author: per curiam:

text:
      In re Carlos Roca Rosselli, querellado.

      Número: CP-2003-15

      Resuelto: 1 de abril de 2004

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, que-rellantes; Carlos Roca Roselli, abogado querellado, quien comparece por derecho propio.
   per curiam:

Hoy nos compete atender una querella contra un abogado que aceptó la representación legal de su cliente, en un litigio de naturaleza laboral, asumiendo que la reclamación del demandante no iba a prosperar. Contra-rio a sus predicciones, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue adversa al cliente. No obstante, el abogado le notificó a su cliente sobre el fallo de instancia cuando ya había vencido el plazo para solicitar su reconsideración y poder así acudir en apelación a un foro de mayor jerarquía. Hemos estudiado el expediente personal del abogado, así como el informe del comisionado especial, en conjunto con el expediente de la querella, y por las razones que expone-mos a continuación resolvemos que esta conducta viola los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. A continuación exponemos los hechos que motiva-ron la presentación de esta querella, según expuestos en el informe sometido por el Comisionado Especial el 24 de ju-nio de 2003.

El Ledo. Carlos Roca Rosselli fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 28 de diciembre de 1983. Desde antes de su admisión se desempeñaba como catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Después de convertirse en abogado, continuó dedicándose a la cátedra; por lo que su práctica legal es limitada.

En 1995 el Sr. Francisco Caamaño instó una demanda sobre despido injustificado en el entonces Tribunal de Dis-trito, Sala de Arecibo, contra Arecibo Business Machines (caso Núm. CD 1995-954). La Sra. Margarita Carrucini y su hijo, el Sr. Waldo Vázquez Carrucini, dueños del negocio Arecibo Business Machines, contrataron los servicios pro-fesionales del licenciado Roca para que los representara en ese litigio, porque éste tenía conocimiento de asuntos laborales. La contratación fue verbal. La señora Caruccini pagó al licenciado Roca seiscientos dólares en concepto de honorarios y su hijo le pagó una suma adicional no especi-ficada en la prueba.

El licenciado Roca aceptó la representación legal, por-que entendía que era un caso sencillo y anticipaba que la decisión del tribunal de instancia sería favorable a la se-ñora Caruccini y a su hijo. Aunque él tenía conocimiento sobre asuntos laborales, dedicaba la mayor parte de sus esfuerzos a la docencia y no contaba con experiencia repre-sentando casos en apelación o revisión. A pesar de que era consciente de que si asumía la representación legal podría surgir la necesidad de recurrir de cualquier dictamen ad-verso, no contemplaba esa posibilidad, ya que a base de la información que le proveyó la señora Caruccini, el em-pleado que la había demandado debía ser considerado como “gerente” bajo las disposiciones legales laborales. Por esa razón entendió que la demanda instada en contra de su cliente no debía prosperar.

El Tribunal de Primera Instancia celebró la vista en su fondo, y el 30 de diciembre de 1996 emitió una sentencia adversa a los clientes del licenciado Roca. El 22 de enero de 1997 se archivó en autos copia de la notificación.

A principios de enero de 1997, el licenciado Roca viajó a Boston, Massachussets, por motivo de la grave enfermedad de su hijo. A pesar de que representaba a la señora Ca-ruccini en el pleito laboral y se había ausentado del país, el licenciado Roca no le notificó de ello a la Sala del Distrito de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia ni a sus clientes. Tampoco hizo arreglos para que alguna persona recogiera la correspondencia profesional que recibía en un apartado de correo de la Universidad de Puerto Rico. La ausencia del país, que había anticipado que duraría una semana, se extendió durante dos.

El viernes 24 de enero de 1997, el licenciado Roca re-gresó a Puerto Rico, y al lunes siguiente fue a recoger su correspondencia. En ese momento se enteró de la sentencia adversa emitida contra su cliente. El licenciado Roca no solicitó una reconsideración ni inició ninguna acción enca-minada a recurrir de la sentencia, pues desconocía sobre la práctica apelativa. Pocos días después, el licenciado Roca comenzó a laborar como asesor del capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja Americana; mientras tanto, continuó su cátedra universitaria.

