author: per curiam:

text:
      In re Miguel A. Ponce Ponce.

      Número: TS-7169

      Resuelto: 6 de marzo de 2014

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías, en informe.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspen-

der a un miembro de la clase togada por desatender los requerimientos de este Tribunal y de los organismos encar-gados de investigar posibles violaciones éticas. Por los fun-damentos que se exponen a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Miguel A. Ponce Ponce (licenciado Ponce) del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado Ponce fue admitido al ejercicio de la abo-gacía el 15 de mayo de 1981 y a la notaría el 1 de noviem-bre de 1984. Actualmente, tiene pendiente dos procedi-mientos disciplinarios, que consolidamos y resumimos a continuación.

AB-2013-0156

El 6 de diciembre de 2011, la Sra. Evelyn González pre-sentó ante la Oficina de la Procuradora General (Procura-dora) una queja contra el licenciado Ponce por alegada con-ducta profesional impropia. El 8 de diciembre de 2011, la Procuradora le envió copia de la queja al letrado junto con una comunicación en la cual se le concedió un término para que presentara su posición sobre esta. Ante su incompare-cencia, la Procuradora le envió una segunda y tercera co-municación al togado el 19 de diciembre de 2011 y el 3 de enero de 2012, respectivamente, mediante las cuales le hizo el mismo requerimiento. A pesar de estas comunica-ciones, el licenciado Ponce nunca compareció.

Así las cosas, el 3 de abril de 2013, la Procuradora nos refirió el asunto mediante Moción Informativa y en Solici-tud de Orden. Conjuntamente, presentó copia del recibo de la tercera comunicación enviada al letrado.

En atención a lo anterior, el 11 de junio de 2013 emiti-mos Resolución para concederle al licenciado Ponce un tér-mino final de veinte (20) días, contados a partir de su no-tificación, para cumplir con la solicitud de la Procuradora. Además le ordenamos que, en ese mismo término, nos ex-plicara las razones por las cuales no había atendido las comunicaciones de la Procuradora. De igual forma, le aper-cibimos que el incumplimiento con lo allí dispuesto podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía. Esa Resolución le fue notificada personalmente al letrado el 13 de junio de 2013.

Posteriormente, mediante Resolución de 14 de octubre de 2013, le concedimos veinte (20) días a la Procuradora para que nos informara si el togado cumplió con sus reque-rimientos, según ordenado en nuestra Resolución de 11 de junio de 2013. En conformidad con lo anterior, el 30 de octubre de 2013, la Procuradora presentó una segunda Mo-ción Informativa y en Solicitud de Orden, en la que nos informó que el licenciado Ponce no había cumplido con lo ordenado.

AB-2012-0361

De otra parte, el 24 de septiembre de 2012, el Sr. Javier Rosa Acevedo presentó ante este Foro una queja contra el licenciado Ponce. Según se desprende del expediente, el 15 de octubre de 2012 la Secretaría de este Tribunal le envió al abogado copia de la referida queja por correo certificado y le solicitó que en un término de diez (10) días, a partir del recibo de la comunicación, presentara sus comentarios y reacciones a esta. A pesar de haber recibido esa comunica-ción el 20 de octubre de 2012, el licenciado Ponce nunca compareció.

A raíz de lo anterior, mediante Resolución emitida el 14 de octubre de 2013 y notificada el 18 de octubre de 2013, le concedimos al letrado un término final de diez (10) días para que presentara su contestación a la queja. Se le ad-virtió que de no cumplir con lo allí dispuesto, podía ser referido a la Oficina de la Directora de Inspección de No-tarías (ODIN) sin el beneficio de su comparecencia. Ade-más, se le apercibió que su incumplimiento podría conlle-var sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión de la profesión. No obstante, aún hoy, el licen-ciado Ponce no ha comparecido.

Señalamientos de ODIN

Por último, mediante Moción Informativa y en Solicitud de Remedios, presentada el 15 de noviembre de 2013, el Director de ODIN trajo ante nuestra atención la indiferen-cia del letrado ante los señalamientos en torno a las defi-ciencias de su obra notarial.

Surge de la moción y de sus anejos que, entre el 23 de marzo de 2012 y el 23 de abril de 2013, ODIN inspeccionó los Protocolos del 2003 al 2012, así como los libros siete al nueve del Registro de Testimonios de la obra notarial del letrado. En el curso de la inspección se detectaron nume-rosas deficiencias, las cuales fueron recogidas en el In-forme sobre el Estado de la Notaría del Ledo. Miguel Ponce Ponce, Notario Núm. 7169 de 15 de mayo de 2013 prepa-rado por la Inspectora de Protocolos {Informe). Entre las deficiencias señaladas se encuentran: foliaciones incomple-tas, Protocolo sin encuadernar, notas de apertura y cierre incompletas, falta de sello y rúbrica en anejos, falta de ad-vertencias especiales en escrituras y la omisión de cancelar los sellos de rentas internas correspondientes, el impuesto notarial y de la Sociedad para Asistencia Legal.

El 16 de mayo de 2013, el Director de ODIN le cursó una comunicación al letrado con copia del Informe sometido por la Inspectora de Protocolos. Esta fue enviada por correo certificado con acuse a la dirección que surge del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). No obstante, la co-municación fue devuelta por el correo al no haber sido re-clamada, por lo cual se le envió una segunda notificación el 3 de octubre de 2013 por correo ordinario, correo certifi-cado con acuse y correo electrónico. De estas, la única de-vuelta fue la comunicación enviada por correo certificado.

En su escrito, el Director de ODIN nos informa que, a pesar de las comunicaciones indicadas, la obra notarial del licenciado Ponce permanece sin corregir. Añade que el to-gado tampoco ha mostrado preocupación o interés en subsanarla. En vista de ello, nos solicita que le ordenemos al abogado subsanar las deficiencias señaladas en el In-forme y le impongamos una sanción económica de $500, según lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2102.

II

En innumerables ocasiones hemos expresado que la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189 (2012); In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012); In re Vellón Reyes, 181 DPR 927 (2011). Esta obligación se agudiza cuando nuestras órdenes se dan en el contexto de un procedimiento disciplinario. In re Martínez Class, 184 DPR 1050 (2012); In re Rosario Martínez, supra. La naturaleza pública de la profesión de abogado le impone al togado responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con investigaciones disciplinarias, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Ortiz Álvarez, 163 DPR 245 (2004); In re Cuevas Barrero, supra.

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que procede la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía cuando un abogado desatiende nuestras órdenes y requerimientos en el curso de un procedimiento disciplinario. In re Vega Pacheco, 188 DPR 731 (2013); In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732 (2011); In re Cuevas Borrero, supra. Esa conducta constituye un serio insulto a nuestra autoridad e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re Vega Pacheco, supra; In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217 (2011).

También hemos resuelto que la obligación de cumplir con las exigencias de los procedimientos disciplinarios se extiende a los requerimientos hechos por la Procuradora y la ODIN. In re Miranda Gutiérrez, 188 DPR 745 (2013); In re Rosario Martínez, supra. La desatención de estos requerimientos tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden directamente emitida por nosotros. In re Ortiz Alvarez, supra; In re Miranda Gutiérrez, supra. Por ello, ignorar los requerimientos de la Procuradora y la ODIN constituye por sí mismo una falta ética que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas. íd.

De otra parte, es bien sabido que un notario no puede cruzarse de brazos ante los señalamientos de la ODIN en torno a las deficiencias de su obra notarial. La práctica de la notaría requiere el mayor celo en el cumplimiento de los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético. Hemos enfatizado en un sinnúmero de ocasiones que

[...] los notarios tienen el deber, una vez se le señalan faltas en su obra notarial, de subsanarlas y concertar una próxima reunión con ODIN para la reinspección de los Protocolos. [...] De igual manera, hemos expresado que “[ñfingún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contact[e] para verificar si se corrigen adecuadamente los señalamientos que [se] efectúe [n], máxime cuando la imagen de la profesión y la suya propia está en tela de juicio”. (Corchetes en el original). In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888, 892 (2013), citando a In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004).

