author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelaciós procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 141 del Código Penal.
    No. 712.
    Resuelto en enero 19, 1915.
    Enajenación Fraudulenta — Denuncia.—En este caso se imputó al acusado el hecho de haber maliciosa y voluntariamente, y con intención premeditada, de defraudar a Hijos de J. Bird y León, enajenado una casa de su pro-piedad que había dado previamente en garantía a dichos Hijos de J. Bird y León mediante documento firmado de su puño y letra, en el cual se com-prometía a no enajenar dicha casa sin previo consentimiento por escrito de dichos acreedores: se resolvió que ese hecho no determina ningún delito contra las leyes de Puerto Eico.
    Id.' — Fraude—Pruebas.—Para que exista fraude debe probarse que la persona a quien se acusa de haberlo cometido se haya valido de 'algún artificio, ardid o trama, por el cual al parecer realiza cierta cosa cuando en realidad está ejecutando alguna otra clandestinamente, por la cual recibe cierto bene-ficio propio a costa de otra persona esto es, que el acusado se ha enriquecido a expensas de otra persona.
    Id. — Connivencia Entre el Vendedor y el Comprador — Intención.—Para que exista un traspaso fraudulento debe haber alguna connivencia entre el deudor y la persona a quien se hace el traspaso, debiendo además demostrarse la intención • por parte del vendedor de recibir algún beneficio propio.
    Id. — Denuncia — Maliciosa y Voluntariamente —• Conclusiones Legales — Buena Ee. — Si bien en la denuncia.en este caso se alega que la enajenación se hizo por el acusado maliciosa y voluntariamente y con la intención de defraudar a sus acreedores, estas palabras, con las cuales se describe la intención, no son sino meras conclusiones legales que no surgen de los actos cometidos por el acusado; no se demostró que la venta no hubiera sido hecha de buena fe.
    Id. — Promesa o Contrato de no Vender — Posesión y Dominio de Propiedad.— El mero incumplimiento de una promesa o contrato personal de no vender sin el consentimiento de un acreedor, cuando la posesión y dominio de la propiedad queda en el deudor y el producto de la venta se emplea en pagar a otro acreedor anterior, no constituye un traspaso fraudulento de acuerdó con el artículo 141 del Código Penal.
    Id. — Preferencia de Acreedores.- — La preferencia de un acreedor a otro *por el deudor no es fraudulenta, a menos que exista algún estatuto que la regule.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    El acusado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En 27 de abril 1914, la Corte de Distrito de Iiumacao declaró culpable a Rodrigo Martínez del delito previsto en la sección 141 del Código Penal y lo condenó a pagar una multa de quinientos' dollars o a sufrir tres meses de cárcel. Contra dicha sentencia el acusado interpuso apelación pero no ha formulado alegato ni comparecido ante este tribunal. Sin embargo, de un examen de los autos aparece que fueron tales, los errores fundamentales que se cometieron en contra del apelante que no puede permitirse que subsista la sen-tencia condenatoria. La cansa fué iniciada a virtud de una denuncia, la cual es como sigue:

“Yo, Arturo 0. Bird, vecino de Fajardo, P. B., calle de Muñoz Bivera, formulo denuncia contra Bodrígo Martínez, por delito de infracción al artículo 141 del Código Penal de Puerto Bico, cometido de la manera siguiente: Que en 13 de enero de 1914 y en Fajardo, P. B., del Distrito Judicial Municipal de Fajardo; P. B., dicbo acu-sado maliciosa y voluntariamente y con intención premeditada de defraudar a Hijos de J. Bird y León que es una sociedad mercantil con domicilio en Fajardo, de la cual es socio gestor el denunciante, 'enajenó una casa de su propiedad que había dado previamente en garantía a sus acreedores dichos Hijos de J. Bird León, mediante documento firmado de su puño y letra en el cual se comprometió a no enajenar dicha casa sin previo consentimiento por escrito de dichos acreedores.”

Si examinamos los lieelaos de esta denuncia no vemos que en ella se impute ningún delito contra las leyes de Puerto Rico. La causa se siguió de acuerdo con la sección 141 del Código Penal de Puerto Rico, la cual es como sigue:

“SeccióN 141.' — Yodo deudor que fraudulentamente -alejare sus bienes o efectos fuera de la jurisdicción de los tribunales, o que frau-dulentamente enajenare, traspasare, cediere u ocultare sus bienes con el propósito de defraudar, entorpecer o demorar a sus acreedores en sus derechos, reclamaciones o demandas, incurrirá en cárcel por un término máximo de un año, o multa, máxima de cinco mil (5,000) dollars, o ambas penas.”

Como es bien sabido, el Código Penal de Puerto Rico fué tomado de California cuyo código heredó de Inglaterra la ley relativa a las enajenaciones fraudulentas. Pero la ley de Inglaterra no varía grandemente de la ley civil en lo que respecta a qué es lo que constituye un traspaso frau-dulento. G-eneralmente para que exista fraude debe pro-barse que la persona a quien se acusa del delito de haber cometido un fraude .se ha valido de algún artificio, ardid o trama por los cuales al parecer realiza cierta cosa cuando en realidad de verdad está ejecutando' alguna otra clandestina-mente, por la cual recibe cierto beneficio propio a costa de otra persona. En otras palabras, deberá-mostrarse que el acusado se lia enriquecido a expensas de otra persona, como sucede en el caso de una venta simulada en la cual el acu-sado en realidad conserva la posesión o dominio de la pro-piedad. Para que pueda existir un traspaso fraudulento ■debe haber alguna connivencia entre el deudor y la persona a- quien se verifica el traspaso de la propiedad, debiendo además aparecer en' todos los casos, la intención por parte del vendedor, en un traspaso que se alegue ha sido hecho fraudulentamente, de recibir algún beneficio propio.

La denuncia formulada en este caso a lo sumo expresa que Rodrigo Martínez se comprometió con la mercantil Hijos de J. Bird y León a no enajenar cierta casa de su propie-dad sin previo consentimiento de sus acreedores y que a pesar de ello vendió la referida propiedad a otra persona. Es verdad que en ella se alega que lo hizo maliciosa y volun-tariamente y con la intención de defraudar a sus acreedores, pero estas palabras con las cuales -se describía la intención del deudor no son sino meras conclusiones legales que no surgen de la relación detallada que se ha hecho del acto come-tido por el acusado. De los hechos no aparece lo que se co-noce con el nombre de traspaso fraudulento. No se demues-tra que la refexuda -venta no hubiera sido hecha de buena fé. Ciertamente que el hecho alegado en este caso como cons-titutivo esencialmente del delito consiste solamente en. haber vendido la casa el acusado no obstante la promesa que hizo de no verificarlo. La idea de haberse llevado a efecto un traspaso por virtud del -cual el deudor vendió fraudulenta-mente su casa está contradicha por la relación especificada que se hace en la denuncia de que su delito consistió en vender una propiedad sin el consentimiento previo de sus acree-dores.

Aun cuando tal vez pudiera alegarse que las palabras de la denuncia están de acuerdo con el estatuto en cuanto por ellas se alega que el traspaso fue hecho fraudulenta-mente, los hechos probados en el juicio muestran, sin embargo, que el caso es uno más bien a favor del acusado que de la supuesta teoría de la denuncia a que acabamos de refe-rirnos. Los hechos desarrollados en el juicio quizás apa-recen mejor expresados en el alegato del Fiscal. La siguiente puede considerarse como la prueba del caso según ha sido resumida por el Fiscal, a saber:

“Que en el mes de enero de 1913, y en Fajardo, el acusado, Rodrigo Martínez, adeudaba a la casa de Hijos de J. Bird y León una suma de dinero; que Arturo C. Bird como miembro de dicha casa hizo un convenio con el Sr. Rodrigo Martínez p.or el cual este último se comprometió a satisfacer dicha suma en el plazo de tres meses. Que Rodrigo Martínez firmó un documento en el que puso como garan-tía una casa que tenía en la calle Muñoz Rivera de Fajardo, compro-metiéndose a no venderla ni a disponer de ella sin previo consenti-miento por escrito de uno de los socios de la casa de Hijos de J. Bird y León. Que este documento fué prorrogado en varias ocasiones y que al vencerse el último plazo en 24 de julio, el denunciante le escri-bió una carta al acusado para que viniera a cumplir con la obligación. Después de esto se desprende que Rodrigo Martínez obtuvo una pró-rroga y que vencida ésta y con fecha 2 de enero le escribieron otra carta para que pagara la deuda. Después de haberse vencido la obli-gación y después de haber recibido esta carta, en la que el acusado era requerido p.ara el pago, como se deja ya dicho, el citado, Rodrigo Martínez traspasó la propiedad que garantizaba la suma que adeu-daba a Hijos de J. Bird y León a cierto individuo. En el acto de la vista se presentó la escritura de traspaso. Del producto de esta' venta parece que el citado Martínez pagó el importe de una hipoteca a Doña María de los Angeles, y desde luego dejó de pagar la suma que adeu-daba a la casa de Hijos de J. Bird y León.
“La prueba de descargo admite que Rodrigo Martínez traspasó la propiedad y que no pagó al denunciante.”

Yernos, pues, que Rodrigo Martínez ya era deudor de • Hijos de J. Bird y León; que aparentemente, y con el ob-jeto de que se le ampliara su crédito- otorgó una escritura • en la cual se comprometió a no vender sin el consentimiento de sus acreedores; que en realidad vendió, pero el producto de la venta lo empleó en pagar a otro acreedor. _ Esos hechos no constituyen nn traspaso fraudulento. El deudor no cum-plió con la promesa que hizo a Hijos de J. Bird y León pero el mero incumplimiento de una promesa o ejecución de un contrato no constituye un delito; Rodrigo Martínez quedó en posesión y dominio de su casa; tenía el absoluto dominio de la. misma aunque gravado por la hipoteca al otro acree-dor, y una persona en el ejercicio del dominio de'su propie-dad tiene el derecho de venderla. El quebrantó la promesa pero su violación no constituye de modo alguno un traspaso y por tanto no se ha imputado ningún delito de acuerdo con el artículo 141 del- Código Penal. Además era al Fiscal a a quien incumbía probar en el juicio que el traspaso fué frau-dulento. No solamente no se probó que la venta realizada por Rodrigo Martínez era fraudulenta, o que recibirá él algún beneficio por virtud de la misma, sino que ha sido admitido por el Fiscal que el producto de dicha venta fué empleado en el pago de una hipoteca anterior que gravaba a dicha pro-piedad. La preferencia de un acreedor a otro por el deudor no es fraudulenta a falta de un estatuto que regule tales pre-ferencias. 20 Cyc., páginas 472 y siguientes. El contrato celebrado con la mercantil Hijos de J. Bird y León era pura-mente personal y no estaba garantizado. El traspaso no fué fraudulento, sino bona fide por el cual el deudor quedó natural y absolutamente privado de su dominio sobre la pro-piedad. ■

