author: El Juj?z Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Suárez Martínez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandada; Elmer Ellsworth et al., interventores.
    Núm. 415.

    Sometido: Marzo 5, 1946.

      Resuelto: Marzo 26, 1946.

      E. Martínez Rivera, Luis Blanco Lugo y F. Fornaris, Jr. abogados del peticionario; Ilon. Pr\opúrador General E. Campos del Toro y Luis Venegas Cortés, abogado especial éste del Procurador General, abogados ambos del Juez recurrido; V. Gutiérrez Franquí, abogado de los interventores, demandados en el pleito principal.
   El Juj?z Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la petición radicada en esta corte por José Suárez Martínez so solicita se expida un auto de mandamus dirigido al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Emilio S. Be-laval, requiriéndole para que deje sin efecto la sentencia que dictó en el caso Civil Núm. R-7367 y proceda a señalar y a celebrar una vista para oír a las partes sobre la proceden-cia de las medidas judiciales que intentó adoptar en dicha sentencia. Se alega en la petición, en- síntesis, lo siguiente:

Que en el caso Civil Núm. R-7367 de la corte inferior en el cual el peticionario figura como demandante y Bexford Gr. Tugwell y otros como demandados, sobre injunction, el «juez aquí demandado consideró el litigio listo para verse en su fondo y señaló el día 26 de febrero de 1946, a las nueve de la mañana, para el juicio; que alrededor de las cinco de la tarde del día 25 de febrero dicho juez, actuando a instan-cia propia, sin que mediara moción de ninguna de las partes y sin oír al demandante, dictó sentencia en dicho caso orde-nando su archivo y sobreseimiento, anuló una orden de en-tredicho y una orden de injunction preliminar que había sido dictada en dicho caso; disolvió la sindicatura que había sido decretada en el mismo y como consecuencia dejó sin efecto el señalamiento para juicio hecho para-el 26 de febrero.

Se alega, además, que la actuación del juez recurrido constituye “una falta de cumplimiento ... de su obligación legal de velar porque sus actuaciones judiciales so ajusten al requisito constitucional del debido proceso de ley y de prevalecer, tendría el efecto de negar al peticionario el de-recho constitucional de comparecer ante la corte y ser oído en su solicitud de un remedio judicial en el litigio tramitán-dose, así como una negación al demandante por el ejercicio ¿legal, arbitrario y abusivo de cualquier facultad discrecio-nal que pudiera tener el magistrado, de la protección igual de las leyes que permiten a los ciudadanos de esta comuni-dad el recurrir a los tribunales a litigar sus derechos.”

Se alega, por último, que, con excepción del recurso de mandamus, el peticionario carece de otro recurso rápido y eficaz en ley o en equidad para obligar al demandado a oír al peticionario, ya que ni el recurso de apelación ni el de certiorari que podrían establecer tendrían eficacia inmediata alguna.

Expedimos un auto alternativo y no habiéndose allanado el juez recurrido a dejar sin efecto- la sentencia dictada en el caso antes referido y a oír a las partes sobre la proce-dencia de las medidas judiciales que incluyó en la sentencia, compareció el día 5 de marzo de 1946, representado por el Procurador General y en contestación a dicho auto alegó que la petición en este caso no procede: *

1ro. Porque ella “no ofrece el cuadro completo de las circunstancias que determinaron la actuación del juez recu-rrido, ya que en el escrito no se mencionan los fundamentos expuestos en la sentencia de febrero 25 de 1946” ni se hace la menor referencia a la aprobación de la Ley núm. 1 apro-bada el 25 de febrero de 1946 “Para enmendar el título y la sección 4 de la Ley para Definir los Injunctions, etc.” y de la Ley núm. 2 aprobada el 25 de febrero de 1946 “Para prohibir la acción pública conocida en equidad como acción del contribuyente (taxpayer’s suit) en las cortes de Puerto Rieo.” íáe alega que estas leyes por ser de carácter ur-gente empezaron a regir inmediatamente después de su apro-bación, es decir, el mismo día 25 de febrero de 1946 en que el juez recurrido dictó su sentencia.

2. Porque estando el caso Civil núm. R-7367 sobre injunction al tiempo en que el juez recurrido dictó su sentencia “incurso en las prohibiciones de las Leyes núms. 1 y 2 de febrero 25 de 1946, el compareciente no hizo otra cosa, al ■ordenar el archivo del pleito, que reconocer y. declarar un hecho consumado ya por la Legislatura de Puerto Rico.”

3. Porque los pronunciamientos contenidos en la senten-cia son meras fórmulas judiciales impuestas al juez recu-rrido como un deber ministerial por el mandato urgente e imperativo de las disposiciones de las mencionadas leyes y que asimismo, la suspensión de la vista' señalada para el día 26 de febrero “fué impuesta por las circunstancias, ya que por mandato categórico de la Legislatura la acción ha-bía quedado prohibida y la jurisdicción del juez recurrido descontinuada desde el día anterior, al aprobarse la ley pros-cribiendo los pleitos del contribuyente” y que la celebración de dicha vista ‘s en nada hubiera beneficiado al peticionario. José Suárez Martínez y, en cambio, hubieran continuado en entredicho por un tiempo las operaciones de la Compañía Agrícola de Puerto Rico con las pérdidas eventuales, a pe-sar de la existencia de un precepto terminante de ley, en contrario.”

4. Porque, el. juez recurrido carece de jurisdicción para dejar sin efecto la sentencia dictada y para celebrar una vista y oír a las partes sobre la procedencia de los pronun-ciamientos contenidos en la misma porque (a) ninguna corte en Puerto Rico tiene facultad para conocer o continuar co-nociendo en pleitos de la naturaleza del caso Civil R-7367.; (b) las leyes 1 y 2 de febrero 25 de 1946 son constitucio-nales y válidas; (c) la Ley núm. 1, supra, es una ley ad-jetiva que no perjudica derechos sustantivos y por ello no conflige ni con la Carta Orgánica ni con la Constitución federal y (d) la Ley núm. 2, supra, tampoco afecta derechos substanciales ni viola la Carta Orgánica o la Constitución federal, sino que se refiere a un procedimiento que, en las jurisdicciones donde se le reconoce, se apoya en considera-ciones de derecho público y jamás procede cuando existe ley escrita en contrario.

Varios de los demandados en el caso Civil núm. R-7367 solicitaron permiso para intervenir y alegar contra la peti-ción, que les fué concedido y al efecto radicaron un escrito de oposición a la petición en el cual, después de admitir y negar ciertos hechos alegados en la misma, alegaron que el mandamus no procede:

(a) Porque la petición es insuficiente.

(b) Porque no se alega que en momento alguno el peti-cionario solicitara del juez recurrido que dejara sin. efecto la sentencia dictada y procediera a señalar y á celebrar una vista para oír a las partes sobre la procedencia de las me-didas judiciales que adoptó, sin que se alegue tampoco ra-zón de interés público o de clase alguna, para prescindir de ese requisito previo.

(c) Porque el peticionario ha descrito la sentencia dic-tada en forma inadecuada y distinta a la verdadera senten-cia dictada, presentando una versión mutilada, incompleta y tendenciosa de la misma.

(d) Porque la sentencia dictada es una de carácter final qne dispuso definitivamente’ de la controversia dejando al peticionario en condiciones de proseguir en la defensa de su plegado derecho dentro del curso ordinario de la ley.

(e) Porque el hecho de ser el peticionario el demandante en el caso R-7367 no demuestra que tenga interés en la ex-pedición del auto de mandamus, ocultándose que el peticio-nario aparece en dicho pleito a nombre y en representación de todos los contribuyentes de Puerto Rico alegando como su único interés en el mismo ser ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y el ser propietario que paga con-tribuciones al erario de la isla.

(/) Porque la sentencia del juez recurrido nada tiene que ver con el requisito constitucional del debido proceso de ley: (1) porque no se alega que ella afecte a la vida, propiedad o libertad del peticionario, ya que ni en este procedimiento ni en el pleito principal están envueltas la vida, ni la pro-piedad ni la libertad del peticionario y (2) porque el peti-cionario tiene distintos procedimientos en ley para revisar la sentencia.

(g) Porque tan pronto se dictó la sentencia el peticiona-rio pudo (1) solicitar del juez la dejara sin efecto hasta tanto se le oyera sobre los puntos envueltos; (2) solicitar la revisión de lo actuado mediante petición de certiorari a este Tribunal y (3) perfeccionar una apelación de la misma. ante este Tribunal.

Alegan, además, los interventores que la Ley núm. 1, supra, declaró nulo e inefectivo cualquier injunction prelimi-nar o con carácter de entredicho, que habiendo sido expedido en las circunstancias en que se expidieron los anulados por el juez recurrido, estuviera en vigor a la fecha de la vigen-cia del referido estatuto y que la Ley núm. 2, supra, privó a la corte inferior de jurisdicción para conocer o continuar conociendo del caso del peticionario y que perdida dicha ju-risdicción la única función que quedaba al juez recurrido era la de anunciar el hecho, archivar la cansa y anular el injunction y el entredicho dictados y esto podía hacerlo bien a ins-tancia de parte o motu proprio.

Celebrada la vista y oídas las' partes éstas solicitaron y se les concedió término para radicar alegatos escritos lo que han hecho el peticionario y los interventores. El juez recu-rrido renunció a su derecho a radicarlo informando que aprueba y acepta el de los interventores.

Los interventores han radicado, además, una moción ale-gando que “en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 2 de 1946, esta Corte carece de jurisdicción para entender en el presente caso,” porque “el peticionario no puede tener en este procedimiento ni otro ni mayor interés que el que tiene en la acción principal y 'esa clase de acciones está pro-hibida en todas las. cortes de Puerto Rico por el referido estatuto.” Asumiendo, sin resolverlo, que tengamos juris-dicción, no obstante la Ley núm. 2 de 1946, creemos que la petición en este caso debe ser desestimada por otros mo-tivos que pasamos a considerar.

Es conveniente hacer constar que el peticionario, en su alegato escrito, ratificando lo que dijo el día de la vista, limita el alcance de su petición en la forma siguiente:

“. . . Eli la petición de mandamus ante esta Corte sólo so plantea la cuestión referente al archivo de la acción de injunction sin conce-derse previamente al demandante la oportunidad de ser oído. Inde-pendientemente ele cualquiúir efecto o alcance que en aquel procedi-miento puedan tener las In'yes 1 y 2, la actuación de la corte inferior decretando el archivo del caso sin notificación al demandante y sin ofrecer a éste \oporlunidad alguna para oírlo, constituye el único fun-damento de este recurso.
“La cuestión do si las Leyes 1 y 2 son inconstitucionales no. está, ante esta Corte en esta ocasión. El error cometido por la corte inferior dejando de ofrecer al peticionario la oportunidad de oírle hace que su sentencia de archivo sea enteramente nula, (Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753; Casanovas & Cía. v. Soltero, 61 D.P.R. 653, 654; Figueroa v. Asociación, 60 D.P.R. 84) y el hecho de que la misma pudiere considerarse bien fundamentada, no constituye defensa alguna válida en oposición el auto de mandamus.” (Bastardillas nuestras.)