III

Como observamos, el licenciado Ponce ha incurrido en un patrón de conducta contraria a sus deberes como abo-gado y notario. Ha hecho caso omiso a los múltiples reque-rimientos de la Procuradora y del Director de ODIN. De igual forma, ha ignorado nuestras órdenes y se ha mos-trado indiferente ante nuestros apercibimientos.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Miguel A. Ponce Ponce de la práctica de la abogacía y la notaría. Además, se ordena el archivo ad-ministrativo de las quejas Núms. AB-2013-0156 y AB-2012-0361 hasta tanto el letrado solicite la reinstalación al ejercicio de la abogacía.

El Alguacil de este Tribunal procederá a incautar la obra notarial del abogado, incluyendo su sello notarial, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe. El togado deberá sub-sanar inmediatamente, a su costa, las deficiencias de su obra notarial. Se le advierte que no consideraremos solici-tud de reinstalación alguna hasta que atienda todos los señalamientos de ODIN y cumpla con nuestras resolu-ciones.

El licenciado Ponce deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devol-ver tanto los expedientes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, informará oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Deberá acredi-tar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo aquí establecido en el término de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta opinión per curiam y su corres-pondiente sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Juez Presidente Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Orlando Ortiz, recurrido, v. Holsum de Puerto Rico, Inc., peticionario.

      Número: CC-2013-306

      Resuelto: 7 de marzo de 2014

      José R. Gonzalez Nogueras y Mayra Gonzáles Reyes, de Jimé-nez, Graffam & Lausell, abogados de la parte peticionaria; Nilda M. Seda Cuevas, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal en cuanto a los acápites I, II, III, IV y VI. En cuanto a la introducción y al acápite V, estuvieron conformes los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de analizar la Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado (Ley de Prueba de Sustancias Controladas), Ley Núm. 59-1997, 29 LPRA see. 161 et seq. En particular, debemos examinar si el patrono cumplió con ciertos requisitos exigidos por ley para establecer un programa de detección de sustancias controladas.

Asimismo, este caso nos permite reiterar un principio básico de nuestro derecho procesal apelativo: toda parte que interese recibir un remedio a su favor debe acudir al tribunal apelativo correspondiente a solicitarlo. Es decir, un tribunal apelativo no puede otorgar un remedio a una parte que no acudió en revisión.

I

Como en este caso revisamos la denegatoria del foro pri-mario de dictar sentencia sumaria, relataremos los hechos materiales que no están en controversia, según se recogen en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Apén-dice, págs. 44-56.

El 8 de mayo de 1995, el Sr. Orlando Ortiz comenzó a trabajar para Holsum de Puerto Rico (Holsum). Como parte de sus labores, el señor Ortiz tenía asignada una guagua de carga comercial para visitar a los clientes diariamente. En febrero de 2009, luego de varios años de trabajar en la empresa, el señor Ortiz se sometió a una prueba de drogas que resultó inconclusa porque la muestra de orina estaba diluida. Ante esa situación, se citó al señor Ortiz para que proveyera una segunda muestra de orina, pero presenciada. Esa prueba resultó negativa.

El 4 de febrero de 2010, el señor Ortiz arrojó positivo a cocaína en otra prueba de dopaje requerida por Holsum. Al señor Ortiz se le brindó la oportunidad de acudir a un cen-tro de rehabilitación, según disponía la Ley Núm. 59, supra, y la Política sobre Posesión, Uso y Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas y Alcohol de Holsum, Apéndice, págs. 156-169. También se le apercibió que en una segunda ocasión sería despedido.

Al año próximo, específicamente el 24 de enero de 2011, se sometió nuevamente al señor Ortiz a una prueba de dopaje. El resultado de esa prueba fue inválido, porque el laboratorio concluyó que la muestra estaba diluida. Apén-dice, págs. 173 y 180. Por esa razón, se le hizo una segunda prueba el 28 de enero de 2011, la cual arrojó un resultado negativo. Para obtener un resultado más definitivo, Hol-sum ordenó que el señor Ortiz se realizara una tercera prueba de dopaje el 11 de febrero de 2011, esta vez de cabello. Esta prueba arrojó un resultado positivo a cocaína. Debido a que esta fue la segunda ocasión en la que el señor Ortiz arrojó positivo a cocaína, Holsum lo despidió de su empleo.

Ante ello, el señor Ortiz presentó una demanda por des-pido injustificado bajo el trámite expedito que contempla la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA see. 3118 et seq. Holsum se opuso y presentó una moción de sentencia sumaria. Adujo que no había controversia sobre el resul-tado de las pruebas, por lo que solicitó que se desestimara la demanda, alegando que el despido estaba justificado. El foro primario denegó la moción de sentencia sumaria. De-terminó que la Ley Num. 59, supra, solo permite que se hagan a los empleados dos pruebas al año. Por esa razón, concluyó lo siguiente:

Según la evidencia presentada, el querellante fue sometido a tres pruebas de dopaje durante el 2011; la primera prueba fue considerada inválida por el laboratorio por razones que no sur-gen con claridad del expediente!;] la segunda fue negativa],] y la tercera, arrojó positivo al uso de cocaína. De probarse por parte del patrono que el empleado fue el responsable de que la muestra tomada el 2[4] de enero de 2011 arrojase un resultado inválido [...] no albergamos duda en torno al hecho de que la prueba del [28] de enero de 2011 debería de considerarse, para fines de la aplicación de la Ley de Detección de Sustancias Controladas, como la primera prueba de ese año. [...] Sin embargo, esa es precisamente la duda que asalta la conciencia del tribunal, ante la insuficiencia de la prueba disponible en esta etapa procesal del caso.
A contrario sensu, si no llegase a demostrarse que el em-pleado provocó el resultado inválido de la muestra, adulterán-dola o diluyéndola, [...] deberíamos de concluir que luego del resultado negativo de la segunda muestra tomada el [28] de enero de 2011 Holsum estaba impedido de someter al deman-dante a una prueba adicional [...] (Enfasis en el original su-primido y énfasis suplido). Apéndice, págs. 54-55.

Como se aprecia, el Tribunal de Primera Instancia pa-reció equiparar un resultado inválido a una muestra alte-rada o adulterada.

Inconforme, el 1 de marzo de 2013 Holsum presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Ese foro se negó a expedir el auto solicitado.

Aun en desacuerdo, Holsum presentó la petición de cer-tiorari que nos ocupa. Señala que el Tribunal de Apelacio-nes erró al sostener la decisión del foro primario que pre-suntamente impuso a Holsum un elemento de prueba no contemplado en la Ley Núm. 59, supra, y excesivamente oneroso: demostrar que el empleado fue el responsable de que la prueba de dopaje tuviese un resultado inconcluso. Holsum también nos indica que el foro apelativo interme-dio incidió al no resolver que la conducta del señor Ortiz constituía justa causa para su despido, de acuerdo con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA secs. 185a-185m.

El 28 de junio de 2013 ordenamos al señor Ortiz que mostrara causa por la cual no se debía revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Nuestra orden se cumplió. Con el beneficio de los argumentos de ambas partes, pasa-mos a resolver.

