text:
    Pereira, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 169.
    — Resuelto en enero 26, 1914.
    Calificación de Documentos para su Inscripción — Palta de Expresión del Título de Adquisición — Número 3 del Artículo 75 del Reglamento Hipo-tecario. — No constituye defecto subsanable ni insubsanable en un título el que no exprese el modo de adquirir la persona que transmite el derecho, pues la omisión de ese requisito, exigido por el número 3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, no impide que el régistrador lo haga constar en la inscripción, consultando los antecedentes de su oficina.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador sustituto, Sr. Rafael Arce, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Agapito Pereira presentó en el Registro de la Propiedad de Caguas la escritura pública No. 297 de 20 de noviembre de 191.3, para que se inscribiera la edificación que ha hecho de una casa en solar que le fue cedido en usu-fructo por el concejo municipal de diclia ciudad. En el docu-mento se describe el solar cedido y también la finca de La cual forma parte, perteneciente al Municipio de Caguas y, si bien no expresa el título de adquisición de éste, de una certificación acompañada .a ella, expedida por el secretario del expresado concejo municipal, aparece que la corporación municipal adquirió el inmueble por donación que le hicieron Don Esteban Delgado y otros que se baila inscrita en el regis-tro de la propiedad.

Con tales antecedentes el Registrador sustituto de Caguas, verificó la inscripción solicitada, pero con el defecto subsa-nable que aparece de la nota puesta al pie del documento, la que lee así:

“Inscrito el precedente documento al folio 62 del tomo 41 de esta ciudad, finca número 1937, inscripción Ia. con el defecto subsanable de no expresarse em dicho documento la forma de adquisición de la finca principal de donde procede el solar sobre el cual enclava la casa edificada por el Sr. Pereira, verificándose dicha inscripción con vista de otro documento. Oaguas, 24 de diciembre de 1913. Rafael Arce, registrador sustituto. ’ ’

Interpuesto en tiempo oportuno el presente recurso guber-nativo con solicitud ele que revoquemos esa nota en cuanto consigna el defecto subsanable de no constar del documento la forma de adquisición de la finca principal de donde pro-cede el solar cedido en usufructo, solicitamos del registrador que nos enviase certificación literal del documento, acompa-ñado con el título de edificación y de la inscripción que había hecho en sus libros. Eespecto al documento acompañado, ya hemos dicho antes lo que resulta de él, y en cuanto a la inscrip-ción, aparecen de ella los particulares que entresacamos a. continuación: •

“* # El solar en que enclava esta casa forma parte de la finca número quinientos sesenta y dos, inscrita al folio noventa y dos del tomo once de esta ciudad, inscripción primera. El Municipio de Caguas adquirió el referido solar, en mayor porción, por donación que le hicieran Don Esteban, Don José, Don Felipe y Don Manuel Gregorio Delgado. * * *
“Todo lo referido consta del registro v de la escritura número 297, de fecha 20 de noviembre último, * * * constando igualmente de una certificación expedida por Juan M. Sola, secretario municipal de esta ciudad con fecha 20 del propio mes de noviembre último, com-prensiva de la concesión relacionada hecha por el municipio de esta ciudad, cuyo documento se tiene a la vista y queda archivado en el legajo de su clase, con el número noventa y siete. Se hace constar el defecto subsanable de no expresarse en el título la forma de adqui-sición de la finca principal de donde proceda el solar * *

De los antecedentes expuestos resulta que si bien en el documento inscrito no se hizo constar el título de adquisición de la persona que transmite el derecho, este requisito apa-recía de otro documento a él acompañado y que el registrador tuvo a la vista para la inscripción; y como dicho funcionario’ debe calificar por lo que resulte del título, de los documentos a él acompañados y de sus libros, el mero hecho de que aquella circunstancia no aparezca del título, no puede constituir el defecto subsanable que mencionó el registrador, con menos razón en este caso cuando en la propia inscripción se hizo constar que el Municipio de Caguas había adquirido por do-nación inscrita la finca de que procede el solar que cedió en usufructo al recurrente.

Además, al decir el número 6 del artículo 9 de la Ley Hipo-tecaria que en la inscripción se hará constar el nombre y ape-llido de la persona, o el nombre de la corporación o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o dere-chos que deban inscribirse, no hace referencia a su causante, por lo que conteniendo la escritura de cuya inscripción se trata todos aquellos requisitos, no puede sostenerse que con-tenga defecto subsanable ni insubsanable porque en ella no se haya expresado el título de adquisición de la persona que transmite el derecho, ya que la omisión de esa circunstancia no impide qué el registrador la haga constar en la inscrip-ción, consultando los antecedentes de su oficina a fin de cum-plir con el número 3 del artículo 75 del reglamento para la ejecución de dicha ley. Resolución de la Dirección de los Registros de España de 6 de marzo de 1884.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser revo-cada en cuanto consigna el defecto subsanable mencionado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. El Márshal del Distrito de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad, de subasta judicial y de escritura de venta.
    No. 1007.
    — Resuelto en enero 26, 1914.
    Subasta Judicial — Acción de Nulidad de Subasta Judicial Contra un Marshal — Error en la Descripción de la Einca. — No puede ejercitarse con éxito una acción de nulidad de subasta judicial y de escritura de venta contra un márshal de distrito que ha actuado en cumplimiento de una orden de ejecución expedida por tribunal competente, por el hecho de que la finca subastada tenía una cabida mucho menor de la que se le daba en la orden de ejecución, pues al márshal no le incumbe investigar si la finca que ha de subastarse tiene o no la cabida consignada en el mandamiento de ejecución.
    MIrshals — Responsabilidades en el Cumplimiento de sus Deberes — Ejecu-ción de Mandamientos. — Un marshal de una corte de distrito que actúa de acuerdo con el mandamiento expedido por una corte con jurisdicción, no tiene responsabilidad por razón de los actos que ejecute en el cumplimiento de dicho mandamiento.
    Id. — Subasta Judicial — Representación del Marshal en una Escritura de Venta. — Aun en el supuesto de que un márshal de una corte actúe en repre-sentación de los demandados en el otorgamiento de una escritura de venta de finca vendida en pública subasta, tal representación cesa al dejar cumplida la orden de ejecución de la sentencia.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pedro González.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Los becbos que ban dado origen al caso de que se trata son los siguientes:

Seguido pleito ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, por Andrés Fernández como demandante.-contra Natalia, Antonio, Ana, Matías, y Florentino Escalera Calderón y Nicolasa Calderón Verdejo como demandados, sobre venta de cierta finca poseída en comunidad, recayó sen-tencia ordenando dicba venta y para su complimiento se ex-pidió orden de ejecución al mársbal de dicba corte.

Anunció el márslial la venta en pública subasta de dicta linca, la cual según descripción que de ella se tace, está si-tuada en el lugar denominado ‘‘ Macliucbal, ” sección norte del barrio de Santurce de esta ciudad, y se compone de 7,000 metros cuadrados de superficie, colindando por el norte con el camino de Loíza, por el oeste con Rafael Ojeda, por el sur con Belén Requena, y por el este con la Sucesión de Agapito Escalera Sidra, estando enclavadas en ella una casa de ma-dera, terrera, techada de zinc, de ocho metros de frente por nueve de fondo, otra pequeña de dos metros cincuenta centí-metros de frente, por cuatro de fondo, y un ranchón de made-ras techado de zinc, de diez metros de frente por seis de fondo.

La finca en su totalidad fue adjudicada en 30 de octu-' bre de 1912 a Barbarita Fernández Látimer por la suma de $50 que consignó en el acto del remate, y $3,000 más, importe de un crédito hipotecario que sobre .ella tenía constituido a su favor, habiéndosele otorgado la correspondiente escritura de venta por el márshal, ante el Notario Eugenio Benitez Cas-taño, con fecha 22 de noviembre del año 1912. Según men-sura y planos hechos a instancia de la compradora por el perito g’eómetra Armando Morales, bajo los linderos expre-sados en la descripción de la finca no existía la superficie de 7,000 metros cuadrados, sino únicamente la de 3,505, y la basa de ocho metros de frente por nueve de fondo no estaba 'enclavada en dicha finca, sino en terrenos pertenecientes a •Josefina Puigdollers, según afirmaba su padre Don Amtonio.

En virtud de esos hechos, y alegando además Barbarita Fernández, haber sido inducida a error por la descripción que de la finca hizo el márshal en los edictos publicados, dán-dole una cabida de 7,000 metros cuadrados cuando en reali-dad sólo constaba de 3,505, y suponiendo en ella la existencia de una casa de maderas ubicada en terrenos pertenecientes a otra persona, error que determinó la aceptación del con-trato de venta y de la escritura subsiguiente, y agregando que el márshal actuó en representación de Natalia, Antonio, Ana, Matías y Florentino Escalara Calderón, y Nicolasa Cal-derón Verdejo, formuló demanda dicha Barbarita Fernán-dez ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 28 de abril de 1913, contra el mársbal de dicba corte, con súplica de que se dictara sentencia declarando nulas el acta de subasta de 30 de octubre de 1912, y la escritura de 22 de noviembre siguiente de que se deja becbo mérito, quedando restablecidas las cosas al ser y estado que tenían antes de celebrarse dichos actos, con imposición de costas, gastos y honorarios de abogado, al mársbal demandado en repre-sentación de las personas en cuyo nombre actuó, con los demás pronunciamientos oportunos respecto a la restitución de que trata el artículo 1270 del Código Civil vigente.

A esa demanda opuso el mársbal demandado, Ramón Mar-tínez Reyes, representado por el Fiscal de esta Corte Su-prema, la excepción previa de que los hechos alegados en ella no determinan una causa de acción, cuya excepción fué decla-rada con lugar por orden de 25 de mayo de 1913.