Los tres casos citados por el peticionario no tienen apli-cación al de autos. Ninguno de ellos era uno de mandamus. El de Figueroa v. Asociación Fondo de Ahorro, etc., fué una apelación de una sentencia en un caso de injunction y en dicho recurso se resolvió que “Para revocar la sentencia bastaría considerar los dos últimos señalamientos de error por vir-tud de los cuales se levanta la cuestión de haberse la misma dictado sin dar oportunidad a la demandada de presentar evidencia.”

En el de Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal, se trataba de un certiorari contra una decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones en el cual dicho tribunal resolvió un caso que había recibido de la extinta Junta de Revisión e Igua-lamiento sin celebrar una vista y resolvimos que dicha de-cisión sin conceder al contribuyente la oportunidad de ser oído, era nula.

El mismo principio fué aplicado en el tercero de dichos casos, Casanovas & Cía. v. Soltero, también un recurso de certiorari contra el mismo tribunal.

Limitada la controversia, como lo ha sido por el propio peticionario, y sin que aprobemos la actuación del juez re-currido como la que debe seguirse por'las cortes inferiores en otros casos en tramitación y pendientes de fallo, somos de opinión que el auto de mandamus perentorio solicitado no debe ser expedido por los fundamentos siguientes:

Hemos resuelto consistentemente que no procede dictarse este auto a menos que el peticionario alegue que ha requerido al funcionario u organismo recurrido para que actúe en la forma que solicita se le ordene actuar. El úl-timo caso resuelto es el de Medina v. Fernós, 64 D.P.R. 857. En él expusimos la regla general y sns excepciones y es por demás recieríte para que las repitamos aquí.

En la petición no se alega que se solicitara del juez re-currido que reconsiderara la sentencia dictada o que oyera al peticionario sobre la procedencia de dejar sin efecto dicha sentencia o cualquier o todos los pronunciamientos en ella contenidos. El día de la vista el abogado del peticionario admitió que no lo había solicitado del juez recurrido por en-tender que se hubiera negado a ello. Un litigante no debe presumir de antemano cómo ha de actuar un juez. La pre-sunción es que todo juez, consciente del juramento que ha prestado al asumir su cargo, actuará de acuerdo' con los he-chos que se le prueben y la ley aplicable a ellos. Lo único que se nos pide que ordenemos al juez recurrido a hacer es precisamente lo que no ha querido el peticionario solicitar directamente de dicho juez. Pudo el peticionario en su moción de reconsideración plantear todas las cuestiones que señala en su alegato que desea tener la oportunidad de discutir en primera instancia ante la corte inferior. Pudo, además, el peticionario plantear otras cuestiones relacionadas con la nueva situación creada a. virtud de la aprobación de las Le-yes núms. 1 y 2 de 1946 y si tenía derecho a enmendar su demanda para ajustarla a los términos de dicha legislación. La razón para exigir que se presente una moción de reconsi-deración en un caso como el de autos es que por haberse dictado la sentencia sua sponte por el juez, dicha moción hu-biera concedido a la corte inferior la oportunidad de oír al peticionario, resolver las cuestiones 'planteadas y corregir cualquier error que hubiere cometido, si alguno. Cf. Las Monjas Racing Corp. v. Corte, 40 D. P. R. 294, a la pág. 295. De serle denegada la reconsideración pudo apelar para ante esta Corte de dicha providencia y además de la sentencia. Posiblemente procedería además el recurso de certiorari auto-rizado por la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85).

Teniendo el peticionario a sn alcance remedios eficaces en el cnrso ordinario de la Ley, no procede el mandamus para revisar la forma en que fné dictada nna sentencia de carácter final porque de acuerdo con el artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil (Artículo 3, Ley de Mandamus) este auto “No podrá dictarse en ningún caso en que exista un remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.’’ Véanse entre otros, los casos siguientes:' Maitín v. Castro, 14 D.P.R. 293; Meléndez et al. v. Cuchí, 15 D.P.R. 658; Puente et al. v. Foote, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 889; Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772; “El Ancora” v. Brenes, 39 D. P. R. 798; Pueblo v. Corte, 47 D.P.R. 239; Pueblo v. La Costa, Jr., Juez, 59 D.P.R. 179; habiéndose resuelto en los. de Pueblo v. Corte, 47 D.P.R. 239, y Smallwood v. Corte, 53 D.P.R. 742, que sí procedía expedir dicho auto cuando, no existiendo el remedio ordinario de apelación, una corte inferior erróneamente se declara sin jurisdicción para conocer o continuar conociendo de un caso.

Sobre los distintos aspectos de esta cuestión véanse las extensas Monografías en 4 A. L. R. 582 y 82 A. L. R. 1163.

En el caso de Smallwood v. Corte, supra, se citaron, con aprobación, los casos de Boone v. District Court, 38 Idaho 688, 224 P. 429; Hargadine-McKittrick Dry Goods Co. v. Garesche, (Mo.), 227 S. W. 824, y State ex rel. Musselshell County et al. v. District Court, 89 Mont. 531, 300 P. 235. En este ultimo se resolvió, citando del sumario, que:

“Si una corte erróneamente decide como cuestión de derecho que no tiene jurisdicción, y por tanto deniega a un litigante el derecho a ser oído en los méritos y rehúsa determinar los hechos o a continuar entendiendo del caso, ha dejado de cumplir un deber impuesto por ley, y procede el mandamus a menos que exista un remedio adecuado por apelación, auto de error u otra forma de revisión.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de In re Key, 189 U. S. 84, la Corte dijo: “El auto de mandamus no puede usarse para realizar el oficio de una apelación o auto de error, y no procede para revisar tma sentencia o decreto final, ann cuando no se conceda por ley una apelación o auto de error. No se concede en casos dudosos o cuando existe otro remedio adecuado, y su expedi-ción por lo general descansa en la sana discreción de la corte. ’ ’

De acuerdo con estas autoridades y aplicándolas a los he-chos concurrentes solamente si la petición alegara que la corte inferior había resuelto erróneamente que no tenía juris-dicción y no existiendo un remedio adecuado por apelación, procedería el mandamus. Empero, el peticionario no nos ha puesto en condiciones de resolyer, ni interesa que resolvamos, si la corte inferior tiene o no jurisdicción para continuar conociendo del Caso Núm. IN7367. Su petición se limita a so-licitar que se le conceda una audiencia, que en todo momento pudo solicitar directamente de la corte inferior. Eso, de por sí, como hemos dicho, no es suficiente para justificar que ex-pidamos el auto de mandamus. La petición debió alegar he-chos afirmativos de que la demanda en la acción principal aducía una causa de acción sobre la cual, no obstante las Le-yes núms. 1 y 2 de 1946, la corte inferior tenía jurisdicción. No sólo no se alegó esto en la petición sino que ni siquiera conocemos cuáles son las, cuestiones alegadas en dicha de-manda.

Ninguno de los casos citados por el peticionario en su alegato sostiene la proposición de que procede un auto de mandamus para obligar a una corte a oír a las partes antes de dictar una sentencia final ordenando el sobreseimiento de un caso por falta de jurisdicción en la corte para continuar actuando en el mismo.

Deseamos hacer claro que al denegar la petición en este caso no estamos insinuando que la corte inferior actuó correc-tamente al decidir que no tenía jurisdicción. Lo único que nos ha pedido el peticionario'es que por mandamus obligue-mos al juez recurrido a oírle y eso es lo único que denegamos.

Debe amularse el auto condicional expedido y desestimarse ' la petición.

      Por el artículo 3 de esta Ley se enmienda la sección 4 de la Ley sobre Injunctions en lo pertinente, así: ■
      "Sección 4. — jNTo podrá otorgarse un injimoUon ni una orden de entredicho:
      "3. — Para impedir la aqUicación u observancia do cualquier ley de la Asam-blea Legislativa de Puerto Iidco, o el cumplimiento de cualquier actuación autori-zada por ley de la Asamblea Legislativa do Puerto Rico de un funcionario público, de una corporación pública o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevi sable, que dicha ley ^ actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.
      "Cualquier mjv/netion preliminar, permanente, o con carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las cir-cunstancias expuestas en este inciso 3 y que esté en vigor a la fecha de vigencia, de esta Ley o que en lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo. ’ ’

      Los artículos 2 y 3 de esta Ley disponen':
      “Artículo 2. — La acción conocida en equidad como acción del contribuyente (taxpayer's suit) queda por la presente prohibida.
      “Artículo 3. — Ninguna corte de Puerto Rico tendrá jurisdicción para cono-cer, o continuar conociendo si se hubiera ya iniciado, bien en primera instancia o en grado de apelación, de ninguna acción o procedimiento en que se impugne la validez o constitucionalidad, de cualquier ley o resolución de la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico o de cualquier actuación do un funcionario público autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando el deman-dante no alegue otro interés en la acción o procedimiento, ni otra capacidad para demandar, que la de ser contribuyente o representar a los contribuyentes como clase y que, como tal, sufre o pueda sufrir daños por virtud de dieha ley, resolución o actuación.''

      Véanse: Zavala et al. v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, 9 D.P.R. 211; Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366; Morales v. Wilson et al. 16 D.P.R. 751; Pacheco et al. v. R. Cuevas Zequeira, 27 D.P.R. 205; Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721; Sucrs. de A. Mayol & Co. Inc. v. McLeod, Auditor, 44 D.P.R. 34; Urdaz v. Padín, Comisionado, 48 D.P.R. 306; Colón v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 14


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado, Señor Córdova

license: Public Domain

text:
    Valentín Polanco de Jesús, demandante y apelante, v. Alfredo Cortés y Lorenza Rosario, demandados y apelados.
    Núm. 9221.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 26, 1946.

      Luis Mercader, abogado del apelante; A. Bdvera Colón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado, Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Lorenza Rosario instó una acción ordinaria para ejecu-tar una liipoteca sobre una casa. Pendiente esa acción, ad-quirió el apelante Polanco la casa e inscribió su título. Luego, habiendo la acreedora hipotecaria obtenido sentencia contra el deudor hipotecario, ■ se ejecutó la sentencia, vendiéndose en pública subasta el interés de éste en la casa, y adjudicán-dosele a la acreedora. Entonces, acogiéndose ésta al proce-dimiento aprobado en Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, oh-tuvo de la corte una orden apercibiendo a Polanco que pa-gase la hipoteca o de lo contrario se cancelaría la inscrip-ción, de su título a la casa.

Aunque Polanco desde el principio estuvo dispuesto a pagar la hipoteca, hubo discrepancias entre él y la acreedora hipotecaria respecto a la cuantía de intereses, y a las costas, que dieron lugar a apelaciones a este Tribunal y como consecuencia de la demora así ocasionada, no vino Polanco a consignar el importe de la hipoteca con sus intereses, hasta el 10 de agosto de 1943, o sea casi un año después de habér-sele hecho el apercibimiento.

