author: ' El Juez Peesidente Señob Del Tobo

text:
    El Municipio de Ponce, representado por su Alcalde, José Tormos Diego, demandante y apelante, v. Monserrate Collazo, demandado y apelado.
    Núm. 8025.

    Sometido: Diciembre 6, 1939.

      Resuelto: Abril 19, 1940.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; Ramón A. Gaéea Picó, abogado del apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   ' El Juez Peesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito de desahucio en precario fallado en contra del demandante.

Éste a1egó en su demanda que era dueño de cierta finca rústica de cinco cuerdas en la cual estaban edificadas dos casas y que el demandado la ocupaba desde bacía más de un año sin pagar camón o merced “detentando precariamente la posesión de dicha propiedad sin derecho para ello y en contra de la voluntad de1 municipio demandante.”

Negó en su contestación el demandado que la finca perte-neciera al demandante y que él la poseyera precariamente. Como defensas especiales alegó que no existía nexo o vínculo legal o contractual alguno entre demandante y demandado que pudiera ser disuelto en el pleito, y que entre el deman-dante y doña Cruz Montes en cuya casa vivía el demandado, había pendiente una acción sobre nulidad de ejecutivo hipo-tecario en relación con la finca, a que se refiere la demanda.

El 13 de febrero de 1939 la corte declaró la demanda sin lugar. Fundó su sentencia en una relación del caso y opinión de la que transcribimos lo que sigue:

“La Corte, como resultado de las admisiones contenidas en la contestación del demandado y de la evidencia introducida por ambas partes, y apreciada en conjunto, declara probados satisfactoriamente los siguientes hechos:
“El Municipio de Ponce, siendo dueño de un crédito hipotecario que gravaba la finca ‘Olga’ descrita en el hecho 29 de la demanda de desahucio, entabló un procedimiento ejecutivo sumario contra Cruz Montes, el que, seguido por todos sus trámites, culminó en la venta en pública subasta de dicha finca 'Olga’ y su adjudicación al Mu-nicipio de Ponce, según todo ello aparece de la escritura pública número 24, otorgada en 28 de marzo de 1936 en Ponce ante el Nota-rio Rafael Atiles Moréu, por el Márshal de esta Corte de Distrito (Exhibit ‘A’ del demandante).
“Dicha finca 'Olga’ era, hasta su adjudicación, de Cruz Montes, madre política del demandado Monserrate Collazo, quien vive en la misma casa que su suegra Cruz Montes, a quien acompaña, desde antes de ser ejecutada y adjudicada dicha finca ‘Olga’ al Municipio de Ponce.
“El demandado Monserrate Collazo no paga canon ni merced alguna al Municipio por poseer la referida finca ‘Olga’, y ha sido requerido por el Municipio para que desaloje dicha finca, sin que lo haya verificado.
“Aparece también probado que existe un pleito pendiente, sobre nulidad del referido procedimiento hipotecario, bajo el número 10629 de esta Corte de Distrito, entablado por Cruz Montes contra el Municipio de Ponce. La demanda del presente caso de desahucio no se entabló contra Cruz Montes sino contra su yerno y acompa-ñante Monserrate Collazo.
“El artículo 2 de la Ley de Desahucio aprobada en el año 1905 lee como sigue:
“ ‘Artículo 2. — Procederá el desahucio contra los inquilinos, co-lonos y demás arrendatarios, los administradores, encargados, porte-ros o guardas, puestos por el propietario en sus fincas, y cualquiera OTRA PERSONA QUE DETENTE LA POSESIÓN MATERIAL O DISFRUTE PRECA-RIAMENTE, sin pagar canon o merced alguna.”
“La Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Correa v. Correa, 32 D.P.R. 273, se expresó así:
“ ‘El demandado no es inquilino, colono o arrendatario de la de-mandante. Tampoco fué puesto por ella como administrador, en-cargado, portero o guarda de la propiedad de que se trata. ¿Puede concluirse que detente la propiedad o la disfrute en precario que es lo que realmente sostiene la demanda?
‘Detentación significa, según Eseriche, “La tenencia o posesión de una cosa en nombre de otro”, y detentador, según la misma autoridad, es “el que tiene o posee una cosa en nombre de otro, como el comodatario, depositario y otros, quienes pueden implorar el oficio del juez contra los pertubadores de su detentación.” ’
“Y más adelante, en el mismo caso de Correa v. Correa, 32 D.P.R. 278, la Corte Suprema se expresó así:
“ ‘Basta penetrar en el significado de las palabras detentación y precario, para concluir que al usarlas el legislador quiso abarcar con ellas todas las relaciones que pudieran existir entre el dueño de la propiedad y aquellos que hubieran entrado en la posesión Y LA POSEYERAN EN SU NOMBRE A VIRTUD DE CONTRATO O POR MERA TOLERANCIA, o como intrusos, pagando o no pagando, y que no pu-dieran comprenderse en los conceptos de inquilino, colono, arrenda-tario, administrador, encargado, portero o guarda. Y la prueba NO PONE DE MANIFIESTO EN ESTE CASO NINGUNA DE ESAS RELACIONES entre la demandante Y el demandado, ni cualquiera otra derivada de ellas, o independientemente, que pudiera considerarse dentro del espíritu de la ley.’ (Mayúsculas nuestras.)
“La precedente doctrina es de perfecta aplicación al presente caso, por haberse probado en el mismo que el demandado posee la finca ‘Olga’, con su suegra Cruz Montes, desde mucho antes de la ejecución y adjudicación al Municipio de Ponce.
“La posesión de la finca £01gar por parte del demandado Mon-serrate Collazo empezó cuando era' dueño de la finca Cruz Montes, sin que, entonces, el Municipio de Ponce tuviera ningún derecho a, la posesión de la referida finca, y sin que pudiera mediar tolerancia o consentimiento de clase alguna por parte del Municipio para dicha posesión por el demandado.”

Apeló el Municipio. Señala dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al declarar sin lugar la demanda y al considerar aplicable al caso la doctrina del de Correa v. Correa, 32 D.P.R. 273.

Que el Municipio demandante es, según la titulación, el dueño actual de la finca y que el demandado se encuentra en ella sin haber celebrado con el Municipio contrato alguno, contra su voluntad, y sin pagar canon o merced, son hechos aceptados. El demandado alegó, sin embargo, que vivía en la finca con el consentimiento de su dueña Cruz Montes quien tenía entablado un pleito contra el Municipio pidiendo la nulidad del ejecutivo hipotecario a virtud del cual fué su título traspasado al demandante, habiéndose comprobado en el juicio que Cruz Montes — que vive en la finca todavía — llamó a su lado a su hijo político el demandado desde antes de iniciarse el ejecutivo y que está pendiente en la Corte de Distritode Ponce el pleito de nulidad.

La verdad es que no se explica por qué el procedimiento de desahucio no fué dirigido contra Cruz Montes, o contra ella y Monserrate Collazo si por alguna circunstancia se con-sideraba necesario o conveniente hacerlo así, pero nos enfren-tamos con una realidad y es a base de ella que el recurso debe resolverse.

Dejando a un lado, de momento, el pleito de nulidad, es necesario reconocer que el demandante es el dueño actual de la finca, con- derecho por tanto a disfrutar de su posesión contra todo el mundo y por consiguiente contra el deman-dado.

Se alega que eso no obstante no puede el demandante desahuciar al demandado porque la ley especial sobre la materia no comprende un caso como el suyo.

El artículo 2 de dicha ley copiado en la opinión del juez sentenciador que dejamos transcrita, autoriza el procedi-miento específicamente contra “los inquilinos, colonos y demás arrendatarios” y contra “los administradores, encar-gados, porteros o guardas, puestos por el propietario en sus fincas”, autorización que no comprende en verdad este caso, pero prescribe además que el desahucio procede contra “cual-quiera otra persona que detente la posesión material o dis-frute precariamente, sin pagar canon o merced”, y en esta última prescripción puede comprenderse, a nuestro juicio, una relación como la que surge entre el demandante y el demandado, conclusión que encuentra apoyo en la misma decisión de Correa v. Correa, 32 D.P.R. 273, en el propio párrafo de ella que copia en su opinión el juez sentenciador, si se da énfasis no sólo a las mayúsculas usadas por dicho juez si que a todo lo que en él se dice.

Que el demandado jamás pagó canon o mérced, está admi-tido. % Se encuentra en la finca en precario en relación con el dueño actual, o sea con el demandante1? Véamoslo.

En el caso de Cerra v. González, 29 D.P.R. 289, 291, citado en el de Correa v. Correa, supra, se dice:

“Argumenta el apelante que vencimiento de contrato y precario son dos estados de derecho distintos y cita a Escriehe que dice que precario ‘en su más estrecha acepción es un préstamo revocable a voluntad del que lo ha hecho; y se toma también por todo lo que se posee como en préstamo y a voluntad de su dueño, y así se llama precaria una posesión, para dar a entender que la tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del propietario, sin que pueda dar derecho alguno al poseedor’.”

Y el apelado insiste en que el precario es un contrato que no consta que se celebrara en este caso y por lo tanto que el desahucio por precario no procede. Cita de la obra “ Jui-ció de Desahucio”, Cap. YI, Del Precario, pág. 39, por Román Bonsoms y G-ené, lo que signe:

“El precario es un contrato por el que se concede una cosa a otro para que la disfrute a voluntad del cedente.
“Antiguamente el precario era considerado por los legistas como un simple acto de liberalidad, pero examinado en todas sus formas, reúne todos los requisitos de contrato, y así lo consideran hoy todos los autores.
“El precario se diferencia del comodato o préstamo en que el comodante o prestamista no puede repetir la cosa prestada sino después de acabado el tiempo del comodato, al paso que el que la dio a título de precario, la puede repetir siempre que quiere, y por esto algunos autores definen el precario diciendo que es el préstamo revocable a voluntad del que lo ha hecho y también todo el que posee una cosa en préstamo y a voluntad de su dueño se le dice vulgarmente que está en situación precaria dando a entender que esta situación depende de la tolerancia del propietario.”

Y, también de. los “Estudios de Derecho Civil”, volumen 4, pág. 864, por Sánchez Román, lo siguiente:

“El precario es una variedad de comodato. . . . .
“El derecho romano se ocupó de este contrato; pero las leyes castellanas anteriores al Código Civil han prescindido de él. Sin embargo, en la práctica de la contratación suele celebrarse alguna vez, regulándose por los principios y leyes del comodato, menos en lo relativo a las responsabilidades, por razón de culpa de los contra-tantes. ’ ’

Sin embargo Manresa en sus “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, volumen seis, página 27, de la tercera edición, reconoce una significación más amplia al precario, tan amplia que, adoptándola, bien puede comprenderse en ella este caso concreto que estudiamos. Dice Manresa:

“Según el Diccionario de la Lengua, se entiende por precario ‘lo que sólo se posee como en préstamo "y a voluntad de su dueño’. De acuerdo con esa significación forense de dicha palabra, todo el que sin ser en la actualidad dueño, ni usufructuario, ni arrendatario, ni poder ostentar otro título que le dé derecho a disfrutar la finca, sea rústica o urbana, en cuya posesión se halle, más que la tolerancia o condescendencia del dueño actual de la misma, sin pagar renta ni merced alguna, es considerado como tenedor precario y procede contra esa persona, cualquiera que sea, el juicio de desahucio a vo-luntad del dueño. ...”

Con respecto a Cruz Montes, la antigua dueña, precaria era la posesión del demandado y precaria continúa siendo en buena lógica y dentro de la realidad de los hechos, con res-pecto al nuevo dueño, el demandante. El demandado sólo podría permanecer en la posesión de la finca, si el nuevo dueño continuara en la tolerancia del antiguo. No continuó y surgió entónees la posesión contraria a la voluntad del dueño alegada en la demanda.

