source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Osvaldo Aponte Del Valle, querellado.

      Números: AB-2007-16
    AB-2011-204
    AB-2011-248
    AB-2012-111

      Resueltos: 8 de julio de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Minnie H. Rodrí-guez López, procuradora general auxiliar, Jeanette M. Co-llazo Ortiz y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocurado-ras generales; Carlos Ayala Cruz, Félix Martínez Roldán, Hipólito Lugo Maldonado y Carmen Carrasquillo Feli-ciano, querellantes; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Osvaldo Aponte Del Valle, pro se.

   per curiam:

Nos enfrentamos nuevamente con una con-ducta inadmisible para cualquier miembro de la profesión legal. Se trata de la falta de cumplimiento de las órdenes que este Tribunal emite en el ejercicio de su jurisdicción disciplinaria. Por este motivo, nos corresponde imponer la sanción más severa: el desaforo.

I

AB-2007-16

El 16 de enero de 2007, el Sr. Carlos Ayala Cruz pre-sentó una queja contra el Ledo. Osvaldo Aponte Del Valle. La queja se relaciona con unas deficiencias encontradas en la Escritura Pública Núm. 4 de 17 de enero de 1998. El licenciado Aponte Del Valle fungió como notario en esa escritura. Luego de varios trámites, el 24 de abril de 2009 emitimos una Resolución en la que ordenamos al licen-ciado Aponte Del Valle que realizara todas las gestiones necesarias para subsanar las deficiencias que se encontra-ron en la Escritura Núm. 4. Además, indicamos que era deber del licenciado Aponte Del Valle mantenernos infor-mados del asunto. Por último, le apercibimos de que su incumplimiento con lo ordenado sería causa suficiente para su desaforo.

El 18 de marzo de 2011 emitimos otra Resolución en la que le concedimos al licenciado Aponte Del Valle veinte días para que expusiera las gestiones que había hecho para cumplir con la Resolución de 24 de abril de 2009. El 7 de abril de 2011, el licenciado Aponte del Valle presentó una “Moción en cumplimiento de orden”. En ella resumió las gestiones realizadas e informó que todavía no había podido corregir las deficiencias señaladas.

El 6 de mayo de 2011 emitimos una Resolución en la que concedimos noventa días al licenciado Aponte Del Valle para que concluyera sus gestiones para corregir las defi-ciencias que se señalaron a la Escritura Núm. 4. Luego de otros incidentes, el 22 de febrero de 2013 concedimos otro término de noventa días para que cumpliera con la Reso-lución de 24 de abril de 2009 y subsanara las deficiencias. Le advertimos que su incumplimiento podría conllevar su suspensión indefinida de la abogacía. El licenciado Aponte del Valle no ha cumplido con nuestras órdenes.

AB-2011-204

El 21 de junio de 2011, el Sr. Félix Martínez Roldán presentó una queja contra el Ledo. Osvaldo Aponte Del Va-lle y otros dos abogados. La queja se relaciona con unas deficiencias encontradas en las Escrituras Públicas Núm. 33 de 25 de junio de 1994 y Núm. 53 de 21 de octubre de 1995. El licenciado Aponte Del Valle fungió como notario en esas escrituras. Luego de que la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentara su Informe sobre el asunto, el 21 de septiembre de 2012 emitimos una Resolución en la que ordenamos al licenciado Aponte Del Valle que se expre-sara sobre el informe que presentó ODIN. El abogado no compareció.

El 22 de febrero de 2013 emitimos otra Resolución en la que le concedimos al licenciado Aponte Del Valle un tér-mino de treinta días para que solucionara el asunto que originó la queja. Le advertimos que su incumplimiento con-llevaría su suspensión indefinida de la abogacía. El licen-ciado Aponte del Valle no ha cumplido con lo ordenado.

AB-2011-248

El 11 de agosto de 2011, el Sr. Hipólito Lugo Maldonado presentó una queja contra el Ledo. Osvaldo Aponte Del Valle. La queja se relaciona con unas deficiencias encontra-das en la Escritura Pública Núm. 27 de 24 de julio de 2008. El licenciado Aponte Del Valle fungió como notario en esa escritura. Luego de que ODIN presentara su informe sobre el asunto, el 4 de octubre de 2012 emitimos una Resolución en la que concedimos un término de veinte días al licen-ciado Aponte Del Valle para que informara de sus gestiones para subsanar las deficiencias encontradas en la Escritura Núm. 27 que impiden su inscripción en el Registro de la Propiedad. El abogado no compareció.

El 30 de enero de 2013 emitimos otra Resolución en la que concedimos al licenciado Aponte Del Valle un término final e improrrogable de diez días para que cumpliera con la Resolución de 4 de octubre de 2012. Le advertimos que su incumplimiento conllevaría su suspensión indefinida de la abogacía. El licenciado Aponte del Valle no ha cumplido con lo ordenado.

AB-2012-111

El 21 de marzo de 2012, la Sra. Carmen Carrasquillo Feliciano presentó una queja contra el Ledo. Osvaldo Aponte Del Valle. La queja se relaciona con unas deficien-cias encontradas en la Escritura Pública Núm. 33 de 25 de junio de 1994. El licenciado Aponte Del Valle fungió como notario en esa escritura. Luego de que el Procurador General presentara su Informe sobre el asunto, emitimos una Resolución el 10 de octubre de 2012 en la que concedimos un término de veinte días al licenciado Aponte Del Valle para que se expresara sobre el informe que presentó el Procurador General. El abogado no compareció.

El 22 de febrero de 2013 emitimos otra Resolución en la que concedimos al licenciado Aponte Del Valle un término de noventa días para que acreditara las gestiones realiza-das para subsanar las deficiencias señaladas. Le adverti-mos que su incumplimiento conllevaría su suspensión in-definida de la abogacía. El licenciado Aponte del Valle no ha cumplido con lo ordenado.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. Hemos sostenido en ocasiones innumerables que todo abogado tiene la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de este Tribunal, sobre todo cuando se trata de asuntos de naturaleza disciplinaria. In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766 (2010). Así, pues, incumplir de forma diligente y responsable con lo ordenado por este Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos es razón suficiente para suspender a un abogado del ejercicio de la profesión jurídica. In re Cirino López, 184 DPR Ap. (2012); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217 (2011); In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011).

Dicho de otro modo, hacer caso omiso a nuestras órdenes conduce a la imposición de sanciones disciplinarias rigurosas que incluyen, entre otras, la suspensión del ejercicio de la profesión. Véanse: In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011); In re Torres Viera, 179 DPR 868 (2010); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009); In re Laborde Freyre I, 154 DPR 112 (2001). .

En fin, se trata de un acto de indisciplina, desobedien-cia, contumacia y falta de respeto que no toleraremos. Véanse: In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011).

III

El licenciado Aponte Del Valle demostró con su conducta un menosprecio total por las órdenes de este Foro. Su acti-tud de desinterés hacia este Tribunal no lo hace merecedor de desempeñarse como miembro de la profesión legal.

Según surge del expediente, al licenciado Aponte Del Valle se le concedió un término razonable para contestar nuestros requerimientos en las cuatro quejas que nos ocupan. Incluso, se le otorgó en todas las ocasiones un se-gundo término para que contestara y, de esa forma, evitara una sanción disciplinaria. No obstante, este prefirió desa-fiar nuestra jurisdicción disciplinaria y no contestar. Con ello, no nos deja más alternativa que proceder con nuestra sanción más severa.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abo-gacía y de la notaría del Ledo. Osvaldo Aponte Del Valle. Además, ordenamos la cancelación de su fianza notarial.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos. Además, tiene que devolverles los honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. De igual forma, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam.

El alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de la obra y del sello notarial del licenciado Aponte Del Valle, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e in-forme a este Tribunal.

Esta Opinión y la Sentencia correspondiente se notifica-rán personalmente al abogado de epígrafe a la última dirección que aparece en su expediente personal.

Se dictará Sentencia de conformidad.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco,

text:
    Víctor A. Trinidad Hernández y otros, peticionarios, v. Estado Libre Asociado y otros, recurridos; María del C. Alvarado Pacheco y otros, peticionarios, v. Estado Libre Asociado y otros, recurridos; José A. De Jesús Vera y otros, peticionarios, v. Estado Libre Asociado y otros, recurridos.

      Números: CT-2013-0008
    CT-2013-0009
    CT-2013-0010

      Resueltos: 9 de julio de 2013

      CT-2013-8:

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida; Iván Crespo Arroyo, de FNC Consultants, PSC, abogado de la parte peticionaria.