Entretanto, la acreedora hipotecaria tomó posesión de la 'casa el primero de septiembre de 1942 y no fue hasta abril 7 de 1944 que entregó la casa a Polanco. Durante ese pe-ríodo, la casa estaba arrendada y devengó la acreedora hi-potecaria la renta mensual de $30. Luego de entregársele la casa a Polanco, radicó éste demanda reclamando de la acreedora'hipotecaria las rentas que debió haber percibido mientras estuvo en posesión de la casa, a 'razón de $50 al mes.

La corte inferior declaró con lugar la demanda en parte solamente, o sea, determinó que la renta razonable de la casa era $30 al mes y no $50 como reclama el demandante, y re-solvió que la demandada tenía derecho a devengar las ren-tas hasta agosto 10 de 1943, fecha en que satisfizo el de-mandante la deuda hipotecaria, viniendo obligada a devolver solamente las rentas que recibiera después de esa fecha. De esa sentencia apela el demandante, quien insiste en que erró la corte inferior (1) Al no concederle todas las rentas per-cibidas o podidas percibir por -la demandada^ (2) Al no fijar la renta mensual en $50 mensuales en vez de los $30 men-suales que percibía la demandada, (3) Al no conceder al apelante honorarios de abogado.

Está bien fundado el primer señalamiento de error. Cuando la acreedora hipotecaria ejecutó su sentencia y vendió en pública subasta el interés del deudor hipotecario en la casa, ya Polanco, y no el deudor hipotecario, era el dueño de la caca. De los autos no aparece que la- acreedora anotara la pendencia de su acción en el Registro de la Propiedad, ni que Polanco, al adquirir la casa, tuviese conocimiento de la pendencia de la acción ejecutiva. Luego, al adjudicarse a la acreedorá hipotecaria el interés de su deudor en la casa, ello en nada afectó los derechos adquiridos jJor Polanco. Posteriormente, siguió la acreedora el procedimiento encaminado a obligar a Polanco a elegir entre pagar la hipoteca o renunciar su título a la casa. Polanco eligió pagar la hipoteca, y la pagó, con sus intereses. De los hechos expuestos puede verse que la demandada, en lo que respecta a Polanco — quien no fué parte ni tenía conocimiento del pleito al adquirir su título — minea dejó de ser acreedora hipotecaria para convertirse en dueña de la casa, y que Polanco nunca dejó de ser dueño de la casa. Es cierto que .Polanco tardó un año en pagar la deuda hipotecaria pero esa tardanza la compensó plenamente mediante el pago de intereses. Resulta evidente, pues, que la acreedora hipotecaria no tenía derecho a percibir las rentas de la casa ni antes ni después de haber- pagado Polanco la deuda hipotecaria.

Suponiendo, sin resolverlo, que la demandada viniera obligada a pagar al demandante no ya la renta mensual de $30 que percibió, sino la renta mayor que pudiera haber percibido, tenemos que la corte inferior resolvió que la renta de $30. representaba el valor razonable del alquiler de la casa, y la prueba sostiene esa conclusión, por lo que no se cometió el segundo error señalado.

Tampoco se cometió el tercer error que señala el apelante. No podemos decir que hiciera mal uso de su dis-creción la corte inferior al abstenerse de condenar a la de-mandada al pago de honorarios de abogado.

La sentencia apelada, si la entendemos bien, condena a la demandada a pagar al demandante la suma de $150, o sea las rentas a partir del 10 de agosto de 1943, a razón de $30 mensules, menos la suma de $90 que ya recibió el deman-dante apelante por concepto de esas rentas Debe modifi-carse en el sentido de condenar a la demandada a pagar la suma de $480 (o sea, $30 mensuales por 19 meses, a contar del primero de septiembre de 1942, menos los $90 ya recibidos por el demandante), y así modificada, confirmarse.

       Rosario v. Ruiz et al. 62 D.P.R. 326, 63 D.P.R. 93.

      Véase Rosado v. Valentín, ante, pág. 571.


author: El Juez Presidente Señor Travieso E¿ Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Esteban Núñez Meléndez, demandante y apelado, v. El Rector de la Universidad de Puerto Rico, Sr. Jaime Benítez, demandado y apelante.
    Núm. 9271

      Sometido: Febrero 11, 1946.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      James E. Curry, abogado del apelante; Ti. Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso lia sido interpuesto por el deman-dado, Eector de la Universidad de Puerto Rico, contra sen-tencia de la Corte de Distrito de San Juan, por la que se le ordena que “proceda a expedir a favor del peticionario, Esteban Núñez Meléndez, nombramiento permanente como Ins-tractor en Farmacognosia y en Teoría y Práctica Farmacéu-tica en la Universidad de Puerto Rico retroactivo dicho nom-bramiento para cubrir la totalidad del curso universitario 1945-46”.

El peticionario apelado solicitó la desestimación, alegando que el recurso es frívolo. En el acto de la vista de la* mo-ción las partes argumentaron extensamente sobre los méri-tos del caso y acordaron dejar sometidos a nuestra decisión la moción y el caso en su fondo. La moción debe ser decla-rada sin lugar. Basta leer las alegaciones y las cuestiones legales envueltas, para concluir que el recurso no es frívolo. Empezaremos, pues, haciendo un resumen de los hechos ale-gados en la petición y admitidos por el demandado.

En el año 1935, el peticionario fue nombrado para pres-tar servicios como Instructor Auxiliar en Farmacognosia y Teoría y Práctica Farmacéutica en la Universidad de Puerto Rico, continuando en el desempeño de dicho cargo hasta el año 1941 en que. fue ascendido a Instructor en las mismas? .materias. Continuó sirviendo en esta última capacidad, sin interrupción, desde el año 1941 liasta la terminación del año universitario 1944-1945.

No existe controversia alguna en cuanto a que los servi-cios prestados por el peticionario como tal Instructor, fue-ron estimados como enteramente satisfactorios. El Sector admite, además, que el peticionario tiene preparación cultural y títulos académicos que le capacitan para poder desem-peñar satisfactoriamente dicho cargo de Instructor.

Al hacer los nombramientos para el curso universitario 1945-1946, el Rector extendió al peticionario un nombra-miento- como Insti’uetor en las materias ya indicadas, pero sé negó a extendérselo con carácter permanente, según lo hiciera con otros miembros del personal docente quienes reu-nían iguales condiciones que las del peticionario.

Los fundamentos de la petición de mandamus son:

1. La negativa del Rector a extenderle un nombramiento permanente, quebranta el texto y el espíritu de la sección 16 de la Ley ¿úm. 135, conocida como “Ley de la Universi-dad de Puerto Rico”, aprobada en 7 de mayo de 1942 ((1) pág. 763).

2'. La obligación de extender al peticionario un nombra-miento permanente, recae sobre el Rector, de acuerdo con la sección 9 de la citada “Ley de la Universidad de Puerto Rico”.

3. La obligación que la Ley de la Universidad impone al Rector, de extender al peticionario un nombramiento perma-nente, es de carácter ministerial, sin que exista discreción en contrario que permita al Rector negarse a cumplir lo dis-puesto en el estatuto. .

Solicitó el Rector la desestimación de la petición, ale-gando que ésta no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción:

(1) Porque no aparece que el peticionario haya agotado el remedio administrativo, recurriendo en apelación ante el Consejo Superior de Enseñanza. Sección 5, Ley Organi-zando la Universidad de Puerto Rico.

(2) Porque no aparece que el deber que se pretende se cumpla por el demandado sea uno que la le;/ ordene particular y claramente como un deber resultante de un. empleo, cargo o función pública.

(8) Porque no se lia liecho figurar como demandadas a todas las personas llamadas a actuar para que pudiera .re-sultar válido el deber que se pretende hacer cumplir al de-mandado.

(4) Porque el deber de que ce trata envuelve el ejercicio de una alta discreción; y en la petición no se alegan hechos constitutivos de un manifiesto abuso de tal discreción.

(5) Que la relación jurídica entre el peticionario y la Universidad es de carácter contractual y no se trata de un cargo público que pueda ser protegido por mandamus.

Declarada sin lugar la desestimación de la petición, el demandado solicitó que se dictara sentencia sobre las alega-ciones. La corte inferior la dictó de acuerdo con la súplica de la demanda, imponiendo al demandado, por entender que había sido temerario, el pago de las costas más $300 para ho-norarios de abogado.

El apelante basa su recurso en las mismas cuestiones le-vantadas en su moción para la desestimación de la solicitud, a saber, (a) que teniendo el peticionario un remedio admi-nistrativo amplio, rápido y adecuado para la protección de su derecho, cual es la apelación para ante el Consejo Superior de Enseñanza, debió agotar ese remedio antes de recu-rrir al mandamus; y (b) que el deber que se pretende se cumpla por el Sector no es uno que la ley ordene particular y claramente, como un deber ministerial resultante de un cargo o función pública, siendo por el contrario un deber de carácter discrecional, el cumplimiento del cual depende de la discreción del Rector.

Si el remedio de apelación para ante el Consejo Superior de Enseñanza (See. 5, Ley de la Universidad de Puerto Rico, de mayo 7, 1942) es o no adecuado y suficiente, es una cuestión que no está envuelta en el caso que estamos considerando, toda, vez que no existe ninguna actuación o decisión del Rector de la cual pudiera haber apelado el peti-cionario. Lo único que existe es una controversia entre el Rector y el peticionario en cuanto a la interpretación y al-cance de la sección 16 de la citada Ley de la Universidad de Puerto Rico, sosteniendo el Rector que dicha sección deja a su discreción el otorgar o no al peticionario un nombramiento con carácter permanente, después de transcurridos tres años de servicios satisfactorios, y alegando el peticionario, en con-trario, que una vez transcurridos dichos tres años, por vir-tud de la misma ley y sin necesidad de acto alguno por parte del Rector, el nombramiento otorgáclóle para enseñar en la Universidad adquiere el carácter de permanente que dispone el estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias, aprobada en 25 de abril de 1931 (Leyes de 1931, pág. 379), el peticionariotiene derecho a una determinación judicial de la divergencia existente entre él y el Rector de la Universidad acerca de la interpretación del citado estatuto universitario y a que dictemos una declaración en cuanto a sus derechos y a su status como miembro del personal docente de la Universidad. Smith v. City Commission of Birmingham, 336 Ala. 114, 181 So. 122; Hughes v. Board of Education of New York, 249 App. Div. (N. Y.) 158; Borchard Declaratory Judgments, 2a. Ed., págs. 25 a 28 y 861. Las Reglas de Enjuiciamiento Civil para las cortes de Puerto Rico, que empezaron a regir el 1ro. de septiembre de 1943, disponen que “habrá una sola forma de acción, la que se conocerá como acción civil” (Reg. 2); y que “Cualquier defecto en la denominación de la acción ejercitada o en lá súplica del remedio solicitado, no será óbice para que la Corte, descartando el error así cometido, conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba” (Regla 81 (ó)).

