text:
    Ralph S. Swiggett y Mary Anna Swiggett, demandantes y apelados, v. Swiggett, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7592.

    Sometido: Enero 20, 1939.

      Resuelto: Junio 9, 1939.

      Edmond Bloch, abogado de la apelante; Dubón & Ochoteco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes instituyeron este pleito en cobro de ciertas cantidades que alegan fueron prestadas por Mary Anna Swiggett a la corporación demandada, Swiggett, Inc. La demanda expone dos causas de acción. La primera alega que los demandantes son marido y mujer y que allá por el mes de septiembre de 1934 Mary Anna Swiggett dió a prés-tamo a la demandada, en cuatro diferentes partidas, sumas que montan a la cantidad de $2,500. Que por cada una de dichas partidas la demandada suscribió y entregó a la deman-dante una obligación por igual suma, pagadera a la vista. Que no obstante sns requerimientos de pago, dicha deuda no ha sido satisfecha ni en todo ni en parte. La segunda causa de acción alega que el 26 de septiembre de 1934 (debe ser noviembre) la misma demandante dió a préstamo a la corpo-ración demandada la suma de $2,500 en un cheque que por igual cantidad recibió de W. E. Bennett en pago del precio de venta de 51 acciones que dicha demandante poseía en el capital social de la demandada. Que por convenio de las partes la cantidad prestada debería ser devuelta tan pronto lo requiriese la demandante y que a pesar de las gestiones de cobro realizadas por ésta, no le ha sido satisfecha ni en todo ni en parte.

Contestando la demandada la primera causa de acción, admitió la capacidad de las partes; negó que en septiembre de 1934 o en cualquier otra fecha la demandante le hubiera dado a préstamo la cantidad de $2,500 y negó también haber suscrito y entregado los pagarés que se describen en dicha primera causa de acción; negó además que no haya sido satisfecho el importe de dicho préstamo, y que le hubieran hecho los requerimientos de pago a que se refiere la demanda.

Como defensa especial, no obstante la alegación anterior, aceptó la demandada haber suscrito, en septiembre de 1934, por su entonces Tesorero Ealph S. Swiggett, esposo de la demandante, cuatro pagarés — expresando fechas y valor de cada uno — que montan a $2,500; pero que habiendo sido satisfechos dichos pagarés, su tenedora, Mary Anna Swiggett, los canceló y devolvió a la demandada. Eepite' la negativa de los requerimientos de pago.

Contestando la segunda causa de acción, negó la deman-dada que la demandante le hubiese prestado los $2,500 a que se refiere dicha causa de acción, y como defensa especial alegó: que en o alrededor del 26 de septiembre (debe ser noviembre) de 1934, Mary Anna Swiggett entregó a la de-mandada un cheque por $2,500. Que dicho cheque procedía del precio de 50 acciones de la corporación demandada que W. E. Bennett había comprado a la demandante. Que la mencionada suma había sido acreditada a la cnenta de la Sra. Swiggett con la demandada y qne el mismo' día 26 de noviembre de 1934, o alrededor de esa fecha, la propia de-mandante autorizó a la corporación demandada para qne debitara o cargara a sn cuenta dicha suma de $2,500, porque era la intención de Mary Anna Swiggett cancelar como canceló la obligación de devolverle dicha cantidad, constando dicha autorización en una carta suscrita por la demandante, fechada el 26 de noviembre de 1934, dirigida a la demandada, transcrita en la contestación. Negó además la demandada haber sido requerida para el pago de dicha cantidad.

Fue el caso a juicio y la corte, por los méritos de las alegaciones y la evidencia, declaró con lugar la demanda en sus dos causas de acción y en su consecuencia condenó a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de $4,577, montante de las sumas reclamadas en las dos causas de acción, luego de deducir la cantidad de $423 que la deman-dante adeudaba a la demandada. Condenó a la demandada además al pago de intereses legales sobre los $4,577, importe de la sentencia, desde la interposición de la demanda hasta el día de su pago, más las costas del litigio sin incluir hono-rarios de abogado.

Apeló la demandada, y en un alegato de 91 páginas, imputa a la corte sentenciadora la comisión de once errores, a saber:

“1. La Corte erró al dejar de declarar y decidir que Swiggett, Inc., durante el año de 1934, basta noviembre de aquel año, era, en contemplación de la ley, abierta y exclusivamente, propiedad de la demandante Mary Anna Swiggett.
“2. La Corte erró al resolver como cuestión de derecho que los $2,500 entregados a Swiggett, Inc. durante el mes de septiembre de 1934 constituyeron un ‘préstamo’.
“3. La Corte erró al no declarar ni decidir que el 26 de noviem-bre de 1934 y durante varios meses con anterioridad a esa fecha, Swiggett, Inc. estaba insolvente.
''4. La Corte erró al considerar probado y resolver que en no-viembre 26 .de 1934 Mary Anna Swiggett prestó a Swiggett, Ine. la. suma de ■ $2,500 u otra suma cualquiera.
“5. La Corte sentenciadora sostuvo que ‘la evidencia no arroja ninguna transacción, pacto o convenio que las partes pudieran haber Lecho en cuanto a la cancelación de estas obligaciones.’ También sostuvo: ‘El hecho cierto es que los pagarés no fueron cancelados-por consideración alguna.’ Todo ello fué error.
“6. La Corte cometió error al no decidir que la cancelación de no-viembre 26 de 1934, exhibit 5, y los endosos en los exhibits 1, 2, 3 y 4, fueron auténticos y debidamente otorgados.
“7. La Corte erró al sostener que para los endosos de cancela-ción en los exhibits del 1 al 4, inclusives, aún considerándolos como-contratos independientes, no hubo consideración.
“8. La Corte erró al sostener que las cancelaciones contenidas en los exhibits 1 al 5, inclusives, considerados como transacciones inde-pendientes, no fueron válidas condonaciones de deuda.
“9. La Corte erró al conceder costas a los demandantes.
“10. La Corte erró al no declarar que los demandantes están im-pedidos para reclamar, como debidas a ambos, o a Mrs. Swiggett, las-sumas mencionadas en las dos causas de acción o en cualquiera de éstas.
“11. La Corte erró al dictar sentencia en favor de los deman-dantes. ’ ’

Gran parte de los errores señalados por la apelante se refieren a la apreciación de la prueba y están tan relacio-nados entre sí que de considerárseles separadamente en el orden establecido por la apelante, incurriríamos en inne-cesarias repeticiones. Los discutiremos conjuntamente, con-siderando por separado las dos causas de acción.

La primera, como fiemos visto, tiene por objeto el cobro de los $2,500 que en distintas partidas alega fiaber prestado Mary Anna Swiggett a la corporación demandada en varios días del mes de septiembre de 1934 y por las cuales la deudora suscribió y le entregó los pagarés marcados exhibits 1 al 4 inclusives, que ascienden a la cantidad de $2,500.

En la contestación enmendada negó la demandada el préstamo, así como la existencia de los pagarés; pero en el siguiente párrafo y bajo el epígrafe de “Defensas Espe-ciales”, aceptó haber suscrito y entregado los cuatro pagarés en cuestión, alegando a la vez que habiendo sido satisfechos, la demandante los canceló y devolvió a la demandada.

Declaró Mary Anna Swiggett que los $2,500 que prestó a la demandada en septiembre de 1934 los obtuvo, mediante un préstamo que hizo, de Barbara Swiggett, y que recibió dicha suma por conducto del Royal Bank of Canada. Resultó además de la evidencia no controvertida de la demandante que las distintas partidas entregadas entre el 12 y el 24 de septiembre de 1934 fueron ingresadas en la cuenta que en el Banco tenía la demandada y aparecían en la libreta de banco que llevaba ésta como parte de su contabilidad. De no ser cierta esta evidencia de la demandante, fácil hubiera sido a la demandada impugnarla con sólo recurrir a los records del Banco. Pero no sólo no lo intentó siquiera, sino que en su declaración el Sr. Bennett, que en realidad de verdad puede ser considerado como la persona perjudicada por la acción, admitió que el préstamo de los $2,500 no era ficticio o simulado (récord, pág. 86), a pesar de que antes (récord, pág. 61), dijo que esa obligación era ficticia. Y aun cuando al calce de cada uno de los pagarés el Sr. Bennett, tres meses después de comprar las acciones y con el consentimiento ex-preso de la Sra. Swiggett, extendió una nota en maquinilla, fechada el 26 de noviembre de 1934, expresiva de que los pagarés habían sido cancelados como parte del contrato de compra a la señora Swiggett de las cincuenta acciones de la corporación, de la prueba resulta que los cuatro pagarés no han sido satisfechos y que la cancelación de los mismos no puede ser sostenida por falta de causa.

Sostiene la Sra. Swiggett que nada recibió en pago de dichas obligaciones y que no es cierto que la cancelación de las mismas fuera parte del contrato de compraventa de las 50 acciones. No pudo negar el Sr. Bennett esta aseveración de la demandante, pues él mismo, repetidas veces, manifestó en. el enrso de su declaración que se enteró por primera vez de la existencia de esta deuda a favor de la demandante alrededor de tres meses después de haberle comprado las acciones. Claro es que en tales circunstancias la cancelación de dichos pagarés no pudo ser parte de un contrato celebrado tres meses antes de conocer su existencia. Siendo ello así, la causa que se expresó en la nota de cancelación de cada uno de dichos pagarés es una causa o consideración falsa, y siendo falsa la causa, la cancelación es nula a menos que el Sr. Bennett probare que estaba fundada en otra causa ver-dadera y lícita. Artículo 1228 del Código Civil (ed. 1930).

Es la demandada quien exige el cumplimiento de lo ex-presado en las notas de cancelación y habiéndose probado que la causa en ellas expresada es falsa, incumbe a la deman-dada probar que existió otra causa o consideración verdadera y lícita.

A este efecto dice Manresa:

“En el supuesto de causa falsa, la prueba de que lo es corres-ponde al deudor o al obligado recíprocamente que no quiera cumplir el contrato, ya que la falsedad no puede presumirse, y una vez demos-trado esto, le corresponde al acreedor, o sea al que exige el cumpli-miento de lo convenido, acreditar que bubo otra causa verdadera y lícita.” 8 Manresa, Código Civil, ed. 1907, págs. 682-683. (Bastardillas nuestras.)

Explicando la demandante por qué firmó en blanco, según ella, al calce de dichas obligaciones, y las entregó al Sr. Bennett, dijo que lo hizo temiendo que su esposo, Ralph S. Swiggett, fuese dejado cesante por el Sr. Bennett. Pero no aparece de la prueba que ella celebrase pacto o convenio alguno obligándose a cancelar dichos pagarés en considera-ción a que el Sr. Bennett mantuviese al Sr. Swiggett en su colocación. Por el contrario, lo que resulta de la declaración del propio Sr. Bennett es que él se indignó al conocer la exis-tencia de los pagarés, e, imputando fraude a los Sres. Swiggett, les exigió su cancelación.

La demandada no ha demostrado que existiera otra cansa o consideración lícita y verdadera para la cancelación de los pagarés, que como hemos visto, representan una deuda legítima, que si no fue conocida por el Sr. Bennett al tiempo de comprar las acciones en noviembre de 1934, no fue por ardid u ocultación alguna de los demandantes, puesto que el crédito constaba claramente en los libros de la corporación, que bien pudo y debió examinar el Sr. Bennett antes de hacer el negocio.

