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(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Raúl Gascot Cuadrado c/p José R. Gascot Cuadrado, peticionario.

      Número: CC-2002-854

      Resuelto: 16 de noviembre de 2005

      Osvaldo Aponte Del Valle, abogado de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En este caso no existe controversia sobre el hecho de que el acusado peticionario Raúl Gascot Cuadrado —en rela-ción con la futura construcción de una vagoneta de acero a la medida por parte de la querellante Spartan Manufacturing, Inc.— le entregó a ésta dos “cheques” postdatados de $5,000 y $15,000, respectivamente. Tampoco existe contro-versia sobre el hecho de que, llegado el día de la fecha que figuraba en los “cheques”, no fueron pagados por la insti-tución bancaria por falta de fondos suficientes.

Presentada la correspondiente denuncia, Gascot Cua-drado solicitó, al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que se desestimara la denun-cia por alegadas infracciones al Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico (expedición de cheques sin fondos), 33 L.P.R.A. sec. 4551; ello principalmente debido a que, se-gún éste, nunca se configuró el delito de expedición de che-ques sin fondos por, alegadamente, no haberse satisfecho el requisito de la interpelación, según lo dispone la ley.

Gascot Cuadrado alegó, además, que la denuncia no im-putaba la intención de defraudar, elemento esencial del de-lito de expedición de cheques sin fondos; que el tenedor del cheque no sufrió daños por los actos del imputado, y que, a fin de cuentas, los cargos debían hacerse contra la corpo-ración titular de la cuenta contra la que se pretendieron girar los cheques y no contra el imputado en su carácter personal.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” la solicitud de desestimación de Gascot Cuadrado. Posterior-mente, y ante solicitudes de certiorari y de reconsideración presentadas por el imputado, el Tribunal de Apelaciones, mediante dos resoluciones de 26 de septiembre y 16 de octubre de 2002, se negó a revisar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Inconforme, Gascot Cuadrado acudió ante este Tribunal alegando que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones incidieron al

... no desestimar las denuncias por falta de jurisdicción al no haberse hecho debidamente la interpelación.
... [determinar que en la emisión de dos cheques postdatados] podía existir la intención de defraudar
... no desestimar las denuncias como cuestión de derecho, cuando no hay controversia de que el recurrente no obtuvo nada a cambio al emitir los cheques. Petición de certiorari, pág. 5.

i — I

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, ante, dispone, en lo aquí pertinente, que “la moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes funda-mentos: ... que la acusación o denuncia no imputa un delito”. Este fundamento de desestimación implica que, ad-mitido como cierto lo alegado en la denuncia o acusación, no se configura o satisface delito penal alguno bajo los es-tatutos vigentes en Puerto Rico. Véase Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002).

Al evaluar la moción de desestimación por este funda-mento, el tribunal ha de tomar en cuenta el principio de legalidad establecido en el Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3031, que dispone, en lo aquí pertinente, que “[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente defi-nido por la ley como delito ...”. El tribunal debe considerar, además, el principio de interpretación restrictiva de la ley penal, en el sentido de que al considerar los hechos impu-tados en la acusación, junto con la ley penal que define el delito imputado, las dudas que permanecen sobre si se sa-tisface o no el tipo penal, después de considerar las normas de interpretación de estatutos, deben ser resueltas a favor del acusado.

No obstante, se debe tener presente que aunque este principio de interpretación restrictiva de la ley penal favo-rece al acusado en cuanto al alcance de ese tipo de esta-tuto, que define un delito, éste no exige que a las palabras de un estatuto de esa naturaleza debe impartírsele un sig-nificado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador. Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 194 (2003); Pueblo v. Irizarry, ante.

La moción de desestimación fundamentada en que el pliego acusatorio o la denuncia no imputa delito es privile-giada, en el sentido de que puede presentarse en cualquier momento, en conformidad con lo dispuesto en la Regla 63 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. No obs-tante, si se trata de un defecto subsanable, puede ser co-rregido mediante una enmienda. Si la acusación o la de-nuncia adoleciera de algún defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventila el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo. Si se trata de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le celebre nuevamente el acto de lectura de la acusación. Si se trata de una denuncia, el acusado tendrá derecho a que el juicio se celebre después de los cinco días siguientes a aquel en que se haga la enmienda. Regla 66 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Irizarry, ante.

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Los elementos esenciales del delito de expedición de che-ques sin fondos, según lo dispuesto en el Art. 264 del Có-digo Penal de Puerto Rico antes citado son: (1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depo-sitario, (2) con conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el pago ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, y (3) tener el propósito de defraudar. Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462, 468 (1992); Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958).

Dejando a un lado, por el momento, los primeros dos elementos antes enumerados, vemos que, para que pueda configurarse el delito de expedición de cheques sin fondos, debe existir, como elemento subjetivo indispensable, el “pro-pósito de defraudar”por parte del librador.

Sobre este aspecto hemos expresado que en aquellos ca-sos donde se imputa un delito de intención específica y donde no existen manifestaciones del imputado que refle-jen su estado anímico al momento de cometer los hechos, el Ministerio Público depende de la prueba relacionada con las circunstancias en que se comete el delito para probar el elemento de la intención criminal. Esto es, la intención criminal se evalúa en virtud de los hechos pertinentes ante-riores, concomitantes y posteriores del caso. Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 287 (1992); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146, 164-165 (1992); Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976).

En el caso particular del delito de expedición de cheques sin fondos, nuestro legislador dispuso, con carácter de ley especial, que se considerará evidencia prima facie del pro-pósito de defraudar un hecho “posterior” a la comisión del delito; esto es, la falta de pago después de la interpela-ción, la cual no es un elemento del referido delito, sino una defensa del acusado.

Sobre este particular, reiteramos en Pueblo v. Soma-rriba García, ante, págs. 468-469, lo expresado en Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301 (1939), en cuanto a que

... el propósito de este requerimiento de pago [la interpelación] es proveer un procedimiento para comprobar a posteriori, o sea, por hechos subsiguientes, cuál era la inten-ción o el propósito que tuvo en su mente el librador de un cheque sin fondos en el momento de expedirlo o entregarlo a otra persona.

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En su escrito de certiorari, y en cuanto al segundo seña-lamiento de error, Gascot Cuadrado indica que

[e]n las denuncias no se señala, que el imputado tuviese la intención de defraudar, elemento esencial del delito y no puede surgir, pues esa intención no existió, pues desde que se emitieron los cheques, [la perjudicada] Spartan, parte intere-sada, sabía que los cheques no tenían fondos suficientes, pues eran postdatados. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 10.

El peticionario ancla su argumento en las decisiones emitidas por este Tribunal en Pueblo v. Somarriba García, ante, pág. 468, y en Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301, 305 (1939). Sin embargo, y según indicáramos en Pueblo v. McCloskey, 164 D.P.R. 90 (2005), en los casos antes menciona-dos no podía existir la intención de defraudar en las mentes de los imputados, porque ellos expresamente le habían in-dicado al receptor del cheque que éste no tenía fondos. Esto es, el hecho —por sí solo— de que los cheques librados fueran, o no, postdatados no constituyó, en ninguno de los casos antes citados, parte esencial de la “razón de decidir” de este Tribunal.

No obstante lo expresado, debe tenerse en cuenta que, de ordinario, un cheque postdatado debe considerarse como una promesa de pago y no como un cheque propia-mente dicho. Dicho de otra manera, aun cuando en el pre-sente caso los instrumentos transferidos o entregados te-nían la forma de un cheque, éstos podrían no ser considerados como tales precisamente por ser postdatados.

La Ley de Instrumentos Negociables, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995 (19 L.P.R.A. see. 501 et seq.), define "orden” como “una instrucción escrita de pagar una suma de dinero firmada por la persona que da la orden” y define “promesa” como “un compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. 19 L.P.R.A. sec. 503(a)(9). Más adelante, se indica en dicha ley que “un instrumento [negociable] es un ‘pagaré’ si es una promesa y es un ‘giro’ si es una orden”. Indica también dicho inciso que “si un instrumento cae bajo las definiciones tanto de un ‘giro’ como de un ‘pagaré’, la persona con derecho a exi-gir su cumplimiento puede tratarlo como cualquiera de los dos”. 19 L.P.R.A. sec. 504(e). A su vez, en el inciso siguiente se equipara el cheque con el giro, salvo contadas excepciones. 19 L.P.R.A. sec. 504(f).

No debemos perder de vista que las definiciones antes relacionadas, para efectos de la controversia penal ante nuestra consideración, deben ser utilizadas como guías en relación con la determinación de si, en efecto, existió una intención de defraudar por parte del librador. Para ello, es menester determinar cuál fue la verdadera intención y con-ducta de las partes al momento del libramiento y recibo del cheque, elemento sobre el cual no se pasó prueba en este caso ante el Tribunal de Primera Instancia.

Si se probara, como sucedió en Pueblo v. Somarriba García, ante, que la entrega del cheque se hizo con la in-tención de que el instrumento sirviera de promesa de pago, y no como cheque propiamente dicho —pues las partes es-taban advertidas de que éste no tenía fondos— procedería entonces la desestimación de la causa de acción por no ha-berse configurado el elemento subjetivo del delito. Si, por el contrario, el cheque se hubiera tenido por las partes como una mera orden “pagadera a la presentación desde la fecha que ostenta”, Rivera v. Banco Crédito y Ahorro, 86 D.P.R. 779, 781 (1962), sin haberse advertido al tenedor del cheque que éste no tenía fondos, no procedería entonces la desestimación, fundamentada únicamente en el hecho de que el cheque era postdatado.

La determinación sobre la verdadera naturaleza de los cheques entregados en este caso, al igual que la intención de las partes, está sujeta, claro está, a la determinación que sobre los hechos realice el Tribunal de Primera Instancia en su día, luego de escuchar la prueba.

