author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Manuel León Parra, demandante y apelante, v. Patrick J. Fitzimmons y Rafael Buscaglia, en su carácter de Auditor y Tesorero de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelados.
    Núm. 8435.

    Sometido: Noviembre 13, 1942.

      Resuelto: Febrero 3, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernandes, Cuyar y II. González Flanes, abogados del apelante; Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y R. García Cintrón, Procurador General Auxiliar, abo-gados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso de mandamus iniciado en la Corte de Distrito de San Juan por un comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Pico solicitando que se ordenara al Auditor y al Tesorero de la Isla que autorizara el primero y le pagara el segundo cierta suma que se le descontó de sus sueldos durante los años económicos 1932-33, 1933-34 y 1934^35. Envuelve la interpretación del Acta Orgánica.

Manuel León Parra, el comisionado demandante, desem-peñó su cargo desde abril 29, 1929 a junio 30, 1935, a virtud de nombramientos hechos por el Gobernador de acuerdo con la Ley núm. 40 de 1929 ((1) pág. 223) creadora de la Comi-sión, cnya ley fija el término del cargo de comisionado en tres años y sn sueldo en tres mil quinientos dólares. '

Percibió sn sueldo en la cantidad fijada en la dicha ley hasta junio 30, 1932, y a partir de esa fecha, no obstante haber la Legislatura asignado en los presupuestos que apro-bara para regir en los años económicos de 1932-33 y 1933-34 las sumas correspondientes en armonía con la ley, se le des-contaron determinadas cantidades en virtud de la actuación del Gobernador a que se refieren los statements que siguen enviados por dicho funcionario a .la Secretaría Ejecutiva al remitirle los presupuestos:

“Government House, Porto Eieo. — San Juan, Puerto Eieo, 13 de. mayo de 1932. — En virtud de la autoridad que me confiere la Sec-ción 34 de la Ley Orgánica de Puerto Eieo, las siguientes partidas y partes o porciones de las mismas del Proyecto de la Cámara núm. 232, para proveer las asignaciones necesarias para el funcionamiento de la Comisión Industrial durante el año económico de 1932-33, quedan por la presente objetadas por. el que suscribe:
“Página 1
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“línea 17 — táchese ‘3',500’ e insértese ‘3,150’
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“(Sello) (Firmado) José Padín, Gobernador Interino de Puerto Eieo. ’ ’
“Government House, Porto Eieo. — San Juan, Puerto Eieo, 8 de mayo de 1933. — En virtud de la autoridad que me confiere la Sec-ción 34 de la Ley Orgánica de Puerto Eieo, las siguientes partidas y partes o porciones de las mismas, del Proyecto de la Cámara núm. 302, titulado . . . quedan por la presente objetadas por el que suscribe:
“Página 1
< * ¡* * * * « # * ' *
“Línea 10, táchese ‘3,500’ y ‘7,000’ e insértese ‘2,992.50’ y ‘5,985.00’ respectivamente. — (Sello) (Firmado) James E. Beverley.’’

Durante el año económico de 1934 — 35 tampoco recibió el peticionario el sueldo de $3,500, sino el de $2,992.50 asignado por la Legislatura en la Ley de Presupuesto que con tal asig-nación aprobó el Gobernador.

¿Fue legal la rebaja? La corte de distrito sostuvo que lo fue y es contra su sentencia declarando sin lugar la demanda que se ba interpuesto el presente recurso de apelación.

En primer lugar sostiene el apelante que si bien el Gobernador, de acuerdo con el artículo 34 del Acta Orgánica de Puerto Rico, tiene facultad para hacer objeciones a una o más partidas de cualquier proyecto de ley que le fuere presentado, no la tiene para reducirlas.

Esa cuestión quedó decidida por esta propia corte en el caso de De la Rosa v. Winship, Gobernador, 47 D.P.R. 330, en contra del criterio que sustenta el apelante. La opinión de la corte fue emitida por su Juez Asociado Sr. Hutchison. Comienza:

“El peticionario, en su primera causa de acción, ataca la facultad del Gobernador para reducir una partida en un proyecto de presu-puesto en armonía con la autoridad eonferídale por el artículo 34 de la Carta Orgánica.”

Transcribe lo pertinente del citado artículo, en inglés y en castellano, y dice:

“El peticionario no pone en tela de juicio el significado de la ver-sión española, pero sostiene que se trata de una mala traducción. La contención es que la palabra 'thereof’ se refiere al ‘proyecto de ley’ mencionado en la primera parte de la oración, no a las ‘partidas’ mencionadas posteriormente en dos ocasion'es en la misma oración y en el texto inmediatamente anterior a la palabra ‘thereof.’ De ahí que el peticionario insista en qqe la versión española ‘porciones de las mismas’ sea enmendada en el sentido que lea ‘porciones del mismo (el proyecto).' En apoyo de este criterio no se cita ninguna regla' de interpretación gramatical. Guando el significado de las pala-bras usadas en un estatuto es enteramente claro, debe dársele efecto a tal significado, aún bajo la regla de estricta hermenéutica que, al estar envuelta la concesión de una facultad, es aplicable solamente en caso de duda sobre cuál fué la intención de la Legislatura. Cuando el Congreso dijo que el Gobernador ‘podrá él hacer objecio-nes a una o más de dichas partidas, o a cualquiera parte o partes, porción o porciones de las mismas,’ quiso decir, a nuestro juicio, que ‘podrá él hacer objeciones a una o más de dichas partidas, o a cual-quiera parte o partes, porción o porciones’ de tales partidas.”

Se refiere entonces a la jurisprudencia que cita el peti-cionario, en los siguientes términos:

“No es necesario que discutamos los casos en que se funda el peticionario. Una comparación del párrafo arriba citado de nuestra Ley Orgánica con las varias disposiciones constitucionales envueltas en dichos casos bastará para distinguirlas. En ninguno de dichos casos la corte interpretaba disposiciones constitucionales que por su claro contexto autorizaban que se hicieran objeciones a cualquiera parte o porción de una partida, así como también la desaprobación de la partida. Para los fines de esta opinión puede libremente admitirse que la concesión de autoridad para desaprobar cualquiera partida o partidas, sin más, no puede ser ampliada mediante inter-pretación en el sentido de incluir la facultad de desaprobar cualquiera parte o porción de tal partida o partidas. Ese es el nervio de cuanto ha sido resuelto por la mayoría, o por todos, de los casos en que se basa el peticionario. De algunas de las opiniones más efusivas puede deducirse que ciertas cortes, quizá, hubiesen dudado de la sapiencia de una disposición tal como la que el Congreso.creyó prudente incluir en nuestra Carta Orgánica. En ninguno de los casos citados por el peticionario hallamos nada que milite contra la conclusión a que lle-gamos nosotros respecto al significado de tal disposición.”

Menciona la nota al caso de Commonwealth ex rel. Elkin v. Barnett, 55 L.R.A. 882, 883, que contiene una lista de las varias disposiciones constitucionales sobre la materia en dis-tintos estados de la Unión al interpretar algunas de las cua-les las cortes resolvieron que el Gobernador no tenía la fa-cultad de “reducir” y concluye:

“. . . . La fraseología de nuestra Ley Orgánica es mucho más explícita. El Congreso se daba cuenta de la fraseología estereoti-pada de las constituciones estatales y de la interpretación dada a las mismas por las cortes de los estados. En vez dé seguir cualquiera de estos precedentes, eligió establecer una innovación inequívoca y al elegir las palabras dejó muy poco a la imaginación.”

Prosigue en el estudio de la filosofía de la concesión del poder de que se trata y considerando la alegación de que la reducción en el caso concreto que se presentaba envolvía nn plan preconcebido por el Comisionado de Sanidad para eli-minar de sn departamento a todos los funcionarios que per-tenecieran al partido político del peticionario, se refirió a las autoridades citadas y terminó diciendo:

“El peticionario es director médico residente de un hospital de enfermedades contagiosas y médico visitante del Leprocomio Insular. Quizá podría haber alguna dificultad para hallar un médico de su experiencia y de su nivel (standing) profesional que aceptara el nombramiento para el cargo en cuestión por un sueldo de $2,400. Sin embargo, no podemos asumir con el peticionario que no podría hallarse un hombre competente.”

Como puede verse, se dió al asunto la más detenida con-sideración. Las nuevas citas que en este caso se hacen para sostener el criterio contrario, no nos convencen de que la de-cisión de esta Corte sea errónea. Dichas citas lo son tam-bién de decisiones basadas en preceptos constitucionales dis-tintos al nuestro y el hecho de que en el estado de California se hubiere tenido que enmendar la Constitución para con-ceder la facultad, carece de importancia porque la constitu-ción que se enmendó no estaba redactada en los mismos tér-minos que la Ley Orgánica de Puerto Rico.

Sé insiste en que el acto administrativo realizado por el Gobernador constituye una enmienda a una ley y que el Gobernador carece de ese poder. No estamos conformes poi’que el Gobernador cuando actúa en el ejercicio de la facultad que le confiere la Carta Orgánica en su artículo 34, como actuó en este caso, lo hace como parte de la rama legislativa del gobierno. “En el ejercicio de su poder del veto,” dijo Woodrow Wilson a la página 52 de su obra Congressional Government, Houghton, Mifflin and Company, novena edición, 1892, “ . . . el Presidente no actúa como el ejecutivo sino como una tercera.rama de la legislatura.” Y lo mismo se ha resuelto con respecto al Gobernador. Véase Arnett v. Meredith, 275 Ky. 223, 121 S. W. (2d) 36, 37, 119 A. L. R. 1183, 1185.

Ahora Men, esta conclusión nos lleva a la consideración de este caso concreto en su totalidad, porque si el Gobernador actúa como parte de la legislatura cuando ejercita el poder que le confiere la Carta Orgánica en su artículo 34, claro es que no puede ir más lejos que lo que podría ir el poder legislativo mismo. Y el peticionario, refiriéndose a la reducción de sueldos, fia invocado la limitación constitucional que impone la propia Carta Orgánica a la legislatura en el párrafo 13 del mismo artículo 34 tantas veces citado, a saber:

“Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcio-nario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún fun-cionario o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo. ’'

Interpretando ese precepto de ley, esta corte en él caso de Arjona v. Winship, Gobernador, 49 D.P.R. 53, resolvió que

“Para que sea aplicable la limitación constitucional que en cuanto a aumento o disminución de sueldos establece el párrafo 13 del ar-tículo 34 del Acta Orgánica de 1917, es necesario que el funcionario sea nombrado por término y sueldo fijados por ley. Si el sueldo sólo consta asignado en la ley de presupuesto, la Legislatura conserva el poder de variar la asignación de cuando en cuando que le reconoce el artículo 50 de dicha Ley Orgánica.”

Lo que faltó en el caso de Arjona, supra, existe en éste. En el caso de Arjona, como en el caso de De la Rosa, supra, el sueldo de los funcionarios sólo estaba fijado en la ley de presupuesto que es ley de naturaleza transitoria, mientras que en éste el sueldo y el término del funcionario se fijaron en la ley creadora del organismo a que pertenecía, la núm. 40 de 1929, pág. 223, que es ley de naturaleza permanente, así:

“Artículo 1. — Que la sección 7 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo aprobada en 14 de mayo de 1928, queda por la presente enmendada en la siguiente forma:
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“ ‘Sección 7. — La prestación del servicio de indemnizaciones a . obreros estará a cargo de los siguientes organismos:
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“‘(5) Una comisión que por la presente se crea adscrita al Departamento de Agricultura y Trabajo, que se denominará-Comi-sión Industrial de Puerto Pico, la que constará de tres comisionados, nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, a propuesta del Comi-sionado de Agricultura y Trabajo, con el consejo y consentimiento del Senado Insular, uno de los cuales será designado presidénte por el Gobernador de Puerto Rico. El término de sus cargos será de tres años y hasta que sus sucesores fueren legalmente nombrados y tomen posesión.
“ ‘El sueldo del presidente será de cuatro mil quinientos (4,500) dólares anuales y el de los otros dos comisionados, de tres mil quinien-tos (3,500) dólares anuales cada uno...”

