author: per curiam:

text:
    Isla Verde Rental Equipment Corporation, demandante y recurrida, v. Myrna García Santiago, demandada y peticionaria.

      Número: CC-2000-695

      Resuelto: 31 de agosto de 2005

      Vicente Sanabria Acevedo, abogado de la parte peticionaria; Meter Calderón Meléndez y Enrique Blanco Amigo, aboga-dos de la parte recurrida.
   per curiam:

Debemos resolver si procede aplicar retroac-tivamente la norma establecida en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997),() ante los hechos particulares del caso ante nos y tomando en consideración que nuestro de-ber primordial es hacer justicia.

HH

El 21 de diciembre de 1989, la Sra. Myrna García Santiago alquiló a Isla Verde Rental Equipment Corporation (Isla Verde Rental) cincuenta y cinco paneles de madera, por un período de treinta días. El alquiler de estos paneles y su acarreo ascendía a $385. Se le requirió, además, un depósito de $300 en efectivo, los cuales serían reembolsa-dos al devolverse el material. Unos días antes de cumplirse el término pactado, la señora García Santiago se comunicó telefónicamente con Isla Verde Rental, para que recogiera los paneles. Los empleados de Isla Verde Rental acudieron al lugar, pero no se llevaron los paneles porque la señora García Santiago deseaba que se le devolviera el depósito en efectivo y ellos lo traían en cheque. Acordaron que los em-pleados de Isla Verde Rental regresarían con el dinero en efectivo a recoger los paneles. Como no regresaron, la se-ñora García Santiago llamó a la Policía esa misma tarde para solicitar orientación. La Policía acudió al lugar a las 6:00 de la tarde y preparó un informe sobre otros servicios, Informe Núm. 268 de esa fecha.()

Dos meses después, el 22 de marzo de 1990, sin haberse comunicado nuevamente con la señora García Santiago, Isla Verde Rental la demandó en cobro de dinero, y adujo que ésta debía los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero y marzo. Según alegó, la deuda ascendía a $765, una vez deducida la suma de $300 previamente abonada en calidad de depósito. En esa misma fecha, Isla Verde Rental solicitó la expedición de una orden de embargo —en aseguramiento de sentencia— contra un in-mueble que era propiedad de la demandada. El manda-miento de embargo fue emitido por el foro de instancia el 20 de abril de 1990.

La señora García Santiago fue emplazada mediante edictos, según las disposiciones de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, porque de acuerdo con la parte demandante, no fue posible empla-zarla personalmente. Al no comparecer, se dictó sentencia en rebeldía en su contra el 19 de febrero de 1991. Sin embargo, luego de varios incidentes procesales, el 20 de sep-tiembre de 1993 el tribunal dejó sin efecto la sentencia, porque la demandada demostró que el emplazamiento me-diante edictos fue autorizado sin que se presentara una declaración jurada del emplazador sobre las diligencias realizadas para tratar de localizarla.

En esa misma fecha, el tribunal permitió a Isla Verde Rental presentar una demanda enmendada, esta vez por la cantidad de $15,675, equivalente al arrendamiento de los paneles hasta esa fecha. La demandada contestó alegando que había notificado a la demandante dentro de los treinta días dispuestos por el contrato para que recogiera los pa-neles y que Isla Verde Rental “compareció a recoger los paneles y se negó a recibirlos, conforme venía obligado a hacer de acuerdo con el contrato”, por lo que su reclama-ción “va en contra de sus propios actos”. Apéndice, exhibit 8, pág. 11. Además, reconvino para alegar que: (1) se le retuvo injustificadamente la cantidad de $300 que había entregado en concepto de depósito; (2) la arrendadora de-mandante le causó daños al embargar ilegalmente un in-mueble de su propiedad para asegurar una sentencia que fue dejada sin efecto por no haberse adquirido jurisdicción sobre su persona, y (3) se vio impedida de vender ese in-mueble a causa del embargo, lo cual le causó daños econó-micos por $55,000. La demandante pidió, además, $5,000 por sufrimientos y angustias mentales, y por gastos y honorarios.

El 15 de junio de 1995 se celebró la vista en su fondo. El 28 de diciembre de 1995 el tribunal dictó sentencia en la que declaró “con lugar” la demanda y denegó la reconvención. El tribunal de instancia concluyó que se ce-lebró entre las partes un contrato de arrendamiento, que Isla Verde Rental cumplió con su obligación de entregar el objeto del contrato y que la demandada “pagó el primer plazo, no así los siguientes”. Señaló que la demandada “ad-mitió el día del juicio que sólo había pagado el canon co-rrespondiente a un mes”. Relación del caso, determinacio-nes de hechos, conclusiones de derecho y sentencia, pág. 2. Condenó entonces a la parte demandada al pago de $355 mensuales por cada uno de los meses transcurridos desde el 21 de diciembre de 1990 hasta el 21 de enero de 1996; es decir, un total de $29,820, comprendiendo de esa forma el mes de arrendamiento pactado y todos los meses subsi-guientes hasta que la sentencia advino final y firme. La parte demandada presentó oportunamente una moción so-bre determinaciones de hechos adicionales y conclusiones de derecho, que fue denegada el 22 de febrero de 1996.() Acudió, entonces, al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación presentado el 25 de marzo de 1996. Luego de varias órdenes para que contestara el escrito de apelación, y habiéndose sometido la exposición narrativa estipulada, Isla Verde Rental presentó su alegato final-mente el 10 de noviembre de 1998, casi dos años después de haber sido presentada la apelación.

El tribunal apelativo dictó sentencia para revocar al tribunal de instancia, con el voto disidente de uno de los jueces que entendió que el tribunal apelativo no tenía juris-dicción a la luz del caso Andino v. Topeka, Inc., supra.() Inconforme, Isla Verde Rental solicitó la reconsideración y el tribunal dictó sentencia en reconsideración el 7 de julio de 2000. Acogió entonces los argumentos de la anterior opi-nión disidente y resolvió que carecía de jurisdicción para atender el recurso. De esta forma, quedó vigente la senten-cia del Tribunal de Primera Instancia.() La peticionaria, señora García Santiago, presentó un auto de certiorari ante este Tribunal el 9 de agosto de 2000, alegando lo si-guiente:

Erró gravemente el Tribunal de apelaciones al desestimar el Recurso por, alegadamente, no haber cumplido nuestra Moción Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclu-siones de Derecho con lo expuesto en el caso de Andino v. Topeka, Inc., supra, ... sin tomar en consideración que dicho caso fue resuelto más de un año después de haberse radicado la Apelación. (Enfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 4.

El 30 de octubre de 2000 le ordenamos a la parte recu-rrida mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto y revocar la sentencia dictada en este caso. El 15 de noviembre los recurridos presentaron su escrito en cumpli-miento de orden. Con el beneficio de los argumentos de ambas partes, expedimos el auto de certiorari y resolvemos.

Es deber ineluctable de este Tribunal lograr que “todo proceso adjudicativo se orient [e] en hallar la verdad y hacer justicia”. Valentín v. Mun. de Añasco, 145 D.P.R. 887, 897 (1998). Véanse: Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 94 (1985); J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879, 884 (1981).