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del .Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marini, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por acometimiento y agresión con circnnstan-cia,s agravantes.
    No. 734.
    Resuelto en enero 19, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Denuncia—In-ferencias o Deducciones. — Aun enando no se exigen en una denuncia todos los requisitos indispensables a una acusación, cuando un estatuto enumera específicamente los hechos por virtud de los cuales un acometimiento y .agre-sión simple puede convertirse en grave, es necesario que se' expresen esto^ hechos claramente en la denuncia, pues no pueden quedar los mismos sujetos a inferencias o deducciones.
    Id. — Noscitur a Sóciis — Sitios de Beunión o Asamblea. — El fin que persigue el párrafo 2 de la sección 6 de la ley sobre acometimiento y ’agresión, de acuerdo con el principio nosoitur a sooiis, es el de impedir que ocurran inci-dentes desordenados y tumultuosos en un sitio de reunión o asamblea y cas-tigar con mayor severidad a cualquier persona que altere la paz y tran-quilidad de dicha reunión o asamblea acometiendo y agrediendo a otro ser humano.
    Id. — Sitios de Reunión o Asamblea — Ancianos, Mujeres y Niños. — El párrafo 2 de la sección 6 de la ley sobre acometimiento y agresión, no es aplicable a todas y cada una de las congregaciones de gentes en la ealle u otra parte, sino a un sitio de reunión, como las cortes, iglesias, teatros y otros seme-jantes, no estableciendo la circunstancia agravante consignada en el referido párrafo la mera presencia de ancianos, mujeres y niños.
    Id. — Poete, Azote, Bastón. — Lo que constituye esencialmente el delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes, de acuerdo con el párrafo 6 de la seceión 6 de la ley, es el uso de un instrumento por virtud del cual se infiere deshonra a la persona agredida, y cuando se desea alegar que se ha hecho uso de un foete, azote o bastón, o instrumento semejante, debe hacerse constar así en la denuncia.
    Id.- — -Palo (Stick) — Bastón (Cane) — Instrumento Degradante. — El uso de la palabra “palo” (stick) en una denuncia por acometimiento y agresión, no implica que se hubiera empleado en la comisión del delito un instrumento degradante, puesto'que tal palabra, siendo la genérica, puede no sólo sig-nificar un bastón (came), sino también cualquier otro instrumento de madera, tal como un roten, una rama de árbol, un bate.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mostré,' Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El primer error que ha sido alegado en este caso consiste en no haber declarado con lugar la corte de distrito la excep-ción perentoria que se formuló a la denuncia. El denun-ciante acusó específicamente a Vidal Marini de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, co-metido del modo siguiente:

Que en abril 4 de 1914, hora como las 11 p. m., y en la calle de McKinley, de la ciudad de Mayagüez, Distrito Judicial de Mayagüez, P. B,., el referido Vidal Marini, volunta-ria, maliciosamente, y sin causa justificada y con intención de causarle grave daño corporal, acometió y agredió con un palo a Isaac Irizarry Sasport, infiriéndole una herida en el frontal derecho y una contusión en el brazo derecho, de cuya herida y contusión fue curado en la Sala de Socorros de dicha ciudad y que el referido hecho fué' cometido al salir las personas que concurrían a la función del teatro “Yagüez” en la noche de la referida fecha, sin tener el acusado en cuenta que salía un sinnúmero de señoras, niñas y ancianos.

El apelante admite que en la denuncia se imputa clara-mente un delito de acometimiento y agresión, pero él insiste en que en ella no se hizo alegación alguna de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. ' Hemos resuelto generalmente que no será preciso que en la presentación de una denuncia se exijan todos los requisitos que son necesa-rios a una acusación, si bien existen excepciones. Cuando en un estatuto se enumeran en lenguaje claro e inequívoco los hechos por virtud de los cuales un acometimiento simple puede convertirse en grave, deberán, éstos ser claramente expresados en la denuncia. No deben los mismos quedar sujetos a inferencias o deducciones. ' La ley de marzo 10, 1904 (Leyes de la sesión de 1904, pág. 42) señala diez casos separados y distintos en los cuales un acometimiento simple se convierte en grave, y para que un acusado pueda ser declarado culpable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes deberá acusársele específica-mente de haber incurrido en alguno de dichos casos, especial-mente cuando la pena se aumenta del máximum de $50 en los casos de acometimiento y agresión simple a una multa máxima de $1,000, o dos años de cárcel, por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

El Pueblo trata de probar que las circunstancias agra-vantes son aquellas especificadas en los párrafos 2 y 6 de la sección 6a. de la ley de marzo 10, 1904. La sección 6a. y los párrafos pertinentes de la misma, son los siguientes:

“Sección 6a. — Un acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:

* # * # * * *

“2. Cuando se cometiere en un tribunal de justicia o en cualquier sitio religioso o en algún lugar donde se bailaren reunidas varias per-sonas con fines lícitos;

'A*

“6. Cuando el instrumento o los medios que se emplearen fue-ren tales, que infirieren deshonra a la persona agredida, como acome-timiento y agresión con foete, azote, o bastón.”

Se alega en esta denuncia que el delito fué cometido en la calle, en momentos en que varias personas salían del tea-tro entre las que se encontraban señoras, niñas y ancianos. El delito no fué cometido en un tribunal de justicia, sitio religioso, o en algún lugar donde se bailaban reunidas varias personas con fines lícitos. El acusado no estaba o se encon-traba en la reunión. Esta ya había terminado y la gente salía de. la misma. El fin que se proponía esta sección, de acuerdo con el principio noscitur a sociis, era el dé impedir que ocurrieran incidentes desordenados y tumultuosos en un sitio de reunión y castigar con mayor severidad a cualquier persona que alteraba la paz y tranquilidad de dicha reunión o asamblea acometiendo y agrediendo a otro ser humano. La sección 2 no es aplicable a todas y cada una de las congre-gaciones de gentes, en la calle u otra parte, sino a un sitio de reunión, como las cortes, iglesias, teatros u otros seme-jantes. Si el acometimiento y agresión hubiera tenido lugar dentro del teatro entonces hubiera sido con circunstancias agravantes, pero la mera presencia de ancianos, mujeres y niños en la calle no establece las circunstancias agravantes consignadas en el párrafo 2 de la sección 6a.

Al considerar el párrafo 6°., sección 6a. de la ley de marzo 10, 1904, vemos que lo que constituye esencialmente el delito es usar un instrumento por el que se infiera deshonra a la persona agredida. Lo que la ley le dice al hombre es: “Aun-que V. puede usar un bastón, vei'gajo o foete si lo emplea contra un semajante corre gran riesgo.' Estos son instru-mentos que se usan como ayuda o para castigar a los ani-males, y en cierta época a los esclavos. . Su empleo en otro ser humano es degradante. Por consiguiente, si bien es vei-dad que puede usar un bastón no debe emplearlo contra otro Semajante sin mediar provocación adecuada.” De donde se desprende naturalmente, que cuando el Grobierno desea ale-gar que se ha hecho uso de un vergajo, foete, o bastón deberá hacerlo en términos claros.

Ahora bien, puede que s.ea cierto, como alega El Pueblo, que la palabra “palo” (stick) fué usada para indicar el empleo de un “bastón” o “cañe,” según el uso popular, pero la cuestión que ha sido sometida a nuestra considera-ción por virtud de dicha denuncia es la de si fué informado de algún modo el acusado que las circunstancias agravantes en su caso consistían en haber usado él un cane o bastón. La palabra “palo” o “stick” es la genérica. Ella puede sig-nificar un “bastón” pero significa también necesariamente un roten, una rama de un árbol, un cachero de pelotas, u otros instrumentos de madera. Lo que tuvo presente el pá-rrafo 6°., como hemos visto, fué el uso de un instrumento degradante. Un acusado tiene derecho a saber que se le acusa de haber usado un instrumento con el cual había la intención no solamente de causar daño sino también deshonra a la víctima. La ley se propone conservar la paz castigando . fuertemente el delito de acometimiento y agresión por eb que se trata de deshonrar a un hombre. La ley asimismo pro-teje a aquellos que no son culpables de determinado delito. Si por ejemplo A es' ofendido por B y coge el primer palo que encuentra a su lado y con él pega a B, y luego se le acu-sara de haber pegado a B con un palo, podría estar dispuesto a ser juzgado sin testigos y asumir las consecuencias. Si B. ignorante o maliciosamente trata de probar que el delito fue cometido con un bastón, entonces debe dársele a A la oportunidad de -presentar prueba en contrario. Si A creyó que sencillamente se le había de acusar por acometimiento y agresión simple y se proponía probar las amenazas y pro-vocación por parte de B, puede que no llamara a las per-sonas que vieron cuando se causó el golpe. Pero si se le acusa de haber acometido a B con un bastón, entonces tal vez po-dría convenirle mostrar por los concurrentes que el hecho ocurrió de otro modo y que no se usó ningún bastón. En el presente caso el acusado no tuvo conocimiento alguno de que se le acusaba de haber usado un instrumento especial-mente calculado para causar deshonra, pues “palo” o “stick,” puede significar un sin número de cosas.

Quizás podríamos tener alguna duda en este caso si se expresara en la denuncia que el acusado era culpable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes por haber éste pegado al denunciante con un palo causándole heridas y nada más se alegara ,en ella. En,la denuncia, sin embargo, se trata de alegar aunque de modo imperfecto, la comisión de un cielito de acuerdo con el pá-rrafo 2. -A nuestro juicio bien pudo el acusado haber creído que se le acusaba de una alteración ele la paz, de una reunión pública o cuasi pública. No se. ha dado ningún énfasis a la palabra “palo” y no existen palabras que de modo especial indiquen que con el acometimiento se infirió deshonra a la víctima. -El acusado no solamente pudo creer que se quiso hacer referencia a la circunstancia agravante del párrafo 2°., sino que también podría estar en duda de si la agravante que se trató de establecer era o no la contenida en el párrafo 7, a saber:

‘ ‘ 7. Cuando se infiere una herida grave a la persona agredida. ’ ’

En la denuncia se alega qne el hecho se cometió con la intención de cansar grave daño corporal a Sasport. Tam-bién en ella se hizo cierta referencia aunque en forma ambi-gua, a las señoras, niñas y ancianos. Nos referimos a estas ambigüedades porque entendemos que por el uso de las mis-mas en la denuncia el acusado no pudo darse cuenta de que por el empleo casual de la palabra “palo” debió él saber que se quiso decir “cañe” o’ “bastón.”

Debe revocarse la sentencia y devolverse los autos para la celebración de un nuevo juicio y demás procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada, ordenándose la celebración de un nuevo juicio y demás procedimientos que no sean incompatibles ■ con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-dos del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Nones, Demandante y Apelante, v. Mayoral, Contador Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre mandamus.