Concurren, pues, en este caso todos los requisitos que la ley y la jurisprudencia exigen para que rija la limitación constitucional. Y si el poder legislativo mismo por su repre-sentante genuino, único, en puridad de verdad, la legislatura, no podía hacer la rebaja bajo las circunstancias de este caso, menos pudo hacerla el gobernador actuando por excepción como una rama de ese poder.' Las leyes deben interpretarse en su integridad y como una integridad interpretamos la Carta Orgánica para llegar a la conclusión que establecemos. Por supuesto que no estamos considerando una medida le-gislativa de carácter general adoptada con el propósito de hacer frente a una emergencia.

Siendo. ello así, se impone la revocación de la sentencia recurrida, debiendo dictarse otra declarando la demanda con lugar.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Febrero 25, 1943

Se pide a este tribunal que reconsidere su sentencia de febrero tres en curso por virtud de la cual se revocó la ape-lada y se declaró con lngar el mandamus. Ambas partes fue-ron oídas sobre la moción.

La reconsideración se solicita a base de qne la sentencia de-esta corte está en conflicto con sns anteriores decisiones en los casos de Ponsa Parés v. Winship, Gobernador, 53 D.P.R. 915, y Soto v. MacLeod, Auditor, 56 D.P.R. 807, en los qne se resolvió, en el primero, qne “Siendo el espíritu y fin del párrafo 13, sección 34 de la Carta Orgánica, en cnanto al aumento o disminución de sueldos o emolumentos se refiere, impedir cualquier acción legislativa luego, pero no antes, de Pacerse una nominación o renominación, según sea el caso, la actuación de la legislatura insular al rebajar el sueldo del peticionario con anterioridad a la fecha de su nombramiento para un segundo término del cargo, no viola el párrafo 13, sección 34 mencionados,” y en el segundo, que “Una persona que acepta un cargo con un sueldo.fijado en Ley general de Presupuesto no tiene derecho a que se le pague el sueldo mayor fijado originalmente por la ley creadora del cargo.”

La primera decisión del caso de Ponsa Parés v. Winship, Gobernador, supra, que es la invocada, partió del hecho de la renominación del funcionario demandante cuando ya su sueldo había sido rebajado por la legislatura misma en su ley de presupuesto, e igual ocurrió en cuanto a la decisión en el caso de Soto v. MacLeod, Auditor, supra, mientras que en éste de León Parra, cuando la renominación se hizo en junio 15, 1932, la legislatura había consignado en su ley de presupuesto una cantidad igual a la que fijaba la ley que creó el cargo, no siendo decisiva la rebaja que hiciera el go-bernador por haber actuado, bajo las circunstancias del caso, sin facultad para ello".

A nuestro juicio es claro que el gobernador en el ejerci-cio del poder que le confiere la sección 34 de la Ley Orgá-nica no podría rebajar un sueldo que conste fijado por la ley creadora del cargo a que se aplica que fija también su tér-mino, y si ello es así tampoco podría hacerlo por el hecho de que dicho sueldo se llevara también a la ley de presu-puesto, ya que no cabe resolver que pueda realizarse por medios indirectos lo que no puede llevarse directamente a efecto.

Y ése fué aquí el caso. La ley creadora del cargo del peticionario León Parra fijó término y sueldo y la legisla-tura llevó al presupuesto el sueldo fijado por la ley, habiendo sido el gobernador el que hizo la rebaja. • Interpretar la sec-ción 34 de la Ley Orgánica,en el sentido de abarcar esa si-tuación especial, sería ir demasiado lejos, ya que se trata de un poder de excepción que debe ser interpretado restrictiva-mente. Como se dijo en el caso de Arnett v. Meredith, 275 Ky. 223, 121 S.W. (2d) 36, 119 A.L.R. 1183, 1185, citado en la opinión que sirvió de base a la sentencia cuya reconside-ración se pide:

“Todas las cortes americanas ante-las cuales se ha planteado la cuestión para su resolución — así como todos los comentaristas sobre la materia — unánimemente sostienen que el ejercicio por el Goberna-dor del poder del veto conferídole por la constitución local es un acto legislativo y envuelve una invasión por parte de la rama eje-cutiva de' las funciones de la rama legislativa, y que es una de las ‘excepciones aquí expresamente señaladas, o permitidas/ como se expresa en la sección 28, supra, de nuestra Constitución.
“Un ejemplo de la afirmación universal de los comentaristas jus-tificando lo anteriormente expuesto se encuentra en 59 C. J. 575, sección 101, que dice: ‘bajo el sistema de gobierno adoptado en este país el jefe ejecutivo, bien el presidente o el gobernador, forma parte del poder legislativo; y mientras se dedica a considerar pro-yectos aprobados por la Legislatura y sometídosle para su aproba-ción o desaprobación, el gobernador actúa en capacidad de legisla-dor, o ejercita un poder que es sustancialmente de carácter legislativo, y no actúa en su capacidad ejecutiva.’ .... En verdad podría decirse que no hay diferencia de opinión entre las cortes y los comentaristas en relación con la validez de la afirmación, esto es, que el ejercicio del derecho del veto, siempre que es conferido por la constitución local, envuelve la ejecución de funciones legislativas y no ejecutivas. No hay, quizás, en nuestra Constitución (al igual que en las constituciones de otros estados) un principio más enfáti-«ámente mantenido y guardado que el de división del gobierno provista por la Constitución en tres ramas separadas, supra; y, por -tanto) las cortes han declarado unánimemente la regla de que todas las disposicines permitiendo intervenciones por un departamento en las funciones que pertenecen propiamente a otro, que puedan encon-trarse en la Constitución, no son solamente mandatorias, sino que deben interpretarse restrictivamente.” (Itálicas nuestras.)

Tratándose pues de situaciones distintas, no existe el conflicto que se señala y en tal virtud no procede la reconsi-deración que se pide.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Sucn. Pedro Méndez, peticionarios ante la Comisión Industrial.
    Núm. 258.

    Sometido: Diciembre 7, 1942.

      Resuelto: Febrero 3, 1943.

      Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, y G. Atiles Moréu, Angel de Jesús Matos y Joaquín Correa Suárez, abogados-ios tres últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; F. M. Susoni, Jr., abogado de los peticionarios ante la Comisión.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Como a las once y media de la noche del ocho de enero de 1942 el obrero Pedro Méndez que trabajaba como engra-sador de máquinas en la planta de Utilización de Fuentes Fluviales, ubicada en el barrio de Tanamá .del municipio de Arecibo, fue encontrado muerto, carbonizado, frente a la caseta de pararrayos de la planta que encierra alambres de alto voltaje.

Practicada la investigación correspondiente, el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado concluyó que ha-biéndose comprobado que el obrero no tenía deber alguno' que desempeñar en la caseta de pararrayos y siendo de co-nocimiento general de los empleados de la planta que entrar a dicha caseta era encontrar una muerte segura, el accidente no era uno de los protegidos por la ley, y en su consecuencia, ordenó el cierre y archivo del caso.

Notificada la viuda del obrero Ramona Torres y por su conducto su hija de crianza Ramonita Soto, solicitaron de la Comisión Industrial que revisara la resolución del Adminis-trador, alegando que estaba envuelto en el caso un accidente del trabajo compensable.

Celebrada la vista que ordena la ley, la Comisión-declaró probado “que el obrero Pedro Méndez trabajaba como en-grasador en la planta eléctrica de la Utilización de Fuentes Fluviales en Arecibo; que no sólo engrasaba sino que lim-piaba las máquinas, y toda la planta y limpiaba el piso; que dicho obrero apareció electrocutado el día 8 de enero de 1942, a las once y media de la noche de dicho día en la caseta de pararrayos de Utilización de Fuentes Fluviales en Arecibo; y que Pedro Méndez ese día tenía que trabajar en el turno de las cinco de la tarde del día 8 de enero hasta las ocho de la mañana del siguiente día.”

Y basándose en esos hechos y citando varias decisiones de esta corte y de otras del continente, eonclnyó que el obrero había perdido la vida en nn accidente qne provino de nn acto inherente'a sn trabajo ocnrrídole en el curso del mismo, y qne, por tanto, era compensable.

Fné entonces qne el Administrador del Fondo del Seguro del Estado pidió a esta corte que revisara la decisión de la Comisión. Librado el auto, vino el expediente original y tanto el Administrador como los beneficiarios presentaron alegatos, celebrándose la vista del recurso el 7 de diciembre último con la sola asistencia del Administrador.

Para que un accidente sea compensable según prescribe la ley y se ha resuelto por esta corte entre otros casos en el de Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197, 199, ci-tado por la propia Comisión, “la lesión debe (a) ser el re-sultado de un acto o función inherente al empleo, (b) haber ocurrido en el curso del empleo, y (c) ser consecuencia del empleo.”

O como más elaboradamente se dice en Archibald v. Ott, 87 S. E. 791, 792, “Para que surja el derecho a compensa-ción un daño debe resultar o surgir como consecuencia del empleo. Las frases ‘en el curso del empleo’ y ‘como conse-cuencia del empleo’ no son sinónimas. La primera se refiere al tiempo, lugar y circunstancias del accidente, la última se refiere a su origen. Fitzgerald v. Clark, 1 B. W. C. C. 197; McNicol's Case, 215 Mass. 497, 102 N. E. 697. No es sufi-ciente decir que el accidente no hubiera ocurrido si el obrero no hubiera estado empleado en el trabajo durante ese tiempo, o que no hubiera estado en ese sitio. Debe aparecer que re-sultó como consecuencia de alguna gestión que estaba reali-zando en el curso de su empleo, o como resultado de un riesgo particular a que el trabajo le expuso. Amys v. Barton, 5 B. W. C. C. 117.”

La Comisión acepta que ésa es la norma a seguir e in-siste en que siguiéndola el caso debe resolverse en la forma en que lo hizo, de acuerdo con las peculiares circunstancias que en el mismo concurren y con lo sentado por la jurispru-dencia en casos similares. Su razonamiento es como sigue:

“No hay prueba alguna de que el obrero voluntariamente se cau-sare la lesión, ni de que estuviese embriagado, ni que la lesión, le hubiese sido causada por una tercera persona, ni que la imprudencia temeraria del obrero haya sido la única causa de su muerte.
“Tampoco se ha alegado ninguna de estas circunstancias por el Fondo del Estado. Simplemente se alega por el Administrador que el accidente que motivó la muerte del obrero no fué consecuencia de •su trabajo.
“El trabajo que hacía el obrero Pedro Méndez en la planta eléc-trica lo ponía en condiciones de recorrer todos los sitios de dicha planta y estaba incidental o casualmente expuesto a los riesgos pro-pios de una planta eléctrica.
“En el caso Archibald v. Ott, 87 S. E. 791, 792, 77 W. Va. 448, L.R.A. 1916 D 1013, se ha resuelto: ‘Si existe relación incidental o causal entre el empleo y el accidente, la lesión se considera como que surgió del empleo, aún cuando la relación sea algo remota, y aún cuando el agente directo e inmediato de la lesión fuera extraño.’ (71 C. J., pág. 653.)
“¿A qué fué el obrero a la caseta de los pararrayos donde fué electrocutado? Nadie lo sabe. Es significativo que una caseta donde existe tanto peligro, y donde fué electrocutado el obrero, esté cerrada, como dijo el testigo Manuel Guillán, solamente con una aldaba. De-bería estar cerrada de tal manera que únicamente un empleado responsable y autorizado para ello pudiera abrirla.
“Se ha resuelto que cuando una persona es encontrada muerta, la ley imparte a las circunstancias, la significación, prima facie de que la muerte fué causada por un accidente más bien que por suicidio. Se sostiene que esta presunción persiste en su fuerza legal hasta que sea destruida por evidencia. Milwaukee Western Fuel Co. v. Industrial Commission, 159 Wis. 635, 150 N. W. 998; Honnold on Workmen’s Compensation, Vol. 1, 1918, pág. 313.
“El administrador del Fondo del Seguro del Estado no probó, ni siquiera alegó que el obrero se suicidara.’’

