author: El Juez Asociado SeSob Wolf

text:
    Josefa Osorio por sí y en representación de su hija menor Pilar Cobián, demandante y apelada, v. Manuel Taboada, demandado y apelante.
    Núm. 7098.

    Sometido: Marzo 12, 1937.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      J. Pedro Miranda, abogado del apelante; Susoni & Defendini, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado SeSob Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Hubo suficiente evidencia en este caso para justificar como probados los siguientes hechos, tomados substancialmente de la opinión de la corte inferior:

“Por escritura de 26 de septiembre de 1934, sobre disolución de sociedad y constitución de otra nueva, Manuel Taboada y R. Ríos García formaron una sociedad mercantil regular colectiva bajo la razón social de M. Taboada & Co., para girar en esta plaza, con domi-cilio en el núm. 55 de la calle Cerra de Santurce, retrotrayendo sus efectos al 7 de mayo de 1933 en que había vencido la anterior so-ciedad. El objeto fue dedicarse entre otros negocios a la compra-venta de provisiones y comestibles, verduras, frutos del país y ex-tranjeros, venta de carnes, pescado, leche, etc. La administración y gerencia de la compañía quedó encargada a ambos socios indistinta-mente. En la escritura anterior de la sociedad que fue disuelta otorgada el 11 de octubre de. 1930 aparece que dicha sociedad tenía entonces su domicilio en el núm. 41 de la calle Ernesto Cerra de Santurce.
“Allá el día 13 de enero de 1934, existía en la casa núm. 55 de la calle Cerra de Santurce, P. R., donde según la escritura de 26 de septiembre de 1934, la sociedad tenía su domicilio, un estableci-miento denominado ‘Placita Taboada.’ Se trató de demostrar por la evidencia del demandado Manuel Taboada que el negocio de plaza de mercado y puesto de carne establecido en dicho sitio fué primero de Rosario O’Neill, quien falleció y después de Pedro Soto, quien es ahora chófer de M. Taboada & Co., hasta allá en el mes de mayo de 1934, en que dicha sociedad trasladó su domicilio que estaba sito en Ernesto Cerra 41 de Santurce. Sin embargo, la demandante pre-sentó evidencia documental de archivos públicos, además de lo que resulta de la escritura de sociedad demostrativa de que allá en los días 18 y 19 de diciembre de 1933, el inspector insular de pesas .y medidas Sr. Jorge Biascoechea inspeccionó los aparatos de pesar del establecimiento plaza de mercado sito en la calle Ernesto Cerra núm. 55 de Santurce del comerciante Manuel Taboada y M. Taboada & Co., y que allá el 29 de diciembre de 1933, M. Taboada & Co., soli-citó del Departamento de Sanidad un permiso para establecer un negocio propiedad de M. Taboada & Co., y que inspeccionado el local por Jesús Pereyó, Jefe de Sanidad en la referida fecha se le expidió la licencia núm. 472.
“Por el resultado de la evidencia, la Corte estima demostrado que allá el 13 de enero de 1934, cuando ocurrieron los hechos objeto de la demanda, el establecimiento de mercado y puesto de carne, deno-minado Plaza Taboada, que estaba situado en la calle Cerra núm. 55, de Santurce, era propiedad de la mercantil M. Taboada & Co. La So-ciedad tenía además otro negocio de colmado en Ernesto Cerra núm. 41 de Santurce. Manuel Taboada actuaba como dueño, el superior, el que mandaba en el.establecimiento de mercado y puesto de carne, según declaró Carmelo Vega, y se hallaba él allí cuando ocurrió el accidente, no así Rufino Ríos García, y parece natural que para aque-llas personas no relacionadas con la sociedad se considerara el esta-blecimiento como de Manuel Taboada solamente.
“En el establecimiento de Manuel Taboada & Co., se tenía un perro grande de colores blanco y amarillo. Se admitió en el acto del juicio que el animal era una fiera. Durante el día se le tenía siem-pre amarrado a cadena en la parte atrás del establecimiento. El animal'era tenido en la vecindad como de la propiedad de Manuel Taboada. Allá el 13 de enero de 1934, entre 7 y 8 de la noche, Josefa Osorio y su hija menor, Pilar Cobián, de 18 años de edad, mien-tras pasaban por la acera derecha, frente al citado establecimiento, fueron súbitamente atacadas por el referido perro, que salió del es-tablecimiento arrastrando la cadena. Pilar Cobián recibió cinco mordidas en el brazo derecho y en la mano, en el abdomen y en el pecho destrozándole el vestido y tirándola en el suelo; Josefa Osorio fué mordida únicamente en la espinilla de la pierna derecha. Del establecimiento salieron también en ese momento el dependiente Alberto Rodríguez y Manuel Taboada. El primero agarró el perro y lo entró en el establecimiento, y el segundo, o sea Manuel Taboada ordenó a Pedro Soto, el chófer, que llevara los lesionados a curar a la sala de socorro, y dijo además que al perro no se debía tener sin bozal porque lo iba a meter en un compromiso. Pedro Soto así lo hizo en un automóvil. El practicante Juan Marrero de la sala de socorro de Santurce, de la parada 17, Santurce, curó esa noche a Pilar Cobián de heridas producidas por las mordeduras del perro aplicándole una inyección de suero antitetánico que pagó en la suma de $2.00 Manuel Taboada, por medio del chófer. Josefa Osorio no fué curada esa noche por el practicante, sino al siguiente día, siendo su herida de carácter leve. Pilar Cobián fué llevada a su casa esa noche mientras Josefa Osorio volvió al establecimiento donde Ma-miel Taboada para que las ayudara y declara dicha señora que él entonces se negó diciéndole que el perro no era suyo. Después de los hechos y de haberse llevado las lesionadas a la sala de socorro, intervino el policía Fidel Franco, quien declara que practicó una in-vestigación y el 19 de lebrero de 1934, o sea un mes y 5 días des-pués, denunció a Alberto Rodríguez, acusándole el tener el perro sin estar provisto de licencia o placa, con infracción de la Ordenanza Municipal núm. 92, de San Juan. El acusado se declaró culpable, sin celebrarse juicio, el día 20 de marzo de 1934, y fué condenado al pago de una multa.
“La evidencia ha demostrado además que Josefa Osorio estuvo nomo dos meses sin poder trabajar, siendo lavandera y planchadora, porque la herida se le infestó, presentando la cicatriz en la pierna, y que Pilar Cobián estuvo recluida 10 días en el Hospital Municipal debido a las lesiones recibidas y manifiesta que una de las morde-duras le alcanzó un nervio de la mano derecha que le impedía ce-rrarla bien. ’

La corte dictó sentencia en favor de la demandante, con-cediéndole en concepto de daños y perjuicios $100 a la ma-dre y $300 a la hija.

Los señalamientos de error núms. 1, 2, 3 y 4 se refieren a la evidencia admitida por la corte respecto al dueño del establecimiento de donde salió el perro. Nos inclinamos a convenir con la discusión de estos errores hecha por la apelada, pero aun si toda la evidencia hubiera sido erróneamente admitida, existe suficiente base en los autos para justificar la conclusión de que Manuel Taboada estaba en posesión o dominio del establecimiento, de suerte pues, que la admisión de la evidencia no fué perjudicial.

No creemos que la corte cometiese error al admitir una certificación del Jefe del Negociado de Pesas y Medidas que se refería a otras certificaciones hechas por un inspector de dicho Negociado y que tendían a demostrar la propiedad y dominio del establecimiento en la persona del demandado. La solicitud de patente fué hecha por M. Taboada & Co., de la cual Manuel Taboada era socio gestor, de no ser el único socio. Dicha solicitud fué admitida sin objeción.

El sexto señalamiento alude a una enmienda de la demanda permitida por la corte en el transcurso del juicio. En cuanto a esto la corte dijo:

“La enmienda consistió, pues, en alegar que el establecimiento era de M. Taboada & Co., en vez de Manuel Taboada, y adicionar que el perro estaba en posesión o bajo el control del demandado, que-dando en la demanda la alegación sobre propiedad del animal. La enmienda se permitió para adaptar las alegaciones a las pruebas, ya que en nada variaba el problema jurídico planteado desde el princi-pio, no constituía nueva causa de controversia, y no existía el más leve motivo por pensar que pudiera perjudicar al demandado. Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25; Mongil v. Castro, 19 D.P.R. 682. Después de permitirse la enmienda teniendo la corte en cuenta el princi-pio altamente liberal que informa la materia, dió al demandado oportunidad para presentar nueva evidencia para sostener cualquier otro extremo de su defensa, la que no utilizó. La contención del de-mandado era, presentando evidencia sobre esos extremos, que el esta-blecimiento de Cerra 55 pertenecía a Pedro Soto, al tiempo del acci-dente y que el perro era propiedad y estaba en posesión de Alberto Rodríguez por lo que las enmiendas no podían perjudicarle en modo alguno. Confirmamos la resolución permitiendo las enmiendas.”

El séptimo señalamiento de error ataca la suficiencia de la prueba para sostener la primera causa de acción, o sea el hecho del accidente o las mordeduras del perro. Encontramos que la evidencia es ampliamente suficiente como dice la corte.

La corte inferior dictó sentencia en favor de la deman-dante, sin excluir los honorarios de abogado. No encontra-mos que se cometiera error en el ejercicio de esta discreción y con ello resolvemos el octavo señalamiento de error.

El noveno señalamiento lee así:

“La corte sentenciadora cometió error, porque la sentencia dic-tada es contraria a derecho.”

Convenimos con la apelada en que no era necesario pro-bar que el perro pertenecía a M. Taboada & Co. Bastaba demostrar que el establecimiento era de la propiedad de dicha firma y que Manuel Taboada estaba en posesión y domi-nio tanto del establecimiento como del perro.

El artículo 1805 del Código Civil, ed. 1930, dispone como signe:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es respon-sable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

El artículo 1803 del Código Civil no tiene aplicación, y el caso está cubierto por nuestra decisión en Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315. Tampoco importa que el accidente ocurriese fuera del establecimiento de M. Taboada & Co. si, conforme resolvió la corte, el animal estaba bajo el dominio del de-mandado. Nadie podría leer la evidencia en este caso sin llegar al convencimiento claro, tanto por las declaraciones de los testigos como por los actos del demandado, de que éste cae dentro de las disposiciones del estatuto.

El décimo señalamiento de error sostiene que la sentencia era contraria al peso de la prueba. Resolvemos lo contrario. Hubo aun la admisión por parte del demandado de que el perro era una “fiera.”

La sentencia -apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávüa no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fructuoso Fernández, acusado y apelante.
    Núm. 6883.

