author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    María del C. Ramos Pérez, recurrida, v. Univisión Puerto Rico, Inc., peticionaria.

      Número: CC-2009-78

      Resuelto: 3 de febrero de 2010

      Radamés A. Torruella y Maralyssa Alvarez Sánchez, aboga-dos de la parte peticionaria; Janet Díaz Salicrup y David Rosado Cruz, abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso, Univisión Puerto Rico, Inc. (Univisión) nos solicita la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, que revocó al Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, debe-mos determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó correc-tamente al dejar sin efecto la desestimación, vía sentencia sumaria parcial, de varias causas de acción de índole labo-ral presentadas por la Sra. María del C. Ramos Pérez. Tras resolver que el mecanismo de sentencia sumaria, de proce-der, está disponible para adjudicar esta reclamación labo-ral, revocamos la sentencia del foro apelativo intermedio.

Para así resolver, es preciso que determinemos el curso a seguir para adjudicar una moción de sentencia sumaria en una reclamación al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151).

I

El 11 de septiembre de 2003, la señora Ramos Pérez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una quere-lla contra Univisión. En la querella, ésta alegó que Univi-sión en calidad de patrono la despidió injustificadamente y de forma discriminatoria. En su reclamación, la señora Ramos Pérez argüyó que trabajaba para Univisión cuando mediante un patrón de persecución fue discriminada por razón de su edad.

Luego de concluido el descubrimiento de prueba, Univi-sión solicitó al foro primario la desestimación vía sentencia sumaria de las reclamaciones de discrimen por edad y da-ños y perjuicios al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141 y 5142. En dicha solicitud se expuso que de los hechos no controvertidos y admitidos por la señora Ramos Pérez se desprende que no procede como cuestión de derecho la causa de acción de discrimen por edad.

Univisión solicitó que se dictara sentencia sumaria par-cial conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para desestimar las reclamaciones de dis-crimen por edad y daños al amparo de la Ley Núm. 100, supra. Sustentó su pedido en que no hay controversia en cuanto a la ausencia de discrimen y que el remedio exclu-sivo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185m) excluye la posibilidad de demandar al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra.

Dicha moción sustentó los siguientes hechos esenciales y pertinentes:

1. Univisión pasó a ser patrono de la señora Ramos Pé-rez cuando adquirió de Raycom National, Inc. los derechos sobre la licencia de operación de una estación televisiva.

2. Bajo la nueva administración, la señora Ramos Pérez continuó ocupando el puesto de traffic manager en el De-partamento de Tráfico. Ese departamento era compuesto por la señora Ramos Pérez y cuatro traffic clerks.

3. Ese departamento tiene la tarea de crear un registro diario de toda la programación televisada de Univisión para cada una de las estaciones televisivas a base de infor-mación provista por el Departamento de Ventas, Progra-mación y Promociones. Para esa tarea se utilizaba un re-gistro de programación.

4. El sistema utilizado para crear el registro o log por el anterior patrono de la señora Ramos Pérez (Raycom) era Columbine System. Univisión inició un proceso para cam-biar este sistema por el utilizado por esta empresa en sus otras estaciones. La Sra. María Esther Beltrán fue trasla-dada a Puerto Rico para implantar el nuevo sistema cono-cido como Marketron y para dirigir el Departamento de Tráfico durante la transición.

5. El adiestramiento del nuevo sistema se llevó a cabo durante dos meses, de 4:00pm a 8:00pm, y fue ofrecido por la señora Beltrán. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 11 de junio de 2004, págs. 39-42. Apéndice, págs. 100-103.

6. El proceso de transición era delicado y difícil, pues representaba mucho dinero para la empresa, y durante el adiestramiento la señora Ramos Pérez y la señora Beltrán tuvieron varias diferencias por la manera en que se adies-traba al personal del Departamento de Tráfico. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 11 de junio de 2004, págs. 46 y 58-59. Apéndice, págs. 107 y 109-110.

7. La presión ejercida por la señora Beltrán se dio con las demás empleadas del departamento. A estos efectos, la señora Ramos Pérez testificó en su deposición que todas las empleadas se sentían “humilladas, maltratadas, por el trato de María Esther (señora Beltrán)”. Deposición to-mada a la señora Ramos Pérez el 11 de junio de 2004, págs. 46-47 y 65. Véase, además, Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 22 de septiembre de 2006, págs. 48 y 67-68.

8. La señora Beltrán y la señora Ramos Pérez sostuvie-ron una fuerte discusión. De esta discusión se desprende que éstas tenían diferentes opiniones sobre cómo implan-tar el sistema Marketron, que la señora Beltrán estaba mo-lesta por la ausencia de la señora Ramos Pérez en la pre-sentación de Univisión a sus clientes y que la señora Ramos Pérez no se sentía preparada para operar el nuevo sistema. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 11 de junio de 2004, págs. 58-61. Apéndice, págs. 109-112.

9. Después de culminar el adiestramiento, la señora Ramos Pérez completó una auto evaluación en donde en general calificó su conocimiento sobre las áreas de su depar-tamento bajo el nuevo programa como deficiente o needs training. En especial, indicó que los conocimientos sobre el departamento los tenía, pero que necesitaba aprender a utilizar el sistema Marketron. Además, indicó que cuando tenía dudas recurría a sus compañeras, quienes le explica-ban. Apéndice, págs. 152 — 155; Deposición tomada a la se-ñora Ramos Pérez el 22 de septiembre de 2006, págs. 36-39. Apéndice, págs. 131-134.

10. La señora Ramos Pérez recibió adiestramiento sobre Marketron durante dos meses y se mantuvo trabajando con el sistema durante seis meses con la ayuda de sus subordinadas. Ibíd.

11. Debido a la interrupción de programación realizada por Univisión para atender la transmisión especial del con-flicto en Irak, la señora Ramos Pérez tenía que conciliar en Marketron la programación que no salió al aire. La señora Ramos Pérez se comunicó con la señora Beltrán para rea-lizar esta operación. Dicha gestión molestó a la señora Bel-trán quien le increpó por su desconocimiento. La señora Ramos Pérez expresó a la gerencia de Univisión que no podía continuar trabajando con la señora Beltrán, pues ésta no estaba satisfecha con su desempeño. Ante esto, la gerencia de Univisión decidió despedir a la señora Ramos Pérez. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 11 de junio de 2004, págs. 83-84. Apéndice, págs. 120-121. De-posición tomada a la señora Ramos Pérez el 22 de septiem-bre de 2006, págs. 55-56, 70-76,127 y 130. Apéndice, págs. 81-82 y 175-178.

12. La señora Ramos Pérez admitió en su deposición que la señora Beltrán “no estaba de acuerdo con [su] des-empeño” y que la “quería sacar del camino porque no es-taba de acuerdo con [su] desempeño”. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez de 22 de septiembre de 2006, pág. 130. Apéndice, pág. 159.

13. La señora Ramos Pérez manifestó que el alegado trato discriminatorio fue realizado por la señora Beltrán. Además, expresó que la señora Beltrán u otro miembro de Univisión no hicieron comentarios discriminatorios en su contra. Según su testimonio, la señora Ramos Pérez sus-tenta su alegación de discrimen en que para su posición se reclutó una empleada menor que ella. Deposición tomada a la señora Ramos Pérez el 22 de septiembre de 2006, págs. 63 y 70. Apéndice, págs. 144-145.

14. La Sra. Nancy Guzmán laboró como Assistant Traffic Manager y ocupó la posición de Traffic Manager un año y nueve meses después del despido de la señora Ramos Pérez. Apéndice, pág. 166.

15. La señora Ramos Pérez tenía la edad de 43 años al momento de su despido. La señora Beltrán tenía 48 años. Apéndice, págs. 165-170.

En su moción, Univisión alegó que aun presumiendo que el despido fue injustificado, la señora Ramos Pérez no contaba con evidencia del alegado discrimen por razón de edad. Univisión argüyó que de la evidencia presentada se desprende que no hubo un trato discriminatorio por razón de edad, pues la presión ejercida por la señora Beltrán fue en atención a las necesidades de la empresa y era igual para todas las empleadas, muchas de las cuales eran me-nores en edad que la señora Ramos Pérez.

Oportunamente, la señora Ramos Pérez presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Univisión. Allí, la señora Ramos Pérez argumentó que Univisión se había negado a producir documentación esen-cial para su reclamación. La señora Ramos Pérez sostuvo más tarde en su escrito de apelación que el expediente de la empleada que sustituyó a la señora Ramos Pérez era esencial para establecer que fue sustituida por una persona de menor edad. Esto es, alegó que estos documentos eran necesarios para establecer un caso prima facie de dis-crimen por edad.

