author: Ej, Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puebto Rico, representado por Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandante y apelado, v. Narciso y Violante Rabell Cabrero, demandados y apelantes.
    No. 4082.
    Visto: Noviembre 17, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926
    1. Dominio Eminente — Naturaleza, Extensión y Delegación del Poder— Incautación (Talcing) de la Propiedad Privada — Actos Constitutivos de tal Incautación. — Cuando se inundan materialmente terrenos debido a un excesivo aumento de agua, tierra, arena u otras materias, o colocando cual-quier construcción artificial sobre ellos, destruyendo efectivamente su uso o impidiéndolo, ello equivale a una incautación dentro del alcance del Acta Jones.
    2. Dominio Eminente — Naturaleza, Extensión y Delegación del Poder— Ejercicio del Poder de Dominio Eminente. — El poder de dominio emi-1 nente debe ejercitarse de acuerdo con la ley y teniendo en cuenta los dere-chos del dueño de los terrenos a una justa compensación.
    3. Dominio Eminente — Procedimiento para Tomar u Ocupar la Propiedad y Determinar la Compensación — De la Expropiación Eqrzosa en General — Toma u Ocupación de la Propiedad Pendiente el Procedimiento-Ocupación Previa al Decreto de Expropiación. — Siendo el pago de sufi-ciente compensación un requisito previo estatutario indispensable para pri-var a uno de su propiedad, ejercitada la acción de expropiación forzosa, no puede tomarse u ocuparse la propiedad objeto cíe dicho procedimiento antes de decretarse la expropiación.
    1. Territorios — Acciones Contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Demandado — Comparecencia Voluntaria del Pueblo en una Acción — Efecto.—Cuando El Pueblo de Puerto Rico comparece ante una corte en solicitud de un procedimiento de expropiación forzosa contra los dueños de cierta propiedad, su consentimiento a ser demandado para- responder de los actos de sus funcionarios, respaldados por el Gobierno, debe presumirse concluyentemente.
    5. Territorios — Acciones Contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Demandado — Comparecencia Voluntaria del Pueblo en una Ac-ción — Incidente del Caso Presentado por El Pueblo — Alegación en el Incidente de su Inmunidad a ser Demandado. — Si una corte de equidad no puede impedir que El Pueblo de Puerto Rico alegue su inmunidad a ser demandado en un procedimiento que se inicie como un incidente del caso presentado por aquel, guare.

    6. Territorios — Acciones Contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Demandado — En General. — Cuando antes de sentencia, existe una incautación {talcing) de propiedad privada sin la- debida compensación en un caso de expropiación presentado por El Pueblo do Puerto Rico, un injunction para proteger y asegurar los derechos del dueño sobre tal pro-piedad puede considerarse como equivalente al pleito do reivindicación que contra El Pueblo, autoriza la Ley No. 76 de 1916 (p. 155).
    7. Dominio Eminente — Remedios de los Dueños de Propiedad — Remedio por Injunction — Injunction para Impedir la Toma u Ocupación de Propie-dad — Bn General — Injunction Contra Funcionarios del Gobierno. — El acto de los funcionarios del Gobierno al inundar unas propiedades objeto del procedimiento de expropiación forzosa antes de decretarse 1a- expropiación debe considerarse como torticero y procede un injunction contra dichos fun-cionarios individualmente.
    S. Dominio Eminente — Remedios de los Dueños de Propiedad — Remedio por Injunction — Injunction para Impedir la Toma u -Ocupación de Propie-dad — En General — Naturaleza y Fundamentos del Remedio. — Cuando El Pueblo o sus funcionarios se incautan de la propiedad objeto de un proce-dimiento de expropiación forzosa antes de decretarse la expropiación, un injunction debe expedirse sin tenerse en cuenta la cuestión de daños irre-parables o de si existen o no remedios adeeuados en ley.

      9. Dominio Eminente — Remedios de los Dueños de Pbomedad — Remedio por Injunction — Injunction para Impedir la Toma u Ocupación de Propie-dad — Incautación de Propiedad sin la Debida Compensación. — En el caso de que exista una incautación de pi-oqiieclad privada- so calor de dominio eminente y sin la debida compensación, las cortes ejercitarán su juris-direeción de equidad aun cuando los daños sean remotos.
    ]0. Dominio Eminente — Compensación—Necesidad y Suficiencia en General —Necesidad del. Previo Pago para Tomar u Ocupar la Propiedad Pri-vada. — Siendo el pago de compensación un requisito previo estatutorio para privar a uno de su propiedad, el dueño de ésta tiene derecho a que, la misma no se tome u ocupe antes de haber mediado la debida compensación, no importa que una sentencia de expropiación pueda obtenerse prontamente o los motivos que el dueño pueda tenor para rechazar una oferta do pago y retener la propiedad.
    11. Dominio Eminente — Procedimientos para Ocupar o Tomar (lo Tajee) i..v Propiedad y Fijar, la Compensación — Condición Previa a i,a Expropia-ción o Gravamen de la Propiedad — Declaración de Utilidad Pública— Declaración por la Legislatura y Efecto. — La declaración de utilidad por el Consejo Ejecutivo no es necesaria cuando la Legislatura lia determi-nado un método distinto para tal declaración.
    SENTENCIA de Gabriel Gastejón, J. (Aguadilla), declarando sin lu-gar solicitud de injunction pendente lite.

      Revocada.

      García Méndez & García Méndez, abogados de los apelantes; Son. Attorney General, George C. Butte. Sub-Attorney- General Felipe Janer, Jr., y Antonio Piñeiro, Right-of-Way Attorney, Servicio del Riego, abogados del apelado.
   Ej, Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados apelan de una orden de la Corte de Distrito de Aguadilla negándose a expedir un auto de in-juntion para impedir que Guillermo Esteves y otros inun-den los terrenos de los apelantes Narciso y Violante Rabell Cabrero. El Pueblo de Puerto Rico había iniciado un pro-cedimiento de expropiación forzosa contra dichos apelantes. La petición de injunction era un incidente de dicho pleito. La corte declaró sin lugar la petición. Uno de los funda-mentos para denegar la solicitud de injunction fue que al Pueblo de Puerto Rico no se le podía demandar sin su pro-pio consentimiento, y que no se había demostrado que se hubieran ocasionado daños irreparables, por lo que nos pa-rece prudente transcribir parte de la demanda radicada en el pleito principal de expropiación de dichos terrenos.

El principio de dicha demanda lee como signe:

“Comparece El Pueblo de Puerto Eico representado por el Hon. Guillermo Esteves, Comisionado del Interior de Puerto Eico, y éste a su vez por el Hon. G. C. Butte, Attorney General y los abogados Antonio Piñeiro, abogado del Eiego y el fiscal del distrito y respe-tuosamente alegan:
“Que el demandante, el Pueblo de Puerto Eico es un cuerpo po-lítico, con capacidad para demandar y ser demandado, debidamente organizado de acuerdo con la Ley del Congreso de los Estados Uni-dos de América, de fecha 2 de marzo de 1917 titulada ‘Ley para proveer un Gobierno Civil para Puerto Eico, y para otros fines’; que el Comisionado del Interior Guillermo Esteves comparece en representación de El Pueblo de Puerto Eico por virtud de la facul-tad que le ha sido conferida por la sección 10 de la Ley No. 63, aprobada el 19 de .junio de 1919, proveyendo para la construcción de un sistema de riego en la vecindad de Isabela, Aguadilla y Moca.”

Después de describir los terrenos y alegar otras cuestio-nes, en el párrafo 7 de la demanda el Pueblo de Puerto Eico alega los esfuerzos que sus funcionarios han realizado para obtener los terrenos de los apelantes por medio de gestio-nes; que dichos terrenos valían de $26,000 a $27,000, de acuerdo con los cálculos de los agentes del demandante, in-cluyendo además, según la opinión del demandante, cual-quiera otra clase de daños que los apelantes pudieran sufrir.

El párrafo 8 de la demanda alega que “el demandante hace esta solicitud de expropiación forzosa de esta parcela con el fin de construir la represa del G-uajataca del Servicio del Eiego de Isabela. En tal virtud, el demandante suplica a esta Hon. Corte, se sirva dictar. sentencia a su favor, de-clarando que el uso y la necesidad pública exigen la expro-piación de las parcelas de terreno referidas anteriormente y que dicho demandante tiene derecho a tomar y retener las descritas parcelas de terreno para el uso público especifi-cado, mediante el pago de la indemnización que determine este tribunal, determinando la cantidad que ha de pagar el demandante al demandado por las referidas parcelas, así como también por daños y perjuicios que se ocasionen por esta expropiación forzosa.

Por lo tanto, no dudamos que el procedimiento de expro-piación forzosa fué presentado por El Pueblo de Puerto Rico en su carácter de soberano o quasi-soberano, y que la expropiación forzosa se solicitaba en virtud de una ley especial de la Legislatura aprobada el 19 de junio de 1919. El certificado del Secretario de la corte de distrito demues-tra que el procedimiento de expropiación aún no se Ira visto en su fondo, no estando listo para juicio. El 19 de octu-bre de 1926 los demandados radicaron la siguiente petición de injunction:

‘ ‘ Comparecen los demandados en este caso por conducto de sus abogados suscribientes y a la Hon. Corte respetuosamente exponen .-

“1. — Que en el presente caso El Pueblo de Puerto Rico ha ins-tado una acción de Expropiación forzosa contra los aquí demandados con el objeto de privarles y expropiarles de ciertas parcelas de te-rreno de su propiedad ascendentes a 314 cuerdas con 54 céntimos, sitas en el barrio G-uaj ataca de San Sebastián, que se describen en dicha demanda de Expropiación Forzosa y que son las siguientes: (Se describen). Estas fincas son segregaciones de una finca deno-minada ‘Esperanza’ en el barrio Guajataca de San Sebastián, dis-trito judicial de Aguadilla, P. R., compuesta de mil doscientas treinta y siete cuerdas con veintiocho céntimos, propiedad de los aquí de- ■ mandados.
“2. — Que en la referida demanda de expropiación forzosa se alega que dichos terrenos son de absoluta necesidad e imprescindi-bles para que el Pueblo de Puerto Rico pueda construir la presa Guajataca que forma parte del Riego Público de Isabela.
“3. — Que una vez radicada la demanda, los demandados han for-mulado sus alegaciones contra la referida demanda consistentes en mociones sobre nulidad del nombramiento del Hon. Juez Castejón hecho por el Hon. Gobernador de Puerto Rico, y sobre especifica-ción, las cuales mociones fueron resueltas en contra de los aquí de-mandados, habiéndoseles concedido un término para formular sus nuevas alegaciones contra la demanda, sin que haya vencido el tér-mino para hacerlo.
“4.- — Que no se han formulado todavía las alegaciones de hecho en contra de la demanda de expropiación forzosa y que El Pueblo cle Puerto Eico no lia obtenido decreto de corte alguna concediendo la expropiación de los terrenos de que se trata, ni fijando montante de compensación ni de daños y perjuicios que hayan- de pagarse por dichos terrenos, siendo así que todavía no está el caso listo para juicio, razón por la cual no puede haberse obtenido el decreto a que se ha hecho referencia.
“5. — Que el aquí demandante contra la voluntad de los deman-dados, a pesar del requerimiento para que se abstuviera de hacerlo, ha comenzado a inundar los terrenos de que se trata en este caso, parte de los cuales están sembrados; y dicho demandante pretende e. insiste en continuar inundando dichos terrenos sin el consenti-miento y contra la voluntad de los aquí demandados.
“6. — Que de continuar el demandante inundando los terrenos de los demandados que se han descrito ya en esta solicitud, se destrui-rán todas las plantaciones de los aquí demandados en las fincas de referencia, se destruirán las cercas, caminos y abrevaderos de las referidas parcelas de terreno, y se causarán en general daños irre-parables y perjuicios contra los aquí demandados que serán difícil determinar una vez que tales terrenos sean inundados; y que serán aún más difícil de recobrar tratándose de que la parte demandante es el Pueblo de Puerto Eico, y aún más se verían los demandados obligados a iniciar una acción especial de daños y perjuicios contra El Pueblo de Puerto Eico; y finalmente- que tal acción del demanv dante viola y destruye el derecho de propiedad que tienen los de-mandados sobre las parcelas de que se trata e infringe el artículo 355 del Código Civil y hace ilusorio el derecho de propiedad y cons-tituye un atropello por parte de El Pueblo de Puerto Eico; y final-mente infringe la enmienda quinta y la enmienda catorce de la Cons-titución de los Estados Unidos que garantiza la primera, el que no se privará a nadie de su propiedad particular para fines de utilidad pública sin la compensación correspondiente, y la segunda, que prescribe que nadie podrá ser privado de su propiedad sin- el debido proceso de ley.
‘ ‘ 7. — Que de no. librarse- el injunction de que se trata, el deman-dante continuará ejercitando los actos de violación de que ha ve-nido haciendo méritos, y continuará inundando los terrenos de los aquí demandados.
“Por todo lo cual; los demandados solicitan del tribunal que li-bre una orden de injunction dirigida al Hon. Comisionado del Interior de Puerto Eico, señor Guillermo Esteves, en representación de “El Pueblo de- Puerto Eico, y a sus representantes, agentes, em-pleados y subalternos, para que se abstengan de continuar ejercí-tando los actos de que se trata hasta que se resuelva el pleito de expropiación a su favor, apercibiendo al demandante y a sus repre-sentantes, agentes, empleados y subalternos que de desobedecer la orden del tribunal serán culpables de desacato.”