De la evidencia aportada surge claro que el obrero tra-bajaba como engrasador de máquinas en la planta de su pa-trono en el turno de la noche. A las seis comió con el ope-rador de la planta y por él fue visto en ella como a las nueve y a las diez. Estaba contento. No revelaba preocupación alguna. Como a las once y media el operador notó humo. Observó y vió al engrasador recostado de la puerta que tiene la caseta de los pararrayos, con la mano derecha en uno de los alambres. Ya había muerto electrocutado. La caseta estaba fuera de la casa de máquinas, como a seis pies de la misma, sobre terrenos del patrono. Permanecía cerrada con una aldaba. Por el aparato que había dentro pasaban alam-bres de alta tensión, hecho que conocían los empleados de la planta. El obrero no tenía deber alguno que cumplir en re-lación con la caseta. No hay persona alguna que explique por qué o a qué salió el obrero de la casa de máquinas y fue a parar a la caseta donde encontró la muerte. Bajo esas-circunstancias, ¿cae el caso dentro de la teoría de la relación incidental o causal entre el empleo y el accidente?

Esa teoría se expone y aplica en el ya citado caso de Archibald v. Ott, 87 S. E. 791, de la Corte Suprema de Ape-laciones de West Virginia, invocado por la Comisión. La opinión es muy interesante e ilustrativa. De ella transcribi-mos lo que sigue:

“Si hay una relación causal o incidental entre el empleo y el accidente, se reputa que el daño es consecuencia del empleo, aún cuando la relación sea remota y el agente directo e inmediato del daño sea ajeno. El asesinato de un pagador, como incidente al asalto del funcionario, es un accidente que surge del empleo (Nisbet v. Rayne and Burn, [1910] 2 K. B. 689), porque el transportar habitualmente fuertes sumas de dinero en el curso del empleo y como un acto del trabajo, constituye una exposición al riesgo de ser atacado por salteadores. Un daño a un conductor de una locomotora, causado por una piedra lanzada por un niño mientras la locomotora pasaba bajo un puente, se sostuvo que constituía un accidente que surgía del empleo (Chalis v. London & S. W. Ry. Co. [1905] 2 K. B. 154), porque ese riesgo es un hecho de conocimiento general, y por tanto debió ser previsto por el patrono y el obrero. En cada uno de esos casos la agencia criminal, independiente del daño, se sostuvo que era inmaterial, porque el riesgo del daño fué un incidente del cumpli-miento de su trabajo, así como también del tiempo o lugar del empleo.
“Tales actos necesarios para la vida, comodidad y conveniencia del obrero mientras está en el trabajo, aunque lo sean estrictamente personales, y no actos del servicio, son incidentales a su labor, y un daño sufrido al realizarlos se reputa que ha surgido como consecuen-cia del empleo. Un hombre debe respirar y tomar agua a. ratos, mientras está en su trabajo. En estos y otros momentos concebibles el obrero se atiende a sí mismo, pero en un sentido remoto estos actos contribuyen a la promoción del trabajo. Vennen v. New Dells Lumber Co. (Wis.) 154 N. W. 640; Zabriskie v. Erie R. Co., 85 N. J. Law, 157, 88 Atl. 824. Que tales actos se realizarán en el curso del empleo tuvo necesariamente que tomarse en consideración, siendo incidentes inevitables. Esos riesgos concurrentes son, en consecuen-cia, riesgos incidentales. Al mismo tiempo daños ocasionados por ellos son accidentes que resultan del empleo.
“En este caso el inadecuado, insatisfactorio e indeseable sistema de suministrar agua era una de las condiciones generalmente reco-nocidas del lugar del trabajo. En consecuencia todos los obreros se -abastecían del aljibe por medio de cubos y botellas que eran aban-donados en sus respectivos sitios de trabajo, y, como bien debe supo-nerse, en vista del espíritu de compañerismo que comúnmente prevalece entre hombres que trabajan juntos, no era raro que un trabajador sediento tomara un trago, por permiso tácito, de cualquier balde o botella que estimare conveniente. Entre las botellas del edificio había una que contenía un veneno mortal que parecía agua. Su presencia allí era un incidente en la prosecución del trabajo. Era una substancia que allí se utilizaba, y no una cosa abandonada por un extraño en la propiedad (premises) del patrono. En la ejecución de un acto incidental a toda clase de empleo, Archibald, por error, bebió este líquido tomándolo por agua. Que su muerte fué acciden-talmente ocasionada, en el curso de su empleo, se admite, y en nuestra opinión el accidente fatal surgió como consecuencia de sú empleo. El caso es similar a varios que se encuentran en las decisiones. Un escogedor de lana se infectó a través de un bacilo que se encontraba en la lana que estaba escogiendo, muriendo de ántrax. Se sostuvo que el accidente había ocurrido en el curso del empleo y como con-secuencia del mismo. Brinton v. Turvey, App. Cas. (1905) 230. Por casualidad un obrero de una mina de carbón fué obligado a perma: necer bajo agua fría hasta que se resfrió, resultándole una pulmonía y muriendo. Se sostuvo que el daño podía atribuirse legalmente a un accidente sufrido en el curso del empleo, y que surgió como con-secuencia de éste. Alloa Coal Co. v. Drylie, 4 N.C.C.A. 899. La muerte de un obrero por fiebre tifoidea contraída de agua contaminada suministrada por el patrono se resolvió que era un daño compensable dentro del significado de la Ley de Compensaciones. Vennen v. New Dells Lumber Co. (Wis.) 154 N. W. 640. Un obrero se hirió mien-tras descendía para almorzar del techo de un edificio, resolviéndose que el daño había surgido en el curso del empleo. Clem v. Chalmers Motor Car Co., 178 Mich. 340, 144 N. W. 848. Un ingeniero naval encendió una estufa para calentar su camarote debido a un intenso frío, asfixiándose. A pesar de que él se administró la causa de la muerte, el accidente era compensable. Edmunds v. S. S. Peterson, 5 B.W.C.C. 157. Los siguientes casos que envuelven un servicio incidental personal sostienen lo mismo: Morris v. Lambeth Borough Council, 8 B.W.C.C. 1; Leach v. Oakley, Street & Co., 4 B.W.C.C. 91. Si el calmar la sed de un obrero mientras está en su trabajo es un acto dentro de sú trabajo, entonces indudablemente un error perjudicial en la ejecución de dicho acto es igual, en su naturaleza y carácter legal, que daños sufridos en el desempeño de cualquier otro deber. Una caída de un andamio, una herida accidental de una mano o un pie sufrida en el curso del empleo, aunque negligente-mente, sería un accidente compensable. El beber agua en el curso del empleo es necesariamente un incidente del trabajo, y como' surge de los hechos de éste y otros casos, envuelve algún riesgo. Este riesgo estaba dentro del conocimiento de las partes. Por tanto, el error fatal de Archibald en este servicio incidental, es legalmente igual que cualquier daño que hubiera sufrido como consecuencia directa del empleo. La única diferencia visible descansa en el hecho de que el tomar el agua fué un acto remoto, incidental e indirecto y no un acto directo de servicio al patrono, y las autoridades citadas esti-man que esta diferencia es inmaterial.”

Examinados los hechos de este caso a la luz del criterio que informa la decisión de West Virginia y de las que en ella se citan, e interpretada como debe serlo liberalmente la ley (Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847, 859), puede concluirse que existe la relación incidental o causal que per-mite colocarlo dentro del marco fijado por la ley. para que sea compensable.

Descartada la teoría del suicidio que no cabe presumir bajo las circunstancias que concurren, la salida del obrero tiene que atribuirse a la necesidad de realizar algún acto-conforme a la-naturaleza humana para poder continuar cum-pliendo los deberes de su empleo, y a la casualidad su con-tacto con los alambres de los pararrayos que allí tan cerca e insuficientemente resguardados, tenía el patrono. No debe olvidarse que era de noche. Tampoco que cualquier ser hu-mano aparte de que debe satisfacer necesidades periódicas normales, puede enfermar súbitamente y perder total o par-cialmente el uso de sus facultades para defenderse del peli-gro y por tanto que constituye una explicación razonable que en tales condiciones el obrero sin darse cuenta plena de lo que hacía se acercara o cayera sobre la caseta agarrándose del alambre y perdiera su vida a virtud de la corriente eléctrica que por él pasaba. Esa corriente fué instalada por su pa-trono para beneficio del .negocio que explotaba y fué en el curso y como consecuencia de su .empleo que el obrero se' puso en contacto con ella, siendo un acto inherente al em-pleo que el obrero saliera de la casa de máquinas a respirar o a satisfacer cualquiera otra necesidad orgánica para con-tinuar cumpliendo su deber.

Se dirá que existe una mareada diferencia entre los he-chos del caso de West Virginia y los de éste que estamos considerando porque aquí la corriente de alto voltaje era un riesgo común al público en general.

En efecto la prueba tiende a demostrar que tal como es-taba situada la caseta de los pararrayos podía constituir un riesgo para cualquier persona que por allí pasara y tocara los alambres, sin necesidad de que esa persona tuviera que ser un empleado, pero si bien la jurisprudencia ha resuelto que “un daño resultante de un riesgo al que todos están ex-puestos no surge como una consecuencia del empleo,” ha agregado “a menos que el empleado lo haya estado en un grado mayor que otras personas.” Véase 71 C. J. 653, es-pecialmente la nota que aparece a la página que sigue y que dice:

La prueba (test) para determinar si las lesiones sufridas por un obrero surgieron en el curso del empleo, es resolver si la naturaleza del empleo era tal que el riesgo del cual resultó la lesión era mayor para el obrero que para una pesona no ocupada en el empleo. Myers v. Louisiana Ry. & Nav. Co., 74 So. 256, 140 La. 937; Keyhea v. Woodward-Walker Lumber Co., (La. App.) 147 So. 830.” 71 C. J. 654.

Y aquí es aparente que el riesgo era mayor para el em-pleado que para el público en general.

Parece conveniente agregar que no es por vez primera que se aplica por esta corte la teoría del riesgo incidental para concluir que el accidente es compensable. Véanse entre otros los siguientes casos: Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 900; Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 400; Umpierre v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 765, 770, y Montaner, Admor. etc. v. Comisión Industrial, 50 D.P.R. 628.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decla-rarse no haber lugar n dejar sin efecto la decisión de la Co-misión Industrial recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    Francisco González Fagundo, demandante y apelante, v. Municipio de Las Piedras, demandado y apelado.
    Núm. 8538.

    Sometido: Enero 27, 1943.

      Resuelto: Febrero 4, 1943.

      Faustino R. Aponte, abogado del apelante; Modesto Velázquez Flores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, nn abogado, demandó al Municipio de Las Piedras en cobro de $540 por servicios profesionales rendi-dos durante el año fiscal 1939-40 de conformidad con contra-tos celebrados entre él y el Alcalde del referido municipio. El Alcalde estaba autorizado a firmar tales contratos a vir-tud de resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea Municipal. La corte de distrito desestimó la demanda por el fundamento de que los contratos eran nulos y sin efecto legal alguno toda vez que no se había hecho asignación para el año fiscal 1939-40, para el pago de tales servicios profe-sionales. El demandante ha apelado de tal sentencia.

