author: PER curiam:

text:
      In re Juan A. Morales Lozada, querellado.

      Número: CP-2013-4

      Resuelto: 30 de enero de 2015

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general interina, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera Rodríguez, del bu-fete Mainardi & Rivera, PSC, abogados del querellado; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   PER curiam:

I

El 31 de enero de 2013, la Oficina de la Procuradora General de Puerto Rico (PG) presentó una querella sobre conducta profesional contra el Ledo. Juan A. Morales Lo-zada (el querellado o licenciado). La querella imputaba la violación al Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, 4 LPRA AP. IX. La situación que da base a esta imputación de violación al Canon 38, supra, surgió como consecuencia de una queja presentada por la Sra. Giselle Cuevas Soldevilla (Cuevas Soldevilla o quejosa), sobre ale-gadas actuaciones del querellado que culminaron en la pre-sentación de varios cargos criminales contra el licenciado. En cuanto a estos cargos, el licenciado hizo alegación de culpabilidad por algunos en su modalidad de menos graves, mientras que el Ministerio Público archivó un cargo menos grave y reclasificó otro de grave a menos grave.

El licenciado Morales Lozada fue admitido a la práctica de la abogacía el 13 de enero de 1992 y al ejercicio de la notaría el 28 de julio del mismo año. Así las cosas, el 6 de mayo de 2005 se le suspendió indefinidamente del ejercicio de la abogacía mediante una opinión per curiam.( ) Esta Curia suspendió al licenciado Morales Lozada en aquella ocasión por incumplir con nuestras órdenes en cuanto a una queja independiente en la que se le imputaban viola-ciones de los Cánones 12, 18 y 20 del Código de Ética Pro-fesional, 4 LPRAAp. IX.

Así las cosas, y mientras el licenciado se encontraba suspendido, el 22 de junio de 2006 el PG presentó su in-forme sobre la queja que hoy nos ocupa. Esta Curia para-lizó los procedimientos sobre el asunto para que fuera con-siderado en la eventualidad de que el licenciado solicitara la readmisión a la abogacía. El 29 de abril de 2011, el li-cenciado fue readmitido al ejercicio de la abogacía y el 29 de agosto de 2012 se ordenó la continuación de los procedi-mientos sobre la queja pendiente.

En la queja presentada el 13 de agosto de 2003 por la señora Cuevas Soldevilla, ésta alegó que se desarrolló una situación tensa con el licenciado por un estacionamiento comunal que ambos compartían en la residencia de la que-josa, donde la pareja del licenciado rentaba un espacio. Además, señaló que el 21 de febrero de 2003 el licenciado la agredió cuando pinchó a la señora Cuevas Soldevilla en la mano con el cristal del vehículo, y después al atacarla con el cuerpo. La perjudicada fue atendida por personal médico, que luego le diagnosticó trauma en el páncreas. Por estos hechos se le presentaron cargos criminales al licenciado. Así las cosas, el 29 de marzo de 2003, el agente de la Policía José Colón Morales intentó entregarle unas citaciones al querellado para comparecer al Tribunal, pero presuntamente el licenciado se resistió haciendo uso de violencia contra el agente. Todo lo anterior provocó que la Hon. Corally Ramos Prado, jueza del Tribunal de Primera Instancia, emitiera el 1 de abril de 2003 una orden de pro-tección al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico contra el licenciado.

Así, transcurrido menos de un mes de la expedición y notificación de la orden, el 25 de abril de 2003 el Ministerio Público ordenó que se sometiera al querellado una denun-cia por haber violado la orden, al amparo del Art. 4 de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284-1999 (33 LPRA see. 4014), tipificada como delito grave. Poste-riormente, el tribunal determinó causa para arresto por violación a la referida orden y se le impuso una fianza de $15,000 al licenciado. En la vista preliminar, el Ministerio Público reclasificó el delito imputado por la violación a la orden a uno menos grave según el Art. 10 de la Ley 284 (33 LPRA see. 4020 (ed. 2001)).

El 5 de abril de 2004, el Ministerio Público reclasificó además la violación al Art. 256 del Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4491 (ed. 2001)), empleo de violencia contra autoridad pública, a una por el Art. 258 del Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4493 (ed. 2001)), resistencia u obs-trucción a la autoridad pública. Es decir, se reclasificó de un delito grave a uno menos grave. Así las cosas, el licen-ciado hizo alegación de culpabilidad por los hechos del 29 de marzo de 2003 contra el oficial de la Policía y se le sen-tenció al pago de $100 de multa, más las costas.