En más de úna ocasión hemos expresado que una decisión puede tener tanto un efecto prospectivo como retroactivo. Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de Aguadilla, 142 D.P.R. 85, 87 (1996). Esto, por razón de que “la absoluta retroactividad sería la muerte de la seguridad y la de la confianza pública, y la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del derecho”. R. Calderón Jiménez, Retroactividad o prospectividad de las decisiones de los tribunales, 53 (Núms. 2-3) Rev. C. Abo. P.R. 107,115 (1992), citando a J.M. Manresa y Navarro, Código Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 159; Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10 (2004); Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 D.P.R. 272, 277 (1995). Los criterios establecidos para declarar la aplicación retroactiva o prospectiva de una determinación judicial son: “(1) el propósito que persigue la nueva regla para determinar si su retroactividad lo adelanta; (2) la confianza depositada en la antigua norma, y (3) el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia.” Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, supra, pág. 277. Véase Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 88.

En muchas ocasiones hemos dado vigencia prospectiva a ciertas doctrinas jurídicas. Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10, 16 (1992); Correa Vélez v. Carrasquillo, 103 D.P.R. 912, 918 (1975); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 782 (1965). El criterio utili-zado para optar por una de las alternativas “muchas veces es ad hoc, dependiendo de la situación fáctica, circunstan-cias del caso en particular y consideraciones de equidad y hermenéutica. Varias son las alternativas. Podríamos ne-garnos a imprimirle efecto retroactivo a una regla para, a manera de excepción, proteger solamente un interés en particular”. Gorbea Vallés v. Registrador, supra, pág. 16. Véanse: Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30, 36-37 (1974); Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253 (1973); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, supra. La decisión sobre la aplicación retroactiva de una norma jurisprudencial constituye un ejercicio discrecional basado en “considera-ciones de política pública y orden social, [ya que nuestro propósito] debe ser ‘conceder remedios justos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social’ ”. Gorbea Vallés v. Registrador, supra, págs. 16-18. Véanse: Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de Aguadillo, supra. En última instancia, la determinación se fundamentará “a la luz de los hechos y las circunstan-cias particulares de cada caso”. Íd. Véanse, también: Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, supra, pág. 277; Gorbea Vallés v. Registrador, supra, y otros casos allí citados.

La Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, concede a las partes la oportunidad de solicitar al tribunal sentenciador unas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales, o enmendar o hacer unas determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho, y enmendar la sentencia de conformidad. Esta regla fue interpretada por este Tribunal en el caso Andino v. Topeka, Inc., supra, para aclarar que para que una moción a estos efectos interrumpa el término para acudir al Tribunal de Apelaciones, tiene que contener una “propuesta que exponga, con suficiente particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima probados, y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales”. (Enfasis suprimido.) Andino v. Topeka, Inc., supra, págs. 939-940, citando a J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 230.

Hemos dicho que “[a]l interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como principio rector, que éstas no tienen vida propia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes. Para poder impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el tribunal debe hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas garanticen una solución justa, rápida y económica de la controversia”. (Enfasis en el original.) Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986). Véanse: Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986). De la misma forma explicamos en García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976), que “la función ineludible de este Tribunal consiste en darle vigencia a la norma conforme a este elemento teleológico en su aplicación a casos concretos”.

Antes de Andino v. Topeka, Inc., supra, no habíamos hecho una interpretación detallada de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, limitándonos en vez a exponer que como consecuencia de la utilización de este recurso se interrumpiría el término para acudir en revisión. En el caso ante nuestra consideración, la peticionaria presentó oportunamente una moción sobre determinaciones de he-chos y conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, y al ser ésta de-negada, sometió un escrito de apelación ante el foro intermedio. A ese momento no se había resuelto el caso Andino v. Topeka, Inc., supra. La peticionaria “estaba con-fiando en la rutina jurídica de los tribunales y los aboga-dos” vigente hasta entonces. Datiz v. Hospital Episcopal, supra. En efecto, no decidimos el caso Andino v. Topeka, Inc., supra, hasta un año después de haberse presentado la apelación.

Atendidas las circunstancias particulares del caso ante nuestra consideración y para lograr cumplida justicia, re-solvemos que no debió aplicarse la interpretación de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, que adoptamos en Andino v. Topeka, Inc., supra. Por ende, no se debió pena-lizar a la peticionaria, porque su moción de determinacio-nes adicionales no cumplía con los criterios adoptados en ese caso, y erró el Tribunal de Apelaciones al no asumir jurisdicción en este caso.

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Procedemos a resolver los méritos del caso que nos ocupa. El contrato entre Isla Verde Rental y la señora Gar-cía Santiago expresa lo siguiente:

A los paneles no se les puede abrir barrenos ni dar cortes. El material se alquila con un uso máximo de 30 días, en cuya fecha, el cliente, si no ha terminado de usar el material, de-berá pasar por nuestra oficina a pagar otra mensualidad y repetir el proceso de nuevo sucesivamente el cliente avisará personal o telefónicamente la fecha de recogida del material, que deberá estar limpio de clavos y cemento, sin huecos ni roturas y en el lugar accesible para su acarreo. En caso de deterioro de algún material deberá abonarse el importe del mismo. (Énfasis suplido.) Contrato, según citado en Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 25 de febrero de 2000, pág. 9.

La señora García Santiago cumplió con las condiciones de alquiler convenidas. Al terminar de utilizar los paneles se comunicó telefónicamente con Isla Verde Rental para que procedieran a recogerlos. Tan es así, que Isla Verde Rental envió empleados a recoger los paneles, aunque luego no se los llevaron. Alega Isla Verde Rental que la señora García Santiago no quiso aceptar la devolución del depósito en cheque. Ello es cierto, pero Isla Verde Rental no hizo ninguna otra gestión para recuperar sus paneles, simplemente esperó que transcurrieran dos meses para en-tonces demandar en cobro de los cánones que alegada-mente se le adeudaban.

Concluimos que la demandada expresó, de manera in-dubitada, que no tenía intención de continuar el arrendamiento. Por el contrario, llamó por teléfono a Isla Verde Rental para que enviara a sus empleados a recoger los paneles. De esa forma, la demandada cumplió con lo único que le exigía el acuerdo entre las partes para dar por terminado el contrato. Por su parte, el arrendador mandó a buscar los paneles, reconociendo de esa forma que el arren-damiento había terminado. Ello no obstante, no hizo ges-tión posterior alguna para recoger el material arrendado, obligación que le correspondía, según los términos claros del contrato. El foro sentenciador no hizo referencia alguna en su sentencia al contenido específico del contrato entre las partes, como tampoco hizo alusión a los intentos de la demandada de darlo por terminado y lograr que la deman-dante recogiera los paneles, según acordado. No acertamos a comprender la determinación de dicho foro en cuanto a que la demandada pagó tan sólo el primer plazo mas no los subsiguientes, habida cuenta de que el contrato tenía du-ración máxima de un mes.

Por lo anterior, resolvemos que el tribunal sentenciador erró al determinar que la señora García Santiago debía a Isla Verde Rental la suma de $29,820, correspondientes al alquiler de los paneles hasta la fecha cuando se dictó sentencia. También erró el tribunal al desestimar, sin más, la reconvención de la parte demandada. De igual forma erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a ejercer su ju-risdicción para revisar la sentencia de instancia, funda-mentándose en que la moción de determinación de hechos adicionales presentada en este caso no había interrumpido el término para presentar la apelación. Según explicamos, consideraciones de justicia sustancial impiden la aplicación retroactiva de la doctrina de Andino v. Topeka, Inc., supra, a este caso. Revocamos, pues, la sentencia apelada y la sentencia del foro de instancia. Se dicta sentencia para declarar “no ha lugar” a la demanda de Isla Verde Rental y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que adjudique lo procedente en torno a la reconvención.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López concurrieron con el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

      (1) Este caso interpreta la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (2) Los hechos surgen de la exposición narrativa estipulada por las partes, que obra en los autos originales del caso, y de los escritos de ambas partes.