    Sometido: Febrero 25, 1938.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      Luis Vizcarrondo y Adolfo Dones, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar,, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Fructuoso Fernández fué acusado de infringir el artículo 18 de la Ley núm. 75 de 1916 (Leyes de ese año, pág. 144), según fué enmendado por la Ley núm. 9 de 1926 (Sesión Extraordinaria de ese año, páginas 23, 27), que lee:

"Toda persona, firma, sociedad o corporación que por sí misma o por medio de sus agentes, transportare en los vehículos pesados de motor, o en los vehículos comerciales, más carga que la autorizada por esta Ley, será multada con cincuenta (50) dólares por la primera infracción; cien (100) dólares por la segunda, y por la tercera in-fracción le será revocada la licencia del vehículo. A los chauffeurs que condujeren por caminos públicos un vehículo pesado de motor o un automóvil comercial con más carga que la autorizada en esta Ley, o a mayor velocidad que la en esta Ley establecida, o desprovisto del aparato para limitar la velocidad que se dispone en el apartado (c) del artículo 13 de esta Ley-, le será suspendida la licencia por el término de un mes por la primera infracción; seis meses por la segunda, y por la tercera infracción le será revocada la licencia definitivamente. Las infracciones a las otras disposiciones de esta Ley, serán consideradas como delitos menos graves.'7

La denuncia alegaba que se había hallado que el autoca-mión del demandado transportaba tres mil libras en exceso del peso que legalmente estaba autorizado a transportar por el Departamento del Interior. El acusado fué declarado culpable y sentenciado por la Corte de Distrito de Guayama a pagar una multa de $50.

En apelación señala tres errores, -mas el alegato del acu-sado no los discute, y aparentemente ha optado por descan-sar exclusivamente en que la denuncia deja de imputar sufi-cientemente nn delito público, cuestión que snscita abora por primera vez.

Las-contenciones del acusado, según las entendemos, son: (a) que el artículo 10 de la Ley núm. 75 de 1916, supra, es discriminatorio, toda vez que fija mayores derechos por to-nelada por la licencia de vehículos que transportan más de tres toneladas que para aquéllos que conducen una tonelada o menos, y (b) que en ninguna parte de la ley existe un pre-cepto que castigue la transportación de peso en exceso o que defina tal delito.

El primer motivo señalado no es pertinente. No se nos ha pedido que determinemos la constitucionalidad de los de-rechos por la expedición de una licencia. La decisión de ese punto no alteraría el problema que está ante nos, puesto que el mismo es enteramente distinto y separable de la cuestión que está realmente en controversia.

Los artículos 9, 10 y 18 de la Ley núm. 75 de 1916, según fueron enmendados por la Ley núm. 9 de 1926, son los que deben ser considerados.

El inciso (c) del artículo 9 dispone:

“La proporción entre gomas y el peso del vehículo cargado, en el caso de vehículos pesados de motor, será determinada en la forma si-guiente : El ancho de las gomas en las ruedas delanteras y traseras de un vehículo pesado de motor o máquina de tracción será tal, que la presión por pulgada de diámetro y por pulgada de ancho de la goma no será mayor de diez y seis libras. Ningún vehículo de motor cuyo peso exceda de cinco y medias toneladas descargado, ni de diez tone-ladas cuando esté cargado, será permitido en los caminos públicos, con excepción de los vehículos pesados de motor que, con anterioridad a la aprobación de esta Ley, hubieren obtenido licencia con arreglo a la Ley; Disponiéndose, que el Comisionado del Interior podrá expedir li-cencias especiales a vehículos de motor cuyo peso cargado sea mayor de diez toneladas y no exceda de catorce toneladas, para transitar solamente por aquellas carreteras de primera clase que a su juicio pue-dan resistir estas cargas. Al expedir estas licencias especiales el Co-misionado del Interior cobrará los derechos de acuerdo con el artículo 10 de esta Ley. ’ ’

La parte del artículo 10 que es aplicable, provee:

"El Comisionado del Interior cobrará los siguientes derechos, pa-gaderos en sellos de rentas internas, en relación con la explotación de vehículos de motor. Los derechos que se fijan por anualidades, si no se dispusiere otra cosa, se pagarán anticipadamente por todo el año eco-nómico o por la parte de éste por correr en la fecha en que se deven-guen, contándose las fracciones de mes como un mes completo:
"Por licencia de vehículos comerciales de una capacidad de una to-nelada o menos,, $30 por año; por cada tonelada o fracción de tone-lada adicional, $15 por año, hasta tres toneladas de capacidad. Los vehículos comerciales que tengan una capacidad de más de tres tone-ladas pagarán $100 por año, por las primeras tres toneladas más $50 por tonelada o fracción de tonelada en exceso de tres toneladas que pese el vehículo y su carga; Disponiéndose-, que los derechos para ve-hículos comerciales de más de tres toneladas de capacidad podrán ser pagados en dos plazos semestrales, por adelantado. ’ ’

Conforme hemos visto, el artículo 18 dispone: "Toda persona, firma, etc., que por sí misma o por medio de sus agentes, transportare en los vehículos pesados de motor o en los vehículos comerciales, más carga que la 'auto-risada por esta Ley, será multada con cincuenta (50) dólares, etc. ...” Tan sólo la interpretación de las palabras subrayadas es im-portante.

El autocamión del demandado, cuando estaba descargado, pesaba, según el certificado del Comisionado, cuatro tonela-das o sea 8,000 libras. Se halló que transportaba cuatro to-neladas y media, o 9,000 libras, lo que hacía un peso total de ocho y media toneladas o 17,000 libras. El había pagado por una licencia para transportar tres toneladas, y en su conse-cuencia conducía una y media toneladas sin haber pagado los derechos correspondientes.

La cuestión entonces es si el artículo 18, supra, se refiere únicamente a aquellos vehículos que cargados tienen un peso mayor que el sancionado por el inciso c del artículo 9, o si se tuvo la intención de que comprendiera también un caso como el presente, en que el acusado transporta un peso que está muy por debajo del límite de diez toneladas fijado en el artículo 9, pero que conduce un peso por el cual no fia pa-gado los derechos.

En nuestra opinión, las multas fijadas en el artículo 18 se refieren al inciso c del artículo 9 y no a casos como el que está ante nos. Creemos que si hubiera sido la intención in-cluir casos como el presente, la ley hubiera dicho expresa-mente algo similar a lo que sigue: “Toda persona, etc. . . . •que . . . transportare en los vehículos pesados de motor . . . más carga que la autorizada por esta ley, o en exceso de la •carga para la cual hubiere pagado derechos de licencia, de •conformidad con el artículo 10 de la presente ley, será mul-tada, etc.” Al artículo 10 pudo agregársele una cláusula fijando la correspondiente penalidad en caso de que se infrin-giera el mismo. Existe suficiente duda en nuestra mente respecto a la aplicabilidad del artículo 18, supra, a este caso, para que creamos que al acusado debe dársele el beneficio de la misma.

jDe-be revocarse la sentencia de la corte inferior y absol-verse. al acusado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Florentino Carrera Blanco, demandante y apelado, v. Gabriel Palerm Enrich, demandado y apelante.
    Núm. 7282.

    Sometido: Noviembre 26, 1937.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      B. Padró Pares, abogado del apelante; F. Fernández Cuycur y H. Gon-zález Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió- la opinión del tribunal.

En este caso está envuelto el derecho de un acreedor hipotecario a obtener una sentencia contra su deudor original por el remanente insoluto de su crédito, cuando la propiedad en sí ha pasado a manos de un tercero, aunque el adquirente del deudor original haya asumido el pago de la deuda. De los casos de Luyando v. Díaz, 46 D.P.R. 691, Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 687, y Puig v. Sotomayor, 47 D.P.R. 454, se desprende claramente que un acreedor hipotecario puede proceder directamente contra su deudor original, el cesionario de éste, o contra el comprador de la propiedad principal, cuando este último ha asumido el pago de la hipoteca, y aun contra el deudor y su cesionario conjuntamente. Desde luego, si el acreedor opta por proceder contra el deudor original y resulta que su cesionario se ha comprometido a pagar la deuda original, entonces surgiría en favor del deudor original una causa de acción contra su cesionario. Este derecho del deudor no le ofrece defensa alguna en cnanto a su acreedor hipotecario original. Esto es más notablemente cierto cuando la venta de las propiedades hipo-tecadas tuvo lugar sin notificarse al acreedor o sin su con-sentimiento.

La regla general es que la deuda obliga personalmente al deudor original y que éste es responsable del pago de cualquier déficit que resulte en caso de que al venderse la propiedad la misma dejase de cubrir el importe del contrato o dé la deuda original. Según su definición, la hipoteca es un contrato accesorio; se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Este caso también envuelve otras cuestiones, entre ellas el derecho del acreedor hipotecario a obtener contra su deudor original una sentencia sobre las alegaciones.

Los hechos, tomados más o menos del alegato del apelado y siguiendo las alegaciones de la demanda, demuestran que en 5 de noviembre de 1929 Gabriel Palerm recibió en calidad de préstamo la suma de $20,000 de manos de Florentino Ca-rrera. Suscribió cuatro pagarés por la suma de- $5,000 cada uno a la orden de Carrera, que serían pagados con intereses cuatro años más tarde. En garantía de estas obligaciones Palerm otorgó hipoteca sobre dos de sus propiedades, una,' a la cual nos referiremos de aquí en adelante con la letra A, para responder de la cantidad de $15,000, y la otra, o sea la que describiremos con la letra B, para responder de $5,000. Como garantía adicional el deudor también entregó a Carrera dos pagarés hipotecarios al portador, uno por $10,000 y otro por $15,000. Las partes convinieron en que cuando Palerm pagase una de las cuatro obligaciones de $5,000, Carrera le devolvería el pagaré hipotecario de $10,000 que había sido entregado por Palerm como garantía adicional, y que al efec-tuarse el pago de otros $5,000, Carrera le devolvería a Pa-lerm el otro pagaré hipotecario de $15,000. La idea era que la única responsabilidad de Palerm fuera entonces los $10,000 que restaban de la deuda hipotecaria.

Posteriormente Palerm y sn esposa vendieron a Pedro Batista las dos propiedades hipotecadas. A sn vez los espo-sos Batista segregaron nna porción de la parcela cnya res-ponsabilidad había sido fijada en $15,000, a fin de qne dicha porción segregada formase nna finca aparte, y la parcela así segregada fné vendida a Demetrio Latoni por la snma de $10,000, qne fné pagada por Latoni a Carrera, el demandante en este caso, para ser abonada al préstamo de $20,000. En 2 de marzo de 1932 el demandante, Carrera, otorgó nna cancelación parcial de la hipoteca. Esta cance-lación parcial fné otorgada en tal forma qne la parcela se-gregada qnedó' exonerada de todo gravamen. Pné la parte no segregada de la finca A la qne asnmió la responsabilidad del pago de los $5,000 qne todavía aseguraba.

En consideración a la aceptación por el demandante Ca-rrera del pago de estas dos obligaciones y de la exoneración de la parcela segregada, y de otras consideraciones, Palerm convino con Carrera, en 2 de marzo de 1932, en modificar el contrato de garantía colateral existente entre ellos, de ma-nera qne Palerm recibiese solamente la devolución del pagaré hipotecario por $10,000 y qne Carrera retuviese como garan-tía colateral y además de los dos pagarés de $5,000, el pa-garé hipotecario de $15,000 ya mencionado. El pagaré hipo-tecario de $10,000 fné devuelto y los pagarés originales nú-meros 1 y 2, por $5,000 cada uno, fueron cancelados, y Ca-rrera retuvo en sn poder los números 3 y 4, conjuntamente con el pagaré hipotecario de $15,000.