La tendencia a ampliar el significado del precario la expresa también la Enciclopedia Jurídica EspañoM en un trabajo de su colaborador Víctor Covián. En él se trazan los orígenes y la historia del mismo y luego al analizar la “Naturaleza de este contrato” se expresa:

“No es fácil determinarla y más hoy con la tendencia de la doc-trina legal a ampliar los casos de precario a todos aquellos en que uno posee cierta cosa sin derecho para ello. Decían los clásicos que se trataba de una Concessio rei seu possessions, quam it a impetranus, ut tandm duret quandiu concedenti placuerit, asignándole tres notas características: una, la concesión del uso de cierta cosa; otra, me-diante súplicas o ruegos del que la recibe, y así lo indica la etimo-logía de la misma palabra preces; y la tercera, por el tiempo que plazca al concedente.
“Claro que lo regular es que se tratara de una liberalidad obte-nida por ruegos, y, sin embargo, hoy no es así, porque, repetiremos, en los casos dados ante los Tribunales generalmente, ni el origen del precario es la liberalidad, ni menos la súplica del que tiene la cosa, sino una posesión de hecho que si en su origen pudo ser justa, des-pués no, y a falta de otro medio más expedito para privarle de ella, se acude al desahucio, suponiendo una tenencia en precario. . . .” (Obra citada, pág. 339.)

Pero aunque resolviéramos que dentro del significado estricto del precario no fuera posible comprender este caso, nos encontramos con que en la ley sobre la materia vigente en Puerto Rico se incluye otra forma de posesión sin título válido que oponer al del dueño como causa de desahucio. Nos referimos a la detentación. “Procederá el desahucio contra .... cualquiera otra persona que detente la posesión material . . . .” dice el estatuto. Y sobre la detentación nos parece que no puede levantarse duda alguna.

Se alegó en la demanda que el demandado “detentaba precariamente la posesión . . . sin derecho para ello”, y se probó en el juicio que el demandado se encontraba en la finca por el mero consentimiento del antiguo dueño. Ese consen-timiento cesó de valer con la cesasión del derecho de propie-dad del que lo otorgó. Otra persona se convirtió en dueño y esa otra persona, el demandante, lo requirió para que saliera de la finca. No lo hizo y desde ese momento quedó deten-tando la posesión material del inmueble y surgió la causa del desahucio.

En la opinión de la corte se copia de la opinión del caso de Correa v. Correa, supra, una cita de Escriche que se hizo en el caso de Cerra v. González, supra, que no da la idea total-del significado de la detentación. Algunos años más tarde esta propia corte en el caso de Pueblo v. Giorgetti y Co., Ltd., 46 D.P.R. 61, 70, dijo:

“Tampoco surge de la prueba que la demandada esté detentando la posesión material de la finca dentro del significado en que' el verbo 'detentar’ aparece usado en la Ley de Desahucio. Con res-pecto a la acepción jurídica de la palabra ‘detentación’, compiamos a continuación lo que dice sobre este particular la Enciclopedia Jurí-dica Española en el tomo onceno, página 907:
“ ‘En el Diccionario de Escriche se define la detentación como “la tenencia o posesión de una cosa en nombre de otro”, y el sus-tantivo detentador, entendiendo por tal “el que tiene o posee una cosa en nombre de otro, como el comodatario, depositario y otros, quienes pueden implorar el oficio del juez contra los perturbadores de su detentación.”
“ ‘No es éste, sin embargo, el concepto exactamente jurídico, ni siquiera el corriente, de la palabra que sirve de epígrafe al presente artículo. Detentación significa propiamente la tenencia o posesión de una cosa o derecho en sentido gramatical, que no ha de confun-dirse con la posesión natural que define el Código Civil en su artículo 430; siendo de esta posesión natural y no de la material tenencia, de la que pueden derivarse y se derivan relaciones jurídicas. Y res-tringiendo más este concepto, suele entenderse por detentación, en el lenguaje general y en las leyes, la acción y el efecto de retener uno sin derecho aquello que no le pertenece.
‘Detentare (como observa con no escasa razón Bekker al que-jarse de los defectos de la romana terminología posesoria) y sus derivados detentio, detentatio, detentator, son palabras rarísimas; las pocas veces que las encontramos es incidentalmente y con referencia a otras materias, pero nunca con relación exclusiva a la teoría pose-soria; detentator se encuentra sólo dos veces, y aun en el Código, no en el Digesto. Puede quizá vagamente deducirse que, si bien detentio significa el acto de tenere y por ello diferente de possessio, detentatio y sus demás derivados significan sólo una retención y con-servación de una cosa prescindiendo de su justicia, la mayor parte de las veces completamente injusta.’
“Estamos de acuerdo con el concepto que merece a la Enciclo-pedia Jurídica la palabra detentación. La posesión natural crea relaciones jurídicas que no surgen de la posesión estrictamente material. La tenencia natural de la cosa lleva consigo la posesión material, pero ésta puede existir independientemente de la natural. El acto de un intruso, por ejemplo, que se apodera de una cosa es una posesión material que no crea relaciones jurídicas. La retención de una cosa que pertenece a otro, injustamente, sin derecho a tenerla, es lo que a nuestro juicio, constituye detentación dentro del signifi-cado de esta palabra tal y como ha sido usada en la Ley de Desahu-cio. ’ ’

Hemos estudiado el recurso sin tomar en consideración el pleito de nulidad que se alegó y se demostró que había iniciado la anterior dueña, con cuyo consentimiento vivía en la finca el demandado. Lo estudiaremos ahora tomando en consideración la existencia de dicho pleito.

¿Se demostró con ello que no obstante la condición de dueño del demandante el demandado se encontraba justamente en la posesión, como sucedió en los casos de El Pueblo v. Giorgetti & Co., Ltd., supra, y Correa v. Correa, supra! ¿Surgió un conflicto de títulos?

Si puede contestarse en la negativa la segunda pregunta, quedará contestada también en la negativa la primera.

En el juicio el demandado se limitó a probar la existencia del pleito de nulidad y dijo por su abogado: “Nosotros no presentamos un conflicto de títulos, sino .... una cuestión, una situación de hecho; que el demandado vive en casa de Cruz Montes y que él vive allí con el permiso que le ha dado Cruz Montes, y Cruz Montes tiene un pleito en que precisa-mente está envuelta esta misma finca.” (Trans, de Evid., pág. 34.)

Los autos del pleito no forman parte de la transcripción. No sabemos cuáles son las causas de nulidad alegadas. Nada-consta sobre el mérito que las mismas puedan tener.

Bajo esas circunstancias no es el caso de Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97, el aplicable, si que el de León Lugo v. Alvarado, 24 D.P.R. 700, 701, en el que se dijo:

“En cuanto al segundo, el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudicación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no tenga un título sufi-ciente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio porque mientras no se anule el juicio y la venta es válido el título del demandante, seguirá siendo el dueño y como tal tiene derecho a que el apelante desocupe la casa en cuestión. ...”

Para nada, pues, influye la alegación y prueba de la exis-tencia del pleito de nulidad pendiente. El desahucio debe resolverse como si dicho pleito no existiera. Y ya conclui-mos que en tal caso, detentando como detenta el demandado la posesión material de la finca sin derecho alguno, el desahucio está en orden.

En su consecuencia, procede revocar la sentencia apelada y dictar la que debió haber dictado la corte de distrito.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Rafael Julio Irizarry, trabajando y haciendo negocios bajo el nombre de Faultless Embroidery Company, etc., demandantes, apelantes y apelados, v. Prudencio Rivera Martínez, Comisionado del Trabajo, demandado, apelado y apelante.
    Núms. 7623 y 7624.

    Sometidos: Enero 26, 1939.

      Resueltos: Abril 19, 1940.

      Arturo Ortiz Toro, Oscar Souffront y Amador Rivera Silva, abogados de los demandantes, apelantes y apelados; Hon. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Procurador General, en el alegato) y E. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes son dueños de talleres dedicados a diver-sas clases de trabajos de aguja, en los que emplean mujeres, mayores y menores de 18 años de edad. El 10 por ciento de los trabajos se verifica eñ las factorías, o talleres de los respectivos demandantes, y el 90 por ciento restante lo hacen las trabajadoras en sus respectivos domicilios.

El día 9 de junio de 1919 (Leyes de 1919, pág. 201), la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley núm. 45, titulada “Ley estableciendo el mínimum de jornal para las mujeres trabajadores (sic), y para otros fines,” que dice así:

“Sección 1. — Será ilegal por parte de cualquier patrono que empleare mujeres, niñas inclusive, en ocupaciones industriales, comerciales y de servicio público, pagarles un salario menor del es-pecificado en esta Sección, a saber: menores de 18 años a razón de cuatro (4) dólares semanales y mayores de esa edad .a razón de seis (6) dólares semanales. Exceptúase de lo dispuesto en esta Sección las tres primeras semanas de aprendizaje. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a la agricultura ni a las industrias agrícolas.
“Sección 2. — Cualquier patrono que pague a cualquier mujer, niñas inclusive, un salario menor del especificado en la Sección 1, será culpable de misdemeanor, y si resultare convicto, será penado con multa no mayor de cincuenta (50) dólares ni menor de cinco (5) dólares.”

En 31 de mayo de 1937, el Comisionado del Trabajo de Puerto Rico dirigió un aviso a todos los patronos que em-plean mujeres en trabajos industriales, comerciales o de ser-vicio público, notificándoles que la Ley núm. 45, supra, está en vigor en Puerto Rico, no solamente en cuanto a los tra-bajos realizados en los talleres, si que también en cuanto a los realizados en los domicilios de las obreras; que de acuerdo con las disposiciones de dicha ley los demandantes vienen obligados a pagar a sus empleadas, tanto a las que traba-jen' en el taller como a las que lo bagan en sus domicilios, un salario mínimo de un dólar ($1.00) diario a las mayores de 18 años, y de cuatro dólares ($4.00) semanales a las meno-res de esa edad; y que las disposiciones de la citada ley tienen efecto retroactivo al día 1 de abril de 1937.

En junio 11 de 1937 los demandantes radicaron ante la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda, Civil núm. 27,623, en solicitud,de.una sentencia declaratoria, en la que alegan que la Ley. núm. 45, supra, es anticonstitucional y nula; que mientras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en El Pueblo de Puerto Rico v. Laurnaga, & Co., Sucrs., S. en C., 32 D.P.R. 831, no sea revocada, dicha ley sigue siendo anticonstitucional y nula; que la referida ley no establece que sus disposiciones sean aplicables al trabajo a domicilio, y que si lo dispusiere sería nula en cuanto a ese extremo por ser un ejercicio irrazonable del poder sobe-rano del estado y una intervención arbitraria con la libertad de contratación; que la citada ley es nula y anticonstitucional porque viola los derechos de libertad y propiedad garanti-zados por las Enmiendas quinta y catorce 'de la Constitución Nacional y el artículo 2 de la Ley Orgánica, porque establece un discrimen arbitrario en favor de las industrias agrícolas, porque es irrazonable al no tomar en consideración ni la habilidad de cada obrera ni la naturaleza de su trabajo, y porque sólo toma en consideración las necesidades de las obreras, ignorando las de los patronos. Piden los deman-dantes que se dicte sentencia declarando que la Ley núm. 45, supra, es nula; que los demandantes no están obligados a pagar un salario mínimo a las obreras que hacen su trabajo a domicilio; que la citada ley no puede en ningún caso tener efecto retroactivo; y que la sentencia que se dicte en este caso debe tener efecto prospectivo a partir de la fecha en ■que dicha sentencia sea firme y definitiva. En solicitud sepa-rada los demandantes pidieron la expedición de una orden .de injunction pendente lite. La Corte de Distrito de Maya-giiez expidió una orden requiriendo al demandado para que compareciese el 18 de junio de 1937 a mostrar las causas en virtud de las cuales no debiera decretarse el injunction) soli-citado. En junio 12, 1937, los mismos demandantes radi-caron ante la misma corte el pleito núm. 27,624 en el que solicitaban un inju/nction contra el Comisionado del Trabajo prohibiéndole que pusiera en vigor la ley de salario mínimo. Trasladados ambos casos a la Corte de Distrito de San Juan, el 23 de junio de 1937 se celebró la vista de ambos ante dicho tribunal in bank. El 18 de agosto, 1937, la corte de distrito dictó sentencia declarando que la Ley núm. 45 de 1919 es constitucional y está en vigor en Puerto Rico; que dicha ley no es aplicable al trabajo a domicilio; y que la declaración de vigencia de dicha ley no tiene efecto retro-activo en cuanto pueda afectar derechos adquiridos al amparo de la decisión de El Pueblo v. Laurnaga & Co., 32 D.P.R. 831. En la misma fecha la corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la demanda de injunction en cuanto al trabajo a domicilio. No conforme el Comisionado del Tra-bajo apeló de una y otra sentencias, radicando sus recursos bajo los números 7623 y 7624. Los consideraremos y resol-veremos en una sola opinión.