La parte demandante solicitó fuera reconsiderada la anterior orden, y la corte, declarando sin lugar la moción de re-consideración, dictó sentencia en primero de agosto de 1913, desestimando la demanda con las costas a la parte deman-dante. Contra esa sentencia interpuso la representación de Barbarita Fernández Látimer, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Como la demanda ha sido interpuesta contra el mársbal de la Corte de Distrito de San Juan, solamente nos toca con-siderar si los hechos consignados en la misma determinan causa de acción contra dicho mársbal.

Según la sección 14 de la Ley de 10 de marzo de 1904 creando el cargo de mársbal de distrito, “un mársbal u otro funcionario administrativo está autorizado para cumplimen-tar y deberá complimentar toda diligencia y. orden conforme a la práctica, y dictada por autoridad competente, indepen-diente de cualquier defecto en las actuaciones que originaron aquéllas.” La Corte de Distrito de San Juan tenía autoridad para espedir la orden de ejecución de qne se trata a su marshal, y éste por tanto estaba en el deber de cumplimentarla como lo hizo. A él no le incumbía investigar si la finca que había de subastarse tenía o nó la cabida consignada en la orden, y tanto al verificar la subasta como al otorgar la escri-tura de venta de la finca obraba como funcionario ministerial de la autoridad judicial creado por la ley, sin que le fuera dable oponer reparos al cumplimiento de la orden que se le encomendaba.

Es incontestablemente cierto como principio general, según dice el ilustrado tratadista Murfree, en su obra On Sheriffs, sección 101a., página 67, que un funcionario ministerial que obra de conformidad con un mandamiento que en su propia faz es bueno y que ha sido librado por un tribunal o funcionario con facultades judiciales que tiene al parecer jurisdicción para expedirlo, está justificado en su complimiento y prote-gido por el mismo contra toda clase de' irregularidades e ile-galidades excepto las cometidas por él. Véanse las autori-dades citadas por dicho tratadista.

Ese mismo principio lo encontramos consignado en 35 Cyc., 1737, al afirmar, que es una regla general bien estable-cida que el mandamiento, sentencia u orden de una corte proteje completamente al márshal o funcionario contra toda responsabilidad, por cualquier acto que ejecute para su cum-plimiento.

En comprobación de tal regla se hacen las siguientes citas: Norcross v. Nunan, 61 Cal., 640; Toby v. Reed, 9 Conn., 216; Coombs v. Collins, 6 Ida., 536; Crusel v. Brooks, 121 La., 243; Day v. Bach, 87 N. Y., 56; Mayer v. Duke, 72 Tex., 445.

No se hace en la demanda alegación alguna relativa a que el márshal demandado se apartara en lo más mínimo de la orden de ejecución que le fué expedida o cometiera irregulari-dad o ilegalidad alguna al darle cumplimiento, y por el con-trario, la representación de la parte apelante consigna en su alegato escrito que el márshal no actuó por cuenta propia sino que obró por ministerio de la ley, y en tales condiciones no tenía interés alguno en ocultar ni en falsear la verdadera cabida de la finca, ni en liacer que aparecieran compren-didas en ella edificaciones que no estaban efectivamente den-tro de sus linderos positivos.

Y no cabe alegar que el marshal fué demandado en repre-sentación de los dueños de la finca subastada, pues en el su-puesto de que así fuera, por más que no aparece de la de-manda, y aunque en realidad de verdad los actos de subasta y venta de la finca obligaban a aquéllos, la representación del márshal cesó al dejar cumplida la orden de ejecución que le fué encomendada.

• El márshal no ha podido ni puede allanarse a la demanda aceptando la reposición de las cosas al ser y estado que tenían antes de celebrarse la subasta y venta de que se trata, ni por tanto puede ser obligado a ello por sentencia.

Como se ve, tanto con arreglo a nuestra ley local como según la doctrina que dejamos consignada, los hechos ale-gados, en la demanda no determinan causa de acción contra el márshal demandado, y en su consecuencia procede la con-firmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Cid, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de cantidad de dinero.
    No. 1020.
    — Resuelto en enero 26, 1914.
    AcoióN en Cobro de Dinero — Contrato Sobre Construcción de Obras — Sufi-ciencia de la Prueba. — Analizada la prueba presentada en este caso ella demuestra que se celebraron, los contratos a que se refiere la demanda en los términos expresados en la misma y que el demandado debe al demandante la cantidad reclamada.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Damián Monserrat, Jr.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda origen de este pleito se alega qne deman-dante y demandado celebraron un contrato sobre construc-ción de ciertas obras de albañilería. El contrato es como sigue:

“Conste por el presente documento que habiéndoseme otorgado por Don Carlos Rodríguez la buena pro para la construcción de un mirador en la casa No. 24 de la calle de San Justo. de esta capital, me comprometo a ejecutar todas y cada una de las obras que se expresan en los planos redactados con fecha dos de enero de mil novecientos doce por el ingeniero Sr. Castro González, aceptando todas las con-diciones'que se estipulan en el presupuesto de dicha obra y pliego de condiciones, por la cantidad de dos mil ciento veinte y dos dollars y cuarenta y ocho centavos, siendo por mi cuenta el suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución de la misma. Es igual-mente convenido que será de cuenta del dueño de la obra el abono a los dueños de las casas colindantes del importe de las medianerías de los muros de dichas casas que en esta obra se utilicen. También es convenido que el ingeniero de la obra librará mensualmente certifica-ciones de la obra ejecutada, las que serán abonadas por el dueño de la obra reteniendo en su poder el diez por ciento del valor de las mismas como garantía del fiel cumplimiento de este contrato. San Juan, P. R., 28 de mayo de 1912. José Cid Solá, contratista. Carlos Rodríguez, dueño de la obra.”

Se alega, además, en la demanda, que con el fin de cum-plir determinadas órdenes de la Junta Superior de Sanidad, fué necesario adicionar las obras ya ajustadas con otras más que se relacionan, siendo dicha adición objeto de un nuevo convenio entre demandante y demandado celebrado con la intervención y de acuerdo con el ingeniero director de las obras; que por tales conceptos el demandado debía pagar al demandante la suma de $2,306.98 de la cual sólo le había abonado la de $545.40 quedando un saldo por. satisfacer de $1,761.58; que el demandante por su parte había cumplido bien y fielmente con todas y cada una de las obligaciones del contrato, y que las obras fueron entregadas al demandado que las aceptó sin objeción ni reparo alguno, previo informe del ingeniero bajo cuya dirección se llevaron a cabo.

El demandado contestó negando general y específicamente todos y cada uno de los hechos de la demanda.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia el 3 de mayo de 1913 declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a pagar al demandante la suma reclamada, inte-reses y costas. Contra dicha sentencia el demandado inter-puso el presente recurso de apelación.

En sil alegato la parte apelante sostiene como único mo-tivo del recurso, que el demandante carece de acción “para pedir el pago íntegro del valor de la reparación que hizo en una casa del demandado, hasta que no se deduzca el valor del perjuicio que experimentó dicho demandado, por haberse. invertido en esa obra más tiempo del convenido, y por no ha-bérsele abonado la diferencia que hay en el precio del hor-migón de ladrillo que se usó, en vez del hormigón de piedra que se pactó.”

En la transcripción se incluye copia de la “exposición del caso” que contiene toda la prueba practicada. La prueba del demandante consistió en su propia declaración, en la del ingeniero que prestó sus servicios al demandado, y en varios documentos. La del demandado únicamente en su propia de-claración.

Analizada racionalmente dicha prueba demuestra que se celebraron los contratos a que se refiere la demanda en los términos expresados en la misma y que el demandado debe al demandante la cantidad reclamada.

Si bien la obra tardó en construirse más tiempo del espe-cificado en el pliego de condiciones, se debió a las adiciones que hubo que llevar a efecto,- a la falta de operarios con mo-tivo do la aparición en San Juan de algunos casos de peste bubónica, y a la acción misma del demandado al retardar por espacio de una semana el comienzo de los trabajos, mien-tras ultimaba un proyecto de venta de la casa que tenía pen-diente y al no satisfacer a su tiempo la segunda certifica-ción librada por el ingeniero. Y si bien es cierto que se sus-tituyó en la preparación del hormigón alguna parte de la pie-dra especificada en el pliego de condiciones por ladrillo, tal sustitución se hizo con la intervención y de acuerdo con el ingeniero director de los trabajos designado por el deman-dado, y éste, teniendo conocimiento de ello, aceptó la obra poniendo por único reparo que existía en el techo una gotera que fué inmediatamente corregida. En su declaración el de-mandado manifestó que ciertamente tenía conocimiento del uso de ladrillo en vez de piedra, pero que si estuvo conforme con ello fué por habérsele prometido que se le abonaría la diferencia de precio entre ambos materiales. Esta mani-festación del demandado está en contradicción con la decla-ración del ingeniero director de las obras y la contradicción fué resuelta por la corte sentenciadora en favor del último, como puede deducirse de la sentencia dictada.

No aparece, pues, que se haya cometido error alguno por la corte sentenciadora y en tal virtud debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia ape-lada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Muñoz, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 167.
    — Resuelto en enero 26, 1914.
    Expedientes Posesorios — Jurisdicción de las Cortes Municipales — Jurisdic-ción de las Cortes de Distrito. — De acuerdo con los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria la jurisdicción para conocer de los expedientes pose-sorios radica primeramente en la corte de distrito y únicamente' en los casos en que no haya corte de distrito, en el municipio en donde radica la finca es que las cortes municipales tienen jurisdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Capó.

    El registrador, Sr. Felipe Cuchí Arnau, no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Guayama ordenó la inscripción en el Registro de la Propiedad de Guayama de una certificación de posesión de una casa que se describe en dicha certificación y a la que se da un valor de $3,200. Al ser presentada la certificación al registrador denegó éste su inscripción fundán-dose en que la Corte Municipal de Guayama carecía de juris-dicción para conocer de dichos expedientes posesorios.

Sostiene el apelante en la apelación que se ha interpuesto contra dicha nota que los jueces municipales tienen facultad para librar estas certificaciones de expedientes posesorios, de conformidad con los artículos 390 y 391 de la Ley Hipote-caria, pero no podemos estar de acuerdo con sus razonamien-tos. Según el artículo 390 de dicha ley se dió facultad a los juzgados de primera instancia, que fueron reemplazados por las actuales cortes de distrito, para expedir certificaciones de expedientes posesorios. Dicho artículo también dispone que si los bienes estuvieren situados en un término donde no haya juzgado de primera instancia, en ese caso podrá actuar el juez municipal. La corte de distrito es la que puede cono-cer primeramente de estas informaciones y solamente podrá la corte municipal intervenir en dichos procedimientos si no hubiere corte de distrito en el lugar donde se encuentran radi-cados los bienes. La Corte Municipal de Guayama no está comprendida en la excepción, puesto que la Corte de Distrito de Guayama está situada en esa ciudad.

Las disposiciones de la Ley Hipotecaria quedaron vigen-tes por virtud de la Orden Militar de 1899, No. 118, artículo 71, no habiendo sido jamás derogados los expresados pre-ceptos de la Ley Hipotecaria relativos a certificaciones en expedientes de posesión por ninguna ley de la Legislatura. Aun en el caso de que se alegara que las cortes municipales tie-nen jurisdicción en los casos en que la suma en controversia no sea más que de $500, semejante cuestión no podría plantearse en el presente caso porque la finca tiene un valor que excede a dicha suma, o sea de $3,200.

Debe confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Alclrey.


text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. Rosado, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre otorgamiento de escritura.
    No. 1060.
    — Resuelto en enero 26, 1914.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Apelación en Casos Originados en las Cortes Municipales — Cuantía Litigiosa. — Para que esta corte tenga juris-dicción de una apelación en un caso originado en una corte municipal, es necesario que el apelante pruebe de modo positivo que la cuantía litigiosa excede de $300.
    Id. — Cuantía Litigiosa Según la Demanda — Reconvención.'—Esta corte no tiene jurisdicción para conocer de una apelación en un caso originado en una corte municipal en el que el precio convenido de una casa según la demanda era de $225, a pesar de que en la contestación y reconvención se alegó que la casa valía $425, habiendo la corte de distrito declarado sin lugar tanto la demanda como la reconvención, sin que se hubiera demostrado el valor actual de la casa, y habiendo sido interpuesta la apelación para ante esta corte pol-la parte demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Pedro González.

    Ahogado del apelado: Sr. José S. Alegría.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante Alejandro Fernández G-arcía, presentó nna demanda en la Corte Municipal de Manatí contra Ramón Rosado para qne le otorgara escritura de venta de .un solar radicado en Barceloneta, de la jurisdicción de Arecibo. El convenio sobre la venta se hizo, según alega el demandante, en el año 1909, siendo la suma estipulada la de $225. Se ha alegado en la demanda que luego y en diferen-tes ocasiones, el demandante pagó al demandado la suma total de $202.75, quedando por pagar la suma de $22.75. El deman-dante alegó que ofreció el pago de dicho saldo al demandado, ofrecimiento que volvió a hacer en el juicio, 3^ suplicó a la corte ordenara al demandado que le otorgara la escritura de dicha venta. El demandado en su contestación admitió el convenio sobre la venta, pero negó que el precio fuera de $225. Formuló también una reconvención reclamando la suma de $425 como precio de la venta, solicitando además que se condenara al demandante a pagar la suma total, ne-gando a la vez que se le hubiera satisfecho parte alguna de dicha cantidad.

La Corte de Distrito de Arecibo declaró sin lugar tanto la demanda como la reconvención.

Para que este tribunal pueda tener jurisdicción en ape-lación cuando el caso se origina en la corte municipal, la suma en controversia deberá exceder de $300. Artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ha quedado enmen-dado en las leyes de 1905, página 213. No sólo esto es así, sino que el apelante deberá probar de modo, positivo que la cantidad en controversia excede de $300, para que esta corte pueda adquirir jurisdicción.

En lo que respecta a la suma jurisdiccional, en esta ape-lación sólo se trata del valor de la casa. El hecho de haber archivado el demandado sn reconvención alegando que el valor de la casa es de $425 y exigiendo el pago de dicha canti-dad, no afecta en modo alguno a la cuestión, puesto que la Corte de Distrito de Arecibo declaró sin lugar dicha recon-vención. Alega la demanda que el precio de venta de la casa en el año 1909 fuá el de $225. El apelado en su contestación sostiene que valía $425. Aunque puede haber aumentado el valor de la propiedad desde el año 1909, y ser hoy éste de más de $300, tai alegación no fué hecha en la demanda ni apareció de la prueba, siendo el precio de la venta la cuestión debatida ante la corte de distrito.

No existe nada ante esta Corte Suprema de donde apa-rezca que la suma jurisdiccional está envuelta en la contro-versia, y debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación por falta de jurisdicción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Turo,

text:
    Silva et al., Demandantes y Apelados, v. Aboy, Giorgetti & Co., Ltd., et al., Demandados y Apelante el Primero.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso de desahucio.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1088.
    — Resuelto en enero 30, 1914.
    Desahucio — Apelación-—Término para Consignar el Precio Adeudado. — De acuerdo con la seceión 12 ele la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905, dentro de eineo días de diotada sentencia debe consignarse en la secretaría el importe del precio adeudado para poder apelar, pero cuando el último día es feriado, por ministerio de la ley, el término vence al día siguiente.
    Id. — Apelación—Consignación del Precio Adeudado — Precio del Arrenda-miento Pagadero por Semestres Vencidos. — Cuando de acuerdo con un con-trato de arrendamiento el precio del mismo es pagadero por semestres vencidos, el apelante en un caso de desahucio solo está obligado a consignar en la corte inferior el importe del semestre vencido hasta la fecha en que se dictó la sentencia sin incluir el precio del arrendamiento correspondiente al tiempo transcurrido desde el vencimiento del último semestre hasta la fecha en que se dictó la sentencia.
    Id. — Apelación—Consignación del Precio Adeudado. — De acuerdo con el artí-culo 1138 del Código Civil revisado en relación con la sección 2588 de los Estatutos Devisados de los Estados Unidos, la consignación que ha de hacer un apelante en la secretaría de la corte inferior del importe del precio adeudado, debe hacerse en la especie pactada en el contrato de arrenda-miento, o en ausencia de tal pacto en moneda de plata u oro del curso legal en esta isla, o en billetes del tesoro de curso legal.
    Id. — Cheques Aceptados — Consignación del Precio Adeudado — Aceptación por el Acreedor. — De acuerdo con el artículo 1138 del Código Civil, la consig-nación hecha por un apelante en un caso de desahucio del precio adeudado en cheques aceptados por el librado, si dichos cheques no son realizados por el acreedor, ni aceptados por el mismo quedan perjudicados por su culpa, tal consignación es contraria a derecho e insuficiente a los efectos de la sección 12 de la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905.
    Id. — Consignación del Precio Adeudado en Cheques Aceptados por los Ban-cos — Endoso Condicional. — En el caso de autos la parte apelante consignó en la corte inferior el precio adeudado en cheques aceptados por los bancos contra los cuales se libraron, con el siguiente endoso: ‘ ‘ Pagúese a la orden de Don Jorge Silva Sapia, Don Tomás Silva y Bodríguez y la Sociedad Agrícola Plamicrondes, en calidad de depósito a su favor cuando se resuelva con carácter definitivo la apelación que hemos interpuesto en el caso que nos siguen en desahucio en la Corte de Distrito de Aguadilla. ” Se resolvió que aun en el supuesto, que no es así, de que cheques aceptados por bancos sur-tieren el efecto de una verdadera consignación en casos de esta naturaleza, los cheques aceptados consignados en el presente caso no surtirían ese efecto por razón del endoso condicional puesto en los mismos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelados: Sres. Garlos Franco Soto y Juan B. Soto.

    Abogado de Aboy, Giorgetti. & Co., Ltd.: Sr. Herminio Díaz Navarro.

   El Juez Asociado Sr. del Turo,

emitió la opinión del tribunal.

Jorge Silva, José Tomás Silva y la Sociedad Agrícola Plamicrondes entablaron demanda de desahucio en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Aboy, Giorgetti y Compañía, Limited, y la Plata Sugar Company, basada en la falta de pago del canon de arrendamiento de ciertas fincas rústicas, canon qne debía satisfacerse por semestres vencidos. Los demandados fueron emplazados y celebrada la vista del pleito en su oportunidad, la corte de distrito dictó sentencia el 2 de diciembre de 1913 ordenando el desahucio solicitado.

Los demandados Aboy, Giorgetti y Cía., Limited, apelaron de dicha sentencia para ante esta Corte Suprema el 3 de diciembre de 1913 y el 8 del propio mes consignaron por medio de su abogado en la secretaría de la corte de distrito, un cheque número 2901 contra The Bank of Nova .Scotia, de San Juan,, por $1,875; otro número 2123 contra el mismo banco, por $219; otro número 93365 contra el Banco Territorial y Agrícola de San Juan, por $800, y otro número 166 contra el American Colonial Bank por $856, formando en junto un total de $3,750, importe del canon del arrendamiento ven-cido el 6 de septiembre de 1913. Los tres primeros cheques tienen nota de haber sido “aceptados” y el último de haber sido “certificado” por los bancos respectivos que según se expresa en los mismos cheques son depositarios de fondos del Tesoir» Público, y todos contienen el siguiente endoso: “Páguese a la orden de Don Jorge Silva Sapia, Don Tomás Silva y Rodríguez y la Sociedad Agrícola Plamicrondes, en calidad de depósito a su favor cuando se resuelva con carác-ter definitivo la apelación que hemos interpuesto en el caso que nos siguen en desahucio en la Corte de Distrito de Agua-dilla. ’ ’

Así las cosas, la parte demandante y apelada presentó una moción a esta Corte Suprema solicitando la desestimación del recurso por no haberse cumplido por la parte apelante con lo prescrito en la sección 12 de la Ley de Desahucio. Dicha moción fué argumentada ampliamente por los abogados de ambas partes en corte abierta.

La ley invocada por los apelados es como sigue:

“Sección 12. — No se admitirá al demandado el recurso de apela-ción si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado Rasta la fecRa de la sentencia, cuando el desairado se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar al recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante.
“Tanto la consignación como la fianza d-e que Rabia la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.” Leyes de 1905, pág. 289.

Los apelados sostienen:

(а) que la consignación se.Rizo fuera del término conce-dido por la ley;

(б) que no se consignó toda la cantidad adeudada, y,

(c) qué los cheques depositados en secretaría no consti-tuyen la consignación que ordena la ley y que el endoso que dichos cheques contienen está redactado en forma ilegal.

Examinemos la primera cuestión. La sentencia se dictó y registró el 2 de diciembre de 1913 y los cheques se deposi-taron el 8 del propio mes. El término para apelar y con-signar, cinco días, vencía el 7 de diciembre de 1913, pero como el dicho día 7 era domingo, de acuerdo con la ley quedó exten-dido hasta el 8. La primera cuestión dehe, pues, resolverse en contra de los apelados.

Veamos la segunda. Hemos anotado en los comienzos de esta opinión que el canon de arrendamiento de que se trata debía satisfacerse por semestres vencidos. El último semes-tre se venció el 6 de septiembre de 1913. La sentencia se dictó el 2 de diciembre de 1913 y los apelados sostienen que la consignación no debe limitarse al semestre vencido sino que debe comprender todo lo que se adeudaba hasta la exacta fecha de la sentencia. Esta misma cuestión fué resuelta por esta Corte Suprema-en el caso de Más et al. v. Borinquen Sugar Company, 17 D. P. R., 958, 960, en el sentido de que es sufi-ciente la consignación de lo que realmente se adeude a la fecha de la sentencia de acuerdo con los términos del contrato. El semestre vencido el 6 de septiembre • de 1913 era todo lo que se adeudaba en este caso a la fecha de la sentencia de acuerdo con los términos del contrato por ésta reconocido, y la consig-nación de su importe era bastante para cumplir con lo exigido por la ley.

Estudiemos, por último, la tercera de las cuestiones sus-citadas.

La ley ordena que en un caso como el presente en que el desahucio se funda en falta de pago, se consigne en secretaría el “importe del precio adeudado.”

El propósito que informa la ley sobre la materia, es el de garantizar los intereses del demandante impidiendo que el demandado pueda a virtud de la apelación prolongar el tiempo del disfrute de la finca sin pagar el precio estipulado, debiendo dicho precio depositarse en forma tal que, en su caso, esté inmediatamente a la disposición del demandante.

Si la sentencia apelada es justa, la del apelante es una deuda de dinero que debe satisfacerse, de acuerdo con el artí-culo 1138 del Código Civil Revisado, en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.

La consignación debió, pues, haberse hecho en la Secre-taría de la Corte de Distrito de Aguadilla en la especie pac-tada, o 'en moneda de plata u oro de curso legal en esta Isla,, o en billetes del Tesoro de conformidad con lo dispuesto' en la sección 2588 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos.

El artículo 1138 del Código Civil Revisado prescribe tam-bién que el pago podrá verificarse por medio de pagarés a la. orden, letras de cambio u otros documentos mercantiles, pero' dispone que en tales casos sólo producirá el pago sus efectos, cuando los documentos hubiesen sido realizados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

En el presente caso se trata de cheques librados contra bancos depositarios do fondos públicos y aceptados por dichos, bancos.

El cheque es un efecto de comercio de creación moderna que se importó en España de Inglaterra y se reguló en el Có-digo de Comercio de 1885.

En la exposición de motivos de dicho código, se consigna que £ídos son los fines económicos que principalmente se con-siguen con el uso de los cheques en las naciones donde son conocidos, particularmente en Inglaterra y en los Estados Unidos de América; primero, poner en circulación el numera-rio metálico o fiduciario que, pendiente de inversión conser-van los particulares improductivo en sus cajas, con ventajas para éstos y para la riqueza general del país; segundo, dismi-nuir el trasiego de la moneda metálica o fiduciaria, dentro de la misma población y de una plaza a otra, ya haciendo las veces de billete de banco, ya facilitando la liquidación de deudas y créditos ciertos y efectivos que tengan entre sí varios comer-ciantes y banqueros, compensándose mutuamente los cheques que se hallan expedidos a favor de uno con los que resulten girados contra el mismo, por la mediación de ciertas oficinas o establecimientos creados al efecto.”

“Mas el logro de cualquiera de estos dos fines supone nece-sariamente la existencia de cantidades en metálico o valores realizados en poder de la persona contra quien se libra el cheque. Por eso la nota fundamental y característica de este instrumento consiste en la previa -provisión de fondos de la pertenencia real y efectiva del librador en poder del librado, en virtud de la cual puede aquél disponer del todo o parte de los mismos en favor de persona determinada o del simple por-tador del documento. T en esto también se diferencia el cheque de la letra de cambio y aun de la libranza; las cuales, no requieren la previa provisión en el momento de su expe-dición, bastando que se verifique más tarde, antes o después-de la aceptación o pago.” Véase el Código de Comercio por Bomero Girón, págs. 372 y 373.

El mandato de pago, conocido en el comercio con el nom-bre de cheque, es un documento que permite al librador reti-rar, en su provecho o en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado. Art. 534 del Código de Comercio.

Nada dispone el legislador español al tratar de los che-ques, sobre su aceptación. Según el Código de Comercio, los cheques deben pagarse a su presentación y el portador debe presentarlos para su cobro dentro de los cinco días de su crea-ción si estuvieren librados en la misma plaza y de los ocho si fueren en otra diferente, y si el portador dejare pasar ese término, perderá su acción contra los endosantes y también la perderá contra el librador si la provisión de fondos hecha en poder del librado desapareciere porque éste suspendiera los pagos o quebrare.

Si examinamos el endoso de los cheques de que se trata en este caso a la luz de lo dispuesto en el Código de Comer-cio, tendremos que concluir que no está conforme con la natu-raleza del documento. Los cheques se expidieron el 6 de diciembre de 1913 y de acuerdo con la ley debían presentarse para su cobro a lo sumo dentro del término de ocho días. Sin embargo, el endoso expresa que los cheques se entregan al secretario en calidad de depósito y que deben pagarse a los de-mandantes cuando se resuelva esta apelación con carácter de-finitivo.

Expuesto lo que antecede, examinaremos los cheques y sus •endosos a la luz de la jurisprudencia americana y de las prác-ticas actuales del comercio en Puerto Eico.

“Un cheque,” dice Cyc., resumiendo la jurisprudencia, “es ■un libramiento u orden contra un-banco o institución bancaria para que en todo caso se pague cierta suma de dinero a deter-minada persona que en el mismo se especifica, o al que lo ex-pide, a su orden o al portador, con cargo a fondos en depó-sito, el cual se pagará tan pronto como se solicite su pago. Un cheque se puede negociar según el derecho mercantil y es, esencialmente, una letra de cambio doméstica expedida contra un banquero, pagadera al exigirse el pago de la misma. Sin embargo, el cheque puede ser pagadero en una fecha posterior sin que por ello deje de ser un cheque. Por lo general no expresa fecha o lugar de pago ni se presenta para sn acepta-ción.” 7 Cyc., 529-530-531.

“Se ha dicho qne nn cheque se diferencia de las demás letras y órdenes por el contrato tácito qne tiéne el banco como librado de honrar los cheques del depositante. De confor-midad con este parecer se ha resuelto en algunos Estados que un cheque es un traspaso de los fondos que tiene el libra-dor en el banco por la suma que en él se especifica y que la persona a quien el pago deba hacerse o subsiguiente tenedor podrá demandar al depositario por virtud del cheque sin que medie aceptación o certificación. También se ha decla-rado que el librador podrá demandar al librado en beneficio de los tenedores de sus cheques pendientes de pago. Sin embargo, en casi todos los Estados Unidos y en Inglaterra'se ña resuelto que un cheque no es un traspaso de ninguna parte de los fondos en depósito; que podrá anularse hasta que sea aceptado o pagado y no puede considerarse como una deuda vencida entre el depositario y el tenedor de modo que pueda servir al tenedor como contra reclamación a un depositario insolvente; y que el tenedor no podrá demandar al banco por virtud de un cheque que no ha sido aceptado.” 7 Cyc., 650-651-652'.

Según las prácticas actuales de nuestro comercio, los che-ques se aceptan o certifican por los bancos contra los cuales se libran, y entonces el verdadero deudor es el librado o sea el banco, representando el cheque una cantidad depositada en el banco a favor de la persona a quien deba de pagarse ei cheque.

A este respecto la jurisprudencia, resumida también por Cyc., es como sigue: “Cuando un cheque es pagadero a su presentación a menudo se considera su certificación en lo que respecta al librador como un pago del cual queda relevado. Esto sucede así cuando el tenedor solicita la certificación des-pués que ha sido entregado el cheque. El librador no que-dará por el contrario exento de responsabilidad por una cer-tificación que él mismo baya pedido.” 7 Cyc., 644. Í£E1 libra-dor puede dar contraorden o anular un cheque basta tanto que no sea pagado, certificado o traspasado a un portador de buena fe; pero no podrá darse contraorden una vez que el cheque ha sido aceptado o después que ha sido traspasado legalmente en el curso de los negocios a un portador de buena fe por valor.” 7 Oye., 647-648.

Ahora bien, dando toda su fuerza y valor a los cheques de que se trata en este caso, reconociendo que habiendo sido aceptados por los bancos contra los cuales se libraron repre-sentan la suma debida por los apelantes a los apelados, depo-sitada en los expresados bancos, y que habiendo sido solici-tada la aceptación por los apelantes, además de los bancos continúan siendo los dichos apelantes responsables del valor de los cheques, aun así, es necesario reconocer que no consti-tuyen la ‘ ‘ consignación del precio adeudado ’ ’ que exige la ley, de acuerdo con el Código Civil, artículo 1138, porque dichos cheques no han sido realizados, ni aceptados por el acreedor, han quedado perjudicados por su culpa; y de acuerdo con el derecho americano, porque “aunque es un hecho que los che-ques certificados pasan de mano en mano como dinero efectivo (cash), es lo cierto que no s.on dinero efectivo o moneda, en el sentido legal de estos términos.” Bickford v. First National Bank, 42 Ill., 238; 89 Am. Dec., 440.

Pero hay más. Aun cuando pudiera concluirse — que no puede — que cheques aceptados por bancos de reconocida sol-vencia surtían el efecto de una verdadera consignación en casos de esta naturaleza, aun así en este caso concreto, no po-dría dárseles tal efecto debido a los términos en que aparecen redactados los endosos. El precio debe consignarse de modo que pueda percibirse por su dueño sin dificultad alguna. Las palabras “ cuando se resuelva con carácter definitivo la ape-lación,” etc., usadas en los endosos, constituyen una condición cuyo cumplimiento puede ser origen de interpretaciones varias y motivo bastante para convertir tal vez en litigioso un dere-cho que debe ser perfectamente claro.

El caso de Veve et al. v. Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R., 282, 292, invocado por los apelantes, no sos-tiene su contención. En dicho caso no se resolvió que una consignación hecha en documentos de depósito, era por sí misma válida. Al contrario, se dijo claramente que la parte a quien se intentó pagar con dichos documentos, no estaba en el deber de aceptarlos. Fueron las circunstancias del caso las que dieron validez al acto. Las palabras de esta corte, según aparecen en la opinión emitida por su Juez Presidente Sr. Hernández, son las que siguen: ‘ ‘ Con arreglo a los precep-tos legales transcritos las demandantes no estaban en la obli-gación de aceptar el pago del semestre de arrendamiento de julio a diciembre de 1910, recibiendo los documentos de depó-sitos enviados por la parte demandada; pero como ellas no rechazaron en absoluto tales documentos sino que los devol-vieron por observar en los mismos notable error que debía ser rectificado, claro es que manifestaron su propósito de aceptarlos, siempre que se hiciera la rectificación.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, la tercera de las cuestiones suscitadas por los apelados debe resolverse en su favor y en su consecuencia desestimarse la apelación inter-puesta, por falta de cumplimiento de lo prescrito en la sec-ción 12 de la ley de desahucio.

Concedida la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y Aldrey.


author: El Juez Pbesidente Sb. Hernández, Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

text:
    The Unión Central Life Insurance Company, Demandante y Apelante, v. Gromer, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    Moción de la parte ápelada sobre reconsideración de sentencia.

       No. 824.
    — Resuelto primeramente en junio 27, 1913.
    Resuelto en reconsideración en enero 31, 1914.
    Acción Contra El .Pueblo de Puerto Rico — Tesorero de Puerto Rico Como Demandado. — Una acción ejercitada contra el Tesorero de Puerto Rico sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta es en realidad una acción contra El Pueblo de Puerto Rico.
    Contribuciones — -Devolución de la Cantidad Pasada Bajo Protesta — Interés Contra El Pueblo de Puerto Rico. — El Pueblo de Puerto Rico en virtud de la Ley No. 35 de marzo 9, 1911, sólo ba prestado su consentimiento para que se le demande en cobro de cantidad ilegalmente cobrada en concepto de contribuciones, y no ha prestado su consentimiento para que se le reclamen intereses de dicha cantidad.
    Id. — Interés de la Cantidad Pagada Bajo Protesta — Preceptos del Código Civil. — Los preceptos de los artículos 1067, 1068, 1073 y 1075 del Código Civil no son extensivos a casos contra El Pueblo de Puerto Rico para la devo-lución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante : Sr. Hugh B. Francis.

    Abogado del demandado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

       Vol. 19, D. P. R., 900.

   El Juez Pbesidente Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecba 27 de junio del año próximo pasado este tribunal dictó sentencia en el caso arriba expresado, revocando la dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 31 de octubre de 1911, y ordenó “que la compañía deman-dante recobrara del Tesorero de Puerto Eico la cantidad de $3,621.73 con los intereses legales desde el día 23 de junio de 1911 en que se presentó la demanda, sin especial condena de costas.” The Unión Central Life Insurance Company v. Gromer, 19 D. P. R., 900.

El Tesorero de Puerto Rico archivó una moción en 10 de octubre último para que se reconsidere la sentencia pro-nunciada modificándola en el sentido de qne se eliminen de ella las palabras “con los intereses legales desde el día 23 de junio de 1911 en que se presentó la demanda” y dejándola subsistente en cuanto a los demás pronunciamientos,que con-tiene.

De conformidad con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, fiemos de admitir que la acción ejercitada va dirigida realmente contra El Pueblo de Puerto Rico, por más que en la forma el Tesorero de Puerto Rico sea el demandado. Smith v. Reeves, 178 U. S., 436; Fitts v. McGhee, 172 U. S., 516; Reagan v. Farmers’ Trust Co., 154 U. S., 362; Virginia Coupon Cases, 114 U. S., 270; Hagood v. Southern, 117 U. S., 52; In re Ayers, 123 U. S., 443; Cunningham v. Macon & Brunswick Railroad Company, 109 U. S., 446.

Siendo como es la parte demandada propiamente el Pueblo de Puerto Rico, tócanos considerar si fia podido ser con-denado a pagar a la parte demandante los intereses de la cantidad que según la sentencia indicada está obligado a de-volver.

La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene estable-cido en varias resoluciones el principio de que no pueden fijarse intereses al Gobierno sin que baya una disposición legal que expresamente lo autorice. Tillson v. United States, 100 U. S., 43, 47; Angarica v. Bayard, 127 U. S., 251, 260; United States v. North Carolina, 136 U. S., 211.

La Ley No. 35 aprobada en marzo 9, 1911, que regula el presente caso, establece en su sección 3a., que cuando se paga bajo protesta una contribución cuyo cobro se cree injusto o ile-gal, “la parte que pague esa contribución bajo protesta podrá en cualquier momento dentro del plazo improrrogable de 30 días después de fiaber hecho el pago, demandar al Tesorero ante la corte de jurisdicción competente, para obtener lá devo-lución de la citada suma; y si se decidiere teniendo en cuenta los méritos del caso- que la cantidad fué recaudada injusta-mente,. puesto que el demandante no la adeudaba al Gobierno, el tribunal que conozca del asunto podrá certificar, de acuerdo con las constancias del mismo, que las contribuciones de refe-rencia fueron pagadas sin existir razón para ello, y que deben ser reintegradas, e inmediatamente .el Tesorero procederá a su reintegro, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se baya becbo al Tesorero.”

Dicba ley sólo reconoce al que paga una contribución in-justa o indebida el derecho a ser reintegrado de lá suma satisfecha y nada estatuye sobre el pago de intereses. Ese silencio es tanto más notable cuanto que la Ley de 8 de marzo de 1906 para definir los injunctions, etc., autorizaba en su sección 12a. el injunction para impedir el cobro de cualquier contribución ilegal, precepto que derogó la Ley No. 35 de 9 de marzo de 1911, ordenando que cualquier contribución que se estime injusta o ilegal debe ser pagada bajo protesta, sin cuyo requisito no podrá demandarse su réintegro mediante el recurso que la misma ley acuerda. Tenía conocimiento la legislatura de que la contribución había de pagarse, y sin embargo no -ordenó que se verificara en su caso el reintegro de la cantidad satisfecha abonando sus intereses.

Hemos examinado las disposiciones del Código Civil'que pueden ser atinentes al caso, y encontramos entre los artí-culos del capítulo 2a., título T., libro 4°., de dicho cuerpo legal los 1067, 1068, 1073 y 1075 que dicen así:

“Artículo 1067. — Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extra-judieialmente el cumplimiento de su obligación.”
# # * & «= * *
“Artículo 1068. — Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de- sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
“Artículo 1073. — La indemnización de daños y perjuicios con-prende, no sólo el valor de la pérdida que haya- sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor,, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
“Artículo 1075. — -Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.”

Esos preceptos son aplicables a las obligaciones entre par-ticulares pero no son extensivos a casos como el presente en que la parte obligada es El Pueblo de Puerto Rico, pues el código no lo expresa, ni necesariamente se deduce de los preceptos transcritos.

“Por generales y amplios que sean los términos en que esté redac-tado un estatuto no se considerará que el Estado o el pueblo están comprendidos en el alcance de sus preceptos a no ser que expresa-mente se les haya mencionado en el mismo o que resulten incluidos en él por deducción necesaria. Esta doctrina general es especial-mente aplicable a aquellos estatutos por los cuales pudiera quedar privado el Estado de sus prerrogativas, títulos, derechos o intereses. * * * 36 Oye., 1171-1172.”

El Pueblo de Puerto Rico en virtud de la Ley No. 35 de marzo 9, 1911, sólo ha prestado su consentimiento para que se le demande en cobro de cantidad ilegalmente cobrada en con-cepto de contribuciones, y no ha prestado su consentimiento para que se le reclamen, intereses de dicha cantidad, pues si tal hubiera sido su voluntad, la hubiera consignado por modo expreso en aquella ley que como especial regula la materia del presente caso, sin que nos sea permitido-acudir a los pre-ceptos del Código Civil, para establecer una obligación que el mismo Pueblo de Puerto Rico no quiso imponerse.

La Ley de lo Contencioso-Administrativo de 13 de septiem-bre de 1888 y el Reglamento de la misma materia, aprobado por Real Decreto de 29 de diciembre de 1890, que regían hasta que vino su derogación a virtud de la Ley de marzo 10, 1904, tampoco contenían precepto alguno relativo a intereses ele cantidades indebidamente satisfechas al Tesoro de esta Isla, y no tenemos conocimiento de qne al decidirse reclamaciones contencioso-administrativas por contribuciones indebidamente satisfechas se hubiera ordenado el pago de intereses junta-mente con la devolución de la cantidad ingresada en el Tesoro.

Por las razones expuestas procede dejar sin efecto el pro-nunciamiento que contiene nuestra sentencia de 27 de junio del año próximo pasado, en cuanto ordena que el demandante recobre del Tesorero de Puerto Rico intereses legales de la suma de $3,621.73 a cuyo reintegro fué condenado, quedando subsistente dicha sentencia en cuanto a los demás extremos que contiene.

Modificada la sentencia de junio 27, 1913, eli-minando el pronunciamiento sobre intereses.

Jueces concurrentes:

Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de esta moción.

La anterior opinión no ha sido posible publicarla a con-tinuación d'e la primera opinión emitida en junio 27, 1913, 19 D. P. R., 900, porque al presentarse la moción de recon-sideración ya estaban impresas las opiniones de junio.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Alava e Iturregui, Demandante y Apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 3017.-
    — Resuelto en febrero 2, 1914.
    Acción Contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Deman-dado Cuando se Destruye una Propiedad por Orden del Servicio de Sanidad. — El artículo 32 de la Ley No. 81 de marzo 14, 193 2, sólo autoriza el ejercicio de acciones contra El Pueblo de Puerto Rico por el dueño de una propiedad que ha sido injusta e ilegalmente destruida o dañada por orden del Servicio de Sanidad, pero nó autoriza a terceras personas perjudicadas indirectamente por dicha destrucción para demandar al Pueblo de Puerto Rico.
    Id. — Interpretación Restrictiva de la Let. — El artículo 32 de la Ley No. 81 de marzo 14, 1912, por el cual El Pueblo de Puerto Rico da su consentimiento para ser demandado en ciertos casos, debe ser interpretado restrictivamente, porque sus disposiciones son en menoscabo de su soberanía y tienden a limitar sus poderes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Ahogado del Pnehlo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna acción contra el Pnehlo de Puerto Rico en la que la parte demandante ha interpuesto apelación contra ■ sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., por la que resolviendo una excepción de la parte apelada, declaró sin lugar la demanda por el fundamento de que care-cía de jurisdicción para resolverla, toda vez que El Pueblo de Puerto Rico no había prestado su consentimiento para que se le demandase.

No se discute por la parte apelante que se necesite el con-sentimiento del Pueblo de Puerto Rico para demandarle, lo que por otra parte ha sido resuelto ya en ese sentido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, Porto Rico v. Rosaly, 227 U. S., 271, pero sostiene que el consentimiento ha sido dado para la acción que se ejercita por el artículo 32 de la Ley No. 81 para reorganizar el Servicio de Sanidad, aprobada en 14 de marzo ele 1912. Dicho artículo en lo necesario dice lo siguiente:

“Artículo 32 — Toda persona cuya propiedad Raya sido injusta o ilegalmente destruida o dañada por obligar a la observancia de alguna orden, reglamento, ordenanza, o por acto alguno ejecutado por el Servicio de Sanidad, o por sus empleados o agentes exentos de res-ponsabilidad personal, podrá sostener la acción correspondiente contra el Gobierno de Puerto Rico para recobrar los daños y perjuicios consiguientes; pero en esos casos '* *

Es indudable que ese precepto contiene el consentimiento del Pueblo de Puerto Eico para se le demande en- el caso que en el mismo se expresa y siempre que se cumplan ciertos requi-sitos previos a la demanda. Mas la cuestión s.urge porque quien demanda en este caso no es el dueño de la propiedad cuya destrucción ilegal e injusta, según la demanda, se ordenó y llevó a cabo por la Sanidad, sino otra tercera persona que alega haber sido perjudicada por la orden dada y ejecutada contra los dueños de la casa, ocupada en parte como arrenda-tario por el apelante.

La sección '32 objeto de discusión es clara. Según ella, El Pueblo de Puerto Eico consiente en que le demanden por daños y perjuicios, las personas cuya propiedad baya sido destruida o dañada injusta o ilegalmente por orden de la Sanidad, pero no contiene su consentimiento para que le de-manden personas cuya propiedad no ordenó la Sanidad que se destruyera o dañara, aún cuando puedan haber sufrido perjuicios como consecuencia de la orden injusta dada contra otra tercera persona. En otras palabras, la ley sólo autoriza pleitos contra El Pueblo de Puerto Eico por daños y perjui-cios a aquellas personas a quienes la Sanidad destruyó o dañó su propiedad. En consecuencia, si la Sanidad injustamente hubiera mandado destruir la propiedad de la apelante, tendría ésta derecho a demandar al apelado por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del cumplimiento ele tal orden, sin necesidad de pedir previamente su consentimiento a la Asamblea Legislativa; pero cuando como en el caso presente la orden de destrucción no se clió contra la propiedad de la apelante, los perjuicios que ésta pueda haber sufrido al lle-varse a cabo una orden injusta contra otra tercera persona, no puede reclamarlos contra El Pueblo de Puerto Eico sin que antes haya obtenido su consentimiento, ya que la sección 32 de la ley no se refiere a esta clase de personas.

Tal precepto es para nosotros sumamente claro y no nece-sita interpretación, pero si fuera dudoso, tendríamos que lle-gar a la misma conclusión porque conteniendo una excepción a la regla general de que El Pueblo de Puerto Eico no puede ser demandado sin su consentimiento, lia de ser interpretado restrictivamente, ya que sus disposiciones son en menoscabo de su soberanía y tiende a limitar- sus poderes. 24 Tex. Rep., 504; Sutherland on Statutory Construction, páginas 286 y 494; Raymond v. United States, 28 Am. St. Rep., 382.

Además, la sección 31 de la propia ley de la cual es conse-cuencia la 32 a que nos hemos referido, convence más de lo que dejamos expuesto. Por la sección 31 se faculta a la Sani-dad para remover o abatir los daños o estorbos que hubieren dejado de hacer desaparecer el dueño, agente o inquilino de la propiedad donde existan, y por la 32, se permite la recla-mación de perjuicios cuando esa orden hubiera sido injusta o ilegal. Examinadas en conjunto ambas disposiciones, tene-mos que llegar también a la conclusión de que El Pueblo de Puerto Rico solamente ha consentido por esa ley las reclama-ciones por daños derivados de la orden ilegal o injusta y que nada ha dicho respecto al caso de qne resulten' perjuicios indirectos o mediatos para otras personas, a las cuales no ha prestado su consentimiento para ser demandado. •

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sk. Wolp, Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

text:
    Aponte, Demandante y Apelado, v. Freiría et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en un caso sobre tercería de bienes inmuebles.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1063.
    — Resuelto primeramente febrero 3, 1914.
    Resuelto en reeon'sideraeión en febrero 10 y 18, 1914.
    Desestimación de Apelación — Legajo de la Sentencia — Falta de Copia de la Sentencia Apelada. — Procede la desestimación de una apelación cuando en el legajo de la sentencia no se ha insertado copia de la sentencia apelada tal como ha sido registrada en el Libro de Sentencias de la corte, no siendo suficiente el insertar en la exposición del caso el fallo en virtud del cual se ordena que se registre una sentencia de acuerdo con el mismo.
    MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.
    Desestimación de Apelación sin Perjuicio — Beconsideración de Sentencia.— Desestimada una apelación por esta corte y resultando de los autos que el término para apelar ha expirado ya, debe denegarse una moción para que se reconsidere la desestimación en el sentido de que sea sin perjuicio de otra apelación.
    • Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado de los apelantes: Sr. F. Gervoni Gely.

   El Juez Asociado Sk. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el cual se han presentado .hasta ahora dos mociones para desestimar la apelación, qxie han sido decla-radas sin lugar. Aponte v. Freiría et al., 19 D. P. R., 1166. Una de estas mociones se fundó en el hecho de no contener los autos la debida copia del escrito de apelación, habiendo resuelto este tribunal que dicho error quedó subsanado por el propio apelado. El apelado presenta ahora una moción solicitando que se desestime la apelación por no haberse in-cluido una copia de la sentencia en el legajo de sentencia que ha sido archivado en esta corte. A pesar de que la moción fué debidamente notificada a los apelantes, no han tratado de corregir los autos, aun suponiendo que este tribunal ejer-citara su discreción para corregirlos después de la omisión en que se incurrió primeramente al no agregar a los autos la copia del escrito de apelación. El Código de Enjuicia-miento Civil y las resoluciones de este tribunal son claras al expresar que la. copia de la sentencia debe agregarse al legajo de la misma. Artículos 300 y 233 del Código de Enjui-ciamiento Civil; Regia 40 de esta corte; Hernández v. Hernández, resuelto en noviembre 6, 1913; López v. López, re-suelto en noviembre 6, 1913; Hernández v. Medina, resuelto en noviembre 10, 1913, y Allongo v. Belaval, fallado en no-viembre 13, 1913. Tal sentencia no existe en el legajo. No es suficiente con que se transcriba en la exposición del caso una resolución o el llamado fallo por el cual se ordena que se registre una sentencia de conformidad con el mismo. La copia de la sentencia registrada en el libro de sentencias de la corte, es la que debe elevarse a este tribunal. Debiendo desestimarse el recurso por las razones expresadas, no pode-mos considerar los motivos en que se funda.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación. _

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

Presentada moción de reconsideración por la parte ape-lante, fué declarada sin lugar sin opinión en febrero 10, 1914, y habiendo la misma parte presentado de nuevo otra moción de reconsideración, también fué denegada en febrero 18, 1914, por medio de la siguiente opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf.

La moción que ahora formulan los apelantes tiene por objeto que este tribunal reconsidere su sentencia desestimando la apelación interpuesta en este caso en el sentido de que la desestimación decretada se entienda sin perjuicio de que pueda establecerse una nueva apelación y se hacen citas de casos de California en la referida moción. En California el apelante tiene algunos meses después de dictada la sen-tencia dentro de los' cuales puede interponer su apelación. En Puerto Eico el término para apelar es de 30 días. Si en este caso la sentencia fué anotada.o registrada por el secre-tario de la corte de distrito uno o dos días después de dictado el fallo al cual hicimos referencia en nuestra anterior opinión de 3 de febrero, 1914, sería entonces ocioso que desestimá-ramos la apelación sin perjuicio de una nueva apelación puesto que el término ya habría expirado. La apelación fué inter-puesta en 31 de mayo de 1913, lo que constituye otro indicio de que ya han transcurrido más de 30 días desde la fecha en que se dictó la sentencia si ésta fné realmente registrada. Si no existe sentencia registrada entonces el apelanté podría hacer qne el secretario registrara nna e interponer recurso de apelación contra la misma. No vemos qué beneficio podría proporcionar a los apelantes dicha moción, la que debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

text:
    Saldamando, Demandante y Apelada, v. Valdecilla, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso de indemnización de daños y perjuicios por libelo.
    No. 1026.
    — Besuelto en febrero 5, 1914.
    Costas — Honorarios de Abogado — Libelo.—Los preceptos de la sección 7 de la ley de febrero 19, 1902, sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo, relativos a la imposición de costas incluyendo y fijando los honorarios del letrado defensor al dictarse la sentencia, son de carácter especial y no fueron derogados por los preceptos generales del artículo 327 del Código de Enjui-ciamiento Civil de 1904, ni por la ley de marzo 12, 1908, enmendando los artículos 327 y 339 del mismo código, debiendo por tanto tener debida obser-vancia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: Sres. M. M. Sama de Atero y Francisco Giménez.

    Abogado de la apelante: Sr. José A. Foventud.

   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso Luisa Saldamando née de la Puente, asistida de su legítimo esposo Eoque Saldamando Torre, pre-sentó demanda enmendada ante la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Ponce con fecha 3 de marzo del año 1913¿ contra Lnisa Yaldecilla née Mongil, asistida de su legítimo esposo Bernardo Yaldecilla y Córdova, con súplica de que la demandada fuera condenada a pagar a la demandante la suma de $25,000 en concepto de indemnización de daños y perjuicios causádosle con motivo de los conceptos falsos y difamatorios .consignados en una carta injuriosa que la demandada había dirigido a la demandante.

Los hechos fundamentales de la demanda en síntesis pue-den reducirse a dos:

Primero: que la demandada envió a la demandante una carta escrita de su puño y letra que se transcribe en dicha demanda, cuya carta, que contenía conceptos falsos e inju-riosos para la demandante, fué entregada a un tercera persona que se enteró dé su contenido.

Segundo: que con motivo de los conceptos falsos y difa-matorios consignados en la carta, la demandante ha sufrido daños que estima en la suma de $25,000.

La demandada negó los hechos fundamentales de la de-manda y alegó además que en la hipótesis de ser ciertos, la carta fué entregada y escrita a la propia demandante que es su prima, bajo sobre cerrado, sin malicia, y como respuesta a otra carta provocadora y despreciativa que la misma deman-dante le escribiera, habiendo procedido la demandada en de-fensa de sus intereses y en el curso de una controversia que interesaba a ambas partes.

Celebrado el juicio la corte entre otros hechos estimó pro-bado que la carta originaria del pleito fué entregada por la demandada a una mensajera ba,jo sobre cerrado y sin direc-ción escrita alguna, para que la llevara a la casa de la deman-dante; que la referida carta fué entregada no a la deman-dante, sino a su esposo Boque .Saldamando el cual se enteró de su contenido antes de que la demandante la hubiera leído, siendo responsable de ello la propia demandada;. que la carta no tiene el carácter de privilegiada y envuelve conceptos fal-sos, injuriosos y difamatorios por sí mismos, dirigidos por la demandada a la demandante sin motivo justificable alguno; que la carta fué publicada por parte de la demandada y que los perjuicios que esa publicación baya podido causar a la demandante son de carácter puramente nominal, por todo lo cual fué declarada con lugar la demanda y condenada Luisa Mongil de Yaldecilla a pagar a la demandante Luisa de la Fuente de Saldamando, la suma de $1 y además la de $250 como honorarios de su abogado, y las costas y desembolsos del pleito.

La demandante solicitó la reconsideración de la anterior decisión en la parte relativa a la cuantía de honorarios, soli-citando que éstos fueran aumentados hasta la suma de $1,000 a cuya pretensión se opuso la parte demandada, interesando al propio tiempo se dejara sin efecto la condena al pago de honorarios, comprendida en la decisión de que se trata.

La corte resolvió la moción de reconsideración en el sen-tido de conceder a la parte demandante la suma de $400 como honorarios de su abogado en lugar de $250 que por un error de apreciación había fijado en la decisión reconsiderada, y con fecha 31 de julio dictó nueva sentencia condenando a la deman-dada a pagar a la demandante la suma de $1 como indemni-zación de daños y perjuicios de carácter nominal y además $400 como honorarios de su abogado, y las costas y desem-bolsos del pleito.

Esa sentencia fué apelada por la parte demandada en ■cuanto al pronunciamiento por el cual se le condena entre otras ■cosas al pago de $400 para honorarios del abogado de la de-mandante, y las costas.

Aléganse como motivos del recurso, que la corte de Ponce ■cometió error al dictar el pronunciamiento apelado y en todo caso, al fijar la cuantía de los honorarios en dicho pronunciamiento, y sobre todo al fijar esos honorarios en can-tidad mayor de $100, sosteniendo al efecto que la sección 573 de los Estatutos Eevisados relativa a honorarios en caso de libelo ha sido derogada por la Ley de marzo 12, 1908, enmen-dando los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, que estima aplicable al caso.

La ley para determinar los daños y. perjuicios cansados por libelo y calumnia fné aprobada en 19 de febrero de 1902, comenzando a regir desde esa fecba, según sn sección 11 qne es la última de la misma.

Las secciones 7a. y 10a. de dicha ley según aparecen en el testo español dicen así:

“Sección 7. — Si el fallo resultare a favor del demandante, inclu-yendo las costas y honorarios razonables del abogado de la acusación, que se tasarán por el tribunal, o si el fallo fuese a favor del deman-dado, y si el tribunal decidiere que la acción fuá interpuesta por el demandante sin causa justificada, el fallo incluirá además de las cos-tas, los honorarios del abogado, que se tasarán por el tribunal, y no excederán de ciento cincuenta dollars ($150).”
“Sección 10. — Toda ley, parte de ley, orden y parte de orden que se oponga a esta ley, queda por la presente derogada. ’ ’

Como el texto español de la sección 7a. que dejamos trans-crita es confuso en sus términos, juzgamos conveniente para su más clara inteligencia bacer la versión castellana del texto inglés consignándola como la consignamos a continuación:

“Sección 7. — Si se dictara la sentencia a favor del demandante se incluirán, en ésta las costas y los honorarios razonables de abogado que se fijarán por la corte. Si la sentencia se dictara a favor del de-mandado y estimara la corte que la acción fúé iniciada por el de-mandante sin haber una causa que la justificara, la sentencia incluirá además de las costas, los honorarios de abogados, los que serán fijados por la corte y no excederán de $150.”

El procedimiento que regía sobre costas al publicarse la ley de 10 de febrero de 1902 era el estatuido por la Orden General No. 118, aprobada en agosto 16 de 1899, cuya ley en sus secciones 63 y 64 dispone que las costas se impongan siempre a la parte cuyas pretensiones se hubieren totalmente desestimado, resolviendo el tribunal conforme a equidad en los demás casos, y que las costas comprenderán los honorarios de los letrados defensores, los derechos de los procuradores, las indemnizaciones de testigos o peritos, y los gastos de jus-ticia que cada litigante hubiere hecho por consecuencia nece-saria y directa del litigio sostenido.

Para la tasación de costas había de seguir rigiendo el procedimiento establecido por el Título XI del libro Io. de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entonces regía y que en ese particular no fué derogúela por la Orden General de que se deja hecho mérito.

La Ley de 19 de febrero de 1902 en su sección 7a. aceptó el precepto general que a su publicación regía, de que la con-dena de costas comprendía los honorarios de los letrados de-fensores y sólo varió la forma de su aplicación y ejecución ordenando que los honorarios.se fijaran en la sentencia.

Vino luego el Código de Enjuiciamiento Civil aprobado en 1°. de marzo de 1904, el que comenzó a regir en Io. de julio del mismo año y estableció un nuevo sistema de procedimiento, cuyo código en el capítulo 6o. del título 13, trata "de las cos-tas,” y entre otros artículos contiene el 327 que copiado a la letra dice así:

"Artículo 327. — La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados-y consultores se deja al convenio expreso o tácito de las partes; pero las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y a los desembolsos, según más adelante se dispone. ’ ’

Los artículos 328 y 330 enumeran los casos en que deben concederse las costas al demandante o al demandado según que uno u otro obtengan fallo a su favor, y entre esos casos figuran los procedimientos especiales, sin que éstos se preci-sen o determinen. Es de notar que en parte alguna de nues-tro Código de Enjuiciamiento Civil, se hace mención de acción civil para reclamar daños y perjuicios causados por libelo y calumnia.

Ahora surge la cuestión de si ese artículo 327 ha derogado o nó la sección 7a. de la Ley de 19 de febrero de 1902.

El artículo 361 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Toda ley, reales decretos, órdenes, órdenes militares, disposicio-nes o partes de ellos incompatibles o en conflicto con este código, que-dan por la presente derogados. ’ ’

Como se ve, el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe en términos generales que el pago de hono-rarios se deja al convenio expreso o tácito de las partes, sin que por tanto éstas puedan ser condenadas en la sentencia o fallo a verificar dicho pago, mientras que la sección 7a. de la Ley de. 19 de febrero de 1902 ordena por modo imperativo que, en los pleitos de daños y perjuicios por libelo o calum-nia, la parte a cuyo favor se dicte sentencia cobre los honora-rios de sn abogado, incluyéndose éstos en el fallo; pero no encontramos que el precepto general del Código de- Enjuicia-miento Civil esté en conflicto con el especial de la Ley de 19 de febrero de 1902 hasta el punto de que no puedan existir conjuntamente, y de que el segundo haya sido derogado por el primero. La intención de derogar no aparece claramente expresada en la ley y la derogación tácita de las leyes no es favorecida por las cortes. Véase el caso de Ex parte Axtmayer v. El Pueblo, decidido en abril 22 del año próximo pasado.

T que no existe incompatibilidad entre los dos preceptos de que dejamos hecho mérito lo demuestra el hecho de que el Código de Enjuiciamiento Civil de California, en cuyo artí-culo 1021 no se incluyen bajo la denominación de costas los honorarios de abogado, contiene en su artículo 418 un precepto si no igual muy parecido al de la sección 7a. de la Ley de 19 de febrero de 1902, disponiendo que en una acción por libelo o calumnia, cuando se dicte sentencia a favor del demandante, se le concederá la suma de $100 como costas para pago de honorarios de abogado además de las otras costas, y cuando se desestime la acción o se dicte sentencia a favor del deman-dado, se le concederán $100 para honorarios de abogados en adición a las demás costas. Si en el Código de California existen los dos preceptos, general y especial de que se deja hecho mérito y ambos son de aplicación, sin que pueda decirse que sean incompatibles o estén en conflicto, bien pudo existir en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 el artí-culo 327 ya transcrito, de carácter general, sin derogar la sección 7a. de la Ley de 19 de febrero de 1902 que contiene un precepto especial.

Como la sección 7a. de la ley citada no fué derogada por el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, la enmienda de dicbo artículo becha por la Ley de 12 de marzo de 1908 así como tampoco las demás enmiendas que contiene dicha ley, pueden afectar a aquella sección.

La corte inferior al dictar su sentencia de 31 de julio del año próximo pasado condenando a la demandada al pago de las costas’y honorarios de abogado de la parte demandante se ajustó al precepto que para ese caso establece la sección 7a. de la Ley de 19 de febrero de 1902, sin que fuera de apli-cación la resolución dictada por esta Corte Suprema en el caso de Hermida v. Márquez, decidido en 5 de mayo de 1913, que había de regularse por la Ley de marzo 12, 1908 enmendando los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El juez estimó-que los honorarios razonables del abogado de la parte demandante debían fijarse en la suma de cuatro-cientos dollars ($400), en lo cual obró dentro de sus faculta-des ; y como no se nos ha demostrado que cometiera abuso de discreción, aceptamos dicha suma como razonable, por cuanto la corte inferior que conoció y decidió el caso, se encontraba en mejores condiciones que nosotros para apreciar la exten-sión, naturaleza y alcance de los servicios profesionales del letrado de la parte demandante.

El caso de Martínez v. Padilla, decidido en 27 de mayo de 1913, no favorece las pretensiones de la parte apelante, pues según dejamos establecido, el presente tiene que regularse por la Ley de 19 de febrero de 1902 y no le es aplicable la Ley de 12 de marzo de 1908, que enmendó los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es de confirmarse la sentencia de la corte inferior en la parte en que lia sido apelada. '

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Olivari, Demandante y Apelado, v. Sucesión Ramos, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en nn caso sobre injunction.

    No. 1046.
    — Resuelto en febrero 13, 1914.
    Desestimación de Apelación — Falta de Copia de la Sentencia Apelada— Inserción de la Decisión. — Debe desestimarse una apelación cuando en la transcripción de autos no se ha copiado la sentencia apelada y registrada en la corte inferior, no pudiendo ser suplida dicha omisión por la inserción de una copia de la decisión de la corte en la cual se ordena al secretario que . registre una sentencia de acuerdo con ella.
    Sentencias — Firma de las Mismas.' — Aunque el Código de Enjuiciamiento Civil no establece las formalidades que debe revestir una sentencia, la mejor prác-tica es que el juez sentenciador firme en el libro de sentencias la sentencia original registrada por el secretario en dicho libro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José G. Torres.

    Abogado de ía apelante: Sr. Juan B. Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la apelación fue establecida por la parte demandada contra sentencia pronunciada por la Corte de Distrito de Ponce.

Examinada la transcripción de autos, encontramos en ella bajo el epígrafe de “Resolución ele la Corte” una exposición de las conclusiones de hecho y de las consideraciones de dere-cho a que llegó el juez mediante estudio del caso, después de cuya exposición, y a continuación de la misma dice así:

“Decisión: Por los méritos de las conclusiones de hecho y con-sideraciones de derecho la corte resuelve que debe declarar y declara con lugar la demanda, decretando que los demandados procedan a arrancar y remover los árboles que se encuentran sembrados en el patio de la casa descrita en la primera conclusión de lieeho, abste-niéndose en lo sucesivo de volver a sembrar árbol alguno en dicho patio, y condenándoles al pago de las costas. El secretario registrará una sentencia de acuerdo con esta decisión. Dictada en corte- abierta hoy día 25 de abril de 1913. A. P. Castro, Juez del Distrito.”

No aparece que fuera registrada por el secretario senten-cia, alg’una en los términos ordenados, y en vista de ello debe-mos examinar y decidir como cuestión previa si la falta de copia de la sentencia nos priva de considerar el recurso, o si para tal fin puede estimarse bastante la copia de la resolución o decisión que dejamos transcrita.

El artículo 231 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que el secretario deberá llevar con el protocolo de la corte un libro que se titulará “Libro de Sentencias,” en el cual se registrarán éstas, y el artículo 233 ordena que inmediata-mente después de registrada la sentencia el secretario deberá unir y archivar los documentos que constituirán el legajo de la sentencia, entre cuyos documentos ha de haber una copia de la misma.

De dichos artículos se desprende que la sentencia original con las garantías de autenticidad necesarias debe apa-recer en el libro de sentencias. Una copia de ella y no el original es lo que forma parte del legajo de la sentencia.

No contiene precepto alguno nuestro código acerca de las formalidades que debe revestir 'una sentencia, pero es nece-sario convenir en que la resolución que dicte el juez definiendo los derechos de las partes en un pleito o procedimiento debe constar en forma tal que no quepa duda alguna de que ella y no otra es la fiel expresión de la voluntad del juzgador.

La mejor práctica sería, y parece ser ésta la ordinaria-mente seguida en las cortes de esta Isla, que el juez firme la sentencia original registrada por el secretario en el libro de sentencias, práctica que se acomoda al artículo 363 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil español, preceptivo de que el juez debe firmar las sentencias, autorizando la publica-ción el escribano o secretario del juzgado.

Abora bien, la Ley No. 70 para enmendar los artículos 9'2, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, apro-bada en marzo 9, 1911, dispone en el apartado sexto del artí-culo 299 tal como ba quedado enmendado, que constituirá el recurso de una apelación la certificación que librará el secre-tario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación; y como del legajo de la sentencia, según el artículo 233 del mismo código, forma parte integrante una copia de la sentencia que se baya pronunciado, si esa copia no existe en el récord falta uno de los documentos que la ley exige para la consideración y decisión del recurso.

La copia de la sentencia registrada en el presente caso no ba venido en el récord. Ha venido, sí, copia de la decisión de la corte expresando los términos en que debía resolver el caso, y ordenando que el secretario registrara una sentencia de acuerdo con su decisión. Tal resolución o decisión, aten-dido su texto literal, no es verdadera sentencia, pues el juz-gador no dispuso se registrara como sentencia sino que se registrara una sentencia de acuerdo con su decisión.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como ba quedado enmendado por la Ley de 11 de marzo de 1908 preceptúa en su número primero, que podrá establecerse apelación ante el Tribunal Supremo de una sentencia defi-nitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial co-menzado en la corte que la hubiera dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia. Como se ve, para que sea viable el recurso de apelación contra una sentencia es necesario que ésta esté registrada, registro tanto más nece-sario en el presente caso cuanto que él sería la comprobación de la existencia de la sentencia.

Procede desestimar el recurso por las razones consigna-das, de acuerdo con el artículo 303 del Código de Enjuicia-miento Civil, sin que entremos a considerarlo en su fondo, e invocamos como jurisprudencia aplicable al presente caso la ya establecida por esta Corte Suprema en los casos de Jiménez v. Olmedo, 13 D. P. R., 306, 308; Hernández v. Hernández et al., y López v. López, resueltos en noviembre 6 de 1913, Allongo v. Belaval, resuelto en 13 de noviembre citado; y Aponte v. Freiría y otros, decidido últimamente en 3 de febrero del corriente año.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.