Procederemos, pues, a considerar y resolver el caso como si se tratara de una demanda sobre sentencia declaratoria. La Ley de la Universidad dispone lo siguiente:

“Sección 16. — Los nombramientos que so otorguen al personal docente, técnico y administrativo, con excepción de aquellos funcio-narios en cuyos nombramientos interviene el Consejo Superior de Enseñanza, tendrán, una vez transcurridos tres (3) años de servicios satisfactorios a partir de la aprobación de esta Ley, carácter perma-nente; Disponiéndose, ... La remoción de un miembro del personal docente, técnico o administrativo, cuyo nombramiento tenga carácter permanente, no podrá hacerse sin la previa formulación de cargos y oportunidad ele defensa.” (Bastardillas nuestras.)

Si el legislador; como pretende el apelante, hubiese te-nido la intención de dejar a la discreción absoluta del Rector el nombramiento del personal docente de la Universidad, . aun después de transcurridos los tres años de servicios satis-factorios, para ello hubiera bastado con la aprobación de la sección 9 de la misma Ley de la Universidad, que confiere esa.facultad al Rector, con la limitación de que dichos nom-bramientos podrán ser revocados por el Consejo Superior de Enseñanza cuando, a su juicio, fueren perjudiciales a los in-tereses do la Universidad Que esa no fue la intención le-gislativa, lo demuestra fuera de toda duda el lenguaje claro y preciso de la sección 10, supra. Quiso el legislador levan-tar y dignificar el personal docente universitario, colocando a sus miembros, después de un período probatorio, fuera del alcance de las pasiones humanas y de los vaivenes de la po-lítica; y dispuso, que cuando un profesor o instructor nom-brado para enseñar en la Universidad hubiere prestado ser-vicios satisfactorios a la institución durante' un período de tres años, contados desde mayo 7 de 1942, fecha en que co-menzó a regir la Ley de la Universidad, su nombramiento ipso facto, tendrá o adquirirá carácter permanénte y que después de haberse convertido ese nombramiento en perma-nente, el profesor o instructor no podrá ser removido de su empleo “sin la previa formulación de cargos y oportunidad de defensa”. • ■

El Rector admite que los servicios rendidos por el peti-cionario durante esos tres- años han sido satisfactorios, pero insiste, de acuerdo con su interpretación del estatuto, en que las relaciones jurídicas entre el peticionario y la Uni-versidad están desprovistas de la estabilidad y garantías in-herentes a un nombramiento de carácter permanente y, en consecuencia, que el peticionario, mientras el Rector no le otorgue un nombramiento de carácter permanente, ocupa el cargo sujeto a la voluntad del Rector, quien podría removerlo arbitrariamente, sin formulación de cargos y oportunidad de defensa.

Admitidos los hechos esenciales de la petición o sea que el peticionario fue nombrado para enseñar en la Universi-dad, como Instructor, en el año 1941; que sirvió en esa ca-pacidad, sin interrupción, hasta la terminación del año uni-versitario 194U-1945, o sea durante tres años contados desde la fecha de la aprobación de la Ley de la Universidad; y, por último, que sus servicios durante esos tres años fueron satisfactorios, nos vemos precisados a declarar y así- lo de-claramos que la sección 16 de la Ley de la Universidad, supra, ex-proprio vigore y sin necesidad de la intervención del Rector, convirtió el nombramiento del peticionario en un nombramiento de carácter permanente, con todos los dere-ehos y privilegios inherentes al status de miembro perma-nente del personal docente de la Universidad de Puerto Eico.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de eliminar de la misma aquella parte que ordena al deman-dado expedir nombramiento permanente a favor del peticio-nario, y en su lugar declarar que el peticionario tiene de-recho, al amparo de la sección 16 de la Ley de la Universi-dad, al cargo de Instructor en Farmacognosia y en Teoría y Práctica Farmacéutica en el Colegio de Farmacia de la Uni-versidad de Puerto Pico, con carácter permanente, y así mo-dificada, confirmarse.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Abril 30, 1946

E¿ Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

El demandado solicita reconsideremos nuestra sentencia. Su contención inicial es que hemos dictado una sentencia declaratoria en una controversia que no estaba ante nos. La única cuestión envuelta en el caso, nos dice, era si él venía o no obligado a conceder un status permanente al deman-dante, mientras que nosotros hemos declarado que el status del demandante automáticamente se convirtió en permanente por efecto de la ley. Exponiendo su contención en nuestras propias palabras, la cuestión no era si el demandante había adquirido status permanente, sino- más bien si el demandado tenía la obligación de reconocer ese status.

Si nos equivocamos en la apreciación de la verdadera cuestión envuelta en el caso, el demandado no puede quejarse. Él ha asumido la actitud, en sus alegatos y particularmente en. su informe, de que el demandante no tiene derecho a status permanente. Es más, su solicitud ahora es que se le dé una oportunidad en la corte inferior de demostrar que esa contención suya es correcta.

No nos convence el demandado de que nos equivocamos, ni tampoco hace la menor demostración de que el resultado pueda ser diferente si se le concede otra oportunidad.

El demandado no sostiene que interpretáramos errónea-mente la actitud asumida por él en su informe. Sostiene que las alegaciones no demuestran que en momento alguno él haya negado que el demandante tenga derecho a status per-manente, y que puesto que las alegaciones no demuestran la existencia de una controversia en cuanto a ese punto, la sen-tencia declaratoria es .errónea.

Es cierto que no hay en las alegaciones ninguna manifes-tación expresa de que el demandado haya negado- el derecho del demandante a status permanente. Pero las alegaciones demuestran que el demandado se negó a expedir al deman-dante un nombramiento permanente. Si esto fuera todo lo ■que se alega, quizás no sería suficiente, ya que la negativa del demandado podría basarse exclusivamente en la teoría de que un nombramiento permanente es innecesario. Aun-que tal análisis de la controversia sería un tanto ingenuo y completamente ajeno a la realidad quizás sería necesario, desde el punto de vista técnico. Pero es que la demanda alega algo más. Alega que el demandado ha expedido nombra-mientos permanentes a otros, y que la negativa del deman-dado está predicada en la hostilidad del Decano de la Es-cuela de Farmacia hacia el demandante. Parece evidente que estos hechos así-alegados excluyen la posibilidad de que-la negativa del demandado a reconocer el derecho del de-mandante obedezca a su creencia de que ese reconocimiento es innecesario. Aunque hubiera cualquier duda en cuanto a la interpretación que debe darse a las alegaciones de la de-manda debe resolverse esa duda a favor del demandante. El propio demandado hace un análisis excelente de la ver-dadera interpretación que debe dársele a la demanda en su alegato principal del cual citamos:

“La corte debe considerar además la cuestión de si lo que el de-mandante realmente pretende es hacer que se cumpla la obligación de nombrar. En su demanda él no sostiene que no ha sido nom-brado. . . . Aparece que el demandante ya tiene su nombramiento. • . . . La demanda no revela los hechos en que funda el demandante su conclusion de que el nombramiento es por el término de un año solamente. La ley dispone que los nombramientos serán permanentes después de tres años de servicios satisfactorios. Si, como él alega, él ha rendido tales servicio; por ese período, entonces su nuevo nombra-miento puede muy bien venir a ser permanente por efecto de la le3r.
“A riesgo de salimos de los confines del récord, vamos a asumir qiie su dificultad surge de alguna cosa incidental que dijera el Can-ciller al hacer el nombramiento, como por ejemplo, ‘nombro a usted para desempeñar el cargo . . . por nueve meses, para y durante el aña académico de 1945-46La demanda entonces se reduce al deseo del demandante, no ya de obtener un nombramiento, sino solamente de obtener que el Canciller retire su supuesta manifestación de que el nombramiento no es permanente. En otras palabras, en vez de un nombramiento, lo que el demandante realmente desea es una especie de sentencia declaratoria por el Canciller exponiendo la conclusión legal de que sil status es permanente. O quizás lo que desea es una determinación del Canciller en cuanto al carácter satisfactorio de sus servicios la cual vendría a hacer su status permanente. Pero no hay nada en la ley que específicamente imponga al Canciller la obli-gación de hacer una determinación tal, o de dictar tal sentencia de-claratoria. Si el demandante desea una declaración en cuanto a su status legal pudo haberla obtenido pidiéndole a la corte de distrito una sentencia declaratoria de acuerdo con el procedimiento usual.” .

Las alegaciones por lo tanto exponen lo que los infor-mes de las partes demostraron constituye la verdadera con-troversia, a saber, ■ el .derecho del demandante a un status permanente. Esa controversia, la única verdadera contro-versia que existe en el caso, fué resuelta por nuestra sen-tencia.

De las varias cuestiones adicionales que suscita el demandado en su moción, ninguna merece consideración mi-nuciosa excepto su contención ■ de que erramos al confirmar la concesión de honorarios de abogado al demandante. Tiene razón. Hemos resuelto que la apelación del demandado no era frívola. No creemos que esté justificado el imputarle temeridad al demandado por haberse defendido en este caso, que aparte de las cuestiones sustanciales que fueron plan-teadas envuelve para el demandado una cuestión importante de normas administrativas que no había sido antes objeto de consideración por las cortes. Debe por lo tanto modificarse la sentencia en el sentido de eliminar la concesión al deman-dante de honorarios de abogado.

       ‘ ‘ Sección 2. (Facultad de Interpretación). Toda persona . . . cuyos de- , rechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, . . . podrá obtener la determinación de cualquier divergencia acerca de la interpre-tación o validez de dichos estatutos ... y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquellos se deriven.”


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Salvador Vivó Vilella, demandante, contrademandado y apelado, v. José Medina Ríos, demandado, contrademandante y apelante.
    Núm. 9193.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      Enrique Igaravidez, abogado del apelante; Pedro Juan Alcalá y Go-áofredo M. Gaetán Roberts, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La finca que motiva'este pleito de reivindicación, mien-tras pertenecía al Banco Industrial, fué vendida por el Co-lector de Rentas Internas de Lares el 29 de enero de 1941 para el pago de las contribuciones correspondientes a los años fiscales 1934-35 al 1938-39. Compareció a la subasta José Collazo y la remató a nombre de Catalina Vélez de Sosa, quien vivía en la casa de Collazo, por la cantidad de $93.78, importe de las contribuciones adeudadas, expidién-dose el certificado de compra el 19 de febrero siguiente. Como el Banco Industrial tenía la finca abandonada, la com-pradora inmediatamente tomó posesión de ella.