    No. 1190.
    Resuelto en enero 19, 1915.
    Concejos Municipales — Facultades de los Mismos — Consejo Ejecutivo. — La-necesidad de la autorización previa de un préstamo por el Consejo Ejecu-tivo a que se refiere la sección 26 de la ley No 4 de febrero 19, 1913, en nada puede afectar la facultad de un concejo municipal para utilizar me-diante remuneración los servicios profesionales de un perito que informe respecto a la parte, técnica de obras en proyecto, con cargo a los recursos ordinarios del presupuesto.
    Id. — Ley Municipal — Facultades de los Municipios — Préstamos.—Los pre-ceptos de la ley No. 4 de febrero 19, 1913, no limitan las facultades que -a los municipios reconoce la ley para establecer un sistema de gobierno local y para otros fines, aprobada en marzo 8, 1906, ■ en ningún otro sentido que no sea el de contraer deudas por medio de préstamo.
    Id.- — Ley Municipal — Facultades de los Municipios. — Los concejos munici-pales de la isla tienen facultades para proveer por medio de ordenanzas a cualesquiera de las atenciones que enumera la sección 25 de la Ley Municipal, sin que sea necesaria la autorización del Consejo Ejecutivo, siempre que los pagos de las obras hayan de hacerse con cargo al presupuesto ordi-nario y con los fondos ordinarios del municipio, sin contratar empréstito.
    Id. — Ley Municipal — Facultades de los Municipios — Pago de Servicios Pro-fesionales. — De aeuerdo con la sección 84 de la Ley Municipal un muni-cipio al formular su presupuesto está autorizado para consignar en él el pago de los servicios de un perito empleado por dicho municipio en relación con obras para cuya ejecución tenía completa facultad, sin que para ello se requiera la aprobación del Consejo Ejecutivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del. apelante: Sr. Antonio F. Castro.

    Abogado del apelado: -Nr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Adolfo Nones contra resolución dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce en 4 de agosto .de 1914 denegando el auto de mandamus perentorio que Adolfo Nones había solicitado en 18 de julio anterior para que sé obligara ■ al Contador del Municipio de Ponce a que expidiera a favor del peticiona-rio el libramiento correspondiente, con el fin de hacerle pago de la suma de $250 consignada en el presupuesto entonces ■ vigente para remunerarlo de ciertos, servicios prestados, a dicho municipio.

Las alegaciones que sirven.de fundamento a la .petición de Nones, son las siguientes: ....

Que el Concejo Municipal de Ponce, por ordenanza o reso-lución aprobada en sesión celebrada el 16 de junio de 1913, designó al demandante para que informara acerca de la parte técnica de unos estudios hechos sobre planos y especifica-ciones para ciertas obras de. alcantarillado, acueducto; y-pavi-mentación de las calles de aquella ciudad, e -informara ade-más con respecto al costo.de tales obras, cuya ejecución, se-gún informes y creencia del.demandante,' había sido acordada por el concejo municipal, habiéndose acordado también para llevarlas a cabo el contraer un empréstito con el Gobierno Insular, aprobándose sobre todo ello una ordenanza; que por la referida ordenanza de 16 de [junio de 1913, se acordó consignar la partida de $500 para pagar los servicios del demandante y de otro ingeniero, Don Blas C. Silva, quien también fué designado en la misma ordenanza para prestar idénticos servicios, acordándose que la expresada cantidad se consignaría en un presupuesto supletorio que había de formarse cuando se cerraran las operaciones del presupuesto ordinario de 1912-13.

Que el demandante hizo el estudio de los planos de las obras de referencia, los que, según información y creencia, fueron aprobados por el Comisionado del Interior, y calculó el costo de las mismas, habiendo formulado oportunamente sus conclusiones, y presentado la memoria correspondiente a la municipalidad de Ponce.

Que no habiéndose consignado en el presupuesto suple-torio de 1912-13, cantidad alguna-para el pago de sus honora-rios, solicitó con fecha 21 de diciembre de 1913, que el concejo municipal acordara una transferencia dentro de las parti-das del presupuesto ordinario de 1913-14 para el pago de sus honorarios, y el concejo municipal acordó en la misma fecha que aunque estaba obligado legalmente al pago de dichos honorarios, semejante pago no podía hacerse con cargo al presupuesto entonces corriente, por estar limitadas las cantidades en el mismo presupuestadas al pago de sus ser-vicios previstos, por lo que acordó que la cantidad de $250 se hiciera figurar en el presupuesto de 1914-15 para hacerle pago con ella de los servicios prestados.

Que el Municipio de Ponce al formular el presupuesto para el año económico de 1914-15, consignó una partida de $250 para el pago de sus honorarios, de acuerdo con la reso-lución de 31 de diciembre de 1913.

Que el demandado Ramón Mayoral, en su carácter de Contador Interino del Municipio de Ponce, se ha negado a expedir el libramiento correspondiente para hacer pago al demandante de la cantidad de $250 consignada a su favor en el presupuesto vigente, por estimar que' dicho pago es ilegal.

El demandado admitió los hechos consignados en la de-manda, y además de establecer la excepción previa de que tales hechos, no determinan la causa de acción ejercitada, alegó qiie la deuda cuyo pago se reclama es ilegal por no haberse autorizado ni aprobado por el Consejo Ejecutivo, y que las asignaciones del presupuesto corriente no pueden destinarse a cobrar deudas de esa índole correspondientes a un empréstito.

La corte estimó que si bien el municipio contrajo la deuda de $250 cuyo pago reclama Adolfo Nones en virtud de una ordenanza de 16 de junio de 1913, como esa ordenanza para contraer la deuda no fué aprobada previamente por el Con-sejo Ejecutivo, según se dispone en las secciones 6a. y 26a. en relación con la 3a., de la ley No. 4 aprobada en 19 de fe-brero de 1913, no puede hacerse legalmente por el contador municipal el pago de la cantidad reclamada, aunque aparezca consignada al efecto una partida en el presupuesto vigente.

La ley No. 4 aprobada en 19 de febrero de 1913, autoriza por su sección 2a. a todas las corporaciones municipales y juntas escolares de Puerto Eico para obtener dinero a prés-tamo, contraer deudas y emitir bonos a los fines y en la forma que la misma ley dispone.

Esos fines se especifican en la sección 3a. por lo que toca a las corporaciones municipales, y son los siguientes: Para redimir la deuda flotante y obligaciones del municipio o veri-ficar pagos a cuenta de las mismas; para la conversión de sus deudas existentes representadas por bonos; para la cons-trucción o adquisición por compra de acueductos, alcanta-rillados, edificios públicos o puentes; mejoración y apertura de calles y caminos, o para otras mejoras públicas nece-sarias.

En la sección 6a. se previene que toda corporación municipal o junta escolar que deseare contraer una deuda, tomar dinero a préstamo o emitir bonos sobre su propio crédito, deberá presentar al Consejo Ejecutivo de Puerto'Bico una ordenanza debidamente adoptada por el concejo municipal o junta escolar, aprobada según los casos por el alcalde o por el Comisionado de Educación, cuya ordenanza deberá contener las circunstancias que determinan la conveniencia de que se contraiga la deuda o que se bag’a el empréstito, el montante del mismo, el fin o fines a que habrá de-dedicarse, y dispondrá la forma de redimir o amortizar la deuda con el interés y mediante las condiciones que el concejo municipal o junta escolar determinaren.

Y la sección 26a. estatuye que ninguna corporación municipal. o junta escolar tendrá facultad para tomar dinero a préstamo, contraer deudas o emitir bonos para cualquiera, de los fines establecidos por esta ley, ni serán válidos los-préstamos contraídos o bonos emitidos, hasta que el Con-sejo Ejecutivo haya primeramente aprobado el-fin o fines, para que se contrae el préstamo o la deuda, la forma de los-bonos, si hubieren de emitirse, las condiciones del pago, el tipo del interés, y todos los demás detalles que se relacio-nan con los mismos, así como la resolución que por virtud de esta ley la corporación municipal o junta escolar adop-tare.

Como se ve, la sección 26 de la ley No. 4 de 19 de febrero-de 1913 a que acabamos de referirnos, exije como requisito-para tomar una corporación municipal dinero a préstamo,, contraer deudas o emitir bonos a los fines establecidos por la misma ley, la aprobación previa de esos fines por el Con. sejo Ejecutivo en la forma prevenida por la misma sección 26, y para obtener esa aprobación deberá presentarse al Con-sejo Ejecutivo la ordenanza a que se refiere la sección 6, con expresión de las circunstancias prevenidas por esa misma sección. En esa ordenanza debe mostrarse la conveniencia. de que se contraiga la deuda o se Raga el empréstito, y el montante del mismo, y no vemos cómo el montante del em-préstito que lia de ser el montante del costo de la obra que ha de realizarse, puede fijarse por un concejo municipal sin el auxilio de peritos que con sus ■ conocimientos técnicos son ios llamados a ilustrarlo sobre el particular.

En el presente caso los servicios profesionales pedidos al ingeniero Nones para formular la ordenanza solicitando autorización para contraer el préstamo, no podían ser pagados con fondos del mismo compréstito, pues éste podía ser auto-rizado o no por el Consejo Ejecutivo, y muy difícil hubiera sido que Nones o cualquier otro ingeniero hubiera consen-tido en prestar los servicios exigidos, sujetándose a la auto-rización eventual del empréstito y exponiéndose a que los servicios quedaran sin remuneración.

La necesidad de la autorización del empréstito por el Consejo Ejecutivo en nada puede afectar a las facultades del Concejo Municipal do Ponce para utilizar mediante remu-neración, los servicios'profesionales del ingeniero Nones con cargo a los’ recursos ordinarios del presupuesto y no a los fondos del empréstito. Si se sostuviera lo contrario, ten-dríamos que llegar a la conclusión absurda de que, aprobado el empréstito por el Consejo Ejecutivo, y desistiendo el con-cejo municipal de la realización de las obras proyectadas, tendría el Municipio de Ponce que llevar a cabo el emprés-tito para pagar al ingeniero la insignificante cantidad de doscientos cincuenta dollars, si es que sus servicios no habían de quedar insolutos.

Pero es que tales servicios no podrían ser remunerados con dinero del empréstito, pues la sección 25 de la ley de 19 de febrero de 1913 previene que ese dinero ha de ser des-tinado exclusivamente al fin o fines especificados en la orde-nanza, y ésta presupone la prestación de dichos servicios, como hemos dicho antes, y ha de referirse no a fines ya rea-lizados, ■ sino por realizar.

Los preceptos de la ley No. 4 de 19 de febrero de 1913 que el juez invoca en la sentencia recurrida, han sido inde-bidamente aplicados al presente caso. Esa ley no limita las facultades que a los municipios reconoce la ley para esta-blecer un sistema de gobierno local y para otros fines, apro-bada en marzo 8, 1906, en ningún otro sentido que no fuera el de contraer deudas por medios de préstamos, y buena prueba de ello es que al citar en la sección 29 las leyes y sec-ciones de ley que quedan derogadas, lo hace expresamente de las secciones 89, 90 y 91 de la Ley de 8 de marzo de 1906, que. regulan el poder de los municipios para contraer deudas por medio de préstamos, dejando subsistentes por lo menos’ en cuanto hacen relación a la interpretación de la ley No. 4 de 1913, las demás secciones de la ley municipal.

