author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cosme Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8590.

    Sometido: Marzo 4, 1941.

      Resuelto: Marzo 5, 1941.

      Gaspar Rivera Cestero y José Pablo Morales, abogados del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Cosme Rivera fué sentenciado por la Corte de Distrito de Bayamón a cumplir seis meses de cárcel por una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129), y alega, como único fundamento de este recurso, que la corte sentenciadora cometió error al apreciar la prueba.

Hemos leído la transcripción de la evidencia y de ella resulta que para sostener la acusación declararon dos testigos, Blasina Pérez y Julio Maldonado. La primera es cuñada del acusado y el día de los hediós vió a su hermana, esposa del acusado, sacar un revólver de la gaveta de un tocador y que el acusado le dió cinco balas para cargarlo y entonces su hermana lo puso d_entro de su cartera y salió con el acusado. Declaró, además, esta testigo, que el revólver era del acusado. (T. de E., pág. 2.)

El otro testigo, Julio Maldonado, declaró que conoce al acusado, que lo vió el 18 de febrero, y continuó diciendo:

“P. — ¿Le vió algo en la mano?
“TV — El estaba en un callejón que bay para el_ frente de casa debajo de unos árboles con una mujer y sentí que disparaba él.
“P. — ¿Quién?
“TV — Ramón.
“P. — ¿Usted lo vió a él disparando?
“T. — Sí señor. Le dije: ¿Qué es eso Ramón? Y me dijo: ‘estoy disparando este revolvito de balines para intimidar los que hay peleando.’ ” (Itálicas nuestras.)

En el contrainterrogatorio declaró que desde su casa al árbol donde estaba el acusado hay una distancia de diez o doce metros.

El acusado aceptó que no tenía ningún revólver inscrito de acuerdo con la ley.

La prueba de defensa consistió en la declaración del acu-sado y de Joaquín Berrios, Secretario de la Corte Municipal de Toa Alta, quien se limitó a identificar una sentencia dic-tada por dicha corte en contra de la testigo Blasina Pérez, por un delito de desacato por perjurio, en relación con un caso de portar armas contra el mismo acusado, y, declaró además, que dicha testigo había declarado que no había visto al acusado portando un revólver.

El acusado, en su declaración, negó que poseyera o por-tara un arma de fuego sin registrar ni que esa noche portara un revólver. Declaró, además, que esa noche debajo del árbol donde el testigo Julio Maldonado dijo que lo vió dis-parar, lo que hizo fué prender un fósforo para encender un cigarrillo, y que fué del balcón de la casa de Maldonado que salió un disparo.

En el caso de El Pueblo v. Delerme, 51 D.P.R. 519, se resolvió lo siguiente: (Copiamos del syllabus.)

“La declaración de un testigo de que el acusado hizo un disparo pero que no lo vió disparar, no siendo inconsistente con el hecho de-que una persona cerca de -otra — como se encontraban el testigo y el acusado en el momento del disparo — puede darse cuenta, por la deto-nación, que esa persona hizo un disparo, de ser creída, como en el caso de autos, es suficiente para sostener una convicción.”

La prueba en el caso de autos fué contradictoria y el juez sentenciador dió crédito a la presentada por el fiscal, dirimiendo el conflicto en contra del acusado. Somos de opinión que la prueba de cargo, al ser creída por la corte', era suficiente para sostener la conclusión a que llegó, y no habiéndose demostrado que existiera pasión, prejuicio o par-cialidad en la apreciación de la prueba, debe desestimarse el recurso.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Dolores Lugo, acusado y apelado.
    Núm. 8192.

    Sometido: Enero 14, 1941.

      Resuelto: Marzo 7, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Leopoldo Tormos García, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver envuelta en este caso es la de si .la acción penal ejercitada por el Pueblo por medio del fiscal del distrito de Ponce fia prescrito.

El 19 de enero de 1940 se formuló acusación contra Dolores Lugo imputándole la comisión de un delito de ataque para cometer homicidio perpetrado el 15 de agosto de 1936. Al leérsele, el acusado alegó su inocencia y solicitó juicio por jurado y cinco días después presentó una moción pidiendo el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción. Se opuso el fiscal y la corte, oídas ambas partes, declaró con lugar la moción y en su consecuencia decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. El fiscal, en nombre y reprentaeión del Pueblo, interpuso el presente recurso de apelación.

Después de declarar en su resolución dictada en corte abierta que se había demostrado que el acusado fue arrestado por el mismo delito primeramente en septiembre 10, 1936, formulándose acusación contra él el 29 del propio septiembre, acusación que fué sobreseída en marzo 1,1939, por no haberse celebrado el juicio dentro del término de ley “sin perjuicio de que el fiscal pueda proceder a radicar nuevas acusaciones si lo creyere procedente”; que se le arrestó otra vez por el mismo delito en mayo 23,1939, formulándose acusación contra él en junio 5 siguiente, acusación que también se sobreseyó por la misma causa y en los mismos términos el 22 de noviem-bre de 1939, fecha ésta en que se decretó de nuevo su arresto a los fines de la última acusación o sea la de 19 de enero de 1940, la corte de distrito se expresó así:

"En el caso de El Pueblo v. Capestany, 37 D.P.R. página 586, se dice: ‘Que el término dentro del cual deben ejercitarse' las acciones penales por delitos graves (felony) fuera de Asesinato, Malversación de Fondos y Falsificación de Documentos Públicos, empieza a contarse desde la fecba en que se decreta el arresto del acusado, o en su defecto desde la fecba en que se presenta la acusación.’
"Esta corte entiende, que si bien el arresto de este acusado se llevó a efecto en la primera causa criminal 6087, el 10 de septiembre de 1936, ella quedó sin efecto ni valor alguno legal, por cuanto se decretó el sobreseimiento y archivo del caso, y quedó en libertad el acusado... que volvió a arrestarse al acusado en la causa criminal 8065, para el mes de mayo de 1939, y lo cierto es que el propio acusado quedó en libertad en virtud del sobreseimiento y archivo de ese caso por orden de esta corte, de 22 de noviembre de 1939, quedando en libertad el acusado,.... Esta corte entiende por lo tanto, que las dos causas anteriormente radicadas contra el acusado Dolores Lugo, por el delito de Ataque para Cometer Homicidio, fueron archivadas completamente y quedado en libertad el acusado, lo que significa a juicio de este tribunal que ante esta corte no ha existido ningún caso anteriormente contra este acusado porque fueron archivadas sus acu-saciones, puesto en libertad y canceladas sus fianzas.
"Así pues, esta corte considera que la única orden de arresto radi-cada en este caso es la del 22 de noviembre de 1939, porque las otras dos no se pueden considerar como que interrumpen la prescripción, porque lo que no existe, no puede considerarse, y si la orden de arresto fué expedida en 22 de noviembre de 1939, y el delito fué cometido en 15 de agosto de 1936, la corte entiende que ha trans-currido con exceso el término de tres años para presentar la acusa-ción, y por tanto considera prescrito el delito que se le imputa al acusado, o sea el de Ataque para Cometer Homicidio, conforme al artículo 78 de nuestro Código Penal."

El fiscal sostiene que esa resolución es errónea porque el término de tres años que fija el artículo 78 del Código Penal para la prescripción de la acción en un caso como éste quedó interrumpido por la orden de arresto de septiembre 10, 1936, y la subsiguiente presentación de la primera acusación en septiembre 29, 1936, y por la orden de arresto de mayo 23, 1939, y la formulación de la segunda acusación de junio 5, siguiente, estando en su consecuencia viva la acción cuando el arresto de noviembre 22, 1939, fné practicado y presentada la tercera acusación en enero 19, 1940.

La ley se limita a fijar el término prescriptivo, así: “La acción penal por cualquier delito grave (felony)... .deberá entablarse dentro de los tres años de su comisión.” Artículo 78 del Código Penal. Nada dispone sobre interrupción del término.

Siendo ello así ¿puede resolver la corte que no obstante haber transcurrido más de tres años desde la fecha en que se cometió el delito y aquélla en que se practicó el arresto que sirvió de base a la acusación, la acción penal subsiste porque otros arrestos se practicaron y otras acusaciones fueron presentadas dentro del período prescriptivo aunque esas otras acusaciones fueran sobreseídas por no haberse celebrado los juicios correspondientes dentro del término de ley y la libertad del acusado hubiere sido decretada y cance-lada la fianza a virtud de la cual disfrutaba de esa libertad provisionalmente 1

A nuestro juicio no puede. Es cierto que el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que cuando se trata de un delito grave (felony) el sobreseimiento decre-tado de acuerdo con el artículo 448 no impide la formación de otro proceso y que aquí la corte de distrito expresamente al decretar los sobreseimientos de las acusaciones anteriores lo hizo sin perjuicio de que pudiera formularse otra acusa-ción, pero tanto la ley como la orden deben interpretarse en armonía con el otro precepto legal que también rige, a saber, el de que la acción penal deberá entablarse dentro de los tres años de la comisión del delito. Si esos tres años no hubieran transcurrido, ley y orden tendrían realidad en la práctica, pero habiendo transcurrido, no pueden aplicarse. Ambos preceptos legales, el artículo 78 del Código Penal y el 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, deben interpretarse armónicamente de modo que puedan como pueden subsistir.

Esta cuestión de la interrupción del término prescriptivo ha sido tratada detenidamente en A.L.R. al anotarse el caso de State Ex Rel Melson v. Peeler (197 Fla. 615; 146 So. 188).

La introducción de la nota es como sigue:

"La materia objeto de esta monografía trae a consideración la interpretación y aplicación de tres clases de estatutos que limitan el período de tiempo dentro del cual pueden incoarse procedimientos criminales, en tanto tales estatutos se refieran a la prescripción del período estatutario según éste resulta afectado por el hecho de decla-rarse fundada y ser devuelta una acusación del gran jurado o por la radicación de una acusación por el fiscal. Las tres clases de esta-tutos son las siguientes: (1) Estatutos que proveen que una acusa-ción del gran jurado (indictment) debe ser declarada fundada y devuelta dentro de determinado período después de la comisión de la ofensa imputada; (2) estatutos que no se refieren al período de tiempo de declararse fundada una acusación -del gran jurado ni al de radicarse una acusación por el fiscal si que simplemente proveen que los procesos deberán incoarse dentro de determinado período, y (3) estatutos que disponen que si una acusación del gran jurado es anulada {quashed), dejada sin efecto, desestimada o si fracasa por cualquier otro motivo y una nueva acusación del gran jurado se declara fundada o se radica una nueva acusación por el fiscal, el tiempo que transcurra entre la devolución (return) o radicación de las dos acusaciones del gran jurado o del fiscal respectivamente, no será contado como parte del período de prescripción, o que una nueva acusación del gran jurado podrá ser declarada fundada y devuelta o una nueva acusación radicada dentro de determinado período de tiempo después que la primera acusación del gran jurado o del fiscal fué anulada, etc.” 90 A.L.R. 452.