El apelante alega en primer término que de acuerdo con la estipulación firmada por las partes, el Municipio estaba impedido de establecer la defensa sobre la cual se basó la sentencia de la corte de distrito. Esta contención es frívola. El párrafo 8 de la estipulación especialmente reservó la de-fensa en cuestión en el siguiente lenguaje inequívoco:

“Es el deseo del demandado que contra la reclamación del deman-dante en este caso se entienda interpuesta únicamente la defensa aducida en el párrafo o apartado 10 de la contestación y que se con-sidere únicamente por el tribunal la prueba presentada por dicho demandado para sostener la mencionada defensa, o sea, que en el presupuesto Municipal de Las Piedras correspondiente al año 1939-40 no había partida ni crédito asignado para cubrir las obligaciones contraídas con el demandante.”

El artículo 8, inciso.9, de la Ley Municipal (Ley mrm. 53, Leyes de Puerto Eico, 1928, pág. 335), dispone que “no se podrá incurrir en obligación o deudas fuera de los créditos asignados en presupuesto . . . ”. Esta disposición es mandatoria. (5 McQuillin, Municipal Corporations, 2nd ed., Sec. 2331, pág. 963; idem, Vol. 3, See. 1282, pág. 847; Simpson v. City of Highwood, 23 N. E. 2d 62, 66 (Ill. 1939). Está firmemente establecida la regla de que un contrato con un municipio para la venta y entrega a éste de mercancía es ultra vires y nulo si, al tiempo de la transacción, no bay asignada suma alguna en el presupuesto municipal con el objeto de sufragar tal obligación, o si al tiempo en que se entrega la mercancía, la partida asignada para dicho fin en el presupuesto ha sido agotada. Moscoso Hno. & Cía. v. Municipio, 50 D.P.R. 188, 190; Humacao Lumber Co. v. American Surety Co., 59 D.P.R. 165, 169; Municipality of Río Piedras v. Serra Garabís & Co., 65 P. (2d) 691, 693, 694 (C. C. A. 1st, 1932); 3 McQuillin, supra, Sec. 1282, pág. 845.

No vemos diferencia alguna entre contratos por servicios legales a ser rendidos a un municipio y “obligaciones o deu-das” de cualquier otra índole. Siendo absoluta la prohibi-ción para que no se contraigan deudas cuando no existen asignaciones para sufragarlas, necesariamente incluye con-tratos por servicios legales. Butler v. City of Charlestown, 7 Gray 12 (Mass. 1856); 3 McQuillin, supra, Sec. 1275, pág. 824; idem, See. 1277, pág. 826, nota 35. En verdad, las con-sideraciones de orden público que dieron lugar a esta regla de ley se aplican tanto a contratos por servicios legales como a otras clases de obligaciones. Toda vez que no hubo asig-nación en el presupuesto municipal para el año fiscal 1939-40, para sufragar los gastos ocasionados por los contratos por servicios legales celebrados entre el apelante y el Municipio, dichos contratos eran ultra vires y nulos. Véanse Anotaciones en 136 A.L.R. 116, 123; 83 A.L.R. 135.

Cualquiera que sea la regla con referencia a contratos privados no puede resolverse que contratos ultra vires y nulos bajo las circunstancias aquí envueltas puedan ser ratificados por pagos parciales a cuenta de los servicios rendidos bajo los mismos. 3 McQuillin, supra, Séc. 1357, págs. 961-62; véase Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804, 808.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Jesús Stella Rodríguez, demandante contra-demandado y apelante, v. Jorge Blasini Flach, sustituído por su viuda, Edith Stern, Etc., et als., demandados, contra-demandantes y apelados.
    Núm. 8462.

    Sometido: Junio 12, 1942.

      Resuelto: Febrero 5, 1943.

      Leopoldo Tormos, abogado del apelante; Baúl Matos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La que se ejercita en este caso, aun cuando ha sido ins-tituida bajo las disposiciones de la Ley sobre Sentencias Declaratorias, es simple y llanamente una acción negatoria de servidumbre. He aquí los hechos esenciales:

El demandante Stella y el demandado Blasini eran con-dueños de la finca “Santa Elena”, radicada en Guayanilla. En julio 30 de 1937 dichos condueños dieron por terminada la comunidad de bienes, y dividieron dicha finca en tres por-ciones, adjudicándose al demandante una denominada “Stella Número Dos” y al demandado las otras dos, denominadas “Blasini Número Uno” y “Blasini Númetro Tres”.

De acuerdo con la escritura de adjudicación, a la porción “Stella Número Dos” se le impusieron, como predio sir-viente, para beneficio de las porciones adjudicadas a Blasini, como, predios dominantes, tres servidumbres: (1) para la permanencia de una tubería, que arranca desde una bomba en .el predio dominante y se extiende por el sirviente; (2) para la permanencia de una zanja de riego que conduce agua desde la porción “Blasini Número Tres”, a lo largo de la carretera, cerca del borde de la porción “Stella Número Dos”, basta la porción “Blasini Número Uno”, como pre-dio dominante; y (3) para la permanencia de un tanque de mampostería instalado en “Stella Número Dos”, para be-neficio de la porción “Blasini Número Uno”.

Alega el demandante, que el demandado pretende utilizar como camino de tránsito de varias fincas que posee al Norte y al Este de la porción “Stella Número Dos”, un camino que se encuentra abierto en terrenos de dicba porción; y que en la escritura por la cual se adjudicó dicba porción al de-mandante no aparece descrita ni constituida servidumbre de paso alguna a favor de las fincas del 'demandado. Pide el demandante que se dicte sentencia declarando que no existe servidumbre de paso sobre la porción adjudicada al deman-dante y a favor de las adjudicadas al demandado.

Alega el demandado que la, porción “Stella Número Dos” está atravesada por un camino denominado “Callejón de la Bomba”, que se extiende desde la carretera que conduce de Yauco a Guayanilla basta llegar a las fincas del demandado ; que dicbo callejón desde un principio ba constituido la vía general para el servicio de la hacienda “Santa Elena”; y que después de la división de la finca el camino se siguió y se sigue utilizando por los sucesores del que lo estableció, y que nada en contrario se expresó en la escritura de división, dejándose el callejón siempre abierto como un gravamen o signo aparente de servidumbre. Como defensas especiales alegó el demandado: (1) que él adquirió el derecho de paso por dicho camino “por haberlo usado desde tiempo inmemo-rial, tanto él como los anteriores dneños, sin interrupción alguna, con antelación a la vigencia del Código Civil Espa-ñol hecho extensivo a Puerto Eico por Real Decreto de 31 de junio de 1889, de conformidad con las Siete Partidas, y, en tal virtud, su adquisición por prescripción ha consolidado su derecho en dominio”; y (2) que el camino fue consagrado (dedicated) al uso público por los anteriores dueños, lo cual reconoce la existencia de una servidumbre de paso perma-nente para el demandado y sus fincas. Pide el demandado que se declare que sobre el camino en cuestión existe una servidumbre de paso a favor de sus fincas, como predios dominantes.

Tanto en su demanda como en su contestación a la con-trademanda, el demandante Stella insistió en que el deman-dado Blasini y sus herederos están impedidos de alegar derecho alguno de servidumbre de paso por el camino de “La Bomba”, por haber reconocido Blasini, en la escritura de división de la comunidad, que el citado camino estaba abierto en terrenos de la porción “Stella Número Dos”, sin que en la escritura se mencionara la existencia de una ser-vidumbre de paso sobre dicho callejón.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Ponee, dictó ésta sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda. No estando conforme, el demandante Stella interpuso el presente recurso. Alega en apoyo del mismo que la corte sentenciadora erró al denegar la moción del demandante para que se eliminasen las defensas espe-ciales de adquisición del camino'por prescripción y por ha-ber sido consagrado al uso público; al interpretar la escri-tura de división de comunidad, insertando en la misma una servidumbre de paso sobre la cual nada se dijo en dicha es-critura; al aplicar a los hechos del caso el artículo 477 del Código Civil, edición 1930; al dejar de aplicar los'artículos 500 a 504/ambos inclusives, del mismo Código; al admitir ,en evidencia las declaraciones de los cuatro testigos presen-tados por los demandados y basar en ellas su fallo, no obs-tante estar impedidos los demandados de invocar título por prescripción o por haber sido consagrado el camino al uso público; y al dictar una sentencia contraria a la ley y los hechos.

Examinaremos primero la evidencia para determi-nar si ella es suficiente para justificar la sentencia recurrida.

Para sostener sus alegadas defensas especiales los de-mandados presentaron en evidencia varios planos, en los que aparece el camino en cuestión, y los testimonios a que hare-mos referencia a continuación.

Marcelino Cruz Pacheco, de 81 años de edad y residente en G-uayanilla desde 1859, declaró: que conoce la finca “Santa Elena” y el camino de “La Bomba” desde 1868; que ese camino era la vía principal dentro de dicha finca; que desde 1868 todo el mundo pasaba por dicho camino y los emplea-dos de Stella y Blasini siempre han transitado por ahí; que por ese camino se sacan las cañas de la finca; que existen los escombros de un cementerio en el trayecto que ocupa ese camino, el cual cementerio se estuvo utilizando durante unos diez años.

Abdón Rodríguez, de 73 años y vecino de Gfuayanilla, des-pués de identificar el camino de “La Bomba”, declaró que hace más de 60 años que conoce ese camino; que durante ese tiempo todo el vecindario ha transitado por allí; y que existe un cementerio del cual no se han sacado los restos.

Adolfo Ortiz, de 65 años de edad, residente en Guaya-nilla, declaró, que conoce la finca y el camino desde que tuvo uso de razón; que los vecinos y peones pasaban por allí y también los carros para ir a casa de Julio Pietri.

Francisco Rodríguez, vecino de Guayanilla, de 48 años de edad, declaró que conoce el camino desde hace 40 años; y que el mismo ha estado abierto al público desde que él lo conoce y que se ha estado utilizando hasta ahora por el pú-blico. Varios otros testigos de la parte demandada estable-cieron el hecho de que el camino de “La Bomba” siempre ha estado y está actualmente abierto al público.

La prueba del demandante tendió a'demostrar que el ca-mino en cuestión era de su exclusiva propiedad por virtud de la escritura de división de comunidad.

La corte sentenciadora no erró al negarse a eliminar las defensas especiales de adquisición de la servidumbre de paso por prescripción y por consagración (dedication) del camino al uso del público, ni tampoco al admitir prueba testifical para establecer dichas defensas. Al incoarse contra él una demanda tendiente a negar la existencia a su favor de una servidumbre de paso por el camino de “La Bomba”, el de-mandado tenía derecho a alegar en su defensa la existencia de la servidumbre y la adquisición de ésta por uno o más de los modos reconocidos por la ley para adquirir esta clase de derechos. Si el demandado, como parte del público, había adquirido el derecho a transitar por dicho camino, el hecho de que en la escritura de división de la comunidad de bienes existente entre él y el demandado no se mencionara la exis-tencia de dicho derecho, no puede ni debe constituir un im-pedimento para privarle de su derecho a alegar un título adquirido por prescripción' e independientemente de la escri-tura de división de comunidad. La cuestión ante la corte sentenciadora no envolvía en manera alguna la interpreta-ción de la escritura de división de la comunidad de bienes, toda vez que en ella nada se dice ni en favor ni en contra de la existencia de la alegada servidumbre de paso.

El artículo 477 del Código Civil (ed. 1930) lee como sigue:

“La existencia de un signo aparente de servidumbre, entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, sé'exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de 'ellas, o se baga desaparecer aquel .signo antes del otorgamiento de la escritura.”