En 18 de agosto de 1932, los esposos Batista vendieron a los esposos Cruet Carrasquillo lo qne restaba de las dos pro-piedades hipotecadas que ellos habían adquirido de Palerm. Cuando los pagarés 3 y 4 vencieron y no fueron pagados, Carrera inició un procedimiento ejecutivo sumario contra las dos propiedades qne habían sido vendidas a los Cruet. La reclamación era por $12,896.39. Cada una de las dos fincas fue adjudicada al acreedor por la snma de $2,500, quedando por ende en descubierto $6,500 de principal más los intere-ses, qne ascendían a la suma de $1,396.39.

Por tanto, en el presente pleito se reclamaba nn déficit de $7,896.39, y por él fuá qne se dictó la sentencia sobre las alegaciones. Los señalamientos primero y enarto leen como signe:

“La eoxte cometió error en su resolución de 8 de marzo de 1935 al denegar la moción del demandado para que se hiciera más clara y es-pecífica la demanda.
“La corte cometió error al dictar sentencia final en este caso cuando la demanda no contiene una causa de acción contra el deman-dado. 5 ’

Convenimos con el apelado en qne para poder hacer res-ponsable al deudor, el acreedor hipotecario no tenía necesi-dad de alegar en sn demanda solicitando sentencia por el re-ferido déficit, las relaciones existentes entre los varios com-pradores de las propiedades. Asumiendo la validez del pro-cedimiento ejecutivo, bastaba qne el acreedor hipotecario de-mostrase el déficit existente en el pago de sn crédito hipote-cario. En cnanto al cuarto señalamiento de error, estamos plenamente convencidos de qne la demanda, tal cual ha sido resumida más arriba por nosotros, aducía suficientemente una cansa de acción, especialmente si aceptamos, como debe-mos, la jurisprudencia a qne ya nos hemos referido.

El segundo señalamiento de error es como signe:

“La corte sentenciadora cometió error al dictar sentencia sobre las alegaciones de la demanda, bajo el erróneo supuesto de que la contes-tación no contenía una negación específica de las mismas. ’ ’

A este respecto el apelado dice lo siguiente:

“La demanda contiene diez párrafos y está debidamente jurada. La contestación radicada en 5 de octubre de 1935 niega los hechos en la siguiente forma: Acepta los primeros cuatro hechos, así como el sexto, y ‘niega enfáticamente’ los hechos 5, 9 y 10 de la demanda. Los hechos 7 y 8 los niega ‘por falta de información y creencia’. En su juramento a la contestación el demandado declara que ha leído dicha contestación ‘y los hechos, tal como se consignan, son la verdad que me consta de propio conocimiento, excepto aquellos hechos que acepto o niego por información y creencia. ’
"En primer lugar, debe observarse que el juramento hecho en la forma dicha es nulo e ineficaz en ley, de acuerdo con lo resuelto por esta Honorable Corte en los casos de Pérez v. El Consejo Ejecutivo. 16 D.P.R. 712, y Nazario v. Atlas, 24 D.P.R. 358, ya que dicho de-mandado no expresa cuáles hechos conoce de propio conocimiento y cuáles por información y creencia, ni si cree cierta tal información y creencia. En tales condiciones, este mero hecho sería suficiente para justificar una sentencia sobre las alegaciones, ya que estando jurada la demanda no lo está en derecho la contestación.
"En segundo lugar, la negación que se pretende hacer de algu-nos hechos de la demanda es sumamente insuficiente en vista de lo exigido por el Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 110), y de la jurisprudencia constante sobre el particular.”

El apelado cita casos para sostener su derecho a una sen-tencia sobre las alegaciones, la que creemos estuvo suficien-temente justificada. Debemos dar énfasis al hecho de haberse dejado de negar específicamente, más bien que a las deficien-cias del juramento.

El tercer y último señalamiento de error lee así:

"La corte sentenciadora cometió error en su resolución de 24 de febrero de 1936 al denegar la solicitud del demandado para que se anulara la sentencia de 31 de diciembre y se abriera de nuevo el caso. ’ ’

Indudablemente, cuando se radica una moción bajo el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte tiene una discreción amplia, pero también tiene discreción para de-negarla. El apelado llama nuestra atención hacia el hecho de que la moción no contenía affidavit de méritos alguno y a que el demandado actuó tardíamente al presentar su moción para dejar sin efecto la sentencia y reinstalar el caso.

El apelante, sin embargo, también radicó, conjuntamente con su moción, una contestación enmendada. Somos de opi-nión que esta contestación enmendada no subsanó suficiente-mente los defectos de la contestación original, por cuanto ciertos párrafos de la misma contenían negativas que envol-vían afirmaciones (negative pregnants), ya qne negaba algu-nas de las alegaciones de la demanda en ipsissimis verbis (en sus propias palabras). La contestación, como apunta el apelado al discutir tanto la original como la enmendada, omi-tía otras negaciones. La contestación enmendada también contenía materia nueva. El apelado la discute y a nuestro juicio rechaza con éxito las contenciones del apelante.

Independientemente de esto, la posición del apelante no fué justificada por un affidavit de méritos y la corte no co-metió abuso de discreción al negarse a considerar la materia nueva después de todas las oportunidades que tuvo el apelante mientras el caso se hallaba pendiente de que se resolviera la moción de sentencia sobre las alegaciones.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Luis Sanquírico, peticionario y apelante, v. La Junta de Directores de la Asociación “Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico”, querellada y apelada.
    Núm. 7434.

    Sometido: Febrero 15, 1938.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      E. II. F. Dottin, abogado del apelante; C. II. Julia, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de septiembre de 1935 Luis Sanquírico radicó una petición ante la Corte de Distrito de San Juan solicitando la expedición de un auto de mcmdamus contra “La Junta dg Directores de la Asociación, Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico.” Alegó en ella, y posteriormente probó, que estuvo empleado en el Gobierno Insular por más de veintisiete años, hasta fe-brero de 1931, en que se jubiló; que al retirarse era miem-bro al día de la citada asociación, la cual se creó por la Ley núm. 52 de 1921 (Leyes de ese año, pág. 375), y estaba ase-gurado bajo la misma ley; que notificó a la Asociación al tiempo de renunciar que deseaba continuar disfrutando de los privilegios del seguro y obtuvo oportunamente la devolu-ción de los ahorros que había acumulado durante los años que estuvo empleado; que en agosto 8 de 1935, el peticionario in-formó por carta su deseo de no continuar el seguro y solicitó se le devolviera el 50 por ciento del total de las cuotas paga-das por él, de conformidad con la sección 22 de la Ley núm. 52, supra; que el 14 de agosto de 1935, la Asociación se negó a hacer tal reembolso o devolución fundada en que para aquella fecha el peticionario no tenía derecho a que se le de-volviera ninguna suma, diciendo “que un acogido puede re-nunciar su beneficio al seguro, pero no tiene derecho a que se le reembolse el cincuenta por ciento de las cuotas paga-das.”

La corte inferior declaró sin lugar la petición basada principalmente en el fundamento de que en el único mo-mento en que un asegurado bajo la Ley núm. 52 puede so-licitar con éxito y obtener el reembolso del 50 por ciento del total de las cuotas pagadas, es al renunciar o retirarse del cargo. La corte de distrito interpreta la sección 22 de la ley en cuestión en el sentido de que limita tal derecho al caso antes mencionado, y toda vez que en el caso que está ante nos el peticionario no solicitó la descontinuación del seguro y la devolución del 50 por ciento hasta más de cuatro años después de haber cesado en su cargo, dicho funcionario ha-bía perdido su derecho al mismo. Incidentalmente la corte de distrito también indicó que el peticionario había perdido su derecho al seguro debido a que había dejado de pagar tres cuotas consecutivas, en violación de la sección 21 de la ley.

Es claro, a nuestro juicio, que a la fecha en que el peticionario radicó su petición él no adeudaba tres cuotas consecutivas. Las correspondientes a julio y agosto estaban vencidas, mas la de septiembre no había- aún vencido, puesto que ella dependía directamente del número de asociados que murieran en dicho mes. La petición fué radicada el 2-1 de septiembre, y en su consecuencia antes de que venciera la cuota correspondiente a dicho mes. Es cierto que el 25 de noviembre de 1935 se presentó una petición enmendada luego de haber declarado la corte con lugar una excepción previa, mas la fecha de la petición original es la que debe regir los derechos del aquí peticionario.

Por tanto, la principal y única cuestión envuelta es la interpretación que debe dárseles a las secciones 21 y 22 de la Ley núm. 52, supra, según fué enmendada por la Ley núm. 15 de 1927 (Leyes de ese año, pág. 135). Examinémoslas. La sección 21 dispone:

“Todo socio acogido a los beneficios de esta Ley que renunciare o fuere separado de su cargo por hechos que no impliquen perver-sión moral, podrá continuar disfrutando de los beneficios del se-guro por muerte, siempre que al cesar en su cargo notifique a la Junta de Directores su intención de hacerlo así, debiendo en tal caso continuar cotizando cada vez que ocurra una defunción y sea noti-ficada; Disponiéndose, que si dejare de cotizar tres meses consecu-tivos cuando hubiere defunciones, perderá todos sus derechos al se-guro; Y disponiéndose, además, que todo empleado que se encuen-tre disfrutando de licencia sin sueldo o que esté suspendido de em-pleo y sueldo temporalmente, conservará sus derechos a los benefi-cios del seguro por muerte y por inutilidad física mientras dure tal licencia o suspensión temporal siempre que durante los primeros' cinco días de cada mes deposite en la oficina de la Asociación una cantidad igual a la que le sería descontada de su sueldo para los efectos del seguro, como si no hubiere estado bajo tal licencia o tal suspensión temporal.” (Ley núm. 15 de 1927.)

La sección 22 lee así:

“El socio que no desee continuar asegurado al renunciar su puesto lo notificará así a la junta de directores, la que procederá a liquidar su cuenta de ahorros, y le reembolsará el cincuenta (50) por ciento del total de las cuotas que haya pagado por concepto de defunciones, de los fondos de reserva a que se contrae el artículo 21 de esta Ley en su apartado tercero.” (Ley núm. 52 de 1921.)

Si uno examina el texto inglés y el castellano de la sec-ción 22, supra, nota que existe una discrepancia entre las pa-labras “¡after his resignation from office” y la frase corres-pondiente en Castellano, la que traducida más literalmente debió leer en inglés “on resigning from office.” La corte inferior aplicó estrictamente la versión castellana y la inter-pretó en el sentido de que significaba que si el asegurado de-seaba descontinuar su seguro y obtener el reembolso del 50 por ciento del total de las cuotas pagadas, tenía que hacer tal elección al momento de cesar en su cargo o empleo. El apelante da énfasis a la anterior discrepancia en el texto e insiste en que cualquier duda debe resolverse a su favor.

Hemos estudiado las secciones citadas desde todo ángulo posible y llegado finalmente a la conclusión de que la sentencia debe ser confirmada.