Además, el 8 de junio de 2004, un año y medio después de habérsele denunciado por los delitos menos graves de agresión contra la señora Cuevas Soldevilla, el licenciado hizo alegación de culpabilidad. Por ello, el tribunal lo sen-tenció a pagar una multa de $100 más costas. Ese mismo día, el licenciado hizo además alegación de culpabilidad por violación a la orden emitida en su contra al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico y fue sentenciado a una multa adicional de $100 más costas. Como parte de los acuerdos por hacer la alegación de culpabilidad en los cargos por agresión agravada y violación a la orden, el Ministerio Público archivó el cargo por alteración a la paz.()

II

El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que regulan la profesión de la abogacía y promueven las guías de comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia.()

En lo relativo al caso que nos ocupa, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Dicho canon dispone además que, “[p]or razón de la confianza pública en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe de conducirse en forma digna y honorable”.()

En múltiples ocasiones hemos señalado que cada abogado representa la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce.() En vista de esto, se le recomienda a todos los abogados actuar a un nivel superior, y no al mar-gen, de lo establecido por el Código de Ética Profesional.()

En cuanto a la apariencia de conducta impropia, la misma puede resultar muy nociva al respeto de la sociedad por sus instituciones de justicia y afecta la confianza que los clientes depositan en sus abogados, de la misma forma que lo haría la verdadera "impropiedad ética”.()

III

Como hemos mencionado, en la querella se le imputa al licenciado Morales Lozada haber incurrido en actuaciones que culminaron en la presentación de varios cargos crimi-nales en su contra. En esencia, el licenciado agredió a la señora Cuevas Soldevilla repetidamente causándole un trauma en el páncreas. Estos hechos provocaron que el tribunal emitiera una orden de protección a favor de la per-judicada, la cual el licenciado no respetó. Como si esto no fuera suficiente, el licenciado interfirió violentamente con un agente del orden público mientras el agente en cumpli-miento de su deber pretendía entregarle una citación al licenciado. En cuanto a estos cargos, el licenciado hizo ale-gación de culpabilidad por algunos en su modalidad de me-nos graves, entre ellos agresión y resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

La conducta incurrida por el licenciado es altamente re-pudiada en nuestra sociedad y viola así los estándares es-perados para los miembros de la clase togada. El licenciado nos solicita que consideremos como atenuantes el tiempo transcurrido y el haber hecho alegación de culpabilidad en los delitos imputados. Sin embargo, cabe destacar que la alegación de culpabilidad se da a más de un año de los hechos y de haberse iniciado el proceso en su contra. Ade-más, tal alegación fue producto de un acuerdo en el cual el licenciado se favorecía al ser reclasificados todos los cargos graves en su contra a menos graves. Nos encontramos ante un licenciado que ha violentado en más de una ocasión los estándares de conducta esperados en los miembros de nuestra profesión. El uso de violencia física contra un ciu-dadano y un agente del orden público mientras este realiza su trabajo es sencillamente inaceptable. A pesar de que el licenciado Morales Lozada insiste en que dicha conducta no es constitutiva de violación ética, no nos queda duda de que con esta conducta se mostró un pobre respeto al deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión legal, según se exige en nuestro Canon 38, supra.

IV

Por todo lo anterior, y tomando en consideración los ate-nuantes antes señalados, este Tribunal suspende inmedia-tamente al licenciado Morales Lozada por el término de seis (6) meses del ejercicio de la abogacía. El licenciado deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervinieron. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibió.

      (1) In re Morales Lozada, 164 DPR 748 (2005).

      (2) Art. 260 del Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4521 (ed. 2001)).

      (3) In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013).

      (4) íd.

      (5) In re Guemárez Santiago, supra; In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

      (6) In re Nogueras Cartagena, 150 DPR 667 (2000).

      (7) In re Sepúlveda Girón, 155 DPR 345 (2001).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Thomas J. Bryan Picó.

      Número: TS-9699

      Resuelto: 30 de enero de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a suspender a un miembro de la profesión por incumplir con la Re-gla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de 2011 (4 LPRA Ap. XX1-B), que le exige a todo abogado actualizar sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) y por desatender los re-querimientos de este Tribunal, apartándose de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión. Por tal razón, y conforme a lo detallado a continuación, ordenamos la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Thomas J. Bryan Picó del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

I

El Ledo. Thomas J. Bryan Picó fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de enero de 1991 y al ejercicio de la notaría el 12 de febrero del mismo año. Posteriormente, presentó una solicitud de renuncia al ejercicio de la nota-ría, la cual fue aceptada por este Tribunal el 30 de septiem-bre de 1997. Meses más tarde, el 16 de enero de 1998, fue readmitido a la práctica.