Junto a su oposición, la señora Ramos Pérez presentó una declaración jurada en la que expresó lo siguiente: “Univisión tenía la intención de discriminar en mi contra para reemplazarme con una persona más joven que yo, para lo cual desató una campaña de humillaciones y pre-siones indebidas, con el objetivo principal de que yo renunciara”. Apéndice, pág. 190. No hizo alguna otra de-claración sobre el alegado discrimen por edad.

La señora Ramos Pérez incluyó en su oposición un co-municado de Univisión en donde expresaba que “Univisión ha contratado a más de 40 nuevos empleados. Todos ellos son puertorriqueños y en su mayoría jóvenes que lograron en Univisión Puerto Rico su primera oportunidad de tra-bajar en la televisión boricua”. Apéndice, pág. 193. Este comunicado fue presentado como parte de la negociación laboral que Univisión llevaba a cabo con la U.P.A.G.R.A., unión de empleados de Univisión. Dicho comunicado fue publicado el 15 de enero de 2004, posterior al despido de la señora Ramos Pérez.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria y desestimó con perjuicio las reclama-ciones al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, supra. El foro primario dejó pendiente para su adjudicación la reclamación de la señora Ramos Pérez por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra. Para tal proceder, el foro primario deter-minó que no existe controversia material en cuanto a la falta de prueba para establecer que hubo un discrimen por razón de edad.

La señora Ramos Pérez acudió al Tribunal de Apelacio-nes y solicitó la revocación de la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. El foro apelativo intermedio revocó la sentencia recurrida tras concluir que “el Tribunal de Primera Instancia se apartó de la clara directriz esta-blecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que desfa-vorece la adjudicación sumaria de este tipo de reclama-ción”, en referencia a una causa de acción de índole laboral. Apéndice, pág. 12. Además, el Tribunal de Apelaciones de-terminó que existe controversia sobre el verdadero motivo para el despido de la señora Ramos Pérez ante “la posibi-lidad de que la decisión de la empresa haya respondido” a un discrimen por razón de su edad. Ibíd.

Inconformes con esta determinación, Univisión acude ante nos para solicitar la revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Fundamenta su pedido en que no existe controversia de hechos, ya que no hay evidencia del discrimen por razón de edad. Univisión sostiene que el foro apelativo intermedio incidió en determinar que el meca-nismo de sentencia sumaria no es apropiado para disponer de este tipo de reclamaciones.

El 19 de junio de 2009, este Tribunal emitió una resolu-ción para que la recurrida mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la senten-cia recurrida. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver la controversia planteada.

Para disponer de este recurso es preciso: (1) determinar si el mecanismo de sentencia sumaria puede emplearse en este tipo de reclamación laboral, y, de proceder, (2) resolver si en el caso de autos procede desestimar las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y del Art. 1802 del Código Civil, supra, mediante el mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, per-mite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. Puede dictarse sentencia sumaria parcial que resuelva cualquier controversia que sea separable de las controversias restantes. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible para resolver controversias en donde no se requiere la celebración de un juicio. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994 (2009); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006). La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, supra. La jurisprudencia federal nos ha servido como fuente ilustrativa, ya que nuestra regla de sentencia sumaria utilizó como modelo la Regla 56 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.A. Véase Medina v. M.S. & D., Química de P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994).

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 se refiere a estos hechos como “esenciales y pertinentes ...”. 32 L.P.R.A. Ap. V.

Whether a fact is “material” hinges on the substantive law at issue. A fact is “material” if it might affect the outcome of the case. Disputes over irrelevant or unnecessary facts are insufficient to defeat a motion for summary judgment. (Escolio omitido.) S. Baicker-McKee y otros, Federal Civil Rules Handbook, Thomson West, 2009, pág. 1085. Véanse, además: Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242 (1986); 11 Moore’s Federal Practice 3d Sec. 56.11[4], pág. 56-130 (2008).

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, que

... una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo puede ne-garse si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada en hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que no existe una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe dictar sentencia sumaria. (Énfasis suprimido.) P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

En otras palabras, cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes.

If this evidence is merely colorable ... or is not significantly probative ... summary judgment may be granted. Anderson v. Liberty Lobby, Inc., supra, págs. 249-250.

Hay una controversia real cuando la prueba ante el tribunal es de tal naturaleza que un juzgador racional de los hechos podría resolver a favor de la parte promovida. Baic-ker-McKee, op. cit., pág. 1084 (“the evidence before the court is of such nature that a rational factfinder could find in favor of the non-moving party”).

Con este mecanismo procesal se facilita la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles cuando éstos no presentan controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000). El propósito de esta regla es aligerar la tramitación de un caso porque no es necesaria una vista, ya que los documentos no controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria demuestran que no hay una controversia de hechos real y sustancial, y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). De esta manera se evitan juicios inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que ello conlleva para las partes y el tribunal. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2007, See. 2616, pág. 240.

Por su parte, la persona que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba presen-tada y no se debe cruzar de brazos. Si lo hace se corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra. Esto es, la parte que se opone viene obligada a contestar de forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. Ibíd. “Como re-gla general, para derrotar una solicitud de sentencia suma-ria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones ju-radas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721.

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no puede descansar en meras alegaciones.

“[T]he non-moving party cannot rely on mere allegations or denials found in his own pleadings. Rather, the non-moving party must demonstrate, by affidavit, deposition testimony, or otherwise, that a genuine issue of material fact remains for trial.” Baicker-Mckee, op. cit, pág. 1103.

Esto es, la parte que se opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales que están en disputa. Moore, supra, Sec. 56.11[6][b], pág. 56-145.

El hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si existe una controversia legítima sobre un hecho material. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. Sin embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus alegaciones’ ”. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983). Para de-rrotar la moción de sentencia sumaria no basta con presen-tar meras afirmaciones. Moore, supra, Sec. 56.11[7][c], págs. 56-152 a 56-153. “[B]ebe tenerse presente que en un procedimiento de sentencia sumaria las declaraciones ju-radas que contienen sólo conclusiones, sin hechos específi-cos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 722. Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 616. Son insuficientes para derrotar una soli-citud de sentencia sumaria “unas declaraciones juradas que son meramente conclusiones reiteradas de las alega-ciones de la demanda y hechas sin conocimiento personal de los hechos”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 615. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil dispone que de no producirse por parte del opositor una exposición de hechos materiales bajo juramento, deberá dictarse sentencia sumaria en su contra. Ibíd., pág. 616.

La parte que se opone a la sentencia sumaria “está obligada a contestar la solicitud de forma detallada”. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 D.P.R. 526, 550 (2007). Para derrotar una solicitud de sentencia sumaria se deben refutar los hechos alegados y el opositor debe sustanciar su posición con prueba. López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005).

Al determinar “si existen controversias de hechos que impiden dictar una sentencia sumaria, el tribunal debe analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, así como los que obren en el expediente del tribunal”. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra, pág. 550. Esta determinación debe ser guiada por el principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 591. Este análisis liberal persigue evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte cuando exis-ten controversias de hecho legítimas y sustanciales que de-ben ser resueltas. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 (1990).

La parte demandante puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertible sobre to-dos los elementos indispensables de su causa de acción. En cambio, la parte demandada puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte demandante. Ortiz Alvarez, supra, pág. 7.

Por otro lado, la parte demandada puede prevalecer por la vía sumaria en escenarios diversos. Por ejemplo, puede establecer que no hay controversia real de hechos relevantes sobre, al menos, uno de los elementos de la causa de acción de la parte demandante. También puede establecer la existencia incontrovertible de prueba que establezca una defensa afirmativa. Ortiz Alvarez, supra. Véanse, además: Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759 (2007); López v. Miranda, supra; Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978).

En Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, adoptamos el modelo de sentencia sumaria por insuficiencia de prueba reconocido en la esfera federal. Luego, en Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427 (1999), expresamos que la parte demandada puede solicitar una sentencia sumaria por insuficiencia de prueba. Dicha solicitud procede cuando la parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso. Según esta modalidad, el promovente debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; (2) el demandante no cuenta con evidencia su-ficiente para probar algún hecho esencial, y (3) como cues-tión de derecho, procede la desestimación de la reclamación. Id. Para disponer de una solicitud de senten-cia sumaria por ausencia de prueba es indispensable que se le haya brindado al promovido amplia oportunidad para realizar un descubrimiento de prueba adecuado. Id. En es-tos casos, la parte promovente debe demostrar que la pro-movida no cuenta con “evidencia admisible suficiente para probar, por lo menos [,] un elemento esencial indispensable para su caso”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 618.