      CT-2013-9:

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida; Judith Berkan y Mary Jo Méndez, de Berkan ¡Méndez, abogadas de la parte peticionaria.

      CT-2013-10:

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida; Raúl Santiago Meléndez, del Bufete Santiago Meléndez, y Edgar R. Vega Pabón, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A las mociones de reconsideración presentadas por las partes peticionarias, “no ha lugar”.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió un voto particular disidente, al que se unieron los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Estrella Martínez. Los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García reconsiderarían por las razones expresadas en sus respectivas opiniones disidentes en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013). El Juez Asociado Señor Estrella Martínez reconsideraría por los fundamentos contenidos en su opinión disidente en el caso Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, y por las consideraciones expuestas por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, contenidas en su voto disidente, en el cual discute los argumentos esbozados por la parte peticionaria en su Moción de Reconsideración.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco,

al que se unieron los Jueces Aso-ciados Señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y es-trella martínez.

Nuestros retos económicos no pue-den ser solventados aplastando la dignidad de nuestros servidores públicos. Ante los nuevos retos, son necesarios nuevos pactos y consensos sociales. A éstos no podremos llegar cultivando la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. (Énfasis suplido y en el original). Hon. Liana Fiol Matta, Opinión disidente en Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 157 (2010).

Escribo estas líneas muy consciente del dolor, la angustia y la frustración que sienten miles de empleados públicos luego de que las disposiciones de la Ley Núm. 3-2013 entra-ran en vigor. No es una tarea sencilla aceptar que, en el estado de derecho que avala una mayoría de este Tribunal, el contrato que firmaron al momento de ofrecer su sudor y su energía al servicio de su país puede ser variado en cual-quier momento y sin importar sus repercusiones. Menos fá-cil debe ser explicarse por qué su Tribunal Supremo, último refugio para hacer valer sus derechos, claudicó a sus funcio-nes y optó por redefinir lo que significa la revisión judicial en controversias como la de estos casos. En un ordena-miento como el nuestro, la “autoridad” es el ejercicio del po-der de manera legítima. Hoy, al cerrarle las puertas de este Foro a miles de empleados públicos, una mayoría ha lace-rado su autoridad ante los ojos del Pueblo. Tardará mucho tiempo recobrarla.

Lamentablemente, una mayoría de este Tribunal se niega hoy a reconsiderar la errada decisión que emitió en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013). Ante este proceder, y debido a la muy persuasiva moción de reconsideración presentada por la representación legal de los sesenta y ocho (68) empleados de la Oficina del Contra-lor, me siento obligada a emitir estas breves expresiones.

Como adelanté en mi opinión disidente de Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, el razonamiento defec-tuoso de la mayoría se debe a dos (2) factores principales. Por un lado, en un afán desmedido y apasionado de resolver de una manera los casos de autos, la Mayoría procedió a consolidar casos disímiles y a analizarlos como si el único argumento presentado por los peticionarios fuera que la Ley Núm. 3, supra, era inconstitucional en su totalidad. Por otro, procedió a desvirtuar los principios de Domínguez Castro v. ELA L, supra, cert. denegado, Dominguez Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010), y terminó convirtiendo el rol de los tribunales en casos como los de autos en meros actores autómatas que deben mostrar sumisión total a los otros poderes constitucionales.

Después de estos casos, cabe preguntarse qué valor le queda a la cláusula constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. Con su proceder, la Mayoría ha dejado listas las bases para el nacimiento del estado de ex-cepción que presagió Giorgio Agamben y ha convertido nuestra Constitución en un “mero depósito de palabras”. El Contrato Social se ha quebrado; lamento que este Tribunal haya dado su anuencia para ello. Nuevamente, debo disentir.

I

Una Mayoría de este Tribunal yerra al dar un análisis somero y pasajero a la Ley Núm. 3, supra, a pesar de que en los casos de autos existían diferentes grupos de empleados que cuestionaron la inconstitucionalidad de su aplicación y de algunas de sus secciones. Para no tener que pasar el tra-bajo de diferenciar, analizar y verificar si la Ley Núm. 3, supra, era razonable para con este universo diverso de ser-vidores públicos, la Mayoría del Tribunal decidió obviar que en Puerto Rico existen tres (3) estructuras de Retiro, que contienen empleados con características distintas entre sí y cuya aplicación los afecta de manera variada. Claro, era mu-cho más fácil para la mayoría del Tribunal declarar consti-tucional de un plumazo la totalidad de un estatuto tan abar-cador y con repercusiones increíblemente diversas. Como adelanté en ese momento, con doce (12) páginas de análisis judicial, algo muy distinto a lo que ocurrió en Domínguez Castro es al. v. ELA I, supra, se le dio “revisión judicial” a un estatuto de la magnitud de la Ley Núm. 3, supra.

Por su excelente rigor analítico en cuanto a este aspecto, paso a citar in extenso de la Moción de Reconsideración presentada por algunos de los peticionarios de autos:

Este Tribunal se equivocó al tratar el caso [de autos] como un monolito. Agrupó a todos los peticionarios sin considerar las diferencias sustanciales en relación con el impacto de la Ley 3 aplicables a los diferentes pleitos. Tan es así que en su resumen de los planteamientos de los peticionarios este Tribunal expresó que “las partes demandantes solicitaron ... que declarara in-constitucional la Reforma de Retiro.” Decisión Per Curiana, pág. 3.
No se trataba de “todo o nada”. Los 68 empleados de la Oficina del Contralor solicitaron que el TPI dictara “una Sentencia Declaratoria decretando que la Ley 3 es inconstitucional [únicamente] en la medida en que cambia el sistema de retiro en relación con las personas ... de la primera estructura del Sistema de Retiro con la expectativa de que iban a poderse ju-bilar con los beneficios otorgados por la Ley 447.” Petición del 8 de mayo, a la pág. 46, Ap. 46. Nada impedía que este Tribunal declarara inconstitucional la aplicación [de] la Ley 3 a los peti-cionarios, mientras decidiera que otras secciones de la Ley 3 eran medidas razonables y necesarias. Este Tribunal, al conso-lidar los casos, abdicó su responsabilidad de sopesar los intere-ses en conflicto y determinar si la totalidad o en su lugar algu-nas partes de la Ley 3 lesiona [b] a [n] injustificadamente los derechos adquiridos de ciertos empleados.
Est[e] fue el resultado en Strunk v. Public Employees Ret. Bd, 108 P.3d 1058, 1112 (Oregon, 2005), en [el] cual el Tribunal Supremo de Oregon consideró la constitucionalidad de una Reforma integrada y abarcadora llamada “PERS Reform and Stabilization Act of 2003”. El Tribunal [Supremo] de Oregon hizo un análisis concienzudo de las particularidades del Sistema de Retiro y diferenció entre los derechos que cobijaban distintas clases de participantes. El Tribunal [Supremo] de Oregon ex-plicó la diferencia entre los participantes del “Tier One”, quie-nes entraron en el empleo público antes de 1996 y empleados del “Her Two”. Después de una discusión profunda de las dis-tintas fórmulas para calcular las anualidades de los jubilados, además de cada disposición de la referida Reforma y a la luz de la evidencia extensa que fue presentada en un juicio en los mé-ritos sobre el estatus fiscal del fondo, el Tribunal determinó que ciertas disposiciones violaron la protección en cuanto al menos-cabo de las relaciones contractuales y avaló la constitucionali-dad de otras disposiciones de la Reforma.
El análisis hecho por el tribunal de Strunk dista mucho de la discusión somera que hizo este Honorable Tribunal en el caso de epígrafe. La mayoría de este Honorable Tribunal no consi-deró en lo absoluto las diferencias entre las distintas disposicio-nes de la Ley 3. Consolidó los casos y los trató por igual. Res-petuosamente se somete que la consolidación, en combinación con la preocupación legítima sobre la precariedad del Sistema, cegó al Tribunal en relación con su deber de sopesar los intere-ses en conflicto en este caso, a la luz de las particularidades de cada caso. (Énfasis en el original suprimido y énfasis supli-do).