IV

En su primer señalamiento de error, el peticionario sos-tiene que procede la desestimación de la denuncia por ra-zón de que no hubo la “interpelación” requerida por ley. No tiene razón. Basta con señalar que el peticionario no recibió la carta certificada que a esos efectos le enviara Spartan debido a que éste, acomodaticiamente, no la reclamó en el correo, no obstante los avisos a esos efectos que la oficina postal le enviara.

No podemos avalar tal actuación y planteamiento. El caos y desasosiego que ello causaría en el tráfico comercial en Puerto Rico, si así lo hiciéramos, sería inimaginable.

Llana y sencillamente, no habría persona que estuviera en disposición de aceptar un cheque en apoyo de un servi-cio o una deuda en vista del hecho que sería, práctica-mente, imposible poder procesar a persona alguna por el delito de cheque sin fondo. Para demostrarlo, basta con un sencillo ejemplo: A expide un cheque por una cantidad de dinero a favor de B, sabiendo que no tiene fondos suficien-tes en su cuenta bancaria. Al ser depositado el cheque por B, el banco le informa a éste que no hay fondos. B le escribe a A una carta certificada, con acuse de recibo, en cumpli-miento del requisito de interpelación. A, conociendo que el cheque que expidió iba a “rebotar” y que le iban a escribir al respecto, sencillamente ignora, y no reclama, los avisos que le hace el correo federal sobre la existencia de una carta certificada dirigida a él.

Conforme la “norma” propuesta por el peticionario, A nunca podría ser acusado de la expedición de un cheque sin fondo por cuanto la interpelación nunca se entendería perfeccionada. Ello resulta absurdo.

V

No discutimos el tercer señalamiento de error. La posi-ción que en éste sostiene el peticionario Gascot Cuadrado es similar a la que fue rechazada por este Tribunal en Pueblo v. McCloskey, ante. El razonamiento, o ratio decidendi, de dicho caso aplica a los hechos del caso ante nos.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió en el re-sultado sin opinión escrita.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina

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Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

La sentencia de este Tribunal resuelve que el requisito de interpelación que impone el Art. 266 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4553, se satisface al enviar una carta cer-tificada, con acuse de recibo, aunque ésta no sea reclamada por el destinatario. Por los fundamentos que habré de ex-poner, disiento.

El señor Gascot entregó a Spartan Manufacturing Inc. (Spartan) dos cheques posdatados de $5,000 y $15,000 cada uno, para que Spartan construyera una vagoneta de acero a la medida, valorada en $43,000. Cuando Spartan presentó los cheques al cobro, resultó que la cuenta contra la cual se giraron no tenía fondos suficientes. Sin embargo, construyó la vagoneta según se le había ordenado.

El 29 de mayo de 2001, el gerente de Spartan envió una carta certificada, con acuse de recibo, a la dirección que el señor Gascot le había provisto. En ella requirió el pago de los cheques conforme lo dispone el Art. 266 del Código Penal, supra. El señor Gascot no recibió la carta, porque no reclamó su entrega en el correo.

El 7 de noviembre de 2001 se presentaron dos denun-cias ante un magistrado, en las que se imputó al señor Gascot violaciones al Art. 264 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4551, y se celebró la vista sobre determinación de causa para el arresto, según dispone la Regla 6 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Las denuncias pre-sentadas por el Ministerio Público contra el señor Gascot le imputan haber expedido “ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente ... el cheque #1133, por la cantidad de $5,000.00” y “el cheque #1215, por la cantidad de $15,000.00”, ambos “a [la]orden de la Compañía Spartan Manufacturing Inc., del Banco Popular de P.R., a sabien-das que ... no tenía fondos suficientes ni crédito establecido en dicha institución para honrar [los] ... y a pesar de haber sido notificado, hizo caso omiso”. Petición de certiorari, págs. 2-3.

El caso fue llamado para juicio el 17 de junio de 2002, pero el señor Gascot solicitó la desestimación de las denun-cias, amparándose en la Regla 64(a), (b) y (p) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Alegó que, al presen-tar la denuncia, el Ministerio Público no había seguido el trámite especial de interpelación que dispone el Art. 266 del Código Penal, supra, motivo por el cual el tribunal ca-recía de jurisdicción. A su entender, como la carta certifi-cada con acuse de recibo no fue recibida por él, era necesa-rio hacer la interpelación personalmente, con la prueba de diligenciamiento. El Estado se opuso a dicha solicitud el 20 de junio de 2002 y el señor Gascot, a su vez, presentó una réplica a la oposición el 10 de julio de 2002. Finalmente, el 20 de agosto de 2002, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” a la moción de desestimación, me-diante una resolución en la que determinó los hechos que no estaban en controversia.

Inconforme, el peticionario acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones con el propósito de que ese foro expidiera un auto de certiorari para revisar el dic-tamen de instancia, pero dicha petición fue denegada. El 15 de noviembre de 2002 compareció ante nosotros me-diante un recurso de certiorari, en el que señaló varios errores alegadamente cometidos por los foros de instancia y apelativo; entre éstos, que habían errado al no desesti-mar las denuncias por falta de jurisdicción al no haberse hecho debidamente la interpelación.

Expedimos el auto solicitado el 17 de enero de 2003, y el 23 de junio de 2003 el Procurador General presentó su alegato. Sostiene que el señor Gascot fue interpelado con-forme lo dispone la ley, ya que “un requerimiento de pago debidamente realizado no puede estar sujeto a la disponi-bilidad del librador para recibir su correspondencia o su decisión intencional de no recibirla”. Alegato del Procura-dor General, págs. 6-7. Añade que en este caso, según surge del sobre que sometió como anejo el señor Gascot, lo que ocurrió no fue que él no recibió la carta por hallarse fuera de su hogar, sino que no acudió al correo a reclamar dicha correspondencia. En una nota al calce sugiere que acceder al planteamiento del señor Gascot restaría efecti-vidad al modo de notificación o reclamación mediante en-vío por correo certificado con aviso de recibo, en el cual nuestro ordenamiento jurídico ha depositado su confianza. También señala que si favorecemos la posición del señor Gascot, estaríamos privando a la persona perjudicada de la opción que le ofrece el ordenamiento penal de escoger la manera en que realizará la interpelación. Por último, alega que ambas denuncias imputan el delito y la intención de defraudar que dispone la ley y que, contrario al argumento del señor Gascot, la contraprestación de bienes no es un elemento necesario para que se configure el delito de expe-dición de cheques sin fondos.

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El Art. 264 del Código Penal de 1974, supra, que rige la solución de este caso, dispone lo siguiente:

Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro de-positario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene su-ficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del im-porte de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer además la pena de restitución.

De esa forma, tipifica la expedición de cheques sin fon-dos como una conducta delictiva, cuyos elementos esencia-les son: “(1) el hacer, extender, endosar, o entregar un che-que, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco; (2) el conocimiento, al hacerlo, de que el emisor o girador no tiene suficientes fondos para el pago y (3) el propósito de defraudar.” Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958). Como vemos, el elemento subjetivo —de la intención de defraudar— tiene que estar presente para que se configure este delito. Desde hace muchos años resolvi-mos que “[s]in esa alegación del propósito específico de de-fraudar, la acusación [sería] insuficiente ...”. Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301, 304 (1939). Al ser un elemento esencial del delito, el propósito de defraudar tiene que alegarse en la acusación y establecerse por la prueba desfilada. Pueblo v. Cuevas, supra, pág. 309.

Sin embargo, el Código Penal también requiere, como requisito sine qua non, previo a la presentación de la de-nuncia, un aviso y requerimiento de pago, denominado in-terpelación, que concede al interpelado un término mínimo específico para saldar la deuda. En efecto, este delito “no se consuma hasta que vence el término de la interpelación”. (Énfasis suplido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Inst. De-sarrollo del Derecho, 2000, pág. 526. El requisito de la in-terpelación se encuentra en el Art. 266 del Código Penal de 1974, supra, que transcribimos a continuación:

Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la see. 4552 de este título a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la direc-ción que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días laborables si el girador o endosante a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días laborables si residiere en otro municipio o fuera del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se compu-tará desde la fecha del aviso al girador o endosante del che-que, giro, letra u orden no pagada.
Si la dirección que proveyó el girador o endosante es falsa o si rehusó proveer una dirección física además de la postal al momento de emitir el cheque, giro, letra u orden, se entenderá que el aviso del banco o depositario a los efectos de que el cheque, giro, letra u orden resultó con fondos insuficientes, constituye notificación suficiente conforme a los dispuesto en el primer párrafo de esta sección. (Énfasis suplido.)

Adviértase que esta sección no señala término alguno dentro del cual deba requerirse el pago del cheque librado sin fondos. Caballero v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 689 (1960). Ahora bien, al avisarse al girador o endosante, se activa un término de gracia que será no menor de diez o quince días, dependiendo de su lugar de residencia. La falta de pago durante el plazo concedido “se considerará prima facie como propósito de defraudar”. Art. 267 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4554. Es decir, si el girador o endosante, que es interpelado debidamente, no paga el cheque dentro del término concedido, se activa la presun-ción de que libró el cheque con la intención de defraudar, elemento esencial del delito. El Código Penal también dispone que, cuando alguien prepara y entrega un cheque que el girado rehúsa pagar por insuficiencia de fondos, se crea una presunción juris tantum de que el librador del cheque conocía de la insuficiencia. Art. 265 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4552.