En la esfera federal, se ha resuelto que la sentencia su-maria procede cuando después de un descubrimiento de prueba adecuado, una parte no puede demostrar una con-troversia real y material de hechos que esa parte tendrá que probar en juicio. Baicker-McKee, op. cit., pág. 1084 (“Summary judgment should be rendered when, after an adequate period for discovery, a party is unable to show a genuine issue as to a material fact on which that party will bear the burden of proof at trial, so long as judgment against that party is appropriate as a matter of law” (esco-lio omitido)). Véase, además, e.g., Shannon v. Graves, 257 F.3d 1164 (10mo Cir. 2001).

Por nuestra parte, en López v. Miranda, supra, resolvi-mos que la sentencia sumaria procede si luego de un ade-cuado descubrimiento de prueba la parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para establecer su causa. Este caso fue resuelto en el contexto de una causa de ac-ción por discrimen político en donde no existía prueba para establecer un caso prima facie de discrimen ni de algún acto específico de intención de discrimen. En este caso, para la etapa de descubrimiento de prueba “ya era evi-dente que los demandantes no contaban con la evidencia suficiente ...”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 566.

Esta norma descansa en la premisa de que le corresponde a la parte demandante probar su caso. Si la parte demandante no cuenta con prueba luego de terminar el descubrimiento de prueba, no hay razón para ir a juicio. Por eso, ante una moción de sentencia sumaria de la parte demandada por insuficiencia de prueba, la parte deman-dante puede solicitar que se posponga su consideración mientras completa un adecuado descubrimiento de prueba para sustanciar sus alegaciones si antes no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra. Claro está, completado un descubrimiento de prueba ade-cuado, la parte promovida deberá presentar su oposición fundamentada a la moción; no puede evadirla. García Rivera et al. v. Enriquez, 153 D.P.R. 323 (2001).

Hemos resuelto que no es aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en disputa. Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994). Sin embargo, esto no impide utilizar el mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención —como pasa en un caso de discrimen— cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Por esto, nuestra jurisprudencia ha validado la utilización de este mecanismo en casos de discrimen cuando resulta clara la falta de controversia sobre los hechos materiales. López v. Miranda, supra.

Al así actuar, hemos sido consistentes con la norma de que “la Regla 36 no queda excluida como cuestión de derecho de ningún procedimiento en particular ...”. García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). Véase, además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra. “La re-gla no excluye tipos de casos y realmente puede funcionar en cualquier contexto sustantivo.” Ortiz Álvarez, supra, pág. 9. Aunque en el pasado nos hemos referido a este me-canismo procesal catalogándolo como “extraordinario”, ello no lo excluye de aplicación en determinado tipo de litigio. En verdad, a lo que nos hemos referido es a que la senten-cia sumaria es una excepción al juicio mediante testimo-nios “vivos” frente al juzgador de hechos.

La controversia de autos permite que nos reafirmemos en que la sentencia sumaria “es un valioso mecanismo pro-cesal para descongestionar los calendarios judiciales”. Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971). Véase Hernández Colón, op. cit., pág. 236.

Por un motivo similar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha liberalizado la sentencia sumaria para conver-tirla en un valioso mecanismo en contra de las reclamacio-nes basadas en especulaciones e inferencias Por consi-guiente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal sobre la sentencia sumaria ha tenido un impacto no sólo en las cortes federales inferiores, sino también sobre las cor-tes de los estados. E.K. Yamamoto, Summary Judgment at the Crossroads: The impact of the Celotex Triology, 12 U. Haw. L.Rev. 1 (1990). Debemos recordar que este meca-nismo procesal vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la dispo-sición justa, rápida y económica de los litigios civiles. No es que la sentencia sumaria esté desfavorecida en algún tipo de reclamación en particular o esté limitada a circunstan-cias extraordinarias, sino que, al aplicarse, debe proceder según dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y en atención a los hechos particulares de cada caso. Por eso, si se utiliza de la manera correcta, el mecanismo de sen-tencia sumaria constituye una herramienta importante que les permite a los jueces limpiar la casa de frivolidades y descongestionar los calendarios judiciales. A.C.A.A. v. Travelers Ins. Co., 104 D.P.R. 844 (1976); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 594.

Al respecto, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 establecen un proceso específico para la solicitud de sentencia sumaria que facilita a los jueces su adjudicación. Véase Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V). Por ejemplo, se requiere que la parte que presenta la moción haga una “relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas” donde se establecen los mismos. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, supra. La parte promovida deberá hacer lo mismo en su oposición. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra. El tribunal no tendrá que considerar los hechos que las partes no enumeren o para los cuales no hayan hecho referencia expresa a la prueba documental donde se establecen. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra.

Además, aunque se deniegue la moción, el tribunal de-berá establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte promo-vida enumere los hechos que a su juicio no están en controversia. Además, los hechos debidamente enumera-dos e identificados con referencia a la prueba documental admisible presentados en el caso se darán por admitidos si no son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos “se considerarán proba-dos ...”. Ibíd.

III

Las sociedades modernas se han encargado de proscribir muchas “acciones individuales que van en detrimento del bienestar común y del progreso”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009). La Ley Núm. 100, supra, otorga a los trabajadores una protección contra diversos tipos de discrimen, entre los cuales se encuentra el discrimen por edad. Esta ley es cónsona con nuestra aspiración social de crear un sistema jurídico que fomente la igualdad de los individuos. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra; Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 D.P.R. 62 (2008).

El Art. 3 de la Ley Núm. 100, supra, establece una presunción de discrimen ilegal cuando el despido haya sido efectuado sin justa causa. 29 L.P.R.A. see. 148. Esta presunción es de carácter controvertible. Ibíd. El esquema procesal dispuesto requiere que el obrero establezca: (1) que hubo un despido o acto perjudicial; (2) que la acción del patrono fue injustificada, y (3) algún hecho que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual se reclama. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR., supra. Cuando se cumple con esta etapa inicial, el peso de la prueba se traslada al patrono, quien deberá presentar prueba suficiente para rebatir la presunción. Ibíd.

Si el empleado establece un caso prima facie de discrimen, el patrono debe “presentar prueba que derrote el hecho básico; esto es, que el despido fue justificado; o destruir el hecho presumido (que el despido no fue discriminatorio); o presentar prueba para atacar ambos hechos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 889. Entonces, si el patrono cumple con esta segunda etapa procesal, el empleado debe continuar su caso sin la presunción y con evidencia concreta que pruebe que realmente hubo un discrimen ilegal. Ibíd. Según este supuesto, estaríamos entonces ante una reclamación ordinaria en la que el em-pleado tiene la obligación de presentar evidencia que sus-tente su causa de acción. En un caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra, esto significaría que el empleado debe probar por preponderancia de la prueba que la acción im-pugnada estuvo motivada por el discrimen proscrito. Véase Regla 10 de Evidencia de 1979 (32 L.RR.A. Ap. IV). E.g., Regla 110(f) de Evidencia de 2009 (32 L.RR.A. Ap. VI).

IV

El mecanismo de sentencia sumaria puede ser utilizado para disponer de una reclamación laboral. En el pasado hemos aplicado este mecanismo procesal para resolver reclamaciones que aunque requieren elementos subjetivos de intención, no reflejan controversias materiales de hechos. E.g., López v. Miranda, supra.

De un examen detenido de los documentos que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia se desprende que procedía conceder la sentencia sumaria para desestimar las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y del Art. 1802 del Código Civil, supra. Para este proceder, es necesario analizar en conjunto la Regla 36 de Procedi-miento Civil, supra, y las etapas procesales dispuestas por el Art. 3 de la Ley Núm. 100, supra.

La señora Ramos Pérez sostiene ante nos que la senten-cia sumaria no procede pues ella cuenta con prueba sufi-ciente para establecer un caso prima facie de discrimen por edad conforme a lo resuelto en López v. Miranda, supra. No le asiste la razón. Aunque del expediente surge prueba suficiente para establecer un caso prima facie de discrimen por edad, ante la prueba presentada por Univisión es for-zoso concluir que la carga probatoria de la señora Ramos Pérez no se limita a establecer un caso prima facie de discrimen.

Surge del expediente prueba que apuntaría a la posible existencia de: (1) un acto perjudicial (el despido); (2) la au-sencia de justa causa para tal acción (si la razón esbozada por Univisión cumple con los parámetros establecidos en la Ley Núm. 80, supra), y (3) un hecho que ubica a la persona dentro de la modalidad de discrimen proscrita (la edad de la señora Ramos Pérez). Esta prueba sería suficiente para cumplir con la carga probatoria en la primera etapa proce-sal de una reclamación de discrimen.