Si en ausencia de ocultación o fraude, a un contratante que pudiendo no examina la cosa objeto del contrato se le permitiese repudiarlo al advertir en ella cualquier vicio o defecto, que de haberla examinado antes fácilmente hubiera descubierto, el cumplimiento de las obligaciones- contractuales estaría a merced de la voluntad o capricho del obligado.

Sostiene la demandada que como en el mes de septiembre de 1934, fecha en que tuvo efecto el alegado préstamo, la demandante era dueña de 98 de las 100 acciones de la corporación demandada, erró la corte inferior al reconocer la existencia corporativa de Swiggett, Inc., y al no estimar que Mary Anna Swiggett y Swiggett, Inc., eran la misma persona, y que no pudiendo en una misma persona coexistir la condición de deudor y acreedor, no debió sostener la validez del crédito de $2,500.

La regla general es al efecto de que la existencia de la corporación, independientemente de sus accionistas, no puede ser ignorada o descartada (disregarded). La ficción que reconoce personalidad jurídica a la corporación independien-temente de sus accionistas, se introdujo en la ley por motivos de conveniencia para promover los fines de la justicia; pero cuando la existencia corporativa se usa como un medio de amparar el fraude o subvertir los fines de la justicia, en tales casos deben los tribunales echar a un lado la ficción y negarle personalidad como entidad distinta de sus accionistas. El solo hecho de que una persona natural posea todas las acciones de una corporación, no autoriza a los tribunales para ignorar la existencia de esta ultima como persona jurí-dica distinta de la persona natural dueña de sus acciones.

De una monografía sobre la materia en 1 A.L.R. 610, 611, tomamos lo siguiente:

“El siguiente caso ilustra la importancia de la regla que sostiene que la existencia corporativa no debe ser ignorada. En Buffalo Loan, Trust & S. D. Co. v. Medina Gas & E. L. Co. (1896) 12 App. Div. 199, 42 N. Y. Supp. 781, la División de Apelación (the Appellate Division), en un caso en que el dueño ele prácticamente todas las ac-ciones ele una corporación babía negociado sus bonos, dijo: ‘En vista del hecho de que Stranahan era prácticamente el dueño de todas las acciones de la corporación y que virtualmente la corporación era su propiedad privada, a la luz de todas las circunstancias probadas con respecto a sus transacciones, la corte no debe llevar muy lejos la regla de que una corporación es una entidad legal con vida separada e independiente de las personas naturales que la integran. “La ma-nifestación de que una corporación es una persona o entidad artificial, independiente de sus miembros, es una mera descripción en lenguaje figurado de una corporación considerada como un cuerpo colectivo; una corporación es en realidad una asociación de per-sonas y ningún dictum judicial o precepto legislature puede alterar este hecho.” Morawetz, Priv. Corp., see. 227. De manera, pues, que la idea de que una corporación puede ser una entidad separada en el sentido de actuar independientemente de las personas naturales que la componen, o de abstenerse de actuar cuando es el deseo de ellas que actúe, no está basada en la razón ni en autoridad, y es con-traria a la realidad. (Citas.)’ Pero la Corte de Apelaciones, al confirmar la sentencia por otro fundamento en (1900) 162 N. Y. 67, 56 N. E. 505, dijo: ‘Sostener que Stranahan estaba en posesión legal de los bonos, de modo que podía pignorarlos en garantía cola-teral de su deuda personal con el fideicomisario (trustee) de la hipo-teca que garantizaba los bonos, porque fuera “prácticamente el dueño de todas las acciones” de la corporación, equivale a confundir los poderes de la corporación como una entidad legal con las facultades de sus accionistas. Stranahan no actuó como secretario de la com-pañía al disponer de los bonos, y el hecho de poseer él una gran parte de las acciones, no le autoriza para transmitir un título válido de la propiedad perteneciente a la corporación. El título a la pro-piedad de una compañía pertenece a la entidad llamada la “corpo-ración”, y aunque todas las acciones pertenezcan a una sola persona, ésta no puede enajenar o afectar el título legal de la corporación. Morawetz, Priv. Corp., see. 223. La administración completa de todos los asuntos de una corporación es delegada por sus accionistas en manos de un agente de la corporación. Solamente los oficiales y agentes regulares cuyos nombramientos ban sido provistos expresa o implícitamente por las cláusulas de incorporación, tienen autori-dad de actuar en su representación. Los accionistas individuales, como tales, carecen de facultades para representarla, para demandar en su nombre o para intervenir en cualquier forma con su admi-nistración. Morawetz, Priv. Corp., see. 238. Como oficial de la compañía, Stranahan tenía en su poder los bonos para levantar fondos para fines de la corporación y al usarlos para su particular bene-ficio actuó ilegalmente y sin título alguno.’ ”

En otra monografía qne sobre la misma materia aparece en 34 A.L.E. 597, suplementando la anteriormente aludida, se cita el caso de Minifie v. Rowley, (1921) 187 Cal. 481, 202 P. 673, donde se dijo:

“Para que los actos y obligaciones de una corporación puedan considerarse como actos de una persona particular y viceversa, las siguientes circunstancias deben concurrir: Primero: Que la corpo-ración no sólo esté influenciada y gobernada por esa persona, sino que baya entre ellas, tal identidad de interés y propiedad, que la corporación y la persona se hallen confundidas; segundo: que los hechos sean de tal naturaleza que el sostener la ficción de dos enti-dades distintas, bajo las circunstancias especiales del caso, equivalga a sancionar un fraude o promover una injusticia.”

En el caso que nos ocupa, podríamos admitir a los fines de la discusión que existe la primera de las dos circunstancias apuntadas por la Corte Suprema de California, pues es un hecho no controvertido que en septiembre de 1934 Mary Anna Swiggett poseía el 98 por ciento de las acciones de la corpo-ración y era su presidenta; pero no hay el más ligero indicio de prueba al efecto de que el préstamo fuera simulado o que las circunstancias del caso sean tales que al sostener el de-recho de la demandante a obtener su devolución, sancionemos un fraude o cometamos una injusticia.

A nuestro juicio, no cometió error alguno la corte senten-ciadora al declarar con lugar la demanda en cuanto a la pri-mera causa de acción.

Pasemos ahora a la segunda.

Revela la prueba-que allá por el año 1934 la vida comer-cial de la corporación demandada se desenvolvía lánguida-mente afrontando frecuentemente dificultades económicas en el cumplimiento de sus compromisos corrientes. De ahí que la Sra. Swiggett hubiera tenido que recurrir en el mes de septiembre a Barbara Swiggett en solicitud del préstamo a que se contrae la primera causa de acción y que en ocasiones anteriores hubiera hecho lo mismo apelando con igual objeto al Sr. Bennett, antiguo amigo de la familia Swiggett. Pué con motivo de una de estas dificultades que en el mes de noviembre de 1934 los Sres. Swiggett solicitaron del Sr. Bennett un préstamo para la corporación. El Sr. Bennett, que no consideraba suficientemente garantizado su dinero por la forma en que el Sr. Swiggett administraba la corporación, les manifestó que él no estaba dispuesto a hacer el negocio sin tener él el control de la corporación, y fué así que con-cibió la idea de adquirir la mayoría de las acciones, com-prando a la Sra. Swiggett 50 ó 51 de las 98 que ella poseía. Compró dichas acciones por precio de $2,500. Según el Sr. Bennett, como antes hemos indicado, fué condición del con-trato que al recibir la Sra. Swiggett el precio de las acciones vendidas, lo ingresaría en la corporación como una propiedad de esta última para hacer frente a ciertos compromisos pen-dientes.

Según la versión de la Sra. Swiggett, fué convenido entre las partes que si bien debería facilitar los $2,500 a la corpo-ración, sería en calidad de préstamo solamente.

Claro es que si la preponderancia de la prueba demuestra que la versión de la Sra. Swiggett es la verdadera, es decir, que ella había de entregar y que en efecto entregó a la corpo-ración los $2,500 en calidad de préstamo, la sentencia, en lo qne respecta a la segunda cansa de acción, deberá ser con-firmada.

Si, por el contrario, la versión del Sr. Bennett fné lo con-venido entre las partes y el contrato estuvo fundado en una causa lícita, en tal caso la sentencia apelada, en cuanto a la segunda causa de acción, es errónea y procede su revocación.

A primera vista parece lógico y justo que siendo la Sra. Swiggett la dueña de las acciones, al vender un número de ellas al Sr. Bennett, su precio pertenezca a la vendedora y no a una entidad distinta, como lo es la corporación deman-dada. Pero existen en este caso circunstancias que inclinan la balanza de la prueba a favor del Sr. Bennett. Ya cono-cemos la situación económica por que atravesaba la corpora-ción cuando en el mes de noviembre de 1934 compró Bennett las acciones. El estado económico de la compañía bacía que sus acciones, cuyo valor nominal era de $100 cada una, tu-viesen un valor tan inferior que el Sr. Bennett trató de probar que era de $9 cada una, a lo que se opusieron los demandantes, siendo sostenidos por la corte; y que aun los propios deman-dantes, en su prueba de refutación (rebuttal), llamasen al Sr. Swiggett a la silla testifical con el fin de probar que las acciones en noviembre de 1934 tenían un valor de $45 cada una, o sea un 45 por ciento del precio que el Sr. Bennett había pagado por ellas. De modo, pues, que al vender la Sra. Swiggett las 50 acciones a Bennett y venir el precio a engrosar el capital de la corporación, las 48 acciones que ]e quedaron a ella subieron considerablemente de valor. Al mismo tiempo se interesó en la corporación una persona que por su posición económica podía ayudarla a desenvolverse en las dificultades que frecuentemente se le presentaban. Pero aparte de estas consideraciones existe además otra circunstancia que milita fuertemente a favor de la versión de Bennett, y es que el mismo día 26 de noviembre, en que tuvo efecto la venta de las acciones, la Sra. Swiggett dirigió a la demandada la siguiente carta:

“Swiggett, Ine.,
“San Juan, Puerto Rico.
‘ ‘ Señores:
“En el día de boy les be entregado un cheque por dos mil qui-nientos dólares ($2,500.00) que be recibido de W. R. Bennett en pago de cincuenta acciones de esa corporación. Ustedes ban acreditado a mi cuenta esa cantidad. El objeto de esta carta es autorizarles y ordenarles que carguen {debit) a mi cuenta dicba suma por ser mi deseo cancelar y por la presente cancelo dicba obligación.
“Atentamente,
“ (Fdo.) Mary Anna Swiggett.”

(Demandada, exhibit 5.)

Esta carta fué presentada en evidencia por la demandada sin oposición de los demandantes, quienes- admitieron la autenticidad de la firma de Mary Anna Swiggett, que aparece suscribiéndola. Esta carta no armoniza con la versión de la Sra. Swiggett, y en vano liemos escudriñado el récord en busca de una explicación del motivo o causa que la impulsara a escribirla. Podemos explicárnosla solamente aceptando como cierta la versión del Sr. Bennett, pues si los $2,500 hubieran sido facilitados a la corporación en calidad de prés-tamo, como alega la Sra. Swiggett, indudablemente que esta carta no hubiera sido escrita en ningún momento.