Los concejos municipales de esta isla tienen facultades para proveer por medio .de ordenanza a cualquiera de las atenciones que enumera la sección 25 de la Ley Municipal, entre las cuales se encuentran comprendidas las obras a que se refiere la ordenanza de 16 de junio de 1913, sin que sea necesaria la autorización del Consejo Ejecutivo, siempre que .los pagos de las obras hayan de hacerse con cargo al presu-puesto ordinario y con los fondos ordinarios del municipio, sin contraer préstamos, en cuyo caso sería necesaria la auto-rización del Consejo Ejecutivo.

Esa misma Ley Municipal al establecer preceptos sobre el modo de confeccionar los presupuestos, dispone en su sec-ción 84 que cada municipio al formular su presupuesto empe-zará por proveer para hacer frente a cualquier déficit que resultare de las operaciones de años anteriores o a los gas-tos a que estuviere legalmente obligado por. contratos ya celebrados o por otras causas. A ese precepto se ajustó el municipio de Ponce al formular el presupuesto que había de regir durante el año económico de 1914-15 consignando en él la cantidad suficiente para pagar los servicios de Nones, a cuyo pago venía legalmente obligado por haber sido pres-■tados esos servicios mediante un nombramiento que a su favor hiciera el municipio, y en relación con obras para cuya ejecución, el municipio tenía completa facultad.

Sostener que en el presente caso se requiere la aprobación del Consejo Ejecutivo equivale a sostener que en cualquier caso en que los municipios acuerden la. ejecución de cual-quier obra tienen que obtener la autorización previa del Con-sejo Ejecutivo, aunque su costo baya de pagarse con recur-sos propios, lo cual está en oposición abierta con la Ley •Municipal vigente, de marzo 8, 1906, y con la misma ley en que el juez funda la resolución recurrida, cuya ley, repeti-mos, es de aplicarse exclusivamente a los casos en que las corporaciones municipales o juntas escolares de Puerto Pico trataron de contraer deudas mediantes préstamos, para los fines que esa misma ley expresa.

Por las razones expuestas es de revocarse la resolución apelada de 4 de agosto de 1914, y declararse con lugar el pedimento de mandamus .solicitado contra el Contador Municipal de Ponce, a quien se ordena expida inmediatamente un libramiento a favor de Adolfo Nones para hacórle pago de la suma de $250 consignada a su favor en el présupuesto vigente, como remuneración de servicios prestados al muni-cipio de dicha ciudad, sin especial condenación de costas.

Revocada la resolución apelada, ordenándose al contador municipal de Ponce expida a favor del peticionario el libramiento co-rrespondiente.-

Jueces'concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Silva, Demandante y Apelante, v. Mayoral, Contador Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre mandamus.

    No. 1191.
    Resuelto en enero 19, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1190, Nones v. Mayoral (pág. 16).
    Abogado del apelante: Sr. Antonio F. Castro.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo.

   Revocada la resolución apelada y declarada con lugar la solicitud de mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr.

text:
    Baquero et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, sobre denegación de cancelación de hipoteca.
    No. 208.
    Resuelto en enero 21, 1915.
    ■Cancelación de Hipoteca — Poder Expreso. — El apoderado necesita po.der ex-preso para la cancelación de hipotecas.
    Mandatos — Interpretación de los Mandatos — Requisitos de la Escritura. — • Los mandatos deben interpretarse siempre restrictivamente y cuando la ley exige que para realizar un apoderado ciertos actos necesita poder expreso de su mandante, es necesario que se consigne en la escritura la clase de actos para los que expresamente se le apodera.
    Id. — Facultades Conferidas con Referencia a Determinado Precepto Legal.— Las facultades de los mandatarios deben resultar de la escritura de mandato sin necesidad de acudir para conocerlas a ningún otro documento o texto legal, por lo que la cláusula de que se confieren las mencionadas en el artículo 1615 del Código Civil, no es suficiente.

      Id. — Poder Expreso — Actos de Riguroso Dominio — Requisitos de la Escri-tura. — Cuando el legislador lia exigido que se dé poder expreso para tran-sigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio, las mismas palabras deberán usarse en el documento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Antonio Sarmiento.

    El Registrador Sr. José S. Belaval no compareció.
   El Juez Asociado Sr.

Aldrey, emitió la opinión del tribunal.

Antonio Sarmiento y Porras, como apoderado de Amalia Vahamonde, viuda de Pérez, recibió por escritura pública •de los esposos Aurora Baquero y Antonio González cierta •cantidad de dinero que debían a sn mandante, les otorgó •carta de pago y de cancelación total de la hipoteca que garan-tizaba la deuda y consintió en que sn inscripción fuera can-celada en los libros del registro de la propiedad.

Presentado ese documento con la escritura que contiene ■el mandato en la oficina del-Registrador de San Juan, Sec-ción Ia., dicho funcionario se- negó a cancelar la hipoteca por el fundamento de que el apoderado “carece de las facul-tades expresas que requiere el artículo 1615 del Código Civil para el cobro del crédito y su cancelación. ’ ’ Contra esa nega-tiva interpusieron los esposos Baquero y González en tiempo oportuno recurso gubernativo con solicitud de que la revo-quemos.

Los poderes conferidos al .apoderado Sr. Sarmiento per-tinentes a la cuestión que se ventila ahora se hallan conte-nidos en los párrafos siguientes:

“Primero. Que da ‘poder’ tan cumplido y bastante como en dere-cho quepa a Don Antonio Sarmiento y Porras, abogado y vecino de San Juan de esta Isla de ‘Puerto Rico,’ para que obre en lugar y nombre de la ‘otorgante’ en todos y. cada uno de aquellos actos de la vida civil en que una persona puede ser sustituida por otra, de tal suerte, que todo lo que en su nombre haga y otorgue el Señor Sar-miento se considerará como hecho y ‘otorgado “por la'expon ente en cualquiera de los caracteres con que aquí comparece.
“Segunda. Que asimismo da al dicho Don Antonio Sarmiento y Porras poder expreso para que en su nombre o como madre legítima representante de sus citados hijos Adrián e Isabel Pérez Vahamonde,' para todos aquellos actos que exije poder de esta clase el artículo mil seiscientos quince del Código Civil Revisado de Puerto Rico.”

Yernos, por tanto, que no solamente se le autorizó para ejecutar todos aquellos actos de la vida- civil en que una persona puede ser sustituida por otra sino que también se le confirió poder expreso para los actos en que el artículo 1615 del Código Civil exige tal clase de poder; y como el regis-trador niega que carece de las facultades expresas que dicho artículo exige, la cuestión a resolver es si para cancelar una hipoteca se necesita un poder expreso y si tal como están redactadas las cláusulas que hemos transcrito del mandato se concedió o nó tal facultad expresamente.

El precepto del Código Civil que está en controversia dice así:

■ “Artículo 1615. — El mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.
“Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.
“La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbi-tros o amigables componedores.”

Según esta disposición legal el apoderado necesita poder expreso, entre otras cosas, para, ejecutar cualquier acto de riguroso dominio, cuyo carácter reviste la cancelación de una hipoteca porque, como dijimos en los casos de Benítez Hermanos v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 237, y en el de García v. Garzot, 18 D. P. R., 876: “La cancela-ción de un crédito hipotecario entraña un verdadero acto de enajenación, pues por aquella se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece y por tanto no puede otorgarse sin mandato expreso.” En igual principio se fun-dan las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 8 de noviembre de 1878, 19 de.julio de 1879, 24 de septiembre de 1891 -y 18 de junio de 1893.

Sentado lo que precede, veamos ahora si el apoderado expresamente está facultado para realizar actos de riguroso dominio, entre los que se comprende el de cancelar hipo-tecas.

Es tan conocida la regla de derecho de que los mandatos deben interpretarse siempre restrictivamente que hace inne-cesario que citemos nuestras resoluciones. Como consecuen-cia de ella, cuando la ley exige en el artículo que comenta-mos que para realizar un'apoderado ciertos actos necesita poder expreso de su mandante es necesario que se consigne en la escritura la clase de actos para los que expresamente se le apodera y no basta que se conceda el poder refirién-dose a los casos contenidos- en determinado precepto legal. El mandato debe estar concebido en tales términos que de él aparezcan las facultades que se confieren al apoderado, sin necesidad de acudir para conocerlas a algún otro docu-mento o texto legal. Como dijimos en el caso de Sucesores de Audreu & Co. v. El Registrador de la Propiedad, 20 D. P. R., 423, “* * * Las palabras de-un poder deberán ser interpretadas en el sentido en que podrían ser enten-didas por una persona de inteligencia corriente que lo otor-gara * * Cuando el legislador ha exigido que se dé poder expreso para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio, las mismas palabras de-berán expresarse en el documento, que es la doctrina esta-blecida en el caso de Sucesores de Andrea & Co. (supra) y citada en el de Méndez v. Celis, 20 D. P. R., 531.

El registrador procedió correctamente al negar la can-celación 'de la hipoteca y su calificación debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    In re González, Querellado y Apelante.
    ApelaoioN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por desacato en nn procedimiento sobre ad-ministración judicial.
    Moción de Juana Franco Oliver para que se desestime la apelación.
    No. 1248.
    Resuelto en enero 28, 1915.
    Administración Judicial — Parte Interesada — -Alimentos Provisionales. — En un procedimiento sobre administración judicial de los bienes de un finado es parte interesada la viuda, sobre todo si, como acontece en este caso, so ha dictado además una orden por virtud de la cual el administrador debía entregarle todos los- meses cierta suma de dinero en concepto de alimentos provisionales.
    Desacato — Desacato Civil — Desacato Criminal — Regla para Distinguirlos.— El desacato civil consiste en la desobediencia de una orden dictada en un procedimiento civil para beneficio de una parte contraria en el mismo. El criminal, en la ejecución de ciertos actos que redundan en falta de respeto a la corte o en la obstrucción de la administración de la justicia pública; o que tienden a producir descrédito para el tribunal, tales como: conducta desordenada o insultante en su presencia o en sus alrededores; violenta in-terrupción de sus procedimientos; intromisión en la propiedad que esté bajo su custodia, j mala conducta de sus funcionarios.
    Id.- — Parte Contraria en el Desacato Civil — Aplicación de la Regla a Este Caso. — Cuando el desacato es civil, la parte perjudicada por la desobediencia de la orden de la corte, es en realidad de verdad la parte contraria litigante, con interés e intervención en el resultado del desacato. Aplicada dicha regla al caso concreto que se resuelve, es necesario concluir que la viuda del finado, parte interesada j perjudicada por la desobediencia de la orden dic-tada en el procedimiento sobre administración judicial, es parte contraria en el desacato.
    Id — Desestimación de Apelación — Notificación del Escrito de Apelación.— No habiéndose notificado el escrito de apelación a una parte contraria real-mente interesada, procede la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de Juana Franco Oliver: Sr. Juan García Bucos.