Ahora bien, de la solicitud de sentencia sumaria y de la prueba presentada por Univisión surge prueba suficiente y no controvertida de que el despido no fue un acto discriminatorio. Ante un caso prima facie de discrimen, el patrono debe rebatir la presunción estableciendo al menos una de dos cosas: (1) que el despido fue justificado, o (2) que el despido no fue discriminatorio. Sólo si en esta se-gunda etapa el patrono no cumple con su carga probatoria, es que se debe resolver de acuerdo con la presunción establecida.

Univisión sustentó con prueba varios hechos materiales a la controversia, a saber: (1) que la transición al sistema Marketron fue un proceso difícil y complejo; (2) que la se-ñora Ramos Pérez y la señora Beltrán tuvieron serias diferencias por la manera en que se adiestraba al personal del Departamento de Tráfico; (3) que la presión ejercida por la señora Beltrán era producto de su manera de traba-jar y que trataba de igual manera a todo el personal; (4) que el despido de la señora Ramos Pérez se debió a que la señora Beltrán no estaba conforme con su desempeño; (5) que la señora Ramos Pérez no se pudo ajustar al nuevo sistema implantado por Univisión para realizar su trabajo, y (6) que el trato discriminatorio alegado fue ejercido sola-mente por la señora Beltrán. Esta prueba surge de la de-posición tomada a la señora Ramos Pérez. No fue contro-vertida por la parte demandante recurrida.

Con esta prueba se derrotó claramente la presunción prima facie de discrimen, pues se estableció incontroverti-blemente que la señora Ramos Pérez fue despedida ante las diferencias con su supervisora en cuanto a la ejecución de su labor. Para evitar una sentencia sumaria en su contra, la señora Ramos Pérez debía demostrar que contaba con prueba de su causa de acción.

Ya que Univisión contaba con prueba suficiente para cumplir con su carga probatoria, el peso de probar su re-clamación pasó a la señora Ramos Pérez. Para adjudicar la solicitud de sentencia sumaria se deben considerar los he-chos no controvertidos según la carga procesal que tendrá el empleado en el juicio. En un caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra, una vez rebatida la presunción de discri-men, el empleado debe probar por preponderancia de la prueba que realmente hubo un discrimen ilegal en su contra. Para esta etapa probatoria, la señora Ramos Pérez entiende que los hechos consignados en su declaración ju-rada tienen el efecto de crear una controversia sustancial sobre un hecho material en la presente controversia.

En la declaración jurada que acompañó su oposición, la señora Ramos Pérez se limitó a decir: “Univisión tenía la intención de discriminar en mi contra para reemplazarme con una persona más joven que yo, para lo cual desató una campaña de humillaciones y presiones indebidas, con el objetivo principal de que yo renunciara.” Apéndice, pág. 190. Consistentemente hemos establecido que “en un procedimiento de sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 722. Véase, además, PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).

Sabido es que una vez la parte promovente de una moción de sentencia sumaria presenta deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones o declaraciones juradas, el promovido debe presentar contradeclaracio-nes juradas suficientes y documentos que creen una con-troversia genuina. López v. Miranda, supra, pág. 563; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997). Después de que las partes hayan realizado un descubrimiento de prueba adecuado, y ante una moción de sentencia sumaria por insuficiencia de prueba, el pro-movido tiene que presentar prueba que controvierta o re-bata la evidencia afirmativa presentada por el promo-vente. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 618.

La señora Ramos Pérez no cumplió con esa carga procesal. Por ello, procedía la desestimación de la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100, supra. El comuni-cado de Univisión que expresa su apertura a contratar personal nuevo, en su mayoría jóvenes y puertorriqueños, no es suficiente para controvertir la prueba presentada por Univisión. La disposición a renovar la plantilla laboral no equivale a discrimen contra los empleados de mayor experiencia.

La prueba presentada por la señora Ramos Pérez no era prueba detallada y suficiente para crear una controversia sustancial de hechos relevantes y esenciales. Véanse: Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra; López v. Miranda, supra; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra. La alegación que especula que en el juicio se podrán demostrar hechos concretos es insuficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 611. El promovido “no puede valerse de la lacónica aseveración de que los hechos están en controversia”. Id. No puede evadir controvertirlos. García Rivera et al. v. Enríquez, supra.

De igual forma, el foro primario no erró al desestimar la reclamación de daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. De no surgir alguna reclamación específica al amparo de una ley especial o de un convenio colectivo, el remedio provisto en la Ley Núm. 80 supra, es el único al que tendría derecho un empleado contratado a tiempo indeterminado frente a su patrono. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998).

El remedio exclusivo provisto por la Ley Núm. 80, supra, solo tiene una excepción: cuando el des-pido se haga con el “ ‘propósito y la intención de frustrar o subvertir, o que tenga el efecto de frustrar o subvertir una clara política pública’ ”. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 192. Véase Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 65 (1986). Ante un despido es po-sible una reclamación en daños independiente a la Ley Núm. 80, supra, si con el despido “ ‘concurren otras actua-ciones torticeras, que sean independientes al mismo” y que demuestren otro fin. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 193.

De la prueba pertinente y no controvertida surge que los hechos de la presente reclamación estuvieron vinculados a diferencias administrativas y a la alegada incompetencia de la señora Ramos Pérez. La recurrida no cuenta con prueba suficiente para probar el discrimen como motivo para su despido. Está por probarse si los hechos constitu-yeron justa causa para el despido. Esto es, resta por deter-minar si la señora Ramos Pérez tiene derecho a algún re-medio al amparo de la Ley Núm. 80, supra.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se reinstala la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se re-mite el caso al Tribunal de Primera Instancia para que dilucide la reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opi-nión escrita.

       De manera similar, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Cir-cuito ha resuelto que aun en casos en los que se requieren elementos subjetivos de motivo o intención, procede dictar sentencia sumaria cuando la parte promovida descansa únicamente en alegaciones conclusivas, inferencias improbables y especu-laciones sin sustentar. Medina-Munoz v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 896 F.2d 5, 8 (ler Cir. 1990).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido y peticionario, v. Benjamín Pagán Medina, peticionario y recurrido.

      Número: CC-2009-0074

      Resuelto: 9 de febrero de 2010

      Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogada de la parte peticionaria; Ana E. Andrade Rivera, de la Socie-dad para la Asistencia Legal, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

(En reconsideración)

Nos corresponde delimitar nuevamente el alcance de la llamada cláusula de “detención preventiva” que establece nuestra Constitución en su Carta de DerechoO) según resuelto por esta Curia en Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001).

El 18 de febrero de 2009 emitimos una Opinión en el presente caso, Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557 (2009), en la que pautamos que una vez se determina judi-cialmente que un imputado de delito no es procesable se-gún la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y se ordena su reclusión para tratamiento, tan sólo se puede excluir del cómputo del término máximo de de-tención preventiva el tiempo durante el cual éste estuvo efectivamente en una institución adecuada para su tratamiento.

Por la presente, reconsideramos nuestra posición para establecer que el tiempo a excluirse del referido término máximo de detención preventiva se comenzará a contar a partir de la determinación por parte del juez de instancia de “base razonable” para creer que el acusado se encuentra mentalmente incapacitado.