Nuestra ley, tal como interpretada en el caso del Pueblo v. Capestany, 37 D.P.R. 586, corresponde a la segunda clase de estatutos y así para ellos como para la primera, se dice en la nota:

"Vil. Nuevo proceso después de desestimarse, declararse con lugar una moción de nonsuit o de no prosperar el proceso original.
“a. En ausencia de un estatuto que interrumpa el período de prescripción estatutario.
"1. Regla de la mayoría.
“Se sostiene generalmente que la devolución (return) de una acusación del gran jurado o la radicación de una acusación por el fiscal bajo las cuales no puede obtenerse una convicción o sentencia válida no operarán en el sentido de impedir que transcurra el Esta-tuto de Limitación (Prescripción) mientras está pendiente la devo-lución o radicación de otra acusación del gran jurado o por el fiscal, en ausencia de un estatuto que expresamente lo provea. United States v. Ballard (1844; C. C.) 3 McLean, 469, Fed. Cas. Núm. 14,507; United States v. Baker (1931; C. C. A. 2d) 50 F. (2d) 122 (sin hacer mención del estatuto federal (U. S. S. título 18, sección 582) según fué enmendado en 1927, el cual- provee que el límite de tres años dentro del cual una acusación del gran jurado debe ser decla-rada fundada no es aplicable a ningún delito por virtud del cual un indictment ha sido previamente declarado fundado, etc.; véase Grimsley v. United States (1931; C. C. A. 5th) 50 F. (2d) 509, infra, VII. b, 1, decidido bajo este estatuto); State v. Bilboa (1923) 38 Idaho, 98, 222 Pac. 785 (revocando la sentencia en reconsideración en (1923) 38 Idaho, 92, 213 Pac. 1025); State v. Hall (1923) 38 Idaho, 119, 222 Pac. 793 (revocando en reconsideración (1923) 38 Idaho, 119, 213 Pac. 1027); State v. Disbrow (1906) 130 Iowa, 19, 106 N. W. 263, 8 Ann. Cas. 190; State v. Thomas (1878) 30 La. Ann. 301; State v. Baker (1878) 30 La. Ann. 1134, desestimando State v. Gasón (1876) 28 La. Ann. 40; State v. Curtis (1878) 30 La. Ann. 1166; State v. Morrison (1879) 31 La. Ann. 211; State v. Vines (1882) 34 La Ann. 1073; State v. Precovara (1897) 49 La. Ann. 593; 21 So. 724; State v. Tomlinson (1842) 25 N. C. (3 Ired. L.) 32; State v. Morris (1889) 104 N. C. 837, 10 S. E. 454; Redfleld v. State (1859) 24 Tex. 133.
“En el caso de United States v. Ballard (1884; C. C.) 3 McLean, 469, Fed. Cas. Núm. 14,507, el acusado fué procesado por perjurio dentro del período de prescripción de dos años aplicable al delito. Se declaró con lugar un nolle prosequi interpuesto a esta acusación del gran jurado y luego, después de haber expirado el período de prescripción se devolvió una nueva acusación por el gran jurado. La corte resolvió que el proceso por el delito había prescrito mani-festando: 'El primer indictment no tenía relación alguna con el segundo. En ningún sentido se puede considerar el segundo como una enmienda del primero. Cuando se declaró con lugar el nolle prosequi interpuesto contra el primer indictment se dió fin al pro-ceso; y debe considerarse el segundo indictment como el comienzo de un nuevo proceso.’
“2. Begla de la minoría.
“En algunas jurisdicciones donde el proceso por un delito debe ser 'comenzado’ dentro de determinado período de tiempo se lia sostenido que un proceso bajo una acusación del gran jurado o del fiscal devuelta o radicada después de transcurrido el período estatu-tario para incoar la acción no se considerará prescrita (barred) cuando una anterior acusación del gran jurado o del fiscal ha sido devuelta o radicada dentro del período estatutario, imputando el mismo delito, pero ha sido anulada, dejada sin efecto o desestimada y se ha ordenado .que se radique una nueva acusación. La teoría de estos casos es que la primera acusación interrumpió la prescripción y que un proceso bajo una subsiguiente acusación era una mera continuación del primero.” 90 A.L.R. 456, 457, 458.

El criterio que expusimos y sustentamos está, pues, con-forme con el de la mayoría de las jurisdicciones de los estados continentales, que nos parece no sólo el más justo si que el más apropiado para aplicarse en nuestra Isla donde las acu-saciones se formulan por el fiscal

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Fidela Palermo, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada. Esperanza Palermo, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    Núms. 1227 y 1228.

    Sometidos: Febrero 17, 1911.

      Resueltos: Marzo 10, 1941.

      E. Pérez Casalduc, abogado de las peticionarias; R. Hernández Matos, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos y las cuestiones de derecho planteadas en estos dos recursos son idénticos, y por tanto los resolveremos en una sola opinión.

Tomás Ortiz, Jr., radicó ante la Corte Municipal de Ponce dos demandas, una contra Fidela Palermo y otra contra Esperanza Palermo, y en cada una de ellas alegó en sustancia : que el demandante es dueño de un solar de 623 metros cuadrados; que el 8 de abril de 1940 dió en arrendamiento a la demandada una parcela de dicho solar, por un canon mensual de $5, pagadero por mensualidades vencidas, sin que se fijara término para la duración del arrendamiento; que en junio 1, 1940, el demandante notificó por escrito a la demandada que daba por terminado el arrendamiento a partir del día 30 de ese mismo mes y la requirió para que dejara el solar libre y expedito para el día primero de julio del mismo año; que en el solar arrendádole la demandada tiene enclavada una casa; que la demandada sigue poseyendo el solar y se ha negado a desalojarlo. Basándose en las ante-riores alegaciones, el demandante solicitó en ambos casos que se decretase el desahucio de las demandadas.

Contestó Fidela Palermo con una negación general y como defensa especial alegó: que en enero 29, 1939, ella adquirió la casa enclavada en el solar del demandante por compra a Elena Palermo; que ésta la adquirió en 1922 por compra a Alejo Rivera Borrero, quien la había adquirido en 1920 por compra a los esposos Espinet; que dicha casa fué edificada de buena fe hace más de 30 años con el consenti-miento del dueño del solar y ha sido poseída .durante todo ese tiempo por la demandada y sus antecesores en título, pública y pacíficamente, a título de dueños. Alegó además la demandada, que ella había ofrecido al demandante pagarle el valor del terreno o venderle la casa, habiéndose negado el demandante a aceptar una u otra oferta. La contestación de Esperanza Palermo es sustancialmente igual.

Vistos los casos ante la corte municipal, se decretó el desahucio de las demandadas “por terminación del contrato de arrendamiento.” Apelados ambos casos, la corte de dis-trito dictó sentencia en contra de las demandadas, y éstas han acudido ante esta Corte Suprema en solicitud de un auto de certiorari para la revisión y anulación de dicha sentencia.

Los fundamentos de las peticiones de certiorari son en sustancia los siguientes:

1. Que la corte de distrito no tenía jurisdicción para conocer del caso en apelación, por no haberla tenido la corte municipal para conocer del mismo originalmente, toda vez que no existía contrato alguno de arrendamiento entre el demandante y la demandada.
2. Que la alegación del demandante sobre la existencia de un contrato de arrendamiento se ba hecho con el objeto de privar a las demandadas del derecho de apelación ante la Corte Suprema que hubiesen tenido si se hubiera radicado la demanda ante la corte de distrito, y también con el propósito de hacer inaplicables a estos casos las decisiones de esta Corte Suprema en Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, y Díaz v. Ramos, 51 D.P.R. 832.

En el acto de la vista las peticionarias ofrecieron una certificación de las notas tomadas por el taquígrafo en el acto de la segunda comparecencia ante la corte de distrito,, y no habiendo objeción fue admitida a los efectos únicos de determinar si hay o no una cuestión jurisdiccional envuelta. Haremos un resumen de la prueba.

Declaró el demandante Ortiz, que él compró el solar a las-hermanas Griraud en abril 8, 1940; que cuando lo compró f ué-con su suegro Miguel Alvarez a notificar a las señoras Palermo y les dijo que él había comprado el solar y que desde esa fecha en adelante tendrían que pagarle a él el alquiler del solar; que Esperanza Palermo convino en pagar el mismo canon anterior, o sea $5 mensuales, y la otra convino en pagar $4 mensuales; que después de haber sido así notifi-cadas, ellas pagaron los cánones convenidos por los meses de abril y mayo de 1940; que en primero de junio él envió a las demandadas una carta, que fué admitida como Exhibit “B” del demandante. En la repregunta declaró que conocía a las demandadas desde hacía diez años, más o menos, y que durante ese tiempo las conoció viviendo en la casa enclavada en el solar objeto del desahucio; que al comprar el terreno él no compró las casas de las demandadas; que cuando él notificó a las demandadas que había comprado el solar y que-desde esa fecha tendrían que pagarle a él, ellas aceptaron;-que no recuerda haber declarado en la corte municipal que él so]amente requirió a las demandadas para que desalojaran la finca; que la carta de mayo 23, 1940, dirigida por el Lie. Noriega a las demandadas, fné escrita con sn consentimiento.

El testigo Aníbal Rivera declaró solamente qne fné él qnien entregó a cada nna de las demandadas la carta (Exhibit “B”) del demandante en junio 3 de 1940.

Declaró Miguel Alvarez, qne es suegro de Ortiz, el deman-dante ; que estuvo en unión de Ortiz a notificar a las deman-dadas; que éstas aceptaron pagarle a Ortiz lo mismo que pagaban a los dueños anteriores; que él se ocupa de alquilar las propiedades de su yerno y de cobrar los alquileres; que llegó a cobrar dos meses de alquileres a las demandadas, dándoles recibos firmados por él. Y al ser repreguntado negó que hubiese declarado ante la corte municipal que él cobró los arrendamientos como dueño del solar.

Declaró la demandada Fidela Palermo, que desde 1923 vive en la casa enclavada en el solar del demandante, la cual le pertenece por compra a Elena Palermo; que la casa tiene más de 40 años de edificada pues para el ciclón- de San. Ciríaco ya estaba allí en el mismo sitio; que no celebró-negocio alguno de arrendamiento con el demandante Ortiz % que conoció a las hermanas Griraud, a quienes pagó $5 men-suales por el arrendamiento del solar desde 1923 hasta 1940; que en abril de 1940, Miguel Pujols, esposo de Teresa Griraud, antigua dueña del solar, fué con Miguel Alvarez a ver a la demandada y le dijo: “Este señor, Miguel Alvarez, compró esto aquí... ”; que ella pagó dos meses y los recibos estaban firmados por Miguel Alvarez; que nunca ha tenido contrato ni convenio con el demandante Ortiz; que cuando ella compró la casa le dijeron que podía vivir indefinidamente allí, pagando cinco pesos mensuales; que Pujols, refiriéndose a Miguel Alvarez, dijo: “Este señor es el que se entiende ahora, que nosotros le vendimos” y que le pagara los cinco pesos mensuales de ahora en adelante; que ella paga contri-buciones por la casa, que vale $400; que ella pagaba cinco pesos por ocupar el solar, porque hace veinte años que es dueña y la madre de las Giraud le dijo que podía usar el solar indefinidamente y que podía comprar las casa en con-fianza, que ellas no necesitaban el solar; que nunca hizo convenio por escrito con las Giraud.

La declaración de la demandada Esperanza Palermo fue en lo esencial idéntica a la de la otra demandada.

Rafael Soltero Palermo declaró, que él vendió una de las casas en controversia a su tío José Ramón Palermo y éste se la vendió a la demandada Esperanza Palermo; que él adquirió la casa por compra a Gregoria Nieves; que durante el tiempo que poseyó la casa pagó a los dueños del solar cuatro dólares mensuales; que cuando él compró la casa, llamó al dueño del solar y éste le dijo que podía utilizar el solar toda la vida, pues a él lo único que le interesaba eran los $4 mensuales; que ese convenio fué de palabra.