La disposición legal que acabamos de transcribir es de perfecta aplicación a los hechos del presente caso. La evi-dencia demuestra fuera de toda duda que el camino de “La Bomba” existe desde antes del año 1868, y que desde un principio ha constituido la vía general para el servicio de-las seis fincas que en comunidad y proindiviso pertenecieron al demandante y al demandado hasta el 30 de julio de 1937, fecha en que se otorgó la escritura de división de la comuni-dad. Cuando se otorgó la escritura de división y se adjudi-caron al demandado Blasini las porciones “Blasini Número Uno” y “Blasini Número Tres”, el camino estaba aun allí abierto como signo aparente de servidumbre, siendo usado para el servicio de las fincas pertenecientes a la comunidad y por el público. Si el deseo del demandante Stella era que ese camino le perteneciese exclusivamente y que la adjudica-ción de las dos porciones a Blasini no fuera considerada “como título para que la servidumbre continúe activa y pa-sivamente”, él debió hacerlo constar así en la escritura de-división de la comunidad. Ya hemos visto que la escritura nada dice sobre este extremo. Pudo el demandante hacer' desaparecer el signo evidente de servidumbre, antes del otor-gamiento de la' escritura, y no lo hizo. La prueba demues-tra que el camino continuó tal y . como estaba antes, abierto y siendo usado por el demandado y por el público. La corte-inferior no erró al no aplicar los artículos 500 a 504 del Có-digo Civil. Basta leerlos para ver que son claramente in-aplicables.

Arguye el demandante apelante que el artículo 477 del Código Civil (541 del Código Español) es aplicable solamente a los casos de fincas distintas y separadas que se hubieran reunido en un mismo dominio, no al de la división de una, ya que en el artículo háblase de dos fincas. Los comentaristas del artículo 541 del Código Español, así como el’ Tribunal Supremo de España, se han expresado en sentido; adverso a la contención del apelante. Dice Scaevola (VoL 10, pág. 284):

"... Laurent, Germano y Pacifici-Mazzoni opinan en el sentido de ser aplicable a ambos casos, de cuyo criterio también participamos.
"En realidad, cuando el dominio de varias fincas se lia consoli-dado, no hay para qué hablar jurídicamente de fincas distintas, porque todas constituyen una unidad jurídica. No hay que olvidar’ nunca que el único momento al cual hay que atender es el del frac-cionamiento material del dominio, el de la extinción de la unidad, sea por enajenarse una parte de la propiedad que antés de la confusión constituía ya una finca, sea por enajenarse una porción cualquiera de ella. Aun en el caso de confusión del dominio de varias fincas,, es muy probable que el dueño, durante la consolidación del dominio, altere la extensión o el estado de las fincas agregadas, y no ser, por tanto, las mismas originarias, sino mayor o menor, al tiempo de la enajenación. La servidumbre arranca de la enajenación de una porción material de la propiedad, constitutiva de una unidad jurídica,, bien por ser una sola finca, bien por la agrupación de varias: esto es indiferente. En uno y en otro caso hay igual razón y debe haber-idéntico derecho. Lo que exige el espíritu del artículo y exige su letra es la presencia de dos fundos separados y de diverso dueño, y esto se cumple también en el fraccionamiento de un mismo predio,, puesto que la fracción disgregada desde el momento de la división, forma un fundo distinto. Repetimos una vez más que el momento: de la separación del dominio por la división material de la propiedad, es el capital, el decisivo, y que la ley no requiere ni puede requerir que mientras subsista la confusión del dominio constituyan los predios, heredades distintas. Es más: esto es un imposible legal, porque-precisamente por estar reunido en una persona el dominio de varias, fincas existe una unidad jurídica.”

Manresa, en el volumen 4, págs. 616 y 617 (Tercera Edi-ción), se expresa así:

"Entre dos fincas.. — Ya dijimos que el signo podía hallarse, según la especie de servidumbre, en el predio sirviente o en el dominante.. Hay ciertamente casos en los que puede decirse que se halla en. ambos, en el sentido de que, establecido sobre uno de los predios, llega hasta el otro, como ocurrirá con un camino, un puente, un acueducto,, etc.; mas, propia y materialmente, no está nunca entre las dos fincas.. El art. 541 no emplea, pues, la palabra entre en el sentido material que algunos suponen, y sólo indica que hay un signo que revela el servicio, la servidumbre, el lazo existente entre dos fincas. No es-que el signo sitúe entre las dos fincas, sino que aparentemente revela servidumbre entre dos fincas. Por eso no puede exigirse como un requisito esencial la existencia de un signo entre dos fincas, sino la existencia de un signo que indica servidumbre entre dos fincas.
Pero, ¿son precisas dos fincas? La idea de unidad de finca es relativa. El Código no pretende que haya de tratarse de dos fincas tan fijas, que no puedan considerarse bajo otro aspecto como una, o convertirse en tres o más, ni puede pretenderlo. Precisamente en la mayoría de los casos, con relación a las fincas rústicas, se tratará de parcelas colindantes que, al pertenecer a un solo dueño y hallarse unidas, constituirán una sola finca. Pero el Código se ocupa de las servidumbres reales, y ya ha afirmado en el artículo 530 que las servidumbres. exigen siempre dos predios, uno que sufra el gravamen y otro al que aproveche el beneficio, y la apariencia de ser-vidumbre ha de revelar idéntico aspecto. En este sentido^ habla de dos fincas, porque el signo revela un servicio que se presta de una parte a otra parte, y sean las que fueren las unidades reales de fincas que existan, han de estimarse como dos o graduarse de dos en dos al efecto de la servidumbre.”

Véanse: Enciclopedia Jurídica Española, Tomo 28, pág. 640(d); Sentencias del Tribunal Supremo de España de 14 de septiembre de 1867 (16 Jurisprudencia Civil 107, 109); de 7 de noviembre de 1883 (53 Juris. Civil 203, 208); y de 21 de octubre de 1892 (72 Juris. Civil 249, 253) en las cuales se sostiene que el artículo en cuestión es aplicable cuando se trata de una sola finca dividida entre diferentes personas. La jurisprudencia de esta Corte Suprema se ba expresado basta ahora en el mismo sentido que la de España, en Martínez v. American Railroad Co., 19 D.P.R. 974; Portela v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, 29 D.P.R. 927; Muñoz v. Viejo, 35 D.P.R. 864; Illanas v. González, 51 D.P.R. 803 y McCormick v. Valles, 55 D.P.R. 226.

¿Es la prueba testifical ofrecida por el demandado legalmente -suficiente para sostener la defensa especial de adquisición de la servidumbre de paso por el uso o posesión inmemorial de la misma desde antes de junio 31 de 1889, fecha en que comenzó a regir en Puerto Rico el Código Civil?

La Ley 15, título 31 de la Partida 3a., es la ley aplicable a los hechos de este caso (Nido y Cía. v. Albir Alicea, 27 D.P.R. 34), por ser la que regía con anterioridad a la vigen-cia del Código Civil. El Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 9 de noviembre de 1865, 12 Juris. Civil 285,. 286 interpretando la citada ley en un caso en el que los be-cbos eran prácticamente iguales a los del de autos, resolvió:

“Que esta posesión inmemorial no se justifica suficientemente con testigos, el mayor de 55 años, por más que digan que así lo fian visto durante el tiempo de que pueden dar razón; puesto que tal testimonio no alcanza a demostrar que el uso de dicha servidumbre-escede de la memoria de los hombres más ancianos, y que no hay ninguno que tenga conocimiento de su origen, o sea, según dicha ley exije, tanto tiempo de que non se puedan acordar los omes quanta ha que lo comenzaron á usar.”

Los testigos Marcelino Cruz Pacheco y Abdón Rodríguez,, a quienes la corte sentenciadora dió entero crédito, son am-bos nacidos' y residentes durante toda su vida en Gruayanilla, en la vecindad de la finca “Santa Elena”. El primero es-un anciano de 81 años; y el segundo, de 73. Ambos decla-raron que recordaban que desde que tuvieron uso de razón,, siempre vieron el camino de “La Bomba” abierto y usado por el público, sin que supieran cuándo fue construido el ca-mino ni cuándo comenzaron a usarlo los vecinos de aquel barrio.

En Nido y Cía. v. Albir Alicea, supra, los testigos ofre-cidos para demostrar el uso inmemorial fueron dos ancianos,, uno de 65 años-y otro de 76, quienes declararon que conocían y habían usado el camino desde que eran pequeños y que siempre habían visto ese camino en aquel sitio. Esta Corte-Suprema, al confirmar la sentencia por la cual se reconoció-la existencia de una servidumbre de paso, por voz de su Juez Asociado Sr. Del Toro, se expresó así:

“Es cierto que puede presentarse una prueba mejor que la que-existe en este caso para demostrar el uso inmemorial. Antiguos, monumentos, mapas, libros, historias de sucesos que tuvieran fugaren el camino mismo o en relación con dicho camino, etc., podrían aportar una prueba que rebasaría los límites de la memoria de los. más ancianos del lugar, pero si la prueba testifical es por sí sola suficiente, entonces las declaraciones de dos testigos de la edad que dejamos indicada y que declararon en la forma que conocemos, es lo más que puede exigirse.” (Pág. 37).

Es preciso convenir en que si hombres de una edad tan .avanzada como la que tenían los dos testigos mencionados no saben cuándo fue que empezó a usarse el camino, pero sí se acuerdan de haberlo visto durante toda su vida abierto al público, el requisito de la ley ha sido cumplido y el uso desde tiempo inmemorial ha quedado suficientemente justificado. Puede decirse en verdad que el testimonio ofrecido en el presente caso ha alcanzado “a demostrar que el uso de dicha servidumbre escede de la memoria de los hombres más an-cianos”.

Las servidumbres discontinuas, sean o no aparentes, sólo pueden adquirirse en virtud de título. Artículo 475, Código Civil (1930). Esta clase de servidumbre sólo podrá adqui-rirse por prescripción, por el uso desde tiempo inmemorial, siempre que el mismo haya comenzado y continuado desde .antes de la promulgación en esta Isla del Código Civil y por un tiempo tan largo que los hombres más ancianos del lugar no puedan acordarse de cuándo empezó a usarse el camino. La citada ley 15, tít. 31, de la Partida 3a. no fija término para la adquisición de una servidumbre discontinua por prescripción; solamente se requiere que el uso haya sido por tiempo inmemorial.

Las decisiones de esta Corte Suprema en Cividanes v. Amorós Hermanos, 8 D.P.R. 589 y en Nido y Cía. v. Albir Alicea, supra, en tanto en cuanto puedan conllevar la idea de que la servidumbre discontinua de paso puede ser adquirida por el uso del camino por un término mayor de cuarenta años, no deben prevalecer y quedan en cuanto a ese extremo revocadas por la presente. No basta probar que el camino se ha usado por más de cuarenta años. En el caso de Nido y Cía. lo que en realidad se sostuvo fué que la evidencia de dos testigos, uno de 67 y otro de 77 años, cuyo “testimonio abarca claramente nn período mayor de cuarenta años” era suficiente para demostrar el uso por tiempo in-memorial.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cases, acusado y apelante.
    Núm. 9545.

    Sometido: Enero 22, 1943.

      Resuelto: Febrero 11, 1943.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Imís Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló tres aeusa-•ciones contra José Cases, una por asesinato, otra por poseer un arma de fuego sin registrar y otra por portar un arma prohibida.