En ninguna parte de la ley, excepto en las secciones 21 y '22, existe precepto alguno en torno al privilegio, pues es un privilegio, de obtener el reembolso del 50 por ciento del total de las cuotas pagadas. El tipo de seguro creado por el estatuto es similar al que se conoce con el nombre de seguro colectivo (group insurance). Bajo esa clase de seguro, ge-neralmente no existe derecho a nada, a no ser al pago de la póliza si a la muerte del asegurado éste está al día en el pago de las primas. Si el asegurado abandona la póliza pierde todo derecho que en cualquier momento haya tenido a su valor o a las primas. En su consecuencia, bajo este sis-tema equivale a una concesión el permitir, aún en un mo-mento específico, que se descontinúe la póliza y se obtenga el reembolso del 50 por ciento de las primas pagadas. Las pri-mas son de ordinario tan bajas que la protección ofrecida al asegurado mientras las paga es causa (consideration) más que suficiente para que su cobro sea permanente.

Teniendo lo anterior en mente examinemos la letra de la sección 22. A nuestro juicio la versión castellana debe pre-valecer, puesto que ése fué el idioma en que la ley fué pre-sentada en la Asamblea Legislativa. Las palabras que siguen a la frase “el socio que no desee continuar asegurado” cu-bren tan sólo la opción que tiene el asegurado al momento de renunciar su puesto. Si esa sección se interpreta en unión a la 21, puede llegarse a la conclusión de que ambas permiten a cualquier asegurado, al renunciar, dos caminos, a saber: (a) continuar disfrutando de los beneficios del seguro, siempre que al cesar en su cargo notifique a la junta de directores su intención de así hacerlo (sección 21), o (b) no continuar ase-gurado y obtener el reembolso del 50 por ciento del total de las cuotas pagadas, siempre que notifique igualmente a la junta al renunciar su cargo, que ha hecho tal opción (sección 22). Somos de opinión que si, conforme sucede en este caso, al renunciar su puesto el empleado escoge el curso mencio-nado bajo la letra (a), la alternativa, o sea el curso (b), cesa para él. Si la intención del legislador hubiera sido que aún después de optar por el curso (a) el empleado pudiera aún disfrutar de los beneficios del curso (b), nada más fácil hu-biera sido que haberse referido expresamente a tal situación en la misma sección 21.

Antes de renunciar o cesar en sn cargo, nadie que se haya hecho voluntariamente miembro de la asociación puede reti-rarse de ella. Por tanto es de esperarse que al renunciar, tal empleado tenga derecho a elegir lo que debe hacer con su seguro. Sin embargo, el estatuto limita este derecho al momento de presentar la renuncia y exige que se notifique in-mediatamente que se ha escogido uno u otro curso.

Existen tal vez otros argumentos a favor de esta inter-pretación, mas creemos que los ya expresados son suficientes para sostener la decisión de la corte inferior.

Por tanto debe confirmarse la sentencia apelada, sin costas.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vña no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolp

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Salvador Quiñones, patrono peticionario ante la Comisión.
    Núm. 24.

    Sometido: Diciembre 9, 1937.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y Luis Negrón F&rnández, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de abril de 1937, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado expidió una póliza de conformidad con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, pág. 253), al patrono Salvador Quiñones. Según los términos de dicha póliza al ase-gurado se le fijó una prima de $11.15 por cada $100 pagados por concepto de salarios, o sea 11.15 por ciento. El trabajo a ser realizado por el Sr. Quiñones a través de sus empleados fué calificado de;

CLAVE CLASIFICACIÓN TIPO

6306 — Alcantarillado_Construcción de_ Todas

las operaciones incluyendo carreteras, chauffeurs y ayudantes. Excluyendo construcción de túneles, excepto en la intercepción de calles_11.15

La naturaleza específica del trabajo se describe plenamente en el siguiente párrafo, tomado de la decisión emitida por la Comisión Industrial;

“El trabajo que iba a ejecutar por contrato el peticionario Sr. Salvador Quiñones, era tender en las calles de la población de Maya-güez, dentro de zanjas abiertas al efecto, tubería de barro vitrifi-cado, en trozos de dos pies de largo cada uno para ser conectados entre sí, eon el objeto de que discurrieran por ella las aguas fecales de la mencionada población.”

De la actuación del Administrador del Fondo del Seguro ■del Estado, antes referida, el patrono apeló para la Comisión Industrial con el objeto de que se revisara el tipo o prima fijado por dicho Administrador. La comisión, con fecha 29 de septiembre de 1937, resolvió lo siguiente:

. que la clasificación bajo la cual debe comprenderse el ■seguro del trabajo que realizaba en Mayagüez el Sr. Salvador Qui-ñones, no debe ser comprendido bajo la clasificación 6306, o sea '‘Construcción de Alcantarillado,’ y sí bajo la clasificación 6319, o sea ‘Conexiones de Tubería.’ Se revoca en ese sentido la resolu-ción del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.”

Luego de declararse sin lugar una moción para reconsi-derar, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado ra-dicó un recurso de revisión. En verdad la cuestión más im-portante de las levantadas es la que se refiere a la jurisdicción de la Comisión Industrial, y por ende su facultad para revisar la inclusión hecha por el Administrador de determinado tra-bajo dentro de cierta clasificación y alterar esa disposición en el sentido de incluir el trabajo dentro de una clasificación ■enteramente distinta. Se señalan otros errores de menor im-portancia que discutiremos oportunamente.

Nos hemos demorado algo en llegar a una decisión sobre este caso en parte porque el único alegato radicado lo ha sido en pro de la posición asumida por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado. De los autos que tenemos a la vista no se desprende que la cuestión jurisdiccional fuera jamás suscitada ante la comisión.

Los artículos 23 y 24 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, son los que principalmente tienen que ver con el problema legal que está ante nos. Los párrafos pertinentes de los mismos leen así:

“Artículo 23. — El Administrador del Fondo de Seguro del Es-tado, haciendo uso de los poderes y de la discreción que por la pre-sente se le confieren, antes del primero de mayo de cada año deberá preparar una lista de clasificaciones de acuerdo con los oficios o in-dustrias a los que se refiere esta Ley. También deberá fijar para cada clase de oficio o industria las primas más bajas posibles, inclu-yendo primas mínimas, que sean consistentes con la pretensión de establecer un fondo de seguro del estado solvente y de crear un so-brante razonable que cubra el período que empezando en la fecha de ponerse en vigor esta Ley, continúa hasta el primero de julio de 1936.
“El Administrador del Fondo de Seguro del Estado deberá re-visar de la lista de clasificaciones que se dispone en el párrafo anterior, las que a su juicio deban revisarse, antes del primero de julio de 1936, y subsiguientemente, todos los años. Tal revisión se hará de acuerdo con los datos acumulados en la práctica de seguros ha-bida desde que empezó a regir esta Ley y hasta el 31 de diciembre del año anterior, y de acuerdo con aquella otra experiencia incidental y con las estadísticas de que pueda disponerse en relación a los. peligros y riesgos del seguro en la clasificación a revisar.
“Artículo 24. — Las decisiones del Administrador fijando y re-gulando las primas para cada grupo de oficios o industrias y la clasi-ficación de primas para regir cada grupo o industria en particular, o cualquier orden aumentando las primas a determinado patrono según se dispone en el artículo anterior, podrá ser revisado por la Comisión Industrial de Puerto Eico de la manera siguiente:
“1. El patrono perjudicado podrá radicar en la Comisión Industrial de Puerto Eico, en cualquier momento durante el año en el cual se hacen efectivas las decisiones del Administrador, una petición de revisión por dicha Comisión de las decisiones hechas por el Adminis-trador con relación a los tipos o primas para uno o más oficios o industrias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas debían enmendarse; y se requerirá que el Administrador comparezca y con-teste dicha petición dentro del término de diez (10) días. La Cor misión le dará preferencia al caso sobre los demás casos del calen-dario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las re-glas que dicha Comisión haya promulgado.
“2. La revisión a que se hace referencia en el párrafo anterior no suspenderá en modo alguno el cobro de primas ni los efectos de ninguna otra disposición de esta Ley; ni tampoco expedirán las cor-tes autos de injunction prohibiendo eí cobro de dichas primas o con-tribuciones mientras se esté revisando el caso.
“3. En caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado para cualquier clase de oficio o industria, no se ordenará en ningún caso ni al Administrador del Fondo del Estado, ni al Tesorero de Puerto' Rico que devuelvan el exceso que se baya pagado en primas o contribuciones sino que dicbo exceso, calculado desde la fecba en.que se radique la petición, se descontará de las primas o contribuciones que bayan de recau-darse en el futuro a los patronos que bayan radicado las peticiones.
”4. En el caso que se modifique una clasificación por orden o de-creto de la Comisión, según se dispone en la presente, el Adminis-trador calculará nuevos tipos, primas o contribuciones en la forma que determine la Comisión para aquellos patronos que tengan* obre-ros o empleados comprendidos en la clasificación o clasificaciones ob-jetadas; Disponiéndose, que dichos tipos, primas o contribuciones se calcularán desde la fecba en que se radicó la petición de revisión en la Comisión y sólo regirá hasta que termine el año económico a que pertenecía dicha clasificación o clasificaciones.”

Si entendemos bien al peticionario, su contención fundamental es que la Comisión Industrial sólo puede revisar las decisiones o actuaciones del Administrador del Fondo del Se-guro del Estado que han sido dictadas o emitidas de con-formidad y a tenor de la delegación legislativa de poderes expresamente concedida al Administrador bajo el artículo 23, supra. El peticionario sostiene que dicho artículo impone el deber al Administrador del Fondo del Seguro del Estado de (a) preparar una lista de clasificaciones de acuerdo con los oficios o industrias, y (b) fijar para cada clase de oficio o industria las primas para el próximo año. Como resultado de las facultades antes concedidas, y de conformidad con las disposiciones del artículo 24, supra, la Comisión Industrial puede revisar, según el peticionario, las decisiones del Admi-nistrador (1) fijando y regulando las primas para cada grupo de oficios o industrias, (2) fijando y regulando la clasificación de primas para regir cada grupo o industria en particular, y (3) cualquier orden aumentando las primas a determinado patrono, mas no la clasificación.

En resumen, el Administrador del Fondo del Seguro de-dica gran parte de sn argumentación a excluir de las tres categorías anteriores de decisiones apelables la envuelta en el presente recurso. Su alegato contiene muchas distinciones e interpretaciones, aunque se inclina a admitir que la comisión puede “modificar” cualquier clasificación ya hecha por el Ad-ministrador. No obstante, niega la facultad de la comisión para determinar si cierto oficio o industria ha sido incluido erróneamente en determinada clasificación o para decir que pertenece a otro grupo. El peticionario insiste en que su .actuación al catalogar bajo cierta clasificación el trabajo hecho por determinado patrono, es un acto puramente administra-tivo que no está sujeto a ser revisado por la Comisión Industrial.