Declaró como último testigo de las demandadas el abogado de las mismas, Eduardo Pérez Casalduc, y dijo: que en la vista ante la corte municipal el demandante Ortiz declaró que él había ido donde las demandadas solamente para reque-rirlas para que desalojaran la casa, y negó que hubiese cele-brado convenio alguno con las demandadas; y que Miguel Alvarez declaró que él había cobrado los cánones de arren-damiento como dueño de la finca y no como agente del deman-dante.

El demandante adquirió el solar el día 8 de abril de 1940, sabiendo que las dos casas allí existentes pertenecían • a las demandadas y que éstas pagaban $5 y $4 mensuales, 'respectivamente, por el uso del solar. Al convertirse en dueño del terreno, el demandante aceptó y ratificó el arrendamiento entre los antiguos dueños y las demandadas al avisar a éstas para que desde esa fecha en adelante le pagasen a él los cánones de arrendamiento. Así lo hicieron las demandadas al pagar a sus vencimientos los cánones de abril y mayo de 1940, según consta de sus propias declaraciones y de los recibos por ellas presentados.

La carta de 23 de mayo de 1940, escrita a las demandadas por el abogado del demandante, pidiéndoles qne dentro de un término de quince o veinte días trasladasen las casas y entregasen el solar, no podía tener el efecto de convertir a las demandadas en poseedoras en precario o detentadoras del terreno ocupado por sus respectivas casas. En la fecha en que dicha carta fué escrita, ya el demandante había aceptado el convenio existente entre las demandadas y los antiguos dueños del solar y había recibido los cánones vencidos el día último de abril. En igual forma, al pagar a Ortiz, o a su representante Miguel Alvarez, los referidos cánones de arrendamiento, las demandadas reconocieron a Ortiz como dueño del solar y aceptaron y fijaron su propia condición como arrendatarias.

No puede existir duda alguna en cuanto a que las rela-ciones legales que originalmente existieron entre los antiguos dueños del solar y las personas que allí construyeron las casas con el compromiso de pagar un canon mensual por el arrenda-miento del solar, son las de arrendador y arrendatario.

¿Basta, como pretende la representación de las demandadas, el mero transcurso de los años para que esas relaciones de arrendador y arrendatario se transformen de tal manera que lo que fué en su origen un arrendamiento quede convertido en un censo enfitéutico, para que el dueño de la casa pueda continuar usando el solar a perpetuidad mientras pague la suma mensual estipulada? No se ha sometido a nuestra consideración precepto alguno de ley o de jurisprudencia que sostenga esta teoría, expuesta por vez primera en el acto de la vista ante la corte de distrito. La teoría expuesta en las contestaciones fué la de que las demandadas son poseedoras en precario y edificadoras de buena fe en suelo ajeno, con el consentimiento del dueño del terreno, lo que les daría derecho a exigir a éste que les pagase el valor de las casas.

Considerados los hechos ya expuestos y habiendo admitido el demandante que antes de adquirir la finca él sabía que las demandadas eran dueñas de las casas y que pagaban un canon mensual por el uso del solar; y apareciendo de la prueba que el demandante aceptó y ratificó expresamente el convenio ya existente, nos vemos obligados a resolver que las rela-ciones legales entre demandante y demandadas son las de arrendador y arrendatarias.

¿Son aplicables al caso de autos las decisiones de esta Corte Suprema en Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, y Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, en las que se resolvió que las casas edificadas en suelo ajeno, de buena fe, ceden por derecho de accesión a favor del dueño del terreno, siempre que éste pague previamente a los edificantes el importe de los materiales y el costo de la mano de obra; y, además, que no procede el desahucio sumario contra el que edificó con el consentimiento del dueño del terreno, a menos que exista un pacto que regule los derechos de los litigantes con respecto a lo así edificado?

La única diferencia entre los casos citados y el de autos es la de que en aquéllos los edificantes y dueños de las casas construidas en suelo ajeno poseían el terreno en precario, sin pagar canon o merced alguna, y en el presente caso, los edificantes y las demandadas, como sucesoras en título, han pagado durante más de veinte años un canon mensual por el uso del terreno. La diferencia no es, a nuestro juicio, substancial hasta el extremo de hacer inaplicable la citada jurisprudencia. Si las antecesoras de las demandadas edifi-caron de buena fe con el consentimiento de los dueños del solar y tanto ellas como las demandadas se comprometieron a pagar y pagaron siempre puntualmente un canon por el uso del terreno, ¿por qué ha de ser su derecho menor que el de aquellos que construyeron en iguales circunstancias, pero sin pagar nada por el uso del terreno ? No vemos razón alguna que justifique la aplicación a este caso de una regla distinta a la sentada en los casos arriba citados y que tuvo sn origen en el de Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596. Véanse artículos 287, 297 y 382 del Código Civil (ed. 1930).

No se trata en los casos de autos de simples contratos de arrendamiento en los que el arrendatario se comprometió a pagar un canon de arrendamiento por el uso de una casa per-teneciente al arrendador. La situación en los casos que esta-mos considerando es distinta. El dueño del terreno lo dió en arrendamiento a las demandadas para el propósito específico de construir allí edificaciones de carácter permanente, para viviendas. Las demandadas o sus antecesores en título cons-truyeron las casas de buena fe; y nada se pactó entre el dueño del terreno y los edificantes para regular los derechos de uno y otros con respecto a las edificaciones.

Tratándose de edificaciones de carácter permanente, no puede presumirse que la intención de una y otra parte fuera que el dueño del terreno pudiese por un simple aviso con treinta días de anticipación, obligar al edificante a destruir lo edificado, ya que el tratar de remover la edificación equi-valdría a destruirla.

En el caso de Rivera v. Santiago, supra, al confirmar la sentencia desestimando las demandas de desahucio, dijimos:

“No resultando de los autos que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre el montante de tales reclamaciones, y no pudiendo éstas determinarse dentro del procedimiento sumario del juicio de desahucio, es obvio que las demandas deben ser desestimadas, sin perjuicio de que se recurra a la acción ordinaria correspondiente dentro de la cual podrán dirimirse los derechos de una y otra parte. ’ ’

Por lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso, anularse las sentencias dictadas por la Corte de Distrito de Ponce en ambos casos y desestimarse las demandas inter-puestas en uno y otro caso, sin perjuicio de los derechos que pueda tener ■el demandante para iniciar los procedimientos que creyere convenientes para la protección de los mismos.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    José, Carmen, María Magdalena, Antonia, Francisca, Luisa y Guillermo Rubert Armstrong, y Antonia Armstrong Vda. de Rubert, demandantes y apelados, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8144.

    Sometido: Febrero 25, 1941.

      Resuelto: Marzo 10, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. Garda Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante; Henry G. Molina, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar una demanda sobre cobro de contribuciones pagadas bajo pro-testa. Los hechos alegados en la demanda fueron admitidos por el demandado, siendo el caso sometido a la corte inferior, por estipulación de las' partes, para ser resuelto por las cuestiones de derecho planteadas. Los hechos del caso son los siguientes:

La Asamblea Municipal de Río Piedras aprobó, en febrero 23 de 1937, una ordenanza imponiendo una contribución adi-cional de cincuenta centésimas (50/100) del uno por ciento sobre toda propiedad, mueble e inmueble, situada dentro de los límites territoriales del Municipio de Río Piedras durante el año económico de 1937-38. La ordenanza fué aprobada por el alcalde el día 24 de febrero de 1937; publicada en el periódico “El País” durante la semana comprendida del 25 de febrero al 3 de marzo, sometida al Consejo Ejecutivo el día 5 de marzo y aprobada por dicho cuerpo en marzo 23 de 1937. Los demandantes apelados, como dueños de dos propiedades en el Municipio de Río Piedras, pagaron en mayo 27 de 1938 contribuciones por la suma de $2,503.82, de la cual $556.42, importe de la contribución adicional objeto de la ordenanza, fué pagada bajo protesta, alegándose que dicha contribución adicional fué indebidamente cobrada por-que la referida ordenanza era nula por haberse aprobado en violación a los preceptos del artículo 46 de la Ley Municipal vigente (Núm. 53 de 1928, pág. 335). Los dos motivos de nulidad sometidos a la corte inferior (los otros alegados en la demanda enmendada los demandantes desistieron de ellos), fueron los siguientes:

A. — Que la ordenanza no estaba en poder del Tesorero de Puerto Rico, debidamente aprobada por el Consejo Ejecutivo, en o antes del día 15 de marzo de 1937, según dispone el Art. 46, supra.
B. — Que la ordenanza disponía que el fondo especial creado por su sección segunda podría ser aplicado a fines distintos de los auto-rizados en el inciso c-2 de dicho artículo 46.

El demandado apelante imputa a la corte inferior la comi-sión de cinco errores, a saber:

“Primero. — Resolver que las contribuciones pagadas bajo protesta en este caso podían ser cobradas bajo la Ley núm. 8 de 1927, sobre recobro de contribuciones pagadas bajo protesta.
“Segundo. — Resolver que no existía la obligación de incluir como demandado al Municipio de Río Piedras.
“Tercero.- — Resolver que era fatal el que no estuviera la orde-nanza en poder del Tesorero de Puerto Rico en o antes del 15 de marzo de 1937.
“Cuarto. — Resolver que la ordenanza destinaba la contribución especial a fines no autorizados por el artículo 46 de la Ley Municipal.
“Quinto. — Declarar con lugar la demanda, condenando al deman-dado a devolver a los demandantes la suma pagada bajo protesta y sus intereses legales y a pagar las costas en el pleito.”

Los dos primeros errores se refieren al hecho de haber la corte inferior declarado sin lugar las excepciones previas interpuestas a la demanda original, y reproducidas en la contestación a la demanda enmendada, de falta de hechos constitutivos de causa de acción y de defecto de parte deman-dada por no haberse incluido como demandado al Municipio de Eío Piedras.

Sostiene el apelante que no hay en Puerto Rico ley que autorice la devolución de dinero pagado por concepto de la contribución adicional impuesta por el Municipio de Río Piedras, ya que la Ley núm. 8 “disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta y estableciendo un procedimiento para autorizar el cobro y devolución de las mismas”, aprobada el 19 de abril de 1927 (Leyes de 1927, pág. 487), no incluye dicha contribución adicional, la cual el apelante equipara a los “special assessments” del derecho americano para diferenciarla de las contribuciones generales. Veamos si tiene razón el apelante.

La sección 1 de la Ley núm. 8 de 1927, supra, dice así:

“Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obli-gado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas internas de su distrito, o del funcionario encargado de la recaudación, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector, o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se refiere al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo protesta, y pre-cisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encargado de la recaudación.” (Itálicas nuestras.)

Y la sección 3 dispone, en parte, que:

“Sección 3. — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para obtener la devolución de la cantidad protestada. El Procurador General representará al Tesorero de Puerto Rico en tales pleitos. Una vez radicada la demanda, si se radicase en una corte insular, se tramitará de acuerdo con los procedimientos, términos y demás requisitos esta-blecidos por el Código de Enjuiciamiento Civil, para una acción ordinaria....” (Itálicas nuestras.)

Como vemos, la ley en su sección primera autoriza al con-tribuyente a pagar bajo protesta “cualquier contribución o parte de ella”, y en la tercera, a “demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente.”