Se llamó a juicio el caso de asesinato y terminada la prác-tica de la evidencia, en la sesión del 9 de diciembre de 1941,. ocurrió lo que sigue:

' ‘ Sr. Díaz Collazo: Con la venia de la corte, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra José Cases, por un delito de portar armas, el fiscal y la defensa hemos estipulado someterlo por la prueba con el récord taquigráfico de la prueba que comprende la de cargo-en el caso de El Pueblo v. José Cases por asesinato, y la prueba de la defensa, exceptuando de esos procedimientos los incidentes rela-cionados con la constitución del jurado y las instrucciones de su señoría. En el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra José Cases, por una supuesta violación de la ley que regula y gobierna la inscrip-ción de armas de fuego, hemos estipulado someter el caso con la misma prueba del caso de asesinato contra José Cases, y la defensa acepta que el revólver presentado en evidencia en el caso de asesinato-no está inscrito a nombre de José Cases ni ha estado nunca inscrito-a nombre de José Cases. Y así sometidos que se nos conceda un término simultáneo de cinco días para presentar cualquier memorán-dum que las partes estimen conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones.
‘' Sr. Fiscal Aponte: Nosotros no tenemos inconveniente en aceptar esa estipulación, pero en cuanto a eso de la inscripción del arma, que se haga constar en el récord que el revólver no está inscrito en el Libro Registro de Inscripciones de Armas de la Municipalidad de Río Piedras, donde reside el acusado.
‘' Sr. Díaz Collazo: Que el revólver no se encuentra inscrito donde-debía estar inscrito.
“Sr. Fiscal Gallardo: Y que se haga constar que el acusado-renuncia al término para dictar sentencia.
'' Sr. Díaz Collazo: El caso no está sometido por esta parte. El caso estará sometido criando se presenten los memorandums, entonces, es que los casos estarán sometidos.
“La corte: ¿La defensa solicita cinco días para someter el caso por alegato?
“Sr. Díaz Collazo: Sí.
“La corte: Eso equivale a una renuncia al término para dictar-sentencia. Ahora, una vez sometidos los casos, ¿renuncia la defensa o no al término para ’dictar sentencia?
“Sr. Díaz Collazo: Una vez que estén sometidos, no tenemos: inconveniente en que la corte se tome el tiempo necesario para dictar-sentencia, y no tenemos inconveniente en renunciar al término que fija la ley para dictar sentencia.
"La corte: Se citará al acusado cuando se vaya a dictar sen-tencia. ’ ’

El jurado, en el caso de asesinato, rindió un veredicto de no culpable. Los casos de registro de arma y portación de arma fueron resueltos así:

“El día 16 de diciembre de 1941 se citó al acusado para que compareciera al acto de dictarse sentencia por la corte compareciendo el acusado, José Cases, representado por el licenciado Díaz Collazo. Y la corte, en el momento de dictar la sentencia, hizo las siguientes manifestaciones :
“La corte: La corte no ve razón ninguna para examinar el récord de este caso, pues tiene la evidencia fresca en su mente. Se da cuenta, por las distintas maniobras del acusado, que el acusado está interesado en dilatar la resolución de estos casos, y no ve razón alguna por la cual la corte deba cooperar más de lo que ya ha coope-rado con esas maniobras. En verdad que es difícil la resolución de este caso, y por esa razón no comparto el criterio de aquellos que se han permitido criticar al jurado que tuvo que resolver sobre otro caso, pero fundado en los mismos hechos por los cuales se han some-tido los dos misdemeanors que ahora penden ante esta corte. Y es difícil porque de la prueba se ve que el acusado es un maleante, un gangster,, un racketeer. Esto se ve claro,- y hace difícil el caso. Siendo el acusado lo que es, el fin deseable para la sociedad es que el acusado esté en la cárcel o en presidio. Eso es lo que debía ser. 'Ahora, el fin no justifica los medios. Y si no se le ha probado al acusado el delito que se le imputa, aunque sea conveniente que el acusado esté en la cárcel o en el presidio, las cortes deben ser las últimas en ignorar esa regla tan esencial en una democracia, de que el fin no justifica los medios. Por esa razón digo que es difícil la resolución de este caso, porque estamos ante esa regla, ante ese principio que tenemos que sostener, de que el fin no justifica los medios, y estamos, por otro lado, ante un peligro peor, de que por querer cumplir con esa regla caigamos en el error contrario de favo-recer demasiado al acusado bajo la creencia errónea de que precisa-mente porque es un racketeer, un gangster, debamos borrar eso de nuestra mente hasta tal punto que nos olvidemos de la clase de caso que tenemos ante nosotros, y no sepamos pesar la evidencia como debe pesarse. Porque está bien que no se condene al acusado por ser un racketeer o gangster, pero no está bien que olvidemos el ambiente en que vive el acusado, el ambiente en que viven los testigos del fiscal, y el ambiente en que viven los testigos de la defensa, que han venido a tratar de probar la coartada, y a tratar de desacreditar alguno o algunos de los testigos del fiscal. Y digo que el caso ha sido difícil por lo que ya he expuesto. Si fuera un caso corriente, nada de difícil tendría. Es un caso sencillo. Tenemos en la prueba del fiscal- — que por cierto no es la mejor del mundo — prueba de gente tan maleante como el acusado, o peor. Ahora bien, tenemos una prueba de defensa falsa, fabricada. Normalmente es completamente fácil escoger entre esas dos clases de pirneba. Cuando el fiscal trae un caso de ex convictos, de presidiarios, aunque no sea el mejor caso del mundo, si la defensa trae una prueba fabricada para demostrar que esos convictos han mentido, la resolución es fácil. Y en este caso la resolución debió haber sido fácil y si no ha sido fácil, lo ha sido exclusivamente por la preocupación del juzgador de no castigar a un hombre por un delito a menos que la prueba sea suficiente, y por la preocupación de que no se 1-e debe dar demasiado peso a las circunstancias en que vive, se ha desenvuelto y se desen-vuelve el acusado.
"En el caso 17230, sobre registro de armas, la corte declara al acusado culpable. En el caso 17231, sobre portar armas, la corte declara al acusado culpable. En el caso 17230, sobre registro de armas, condena al acusado a sufrir dos años de cárcel. En el caso 17231, sobre portar armas, la corte condena al acusado a cumplir la pena de seis meses de cárcel.
"Quiero que conste claramente en el récord la forma en que se dictaron las sentencias, a los fines de que conste que son sentencias consecutivas y no concurrentes.”

No conformé, el acusado apeló .de las sentencias condena-torias, tramitándose conjuntamente sus recursos.

Se pide la revocación de dichas sentencias y si a ello no hubiera lugar, la modificación de una de ellas. Se imputa a la corte sentenciadora error manifiesto en la apreciación de la prueba y error manifiesto al no resolver en favor del acu-sado la duda que surgió de la prueba.

Hemos estudiado la evidencia y, aparte de la circunstancial, existe prueba directa de que el revólver no registrado presentado en el juicio era el mismo que portaba y con el que el acusado José Cases dió muerte a Guillermo Carreras, su socio en negocios ilícitos, en la noche del vein-tiuno de septiembre de 1941, dentro del distrito judicial de San Juan. El testimonio de José Sierra es terminante so-bre el particular. Todo depende de si merece o no crédito. La corte sentenciadora se lo dió y por más esfuerzos que ha hecho el apelante en su largo y bien trabajado alegato, no ha logrado convencernos de que la corte de distrito no estu-viera acertada en su conclusión.

De las palabras que el juez sentenciador pronunciara, no se deduce que tuviera duda razonable y fundada de la cul-pabilidad del acusado, ni las circunstancias que concurren imponen como consecuencia necesaria la existencia de esa duda. Lo que dichas palabras revelan es la reacción de una conciencia honrada al darse cuenta de la grave responsabili-dad que pesa sobre ella.

El juez no quiso inculpar abiertamente al jurado que rin-dió el veredicto de “no culpable” en el caso de asesinato, al contrario, tendió a explicar su conducta, pero no lo siguió en su juicio porque su convicción sobre la culpabilidad del acu-sado era otra; En los casos de -registro y portación de ar-mas recaía sobre él la responsabilidad plena, la de la apre-ciación de los hechos y la ley íntegramente, debiendo asu-mirla independientemente, por sí solo, llegando a sus conclu-siones a virtud de su propia observación. Y eso fué lo que hizo, tratando de ir a la verdad sin dejarse influir por la condición del acusado y los testigos.

Sabía que el testigo Sierra a quien tenía que dar crédito para condenar al acusado, era un criminal también, pero los criminales suelen decir la verdad y pueden y deben ser creí-dos en propias ocasiones. Ello es conforme a la naturaleza humana. Es cierto que sus testimonios deben examinarse con cautela, pero habidas en consideración las circunstancias que aquí concurren, ninguna de ellas obliga al juzgador a con-cluir que el testimonio de Sierra era increíble.

No se cometieron, pues, los errores señalados. En cuanto a la reducción de la pena impuesta en el caso de registro de armas, procede.

Cuando el acusado fue condenado regía el artículo 10 de la Ley 14 de julio 8 de 1936, en .estos términos:

“Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán conside-radas como un delito menos grave (misdemeanor) y la persona que fuere declarada convicta del mismo, será castigada con pena de cárcel no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, excepto en cuanto se relaciona a la compraventa- de armas, de contrabando, que se castigará según lo dispuesto en el artículo 6.”

Y la corte sentenciadora impuso al acusado el máximo de la pena o sea dos años.

Luego el artículo transcrito fue enmendado por la Ley 78 de mayo 5, 1942, como sigue:

“Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán conside-radas como delito menos grave (misdemeanor), y la persona que fuere declarada convicta del mismo será castigada, por la primera infracción con multa no menor de cincuenta (50) dólares o cárcel por un término no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del tribunal; y por la segunda y subsiguientes infracciones con cárcel por un término no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, excepto en cuanto se rela-ciona con la compraventa de armas de contrabando, que se castigará según lo dispuesto en el artículo 6.”

T de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, el acusado tiene derecho a los beneficios de la enmienda.

Refiriéndose esta propia corte a otra enmienda a la misma Ley 14 de 1936, en el caso del Pueblo v. Pérez, 52 D.P.R. 169, se expresó así:

“Victoriano Pérez fué convicto de tener en su posesión un arma de fuego sin haberla registrado, todo esto en violación de la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129). Apeló de la sentencia. Durante la pendencia de su apelación la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 75 de marzo 12, 1937. Esta Ley cambió sustancialmente algunas de las disposiciones de la ley anterior, y fijó un nuevo término a contar de la fecha de la misma para el registro de armas de fuego. El apelante sostiene que la ley anterior fué enteramente derogada por la posterior y qne ya qne bajo esta última ley el tiempo para registrar las armas fué prorrogado, el apelante, ann en apelación, tiene derecho a gozar del beneficio del término así prorrogado. Esta es la regla general.”

Y recientemente, en el caso del Pueblo v. Otero, 61 D.P.R. 36, resolvió, copiando del resumen, lo qne signe:

“Convertida la pena mínima bajo la Ley núin.- 14 de 1936 ((2) pág. 129) en la máxima bajo la ley enmendatoria núm. 78 de 1942 (pág. 615), dentro de las circunstancias del caso y en el ejercicio de su discreción este tribunal modifica la sentencia en el sentido de imponer al apelante la pena mínima que autoriza la ley de 1942, dándole así el beneficio del estatuto enmendatorio.”

En tal virtud la pena será reducida a seis meses de cárcel que es el máximo según la enmienda. Y asi modificada la dictada en el <caso de registro de armas, procede la confir-mación de ambas sentencias apeladas.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Miguel Angel Montilla, peticionario y apelante, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jorge L. Córdova, demandada y apelada. El Mismo, demandante y apelante, v. Carola Haeussler, demandada y apelada.
    Núms. 8621 y 8646.

    Sometidos: Enero 12, 1943.

      Resueltos: Febrero 11, 1943.

      Henry G. Molina y Hernán B. Franco, abogados del apelante; Dubón & Ochoieco y Otero Suro & Otero Suro, abogados de la interven-tora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de enero último se celebró la vista de estos recur-sos. Se sometieron por los mismos alegatos y las partes por sus abogados los argumentaron conjuntamente.