La preponderancia de la prueba tiende a demostrar que la versión de Bennett es la correcta, es decir, que fué con-venido entre las partes que el precio de las cincuenta acciones compradas a la Sra. Swiggett ingresaría en las arcas de la corporación como capital exclusivo de dicha entidad jurí-dica. La cuestión que surge ahora es la siguiente: ¿Existió causa'en este contrato? A este respecto conviene recordar que al tiempo de celebrarse este contrato la situación econó-mica por que atravesaba la corporación era en extremo pre-caria, de tal suerte que frecuentemente carecía de dinero con que hacer frente a sus compromisos corrientes, faltán-dole a veces efectivo para retirar del express la mercancía que recibía de los Estados Unidos. La propia señora Swig-gett algún tiempo antes tuvo que solicitar de Bárbara Swiggett que le prestase los $2,500 de la primera causa de acción para bacer frente a compromisos del negocio. De seguir en esas condiciones los asuntos de la corporación, I qué otra cosa que no fuera la quiebra o el desastre podía ■esperar? Y si esto Rubiera sucedido, ¿adonde hubieran ido a parar las 98 ó 99 acciones de la Sra. Swiggett? Fue en estas precarias circunstancias que los $2,500 de Bennett vi-nieron a alimentar, a dar vida, por decirlo así, a la corpora-ción que, exhaustas ya sus fuerzas económicas, amenazaba •desplomarse, quizá para no levantarse más. ¿No era el in-greso de ese dinero en el tesoro de la corporación causa sufi-ciente para que la Sra. Swiggett se desprendiese de la mitad de sus acciones para salvar así la otra mitad que retenía? La Sra. Swiggett, al hacer ese negocio, recibía un beneficio. Ese servicio prestado por Bennett, sea grande o sea pequeño, tanto en el Derecho Civil como en la Ley Común, constituye ■causa o consideración lícita y suficiente para la validez del contrato. Artículo 1226 del Código Civil, edición 1930. En cumplimiento de ese contrato fué que la Sra. Swiggett escri-bió la carta de 26 de noviembre, supra, por la que canceló ■el crédito de $2,500 objeto de la segunda causa de acción, crédito que indebidamente se le había reconocido en los libros ■de la corporación demandada. A este efecto ha dicho Man-resa, comentando el concepto de la causa en el Derecho Civil -español:

“. . . Esa presunción hace muy difícil la alegación de que falta ■causa en contratos como la compraventa o la permuta, que, im-poniendo obligaciones recíprocas, llevan en sí mismos la causa sufi-ciente, necesitándose prueba, que no medió precio o no se cUó cosa ■alguna, para reputarlos faltos de aquélla. ’ ’ 8 Manresa, Código Civil, ed. 1907, pág. 678. (Bastardillas nuestras.),

Para un estudio histórico y comparativo de la causa en el Derecho Civil y la consideración de la Ley -Común, véanse el artículo del Profesor Corbin, de la Universidad de Yale, publicado en 50 Harvard Law Review 449, titulado “Recent Development in Contracts”, y el de Sir William Searle Holdswortb, Profesor de Derecho de la Universidad de Oxford, titulado “The Modern History of the Doctrine of Consideration,” publicado originalmente en 2 Boston University Law Review, págs. 87,174, y reproducido en la página 61 y siguientes de la obra “Selected Readings on the Law of Contracts”, publicada bajo los auspicios de The Association of American Law Schools.

De la evidencia no resulta que el capital que en la corpo-ración tenía la Sra. Swiggett tuviese el carácter de privativo. Por el contrario, debemos presumir que tiene carácter de ganancial, puesto que la demanda se presentó a nombre de Mary Swiggett y su esposo Ralph S. Swiggett. Si fuera bien privativo, indudablemente' el esposo no hubiera sido parte en este pleito: Artículo 54, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia en cuanto declaró con lugar la primera causa de acción, revocarla en cuanto a la segunda, y condenar a la demandada, Swiggett, Inc., por concepto de la primera causa de acción, a pagar a los demandantes la cantidad de $2,077 de principal, luego de deducida la suma de $423 adeudada a la demandada por Ralph S. Swiggett, esposo de la demandante, con más inte-reses legales desde la interposición de la demanda y las costas, sin incluir honorarios de ahogado.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado de esta sentencia y con parte de la opinión en cuanto se refieren a la primera causa de acción y disiente en cuanto a la segunda causa de acción.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la opinión en cuanto confirma la sentencia apelada en relación con la primera causa de acción y disiente en cuanto la revoca en relación con la segunda causa de acción.

      3STota: Véase el prefacio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Josefina Fuentefría, et als., peticionarias ante la Comisión Industrial.
    Núm. 155.

    Sometido: Junio 5, 1939.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      Virgilio Brunet y F. Bébollo López, abogados de la peticionaria ante la Comisión; Hon. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el Administrador del Fondo del Estado recurrió para ante este tribunal de la resolución que a favor de las beneficiarías del obrero Miguel Parque dictó la Comi-sión Industrial con fecha primero de agosto de 1938. El abogado Sr. Brunet compareció en representación de Josefina Fuentefría, viuda del obrero Parque.

Tanto el Sr. Brunet como la representación legal del Fondo del Seguro del Estado radicaron extensos alegatos e informaron oralmente en apoyo de sns respectivas posiciones, recayendo finalmente resolución confirmatoria de la dictada por la Comisión Industrial. Terminado así el procedimiento, presentó ante este tribunal el abogado Sr. Brunet una moción en que solicita que de acuerdo con las disposiciones de la sección 35 de la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, (1) pág. 251) se fijen sus honorarios por los servicios prestados a su representada en este Tribunal.

Hasta ahora nadie había sugerido que los honorarios del abogado del obrero o sus herederos o beneficiarios deba pa-garlos el Fondo del Estado cuando la resolución sea adversa a las contenciones del Administrador de dicho Fondo. No teniendo el Administrador del Fondo interés alguno en el resultado de dicha moción de honorarios, naturalmente no fue notificado de ella. En su informe oral en la vista de la moción expresó el abogado Sr. Brunet que era injusto que sus honorarios fuesen pagados con cargo a la compensación que correspondiese a su cliente, e. indicó que debían ser pa-gados por el Fondo del Estado, toda vez que la actuación del Administrador al recurrir para ante este tribunal había obligado a su cliente a utilizar sus servicios aquí. Como el Administrador no había sido notificado de la moción solici-tando honorarios de abogado, acordó este tribunal conceder permiso al Sr. Brunet para que enmendase su moción y la notificase al Administrador del Fondo del Estado, señalán-dose una audiencia para oír a las partes. Así se hizo, com-pareciendo ambas partes a la vista señalada para el 5 del ■ actual. Informaron oralmente y la representación legal del Administrador del Fondo del Estado radicó una moción fun-damentada, oponiéndose a las pretensiones del abogado de la viuda del obrero, al efecto de que sus honorarios por los servicios prestados ante este tribunal fuesen pagados por el Fondo del Estado.

Como no existe contención alguna en cuanto al derecho del Sr. Brunet a que se le paguen sus honorarios por los servicios prestados ante este tribunal y la única contención es quién debe pagarlos, si el obrero o si el Fondo del Estado, empezaremos por determinar quién debe pagarlos e inme-diatamente después fijaremos su cuantía.

A falta de una ley que lo autorice, los tribunales no tienen facultades para hacer pronunciamiento de costas. En otras palabras, el pronunciamiento de costas no es un poder inherente de los tribunales. 7 E.C.L. 781. Tampoco pueden incluirse en un memorándum de costas los honorarios de abogado en defecto de una ley que así lo autorice. 7 R.C.L. 792. Por consiguiente, para determinar si el peticionario tiene derecho a que tales honorarios los pague el Fondo del Estado, precisa recurrir a la Ley núm. 45 de 1935, supra, única que puede darnos luz alguna sobre esta cuestión.

Las disposiciones de dicha ley que tienen pertinencia a la cuestión en controversia, son los artículos 11 y 35, que literalmente dicen así:

“Artículo 11. Cualquier parte interesada podrá presentar co-pias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con esta Ley, contra la cual se baya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá soli-citarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del término de quince (15) días después de su notificación; Disponién-dose, que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho.
“Ninguna de las partes inmirrirá en costas de clase alguna en la tramitación de los recursos establecidos por esta Ley.
“Artículo 35. Los obreros o empleados no necesitarán compare-cer asistidos de abogados ante el Administrador del Fondo del Es-tado o ante la Comisión Industrial para la gestión, liquidación o re-solución de sus casos, pero si decidieren obtener los servicios de alguno para la mejor dirección y defensa de sus casos, la Comisión Industrial fijará el tanto por ciento que deba pagársele al abogado en la gestión de una reclamación en favor del empleado u obrero o sus herederos o beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
“En tales casos la Comisión Industrial fijará, con cargo a la com-pensación que se conceda, el tanto por ciento que deba corresponder al abogado como honorarios. No se permitirá bajo ninguna circuns-tancia la comparecencia de agentes u otras personas en ningún caso en reclamación ante la Comisión Industrial a menos que se trate de un menor o incapacitado en el cual caso la persona que represente al menor o incapacitado no podrá cobrar suma alguna ni recibir re-muneración alguna de ninguna índole por representar o ayudar en su reclamación de compensación al interesado.
“En los casos que sean objeto de revisión ante las cortes y en los de mandamus autorizados por esta Ley y en que se utilicen los servicios de un abogado, la Corte ante la cual se vea el caso -fijará los honorarios que equitativamente debe recibir el abogado.” (Bastar-dillas nuestras.)

Ninguna de las dos disposiciones legales transcritas auto-riza a este tribunal para imponer al Fondo del Estado el pago de los honorarios del abogado del obrero o de sus herederos o beneficiarios, y ya hemos visto que a falta de un estatuto que lo autorice, los tribunales carecen de facultad para condenar a la parte perdidosa al pago de honorarios de abogado. Por el contrario, el artículo 11 supra dispone que “ninguna de las partes incurrirá en costas de clase alguna en la tramitación de los recursos establecidos por esta Ley.” Un pronunciamiento de honorarios de abogado a favor del obrero o sus beneficiarios con cargo al Fondo del Estado estaría en contravención al precepto legislativo que dispone que ninguna de las partes incurrirá en costas en la tramita-ción de los recursos establecidos por la ley. Por el contrario, al autorizar el artículo 35 a la Comisión Industrial para fijar los honorarios del abogado del obrero o sus herederos o bene-ficiarios, y disponer que sean pagados con cargo a la compen-sación que se conceda, nos da la pauta a seguir en cuanto a los honorarios que fije este tribunal, pues no existiendo razón alguna que justifique establecer distinción en cuanto a la fuente de donde deben pagarse tales honorarios, debemos seguir el criterio establecido para la Comisión Industrial, es decir, que dichos honorarios se paguen con cargo a la com-pensación que se conceda al obrero o sus beneficiarios, pues donde existe la misma razón debe aplicarse la misma ley. Por consiguiente, resolvemos que los honorarios del abogado del obrero, sus herederos o beneficiarios deberán pagarse, en todo caso con cargo a la compensación que se les haya concedido. Claro está que el Administrador del Pondo del Estado, teniendo en cuenta el espíritu humanitario que ins-pira esta ley, no establecerá recursos para ante este tribunal que no sean meritorios, evitando así causar perjuicios inne-cesarios al obrero, sus herederos o beneficiarios.

Determinado quién debe pagar los honorarios del abogado de la beneficiaría, Sra. Puentefría, pasemos ahora a deter-minar la cuantía de dichos honorarios.