II

La querella que nos ocupa se presentó al amparo del procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra. Sobre el particular, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999), resolvimos que las resoluciones interlocutorias que se tramitan al amparo de la Ley Núm. 2, supra, no se revisan, excepto en las circunstancias siguientes: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso por completo, y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Véase, además, Aguayo Pomoles v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45 (2006). Es claro que en este caso aplica la segunda excepción, ya que se nos solicita que dictemos sentencia sumaria a favor del patrono peticionario, lo que dispondría del caso por completo. Es obvio que nuestra jurisdicción no depende del resultado final del recurso. Por ende, no existe ningún impedimento procesal que nos impida atender los méritos de este recurso.

III

A. Es conocido por todos que el “uso y abuso de sustan-cias controladas constituye un serio problema en la socie-dad puertorriqueña contemporánea, de cuyas consecuencias el escenario de trabajo no está inmune”. Soto v. Adm. Inst. Juveniles, 148 DPR 810, 819 (1999).

Cónsono con esa realidad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 59, supra. El Art. 2 de esa ley, id., 29 LPRA see. 161 n., establece que su propósito es detectar el uso de sustancias controladas por parte de empleados y candidatos a empleo en el sector privado. Véase, además, Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 363 esc. 10 (1999). Asimismo, se pretende “promover la salud y seguridad de los trabajadores y, consecuentemente de la comunidad en general, proveyendo las salvaguardas necesarias para la protección de la intimidad e integridad personal del individuo afectado”. 29 LPRA sec. 161 n. De esa forma, la aprobación de la Ley Núm. 59, supra, supuso un esfuerzo del Estado para erradicar el uso y tráfico ilegal de sustancias controladas. Alicea v. A.S.E.M., 152 DPR 312, 323 esc. 9 (2000).

El Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra, 29 LPRA sec. 161b, contiene los requisitos que debe cumplir todo patrono que desee establecer un programa de detección de sustancias controladas. En síntesis, dispone: (1) la manera como se deben conducir las pruebas a los empleados y candidatos a empleo; (2) la necesidad de que el patrono apruebe un reglamento para la implementación del programa de detección de drogas; (3) el contenido que debe tener el reglamento que se apruebe para ese fin, y (4) quién sufragará los gastos de las pruebas que se realicen.

En lo concerniente, el Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra, expresa que “[t]odo empleado podrá ser sometido a un máximo de dos pruebas al año [...]”.29 LPRA sec. 161b(h). Asimismo, ese artículo dispone que en la primera prueba que se haga “no habrá observador presente mientras el empleado provee la muestra [...]”. 29 LPRA sec. 161b(d). Expresa, además, que “se tomará la temperatura de la muestra en presencia del empleado sometido a la prueba, como medida para determinar si la muestra ha sido adulterada. En caso de que se determine la adulteración de una muestra, ésta será descartada y se solicitará al em- pleado que provea una nueva, esta vez ante la presencia de una persona de su mismo sexo [...]”. (Énfasis suplido). íd.

Nótese que el reglamento que el patrono implemente deberá contener una descripción detallada de los procedi-mientos que deben seguirse para realizar las pruebas. 29 LPRA sec. 161b(b). En cuanto a ese asunto, la legislación especifica que “[Z]as pruebas se harán mediante muestra de orina, salvo circunstancias en que no sea posible [...]”. (Én-fasis suplido). 29 LPRA sec. 161b(d).

En el Art. 5 de la Ley Núm. 59, íd., también se dispone que un laboratorio certificado llevará a cabo las pruebas sobre las muestras y que estas se administrarán de acuerdo con los procedimientos analíticos y de cadena de custodia de muestra científicamente aceptables, de modo que se proteja al máximo la intimidad del empleado. Asimismo, el legislador dispuso que las muestras se deben administrar conforme las directrices del programa federal para pruebas de drogas en el lugar de trabajo (Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program). íd.

B. La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), adscrita al Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (Department of Health and Human Services), es la entidad encargada de publicar periódicamente las directrices para el programa federal de prueba de drogas en el lugar de trabajo (directrices federales). M. Mercado Echegaray, Drug Prohibition in America: Federal Drug Policy and its Consequences, 75 Rev. Jur. UPR 1215, 1270 (2006). Las primeras directrices federales se publicaron en 1988. Véase Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program, 53 Fed. Reg. 11970 (11 de abril de 1988). Posteriormente, esas directrices se han revisado en varias ocasiones. Véanse: 59 Fed. Reg. 29908 (9 de junio de 1994); 62 Fed. Reg. 51118 (30 de septiembre de 1997); 63 Fed. Reg. 63483 (13 de no-viembre de 1998); 69 Fed. Reg. 19644 (13 de abril de 2004); 73 Fed. Reg. 71858 (25 de noviembre de 2008).

En lo pertinente, la Sec. 1.5 de las directrices federales, 73 Fed. Reg. 71877, define una muestra adulterada como “un espécimen que ha sido alterado, según se evidencie con resultados que muestren una sustancia que no es un componente normal para ese tipo de espécimen o una concentración anormal de una sustancia endógena”. (Traducción suplida). Por el contrario, se configura un resultado inválido cuando de una muestra no se puede establecer un resultado positivo, negativo, adulterado o sustituido para una droga específica o una prueba de validación de espécimen. íd., pág. 71878. Esas definiciones ponen de manifiesto que una prueba adulterada y un resultado inválido no son sinónimos. En el caso del resultado inválido, no se puede concluir a ciencia cierta si la muestra fue adulterada o si arrojó positivo o negativo a cierta droga.

Por su parte, constituye una prueba cancelada aquel espécimen que es reportado como un resultado inválido por un médico certificado y la persona a la que se hace la muestra no puede explicar alguna razón para ello. 73 Fed. Reg. 71878. Eso puede ocurrir en situaciones en las que el espécimen dividido falla en reconfirmarse o cuando se determina que existe un defecto fatal en el registro fo-rense en particular. De las definiciones citadas se puede concluir que la Sec. 1.5 de las directrices federales sugiere que el empleado es quien tiene que ofrecer una explicación legítima cuando una prueba produce un resultado inválido.

Por otra parte, la Sec. 2.1 de las directrices federales, 73 Fed. Reg. 71879-71880, establece que la orina es el único espécimen que una agencia federal puede recolectar para realizar las pruebas de drogas en el lugar de trabajo. Del historial de las directrices federales surge que el propósito de esa sección era aclarar que a las agencias federales se les prohíbe recolectar cualquier otro tipo de espécimen para realizar las pruebas de drogas en el lugar de trabajo. Véase 73 Fed. Reg. 71860.

La Sec. 13.5 de las directrices federales, 73 Fed. Reg. 71900-71901, contiene unas situaciones que pueden justificar la imposibilidad de recolectar una muestra de orina. Es decir, aunque según las directrices cada caso se evalúa individualmente, existen condiciones médicas que pueden impedir que se realice una muestra de orina. En particular, la Sec. 13.5(a) de las directrices federales dis-pone que una condición médica incluye

[...] una condición fisiológica comprobable (por ejemplo, una disfunción del sistema urinario) o un trastorno psicológico pre-existente que ha sido médicamente documentado; pero no in-cluye alegaciones infundadas de “ansiedad situational” o de deshidratación. Son condiciones médicas permanentes o pro-longadas, las anormalidades fisiológicas, anatómicas o psico-lógicas que, según se ha documentado, existían antes del in-tento de recolección de la muestra y que se consideran como condiciones que no habrán de corregirse o curarse en largo tiempo o, tal vez, nunca. Pueden ser ejemplos, la destrucción (por cualquier causa) del sistema de filtración glomerular que conduzca a un fallo renal; la ruptura traumática y no repa-rada del tracto urinario, o un trastorno psiquiátrico grave re-lacionado específicamente con el sistema genitourinario. Aun-que algunas condiciones médicas agudas o temporales como cistitis, uretritis o prostatitis podrían interferir con la recolec-ción de la muestra por un período de tiempo limitado, no se les puede brindar el mismo trato excepcional que a las condicio-nes permanentes o prolongadas mencionadas en la oración anterior. (Traducción suplida). 73 Fed. Reg. 71900-71901.