    El apelante no compareció. ■
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre desacato, y en él Juana Franco Oliver, por conducto de su abogado, presentó una moción solicitando la desestimación del recurso, basándose en qne la interposición del mismo no fné notificada ni a la peticionaria como parte interesada, ni al Fiscal.

De todos los documentos archivados en la Secretaría de esta Corte Suprema resulta que en el caso civil No. 1520, Pedro Deliz Sosa, ex parte, sobre administración judicial, tramitado en la Corte de Distrito de Aguadilla, compare-ció Juana Franco Oliver, alegando, en resumen, que la corte había ordenado al administrador judicial José Gronzález Abreu, que entregara mensualmente a la compareciente, viuda del finado Santos Deliz Sosa, cierta suma de dinero en concepto de alimentos provisionales, y que el adminis-trador se había negado insistentemente a cumplir con dicha orden. La viuda Juana Franco Oliver terminó suplicando que se ordenara la - comparecencia del administrador para ante la corte de distrito, a fin de que expusiera las causas por las cuales no se le debía castigar por desacato.'

El administrador fué emplazado, y el 15 de octubre de 1914 comparecieron ante la corte el administrador y la viuda y tuvo lugar la .vista de la moción sobre desacato. El 9 de noviembre de 1914, la corte dictó sentencia condenando al administrador a pagar a El Pueblo de Puerto Eico una multa de cincuenta dollars y en su defecto a un mes de cárcel. Contra esa sentencia interpuso el administrador recurso de ape-lación, habiéndose archivado la transcripción de los autos en la Secretaría de esta Corte Suprema el 12 de diciembre de 1914. En dicha transcripción figura el escrito de apela-ción, sin que aparezca que se notificara a parte alguna. ‘

En tal estado el recurso, la viuda Juana Franco Oliver presentó la moción de desestimación a .que nos referimos al principio, acompañada de una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, ereditiva de que el escrito de la apelación interpuesta por el adminis-trador Gronzález Abreu no fué notificado “al Fiscal ni a la parte que presentó la moción sobre desacato o sea á Doña Juana Franco Oliver, ni tampoco al abogado de éstá. ” De la moción y de la certificación acompañada, se enviaron copias al abogado del administrador.

El 25 de enero actual se celebró en esta Corte Suprema la vista de la moción, cuyo señalamiento fue comunicado a los abogados de ambas partes, sin la asistencia de éstas, quedando el caso definitivamente sometido a nuestro estudio y resolución.

La primera cuestión que debemos considerar es la de si Juana Franco Oliver era o no parte interesada en el caso civil No. 1520, sobre administración judicial. A nuessro jui-cio no cabe duda alguna que lo era, pues se trataba de la administración judicial de los bienes de su finado esposo, habiéndose dictado además en dicho caso una orden por vir-tud de la cual el administrador debía entregarle todos los meses cierta suma en concepto de alimentos provisionales.

Aclarado este extremo, la segunda cuestión que surge es la de si dicha Juana Franco Oliver es o no parte interesada en el procedimiento de desacato.

Para resolver esta segunda cuestión debemos, determinar primeramente la naturaleza civil o criminal del procedimiento de desacato seguido contra el administrador.

En el caso de Oronoz v. Montalvo, 21 D. P. R., 347, esta corte, por medio de su juez asociado Sr. Aldrey, se expresó como sigue:

“Es cierto, como sostiene el.peticionario, que existe una división entre desacato propiamente criminal y el que generalmente se llama civil o cuasi desacato. La regla por la cual se distingue uno de otro puede sintetizarse diciendo que los desacatos civiles consisten en que una persona deje de hacer alguna cosa que la corte ordenó que hiciera para beneficio y ventaja de la otra parte en procedimientos ante el tribunal; mientras que el desacato criminal se realiza cuando se eje-cutan ciertos actos que redundan en falta de respeto a la corte o a sus procedimientos, en la obstrucción de la administración de la jus-ticia pública o que tienden a producir descrédito para el tribunal por conducta desordenada o insultante en su presencia o en los alre-dedores de la corte, o en actos de violencia que interrumpen sus pro-cedimientos, así como en la desobediencia a sus órdenes, interven-ción con la propiedad que está en su custodia o mala conducta de sus funcionarios. Rapalje on Contempts, pág. 25. In re Wilson, 17 Pac. Rep., 699; Snow v. Snow, 43 Pac. Rep., 621; Gompers v. Buck’s Stove & R. Co., 33 App. Cases, District of Columbia, 564; 9 Cyc., 6.
“Cuando el desacato es propiamente civil entonces la parte per-judicada por la desobediencia es realmente la parte contraria litigante, quien tiene interés e intervención como tal en el resultado del desa-cato. Así encontramos en muchos casos que las partes del pleito son las partes en el procedimiento de desacato y en la apelación cuando existe. Hayes v. Fischer, 102 U. S., 122, y casos citados anterior-mente.”

(Oronoz v. Montalvo, 21 D. P. R., 347.)

Aplicando la regia general expuesta, el caso que consi-deramos debe calificarse como de naturaleza civil, y siendo ello así, la segunda cuestión envuelta, esto es, la de si Juana Franco Oliver era o no parte interesada* en el procedimiento de desacato, debe resolverse en la afirmativa.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se impone la desestimación del recurso basada en la falta de notifica-ción a una parte contraria realmente interesada. Dicta falta de notificación, no sólo aparece de la misma transcripción archivada por el apelante, sino que se ha comprobado por la certificación expedida por el secretario de la corte sen-tenciadora. Además, la parte apelante tuvo una amplia opor-tunidad de probar que la notificación se había verificado en alguna forma que pudiera estimarse legal, y no lo hizo.

Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o pro-videncia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado. Art. 296 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La falta. de notificación a la parte contraria, produce la desestimación del recurso. Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R., 33.

Siendo la notificación del escrito de apelación a la parte contraria un requisito esencial para que el recurso pueda estimarse interpuesto, según exige el artículo 296 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, debe desestimarse una apelación cuando de la transcripción de autos no consta que se haya cumplido esa formalidad. Rondón v. Mollfulleda, 16 D. P. R., 171.

Como la jurisdicción de esta corte para oir la apelación, no depende de que la notificación del recurso esté probada en el récord, sino de que realmente haya tenido lugar, no se desestimará el recurso si la parte apelante suministra prueba satisfactoria sobre ella, lo cual ha dejado de hacer en este caso. Rondón v. Molfulleda, supra.

Debe desestimarse el recurso.

Declarada con lugar la moción y desestimada la apelación. -

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkey,

text:
    Crehore, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-pidad de Guayama denegando la cancelación de una hipo-teca.
    No. 213.
    Resuelto en enero 29, 1915.
    Cancelación de Hipoteca — Poder Expreso. — La cancelación de un crédito hipo-tecario entraña un verdadero acto de enajenación, que no puede otorgarse sin. poder expreso de la persona a cuyo favor está constituido.
    Albaceas — Facultades de los Albaceas. — Cuando el testador no confirió facul-tades especiales a los albaceas, tienen éstos solamente, las especificadas en. los artículos 876 y 877 del Código Civil Revisado.
    Cancelación de Hipoteca por Albaceas. — Entre las facultades que confieren a un albaeea los artículos 876 y 877 del Código Civil Revisado no está com-prendida la de realizar actos de riguroso dominio como es la cancelación del derecho de hipoteca:
    Id. — Derechos de los Herederos. — A falta de autorización expresa del testador al albaeea para consentir en la cancelación de una hipoteca, corresponde ese derecho a los herederos, de acuerdo con el artículo 669 del Código Civil. Revisado.

      Albaoeas — -Facultades de los Mismos Como Administradores de la Heren-cia — Derechos Reales.- — El albacea no es el administrador de la herencia,, a menos que el testador le haya conferido ese carácter, pero aun en los caso® en que sea tal administrador por voluntad del testador o por nombramiento-de los herederos o del tribunal, no está autorizado para enajenar bienes in-muebles o derecho real porque este derecho no es inherente a la facultad de administrar.
    Cancelación de Hipoteca —_ Autorización ■ Judicial — Expediente Ex Parte Instado por el Albacea. — Una autorización judicial conferida por virtud de Un expediente ex parte instado por el albacea, en nada aumenta su capa-cidad para otorgar la cancelación de una hipoteca, cuando no han sido de-mandados en juicio los herederos o cuando no se ha obtenido la orden de cancelación en procedimiento sobre consignación de la deuda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: <Sr. Jo’sé C.- Ramos.

    El Registrador Sr. Felipe Cuchí Arnau compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

De la escritura pública de 14 de octubre de 1914 otorgada ante el notario José C. Ramos y de los documentos a ella agregados e insertos en la copia que tenemos presente, re-sulta que María Torres Díaz, en su.carácter de albacea tes-tamentaria de Jesús María Texidor Vázquez, confesó reci-bidos de Charles L. Crehore el capital e intereses debidos: al finado que estaban garantizados con hipoteca; que en' un procedimiento tramitado por ella ante el Tribunal de Distrito de G-uayama, con la intervención del Fiscal, se le concedió autorización para otorgar escritura de cancelación de esa hipoteca como tal albacea testamentaria; y que por tal escritura otorgo a Crehore carta de pago y de cance-lación de hipoteca y consintió como tal albacea en que fuera cancelada en el registro de la propiedad.

De la copia del testamento de Jesús María Vázquez ape-tece que en su cláusula duodécima instituyó por herederos, a cinco hijos, de los cuales dos están representados por los nietos del testador, y que por la décimatercera nombró por sus albaceas, en primer término, a su esposa Mana Angela Torres y Díaz, sin que aparezca qne le confiriera facultades especiales para el cargo.

Con vista de estos docnméntos el Registrador de la Pro-piedad de Gfuayama se negó a cancelar la hipoteca de Don Jesús María Texidor “por aparecer otorgado el acto de can-celación sin intervención de los herederos del citado Don Jesús María Texidor.” La apelación interpuesta en tiempo por Charles L. Crehore es la qne motiva el presente recurso gubernativo con súplica de qne revoquemos la nota recu-rrida y ordenemos al registrador qne proceda a la cance-lación de la hipoteca.

Para resolver el recurso es necesario que consideremos dos cuestiones, a saber: 1. -Si la albacea otorgante puede can-celar la hipoteca por sí sola sin la intervención y consenti-miento de los herederos instituidos, y 2, si siendo necesario el consentimiento de los herederos puede ser suplido por la autorización que para cancela,!' la hipoteca concedió a la alba-cea el Tribunal de Distrito de G-uayama, en un procedimiento en el que no fueron oídos los herederos y que se tramitó con la sola intervención del Fiscal.

Ya hemos resuelto varias veces y últimamente en el caso de Baquero y González v. El Registrador de San Juan, deci-dido en 21 de este mes y año, que la cancelación de un .crédito hipotecario entraña un verdadero acto de enajena-ción que no puede otorgarse sin mandato expreso de la persona a cuyo favor está constituida la hipoteca. La can-celación de una hipoteca es un acto que exige como requi-sito esencial el consentimiento de la persona a cuyo favor está constituido dicho derecho real.