Presentado en el Registro el certificado de compra, el Registrador denegó su inscripción porque la finca aparecía gravada con una hipoteca a favor del tenedor de un pagaré y del certificado no constaba que dicho tenedor hubiese sido notificado del procedimiento de apremio. La adquirente con-sintió la decisión del Registrador y de acuerdo con el Co-lector, se publicaron edictos notificando al tenedor del pa-garé. Terminada la publicación, y expirado el plazo que dis-pone la ley a partir del último edicto sin que -el tenedor del pagaré pagase la contribución, el Colector espidió a la adqui-rente Catalina Yélez de Sosa nn nuevo certificado fechado el 21 de agosto de 1.941 en el cual se consignó como precio . de la subasta la cantidad de $97.78. El anterior certificado fué devuelto al Colector y anulado por éste, y el nuevo fué oportunamente presentado e inscrito en el Registro de la Propiedad. El 14 de julio de 1942, o sea dentro del término -de un año de expedirse el segundo certificado, • Pedro Juan Alcalá., en representación del Banco Industrial, compareció ante el Colector de Rentas Internas de Lares y acreditando quo la compradora de la finca rehusaba aceptar el precio de la redención, consignó en la Colecturía, de acuerdo con la li-quidación que le preparó el Colector, la cantidad de $115.38 que comprende $97.78 importe de las contribuciones y $17.60 a que ascendieron los intereses de dicha cantidad desde la fecha de la subasta, a razón del 12 por ciento anual hasta la fecha de la redención. El mismo día el Colector notificó por escrito a Catalina Yélez de Sosa, c/o José Collazo, haberse redimido la finca y que la suma de $115.38 se hallaba a la disposición de ella en la Colecturía durante los diez días si-guientes, expirados los cuales sería depositada en el Depar-tamento de Hacienda donde podría ella solicitarla. El cer-tificado de redención fué presentado en el Registro el 14 de septiembre de 1942, extendiéndose la nota de redención el 1ro. de octubre siguiente. Estando el título de la finca ins-crito en el Registro a favor del Banco Industrial de Puerto Rico, éste, - representado por su síndico Sr. Francisco 'Font Manzano, la vendió por el precio de $850, al demandante Salvador Yivó Yilella, por escritura de 14 de septiembre de 1942 ante el notario Pedro Juan Alcalá, la cual fué presentada en el Registro de la Propiedad el día de su otorgamiento y quedó inscrita el 1ro. de octubre siguiente. No obstante haber sido vendida la finca al demandante y haberse inscrito a su favor en la fecha indicada, Catalina Vélez de Sosa, por escritura núm.' 143 de 10 de diciembre de 1942 ante el notario Salvador Vilella, la vendió al demandado, quien era la persona que ella había puesto al frente del inmueble y continuaba en esa fecha en posesión del mismo.

Para recobrar dicha finca presentó Salvador Vivó contra José Medina Ríos este pleito de reivindicación. Contra la sentencia que dictó la corte inferior declarando con lugar la demanda interpuesta por el apelado, interpuso Medina el presente recurso.

Arguye el apelante que erró la corte inferior al 'declarar que la redención fue verificada dentro del año que concede la ley. En apoyo de su tesis alega que el certificado de venta expedido el 19 de febrero de 1941 era válido y que por consiguiente, al redimirse la finca ante el Colector de Rentas Internas de Lares el 14 de julio de 1942, el término de un año' había expirado con exceso. La pretendida validez del certificado de venta de 19 de febrero de 1941-está predicada en la contención del demandante al efecto de que el propio Banco Industrial había sido dueño del pagaré al portador, y que la finca se le había adjudicado en pago del mismo, por lo que era innecesaria la publicación de tal edicto para notificar al supuesto tenedor del pagaré.

De la certificación del Registrador de la Propiedad ( Exhibit “L” — demandado) resulta que en verdad la finca fue adjudicada al Banco en satisfacción del pagaré en cuestión, no habiéndose cancelado en el Registro la hipoteca que lo garantizó por no haberse presentado el pagaré debidamente, inutilizado, conforme exige el art. 82 de la Ley Hipotecaria. Pero en el presente caso Catalina Vélez de Sosa consintió la decisión del Registrador con respecto al primer certificado de venta y aceptándolo como nulo lo devolvió al Colector. Como no podía legalmente expedirse un certificado sin noti-ficar a las personas que tienen derechos sobre el inmueble, se publicaron edictos con ese objeto y el 21 de agosto de 1941 se expidió el nuevo certificado. Desde esa fecha em-pezó a correr el plazo para redimir. Art. 315 del Código Político; Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829, 832; Cantre v. González, 55 D.P.R. 200. Consecuentemente, la redención verificada el 14 de julio de 1942 se llevó a cabo dentro del término de un año que establece la ley.

Arguye el apelante que la redención fué también ineficaz por los siguientes motivos: (a) porque no se hizo previamente la oferta del pago a la compradora Catalina Vólez de Sosa; (h) porque el Colector no era el funcionario ante quien debía hacerse la consignación y (c) porque la cantidad que entregó el Banco Industrial al Colector como precio de la redención era incompleta, toda vez que no incluía ciertas contribuciones sobre la finca que habían sido pagadas por Catalina Yélez de Sosa.

De los autos aparece que el Lie. Pedro Juan Alcalá, acom-pañado del Colector de Rentas Internas Interino de Lares Sr. Carlos D. Espinet, estuvo en la casa de José Collazo con el propósito de ofrecer el precio de redención a Catalina Velez de Sosa y que Collazo, quien como hemos visto había com-prado la finca a nombre de dicha señora, se negó a permitir que se le hiciese la oferta, por lo que se hizo la consignación ante el Colector de Rentas Internas de Lares.

Bajo el art. 349 del Código Político en vigor cuando se inició el procedimiento de apremio, al negarse el comprador de la finca a recibir el precio de la redención, se autorizaba al dueño para verificarla ante el Registrador de la Propie-dad a cuya demarcación correspondiese el municipio donde radicare la finca; pero al enmendarse el art. 349 el 14 de abril de 1941, se autorizó a los colectores de rentas internas donde radicare la finca para recibir el precio de la consig-nación y otorgar el correspondiente certificado de redención. Se alega por la apelante que habiéndose iniciado este pro-cedimiento de apremio bajo la ley anterior al año 1941, de-bió continuarse toda su tramitación de acuerdo con aquella ley y que por consiguiente era el registrador y no el colector de rentas internas ante quien debía consignarse el precio de la redención. El art. 349 del Código Político es de ca-rácter procesal, puesto que se refiere al remedio para hacer la consignación y es regla de interpretación bien establecida por la jurisprudencia que los estatutos de carácter procesal tienen efecto retroactivo, a menos que claramente surja que fue la intención del legislador darle efecto prospectivo sola-mente. Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337 y Royal Bank v. Tribunal Contribuciones, 65 D.P.R. 345. Esa intención legislativa no*apareee del art. 349 del Código Politico, y siendo ello así actuó correctamente el representante del Banco Industrial al ofrecer la redención al Colector de Rentas Internas y este último al expedir el correspondiente certificado de redención.

Por último, el hecho de que el Banco Industrial de-jase de satisfacer cierta cantidad de contribuciones pagada por Catalina Yélez de Sosa no anula el certificado de re-dención, pues el Banco Industrial satisfizo la cantidad que le indicó el Colector de Rentas Internas que debía satisfacer. La circunstancia de que por alguna razón el Colector se hu-biese equivocado al hacer ía computación, no perjudica al Banco. Henry v. Brown, 121 P.2d 594 (Okla. 1942) y Monografía en 118 A.L.R. 578.

Procede la confirmación de la sentencia.

       De los autos aparece que enterado luego el Banco del montante de estas contribuciones ofreció a ella el pago y no fué aceptado.

      De 1-os autos aparece que esas contribuciones fueron pagadas en las oficinas del Departamento de Hacienda en San Juan y ese pago no aparecía en los archivos del Colector de Rentas Internas.


text:
    Venancio Pérez Rivas, demandante y apelante, v. Alfredo Haeussler, demandado y apelado.
    Núm. 9212.

    Sometido: Marzo 1, 1946.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      Diego O. Marrero y Eduardo 'Cuchí Goll, abogados del apelante; el apelado no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la, opinión del tribunal.

El apelante radicó en la corte inferior una demanda en tercería basada en los siguientes hechos: Que el deman-dante tercerista compró, una finca rústica, que describe en la demanda, por escritura pública otorgada el 10 de marzo de 1945, y que presentada ésta en el Registro para su ins-cripción, encontró que el 13 de marzo de 1945 se había pre-sentado una anotación de embargo sobre dicha casa en un pleito seguido por el demandado en tercería Alfredo Haeuss-ler contra Enrique Germán, en cobro de pagaré. Solicitó el demandante que se dictase sentencia ordenando la cancela-ción del embargo, toda vez que habiéndose adquirido el do-minio de .la finca con anterioridad a la expedición del embargo, y constituyendo éste un derecho personal, el deman-dante no podía ser perjudicado por ese embargo, aunque se hubiese trabado con anterioridad a la inscripción do la es-critura de compraventa. Los demandados en tercería no comparecieron, por lo que se anotó su rebeldía y el tercerista solicitó que el caso se incluyese en el calendario especial del 29 de junio de 1945, a fin de que la corte dictase la corres-pondiente sentencia. En la fecha últimamente indicada, fue llamado el caso a juicio, compareciendo el tercerista por su •abogado, no habiendo comparecido los demandados. Esti-mando el abogado del tercerista qne no era necesario pre-sentar evidencia dada la naturaleza de las alegaciones de la demanda, ni apareciendo qne la corte requiriese la presen-tación de evidencia, sometió el caso a la consideración de la corte. Ésta, el 9 de julio siguiente, dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda, precisamente porque el deman-dante no presentó evidencia para sostener las alegaciones de la demanda. Contra esa sentencia interpuso el tercerista el presente recurso.

La ley reguladora del caso es la níhn. 55 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que en lo pertinente dice así:

‘ ‘ (a) Anotación. — Cuando una parte contra la cual se solicite un? remedio afirmativo por sentencia baya dejado de presentar alegacio-nes o de defenderse en otra forma según se dispone en estas Reglas, y este beeho se pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, ei secretario anotará su rebeldía.
“ (b) Sentencia. — Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los si-guientes casos:
“(1) Por él Secretario. — Cuando la reclamación del demandante contra un demandado sea por una suma determinada o por una smna que pueda determinarse mediante cálculo, el secretario a petición del demandante y al presentársele declaración jurada de la cantidad -adeudada, anotará sentencia por dicha cantidad y las costas contra el' demandado cuando éste haya sido declarado en rebeldía por no comparecer, siempre que no se trate de un menor o persona inca-pacitada. . ■
“(2) Por la Corte. — En todos los demás casos la parte con dere-cho a una sentencia en rebeldía la solicitará de la corte; . .. . Si para que la corte pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta o determinar el importe de los daños, o comprobar la veracidad de cualquier afirmación medíante prueba? o hacer una investigación de cualquier otro asunto, la corte podrá, celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas o encomendar la. cuestión a un master(Bastardillas nuestras.)