Se deduce de la sección antes citada que las circunstan-cias extraordinarias que justifican no realizar una prueba de dopaje con muestra de orina se tienen que relacionar con una condición médica documentada. También se requiere, como norma general, que la condición fisiológica sea permanente o prolongada. Id. Ahora bien, la Sec. 13.5 de las directrices federales, supra, menciona unas condiciones médicas agudas o temporales que pueden interferir con la recolección de la muestra de orina por un período de tiempo limitado. Estas condiciones temporales no pueden tener el mismo trato que las condiciones permanentes. Id.

IV

Al analizar con detenimiento los dictámenes del foro primario y del Tribunal de Apelaciones, así como los alega-tos de las partes, notamos que en ellos se utilizan los tér-minos “adulteración” y “resultado inválido” como si fueran sinónimos. Sin embargo, esa fusión de términos es inco-rrecta conceptualmente y confunde al momento de anali-zar la controversia de autos.

El Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra, dispone con claridad que cuando los resultados señalan que una muestra fue adulterada, procede que se descarte y no se tome en cuenta. No obstante, en este caso no podemos fundamentar nuestra decisión en esa disposición legal, porque ella solo abarca las situaciones en que el laboratorio médico certi-fica que una muestra fue adulterada. Aquí se trata de una muestra que arrojó un resultado inválido. Nuestra Asam-blea Legislativa no definió el término “resultado inválido” ni reguló de forma expresa qué ocurre cuando una muestra se cataloga así. Ahora bien, el legislador sí mencionó expre-samente que las muestras se deben administrar conforme las directrices federales. Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra.

Procede, entonces, acudir a ese cuerpo reglamentario para dilucidar la controversia que nos ocupa. Después de todo, debemos “imprimir efectividad a la intención del le-gislador y garantizar así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada la medida”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010). Véase, además, Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013).

El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria por entender que era un hecho material en con-troversia demostrar que el señor Ortiz fue el responsable de que la prueba de dopaje de 24 de enero de 2011 tuviese un resultado inválido. Sin embargo, conforme la definición que contiene la Sec. 1.5 de las directrices federales, supra, en un resultado inválido es imposible saber si una muestra fue adulterada o sustituida, o si arrojó un resultado posi-tivo o negativo para una droga en particular. Por consi-guiente, es insustancial dilucidar quién tuvo la culpa de que la muestra arrojara un resultado inválido. Lo único que está claro es que la prueba no arrojó un resultado ne-gativo y por eso no se le puede contar como si lo hubiera arrojado.

Cónsono con lo anterior, las directrices federales definen una prueba cancelada como aquella en que la muestra es inválida y la persona a quien se le hace la prueba no tiene una explicación para tal resultado. Sec. 1.5 de las directri-ces federales, supra. Se deduce entonces que cuando una muestra arroja un resultado inválido y el donante no puede ofrecer una explicación sobre las razones para su invalidez, procede cancelar la prueba, lo que equivale a descartarla. Resolver de otra forma sería un contrasentido, porque de un resultado inválido no se puede concluir nada.

De los hechos surge que al señor Ortiz se le tomaron tres muestras en un año: el 24 de enero, el 28 de enero y el 11 de febrero de 2011. De acuerdo con lo que hemos discu-tido, la prueba que se realizó el 24 de enero de 2011 debe descartarse porque arrojó un resultado inválido y el señor Ortiz no ofreció una explicación válida para ello. Así pues, para efectos del Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra, Holsum estaba facultado para realizar la prueba de dopaje de 11 de febrero de 2011, pues con esta se cumplía con el máximo de dos pruebas al año que faculta la ley.

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el único hecho en controversia era si el empleado fue quien causó la invalidez de la prueba. Recordemos que un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 444 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ya hemos explicado por qué determi-nar quién causó que la prueba diera un resultado inválido es un hecho inmaterial al momento de dictar sentencia sumaria en este caso. Véanse: Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 167; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.

Ahora bien, nótese que para que proceda una moción de sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos en controversia, sino que la sentencia tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. Por eso, el proponente de la moción de sentencia sumaria debe establecer su derecho con claridad. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.

Es un hecho incontrovertido que la prueba de dopaje de 11 de febrero de 2011, que dio positivo a cocaína, se realizó con una muestra de cabello. Esa actuación del patrono co-lisiona con el texto cristalino del Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra, que establece que “las pruebas se harán mediante muestra de orina, salvo circunstancias en que no sea posible”. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 161b(d). Del expediente no surgen condiciones médicas, según ese término se define en la Sec. 13.5 de las directrices federales, supra, que justificaran desviarse del mandato que establece el Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra. Es decir, entre los hechos incontrovertidos que aparecen en la moción de sentencia sumaria no se mencionan condiciones médicas prolongadas o temporales —según se recogen esos términos en las directrices federales— que impidieran que la prueba de dopaje de 11 de febrero de 2011 se realizara con una muestra de orina. Por tal razón, Holsum no podía realizar la prueba de dopaje con una muestra de cabello.

Ante ese escenario, no podemos tomar en consideración el resultado de esa prueba, pues no se realizó según dis-pone el Art. 5 de la Ley Núm. 59, supra. Adviértase que Holsum alegó en la moción de sentencia sumaria que exis-tía justa causa para el despido por el hecho de que el señor Ortiz había arrojado positivo a cocaína por segunda vez en la prueba de dopaje de 11 de febrero de 2011. Como esta-mos impedidos de tomar en consideración el resultado de esa prueba ilegal, el planteamiento de justa causa que es-grimió Holsum es improcedente. De todas las pruebas que se le realizaron el señor Ortiz, solo podemos tomar en con-sideración la segunda que se efectuó el 28 de enero de 2011, y que arrojó un resultado negativo.

En su consecuencia, como cuestión de derecho, no pro-cede dictar sentencia sumaria a favor del patrono Holsum. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, según enmendada, 29 LPRA sec. 185b.

V

Conviene recordar que nuestro ordenamiento jurídico permite que se dicte sentencia sumaria en contra de la parte que la solicita, siempre que no existan hechos materiales que estén en controversia. P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 374 (2000); Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 735, 782 (1992). Sin embargo, principios elementales de derecho procesal apelativo impiden que en este caso seamos nosotros quienes dilucidemos —en primera instancia— si procede dictar sentencia sumaria a favor del señor Ortiz.

Es norma básica de nuestro derecho procesal apelativo que todo escrito presentado ante un tribunal apelativo señale, discuta y fundamente el error o los errores que se le imputan al foro apelado o recurrido. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Es decir,

[s] olamente mediante un señalamiento de error y una discu-sión fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. (Enfasis suprimido). Id.

Asimismo, para poder presentar los distintos escritos apelativos se tienen que pagar los derechos arancelarios correspondientes. Véase In re Aprobación Der. Arancela rios R.J., 179 DPR 985 (2010). Sobre el particular, la See. 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 32 LPRA sec. 1481, establece que serán nulos todos los documentos judiciales a los que no se adhieran los sellos de rentas internas requeridos. Véanse, además: Meléndez v. Levitt & Sons. of P.R., Inc., 106 DPR 437, 438 (1977); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781-782 (1976); Vázquez v. Rivera, 69 DPR 947, 951 (1949).

Por ende, los foros apelativos no pueden considerar una controversia que no fue planteada, a menos que sea necesario para evitar una injusticia manifiesta. Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351, 358 (1998). Véanse, además: E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55-56 (2012); ABA, Standards Relating to Appellate Courts, Commentary Sec. 3.00, págs. 23-28 (1994). Dicho de otro modo, los tribunales apelativos deben resolver solamente “los asuntos que se le plantean en los recursos que tengafn] ante su consideración”. (Enfasis suprimido). Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, supra, pág. 359.