La primera defensa del Pueblo de Puerto Eico a la solicitud de injunction era que no podía, ser demandado sin su propio consentimiento. En algunas partes de su argumentación el Pueblo de Puerto Eico aparentemente alega que no ha habido la “incautación” (taking) de los terrenos de los apelantes según lo prohíbe el Acta Orgánica de Puerto Eico. Por lo tanto, creemos prudente determinar si los hechos en este caso demuestran o no una incautación. El efecto de la inundación, aunque no transfiera el título de las tierras al Pueblo de Puerto Eico, privaría a los apelantes del uso y disfrute de las mismas, y, por consiguiente, eso equivaldría a una incautación según dicha palabra ha sido definida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, así como por otras cortes. El caso- principal sobre esta cuestión es el de Pumpelly v. Green Bay Co., 13 Wall. 166, 168 (20 L. Ed. 557), citado por los apelantes. En dicho caso la corte, por opinión dictada por el Juez Miller, resolvió que no era necesaria la absoluta incautación de la propiedad en el sentido estricto de la palabra, para que el caso quedara dentro de la protección de esta disposición constitucional; y que el uso corriente y necesario de la propiedad podría interrumpirse tan seriamente que sería equivalente a una incautación dentro del alcance de la Constitu-ción; que resultaría muy curioso y poco satisfactorio si se resolviera que cuando el gobierno se abstenía de la conversión absoluta de bienes inmuebles para uso público, podía destruir su valor enteramente y ocasionar un daño irreparable y permanente en cualquier sentido, ya que dentro del significado estricto de la palabra la propiedad no se tomaba para uso público. La corte analizó las autoridades con antelación al 1871 y resolvió que cuando se inundaban mate-rialmente bienes inmuebles debido a nn excesivo aumento de agua, tierra, arena n otras materias, o colocando cualquier construcción artificial sobre ellos, destruyendo efectivamente su uso o impidiéndolo, esto equivalía a una incautación den-tro del alcance de la Constitución. El caso principal fue citado por nosotros en el caso de American Railroad Co. v. Quiñones, 15 D.P.R. 1, en el que dijimos lo siguiente:

“El derecho de propiedad es exclusivo y no consiente el uso de la finca para fines contrarios a los derechos del dueño y causar da-ños irreparables a una finca equivale en cierto modo a privar de su propiedad al dueño de la misma, y en este sentido la ley le protege con respecto a tales actos.”

U. S. v. Lynah, 188 U. S. 445, y los casos citados, sostie-nen el caso principal, como lo hace además el de U. S. v. Grizzard, 219 U. S. 180. Este principio se expone en Lewis on Eminent Domain, Tercera Edición, pp. 66, 90, 100, 144, 554, y en otras páginas más.

El caso de Stockdale et al. v. Río Grande Western Ry. Co., 77 Pac. 849, resolvió que cualquier intervención subs-tancial sobre propiedad privada que destruya o material-mente aminore su valor, o por la cual el derecho del pro-pietario a su uso y disfrute sea destruido o limitado en cual-quier forma substancial, equivale a una ocupación, citándose numerosos casos a tal efecto. Otros casos que sostienen este extremo son los siguientes: Vanderlip v. City of Grand Rapids, et al., 73 Mich. 522, 41 N. W. 677, 3 L.R.A. 249, 16 A.S.R. 597; Elser v. Grosspoint, 223 Ill. 230, 79 N. E. 27, 114 A.S.R. 326; y la nota del caso de Gordon v. Ellinville, 47 L.R.A. (N. S.) 462.

La sección 10 de la Ley No. 63 de 1919, dispone lo si-guiente :

“El Comisionado del Interior, sus oficiales, agentes o empleados tendrán el derecho de entrar, previa notificación al propietario o re-presentante, en cualquier terreno, para practicar deslindes y para situar y establecer cualquiera obra propuesta o inclusa en dicho sis-tema de riego, incluyendo las líneas de cualquier canal, camino, tú-nel, local para depósito de agua, acueducto, planta para desarrollar-fuerza, líneas transmisoras, u otra obra que se requiera, debiendo indemnizarse al propietario de los perjuicios que se le ocasiones* como consecuencia de dichas obras. El Comisionado del Interior estará facultado, cuando fuere necesario, para iniciar procedimien-tos de expropiación a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, con el fin de adquirir cualquier terreno o derecho comprendido en los pla-nos aprobados del mencionado proyecto de riego; y para los fines de dichos procedimientos de expropiación, todo terreno, toda -servi-dumbre de paso para conducción de agua y corrientes eléctricas, tod© local para depósito de agua, canales, caminos túneles, acueductos,, acequias, plantas de fuerza motriz, y demás cosas comprendidas j que entren en dicho plan de riego, aprobado según se ha expresado, se declara, por la presente, que son obras' de utilidad pública, y, como tales, se declara que están sujetas al derecho de expropiación forzosa, pudiendo ser objeto de procedimientos de expropiación en la forma que la ley dispone; Disponiéndose, sin embargo, que to-dos los mencionados derechos y cosas pueden ser objeto de procedi-mientos de expropiación, sin necesidad de cumplir aquellas disposi-ciones de la ley que requieren una declaración de utilidad pública por el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la ley aprobada el 12 de marzo de 1908, titulada ‘Ley para enmendar la ley titulada “Ley-estableciendo la expropiación forzosa de la propiedad particular para los fines y bajo las condiciones expresadas en la misma,” apro-bada en mai’zo 12 de 1903’ o con ninguna otra disposición de ley referente a declaraciones de utilidad pública; Y disponiéndose, que el Comisionado del Interior estará facultado en todo tiempo para adquirir para dicho sistema de riego dichos derechos y cosas, siem-pre que sea posible, mediante transacción fu'era de la corte, para evitar los procedimientos de expropiación; Y disponiéndose, además, que el Comisionado del Interior queda por la presente autorizado y facultado para permutar, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, abrevaderos para ganado por cualesquiera terrenos que El Pueblo de Puerto Rico necesitare adquirir para la construcción, conservación o explotación del canal principal y de los altos laterales de diels/o sistema de riego.”

Cualquiera que sea la interpretación que quiera dársele a esta sección, la misma no trata de autorizar una incauta-ción sin la debida compensación, en los casos prohibidos por la ley.

La naturaleza del dominio eminente lia sido sometida a la consideración de esta corte, principalmente en el caso de American Railroad Co. v. Quiñones, supra. En la opinión emitida por el Juez Sr. MacLeary, entre otros casos citamos el de Saldaña v. La Junta Escolar de Carolina, 14 D.P.R. 348, al efecto de que tal poder debe ser ejercitado de acuerdo con la ley y teniendo en cuenta los derechos del dueño de los terrenos a una justa compensación.

La petición de injunction, que debe considerarse como cierta para los fines de esta apelación, dice que el Comisionado del Interior fia inundado y se propone continuar inundando los terrenos de los apelantes, y que destruiría los terrenos, caminos y cercas, haciéndolos inservibles para el cultivo. En este caso se ha amenazado a los dueños con privarles del uso de sus terrenos, y esto equivaldría a una ocupación sin .la debida compensación a menos que las leyes de Puerto Rico dispongan una justa compensación sin necesidad del pago previo.

Cuando la Constitución o las leyes no requieren el previo pago en la expropiación, y se pone una suma adecuada a disposición del dueño de la propiedad, a veces puede tomarse la propiedad antes de decretarse la expropiación; pero ni la Carta Orgánica, ni el Código Civil, ni aún la Ley No. 63 de 1919 contienen disposición alguna con el objeto de proteger a los apelantes con anterioridad a la sentencia de expropiación forzosa. El artículo 355 del Código Civil demuestra, como presupone la demanda, que la regla en Puerto Rico, como en muchos estados, es que se requiere el pago de suficiente compensación antes de transferirse el título del terreno. Las decisiones sostienen claramente que en los estados en que se requiere el previo pago no debe haber legalmente ninguna ocupación o intromisión en la propiedad hasta que se compense debidamente al dueño. No necesitamos vagar extensamente en busca de precedente, porque lo hallamos en el caso de American Railroad Co. v. Quiñones, supra. En dicho caso se resolvió terminantemente por la corte qne el previo pago era requisito indispensable a la transferencia del título.

Asumiendo por el momento, de conformidad con el Attorney General, que todos los actos cometidos en este caso lo fueron por El Pueblo de Puerto Rico, no puede decirse que a éste no se le pueda demandar, pero cuando El Pueblo de Puerto Rico comparece ante una corte en solicitud de un procedimiento de expropiación forzosa contra los dueños de cierta propiedad, su consentimiento a ser demandado para responder de los actos de sus funcionarios, respaldados por el Gobierno, debe presumirse concluyentemente. Esto se deduce del caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Ramos, 232 U. S. 627 (58 L. Ed. 763). En dicho caso se resolvió que si bien El Pueblo de Puerto Rico, en acciones ordinarias, no podía ser demandado sin su consentimiento, una comparecencia voluntaria, después de considerar el caso debidamente y de haberse presentado una solicitud del Attorney General para que se le hiciera parte en el pleito, fundándose en que tenía interés en la controversia, equivalía a consentimiento, y que posteriormente el Pueblo de Puerto Rico no podía presentar objeción a la jurisdicción de la Corte con motivo de su inmunidad como soberano. Se hizo distinción del caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rosaly, 227 U. S. 270 (57 L. Ed. 557). La corte puso en duda, al solicitarse una confiscación de bienes {escheat), si el consentimiento era necesario. Sin embargo, si en dicho caso era de presumirse el consentimiento, el presente recurso de apelación presenta un caso más fuerte, en vista de que El Pueblo de Puerto Rico voluntariamente compareció ante la corte para tratar de expropiar los terrenos de los apelantes.