• Sentado lo que precede cabe preguntar si María 'Torres Díaz está facultada para consentir como albacea en la enaj jenación del derecho real de hipoteca.

. A esta pregunta contesta el Código Civil con los artículos .siguientes:

“Artículo 875. — Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les- haya conferido el testador, y no sean contrarias 'a las leyes. ’ ’
“Artículo 876.: — No habiendo el -testador determinado especial-mente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
“1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su defecto, según la costumbre del pueblo.
“2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el cono-cimiento y beneplácito del heredero. '
“3. Yigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
“4. Tomar las precauciones necesarias para la' conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.”
“Artículo 877. — Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles; - y no alcanzando éstos la de los inmuebles, con intervención, de los herederos.1 ’

De estos preceptos se desprende que los albaceas tienen las facultades que expresamente ha querido conferirles el testador, que no sean contrarias a las leyes, y que, a falta de esa determinación, tienen solamente las especificadas en los artículos 876 y 877, o sea, la de disponer y jjagar los sufragios y funeral del testador, satisfacer legados que con-sistan en metálico, con el consentimiento y beneplácito dé los herederos, y si no hubiere dinero bastante para esas aten-ciones promover la venta de inmuebles con intervención de los herederos; y como en éstas facultades que confiere 'la ley no se comprenden las de realizar actos de riguroso domi-nio, como es la cancelación del derecho de hipoteca 'porque •envuelve la enajenación de un derecho real, es claro ' que .los albaceas a quienes el testador no confirió facultades para cancelar hipotecas no pueden otorgar un acto de esa natu-raleza, pues no es lícito ampliar sus poderes cuando el tes-tador se limitó a concederle los que a todo albacea reconoce la ley; y como donde terminan las' facultades de los alba-ceas nacen las de los herederos, ya que según el artículo 669 del mismo Código los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, a falta de la autorización expresa del testador al albacea para consentir en la cancelación de una hipoteca, y en este caso no le fué conferida a María Torres Díaz, corresponde ese derecho a los herederos -y al cónyuge viudo. La Direc-ción de los Registros de España en 13 de Junio de 1874 negó que el albacea que no haya recibido facultad especial del tes-tador para otorgar actos de enajenación, a cuya clase perte-nece la extinción del derecho de hipoteca, tenga la facultad de cancelar créditos pertenecientes al testador; por la de 31 de octubre de 1892 se declaró inscribible un documento de cancelación de hipoteca otorgado por la viuda y los here-deros del acreedor; y por la de 7 de abril de 1896 se esta-bleció que el albacea testamentario no está facultado de acuerdo- con el Código Civil, para vender bienes de la heren-cia aunque ésta se halle yacente, si no se le concedió esa facultad por el testador.

El albacea no es el administrador de la herencia pues a menos que el testador le haya conferido ese carácter, no-(tiene otras facultades que las determinadas en los artículos 876 y 877 del Código Civil; pero aun en los casos en que-sea tal administrador por voluntad del testador o por nom-bramiento de los herederos o del tribunal, aun así no está autorizado para enajenar bienes inmuebles o derechos reales porque eáte derecho no es inherente a la facultad de admi-nistrar, según se ha resuelto ya por la Dirección G-eneral de los Registros de España en 9 de octubre de 1880 y 17 de junio de 1893.

Por consiguiente, siendo la otorgante del documento de cuya inscripción se trata albacea sin otras facultades que las legales, no tiene capacidad para consentir en la cancela-ción de la hipoteca.

En cuanto o la cita que en apoyo del recurso se hace de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de marzo de 1896, que se encuentra en el tomo 79 de la Jurispruden-cia Civil, página 462, dictada en pleito sobre cobro de pesos por pensiones vencidas de un censo, lo único que resuelve en este particular es que “así los herederos como el albacea administrador de una herencia tienen la facultad de ejer- ' citar las acciones conducentes al logro, así como a la defensa de los derechos que puedan corresponderles o le estén enco-mendados;” se trataba de un albacea administrador y no de un simple albacea, no decide que los albaceas, aun siendo también administradores, puedan cancelar una hipoteca, y por tanto no es aplicable a este casto.

Como en este recurso se trata claramente de la cance-lación otorgada por una albacea testamentaria que no ha sido nombrada administradora de la herencia, es innecesario que resolvamos, si, como pretende el recurrente, el adminis-trador nombrado de acuerdo con el artículo 902 del Código ’ Civil para casos en que la herencia se haya aceptado a bene-ficio de inventario, tiene o no la facultad de ejercitar accio-nes reales y de cancelar hipotecas.

Aun cuando la escritura fué otorgada por María Torres Días como albacea y además por la autorización que como tal le concedió el Tribunal de Distrito de Guayama en un procedimiento ex parte por ella promovido con la sola inter-vención del Fiscal, el recurrente prescinde de sostener la capacidad de María Torres Díaz para realizar el acto por virtud de la autorización que le concedió la autoridad judicial. Esa autorización en nada aumenta la capacidad de la albacea para otorgar la cancelación porque exigiendo el ar-tículo 83 de la Ley Hipotecaria que para cancelar inscripcio-nes o anotaciones constituidas en virtud de escritura pública es necesario que se demande en juicio declarativo aquel a quien pueda perjudicar la cancelación, cuando no consienta en ella, no puede el procedimiento ex parte instado por la albacea ser suficiente para que la cancelación se haga por-que no han sido oídos y vencidos en juicio los herederos de Jesús Ma. Texidor Vázquez, ni se ha obtenido la orden de cancelación de acuerdo con el artículo 1146 del Código Civil en procedimiento sobre consignación de la denda. Resolu-ciones de la Dirección de los Registros de España de 22 de septiembre de 1893, 20 de agosto de 1894 y de la sección de los Registros del Notariado del Ministerio de Ultramar de España de 27 de abril de 1895, citada por los señores G-alindo y Escosnra en sus comentarios a la Ley Hipotecaria, cnarta edición, tomo 3, página 54.

Además, cuando la lej7- dispone la manera de ejecutar al-gún acto no es lícito adoptar otra distinta. Carbonell v. El Registrador de San Germán, 18 D. P. R., 772.

La nota del registrador, recurrida en cuanto negó la can-celación de la hipoteca que pertenecía a Jesús Ma. Texidor Vázquez, debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida en cuanto de-negó la cancelación de hipoteca.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. .


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Paratze, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción de las ordenanzas municipales.
    No. 703.
    Resuelto en febrero 1, 1915.
    Delito — Acto—Estatutos.—Ningún acto puede ser castigado como delito, a no ser que esté a la vez prohibido y castigado por estatuto.
    Infracción Ordenanzas Municipales — Cierre de Establecimientos — Den un-cía. — En el presente caso se imputó al acusado una infracción de la siguiente ordenanza: "'Todos los establecimientos comerciales e industriales cuyo cierre ordena el artículo 553 del Código Penal, enmendado por la Ley No. 24, apro-bada en 28 de marzo de 1914, podrán permanecer abiertos los domingos basta las 12 m., siempre que las compras y ventas y a las atenciones de cualquier clase y condición en los mismos durante dicho medio día, se dediquen exclusiva-mente los dueños de diehos establecimientos, los interesados directamente en los mismos y los representantes y apoderados en legal forma”; y se resolvió: que esta ordenanza es puramente permisiva en cuanto a su forma, y no penal; que no establece ninguna ofensa, ni define delito alguno.
    Jueces de Paz — Jurisdicción.—Tin juez de paz no tiene jurisdicción para conocer de una causa por infracción del artículo 553 del Código Penal, enmendado por la Ley No. 24, de marzo 28, 1914.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pneblo: Sr. iSalvador Mestre, Fiscal.

    El apelante compareció por escrito por medio de. sn abo-gado Sr. L. Yordán Dávila.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del. tribunal.

En 18 de mayo de 1914, se formuló una denuncia ante el Jiiez de Paz de Ponce imputando al acusado la comisión de un delito de “infracción de ordenanzas municipales,” co-metido- como sigue;

“Que en mayo de 1914, hora 9 a. m., y en la Plaza d'e las Deli-cias del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., el citado acu-, sado, voluntaria, ilegal y maliciosamente y a sabiendas a dicha hora tenía trabajando en una barbería que tiene de su propiedad en la Plaza de las Delicias a los empleados Agustín Colón y Antonio Trujillo actuando como oficiales de barbero en dicho establecimiento y contra la voluntad de éstos, infringiendo de este modo la sección 3a. de la Ordenanza Municipal aprobada en 22 de abril.de 1914.”

La sección Ia. de la ordenanza de referencia está redac-tada en los .términos siguientes:

“Sección Ia. — Todos los establecimientos comerciales o industria-les cuyo cierre ordena el artículo 553 del Código Penal, enmendado por la Ley No. 24 aprobada en 28 de marzo de 1914, podrán per-manecer abiertos los domingos hasta las 12 m., siempre que a las compras y ventas y a las atenciones de cualquier clase y condición en los mismos durante dicho medio día se dediquen exclusivamente los- dueños de dichos establecimientos, los interesados directamente en los mismos y los representantes y apoderados en legal forma.”

Apelado el caso a la corte de distrito el acusado formuló una excepción perentoria a la denuncia por el fundamento de que los hechos alegados en ella no constituyen un delito público por ser nula la ordenanza en cuestión en cuanto en la misma se trata de establecer condiciones de acnerdo con las cnales se permite la apertura de establecimientos comer-ciales e industriales, por carecer de facultades el concejo municipal para legislar sobre esta materia.

Aunque el Fiscal se allanó a la excepción perentoria, la corte, sin embargo, la declaró sin lugar siendo de opinión de que no sólo no está en contravención la referida ordenanza con la Ley de marzo 28, 1914, que enmienda el artículo 553 y revalida el 554 del Código Penal, ni con ninguna otra ley vigente, sino que por el contrario es perfectamente compatible con la letra y el espíritu de la mencionada ley.

Después de tomar excepción a diclra resolución admitió el acusado ciertos becbos que no es necesario reproducir abora, los cuales revelan una infracción de las condiciones establecidas por el concejo municipal en la sección que Ira ¡sido citada y que constituyen una limitación de las faculta-des en ella conferidas; y considerando la corte esa admi-sión como una alegación de culpabilidad, declaró culpable ;al acusado de una “infracción de ordenanzas municipales,” y en tal concepto lo condenó por sentencia, que ba sido ape-lada para ante esta Corte Suprema.

Examinada la denuncia, según ba sido redactada, no en-contramos en ella materia delictiva. Delito es “un acto co-metido u omitido en viciación de alguna ley que lo prohíbe u ordena.” Ningún acto puede ser castigado como delito a no ser que esté a la vez prohibido y castigado por el estatuto. La sección de la ordenanza transcrita, la única de la cual tenemos conocimiento, no prohíbe por sus términos ni castiga ■el acto imputado en la denuncia como tampoco ningún o.tro. Es puramente permisiva en. cuanto a su forma y no penal. No establece ninguna ofensa. No define delito alguno.