Si se contrasta la decisión del Tribunal Supremo de Oregon en Strunk v. Public Employees Ret. Bd., 108 P.3d 1058 (Ore. 2005), con la que emitió este Foro podemos ver paten-temente la diferencia entre un Tribunal que ejerció efectivamente su poder de revisión judicial y otro que claudicó ante el momento histórico. Desde hace tiempo se viene advirtiendo que la litigación en cuanto a los sistemas de retiro culminaría indudablemente ante la consideración de los tribunales de las diferentes jurisdicciones. K.T. Cuccinelli et al., Judicial Compulsion and the Public Fisc—An Historical Overview, 35 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 525 (2012). Ciertamente, ante los problemas económicos que enfrenta el mundo en estos tiempos los tribunales deben ser cuidadosos en el ejercicio de sus funciones. Pero para ser cuidadosos no hay que entregarse a las otras Ramas constitucionales. El Tribunal Supremo de Oregon supo cómo enfrentarse a esa delicada situación y analizó una reforma de retiro de ma-nera concienzuda. Entre otras cosas, se nombró un Comisio-nado Especial que recibió la abundante prueba y se analizó la aplicación de la reforma a los diferentes grupos de empleados que forman parte del Sistema. Y es que ese Tribunal comprendió que no es lo mismo un empleado joven que tiene el tiempo necesario para repensar su situación económica cuando se jubile y otro que está a las puertas del retiro y que sencillamente de hoy en adelante ve todo su futuro económico destruido. Sin embargo, este Tribunal se perdió en el bosque en vez de detenerse a ver los árboles, y en el afán de resolver atropelladamente los casos, decidió agrupar a los empleados como si los efectos de la Ley Núm. 3, supra, fueran igual para todos.

Como coherentemente han alegado los peticionarios en su moción de reconsideración, este Tribunal tuvo alterna-tivas para analizar correctamente los casos de autos. No tenía por qué analizar a la ligera los mismos, cuando pudo muy bien realizar un estudio minucioso de la Ley Núm. 3, supra, y determinar que algunas de sus disposiciones es-pecíficas resultaban inconstitucionales por ser irrazona-bles en su aplicación. Con el rumbo contrario que decidió tomar una Mayoría de este Tribunal, se obviaron los efec-tos devastadores que tiene el estatuto y que inciden en el estándar de racionalidad que debió aplicar este Foro. Como muy bien discuten los peticionarios,

[e]n el caso de los 68 [empleados] de la Oficina del Contralor, el impacto de la Ley 3 es devastador. Lo crucial aquí no es que los 68 van a tener que trabajar unos años adicionales, ni es el aumento en sus aportaciones al plan de retiro. Lo que real-mente impacta a los peticionarios es que su anualidad antici-pada será drásticamente reducida. Es esta reducción drástica [la que estaba en controversia].
Amanera de ejemplo, veamos el caso de la peticionaria Ma-ría del Carmen Estarellas Sabater, quien ha sido participante del Sistema por 26 años y cuenta con 54 años de edad. Peti-ción, Apéndice a la página 4 párrafo 3.3(20). Éste sería el es-cenario de la señora Estarellas al momento del retiro antes y después de la vigencia de la Ley 3 asumiendo que devengara un salario promedio de $3,000 mensuales:

No comprendo como una mayoría de este Tribunal se negó a ponderar detenidamente este impacto tan severo. No hay manera de concluir que un daño tan sustancial a algunos empleados públicos específicos pueda sobrevivir un estándar de razonabilidad. A menos que, de facto, ese no sea el estándar que deben aplicar los tribunales en Puerto Rico.

II

Y he ahí el problema principal del razonamiento de una mayoría de miembros de este Foro. Con sus meras doce (12) páginas y su análisis judicial elemental, la Mayoría ha llevado el ratio decidendi de Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra, a fronteras inimaginables. Más allá de la controversia en cuanto al peso de la prueba en los casos de autos, o si existían otras medidas menos onerosas, el pro-blema del manejo de estos casos fue que este Tribunal pro-movió una imagen de que los trató como si no hubiera otra alternativa: tenía que declarar la Ley Núm. 3, supra, constitucional. En el camino, el estándar jurídico para analizar estas controversias se convirtió en una mera fórmula matemática:

Obligaciones contractuales + Alegada crisis económica + expo-sición de motivos que lo diga x deferencia judicial absoluta = constitucionálidad del estatuto

De ahora en adelante, ¿de qué sirve reconocer un con-trato en el cual el Estado puede alterar sus términos, in-dependientemente del número de empleados que afecte? ¿De qué sirve tener disponible la revisión judicial si el Tribunal Supremo ni siquiera analizará el impacto específico de las medidas debido a una deferencia absoluta que hay que brindarles a las otras ramas? Reitero, esa no es la base de Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra. En controver-sias como las de autos, se le cerró la puerta a la revisión judicial efectiva en nuestro ordenamiento y se le dejó claro a las otras ramas que, a expensas de nuestros servidores públicos, tendrán nuestra deferencia total y sumisa. Lamento que cinco (5) de mis compañeros le hayan otorgado ese cheque en blanco a las otras ramas. No tengo otra alternativa que disentir de ese proceder.

       G. Agamben, Estado de excepción, Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2004.

       Moción de Reconsideración, Caso Núm. CT-2013-8, Pieza 2, págs. 5-6.

       Íd., pág. 4.


text:
      In re Rosado Nieves.

      Número: CP-2011-04

      Resuelto: 10 de julio de 2013

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón, Tatiana M. Grajales Torruella y Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradoras generales; Sa-riely Rosado Fernández, abogada del querellado; Eladís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

Una de las faltas más graves en que puede incurrir un notario es ser infiel a la veracidad de los hechos que describe en los documentos públicos que otorga. In re Belén Trujillo, 184 DPR 793, 802 (2012); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806, 811 (2005); In re Torres Ol- meda, 145 DPR 384, 393 (1998). Las actuaciones del Ledo. Ángel M. Rosado Nieves demuestran que violó las garantías de la fe pública notarial que dio en varios documentos públicos. Además, revelan que faltó a su deber de sinceri-dad y honradez. Por ello, determinamos suspenderle inde-finidamente de la práctica de la notaría.

I

Este caso contra el Ledo. Ángel M. Rosado Nieves surge a raíz de una queja que presentaron las hermanas Valen-tina y Carmen Lydia Carrión Príncipe el 10 de marzo de 2006. En su queja señalan que el Tribunal de Primera Ins-tancia declaró nulo un testamento de su padre, el Sr. Alfredo Carrión Cordero, como consecuencia de las actuacio-nes del notario, quien lo otorgó el 24 de mayo de 1989. Además, advirtieron que el foro primario reconoció que una declaración jurada de 5 de junio de 1989 también vul-neró la fe pública notarial. Por último, le imputaron asu-mir la representación legal de su madre, Carmen Príncipe Negrón, en una demanda el 17 de septiembre de 1991, a pesar de que el notario sabía que estaba incapacitada para administrar sus bienes.

La principal defensa del licenciado Rosado Nieves, quien respondió a la queja el 22 de mayo de 2006, fue que el tiempo transcurrido entre los hechos imputados y la queja lo ubica en un estado de indefensión. Subraya el abo-gado, admitido a la práctica de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al de la notaría el 4 de marzo de 1986, que el retraso en presentar la queja no tiene justificación. En cuanto a los hechos, reconoció que otorgó el testamento, pero aseguró que se realizó según las circunstancias que en él se describen y que recogía el sentir del testador. Las quejosas ripostaron con otro documento, de 3 de agosto de

2007, en el que rechazaron que el testamento en disputa recogiera el sentir del testador.

La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) rindió un informe el 28 de abril de 2010 en que recomendó la impo-sición de una sanción disciplinaria al licenciado Rosado Nieves. En su informe, ODIN describe varios documentos que ponen en duda la fe pública notarial que dio el quere-llado, entre otras denuncias de las quejosas.

El señalamiento principal versa sobre el segundo testa-mento que otorgó el señor Carrión Cordero, que el Tribunal de Primera Instancia declaró nulo el 19 de diciembre de 1995. En detalle, el 25 de abril de 1989, el señor Carrión Cordero otorgó su primer testamento abierto ante el licen-ciado Rosado Nieves. En él instituyó como herederos a sus cuatro hijos por partes iguales en cuanto a la legítima es-tricta y el tercio de libre disposición. El tercio de mejora lo heredó a su hija Evelyn Carrión Príncipe. Además, el tes-tador expresó su deseo de que una residencia se le cediera a su esposa, la Sra. Carmen Príncipe Negrón, como hogar seguro.

El segundo testamento se otorgó un mes después, el 24 de mayo de 1989, y alteró la disposición de los bienes. En este, solo el tercio de legítima estricta se dividiría en par-tes iguales entre sus cuatro hijos reconocidos. El tercio de mejora lo dividió entre la Sra. Evelyn Carrión Príncipe, a quien también designó como albacea testamentaria, y uno de sus nietos. El tercio de libre disposición lo heredó a su hijo Alfredo Carrión Príncipe. Así, el segundo testamento eliminó la participación de las quejosas en el tercio de libre disposición.