Otro aspecto del caso sería que si la solicitud de injunction presentada por los apelantes procedía por alguna otra razón, una corte de equidad impediría que El Pueblo de Puerto Rico alegara su inmunidad en un caso presentado por él mismo. Veremos, pues, que el injunction es el reme-dio adecuado — quizás el único remedio.

Una ley local aprobada por la Legislatura autoriza demandas de reivindicación contra El Pueblo de Puerto Rico. Ley No. 76 de abril 13 de 1916. Si por algún otro fundamento el injunction procede, entonces tal pleito es la reivindicación cuando existe la incautación de propiedad pri-' vada sin la debida compensación.

A pesar del razonamiento que precede, para demostrar que El Pueblo de Puerto Rico o sus funcionarios en su capacidad oficial podrían ser demandados en este caso, so-mos de opinión que los actos realizados en el presente caso no pueden interpretarse como los del Pueblo de Puerto Rico, sino como los actos individuales de los funcionarios a cargo del proyecto del riego. Debemos de presumir que de la petición de injunction no aparece que Rubiera Rábido una emergencia como una guerra o una gran amenaza a la salud pública que Riciera necesaria la inmediata incautación de esta propiedad sin esperar la sentencia en el caso de expropiación, y eso fué lo que diclios funcionarios Ricieron. Era preferible esperar algunas semanas más, o tal vez algunos años más antes que ocasionar daños a los ciudadanos de Puerto Rico.

El acto de los funcionarios del G-obierno al inundar las propiedades antes de dictarse sentencia en el procedimiento de expropiación debe considerarse como torticero, y así lo Remos resuelto en el caso de Central Victoria v. Kramer, 35 D.P.R. 183. Véase además Harrison v. St. Louis & San Francisco R. R., 232 U. S. 318, 332 (58 L. Ed. 621). De modo que procede un injunction contra los funcionarios in-dividualmente.

La presente petición de injunction es incidental al pleito principal que se está tramitando, según dispone la misma Ley de Injunction en su párrafo 3, Ley de marzo 8 de 1906. El Pueblo de Puerto Pico, por la Ley de 1919, autorizó a sus funcionarios a expropiar estos terrenos, pero no los autorizó a incautarse de ellos antes de la expropiación.

Llegamos, pues, a la cuestión de si el injunction es el remedio adecuado, y nos referiremos primeramente a algunas de las decisiones de varias cortes, especialmente porque en esta clase de casos no tenemos gran cúmulo de jurisprudencia.

En Lowery v. City of Pekin, 55 N. E. 1062, 186 Ill. 387, 51 L.R.A. 301, la corte dijo:

“Se dice que no puede impedirse por medio de un injunction que la ciudad use y retenga la posesión de la propiedad del deman-dante en el recurso de error para ser dedicada a un camino público, por el supuesto fundamento de que el demandante en el recurso de error, si lia sufrido algún daño, tiene un remedio en ley, bien sea mediante una acción para indemnizarse de los daños sufridos pol-la invasión (trespass). Pero no es éste un caso en que se solicite un injunction para impedir una simple invasión (trespass). Este es un caso en el cual un municipio, alegando tener derecho a ello, ilegalmente está tratando de incautarse de la propiedad de un ciu-dadano particular. Ha sido ya bien' establecido que el injunction es un procedimiento apropiado cuando algunas ciudades o funciona-rios públicos, so color de autoridad, o alegando tener derecho a ello, ilegalmente traten de causar daño o de incautarse de la propiedad o de obstruir los derechos de un ciudadano.” (Se citan varios ca-sos.)

La corte continuó diciendo:

“El' daño de que aquí se quejan es uno de naturaleza continua, y permanente, para' el cual no existe un remedio completo y ade-cuado en ley.”

Al resolver que en dicho caso en realidad no se habían incantado de propiedad alguna, la corte, en Birmingham Traction Co. v. Birmingham Railway & Electric Co., 119 Ala. 129, 43 L.R.A. 233, dijo:

“Es tan sólo cuando una parte autorizada por la ley para ejer-cer el derecho de dominio eminente procede sin determinar y pagar legalmente la compensación, al ejercer el derecho de expropiación forzosa, cpie nna corte de equidad expedirá un injtinction, sin tener en cuenta la cuestión de daños irreparables o de si existen remedios adecuados en ley.” (Se citan varios casos.)

En el caso de State ex rel. Cotting v. Sommerville, Judge, 104 La. 74, 28 So. 977, la corte resolvió que aunque la pro-piedad estaba sujeta a expropiación forzosa y que los pro-cedimientos únicamente darían lugar a una sentencia conde-nando al pago de una cantidad de dinero, de ningún modo se infería que podía privarse de la posesión de la propiedad a.sa dueño con anterioridad al pago de la misma; que el retener una propiedad privada, aún en casos de expropiación forzosa, basta que no se satisfaga el pago de una compensa-ción justa y adecuada, estaba garantizado por la Constitu-ción y que no babía justificación legal que autorizara la in-fracción de este derecho, permitiendo que se transfiriera la propiedad mediante la prestación de una fianza a favor del dueño de la misma; que la corte estaba obligada a asumir que el privar a una persona de su derecho garantizádole por la Constitución equivalía per se a un daño irreparable; que de ser ciertas las alegaciones del peticionario, se babía come-tido un acto torticero y una invasión (trespass) y que en tal caso la corte no podía autorizar la continuación de tal neto mediante la prestación de una fianza; que el peticiona-rio tenía derecho a retener lá posesión de su propiedad basta que se le pagara una compensación razonable y ade-cuada y que no podía destruirse tal derecho teniéndose en cuenta meramente la conveniencia pública. La corte citó «asos para demostrar que “usurpaciones y daños a dere-chos privados de propiedad no pueden justificarse teniendo ■en consideración los beneficios que reportaría al comercio,’ y que el derecho de expropiación de propiedad privada po-día ejercitarse únicamente de acuerdo con las formas pres-critas por la ley.”

En el caso de Osborne v. Missouri Pacific Railway Co., 147 U. S. 248, el remedio solicitado fué denegado. La corte por voz del Juez Presidente Sr. Fuller, dijo:

“La jurisdicción en equidad puede ser invocada en vista de lo inadecuado del remedio legal cuando el daño es de carácter destruc-tivo o continuo o irreparable por su naturaleza; y la expropiación de propiedad particular para uso público so color de ley pero de hecho sin autoridad, es una invasión tal de los derechos privados que puede presumirse esencialmente irreparable, si es que en ver-dad no puede concederse el remedio ex debito justitiae.”

Bajo el artículo titulado Dominio Eminente, encontramos, en 10 R.C.L. 228, lo que sigue:

“Cuando se intenta o amenaza una entrada ilegal en terrenos particulares so color de dominio eminente, la misma será prohibida por una corte de equidad sin consideración a los requisitos usuales de la jurisdicción en equidad. Si algún funcionario público, o una corporación facultada para expropiar terrenos para uso público, in-tenta verificar una expropiación excediéndose de las facultades con-ferí dales por la Legislatura o sin cumplir con las condiciones de la concesión, un injunction será librado desde luego, aún cuando el daño ocasionado al dueño sea trivial. La jurisdicción en equidad en tal caso se basa en la tentativa de hacer mal uso del poder sobe-rano delegado por la legislatura y en la situación desigual de las partes por la concesión de una prerrogativa a una de ellas.”

Como se ha resuelto frecuentemente, cuando los daños son remotos las cortes no ejercitarán su jurisdicción de equidad, pero cuando existe una incautación la regla es todo lo contrario. Osborne v. Missouri Pac. Ry. Co., supra.

El caso citado por el Gobierno, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea Transportation Co. v. Chicago, 99 U. S. 635, se refiere a daños incidentales o remotos y no a una' incautación. La corte tomó como premisa que no se podía coger propiedad privada sin la debida compensación, y entonces dijo:

Pero los actos realizados en el debido cumplimiento de los po-deres gubernamentales sin invadir directamente la propiedad pri-vada, aunque la consecuencia Sea impedir su uso, se ha resuelto uni-versalmente que no equivale a una incautación dentro del significado de la disposición constitucional. ’1

Para demostrar la diferencia entre nna incautación y meros daños remotos, los siguientes casos también son aplicables: Richards v. Washington Terminal Co., 223 U. S. 554, L.R.A. 1915-A 887; Callenden v. March, 1 Pick 418, 429; Elser v. Village of Gross Point, 223 Ill. supra; Detroit v. Beckman, 34 Mich. 125; Vanderlip v. Grand Rapids, 3 L.R.A. 247, supra, y nota.

En ningún caso de los que hemos encontrado, especialmente cuando el pago es un requisito previo estatutorio, se ha resuelto que la inundación de terrenos no sea una incautación. Los daños que se ocasionarían en este caso, de acuerdo con la jurisprudencia, son de naturaleza permanente y presuntivamente irreparables. Poco importa que una sentencia de expropiación pudiera obtenerse prontamente, pues según toda la jurisprudencia cuando se exige el pago previo el dueño de la propiedad tiene derecho al uso y disfrute de la misma hasta que se ha recibido de hecho una justa compensación después de dictada la sentencia o cuando menos, una oferta de pago de tal compensación posterior a la sentencia. Los motivos que pueda tener un dueño para rechazar una oferta háchale por el Comisionado del Interior no juegan papel alguno. Sus motivos pudieran ser enteramente impropios, pero se presume, sin embargo, lo contrario y tal presunción existe para beneficio de los poseedores de buena fe. Un hombre pudiera tener sólo un motivo sentimental para retener su propiedad, como por ejemplo, el de haber sido la casa solariega de su familia durante muchos años. Convenimos con el Gobierno en este caso que no era necesaria declaración alguna de utilidad por el Consejo Ejecutivo, ya que - la Legislatura había determinado un método distinto para tal declaración de utilidad. Sin embargo, si en general la mera oferta de pago o consignación en corte de la supuesta justa compensación justificara la incautación de los bienes pendente lite, enton-ces la propiedad particular podría ser tomada sin demos-tración alguna de que la finca específica es útil y necesaria para el público.

Según los lieclios alegados en la petición, dos demandados tenían derecho a que se les expidiera el injunction que soli-citaron, y la sentencia de la corte inferior debe ser revo-cada. Somos de opinión que según la faz de la petición debe concederse el injunction, desde luego, pero como podrían suscitarse algunas cuestiones de hecho, el caso debe devol-verse a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de Pedro Monroig, compuesta de Nemesio, Valeria, Agueda, Leonarda, Leoncia, Félix, Juana, Pedro, Monserrate, Carmen y Victoria Monroig Vélez y María Juana Vélez Viuda de Pedro Monroig, demandantes y apelantes, v. Guillermo Esteves y Rafael M. González, demandados y apelados.
    No. 4093

      Visto: Noviembre 17, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    Dominio Eminente — Remedio—De los Dueños de Propiedad — Remedio por Injunction — Injunction para Impedir la Toma u Ocupación de Propiedad— En General — Injunction Contra Funcionarios del Gobierno. — Cuando funcionarios del Gobierno se incautan de propiedad privada sin liaeerse la debida compensación, procede un injunction ma-ndatorio contra los mismos para reponer al demandante en la posesión de su propiedad.
    Sentencia de Enrique 8. Mestre, J. (Aguadilla), declarando sin lu-gar petición de injunction.

      Revocada.

      García Méndez & García Méndez, abogados de la sucesión apelante; Hon. Attorney General George C. Butte j F. G. Pérez Almiroty, 'Sub-attorney general, abogados de los 'apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso difiere de El Piteólo de Puerto Rico, represen- tado por Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, v. Narciso y Violante Rabell Cabrero, ante, .p. 130 en dos puntos importantes.