Los hechos que dieron génesis a la controversia en el caso de autos, se remontan al 1 de noviembre de 2013 cuando la Leda. Marie A. Román Negrón se comunicó por correo electrónico con el licenciado Bryan Picó y le solicitó una copia simple de una escritura que el letrado otorgó ante uno de sus clientes. Como respuesta, el licenciado Bryan Picó expresó que podían coordinar la entrega de la escritura solicitada para dentro de una semana. Luego del término acordado, y tras la falta de comunicación del le-trado, la licenciada Román Negrón envió una segunda no-tificación al notario en la que aludió al hecho de que el notario le informó que la escritura solicitada la tenía guar-dada en un almacén en Bayamón. Posteriormente, al no recibir respuesta, la licenciada remitió a la Oficina de Ins-pección de Notarías (ODIN) una comunicación en la que detalló los eventos ocurridos. En vista de ello, ODIN le envió una carta mediante correo certificado con acuse de recibo al licenciado Bryan Picó en la que le requirió una copia certificada de la escritura que previamente le solicitó la licenciada Román Negrón. Además, le concedió cinco días calendario para que se expresara en cuanto a la posi-ción de la letrada. El servicio de correo postal devolvió la carta por la siguiente razón: “Unclaimed”.

Así pues, el 22 de enero de 2014, ODIN se comunicó telefónicamente con el licenciado Bryan Picó. Este argu-mentó que no había recibido la referida carta. A tales efec-tos, el Director de ODIN acordó enviar la comunicación por correo electrónico a la dirección oficial del licenciado Bryan Picó que aparece registrada en RUA, y ODIN le concedió hasta el 28 de enero de 2014 para cumplir con los requerimientos. Posteriormente, el 12 de febrero de 2014, el licenciado Bryan Picó se personó en ODIN y entregó una Certificación Registral expedida por el Registro de la Propiedad. No obstante, y contrario a lo solicitado, el licen-ciado entregó la copia certificada.

Trascendió que el 18 de febrero de 2014 ODIN le envió, mediante correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo, una segunda comunicación al licenciado Bryan Picó. En esta ocasión, le concedió tres días desde el envío de dicha comunicación para remitir la copia certificada. Nueva-mente, el correo postal devolvió la carta por la razón si-guiente: “Unclaimed”. Luego, el 1 de mayo de 2014 se le envió una tercera notificación haciendo el mismo requerimiento. Sin embargo, al igual que en las dos ocasio-nes previas, el correo postal devolvió la carta y el sistema de correo electrónico rechazó la comunicación electrónica.

Así las cosas, el 23 de mayo de 2014, el Ledo. Manuel E. Avila de Jesús, director de ODIN, presentó una Moción en auxilio del Tribunal para la incautación de la obra notarial y otros remedios. En consecuencia, este Tribunal ordenó, mediante Resolución de 28 de mayo de 2014, la incautación inmediata de la obra y sello notarial del letrado. Además, se le concedió un término de quince días al licenciado, con-tados a partir de la notificación de la Resolución, para que mostrara causa por la cual no lo debían suspender del ejer-cicio de la abogacía y de la notaría. Posteriormente, el 30 de mayo de 2014 se incautó la obra y el sello notarial del licenciado Bryan Picó, los cuales se colocaron bajo custodia en el Archivo Notarial del Distrito de San Juan.

Subsiguientemente, el 3 de julio de 2014, el Director de ODIN nos informó que la obra notarial incautada reflejó varias deficiencias que se detallaron en el Informe de Ins-pección de Obra Incautada. Entre estas se destacó el des-cuido existente en la conservación de los instrumentos pú-blicos; la omisión de cancelar los sellos de rentas internas, el impuesto notarial y el de la Sociedad para Asistencia Legal, así como incumplir con varias disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico.() El 27 de octubre de 2014, el letrado Bryan Picó fue notificado personalmente de dicha resolución por un alguacil de este Tribunal.

A pesar del tiempo transcurrido, todavía el licenciado Bryan Picó no ha comparecido ante ODIN ni ante este Tribunal para cumplir con los requerimientos. Por lo anterior, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía y de la notaría.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de observar rigurosa-mente los requerimientos de este Tribunal. In re Aponte Del Valle, 189 DPR 245, 249 (2013); In re Rivera Rosado, 180 DPR 698, 701 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 768 (2010). Asimismo, hemos enfatizado que la natura-leza pública de la profesión de la abogacía impone al abo-gado el deber de responder oportunamente a todo requeri-miento relacionado con investigaciones disciplinarias. In re Morales Rodríguez, supra, pág. 769; In re Prieto Rivera, 180 DPR 692, 697 (2011); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009). De igual manera, hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye una afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re García Incera, supra, pág. 331.