El requisito de la interpelación previa, establecido en el citado Art. 266, proviene de la See. 4 de la Ley Núm. 26 de 25 de abril de 1934 (33 L.P.R.A. see. 1854). Esta ley fue presentada por el senador Iriarte y aprobada unánime-mente, sin ulterior discusión. Véase las Actas de la Cá-mara de Representantes de Puerto Rico, Segunda Legisla-tura Ordinaria, Decimotercera Asamblea Legislativa, págs. 752, 783, 938, 940, 943, 945 y 995 (1934). La Ley Núm. 26, supra, no contiene una Exposición de Motivos, pero resulta interesante una carta contemporánea a su aprobación, a la cual hace referencia el Prof. José Miró Cardona, en la que el Tesorero de Puerto Rico explica al Gobernador que la aprobación de la ley era necesaria

... para aumentar la protección en contra y parar el creci-miento de la práctica perniciosa de expedir y negociar cheques malos con la intención de defraudar, definiendo lo que consti-tuye este crimen particular y proveyendo un castigo adecuado. Nuestras leyes hacen un delito de obtener dinero o propieda-des por medio de falsas representaciones o engaños, pero estas leyes tienen muchos escapes; y el proyecto del Senado número 258 bajo consideración, sin duda alguna pondrá fin a estas prácticas. Por estas razones recomiendo que el Gobernador apruebe el proyecto del Senado 258 bajo consideración. (Enfa-sis suplido.) J. Miró Cardona, Borrador y notas explicativas al Proyecto de Código Penal redactado por Francisco Pagán Ro-dríguez, 1967, pág. 259.

La primera ocasión que tuvimos para interpretar la See. 4 de la Ley Núm. 26, supra, fue en 1939, en Pueblo v. Cuevas, supra. Expusimos entonces lo siguiente:

El propósito claro y evidente de la sección 4, supra, es proveer un procedimiento para comprobar a posteriori o sea por hechos subsiguientes cuál era la intención o propósito que tuviera en su mente el librador de un cheque sin fondos en el momento de expedirlo y entregarlo a otra persona. Siendo la intención o propósito con que se realiza un acto, una función subjetiva y como tal imposible de ser probada objetivamente, el legislador se vió en la necesidad de dictar reglas de evidencia por virtud de las cuales el juzgador puede deducir conclusiones o estable-cer presunciones en contra del acusado, basándolas en la con-ducta o manifestaciones de éste tanto en el momento de expe-dir el cheque como después de haber sido notificado de su rechazamiento. Miró Cardona, op. cit., pág. 305.

La carta del Tesorero antes citada y nuestra jurispru-dencia exponen, con claridad meridiana, que el elemento subjetivo de intención de defraudar siempre se consideró un elemento esencial del delito tipificado. Las presuncio-nes establecidas en la See. 4 de entonces y el Art. 266 vi-gente, supra, son medios que el Derecho utiliza para evi-denciar tal condición subjetiva.

Originalmente, los artículos relacionados con la expedi-ción de cheques sin fondos estaban ubicados en el capítulo sobre “Delitos contra la Propiedad” del Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. sees. 1851-1856). El procedimiento deno-minado entonces en la ley como “Aviso a girador o endosa-dor”, y en nuestras decisiones como “requerimiento de pago”, tan sólo vislumbraba la posibilidad de que el aviso se realizara personalmente. 33 L.P.R.A. see. 1854; Valentín v. Torres, supra. Es más adelante, con la aprobación del Código Penal de 1974, que se clasifican estas disposiciones bajo el acápite de “Delitos contra la Fe Pública”, 33 L.P.R.A. sees. 4551-4555, y el legislador denomina el pro-ceso de aviso como “interpelación”, a la vez que lo modifica en ciertos aspectos. Véase M. López-Rey y Arrojo, Estudio penal y criminológico del proyecto oficial de Código Penal de 1967para Puerto Rico: La reforma penal en Puerto Rico, San Juan, Comisión de Derechos Civiles, 1967, pág. 185. Dentro de estas modificaciones observamos que se añadió la posibilidad de realizar la interpelación mediante el me-canismo de correo certificado con aviso de recibo. Nevares-Muñiz, op. cit., 1986, pág. 438.

Según dispone el Art. 267 del Código Penal de 1974, supra, una vez se completa el proceso de la interpelación y la persona interpelada no responde satisfaciendo la canti-dad adeudada, esa falta de pago se considerará, prima fa-cie, como prueba del propósito de defraudar. De hecho, el incumplimiento de esta condición precedente y jurisdiccio-nal ocasiona que el tribunal se encuentre impedido de pro-cesar a una persona por este delito. Valentín v. Torres, supra, pág. 479. Según el análisis editorial de la profesora Nevares-Muñiz:

En su estructura básica por un lado hay una acción antiju-rídica que consiste en extender, hacer, endosar, o entregar el cheque u orden de pago y por otro lado hay un acto de omisión que consiste en no pagar después que se le ha solicitado me-diante el procedimiento de interpelación. Nevares-Muñiz, op. cit., 2000, pág. 526.

Transcurrido el término concedido en el aviso de inter-pelación, la parte perjudicada podrá acudir a la Fiscalía de distrito para presentar una denuncia; allí se expedirá la citación dirigida al imputado para que comparezca a una vista de causa probable. Art. 268 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4555. En ese momento se activa la segunda oportunidad concedida por el legislador a las personas que incurren en esta conducta para liberarse de los cargos me-diante el pago. A esos efectos, el Art. 268, supra, dispone que “ [e] 1 pago del cheque, giro, letra u orden de pago, pre-vio a la vista de causa probable, relevará de responsabili-dad criminal a la persona que hubiere emitido o endosado dicho cheque, giro, u orden ..

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Es una regla firmemente arraigada en nuestro sistema de derecho, como corolario del principio de legalidad, que los estatutos penales serán interpretados de manera res-trictiva en lo que desfavorezca al acusado, y liberalmente en cuanto a lo que le favorezca. Pueblo v. Bonilla, 148 D.P.R. 486, 522 (1999); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 549 (1999); Pueblo v. Martínez Rivera, 144 D.P.R. 631, 651 (1997); Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 D.P.R. 903, 908 (1995); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530, 538 (1988); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 516 (1972); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950). Este llamado a la interpretación estricta no significa, sin embargo, que las leyes penales estén exentas de interpre-tación, puesto que todas las leyes, incluso las más claras, requieren cierto grado de interpretación. Pueblo v. Martínez, 159 D.P.R. 194 (2003); Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra, pág. 906; Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960). En Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 549, ma-nifestamos que “la regla de oro en materia de interpreta-ción de leyes es que el objeto principal de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un objetivo arbitrario pre-concebido, sino dar efecto al propósito del legislador”. De esa forma, “nuestra obligación es hacer viable que el dere-cho sirva un fin útil y tratar de evitar aquella interpreta-ción tan literal que lleve a resultados absurdos”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Barreto Rohena, 149 D.P.R. 718, 722 (1999).

Para atender la controversia ante nuestra consideración debemos, en primer lugar, definir el significado del término “aviso”, según se utiliza en el Art. 266 del Código Penal, supra. Claramente, el estatuto establece que el aviso contendrá el requerimiento de pago, incluyendo el término concedido para ello que, según vimos, no debe ser menor de diez o quince días, dependiendo del lugar de la residencia del girador o endosante. El aviso se hará “personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida”. (Enfasis suplido.) Art. 266 del Código Penal, supra. En Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462, 470 (1992), resolvimos que en el aviso se debe indicar tanto el lugar del pago como su importe y que, aunque se haga personalmente, también debe hacerse por escrito, pues “[c]ualquier otra interpreta-ción resultaría contraria al propósito que persigue el requi-sito de interpelación dispuesto en el mencionado estatuto”, íd., pág. 470. Con esta decisión, nos negamos a aceptar el argumento del Ministerio Fiscal de que un requerimiento personal verbal cumplía con los criterios de la interpelación

Considerado todo lo anterior, concluimos que el “aviso” requerido por el Art. 266 del Código Penal, supra, es el documento escrito en el cual el tenedor del cheque, giro, letra u orden reclama el pago al girador o endosante del instrumento sin fondos.

Examinemos ahora la controversia sobre el envío del aviso a través del servicio postal de correo certificado con acuse. En Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 517 (2000), tuvimos la oportunidad de evaluar la validez de una notificación con acuse no reclamada (unclaimed), en el contexto del proceso de confiscación dispuesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988 (34 L.P.R.A. see. 1723 et seq.). Al interpretar este estatuto confiscatorio, cuyo carácter es civil e in rem, lo hicimos restrictivamente debido al carácter punitivo del proceso. Santiago v. Supte. Policía de P.R., supra, pág. 515. Decidimos revocar al foro apelativo intermedio, que había concluido que el Estado cumplía con su obligación de noti-ficar la confiscación al depositar la notificación en el co-rreo, aunque el estatuto requería el envío mediante certi-ficación con acuse de recibo. Concluimos que el término de quince días para instar la demanda para impugnar una confiscación comenzaba “desde que la persona notificada recibió la notificación; es decir a partir de la fecha que surge del acuse de la notificación”. (Enfasis en el original.) Id., pág. 517. En esta decisión continuamos en el rumbo establecido en García v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 153, 156 (1964), donde al interpretar la antigua ley de confisca-ciones, que tenía un lenguaje similar, expresamos:

... Dos son los elementos para el perfeccionamiento: — el envío por correo y acuse de recibo. No podemos estar de acuerdo en que basta el depósito en el correo para que se en-tienda perfeccionada la notificación. Si fuera así, resultaría enteramente superfluo lo de acuse de recibo, y el Legislador no hace cosas inútiles.
Estipulado por las partes que como cuestión de hecho la notificación puesta en el correo se le entregó al peticionario el 1ro de julio de 1963, ahí ocurrió el acuse de recibo, o sea, tuvo lugar el segundo factor del perfeccionamiento. (Énfasis suplido.)

Hemos determinado también en la esfera civil que la mala fe de un codemandando, “al esconderse y no dejarse emplazar”, no constituye justa causa para incumplir con el término para diligenciar un emplazamiento. Expresamos en la opinión per curiam en ese caso que nuestro ordena-miento “pone todas las exigencias y requisitos sobre los hombros del demandante, no sobre los del demandado”, y resolvimos que éste no está obligado a cooperar con el de-mandante en el diligenciamiento del emplazamiento. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 916 (1988). Nuestra determinación se fundamentó, primero, en la política pública que favorece que un ciudadano sea em-plazado conforme a derecho, para evitar el fraude y el uso de los procedimientos judiciales para privarlo de su propie-dad sin un debido proceso de ley. En segundo lugar, toma-mos en consideración que el diligenciamiento personal no es el único método para emplazar, por lo cual se pueden usar otros medios para diligenciar el emplazamiento sin violar el debido proceso de ley. Ambos criterios aplican si-milarmente a esta controversia.

