author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Manuel Ramón Purcell, demandante y apelado, v. María Porrata e Isabel Crespo, demandadas y apelantes.
    Núm. 9076.

    Sometido: Mayo 7, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      Juan Nevárez Santiago, abogado de las apelantes; Rafael Hernández Matos, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión primordial envuelta en este recurso es si procede una acción de desahucio en precario contra una mu-jer casada, sim hacer parte demandada al marido, cuando no se alega en la demanda que ella está viviendo separada o alejada de su marido por haber sido abandonada por éste. Los hechos son los siguientes:

En 9. de agosto de 1944 Manuel Kamón Purcell radicó demanda de desahucio contra María Porrata e Isabel Crespo ante la Corte de Distrito de Ponce, alegando que ellas están detentando la posesión material, sin pagar canon ni merced algnna, en contra de la voluntad del demandante, de una casa que se describe. Señalada la primera comparecencia para el siguiente 18 de agosto, se expidió la correspondiente citación, la cual fue diligenciada por persona particular, quien al no encontrar a María Porrata emplazó a su sir-vienta Isabel Crespo como encargada de la propiedad, todo ello de acuerdo con los preceptos de la Ley de Desahucio. Contestaron las demandadas alegando María Porrata la falta de jurisdicción de la corte en cuanto a su persona por ser tanto el emplazamiento como su servicio contrario a la ley, negando ambas los hechos esenciales de la demanda, y como defensa especial alegaron tener un derecho de habitación sobre la casa objeto del litigio mientras viviera" Guillermo Oppenheimer, esposo de la demandada María Porrata, cuyo derecho les daba título para ocupar la propiedad.'

El 25 de agosto se celebró la segunda comparecencia con asistencia de las partes, practicándose prueba testifical y documental, y quedando el caso sometido sin argumentación. En 31 de agosto la corte de distrito dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda, y las demandadas apelaron y en este recurso alegan que la corte cometió error: (1) al no declarar con lugar la defensa de falta de jurisdicción por no haberse emplazado a María Porrata por conducto de su es-poso Guillermo Oppenheimer, y por no haberse hecho a éste parte demandada y (2) al no declarar que existía un derecho de habitación sobre la propiedad.

En cuanto a que la demandada María Porrata no fue emplazada por conducto de su esposo, ningún precepto legal han citado los apelantes; y ninguno conocemos, que exija tal cosa. El artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil sí exige que la citación se haga al demandado personalmente, salvo las excepciones que menciona en cuanto a corporaeio-nes, menores de edad, incapacitados y el Gobierno. Y aun a los menores e incapacitados también bay que emplazarlos personalmente.

Desde luego que la excepción establecida por la propia Ley de Desahucio en su artículo 4 (Artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil) en cuanto a emplazamientos constructivos en dichas acciones, tampoco sostiene la conten-ción de los apelantes.

En lo que sí tienen razón, a nuestro juicio, es al sostener que, siendo la demandada María Porrata una mujer casada al no haberse hecho parte demandada al marido, la corte inferior no adquirió jurisdicción para dictar sentencia en su contra.

Es cierto que en la demanda no so alegó que la deman-dada María Porrata es una mujer casada, empero este hecho fué admitido por la parte demandante al discutirse la cues-tión legal planteada por las demandadas y además quedó probado durante el juicio. La corte inferior declaró probado que “Guillermo Oppenheimer no reside en dicha casa, sino que reside indistintamente en San Juan y Ponce. ‘Va y viene,’ como, dijo en la silla testifical.” Fué a base de esta conclusión que resolvió que es la demandada María Porrata la que está detentando la casa en compañía de su sirvienta Isabel Crespo.

Independientemente de si esta conclusión está sostenida por la prueba, no es el hecho de si el marido de la deman-dada va y viene de Ponce'a San Juan, en otras palabras, si reside permanentemente en la casa de Ponce, lo que cons-tituye el nervio de la cuestión. A falta de alegación y prueba en contrario la ley no sólo presume qne la mujer casada vive con su marido, sino que expresamente dispone qne “Los cónyuges están obligados a vivir juntos . . . ” y la mujer está obligada “ a seguir a su marido dondequiera que fije su residencia.” Artículos 88 y 90 del Código Civil. Por tanto aun cuando los esposos Oppenbeimer residan parte del año en San Juan y la otra en Ponce, el becho de que la es-posa en cualquier momento estuviera ella sola ocupando la casa objeto de esta acción, a los efectos legales está siendo ocupada por ambos. .

En ningún caso basta abora resuelto por esta Corte in-terpretando el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, se ba presentado una situación de hechos igual o similar a la del caso de autos. Y es que la cuestión es rudimentariamente clara. Pretender desahuciar a una mu-jer casada, que no está separada de su marido, de la casa que ambos ocupan, sin hacer parte al marido, sería una pretensión inútil ya que el marido continuaría ocupando la propiedad y su esposa tendría no sólo el derecho, sino la obligación de continuar viviendo con él. El marido es, no sólo una parte necesaria sino una parte demandada indispensable en la acción. No importa que las demandadas ante la corte inferior arguyeran, erróneamente, que sólo atacaban la suficiencia del emplazamiento por el hecho de no haber sido citada la demandada María Porrata a través de su es-poso. De acuerdo con el artículo 54, supra, María Porrata no podía ser demandada sin el concurso de su marido. Por la excepción previa contenida en la contestación implícita-mente quedó planteada la cuestión de que el marido de la demandada era una parte indispensable en la acción. Y la prueba presentada demostró que así era en verdad.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

       El artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:
      "Cuando una mujer casada es parte en un litigio, necesita del-bohcurso de su marido, excepto:
      "L Cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes propios, o a su derecho o pretensión a la propiedad de homestead, podrá demandar o ser deman-dada por sí sola.
      "2. Cuando la acción sea entre ella y su marido, podrá demandar o ser demandada sola.
      "3. Cuando esté viviendo separada o alejada de su marido, a causa de haber sido abandonada por éste, podrá demandar o ser demandada sola.”
      Aun cuando las Reglas de Enjuiciamiento Civil no son aplicables a las accio-nes de desahucio observamos que la Regla 17 (d) es idéntica al artículo citado.

      La Rog'la 4(<2) (1) de las Reglas do Enjuiciamiento Civil establece una nueva forma cuando el demandado lia designado un agente para recibir empla-zamientos. 'a

      E1 artículo -1 de la Ley de Desahucio (Art. 623 del Código de Enjuicia-miento Civil) dispone:
      "Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Código de Enjuiciamiento Civil, y presen-tada aquélla, se mandará convocar al actor y al demandado para una compa-recencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la reclamación.1 ’

       De hecho cuando se diligenció el emplazamiento en este caso la deman-dada María Porrata no estaba en la casa de Ponce y sí con su esposo en San Juan. ’

      En su mayoría han sido casos en reclamación de daños y perjuicios o solicitando el cumplimiento de un contrato y en los cuales se ha resuelto cuándo procede la acción a favor o en contra de la sociedad de gananciales y cuándo a favor o en contra de la mujer casada por tratarse de sus bienes privativos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Milagros Vega Oliver, demandante y apelada, v. José Casanova Cintrón, demandado y apelante. In Re: José Casanova Cintrón, querellado (Incidente sobre desacato).
    Núm. 9013.

    Sometido: Mayo 10, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      Lionel Fernández Méndez y Juan A. Faría, abogados del querellado apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Ne-gron Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Luis E. Dubón, abogado de la demandante en este pleito de divorcio, fue agredido por el demandado José Casanova Cintrón, en la Calle Tetuán, frente al edificio -del Banco Popular, en el cual Dubón tiene su oficina. El fiscal de la Corte de Distrito de San Juan entonces radicó, dentro del pleito de divorcio, una querella contra Casanova solicitando fuera citado a mostrar causa porque no debía ser declarado culpable de desacato a la corte. Expedida la orden y celebrada la vista correspondiente la corte inferior declaró al deman-dado culpable y lo sentenció a cumplir quince días de cárcel y a pagar una multa de $50. El demandado apeló y en este recurso sostiene que la corte inferior erró al desestimar la excepción perentoria en la que alegó que la querella no aduce hechos suficientes, al resolver que la conducta del querellado constituyó desacato y al resolver que la agresión fue reali-zada por el querellado con la intención de atemorizar, obs-truir y perturbar los procedimientos de la corte y la debida administración de la justicia.

En la querella se alegó, en síntesis, que en la acción de divorcio, pendiente ante la corte inferior, el demandado ha-bía negado en su contestación que del matrimonio no exis-tían bienes gananciales a repartir y por el contrario alegó que, entre otros, existen 60 acciones de la corporación R. Vega e Hijos, Ine., con un valor aproximado de $20,000; que en el curso del pleito de divorcio surgió la compra por Ra-món Vega, Jr. de 30 de las acciones mencionadas y las cua-les estaban registradas a nombre del querellado, por la suma de $11,000 de la cual el comprador retendría $279.86 para pagar una deuda del querellado; que Vega entregó dicho precio o sea un cheque por $10,720.14 a favor del querellado al abogado Luis E. Dubón y dicho abogado, tomando en con-sideración las disposiciones del artículo 101 del Código Civil fue de opinión y así aconsejó a su representada que de-bía obtener previamente la autorización de la corte para lle-var a efecto el negocio y que el precio de la venta quedara consignado en poder del tribunal; que al efecto el Lie. Luis E. Dubón discutió la cuestión con el abogado del demandado Lie. Juan A. Faria y le sometió una estipulación para ser firmada por ambos abogados en la cual se relataban los he-chos antes referidos y se consignaba el cheque en la corte; que el Lie. Faria no aceptó firmar la estipulación y la de-volvió con el cheque a Dubón; que con posterioridad a ha-berse devuelto la estipulación y el cheque los abogados Du-bón y Faría continuaron discutiendo sobre el asunto y que mientras dichas discusiones estaban llevándose a cabo y antes de llegar a una decisión final, el querellado, el día 4 de abril de 1944, y en la calle Tetuán frente al edificio del Banco Popular dónde radican las oficinas del Lie. Bubón, ilegal-mente y con la intención de cansar daño violento al citado Luis E. Dubón, voluntaria y maliciosamente le acometió y agredió. Termina la querella alegando que “ . . . diebo aco-metimiento y agresión se llevó a cabo por el querellado José Casanova Cintrón contra la persona del abogado Luis E-Dubón como consecuencia y en conexión con las gestiones-profesionales y la forma de conducir diebo abogado los pro-cedimientos y las actuaciones en él mencionado pleito Civil No. R-11G4, de los de esta Corte, en representación de la parte demandante en dicho pleito, la referida Milagros Vega Oliver, y como abogado de ésta en dicho pleito.

“14. Que el acto realizado por el querellado tendió a mancillar y menoscabar el respeto, la dignidad y autoridad de esta Corte; tendió a interferir con el poder y el deber que tiene esta Honorable Corte de garantizar y proteger a sus funcionarios y oficiales de toda amenaza, coacción, vio-lencia o agresión que contra ellos se intente realizar o se realice con motivo o como consecuencia del cumplimiento de-sús deberes; y tendió por la fuerza y la violencia a obstruir la debida administración de justicia y a coartar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comparecer ante las Cortes de Justicia y a mantener y defender sus derechos dentro de la ley, en forma lícita y correcta.”

Arguye el apelante que aceptando que la agresión al abo-gado de la demandante por el demandado hubiera ocurrido en la forma que se alega en la querella, ese hecho, por ha-ber ocurrido fuera de la presencia de la corte y a bastante distancia del edificio donde está ubicada, no constituye des-acato.

El apartado primero de la sección Ira. de la Ley de Des-acato, según enmendada por la Ley núm. 102 de 1937 (Le-yes de 1937, pág. 250) dispone que constituirá desacato:

“1. Perturbación del orden, ruido u otro disturbio, tendente directamente a interrumpir sus procedimientos, o conducta desorde-nada, desdeñosa o insolente, hacia un tribunal o juez o la Comisión Industrial de Puerto Pico constituida en pleno o por alguno de sus miembros, en presencia de dicho tribunal o durante una sesión del mismo, y tendente a interrumpir sus procedimientos, ó en presencia de algún jurado mientras esté en estrados, o deliberando en alguna causa.5 ’

En el caso de Pueblo v. Valdejulli, 59 D.P.R. 119, 127, dijimos que este apartado define tres modalidades distintas del desacato, a saber:

. . (») el acto físico de perturbar el orden, hacer un ruido o promover un disturbio que tienda directamente a interrumpir el pro-cedimiento; (b) la conducta desordenada, desdeñosa o insolente, hacia un tribuna], en presencia del tribunal y tendente a interrumpir sus procedimientos; y (o) conducta desordenada, desdeñosa o inso-lente hacia un tribunal, durante una sesión del mismo, y tendente a interrumpir sus procedimientos. ’'

Y resolvimos que la modalidad (6) del estatuto no. requiere que los actos constitutivos de conducta desordenada, desde-ñosa o insolente hacia el tribunal sean realizados ante el mismo mientras se encuentre en sesión pues sólo exige que se realice “en presencia del tribunal,” y que los hechos im-putados al allí querellado al ser realizados “en el despacho de un juez de esta corte, mientras éste se encontraba en las funciones de su cargo, y el relato hecho por el querellado a dicho juez para que lo comunicase al tribunal, estaba ínti-mamente relacionado con un procedimiento pendiente ante el mismo y en el cual el querellado actuaba como represen-tante legal de una de las partes” y, como consecuencia, que la querella aducía hechos suficientes para constituir desacato pues dicho relato constituía una conducta desdeñosa e inso-lente hacia el tribunal.

En cuanto a considerar una agresión como constitutiva de desacato hemos confrontado y resuelto la cuestión en dos casos. En el de El Pueblo v. Torres, 56 D.P.R. 605, en el cual el desacato consistió en nn acometimiento y agresión contra la persona de nn juez de distrito, hecho ocurrido en los pasillos del edificio de la corte y después de terminada la sesión y cuando el juez salía de su despacho, y se resol-vió que, no habiendo ocurrido los hechos mientras la corte se hallaba en sesión y no expresándose en la orden expe-dida contra el querellado el motivo del asalto ni si estaba o no relacionado con algún asunto de la corte en general o con el caso que se ventilaba en particular, se trataba de un des-acato indirecto o constructivo El otro caso fue el de In re Castro, 52 D.P.R. 139, en el cual la agresión a un abo-gado ocurrió fuera de la verja que separa la corte de las demás dependencias del Capitolio Insular y cuando ya ha-bía terminado la sesión de esta Corte, pero estando reunidos sus jueces en la sala de consultas, y resolvimos:

“En tal virtud resulta claro que la agresión se verificó no sólo contra un abogado que acababa de informar ante la corte en un asunto judicial a su defensa encomendado, si que con motivo de su informe y como castigo al mismo, dentro del edificio de la corte y hallándose ésta reunida en su sala de consultas.
“El desacato al tribunal es en su consecuencia manifiesto. La perturbación del orden tendente directamente a interrumpir el sereno desenvolvimiento del asunto judicial que se -había dejado sometido a la decisión del tribunal y el ataque ilegal y violento a la persona de un funcionario de la corte, dentro o por lo menos en el umbral interior de su propio recinto y con motivo del ejercicio de su minis-terio, evidentes son. Y la corte, tanto por ley cuanto por su propia condición de corte, tiene el poder y el deber de castigarlos. Artículo 145 del Código Penal. Artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil. 13 C. J. 46.
“Y en cuanto a que la sesión de la corte había ya terminado y a que la agresión tuvo lugar fuera de la reja que marca la exacta entrada, de la corte, sin que ésta la presenciara, ni oyera las palabras que pronunció el querellado, bastará decir que apreciadas en conjunto todas las circunstancias concurrentes surge de ellas inevitable la con-clusión de la comisión del desacato que sabido es que puede ser directo o constructivo. 13 C. J. 5.”

Los hechos alegados en la querella en el caso de autos difieren sustancialmente de aquéllos que dieran lugar a las decisiones en los casos de Castro y Torres, supra. La agre-sión al ahogado en el de Castro ocurrió en el mismo edificio de la corte, al terminar la sesión y mientras sus jueces es-taban reunidos en consulta, y fue motivada por el informe oral que poco antes había rendido el abogado en relación con un caso que quedó sometido a la consideración y deci-sión del tribunal. Y en el de Pueblo v. Torres, la agresión al juez ocurrió en los pasillos de la corte, durante un receso y mientras el jurado estaba deliberando. En uno y otro caso, aunque de carácter indirecto o constructivo, se consi-deró la agresión como un desacato cometido en presencia del tribunal.

En el caso de autos, por el contrario, aun cuando se alega en la querella que estaba pendiente en la corte inferior una acción de divorcio, en la cual el Lie. Dubón representaba como abogado a la demandante y que el demandado, aquí querellado apelante, lo agredió en la calle frente al edificio donde el Lie. Dubón tiene sus oficinas, a bastante distancia del edificio de la corte de distrito, con motivo de haberse ne-gado a entregarle un cheque expedido por Ramón Vega, Jr. a favor del ‘demandado en pago de unas acciones que el de-mandado había vendido a Vega, no vemos como esta actua-ción del querellado pueda considerarse como “conducta des-ordenaba, desdeñosa o insolente” hacia la corte inferior rea-lizada “en su presencia” y “tendente a interrumpir sus procedimientos,” por los motivos siguientes:

1. Es cierto que la acción de divorcio estaba pendiente ante la corte inferior pero nada había ante ella en relación con la alegada venta de las acciones del demandado. La es-tipulación preparada por el Lie. Dubón, en ningún momento aceptada ni firmada por el abogado del demandado, nanea pado radicarse en la corte. En tanto en cnanto a la corte concernía nada sabía de dicha estipalación ni de la venta de las acciones y nada por tanto estaba pendiente de sa reso-lación en relación con las mismas. Pero es más, las accio-nes, según se alega en la qaerella, pertenecían al querellado y faeron vendidas por él al Sr. Vega. Esto no obstante el cheque en pago de las acciones no faé entregado al deman-dado o a sa abogado sino al abogado de la demandante. ¿Por qué se hizo esto por el Sr. Vega? Lo ignoramos. El Lie. Dubón, sin necesidad de obtener qae se hiciera a virtud de ana estipalación firmada por los abogados de las partes, pado consignar el cheque mediante moción y dejar así sometida la cuestión a la corte. Optó, sin embargo, por seguir discu-tiéndola, extrajadicialmente, con el abogado del demandado qae se negaba a firmarla y días después faé agredido por el querellado, según se alega en la qaerella, “como conse-cuencia y en conexión con las gestiones profesionales y la forma de conducir dicho abogado los procedimientos y las actuaciones” en el pleito de divorcio, “en representación de la parte demandante en dicho pleito.” ¿En qué forma re-presentaba a la demandante el Lie. Dubón al recibir del Sr. Vega un cheque librado a favor de Casanova? ¿Por qué el Sr. Vega no entregó ese cheque al demandado o a sa abo-gado? ¿Por qué, repetimos, no se consignó el cheque en la corte? En las alegaciones contenidas en la qaerella no ^en-contramos contestación a estas preguntas. De manera qae, en cuanto a todo el incidente relacionado con la com-praventa de las acciones nada había pendiente ante la corte y no vemos cómo la actuación del querellado pudo tender “por la fuerza y la violencia a obstruir la debida adminis-tración de la justicia” según se alega en la querella.

2. Asumiendo, a los fines de la argumentación, que las gestiones que se llevaban a cabo en relación con la venta de las acciones del demandado a Vega y con la estipulación y la consignación del cheque y las conversaciones que el Lie. Bubón sostuvo con el Lie. Faría pudieran calificarse de ges-tiones profesionales del Lie. Dubón como abogado de la de-mandante en el pleito de divorcio, según se alega en la que-rella, nos confrontamos siempre con la cuestión principal envuelta en este caso, a saber, ¿fue la agresión del Lie. Du-bón por el querellado cometida en presencia de la corte? jTendió dicha conducta a interrumpir los procedimientos de la corte? Ambas preguntas deben contestarse en la nega-tiva.

Los casos de In re Castro, y Pueblo v. Valdejulli, supra, son distinguibles del de autos.

En cuanto al de Pueblo v. Torres, supra, como hemos dicho anteriormente, nota (1), el mismo fue resuelto por una corte dividida tres a dos. En la actualidad, de los jue-ces que intervinieron en dicho caso, sólo forman parte del Tribunal los dos- Jueces Asociados que disintieron, Sres. Travieso y De Jesús. Pistando el Juez Asociado Sr. Snyder y el que suscribe de acuerdo con la opinión disidente y to-dos los jueces conformes en que la agresión en dicho caso no fue cometióla “en presencia” de la corte, el mismo debe considerarse expresamente revocado.

El alcance de la frase “en presencia de la corte” usada en los estatutos sobre desacato ha sido limitado rigurosa-mente por la decisión en el caso de Nye v. United States, 313 U. S. 33, la cual analizamos, en parte, en nuestra opi-nión en el de Pueblo v. Valdejulli, supra. Resolvió la corte Suprema Nacional que las palabras “tan cerca de ella” con-tenidas en la frase “en su presencia o tan cerca de ella que obstruya la administración de justicia” usada en la sección 288 del Código Judicial de los Estados Unidos (28 TJ.S.C.A. See. 385) tienen una significación geográfica y no causal, diciéndose: “No es suficiente que la conducta impropia im-putada tenga alguna relación directa con el trabajo dé la corte. ‘Cerca’ en este contexto, yuxtapuesto a ‘presencia’ sugiere proximidad física, no pertinencia . . . Puede haber, por supuesto, muchos tipos de ‘conducta impropia’ que ‘obs-truyen la administración de justicia,’ pero que no ocurren ‘en’ ni ‘cerca’ de la ‘presencia’ de la corte.” En esta forma, no dió la Corte Suprema Nacional una nueva inter-pretación a la frase citada, sino que volvió a su interpreta-ción original por las cortes federales y al mismo tiempo co-rrigió el error histórico cometido en su interpretación en el célebre caso de Toledo Newspaper Co. v. United States, 247 U. S. 402, el cual revocó expresamente, eliminando así la regla en éste establecida de que dicha frase podía abarcar actuaciones que tienen “una tendencia razonable” a “obs-truir la administración de justicia.” Por el contrario la res-tringió a actuaciones ocurridas cerca {vicinity) .de la corte.

Pocos meses después de resuelto el caso de Nye v. United States, la Corte Suprema Nacional aclaró aún más el con-cepto del desacato constructivo (el envío de un telegrama comentando una decisión y la publicación de unos editoria-les) y, rechazando la regla de la “tendencia razonable,” aplicó la de que debía existir “un peligro claro y presente” (clear and present danger) y “que el mal substantivo debe ser extremadamente serio y el grado de inminencia extrema-damente alto antes de que las manifestaciones puedan ser castigadas. ’’ Bridges v. California, 314 U. S. 252, 261.

Estos dos casos han merecido la aprobación general de los comentaristas legales pues debido a la doctrina en ellos establecida se ha puesto coto a muchas arbitrariedades y abusos cometidos en el pasado al amparo del llamado po-der inherente de las cortes para castigar desacatos indi-rectos o constructivos. Y es que las leyes penales ofrecen campo extenso para, cubrir cualquier actuación que, al no ocurrir en corte abierta o en presencia del tribunal, con la limitada acepción que “en presencia” ahora tienfe, merezca y deba ser castigada en el curso ordinario de un proceso criminal.

■ Somos de opinión que la doctrina del caso de Nye, supra, es claramente aplicable a los hechos del caso de autos. La actuación del querellado Casanova no ocurrió en presencia de la corte inferior ni tendió a interrumpir sus procedimien-tos. Erró la corte al desestimar la excepción perentoria y en sn consecuencia debe revocar la sentencia apelada y dictarse otra absolviendo al querellado.

       Este caso fuá resuelto por una corte dividida tres a dos, y a él nos referiremos más adelante.

      Por la prueba ■ sabemos que la negativa se debía al hecho de que el abogado del demandado insistía en que se hiciera constar en la estipulación que existían otras treinta acciones de It. Vega e Hijos, Inc. a nombre de la deman-dante adquiridas durante el matrimonio.

      Sí aparece de la declaración del Lie. Dubón durante el juicio que él era y había sido durante muchos años abogado do la firma B. Vega e Hijos, Inc.

      Los casos de U.S. v. Barrett, 187 Fed. 378 y Ex parte McLeod, 120 Fed. 130, citados con aprobación en el de In re Castro, también presentaban hechos, especialmente el primero, que justificaban concluir que el desacato había sido cometido en presencia de la corle. En el primero, si bien se agredió id abogado del demandante en la calle, el hecho ocurrió frente al sitio donde estaba deliberando el jurado que intervino en el caso y a plena vista del mismo. Esa situación también está cubierta expresamente por nuestro estatuto al proveer que constituirá desacato “. . . conducta desordenada ... en presencia de algún ju-rado mientras esté . . . deliberando en alguna causa. ” En el segundo, se agredió a un Comisionado de la corte mientras cumplía con los deberes de su cargo resol-viéndose que "Como las cortes sólo pueden ejercer sus funciones judiciales a través de sus oficiales y funcionarios, cualquier ataque a un oficial o funcionario do ella por haber desempeñado alguno de sus deberes, es un ataque a la corte por lo que tal funcionario ha hecho o llevado a cabo en la administración de justicia.” Empero, véase la crítica a este caso en Nelles & King, Contempt by Publication in the United States, 28 Col. L. Kev. 525, 539, citado en Nye v. United States, 313 U.S. 33, 51, nota (18).

      En Pueblo v. Valdejulli, supra, no se aplicó la doctrina del caso de Nye, por haberse llegado a la conclusión de que los hechos imputados ocurrieron en presencia de la corte y en relación con un caso sometido a su consideración.

        Nye v. U.S., a la pág. 47, citándose a Frankfurter & Landis, Power of Congress Over Procedure in Criminal Contempts in Inferior Federal Courts. A Study in Separation of Powers, 37 Harv. L. Rev. 1010.

       Véase 54 Harvard Law Rev. 1397; 36 Ill. L. Rev. 471; 90 U. of Pa. L, Rev. 104; 30 Col. Law R. 577; 17 Tulane Law Rev. 121; The Supreme Court in Freedom of the Press and, Contempt by Publication, por Elislia Hanson, en 27 Cornell Law Quarterly 165; Freedom of the Press in Prospect and Vetrospect, por Leon R. Yankwieli, en 15 So. Cal. L. Rev. 322 y la misma revista a la pág. 367.

      Para una discusión sobre este poder véase Frankfurter & Landis, op. cit.,, Nelles & King, Contempt by Publication in the United States, 28 Col. L. Rev. 525.

      Las alegaciones contenidas en el apartado 14 de la querella, supra, se apartan por completo de las' modalidades específicas y concretas de nuestro estatuto sobre desacato y constituyen en gran parte merai conclusiones.


text:
    Juan Piereschi Vallet, peticionario y apelado, v. El Comisionado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico, et al., demandados y apelantes.
    Núm. 9067.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      Tíon. Procurador General Interino Jesús A. González y Ramón Gan-día Biscombe, Procurador General Auxiliar, abogados del ape-lante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Piereschi Vallet radicó en la Corte de Distrito de Mayagüez una petición de mandamus en la que solicitó se ordenara al Comisionado de Agricnltnra y Comercio, como presidente de la “Puerto Bican Coffee Price Stabilizing Corporation’ al gerente general de dicha corporación y al pagador de la misma para que procedieran a pagarle la suma de $29.18 importe del subsidio del café que le corres-pondía a virtud de una venta de café al Ejército de los Es-tados Unidos, de su cuota de excedente y para exportación, y la cual conservaba como sujeta al pago del subsidio al pro-ductor de dicho café. En síntesis, se alegó en la petición lo siguiente: .

Que en el mes de marzo do 1942, don Juan Mari Kamos, traficante en café de Mayagüez, entró en negociaciones con el Ejército de los Estados Unidos para venderle 400 quin-tales de café de Puerto Bieo, cantidad que constituía un ex-cedente de la cuota fijada para el consumo local y la cual podía exportarse. El Sr. Mari solicitó autorización del Co-misionado de Agricultura y Comercio como presidente de la Puerto Bican Coffee Price Stabilizing Corporation para rea-lizar dicha venta como cuota de exportación, habiendo sido autorizado por dicho funcionario a virtud de un telegrama que se transcribe en la petición y dice así: “Santurce, March 25/42. Juan Mari Ramos, Mayagüez. . Con referencia invi-tación a licitación por café basándonos en opinión del Procu-rador General de Puerto Bico y del ‘Judge Advocate’ del Ejército se les autoriza a someter licitaciones por café de la cuota de exportación para uso exclusivo del Ejército y la Armada. (Firmado) Isidoro A. Colón, Comisionado de Agri-cultura y Comercio.”

Actuando de. acuerdo con dicho telegrama el Sr. Mari vendió y entregó los 400 quintales de café al Ejército de los Estados Unidos para su uso exclusivo. Formaban parte de esos 400 quintales 3,243 libras de café propiedad del peticio-nario Juan Piereschi Vallet.

El Sr. Mari requirió por escrito el 13 de junio de 1942 al Sr. Vicente Medina, gerente general de la Corporación antes mencionada, el pago 'del subsidio a los agricultores que produjeron dicho café y el Sr. Medina se negó a consi-derar el café vendido al Ejército como de exportación y se negó a efectuar el pago no obstante habérsele llamado la atención hacia el telegrama antes copiado autorizando la venta.

Se alegó además que la venta de las 3,243 libras de café importan una cuota de exportación de 1,459 libras que a ra-zón de $2 por quintal corresponde a la corporación pagar al peticionario la suma de $29.18 estando los demandados obligados a pagar al peticionario dicha suma como subsidio.

Terminó el peticionario alegando que existían fondos su-ficientes en poder de los demandados para realizar el desem-bolso solicitado del Fondo Especial creado por ley para el pago del referido subsidio y que a pesar de los requerimien-tos hechos a los demandados se han negado a efectuarlo.

Los demandados contestan la petición aceptando algunos hechos y negando otros y como defensa especial alegaron que la petición no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción. El día señalado para la vista los deman-dados hicieron constar que aceptaban los hechos alegados en la petición y que sometían el caso por la cuestión de derecho planteada en la defensa especial.

La corte inferior desestimó la defensa especial y declaró con lugar la petición. Los demandados apelaron y en este recurso sostienen que erró al no declarar con lugar la ex-cepción previa, al declarar con lugar la petición y al no de-clarar que el recurso del peticionario es académico.

El fundamento principal de los apelantes para sostener que la petición no aduce hechos suficientes es que en ella no se alega “como un hecho real y efectivo el que el café del peticionario, incluido con el vendido por el Sr. Mari ... al Ejército de los Estados Unidos en Puerto Pico, hubiera sido exportado de la Isla de Puerto Pico, que es lo que exige la Ley para el pago del subsidio. ’ ’ Y arguyen que el-hecho de que el peticionario alegue que el café vendido al Ejército era de la cuota de exportación, “no quiere decir, ni puede interpretarse como que el mismo saliera de la isla como café exportado.”

La Ley núm. 156 de 1940, creando la Puerto Rican Coffee Price Stabilizing Corporation en su sección 4 dispone que el objeto de dicha corporación era “mantener el precio del café que se produjera en Puerto Rico a un nivel que proporcione a los agricultores un beneficio razonable . . . ” y para dar cumplimiento a este propósito se dispuso además en dicha sección que la corporación tendría facultad “ . . . para conceder subsidios sobre café que se exporte ...”

Es por otra ley, la núm. 157 do 8 de marzo de 1940 ((1) pág. 933), que se proveen los fondos para el pago del sub-sidio. Su sección 3 dispone una contribución especial de uno y medio centavos por cada libra de café crudo que se venda en Puerto Rico, ya sea para consumo en la isla o para su exportación. T la sección 4 de la ley dispone:

“De la contribución especial así recaudada y además de cualquier cantidad que ingresare por concepto de multas por infracciones de esta Ley, el Tesorero de Puerto Rico separará una cantidad no mayor de cincuenta mil (50,000) dólares anuales para acreditarse al ‘Fondo para el Fomento del Mercado de Café de Puerto Rico’, creado en la sección 5 ele esta Ley, no menos de doscientos mil (200,000) dólares anuales al pago do subsidios por el cafó que se exporte, y que de-berán pasar exclusivamente al agricultor que produjere el café así exportado; y el balance de dicha contribución después de deducidas tales cantidades pasará a formar parte del capital de dicha corpora-ción; Disponiéndose, que en ningún año el subsidio excederá de cinco (5) dólares por quintal de café exportado.”

Creemos que, técnicamente, los demandados tienen razón al sostener que en la petición no se alega que el café ven-dido por el Sr. Mari al Ejército fué exportado y que las le-yes citadas solamente autorizan el pago del subsidio al agri-cultor por el excedente del café que haya sido exportado. Empero, el Comisionado de Agricultura y Comercio autorizó dicha venta como parte de la cuota de exportación, después de obtener la opinión favorable del Procurador General y del Judge Advocate del Ejército. El Sr. Mari no actuó in-dependientemente, sino que consultó al funcionario encar-gado de dar cumplimiento a las leyes reguladoras de las ventas de café, si podía hacer la transacción con el Ejército vendiéndole el café como cuota de exportación y fué expre-samente autorizado a efectuarla. No nos parece una acti-tud muy correcta la que asumen ahora los demandados, en-tre ellos el Comisionado de Agricultura y Comercio. Habién-dose vendido el café por el peticionario y otros agricultores, como parte de sus cuotas de exportación, insistir en que dicha venta al Ejército no constituyó una exportación, es privar a dichos agricultores del subsidio que les correspon-dería si ellos hubieran exportado dichas cuotas. No creemos justo ni equitativo que por haber actuado debidamente au-torizados jjor el Comisionado de Agricultura y Comercio para realizar la venta al Ejército deban ser privados del pago del subsidio. No debemos pasar por alto la fecha en que esta transacción se llevó a efecto, marzo de 1942, es de-cir, cuando estábamos al comienzo de nuestra participación en la Guerra Mundial. La venta del café a las fuerzas armadas seguramente se autorizó por el Comisionado de Agri-cultura y Comercio, como cuota de exportación, para contri-buir al esfuerzo de guerra en la cooperación que todos, y especialmente el Gobierno Insular, estábamos en el deber de prestar. Después de obtenido dicho permiso oficial no in-cumbía al Sr. Mari y a los demás agricultores de café in-vestigar si, como cuestión de hecho, el Ejército utilizó el café en Puerto Pico o lo exportó para el uso de las fuerzas armadas fuera de Puerto Pico. Pudo ocurrir una u otra cosa. Dadas las circunstancias concurrentes, no erró la corte inferior al desestimar la excepción previa y, de acuerdo con las alegaciones de la petición, aceptadas como ciertas por los demandados, tampoco erró al declarar con lugar la pe-tición y ordenar el pago solicitado.

En cuanto al tercer señalamiento, carece de méritos. Es cierto que la Ley núm. 17 de 27 de noviembre de 1942 (Le-yes de 1942, Sesión Extraordinaria, pág. 73) derogó la Ley núm. 156 de 1940 y la núm. 157 de igual fecha, y por su sec-ción 2 expresamente disolvió la Puerto Rican Coffee Price Stabilizing Corporation. Empero, dicha sección contiene un Disponiéndose que dejó subsistente dicha corporación, entre otros fines: “ . . . para la venta y liquidación del café que tenga sin venderse y el pago ele subsidios ...”

Además en la petición se alegó que “Existen fondos de dinero para el pago de dicho subsidio en poder de los de-mandados o sea en cuanto lo ordenen los demandados del Pondo Especial creado por la Ley para el pago del referido subsidio ...” Y este hecho fué aceptado por los deman-dados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       Esta corporación fue oreada por la Ley núm. 156 aprobada el 8 de mayo do 1940 ((]) pág. 927).


text:
    National Hats Company, por su dueño Michel Nehmi Rachid, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9069.

    Sometido: Marzo 9, 1945.

      Resuelto: Julio 6, 1945.

      Ángel M. Torres y Sergio A. Silva, abogados de la apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y G.. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión de Servicio Público concedió a la apelante, National Hats Company, como industria nueva, una exen-ción del pago de contribuciones por el período comprendido entre marzo 2 de 1932 y enero 31 de 1935. Después de ven-cido este término, o sea el 4 de febrero de 1935, la apelante radicó en la Comisión una petición para que se le concediera “una prórroga de dicha exención” por cinco años, a lo que se opuso el Tesorero de Puerto Rico. Después de celebrarse varias vistas públicas, no fue hasta el 4 de mayo de 1936 que la Comisión dictó resolución concediendo a la apelante un nuevo período d.e exención de cinco años al cual le dió efecto retroactivo para que comenzara desde el día 1ro. de febrero de 1935. Mientras tanto, el Tesorero el 15 de enero de 1936 impuso a la apelante las contribuciones correspondientes al año económico de 1936-1937 y la compañía acudió en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento alegando que es-taba pendiente de resolución su solicitud de exención, ha-biendo desistido posteriormente de su alzada cuando la Co-misión dictó su resolución de mayo 4 de 1936. Esto no obs-tante, la contribuyente pagó bajo protesta las contribuciones correspondientes al año 1936-37, ascendentes a $49.50, de-bido a que el Tesorero continuó requiriéndole de pago bajo amenaza de embargo, y radicó demanda solicitando su devo-lución ante la Corte de Distrito de Bayamón, la cual fué de-clarada sin lugar, estableciéndose entonces el presente re-curso de apelación.

Dos son las cuestiones a considerar y resolver en este recurso: primera, si la Comisión de Servicio Ptíblico tenía poder para eximir a la apelante del pago de contribuciones desde el 1ro. de febrero de 1935 al 4 de mayo de 1936, es decir, si al dictar su resolución en esta última fecha pudo darle efecto retroactivo y, segunda, aceptando que la exen-ción no comenzó hasta el 4 de mayo de 1936, si el Tesorero podía imponer y cobrar las contribuciones correspondientes al año económico 1936-37.

Este caso fué sometido por las alegaciones a la corte inferior. En la demanda se dijo que se había solicitado y la Comisión le había concedido a la apelante una “prórroga” de cinco años a la exención anterior, mientras que en la contestación del demandado al negarse esos hechos se alegó que lo que la apelante había solicitado y la Comisión le concedió fué “un nuevo plazo de exención ele cinco años, a contar del 1ro. de febrero de 1935.” La corte inferior resolvió que lo concedido por la Comisión fué “un nuevo plazo a contar desde el día primero de febrero de 1935” y aparentemente esto se aceptó como correcto por la apelante pues en su alegato dice que “el moevo término de exención fué fijado por la Comisión . . . para comenzar el día 1ro. de febrero de 1935. . .” No creemos que las diferentes palabras usadas por una y otra parte hagan variar sustancialmente la cuestión planteada, o sea, si la Comisión podía conceder la exención con carácter retroactivo y en cuanto a esto somos de opinión que no erró la corte inferior al resolverla en la negativa.

La Ley núm. 40 de 25 de abril de 1930, pág. 315 (dero-gada por la Ley núm. 94 de 14 de mayo de 1936, (1) pág. 495) no contenía nada que permitiera tal actuación por parte de la Comisión. La sección 2 disponía ab initio:

“Sección 2. — Dichas industrias nuevas y sus edificios, maquina-rias, materiales, franquicias, etc., y en general todos los bienes, de-rechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias que sean nece-sarios para su trabajo y funcionamiento, estarán exentos de toda clase de contribuciones por un período que no exceda de diez años, según se determina por la Comisión de Servicio Publico, cuyo ter-mino se contará desde la, completa instalación industrial; ...”

Interpretando dicho estatuto dijimos en P. R. Am. Sugar Refinery, Inc. v. Domenech, Tes., 46 D.P.R. 602, 609:

“La letra de la ley es tan clara que Mere la retina con la inten-sidad de su luz. La facultad de la Legislatura para decretar la exención es una cuestión que no admite dudas. La Comisión de Ser-vicio Público ha sido creada por la Ley Orgánica; pero sus poderes en cuanto a las industrias que deben ser exentas de contribuciones emanan de la Legislatura de Puerto Eico. La exención y su alcance en cuanto a los bienes es función que corresponde al poder legisla-tivo. .

Si bien la Legislatura delegó en la Comisión de Servicio Público parte de su poder para eximir del pago de contri-buciones a industrias nuevas, nada dijo en cuanto a delegar el poder que la propia Legislatura tiene para dar carácter retroactivo a cualquier exención contributiva que ella con-ceda; y por tanto, forzoso es concluir que la Legislatura no le concedió dicha facultad a la Comisión, y que ésta actuó en exceso del poder que le fuera delegado. La apelante no nos ha citado ningún caso que sostenga su teoría de que por el hecho de haberse delegado a una agencia gubernamental po-der para conceder una exención contributiva desde determi-nada fecha debe interpretarse que, vencido dicho término y concedido uno nuevo ún año después, tenga poder para darle carácter retroactivo a la nueva exención. Es elemental que aun cuando se trata de leyes concediendo exenciones contri-butivas las mismas deben interpretarse restrictivamente y que a menos que expresamente se haga constar en ellas que tendrán efecto retroactivo no deben interpretarse en ese sen-tido. Monllor & Boscio, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67; Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, y casos y autoridades citados en ellos.

. La Legislatura delegó en la Comisión parte del procedi-miento legislativo para la determinación del período, no mayor de diez años, durante el cual podría concederse a cada industria nueva una exención del pago de contribuciones. Resolver que dicha delegación incluía la facultad de dar ca-rácter retrospectivo a la exención, sería extender la delega-ción de poderes más allá de la intención legislativa. Aun en cnanto a la primera exención la Comisión no podía darle efecto retroactivo pues la ley disponía que el “término se contará desde la completa instalación industrial. ’ ’ En cuanto al nuevo plazo correspondía a la apelante hacer su solicitud de nueva exención, no sólo antes de vencer el término conce-dido, sino con tiempo suficiente para que la Comisión actuara antes de vencer dicho término. Somos de opinión que la re-solución de 4 de mayo de 1936 sólo podía tener carácter prospectivo, y como consecuencia la apelante no estaba exenta del pago de contribuciones durante el período com-prendido entre el 1ro. de febrero de 1935 y el 4 de mayo de 1936.

¿Venía obligada la compañía apelante a pagar las contribuciones correspondientes al año económico 1936-1937 por no estar exenta de dicho pago el 15 de enero de 1936?

La contención de la apelante es que si bien las contribu-ciones se fijan el 15 de enero de cada año, no se adeudan realmente hasta el primero de julio y el primero de enero, cuando deberán pagarse por adelantado, de acuerdo con el artículo 330 del Código Político que dispone lo siguiente:

“Las contribuciones impuestas sobre el valor de los bienes mue-lles e inmuebles serán pagaderas semestralmente por adelantado, los días primero de julio y enero de cada año. Dichas contribucio-nes se convertirán, en morosas, si no se satisfacen dentro de los se-senta días después de la fecha en que las mismas se vencieron, y los colectores recaudarán sobre dichas contribuciones morosas una suma adicional de medio por ciento sobre el.importe de la contribución, por cada mes o fracción de mes desde qué dichas contribuciones sean morosas; Disponiéndose; que cuando los colectores no tengan en su poder los recibos de contribuciones el 1ro. de julio de cada año, en tal caso el expresado término de sesenta días se contará desde la fecha en que los recibos estuvieren en su poder, y así se anunciare.”

Este artículo debemos interpretarlo en relación con el 298 del mismo cuerpo legal que, en lo pertinente, dispone:

“Que todos los bienes raíces serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados, para imponerles contribución, a nombre* de la persona que fuere dueño de los mismos o, que estuviere en posesión de ellos el día quince de enero, y la persona en cuyo nombre, apare-cieren inscritos en dicha fecha será tenida por dueño legítimo de dichos bienes. . .”

En el caso de Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 536, resolvimos que la responsabilidad del pago de las contribuciones sobre la propiedad surge en la fecha en que la tasación de los bienes para fines contribu-tivos queda terminada, y dijimos, a la pág. 541:

“La necesidad de fijar una fecha, anterior al momento físico del cobro, en que el estado puede definitivamente calcular sus ingresos para el siguiente año fiscal, es obvia. Toma tiempo el preparar la lista de las tasaciones sobre las propiedades, las planillas y los recibos de contribuciones. El estado contributivo (taxable status) de la propiedad debe permanecer inalterado después de determinado pe-riodo de tiempo y con anterioridad a la fecha del pago de la con-tribución, puesto que el Tesorero debe tener una base fija sobre la cual flotar sus empréstitos, aumentar o reducir las contribuciones, etc.” (Bastardillas nuestras.)

Al mismo efecto véanse Roig v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 649; Valcárcel v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 213, 216; Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 63 D.P.R. 39; Town of Myrtle Beach v. Holliday, 26 S. R.2d 12, 14 (1943); 2 Cooley, Taxation, cuarta edición, sección 546.

Es cierto que hasta ahora hemos aplicado la regla estable-cida en los casos citados, en el sentido de qne traspasos de la propiedad hechos con posterioridad al día 15 de enero no exime al qne aparecía como dueño en dicha fecha del pago de la' contribución impuesta por el Tesorero en la mencio-nada fecha. Empero, la regla es igualmente aplicable a ca-sos en que la propiedad no estaba exenta del pago de contri-buciones el 15 de enero aun cuando posteriormente sea exenta. Cooley, en la obra citada, volumen 2, sección 712, expone la regla en cnanto a la determinación del día desde el cual se rige la exención, diciendo:

“Si la propiedad no está exenta el día qne se impone la contri-bución (tax day), está sujeta a contribución para el año fiscal aun cuando posteriormente sea exenta. Por ejemplo, se ha resuelto que cuando una finca ha llegado a estar sujeta al pago de contribuciones continúa estándolo durante un año aunque subsiguientemente se adquiera para fines que la eximen. Así, cuando una constitución que prohíbe exenciones entra en vigor después de la fecha fijada para la tasación de la propiedad, el derecho a exención de contribuciones para dicho año no es afectado.”

En el caso de Sisters of the Poor v. New York, 3 N. Y. Supp. 433, 20 N. E. 417, citado por Cooley, se resolvió que propiedad sujeta a contribución cuando los libros de tasa-ción estaban abiertos para la corrección de las tasaciones, pero que después y antes de ser cerrados, fue transferida a una corporación cuya propiedad estaba exenta, no quedaba por ese hecho exenta de pago. Y en el de Swan v. State, 77 Ala. 545, se resolvió que cuando el año contributivo, en cuanto a propiedad inmueble se refiere, comenzaba el pri-mero de enero y ciertas tierras fueren declaradas exentas de contribuciones por ocho años desde el primero de mayo de 1876, el término de exención comenzaba con el año 1877. Así mismo en el caso de City of Newport v. Masonic Temple Association, 45 S. W. 881, se sostuvo que estando la propie-dad exenta del pago de contribuciones por la demandada el día en que las mismas eran impuestas, ese derecho de exen-ción no era afectado por la limitación sobre exenciones con-tenida en la constitución aprobada con posterioridad a dicha fecha.

Véanse, además, Board of Com’rs of Comanche County v. Central Baptist Church, 276 Pac. 726, y la Monografía en 63 A.L.R. 1332.

No estando exenta la apelante' del pago de contribucio-nes el día 15 de enero de 1936 no erró la corte inferior al declarar sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado señor De Jesús no intervino.

        Cf. Crow v. General Cable Corporation, 137 So. 657, 658 (1931):
      "El poder legislativo para eximir a plantas industriales del pago de contribuciones por un período limitado como un aliciente para su establecimiento dentro del estado no puede cuestionarse. Si los beneficios a obtenerse justifican tal exención es una cuestión de norma legislativa [legislative policy]. También es la ley que, en ausencia de restricciones constitucionales, la Legislatura puede delegar el poder a agencias gubernamentales locales, [citas].”
      Y véase además Trustees of Phillips Exeter Academy v. Exeter 33 A.2d 665, 670 (1943).