La cuestión legal envuelta en nuestra resolución de 9 de mayo último no se había promovido antes en esta jurisdic-ción y su importancia es evidente. Pero no debemos olvidar que se trata de fijar el valor de los servicios prestados en este tribunal solamente, sin que perdamos de vista que las cuestiones aquí suscitadas fueron las mismas que se levan-taron y. resolvieron en la Comisión Industrial, lo que nece-sariamente implica, por lo menos en lo que a este caso res-pecta, que no requirió nuevo esfuerzo por parte del abogado su trabajo en este tribunal, pues ya lo había hecho con éxito en la Comisión Industrial. También debemos tener en cuenta que la persona que ha de pagar dichos honorarios es la viuda de un obrero, necesariamente pobre.

Sentadas estas premisas, y habida cuenta de que el tra-bajo del Sr. Brunet consistió en un extenso y bien razonado alegato y en su informe oral el día de la vista del recurso de revisión, entendemos que la cantidad de $50 compensa razonablemente los servicios prestados por dicho abogado ante este tribunal, teniendo en cuenta además que por los prestados ante la Comisión Industrial y ante el Adminis-trador del Pondo del Estado será debidamente compensado por la Comisión Industrial.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Juan Eugenio Serrallés Sánchez, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. Félix Juan Serrallés Sánchez, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. La Sociedad Civil y Agrícola Industrial “Sucesión J. Serrallés”, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7809, 7810 y 7811.

    Sometidos: Enero 31, 1939.

      Resueltos: Junio 13, 1939.

      V. Zayas Pizarro, abogado de los apelantes; Son. Procurador General B. Fernández García j M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Eugenio Serrallés, Félix Juan Serrallés y la Socie-dad Civil-Agrícola Sucesión J. Serrallés entablaron estos pleitos, que envuelven las mismas cuestiones legales, contra el Tesorero de Puerto Bico B. Sancho Bonet, en reclamación de $1,050 el primero, $1,218.01 el segundo y $2,508,75 la ter-cera, pagados bajo protesta, con intereses y costas.

Alegaron en sus demandas que compraron tres aeropla-nos, respectivamente, a “Fairchild Airplane Co.”, de Hagers-town, Maryland, en febrero, 1937, uno, a “Stimson Aircraft Co.”, de Wayne, Michigan, en noviembre de 1936, otro, y a “Beechcraft Aircraft Co.”, de Wichita, Kansas, también en noviembre de 1936, otro, habiéndolos inscrito en el Departa-mento Federal de Washington, D. C., como “licensed air-crafts” para uso particular de los compradores en Puerto 'Rico y entre esta Isla y Estados Unidos y otras naciones, llegando aquí en febrero de 1937 el primero y en noviembre, de 1936 los dos últimos. ¡

Alegaron además que por el Tesorero demandado se les requirió para el pago de un arbitrio sobre los dichos aero-planos como comprendido en el inciso 8 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas de 1931 (Ley núm. 83 de 1931, pág. 505), según fue enmendada por la Ley núm. 108 de mayo 15, 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 567), que con recar-gos, intereses y multas, ascendía a las sumas indicadas que bajo protesta pagaron y que reclaman de acuerdo con la Ley núm. 8 de abril 19, 1927 (Leyes de 1927, pág. 123), y sus en-miendas, por los siguientes motivos:

1. Porque dichos aeroplanos fueron adquiridos en Estados Unidos e inscritos bajo licencia federal para ser usados no solamente en Puerto Rico si que en viajes a Estados Unidos y a otras naciones, no estando por tanto sujetos a ley alguna de arbitrios de Puerto Rico;

2. Porque la ley de Rentas Internas de Puerto Rico no impone en verdad arbitrio alguno a los aeroplanos;

3. Porque las sumas impuestas como intereses son ile-gales por exceder del tipo autorizado por el estatuto que regula la materia;

4. Porque los demandantes no se negaron a suministrar las facturas ni dejaron de pagar el impuesto dentro del tiempo reglamentario, habiéndose limitado a adoptar una actitud defensiva;

5. Porque las valoraciones de los aeroplanos hechas por el Tesorero son inexactas; y

6. Porque el recargo del cinco por ciento sobre el supuesto valor de los aeroplanos, más los intereses al tipo ilegal del doce por ciento anual, más las multas administrativas de veinte y cinco dólares por la supuesta negativa de los deman-dantes a proporcionar la factura, más las multas administra-tivas de veinte y cinco dólares por no haberse pagado en tiempo el arbitrio, constituyen cuatro impuestos adicionales' o penalidades sobre un mismo objeto y por un mismo acto, no permitidos por la ley, y si la ley los autorizara sería anticonstitucional por carecer del requisito de uniformidad, por ser una cuádruple contribución, por constituir una cuá-druple penalidad equivalente a una confiscación sin el debido proceso de ley y porque el Tesorero carece de facultad para imponer multas, facultad que tampoco puede serle delegada por la Legislatura.

En sus contestaciones el Tesorero aceptó algunos hechos y negó otros. Sostuvo, en resumen, la validez de su actuación.

Fueron los pleitos a juicio; Los demandantes presentaron evidencia documental y testifical. La corte falló en contra :suya y apelaron para ante este tribunal señalando en un ale-gato, común a los tres recursos, nueve errores como come-tidos por la corte de distrito, 1, al resolver que los aeroplanos están comprendidos en el inciso 8, sección 16, de la Ley de Bentas; 2, al decidir que no es aplicable el caso de McBoyle v. United States, 283 U. S. 25; 3, al resolver que el arbitrio impuesto no interfiere con la Ley Nacional de Comercio Aéreo de 1926; 4, al concluir que no tiene aplicación el caso de Station WBT v. Poulnot, 46 F. (2d) 671; 5, al no declarar que la valoración del Tesorero era inexacta; 6, al resolver que los intereses se cobraron de acuerdo con la ley; 7, al no resolver que los demandantes no dejaron de suministrar la documentación necesaria, ni tampoco de pagar el impuesto dentro del tiempo reglamentario; 8, al no decidir que los recargos, intereses y multas constituyen cuatro penalidades por un mismo acto, y 9, al dictar sus sentencias en contra de los hechos y la ley. Según la opinión que del caso hemos formado, bastará sólo la consideración y resolución de los dos primeros para la decisión del recurso.

En su relación del caso y opinión la corte de distrito declaró probados los hechos relativos a la compra de los aeroplanos en los varios estados de la Unión, a su registro en el Negociado de Aviación del Departamento de Comercio en Washington y al cobro por el Tesorero y pago por los demandantes bajo protesta de las sumas reclamadas tales como fueron alegadas en las demandas, declarando probado además que los aeroplanos “son usados únicamente en el aire; vinieron volando desde los Estados Unidos, cuando fueron importados, a Puerto Rico; su círculo de actividades sobrepasa los límites geográficos de la Isla de Puerto Rico, pues son usados para hacer viajes a Saint Thomas (Islas Vírgenes) a la República Dominicana y a otros sitios en el extranjero, para negocios de la Sucesión Serrallés,.... Algunas veces han sido facilitados esos aviones, por amistad, a ciertas personas, pero no han cobrado por tales servicios de transporte.”

Como sabemos en los dos primeros señalamientos de error se sostiene que la ley puertorriqueña no grava los aeroplanos con el arbitrio cobrado y que así debió resolverlo la corte de distrito tanto por el contexto del estatuto cuanto por el razonamiento del caso de McBoyle v. United States, 283 U. S. 25.

La ley aplicable es la sección 16, inciso 8 de la de Rentas de Puerto Rico tal como quedó enmendada por la 108 de 1936 (Leyes de 1936, (1) pág. 569.) Dice:

“8. ‘Vehículos y aparatos de auto-impulsión’ y lanchas y totes de motor. — Sobre todo vehículo y aparato movido por propia im-pulsión, tales como automóviles, autovagones, camiones, locomotoras, tractores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chassis, motores, cuerpos de autos sin motor, tanques, baterías, lanchas, tengan o no puestos los mo-tores, motores para las mismas, incluyendo motores usados para la parte exterior, y sobre toda parte o accesorios para cualesquiera de los artículos aquí enumerados, excluyendo neumáticos, tubos inte-riores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico siempre que dicho precio de venta en Puerto Rico no exceda de mil quinientos (1,500) dólares; Disponiéndose, que sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o in-troducción en Puerto Rico de los vehículos o aparatos de propia im-pulsión y partes y accesorios de los mismos descritos en esta sec-ción, con excepción de lanchas y botes, cuyo precio de venta en Puerto Rico sea mayor de mil quinientos (1,500) dólares y no ex-ceda de dos mil (2,000) dólares, el impuesto será de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta y sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de los vehículos o aparatos de propia impulsión, y partes y accesorios de los mismos, descritos en esta sección, con excepción de lanchas y botes, cuyo precio de venta en Puerto Rico exceda de dos mil (2,000) dólares, el impuesto será de quince (15) por ciento sobre el precio de venta; Disponiéndose, además, que las personas no residentes en Puerto Rico que usen automóviles de su propiedad para fines exclusivamente per-sonales, estarán exentas del pago del impuesto prescrito por esta Ley por el período que usen licencia especial del Comisionado del Interior. Al expirar este período y adquirir la licencia ordinaria de dicho Comisionado, o antes, si el automóvil es destinado a otros usos, que los que aquí se consignan, pagarán los impuestos de rentas internas. ’ ’

La palabra vehículo procede de la latina vehiculum que viene de vehare que significa conducir, transportar. Se usa para designar un carruaje o cualquier otro artificio en que se puede transportar personas o cosas de un lugar a otro. Véase el tomo segundo, página 981, del Diccionario Enciclo-pédico de la Lengua Castellana de Zerolo.

Siendo ello así, precisa concluir que dentro del más amplio significado de la palabra, tuvo razón la corte sentenciadora al considerar que un aeroplano es un vehículo. “Un avión ha sido definido como incluyendo cualquier clase de vehículo o estructura intentada para ser usada como medio para el transporte de pasajeros o carga o ambos por el aire”, se dice en 2 C. J. 299, basándose en la siguiente cita: Conn. Pub. Acts (1911), p. 1348, e. 86, sec. 1 (quit 26 Bench ■& Bar 10).

Pero no puede negarse que la primera impresión que la palabra produce, la natural, la corriente, no lleva a la mente la idea del avión, si que la del carruaje que camina por tierra.

Como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio del Juez Sr. Holmes en el caso que los apelantes invocan:

■ “La sección 2 define los vehículos de motor cuya transportación en comercio interestadual se castiga por la sección 3. La cuestión a resolverse es el significado de la palabra ‘vehículo’ en la frase ‘cualquier vehículo de propulsión propia no diseñado para correr en railes.’ Sin duda etimológicamente puede usarse la palabra para significar un aparato que se mueva por tierra, aire o agua, y al-gunas veces la legislación extiende su uso en tal dirección, e. g., tierra y aire, disponiéndose por separado para el agua en la Ley sobre Ta-rifas de septiembre 22, 1922, e. 365, see. 401 (b), 42 Stat. 858, 948. Pero en su uso diario ‘vehículo’ trae a la mente el retrato de algo que se mueve por tierra. ” McBoyle v. United States, 283 U. S. 25, 26.

Y esa interpretación bacía cinco años que se había dado cuando la Legislatura de Puerto Rico. enmendó por última vez la ley de que se trata en la forma que se aplicó a las importaciones de los demandantes.

Además, recientemente esta propia Corte Suprema de Puerto Rico, interpretando la misma ley aquí envuelta, en el caso de Bull Insular Line, Inc. v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 865, 866, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“No tenemos duda alguna de que vehículo es una palabra que generalmente se aplica a aquellos objetos que se mueven en tierra y no a algo que se mueve en el agua y que con ese sentido fue que se usó en la ley.”