Se citan casos en apoyo del principio de que los poderes de la comisión se derivan exclusivamente del estatuto. Cree-mos que en el caso que está ante nos la Comisión Industrial, Men expresamente o por necesaria inferencia, tenía facultad para revisar la certeza de la inclusión hecha por el Admi-nistrador del trabajo a realizarse dentro de la clasificación •específica por él fijada. Parece ilógico y extraordinario soste-ner que una junta que tiene facultades tan generales como nuestra Comisión Industrial, y que se admite ha sido dotada de poderes para revisar las primas y modificar las clasifica-ciones, no tenga el poder de considerar una cuestión como la que está ante nos. Creemos que el principio expresado en 71 C. J. 921, sección 668 (G-), citado por el recurrente mismo, es estrictamente aplicable, a saber:

“. ... las facultades de la junta o comisión emanan exclusiva-mente del estatuto y ella es un Tribunal de autoridad limitada y posee tan sólo aquellos poderes y facultades que le son concedidos expresamente por la ley o aquellos que surgen de ésta por necesaria ■inferencia, para poder cumplir o efectuar plenamente los poderes ■concedídosle . . . (Bastardillas nuestras.)

A nuestro juicio, el proceder del Administrador en el caso que está ante nos no fné meramente administrativo sino qne envolvía la aplicación de las clasificaciones ya hechas y nn estudio minucioso de la naturaleza del trabajo y de los riesgos que había que afrontar en el trabajo para el cual se solicitaba el seguro.

Tenemos la idea de que la facultad que se admite la Co-misión tenía para regular las primas dentro de una clasifica-ción,- incluye el derecho a modificar la clasificación en el sen-tido de rebajar la prima.

En armonía con los principios ya enunciados, creemos que la Comisión tenía poder, y por ende jurisdicción, para considerar la petición de revisión que el patrono Salvador Quiñones elevó ante ella.

El segundo señalamiento alega que la Comisión Industrial no promulgó regla de procedimiento, dejando así de cumplir con aquella parte del artículo 24, supra, que lee:

“. . . . La Comisión le dará preferencia al caso sobre los demás casos del calendario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las reglas que dicha Comisión haya promulgado.”

No podemos ver cómo de conformidad con la disposición anterior la comisión estaba obligada a adoptar ciertas reglas especiales. Los términos de ese precepto no son imperativos y no es claro que la frase no se refiera al poder general otor-gado a la comisión bajo el artículo 6 de la misma ley, para “aprobar reglas para llevar a cabo aquellas disposiciones, fa-cultades y deberes que le señale esta Ley, y para hacer que los procedimientos ante ella sean sencillos y sumarios.”

El siguiente error señalado ataca la suficiencia de las alegaciones del patrono ante la Comisión Industrial para determinar una causa de acción. Los autos que tenemos a la vista no contienen formalmente estas alegaciones. Hemos leído la petición, según la misma ha sido copiada en la opinión disidente del Comisionado Paz Gránela, y estamos de un todo convencidos de su suficiencia, dado el hecho de que fué el mismo patrono quien la redactó. Era en verdad suficiente para plantear la cuestión de si el trabajo debía ser clasificado bajo el ‘‘Núm. 7520 — Acueductos” o bajo el “Núm. 6319— Tuberías” en vez de bajo el “Núm. 6306 — Alcantarillado.”

El señalamiento que sigue suscita la cuestión de que el peticionario dejó en absoluto de presentar prueba para sostener su caso ante la Comisión Industrial. Los autos igualmente dejan de demostrar este Lecho negativo, de ser el mismo importante. Creemos que la contención del patrono no necesitaba prueba alguna que la sustanciara. La naturaleza de su trabajo fue admitida y la única cuestión a determinarse era si el mismo había sido debidamente clasificado.

En lo que se refiere al error manifiesto que el Adminis-trador alega la comisión cometió al alterar la clasificación, no estamos de acuerdo. Nos inclinamos a sostener el fallo de la comisión, toda vez que el trabajo que el patrono tenía que efectuar en este caso caía más propiamente bajo el título de “Conexiones de Tubería” que bajo el de “Alcantarillado.” Ciertamente, no estamos preparados para admitir que- se co-metiera ningún error manifiesto.

Los dos últimos señalamientos no requieren discusión al-guna.

Por tanto, debe confirmarse la resolución de la Comisión Industrial.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Juan Nevares Santiago, peticionario y apelante, v. Edmund Stevens, Joaquín A. Burset, Enrique Gatell, José Dávila Ricci, Luis Rechani Agraít, en su carácter de miembros de la Comisión Hípica Insular, demandados y apelados.
    Núm. 7090.

    Sometido: Marzo 9, 1937.

      Resuelto: Marzo 14, 1938.

      Gilberto Concepción de Gracia, Luis Venegas Cortés y Carlos D. Santana, abogados del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Subprocurador, y Liego O. Marrero, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de apelación fué interpuesto contra la negativa de la Corte de Distrito de San Juan a expedir un auto de mandamus.' Según declaró sustancialmente el juez de dicha corte, en 20 de febrero de 1934, Juan Nevares Santiago fué nombrado por la Comisión Hípica Insular para que actuara como jurado en el Hipódromo Las Monjas du-rante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 30 de junio de 1934, con el sueldo correspondiente. De ordina-rio, las personas designadas lo eran por el término de seis meses.

En 9 de julio de 1934 la comisión adoptó un convenio me-diante el cual todos los empleados de los hipódromos Las Monjas y Quintana, desde el primero de julio hasta el 30 de diciembre de 1934, debían continuar actuando como tales con carácter de temporeros. El día 15 de octubre del referido año, la comisión dictó una orden reorganizando el jurado en el sentido de tener uno solo para ambos hipódromos y resolvió que el peticionario debía cesar en su empleo, orden que debía tener efecto a partir del 16 de octubre del ya mencionado año.

El peticionario alegó que fué designado para el período que vencía en 30 de diciembre de 1934, y que la orden de 15 de octubre’ de 1934 que le dejaba cesante era nula y carecía de todo efecto legal. La teoría del peticionario fué que a él se le dejó cesante sin la formulación de cargos, sin notificársele y sin celebrarse una vista, todo ello en violación del artículo 6, inciso 4, de la Ley Hípica de 1932, que lee así (Leyes de ese año, pág. 195):

“La Comisión Hípica Insular podrá remover a cualquier funcio-nario o empleado que sirviere en alguna capacidad en los hipódro-mos por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento de su deber o mala conducta en el desempeño de sus funciones, dándole una copia de los cargos que existen contra él y una oportunidad de ser oído en persona o por medio de abogado en su propia defensa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación de los car-gos. ’ ’

El peticionario también alegó que su nombramiento era permanente; que el puesto fué creado con derecho a removér-sele solamente mediante la formulación de cargos, y que la comisión no tenía autoridad para consolidar los jurados, para abolirlos, ni para limitar el período de sus servicios, excepto en la forma expresada.

La corte resolvió en efecto que toda vez que el nombra-miento era temporero, y no de naturaleza permanente, el artí-culo arriba citado no era aplicable, citando por analogía el caso de Matos v. Veve, 46 D.P.R. 356.

La corte dijo además:

“La ley establece que la Comisión 'nombrará para cada hipó-dromo en explotación tres jueces, quienes formarán el jurado’, a los cuales les fijará además sus deberes y compensación. Los jurados no son pagados por las corporaciones explotadoras de los hipódromos, de manera que baya necesidad de nombrarse un cuerpo de jurados para cada hipódromo, sino de los fondos de la Comisión, y el hecho de que se nombren los mismos jurados para dirigir las carreras que se celebren en los hipódromos Las Monjas y Quintana, no implica una consolidación de cargos de jurados de ambos hipódromos, ni abo-lición de los mismos para crear nuevos cargos. El caso de Romero Moreno v. Gore, Gobernador, 46 D.P.R. 408, no es aplicable, por ser Jos hechos distintos, pues en él se trataba de un cargo fijado en pre-supuesto de la' Comisión de Servicio Público y ocupado por un in-geniero, empleado dentro del Servicio Civil Clasificado, y el Gober-nador lo abolió, eliminándolo, para que el servicio se realizara por un ingeniero del Departamento del Interior; y en ese caso se resol-vió que la facultad del Gobernador para transferir o destinar un ne-gociado o cargo del Gobierno Insular a cualquier departamento del mismo, estando en receso el Senado, no envolvía la facultad de abo-lir o suprimir esa agencia de la administración, y que, por tanto, al actuar así el Gobernador y separar al ineumbente del servicio, había actuado arbitrariamente y contra ley.”

La parte apelada también solicita la desestimación del recurso por haberse convertido el mismo en académico, puesto que el período durante el cual debía surtir efecto el nombramiento ya ha expirado. Esta contención puede desestimarse a base de que el recurrente todavía tendría algún derecho a su sueldo.

Convenimos con los apelados en que no se necesitaban cargos específicos; que el nombramiento no era de naturaleza permanente; que como no se fijó término alguno la comisión tenía derecho a fijar uno. Cuando no se define el término, el poder nominador tiene derecho a fijarlo.

Hubo una época en Puerto Rico en que el término era fijado y la omisión del mismo en las leyes posteriores tiende a demos-trar la libertad concedida a la comisión.

Discutiremos brevemente los errores señalados.

La corte no resolvió, como sostiene el apelante, que para que la corte pudiera intervenir a su favor, el peticionario tenía que demostrar que su cesantía se debió a razones políticas o religiosas. Esto resuelve el primer señalamiento.

Se admite que no existía ley que otorgara a la comisión el derecho a fijar el término de los distintos cargos, más como no hubo prohibición alguna resolvemos que esta facultad era inherente en la referida comisión. Si fijaba un período de seis meses ella tenía tal poder y también la facultad de va-riarlo. Cuando la comisión ordenó que el peticionario actuara con carácter temporero, lo que se hizo fué un nombramiento temporal.

El nombramiento original por el término de seis meses venció. El peticionario no estaba desempeñando el cargo des-pués de vencido su término (hold-over), aún suponiendo que un nombramiento por seis meses fuera considerado como per-manente.

Resolvemos que el nombramiento por seis meses de por sí no creó derechos especiales que impidieran la remoción del peticionario. La regla general es que, en ausencia de una ley o disposición en sentido contrario, la facultad de hacer nom-bramientos incluye la facultad de dejar cesantes a las perso-nas designadas.

No existía disposición en contrario. La naturaleza de las carreras de caballos exige que la comisión tenga un ucontrol” mayor que de ordinario. Esto, en esencia, resuelve todos los otros señalamientos que consideramos prudente discutir.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    White Star Bus Line, Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1131.

    Sometido: Febrero 21, 1938.

      Resuelto: Marzo 16, 1938.

      G. Iriarte, F. Fernández Guyar y H. González Blanes, abogados de la peticionaria; J. Valldejuli Rodríguez, abogado de los interven-tores; T. Torres Pérez, abogado de la Comisión de Servicio Pú-blico.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Los dueños y conductores de ciertos automóviles con licen-cias como vehículos públicos apelaron para ante la corte de distrito de una orden dictada por la Comisión de Servicio -Público, que tenía por objeto eliminar la competencia que éstos hacían a la White Star Bus Line, Inc. Los apelantes obtu-vieron ante la corte de distrito una orden interlocutoria de supersedeas. La compañía de transportes obtuvo entonces de este tribunal nn auto de certiorari para revisar la referida orden interlocutoria.