El Tribunal de Primera Instancia declaró nulo el se-gundo testamento luego de que las quejosas instaran una demanda. Concluyó que el notario mintió en la dación de fe de la unidad de acto pues, según la sucesión de hechos que construyó con los testimonios vertidos durante el juicio, era imposible que el testador acudiera al otorgamiento el día y la hora señalados. La prueba desfilada demostró que el testador se encontraba enfermo en su casa, que su vehí-culo lo había prestado a una de sus hijas y que ninguna de las personas que usualmente lo transportaban estuvo dis-ponible a la hora del otorgamiento. Las respuestas y el comportamiento que exhibió el licenciado Rosado Nieves durante el juicio, entre otras cosas, no persuadieron al Tribunal. Esa sentencia no se apeló, por lo que advino final y firme.

Además del testamento anulado, la ODIN señaló el Tes-timonio Núm. 918 de 5 de jimio de 1989, que suscribió la Sra. Valentina Carrión Príncipe. En él reconoció que adeu-daba $18,000 a su padre. El 5 de octubre de 1991, la Sra. Valentina Carrión Príncipe prestó una nueva declaración jurada que rechazó que la previa se hubiera firmado frente al licenciado Rosado Nieves. Detalló que fue su padre quien le pidió que firmara el documento, que ya contenía la firma y el sello del letrado. Al respecto, la ODIN recogió la impresión del Tribunal de Primera Instancia en el sentido de que el licenciado Rosado Nieves no rebatió adecuada-mente esa imputación durante el juicio sobre la nulidad del testamento.

La ODIN también evaluó la Escritura Núm. 14 sobre Dación en Pago de 24 de abril de 1989. En ese documento, el señor Carrión Cordero afirmó ser el dueño privativo de un terreno en Loíza que dio a sus hijos Alfredo y Evelyn Carrión Príncipe, hermanos de las quejosas, como pago por servicios prestados. Sin embargo, surge del expediente que, al momento del otorgamiento, el terreno era ganan-cial, contrario a lo que afirmaron todos los comparecientes. No consta que se haya realizado un estudio de título. Fi-nalmente, ese negocio jurídico se dejó sin efecto un mes después, mediante la Escritura Núm. 16 de 23 de mayo de 1989. La ODIN se abstuvo de hacer una determinación de conducta impropia en cuanto a esta situación.

Otra situación que evaluó la ODIN se relaciona con la solicitud para que se declarase incapaz a la Sra. Carmen Príncipe, viuda del testador. El 3 de septiembre de 1991, la Sra. Carmen Lydia Carrión Príncipe presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición de determinación de incapacidad y nombramiento de tutor para su madre. Sus hermanos Alfredo y Evelyn Carrión Príncipe, a través de su abogado, el licenciado Rosado Nieves, pidieron inter-venir en ese procedimiento el 24 de septiembre de 1991. En su intervención, aceptaron que la Sra. Carmen Príncipe Negrón no estaba capacitada para administrar sus bienes. Sin embargo, siete días antes, el 17 de septiembre de 1991, el licenciado había instado una demanda en representa-ción de la señora Príncipe Negrón, sus hijos Alfredo y Evelyn Carrión Príncipe, y uno de sus nietos. Para ese mo-mento, no existía una declaración formal de incapacidad en cuanto a la señora Príncipe Negrón, por lo que la ODIN tampoco hizo señalamiento en esa instancia.

El 1 de septiembre de 2010 referimos el caso a la Oficina del Procurador General para que presentara la querella correspondiente, lo que sucedió el 31 de marzo de 2011. El Procurador desglosó las imputaciones en tres cargos. El primero de ellos por violar el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA see. 2002), por faltar a la fe pública notarial. El segundo cargo imputa una violación del Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, sobre sinceridad y honradez. El tercer cargo imputa una violación del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

El 11 de mayo de 2011, el licenciado Rosado Nieves con-testó la querella. En lo pertinente, indicó que no tenía forma de saber el método que utilizó el testador para llegar a su oficina el día en que otorgó el testamento declarado nulo. Añadió que no impugnó la sentencia de nulidad por-que no quería contravenir la voluntad de los codemanda-dos, quienes querían evitar que se siguiera lacerando la relación familiar. Sin embargo, aseguró que su determina-ción de no apelar la sentencia no significa que estuviera de acuerdo con ella. En cuanto a la declaración jurada de la Sra. Valentina Carrión Príncipe, indicó que se le presentó en medio del juicio sin notificación previa, que en las de-claraciones juradas no se tiene que precisar el lugar del otorgamiento ni la hora. Alegó que se otorgó en casa del señor Carrión Cordero, pero que carece de evidencia ex-trínseca para probarlo, más allá de su testimonio.

El 20 de octubre de 2011 designamos a la exjueza del Tribunal de Primera Instancia, Hon. Eliadís Orsini Zayas, como Comisionada Especial del caso. Luego de celebrar va-rias vistas, la Comisionada presentó su informe, que con-centró principalmente en las irregularidades en la otorga-ción del testamento nulo y la declaración jurada de la Sra. Valentina Carrión Príncipe. Enfocó su análisis en la posi-bilidad de que el licenciado Rosado Nieves violara el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

La Comisionada recomendó que se exonerara al licen-ciado Rosado Nieves. Concluyó que la queja obedece a lo que la Comisionada llamó el deseo de venganza de las que-josas contra el notario, hacia quien la Comisionada en-tiende que transfirieron su resentimiento por las disposi-ciones testamentarias de su padre. Además, señaló que la tardanza en presentar la queja constituyó incuria. Cón-sono con ello, nos invita a que acojamos la incuria como defensa en los procedimientos disciplinarios contra aboga-dos y enmendemos la Regla 14 del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-A, a esos propósitos.

También la Comisionada pasó juicio sobre las determi-naciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia en el caso de la anulación del testamento. Concluyó que el tes-tador sí pudo acudir a la oficina del notario para otorgarlo, contrario a la determinación del foro de instancia al respecto. Destacó que en el expediente del caso de nulidad ante el Tribunal de Primera Instancia constan tres decla-raciones juradas de los testigos de ambos testamentos abiertos, quienes reiteran que se otorgaron en las fechas, las horas y el lugar indicados. En cuanto al testamento anulado, concluyó que se otorgó acorde con las leyes y los reglamentos aplicables a testamentos abiertos, y descartó la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Llegó a esa determinación porque el estándar de prueba en los casos disciplinarios de abogados es el de prueba clara, robusta y convincente, que resulta más es-tricto que el de preponderancia de prueba de los pleitos civiles.

Además, la Comisionada opinó que el Tribunal de Pri-mera Instancia no debió admitir en evidencia la declara-ción jurada de la Sra. Valentina Carrión Príncipe. Inter-pretó que, durante el juicio, el licenciado Rosado Nieves rechazó autenticarla por tratarse de una copia y no del documento original. La Comisionada entendió que ese ac-tuar fue correcto, a pesar de que en la copia se veía su firma y sello notarial, porque autenticar el documento hu-biera significado autenticar su contenido. El Tribunal de Primera Instancia tampoco dio credibilidad al testimonio del licenciado Rosado Nieves en ese aspecto. El letrado no declaró en las vistas ante la Comisionada Especial.

Según la Comisionada, las querellantes no sufrieron daño alguno por las actuaciones del licenciado Rosado Nieves. Llegó a esa conclusión, porque en una estipulación de las partes, acordaron salvaguardar los intereses del me-nor de edad involucrado. Sin embargo, la observación de la Comisionada no consideró que el segundo testamento hu-biera impedido que las querellantes tuvieran participación en el tercio de libre disposición, que se asignaba única-mente a su hermano.

La Comisionada resaltó que las partes estipularon que no recurrirían de la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, del expediente no surge que la es-tipulación que se recogió en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia tuviera esa intención. Solo consta que la estipulación preservó los derechos hereditarios de un me-nor de edad, nieto del testador, que hubiera quedado sin herencia tras la anulación del segundo testamento. Es en la contestación a la querella que presentó el licenciado Ro-sado Nieves el 11 de mayo de 2011 que se alegó que decidió no acudir en apelación para no perjudicar más los ya lace-rados vínculos familiares y preservar los intereses del me-nor, que se resguardaron con la estipulación que recogió el Tribunal de Primera Instancia.