IV

En este caso, el foro apelativo intermedio avaló la inter-pretación de instancia a los efectos de que el Art. 266 del Código Penal, supra, no requiere que la carta sea recibida por el girador, concluyendo que es suficiente un “correcto envío” para cumplir con este requisito. La razón para ello, explicada por el foro de instancia y aceptada por el enton-ces Tribunal de Circuito Apelaciones, fue la necesidad de evitar que se burlara la jurisdicción del tribunal “con me-ramente no recibir o no reclamar, intencionalmente, una carta certificada que contiene una interpelación y que es remitida a la dirección del girador”. Relación del caso, de-terminaciones de hechos, conclusiones de derecho y resolu-ción, pág. 4. Ambos foros concluyeron que ese sería el re-sultado de exigir el recibo del aviso. La Mayoría de este Tribunal acepta este criterio en su sentencia.

No estamos de acuerdo. Nos parece evidente que una notificación de correspondencia, pendiente de entregar, no agota el requisito de interpelación. Si el girador o endo-sante no recibe el documento, no hay verdadera reclama-ción de pago y, por lo tanto, no hay el “aviso” requerido por el legislador. Hemos resuelto que si el tenedor opta por la entrega personal al girador o endosante, la reclamación debe constar por escrito. De igual forma, implícito en la autorización para notificar de manera no personal, me-diante correo certificado con acuse de recibo, está el que se logre entregar la reclamación constitutiva del aviso requerido.

La notificación que el servicio postal entrega, como parte de su servicio de correo certificado, para informar al destinatario que hay una correspondencia a su nombre que debe reclamar en determinada estación del correo, es tan sólo un proceso interno del correo y no contiene la informa-ción que requiere el Art. 266 del Código Penal de 1974, supra. () No constituye, pues, el “aviso” requerido para la interpelación. Concluimos que el “aviso” es el documento escrito cuya entrega se requiere, mientras que el correo certificado con acuse es uno de los medios que puede utili-zarse para entregarlo, siendo la segunda alternativa la en-trega personal. La entrega del aviso al girador o endo-sante, ya sea personalmente o por correo certificado con acuse, completa el proceso requerido de interpelación.

El Procurador General propone que la intención legisla-tiva al autorizar la notificación “mediante carta certificada con acuse de recibo” se circunscribía a asegurar el envío de la carta, menospreciando así la importancia de que la persona interpelada conozca su contenido. No podemos avalar esta interpretación. Recordemos que quien viene llamado a cumplir estrictamente las exigencias de este estatuto es la alegada víctima, no la persona a quien se imputa haber expedido el cheque sin fondos. Más aún, el legislador cla-ramente dispuso que ninguna persona será castigada por el delito tipificado en el Art. 265, supra, a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que la interpelación se hizo correctamente.

Concluimos que para perfeccionar la interpelación re-querida por el Art. 266 del Código Penal, supra, es impres-cindible que, cuando se utilice la vía de correo certificado, la persona interpelada reciba la notificación, hecho que quedará probado con la fecha de entrega que qparezca en el acuse de recibo. De no lograrse el recibo, se deberá utili-zar la alternativa de notificación personal dispuesta por ley.

Debemos señalar que otras jurisdicciones han usado este criterio al interpretar el requisito de interpelación para configurar el delito de expedición de cheques sin fondos. A modo de ejemplo, véase la opinión del Tribunal Supremo del estado de Georgia en Hall v. State, 244 Ga. 86 (1979). En ese caso, el estatuto de interpelación, a diferen-cia del nuestro, literalmente disponía que, aunque la noti-ficación enviada por correo certificado no fuera reclamada, la falta de pago dentro de los diez días del aviso se consi-deraría como evidencia prima facie de que el acusado sabía que el instrumento no sería honrado. La peticionaria fue acusada y convicta por ocho cargos de expedición de che-ques sin fondos (cada uno de los cargos trataba sobre un cheque distinto). Dos de estos cheques fueron expedidos en una tienda, de donde enviaron por correo certificado el aviso para requerirle el pago. Al igual que en este caso, el sobre utilizado para enviar el aviso fue devuelto sin reclamar. El Tribunal Supremo estatal concluyó que “la presunción de que se ha recibido la notificación cuando en realidad ésta fue devuelta sin entregar es irracional y parte de hechos que demuestran lo contrario. Por lo tanto, la frase ‘si esa notificacón se devuelve sin entregar o no ...’es tan abritraria que viola el debido proceso de ley”. (Traduc-ción nuestra.) Hall v. State, supra, págs. 88-89.

Reiteramos que es necesario corroborar que la persona realmente está informada del contenido del aviso, cónsono con los fundamentos de nuestra decisión en Pueblo v. So-marriba García, supra. De la misma forma que allí resol-vimos que una notificación verbal para requerir el pago no es suficiente cuando se utiliza el método de notificación personal, una carta no reclamada (“unclaimed”) no satis-face el requisito de la interpelación cuando se utiliza el método del envío por correo certificado con acuse.

En el caso que nos ocupa, la parte recurrida no presentó prueba concluyente de que hizo la interpelación. Al contra-rio, la prueba, consistente de una carta devuelta por falta de reclamación, demostró que no se interpeló al girador según requiere la ley. Por eso, resolveríamos que el tér-mino de diez o quince días concedidos en el aviso al libra-dor o endosante para pagar, dependiendo del lugar de su residencia, nunca comenzó a decursar. Así las cosas, el de-lito no fue consumado.

Habiéndose presentado la denuncia sin cumplimentar el requisito previo de la interpelación, resolvería que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para procesar al señor Gascot, por lo cual debió haber declarado “con lugar” la moción de desestimación presentada al am-paro de la Regla 64(b) de Procedimiento Criminal, supra. Como no lo hizo, revocaría la resolución recurrida y deses-timaría la acusación.

       Dicho artículo dispone: “Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer además la pena de restitución.” 33 L.P.R.A. see. 4551.

       Dicho planteamiento está basado en que él nunca recibió la carta certificada con acuse de recibo que, a esos efectos, le enviara el gerente de Spartan Manufacturing, Inc. a la dirección que Gascot Cuadrado le había suministrado; ello por razón de que Gascot Cuadrado nunca la reclamó en el correo, a pesar de los avisos que se le entregaron para que así lo hiciera.

       Dispone el Art. 267 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4554, que “la falta de pago después de dicha interpelación por parte del que ha girado, firmado, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defraudar”.

       La parte querellante tendría a su alcance, no obstante, la vía civil ordinaria para cobrar su acreencia, esto es, presentar una sencilla demanda en cobro de dinero.

       En su petición de certiorari el señor Gascot alega que erraron también al determinar que los cheques emitidos por el recurrente fueron posdatados y que, por lo tanto, podía existir la intención de defraudar, y al no desestimar las denuncias como cuestión de derecho, pues la vagoneta fue vendida a otra persona —incluso a mayor precio— por lo cual Spartan no sufrió pérdidas económicas.

       Como resultado de la aprobación de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4629 eí seq.), se adoptó en Puerto Rico un nuevo Código Penal, vigente desde el 1 de mayo de 2005. Las secciones pertinentes a la expedición de instrumentos sin fondos se clasifican bajo el capítulo de “Delitos contra seguridad en las transacciones” y se encuentran codificadas en los Arts. 229 al 235 (33 L.P.R.A. sees. 4857-4863). En específico, los Arts. 266 y 267 del derogado Código de 1974, 33 L.P.R.A. sees. 4553 y 4554, que tratan de la interpelación, son ahora los Arts. 232 y 233 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4860 y 4861, y fueron transcritos sin ninguna enmienda bajo el mismo título de interpelación. Véase D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2004, págs. 289-293.

       Nótese que, por su naturaleza intangible, la intención es en muchas ocasio-nes difícil de probar, lo que provoca que la interpelación realizada debidamente tenga un rol fundamental. Sobre la controversia que genera el efecto de las presun-ciones en contra del acusado, véase la Regla 15 de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV; E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. J.T.S., 1998, T. II, págs. 1099-1102.

       Con ello discrepamos del aserto del profesor Miró Cardona de que “el propó-sito no expresado ... de la ley vigente fue tutelar el cheque en sí mismo considerado, con abstracción de las motivaciones o propósitos del librador”. J. Miró Cardona, Borrador y notas explicativas al Proyecto de Código Penal redactado por Francisco Pagán Rodríguez, 1967, pág. 265.

       Lo hacemos atendiendo al Art. 6 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3021). Éste dispone, en lo que a nosotros nos concierne, que las palabras y frases se interpretarán de acuerdo con el contexto y significado sancionado por el uso común y corriente. El Art. 13 del Código Penal de 2004 vigente, 33 L.P.R.A. see. 4641, contiene una disposición similar. Hemos explicado que esta escueta directriz “contiene los dos (2) criterios que serán aplicados en la interpretación judicial de los estatutos penales: la interpretación gramatical y la interpretación declarativa”. Pueblo v. Sierra Rodrí-guez, 137 D.P.R. 903, 907 (1995). Véase D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorri-queño: Parte General, San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 106. La remisión al “significado sancionado por el uso común y corriente” obedece al criterio de interpretación gramatical, que requiere examinar la sintaxis y el significado gra-matical de las palabras, según el uso corriente. Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra, pág. 906. El criterio de interpretación declarativa alude a “la correspondencia exacta entre las palabras y el espíritu de la ley”. Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra, pág. 907. De esa forma, busca aplicar la ley de acuerdo con la intención del legislador, examinando el sentido estricto de las palabras (interpretación restrictiva) y si esto no da frutos, los documentos que acompañaron al proyecto durante el proceso de con-vertirlo en ley (interpretación extensiva). Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra, págs. 908-909, citando a Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 96. Todo ello con la precaución de no caer en la analogía, vedada en ese proceso. Véase Art. 3 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4631). Véanse, además, los comentarios de la profesora Nevares-Muñiz al Art. 13 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4641). Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., págs. 15-17.