Además aunque es verdad que las palabras específicas usadas por el legislador para concretar su pensamiento no preceden, si que siguen a las generales, es cierto que la lectura de la ley produce una impresión tan fuerte en el sentido de estar limitada a los vehículos terrestres, que sólo forzando la imaginación podrían comprenderse en ella los aeroplanos. La misma designación por separado de las lanchas y botes de motor — transporte marítimo — hace aún más claro el pen-samiento legislativo.

Creemos que en verdad lo que la ley interpretada en sí misma demuestra es que el legislador no pensó al redactarla en los aviones, y si pensó, no quiso comprenderlos dentro de ella quizá estimando que tratándose de un nuevo medio de transporte siempre difícil y costoso en sus comienzos, no debía imponérsele gravamen alguno hasta que su adaptación se consolidara, contribuyendo de tal modo a su desarrollo que tan necesario ha llegado a ser para el progreso de los pueblos.

Deben revocarse las sentencias apeladas y dictarse otras ordenando el reintegro de las sumas pagadas bajo protesta, con intereses y costas sin incluir en éstas los honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario Márquez Muñoz, acusado y apelante.
    Núm. 7669.

    Sometido: Junio 1, 1939.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      Antonio L. López, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Lwis ' cTañer, Fiscal Auxilia/r, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto de infringir la Ley del Cierre, según la misma figura en el artículo 553 del Código Penal y sus enmiendas. Los becbos> imputados fueron que el acusado se bailaba en una pulpería donde tenía unas mesas de billar; que el Día de Acción de Gracias, noviembre 25, 1937, el acusado o uno de los empleados del establecimiento vendió un rollo de papel de inodoro a un parroquiano y entonces se inició el proceso.

La denuncia lee así:

“. . . Que en 25 de nov. 3:30 P. M. de 1937, y en la calle Georgetty de Caguas, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Ca-guas, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el referido acusado Mario Márquez, allí y entonces, ilegal, volunta-ria y maliciosamente, violó lo dispuesto en el Art. 553 del Código, Ley Núm. 110, porque siendo dueño de una tienda de pulpería la tenía abierta al público y efectuaba transacciones con el público y le vendió al individuo Narciso Sola un rollo de papel de inodoro por medio de su dependiente Bonifacio Caballero, a sabiendas que dicho día era de fiesta legal (Día de Acción de Gracias), que es un día que deben permanecer cerrados al público todos los establecimientos comerciales e industriales sin efectuar transacciones comerciales de ninguna clase, violando de este modo lo dispuesto en la Ley Núm. 110 del Art. 553 del Código Penal. Hecho contrario a la ley.”

La prueba no nos convence de que el acusado fuera dueño del establecimiento, mas el policía y el fiscal insisten en que se demostró que él era suficientemente el dueño para haber violado el artículo 553, supra. El policía dijo y continuó diciendo que el acusado representaba a su hermano. La patente figuraba claramente a nombre del hermano.

Sin embargo, en la denuncia se alegaba definitivamente que el acusado era dueño del establecimiento. En ella no había tentativa alguna de procesarle por tener el estableci-miento abierto en representación de su hermano, conforme sucedió en el caso de El Pueblo v. Hiraldo, 54 D.P.R. 639. Las palabras esenciales de la denuncia en dicho caso eran “ ... siendo representante o agente del establecimiento comer-cial de la propiedad de Juan Gr. Alberty.” Toda la prueba tiende a demostrar que el acusado no era el dueño, sino que meramente tenía allí unas mesas de billar; que como su hermano estaba ausente el acusado lo representaba en aquel momento.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado. ,


text:
    Juan Rivera López de Victoria, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1052.

    Sometido: Junio 8, 1939.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rivera López, por conducto de su abogado A. L. López, presentó en el Registro de la Propiedad de Caguas la escritura número 73, de 5 de abril de 1939, otorgada ante el notario Antonio L. López, por la cual Pedro Batista Andino y su esposa segregaron y le vendieron una finca rústica ubicada en el barrio Tomás de Castro, del término municipal de Caguas, que mide quince metros de frente por veinte metros de fondo.

El registrador inscribió el documento “con el defecto subsanable de no describirse el resto de la finca después de hecha la segregación.”

De esta nota recurrió Rivera López y en apoyo de su recurso cita el caso de Irizarry Cruz v. Registrador, 38 D.P.R. 501, en el que siguiendo lo resuelto en Cadilla v. Registrador, 19 D.P.R. 80, se sostuvo que “el dejar de des-cribir, en una escritura de segregación y venta, el resto de la finca principal después de hecha la segregación no cons-tituye un defecto subsanable del título.”

El registrador, en su alegato, bace una relación de las segregaciones que según las constancias del registro fia sufrido la finca principal de la cual procede aquélla de donde se bizo la segregación que es objeto del documento motivo de este recurso, demostrando así que el notario autorizante no describió el resto de la finca principal de donde se hizo esta segregación, que debió serlo una de 7.268 cuerdas y no la de 14.411 cuerdas como se expresa en la escritura, no teniendo en cuenta el notario, al así hacerlo, las segregaciones anteriores de que había sido objeto el resto de 14.411 cuerdas.

El registrador cita en su apoyo el caso de Medrano v. Registrador, 38 D.P.R. 821, en el que este tribunal resolvió que constituye defecto subsanable en una escritura de segre-gación y venta el no describirse la finca de la cual se hace la segregación, tal y como quedó después de segregaciones anteriores. Pero éste no fué el defecto consignado en la nota. El defecto que consigna la nota, como hemos visto, es el de “no describirse el resto de la finca después de hecha la segre-gación”, lo cual no constituye defecto alguno.

Siendo ello así, tenemos que limitarnos al defecto consig-nado en la nota y no podemos considerar cualquier otro no expresado en ella.

En 2 Gralindo, '“Legislación Hipotecaria”, 626, se cita la resolución de la Dirección G-eneral de los Registros, de 31 de agosto de 1896, donde se dijo:

“La resolución lia de recaer sobre los defectos consignados en la nota que bayan sido motivo de la apelación, sin que sea lícito resolver respecto de defectos que el registrador no hubiere expresado en la nota, y sí alegado al tramitarse el recurso.”

Véase al mismo efecto González v. Registrador, 23 D.P.R. 806, donde se cita a 2 Gralindo, “Legislación Hipotecaria”, 626.

Por lo expuesto, procede revocar la nota recurrida, y ordenarse la inscripción solicitada, sin el defecto señalado por el registrador.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Miguel J. Arzuaga, demandante y apelado, v. Cándido Ramírez Muñoz, E. Ortiz Sandoval y Juan Pomales, demandados y apelantes.
    Núm. 7988.

    Sometido: Junio 12, 1939.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      L. Lloréns Torres y A. D. Marchand Paz, abogados de los apelantes; F. González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es nna apelación de nna sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Jnan en nn pleito que fné a ella procedente de la Corte Municipal de Kío Piedras condenando a los demandados a pagar al demandante ciento cinenenta dólares con las costas sin inclnir honorarios de abogado, cnya desestimación, por falta de jurisdicción, solicita la parte apelada.

Pnnda la dicha parte apelada sn moción en qne siendo la cnantía de la sentencia inferior a trescientos dólares, no procede el recurso para ante este tribunal de acuerdo con lo prescrito en el art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.

La parte apelante se opone alegando que habiéndose re-clamado y concedido en la Corte Municipal la suma de cuatro-cientos sesenta dólares, es ésa la cuantía determinante de la jurisdicción y no la de la sentencia que dictara la corte de distrito en grado de apelación.

Hace ya años que el precepto de ley envuelto fué interpretado y aplicado por esta Corte Suprema. En el caso de Nadal v. Am. R. R. Co., 19 D.P.R. 1080, 1082, Rabiando por su. Juez Presidente Sr. Hernández, se expresó así:

“¿Para determinar la jurisdicción de esta corte, debemos atender a la cuantía de la demanda o a la de la sentencia?
“Examinado el texto de nuestro estatuto que dejamos transcrito, no cabe establecer como regla general y absoluta que para fijar la jurisdicción de esta corte en casos originados en las cortes munici-pales debe atenderse siempre al valor de la reclamación, pues babrá casos en que deba atenderse a la cuantía de la sentencia. Las palabras de la ley deben interpretarse siempre con efecto, y si admitiéramos que para determinar la viabilidad del recurso sólo debía atenderse a la cuantía de la reclamación, holgarían las palabras de la ley re-lativas a la cuantía de la sentencia.
“Para que podamos dar efecto a las palabras del estatuto debe-mos interpretarlo en el sentido de que al determinar la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en casos procedentes de las cortes municipales, debe atenderse a la cuantía de la demanda o de la reclamación siempre que esa cuantía sea la materia a discutir en el recurso y a la cuantía de la sentencia cuando la de ésta y no la de la demanda sea la ma-teria del recurso.
“Con arreglo a la anterior doctrina, si Salvador Nadal hubiera interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez, para que se le reconociera la in-demnización de $400 que había solicitado en la demanda, la juris-dicción de esta Corte Suprema se determinaría por la cuantía de la misma demanda, pero como él no interpuso recurso de apelación sino que fué interpuesto por la demandada The American Railroad Company of Porto Rico, para que se le relevara de la indemnización de $280 a que estaba condenada por sentencia, procede determinar la jurisdicción de esta corte por la cuantía de la sentencia, cuya cuan-tía y no la de la demanda es la materia a discutir en el recurso. Tan es así que no habiéndose interpuesto por Salvador Nadal recurso de apelación, esta corte no podría acordarle indemnización superior a la de $280 que se le reconoce por la sentencia apelada.”

Aplicada esa jurisprudencia a los Rectos de este caso, lo resuelve en favor de la moción. El demandante reclamó $460. La corte municipal condenó a los demandados a pagár-selos. Apelaron los demandados para ante la corte del dis-trito. Ésta juzgó el caso de nuevo y dictó sentencia por $150. El demandante se conformó. ¿ Pueden los demandados continuar apelando para ante este tribunal? No, porque dada la actitud asumida por el demandante la única cuantía final-mente envuelta en el litigio ha llegado a ser la de la sen-tencia, que es inferior a la suma jurisdiccional.- La situación ahora es la misma que si se hubiera establecido originalmente la reclamación por ciento cincuenta dólares.

Debe desestimarse el recurso por falta de jurisdicción.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Inés de Choudens, representada por su Defensor Judicial, Francisco García, demandante y apelada, v. Rafael Portilla, demandado y apelante.
    Núm. 7488.

    Sometido: Junio 2, 1938.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      J. M. Calderón, Jr., abogado del apelante; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Portilla radicó tres escritos de apelación contra otras tantas resoluciones de la corte de distrito. La primera apelación fné desestimada por este tribunal con fecha 25 de marzo de 1938. En su consecuencia, es innecesario que con-sideremos el primer señalamiento. La cuestión envuelta en la tercera apelación resulta académica por razones que no es menester hacer constar aquí y la apelación misma aparen-temente ha sido abandonada.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito erró al declarar sin lugar una moción para anular rebeldía y sentencia, relevar al demandado de esta última y permitir radicar contestación.