Aquí se solicita el mjimcbion en nn caso directo contra el Comisionado del Interior y no está radicado como nn in-cidente de mi caso de expropiación ya comenzado. Segundo, el remedio solicitado en este caso, entre otras cosas, es nn injunction mandatorio para reponer al demandante en la posesión de sn propiedad. Partiendo de la base de los Pe-chos alegados, de conformidad con los principios sentados en el caso anterior, procede naturalmente nn injunction contra el Comisionado y la única cuestión envuelta es si en el presente caso procede nn injunction mandatorio. Sin embargo, no vemos cómo se puede llegar a otra conclusión que no sea qne cuando la propiedad privada es tomada sin ha-cerse la debida compensación, como se describe en la de-manda, los funcionarios del 'gobierno que se incautan de ella deben devolverla al demandante en cuanto fuere posi-ble en las mismas condiciones en que estaba la propiedad cuando se efectuó la usurpación. Como pudiera surgir al-guna cuestión de hecho, la resolución apelada debe revo-carse y el caso devolverse para que se libre el auto solicitado o para ulteriores procedimientos no inconsistentes con está opinión.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: Ei, Juez Asociado Señoh Wodj?, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Federico Calaf, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3969.
    Visto: Noviembre 5, 3926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    Contribuciones — Pago y Devolución y Recobro de Contribuciones Pagadas Bajo Protesta — Acción y Procedimiento. — Jurisdicción.—Las cortes de distrito y no las cortes municipales, cualquiera qne sea la cuantía envuelta, tienen jurisdicción para conocer de acciones que para el cobro de contri-buciones plagadas bajo protesta se interpongan bajo la Ley No. 74 de 192-5 (p. 401) para proveer rentas mediante imposición de contribuciones sobre ingresos.

      SeNtbncxa de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), desestimando la demanda 'y ordenando el sobreseimiento y archivo del caso, sin costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Jaime Sifre, llorado Franceschi, Diego O. Marrero, abogados del apelante; Hon. Attorney General George C. Butte y 1.kib-At-torney General Arturo Ortiz Toro,- abogados del apelado.
   Ei, Juez Asociado Señoh Wodj?,

emitió la opinión del tribunal.

Este era an pleito contra el Tesorero de Puerto Rico so-bre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la demanda, por creer que no tenía jurisdicción en el asunto. Su teoría fue que la sección 76, letra (a) de la Ley No. 74 de agosto 6, 1925 (p. 401), en su texto inglés disponía que las acciones de esta clase debían entablarse en la “propia” (proper) corte, y que, por lo tanto, debido a la cuantía envuelta, la que no llegaba a $500.00, era- la corte municipal la única que’ tenía jurisdicción.

Previamente, en el caso de Pedro de Jesús v. Gallardo, 34 D.P.R. 430, esta corte había resuelto que las palabras “en un Tribunal de jurisdicción competente” que están contenidas en la Ley No. 9 del 23 ele junio de 1924 (p. 71), que es una ley general sobre contribuciones, se referían a la corte que tuviera jurisdicción con motivo de la cuantía en-vuelta. No hay duda alguna, por tanto, que si el texto in-glés de la Ley No. 74, supra, ha de observarse, el presente caso debe ser desestimado.

Estamos inclinados a convenir con el apelado que el re-medio que se persigue debe estar sujeto a la ley más re-ciente sobre la materia, y que la Legislatura, al referirse a contribuciones adeudadas de acuerdo con las leyes anteriores, se refería únicamente a la obligación del contribuyente de satisfacerlas; pero como en este caso están envueltas con-tribuciones sobre ingresos, no tenemos la menor duda de que el caso fué interpuesto bajo la ley especial de 1925 y no bajo la ley general de 1924.

Tenemos entonces qne examinar si la mencionada Ley de 1925 contiene algunas disposiciones qne la distingan de la regla general. El texto castellano, diferenciándose del in-glés, dice “Ante la Corte de Distrito correspondiente.” En una moción de reconsideración, el apelante demostró a la corte de distrito qne la ley de contribnciones sobre ingresos fné presentada originalmente en inglés, retirada posterior-mente, y qne se preparó nn texto enteramente nuevo, siendo presentada en español. Independientemente de la interpre-tación que debe darse a las leyes por la forma’de su pre-sentación, según dispone la ley de 1917, creemos que cuando el texto español, que fué el que en realidad estuvo ante am-bas cámaras, daba la jurisdicción a las cortes de distrito, ésa era una prueba clara de la intención de la Legislatura.

La Ley No. 8 del 12 de noviembre de 1917, págs. 210 y 211, Leyes ¡de Puerto Eico de 1917, vol. 2, dispone lo si-guiente :

“Sección 1. — En el caso de existir discrepancia entre los textos inglés y castellano de un estatuto de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico, prevalecerá en la interpretación del mismo el texto en que se hubiere originado en cualquiera de las Cámaras, salvo en los casos siguientes: (a) si el estatuto fuere una traducción o adapta-ción de un Estatuto de los Estados Unidos o de algún Estado o Territorio de los Estados Unidos, se dará preferencia al texto inglés sobre el texto castellano; (b) si el estatuto fuere de origen español se atenderá al texto castellano con preferencia al texto inglés; (e) si la cuestión de preferencia no pudiera resolverse por las reglas precedentes, se atenderá al texto castellano.”

En realidad la Ley de contribuciones sobre ingresos que tenemos a la vista, como cuestión de liecbo, se originó en castellano, en lo que a la Legislatura se refiere, y su inter-pretación debe regirse por el texto castellano, a menos que sea aplicable al inciso (a), supra. Se argumenta que la ley de contribuciones sobre ingresos es una traducción o adapta-ción de un estatuto de los Estados Unidos. Según la ley fué presentada originalmente, decía la “proper” corte, pero esto fue cambiado deliberadamente en el texto castellano. Tal acto equivale a una enmienda local. La interpretación general que se debe dar a las leyes de contribuciones sobre ingresos debe guiarse por la redacción del texto inglés, pero la corte a la cual se debe acudir es un asunto local y entera-mente distinto. La corte que debe invocarse no cae dentro del espíritu de la Ley No. 8 (a) supra, y dudamos si la le-tra de ella es aplicable.

Febrero 7, 1927.

1. Contribuciones — Pago y Devolución y Recobro de Contribuciones Paga-das Bajo Protesta — Acción y Procedimiento — Jurisdicción.—Alegándose que la intención legislativa al aprobar la Ley No. 74 de 1925 (p. 539) fué el evitar la presentación de injunctions ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rieo para impedir el cobro de las contribu-ciones sobre ingresos, se resolvió: que si las palabras “propia corte" (proper court) permitieran que un contribuyente presentara su reclama-ción ante dicha corte, las palabras ‘ ‘ corte de distrito correspondiente ’ del texto castellano en igual forma darían al contribuyente tal derecho.

2. Apelación y Error — Vista y Nueva Vista — Reconsideración de Sentencia —Moción de Reconsideración — Oposiciones.—Siendo una moción de re-consideración generalmente una cuestión ex-parte, no debe presentarse una. '“oposición" a aquélla; si en algún caso el tribunal tuviere serias dudas en cuanto a las cuestiones levantadas en la moción de reconsideración en-tonces dará a la parte contraria oportunidad de ser oída.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor'Hutchison no intervino.

RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Entre otros motivos para solicitar la reconsideración, el ' Tesorero dice:

“Que la interpretación dada por este tribunal a la sección 74 (sic) de la Ley de Ingresos de 1925, destruye la existencia de un remedio adecuado en ley en casos de pago bajo protesta en contri-buciones sobre ingresos, habiendo sido la intención de la Legislatura, al aprobar dicha Ley, la misma que tuvo al aprobar la Ley No. 9 de 1924, para evitar la presentación de injunctions ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para impedir el cobro de las contribuciones.”

Estamos dispuestos a resolver, asumiendo que la cues-tión está ante nuestra consideración, que si las palabras “propia corte” (proper court) permitieran que un contri-buyente presentara su reclamación en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, las palabras “corte de distrito co-rrespondiente” en igual forma darían al contribuyente tal derecho.

Los otros fundamentos de reconsideración han sido totalmente cubiertos por nuestra opinión anterior.

Mientras la moción de reconsideración estaba pendiente, el apelante radicó una llamada “oposición” que no hemos considerado.' Una moción de reconsideración es general-mente una cuestión ex-parte'. Si la corte decide declararla, sin lugar, entonces no hay razón alguna para oir a la parte contraria, y se dispone del caso con más prontitud. Si en un caso la corte tiene algunas serias dudas, en una u otra forma entonces dará a la parte contraria la oportunidad de ser oída. Si se radica una “oposición” que la corte toma en consideración, la parte contraria puede convertir una moción ex-parte en una cuestión contenciosa, demorando-así la resolución del caso.


text:
    Fernando Olivencia, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, P. R., recurrido.
    No. 653.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    1. Marido y Mujer. — Bienes (de la Sociedad Legal de) Gananciales- — Dere-chos de los Herederos — Inscripción de Gananciales a su Davor. — De-fectos Subsanables — Subsanación.—Inscrita declaratoria de herederos — en cuanto a una finca inscrita a virtud de un expediente de dominio — con el defecto subsanable de no acreditarse la cansante fuera la esposa del pro-movente del expediente al adquirir él el inmueble, tal defecto no queda subsanado cuando, de los documentos presentados sólo aparece que el pro-movente adquirió la finca siendo soltero, que su matrimonio se verificó años después y no hay nada que demuestre que 61 no había contraído matrimo-nio entre las fechas do la adquisición y la de su matrimonio, sin que el affidavit del recurrente al efecto de haber estado casado en únicas nupcias con la cansante sea suficiente do hacer constar tal hecho en el registro.

      2. Registradores — Facultades—Calificación de Títulos — Determinación de las Faltas de los Títulos — Calificación de una Falta como Subsana-ble Siendo Insubsanable — Efecto.—Cuando un registrador califica do sub-sanable un defecto y resulta después que era insubsanable y que el docu-mento presentado no debió inscribirse, tal defecto, no obstante, no puede ser subsanado.
    3. Marido y Mujer — Bienes Privativos de los Cónyuges — En General — Su Conversión en Propiedad Conyugal — Conversión por la Voluntad de un Cónyuge. — Una iiropiedacl privada no puede convertirse en propiedad conyugal por la mera voluntad de uno de los cónyuges.
    Nota de Pedro Gomes Lasserre, R. (Mayagüez), negando la subsa-nación de un defecto subsanable consignado en nota puesta al pie de un documento.

      Confirmo,da.

      José Sabater, abogado del recurrente; El registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Fernando Olivencia promovió nn espediente para acredi-tar el dominio de una finca rústica sita en el barrio de Alto Sano del municipio de Las Marías, qne fné debidamente inscrito en mayo 26 de 1925 sin defecto alguno en el Regis-tro de la Propiedad de Mayagüez. En el expediente de do-minio aparecía qne Fernando Olivencia tenía 42 años de edad y era casado con Carmen Valladares. Esta última murió en diciembre 9 de 1925. Una declaratoria de here-deros fué obtenida en abril 9 de 1926 y los herederos eran el esposo y sus dos hijos menores de edad. Al ser presen-tada esta declaratoria para sn inscripción el registrador de la propiedad de Mayagüez la inscribió con un defecto sub-sanable como sigue:

“Se hace, constar que dicha inscripción se verifica con el defecto subsanable de no acreditarse que Carmen Valladares fuera la esposa de Fernando Olivencia al adquirir éste la finca.”