El primero se interpuso contra una resolución del juez de turno de esta Corte Suprema Sr. Snyder anulando el auto de certiorari que había expedido a instancias del demandante en cierto pleito de divorcio y el segundo contra una orden del juez de distrito dictada en el mismo pleito de divorcio y por virtud de la cual dejó sin efecto una orden que a su vez había dejado sin efecto la sentencia en rebeldía resolutoria del pleito. Cuando el auto de certiorari fue expedido no se había dictado aún la orden apelada pero sí cuando el juez de distrito fue notificado del mismo. Se trata, pues, de un solo caso. De ahí que hayamos resuelto considerar las cues-tiones envueltas en una sola opinión aunque tengan que dic-tarse por separado las sentencias.

Para darnos cuenta exacta de lo ocurrido, fijaremos los hechos. Advirtiendo cierta discrepancia de fechas entre la transcripción de los antos presentada y los autos originales mismos elevados en el certiorari, seguiremos las de los ori-ginales. En julio 2, 1942, Miguel A. Montilla por su abo-gado Hernán R. Franco radicó una demanda de divorcio en la Corte de Distrito de San Juan contra su esposa Carola Haeussler, por trato cruel, alegando la procreación en el ma-trimonio de dos hijos, Elsa María, de cuatro años, y Fernando, de dos.

Emplazada la esposa, no contestó. En julio 14, 1942, pidió el demandante al secretario de la corte que anotara su rebeldía, y diez días después se celebró la vista del pleito en cámara. Sólo compareció el demandante. Se practicó la prueba ofrecida por el mismo y acto seguido el juez dictó sentencia declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial, debiendo quedar los hijos bajo la patria potestad del deman-dante.

Así las cosas, compareció en el pleito la demandada y presentó una moción pidiendo la modificación de la senten-cia de julio 24 anterior en el sentido de que “sin perjuicio del derecho de patria potestad que se concede al demandante sobre los dos hijos habidos en su matrimonio con la deman-dada,” se le otorgue “la custodia, el cuido y atención de dichos niños, bajo aquellas condiciones que en su discreción tenga a bien señalar esta honorable corte para asegurar el bienestar, la felicidad y la seguridad de los citados meno-res.” El 13 de agosto de 1942 la corte ordenó que la moción se notificara al demandante y señaló el treinta y uno de dicho mes para oír a las partes y practicar la prueba que intere-saren. La notificación se practicó el catorce.

Pendiente la vista de la moción, en agosto 24, 1942, el de-mandante, por sus abogados Hernán R. Franco y Henry Gr. Molina, presentó una moción notificada a los abogados de la demandada solicitando de la corte “se sirva dejar sin efecto la sentencia dictada en este caso el día 24 de julio de 1942.” Y la corte, el 26 de agosto, dictó una orden dejando sin efecto la sentencia. Dos días después, en agosto 28, el demandante radicó otra moción desistiendo de su demanda.

En agosto 31 la demandada pidió a la corte que reconsi-derara su orden de agosto 26 y restableciera la sentencia de julio 21, 1942, y la corte, el propio día, ordenó que se convo-cara a las partes para el 8 de septiembre para oírlas en re-lación con la moción.

También radicó la demandada otra moción en agosto 31 alegando que la vista de su moción sobre custodia de los Ri-jos Rábidos en el matrimonio señalada para ese día, no se Rabia celebrado y que dichos Rijos habían vivido siempre en su compañía hasta el 29 de agosto en que el demandante se los llevó consigo, por todo lo cual pedía a la corte que dic-tara una orden disponiendo que los Rijos continuaran bajo su custodia.

Al ser notificado el demandante en agosto 31, 1942, en la persona de su abogado Molina, de que la corte había ese día-señalado el dos de septiembre para la vista de la última mo-ción, protestó del corto tiempo concedido e Rizo constar que para la fecha señalada tenía un juicio en la Corte Federal que no podía suspenderse debido a la próxima ausencia del juez de la misma.

En septiembre 1, 1942, la demandada archivó una moción haciendo constar su oposición a la moción del demandante sobre desistimiento del pleito, por los motivos que expresa.

El 2 de septiembre, día señalado para oír a las partes sobre la moción de la demandada de agosto 31 sobre custo-dia de los hijos, el demandante presentó una moción para anular las órdenes de la corte de agosto 31 o -en todo caso para modificarlas adelantando la vista sobre la moción de reconsideración y posponiendo la de la moción sobre custo-dia de hijos.

La corte no accedió a esa petición del demandante y re-solvió la petición de la demandada sobre custodia de los hi-jos el propio día 2 de septiembre de 1942 como sigue:

“Teniendo en cuenta la edad tierna de los dos niños y el hecho de que de los autos no aparece circunstancia alguna que justifique que se prive a la madre de su custodia, y no habiéndose aprovechado el demandante de la oportunidad que le dió esta corte de presentar su caso oportunamente, se declara con lugar la moción de la deman-dada y se concede a ésta la custodia provisional de los menores hasta nueva orden de esta corte, apercibiéndose al demandante de que de no acatar lo dispuesto en esta, orden podrá ser procesado por desacato. ’ ’

Luego, el ocho de septiembre de 1942, dictó la orden contra la cual se ha interpuesto apelación. Su último párrafo, copiado a la letra, lee así:

“Entendemos que cometimos error al dejar sin efecto la sentencia sin oír a la parte demandada, y por esa razón se deja sin efecto nuestra orden de agosto 26, 1942, que a su vez dejó sin efecto la sentencia de 24 de julio de 1942. Queda pendiente la moción del demandante solicitando se deje sin efecto la sentencia de julio -24 de 1942. De haber comparecido el demandante en el día de hoy pudo haberse discutido y resuelto esta moción. En ausencia del deman-dante y sin haberle oído, preferimos no resolverla.”

No seguiremos al apelante en todas las cuestiones, que levantó en el recurso de certiorari ante el juez de turno. Nos limitaremos a la de falta de jurisdicción del juez de dis-trito para dictar su orden de septiembre dos sobre custodia de los hijos.

Sostuvo y sostiene el apelante en substancia que desde el momento en que radicó su escrito de agosto 28 desistiendo del pleito, dejó éste de existir y la corte actuó sin jurisdicción al decretar dentro del mismo que la custodia de los hijos quedara provisionalmente en la madre.

No tiene razón a nuestro juicio el apelante. Su moción de desistimiento no pudo producir el efecto que alega que produjo. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, aun cuando la corte hubiera dejado sin efecto su sentencia, ha-biéndose ce]ebrado ya el juicio, el demandante no tenía por sí solo el poder absoluto de desistir.

“Se podrá desistir de una demanda . . .,” dice el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, “1. Por el mismo de-mandante en cualquier tiempo antes del juicio . . Y la. jurisprudencia ha resuelto:

“Según el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil se podrá desistir de una demanda o declararse abandonada en varios, casos, siendo el primero de ellos por el mismo demandante en cual-quier tiempo antes del juicio, excepto en determinadas circunstancias, que no existen en este caso; y según el cuarto por la corte, cuando-durante el juicio y antes de la resolución final del caso lo abandona el demandante.
“El caso primero citado autoriza a un demandante a desistir de su acción cuando presenta tal escrito antes del juicio; y como en este-caso esa solicitud del demandante fué presentada después del juicio y mientras el pleito estaba sometido para su decisión final a la corte, ésta no estaba autorizada para dictar la sentencia que es objeto de esta apelación. Heilin v. Castro, 22 Cal. 102; Casey v. Jordán, 68 Cal. 246; MacDermot v. Grant, 181 Cal. 332; State v. Riley, de la Corte Suprema de Missouri, 118 S. E. 647. En el caso de MacDermot,. supra, y en otros que en él se citan se interpretan las palabras 'antes del juicio’ en el sentido de que significan 'antes de sumisión,’ y dice que un caso ha sido sometido después que la corte lo ha tomado para su resolución al terminar la prueba y los argumentos. ’ ’ Argüelles v. Cosme, 44 D.P.R. 169, 170.

Además, no se había tomado acción alguna sobre la moción. La ley — artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil ya citado — prescribe que ‘ ‘ El desistimiento mencionado en los dos primeros párrafos se efectúa mediante la debida anotación en el libro de registro del secretario. Hecho esto se dictará sentencia de conformidad.” Y la jurisprudencia en un caso más fuerte que éste ha resuelto:

“Es cierto que se dictó una orden teniendo al demandante por desistido de su acción con las costas, pero tal orden no es definitiva ni pone término al asunto mientras no se registre una sentencia, por exigirlo así el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, comprendido en el Capítulo I, Título IX que trata de esas sentencias, y confirmado en el caso de Page v. Page, 77 Cal. 83.
“Además, ya bemos resuelto en varias ocasiones que mientras no se ba registrado una sentencia definitiva, el asunto no está ter-minado. (Véanse los casos de La Compañía de Ferrocarriles v. La Línea Férrea del Oeste y otros, decidido en 12 de mayo de 1905; Otero v. Sucesión de A. Monroig, 23 de febrero de 1909; José la O. Cintrón v. Figueroa, 16 diciembre, 1907.)” Hernández v. Blanco et al., 17 D.P.R. 574, 576.

La corte de distrito actuó en tal virtud eon jurisdicción al dictar su orden de septiembre dos sobre custodia provisional de los hijos, como propiamente resolvió el juez de turno al anular en septiembre 23, 1942, el auto de certiorari que había expedido. La apelación interpuesta contra la re-solución de dicho juez debe ser declarada sin lugar.

También debe serlo la establecida contra la orden de la corte de distrito de septiembre ocho. Su jurisdicción para seguir interviniendo en el pleito era clara, como acabamos de ver, y nada se ha alegado a nuestro juicio que demuestre que su actuación al dejar sin efecto su orden anterior de-jando sin efecto la sentencia, fuera errónea.

Celebrado el juicio y dictada sentencia, no era lo propio dejarla sin efecto a instancia de una sola de las partes en el pleito, sin oír a la otra parte interesada o darle la opor-tunidad de ser oída. 34 C. J. 363. Y la resolución de la corte de septiembre ocho se dirigió a corregir su error, restable-ciendo el procedimiento al estado en que se encontraba in-mediatamente después de dictada la sentencia. La sana dis-creción que tiene toda corte en estos casos fué de tal modo debidamente ejercitada. 34 C. J. 364.

Como expresamente lo consignó en la resolución apelada, la moción del demandante solicitando que se dejara sin efecto la sentencia, quedó de nuevo pendiente para ser considerada por la corte. La orden sobre custodia provisional de los hi-jos se dictó en atención a las circunstancias que en el mo-mento concurrían, y expresamente lo fué hasta nueva orden de la corte. En aquel entonces la sentencia de divorcio se había dejado sin efecto. Nada ha sido prejuzgado definiti-vamente en el pleito. Las puertas del tribunal de distrito quedaron abiertas para que ante él acudieran ambas partes a exponer su caso. Lo único que revela la actitud del tribunal de primera instancia es su deseo de administrar justicia dando a ambas partes igual'oportunidad.

Al declararse sin lugar ambos recursos, el pleito debe de-volverse a la corte de su origen para ulteriores procedimien-tos de conformidad con la ley.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Rafael Sáenz Cabezón, demandante y apelado, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8537.

    Sometido: Diciembre 17, 1942.

      Resuelto: Febrero 11, 1943.

      Iíon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos {Ex Procu-rador General George A. Malcolm, en el alegato) y Eulogio Riera, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; Efraim Ramírez Ramírez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tri-' bunal.

El 16 de octubre de 1936 el peticionario, Agente de Ren-tas Internas del Departamento de Hacienda, fue suspendido de empleo y sueldo por haber sido, acusado de un delito de atentado a la vida; y en julio 16 de 1937, después de haber sido absuelto por el jurado, fue repuesto en su cargo. Los sueldos que dejó de percibir durante el tiempo de la suspen-sión ascienden a la suma de $752.78.