La Procuradora General presentó su reacción al In-forme de la Comisionada Especial el 4 de abril de 2013. En ese documento se opuso a que la Comisionada realizara una nueva evaluación de los hechos ya adjudicados por sentencia final y firme del Tribunal de Primera Instancia, sin que el querellado presentara prueba adicional. Insistió en que los hechos de los que surge la querella no están en controversia.

Además, la Procuradora destacó que alterar el término prescriptivo impediría a las querellantes ejercer un dere-cho, a pesar de haberse guiado por el ordenamiento vigente que no impone límites prescriptivos a las quejas contra abogados. Al mismo tiempo, discrepó que la queja se hu-biera presentado irrazonablemente tarde, pues las quejo-sas alegan que aguardaban porque el Tribunal de Primera Instancia elevara los autos del caso. La Procuradora re-saltó que el letrado conocía de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y de la posibilidad de que el caso redun-dara en una queja, por lo que no estaba en posición de indefensión.

Así pues, el caso quedó sometido el 8 de abril de 2013.

II

El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, precisa:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extraju-diciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la vo-luntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escri-turas y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autori-dad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original). 4 LPRA see. 2002.

La fe pública notarial tiene un carácter dual: en la esfera de los hechos y en la esfera del derecho. “En la esfera de los hechos, ampara la exactitud de lo que el notario ve, oye o percibe sus sentidos”. S. Torres Peralta, El derecho notarial puertorriqueño, edición especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Sec. 1.21.

En el otorgamiento de los testamentos abiertos, la dación de fe del notario cobra particular prominencia. El Art. 649 del Código Civil exige que las formalidades del otorgamiento de un testamento abierto se celebren en un solo acto, de lo cual dará fe el notario al final del testamento. 31 LPRA see. 2186. Eso es cónsono con el Art. 24 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, que subraya la indispensabilidad de que el otorgamiento del documento público se celebre en un solo acto cuando sean requeridos testigos instrumentales. 4 LPRA see. 2024.

La falta de veracidad en los hechos que narra un notario es una de las faltas más graves que puede cometer, ya que la certificación de un hecho falso va en detrimento de la fe pública. In re Belén Trujillo, supra; In re Montalvo Guzmán, supra; In re Torres Olmeda, supra. Cuando un notario da fe sobre hechos que no ocurrieron en las circunstancias como las que certificó en el documento público, incurre en una violación del Canon 35 del Código de Etica de la Profesión, supra. Ese canon exige a los abogados conducirse con sinceridad y honradez en la práctica de la profesión. Al mismo tiempo, requiere que el abogado se ajuste a la sinceridad de los hechos al redactar documentos. Id. Reiteradamente hemos expresado que, para que se constituya una violación de este canon, es in-material si hubo mala fe, deliberación o la intención de engañar. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 686-687 (2012); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 43 (2011).

De otra parte, consignar un hecho falso en un documento notarial y en contravención a la Ley Notarial de Puerto Rico, constituye también una violación del Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. In re Belén Trujillo, supra, pág. 308; In re Torres Olmeda, supra, págs. 393-394. Ese canon es el que exige la exaltación del honor y la dignidad de la profesión y evitar, de esta forma, la apariencia de conducta impropia.

III

La ODIN y la Comisionada Especial limitaron a dos los actos sancionables que cometió el licenciado Rosado Nieves, aunque llegaron a diferentes recomendaciones. Se trata de la otorgación del testamento que declaró nulo el Tribunal de Primera Instancia y la declaración jurada de la Sra. Valentina Carrión Príncipe.

En esencia, la ODIN nos recomienda que impongamos una sanción, mientras que la Comisionada Especial nos recomienda que exoneremos. La primera se basa, princi-palmente, en la sentencia del Tribunal de Primera Instan-cia y en las alegaciones de las quejosas. La segunda está fundamentada en el tiempo transcurrido desde la senten-cia hasta la presentación de la queja, y en el quantum de prueba que se tiene que utilizar para los procedimientos disciplinarios.

Luego de examinar cuidadosamente el expediente del caso, no podemos exonerar al licenciado Rosado Nieves de las faltas que se le imputan. Hay una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que evaluó la prueba y determinó que el segundo testamento es nulo porque el notario faltó a la fe pública. Entendemos que se puede llegar a esa misma determinación aún bajo el estándar de prueba clara, ro-busta y convincente. No podemos condonar una de las fal-tas más graves que puede cometer un notario.

En los procesos de revisión judicial, que no es la situación ante nos, los tribunales de mayor jerarquía concedemos gran deferencia a las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, su apreciación sobre la credibili-dad de los testigos y el valor probatorio de la evidencia que se presentó en sala. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 448 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Por ello, los tribunales apelativos no suelen intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro primario, a menos que se haya incurrido en un error manifiesto, pasión, pre-juicio o parcialidad. íd.

En el caso ante nos, la Comisionada estudió el expe-diente del Tribunal de Primera Instancia. El propósito era determinar si la prueba que se desfiló en el juicio sobre la nulidad del testamento del señor Carrión Cordero era su-ficiente como para constituir violaciones éticas según el es-tándar aplicable, que es de prueba clara, robusta y convincente. Sin embargo, al evaluar el expediente del Tribunal de Primera Instancia, la Comisionada entró en con-sideraciones sobre si la prueba fue admitida adecuada-mente, y dio mayor peso a las declaraciones juradas de los testigos del testamento que a la credibilidad que el juez de primera instancia dio a los testimonios que se vertieron durante el juicio.

Por su parte, el juez que atendió el caso en el Tribunal de Primera Instancia, Hon. Hiram Sánchez Martínez, dio gran peso al comportamiento del licenciado Rosado Nieves mientras testificaba ante sí. Lo calificó como evasivo y de-terminó que su testimonio quedó debidamente impugnado por el resto de la prueba presentada. No sólo se basó en los testimonios de las quejosas, sino que consideró otra prueba, como la forma en que estaba mecanografiada la fecha, la hora y el lugar del otorgamiento de los dos testa-mentos evaluados, y concluyó que el segundo no se otorgó según se dio fe en el documento.

Aunque reconocemos el esfuerzo de la Comisionada Especial de darse a la tarea de reevaluar el expediente del caso del Tribunal de Primera Instancia, la realidad es que las determinaciones de hechos de ese foro nunca se cues-tionaron ni impugnaron en los foros concernientes. No co-rresponde al proceso disciplinario dilucidar la idoneidad de las actuaciones del Tribunal de Primera Instancia en el juicio sobre nulidad del testamento. Esas advinieron finales y firmes. La evaluación del expediente debió limitarse a determinar si, más allá del estándar de preponderancia de prueba requerida en el pleito civil común y ordinario, ha-bía la prueba clara, robusta y convincente requerida en los procesos disciplinarios. Véase In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584-585 (2001).

En ese aspecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia nos convence de que ese foro tuvo ante sí la prueba clara, robusta y convincente que nos exige la impo-sición de una sanción disciplinaria. A través de testimo-nios, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que era físicamente imposible que el testador estuviera en la fecha, el lugar y la hora indicados en el testamento. En ese mo-mento no tenía su carro disponible, las personas que habi-tualmente lo transportaban cuando él no podía conducir se encontraban en la graduación del nieto del testador. El se-ñor Carrión Cordero no acudió a la graduación porque se sentía enfermo ese día.

Además, de un análisis visual de los testamentos, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que al primero, el de 25 de abril de 1989, se le mecanografió la fecha del otorga-miento luego de otorgado. Mientras, que en el segundo, el de 24 de mayo de 1989, se desprendía que se imprimió la hora como parte del texto original. En ese caso, no hubo inserción en fecha posterior, lo que abonó a la conclusión de nulidad.

Al Tribunal de Primera Instancia se le solicitó la decla-ración de nulidad de los dos testamentos. Sin embargo, ese foro solo concluyó que se derrotó la presunción de veraci-dad de la fe notarial en el segundo. Esa determinación de-nota que el Tribunal de Primera Instancia ponderó cuida-dosamente toda la evidencia que se presentó ante sí. Esa prueba demuestra de manera clara, robusta y convincente que la fe pública notarial no fue veraz en el segundo testamento.

En cuanto a la declaración jurada que prestó la Sra. Valentina Carrión Príncipe el 5 de junio de 1989, el Tribunal de Primera Instancia desconfió de la forma evasiva en que respondió el licenciado Rosado Nieves. Durante el jui-cio, ni siquiera admitió que la firma y el sello que consta-ban en el documento correspondieran a él, amparándose en que era una copia y desconocía dónde estaba el original.