La peticionaria descansa en los siguientes supuestos erro-res de procedimiento: Que la corte de distrito anuló la fran-quicia exclusiva de la peticionaria así como la orden apelada; que la decisión del juez de distrito que resolvió que la orden de la Comisión de Servicio Público es irrazonable y opresiva prejuzgó la apelación en sus méritos y privó a la peticionaria de su propiedad sin el debido proceso de ley y de su dere-cho de apelar de la sentencia definitiva; que el juez de dis-trito hizo caso omiso y violó el artículo 38 de la Carta Orgá-nica y los artículos 2, 48 y 49 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico; que el juez de distrito cometió error al resolver que la comisión no podía dictar la orden apelada sin una vista o sin notificar a los apelantes; que el juez de distrito ignoró e hizo caso omiso de las disposiciones del artículo 75 de la Ley de Servicio Público; que el juez de distrito basó su resolución en el fundamento de que la Comisión de Servicio Público intervino en el libre ejercicio de un negocio u ocupa-ción y en el fundamento de que la reglamentación del uso de calles es una función municipal; que el juez de distrito decretó el supersedeas sin prueba alguna de que la orden de la Comi-sión de Servicio Público causaría a los apelantes daños graves e irreparables y también violó la doctrina relativa al balance de conveniencias; que el procedimiento adoptado por el juez de distrito no está en armonía con los principios do derecho y equidad y equivale a un abuso de discreción.

La franquicia de la peticionaria, “sujeta a las limitaciones, condiciones y restricciones que al presente o en el futuro (sic) puedan ser impuestas por la ley y a las que más adelante se especifican,” le concedía autoridad exclusiva “para establecer, mantener y operar un servicio de ómnibus mediante paga para el traslado y transporte de pasajeros entre y dentro de las municipalidades de San Juan y Eío Piedras y puntos intermedios.” Disponía que la autoridad así concedida sería “ aplicable al transporte local dentro y entre las muni-cipalidades de San Juan y Río Piedras solamente” y que “no se le consideraría como que prohibía el derecho a conceder autoridad a otras compañías de servicio público para operar ómnibus en rutas que se hallaren situadas en municipalidades distintas a San Juan y Río Piedras y que pasaran, entraran o salieran de dichas municipalidades de San Juan y Río Pie-dras.” Se estipuló y convino específicamente que las “tari-fas, rutas y condiciones del servicio” estarían “en todo.mo-mento sujetas a la reglamentación de la Comisión de Servicio Público. ’ ’

En dos comunicaciones dirigidas a la Comisión de Servi-cio Público, de agosto 5, 1932, la White Star Bus Line, insis-tía en su derecho exclusivo al transporte de pasajeros “entre San Juan, Río Piedras, Martín Peña, Calle de Loíza, Ave-nida Fernández Juncos, Calle del Parque y viceversa.” Ale-gaba que trece individuos que mencionaba, sin haber cum-plido con ciertos reglamentos, transportaban pasajeros al tipo ordinario cobrado por las guaguas entre San Juan y Río Piedras. Solicitaba la suspensión de esa competencia-sobre dicha ruta. En una comunicación final fechada el 9 de agosto, la White Star Bus Line se quejaba de una com-petencia similar por parte de otras seis personas entre San Juan, Río Piedras, la Avenida de Fernández Juncos, Martín Peña y las calles de Loíza y del Parque y viceversa. Soli-citaba se suspendiera este servicio.

La parte pertinente de una orden de la comisión fechada octubre 15, 1932, lee así:

“Se ordena, además, y por la presente queda prohibido defini-tivamente el que ningún vehículo de motor que no haya sido previa-mente autorizado por esta Comisión se dedique al transporte público, regular y diario mediante paga en las rutas servidas mediante la franquicia expedida a la White Star Bus Line, Inc., a saber: San Juan a Río Piedras, Barrio Obrero, Calle Loíza, Calle del Parque, Avenida Fernández Juncos y Ciudad Nueva.”

Este párrafo fue enmendado el 16 de marzo de 1935 para que leyera como sigue:

“Se ordena, además, y por la presente queda prohibido el que ningún vehículo de motor que no haya sido previamente autorizado por la Comisión, actúe, sirva, funcione u opere como porteador pú-blico en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general mediante paga .y por asiento entre puntos incluidos dentro de las rutas servidas por la White Star Bus Line, Inc.
“El hecho de que un vehículo de motor transporte a uno o más pasajeros de un sitio a otro dentro de las rutas servidas por la White Star Bus Line, Inc., mediante paga por asiento, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta orden.”

Según fue nuevamente enmendado el 4 de enero de 1938, lee del modo siguiente:

“Se ordena, además, y por la presente queda prohibido, a todo vehículo de motor que no hubiere sido previamente autorizado pol-ista Comisión, que actúe, sirva, funcione u opere como porteador público en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofre-ciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan o Río Piedras o entre puntos intermedios. El hecho de que un vehículo de motor actúe como porteador público, transportando pasajeros por asiento, de un sitio a otro, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de .'San Juan o Río Piedras o entre puntos intermedios, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta •orden. ’ ’

La petición de los apelantes ante la corte de distrito soli-citaba una orden interlocutoria que suspendiera los efectos •de la orden apelada, en tanto se veía en su fondo la apela-ción. El juez de distrito no anuló ni la franquicia exclusiva de la compañía de transportes ni da orden apelada. Mera-mente declaró con lugar la petición de suspensión de la orden, fijó el importe de la fianza que debían prestar los apelantes a favor del Pueblo de Puerto Pico para responder del pago de cualesquiera daños provenientes de la suspensión de la orden en caso de que ésta fuera finalmente' confirmada, y decretó que la orden de suspensión no tuviera efecto antes-de aprobarse tal fianza. Desde luego, abora hablamos de la orden interlocutoria misma y no del razonamiento en que ella se basó. Admitiendo para los fines de la argumentación que el efecto de esta orden fué privar a la compañía de trans-porte de los beneficios y provechos que hubiera derivado del factor monopolista de su franquicia mientras se resolvía defi-nitivamente la apelación en sus méritos, de ello no se des-prende que la corte cometiera error al declarar con lugar la petición de los apelantes para que se dictara una orden inter-locutoria de conformidad con las disposiciones del artículo-80 de la Ley de Servicio Público. (Véanse Leyes de 1917, Vol. II, pág. 529, y Leyes de 1935, pág. 181.)

Podría admitirse que el juez de distrito al exponer las razones que tuvo para, expedir la orden interlocutoria no debió haber expresado una opinión incondicional respecte a la irrazonabilidad e invalidez de la orden apelada. Podría concederse que si el juez de distrito fué demasiado lejos al prejuzgar el resultado de la 'apelación, ello equivale a un error de procedimiento y no meramente a un error judiciaL De esto no se deduce que la orden interlocutoria fuera de por sí un error de procedimiento.

El artículo 80 de la Ley de Servicio Público, supra, dispone:

“Ninguna apelación de ninguna orden de la Comisión en ningún caso surtirá el efecto de una suspensión (supersedeas) de la orden apelada, a menos que la predicha corte correspondiente en virtud de una orden interlocutoria diera efecto suspensivo a dicha apelación, mediante la prestación de la fianza correspondiente y previa vista a ese efecto. ...”

Ésta es la única limitación que ese artículo fija a la dis-creción de la corte de distrito en torno a la cuestión que ahora está ante nos. Al conceder o denegar un supersedeas que habrá de tener efecto cuando se apruebe la fianza, el juez de distrito tiene por lo menos tanta discreción como la que podría ejercer al conceder o denegar nn injunction pendente lite en nn pleito para impedir qne se ponga en vigor nna orden dictada por la comisión. “Para justificar la expedi-ción de un injunction pendente lite debe desprenderse qne existe nna probabilidad razonable de qne el peticionario ten-drá éxito en la vista final.” 51 C. J. 88, seo. 162; Cambridge Electric Light Co. v. Atwill, 25 F. (2d) 485; Yangco v. Board of Public Utility Commissioners, 31 Phil. Rep. 535, 539.

Según indica la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Public Service Commission v. Wisconsin Telephone Co., 289 U. S. 67, 70: “La solicitud para qne se ex-pida nn injunction preliminar no envuelve la determinación final del asunto en sus méritos.” La conclusión definitiva de qne la orden apelada es irrazonable y de qne no está en armo-nía con la ley, indica suficientemente “nna probabilidad razo-nable” en la mente del juez de distrito de qne los apelan-tes “tendrán éxito en la vista final.” Por tanto, a menos qne la concesión de nn supersedeas, de conformidad con el artículo 80, supra, haya de regirse por nna regla distinta, la orden interlocntoria no debe ser revocada meramente por-que el juez de distrito, provisionalmente, por lo menos, pre-juzgó los méritos de la apelación. Sin embargo, nos senti-mos renuentes a imputar al juez de distrito la intención de impedir nna disensión ulterior de las cuestiones resueltas por él, y la consideración más deliberada de esas cuestiones, luego de celebrarse una vista del recurso en sus méritos. La orden interlocutoria en sí misma es contraria a la idea de la existencia de tal intención y debemos asumir que la com-pañía de transporte, de tener derecho a que se confirme la orden apelada, puede aún obtener una sentencia a ese efecto ante la corte de distrito. Tampoco podemos convenir en que la compañía de transportes ha sido privada de su propiedad sin el debido proceso de ley y de su derecho a apeláír de una sentencia definitiva.

El tercer señalamiento — al efecto de que la corte de distrito hizo caso omiso y violó el artículo 38 de la Carta Orgánica y los artículos 2, 48 y 49 de la Ley de Servicio Público — descansa en la contención de que el juez de distrito cometió error al resolver que la orden apelada equivalía a una supuesta enmienda a la “Ley' para Reglamentar el Uso de Vehículos de Motor en Puerto Rico, y para otros fines,” aprobada el 13 de abril de 1916 (Leyes de ese año, pág. 144). En vista del hecho de que ésta y otras cuestiones que la peticionaria trata de levantar en el presente recurso de certiorari están aún pendientes de resolución final ante la corte de distrito, nos abstenemos de expresar criterio alguno respecto a los méritos de las mismas.

Empero, el. sexto señalamiento al efecto de que la corte de distrito decretó la orden de suspensión sin prueba alguna de que la orden de la Comisión de Servicio Público causaría a los apelantes daños graves e irreparables y de que violó también la doctrina del balance de conveniencia, suscita una cuestión de procedimiento que al ser desarrollada adecuadamente, podría o no requerir una consideración más seria que la que le daremos en este momento.

La compañía de transporte en su alegato radicado ante la corte de distrito dijo:

“Alega la compareciente que es requisito indispensable y esen-cial para que esta Hon. Corte pueda decretar la orden de supersedeas solicitada el que se baya presentado al tribunal evidencia competente para justificar la conclusión de que a los apelantes se les causarían graves e irreparables daños si no se suspende diclia orden. En la ausencia de tal prueba la corte no puede, ni debe, expedir el super-sedeas.”