Sin duda que si fuera invocada como defensa la ordenanza en una causa por. infracción del artículo 553 del Código Penal, de cuya causa nunca podría conocer un juez de paz, por, falta de jurisdicción para ello, el acusado tendría que probar el cumplimiento de las condiciones en ella impuestas, o excu-sar su incumplimiento demostrando que tales condiciones eran nulas e ineficaces; pero si en este caso se le declara culpable y condena, no se le declarará culpable y castigará por infracción de la ordenanza, sino por el delito previsto en el Código Penal, o sea, por tener 'abierto un establecimiento en domingo que el código dispone que permanezca cerrado, a menos que una ordenanza municipal ordene que esté abierto.

En tal caso sería p'ertinente y esencial la cuestión relativa a la validez de la ordenanza. Pero este no es el caso. Según la consideración que fiemos fiecho acerca del particular, opi-namos que en manera alguna está envuelta aquí la cuestión de la validez de la ordenanza y todo cuanto dijéramos en ese sentido sería meramente superfluo.

■ Por las razones anteriores debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada, absolviendo al acusado con las costas de oficio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf nostomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Rosaly et al., Recurrentes, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Bectjbso gubernativo contra nota del Begistrádor de la Pro-piedad de Ponce, denegando la inscripción de una escri-tura de fiipoteca.
    No. 212.
    Resuelto en febrero 2, 1915.
    Legítima Forzosa- — Testador—Derechos de los Hijos. — Un testador no puede gravar la legítima forzosa de .sus hijos.
    Herencia — Anticipo de Herencia — Colación.-—-Los. anticipos de herencia deben traerse a colación, de acuerdo con el artículo 1001 del Código Civil revisado.
    Id. — Condición Impuesta por el Padre y Violada por el Hijo — Inscrip-ción en el Begistro. — La condición impuesta por un padre al ceder bienes a un hijo como anticipo de herencia, de no venderlos ni hipotecarlos, no des-pués de su muerte sino mientras el padre viva, es perfectamente válida, y procede correctamente un registrador que se niega a inscribir una escritura de hipoteca de dichos bienes .otorgada por el hijo.
    Los hechos están • expresados en la opinión.
    Los recurrentes comparecieron por escrito en nombre propio.
    El registrador, Sr. José Miguel Márquez, no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El' presente es un recurso gubernativo interpuesto contra cierta nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.

En 27 de noviembre de 1914, los esposos José María Arias y Claudia Rosaly constituyeron una hipoteca por escritura pública otorgada ante el Notario Rodríguez Acevedo, para responder de ciertas cantidades representadas por títulos trasmisibles por endoso, a favor de los endosatarios de esos títulos. En la escritura se consigna que la finca gravada es de la propiedad de la compareciente doña Claudia Rosaly por haberla adquirido por anticipo de herencia qué le hiciera su señor padre Don Manuel Rosaly Castillo, según constaba de escritura pública otorgada en Barcelona, España, e ins-crita en el Registro de la Propiedad de Ponce, Puerto Rico.

Presentada para su inscripción la escritura de hipoteca de 27 de noviembre de 1914, el registrador se negó a inscri-birla por medio de la nota que ha sido recurrida y que, co-piada a letra, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento porque ha-biendo adquirido, según el registro, la Señora Rosaly y Vázquez, la finca hipotecada a título de cesión que le hizo su padre natural Don Manuel Rosaly y Castillo como anticipo de la herencia que pueda correspondería, con la condición de no render ni hipotecar la misma finca mientras viva su citado padre, carece la hipotecante de capaci-dad legal para el contrato que se pretende inscribir, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal al folio 186 del tomo 80 de Ponce, finca número 3480 anotación letra A. Ponce y noviembre 30 de 1914.”

La. parte recurrente, sin citar en concreto ningún pre-cepto de ley, ni jurisprudencia alguna, sostiene en sn ale-gato que:

“Es un principio de derecho y así lo establece el Código Civil, que los padres no podrán imponer condición alguna o gravamen sobre la legítima forzosa que pueda en su día corresponder a los hijos, toda vez que esa porción hereditaria pasa a los hijos, no por voluntad de los padres, sino por mandato de la ley y es también .un principio de derecho que los anticipos de herencia son a cuenta de esa porción forzosa, puesto que la ley permite a los hijos solicitar del padre como anticipo de herencia hasta la mitad de su presunta herencia, por tanto si a la herencia forzosa no puede imponerse condiciones, menos pueden imponerse a los anticipos de esa misma herencia. Es otro principio de derecho que las cláusulas nulas por ser contrarias a ley, se entenderán por no puestas, por tanto, esas cláusulas nunca tienen eficiencia legal.”

Estamos enteramente conformes con la parte recurrente en que el testador no puede gravar la legítima forzosa de sus hijos. Así lo dispuso y lo dispone la ley y lo ha reco-nocido y aplicado la jurisprudencia.* Ley 11, título 4a., par-tida 6a.; artículo 813 del Código Civil antiguo; • artículo 801 del Código Civil Revisado de 1902; sección 4 de la ley para modificar los artículos 795, etc., del Código Civil, aprobada en 9 de marzo de 1905; Leyes de 1905, p. 173. “Los hijos deben percibir las legítimas, tanto la .paterna como la ma-terna, libres y sin gravamen ni condición alguna.” Sent, del T. S. de España de 27 de junio de 1857. “Cuando se trata de herederos forzosos,' su legítima no admite gravamen de ninguna especie.” Sent, del T. S. de España de 17 de abril de 1885.

Pero el caso sometido a nuestra consideración y decisión es distinto.. Los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte, (art. 665 del Código Civil Revisado), y aquí no se trata de sucesión alguna. La escritura llamada de anticipo de herencia otorgada' por Don Manuel Rosaly a favor de su hija Doña Claudia, lo íué en vida de Don Manuel, para surtir efecto mientras él viviera. Al morir su padre, Doña Claudia estaba en la obligación de traer la finca a colación, de acuerdo con la ley. Art. 1035 del Código Civil antiguo y 1001 del Código Civil Revisado.

Mientras viva el Sr. Rosaly, debemos presumir que tiene la libre administración de sus bienes. La parte recurrente sostiene que el valor, $9,000., de la finca cedida por Rosaly a su.hija, es inferior al que por vía de testamento habría de corresponderle. Tal vez fuera así en el momento de la cesión, pero tal vez pueda no serlo en el momento de la muerte de Rosaly. Los bienes de una persona están sujetos a las naturales contingencias de la vida y pueden preservarse in-tactos por muchos años o aumentarse o disminuirse conside-rablemente y aun desaparecer por completo en un breve espa-cio de tiempo. “La ley,” dice Manresa comentando el ar-tículo 813 del Código Civil antiguo que citamos anterior-mente, “se refiere a los gravámenes, condiciones y sustitu-ciones consignados en el testamento o última voluntad: no se opone a la libre disposición por actos entre vivos, aun cuando de éstos los que. tengan una causa lucrativa podrán después anularse o reducirse como inoficiosos.”

A nuestro juicio la condición impuesta por el Sr. Rosaly al ceder los bienes a su hija de no venderlos ni hipotecar-los mientras él viviera, es perfectamente válida, y en tal vir-tud al negarse a inscribir el registrador la escritura de hipo-teca de los dichos bienes, procedió correctamente. En ausencia de una prohibición legislativa clara, cualquier duda que pu-diera existir debe resolverse en favor del poder del dueño (en este caso el padre), para disponer de sus bienes con las limitaciones que estimare convenientes.

Para mayor claridad debemos consignar que no se trata aquí del caso de la dote obligatoria a que se refieren los ar-tículos 1340 y siguientes del Código Civil antiguo y 1306 y siguientes del Código Civil Revisado, sino de la. cesión de una finca hecha por un padre a una hija “como anticipo de la herencia que pueda correspondería con la condición de no vender ni hipotecar la misma finca mientras viva su citado padre,” según sostiene el registrador en su nota y admite la parte recurrente en su alegato.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison. .


author: El Juez Pbesidente SR. Heenández,

text:
    Plazuela Sugar Company, Demandante y Apelada, v. García, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de ArecibO' en causa sobre cobro de préstamo con garantía.
    No. 1194.
    Resuelto en febrero 3, 1915.
    Excepciones Previas — Defecto de Partes Demandadas — Tiempo para Dedu-cirla. — La excepción previa de que existe defecto de partes demandadas,, comprendida en el número 4 del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil; debe ser alegada ante el tribunal sentenciador, bien antes de contestar' la demanda cuando resultare del contenido de ésta, o bien en la contestación cuando aquel defecto no apareciere de la misma demanda.
    Id. — Presunción.—Si el demandado no presentare impugnación ni por medio de1 excepción previa ni al contestar la demanda, deberá entenderse que renuncia a ello, salvo únicamente las objeciones de competencia y de que la demanda' no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
    Alegaciones de la Demanda — Palta de Prueba. — La demanda en el presente caso fué dirigida solamente contra Juan García Siberio, j de la prueba resulta que él no contrajo' la obligación que se reclama a nombre propio únicamente, sino también a nombre de sus menores hijos, por lo que el deman-dado no puede ser compelido al cumplimiento total de dieha obligación, según se ordena por la sentencia.
    Los hechos extán expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Félix Santdni.

    Abogado del apelado: Sr. Cay. Coll CucM

   El Juez Pbesidente SR. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de febrero de 1914 la corporación Plazuela Sugar Company, con domicilio en esta ciudad de San Juan, presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, contra Juan Garcia Siberio, con súplica de que éste fuera condenado a pagar a la demandante la suma de $4,200.16, intereses al 12 por ciento anual desde julio 14 de 1913 basta la fecha de la ejecución de la sentencia, cos-tas, gastos y desembolsos del juicio, y honorarios del abogado del demandante.

La demanda, además de la alegación relativa a la capaci-dad legal de la demandante, contiene las siguientes alega-ciones :

(а) Que por escritura No. 27 otorgada en San Juan el 13 de octubre de 1910 ante el Notario Don Domingo Massari, el demandado Juan García Siberio reconoció adeudar a la corporación demandante la suma de $5,000 que le fueron en-tregados y que se obligó a devolver en 31 de junio de 1911 con el interés anual de 12 x->or ciento.

(б) Que el demandado García Siberio garantizó el prés-tamo con primera hipoteca sobre dos fincas, una .de ellas de 47 cuerdas do terreno y la otra de 41 cuerdas con 30 cén-timos de otra, radicadas ambas en el barrio de “Los Cocos,” término municipal de Quebradillas.

(c) Que vencido el plazo de la deuda estipularon ambas partes que el demandado la satisfaría durante la zafra de 1912 y 1913, mediante entrega de partidas de cañas de azú-car, cuyas partidas se irían abonando- por el demandante al demandado' hasta la extinción de la deuda.