Sostiene el demandado apelante que la corte inferior erró al declarar que la Ley núm. 45 no es aplicable al trabajo a domicilio; al decretar el injimction prohibiendo la aplica-ción de dicha ley al trabajo a domicilio; y- al declarar que dicha ley sólo es aplicable desde la fecha en que sea firme la sentencia.

No aparece del récord que los demandantes hayan ape-lado de la sentencia en cuanto declara que la Ley núm. 45 está en vigor, es constitucional y debe ser'aplicada al trabajo realizado en los talleres. Podríamos resolver que esa parte de la sentencia ha quedado consentida por los demandantes, pero tratándose de una ley de tanta importancia y que ha sido tan combatida, consideraremos primero la cuestión levantada por los demandantes en cuanto a la validez cons-titucional de dicha ley, antes de considerar los señalamientos de error del Comisionado apelante.

El primer ataque contra la Ley núm. 45 de 1919 tuvo lugar en El Pueblo v. Alvares, 28 D.P.R. 937, en el que por opinión unánime de esta Corte Suprema se resolvió que las disposiciones de dicha ley eran válidas y constitucionales y que la ley era aplicable al trabajo por ajuste o. pesadas.

En El Pueblo v. Porto Rican American Tobacco Company, 29 D.P.R. 397, se sostuvo por segunda vez la constituciona-lidad de la ley de salario mínimo y se decidió además que sus preceptos eran aplicables no sólo al trabajo por boras, si que también al realizado por ajuste.

Al plantearse por tercera vez la misma cuestión, en el caso de El Pueblo v. Laurnaga & Co., 32 D.P.R. 831, esta Corte Suprema, sintiéndose obligada a seguir la decisión de la Corte Suprema Federal en Adkins v. Children’s Hospital, 261 U. S. 525, 67 L. Ed. 785, resolvió:

“. . . La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de El Pueblo v. Adkins, por un voto de cinco contra tres, ha considerado que la obtención de un jornal mínimo no es una cuestión de salud pública. Cualesquiera que sean las opiniones personales de los jue-ces de esta corte, estamos necesariamente obligados por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“Por tanto debe resolverse que la Sección la. de la Ley Núm. 45 de 1919 es anticonstitucional y nula.”

Transcurrieron catorce años desde abril 9, 1923, fecha de la decisión del caso de Adkins v. Children’s Hospital, supra, hasta marzo 29 de 1937 en que la cuestión de la validez cons-titucional de una ley del Estado de Washington que fijaba el salario mínimo de mujeres y menores fué considerada y resuelta por el Tribunal Supremo Federal, en el caso de West Coast Hotel Company v. Parrish, 300 U. S. 379, 81 L. Ed. 703. Aceptando como más sabias y más liberales las opi-niones de los jueces disidentes Taft y Holmes en el caso de Adhins, supra, la Corte Suprema, por mayoría y por voz de su Juez Presidente Hughes sostuvo la validez constitucional del estatuto de Washington y revocó su decisión en el caso de Adhins, diciendo:

“El principio que debe controlar nuestra decisión no es dudoso. La disposición constitucional invocada es la cláusula del debido pro-ceso de ley de la Enmienda Catorce que gobierna a los Estados, como la cláusula del debido proceso invocada en el caso de Adkins era aplicable al Congreso. En cada caso la violación alegada por los que atacan la regulación del salario mínimo de las mujeres es la pri-vación de la libre contratación. ¿En qué consiste esa libertad? La Constitución no habla de la libertad para contratar. Habla de li-bertad y prohíbe la privación de la libertad sin el debido proceso de ley. Al prohibir esa privación la Constitución no reconoce una absoluta e incontrolable libertad. La libertad en cada una de sus fases tiene su historia y su significado. Pero la libertad garantizada es la libertad en una organización social que requiere la protección de la ley contra los peligros que amenaza la salud, la seguridad, la moral y el bienestar del' pueblo. La libertad bajo la Constitución está pues necesariamente sujeta a las restricciones del debido pro-ceso, y una regulación que es razonable en relación con el sujeto de la misma y que es adoptada en interés de la comunidad constituye un debido proceso. Esta limitación de la libertad en general go-bierna la libertad de contratar en particular. Hace más de veinti-cinco años, después de referirnos a los casos en los cuales la libertad garantizada por la Enmienda Catorce había sido ampliamente des-crita, expusimos el principio aplicable en estas palabras:
“ ‘Pero se reconoció en los casos citados, así como en muchos otros, que la libertad de contratar es un derecho limitado y no ab-soluto. No existe absoluta libertad para hacer lo que uno quiera, ni para contratar como a uno le plazca. La garantía de libertad no retira de la supervisión legislativa ese amplio campo de actividad que consiste en la celebración de contratos, ni niega al gobierno el poder de imponer salvaguardias restrictivas. La libertad implica la ausencia de trabas arbitrarias, no la inmunidad contra reglamenta-ciones y prohibiciones razonables impuestas en beneficio de la comu-nidad.’ Chicago, B. & Q. R. Co. v. McGuire, 219 U. S. 549, 567.”

Y después de analizar los casos en que la llamada liber-tad de contratación ha sido constitucionalmente restringida mediante legislación, siguió diciendo la Corte Suprema:

“Esta lista de precedentes y los principios en ellos aplicados hicieron creer a los jueces que disintieron en el caso de Adkins que era imperativo sostener el estatuto sobre salario mínimo. La validez de la distinción que hizo la corte entre un salario mínimo y un máximo de horas, como limitación de la libertad contractual fué especialmente atacada. 261 U. S. 564. Ese ataque persiste y no puede ser contestado satisfactoriamente. Como observó el Juez Presidente Taft: ‘En la absoluta libertad de contratación un tér-mino es tan importante como el otro, pues ambos entran por igual en la consideración dada y recibida, una restricción en cuanto a uno no es mayor en esencia que el otro y es de la misma clase. Uno es el multiplicador y el otro el multiplicando.’ Y el Juez Sr. Holmes, aun cuando reconoció que ‘las distinciones de la ley son distinciones de grado,’ no pudo ‘percibir diferencia alguna en la clase o grado de interferencia contra la libertad, que es lo único en que estamos interesados, entre un caso y otro. El convenio queda igualmente afectado sea cual fuere la mitad que se regule.’ . . .
“Las manifestaciones del Juez Holmes en el caso de Adkins son pertinentes: ‘Este estatuto no obliga a nadie a pagar algo. Sim-plemente prohibe el empleo por jornales más bajos que los fijados como requisito mínimo para la salud y para una vida justa. Es seguro el asumir que las mujeres no ban de ser empleadas aun por los salarios más bajos permitidos, a menos que se los ganen, o a menos que el negocio del patrono pueda mantener el gasto. En po-cas palabras, la ley por su carácter y funcionamiento es igual a centenares de las llamadas leyes de policía cuya validez ha sido sos-tenida. ’ . . . ¿Qué puede haber más íntimamente relacionado con el interés público que la salud de las mujeres y la protección de éstas contra patronos poco escrupulosos y explotadores? ¿Y si la protec-ción de las mujeres es un fin legítimo del ejercicio del poder estatal, cómo puede decirse que el requisito del pago de un salario mínimo razonablemente fijado con el fin de hacer frente a las necesidades de la existencia no es un medio admisible para alcanzar tal fin? La Asamblea Legislativa del Estado tenía claramente el derecho a considerar la situación de las mujeres empleadas, el hecho de que ellas están en la clase que recibe menos paga, que su poder para contratar es relativamente débil, y que son víctimas fáciles de aquellos dispuestos a tomar ventaja de sus precarias circunstan-cias. ... •
“Existe una razón adicional y poderosa que la reciente expe-riencia económica ha hecho surgir con fuertes relieves. La explo-tación de una clase de trabajadores que se encuentran en una posi-ción desigual en cuanto al poder para contratar y que por esa razón están relativamente indefensos contra la negativa de un jornal de vida (living wage), es no solamente perjudicial a su salud y bien-estar si que también impone un gravamen directo a la comunidad para su sostenimiento. Lo que estos trabajadores pierden en sus salarios los contribuyentes se ven obligados a pagar. El justo costo de la vida tiene que ser sufragado.”

Es ésta la primera oportunidad que se nos lia presentado para considerar de nuevo la cuestión, después de la decisión del caso de West Coast Hotel Co. v. Parrish, supra. Habién dose revocado en dicho caso la decisión en el de Adkins, que nos vimos obligados a seguir al decidir el de El Pueblo v. Laurnaga, supra, es nuestro deber aceptar y aplicar al caso de autos la jurisprudencia sentada por el caso de Parrish, resolver que la Ley num. 45 de junio 9 de 1919 es consti-tucionalmente válida y está en vigor, y revocar el caso de El Pueblo v. Laurnaga, 32 D.P.R. 831.

La segunda cuestión que se somete a nuestra decisión es: ¿ Son aplicables las disposiciones de las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 45, supra, a las mujeres que trabajan a domicilio?

Aceptando como válida y convincente la contención de los patronos demandantes, el tribunal inferior resolvió que la referida ley no es de aplicación al trabajo a domicilio, dando como razones para tal decisión las siguientes:

“La ley, como hemos visto, guarda absoluto silencio sobre el particular. Preciso es recurrir a los cánones de interpretación para determinar la verdadera intención del legislador.
“De acuerdo con la evidencia en este caso practicada, el talle-rista entrega el material a los subagentes, que lo distribuyen entre las distintas obreras que han de realizar el trabajo. El subagente le señala el precio por unidad. La obrera, juntamente con el material, recibe el modelo a que ha de conformar su trabajo, pero ninguna otra relación tiene con el dueño del taller excepto entregarle su trabajo y recibir el precio del mismo. No se le fija tiempo de-terminado dentro del cual deba entregar el trabajo, dándose con frecuencia el caso de que una misma persona trabaja para varios talleres al mismo tiempo.
“Veamos ahora cómo operaría la ley si tratásemos de aplicarla al trabajo a domicilio: el tallerista A, a través de su agente, entrega a una obrera trabajo que razonablemente puede hacer en el taller en el curso de una semana. La obrera lleva el trabajo a su casa, y bien por causa de enfermedad, inexperiencia, o porque realice traba-jos para los talleristas B y O al mismo tiempo, no entrega el trabajo de A al terminar la semana, sino dos semanas después. ¿ Cuánto debe pagarle A de acuerdo con la ley? A no puede hacer otra cosa que pagarle a razón de dos semanas, porque ella alegaría que trabajó durante dos semanas, y la ley es inflexible al fijar el montante del salario.
“Pasemos a otro caso. Una obrera mayor de diez y ocho (18) años recibe material que razonablemente puede hacer en una semana. Lo lleva a su domicilio, pero por cualquier razón que podemos ima-ginar, no hace ella el trabajo, sino que lo pasa a su hija o a cual-quier otra mujer menor de diez y ocho (18) años, que, como hemos visto, su salario mínimo es de cuatro (4) dólares semanales. Ter-minada la labor, la obrera que lo recibió lo devuelve como hecho por ella, y el patrono, que no tiene medios de probar lo contrario, tiene que pagarle a razón de (6) pesos semanales, por tratarse de una mujer mayor de diez y ocho (18) años, o de lo contrario pagar la consiguiente multa. Indudablemente que no pudo ser ésta la inten-ción del legislador. Esta interpretación no sólo resulta absurda y como tal debe ser rechazada, sino que de aceptarla y declarar la ley extensiva al trabajo a domicilio, tendríamos que declararla inconsti-tucional por privar al patrono de su propiedad sin el debido pro-cedimiento de ley.
“Cuando al interpretar una ley nos confrontamos con dos posi-bles interpretaciones — una que la haría inconstitucional o, por lo menos, haría dudar seriamente de su constitucionalidad, y otra que no afectaría la validez de la ley — es la ineludible obligación del tribunal salvar la ley, y para ello debe desechar aquella interpreta-ción que la haga inconstitucional o que pueda crear serias dudas sobre su constitucionalidad y adoptar aquella que no afecte la va-lidez de la ley. (Citas.) s
“Los distintos casos a que daría lugar la interpretación de la ley si resolviésemos que es aplicable al salario a domicilio, demues-tran más allá de toda duda razonable que la ley, de ser así interpre-tada, sería inconstitucional, pues equivale a autorizar a las obreras .a que se apropien el dinero de sus patronos y a obligar a éstos a de-jarse explotar so pena de ser perseguidos criminalmente. No se necesita ningún esfuerzo mental ni grandes conocimientos de dere-cho constitucional para darse cuenta de la arbitrariedad e injusticia que resultaría de tal interpretación.”
# * * * * * *
“Hemos llegado a la conclusión de que nuestra ley de salario mínimo no incluye en sus disposiciones al trabajo a domicilio. Si el Comisionado del Trabajo intentare aplicar dicha ley a tal modalidad del trabajo, no actuaría amparado por ley alguna, sus actos no serían los actos oficiales de un funcionario público, y siendo ello así, el Comisionado, sus agentes y subalternos no estarían haciendo cum-plir (enforcing) un estatuto público en beneficio del público. Durlach Bros., Inc. v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 654.
“Fácil es comprender que al tratar el Comisionado del Trabajo de poner en vigor la ley en relación con el trabajo a domicilio, ne-cesariamente afectaría derechos de propiedad de los demandantes. Tampoco se nos oculta la necesidad del auto de injunction perma-nente que solicitan los demandantes, a fin de impedir que el deman-dado los obstaculice en el derecho que tienen de libre contratación en lo que al trabajo a domicilio respecta. Resultaría completamente académica la sentencia y obligaría a los demandantes a instituir procedimientos adicionales para hacer efectivos sus derechos, si no concediéramos de una vez el injunction solicitado. Se impediría así al demandado llevar- a efecto su propósito, ya manifestado, de denunciar a los demandantes por una supuesta violación de la ley al ejercitar su derecho de contratación en relación con el trabajo a domicilio. No estamos haciendo uso del injunction para impedir que se persiga por infracción a un estatuto penal porque si bien nuestra ley de salario mínimo puede considerarse como tal, el trabajo a domicilio no está comprendido dentro de las disposiciones; de dicha ley y por lo tanto no infringe dicho estatuto cualquier ac-tuación de los demandantes relacionada con dicho trabajo.
“Por consiguiente, procede también dictar un auto de injunction permanente para impedir que el Comisionado del Trabajo, por sí. o por sus agentes subalternos o empleados, denuncie o en alguna forma obstaculice a los demandantes en sus contratos de trabajo a domicilio. Véanse la sección' 8 de la Ley Uniforme de Sentencias, o Decretos Declaratorios y muy especialmente la monografía que aparece en 101 A.L.R. 689, y el caso de Gully v. Interstate Natural Gas Co., 82 F. (2d.) 145.”

No nos convence la argumentación del tribunal inferior para sostener la inaplicabilidad de la ley de salario mínimo al trabajo a domicilio. •

El propósito claro y evidente de dicha ley es proteger a todas y cada una de las mujeres que se ven obligadas a trabajar en ocupaciones industriales o comerciales, exigiendo' que se les pague un salario mínimo que el legislador con-sidera adecuado y suficiente para garantizarles un standard de vida saludable y feliz. No establece la ley distinción alguna entre la obrera que trabaja en el taller bajo la ins-pección directa del patrono y la que hace su trabajo en el hogar. Ubi lex non distinguit, neo nos distinguere debemus El lenguaje del estatuto es tan claro que no es posible dudar que la intención del legislador fné la de incluir en sus dis-posiciones a todas las obreras, no importa el sitio donde éstas realicen su trabajo. No encontramos en la argumen-tación que se bace ,en apoyo de la inaplicabilidad de la ley al trabajo a domicilio, justificación alguna para que sosten-gamos que la intención del legislador fué negar la protección estatutaria y dejar en la más absoluta indefensión al noventa por ciento de las mujeres que se ganan la vida en las diversas industrias de aguja. Las mismas razones aducidas en apoyo de 1a. validez constitucional del estatuto en cuanto al trabajo en el taller — defensa de la salud de las obreras, mejores condiciones de vida y protección contra la explotación patro-nal — pueden aducirse para sostener que el estatuto es y debe ser aplicable al trabajo becbo en el domicilio.

La corte inferior basa su argumentación en una serie de presunciones contrarias, a nuestro juicio, a las que establece y reconoce la ley. Presume, según se desprende de los ejem-plos que pone para demostrar cómo funcionaría la ley si se aplicara al trabajo a domicilio, que la obrera a quien se ba de entregar el trabajo que razonablemente puede .bacer en una semana, por enfermedad, inexperiencia u otros motivos no va a devolver el trabajo al finalizar la semana y sí dos semanas después; y que va a exigir que se le pague por dos semanas de trabajo cuando en realidad sólo ba trabajado una. Todo ello equivale a presumir que las obreras no van a cumplir con su deber y que van a tratar de defraudar a sus patronos, lo que es contrario a la regla de derecho de que el fraude nunca se presume y a las presunciones legales de que toda persona cuida de sus propios asuntos con celo ordinario y cumple sus compromisos y deberes. Debemos reconocer que existe la posibilidad de que alguna o algunas obreras traten de defraudar al patrono, cobrándole por tiempo no invertido en el trabajo, pero esa posibilidad no ■es suficiente para que se prive a las demás obreras cum-plidoras de sus obligaciones de los beneficios de una legislación social y humana aprobada para su protección y bienestar.

El otro ejemplo, el de la obrera mayor de 18 años que se presume va a permitir que el trabajo que ella se com-prometió a bacer lo baga una mujer menor de 18 años, para ganarse así fraudulentamente la diferencia en el tipo de sala-rios, es aún menos convincente y está sujeto a las mismas objeciones que el primero. Además, aceptando que en algu-nos casos suceda lo que la corte inferior señala como un peligro tan grave que equivaldría a privar al patrono de su propiedad sin el debido proceso de ley, ¿en qué se perjudica el patrono si el trabajo ba sido becbo a su debido tiempo y a su satisfacción, por el hecho de que la que en realidad bizo el trabajo tenía menos de 18 años de edad? La posi-bilidad de que eso ocurra no justificaría la no aplicación del estatuto al trabajo a domicilio.

Los obstáculos y dificultades que a juicio de los patronos demandantes bacen imposible la aplicación de la ley al tra-bajo a domicilio, son más aparentes que reales y no son en manera alguna insuperables. Como dijo el eminente Juez Holmes en el caso de Adkins, “es seguro el asumir que las mujeres no ban de ser empleadas aun por los salarios más bajos permitidos, a menos que se los ganen, o a menos que el negocio del patrono pueda mantener el gasto. ’ ’ El patrono tiene, a nuestro juicio, sin necesidad de establecer una ins-pección o supervisión personal de cada una de las traba-jadoras a domicilio, amplios y fáciles medios de comprobar si una obrera determinada se ba ganado o no el salario con-venido entre las partes o el salario mínimo fijado por' el estatuto. Mediante una simple operación matemática se puede determinar con exactitud la cantidad promedia de trabajo que hace cada día o cada semana una obrera que trabaja en el taller. Por ejemplo, un taller que emplea cien obreras durante seis días de la semana y produce 10,000 pañuelos semanales, tiene un promedio de producción de 100 pañuelos por obrera por semana y un promedio de 16.66 pañuelos por obrera por día. Si a esa obrera que en el taller produce 16.66 pañuelos por día ó 100 por semana el patrono está obligado a pagarle un salario no menor que el que fija la ley, no vemos razón alguna por la cual no deba compensarse en igual forma y medida la misma labor cuando es realizada a tiempo y a satisfacción del patrono por una obrera en su domicilio. Sostener lo contrario equivaldría a establecer un injustificado discrimen contra la obrera com-petente, honrada y cumplidora de su deber, que por razones especiales se ve obligada a permanecer en su bogar, obli-gándola a trabajar por menos del precio legal de su trabajo y dejándola expuesta a convertirse en víctima propiciatoria de patronos, agentes e intermediarios, cuyas ganancias aumentan a medida que los salarios disminuyen. El patrono puede protegerse contra la obrera a domicilio que no rinda una labor igual a la que rinde su compañera en el taller o que trata en alguna forma de defraudarle, de la misma manera que se protegería si no existiese la ley de salario mínimo, retirándola de su empleo o negándose a pagarle lo que en justicia no le corresponda.

No se ba llamado nuestra atención bacia ley alguna que probiba el trabajo por ajuste o por piezas en las industrias de la aguja. Las dificultades que se ban señalado y que apa-rentan ser un obstáculo para la apbcación de la ley al trabajo a domicilio, podrían ser obviadas fácilmente si los patronos, las obreras y el Comisionado del Trabajo encargado de velar por el cumplimiento de la ley, actuando todos de buena fe y con el firme propósito de dar vida al estatuto, fijasen la cantidad de trabajo que puede y debe realizar una obrera a domicilio en un día de trabajo, en cada una de las dis-tintas clases de labores, para ganarse y tener derecho a recla-mar y recibir el salario mínimo fijado por el estatuto. La realización y entrega de esa cantidad de trabajo así fijada sería la mejor evidencia del tiempo invertido por cada obrera. Esta recibiría el salario mínimo que le garantiza el estatuto; y el patrono tendría una garantía más eficaz que la que pueda darle el reloj o el ojo del inspector en el taller. Pongamos un último ejemplo: a una obrera a domicilio se le entrega material para hacer 100 pañuelos en una semana, que es el promedio de producción en el taller. La entrega de los 100 pañuelos terminados — no importa cuándo se verifique— será la mejor demostración de que la obrera invirtió 6 días en hacer el trabajo, y eso le dará derecho a recibir el salario mínimo.

Por las razones expuestas somos de opinión que la corte inferior erró al resolver que la ley no es aplicable al trabajo a domicilio y que la sentencia recurrida debe ser modificada en cuanto a ese pronunciamiento.

La última cuestión que debemos considerar y resolver es: ¿Desde qué fecha debe surtir efecto la declaración de que la ley de salario mínimo es constitucionalmente válida y aplicable tanto al trabajo en el taller como al trabajo a domicilio?

Sostiene la representación del Comisionado demandado que la ley debe considerarse en vigor desde el 1 de abril de 1937, a virtud de la sentencia dictada por la Corte Suprema Federal en West Coast Hotel Co. v. Parrish, revocando el caso de Adkins, que sirvió de base a esta Corte Suprema para su decisión en el caso de El Pueblo v. Laurnaga, supra.

Sosteniendo la contención de los demandantes la corte sentenciadora resolvió “que la declaración de estar vigente dicha ley no tiene efecto retroactivo en cuanto pueda afectar contratos y derechos adquiridos al amparo de la decisión de El Pueblo v. Laurnaga & Co., S. en C., supra.”

