones en que fue recibida por ellos o que en su defecto le paguen la cantidad que importan las obras y que le pa-guen también el canon de arrendamiento durante el tiempo que se emplee en ejecutar dichas obras.

Todos los demandados dedujeron contra la demanda la excepción previa de no aducir hechos determinantes de causa de acción, y el arrendatario y dos de los subarrendatarios alegaron además que la corte no tenía jurisdicción para co-nocer de la primera causa de acción por ser la cantidad que se cobra inferior a $500; y que la segunda causa de acción es ambigua y contiene indebida acumulación de partes de-mandadas y de acciones.

La corte inferior declaró que no tenía jurisdicción en cuanto a la primera causa de acción por la cuantía de la re-clamación y que no aduce causa de acción contra los sub-arrendatarios ; y en cuanto a la segunda causa de acción declaró que la demanda es dudosa, que no aduce causa de acción porque no basta alegar el incendio sino que debe ale-garse también que ocurrió por culpa o negligencia de los demandados y sostuvo también que existe indebida acumu-lación de partes demandadas.

Habiéndose negado el demandante a enmendar su de-manda, se dictó sentencia declarándola sin lugar y contra ella interpuso este recurso de apelación.

Aunque los cánones de arrendamiento vencidos y no sa-tisfechos en la fecha en que la demanda fué presentada en el tribunal no sumaban la cantidad de $500 que da jurisdic-ción a las cortes de distrito para conocer de las reclamacio-nes en cobro de dinero, sin embargo,1 como la demanda con-tiene una segunda causa de acción por $3,500, de la que corresponde conocer a la expresada corte, entendemos que tenía jurisdicción para conocer también de la primera causa de acción por ser acumulable a la segunda, pues procede del mismo contrato afecto a todos los demandados y no exige distintos lugares para la celebración del juicio ya que el Juzgado Municipal de Caguas, al que hubiera correspondido el conocimiento del cobro de los alquileres, se halla dentro del distrito judicial de la corte de Humacao, pues el importe total y no de las varias causas de acción es el que deter-mina la jurisdicción de la corte. Artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil y caso de Perea v. Castro, 25 D.P.R. 105.

Pero la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción contra los subarrendatarios para cobrarles man-comunada y solidariamente el importe de los cánones de arrendamiento debidos por el arrendatario al arrendador porque el artículo 1455 del Código Civil sólo les impone obligación para con el arrendador por el importe del pre-cio convenido en el subarriendo que se hallaren debiendo al tiempo del requerimiento, y si bien la demanda dice que se practicaron gestiones de cobro cerca de ellos, no expresa cuándo les fué hecho tal requerimiento para conocer desde cuándo nació su obligación para con el arrendatario ni que cuando fué hecho estuvieran adeudando cantidad alguna al subarrendador.

• Resueltas las excepciones aducidas contra la primera causa de acción, examinaremos las alegaciones contra la segunda.

Para considerar la reclamación que se liace en la segunda causa de acción copiaremos algunos artículos del Código Civil que tienen relación con el asunto, los que dicen así:

“Art. 1458. — El arrendatario está obligado—
“1. * * *.
“2. A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, * * v”
“Art. 1464. — El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.
“Art. 1465. — A falta de expresión del estado de la finca al tiempo de arrendarla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen estado, salvo prueba en contrario.
“Art. 1466. — El arrendatario es responsable del deterioro o pér-dida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.”

Estudiando esos artículos, que son los 1561, 1562 y 1563 de nuestro anterior Código Civil Español, el Sr. Manresa en sus comentarios al Código Civil, tomo 10, págs. 582 a 588 (2* ed.), dice lo siguiente:

“Dice el art. 1563 que- el arrendatario es responsable del dete-rioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.
“La recta inteligencia de este artículo exige-, en primer lugar, que se fije la merecida atención en que el concepto de pérdida o deterioro a que alude, es tur concepto relativo; hace relación con-cretamente al estado, en el cual la cosa debe ser entregada según los arts. 1561 y 1562. Es decir, que para saber si tal deterioro o tal pérdida existe-, habrá que comparar el estado actual de la finca con aquel otro estado en el cual hay obligación de restituirla, pues sólo del resultado de esta comparación podrá surgir la responsabili-dad del arrendatai'io.
“En segundo lugar debe tenerse en cuenta que el principio de la responsabilidad del arrendatario que formula, tiene una excepción en el mismo artículo contenida, que es la de que e-1 deterioro o pér-dida se haya ocasionado sin su culpa, excepción que concuerda con el final del art. 1561 cuando alude a que el menoscabo haya sido debido al tiempo o a causa inevitable. Nos encontramos aquí nue-vamente con la hipótesis del caso fortuito: el arrendatario no ha tenido culpa, el arrendatario no lia obrado dolosamente y, sin embargo, el deterioro, pérdida o menoscabo ba tenido lugar: sólo a lo •que el art. 1561 llama causa inevitable, o lo que es lo mismo, al caso fortuito es a lo que, en rigor, puede imputarse el perjuicio sobre-venido. La irresponsabilidad del arrendatario no puede ser más justa, según Remos visto en el párrafo anterior, en el que también hemos demostrado que el Código no Race más que aplicar la doc-trina general de las obligaciones.
“Pero al art. 1563 no se limita a eximir de responsabilidad al .arrendatario en los casos fortuitos, sino que añade una circunstancia más en las palabras relativas.al mismo arrendatario ‘a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya,’ pues con tales palabras arroja la carga de la prueba sobre el repetido arrendatario. ¿Debe ser esto así? ¿Hay alguna especialidad en esta disposición, o, por el contrario, es conforme a los principios generales de derecho?
‘‘No ha faltado jurisconsulto (el ilustre Duvergier) que ha esti-mado que, según. el derecho común, es el arrendador quien debe probar que las pérdidas o deterioros son debidos a culpa del arren-datario, para exigir responsabilidad a éste.
“No lo considera así nuestro Código, según hemos visto, y al proceder de tal manera no hace más que ajustarse a los principios generales de contratación que en otro lugar ha establecido. En efecto, el art. 1183 dice que siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su eulpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin per-juicio de lo dispuesto en el art. 1096. El art. 1096, en la parte aplicable, alude a la responsabilidad del deudor por razón de los ca-sos fortuitos cuando se constituyó' en mora.
“No bastará, pues, al arrendatario alegar' que las pérdidas o de-terioros son debidos a caso fortuito; será absolutamente preciso que lo pruebe, pues tanto vale probar que no ha habido culpa de su. parte, como dice el art. 1563, como probar el caso fortuito.
“Por otra parte, incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, dice el art. 1214, y si el arrendador exige la devolución de la cosaen el estado en que debe ser restituida y prueba tal obligación del arrendatario con el contrato de arrendamiento, y el arrendatario «pone que la cosa no debe ser devuelta en ese estado, sino en otro distinto, debe a su vez probarlo también: esto, sobre ser lógico, es consecuencia directa del art. 1214.
“Hemos visto ya la extensión de la responsabilidad del arren-datario por razón de los desperfectos de la cosa, según los artículos-1561 al 1564. Una de las causas de esos desperfectos y aún de la total pérdida puede ser el incendio.
“Ni en los artículos que comentamos ni en ningún otro prevé el Código semejante caso, de donde deducimos que, por los princi-pios expuestos y por -el precepto del art. 1568 en relación con la doctrina general de obligaciones, debe en nuestro derecho resolverse esta cueestión en la práctica.
“El asunto es, sin embargo, demasiado importante y lia sido so-bradamente discutido para que omitamos una indicación de sus principales términos, debiendo advertir que, en realidad, esta ma-teria lo mismo puede estimarse que corresponde a este lugar que al comentario del art. 1568, por lo que cuando a éste lleguemos nos remitiremos a lo que ahora expongamos.
“Como dice Pacifici-Mazzoni, la cuestión se empezó a discutir entre los intérpretes del derecho romano, preguntándose si corres-ponde al arrendador probar que el incendio ocurrió por culpa del arrendatario, o si es éste el que debe probar que no medió culpa de su parte; mientras unos, siguiendo a Alieno, sostenían que in-cenclium sine culpa fieri non possü, y de acuerdo con Paulo, que plerumque incendia culpa flunl inhabitantium, acabando por admi-tir la presunción de que el incendio ocurre por culpa del arrenda-tario y que, por lo tanto, éste debe indemnizar; otros, por el con-trario, fundándose en el principio de nemo proesumitur in culpa y en otros textos de Ulpiano concluyeron que debía ser cargo del arrendador el probar que en el incendio había habido culpa del arrendatario.
“Llevada la cuestión en estos términos al Código de Napoleón, su art. 1733 dijo que él arrendatario es responsable en caso de in-cendio, a menos que pruebe que el incendio fué causado por caso fortuito, fuerza mayor, o por vicio de construcción, o que el fuego se comunicó por una casa vecina. Y el tribuno Jaubert explicando estos preceptos los calificaba de reglas sabias, conservadoras de la propiedad, la cual el arrendador no tiene medios de vigilar. Estas reglas, añade, son la prenda más segura de la exactitud del arren-datario, del cuidado que debe tener respecto de su familia y de sus servidores. Por lo demás, la ley no establece más que una presun-ción: esta presunción puede ser destruida por una prueba en con-trario; pero la presunción debe ser establecida contra el arrenda-tario, porque, de una parte, el arrendador no tiene medio alguna de prevenir ni de evitar el accidente, y de otra, los incendios ocu-rren ordinariamente por faltas de los que habitan la casa.
“El criterio clel Código francés fué censurado por los que enten-dieron que el art. 1733 limitaba la prueba en contrario del arren-datario a los casos que concretamente diebo artículo menciona, o sean los fortuitos, los de fuerza mayor, los de vicio de construcción y el de haberse comunicado el incendio por una casa vecina; pero, a decir verdad, es muy discutible si el expresado art. 1733 debe .entenderse de un modo restrictivo o limitativo, o si, por el contrario, se le debe dar una inteligencia más amplia, estimando que la ley sólo señaló los casos más frecuentes y probables, aunque sin desco-nocer que pudieran presentarse otros en que no mediase culpa al-guna del arrendatario. Esta última es la opinión de Laurent, y no parece desprovista de fundamento.
“Teniendo en cuenta estos datos, el Código italiano, en su ar-tículo 1589, siguiendo los precedentes del sardo, añadió a los casos de irresponsabilidad del arrendatario enumerados por el Código francés, aquel otro en que pruebe que el incendio ña tenido lugar a pesar de la diligencia que un padre de familia cuidadoso tenga costumbre de practicar.
“Nuestro Código, como antes liemos indicado, no habla del caso de incendio; mas como no debe lógicamente pensarse que ha sido su propósito dejarlo sin solución en la práctica, hay que acudir en busca de ella, como también liemos dicho, a aquellos artículos que por la generalidad de su doctrina cabe estimar que lo comprenden. Estos artículos son los que comentamos y el 1568 y sus concordantes.
“Del examen en conjunto de todos ellos se deduce: que si el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviese la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya (art. 1563); que si él mismo debe devolver la finca tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable (artículo 1561), y que si cuando la cosa se pierde en poder del deudor, se presume que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito (art. 1568 en relación con los 1182 y 1183), es ineludible la consecuencia de que el arrenda-tario debe probar, para eximirse de responsabilidad, que en el he-cho del incendio no ha habido por su parte culpa ni negligencia.
“La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1905, Sala 3», se limita a declarar que debe sufrir el arrendatario las con-secuencias de un incendio causado por descuidos y abandono por su parte.
“Resuelta la cuestión desde el punto de vista de los textos legales citados, únicos aplicables, no cabe discutir en nuestro derecho como en el francés' ocurre, si los casos de irresponsabilidad del arrenda-taño están o nó taxativa y restrictivamente señalados, pnes aparece claro que siempre que el arrendatario demuestre estar limpio de toda culpa, su responsabilidad no llega a nacer, cualquiera que sea la causa del incendio.
“Estimamos, por lo tanto, que nuestro Código al hacer pesar la carga de la prueba sobre el arrendatario, concuerda sustancialmente con los francés e italiano, y que al seguir tal criterio, acomódase a los elementales principios de justicia, no introduciendo alteración nin-guna en la doctrina general de las obligaciones, a pesar de la con-traria opinión de Duvergier.
“Y no podía ser de otra manera, porque el hecho del incendio, aunque de realidad evidente, no es de tal naturaleza que lleve con-sigo la exención de culpa del arrendatario; tratárase de los daños producidos por una exhalación, y demostrándose que a esta causa eran debidos, no sería preciso entrar a discutir la parte de respon-sabilidad que al arrendatario correspondiera, porque es evidente que ni la conducta, ni la voluntad humana podían haber influido para nada en ese suceso. Pero el hecho del incendio no es de igual na-turaleza; la negligencia, la culpa del arrendatario, hasta su mala intención, pueden haber sido causa del accidente, y como de él hace arrancar el arrendatario la extinción de su obligación de restituir la cosa, justo es que pruebe que está libre de toda culpa.”

Estamos conformes con las atinadas razones y conclu-siones del Sr. Manresa y poco o nada más podemos agre-ga]- a ellas, aunque diremos que el precepto de la ley es 'justo, pues al arrendatario le es fácil probar la causa del incendio excusable por estar la finca en su posesión por lo que puede conocer los hechos que lo originaron mientras que al arrendador, por no hallarse en esas circunstancias, le se-ría sumamente difícil probar que el incendio ocurrió por culpa o negligencia de su arrendatario y también porque un gran número de los incendios ocurren por descuido o ne-gligencia del arrendatario.

Sentado lo que precede hay que llegar a la conclusión de que la corte inferior cometió error al estimar la demanda insuficiente por no alegar que el incendio ocurrió por culpa o negligencia del arrendatario, y consiguientemente que de-bería probarla.

Otra cuestión surge en este caso y es si también existe esa cansa de acción contra los subarrendatarios, quienes ban sido demandados con el arrendatario para que devuelvan la casa en las mismas buenas condiciones en que fué entregada o para que paguen el valor de las reparaciones que bay que. hacerle.

Opinamos que también bay esta causa de acción contra los subarrendatarios porque el artículo 1454 del Código Civil dispone que sin perjuicio de su obligación para con el subarrendador, queda el subarrendatario obligado a favor del arrendador por todos los actos que se refieran al uso y conservación de la cosa arrendada en la forma pactada en-tre el arrendador y arrendatario; y como de acuerdo con la ley el arrendatario es responsable del daño sufrido por la casa con motivo de su destrucción o deterioro por incen-dio, también lo son los subarrendatarios para con el arren-dador por los daños que lia tenido mientras la finca ba es-tado en su uso.

En vista de lo expuesto no bubo indebida acumulación de partes demandadas en la segunda causa de acción; ni la demanda es ambigua, pues claramente expresa que la casa ha sufrido daños por consecuencia de un incendio, por lo ’ que se reclama que sea entregada en el mismo buen estado que se bailaba cuando el arrendamiento se hizo, o que se pague el importe de sus reparaciones.

Se alega también una indebida acumulación de acciones solamente para la segunda causa de acción por dirigirse contra el arrendatario y subarrendatarios, pero ya hemos dicho que todos los demandados son responsables de esa causa de acción.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Amy, Demandante y Apelante, v. Sucesión Verges, Demandada y Apelada.
    No. 3042.

    Visto: Diciembre 7, 1923.

      Resuelto: Junio 16, 1924.
    Reivindicación — Contrato Inexistente — Prescripción Ordinaria. — Alegando la demanda de reivindicación que la venta que previa autorización judicial hizo el padre de los demandantes al causante de los demandados, de una finca perteneciente a los menores hijos de aquél fué simulada, sin beneficio para los menores y al solo fin de garantizar una cuenta que debía el supuesto ven-dedor al supuesto comprador, es preeiso concluir que se alega la inexistencia de un contrato, en cuyo caso no puede oponerse la defensa de prescripción ordinaria.
    Sentencia de Gabriel Gasiejón, J. (G-uayama), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Bevocada y devuelio el caso.

      J. Texidor, abogado de la apelante; T. Bernardini y M. A. Martínez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como en este caso,la apelación se establece contra una sentencia dictada después de declararse con lugar uua ex-cepción previa a la demanda, resumiremos los’ hechos esen-ciales de esta última. Los demandantes son los herederos mayores de edad de Enrique Amy .Pareño, pero tratan de reivindicar cierta finca descrita en la demanda que hereda-ron de su madre. Los demandados están en posesión de la referida finca como herederos de Eugenio Marcelino Yerges. En el año 1886, Amy debía a Verges la suma de $6,000 y eu pago aparente de esa deuda Amy por escritura pública vendió a Yerges una finca rústica denominada “Aguama-nil.” Esta no es la finca objeto de este pleito. El alegado-traspaso de “Aguamanil” si bien representa ser una venta, fué meramente la garantía de la deuda de $6,000, como lo comprueba un documento privado que se transcribe en la de-manda, en el cual Verges no sólo reconoce que está en. pose-sión de la propiedad como garantía de la deuda, sino que-también da instrucciones a sus albaceas de traspasarla a la esposa de Amy al verificarse el pago de la cantidad que en-tonces Amy debía a Verges. La anterior indicación res-pecto a la finca “Aguamanil” no es importante en sus por-menores para la resolución del caso, pero forma parte de los antecedentes. Sería bastante con decir que Amy tras-pasó nna propiedad absoluta en forma a Verges, pero en rea-lidad como garantía de nna denda y entonces snbstitnyó, o trató de substituir dicba finca por otra propiedad.