      (3) Según reconoció el Tribunal de Apelaciones en-su primera sentencia, “[a] pesar de que el foro judicial de primera instancia denominó un breve párrafo de su dictamen ‘determinaciones de hechos’, lo cierto es que lo allí contenido no tiene tal alcance y que dicha sentencia carece de las determinaciones de hechos correspondientes”. Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 25 de febrero de 2000, pág. 6.

      (4) Ese caso, resuelto por el Tribunal Supremo el 10 de abril de 1997, más de un año después de haberse presentado el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, aclara que una moción sobre determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de de-recho, tiene que exponer con suficiencia y especificidad los hechos que el proponente estime probados para que interrumpa el término para apelar.

      (5) El Juez Rodríguez García disintió.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

license: Public Domain

text:
    José A. Ramos Rosado et als., demandantes y peticionarios, v. Wal-Mart Stores, Inc. de Isabela et als., demandados y recurridos.

      Número: CC-2005-286

      Resuelto: 31 de agosto de 2005

      Luis R. Cuebas Irizarry, abogado.de la parte peticionaria; William Estrella y Pedro A. Barceló Lugo, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

(Regla 50)

El Sr. José Ramos Rosado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, una de-manda por daños y perjuicios en contra de Wal-Mart Stores Inc. En ella se alegó que mientras el señor Ramos Ro-sado se encontraba en las instalaciones de la tienda Wal-Mart de Isabela, específicamente en el área de piezas y accesorios de automóviles, resbaló en un líquido que estaba regado por el piso, cayendo hacia atrás e impactando el suelo con el lado izquierdo de su cuerpo.

Luego de varios incidentes procesales, y tras escuchar las declaraciones de los testigos presentados por ambas partes, el 2 de junio de 2004 el Tribunal de Primera Ins-tancia declaró “con lugar” la demanda presentada al con-cluir que “la negligencia del demandado fue la causa que provocó el accidente que da margen a la demanda en este caso”.() Apéndice, pág. 83.

Al explicar su dictamen, el referido foro prestó atención especial a la relación existente entre el “área en donde ocurr[ió] el resbalón con el anaquel donde se encontraban los artículos de encerado y pulido de autos”. Apéndice, pág. 81. De este modo, concluyó que “en el pasillo donde ocurrió el accidente el día de los hechos había una condición que puede catalogarse como peligrosa”, id., pág. 82, y que la demandada “debió tomar precauciones para evitar la ocu-rrencia de un accidente como el que nos ocupa en este caso, ya que es totalmente previsible el derrame de líquido o material resbaloso de los artículos que se encontraban en el anaquel inmediatamente contiguo al pasillo donde ocu-rrió el accidente”. íd.

Amparado en tales argumentos, el foro de instancia se-ñaló que la alegada negligencia “consistió en que [Wal-Mart] no tomó las medidas de precaución necesarias para evitar que ocurriera[,] como ocurrió [,] que en área del pa-sillo inmediato al anaquel de productos y artículos relacio-nados con el pulido y encerado de los autos existiera un líquido resbaloso, pegajoso e incoloro ... y que para que no ocurriera tal caída no se tomaron las precauciones de se-guridad para limpiar el área del pasillo afectada”. Apén-dice, pág. 83. Finalmente, expresó que “[l]a tienda Wal Mart debió anticipar que dicha condición peligrosa (los productos para encerado de automóviles que estaban en los anaqueles justamente al lado del pasillo donde ocurrieron los hechos) podían ocasionar daños, por lo que debió adop-tar medidas de seguridad para evitarlo”. (Énfasis suplido.) Íd.

Inconforme con el referido dictamen, Wal-Mart acudió al Tribunal de Apelaciones alegando que incidió el foro de instancia al analizar y apreciar la prueba, adjudicar credi-bilidad y determinar negligencia. El foro apelativo inter-medio, luego de analizar la transcripción del juicio en su fondo, revocó la determinación del foro primario al concluir que “el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error manifiesto en su apreciación de la prueba, ya que la de-mandante no probó su caso conforme a derecho”.() Apén-dice, pág. 126. Determinó que en este caso “[e]l deman-dante no pudo probar, mediante preponderancia de la prueba, que la demandada actuó negligentemente y que ésta fue la causa próxima y eficiente de los daños alegados”. Íd., pág. 127. A esos efectos, señaló, entre otras cosas, que “no pudo establecer[se] el tiempo en que la ale-gada sustancia estuvo en el piso y si era o debió haber sido del conocimiento de la demandada”. () (Énfasis suplido.) Íd., pág. 126.

Inconformes, los demandantes acudieron —vía certiora-ri— ante este Tribunal, alegando que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia. Resolvemos el recurso presentado sin ulterior trámite y al amparo de las disposiciones de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Confirmamos; esto es, se sostiene la determinación del foro apelativo in-termedio a los efectos de que no se probó la negligencia de la parte demandada. Veamos por qué.

En innumerables ocasiones este Tribunal ha resuelto que una empresa que opera un establecimiento abierto al público con el propósito de llevar a cabo operaciones comer-ciales para su propio beneficio tiene el deber de mantener dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que sus clientes no sufran daño alguno.() Sin embargo, al establecer dicha normativa este Tribunal nunca ha preten-dido convertir al dueño de un establecimiento comercial en asegurador absoluto de la seguridad de sus visitantes ni imponerle a éste una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 D.P.R. 510 (2001); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956).

Así lo establecimos en Goose v. Hilton Hotels, ante, pág. 527, al señalar que el dueño de un establecimiento “no es un asegurador de la seguridad de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección”. Del mismo modo, en Colón y otros v. K-mart y otros, ante, pág. 518, fuimos enfáticos al señalar que la norma establecida “[d]e ningún modo significa que el dueño de un establecimiento comercial asume una res-ponsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes”.

A tono con lo anterior, este Tribunal ha resuelto que los propietarios de establecimientos comerciales son responsa-bles ante sus clientes por los daños ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas que sean conocidas por és-tos o cuando su conocimiento les sea imputable. Véase Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985).() Sobre este particular, hemos expresado que en estos casos el de-mandante tiene el peso de la prueba para demostrar que el dueño del establecimiento no “ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro”. Íd. Véase, además, Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 104 (1986). “En palabras más sencillas, la parte demandante tiene la obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre ne-gligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos”. Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 651.

Como vemos, para imponer responsabilidad en los casos de accidentes en establecimientos comerciales los deman-dantes tienen que probar —y los tribunales tienen que de-terminar— en primer lugar, si existía una condición peli-grosa y, en segundo lugar, si la existencia de tal condición era del conocimiento de la parte demandada o si podía im-putársele tal conocimiento. Amparado en esta normativa fue que el foro apelativo intermedio correctamente entendió que los demandantes fallaron en probar su caso conforme a derecho.

1 — I HH

Un análisis responsable y desapasionado de la trans-cripción de evidencia que consta en el expediente es sufi-ciente para percatarse de que en este caso los demandan-tes fallaron en probar el segundo de los elementos antes mencionados, requisito indispensable para imponer res-ponsabilidad en este tipo de caso. Esto es, los demandantes no probaron que Wal-Mart tenía o debió tener conoci-miento del alegado derrame que ocasionó el accidente aquí en controversia. Tampoco demostraron que la alegada sus-tanda estuvo en el suelo por un periodo de tiempo irrazo-nable o excesivo, o que la demandada fallara en implantar la política de prevención establecida en sus tiendas. Vea-mos en detalle algunos de los testimonios presentados ante el foro de instancia.