El demandado en su moción alegó substancialmente lo que sigue:

La demandante inició demanda de daños y perjuicios y embargó bienes del demandado, un residente fuera de la Isla de Puerto Rico, para darle jurisdicción a la corte; el embargo se practicó mediante la correspondiente anotación en el Registro de la Propiedad de San Juan con fecha 12 de junio de 1936; la demandante en julio 2 de 1936 solicitó se emplazara al demandado por edictos, lo cual fué con-cedido por orden de la corte de 10 del mismo mes y año; sé envió por correo certificado, con acuse de recibo, una carta a la dirección donde se suponía estaba el demandado en la ciudad de Santander, España; no habiendo contestado el demandado dentro del término prescrito, se solicitó anotación de su rebeldía con fecha 5 de octubre de 1936; se celebró la vista del caso y se dictó sentencia en favor de la demandante el 24 de octubre de 1936; la carta, que consta en autos como recibida por el demandado, nunca llegó a sus manos, ya que quien la firmó fué su apoderado y hermano, Fernando Portilla; el demandado, debido a su estado de salud, ha residido desde hace más de dos años en un balneario de Bélgica, en donde no le había llegado noticia alguna, ni directa ni indirectamente, del procedi-miento, ya por la prensa o en alguna otra forma; por información recibida últimamente de su hermano es que el demandado ha tenido conocimiento de la demanda radicada en sú contra, por lo cual soli-citó de Antonio Vallina, residente en la ciudad de Santander, que avisara a Manuel de la Cuétara, administrador del demandado en San Juan, para que diera los pasos necesarios en defensa de sus in-tereses; es ele conocimiento general que debido a la situación reinante en España están interrumpidas las comunicaciones, siendo imposible cursar regular y satisfactoriamente correspondencia ni comunica-ción alguna a dicho país; prueba de ello, que la carta a su adminis-trador ha llegado vía Italia y Estados Unidos; se acompaña a la mo-ción un proyecto de contestación; que hecha relación exacta, veraz ,y completa de los hechos de este caso y de las pruebas a su abogado, éste, después de conocerlos y aquilatarlos, entiende que según su leal saber y entender asiste al demandado una buena, suficiente y justa defensa en los méritos del caso y el demandado cree firmemente y de buena fe en dicha defensa.

En la súplica se pedía que:

Teniendo en cuenta la ausencia del compareciente de la jurisdic-ción, las circunstancias de la notificación del demandado, la situa-ción reinante en España y el amplio sentido y espíritu del precepto del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y el inciso 8 del artículo 7 del mismo código, así como sus correlativos, se deje sin efecto la rebeldía, se anule la sentencia recaída en el mismo, se releve al demandado de esta última y se le permita radicar su contestación, abriendo el caso de nuevo.

La moción estaba jurada por el letrado del demandado. La demandante se opuso bajo juramento a la moción en la siguiente forma:

Por carta recibida del apoderado del demandado, en contestación a otra del abogado de la demandante de fecha 21 de julio de 1936, fué que la demandante obtuvo información al efecto de que el de-mandado Rafael Portilla residía en Alameda Ira. núm. 16, 1ro., San-tander, España. Que por instrucciones recibidas por el abogado de la demandante de dicho apoderado, o sea de Manuel Cuétara, fué que envió el Secretario de la Corte de Distrito la carta certificada conteniendo copia fiel de la demanda y de la citación, según alega el propio demandado. Dicha sentencia le fué notificada al demandado y se archivó copia de la notificación en los autos con fecha 27 de octubre de 1936. Niega la demandante que la carta que consta en autos como recibida por dicho demandado no llegó a manos de éste o a su poder; niega también que fuera el apoderado y hermano del demandado, o persona otra alguna, a excepción del demandado, quien ■estampó el nombre de éste en el acuse de recibo que obra en los autos del caso. Por el contrario, alega la demandante que la carta aludida conteniendo copia de la demanda y del emplazamiento fué recibida por el demandado Rafael Portilla, siendo éste, conforme lo acredita el acuse de recibo recibido por el Secretario de la corte de distrito, entregado al propio demandado Rafael Portilla. Por falta de información y creencia niega la demandante que debido al estado de salud del demandado, o por causa otra alguna, dicho demandado ha residido y reside desde hace más de dos años, o durante fecha alguna, en un balneario, o sitio otro alguno, en Bélgica, y niega que no haya llegado a conocimiento del demandado noticia del proce-dimiento a que se refieren los presentes autos hasta el momento de radicar dicho demandado su moción de 4 de diciembre de 1936. Por el contrario, alega que el demandado Rafael Portilla ha tenido conocimiento de la, reclamación de la demandante y ha sido notifi-cado de la presente acción desde mucho antes del momento en que radicó su moción de 4 de diciembre de 1936 y desde el principio de la acción. Niega, por falta de información y creencia, que sea por información del hermano del demandado que éste haya tenido conocimiento de la demanda radicada en su contra, negando expresa-mente que haya sido últimamente que ha tenido dicho demandado noticias de la radicación de la demanda aludida. Por falta de su-ficiente información y creencia, niega que solicitara el demandado de Antonio Vallina — o de persona otra alguna, residente en Santander, España, o en cualquier otro sitio — que avisara a Cuétara, su admi-nistrador en esta ciudad de San Juan, para que diera los pasos ne-cesarios en defensa de sus intereses, aceptando, sin embargo, que Manuel de la Cuétara es apoderado y administrador del demandado en la ciudad de San Juan y siempre ha estado avisado y ha tenido conocimiento de todos los procedimientos seguidos por la deman-dante, así como del propósito de ésta, desde que sufrió el accidente, de reclamar por los daños y perjuicios sufridos. Acepta que es de conocimiento general-la guerra civil española, pero niega que debido a la situación reinante en España estén interrumpidas las comunica-ciones, siendo imposible cursar satisfactoriamente correspondencia ni comunicación alguna con dicho país. Por el contrario alega que en la ciudad de Santander, España — en la que, según el adminis-trador del demandado, Manuel Cuétara, residía y reside dicho de-mandado — ha habido siempre, y hay actualmente, una comunicación rápida y satisfactoria, siendo prueba de ello el acuse de recibo firmado por Rafael Portilla en la ciudad de Santander, España. Niega por falta de suficiente información y creencia que se le haya hecho al abogado del demandado ima relación exacta, veraz y completa de los becbos del caso y de las pruebas del abogado del demandado, y niega enfáticamente que de una relación exacta, veraz y completa - de habérsele becbo ésta — entienda, o pueda entender de manera al-guna el abogado del demandado, que éste tenga una buena, suficiente y justa defensa en los méritos; y niega la demandante, por infor-mación y creencia, que el demandado o su abogado creen firmemente y de buena fe en las supuestas defensas que dice tener el demandado. Por el contrario, alega que al demandado no asiste una buena y justa defensa, que la misma no es meritoria y que así surge de una inves-tigación de los becbos. Continúa alegando que bizo gestiones y es-fuerzos, antes, después y durante todo el pleito; a través de sus abo-gados, para imponer al demandado de los derechos de la deman-dante, así como de todas las actuaciones llevadas a cabo, y que el ad-ministrador del demandado, Manuel Cuétara, fué en todo momento informado y dió a dicho demandado pleno y cabal conocimiento de todas las actuaciones de la demandante antes, después y durante el pleito; que con fecha 28 de octubre de 1936, o sea mucho más de un mes antes de hacer su primera comparecencia general en autos el demandado, los abogados de éste escribieron una carta a los de la demandante, por la cual se muestra que dicho demandado tenía, desde antes de esa fecha, conocimiento pleno de la acción entablada en su contra, así como de haberse dictado, sentencia en dicho caso.

Conforme indica el juez de distrito :