No fue sino hasta principios de marzo de 1997 cuando el licenciado Roca notificó a sus clientes de la sentencia del foro de instancia. Para esa fecha ya había vencido el tér-mino para recurrir a un foro de mayor jerarquía. Durante ese mismo mes le entregó a sus clientes el expediente del caso.

El 27 de marzo de 2002, la señora Carrucini y el señor Vázquez presentaron una queja contra el licenciado Roca, en la que le imputaron negligencia profesional en la de-fensa del caso Francisco Caamaño v. Arecibo Business Machines, et. al, Civil CD 1995-954. Según ellos, el abogado no presentó la prueba necesaria para derrotar y controver-tir las alegaciones y la prueba que la parte demandante presentó contra ellos durante el juicio. Además, alegaron que, cuando el licenciado Roca les notificó que la sentencia emitida en el caso les había sido adversa, les entregó su expediente y renunció a la representación profesional, ya los términos para reconsiderar o apelar habían vencido.

Luego de presentar dos informes y de contar con más evidencia y con la reacción del licenciado Roca, el 10 de junio de 2003 el Procurador General presentó la querella contra el abogado, la cual consiste de un solo cargo, a saber:

El Ledo. Carlos Roca Rosselli violentó los principios de dili-fencía e información establecidos en el Canon 18 de los de ¡tica Profesional, al notificar tardíamente sobre una senten-cia que le era adversa a sus clientes y al no salvaguardar el derecho a apelar de éstos. Querella, pág. 1.

El 24 de junio de 2003 el licenciado Roca contestó la querella presentada en su contra. En ella señaló que, de haber cometido alguna falta, su negligencia consistió en no informar al tribunal de instancia de su viaje fuera de Puerto Rico, que en lugar de una semana se prolongó por dos semanas. Además, alegó que, cuando fue a informar a su cliente sobre la sentencia, renunció a su caso y le reco-mendó que buscara un abogado con conocimiento en prác-tica apelativa.

El 30 de junio de 2003 nombramos como comisionado especial al Hon. Enrique Rivera Santana, quien celebró una vista en su fondo para dilucidar la querella, el 21 de enero de 2004. El procurador general, representado por la licenciada Rodríguez Benitez, presentó el testimonio de la Sra. Margarita Caruccini y sometió el caso con dicho testi-monio y el expediente de la queja. Por su parte, el licen-ciado Roca compareció por derecho propio y dejó sometido el caso con su testimonio.

El 27 de febrero de 2004 el Comisionado Especial some-tió su informe, el cual contiene las determinaciones de he-chos en que hemos basado nuestra decisión. Según el Co-misionado, a pesar de que el Procurador General tan sólo imputó al licenciado Roca la violación al Canon 19 del Có-digo de Ética Profesional, supra, la conducta imputada también configura prohibiciones al Canon 18, supra, de-bido a la notificación tardía de la sentencia. Según él, aun-que la violación a este canon “no estuviera especificadla] en el cargo, éste quedó enmendado por la prueba presen-tada por el propio querellado”.

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El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo que nos concierne:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Al interpretar este canon hemos establecido que un abogado que, luego de aceptar un caso, no demuestra la competencia y diligencia que exige la práctica de la abogacía ni mantiene informado a su cliente de los desarrollos del caso, incurre en una seria violación de la ética profesional. In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999); In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998).

Por otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, claramente establece que “[e] 1 abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. De no hacerlo incurre en conducta irresponsable que viola la ética profesional. In re Rosario, 116 D.P.R. 642 (1985); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). Precisamente, en In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288 (2000), reiteramos que uno de los asuntos importantes a los que se refiere el citado Canon 19 comprende la notificación al cliente de que se dictó sentencia. Esta notificación ha de ser inmediata, en tiempo para que el cliente tome la deci-sión que éste interese sobre los procedimientos disponibles para revisarla. Por lo tanto, no informar al cliente inme-diatamente de una sentencia de archivo o en sus méritos contraviene lo establecido en el Canon 19, supra. In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63 (2003). En esa ocasión re-solvimos que violaron el Canon 19, supra, dos abogados quienes, luego de recibir la notificación de la Junta de Sín-dicos negándose a reconsiderar el caso de su cliente, no se comunicaron con ésta ni le informaron nuevamente sobre su derecho a recurrir y los términos para ello, aun cuando la junta de síndicos también había notificado al cliente de su decisión.

