author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Carlos Merino, como sucesor de Rafael Seijo Casaldere, demandante y apelado, v. The Globe Rutgers Fire Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 3785.

    Visto: Marzo 11, 1926.

      Resuelto: Abril 29, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones — Apreciación de las Pruebas — Conclusiones Sobre la Misma. —Atendidas las alegaciones y las pruebas de este caso y habida en conside-ración la actitud de la demandada durante el curso del litigio, se resolvió que la corte sentenciadora estuvo justificada al declarar probada la venta al demandante de la goleta asegurada así como el traspaso de la póliza al comprador.
    2. Seguros — Del Contrato en General — Su Interpretación y Efecto (Operation) — Cláusulas Escritas en Forma Especial y Cláusulas Impresas— Seguro "Por Cuenta de Quien le Pueda Interesar”. — Expedida póliza de seguro marítimo a favor de una persona determinada "por cuenta de quien le pueda interesar” — frase contenida y escrita- en la póliza en forma especial — dicha póliza garantiza el derecho de un comprador subsiguiente y da a éste derecho a recobrar por pérdidas aún cuando exista una estipulación impresa en dicha póliza que sea inconsistente con ese derecho.
    3. Seguros- — Acciones Sobre 'Pólizas — Evidencia—Peso de la Prueba — Prueba Respecto a que la Embarcación Estaba en Condiciones de Hacerse a la Mar. — Toda embarcación se presume que está en condiciones de hacerse a la mar hasta que se pruebe lo contrario, y el peso de la prueba de que no lo estaba descansa sobre la compañía aseguradora.
    4. Seguros — Riesgos y Causas de Pérdidas — Seguros Marítimos — Peligros de Mar Cubiertos por el Contrato — Choque con Troncos Arrastrados por las Corrientes de Mar. — El choque de una goleta con troncos de árboles que llevados por las crecientes de tierra son arrastrados por las corrientes del mar, constituye uno de los "peligros de mar” cubiertos por la póliza.
    5. Apelación t Error — Revisión—Su Alcance y Extensión en General — Su-ficiencia de la Demanda — Omisiones Subsanadas (Cured) por la Prueba. —Una parte no puede alegar con éxito en apelación que una demanda no aduce causa de acción, cuando la base de la causa de acción ejercitada está en la demanda y lo que faltaba en ella se completó por la prueba practicada sin objeción por dicha parte.
    Sentencia de Charles E. Fooie, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Jaime Sifre, Jr., y Horacio Franceschi, abogados de la apelante; Antonsanti & La Costa, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito iniciado para el cobro de cierta póliza de seguro. Celebrada la vista, la corte de distrito dictó sentencia el 23 de marzo de 1923, declarando la de-manda sin lugar, con costas. El 5 de septiembre siguiente el demandante presentó una moción pidiendo a la corte, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lo exonerara de los efectos de la sentencia. La moción fué denegada. Apeló el demandante para ante este tribunal con éxito, 33 D.P.R. 421, y devuelto el caso a la corte de distrito, ésta dejó sin efecto su sentencia. Juzgado el pleito de nuevo, la sentencia fué favorable al demandante, habiendo interpuesto entonces la demandada el presente re-curso de apelación, cuyo señalamiento de errores es así:

■“I. — La corte cometió error manifiesto al apreciar la prueba en este caso, y declarar probado que el demandante Carlos Merino era dueño de la goleta asegurada por la demandada, y que la póliza ex-pedida por la demandada le había sido cedida y traspasada a dicho demandante.
“II. — La corte cometió error al declarar con lugar la-demanda porque el demandante no estableció que entre él y la demandada existiera néxo jurídico alguno por el cual ésta viniera obligada a pa-garle a aquél por concepto alguno.
“III. — La corte cometió error manifiesto al declarar que la goleta asegurada ‘María Magdalena’ estaba en buenas condiciones de ha-cerse a la mar en su último viaje, en el cual naufragó.
“IV. — La corte cometió error manifiesto al declarar probado que el naufragio de la goleta ‘María Magdalena’ se debió a un peligro del mar.
“V. — La corte cometió error al declarar con lugar la demanda toda vez que no se probó que la causa del hundimiento de la goleta María Magdalena fuera uno de los riesgos comprendidos en la pó-liza expedida por la demandada.
“VI. — La corte cometió error al denegar la excepción previa de falta de causa de acción presentada por la demandada y basada en que en la demanda no se alegaban hechos suficientes para constituir una causa de acción.”

Examinemos el primer error. Hemos leído cuidadosamente las largas e inteligentes observaciones del abogado de la parte demandada y apelante sobre el particular y la verdad es que no se concibe cómo en un caso tan debatido como éste y teniendo a su alcance una prueba documental terminante, dejara el demandante de presentarla, corriendo el riesgo de perder otra vez sus alegados derechos sin que le fuera dable a la corte penetrar en el examen del mérito de los mismos.

Hedía esta manifestación, diremos, sin embargo, que un estudio cuidadoso de las alegaciones y las pruebas y de la ley y la jurisprudencia, uniendo detalles y habiendo en con-sideración la misma actitud de la parte demandada durante todo el curso del litigio, permite concluir que la corte sen-tenciadora estuvo en lo cierto al declarar probado:

“Que en el mes de abril, del año 1921, dicho Seijo vendió la go-leta asegurada al demandante Carlos Merino, entregándole a éste por conducto de su apoderado la póliza expedida por la deman-dada.”

En el hecho tercero de la demanda enmendada que está jurada, se alega que Seijo vendió al demandante la goleta en cuestión, y en el quinto, que el demandante notificó el ac-cidente a la demandada. Y al contestar la demandada el hecho tercero alega “que en abril 1 de 1921 Sobrinos de Ezquiaga escribió una carta a Despard & Co., agentes de aseguro, para que al expirar la citada póliza, expedida y li-brada a nombre de Rafael Seijo Oasaldere se expidiera una nueva póliza por la aquí demandada a favor del aquí de-mandante, y que la demandada ni en abril 1 de 1921, ni en ninguna fecba anterior o posterior, expidió póliza alguna de seguro sobre la goleta María Magdalena a favor del aquí demandante, y también por información y creencia que de acuerdo con los términos de la citada póliza de seguro Rafael Seijo Oasaldere no podía vender, ceder ni traspasar la goleta ni la póliza de seguro sin el previo consentimiento por escrito de la demandada y que este consentimiento nunca fué dado.” Y al contestar el liecbo quinto admitió “que el demandante notificó del accidente a Sobrinos de Ezquiaga y que éstos actuando como agentes del aquí demandante no-tificaron del hundimiento de la citada goleta María Magdalena a los Sres. Despard & Co., de la ciudad de New York, Insurance Brokers, y que tanto los citados Sobrinos de Ez-quiaga como los Sres. Despard & Co. notificaron a la aquí demandada del hundimiento de la referida goleta María Magdalena, suministrándole los informes, datos y documen-tos usuales en estos casos.”

Uno de los documentos introducidos en el juicio como prueba fué una copia certificada por el Deputy Collector of Customs de San Juan, P. R., del “Report of Casualty” presentado en la Aduana de acuerdo con la ley de junio 20, 1874, en que se hizo constar que el demandante era el dueño de la goleta de que se trata.

Por último, G-abriel Palerm, apoderado primero de Seijo y luego de Merino, y administrador de la goleta por cuenta de ambos, sucesivamente, declaró repetidas veces que la go-leta fué vendida por Seijo a Merino, terminando su declara-ción, contestando a preguntas de la demandada, así: “A.— ¿En qué forma se hizo la venta ésta? — T.—Como se hacen to-das las ventas, con dinero. — A.—¿Hubo nn documento de venta? — T.—Son transferencias de la Adnana nada más.” Y con respecto al traspaso de la póliza si bien Palerm in-siste en qne la póliza no fné traspasada, es evidente qne se refiere al documento en qne la póliza constaba. El hizo gestiones para qne la Compañía expidiera nneva póliza a favor de Merino, y al sostener qne la póliza no se tras-pasó dice qne fné “porqne no se había terminado el plazo del segnro y no podía traspasarse,” y contestando seguida-mente a la siguiente pregunta del abogado de la demandada: “¿Seijo nunca le cedió las pólizas a Carlos Merino?”, dijo: “Siempre le dió a Carlos Merino el seguro de todo, pero las pólizas no podían traspasarse porqne no había terminada el plazo.” Otra parte del interrogatorio de Palerm es- como signe: “A. — ¿Durante la transferencia de estas pólizas ai. quién se le entregó la póliza de este caso cuando compró Merino? — T.—Cuando compró Merino las pólizas quedaron siempre en poder mío. — A.—¿Como apoderado de quién?— T. — De Carlos Merino.” Y la actuación del testigo cerca de Sobrinos de Ezquiaga y de la demandada antes y después de ocurrido el accidente, sólo es consistente con la venta de la goleta y el traspaso de la póliza a Merino.

El testigo Palerm mereció entero crédito a la corte y las hábiles impugnaciones que en contra suya hace en su ale-gato la parte apelante no nos convencen de que la corte de distrito abusara de su discreción en tal sentido.

A virtud de las constancias del récord que dejamos indi-cadas y de otras que quizá hayan escapado en la exposición escrita, sin perder de vista lo dispuesto en la sección 4192 de los Estatutos Federales y en el artículo 573 del Código de Comercio, citados por la apelante en el acto de la vista del recurso y en su memorándum adicional, opinamos que no se ha cometido el primero de los errores señalados.

El segundo error levanta la cuestión más interesante envuelta en el litigio. La póliza se expidió a favor de Rafael Seijo Casaldere “on account of whom it may concern” y contiene además nna cláusula que dice: “It is also agreed that this insurance shall he void in case this policy or the interest insured shall be sold, assigned, transferred, or pledged without the previous consent in writing of the insurers.”

Es un hecho admitido que para la venta de la goleta y para el traspaso de la póliza, no se obtuvo, ni siquiera se solicitó el consentimiento de la demandada. Los hechos se pusieron en conocimiento de la demandada y se trató de ob-tener sin resultado una nueva póliza a favor del deman-dante. Eso fue todo.

Siendo ello así, si se aplicara la última cláusula citada, no sería necesario investigar jurisprudencia' alguna para concluir que de acuerdo con el contrato, que es la ley entre las partes contratantes, Merino, el demandante, ningún de-recho tenía.

