author: El Juez Asociado Se. del Toro

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante v. Compañía Férrea del Oeste et al., Demandados y Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en caso sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1355.
    Resuelto en noviembre 10, 1915.
    NEGLIGENCIA-'PRUEBA CONTRADICTORIA-PASIÓN, PrJDJUICIO .0 PARCIALIDAD.— Error Manifiesto.- — En este caso la prueba fué contradictoria en el punto esencial determinante de la negligencia atribuida por el demandante a la demandada, resolviéndose el conflicto por el juez sentenciador en pro de la demandada. Se decidió que no habiéndose demostrado que el juez senten-ciador actuara con pasión, prejuicio o 'parcialidad o cometiera algún error manifiesto, debía confirmarse la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: jSr. Jaéinto Texidor.

    Abogados de la apelada: Sres. Martínez & Iriarte.

   El Juez Asociado Se. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre indemnización de‘daños y perjuicios. El demandante Eladio Rodríguez Torres, alega que la demandada “Línea Férrea del Oeste,” con uno de los carros del ferrocarril que explota entre Cataño y Bayamón, le ocasionó ciertos daños a un automóvil de su propiedad y como consecuencia de ello determinados perjuicios en sus. negocios, por todo lo cnal reclama de la compañía la suma de tres mil pesos. La demandada negó los hechos de la demanda en los cuales se describía el accidente y alegó como materia nueva qne el maquinista y conductor aludidos en la demanda eran personas capacitadas para el cumplimiento de sus car-gos, de absoluta moralidad en sus costumbres, reflexivos y cuidadosos, cualidades todas que tuvo en cuenta la compañía para ponerlos a su servicio.

Celebrada la vista en la que declararon los testigos pre-sentados por ambas partes, la corte dictó sentencia desesti-mando la demanda, sin especial condenación de costas. El demandante entonces interpuso el presente recurso de ape-lación.

• En sus findings, la corte sentenciadora después de refe-rirse a las alegaciones de ambas partes, se expresó así:

“El demandante presentó como prueba para sostener las alega-ciones de su demanda las declaraciones de varios testigos y su propia declaración' tendentes todas a demostrar la culpabilidad de los deman-dados y la negligencia de sus empleados al ocurrir el accidente a que hacen referencia en la demanda.
“Este demandante al ser preguntado sobre la experiencia del hombre que manejaba el carro, declaró que no era de mucha experiencia, pero bueno para correr por una carretera limpia como la de Cataño.
“Después de haber examinado la prueba aportada por la parte demandante, hemos llegado a la conclusión de que no se han probado las alegaciones de la demanda.
“Tampoco se ha demostrado por la prueba que el choque ocurrido entre el coche del tren y la parte posterior izquierda de la carroza del automóvil fuera la causa de que éste se inutilizara para el uso, y mucho menos que dicho accidente le ocasionara al demandante la pérdida total de sus negocios y a la vez la pérdida del carro.
“La prueba presentada por los demandados demuestra en con-cordancia con parte de la prueba presentada por el demandante, que el automóvil estaba parado en la orilla izquierda del camino, en vez de estar en su derecha como dispone la Ley de Carreteras; que el tren caminaba a corta distancia del automóvil cuando éste se detuvo en el relleno de la piedra e inmediatamente el maquinista trató de parar el tren, quedando parado exactamente frente del sitio en que estaba parado el automóvil e inmediatamente después de baber ocurrido el choque; que hacia la parte derecha del automóvil quedaba espacio suficiente en la carretera para pasar otro automóvil y que el cilindro que se alega por el demandante, estaba colocado a la derecha del automóvil, se encontraba a seis u ocho metros de distancia del automóvil.
“Es innegable que si el chauffeur hubiese procedido cuidadosa-mente, deteniendo el auto hacia el lado derecho de la carretera, puesto que nada le estorbaba para hacerlo, no hubiera ocurrido el accidente. La negligencia de este empleado basta por sí sola para que no pueda prosperar la causa de acción ejercitada.”

En su alegato la parte apelante señala como único error el cometido a su juicio por la corte sentenciadora al apreciar la prueba.

Dicba prueba fué contradictoria en el punto esencial deter-minante de la negligencia atribuida por el demandante a la demandada. Los testigos del demandante trataron de de-mostrar que el maquinista que dirigía el tren de la deman-dada lo paró antes de llegar al sitio en donde estaba el automóvil del demandante y que después de parado lo hizo andar de nuevo y entonces fué que chocó con el automóvil. Los testigos del demandado por el contrario explican el suceso en la forma aceptada por el juez sentenciador en las con-clusiones que dejamos transcritas.

Hubo, pues, contradicción en la prueba y el conflicto fué resuelto por el juez sentenciador en pro del demandado, y para que esta corte estuviera justificada en alterar la decisión del juez inferior, tendría que demostrarse que dicho juez había actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o había cometido algún error manifiesto.

Hemos analizado la prueba cuidadosamente y nada de-muestra que el juez actuara en la forma indicada. En tal virtud, procede la confirmación de la sentencia apelada ya que aceptando los hechos tales como resultan de la prueba a que dió crédito el juez sentenciador, no aparece que la com-pañía demandada procediera negligentemente y, por tanto, no1 resulta que tenga responsabilidad alguna para con el de-mandante.

Debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SR. Wole

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. en causa sobre lotería de pools. '
    No. 815.
    Resuelto en noviembre 10, 1915.
    Confesión del Acusado — Prevención al Acusado Respecto a la Misma— Admisibilidad en Evidencia. — A falta de precepto estatutorio, cualquier con-fesión voluntaria del acusado es admisible en evidencia, aun cuando no fuera Xirovenido de que iba a ser utilizada, en su contra.
    Lotería de Pools — Denuncia Suficiente. — En la denuncia en este caso se alega que el acusado organizó un plan para la distribución de dinero poi' suerte entre varias personas, las que se comprometían a pagar 10 centavos por cada acción y de acuerdo con la cual la suma de $700 se babía de pagar al que ganara después de haber descontado el acusado el 30 por ciento, todo lo cual dependía de ciertas carreras de -caballos que se verificaban en el hipó-dromo de San Juan. Se resolvió: Que ella imputa un delito de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código Penal, y que era suficiente a falta de objeción.
    Id. — Elementos Esenciales del Delito — Ganancia o Beneficio. — Los artículos 291 y 292 del Código Penal no exigen como elemento esencial del delito el recibir una ganancia o beneficio, pues lo que se prohibe es el conducir la lotería, ya recibiendo el acusado un beneficio o no.
    Id. — Corpus Delicti. — Existiendo en este caso prueba suficiente que demuestra el plan de la lotería, así como el haber ganado la suma principal uno de los testigos, la investigación de las listas practicada por el jefe de la policía, el conocimiento de éste, y la confesión del acusado, se decidió que se había probado el corpus delieli.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de] apelante: Sr. Antonio Tnljillo Güil.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. Wole

emitió la opinión del tribunal.

El único error qne ba sido alegado ante este tribunal en este caso qne fué asimismo promovido en la corte inferior se refiere a la admisión de cierta prueba impugnada por el acusado y contra la cual se tomó excepción. En la denuncia se alega una infracción de los artículos 291 y 292 del Código Penal referente a loterías. Luis Echevarría, Jefe de Dis-trito, Policía Insular, declaró en efecto que tenía conocimiento de que el acusado tenía un juego de pool. El pool, según otras declaraciones tendían a mostrar, era equivalente a una lotería. Eepreguntado por la defensa y a preguntas de la corte el testigo dijo que conocía los hechos por conocimiento propio y por confesión del acusado quien admitió que tomaba el 30 por ciento de dicho pool. La defensa se opuso fun-dándose en que el testigo había obtenido el conocimiento de los hechos en la investigación que estaba haciendo de Mario Meléndez uno de los policías a su mando. El testigo mani-festó, sin embargo, que conocía los hechos de propio conoci-miento y por la confesión del acusado. Dicho acusado no hizo constar en el momento de la objeción que dicho conoci-miento era de referencia. El testigo examinó ciertas listas y obtuvo la confesión del acusado.

T no importa como alega el apelante que no fuera pre-. venido de que cualquier cosa que dijera se usaría en su contra, y a falta de precepto estatutorió que haga necesario 'dicho aviso cualquier confesión voluntaria del acusado es admisible en su contra. 12 Cyc., 463. Sin embargo, la obje-ción específica parece haber sido que la declaración era mera-mente de referencia, no apareciendo de los autos que sea éste el estado de los hechos.

Alega también el apelante si bien dicho error no fué ale-gado en la corte municipal o en la corte de distrito, que la denuncia no era suficiente. En ella se alega que el acusado organizó un plan para distribución de dinero por suerte, en el cual varias personas se comprometían a pagar diez centavos cada una y de acuerdo con el cual la suma de setecientos dólares se había de pagar al que ganara, después de haber descontado el acusado el 30 por ciento, todo lo cual dependía de ciertas carreras en San Juan. La denuncia parece ser muy específica y en ella se imputa un delito de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código Penal. Fué ciertamente suficiente a falta de objeción.

También sostiene el apelante que debe alegarse que el acusado recibía un barato. Nos parece que este barato se alegó en la denuncia. Además no vemos nada en los artí-culos 291 y 292 por los que sea elemento esencial del delito el recibir una ganancia o beneficio. Lo que se prohíbe es el conducir la lotería ya recibiendo el acusado un beneficio o sin recibirlo.

Tanto en su alegato como durante la vista sostuvo el apelante que no se había probado el corpus delicti. Hay prueba suficiente que demuestra el plan de la lotería, así como el haber ganado la suma principal Mario Meléndez, la investigación de las listas por Echevarría, el conocimiento de éste y la confesión del acusado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y A so-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Wolf

text:
    Encarnación, Demandante y Apelante v. El Banco Comercial de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. en causa sobre entrega de depósito y daños y perjuicios.
    No. 1346.
    Resuelto en noviembre 10, 1915.
    Depósitos — Orden para Retirar Fondos en Depósito — Condiciones Razona-bles — Orden Verbal. — Un banco está obligado a entregar los fondos de su depositante por virtud de orden debidamente emanada de éste, teniendo derecho el banco a exigir condiciones razonables y pudiendo prescindir de ellas hasta el extremo de aceptar una orden verbal.
    Id. — Falta de Formalidades en la Entrega de Fondos en Depósito — Auto-rización. — Un depositante no tiene derecho a quejarse de la íalta de forma-lidades de un banco en la entrega de fondos, si dicho depositante dió la debida autorización. Las formalidades se entiende que son en favor del banco.
    Firmas — Testigos para Acreditar una Firma. — De acuerdo con el artículo 392 del Código Político y la jurisprudencia establecida por esta corte en el caso de Vendrel v. Pellot, 21 D. P. B. 149, es suficiente la firma de un testigo para acreditar la de otra persona.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Se. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales qne alega la demandante en este qaso son que Ignacia -Encarnación tenía un depósito en cuenta corriente en el Banco de Puerto Rico de $650 y qne al ir a retirar cierta cantidad le manifestaron qne solamente le que-daba un saldo de cincuenta dólares, por lo qne anticipando la defensa afirma qne nunca autorizó a nadie para sacar can-tidad alguna de sus referidos depósitos.

En la contestación en cambio se alega que no sabiendo escribir Ignacia Encarnación autorizó a Domingo Pérez para retirar en todo o en parte los fondos qne estaban a su- nombre y qne en catorce de mayo, 1914, por medio de un cheque que suscribió dicho Pérez, éste retiró la suma de seiscientos dó-lares. La contestación expresa además qne la demandante dió su consentimiento a la operación significando con ello que ella ratificó el acto, pero la supuesta prueba de dicha ratificación no nos convence de que ella a sabiendas ratificó el acto de Domingo.

La verdadera cuestión en este caso era si Ignacia Encar-nación dió el debido poder a Domingo Pérez para retirar sus fondos. Por relacionarse con esta cuestión, la deman-dante ofreció prueba tendente a mostrar que en otra ocasión, o sea cuando ella efectivamente retiró la suma de cincuenta dólares, que fué el saldo aceptado por el banco, éste exigió varias condiciones o formalidades, tales como firmar en pre-sencia de los empleados del banco y estar la demandante ,en persona en el banco y otras por el estilo. Pero si la autori-zación conferida primeramente a Pérez era clara el hecho de no tomar el banco gran precaución en hacer que Pérez acreditara su poder o su cheque no podía establecer ninguna diferencia. El banco está obligado a entregar los fondos de un depositante por virtud de la debida orden del depositante. Tiene el derecho de exigir ciertas condiciones razonables para retirar cantidades y puede prescindir de las mismas hasta el extremo de aceptar una orden verbal. 3 Ruling Case Law, sec. 171, Title Banks. Las formalidades son en favor del banco. Un depositante no tiene derecho a quejarse de la falta de formalidades si dicho depositante dió la debida autorización.

Examinando los hechos desarrollados en el juicio encon-tramos que hubo prueba tendente a mostrar que Ignacia Encarnación no sabiendo escribir, dió un poder a Domingo Pérez el cual fué firmado por ella por medio de una cruz que hizo según se alega, a presencia de dos testigos. Es verdad que uno de estos testigos declaró que él no conocía a la demandante, que nunca la había visto escribir y que firmó el documento en cuestión para complacer a Domingo Pérez en quien tenía confianza y al otro testigo que firmó. El otro testigo que también firmó el documento hizo un relato detallado acerca de cómo se firmó el documento. Es sufi-ciente con un testigo para acreditar la firjna de otra persona. Artículo 392 del Código Político, Vendrell v. Pellot, 21 D. P. R., 149. Si es auténtica la suficiencia del poder no hay gran discusión sobre ella. Aunque la demandante negó que jamás hubiera suscrito el supuesto poder, la cuestión de hecho que de tal modo fué promovida era un conflicto que había de ser resuelto por el juez de la corte inferior. Sin embargo, de conformidad con la súplica del demandado y considerando los hechos según han sido narrados en relación con otras circnnstancias del caso, estamos convencidos de que la preponderancia de la prueba estaba a favor del demandado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Alclrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El .Juez Asociado Se. Wolb,

text:
    Castro, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    EecuRso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una información posesoria.
    No. 251.
    Resuelto en noviembre 10, 1915.
    Expediente Posesorio — Exención del Pago de Contribuciones — Valor de la Einca — Oertieioaoión del Tesorero de Puerto Rico. — La mera afirmación en una solicitud para acreditar la posesión de que la finca está exenta del pago de contribuciones, o que no lia sido tasada por tener un valor menor de $100, no es suficiente para justificar su verdadero valor o que no ha sido tasada, pues debe obtenerse la correspondiente certificación del Tesorero de Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: <Sr. Arturo Aponte, Jr.

    El registrador recurrido Sr. Eaúl Benedicto compareció en nombre propio.
   El .Juez Asociado Se. Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenia Castro obtuvo una certificación sobre informa-ción posesoria en la Corte Municipal de Humacao. En la solicitud inicial que fué presentada a la corte municipal sé expresa que ella había comprado la finca a Manuel Santiago y que dicha finca tenía un valor de cincuenta dólares, por lo que no acompañaba a la solicitud la certificación del pago de contribuciones. El Fiscal de la corte de distrito certificó respecto a la corrección de los procedimientos liabiendo sido expedida la certificación de la corte municipal. Al ser pre-sentada dicba certificación al Eegistrador de I-Iumacao se negó éste a verificar su inscripción por no acompañarse al expediente posesorio la certificación creditiva del pago ele contribuciones, o en' su defecto que la recurrente no había pagado dichas contribuciones por no alcanzar dicha finca a un valor por el cual pudiera ser tasada.

La recurrente en gran parte de sus razonamientos cía por sentado el hecho de haberse probado que la finca tenía un valor menor que la suma más pequeña por la cual pueden cobrarse contribuciones. En la solicitud se expresa que la finca tiene un valor ele cincuenta dólares y si ésta no valiera más es claro que no podría ser tasada. Pero el expresar esto simplemente en la solicitud no era suficiente para acre-ditar el verdadero valor de la finca, o que no había sido valorada y tasada por el tesoro. La promovente pudo haber obtenido una certificación del tesoro con el objeto de acreditar que la finca no-había sido .tasada. Tal vez el tesorero al solicitárselo también certificaría que la finca no había sido tasada por tener ún valor menor de cien dólares. Sea como fuere, la recurrente estaba en el deber de probar que la finca no tenía un valor por el cual pudiera ser tasada. El regis-trador puede o no tener razón al decir que la necesidad de la certificación del tesorero es para acreditar el nombre de la persona a favor de quien aparece la finca, pero el precepto terminante de la l.ey justifica la actitud del registrador y debe confirmarse su nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison

text:
    Vázquez, Demandante y Apelante, v. Laíno, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa sobre cobro de dinero.
    No. 1312.
    Resuelto en noviembre 19, 1915.
    Pagarés a la Orden — Actos de Comercio. — Se presume que los pagarés expedi-dos a la orden son documentos mercantiles que surgen - de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.
    Actos de Comercio — Compraventa de Acciones y Derechos en Sociedades— Pagarés Dados en Pago — Prescripción.—La compra hecha por un socio a los demás, de sus derechos y acciones en la sociedad, no es un acto de comer-cio dentro del significado del artículo 2 del Código de Comercio, y una acción basada sobre pagarés dados en pago como precio de la venta no está limitada al término de tres años que prescribe el artículo 950 de dicho código.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. •Fernando Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Genios Travecier.

   El Juez Asociado Se. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre de 1914, la Corte de Distrito de TTnmacao dictó sentencia declarando sin lugar una acción establecida por virtud de un pagaré, por los hechos y razones expresa-dos en su opinión que fué emitida por separado, la cual es como sigue:

“Procedente de la Corte Municipal de Humacao llegó a esta corte en grado de apelación el presente caso sobre cobro de dólares, esta-blecido por Nicolasa Vázquez en representación de sns hijos menores versus Eugenio Laíno. Las alegaciones sustanciales de la demanda son las siguientes: Que Julio Sandoz, padre de los menores hijos en cuya representación comparece Nicolasa Vázquez, falleció en esta ciudad, habiendo instituido por sus únicos y universales herederos a los menores Angelina, Luis, Alicia, Ana María y Pablo Vázquez. Que por escritura otorgada en esta ciudad el 12 de septiembre de 1906, los Sres. Julio Sandoz, Jesús Domínguez y Eugenio Laíno, constituyeron una sociedad líquida colectiva por el término de dos años, para la elaboración y compraventa de licores siendo gestores de la misma sociedad que se titulaba ‘Iíumaeao Liquor Company’; que por escritura posterior se disolvió la dicha sociedad, quedando hecho cargo del activo y pasivo, de la misma, el socio Eugenio Laíno, quien compró los derechos en la sociedad a los otros socios Jesús Domínguez y Julio Sandoz. Que la compra que hizo Eugenio Laíno a Julio Sandoz de los dichos derechos y acciones, fué por la cantidad de mil cien dólares, que le pagó Laíno con dos obligaciones de qui-nientos cincuenta dólares cada una, pagaderas una en primero de abril y otra en primero de octubre de 1908. Que Eugenio Laíno hizo varios abonos a Julio Sandoz a cuenta de su deuda, mediante la cantidad de setecientos ochenta y tres dólares cuarenta y nueve centavos, y le está adeudando la suma de trescientos veinte y ocho dólares, setenta y un centavos; que los demandantes son hoy los dueños de la referida cantidad de trescientos veinte y ocho dólares setenta y un centavos, como sucesores del causante Julio Sandoz! Que el demandado al contestar la demanda aceptó ciertos hechos, negó otros, y como defensa especial alega que la acción que se ejercita ha prescrito de acuerdo con el artículo 950 del Código de Comercio. Se señaló día para la vista de este caso, comparecieron las partes por sus respectivos abogados y habiendo anunciado estar listas, se procedió al examen de la evidencia aportada por la parte deman-dante, y una vez que'dicho demandante anunció haber terminado su .prueba, la representación del demandado estableció excepción pre-via a la prueba del demandante por medio de una moción de non suit solicitando de la corte se dictara sentencia declarando sin lugar la demanda, por no aparecer de la prueba de los demandantes que éstos tuviesen ’causa de acción., La cuestión de derecho suscitada con la moción de non suit, fué sometida a la consideración de la corte por alegatos escritos que reservó su resolución, que la dicta hoy. La contestación del demandado en apoyo de su moción de non suit es, que la presente acción en cobro de dinero debe regirse necesariamente por el Código de Comercio toda vez que eran comer-ciantes las partes contratantes, y procedían de una operación de comercio los documentos objeto de la reclamación. Que efectiva-mente tal es el principio que encarna el artículo 2 del Código de Comercio, que dispone que los actos de comercio, sean o nó comer-ciantes los que los ejecuten, se rigen por las disposiciones contenidas en dicho Código de Comercio. De la prueba aportada por los deman-dantes y de sus alegaciones resulta que los pagarés que sirvieron, de fundamento a la acción que ahora se ejercita sobre cobro de dinero, proceden de actos de comercio, pues dichas obligaciones fueron otor-gadas por im socio a los demás miembros de la sociedad para responder del pago de los derechos y acciones qne adquiriera el deman-dado Laíno de los ya referidos socios de la ‘Humacao Liqnor Company.’ De suerte pues, qne no cabe duda qne la presente acción debe regularse por las disposiciones del Código de Comercio. Ahora bien; veamos si la acción qne se ejercita ha prescrito como sostiene la representación del demandado. De la demanda aparece que el demandado Laíno otorgó a favor del causante de los demandantes, dos pagarés qne aunque no hay nada que indique que fuesen espe-didos a la orden, quedaban sujetos al derecho mercantil, pues el artículo 533 del Código de Comercio, establece que los vales o paga-rés que no estén espedidos a la orden se reputarán simples prome-sas de pago, sujetas al derecho común o al mercantil, según su natu-raleza; y como ya se ha espresado, procediendo los pagarés en cues-tión de actos de comercio, no quedaban sujetas las acciones de ellos derivadas al derecho común y sí a las disposiciones del Código de Comercio según el cual en su artículo 950, las acciones que pro-ceden de pagarés de comercio, se extinguen a los tres años de su vencimiento. De acuerdo con la alegación cuarta de la demanda, los pagarés en que fundan su acción los demandantes vencían uno en abril y otro en octubre de 1908; y habiendo transcurrido más de tres años de la fecha del vencimiento, no hay duda alguna que la acción que ejercitan los demandantes está prescrita. Véase el caso de J. Ochoa Hermanos v. Lanza, 17 D. P. R., 420. Por las razones expuestas, entiende la corte que procede declarar con lugar la moción de non suit, toda vez que de las alegaciones y de la prueba del demandante aparece prescrita la acción que se ejercita, sin que se haya alegado ni probado la interrupción de la prescripción. Se declara sin lugar la'demanda, debiendo la parte demandante satis-facer las costas.”

Solamente un error lia sido alegado, a saber, que la Corte cometió error al declarar que-lia prescrito la acción ejercitada.

El caso de Ochoa Hermanos v. Lanza en el cual se funda el juez de la corte inferior, no es de aplicación. En dicho caso este tribunal simplemente resolvió que los pagarés expe-didos a la orden son documentos mercantiles por existir la presunción de que lo son salvo prueba en contrario, y con arre-glo al Código de Comercio, prescriben a los tres años con-tados desde su vencimiento, hayanse o nó protestado.

Por otra joarte en el caso de González y. Méndez, 8 D .P. R., 269, los dos primeros párrafos de la sentencia apelada son como sigue:

“Considerando que en la escritura otorgada por Doña Petrona Resto en representación de su bija menor Doña Petrona del Carmen González se ceden a la Sociedad González Méndez y Cía. los derechos y acciones que por la herencia de Don Domingo González tenía la expresada menor, después de lo que los nuevos adquirentes modifican la constitución de la Sociedad González Méndez y Cía., por lo que la escritura abarca dos contratos: uno de cesión de toda clase de bienes muebles, semovientes e inmuebles que procedentes de la socie-dad que pertenecían a la menor por herencia paterna, y otro de modificación.
“Considerando que el ameritado contrato de cesión no es uñ acto de comercio de los comprendidos en el Código Mercantil ni de natu-raleza análoga, como se determina en el artículo 2o. de dicho cuerpo legal, por cuanto no revela el propósito de tráfico y negociación por medio de evoluciones tendentes al lucro que produce el continuado movimiento de la oferta y la demanda comercial.”

Del sumario de dicho caso citamos el siguiente párrafo:

“Los artículos 50, 234 y 297 del Código de Comercio no son apli-cables al contrato a que se refiere el párrafo' anterior, pues dicho contrato no es un acto mercantil, y tiene por sí mismo una entidad propia e independiente de la liquidación de la sociedad, la que con-siste en cobrar los créditos, pagar las deudas y realizar las operaciones pendientes. ’ ’

Entre otros hechos que fueron expresados en el caso de Salgado v. Villamil, 14 D. P. R., 449, aparecen los siguientes:

“Esa deuda procedía de la compra que por escritura número 277 otorgada ante el notario de Manatí Don Francisco Y. Náter el 11 de junio de 1897, hizo Don Peregrino Villamil a Doña Pilar Torrado, no sólo de las acciones y derechos que en la Sociedad Comer-cial ‘Villamil y Hermano’ que giraba en Arecibo tenía como socio el fallecido hijo de la vendedora Don Ramón Fernández Torrado conocido en esta isla por Ramón Villamil y Torrado, sino también de los derechos y acciones que independientes de dicha sociedad correspondían al mismo en esta provincia y han pasado por su volun-tad manifestada en testamento a ser de sn madre la vendedora Doña Pilar Torrado.”
“Como consecuencia de las anteriores operaciones Don Peregrino Villamil otorgó siete pagarés a favor de Doña Pilar Torrado o a su orden el 11 de junio de 1897, fecña de las anteriores escrituras, uno de ellos por 1,300 pesos de moneda provincial, que se dice extra-viado ; cinco por 1,500 pesos cada uno' y otro por mil pesos, vence-deros en los plazos que anteriormente se expresaron. En esos docu-mentos privados se expresa que la deuda procede de la compra de acciones y derechos hereditarios correspondientes a Doña Pilar To-rrado como sucesora universal de Don Ramón y Don Manuel Fer-nández y Torrado. Cada uno de dichos documentos está firmado por Don Peregrino Villamil como deudor directo y por Don Ramón Torrado y Cardalda, como fiador y principal pagador y se refieren expresamente a la escritura que con la misma fecha se otorgó.”

El Juez Sr. Figueras al emitir la opinión de este tribunal en ese caso se expresó como sigue:

“Segunda cuestión. — En el caso de Agustín Hernández Mena v. losé de los Santos Muñís, fallado en 15 de enero de 1906, y siguiendo la doctrina consignada en las últimas sentencias dictadas sobre la materia por el Tribunal Supremo de España, hemos dicho que la expedición de pagarés a la orden y sus endosos deben reputarse actos mercantiles con arreglo al artículo segundo del Código de Comercio, por ser de los expresamente definidos en dicho cuerpo legal, habiendo, por tanto, la presunción de que proceden de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.
“Pero es el caso que los pagarés proceden aquí de la compraventa de acciones y derechos hereditarios como así se expresa en el texto de los mismos que se acompañaron a la demanda, y como lo prueba la escritura pública número 277 de 11 de junio de 1897, cuya auten-ticidad no se ha impugnado.
“El inciso segundo del artículo segundo del Código de Comercio, reputa acto de comercio los comprendidos en dicho código y ‘cuales-quiera otro de naturaleza análoga.’
“¿Es de naturaleza análoga a los comprendidos la venta de accio-nes y derechos hereditarios? En manera alguna, porque sólo pueden comprenderse dentro de la pregunta y considerarse como mercantiles aquellos actos en que ya en la compra, ya en la venta, las partes tuvieren el propósito de obtener lucro y en estas operaciones funda-mentasen su estado civil.
“Esta- apreciación acertadísima, dada la naturaleza del comercio, consta en el código comentado y concordado por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, fundada por Don José Reus y García, al comentar el artículo segundo.
“Es mercantil la compraventa cuando se' hace para revender lo comprado, bien en la misma forma en que se compró o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Artículo 325.
“No consta que el comprador Don Peregrino Yillamil vendiese las acciones y derechos hereditarios que adquirió en la misma o en otra forma, sino que cuando más puede concederse es que vendió materias muy diversas, es decir, la parte alícuota que en cada uno de los efectos de su comercio tenía la vendedora Pilar Torrado por herencia de sus hijos.
“De modo que está en contra de la presunción- de que los pagarés proceden de operación de comercio la prueba en contrario consistente en los mismos pagarés, en la escritura de venta y en el hecho de que no se ve el propósito de obtener lucro porque la única intención que se descubre en la vendedora y en el comprador, es romper el vínculo que les unía en la Sociedad Mercantil de ‘Yillamil y Her-mano,’ por más que también fué objeto de la compra otros derechos y acciones independientes de la sociedad y ésta es otra razón que abona la afirmación de que los pagarés no proceden de operación de comercio. ’ ’

El principio que de tal modo lia sido enunciado es el que debe regular estq, cuestión el cual resuelve terminantemente • el caso de autos.

Debe revocarse la sentencia apelada» y devolverse el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la 'opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: conforme con la sen-tencia.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Puras, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por alteración de la paz pública.
    No. 830.
    Resuelto en noviembre 26, 1915.
    Alteración de la Paz Pública — Suficiencia de la Denuncia — Reunión Reli-giosa — Condiciones de Lugar y Tiempo. — Alegada en este caso la insufi-ciencia de la denuncia por no expresarse cuándo, en qué momento, y a qué hora, querían los ministros y creyentes de la Iglesia Bautista celebrar su reunión en la plaza pública, se resolvió: que era suficiente por cuanto de la. misma se sabe que la reunión religiosa trataba de celebrarse de 7 a 9 de-la noche del día 5 de septiembre de 1914, y porque, según ella, durante ese tiempo, no pudieron empezarla por impedirlo los cantos, y repiques,de cam-panas verificados en la iglesia.
    Id. — Cantos y Repiques de Campanas — Condiciones de Lugar y Tiempo —• Congregación de Personas Lícitamente Reunidas. — Uno de los modos de cometerse el delito de alterar la paz pública es por medio de ruidos, y aunque los cantos y repiques de campanas no pueden estimarse generalmente como ruidos, sin embargo, al igual que la mejor música, pueden constituir un ruido según las condiciones de lugar y tiempo, y en relación con el estado de ánimo de las personas que los escuchan. Así los cantos y repiques de campana en una iglesia, llevados a efecto con intención de perturbar una . congregación de personas lícitamente reunidas, se convierten en ruidos para tales personas porque les impide celebrar su reunión.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. \0destino Triarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Paras fué denunciado en anión de otras dos per-sonas ante la Corte Municipal de Eío ..Grande por el delito de turbar la paz pública, y contra la sentencia que en grado de apelación dictó la Corte de Distrito de San Juan decla-rándolo culpable de ese delito e imponiéndole como castigo el pago de una multa de diez pesos o prisión en defecto de pago, interpuso el presente recurso de apelación.

La transcripción que para -resolverlo nos lia presentado sólo contiene la denuncia, la sentencia de la corte de distrito y el escrito de apelación, y en el alegato que nos presentó solicitando ' la revocación de la sentencia apelada funda su petición únicamente en que la denuncia no contiene hechos suficientes constitutivos del delito por el cual fue declarado convicto.

La denuncia, en lo necesario, dice así:

“Que en septiembre 5, 1914, desde las 7 p. m. hasta las 9 p. m. y en el coro y campanario de la Iglesia Católica de este pueblo del Distrito Judicial Municipal de Río Grande, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, los citados Pedro Puras, Pbo., Serafín Benitez y Angel Benitez, entonces y ■allí, voluntaria e ilegalmente, y con manifiesta intención maliciosa, perturbaban e interrumpían a un meeting evangélico religioso que los ministros y creyentes de la. Iglesia Bautista, autorizados por escrito’por el Sr. Alcalde de este pueblo, querían dar en la plaza pública. Tal interrupción consistió en cantos y repiques de cam-panas en la forma siguiente: el sacerdote vestido de paisano y sin feligreses en su iglesia, tarareaba cantos al parecer fúnebres en el coro de la iglesia, ahuecando la voz y dirigiéndola hacia el sitio donde había de empezar el meeting, contestando el sacristán, y el referido sacerdote por intervalos decía BOMBA, a cuya voz se repicaban las campanas, sucediéndose esto como diez o • doce veces, en cuyo lapso de tiempo no pudieron empezar su meeting cuando querían hacerlo.”

Sostiene el apelante qne la denuncia es insuficiente por-que no expresa cuándo, en qué momento, a qné hora, que-rían aquellos ministros y creyentes celebrar su reunión en la plaza pública, y que las palabras y actos que se le imputan no son constitutivos de conducta grosera, indecorosa ni ofen-siva.

En cuanto a lo primero, por la denuncia se sabe que la reunión religiosa trataba de celebrarse de 7 a 9 de la noche del 5 de septiembre de 1914 porque según ella durante ese tiempo no pudieron empezarla por impedírselo los cantos y repiques de campanas verificados en la iglesia; y en cuanto a lo segundo, uno de los modos de cometer el delito de turbar la paz pública es por medio de ruidos, y aunque los cantos y repiques de campanas no puedan estimarse generalmente como ruidos, sin embargo, al igual que la mejor música, pue-cien constituir un ruido según las condiciones del lugar y tiempo y en relación con el estado de ánimo de las personas que los escuchan. El Pueblo v. Vilaró, 13 D. P. R., 40. Los cantos y repiques de campana en una iglesia, llevados a efecto con la intención de perturbar una congregación de personas lícitamente reunidas se convierten en' ruido para tales per-sonas porque les impiden celebrar su reunión.

No es por tanto sostenible la objeción opuesta a la denun-cia y la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado SR. Aldrey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Suárez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción de ordenanzas municipales. .
    No. 864.
    Resuelto en noviembre 26, 1915.
    ORDENANZAS MUNICIPALES-FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS PARA DICTARLAS •— Bienestar Público — Pena.—Por la ley aprobada en 1906 para establecer un sistema de gobierno local y para otros- fines secciones 25 y 26, según fueron enmendadas en 1907, 1910 y 1911, se faculta a los municipios para dictar ordenanzas que no estén en conflicto con las leyes de la isla, entre otras cosas, sobre materia concerniente al bienestar público y para imponer penas por las infracciones a ellas que no excedan de 50 pesos de multa o 15 días de cárcel, o ambas penas.
    Asamblea Legislativa. — Corporaciones Municipales — Delegación de Poderes Respecto a Ordenanzas — Penas—Derecho Constitucional. — La Legisla-tura puede delegar en las corporaciones municipales el poder de dictar orde-nanzas respecto a ciertas cuestiones locales, las que tienen la fuerza de leyes aprobadas por la Legislatura del Estado, y deben ser respetadas, pudiendo también delegar la facultad de imponer, penas por las infracciones a ellas, como medio de haeer que se cumplan, facultad que no es inconstitucional.
    Denuncia — Suficiencia de la Denuncia — Declaración Jurada Respecto a la Naturaleza del Delito y Circunstancias. — Una denuncia es suficiente, de acuerdo con las secciones 22 y 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según ha sido enmendado, cuando contiene una declaración jurada tan deta-lladamente como sea posible de la naturaleza del delito y de las circunstancias que hayan concurrido en su perpetración.
    Infracción de Ordenanzas Municipales — Denuncia—Inserción de la Orde-nanza en la Denuncia — Procedimiento Instituído en la Corte Municipal — Conocimiento Judicial. — No es necesario en una denuncia por infrac-ción de ordenanzas municipales que se inserte la ordenanza en todo o en parte, ni aun su título ni fecha de aprobación, cuando el procedimiento, se instituye en una corte municipal, porque la ordenanza es ley peculiar de aquel forum y está la corte obligada a conocer de ella judicialmente, de igual manera que ocurre con las cortes de distrito y las leyes de la Asamblea Legislativa.
    Los hechos están expresados en lá opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia que contra el apelante Jacinto Suárez se presentó en la Córte Municipal de Eío Piedras se le acusó de infracción a las ordenanzas municipales porque siendo representante y socio de la razón social Yillamil Hermanos con establecimiento de provisiones en el pueblo de Eío Pie-dras, maliciosa y voluntariamente tenía en dicho estableci-miento 18 cajas de gasolina y 50 de gas, infringiendo así la ordenanza municipal aprobada en 16 de abril de 1913 por el Concejo Municipal de Eío Piedras para tal caso prevista.

Juzgando el caso de novo la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en grado de apelación, dictó sentencia decla-rando a Jacinto Suárez culpable del delito de infracción de ordenanzas municipales y le impuso como pena el pagar cinco dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cár-cel por cada dollar de multa que dejare de pagar.

El apelante nos pide que revoquemos la sentencia de la corte de distrito por él apelada, fundándose en que ésta come-tió error al desestimar su excepción, perentoria contra la de-nuncia basada en que ésta es insuficiente porque no se ajusta a los requisitos exigidos por los artículos 71, 72, y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal por cuanto tratándose de la infracción ele una ordenanza municipal no expresa su título, ni la fechp, de su aprobación, ni se copia la parte de ella que' se dice infringida; y, además, porque los lieebos que relata no son constitutivos de delito público por no bailarse pena-dos por ninguna ley de carácter penal de las señaladas en el artículo 5o del Código Penal.

Alterando el orden en que ban sido presentadas estas dos cuestiones, trataremos en primer término la segunda que niega a los municipios la facultad de imponer penas, ya que si en esto tiene razón el apelante sería innecesario conside-rar la otra cuestión, basada en defectos de la denuncia.

Si bien es cierto que según el artículo 5o. del Código Penal que se aprobó en el año 1902 ninguna persona será arrestada por crimen o delito alguno que no estuviese expresamente declarado en él, excepto por crímenes o delitos contra las leyes de los Estados Unidos aplicables en Puerto Pico, las decretadas por la Asamblea 'Legislativa ele' esta isla y por el Congreso de los Estados Unidos, para Puerto Rico, y que la infracción de que se acusa al apelante no se baila compren-dida en esas leyes, también, es verdad que la Asamblea Legis-lativa ele Puerto Rico aprobó posteriormente la ley del año 1906 para establecer un sistema de gobierno local y para otros fines por cuyas secciones 25 y 26 según fueron enmen-dadas en 1907, 1910 y 1911, facultó a los municipios para aprobar ordenanzas que no estuvieran en conflicto con las leyes de la isla, entre otras cosas, sobre materia concerniente al bienestar público y para imponer penas por las infraccio-nes a ellas, que no excediesen de cincuenta pesos de multa o quince días de arresto en cárcel o con ambas penas.

Esto no lo ignora el apelante pero sostiene que la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico'no puede delegar en los muni-, cipios su facultad de declarar cuáles son los delitos y sus penas. Sin embargo, tal facultad de delegar ba sido reco-nocida unánimemente por los tribunales por ser singular-mente consistente con la doctrina democrática de la auto-ti nimia.. 28 Cyc., 693; 8 Cyc., 866; 2 Dillon’s Municipal Corporations, par. 573, quinta edición y casos citados en sn nota.

Es indudable que la legislatura puede delegar en las cor-poraciones municipales el poder de dictar ordenanzas con respecto a ciertas cuestiones locales, las que tienen la fuerza de leyes aprobadas por la Legislatura del Estado y deben ser respetadas, New Orleans Water Works v. New Orleans, 164 U. S., 481; y siendo esto así, pueden también delegar la facul-tad de imponer penas por las infracciones a ellas como medio de hacer qué se cumplan. En varios casos se ha resuelto que esa facultad concedida a los municipios no es inconstitucional. State v. Tryon, 39 Conn., 18 y State v. Carpenter, 60 Conn., 97, 22 Atlantic Reporter, 497.

En cuanto a la otra cuestión, no hay que olvidar que se trata de una denuncia que es suficiente de acuerdo con las sec-ciones 22 y 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según ha sido enmendado, cuando contiene una declaración jurada tan detalladamente como sea posible de la naturaleza del delito y de las circunstancias que hayan concurrido en su perpetración.

En la denuncia que inició este procedimiento se alega que el apelante tiene en su establecimiento mercantil cierto nú-mero de cajas de gasolina y de gas en contravención a una ordenanza municipal aprobada en 16- de abril de 1913 por el Concejo Municipal de Río Piedras, palabras que son sufi-cientes para informarle del hecho por el cual se le denunciaba, sin que fuera necesario que se insertara la ordenanza en todo o en parte ni aun su título ni fecha de aprobación porque estando instituido el procedimiento en una corte municipal para hacer cumplir una ordenanza municipal, que es ley peculiar de aquel forum, está la corte obligada a conocer la orde-nanza, de igual manera que ocurre con las cortes de distrito y las leyes de la Asamblea Legislativa. Ex parte Davis, 115 Cal.,445.

La sentencia apelada debe ser confirmada..

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison JUECES SEES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

text:
    García, Demandante y Apelado, v. The Humacao Fruit Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de PInmacao en causa sobre cobro de dinero.

      No. 1198.
    Resuelto en noviembre 30, 1915.
    Apelaciones contra Sentencias de las Cortes Municipales — Resolución Declarando sin Lugas una Moción pasa que se Deje sin Efecto una Orden de Ejecución y Venta en Pública Subasta — Sentencia Einal.— La resolución dictada por una' corte municipal declarando sin lugar una moeión para que se deje sin efecto una orden de ejecución y venta en pública subasta es apelable para ante la corte de distrito respectiva por ser una sentencia final claramente comprendida dentro de la letra y espíritu de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes muni-cipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11, 1908.
    Apelación — Interpretación Liberal — Estatutos Reparadores. — Los estatutos que autorizan y regulan el derecho de apelación son reconocidos como repara-dores por su naturaleza y deben ser interpretados liberalmente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huylte.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Tous Soto.

      (1) En 2i de diciembre 1915, denegada la reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La demandada y apelante presentó una moción en la Corte Municipal de Humacao con el fin de que se anulara y dejara sin efecto cierta orden de ejecución y venta hecha en pública subasta. El demandante-apelado compareció formulando su contestación, se celebró la vista en la que se presentó prueba tanto en cuanto a los hechos alegados en la moción como en apoyo de la oposición que a la misma se hizo, y discutida la cuestión quedó sometida a la consideración de la corte. T la corte, después de haber considerado la cuestión por algún tiempo, emitió una opinión de cuatro páginas en la que cons-tan sus conclusiones de hecho y de derecho y dictó una orden declarando que la ley y los hechos están en favor del deman-dante y en contra ele la demandada y declaró sin lugar la moción.

La Corte de Distrito de Iiumacao por virtud de la apela-ción interpuesta contra esa orden después de celebrar un jui-cio de novo sobre las cuestiones así debatidas y de oir los informes de una y otra parte, se reservó asimismo la reso-lución del caso y finalmente en otra opinión de cuatro páginas llegó a la conclusión de que la orden no era apelable, y sin considerar los méritos de las cuestiones envueltas desestimó la apelación, alegando no tener jurisdicción para conocer de dicha apelación. •

Con anterioridad al año 1908, los particulares del proce-dimiento observado en apelaciones de las cortes municipales a las de distrito se regían por la práctica y reglas de las cortes basadas en el sentido común y en principios análogos más bien que en ningún precepto terminante de la ley. La Orden Greneral No. 118 de agosto 16, 1899, disponía simple-mente que “contra los fallos de los jueces municipales y sus asociados, así en lo civil como en lo criminal, procederá el recurso de apelación en ambos efectos para ante la corte de distrito respectiva.” Tanto en el Código de Enjuiciamiento Civil como en las leyes reorganizando el sistema judicial parece haberse hecho caso omiso enteramente de la cuestión. Las reglas adoptadas en el año 1904 por cada una de las cortes de distrito nuevamente constituidas, disponían, sin embargo, que “cualquier persona puede apelar a esta corte de distrito de cualquier sentencia final dictada en caso civil por una corte inferior dentro de este distrito judicial, y el caso así apelado será juzgado de novo en esta corte.”. El Código de Enjuiciamiento Civil define como sentencia “la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en nn pleito o procedimiento.” La parte' pertinente de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11, 1908, es como signe: ‘1 Cuando ana corte municipal hubiere dictado sentencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente a favor del demandante o del demandado, cualquiera de las partes que se creyera perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal.” En la versión caste-llana se emplea la palabra “asunto” (matter) mientras que en el testo inglés se usa la palabra “case” (caso).

La resolución final de la corte municipal parece estar claramente comprendida tanto en la letra como en el espíritu del precepto que acaba de citarse, interpretado en relación con la. definición contenida en el Código de Enjuiciamiento Civil, y en completa armonía por analogía, con el precepto específico del estatuto que regula las apelaciones contra las órdenes especiales después de dictada la sentencia en las cortes de distrito, y con la bien reconocida tendencia del pro-cedimiento moderno de substituir el juicio mediante moción por la antigua' audit a querela, que prácticamente está ahora en desuso, dicha orden puede ser razonable y justamente con-siderada como una sentencia final. Cualquiera que sea la práctica en otras jurisdicciones, no puede llegarse a otra conclusión lógica o satisfactoria de acuerdo con nuestra ley local de procedimiento. “Los estatutos que autorizan y regu-lan el derecho do apelación son reconocidos como reparadores por su naturaleza y deben ser interpretados liberalmente en beneficio del derecho de apelación.” 2 R. C. L. Apelación y Error, párrafo ó, página 29.

Una apelación semejante a ésta fué considerada por este tribunal en el caso de Millín v. Aldrey, Juez de Distrito, 16 D. P. R. 393, si bien la cuestión envuelta en este caso no fué promovida ni considerada por la corte. El caso de Hernández v. Tornabells & Co., 17 D. P. R. 637, citado por el apelado, no es pertinente a este caso. Esa fné nna apelación contra una orden dejando sin efecto una sentencia en rebeldía y un “embargo hecho para su ejecución,” contra una segunda orden denegando la reconsideración de la orden anterior y contra una tercera orden declarando nula la adjudicación de la finca subastada. Estas órdenes disponiendo la apertura del caso para continuar los procedimientos desde luego que podían ser revisadas por la corte de distrito por virtud de apelación interpuesta contra la resolución final dictada en dichos nuevos procedimientos y fné en realidad contra la sen-tencia definitiva de la corte de distrito, después de celebrar de novo toda la controversia, que se interpuso apelación en el caso de referencia para ante este tribunal. La diferencia tan grande que 'existe entre ese caso y el presente aparece cla-ramente explicada en los casos de Tuffree v. Stearns Ranchos Company, 54 Pac. 826, y De la Montanya v. De la Montanya, que en el mismo se citan con aprobación.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Al-drey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS

JUECES SEES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

Seguido juicio en la Corte Municipal de Humacao por Florencio García Lebrón contra “The Humacao Fruit Company,” en cobro de dinero, se dictó sentencia en rebeldía de. la demandada condenando a ésta al pago de la suma de $86.63 que se le reclamaba, con intereses legales y costas.

Para la ejecución de dicha sentencia se libró orden al marshal, quien embargó y subastó como de la propiedad de la demandada cierta finca rústica que fué adjudicada a Juan Ortiz Díaz por la suma de ciento treinta dólares.

En ese'estado las cosas The ITumacao Fruit Company pre-sentó moción a la expresada corte municipal para que se anu-laran y dejaran sin efecto la subasta y venta de la finca rema-tada. Discutida esa moción fué declarada sin lugar por orden de 6 de marzo de 1914. Contra esa orden interpuso la parte demandada recurso de apelación para ante la Corte de Dis-trito de Humacao, la cual, por resolución de 28 de mayo de 1914, entendió que carecía de jurisdicción para conocer del recurso por no ser apelable la orden recurrida,..

Opinamos que esa resolución, sometida a la considera-ción de esta Corte Suprema en virtud de recurso de apela-ción contra ella interpuesto, se ajusta a derecho, y para sos-tener esa opinión nos basta examinar los preceptos legales aplicables al caso.

La ley para reglamentar las apelaciones contra senten-cias de las cortes municipales en pleitos civiles dice en su sección Ia.:

“Cuando una corte municipal hubiere dictado sentencia en un asunto civil, 'resolviéndolo definitivamente a favor del demandante o del demandado, cualquiera de las partes que se creyere perjudi-cada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal * * * >!

La sentencia a que se refiere dicha sección primera no es otra que la decisión definitiva sobre los derechos de las partes discutidos en el juicio celebrado ante la corte municipal (Art. 188 del Código de Enjuiciamiento Civil). T tan es así, que la sección 2a. de la ley de 11 de marzo de 1908 previene que la presentación del escrito de apelación tendrá el efecto de suspender la ejecución de la sentencia. Pero si alguna duda hubiere aún de ello, queda completamente desvanecida por los preceptos de la sección 3a. que, en la parte atinente a la cuestión que se debate, dice así:

“* # * Al anunciarse la vista de la apelación el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cuales-quiera providencia, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado. Resueltas que fueren estas cuestiones se pro-cederá a la vista de la causa, a menos que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicha demanda o contestación. Una vez dispuesto el pleito para la vista, se trami-tará como nuevo juicio, rigiendo para el ¡mismo todas las disposi-ciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos ori-ginalmente entablados ante las cortes de distrito.”

Esos preceptos muestran claramente que la tramitación por' ellos establecida se refiere sólo a apelaciones contra sen-tencias dictadas por las cortes municipales en los juicios ante ellas seguidos y no a resoluciones o más bien órdenes resol-viendo mociones sobre nulidad de los procedimientos segui-dos para la ejecución de la sentencia.

La resolución de la Corte Municipal de Humacao do 6 de marzo de 1914 que motivó el recurso de apelación para ante la corte de aquel distrito no constituye una sentencia sino una orden, con arreglo al artículo 315 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Toda disposición de una corte o juez dada por escrito o anotada en el récord y no incluida en una sentencia se denomina 'una orden. La,solicitud pidiendo ,que se expida una orden, constituye una mo-ción. ’ ’

En el presente caso no fue resuelta propiamente una ac-ción o demanda sobre nulidad sino una moción sobre nuli-dad en juicio ya decidido por sentencia y no es posible lla-mar sentencia lo que sólo es una orden. No lia liabido un nuevo pleito sobre nulidad sino un incidente surgido. entre las mismas partes del juicio con motivo de la ejecución de la sentencia, y no tenemos inconveniente en admitir que esa resolución puede calificarse de providencia especial dictada después, de una sentencia definitiva. Empero, aunque así sea, esa providencia especial, dictada por un juez municipal, no es apelable para ante la corte de distrito como induda-blemente lo sería para ante la Corte Suprema, con arreglo al número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, si se hubiera dictado por una corte de distrito en caso de su exclusiva jurisdicción.

T no puede sostenerse que tratándose de una providen-cia especial cabe contra ella el recurso de apelación para ante la corte de distrito por otorgarse ese recurso contra sentencias definitivas dictadas por las cortes municipales, pues la sección Ia. del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil otorga igual derecho contra sentencias defini-tivas dictadas por las cortes de distrito, y, sin embargo, la Legislatura estimó necesario conceder expresamente igual re-curso contra las providencias especiales dictadas después de una sentencia definitiva, lo cual demuestra que entre las sen-tencias definitivas no están comprendidas las providencias especiales dictadas después de aquéllas.

No es posible dar interpretación extensiva a las leyes cuando éstas son claras y libres de toda ambigüedad.

Por las razones expuestas, disintiendo de la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte, entendemos que el juez de la Corte de Distrito de Humacao carecía de juris-dicción para conocer del recurso sometido a su considera-ción y que su resolución de 28 de mayo de 1914 se ajusta a derecho.


author: El Juez PresideNte Sr. Hernández,

text:
    D. E. Cintrón, S. en C., Promovente y Apelante, y El Pueblo, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagücz en un expediente sobre información posesoria.
    No. 1359.
    Resuelto en noviembre 30, 1915.
    Expediente Posesorio — Adquisición de Documentos no Poseídos al Pre-sente — Gasto Cuantioso — Demora en la Inscripción ■ — - Interpretación Restrictiva. — La alegación en un expediente do información posesoria de que se hace necesario para inscribir el título de dominio que ya se tiene, aportar documentos otorgados con anterioridad que no se tienen actualmente y cuya adquisición originaría un gasto cuantioso, dilatando además consi-derablemente la inscripción, no coloca al peticionario dentro de ninguna de las excepciones del artículo 437 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, al que debe dársele una interpretación restrictiva.
    Id.- — Asiento de Adquisición Contradictorio no Cancelado — Deber del Regis-trador. — El artículo 393 de la Ley Hipotecaria regula el procedimiento que debe seguir, el registrador cuando hallare en el registro algún asiento de adquisición de dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción con el hecho de la posesión justificada en información judicial, sin que sea aplicable a la instrucción de un expediente posesorio que ha de .gobernarse por los artículos 390 de la Ley* Hipotecaria y 437 del reglamento para su ejecución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. José Benet.

    El apelado no compareció.
   El Juez PresideNte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Mayagiiez, la sociedad mer-cantil en comandita D. E. Cintrón S. en C. promovió informa-ción para justificar la posesión en que estaba de dos fincas rústicas, una de ellas de 5 cuerdas y la otra de 9 con 87 cén-timos, que según alega le fueron adjudicadas por escritura pública que otorgó a su favor en 22 de febrero, 1915, el ad-ministrador judicial de los bienes de la herencia de Don Julio N. Laabes ante el .notario J osé Benet, en pago de deu-das, con obligación de reconocer un crédito hipotecario do que era eesionaria Doña Josefa Mestre y Castelar.

Al escrito inicial de la información se acompañó, entre otros documentos, la mencionada escritura de 22 de febrero de 1915, y de ella resulta que la finca de 5 cuerdas fué adqui-rida por Laabes de Don Miguel Félix Medina y que Doña Josefa Nicolasa Rivera, esposa de Laabes, adquirió la otra finca de 9 cuerdas por herencia de su padre Eusebio Rivera, habiendo sido adjudicada a Laabes en el arreglo testamen-tario practicado con motivo de la muerte de Doña Josefa Nicolasa Rivera.

Certifica el Registrador de la Propiedad de Mayagüez que la finca de 5 cnerdas está inscrita en el registro a favor de Julio N. Laabes y la de 9 cuerdas a favor de Doña Josefa Nicolasa Rivera, estando gravada la primera finca con una hipoteca a favor de la mercantil D. E. Cintrón, y ambas con otras hipotecas a favor de Doña Josefa Mestre y Castelar.

Alega el peticionario que aunque ambas fincas están ins-critas en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, se le hace necesario para inscribir el título de adjudicación en pago, o sea, la escritura de 22 de febrero, 1915, aportar varios docu-mentos otorgados con anterioridad, que no tiene actualmente, y cuya adquisición le originaría un gasto considerable dila-tando además considerablemente la inscripción de su título. La Corte.de Distrito de Mayagüez denegó la admisión de la información por medio de orden que dice así:

“Vista la solicitud presentada en este caso, la corte se niega a admitir la información de posesión que'en la misma se solicita, porque el título que ostenta la sociedad promo vente de las dos fincas, objeto de la información, es un título de dominio inscribible en el registro de la propiedad toda vez que dichas' fincas aparecen inscritas a nombre de Julio N. Laabes y de su esposa Josefa Nicolasa Rivera y Ríus, personas de quienes proceden directamente dichos bienes por cuya razón no procede la información solicitada, y se ordena el sobre-seimiento y archivo de este caso. Mayagüez, P. R., abril 16 de 1915. Firmado: Charles E. Poote, Juez del Distrito.”

Contra esa orden interpuso el peticionario recurso de ape-lación para ante esta Corte Suprema.

Entendemos que la orden recurrida se ajusta a los pre-ceptos de la Ley Hipotecaria y de su reglamento.

El artículo 390 de dicha ley concede a los propietarios que carecieren de título escrito de dominio, cualquiera que sea la época en que hubiere tenido lugar la adquisición, la facultad de inscribir su derecho justificando previamente su posesión ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes, y el artículo siguiente, al fijar las regias qúe deben observarse en la instrucción del expediente posesorio, enumera bajo el número 5o. la de que en el escrito promoviendo la información se exprese la circunstancia de no existir título escrito o de no ser fácil bailarlo en el caso de que exista.

El artículo 437 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dice:

“Se entenderá que carece de título escrito para el efecto de ins-cribir su posesión, con arreglo a los artículos 390 y siguientes de la ley, no sólo el que realmente no posea dicbo título, sino también el propietario que, teniéndolo, no pueda reclamar inmediatamente su inscripción por haberlo de traer de punto distante del lugar en que deba hacerla, o por cualquier otra,* causa que le obligue a dilatar su presentación. Esta circunstancia podrá hacerse constar en el expediente y en la misma inscripción.”

En el presente caso el peticionario no carece de título escrito de dominio ni cabe admitir que no le sea fácil bailarlo o que exista causa que lo obligue a dilatar su presentación pues al escrito inicial de la información ba acompañado copia de la escritura de 22 de-febrero, 1915, que bien ba podido presentar en el registro para su inscripción.

T no favorece al peticionario su alegación de que para inscribir la mencionada escritura se le bace necesario apor-tar varios documentos otorgados con anterioridad, que no tiene actualmente, y cuya adquisición le originaría un gasto considerable dilatando además considerablemente la inscrip-ción de su título. Tal alegación no coloca al apelante dentro de ninguna de las excepciones del artículo 437 ya transcrito del reglamento de la Ley Hipotecaria.

“Ese artículo debe ser interpretado restrictivamente, no sólo por-que contraría en cierto modo un precepto legal tan general y termi-nante cual el del artículo 390 de la Ley Hipotecaria, sino porque la posesión como estado jurídico es una verdadera anomalía que es fuerza limitar y restringir; criterio que cada vez se impone con mayor autoridad si ha de evitarse que el registro de la propiedad degenere en registro de la posesión.”

Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España, de 31 de mayo de 1893 y 7 de enero de 1896.

Sostiene la parte apelante qne la corte inferior no lia debido rechazar de plano la información posesoria sin darle oportu-nidad para demostrar qne estaba dentro de los preceptos-, de la Ley Hipotecaria y al efecto invoca el artículo 39S de>. la misma. Entendemos qne dicho artículo regula el proce-dimiento que debe seguir el registrador cuando hallare em el registro algún asiento de adquisición de dominio o pose-sión no cancelado que esté en contradicción con el hecho d© la posesión justificada por la información judicial, sin que sea aplicable al presente caso que ha de gobernarse por los artículos de la Ley Hipotecaria y de su reglamento de que dejamos hecho mérito.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la resolución apelada.

Confirmada la resolución ap&lada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El 'Juez Presidente Sb. Hebnándbz

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. en causa por delito de hurto de menor cuantía.
    No. 860.
    Resuelto en noviembre 30, 1915.
    Pbiieba de Referencia — Eliminación—Excepciones—Perjuicios.—No comete error un juez que deniega la eliminación de cierta parte de la declaración de un testigo por ser de referencia, cuándo tal resolución no ha sido exeep-eionada por el acusado, ni tampoco se produjo áéste perjuicio alguno.
    Abuso de Confianza — -Hurto—Distinción entre Delitos. — Da diferen-cia entre los delitos de abuso de confianza y hurto consiste en que en et' primero el acusado está en posesión de la cosa y se la apropia o- la hace-, suya ilegalmente, mientras que en el segundo el acusado se apropia 0, haca suya la cosa tomándola de poder de otras personas.

      Hurto — Abuso de Confianza — Prueba.-—Cuando en la denuncia se imputa el delito de hurto y en el juicio se prueba un abuso de confianza definido en el artículo 445 del Código Penal, no puede ser el acusado condenado por el se-gundo delito, por no estar éste necesariamente comprendido en el primero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Tisol <& Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El 'Juez Presidente Sb. Hebnándbz

emitió la opinión del .tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por los acu-sados Arturo Díaz y Gustavo Padró, contra sentencia que ■dictó la Corte de Distrito de San 'Juan, Sección 2a. en 26 de febrero del corriente año, condenando a cada uno de ellos como culpablés del delito de hurto de menor cuantía, a la pena de $100 de multa con las costas, y en defecto de pago a-'un día de cárcel por cada dollar de multa que dejaren de pagar.

El 'delito'de hurto de mehór' cuantía imputado a los acu-sados, consiste en que “el día,‘13 de junio de 1913, en la juris-dicción de Dorado que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal,, voluntaria, y. maliciosamente y con inten-ción criminal sustrajeron de la finca de Don Antonio Pizá dos carros de carbón, valorados en la suma de $15, los cuales vendieron a Manuel Meléndez.”

Aléganse conlo motivos del recurso: 1°'. Que el juez cometió error al no permitir que se eliminara la parte de la decla-ración del testigo Antonio Pizá en cuanto-concernía al carbón, que faltaba, por ser de referencia; y 2,°. Que la, sentencia es contraria a la prueba.

La declaración de Pizá/ en la parte cuya eliminación fué pédida/.'no fue excepciónada en forma por los acusados ni tampoqo-; causó -a- .éstos perjuicio- alguno-.

En cuanto a la prueba, después’de haber hecho un dete-, nido, examen de la misma, encontramos , que-si se -probó algún delito' no- fué el de'hurto de"menor cuantía sino el dé abuso de confianza definido, en .él artículo 445 ,dél Código Penal, pues los acusados eran mayordomos de Don Antonio Pizá y bajo la custodia de los mismos estaba el carbón cuya falta se les imputa, según lo afirma y repite el testigo Pizá.

La diferencia entre los' delitos de abuso de confianza y hurto consiste en que en el primero el acusado está en posesión de la cosa y se la apropia o la hace suya ilegalmente, mientras que en el segundo el acusado se apropia o hace suya la cosa tomándola de poder de otras personas. El Pueblo v. Kent, 10 D. P. R. 343.

Como falta prueba del delito de hurto por el cual han sido condenados los apelantes y no puede condenárseles por el 'delito de abuso de confianza que no está necesariamente-comprendido en aquél, procede la revocación de la sentencia apelada, y que se absuelva a Arturo Díaz y Gustavo Padró del delito de hurto de que han sido acusados.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Orta, Demandante y Apelante, v. Arzuaga et al., Demandados y Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre filiación.
    No. 1262.
    Resuelto eu noviembre 30, 1915.
    Prescripción — Excepción Previa Fundada en un Artículo no Aplicable— Defensa. — Cuando en la excepción se ha especificado el artículo de la ley en que se apoya la prescripción de la acción, y tal artículo no es aplicable, sino otro distinto, no procede sostener la excepción por el último de dichos preceptos, porque el demandante no tuvo oportunidad de defenderse de- una controversia que no se. planteó debidamente.
    Filiación — Prescripción de la Acción — Citación en la Excepción de la Ley en que se BAsa. — Pero ’cuando como sucede en este caso si bien- no se alega de una manera precisa el artículo de la ley en que se funda la,excepción de prescripción, es lo cierto que se consignan' datos suficientes para plantear el problema jurídico, y se demuestra que la cuestión suscitada fué claramente • entendida, tanto en la corte inferior como en esta Corte Suprema, por el demandante y apelante, entonces puede y debe resolverse la cuestión de prescripción envuelta.
    Id.' — Duración de la Acción de Filiación — Prescripción—Constitucionalidad del Artículo 199 del Oódigo Civil Revisado. — De acuerdo con la legislación anterior al Código Civil Revisado, o sea el Código Civil de 1889, un hijo podía ejercitar la acción de filiación mientras viviera el padre (artículo 137 del Código Civil antiguo), y de acuerdoi con el Código Civil Revisado de 1902 (artículo 199), sólo dos años después de haber arribadb a la mayor edad, o en caso de ser mayor de edad en 1902, sólo dos años después de la vigencia de dicho código, interpretación esta última necesaria a los efectos de que dicho artículo 199 del Código Civil Revisado pueda considerarse constitucional.
    Id. — Derechos Adquiridos al Amparo del Artículo 137 del Código Civil Antiguo y del 199 del Código Civil Revisado — Ley No. 1Z de 9 de Marzo de 1911 — Efecto .Retroactivo de las Leyes. — Es un principio sancionado por el artículo 3 del Código Civil Revisado, que las leyes no tendrán efeeto retro-activo si no dispusieren expresamente lo contrario, y que en ningún caso podrá el efeeto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. Así, no disponiéndose por la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911 que tenga efecto retroactivo, no es posible aplicarla de manera tal que reviva derechos ya extinguidos con arreglo a la legislación anterior,- no pudiendo en ningún caso el efecto retroactivo que pudiera reco-nocérsele perjudicar derechos adquiridos al amparo del artículo 137 del Código Civil antiguo y del 199 del Código Civil Revisado.
    Id. — Caso de Campbell v. Holt. — En este caso se examina el de Campbell v. ff'olt, 115 IT. S. 620, y se ratifica la doctrina sentada en los de Gual et.ál. v. Bonafoux et al., 15 D. P. R. 559, 568; de Jesús v. Sucesión Peres: Villamil, 18 D. P. R. 403; Robles v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 929; y Osorio v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 932.
    Filiación — Distinción Entre la Ley de 1911 y la que Regía Antes de 1902 Sobre la Materia. — La ley de 1911 no se limitó a poner en vigor la que regía antes de 1902. Entre ambas existe una variación fundamental. Según el Código Civil antiguo sólo podía, como regla general, ejercitarse la acción de filiación mientras viviera el presunto padre; y según la ley No. 73 de 1911 ese plazo se extiende hasta un año después de muerto el padre. Bajo el régimen del Código Civil antiguo, el presunto padre podía contestar siem-pre y negar por sí mismo la paternidad que se 1c atribuía; bajo el de la ley de 1911 pue'd'g:. esperarse a que, el- presunto- padre- muera para establecer la demanda, pudiendo imputarse al dicho alegado padre actos cuya certeza en muchos casos le es muy difícil a los- herederos comprobar.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J.. E. Brown y Eenry G. Molina.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo Acuña Aybar.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió' la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre filiación. Lorenzo Orta pre-sentó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., el 20 de marzo de 1912, alegando que allá por el año de 1874 Don Ignacio Arzuaga y Doña Jacinta Orta, ambos solteros, residentes en Puerto Pico y sin impedimento para contraer matrimonio, sostuvieron relaciones amorosas, que continuaron sin interrupción durante cinco años, más o menos, y que de esas relaciones nació el demandante en el dicho año de 1874. Alegó además el demandante que desde que nació, su padre Ignacio Arzuaga le tuvo y trató como hijo' natural,-atendiendo a su subsistencia y llamándole hijo, así en conver-saciones privadas y familiares como ante extraños; que tales relaciones entre hijo y padre continuaron hasta la muerte del último ocurrida el 20 de marzo de 1911; que su dicho padre murió bajo testamento otorgado el 24 de mayo de 1895 en el cual nombró a sus herederos omitiendo al demandante; que parte de los bienes de su padre, en su mayoría inmuebles, se hallan radicados en los términos municipales de Carolina y Loíza, y que los demandados, que son los herederos nombra-dos por Arzuaga en su testamento, se niegan a reconocer al demandante como hijo natural de Arzuaga, y se oponen a que el demandante use el apellido de su padre y entre en pose-sión de los bienes en que consiste la herencia de su referido padre.

Los demandados excepcionaron la demanda en la siguiente forma:

“Que excepcionan la demanda en este caso, bajo el fun-damento de no aducir hechos bastantes a determinar una causa de acción, en razón a que la acción de filiación en ella ejercitada, se encuentra prescrita de acuerdo con lo estable-cido en el artículo 194 del Código Civil revisado de esta isla, tal como se redactó originariamente y tal como fue reformado por la Asamblea Legislativa de esta isla en ley de 9 de marzo de 1911.”

Y la corte de distrito, el 6 de noviembre de 1914, dictó sentencia declarando prescrita la acción del demandante. El demandante interpuso entonces el presente recurso de apela-ción, cuya vista se celebró el 25 de junio de 1915, con asis-tencia e informes de los abogados de ambas partes.

La primera cuestión que debemos estudiar y resolver es la de si la excepción de prescripción se alegó o no de acuerdo con la ley.

En la sentencia apelada se establece la conclusión de que la acción ejercitada por el demandante está prescrita. De ser correcta la conclusión de la corte sentenciadora, ba tenido que fundarse en el artículo 199 del Código Civil revisado, artículo que fue expresamente derogado por la sección 4 de la ley número 73 de 1911. Y el apelante sostiene en su alegato que si ese es el fundamento de la sentencia, “no fue suscitado por la excepción previa, la cual se ‘fundó únicamente en el artículo 194 del Código Civil.’ ”

En el caso de Lamb & Co. v. Fantauzzi Hermanos, 17 D. P. R. 307, 312, interpretando el artículo 128 del Código de Enjuiciamiento Civil a la luz de la jurisprudencia de California, esta corte se expresó así:

“Pero cuando en la excepción se ba especificado, como en el caso presente, el artículo de la ley en que se apoya la excepción de prescripción de la acción, y tal artículo no es el aplicable, sino otro distinto, no sería justo sostener en tales condiciones- la excep-ción bajo ese otro precepto, porque no fué propuesta la cuestión de. acuerdo con él y los -demandantes no tuvieron oportunidad de defenderse de una controversia que no se le planteó, en cuyo caso debe desestimarse la excepción. Bank v. Wickersham, 99 Cal. 655.”

En el presente caso si bien no se designó el artículo 199 por su número y se citó el 194, es lo cierto que se bizo la citación en la forma que dejamos transcrita y es lo cierto también que en el Código Civil, tal como quedó enmendado por la ley número 73 de 1911, el artículo 194 tomó el lugar del 199 derogado por la expresada ley. Además el deman-dante tuvo la oportunidad de defenderse. Su alegato revela un estudio cuidadoso y bondo de la exacta cuestión en con-troversia y en su informe oral pidió a esta corte que aunque decidiera que la prescripción no se. había alegado de acuerdo con la ley y revocara por tal motivo la sentencia apelada, no dejara de entrar a estudiar y a resolver la cuestión de prescripción envuelta.

A nuestro juicio si bien debió alegarse de una manera más precisa el artículo de la ley en que se fundó la excepción de prescripción, en la forma en que se hizo se consignaron datos suficientes para plantear el problema jurídico y dicho pro-blema fue bien entendido por la parte contraria, el deman-dante y apelante, y por la corte. Bajo tales circunstancias, opinamos que debemos prescindir de la cuestión de forma suscitada y resolver el recurso en su fondo — esto es, que estamos obligados a decidir si la acción ejercitada por el demandante había o no prescrito al tiempo de interponerse la demanda.

La cuestión no es nueva. Ha sido decidida por esta misma corte en varios 'casos. Pero el apelante entiende que debemos. resolverla ahora en sentido contrario basándonos en la jurisprudencia que cita y en las sugestivas considera-ciones que hace en su alegato.

El demandante alega en su demanda que nació en el año de 1874. De acuerdo con la legislación anterior al Código Civil revisado, o sea el Código Civil de 1889, el demandante hubiera podido ejercitar su acción de filiación mientras viviera el padre (art. 137 del Código Civil antiguo), y de acuerdo con el Código Civil revisado de 1902, (art. 199), sólo dos años después de haber arribado a la mayor edad, o eq caso de ser mayor de edad en 1902, sólo dos años después de la vigencia de dicho código, interpretación esta última necesaria a los efectos de que el dicho artículo 199 del Código Civil revisado pueda considerarse constitucional. La demanda se interpuso el ' 20 de marzo de 1912, o sea después de muerto el alegado padre del demandante y después de haber trans-currido con exceso dos años, bien contados a partir' de la fecha en que el demandante entró en su mayor edad, ya de la en que comenzó a regir el Código Civil revisado.

Pero el demandante sostiene que en el año de 1911 el legislador redactó el artículo 194 del Código Civil revisado de manera tal qne dispone “que las acciones para el recono-cimiento de hijos naturales, sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres, o un año después de su muerte,” salvo los casos que la misma ley especifica, y que de acuerdo con dicha disposición legal su acción ha revivido y no puede considerarse en modo alguno prescrita, ya que la demanda se interpuso dentro de un año después de la muerte del padre del demandante.

La exacta cuestión suscitada por el apelante fué decidida por esta Corte Suprema en los casos de De Jesús v. Suc. Pérez Villamil, 18 D. P. R. 403; Osorio v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 932, y Robles v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 929. El razonamiento de la corte en el primero de dichos casos fué como sigue :

“Inútilmente invoca Isabel de Jesús en su defensa la ley número 73 aprobada en 9 de marzo de 1911, según la cual las acciones para el reconocimiento de hijos naturales no sólo podrán ejercitarse en vida de sus padres, sino un año después de' su muerte.
“Esa ley no es aplicable al presente caso, porque en su fecha había caducado ya la acción de filiación con arreglo al artículo 199 del Código revisado, y ella no puede dar vida a un derecho ya muerto.
“Es un principio sancionado por el artículo tercero del Código Civil revisado que las leyes no tendrán efecto retroactivo .si no dis-pusieren expresamente lo contrario, y que en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley. perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. De dicho principio se infiere que no disponiéndose por la ley de 9 de marzo de 1911 que tenga efecto retroactivo, no puede dársele ese efecto, y que en ningún caso ese efecto retroactivo podría perjudicar los derechos adquiridos por Ramón Pérez Villamil y su sucesión al amparo del artículo 199 del Código Civil revisado.” De Jesús v. Sucesión Pérez Villamil, 18 D. P. R. 403, 407.

Pero el apelante sostiene que la jurisprudencia de esta corte es contraria a la establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Campbell v. Holt, 115 U. S. 620, y pide que aplicando los principios sentados por el más alto tribunal de la nación, revoquemos los que sirvieron de base a nuestras decisiones en los casos ya citados. Hemos estudiado cuidadosamente el caso de Campbell v. Holt, supra, y, a nuestro juicio, aplicado a éste de Orta v. Arzuaga que estamos resolviendo, no produce el efecto de revocar la sen-tencia apelada. Más bien pueden encontrarse en él argu-mentos para confirmar dicha sentencia.

Dicho caso se originó en Texas. Malvina Stamps, des-pués Holt, heredó de su madre cierto interés en unas tierras y algunos esclavos. El padre de Malvina alquiló los escla-vos y vendió el interés sobre las tierras, apropiándose del producto de todo en su propio beneficio. Malvina estableció una demanda reclamando lo que se le debía por el concepto indicado. El demandado alegó que la acción de la deman-dante había prescrito.

La legislatura de Texas que había pasado varias leyes suspendiendo los efectos de la Ley de Prescripción durante el tiempo de la Guerra Civil, en 1866 la puso de nuevo en vigor. En tal año Malvina era mayor de edad y aplicando la Ley de Prescripción puesta de nuevo en vigor, hubiera sido necesario concluir que el tiempo fijado en la misma había transcurrido sin que Malvina presentara su acción ante los tribunales, y, por consiguiente, que su acción había pres-crito. Pero sucedió que en 1869 el Estado de Texas adoptó una nueva Constitución, disponiendo en el artículo 12, sección 43, de la misma, lo que sigue: “Las leyes sobre prescripción de acciones civiles fueron suspendidas por la llamada Ley de Sucesión de 28 de enero de 1861, y serán consideradas como suspendidas dentro de este Estado., hasta que esta cons-titución se acepte por el Congreso de los Estados Unidos.” El asunto llegó finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos y ésta resolvió que el demandado no pudo oponer válidamente a la acción de la demandante ningún verdadero derecho adquirido al amparo de la Ley de 1866 y por consi-guiente que el precepto de la Constitución de 1869 era apli-cable y, por tanto, que la acción de la demandante no había prescrito. La jurisprudencia establecida por la Corte Su-prema de los Estados Unidos, se reasume así:

“La derogación de un estatuto relativo a la prescripción de las acciones sobre deudas personales en lo qne respecta a un deudor, estando ya prescrito el derecho de acción contra dicho deudor, no le priva de su propiedad en violación de la Enmienda Catorce de los Estados Unidos.” Campbell v. Holt, 115 U. S. 620.

La opinión de la corte se dictó por mayoría, disintiendo los jueces Señores Bradley y Harlan, y en ella se hizo resaltar con toda claridad que no se trataba de un pleito para recobrar la posesión de propiedad real o personal, sino para recobrar por virtud de la violación de un contrato implícito de pago de dinero. “La distinción es clara,” dijo la corte, “y, dada la opinión que del caso hemos formado, importante.”

También se dijo en la opinión lo que sigue:

* Conocemos que pueden encontrarse en las opiniones de las cortes de los Estados de la Unión, expresiones en pro de la idea de que el transcurso del lapso de tiempo requerido para el ejercicio de la acción, extingue el derecho y que éste es el principio en el cual descansan las leyes de prescripción.
“Pero se encontrará que muchas de ellas fueron emitidas en casos donde los pleitos eran para recobrar una propiedad real o personal específica y donde por tanto el principio era claro porque el derecho del demandante en la propiedad se había extinguido y había llegado a ser un derecho adquirido por el demandado. En otras, la consti-tución del estado prohibía la legislación retroactiva.”

Tenemos, pues, en primer lugar, que en el caso de Texas la misma Constitución de 1869 prescribía expresamente que la Ley de Prescripción del Estado debía considerarse sus-pendida hasta que la constitución fuera aceptada por el Con-greso de los Estados Unidos, y en el caso de Puerto Rico la ley de 1911 que se invoca, nada expresamente dispone con respecto al efecto retroactivo de la misma en cuanto a derechos ya extinguidos con arreglo a la legislación anterior, y en esta isla: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo contrario. En ningún caso po-drá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los dere olios adquiridos al amparo de una legislación anterior.” Artículo 3 del Código Civil.

En segundo lugar, la acción de filiación es distinta de la que dió origen al caso de Campbell v. Holt. La naturaleza especialísima de la acción de filiación fué fijada con toda claridad por esta corte en el caso de Gual et al. v. Bonafoux et al., 15 D. P. R. 559, 568. Hablando por la corte el Juez Presidente Hernández se expresó así:

“Aun más, prescindiendo dé cuanto, dejamos expuesto para sos-tener que la acción- de reconocimiento lia prescrito por haber trans-currido el tiempo señalado para su ejercicio por la ley aplicable al caso, paréeenos que el artículo 1973 del Código Civil español que es el 1874 del revisado, no es de aplicación al caso excepcional de pres-cripción de que se trata, por cuanto el artículo 1938 del Código Civil antiguo, que es el 1839 del revisado, establece que las disposiciones del título 18 de ambos códigos sobre prescripción, se entienden sin perjuicio de lo que en ambos códigos se establezca respecto a deter-minados casos de prescripción.
“El caso de prescripción de que estamos tratando es especial y de tal naturaleza, que no cabe interrupción de término, pues si la acción de reconocimiento de hijos naturales sólo ha podido ejercitarse en el tiempo que marca el artículo 137 del Código Civil español, aplicable al caso, es claro que la acción desaparece y queda extinguida transcurrido el tiempo señalado para su ejercicio.
“Al señalar dicho código tiempo cierto y determinado para el ejercicio de la acción de reconocimiento, parece como que quiso evitar incertidumbres y amenazas que pudieran perturbar la paz y sosiego de la familia.” 15 D. P. R. 559, 568.

Y por último, aun cuando se concluyera que este caso de Orta v. Arzuaga no podía distinguirse del de Campbell v. Holt, y en la hipótesis de que pudiera darse a la ley de 1911 el efecto retroactivo indicado, aplicando los princi-pios sentados por la Corte- Suprema de los Estados Hnidos tendríamos que concluir que los demandados tenían un ver-dadero derecho adquirido dentro del significado de la juris-prudencia, ya que en el fondo toda acción de filiación general-mente envuelve la reclamación inmediata o remota de alguna propiedad, Reclio que resalta aun más en este caso concreto en que el demandante y apelante alega en su demanda, como expusimos al principio de esta opinión, que parte de los bienes de su padre, en su mayoría, inmuebles, se bailan radicados en los términos municipales de Carolina y Loíza, y que los demandados, que son los herederos nombrados por Arzuag’a en su testamento, se niegan a reconocer al demandante como hijo natural de Arzuaga y se oponen a que ¡el demandante use el apellidó de su padre y entre en posesión de los bienes de que consiste su herencia.

Y la Corte Suprema, en el repetido caso de Campbell v. Holt, se expresó así:

“Muy bien puede declararse que en una acción para recobrar bienes inmuebles o muebles en que la cuestión que se discute es que el obstáculo creado por el estatuto de prescripción ha quedado sin efecto por virtud de una ley que ha sido aprobada después que dicho obstáculo ha tenido lugar, dicha ley priva a la parte de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. El fundamento de esto es que la propiedad pasó a ser del demandado de acuerdo con la ley que regía con anterioridad a la derogatoria. Tanto el título legal-como la verdadera posesión habían pasado al demandado, y dar a la ley el efecto de traspasar tal título al demandante, sería privar a aquél de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley.
“Pero somos de opinión que hacer desaparecer el obstáculo por el cual el estatuto de prescripción permite a un deudor intervenir para impedir el pago de su deuda, está basado en fundamentos muy distintos. ’ ’

Campbell v. Holt, 115 U. S. 623.

Se ha dicho que la ley de 1911 se limitó a poner en vigor la que regía antes de 1902, y esto no -es así. Según el Código Civil antiguo, sólo podía, como regla general, ejercitarse la acción de filiación mientras viviera el presunto padre. Y según la enmienda de 1911,' ese plazo se extiende hasta un año después de muerto el padre. La variación es fundamental. Bajo el régimen del Código Civil antiguo, el presunto padre podía contestar siempre y negar por sí mismo la pater-nidad qne se le atribuía. Bajo el de la ley de 1911, pnede esperarse a qne el presnnto padre mnera para establecer la demanda, pndiendo imputarse al dicbo alegado padre actos cnya certeza en mncbos casos le es muy difícil a los herederos comprobar.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.