En una moción de reconsideración, la compañía de trans-porte señaló, como uno de los errores cometidos, que la corte de distrito no había resuelto las cuestiones levantadas por la compañía en su contestación y alegato. El juez al resolver esta moción se expresó así:

“Por último, se alega que este tribunal cometió error al no resolver ni considerar la alegación hecha en cnanto a la palabra con-veniencias, ni siguió la regla de que para conceder el supersedeas, debe presentarse evidencia al tribunal que justifique que los ape-lantes sufrirían graves e irreparables daños, todo ello con menos-precio de la jurisprudencia citada por la postulante.
“No tenemos a mano los dos casos que cita: Queens Borough Gas & Electric Co. v. Naltbie, 3 P.U.R. (N. S) 381, 721 N. Y. Supp. 646; y Kings County Lighting Co. v. Naltbie, P.U.R. 1933 B. 337; pero estamos seguros por el título de estos casos, que en forma alguna se contraen a situaciones como las®que se presentan en este caso.”

Ninguna de las partes interesadas lia radicado alegato en este tribunal.

En Matter of Kings County Lighting Co. v. Maltbie, publicado en 152 Misc. 45, la Corte Suprema del Condado de Albany dijo, a la página 46 (bastardillas nuestras):

“La Comisión tiene facultad para autorizar, en un procedimiento para fijar tarifas, una rebaja o aumento inmediato, razonable y temporal, mientras se resuelve en definitiva el precio que más tarde habrá de cobrar una persona o corporación que esté sujeta a su ju-risdicción a ese respecto. (Ley ¿le Servicio Público, art. 72.) Esa tarifa temporal debe ser razonable y no resultar confíscatoria mien-tras esté en vigor. Su suspensión puede ser ordenada por la corte mediante supersedeas tan sólo cuando se desprenda que su vigencia ocasionaría daños graves e irreparables. (Ley de Servicio Público, art. 23.)”

No tenemos a la vista la Ley de Servicio Público de Nueva York. En Matter of People’s Gas & Electric Co., 122 Misc. 285, 286, encontramos, sin embargo, lo siguiente:

“Con posterioridad a la vista de la moción, los letrados de la Comisión de Servicio Público dirigieron una carta a este Tribunal llamando la atención de la corte hacia el inciso 2 del artículo 23 de la Ley de Servicio Público, que lee así: ‘2. — Ninguna orden que deje sin efecto o suspenda una de la Comisión de Servicio Público fijando la tarifa, precio, cargo o tarifa consolidada, será dictada por la Corte Suprema a menos que se notifique a las partes y se ce-lebre una vista; y si se deja en suspenso la orden de la Comisión, la misma contendrá una conclusión específica basada en prueba so-metida a la .corte e identificada refiriéndose a ella, al efecto de que de lo contrario se ocasionarían daños graves e irreparables al peti-cionario, especificando la naturaleza de los mismos,’ y citando dicho artículo como fundamento para no conceder la suspensión.
“No me parece que el inciso 2 de la sección 23, arriba citada, signifique que la corte que expide un auto de certiorari de conformi-dad con el artículo 78 de la ley de procedimiento civil deba conce-der una orden de suspensión tan sólo después de celebrar otra vista. En People ex reí. Croker v. Sturgis, 39 Misc. Rep. 448, 450, la corte dijo: ‘Que no fué el propósito de la Asamblea Legislativa que el juez de quien se solicita la suspensión deba en ningún caso conce-derla meramente porque eneluentra un error de derecho ... El intervenir a medias con las funciones de un tribunal apelativo es-taría tan injustificado como imprevisto.’ Tampoco pudo haber sido la intención de la Asamblea Legislativa que no pudiera haber una suspensión de las tarifas mediante un auto de certiorari, porque de haber sido ésa la intención legislativa, así se hubiera dispuesto. Por tanto, lo que el poder legislativo indudablemente intentó con el inciso 2 del artículo 23 de la Ley de Servicio Público, fué que el peticionario debe presentar prueba a la corte demostrativa de que sis su contención es sostenida por la Appellate Division, se ocasiona-rían daños graves e irreparables al relator, especificando la natu-raleza de los mismos.”

Parece que el Estado de Idaho tiene un estatuto similar, aunque más amplio. Véase Mountain View Rural Tel. Co. v. Interstate Utilities Comm., 38 P. (2d) 40, 42. Nuestra Ley de Servicio Público no contiene tal requisito. Si, no habiéndose expresado la voluntad legislativa, el presente caso debe regirse por los principios en que se basan las dis-posiciones estatutarias de Idaho y Nueva York, es cuestión distinta. Para los fines de esta opinión, puede admitirse que en un caso de esta índole, y no habiéndose demostrado ningún otro buen fundamento, debe exigirse alguna prueba de daños irreparables como condición precedente a la con-cesión de una orden interlocutoria de supersedeas. Véase 3 Corpus Juris 1390, sección 1411.

Los apelantes, en la petición jurada en que solicitan una orden interlocutoria de supersedeas, alegaron: que ellos y •otros porteadores estaban siendo arrestados y procesados por infracciones de una orden ultra vires de la Comisión de Servicio Público; que sus vehículos estaban siendo confisca-dos y que se obstaculizaba la explotación de los mismos; que su libertad estaba en peligro. La veracidad de esas alega-ciones, a excepción de la relativa a la nulidad de la orden •de la Comisión de Servicio Público, fue, en ausencia de una negación suficiente, admitida por la compañía de transportes. .El juez de distrito sostuvo la contención de los apelantes en torno a la nulidad de la orden de la Comisión de Servicio 'Público. Si el juez de distrito estaba en lo cierto en su •conclusión tentativa, los hechos admitidos equivalían a daños irreparables dentro del significado de esa frase, conforme la misma es usada por las cortes de equidad con referencia a las cuestiones jurisdiccionales. De todos modos, al demos-trarse que los daños que sufrirían los apelantes antes de ■poderse dictar una decisión final serían irreparables, unido a la probabilidad de que tal decisión de la corte de distrito fuera a su favor, bastaba para justificar la expedición de la •orden de supersedeas, para tener efecto al prestarse la fianza por la suma fijada por la corte.

De la contestación de la compañía de transportes toma-mos el siguiente extracto:

“Alega la peticionaria que si se decretara por esta corte la sus-pensión de la orden dictada por la Comisión de Servicio Público de fecha 4 de enero de 1938 se le ocasionarían daños considerables pues .se le privaría de su propiedad ilegalmente, mientras que si, por el contrario, se deja en vigor la orden referida, los daños sufridos por los- tres peticionarios serían mucho menores, por lo que, teniendo en cuenta que la Ley de Servicio Público expresamente dispone que las órdenes de la Comisión de Servicio Público se presumen correctas, válidas y razonables, y teniendo en Cuenta la prohibición .absoluta contenida en el artículo 80 de dicha Ley al efecto de que ninguna apelación de ninguna orden surtirá el efecto de una sus-pensión, la regla del balance de conveniencias exige que esta Iíono-.rabie Corte deniegue la suspensión solicitada.”

La compañía de ómnibus no presentó prueba en apoyo de esta contención durante la vista celebrada en la corte de distrito.

Dicha compañía dijo en su alegato radicado ante la corte de distrito:

“2. Alega la compareciente White Star Bus Line, Inc., que en. todo caso esta Honorable Corte no debe decretar la suspensión soli-citada por cuanto, aparte de que no se aportó evidencia de los da-ños que sufrirían los apelantes si la orden se mantiene en vigor du-rante el recurso de apelación, la doctrina del balance de conveniencias-demanda de este tribunal que no se conceda dicha suspensión, por cuanto tal supersedeas irrogaría cuantiosos daños a esta compare-ciente, según así aparece de los autos (récord de la Comisión de-servicio Público, querellas presentadas ante dicho organismo, infor-mes de sus inspectores, y el propio texto de las resoluciones), mien-tras que los apelantes han permanecido inexcusablemente pasivos e-inactivos desde el año 1932 en que se dictó la primera orden y aún desde el año 1927 en que se concedió la franquicia exclusiva, por lo-que no puede razonablemente estimarse que el cumplimiento de la. orden durante el término de uno o dos meses que durará el recurso-de apelación puede causarle daños ni siquiera comparables a los-que causaría tal suspensión a esta compareciente, razón adicional por la cual esta Honorable Corte debe denegar la suspensión solici-tada. ’ ’

Una comunicación dirigida a la Comisión de Servicio-Público el día 4 de enero de 1938, contenía la siguiente aseve-ración :

“3. Que la peticionaria ha venido siendo objeto de competencia ilegal, en el transporte de pasajeros, por parte de centenares de-carros públicos, en abierta violación de los términos de la orden final, de esta Comisión, a que se hace referencia en el hecho primero pre-cedente, y de la franquicia concedida a esta peticionaria por esta. Comisión, el día 9 de abril de 1927; y al presente tal competencia ilegal alcanza proporciones tan grandes que la peticionaria no puede-resistirla; y, no obstante los esfuerzos realizados por esta Comisión y por las fuerzas de la Policía Insular para impedirla, debido a cierta interpretación que se ha dado a los términos de la orden -final de esta Comisión, enmendada el día 16 de marzo de 1935, no ha sido posible la convicción de los violadores de dicha orden, con per-juicio para esta peticionaria que se ve privada diariamente por tal motivo, de más de veinte mil pasajeros que representan una merma en sus ingresos de mil dólares por lo menos.”

La orden de la comisión, luego de exponer el contenido de la querella de la compañía de transportes, lee en parte como sigue :

“Esta Comisión, atendidas las razones expuestas en la petición radicada por la White Star Bus Line, Inc., en el día de hoy, y te-niendo conocimiento de los hechos alegados a virtud de los informes rendidos por los inspectores de este organismo así como por las de-cisiones de los tribunales de justicia en aquellos casos que envuelven infracciones o violaciones de la orden final, enmendada de fecha 16 de marzo de 1935, y habida consideración asimismo de la fran-quicia concedida a la peticionaria en 9 de abril de 1927 y aprobada por el gobernador de Puerto Pico en Io. de abril de 1927;
“Resuelve y ORDENA por la presente el que se enmiende la re-ferida orden final dictada por la Comisión en 15 de octubre de 1932, según fué enmendada el 16 de marzo de 1935, de manera que quede redactada en la siguiente forma: ...”

La orden de la Comisión de Servicio Público y la quere-lla en que la misma se basa están fechadas el mismo día. No bailamos en los autos ningunos informes de los inspectores de la Comisión de Servicio Público correspondientes al pe-ríodo que medió entre la enmienda de 1935 y la de 1938. Si la orden se interpretara como una conclusión al efecto de que la compañía de transportes perdía más de mil dólares diarios, la inferencia obvia es que los vehículos públicos que hacían la competencia ganaban una cantidad similar, que per-derían de no obtener la protección de un supersedeas. La compañía de transportes estaba protegida, por lo menos hasta cierto punto, por la fianza que los apelantes prestaron como condición precedente a la vigencia de la orden interlo-cutoria de supersedeas. La compañía no suscitó cuestión alguna ante la corte de distrito sobre la suficiencia de esa fianza. El juez de distrito no tuvo ante sí ninguna base satisfactoria para llegar a la conclusión de que la campa-ñía de transportes sufriría perjuicios grandemente despro-porcionados como resultado de la orden interlocutoria.