“ Aguamanil ” fue traspasada nuevamente a Amy y éste hizo el traspaso sustituido absoluto en su forma, pero a la vez en garantía de la deuda la cual es objeto de estos pro-cedimientos. El día 12 de marzo de 1895, por escritura pú-blica Amy aparecía vendiendo a Verges la finca reclamada ahora por los demandantes. La propiedad en esa fecha per-tenecía indiscutiblemente a los demandantes por herencia de su madre, hecho que era bien conocido del causante de los demandados como se indica en la demanda. De acuerdo entonces con su anterior contrato con Verges, Amy como padre de los demandantes compareció ante una corte com-petente solicitando por motivos de utilidad y necesidad au-torización judicial para vender la indicada finca. Su peti-ción se fundaba en hechos que se relacionan con la deuda de Verges. Otra vez, según se transcribe en la demanda, se hizo un contrato privado en el cual Amy y Verges con-vinieron en que el traspaso no era una venta sino una mera garantía de la deuda.

Pasa entonces la demanda a hacer constar la agrupación de la finca, el disfrute continuado de ella por los demanda-dos, que los demandantes nunca ratificaron o consintieron la venta o traspaso de dicha propiedad y que jamás recibieron ninguna parte del precio de venta de- la propiedad.

Ninguna consideración para el alegado traspaso de marzo 12 de 1895 medió entre el causante de los demandados y los dueños de la finca, menores entonces. La cancelación o ga-rantía de la deuda que existía de Amy para con Verges no era una causa que se transmitía a los demandantes. Sólo podía existir color de causa por razón de la manifestación expresa hecha en dicha escritura en la cual se consigna una causa, pero los mismos demandados niegan cualquier inten-ción de confiar en esta falsa declaración. Fundan uno de sus principales argumentos' en el artículo 1243 del Código Civil, el cual dispone que la expresión de una causa falsa en un contrato dará lugar a la nulidad si no se probase que estaba fundada en otra verdadera y lícita. En otras pala-bras, los demandados sostienen en efecto, que la extinción o garantía de la deuda pendiente de Amy para con Verges fue la verdadera causa.

Se hacen citas de varias autoridades y en primer lugar del caso de Amy v. Amy, 15 D.P.R. 415. En ese caso, sin embargo, existió meramente una expresión falsa. La pro-piedad pertenecía a la persona que la traspasaba y la causa se trasmitió a ella. No bubo duda en ninguno de los ca-sos citados del pretendido traspaso de una finca que per-tenece a una persona debido a una causa que se transmite a otro. En su capacidad representativa como padre de los demandantes el referido Amy sólo tenía derecho a vender la indicada finca por una causa que pasa a sus hijos o a él mismo como su representante. El no tenía derecho a vender la propiedad por una causa que se admite se transmitió a él exclusiva y personalmente. No dudamos de la actual buena fe de Amy o Verges, pero cuando Amy obtuvo au-torización judicial para la venta de la propiedad a fines’de utilidad y necesidad y entonces la traspasó en garantía de una deuda suya, se engañó a la corte y se perpetró un fraude contra los herederos menores.

La pretendida transacción en el año 1895 podida denomi-narse una novación frustrada. El artículo 1175 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 1175. — Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, sólo podrán subsistir las obligaciones acceso-rias en cuanto ■ aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. ’ ’

Amy no podía, en su capacidad representativa, cancelar la obligación principal o sea su misma deuda mediante un traspaso ele la finca de sus hijos que no obtuvieron ningún beneficio. La corte de distrito declaró que era válido el con-trato y a la vez que la acción para sn nulidad había pres-crito. El contrato era inexistente y todos los hechos que constituyen sn absoluta nulidad eran conocidos de todas las partes.

Por tanto, aunque a esta acción se titula de nulidad y reivindicación, los derechos de los demandantes no dependen de una declaración judicial de dicha nulidad; pero la reivin-dicación procede de igual modo que si no se hubiera cele-brado el contrato de 1895, y deben desestimarse las varias alegaciones de prescripción contenidas en la excepción previa. No fue alegada la prescripción extraordinaria y no procede, y no podía surgir la prescripción adquisitiva toda vez que no se fundaba en un justo título ni en la buena fe en el sentido legal.

Debe revocarse la sentencia, desestimarse la resolución declarando con lugar la excepción previa a la demanda, y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.