Los hechos esenciales de la demanda, a saber: la' fecha de la escritura de adquisición del inmueble por parte del ter-cerista y la de presentación del mandamiento de embargo en el Registro de la Propiedad, constan en archivos públicos. Si consideramos que de acuerdo con la núm. 11 de las Re-glas de Enjuiciamiento Civil, la firma de un abogado al pie de una alegación equivale a un certificado de que la alega-ción está bien fundada, y si consideramos también que el demandado, al no contestar, tácitamente aceptó la veracidad de -los hechos, parece, innecesario oír prueba para comprobar-los. Pero en el supuesto de que el juez de la corte inferior hubiera deseado comprobar la veracidad de esos hechos, de-bió exigir al demandante que presentara la prueba a ese res-pecto, y no dejar sometido el caso para luego dictar senten-cia declarando sin lugar la demanda.

Que la demanda aduce hechos es evidente, pues el embargo trabado con posterioridad a la fecha en que se otorgó la escritura de compraventa, no podía en manera .alguna perjudicar los derechos del tercerista, el comprador en la escritura, aunque la anotación del embargo fuese anterior a la presentación de la escritura en el Registro de la Propie- / dad. La Sociedad de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83 y Hernández v. Iglesias, 58 D.P.R. 406. Siendo tan claro el derecho del apelante a la sentencia que solicita, creemos inú-til devolver el caso a la corte inferior para que oiga la prueba sobre las alegaciones de la demanda, especialmente cuando el propio demandado en tercería ni siquiera Compa-reció en esta corte a sostener la sentencia apelada.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada, . dictar otra■ declarando con lugar la demanda de 'tercería, y en su consecuencia ordenar al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, que proceda a cancelar la anotación del embargo sobre la finca descrita en la demanda, expedido en el caso seguido por, Alfredo Haeussler contra, Enrique Germán, civil núm. 4795, en cobro de pagaré. Se imponen las costas al demandado.

El Juez Presidente Sr. Travieso no. intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Jovito Calderón Allende, acusado y apelante.
    Núm. 11,017.

    Sometido: Febrero 1, 1946.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      César Andrév, Rilas, abogado del apelante; Son. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, Fiscal Interino del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en este caso fue denunciado por infracción a los incisos (a) y (/) del artículo 10 de la Ley de Automó-viles (Ley núm. 55 de 27 de abril de 1942, (1) pág. 527). La denuncia alega que allá para el 19 de noviembre de 1944 en ocasión en que el acusado conducía un camión de la Ma-riña de Guerra por la carretera militar, en dirección a Ba-yamón desde Toa Alta, no ejerció el debido cuidado ni tomó las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades no echándose debidamente a la derecha al cruzar con la guagua P-1777, dando lugar con su negli-gencia y descuido a que arrollara a dos de los .pasajeros de dicha guagua, a quienes fue necesario, en consecuencia, am-putarles sus respectivos brazos izquierdos.

La corte declaró al acusado culpable del delito imputá-dole y lo condenó a cumplir tres meses de cárcel y a pagar las costas. El acusado apeló y en este recurso alega que la corte inferior erró ya que la prueba practicada no esta-blece negligencia ni descuido criminal por parte del acusado y que la corte inferior actuó movida por prejuicio, pasión y parcialidad al sentenciar al acusado y al juzgar la prueba practicada.

• Para determinar si la corte cometió el primer error señalado examinaremos, en síntesis, la prueba presentada. La de cargo consistió en la declaración de tres testigos: Alejo Padilla y Juana Pagán, las dos personas lesionadas, y Amparo Soto Cruz.

Alejo Padilla declaró que el día de autos iba en una gua-gua hacia Dorado desde Bayamón; que iba sentado en el segundo asiento y llevaba el brazo izquierdo recostado de la barandilla de la guagua; que la primera vez que vió el truch, que guiaba el acusado, fue cuando estaba encima de él y le dió el golpe; que la guagua había resbalado en el preciso instante en que el truck le pasaba por el.lado y que el truck le pasó “raspando”; que la guagua tuvo que ha-cer un ademán para defenderse del truck.

La segunda testigo en declarar, Amparo Soto Cruz, dijo que el día de autos, ella ocupaba el asiento delantero de la guagua que iba de Bayamón hacia Dorado y que en la misma guagua iban Alejo Padilla y Juana Pagán; que llegando al sitio del accidente vió venir el truck del Navy bastante rá-pido; que había una pala mecánica parada a la derecha de Dorado a Bayamón, o sea, en la ruta del truck, y un “fan-guero” en la derecha de Bayamón a Dorado, o sea, en la ruta de la guagua ; que el truck llegó a la pala primero que la guagua y‘ se desvió a la izquierda para pasarle; que euando le estaba pasando a la pala llegó la guagua al sitio y cruzó con el truck; que en seguida ella oyó gritos en la guagua y al mirar hacia atrás vió sangre en el piso; que el truck de la Marina no paró sino que siguió y volvió más tarde al sitio. Dijo también que en el intervalo que trans-currió entre el momento en que sintió los gritos y paró la guagua ésta se tambaleó; que la guagua presentaba un “guayazo” a todo lo largo del lado izquierdo. En su de-claración aparece lo siguiente:

“ P. i Usted quiere decirme cuándo fue que usted por primera vez vió al truck?
Í!R. Nosotros llegando allí al sitio del choque, el truck venía como a una distancia de la ‘palama’ (sic) como de ahí, 61 llegó primero a la pala que- nosotros.
“P. ¿La pala mecánica estaba parada en la derecha de allá para acá?
“R. Sí señor.
“P. ¿La pala mecánica estaba parada en el camino del chófer del truck ?
“R. Sí, señor. (Bástardillas nuestras.)

La última testigo de El Pueblo fue doña Juana Pagán, la otra víctima del accidente. Declaró que iba en la misma guagua que don Alejo y Amparo Soto y que iba sentada en el asiento posterior al de don Alejo, con su codo izquierdo apoyado en la ventanilla; que no vió al truck venir ni quién lo guiaba sino que sintió un ruido de motor al lado izquierdo,* miró y vió el truck pasando, y al mismo tiempo sintió el golpe en el brazo; que ella no pudo apreciar nada de como ocurrió el accidente.

Terminada la prueba de cargo, el acusado declaró como único testigo de la defensa y su declaración fué la siguiente:

Que el día de autos venía hacia San Juan desde Vega Baja’guiando el truck del Navy; que en el truck venían once marinos y en el asiento delantero venían dos oficiales con él; que al llegar al sitio donde estaba la pala mecánica en la carretera dé Bayamón vió la guagua que venía; que la guagua llegó al frente de un bache bastante grande, pues había llovido, y se desvió hacia la izquierda cruzando bas-tante cerca del truck; que el truck no podía desviarse de-bido a la .pala mecánica estacionada a su derecha; que ni-el ni los oficiales oyeron golpe alguno; que siguió hasta San Juan y al llegar al Décimo Distrito Naval le preguntaron si ése era el truck que había golpeado una señora; que en-tonces fueron informados del accidente regresando los dos oficiales y.él al sitio para hacer la investigación; que ni los ocupantes del truck ni él se dieron cuenta de lo ' ocurrido; que la guagua no presentaba ninguna raspadura y que todo se hubiera evitado si los pasajeros lesionados no hubieran llevado sus brazos por fuera de la guagua y si ésta hubiera seguido derecho y no se desvía.

Esta prueba demostró que el truck guiado por el acusado había llegado al sitio donde estaba estacionada la pala me-cánica antes que la guagua y que no podía echarse más a su derecha debido a dicha pala mecánica. Esto no obstante la guagua al continuar su ruta opuesta, se desvió hacia su izquierda, o sea hacia el truck, para evitar caer en un fan-guero que había en la ruta de la guagua. La única testigo de cargo que vió cómo ocurrió el accidente, Amparo Soto Cruz, declaró que la guagua se echó a la derecha “cuando ya había pasado el accidente.” De manera que al ocurrir • éste la guagua estaba caminando más hacia sn izquierda y tratando de pasarle al truck que conducía el acusado en dirección contraria y cuando éste ya había llegado y estaba pasando del sitio donde se encontraba estacionada la pala mecánica.

Como hemos visto, a un lado de la carretera se hallaba la pala mecánica y. justamente al lado opuesto existía un fanguero. En tales circunstancias el lado de la carretera por donde marchaba la guagua lo mismo que el lado por donde iba el truck estaban obstruidos y el sitio para pasar entre los dos obstáculos no tenía la amplitud necesaria para per-mitir el paso de los dos vehículos al mismo tiempo sin que se causara, como se causó, un accidente. En una situación como ésta el vehículo que primero llega a ese sitio, tiene derecho preferente a'pasar (right of way) y el otro debe reducir la velocidad o parar, si fuere necesario, para evitar el accidente.

En Huddy, Cyclopedia of Automobile Law, Yol. 3-4, pág. 193, see. 119 (Novena Edición) se expone la regla aplicable en esta forma:

‘ ‘ Cuando dos vehículos se acercan el uno al otro en un sitio es-trecho en la carretera, o en un puente angosto, o en un área limitada entre dos carros estacionados, donde es difícil o imposible que ellos puedannpasar con seguridad, el vehículo que primero entra en dicho-espacio tiene el derecho a la vía (right of way) y está autorizado; a proseguir, y es el deber del otro vehículo acortar su marcha, o, si ne-cesario, detenerse.” (Bastardillas nuestras.)

Bajo las circunstancias concurrentes en este caso somos de opinión que la prueba no demostró que el apelante al manejar el truck dejara dé ejercer el debido cuidado o de tomar las precauciones razonables para garantizar la segu-ridad de vidas y propiedades o que dejara de echarse ha-cia su derecha todo lo que fuera posible según se imputó en la denuncia.

Debe revocarse la sentencia y -absolverse al acusado.

