text:
      In re Orlando Torres Trinidad, querellado.

      Número: TS-8227

      Resuelto: 9 de noviembre de 2011

      Orlando Torres Trinidad, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal sobre un procedimiento disciplinario instado en su contra. Por los fundamentos ex-puestos a continuación, ordenamos la suspensión inme-diata e indefinida del Ledo. Orlando Torres Trinidad del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Torres Trinidad fue admitido al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986. El 25 de abril de 2008, mediante opinión per curiam, lo suspendimos indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y ordenamos la incauta-ción de su obra notarial. In re Torres Trinidad, 173 D.P.R. 629 (2008). Esto debido a su incomparecencia durante un proceso disciplinario con relación a una queja presentada en su contra (AB-07-112). Mediante reconsideración, lo reinstalamos al ejercicio de la abogacía, aunque ordenamos que se continuara con el trámite disciplinario iniciado previamente. Luego de varios trámites procesales, el 8 de mayo de 2009 emitimos una Resolución mediante la cual archivamos esta queja contra el licenciado Torres Trinidad. Sin embargo, se continuaron los procedimientos relaciona-dos con la subsanación de deficiencias en su obra notarial.

Posteriormente, el 14 de enero de 2011 se presentó la queja de autos (AB-2011-0010). El quejoso, Sr. Ángel M. De Jesús Sánchez, alegó que el licenciado Torres Trinidad lo representó incompetentemente en un pleito de divorcio. El 4 de febrero de 2011 notificamos al licenciado Torres Trinidad mediante un correo certificado sobre la queja pre-sentada en su contra y le concedimos un término de diez días para contestarla.

Mediante una carta de 1 de marzo de 2011, el licenciado Torres Trinidad nos solicitó una prórroga de veinte días para cumplir con lo ordenado. Le concedimos su petición el 14 de marzo de 2011. Una vez más, el 3 de mayo de 2011, el licenciado Torres Trinidad nos solicitó una prórroga para contestar la queja. En su carta, nos explicó que no había expuesto su posición respecto al procedimiento disciplinario en su contra debido a que su secretaria estuvo enferma. Sos-tuvo que esta inconveniencia atrasó los trabajos en su oficina. Nuevamente, el 5 de mayo de 2011, le concedimos un término adicional para cumplir con lo ordenado; esta vez, de diez días. Sin embargo, el licenciado Torres Trinidad no compareció. Así las cosas, el 6 de julio de 2011 se le cursó una notificación en la que se le concedía un término final e improrrogable de cinco días para comparecer con sus comen-tarios y reacciones por escrito en torno a la queja.

Debido a su incomparecencia, el 17 de agosto de 2011 emitimos una Resolución mediante la cual concedimos nuevamente al licenciado Torres Trinidad un término final de cinco días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja presentada en su contra. Allí le aperci-bimos que su incumplimiento con nuestra orden podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Esta orden le fue notificada personalmente el 19 de agosto de 2011. Aún hoy, el abogado de epígrafe no ha comparecido.

II

[1 ] Cada abogado que presta juramento ante este Tribunal está obligado a atender y cumplir con los requeri-mientos y órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de conducta profesional. In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698 (2011); In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010).

Constantemente, hemos enfatizado el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz. In re Rivera Rosado, supra; In re Prieto Rivera, 180 D.P.R. 692 (2011). Este deber se extiende no solo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Asimismo, hemos expresado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, este tiene que responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Otero Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010); In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Ciertamente, la indiferencia a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en cuanto al respeto hacia los tribunales. In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Por ello, cuando un abogado ignora nuestros requerimientos, procede la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Reyes, Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995). En fin, la actitud de indiferencia a la autoridad de este Tribunal no puede ser tomada livianamente. In re Martínez Sotomayor I, 181 D.P.R. 1 (2011).

III

Lamentablemente, nos encontramos con otro abogado que ignora nuestros requerimientos. Fueron cuatro las pró-rrogas que este Tribunal concedió al licenciado Torres Trinidad para que cumpliera con nuestra orden de expresarse sobre la queja que originó este procedimiento disciplinario. No obstante, a pesar de nuestras consideraciones para con sus petitorios, el licenciado Torres Trinidad no ha respon-dido a la Resolución del 17 de agosto de 2011 ni a la queja en su contra.