De los autos aparece que el secretario expidió el 9 de junio de 1936 mandamiento al márshal para el embargo de bienes del de-mandado; que la demandante señaló como bienes a embargar del demandado, en 12 de junio del mismo año, cierta casa y solar; que el márshal, según el certificado de diligeneiamiento, embargó dicha finca, remitiendo mandamiento por duplicado al Registrador de la propiedad, y que en 27 del mismo mes el márshal expidió manda-miento enmendado al Registrador, especificando los linderos de la finca, y el Registrador en 29 de junio anotó el embargo.
En 9 de junio de 1936 el Secretario expidió emplazamiento para la citación del demandado y dicho emplazamiento fué devuelto sin diligenciar por el márshal en 12 de junio de 1936, por no estar resi-diendo el demandado en Puerto Rico y encontrarse, según informa-ción obtenida, que creía cierta, en la República de España.
Que en 2 de julio de 1936, o sea con posterioridad al embargo y su anotación, la demandante presentó solicitud jurada para la ci-tación del demandado por edictos por ignorarse su paradero. La de-manda estaba jurada y la solicitud contenía los requisitos de ley. La corte, en 10 de julio de 1936, ordenó la publicación del edicto- y el mismo se publicó. En 4 de septiembre de 1936, la demandante presentó moción para que se ordenara el envío por correo al deman-dado de una copia de la demanda y de la citación al cuidado de don Fernando Portilla, Alameda Ira. núm. 16, 1ro., Santander, España. La corte así lo dispuso y el Secretario cumplió lo ordenado en 4 de septiembre, según aparece de la diligencia y de copia de una carta, procediendo a enviar por correo certificado las referidas copias. Está unida a los autos la tarjeta, con recibo oficial del correo, acreditando que fue entregada al destinatario en Santander el 29 de septiembre de 1936, y apareciendo una firma que dice: “Rafael Portilla”.
En 5 de octubre de 1936 la demandante solicitó del secretario que anotase la rebeldía del demandado y' que se incluyera el caso en el calendario especial para la práctica de la evidencia. El secretario lo hizo así el 8 de octubre de 1936. La demandante compareció ante la corte el día 9 de dicho mes y año, cuando se celebró el juicio. La sentencia se dictó el 24 de octubre. La notificación se hizo en 27 de octubre, enviando el original por correo a la misma dirección a que se remitiera la copia de la demanda y citación y que aparecía recibida por el demandado, según la tarjeta o recibo del correo. La sentencia de este modo quedó firme el 28 de noviembre de 1936.
Todos los requisitos para que la corte adquiriera jurisdicción sobre la persona del demandado fueron cumplidos. Cuando se or-denó la citación del' demandado por medio de edictos en 2 de julio de 1936, ya el embargo se había practicado sobre la propiedad in-mueble y anotado en el registro a virtud de los mandamientos, original y enmendado, expedidos por el marshal. La anotación aparece en el mandamiento original con fecha 29 de junio. Cosme v. Santi González, 37 D.P.R. 763, 766. Si bien es cierto que no consta de los autos que del embargo se hiciera una notificación directa al de-mandado — bien remitiéndole copia de los documentos por correo o expresándolo en los edictos — la notificación fué constructiva me-diante su anotación en el Registro de la Propiedad, lo que consti-tuye en sí misma una notificación a todo el mundo-. La ley no dice la forma de notificación. Wenonah Military Academy v. Antonsanti, 40 D.P.R. 263, 268. En 5 de diciembre, o sea después de ser firme la sentencia, compareció el demandado y presentó su moción. La comparecencia del demandado es de carácter general y voluntario, y se sometió así a la jurisdicción del tribunal, retrotrayéndose al tiempo del juicio, no obstante cualquier irregularidad en el procedi-miento. 2 Bancroft’s Code Practice and Remedies 1189; Cosme v. Santi González, supra. El demandado en su moción no impugna la jurisdicción de la corte, ni los procedimientos seguidos, pues se funda en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, dentro de la discreción judicial, y en el artículo 7, inciso 8, del mismo código, que faculta al Juez para inspeccionar y corregir providencias y órdenes para ajustarlas a la ley y a la justicia.
La contestación del demandado se limita a negar específicamente las alegaciones esenciales de la demanda, excepto la propiedad del inmueble y su arrendamiento, y aduce como única defensa que por mediación de su administrador Manuel de la Cuétara, el demandado había ajustado los servicios de un contratista independiente, quien llevó a efecto la reparación de la ventana que causó el daño a la demandante, sin su intervención, restricción o control de él o de su administrador, con excepción del resultado del trabajo.
Se señaló el 8 de febrero de 1937 para oír a las partes en rela-ción con la moción del demandado y con el escrito de oposición de la demandante. Las partes comparecieron por sus respectivos abo-gados. El demandado sometió su moción por el expediente com-pleto del caso y por los dos alegatos por él presentados. La de-mandante practicó evidencia testifical y documental y radicó alegato en contestación. La moción del demandado está jurada por su abo-gado, excepto aquellos hechos alegados por información y creencia, los cuales dicho abogado también cree ciertos. Esos juramentos por el abogado son defectuosos, ya que no expresan en sitio alguno qué hechos son ciertos y le constan de propio conocimiento y cuáles co-noce por información y creencia. Artículo 118 del Código de En-juiciamiento Civil y Nazario v. Atlas Assurance Co., 24 D.P.R. 358. “Los juramentos son actos solemnes que deben realizarse conscientemente, dándose cuenta su autor de la responsabilidad que contrae, y deben hacerse constar en forma clara y precisa y no de modo vago e indeterminado.” Pérez v. El Consejo Ejecutivo, 16 D.P.R. 712. Pero aun asumiendo que el juramento fuera válido, éste es sólo un requisito del procedimiento que no tiene el valor pro-batorio de una declaración que está sujeta a repreguntas de la parte contraria. Puig v. Torres 43 D.P.R. 917 (sic). Estando contro-vertidas y negadas bajo juramento las alegaciones en que se funda la moción del demandado para que la corte ejercite su discreción, y no presentándose evidencia en apoyo de las mismas, procede deses-timarla de plano. Sin embargo, la demandante practicó evidencia en contrario tendente a demostrar que el demandado, y su admi-nistrador, desde el comienzo de la acción en 8 de junio de 1936 te-nían conocimiento de la misma y no compareció a defenderse basta el 5 de diciembre, o sea unos seis meses después, cuando ya había sentencia firme. Además de la anotación del embargo en el registro el 29 de junio, que lleva el conocimiento de la. acción al demandado, se presentó evidencia tendente a demostrar que en 18 de marzo los abogados de la demandante dirigieron una carta a Manuel Cuétara, como apoderado de Rafael Portilla, comunicándole que estaban en-cargados de tramitar la reclamación, haciéndole una exposición de la misma, y que el asunto podía arreglarse extrajudicialmente. Cué-tara estuvo en el bufete de los letrados de la demandante el 21 de marzo, según aparece de la carta de mayo 5, con relación al asunto, quedando éste pendiente durante un mes o mes y medio con objeto de facilitar una consulta con Portilla, que residía en España. La demanda se presentó en 8 de junio y en 21 de julio los abogados de la demandante dirigieron otra carta a Cuétara comunicándolo el establecimiento de la acción y pidiéndole además la dirección de Portilla para remitirle copia de la demanda, del mandamiento de embargo y de la citación, y sugiriéndole que lo comunicara a Portilla para que éste tuviera amplia oportunidad de comparecer en defensa de los derechos que pudieran asistirle. Cuétara contestó el 30 de julio dando la dirección de Portilla en Santander, España. Esta dirección sirvió para que el secretario le dirigiera copia de la de-manda y de la citación en 4 de septiembre, y la carta fué entregada al destinatario (addressee) el 29 de dicho mes y año en Santander. En 27 de octubre, o sea tres días después de dictada la sentencia, los abogados de la demandante dirigieron otra carta a Cuétara, co-municándole el pronunciamiento de la misma y el mismo abogado que posteriormente radicó la moción del demandado, les contestó en 28 de octubre. Este abogado en su respuesta dice que “nuestro re-presentado el Sr. Cuétara nos ha traído una carta en la cual ustedes-dicen haber obtenido una sentencia contra Portilla en la Corte de Distrito de San Juan.” El abogado entonces solicita el número del caso a los fines de radicar ante la corte las defensas legales perti-nentes a los derechos de su representado. Uno de los abogados de la demandante contestó esa carta al día siguiente, dándole las fe-chas de la sentencia y de la notificación a las partes y el número 25,284 del espediente. El redactor de la carta ambigua dirigida a los letrados de la demandante compareció posteriormente en el- pleito representando al demandado Portilla, y, a falta de evidencia en contrario, se presume que actúa a nombre de la persona que figura como su cliente. Miranda v. Pesquera, 49 D.P.R. 239. Claramente aparece que el demandado lia tenido conocimiento, paso por paso, de los procedimientos judiciales desde antes de su iniciación, y no habiéndose presentado prueba para sostener la moción, ni alegándose defensa meritoria alguna en oposición a la demanda, el anular los procedimientos constituiría bajo las circunstancias peculiares del caso, más bien un abuso de discreción que el ejercicio sano de la misma. El caso es similar al de Wenonah Military Academy v. Antonsanti, supra, y muy distinto al de Cosme v. Santi, supra. Es de conoci-miento general la existencia de una guerra civil en España. Y, si como se alega por el demandado, él ha residido y reside desde hace más de dos años en un balneario de Bélgica, la situación que pueda existir en España con motivo de dicha guerra, que hiciera imposible cursar regular y satisfactoriamente correspondencia ni comunicación alguna a dicho país, nada tendría que ver con el caso, además de que, en cuanto se refiere al correo de los Estados Unidos y Santander, España, no parece que existe interrupción alguna, si en 29 de sep-tiembre se entregó a la dirección del demandado, suministrada por su administrador o apoderado en Puerto Rico, Cuétara, el píiego que enviara el secretario de la corte, según la tarjeta oficial firmada: “Rafael Portilla”. Y si ésta no era la firma de Portilla y si su apoderado y hermano Fernando Portilla (residente en Santander, Es-paña) estampó el nombre de Rafael Portilla en el acuse de recibo, fácil era demostrar que su hermano no estaba autorizado para reali-zar el acto que ejecutó.

No hallamos error en la apreciación de la prueba ni en las conclusiones a que llegó el juez de distrito en relación -con ninguna de las cuestiones levantadas en la moción del demandado. Esa moción no fué una comparecencia especial, hecha con el único fin de plantear una cuestión de jurisdic-ción. No levantó ni adujo ninguna cuestión jurisdiccional. Por el contrario, el demandado invocó la facultad discrecional de la corte bajo los artículos 7 y 140 del Código de Enjuicia-miento Civil y solicitó un remedio afirmativo'. La moción equivalió a una comparecencia general.

La corte de distrito no cometió el error imputado por el apelante en su segundo señalamiento. La argumentación con-tenida en el alegato del apelante no discute las cuestiones aducidas en la moción por él presentada en la corte de dis-trito ni parece estar muy en armonía con el segundo señala-miento. Es substancialmente al efecto de que la sentencia de la corte de distrito es nula por falta de jurisdicción, pri-mero, porque el affidavit en que la corte de distrito basó su resolución autorizando la publicación del edicto es contrario a la ley y a la jurisprudencia, y, segundo, porque la corte nunca adquirió jurisdicción sobre, el demandado.

■ En lo que se refiere a cualquier cuestión levantada por la moción del demandado en la corte de distrito, el apelante meramente cita o copia de los casos de Fernández v. Pescay, 26 D.P.R. 808; Benitez Rexach v. Benitez, 42 D.P.R. 781 (sic) y Sierra v. P. Longo & Co., 45 D.P.R. 810.

Además de ser el segundo señalamiento demasiado general, bastaría decir que el apelante, a virtud de su comparecencia general ante la corte de distrito, está ahora impedido de levantar las cuestiones jurisdiccionales que discute en su alegato. Podemos agregar, sin embargo, que hemos examinado esas cuestiones lo suficiente para que nos convenzamos de que de todos modos no debe revocarse la resolución declarando sin lugar la moción del demandado.

Debe confirmarse la resolución de la corte de distrito.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       Debe ser 46 D.P.R.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Antonio R. Hernández, en su carácter de Síndico del Banco Caja de Economías y Préstamos de San Germán, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, P. R., recurrido.
    Núm. 1043.

    Sometido: Abril 12, 1939.

      Resuelto: Junio 13, 1939.

      Fernando Zapater Martínez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Doña María Forés Morazo dispuso en la cláusula cuarta de su testamento, lo siguiente:

(b) Lega a su sobrino José Benito Forés, mayor de edad, em-pleado de la Caja de Economías y Préstamos de San Germán, todo el caudal hereditario que la testadora heredó de su hermano don Santiago Forés y Morazo, según el testamento que éste otorgara por escritura número ciento diecinueve de fecha veintitrés de julio de mil novecientos veinticinco en la ciudad de Ponce ante el Notario Gustavo Rodríguez, testimonio auténtico del cual se me exhibe por la testadora en este acto y del .cual ya se ha tomado razón en el Re-gistro de la Propiedad de Ponce, Puerto Rico; verificándose este legado con la condición de que el legatario conserve los bienes y de-rechos de este caudal legado durante un período de veinte años a partir del fallecimiento de la testadora, sin enajenarlo, percibiendo durante todo ese período todas las rentas y producidos del mismo, o sea el usufructo para sí; y expirado dicho término, dicho caudal quedará de la propiedad de su dicho sobrino José Benito Forés, en absoluto, en pleno dominio o sea consolidándose al expirar dicho tér-mino el usufructo y la nuda propiedad.”

Entre los bienes adquiridos por e inscritos a nombre de José Benito Forés, por virtud de y sujetos a dicha disposi-ción testamentaria, figuran tres fincas urbanas ubicadas en la ciudad de Ponce.

En 9 de noviembre de 1938 el señor Forés y su esposa constituyeron hipoteca voluntaria a favor de la corporación “Banco Caja de Economías y Préstamos de San Germán,” sobre las referidas tres fincas urbanas, para garantizar un préstamo por la suma de $15,000 de principal, $500 para in-tereses y $500 de crédito adicional. Como garantía colateral el Sr. Forés renunció y cedió a favor del banco acreedor el usufructo de las fincas hipotecadas, por un período de veinte años a partir de la fecha de la escritura. Presentada la escri-tura de hipoteca para su inscripción, negóse el Registrador de Ponce a practicarla, por las razones que expuso en la siguiente nota:

“Denegada, la inscripción de la hipoteca comprendida en este do-cumento por apárecer del Registro que el deudor hipotecante don José Benito Forés no puede libremente disponer de las fincas compren-didas en el mismo, de las cuales no tiene aún el dominio pleno porque forman parte del caudal que le fué legado por doña María Forés y Morazo en su testamento de fecha primero de octubre de mil no-vecientos treinta y seis con la condición de que conserve los bienes y derechos de dicho caudal, sin enajenarlos durante un período de veinte años a partir del fallecimiento de dicha testadora y que cuando expire ese período tendrá el legatario José Benito Forés la propiedad del caudal, en absoluto, en pleno dominio, percibiendo mientras tanto las rentas y productos del mismo, tomándose en su lugar anotación por ciento veinte días a favor de la corporación acreedora, donde se indica al margen de la descripción de las fincas, habiéndose con-signado el defecto subsanable de no acreditar el mandatario don Jaime Juan Toro el carácter que ostenta. Las fincas reportan la hipoteca ahora inscrita, hallándose además la finca número dos su-jeta a la servidumbre de arrimo y carga sobre su pared Norte in-dicada en su inscripción segunda.”