I

Los hechos que nos son pertinentes se encuentran per-fectamente reseñados en la Opinión que hoy reconsidera-mos, Pueblo v. Pagán Medina, supra, págs. 562-565, y que pasamos a reproducir:

El 26 de abril de 2008 el señor Pagán Medina fue arrestado por violación a los Artículos 122 y 208(b) del Código Penal y al Artículo 5.05 de la Ley de Armas. Fue conducido ante un ma-gistrado, quien determinó que hubo causa probable para su arresto y le impuso una fianza de cinco mil dólares. El señor Pagán Medina no prestó la fianza y permaneció detenido pre-ventivamente desde entonces. Posteriormente, el 12 de mayo de 2008, a solicitud de la defensa, el tribunal paralizó los pro-cedimientos y ordenó una evaluación psiquiátrica del impu-tado, a tenor con la Regla 240 de Procedimiento Criminal ... para determinar si el señor Pagán Medina estaba capacitado para ser procesado criminalmente por los cargos en su contra.
La vista se celebró el 20 de agosto de 2008. Compareció el psiquiatra del Estado, el Dr. Rafael Cabrero Aguilar, quien testificó bajo juramento que evaluó al señor Pagán Medina y que, en su opinión, el imputado no reunía los criterios para ser procesado. El tribunal acogió la recomendación del perito mé-dico y determinó que el imputado no se encontraba procesable. Así pues, ordenó el traslado del señor Pagán Medina al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras para que recibiera tratamiento.
El 17 de septiembre de 2008 se celebró otra vista, a la cual compareció, nuevamente, el Dr. Rafael Cabrero Aguilar. El pe-rito testificó que el imputado estaba capacitado para compren-der el proceso en su contra y ser sometido a juicio. Así lo de-terminó el tribunal, por lo cual ordenó el traslado del señor Pagán Medina a la institución penal y la continuación de los procedimientos.
El 12 de diciembre de 2008 el señor Pagán Medina presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que se le había confinado, en calidad de su-mariado, en exceso de seis meses sin habérsele celebrado jui-cio y, a tono con la limitación constitucional, reclamó su excarcelación. El 17 de diciembre de 2008 el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró “sin lugar” el remedio solicitado con las expresiones siguientes: “no ha transcurrido el término de detención preventiva provista [sic] en ley, (excluyendo el tiempo transcurrido en evaluación al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal [)].”
El 8 de enero de 2009, mediante una petición de certiorari, el señor Pagán Medina acudió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el Tribunal de Primera Instancia había errado al resolver que el término de detención preventiva se había inte-rrumpido el 12 de mayo de 2008, cuando el imputado solicitó la celebración de una vista para dilucidar su capacidad mental de acuerdo con la Regla 240 de Procedimiento Criminal. El señor Pagán Medina alegó que lo que procedía para calcular la duración de su confinamiento y, por ende, la interrupción de su detención preventiva, era excluir solamente los días du-rante los cuales estuvo recluido en el hospital psiquiátrico. Anejó una certificación del Departamento de Corrección en la cual se relacionan las fechas en que estuvo ingresado en la institución penal de Bayamón. Por lo tanto, argüyó que habían transcurrido más de seis meses contados desde el 27 de abril de 2008, cuando ingresó a la institución penal, hasta la fecha de su solicitud de excarcelación el 12 de diciembre de ese año.
En cumplimiento de la orden para mostrar causa dictada por el Tribunal de Apelaciones, el 8 de enero de 2009 el Pro-curador General alegó que el término de detención preventiva no debe incluir el período desde que el tribunal tiene una base razonable para creer que el acusado está mentalmente inca-pacitado hasta que determina que el imputado está final-mente capacitado para ser sometido a juicio, puesto que los procedimientos contra el imputado de delito quedan interrum-pidos y el Ministerio Público está impedido de continuar la acción penal. Por lo tanto, según el Procurador General, du-rante los 128 días desde la paralización de los procedimientos cuando el señor Pagán Medina presentó su moción al amparo de la Regla 240 ... hasta que el tribunal determinó nueva-mente que éste era procesable, no estaba pendiente la celebra-ción del juicio y el imputado no estaba detenido preventiva-mente. Así, pues, concluyó que “el término de detención pre-ventiva no puede transcurrir contra el Ministerio Público mientras éste se encuentre legal y constitucionalmente vedado de proseguir con el procesamiento criminal del acusado”.
El 16 de enero de 2009 el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari. El foro apelativo acogió la interpretación del Procurador General y resolvió que al computar el término de seis meses se excluyó correctamente el período durante el cual se dilucidaba la solicitud de la defensa al amparo de la Regla 240 ... es decir, aun antes que se ordenara la reclusión, ya que desde que se presentó la solicitud el Ministerio Público quedó vedado de proseguir la acción criminal contra el acusado.
Oportunamente, el 26 de enero de 2009 el señor Pagán Medina nos solicitó que revocáramos la resolución del foro apelativo. El 28 de enero de 2009 ordenamos a la Procuradora General mostrar causa por la cual no debiéramos hacerlo. El 4 de febrero de 2009 la Procuradora General compareció e in-vocó los mismos fundamentos que había presentado ante el Tribunal de Apelaciones, avalando la decisión recurrida y la determinación del tribunal de instancia.

II

A. La Cláusula de detención preventiva

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 344, establece que la “detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. El término “detención preventiva” se refiere al período anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido preventivamente (sumariado) porque no prestó la fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal.

La cláusula constitucional de detención preventiva tiene un propósito dual: asegurar la comparecencia del acusado a los procedimientos en defecto de la prestación de una fianza y, a su vez, evitar que a éste se le castigue excesivamente por un delito por el cual no ha sido juzgado. Con relación a estos propósitos, la profesora Resumil, haciendo referencia a su vez a Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955), nos explica que la cláusula de detención preventiva pretende “evitar que a una persona a quien am-para una presunción de inocencia sea restringida por el Estado en el ejercicio de su poder de custodia con el único propósito de hacerle comparecer a juicio”.

En el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente se advierte que, previo a la aprobación de la referida cláusula constitucional, era posi-ble mantener a un acusado detenido mediante la presenta-ción de acusaciones sucesivas cada vez que finalizaba el término de ciento veinte días que establecía el Artículo 448 del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, desde la acusación hasta la celebración del juicio.

Es claro que esta salvaguarda constitucional de no más de seis meses sumariado en espera del inicio de juicio se ha establecido como una garantía al ciudadano contra posibles excesos de autoridad, que evita que la restricción efectiva de la libertad —cuando ha mediado causa probable para un arresto— se convierta en un castigo anticipado por un delito no juzgado. Ahora bien, con relación a la referida salvaguarda constitucional, y como ya señalamos, en la opinión concurrente del Juez Negrón Fernández en Sánchez v. González, supra, se adelantó que ésta no era absoluta, expresión que fue confirmada por este Tribunal al considerar lo resuelto en Ruiz v. Alcaide, supra.

B. Regla 240 de Procedimiento Criminal

La Regla 239 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que “[n]inguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”. Cuando nos referimos a la capacidad o incapacidad mental de una persona en el contexto de encarar un proceso judicial en su contra, aludimos al concepto “procesabilidad del imputado”. El concepto procesabilidad, en términos más específicos, apunta a la lucidez con la que un imputado de delito puede entender la naturaleza y el procedimiento criminal al que se enfrenta.

La prohibición que establece la Regla 239, supra, tiene como propósito “ ‘impedir que se someta a juicio a un reo que es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos que contra él se siguen, y como con-secuencia, de defenderse adecuadamente’ ”. Tal prohibi-ción se fundamenta en la normativa jurídica medular que establece que encausar a una persona no procesable viola el debido proceso de ley. El profesor Chiesa, en lo refe-rente, expresa que “se trata de una exigencia de que el acusado pueda entender la naturaleza de los procedimien-tos, de forma que pueda ayudar —a su abogado y a sí mis-mo— a su mejor defensa”.

Es en virtud de dicho precepto que la subsiguiente Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

... En cualquier momento después de presentada la acusa-ción o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere base razonable para creer que el acusado está mental-mente incapacitado, inmediatamente suspenderá los procedi-mientos y señalará una vista para determinar el estado mental del acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su es-tado mental. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes. (Énfasis suplido.)

Del texto de esta Regla 240 es claro que una determina-ción inicial de no procesabilidad tiene que fundamentarse en “base razonable” por parte del juez que preside para creer que la persona se encuentra incapacitada mental-mente, en cuyo caso, se suspenderán inmediatamente los procedimientos. En primer lugar, y ante un estatuto que tan celosamente protege la competencia o capacidad del imputado que enfrenta el proceso en su contra, es impor-tante apuntalar que es el juez que preside la sala quien tiene que velar por que en todo momento la persona denun-ciada o acusada se encuentre procesable. En ese contexto, la Regla 240 no sólo establece un mecanismo que garantiza el debido proceso de ley constitucional a un imputado de delito, sino que hace al juez de instancia custodio de ese mecanismo, imponiéndole un deber ineludible.

Por eso, y como corolario de ese deber judicial, el tribunal puede encontrar “base razonable” para entender que el imputado se encuentra no procesable y suspender los procesos, incluso por encima de la objeción del propio imputado. Como ha señalado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es contradictorio argumentar que un acusado puede encontrarse mentalmente incapaz y que a su vez pueda, consciente e inteligentemente, “renunciar” a su derecho de que el tribunal determine su capacidad mental para enfrentar el juicio. Como también se ha señalado:

... when circumstances raise a reasonable doubt about a defendant’s competency, he cannot be master of his own pleadings.

Ahora bien, el que el imputado de delito se encuentre capaz mentalmente requiere, como mínimo, que se halle lo suficientemente coherente como para que le pueda proveer a su abogado la información necesaria o relevante para la elaboración de su defensa. Más allá que la capacidad de recordar y relacionar información pertinente a los hechos, el imputado debe ser capaz de comprender el significado del juicio y entender el papel que él desempeña en el proceso.

Notemos que los elementos antes mencionados constitu-yen, entre otros, indicadores básicos que deben conside-rarse por el juez de instancia al momento de emitir su de-terminación de no procesable; elementos necesarios para la determinación de “base razonable”. En ese sentido, la eva-luación (test) no puede ser una liviana o superficial. Como señaló el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dusky v. United States, 362 U.S. 402, 402 (1960):

... it is not enough ... “that the defendant [is] oriented to time and place and [has] some recollection of events”, but that the “test must be whether he has sufficient present ability to consult with his lawyer with a reasonable degree of rational understanding — and whether he has a rational as well as factual understanding of the proceedings against him.”

Entre los indicadores que también pudieran sugerir que un imputado no es procesable se encuentran el que demuestre un comportamiento errático durante el proceso que al momento de alegarse que no es procesable se traiga ante la consideración del juez evidencia de un historial de comportamiento severamente irracional; que se presente evidencia de que el imputado se encuentra bajo influencia de drogas o sufriendo del “síndrome de retirada”. Además, este Tribunal ya ha resuelto que una evaluación siquiátrica, tarjetas de citas y hospitalizaciones en el Hospital de Siquiatría, y resultados de exámenes que demuestran un cociente intelectual mermado, brindan “base razonable” para creer que el imputado está mental-mente incapacitado y para proceder a la vista de procesabilidad.

Ya hemos establecido, entonces, que “base razonable” para creer que la persona se encuentra incapacitado mentalmente, en el contexto de la Regla 240, conlleva el deber del juez de instancia de asegurarse que la persona que está siendo procesada no se encuentre mentalmente incapacitada; o sea, que se encuentre hábil para entender cabalmente los procedimientos. No obstante, es menester aclarar que, distinto a la incapacidad mental a la que se refiere la defensa de inimputabilidad, la incapacidad mental que contempla la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, es la que puede darse en cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia, lo cual implica que ya se han cometido los hechos y se han considerado delictivos.

Por eso, el sólo planteamiento de inimputabilidad que se presenta como eximente de responsabilidad criminal por parte de la defensa de un imputado, no constituye, de por sí, “base razonable” para creer que éste se encuentra mentalmente incapacitado y, por ende, activar los procedimientos al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra. Es claro que una persona puede, al momento de cometer los hechos que se le imputan, encontrarse totalmente incapaz mentalmente de en-tender la naturaleza criminal y las consecuencias de éstos y, no obstante, estar perfectamente hábil en el proceso del juicio para entender los procedimientos que se llevan en su contra por esos mismos hechos.

C. Efectos de la determinación de base razonable

Según el propio texto de la Regla 240 y la norma pautada por este Tribunal, la determinación inicial sobre si existe “base razonable” para dudar de la capacidad del acusado está conferida a la discreción del Tribunal de Primera Instancia. También hemos señalado que el juez de instancia, una vez determina que existe “base razonable”, tiene que “paralizar ipso facto todos los procedimientos, señalar una vista para determinar la condición mental del imputado, y nombrar uno o varios peritos para que evalúen al imputado y atestigüen sobre su condición mental”.

En Pueblo v. Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455, 457 (1986), específicamente señalamos el procedimiento que establece la Regla 240:

... de resolver [el tribunal] que existe base razonable, la Regla instruye mandatoriamente el procedimiento a seguir: los pro-cedimientos se suspenderán inmediatamente, se señalará una vista para determinar el estado mental del acusado, y se de-signará uno o varios peritos para que examinen al acusado, quien o quienes declararán en la vista señalada sobre el es-tado mental del imputado. La Regla permite[,] además, que en la vista se presente cualquier otra prueba pertinente al estado mental del acusado que deseen ofrecer las partes. En otras palabras que, ... una vez que se establece que existe una duda en cuanto a la capacidad mental del acusado, resulta manda-toria la intervención de un perito siquiatra, quien tendrá que evaluar al acusado y declarar en la vista de procesabilidad en torno a sus hallazgos.

III

Argumenta la Procuradora General, en el contexto de la Regla 240 y lo resuelto en Ruiz v. Alcaide, supra, que “mientras se encuentre pendiente el proceso dictado por la Regla 240[,] el acusado no se ‘encuentra pendiente de la celebración del juicio’, ya que el procedimiento penal queda suspendido en su totalidad, y el Ministerio Público está im-pedido de procesar al acusado”. (Enfasis suplido.

Le asiste la razón a la Procuradora. En primer lugar, el proceso dictado por la Regla 240 no comienza con la vista de procesabilidad (“vista de Regla 240”) —la cual hace obligatoria la comparecencia de prueba pericial— sino con la determinación de “base razonable” por parte del juez de instancia. Mientras el imputado, en quien se ha encontrado “base razonable” para ordenar la evaluación de su condición mental, se encuentre en espera de tal evaluación, el Ministerio Público se encuentra, a su vez, legal y constitucionalmente vedado —“con las manos atadas”— de proseguir con el procesamiento criminal que tiene el deber de ejecutar.

Tal paralización responde a la aparente improcesabilidad del imputado. Por eso, la Regla 240 no le consiente otra acción al juez que no sea suspender “inmediatamente” los procedimientos. De esta manera se asegura que nada más ocurra en el proceso que el imputado pudiera no tener la capacidad de entender, afectando su oportunidad de cooperar con su defensa. Desde que el tribunal, ya sea “motu proprio” o a solicitud de parte, paraliza los procedimientos fundamentado en “base razonable”, se activa una presunción de improcesabilidad que puede ser o no revertida en la correspondiente vista de procesabilidad. Si la “base razonable” se confirma, implica que el sumariado se encontraba no procesable desde el momento que se paralizaron los procedimientos y, por ende, el Ministerio Público absolutamente nada podía hacer. Mientras el imputado se encuentra no procesable, el Estado se encuentra restringido constitucionalmente para poder continuar con los procesos en su contra.

El examen y el testimonio pericial durante la vista de procesabilidad no hacen otra cosa que revisar la determinación inicial del juez de instancia, basada en la evaluación que éste hizo de la aparente improcesabilidad del imputado. El imputado no advino improcesable cuando el perito así lo certificó, sino que ciertamente ya lo estaba cuando el juez suspendió los procedimientos y ordenó la vista de procesabilidad. Es desde ese momento que el ciudadano no está sujeto a ser procesado, la privación de su libertad responde a otras razones y, por ende, no se encuentra bajo detención preventiva. Por lo tanto, ese periodo de tiempo debe excluirse del cómputo del término máximo de detención preventiva.

Que el inicio del periodo de tiempo a ser excluido del cómputo del término máximo de detención preventiva se retrotraiga a la fecha de la determinación de “base razona-ble” que exige la Regla 240 de Procedimiento Criminal, no es algo que se da en un vacío. Más bien, obedece a la lógica y a la realidad. ¿Qué ocurre si una vez se determinó “base razonable”para paralizar los procedimientos, la prueba pe-ricial que se presente durante la vista de la Regla 240 —y que tiene que celebrarse como próximo paso para corrobo-rar la determinación inicial del juez— demuestra que el imputado sí se encuentra procesable? El efecto sería que la aparente improcesabilidad del imputado nunca se materia-lizó, que debe entenderse que siempre estuvo procesable y el término de detención preventiva —que transcurre en contra del Ministerio Público y a favor del propio imputado— nunca se interrumpió.

A contrario sensu, si la prueba pericial ventilada du-rante la vista de Regia 240 confirma que el imputado no se encuentra procesable, es lógico pensar que esa misma era su condición mental al momento de la determinación ini-cial del juez, esto es, al momento de la determinación de “base razonable”.

IV

Somos consientes que en ocasiones —como en el caso de autos— ha pasado mucho más tiempo del que se entiende como razonable para la celebración de la vista de procesabilidad. En Ruiz v. Alcaide, supra, señalamos correctamente que uno de los efectos de una determinación de no procesabilidad, conforme a lo dispuesto en la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, es que el acusado permanecerá bajo la jurisdicción del tribunal.

Por lo tanto, y considerando lo aquí pautado, el tribunal deberá tomar las provisiones para, desde el momento mismo en que determine la existencia de base razonable y ordene la evaluación requerida por la Regla 240, asegu-rarse que el imputado sea evaluado a la brevedad posible, so pena de desacato. Esto es, el Tribunal de Primera Ins-tancia deberá, ya sea que la “base razonable” acontezca durante el proceso de vista preliminar, desde el acto mismo de la lectura del pliego acusatorio, o en cualquier momento del juicio —sobre todo si el acusado continúa sumariado— asegurarse que se programe esta evaluación.

Además, si por último la evaluación pericial demuestra que la persona no se encuentra procesable —confirmán-dose así la determinación de base razonable inicial— en-tonces el tribunal deberá tomar las provisiones para que la orden de reclusión y traslado a la institución correspon-diente se cumpla con la menor dilación posible; nueva-mente, so pena de desacato.

V

Por todo lo anterior, reconsideramos lo resuelto en Pueblo v. Pagán Medina, supra, y establecemos que el tiempo a excluirse del cómputo del término máximo de detención preventiva de una persona que se encuentra no procesable según la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, se comenzará a contar a partir de la determinación por parte del juez de instancia de “base razonable" para creer que el acusado o imputado estaba mentalmente incapacitado. Siendo así, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Carolina.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Por las razones que habré de exponer, disiento de la conclusión a la que llega la mayoría de este Tribunal. Opino, en primer lugar, que este caso se tornó académico por hechos sucedidos durante el trámite de recon-sideración. Sin embargo, como la Mayoría arriba a otra conclusión y emite una opinión revocatoria en reconsidera-ción, debo expresar mi más enérgico disenso en cuanto a los méritos. Al revocar el precedente establecido por este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557 (2009), la opinión emitida debilita excesivamente el dere-cho constitucional a no estar sujeto a detención preventiva por más de seis meses y lo somete injustificadamente al arbitrio del Estado.

Como regla general, un asunto académico no es justicia-ble y, por ende, un tribunal no debe pronunciarse en cuanto a sus méritos. Véanse: Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, págs. 97-100. Un caso se torna académico cuando deja de presentar una controversia en-tre partes adversas debido a cambios en los hechos o en el derecho. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724—725 (1980). Como sabemos, esta norma está su-jeta a una excepción, conocida como “excepción de recu-rrencia”, que permite que el tribunal resuelva un caso que se ha tornado académico cuando el asunto ante su conside-ración es capaz de repetirse pero, por su naturaleza, con toda probabilidad también advendría académico y eludiría la revisión judicial. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 76 (2005). La aplicación de esta excepción depende de un juicio de probabilidades. Además de la identidad de las partes involucradas en el posible pleito futuro, el Tribunal debe examinar la probabilidad de la recurrencia y la pro-babilidad de que la controversia evada la revisión judicial, íd.; Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 349—350 (2005). Este último factor, a su vez, requiere evaluar el tiempo que con toda probabilidad estará disponible para la acción judicial futura. Así, por su propia naturaleza, la du-ración del daño debe ser inherentemente corta, de modo que la controversia siempre se tornará académica antes de que se pueda resolver completamente. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 76, en el cual se cita a E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, 2da ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2002, págs. 49-50.

En el asunto ante nuestra consideración, aunque hay una probabilidad razonable de que la controversia aquí planteada recurra en otro caso, no la hay respecto a que ésta habrá de evadir la revisión judicial. La mejor prueba de ello es que este caso fue atendido y resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, el de Apelaciones y el Tribunal Supremo sin que se hubiese tornado académico durante el trámite judicial. No fue hasta después que se dictó la Opinión de este Tribunal, mientras estaba pendiente una moción de reconsideración, que el juez de instancia deter-minó que el acusado era inimputable. Debido a esta deter-minación, cualquier decisión en los méritos en este caso carecerá de consecuencia o efecto concreto alguno entre las partes. No hay duda, pues, de que el caso se tornó acadé-mico y estamos impedidos de resolver la controversia en los méritos.

Sin embargo, la Mayoría de este Tribunal aplica la ex-cepción de recurrencia para concluir lo contrario y entra a resolver los méritos de la controversia. Al así actuar, re-voca la opinión previamente emitida en este caso. Cierta-mente, si ponemos a un lado el elemento de academicidad, el Tribunal está en todo su derecho de reconsiderar su dic-tamen original. Sin embargo, la consistencia y estabilidad de nuestras decisiones no deben sacrificarse tan sólo por un cambio de parecer institucional. Tenemos que conside-rar que dislocar la estabilidad y certidumbre que debe te-ner el derecho tiene consecuencias, no sólo sobre las partes en el litigio, sino sobre los abogados y las abogadas del país, los tribunales de menor jerarquía y los foros adminis-trativos para quienes las decisiones del Tribunal Supremo constituyen precedente y fuente de autoridad. Entiendo, por ello, que el Tribunal debe ser parco al reconsiderar una Opinión y debe hacerlo sólo cuando ésta sea manifiesta-mente errónea, de modo que violente la razón y la justicia. Véanse: Capestany v. Capestany, 66 D.P.R. 764, 767 (1946); Opinión disidente del Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri en González v. Merck, 166 D.P.R. 659, 695 (2006).

Se entiende que un precedente es “manifiestamente erróneo” cuando se demuestra que la decisión fue producto de un razonamiento “ ‘procesalmente fallido debido a la pobre calidad de los alegatos y argumentos o al inadecuado proceso deliberativo de la corte’ ”. Opinión de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton en González v. Merck, supra, pág. 688. “[E]l segundo criterio obliga al tribunal a ponderar los efectos jurídicos, morales y sociales de su decisión [con el fin de] determinar si la norma tiene consecuencias indeseadas.” Id., pág. 689. Desafortunada-mente, la Opinión dictada en reconsideración no atiende estas consideraciones.

En Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492, 505-506 (2001), re-solvimos que mientras el imputado o acusado no sea pro-cesable y esté recluido en una institución recibiendo trata-miento, no le cobija la protección constitucional sobre el término máximo de detención preventiva, ya que no se en-cuentra sumariado en espera de la celebración del juicio. Id., págs. 505-506. Luego, en Pueblo v. Pagán Medina, supra, reafirmamos y explicamos dicha norma para aclarar que el tiempo que se puede excluir del cómputo del término máximo de detención preventiva es aquel durante el cual el imputado estuvo efectivamente en una institución ade-cuada para su tratamiento.

En la opinión emitida en reconsideración, sin demostrar por qué dichas expresiones son manifiestamente erróneas, el Tribunal establece que se excluirá del término máximo de detención preventiva el tiempo que transcurra desde la determinación por parte del juez de instancia de “base ra-zonable” para creer que el acusado se encuentra mental-mente incapacitado. El fundamento para esta determina-ción es que el proceso dictado por la Regla 240 de Procedimiento Criminal no comienza con la vista de proce-sabilidad sino con la determinación de base razonable del juez de instancia. 34 L.P.R.A. Ap. II. Razona la Mayoría que desde ese momento el proceso penal queda suspendido, el Ministerio Público está impedido de procesar al acusado y, por ende, el acusado no se encuentra pendiente de la celebración de juicio.

Es cierto que el Ministerio Público tiene que interrum-pir el proceso criminal desde que el juez de instancia de-termina que hay base razonable para creer que el impu-tado no es procesable. En ese momento se tiene que esperar a que el médico del Estado evalúe al paciente y se celebre la vista de procesabilidad. Sin embargo, como ex-plicamos en Pueblo v. Pagán Medina, supra, durante el tiempo entre la determinación de base razonable por el juez de instancia y el traslado a una institución hospitala-ria para recibir tratamiento, el acusado o imputado está sumariado en espera de ser procesado criminalmente. Pre-cisamente, la razón por la cual el Estado lo tiene en su custodia es porque se propone celebrarle un juicio. La na-turaleza de la custodia cambia cuando el acusado es tras-ladado a una institución adecuada para su tratamiento. Es entonces que no está sujeto a ser procesado y, por lo tanto, la privación de su libertad responde a razones distintas a la detención preventiva.

La interpretación que hace la Mayoría olvida que el de-recho a que el término de detención preventiva no exceda los seis meses es una “garantía al ciudadano contra posi-bles excesos de la autoridad evitando que la restricción efectiva de la autoridad se convierta en un castigo anticipado”. O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, San Juan, Equity Publishing Co., 1990, T. 1, Sec. 6.23, pág. 149. Su propósito, según surge de las discusiones en la Convención Constituyente, es evitar que el Estado abuse de su poder. Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente de Puerto Rico, Edición Conmemorativa, 2003, págs. 1594 — 1595. No podemos obviar que es el Estado quien con-trola la evaluación médica y la celebración de una vista de procesabilidad, así como el traslado de una institución penal a una hospitalaria, si se determina que el imputado no es procesable. En otras palabras, ni el acusado ni su repre-sentación legal pueden determinar cuándo se le evaluará ni la fecha del traslado a la institución hospitalaria. Por consiguiente, eliminar este proceso del cálculo del límite constitucional le permite al Estado mantener suspendidos los procedimientos de forma abusiva y privar al acusado de su libertad en una institución carcelaria por un tiempo irrazonable. También, la interpretación que hace la Mayo-ría permite que el Ministerio Público, cuando lo entienda necesario, extienda el plazo de detención preventiva, adu-ciendo que hay base razonable para dudar sobre la proce-sabilidad del acusado y solicitar que se examine por un perito bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra. Estos son precisamente los escenarios en los cuales es ne-cesaria la protección constitucional.

El derecho a no permanecer detenido preventivamente es constitucional e irrenunciable. Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955). Por eso es que en Pueblo v. Pagán Medina, supra, decidimos que la presentación de una moción bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal no puede en-tenderse como una renuncia al derecho a no permanecer en detención preventiva en exceso de seis meses. Ello porque, al igual que una solicitud de autorización y posposición del juicio, la solicitud y determinación de incapacidad del im-putado para ser sometido a juicio requiere el “ejercicio de una discreción judicial sobria, para proteger al acusado en el disfrute de su derecho a un juicio justo, y en sus oportu-nidades de defensa”. Sánchez v. González, supra, pág. 857. Véase Pueblo v. Pagán Medina, supra.

La decisión de suspender la protección constitucional desde que el Tribunal encuentra base razonable para creer que el imputado no es procesable —antes de que sea efecti-vamente institucionalizado— también violenta el derecho del acusado a la presunción de inocencia. El límite constitu-cional al poder de custodia del Estado tiene su fundamento en la presunción de inocencia, fundamental en nuestro sis-tema constitucional. Por eso, como el imputado se presume inocente, no debe ser castigado en anticipación de un delito por el cual no ha sido juzgado. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990). Me consterna el que los argumentos de la Mayoría excluyan la consideración de este factor, que es “primordial en todo proceso penal: la libertad personal y su principio concomitante, la presunción de inocencia”. Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 572.

Por último, la consecuencia de la determinación de la Mayoría es sumamente preocupante, pues el imputado tendrá que escoger entre salvaguardar su derecho consti-tucional y estatutario a no ser enjuiciado sin la capacidad para defenderse adecuadamente y su libertad personal. Esto, sin duda, va en detrimento del derecho al debido pro-ceso de ley. Así lo reconocimos en Pueblo v. Pagán Medina, supra. Es menester enfatizar que los tribunales deben in-terpretar los derechos constitucionales de forma amplia a favor de la protección del individuo frente al poder del Estado. Por el contrario, cuando se propone una interpre-tación que limitaría las libertades personales y ampliaría el poder del Estado, la interpretación debe ser extremada-mente rigurosa.

Mis serios reparos a la decisión del Tribunal no son pro-ducto de la especulación ni surgen en abstracto. Más bien son el resultado del análisis de los hechos de este caso. Como relata la opinión mayoritaria, aunque la defensa so-licitó que se evaluara al señor Pagán Medina bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal el 12 de mayo de 2008, no fue hasta el 20 de agosto de 2008, cien días después, que éste fue declarado no procesable en una vista. Más aún, no fue hasta el 25 de agosto de 2008 que el imputado fue tras-ladado al Hospital Psiquiátrico Forense. Por consiguiente, luego de haber solicitado la vista de procesabilidad, el im-putado estuvo más de tres meses internado en urna institu-ción penal sin recibir tratamiento. Aunque el foro de ins-tancia decidió que, en efecto, el acusado no era imputable, la realidad es que, de haberlo sido, hubiera estado sujeto a detención preventiva mucho más allá del límite constitu-cional por razones solamente atribuibles al Estado. Es do-loroso que este Tribunal, que está llamado a hacer justicia, limite de esta forma los derechos constitucionales a la li-bertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley por meros tecnicismos procesales. Por estas razones, disiento.

       Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

        Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001), constituyó la primera ocasión en que este Tribunal se expresó con relación a la posibilidad de la interrupción del término de seis meses de detención preventiva que establece esta cláusula de nuestra Constitución. La decisión estableció la viabilidad de la interrupción, destronando así la concepción de que este término era tajantemente definitivo o perentorio. En Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955), se señaló que el término de esta cláusula no era uno renunciable, pero no se pautó norma alguna en vista de que el caso se resolvió mediante sentencia. El Juez Asociado Señor Negrón Fernández emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Snyder y el Juez Asociado Señor Sifre. La Sentencia contó con los votos disidentes del Juez Asociado Señor Borinquen Marrero y el Juez Asociado Señor Emilio S. Belaval. El Juez Aso-ciado Señor Pérez Pimentel concurrió con el resultado. En la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón Fernández se señaló específicamente que las solicitudes de suspensión del juicio, por parte del acusado, no equivalen a una renuncia al derecho a que la detención preventiva no exceda de seis meses. No obstante, en la opinión también se expresó que este derecho a un término máximo de seis meses no era absoluto.

       Contra esa determinación, la Procuradora General compareció el 6 de marzo de 2009 mediante una Solicitud de Reconsideración.

        Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 502; Pueblo v. González Vega, 147 D.P.R. 692 (1999); Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 D.P.R. 225, 232 (1996).

        Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 D.P.R. 203 (2008).

       O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248.

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2571 (1952).

       Resumil, op. cit., pág. 248.

        Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 555 (1978).

        Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 499; E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 348.

        Pueblo v. Santiago Torres, 154 D.P.R. 291, 300 (2001).

        Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501; Cooper v. Oklahoma, 517 U.S. 348, 354 (1996); Medina v. California, 505 U.S. 437, 453 (1992) (“the criminal trial of an incompetent defendant violates due process”); Drope v. Missouri, 420 U.S. 162, 172 (1975); Pate v. Robinson, 383 U.S. 375, 378 (1966); Bishop v. United States, 350 U.S. 961 (1956). Véase S.J. Kane, Competency to Stand Trial, 87 (Num. 5) Geo. L.J. 1463, 1467 (1999).

       Chiesa Aponte, op. cit, pág. 348.

       Véase Pate v. Robinson, supra, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos interpreta un estatuto muy similar a nuestra Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      íd.

        Seidner v. United States, 260 F.2d 732, 734 (Cir. D.C. 1958).

        Incompetency to Stand Trial, 81 Harv. L. Rev. 454, 457 (1967).

       íd.

        Pouncey v. United States, 349 F.2d 699 (Cir. D.C. 1965).

        Pate v. Robinson, supra.

        Hasnford v. United States, 365 F.2d. 920 (Cir. D.C. 1966). El “síndrome de retirada” es un síndrome de hiperaetividad que ocurre como producto de la retirada de un fármaco hipnótico-sedante a un individuo dependiente física o psicológica-mente, luego de haberlo utilizado por un período de tiempo de manera crónica, o por abuso de éste. Las manifestaciones incluyen convulsiones, deseo del fármaco, disfo-nía, cefalea, insomnio, ansiedad, anorexia, nauseas, vómito, debilidad muscular, ta-quicardia y tremor. La agitación y la confusión puede progresar a delirio, desorien-tación y alucinaciones.

        Pueblo v. Santiago Torres, supra.

        Pueblo v. Castillo Torres, supra, pág. 555; Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552, 560 (1973).

        Pueblo v. Santiago Torres, supra.

        Pueblo v. Santiago Torres, supra; Pueblo v. Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455 (1986); Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, supra; Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451 (1962).

        Pueblo v. Santiago Torres, supra, pág. 301. Véanse: Pueblo v. Rodríguez Galarza, supra; Pate v. Robinson, supra, pág. 385; Chiesa Aponte, op. cit.

       Solicitud de reconsideración, pág. 9.

        Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501; Commonwealth v. Ware, 329 A.2d 258, 264 (1974); Commonwealth v. Bruno, 255 A.2d 519 (1969); B. J. Winick, Reforming Incompetency to Stand Trial and Plead Guilty: A Restated Proposal and a response to Professor Bonnie, 85 (Núm. 3) J. Crim. L. & Criminology 571, 575-576 (1995).

        Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., págs. 362-363.

       Opinión de 18 de febrero de 2009.

       Casualmente, el pasado 22 de diciembre de 2009 se presentó ante este Tribunal un recurso de certiorari que planteó la misma controversia de derecho que este caso. Véase Pueblo v. Castro Rodríguez, CC-2009-1101.