text:
    José Asunción Escapa, demandante y apelante, v. Gustavo Saliva Soria, demandado y apelado.
    No. 5032.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      Pascasio Fajardo, abogado del apelante; O. Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre injunction para recobrar la pose-sión de una pequeña porción de terreno, fallado en contra del demandante después de practicada amplia prueba.

La transcripción se archivó en la Corte Suprema el 9 de julio de 1929. El 22 del propio mes de julio la parte apelante pidió prórroga para presentar su alegato. Le fué negada porque el término había vencido el 19.

Así las cosas, el 26 de julio la parte apelada solicitó la. desestimación del recurso por no haberse presentado el alegato y porque la transcripción de la evidencia archivada no se había tramitado de acuerdo con la ley. La vista de la moción no pudo celebrarse hasta noviembre porque el tribunal entró en vacaciones en los primeros días de agosto. '

El 3 de septiembre de 1929 la parte apelante archivó su alegato y el 21 del propio mes una moción sobre impugna-ción de la moción de desestimación acompañada de una certi-ficación del secretario de la corte de distrito y de un affidavit de méritos. También pidió que se entendieran corregidos los autos de la apelación a virtud de la certificación acompa-ñada.

El 25 de octubre la parte apelada amplió su moción de desestimación aduciendo que el alegato presentado no cum-plía con el reglamento de esta corte ya que no contenía un señalamiento de errores por separado.

El 4 de noviembre la parte apelante por su abogado tuvo la oportunidad de informar e informó sobre todas las cues-tiones envueltas.

No. siendo ello absolutamente necesario, no nos detendre-mos a examinar si la transcripción de la evidencia fué o no fué debidamente aprobada en la corte de distrito. Es algo complicado que requeriría una larga exposición de fechas sin beneficio alguno para la jurisprudencia. Puede aceptarse, considerándola corregida por la certificación, que fué debida-mente aprobada.

De lo que no hay duda alguna es de que el alegato no se radicó en tiempo. Cuando se presentó el 3 de septiembre, ya hacía más de un mes que la moción de desestimación estaba archivada. Siendo ello así el motivo para desestimar existe.

Ahora bien, como no se trata de un motivo jurisdiccional y como se ha invocado fuertemente la discreción de esta corte, examinaremos las circunstancias que concurren.

En primer lugar el alegato que se presentó no cumple con el reglamento de esta corte. No contiene un señalamiento separado de errores. La regla es tan clara y tan fácil de cumplir y la jurisprudencia ha sido tan repetida, que no se explica cómo puede omitirse su cumplimiento.

Eso no' obstante hemos examinado el alegato ligeramente y hemos leído la opinión emitida por el juez de distrito para fundar la sentencia apelada y nos inclinamos a creer que se trata de una apelación- frívola. La prueba es voluminosa. Consistió de documentos, planos, inspección ocular del propio juez, y de declaraciones de testigos aportados por una y otra parte contradictorias entre sí. La cuestión a decidir era una de beclio: si el demandante estaba o no en posesión de cierta extensión de terreno de unos cinco metros de frente por seis de fondo. Demandante y demandado poseen casas con sus solares colindantes en la ciudad de Mayagüez y el conflicto planteado por el demandante surge sobre la posesión de la extensión de terreno indicada. De modo enfático el juez sentenciador en su opinión dice: “De la evidencia practicada, la corte ba llegado a la conclusión de que el demandante ¿i osé Asunción Escapa nunca estuvo en posesión de la porción de terreno” que reclama, y luego entra en un análisis com-pleto de la evidencia al efecto, terminado .el cual dice: “Por el contrario, el demandado probó satisfactoriamente baber estado él y los anteriores dueños, en la posesión material de la parcela.” Sigue analizando la evidencia y termina resu-miendo sus conclusiones. La opinión revela un estudio cuida-doso y concienzudo del caso.

Las circunstancias concurrentes no nos llevan, pues, al ejercicio de nuestra discreción en pro dél apelante y en tal virtud debe ser su apelación desestimada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Dionisia Alvarez, demandante-apelada-apelante, v. Ramón Avila, demandado-apelante-apelado y El Municipio de Quebradillas, interventor-apelante-apelado.
    No. 5053.

    Sometido: Enero 16, 1930.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      Anionio Pinero, abogado del demandado-apelante; R. Padró, abo-gado del demandante; Fulgencio Pinero, abogado del interventor.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dionisia Alvarez inició este pleito sobre reivindicación de una pequeña parcela de terreno que alegó que era parte de una finca de su propiedad de cinco cuerdas colindantes con la zona urbana del municipio de Quebradillas. Alegó que la parcela tenía un valor de más de quinientos dólares y estaba poseída sin título alguno por el demandado. Contestó el demandado que en efecto poseía la parcela en cuestión desde 1907 por concesión que le hizo su dueño el municipio de Quebradillas. Este solicitó intervenir en el pleito y alegó que era dueño no sólo de la parcela ocupada por el deman-dado' si que también de la finca de cinco cuerdas.

Así trabada la contienda fue el pleito a juicio. Practi-cóse una larga prueba documental y testifical y finalmente la corte fundando su fallo en una cuidadosa opinión decidió el caso declarando la demanda con lugar sin especial condena de costas.

El demandado y el interventor apelaron. Sólo el inter-ventor compareció por su abogado a la vista del recurso.

Hemos examinado los alegatos de los apelantes y no cumplen con la regia de esta corte que exige un señalamiento separado de errores. Ello por sí solo bastaría para, sin entrar en los méritos de la apelación, confirmar la sentencia.

Eso no obstante fiemos examinado las cuestiones susci-tadas especialmente porque una de ellas es jurisdiccional y hemos llegado a la conclusión de que no son meritorias.

Se insiste fuertemente en que la corte de distrito no' tenía jurisdicción para conocer originalmente de este caso porque su cuantía es inferior a quinientos dólares.

En la demanda se alegó como fiemos indicado que la cuantía era mayor de quinientos dólares y durante el juicio uno de los testigos declaró que la parcela reclamada valía quinientos setenta dólares.

En la contestación se alegó que el valor de la parcela era treinta y nueve dólares y se dice que ello es aparente porque es imposible que una porción tan pequeña de terreno, — seis metros al sur, seis al norte, seis y medio al este y siete al oeste, — pueda valer más de quinientos dólares.

La prueba del exacto valor de las cosas es algo en verdad difícil en muchos casos. Uno de ellos es éste. Un testigo declaró que la porción de terreno valía $570 y la corte creyó su testimonio, y no es nada imposible que una porción deter-minada de terreno, a orillas de un pueblo, que lleva una finca a colindar con una calle, por pequeño que sea ese pueblo pueda valer más de quinientos dólares. Además en realidad de verdad lo que se puso a prueba finalmente en este caso fué el título de las cinco cuerdas que tienen claramente un valor superiorísimo a la suma que da jurisdicción original a las cortes de distrito.

Decidido este punto resta sólo analizar la apreciación de la prueba. La opinión es completa. Hemos estudiado la evidencia documental y testifical practicada por ambas partes y creemos que demuestra cumplidamente que la demandante es dueña de la finca de cinco cuerdas y que dentro de la finca está la porción de que se apoderó el demandado Avila cuyo apoderamiento apoya el interventor muni-cipio sobre la base de que no ya la porción si que la finca toda es suya. El caso prima facie de la demandante no fué en manera alguna destruido por el interventor. La evidencia aportada por éste se expone y analiza debidamente en la opinión del juez sentenciador así:

“El interventor ofreció como prueba un expediente del año 1869 titulado ‘Plano general del pueblo de Quebradillas y proyectos de alineaciones para el mismo formados por acuerdos de la Municipa-lidad para cumplimentar la Real Orden de 9 de junio de 1867/ que contiene una ‘Memoria justificativa de las alineaciones que se proponen para el pueblo de Quebradillas/ y 16 planos.
“En la memoria no se hace referencia a terrenos que sean de la propiedad del Municipio, sino al proyecto de las alineaciones y cons-trucción de nuevas calles que se proponen para el referido pueblo de Quebradillas. No contiene nada más el documento. T ofreció, además, el interventor, la declaración del testigo Manuel Lamela, Alcalde desde 1914, quien manifestó que siempre ha considerado la parcela como propiedad del Municipio porque esos terrenos eran del pueblo; que lo sabe porque se extendió una calle por allí y se afirmó; y ‘por los planos que están archivados en el Municipio.’ ”

Se bace énfasis en el alegato del demandado sobre el heebo de haberse demostrado que viene poseyendo desde hace veinte y dos años la porción que abora se le reclama por la demandante. Es cierto el hecho pero veinte y dos años de posesión sin justo título no son suficientes para adquirir por prescripción. El demandado poseía algo, un solar, con justo título — permiso del municipio dueño — pero extendió el solar más allá de sus verdaderos límites y penetró en campo ajeno. Lo ocurrido al invadir el demandado la porción de terreno de que se trata con o sin consentimiento del muni-cipio, no importa, porque el municipio no podía consentir en que se ocupara lo que no le pertenecía, lo describe pintoresca-mente la propia demandante en su declaración que mereció entero crédito a la corte, así:

“. . . al enterarse ésta de lo ocurrido se entrevistó con el de-mandado quien le informó que el Municipio se lo había cedido, pero que no se apurara, ‘que la tierra no se iba/ ‘que aquello era siempre de ella,’ y que él construía interinamente. Y dice la demandante: ‘Yo no reclamé antes porque siempre me dijo que construía interi-namente, pero se me armó; se me hizo dueño de eso; j. de ahí vino este pleito.’ ”

Por virtud de todo lo expuesto debe confirmarse la sen-tencia recurrida sin que haya lugar a imponer las costas a la parte vencida como pretende la apelada porque ella se conformó con la sentencia tal como fué dictada sin interponer contra la misma recurso alguno.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Adela Bou Viuda de Alvarez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 796.