Esta actitud de indiferencia y desatención que el licen-ciado Torres Trinidad ha mostrado ante las órdenes de este Tribunal nos fuerzan a decretar, por segunda ocasión, su separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Además, le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representán-dolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos. Deberá, además, certificarnos el cumpli-miento de estos deberes dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta opinión y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica, agencia proponente recurrida, y Junta de Calidad Ambiental, peticionaria; Autoridad de Energía Eléctrica, peticionaria, v. Junta de Calidad Ambiental, recurrida, Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos.

      Números: CC-2011-718
    CC-2011-722

      Resueltos: 10 de noviembre de 2011

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Eliezer A. Al-darondo López, de Aldarondo & López Bras, abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica, peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la “Moción urgente en torno a Resolución de 8 de no-viembre de 2011, a los fin es que se elimine del récord la dúplica a oposiciones a alegato de las recurridas” que pre-sentó la Autoridad de Energía Eléctrica, “con lugar”. Me-diante Resolución de 8 de noviembre de 2011, este Tribunal denegó la solicitud de prórroga para presentar la “Dúplica a oposiciones a alegato de las recurridas”. Es evidente que si no se autorizó la presentación de ese escrito, procede desglosarlo del expediente. Este Tribunal no puede dejar de actuar en espera de un hecho incierto como sería una moción de reconsideración que no se ha presentado y que resulta tan imaginaria como la caverna mitológica de Pla-tón, donde la disidencia se ha refugiado. No podemos des-cargar nuestra función judicial fundamentándonos en pa-sajes inaplicables de obras filosóficas, sino en la realidad jurídica. Por consiguiente, procede que la dúplica no auto-rizada se desglose del expediente. Recalcamos que las par-tes ya han expuesto sus posiciones mediante múltiples es-critos y el caso está listo para resolverse. No se le ha coartado a nadie su derecho a expresarse y a tratar de persuadirnos de su postura.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono o fax, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton proveería “no ha lugar”. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disi-dente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une la Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta.

Tal es, mi buen amigo, lo que digo que en todas las ciudades es idénti-camente justo: lo conveniente para el gobierno constituido. Y éste es, según creo, el que tiene el poder; de modo que, para todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más fuerte.

Platón

Nuevamente, esta Curia se niega, implícitamente, a re-conocer a una parte el derecho que le asiste a ser escuchada.

Por las razones que a continuación exponemos, entende-mos que la mayoría se ha equivocado al declarar con lugar la Moción urgente en torno a Resolución de 8 de noviembre de 2011, a los fines que se elimine del récord la Dúplica a Oposiciones a Alegato de las Recurridas.

I

El 8 de noviembre de 2011, este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual se negó a conceder una pró-rroga de diez (10) días a la parte recurrida. Adujo, básica-mente, que la moción presentada el 13 de octubre de 2011, si bien estuvo dentro del término reglamentario estable-cido, no la presentó una parte en el pleito. En cuanto a la moción de prórroga presentada el 20 de octubre de 2011 señaló que un simple cálculo aritmético demuestra que fue presentada a destiempo. Véase Resolución del Tribunal de 8 de noviembre de 2011. Por no estar de acuerdo con el criterio mayoritario, emitimos un voto particular disidente en el que exponemos los fundamentos por los cuales decla-raríamos ha lugar las solicitudes de prórroga y permitiría-mos presentar un escrito en dúplica a la réplica de la Au-toridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

El 9 de noviembre de 2011 compareció ante este Tribu-r nal la AEE y solicitó que, según la Resolución mencionada, elimináramos del expediente el escrito de la parte recu-rrida titulado Dúplica a oposiciones a alegato de las recurridas. Este último escrito se presentó el 3 de noviem-bre de 2011, varios días antes de que la mayoría de este Tribunal decidiera proveer no ha lugar a las mociones de prórroga. No hay duda de que un simple cálculo aritmético deja entrever que, al momento de denegar las mociones de prórroga, este Tribunal ya contaba con el escrito de la parte recurrida en sus autos. Por ello, aprovechamos para reiterar nuestro criterio: nada nos impedía que recibiéra-mos dicho escrito en dúplica, máxime cuando éste ya se encontraba ante este Foro. Muy por el contrario, de permi-tir su presentación, hubiéremos contado con el beneficio de tener un expediente completo que nos permitiera tomar, como dijimos anteriormente, una decisión informada, re-flexiva y concienzuda. No obstante, basándose en un error no substancial, la mayoría decidió no hacerlo. Determinó que, de otra manera, violentaría el Reglamento de este Tribunal.