La decisión de la corte inferior en cuanto a ese extremo se ajusta a derecho. Como regla general, cuando una deci-sión de un tribunal superior es revocada, la revocación implica que la decisión revocada nunca existió. No puede por tanto alegarse ningún derecho como adquirido al amparo de la decisión revocada. La regla tiene sin embargo una excepción bien establecida y reconocida por los tribunales federales y estatales* y es la siguiente:

“Cuando un estatuto ha sido interpretado en determinado sen-tido por el tribunal más alto del estado y al amparo de esa inter-pretación se han celebrado contratos y se han adquirido derechos, tales contratos y derechos adquiridos no pueden ser perjudicados por un cambio en la interpretación mediante una subsiguiente deci-sión.” 7 R.C.L. 1010.

La aplicación de dicha regla al caso de autos nos parece ser justa y equitativa. Las partes actuaron y contrataron al amparo de la decisión de esta corte en el caso de Laurnaga, por la que se declaró inválida y anticonstitucional la ley que fija el salario mínimo. Al celebrar el contrato de trabajo, ni los patronos ni las obreras tuvieron en mente el salario mínimo fijado por una ley que había sido anulada por una sentencia del más alto tribunal insular. Sería injusto bajo tales circunstancias obligar ahora a los patronos a pagar la diferencia, si alguna hubiere, entre los salarios actualmente pagados y los fijados por la ley. Véanse: 85 A.L.R. 262; y 43 F. (2d) 513, 516.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia dictada en el recurso núm. 7623 en cuanto al pronunciamiento de que la Ley de Salario Mínimo no es aplicable al trabajo a domicilio, resolviendo en su lugar que dicha ley es apli-cable a dicho trabajo a domicilio, con el mismo vigor y efecto qibe lo es al trabajo en talleres o factorías; y así modificada debe confirmarse en todas sus partes.

Como consecuencia de la decisión de que la ley es apli-cable al trabajo a domicilio, debe declararse con lugar el recurso núm. 7624 y revocarse la sentencia de injunction per-manente que contra el Comisionado del Trabajo dictó la corte infeñor en 18 de agosto de 1937.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Avelino Almodóvar, acusado y apelante.
    Núm. 8015.

    Sometido: Abril 15, 1940.

      Resuelto: Abril 19, 1940.

      María Luisa Capó, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del . tribunal.

Se presentó este recurso contra una sentencia que con-denó al acusado a pagar una multa de $25, o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejare de pagar, y las costas.

El acusado es dueño de un depósito de leche y de una vaquería en el pueblo de Sabana Grande. El 16 de marzo de 1939, el Inspector de Sanidad de dicho pueblo se hallaba tomando muestras de leche y observó que por la calle 25 de Julio, el acusado, acompañado de su hijo Julio Almodóvar, conducía un carrito de mano en el cual llevaba dos porrones que contenían como diez cuartillos de leche, procedente de la finca del acusado. Los siguió el Inspector y al llegar al depósito, el acusado tomó los dos porrones y los vació en otro envase que contenía leche acabada de traer en aquellos momentos de otra lechería. Después de esta mezcla, el Inspector de Sanidad tomó la muestra que resultó adulterada. Declaró además el inspector que hacía dos años prestaba servicios en Sabana Grande y que durante todo ese. tiempo había tomado muestras semanalmente de la leche del depó-sito del acusado, sin que nunca hubiese resultado adulterada.

La prueba de descargo niega que hubiese alguna otra persona en el depósito en los momentos en que .se tomó la mues.-tra, por ser muy temprano. El Inspector de Sanidad declaró que había varias personas en el sitio destinado al público, pero de una y otra prueba surge como un hecho cierto que si bien la leche acababa de llegar en aquellos momentos al depósito y se intentaba ofrecerla en venta para el consumo humano, todavía no se había empezado a vender al público. En otras palabras, el establecimiento, aunque con sus puer-tas abiertas, no estaba aún abierto al público para hacer transacciones.

El acusado no impugnó el resultado del análisis, pero alegó que la evidencia que ante sí tuvo la corte sentenciadora, era insuficiente para sostener la sentencia dictada contra él, e invoca a su favor, entre otros, los casos de El Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225, y El Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877. En el caso de El Pueblo v. Andino, los hechos probados son sustancialmente iguales a los del que ahora nos acupa, con la sola diferencia que allí toda la leche procedía de una tercera persona, mientras que en éste, como hemos visto, pro-cedía de dos distintas vaquerías, diferencia ésta que a nues-tro juicio carece de importancia, puesto que habiendo llegado al depósito otra leche con la cual fué mezclada antes de tomarse la muestra, se hizo imposible determinar si en efecto la procedente de la vaquería del acusado era o no la adul-terada, y no habiendo empezado sus transacciones el esta-blecimiento, aceptando el resultado del análisis, no puede sostenerse que el acusado estuvo ofreciendo en venta al público leche adulterada.

En el caso de El Pueblo v. Andino, supra, dijo este tribunal :

“Juan-Requena, Inspector de Sanidad, declaró que ocupó alguna leche en el establecimiento de los acusados la que quedó demostrado por la prueba que estaba adulterada. Repreguntado el inspector por el abogado de los acusados e interrogado a la vez por la corte, ma-nifestó que la lecbe que se alegó estaba adulterada había llegado precisamente al establecimiento de los acusados cuando él mismo llegó; que la leche acababa de vaciarse en el recipiente y el carre-tero salía con el jarro que había acabado de vaciar. Ésta fué en sustancia toda la prueba presentada por el Fiscal la que no fué suficiente para declarar culpables a estos acusados.
“Todo lo que la prueba revela es que los acusados habían reci-bido en aquel momento leche adulterada de una tercera persona. No existe la más mínima prueba de que ofrecieran ellos para la venta la leche adulterada. Ni hay nada que siquiera muestre que dichos acusados hubieran ofrecido en venta la referida leche. La prueba demuestra únicamente que ellos estaban en posesión de la leche adul-terada lo que no es lo mismo que probar que la ofrecieran en venta. Los acusados podrían haber examinado la leche y negarse a ven-derla. Como quiera que fuere la prueba no muestra el delito im-putado en la acusación o el que determina el estatuto. Éste es un procedimiento criminal en el cual no se tiene en cuenta la intención criminal, y por tanto hay tal vez mayor razón para que se demues-tren fuera de toda duda razonable los elementos especificados en el estatuto.”

En el de El Pueblo v. Pérez, supra, distinguiéndolo del de Andino, se dijo:

“Pero sostiene también el apelante que de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225, la mera posesión de leche adul-terada no es prueba suficiente de que se tenía para la venta o que se ofrecía en venta, caso que no es aplicable al presente porque si bien en él se declaró que la prueba de posesión no era suficiente en aquel caso por sí sola para establecer la culpabilidad, fué porque la leche se había recibido en el depósito precisamente en el momento de llegar el Inspector de Sanidad, cuando acababa de vaciarse en el recipiente y salía el carretero con los envases vacíos, hechos que no ocurrieron en el presente caso. En otras palabras: se absolvió en-tonces, porque no había tiempo material para tener la leche a la venta.” (Págs. 879-880.)

El caso de El Pueblo v. Nieves, 55 D.P.R. 910, citado por el fiscal, no es de aplicación al de autos. En aquél se aplicó la regla general que se consigna en el de El Pueblo v. Pérez, supra, por no existir la circunstancia, especial que concurre en éste y en el de Andino, y además porque en el caso de El Pueblo v. Nieves el establecimiento estaba abierto al público, ■circunstancia ésta que como liemos visto no concurre en el caso de autos.

Por lo expuesto procede, a nuestro juicio, declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y absolver libremente al acusado.


text:
    Erasmo Sánchez, demandante y apelante, v. Milagros Rosario, demandada y apelada.
    Núm. 8058.

    Sometido: Abril 19, 1940.

      Resuelto: Abril 22, 1940.

      Gaspar Rivera Cestero, abogado del apelante; la apelada no com-pareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es la de si la evi-dencia que ante sí tuvo el juez inferior justifica su conclu-sión de que el demandante no probó que el propósito de la demandada de no volver a vivir con él fuese firme y definitivo. La sentencia apelada dice así:

“En 28 de abril de 1939 se llamó a vista este caso por su orden de señalamiento en el calendario especial de asuntos civiles corres-pondiente a dicho día viernes. El demandante compareció en persona y asistido de su abogado, quien anunció estar listo para el acto. La demandada no compareció a pesar de haber sido llamada por el márshal, apareciendo de los autos debidamente anotada su rebeldía, se celebró el juicio y la Corte se reservó su fallo.
“De la prueba practicada no aparece que el abandono del esposo por parte de la esposa sea firme y definitivo, o que el propósito de ésta- de no volver a vivir con su esposo esté debidamente establecido. Ni el demandante, ni ninguno de sus testigos, declaró constarle tal extremo. Sobre tal extremo importante solamente se trajo la refe-rencia que la madre del demandante había hablado a la demandada y que ésta le dijo a aquélla que no volvía a vivir con el demandante. La madre del demandante no figuró como testigo en la vista, y no consta que los testigos o alguno de ellos estuviera presente en el acto que tales supuestas manifestaciones fueron hechas y las escucharan.
“Por tanto, la Corte declara sin lugar la demanda, sin costas.”

La prueba del demandante consistió de su declaración, de la de su padre José Sánchez Nieves, y de la de Félix Vargas. Declaró el demandante que al lleg’ar por la tarde de su trabajo, no encontró a su esposa en su casa, enterándose que se había trasladado a la de su madre de ella, como a tres o cuatro kilómetros de distancia; que la madre del demandante fué a requeiúrla para que volviera a vivir con él, contestándole ella que no volvería. El demandante personalmente no hizo ninguna diligencia a ese efecto, apareciendo además de su propia declaración que fué a la casa de su suegra a ver al niño habido en el matrimonio y que vió allí a su esposa, pero no se dirigieron la palabra.

El padre del demandante sólo sabe por referencia que su esposa fué a requerir a su nuera para que volviera al hogar, y Félix Vargas, al preguntársele si sabía que el demandante hubiera hecho alguna gestión a ese mismo efecto, contestó: “Le mandó razón con la mamá de él mismo que se volviera al hogar y dice que no vuelve.”

Excluyendo el hecho de la separación, no existe ningún otro acto o manifestación de la demandada que revele su propósito firme de no volver a vivir con el demandante. Las alusiones que hacen los testigos a la visita que la madre del demandante hiciera a la demandada constituyen evidencia de referencia qne ningún crédito pndo merecer a la corte inferior; pero en el supuesto de que la corte hubiera querido dárselo, no reproduciéndose la conversación que hubo entre ellas, no podía la corte determinar si en efecto la conclusión a que se dice había llegado la madre del demandante era o no correcta. Véase Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163, en el que se estudia la jurisprudencia sobre este punto.

No apareciendo que la corte inferior cometiera el error que se le imputa, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: En Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Sucesión de Alfredo Matheu, etc., demandante y apelada, v. Municipio de Arecibo, demandado y apelante.
    Núm. 7965.

    Sometido: Febrero 9, 1940.

      Resuelto: Abril 23, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Diego E. Ramos, abogado de la apelada.
   En Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito entablado por una viuda y sus hijos en reclamación de los daños y perjuicios que se les ocasionaron con la muerte del esposo y padre, ocurrida, según se sostuvo por los demandantes y se resolvió por la corte de distrito, como consecuencia de la negligencia del demandado.