       Estos incisos disponen:

        1 ‘ (a) Las personas que manejen vehículos en los caminos públicos, deberán en todo tiempo ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.
      í í * a * -:<■ %

        ‘1 (/) La persona que conduzca un automóvil, al detenerse en un camino público en dondo hay mucho tráfico, o en donde haya probabilidades de que le sigan otros automóviles, deberá echarse hacia la derecha todo lo que fuere posible, extendiendo su brazo hacia afuera, ligeramente inclinado hacia abajo con la palma de la mano liacia atrás y los dedos unidos. Al doblar a la izquierda la esquina de una calle o en la zona urbana de un municipio, deberá extender el brazo liaeia afuera, en posición horizontal, con la palma do la mano hacia el frente y los dedos unidos; para doblar a la derecha deberá 'extender el brazo en ángulo recto, con la palma de la mano hacia afuera y los dedos unidos. Un vehículo de motor no deberá detenerse al lado de otro vehículo, excepto en caso de emergencia, ni deberá en ninguna forma, obstruir innecesariamente un camino-público. ’;


author: El Juez Asocíalo1 Señor Todd, Jr.,

text:
    Rafael Picó, Santiago Iglesias, Jr., y S. L. Descartes, en su carácter de miembros y constituyendo la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Luis Tirado Géigel, Juez Sustituto, demandada; J. Valldejuli Rodríguez, Interventor.
    Núm. 36

      Sometido: Marzo 4, 1946.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      ■Ciro Malatrasi, Jr., Rafael R. Fuertes y Rafael Rodriguez Lebrón, abogados de los peticionarios; Brown, Newsom y Córdova, aboga-dos del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asocíalo1 Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, quienes constituyen la Junta de Plani-ficación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, solici-tan se anule una orden dictada por el juez recurrido en el caso número R-7155 de Juan Valide juli Rodríguez v. la Junta de Planificación de P. B., sobre nulidad de actuaciones, fija-ción de fianza y otros extremos, a virtud de la cual se fijó una fianza de $25,000 a favor de El Pueblo de Puerto Rico para garantizar la terminación de cierta urbanización que realiza el demandante y se autorizó al demandante a vender e ins-cribir los solares del 1 al 366 del Plano de Inscripción, orde-nándose al Registrador de la Propiedad de San Juan a ins-cribir dicho plano excepto las áreas libres no urbanizadas las cuales no deberán ser objeto de venta ni de inscripción. Los hechos, brevemente expuestos, son los siguientes:

Juan Valide juli Rodríguez radicó el 21 de noviembre de 1945 una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, a la cual nos referiremos en adelante como la Junta, en la que alegó que es dueño de una finca de 75 cuer-das radicada en Río Piedras, que con el fin de urbanizarla hizo preparar un proyecto el que sometió a la Junta, la cual lo alteró, preparando el demandante nuevos planos de cons-trucción los cuales fueron aprobados por la Junta el 24 de agosto de 1945 autorizando la obra tan pronto el deman-dante obtuviera la aprobación del Servicio Insular de Acue-ductos y Alcantarillado, del Departamento de Sanidad y de la Autoridad de Fuentes Fluviales y que estas agencias in-sulares aprobaron dichos planos; que el demandante obtuvo dinero a préstamo para empezar la obra y la contrató con una firma de ingenieros p’or 1241,467.36 habiéndose comenzado la obra en 20 de septiembre de 1945 y para terminarse en 240 días; que debido a la magnitud de la obra el demandante se vió en la necesidad de vender solares de la finca para alie-gar fondos para dar frente a sus obligaciones y solicitó de la Jnnta la aprobación de nn plano de inscripción y la fijación de una fianza para garantizar el cumplimiento de la obra según el plano de construcción ya aprobado por la Junta; que la Junta celebró una vista el 22 de octubre de 1945 y el 2 de noviembre dictó resolución en la que dispuso (a) que el demandante tenía que prestar una fianza por la suma de $261,467.36 o sean unos $20,000 más que el montante del con-trato con la firma de ingenieros, (ó) que tenía que traspasar y ceder gratuitamente a El Pueblo de Puerto Rico 37,372.29 , metros cuadrados de terreno de la finca integrados por las áreas no urbanizadas, a pesar de que ya El Pueblo de Puerto Rico había tomado más de doce cuerdas o sea' unos 48,000 metros cuadrados para vías públicas como la variante Río Piedras-La Muda y "sin considerar que del terreno restante se han dedicado a calles más del 25 por ciento; (c) que el demandante tenía que arreglar ciertas disputas con determi-nados dueños de solares vendidos, problemas éstos que no son de la incumbencia de la Junta y sobre los cuales, no tiene jurisdicción; que tal resolución es nula e ilegal (1) porque la fianza exigida es excesiva-, injusta e irrazonable; (2) que las tres condiciones son extrañas al único asunto sometido a la Junta o sea la fijación de fianza y (3) porque intenta privar al demandante de su propiedad para uso público sin la debida compensación. El demandante solicitó de la Corte que se fi-jara una fianza razonable, que decretara la nulidad del artículo 37 del Reglamento de la Junta en cuanto fija un mínimum para la separación y dedicación para fines públicos de terre-nos en propiedades urbanizadas dejando a la Junta fijar el máximum que desee privando así al ciudadano de su propie-dad sin la debida compensación, decretando la nulidad de la resolución de la Junta de noviembre 2 de 1945.

Con la demanda el demandante radicó una moción solici-tando se fijara por la corte una fianza de ejecución provisional y autorizando la inscripción en el Registro de la Propie-dad de San Juan del plano de inscripción a los fines de proceder a la venta de solares de la urbanización.

El 28 de noviembre de 1945 la corte inferior dictó la orden a que hacemos referencia en el primer párrafo de esta opinión y los peticionarios, dos meses después, o sea el 28 de enero de 1946 radicaron ante esta corte tina solicitad, bajo la Ley ■núm. 32 de 1943 (pág. 85), alegando que la orden dictada es nula (1) porque la corte inferior no tenía jurisdicción para dictarla de acuerdo con el artículo 26, párrafo tercero, de la Ley núm. 213 de 1942 ((1) pág. 1107) enmendado por la Ley núm. 155 de 1943 (pág. 489); (2) porque no tenía ju-risdicción para dictar dicha orden ex parte de acuerdo con la Eegla 15 de las Eeglas de Enjuiciamiento Civil; (-3) que aun teniendo jurisdicción procedió indebidamente o cometió abuso de discreción al dictarla sin haber citado a la Junta para oírla y (4) que la demanda ni la moción exponen hechos para constituir una causa de acción que justificara a la corte inferior a expedir la orden que tiene el efecto de un injimction mandatorio dirigido al Eegistrador de la Propiedad.

Expedimos el auto solicitado y suspendimos el efecto de la orden recurrida durante la tramitación del presente re-curso. Oímos a las partes el 4 de marzo y les concedimos término adicional para radicar alegatos escritos, lo que han hecho.

El interventor, demandante en la corte inferior, sostiene que debemos anular el auto expedido (1) porque la Junta no solicitó de la corte inferior la reconsideración de su orden y no le ha ofrecido una oportunidad para considerar y resolver las contenciones que ahora presenta ante esta Corte y cita los casos de Madera v. Campillo, Juez, 30 D.P.R. 163; National City Bank of New York v. Corte, 45 D.P.R. 777, y Las Monjas Corp. v. Corte, 40 D.P.R. 294; (2) porque la corte inferior tenía jurisdicción para conocer del casó principal y para dictar la orden recurrida y (3) porque teniendo juris-dicción no abusó de su discreción al dictarla.

Consideraremos en primer término la cuestión jurisdic-cional.

Sostiene la Junta que de acuerdo con el último pá-rrafo del artículo 26 de la Ley núm. 213 de 1942, la única corte en Puerto Rico con jurisdicción para revisar una decisión de la Junta es esta Corte Suprema. Dicho artículo, en su párrafo tercero, dispone:

“Cualquier parte interesada en la aprobación, denegación y desaprobación de un plano de lotiñcaeión, o en la expedición o dene-gación de un permiso de construcción, sanitario, o de usos de edificios o terrenos, contra la cual una petición de revisión baya sido presen-tada y sobre la misma haya rendido opinión la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificaeíón de Puerto Rico o la Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificaeíón, según sea el caso, podrá presentar’, dentro del término de quince (15) días con posterioridad a- la notificación de la misma, copias certificadas de cualesquiera tales decisiones o acciones para su revisión ante, la Corte Suprema de puerto Rico; Disponiéndose, ■ que dicha revisión ante la Corte Su-prema podrá concederse solamente sobre cuestiones de derecho.”

Arguye la Junta que la Corte inferior “en efecto revisó la actuación de la Junta al disponer en su orden de noviem-bre 28 de 1945 la fijación de fianza en una cuantía menor de la señalada por dicha Junta así como al ordenar la inscrip-ción del plano y autorizar la venta e inscripcción de solares, cosa que la Junta demandada había denegado y condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.”

Por su parte el interventor sostiene que en dicha resolu-ción la Junta no aprobó ni desaprobó el plano de lotifiea-ción pues la Junta ya había aprobado dicho plano por reso-lución de agosto 24 de 1945 al aprobar los planos de cons-trucción, que constituye, según el artículo 43 del Reglamento de la Junta, “la aceptación oficial de que el projmeto está acorde con este-Reglamento”; que lo que tenía la Junta ante sí era una solicitud para fijar fianza garantizando la termina-ción de la urbanización a los fines de aprobar los planos de inscripción y permitir la venta de solares, y que en la resolu-ción. de dicha solicitud la Junta incorporó la' condición de que el demandante tiene que transferir gratuitamente a El Pueblo de Puerto Pico las áreas libres de la urbanización, condición ésta que no se incorporó en la resolución aprobando los Planos de Urbanización; y sostiene, por último, que el párrafo tercero del artículo 26, supra, “claramente no concede un recurso de revisión ante esta Corte 'Suprema de una resolución de la Junta dictada a virtud del artículo 9 del Reglamento sobre fianza de ejecución en relación con un pro-yecto de urbanización previamente aprobado jjor la Junta.”

El artículo 9 del Reglamento dé la Junta dispone:

“Los planos de Inscripción no se aprobarán hasta tanto se hayan terminado todas las explanaciones, callos, instalaciones, y demás obras de urbanización, o hasta que el urbanizador preste una fianza de eje-cución, garantizando la terminación de tales obras dentro del término fijado por la Junta. No se levantará ningún edificio, ni se venderá o arrendará ningún terreno, ni se expedirá permiso para uso de 'te-rreno ■; o para edificaciones, hasta tanto ios Planos de Inscripción hayan sido aprobados y registrados. Las fianzas de ejecución se pres-tarán en la forma prescrita por el Procurador General de Puerto Rico, y satisfactoria al Tesorero de Puerto Rico.”

Y los artículos 43 y 48 del mismo reglamento definen los Planos de Construcción y de Inscripción, respectivamente, en esta forma:

“Artículo 43. — Definición.—Los Planos de Construcción se defi-nen aquí como una serie de mapas, dibujo; y documentos, mediante los cuales se presenta a la Junta, para su aprobación, el plan del urbanizador. Esta aprobación constituye, la aceptación oficial de que el proyecto está acorde con este Reglamento. Una vez aprobados, los Planos de Construcción servirán de ba' e para la preparación de los Planos de Inscripción.
“Los dibujos incluidos en los Planos de Construcción se podrán hacer a lápiz, siempre y cuando que las copias que de ellos se obtengan sean legibles.”
“Articulo 48. — Definición.—Los Planos de Inscripción se defineu aquí como una serie de mapas, dibujos y documentos, mediante los cuales se presenta el plan del urbanizador, para su inscripción y archivó. Estos corresponderán, en todas sus partes, a los Planos de Construcción y a la construcción que representan. Los Planos de Inscripción se someterán a la Junta, y luego de su aprobación defi-nitiva por ésta, el urbanizador procederá a presentarlos en el Registro, de Planos de Lotificación para su inscripción y archivo.
“Los dibujos .que incluyen los Planos de Inscripción se harán en forma clara y legible, en tinta negra, y en tela o papel de calcar.”

Tenemos, por lo tanto, que si bien los Planos de Inscrip-ción tienen que “corresponder en todas sus partes” a los Planos de Construcción, antes de que la Junta pueda apro-bar los de Inscripción, el urbanizador tiene que haber ter-minado las explanaciones, calles, instalaciones y demás obras de urbanización o prestar una fianza de ejecución garanti-zando la terminación de tales obras dentro del término fijado por la Junta, según dispone el artículo 9 del Reglamento, supra, el cual dispone además que no se venderá ó arren-dará ningún terreno hasta tanto los Planos de Inscripción hayan sido aprobados y registrados.

Esta disposición del artículo 9 del Reglamento está en consonancia con el artículo 24 de la ley, pero es este artículo el que demuestra que no fue la intención legislativa conce-der carácter de finalidad a los planos de construcción hasta tanto la Junta hubiere aprobado el plano' de lotificación y autorizado su inscripción en' el registro correspondiente. El artículo 24, en lo pertinente, dispone:

“Lotificaciones. — A partir de la fecha de vigencia de los regla-mentos aplicables para lotificaciones según se dispone en el artículo 10 en la presente, no se hará en Puerto Rico ninguna lotificación de terrenos y no se aceptará para registrarlo ningún plano de lotificación de terrenos, ni se levantará ningún edificio, ni se venderá o arren-dará ningún terreno en áreas urbanas o para urbanizaciones, ni se expedirá ningún permiso, excepto cuando y hasta dónde, se cumplan dichos reglamentos y hayan sido finalmente aprobados de acuerdo con los mismos por la Junta; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta, a su discreción, podrá ¿probar la venta o arrendamiento de terreno en lodficaeiones sólo después de su aprobación preliminar por la Junta, para ‘hacer lo cual ésta queda por la presente auto-rizada. ...”

Bajo los hechos concurrentes en este caso, creemos que la cuestión a resolver no es si podía la Junta, después de aprobado el Plano de Construcción y ya en el trámite de la aprobación del Plano de Inscripción fijando la fianza correspondiente, señalar su cuantía y además imponer otras condiciones no incluidas en la aprobación del Plano de Construcción, sino que la cuestión a resolver es si al actuar la Junta en dicha forma, su decisión o acción es una de las mencionadas en el artículo 26, supra, cuya revisión debió solicitarse de esta Corte Suprema y no de la corte inferior.

Si examinamos dicho artículo 26 con detenimiento veremos que, como admite el interventor, su redacción es bastante confusa. Creemos, sin embargo, que la interpretación limi-tada y estricta que le da en el sentido de que la resolución de la Junta, dictada el 2 de noviembre de 1945, fijando la cuantía* de la fianza e imponiendo otras condiciones para la aprobación final del plano de inscripción como requisito pre-vio para autorizar la venta de solares del interventor, no está incluida entre las decisiones o acciones de la Junta a que se refiere dicho artículo 26, no debe prevalecer. La resolución de la Junta tuvo el efecto de denegarle al interventor la apro-bación final del plano de lotificación a que se refiere el artículo 24 de la ley. Sin dicha aprobación el interventor no podía ni inscribir dicho plano ni vender solares. Tanto si la fianza exigida era excesiva como si las nuevas condiciones impues-tas al interventor eran o no legales, constituyen una de las “decisiones o acciones” de la Junta en relación con la aproba-ción final de la lotificación o urbanización que el interventor, como parte interesada, había solicitado, a que se refiere el último párrafo del artículo 26, supra. El hecho de que este artículo no mencione expresamente que la fijación por la Junta de la lianza autorizada en el artículo 9 del Reglamento, sea una de las “decisiones o acciones'’ revisables rúnicamente por este Tribunal, no significa que no esté incluida entre dichas decisiones o acciones si dicho trámite sobre fijación de fianza es un requisito previo para la aprobación final del plano de lotificación y su inscripción en el registro, como requisitos previos a la venta de solares de la urbanización.

Somos'de opinión que no fué la intención legislativa auto-rizar dos procedimientos legales para revisar las decisiones o actuaciones de la Junta, a saber, uno ante .este Tribunal y otro ante las cortes de distrito. Por el contrario una inter-pretación razonable del estatuto demuestra, a nuestro jui-cio, que la intención del legislador fué limitar las acciones judiciales a un solo foro, el de esta Corte Suprema, y aun en dichos casos limitar el alcance de la revisión a las cuestiones de derecho.

Procede por lo expuesto anular la orden recurrida por ca-recer la corte inferior de jurisdicción para dictarla.

El Juez Asociado Sr. Córdova se inhibió.

       Al aprobarse el 24 de agosto de 1945 por la Junta el plano de construcción del interventor, se hizo constar expresamente que “la aprobación de este Plano de Construcción, no autoriza la segregación y transferencia de los solares de este predio.”

       De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, la aprobación de los Planos de Construcción por la Junta “se considerará solamente como una aceptación del diseño en cuanto a su conformidad con este Reglamento.”


author: El Juez Asociado Señok Todd, Jr.,

text:
    Práxedes Pabón, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1624.

    Sometido: Febrero 25, 1946.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      E. Acosta Domenech, abogado de la peticionaria; E. Dias Viera y Víctor Igartúa, abogados .éstos del Departamento del Trabajo en representación del Juez demandado y como abogádos'del inter-ventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señok Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de octubre de 1945 la Corte Municipal de San Juan-' dictó sentencia en un caso seguido por Víctor Maura contra Práxedes Pabón sobre reclamación de salarios. Al hacer la notificación de la sentencia el secretario de dicha corte hizo constar en los autos que había archivado copia de la notifi-cación el mismo día 17 de octubre de 19-45 cuando en 7-ealidad dicha notificación fue hecha el 19 de octubre de 1945. La de-mandada, tomando como base esta última fecha que aparece en el original de la notificación que le fue hecha, radicó su escrito de apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan el día 23 de octubre de 1945. El apelado solicitó se desestimara la apelación por haberse radicado la misma des-pués de los cinco días que concede la ley en los casos de recla-mación de salarios.

Se opuso la apelante y practicada la prueba la corte inferior desestimó la apelación. Para revisar dicha resolución, expedimos el presente auto de certiorari.

De la prueba practicada en la corte inferior aparece que a pesar de que en el escrito de notificación de sentencia., suscrito por el secretario de la corte municipal el 19 de octubre de 1945, se hacía constar que copia de dicha notificación se había archivado en los autos del caso el día 17 de octubre.. el sobre que contenía dicha notificación, qne se cursó por co-rreo, tenía un membrete de haberse depositado en el correo el 19 de octubre de 1945 a las 6 p. m. Declaró además el se-cretario de la corte municipal que la sentencia en este caso fué notificada el día 19 de octubre no obstante constar en los autos que lo fué el 17 de octubre.

La sección 8 de la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), enmendada por la Ley núm. 40 de 17 de abril de 1935 ((1) pág. 239), establece que la apelación en casos de reclamación ■de salarios “quedará formalizada presentando al secretario de la corte municipal, dentro de los cinco días de notificada 'la sentencia” el escrito de apelación y en el caso de Fog v. Corte, 65 D.P.R. 161, resolvimos que dicho término empieza ,a contarse desde la fecha en que el secretario archiva en los .autos del caso una copia de la notificación de la sentencia.

Empero, la aplicación de la ley tiene que estar fundada en la realidad de los’hechos. Si, como éstos demuestran on este caso, no obstante haberse hecho constar en los autos del caso que la notificación de la sentencia se hizo el 17 de octubre, en realidad la parte afectada por ella no fué notificada hasta el día 19 de octubre, los cinco días no podrían empezar a contarse desde el día 17. Sería injusto privar a la peticionaria del recurso de apelación que le concede la ley por un error cometido por el secretario de la corte municipal al no hacer eonstar la fecha verídica en que archivó en los autos del caso la copia de la notificación de la sentencia. Habiendo radicado la peticionaria su escrito de apelación el día 23 de octubre, el mismo fué ’indicado dentro de los cinco días.que señala la ley.

Debe anularse la resolución recurrida y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova

text:
    Rafael Napoleón Piñas, demandante y apelado, v. Gumersinda Rodríguez, demandada y apelante.
    Núm. 9202.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      Bauza & Bauza, abogados de la apelante; Juan Lastra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova

emitió la opinión del tribunal.

Radicó un esposo demanda de divorcio a base de que hacía más de un año que no vivía con su esposa Pidió la esposa se desestimara la demanda por no aducir causa de acción, y entonces, cinco meses después de la demanda original, radicó el esposo demanda enmendada alegando que hacía más de tres años que vivía separado de su esposa. No contestó la esposa la demanda Enmendada, se le anotó la rebeldía, y celebrado el juicio en rebeldía^ se dictó sentencia declarando con lugar la demanda de divorcio. De la prueba resulta que al radicarse la demanda bacía menos de tres años que los esposos vivían separados, y que el término de tres años vino a cumplirse como un mes antes de radicarse la demanda enmendada. Entre otros errores que huelga considerar, señala la esposa apelante el cometido por la corte inferior al estimar estable-cida la causa de acción, cuando no había mediado el término estatutario de seperación de tres años al radicarse la demanda.

Tiene razón la apelante. De la prueba resulta que al ra-dicarse la demanda carecía el esposo de causa do acción. Su derecho a una sentencia de divorcio dependía de la situación existente al radicarse la demanda y la inexistencia entonces de una causa de acción era un defecto fatal, que no quedó subsanado al surgir una causa de acción durante el litigio. American Bonding & Trust Co. et al v. Gibson County, 145 F. 871.

El caso de autos se asemeja al de una acción en cobro de dinero radicada unos meses antes de vencer la deuda. Per-mitir una sentencia condenatoria en un caso tal sería premiar una reclamación judicial injustificada, e invitar a los acreedo-res a anticipar el vencimiento de las obligaciones en todos los casos, y colocarse en posición de obtener sentencia tan pronto venza la obligación. People’s State Bank v. Smith, 120 Neb. 29, 231 N. W. 141. En casos de divorcio existe una razón de mucho más peso que en casos de cobro de dinero para no premiar ni estimular la impaciencia de un litigante, a saber, el interes del estado en la estabilidad de sus ma-trimonios, interés que entendemos perdura en Puerto Iiieo, no empece la extraordinaria liberalidad de nuestra ley de divorcio.

Bebe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando sin lugar la demanda, con las costas y cien dólares por concepto de honorarios de abogado.

       No se alegó abandono, sino mera separación de los cónyuges.

       Véase Morán & Cía. v. Corte, 55 D.P.R. 637; Vere v. Corte, 54 D.P.R. 262.