En primer lugar, testificó el demandante José Ramos. Éste declaró que mientras visitaba la tienda Wal-Mart de Isabela resbaló cuando fue a tomar uno de los artículos ubicado en el área de piezas y accesorios de autos. No pudo precisar en qué resbaló, pero una vez en el suelo se percató que tenía la ropa mojada. Su esposa, la señora Méndez, declaró que no estaba con su esposo cuando ocurrió el ac-cidente, pero que cuando llegó al área en cuestión lo encon-tró tirado en el suelo y con su ropa húmeda. Tampoco pudo identificar la sustancia que estaba en el suelo y sólo pudo declarar que se trataba de un líquido “sucio”.

De particular pertinencia a la controversia ante nos es el testimonio del testigo de la parte demandante, Sr. Héctor Negrón, cliente que se encontraba en la tienda Wal-Mart de Isabela el día de los hechos. El señor Negrón declaró que antes del accidente aquí en controversia pasó por el área de piezas y accesorios de automóviles y también res-baló en el líquido incoloro que había en el piso. Indicó que continúo caminando por los pasillos para buscar a un em-pleado de la tienda cuando escuchó “un fuerte ruido de objetos que se habían caído”. Más adelante, declaró: “yo no pude hablar para notificar la situación. Cuando surge el evento ... se pidió que alguien avisara a los empleados de lo que estaba pasando.” A preguntas del abogado de la parte demandante, el testigo añadió que luego de esto “llegaron tres empleados”. Como se desprende, claramente, del testi-monio de este testigo, Wal-Mart no tuvo oportunidad de to-mar acción alguna con el propósito de eliminar la condi-ción” existente antes de que ocurriera el accidente.

Por parte de Wal-Mart testificó el Sr. George Mena, quien a la fecha de su testimonio se desempeñaba como gerente de operaciones de la tienda de Isabela y llevaba once años laborando para la referida empresa. Su testimo-nio giró en torno a la política de la empresa con respecto a la seguridad de sus clientes y la prevención de accidentes. Declaró que en las tiendas existen varios programas de prevención de accidentes, entre los que mencionó las “ron-das preventivas”, el “zone defense” y el “safety sweep”.

En cuanto a las rondas preventivas, explicó que cada hora los gerenciales recorren la tienda para identificar cualquier situación que pueda provocar accidentes y corre-girla inmediatamente. En cuanto al safety sweep declaró que se trata de otra de las medidas implantadas en las tiendas donde cada quince minutos los asociados caminan por los pasillos o departamentos que le han sido asignados para identificar cualquier objeto o derrame en el piso. Asi-mismo, declaró que el zone defense es una ronda que se realiza cada dos horas donde los empleados colocan en sus áreas cualquier objeto o mercancía que esté fuera de lugar. Como resulta obvio, respecto a medidas de seguridad en evitación de accidentes, no se le puede exigir más a un patrono.

Por otra parte, el señor Mena explicó que al reclutar a un asociado se le adiestra sobre los programas de seguri-dad establecidos por Wal-Mart y se le suministra un exa-men como parte del proceso de reclutamiento. Asimismo, declaró que las tiendas cuentan con dos asociados de man-tenimiento por cada turno, los cuales están continuamente barriendo el piso, recogiendo basura, limpiando derrames y verificando cualquier situación que pueda provocar accidentes. Además, señaló que en caso de derrames cada uno de los asociados tiene instrucciones de mantenerse en el área afectada para evitar que algún cliente pueda acci-dentarse y pedir ayuda a otro asociado para limpiarla.

La Sra. Áurea Pérez declaró que es empleada de Wal-Mart desde hace ocho años y que para la fecha del acci-dente trabajaba en el área de telas que estaba inmediata-mente al lado del pasillo de productos de automóviles. Ésta declaró que fue informada por una cliente sobre el acci-dente y que acudió inmediatamente al lugar, siendo la pri-mera persona en llegar allí. Además, corroboró el testimo-nio del señor Mena en cuanto a las medidas de seguridad que se llevan a cabo en la tienda de Isabela.

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Como señaláramos anteriormente, un análisis detenido de la totalidad de la prueba vertida ante el foro de instan-cia nos lleva inexorablemente a concluir que en el caso ante nos el referido foro no tuvo ante sí prueba suficiente para imponerle responsabilidad a la parte demandada. Esto es, la prueba desfilada ante el foro de instancia demuestra claramente que los demandantes fallaron en demostrar que Wal-Mart tenía, o pudo haber tenido, conocimiento so-bre la existencia del alegado derrame de líquido que oca-sionó el accidente de Ramos Rosado.

Es un hecho incontrovertido que el señor Negrón no llegó a notificar a Wal-Mart sobre la sustancia derramada, por lo que definitivamente no puede argumentarse que la demandada conoció tal situación. Tampoco puede argu-mentarse que Wal-Mart debió tener —o pudo haber teni-do— conocimiento sobre el alegado derrame, pues los de-mandados no demostraron que el líquido haya estado derramado en el suelo por un periodo de tiempo irrazona-blemente largo. Ello es así, pues la prueba ofrecida —y no rebatida— por la parte demandada fue a los efectos de que la ronda preventiva se hacía cada quince minutos y los demandantes no probaron que dicho periodo —el cual es más que razonable— hubiese transcurrido sin que efectiva-mente se hubiese efectuado la mencionada ronda.()

Hemos señalado de forma reiterada que únicamente se le impondrá responsabilidad a un demandado en esta clase de situaciones cuando, mediante la presentación de prueba, se ponga al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre negligencia. Véase Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 651. Somos del criterio de que en este caso la parte demandante incumplió con su obligación de presentar prueba que pusiera al tribunal de instancia en condiciones de poderlo determinar así.

Si a ello le añadimos la prueba —no rebatida— presen-tada por la parte demandada sobre las medidas de seguri-dad, en evitación de esta clase de accidentes, que existían en la tienda en controversia, resulta palpablemente claro que el tribunal de instancia incurrió en error manifiesto al declarar “con lugar” la demanda presentada en este caso. Belk v. Martínez, ante.

Procede, en consecuencia, expedir el auto de “certiorari” y dictar sentencia confirmatoria de la emitida en el caso ante nos por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Conviene precisar los hechos probados del caso de autos, según fueron determinados por el foro de instancia que recibió y evaluó la prueba. Ello es particularmente menes-ter aquí, porque en su sentencia la mayoría del Tribunal no los pondera todos debidamente y, por ende, llega a un re-sultado erróneo e injusto, que favorece sin razón a la pode-rosa parte culposa en este caso. Veamos.

El 5 de febrero de 1998, aproximadamente a las 8:15 p.m., José Ramos Rosado y su esposa se encontraban en las instalaciones de la tienda Wal-Mart de Isabela, haciendo unas compras. Ramos Rosado llegó al área de piezas y ac-cesorios de autos, resbaló sobre un líquido que estaba re-gado en el piso y se cayó, recibiendo golpes serios y hema-tomas en la cabeza, el cuello y la espalda. De allí fue trasladado a la sala de emergencia del Hospital de Isabela, donde le ofrecieron los primeros auxilios y lo refirieron al Hospital Regional de Aguadilla. Posteriormente, viendo que no tenía mejoría alguna, comenzó tratamiento con un neurólogo, quien le diagnosticó: trauma severo a la cabeza, cefalea postraumática, espasmo cérvico dorsal lumbar de moderado a severo postraumático, múltiples traumas al cuerpo y enfermedad temprana postraumática de los discos L4 y L5. Recibió como tratamiento: analgésicos orales, antinflamatorios, relajantes musculares, terapia física y recomendación de no levantar peso mayor de quince libras por su condición disco lumbar.