       En el caso que hoy examinamos, el Ministerio Público alega, en su Moción en Oposición a Desestimación al Amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, que la buena fe de la recurrida, Spartan Manufacturing Inc., se reflejaba en que ésta hizo varias llamadas telefónicas al imputado. A la luz de lo resuelto en Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462 (1992), este planteamiento no merece mayor consideración.

      (7) Art. 232 del Código Penal de 2004, supra.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Proyecto de Reglas de Conducta Profesional.

      Número: ER-2005-12

      Resuelto: 18 de noviembre de 2005
   RESOLUCIÓN

Mediante comunicación de 3 de octubre de 2005, el Co-legio de Abogados de Puerto Rico ha presentado su Pro-yecto de Reglas de Conducta Profesional, según aprobado en la Asamblea General del Colegio que se celebró el 10 de septiembre de 2005.

El Tribunal remite dicho Proyecto al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial para el análisis correspondiente. Se instruye a la Directora del Secreta-riado a tomar las medidas necesarias para conceder a la comunidad jurídica y la ciudadanía la oportunidad de exa-minar dicho Proyecto y someter un informe con sus reco-mendaciones para la consideración del Tribunal, una vez concluido el proceso de evaluación.

Notifíquese a la Directora del Secretariado de la Confe-rencia Judicial y Notarial. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: per curiam:

text:
      In re Hernand Cruz Mateo.

      Número: TS-9363

      Resuelto: 21 de noviembre de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Hernand Cruz Mateo, abogado que comparece por derecho propio.
   per curiam:

El Ledo. Hernand Cruz Mateo fue admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de febrero de 1990 y sepa-rado temporeramente de la abogacía y notaría el 27 de ju-nio de 2002. La separación obedeció a la desatención por su parte de las órdenes de este Tribunal y de la Oficina del Procurador General. In re Cruz Mateo, 157 D.P.R. 348 (2002). Posteriormente fue reinstalado al ejercicio de la abogacía, mas no de la notaría.

Como resultado de su separación, se incautó la obra notarial del licenciado Cruz Mateo. La referida obra fue ins-peccionada por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y la inspección reveló innumerables deficiencias y faltas en los instrumentos públicos autorizados por el notario. Le ordenamos al licenciado Cruz Mateo que proce-diera a corregirlas. El licenciado Cruz Mateo nos informó haber iniciado la tarea de corregir las deficiencias en su obra notarial.

A solicitud de éste, el 20 de enero de 2005 le concedimos un término de veinte días para cumplir con la Resolución de 21 de mayo de 2004, en la cual se le ordenó que corri-giera la totalidad de las deficiencias señaladas por ODIN en un segundo informe sobre el estado de su obra notarial.

En febrero, se le concedió un término adicional de veinte días para cumplir con nuestra resolución. Este no compa-reció ni solicitó una prórroga para cumplir con lo ordenado, por lo que el 6 de mayo de 2005 le concedimos un término final de quince días para cumplir con nuestra Resolución de 28 de febrero de 2005. En nuestra resolución le aperci-bimos al licenciado Cruz Mateo de que el incumplimiento con la resolución conllevaría graves sanciones disciplina-rias, incluyendo su suspensión del ejercicio de la profesión legal.

El 25 de mayo de 2005, el licenciado Cruz Mateo com-pareció a informarnos sobre el estado de su gestión para corregir las deficiencias identificadas en su obra notarial y nos solicitó un término final de sesenta días para corregirlas.

El 10 de junio de 2005 le concedimos el término solicitado. Este término ha transcurrido sin que el licen-ciado Cruz Mateo haya comparecido a informarnos sobre el estado de su gestión para cumplir con nuestra Resolución de 21 de mayo de 2004 o para solicitar prórroga alguna.

r-H

De forma reiterada hemos indicado que el desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la au-toridad de los tribunales. In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Los abogados tienen la ineludible obligación de responder dili-gentemente a las órdenes de este Tribunal. In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004).

En el caso ante nuestra consideración, el Ledo. Hernand Cruz Mateo ha desatendido constantemente nuestras órde-nes para corregir las deficiencias en su obra notarial. Es evidente que no tiene interés en continuar ejerciendo su profesión. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no lo hace digno de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal.

Por los fundamentos antes mencionados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abo-gacía del Ledo. Hernand Cruz Mateo, a partir de la notifi-cación de esta opinión per curiam. Le imponemos al licen-ciado Cruz Mateo el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cua-lesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judi-ciales y administrativos del país. Además, deberá notificar-nos dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam, el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica, demandada y peticionaria.

      Número: CC-2004-152

      Resuelto: 21 de noviembre de 2005

      Adalberto Alomar Alonso, abogado de la parte peticionaria; Fernando Bernés Vélez, Fernando Barnés Rosich y Rebeca Barnés Rosich, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Conforme a los hechos de este caso —los cuales no están en controversia— M.D. Construction Company, Inc. (M.D. Construction) y la Compañía de Desarrollo Corporativo ad-quirieron de USI Properties Corporation (USI Properties) un solar sito en Humacao con el propósito de construir el proyecto residencial conocido como Ciudad Cristiana.

El sistema eléctrico construido en el proyecto Ciudad Cristiana es semisoterrado. Las líneas primarias son aé-reas con transformadores adheridos a los postes. Desde los transformadores discurren líneas secundarias, de forma soterrada, hasta un pedestal, y de ahí la línea va hasta la residencia.

M.D. Construction y la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) suscribieron una escritura de servidumbre de paso de líneas eléctricas, mediante la cual M.D. Construction cedía y traspasaba el sistema de distribución eléc-trica construido en la finca a la Autoridad, una vez esta última inspeccionara y lo aceptara. En virtud de la referida escritura de servidumbre, la Autoridad también se compro-metió a darle mantenimiento a dicho sistema de distribu-ción a partir de la fecha de aceptación del referido sistema.

La Autoridad inspeccionó las instalaciones eléctricas realizadas por los desarrolladores del proyecto y, en confor-midad con ello, emitió certificaciones de inspección me-diante las cuales aprobó las instalaciones eléctricas —desde el sistema primario hasta la conexión con las uni-dades individuales— instaladas originalmente en el proyecto. Acorde con ello, la Autoridad realizó la corres-pondiente conexión de las instalaciones eléctricas interio-res de las unidades de viviendas con el sistema de distri-bución eléctrica, aceptado por ella, y comenzó a dar servicio de energía eléctrica a dichas unidades.

En 1983, USI Properties instó un procedimiento judicial para cobro de dinero en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico contra la Compañía de Desarrollo Cooperativo y M.D. Construction, en el cual reclamó el pago de las sumas convenidas por la compraventa del solar. La Compañía de Desarrollo Cooperativo reconvino contra USI Properties y alegó que esta última la engañó al representar que el terreno adquirido era apropiado para ser habitado por seres humanos, mientras la realidad era que estaba contaminado con mercurio. Posteriormente, el 26 de junio de 1985, la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico dictó una sentencia en la cual de-terminó que no existía contaminación con mercurio en la propiedad.

En el entretanto, y como consecuencia de esta alegada situación, durante 1985 a 1988 los residentes de Ciudad Cristiana fueron trasladados y relocalizados en unidades pertenecientes al Banco de la Vivienda. Como consecuencia de esto, la urbanización Ciudad Cristiana estuvo abando-nada por más de cinco años, lo que ocasionó que el sistema eléctrico fuese vandalizado y se deteriorara. Esta situación causó que la Autoridad suspendiera el servicio de energía eléctrica y retirara de las instalaciones casi la totalidad de los transformadores de distribución eléctrica, por razones de seguridad.

En 1996, Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. adquirieron ciertas unidades de vivienda dentro de la ur-banización Ciudad Cristiana. Queens Developers, Inc. las adquirió por medio de un contrato de compraventa, mientras que 1014 Luquis, Inc. las adquirió por medio de ciertas escrituras de venta judicial y una escritura de tras-paso de titularidad de bien inmueble en cumplimiento de una sentencia.

Las referidas entidades, mediante comunicaciones es-critas y en reuniones con los representantes de la Autori-dad, reclamaron de ésta que cumpliera con su obligación de mantener, custodiar y conservar el sistema eléctrico de la referida urbanización y que lo reparara y rehabilitara. Sin embargo, la Autoridad negó responsabilidad por la re-habilitación del sistema y requirió que los trabajos fueran costeados por Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. En vista de la negativa a asumir la responsabilidad de re-habilitar el sistema eléctrico, Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. realizaron los trabajos, apercibiéndole a la Autoridad de que le reclamarían los costos.

En conformidad con lo anterior, el 19 de julio de 1996 Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, una demanda por incumplimiento de contrato y por daños y perjuicios contra la Autoridad, en la cual soli-citaron el reembolso de las pérdidas sufridas al tener que incurrir en la rehabilitación del sistema eléctrico de la mencionada urbanización. Alegaron que, a la fecha de la adquisición de las propiedades, las instalaciones eléctricas —tales como los transformadores, unidades seccionadoras, pedestales, conductores, postes, entre otras, hasta el punto de entrega, donde ocurre la conexión del servicio de la Au-toridad— se encontraban inservibles debido al deterioro, al abandono y a los actos de vandalismo causados por la falta de mantenimiento, cuidado y supervisión por parte de la Autoridad, lo cual causó que éstas tuvieran que incurrir en gastos sustanciales para reparar dicho sistema. Alegaron, además, que dichos gastos les ocasionaron serias pérdidas económicas y que la negativa de la Autoridad a resarcir los gastos constituía un enriquecimiento injusto por parte de esta entidad.