    Sometido: Diciembre 18, 1929.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      M. Acosta Velarde, 'abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Begistro de la Propiedad de San Juan la escritura de venta judicial otorgada por Eduardo ürrutia, márshal, a favor de Adela Bou viuda dé Alvarez, el registrador se negó a ello “porque la finca vendida se halla inscrita a favor de Agustín Hernández Mena, persona distinta de los demandados.”

Sucedió que la compradora Adela Bou reclamó por la vía judicial la suma de $2,500 que le debían Amparo Escapa y Alfonso Ocasio y cuyo pago estaba garantizado por los deu-dores con hipoteca sobre cierta finca situada en Santuree, San Juan.

No sólo se expidió por el registrador la certificación necesaria para iniciar el procedimiento sumaxísimo seguido, si que además por vía de aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse se embargó la finca hipotecada anotándose el embargo en el registro.

Después de expedida la certificación, de iniciado el pro-cedimiento ejecutivo hipotecario y de anotado el embargo, se inscribió en el registro la venta de la finca hipotecada, hecha por sus dueños los deudores a favor de Agustín Hernández Mena.

El procedimiento ejecutivo siguió adelante y la finca hipo-tecada y embargada fué vendida en pública subasta, adjudi-cándosela el márshal a nombre de los deudores a la acreedora por la suma de $2,000. Y ya hemos dicho que presentada la escritura en el registro el registrador se negó a inscribirla por estar ya registrada la finca vendida a nombre de otra persona distinta de los deudores.

Basta lo expuesto para concluir que de acuerdo con la jurisprudencia recientemente sentada por esta corte en eí caso de Arroyo v. Zavala y Cruz, 40 D.P.R. 269, Agustín Hernández Mena no es la “persona distinta” que, según la ley, pueda impedir la inscripción.

Ahora bien, el comprador de la finca o derechocurante el litigio viene sujeto a las prescripciones del artículo 71 de la Ley Hipotecaria. El texto de ese artículo es como sigue:

“Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
“Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, números 29 y 3g, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudica-ción o el anuncio al cpie durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
“Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dic-tada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
“Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, po-drá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la canti-dad consignada en la anotación paira principal y costas, sin que se entienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor sumá que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el Registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante o del adjudicatario, se despachará el oportuno mandamiento al Re-gistrador de la Propiedad.
“Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número 1° del ar-tículo 42 de esta ley, será título hábil para que en su virtud se can-cele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio del demandante.
“Las sentencíate ejecutorias en que se imponga la pena de inter-dicción, o se declare la incapacidad para administrar de una persona, o se modifique su aptitud civil en cuanto a la libre disposición de sus bienes, serán documentos ba’stantes para cancelar las inscrip-ciones de enajenaciones otorgadas durante la tramitación del juicio por el declarado incapaz, siempre que la demanda origen de la pro-videncia hubiere sido anotada preventivameiite en virtud de lo que ordena el artículo 42 en su número 5°.”

Para los fines del registro, no liay duda alguna de que la inscripción que se llaga a favor de ese comprador viene sujeta a no perjudicar al que anotó con prioridad su derecho, en cuanto al montante de ese derecho. Pero el comprador durante el litigio puede, según ese mismo precepto legal, liberar los bienes anotados mediante el pago del importe del gravamen. Es la obligación del actor o demandante, obli-gación que se trasmite al adjudicatario extraño que se subroga en los derechos de dicbo actor o demandante, la de notificar al comprador durante el litigio, para que éste pueda liberar la finca en el término de diez días que se le concede por la ley, mediante el pago del gravamen anotado. Y si tal obligación de notificar no se cumple, no puede reclamarse la cancelación de la inscripción hecha a favor del comprador durante el litigio, cancelación absolutamente indispensable para que pueda inscribirse la adjudicación o la escritura hecha en consecuencia de la subasta, ya que no pueden coexistir dos inscripciones de propiedad de la misma finca, antagónicas y contrarias.

Presentado el documento de venta hecha por el marshal, y encontrándose inscrita la finca a favor del que la compró, durante el litigio, el registrador hace aplicación estricta del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y deniega la inscripción. Y, a nuestro entender, él no puede, por el momento, hacer otra cosa. Si el actor o demandante en el caso en que se hizo la adjudicación quiere hacer firme su derecho, debe acudir al procedimiento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, y pedir la notificación; si el adquirente paga dentro del término1 legal, nada ha perdido aquel demandante, si no lo hace, snl inscripción se cancela, y el obstáculo queda suprimido.

En la opinión en el caso Díaz Mediavilla v. Registrador, 39 D.P.R. 114, tratándose el mismo artículo 71 de la Ley Hipotecaria, se ha dicho por este tribunal:

“El primer párrafo dispone que los derechos anotado's no pue-den ser perjudicados por una inscripción posterior. En el presente caso el acreedor ejecutante hizo una anotación de haber instituido el procedimiento sumario. Al hacerlo así, notificó a todo el mundo de su derecho anterior y cualquier persona que tratara de obtener una inscripción posterior lo hacía corriendo el riesgo de que la pro-piedad se vendiera. Tal comprador o acreedor posterior lo hacía corriendo el riesgo de que la propiedad se vendiera. Tal comprador o acreedor posterior no era en forma alguna un tercero y estaba en el deber de regirse por el resultado del procedimiento ejecutivo hi-potecario. No hay duda alguna en este caso que tanto la venta a Tellado como el embargo fueron inscritos con posterioridad a la fecha en que se in'stituyó el procedimiento ejecutivo y en que fué anotado en el registro.”

Se consolida así la doctrina legal en que se inspiró el precepto, pero sin quitar de los hombros del demandante que anotó, la carga de la notificación. Y nos inclinamos a decidir que ese deber pasa al adjudicatario extraño, que se subroga en los derechos de aquél de quien adquirió.

Dada la redacción del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, no puede hacerse otra cosa que confirmar la nota denegatoria\ del registrador; y así se decide.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el re sultado.


author: El Juez Asociado Seño» Wolf,

text:
    Perfecto Rodríguez Pérez y José A. Liceaga Frías, haciendo negocios bajo el nombre común de "Rodríguez & Liceaga, Ltd.", demandantes y apelados, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelante.
    No. 4771.

    Sometido: Diciembre 3, 1929.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      J. Vendrell, abogado de la apelante; Arturo Aponte, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño» Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna apelación interpuesta por la demandada contra nna sentencia por costas que no excluía los honorarios de abogado. Perfecto Rodríguez y otro llegaron a ser partes en un contrato celebrado con la Central Pasto Viejo, Inc., y por un supuesto quebrantamiento presentaron demanda en cobro de $966.17, más los intereses y costas. La demandada excepcionó la demanda. El día señalado para la vista los demandantes no comparecieron. La demandada entonces retiró su excepción y obtuvo' veinte días para contestar. Posteriormente se radicó una contestación allanándose a una sentencia -por la cantidad reclamada, más sus intereses, pero, aduciendo hechos para justificar su posición, solicitó que se excluyeran los honorarios de abogado. Se celebró una vista sobre esta contienda y la corte se negó a excluirlos.

La corte se basó en los casos de Hernández v. Sucesión Córdova et al., 31 D.P.R. 639; Zorrilla v. Orestes et al., 28 D.P.R. 749, y Betancourt v. Junta de Subastas del Municipio de Río Grande, 30 D.P.R. 245, y la apelante trata de distin-guirlos. La corte también resolvió que de acuerdo con los hechos del caso la demandada no debió haber obligado a los demandantes a entablar su demanda, y a utilizar así los servicios de un abogado.

De acuerdo con la ley, según quedó finalmente enmendada por la Ley No. 38 de 1917 (véase leyes de 1917 (1) pág. 207), la imposición de costas cae dentro de la discreción de la corte sentenciadora, a menos que la parte demandada deje de com-parecer. En este caso la demandada no solamente compa-reció sino que presentó una excepción previa y luego indicó su intención de contestar y en realidad radicó una contesta-ción en que trataba que se excluyeran los honorarios. De acuerdo con la ley, tenía, podríamos decir, un locus pemten-tiae, pero no se aprovechó de ello. No creemos necesario entrar en las excusas que la demandada tuvo para no pagar la suma reclamada.

El alegato de la apelante, después de discutir las excusas, admite que algún tiempo después de radicarse la demanda se aconsejó a la demandada que pagara la reclamación. Este consejo pudo haberse obtenido antes si, según era muy posible, a la demandada no se dió anteriormente un consejo distinto. Los demandantes tuvieron que consultar a un abogado. El abogado tuvo que preparar una. demanda y después que la demandada indicó su intención de contestar, quizá tuvo además que preparar el caso para juicio. Todas estas cuestiones y muchas otras pudieron haber inducido a la corte a no excluir los honorarios de abogado.