En la demanda se alegó, en resumen, que el Municipio de Areeibo — el demandado — mantiene y explota un sistema eléc-trico de luz y fuerza que suministra corriente a casas par-ticulares en el barrio de Hato Abajo, por medio de una línea general que se extiende a lo largo de la carretera de Areeibo a Lares con carga mayor de ciento diez voltios, suficiente para producir la muerte instantánea de una persona;

Que en y antes del 1 de enero, 1938, Isabel Feliciano estaba casada con Alfredo Matheu habiendo procreado en el matrimonio tres hijos, Luis Emilio, Wilfredo y Jesús Israel, de seis, cuatro y dos años y medio respectivamente;

Que Matheu era un obrero como de treinta años de edad de constitución robusta, saludable, sobrio, que sostenía a su familia con el producto de su jornal cuyo promedio era el de $1.50 diarios;

Que en enero 1, 1938, Matheu se dirigía a su casa a pie por la orilla de la dicha carretera encontrándose al pasar con un alambre que colgaba de un árbol y que obstruía su paso y al tratar de remover el obstáculo tomando el alambre en sus manos sin conocer que estaba cargado de electricidad, recibió en su cuerpo tan tremenda descarga que cayó al pavi-mento y murió instantáneamente;

Que esa muerte se debió exclusivamente a la negligencia del demandado al mantener el alambre desnudo y permitir que por largas boras permaneciera colgado de un árbol, sin avisar a los viandantes de la existencia del peligro; y

Que la viuda e bijos demandantes lian sufrido perjuicios que estiman en diez mil dólares.

Contestó el demandado negando general y específicamente los becbos de la demanda y alegando como defensa especial que el accidente se debió a los actos realizados por el propio Alfredo Matbeu, constitutivos de negligencia crasa.

Fue el pleito a juicio y la corte lo falló como ya indica-mos en contra del demandado, condenándolo a pagar a los demandantes dos mil setecientos dólares por daños y per-juicios, más trescientos para honorarios de abogado, orde-nando que . el importe de la sentencia fuera depositada en la corte para determinar luego la cantidad que debiera some-terse a las restricciones de ley sobre bienes de menores.

De la opinión de la corte sentenciadora transcribimos lo que sigue:

“No hay discrepancia en la prueba con respecto a que el muni-cipio opera una planta para el suministro de electricidad, y que el alambre con el cual se puso en contacto el fenecido, pertenecía a una de sus líneas de primarios cargados con alto voltaje.
“La evidencia es contradictoria en cuanto a si el alambre des-cansaba sobre el árbol y caía en la carretera, en forma que obstruía el tránsito, o si descansaba de un árbol y colgaba hasta muy bajo sobre la cuneta de la referida carretera. Uno de los testigos de la parte demandada declaró que cuando él llegó al sitio y cortó el alam-bre, éste se encontraba, en parte, en la carretera, y que el cuerpo de Matheu estaba parte en el pavimento y parte hacia la cuneta.
“. . . . En la vista del caso se insistió por la parte demandada en el hecho de que el alambre no obstruía el paso del perjudicado, y que el acto de tocarlo fué innecesario y vicioso, constituyendo una negligencia, que a juicio del municipio, le exime de responsabilidad.
“La caída de un alambre primario en las circunstancias que-presenta este caso, a falta de prueba sobre fuerza mayor, eonsti-ttiye negligencia de la entidad que opera la planta, pues tal descuido expone a peligro de muerte, no sólo al que transita por la vía pú-blica, sino a los peones camineros que trabajan en la cuneta de la carretera. La teoría de res ipsa loquitur es aplicable.
“Aun si diéramos crédito a la declaración de algunos testigos de . la parte demandada, con respecto a que el alambre no obstruía el paso por la carretera, que sólo colgaba hasta muy bajo sobre la cuneta y no encima del pavimento, la conclusión a que hemos llegado siempre sería la misma.
“Al transitar una persona por el paseo de una carretera, puede por impulso instintivo alargar su mano para tocar un alambre o cualquier, otra cosa, que descansando en un árbol, vea colgando so-bre la cuneta, que es parte del terreno público. No es el caso de uno que cruza del camino a una propiedad privada para ir a tocar cosas que están en alguna forma reservadas al uso exclusivo del propietario, o oque siendo públicas están aisladas.
‘■‘A falta de un aviso o conocimiento previo, no se presume que un transeúnte, en tales circuEstancias, pudo anticipar el riesgo o peligro que implicaba el acto innecesario de tocar el alambre. Por instinto natural de propia conservación, hay que presumir lo con-trario. Aun cuando su conducta contribuya al fin desgraciado, la causa próxima debe atribuirse a la negligencia que la ley deduce, de aquél que mantiene un peligro al alcance del viandante.
“Alfredo Matheu dejó una viuda joven y tres hijos menores, que a juzgar por su edad, tenían larga esperanza de ayuda del padre, de quien se habló en el juicio, como hombre trabajador, de buena salud.”

No conforme el Municipio demandado apeló para ante esta Corte Suprema. Señala en su alegato cuatro errores come-tidos a su juicio por la corte de distrito al aplicar al caso la doctrina de res ipsa loquitur, al no resolver que la causa próxima del accidente fue la negligencia contributoria crasa del demandado, al pesar la evidencia y hacer conclusiones contrarias a derecho y al fijar la indemnización y las costas.

Para llegar a la conclusión de que no es aplicable la doctrina de res ipsa loquitur se basa el apelante en que fueron sus testigos los que dijeron la verdad y coloca el alambre fuera de )a carretera más allá aún de la cuneta .y al causante de los demandantes, mecánico, con conocimientos de electricidad, ebrio, caminando acompañado de mi amigo y agarrando el alambre sin necesidad alguna a sabiendas del riesgo que corría, y entonces concluye que la negligencia del dicbo causante, fué de tal manera crasa que bacía imposible la aplicación de la máxima. Cita 45 C. J. 1209, sec. 777. Sostiene que no conocía la caída del alambre y que no tenía obligación alguna contraída para con Matbeu. Se apoya en 45 C. J. 1207, sec. 775.

Las citas dicen. La primera:

"Sujeto a las reglas referentes a la naturaleza de un suceso casual que justificaría la aplicación de la doctrina, el mero hecho de que un accidente ha ocurrido en la propiedad del demandado, no establece una presunción de negligencia de su parte. Además, so ha sostenido que para poder aplicar la doctrina, debe aparecer que la persona lesionada se hallaba en un lugar en donde tenía derecho a encontrarse, y que la doctrina no puede ser invocada para crear una presunción de negligencia cuando el demandado se halla en la obli-gación de evitar la negligencia afirmativa o activa, tal como la que es imputable a un transgresor, o a alguna persona en su propiedad, por razón de aquiescencia meramente pasiva, por un permiso escueto {naked license) o por una invitación implícita.” 45 C. J. 1209, sec. 777.
Y la segunda:
‘ ‘ Como la existencia de negligencia procesable y la responsabilidad inherente a ella, dependen del incumplimiento de una obligación legal de proceder cuidadosamente, no puede desde luego, tener aplicación la doctrina de res ipsa loquitur a menos que el deman-dado en el caso particular tuviere tal obligación respecto al deman-dante. Además, y de conformidad con las reglas respecto a la naturaleza de un accidente, que justificaría la aplicación de la doc-trina, las circunstancias que crean la obligación de emplear cautela deben ser tales que impongan esta obligación al demandado exclu-sivamente, pues la regla no puede ser aplicada en forma que esta-blezca una presunción en contra de un demandado, cuando las partes envueltas se hallaban ambas en el ejercicio de un igual derecho en la ocasión de autos, y se hallaban sujetas a observar igual medida de precaución para evitar el infligir o recibir lesiones.” 45 C. J. 1207, sec. 775.

Aunque el juez del distrito no resolvió el conflicto de la. evidencia de modo expreso y terminante en favor de la de los demandantes, el tono de su opinión indica con bastante claridad que a ello se inclinó y que se refirió a lo diclio por. los testigos del demandado sólo en forma hipotética, a fin de apreciar los hechos del modo más fevorable a los intere-ses del demandado y aun así concluir que era responsable.

Hecha esa aclaración, basta una mera lectura de la juris • prudencia citada para concluir que no es aplicable a este caso.

Hemos estudiado las declaraciones de los testigos de ambas partes y a nuestro juicio es correcto el siguiente resumen que de la del demandante y parte de la del deman-dado contiene el alegato de la parte apelada. Es así:

“La evidencia revela que el día de autos, como a las cinco de la tarde, el interfecto Matheu iba hacia su casa por la carretera que conduce de Arecibo a Lares (R. T., pág. 14, 37); que más acá del nuevo hospital, muy cerca de esta ciudad de Arecibo (R. T., 26, 37) topó con un alambre caído que colgaba de un árbol y que tocaba el suelo (R. T. 14, 18, 19) ; que al tocar el alambre para recogerlo y echarlo a un lado para pasar, el alambre le transmitió una corriente eléctrica al occiso que le produjo la muerte allí instantáneamente (R. T. 15, 23) ; que el alambre era uno de los primarios del sistema hidroeléctrico que mantiene y opera el Municipio apelante y estaba en parte insulado y en otras partes no (R. T. 21, 26, 31); que el día de autos era un día claro y normal (R. T., 25); que en aquel sitio no había signo o señal de aviso para prevenir el peligro causado por el alambre (R. T., 19); que el alambre descansaba sobre la carretera, no en una cuneta (R. T. 19); que el interfecto iba por el paseo de la carretera, tomó el alambre en sus manos, y cayó al suelo electro-cutado (R. T. 20).”

La parte no analizada comprende las declaraciones de Quintín Alvarez, que dijo que era celador de líneas del deman-dado, y Julio Martínez, Director de Obras Públicas del Muni-cipio, quienes no presenciaron el accidente.

Manifestó el primero que estando en el Municipio llegó un policía en motocicleta buscando un celador electricista para que fuera a la carretera donde se había carbonizado, un hombre. Montó en la motocicleta con el policía, “llegó ai, switch y tumbó la corriente.” “Los alambres colgaban de los árboles al borde de la cuneta” (T. pág. 41). Cuando, llegó no encontró el alambre en la carretera. Cree que no’ pudo caer a ella. (T. pág. 42.) Si se hubiera encontrado' con un alambre tal, siempre que hubiera estado aislado’ hubiera podido separarlo, pero a mano pelada no. (T. pág., 43.)

Y dijo el segundo que tan pronto como se tuvo noticia,, se procedió a arreglar el alambre. Que’nada se le avisó' antes. Que tiene un empleado dedicado al servicio de obser-' vación de la línea (T. pág. 45). Que el empleado hace el servicio cada vez que se necesita. Que la línea de alambres, va paralela a la carretera, al lado derecho, hacia las fincas de, ese lado. Los postes están en las fincas, no en la cuneta.. (T. pág. 46.) Preguntado: “¿No hay ningún hombre que se dedique a inspeccionar?” contestó: “En mi departamento no tengo a ninguno. Solamente esos que hacen de repara-dores hacen la inspección.” (T. pág. 47.)

Siendo ésa la prueba, no cometió la corte sentenciadora ninguno de los tres primeros errores que se le atribuyen.