Según Fernando Olivencia él adquirió esta propiedad en el 1914 cuando era soltero. Sn matrimonio con Carmen Valladares se efectuó eu el 1920. Después de exponer estos hechos previos en la petición al registrador con el fin de subsanar el defecto, el peticionario continuó diciendo qne aunque la finca aparecía como su propiedad privada era sn deseo que se considerase como perteneciente a la sociedad conyugal, en vista de que después de su matrimonio se ha-bían hecho ciertas mejoras en la misma; y por la razón adicional de que él deseaba qne sus hijos tuvieran alguna participación en dicha finca, y qne no defraudaba • con ello, a ninguna persona y especialmente a ninguna otra sociedad de gananciales, perjudicándose tan sólo a sí mismo. El re-gistrador rehusó considerar qne se había subsanado el de-fecto substancialmente, por el fundamento de qne del regis-tro no aparecía qne entre el 1914 y 1920 el peticionario no había contraído otro matrimonio. El peticionario entonces acudió a la Corte de Distrito de Mayagüez y obtuvo una or-den declarativa de que él era soltero en el 1914 cuando ad-quirió la propiedad. Al presentarse esta orden y declara-ción jurada del peticionario al registrador, éste rehusó con-siderar el defecto subsanado y sostuvo qne la actuación de la corte confirmaba su posición. La declaración jurada del peticionario exponía que éste nunca había estado casado con nadie excepto con Carmen Valladares, pero una declaración jurada no es la forma de hacer aparecer un hecho que se desea hacer constar en el registro. La objeción del regis-trador de que no aparecía que el peticionario no había con-traído matrimonio entre 1914 y 3920 permanecía sin alterar.

Además opinamos fuertemente que no puede convertirse propiedad privada en propiedad conyugal por la mera voluntad de uno de los esposos. Es muy probable que en este caso no se perjudicara a nadie más que al peticionario, pero esta forma de transmutación,, en otro caso podría dar lugar a fraude a acreedores y quizás a otras personas. Probablemente si el registrador hubiese tenido to-dos los hechos ante sí y les hubiese dado debida consideración, habría negado la inscripción de la declaratoria de he-rederos. El inscribió con defecto snbsanable y no vemos cómo ese defecto pneda subsanarse.

La nota del registrador■ debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Senos, Wole,

text:
    Laureano Postigo Acosta, demandante y apelante, v. Josefa Amelia Pérez Morfi, demandada y apelada.

      No. 3993.
    Visto: Diciembre 22, 1926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    Divorcio — Jurisdicción, Procedimientos y Remedios — Apelación—Cuestiones de Hecho y Conclusiones. — Conclusiones Sobre las Pruebas. — En acción de divorcio fundado en trato cruel el Tribunal Supremo, por regla general, no se desviará de las conclusiones de la corte inferior aún cuando la evi-dencia tienda a demostrar que la esposa demandada en ocasiones insul-taba a su marido.
    Sentencia de B. H. Todd, Jr., J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda y contrademanda, con costas al demandante.

      Confir-mada.

      B. Arjona Siaca, abogado del demandante; Miguel Buluimonde, abo- • gado de la demandada.
   El Juez Asociado Senos, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce declaró sin lugar una de-manda de divorcio, así como también la contrademanda. En su opinión la corte analizó las declaraciones y resolvió que en un procedimiento de divorcio la prueba debe ser convin-cente y citó varias decisiones de esta corte; que el deman-dante no Rabia probado el trato cruel en que basaba su de-manda; que los insultos recibidos no equivalían a crueldad y que el marido no Rabia realizado esfuerzo alguno para armonizar la vida conyugal. Es evidente que la Corte inferior se inclinó a creer que la esposa insultó al marido en ciertas ocasiones, pero no creyó que los insultos equivalían a trato cruel.

Hemos examinado la prueba e igualmente creemos probable que la demandada ocasionalmente insultó al deman- dante; pero no vemos razón para desviarnos de las conclu-siones a que llegó la Corte de Distrito.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Narciso Pagán, demandante y apelante, v. La Sucesión de Eulalio Rosaly y Vázquez, compuesta de su cónyuge viuda Doña María Hostas y sus legítimos hijos Manuel, Eulalio, Concepción, Angeles, Masía, Jorge, Eduardo y Miguel Rosaly Hostas, demandada y apelada.
    No. 4012.
    Visto: Noviembre 8, 1926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    1. Apelación y Errior — Record y Procedimientos que no Están en Record— Defectos, Obuecciones, Enmiendas y Correcciones — Corrección en el Tribunal de Apelación — Omisiones en el Record — Subsanación.—Aunque es dudoso si iiuede considerarse las constancias de otro récord cuando un caso es sometido por las alegaciones de la demanda, la contestación y ex-cepción previa, sin embargo, la corte puede permitir al apelante durante la apelación que subsane la- omisión de no incluir en el legajo de la sen-tencia del caso los beelios que según el propio apelado, se presentaron en evidencia en la corte inferior.
    2. Apelación y Error — Alegatos—Alegatos sin Señalamiento de Errores ni Exposición Concisa de los Hechos — Discreción para Permitir la Presentación de Nuevo Alegato — En General. — El Tribunal Supremo en su discreción y bajo pena de desestimar más tarde, puede permitir se pre-sente un nuevo alegato dentro de un tiempo limitado cuando el alegato original no cumple con las Reglas de dielio tribunal pero las cuestiones some-tidas por aquél son fundamentales, y especialmente cuando diehas cuestio-nes han sido parcialmente discutidas al resolverse otro fundamento de de-sestimación.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      Agustín E. Font y Luis Villaronga, abogados del apelante; Arjona & Arjona, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal

Un hijo natural entabló una acción de filiación en la Corte de Distrito de Ponce. Después de varias mociones preliminares, se radicó una contestación enmendada. El de-mandante se opuso a esta contestación, y según parece, su objeción fué desestimada. La contestación enmendada fué radicada con una excepción previa y la apelada alega que se sometió el caso por las alegaciones. En la excepción pre-via y la contestación se levantaban dos cuestiones, siendo una de ellas que la acción había prescrito y la otra, que un pleito anterior convertía este asunto en res adjudicata. La corte de distrito resolvió ambas cuestiones a favor de la demandada. Se apeló de tal resolución, y la apelada soli-cita se desestime la apelación.

El primer fundamento es que el apelante no ha suministrado a esta corte una transcripción completa. Su teoría es que la corte, al resolver que el caso era res adjudicata, examinó los autos anteriores de la corte para determinar si había identidad en las dos acciones, y que el apelante ha dejado de incluir en el legajo de la sentencia de este caso los hechos presentados en evidencia en el pleito anterior. Según aparece de los autos, y tal como' leemos de los alegatos y manifestaciones de las partes, el caso fué sometido a la corte por las alegaciones de la demanda, la contestación y la excepción previa, y parece que la corte no tenía derecho a considerar una cuestión ele hecho que no le había sido sometida. Estamos más inclinados hacia este punto de vista, aunque se nos podría convencer de lo contrario, pero aún si el asunto fuera más dudoso, estaríamos dispuestos a permitir que el apelante subsanara ese supuesto defecto en debida forma.

Esta es una apelación extraordinaria, dadas las alegacio-nes, pero la regia general es que no se debe desestimar una apelación por el hecho de que el apelante no ha incorporado a los autos del caso la evidencia, ya que las alegaciones pue-den ser examinadas.

El segundo fundamento para la desestimación es que el alegato del apelante deja de cumplir con las reglas de esta corte. Encontramos que esto es lo cierto. No hay señalamiento de errores. Tampoco se ha hecho una exposi-ción concisa de los lieclios, según lo exige la regla 41. Sin embargo, una lectura del corto alegato del apelante, la que se liace necesaria en este caso, hace surgir una duda en nuestras mentes, no solamente en lo que a la cuestión de res adjudicata se refiere, según se ha indicado antes, sino también sobre la otra cuestión, o sea, la prescripción de la acción. Intencionalmente nos hemos abstenido de conside-rar cuidadosamente si de acuerdo con los varios códigos y sus disposiciones transitorias el apelante tiene derecho a entablar esta acción, ya que nos gustaría oir a ambas par-tes. Sin embargo, si el apelante está en lo cierto, se ha co-metido un error fundamental. Bajo estas circunstancias, la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar, con la condición de que el apelante radique dentro del término de diez días un nuevo alegato que cumpla con las reglas de esta corte. De lo contrario, la apelación será desesti-mada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. López Hermanos, acusados y apelantes.
    No. 2932.
    Visto: Diciembre 9, 1926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    L Derecho Penal — Apelación y Error,' y Certiorari — Revisión—Presuncio-nes en Apelación — En General. — Cuando la denuncia es ambigua y es du-doso si está dirigida contra una firma o un miembro de la misma, si éste alega su no culpabilidad y no presenta objeción, puede asumirse que ella está dirigida individualmente contra el socio, especialmente cuando sólo se-ñala como error de da denuncia el no alegar que él fuera el único socio gestor.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Conocimiento Judicial, Presunciones y Peso de la Prueba — De las Presunciones — -Prueba de la Existencia de una Cosa y Continuación de ésta — -Existencia de una Cosa con Anteriori-dad a la Pecha en que se Prueba — En General. — No negándose que se probó la falta do peso de un pan al ponerse en una balanza que se admite fue examinada unos días antes, en ausencia de demostración o autoridad al efecto de que el tiempo transcurrido es demasiado remoto, el principio de continuidad del inciso 21 del artículo 102 de la Ley de Evidencia es apli-cable, y la prueba debe reputarse suficiente para justificar que esto estado de cosas duraba aún.

      3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada. — Una sentencia que simplemente declara culpable al acusado puede corregirse en apela-ción modificándose al efecto de que especifique la persona culpable, y así mo-dificada confirmarse.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), condenando al acu-sado por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.

      Modificada y así modificada confirmada.

      Monserrat & Monserrat y Pedro Santana Jr., abogados de los ape-lantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En una denuncia por vender pan falto de peso el denunciante empezaba diciendo que formulaba denuncia contra. López Hermanos, representados por José López. La sentencia declaró al acusado culpable sin otra especificación respecto a la persona. Hemos decidido (El Pueblo v. Fernández, 35 D.P.R. 333) que no se puede denunciar a una firma. La denuncia está redactada con ambigüedad y es dudoso si ella estaba dirigida contra la sociedad o contra José López. Los autos demuestran que el acusado alegó que no era culpable pero no presentó ninguna otra objeción. Bajo estas circunstancias podemos asumir que la denuncia estaba dirigida individualmente contra José López, especialmente ya ’que a este respecto él señaló como error únicamente que en la denuncia no se alega que José López era el único socio gestor. Se cita el caso- de El Pueblo v. Arce, 34 D.P.R. 340. En dicho caso decidimos que si bien la prueba demostraba que Francisco Arce era un socio gestor, sin embargo no demostraba que él era responsable de los actos de la sociedad, ni que él fuera el único socio gestor. Allí no estaba envuelta ninguna cuestión de alegaciones y en el presente caso la denuncia imputa suficientemente que el acusado era responsable del acto de vender pan falto de peso. El Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792.

La apelante señala como error la insuficiencia de la prueba para justificar una sentencia condenatoria. No se niega qne se probó qne el pan estaba falto ele peso al ser pnesto en cierta balanza, pero la apelante insiste en qne no se demostró la corrección de la balanza. Se admite qne la balanza fné examinada Í5 ó 20 días antes. En -ausencia de una demostración o de autoridad al efecto de qne 15 ó 20 días es un período demasiado remoto, es aplicable el prin-cipio de continuidad, o sea “que una vez probada la exis-tencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordi-nariamente duran las cosas de igual naturaleza.” Ley de Evidencia, Compilación de 1911, pág. 312, art. 102, inciso 31.