Para decir que la corte cometió un abuso de discreción, la apelante debe convencernos de que existía una defensa meri-toria o tal vez de qne la demanda no aducía hechos para determinar una causa de acción. Cuando tal defensa es dudosa, la corte inferior debe gozar de amplia discreción con la cual esta corte no se siente inclinada a intervenir excepto cuando se trata de un caso muy claro.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Bartolomé Carbonell, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 797.

      Sometido: Enero 22, 1930.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      José G. Torres y Carlos del Toro Fernández, abogados del recurrente.; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo con el artículo 170 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria deberá apercibirse al deudor de que si no paga la deuda dentro de determinado período, la propiedad garantizada con la hipoteca será vendida. El artículo 172 dispone que si no se efectúa el pago, la propiedad gravada debe ser vendida. En el presente caso la Corte de Distrito de San Juan libró una orden común, a virtud de la cual se requería al deudor que pagara y se le apercibía de que de no hacerlo se ordenaría la venta de la propiedad. El registrador se negó a inscribir una escritura otorgada por el márshal, porque la orden de venta no fué dictada después de haber vencido el período para efectuar el pago.

El registrador estaba en lo cierto. La forma condicional o común de la orden no hacía diferencia alguna. Hasta que hubiese transcurrido el término para efectuar el pago, podría decirse, que no surgía autoridad o jurisdicción para ordenar la venta. El haber expirado el período estatutorio era una condición precedente a la expedición de dicha orden. El caso no es totalmente diferente a uno en que dentro, del término concedido para contestar, la corte dicta una orden para que se registre sentencia en rebeldía, en caso de que el demandado no conteste. Bajo la Ley Hipotecaria hay un período similar completo, durante el cual no surge derecho alguno a efectuar una venta hasta que el deudor incurra en rebeldía.

Tampoco se excedió el registrador en sus facultades. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador tenía la autoridad y el deber de decir que la venta no era legal.

Dehe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Wolf, JUEZ ASOCIADO SR. TEXID'OR.

text:
    Carmen Tirado Viuda de Méndez, demandante y apelada, v. The Fajardo Sugar Co. of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 4462.

    Sometido: Abril 9, 1929.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      Jamie Sifre y Diego O. Marrero, abogados de la apelante; Arturo Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que el apelante no hizo presión para que se celebrara la vista del mismo. Los hechos principales tuvieron lugar en octubre o noviembre de 1927. Se apeló de una orden de la Corte de Distrito de Humacao de fecha 15 de noviembre de 1927. Después de varias prórrogas y en espera de que se transigiera el caso, el juicio fue pospuesto después de haberse señalado para el 28 de diciembre de 1928. Finalmente oímos el caso en abril de 1929, pero el apelado no nos ha ayudado en la consideración de las importantes cuestiones que se han sometido.

La resolución apelada dice así:

“Vista la moción de aseguramiento presentada por la deman-dante en la que solicita que se prohíba a la demandada ceder, tras-pasar o ejecutar en forma alguna el crédito hipotecario otorgado entre las parte's por escritura No. 23 de fecha 11 de marzo de 1925 ante el notario de Fajardo don Ramón P. Rodríguez Alberty, y vistas las secciones 2, 3 y 4 de la Ley para asegurar la efectividad de sen-tencia, aprobada en 1 de marzo de 1902, la corte ordena a la de-mandada sus oficiales, agentes, empleados subalterno's y cuantas per-sonas actúen bajo su dirección, se abstengan de traspasar, ceder o ejecutar en forma alguna el mencionado crédito hipotecario consti-tuido 'según la dicha escritura No. 23 en cuanto a los dos plazos del capital correspondientes al 30 de junio de 1926 y 30 de junio de 1927, apercibidas dichas personas de ser castigadas por esta corte si desobedecieren la presente orden. La demandante deberá prestar una fianza por la 'suma de $2,000.00 antes de que proceda a entrar en vigor esta resolución.”

Nos parece bastante obvio que bajo la teoría de haber pagado todo lo que se adeudaba en un momento dado, un deudor hipotecario no tiene derecho a obtener una orden prohibiendo a su acreedor que ejecute, ceda o traspase la hipoteca. En el presente caso se adeudaban algunos plazos por concepto de principal e intereses, aunque de acuerdo con la demanda tales plazos no eran exigibles. En el momento en que escribimos esto estamos plenamente convencidos, bajo ios hechos de la demanda, de que la Corte de Distrito de Humacao no tenía poder o autoridad para impedir la cesión o traspaso del crédito hipotecario.

La controversia principal en este caso es si una corte puede, mediante una orden de embargo, prohibir al acreedor hipotecario que ejecute una hipoteca. La teoría de la de-manda es que el demandante había pagado o depositado en la corte todos los plazos vencidos por concepto de principal e intereses. Este pleito fué radicado anticipándose a un procedimiento de ejecución hipotecario. En el seno del tribunal han surgido algunas dudas Con respecto a si al enta-blarse un procedimiento ejecutivo hipotecario, un deudor no puede tener otros derechos inmediatos que los especificados en el Reglamento para lá ejecución de la Ley Hipotecaria, pero no es necesario que dilucidemos las dudas en esta opinión.

Para nosotros es enteramente claro que un deudor hipo-tecario no puede acudir a una corte y obtener una orden o un embargo para impedir que su acreedor ejecute la hipoteca o transfiera el crédito, según se trató de hacer en este casó. En ninguna parte de la ley hallamos justificación alguna para la teoría de que un deudor hipotecario, al alegar el pago de la cantidad adeudada en el momento, pueda impedir que una persona que reclama un derecho ventile ante una corte el hecho de tal pago o la ejecución de una hipoteca si los tér-minos del contrato no han sido cumplidos.

La resolución apelada debe ser anulada y devolverse él caso pcara ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. TEXID'OR.

Estoy de acuerdo con la opinión del Juez Sr. Wolf en este caso. Pero deseo adicionar otro extremo en favor de la sentencia.

En la demanda en este caso aparecen dos alegaciones, cuyo texto es como sigue:

"6. Que la demandante ha pagado a la demandada por conducto de don Gerardo Méndez todos los plazos de intereses vencidos hásta comprender el correspondiente al 30 de junio de 1927 y le ha ofre-cido y querido pagar por igual conducto los 'plazos del capital co-rrespondientes al 30 de junio de 1926 y 30 de junio de 1927, negán-dose dicha demandada a aceptar el pago de dichos plazos, y negán-o'se, del propio modo, a otorgar carta de pago por los intereses sa-tisfechos, o a reconocer que los mismos hayan sido pagados.
“7. Que la demandante vuelve a ofrecer ahora a la demandada para que acepte el pago de los dos plazos vencidos de la hipoteca, y al efecto consigna y deposita los $2,000.00 a que montan dicho's dos plazos hipotecarios y los deja a la disposición y orden de la susodi-cha demandada.”

Y al resolver la corte la moción de reconsideración, dijo:

“En el caso presente el demandante alega haber pagado los inte-reses vencidos y a más ha consignado a disposición de la acreedora ante esta corte la suma de dos mil dólares importe de los dos plazos vencidos.”

Nótase que para la corte ha sido de gran importancia el .hecho de la llamada “consignación.” Y aquí el error de la corte.

En este caso no se ha alegado la existencia de una con-signación. Esta, para ser tal, y para que pueda producir efecto, ha de reunir las siguientes condiciones de ley: (a) Ofrecimiento de pago, y negativa sin razón a admitirlo; (b) anuncio de la consignación; (c) depósito de las cosas debidas; (d) notificación del depósito a los interesados.

Se alega que se ha ofrecido a la parte acreedora el pago de los plazos vencidos, y ella se ha negado a aceptarlos; y que por la demanda “vuelve a ofrecer” a la demandada el pago, y “al efecto consigna y deposita ...” Esta conclu-sión de la demandante es errónea, y lo es lo mismo la de la corte. Para consignar faltan los siguientes requisitos, no alegados: que el acreedor se niega sin razón a admitir el pago, que se le ha avisado de la intención de consignar; y que se le notificó la entrega en corte.

Los artículos 1144, 1145 y 1146 del Código Civil de Puerto liico, son perfectamente claros; ellos fijan los requisitos de la consignación, y determinan que ésta será'ineficaz si no se ajusta a las disposiciones que regulan el pago. Y en cuanto a nuestra jurisprudencia, la decisión en el caso García v. Fernández, 8 D.P.R. 106, es absolutamente clara; según ella la consignación no tiene eficacia más que cuando se cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil, ofrecimiento, aviso de que se va a consignar, depósito y notificación.

Si en este caso hubiera existido una verdadera consigna-ción, quizá no se habría promovido el pleito, ya que una consignación bien becba libera al obligado, según nuestro Código Civil, en el que se encuentra el artículo 1148, cuyo texto en su primer párrafo, es:

“Hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al tribunal o juez que mande cancelar la obligación.”

Lo que ocurre es que se quiso sustituir la consignación con un depósito en corte y esto no es lo legal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Castillo y José Cardona, acusados y apelante el primero.
    No. 3940.

    Sometido: Enero 22, 1930.

      Resuelto: Febrero 4, 1930.

      José Soto, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de Él Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación contra Pablo Castillo y José Cardona por transportar y vender para el consumo humano leche de vaca adulterada.

Celebrada la vista, la corte condenó al acusado Castillo a pagar treinta dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer y al otro acusado Cardona a pagar cien dólares de multa o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, no excediendo la prisión de noventa días.

No conforme Castillo con la sentencia apeló para ante este tribunal, señalando en sn alegato la comisión de tres errores todos en relación con la apreciación de la prueba.

El fiscal de este tribunal estudió cuidadosamente el caso y conviene con el apelante en que la prueba no es suficiente.

La única prueba que existe en contra del acusado Castillo es da de que la licencia del depósito donde se vendió la leche estaba a su nombre.

Esa prueba en general es bastante. En el caso de El Pueblo v. Borges, 37 D.P.R. 149, esta corte dijo:

‘ ‘ El acu'sado era el dueño único según la licencia y la fianza. Si babía otros dueños, no importa. Para poder precisamente exigir res-ponsabilidad a una persona determinada es que la ley requiere que se expida la licencia a favor de alguna persona y se preste por ella la fianza. Voluntariamente aceptó el acusado la posición de mayor responsabilidad y no puede eludir ahora las consecuencias de sus actos.”

Pero aquí es en verdad tan completa y persuasiva la prueba de que Castillo vendió el negocio a Cardona más de un mes antes del suceso, habiendo estado ambos acusados en la oficina de Sanidad a comunicar la transacción y habiendo recibido Cardona los blancos de la nueva licencia para lle-narlos, .que es necesario concluir que el verdadero y único dueño del depósito lo era Cardona y que Castillo nada abso-lutamente tenía de hecho que ver con el mismo. Bajo esas circunstancias sería injusto condenar a Castillo, sobre todo' habiéndose condenado como se condenó a Cardona.

Parece conveniente recordar que esta corte en el caso de El Pueblo v. Luccioni, 29 D.P.R. 49, dijo:

“Cuando la prueba en conjunto es terminante en cuanto a que el acusado era el dueño y tenía el verdadero control del puesto de leche, el tratarse de probar que la patente estaba a nombre de un empleado no podrá servirle de excusa para eludir su responsabilidad por la venta de leche adulterada.”

Y es oportuno hacer constar que sólo en un caso en que la prueba sea tan fuerte y tan clara como en éste puede llegarse a la conclusión a qne hemos llegado. Aqní no sólo declaró Castillo. Declararon los oficiales del gobierno, declaró el proveedor de la leche al depósito sobre la sustitución de dueños y se presentaron no uno sino varios recibos del pago de leche a clientes expedidos por Cardona. Todas las deela-i aciones son claras y precisas y la misma actitud de Cardona declarando en contra de la existencia del traspaso demuestra que no se trata de una confabulación. Castillo se encontraba en la República de Santo Domingo cuando se vendió la leche adulterada.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia en cuanto condenó al apelante Castillo y dictarse otra absol-viéndolo del cargo que se formuló en contra suya.


author: El Juez Peesidente Señob del Tobo

text:
    Esteban Rivera Malavé, demandante y apelante, v. José Rodríguez Cruz, Dolores Vicente León, Juan Cruz Colón, Leoncio Ortiz y Avelino Alvarado, demandados y apelados.
    No. 4525.

    Sometido: Diciembre 14, 1929.

      Resuelto: Febrero 5, 1930.

      G. Domínguez, abogado del apelante; A. Porrata Doria, abogado de los apelados.
   El Juez Peesidente Señob del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Esteban Rivera Malavé inició este pleito en reivindicación de nna finca de diez y ocho cuerdas y media situada en el barrio de Matón Arriba del municipio de Cayey.

Alegó que era dueño de ella por haberla adquirido por compra a Juan Anacleto Malavé hecha constar en escritura pública inscrita en el registro, y que los demandados deten-taban su posesión. Reclamó además daños y perjuicios por valor de $550 por los beneficios obtenidos por los demandados de la finca en cuestión.

Los demandados contestaron negando general y específi-camente los hechos de la demanda y alegando como materia nueva: José Rodríguez, Juan Cruz, Leoncio Ortiz y Avelino Alvarado que ellos nada tienen que ver con la posesión de la finca siendo simples trabajadores el primero como colono y ios otros a jornal y todos bajo la dirección de la dueña la demandada Dolores Vicente León, y ésta que la finca es de su. propiedad por haberla heredado de sus padres quienes antes de morir estuvieron como lo está ella desde entonces en posesión como dueños.

Y alegó además la demandada Dolores Vicente León que el documento en que funda el demandante su derecho se deriva de otro en el cual los padres de la demandada aparecen vendiendo la finca con pacto de retro a Juan Anacleto Malavé cuando lo cierto era que se trataba de un préstamo garanti-zado con hipoteca.

Y alegó además que Juan Anacleto Malavé jamás entró en posesión de la finca y que el demandante Esteban Rivera Malavé, su sobrino, sabía que la venta con pacto de retro no era una venta real sino una hipoteca que garantizaba cierto crédito que el propio Malavé Gutiérrez trató de cobrar por la vía judicial retirando luego la demanda.

Trabada así la contienda fué el pleito a juicio practicán-dose prueba por ambas partes. La corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, y no conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación, habiendo archivado, un alegato que no cumple en verdad con las reglas de esta corte pues involucra en un señalamiento de error diferentes cuestiones que debieron señalarse sepa-radamente. Sin embargo, penetraremos en el fondo del caso estudiando y resolviendo la verdadera cuestión fundamental envuelta en el litigio.

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora aprecia la prueba así:

“Del conjunto de la prueba practicada aparece que por escritura de 15 de junio de 1923 otorgada bajo el Núm. 87, ante el Notario de Cayey, Grúzmán Texidor, por don Juan Francisco Vicente y .Cecilia León a favor de don Juan Anacleto Malavé, los primeros ven-dieron al segundo con pacto de retro la linca objeto de este litigio; que el citado Juan Anacleto Malavé vendió al demandante la referi-da finca, inscribiéndose su derecho en el Registro de la Propiedad; que ni Juan Anacleto Malavé ni tampoco el demandante Esteban Rivera en época alguna estuvieron en po'sesión material de la finca y que la demandada Dolorés Vicente León ha estado poseyendo la mencionada finca, que adquirió por herencia de sus padres.”

Y luego agrega: .

“La Ley Núm. .47 de 13 de abril de 1916 en su sección primera dice:
“ ‘Seo. Ira. — Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retro-venta, se presumirá que constituye un contrato de préstamo por el montante del precio con garantía hipotecaria de la finca ven-dida, en cualquiera de los ca’sos siguientes:
“ ‘1. — Cuando el comprador no hubiera entrado en posesión material de la cosa vendida.’
“Aplicando la anterior disposición legal a los hechos de este caso, tenemos necesariamente que concluir que la escritura de venta con pacto de retro otorgada por Francisco Vicente y Cecilia León a favor de Juan Anacleto Malavé tiene el carácter de un contrato de prés-tamo con garantía hipotecaria, por lo que la Corte es de opinión que debe declarar, como declara sin lugar la demanda.”

Examinados los autos no bay duda alguna que existe en ellos evidencia bastante para concluir como concluyó la corte que Malavé Gutiérrez no entró en la posesión, material de la finca, ni menos el demandante.

Siendo ello así queda en pie la presunción de que la venta con pacto de retro de la finca de que se trata — propiedad inmueble — de la que trae causa el demandante, constituye no una venta real sino un contrato de préstamo por el montante del precio con garantía hipotecaria de la finca vendida.

Con respecto al primitivo comprador Malavé Gutiérrez, parece que no existe duda alguna de que tal conclusión es la correcta. La duda surgió en el seno del tribunal con respecto a si la presunción se extendía al demandante que aparece adquiriendo del primitivo comprador con pacto de retro, decidiéndose la mayoría del tribunal por la afirmativa. La minoría sostiene que el demandante es un tercero y por tanto que le ampara el artículo 1365' del Código Civil que dispone que cuando la venta se hace mediante escritura, pública, el otorgamiento de ésta equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato, teniendo por tanto un claro derecho a reivindicar.

A nuestro juicio la cuestión de posesión no puede decidirse aquí aplicando el citado artículo 1365 del Código Civil. De-jando a un lado las peculiares circunstancias que en el caso concurren y que lo hacen aun más fuerte, y limitándonos a la prueba de la no posesión material del comprador con pacto de retro y a lo dispuesto en la Ley No. 47 de 13 de abril de 1916, que es una excepción a la regla general del Código, se concluye sin esfuerzo alguno que el que compra en las condiciones que lo hizo el demandante no debe confiar en el artículo 1365 del Código Civil, — -no aplicable por disposición expresa del legislador al caso de la persona que le vendió — y está en tal virtud obligado a indagar si de hecho existió la posesión. De otro modo se corre el riesgo1, como lo corrió a su perjuicio el demandante en este caso, de comprar a una persona que en verdad no es dueño sino acreedor hipotecario, constándole al segundo comprador que ello es así por tratarse de una presunción legal que está obligado a conocer.

La circunstancia de que cuando el demandante adquirió del primitivo comprador con pacto de retro hubiera transcu-rrido el término concedido para retraer, en nada influye porque la ley No. 47 de 1916 no se aprobó para ser aplicada Bracamente mientras subsiste dicto término. Es general y no cabe restringirla.

Tampoco influye en la conclusión a que temos llegado el tecto de que el título del demandante esté inscrito en el registro, porqne del propio registro constaba que el título de la persona que le vendió estaba basado en una compra con pacto de retro a la que era necesariamente aplicable la repe-tida ley No. 47 de 1916.

Por virtud de todo lo expuesto debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor disin-tieron.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Segundo Pacheco, acusado y apelante.
    No. 3785.

    Sometido: Junio 18, 1929.

      Resuelto: Febrero 7, 1930.

      R. Martínez Nadal y Leopoldo Tormes, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Segundo Pacheco fué convicto del delito de violación y sentenciado a sufrir una pena de doce años de presidio. Los primeros seis errores señalados por el apelante levantan la cuestión de la participación excesiva e injusta del juez senten-ciador en el examen de los testigos. El fiscal de esta corte conviene con los letrados del apelante en que la actuación de que estos últimos se quejan fué perjudicial al acusado, y-recomienda la revocación de la sentencia.

Una lectura cuidadosa de los autos nos lia convencido de que el juez de distrito se excedió en los límites de lo correcto en el examen de un número de testigos, incluyendo al mismo acusado.

Hemos llegado a esta conclusión en contra de nuestro deseo. La intervención de la corté en el examen de los testigos fué más que contrarrestada en algunas ocasiones por la disposición de parte de los letrados de la defensa de irritar al juez. En tales ocasiones, nuestras simpatías lian estado con la corte más bien que con los abogados. Cualquiera de los incidentes señalados como error no justificaría por sí solo la revocación.

La acusación imputa la comisión del delito por medio de fuerza y violencia. También dice que- la perjudicada babía sido impedida de oponer resistencia por amenazas de grave e inminente daño personal, acompañada de la aparente aptitud p>ara ejecutarlas.

En el interrogatorio directo de la perjudicada se hizo mención de un revólver y de ciertas amenazas, pero no bubo indicación alguna de que la perjudicada hubiese sido impe-dida en esa forma de ofrecer resistencia. Por el contrario, su declaración tendió a demostrar que ella opuso resistencia y que la misma fué vencida por fuerza y violencia.

En la repregunta, en el curso de la cual no se hizo refe-rencia a ninguna amenaza hecha en el momento de la comi-sión del delito o inmediatamente antes, el juez comenzó por1 preguntar a la testigo por qué se había sometido a la voluntad de Pacheco. La respuesta, reiterada en varias ocasiones, fué, en síntesis, que ella había opuesto resistencia, pero que había sido vulnerada. Mediante insistentes preguntas, la corte finalmente extrajo la declaración de que la testigo se había sometido por temor, y la información adicional de que este temor había sido inspirado por amenazas hechas por Pacheco.

Las instrucciones al jurado contenían una presentación vigorosa de este aspecto del caso. Las instrucciones expu-sieron la ley correctamente, pero la forma en que fueron dadas, considerada en relación con el incidente arriba rese-ñado y con el efecto acumulativo de los otros extremos de que se queja el apelante, incluyendo la repregunta del acusado por parte de la corte, hace imposible decir que el acusado tuvo un juicio justo e imparcial.

En vista de la conclusión a que llegó el fiscal y de su recomendación, basada en la doctrina enunciada en un número uniforme de nuestras propias decisiones, no creemos nece-sario exponer los detalles.

Véanse los casos de El Pueblo v. Rodríguez, 11 D.P.R. 235 ; Butler v. Sorongo, 28 D.P.R. 84; El Pueblo v. Acevedo, 35 D.P.R. 966; El Pueblo v. Santos y Natalí, 36 D.P.R. 382, y El Pueblo v. Tirado, 38 D.P.R. 887.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse él caso para un muevo juicio.


author: El Juez Pkbsidbnte Señor del Toro,

text:
    Cortés & Segura, Inc., demandante y apelada, v. Fernando J. Cortés, demandado y apelante.
    No. 4310.

    Sometido: Mayo 9, 1929.

      Resuelto: Febrero 12, 1930.

      O. S. Frazer y R. Castro Fernández, abogados del apelante; F. Soto Oras, abogado de la apelada.
   El Juez Pkbsidbnte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 5 de septiembre de 1922 Adolfo Yaldés, Fernando J. Fortes y Enrique Segura constituyeron una corporación bajo el nombre de “Cortés y Segura, Inc.,” para dedicarse a la compra y venta al por mayor y al detall de mercancías secas. Se fijó el capital en doscientos mil dólares divididos en dos ■mil acciones y se comenzaron los negocios ingresando cuarenta mil, así: Yaldés, $20,000; Cortés, $10,000, y Segura, $10,000. Segura se separó de la corporación recibiendo diez mil dó-lares en pago de sus acciones y a la fecha en que se originó este litigio el capital emitido y pagado de la corporación lo constituían 499 acciones de las cuales correspondían a Yaldés 331, a Cortés 160, a. Mariano R. Pesquera 4 y a Francisco J. Rodríguez 4.

En el año de 1925 continuaban desempeñando los cargos de presidente y tesorero-gerente las mismas personas que fueron elegidas desde el principio, esto es, Valdés, presidente, y Cortés, tesorero-gerente.

A fines de dicho año se acentuaron las diferencias de criterio entre el presidente y el tesorero-gerente debido a las pérdidas que se- venían sufriendo en los negocios de la cor-poración y a que el presidente quería que se liquidara pronta-mente vendiendo las mercancías a bajo precio y el tesorero-gerente aunque se mostraba conforme con la liquidación de hecho la dilataba conservando los precios altos, esperando la llegada de los meses de diciembre y enero en que según él con motivo de las festividades de Pascuas, Año Nuevo y Reyes, podían venderse con mayores beneficios.

En ese estado las cosas, el presidente dirigió a Fernando J. Cortés una carta que copiada a la letra, dice:

“J. Oehoa y Hermano, San Juan, P. R. — San Juan Puerto Rico, diciembre 9 de 1925. — Sr. Don Femando J. Cortés, San Juan, Puerto Rico. — Señor: Haciendo uso de las facultades y poderes inherentes al cargo que desempeño, y según ellos además se definen en el Re-glamento de la corporación ‘Cortés & Segura, Ine.,’ por la presente destituyo a Ud. de su empleo de G-erente de dicha corporación, a partir desde ésta fecha.
“En su virtud, cesará Ud. de ejercer las funciones de tal Ge-rente desde ahora, y entregará el establecimiento de dicha corpora-ción, sito en la calle de San Justo número 21 de esta ciudad, a don Mariano R. Pe'squeraj mi representante personal, nombrado por la presente Gerente accidental, junto con los documentos, fondos y de-más antecedentes que estén en poder de Ud., como tal Gerente.
“Esta decisión mía es motivada por actos de insubordinación suyos, perjudiciales a los intereses de la compañía, siendo ventajoso para la buena marcha y administración de los negocios corporativos que Ud. cese en el expresado empleo.-Atentamente, (fdo.) A. Val-des, P'te. Cortés & Segura Inc.”

Cortés se negó a hacer la entrega qne se le ordenaba y entonces, al día siguiente, 10 de diciembre de 1925', se inició este pleito. La demanda, en lo pertinente, expresa:

“Comparece la demandante, por conducto de su abogado que sus-cribe y como causa de acción alega:
“Que la demandante e's una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.
“Que la demandante tiene su domicilio en la calle de San Justo No. 21 de esta ciudad, donde también tiene establecida una tienda de mercancías secas, conocida por ‘El Mundo Elegante,’ que es parte de los negocios de la corporación demandante.
“Que el demandado fué nombrado Gerente de la Corporación demandante y como tal tomó posesión del establecimiento expresado, con cuanto en él se' contiene en mercaderías, libros de contabilidad, archivos, mobiliarios y demás útiles y enseres propios de esta clase de establecimientos, administrándolo en su carácter de Gerente ex-presado.
“Que la corporación demandante, por conducto de su Presidente, Don Adolfo Valdés Ordóñez, destituyó de su empleo de Gerente al demandado y le exigió la entrega del establecimiento relacionado, a lo cual se negó dicho demandado, insistiendo en retener, como re-tiene en la actualidad, posesión del mismo' en contra de la voluntad y de las órdenes expresas de la Corporación demandante.
“PoR TANTO, a la Corte SupliCamos se sirva, declarar con lugar esta, demanda y dictar sentencia condenando al demandado a que entregue a la demandante la posesión del establecimiento mencio-nado en la demanda, con todo lo que es parte del mismo, y con las costas al demandado.”

Y la contestación lee como sigue:

—Que aeepta los hechos alegados en los párrafos 1, 2 y 3 de la demanda en este caso.
“2. — De los hechos alegados en el párrafo cuarto y último de la demanda, niega que la corporación demandante haya destituido al demandado de su empleo de gerente y que le haya exigido la entrega del establecimiento relacionado en la demanda y que éste se haya negado a dicha entrega y qne en la fecha de la demanda rete-nía la posesión de la misma en contra de la voluntad y de la’s ór-denes expresas de la corporación demandante.
“3.- — Que el demandado fué nombrado y elegido director de la corporación demandante por unanimidad de la Junta de Accionistas de dicha corporación y nombrado Tesorero Gerente de la misma por unanimidad de la Junta de Directores de dicha corporación, desde su constitución, estando en la fecha de la demanda y en todos los tiempos antes mencionados en el ejercicio activo como tal Director y Tesorero Gerente.
“4. — Que el demandado es además accionista y posee acciones de dicha corporación por valor de $11,000 a la par.
“5. — Que en ninguna fecha de'sde la constitución de la corpora-ción hasta y después de presentada la demanda en este caso se ha acordado por la Junta de Directores o por la Junta de Accionistas de dicha corporación la destitución del demandado ni tampoco se ha autorizado al Presidente de dicha corporación o a persona alguna para que pre'sente este pleito o pleito alguno contra el demandado.
“6. — Que el Presidente de dicha corporación, Adolfo Yaldés, sin el consentimiento de la Junta de Directores ni de la Junta de Ac-cionistas de dicha corporación, sin poderes ni facultades algunas con-cedidas por los Artículos de Incorporación y Reglamento de dicha corporación, arbitrariamente y con el ’sólo y único objeto de perju-dicar al demandado haciéndole perder todo el capital aportado a dicha corporación, y su reputación como comerciante, por su propia iniciativa, comunicó al demandado que quedaba destituido de su cargo como gerente de dicha corporación, poder y facultad que no le reconoció ni le reconoce el demandado.
“7. — -Que el demandado es la única persona de acuerdo con el Reglamento de dicha corporación, que tiene derecho y tenía en todas las fechas antes mencionadas, a la posesión inmediata y control de los bienes de la referida corporación.
“8. — Que todo este procedimiento no es nada más que un ardid del Presidente de dicha corporación, Adolfo Yaldés, para tomar po* sesión de una manera ilegal y arbitraria y sin el consentimiento de la corporación de todos los bienes de la misma para venderlos y dis-poner de ellos en la manera que él creyere conveniente, sin consul-tar a los demás accionistas y directores, con el objeto de hundir y disolver la corporación y como consecuencia hacer que la’s acciones del demandado no tuviesen valor alguno en el mercado.
“Pob tanto a la Hon. Corte suplica en su día declare sin lugar la demanda en este caso con imposición de costas.”

Trabada así la contienda fné el pleito a juicio. Con la oposición del demandado se permitió a la demandante prac-ticar una larga prueba en relación con las diferencias surgidas entre el presidente y el tesorero-gerente y con los negocios de la corporación, y aun con lo ocurrido después de archivada la demanda, y la corte, basándose en todo ello, dictó sentencia en contra del demandado. Este apeló señalando cuatro errores cometidos a su juicio, por la corte, Io., al declarar con lugar la demanda; 2°., al admitir evidencia sobre hechos ocurridos después de su radicación; 3°., al admitir evidencia de hechos no alegados en ella, y 4°., al imponer las costas al demandado.

La acción ejercitada es la que autorizan los artículos 170 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, debiendo en tal virtud demostrarse por la parte demandante: Io., su dominio sobre los bienes reclamados, y 2°., la retención injusta de dichos bienes por el demandado.

No hay duda alguna que se probó el primer requisito. La corporación “Cortés & Segura, Inc.,” era la única dueña del establecimiento y de las mercancías que es reclamaron en el pleito.

¿Se probó el segundo? Yeámoslo.

Organizada la corporación se abrió su establecimiento ‘•‘El Mundo Elegante,” situado en la calle de San Justo No. 38, esquina a Fortaleza, de esta ciudad de San Juan, y al frente de él se encontraba cuando surgió el conflicto el deman-dado Cortés. ¿Con qué autoridad?

Las cláusulas de incorporación 8 y 9 de “Cortés & Segura Inc.” dicen:

“Octava: — Con excepción de los casos en que la ley o e'stas cláu-sulas dispongan lo contrario, las facultades y poderes, manejo y go-bierno de la corporación lo ejercerá la Junta de Directores que se compondrá de los miembros que determinen los estatutos o reglamen-tos, serán accionistas bona fide de la corporación y ocuparán sus car-gos por término de un año hasta la elección e instalación de sus 'su-cesores. Cualquier director que dejare de ser accionista, cesará acto seguido en el cargo de director. Las vacantes que ocurran por au-sencia u otra cau'sa en los cargos de directores se cubrirán para el resto del término por mayoría de votos de los otros directores res-tantes; tres directores constituirán quorum para la resolución de cualquier asunto que fuere convocada la junta de directore's.
“Novena: — La Junta de Directores elegirá de su seno un Pre-sidente, un Yice-Presidente, un Tesorero-Gerente y un Secretario de la Junta quienes serán a la vez Presidente, Yice-Presidente, Teso-rero y Secretario de la corporación, tendrán las facultades y desem-peñarán los deberes señalados por la ley y el reglamento de la cor-poración y percibirán la remuneración o salarios que la junta de ac-cionistas les asigne por razón del desempeño de su's respectivos cargos.

El artículo 3, secciones 1 y 2 del Beglamento de dicha Corporación expresa:

“Artículo 3.- — Junta de Directores. — Sección Ia. — La dirección y administración de los negocios y bienes de la corporación estarán a. cargo de la Junta de Directores que se compondrá, como máximum, de cinco directore's, elegidos de entre los accionistas en la junta general anual, sus acuerdos serán válidos, siempi’e que sean adoptados, por mayoría de votos de los presentes; tres directores reunidos cons-tituirán quorum.
“Sección 2a. — Los directores elegirán de entre ellos, el Presidente,: Yice-Presidente, Tesorero-Gerente, y Secretario, verificándose esa de-signación en el mismo día en que fueren los directores elegidos por. los accionistas. ’ ’

Y el artículo 4, secciones 1, 2, 4 y 5 de dicho reglamento,' prescribe:

“Artículo IV. — 'Oficiales Ejecutivos. — Sección Ia. — El Presidente, el Yice-Presidente, el -Tesorero-Gerente, el Secretario y los sustitutos' o auxiliares de éstos que designen en casos necesarios, son. los oficia-les ejecutivos de la corporación, quienes serán elegidos en la primera junta de directores que se celebre después de la elección anual de' todos los directores, y quiene’s ocuparán sus cargos y desempeñarán sus deberes por término de un año y hasta la elección e instalación' de sus sucesores. Los directore's discrecionalmente podrán nombrar y fijar la remuneración o sueldo de los demás oficiales, agentes y em-pleados que fueren necesarios.
“Sección 2a. — El Pre'sidente es el jefe ejecutivo y administrador general de la compañía. Presidirá las juntas generales y las de la directiva, dirigiendo las disensiones y resolviendo, los incidentes que pudieran suscitarle conforme a la práctica y costumbre establecidas. .Podrá suscribir todos los contratos, obligaciones y fianzas a nombre de la compañía y con el Tesorero-Gerente o quien le sustituya fir-mará los certificados de acciones que se libren a los accionistas. Pre-parará y presentará anualmente ante la última junta de directores que preceda a la general de accionistas una memoria o informe com-prensivo de todas las operaciones y negocios del año anterior, cuya memoria o informe se podrá presentar ante la junta general de ac-cionistas. Tendrá además todas aquellas atribuciones y deberes que la junta de directores acuerde asignarle o prescribir en beneficio de la corporación.
“Sección 4a. — El Tesorero-Gerente tendrá la custodia de los fon-dos y valores de la corporación que le fueren confiados, depositán-dolos o guardándolos en los Bancos u otras instituciones que acor-dare la junta de directores y dispondrá de ellos a nombre de la cor-poración, mediante giro, endoso, cheque u otra forma de traspaso fir-mado por él o por el oficial o sustituto en sus funciones que la directiva autorice; recibirá y cobrará cuanto fuere debido o cobrable por o para la corporación. Tendrá y a'sumirá la gerencia y admi-nistración de los negocios conforme dispusiere la junta de directo-res; suscribirá -y llevará la correspondencia comercial y estará a cargo de la contabilidad de la corporación con arreglo a las forma-lidades de la ley. Suscribirá con el Presidente o con el funcionario que de'signe la directiva las obligaciones con garantía, o sin ella que contrajera la compañía y los certificados de acciones que se emitan a los accionistas. Prestará fianza para el fiel desempeño de su cargo en la suma que le fije la junta de directores.
“Sección 5a. — En casos de au'sencia o impedimento del T.esorero-Gerente, la junta de directores designará a otro director como sus-tituto o interino con las mismas facultades y deberes del propieta-rio.”

Una corporación es una persona jurídica diferente de las personas naturales de sus accionistas, directores y oficiales. Su funcionamiento constituye un ejemplo de un verdadero gobierno de ley. La ley en este caso la constituyen los pre-ceptos aplicables promulgados por el legislador puertorri-queño y las cláusulas de incorporación y el reglamento adop-tados por los propios interesados.

De conformidad con su ley, la dirección y administración de los negocios y bienes de “Cortés y Segura, Inc.” estaba a cargo de su junta de directores.

De entre esos directores debía elegirse y se eligió un pre-sidente, Yaldés, y un tesorero-gerente, Cortés, que asumieron los deberes de sus respectivos cargos.

Al tesorero-gerente correspondió “la gerencia y adminis-tración ’ de los' negocios conforme dispusiere la junta de directores.” No bemos encontrado ningún acuerdo expreso de la junta en sus minutas pero la prueba aportada por la misma demandante revela que desde el principio basta que surgió el conflicto el dicbo tesorero-gerente fué el encargado de la dirección personal del establecimiento de la corporación “El Mundo Elegante” y por tanto que bajo su inmediata posesión y custodia quedaron y se encontraban los bienes existentes en el mismo.

No bay duda alguna que el presidente, “jefe ejecutivo y administrador general de la compañía,” podía intervenir en la administración. supervisando la del tesorero-gerente, pero para separar de la administración al tesorero-gerente, es para nosotros enteramente claro que no tenía por sí solo facultad. Si el conflicto surgió, debió someter su resolución a la junta de directores, que era la llamada, de acuerdo con la ley, a resolverlo. Y al no proceder de tal modo, estuvo justificado el demandado al negarse a rendir al presidente, por su único mandato, la autoridad que babía recibido de la junta de directores.

Siendo esto así, es necesario concluir que al interponerse la demanda no existía causa de acción contra el demandado porque los bienes reclamados no se retenían por él injusta-mente.

La presentación de la demanda no fué autorizada por la junta de directores. La estableció el presidente, por su propio acuerdo, a nombre de la corporación.

Se insiste mucho por la parte apelada en que Cortés no fué destituido por el presidente Valdés de su cargo de teso-rero, sino de su mero empleo de administrador sujeto a sueldo, pero no es posible prescindir de lo expresamente estipulado y pactado en las cláusulas de incorporación y en el reglamento. A Cortés no se le entregó la dirección del establecimiento de la corporación como a un mero empleado sujeto a sueldo, sino en su carácter de tesorero-gerente de la misma.

En su opinión el juez sentenciador dice, en parte, así:

“Pero en este caso hay circunstancia's especiales que resultan de los hechos probados, circunstancias extraordinarias que pueden cali-ficarse de una verdadera emergencia y que necesitaban la interven-ción rápida con plena autoridad del Presidente, para evitar mayores males a la Corporación.
“Además, está probado, que el Presidente consultó con el único otro director que completaba el Board de Directores, junto con el de-mandado, no pudiéndose pretender que consultara con el demandado por ser éste la parte interesada y rebelde, y contra quien había que tomar rápidamente resoluciones por el estado de emergencia existente.
“Además, el Presidente Sr. Yaldés era el mayor accionista de la Corporación.
“Llegamo's a la conclusión de que el demandado fué bien desti-tuido por el Presidente, de su cargo, pues los hechos probados de-muestran una desobediencia del demandado a las órdenes del Presi-dente (Jefe Ejecutivo y administrador general de la Corporación), y además aparece probado que el empleo del demandado como admi-nistrador a sueldo, fué por un término de un año, que había expirado desde el día 9 de agosto de 1925, o sea con anterioridad a su desti-tución, lá que tuvo efecto en diciembre 9 de 1925, según la carta de igual fecha (Exhibit C del demandante). No debe perderse de. vista que el demandado Cortés fué destituido solamente de su em-pleo de administrador; pero no del cargo de te'sorero de la Corpo-ración. ’ ’

Hemos examinado cuidadosamente la prueba y a nuestro juicio si bien demuestra que era difícil que los directores y oficiales continuaran unidos en la administración de los negocios, que éstos durante los meses últimos de 1925 se venían prolongando por Cortés con una pérdida cierta para la cor-poración, pues las ventas que se hacían no cubrían los gastos, y que se imponía una liquidación, nada concreto hemos encon-irado en ella que revele algo indigno o fraudulento por parte de Cortés lio obstante la fuerza y tenacidad con que fue inves-tigado y atacado antes y durante el juicio. Al contrario, su actitud a los efectos de aguardar los meses de diciembre y enero para liquidar finalmente, parece lógica, y el resultado obtenido por la venta de las existencias en la liquidación le favorece.

A nuestro juicio no se probó caso de emergencia alguno, y en tal virtud, aunque se estimara aplicable la jurisprudencia que invoca la parte apelada, habría que concluir que no era aplicable aquí por falta de base suficiente para ello. El pre-sidente no debió haberse limitado a consultar con el secre-tario de la corporación que no era director como exigen las cláusulas de incorporación, sino que debió haber reunido la junta de directores, dando oportunidad a Cortés para exponer en su seno las causas que tenía para actuar en la forma en que lo venía haciendo. La situación se hubiera discutido así y resuelto legalmente y se hubieran podido adoptar las me-didas necesarias para la liquidación y disolución de la com-jjañía de acuerdo con la ley. Si respetables eran los intereses de Valdés, igualmente lo eran los del demandado que además de su capital tenía envuelto todo su crédito en el asunto. La circunstancia de que el capital material invertido por Valdés fuera dos o tres veces mayor que el invertido por Cortés, en nada fundamentalmente varía la situación.

La corporación no era Valdés personalmente, ni era sólo su presidente, como no lo era tampoco Cortés personalmente,' ni su tesorero-gerente. Era, como va antes dijimos, una persona jurídica independiente constituida por todos sus accionistas y gobernada, de acuerdo con su ley, por su junta, de directores. Esta y solamente ésta era la llamada a actuar. Lo que se hizo después pudo y debió haberse hecho antes y este pleito se hubiera evitado.

Se insiste por la parte apelada en que de todos modos la cuestión de si el presidente de la corporación tenía o no facultades para destituir al tesorero-gerente de su cargo de gerente carece de importancia porque el acto del presidente fué debidamente ratificado por la junta de directores.

Para probar la ratificación se presentó evidencia de hechos ocurridos con posterioridad a la interposición de la demanda. Esta no fué enmendada para incluir dichos hechos. El de-mandado se opuso a la admisión de la prueba y cuando la corte la admitió tomó excepción y ahora como apelante sos-tiene que la corte sentenciadora erró al proceder de tal modo.

Creemos que tiene razón el apelante. Ya esta corte ha resuelto en Martinez v. Porto Rico Railway Light & Power Company, 20 D.P.R. 405 que

“No son admisibles como prueba documentos con respecto a he-chos ocurridos con posterioridad a la radicación de la demanda, a meno's que se enmiende la demanda haciendo alguna alegación quc-soporte tal prueba.”

Pero aceptando que la prueba de la ratificación hubiera podido admitirse, creemos que todo lo que se hubiera demostrado hubiera sido que la junta general de accionistas de “Cortés & Segura, Inc.” que debió celebrarse el 9 de agosto de 1925, lo fué el 2 de enero de 1926; que a ella concurrieron Adolfo Valdés representando 331 acciones, M. R. Pesquera 4 y P. J. Rodríguez 4; que faltó el otro accionista Cortés que había sido debidamente citado; que se hizo constar que siendo el capital emitido y pagado 499 acciones, estaban representadas más de las dos terceras partes del mismo y se procedió a la consideración de asuntos y toma de acuerdos adoptándose' entre éstos uno por virtud del cual fué ratificada la actuación del Presidente en relación con la destitución de Cortés y liquidación de “El Mundo Elegante.” :¿ Cuál es el efecto de tal ratificación?

A nuestro juicio es claro que a partir del 2 de enero de 1926, quedó debidamente separado Cortés de su cargo de tesorero-gerente, pero la ratificación no puede convertir la actitud del demandado de justa en injusta. Cuando él se negó a rendir la administración y cuando la demanda se interpuso y la posesión de los bienes de la corporación fué quitada al demandado, éste actuaba de acuerdo con la ley y en su consecuencia no retenía injustamente la posesión. Si bien babía transcurrido el año de su nombramiento, como su sucesor no babía sido elegido, continuaba como tal tesorero-gerente por disposición expresa de las cláusulas de incorpora-ción. Cláusula 8a., supra.

‘‘Generalmente hablando,” se dice en 23 Ruling Case Law, pág. 934, “en una acción de replevin, el derecho a la posesión de la propiedad al tiempo de comenzar el litigio es la sola materia en controversia y la única cuestión que puede ser juzgada y decidida en el mismo.” Y luego agrega en la página que sigue: “El peso de la prueba recae sobre el demandante en replevin para demostrar que al tiempo de iniciarse el pleito él era el dueño, que él tenía el derecho a la inmediata posesión de la propiedad y que el demandado la detentaba sin razón.”

Es cierto que la demanda aparece interpuesta por la corporación y que no hay duda alguna que la corporación era la dueña y la que tenía derecho a la posesión, pero la prueba demuestra que en el momento en que se interpuso el demandado actuaba a nombre de la corporación y a virtud de las facultades que ella misma le había Conferido. Para alterar ese estado de hecho no bastaba la actuación del pre-sidente bajo las circunstancias que aquí concurren. Se nece-sitaba la actuación de la propia corporación en la forma autorizada por la ley. Es indudable que los acuerdos tomados por la junta de 2 de enero de 1926 tienen gran importancia, pero no pueden destruir el derecho del demandado a actuar como actuó en el momento en que lo hizo. Y ese momento y no otro es el sujeto a investigación y decisión en este pleito.

Se levanta por último por la parte apelada en su alegato la siguiente cuestión:

“Hemos dicho y repetimos ahora que la cuestión se ha conver-tido en académica fundamentalmente. En esta acción la sentencia, de esta Hon. Corte sólo puede abarcar dos extremos; ordenar la de-volución de la propiedad o sea la restitución de la pose'sión, o que el demandante pague el valor de la propiedad si no puede devolverla. Si la corte llegara a la conclusión de que el demandado tenía derecho a la posesión, siempre tendría que dar por sentado que la dueña del establecimiento era la corporación. Luego, si la propiedad ya no existe no podrá ser devuelta tampoco la pose'sión al demandado; y como él no es dueño, tampoco podrá ordenarse que se le pague su importe, el que, en todo caso, pertenece a la corporación, que ya lo tiene en su poder y ha dispuesto de él debidamente.
“Lo único que quedaría por resolver es quién tiene derecho a las co'stas, y para este fin únicamente es que la corte habrá de entrar a resolver si la corporación tenía derecho a la posesión y al estable-cimiento de este pleito, y si el demandado fué justamente destituido y por autoridad competente.
“ ‘Judgment for costs should be given defendant if entitled to possession at commencement of action, but when his right ceases pending action, he is not entitled to judgment for return of property.' 29 Cal. 312. 36 Cal. 110. 56 Cal. 458. 127 Cal. 653.”