Como regla general, en ausencia de un convenio, mi abogado que actúa como tal en la celebración de un juicio o en los trámites judiciales seguidos en un tribunal de primera instancia, no tiene la obligación para con su cliente de continuar como abogado en los tármites de apelación, una vez dictada sentencia. Pueblo v. Jiménez, 77 D.P.R. 687, 691 (1954). Esta norma nunca debe confundirse con la responsabilidad que existe de salvaguardar el derecho de apelar. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). Ésta existe independientemente de que haya o no pacto al respecto, porque surge del deber de todo abogado de comunicar a su cliente todo asunto importante y de ofrecer una labor idónea, responsable y diligente, según disponen los citados Cánones 18 y 19.

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En la vista en su fondo, celebrada por el Comisionado Especial, el licenciado Roca testificó que, además de desco-nocer la práctica apelativa, el hecho de estar desempeñán-dose como catedrático y asesor de la Cruz Roja Americana fue el motivo para que no apelara la sentencia. Además, en su contestación al informe suplementario del Procurador General de 14 de noviembre de 2002, indicó que cuando recogió su correspondencia y supo de la sentencia del foro de instancia, el plazo de reconsideración había vencido y faltaban pocos días para que venciera el término para acu-dir en alzada, por lo que fue donde sus clientes para indi-carles que debían “inmediatamente buscar un abogado para que le preparara el escrito de apelación”. Esta versión no fue creída por el comisionado, quien concluyó en sus determinaciones de hechos que cuando el licenciado Roca notificó a sus clientes del fallo en su contra, ya habían vencido todos los términos para recurrir de la sentencia.

Al no informar a sus clientes sobre el fallo en su contra, el licenciado Roca impidió que éstos ejercieran su derecho a apelar. Aunque el propio comisionado especifica que, du-rante el procedimiento disciplinario, no se sometió prueba sobre la posibilidad de que la sentencia fuera modificada o revocada de haberse acudido en revisión, esto en nada al-tera el hecho de que la conducta del licenciado Roca violó las normas que rigen nuestra profesión.

Nos preocupa, además, un asunto que no debería pasar inadvertido. El licenciado Roca admitió que su práctica legal es limitada, que no tiene conocimientos sobre trámites apelativos y que su tiempo lo dedica a la cátedra y a laborar en la Cruz Roja Americana. Estas circunstancias propiciaron que el caso de los querellantes quedase relegado a un segundo plano. Hacemos hincapié en que el abogado que practica la profesión tan sólo a tiempo parcial no está exento de cumplir fielmente con sus deberes profesionales. Independientemente de la carga de otros trabajos no legales, el abogado debe desplegar diligencia y rendir una labor idónea. De lo contrario, la sensatez lo obliga a no aceptar la representación del cliente. El ejercicio de la abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. In re Filardi Guzmán, 144 D.RR. 710 (1998).

En este caso, la falta cometida por el licenciado Roca tuvo consecuencias, a todas luces, irreversibles. La senten-cia contra sus clientes es ya final y firme, por lo que han sido privados de su derecho de apelación. Resolvemos que con su conducta el licenciado Roca violó los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Tomando en con-sideración que ésta es la primera querella presentada contra el licenciado Roca, que fue una conducta aislada y que durante el tiempo de los hechos por los cuales se originó esta querella estaba lidiando con la enfermedad de su hijo, lo suspendemos del ejercicio de la abogacía por el término de seis meses, a partir de la notificación de esta opinión, y lo apercibimos de que el incumplimiento con sus deberes profesionales en el futuro puede conllevar una sanción más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opi-nión escrita, por entender que no es procedente disciplinar al querellado por violación al citado Canon 19, pues no fue presentado cargo alguno por el Procurador General por vir-tud de éste y porque, por imperativo del debido proceso de ley, estamos impedidos de hacerlo. Por esa razón entiende que la sanción impuesta es excesiva. El Juez Asociado Se-ñor Corrada Del Río no intervino.

