text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspurúa Pacheco, acusado y apelante.
    Núm. 9548.

    Sometido: Noviembre 24, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado ha apelado de una sentencia que le condenó a seis años de presidio luego de rendido por un jurado un veredicto de homicidio voluntario.

El acusado alega que el veredicto no está sostenido por la evidencia. Creemos innecesario hacer una relación detallada de la prueba aducida en el juicio. Está admitido que el acusado disparó y mató al interfecto. La prueba de cargo tendió a demostrar que el acusado, escondiendo su mano derecha y agachándose, se acercó a un inodoro y que se oyeron varios disparos mientras el acusado se hallaba “la mitad afuera y la mitad adentro” del inodoro. Admitió el acusado haber disparado al interfecto en o en los alrededores del inodoro, pero alegó que lo había hecho en defensa propia, cuando el último, luego de enfrascarse en una discusión con él, le golpeó varias veces en el brazo con un tubo que estaba en el suelo. El jurado resolvió el conflicto en la evidencia en favor del gobierno, y no vemos razón para alterar el veredicto rendido (Pueblo v. Cruz, 59 D.P.R. 569; Pueblo v. Olivencia, 54 D.P.R. 908).

Después de haber declarado el acusado con respecto a los alegados golpes que le fueran propinados por el occiso, el fiscal ocupó la silla testifical en refutación. Declaró que cuando vió al acusado en el cuartel de la policía poco después del suceso de sangre, el último se abstuvo de declarar y se negó a someterse a la prueba de parafina, pero que “a presencia del Jefe de Caguas, de mi taquígrafo Sr. Luis Pérez Jr., de mí mismo, le invité a que se despojara su ropa, quitándose el gabán, la camisa, la corbata y la camiseta y le bice un examen para ver si descubría en él huellas de alguna clase y no encontré ninguna huella de nada en absoluto sobre su cuerpo.”

Arguye el acusado que esta declaración del fiscal equivale a infringir el artículo 2 de la Ley Orgánica (48 U.S.C.A. See. 737) que dispone que “ninguna persona será . . . obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra sí misma”. (A ese mismo efecto, véase el artículo 7 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal).

Al hacer la anterior alegación, el acusado descansa prin-cipalmente en los casos de Reyes v. Corte Municipal, 41 D.P.R. 902, y State v. Height, 117 Iowa 650, 91 N.W. 935 (1902). En el caso de Reyes esta corte resolvió que obligar a un acusado, con fines de una pretendida identificación en el transcurso del juicio, “que se despeinara, se echara el pelo a la cara, y se pusiera la gorra echada hacia la frente”, constituía una violación del privilegio contra la autoineri-minación. En el caso de Height se resolvió que el testimonio de médicos que habían practicado bajo compulsión un examen físico del acusado, no era admisible por razones similares.

La contención del acusado es al efecto de que el privi-legio contra la autoincriminación no se limita a estar exento de declarar bajo compulsión. Arguye que también le da derecho a rehusar someterse a una inspección física de determinada porción de su cuerpo, con el resultado de que la evidencia obtenida por medio de tal inspección involun-taria queda excluida por el privilegio en cuestión.

Podríamos disponer de esta cuestión sin una ulterior consideración de la misma, en vista de que la defensa no se opuso a este testimonio durante el juicio. Bastaría asi-mismo indicar sencillamente que el privilegio, aun si exis-tiera bajo las presentes circunstancias, fué renunciado en este caso cuando el acusado, a invitación del fiscal, se des-pojó voluntariamente de su ropa (Véase Reyes v. Corte Municipal, supra, a las páginas 906, 907), y cuando ocupó la silla testifical en su propia defensa. Además, la premisa en que el acusado funda su contención, en el sentido de que la situación en el presente caso es similar a la del de Beyes— que el acusado estaba en efecto declarando contra sí mismo cuando el fiscal ocupó la silla testifical como su portavoz— lia sido rechazada en otros casos (O’Bȓien v. State, 25 N.E. 137 (Ind. 1890); Ross v. State, 182 N.E. 865, 69 (Ind. 1932); State v. Gatton, 20 N.E. (2d) 265 (Ohio, 1938). Mas pre-ferimos basar nuestra decisión en el motivo fundamental de que el requerir de un acusado que se someta contra su volun-tad a un examen físico de esta naturaleza no equivale a una violación del privilegio contra la autoincriminación.

Nos damos cuenta de que hay casos que, como el de Beyes, han resuelto lo contrario. Sin embargo, “El peso 'numérico de las autoridades parece favorecer el punto de vista sostenido por el Profesor Wigmore de que el privi-legio debería limitarse a manifestaciones en calidad de testimonio hechas por el acusado, ya por escrito u oral-mente, y no debería hacerse extensivo a exposiciones físicas que se obligue al acusado hacer o a experimentos (tests) a que se le someta contra su voluntad.” 40 Mich. L. Rev. 907 (1942). Cf. Barr, Privileges Against Self-Incrimination in California, 30 Calif. L. Rev. 547, 50 (1942); Morgan and Maguire, Cases on Evidence, anotación a las páginas 227,-28.

El análisis que hace Wigmore de este problema demues-tra la falacia de la reclamación del privilegio en este caso. Indica él que . . no es meramente cualquiera o toda compulsión lo que constituye la médula del privilegio, histó-ricamente y de acuerdo con las definiciones constituciona-les, sino prestar declaración bajo compulsión. ... El pri-vilegio protege al individuo de hacer revelaciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra. El límite del privilegio es claro. . . . una inspección de las características físicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una violación del privi-legio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsabilidad de su testimonio. Que se le exija alguna vez en tales casos ejercitar acción muscular— como cuando se le ordena que se quite los zapatos o se arrolle las mangas — es inmaterial . . . toda vez . . . que no es la compulsión por sí sola lo que constituye la idea del privilegio, sino compulsión para obtener testimonio. Lo que se obtiene del acusado por medio de ese acto no es una declaración acerca de su cuerpo, sino su cuerpo en sí (ante, see. 1150). A menos que'se haga cualquier tentativa para obtener una declaración, escrita u oral, en la cual pueda confiarse en cuanto a su conocimiento pleno de los hechos y las reacciones de su mente al expresarla, el requerimiento que se le haga no constituye uno de naturaleza testimonial.” (8 Wigmore on Evidence, secs, 2263, 5). «

Nadie en nuestra historia judicial ha sido más celoso en la protección de los derechos civiles del individuo que el Juez Asociado Sr. Holmes. Sin embargo, en el caso de Holt v. United States, 218 U.S. 245, la Corte Suprema, por voz de él, dijo, a las páginas 252, 3:

Otra objeción se funda en el alcance extravagante de la Quinta Enmienda. Surgió la cuestión de si una camisa pertenecía al con-finado. Un testigo declaró que el confinado se la había puesto y le había quedado bien. Se objeta que él hizo esto bajo la misma coacción que hizo inadmisible su declaración, y que debía eliminarse por las mismas razones. Pero la prohibición de obligar a un indi-viduo en un proceso criminal a ser testigo en su contra es una que envuelve el uso de compulsión física o moral para obtener de él mani-festaciones, y no el que se excluya su cuerpo como evidencia cuando sea necesario. En principio, la objeción impediría a un jurado mirar el prisionero y comparar sus facciones con una fotografía presentada en evidencia. ...”

En el caso de Ohio de State v. Gatton, supra, la corte dijo, a la página 266:

“Bajo el título de ‘Autoineriminaeión, 1 Gfreenleaf on Evidence, décimosexta edición, sección 469 e se encuentra lo siguiente:
“ ‘El alcance del privilegio, históricamente y en principio, sólo incluye el procedimiento de testificar, oralmente o por escrito, esto es, el procedimiento de obtener revelaciones mediante manifestacio-nes. No se aplica a tales circunstancias físicas de carácter eviden-ciarlo que puedan existir en el cuerpo del testigo o acerca de sií persona. El privilegio no descansa en la idea extrema de que una persona culpable tiene derecho a encubrir todo lo que esté .a su alcance sobre la evidencia de su crimen; sino en la idea de que no se le podrá obligar a que la confiese de sus propios labios. No obs-tante, en la última generación una benevolencia falsa y sentimental hacia el acusado culpable ha dado lugar a una tendencia en algu-nas jurisdicciones a extender el privilegio de una manera que nunca se imaginaron aquéllos que trazaron sus cimientos; y a menudo se levanta ahora la cuestión de si el privilegio no protege a una persona acusada, de la inspección o examen o exhibición de su persona. En la gran mayoría de las jurisdicciones • esta extensión no ha sido sancionada; por ejemplo, el acusado puede ser obligado a ponerse de pie en la corte con el fin de identificarlo; puede enviarse un médico para que lo examine, mientras está en la cárcel, en cuanto a su 'condición mental; pueden tomarse las medidas de los pies del .acusado con el propósito de identificar las huellas; puede obligarse al acusado a poner su pie sobre huellas con el propósito de investigar su parecido.’ ”

En resumen, el objeto de este privilegio es impedir “el empleo de procedimientos legales para extraer de los propios labios de la persona una admisión de'su culpabilidad. ...” (Wigmore, supra, sec. 2263). Y el privilegio que garantiza la libertad de no testificar bajo compulsión, contenido en la frase “ser un testigo contra sí mismo” “no debe extenderse irracionalmente para cubrir situaciones claramente fuera del significado corriente del privilegio y de la política que lo respalda.” (Ross v. State, supra, a la página 868).

Beconoeemos que el razonamiento aquí expuesto destruye los cimientos sobre los cuales descansa el caso de Reyes v. Corte, supra. Ese caso es, por lo tanto, revocado expre-samente. -

Por último, se queja el acusado de que el fiscal de distrito, en su informe al jurado, argüyó que “los golpes' que alega el acusado le fueron inferidos por el interfecto con este tubo no existen nada más' que en la mente de la defensa, pues ni este Fiscal, ni el Jefe de la Policía Insular de Caguas, ni mi secretario el señor Luis Pérez observamos rastro alguno de golpe en el cuerpo del acusado”.

Los autos ante nos no contienen una transcripción del informe del fiscal de distrito. Estamos por tanto imposi-bilitados de determinar si ese comentario se hizo o si el mismo fué objetado. Pero asumiendo esos hechos, resolve-mos que éste fué un comentario legítimo hecho por el fiscal sobre su propio testimonio. El caso de Pueblo v. Yera, 60 D.P.R. 818, es aplicable a esta situación en vez del de Pueblo v. Marchand, 53 D.P.R. 671.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    R. Ruiz & Co., demandante y apelante, v. José Marcano, demandado y apelado.
    Núm. 8494.

    Sometido: Noviembre 20, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Miranda & Miranda Esteve, abogados de la apelante; B. B. Bivera Correa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de julio de 1937 el márshal de la corte de distrito vendió en pública subasta la casa de José Marcano, que había sido embargada para asegurar una sentencia dictada en su contra y en favor de R. Ruiz & Co. Ésta última ad-quirió la casa en la subasta por $200.

El 27 de julio de 1937 Marcano entabló en la corte municipal un pleito contra Ruiz & Co., reclamando un derecho de hogar seguro en dicha casa y solicitando se dictara sentencia por la cantidad de $500. En apelación, la corte de distrito, en su sentencia de 30 de septiembre de 1938, reconoció el derecho de hogar seguro que Marcano tenía en la casa, pero denegó la reclamación en cobro de dinero. En dicho caso la corte dijo que Marcano “puede también acudir con una moción en el pleito principal que dió margen a la ejecución y solicitar que se anule la venta celebrada.”

De conformidad con lo anterior, el 18 de octubre de 1940, Marcano, alegando que antes y después de dicha venta judicial ha ocupado la casa en cuestión como su residencia, radicó una moción solicitando que se anulara dicha venta. El 18 de junio de 1941 la corte de distrito dictó una resolu-ción declarando con lugar esa moción, y la demandante ha apelado de la misma.

La sección 5 de la Ley núm. 87, Leyes de Puerto Rico, 1936 ((1) pág. 461), dispone que “No se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca . . . cuando se reclamare u ocupare la misma como hogar seguro (homestead), ... a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares.”

La misma sección dispone más adelante que “Tal recla-mación se hará por . . . declaración jurada . . . qne se entregará al oficial encargado de llevar a cabo la venta.”

La sección 5 dispone además que en caso de que la finca se vendiere por más de quinientos dólares, “el excedente sobre dicha suma se pagará al acreedor y la suma de qui-nientos (500) dólares será depositada . . . por el oficial que llevó a cabo la venta en la secretaría de la corte de distrito . . . para que dicho tribunal decida entonces sobre la legitimidad de la reclamación.”

En su opinión en el presente caso, la corte de distrito dijo que “En el caso de autos se obtuvo por la finca una suma menor de $500, y el demandado la ocupaba como hogar seguro. De acuerdo con la letra de la ley no debió haberse vendido la finca. No es esencial, de acuerdo con la ley citada, que se reclame el hogar seguro oportunamente. No debe venderse la finca por menos de $500 si se ocupare como hogar seguro, o si se reclamare tal derecho . . .”.

No es necesario determinar si esta interpretación de la sección 5, en tanto en cuanto se refiere a la necesidad de una reclamación, es correcta. (Cf. F. Carrera & Hno. v. Registrador, 36 D.P.R. 316, 318; Dávila v. Sotomayor et al., 35 D.P.R. 794, 799; opinión concurrente del Juez Asociado Sr. Hutchison en Veve v. Keith, 49 D.P.R. 185, 191.) Sólo nos detenemos para indicar que esta sección debe ser leída en relación con la sección 1 de la Ley que define el hogar seguro como una finca que no exceda de $500 “que le perte-nezca ... y estuviere ocupada” por el que reclama el derecho de hogar seguro.

No es necesario que resolvamos si la ocupación sin una reclamación equivale a un cumplimiento con el procedimiento estatuido en la sección 5, toda vez que el presente caso está comprendido dentro del procedimiento señalado en la sección 6. Dicha sección dispone lo siguiente: '

“En caso de no formularse reclamación alguna ante el oficial en-cargado de verificar la subasta, la persona con derecho a la recia-maeión de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que la subasta se celebró, entablar acción ordinaria correspondiente. ’ ’

Diecinueve días después de celebrada la venta judicial y de conformidad con lo que dispone la sección 6, Mareano inició una acción para hacer efectivo su derecho de hogar seguro, que una corte de distrito ha reconocido en una sen-cía final y firme. Habiendo elegido proceder por medio de una demanda bajo la sección 6 en vez de a través de una reclamación bajo la sección 5, los derechos substantivos estatuidos en la sección 5 fueron debidamente ejercitados en la mencionada demanda.

En apoyo de su contención al efecto de que la moción para anular la venta judicial fué radicada demasiado tarde, la apelante se limita a citar el artículo 140 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo no puede en manera alguna tener aplicación al presente caso.

Besta tan sólo indicar que en este caso no cabe alegación alguna de impedimento o abandono (estoppel or laches). Mareano entabló a tiempo su acción bajo la sección 6; su ocupación de la casa nunca ha sido interrumpida; y, como expresara la corte de distrito, “la situación de las partes es la misma que existía el día de la venta.”

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Los Menores Agustín, Juan y Josefa Martínez Luna, representados por su defensor judicial Filiberto Martínez Valencia, peticionarios y apelantes, v. Corte Municipal de Ponce, Sección Segunda, demandada y apelada; Juan Villafaña Herrera y Manuel García Reyes, interventores y apelados.
    Núm. 8512.

    Sometido: Noviembre 30, 1942.

      Resuelto: Enero 18, 1943.

      Leopolcto Tormes y Aurora Bermúdez, abogados de los apelantes; R. Hernández Matos, abogado de los interventores apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de junio de 1928 Julián Martínez suscribió ante notario y entregó a su hijo Quintín Martínez Camacho un documento reconociendo adeudar a éste la cantidad de $80, que debería ser pagada, conforme se consignó en dicho documento, a la muerte del deudor, por sus “herederos, causahabientes, albacéas o administradores”. Dicha obli-gación fue cedida por Quintín Martínez Camacho a Manuel García Reyes y Juan Villafaña Herrera por documento de 7 de mayo de 1940 suscrito ante el notario Sergio León Lugo. Dueños de la citada obligación y habiendo fallecido Julián Martínez el 16 de julio de 1929, los citados Manuel García Reyes y Juan Villafaña Herrera presentaron una demanda en la Corte Municipal de Ponce, Sección Segunda, en cobro de dicha suma, contra los herederos de Julián Martínez, a saber: sus hijos Filiberto Martínez Valencia y Quintín Martínez Camacho, y sus nietos Agustín y Juan Martínez Luna, menores de edad, bajo la patria potestad de Leonor Luna. Por vía de aseguramiento de sentencia los demandantes solicitaron y obtuvieron el embargo de cierta finca urbana, consistente en un solar radicado en la ciudad de Ponce. Emplazados los demandados, interpusie-ron excepción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción y desestimada la excepción, contestaron. Celebrado el juicio el 7 de diciembre de 1940, se dictó sen-tencia a favor de los demandantes por las sumas reclama-das. Apelaron los demandados para ante la Corte de Distrito, la que con fecha 2 de junio de 1941 dictó sentencia también a favor de los demandantes. Aunque la sentencia fue dictada contra todos los herederos de Julián Martínez y el embargo fue trabado sobre la totalidad del solar, al señalar bienes de los demandados para hacer • efectiva la sentencia los demandantes solicitaron del márshal que en cumplimiento de la orden de ejecución sólo sacase a subasta “todo interés, título, participación, acción, condominio, pro-piedad y pertenencia de los demandados Filiberto Martínez Valencia y Quintín Martínez Camacho en el solar embar-gado.” De conformidad con lo solicitado por los deman-dantes, . el márshal, en el anuncio de subasta se limitó a ofrecer en venta el interés, etc., de los dos demandados antes mencionados y la señaló para el 15 de julio de 1941, a las dos de la tarde.

Así las cosas, el 24 de junio de 1941 los demandantes dirigieron un escrito al márshal, instruyéndole que. dejara sin efecto el señalamiento de subasta que había anunciado para el 15 de julio de 1941, accediendo el márshal y consig-nando su actuación por escrito y bajo su firma el mismo día 24 de junio de 1941 al calce del escrito de los deman-dantes. La subasta se dejó sin efecto a fin de incluir en la sentencia el importe del memorándum de costas, que pos-teriormente fué aprobado el 12 de agosto de 1941. Solici-taron entonces los demandantes un mandamiento enmendado de ejecución de sentencia y expedido que fué, volvieron a solicitar del márshal que en ejecución de la sentencia sólo se sacase a subasta el interés de los mismos demandados en la finca embargada. De conformidad con lo solicitado por los demandantes, el 19 de septiembre de 1941 el márshal sacó a subasta y vendió el interés de dichos dos demandados en la finca embargada.

Mientras estos trámites se llevaban a efecto en el caso número 1309, Leonor Luna radicó en la misma Corte Municipal el 3 de julio de 1941, bajo el número de radicación 1862, una demanda reclamando el derecho de homestead que alegaban tener ella y sus menores hijos Agustín, Juan y Josefa Martínez Luna sobre una casa de madera, techada de zinc, construida en el solar en cuestión por su difunto esposo, padre de dichos menores, durante su matrimonio con la demandante.

Por vía de aseguramiento de sentencia, el 14 de julio de 1941 solicitó y obtuvo una orden decretando la suspensión de la subasta que en el caso 1309 de que se ha hecho mérito estaba anunciada para el 15 de julio de 1941. Conviene, sin embargo, aclarar que, como hemos dicho anteriormente, dicha subasta había sido suspendida desde el 24 de junio de 1941 a solicitud de los demandantes en el citado caso 1309 con el objeto de incluir en la sentencia el montante del me-morándum de costas cuando fuese aprobado. Habiéndose anunciado nuevamente la subasta en el caso 1309 para el 19 de septiembre de 1941, la parte demandante en el caso 1862 solicitó como una ampliación de la orden de embargo ante-riormente dictada, que se decretase la suspensión de la nueva subasta y la corte así lo ordenó el 18 de septiembre de 1941. Enterados de la orden suspendiendo la subasta, los demandantes en el citado- caso 1309 presentaron una moción señalando el hecho de haberse decretado dicha sus-pensión sin notificación y sin tener ellos oportunidad de ser oídos, y especialmente la circunstancia adicional de que los derechos de Leonor Luna y sus tres menores hijos no podían ser afectados en forma alguna por la citada subasta. En vista de dicha moción, la corte, el mismo día 18 de septiembre de 1941, invocando el poder que le confiere el inciso 8 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil para corregir sus órdenes y providencias a fin de ajustarlas a la ley y a la justicia, dejó sin efecto la citada ceden de sus-pensión de subasta y ordenó:

"... que por el Secretario de esta Corte se libre un mandamiento al marshal de la misma, para que continúe diligenciando el manda-miento enmendado de ejecución de sentencia' que se le expidió en el caso núm. 1309 celebrando en el día de mañana, a las dos de la tarde la subasta anunciada para esa fecha y hora de todos los dere-chos, condominios, título, pertenencias y acciones que pudieran corresponderles a los aquí demandados Filiberto y Quintín Martínez, quedando a salvo los derechos de Hogar Seguro o cualquier otro que pudiera cor-responderle a la demandante en este caso Leonor Lima y a sus hijos Agustín, Juan y Josefina de apellidos Martínez y Luna.” (Bastardillas nuestras.)

Con el fin de revisar la orden últimamente citada, radi-caron en la corte inferior una petición de certiorari los menores Martínez Luna representados por su defensor acl litem por haber fallecido su madre Leonor Luna el mismo día en que radicó la demanda de homestead. Dicha corte expidió el auto, oyó a las partes y luego de hacer una extensa relación de los procedimientos habidos en uno y otro caso en la Corte Municipal, llegó a la conclusión de que la subasta del interés que en el solar en cuestión tenían los demandados Filiberto Martínez Valencia y Quintín Martínez Camacho es válida y no afectó en manera alguna el derecho de homestead que alegan los peticionarios, por lo que deses-timó la petición de certiorari, con costas a los peticionarios.

Contra esa sentencia de la corte inferior se interpuso el presente recurso.

La mera exposición de los procedimientos tramitados en ambos casos en la Corte Municipal de Ponce basta para demostrar la improcedencia de esta apelación. Si los menores sólo reclaman un derecho de homestead sobre la casa que según ellos levantó su padre en el solar embargado; si los demandantes en el pleito sobre cobro de dinero no han solicitado ningún remedio que afecte los derechos alegados por los menores y por el contrario el solar fué vendido con la expresa condición de que el derecho de homestead no era afectado por la venta, ¿qué razón-tienen los menores para oponerse a la subasta en tales condiciones?

A mayor abundamiento, aunque someramente, considera-remos las dos cuestiones suscitadas por los apelantes: (a) la de que la subasta es nula por haberse celebrado el 19 de' septiembre de 1941 cuando a virtud de proclama del Gober-nador del 13 del mismo mes y con motivo' de la inaugura-ción del Gobernador Rexford G. Tugwell, se ordenó que en dicho día 19 permanecieran cerradas las oficinas del Gobierno Insular y las escuelas públicas en toda la Isla, exceptuando aquellas oficinas que por la índole de los ser-vicios que prestaban debían permanecer abiertas; (b) el no haberse notificado a los aquí' peticionarios la moción de reconsideración que los demandantes en el caso de cobro de dinero presentaron al Juez .Municipal de Ponce a fin de que dejase sin efecto su orden de 18 de septiembre de 1941 suspendiendo la subasta que se celebró el 19 del mismo mes.

En cuanto a la primera cuestión, bastará decir que el día 19 de septiembre de 1941 no era uno de los días especificados en el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Civil como inhábiles para actuar los tribunales y que la proclama del Gobernador sólo tuvo el efecto de una recomendación, por lo que no constituyó en inhábil para actuar los tribunales un día que no tenía ese carácter de acuerdo con la ley. Pueblo v. Díaz, 33 D.P.R. 493; Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 1, 9.

En cuanto a la segunda, diremos que una moción de reconsideración no necesita ser notificada a la parte contraria. 'Va dirigida a la sana discreción del tribunal y sí éste queda plenamente convencido de que su orden o providencia es errónea, el inciso 8 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, invocado por el juez municipal, le faculta para dejarla sin efecto a fin de dictar la que corresponda de acuerdo con la ley.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


text:
    Manuel Hernández Ruiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1117.

    Sometido: Enero 8, 1943.

      Resuelto: Enero 19, 1943.

      Buenaventura Esteves, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del -tribunal.

A virtud de lo prescrito en el artículo 71 de la vigente Ley Municipal al efecto de que solares edificados que estén cedidos por los municipios en usufructo por tiempo indeter-minado podrán ser vendidos por los municipios al usufruc-tuario siempre que las ventas sean aprobadas por las dos terceras partes del número total de miembros de que se com-ponga la Asamblea Municipal, el Municipio de San Sebas-tián, representado por su Alcalde, vendió a Manuel Hernán-dez Ruiz uno de dichos solares. Con el fin de inscribir su título, el comprador presentó al Registro de la Propiedad de Aguadilla la escritura número 99, de 30 de octubre de 1942, otorgada ante el notario Buenaventura Esteves, acompañada, de una certificación literal de la Ordenanza número 20, de la Asamblea Municipal, aprobada el 20 de mayo de 1942, por la que, a los efectos del citado artículo de la Ley Municipal, la Asamblea dividió los ejidos del pueblo en tres zonas, fijó el precio de los solares de cada una de ellas, y autorizó al Alcalde a venderlos de conformidad con lo prescrito en la citada ley.

Presentó además una certificación en relación, suscrita por el Secretario Auditor, a fin de acreditar que el derecho de uso de superficie del solar en cuestión había sido cedido a Hernández Euiz con anterioridad a la aprobación de la ci-tada ordenanza.

El registrador denegó la inscripción y en su lugar tomó anotación preventiva por ciento veinte días a favor del com-prador, basándose en que la certificación en relación antes aludida era insuficiente para establecer la concesión del. uso y aprovechamiento del solar.

Contra esta nota se interpuso el presente recurso, ale-gando el recurrente que la certificación es suficiente, pero que en caso de, no serlo, el defecto constituiría a lo sumo una falta subsanable.

La certificación, por su forma, es insuficiente. El artículo 431 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) en lo pertinente prescribe:

“Artículo 431. — Otros documentos oficiales podrán probarse como sigue:
(( ífe S& # V í£ 5&
“5. Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o departamento de la misma, mediante copia, certificada por el correspondiente archivero, o mediante un libro impreso, publi-cado por autoridad de dicha corporación.”

Complementando dicho precepto, el artículo 436 del mismo código dispone:

“Artículo 436. — Siempre que se certificare la copia de un escrito, para servir como evidencia, deberá el certificado "expresar en sustan-cia que la copia es fiel reproducción del original, o de una parte determinada del mismo, según fuere el caso. El certificado deberá traer el sello oficial del funcionario que certifica, si lo hubiere, .y si fuere secretario de un tribunal con sello, llevará el de dicho tribunal.”

Es verdad que las certificaciones en relación son válidas; pero su uso está permitido única y exclusivamente cuando se trata de certificaciones expedidas por los registradores de la propiedad de conformidad con el artículo 281 de la Ley Hipotecaria. Cualquier otra certificación de un documento oficial debe ajustarse a los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil antes citados.

Sin embargo, tiene razón el. recurrente al sostener que la falta, de existir, sólo constituye una de carácter subsanable. El defecto sólo existe en la forma externa de la certificación y no anula en manera alguna la validez de la obligación consignada en el título. Consecuentemente, constituye una falta subsanable.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar el recurso y ordenar la inscripción del documento, pero con el defecto sub-sanadle de no acompañarse una copia certificada del acuerdo de la Asamblea Municipal, acreditativa de haberse cedido al comprador, con anterioridad a la venta, el solar en cuestión.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,-

text:
    Miguel Nieves, demandante y apelante, v. William D. López, en su carácter de Comisionado Interino del Trabajo, demandado y apelado.
    Núm. 8553.

    Sometido: Diciembre 18, 1942.

      Resuelto: Enero 19, 1943.

      Hernán Franco, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, R. García Ontrón, Procurador General Auxiliar y Angel E. Franco Cabrero, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,-

emitió la opinión del tribunal.

La sección 1 de la Ley núm. 73 “Regulando el trabajo de mujeres y niños, y protegiéndolos contra ocupaciones peli-grosas” aprobada el 21 de junio de 1919 (pág. 497), según quedó enmendada por la Ley núm. 28 aprobada el 24 de abril de 1930 (pág. 267), dispone lo siguiente:

“Sección 1. — A ninguna mujer se le empleará o se le permitirá que trabaje en ninguna clase de ocupación lucrativa, en el período comprendido entre diez de la noche y las seis de la mañana, ni más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, ni más de cua-renta y ocho horas durante cualquier semana; Disponiéndose, sin embargo, que la limitación de ocho (8) horas puede ser ampliada a un período que no exceda de nueve (9) horas durante cualquier día natural, a condición de que a toda mujer de ese modo empleada a jornal, por más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, se le pagará por el trabajo que haga durante tal período extra a un tipo que sea doble del que se haya pagado en las ocho (8) horas •de trabajo precedentes; pero en ningún caso ninguna mujer será empleada ni se le permitirá que trabaje más de cuarenta y ocho (48) horas durante cualquier semana; Disponiéndose, que en la industria de empacar, enlatar o refrigerar frutas vegetales cual-quier mujer, mayor de 16 años, que no esté en estado de embarazo, podrá ser empleada durante las horas de la noche, siempre que no haya trabajado durante el día, y por un período no mayor de ocho horas ni más de 48 horas durante la semana.
“Esta sección no será aplicable a mujeres mayores de diez y seis .años, que estuvieren empleadas como telefonistas, telegrafistas, artis-tas, enfermeras, sirvientas.” (Bastardillas nuestras.)

El apelante en este caso solicitó de la corte inferior expi-diera nn auto de injunction contra el Comisionado Interino del Trabajo para que se abstenga, por sí o por medio de sus subalternos, de intervenir en su negocio y de iniciar procedi-mientos criminales contra él, alegando que los mujeres que emplea en el mismo son mayores de diez y seis años, telefo-nistas, y que, por lo tanto, están excluidas expresamente de la prohibición contenida en la ley antes citada. Los hechos alegados en la petición, según los sintetiza la corte inferior en su resolución y acepta el apelante como correctos, son los siguientes:

“Quo el demandante es dueño de una estación radiotelefónica ra-dicada en la calle Hipódromo Núm. 2 de Santurce, Puerto Rico, y de diez máquinas fonográficas conocidas por “velloneras”, que están instaladas en diez diferentes sitios comerciales de Santurce cada una y conectadas, por medio de circuitos telefónicos arrendados a la Com-pañía del Teléfono de Puerto Rico, a la estación del demandante radicada en la calle Hipódromo, la que en adelante llamaremos ‘la estación’; teniendo invertidos en dicho equipo y discos fonográficos $3650; que cuando una persona desea oír un disco fonográfico en una de las ‘velloneras’, inserta una moneda en la misma y al así hacerlo se enciende una luz roja en un ‘panel de control’ que existe en la estación y que es operado por una de las cuatro mujeres telefonistas, mayores de dieciocho años, empleadas por el demandante para operar la estación, las que se turnan entre sí de día y de noche y perciben un salario de $30 mensuales las que trabajan de día, y de $35 men-suales las que trabajan de nocbe; que la referida luz roja indica a la telefonista que en una de las diez ‘velloneras’ bay una persona que interesa la trasmisión de un disco fonográfico desde la estación, y en-tonces dicha telefonista, desde la estación, trasmite el disco que le han solicitado; que dicho negocio le produce al demandante un ingreso-neto de alrededor de $350 mensuales; que el demandado y sus subal-ternos se personaron en la estación el día 7 del próximo pasado mes de julio y, amparándose en las disposiciones de la Ley núm. 73 apro-bada por nuestra Asamblea Legislativa en 21 de junio de 1919, le pro-hibieron, bajo amenazas de procedimientos criminales, emplear muje-res telefonistas después de las diez de la noche; y que- el demandado se propone e intenta llevar a cabo dichas amenazas, así como también intenta y se propone cerrar el negocio del demandante, lo que expon-dría a éste a defenderse de una multiplicidad de procedimientos cri-minales que le causarían daños irreparables y destruirían su mencio-nado negocio.”

Puesto en entredicho el demandado radicó una excepción previa alegando que la petición no aducía hechos suficientes y contestó.- Practicada prueba por el demandante y oídas las partes la corte inferior dictó resolución dejando sin efecto la orden de entredicho y declaró sin lugar la petición por el fundamento de que “No habiéndose alegado ni probado que el estatuto a virtud del cual el demandado ha de instituir procedimientos criminales contra el demandante es inconsti-tucional y que por tal motivo la propiedad del demandante ha de sufrir daños irreparables, no cae este caso dentro de la excepción a la regla general de que las cortes de equidad carecen de jurisdicción para evitar la prosecución y castigo de delitos.”

Esta conclusión de la corte inferior está sostenida por amplia jurisprudencia, y es correcta, pero sólo cubre y puede ser aplicada a los hechos alegados en la petición que se refieren a la iniciación de procedimientos criminales por el demandado en contra del demandante. Dicha petición, sin embargo, expone otros hechos que no caen bajo la doctrina expuesta por la corte inferior, o sea la alegación contenida en el hecho 10 de qne el demandado “intenta y propone ce-rrar el negocio del demandante” qne también esta cubierta bajo el hecho 12 cnando se alega qne “las actuaciones, actos y amenazas del demandado y sns snbalternos hacia el deman-dante constituyen actos ilegales y transgresiones de ley, in-vocando el demandante la excepción qne especifica la refe-rida Ley número 73 del año 1919 exentando de la aplicación de la misma a las telefonistas del demandante.” (Bastardi-llas nnestras.)

En casos apropiados, nna corte de equidad tiene jurisdic-ción para impedir que un funcionario publico actúe en forma ilegal, sin que sea necesario alegar ni probar que la ley bajo la cual actúa sea inconstitucional. El caso más reciente re-suelto por esta Corte Suprema en el que se reconoce la ex-cepción a la prohibición estatutaria de que no se expedirá un auto de injunction para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del público, es el de White Star Bus Line, Inc. v. Sánchez, 59 D.P.R. 748, en el que se resolvió que puede recurrirse al re-medio de injunction cuando el funcionario trata de utilizar, para cumplir el estatuto, un medio que no está autorizado por la ley, siempre que la petición alegue los hechos reque-ridos para acudir a la jurisdicción de equidad. En casos de esta naturaleza no hay envuelta cuestión alguna de inconsti-tueionalidad de la ley sino si la ley autoriza o no la actuación del funcionario. Como se dijo en el caso de State ex rel. Ladd v. District Court, 15 L.R.A. (N.S.) 331, 334, citado en el de White Star Bus Line, supra, “Si (el funcionario) ac-túa sin autoridad para ello o excediéndose en la misma, no está haciendo cumplir un estatuto público.” Véase 28 Am. Jur., Injunctions, sec. 166; Cf. Adams v. Nagle, 303 U. S. 532.

Empero, la corte inferior limitó el alcance de su resolu-ción, según hizo constar, por el hecho de que: “No hay prueba de que el demandado haya amenazado al demandante con cerrarle su negocio, tal como se alega en la demanda”. Del examen que hemos hecho de la prueba presentada por el demandante la conclusión de la corte es enteramente correcta, y, no habiéndose probado esa alegación de la demanda el caso cae de lleno dentro de la doctrina general de que las cortes de equidad carecen de jurisdicción para impedir un proceso criminal, pues no conteniendo la demanda en este caso alegación alguna atacando la constitucionalidad de la ley y que, por dicho motivo, los derechos de propiedad del demandante hayan sido amenazados y como consecuencia su-friría daños' irreparables a menos que se impida al deman-dado cumplir con dicha ley, no es de aplicación esta única excepción a la mencionada regla general. 28 Am. Jur., Injunctions, secs. 233-235.

En el hecho 10 de la demanda lo único que se alega es que “el demandado se propone e intenta llevar a cabo dichas amenazas así como también intenta y propone cerrar el negocio del demandante, y• si esto se le permitiera al demandado, expondría al demandante a defenderse de una multiplicidad de procedimientos criminales que le causarían daños irreparables y acabarían con destruir el negocio del demandante, cuyos daños serían difíciles de determinar . . . ” No se alegan hechos que, por sí mismos y no a virtud de la conclusión legal, justifiquen los daños irreparables alegados. Véase Peña v. Vergne de la Concha, 37 D.P.R. 285; Benítez Rexach v. Municipio, 42 D.P.R. 107.

Somos de opinión que la demanda en este caso debió ha-berse desestimado por no alegar hechos suficientes constitu-tivos de causa de acción en equidad, según la regla estable-cida en nuestra jurisprudencia y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Spielman Motor Co. v. Dodge, 295 U. S. 89, 95, cuando se expresó por voz del Juez Presi-dente Sr. Hughes en esta forma:

“La regla general es que la equidad no intervendrá para impedir que se ponga en vigor un estatuto penal aunque éste sea inconstitu-cional. Hygrade Provision Co. v. Sherman, 266 U. S. 497, 500. Véanse también, In re Sawyer, 124 U. S. 200, 209-211; Davis & Farnum Manufacturing Co. v. Los Angeles, 189 U. S. 207, 217. Para justificar tal intervención tienen que concurrir circunstancias extraordinarias y una demostración clara de que el injunction es necesario a fin de proteger adecuadamente derechos constitucionales. Véase Terrace v. Thompson, 263 U. S. 197, 214; Packard v. Banton, 264 U. S. 140, 143; Tyson v. Banton, 273 U. S. 418, 428; Cline v. Frink Dairy Co., 274 U. S. 445, 452; Ex parte Young, 209 U. S. 123, 161-162 ....
“La petición radicada por el apelante no llenó este requisito. El apelante alegó que el fiscal de distrito hábía solicitado de un magis-trado de la ciudad de Nueva York expidiera un mandamiento orde-nando la comparecencia del apelante, para hacer una investigación de una queja formulada contra él por violación de las disposiciones del ‘Código de Ventas de Automóviles’, con el fin de presentar una acusación contra él por dicha violación. Alegó que el fiscal de distrito se proponía, a menos que fuera impedido, incoar un procedimiento criminal contra él. La ley estatal disponía que cualquier violación de las disposiciones del código sería un ‘misdemeanor’ castigable con una multa que no excediera de $500 por cada delito. La petición contenía alegaciones generales de daño irreparable y de que el peti-cionario sería privado de sus ‘'derechos, libertades, propiedades . e inmunidades’ sin el debido procedimiento de ley, si el estatuto era puesto en vigor. Pero la petición no alegó hechos suficientes para justificar tales conclusiones, que por sí eran insuficientes. La petición alegó que el apelante tenía un negocio grande de compra y venta de automóviles pero el estatuto no prohibía la continuación de dicho negocio, y la petición no contenía hechos que demostraran que los requisitos específicos del código, que estaban en controversia interven-drían de tal forma en el negocio que se exigiría el remedio de la equidad. Aparte de la declaración de conclusiones generales y no basadas en hechos, lo que presentaba esta petición era el caso corriente de un procedimiento criminal que le daría al apelante amplia oportu-nidad para la reclamación de sus derechos.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos la demanda no contiene alegación al-guna de que el negocio del demandante no podría continuar funcionando si en lugar de mujeres él hubiera empleado hombres para trabajar después de las diez de la noche, mien-tras se resolvía, en el caso criminal, si la ley era aplicable o no a las mujeres que él emplea como “telefonistas”. Nada hay en la descripción del negocio del demandante que indi-que que sea una condición inevitable para su éxito económico que deban ser mujeres y no hombres los que deban emplearse para trabajar después de las diez de la noche. Cualquier proceso criminal en contra del demandante no conlleva como consecuencia la destrucción de su negocio. Los hechos ale-gados no son suficientes para demostrar que el cumplimiento por el demandante de los requisitos exigidos por la ley le ocasionarían daños irreparables.

Tampoco la multiplicidad de procesos criminales que alega el apelante a que sería sometido es, por sí sola, suficiente para justificar la expedición de un auto de injunction en este caso. Aún cuando una corte de equidad puede intervenir para' evitar una multiplicidad de procedimientos perjudiciales a los derechos de propiedad, como regla general, no intervendrá para impedir procesos criminales por el solo hecho de que con ello se evite una multiplicidad de acciones. En 28 Am. Jur., Injunctions, sec. 235, se expone la regla en esta forma: “Está bien establecido que si el demandante puede evitar procesos subsiguientes desistiendo de cometer el acto ilegal imputado mientras se substancia el primer proceso, la equidad rehusará intervenir para prohibir alegadas amenazas de procesos por subsiguientes violaciones, por el hecho de que se alegue que el injunction sea necesario para evitar una multiplicidad de acciones.”

En el caso de Sullivan v. San Francisco Gas & Electric Co., 83 P. 156, se aplicó la doctrina diciéndose:

“No conocemos ningún principio de jurisprudencia que autorice a una corte de equidad, por el hecho de que evitará una multiplicidad de acciones o que evitará una intervención perjudicial con el negocio del demandante, a investigar en cuanto a la veracidad de cargos criminales que hayan sido o puedan ser formulados en su contra, a oír la prueba en cuanto a su culpabilidad o inocencia, a determinar con anterioridad a la decisión de las cortes criminales legalmente establecidas la cuestión de su culpabilidad o inocencia en cuanto a las denuncias ya formuladas, y de su probable culpabilidad o ino-cencia en cuanto a futuras denuncias y, de resolverse en su favor, anticiparse a la acción de las cortes de ley y prohibir por injunction el cumplimiento de un estatuto válido y constitucional en su contra por el único fundamento de que no existe suficiente prueba de su culpabilidad.. .La contestación a la solicitud del demandante es que el remedio de éste en las cortes de ley es completo y adecuado.”

Lo mismo podemos decir en este caso. El demandante tiene sn remedio en ley. Si' es procesado puede demostrar qne la ley regulando el trabajo de mujeres no es aplicable a las que él califica como “telefonistas”, cuestión sobre la.cual no expresamos opinión alguna, pero no puede pretender ha-cerlo, por anticipado, amparándose en un remedio de equidad con el fin de evitar lo,s procedimientos criminales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado'Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    María Aurora Vázquez Medina, demandante y apelante, v. Manuel González Martínez, demandado y apelado.
    Num. 8554.

    Sometido: Diciembre 16, 1942.

      Resuelto: Enero 20, 1943.

      R. Arjona Siaca, abogado de la apelante; Hugh R. Francis, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito de daños y perjuicios fallado sobre las alegaciones. El demandado excepeionó la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción y la corte declaró la excepción con lugar ordenando el registro de su resolución como sentencia a petición de la propia demandante.

Ésta tiene nueve años de edad y compareció representada por su padre natural. Funda su reclamación en los daños y perjuicios que sufriera a consecuencia de las contusiones que le causara, al arrollarla, el dos de abril de 1941 y en la calle Doctor G-oyco, de Caguas, un camión “guiado por un chófer agente del demandado, a sueldo de éste y en gestiones de negocios del demandado, para quien trasportaba en aquel momento una carga de productos alimenticios, destinada al ganado del demandado,” habiendo ocurrido el accidente “ex-clusivamente por negligencia del agente del demandado . . . sin . . . culpa alguna por parte de la demandante.”

Sostiene el demandado que de esos hechos no surge que él venga obligado a responder de los daños y perjuicios re-clamados.

No es perfecta la demanda en verdad. Hubiera podido fácilmente enmendarse para hacerla más clara y despejar toda duda, pero, tal como está, interpretada “con liberalidad, a fin de asegurar absoluta justicia entre las partes,” como ordena el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), y habiendo en consideración la tendencia reflejada en las decisiones de esta propia corte a dar a la palabra empresa que usa la ley una significación cada vez más amplia siguiendo el criterio reparador en que se inspiran las decisiones del continente en esta clase de casos, sin dejar de cumplir la ley escrita vigente sobre la materia, aduce una causa de acción a nuestro juicio.

Que el chófer era el agente del demandado, se alegó ex-presamente, y que dicho agente actuaba por su principal “en negocios” de éste, también se alega de modo expreso. El hecbo de tratarse de nn camión es por sí solo significativo. Además, de las otras alegaciones se deduce que el negocio del demandado en qne actuaba sn agente era el de ganado, para alimentar el cual se transportaban en el camión los productos.

Siendo ello así no tenemos dnda de que el “negocio” en este caso puede calificarse de “impresa” dentro del signifi-cado de la ley y la jurisprudencia. Acha v. Nevares, 59 D.P.R. 235; Aponte v. Palacios, 55 D.P.R. 697; Morales v. Otero, 53 D.P.R. 569; Lotti v. The Charles McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334, y casos en ellos citados.

En cuanto a que no es suficiente la alegación de negligencia que la demanda contiene, bastará, referirnos a la propia autoridad — 38 Am. Jur., Negligence, §261 — que para sostener lo contrario cita la apelada al levantar en su alegato la cuestión — cuestión que dicho sea de paso no surge de los autos que fuera considerada por la corte sentenciadora, ni se trata por el apelante en su alegato. De la jurisprudencia que resume dicha autoridad aparece claramente que constituyendo la negligencia como constituye un hecho último (ultimate fact) y no una conclusión, puede alegarse en términos generales como aquí se hizo.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Soledad y Severiana Lloréns Torres, demandantes y apelantes, v. Juan Arbona Reynes y G. Linás & Cía., demandados y apelados.
    Núm. 8298.

    Sometido: Junio 9, 1942.

    Resuelto: Enero 20, 1943.

      Luis Lloréns Torres, abogado de las apelantes; E. T. Fiddler, H. S. McConnell y José E. González, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Las hermanas Soledad y Severiana Lloréns Torres radi-caron una demanda de interdicto para recobrar la posesión de la “Hacienda Soledad”, contra donjuán Arbona Reynes, el 14 de mayo de 1937. Alegaron qne el día 13 de junio de 1936 y desde varios años con anterioridad a esa fecha esta-ban en posesión quieta y pacífica de la finca, en la que tienen constituido su hogar seguro; que el día 13 de junio de 1936 fueron despojadas de esa posesión, despojo que se realizó, primeramente, el 22 de mayo de 1936 y posteriormente el 13 de junio del mismo año, mientras dichas demandantes se ha-llaban temporalmente en la ciudad de Ponce; que el acto de despojo fué realizado por el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce y el Sr. Ramiro Lázaro, quien actuaba en enten-dido con el demandado Juan Arbona Reynes, sin el consen-timiento previo y contra la voluntad de las demandantes; y, por último, que para la fecha de la radicación de la demanda Juan Arbona Reynes estaba en posesión del inmueble des-crito en la demanda.

Contestó el demandado Arbona, negando que para las fechas mencionadas en la demanda las demandantes estuvie-ran en posesión de la finca o que fueran despojadas de po-sesión alguna. Alegó en contrario que las demandantes re-sidían en la ciudad de Ponce y no tenían hogar seguro cons-tituido en la “Hacienda Soledad” y, además, que el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, José R. Rodríguez, le en-tregó la posesión del inmueble objeto del litigio, pero que dicha posesión no le fue entregada contra la voluntad de las demandantes ni a través de despojo, violencia o fuerza al-guna.

Alegó como defensas especiales que había adquirido la posesión del inmueble descrito, por compra que hiciera del mismo al National City Bank of New York, el cual había adquirido; a su vez, dicho inmueble y la posesión del mismo por adjudicación en públicas subastas celebradas el 22 de mayo de 1936 en dos casos sobre ejecución de hipoteca, se-guidos por dicho banco contra Tibureio Lloréns Torres y otros; y además, que él entró en posesión del inmueble des-crito en la demanda, pacíficamente y sin oposición de persona alguna.

Los hechos probados en la vista ante la corte de distrito son como sigue:

Las demandantes, Soledad y Severiana y sus hermanos Gregoria, Tibureio y Luis Lloréns Torres, y el padre de ellos don Luis Lloréns Echevarría, eran condueños de la “Hacienda Soledad”. En distintas fechas hipotecaron sus condominios por $5,000 y $8,000, y las hipotecas fueron más tarde cedidas al National City Bank of New York. Venci-dos los dos créditos, el banco inició dos procedimientos eje-cutivos hipotecarios, uno en contra de los hermanos Lloréns Torres y otro contra los mismos y las esposas de Tibureio y Luis. Vencidos los treinta días siguientes al del requeri-miento de pago- Pecho a los demandados, se subastaron los condominios el 4 de marzo y el 22 de mayo de 1936, respec-tivamente. Adjudicados al banco ejecutante los condominios hipotecados el márshal otorgó en las mismas fechas las es-' crituras de ventas judiciales correspondientes.

El 23 de mayo de 1936, el Márshal de la Corte de Dis-trito de Ponee, en compañía del Sr. Eamiro Lázaro, Gerente del National City Bank of New York, fue a la finca y noti-ficó a los medianeros que allí vivían que la finca había sido adjudicada al banco, pero no le dió posesión material de ella al Sr. Lázaro.

El 13 de junio de 1936, el márshal, a requerimiento del banco, volvió a la finca y después de descerrajar la puerta de la casa vivienda de las demandantes, sacó los muebles que allí había y los mandó en un camión a otra finca de don Ti-burcio Lloréns. En la tarde de ese mismo día, el márshal le dió posesión de la finca, por orden del Sr. Lázaro del National City Bank, a Juan Arbona Reynes, el demandado, que ya estaba en posesión de parte 'de ella desde fecha anterior.

En las órdenes dictadas por la corte en los casos Núm. 9382 y Núm. 9383 sobre ejecución de hipoteca, supra, des-pués de ordenarse que se “requiriera de pago a los deman-dados” del capital e intereses adeudados, se hizo constar lo siguiente:

‘ ‘... apercibiéndoles de que si no efectuaren dicho pago dentro del término fijado de treinta días, se procederá a la venta en pública subasta de los bienes hipotecados que se describen en el Escrito Inicial, para con su importe hacer el pago de dichas responsabilidades en la forma que determina la ley sobre el modo de satisfacer las sentencias que se dicten en procedimientos especiales para el cobro de hipotecas, y notifíquese de este procedimiento a El Pueblo de Puerto Rico quien tiene gravámenes sobre los bienes que aquí se ejecutan posterior (sic) al crédito hipotecario de la demandante, con-forme provee el artículo 171, inciso 5o. del Reglamento para la Ejecu-ción de la Ley Hipotecaria.”

Con posterioridad a la vista del caso, las demandantes radicaron una demanda complementaria, designando a G. Llinás & Cía., S. en C., como parte demandada y alegando entre otras cosas qne dicha sociedad había adquirido del co-demandado Arbona, durante la pendencia y a sabiendas del litigio una porción de la finca objeto' del pleito.

La sociedad codemandada contestó, así también como el codemandado Juan Arbona Reynes, haciendo más o menos las mismas alegaciones que se hicieron en la contestación a la demanda original y alegando además G. Llinás & Cía., S. en C., su condición de tercero por haber comprado de quien tenía título inscrito en el Registro de la Propiedad sin de-fecto alguno y sin anotación alguna de lis pendens.

Las partes acordaron someter la vista de la demanda complementaria y de las contestaciones a la misma por la misma prueba practicada en la vista ya celebrada.

La Corte de Distrito de Ponce, con fecha 3 de noviembre de 1938, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda original y la complementaria, con costas. Apelaron las deman-dantes.

De las varias cuestiones legales suscitadas por los ocho señalamientos de error, dos solamente merecen consideración. Son las siguientes:

1. ¿Estuvieron las demandantes apelantes en la posesión del inmueble durante el año que precedió a la fecha en que se radicó la demanda?

2. ¿Estaba facultado y autorizado el márshal de la corte inferior para penetrar en la finca de las demandantes, ex-pulsar a éstas del inmueble y poner en posesión al deman-dado ?

La primera cuestión fué planteada y resuelta por la corte inferior en la forma siguiente:

“La cuestión principal, el issue, a resolver en este caso es si las demandantes estaban o no en posesión de la Hacienda Soledad dentro del año anterior a la radicación de la demanda, y si fueron despo-jadas ilegalmente de dicha posesión por el codemandado Juan Arbona Reynes. La dificultad que ha encontrado la corte para resolver esta cuestión surge de la propia prueba contradictoria de las demandantes. Ha demostrado ésta, que si bien las demandantes iban a su finca y allí tenían a un encargado llamado Dávila, es un hecho probado también que desde varios días antes del 13 de junio de 1936, en que fué el márshal a darle posesión al banco, ya estaba el aquí deman-dado, Juan Arbona Reynes, en posesión de la finca o de parte de ella. No es de esta posesión anterior de Arbona que se quejan las demandantes, sino de la específica del 13 de junio en adelante. Si ya Arbona estaba en posesión, ¿cómo pudo despojar a las demandantes en fecha posterior?
"Del récord taquigráfico tomamos los siguientes extractos de la declaración del 'testigo de las demandantes, Rafael Angel Dávila. Testimonio directo, página 36:
“ ‘¿Quién está actualmente en posesión de esa finca?
“ ‘Pues actualmente, esa finca, según noticias...
“ ‘No, no, no, según noticias no. ¿Quién la está poseyendo ahora?
“ ‘Actualmente es de don Juan Arbona Reynes.
“ ‘¿Él es el que la está poseyendo ahora?
" ‘Sí, señor.
“ ‘¿Desde cuándo?
" ‘Desde seis o siete días antes del 13 de junio.
‘¿Dijo usted que don Juan Arbona estaba en posesión de esa finca desde algunos días antes del 13 de junio de 1936?
" ‘Sí, señor.
“ ‘¿Él estaba en posesión de la finca?
" ‘Sí, señor.
" ‘¿De manera que cuando fué el márshal allí, el día 13 de .junio de 1936, ya don Juan Arbona Reynes estaba en posesión de la finca?
" ‘De parte de la finca, porque tengo entendido que tenían que ■estar de acuerdo los dueños anteriores con que don Juan Arbona se posesionara de esa finca y don Juan Arbona Reynes no fué a pose-sionarse de la finca, sino que empezó los trabajos por las últimas piezas de arriba; entró sin encomendarse a nadie; entró pór Las Papas, una de las piezas de las más altas.
" ‘¿De manera que para el 13 de junio ya don Juan Arbona •estaba en posesión de, por lo menos, parte de la finca Soledad?
“ ‘Sí.
"De. manera que, independientemente de si el márshal tenía una orden legal y válida de la corte para dar posesión al banco el 13 de junio de 1936, la prueba de las demandantes demuestra que el codemandado Juan Arbona Reynes, desde varios días antes, estaba ■en posesión de la finca o de parte de ella y estaba trabajando en unas piezás de la misma, sin objeción alguna de las demandantes y sus empleados. Es más, la prueba demuestra que cuando el márshal fué a la finca en la mañana del 13 de junio de 1936, el codemandado Juan Arbona Reynes no estaba presente ni tomó participación alguna en el desalojo de los muebles de la casa, que fué lo único que hizo-el márshal, y que no fué hasta ese mismo día, por la tarde, que dicho funcionario, a virtud de orden del banco, y después del desahucio, que le dió posesión al Sr. Arbona. Del récord taquigráfico aparece el márshal, Sr. Rodríguez declarando en su testimonio directo así:
“Páginas 49 y 50.
“ '¿Usted el día 13 de junio de 1936 estuvo en la Hacienda Soledad, en el barrio de Collores, de Juana Díaz?
'"Sí, señor.
“ ‘¿Con quién estuvo usted?
“ ‘Con el submárshal Morales.
“ ‘¿Quién más estuvo con ustedes allí?
“ ‘Aquí, pero allá nadie más.
“ ‘¿Allí no se encontraron ustedes con el señor Arbona?
“ ‘No. El señor Arbona no estaba allí en la finca. El señor Arbona estaba en su casa.’
“Y en la repregunta a la página 64:
“ ‘¿Él no protestó de que ustedes le dieran posesión al señor don Juan Arbona?
“ ‘No, señor. Don Juan vino por la tarde; después que nosotros habíamos hecho el desahucio, el lanzamiento, y después fué que le dimos posesión a don Juan, a virtud de orden del National City Bank. ’.
“Consideramos, por lo tanto, que no se ha probado la alegación esencial de la demanda en este caso, o sea que ‘el día 13 de junio de 1936 el aquí demandado Juan Arbona Reynes, aprovechándose de que en ese día ninguna de las demandantes se hallaba en la finca, se personó en ella acompañado de José R. Rodríguez, quien entonces era márshal de esta corte y como tal era reconocido en aquel lugar, y con amenazas de fuerza y violencia, el dicho Arbona, ayudado por el citado márshal, se incautó de la posesión real o tenencia material de la finca en su totalidad, etc. ’ No hay prueba alguna que demuestre que el codemandado Juan Arbona Reynes, por sí o actuando a nombre del National City Bank tomara participación alguna en los hechos realizados por el márshal, pues éste, en todo momento actuó sin la intervención de Arbona y por órdenes directas del National City Bank, que no es parte demandada en esta acción. Considerando este hecho y el otro de que Arbona ya estaba en posesión por lo menos de parte de la finca desde antes del 13 de junio de 1936, tenemos que llegar a la conclusión de que las cuestiones legales planteadas por las demandantes en cuanto a si el márshal tenía o no una orden legal en los casos núm. 9382 y núm. 9383, supra, para darle posesión de la finca al National City Bank, no pueden ser resueltos en este caso, precisamente por no ser parte en este caso dicha institución, y al efecto hacemos constar que nada de lo anteriormente expuesto debe interpretarse en el sentido de que resolvamos que el márshal tenía o no autoridad para actuar en la forma en que lo hizo en relación con el banco.
“En cuanto a la codemandada, G. Llinás & Co., S. en C., habiendo ésta adquirido parte de la finca por compra al Sr. Arbona, que era el dueño, según aparece en el registro de la propiedad, tampoco se le ha conectado con los hechos ocurridos el 13 de junio de 1936.
“Por las razones expuestas, la corte es de opinión que procede declarar y declara sin lugar la demanda y la demanda complemen-taria en este caso, con costas sin que éstas incluyan honorarios de abogado. ’ ’

Las conclusiones de la corte inferior son a nuestra juicio contrarias a las alegaciones y a la prueba. En el párrafo cuarto de la demanda, las demandantes dicen:

“Alegamos además que el despojo mencionado se realizó del siguiente modo. Primeramente, en un día posterior al 22 de mayo y anterior al 13 de junio de aquel año 1936, en cuya fecha se hallaban temporalmente en Ponce las demandantes,.. .se personaron en el inmueble los señores Ramiro Lázaro y el Márshal de esta Corte; y allí, entonces, según información y creencia que han tenido ahora las demandantes, el dicho Lázaro, actuando en entendido con el aquí demandado Juan Arbona, para que éste se incautara de la posesión del inmueble, requirió a los empleados de las demandantes en la finca para que la desocuparan, diciéndoles que ya no era propiedad de dichas demandantes. Y posteriormente, el citado día 13 de junio de 1936, el aquí demandado Juan Arbona Reynes, aprovechándose de que en ese día ninguna de las demandantes se hallaban en la finca, se per-sonó en ella acompañado de José R. Rodríguez quien entonces era Már-shal de esta Corte ... ; y con amenazas de fuerza y violencia, el dicho Arbona, ayudado por el citado Márshal, se incautó de la posesión real o tenencia material de la finca en su totalidad...; todo ello sin consentimiento y contra la voluntad de las demandantes y de sus agentes y empleados en la propiedad y con la oposición de éstos; y ambos, maliciosamente, simulando que llevaban autorización y mandamiento de esta Corte de Distrito y que actuaban bajo su auto-ridad, obligaron a los empleados de las demandantes a abandonar la finca y a sacar el ganado que pastaba en sus terrenos, y arrojaron a la calle los muebles y ropas del hogar que allí tenían y tienen en concepto de homestead dichas demandantes, etc.”

Es evidente que las demandantes se quejaron de dos ac-tos distintos de despojo, ambos realizados por el mismo de-mandado Arbona, ayudado por el márshal de la corte de dis-É, trito. En el primero, el demandado se incautó de parte de la finca. En el segundo, el márshal expulsó de la finca a los representantes de las demandantes, dejando al demandado en posesión de la totalidad del inmueble.

La evidencia ofrecida por las demandantes para sostener las anteriores alegaciones demostró fuera de toda duda que las hermanas demandantes estuvieron en posesión de la finca desde el año 1928 hasta el 13 de junio de 1936 en que fueron echadas de ella por el márshal de la corte; que mientras las demandantes se encontraban en Ponce, la finca y la casa que-daban bajo el cuidado de un joven mayordomo llamado Rafael Angel Dávila; que la casa que había en la finca era .el único hogar de las demandantes; que éstas, al irse a Ponee, no lo hicieron con la intención de abandonar la finca; y que el encargado de la finca se opuso a y protestó contra los ac-tos realizados allí por el márshal y el demandado. .

José Ramón Rodríguez, Márshal de la Corte de Distrito de Ponce declaró que el día 13 de junio de 1936 fue reque-rido por el Sr. Lázaro del National City Bank para que fuera a poner en posesión de la finca al Sr. Arbona; que cuando iba para la finca encontró al encargado de la misma y le dijo a lo que iban; que cuando estaban sacando los muebles, llegó el encargado Dávila, representante de las Lloréns, y protestó y se alteró hasta el punto de que él, el márshal, mandó a buscar al Cabo de la Policía; que todo lo hecho por él allí lo hizo “por virtud de la orden de subasta, de la orden de-cretando la venta en pública subasta de los bienes”; que él entendió de buena fe que el mandamiento para la subasta in-cluía el dar posesión de la finca.

Establecido el hecho de que las demandantes estaban en posesión de la finca en la fecha en que fueron despojadas de dicha posesión por el márshal, pasemos ahora a resolver si dicho funcionario estaba legalmente autorizado para proce-der en la forma en que lo hizo.

El artículo 2 de la “Ley Relativa a las Sentencias y la Manera de Satisfacerlas”, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, página 122, dispone:

"Artículo 2.' — Siempre que en pleito sobre ejecución de hipoteca, se expida por cualquier tribunal, que tenga jurisdicción en el asunto, una orden para ejeeutar dicha hipoteca sobre una propiedad inmue-ble, dicha orden tendrá toda la fuerza y efecto de un auto orde-nando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio, como entre éstas y cualesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en virtud de cualquier derecho adquirido durante el mismo, y él tribunal así lo dispondrá en el fallo, expidiendo una orden para que el márshal o cualquier otro funcionario que ejecutase la orden de venta, proceda en virtud de dicha orden a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida dentro, del plazo de 30 días contados desde él de la venta.” (Bastardillas nuestras.)

Es indudable que el demandado Arbona, como comprador de los condominios adjudicados al National City Bank por virtud de la subasta, tenía igual derecho que el baneo a que se le pusiera en posesión de la propiedad subastada. Ni el banco ejecutante ni su cesionario, el aquí demandado, tenían derecho por el solo hecho de la subasta y adjudicación a pe-netrar en la finca de las demandantes y a despojar a éstas de la posesión en que se encontraban como dueñas del in-mueble. Ega posesión sólo podían adquirirla el ejecutante o su cesionario por virtud de una orden expedida por la corte que decretó la subasta, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo de la Ley Relativa a las Sentencias y la Ma-nera de Satisfacerlas.

¿Podía el márshal de la corte de distrito, por el solo he-cho de ser márshal y sin autorización expresa de la corte de distrito, lanzar de la finca a las demandantes y poner en po-sesión al demandado? El texto claro del citado precepto legal nos obliga a contestar esta pregunta en la negativa. Para que el marshal pueda poner en posesión al comprador de una propiedad vendida por él en pública subasta para satisfacer el importe de una hipoteca, es preciso que la misma corte que ordenó la venta de la propiedad disponga en su fallo que la orden de venta “tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión”, y, además, que dicha corte ex-pida una orden para que el márshal u otro funcionario qué ejecutase la orden de venta proceda en virtud de la misma a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida dentro de los treinta días siguientes al de la subasta.

Ya hemos visto {supra) que en las órdenes dictadas en los procedimientos ejecutivos seguidos contra las demandan-tes solamente se dispuso que se procediera a requerir de pago a las deudoras hipotecarias, apercibiéndolas de que si no efectuaren dicho pago dentro del término de treinta días, se procedería a la venta de los bienes hipotecados.

Alegan los demandados apelados que la ley no requiere que en la sentencia final u orden de ejecución dictada en un ejecutivo hipotecario se incluya una orden para que el már-shal proceda a poner al comprador en posesión de la pro-piedad vendida, dentro del plazo de treinta días contados desde el de la venta. Basan su argumentación en el conflicto que según ellos existe entre el texto español y el inglés del artículo 2 de la Ley Sobre Sentencias y la Manera de Sa-tisfacerlas. Alegan, además, que la subasta de marzo 4 de 1936 no dió al ejecutante el derecho de posesión, porque a virtud de ella se adquirió algo menos de la mitad de los con-dominios de la finca; y que el banco adquirió el derecho a tomar posesión de la totalidad del inmueble por virtud de la subasta de mayo 22 de 1936, cuando adquirió otros condo-minios que le dieron la mayoría absoluta y por tanto el de-recho a administrar.

El alegado conflicto es más aparente que real. El texto inglés del citado artículo 2, después de proveer que la orden para la ejecución de una hipoteca tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión — “shall have all the force and effect of a writ of possession” — requiere impera-tivamente que el tribunal así lo dispondrá en el fallo — “and the court shall so direct in the judgment providing for the issuance of such order”. De la misma argumentación de los apelados se desprende claramente la necesidad de que en el fallo de la corte se incluya una orden autorizando expre-samente al márshal para que ponga al comprador en pose-sión del inmueble vendido en la subasta. En ninguno de los dos fallos dictados en los procedimientos 9382 y 9383 segui-dos contra las apelantes se incluyó la orden de posesión. Se-guramente la corte inferior estuvo justificada al no incluir dicha orden en la primera subasta, celebrada el 4 de marzo de 1936, ya que por virtud de ella el banco adquiría menos de la mitad de la finca. ¿Qué razón tuvo la corte para no incluirla en el fallo por virtud del cual se celebraron las dos subastas de mayo 22 de 1936? ¿Cómo es posible aceptar que se delegue al márshal la facultad de determinar cuándo debe y cuándo no debe poner al comprador en la posesión del in-mueble? El márshal, como funcionario ministerial o ejecu-tivo, debe limitarse a cumplir estrictamente lo que se le or-dene por la corte, sin detenerse a considerar las razones acer-tadas o erróneas en que la orden se funde. Sucesores de Villamil & Cía. v. Sold, 22 D.P.R. 531; Sánchez et al. v. Cuevas Zequeira, 23 D.P.R. 50. En el caso de autos el márshal, al dar posesión de la finca al demandado Arbona y al echar de la misma a las demandantes, actuó sin autorización legal y su acto constituyó un despojo ilegal de la posesión que te-nían las' demandantes. La corte inferior erró al no dictar el interdicto solicitado.

Para mayor claridad haremos constar que el márshal no ■ está autorizado, por la sola razón de su cargo, para poner en posesión del inmueble al comprador en la subasta. Es necesario que la corte le ordene expresamente que así lo haga. Esa orden puede ser incluida en la de ejecución de la hipo-teca sobre el inmueble, de acuerdo con el artículo 2, supra, o dictada separamente, antes o después de la subasta, a mo-ción de parte interesada. En el caso de autos rio se hizo ni en una ni en otra forma.

Del récord ante nos aparece que ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico se tramitó el caso de Equidad Núm. 2329, iniciado por las aquí demandantes y otros contra los aquí demandados ante la Corte de Dis-trito de Ponce y trasladado por los demandados al tribunal federal; y que dicho caso terminó por sentencias de enero 4 de 1941 y mayo 15 de 1942, por las cuales se desestimó la demanda.

No tenemos dato alguno que pueda ilustrarnos en cuanto a los derechos que hayan podido adquirir los aquí demanda-dos por virtud de los procedimientos seguidos ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en el citado caso de Equidad Núm. 2329. Por consiguiente, la sen-tencia que hemos de dictar en el presente caso estará subor-dinada a y no afectará en manera alguna el derecho de po-sesión que los aquí demandados hayan adquirido por virtud de orden o decreto del tribunal federal.

La sentencia recurrida debe ser revocada y el caso devuelto a, la corte inferior para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr. no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Vicente Collazo, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Alberto S. Poventud, Juez, demandada.
    Núm. 1501.

    Sometido: Enero 18, 1943.

      Resuelto: Enero 20, 1943.

      Carlos E. Colón, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Collazo radicó ante la Corte Municipal de Ponce una querella jurada contra la American Coffee Sliop, Inc. en reclamación de $117.60 por concepto de horas extras de trabajo de acuerdo con la sección primera de la Ley núm. 49 aprobada el 7 de agosto de 1935 (Sesión Especial, pág. 539) acogiéndose a la Ley núm. 10 aprobada el 14 de noviembre de 1917 ((2) pág. 217), según enmendada posteriormente, que determina el procedimiento para estos casos de reclamacio-nes de obreros y empleados contra sus patronos por compen-sación de su trabajo. Celebrada la vista correspondiente dicha corte declaró con lugar la querella y apelado el caso para ante la Corte de Distrito de Ponce al celebrarse la vista de novo la querellada formuló una excepción previa alegando que la querella no aducía hechos suficientes. Oídas las par-tes, la corte inferior a virtud de resolución dictada en corte abierta, declaró con lugar la excepción previa y desestimó la querella. Fundamentó su resolución la corte inferior en el caso de Martínez v. Johnson, resuelto por la Corte Suprema de Nevada en diciembre 9 de 1941 (119 P. (2d) 880), del cual citó m extenso, para llegar a la conclusión siguiente:

“La Corte entiende, como bien se dijo en el caso que hemos citado, que un acto verificado, o un contrato llevado a. efecto en desobediencia o contravención de la ley, no crea un derecho o acción, basado en el cual la corte pueda hacer justicia; pues si bien es verdad que las partes no están en ‘pari delicto’, porque solamente se fija una penalidad al patrono, sin embargo, ambas están ‘in delicto’, de tal manera que no se puede-extender el supuesto contrato, a tal extremo que pueda entenderse que una de las partes debe pagarle a la otra por el exceso de tiempo trabajado.”

Para revisar la resolución de la corte inferior, Vicente Collazo radicó una petición de certiorari ante esta Corte ale-' gando como fundamentos para que se expida el auto (A) que la corte inferior cometió grave error al resolver .que la demanda no aducía causa de acción por ser nulo el contrato de arrendamiento de servicios, y (B) porque cometió grave error al aplicar al caso de autos la doctrina enunciada por el Tribunal Supremo de Nevada en el de Martínez v. Johnson, supra.

Es obvio que los errores alegados en la petición ñi son de procedimiento ni atañen a la jurisdicción de la corte. Repetidamente hemos resuelto que la resolución de excepciones previas en un sentido o .en otro no puede alegarse como error de procedimiento revisable por certiorari. Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169; Hull v. Corte, 42 D.P.R. 151; Delgado v. Corte, 52 D.P.R. 961; Smallwood v. Corte, 53 D.P.R. 742 y Santana v. Corte, 58 D.P.R. 568. Esto no obstante creemos conveniente hacer algunas observaciones adicionales.

La sección 1 de la Ley núm. 10 de 1917, según enmendada en años posteriores hasta el 1935 que está en vigor, dispone, en lo pertinente, que:

“Sección 1. — -(Según quedó enmendada por la Ley No. 12 de 2 de julio de 1923, la Ley No. 14 de 12 de abril de 1931 y la Ley No. 40 de 17 de abril de 1935.) — Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados por dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada, podrá comparecer ante la corte municipal, del distrito judicial en que realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación y formular contra el patrono una querella que extenderá o llenará, según fuere el caso, el juez o el secretario de la corte, en la cual se expresarán bajo juramento, por el obrero o empleado, los hechos en que se funda la reclamación.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 8 de la misma ley provee que cualquiera de las partes que se creyere perjudicada por la sentencia de la corte municipal podrá apelar para ante la corte de distrito, dis-poniéndose en otras secciones el procedimiento a seguirse ante la misma. La sección 12 dispone que “En ningún caso se dará más de una apelación en los juicios sobre reclama-ción de salarios agrícolas.” (Bastardillas nuestras.)

De manera que, todo caso iniciado en las cortes munici-pales y resuelto en apelación por las cortes de distrito, que no envuelva una reclamación de salarios agrícolas, puede ser apelado para ante esta Corte Suprema bajo el inciso 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil “si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin compren-der frutos o intereses excediera de trescientos dólares”.

Como la reclamación en el caso de autos es de sólo $117.60 la sentencia dictada por la corte inferior no es apelable para ante esta Corte Suprema. .¿Significa esto, sin embargo, que puede acudir se al recurso de certiorari? No obstante el loa-ble esfuerzo que hace el abogado del .peticionario para con-vencernos de que debemos expedir el auto, no autorizándolo expresamente la Ley núm. 10 de 1917, supra, la pregunta tiene que ser contestada en la negativa.

Dada la importancia de la cuestión legal envuelta en este caso, no creimos conveniente desestimar la petición con un no ba lugar escueto como lo hubiésemos hecho en un caso co-rriente; debiendo entenderse, sin embargo, que la denega-ción del auto no implica, en forma alguna, que estemos con-formes con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Nevada y adoptada por la corte inferior, cuestión sobre la cual pasaremos cuando se nos someta en nn caso apropiado.

Por las razones expuestas, no ha lugar a expedir el ando solicitado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Carmen Viñas Viuda de Ramírez, demandante y apelante, v. Sergio Cuevas, en su carácter de Comisionado del Interior de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8450.

    Sometido: Noviembre 24, 1942.

      Resuelto: Enero 22, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar, H. González Blanes y Carlos V. Dávila, abogados de la apelante; M. Rodríguez Ramos, Procu-rador General Interino y A. E. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de julio de 1941 Carmen Viñas presentó en la Corte de Distrito de San Juan una petición para que se librara un auto de mandamus dirigido contra Sergio Cuevas en su ca-ráeter de Comisionado del Interior, ordenándole la inmediata expedición a favor de la demandante de una licencia de au-tomóvil para actuar como porteador público durante el año 1941-42 mediante el pago de treinta dólares.

El demandado excepcionó y contestó la demanda oponién-dose a la solicitud y la corte el 4 de septiembre de 1941 dictó sentencia declarándola sin lugar con imposición de las costas a la peticionaria.

Ésta apeló y señala en su alegato como único error el co-metido a su juicio por la corte sentenciadora al resolver que de acuerdo con la Ley núm. 75 de abril 13, 1916 (pág. 145), enmendada por la núm. 33 de abril 14, 1941 (pág. 549), los vehículos de servicio público con capacidad para más de siete pasajeros explotados por una empresa pagaban cincuenta y cinco dólares anuales por derecho a licencia, cuando la refe-rida ley exige solamente treinta.

No obstante haberse radicado la transcripción desde noviembre 15, 1941, no fue hasta junio 3, 1942, que la parte apelante presentó su alegato. Como no se llamara la aten-ción de la corte, hechos ya los señalamientos ordinarios para antes de las vacaciones, la vista del recurso se fijó para no-viembre 24 último, día en que fue en efecto celebrada.

Así las cosas, al estudiar el caso para decidirlo en su fondo, nos encontramos con que de ser resuelto en favor del apelante, la sentencia no podría ejecutarse porque el año eco-nómico durante el cual estaba llamada a tener efecto la li-cencia de que se trata había expirado desde junio 30, 1942. La cuestión a- resolver dejó en tal virtud de tener existencia práctica. Es académica, y los tribunales no se han consti-tuido para resolver esa clase de cuestiones. De acuerdo con la jurisprudencia aplicable a tales casos, procede la desesti-mación del recurso.

“Está bien establecida,” se dice en 3 Am. Jur., Appeal and Error, §733, “la regla de que no se concederán recursos de revisión para decidir cuestiones abstractas, si que sólo para corregir errores que perjudiquen los derechos de al-guna parte litigante. De conformidad, se desestimará una apelación si la cuestión planteada es ficticia o académica o, sin ninguna culpa de la parte apelada, ocurre un incidente que hace su decisión innecesaria o imposibilita conceder a la corte de apelación remedio efectivo.”

Esa es la regla general. Existen excepciones, tales como el interés público continuo y la imposición de costas. La primera quedó expuesta y aplicada por la Corte Suprema de los Estados Unidos como sigue:

"Se observará que la orden de la Comisión exigía que los ape-lantes cesaran y desistieran de concederle a Young la alegada prefe-rencia indebida por un período de no menos de dos años desde al 1 de septiembre de 1908 (que luego se prorrogó a noviembre 15). De allí que se alegue que habiendo prescrito la orden de la Comisión y siendo por tanto el caso académico, debe desestimarse la apelación.
"Repetidas veces ha dicho esta corte que sólo resolverá contro-versias reales, y si, pendiente la apelación, ocurre algo sin la culpa del apelado que hace imposible, si nuestra decisión fuera en favor del apelante, concederle un remedio efectivo, se desestimará la apela-ción. Jones v. Montague, 194 U. S. 147, y Richardson v. McChesney, resuelto el 28 de noviembre en este término, 218 U. S. 487. Pero en esos casos los actos que se trataba de impedir ya habían sido completamente ejecutados, y ningún efecto hubieran tenido las sen-tencias de la corte si hubiera continuado la tramitación de los casos. Éste cae dentro de la regla mencionada en United States v. Trans-Missouri Freight Ass’n., 166 U. S. 290, 308, y Boise City Irr. & Land Co. v. Clark (C. C. A., 9no. Cir.), 131 Fed. Rep. 415.
"En el presente caso la orden de la Comisión puede hasta cierto punto (sin que sea necesario precisar hasta qué punto) ser la base de futuros procedimientos. Pero hay una razón más amplia. Las cuestiones envueltas en las órdenes de la Comisión de Comercio Interestatal son corrientemente continuas (como manifiestamente son las de este caso) y su consideración no debe impedirse, como de otro modo lo sería, por órdenes de corta extensión, que pueden repetirse y que sin embargo no pueden revisarse, habiendo la Comisión deter-minado los derechos del Gobierno en unos casos y de los porteadores en otros, sin oportunidad de conceder un remedio.” So. Pac. Terminal Co. v. Int. Commerce Comm., 219 U. S. 498, 514.

Que aquí se trata de una cuestión de interés público, puede admitirse, ya que la ley envuelta es una que exige en general el pago de una cantidad o cantidades a los dueños de ve-hículos de motor para poder actuar como porteadores públi--cos.' Empero, como la Legislatura al año siguiente, 1942, derogó dicha ley dictando otra nueva, la núm. 55 para Re-glamentar el Uso de Vehículos de Motor en Puerto Rico, etc., Leyes de 1942, págs. 527 a 567, que despeja la situación por completo, la circunstancia de interés público desaparece.

Y en cuanto a la de las costas, que podría en un caso apropiado llevar al Tribunal a considerar los méritos para decidir si dichas costas fueron o no bien impuestas (Morrison v. Hess, 231 S. W. 997, 18 A. L. R. 433), bastará decir que las circunstancias que aquí concurren colocan el caso fuera de la excepción ya que si el recurso no fué decidido en tiempo se debió a la conducta de la misma parte apelante que desde el 24 de noviembre de 1941 comenzó a pedir prórrogas para la presentación de su alegato, dejando fenecer su término el 24 de enero de 1942, solicitando el 30 de dicho mes un nuevo término que le fué concedido y dentro del cual tampoco presentó su alegato, archivando nuevas peticiones de prórroga que llevaron el recurso a ser visto cuando ya se había convertido en académico.

Procede, pues, su desestimación.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    Mercedes Cabanillas, demandante, contrademandada y apelada, v. José R. Gelpí, demandado, contrademandante y apelante.
    Núm. 8511.

    Sometido: Enero 14, 1943.

      Resuelto: Enero 22, 1943.

      Pedro Baigés Gómez y José Rosario Gel-pí, abogados del apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró con lugar la demanda y deses-timó la contrademanda en este caso a virtud de una moción presentada por la demandante solicitando sentencia sobre las alegaciones. La demanda es una corriente sobre negatoria de servidumbre de paso. El demandado en su contestación admitió que la finca de la demandante no aparece “sujeta a servidumbre en los asientos de su inscripción” pero en opo-sición a que dicba finca no está sujeta a servidumbre alegó “que cuando la demandante adquirió dicha finca existía y estaba aparente y a la vista de la demandante una servidum-bre de paso o camino”, que describe, el cual fue cerrado por la demandante en junio de 1941, “siendo ésta la única inte-rrupción que en el uso del camino ha ocurrido desde época inmemorial, y con anterioridad al año 1889 que empezó a usarse y ha continuado usándose hasta la fecha”. Y en el hecho quinto de la contestación se alegó: “que dicho camino es y constituye desde tiempo inmemorial y con anterioridad al año en que empezó a regir en Puerto Eieo el Código Civil Español de 1890 una servidumbre de paso a favor de la finca” del demandado. Esta misma alegación se repitió en los hechos sexto y séptimo de la contestación, alegándose además lo siguiente: “que los anteriores dueños déla finca de la demandante y esta misma hasta el día 11 de junio de 1941 respetaron esa servidumbre de paso o camino a favor de la finca del demandado . . . habiendo sido el transporte y tránsito por dicho camino sin interrupción, quieta y pací-ficamente, hasta la fecha mencionada en que la demandante prohibió el paso por dicho camino”. Alegó además el de-mandado que el camino en cuestión dividía y separaba' la finca hoy de la demandante en dos parcelas desde tiempo in-memorial y antes de regir el Código Civil Español de 1890.

No obstante estas alegaciones contenidas en la contesta-ción del demandado, la corte inferior en la opinión que emi-tió para sostener su sentencia sobre las alegaciones y des-pués de citar la jurisprudencia de esta Corte Suprema en los casos de Cividanes v. Amorós Hermanos, 8 D.P.R. 589; Alcarrán v. Paz, 18 D.P.R. 970; Torres v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479; Nogueras v. Fernández, 25 D.P.R. 116; Villodas v. Hartmann & Co., 28 D.P.R. 787; Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, y Miner v. Irizarry, 52 D.P.R. 206, llegó a las conclusiones siguientes:

“Primera: Que habiendo admitido el demandado y contrademan-dante que la finca de la demandante y contrademandada no está sujeta a servidumbre de paso, en favor de la finca del demandado y contrademandante, y que el demandado no ha adquirido dicha servidumbre a virtud de contrato entre las partes y mediante la apropiada compensación no tiene título, derecho ni acción para usar el camino que atraviesa la finca de la demandante y contrademandada.
“Segunda: Que la defensa del demandado y contrademandante, de que ha adquirido la servidumbre de paso a través de la finca de la demandante, por el uso por tiempo inmemorial, no es sostenible en la actualidad, después de la promulgación del Código Civil Español aprobado por real decreto de Io. de julio de 1889, suprimiendo ese modo de adquirir las (ad) servidumbres de paso.
“Tercera: Que el demandado y contrademandante no ba presen-tado defensa alguna meritoria y legal que exija la celebración de un juicio en este caso y al contrario, entiende la corte que, exigir la celebración de un juicio en este caso, sería una dilación en la admi-nistración de justicia y ocasionar gastos a las partes innecesaria-mente. ’ ’

Refiriéndose a la defensa presentada por el demandad» dijo además la corte qne:

“De acuerdo con la defensa presentada en el presente caso por el demandado, para adquirir la servidumbre de paso sobre la finca de la demandante, se necesitaría que se hubiera alegado que el referido camino se ha estado usando desde antes del año 1850 y, como muy bien alega la demandante, los testigos que vendrían a declarar sobre este punto en la actualidad tendrían una edad de 92 años y nece-sitarían, además, un tiempo razonable adicional para poder declarar que vieron hacer uso del camino, de modo que necesitarían tener más de 100 años de edad.” •

Somos de opinión qne de acuerdo con las alegaciones con-tenidas en la contestación del demandado, las conclusiones a que llegó la corte inferior son completamente erróneas y que la argumentación del abogado de la demandante en relación con la edad que deberían tener los testigos del demandado para probar su caso, adoptada por dicba corte, carece de fuerza legal y mérito alguno para ser tomada en considera-ción al efecto de dictar una sentencia sobre las alegaciones-

La primera y tercera conclusiones de la corte inferior ignoraron por completo, como lo hizo el abogado de la demandante en su moción, las alegaciones contenidas en la contestación que hemos citado anteriormente y, como se dijo en el caso de Goyco v. Royal Bank of Canada, 37 D.P.R. 364: “Después de levantada una cuestión por la contestación los demandados tienen derecho a un juicio sobre los hechos no admitidos. Una sentencia sobre las únicas cuestiones envueltas dictada sin mediar un juicio, es inexistente. Artículo 195 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil,y y (citas). No tenía la corte inferior discreción para determinar, como lo hizo, que: “exigir la celebración de un jui-ció en este caso sería una dilación en la administración de justicia y ocasionar gastos a las partes innecesariamente”. Por el contrario, su actuación le negó al demandado su de-recho a probar sus alegaciones y de hecho ha dilatado la ad-ministración de justicia.

En cuanto a la segunda conclusión a que llegó la corte inferior, un somero examen de los casos citados por ella demuestra que todos fueron resueltos a base de la prueba presentada por las partes y no sobre las alegaciones. En todos ellos se resolvió que el demandado no había probado que la servidumbre existía desde tiempo inmemorial. No se resolvió, en el alcance que erróneamente le dió la corte inferior a dicha jurisprudencia, que en la actualidad no pueda sostenerse una defensa que tienda a demostrar que un derecho de servidumbre de paso se adquirió, por su uso inmemorial, con anterioridad a la promulgación del Código Civil Español de 1889. Todo depende de que esa alegación se pruebe o no en el juicio correspondiente. Expresamente así lo hemos resuelto en los casos de Gierbolini v. Sucn. Rodríguez, 23 D.P.R. 870; Nido & Cía. v. Albir Alicea, 27 D.P.R. 34, y Cayey-Caguas Tobacco Co. v. Ramírez et al., 27 D.P.R. 663.

En el caso de Nido & Cía., supra, se dijo: “Se admite por la parte apelante que este caso debe regirse por la le-gislación anterior al Código Civil y de acuerdo con ella es bien claro que el demandado pudo invocar el uso inmemorial del camino para probar su derecho a pasar por él. (Bas-tardillas nuestras.)

Y en el de Cayey-Caguas Tobacco Co., supra, se alegó expresamente como error el haberse aplicado impropiamente la doctrina de la prescripción por posesión de tiempo inme-morial y se resolvió lo siguiente:

“El artículo 1939 del código anterior expresamente disponía que ña prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo,’ con la cual disposición se tuvo la intención de cubrir todos los cambios esenciales que afectaran la materia en lo sustantivo así como en materia de tiempo. 12 Manresa, 767, 81 Jur. Civ. 73.
“Entre las disposiciones transitorias del Código Civil Español (artículo 1976), la primera de ellas es como sigue:
“ ‘Se regirán por la legislación anterior al código los derechos nacidosj según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el código los regule de otro modo o no los reconozca.’
“Al resolver un caso muy parecido al de autos el Tribunal Supremo de España, en 1898, 83 Jur. Civ. 486, declaró, y citando el sumario, lo siguiente:
“ ‘Que según la ley 15, tít. 31, Partida 3a., para la prescripción de las servidumbres discontinuas es menester .que se haya usado de ellas tanto tiempo que no se puedan acordar los hombres, que es lo 'que le da el carácter inmemorial.
‘ ‘ ‘ Que tratándose de un derecho ya existente para la publicación del Código Civil vigente, procede aplicar la regla Ia. del mismo, y haciéndolo así no se infringe el artículo 1939.’ ”

Cometió error manifiesto la corte inferior al dictar sentencia sobre las alegaciones declarando con lugar la demanda. También lo cometió al desestimar la contrademanda porque en ella se alega una causa de acción basada en el artículo 500 del Código Civil (ed. 1930), y la cual no procedía desestimar a base de la moción de sentencia sobre las alegaciones.

Por lo expuesto, procede la revocación de la sentencia apelada, debiendo devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Providencia Rosado, demandante y apelante, v. Víctor Segarra, demandado y apelado.
    Núm. 8490.

    Sometido: Enero 15, 1943.

      Resuelto: Enero 25, 1943.

      Gustavo Cruzado Silva, abogado de la demandante; J. Pedro Mi-rcmda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La demandante ha apelado de una sentencia de la corte de distrito concediéndole daños ascendentes a $40. Alega qne la corte erró ■(a) al pesar la evidencia sobre la cual basó sn concesión de $40, y (&) al no concederle honorarios de abogado, en vista de la temeridad del demandado.

La demandante compró nna casa “con todo cnanto le era anexo y permanente”. El demandado, quien es sobrino de la vendedora, ocupó la casa antes y después de la venta, y había construido en el patio un ranchón de madera techado de zinc. La corte inferior resolvió que a la fecha de la venta, el demandado, quien actuó en representación de la vendedora, no le indicó a la demandante que el ranchón no formaba parte de la propiedad que se vendía. Posteriormente, cuando el arrendamiento del demandado expiró y éste se mudó, se llevó consigo el ranchón y otros efectos pertenecientes a la casa. La demandante instituyó pleito por $450, alegando que el ranchón valía $413.

La corte inferior decidió que la apelante había comprado la casa bajo la impresión que el ranchón estaba incluido en la venta; que se le indujo a tal creencia por las representa-ciones tácitas del apelado; y que el apelado por tanto estaba impedido de alegar ahora que el ranchón no formaba parte de la propiedad vendida. Pero la corte de distrito resolvió que el ranchón valía $40 solamente. Alega la apelante que la decisión de la corte en cnanto al valor estaba en pngna con la preponderancia de la prneba. •

Hnbo prneba contradictoria en cnanto a la cnestión del valor. La apelante ofreció cnatro testigos, entre los cnales había nn ingeniero que declaró que el ranchón valía $395. Pero sn cálenlo fné hecho a base de nna estrnetnra cons-truida de madera nueva y zinc nuevo para el techo. El ape-lado, alegando qne el ranchón sólo valía $25, ofreció sn pro-pio testimonio y el de sn tía, la vendedora. La corte de dis-trito, después de nna inspección ocular “y del resto de la prneba practicada, coneluy[ó] que el ranchón construido por Segarra lo fné con maderas viejas, qne la construcción era completamente primitiva, y qne el valor del ranchón no puede haber sido más de $40.” No nos imaginamos cómo podemos encontrar error manifiesto o parcialidad en la apreciación de la prneba en este caso, particularmente en vista del hecho de que la conclusión de la corte inferior se basó en parte en una inspección ocular.

Al negarse a conceder honorarios de abogado, la corte de distrito dijo: “No encuentra la corte que hubiese temeridad. Al llevarse el demandado el ranchón que cons-truyó, lo hizo en la creencia de buena fe de que el ranchón continuaba siendo suyo. Tampoco fué temerario el deman-dado al defenderse de una reclamación tan exagerada”. (Bas-tardillas nuestras).

Pero el demandado no se defendió sencillamente de una reclamación exagerada. Negó toda clase de responsabilidad. En verdad, declaró que le había dicho a la demandante antes de la venta que el ranchón le pertenecía. Sedentemente hemos resuelto en circunstancias similares que tal acción es temeraria a menos que el demandado admita su responsabi-lidad y limite la controversia a la cuestión del valor. Mercado v. American Railroad Co., ante, pág. 228, resuelto el 15 de enero de 1943.

Y no encontramos base para la conclusión de la corte inferior de que el demandado actuó “de buena fe” al llevarse el ranchón. La propia corte había resuelto lo contrario, al negarse a dar crédito al demandado y al resolver en la cues-tión principal del caso, que el demandado estaba impedido en vista de sus representaciones en el caso.

Modificamos la sentencia para que se concedan honora-rios de abogado por la suma de $35. Y así modificada, la sentencia de la corte de distrito será confirmada.