Pero no existe sólo la cláusula prohibitiva citada si que también aparecen de la póliza las palabras “on account of whom it may concern” que hemos transcrito, con la circuns-tancia de que “on account of” aparece impreso y seguida-mente un espacio en blanco que se llenó, con un sello al pa-recer de goma, con las restantes palabras “whom it may concern,” mientras que la cláusula prohibitiva es una de tantas impresa en letra muy pequeña en el cuerpo de la póliza, y tales palabras bajo circunstancias similares, han sido interpretadas en el sentido de que la póliza garantiza el derecho de un comprador subsiguiente aunque el tras-paso no fuera hecho con el consentimiento de la compañía aseguradora.

El 11 de noviembre de 1899, el Juez McPherson de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, E.D. Pennsylvania, resolvió el caso de Hagan v. Scottish & National Ins. Co., de la siguiente manera:

En diciembre de 1897, Peter Hagan, que entonces era el único dueño del remolcador ‘Senador Penrose,’ tomó una póliza de seguro contra incendio por un año en la compañía demandada, asegurando a favor de Peter Hagan & Co., ‘por cuenta de quien le pueda intere-sar, y por una suma que no exceda de $2,000, en el remolcador de hierro Senador Penrose, su casco, aparejo, máquinas, calderas, ma-quinaria, pertenencias, muebles y provisiones.’ Entre las disposicio-nes impresas de la póliza se declara que el contrato será nulo ‘si el interés del asegurado no fuere un interés incondicional y de exclu-siva propiedad’ o ‘en caso de ocurrir cualquier cambio, que no sea debido a la muerte del asegurado, en el interés, título o posesión de la cosa objeto del seguro, * * * ya por razón de procedimiento o sentencia judicial, o por el acto voluntario del asegurado, o por otra causa, o en caso de que esta póliza sea cedida antes de ocurrir una pérdida.’ En junio de 1898 Hagan vendió a Martín una par-ticipación de la mitad en el remolcador, pero no notificó la venta a la compañía ni obtuvo su consentimiento para la misma. Hubo al-guna discusión entre Hagan y Martín sobre el efecto de la venta sobre la póliza y consultaron el asunto con un agente de seguros, llegando finalmente a la conclusión de que la cláusula ‘por cuenta de quien le pueda interesar’ era suficiente para proteger el interés de Martín sin necesidad, de dar paso alguno. La venta incluía un in-terés en la mitad de la póliza, y Martín satisfizo a Hagan su propor-ción correspondiente en la prima por la parte del término de la pó-liza no transcurrido. En el mes de julio la embarcación fué des-truida por un incendio. Se presentaron pruebas de la pérdida, pero la compañía se negó a pagar por el fundamento de que bajo las an-teriores disposiciones de la póliza la venta a Martín había hecho nulo el contrato.
“La decisión del caso depende del efecto que haya de darse a las palabras ‘por cuenta de quien le pueda interesar.’ Esta cláusula, en tanto en cuanto esté en conflicto con otra parte del texto de la póliza, debe considerarse como dominante, de acuerdo con bien cono-cidos principios. Ella expresa el convenio especial de las partes, pues está escrita, mientras que las disposiciones incompatibles con ella están impresas, y las condiciones generales impresas usualmente ceden a las palabras - escritas deliberadamente escogidas. Además, aun cuando la corte dudara cuál disposición debe prevalecer, otra bien conocida regla exige que la póliza sea interpretada contra la compañía antes que contra el asegurado; y por consiguiente, por cualquiera de dichos fundamentos, la cláusula que estamos conside-rando debe prevalecer.
“El efecto que ha de darse a la misma parece gstar bien determi-nado. La corte Suprema, en el caso de Hopper v. Robinson, 98 U.S. 528, L. ed. 219, se expresa como sigue:
“ ‘Una póliza como la que estamos considerando, a favor de una persona determinada “por cuenta de quien le pueda interesar,” o en términos similares, se aplicará para beneficio de las personas que tuvo en mente la persona que la tomó, siempre que ésta tenga la autoridad necesaria de aquéllas, o que aquéllas subsiguientemente adoptaran la póliza. 1 Phil. Ins., see. 383.
“ ‘Este es el resultado, aunque las personas de que se trata no sean conocidas por el agente que obtuvo la póliza ni por los asegu-radores que por ella se obligaron. Id., see. 384.
“ ‘Uno puede llegar a ser parte en un seguro efectuado, sin au-toridad previa de él, en términos tales que lo hagan aplicable a su beneficio, adoptándolo antes ■ o después de tener lugar la pérdida, aunque la pérdida haya ocurrido antes de hacerse el seguro. Id., see. 388.
“ ‘La adopción de la póliza no tiene que ser necesariamente en una forma determinada. Cualquier cosa que claramente demuestre esa intención es suficiente.’
“El primer paso, por lo tanto, en cualquier caso, es determinar cuál es el interés que la persona que tomó la póliza quiso proteger. No es esencial que tuviera en mente a determinado individuo. Basta con que fuera su intención proteger el interés que luego pasó a la persona agraviada; y si tal fué su intención la póliza puede luego ser adoptada por un subsiguiente dueño, en todo o en parte, del in-terés asegurado, aunque tal dueño fuera desconocido a la persona que tomó el seguro, o a la compañía, al tiempo de expedirse la pó-liza.
“En el presente caso no tengo duda alguna (y llego a-esa conclu-sión de hecho) de que Hagan tuvo la intención de asegurar, y de-jar asegurado por un año, todo el título de propiedad en la embar-cación. No fué su intención proteger meramente el interés que él mismo pudiera tener de tiempo en tiempo. Si ése hubiera sido su objeto la póliza hubiera sido más naturalmente tomada en su propio nombre, omitiendo la frase condicional. Pero él quería proteger el título de propiedad sobre la embarcación, ya recayera en él solo o fuera compartido con o trasferido a otras personas. Siendo ésta su intención, y habiendo Martín más tarde adoptado la póliza por el contrato de venta y satisfecho la parte correspondiente de la prima, .creo que no existe otra dificultad. Los hechos hacen caer la contro-versia dentro de 1a. regla expuesta en Hopper v. Robinson y en otros casos a los cuales no es necesario hacer referencia. En el caso de Mosser v. Donaldson (Pa. Sup.) 10 Atl. 766, citado por la deman-dada, resultó claramente qne la intención de las partes fné que dos personas solamente tendrían el beneficio de una frase similar, y ése fué el fundamento por el cual se negó a una tercera persona el de-recho a participar en la protección de la póliza. No creo que la decisión de la corte de apelaciones de Maryland en el caso de Fire Ins. Ass’n. v. Merchants’ & Miners’ Transp. Co. (Md.) 7 Atl. 905, esté en conflicto con la regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero si existe conflicto mi deber es claro.
“Se registrará sentencia por $1,533.33 a favor del demandante, con intereses a partir de octubre 8, 1898, y las costas.” Hagan et al. v. Scottish Union & National Ins. Co., 98 Fed. 129-31.

El decreto de la corte de distrito fué apelado a y revo-cado por la Corte de Circuito. Llevado entonces el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ésta a su vez re-vocó la decisión de la Corte de Circuito y dejó en pie la de la de distrito. La opinión fué escrita por el Juez Peclcham. Transcribe primero parte de la opinión de la corte de dis-trito y luego parte de la de la Corte de Circuito y dice:

“En estas dos citas de las opiniones escritas por las cortes infe-riores encontramos el criterio de los jueces de dichas cortes sobre la cuestión en controversia. Es de observarse, én primer lugar, que la póliza en cuestión cubre bienes que están en el agua, o sea, un remolcador, y sin embargo la parte impresa de la póliza demuestra que era para ser usada generalmente para asegurar bienes en tierra. Se hizo una póliza marítima en blanco que no eran para esa clase de seguro. Por consiguiente, muchas de las condiciones impresas eran enteramente inaplicables al aseguro de bienes en el agua.
“Cuando una póliza marítima es así expedida en un blanco de póliza muchas de cuyas condiciones son para el aseguro de bienes o artículos en tierra, se hace doblemente importante conservar y apli-car estrictamente la regla de que la parte escrita prevalecerá sobre la parte impresa de una póliza, pues en tal caso lo escrito demostrará aún más claramente que de costumbre el verdadero convenio entre las partes. Las cortes nunca tratarán de limitar lo que de otro modo sería el significado y efecto de las condiciones escritas, recurriendo a alguna condición impresa de la póliza que, de ser aplicada, cam-biaría tal significado y haría sustancialmente inútil y sin aplicación la parte escrita.
“En el caso de Dudgeon v. Pembroke, resuelto en la Camara de los Dores de Inglaterra en 1877, 2 App. Cas. 284, en la página 293, al hablar en la opinión de la corte sobre esta cuestión de la dife-rencia entre las partes escritas y las impresas de una póliza, Lord Pensance dijo:
“ ‘Señores, la póliza en este caso es una póliza de tiempo y no de viaje, y no sólo eso sino que es una póliza ordinaria de tiempo. No puede haber, me parece, duda alguna sobre ese punto. Se ha sugerido que por estar la póliza extendida en un blanco impreso cuyas condiciones impresas son aplicables a un viaje y también a artículos así como al barco, la póliza es algo menos, o algo más, que una póliza de tiempo. Pero la práctica de los hombres de co-mercio de escribir en sus formas impresas las condiciones específi-cas mediante las cuales desean describir y limitar el riesgo que se trata de asegurar, sin tachar las palabras impresas que serían apli-cables a un contrato más amplio o distinto, es muy bien conocida y ha sido demasiado constantemente reconocida en las cortes para permitir tal conclusión.’
“Esta regla es reconocida y aprobada por las dos cortes inferio-res. Si hay alguna incompatibilidad entre las condiciones escritas de la póliza y las partes impresas de la misma, los términos escri-tos deben prevalecer. Se hace, por tanto, necesario, determinar cuál es el significado de la parte escrita de la póliza, y cuál fué la intención de las partes al escribir las palabras ‘por cuenta de quien le pueda interesar.’ Ambas cortes inferiores están contestes en que una póliza con dicha frase cubre el interés de la persona que tenía en mente el que tomó el seguro, aunque dicha persona no fuera en-tonces conocida. Se dijo por la corte de distrito que era bastante con que la persona que tomaba el seguro tuviera, la intención de proteger los intereses que luego pasaron a la persona agraviada, y que no era esencial que aquélla tuviera en mente un individuo espe-cífico al tiempo de tomar el seguro. La opinión de la Corte de Ape-laciones admite que una póliza a nombre de una persona en particular ‘por cuenta de quien le pueda interesar’ cubre el interés de la persona que tenía en mente el que tomó la póliza, aunque la persona no fuera conocida. Pero dicha corte de apelaciones nada pudo encontrar en el caso que justificara la conclusión de que Hagan (la persona que tomó el seguro) tenía la intención de asegurar a un futuro comprador de la embarcación o de una participación en la misma, por haberse conservado en la póliza la condición impresa de que sería enteramente nula, a menos que lo contrario se conviniera, en caso de cualquier cambio de interés, título o posesión. La reten-ción de esta disposición impresa, según la corte, impedía inferir in-tención alguna de que la póliza fuera aplicable a alguna persona que reclamara al amparo o por virtud de tal traspaso.
“Estamos conformes en que por virtud de la frase contenida en la póliza, ‘por cuenta de quien le pueda interesar’, no es necesario que la persona que toma la póliza tenga entonces en mente algún individuo específico. Si su "intención era que la póliza cubriera el interés de cualquier persona a quien él pudiera vender todo o parte de la cosa asegurada, ello era bastante. En el caso de Hooper v. Robinson, 98 U.S. 528, se dijo que una póliza sobre un cargamento a favor de A, por cuenta de quien le pueda interesar, beneficiará a la persona que A tenía en mente, siempre que al tiempo de efec-tuar el seguro A tuviera la necesaria autoridad de tal persona o que ésta hubiera subsiguientemente adoptado la póliza. Los hechos en dicho caso difieren materialmente de los presentados en estos autos, pero el significado de la expresión ‘por cuenta de quien le pueda interesar’ está expuesto en la opinión de la corte, y en la misma se citan autoridades que demuestran que no es necesario que al'tiempo de efectuar el seguro la persona que lo tomó tuviera en perspectiva el beneficio de algún individuo particular entonces co-nocido, y que dicha frase cubre el caso de uno que tenga un interés asegurable al tiempo de ocurrir la pérdida y a quien se trató de proteger al tiempo de tomar el seguro.
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“Nos vemos obligados a discrepar del criterio de la corte de cir-cuito de apelaciones al decir que nada había en el caso que justifi-cara la conclusión de que Hagan tuvo la intención de asegurar a un futuro comprador de la embarcación o de una participación en la misma, por haberse preservado en la póliza la condición de que se-ría enteramente nula, a menos que lo contrario se conviniera, en caso de cualquier cambio, etc. Nos parece que precisamente la in-tención al decir que el seguro era por cuenta de quien le pudiera interesar fué anular las disposiciones impresas con respecto a exclu-siva propiedad y a traspaso de intereses. Era una cláusula convi-niendo ‘lo contrario’ de lo dispuesto en la parte impresa de la pó-liza. Preveía la contingencia de que al tiempo de la pérdida la persona que tomó el seguro no fuera el único e incondicional dueño de la cosa asegurada por razón de un traspaso de título o interés ocurrido por el acto de tal persona entre el momento de tomar el seguro y el acaecimiento de la pérdida.. Creemos que ésa fué la intención de la persona que tomó el seguro, deducida de la lectura de la parte escrita de la póliza y mediante referencia al .hecho de que su intención fué asegurar todo el título y no meramente el in-terés que dicha persona tuviera de tiempo en tiempo. De lo con-trario no vemos qué efecto se da a la parte escrita del documento.
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“Cuando Hagan tomó el seguro él era el único dueño, y a me-nos que su intención fuera que las palabras escritas se aplicaran a aquellas personas a quienes él luego pudiera ceder su interés o al-guna parte del mismo, la expresión parecería no tener finalidad al-guna.
“Si la póliza hubiera de quedar nula en caso del traspaso de todo o una parte del interés de la persona que tomó el seguro, a menos que la compañía fuera notificada y se conviniera dicha tras-paso mediante endoso en la póliza, no vemos que la inserción de la frase en cuestión produjera alteración alguna en sus términos y significado. De acuerdo con la interpretación que sostiene- la com-pañía, ella tendría, estando en la póliza la disposición escrita, igual derecho a negarse a convenir en un traspaso de interés que si dicha disposición fuera quitada,,y los términos de la póliza en realidad no serían alterados por la inserción de esa disposición. Creemos que ello sería un resultado enteramente distinto del que tuvieron en mente las partes. Las palabras ‘por cuenta de quien le pueda in-teresar’ no se refieren solamente a las personas interesadas en la póliza al tiempo de expedirse. La condición se refiere al futuro. No es una cuestión de las personas interesadas al tiempo de tomarse la póliza, sino de aquellas que puedan' estar interesadas al ocurrir la pérdida y que estuvieron en la mente del que tomó el seguro en el momento de hacerlo. Es por cuenta de aquellos que en el futuro, al tiempo de ocurrir una pérdida, posean el interés asegurable y con respecto a quienes la póliza se aplicará. Creemos que ésta es la interpretación sensata del lenguaje empleado, justificada y exi-gida por las autoridades, muchas de las cuales se citan en el caso de Hooper v. Robinson, supra.Hagan v. Scottish Ins. Co., 186 U.S. 428-33.

En su alegato la parte apelante sostiene que el caso de Hagan es distinto a éste porque en el de Hagan se usó una forma impresa preparada para seguros en tierra y aquí la forma impresa estaba especialmente preparada para seguros de mar.

Si se observa el lenguaje de la Corte Suprema se verá que se pone énfasis en tal circunstancia para concluir que es doblemente importante para aplicar estrictamente la re-gla, pero ello no quiere decir que la regla se base en la indi-cada circunstancia.

La razón es que las formas impresas se preparan con anterioridad para abarcarlo todo, mientras que las pala-bras que especialmente se escriben o consignan en el mo-mento mismo de otorgarse el contrato deben ser y son pre-dominantes porque expresan la actual voluntad de las par-tes que contratan.

Insistiendo en distinguir el caso de Hagan, la parte ape-lante sostiene también que de los becbos de dicbo caso se desprende que cuando Hagan efectuó el seguro no tenía a ninguna persona particular en mente, mientras que aquí la prueba demostró que Palerm obtuvo el seguro a nombre de Seijo para garantizarse a sí mismo de cierta bipoteea que tenía constituida sobre la goleta.

Debe aclararse que la prueba demuestra que en efecto Palerm era dueño de una hipoteca constituida sobre la go-leta por Seijo, pero demuestra también que cuando Seijo vendió a Merino, Palerm cobró su crédito, y nada existe en ella que demuestre que la póliza se tomó para garantizar exclusivamente a Palerm. Puede admitirse que estuvo en la mente de Seijo al asegurar su goleta el garantizar su deuda a Palerm, pero ello en modo alguno excluye la idea de po-der garantizar también en el futuro cualquier otro contrato posterior.

Los casos que cita la apelante y los autores que invoca, no destruyen en manera alguna la jurisprudencia estable-cida por la Corte Suprema de la nación. Y aplicando esa jurisprudencia es necesario concluir que tampoco erró la corte de distrito al sostener como sostuvo “que Rafael Seijo Casaldere al tiempo de vender la goleta ‘María Magdalena’ a Carlos Merino y entregarle la póliza que aseguraba la misma no estaba obligado en forma alguna a solicitar ni ob-tener permiso de la compañía demandada para verificar esa transferencia y que esa venta podía verificarla como la verificó sin que por eso se considerara nulo el contrato de seguro.”

Los errores 3, 4 y 5 pueden estudiarse conjuntamente.

Entre otros, la corte de distrito declaró probados los si-guientes hechos:

“Que allá por el mes de abril de 1921, y dentro del período cu-bierto por la póliza la goleta emprendió viaje desde el puerto de San Juan al de Aguadilla y desde éste al de Mayagüez y que allá por el día 28 de abril del mismo año y de noche salió del puerto de Ma-yagüez con rumbo a Santo Domingo.
“Que antes de salir de Mayagüez, así como en los puertos men-cionados anteriormente se probaron las bombas como de costumbre, encontrándose que el barco no contenía agua alguna y que el mar se encontraba en calma, había poca brisa y alguna corriente y mien-tras la goleta navegaba por el'canal, la tripulación sintió un golpe contra uno de los costados de la misma como si fuera un tronco de madera u otro objeto que suelen traer las corrientes por esos sitios y el capitán de la goleta con otros de la tripulación alumbraron so-bre el costado de la goleta para averiguar el motivo del golpe sin ver objeto alguno.
“Que por la madrugada del día 29 de mayo (sic) de 1921 como a 30 millas de las costas de Puerto Rico, el timonel que estaba de guardia se dió cuenta de que la embarcación se estaba llenando de agua y llamó al capitán y demás tripulantes observándose que la goleta contenía de 4 a 6 pies de agua, e inmediatamente se pusie-ron a trabajar las dos bombas que tenía el barco y que el agua era tanta y entraba tan rápidamente que las bombas no daban abasto para extraerla y que por la tarde del 29 de abril de 1925 la tripu-lación tuvo que abandonar la goleta, hundiéndose ésta a los pocos momentos.
“Que la tripulación toda en un botecito llegó al puerto de Agua-dilla donde levantaron la protesta usual en tales casos.
“Que la goleta ‘María Magdalena’ era nueva, teniendo como un año de construida y que pocas semanas antes de emprender este viaje se le había practicado una inspección general y se raspó el • casco y pintó de muevo, encontrándose en buenas condiciones.
“Que es frecuente encontrarse por el sitio donde navegaba la goleta al tiempo de sentirse el golpe, troncos de maderas y otros ob-jetos flotantes que pueden causar daños a embarcaciones si chocasen y que aún eon el mar en calma y viento moderado, debido a las co-rrientes que existen en esos sitios, el choque- de un objeto con una embarcación como en el caso presente puede abrir, como estamos convencidos abrió una grieta en uno de los costados de la goleta.”

Hemos analizado la evidencia practicada y a nuestro jui-cio sostiene los hechos declarados probados por el juez sen-tenciador. No hay el más leve indicio de fraude. Se tra-taba de una embarcación relativamente nueva y se tomaron todas las precauciones que usualmente se toman en estos casos. El hecho de que la arena que conducía como lastre la goleta obstaculizara finalmente el funcionamiento de las bombas, en que tanto insiste la apelante, no quiere decir que el hundimiento se debiera a la arena. No estaba prohibido hacerse a la mar con dicho lastre y las bombas se usaron hasta el límite. No se requiere que las bombas estén siem-pre libres de cualquier obstáculo que puedan producir en su funcionamiento el lastre o el cargamento del buque.

Copio demuestra el apelado en su alegato, los hechos de este caso son distintos de los del de Pacific Coast S. S. Co. v. Bancroft Whitney Co., 94 Fed. 180. Aquí hubo prueba directa, toda la que podía presentarse, — ya que no es posi-ble que se pida que cada vez que una goleta intenta salir de viaje sea examinada sin omitir el más pequeño espacio por algún ingeniero naval, — de que la embarcación se en-contraba en buenas condiciones. Acababa de recibir una reparación general, había navegado sin dificultad desde San Juan a Aguadilla y a Mayagüez y fué examinada por sus mismos empleados en la forma usualmente aceptada antes de salir para Santo Domingo. El naufragio ocurrió como a treinta millas de la costa, y la causa probable del mismo, surgida después de la partida, se explica satisfactoriamente por la prueba.

Además la parte demandada no ofreció prueba alguna de que la goleta no se encontraba en buenas condiciones cuando salió para Santo Domingo y se ha decidido repeti-damente que:

“El peso de la prueba de que una embarcación no está en con-diciones de hacerse a la mar descansa sobre la compañía de seguros. La presunción de- ley es que toda embarcación está en condiciones de hacerse a la mar hasta que lo contrario se pruebe. Gow on Marine Insurance, p. 273; Arnould on Marine Insurance, par. 725; Adderly v. American Mut. Ins. Co., Fed. Cas. No. 75; Bullard v. Roger Williams Insurance Co., Fed. Cas. No. 2122; Lunt v. Boston Marine Insurance Co. (C.C.) 6 Fed. 562; Moores v. Louisville Underwriters (C.C.) 14 Fed. 226; Guy v. Citizens’ Mutual Insurance Co. (D.C.) 30 Fed. 695; Earnmoor v. California Insurance Co. (D.C.) 40 Fed. 847; Nome Beach Lighterage & Transp. Co. v. Munich Assur. Co. (C.C.) 123 Fed. 820, 824; Thames & Morsey M. Insurance Co. v. Pacific Creosoting Co., 223 Fed. 561, 570, 139 C.C.A. 101.” Fireman’s Fund Ins. Co. v. Globe Nav. Co., 236 Fed. 623.

A nuestro juicio demuestra también la evidencia que el accidente se debió a un riesgo del mar cubierto por la póliza.

Abundantísima jurisprudencia existe y mucha de ella se cita por las partes sobre este extremo. En la póliza .cons-tan estas palabras: “Touching the adventure and perils which the said company is contented to hear, and take upon itself, in this voyage, they are of the Seas, Fire, . . . .” Y como es indudable que el mar tiene corrientes y que esas corrientes arrastran troncos de árboles que al mar llevan las crecientes de tierra, uno dé los peligros que corren las embarcaciones en el mar es chocar con esos troncos sin ser vistos, sin negligencia alguna por parte de los que gobier-nan el barco, pudiendo el choque, en embarcaciones de la clase de la que se trata en este caso, abrir una grieta inme-diatamente o después de tal naturaleza que penetre por ella un caudal tan grande de agua que ocasione el hundimiento sin que sea posible evitarlo usando hasta el límite las bom-bas y el esfuerzo de toda la tripulación. Y eso fué lo que la prueba demuestra que ocurrió en este caso.

Resta sólo considerar el error que se alega cometido por la corte al resolver la excepción previa formulada por la- demandada a la demanda que fue. sometida sin discusión y declarada sin lugar por la corte.

Se sostiene por la apelante que la demanda no aduce causa de acción porque no alega que la póliza estaba -vigente al tiempo del siniestro. Contesta el apelado que la alega-ción concreta cuya falta hace notar la apelante se hizo cons-tar por entrelineas en el original en la corte de distrito, pero que aún admitiendo que no se hubiera hecho no era necesaria porque del contexto general de la demanda se des-prende que el seguro estaba vigente a la fecha del accidente, y así resulta en efecto del estudio que dé la demanda en-mendada hemos hecho.

Y sostiene por último la apelante que tal como está re-dactada la demanda no puede deducirse de ella que el hun-dimiento de la goleta se debiera a uno de los riesgos del mar garantizados por la póliza. En la demanda se alega que “mientras la referida goleta se encontraba como a 30 millas de las costas de Puerto Pico, el capitán de la misma descubrió una grieta en el casto de la embarcación, siendo tanta el agua.que entraba por ella que las bombas que al efecto se pusieron a trabajar no dieron abasto para sacar el agua que entraba, dando lugar a que se hundiera dicha goleta, a pesar de todos los esfuerzos que la tripulación hizo para- salvarla; pero que a pesar del trabajo que hicieron durante todo el día, a eso de las cuatro de la tarde de dicho día la tripulación tuvo que abandonar la. goleta porque era imposible salvarla y se hundía rápidamente, siendo lo ocu-rrido accidental, no teniendo culpa en parte alguna el capi-tán, ni la tripulación en lo ocurrido, ni por negligencia o falta de experiencia de la tripulación ni del capitán.”

Aunque la causa productora de la grieta no se especificó en la demanda, creemos que atendidas todas las circuns-tancias concurrentes, no era absolutamente necesario. Po-dría sostenerse que la demanda no era todo lo perfecta que debió ser, pero la base estaba en ella, y lo que faltaba fue completado por la prueba practicada sin objeción por parte «de la demandada.

A virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia. recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Ricardo Ríos y Ríos, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelada.
    No. 3646.

    Visto: Noviembre 19, 1925.

      Resuelto: Abril 29, 1926.
    1. Patrono y Empleado (Master and Servant) — Responsabilidad del Patrono por Daños al Empleado — Acciones—Alegaciones en la Misma — Patrono no Obligado por las Disposiciones de la Ley de Indemnizaciones a Obre-ros. — Una demanda de daños y perjuicios contra un patrono de la que no resulte que el demandado no estaba obligado por las disposiciones de la Ley de Indemnizaciones a Obreros debe alegar que no se ha recibido compensa-ción por virtud de dicha ley y que las lesiones sufridas por el demandante fueron causadas por el acto ilegal o negligencia criminal de su patrono.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Oaso — Revocación—Sen-tencia Sobre Excepción Previa. — Dictada sentencia final al declararse con lugar excepción previa de falta de causa de acción, si dentro de las cir-cunstancias del caso la corte inferior debió dar una oportunidad para en-mendar, la omisión de no hacerlo así al resolver la excepción es suficiente para revocar la sentencia apelada.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada.

      Luis Muñoz Morales, abogado del apelante; J. TL. Brown,,Clemente Ruiz Nazario y Sergio Q. G-elpí, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante establece apelación contra la siguiente sentencia:

“En este caso la demandada presentó una excepción previa de falta de causa de acción que consta unida a los autos.
“Discutida que fué dicha excepción en corte abierta por los abo-gados de ambas partes, la Corte la declaró con lugar en los siguien-tes términos:
“La Corte declara con lugar la excepción previa de falta de causa de acción. No aparece de la demanda que los hechos que se fundan tuvieran como causa un acto ilegal o negligencia criminal •de la- demandada como patrono del demandante ni tampoco, en caso afirmativo, que baya renunciado los beneficios de la Ley de Indem-nizaciones a Obreros. Yéase Sec. 21 de dieba Ley No. 10 de 1918. Tomo de Leyes de diebo año, Pag. 83.
“Por lo expuesto creemos que procede dictar sentencia declarando sin lugar la demanda y ordenando el archivo, con costas al deman-dante.
“El Secretario librará la correspondiente orden de ejecución.
“Pronunciada en Corte abierta el trece y registrada boy día diez y siete de Marzo de 1925.
(fdo.) Charles E. Foote,
Juez 1er. Dto.”

Insiste el apelante en que:

“Primer error. — La Corte cometió error al desestimar la de-manda por el fundamento de que en ella no se alegan hechos que demuestren un acto ilegal o negligencia criminal de la demandada.
“Segundo error. — -La Corte sentenciadora cometió error al decla-rar para ejercitar esta acción era necesario la previa renuncia ex-presa de los beneficios de la Ley No. 10 de 1918.
“Tercer error. — La Corte de Distrito cometió error al dictar sen-tencia inmediatamente sin dar oportunidad al demandante para en-mendar su demanda.”

La primera de estas tres cuestiones fué resuelta en sentido adverso al apelante en el caso de Rodrigues v. Sucesión Paoli, 31 D.P.R. 486. Véase también el caso de Camuñas v. New York & P. R. S. S. Co., 260 Fed. 40, y Camuñas v. P. R. Ry., Light & Power Co., 272 Fed. 924.

La segunda proposición en la cual se funda el apelante es quizás algo más meritoria, pero su resolución final puede ser pospuesta basta que hayamos tenido el beneficio de una presentación más completa del asunto de como ba tratado de hacerlo cualquiera de las partes en este caso. El apelante puede fácilmente evitar todo riesgo en el presente caso redactando de tal modo su demanda enmendada que no baya lugar a duda o inferencia.

Apreciadas todas las circunstancias creemos que al de-mandante debió habérsele dado una oportunidad para en-mendar al ser declarada con lugar la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, y por esta razón debe revocarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Nicolás Ortiz, como padre con patria potestad de David Ortiz, demandante y apelante, v. Luis Toro Cabañas, demandado y apelado.
    No. 3693.

    Visto: Noviembre 25, 1925.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de I-Ieoho, Veredictos v Con-clusiones — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria.' — Cuando los errores levantados se refieren a la 'apreciación de la prueba y siendo ésta contradictoria el conflicto en la misma se ha resuelto en contra del apelante, no demostrando éste la existencia de pasión o prejuicio,. ni error manifiesto alguno, la sentencia apelada debe confirmarse.
    2. “Torts” — -Acciones de Daños y Perjuicios {Torts) — Actos que Dan Lugar a su Ejercicio — En General. — Actos que dan lugar al ejercicio de una acción de daños y perjuicios (torts), expresados.
    Sentencia ele Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; F. B. Fornaris, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Ortiz, como padre con patria potestad de David Ortiz, demandó a Luis Toro Cabañas reclamándole diez mil dólares por los daños y perjuicios que ocasionara al menor David, así:

“II. — -Que el día 25 de noviembre de 1922, el referido menor se •encontraba junto a la acera- de un edificio situado en la carretera que conduce de la ciudad de San Juan a la de Río Piedras, Puerto Rico, situado entre el kilómetro 11 y el 12 de dicha carretera.
“III. — Que mientras dicho menor se encontraba junto a la so-bredicha acera, el demandado guiaba un automóvil que marchaba por dicha corretera en dirección de norte a sur, o sea de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, a la de Río Piedras, a gran velocidad.
“IV. — Que mientras el demandado guiaba dicho automóvil en la dirección expresada, y mientras el referido menor se encontraba junto a la sobredicha acera, el demandado, negligentemente, esto es: sin usar el debido cuidado para notar la presencia del referido me-nor y para evitar que dicho automóvil chocara con la persona de dicho menor, lanzó el automóvil de referencia contra tal persona, pro-duciéndole a dicho menor la fractura completa ele una pierna, fuer-tes contusiones en la cabeza, que le privaron del conocimiento y va-rias otras contusiones de carácter grave que han afectado profunda-mente su salud y sus aptitudes para llevar a efecto las labores es-colares propias de su edad y necesarias a los fines de su preparación para obtener los medios de subvenir a sus necesidades y de llenar cumplidamente sus deberes al llegar a su mayor edad.”

El demandado contestó negando en general la demanda y alegando,, como defensa especial:

“Que en la fecha, hora y sitio como se alegan los hechos ocurri-dos en la demanda, si el menor demandante recibió lesión alguna como consecuencia del accidente con el' automóvil del demandado, fné debido exclusivamente a la falta de precaución e impremedi-tada temeridad del referido menor en atravezar imprudentemente la carretera en un sitio de excesivo tránsito de vehículos, dando así lugar a .que sin que notara la proximidad del automóvil del deman-dado ni fuera visto por éste, insistiera en atravezar dicho camino, a pesar del demandado haber dado el aviso correspondiente por me-dio de su claxon, y de marchar a moderada velocidad; y alega ade-más el demandado que el accidente aludido en modo alguno es imputable a dicho demandado, por cuanto observó e hizo .uso allí y entonces de todos los medios a su alcance para evitar .dicho acci-dente. ’ ’

Fué el pleito a juicio y la corte consignando en su opi-nión que “La prueba aportada por el demandante no sos-tiene en manera alguna la alegada negligencia del deman-dado, así como tampoco demuestra que el accidente a que se refiere la demanda, tuviera por causa próxima ni remota, un acto negligente del demandado,” declaró la demanda sin lugar, con costas.

No conforme el demandante, apeló, señalando en su ale-gato tres errores que pueden reducirse a uno: error en la apreciación de la prueba.

Sólo un testigo presencial, Juan José Santiago, aportó el demandante. Dijo, en parte, que el automóvil del demandado cuando ocurrió el accidente caminaba a “bastante velocidad;” que él estaba trabajando “en la misma cuneta de la carretera” y vió “el carro que pasaba y más alante vi que cogió al niño;” que nada existía que impidiera la vista del niño por parte del chauffeur; que “el niño estaba a un lado- del camino;” que el niño “salió del edificio .... él venía en la misma línea que yo, subía él; salió y subía para arriba por donde estaba yo,” y que no vió que el niño cruzara la carretera.

El demandado presentó dos testigos presenciales, el pro-pio demandado que guiaba su automóvil y Pablo Martínez. El primero dijo, en parte, que “El día del accidente me dirigía yo hacia Río Piedras desde San Juan y al llegar al kilómetro, no recuerdo, cerca de la entrada a la Universidad de Puerto- Rico había un Ford yendo de aquí para allá, me-tido en esa entrada, a mano derecha había un carro con la mar de latas y venía mucha gente para San Juan. Al pa-sar yo cerca del carro, antes de pasar por el Ford di aviso con el claxon y en ese mismo instante sin que yo tuviera oportunidad- de darme cuenta ha salido detrás de este Ford un muchacho tratando de cruzar la carretera.”

Y el segundo, también en parte, manifestó que “Había un Ford que había acabado de virar en aquellos momentos y había un carro con latas a mano izquierda viniendo para acá, y habían unos niños retozando hacia la parte de la Uni-versidad en unos palos de guayaba y salió uno corriendo y se paró por el lado del Ford y venía el señor y le dió con el guarda-lodo. Abog. — ¿De dónde dice que salió el chiquito? — T.—De la parte de la Universidad, es decir, a la parte izquierda de aquí para allá. — A.—¿Salió andando, co-rriendo o cómo? — T.—Corriendo, se acababa de tirar de un gancho. ”

La prueba fué pues, contradictoria y la corte resolvió el conflicto en contra del demandante. Los esfuerzos hechos por el abogado del apelante en su largo alegato no demues-tran la existencia de pasión o prejuicio, ni error manifiesto alguno.

Siendo ello así, el hecho finalmente comprobado sólo cons-tituye un accidente inevitable, desgraciado, con motivo del cual no cabe exigir indemnización pecuniaria al demandado, no obstante los perjuicios que haya podido sufrir el menor.

Resumiendo la jurisprudencia con respecto a los ac.tos que dan lugar al ejercicio con éxito de una acción de daños y perjuicios {tort), Ruling Case Law los enumera así:

“1. — Un acto cometido intencional y voluntariamente, sin excusa legal u ocasión justificada, y con la intención real o interpretativa de causar daño; 2, la comisión de un claro acto ilegal, o la omisión de cumplir algún deber especial o absoluto, la cual en si constituye una invasión de los derechos de otro, o una infracción de los debe-res para con él, sin mediar culpa de éste; o un acto cometido u omitido en violación de un estatuto positivo y que resulte en daño, dentro de la protección y fines del estatuto, para alguien que sin culpa estuviere materialmente contribuyendo al daño; no habiendo en uno u otro caso intención ni esperanza por parte del demandado de que el acto u omisión produzca daño; 3, una omisión o acto da-ñoso no cometido ni omitido con intención alguna de producir daño, ni' constitutivo de infracción de algún derecho claro o absoluto de otro, ni de violación de alguna ley positiva o de alguna obligación especial o absoluta, pero que, mediante el ejercicio de una adecuada diligencia y habilidad, pudo haber sido previsto e impedido, siendo la persona que recibe ■ el daño una sobre cuya seguridad y protec-ción , el demandado tenía entonces alguna obligación condicional o limitada.” 26 R.C.L. 757-58.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señoe del ToRO,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramiro Pierantoni y Onofre Pierantoni, acusados y apelantes.
    No. 2701.

    Visto: Marzo 26, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Alteración de la Paiz Pública — Denuncia—Suficiencia de la Misma.— Dada la naturalej-a del delito de alterar la paz y atendido el lieelio de que pueden imputarse varias formas de cometerlo en un solo cargo, se resolvió que la denuncia en el caso de autos no es defectuosa.
    2. Alteración de la Paz — Denuncia—Suficiencia de la Misma. — Una denuncia por alterar la paz por medio de conducta tumultuosa y ofensiva que no con-signa, respecto a uno de los dos acusados contra quienes va dirigida, en qué consistió su conducta, es insuficiente contra dicho acusado.
    3. Alteración de la Paz — Evidencia—Suficiencia de la Misma. — Examinada la prueba en el caso de autos, se resolvió que era amplia y suficiente contra uno de los acusados.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando a los acusados por delito de alterar la paz pública, con costas.

      Con-firmada en cuanto a un acusado, y revocada en cuanto al otro.

      Felipe Colón y Miguel Bahamonde, abogados de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señoe del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Ponee se presentó una denun-cia imputando a los acusados: "Que en 23 de marzo de 1925, .... voluntaria y maliciosamente, alteraron la paz y tranquilidad del vecindario, observando una conducta tumul-tuosa y ofensiva, llevando cada uno de los acusados un re-vólver, y en forma provocadora Ramiro Pierantoni, hizo un disparo con dicha arma de fuego que portaba, en el camino vecinal que es una vía pública, observando una conducta amenazante y provocadora.”

Se apeló el caso a la corte de distrito y al comenzar el juicio se pidió por el abogado defensor que se eliminara a Onofre Pierantoni porque la denuncia no imputaba contra él hecho alguno delictivo.

La petición fue desestimada. Se practicó la prueba y la corte finalmente condenó a los acusados imponiendo a cada uno la pena de noventa días de cárcel.

No conformes apelaron alegando que la denuncia es substancialmente defectuosa en general y en particular en cuanto al acusado Onofre Pierantoni, y que la sentencia es contraria a las pruebas y a la ley.

A nuestro juicio, en general, la denuncia no es defectuosa. Dada la naturaleza del delito de que se trata, pueden' imputarse varias formas de cometerlo en un sólo cargo, de acuerdo con la siguiente jurisprudencia sentada en el caso de El Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334, 340:

“Pero aunque se hubieran imputado varias formas de cometer el delito en un solo cargo, la denuncia sería suficiente dada la na-turaleza del delito. ‘Cuando varios modos son nombrados,’ dice Corpus Juris, apoyándose en varias decisiones, ‘por medio de los cuales una alteración de la paz ha sido cometida, una acusación im-putando en un cargo varios actos cometidos al mismo tiempo y como parte de la misma transacción, no constituye duplicidad.’ 9 C. J. 390.”

En cuanto al acusado Onofre Pierantoni los hechos no son suficientes en verdad. Debió haberse accedido a la petición de su abogado formulada en los comienzos del juicio. No se consigna en qué consistió su conducta tumultuosa y ofensiva. El hecho de que llevara un revólver no es por sí solo bastante. Tampoco el simple acto de acompañar al otro acusado.

Quizá sea conveniente decir que la prueba nada en con-creto demostró contra el dicho acusado. Al contrario, la testigb más importante, Juana Pérez, dijo, refiriéndose a él: “El otro no hacía nada.” El fallo condenatorio sólo, al parecer, se basó en la deducción que hizo el juez de distrito de su solidaridad con los actos realizados por el otro acu-sado Ramiro Pierantoni por la circunstancia de ir armado en su compañía. Debió existir algo más tanto en lá denun-cia como en la prueba para acusarlo y condenarlo con éxito.

Examinada la prueba, es amplia y suficiente contra Ramiro Pierantoni. Existían disgustos anteriores con motivo de haberse cerrado cierto paso por una finca. El acu-sado, en nn camino, frente a casas habitadas, disparó su re-vólver y alteró la paz del vecindario de tal modo que a una niña le dió un ataque nervioso y hubo que llevarla donde el doctor Pila.

. Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia apelada en cuanto al apelante Ramiro Pierantoni y revocarse en cuanto al otro apelante Onofre Pierantoni que será absuelto.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó conforme con la sen-tencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ramón Nieves Mercado, como defensor judicial de Pilar Mercado, demandante y apelado, v. Sucesión de José Sergio Mangual Falero, compuesta de su viuda Aurelia Santana Falero y sus legítimos hijos llamados Agustina, Rafaela, José Sergio, Ana María y Salvadora Mangual Aponte, y Eva, Eliseo y Rafael Angel Mangual Santana, demandada y apelante.
    No. 3667.

    Visto: Febrero 5, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción de Reconocimiento o Filiación — Ley que Rige. — En las acciones de filiación, la ley vigente a la íeeba del nacimiento del demandante es la que regula su estado legal.
    2. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción de Reconocimiento ■ o Filiación — Evidencia—Suficiencia de la Misma — Actos Aislados db Reconocimiento. — El aquí demandante nació en época en que aetos aislados de reconocimiento, si suficientemente probados, bastaban para establecer un estado legal. Atendida la prueba de esos actos en el caso de autos, se re-solvió era robusta y convincente.
    3. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — Conclusiones Sobre la Misma.— En un caso de filiación, cualquiera que fuere la conclusión general sobre la prueba, la corte de apelación, por regla general, no revocará.
    SENTENCIA de Charles JE. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      B. Martínez Nadal, abogado de la apelante; Carmelo Honoré, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados que constituyen la sucesión de José Sergio Mangual apelan de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en la cual sus conclusiones eran que José Sergio Mangual consideró siempre a la menor Pi-lar Mercado, pública y privadamente como bija suya; que al referirse a ella en su conversación con otras personas, la llamaba su bija, y la atendió y cuidó y se ocupó solícita-mente de su educación; que la prueba en este sentido era abundantísima.

Los apelantes dedican gran parte de sus esfuerzos a pro-bar que los padres de Pilar Mercado no vivieron juntos en concubinato. Nos inclinamos a convenir con ellos, y la corte no llegó a ninguna conclusión sobre concubinato.

La menor demandante nació en el año 1903. La ley vigente en esa fecba es la que regula su estado legal. El artículo 189 del Código Civil que entonces regía prescribía lo siguiente:

“El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los ca-sos siguientes:
“1. — Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. — Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le baya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sostenimiento.
“3. — Cuando la madre fué con’ocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del bijo, o cuando éste baya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

La conclusión de la corte está redactada casi exacta-mente en el lenguaje del párrafo 2 de. ese artículo.

Hubo prueba tendente a acreditar que el padre bizo re-galos directamente a la niña,, pero más bien con poca fre-cuencia como indican los apelantes; que él le enviaba en ocasiones cantidades de dinero por conducto de otras perso-nas para su educación; que siempre la llamó como bija suya cuando se encontraba con ella, y le echaba la bendi-ción, y según manifiesta un testigo, que no es la niña de-mandante, en cierta ocasión la besó; que decía que iba a reconocerla, o desharía hacerlo con tal que pudiera obtener el consentimiento de su esposa. Hubo prueba robusta cre-ditiva de que Pilar era realmente la hija natural que ale-gaba ser.

La viuda de Sergio Mangual fue a la silla de testigos para decir que en ninguna ocasión su difunto esposo hizo mención de Pilar como hija natural suya; que no hubiera tenido inconveniente en reconocer a la niña si él lo hubiese solicitado; que a petición suya ella había reconocido a tres hijos naturales, la prole de su esposo. Esta testigo fue co-rroborada por otras declaraciones del mismo carácter, y un testigo manifestó que la madre de Pilar era también ma-dre de los otros tres hijos. Hubo otra prueba negativa res-pecto al hecho de no nombrar el padre a su hija Pilar cuando tuvo una buena oportunidad de hacerlo. Era so-lícito en sus últimos días con sus tres hijos que había reco-nocido, pero no con Pilar.

Pilar era una enfermera graduada y se sostenía ella misma en la fecha, o antes del fallecimiento de su supuesto padre y como ayudó con algo a su educación pudo haber tenido su mente fija más particularmente en los otros hijos. Está demás investigar mucho en cuanto a los motivos del finado. No hemos revisado aquí toda la prueba.

Bajo la presente ley el hijo debe gozar sin interrupción de las condiciones de hijo natural del padre demandado-, justificadas por los actos del mismo padre o de su familia. En 1903 las actos aislados de reconocimiento y cosas semejantes si eran suficientemente acreditados bastaban para establecer un estado legal. La prueba de estos actos, si habían, de ser creídos los testigos de la demandante, fué robusta y convincente. La corte la creyó y no encontramos nada en los autos que demuestre que la corte no estuvo justificada en su conclusión.

El caso de. Medina v. Herederos de Bird, 30 D.P.R. 158, giró principalmente sobre la prueba de concubinato y la conclusión de la corte inferior en todos sus pormenores fué en contra del hijo.

La apelante citó el caso de Morales v. Herederos de Cerame, 30 D.P.R. 843. Allí también la conclusión fué en contra del hijo que nació mientras estaba aún en vigor el Có-digo Civil. El precepto concordante de ese código era el artículo 135, párrafo 2 del Código Civil: “Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.”

Al efecto de que generalmente no revocamos en un caso como éste, sea cual fuere la conclusión de la corte, citamos los casos de Castro v. Quiñones, 29 D.P.R. 744, y Montalvo v. Montalvo, 25 D.P.R. 858.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Florentino Aguayo, padre con patria potestad sobre su hija menor Julia Aguayo, demandante y apelante, v. El Municipio de San Juan, demandado y apelado.
    No. 3796.

    Visto: Marzo 5, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Corporaciones Municipales — Uso y Reglamentación de Sitios Públicos, Propiedades y Obras — Calles y Otros Cajminos — Uso de las Calles— Cuidado Requerido en el Uso de las Mismas. — El conductor de nn auto-móvil no está obligado a tocar boeina constantemente al correr por la calles de una ciudad populosa a no ser para avisar a la gente o vehículos que ve en la calle o están tratando de cruzar.

      2. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y Ley del Camino (Law of the Load) — Cuidado Requerido DE AQUELDOS QUE LA USAN-OCUPACIÓN DE CUALQUIER PARTE DEL CAMINO-Cuándo no Constituye Negligencia Accionábale.— Generalmente no cons-tituye negligencia accionable que un conductor ocupe cualquier parte del camino cuando no está pasando por su frente en cualquier dirección ningún vehículo o persona.
    3. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia — Conducta Personal en General — Personas en Situación de Inminente Peligro— En General. — Uno que viaqa a una velocidad permisible no es responsable por el daño que cause a un niño que súbitamente se lanza frente a su vehículo.
    4. Patrono y Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Actos u Omisiones del Empleado — Actos Negligentes del Empleado.'— En este caso se ejercitó acción contra un municipio por la negligencia de un empleado al conducir un carro perteneciente a aquél. Se resolvió: que no demostrando la demanda ni la prueba que el acto del empleado pudiera' considerarse eomo del principal, éste no podía ser responsable, especialmente en ausencia de alegación y prueba de que el empleado usaba el carro en relación con algunos de los deberes que tenía para con dicho municipio o que estaba en asuntos de la ciudad, o que un funcionario autorizado del municipio viajara en el carro.
    5. Apelación y Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de ' Pruebas no Obstante Objeción — Prueba Ouya Admisión Puede Estas Justificada por Ley. — Admitido escrito conteniendo manifestaciones ante-riores contradictorias de un testigo no obstante el fin vago con que se pre-sentó, si además de poder estar justificada la admisión por virtud del ar-tículo 158 de la Ley de Evidencia, el contenido todo del escrito ya había sido considerado por la corte, el error en su admisión, de existir, se resolvió no es perjudicial.
    SENTENCIA de M. Rodríguez 8erra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      José N. Quiñones, abogado del apelante; Fernando B. Fornaris, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan al dictar su sentencia en este caso declaró probado que el accidente en virtud del cual fue arrollada la demandante por un automóvil del de-mandado fue un beclio fortuito y desgraciado debido a la actitud de la niña Julia Aguayo, cuando súbitamente trató de cruzar la carretera corriendo frente a dicho automóvil; que el choque fué inevitable, no obstante las precauciones que el conductor del vehículo tomó.

Nosotros, a nuestra vez, opinamos que en vista de la prueba la corte tenía derecho a creer que cuando el auto-móvil del demandado' iba por las calles de Bayamón la niña demandante corrió súbitamente hacia el frente del automó-vil; que el conductor del demandado trató de evitar el ac-cidente haciendo zigzags en sus tentativas con tal fin.

Los cuatro primeros señalamientos de error se refieren a la apreciación de la prueba por la corte sentenciadora. No podemos ver que el demandado fuera negligente por no sonar su bocina o debido a la velocidad con que corría, ni siquiera por no mantenerse a la distancia suficiente a la de-recha de la carretera. Respecto a todos estos particulares no hubo prueba suficiente para variar la conclusión de la corte inferior.

En cuanto al deber de dar aviso sostenemos como cuestión de derecho que un conductor de un automóvil no tiene ninguna obligación de tocar su bocina constantemente al correr por las calles de una ciudad populosa a no ser que sea para avisar a la gente que ve o que están tratando de cruzar, y lo mismo acerca de los vehículos. Generalmente entre cruces es una especie de estorbo (nuisance) el tocar continuamente la bocina a menos que sea para avisar a alguien que está a la vista en la calle o que hace señal de que va a cruzar.

En este caso la prueba tendió a mostrar que el conductor ocupaba el centro del camino. Generalmente no constituye negligencia accionable que un conductor ocupe cualquier parte del camino cuando no está pasando en cualquier dirección por su frente ningún vehículo o persona. También es ley establecida que un demandado que viaja a una velocidad permisible no es responsable por el daño que cause a un niño que súbitamente se lanza frente a un ve- . hículo.

Este fué un pleito contra el Municipio de San Juan por la negligencia de un empleado que conducía un carro perteneciente al municipio. Aunque ninguna de las partes lo ha notado, no hubo nada en la demanda ni en la prueba que demuestre que el demandado usaba el carro en relación con alguno de los deberes que tenía para con dicho municipio; ni que estaba en asuntos de la ciudad de San Juan. La prueba', en verdad, tendió más bien a indicar que el domingo en que ocurrió el accidente los ocupantes del carro salieron a paseo. Dentro de las circunstancias no vemos cómo podía ser sentenciada por daños y. perjuicios la ciudad de San Juan. Gomo no se probó nada acerca de la naturaleza del automóvil o del negocio del demandado, surge la cuestión de si podía el Municipio, en todo caso, ser respon-sable a no ser qne por lo menos se probara qne nn funcio-nario autorizado del municipio viajaba en el carro para que el acto del empleado pudiera considerarse como del principal.

El quinto señalamiento de error bace referencia a la indebida admisión como prueba de un documento escrito que representaba ser la declaración o admisión de uno de los principales testigos de la demandante. Mientras declaraba esta testigo se le puso de manifiesto una declaración más o menos contradictoria que ella babía prestado a uno de los agentes de la compañía de seguros que defendía el caso. La declaración por escrito fué admitida como prueba y se alega como error esta admisión.

El artículo 158 de la Ley de Evidencia prescribe que un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fué lla-mado, mediante evidencia contradictoria. La dificultad en este caso es que al ofrecerse la declaración por escrito el demandado manifestó que la ofrecía no porque el testigo babía negado el contenido de la misma, sino como una ex-plicación- espontánea por su parte. La manifestación del abogado fué algo vaga, pero la actuación de la corte puede estar justificada por virtud de dicbo artículo 158, y en vista del becbo de que todo el contenido del escrito ya babía sido considerado por la corte, el error, de existir alguno, no era perjudicial.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Saturnino Rosalí, acusado y apelante.
    No. 2650.

    Visto: Marzo 10, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — -Proceso y Castigo —Denuncia Suficiente — Expresión del Elemento Agravante. — Una de-nuncia- por acometimiento y agresión grave que expresa que el agresor — acu-sado — es tm hombre parece imputar suficientemente el elemento agravante que surge cuando la agresión se comete por "un varón adulto en la persona de una mujer. "

      2. “Indictment" y Acusación — Eenuncia de Defectos y Objeciones, y Sub-sanación bob Veredicto — Subsanación de Defectos por la Prueba.- — Si en denuncia por acometimiento y agresión grave se expresa que el agresor —acusado—es un hombre, y la prueba demuestra que el acusado es un varón adulto, en ausencia de objeción, el defecto queda subsanado por la prueba.
    3. "Indictment" y Acusación — Eenuncia (Waiver) de Defectos y Objecio-nes, y Subsanación (Aider) bob Veredicto — Subsanación de Defectos uor la Sentencia. — Cuando la prueba no se agrega a los autos de apelación pero la sentencia declara al acusado culpable de acometimiento y agresión grave, debe inferirse de dicha sentencia que el elemento agravante, si hubo algún defecto en la denuncia, fué así subsanado.
    SbNtencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por' delito de acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes, con costas.

      Confirmada.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega haberse cometido error porque si bien la de-nuncia imputa un delito de acometimiento y agresión no muestra, sin embargo, ninguna de las circunstancias agra-vantes enumeradas en la Ley de marzo 10, 1904, Leyes de la Sesión, página 42. El apelante fué declarado culpable por un delito de acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes y condenado a sufrir un año de cárcel. Pa-samos a transcribir la denuncia en su parte substancial:

“Yo Balbino Crespo, Gda. P. I. No. 523, vecino de Yauco, P. R., calle de Comercio, número 3, mayor de edad, formulo denuncia contra Saturnino Rosalí, por delito de acometimiento y agresión grave, cometido de la manera siguiente: Que en 1 de junio 6:45 p. m., de 1925, y en calle ‘25 de julio/ de Yauco P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Yauco, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., el acusado Saturnino Rosalí, allí y enton-ces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, a sabiendas y con intención criminal de causar grave daño corporal, acometió y agredió a la Sra. Cornelia Acosta, pegándole con el cabo de- un revólver en la frente ocasionándole una contusión. Esto en el momento que la Sra. López trataba de alcanzar un chiquillo que estaba en la calle cuando Rosalí disparaba su revólver. El agravante consiste en que el agresor es un hombre, robusto de fuerzas corporales y usó un arma para agredir a una 'Sra. de bastante edad. Hecho contrario a la ley. Esta denuncia la juro por datos obtenidos en investiga-ción practicada.”

No consta de los autos que se baya becbo ninguna obje-ción o excepcionado la denuncia y el fiscal de esta corte sos-tiene o alega que en apelación sólo pueden levantarse cues-tiones privilegiadas y que como no se incorporó ninguna prueba en el legajo de la sentencia surge la presunción de que cualquier omisión de un elemento de agravante quedó subsanada por el juicio y la sentencia.

Haciendo referencia al caso de Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758, el fiscal duda si decir en un caso de acometimiento y- agresión que el acusado era un hombre, imputa suficientemente el elemento agravante que surge cuando la agresión se comete por “un varón adulto en la persona de una-mujer...” Leyes de 1904, p. 42. Sin embargo, la palabra “hombre”'significa un varón adulto y la-acusación era suficiente.

Estamos dispuestos* sin embargo, a- seguir la sugestión del fiscal y resolver,, aun cuando la palabra “hombre” no significaba necesariamente un -varón adulto, que si tal palabra se empleó y la prueba demostró que el acusado era un varón adulto, en ausencia de objeción, el defecto quedó subsanado por la prueba. Esto fué indicado por nosotros en Pueblo v. Aguilar, 19 D.P.R. 1074.

La prueba no fué agregada a los autos y de la sentencia debemos inferir que el elemento agravante, si hubo algún defecto en la denuncia, fué así subsanado.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Rodríguez Dapena, acusado y apelante
    No. 2644.

    Visto: Enero 29, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    3. Homicidio — Juicio—Instrucciones—Proceso- por Asesinato — Instrucciones Referentes al Delito de Homicidio.- — Cuando un hombre después de romper violentamente la puerta entra en una habitación y encuentra a su mujer, de la eual estuvo separada muchos años, en una cama con otro hombre y después de una lucha con éste mata a ambos, su mujer y el hombre, en el juicio por el asesinato de la mujer es error el no instruir al jurado referente a homicidio (manslaughter) aún cuando quiza haya prueba de premedita-ción euando los hechos finales no son inconsistentes con una muerte en oca-sión de una súbita pendencia o arrebato de cólera.
    2. Homicidio — Juicio—Cuestiones para el Jurado — Resolución, por la Prueba, si el Caso es de Asesinato u Homicidio. — Aún cuando en juicio por ase-sinato todos los hechos aparezcan prácticamente de una confesión, no obs-tante es al jurado a quien corresponde resolver si el caso es uno de asesi-nato o de homicidio.
    Sentencia de- Enrique Lloreda, J. (Arecibo), condenando al acu-sado por delito de asesinato en segundo grado, con costas.

      Re-vocada y devuelto el caso.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el juicio de esta cansa siendo una acusación por asesinato, fné admitida como prueba una confesión, la cual es como sigue:

“En Arecibo, Puerto Rico, boy día 20 de abril de 1925. Ante mí, juez municipal de Arecibo, comparece Antonio Rodríguez Da-pena, casado, de 28 años de edad, zapatero y vecino de Arecibo, P. R. Fué por mí informado de la naturaleza del cargo que se le bace de un doble asesinato, cometido a eso de las doce y veinticinco mi-nutos de la noche en las personas de su esposa y su amante. Ad-vertíle de su derecho de abstenerse de declarar y de que si lo hace sus manifestaciones se podrán usar en su contra. Previo juramento -dice; Que soy casado con Angela Herrera desde el año diez y siete (1917) y estoy separado de ella desde hacen tres años y seis meses. Que ella estuvo viviendo en concubinato en San Juan tres años con un hombre mientras estuvo separada de mí, y yo le presenté, hace también tres años una demanda de divorcio que no prosperó por falta de pruebas. Que el jueves de la semana pasada hablé con Angela Herrera para que ella misma presentara la demanda de divorcio. Le pregunté cuánto necesitaría y me dijo que treinta dóla-res; por lo que vendí algunas cosas y le di los treinta dólares; pero hoy supe porque me lo contó una amiga que ella había gastado los treinta dólares en ropas y fiestas. Que esto me enfureció y esta no-che fui a llamarla como a las doce de la noche, pero no me con-testó. Fui entonces a mi casa, me eché el revólver con cinco balas al bolsillo y volví a la casa de Angela, tomándome varios palos de ron. Llegué a la casa ya con la intención de arreglar el asunto de los treinta dólares que le había dado a Angela Herrera, y abrí la puerta, a la fuerza, empujándola hacia afuera y encontré a Angela con su amante acostados. Al verme entrar el amante de Angela se levantó y me agarró por el cuello y tumbó dos veces, pero me libré del hombre y le disparé tres tiros a ella, a la Angela Herrera, y entonces le disparé al hombre dos tiros y salí de la casa, y tiré el revólver dentro del río Santiago, presentándome aquí.
“Que esto ocurrió como a las doce y veinte y cinco minutos, hoy, en esta madrugada, y presto esta declaración libremente, de mi espontánea voluntad. (Fdo.) Antonio Rodríguez Dapena. Jurada y suscrita ante mí, hoy día 20 de abril de 1925 a la una y media de la madrugada. Fdo. Francisco Cadilla, juez municipal de Arecibo. ”

Hubo muy poca otra prueba importante con relación al punto en particular para ser discutida. Después de un jui-cio en que se probó haber matado a su esposa, según la acu-sación, aunque se pidió a la corte que lo hiciera, se negó a instruir al jurado respecto al homicidio, por la teoría de que de acuerdo con los hechos no había ninguna razón para dar tal instrucción.

El artículo 203 del Código Penal prescribe:

“Homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de dos clases:
“1. — Voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera.
“2. — Involuntario: .cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony); o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida prudencia o circunspección.”

Dados los hechos, era de la incumbencia del jurado el decir si la muerte ilegal tuvo lagar ea ana súbita pendencia, o arrebato de cólera. A pesar del hecho de qae el acasado vino armado y may enfarecido a la casa de sa esposa co-rrespondía al jurado resolver si la maerte faé prodacida por an arrebato de cólera. El dejar de instruir al jnrado acerca del homicidio faé an error y el fiscal está conforme con esta conclusión. El caso de El Pueblo v. Crespo 21 D.P.R. 300, gaarda cierta relación con los hechos de este caso, aanqae en ese caso ningnno de los hechos reales de la muerte era conocido.

Otros machos errores fueron imputados. Estos o tenían poca importancia, o pueden fácilmente evitarse en un nuevo juicio. En vista del error discutido, debe revocarse la sen-tencia apelada y devolverse la causa■ a la corte inferior^ para la celebración de un nuevo juicio. ;


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos González Díaz, acusado y apelante.
    No. 2717.

    Visto: Abril 28, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    Pesas y Medidas (Weights and Measures) — Reglamentación de la Venta de Bollos de Pan — -Peso de los Mismos. — Guando, al dar cumplimiento a .na contrato de suministro de pan, el dueño de una panadería entrega parte de los bollos envueltos en bolsas de papel y parte no, porque la persona que los recoge no quiere que se les envuelva en aquéllas debido a la prisa que tiene en marcharse, dicho dueño no infringe la sección 2 de la Ley No. 25 de 1921 (p. 167).
    Sentencia de Gabriel Gastejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por infracción a la sección 2 de la Ley No. 25 de 1921, con costas.

      Revocada.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; José F. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante tiene un contrato con el Gobierno para su-ministrar pan a la cárcel municipal de Humacao y habiendo llegado la hora de almorzar los presos sin qae hubiera sido recibido el pan, uno de los guardias de penales fué con un preso al establecimiento del apelante en busca del pan y le fueron entregados por el dependiente de la panadería 150 bollos de pan de los cuales 33 no fueron envueltos en una bolsa de papel con rótulo expresando su peso y el nombre ■del fabricante debido a que el guardia no quiso que los en-volviera en el papel debido a la prisa que tenía en mar-charse pronto.

Acusado el dueño de la panadería de haber infringido la sección 2íl de la Ley No. 25 de 11 de junio de 1921 (p. 167) preceptiva de que todo el pan que se venda o se ofrezca o exhiba^para la venta deberá estar envuelto en papel conte-niendo los particulares antes dichos y condenado a pagar tres dólares de multa interpuso este recurso solicitando su absolución.

' Dados los hechos ocurridos en este caso somos de opi-nión que el apelante no ha infringido la ley citada pues su dependiente estaba entregando el pan de acuerdo con la ley y si parte de los bollos no fueron envueltos en el papel re-querido fué porque la persona que lo recogía no los quiso en esa forma por la prisa que tenía.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señor IíutchisoN,

text:
    Francisco, Juan y Servando Berio y Quintero, recurrentes, v. El Registrador de Ponce, recurrido.
    No. 630.

    Sometido: Marzo 2, 1926.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    1. Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Convenios en Generad— Requisitos t Validez — Registro e Inscripción del Contrato — Extinción del Derecho Inscrito — Cancelación—Preceptos Estatutorios. — El pá-rrafo 2, artículo 82 de la Ley Hipotecaria, como fué adicionado por el ar-tículo 136 del Reglamento, no es incompatible con el disponiéndose que se ba adicionado al artículo 79 de la mencionada ley; ambos artículos, 82 y 79, deben interpretarse conjuntamente.
    2. Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Convenios en General— Requisitos y Validez — Registro e Inscripción del Contrato — Extinción del Derecho Inscrito — Cancelación—Título Suficiente para Cancelar. —Es bastante para cancelar una inscripción de arrendamiento obrante en el Registro, la escritora en que se constituyó tal arrendamiento y de la cual resulte que el derecho cuya cancelación se solicita está extinguido.
    Nota de Planellas, R. (Ponce), denegando cancelación de inscrip-ción de arrendamiento.

      Revocada.

      F. ■ Zapater, abogado de los recurrentes; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor IíutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En febrero de 1895 un contrato de arrendamiento por un término que venció en diciembre 31, 1898, se incorporó a uno de compraventa, e incidentalmente fué inscrito junto con él como parte de dicho documento y en la misma ins-cripción al presentarse dicha escritura en el registro de la propiedad.

En diciembre 30, 1925, los actuales dueños de las fincas presentaron el mismo documento al registrador y solicita-ron por escrito la cancelación de la inscripción antes refe-rida en lo que concernía a la inscripción del arrendamiento. La nota del registrador es como sigue:

“Denegada la cancelación del arrendamiento constituido en este documento, que fué presentado con un escrito de Luciano Colón como mandatario verbal de los actuales dueños de las fincas, por el motivo de no haberse solicitado la cancelación en escritura pública otorgada de conformidad con los disponiéndose del artículo 79 de la Ley Hipotecaria, enmendado según la ley de 7 de Julio de 1923, ti-tulada ley No. 20 para enmendar los artículos 6, 19, 79 y 392 de la Ley.Hipotecaria de Puerto.Rico. (Tomo de Leyes de 1923 pág. 213.)
,“La Asamblea Legislativa, en la misma legislatura de 1923, se-sión extraordinaria del 13 al 23 de agosto, fué más liberal al pres-cribir la instancia escrita de parte, o de su representante, autenti-cada ante notario, al efecto de cancelar en el Registro de la Propie-dad, los asientos de hipotecas caducadas, embargos, demandas, men-ciones de censos, de precio aplazado, etc. (Ley No. 12), regulando el procedimiento para la cancelación de gravámenes y menciones de derechos y la extinción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo, en el Registro de la Propiedad. (Tomo de Leyes de Puerto Rico, Special Session 1923, página 37.)
“Las cancelaciones de derechos inscritos, pero extinguidos por declaración de la ley, estuvieron y están exentas del requisito de la ‘providencia ejecutoria’ o de la escritura de cancelación. (Párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria de 1893. Artículo 136 del Reglamento de 1893. Párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria según quedó enmendado por la ley No. 22 apro-bada el 7 de julio de 1923, la misma fecha de la ley enmendatoria del artículo 79 antes dicho.)
“No obstante, el Registrador que suscribe, tratándose de la can-celación de un arrendamiento extinguido, se considera obligado a cumplir los Disponiéndose del antedicho artículo 79 mientras no que-den sin efecto, si es que deben quedar sin efecto, por interpretación judicial, a falta de derogación expresa, en lo referente a la solicitud al Registrador consignada en escritura pública.”

Los artículos 79 y 82 de la Ley Hipotecaria y el 136 de su reglamento, anteriores a la enmienda de los dos primeros artículos, prescribían lo siguiente:

“Art. 79. — Podrá pedirse, y deberá ordenarse en su caso, la can-celación total:
“1. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción.
“2. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito.
“3. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción.
“4. Cuando se declare la nulidad de la inscripción por falta de alguno de sus requisitos esenciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.”
“Art. 82. — Tías inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providen-cia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casa-ción, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causa-habientes o representantes legítimos.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripcio-nes o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura ins-crita. ' „
“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de manda-mientos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de-este artículo.
“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos transmisibles por endoso, se cancelarán presen-tándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorga-miento los títulos endosables, o solicitud firmada por dichos intere-sados y por el deudor, a la cual se acompañen, taladrados, los referi-dos títulos. Si algunos de ellos se hubiesen extraviado, se presentará, con la escritura o con la solicitud, testimonio de la declaración judicial de no tener efecto. El Registrador deberá asegurarse de la identidad de las firmas y de las personas que hubiesen hecho la so-licitud.
“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador no podrán cancelarse, cuando no pueda acreditarse en el Registro la extinción de todas las obligacio-nes aseguradas, sino presentándose testimonio de la declaración judicial de quedar extinguidas dichas obligaciones.
“En el caso del párrafo anterior, para decretarse la declaración judicial deberán preceder cuatro llamamientos por edictos públicos y en los periódicos oficiales, y tiempo cada uno de ellos de seis me-ses, a los que tuvieren derecho a oponerse a la cancelación.”
“Art. 136. — La misma escritura en cuya virtud se haya hecho la inscripción de una obligación, será título suficiente para cance-larla, si resultare de ella o de otro documento fehaciente que dicha obligación ha caducado o se ha extinguido.
“Sólo será necesaria nueva escritura para la cancelación, con arreglo al párrafo primero del artículo 82 de la ley, cuando extin-guida la obligación por voluntad de los interesados, deba acredi-tarse esta circunstancia para cancelar la inscripción.”

Los artículos 79 y 82, como fueron enmendados, son como sigue:

“Art. 79. — Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la cancelación total: v
“1. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción;
“2. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito;
“3. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción;
“4. Cuando se declare la nulidad de la inscripción por falta de alguno de sus requisitos esenciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 30; Disponiéndose, que en cuanto a los contratos de arren-damiento o subarrendamiento, tres meses después de vencido el tér-mino de los mismos, si no constasen en el registro prorrogados, o tres meses después de vencida la prórroga inscrita, quedará extin-guido el derecho inscrito y se procederá por el registrador a su can-celación, a solicitud del arrendador, arrendatario o subarrendatario o propietario del inmueble que aparezca con su derecho inscrito en el registro, consignada en escritura pública; Y disponiéndose, ade-más, que todos los contratos de arrendamiento o subarrendamientos cuyas inscripciones estén aún vigentes al aprobarse esta Ley, y haya vencido su término, y transcurridos los tres meses que por la pre-sente se dispone, después del vencimiento, se considerarán igual-mente extinguidas sus inscripciones y se cancelarán por el registra-dor a solicitud del arrendatario, arrendador o dueño del inmueble que aparezca con su derecho inscrito en el Registro, consignada en escritura pública.”
“Art. 82. — Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providen-cia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de apela-ción, o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación o sus causahabientes o re-presentantes legítimos.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripcio-nes o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho ins-crito por declaración de la ley, o resulte a§í de la misma escritura inscrita.
“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de manda-mientos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de este artículo.
“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador o trasmisibles ■ por endoso, se can-celarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan co-brado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o a.1 portador. Si todos o algunos de dichos títulos se hubiesen extraviado, sólo podrán cancelarse dichas inscripciones por medio 'de mandamiento judicial creditivo de baber recaído sentencia firme, obtenida por el procedi-miento ordinario del Código de Enjniciameinto Civil, en que se declare baber quedado extinguidas dichas obligaciones.”

El espíritu de la reciente legisjación, incluyendo la “Ley regulando el procedimiento para la cancelación de gravá-menes y menciones de derechos y la extinción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo, en el re-gistro de la propiedad,” Leyes de 1923, Sesión Especial, p. 36, es facilitar y no obstruir la claridad de los títulos en el registro mediante cancelación de asientos que nunca debió permitirse que suplantara a los derechos transitorios que se intentó proteger. Los artículos 79 y 82, como fueron en-mendados, deben ser interpretados conjuntamente a la luz del claro propósito legislativo manifestado por el tenor general y tendencia de los varios preceptos legislativos en cuestión. El párrafo segundo del artículo 82, como fué adi-cionado por el artículo 136 del reglamento, está profunda-mente cimentado en años de interpretación uniforme y de aplicación diaria en la práctica y fué deliberadamente res-tablecido al redactarse nuevamente ese artículo. No es ne-cesariamente incompatible con el disponiéndose que a la vez se ha adicionado el artículo 79.

Si la parte interesada tiene una copia del documento original en que se fundó la inscripción y de la cual aparece la extinción del derecho, eso es bastante. De otro modo, o debe procurar uná copia del original o comparecer, ante un notario y otorgar un documento igualmente formal.

No existe ninguna incompatibilidad muy clara entre los dos métodos alternativos ni impropiedad muy aparente en dejar a opción y conveniencia de la parte interesada el adoptar uno u otro medio.

Habiendo sido prescrito este doble remedio en la sesión ordinaria de 1923, no había razón ninguna urgente por la cual los artículos así enmendados debieron haber sido mo-dificados dentro de un mes o más posteriormente a la sesión especial. Que los arrendamientos no estaban incluidos en-tre los particulares enumerados en la ley aprobada en la se-sión especial, parece indicar que la legislatura fue de opi-nión de que la innovación ya hecha en la sesión ordinaria era bastante radical.

Por supuesto, como indica el registrador en su alegato, que la cancelación de todos los asientos que no son conve-nientes hecha por el registrador a iniciativa propia pudo haber sido autorizada, pero de aquí no se infiere que al permitir el párrafo segundo del artículo 82 y el disponién-dose adicionado al artículo 79 que prevalezcan juntos, es-tamos tratando mediante legislación judicial de suplir cual-quier omisión o imprevisión por parte de la legislatura al decretar las varias disposiciones a que se ha hecho referen-cia o derogar o convertir en letra muerta el disponiéndose en cuestión.

La nota recurrida debe ser devocada.