Convenimos con la apelante en que la sentencia es insuficiente. Dejó de mencionar a José López y simplemente declaró al acusado culpable. Esto podemos corregirlo.

La sentencia debió ser más específica y no decir simple-mente que declaraba al acusado culpable de infringir la ley de pesas y medidas. El delito pudo describirse mejor, pero la apelante no señala error a este respecto y no bay duda alguna de que el pan estaba falto de peso.

La sentencia debe ser modificada y decir que la corte declara al “acusado José Lopes convicto’’, y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado Señor Hutcbison no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Colón, acusado y apelante.
    No. 2875.
    Visto: Diciembre 15, 1926.

      Resuelto: Enero 14, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—En GeneRal — Resoluciones en Cuanto a las Acusaciones o Denuncias — Mocio-nes para Eliminar Palabras en las Mismas. — La negativa a eliminar pa-labras contenidas en una nota al pie de una denuncia no constituye error cuando dicha nota explica el cuerpo de la denuncia- y no es inconsistente con ésta.
    2. "Indictment” y Acusación — Denuncia de Defectos y Objeciones y Sub-sanación por Veredicto — Renuncia de Objeciones a una Denuncia. — Una moción para eliminar palabras contenidas en una denuncia debe presen-tarse antes del juicio.

      3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — -Record y Procedimien-tos que no Están en Récord — Transcript de la Evidencia — Contenido.— Una moción para eliminar no debo incluirse en Ja transcripción de las no-tas taquigráficas como tampoco una excepción perentoria; cada una de éstas debe formar parte del legajo de la sentencia corriente.
    4. Automóviles — Infracciones a la Ley de Automóviles — Proceso y Castigo —Denuncia.—Su Suficiencia — Guiar Vehículos Públicos sin la Licen-cia Correspondiente. — En denuncia por guiar un vehículo público sin te-nerse licencia para ello de la que aparece que el acusado conducía pasajeros, no es necesario alegar que éstos se transportaban mediante pago o retribu-ción.
    SENTENCIA de B. López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por infracción a la Ley de Automóviles, con costas.

      Con-firmada.

      José J. Aponte, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso dice así:

“Yo, Manuel Lebrón, P. I. No. 453, vecino de Salinas, P. E., ca-lle “Ciudad Perdida,” mayor de edad, formulo denuncia contra Eduardo Colón por delito de Infracción Ley de Automóviles, Art. 1, cometido de la manera siguiente: Que en 12 de octubre de 1925, hora 4 p. m., y en la Calle Unión de Salinas, del Distrito Judicial Municipal de Salinas, P. R., allí y entonces el referido acusado Eduardo Colón, ilegal, voluntaria y maliciosamente, violó las dispo-siciones de la vigente- Ley de automóvil, para regular el uso y ma-nejo de los vehículos de motor en Puerto Rico, tal como fué apro-bada en abril 13, 1916, y enmendada por la Ley No. 55 de julio 11, 1921, definiendo lo que es conductor; consistente en que el acusado arriba expresado a sabiendas e inteneionalmehte guiaba el auto ‘Hudson’ P. 1128 de su propiedad, teniendo solamente una licencia y placa de conductor No. 14, 645, violando de ese modo la Ley en cuanto al artículo antes citado. Hecho contrario a la Ley.
“Nota: ese chauffeur cuando fué denunciado iba manejando el automóvil Hudson P. 1128, que está dedicado a la conducción de pasajeros de Ponce a Guayama e iba con varios.”

Se presentó una moción para eliminar las palabras contenidas en la nota y la denegatoria de la corte a acceder a dicha moción es el fundamento del primer señalamiento de error. Diremos de paso que una moción para eliminar debe presentarse antes del juicio y que no debe incluirse en la transcripción de las notas taquigráficas; como tam-poco una excepción perentoria. Cada una de éstas debe formar parte del legajo de la sentencia corriente.

Para justificar su moción de eliminación, el apelante alega que hay una contradicción entre el cuerpo de la de-nuncia y la nota. Convenimos con el fiscal en que la nota explica el cuerpo de la denuncia y que no es inconsistente con ella. Aparecía algo dudosamente que el acusado te-niendo solamente una licencia de conductor guiaba el auto-móvil Hudson P. 1128. La letra “P” significa automóvil público, pero la nota hace ese hecho perfectamente claro.

La ley de automóviles de 1916, según fue enmendada por la Ley No. 55 de julio 11, 1921, contiene las siguientes definiciones:

“Conductor significará cualquier persona que no siendo un chauffeur, maneje un vehículo de.motor que no sea de servicio público.
“Por automóvil de servicio público, para los efectos de esta ley, se considerará todo vehículo de motor que mediante retribución o pago se dedique a la conducción de pasajeros, mercancías o materia-les de cualquier clase.”

El acusado presentó una excepción perentoria a la de-nuncia substancialmente por no alegarse que se transportaba a los pasajeros mediante pago o retribución. La nota aclara que el apelante conducía varios pasajeros de Ponce a Gua-yama. Generalmente el mero uso de la palabra “pasajero” significa personas que viajan mediante pago o por virtud de un contrato de alquiler con un porteador público. “Words and Phrases Judicially Defined,” vol. 6, p. 5218 y siguientes. Según sugiere el fiscal, la denuncia pudo redactarse con más claridad, pero indicaba suficientemente al apelante' que se le imputaba el guiar un vehículo público sin tener una licencia con tal fin. El caso de El Pueblo v. Vergne de la Concha, 26 D.P.R. 441, debe distinguirse por los fundamen-tos de que en ese caso no se describía suficientemente que el automóvil era público.

La discusión de la prueba giró sobre el hecho de no ha-berse probado que los pasajeros pagaran, pero no hay duda de que se transportaban pasajeros.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    María R. Martínez, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandado.
    No. 543.
    Visto: Diciembre 6, 1926.

      Resuelto: Enero 17, 1927.
    1. Abosado y Cliente — Compensación y "Lien” del Abogado — Honorarios u Otra Remuneración — Terminación de las Relaciones — Terminación Es-tando el Pleito en Trámite — Compensación del Abogado al Terminarse las Relaciones. — A menos que un abogado demuestre o bien que un pleito ha de continuarse o que lia de crearse un fondo o que existe una conspiración para privarle de sus honorarios o cualquiera otra excepción fijada por la ley, el cliente puedo terminar sus relaciones con aquél sin pagarlo compen-sación alguna on el pleito en el cual desea terminar las relaciones y las cortes no pueden proteger las relaciones pecuniarias entre uno y otro.
    2. Abogado y Cliente — Compensación y "Lien” del Abogado — Honorarios u ' Otra Remuneración — Terminación de las' Relaciones — Terminación Es-tando el Pleito en Trámite — Compensación del Abogado al Terminarse las Relaciones. — Cuando un cliente desea terminar sus relaciones con su abogado y ésto alega una supuesta conspiración para privarlo de sus dere-chos, el peso de la prueba recae sobro éste para demostrar tal conspiración claramente.
    Certiorari para revisar ORDEN ele Domingo Sepulveda, J. (San Juan), en cuanto al extremo que imponía como condición previa para el desistimiento de la acción el pago de los honorarios de abo-gado.

      Revocada en cuanto al extremo indicado.

      Luden Longchamps, abogado de la peticionaria; Juan B. Soto, a nombre del interventor Méndez Yaz, quien también compareció en persona.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María R. Martínez radicó una demanda contra Juan Suárez Pérez, por seducción bajo promesa de matrimonio. El pleito filé entablado por conducto del abogado Lnis Mén-dez Yaz. Aparece que, posteriormente, María E. Martínez trató de desistir del pleito y fuera de la corte dió instruc-ciones a su abogado Luis Méndez Yaz para que desistiera del mismo. Como él no lo Mzo así, ella preparó una mo-ción a ese efecto para presentarla a la corte, y utilizó otro abogado con el único fin de desistir de la acción, y, como también aparece, no para la continuación del mismo. Cuando se notificó la moción de desistimiento y el nombramiento de un nuevo abogado al Sr. Luis Méndez Yaz, éste compareció ante la corte y manifestó que la demandante le babía dado en forma irrevocable la representación del caso, habiéndose obligado a no dar paso alguno, judicial o extrajudicial, sin su intervención; que la demandante en ningún tiempo ha-bía revocado la autoridad que le había dado a su abogado de récord en el caso, ni le había pagado sus honorarios, y que lo que ella estaba tratando de hacer era privarle de sus derechos, conspirando a este efecto con el demandado, y que por ese motivo solicitaba de la corte que suspendiera toda actuación hasta que se discutiera la moción.

A excepción de ciertas manifestaciones sin jurar, y que tampoco se probaron, hechas por el mencionado abogado de récord Sr. Luis Méndez Yaz, no constaba nada en los autos por declaración jurada o en alguna otra forma tendente a demostrar una conspiración entre la demandante y el de-mandado en el pleito original. La corte inferior estaba obligada a suponer que el deseo de desistir del caso por parte de la demandante era genuino.

Se discutió la moción de la demandante, y la corte la declaró con lugar, expresándose en los siguientes términos:

“La Corte ordena y decreta que el abogado Luis Méndez Yaz cese como abogado de la demandante María E. Martínez en el pre-sente pleito, pero al mismo tiempo ordena y decreta que esta orden no entrará en vigor basta tanto que la demandante María E. Martí-nez baya pagado a su abogado Luis Méndez Yaz los honorarios co-rrespondientes por sus trabajos en el referido pleito.”

Entonces María R. Martínez solicitó y obtuvo un certio-rari de esta corte.

Puede verse de la decisión en el caso In Re Paschal, 10 Wall. 483, que en épocas anteriores era dudoso si una corte podía en cualquier tiempo controlar las relaciones pecuniarias entre abogado y cliente, pero se le permitía al abogado presentar una acción contra su cliente en cobro de honorarios. La Corte Suprema de los Estados Unidos en dicho caso adoptó un criterio avanzado en favor de la protección de los abogados, y exigió que el estado de Tejas que era una de las partes en el litigio tomara medidas para proteger pecuniariamente a los abogados antes de que pudiera substituírseles.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, así como otras cortes más, protegen los derechos de un abogado a obtener compensación de su cliente en el mismo pleito, siempre que existan determinadas contingencias.. Una de éstas es la continuación del mismo pleito y el deseo del cliente de substituir su abogado por otro. The Flush, 277 Fed. 25, 28; The Johnson Lighterage Go., 240 Fed. 446 y citas; Kellogg v. Winchell, 273 Fed. 745, 16 A.L.R. 1159; Everett, etc., v. Alpha Cement Co., 225 Fed. 939; y otros casos citados por el demandado. Otra circunstancia es cuando existe determi-nado fondo o se crea un res mediante el cual el abogado, por contrato o en alguna otra forma, ha adquirido algún interés. Barnes v. Alexander, 232 U. S. 121; Ingersoll v. Coram, 211 U. S. 368, el cual cita Walker v. Brown, 165 U. S. 654 y otros casos citados por el abogado demandado. Y otra contingencia adicional es la colusión o conspiración entre el demandante y el demandado en el pleito original, para privar al abogado de su debida compensación.