La norma anterior se debe a que nuestro derecho es de naturaleza rogada. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 846-847 (2012); Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 560 (2003); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1256. Recordemos que “los tribunales son organis-mos que resuelven las disputas que se suscitan entre los ciudadanos y que sean llevadas ante su consideración, sin que les sea dable intervenir motu proprio en tales disputas”. R. Elfren Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Publicaciones JTS, 1987, pág. 3.

El hecho de que nuestro sistema de derecho sea de naturaleza rogada implica que, como norma general, este Foro solo puede revisar las controversias sobre las cuales pasó juicio el Tribunal de Apelaciones. Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 DPR 1, 22 (2011). Ello se debe a que “nuestra competencia apelativa en recursos de certiorari se limita a revisar las sentencias o resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones”. íd. Véase, ade-más, Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmen-dada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24s.

En este caso, el patrono Holsum es quien ha solicitado en todos los foros competentes que se dicte sentencia su-maria a su favor. En ningún momento el señor Ortiz ha hecho un planteamiento similar. No lo hizo ante el foro primario ni ante los foros apelativos. En atención a la na-turaleza rogada de nuestro derecho, nos limitamos a decla-rar “no ha lugar” la moción de sentencia sumaria que pre-sentó Holsum y devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedi-mientos de forma consecuente con nuestros pronuncia-mientos. No podemos resolver este asunto sin que ningún foro de jerarquía inferior lo haya considerado primero y sin que la parte recurrida lo haya solicitado y, mucho menos, argumentado. Eso borraría las distinciones entre este Foro y el Tribunal de Primera Instancia, y cercenaría el derecho de la parte afectada a apelar cualquier dictamen final en su contra. Véase, en general, Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408 (2009).

VI

Por los fundamentos expuestos, se expide un auto de “certiorari”, se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos posteriores compatibles con lo resuelto aquí.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hizo constar la expresión siguiente:

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez está conforme con las Partes I, II, III, IV y VI, y concurre con la Parte V de la Opinión de este Tribunal. Como bien reconoce la mayoría en la Parte V de la Opinión, nuestro ordenamiento jurídico permite que se dicte sentencia sumaria en contra de la parte que la solicita, siempre que no existan hechos materiales que estén en controversia. Sin embargo, a renglón seguido, pautan inne-cesaria y erróneamente que la naturaleza rogada de nuestro sistema de derecho impediría a este Tribunal conceder ese re-medio a una parte que le asista ese derecho, si acude como parte recurrida. Estas expresiones constituyen obiter dictum, ya que en el caso ante nos el empleado recurrido nunca ha solicitado que se dicte sentencia sumaria a su favor y se ha opuesto a que se emita. Este entiende que es necesario que el foro primario escuche su testimonio por existir —reconocido por él— controversias materiales y pertinentes que impiden disponer el caso sumariamente. Ante ese cuadro, resulta inne-cesaria la discusión de la Parte V de esta Opinión, Sobre todo cuando echan por la borda la máxima de que aunque nuestro ordenamiento el Derecho es rogado, ello no impide conceder el remedio procedente. Los tribunales siempre debemos conceder lo que proceda en Derecho, que puede o no coincidir con lo que se solicita. Como el empleado recurrido es el primero en reco-nocer que existen hechos materiales en controversia, no esta-mos ante el caso adecuado para evaluar si este Tribunal tiene la potestad de dictar, por proceder en Derecho, un remedio sumario a favor de la parte contraria a la peticionaria al no existir controversias de hecho.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente, a la que se unió la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco no intervino.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disentimos de lo resuelto en la Opinión mayoritaria por tres razones. Primero, al momento de computar las dos pruebas anuales de dopaje que se pueden realizar al em-pleado, la Ley de Sustancias Controladas, infra, no per-mite descartar una prueba que arrojó un resultado invá-lido; solo permite descartar aquella cuyo resultado de laboratorio determine que la muestra fue adulterada. Segundo, podíamos dictar sentencia sumaria en este caso en contra de la parte que la solicitó, pues nuestro ordena-miento lo permite. Tercero, si una mayoría de este Tribunal no estaba dispuesta a dictar sentencia sumaria, procedía denegar el recurso porque no se configura alguna de las tres excepciones que permiten obviar la norma general de que las resoluciones interlocutorias dictadas en un proce-dimiento laboral sumario no son revisables.

I

Los hechos que originaron el caso de epígrafe se expo-nen correctamente en la opinión mayoritaria, por lo que no los detallaremos nuevamente. Dicho esto, veamos el dere-cho aplicable que fundamenta nuestra posición.

La Ley Núm. 59-1997 (29 LPRA sec. 161 et seq.), Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sus-tancias Controladas en el Sector Laboral Privado (Ley de Pruebas de Sustancias Controladas), autoriza a los patro-nos a implantar programas de detección de sustancias controladas siempre que cumplan con lo dispuesto en dicha ley. Según el estatuto, “[t]odo empleado podrá ser sometido a un máximo de dos pruebas al año, a menos que en una de estas pruebas se haya obtenido un resultado positivo debi-damente corroborado o como parte de un programa de con-sejería, tratamiento o rehabilitación”. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 161b(h). Dichas pruebas

[...] se liarán mediante muestra de orina, salvo circunstancias en que no sea posible tomar la misma, y se administrará de acuerdo con los procedimientos analíticos y de cadena de custodia de muestra científicamente aceptables, de modo tal que se proteja al máximo la intimidad del empleado, y de con-formidad con el Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program. [...] En caso de que se determine la adulteración de una muestra, ésta será descartada y se solici-tará al empleado que provea una nueva, esta vez ante la pre-sencia de una persona de su mismo sexo, miembro del personal del laboratorio. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 161b(d).

Las directrices para el programa federal de prueba de drogas en el lugar del trabajo, definen “muestra adultera-da” como sigue: “A specimen that has been altered, as evidenced by test results showing either a substance that is not a normal constituent for that type of specimen or showing an abnormal concentration of an endogenous substance”. (Énfasis suplido). 73 Fed. Reg. 71877. Asi-mismo, las directrices establecen que una “prueba cancela-da” es:

The result reported by the MRO to the Federal agency when a specimen has been reported to the MRO as invalid result (and the donor has no legitimate explanation) or rejected for testing, when a split specimen fails to reconfirm, or when the MRO determines that a fatal flaw or unrecovered correctable error exists in the forensic records. 73 Fed. Reg. 71878.

Por último, definen un “resultado inválido” como sigue:

The result reported by an HHS-certified laboratory in accordance with the criteria established in Section 3.8 when a positive, negative, adulterated, or substituted result cannot^ be established for a specific drug or specimen validity test. (Énfasis suplido). Id.

En virtud de lo anterior, la Ley de Pruebas de Sustan-cias Controladas y las directrices federales solo permiten que se descarte una prueba cuando el laboratorio determine que la muestra fue adulterada. Al repetir dicha prueba, la descartada no contará para efectos del límite de dos pruebas anuales que impone el estatuto. íd. En cam-bio, una prueba puede ser cancelada por varias razones no atribuibles al empleado. Esto, pues las directrices federa-les definen “resultado inválido” como uno en el que no se puede certificar un resultado positivo, negativo, adulterado o sustituido. Por ende, un resultado inválido no equivale a nn resultado que refleje que la muestra fue adulterada. Consecuentemente, ambos resultados no pueden ser trata-dos de la misma forma. La Ley de Pruebas de Sustancias Controladas solo permite descartar un resultado cuando se determina que la prueba fue adulterada y no incluye los resultados inválidos en esta disposición. Siendo así, un re-sultado inválido debe ser contabilizado para efectos del lí-mite de dos pruebas anuales que impone el estatuto.