Hemos asumido, al igual que lo lian lieelio los letrados de la compañía de transportes, que el juez de distrito no estaba obligado a librar una orden interlocutoria como cuestión de derecho substancial (as a matter of right). En esa hipóte-sis, no hallamos un abuso claro de discreción ni una razón satisfactoria para alterar el resultado mediante un recurso de certiorari.

Debe anularse el auto expedido y devolverse el caso.

El Juez Asociado Señor Górdova I) avila no intervino.


author: El Juez PresibbNte Señor Del Toro

text:
    Juan Higinio Font, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, Sustituto, recurrido.
    Núm. 1014.

    Sometido: Enero 26, 1938.

      Resuelto: Marzo 17, 1938.

      Miguel Marcos Morales, abogado del recurrente;
   El Juez PresibbNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Begistro de la Propiedad de Guayama la escritura pública otorgada en junio 5, 1935, ante el notario Miguel Marcos Morales por virtud de la cual el márshal del distrito vendió a Juan Higinio Font una finca urbana situada en Cayey en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Guayama en el pleito' que ante ella siguiera el dicbo Juan Higinio Font contra Juan Bautista Arguinzonis en cobro de hipoteca por la vía ordinaria, el registrador se negó a inscribirla—

“por el motivo de que la venta en pública subasta de la finca en este caso se efectuó en un procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, y en la primera subasta celebrada la finca fué ven-dida por una cantidad inferior a la fijada como valoración de la finca en la escritura de hipoteca para servir de tipo a la primera su-basta, en contravención a lo dispuesto en el Artículo 127 de la Ley Hipotecaria, tal como quedó enmendado por la Ley núm. 69 de 2 de mayo de 1931, según el cual, la reducción en el precio mínimo fi-jado por las partes no puede tener lugar sino en sucesivas subastas, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal ...”

Esto es, el registrador sostiene que aunque una hipoteca puede ejecutarse no sólo por el procedimiento sumarísimo que fija la Ley Hipotecaria si que también por el ordinario que determina el Código de Enjuiciamiento Civil, a partir de la vigencia de la Ley núm. 69 de 1931 (Leyes de 1931, pág. 433), ■en cualquiera de dichos procedimientos que se siga, debe la venta del inmueble hipotecado sujetarse a las reglas prescritas por el artículo 127 de la Ley Hipotecaria tal como quedó por la misma enmendado.

No conforme el adquirente, interpuso contra la nota del registrador el presente recurso gubernativo.

Que no es necesario recurrir al procedimiento especial sumarísimo que establece la Ley Hipotecaria para el cobro de una deuda garantizada con hipoteca y que el propio proce-dimiento especial quedó afectado por la ley relativa a las sen-tencias y la manera de satisfacerlas, de marzo 9,1905, (Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, pág. 122), es cuestión re-suelta por esta propia Corte Suprema desde 1906. En el caso de Giménez et al. v. Brenes, 10 P.R.R. 128, se decidió, co-piando del resumen:

“El Código de Enjuiciamiento Civil vigente regula en el orden común, y ordinario, las acciones civiles, los juicios y los recursos que se establezcan, y sus procedimientos exigen una acción en ejercicio, partes contendientes: demandante y demandada, juicio, y sentencia final que ponga término al debate.
“El procedimiento sumario para el cobro de hipotecas es el re-sultado de un contrato entre partes, en el que se han convenido las prestaciones y se ha pactado también el medio de hacerlas efecti-vas, en caso de incumplimiento, y no siendo contrario al bien pú-blico, hay que sostenerlo, respetando así la voluntad consciente de las partes.
“El procedimiento sumario establecido en la Ley y ^Reglamento Hipotecarios, no es,-ni por su naturaleza, ni por su fin, incompatible con el procedimiento ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil, ni hay conflicto alguno entre ambos.
“El procedimiento especial para el cobro de créditos hipoteca-rios está vigente en su parte inicial, o sea, hasta el requerimiento inclusive, al deudor para el pago de la deuda, pero está derogado en la parte que podría llamarse vía de apremio, es decir, en lo que se refiere a la venta de la propiedad gravada, que debe sujetarse en un todo a la Ley de marzo 9, 1905, sobre el modo de satisfacer las. sentencias. ’

Pasaron los años. La práctica establecida quedó consa-grada por un buen número de decisiones posteriores a la de Giménez et al. v. Brenes, supra, hasta que en 1931, el legis-lador aprobó la referida Ley núm. 69 en que basa su nota el registrador y que en lo pertinente dice:

“Artículo 1. — El artículo 127 de la Ley Hipotecaria vigente queda enmendado en la forma siguiente:
“ 'Artículo 127. — En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de propiedad el pago de dicho préstamo.
“ ‘Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos terceras partes no excedieren de la cuantía de las respon-sabilidades preferentes, esa cuantía señalará el mínimo de las pos-turas admisibles.
“ 'Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda su-basta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran celebrarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.’
“Artículo 2. — Las disposiciones de la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, en cuanto se opongan a los preceptos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, según queda enmendado por el artículo anterior, y toda otra ley, o parte de ley, que esté en contradicción con la presente, quedan derogadas.”

No hay duda que la ley afecta a las ejecuciones de hipo-tecas cuando se sigue para ello el procedimiento fijado por la Ley Hipotecaria. La Ley de 9 de marzo de 1905 (Leyes de ese año, pág. 185, Comp. 5295-5303) relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas que se vino aplicando en susti-tución del artículo 127 de la Ley Hipotecaria a virtud de la jurisprudencia establecida en el caso de Giménez et al. v. Brenes, supra,, cesó de tener tal alcance a partir de la vigencia de la Ley núm. 69 de 1931. Desde entonces el procedimiento sumarísimo se rige íntegramente por las reglas de la Ley Hi-potecaria. Pero ello no quiere decir que la Ley de 1905 rela-tiva a las sentencias y la manera de satisfacerlas fuera dero-gada en su integridad. Sólo lo fué en cuanto se opusiera al artículo 127 de la Ley Hipotecaria. Quedó en todo su vigor como la ley que fija el procedimiento que debe seguirse para satisfacer las sentencias que se dicten en juicios sobre ejecu-ción de hipotecas, juicios que no pueden ser otros que los que se entablan siguiendo los preceptos generales del Código de Enjuiciamiento Civil, como lo fue el en que se dictó la senten-cia para satisfacer la cual se vendió la casa hipotecada de que se trata en este caso.

El hecho de que al constituirse la hipoteca se haga constar el precio en que tasan la finca los contratantes para que sirva de tipo a la primera subasta, como sucedió en este caso, no quiere decir que el acreedor renuncie a su derecho a recurrir a la vía ordinaria para el cobro de su crédito prescindiendo de la garantía especial que el deudor constituyera a su favor o para ejecutar dicha garantía por la vía ordinaria. El re-quisito se consigna únicamente a los efectos de poder ejercitar el acreedor para cobrar su crédito el procedimiento sumarí-simo de la Ley Hipotecaria. Como dijimos en Emanuelli v. Corte, 49 D.P.R. 775, 780, interpretando la repetida Ley núm. 69 de 1931:

“Esa ley estaba en vigor cuando se constituyó la hipoteca de que se trata y es terminante. Como hemos dicho exige en la escritura de constitución de hipoteca la tasación del inmueble hipotecado. Si no consta, no será por ello nulo el contrato, pero el acreedor no es-tará en condiciones de ejecutar su crédito por la vía sumarísima que fija la propia Ley Hipotecaria completada por su Reglamento. ’

La interpretación a que llegamos se sostiene por el caso de Ceide v. Suárez, 49 D.P.R. 649, 651. En él la corte, to-mando en consideración la ley de que se trata, se expresó por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf como sigue:

“La Ley Hipotecaria quizá sólo se refiere específicamente al pro-cedimiento ejecutivo sumario allí definido, mas hemos resuelto en un número de casos que no obstante ello, un acreedor tiene derecho a iniciar un remedio ordinario en ejecución de hipoteca. Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 707; Hermanitas de los Ancianos v. Piñero, 45 D.P.R. 607. Lo resolvimos así po obstante las disposiciones po-sitivas de la Ley Hipotecaria sobre el procedimiento sumario.
“Una hipoteca necesariamente es un contrato accesorio para ga-rantizar el cumplimiento de una obligación principal, y por tanto el acreedor no tiene que descansar en la garantía dádale, sino que puede proceder a recobrar la deuda mediante una acción ordinaria, según ocurre en este caso. Podemos repetir que un acreedor no tiene que fundarse en la garantía otorgádale.
“Sin embargo, los apelantes insisten en que basta 1931 un acree-dor podía elegir entre el procedimiento sumario de la Ley Hipote-caria y un pleito ordinario en ejecución de hipoteca. Los apelantes sostienen que todo esto fué modificado por la Ley Núm. 69, de 1931. Ahora bien, el efecto de esa ley fué restablecer el artículo 127 de la Ley Hipotecaria al estado que tenía antes de 1905, cuando el pro-cedimiento conocido con el nombre de 'vía de apremio’, fué alterado. Véanse Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, y Porto Rico Leaf Tobacco v. Aldrey, 13 D.P.R. 234. La lectura de algunos de los casos ya citados demostrará que nuestras razones para resolver que un pleito ordinario en ejecución de hipoteca podía ser iniciado, no de-pendieron de la supresión del artículo 127 de la Ley Hipotecaria.”

De no decirse en la opinión “El contexto” (de la Ley núm. 69) “se refiere, a nuestro juicio, principalmente, al procedi-miento sumario, o tal vez, en alguna forma, al pleito ordi-nario en ejecución de hipoteca, . ...” la cuestión suscitada por el registrador en este caso habría quedado resuelta defini-tivamente en contra suya.

Despejaremos ahora toda duda e insistiendo en que el es-tudio de todas nuestras decisiones sobre la materia demues-tra que “nuestras razones para resolver que un pleito ordi-nario en ejecución de hipoteca podía ser iniciado, no dependie-ron de la supresión del artículo 127 de la Ley Hipotecaria”, resolvemos que el restablecimiento de dicho artículo sólo puede afectar y afecta al procedimiento especial sumarísimo regu-lado por la propia Ley Hipotecaria. El ordinario en ejecu-ción de hipoteca sigue igual, debiendo satisfacerse la senten-cia por los trámites de la ley de 1905. Los campos quedan de tal modo perfectamente deslindados.

Se concibe la garantía que al deudor otorga el artículo 127 de la Ley Hipotecaria, porque en el procedimiento suma-rísimo no tiene dicho deudor oportunidad de defenderse. Se le requiere y si no paga dentro del término de ley se procede sin más trámite a la venta. Pero si el acreedor no recurre a ese procedimiento especial y va a un juicio, en el juicio tiene el deudor la oportunidad de alegar cuanto a su derecho con-duzca. Depurados los hechos y la ley, el pleito se resuelve por sentencia, y es natural que la sentencia así dictada se ejecute como tal, esto es, de acuerdo con las reglas generales contenidas en la repetida “Ley relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas” de marzo 9, 1905.

En tal virtud, debe declararse con lugar el recurso y en su consecuencia revocarse la nota recurrida, ordenándose al registrador que proceda a verificar la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.