Por razón de los daños referidos, Ramos Rosado, su es-posa y la Sociedad Legal de Gananciales integrada por am-bos, presentaron la correspondiente demanda por daños y perjuicios contra Wal-Mart.

Luego de varios incidentes procesales, que no es menes-ter narrar aquí, el foro de instancia celebró una vista en la que Ramos Rosado declaró:

1. Al llegar al área de los artículos de encerado y pulido de autos de la tienda en cuestión, resbaló sin poder sostener el equilibrio.

2. No vio el líquido en el piso donde resbaló, por haber sido un líquido pegajoso e incoloro, de lo que se percató luego de la caída.

3. No recibió atención alguna por parte de la gerencia o empleados de la tienda.

4. En ningún momento vio a persona alguna limpiando el área.

Su esposa declaró que al llegar al área del accidente, su esposo estaba temblando, quejándose de dolor en el cuerpo y la cabeza; que no vio en el área del accidente rótulo o advertencia alguna de peligro en el lugar, y que el líquido regado en el piso donde resbaló su esposo era incoloro. Tam-bién testificó Héctor Negrón, empleado de la Defensa Civil, quien visitaba el establecimiento como cliente la noche del incidente. Este declaró que unos diez minutos antes del ac-cidente de Ramos Rosado, pasó por el mismo pasillo, res-baló también allí y que el líquido en el piso era incoloro. Añadió que fue a buscar un empleado de la tienda para indicarle lo que le había sucedido y que limpiara el área, pero en ese momento se cayó el peticionario. Por parte de Wal-Mart, sólo testificaron el gerente de operaciones, Mena, y Aúrea Pérez, una cajera y la primera persona em-pleada del establecimiento que llegó al área el día del accidente. Ambos declararon sobre unas supuestas medi-das de seguridad que tenía Wal-Mart, en particular, el "safety sweep”. Señalaron que el “safety sweep” consistía en una medida de seguridad en virtud de la cual los em-pleados de la tienda caminaban sus pasillos cada quince minutos y removían todo lo que estaba en el piso, como ganchos, basura y cualquier otro tipo de objeto que pudiera causar accidentes o substancias derramadas. Además, Pé-rez señaló que, al llegar al área del accidente, no vio nin-guna substancia donde se había caído Ramos Rosado. El gerente de operaciones admitió también que no trabajó ni estuvo presente en la tienda el día del accidente.

Atendidos los planteamientos de ambas partes, el 2 de junio de 2004, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia y declaró “ha lugar” la demanda en cuestión. Re-solvió que la demandada había incurrido en negligencia y estaba obligada a responder por los daños. En particular, determinó como hechos probados los siguientes:

1. Al momento del accidente, el piso de la tienda Wal-Mart, donde Ramos Rosado había resbalado, estaba hú-medo con una substancia pegajosa e incolora.

2. Antes de ocurrir el accidente de Ramos Rosado, el Sr. Héctor Negrón había estado presente en la misma área y observó que había un líquido regado en el piso, por lo cual acudió a buscar ayuda para que el personal de Wal-Mart limpiara el área afectada.

3. Al momento del accidente, no había en el área en cuestión rótulo o advertencia alguna sobre su condición pe-ligrosa, o que impidiese el libre discurrir de los clientes por dicha área.

4. Wal-Mart no había presentado prueba de que las me-didas de seguridad que tenía por reglamento para evitar accidentes como éste fueran puestas en vigor el día de la caída de Ramos Rosado, ni de los cuidados tomados para brindar seguridad al cliente.

5. En el área donde resbaló Ramos Rosado se encontra-ban los artículos de encerado y pulido de autos, y el conte-nido de dichos productos era de naturaleza resbalosa, por lo que el lugar presentaba un grado de peligrosidad que requería una advertencia a los clientes, precaución que Wal-Mart no había tomado.

6. Ramos Rosado no había resbalado por su propia torpeza.

Debe enfatizarse que el tribunal de instancia consignó expresamente en su sentencia que le concedía “total credibi-lidad” a los testimonios de Ramos Rosado, de su esposa y del señor Negrón.

Inconforme con el dictamen del foro de instancia, el 6 de agosto de 2004 Wal-Mart presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que ha-bía errado el tribunal de instancia al analizar y apreciar la prueba, al adjudicar credibilidad a la parte demandante y al determinar que había mediado negligencia.

Atendido el recurso de apelación, el 29 de diciembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia y revocó el dictamen del foro de instancia. Concluyó que el hecho escueto de que Ramos Rosado resbaló y sufrió una caída mientras caminaba por las instalaciones de la de-mandada era insuficiente para imponerle responsabilidad a Wal-Mart por la ocurrencia de dicho accidente. Resolvió que Ramos Rosado no logró probar que la demandada ac-tuó negligentemente y que ésta fue la causa próxima y efi-ciente de los alegados daños.

De la sentencia del Tribunal de Apelaciones acudieron ante nos Ramos Rosado, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales integrada por ambos, mediante el presente re-curso de certiorari. Hicieron el señalamiento de error si-guiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Aguadilla en este caso.

Es norma bien conocida en nuestra jurisdicción que cuando una empresa mantiene abierto al público un esta-blecimiento, con el objeto de llevar a cabo operaciones co-merciales para su propio beneficio, tiene el deber de man-tener dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales que sus clientes no sufran daño alguno. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985).

Lo anterior no significa que el dueño de un estableci-miento comercial asume una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. Para que se le imponga responsabilidad, el demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 D.P.R. 510 (2001). En los casos de accidentes en estableci-mientos comerciales, hemos impuesto responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían condicio-nes peligrosas dentro de las tiendas correspondientes, “las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su cono-cimiento podía imputárseles a éstos”. (Enfasis en el original.) Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 650. En otras palabras, el demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, y que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño, y que ésta era conocida por el demandado o que debió conocerla. Admor. F.S.E. v. Almacén Román Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000).

Así mismo, es norma bien establecida en nuestro orde-namiento jurídico que los tribunales no alterarán las deter-minaciones de hecho del foro a quo a menos que se demues-tre que no hay evidencia suficiente en los autos para sostenerlas, o cuando se revele que actuó movido por pa-sión, prejuicio o parcialidad. Es el tribunal de instancia quien está en mejores condiciones de observar la actitud de los testigos, su forma de declarar, sus gestos y, en general, su conducta al prestar su declaración. Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961). La apreciación de la prueba que hace el foro de instancia merece nuestra deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, pre-juicio, parcialidad o error manifiesto. Véase Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R. 250 (1994). Las deter-minaciones del Tribunal de Primera Instancia no deben descartarse en forma arbitraria ni ser sustituidas por el criterio del tribunal apelativo, a menos que de la evidencia desfilada surja que no existe base suficiente que sustente tales determinaciones. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1999).

Al aplicar el derecho antes expuesto al caso de autos, resulta forzoso concluir que erró el tribunal apelativo al revocar la decisión del tribunal de instancia y que comete un grave error también la mayoría de este Tribunal al con-firmar el errado dictamen del foro apelativo. La mayoría aquí no ha ponderado bien todos los hechos del caso, por lo que su dictamen resulta ser erróneo e injustamente parcia-lizado a favor de la parte negligente en este caso.