No obstante, la opinión mayoritaria pauta que “cuando una muestra arroja un resultado inválido y el donante no puede ofrecer una explicación sobre las razones para su invalidez, procede cancelar la prueba, lo que equivale a descartarla”. Opinión mayoritaria, pág. 524. No podemos estar de acuerdo con esta interpretación por ser contraria a lo expuesto anteriormente. Además, ¿cómo podemos exigir al donante que nos explique por qué una muestra arrojó un resultado inválido cuando el mismo laboratorio no pudo determinar de esa muestra un resultado positivo, negativo, adulterado o sustituido? Precisamente, por el hecho de que “de un resultado inválido no se puede concluir nada” es que no procede descartarlo en perjuicio del derecho estatutario del donante a no ser sometido a más de dos pruebas de dopaje al año.

En el caso ante nos, Holsum de Puerto Rico, Inc. (Hol-sum) pretende que no se compute el resultado inválido, al igual que se haría con uno adulterado. No obstante, la Ley de Pruebas de Sustancias Controladas, interpretada con-forme a las guías federales, no permite descartar un resul-tado inválido al momento de computar las pruebas realiza-das al empleado durante un año determinado. Los resultados del laboratorio no determinaron que la prueba realizada al Sr. Orlando Ortiz hubiera sido adulterada. En cambio, el Dr. Wilfredo Avilés indicó que el resultado era inválido. Por lo tanto, esta primera prueba realizada al señor Ortiz debe ser contabilizada al momento de compu-tar las dos pruebas anuales de dopaje permitidas por ley.

Consecuentemente, la tercera prueba de dopaje realizada al señor Ortiz mediante una muestra de cabello se realizó en exceso del límite de dos pruebas anuales de do-paje permitido por la Ley de Pruebas de Sustancias Controladas. Ya que Holsum estaba impedido de realizar dicha prueba y que esta fue la única que arrojó un resultado positivo al uso de sustancias controladas, no procede determinar mediante una sentencia sumaria que Holsum tenía justa causa para despedir al señor Ortiz. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA see. 185b. Al contrario, lo que procedía en este caso era dictar una sentencia sumaria a favor del señor Ortiz. Tal y como reconoce la opinión mayoritaria, “nuestro ordenamiento jurídico permite que se dicte sentencia sumaria en contra de la parte que la solicita, siempre que no existan hechos materiales que estén en controversia”. Opinión mayoritaria, pág. 526, citando a P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 374 (2000), y a Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 735, 782 (1992). Si una mayoría de este Tribunal no estaba dispuesta a dictar sen-tencia sumaria a favor del señor Ortiz, entonces procedía denegar el recurso.

Hemos resuelto que el procedimiento laboral sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA see. 3118 et seq.), al amparo del cual se originó el pleito de epígrafe, impide que las resoluciones interlocutorias sean revisables porque lo contrario desvirtuaría el carácter sumario que debe caracterizar dicho procedimiento. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999). Al respecto, señalamos que “la sobrecarga de casos pendientes ante los tribunales apelativos impedían la rápida solución de estos recursos [...] En consecuencia, concluimos que la parte que pretendiera impugnar tales resoluciones debía esperar hasta la sentencia final e instar el recurso pertinente a base del alegado error cometido”. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45 (2006).

Solo existen tres excepciones a esta norma general de autolimitación: (1) cuando la resolución interlocutoria fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia sin jurisdic-ción para ello, (2) cuando se trate de un caso extremo en que la revisión inmediata del foro apelativo dispone del caso en forma definitiva o aporta a su pronta disposición y (3) cuando la revisión inmediata evite una grave injusticia. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, pág. 45. Véase, también, Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.

Aunque la opinión mayoritaria invoca la segunda excep-ción, no dispone del caso por completo, pues se niega a dictar sentencia sumaria; tampoco aportó a la pronta dis-posición del recurso, sino que la interrumpió. El Tribunal de Primera Instancia pudo haber resuelto la controversia de autos ya resolviendo que la primera prueba impedía a Holsum realizar la tercera o determinando que, a pesar de que procedía descartar la primera prueba, las guías fede-rales impedían realizar la tercera mediante una muestra de cabello. Por ende, la excepción invocada no se configuró y este recurso debió denegarse.

II

Por todo lo anterior, disentimos. En cambio, hubiéramos dictado sentencia sumaria a favor del señor Ortiz o, en la alternativa, hubiéramos denegado el recurso.

       Las guías actuales están publicadas en 73 Ped. Reg. 71858 (25 de noviembre de 2008) y entraron en vigor el 1 de octubre de 2010. Véase 75 Ped. Reg. 22809 (26 de abril de 2010).

       El texto original en inglés es el siguiente: “A specimen that has been altered, as evidenced by test results showing either a substance that is not a normal constituent for that type of specimen or showing an abnormal concentration of an endogenous substance”.

       El texto original es el siguiente: “The result reported by an HHS-certified laboratory [...] when a positive, negative, adulterated, or substituted result cannot be established for a specific drug or specimen validity test”.

       El texto original en inglés es el siguiente:

        “Cancelled Test. The result reported by the MRO to the Federal agency when a specimen has been reported to the MRO as invalid result (and the donor has no legitimate explanation) or rejected for testing, when a split specimen fails to reconfirm, or when the MRO determines that a fatal flaw or unrecovered correctable error exists in the forensic records (as described in Sections 15.1 and 15.2)”.

       El texto original en inglés es el siguiente:
      “For purposes of this section, a medical condition includes an ascertainable physiological condition (e.g., a urinary system dysfunction) or a medically documented pre-existing psychological disorder, but does not include unsupported assertions of ‘situational anxiety or dehydration. Permanent or long-term medical conditions are those physiological, anatomic, or psychological abnormalities documented as being present prior to the attempted collection, and considered not amenable to correction or cure for an extended period of time, if ever. Examples would include destruction (any cause) of the glomerular filtration system leading to renal failure; unrepaired traumatic disruption of the urinary tract; or a severe psychiatric disorder focused on genitor-urinary matters. Acute or temporary medical conditions, such as cystitis, urethritis or prostatitis, though they might interfere with collection for a limited period of time, cannot receive the same exceptional consideration as the permanent or long-term conditions discussed in the previous sentence”.


text:
      In re Víctor M. Padilla Santiago.

      Número: TS-7159

      Resuelto: 10 de marzo de 2014

      Lourdes I. Quintana Lloréns y Manuel E. Ávila De Jesús, directores de la Oficina de Inspección de Notarías; Víctor M. Padilla Santiago, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina de Inspección de notarías (ODIN). Por los fundamentos esbo-zados a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Víctor M. Padilla Santiago del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Padilla Santiago fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de mayo de 1981 y al ejercicio de la notaría el 23 de junio de 1981. No obstante, lo suspendimos del notariado mediante opinión per curiam el 5 de marzo de 2003. A raíz de esta suspensión, la obra notarial del letrado fue incautada e inspeccionada por ODIN. En su Informe, la Directora de ODIN para ese entonces, Leda. Lourdes Quintana Lloréns, señaló que varias escrituras que otorgó el letrado eran nulas por este no haberlas fir-mado y que en varios testamentos no se acreditaba la pre-sencia de testigos. En vista de lo anterior, el notario pre-sentó una Moción Urgente Solicitando Reinstalación Provisional o Condicionada por el término de 30 días, para este autorizar las escrituras señaladas. Esta solicitud fue declarada “sin lugar” y le concedimos un término de 20 días para que subsanara las deficiencias en su obra notarial.