Sin embargo, hoy decide flexibilizar el mismo Regla-mento que, en una apreciación hiperformalista, se negó a flexibilizar días atrás. En esta ocasión permite que la AEE solicite que se elimine de los autos el escrito en dúplica presentado por la parte recurrida, esto en clara contraven-ción de la Regia 45 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, que concede diez días a la parte perjudicada por una decisión o resolución para solicitar que esta Curia re-considere su determinación. A todas luces, la solicitud que presentó la AEE es prematura.

II

Nuevamente, no podemos pasar por alto que los dere-chos afectados en esta controversia son de la más alta jerarquía. Justamente se trata de vecinos y vecinas impac-tados directamente por la ruta de un enorme gasoducto. Es más, muchos de estos vecinos y de estas vecinas podrían estar dentro del área de despeje establecida para casos de explosiones debidas a fallas y accidentes. No podemos per-der de perspectiva que tenemos ante nuestra consideración un proyecto de gasoducto diseñado para soportar hasta 1,450 libras de presión por pulgada cuadrada. Esto, de por sí, debe ser suficiente para concederle a la parte recurrida los diez días para presentar una solicitud de reconsidera-ción, a la cual tiene derecho.

Esta Curia, de facto, nuevamente impide que un grupo de vecinos y vecinas impactados por un enorme gasoducto accedan a este Tribunal. Frente a esta situación recorda-mos el principio del cuento de Franz Kafka Ante la Ley. “[a]nte la ley hay un guardián. Un campesino se presenta al guardián y le pide que le deje entrar. Pero el guardián contesta que de momento no puede dejarlo pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde se lo permitirá. —Es posible— contesta el guardián — , pero ahora no.”

       Platón, La República, Alianza Editorial, 1999, pág. 88. La mencionada cita se le atribuye a Trasímaco. De más está decir que el argumento planteado por éste es rebatido por Sócrates hasta llevarlo a admitir que “la injusticia es cosa hermosa y fuerte y que has de asignarle por añadidura todo aquello que nosotros asignamos a la justicia, puesto que te has atrevido a clasificarla como virtud y discreción”. Id., pág. 106.

       F. Kafka, Ante la Ley, (Henzo Lafuente, trad.).


text:
      In re Elmer Ramírez Vicenty.

      Número: AB-2006-0160

      Resuelto: 10 de noviembre de 2011

      Luis R. Rivera Mendoza, abogado del Ledo. Elmer Ramírez Vicenty; Wilfredo Alicea López, comisionado especial.
   RESOLUCIÓN

Atendido el informe del Comisionado Especial, se separa involuntariamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Elmer Ramírez Vicenty, efectivo inmediatamente. Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A. Esto no es un desaforo, sino una medida especial de protección social. Además, se ordena a la directora de la Oficina de Inspección de Notarías que complete el trámite de archivo de la obra notarial del licenciado Ramí-rez Vicenty.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón no intervinieron.

{Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 25 de Noviembre de 2011.

      Número: EM-2011-10

      Resuelto: 14 de noviembre de 2011
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados(as) y funcionarios(as) de la Rama Judicial el viernes 25 de noviembre de 2011, libre con cargo a vacaciones.

A tales efectos, y de acuerdo con nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), y se considerará el viernes 25 de noviembre de 2011 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término a vencer ese día se extenderá hasta el lunes 28 de noviembre de 2011, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Ángel A. Ramírez Ferrer.

      Número: TS-10027

      Resuelto: 18 de noviembre de 2011
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un miembro de nuestra profesión por su incumpli-miento con nuestras órdenes. Por los fundamentos que a continuación relataremos, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Ángel A. Ramírez Ferrer del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

I

El Ledo. Ángel A. Ramírez Ferrer fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 13 de enero de 1992 y al ejercicio de la notaría el 27 de enero del mismo año.