Si el abogado no cae dentro de una excepción, no hay duda de que el cliente puede terminar sus relaciones con él sin pagarle compensación alguna en el pleito original en el cual se desea terminar las relaciones. Platt v. Jerome, 19 Haw. 384; Martin v. Camp, 219 N. Y. 170, 114 N. E. 46, L.R.A. 1917-F, 402 y nota; Ritz v. Carpenter, 43 S. D. 236, 178 N. W. 877, 19 A.L.R. 840, en qne la corte citó del caso de Martin v. Camp, supra, como sigue:

“El prescindir un cliente de los servicios de su abogado no cons-tituye un quebrantamiento del contrato, porque es condición del mismo, la que se deduce implícitamente de la relación peculiar que éste crea, que el cliente puede terminarlo en cualquier tiempo, tenga o no causa para ello.” 2 R. O. L. 957.

Hayamos o no cubierto todas las excepciones, el hecho cierto es que no hemos encontrado ningún caso .en que un cliente esté obligado a respetar las pretensiones de su abo-gado cuando el único deseo del cliente es dar por terminada su acción. Interest reipublicae ut finis sit litimn.

Siendo la regla más o menos la que hemos indicado, el peso de la prueba recae sobre el abogado que alega que ha habido conspiración. No habiéndose probado esto, la regla invocada por María R. Martínez debe prevalecer. No queremos que se entienda que resolvemos que aún si hubiera habido un arreglo entre las partes en el presente caso en virtud del cual María R. Martínez derivaba algún beneficio, el caso hubiera caído dentro de una de las excepciones. Un convenio de esta naturaleza no sería necesariamente una conspiración. Abundando en este terreno, estemos o no equivocados al decir esto, un abogado que alega una supuesta conspiración para defraudarle sus derechos debe demostrarlo así claramente.

Por tanto, aquella parte de la orden del día 1 de no-viembre de 1926 que pone como condición previa al desis-timiento el pago de los honorarios de abogado debe ser anu-lada y darse por desistido él pleito.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez PresideNtb Señor del Toro,

text:
    Carmen Vázquez Viuda de Vincenty, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 551.
    Visto: Enero 17, 1927.

      Resuelto: Enero 20, 1927.
    Síndicos — Nombramiento, Requisito y Término del Cargo — Facultades de los Tribunales para Nombarlos — En General — Para Administrar Bie-nes de Finados. — Regulando la ley de procedimientos legales especiales la administración de los bienes de los finados, no estarán justificadas las cor-tes de distrito para prescindir de sus reglas y proceder al nombramiento de síndicos que administren dichos bienes a menos que circunstancias muy ex traordinarias que no existen en el presente caso, lo exigieren.
    CertioRARI para revisar ordeN de Charles E. Foote, J. (Mayag-üez), sobre nombramiento de síndico.

      Anulada la orden.

      Angel A. Vázquez, abogado de la peticionaria; Rafael A. Saliva, abogado del oponente José Agustín Vincenty y Martínez.
   El Juez PresideNtb Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento de certiorari y la cuestión a resolver en el mismo es la de si cierto síndico nombrado por 1a. Corte de Distrito de Mayagüez lo fné o no de acuerdo con la ley.

De los autos originales reclamados resulta que el 4 de noviembre de 1926 falleció en Mayagüez Juan Vincenty Ramos sin haber otorgado testamento. Vincenty estaba casado al morir en únicas nupcias con Carmen Vázquez y Sánchez, habiéndose celebrado el matrimonio, en el que no se pro-crearon hijos, en 1898. No dejó ascendientes. Cuatro días después de su muerte, José Agustín conocido por Augusto o Agudo Vincenty y Martínez presentó un escrito a la corte alegando ser su hijo natural reconocido y pidiendo que se le declarara su heredero en unión de la viuda. Esta se opuso. Se opusieron también ciertos parientes colaterales. Y la corte finalmente el 3 de enero actual dictó sentencia desestimando las oposiciones y declarando únicos y univer-sales herederos abintestato de Juan Vincenty Ramos a su hijo natural reconocido José Agustín y a su viuda en la cuota usufructuaria que determina la ley.

Al día siguiente de dictada la sentencia el Mjo natural reconocido pidió a la corte que nombrara un síndico que se incautara de todos los bienes de la herencia y los adminis-trara mientras se decidía la apelación, caso de que los opo-sitores resolvieran apelar, y la corte accedió nombrando a Carlos Bianchi que debería prestar una fianza de diez mil dólares. El síndico prestó la fianza, juró el cargo y entró a desempeñarlo el 7 de enero actual. El propio día 7 de enero apeló de la sentencia la viuda y el 10 los parientes colate-rales.

Así las cosas, el 11 de enero en curso se expidió el auto de certiorari a petición de la viuda y las partes fueron oídas por escrito y oralmente el 17.

No tenemos que estudiar y resolver si el hijo natural reconocido fué aceptado como tal y declarado heredero de-bidamente o no por la corte de distrito. Dicha cuestión será estudiada y resuelta en la apelación. Debemos partir de la base de la existencia de un hijo natural reconocido y de la viuda como únicos y universales herederos. El proce-dimiento sobre nombramiento de síndico será el solo objeto de nuestra revisión.

¿Actuó la corte de distrito de acuerdo con la ley que rige la materia? En el caso de que hubiera actuado de acuerdo con la ley ¿hizo buen uso de su discreción? Veámoslo.

Ante la corte se inició el procedimiento sobre declarato-ria de herederos a que nos hemos referido. Dictada en él la resolución final, se presentó la petición de síndico, como sabemos. Y dentro del mismo procedimiento fué resuelta favorablemente.

Es cierto que existe una ley general aprobada en 1904, artículo 182 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, que autoriza a las cortes de distrito a nombrar síndicos, pero lo es también que existe otra ley aprobada en 1905 ti-tulada ley referente a procedimientos legales especiales que comprende todas las materias relativas a los juicios de tes-lamentaría y abintestato y que contiene preceptos claros y amplios sobre la administración de los bienes de los finados.

El capítulo tercero de dicha ley trata de la declaratoria de herederos, el cuarto de los bienes de los finados sin pa-rientes conocidos, el quinto de la administración judicial en general de los bienes de- un finado, el sexto del inventario de los bienes y el séptimo vuelve a tratar de la administra-ción. Todo es detallado y tiende a asegurar la conserva-ción y debida administración de los bienes. Se da inter-vención a todas las partes. El cónyuge sobreviviente se in-dica en primer término para administrador, o la persona con mayor interés. Es cuando ellos no existen, o existiendo no tienen la capacidad necesaria, o se presentan objeciones, que el juez nombra administrador a un extraño.

No hay motivo alguno justificado para dejar a un lado el procedimiento especial y adecuado establecido por la ley y ello por sí sólo bastaría para anular la orden nombrando el síndico de que se queja la peticionaria.

Pero aun partiendo de la base de que el nombramiento de un síndico sea el procedimiento a seguir y que un síndico puede ser nombrado exparte y sin exigir fianza al peticio-nario, aun así entendemos que las circunstancias que concu-rren examinadas a la luz de la jurisprudencia establecida en los casos de Balasquide v. Rossy, 18 D.P.R. 33 y González v. Benítez Flores 29 D.P.R. 301, imponen a este tribunal el deber de anular el nombramiento. Bastará exponer dichas circunstancias en forma condensada.

Conocemos los antecedentes relativos a la declaratoria de herederos. De la petición sobre nombramiento de síndico presentada por el hijo natural resulta que los bienes de la herencia montan a $115,275.47 sin incluir el ganado, y con-sisten en varias fincas, en café por valor de más de trece mil dólares, en dinero en los bancos, etc. Todos los bienes estaban en poder de la viuda que había sido la compañera del finado por cerca de treinta años. T sin notificarla, ni oirla, ni darle en modo alguno oportunidad de defenderse, a virtud de una simple petición jurada del Mjo natural re-conocido en la cual se hacen graves imputaciones a la viuda como las de que se está apoderando del dinero efectivo y disponiendo para su solo beneficio de los bienes de la he-rencia, se priva a dicha viuda de la posesión y se entrega la totalidad de los bienes a un síndico nombrado por la corte al que se exige una fianza de diez mil dólares.

Las tres cuestiones previas suscitadas por José Agustín Yincenty en el acto de la vista del certiorari carecen de importancia. Una fué abandonada y las otras dos, — no so-licitarse el auto en debida forma y no alegarse que se ago-taran los recursos en la corte inferior, — están resueltas en los casos de Marín v. Corte Distrito 30 D.P.R. 96, 100 y Gonzáles v. Benítez Flores, supra.

Debe anularse la orden de 7 de enero actual nombrando el síndico y devolverse los autos para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Harry F. Besosa, demandante y apelante, v. Norwich Union Fire Ins. Society Ltd., demandada y apelada.
    No. 4002.
    Visto: Enero 18, 1927.

      Resuelto: Enero 20, 1927.
    Apelación y Error — Revision—Discreción de la Corte Interior — Honorarios de Abogados. — Atendidos la naturaleza del pleito principal y la cuantía en-vuelta, y los servicios prestados en el mismo, se resolvió que la cantidad concedida por honorarios — $500—era excesiva'y que’ $250 era el valor razo-nable para dichos servicios.
    BesoluoiÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), aprobando el memo-rándum de costas.

      Modificada y confirmada.

      José Martínez D avila, abogado del apelante; Guerra Mondragón y Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El abogado don Harry F. Besosa demandó a la Sociedad Union Fire Insurance Co. para que le pagase la cantidad de $2,510.77 que alegó le debía según convenio.con ella ce-lebrado para el cobro de $12,738.40 a J. T. Silva y Ca., de los cuales obtuvo $6,738.49 sin procedimientos judiciales y los restantes $6,000 con intervención de los tribunales de jus-ticia. Se opuso la demandada a esa reclamación negando la existencia de dicho contrato y fué dictada sentencia decla-rando sin lugar la demanda con las costas al demandante.

En el memorándum que presentó la demandada para co-brar las costas consignó una partida de $900 para honora-rios de abogado y siendo impugnada por excesiva la Corte de Distrito la rebajó a $500, resolución que motiva este re-curso de apelación cuya única base es que la cantidad con-cedida por honorarios es excesiva y que debe ser fijada en $250.

Aunque en el pleito que origina esta apelación se for mulo excepción previa de no contener la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción, sin embargo la contención en él fué si entre las partes se celebró o no el contrato que sirve de fundamento a la demanda, que es una cuestión de hecho, y aunque también hubo un in-cidente sobre levantamiento del embargo que había trabado el demandante, de todos modos, nos parece que para un pleito de esa naturaleza y cuantía es excesiva la cantidad de $500 que se ordena pagar por honorarios de abogado y que $250 es un valor razonable para esos servicios, en cuyo sentido debe ser modificada la resolución apelada.


text:
    Fidel Gerena, como defensor de la menor María Eladia González, conocida por Rosa González, demandante y apelado, v. Bartolo Suau, demandado y apelante.
    No. 3834.
    Visto: junio 18, 1926.

      Resuelto: Enero 23, 1927.
    3. Iíij'Os Naturales — Reconocimiento Obligatorio’ — Acción de Reconocimiento o Eiliación — Evidencia—Su Suficiencia — Estado de Concubinato — Cuando la prueba no tiende a demostrar que las relaciones entre el padre putativo con la madre del supuesto hijo o hija natural fuera similar o muy cer-cana al estado marital sino a aquella en que un hombre mantiene una querida (mistress) no cabe sostener el reconocimiento obligatorio, de un hijo tenido por la mujer contemporáneamente con tal relación, fundado tal reconocimiento en que los padres vivían en estado de concubinato.
    2. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción de Reconocimiento-o Filiación — Evidencia—Su Suficiencia — Actos del Padre Demostrati-vos del Reconocimiento. — El que un padre putativo ayudara a la madre del supuesto hijo natural al tiempo del nacimiento y concepción de éste, ju-gara y fuera cariñoso con él y ayudara a mantenerlo y cosas por el estilo no constituye la prueba fuerte que la ley exige para demostrar el estado de reconocimiento, especialmente cuando la prueba no demuestra de una ma-nera suficiente la intención por parte del padre de reconocer al hijo como suyo.
    SENTENCIA ele Tomás Bryan, J. (Aguaclilla), declarando con lugar demanda de filiación, con costas y honorarios.