El 22 de febrero de 2010, la Directora de ODIN compa-reció nuevamente mediante Moción Informativa. Señaló que, a pesar de que el letrado había subsanado varias de-ficiencias, aún quedaban varias faltas sin atender. A su vez, el licenciado Padilla Santiago compareció mediante Contestación a Moción Informativa, y reiteró su solicitud de reinstalación provisional al ejercicio del notariado. Atendidos estos escritos, el 30 de diciembre de 2010 conce-dimos un término de 30 días a ODIN para que se expresara. ODIN compareció oportunamente. Se opuso a que lo reinstaláramos al ejercicio de la notaría debido a su falta de diligencia con relación a sus señalamientos y en vista de que su obra no había sido aprobada. Así las cosas, el 9 de noviembre de 2010 declaramos “sin lugar” la peti-ción del letrado y concedimos un término de 30 días a ODIN para aclarar unos particulares con respecto a la obra notarial del licenciado Padilla Santiago. Este último volvió a solicitar la readmisión en varias ocasiones, mientras que ODIN compareció y cumplió con lo ordenado. Examinados los escritos de las partes, volvimos a denegar la petición del letrado y le concedimos un término final de 120 días para subsanar las deficiencias encontradas en su obra notarial. Se le apercibió que su incumplimiento con la or-den conllevaría la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía.

En el ínterin, el letrado nos informó de las gestiones realizadas para atender nuestros requerimientos y solicitó un término adicional de 90 días para completar sus esfuer-zos de subsanación. Así lo hicimos mediante Resolución de 3 de junio de 2011. Por su parte, el 15 de junio de 2012 concedimos un término de 20 días a ODIN para que se expresara. ODIN nos informó que a pesar de los esfuerzos realizados por el licenciado Padilla Santiago y el notario a quien contrató, la obra notarial continuaba sin aprobarse y que necesitaban copias certificadas de ciertas escrituras para poder constatar las correcciones realizadas. Por ello, le ordenamos presentar en ODIN las referidas copias certificadas. El letrado nos informó que así lo había hecho, por lo que concedimos un término de 30 días a ODIN para que nos acreditara lo anterior. En su comparecencia, ODIN señaló que la obra notarial todavía contenía serias faltas y recomendó concederle un término final de 60 días para atender los señalamientos pendientes. Así lo hicimos el 28 de junio de 2013 mediante una resolución, en la cual le apercibimos que su incumplimiento conllevaría la suspen-sión inmediata de la profesión. Esta resolución fue diligen-ciada personalmente.

No obstante el historial procesal aquí detallado, en dos ocasiones posteriores, ODIN se ha visto forzada a compa-recer ante nos para informarnos de las deficiencias que aún siguen sin subsanar en la obra del licenciado Padilla Santiago. Por su parte, este último nos informó que no ha podido atender el asunto debido a una intervención quirúr-gica a la que fue sometida su esposa.

II

Es norma reiterada que los notarios tienen el de-ber, una vez se les señalan faltas en su obra notarial, de subsanarlas y concertar una próxima reunión con ODIN para la reinspección de los Protocolos. In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). Hemos expresado, además, que “[n]ingún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contact [e] para verificar si se corrigen adecuadamente los señalamientos que [se] efectúe [n], máxime cuando la imagen de la profesión y la suya propia está en tela de juicio”. Íd.

Por su parte, los abogados tienen la obligación ineludible de responder con diligencia a los requerimientos de este Tribunal y de la ODIN. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011). Véanse, además: In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013); In re Buono Colón, 187 DPR 379, 382-383 (2012). El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige de todos los letrados el mayor de los respetos hacia los tribunales. Por esta razón, todo abogado debe responder con diligencia a los requerimientos y órdenes emitidas por este Tribunal. In re Martínez Class, Caso Núm. TS-13,474, 184 DPR Ap.(2012).

Sin embargo, nos vemos obligados a suspender aboga-dos que muestran indiferencia y menosprecio a nuestras órdenes. In re Buono Colón, supra, pág. 383. Ello, a pesar de que es norma reiterada que ante el incumplimiento con el deber de responder nuestros requerimientos y la ignorancia a los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).

III

A pesar de que el licenciado Padilla Santiago compare-ció en múltiples ocasiones ante la ODIN y este Foro, ha demostrado dejadez en subsanar las deficiencias serias de su obra notarial en abierta violación a las órdenes emitidas por ambos entes. Tanto la ODIN como este Tribunal le he-mos concedido múltiples términos, desde el 2003, para cumplir con nuestras órdenes. No obstante, aún hoy la obra notarial del licenciado Padilla Santiago continúa con faltas.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Víctor M. Padilla Santiago del ejercicio de la abogacía. El licenciado deberá notificar a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal, y devolverá a estos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por tra-bajos no realizados. De igual forma, informará su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá certificar haber hecho estas gestiones a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Hilton J. García Aguirre.

      Número: TS-8058

      Resuelto: 10 de marzo de 2014

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías; Hilton J. García Aguirre, pro se.

   per curiam:

Nuevamente tenemos ante nuestra conside-ración la conducta de un abogado que ignora los requeri-mientos de este Tribunal y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), lo que nos obliga a ejercer nuestra facul-tad disciplinaria. Por los fundamentos aquí esbozados, or-denamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Hilton J. García Aguirre del ejercicio de la profesión.

I

El licenciado García Aguirre fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1985 y al de la notaría el 1 de agosto de ese mismo año. El 8 de marzo de 2001, ODIN presentó su Informe de Estado de la Notaría, en el cual señaló múltiples deficiencias en la obra notarial del licen-ciado García Aguirre correspondiente a los años 1989 a 1997. El informe sostuvo que

[...] la gama de deficiencias es amplia, a lo que se une, en demérito para el Notario, la recurrencia de estas y la desaten-ción a nuestros requerimientos. Algunas de estas deficiencias, como las relativas a la autorización de testamentos, acusan gravedad mayor en vista de sus serias consecuencias. La ne-gligencia del Notario a ese respecto desdice por demás del cui-dado y esmero que exige el ejercicio notarial. Informe de es-tado de la notaría de 8 de marzo de 2001, pág. 2.

El 21 de marzo de 2001 concedimos al notario un tér-mino de 20 días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. No compareció. El 7 de mayo de 2001 le concedimos un término adicional de 10 días y le apercibimos que su incumplimiento podría conlle-var la suspensión del ejercicio de la abogacía. El 21 de mayo de 2001 el abogado compareció y mencionó breve-mente las gestiones que estaba realizando para corregir su obra notarial. El 8 de junio de 2001 le concedimos un tér-mino de 60 días para culminar la corrección de la obra notarial.

El 25 de septiembre de 2001 concedimos a ODIN un término de 30 días para informar si el licenciado García Aguirre había cumplido con nuestra Resolución de 8 de junio de 2001. ODIN compareció oportunamente y nos in-formó que transcurrió el término concedido sin que el no-tario notificara a ODIN si en efecto pudo concluir las co-rrecciones correspondientes o las gestiones realizadas para ello.

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2001 concedimos al notario un término final e improrrogable de 30 días, aper-cibiéndole que incumplir con nuestras órdenes podría con-llevar sanciones disciplinarias graves. El 12 de febrero de 2002 el licenciado García Aguirre compareció mediante una “Moción ofreciendo excusas y en cumplimiento de or-den” y aseguró que corrigió todas las deficiencias de su obra notarial. El 1 de marzo de 2002 ordenamos a ODIN que se expresara sobre lo informado por el letrado. El 12 de junio de 2002 ODIN presentó su informe y nos indicó que quedaban múltiples señalamientos por subsanar. El 16 de agosto de 2002 concedimos al notario un término de 30 días para reaccionar al informe de ODIN. No compareció.