      J) Posteriormente, su hijo Luis Mario Roca, q.d.e.p., murió como consecuencia de dicha enfermedad.

       Aunque durante la vista el licenciado Roca declaró que, cuando regresó a Puerto Rico había expirado el plazo para pedir la reconsideración, lo cierto es que no había transcurrido dicho término.

      s) El Comisionado Especial aclara en su informe que en la vista en su fondo el licenciado Roca, “luego de un breve titubeo, indicó que no estaba seguro si notificó a las clientes sobre la sentencia a fines de enero o fines de febrero”. Informe del Comi-sionado Especial de 27 de febrero de 2004, pág. 5 esc. 6. La versión de la señora Caruccini, quien testificó que fue en el mes de marzo cuando conoció de la sentencia en su contra, le mereció mayor crédito al Comisionado Especial. Ante estos testimo-nios conflictivos, el Comisionado adjudicó, como le correspondía, la cuestión de credibilidad. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Olga M. Martínez Rodríguez, Ex parte.

      Número: TS-13009

      Resuelto: 1ro de abril de 2005

      Olga M. Martínez Rodríguez, peticionaria.
   RESOLUCIÓN

La peticionaria Olga M. Martínez Rodríguez solicitó la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía el 14 de julio de 2004. Así lo autorizamos mediante Resolución de 13 de enero de 2005, registrada y notificada el 18 de ese mes. El 10 de marzo de 2005 solicitó su readmisión, puesto que a partir de junio de 2005 residiría nuevamente en Puerto Rico. Examinada la moción de readmisión al ejercicio de la abogacía, se autoriza su reinstalación, previo el pago de la cuota del Colegio de Abogados y la fianza notarial correspondientes.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Abimael Hernández González, peticionario, v. Hon. José M. Izquierdo Encarnación, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., recurridos.

      Número: CC-2004-434

      Resuelto: 4 de abril de 2005

      Abimael Hernández González, pro se, peticionario; Anabelle Rodríguez Rodríguez, secretaria de justicia, abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida; María A. Hernández Marín, abogada del Departamento de Transportación y Obras Públicas, parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de autos nos permite pasar juicio sobre la validez de ciertos boletos expedidos por la Policía Municipal de San Juan por presuntas violaciones a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, mejor conocida como Ley de Ve-hículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Vehículos y Trán-sito de 2000), 9 L.P.R.A. see. 5001 et seq. Veamos.

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Los hechos medulares no están en controversia. En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2001, mientras conducía su vehículo de motor por la avenida Muñoz Rivera, intersección con la Ave. Jesús T. Piñero, el Sr. Abi-mael Hernández González fue detenido por dos agentes del orden público, adscritos a la Policía Municipal de San Juan. A raíz de la intervención, se expidieron en su contra dos boletos —Núms. 134858 y 134859— por alegadamente haber incurrido en serias violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, a saber: (1) transitar por la vía pública en un vehículo con el sello de inspección vencido y (2) tran-sitar por la vía pública en un vehículo con el marbete ven-cido por más de treinta días. La primera de estas infraccio-nes acarreó una multa de cien dólares; la segunda, una de doscientos cincuenta dólares.

No conforme con la expedición de los referidos boletos, el señor Hernández González presentó por derecho propio ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de revi-sión de multa administrativa. Celebrada la vista, dicho foro denegó el referido pedido.

Insatisfecho, el señor Hernández González acudió, me-diante una petición de certiorari, al antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones (Tribunal de Apelaciones). En esencia, sostuvo que los boletos expedidos en su contra —por alegadamente haber infringido la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000— son nulos en vista de que, tanto en su proceso de expedición como en su contenido, se incumplie-ron varios de los requisitos que impone el debido procedi-miento de ley. Evaluados los planteamientos del señor Hernández González, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido por el foro de instancia por entender que, tanto el proceso seguido para su expedición como los boletos en controversia, eran totalmente válidos.