En el caso de Orta v. P. R. Railway, L. & P. Co., 36 D.P.R. 743, 746, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf' se expresó como sigue:

“La corte también sostuvo que constituía negligencia por parte de la compañía el tener alambres de alta tensión en sitios muy po-blados sin la debida protección y vigilancia, y que esta omisión fue la causa próxima de los daños sufridos por el hijo del demandante. La apelante sostiene que no se demostró la verdadera negligencia de la compañía demandada y que la corte al parecer estaba implícita-mente aplicando la doctrina de res ipsa loquitur. Sin embargo, con excepción de los casos de Pennsylvania que cita la apelante, la regla prevaleciente en los Estados Unidos es que cuando un alambre de alta tensión cae en una calle pública, causando daño, la doctrina de; res ipsa loquitur es aplicable.
“Bajo el título Electricidad, en 20 C. J. página 380, par. 63, encontramos lo siguiente:
“ ‘ (2) Res Ipsa Loquitur. La doctrina de res ipsa loquitur en-cuentra aplicación frecuente en los casos sobre electricidad cuando las circunstancias. del accidente son tales que crean una presunción o inferencia de negligencia suficiente para destruir el peso que des-cansa origipalinente. en el demandante y a menudo para hacer recaer en el demandado el peso de controvertir tal presunción mediante prueba, pero hablando en términos precisos no tiene el efecto de cambiar el peso de la prueba. El hecho de que el demandado con-duzca electricidad a determinado sitioque la electricidad así em/pfeada pueda, escaparse en tal’ forma que. produzca daño; y que un daño debido a la electricidad, de hecho ocurra en un sitio donde la parte que lo sufre tiene derecho a, estar, se ha resuelto general-mente que constituye un caso prima facie de negligencia. El hecho de que alambres que conduzcan una corriente eléctrica peligrosa se hayan roto o separado de sus postes en la calle o camino y causado daño, se ha resuelto generalmente que crea una presunción de ne-gligencia, aunque hay autoridades que sostienen que la doctrina no es aplicable a tales casos.’
“El texto anterior está sostenido por. los casos de (se copian).
“Aunque en el caso de Rosado v. Ponce Railway Light & Power Co., supra, no discutimos la jurisprudencia ampliamente, el mismo es una autoridad en Puerto Rico para la aplicación de la-doctrina. Los hechos de aquel caso eran enteramente similares a los del pre-sente caso. La apelante también sostiene que la compañía deman-dada hizo todo lo- necesario para proteger al público de la caída de alambres peligrosos. La prueba, como hemos indicado, demuestra que estos alambres no estaban debidamente aislados. La apelante aparentemente descansa en algunas de las manifestaciones de los peritos al efecto de que estos alambres generalmente no están pro-tegidos en forma distinta a la en que la apelante en este caso trató de proteger al público o de aislar sus alambres. La tendencia de todas las autoridades es en sentido contrario.
“Herbert v. Lake Charles Ice & Water Works Co., supra; Colusa Parrot Mining & Smelting Co. v. Monahan, supra; 9 Ruling Case Law 1210, 1211, en donde se dice: ‘Debido a la naturaleza misma de este negocio una compañía eléctrica que emplea alambres de alta tensión, tiene, independientemente de cualquier relación contractual, el deber legal hacia toda persona que en el ejercicio de una ocupación legí-tima, y estando en un lugar donde tiene el derecho legal de encon-trarse, se baile expuesta a venir en contacto eon dichos alambres, de ver que dichos alambres estén debidamente colocados con respecto a la seguridad de tales personas y que estén debidamente aislados’; Lewis’s Executors, appellants, v. Bowling Green Gas Light Co., 22 L.R.A. (N. S.) 1169 y la nota detallada; Braun v. Buffalo General Elictric Co., 200 N. Y. 484, 94 N. E. 206, 34 L.R.A. (N. S.) 1089 y nota, así como algunos de los otros casos citados previamente en esta opinión.
'‘No encontramos que la apelante cumpliera suficientemente con el deber de explicar cómo cayeron estos alambres, o de relevarse a sí misma de la presunción legal establecida por la doctrina que hemos mencionado. ’ ’

Aunque los hechos de este caso-no son tan fuertes como los del de Orta, supra, sin embargo creemos que la misma regl-a es aplicable.

El demandado mantenía tendidos alambres de alta ten-sión capaces de producir la muerte de una persona por un sitio en que de romperse podían caer a otro en el que ine-vitablemente podrían causar daño. Una carretera en su centro, en sus paseos y aún en sus cunetas, es de tránsito público. El alambre en este caso se partió y cayó sobre ella o tan cerca de ella que fuá la causa única del daño.

La ruptura del alambre no se debió a fuerza mayor y no fué explicada de modo alguno consistente con la diligencia del demandado. No se demostró que éste inspeccionara periódicamente sus líneas para cerciorarse de su estado. Se limitó a tenderlas en un sitio peligroso y nada más al pare-cer hizo. Sus empleados reparaban desperfectos. Se espe-raba demasiado. Sólo se explica, pues, la ruptura por la negligencia del demandado.

Es cierto que el causante de los demandantes pudo pasar sin ponerse en contacto con el alambre y que si no lo toca, no hubiera muerto, pero su acto contributivo no puede considerarse como la causa próxima del accidente. De no haber caído el alambre en el sitio por donde él pasaba con derecho, nada hubiera ocurrido. Y si iba ebrio, más explicable es su actuación todavía, sin que pueda sostenerse que por el hecho de encontrarse nn hombre ebrio pierda su dere-cho a usar de los caminos públicos en toda su extensión.

Es quizá éste un caso extremo, pero a nuestro juicio con-tinúa en él predominando como la verdadera causa del daño la falta del cumplimiento por parte del demandado del claro deber que se impuso al tender sus líneas peligrosas tan cerca de una vía pública, de mantenerlas en el debido estado de conservación.

Tampoco creemos que el último de los errores seña-lados fuera cometido. El causante de los demandados era un hombre joven aún que trabajaba y ganaba y los deman-dantes dependían de él para su subsistencia. Dos mil sete-cientos dólares no es una indemnización en tal caso excesiva. Tampoco está' injustificado el pronunciamiento sobre hono-rarios de abogado. Trescientos dólares constituyen una cantidad razonable como compensación de los servicios del abogado atendido el tiempo que empleara y el esfuerzo mental que realizara en la dirección del litigio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Ana María Susoni Vda. de O'Neill y Ana Tudela de Milán de O’Neill, demandantes y apelantes, v. Pacific Woodman Life Association, demandada y apelada.
    Núm. 7906.

    Sometido: Diciembre 20, 1939.

      Resuelto: Abril 23, 1940.

      Arturo O’Neill, abogado de las apelantes; James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso fué iniciado en mayo de 1933 mediante demanda interpuesta por la viuda y madre del finado Francisco O’Neill, en cobro del importe de una póliza de seguro sobre su vida. En la demanda se alega que la póliza en cuestión fué expedida por la demandada “en consideración a la suma de $32 satisfechos anticipadamente y pagaderos el día 15 de diciembre de cada año.” La demandada negó que se hubiera expedido la póliza en consideración al alegado pago dé $32; que dicha suma hubiera sido satisfecha; y, por úl-timo, que el contrato de seguro estuviese vigente en la fecha del fallecimiento del Sr. O’Neill. Como defensas especiales la demandada alegó en substancia:

(a) Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción.

(b) Que al hacer su solicitud de un seguro de vida por $2,0.00, el Sr. O’Neill convino en que la solicitud por él fir-mada y la constitución, leyes y reglamentos de la asocia-ción aseguradora formarían parte de la póliza, ya estén impresas en la póliza o no; que el solicitante convino además que si el primer premio no se pagaba en efectivo al tiempo de suscribir la solicitud, el seguro no tendrá efecto, “a menos que se entregue la póliza durante mi vida y buena salud”; que en diciembre 15, 1931, la demandada aceptó la solicitud del Sr. O’Neill y expidió a éste una póliza en la que se hace constar que la póliza se expide en consideración a las garan-tías y condiciones de la solicitud, la cual forma parte del contrato “y además mediante el pago por adelantado de la suma de treinta y dos dólares y el pago de la misma cantidad en o antes del 15 de diciembre de cada año”; que la póliza provee además que “será válida únicamente después que se haya entregado y pagado la primera prima durante la vida y buen estado de salud del asegurado”; y que la póliza así expedida es nula y sin valor alguno porque el asegurado no pagó el premio convenido al tiempo de suscribir la solicitud, ni en ninguna otra fecha anterior o posterior a dicha soli-citud.

(o) Que al recibirse en Puerto Rico la póliza de seguro, el asegurado entregó al agente de la demandada la suma de $16.64; que si se resolviese que por virtud de ese pago la póliza estuvo en vigor a pesar de no haberse pagado la pri-mera prima de $32 estipulada, el certificado solamente estuvo en vigor por medio año, o sea hasta junio 15, 1932; y, por último, que el premio correspondiente al semestre de junio 15 h diciembre 15,1932, nunca fué pagado y habiendo fallecido el asegurado el 16 de noviembre de 1932, en dicha fecha, de acuerdo con Lgis secciones 57 y 63 de la constitución, leyes y reglamentos de la demandada el contrato de seguro quedó extinguido y la póliza anulada por falta de pago.

Celebrada la vista del caso, las demandantes presentaron como única prueba la póliza de seguro. Lá demandada pre-sentó moción de nonsuit, basándola en que la parte actora no babía probado el pago del premio por anticipado. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar dicba moción y dictó sentencia desestimando la demanda. Apelaron las demandantes para ante esta Corte Suprema, siendo confir-mada la sentencia en abril 15 de 1936. Pedida y otorgada la reconsideración y oídas las partes, en 21 de mayo de 1937 este tribunal dictó sentencia revocando la recurrida y devol-viendo el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no incompatibles con la opinión emitida por voz del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, la que aparece publicada en 51 D.P.R. 537.

Visto el caso de nuevo, en junio 14 de 1938 la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda, con costas a las demandantes, sin incluir honorarios de abogado. No con-formes las demandantes apelaron. Imputan a la corte sen-tenciadora tres errores: (1) al admitir prueba oral para desvirtuar la eficacia del contrato escrito; (2) al entender que la prueba de la demandada demostró su no renuncia de la cláusula referente al pago anticipado de la primera prima; y (3) al resolver que la póliza nunca estuvo en vigor.

El contrato de seguro entre las partes está contenido en la póliza y en la solicitud firmada por el asegurado. En la póliza encontramos la siguiente cláusula:

“Esta póliza se expide en consideración de las garantías y esti-pulaciones en la solicitud para esta póliza, firmada por eí ásegurado, copia de la cual se adhiere a esta póliza y se considera como parte del contrato, y además mediante el pago por adelantado de la suma de treinta y dos dólares y ni un centavo ($32.00) y el pago de la misma cantidad en o antes del 15 de diciembre de cada año-, . .

Entre las Condiciones (generales impresas ¿Í repaid o de la póliza y qne son pertinentes a este pleito aparecen las siguientes:

“ (a) Esta póliza será válida únicamente después que se haya en-tregado y pagado la primera prima durante la vida y buen estado de salud del asegurado.
“ (b) No se considerará como efectuado el pago de ninguna prima, a menos que éste conste en el recibo oficial de la asociación firmado por un ejecutivo de la misma y refrendado por el agente general, agente o cajero de la misma.
"(7c) Cualquier deuda a favor de la asociación por concepto de esta póliza, incluyendo cualquier porción no pagada del premio o premios del año en curso de la misma, será deducida de la cantidad de seguro pagadero a la muerte del asegurado.”

En la solicitud suscrita por Francisco O’Neill, que forma parte del contrato de seguro, se estipula:

(1) Que si el primer premio del seguro solicitado no se paga en efectivo al tiempo de suscribir esta solicitud, el seguro no tendrá efecto, a menos que se entregue la •póliza durante mi vida y buena salud ...” (Bastardillas nuestras.)

Esta corte, al considerar las condiciones y la cláusula arriba transcritas, dijo:

"La cláusula a estatuye categóricamente que la póliza no surtirá efecto hasta que la primera prima se haya pagado durante la vida y buena salud del asegurado. La cláusula primera de la solicitud, aunque establece la misma restricción, añade una excepción a la regla cuando dice: “a menos que se entregue la póliza durante mi vida y buena salud.” Es un principio claro, que no admite duda, den-tro de las leyes de éeguro, que cuando dos cláusulas.en un contrato están en conflicto, la que favorece al asegurado debe prevalecer. . . ,
"Las demandantes demuestran que tuvieron la póliza en su po-sesión y que la misma fué entregada al finado. La conclusión legal, en ausencia de prueba, y no puede haberla de parte de la demandada tratándose de una moción de nonsuit, es que la alegada condición precedente quedó renunciada al entregarse la póliza al asegurado. Esto no significa necesariamente que ha debido dictarse sentencia en favor de las demandantes sin ulterior consideración del caso. La -demandada puede probar en alguna forma que tal condición prece-dente no fué renunciada; pero las demandantes han presentado hasta .ahora por lo menos un caso prima facie.” 51 D.P.R. 540, 541.

¿Ha logrado la demandada destruir el caso prima facie ■establecido por las demandantes?

En la nueva vista del caso, la demandadá ofreció el tes-timonio del Sr. Juan B. Huyke, quien declaró: que recuerda .haberle entregado la póliza a Francisco O’Neill; que con la póliza se entrega siempre el recibo; que recuerda que el recibo que él entregó a O’Neill era de un año; que O’Neill no pagó el importe de un año; que O’Neill le encargó que pagara un semestre y que el testigo se lo notificó así al Sr. Vientos, jefe de la compañía; que al entregarle la póliza •O’Neill no pagó el año y propuso pagar seis meses y pagó ■seis meses; que él no le dejó a O’Neill el recibo de un año porque él no pagó el año y sí un semestre.

Bepreguntado el Sr. Huyke contestó: que no recuerda los •detalles del caso; que él debió entregar la póliza y el primer recibo; que el recibo no se le pudo entregar porque O’Neill no pagó un año completo; que pagó sólo un semestre; ■que él le dejó la póliza y le llevó el dinero al Sr. Vientos para que otorgara un nuevo recibo; que no sabe si se otorgó un nuevo recibo; que no recuerda lo que habló con Vientos; que cuando él entregó la póliza al asegurado éste le dijo que no tenía ese día el dinero, que iba a pagar para quedarse •con la póliza, para tener derecho a la póliza; que él le dijo “pague lo que pueda” y O’Neill pagó la mitad y entonces él le entregó la póliza.

En el examen redirecto, al preguntar el abogado de la ■demandada al Sr. Huyke si el asegurado le pagó la mitad-de la prima anual o si le pagó un semestre, se opuso la parte demandante alegando que habiéndose estipulado en la póliza que el pago se haría por anualidades, y no habiendo la deman-dada alegado en su contestación que esa forma de pago se variara, no puede admitirse prueba para sostener una varia-ción que no fué alegada. La corte resolvió que habiendo el testigo contestado en la repregunta que el asegurado pagó la mitad, la parte demandada tiene derecho en el examen redirecto a preguntar qué parte de la prima fue que pagó. Se anotó la excepción de las demandantes. Siguió decla-rando el testigo que en su concepto pagar la mitad de la prima anual o pagar un semestre es la misma cosa; que el importe de un semestre es siempre un poco más de la mitad de la prima anual; que O’Neill le entregó $16.64; que él no hizo convenio alguno con el asegurado para variar la forma de pago; que su impresión era que O’Neill iba a pagar el resto de la prima en pocos días.

En la deposición que le fué tomada en Omaha, Nebraska, el Sr. John T. Yates, Secretario de la Asociación demandada en la fecha en que se expidió la póliza a Francisco O’Neill, declaró: que era secretario de la compañía y tenía a su cargo los archivos de la misma durante el período de noviembre 12, 1931, a diciembre 15, 1932; que la compañía demandada expi-dió una póliza a Francisco O’Neill. Preguntado el testigo si se había pagado alguna prima, la cantidad pagada y el período de tiempo cubierto por dicho pago, se opuso la parte demandante, alegando que el testigo vivía en Nebraska y no era el que había hecho el negocio y que por tanto esos hechos no le podían constar más que por referencia. La corte permitió la pregunta, tomó excepción la demandante y siguió declarando el testigo: que se había hecho un pago semianual o prima de $16.64, lo que cubrió la prima desde diciembre 15, 1931, a junio 15, 1932.

Se opuso la demandante a que se preguntase al testigo Yates si la compañía le había concedido un crédito al asegu-rado por el balance de la prima del primer año, por enten-der que al testigo sólo podía constarle tal hecho por refe-rencia, toda vez que el negocio de la póliza se había hecho con el representante de la demandada en Puerto Pico. Resolvió la corte que el testigo podía declarar sobre lo que constara de los records de la compañía, pudiendo la parte demandante ofrecer prueba para sostener lo contrario. Tomó excepción la parte actora y declaró el testigo: que la com-pañía nunca dió crédito a O’Neill por el balance de la prima-, que cuando se hace una solicitud para una póliza el soli-citante puede a su elección hacer los pagos anualmente, semestralmente o trimestralmente; que puede también hacer los pagos mensualmente; que al hacer su solicitud, O’Neill hizo constar que deseaba hacer .los pagos anualmente, pero al entregársele la póliza hizo solamente un pago semestral de $16.64; que eso estaba permitido de acuerdo con la prác-tica de la demandada, pero que al hacerlo así, O’Neill que-daba obligado a pagar la prima por un semestre o por un trimestre en junio 15, 1932. Con la objeción y excepción de la demandante declaró el testigo que la demandada nunca recibió petición alguna del Sr. O’Neill para que se le diese crédito por la parte de la prima pendiente de pago o para que se le prorrogase el plazo para pagarla; que la deman-dada no está autorizada para dar crédito por las primas; que bajo las secciones 65 a 68 de los reglamentos de la deman-dada, el Sr. O’Neill podía haber pagado los plazos decaídos con el propósito de revivir el seguro, pero que no lo hizo así; que el agente de la demandada en Puerto Rico era el Sr. Vientos, quien tenía autorización para recibir solicitudes de pólizas y para recibir y remesar a la oficina central el importe de las primas sobre los seguros en vigor en la Isla; que la demandada nunca renunció a ni modificó ninguna de las condiciones de la póliza expedida a Francisco O’Neill; que el Sr. Vientos estaba autorizado para aceptar el pago de la prima por un semestre o por un trimestre o por un mes, aun cuando en la póliza se hacía constar que la prima anual debía ser pagada por anticipado; que eso no era incon-sistente con las disposiciones de la póliza ni con las de la constitución, leyes y reglamentos que son parte de la póliza,, pero que si eso se hacía, el Sr. O’Neill quedaba obligado a págár otra prima o un plazo de ía misma, al expirar el tér-mino por el cual él había pagado; que la demandada no tuvo conocimiento ni aviso de acto alguno de su agente en Puerto Rico que pudiese ser considerado como una renuncia o modi-ficación de alguna de las condiciones de la póliza o de las disposiciones de su constitución, leyes o estatutos; que tuvo aviso de su agente de que no se le había pagado la prima de un año, sino solamente la de un semestre; que esa a<jep-tación no puede ser considerada como una renuncia o modi-ficación de las condiciones dé la póliza, por la razón de que la póliza provee que los pagos pueden hacerse por años, por semestres o por trimestres, pero que en este caso se dejaron fuera de la póliza los pagos semestrales y los trimestrales porque el Sr. O’Neill hizo constar en su solicitud que él deseaba hacer los pagos por anualidades.

Repreguntado el Sr. Yates, contestó: que de acuerdo con el informe que recibió del Sr. Vientos, la suma de $16.64 fué pagada a cuenta de la póliza al ser ésta entregada; que no tiene documento alguno que demuestre una modificación de la forma de pago; que no hubo tal modificación, puesto que el Sr. O’Neill siempre tenía el derecho de pagar por años, por semestres, por trimestres o por meses.

La demandada ofreció en evidencia un documento con-tentivo de la constitución, leyes y reglamentos de la com-pañía. Se opuso la parte demandante. La corte inferior resolvió que no habiéndose hecho constar en el cuerpo de la póliza ni unido una copia de los mismos a la póliza, el documento no podía ser admitido como parte del contrato de seguro por oponerse a ello el artículo 173 de la Ley de Seguro de Puerto Rico.

La evidencia demuestra que en el momento de presentar lá solicitud el Sr. O’Neill no pagó ni la totalidad ni parte de la primera prima anual que se había comprometido a pagar; que no obstante el hecho de no haber pagado nada, el agente de la compañía, Huyke, le entregó incondicional-mente la póliza y que en ese momento el asegurado le pagó una cantidad a cuenta de la prima anual; que el agente le dijo al asegurado al entregarle la póliza “pague lo que pueda” y que entonces el asegurado pagó la mitad de la prima; que el agente Huyke no hizo ningún convenio con el asegurado para variar la forma de pago; y que la impre-sión del agente fué la de que el asegurado pagaría el resto, de la prima en pocos días. La deposición del Secretario de la Asociación demandada establece el hecho de que la demandada nunca renunció ni modificó ninguna de las condi-ciones de al póliza. [1] Debemos por lo tanto interpretar el contrato entre las partes de acuerdo con las cláusulas y condiciones de los documentos que lo integran y a la luz de los actos realizados por una y otra parte.

La mayoría de las decisiones sostienen que la entrega incondicional de una póliza equivale al abandono o renuncia del pago precedente de la primera prima. Esa renuncia o abandono puede consistir de actos, palabras o conducta de los cuales pueda inferirse que la compañía tuvo la intención de abandonar o de no insistir en la condición de pago por anticipado.

La entrega incondicional de la póliza hecha en el presente caso y la aceptación de una parte de la prima, sin hacer modificación alguna en los términos y condiciones de la póliza y sin advertir al asegurado que la póliza sería efectiva solamente por el término cubierto por la suma por él pagada, constituyen a nuestro juicio una renuncia de la condición (a) de la póliza. Véanse: 32 C. J. 1136; Berliner v. Travelers’ Ins. Co., 53 P. 922 (Cal.); Bankers’ Reserve Life Co. v. Sommers, 242 S. W. 258 (Tes.); Ginner’s Mutual Underwriters Ass’n. of Texas v. Pickard, 34 S.W. (2d) 641; Aetna Life Ins. Co. v. Roewe, 38 F. (2d) 393; Wright v. New England Mutual Life Ins. Co., 163 S. E. (Mass.) 133; y Cooley’s Briefs on the Law of Insurance, Vol. I, págs. 496-512.

Opinamos que habiendo sido entregada la póliza al asegurado, durante su vida y buena salud, sin que la compañía le exigiese el pago por anticipado y en efectivo de la primera prima y sin hacerle advertencia alguna en cuanto a la no efectividad del seguro, Francisco O’Neill quedó ase-gurado, de acuerdo con la cláusula (1) de la solicitud anexa a la póliza, por el término de un año estipulado en el con-trato; y que habiendo aceptado la compañía aseguradora, el pago de parte de la primera prima y entregado la póliza, sin limitar en manera alguna la efectividad, o duración clei seguro y sin haber cancelado o tratado de cancelar la póliza durante la vida del asegurado, debemos resolver como resol-vemos que en la fecha del fallecimiento de Francisco O’Neill la póJiza objeto de esta acción se encontraba en toda su fuerza y vigor.

El efecto legal de los actos y conducta de la com-pañía aseguradora fue el de extender crédito al asegurado por la parte no satisfecha de la primera prima anual. El asegurado se convirtió en deudor de la compañía por la cantidad pendiente de pago. Fué para la protección de la compañía, como acreedora por la porción no pagada de la prima, que se estipuló en la cláusula (Je) de las Condiciones Generales de la póliza (supra) que cualquier deuda a favor de la Asociación por concepto de dicha póliza, incluyendo cualquier porción no pagada del premio o premios del año en curso de la misma, será deducida de la cantidad de seguro pagadera a la muerte del asegurado.

La prueba de la demandada no destruyó el caso prima facie establecido por las demandantes.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra condenando a la Aso-ciación demandada a pagar a las demandantes la suma de dos mil dólares ($2,000) más intereses legales al tipo de seis por ciento (6%) anual desde mayo 4 de 1933, fecha de presenta-ción de- la demanda hasta que se verifique el pago, pudiendo la demandada deducir d,e la cantidad total a pagar la porción no pagada de la prima estipulada por el año de seguro cubierto por la póliza. Bebe imponerse a la demandada el pago, de las cosías, más la suma de $300 como honorarios del abogado de las demandantes.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.