En específico, las mencionadas codemandantes alegaron que el punto hasta donde la Autoridad se había responsa-bilizado por las instalaciones eléctricas existentes en las propiedades adquiridas por éstas, era hasta el punto de entrega en la línea de distribución o transmisión, por donde la Autoridad suplía a dichas propiedades la energía eléctrica, a tenor con la Sec. IV(A) del Reglamento de Tér-minos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica (Reglamento de Términos).

Luego de varios incidentes y trámites procesales, la parte demandante presentó una moción de sentencia su-maria parcial. En la referida moción alegó, en síntesis, que en virtud de la escritura de constitución de servidumbre suscrita entre la Autoridad y M.D. Construction, una vez ocurrido el traspaso del sistema de distribución eléctrica a la Autoridad, era a esta entidad a quien correspondía su conservación y mantenimiento. Lo anterior por razón de que en la referida escritura, la primera se comprometió a conservar dicho sistema una vez aprobado.

Las codemandantes sostuvieron que de los reglamentos aprobados por la Autoridad surgía la obligación de ésta de mantener y conservar los sistemas de electricidad. En vir-tud de ello, la parte demandante solicitó del foro primario que se determinase que la Autoridad tenía que resarcir a dicha parte los gastos en que incurrió en la rehabilitación del sistema eléctrico hasta el punto de entrega de cada re-sidencia y que señalase una vista para dilucidar la cuantía económica de dichos costos.

La Autoridad se opuso a la moción de sentencia sumaria presentada por las codemandantes. Adujo como funda-mento, por el cual no estaba obligada a darle conservación y mantenimiento a las instalaciones eléctricas de Ciudad Cristiana, el hecho de que en esa área no había expectati-vas de vivienda ni expansión de servicio, y que haber de-jado dicho sector energizado constituía un peligro para la sociedad. Expresó, además, que ante el cuadro de total abandono y actos de vandalismo que presentaba la situa-ción existente en Ciudad Cristiana, lo más prudente y ra-zonable fue lo que hizo: retirar el servicio de energía eléc-trica y algunos de los transformadores del sistema eléctrico de dicha urbanización, ya que era previsible que, de no retirarse la electricidad de las referidas instalaciones, po-dría ocurrir un accidente de consecuencias fatales.

La Autoridad, por último, sostuvo que de la escritura de compraventa suscrita por Queens Developers, Inc. y de la escritura de traspaso suscrita por 1014 Luquis, Inc. surgía que ambas entidades aceptaron las propiedades bajo las condiciones existentes al momento de formalización del contrato de opción de compra (as is), por lo cual no podían ahora reclamar el resarcimiento por los gastos en que in-currieron en la rehabilitación del sistema eléctrico donde se ubican dichas propiedades.

El 5 de noviembre de 2002 el foro primario, luego de establecer que no había controversia sustancial de hechos materiales, concluyó que del referido Reglamento de Tér-minos, del Reglamento Complementario al Código Eléc-trico de Puerto Rico para la Instalación de Conductores y Equipo Eléctrico, Reglamento Núm. 4435 de 1987, de la Autoridad (Reglamento Complementario) y de las escritu-ras (en virtud de las cuales las codemandantes adquirieron las propiedades) surgía que la responsabilidad de la repa-ración de rehabilitar el sistema eléctrico de la urbanización Ciudad Cristiana correspondía a las codemandantes, y no a la Autoridad. Fundamentó su determinación en que el deber de previsibilidad que debía observar la Autoridad en relación con los demás ciudadanos justificaba que ésta re-tirara de la propiedad el servicio de energía eléctrica y al-gunos de los transformadores del sistema eléctrico. Por esta razón, el foro primario dictó sentencia sumaria, decre-tando la desestimación de la demanda instada contra la Autoridad.

Inconformes, las codemandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de apelación. El refe-rido foro, luego de un análisis de los reglamentos de la Autoridad y, en específico, de la escritura de constitución de servidumbre suscrita entre la Autoridad y M.D. Construction, concluyó que la responsable por los gastos en la reparación del sistema era la Autoridad. Determinó que de dicha escritura surgía claramente que la Autoridad se ha-bía comprometido a mantener y conservar el sistema eléc-trico de Ciudad Cristiana, una vez lo aceptara. Expresó que siendo uno de los hechos incontrovertidos que la Auto-ridad, en efecto, aceptó el sistema eléctrico una vez lo aprobó, realizó su conexión y proveyó energía a los abona-dos, resultaba forzoso concluir que el traspaso pactado en la escritura de servidumbre había ocurrido y que, una vez ocurrido este evento, la responsabilidad por la conserva-ción, el mantenimiento y la reparación del sistema eléc-trico era de la Autoridad, como dueña de todos los equipos de instalación eléctrica.

Expresó, además, el foro apelativo intermedio que las disposiciones de los reglamentos citadas por el tribunal de instancia no aplicaban al caso, ya que las propiedades ad-quiridas por las codemandantes no eran nuevas y que al momento de ser adquiridas estaban gravadas por la servi-dumbre constituida por la Autoridad, lo cual le impuso el deber de conservar, mantener y reparar el servicio eléc-trico, independientemente de quién fuese el dueño.

Con respecto a la determinación del foro primario en cuanto a que, en virtud de las escrituras por las cuales las codemandantes adquirieron las propiedades —en las cua-les éstas las aceptaban bajos las condiciones existentes al momento de la formalización del contrato— el foro apela-tivo determinó que esto significaba que correspondía a las codemandantes cualquier reparación por defecto o vicio aparente de la propiedad. Según dicho foro, esta cláusula no podía extenderse para sostener que las codemandantes costeasen, además, los gastos surgidos debido al incumpli-miento de las responsabilidades de la Autoridad.

El foro apelativo intermedio, en consecuencia, dictó una sentencia revocatoria de la emitida por el tribunal de ins-tancia, ordenando a la Autoridad a resarcir los gastos en que incurrieron las codemandantes y devolviendo el caso a ese foro para que celebrase una vista evidenciaría a los efectos de cuantificar dichos daños.

Inconforme con esta determinación, la Autoridad acu-dió, vía recurso de certiorari, ante este Tribunal. En el re-ferido recurso le imputa al foro apelativo haber errado al concluir que la rehabilitación del sistema eléctrico de la urbanización Ciudad Cristiana le corresponde a la Autori-dad y al concluir que ésta tenía que dar conservación y mantenimiento a las instalaciones eléctricas que existían en dicha urbanización, no obstante tener conocimiento de que en esa área no había expectativas de viviendas ni ex-pansión de servicio por razón de haberse determinado la existencia de mercurio en dicha urbanización.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.

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En primer lugar, atendemos los planteamientos de la Autoridad en cuanto a que ciertas cláusulas del contrato de opción suscrito por Queens Developers, Inc. y el posterior contrato de compraventa suscrito por ésta, además de la escritura de traspaso mediante la cual adquirió 1014 Lu-quis, Inc., son indicativas de que: primero, que las recurri-das aceptaron las propiedades adquiridas en las condicio-nes en que éstas se encontraban al momento de otorgarse las escrituras, y segundo, que esto último evidencia que las recurridas son responsables de reparar el sistema eléctrico de la urbanización. Examinemos las referidas cláusulas.

La cláusula undécima en el contrato de opción de com-pra, suscrito entre Queens Developers, Inc. y el Banco de la Vivienda, dispone lo siguiente:

La Segunda Parte [Queens Developers, Inc.] queda autorizada a efectuar las mejoras que estime necesarias en las unidades que se propone adquirir, dichas mejoras y/o reparaciones que-darán a beneficio de la Primera Parte [Banco de la Vivienda] sin que tenga que compensar a la Segunda Parte, si [e]sta última opta por no ejercitar su derecho de opción. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 256.

Por su parte, las cláusulas sexta y séptima de la escri-tura de compraventa suscrita por Queens Developers, Inc. y el Banco de la Vivienda, respectivamente, disponen que:

Sexta: Las unidades de vivienda se venden en las condicio-nes en que se encuentran (“as is”) y así son aceptadas por la parte compradora.
Séptima: parte compradora será responsable de gestionar y obtener todos aquellos permisos de agencias gubernamentales y otras entidades que no están disponibles a esta fecha. (En-fasis suplido.) Apéndice, pág. 345.

De otro lado, las escrituras de venta judicial, en virtud de las cuales adquirió 1014 Luquis, Inc., sólo expresan que se transfieren las referidas fincas a la parte compradora “con todas sus pertenencias y cu[a]nto la constituye”. En específico, la cláusula cuarta de la escritura de traspaso de titularidad de bien inmueble dispone que el alguacil

...DA, CEDE Y TRASPASA a la “PARTE ADQUIRENTE” el inmueble antes descrito, con todos sus derechos inherentes y anejos; y la “PARTE ADQUIRENTE”, asimismo en cumpli-miento de la antes mencionada Estipulación y Sentencia, ACEPTA EL INMUEBLE EN PAGO DE LA DEUDA .... (Én-fasis en el original.) Apéndice, pág. 686.

Somos del criterio de que las anteriores cláusulas nada tienen que ver con las condiciones del sistema eléctrico de la urbanización adquirida por Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. Como bien determinó el foro apelativo, dichas cláusulas versan sobre las condiciones de las unida-des de vivienda en sí, las cuales fueron aceptadas según éstas se encontraban al momento de otorgarse las referidas escrituras. En específico, la cláusula undécima de la escri-tura de opción sólo autorizaba a Queens Developers, Inc. a realizar las mejoras que estimase necesarias en las unida-des de vivienda que se proponía adquirir.

No podemos extender el significado de las referidas cláusulas, tal y como lo propone la Autoridad, como para que incluyan: primero, la aceptación del sistema de distri-bución de energía eléctrica general de la urbanización, y segundo, que la autorización para realizar las mejoras in-cluya la reparación de dicho sistema.

En consecuencia, concluimos que las escrituras, en vir-tud de las cuales las codemandantes recurridas adquirie-ron las propiedades, no sostienen la posición de la Autori-dad en cuanto a que le imponen a las primeras la obligación de realizar las reparaciones al sistema eléctrico de la urbanización.