En mayo 2 de 1940 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 122 (Leyes de 1940, pág. 733) por la cual se au-torizó-al Tesorero de Puerto Rico a pagar y al Auditor a aprobar el pago de la mencionada suma al peticionario.

En la demanda interpuesta en este caso el peticionario alega qué el Auditor autorizó el pago de acuerdo con la men-cionada ley, pero que el Tesorero, no obstante los numerosos requerimientos hechos por el peticionario, se ha negado a librar la correspondiente orden de pago. Se pide sentencia por la que se ordene al Tesorero que proceda inmediatamente a hacer el pago al peticionario.

Contestando la demanda, el Tesorero alegó que el peti-cionario fue nombrado en octubre 17, 1935 Agente de Ren-tas Internas, con carácter temporero y eon un haber anual de $950; que después de ser absuelto, el peticionario no fué repuesto en y sí nombrado nuevamente para dicho cargo a partir del 16 de julio de 1937; y que durante el tiempo en que estuvo' suspendido el peticionario no devengó sueldo al-guno. Como defensas especiales alegó que la petición no aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción; que siendo temporero el nombramiento del peticiona-’ rio, éste no adquirió derecho alguno a recibir sueldos por el tiempo que estuvo suspendido de empleo y sueldo; y que en consecuencia la ley que autoriza el pago de sueldos al peti-cionario es contraria al párrafo 12 del artículo 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, aun cuando se resolviera que dicha ley impone al Tesorero el deber ministerial de pagar los suel-dos reclamados por el peticionario.

El Tesorero de Puerto Rico, no estando conforme con la sentencia que en su contra dictara la Corte de Distrito de San Juan, ha establecido el presente recurso. Dos son las cuestiones sometidas a nuestra consideración por los alega-tos de las partes. Las discutiremos y resolveremos en el orden de su importancia.

Ia. ¿Infringe la Ley núm. 122 de mayo 2 de 1940 las disposiciones del párrafo 12 del artículo 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico?

Es un hecho admitido por ambas partes que el peticiona-rio, como empleado temporero, no tiene otro derecho a re-clamar sueldos durante el período de suspensión que aquel que le haya podido ser conferido por la citada Ley Núm. 122.

El párrafo 12 del artículo 34 de la Ley Orgánica, dispone lo siguiente:

“No se aprobará ningún proyecto de ley que conceda compensa-ción extraordinaria a un funcionario, dependiente o empleado, agente o contratista, públicos, después que sus servicios hayan sido prestados o el contrato hecho.”

Interpretando el precepto legal transcrito, la corte inferior sostuvo que el mismo se limita a prohibir la aprobación de leyes concediendo compensación extraordinaria a funcio-narios o empleados públicos por servicios ya prestados; y que no existe precepto alguno en nuestra Ley Orgánica que prohíba a la Legislatura Insular pagar sueldos a un em-pleado por el tiempo durante el cual estuviera suspendido de empleo y sueldo.

Sostiene el Tesorero apelante que la interpretación dada a nuestra Carta Orgánica por la corte inferior es errónea; y cita en apoyo de su contención la decisión dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el caso de Thomas E. Benner v. Leslie A. McLeod, Auditor de Puerto Rico, Civil Núm. 24298.

El caso del Dr. Benner puede distinguirse fácilmente del' de autos. El Dr. Benner, Canciller de la Universidad de Puerto Rico, fué destituido de su cargo, por la Junta de Sín-dicos, el día 6 de mayo de 1929. Dos años más tarde, en 28 de julio de 1931, la Junta de Síndicos, considerando que el Dr. Benner no había tomado vacaciones durante los tres úl-timos años de su incumbencia como Canciller, acordó conce-derle 60 días de licencia, con el sueldo correspondiente. Ne-góse el Auditor a autorizar el pago. La Legislatura aprobó entonces la Resolución Conjunta núm. 11 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 643), concediendo al Dr. Benner la licencia de 60 días con sueldo. El Auditor se negó a autorizar el pago de los dos meses de sueldo, alegando que la citada ley Labia sido aprobada en violación del párrafo 12 del artículo 34 de la Carta Orgánica. La Corte de Distrito de San Juan, pre-sidida por el Hon. Angel It. de Jesús, en la actualidad miem-bro de esta Corte Suprema, se negó a expedir el auto de mandamus solicitado contra el Auditor, por entender que la concesión que se bacía al Dr. Benner por virtud de la Reso-lución Conjunta Núm. 11 de 1933 era una compensación ex-traordinaria concedida a un funcionario público por servi-cios que ya habían sido prestados.

La situación que nos presenta el caso de autos es comple-tamente distinta. Es indudable que si contra él no se hubiese formulado la acusación que dió fugar a su suspensión de em-pleo y sueldo, de la cual fué absuelto, el peticionario hubiera continuado desempeñando sus deberes como Agente de Ren-tas Internas y recibiendo el sueldo correspondiente a los me-ses durante los cuales estuvo suspendido. Prueba de ello es que tan pronto como quedó demostrado por el veredicto del jurado que la acusación era infundada, el Tesorero le nom-bró nuevamente para el mismo puesto que antes ocupaba, hecho que por sí solo demuestra que el peticionario había hasta la fecha de su suspensión cumplido con las obligacio-nes de su cargo a satisfacción del Jefe del Departamento de Hacienda.

La suma que por virtud de la Ley núm. 122 de 1940 debe pagarse al peticionario no es una “compensación extraordi-naria” concedida a un empleado público por servicios ya prestados y pagados, como en el caso de Benner. Creemos que el espíritu de la ley y la intención del legislador al apro-barla fué compensar o indemnizar a un empleado probo y cumplidor por los daños causádosle por la imputación de un delito del cual era inocente. Y la mejor medida de esos da-ños era la cantidad que dejó de recibir durante el tiempo en que estuvo suspendido de empleo y sueldo. Opinamos que la citada prohibición de la Carta Orgánica no llega hasta el punto de privar a nuestra Asamblea Legislativa, que ha sido investida de plenas facultades legislativas en asuntos locales (Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253), de la facultad de admitir y ordenar el pago de una reclamación justa y razo-nable. Resolvemos, por lo tanto, que la citada ley no está en manera alguna en conflicto con las disposiciones del pá-rrafo 12 del artículo 34 de la Ley Orgánica.

2a. ¿Está obligado el Tesorero demandado a autorizar, como un deber ministerial, el pago al peticionario?

La Ley Num. 122 de mayo 2 de 1940 “autoriza” al Te-sorero de Puerto Rico a pagar al demandante la suma con-cedídale por la Legislatura. Sostiene el Tesorero apelante que el legislador ha dejado a su discreción el autorizar o no el pago al peticionario. Éste, a su vez, alega que el estatuto impone al Tesorero el deber ministerial de efectuar el pago.

En Mason et al. v. Fearson, 9 How. 260, 13 L. Ed. 125, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“Sin entrar en más detalles, estos casos establecen por completo la doctrina de que lo que una corporación o funcionario público está autorizado a hacer para otros y es beneficioso para esos otros que se haga, la ley sostiene que es su deber hacerlo. La facultad es con-ferida para beneficio de los otros y no para beneficio propio; y la intención de la Legislatura, que debe ser el factor decisivo en estos casos, parece haber sido, dentro de las circunstancias, la de imponer un deber positivo y absoluto.”

En Chase v. U. S., 261 Fed. 833, la Corte de Circuito para el Octavo Circuito sostuvo:

“Un examen'de la legislación del Congreso revela que en muchas de las leyes del Congreso la palabra 'autorizado’ es usada frecuente-mente cuando se impone nn deber a un funcionario público ejecutivo, y en ningún caso los deberes impuestos son discrecionales, a menos que después de la palabra ‘autorizado’ se añadan las otras palabras ‘a su discreción’.”

En 7 C.J.S. 1293,-1294 se examina la jurisprudencia in-terpretativa del término “authorized”, y se dice:

“En el tiempo pasado, o como participio pasado, autorizado ha sido interpretado en el sentido de significar investido de autoridad, credencial o poder legal; instruido; facultado;... sancionado o apro-bado por la autoridad... Sin embargo, cuando la palabra es usada en un estatuto que provee para la ejecución de un acto requerido por el deber público o la justicia o cuando están envueltos los derechos de un ciudadano, se ha sostenido que la palabra debe ser interpretada como mandatoria; y que puede llevar implícita la imposición de un deber... o aun un mandato positivo, en ausencia de palabras espe-cíficas que la conviertan en discrecional.”

Los hechos y circunstancias del caso nos llevan a la con-clusión de que no fué la intención de la Legislatura dejar a la discreción del Tesorero de Puerto Pico el cumplimiento del propósito justiciero de la Ley núm. 122 de 1940.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe, De Jesús

text:
    Ex parte Pedro Ferrá, peticionario y apelante.
    Núm. 8615.

    Sometido: Febrero 2, 1943.

      Resuelto: Febrero 11, 1943.

      E. Pérez Casalduc, abogado dol apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señoe, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 2 de julio de 1942 el apelante por conducto de su abo-gado Sr. E. Pérez Casalduc radicó en la corte inferior una solicitud de bábeas corpus alegando bailarse privado de su libertad por el Alcaide de la Cárcel Municipal de Areeibo y que la ilegalidad de su prisión consistía en que él no había cometido delito alguno. Se expidió el auto inmediatamente y señalada la vista para las dos de la tarde del mismo día, compareció el recurrido trayendo consigo al peticionario y se procedió a celebrar la vista del recurso, estando represen-tado el peticionario por su abogado y el alcaide por el fiscal del distrito. El recurrido ofreció en evidencia y fué admi-tida sin oposición una orden de encarcelación suscrita por el Juez Municipal de Areeibo, dirigida al recurrido en su ca-rácter de alcaide de la Cárcel Municipal de Areeibo, notifi-cándole que habiéndose dictado por dicho" magistrado una orden para que Pedro Ferrá fuese detenido con el objeto de que respondiese del cargo de infracción a la sección 1 de la Ley núm. 42 de 1917 ((2) pág. 337), le ordenaba que lo re-cibiera en su custodia y lo detuviera hasta que fuese legal-mente excarcelado. Al pie de la orden de encarcelación se fijaba en $500 la fianza para quedar en libertad provisional.

Oída la prueba del fiscal, consistente en la declaración del recurrido y en la orden de encarcelación de que se ha hecho mérito, la corte advirtió al peticionario que su soli-citud de hábeas corpus era insuficiente, concediéndole per-miso para enmendarla, lo que rehusó el peticionario, insis-tiendo su abogado en la suficiencia de la petición. El peti-cionario no presentó prueba y el juez inferior, bajo el título de “Decisión” dictó sentencia declarando sin lugar la peti-ción de hábeas corpus. Contra dicha sentencia se interpuso el presente' recurso.

La petición de hábeas corpus es claramente insuficiente. En ella no se alega qne el magistrado qne expidió la orden de encarcelación careciese de jurisdicción para dictarla, ni qne la orden de encarcelación sea por cualquier otro motivo nula ni tampoco qne no existiera cansa probable para la detención del peticionario. Es verdad que el acusado alegó que no había cometido delito alguno, pero esa alegación no implica necesariamente la inexistencia de causa probable contra él. La inocencia o culpabilidad del acusado no ■ es para ser determinada dentro de un proceso de hábeas corpus, sino en el juicio correspondiente.

No cometió, a nuestro juicio, error alguno la corte inferior al desestimar la petición de hábeas corpus. Es más, dentro de las circunstancias concurrentes, pudo haberla de-sestimado de plano, negándose a expedir el auto.

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.