La Comisionada Especial censuró que el Tribunal de Primera Instancia admitiera esa declaración jurada como evidencia porque el notario se negó a autenticarla. Como advertimos, no corresponde a estos procedimientos diluci-dar la admisibilidad de la evidencia en un juicio cuya sen-tencia no se impugna y advino final y firme. Además, la Comisionada Especial indicó que, durante el juicio, el no-tario se negó a reconocer su firma en el documento porque ello hubiera significado autenticar el contenido. Sin embargo, el Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico indica que el notario “no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento privado cuyas firmas legitima”. 4 LPRA sec. 2091. Véase, además, In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 581 (2001).

En el caso de la declaración jurada de 5 de junio de 1989, el Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí el tes-timonio del licenciado Rosado Nieves, y el que vertió la Sra. Valentina Carrión Príncipe en otra declaración jurada de 5 de octubre de 1991. En esa segunda declaración ju-rada aseguró que la primera no se firmó ante el licenciado Rosado Nieves, cuya firma y sello ya constaba en el docu-mento que su padre le pidió que suscribiera. El Tribunal de Primera Instancia hizo una adjudicación de credibilidad en cuanto a eso y, sin que se presente evidencia adicional que socave lo ya adjudicado, lo que correspondía era evaluar si esa era prueba clara, robusta y convincente para sostener una sanción ética. Concluimos que sí.

Por último, la Comisionada Especial nos invita a que enmendemos la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, para establecer un término prescriptivo para las acciones contra abogados por haber transcurrido un término irrazonable entre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y la queja que presentaron las quejosas. Se alega que eso evitaría que el abogado se halle sin con-seguir la prueba para poder defenderse. Sin embargo, es-tamos convencidos de que este no es el caso idóneo para entrar en esas consideraciones, toda vez que los hechos se derivan de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El licenciado Rosado Nieves tuvo oportunidad de defenderse en ese procedimiento. Era fácilmente prede-cible que, en algún momento, de este procedimiento podía nacer una queja.

Así pues, validamos las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia de que el licenciado Rosado Nieves faltó a la fe pública notarial al incumplir con la unidad de acto que requiere el otorgamiento de un testamento abierto, así como por estampar su firma y sello en una declaración ju-rada que no se prestó ante sí.

De esta forma, el licenciado Rosado Nieves vulneró el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. A su vez, incurrió en una violación del Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, pues incumplió con el deber de sinceri-dad y honradez que tiene todo profesional del Derecho. Además, violó el Canon 38, supra, por faltar al honor y la dignidad de su profesión con una conducta impropia.

Estas actuaciones nos llevan a concluir que el licenciado Rosado Nieves no es una persona idónea para ejercer la notaría en Puerto Rico. Por ello, determinamos suspen-derle indefinidamente del ejercicio de la notaría.

IV

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e indefinidamente al Ledo. Angel M. Rosado Nieves del ejer-cicio de la notaría por violar el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, supra, y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El Alguacil de este Tribunal procederá a incautar la obra notarial del Ledo. Angel M. Rosado Nieves, incluyendo su sello notarial y deberá entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para el examen correspondiente e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

       La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 11 señala:
      “Estamos absolutamente convencidos de que don Alfredo no salió de su residen-cia esa mañana y, más aún, que no fue a Río Piedras para nada. Ni siquiera el testimonio del notario autorizante nos ha persuadido de lo contrario. Lo vimos y oímos declarar, pudimos apreciar su demeanor, y en el balance más racional y justi-ciero que hemos podido hacer de la totalidad de la prueba, concluimos que la fe notarial por él brindada en el testamento del 24 de mayo de 1989, ha sido desvirtuada”.


author: PER curiam:

text:
      In re Gumersindo Colón Hernández, querellado.

      Número: CP-2011-1

      Resuelto: 17 de julio de 2013

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, y Tatiana M.

      Grajales Torruella, subprocuradora general, querellantes; María S. Rosario Osorio, parte querellante; Eliadis Orsini Zayas, comisionada especial, en informe; Gumersindo Co-lón Hernández, pro se.

   PER curiam:

I

El Ledo. Gumersindo Colón Hernández (licenciado Co-lón Hernández) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de abril de 1978 y prestó juramento como notario el 15 de junio de 1978. El 19 de enero de 2011, la Procuradora General presentó una Querella sobre conducta profesional contra este a raíz de una Queja instada en su contra. Pro-cedemos a relatar los acontecimientos que motivaron la presentación de la Queja según surgen del expediente so-bre su gestión profesional.

El 10 de agosto de 2009, la Sra. María S. Rosario Osorio (la quejosa o señora Rosario Osorio) instó una Queja ante la Oficina de la Procuradora General contra el licenciado Colón Hernández. Alegó que había contratado sus servi-cios para presentar una Petición de Expediente de Dominio sobre una finca. Planteó que el licenciado Colón Hernández le peticionó inicialmente la suma de quince mil dólares ($15,000) y posteriormente cinco mil dólares ($5,000) adicionales. Alegó que comenzado el caso dejó de comuni-carse con ella y de informarle sobre los procedimientos. También sostuvo que el licenciado Colón Hernández no le contestaba las llamadas. Finalmente, el tribunal emitió una Resolución mediante la cual desestimó la petición.

El 12 de noviembre de 2012, el licenciado Colón Hernán-dez contestó la Queja. Al evaluarla, la Oficina de la Procu-radora General se comunicó con la quejosa para aclarar ciertas interrogantes. En cumplimiento con lo ordenado, la quejosa presentó una comunicación donde reiteró lo ex-puesto en la Queja y apuntó que la última reunión con el licenciado Colón Hernández fue el 21 de julio de 2009, fe-cha en que se le entregó copia de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Indicó que en esa ocasión el licen-ciado Colón Hernández le expresó que apelaría y que nece-sitaría un agrimensor cuyos honorarios debía sufragar. La señora Rosario Osorio señaló que, contrario a lo intimado en su contestación, el licenciado Colón Hernández no rea-lizó el estudio de título de la finca. La quejosa considera que el caso se trabajó incorrectamente o que el licenciado Colón Hernández no conocía suficientemente la materia. Por último, la quejosa sostuvo que el trabajo realizado no valía los veinte mil dólares ($20,000) pagados en honora-rios de abogado, por lo que peticionó la devolución de quince mil dólares ($15,000).

Por su parte, el licenciado Colón Hernández alegó que el 25 de agosto de 2005, la quejosa lo contrató para realizar la Petición de Expediente de Dominio de dos (2) fincas. Acor-daron un depósito de quince mil dólares ($15,000) para gastos y honorarios, a razón del quince por ciento (15%) del valor de la propiedad. Se pactó, conforme alegado, que tra-bajaría en una finca a la vez, a saber la de diecisiete (17) cuerdas primero. Planteó que su primera gestión fue con-tratar a un paralegal para que realizara el estudio de título por índice de personas. No obstante, alegó que no estuvo conforme con el trabajo hecho por lo que acudió personal-mente al Registro de la Propiedad para hacer su propio estudio del tracto de la finca. Luego de recibir cierta infor-mación de la quejosa, el 5 de octubre de 2005 preparó un primer borrador de la Petición de Expediente de Dominio y, posteriormente, se comunicó con un agrimensor para que estudiara la finca y sometiera su contrato. Resuelto el asunto del agrimensor, el licenciado Colón Hernández pre-sentó la Petición de Expediente de Dominio en el 2006 bajo el número EJV2006-0-942. Expresó que para la presenta-ción de la Petición de Expediente de Dominio tuvo que so-licitar tres (3) Certificaciones, toda vez que las primeras dos (2) se prepararon pero no le notificaron por lo que per-dieron su vigencia. A su vez, señaló que durante el pro-cedimiento fue necesario emplazar a nueve (9) partes con interés, seis (6) de ellas mediante edictos.

Además de las gestiones descritas, el licenciado Colón Hernández señaló que se reunió en dos (2) ocasiones en la Fiscalía de Caguas, así como con el Jefe de la Sección de Expedientes de Dominio de la Oficina Asesora de Adminis-tración de Propiedades del Departamento de Transporta-ción y Obras Públicas, quien no endosó la Petición presen-tada ya que la propiedad objeto de la misma invadía una servidumbre de 7.50 metros desde el centro de la Carretera PR-173. Ante esta negativa, el licenciado Colón Hernández sostuvo varias reuniones que lograron el endoso de la Pe-tición siempre y cuando se cumpliera con varios requisitos.