Ahora bien, la contribución impugnada se impuso por el Municipio de Río Piedras de acuerdo con el inciso (c) de la sección 46 de la Ley Municipal de 1928 (Leyes de 1928, pág. 335, 375), que dispone, en parte, lo siguiente:

“Artículo 46. — Los ingresos municipales consistirán:
“(a).
“(ó).
“(o) En cualquier recargo de la contribución sobre la propiedad imponible del municipio, siempre que así se acordare, por lo menos, por las dos terceras partes del número total de miembros de que se componga la Asamblea Municipal. Las ordenanzas imponiendo estos recargos requerirán la aprobación del Consejo Ejecutivo, previo informe del Tesorero de Puerto Rico. Dicho recargo no podrá ex-ceder del uno por ciento sobre la valoración de la propiedad, compu-tándose cualquier contribución adicional sobre dicha valoración, para fines municipales autorizada al presente, o que en lo futuro se auto-rizare. Dichas ordenanzas deberán ser expuestas al público por un término no menor de veinte días y publicadas dos veces en una semana en un periódico de Puerto Rico de gran' circulación antes de ser sometidas al Consejo Ejecutivo. Tal recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propiedad, solamente podrá des-tinarse a los fines siguientes:
“(1).
“ (2) Fomento de la instrucción pública, construcción de caminos, acueductos, alcantarillados, hospitales, incluyendo su equipo y soste-nimiento, cementerios, asilos de caridad, sanatorios, manicomios, reformatorios, plazas de mercado, mataderos, carnicerías, muelles y malecones, casas-escuelas y para maestros, granjas agrícolas, casas para ser vendidas a obreros a largos plazos, diques para evitar inun-daciones, lavaderos públicos, edificios para oficinas municipales, cons- trucción, pavimentación, asfaltado y arbolado de calles y parques, plazas, construcción de carreteras y caminos vecinales, fundación de aldeas y construcción o instalación de plantas eléctricas, y para la compra de terrenos para la realización de las obras aquí enumeradas. Dicho recargo o contribución adicional sobre la valoración de la pro-piedad se recaudará por el Tesorero de Puerto Rico, sirviendo de autoridad al efecto, una copia certificada de la ordenanza que adop-tare la Asamblea Municipal, aprobada en la forma dispuesta en el inciso (c) de este artículo, y se impondrán tomando como base la tasación becha por el Departamento de Hacienda.
Dicho recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propiedad cuando baya de aplicarse a los fines especificados en el apartado (2) de este artículo, podrá imponerse solamente para regir durante el año económico siguiente a aquél en que se aprobare la ordenanza correspondiente; pero cuando baya de aplicarse al pago de empréstitos con sus intereses — apartado (1) de este artículo— podrá imponerse para los años que sean necesarios basta la total redención de diebo empréstito e intereses. En ningún caso este recargo o contribución adicional sobre la valoración de la propiedad podrá cobrarse en el mismo año económico en que fuere votado por la Asamblea Municipal y aprobado por el Consejo Ejecutivo. La ordenanza de la Asamblea Municipal imponiendo cualquier contribu-ción adicional, incluyendo la conocida por 'school tax/ sobre la valo-ración de la propiedad, deberá estar en poder del Tesorero de Puerto Rico debidamente aprobada por él Consejo Ejecutivo, él día quince o antes del mes de marzo.” (Itálicas nuestras.)

El estatuto habla de “recargo de la contribución sobre la propiedad imponible/’ de “recargo o contribución adicional sobre la valoración de propiedad, ’ ’ usándose en el texto inglés la frase “surcharge or additional tax on the assessed value of property.” No se autoriza a los municipios a imponer una contribución especial “special assessment” contra deter-minada propiedad, sino un aumento o recargo sobre la contri-bución general ya impuesta a la propiedad.

Además, veamos la definición de un “special assessment” o “tasación especial,” para determinar su alcance. En 44 C. J. 481, Sec. 2806, se definen así:

“Tasas especiales (special assessments) son cargas especiales im-puestas por ley sobre predios de terrenos para sufragar los gastos, en todo o en parte, de una mejora local becba por el municipio, bajo la teoría de que el dueño de la propiedad lia recibido beneficios espe-ciales por la mejora en exceso de los beneficios recibidos por el público en general.”

Y, a la página 483, se dice:

“Estas tasas locales pueden imponerse a los predios de terreno únicamente y no a la propiedad personal.”

En 26 R. C. L. 40, See. 24, se expone la doctrina aplicable a las “tasas especiales” así:

“En algunos casos, sin embargo, una mejora pública determinada, aunque aumenta la conveniencia del público en general, es tan venta-josa a un territorio que no coincide con una de las subdivisiones políticas del estado, que se ba creído más justo tasar el costo de la mejora sobre el área beneficiada que incluirla en la tasación general impuesta a toda la comunidad. Por ejemplo, el costo de un puente es algunas veces impuesto a ciertos condados o pueblos, y en otros casos se crean cuasi-corporaciones llamadas distritos para sufragar los gastos de las escuelas, para suminitrar agua o para la extinción de fuegos en el territorio comprendido en el distrito... Un paso más nos lleva al verdadero “special assessment” o contribución de mejo-ramiento (betterment tax) como algunas veces se le llama, a virtud de la cual el todo o parte del costo de una mejora determinada se impone al territorio beneficiado en proporción al beneficio recibido por cada parcela de terreno dentro de diebo territorio.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de Chicago M. & St. Ry. Co. v. Phillips, 82 N. W. 787, se resolvió que la tasación de toda propiedad de nn ferrocarril para pagar la construcción de una alcantarilla era nula por ser una contribución sobre propiedad mueble de la compañía pues sólo la propiedad inmueble podía ser tasada para diebo fin. Véase además el caso de Illinois Central Railroad v. Decatur, 147 U. S. 190, 37 L. ed. 132, y 1 Cooley on Taxation 142, sec. 51, (Fourth ed.).

En el caso de Anaheim Sugar Co. v. Orange County, 181 Cal. 212, 216, 183 P. 809, 811, se dijo:

“Cuando la carga se impone sobre toda la propiedad real y personal en el distrito, de acuerdo con su valoración y no a base de un beneficio especial, es claro que la Legislatura consideró dicba carga como nna contribución general y no como un ‘special assessment.’ Esto es así, aunque la contribución se imponga con el fin de cons-truir una mejora pública que pueda conferir mayores beneficios a una clase de personas o propiedad que a otras.”

Esta misma doctrina fue ratificada en el caso de American Co. v. City of Lakeport, 32 P. (2d) 622, 627 en el que se resolvió que “cuando la contribución se impone a toda la propiedad (municipal) sin tomar en consideración los bene-ficios recibidos, es una contribución y no un ‘special assessment.’ ”

La ordenanza aprobada por el Municipio de Río Piedras no impone una “tasa especial” a ciertas propiedades del municipio que pueden ser beneficiadas más que otras por las obras a realizarse con el producto de la contribución adicional que por ella se impone. Lo que hace es imponerla a toda la propiedad real y personal sujeta al pago de contribuciones dentro de los límites territoriales del municipio. Es un re-cargo a la contribución ya impuesta (según lo autoriza el Artículo 46 de la Ley Municipal, supra) y no una contribu-ción especial dentro del significado que los “special assessments” tienen en el derecho americano, ya que no sólo es de carácter general, en cuanto a la propiedad real, sino que incluye la propiedad personal o mueble, y ya hemos visto que dichas contribuciones especiales no se imponen a la pro-piedad personal.

En el caso de Yabucoa Sugar Co. v. Municipio de Yabucoa, 33 D.P.R. 360, 362, esta corte expresó su opinión, parcialmente, en la forma siguiente:

“Nos inclinamos al parecer de que la corte inferior estuvo co-rrecta al expresar que si la recaudación de la contribución impuesta ba de hacerse por el Tesorero de Puerto Rico, la demandante tiene el remedio de verificar el pago bajo protesta y establecer la acción que corresponda para exigir su devolución, si ella es ilegal, excesiva o errónea. Ley núm. .17 de 13 de mayo de 1920, (pág. 125).” (Itálicas nuestras.)

Creemos llegado el momento de resolver que, no siendo los remedios especiales concedidos por la Ley Municipal en su artículo 83, para anular o revisar, mediante certiorari, cualquier acto legislativo o administrativo, o para suspender mediante injunction las actuaciones de los funcionarios muni-cipales, de carácter exclusivo, y que, habiéndose recaudado' la contribución impuesta por el Tesorero de Puerto Rico, la demandante pudo pagar bajo protesta y entablar esta acción bajo la Ley núm. 8 de 1927, supra, y, como consecuencia no había que incluir al Municipio de Río Piedras como parte demandada.

No cometió error la corte inferior al declarar sin lugar las excepciones previas, y, por tanto, se desestiman los dos primeros errores alegados por el apelante.

El tercer error se refiere al hecho de haber resuelto la corte inferior que es mandatoria la disposición de la Ley Municipal de que la ordenanza estuviera en poder del Tesorero de Puerto Rico en o antes del día 15 de marzo de 1937 y que, habiéndose admitido por el demandado que la ordenanza fué aprobada por el Consejo Ejecutivo el día 23 de marzo de dicho año y luego enviada al Tesorero, no se cumplió con los términos de la ley.

Es en relación con las leyes contributivas que más a menudo se ha levantado la cuestión de si determinadas pa-labras y términos usados en ellas deben considerarse como mandatorias o meramente directivas. La doctrina general, sin embargo, es al efecto de que cuando los requisitos exi-gidos por el estatuto son con el fin de regular la conducta de los funcionarios públicos sin que se afecte los derechos del contribuyente, las palabras usadas son directivas y no mandatorias. La regla general fué expuesta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de French v. Edwards, 80 U. S. 506, 511, 20 L. ed. 702 en estas palabras:

“Hay indudablemente muchos requisitos estatutarios con el fin de guiar a los funcionarios en los deberes que se les impone, que no limitan sus poderes ni hacen inefectivo su ejercicio al no cumplirlos. Tales son generalmente aquellos requisitos cuyo fin es obtener el orden, sistema y ligereza en los procedimientos y que al no cumplirse, los derechos de las partes interesadas no pueden ser afectados en su perjuicio. Disposiciones de esta clase no son consideradas como mandatorias, a menos que vayan acompañadas de palabras negativas al efecto de que el acto requerido no se hará en ninguna otra forma o tiempo que el designado.”

En 2 Cooley on Taxation 1143, sec. 512, se dice:

“Así en general el fijar una fecha exacta para realizar un acto es solamente directivo cuando no se fija con el fin de dar a la parte una audiencia o para cualquier otro fin importante para él.”

Y así se resolvió en el caso de Walker v. Edmonds, 197 Pa. 645, 47 A. 867 que:

“Cuando deba tomarse acción dentro de cierto tiempo, el mero hecho de que el funcionario o la junta no actuaran dentro del tér-mino no es fatal, pues el requisito puede considerarse directivo.”

La disposición de nuestra Ley Municipal de que las orde-nanzas municipales imponiendo un recargo a la contribución general deben estar en poder del Tesorero de Puerto Rico antes del 15 de marzo es con el fin de que diebo funcionario pueda con tiempo prepararse, antes del próximo año fiscal que comienza el primero de julio, para cobrar dichas contri-buciones. En nada afecta a los derechos sustanciales del con-tribuyente el que la ordenanza llegue a poder del Tesorero de Puerto Rico antes o después del día 15 de marzo, y el hecho de que en el caso que resolvemos llegara después de dicha fecha no afecta la validez de la ordenanza como resol-vió la corte inferior. El tercer error imputado fué cometido pero no conlleva la revocación de la sentencia dictada, como veremos al resolver el cuarto error.