No estamos conformes. Es cierto que si las existencias todas del establecimiento fueron vendidas y el negocio mismo cesó, jamás podrán restablecerse las cosas al ser y estado que tenían el 10 de diciembre de 1925 en que la demanda fué interpuesta, pero ello no quiere decir que porque no pueda restablecerse ese estado, deje el tribunal de resolver la cuestión planteada. De otro modo habría que reconocer la impotencia de la .acción reparadora de la justicia en casos semejantes. Y aunque la justicia que administran los tribunales como obra humana que es, es imperfecta, la tendencia de la ley y la. jurisprudencia es a que sea lo menos imperfecta posible.

En casos como el presente, para la entrega inmediata de la propiedad al demandante se exige una fianza. Si dictada sentencia declarando la demanda sin lugar, no puede'la pro-piedad ser devuelta, surgirá la cuestión de si se causan o m> con ello daños y perjuicios que podrá o no reclamar el per-judicado de acuerdo con los hechos y la ley.

A virtud de todo lo expuesto opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra declarando la demanda sin lugar, con costas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios como Schlüter & Co., demandante-apelante-apelado, v. Zenón Díaz, demandado-apelante-apelado.
    No. 4602.

      Sometido: Junio 20, 1929.

      Resuelto: Febrero 12, 1930.

      E. Campos del Toro, abogado del demandante; B. Martínez Nadal, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 2, 1926, Ernesto Fernando Scblüter, haciendo negocios bajo la razón social de Schlüter & Compañía, Suce-sor, entabló una acción en cobro de cuarenta y cinco pagarés que se describen en la demanda, ascendentes (más los inte-reses que se alegaban habían vencido al 12 por ciento anual hasta septiembre 30, 1926) a un total de $7,661.45.

El demandante admitió haber recibido del demandado a cuenta la suma de $4,600, como sigue:

Julio 7, 1924_$2, 000. 00

Junio 18, 1925_ 1, 500. 00

Junio 29, 1926_ 1,100. 00

Se solicitaba se dictara sentencia por el saldo de $2,770.18, más sus intereses al 12 por ciento anual desde septiembre 30, 1926, hasta su total pago, costas y honorarios de abogado.

Se alegaba que los pagarés representaban el valor del abono vendido y entregado por el demandante al demandado.

El demandado alegó, entre otras cosas, que el importe total de su deuda con el demandante era $6,578.29, y que desde el 31 de mayo, 1923, el demandado había pagado en cheques la snma de $5,926, lo que dejaba nn saldo en des-cubierto de $652.29 que el demandado estaba dispuesto a sa-tisfacer.

En una demanda enmendada el demandante alegó ser dueño de treinta y cinco pagarés, describiéndolos. Entre ellos se hallaban dos pagarés no mencionados en la demanda original y se omitieron doce de los cuarenta y cinco pagarés descritos en la demanda original. El principal de los dos pagarés omitidos de la demanda original e incluidos én la demanda enmendada era $272.80. En vez de uno de los doce pagarés (que representaba el precio de- una tonelada de abono) se hacía la alegación relativa a la venta y entrega del abono. El importe total de los otros once pagarés corres-pondía aproximadamente a la partida de $2,000, el primero de los cuatro haberes que aparecían en la demanda original. Este pago de $2,000 no aparecía en la demanda enmendada.

Ambas partes apelan de una sentencia a favor del de-mandante por $1,746 con intereses al 12 por ciento desde el 30 de septiembre de 1926. El demandado no compareció a la vista ante este tribunal ni ha radicado alegato.

Durante el juicio el demnadante presentó como prueba los treinta y cinco pagarés enumerados en la demanda en-mendada y estableció la venta de una tonelada de abono para la cual decía-el demandante no se había otorgado pagaré al-guno. El demandado presentó cinco cheques que importa-ban en total algo más de $5,926. El demandante admitió haber recibido esta-suma pero insistió en que solamente se habían pagado $2,600 a cuenta de los treinta y cinco pagarés. Mientras ocupaba la silla testifical, el demandante insistió en que los once pagarés omitidos en la demanda enmendada, juntamente con otros que no fueron mencionados en ninguna de las dos demandas, habían sido devueltos al demandado al pagar varias sumas, para las cuales no aparecía abono al-guno en la demanda enmendada.

El demandado declaró que nunca había recibido del de-mandante ningún otro fertilizante que el comprendido por los pagarés descritos en la demanda original, que esta de-manda aducía la cantidad correcta de su deuda total y que ninguno de los pagarés jamás le había sido devuelto.

El juez sentenciador resolvió' que la cuenta llevada por el demandante, según indicaban las dos demandas, no ofrecía base satisfactoria alguna para llegar a una decisión. Re-solvió el conflicto de prueba a favor del demandado y dictó sentencia por la diferencia entre la suma total pagada por el demandado y la cantidad reclamada en la demanda original.

Durante el curso del juicio el demandante hizo varias ten-tativas infructuosas para presentar sus libros en evidencia. En cada tentativa el demandado se opuso alegando que los libros eran self serving evidence y su objeción fué sostenida por la corte.

No se sentó base alguna para la admisión de los libros. Tampoco se hizo esfuerzo para-ilustrar a la corte respecto al estado moderno de la regla de que “un hombre no puede fabricar su propia prueba”. No se ofreció mostrar la natu-raleza original, contemporánea u ordinaria de los asientos en cuestión. Nada hubo en absoluto que indicara cómo se llevaban los libros. Ni aun fueron éstos identificados ni pre-sentados al testigo para- que los identificara.

No hay magia en la frase “self serving evidence” tan frecuentemente invocada por los letrados cual si fuera algo para evitar por obra de encantamiento la presentación de cualquier prueba documental “fabricada” por una persona que posteriormente se convierta en una parte litigiosa. En el presente caso, sin embargo, no bailamos error que dé lugar a la revocación de las resoluciones ahora impugnadas.

El alegato del apelante presenta una fuerte argumenta-ción sobre los hechos. Ciertamente no podría haber vacila-ción en confimar una sentencia por una cantidad algo mayor. Empero la argumentación del apelante se basa en la decía-ración, del demandante en relación con ciertas circunstan-cias que no excluyen necesariamente la teoría del deman-dado y del juez sentenciador como una hipótesis razonable. Hay otras circunstancias que nunca fueron explicadas sa-tisfactoriamente por el demandante, que condujeron a confu-sión y duda en lo concerniente a la validez de su reclama-ción por una suma mayor y que tienden a sostener la con-clusión a que llegó el juez sentenciador.

Solamente declararon dos testigos ante la corte inferior. El caso no fué resuelto festinadamente. Se celebró el juicio el 30 de junio. Al terminarse de practicar la prueba se con-cedieron al demandante tres días para radicar un memorán-dum y al demandado tres días adicionales para replicar. Se dictó sentencia en octubre 25. Posteriormente en una mo-ción sobre reconsideración de esa sentencia el demandante sometió a la corte de distrito prácticamente las mismas cues-tiones que abora suscita en apelación. Esa moción fué de-clarada sin lugar.

No encontramos que se baya cometido un error tan mani-fiesto en la apreciación de la prueba que exija la revocación de la sentencia.

La corte de distrito concedió costas y desembolsos al de-mandante pero excluyó los honorarios de abogado. Se se-ñala como error el no haber incluido honorarios de abogado y el haber concedido las costas. En esto no vemos abuso de discreción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seño®, Hutchison,

text:
    Justina Zapata, née Justina Luciano, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 799.

    Sometido: Febrero 8, 1930.

      Resuelto: Febrero 12, 1930.

      Ricardo del Toro Soler, abogado de la recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Asociado Seño®, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la con-testación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al re-gistrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contes-tación, y ¡a descripción de la propiedad en litigio.”

El registrador de la propiedad se negó a efectuar la anota-ción de un aviso radicado a tenor de los términos de este ar-tículo, por el fundamento de que la propiedad en cuestión no estaba inscrita.

El caso de Velázquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268, no resuelve, según sugiere la nota que tenemos ante nos, que la anotación prevista por el artículo 91 debe verificarse en forma de nota marginal. Allí se recomendó ese método por estar más en armonía con el propósito de la ley que el propuesto por el registrador. La doctrina enunciada en el caso de Velázquez no es óbice para que se adopte un curso alternativo cuando no sea factible la nota marginal.

El becbo de que el artículo 91, supra, no exija la pres-tación de una fianza, como en el caso de nn embargo, no dis-tingue el caso de autos del de Sobrinos de Villamil v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, 32 D.P.R. 545. Si el aviso de lis pendens y la orden de embargo deben regirse por la misma regla es cuestión que incumbe a la Legislatura.

En este caso, como en el de Villamil,

“Puesto que esta inscripción puede hacerse de alguna forma, la nota del registrador debe revocarse y verificarse” la anotación.