      Revocada, decla-rándose sin lugar la demanda.

      José Rodríguez, abogado del apelante; García Méndez c§ García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como introducción a este caso liaremos un resumen de la opinión de la corte inferior en la siguiente forma: Fidel G-erena, como defensor de la menor María Eladia González, conocida por Bosa González, instó demanda en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Bartolo Suau, a fin de que dicha corte declarara a dicha María Eladia González hija natural reconocida de Dolores González y Bartolo Suau; que dicha demanda decía que la citada menor María Eladia Gon-zález nació en Puerto Eico el primero de marzo de 1906, siendo hija natural de Dolores González, a cuyo nombre no se había presentado la demanda porque ella tenía intereses opuestos a su citada hija; que el demandado Bartolo Suau durante la concepción y parto de la niña mencionada sos-tuvo relaciones carnales con la madre de ésta y como con-secuencia de dichas relaciones nació la referida niña; que el demandado y la madre de la menor vivieron bajo un mismo techo y en concubinato y que ambos estaban en apti-tud legal y sin impedimento alguno para contraer matrimo-nio, por ser solteros.

Entonces seguía una relación de algunos de los actos y de la conducta del demandado mediante los cuales se alegaba el reconocimiento, alegándose también en la demanda que el demandado se babía negado a reconocer a dicba menor a pesar de los esfuerzos tendientes a ese fin. También babía una relación de las súplicas de la demanda. La corte en-tonces exponía la contestación general del demandado y ba-cía constar que el caso fué debidamente oído, citando luego el artículo del Código Civil aplicable al caso. La niña na-ció en 1906 y por consiguiente el artículo 189 del Código Civil, según regía entonces, es aplicable, como sigue (Esta-tutos Revisados de 1902, pág. 884):

“El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los ca-sos siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por bijo suyo o le baya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sos-tenimiento.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

La corte resolvió que el caso debía regirse por los inci-sos 2 y 3 de dicho artículo. Luego seguía un resumen de la cita hecba por esta corte en el caso de Montalvo v. Montalvo, 25 D.P.R. 858, de la decisión de la Corte Suprema de ■España de junio 26, 1903, al efecto de que la posesión del estado de bijo natural “consiste en el concepto público en que es tenido un bijo en relación a su padre natural, cuando este concepto se forma por actos directos del mismo padre o de su familia, demostrativos de un verdadero reconoci-miento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto que el referido cuerpo legal no autoriza la pesquisa de la paternidad, salvo lo dispuesto en el Código Penal, ni im-pone consiguientemente tal reconocimiento contra la volun-tad del padre, sin que aparte de esto sea preciso se haga tan ostentosamente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que puedan existir en las relaciones sociales; quedando por lo tanto la misión de los tribunales, dentro de esta - doctrina, reducida a apreciar en cada caso la índole, trascendencia y alcance de los actos de reconocimiento atribuidos al padre natural o a su familia.

“Que las circunstancias de cada caso son las que ban de determinar el alcance y trascendencia de los actos, significa-tivos y demostrativos de la posesión continua del estado de hijo natural.”

La corte citó el caso de Méndez v. Martínez, 24 D.P.R. 242, en el que se dijo:

. . . No creemos que es necesario para que exista un estado de concubinato que el hombre no deba tener otra residencia que la de la mujer .... semejante condición no es indispensable en. un estado de matrimonio ni lo era para un estado de concubinato. ’ ’

Entonces la corte de distrito dijo:

“En el presente caso hubo una prueba que no deja lugar a du-das en el ánimo del juzgador, de que Bartolo Suau, el demandado, tenía alquilada una habitación a Dolores González, y vivía con ella en concubinato y .que tal estado de cosas existía durante la concep-ción y parto de la menor María Eladia González, que estas relacio-nes fueron continuas, no habiéndose conocido otro hombre que no fuera el demandado viviendo con la madre de la demandante, du-rante la concepción y parto de dicha menor, y mucho antes y des-pués de los mismos, estando el demandado Bartolo Suau y Dolores González en aptitud legal y sin impedimento alguno para contraer matrimonio, por ser ambos de estado soltero.
“No cabe duda también que el demandado Bartolo Suau pagó los gastos de medicina y partera que asistió a la madre de la menor María Eladia González; y no cabe duda asimismo que Bartolo Suau se ocupaba de la niña o sea de la aquí demandante; la mandaba a buscar para estar con ella, le prodigaba sus besos y sus caricias, la admiraba “y la ayudaba,, y la trataba como su hija.
“El demandado presentó evidencia con el propósito de demos-trar que él no dormía en la misma casa, que la madre de la menor María Eladia, queriendo asimismo demostrar que él dormía en su propio establecimiento, y que comía en casa de un hermano en el pueblo de Lares.
“Está fuera ele toda discusión, puesto que la evidencia fué ro-busta en ese extremo, que Bartolo Suau visitaba casi todas las no-ches la casa que le tenía a su concubina Dolores González y que salía de ella a altas horas de la noche y por la mañana, entendiendo la Corte, que atendiendo todas las circunstancias de este caso, entre ellas la de que el demandado no tenía un hogar propio, la prueba es suficiente para dejar establecido el concubinato.
“La circunstancia de que el demandado pudiera tener un dor-mitorio en su establecimiento, no es prueba concluyente de la evi-dencia de un hogar propio más, aun cuando el testimonio del testigo principal del demandado, un empleado de éste', quedó destruido en gran parte por sus propias manifestaciones.
“La Corte cree que se ha establecido en este caso que Bartolo Suau, el demandado, privadamente y públicamente también tenía a María Eladia, conocida por Rosa González, como hija suya y la lla-maba tal en sus conversaciones y se ocupaba de ella; y que Dolores González la anadre de la demandante fué conocida viviendo en con-cubinato con el demandado Bartolo Suau, al tiempo del embarazo y nacimiento de María Eladia, conocida por Rosa González.”

Del resumen anterior se desprende que si bien la corte de distrito llega a la conclusión de hecho de que Bartolo Suau dijo algo y realizó actos tendientes al reconocimiento de María Eladia González como hija suya, sin embargo, un examen de toda la opinión tiende a convencernos de que la corte dictó sentencia a favor del demandante fundándose en el hecho de que Bartolo Suau y Dolores González vivían en estado de concubinato. Los hechos del caso de Méndez v. Martínez, supra, eran mucho más fuertes. En dicho caso el padre putativo vivía prácticamente en vida marital con la madre de los supuestos hijos naturales. En el presente caso, aceptando como ciertas todas las declaraciones de los testigos del demandante, la prueba no demuestra nada semejante a un estado de vida marital. Hubo prueba tendiente a demostrar que Bartolo Suau pagaba el alquiler de la habitación ocupada por Dolores González; que la visitaba con mucha frecuencia, saliendo de la casa tarde en la noche o temprano en la madrugada, es decir, de 2 a 3 de la mañana. No hubo prueba de que él se quedara con ella toda una noche. No hubo prueba de que él comiera con ella. No bubo prueba de esa clase de vida en que un hombre y una mujer constituyen un bogar juntos sin haber sido unidos solemnemente por los lazos del matrimonio, y no hubo nada que se acercara siquiera a tal estado de co-sas. Se admitió y reconoció por la corte que aunque Bar-tolo Suau no tenía lo que puede llamarse un bogar, sin embargo, dormía en su propio establecimiento y comía con su hermano.

La ideq de un estado de concubinato, según indicamos en el caso de Medina v. Sucesión de Bird et al., 30 D.P.R. 158, es una relación similar o muy cercana al estado marital. Tal vez podría ser un poco menos que el estado marital y- estaríamos dispuestos a reconocer un concubinato, pero un estado de concubinato debe diferenciarse de una re-lación en que un hombre meramente mantiene una querida (mistress). Es cierto que Bartolo Suau pasaba muchas horas con Dolores González, pero no hallamos nada en la prueba que eleve la relación sostenida por Bartolo Suau con Dolores González a un estado de concubinato. Aunque uno o dos testigos llegan a tal conclusión, los autos no de-muestran nada parecido a que era de conocimiento público un estado de concubinato entre estas dos personas.

También hay la declaración de Bartolo Suau, a la que nos referiremos más tarde, en la cual él niega enfática-mente haber vivido en un estado de concubinato con nadie y su negativa está sostenida por las declaraciones de otras personas.

El inciso 2 del- artículo 189, supra, del Código Civil dice así:

“Cuando pública o privadamente le tenga por Rijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe- de su educación y sos-tenimiento. ’ ’

La Corte Suprema de España y esta corte frecuente-mente han decidido que la prueba para demostrar tal estado de reconocimiento según se establece en dicho inciso, debe ser inerte. Admitiendo que Bartolo Suau ayudó a Dolores González al tiempo del nacimiento y la concepción de María Eladia González; que él jugaba con la niña y era cariñoso con ella y que ayudó basta cierto punto a mantenerla y otras cosas por el estilo, esto no constituye la prueba fuerte que la ley exige. La prueba no demuestra, directa o indirecta-mente de una manera suficiente, la intención de parte de Bartolo Suau de reconocer a María Eladia como bija suya.

Lo siguiente aparece en la página 58 de los autos:

“Las partes convinieron en que Bartolo Suau, el demandado en el presente caso, sentado en la silla de los testigos, liaría la siguiente declaración:
“ ‘Que su nombre es Bartolo Suau; que es mayor de edad, sol-tero, comerciante y vecino de Soller, Islas Baleares, España. Que a María Eladia González, conocida por Rosa, la conoció por habér- ' sela presentado en el año 1921 don Fidel Gerena y que le extrañó que le dijese que era su hija, pues nunca con anterioridad a esa fe-cha ni Fidel Gerena ni nadie le dió esa noticia. Que conoció a Dolores González. Que en el año 1906 él vivía en Lares, Puerto Rico; que vivía en su almacén con sus hermanos y empleados y que allí no vivía ninguna mujer, ni en concubinato ni en ningún concepto; que no tenía ninguna otra casa en Lares, ni jamás ha vivido en con-cubinato con persona alguna.’ ”

Aunque la corte tiene perfecto derecho a hacer caso omiso de esta declaración de Bartolo Suau si se convence por otra prueba que los hechos por él declarados eran dife-rentes a como él los expone, no obstante, esta declaración merece algún grado de consideración. Sus manifestaciones pueden ser impugnadas como erróneas pero su credibilidad no puede ser atacada en la forma en que se 'atacarían las de otros testigos. Quizás el erudito abogado del apelado creyó que el efecto sería distinto cuando permitió que esta declaración constara en récord; no obstante, aparece en los autos y hay que darle algún peso. Esta declaración tiende fuertemente a reducir el peso de las declaraciones de los testigos del demandante.

Tampoco hallamos que se pusiera jamás a Dolores Gon-zález en la silla de los testigos, ni se explicara su ausencia.

Toda la prueba, debidamente apreciada, es del todo con-sistente con una relación en que un hombre mantiene una querida (mistress) y es afectuoso con una niña tenida por ella contemporáneamente, pero no prueba suficientemente que de tales actos públicos o privados pueda inferirse la intención de reconocerla.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino en la resolución de este caso y el Juez Asociado Señor Hutchison disintió.