A. La Autoridad de Energía Eléctrica fue creada para conservar, desarrollar y utilizar las fuentes fluviales y de energía de Puerto Rico, y hacer asequible sus beneficios en la forma más amplia a los habitantes del Estado Libre Asociado. See. 6 de la Ley de la Autoridad de Energía Eléc-trica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 22 L.P.R.A. see. 196.

Entre las facultades que la Ley Núm. 83, ante, concede a la Autoridad, el inciso (l) de la See. 6 dispone que podrá

[d]eterminar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razona-bles, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las facilida-des de la Autoridad o por los servicios, energía eléctrica u otros artículos, vendidos, prestados o suministrados por la Autori-dad, que sean suficientes para cubrir los gastos incurridos por la Autoridad, en la preservación, desarrollo, mejoras, exten-sión, reparación, conservación y funcionamiento de sus insta-laciones y propiedades .... (Enfasis suplido.) 22 L.P.R.A. see. 196(Z).

En virtud de las facultades para formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos otorgadas por su ley orgánica, la Autoridad adoptó tanto el Reglamento de Términos como el Reglamento Complementario.

De entrada, atendemos la interrogante sobre si el Re-glamento de Términos y el Reglamento Complementario sostienen o no la conclusión a la que llegó el foro primario a los efectos de que le imponen la responsabilidad del costo de la rehabilitación del sistema eléctrico de la urbanización Ciudad Cristiana a Queens Developers, Inc. y a 1014 Luquis, Inc. Veamos.

Las disposiciones reglamentarias que la Autoridad in-vocó en apoyo de su posición es la Sec. 11(A) y (F) del Re-glamento de Términos, sobre solicitudes de servicio. La Sec. 11(A) dispone, en lo pertinente, que:

A. Puede obtenerse servicio de energía eléctrica bajo cual-quiera de las tarifas de servicio a distribución secundaria me-diante una solicitud de Servicio, por vía telefónica, escrita o visita personal a las oficinas comerciales. El servicio ha de prestarse al voltaje de distribución de la Autoridad, cuando existe capacidad disponible en los equipos o líneas de la Auto-ridad y si no fuere necesario extender las líneas eléctricas. ...
Los costos de las extensiones [de] líneas, mejoras o cualquier otro costo necesario para proveer el servicio solicitado será aportado por el abonado solicitante por cualquiera de los me-dios establecidos por los Reglamentos de la Autoridad para facilitar este servicio. (Énfasis suplido.) Según citado en la Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 20.

Somos del criterio que la anterior disposición no aplica a la reclamación de las codemandantes. Este caso no trata de una extensión de las líneas de la Autoridad para que pueda proveerse el servicio a las propiedades. Tampoco se trata de una nueva solicitud de servicio ni de una mejora reali-zada a las líneas. La reclamación de las codemandantes versa sobre el gasto en la reparación y rehabilitación del sistema de distribución eléctrica general de la urbanización —hasta el punto de entrega de cada unidad de vivienda— el cual se encontraba inservible al momento de la adquisi-ción de las unidades de vivienda.

La Sec. 11(F) tampoco sostiene la posición de la Autoridad. Ésta dispone:

“F. Toda solicitud de servicio de electricidad para edificios, es-tructuras, residencias, etc., nuevos o que nunca hayan tenido servicio de electricidad, o que hayan estado desocupadas por más de un (1) año se le requerirá permiso de uso de la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y Certificación de Instalación Eléctrica.” (Enfasis suplido y en el original.) Citado en la Petición de certiorari, pág. 15.

De la disposición antes transcrita sólo se desprende una obligación del futuro abonado o dueño de la propiedad de adquirir cierta documentación para que puedan realizarse instalaciones de servicio de electricidad en nuevas propie-dades o propiedades que hubiesen estado desocupadas por más de un año. La documentación requerida consiste en un permiso de uso que expedirá la Administración de Regla-mentos y Permisos (A.R.Pe.) y un certificado de instalación eléctrica. Esta disposición específica no le impone la res-ponsabilidad a las codemandantes de sufragar los gastos de reparaciones o rehabilitaciones necesarias al sistema general de electricidad de la urbanización. Surge clara-mente que esta disposición se refiere a la documentación que deberá proveer un abonado para que la Autoridad pro-vea el servicio de energía eléctrica. La interpretación de esta disposición que hicieron tanto la Autoridad como el foro primario es claramente errónea.

B. Ahora bien, la Autoridad niega que ésta tenga res-ponsabilidad alguna sobre la reclamación hecha por Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc., la cual com-prende los gastos en que incurrieron en la reparación de las instalaciones pertenecientes a la Autoridad hasta el lla-mado punto de entrega.

Resulta importante enfatizar que ni el Reglamento Complementario ni el Reglamento de Términos establecen claramente cuál es el punto donde cada parte se hace responsable por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Debido a ello, atendemos las disposiciones generales del Reglamento Complementario, las cuales disponen que la Autoridad no hace trabajos de instalaciones interiores ni asume responsabilidad alguna por las condiciones de instalaciones eléctricas dentro de los edificios. Entre las disposiciones generales se establece también que será requisito indispensable que todas las instalaciones eléctricas, tanto las nuevas como las reparadas sean realizadas y certificadas por un perito electricista colegiado o un ingeniero electricista colegiado y aceptadas por la Autoridad antes de ser conectadas al sistema eléctrico perteneciente a ésta.

Se advierte de lo anterior que el abonado o dueño será responsable por las instalaciones eléctricas que se encuentren dentro de su propiedad, y que éstas tendrán que ser inspeccionadas y aceptadas por la Autoridad antes de que sean conectadas al sistema eléctrico de la Autoridad. La Sec. 3.2(11) del Reglamento Complementario añade que es responsabilidad única y exclusiva de la Autoridad realizar la conexión entre la instalación del abonado o el dueño y las redes de distribución o transmisión de la Autoridad.

Ahora bien, el Reglamento de Términos dispone, en la Sec. IV(A), que el punto de entrega es aquel donde la Autoridad le entrega al abonado la energía eléctrica que éste va a utilizar. Éste varía según el tipo de sistema eléctrico construido en la urbanización, el edificio o la estructura de que se trate. El inciso (C) de esta sección dispone que la energía se entregará en el punto donde comienza la instalación del abonado. Este punto se conoce como el “pun-to de entrega”. El punto de entrega para abonados residenciales es aquel donde la línea de la Autoridad conecta a las instalaciones propiedad del abonado.

El Reglamento Complementario, en el Art. 3.4(3), amplía esta definición y dispone que:

(3) El punto de entrega en el sistema soterrado se define como el punto donde se unen los conductores de la instalación sote-rrada a las líneas de la Autoridad. Cuando la toma sea secun-daria el punto de entrega será el pedestal o transformador. (Énfasis suplido.) Según citado en la Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, págs. 19-20.

Es un hecho incontrovertido que el sistema eléctrico de Ciudad Cristiana es semisoterrado con líneas aéreas pri-marias y transformadores adheridos al poste de donde dis-curre una línea soterrada secundaria hasta un pedestal primario y, luego, a uno secundario hasta llegar al punto de entrega de las residencias. El punto de entrega en el caso del sistema eléctrico de Ciudad Cristiana es el pedestal.

Somos del criterio que lo anteriormente expuesto deberá interpretarse a los efectos de que el abonado o dueño será responsable del costo, las mejoras o la reparación de las instalaciones internas de su propiedad y de las extensiones necesarias para que éstas sean conectadas al sistema que pertenece a la Autoridad. Las instalaciones eléctricas pertenecientes a la Autoridad, que comprenden aquellas lí-neas y otros elementos que discurren hasta el punto de en-trega donde éstas se conectan a las instalaciones internas de la propiedad, son de la responsabilidad de esta entidad.

Eesolvemos, en consecuencia, que no erró el foro apela-tivo intermedio al determinar que las disposiciones regla-mentarias antes citadas no imponen la obligación de repa-ración del sistema eléctrico de la Autoridad a Queens Developers, Inc. y a 1014 Luquis, Inc., ya que la referida responsabilidad es de la Autoridad.

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Refuerza nuestra determinación de que la Autoridad es responsable por la reparación y rehabilitación de su sis-tema de distribución de energía eléctrica el hecho que ésta suscribió una escritura de constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica con M.D. Construction. En virtud de ella, la Autoridad se obligó a dar mantenimiento y a conservar los sistemas de electricidad instalados en la ur-banización Ciudad Cristiana, una vez dichas instalaciones fuesen traspasadas a la entidad.

Dispone la primera cláusula de la referida escritura que el propietario, mediante ésta, y en consideración a los fines públicos a que había de ser destinado él sistema eléctrico objeto de la servidumbre, constituía servidumbre predial a perpetuidad para el paso, instalación, operación y repara-ción de las líneas y artefactos del mencionado sistema eléc-trico a favor de la Autoridad, sus cesionarios y sucesores en el título sobre la finca.

En especial, la cláusula decimotercera de la escritura de servidumbre dispone lo siguiente:

El propietario por la presente cede y traspasa a la Autoridad el sistema de distribución construido en la Finca con todo su equipo, materiales, y accesorios. La cesión y traspaso será efec-tiva en la fecha en que la Autoridad inspeccione y acepte dicho sistema de distribución y el mismo sea conectado e incorporado al sistema eléctrico de la Autoridad. Como consideración a dicho traspaso, la Autoridad se compromete a dar conservación a dicho sistema de distribución a partir de la fecha de aceptación del sistema, sujeto a las disposiciones de la cláusula DUODÉ-CIMA de este documento. (Énfasis suplido y en el original.) Según citado en la Sentencia del Tribunal de Circuito de Ape-laciones, Apéndice, pág. 21.