Examinados cuidadosamente los testimonios vertidos en la vista, sobre todo aquellos a los cuales el foro de ins-tancia le dio credibilidad, no puede llegarse a ninguna otra conclusión razonable que no sea que los peticionarios de-mostraron que en el área donde ocurrió el accidente existía una condición peligrosa que debió ser conocida por Wal-Mart. Si bien es cierto que Wal-Mart no podía ser un ase-gurador de todo posible peligro en sus instalaciones, tam-bién es cierto que incurrió en una omisión negligente que ocasionó el accidente a Ramos Rosado.

El área en que ocurrió el accidente contenía diversos artículos para automóviles, entre ellos, artículos para la-var y encerar autos. Es conocido que tales artículos contie-nen ingredientes que, al entrar en contacto con el suelo, ocasionan que esa área esté resbalosa. La noche del inci-dente, Ramos Rosado era un cliente que se dirigió a una góndola de la tienda de Wal-Mart para obtener un pro-ducto, que no vio una sustancia incolora que estaba en el suelo y que, sin poder evitarlo, resbaló sufriendo una caída. Ya otro cliente, el señor Negrón, que había pasado por el mismo lugar por lo menos diez minutos antes del accidente de Ramos Rosado, también resbaló allí, percatándose de la existencia de un líquido resbaloso en el suelo. Inmediata-mente salió a buscar a un empleado, porque en ese mo-mento no vio ninguno en dicha área. Tampoco apareció em-pleado alguno para atender a Ramos Rosado inmediatamente después de su caída. Es evidente de todo lo anterior que desde antes de que Negrón resbalara hasta después de la caída de Ramos Rosado, el piso del lugar en cuestión estuvo resbaloso, mojado por un líquido incoloro y que causó dos accidentes, sin que hubiera pasado un em-pleado de Wal-Mart por el lugar para limpiar el piso. Todo ese período de tiempo, obviamente de mucho más que los diez minutos transcurridos entre el resbalón de Negrón y la caída de Ramos Rosado, el piso estuvo resbaloso según los testimonios que le merecieron credibilidad al foro sentenciador. Dicho foro resolvió expresamente que no hubo prueba de que la noche del accidente Wal-Mart lle-vara a cabo las supuestas medidas de seguridad como el “safety sweep”, que supuestamente todas las tiendas de Wal-Mart practicaban. Llama la atención particularmente el hecho de que frente a los tres testimonios claros y con-tundentes de la parte demandante, Wal-Mart no presentó evidencia creíble alguna sobre las medidas que en efecto tomó durante la noche del accidente. No presentó prueba alguna de si sus empleados correspondientes dieron las su-puestas rondas que debían dar cada quince minutos y que al pasar por el lugar no vieron nada en el suelo. Estable-cido por el demandante una situación de clara negligencia que ocasionó dos caídas durante un lapso de tiempo de mu-cho más de diez minutos, es muy significativo que Wal-Mart no ofreciera el testimonio de los empleados que esta-ban supuestamente asignados a supervisar el área del accidente esa noche, quienes hubieran podido declarar so-bre las referidas rondas para poder saber si, en efecto, to-maron las medidas de seguridad necesarias. Wal-Mart se limitó simplemente a presentar evidencia sobre unas su-puestas medidas de seguridad que alegadamente existían en ese establecimiento, que se suponía que sus empleados tomarían, pero no presentó prueba alguna sobre las medi-das tomadas en efecto esa noche.

Es por todo lo anterior que fueron evidentemente correc-tas las determinaciones del foro de instancia, que deter-minó que Wal-Mart incumplió con su deber jurídico de pro-veer un lugar seguro para que el peticionario realizara sus compras. Es claro que ocurrió un daño, la caída de Ramos Rosado, ocasionada por una sustancia resbalosa en el suelo. Es claro también que, al momento del peticionario caminar por ese pasillo, dicha substancia llevaba más de diez minutos tirada en el suelo sin haber sido limpiada por los empleados de Wal-Mart. Finalmente, es claro, además, que Wal-Mart no había tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar que la sustancia estuviera derra-mada mucho tiempo, al punto de que otra persona antes del incidente también había resbalado. Wal-Mart creó una con-dición peligrosa, al existir la sustancia precisamente en un área destinada para el tránsito de clientes, área con artí-culos que contenían ingredientes resbalosos, área sin nin-gún aviso al respecto y área que, conforme a la prueba, no había sido limpiada y atendida adecuadamente por los empleados. Esa condición peligrosa debió ser conocida por Wal-Mart, quien no actuó diligentemente para evitar el daño previsible.

Por todo lo anterior, no hay razón alguna para dejar sin efecto la decisión del tribunal de instancia, quien observó el comportamiento de los testigos y escuchó sus declaraciones. La prueba presentada por los peticionarios fue robusta y deja establecida la relación causal del daño alegado y la omisión negligente por parte del demandado. La prueba aportada por Wal-Mart no rebatió las alegacio-nes de los peticionarios en cuanto a su negligente omisión en tomar medidas de seguridad ante un daño previsible.

Es sencillamente incomprensible cómo la mayoría llega a otro resultado; cómo puede dejar de considerar todos los hechos del caso en su prejuiciado análisis, para favorecer aquí a la parte claramente negligente. Por todo ello, yo disiento.

      (1) Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de junio de 2004, pág. 8.

      (2) Como es sabido, la apreciación de prueba que hace el Tribunal de Primera Instancia debe ser respetada y los tribunales apelativos no intervendrán con ella a menos que se revele que actuó movido por pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 232 (1998).

      (3) Por otra parte, el referido foro apelativo expresó que “[e]l hecho escueto de que el demandante resbaló y sufrió una caída mientras caminaba por las facilidades de la demandada es insuficiente para imponerle responsabilidad por la ocurrencia del accidente”. Apéndice, pág. 127. Asimismo, indicó que, mediante la prueba presen-tada, Wal-Mart estableció que en la empresa existe una política de prevención de accidentes y protección de los invitados y que los demandantes, quienes tienen el peso de la prueba, no pudieron demostrar que el día de los hechos esa política no fue implementada.

      (4) Colóny otros v. K-mart y otros, 154 D.P.R. 510 (2001); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985); Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955).

      (5) Esto es, el demandante tiene que probar que el daño sufrido se debió a la existencia de una condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor proba-bilidad ocasionó el daño y que ésta era —o debió ser— conocida por el demandado. Colón y otros v. K-mart y otros, ante. Véase, además, Admor. F.S.E. v. Almacén Román Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000).

      (6) A diferencia de la minoría, discrepamos totalmente del razonamiento que hace el foro de instancia al descartar el testimonio del Sr. George Mená —quien llevaba once años laborando para las tiendas Wal-Mart— bajo el único fundamento de que a la fecha del accidente éste no trabajaba ni estaba en la tienda de Isabela. A esos efectos, conviene resaltar que el testimonio del señor Mena estaba dirigido a establecer —como empleado gerencial de muchos años— cuál era la política de la empresa respecto a la prevención de accidentes y que su testimonio fue corroborado por la señora Pérez, quien no sólo se encontraba presente en la tienda el día de los hechos, sino que, además, fue la primera persona en llegar al lugar del accidente.


text:
      In re José A. De la Texera Barnes y José G. Marrero Luna, querellados.

      Número: CP-95-15

      Resuelto: 8 de septiembre de 2005

      Carlos Lugo Fiol, procurador general; Julio E. Torres y Juan Arbona Torres, abogados de los querellados; José G. Ma-rrero Luna, abogado querellado; Enrique Rivera Santana, comisionado especial.
   per curiam:

Contra los abogados José A. De la Texera Barnes y José G. Marrero Luna se presentó una querella por violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, a raíz de un incidente por el cual fueron hallados culpables del delito de alteración a la paz.