En cuanto a las alegaciones de la quejosa de falta de comunicación, el letrado informó que se reunió en no me-nos de cinco (5) ocasiones. Expresó que siempre atendía las llamadas de la señora Rosario Osorio. Por último, apuntó que nunca le prometió a la quejosa que ganarían el caso. Sostuvo que fue preparado al juicio e incluyó a los tres (3) testigos que exige la ley. Indicó que una vez recibida la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, la llamó a su Oficina para discutirla. Le informó a las partes que lo resuelto daba espacio para una acción civil contenciosa y se puso a la disposición de la quejosa.

Así las cosas, la Oficina de la Procuradora General hizo un requerimiento de información adicional al licenciado Colón Hernández. En esta ocasión, el licenciado Colón Her-nández informó haberle entregado el expediente a la que-josa el 8 de marzo de 2010.

Evaluada la Queja el 2 de septiembre de 2010, la Ofi-cina de la Procuradora General presentó su Informe. Luego de examinar tanto el Informe de la Procuradora General como la Contestación a Informe de la Honorable Pro-curadora General, el 10 de diciembre de 2010 instruimos a la Procuradora General a presentar la Querella correspondiente. El 19 de enero de 2011, la Procuradora General presentó una Querella sobre conducta profesional contra el licenciado Colón Hernández en la cual le imputó un (1) cargo por violación al Canon 23 del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Mediante Orden, peticionamos al licenciado Colón Her-nández que contestara la Querella incoada en su contra. Finalmente, y luego de una solicitud de prórroga, el licen-ciado Colón Hernández presentó su Contestación a la Querella.

Luego de los trámites de rigor, el 20 de julio de 2011 designamos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, como Comisio-nada Especial para atender el procedimiento de autos. Tras celebrar una vista evidenciaría, la Comisionada Especial rindió su Informe en el que determinó que, aquilatada la prueba documental y testifical, el licenciado Colón Her-nández había incurrido en la conducta imputada. Además, la Comisionada Especial expresó que de los documentos y las admisiones del letrado se sostenía que este también violó los Cánones 18, 24 y 38 del Código de Ética Profesio-nal, 4 LPRAAp. IX.

Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando con el beneficio del Informe de la Comisionada Especial y de la Procuradora General, así como la contestación del licenciado Colón Hernández, resolvemos.

II

En el caso de autos se le imputa al licenciado Colón Hernández violar el Canon 23 del Código de Ética Profe-sional, supra. Como expresáramos, la Comisionada Especial también nos plantea la violación de los Cánones 18, 24 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, tras examinar los documentos y las admisiones del licenciado Colón Hernández. Estas violaciones no fueron imputadas al le-trado en la Querella de 19 de enero de 2011. En primer lugar, examinemos este planteamiento.

Comencemos señalando que en In re Ríos Ríos, 175 DPR 57 (2008), resolvimos que los abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de la profesión legal. Por lo tanto, los abogados son acreedores de las garantías que ofrece la vertiente procesal del debido proceso de ley en aquellos procedimientos disciplinarios en que esté enjuego su título.

Así, en In re Pérez Riveiro, 180 DPR 193 (2010), identificamos las garantías mínimas. Destacamos la naturaleza cuasipenal de los procedimientos disciplinarios y resolvimos que en estos, “el debido proceso de ley se satisface siempre que se le provea al abogado querellado la oportunidad de responder y defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de las teorías en las que se fundamenten”. íd., pág. 200. Asimismo, concluimos que

[...] la práctica de enmendar tácitamente la querella, a base de la prueba presentada, para sancionar a un abogado por violaciones al Código de Etica Profesional que no fueron impu-tadas en la querella es incompatible con la naturaleza de los procedimientos disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso de ley. Las enmiendas a las alegaciones mediante la prueba es un concepto propio de los procesos civiles [...] que no tiene equivalente en el ámbito penal. Por lo tanto, aceptarlas en los procedimientos disciplinarios equivaldría a equiparar-los con los procesos civiles ordinarios. Id., págs. 200-201.

Empero, en In re Rodríguez Plaza, 182 DPR 328, 342 (2011), y en In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011), reconocimos que esta norma no es rígida ni inflexible. Al respecto, hemos expresado que

[...] a modo de excepción, en las instancias en donde el ex-pediente ante la consideración del Tribunal refleje que, en cuanto a la conducta impropia adicional, se le han salvaguar-dado al querellado todas las garantías que emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá —si lo estima apropiado— evaluar y atender esa conducta adicional en el mismo procedi-miento disciplinario, sin necesidad de referirla al procurador general. Sólo así protegeremos efectivamente las garantías constitucionales del abogado querellado y no se menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su defensa ni se le impedirá velar por su sustento. In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 825-826.

Por otro lado, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-A (ed. 2002), establece que le corresponde al Comisionado Especial designado en un procedimiento disciplinario contra un abogado celebrar una vista para recibir la prueba. Por lo tanto, sus determinaciones tácticas merecen nuestra mayor deferencia. Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el Informe del Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, pudiendo adoptar, modificar o rechazar tal Informe, de ordinario sostenemos las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Torres Viñals, 180 DPR 236 (2010).

Así las cosas, en su Informe, la Comisionada Especial concluyó que el licenciado Colón Hernández violó el Canon 18 al utilizar un vehículo legal inaplicable a la situación que atendía; que solicitar honorarios al considerar factores externos y en exceso al valor de su trabajo violó el Canon 24, y que, por último, se configuró la violación del Canon 38. También sometió el contenido del Contrato de Servicios Profesionales para que determinemos si este viola el Canon 19.

Al examinar el expediente ante nos, no consideramos apropiado atender las violaciones éticas adicionales seña-ladas por la Comisionada Especial. Esto, pues, tanto los escritos de la Procuradora General como los del licenciado Colón Hernández se limitan a exponer sobre la imputada violación al Canon 23. Asimismo, aunque de la Minuta de la Vista Inicial de 9 de febrero de 2012 surge que la Comi-sionada Especial trajo a la atención del querellado y de la Oficina del Procurador General estas posibles violaciones éticas, añadió que si en la próxima vista la Oficina de la Procuradora General le indicaba que solo tenía prueba para sostener lo imputado, así lo aceptaría. Así las cosas, la Oficina de la Procuradora General manifestó que solo con-taba con prueba para sostener la violación al Canon 23. Por otro lado, tampoco contamos con reacción alguna del querellado respecto al Informe de la Comisionada Especial.

Aclarado lo anterior, examinemos las disposiciones pertinentes.

Reiteradamente hemos señalado que los Cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor. In re Peña, Santiago, 185 DPR 764 (2012); In re Birriel Cardona, 184 DPR 301 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738 (2011); In re Torres Viñals, supra.

En lo pertinente, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, dispone:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

Cuando un abogado retiene fondos de sus clientes, esto constituye una práctica altamente lesiva a la profesión legal. In re Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009). Esa conducta lesiona la naturaleza fiduciaria que rige la relación entre el abogado y su cliente. Además, afecta la imagen de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo abogado, y la reputación de la profesión legal en la comunidad. Ni la devolución del dinero retenido al cliente, ni la falta de intención para apropiárselos permanentemente eximen a un abogado de la sanción disciplinaria correspondiente. En ese contexto hemos expresado que la dilación en la devolución de los fondos, de por sí, es causa suficiente para infringir el Canon 23. Id.; In re Bonilla Berlingeri, 175 DPR 897 (2009); In re Ríos Ríos, supra.

Con estos preceptos en mente, atendemos la violación ética imputada.

III

El Contrato suscrito entre la querellante y el licenciado Colón Hernández contiene una cláusula que expresa lo si-guiente: “Un depósito de $15,000 para gastos y adelanto. Honorarios serán el 15% del valor de cada propiedad, que son dos”. Así pactado, la querellante entregó la suma de veinte mil dólares ($20,000) al licenciado Colón Hernández.

Sostiene la Procuradora General que las partes acorda-ron honorarios por contingencia y que, al no prevalecer, el letrado tiene derecho a ser compensado solo por los gastos en los cuales incurrió. Calcula estos gastos en no más de cinco mil dólares ($5,000). Concluye que la retención de los restantes quince mil dólares ($15,000) constituye una vio-lación al Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra. La Comisionada Especial coincide con esta conclusión.

Por su parte, el licenciado Colón Hernández sostiene que el Contrato suscrito era un contrato mixto por el que recibiría quince mil dólares ($15,000) en concepto de hono-rarios más un quince por ciento (15%) adicional por contingencia. Esto, pues expresa el licenciado Colón Her-nández que

[l]os honorarios finales serían en base al valor de tasación una vez finalizado el caso, pues el deseo de nuestra cliente era vender las tierras. Nos había informado la misma que allí se estaba vendiendo la cuerda a sobre setenta mil dólares, lo que generaría una ganancia de sobre un millón de dólares. Y ella estaba dispuesta a pagar el 15% en honorarios sobre esa cantidad.

Indica que el adelanto recibido era parte de los honora-rios de abogado. Añade que “[p]or eso lo utilizamos y se dispuso de los mismos”.

Evaluados estos hechos, y conforme reseñado, la Comi-sionada Especial entendió que el licenciado Colón Hernán-dez incurrió en violaciones al Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra.

Al igual que la Comisionada Especial, consideramos que el Contrato de honorarios era de honorarios contingentes y que el dinero dado por la quejosa era para los gastos. La cláusula pertinente no permite otra lectura. Tal como hemos expresado: cuando nos referimos a las relaciones profesionales entre un abogado y su cliente se conocen como honorarios contingentes de dicho profesional el acuerdo entre las partes de que el abogado será compensado si gana el caso y en proporción a la cuantía concedida en la Sentencia. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 DPR 772 (1981). A tales efectos, las únicas contingencias que contiene tal definición es que el abogado o abogada gane el caso y que se pacten los honorarios en proporción a una cuantía sobre la cantidad de compensación que se consigne en la Sentencia.

Por lo tanto, al descontar los gastos en que incurrió el letrado, este debe devolver la suma restante. El licenciado Colón Hernández violó el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, al mantener y disponer de este dinero.

IV

Por los fundamentos antes expresados, suspendemos al licenciado Colón Hernández del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año a partir de la notificación de la presente Opinión per curiam.

El licenciado Colón Hernández tiene el deber de notifi-car a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles y devolverá a éstos los expedientes de los casos pendientes así como los honorarios recibidos por tra-bajos no realizados. También deberá informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administra-tivos del país. De igual forma, debe certificar a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días el cumpli-miento con lo aquí dispuesto. A su vez, deberá devolverle a la señora Rosario Osorio quince mil dólares ($15,000).

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Es importante señalar que el 16 de noviembre de 2012 se presentó la Queja AJB-2012-445 en contra del licenciado Colón Hernández.

       Dicha gestión tuvo un costo de ciento veinte dólares ($120).

       Expresó que cada Certificación tuvo un costo de cincuenta y cinco dólares ($55) para un gasto total de ciento sesenta y cinco dólares ($165). Lo anterior, según planteado, no contaba los viajes realizados al Registro de la Propiedad.

       Esta gestión tuvo un costo total de dos mil ochocientos dólares ($2,800), así como veintisiete dólares con cuarenta y cinco centavos ($27.45) en cartas certificadas.

       La Procuradora General presentó el cargo siguiente:
      “CARGO I
      “El licenciado Gumersindo Colón Hernández violentó los preceptos enunciados en el Canon 23 de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, C. 23, el cual dispone que la naturaleza fiduciaria de las relaciones abogado y cliente estén fundadas en la hon-radez absoluta y que se debe dar pronta cuenta del dinero u otros bienes que vengan a su posición sin permitir que estos se mezclen con los suyos”.

       Contestación a la queja, pág. 3.

       Contestación a querella de la honorable Procuradora General, pág. 1.


text:
      In re Gail Ramos Martínez.

      Número: TS-11,487

      Resuelto: 30 de julio de 2013

      Geisa M. Marrero Martínez, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua; Gail Ramos Martínez, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión, nos vemos precisados a ejer-cer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Por las razones expuestas a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefi-nida de la Leda. Gail Ramos Martínez del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

La Leda. Gail Ramos Martínez fue admitida al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1996, y a la notaría el 14 de marzo del mismo año. El 19 de marzo de 2013, la Direc-tora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos informó que la licenciada Ramos Martínez había in-cumplido con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua durante el periodo del 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2009.

Según surge del Informe sobre Incumplimiento con Re-quisito de Educación Continua, el 3 de abril de 2009 se envió un aviso de incumplimiento a la letrada otorgándole, entre otras alternativas, 60 días adicionales para que to-mara los cursos. Ante ese requerimiento, la letrada se li-mitó al pago de la cuota por incumplimiento tardío estable-cida en la Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-E.

Tiempo después, y al no haber cumplido con el término provisto para que tomara los cursos, el PEJC citó a la abo-gada a una vista informal el 2 de febrero de 2011. La licen-ciada Ramos Martínez no acudió a la vista informal pero compareció posteriormente por escrito y explicó las razones por las cuales se vio imposibilitada de cumplir con los re-querimientos del Programa.

Así las cosas, el PEJC le otorgó una prórroga final de 60 días para cumplir con los requerimientos de educación continua. Pasados varios meses, el 5 de octubre de 2012 el Programa le envió otra comunicación indicando que la re-ferida prórroga había vencido, y que se le estaba brindando un término adicional de 30 días para que informara sobre su cumplimiento. La licenciada Ramos Martínez contestó esa comunicación solicitando 30 días adicionales a la se-gunda prórroga otorgada. Sin embargo, aun hoy no ha cumplido con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua.

Ante esta situación, el 9 de mayo de 2013 concedimos a la letrada Ramos Martínez un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debiera ser suspendida in-definidamente del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua. El 21 de mayo de 2013 compareció la licenciada Ramos Martínez mediante una Moción para Mostrar Causa por Incumplimiento con Educación Continua. En esta, arguye que debido a que desde hace tiempo cerró su oficina legal y dado a que padece de una condición severa de asma recurrente, entre otras condiciones médicas, desea renunciar voluntariamente al ejercicio de la notaría.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional dis-pone que los abogados y las abogadas tienen la obligación de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional” con el “fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona”. 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 458-459 (2013).

En virtud de lo anterior, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua requiere que los abogados y las abogadas tomen 24 créditos cada dos años en cursos acreditables de educación jurídica continua que ofrezca alguna institución acreditada a esos propósitos, salvo algunas excepciones que se desglosan en la Regla 4 (4 LPRA Ap. XVII-E).

Los abogados y las abogadas tienen el deber de presen-tar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un in-forme que acredite el cumplimiento con el mínimo de horas crédito a más tardar a los 30 días subsiguientes de finali-zado cada periodo de cumplimiento. En el caso de que un abogado o una abogada cumpla tardíamente con los requi-sitos de educación jurídica continua, deberá presentar un informe explicando las razones que justifiquen su tardanza y pagar una cuota.

No obstante, si el abogado o la abogada incumpliera con sus obligaciones, el Director de la Junta del PEJC le citará a una vista informal en la que podrá presentar prueba que justifique las razones de su proceder. Si el abogado o la abogada no compareciera, el asunto será remitido a este Tribunal. En el pasado, no hemos vacilado en disciplinar profesionalmente a los letrados que han desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas cré-dito de educación jurídica continua. In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013); In re Rivera Trani, supra; In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826 (2013).

III

En el caso de autos, la abogada Gail Ramos Martínez incumplió con los requisitos del PEJC y no consta eviden-cia alguna que acredite su cumplimiento con algunas de las excepciones que le permitirían obviar dichos requisitos. Durante este proceso, la letrada Ramos Martínez ha plan-teado que su incumplimiento responde a su estado de salud. Empero, la ausencia de evidencia fehaciente sobre su condición de salud, la falta de atención y la actitud pa-siva demostrada ante los requerimientos de la Junta del PEJC y de este Tribunal no nos deja otra opción que sus-penderle indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Ahora bien, la readmisión de un abogado posterior a una suspensión indefinida por motivo de su incumplimiento con las disposiciones del Reglamento del PEJC, quedará condicionada a que este, dentro del término de un año, subsane la falta y tome los cursos correspondientes al término de su suspensión. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013). En su moción de reinstalación a la profesión, la letrada suspendida deberá hacer constar, de manera específica, la forma como cumplió con el requisito de educación jurídica continua pendiente por subsanar. íd.

En vista de lo anterior, decretamos su suspensión inde-finida e inmediata de la licenciada Ramos Martínez del ejercicio de la abogacía y de la notaría, según le fuera apercibido. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e in-formar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per cu-riam” y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la Sra. Gail Ramos Martínez y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Regla 28 del Reglamento de 2005 (4 LPRA Ap. XVII-E). Véase, también, In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

       Regla 30 del Reglamento de 2005 (4 LPRA Ap. XVII-E).

       Regla 31 del Reglamento de 2005, supra.

       Regla 32 del Reglamento de 2005, supra.

       Véase, además, Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRAAp. XVII-D, R. 1).