Surge del expediente que el licenciado Ramírez Ferrer no cumplió con los requisitos establecidos en el Regla-mento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 L.P.R.A. Ap. XVTI-E, durante el período que cubría del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. El 15 de enero de 2009 el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) le cursó un aviso de incumplimiento. Sin embargo, el licen-ciado Ramírez Ferrer no pagó la cuota por incumplimiento tardío. Cabe mencionar, además, que en estos momentos el licenciado Ramírez Ferrer se encuentra activo como notario.

Así las cosas, el 13 de octubre de 2010 el PEJC le cursó una citación al licenciado Ramírez Ferrer para que asis-tiera a una vista informal el 16 de noviembre de 2010. Se le indicó en la citación que de no acudir a la vista, podía com-parecer por escrito dentro de los diez días siguientes al envío de la notificación. Asimismo, se le notificó que su ausencia o su incomparecencia por escrito se consideraría como una renuncia a expresarse ante el PEJC y se remiti-ría el asunto a nuestra atención.

Pasado el tiempo, el licenciado Ramírez Ferrer no pre-sentó el escrito ni acudió a la vista. Por esa razón, la Leda. Yanis Blanco Santiago, directora ejecutiva del PEJC, nos remitió una Resolución el 15 de febrero de 2011, en la que nos informó que el licenciado Ramírez Ferrer no había cumplido con los requisitos antes indicados.

En vista de lo anterior, el 12 de abril de 2011 concedi-mos al licenciado Ramírez Ferrer un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser sus-pendido del ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y no contestar los requerimientos de este Tribunal. A su vez, apercibimos al licenciado que el incumplimiento con los términos de la Resolución acarrearía su suspensión inmediata del ejerci-cio de la abogacía. El licenciado Ramírez Ferrer nunca contestó.

Por esa razón, y con el ánimo de darle otra oportunidad al licenciado Ramírez Ferrer, el 20 de junio de 2011 le con-cedimos un término adicional de veinte días para que cum-pliera con nuestra Resolución. Una vez más le advertimos que su incumplimiento podría dar origen a sanciones dis-ciplinarias y a su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. Ordenamos la notificación personal de esa orden. Sin embargo, al día de hoy, aún el licenciado Ramírez Fe-rrer no ha comparecido ante este Tribunal.

I — I l-H

Como es sabido, el Canon 9 del Código de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales urna conducta que se caracte-rice por el mayor respeto y diligencia. Es fácil comprender la razón de tal exigencia: “La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional.” In re Fernández Amy, 180 D.P.R. 158, 160 (2010). Véase, además, In re García Incera, 177 D.P.R. 329 (2009); In re Colón Rivera, 165 D.P.R. 148 (2005). Esto es así para mante-ner “[l]a buena marcha del proceso judicial del país”. Criterio General del Canon 9 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por estas razones, “hemos advertido que procede la sus-pensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos”. In re Vellón Reyes, 181 D.P.R. 927, 932 (2011). Véanse, además: In re García Incera, supra; In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007).

HH I — i 1 — I

Cada día nos asombra más cómo, a pesar de las múlti-ples ocasiones en las que hemos acentuado la importancia del cumplimiento con las órdenes de este Tribunal, aún hay miembros de la profesión que las ignoran. Parecería que para muchos abogados, el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, ha sido eliminado de este cuerpo de normas.

Como se desprende del caso que nos ocupa, el licenciado Ramírez Ferrer exhibe una actitud de desprecio e indife-rencia, no solo con las órdenes de este Tribunal, sino con las que le hiciera el PEJC en el pasado. A pesar de las prórrogas concedidas, el licenciado Ramírez Ferrer no se ha molestado en contestar. Tal actitud nos obliga a concluir que no tiene interés en ejercer la profesión.

Por todo ello, nos vemos obligados a ordenar la suspen-sión inmediata e indefinida del Ledo. Angel A. Ramírez Ferrer del ejercicio de la abogacía y de la notaría. El licen-ciado Ramírez Ferrer tiene el deber de notificar a sus clien-tes, si alguno, de su inhabilidad para continuar con su re-presentación y deberá devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por tra-bajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar opor-tunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de la obra notarial del Ledo. Angel A. Ramírez Ferrer, inclu-yendo su sello notarial, y deberá entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para el examen correspondiente e informe a este Tribunal.

Notifíquese personalmente esta Opinión al Ledo. Angel A. Ramírez Ferrer por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.