Luego de estudiar el expediente, el informe del Comisio-nado Especial y la querella presentada, determinamos que ambos abogados violaron el citado Canon 38 del Código de Ética Profesional. A continuación exponemos los hechos que motivaron la presentación de la querella, según el in-forme sometido por el Comisionado Especial el 28 de mayo de 1996.

Los querellados, José A. De la Texera Barnes y José G. Marrero Luna, fueron acusados por el delito de alteración a la paz. Art. 260 del entonces vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4521. Al querellado De la Texera Barnes también se le imputó el delito de agresión agravada. Art. 95(b), 33 L.P.R.A. sec. 4032(b).

El juicio se celebró el 31 de marzo de 1994 ante el ex-tinto Tribunal de Distrito, Sala de Caguas. Ambos fueron hallados culpables del delito de alteración a la paz y cada uno fue sentenciado a pagar cien dólares de multa. De la Texera Barnes fue absuelto del delito de agresión agravada.

Ambos acusados apelaron la sentencia y el caso fue re-ferido a la Unidad Especial de Jueces de Apelaciones que había sido creada para esa fecha. El Hon. Ángel F. Rossy García, Juez de Apelaciones, dictó sentencia el 24 de octu-bre de 1994, confirmando las sentencias recurridas. En el escolio 8 de su sentencia comentó lo siguiente:

El Canon 38 de Ética Profesional dispone, en lo pertinente, qne "... todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.” Cabe destacar que, independientemente de los mo-tivos que dieron pie al desafortunado incidente objeto del pre-sente recurso, la conducta de los apelantes para con el Sr. Rivera Puig fue altamente reprobable.

Posteriormente, la sentencia fue referida al Procurador General por el director de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia. En su informe, presentado el 26 de julio de 1995, el Procura-dor General recomendó que la conducta de los abogados fuera sancionada por este Tribunal. El 22 de septiembre de 1995 ordenamos al Procurador General que presentara la querella correspondiente.

Conforme a lo ordenado, el Procurador General pre-sentó una querella el 4 de octubre de 1995, en la que im-putó a ambos abogados haber violado “las disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional en cuanto a la obligación que le impone dicho Canon a todo abogado a comportarse digna y honradamente tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión”. La querella se fundamentó en la convicción de ambos abogados por el delito de alteración a la paz. Ambos abogados comparecieron, mediante un es-crito titulado “Contestación a la querella”, exponiendo su versión de los hechos. Señalaron que lo ocurrido fue un “incidente insignificante” que no debe dar lugar a que pre-valezca la querella, “como no debió prevalecer la convicción en los cargos de alterar la paz”. Conforme a lo alegado, solicitaron que se desestimara la querella.

El 12 de enero de 1996 designamos al Hon. Enrique Rivera Santana, ex Juez Superior, como comisionado especial para recibir la prueba y someter las recomendaciones correspondientes. La vista ante el comisionado especial se celebró el 19 de marzo de 1999. Las partes comparecieron a través de sus sendas representaciones legales y sometieron el caso, mediante estipulación, a base de los expedientes de los casos criminales. De esta forma, quedó estipulado que los testigos que declararon en la acción penal testificarían lo mismo ante el comisionado especial en la acción disciplinaria.

Una vez elevados y examinados los expedientes de los casos criminales Núms. EMI 93-0173 y EMI 93-0174, Pueblo de Puerto Rico v. José A. de la Texera y José G. Marrero Luna, incluyendo la transcripción de la prueba, el comisio-nado especial formuló las conclusiones de hechos siguientes:

El 22 de septiembre de 1992, poco después de las once de la mañana, el periodista del diario El Vocero, José Miguel Rivera Puig, se encontraba desayunando en un negocio conocido como “Happy Bakery”, ubicado en la proximidad del Centro Judicial de Aibonito. Estaba sentado en una de las mesas de dicho negocio, cuando observó que entraban al locál los licenciados José A. [D]e la Texera Bam[e]s y José G. Marrero Luna. El Ledo. [D]e la Texera caminó entre las mesas en dirección al lugar en que se encontraba el Sr. Rivera Puig. Aquél ([D]e la Texera) se movía agarrándose una pierna y expresando que tenia dolor en la misma. Al pasar el Ledo. [D]e la Texera por detrás de la mesa en que estaba Rivera Puig, [e]ste último sintió un golpe en la espalda, lo que provocó que se le cayeran los espejuelos y le cayera encima el café que se estaba bebiendo. Se levantó y se viró hacia el Ledo. [D]e la Texera, quien se disculpó. Al no recibir respuesta a la disculpa, increpó a Rivera Puig, diciéndole que él (Rivera Puig) que difamaba en El Vocero, que era un “cobarde” y que no le iba a dar. “Tú no me vas a dar”, le dijo.
El Sr. Rivera Puig describió como “fuerte” el golpe que recibió. No entendió que fuera un golpe casual porque inme-diatamente que el abogado le pidió disculpas le dijo que no le iba a dar y le llamó cobarde. Al oír la expresión del Ledo. [D]e la Texera de que él (Rivera Puig) era un cobarde y de que no le iba a dar, Rivera Puig se sintió intimidado. Decidió entonces llamar a la policía. Ya en ese momento se había acercado el Ledo. Marrero Lima y estando este último al lado de Rivera Puig afirmó que “ésta es la nena del Vocero, ... el Vocero mandó pa’cá una nena, ésta es la nena del Vocero”.
El Sr. Rivera Puig se movió hacia el mostrador del negocio a llamar a la policía. En esa gestión fue auxiliado por la em-pleada del local, la Sra. Lissette López, quien le marcó el nú-mero del teléfono del cuartel. Mientras Rivera Puig llamaba se le acercó el Ledo. Marrero Luna, en el “mismo patrón” de con-ducta, reclamándole que no le diera la espalda porque le podía pasar algo.
La Sra. Lissette López había observado, antes de la llamada a la policía, que el Sr. Rivera Puig, en la mesa en que estaba, se había puesto de pie, “sacudió las manos en tono de protesta”. Cuando llegó al mostrador tenía la camisa mojada y le indicó a ella “que el señor le había agredido”.
El Sr. Rivera Puig regresó a su mesa y los dos abogados se sentaron en otra. Llegaron otras personas al lugar. Cuando los dos abogados se fueron el Sr. Rivera Puig decidió salir para ir a Fiscalía. Informó de ello a la empleada del negocio, por si llegaba la policía, y le tomó el nombre a ella. Cuando salía del negocio llegaron el sargento Luis F. Miranda y el agente José M. Rodríguez, a quienes les narró lo sucedido: que el Ledo. De la Texera le había agredido por la espalda, que le había alte-rado la paz, diciéndole “eres un cobarde”, y que el Ledo. Ma-rrero Lima le dijo “esta es la nena del Vocero, tu [sic] no eres guapo, no me des la espalda que te puede pasar algo”. La in-vestigación de la policía se limitó a recibir la información que le dio Rivera Puig y a la declaración que le dio por la tarde la Sra. Lissette López.

Este incidente provocó que el policía Rodríguez presen-tara denuncias contra ambos abogados por alteración a la paz y por agresión agravada contra De la Texera Barnes. Ambos abogados fueron hallados culpables por el delito de alteración a la paz.

r-H h-H

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735) regula el desaforo o la suspensión temporal de los abogados al disponer, en parte:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral {malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión.