Se desprende claramente de la cláusula antes transcrita que, en virtud de la escritura de constitución de servidum-bre, la Autoridad contrajo la obligación de conservar y dar mantenimiento al sistema de distribución de energía eléc-trica de la urbanización Ciudad Cristiana. Además, en vir-tud de ésta, la Autoridad también advino dueña de dicho sistema.

La servidumbre de paso para las líneas de energía eléctrica tiene carácter de servidumbre legal, continua y aparente, constituida a base de las disposiciones de la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979 (27 L.P.R.A. see. 2151 et seq.). Todo lo concerniente a las servidumbres estableci-das para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y los reglamentos especiales que las determinan y, en su defecto, por las disposiciones del Código Civil sobre las ser-vidumbres legales. Art. 486 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1702.

Las servidumbres para el servicio de energía eléctrica permiten cumplir con los fines y propósitos para los cuales fue creada la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Sec. I, Art. A del Reglamento de Servidumbres de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este reglamento describe los requisitos mínimos con los que deben cumplir las servidumbres para las estructuras, las líneas, los equipos y otros artefactos que pertenecen a la Autoridad. Dichos equipos y artefactos incluyen los instalados por contratistas privados que son transferidos a la Autoridad, además de las instalaciones hechas por ésta como parte de su programa de construcción y mantenimiento. Id.

El Reglamento de Servidumbres para el Servicio de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 5239 de la Autoridad de Energía Eléctrica de 22 de mayo de 1995 (Reglamento de Servidumbres), en la Sec. 11(F), define la servidumbre de paso de líneas eléctricas como un derecho real que se establece sobre las franjas o porciones de terreno donde están ubicadas, o se ubicarán, las instalaciones de la Autoridad, tales como: líneas, postes, torres, equipos y aditamentos. Estas servidumbres se constituyen con el propósito de que la Autoridad tenga acceso razonable a sus instalaciones para, entre otras cosas, darle mantenimiento, reparar, mejorar, expandir, operar y ampliar sus instalaciones. Id.

En dicho reglamento se dispone que las servi-dumbres de paso para el servicio de energía eléctrica gra-van el predio sirviente y deben ser observadas por la persona natural o jurídica, cuyas acciones u omisiones puedan afectar el derecho de servidumbre y se establecen sobre los predios sirvientes para el paso, la instalación, la operación y la reparación de las instalaciones de la Autoridad. See. Ill, Art. A.

La Sec. V(B)(2) del Reglamento de Servidumbres dispone, a su vez, que:

La Autoridad tiene el derecho de acceso a la servidumbre para efectuar los trabajos de operación, conservación, construcción, mejoras o reparación de instalaciones. El acceso a la servidum-bre debe permitir a la Autoridad utilizar el equipo necesario para realizar estos trabajos. (Enfasis suplido.)

Las disposiciones reglamentarias citadas anterior-mente, las cuales establecen el propósito por el cual se es-tablecen las servidumbres a favor de la Autoridad, dispo-nen que éstas se constituyen para que la entidad tenga acceso a las instalaciones de su propiedad, para poder dar-les mantenimiento, hacer las reparaciones y mejoras nece-sarias, expansiones, entre otras mejoras.

En el caso ante nos no hay duda de que el terreno donde ubican las propiedades adquiridas por Queens Developers, Inc. y 1014 Luquis, Inc. continuaba gravado por la servi-dumbre, aun cuando atravesó por un periodo de abandono y aun cuando las instalaciones eléctricas fueron retiradas por razones de seguridad. En vista de ello, la Autoridad tenía la obligación de rehabilitar el sistema de electricidad que le fue traspasado en virtud de la referida escritura una vez la urbanización fue rehabitada y así le fuese solicitado por las recurridas. Lo anterior en virtud de uno de los pro-pósitos para el cual fue creada la Autoridad: proveer ener-gía eléctrica a los habitantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Por consiguiente, concluimos que la Autori-dad es responsable de los costos de reparación de las ins-talaciones eléctricas de la urbanización, las cuales son de la propiedad de dicha entidad.

Habiéndose resuelto que las instalaciones eléctricas propiedad de la Autoridad comprenden el sistema de dis-tribución eléctrico que le fue traspasado y aquellas líneas y otros elementos que discurren hasta el punto de entrega —punto en el cual las líneas de la Autoridad se conectan con la instalación del abonado — resolvemos, específica-mente, que la Autoridad deberá resarcir a Queens Developers, Inc. y a 1014 Luquis, Inc. los gastos en que incurrie-ron en la rehabilitación y reparación del sistema de distribución de energía eléctrica de la urbanización, hasta el punto de entrega de cada una de las unidades de vi-vienda adquiridas por éstas. Por ello, el tribunal de instan-cia deberá determinar el costo de la reparación desde lo que comprende el sistema eléctrico de la Autoridad hasta el referido punto de entrega.

Por los fundamentos anteriormente expresados, procede dictar Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso y devolverlo al foro de instancia para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.

       Se entiende por servicio bajo tierra o soterrado, aquellos alimentadores para el servicio eléctrico de los edificios que sean instalados en tubería aprobada por la Autoridad bajo tierra o en tubería empotrada en hormigón. Art. 3.4(1) del Regla-mento Complementario al Código Eléctrico de Puerto Rico para la Instalación de Conductores y Equipo Eléctrico, Reglamento Núm. 4435 de 1987, aprobado mediante Resolución de 11 de diciembre de 1990 (Reglamento Complementario). Dicho regla-mento fue derogado por el Reglamento Núm. 5676 de 29 de agosto de 1997. No obstante lo anterior, para resolver la controversia ante nuestra consideración aplica-remos el derogado reglamento de 1987, ya que la vigencia de este nuevo reglamento fue efectiva el 28 de septiembre de 1997.

       Escritura Núm. 37 de 7 de junio de 1979 suscrita ante el notario Adalberto Alomar Rosario.

       Según la cláusula decimotercera de la escritura de servidumbre, la aproba-ción del sistema eléctrico por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) era imprescindible para que el traslado surtiese efectos.

       Las restantes unidades fueron adquiridas por otros compradores.

       El punto de entrega en este caso es el pedestal del cual discurre la línea secundaria a cada residencia, según admitió la Autoridad.

       El foro primario celebró una vista argumentativa sobre la solicitud de sen-tencia sumaria parcial presentada por las demandantes el 20 de marzo de 2001 y el 16 de septiembre de 2002.

       Además, le impuso a la parte demandante el pago de las costas y los gastos necesarios en la tramitación del pleito, más la suma de $2,500 en concepto de hono-rarios de abogado.

       Esta cláusula fue suscrita el 31 de diciembre de 1992.

       Escritura Núm. 35 de 17 de febrero de 1994, otorgada ante la notario Rita Lynne Rodríguez de la Rocha.

       Sec. 6(c) de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 (22 L.P.R.A. sec. 196(c)).

       El fin del Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el Sumi-nistro de Energía Eléctrica (Reglamento de Términos) es establecer aquellas condi-ciones generales y especiales que sean de interés para el usuario y para la Autoridad.
      El Reglamento Complementario establece que sus disposiciones aplican y cu-bren toda obra de electricidad, tales como instalaciones soterradas, subterráneas y seccionadoras (switch units), instalaciones de postes, alumbrado o líneas aéreas, metro eléctrico o medidor, reinspecciones de instalaciones o monturas para contadores, o sea, toda construcción que tenga que ver con la instalación de conductores, mate-riales y equipo eléctrico.

       El Reglamento Complementario, en su parte introductoria, establece que las construcciones eléctricas se dividen en tres tipos. Estos son:
      1. Construcción de Instalaciones Eléctricas- cubre las instalaciones interiores e instalaciones exteriores inherentes.
      2. Construcción de Sistemas de Distribución Eléctrica- cubre la instalación de facilidades eléctricas para servir los proyectos de urbanizaciones y lotificaciones simples.
      3. Construcción de Extensiones de Líneas Eléctricas- cubre la instalación de líneas para llevar las facilidades eléctricas desde las líneas de la Autoridad hasta las urbanizaciones, lotificaciones y edificios.

       Anteriormente expresamos que la toma de servicio soterrada son aquellos alimentadores para el servicio eléctrico de los edificios que sean instalados bajo tie-rra o empotrados en hormigón. Art. 3.4 del Reglamento Complementario.

       Enfatizamos que el traslado surtiría efectos una vez la Autoridad aceptara dichas instalaciones. Como señaláramos anteriormente, la Autoridad inspeccionó y aceptó el sistema eléctrico. La mejor evidencia de ello es que la Autoridad suplió los servicios de energía eléctrica a algunas de las unidades de vivienda de la urbaniza-ción Ciudad Cristiana.

       La cláusula duodécima dispone que:
      “A. El propietario, por la presente, certifica que el sistema de distribución cons-truido en la Finca se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y concede a la Autoridad como garantía el término de un (1) año a partir de la fecha de la conexión del sistema de distribución de la urbanización al sistema de distribución de la Auto-ridad o a partir de la fecha del otorgamiento de esta escritura, la que resulte posterior. El Propietario se compromete mediante un documento firmado por su con-tratista electricista a reembolsar prontamente a la Autoridad cualesquiera gastos en que incurra durante dicho período de un (1) año debido a materiales y equipos de-fectuosos en su fabricación o instalación de dicho sistema de distribución, así como para corregir defectos de mano de obra.
      “B. Dicha garantía cubre, además, el reembolso de cualesquiera gastos que la Autoridad tenga que hacer con el propósito de conectar el sistema de distribución de la urbanización al sistema de distribución de la Autoridad, así como el desplaza-miento de líneas que interfieran con la construcción de la urbanización.” Apéndice, pág. 164.

       Dicho reglamento, aprobado el 18 de noviembre de 2003, derogó el Regla-mento de Servidumbres para el Servicio de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 5239 de 22 de mayo de 1995, el cual, a su vez, derogó los reglamentos relativos a servidumbres anteriores a su vigencia. No obstante lo anterior, las disposiciones citadas son esencialmente las contenidas en los reglamentos derogados.

       Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

       En este caso, el pedestal.