El 1 de noviembre de 2002 le concedimos un término de 20 días para que nos mostrara causa por la cual no debía-mos suspenderlo indefinidamente de la profesión o impo-nerle otras sanciones disciplinarias por no haber subsa-nado en su totalidad los defectos señalados y por hacer caso omiso a nuestros requerimientos. El 27 de noviembre de 2002, el licenciado García Aguirre compareció mediante una “Moción ofreciendo excusas e informativa”. Detalló las gestiones que estaba realizando para subsanar su obra notarial y expresó que su incomparecencia se debió a que estaba fuera de Puerto Rico y que no había recibido la Resolución.

El 5 de septiembre de 2003 emitimos una Resolución en la que concedimos un término de 60 días a ODIN para someter su informe final sobre la obra notarial. Así lo hizo. El 4 de noviembre de 2003 concedimos al notario un tér-mino de 30 días para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la notaría. El 1 de diciembre de 2003 el abogado compareció mediante una “Moción solicitando término para reaccionar”. En vista de lo anterior, el 22 de diciembre de 2003 le concedimos un término adicional de 30 días.

El 17 de febrero de 2004 el licenciado García Aguirre presentó una “Moción en cumplimiento de orden y solicitud de término final para reaccionar a informe final sobre el estado de la corrección”, en la que detalló sus esfuerzos por lograr la corrección de su obra notarial. El 5 de marzo de 2004 concedimos a ODIN un término de 30 días para que expusiera su posición.

La próxima incidencia que surge del expediente con re-lación a la controversia que nos ocupa ocurrió el 20 de sep-tiembre de 2013, cuando el Director de ODIN presentó ante nos su “Informe sobre el estado de la obra notarial”. Nos indicó que durante los meses de marzo a septiembre de 2012, la Inspectora de Protocolos inspeccionó la obra notarial del licenciado García Aguirre correspondiente a los años 2002 a 2010 y encontró varias deficiencias, las cuales señaló en un primer informe. Añadió que, transcu-rridos cuatro meses sin que el notario subsanara las defi-ciencias, la Inspectora de Protocolos presentó un segundo informe en el que añadió a las deficiencias ya señaladas otros señalamientos relacionados con la obra protocolar co-rrespondiente a los años 1997 a 2001. Agregó que ODIN remitió este informe al licenciado García Aguirre el 20 de marzo de 2013 y que le concedió un término de 15 días para que presentara cualquier objeción. Indicó que la noti-ficación, según su acuse del sistema de correo federal, se recibió el 28 de marzo de 2013 en la dirección postal oficial del licenciado García Aguirre que obra en el Registro Unico de Abogados.

ODIN nos indicó que, al momento de redactar su in-forme, no había recibido respuesta alguna del abogado y destacó el patrón reiterado del licenciado García Aguirre de ignorar los requerimientos de que subsane las deficien-cias en su obra previamente notificadas. Entre las deficien-cias detalladas en el Informe figuran la falta de expresión de unidad de acto, el uso incorrecto de testigos, la falta de iniciales y firmas, la falta de datos sobre las facultades de representación, la falta de nombres de cónyuges, los datos personales incompletos de otorgantes, entre otras. Al res-pecto, ODIN sostuvo que “[rjesulta evidente, pues, que el licenciado García Aguirre ha faltado reiteradamente a su deber de ser diligente en sus gestiones como notario por no asegurarse de dar cumplimiento a todas las solemnidades al preparar y autorizar muchos de los instrumentos públi-cos otorgados ante sí”. Informe sobre el estado de la obra notarial de 20 de septiembre de 2013, pág. 4. Asimismo, advirtió que “[l]as deficiencias señaladas ponen en entredi-cho la validez de los mismos”. íd.

En vista de lo informado por ODIN, el 13 de diciembre de 2013 emitimos una Resolución en la que concedimos al licenciado García Aguirre un término de 30 días para con-testar los requerimientos del Director y subsanar las defi-ciencias mencionadas. Le apercibimos que su incumpli-miento con lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias. Este término venció el 11 de enero de 2014 sin que el abogado de epígrafe cumpliera con lo ordenado o solicitara prórroga alguna.

No fue hasta el 31 de enero de 2014 que el licenciado García Aguirre compareció mediante una “Moción informa-tiva y en solicitud de prórroga”. Informó que asumió la representación legal de un acusado de tentativa de asesi-nato, lo cual le “ha privado del tiempo de atender otros casos y nuestros asuntos personales y profesionales como el presente”. Por ello, solicitó que le concediéramos un tér-mino, una vez concluido el proceso criminal mencionado, para cumplir con nuestros requerimientos.

El 26 de febrero de 2014 el Director de ODIN presentó una “Moción informativa y en solicitud de remedios”, en la que señaló que el licenciado García Aguirre incumplió con nuestra Resolución. En particular, nos señaló que

[...] la obra notarial del licenciado García Aguirre correspon-diente a los años 1989; 1997 al 2000; y 2002 al 2010 perma-nece sin corregir. De igual manera, expresamos que el licen-ciado García Aguirre no ha mostrado preocupación o interés alguno en subsanar la misma, contrario a sus deberes como notario.

Asimismo, sostuvo que la dejadez mostrada por el nota-rio denota total indiferencia a los requerimientos de ODIN y de este Foro.

II

Todo abogado está obligado a cumplir y atender diligentemente con los requerimientos de esta Curia relativos a su conducta profesional. In re Irizarry Colón, 189 D.P.R. 913 (2013); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). Lo contrario equivale a una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que esta-blece que “[e]l abogado debe observar para con los tribuna-les una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

Asimismo, los abogados están obligados a responder diligentemente los requerimientos de ODIN. In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013); In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011). De hecho, los notarios tienen el deber de subsanar las deficiencias señaladas en su obra notarial y concertar una próxima reunión con ODIN para que sus Protocolos sean reinspeccionados. In re Da Silva Arocho, supra; In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004).

Como hemos reiterado, este Tribunal no tolerará la actitud de indiferencia por parte de un miembro de nuestra profesión a nuestras órdenes o a los requerimientos de ODIN. In re López González, 189 DPR 581 (2013). Por lo tanto, cuando un letrado ignora nuestros requerimientos y apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94-95 (2011); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009). No obstante, constantemente nos vemos obligados a suspender abogados que toman livianamente esa responsabilidad al mos-trar indiferencia a nuestras órdenes. In re Ballesteros La Salle, 190 DPR 222 (2014); In re Buono Colón, 187 DPR 379, 383 (2012).

III

De los hechos antes mencionados surge que el licenciado García Aguirre ha mostrado desidia e indiferencia a los requerimientos de ODIN y de este Tribunal relacionados con las deficiencias de su obra notarial correspondiente a los años 1997 a 2010. Particularmente, incumplió con el término de 15 días concedido por ODIN el 20 de marzo de 2013 para objetar el Informe presentado. También hizo caso omiso a nuestra Resolución del 13 de diciembre de 2013, en la que le concedimos un término adicional para contestar los requerimientos de ODIN bajo el apercibi-miento de que lo contrario conllevaría sanciones disciplinarias. Sin embargo, el abogado ignoró nuestra orden. Incluso, ODIN nos señaló que este no ha mostrado preocupación o interés alguno en subsanar su obra notarial. Indudablemente, la actitud del licenciado García Aguirre denota indiferencia a nuestras órdenes, lo cual constituye una violación a su deber ético de observar una conducta caracterizada por el mayor respeto hacia los tribunales.

Por todo lo anterior, se suspende inmediata e indefinida-mente al Ledo. Hilton J. García Aguirre del ejercicio de abogacía y la notaría. Se ordena la incautación de su obra y su sello notarial, los que deberá entregar al Director de ODIN para la correspondiente investigación e informe. Además, el licenciado deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realiza-dos e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.