Sin embargo, reiteradamente hemos explicado que en nuestra jurisdicción la decisión de separar a un abogado del ejercicio de la profesión es una facultad inherente de este Tribunal. En el ejercicio de esa facultad podemos ordenar la separación de un abogado por motivos distintos a los que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha decretado por ley como causa para el desaforo. En síntesis, la causa de desaforo no tiene que ser necesariamente de origen legislativo. In re Folch Diez I, 159 D.P.R. 163 (2003). También hemos resuelto que podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aun cuando las actuaciones del abogado no estén relacionadas con el ejercicio de su profesión, si se demuestra que su conducta no le hace digno de ser miembro de este foro. Íd. Además, reiteramos que “si se demuestra que la conducta del abogado no le hace digno de ser miembro de este foro, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aunque las actuaciones del abogado hayan surgido por causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones afecten las condi-dones morales del querellado”. In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642, 650 (2001).

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ... Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. (Enfasis suplido.)

Al interpretar este canon, hemos señalado que “ ‘[c]ada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión. Sus actuaciones reflejan ante la comunidad las bases del concepto que ésta se forme, no solamente del abogado en particular que actúa, sino también de la clase profesional toda que debe representar con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad’ ”. In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000), citando a In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974). También, hemos enfatizado que “todo abogado habrá de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque eso implique ciertos sacrificios personales [y] ... deberá conducirse en forma digna y honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión”. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 145 (2005). Además, el Preámbulo del Código de Ética Profesional dispone:

En Puerto Rico, donde el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad y donde la fe en la justicia se considera factor determinante en la convivencia social, es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía. ... En particular, el logro de estos fines le exige al abogado: ... (d) Que esté consciente de la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia, (e) Que tenga un compromiso solemne e inquebrantable, no sólo de conducir su propia persona de acuerdo con los anteriores principios y los que siguen, sino también de velar [por que] la conducta de sus compañeros _de profesión se rija igualmente por dichas exigencias. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 1 n.

Por otro lado, debemos recordar que “los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal son independientes de las acciones legales, ya sean criminales o civiles, que se deriven de la misma relación de hechos”. In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327, 337 (2005) (opinión per curiam enmendada mediante resolución nunc pro tune de 22 de abril de 2005). Incluso, el quantum de prueba requerido es diferente, ya que en el proceso disciplinario lo que se requiere es prueba clara, robusta y convincente. íd. Ello quiere decir que la carga probatoria en estos procesos es “más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba toda vez que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento”. Íd., pág. 336 esc. 9. A la vez, y contrario a los procesos penales, no se requiere probar la falta más allá de toda duda razonable. Toda esta normativa “responde al hecho de que el procedimiento disciplinario no va dirigido a castigar al querellado por la falta cometida, ‘sino a proteger a la comunidad y a la profesión mediante una investigación de sus condiciones morales para determinar si puede continuar en la práctica [profesional]’ ”. In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352, 356 (2002), citando a In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255 (1961).

HH hH h-1

Ahora bien, aunque el proceso disciplinario es indepen-diente del proceso criminal, en el caso de autos se estipuló que los testigos que declararon en el juicio penal testifica-rían de igual manera en el proceso disciplinario. Es por esto que acogemos las determinaciones de hechos del Co-misionado Especial para evaluar la conducta de los aboga-dos Marrero Luna y De la Texera Barnes. Dichas determi-naciones están fundamentadas en la transcripción de la regrabación del proceso criminal según aprobada por el Tribunal de Distrito.

Los abogados De la Texera Barnés y Marrero Luna in-currieron en delito menos grave (alteración a la paz) al protagonizar el incidente antes relatado. Dicho incidente no ocurrió en el marco del ejercicio de su profesión. Por lo tanto, no procede la suspensión de los querellados bajo la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.

Sin embargo, ello no dispone del caso. Según ex-plicamos antes, los principios de ética profesional se ex-tienden a la conducta del abogado fuera del ejercicio de la profesión. In re Peña Peña, supra. Al evaluar el incidente protagonizado por ambos abogados encontramos que éstos violaron el principio establecido en el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, que impone a todo abogado el deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión. In re Barreto Ríos, supra. Por eso, no podemos pasar por alto la conducta de los abogados Marrero Luna y De la Texera Barnés. Ambos demostraron una conducta reprochable, ajena a los altos principios éticos que rigen nuestra profesión, cuyos miembros deben demostrar la mayor rectitud en sus relaciones interpersonales. La conducta amenazadora y desafiante desplegada por los abogados querellados fue una invitación a la violencia y no tiene cabida entre los miembros de la profesión jurídica.

En vista de que los abogados José G. Marrero Luna y José A. De la Texera Barnes actuaron en contravención a los principios éticos que rigen la profesión, ejercemos nues-tra facultad inherente para reglamentar el ejercicio de la abogacía y decretamos la suspensión inmediata de ambos abogados del ejercicio de la profesión por el término de un mes y hasta que otra cosa provea este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió por las razones expresadas en su opinión disidente en In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642, 650 (2001). El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil.

      Número: EC-2005-01

      Resuelto: 8 de septiembre de 2005
   RESOLUCIÓN

En virtud de esta resolución se reactiva el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la enco-mienda de evaluar las Reglas de Procedimiento Civil a la luz de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.), según enmendada. Los trabajos del Comité deberán enmarcarse en el desarrollo de un proyecto moderno de Reglas de Procedimiento Civil que esté dirigido principal-mente a agilizar los procedimientos judiciales.

El Comité estará facultado para crear subcomités de trabajo compuestos de expertos en la materia, quienes le asistirán en la tarea de completar un proyecto de reglas en el término de nueve meses.

El Tribunal agradece la labor realizada por los anterio-res miembros del Comité Asesor Permanente, quienes cumplieron su encomienda de entregar un Proyecto de Re-glas de Procedimiento Civil, conforme le fuera solicitado mediante Resolución de 16 de junio de 1995. Se designan como nuevos miembros de este Comité a las personas si-guientes:

Ledo. José Andréu García, presidente
Leda. Lady Alfonso de Cumpiano
Ledo. Francisco G. Bruno Rovira
Leda. Waleska Delgado Marrero
Hon. Héctor Conty Pérez
Ledo. José A. Cuevas Segarra
Ledo. Rafael Hernández Colón
Ledo. Luis Maldonado Guzmán
Ledo. José E. Otero Matos
Ledo. Jorge Pérez Díaz
Ledo. Harold Vicente González
Leda. Sylvia Vilanova
Leda. Celina Romany
Ledo. Manuel Martínez Umpierre

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal.

      Número: EC-2005-02

      Resuelto: 8 de septiembre de 2005
   RESOLUCIÓN

En virtud de esta resolución, se reactiva el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, ads-crito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la en-comienda de evaluar las Reglas de Procedimiento Criminal a la luz de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.), según enmendada. Los trabajos del Comité deberán enmarcarse en el desarrollo de un proyecto moderno de Reglas de Procedimiento Criminal que esté dirigido princi-palmente a agilizar los procedimientos judiciales.

El Comité estará facultado para crear subcomités de trabajo compuestos de expertos en la materia, quienes le asistirán en la tarea de completar un proyecto de reglas en el término de nueve meses. Para ello, se reconstituye el Comité, el cual estará compuesto por las personas siguien-tes:

Prof. Ernesto Chiesa Aponte, presidente
Hon. Carlos Cabán García
Hon. Luis Rivera Román
Ledo. José Andréu Fuentes
Ledo. José B. Capó Rivera
Leda. Ana Paulina Cruz Vélez
Leda. Lisabeth Lipsett Campagne
Ledo. Alcides Oquendo Solis
Ledo. Harry Padilla Martínez
Ledo. Francisco Rebollo Casalduc
Ledo. Félix Vélez Alejandro

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo