text:
    No. 3943.
    Suau Hermanos, apltes., v. Gerena, apdo.
    Die. 16, 1926.
   C. D. Aguadilla. Tercería de bienes muebles.

Habiendo justificado la parte apelante que el escrito de ape-lación archivado en la corte inferior el 30 de abril de 1926 lo notificó a la apelada depositando el mismo en el correo el 29 de abril de 1926 bajo pliego certificado, acreditando el pago del franqueo, motivo tínico en que descansa la mo-ción de desestimación, se declara sin lugar la dicha moción y no ha lugar a desestimar el recurso.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 4111.
    Hernández Linares, apdo., v. Rodríguez, aplte.
    Dic. 21, 1926.
   C. D. Arecibo.

Desestimado el recurso a instancia del apelado vistas las Reglas 42 y 60 de esta corte y el caso de Bithorn v. Zavala, 18 D.P.R. 476.


text:
    No. 4129.
    Agüeros & Co., S. en C., aplte. v. Navarrete et al., apdos.
    Dic. 21, 1926.
   C. D. San Juan. Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

No habiendo transcu-rrido el término que tiene el apelante para radicar el transcript y no siendo la falta de exposición del caso o trans-cripción de la evidencia motivo bastante para desestimar (Ortiz v. Silva ei al., 28 D.P.R. 417, y otros), se declaró sin. lugar la moción de los apelados para desestimar el recurso.

El Juez Asociado Sr. HutcMson no intervino.


text:
    No. 4133.
    Rivera Rodríguez, apdo., v. Hernández, aplte.
    Dic. 21, 1926.
   C. D. Guayama.

Cobro de dinero.

Deses-timado el recurso a instancia del apelado porque habiendo sido aprobada la transcripción de la evidencia en julio 12, 1926, la parte apelante no ha hecho desde entonces gestión alguna para elevar los autos a esta Corte Suprema.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 2907.
    El Pueblo, apdo., v. Franco, aplte.
    Dic. 22, 1926.
   C. D. Guayama. Portar armas.

Por cuanto el acusado fué declarado culpable de portar un machete, siendo éste un instrumento con el cual puede causarse daño corporal;

Por cuanto no conforme el acusado apeló de la sentencia sosteniendo como único error que la acusación no aduce he-chos suficientes para constituir un delito público porque en la misma no se hizo constar que el machete por su carácter de instrumento agrícola, no se portaba o conducía con mo-. tivo u ocasión de utilizarlo en algún oficio o faena agrícola;

Por cuanto el punto en controversia fué decidido en el caso de El Pueblo v. Rivera, 35 D.P.R. 545, en sentido ad-verso al apelante y en donde quedó discutida ampliamente la cuestión envuelta.

Por tanto, por las mismas razones que quedaron consig-nadas en dicho caso, se declaró sin lugar el recurso y se • confirmó la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    No. 2948.
    El Pueblo, apdo., v. Torres, aplte.
    Dic. 22, 1926.
   C. D. Ponce. Acometimiento y agresión, simple.

Alegados como únicos errores en esta apelación que el juez sentenciador erró en la apreciación de la prueba y que la misma no es congruente con la acusación, y apareciendo que la evidencia es contradictoria y que el conflicto fué resuelto en contra del acnsado sin que se advierta pasión, prejuicio o parcialidad, y no existiendo la incongruencia alegada, toda vez que el propio perjudicado declara que recibió una pedrada por detrás y que el acusado le dió en un brazo un golpe con un palo, se declaró sin lugar el recurso y se con-firmó la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 3849.
    Rossy, apdo., v. Del Valle Zeno, aplte.
    Enero 12, 1927.
   C. D. San Juan. Desahucio.

Mandamus. Visto el mandamiento y la opinión de la Corte de Circuito del Primer Circuito al mismo acompañada, únanse dichos documentos a los autos para que surtan en ellos sus efec-tos, y en su virtud se anula la resolución de febrero 15 de 1926 (35 D.P.R. 1054) desestimando la apelación interpuesta y se reinstala ésta para ser oída en sus méritos a cuyo fin, archivado como se encuentra el alegato de la parte apelante, se señaló el día 26 de enero actual a las 2 p. m. para la vista del recurso.


text:
    No. 3970.
    Calaf, aplte., v. Gallardo, Tesorero, apdo.
    Enero 14, 1927.
   C. D. San Juan.

Revocada la sentencia apelada, por los fundamentos del caso No. 3969 de Galaf v. Gallardo, Tesorero, de enero 14, 1927 (pág. 147).


text:
    No. 3827.
    Ferrer, aplte., v. Guillén, apdo.
    Enero 19, 1927.
   C. D. San Juan. Divorcio.

En esta apelación inter-puesta por la demandante se alega como únicos errores de la corte inferior el haber declarado sin lugar la demanda por no haber sido probadas sus alegaciones y que la senten-cia es contraria a las pruebas; apareciendo que la eviden-cia presentada en el juicio fué contradictoria, y que ese con-flicto fué resuelto por la corte inferior sin el error que se le atribuye, por lo que la sentencia no es contraria a la prueba, se confirmó la sentencia^ apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 3972.
    A. Mesorana & Co. S. en C., aplte., v. Lee, apdo.
    Enero 19, 1927.
   C. D. San Juan. Cumplimiento de contrato.-

Celebrada la vista de esta apelación fundada en que la corte sentenciadora cometió error al apreciar que la evidencia de la demandante no probó la existencia del con-trato cuyo cumplimiento se pide y al interpretar los artícu-los 1228, 1229 y 1245 del Código Civil: y apareciendo que la evidencia fue contradictoria sobre la existencia de dicho contrato, conflicto que fue resuelto por la corte inferior en contra de la demandante sin manifiesto error, y que en vista de • la conclusión a que llegó la corte sentenciadora no ha cometido el error que se le atribuye en el segundo motivo, se declaró sin lugar el recurso y se confirmó la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 3020.
    Pueblo, apdo., v. Cedré, aplte.
    Enero 19, 1927.
   C. D. Arecibo. Delito contra la salud pública.

Celebrada la vista de esta apelación cuyo único fundamento es que la corte inferior cometió error al apreciar la evidencia estable-ciendo conclusiones contrarias a derecho y declarando culpable al apelante de delito contra la salud y apareciendo que la contradicción del único testigo que declaró contra el acu-sado es sólo aparente pues fue explicada satisfactoriamente por él, por lo que no hubo error en fundar en ese testimo-nio la declaración de culpabilidad, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 246.
    Añeses y Banuchi, peticionarios, v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.
    Enero 21, 1927.
   Mandamus.

No estimando suficiente la razón alegada para presentar la petición en este Tribunal Supremo y no en la corte de distrito competente, fué denegado el auto.


text:
    No. 3843.
    Central Pasto Viejo, Inc., apda., v. Aponte, et al., apltes.
    Enero 25, 1927.
   C. D. Humacao. Incidente sobre costas.

Desestimado el recurso por abandono por-que estando pendiente la apelación sin gestión alguna desde mayo último, se señaló el 24 de enero para oir a las partes, sin haber comparecido ninguna.


text:
    No. 3909.
    Blanco Fresno y Co., apda., v. Sucesión de Félix González, aplte.
   C. D. Arecibo. Cobro de dinero.

Enero 25, 1927.

Apareciendo que hallándose pendiente esta

apelación sin gestión alguna desde abril último, se señaló el 24 de enero corriente para oir a las partes sobre el particular, sin que ninguna compareciera, se desestimó, por abandono, el recurso.


text:
    No. 4010.
    Calero et al., aplte., v. Muñoz et als., apdos.
    Enero 27, 1927.
   C. D. Aguadilla. Injunction.

Vista la resolución de esta corte dictada con fecha 15 de enero se-ñalando el día 24 del mismo mes para que se oiga a las par-tes sobre si debe o no desestimarse esta apelación, la. mo-ción sobre desestimación presentada luego por la parte ape-lada y la moción de los apelantes solicitando prórroga para presentar su alegato, — no habiendo los apelantes justificado o explicado de modo alguno el manifiesto abandono de su apelación desde el 27 de agosto del año pasado basta el día 22 de los corrientes, no habiendo aducido tampoco motivos suficientes para la prórroga solicitada y no habiendo com-parecido en el acto de la vista para sostener su moción en tal sentido, se desestimó el recurso.


text:
    No. 4154.
    Crespo, apdo., v. Santos, aplte.
    Enero 27, 1927.
   C. D. Are-cibo.

Desestimado el recurso a instancia del apelado vista la sección 11 de la Ley de Desahucio, apro-bada en marzo 9, 1905 que dispone que las apelaciones de-berán interponerse dentro de cinco días de dictada la sen-tencia y la jurisprudencia establecida en el caso de Barbosa et al. v. Fernández, 28 D.P.R.. 305 y casos en él citados.


text:
    No. 3914.
    Farinacci et als., apdos., v. The Niagara Fire Insurance Co., aplte.
    Enero 28, 1927.
   C. D. Ponce. Cobro de póliza.

Vistas las mociones de la parte apelada para que desestimemos esta apelación por falta de alegato y porque el presentado después del término que tenía el ape-lante para radicarlo es defectuoso, y apareciendo que si bien el alegato fué presentado cuatro días después del en •que debió serlo fué, sin embargo, notificado a la parte ape-lada antes de vencerse el término que tenía para radicarlo y que dicho alegato no es tan defectuoso que requiera que desestimemos la apelación, no ha lugar a lo solicitado.


text:
    No. 3079.
    El Pueblo, apdo., v. Plata, aplte.
    Enero 28, 1927.
   C. D.. Ponce.

Por cuanto el apelante solicitó en. la corte inferior el 24 de noviembre último que el taquígrafo-hiciera gratis la transcripción de la evidencia por ser insol-vente el apelante y la corte así lo dispuso en igual fecha, concediendo al taquígrafo veinte días para radicaría. Por cuanto el 20 de diciembre el secretario de dicha corte remi-tió a este Tribunal Supremo la certificación del legajo de la sentencia sin transcripción de la evidencia. Por cuanto des-pués de hacer el apelante referencia a los hechos anterior-mente consignados, que aparecen de los autos, nos pide que le prorroguemos el término para su alegato hasta que la transcripción de la evidencia sea presentada. Por tanto se concede al apelante el término de veinte días para que acre-dite ante nosotros que la corte inferior prorrogó al taquí-grafo los veinte días que le concedió para hacer la trans-cripción de la evidencia y que no está vencida dicha pró-rroga o prórrogas o que la transcripción fué presentada en tiempo y está pendiente de aprobación por la corte inferior, quedando mientras tanto en suspenso el término para presentar su alegato.


text:
    No. 247.
    Añeses et al., peticionarios, v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.
    Enero 28, 1927.
   Mandamus.

No estando convencida aún la corte de que las razo-nes alegadas hagan necesaria su intervención en este caso prescindiendo de la de la corte de distrito competente, no-ha lugar a expedir el auto.


text:
    No. 2988.
    Pueblo, apdo., v. Burgos, aplte.
    Enero 28, 1927.
   C. D. San Juan.

Vista la moción del apelante y el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmen-dado en 1908, requiérase al Secretario de la corte inferior para que remita a este Tribunal Supremo certificación de-las instrucciones dadas por la corte de distrito al jurado en este caso; y no alegándose que, de acuerdo con la Ley No» 4 de 29 de abril de 1925, el apelante baya solicitado en la corte inferior dentro de los diez días siguientes a su apela-ción qne el taquígrafo hiciera nna transcripción de la evi-dencia del caso, ni tampoco que haya sido aprobada por dicha corte transcripción alguna de la evidencia, no ha lugar a ordenar al Secretario de esa corte que remita la trans-cripción de la evidencia.


text:
    No. 3984.
    Ferrer, apdo., v. Guillén, aplte.
    Enero 28, 1927.
   C. D. San Juan. Alimentos provisionales.

Por cuanto en un pleito de divorcio el marido se opuso* a la demanda de su esposa y formuló contrademanda para que el divorcio se decretara a su favor.

Por cuanto la sentencia que puso término al pleito de-claró sin lugar la demanda y también la contrademanda, siendo apelada por ambas partes.

Por cuanto pendientes esas apelaciones la esposa de-mandante solicitó de la corte sentenciadora en el mismo pleito que ordenase al marido que entregara determinada cantidad de dinero mensualmente para alimentos de sus hi-jos y así lo resolvió dicha corte, mientras estuviera pen-diente el pleito de divorcio; contra cuya resolución inter-puso el marido este recurso de apelación.

Por cuanto habiendo sido declarado sin lugar ambos re-cursos de apelación, el pleito ha dejado de estar pendiente, por lo que carece de finalidad práctica resolver ahora si fué errónea la concesión de la pensión alimenticia, como alega el apelante en este recurso.

Por tanto, debemos decretar y decretamos el sobresei-miento y archivo de esta apelación.


text:
    No. 2973.
    El Pueblo, apdo., v. Hernández, aplte.
    Enero 28, 1927.
   C. D. San Juan.

Por cuanto los únicos errores señalados por el apelante son:

Primero: Que la corte inferior erró al. admitir en evi-dencia la declaración del acusado, hecha por escrito ante el Juez de Paz de Bayamón, Ledo. Pesquera, sin que en dicha declaración escrita constara qne se le Rabian techo las ad-vertencias legales necesarias.

Segundo: Qne el veredicto fué contrario a la prueba pre-sentada por el Pueblo de Puerto Bico.

Poe cuanto el mismo juez de paz que tabía tomado la de-claración jurada del acusado declaró como testigo en el jui-cio ampliamente de las circunstancias bajo las cuales la dicta declaración del acusado tabía sido prestada, la natura-leza voluntaria de ésta y las advertencias legales tectas por dicto funcionario antes de taberse tomado dieta decla-ración, todo sin objeción u oposición alguna por parte de la defensa y antes de ofrecer en evidencia la referida declara-ción por escrito; no habiendo el apelante citado en su ale-gato jurisprudencia o autoridad alguna en apoyo de su con-tención sobre la inadmisibilidad de dicto documento bajo tales circunstancias y no habiendo comparecido en el acto de la vista para sostenerla y,

Pos cuanto un examen cuidadoso de toda la prueba prac-ticada en el juicio no revela que el veredicto traído por el jurado, fué contrario a la prueba así aportada.

Pon tanto se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 4116.
    Axtmayer, et al. apltes., v. Körber & Co. et al., apdos.
    Enero 31, 1927.
   C. D. San Juan. Tercería de bienes inmuebles.

Vistos los artículos 36 y 397 del Código de Enjuiciamiento Civil y la certificación que se acompaña a la moción de los apelantes en relación con la alegación sép-tima de la moción de la demandada y para que se anule la orden dictada por este tribunal con fecha 4 de diciembre de 1926; y no habiendo la parte apelada atacado la fianza prestada por los apelantes en cuanto a su forma o suficien-cia, no ha lugar a la referida moción para que se anule dicta orden.


text:
    No. 3054.
    Pueblo, apdo., v. Vázquez, aplte.
    Enero 31, 1927.
   C. D. G-ua-yama. Portar armas.

Celebrada la vista de esta apelación y apareciendo que el apelante fué acusado y condenado por el delito de portar un arma prohibida por-que conducía o portaba una bacliuela de carpintero: no siendo tal instrumento de los prohibidos por la ley No. 14 de 25 de junio de 1925 en relación con el artículo primero de la de 1905 y vistos los casos de El Pueblo v. Cruz y de El Pueblo v. Colón, 34 D.P.R. 315 y. 944, respectivamente, se revocó la sentencia apelada y absolvió al acusado.


text:
    No. 4159.
    R.R. Madres Carmelitas Calzadas, apda., v. Pérez Cabanelas, aplte.
    Febrero 1, 1927.
   C. D. San Juan.

Desestimado el recurso por no haberse presentado la trans-cripción de la evidencia a pesar de las prórrogas concedi-das, y por no haberse radicado en este tribunal el legajo de la sentencia.


text:
    No. 2944.
    Pueblo, apdo., v. Esteves, aplte.
    Febrero 3, 1927.
   C. D. Agua-dilla. Infracción a las ordenanzas municipales.

Celebrada la vista de esta apelación con asistencia solamente del fiscal, examinados los autos y los alegatos, y apareciendo que la corte inferior erró al apreciar la prueba, toda vez que habiéndose alegado en la acusación haber vio-lado el acusado cierta ordenanza del municipio de San Se-bastián por haber hecho reparaciones en una casa de su propiedad cambiando su forma y estructura sin haber ob-tenido la autorización de la asamblea municipal, resulta de la evidencia que el acusado únicamente hizo ligeras repara-ciones consistentes en poner nuevos balaustres al balcón, forrar el seto del frente con zinc, etc., sin que como declara el mismo denunciante y demás testigos de cargo la casa va-riara en su forma o estructura, y estando además conforme el fiscal en el error cometido, allanándose a la revocación, se revocó la sentencia apelada.


text:
    No. 3034.
    Pueblo, apdo., v. Figueroa, aplte.
    Febrero 8, 1927.
   C. D. San Juan. Infracción al artículo 287 del Código Penal.

Apareciendo de la moción del abogado del acusado en este caso, radicada el día 2 del corriente, que dicho acusado dejó de existir, no ha lugar a continuar la tramitación del recurso como pretende el expresado abo-gado, y se archivó la apelación por fallecimiento del acusado.


text:
    No. 38.
    Rabell Cabrero, promovente, v. Corte de Distrito de Aguadilla, demandada.
    Febrero 2, 1927.
   Auto inhibitorio.

No habiendo los peticionarios demostrado nn dere-cho claro al remedio solicitado, se denegó el auto.


text:
    No. 3881.
    Laborde, apdo., v. Municipio de Isabela, aplte.
    Febrero 2, 1927.
   C. D. Aguadilla. Cobro de dinero.

Vistas la moción sobre desestimación fundada en haberse radi-cado la transcripción de los autos y el alegato del apelante fuera de tiempo y en el hecho de no haberse notificado dicho alegato al apelado, y la oposición por parte de la ape-lante, habiendo este último explicado y justificado la falta de notificación del alegato al apelado y apareciendo que tanto el alegato como la transcripción del récord habían sido radicados antes de la fecha de notificación de la mo-ción sobre desestimación y que el abogado del apelado ha sido notificado con copia del alegato antes de la fecha de la vista de tal moción, no ha lugar a la desestimación de la apelación en el presente caso.


text:
    No. 654.
    Molinelli, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Febrero 3, 1927.
   Sometido este recurso gubernativo a nuestra decisión y apa-reciendo que el Registrador de la Propiedad de San Ger-mán se negó a inscribir una escritura de hipoteca consti-tuida para garantizar parte del precio de venta que quedó aplazado porque aunque dicha hipoteca consta mencionada en la inscripción primera de la finca hecha a favor del com-prador se solicita la inscripción de la hipoteca después que su dominio ha pasado a otra persona, según su inscripción segunda: Vistos los artículos 17, 20 y 29 de la Ley Hipo-tecaria y nuestras decisiones en los casos de Bello v. El Registrador, y de Monserrate v. El Registrador, 31 D.P.R. 118 y 796, respectivamente, aplicables a este caso, sin que tengan relación con el presente las citas de varias decisio-nes nuestras que hace el registrador recurrido, se revoca la nota objeto de este recurso y se ordena la inscripción de la hipoteca.


text:
    No. 3839.
    Domínguez et al., apltes. v. Fabián, apdo.
    Febrero 3, 1927.
   C. D. San Juan.

Sin lugar la reconside-ración.


text:
    No. 656.
    No. 657.
    Sucesión de F. Pieraldi, recurrentes, v. Registrador de San Germán, recurrido. F. Pieraldi, recurrente, v. Registrador de San Germán, recurrido.
    Febrero 3, 1927.
   Sin lugar la reconsideración solicitada en estos casos.


text:
    No. 3970.
    Calaf, aplte. v. Gallardo, Tesorero, apdo.
    Febrero 7, 1927.
   C. D. San Juan.

Devolución de contribu-ciones. Besuelto por los fundamentos del caso No. 3969, Calaf v. Gallardo, Tesorero, de febrero 7, 1927, (pág. 150) denegando la reconsideración.


text:
    No. 2928.
    El Pueblo, apdo., v. Cortés, aplte.
    Febrero 10, 1927.
   C. D. Aguadilla. Infracción al Art. 553 del Código Penal.

Examinadas las alegaciones y las pruebas a la luz de lo resuelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. González, 35 D.P.R. 558, es necesario concluir que no se cometió la infracción por la cual se castigó al apelante y en tal virtud se revocó la sentencia recurrida absolviéndose al acusado.


text:
    No. 2926.
    El Pueblo, apdo., v. González, aplte.
    Febrero 10, 1927.
   C. D. Aguadilla. Infracción al Art. 553 del Código Penal.

Examinadas las alegaciones y las pruebas a la luz de lo resuelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. González, 35 D.P.R. 558, es necesario concluir que no se cometió la infracción por la cual.se castigó al apelante y en tal virtud se revocó la sentencia recurrida absolviéndose al acusado.


text:
    No. 4070.
    Pueblo, apdo., v. de Jesús, aplte.
    Febrero 11, 1927.
   C. D. San Juan. Injunction.

Por cuanto estando en vacaciones esta Corte Suprema, el juez de turno Sr. Aldrey dictó en octubre 23, 1926, reso-lución suspendiendo los efectos de la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en agosto 30, 1926, con el fin de que el demandado y apelante pueda continuar pres-tando sus servicios como porteador público en la ciudad de Ponce, mientras se resuelve la apelación interpuesta en este caso para ante este tribunal.

Poe cuanto en materia de injunction no habiendo esta-tuto que prescriba la suspensión de los efectos de la senten-cia concediendo un injunction, mediante una fianza (super-sedeas) las cortes tienen poder para suspender dichos efec-tos mientras se sustancia la apelación. 3 C. J. 1325.

Poe tanto se confirma la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 559.
    Yabucoa Sugar Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, demandada.

    Febrero 15, 1927.
   Certiorari.

Resuelto por los fundamentos del caso No. 560 de febrero 15, 1927, haciéndose innecesario adoptar resolución alguna en este caso.

Ex parte Rivas Rosario, Peticionario. — Admisión al ejer-cicio de la abogácía. Febrero 21, 1927. Vista la solicitud presentada por el peticionario-y examinada la Ley No. 17, aprobada en mayo 20, 1925, para enmendar la sección cuarta de la Ley No. 38 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, etc., aprobada en 13 de abril, 1926, admítese al peticionario al ejercicio de la abogacía sjn examen tan luego haya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Reputación.


text:
    No. 4170.
    Sucesión de Plácida Vélez et al., aplte., v. Márquez Palou, apdo.
    Febrero 23 de 1927.
   C. D. San Juan. Nulidad de ejecu-ción hipotecaria.

Por cuanto no existe en el presente recurso, ni es nece-sario, el pliego de excepciones o exposición del caso.

Por cuanto el escrito de apelación fue radicado en octu-bre 13 de 1926 y no se ha archivado la transcripción en esta corte ni se ha obtenido prórroga al efecto.

Por tanto : Vista la doctrina establecida en los casos de Hernández v. Quiñones, 34 D.P.R. 721; Sucn. J. Martínez v. Dávila, 17 D.P.R. 1008; y Melchior et al. v. Banco Comercial, 36 D.P.R. 91, se declaró con lugar la moción. Desestimada.


text:
    No. 4119.
    Dorna, apdo., v. Rosado, aplte.
   C. D. San

Febrero 23, 1927.

Juan. Desahucio.

Desestimado el re-curso a instancia del apelado porque en este caso la senten-cia apelada se dictó el 15 de noviembre de 1926, y la apela-ción se interpuso el 22 de noviembre sin que se acompañara fianza, tratándose de un caso de desahucio en precario, vista la sección 11 de la Ley de Desahucio de 1905 y la jurispru-dencia establecida en los casos de Valladares v. Sepúlveda, 16 D.P.R. 148, Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, 693, y Ramírez v. Pérez, 25 D.P.R. 231, 235.


text:
    No. 4147.
    Aboy, Vidal & Co., Inc., apda., v. Compañía Interurbana de Puerto Rico, aplte.
    Febrero 25 de 1927.
   C. D. San Juan.

Co-bro de dinero.

A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por-que se concedieron prórrogas fuera de tiempo y porque la parte apelante ha sido negligente en la tramitación del mismo; habiendo demostrado la apelante que las prórrogas se concedieron en tiempo y no habiendo la parte apelada proporcionado a la corte elementos bastantes para juzgar si la apelante fué o no negligente en el grado necesario para la desestimación de una apelación por tal motivo, no ha lugar.

In re. Comisión de Esputación de Aspirantes al Ejer-cicio de la Abogacía. — Eenuncia del cargo. Marzo 9, 1927. Denegada la admisión de la renuncia presentada por el Sr. Soto Gras como miembro de la comisión por no estar justi-ficada, ya que el hecho de haber sido condenado al pago de las costas al igual que los otros demandantes en el pleito a que se refiere, en nada perjudica su buen nombre y reputa-ción como abogado.


text:
    No. 40.
    Nevares Hermanos, promovente, v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de Distrito, demandado.
    Marzo 7, 1927.
   Auto inhibitorio.

Anulado por innecesario el manda-miento expedido, habiéndose resuelto por los fundamentos del caso de certiorari No. 555 de Nevares Unos., Sociedad Civil, v. Corte de Distrito de marzo 7, 1927, (pág. 357).


text:
    No. 4171.
    Rosado, aplte., v. American Railroad Company, apda. Valentín, aplte., v. American Railroad Company, apda. Leclere, aplte., v. American Railroad Company, apda. Roselló Bras, aplte., v. American Railroad Company, apda.
    No. 4172.
    No. 4173.
    No. 4174.
    Marzo 9, 1927.
   C. D. Mayagüez. Daños y perjuicios.

Vista la moción de la parte apelada en estos casos y la oposición de los apelantes y no habiéndose probado satis- _ factoriamente que ellos no hubieran proseguido su apela-ción con la debida diligencia, no ha lugar a desestimar los recursos establecidos.


text:
    No. 4132.
    E. V. S. Richardson, aplte., v. Martínez Marrero, apdo.
    Marzo 14, 1927.
   C. D. San Juan. Memorándum de costas.

Por cuanto se apela de una resolución de la Corte de Distrito de San Juan que fijó en doscientos dollars los ho-norarios del abogado de la parte victoriosa en el pleito, ale-gándose como único motivo del recurso que los dichos ho-norarios son excesivos, sin acompañarse prueba o dato al-guno que permita a esta corte juzgar si lo son o no en rea-lidad de verdad;

Por cuanto basándose en ello y en la jurisprudencia constante de esta Corte Suprema sobre la materia, la parte apelada ha solicitado la desestimación de la apelación por frívola, habiéndose señalado el 31 de enero líltimo para la vista de la moción que se celebró con la sola comparecencia del abogado de la dicha parte apelada;

Por tanto: debe concluirse y se concluye que la apela-ción es frívola. Desestimada.


text:
    No. 4198.
    Méndez Pérez, apdo., v. Colón, aplte.
    Marzo 24, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haberse archivado la exposición del caso a pesar de las prórrogas concedidas ni practicado gestión alguna para perfeccionar la apelación.


text:
    No. 674.
    Pol Serrano, recurrente, v. Registrador de Mayagüez, recurrido.
    Marzo 24, 1927.
   Confirmada la nota recurrida visto el caso de Caballero v. El Registrador, 32 D.P.R. 764.


text:
    No. 3095.
    Pueblo, apdo., v. Pacheco, aplte.
    Marzo 24, 1927.
   C. D. Ma-yagüez. Portar armas.

En esta apelación el único fundamento es que la acusación no imputa un de-lito porque no alega que la pistola que portaba el apelante, que es un arma de fuego, estaba cargada; pero habiendo sido resuelta esa cuestión en el caso de El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 475, en sentido contrario a la alegación del apelante, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 4191.
    Manich, apdo., v. Quero, aplte.
    Marzo 24, 1927.
   C. D. Mayagüez. Divorcio.

En 25 de enero último fué apelada la sentencia de este pleito y el 28 de febrero el apelado notificó a la apelante una moción solicitando la de-sestimación de apelación por haber vencido el término para que la apelante presentara en la corte inferior la transcrip-ción de la evidencia, cuya moción fué radicada en este tribunal el día 2 de marzo, pero como hasta el 17 de febrero no ordenó la corte inferior al taquígrafo que hiciera dicha transcripción por lo que los veinte días que la ley le concede para ese trabajo no estaban vencidos cuando se ha so-licitado la desestimación, no ha lugar a desestimar.


text:
    No. 4094.
    Gandía Córdova, apdo., v. Stubbe, aplte.
    Marzo 25, 1927.
   C. D. San Juan. Memorándum de costas.

Por cuanto en el presente caso la parte apelante pre-sentó un memorándum de costas en la corte de distrito y ésta lo desestimó por haberse radicado prematuramente, ya que la sentencia había sido apelada a la (porte de Circuito ■de Apelaciones del Primer Circuito, y

Por cuanto la misma cuestión fué resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Morales v. Cruz, 36 D.P.R. 197, en el sentido de que no debe considerarse prematura la presenta-ción del memorándum cuando si bien se ha apelado no se ha suspendido la ejecución de la sentencia, como sucede en este caso:

PoR tanto, se revoca la resolución recurrida que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 24 de junio de .1926 y el caso se devuelve a la dicha corte para ulteriores procedi-mientos.


text:
    No. 4207.
    Marrero, aplte., v. Comisión Hípica Insular, apda.
    Marzo 29, 1927.
   C. D. San Juan. Certiorari.

Des-estimado el recurso a instancia del apelado por aparecer que el escrito de apelación en este caso fue radicado el 6 de ju-lio, 1926, sin que el apelante haya hecho gestión posterior alguna para elevar a esta Corte Suprema el récord, habiendo transcurrido el término de treinta días y no habiendo soli-citado dicho apelante prórroga alguna a ese efecto.


text:
    No. 4201.
    Baquero & Co., apdo., v. Quintero, aplte.
    Marzo 29, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Desesti-mado el recurso a instancia del apelado por aparecer que desde el 7 de enero, 1927, en que el apelante radicó su es-crito de apelación, no ha gestionado de manera alguna la tramitación de su apelación en la corte inferior, ni radicado en la secretaría de este tribunal la transcripción de autos, a pesar de haber transcurrido con exceso el período fijado para ello, ni solicitado prórroga- alguna en tal sentido.


text:
    No. 4205.
    Lloveras Soler, apdo., v. Rodríguez, aplte.
    Marzo 31, 1927.
   C. D. San Juan. Desahucio.

A la moción sobre desestimación presentada por la parte apelada: apa-reciendo de los autos que existe pendiente de aprobación una transcripción de la evidencia y que el taquígrafo está preparando dicha transcripción dentro de la última prórroga que le concedió la corte inferior y no demostrándose la falta de diligencia por el apelante en proseguir su apelación a pesar de haber transcurrido 90 días desde la radicación del escrito estableciendo el recurso, se declaró sin lugar dicha moción.


text:
    No. 569.
    Bay City Rice Milling Co., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Luis Samalea, Juez, Demandado
    Abril 1, 1927.
   —Certiorari.

En cuanto la peti-ción se refiere a la expedición de un auto de mandamus, apareciendo de sn faz qne el efecto del remedio solicitado sería obligar a la corte inferior a ejercer sn discreción en determinado sentido, y en cnanto hace referencia al libra-miento de nn anto de certiorari, annqne nos inclinamos a estar conformes con el peticionario dadas las circunstancias qne en sn caso concurren, no obstante reconocer qne la re-gla general es la aplicada por el juez de distrito, no te-niendo intención alguna de prejuzgar la cuestión planteada, en el ejercicio de nuestra propia discreción, no ha lugar. Denegado.


text:
    No. 3127.
    Pueblo, apdo., v. Llorens, aplte.
    Abril 4, 1927.
   C. D. Mayagüez. Portar armas.

Pon cuaNto los motivos alegados por el acusado apelante en apoyo de su recurso de apelación en este caso no sur-gen de los términos en que está redactada la acusación sino que habrán de resultar de la prueba que se presentó en el juicio.

Por cuanto la transcripción taquigráfica que se nos ha presentado de la evidencia presentada en el juicio no está aprobada por la corte sentenciadora, como requiere la ley, por lo que estamos impedidos de tomarla en consideración para resolver los motivos en que se funda esta apelación.

Por tanto, no podemos declarar que se han cometido los errores alegados por el apelante. Confirmada.


text:
    No. 3117.
    Pueblo, apdo., v. Pantoja, aplte.
    Abril 4, 1927.
   C. D. San Juan. Portar armas.

Por cuanto el día 20 de diciembre de 1926 el apelante se declaró culpable del delito de portar armas prohibidas y fué condenado a sufrir la pena de un mes de cárcel;

Por cuanto habiendo apelado de dicha sentencia en la misma fecha, y habiendo el apelante en 8 de enero solici-tado de la corte inferior una prórroga de treinta días para preparar la transcripción de la evidencia, dicha solicitud fué denegada por el juez de distrito, por el fundamento de que no se había solicitado previamente transcripción de evi-dencia alguna;

Pok cuanto con feclia 19 de enero de 1927 se radicó en la Secretaría de este tribunal la transcripción de autos, sin radicarse exposición del caso o transcripción de la eviden-cia alguna; y, habiendo el apelante solicitado el día 27 de enero una prórroga de treinta días para presentar su ale-gato, fundándose única y exclusivamente en la falta de tiempo material para preparar dicho alegato, este tribunal concedió por resolución de 29 de enero la prórroga solici-tada, contada a partir del día 8 de febrero siguiente;

Poe cuanto en marzo 5 compareció el apelante alegando únicamente la falta de tiempo material para terminar su alegato y solicitando una segunda prórroga de treinta días para terminarlo, y en resolución de fecha 7 de marzo esta corte le concedió una prórroga adicional de quince días a partir del día 10 de marzo para presentar dicho alegato;

Por cuanto con fecha 23 de marzo compareció el ape-lante alégando solamente que no había podido terminar su referido alegato y solicitando otra prórroga de quince días para tal fin, la cual le fué concedida por resolución de 24 de marzo, a contar desde el día 25 del mismo mes;

Por cuanto el día 30 de marzo compareció el apelante por medio de una moción alegando lo siguiente:

“1. Que en este caso están pendientes dos apelaciones, una por delito de asesinato a que fué convicto este acusado y otra por el de-lito de portar armas, o sea por el arma con que se realizó el delito de asesinato.
“2. Que para el caso de portar armas fué sometida la misma prueba de acuerdo con el récord taquigráfico y las mismas alegacio-nes que para el caso principal, por estipulación de los abogados.
“3. Que en estas condiciones, la transcripción de la evidencia que ha de presentarse en el caso de asesinato será la misma que la que ha de utilizarse para el caso de portar' armas, ya que la única diferencia entre ambos casos consiste en la acusación y no en la prueba.

“4. Que a pesar de las gestiones que ha realizado este abogado, todavía el taquígrafo de la corte a qtio no ha preparado el récord taquigráfico, habiéndose solicitado ya varias prórrogas a este fin, y no será posible a este abogado preparar sn alegato en este caso sin tener a la vista dicho récord taquigráfico. .

Pos, cuanto fundándose por primera vez en semejantes alegaciones el apelante ahora solicita otra prórroga de treinta días para preparar sn alegato;

PoR cuanto ni en el índice de la transcripción de autos en el presente caso ni en dicha transcripción ni de ningún otro modo existe indicación o constancia alguna en apoyo de las alegaciones contenidas en la moción últimamente men-cionada, apareciendo afirmativamente de dicha transcripción que no existe en el presente caso exposición del caso o tras-cripción de evidencia alguna pendiente de aprobación por el juez sentenciador;

Pon tanto: Se concede al apelante una última prórroga de diez días a partir del 30 de marzo último para radicar su alegato.


text:
    No. 4211.
    Crédito y Ahorro Ponceño, apdo., v. Rivera et al., aplte.
    Abril 5, 1927.
   C. D. Guayama.

Apelada la providencia negando la concesión de un nuevo juicio en este caso después del término de diez días' concedidos por el ar-tículo 295, No. 3° del Código de Enjuiciamiento Civil; y apareciendo a mayor abundamiento que desde el 12 de enero último el apelante no ha hecho gestión alguna para trami-tar su recurso, se desestimó la apelación.


text:
    No. 560.
    The Yabucoa Sugar Company, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.

    Abril 7, 1927.
   Certiorari.

Por cuanto no se nos ha demostrado que esta corte tiene facultad de variar un récord que en verdad pertenece a otra corte.

Por cuanto apareciendo los documentos cuyo desglose se pide con notas y marcas difíciles de reproducir con exacti-tud en la copia que habría de sustituirlas en los autos, y

Por cuanto no se ha demostrado que la parte interesada no puede citar al secretario de esta corte para que compa-rezca con los autos en la corte de distrito en el día del juicio a los efectos de introducir las escrituras como prueba pu-diendo ser éstas inspeccionadas por la corte de distrito y dejarse en los autos del pleito una copia fotográfica o una copia en maquinilla con una descripción, si fuere necesario de las enmiendas o anotaciones, todo con la intervención dé la parte contraria, sin que pueda entenderse que lo dicto anteriormente prejuzga el criterio que deba seguir la corte de distrito con respecto a la admisibilidad o no admisibili-dad de la prueba indicada.

Por taNto, no fia lugar a la reconsideración que se so-licita.


text:
    No. 3127.
    Pueblo, apdo., v. Llorens, aplte.
    Abril 18, 1927.
   C. D. Ma-yagüez. Portar armas. Reconsideración.

Por cuanto el día 4 de este mes y año confirmamos la sentencia apelada porque fundándose los motivos de error para la revocación de la sentencia apelada en la prueba practicada en el juicio, no constaba que hubiera sido apro-bada por la corte sentenciadora.

Por cuanto ahora se nos ha presentado una moción por el apelante que aunque se titula de reconsideración de nues-tra resolución dicha tiene por objeto que admitamos la cons-tancia creditiva de que la transcripción de la evidencia fue aprobada oportunamente por la corte inferior, que por ol-vido del Secretario de dicha corte no fue enviada a este tribunal, y que en consecuencia resolvamos la apelación por sus méritos.

Por cuanto en bien de la justicia es procedente acceder a lo solicitado por el apelante;

Por tanto, se admite la constancia presentada y se deja sin efecto nuestra resolución del día 4 de los corrientes dic-tada en este caso a fin de considerar los méritos de la ape-lación.


text:
    No. 4202.
    Caballero, aplte., v. Andrades Coto et al., apdos.
    Abril 19, 1927.
   C. D. San Juan. Reivindicación.

Por cuanto la parte apelada solicita la desestimación del recurso establecido en este caso porque habiéndose inter-puesto el 2 de diciembre último y habiéndose escogido para perfeccionarlo la forma de la transcripción preparada por el taquígrafo, no se archivó la transcripción dentro del plazo de la ley prorrogado varias veces por la corte, ni se ha archivado el legajo de la sentencia en este tribunal;

Por cuanto señalado para la vista de la moción el 18 de abril actual, sólo asistió la parte apelada; y

Por cuanto las alegaciones de la dicha parte apelada están comprobadas por medio de una certificación expedida por el secretario de la corte sentenciadora;

Por tanto, se declara con lugar la moción y se deses-tima el recurso por falta de gestión de la apelante.


text:
    No. 4231.
    Gutiérrez Vélez, aplte., v. Monclova, apdo.
    Abril 19, 1927.
   C. D. San Juan. Destitución de funcionario público.

Vistos los artículos 292 y 50 del Código de En-juiciamiento Civil y la jurisprudencia sentada en el caso de Coll v. Todd, Alcalde, 35 D.P.R. 625, 628, no Tía lagar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 250.
    Martínez vda. de Miró, peticionaria, v. Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.

    Abril 19, 1927.
   Mandamus.

Por cuanto Dolores Martínez viuda de Miró presentó a esta corte una solicitud para que se dirigiera un auto de mandamus al Hon. Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, en funciones de la de San Juan, a fin de que fijara un día para la aprobación de cierta exposición del caso en un pleito en que era parte la peticionaria, y

Por cuanto el auto fué librado y el juez demandado con-testó manifestando que había dictado una orden fijando el 18 de abril actual para la indicada aprobación:

Por tanto, cumplido así el propósito del procedimiento, archívese.


text:
    No. 3116.
    Pueblo, apdo., v. Rodríguez y Torres, apltes.
    Abril 21, 1927.
   —C. D. Guayama. Acometimiento y agresión simple.

Apareciendo de los autos que la prueba fué con-tradictoria, sin que podamos declarar por el examen que he-mos lieclio de ella que al decidir la corte inferior el conflicto de la evidencia en contra de los apelantes cometiera error en la apreciación de la prueba, siendo el delito cometido por los apelantes el de acometimiento y agresión simple por el que fueron condenados y no el de alterar la paz, Poes' infirieron golpes con un palo y un martillo al perjudicado. Se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 4196.
    Polanco, Vda. de Cumpiano, aplte., v. Sucn. César A. Cumpiano, apdos.
    Abril 21, 1927.
   C. D. Aguadilla. Otorgamiento de escritura.

Desestimado el recurso a ins-tancia de la apelada, por los fundamentos del caso No. 4195 Polanco Vda. Cumpiano v. Sucn. de César A. Cumpiano y Polanco (pág. 603 ante de abril 21, 1927.


text:
    No. 4238.
    Hernández, Peticionario-aplte., v. Corte Municipal de Manatí.
    Abril 21, 1927.
   C. D. Arecibo.

Dene-gada la moción del apelante solicitando que se ordene la re-misión de los autos originales en el procedimiento de certio-rari de que se trata, vista la jurisprudencia establecida en el caso de Vega v. Hernández, 21 D.P.R. 533.


text:
    No. 4205.
    Lloveras Soler, apdo., v. Rodríguez, aplte.—
    Abril 22, 1927.
   C. D. San-Juan.

Por cuanto en 31 de marzo próximo pasado esta corte declaró sin lugar la moción presentada por la parte' deman-dante apelada, fundándose dieba resolución en la existencia de una última prórroga concedida por el juez' de distrito para la preparación de la transcripción de la evidencia y en el lieclio de no haberse demostrado falta de diligencia por parte del apelante a pesar de haber transcurrido los. noventa días del reglamento, y,

Por cuanto de una declaración jurada presentada por el taquígrafo de la corte de distrito en 18 de abril se des-prende que desde el primero de marzo él estaba atendiendo a la sala de lo criminal de la corte de distrito durante las sesiones celebradas por la mañana, por la tarde y a veces aún por la noche; que por tal razón materialmente no ha tenido tiempo para preparar la transcripción de la eviden-cia, y que lina nueva prórroga le lia sido concedida por la corte inferior para preparar y presentar dicha transcripción y que el abogado de la parte demandada apelante ha estado constantemente haciendo gestiones cerca de dicho taquígrafo para que termine la transcripción de la evidencia, y,

PoR cuanto la corte de distrito tiene alguna discreción en asuntos de esta naturaleza, sin que se haya demostrado en el presente caso un verdadero abuso de tal discreción, no ha lugar a 1a. desestimación solicitada.


text:
    No. 4229.
    Peña Ramos, apdo., v. Barbuquet, aplte.
    Abril 25, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Poe cuanto la parte apelada presentó una moción jurada solicitando la desestimación del recurso, notificada a la parte contraria y basada en que el escrito de apelación es nulo y la transcripción no se ha archivado dentro del tér-mino de la ley, la vista de la cual se celebró el 18 de abril actual sin asistencia de las partes, y,

Poe cuanto si bien es dudosa la cuestión de nulidad sus-citada, es completamente claro que el apelante ha dejado de perfeccionar su recurso dentro de los términos de ley, ya que la última prórroga que se le concediera para presentar la transcripción taquigráfica venció antes de archivarse la moción de desestimación sin que dicha transcripción fuera archivada, y ha vencido también con exceso el término para radicar el legajo de la sentencia en este tribunal sin que se haya radicado:

PoR tanto, se declara la moción con lugar y se deses-tima el recurso. Desestimada.


text:
    No. 3146.
    Pueblo, apdo., v. Mercado, aplte.
    Abril 28, 1927.
   C. D. Mayagüez. Acometimiento y agresión grave.

Revocada la sentencia apelada porque la prueba en su con-junto resultó insuficiente para sostenerla.


text:
    No. 4167.
    Sobrinos de Izquierdo & Cía., aplte., v. Gutiérrez, apdo.
    Abril 28, 1927.
   C. D. Guayama. Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

Por cuanto archivada la transcripción de los autos el 25 de febrero último la parte apelante, solicitó y obtuvo dos prórrogas para la presentación de su alegato sin que lle-gara a hacerlo dentro del término prorrogado;

Pob cuanto basándose en tal becbo la parte apelada so-licitó la desestimación del recurso;

Pos cuanto la parte apelante archivó entonces su ale-gato pidiendo a la corte que ejercitara su discreción en su favor, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en Dávila v. Del Campo, 33 D.P.R. 130, ya que su apelación era meritoria;

Pon cuanto las razones alegadas no convencen al tribunal de que se trate de un caso verdaderamente meritorio;

Por tanto, visto el artículo 42 del Reglamento de este tribunal, se desestima el recurso. Desestimado.


text:
    No. 572.
    Vázquez, Vda. Vincenty, peticionaria, v. Corte Distrito de Mayagüez, demandado.

    Abril 29, 1927.
   Certiorari.

Estando inclinado el tribunal a creer que la corte de distrito actuó de conformidad con sus atribuciones, y cre-yendo .que la peticionaria, si algún derecho le asiste, tiene a su alcance otros remedios fuera del certiorari, no ha lu-gar. Denegada.


text:
    No. 4194.
    Figueroa et al., apltes., v. Canals Hermanos & Cía., Sucesores, apda.
    Mayo 3, 1927.
   C. D. Humacao.

Desestimado el recurso a instancia del apelado porque ha-biéndose interpuesto la apelación en septiembre 26, 1924, no existe una transcripción de la evidencia ni una exposición del caso pendiente de aprobación, habiendo transcurrido con exceso- los treinta días que tiene el apelante para elevar los autos.'


text:
    Nos. 3231 y 3232.
    Pueblo, apdo., v. Rodríguez Rivera, aplte.
    Mayo 5, 1927.
   C. D. Guayama. Acometimiento y agresión grave.

Se ordenó el archivo y sobreseimiento de la apelación en estos casos por fallecimiento del acusado.


text:
    No. 3964.
    Banco Popular de San Juan, apdo., v. Luiña, aplte.
    Mayo 6, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos de los casos de Cintrón & Aboy v. Solá 22 D.P.R. 262, y de Crédito y Ahorro Ponceño contra Beiró y otros, 32 D.P.R. 817.


text:
    No. 3235.
    Pueblo, apdo., v. Casanovas, aplte.
    Mayo 11, 1927.
   C. D. San Juan. Infracción de la Ley de Automóviles.

Denegada la moción del apelante porque no consta en forma alguna que el secretario de la corte de distrito se Raya negado a expedir copia certificada de la excepción pe-rentoria presentada a la acusación, ni que el apelante Raya solicitado del citado secretario que expida la misma, así como tampoco, que el acusado apelante Raya RecRo gestio-nes cerca del juez de la Corte de Distrito de San Juan, que es el que por la ley tiene facultad para conceder prórrogas al taquígrafo y para compeler al mismo a cumplir con sus deberes.

Sin embargo, vista la súplica alternativa contenida en la citada moción, se concede al apelante el término de treinta días a partir de esta feclia para radicar en la Secretaría de este tribunal copia certificada de dicha excepción peren-toria y de la transcripción de la evidencia.


text:
    No. 4248.
    Cruz, apdo., v. Asamblea Municipal de Santa Isabel, aplte.
    Mayo 11, 1927.
   C. D. Gfuayama. Mandamus.

Resuelto por los fundamentos del caso de certiorari No. 571, Asamblea Municipal de Santa Isabel v. Corte de Distrito de Guayama, de mayo 5, 1927 (pág. 102), porque resultaría aca-démica la apelación establecida aún en el caso de que se decidiera en contra de lo sostenido por la parte apelada en su moción de desestimación, esto es, que el recurso no cabe. Siendo ello así, procede desestimar y se desestima por académica, la apelación interpuesta contra la sentencia de desacato.

Ex parte Martobell, peticionario. — Admisión al ejercicio de la abogacía. Mayo 18, 1927. No acreditando el peticio-nario que ha ejercido su profesión activamente ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico, según exige la ley, ni que haya postulado con dos años de ante-rioridad a la ley 17 de 1925, no ha lugar a admitir sin exa-men al peticionario al ejercicio de la profesión de abogado.


text:
    No. 4205.
    Lloveras Soler, apdo., v. Rodríguez, aplte.
    Mayo 18, 1927.
   C. D. San Juan. Desahucio.

Habiendo la corte inferior reconsiderado su orden declarando sin lugar una moción para prórroga del tiempo para radicar una ex-posición del caso y pliego de excepciones y concedido un nuevo término con tal objeto,- y apareciendo que la dicha exposición y pliego han sido radicados ya en la Secretaría de la corte de distrito y señalado día para la vista y apro-bación por el juez sentenciador, no ha lugar a la desesti-mación solicitada.


text:
    No. 3129.
    El Pueblo, apdo., v. Pillot, aplte.
    Mayo 19, 1927.
   C. D. Guayama. Portar armas.

Habiendo el acusado apelado de una sentencia que le impuso la pena de cuatro meses de cárcel por portar una pistola y señalado como único error «n su alegato que la pena es excesiva, y apareciendo que se practicó prueba en la corte inferior, sin que se haya elevado la transcripción de la evidencia o una exposición del caso, por lo que carecemos de base para con-siderar el error alegado, se declaró sin lugar el recurso y se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 39.
    Morell Bauzá, apdo. y recurrido, v. Luce & Co., S. en C., aplte. y recurrente; Luce & Co., S. en C., aplte. y recurrente, v. Morell Bauzá y su consorte María Adelaida Cabrera, apdos. y recurridos.
    Mayo 23, 1927.
   Aprobación de la exposición del caso.

Pob cuanto la parte apelante radicó en tiempo un pro-yecto de exposición del caso para ser sometido a la aproba-ción de la Corte de Distrito de Guayama;

Pon cuanto aún cuando la corte inferior se negó a apro-bar la exposición del caso por estar en vacaciones, no pa-rece, sin embargo, que la corte se haya negado definitiva-mente a aprobarla;

Por cuanto el término de vacaciones de la Corte de Dis-trito de Guayama expirará el 30 de junio próximo;

Por cdaNto es siempre preferible que el juez que presi-dió el juicio sea el que apruebe la exposición del caso fijando previamente el día de la vista y no se ba alegado en este caso por el apelante ninguna razón que demuestre la nece-sidad de la intervención del Tribunal Supremo;

Por tanto se declara sin lugar la moción en la cual se solicita la aprobación de la exposición del caso.


text:
    No. 4254.
    Calcerrada, aplte., v. American Railroad Co. of Porto Rico., apda.
    Mayo 25, 1927.
   C. D. Arecibo. Daños y perjuicios.

Vista la petición jurada del apelante, la declaración, también jurada, que con ella se acompaña y nuestras decisiones en los casos de Díaz v. Porto Rico Railway, Light & Power Co. y de Pagán v. Pagán, 32 D. P.R., 95 y 642, se concedió al mismo un término de cinco días para que presente en la corte inferior la transcripción taquigráfica de la evidencia para su apelación.


text:
    No. 3165.
    Pueblo, apdo., v. Vélez, aplte.
    Mayo 31, 1927.
   C. D. Ponce. Infracción Ley Nacional de Prohibición.

Por cuanto el apelante fué convicto dos veces, primero en la corte municipal y luego, después de un juicio de nuevo, en la corte de distrito por infracción al título II, sección 3» de la Ley Nacional de Prohibición, consistente en haber vendido un cuarto de pinta aproximadamente de alcohol;

Por cuanto el único error señalado es que la prueba es insuficiente para sostener los hechos alegados en la acusa-ción; y,

Por cuanto después de un examen de dicha prueba, a la luz del argumento contenido en el alegato del apelante, no encontramos que se haya cometido error manifiesto en la apreciación hecha de la misma por el juez sentenciador;

Por tanto se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3135.
    Pueblo, apdo., v. Rodríguez, aplte.
    Mayo 31, 1927.
   C. D. G-uayama. Acometimiento y agresión grave.

Por cuanto el apelante fué convicto de un delito de aco-metimiento y agresión grave, consistente la circunstancia agravante en haber atacado al perjudicado con nn machete, que es un arma mortífera, infiriéndole varias- heridas;

Pon ouaNto los únicos errores señalados son los siguien-tes :

“1. La corte erró al apreciar la prueba en contra del acusado por cuanto la misma es insuficiente para declararlo culpable del de-lito que se le acusa, siendo la sentencia dictada contraria a los he-chos 7 a la ley.
“2. La corte erró al declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes por cuanto no fué presentada como prueba el arma ocupada, ni tampoco se probó que la lesión, segtm alega la denuncia, era una herida grírve.”

Pon cuanto de un examen de la prueba practicada, a la luz de la argumentación contenida en el alegato del apelante, no se desprende la comisión de error manifiesto alguno en la apreciación de la misma por el juez sentenciador, ya que este podía determinar si era o no mortífera el arma utili-zada por el acusado, de la forma en que fué usada, de acuerdo con las declaraciones de los testigos oculares; sin que hubiera necesidad de presentar el arma como prueba ni de probar que cualquiera de las heridas inferidas fuera grave;

Por tanto; se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3120.
    Pueblo, apdo., v. Ortiz, aplte.
    Junio 3, 1927.
   C. D. Gua-yama. Hurto de menor cuantía.

Confirmada la sentencia apelada porque los cuatro motivos de error ale-gados se refieren a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior, y resultando que la prueba es contradictoria, no se ha encontrado que la corte sentenciadora cometiera error al resolver el conflicto de la evidencia.


text:
    No. 251.
    Bay City Rice Milling Co., peticionario, v. Hon. Luis Samalea Iglesia, Juez, demandado.
    Junio 10, 1927.
   C. D. Are-cibo. Mandamus.

Por cuanto las cortes tienen discreción en cuanto a la materia de señalamiento de vistas,

Pob cuanto la solicitud no demuestra en este caso que la peticionaria baya presentado a la corte de distrito las razones que tiene para que se baga un señalamiento especial y por tanto no aparece que dicba peticionaria baya ago-tado todos los recursos ante la corte inferior o que ésta baya abusado de su discreción,

Por taNto, no ha lugar a expedir el auto de mandamus que se solicita.


text:
    No. 3187.
    Pueblo, apdo., v. Astacio (a) Goyo, aplte.—
    Junio 13, 1927.
   C. D. Mayagiiez. Escalamiento en primer grado.

Se revocó la sentencia apelada y fué absuelto el acu-sado por aparecer como únicos becbos probados el corpus delicti y la posesión por el acusado de una parte de los bienes sustraídos; vistos los casos de El Pueblo v. Moreno, 32 D.P.R. 824; People v. George Beaver, 49 Cal. 57; People v. George Boxer, 137 Cal. 562; El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 11, y El Pueblo v. Segarra, Jr. No. 2943, de abril 29, 1927 (pág. 683).


text:
    No. 3180.
    Pueblo, apdo., v. Rodríguez, aplte.
    Junio 17, 1927.
   C. D. Ponce. Infracción Ley de Automóviles.

Por cuanto el acusado fué convicto por infringir el ar-tículo 12, apartados (a), (d) y (3), de la ley para reglamen-tar vehículos de motor, aprobada en 13 de abril de 1916.

Por cuanto si bien el apelante señala como primer mo-tivo de error que la denuncia contiene una indebida acumu-lación de delitos, es lo cierto que solamente se bace en el alegato una mera referencia al mismo, sin discutir sus mé-ritos y sin que se baga mención de casos o jurisprudencia aplicable.

Por cuanto el segundo y último error se contrae a1 la apreciación de la prueba, y de un examen de la misma apa-rece ésta ser contradictoria, resolviendo la corte el con-flicto en contra del acusado, sin que se demuestre que se baya cometido error fundamental ni que la corte en tal apreciación baya sido movida por pasión, prejuicio o par-cialidad.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4180.
    Wilson & Co., apda., v. Suc. de A. Sandín, aplte.
    Junio 20, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Desestimada la apelación por abandono no habiendo compa-recido las partes a la audiencia que fué señalada para dis-cutir si procede o no la desestimación del recurso.


text:
    No. 4053.
    Guzmán, apda., v. Romanacce, aplte.
    Junio 20, 1927.
   C. D. San Juan. Daños y perjuicios.

Desesti-mada la apelación por abandono no habiendo comparecido las partes a la audiencia que fué señalada para discutir si procede o no la desestimación del recurso.


text:
    No. 4149.
    Merino, apdo., v. Globe Rutgers Fire Ins. Co., aplte.
    Junio 20, 1927.
   C. D. San Juan. Cobro de póliza de seguro.

Desestimada la apelación por abandono por aparecer que el demandante ha obtenido una sentencia en una Corte de Nueva York condenando a la demandada a pagar el montante de la sentencia dictada por los tribuna-les de Puerto Rico con inclusión de las costas que se discu-ten en este recurso.


text:
    No. 4044.
    Manrique, apdo., v. Garófalo, aplte.
    Junio 20, 1927.
   C. D. Humacao. Cobro de dinero. (Apertura de rebeldía.)

Desestimada la apelación por abandono no habiendo comparecido las partes a la audiencia que fué se-ñalada para discutir si procede o no la desestimación del recurso.


text:
    No. 4301.
    Moscoso Hno. & Co., S. en C., apda. v. Florido et al., apltes.
    Junio 21, 1927.
   C. D. Humacao. Cobro de dinero.

Desestimado el recurso a instancia del ape-lado a causa de haberse presentado el escrito de apelación fuera de tiempo.


text:
    No. 3190.
    Cardona et al., apdos., v. Lugo, Alcaide de San Juan, aplte.
    Junio 21, 1927.
   Habeas corpus.

Por cuanto aparece que los peticionarios apelados en este caso no intentaron matar a Manuel Figueroa y sí a Domingo Mojica;

Por cuanto la malicia, la premeditación y la deliberación pueden deducirse del hecho de la muerte de nna persona •cuando se intenta matar a otra, vistos entre otros 29 0. J. 1092;

PoR cuanto los otros elementos del delito de asesinato en primer grado existen prima facie en este caso;

Por cuanto según el artículo 372 del Código de Enjui-ciamiento Criminal una persona acusada de asesinato en primer grado no tiene derecho a estar en libertad provisional mediante fianza cuando la presunción de culpabilidad es grande; y vista la jurisprudencia sentada en los casos de El Pueblo v. Ortiz, 18 D.P.R. 833 y Ex parte Florentino Rodríguez, de 7 de abril de 1927 (pág. 560).

Por tanto; Se revoca la resolución apelada y se ordena la encarcelación de los peticionarios y apelados y la cancela-ción de la fianza prestada.


text:
    No. 3164.
    Pueblo, apdo., v. Marín, aplte.
    Junio 21, 1927.
   C. D. Ponce. Portar armas.

Confirmada la sentencia ape-lada porque la cuestión de la constitucionalidad de la Ley de Portar Armas, No. 14 de 1924, está resuelta por los casos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462; El Pueblo v. Ramos, 34 D.P.R. 476; y El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, así como por el de El Pueblo v. Diaz Cintrón, resuelto en abril 8 de 1927 (pág. 571); no habiéndose encon-trado que el juez sentenciador haya errado en la aprecia-ción de la prueba.


text:
    No. 3258.
    Pueblo, apdo., v. Casanovas Marrero, aplte.
    Junio 23, 1927.
   C. D. Arecibo. Portar armas.

Apare-ciendo que la única cuestión levantada por el alegato del apelante se refiere a la apreciación de la prueba por el juez sentenciador y que el único error manifiesto en tal sentido consiste en haber decretado el decomiso del arma portada por el acusado, sin que aparezca de la prueba que dicha arma fuese ocupada en momento alguno a dicho acusado; y no habiéndose llamado la atención de la corte inferior a la incongruencia entre dicho pronunciamiento y la prueba, dándose de ese modo una oportunidad al juez para corregir na- defecto que por. sí. indica más .bien una mera inadverten-cia al dictar sentencia en la forma prescrita para la mayo-ría de los casos que un verdadero error en la apreciacióir de la prueba de tal-naturaleza que afecte los derechos'subs-tanciales del acusado, se. confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4165.
    Vahamonde Vda. de Pérez, apda., v. Miró y Todd, apltes.
    Junio 25, 1927.,
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Por cuanto el apelado en el acta de la vista ha solici-tado la desestimación de la presente apelación por falta de-señalamiento de errores en debida forma de acuerdo con. las reglas y la constante jurisprudencia de este tribunal.

Por cuanto las únicas cuestiones suscitadas por el ape-lante en su alegato son, primero si la demanda aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, en vista de' lo dispuesto por el artículo 950 del Código de Comercio, y del supuesto carácter mercantil de los pagarés descritos en dicha demanda y, segundo, si la sentencia en rebeldía re-gistrada por el secretario carece de todo valor legal “por-que dicho funcionario, pudo y debió notar, que no se ha-bía notificado a los demandados, la orden o permiso de la-corte para enmendar, habiéndose notificado solamente, la. solicitud de dicho permiso.”

Por cuanto en la demanda se alega:

“Tercero: que ni la demandante ni los demandados se dedicaban al comercio en la fecha del otorgamiento de las transcritas obligacio-nes ni se dedican en la actualidad. Que las cantidades prestadas-no eran para dedicarlas a actos de comercio ni procedían de opera-ciones mercantiles.
“GuaHo: Que vendidos los pagarés transcriptos los deudores; fueron obteniendo prórrogas del apoderado de la acreedora Don Antonio Sarmiento, de seis en seis meses, habiendo vencido las últimas prórrogas concedidas en j.unio y septiembre respectivamente del año 1922.”

Por cuanto los demandados fueron debidamente empla-zados el día 14. de mayo de 1924 y su abogado fué oportia-ñámente notificado de la moción solicitando permiso para enmendar la demanda*

Poe cuanto en tales circunstancias no son aplicables los artículos 317 y 323 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni los casos de Barros v. Padial, 35 D.P.R. 264, Hernández v. La Corte de Distrito, 15 D.P.R. 268, ni otros citados por los apelantes.

Poe tanto se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3242.
    Pueblo, apdo., v. Jiménez, aplte.
    Junio 25, 1927.
   C. D. Hu-macao. Infracción Ley de Automóviles.

Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos del caso No¡ 3243, de Pueblo v. Jiménez, de Junio 25, 1927, por ser idéntica la acusación, siendo las mismas las cuestiones levantadas y resueltas adversamente al acusado.

Ex paete Toeees, peticionario. — Admisión al ejercicio de la abogacía. Junio 25, 1927.

Poe cuanto la vigente ley No. 38 de 1916 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico disponía en su sección S* que las personas que no hu-bieran obtenido un diploma de abogado en Universidad o escuela de derecho acreditadas de los Estados Unidos po-drían ser admitidas a examen ante el tribunal de exámenes nombrado por la Corte Suprema de Puerto Rico de acuerdo con dicha ley siempre que ante un tribunal de la Universi-dad de Puerto Rico sufriesen un examen de las asignatu-ras que la sección 3* de dicha ley expecificaba y las apro-basen con un promedio no menor de 75 por ciento para cada curso; siendo el certificado final de aprobación que expidiera ese tribunal a los efectos del examen de reválida equivalente al diploma de abogado requerido por la expre-sada ley.

Poe cuanto la sección 3:i que hemos extractado fué en-mendada por la Ley No. 91 de agosto 22, 1925, para que lea como sigue:

“Sección 3. — Cualquiera persona que no haya sido admitida anteriormente al ejercicio de la abogacía o con derecho a serlo con posterioridad, de acuerdo con lo prescrito en la sección primera de esta Ley, y que no haya obtenido un diploma de abogado según lo que se establece en la sección 2 de esta ley, podrá obtener dicho diploma de la Universidad de Puerto Rico y ser admitido al examen dispuesto en la referida sección, siempre que hubiere cumplido pre-viamente con los requisitos establecidos por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, como condición para poder in-gresar como estudiante de derecho en el Colegio de Leyes de dicha Universidad, y hubiere aprobado el mismo examen de todas las asignaturas exigidas por ésta, a sus estudiantes regulares para obtener el diploma de Bachiller en Leyes; Disponiéndose, que las personas que deseen sufrir los exámenes determinados por esta Ley, deberán solicitar, del Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-versidad de Puerto Rico, con no menos de sesenta días de antici-pación a la fecha en que hayan de celebrarse los exámenes finales de cada curso en la Universidad, su inscripción como estudiante por enseñanza libre; debiendo así mismo, tales personas, al solicitar dicha inscripción, y como condición para que la misma pueda verifi-carse, acreditar que han llenado los requisitos exigidos por la Junta de Síndicos para el ingreso en el Colegio de Leyes, y que han pa-gado al Tesorero de la Junta de Síndicos de la Universidad, los de-rechos de inscripción que fijare dicha Junta; los cuales derechos no excederán de los derechos de matrícula que por igual curso, de-ban satisfacer los estudiantes regulares de la Facultad de derecho. Los exámenes de cada una de dichas asignaturas deberán sufrirse por escrito, al mismo tiempo en igual extensión que los exámenes que deban sufrir los estudiantes regulares; y sólo será aprobado el que obtenga en cada asignatura un promedio no menor de 75 por ciento; entendiéndose, que el estudiante que fuere suspendido en no más de dos de las asignaturas correspondientes al curso para el cual se haya presentado a examen, podrá repetir, al examinarse del curso siguiente, el examen de la asignatura que dejó de aprobar; pero si hubiere dejado de aprobar más de dos asignaturas de un curso cualquiera no podrá tomar el examen del curso siguiente sin haber antes sufrido examen y aprobado las asignaturas del curso anterior que no hubiere aprobado.
“El diploma de abogado que se expidiere de acuerdo con esta sección, equivaldrá a todos los efectos legales al de Bachiller en Le-yes que expide la Universidad, siempre que el alumno hubiere asis-tido durante un curso completo a las clases regulares de la Univer-sidad, de seis asignaturas por lo menos, de las comprendidas en el curriculum del Colegio de Leyes; Disponiéndose, que los alumnos que hubieran comenzado sus estudios con anterioridad a esta Ley podrán optar entre acogerse a la misma o continuar sometidos a las disposiciones de la Ley vigente; debiendo sin embargo, satisfacer, en todo caso los derechos de inscripción previstos anteriormente; Y disponiéndose, además, que aquellos alumnos comprendidos en el disponiéndose precedente que optaren por someterse a las disposicio-nes de esta Ley, que no hubieren cumplido con los requisitos exi-gidos por la Junta de Síndicos para ingresar como estudiantes del Colegio de Leyes, podrán ser admitidos sin embargo como estudian-tes libres de éste a condición de que no se les expedirá el diploma de Bachiller en Leyes sin haber antes cumplido con dicho requisito.”

Poi-í ctjaNto posteriormente, en 20 de abril de 1927, fue aprobada la Ley No. 12, vigente desde esa fecha, para en-mendar el párrafo 29 de la sección 2* de la Ley No. 38 de 1916 de modo que lea como sigue:

“2. Sufrir ante la Corte Suprema de Puerto Rico o ante el tribunal de exámenes que, de acuerdo con la sección 6 de esta Ley, ella designe, un examen oral general de todas las materias especifica-das en la sección 3 de la misma por el orden en que allí se consignan; Disponiéndose, que las personas que se gradúen de abogados en la facultad de derecho de la Universidad de Puerto Rico a partir del curso escolar correspondiente al año 1927-1928, éste inclusive, y que hubieren aprobado cuatro cursos anuales en dicha Facultad de De-recho, y cursado, además, un año, por lo menos, de estudios prepa-ratorios en adición a los propios de la escuela superior, no estarán' obligados a sufrir el examen expresado anteriormente; pero para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda expedir y les ex-pida al efecto la licencia para el ejercicio de la abogacía e inscriba sus nombres en el registro de abogados con derecho a ejercer la profesión en la Isla, el aspirante deberá presentar a dicho Tribunal Supremo su título de abogado debidamente autorizado y obtenido después de haber pasado, además de los exámenes anuales de cada asignatura de derecho, un examen final de graduación, teórico y práctico, que comprenderá todas las asignaturas de la carrera, de acuerdo con los reglamentos universitarios; Y disponiéndose, ade-más, que los que a la terminación del curso escolar 1926-27, hubie-ran aprobado los exámenes determinados en la sección tercera de la Ley referida en el título de la presente, serán admitidos al ejer-cicio de la abogacía en igual forma que los que se gradúen a partir del curso escolar correspondiente al año de 1927-28, sin que a ellos sea aplicable el requisito de haber cursado un año por lo menos de estudios preparatorios como anteriormente se dispone.”

Pos CUANTO Don Angel M. Torres, varón, mayor de 21 años de edad, y ciudadano de los Estados Unidos, nos ha demostrado haber estudiado y aprobado por enseñanza li-bre las asignaturas de los cuatro años de la Facultad de Derecho especificadas en la sección 3* de la Ley No. 38 de 1916 con un promedio no menor de 75 por ciento para cada curso, y que asistió personalmente al curso regular de la Universidad de Puerto Pico durante dos años, aprobando más de las seis asignaturas requeridas por la ley, según su declaración jurada, la del Decano del Colegio de Leyes de dicha Universidad y según aparece del certificado que nos presenta del secretario de la expresada Universidad, y que aprobó en ella el examen final teórico y práctico reque-rido por la Ley No. 12 de 1927 antes citada, cumpliendo así los requisitos exigidos por la ley para ser admitido al ejercicio de la profesión de abogado sin examen ante el tribunal que nombre esta Corte Suprema.

Pon tanto: Se admite a Don Angel M. Torres, al ejer-cicio de la abogacía previo informe favorable de la Comisión de Reputación de Abogados.

Ex paute Miguel A. G-arcía del Rosario, peticionario.— Admisión al ejercicio de la abogacía. Junio 25, 1927.

Por cuanto la ley vigente, No. 38 de 1916 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico autoriza por su sección 2'- a ejercer la profesión de abogado en esta Isla a las personas que hayan obtenido un diploma de abogado en cualquier universidad o escuela de derecho acreditadas de los Estados Unidos, si fue obtenido en las condiciones que la ley dice y cumpliendo varios requi-sitos, siendo uno de éstos el siguiente:

“2‘> Sufrir ante la Corte 'Suprema de Puerto Rico o ante el tribunal de exámenes que, de acuerdo con la sección 6 de esta Ley, ella designe, un examen oral general de todas las materias especificadas en la sección 3 de la misma por el orden en que allí se consignan.”

Por CUANTO la Ley No. 12 de 20 de abril de 1927, vigente desde esa fecha, ha enmendado el párrafo 29 que hemos co-piado de la sección 2* de la ley de 1916, reproduciendo casi textualmente las palabras de dicho párrafo, pero disponiendo ■que:

- ■ • Las personas que se gradúen de abogados del Colegio de 'Leyes de la Universidad de Puerto Rico a partir del curso escolar correspondiente al año 1927-28, éste inclusive, y que hubieren apro-bado cuatro cursos anuales en dicha Facultad de Derecho y cursado además, un año, por lo menos, de estudios preparatorios en adición -a los propios de la escuela superior, no estarán obligados a sufrir el examen expresado anteriormente; pero para que, el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda expedir y les expida al efecto la li-■eecacia para el ejercicio de la abogacía e- inscriba sus nombres en el registro de abogados con derecho a ejercer la profesión en la Isla, ■el aspirante deberá presentar a dicho Tribunal Supremo su título ■de abogado debidamente autorizado y obtenido después de haber pa-sado, además de los exámenes anuales de cada asignatura de dere-■eho, un examen final de graduación, teórico y práctico, que com-prenderá todas las asignaturas de la carrera, de acuerdo con los re-glamentos universitarios; Y disponiéndose, además, que los que a la terminación del curso escolar de 1926-27, hubieren aprobado los ■exámenes determinados en la sección tercera de la ley referida en si título de la presente, serán admitidos al ejercicio de la abogacía en igual forma que los que se gradúen a partir del curso escolar co-rrespondiente al año de 1927-28, sin que a ellos sea aplicable el re-quisito de haber cursado un año por lo menos de estudios prepara--forios, como anteriormente se dispone.”

Por cuanto Don Miguel A. G-arcía del Rosario, varón, mayor de 21 años de edad y ciudadano de los Estados Uni-dos, nos ha demostrado que ha sido un estudiante regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con cuatro años de estudios en la misma y nos ha pre-sentado su diploma de Bachiller en Leyes, expedido el 8 de junio de 1927 después de haber aprobado además de los exámenes anuales de cada asignatura de Derecho un exa-men final de graduación teórico y práctico comprensivo de .todas las asignaturas de su profesión, de acuerdo con las reglas de la Universidad, y también qiie tenía nn diploma de. escuela superior, cumpliendo así los requisitos exigido» por la ley para su admisión al ejercicio de la abogacía en las cortes de justicia de esta Isla, sin necesidad de sufrir el examen requerido para los títulos de otras universidades.

Por taNto : Se admite al peticionario al ejercicio de la abogacía previo informe favorable de la Comisión de Repu-tación de Abogados.