Se refiere éste al hecho de haber resuelto la corte inferior que la ordenanza era nula por destinarse las contribuciones impuestas a fines no autorizados por el artículo 46 de la Ley Municipal.

Dicho artículo, en su inciso (c), supra, especifica que los ingresos municipales consistirán, entre otros, en cualquier recargo de la contribución imponible del municipio, el que sólo podrá destinarse a los fines que específicamente señala, entre otros, la construcción de caminos, acueductos, alcanta-rillados, plazas de mercado, edificios para oficinas munici-pales, cementerios, etc.

La sección segunda de la ordenanza dispone que el pro-ducto de la contribución ingresará en un fondo especial para ser aplicado a los siguientes fines :

“ . construcción y reparación de edificios municipales, inclu-yendo casas escuelas, reparación y conservación de calles, aceras y caminos, ampliación y reparación del sistema de alcantarillado, compra de equipo y sostenimiento de Hospital Municipal; ensanche del cementerio; mejoras en la plaza del mercado y matadero, compra de equipo para el parque de bombas; obras públicas en general cuyo costo no pueda incluirse en el presupuesto de fondos ordinarios.” (Itálicas nuestras.)

La corte inferior resolvió que el Municipio de Eío Piedras no estaba autorizado para imponer la contribución adicional para ser destinada a reparaciones de clase alguna, ensanche del cementerio, mejoras de clase alguna, compra del equipo para el parque de bombas, ni obras públicas en general, y sí para las construcciones que en el inciso (c) se especifican.

No hay doctrina más firmemente establecida por las auto-ridades y la jurisprudencia que la que sostiene que- las cor-poraciones municipales sólo pueden ejercer aquellos poderes o facultades que les han sido expresamente conferidos por la Legislatura. Especialmente es esto así en relación con la concesión del poder para imponer contribuciones y la inter-pretación del estatuto concediendo dicho poder debe ser es-tricta, pues al ciudadano no puede imponérsele una carga contributiva que no esté expresamente autorizada por la ley. Esta doctrina es aplicable, no sólo a las corporaciones muni-cipales sino al gobierno en general. En el caso de Gould v. Gould, 245 U. S. 151, la doctrina se expresa en estas palabras:

“En la interpretación de estatutos imponiendo contribuciones la regla establecida es no extender sus disposiciones, por implicación, más allá de lo que dice el lenguaje usado, o aumentar sus términos para abarcar materias no específicamente mencionadas. En caso de duda deben interpretarse lo más estrictamente en contra del Gobierno y a favor del ciudadano.” (Itálicas nuestras.)

Véase, además, Best v. City of Birmingham, 78 So. 100; Rodenbough v. U. S., 25 F. (2d) 13; 6 McQuillin Municipal Corporations 334.

En 61 C. J. 571 se dice:

“Cuando el estatuto provee o designa separadamente los distintos, fines para los cuales se puede imponer la contribución.... dicho requi-sito es mandatorio.” (Itálicas nuestras.)

Por ultimo, en el caso de City of De Land v. Florida, Pub. Serv. Co., 161 So. 735, se resolvió que una ordenanza impo-niendo contribuciones debe considerarse en su totalidad para determinar su validez, y si, cuando así se considera, es irra-zonable e inválida, la corte puede declararla nula en su tota-lidad sin tener que ponerse a entresacar las partes inválidas y ‘ enf orzar’ el resto.

Examinada la ordenanza objeto de este litigio a la luz de las anteriores doctrinas, sólo podemos llegar a una conclu-sión y es que la Asamblea Municipal de Río Piedras se excedió en la facultad y poder que le confirió la Legislatura. No se limitó por la ordenanza a especificar que la contribu-ción se dedicaría a algunos de los fines autorizados por la Ley Municipal, sino que los amplió, y donde el estatuto auto-riza la construcción de determinadas obras ella agregó “repa-ración” en unos casos y en otros “ampliación” y “mejoras”. Dispuso, además, para la compra de equipo para el parque de bombas, que no está incluido en el inciso (c) del artículo 46, supra, y, por último, incluyó la frase genérica “obras--públicas en general cuyo costo no pueda incluirse en el pre-supuesto de fondos ordinarios.”

Con esta última frase como autoridad podría el Municipio de Río Piedras dedicar los fondos recaudados a cualquier fin que considerara una “obra pública” sin ajustarse a ninguna de las obras específicamente mencionadas en la ley. Estamos convencidos, por el contexto del estatuto municipal, de que no fné la intención de la Legislatura delegar poderes gene-rales a los municipios para imponer recargos de las contri-buciones sino que los limitó a los específicamente enumerados en el inciso (c) del artículo 46, supra. Es de aplicación, por tanto, la máxima “expressio unius est exclussio alterius.”

Somos de opinión que, especialmente, por la frase gené-rica antes mencionada, la ordenanza es nula, y que la corte inferior no cometió el cuarto error, y, como consecuencia tampoco el quinto, y procede, por tanto, desestimar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Enrique Báez García, demandante y apelado, v. Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Sabás Honoré y Rivera, demandados y apelantes.
    Núm. 7999.

    Sometido: Febrero 11, 1941.

      Resuelto: Marzo 12, 1941.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, pro se.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso del cobro de honorarios por servicios profesionales prestados por el abogado demandante a los demandados.

La Sucesión de don Víctor Honoré fné demandada por el Dr. Rafael TJ. Lange ante la Corte de Distrito de Maya-giiez, en cobro de la suma de $11,750 por concepto de hono-rarios por servicios médicos prestados al causante y a los aquí demandados. La representación de los demandados la tuvo originalmente el abogado Alemañy Sosa, y habiéndose retirado éste después de haber sido desestimada una moción de nonsuit, el aquí demandante asumió la representación de los demandados hasta la terminación del pleito. Desesti-mada la demanda y condenado el demandante al pago de costas, gastos y honorarios de abogado, apeló el Dr. Lange para ante esta Corte Suprema, siendo confirmada la senten-cia (51 D.P.R. 711) en junio 9 de 1937. El memorándum de costas formulado ante la corte de distrito ascendía a $5,106. El memorándum aprobado ascendió a $706; y no estando conformes los aquí demandados con la rebaja que de $5,000 a $600 se había hecho en la partida de honorarios, apelaron para ante esta Corte Suprema, quedando confirmada la reso-lución recurrida por sentencia de 31 de mayo de 1938 (53 D.P.R. 235). La suma de $706 pagada por el Dr. Lange en satisfacción de la sentencia en su contra, fué entregada a los aquí demandados. •

En la demanda radicada en el presente caso, el abogado demandante alega, que después de ocurridos los hechos que hemos expuesto él pasó a los demandados su cuenta de hono-rarios por la suma de $3,000, y que los demandados se han negado a pagársela.

En su contestación los demandados han controvertido, negándolos específicamente, los hechos siguientes: (a) que el demandante tuviera necesidad de abandonar todos sus otros trabajos profesionales para concretarse al caso de los demandados; (&) que el demandante se trasladara frecuen-temente a la residencia de los demandados en relación con gestiones sobre dicho pleito y muy especialmente que lo hiciera en tiempo alguno de noche, alegándose en contrario que fué el demandado Sabás Honoré quien se encargó de suministrar al demandante toda la prueba; (c) que el memo-rándum de costas fuera radicado de acuerdo con los deman-dados, alegándose en contrario que dicho memorándum fué preparado for el abogado demandante y no por los deman-dados, quienes desconocen las leyes sobre la materia de cos-tas; (d) que los demandados no estuvieran conformes con el memorándum aprobado por la corte de distrito y confir-mado por la Corte Suprema y que ordenaran al demandante que apelase, alegando en contrario que los demandados con-sideraron justas y razonables las sumas concedidas y que fué el demandante quien apeló para su beneficio y con objeto de cobrar por sus servicios una suma mayor que la que fué concedida. Los demandados alegan que ellos han ofre-cido pagar al demandante la suma de $600 como valor razo-nable de sus servicios, y piden se dicte sentencia en su contra por dicha suma.

Visto el caso, la corte de distrito dictó sentencia por la que condenó a los demandados a pagar al demandante la suma de $2,500 como honorarios por todos sus servicios pro-fesionales en la defensa del caso ante la corte inferior y en las dos apelaciones ante esta corte, sin costas.

La única cuestión presentada por los demandados ape-lantes que merece consideración es la de si la suma concedida por la corte inferior es, como alegan ellos, injusta y excesiva.

En la opinión que sirvió de base a la sentencia recurrida, el juez sentenciador se expresó así:

“Cuando la corte concedió la suma de $600 por concepto de hono-rarios de abogado, consideró solamente los servicios prestados por el Lie. Báez García durante la vista del juicio en la corte de distrito, que eran los únicos que esta corte podía considerar, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo en los siguientes casos: (Nicot v. Valdecilla et al., 29 D.P.R. 519, y Laborde v. López, 29 D.P.R. 517). Como se verá por los anteriores casos, cuando esta corte tasó en $600 los honorarios del abogado, esta corte no podía considerar otros servicios que aquellos prestados por el abogado en la corte de distrito durante la vista del juicio en los días 9, 13 y 19 de diciembre de 1932, así como la preparación de los correspondientes alegatos al someter el caso.”

Es cierto que el juez sentenciador hizo constar también, que al fijar el importe de los honorarios que debería pagar la parte perdidosa él consideró que el Dr. Lange no actuó con temeridad y que por ese motivo redujo los honorarios a la suma de $600. Pero, si se tiene en cuenta que el deman-dante se hizo cargo del pleito después de comenzado el juicio, cuando ya se había practicado la prueba del demandante y se había radicado una moción de nonsuit; y que todos los servicios anteriores — estudio del caso, excepciones previas, moción sobre pliego de especificaciones, contestación a la demanda y formulación de varias alegaciones (pleadings), preparación del caso para juicio y asistencia al juicio hasta la terminación de la prueba del demandante — fueron presta-dos por el Lie. Alemañy y pagados por los demandados, es inevitable la conclusión de que la suma de $600 fijada origi-nalmente por la corte de distrito es una justa y razonable compensación por todos los servicios prestados por el deman-dante a los demandados en la defensa del caso ante la corte de distrito.

No habiendo hecho la corte inferior una retasación del valor de los servicios prestados ante ella por el demandante, debemos asumir que de la suma global de $2,500 concedida al demandante, $600 corresponden a los servicios prestados ante la corte de distrito y que los $1,900 restantes han sido concedidos como compensación por servicios profesionales en relación con las dos apelaciones tramitadas ante esta Corte Suprema.

¿Es justa y razonable la suma de $1,900 para honorarios por los servicios prestados en las dos apelaciones ante esta corte? Dice el demandante en sn alegato: “Si se examina la exposición del caso se encontrará qne la mayor parte de los servicios prestados por el Lie. Báez García a los herma-nos Honoré fueron prestados después de la sentencia.” Vea-mos en qué consistieron esos servicios.

La primera apelación Báez v. Honoré (51 D.P.R. 711), fué interpuesta por el Dr. Lange contra la sentencia que declaró prescrita la acción para reclamar a la sucesión Honoré la suma de $11,750. Como es natural, el trabajo necesario para perfeccionar el recurso — -preparación de la transcrip-ción y del legajo de la sentencia — lo hizo el abogado del ape-lante. La única cuestión envuelta era la de si la corte inferior había errado al declarar prescrita la acción. Esa cuestión fué ampliamente discutida en la corte inferior, pre-sentando los allí demandados dos alegatos de 52 páginas cada uno. El radicado ante esta corte para sostener la misma cuestión constaba de 112 páginas, lo que indica que fué una reproducción de los argumentos sometidos a la corte inferior.

La segunda apelación fué interpuesta por los demandados, no conformes con la suma concedídales para honorarios de abogado. T fué desestimada por no haberse perfeccionado presentando a tiempo un récord completo.

Considerando la cuantía en litigio y la sencillez de las cuestiones legales debatidas en ambos recursos, opinamos que la suma de $1,900 es excesiva y que la suma de $200 como honorarios por el primer recurso y la de $100 por el segundo, compensarán justa y razonablemente al demandante apelado por sus servicios.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia recurrida, rebajando a $900 la suma total que los demandados Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Babás Honoré y Rivera deberán pagar, maricomunada y solidaria-mente al demandante, y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Senos Travieso

text:
    Angel E. Franco, demandante y apelante, v. Juan Serra y Maryland Casualty Company, demandados y apelados.
    Núm. 8124.

    Sometido: Febrero 20, 1941.

      Resuelto: Marzo 12, 1941.

      Wilson P. Colberg, abogado del apelante; Cayetano Coll y Cuchí, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Senos Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelante alegó en su demanda que el día 13 de marzo de 1939, como a la una de la tarde, mientras él estaba parado cerca de la vía en la parada 15%, en la Avenida Ponce de León, fué arrollado por un automóvil del demandado, manejado por un empleado suyo, yendo el de-mandado en ese momento dentro del vehículo; y que el acci-dente se debió única y exclusivamente a la negligencia del conductor consistente en (a) correr por el indicado sitio a una velocidad mayor de 35 millas por hora, sin tener en cuenta la congestión del tráfico que hay siempre en dicho sitio a la una de la tarde, (b) no tocar klaxon ni aparato de señal o alarma al acercarse al sitio, y (c) desviar el vehículo súbi-tamente hacia la derecha, donde estaba el demandante, sin tomar precauciones para proteger al demandante.

Los demandados, después de negar las imputaciones de negligencia, contestaron la demanda en la forma siguiente:

“Y asimismo alegan los demandados que el dicho chauffeur con-ducía el referido automóvil por la derecha que le correspondía en la Avenida Ponce de León, de acuerdo con la ley, caminando a una velocidad menor de doce kilómetros por hora, siguiendo la dirección de todos los automóviles que viajaban en dicha parte de la carretera, y al lado y junto a otra línea de vehículos de motor que caminaba en dirección contraria; que al acercarse a la dicha fuente de soda Liberty, un individuo desconocido se encontraba parado en la carre-tera, junto a la vía del trolley, como en actitud de expectación, por lo cual dicho conductor, Marín, redujo la velocidad y tocó klaxon, después de lo cual el indicado individuo, que resultó luego ser el demandante, advertido de la presencia del automóvil Packard que marchaba conducido por el chauffeur Marín, pareció haber escuchado el toque de aviso del klaxon, permaneciendo quieto en el sitio que ocupaba; y al acercársele el vehículo, cuando casi estaba a su lado, súbitamente, y sin advertencia de ninguna clase, se lanzó a cruzar la Avenida Ponce de León hacia la izquierda, colocándose frente al carro de motor del demandado Serra.
“Y alegan los demandados que a pesar de la temeridad, impru-dencia y descuido del dicho demandante Franco, lanzándose a cruzar la calle en la forma antedicha, hubiera logrado realizarlo, sin acci-dente de ninguna clase, a no ser porque, también súbitamente, al verse frente al carro cambió su curso original hacia la izquierda de la calle y volvió nuevamente hacia atrás, sin que el conductor del vehículo pudiera evitar que el mismo tropezare con dicho individuo con la parte delantera y el farol derecho del carro, no obstante todos sus esfuerzos por impedirlo, usando de sus frenos de emergencia, quedando parado el vehículo exactamente en el mismo sitio del acci-dente donde el dicho demandante fué tocado por el vehículo.”

Celebrado el juicio ante el Juez Sr. Berga y habiendo fallecido éste sin haber dictado sentencia, el caso fue some-tido por estipulación de las partes al Juez Sr. Córdova Díaz, quien dictó la recurrida, declarando sin lugar la demanda e imponiendo las costas al demandante.

El demandante apelante sostiene que la corte inferior erró al dirimir el conflicto de evidencia, al pesar la prueba presentada por ambas partes y al aplicar la ley refe-rente a casos de esta naturaleza, aun asumiendo que los hechos ocurrieron tal y como aparecen de la prueba de los deman-dados.

Hemos hecho un detenido y cuidadoso estudio de la evi-dencia y no hemos podido llegar a una conclusión distinta a la que llegó la corte sentenciadora, o sea que la causa próxima del accidente fue la negligencia y falta de cuidado del propio demandante, quien encontrándose en un sitio seguro lo abandonó para correr el riesgo de cruzar la carre-tera en un momento en que el exceso de tráfico hacía peli-groso el cruce. La evidencia, examinada en conjunto y despojada de todas esas pequeñas contradicciones que siem-pre surgen entre los testigos de una y otra parte, lleva al ánimo el convencimiento de que el accidente ocurrido al demandante fue inevitable.

Consideramos, aplicable al caso de autos la jurispruden-cia sentada en Virgilio v. Walker, 98 A. 815; McCormick v. Hesser, 71 A. 55; Spring v. Tawa, 192 P. 1051; Todd v. Lewis, 158 P. 1006; Moss v. H. R. Boynton Co., 186 P. 631; y Parkes v. Lindenmann, 151 N.W. 787, 700.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Jesús María Quiñones Muñiz, demandante y apelado, v. Flor Rodríguez y su esposa Juana Román, demandados y apelantes.
    Núm. 8186.

    Sometido: Marzo 7, 1941.

      Resuelto: Marzo 12, 1941.

      Luis Mendín Sabat, abogado de los apelantes; Francisco González ‘ Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En junio de 1938 el demandante en este caso instó un procedimiento ejecutivo en la corte inferior en cobro de un crédito hipotecario por la cantidad de $400 de principal, intereses al. 1 por ciento mensual desde el 18 de agosto de 1936, y $150 para costas, constituido por escritura de 17 de diciembre de 1927, en la cual se consignó la siguiente cláu-sula :

"Los esposos deudores declaran que la casa descrita no la tienen constituida en su homestead u hogar seguro, y se comprometen a no constituirla como tal durante la vigencia de este contrato y no reclamar exención alguna por concepto de homestead en caso de ejecución de la hipoteca que constituyen por la presente escritura.”

En el acto de la subasta, que tuvo efecto el 6 de octubre de 1938, los demandados presentaron al márshal una decla-ración jurada en reclamación del derecho de homestead que no obstante la cláusula transcrita, alegaban tener sobre la finca bipotecada. El mársbal hizo caso omiso de la recla-mación y celebró la subasta adjudicando el inmueble al deman-dante en pago del crédito. Cinco días después recurrieron los demandados a la corte inferior solicitando la nulidad de la subasta, nulidad que se decretó por resolución de 28 de abril de 1939. En vista de ello, el aquí demandante, que lo es también en el procedimiento ejecutivo, instó en la misma corte un pleito sobre sentencia declaratoria, para obtener la interpretación de la cláusula transcrita, la que, según él, constituye una renuncia expresa al derecho de homestead, válida y efectiva por haberse convenido bajo el imperio de la ley para definir el homestead, de 1903 (Leyes de 1903, pág. 106, Comp. 1000-1005), que autorizaba tales renuncias.

Contra la ameritada demanda interpusieron los deman-dados las excepciones previas de existir otra acción pen-diente entre las mismas partes por la misma causa, y la de no aducir hechos constitutivos de causa de acción. Deses-timadas las excepciones previas, contestaron los demandados aceptando los hechos alegados en la demanda, pero interpo-niendo las siguientes defensas especiales:

“A. Que la cláusula sexta de la escritura número 624 de fecha 17 de diciembre de 1927, transcrita en el hecho 6o. de la demanda, no constituye una expresa y formal renuncia del hogar seguro (homestead) y todo el texto de dicha cláusula se tiene por no puesto.
“B. Que cuando los términos de dicha cláusula se consignaron en la mencionada escritura, los demandados no tenían constituido ningún derecho de hogar seguro (homestead) sobre la casa objeto del procedimiento de ejecución de hipoteca relacionado en los hechos 1, 2, 3 y 4o. de la expresada demanda sobre sentencia declaratoria.
‘1C. Que con posterioridad ■ al otorgamiento de la escritura de constitución de dicha hipoteca y antes de entrar en vigor la ley número 87 de mayo 13 de 1936, ya los demandados estaban ocupando con sus familiares y como su hogar seguro la casa objeto de la men-cionada hipoteca y así lo hicieron constar y consta y se halla anotado en el Begistro de la Propiedad de Caguas.”

Oídas las partes, se dictó sentencia sosteniendo los puntos de vista del demandante, es decir, que los demandados no tienen dereclio al homestead reclamado, por haberlo renun-ciado de manera expresa en la escritura de hipoteca, y que esa renuncia es efectiva y válida por haberse hecho al amparo de la legislación anterior.

Prescribe el artículo 105 del Oódig'o de Enjuiciamiento Civil, en su apartado 3, que el demandado puede excepcionar la demanda cuando de su faz aparezca “que existe otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa.” Existe, sin duda, identidad de partes entre dicho procedimiento ejecutivo y el de sentencia declaratoria objeto de este recurso, pero no existe entre ellos identidad de causas de acción. El primero tiene por objeto el cobro del crédito; el segundo, obtener la interpretación de una cláusula del contrato de hipoteca que haga viable el propósito perseguido en el procedimiento ejecutivo. En otras palabras, el segundo es un medio para lograr los fines del primero. La excepción previa que hemos considerado, es, pues, claramente improcedente, y no erró la corte sentenciadora al denegarla.

Consideremos ahora la excepción previa de insuficiencia de hechos para constituir una causa de acción. Al iniciarse la discusión, no debemos perder de vista que nos hallamos ante una demanda interpuesta dentro del procedimiento especial prescrito por la ley sobre sentencias y decretos declaratorios (Leyes de 1931, pág. 379), cuya sección 2 en lo pertinente dice:

“Sección 2. — Toda persona interesada en una escritura.. .con-trato, escrito u otros documentos constitutivos de contrato.. .podrá obtener la determinación de cualquier divergencia acerca de la in-tepretaeión o validez de dichos.. . contratos... y además que se dicte una declaración de los derechos, estados, u otras relaciones jurídicas que de aquédos se deriven.”

Dentro del procedimiento prescrito por la citada ley, la cuestión litigiosa (issue) suscitada por una excepción pre-via, no es la de si la interpretación propuesta por el deman-dante es o no correcta. La verdadera cuestión a resolver es si de la faz de la demanda aparece que existe entre las partes una controversia dirimible por un tribunal de justicia (a justiciable controversy) de acuerdo con dicba ley.

Surge de la faz de la demanda que el demandante es dueño de un crédito hipotecario sobre una finca de los demandados, y que existe una divergencia entre las partes sobre la inter-pretación de una cláusula del contrato de hipoteca. Conce-diendo la citada ley a cualquiera de las partes el derecho a recurrir a un tribunal competente para obtener la determi-nación de esa controversia, bien sea antes o después de haber sido infringido el contrato (sección 3), claro es que la de-manda aduce hechos constitutivos de la acción que se ejercita. Cuál deba ser la correcta interpretación es una cuestión que puede ser de derecho solamente o mixta de hecho y de derecho, a resolverse después de recibir y apreciar la prueba presentada. Tampoco erró la corte inferior al desestimar dicha excepción.

El artículo 3 de la ley para definir el homestead —aprobada el 12 de marzo de 1903 — autorizaba la renuncia de ese derecho siempre que dicha renuncia se consignase “expresamente en la escritura de traspaso por el jefe de familia, su esposo o esposa si él o ella lo tuvieren,” y ese precepto legal fué interpretado reiteradamente por este tribunal en el sentido de que la renuncia podía consignarse en una escritura de hipoteca. Pagán v. Padín, 45 D.P.R. 174, 177; Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495, y Martínez v. Registrador, 53 D.P.R. 622, 624.

Sentada la anterior premisa, réstanos determinar si la cláusula en controversia constituye una renuncia expresa a los efectos de la citada ley. Para que la renuncia de un derecho sea “expresa”, no precisa usar las palabras “ex-presa” o “expresamente”; bastará con que clara y distin-tamente y sin necesidad de recurrir a inferencias o deduc-ciones, se ponga de manifiesto el firme y decidido propósito de renunciarlo. La cláusula en controversia expresa clara e inequívocamente ese propósito. Empero, arguyen los deman-dados apelantes que esa renuncia no es efectiva porque no existiendo en aquella fecha un derecho de homestead a su favor, no podían renunciarlo, toda vez que lo que no existe no es renunciable. A este argumento podríamos replicar que siendo los apelantes dueños de la finca cuando la hipotecaron, podían constituir en ella su homestead, y fue ése el derecho que para lograr el préstamo renunciaron. Con razón sostiene el abogado del apelado que de no haberse consignado esa cláusula en la escritura, con toda probabilidad su cliente no hubiera verificado el préstamo.

Actuó correctamente la corte sentenciadora al interpretar la cláusula en controversia en la forma en que lo hizo.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America, demandante y apelante, v. Santiago R. Robles y el Tesorero de Puerto Rico, Hon. R. Sancho Bonet, demandados y apelados.
    Núm. 8041.

    Sometido: Enero 15, 1941.

      Resuelto: Marzo 13, 1941.

      José Sabater y José Oliver Sabater, abogados de la apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y C. H. Julia, Procurador General Auxiliar, abogados del tesorero apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

The Board _ of National Missions of' the Presbyterian Church in the United States of America inició un pleito en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Santiago B. Bobles y el Tesorero de Puerto Bieo en solicitud de una sentencia que declarara que cierta casa de su propiedad ubicada en Aguadilla estaba y está exenta de imposición y pago de con-tribuciones por dedicarse a servicios religiosos y en su con-secuencia que el embargo y venta de dicha casa para el cobro de contribuciones efectuados, no tienen valor ni efecto, disponiendo que el demandado Bobles reciba el importe con-signado de contribuciones, recargos e intereses y entregue el certificado de venta expedídole por el otro demandado, Teso-rero de Puerto Bieo, y disponiendo además que el Tesorero le devuelva la dicha suma consignada ascendente a $130.06, con intereses, de acuerdo con la Ley núm. 8 de 1927, pág. 123, sobre pago de contribuciones bajo protesta.

El d.emandado Bobles no contestó, anotándose su rebeldía. El otro demandado Tesorero de Puerto Bieo, en septiembre 4, 1936, excepcionó la demanda alegando que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Así las cosas, en mayo de 1938 la demandante presentó una moción titulada “sobre suspensión de este caso” ale-gando que se había aprobado una ley disponiendo la cance-lación de ciertos recibos de contribuciones indebidamente impuestas sobre casas parroquiales de instituciones religiosas y pidiendo que el caso quedara suspendido y se le devolviera la cantidad que había depositado en secretaría — $130.06— ordenándose al tesorero que resolviera administrativamente lo que fuere procedente con respecto al demandado Nobles.

La corte por orden de mayo 19, 1938, decretó la suspen-sión del pleito y la devolución del depósito.

El tesorero demandado se opuso a la moción alegando en substancia que la ley invocada por la demandante no era aplicable. La oposición se radicó un día después de resuelta la moción, pero la resolución se dejó sin efecto a instancias de la propia demandante.

Poco después la corte de distrito dictó una resolución que lee, en parte, como sigue:

“La demanda del presente caso alega que en 20 de marzo de 1936 el Colector de Rentas Internas de Aguadilla autorizado por el demandado, Tesorero de Puerto Rico, vendió en pública subasta y adjudicó al codemandado Santiago R. Robles una casa situada en la Calle José de Diego de esta ciudad propiedad de la demandante; que dicha venta se llevó a cabo para imponer y cobrar contribuciones, recargos y costas que alega el tesorero demandado adeudaba la demandante montantes a $123.48 y que en virtud de resolución de fecha 8 de febrero de 1934 de la Junta de Revisión e Igualamiento, dicha propiedad está exenta del pago de contribuciones por estar dedicada a servicios religiosos, a pesar de lo cual el demandado, Tesorero de Puerto Rico, ordenó que la casa de referencia se embar-gara y vendiera como en efecto se vendió y adjudicó al codemandado Santiago R. Robles.
“El demandado, Tesorero de Puerto Rico, excepcionó la demanda por el fundamento de que no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. En su alegato, luego de invocar la Ley número 8 de 19 de abril de 1927, arguye que en el caso de "autos no aparece que la demandante haya pagado bajo protesta cantidad alguna al Tesorero de Puerto Rico; que si su derecho a (no) pagar era claro la demandante pudo impedir el cobro acogiéndose al recurso de injunction; que no es razón para no haber pagado bajo protesta que la contribución fuera ilegal; que la presente acción es en verdad una contra El Pueblo de Puerto Rico sobre nulidad de actuaciones y no habiendo El Pueblo de Puerto Rico consentido que se le demande, la demanda no procede. Y por último afirma que no resultando de la faz de la demanda el requisito del pago de contribuciones bajo protesta en la forma establecida por la ley invocada, la demanda no aduce hechos suficientes determinantes de una causa de acción.
“Por el contrario, la demandante afirma en su alegato que por haber sido exenta del pago de contribuciones por la Junta de Revi-sión e Igualamiento la propiedad de referencia, el demandado, Teso-rero de Puerto Rico, realizó un acto ultra vires que está fuera de sus atribuciones y facultades que tiene como tal y que no se trata de un contribuyente que cree que no debe pagar una contribución o. parte de ella.
“En lo que al Tesorero de Puerto Rico se refiere, la demanda tiene por único objeto obtener la devolución de la cantidad consig-nada bajo protesta a disposición del codemandado Santiago R. Robles con la condición de rendir el certificado de compra que le haya sido expedido por el Tesorero de Puerto Rico.
“La sección primera de la ley invocada por la demandante dis-pone que cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obligado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas; internas de su distrito, o del funcionario encargado de la recauda-ción, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago,, pedirá a dicho colector, o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se refiere.al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo protesta-, y precisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encargado de la recaudación.
“El remedio concedido por la citada ley es-exclusivo y es regla bien establecida que los contribuyentes en el ejercicio.de los derechos-que le conceden las leyes de la naturaleza de la invocada, debe ceñirse-estrictamente a sus disposiciones.
“El pago bajo protesta, en la forma que indica la ley, es lo que-dará derecho a la devolución de la contribución así pagada.
“Se declara con lugar la excepción previa interpuesta por el codemandado Tesorero de Puerto Rico, por no aducir la demanda hechos determinantes de una causa de acción.”

A los .fines de apelar, solicitó la demandante que la reso-lución se registrara como sentencia. Así se hizo, y estable-cido el recurso, la transcripción fué elevada-a este tribunal.

Sé señala un solo error consistente en haber la corte sen-tenciadora decidido, a juicio de la apelante, la excepción del tesorero demandado en contra de los becbos y la ley.

Partiendo de la certeza de los becbos alegados en la de-manda, nos encontramos frente a nn caso d'e nna venta de nna casa en nn procedimiento de apremio para el cobro de las contribuciones impuestas sobre la misma.

La venta se consumó en marzo 20, 1936. El dueño de la casa vendida — la demandante — no pagó las contribuciones bajo protesta ni trató de detener el cobro de las mismas por medio de injunction. Notificado de la venta no ejercitó el derecho de redención. Inició este pleito en la forma que conocemos.

Para reducir el asunto a sus propios límites, precisa descartar la ley núm. 8 de 1927 (pág. 123) que la demandante invoca para ejercitar su acción. Esa ley dispone el procedimiento para el pago de contribuciones bajo protesta y aquí la demandante no realizó pago alguno de contribuciones protestando o sin protesta. No tiene, pues, derecho a reclamar devolución de contribución alguna.

¿Lo tiene para pedir la nulidad de la venta? Yeámoslo.

La casa vendida pertenecía a una corporación religiosa y se dedicaba a servicios religiosos. En febrero 8, 1934, el Departamento de Hacienda, Negociado de la Junta de Eevisión e Igualamiento, notificó a su dueño, resolviendo una alzada del mismo, que estaba exenta de contribuciones.

La ley que regía cuando la venta se realizó era el artículo .'291 del Código Político como enmendado por la Ley núm. 12 -de agosto 23, 1933, pág. 73, primera sesión especial de 1933. Prescribe:

•“Artículo 291. — Estarán exentas de tasación para la imposición de contribuciones las propiedades siguientes:
“(e) Todo edificio utilizado y destinado exclusivamente para el culto religioso, así como casas parroquiales dedicadas exclusivamente .a habitación de y en donde constantemente vivan párrocos, minis-tros o sacerdotes en general que oficien en las parroquias e iglesias correspondientes, siempre y cuando dichas casas parroquiales sean propiedad de la orden o institución respectiva, estén situadas en la misma municipalidad a la cual pertenece la iglesia, incluyendo asientos y muebles dentro de los mismos;....”

Estando exenta por ley y por resolución de la Junta de Revisión e Igualamiento del pago de contribuciones la casa de que se trata ¿pudo venderse válidamente para su cobro?

A nuestro juicio no pudo. La venta realizada es nula y nada llegó a adquirir por ella el demandado Robles, existiendo por tanto causa de acción aunque expuesta confusa y deficientemente quizá, en la parte demandante — el dueño, para pedir que la nulidad se declare con los efectos consiguientes.

¿Contra quién? Contra Robles sin duda alguna y contra el vendedor también — el Tesorero — que actuó en la misma sin autoridad. Las obligaciones que pueda haber contraído el Tesorero para con Robles y los derechos que pueda tener Robles contra el Tesorero no están comprendidos en el litigio.

Resumiendo diremos que ninguna causa de acción surge de la demanda de la demandante para con el Tesorero en cuanto a devolución de contribuciones, pero sí surge de ellos una causa de acción por parte de la demandante contra los demandados para que se declare nula la venta -de su pro-piedad hecha a favor del primero de los demandados en el procedimiento de apremio seguido por el segundo de ellos contra la demandante, debiendo en su consecuencia revocarse la sentencia apelada y devolverse el pleito para ulteriores procedimientos con permiso a la demandante para enmendar su demanda limitándola y a su ves completándola de acuerdo con la ley y lo indicado en esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Rosario Droz, demandante y apelada, v. Luis Caballer, demandado y apelante.
    Núm. 8244.

    Sometido: Enero 16, 1941.

      Resuelto: Marzo 14, 1941.

      R. V. Pérez Marchand, abogado del apelante; Rosario Droz, por su propio derecho.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio en precario. Rosario Droz acudió a la'corte de distrito y alegando ser dueña de un solar con casa sitnado en Ponce, le pidió que dictara senten-cia ordenando a Luis Caballer que habitaba la casa y ocupaba el solar sin pagar-canon, en contra de su voluntad, que des-alojara la finca, de acuerdo con la ley.

Citado Caballer alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y que- la demandante no tenía capacidad legal para pedir el desahucio porque su título era insuficiente.

Contestó además la demanda negando sus hechos y ale-gando como materia nueva que según su mejor información y creencia la demandante no es la parte realmente intere-sada; que en la misma fecha de la contestación había iniciado en la propia Corte de Distrito de Ponce un pleito sobre nuli-dad del ejecutivo hipotecario a virtud del cual pasó a Traut-man el título de la propiedad en cuestión, y que el hecho de figurar Eosario Droz como demandante se debía a una com-binación con Trautman y Angelina y Eugenia Pieraldi para evadir la acción de nulidad.

En la primera comparecencia la demandante presentó prueba documental consistente en la escritura notarial núm. 152 de compraventa y ofreció evidencia testifical a practicarse en la segunda y el demandado introdujo también prueba documental consistente en los records números 3235 y 3203 de la propia corte y ofreció evidencia testifical a practicarse en la segunda comparecencia. Celebrada ésta, la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar y condenando al demandado a desalojar la propiedad dentro de un término de quince días a contar desde el en que quedara firme la sentencia, con los demás pronunciamientos de ley.

El demandado apeló. Señala en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte al declarar sin lugar su excepción de falta de hechos determinantes de causa de acción, al desestimar su defensa de no ser la demandante la parte realmente interesada y al resolver el caso aplicando la juris-prudencia establecida en el de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700.

A nuestro juicio el primero de los errores señalados no existe. La excepción admite la certeza de los hechos alegados en la demanda y partiendo de esa certeza precisa concluir que la demanda aduce hechos bastantes para determinar la acción que se ejercita.

El caso de Municipio de Ponce v. Collazo, 56 D.P.R. 509 que para otros fines invoca el apelante, es autoridad para sostener que el precario es causa para el desahucio, y de los hechos alegados surge que la demandante es dueña de la propiedad en cuestión, que el demandado ocupa dicha propiedad en precario, - esto es, sin pagar canon ni merced, y que la ocupación es en contra de la voluntad del dueño, y ello es bastante.

Los errores segundo y tercero, o sea, los relativos a la insuficiencia del título de la demandante y a la indebida aplicación del caso de León v. Alvarado, supra, pueden estudiarse conjuntamente.

Apreciando la evidencia la corte sentenciadora declaró probados los siguientes hechos:

"Virginia Arenas, esposa que fué del demandado Luis Caballer, constituyó hipoteca sobre la finca urbana que es objeto del presente pleito de desahucio, a favor de George Trautman, esposo de Vicenta Pieraldi, según la escritura número 153 de 8 de diciembre de 1925 ante el Notario Lie. Eduardo Flores Colón. En octubre 20 de 1928 Vicenta Pieraldi viuda de Trautman inició un procedimiento ejecu-tivo sumario en cobro de dicha hipoteca contra Virginia Arenas de Caballer y su esposo Luis Caballer, terminando dicho procedimiento con la venta en pública subasta y adjudicación a la ejecutante, de la finca hipotecada, según acta de subasta de fecha 26 de diciembre de 1928.
"El demandado en este pleito de desahucio, Luis Caballer, está en la actualidad habitando la casa eon solar, objeto del desahucio, sin pagar canon ni merced alguna a la demandante; habiendo residido dicho demandado en la referida casa, continuamente, por un período de veinticinco años.
"Por escritura pública número 152, de 15 de agosto de 1939, ante el Notario Lie. Fernando Zapater Martínez, Emil Trautman en su propio derecho, y como apoderado de Angelina y Eugenia Pieraldi Garrafa, vendió la finca urbana tantas veces mencionada a Eosario Droz, la demandante, quien se funda en ese título para interponer la demanda de desahucio en el presente caso, la que fué radicada en octubre 18 de 1939.
"En octubre 27 de 1939 el demandado Luis Caballer, radicó en esta corte, bajo el número 3203, una demanda sobre nulidad del ejecutivo sumario antes mencionado, contra Bmil Trautman -y Angelina y Eugenia Pieraldi y 'Garrafa, como causahabientes y suce-sores de Vicenta Pieraldi viuda de Trautman; encontrándose dicho pleito en tramitación, sin que se haya dictado todavía sentencia en el mismo.”

Y seguidamente concluyó:

“.. .la corte entiende que está obligada a resolver este pleito de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700 a 701, en cuya opinión la Corte Suprema se expresó, literalmente, como sigue:
“ ‘En cuanto al segundo, el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudicación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no' tenga • un título sufi-ciente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio, porque, mientras no se anule el juicio y la venta, es válido el título del demandante, seguirá siendo el dueño y como tal tiene derecho a que el apelante desocupe la casa en cuestión. Declarar que la recla-mación de nulidad de un título impide ejercitar los derechos que del mismo dimanan equivaldría a resolver en el juicio de desahucio que dicho título adolece de los vicios en que se basa la nulidad preten-dida, cuestión ésta que no puede ser apreciada ni resolverse en un juicio sumario y especial como es el de desahucio en el que sólo se trata del derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella.’
‘‘Por todo lo anteriormente expuesto la corte es de opinión que debe dictarse una sentencia declarando con lugar la demanda de desahucio, imponiendo al demandado las costas, por mandato impe-rativo de la Ley núm. 69 de 11 de marzo de 1936 ((2) pág. 353), pero sin incluir honorarios de abogado.”

Hemos examinado la evidencia y a nuestro juicio la corte de distrito la apreció correctamente.

La de la demandante consistió en su propia declaración y en la de su hijo Diego Alvarez. La demandante es una an-ciana de más de ochenta años y su hijo que estaba asociado en un negocio de minas con Emil Trautman fué el que actuó por ella en el contrato de compra de la finca en cuestión.

La finca había sido ejecutada para el cobro de una hipo-teca constituida por su dueña Virginia Arenas, esposa del demandado, con intervención de éste, a favor de George Trautman y adjudicada a la heredera del acreedor hipote-cario, su viuda Vicenta Pieraldi, desde diciembre 26, 1928. Luego, por testamento, pasó a Angelina y Eugenia Pieraldi y Emil Trautman, quienes la vendieron a la demandante por escritura pública otorgada en agosto 15, 1939.

El título de dueña de la demandante es, pues, claro y legítimo. Sin embargo, se insiste por el apelante en que es deficiente porque Diego Alvarez declaró que el contrato no tendría validez definitiva hasta que la compradora fuera puesta en posesión, siendo lo cierto que el demandado es el que está en la posesión real de la finca sin que jamás se le haya despojado de ella.

Esa condición no consta del contrato mismo, pero admi-tiendo que sea cierto que como cuestión de honor Emil Traut-man quedó con Diego Alvarez en que de no poder la compradora posesionarse materialmente de la finca se res-cindiría el contrato, ello no quiere decir que el título de la demandante sea deficiente, ni que la demandante sea una parte ficticia.

El precio de la venta fue el de ochocientos dólares. La mitad se pagó de contado y se pactó que la restante se pagaría dentro de un año. El título pasó por entero a la compradora y ésta tenía personalidad para iniciar el desahu-cio.

Erente a ese título y frente al hecho innegable de que el demandado venía ocupando la finca sin pagar canon alguno desde hacía más de diez años, y contra la voluntad de la demandante desde que ésta adquirió la propiedad de la misma, ¿qué opuso el demandado?

Sólo opuso su propia declaración y el hecho de haber establecido el 26 de octubre de 1939, o sea nueve días des-pués de entablada la demanda de desahucio, el pleito de nulidad del ejecutivo hipotecario cuyo escrito inicial se pre-sentó en octubre 20 de 1928.

En su declaración narra el demandado, periodista, de sesenta y dos años de edad, ciego por varios años, la larga historia del caso. Adquirió la finca desde hacía un cuarto de siglo y la puso a nombre de su esposa. No obstante cons-tituir su hogar, su tínico bien material, la gravó en auxilio 'del abogado-notario Eduardo Flores Colón, así:'

“Pues bueno, aquí había un abogado, este abogado como Notario quebrantó su juramento y dispuso de un dinero que pertenecía a la divorciada de Femando Figueroa, y él se presentó a mí, y yo quise salvarle y le dije: Yo no tengo dinero, lo único que tengo es esta casa, y la hipotequé para salvarlo.”

Esa fué la hipoteca ejecutada en 1928. No pudo el deman-dado Caballer pagar la deuda contraída. Su deseo de servir fué superior a sus medios. Decayó en el pago de intereses. Dice que con la ayuda de sus amigos — entre otros el propio juez que presidía el juicio — logró solventarlos. Trata de explicar los diferentes incidentes ocurridos y en relación con la tramitación del ejecutivo hace a veces afirmaciones que los autos contradicen y muestra su contrariedad ante el hecho de que Trautman se desprendiera del dominio de la finca y apareciera en escena la demandante a quien ofreció sustituir pagándole lo que había satisfecho, negándose ella a aceptar su proposición.

No es éste en verdad un caso usual. Fácil sería decir que no era propio para ser resuelto dentro de los trámites del juicio sumario de desahucio y revocar por tal motivo la sentencia, pero ello sería aplicar nuestra jurisprudencia sobre la materia indebidamente porque la aparente complicación se desvanece en cuanto se analizan los hechos con firmeza y a conciencia.

Se explica la actitud de Trautman. Conocía al deman-dado, sus condiciones de inteligencia, de salud, de medios materiales, el origen de la deuda, y parece que se resistía al desahucio. Pasaron los años y vino al fin el consejo de su socio y lo aceptó. El hecho de que él se eliminara, quizá con el único propósito de no tener que hacer frente personal-mente a la contienda judicial, no vicia ésta. Resolvió su propío problema de acuerdo con su razón y su conciencia. Enajenó su derecho para que otro asumiera la desagradable responsabilidad de hacerlo valer contra nna persona como el demandado. Y el hecho de que como cuestión de honor garantizara al adquirente para el caso de que no pudiera obtener la posesión, tampoco anula la transacción, como ya dijimos. No es ésa una cuestión entre el demandado y la demandante, sino entre ésta y su vendedor.

Las circunstancias que concurren en cuanto a la existencia del pleito de nulidad, surgen de lo que llevamos expuesto.

En el caso del Municipio de Ponce v. Collazo, 56 D.P.R. 509, se resolvió que “El haberse iniciado un pleito pidiendo la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudicación de la propiedad objeto de un desahucio, no es motivo por sí solo para declarar que el adjudicatario no tiene título sufi-ciente para ejercitar el deshaucio.” Y a esa conclusión se llegó después de un estudio cuidadoso de los hechos del caso y de lo resuelto por esta Corte tanto en Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97 como en León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700.

Y aquí es en verdad aplicable la misma regla. Las cir-cunstancias concurrentes', la fecha en que el pleito de nulidad fué iniciado, el motivo alegado para la nulidad y lo declarado por el propio Caballer muestran un caso en sus hechos diferente al de Colón v. Colón, supra, siendo por tanto aplicable la doctrina de León v. Alvarado tal como quedó interpretada en Fontánes v. Sierra, 55 D.P.R. 961.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.