El recurrente, síndico del banco acreedor, solicita la revo-cación de dicha nota y que se ordene la inscripción de la hipoteca a favor del banco. 0

Sostiene el recurrente qne la contención del registrador de qne “el hipotecante no podía libremente disponer de las fincas comprendidas en la hipoteca, de las cnales no tenía aún el dominio pleno” es contraria a la ley y a la jurisprudencia; qne la disposición testamentaria, snpra, no prohíbe al legatario hipotecar; qne la intención y deseo de la testadora fné qne el legatario conservara los bienes durante nn período de 20 años, sin enajenarlos; qne el incumplimiento de esa condición no habría de producir como consecuencia la restitución de los bienes a tercera persona; y qne los derechos reales adquiridos sujetos a condición suspensiva o resolutoria pueden ser hipotecados o enajenados, quedando el adquirente sujeto a la misma eventualidad que el .transmútente.

Está bien sentada como regla de hermenéutica la de que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sen-tido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador, debiendo atenderse más a la voluntad del otorgante que al sentido literal de las palabras que usó en el documento. Artículo 624 del Código Civil, ed. 1930; Manresa, tomo 5to., página 466.

> ¿ Cuál es el alcance y efecto legal de la condición impuesta al legatario de conservar y usufructuar el caudal legado du-rante un período de veinte años, sin enajenarlo, para obtener el pleno dominio de dicho caudal al expirar dicho término?

Sostiene el Registrador recurrido que la prohibición de enajenar resultaría ineficaz si no llevara implícita la prohibi-ción de hipotecar, pues aun cuando la hipoteca no es un tras-paso del inmueble, autoriza su venta en pública subasta en caso de ejecución.

El artículo 139 de la Ley Hipotecaria vigente, dispone:

“Art. 139. — Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que "tengan la libre disposición de sus bienes, o en caso de no tenerla se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes.” (Bastardillas nuestras.)

La disposición legal que acabamos de transcribir con-cnerda con las contenidas en los artícnlos 1756, 1757 y 1775 del Código Civil, ed. 1930.

¿Puede decirse qne José Benito Forés, el constituyente de la hipoteca en el presente caso, tiene la libre disposición de los bienes que ha tratado de hipotecar? Para contestar esta pregunta afirmativamente tendríamos que ignorar la voluntad de la testadora, claramente expresada en la cláusula-testamentaria, supra, y hacer caso omiso de las disposiciones legales que hemos citado. El efecto legal de dicha cláusula no puede ser otro que el de privar al heredero de la libre-disposición del caudal hereditario, mientras no haya expi-rado el término de 20 años de usufructo.

La jurisprudencia hipotecaria española citada por el Re-gistrador en apoyo de su nota es convincente. Veámosla:

“Que habiendo sido uno instituido heredero universal bajo con-dición de administrar por sí sus bienes, pero prohibiéndole el tes-tador venderlos u obligarlos hasta tener cincuenta años ... y otor-gada por dicho heredero escritura de hipoteca sobre las fincas here-dadas, es procedente la negativa del Registrador a inscribir dicha escritura por contener el defecto de falta de capacidad legal en el otorgante.” (Resolución de 18 de noviembre de 1876.) Odriozola, Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria de España, Cuarta edi-^ ción (año 1901); página 942, epígrafe Prohibición de enajenar (con arreglo a testamento.)
“. . . no es inscribible la hipoteca constituida por el heredero que concertó con su coheredero el pacto de no enajenar la finca, así como los demás bienes adjudicados, hasta no tener pagados todos los gastos que la adquisición de derechos ocasionara.” (Resolución de 11 de agosto de 1916.) Enciclopedia Jurídica Española, Apéndice 1916, página 367.

El comentarista Morell, en el tomo cuarto de su Legisla-ción Hipotecaria, página 190, al explicar el artículo 139 de la Ley Hipotecaria, dice:

“No pueden hipotecar los que hayan recibido los bienes con al-guna limitación o condición que coarte la facultad de disponer en el adquirente.” (Resolución de 18 de noviembre de 1876.)

Odriozola, en sn Diccionario de' Jurisprudencia Hipote-caría, 4a. edición, páginas 942 y 943, hace la siguiente rela-ción de las resoluciones de la Dirección General de los Regis-tros, dictadas con anterioridad al cambio de 'soberanía en Puerto Rico:

“Mientras conste en la inscripción de dominio practicada a favor de un heredero la prohibición de enajenar que le impuso su causante, no puede el Registrador, sin que quede infringido el art. 18 de la-Ley Hipotecaria, inscribir ningún contrato de enajenación otorgado por aquél. La declaración de la validez o nulidad de la prohibición absoluta de enajenar y del asiento en que se consigna, es de la com-petencia exclusiva de los Tribunales y no del Registrador ni de la Dirección general. . . (Resolución de 15 de junio de 1884.)
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“No es posible prescindir de las inscripciones verificadas en virtud de un testamento en las que consta que el derecho hereditario del heredero ha sido inscrito con las limitaciones impuestas por el tes-tador, consistentes en que el padre prohibió a su hijo vender y em-peñar sus bienes hasta que cumpla determinada edad, y sin hacer deslinde alguno en los derechos del heredero por el concepto de he-rencia forzosa y por el de herencia libre, e inscrito en esta forma el derecho del referido interesado, claro es que la prohibición de ena-jenar grava sobre todas las fmcas en toda su integridad; razón por la que, al amparo del Registro y con arreglo al art. 20 de la ley, no es inscribible contrato alguno que quebrante la dicha prohibición. Esto no prejuzga las cuestiones que se plantean acerca de si esta prohibición puede o no afectar al tercio que por legítima corresponde al heredero, y si dentro de ese límite tendrá éste libertad de acción, no obstante la prohibición en que se halle el caudal, cuestiones a que sólo pueden dar solución los mismos interesados, pero que no deben ser resueltas en un recurso, que tiene como antecedente obligado el estado de derecho creado en el Registro. (Res. de 2 septiembre 1895.)” (Bastardillas nuestras.)

Siendo José Benito Forés un heredero voluntario y no forzoso, la prohibición de enajenar debe tener efecto en cuanto a todo el caudal que le fue transmitido a su muerte por la testadora.

En el caso de Torruella v. El Registrador, 13 D.P.R. 146, esta corte sostuvo que la prohibición de enajenar impuesta por el testador era absoluta y limitaba no sólo la nuda pro-piedad si que también el usufructo, y que el legatario no podía ceder este último a un tercero.

Hemos leído con detenimiento el alegato del recurrente. Las citas de Morell, Odriozola y Enciclopedia Jurídica Espa-ñola, referentes al efecto legal de las condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias en las enajenaciones e hipotecas, no son de aplicación al caso ante nos. No se trata aquí de esa clase de condiciones y sí de una prohibición absoluta de ena-jenar, que coarta la facultad de disponer en el heredero adquirente.

Vista la prohibición de enajenar impuesta por la testa-dora doña María Forés y Morazo, opinamos que el regis-trador procedió correctamente al sostener que el heredero José Benito Forés no tiene la libre disposición de los bienes y que por lo tanto no podía hipotecarlos.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Juan Enrique Torres, demandante y apelado, v. Sucn. J. Serrallés, demandado y apelante.
    Núm. 7934.

    Sometido: Febrero 13, 1939.

      Resuelto: Junio 14, 1939.

      F. Parra Capó y Leopoldo Tormes García, abogados de la apelante; Eraslo Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Este caso, que procede de la Corte de Distrito de Ponce, era originalmente nn pleito de injunction basado en la su-pnesta razón de qne la demandada para poder cultivar o cosechar sns cañas de azúcar había constrnído nn canal a través de las tierras del demandante. Lnego de transcurrido algún tiempo lo sucedido fné qne la corte de distrito dictó sentencia final en 12 de mayo de 1936, concediendo al deman-dante la suma de $1,000 en concepto de daños y perjuicios, más $300 para costas y honorarios de abogado. La deman-dada apeló de esta sentencia y tenemos ante nnestra consi-deración nna moción para desestimar.

No hay duda algnna de qne la prórroga para incorporar la prneba a los antos, concedida a la apelante, venció el 8 de diciembre de 1936 y qne la misma no fné definitivamente renovada. Posteriormente, es decir, empezando el 7 de enero de 1937, hnbp nn número de prórrogas qne se ex-tendían hasta fines de 1938. Mencionamos estas tentativas de la apelante meramente para demostrar qne hasta cierto pnnto ella estaba siendo diligente. No hay dnda, sin embargo, de qne con motivo de la omisión del taquígrafo en diciembre de 1936, la corte de distrito, en lo qne se refería a la tentativa original de incorporar la prneba, perdió sn jurisdicción para conceder las prórrogas.

Poco tiempo después de dictarse sentencia la apelante solicitó la reconsideración y la apelada pidió igualmente la reconsideración parcial. La corte declaró sin lugar ambas mociones. El 10 de julio de 1937 la demandada apeló de la resolución que declaró sin lugar la moción por ella presentada; y más o menos contemporáneamente, o sea en 15 de julio de 1937, aparentemente dentro del período de 30 días contado a partir de la orden en que se declaró sin lugar la moción para reconsiderar, apeló por segunda vez de la sentencia dictada el 12 de mayo de 1936.

Existe poca duda de que bajo la jurisprudencia sentada en varios casos, la moción de reconsideración suspendió el término para apelar de la sentencia. Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494; Gran Logia de Distrito, etc. v. Logia Víctor Rojas, Inc., 48 D.P.R. 914; Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917. La segunda apelación fué entablada oportunamente. La dificultad que surge en este caso estriba en que la apelante entonces, en vez de pedir un término para com-pletar los autos, acudió ante la corte de distrito y solicitó meramente que se ratificara la resolución anterior de la corte pasando el caso al taquígrafo.

No estamos plenamente convencidos de que la palabra “ratificara” no pueda interpretarse en sentido de que cubra la situación y permita la incorporación de la evidencia. Supondremos, no obstante, que el apelado está en lo cierto, que tiene derecho al beneficio de la duda y que las prórrogas fracasaron.

La apelante explica elaboradamente que la demora habida en la preparación de la transcripción de la evidencia, o lo que fuere, se debió al taquígrafo y no a un acto voluntario de su parte. Ella llama la atención hacia el hecho de que el término para computar una apelación empieza a correr tan sólo desde el momento en que se declaró' sin lugar la moción de reconsideración. El apelado, en unión a su moción para desestimar fundada en haberse dejado de incorporar la prueba, solicitó se desestimara el recurso por frívolo. Empero, el estado de los autos no nos convence de qne la .apelación es frívola. La transcripción de la evidencia está ahora ante nos.

La apelante, por lo menos en sn alegato, sostiene qne la transcripción de la evidencia fné radicada en la corte de distrito el 19 de enero de 1938. Sin entrar en todos los detalles, estamos convencidos de la buena fe y , de la razo-nable diligencia de la demandada, y sin tratar de decidir definitivamente cnál de ellos está en lo cierto, concederemos a la parte apelante nn nnevo término de 15 días para radicar, o mejor dicho para radicar de nnevo, sn transcripción de la evidencia, y facnltaremos también a la corte de distrito para qne dé todos los pasos necesarios para sn aprobación o desaprobación.

Debe declararse sin lugar la moción.