Inconforme, y bajo fundamentos similares a los expues-tos ante el Tribunal de Apelaciones, el señor Hernández González acude ante nos. Oportunamente, el Procurador General de Puerto Rico, en representación del Secretario de Transportación y Obras Públicas, presentó su alegato en oposición a la expedición del auto de certiorari solicitado. Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, resolvemos.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 7, L.P.R.A., Tomo 1, al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos de América, garantiza que ninguna persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.

A tono con su concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la procesal. En su vertiente sustantiva, los tribunales examinan la validez de una ley al amparo de la Constitución. Bajo esta instancia, el Estado está impedido de aprobar leyes o realizar alguna actuación que afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propie-dad o libertad de los individuos. McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004); Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352 (2002); Zapata et al. v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887 (1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987).

En su vertiente procesal, la cláusula del debido proceso instituye las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o libertad. McConell v. Palau, supra; P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359 (2000); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 578; López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, págs. 273-274. Su aplicabilidad requiere que exista un interés de propiedad o libertad que pueda verse afectado. Identificado dicho interés, procede determinar cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe caracterizarse por ser justo e imparcial. Tal y como seña-lamos en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274:

La característica medular de este derecho es que el procedi-miento que siga el Estado sea justo (fair). López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). “La garantía esencial de la cláusula de debido proceso es que sea justa. El procedimiento debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones diferentes pueden imponer diferentes tipos de procedimientos, siempre está el requisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial.” (Traducción nuestra.) [R.D. Rotunda, J.E. Nowak y J.N. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986,] Sec. 17.8.

Conforme a la jurisprudencia que gobierna el tema, varios son los requisitos que todo procedimiento adversativo debe satisfacer para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley, a saber: (1) una notifi-cación adecuada del proceso; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia pre-sentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se fundamente en la evidencia presentada y admitida en el juicio. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, págs. 888-889.

En vista de que el señor Hernández González, en esen-cia, alega que en el procedimiento seguido en su contra, al expedirse varios boletos por infracciones a la Ley de Vehí-culos y Tránsito de 2000 —tanto en su expedición como en su contenido— se incumplieron varios de los requisitos antes señalados, es precisamente a la luz de este marco jurí-dico que debemos disponer de las controversias ante nues-tra consideración.

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De entrada, y como queda dicho, el debido procedi-miento de ley requiere que en este caso se identifique aquel interés propietario o de libertad, si alguno, que se ve afec-tado por las actuaciones del Estado. Evidentemente en la causa de epígrafe no se alude a ningún interés de libertad. El señor Hernández González reclama un interés propieta-rio que puede verse afectado toda vez que los boletos por infracciones a las leyes de tránsito acarrean una multa de alrededor de trescientos cincuenta dólares y un posible de-mérito de puntos en el expediente del conductor que podría desembocar en la eventual suspensión de su licencia de conducir. Cabe señalar que, salvo una situación excepcio-nal —relativa a las advertencias por penalidades por atra-sos— dicho interés no está y nunca estuvo indebidamente afectado. El procedimiento de expedición de boletos por fal-tas administrativas que se llevó en contra del señor Her-nández González, por alegadamente haber violentado cier-tas disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, a todas luces satisfizo las exigencias mínimas del debido proceso de ley. Nos explicamos.

El procedimiento al que hace referencia el señor Her-nández González, dispuesto en el Art. 24.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 (9 L.P.R.A. see. 5685), reco-noce que con relación a las faltas administrativas de trán-sito se seguirán, entre otras cosas, las normas siguientes:

(a) Los agentes del orden público quedan facultados para expedir boletos por cualesquiera faltas administrativas de tránsito. Los formularios para dichos boletos serán prepara-dos, impresos, identificados individualmente y distribuidos de acuerdo con los reglamentos que, para dicho propósito, pro-mulgará el Secretario. Estos fecharán y firmarán el boleto, el cual expresará la falta o faltas administrativas que alegada-mente se ha o se hayan cometido, y el monto de la multa o multas administrativas a pagarse y la puntuación correspon-diente aplicable.
(f) Las infracciones consideradas como faltas administrati-vas se adjudicarán a los récords de identidad de las personas autorizadas a conducir vehículos de motor que de hecho hayan cometido la alegada infracción. Será deber del oficial del orden público que expida el boleto de faltas administrativas de trán-sito en tales casos, requerir la licencia de conducir de la persona que alegadamente cometió la infracción; requerirle al in-fractor firmar el original del boleto; devolverle al infractor la licencia de conducir junto con copia del boleto firmado y final-mente llevar el boleto al Cuartel de la Policía de la localidad en que se cometió la infracción.
(g) Será deber del infractor pagar el boleto dentro de los treinta (30) días a partir de su expedición. De no pagarse en dicho término tendrá un recargo de cinco (5) dólares por cada mes o fracción de mes transcurrido desde la fecha de su expe-dición, el cual podrá ser pagado junto al boleto expedido en cualquier colecturía antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del automóvil. De no pagar antes de dicha fecha la infracción, será incluida en el permiso
(k) Si el dueño del vehículo, el conductor, el concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificación de multa administrativa considera que no se ha cometido la violación que se le imputa, podrá solicitar un recurso de revisión judicial, según se haya dispuesto mediante reglamento ....

Como se puede apreciar, este procedimiento, al que fue sometido el señor Hernández González, satisface las exi-gencias mínimas del debido proceso de ley. Veamos por qué.

En primer lugar, la entrega personal del boleto de falta administrativa de tránsito constituyó una notificación adecuada de la conducta imputada y de la sanción impuesta. En el caso de autos, los boletos expedidos al señor Hernández González contenían la información siguiente: (1) las faltas presuntamente cometidas; (2) la hora y fecha cuando se cometieron; (3) la inicial, el apellido y el número de placa del agente que expidió el boleto, y (4) la cantidad que habría de pagar en concepto de multa. En su recurso de revisión, Hernández González alega que los boletos expedidos no proveen un espacio para indicar la puntuación correspondiente a las infracciones cometidas y no contienen la firma del infractor ni el nombre completo del Policía Municipal que intervino con él. En cuanto a este argumento, si bien es cierto que se cometieron algunos errores de trámite, vistos éstos en su totalidad, entendemos que no son de tal naturaleza que anulen todo el proceso llevado a cabo en la expedición de los boletos.

En segundo lugar, el procedimiento de revisión judicial dispuesto en ley es ante un juez del Tribunal de Primera Instancia, lo cual satisface el requisito de que el proceso llevado contra el señor Hernández González se realizase ante un juez imparcial. La ausencia del reglamento para el trámite de los recursos de revisión judicial, según lo re-quiere el Art. 24.05(k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 (9 L.P.R.A. sec. 5685(k)), no anula la validez del trámite llevado contra el señor Hernández González tal y como aduce éste. La Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1994, la cual estaba vigente al momento en que el señor Hernández Gon-zález cometió las infracciones de ley objeto de litigio, sub-sanó en gran parte la ausencia del referido reglamento al disponer que la revisión judicial de los boletos por infrac-, ciones a las leyes de tránsito era de la competencia de los tribunales de primera instancia, en particular de los jueces municipales adscritos a los referidos tribunales.

Además, los boletos expedidos por la Policía Municipal de San Juan contra el señor Hernández González contie-nen al dorso información respecto a: (1) el término de tiempo —treinta días— dentro del cual el alegado infractor deberá presentar el recurso de revisión; (2) la Sala del tribunal donde puede presentar su recurso; (3) la manera de formalizar el recurso de revisión; (4) una advertencia a los efectos de que, una vez formalizado el recurso, deberá no-tificarlo al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (D.T.O.P.), incluyendo el término de tiempo para así hacerlo, y (5) las instrucciones en caso de que interese cancelar de inmediato el gravamen. Sin lugar a dudas, dichas instrucciones garantizan el que una persona de inteligencia promedio conozca el curso de acción que se ha de seguir en caso de entender que no cometió las violaciones imputadas a su persona.

En tercer lugar, se cumplió con aquel requisito del de-bido procedimiento de ley que exige que se le brinde al señor Hernández González una oportunidad razonable de ser oído ante un juzgador imparcial, cuando se le permitió comparecer al Tribunal de Primera Instancia a presentar la prueba que entendió pertinente para su defensa.

En cuarto lugar, que el señor Hernández González pu-diese estar representado por abogado, aunque voluntaria-mente compareció al tribunal por derecho propio, satisface el requisito de representación legal adecuada.

Por último, el hecho de que la decisión judicial se tomó a base de la prueba admitida por el tribunal, satisface los demás requisitos.

A la luz de lo antes expuesto, no nos cabe la menor duda de que el procedimiento de expedición de boleto por falta administrativa contra el señor Hernández González, y su correspondiente revisión judicial, satisfizo las exigencias mínimas del debido proceso de ley, con el consabido efecto de sostener la validez de las multas de cien y doscientos cincuenta dólares impuestas a éste.

Ahora bien, no podemos llegar a igual conclusión res-pecto a las advertencias sobre penalidades por atraso que contiene el boleto objeto de litigio. Adelantamos que por éstas no ser cónsonas con lo expuesto en la nueva Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, producen cierta confusión en aquellas personas a las que se le expide un boleto por in-fracción a la referida disposición legal. Por ende, dicha no-tificación no satisface el debido proceso de ley. Veamos.

IV

Del Art. 24.05(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, supra, vigente al momento en que se expidieron los boletos contra el señor Hernández González, surge con me-ridiana claridad que todo aquel infractor que, dentro de un término de treinta días a partir de su expedición, no pague los boletos expedidos por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, tendrá un recargo de cinco dólares por cada mes o fracción de mes que deje transcurrir desde la fecha cuando se expidan. No empece a ello, la realidad ju-rídica que se desprende de las “Instrucciones de Pago” con-tenidas al dorso de los boletos en controversias no es cón-sona con lo antes dicho.

Contrario a lo dispuesto en la ley, en los boletos expedi-dos por la Policía Municipal de San Juan se establece que el cargo por mora impuesto a todo aquel que no pague a tiempo el referido boleto será de tan sólo diez dólares. En lo pertinente, las Instrucciones de Pago al dorso de los boletos objeto de litigio establecen:

Para liquidar este gravamen, puede usted pagar en efectivo en la Colecturía de Rentas Internas más cercana en la División de Multas Administrativas del Negociado de Vehículos de Motor o enviar al Secretario de Transportación y Obras Públicas cheque o giro postal a favor del Secretario de Hacienda con-juntamente con esta notificación. De no pagar el boleto dentro de los treinta (30) días tendrá un recargo de diez (10) dólares $10.00.

Ciertamente, el referido aviso no constituye una “notificación adecuada”, conforme lo exige el debido proceso de ley, sobre las penalidades por atraso que afectarían al señor Hernández González o a cualquier otro alegado infractor, de no pagar a tiempo los boletos por faltas administrativas a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000. Entendemos, pues, que como la Policía Municipal de San Juan no corrigió ni atemperó las “Instrucciones de Pago” a la nueva realidad jurídica contemplada en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, el señor Hernández González sólo estará obligado a pagar la cantidad de diez dólares como penalidad por atraso. El debido proceso de ley así lo exige. De la manera antes expuesta, disponemos de aquel señalamiento de error donde el señor Hernández González alega que las multas y las penalidades por pago tardío impuestas en su contra son excesivas y confiscatorias, pues no guardan relación con la falta imputada.

V

Por los fundamentos expuestos, se modifica el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones a los únicos fines de hacer constar que como la Policía Municipal de San Juan no corrigió ni atemperó las “Instrucciones de Pago” a la nueva realidad jurídica dispuesta en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, el señor Hernández González sólo estará obligado a pagar la cantidad de diez dólares como penali-dad por atraso. En lo demás, confirmamos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez no intervinieron.

      0 En su escrito de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, entre otras cosas, el señor Hernández González señaló que: (1) los boletos expedidos en su contra no constituían una notificación adecuada del proceso que se seguiría conforme lo exige el debido proceso de ley (adujo que los boletos carecen del espacio requerido para anotar la puntuación correspondiente a la infracción cometida y que los boletos no fueron firmados por el infractor); (2) las instrucciones al dorso de los boletos en controversia son imprecisas, vagas y conducen a error; (3) la ausencia de reglamento para el trámite de los recursos de revisión judicial, según lo requiere el Art. 24.05(k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Vehículos y Tránsito de 2000), 9 L.P.R.A. sec. 5685(k), constituye una violación al debido proceso ley; (4) las multas administrativas expedidas imponían responsabilidades personales y consti-tuían gravámenes sobre la propiedad de terceros, sin mediar una notificación ade-cuada y oportuna, en abierta violación al debido proceso de ley; (5) las multas im-puestas y las penalidades correspondientes son injustas y confiscatorias, pues no guardan relación con la falta imputada, y (6) que la Policía Municipal carecía de autoridad para expedir boletos por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000.

       El señor Hernández González alega, además, que los agentes de la Policía Municipal de San Juan que intervinieron con él carecen de autoridad para expedir boletos por faltas administrativas a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000. No tiene razón.
      Basta con señalar que, en virtud del Art. 1.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 (9 L.P.R.A. sec. 5001(2)), agente del orden público “significará un agente de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal o Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”. Sobre la autoridad que la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 le confiere a los agentes del orden público, su Art. Í0.22 (9 L.P.R.A. see, 5302) dispone, en lo pertinente:
      “Los miembros de la Policía o la Policía Municipal podrán detener o inspeccio-nar cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo estuviere siendo usado en viola-ción de [esta ley] o de cualquier otra disposición legal que reglamente la operación de vehículos u otras leyes o cuando estuviere su conductor u ocupantes relacionados con cualquier accidente de tránsito. A tales fines, estarán autorizados para bloquear el paso de dicho vehículo en cualquier vía pública cuando el conductor del mismo se negare a detenerse.” (Énfasis suplido.)

        Habida cuenta que los Policías Municipales han quedado claramente facultados para expedir boletos por faltas administrativas a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, resulta insostenible el argumento del señor Hernández González, a los efectos de que los boletos expedidos en su contra son nulos. No se cometió el error señalado.

       En lo pertinente, la mencionada disposición legal establece:
      “Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán las siguientes normas:
      “(k) Si el dueño del vehículo, el conductor, el concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificación de la multa administrativa considera que no se ha come-tido la violación que se le imputa, podrá solicitar un recurso de Revisión Judicial, según se haya dispuesto mediante reglamento.” (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 5685(k).

       Precisa señalar que hoy, con la aprobación de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), el Art. 24.05(k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, supra, se ha tomado, en parte, ineficaz. La mencionada disposi-ción legal, cuya vigencia es posterior a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, en su Art. 21.04(a)(6), 9 L.P.R.A. sec. 5.004(a)(6), dispone expresamente que son los jueces municipales quienes tendrán la facultad para considerar, atender y resolver, entre otros asuntos, los recursos de revisión por la expedición de un boleto administrativo bajo las disposiciones de la Ley Núm. 22, supra.

       En lo relativo a las multas impuestas, entendemos que son inmeritorias y prematuras, y no merecen mayor discusión, las alegaciones del señor Hernández González a los efectos de que se viola su derecho a la intimidad por parte del Secre-tario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuando éste divulga a terceros información sobre las infracciones registradas a los expedientes de los con-ductores y titulares de vehículos de motor.
      La Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, en su Art. 24.05(o), supra, autoriza al Secretario a proveer información mediante el acceso restringido, desde el computa-dor del sistema de vehículos de motor y arrastres, a terceras personas, incluyendo las compañías de seguros, los traficantes y gestores de licencia, entre otros, exclusiva-mente relacionada con gravámenes y anotaciones existentes en el registros del De-partamento de Transportación y Obras Públicas. El propósito de esta ley es avisar a aquellas personas interesadas en adquirir un vehículo de motor o renovar la licencia de éste, de la existencia de algún gravamen sobre el vehículo en cuestión, en cuyo caso no podrá realizarse la transacción hasta tanto no se cancele dicho gravamen.
      Coincidimos con el foro apelativo intermedio cuando establece que el señor Her-nández González no ha argumentado, mucho menos demostrado, que el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas le haya brindado información a un tercero sobre los gravámenes que posee su vehículo de motor, o que un conductor de un vehículo de motor albergue una expectativa razonable de intimidad sobre esa información. Estamos ante un señalamiento de error que no es justiciable.