(d) Que el demandado García Siberio entregó a la cor-poración demandante en distintas ocasiones varias partidas de cañas de azúcar cuyo importe le fué abonado en cuenta corriente, resultando en 14 de julio de 1913 un saldo a favor del demandante y en contra del demandado de $4,200.16.

(e) Que la suma expresada no ha sido pagada en todo ni en parte por el demandado, no obstante haber sido reque-rido para ello.

A la expresada demanda fué unida, haciéndose parte de ella, la escritura mencionada de 13 de octubre de 1910.

En esa escritura intervinieron como partes otorgantes, Juan Garcia Siberio y José Ruiz Soler, el primero por su propio dereclio y también en concepto de heredero de José Luciano García y Roca, y además como padre con patria potestad sobre sus menores hijos, Juan, María del Rosario, María Constanza, Emilio, y Carmen Virginia García y Roca; y el segundo, o sea Ruiz Soler, en concepto de director y sub-secretario de Plazuela Sugar Company.

En el mismo documento se hicieron constar los siguientes hechos:

Ia. Que Juan García Siberio posee en común y proindi-viso con sus menores hijos Juan, María del Rosario, María Constanza, Emilio y Carmen Virginia García y Roca las dos fincas rústicas descritas en la demanda.

2a. Que los predios descritos fueron adquiridos por Juan García Siberio durante su matrimonio con Juana Roca Díaz, y por fallecimiento de ésta sus hijos quedaron dueños de una participación proindivisa por partes iguales en la mitad de cada una de dichas fincas, y por haber sallecido con poste-rioridad a la madre, sin descendientes, el hijo nombrado José Luciano, la participación a éste correspondiente pasó por título de. her encía a su padre el otorgante, dueño ya de la otra mitad proindivisa de cada una de las fincas.

3°. Que Juan García Siberio, en las representaciones ya indicadas, confiesa haber recibido de Plazuela Sugar Company la cantidad de $5,000 en calidad de préstamo, para aten-der al cultivo de las repetidas fincas y de otras que no son objeto de la escritura, por cuya razón se reconoce deudor-ele dicha suma en las mismas representaciones que ostenta a Plazuela Sugar Company, con más sus intereses al 12 por ciento anual pagaderos por mensualidades vencidas y a con-tar desde el día 13 de octubre de 1910.

4°. Que para garantizar a Plazuela Sugar Company el pago de los $5,000 así como de $300 más para intereses, y $200 para gastos y costas en caso de reclamación judicial, constituye hipoteca voluntaria a favor de la Plazuela Sugar Company sobre las fincas, tanto por la participación de que es dueño como por la correspondiente a sus menores hijos, después de haber obtenido la autorización judicial necesaria.

5o. Que la primera finca responderá de $2,500 de capital, ¡de $150 para interess, y de $100 para gastos y costas,, y la segunda responderá de las mismas sumas y por idénticos conceptos, en caso de reclamación judicial.

6o. Que la hipoteca se constituye sobre las dos fincas hasta el día 31 de junio del año 1911 en que vencerá la deuda y deberá ser satisfecha por el deudor con sus intereses, a lo que se obliga el Sr. García en las representaciones con que aparece, entendiéndose que, si vencida la expresada fecha, no.fuere pagada la cantidad adeudada, quedará la corpora-ción acreedora en libertad de ejecutar la finca hipotecada para hacer efectivo el crédito.

El demandado opuso a la demanda la excepción pre-via de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y desestimada dicha excepción por orden de 4 de mayo de 1914, el demandado contestó la demanda ne-gando general y especialmente todas y cada una de las ale-gaciones esenciales contenidas en la misma.

Celebrado el juicio sin asistencia de la parte demandada, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia en 11 de julio de 1914 declarando con lugar la demanda y ordenando en su consecuencia que la demandante, Plazuela Sugar Company, recobre del demandado, Juan García Siberio, la suma de $4,200.16 con el interés del 6 por ciento anual, a contar del mes de julio de 1913, con las costas a cargo del deman-dado.

Contra esa sentencia interpuso la representación del de-mandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, alegando como motivos legales para su revocación, que los menores hijos del apelante llamados Juan, María del Bosa-rio, María Constanza, Emilio y Carmen Virginia García Boca, son partes necesarias en la acción promovida, sin que, por tanto, su padre, único demandado, pudiera ser condenado en modo alguno al pago de la suma reclamada, y que el fallo pronunciado contra Juan G-arcía Siberio no está sostenido por la prueba.

En cuanto al primer motivo- del recurso, es indudable que la excepción de que existe defecto de partes demanda-das, comprendida en el número 4 del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe ser alegrada ante el tribunal sentenciador, bien antes de contestar la demanda cuando re-sultare del contenido de ésta, bien en la contestación, cuando-aquel defecto no apareciere de la misma demanda. Articuló-los.

Y para el caso de que no se presentare impugnación ni ni por medio de excepción previa ni al contestar la demanda, establece categóricamente el artículo 109 del mismo código, que deberá entenderse que el demandado renuncia a ello, salvo únicamente la objeción, a la competencia de la corte, y la de que la demanda no expone hechos^ suficientes para determinar una causa de acción.

El primer motivo del recurso es insostenible por falta de alegación oportuna ante la corte inferior del defecto de partes demandadas.

En cuanto al segundo motivo, o sea, el relativo a queda sentencia no está sostenida por la prueba, veamos cuál lia sido la practicada en el juicio.

Sobre la obligación cuyo' cumplimiento se .reclama no lia habido más prueba que la escritura de 13 de octubre dé 1910 que ya dejamos extractada, y la declaración de José Buiz Soler, una de las partes otorgantes de dicha escritura con el carácter de subsecretario y director de Plazuela Sugar Company, quien relata la existencia 'de la deuda de $5,000 garantida con hipoteca, y contraída, según dice, por Juan García Siberio, al cual, antes de expirar el plazo, le fué con-cedida una prórroga para que pagara en las cosechas de 1912 y 1913 con cañas el importe total de la hipoteca, habiendo satisfecho hasta el 14 de julio de 1913, $799.84, y dejado redu-cido el crédito a $4,200.16.

Como se ve por el resultado de las pruebas, lejos de jus-tificar la parte demandante que Juan García Siberio, deman-dado, adeuda a Plazuela Sugar Company la cantidad total cuyo pag’o se le reclama, aparece, por el contrario, que él no contrajo la obligación a nombre propio únicamente, sino también a nombre de sus menores hijos, y, por tanto, no puede ser compelido al cumplimiento de dicha obligación en la forma ordenada por la sentencia.

La escritura demostrativa de la deuda está concebida en tales términos que no es dable afirmar que el demandado Juan García Siberio quedara en virtud de ese documento, obligado a pagar por mitad la totalidad de la deuda, y sus hijos menores de edad el resto.

Ante las alegaciones de la demanda en contradicción mani-fiesta con la escritura que se hizo parte de la misma, y la falta de elementos probatorios que nos permitan definir cuál ;sea la cantidad precisa a cuyo pago viene Obligado el deman-dado, se impone como decisión del recurso, la revocación de la sentencia apelada por el segundo motivo invocado, sin per-juicio de que la parte demandante, mediante nueva demanda, pueda ejercitar en forma debida los derechos de que se crea .asistida para el cobro de la deuda que persigue.

Debe revocarse la sentencia apelada, absolviendo de la ■demanda al demandado, Juan García Siberio, sin especial con-denación de costas, reservando a Plazuela Sugar Company ni derecho que le asista para el cobro de la deuda.

Revocada la sentencia apelada y absuelto él demandado de la demanda, con las costas en i la forma ordinaria, sin perjuicio de que la corporación demandada, mediante nueva demanda en forma debida, pueda ejercitar los derechos de que se crea asistida para gestionar el cobro de la deuda de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Nadal, Demandante y Apelado, v. Vivoni et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre cobro de nna cantidad de dinero..
    No. 1231.
    Resuelto en febrero 4, 1915.
    Pruebas — PRÓRROGA para el Pago de una Obligación. — Alegada en la contes-tación de una demanda que se había concedido una prórroga para el pago de la obligación que se redama, y que por este motivo no estaba vencida al' tiempo de interponerse la demanda, debe probarse en juicio tal afirmación, pues de lo contrario no puede sostenerse que la obligación no está vencida.
    Id. — Testigos—Ley de Evidencia. — La alegación de que un solo testigo no es suficiente para hacer prueba en juicio, es insostenible con los principios de la Ley de Evidencia. Véase Arruea v. Laugier et al., 14 D. P. B., 25.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Los apelantes comparecieron por escrito por medio de sn abogado Sr. Juan Quintero.
    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Mayagüez, Cristina C. de Nadal radicó 'demanda contra José A. Yivoni como deudor directo y Quintín Bamírez como garantizador solidario para el cobro de una obligación por la cantidad de $650 moneda americana más intereses sobre dicba suma desde la interposición de dicba demanda, y las costas, gastos, desembolsos y honora-rios de abogado, la cual obligación babía sido constituida por- un documento de 8 de abril de 1912 a vencer el 8 de octu-bre del- mismo año .

Los demandados en su contestación no niegan la certeza . de la obligación, aunque alegan que ésta no ba vencido por. liaber sido prorrogada varias veces y la última basta el 8 de diciembre de 1914. En agosto 31, 1914, celebrado el jui-cio, la corte dictó sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda, habiendo interpuesto los demandados recurso de apelación contra aquélla para ante esta Corte Suprema con fecha 8 de septiembre de 1914.-

Alegan los apelantes como fundamento del recurso: 1. Que el pagaré objeto de la demanda había sido prorrogado y por tanto no estaba vencido ni podía exigirse el pago del mismo; y 2. Que habiendo sido negados algunos hechos de la demanda, con la declaración de un solo testigo que tiene interés en el caso no ha podido dictarse sentencia por la corte inferior condenando a los demandados al pago de la suma reclamada y las costas, por ser un principio legal de derecho que un solo testigo no hace fe en juicio.

El primero de estos fundamentos carece en absoluto de base puesto' que de la demanda aparece vencida la obliga-ción que se reclama, y si, como alegaron los demandados en su contestación, se había concedido una prórroga y no estaba vencida al tiempo de interponerse la demanda, entonces dichos demandados debieron probar en juicio tal añrrnación, y, no habiéndolo hecho, no puede sostenerse que la obligación no está vencida.

En cuanto al segundo fundamento, la alegación de que un solo testigo no es suficiente para hacer prueba en juicio, es insostenible con los principios de la ley de evidencia, según ha resuelto ya esta Corte en el-caso de Arruza v. Laugier et al., 14 D. P. R., 25.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Nadal, Demandante y Apelado, v. Vivoni et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre cobro de nna cantidad de dinero.
    No. 1232.
    Resuelto en febrero 4, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1231, Nadal v. Vivoni et oí., pág. 51.
    ,Los apelantes comparecieron por escrito por medio de sn abog’ado Sr. Jnan Quintero.
    El apelado no compareció.
   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.