Sabido es que cuando un abogado incumple con los deberes que le impone la ley, el ordenamiento ético y las órdenes emitidas por los tribunales, se expone a la imposición de sanciones disciplinarias. Esto cobra mayor relevancia durante los procesos disciplinarios que se ventilan en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los que se espera que los miembros de la profesión actúen en perfecta concordancia con los preceptos del Código de Ética Profesional. In re Buono Colón, 187 DPR 379, 382—383 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 663 (2011); In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. 1037 (2010).

Así, hemos reseñado que la obligación de atender con “diligencia y escrupulosidad” las órdenes que emita este Tribunal es más patente durante los procesos disciplinarios. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 93-94 (2011). Por ello, he-mos reiterado que incumplir con esa obligación es altamente reprochable y puede acarrear la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión inmediata de la profesión. Id. Por consiguiente, cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Rivera Rosado, supra; In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234, 235 (2009); In re Arzón Rivera, 175 DPR 763, 765 (2009). Ello es así porque el patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía. In re González Barreto, 169 DPR 772, 774 (2006).

Por otro lado, la obligación de notificar cualquier cambio de dirección surge de la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B. Esta regla impone a todo abogado la obligación de notificar cualquier cambio en su dirección postal o física. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011). Por lo anterior, el incumplimiento con lo ordenado podría conllevar la imposición de sanciones en su contra, incluso sanciones disciplinarias. Id.

Por último, como es sabido, todo notario está obligado al estricto cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico y de los cánones del Código de Ética Profesional. In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013), citando a In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 815 (2011). Este debe ser en ex-tremo cuidadoso y tiene el deber de desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. In re Martínez Sotomayor, supra. El incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes lo expone a la acción disciplinaria correspondiente. Id.

El Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2072, dispone la forma como los notarios conservarán los Protocolos. Por lo tanto, estos son responsables de su integridad y están sujetos a sanciones si esos documentos se deterioran o pierden por su falta de diligencia. In re Rosebaum, 189 DPR 115, 119 (2013). El compromiso del notario con relación al cuidado de los Protocolos es del tal grado que el Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, impone sobre este la responsabilidad por su deterioro o pérdida. El notario está obligado a reponerlos o restaurarlos a sus expensas. íd. Claro está, el hecho de que el notario cumpla con su deber no impide que este Tribunal le imponga unas sanciones o medidas disciplinarias adecuadas. íd.

I — i HH

En el caso de autos, el licenciado Bryan Picó incumplió con su deber de responder oportunamente a los requeri-mientos de este Tribunal. El anterior cuadro fáctico se agrava ante las serias deficiencias descubiertas en las es-crituras de los Protocolos del licenciado Bryan Picó, defi-ciencias que aún no se han corregido o subsanado.

En atención a lo anterior, decretamos su suspensión in-definida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la notaría, según se le había apercibido. Le imponemos el de-ber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e informar de su suspensión inde-finida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico.

Por otro lado, tiene la obligación de actualizar su infor-mación en RUA y de notificar cualquier cambio de direc-ción postal y/o física, así como cumplir con las deficiencias señaladas en el Informe rendido por ODIN. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tar la obra protocolar que el señor Bryan Picó no entregó en el primer proceso de incautación y entregarla al Director de ODIN para la correspondiente investigación e informe. En su defecto, deberá informar si esos instrumen-tos públicos se extraviaron y es necesario encaminar un proceso de Reconstrucción de Obra Protocolar al amparo de la Regla 58A del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4LPRAAp. XXIV.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Según surge del Informe en torno a Estado de Obra Notarial Incautada, se encontró la omisión de instrumentos públicos, tomos sin encuadernar, omisión de firma, signo, sello, rúbrica del notario, nota de saca y deudas arancelarias por la cantidad de $224 en contravención con los Arts. 13, 28, 41, 50 y 52 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sees. 2031, 2046, 2063, 2074 y 2076.


author: Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

text:
      In re Junta de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2015-1

      Resuelto: 3 de febrero de 2015
   RESOLUCIÓN

Ante el lamentable fallecimiento del Ledo. Efraín Gon-zález Tejera, por el poder inherente de este Tribunal Supremo para reglamentar lo relativo al ejercicio de la abo-gacía en Puerto Rico y la Regla 8(a) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, aprobado el 30 de abril de 1998, según enmendada, 4 LPRAAp. XVII-D, se nombra al profesor Andrés Córdova Phelps como Presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unie-ron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Se-ñor Feliberti Cintrón.

Con sumo pesar, recientemente nos enfrentamos con el fallecimiento del Dr. Efraín González Tejera. Sin duda, la inesperada partida de quien en vida fue un gran apasio-nado de las ideas y las letras ha significado una pérdida irreparable para nuestra comunidad jurídica. Es un hecho incuestionable que el doctor González Tejera fue un inte-lectual de particular lucidez, uno de los más distinguidos miembros de la academia y un gran humanista.

Ciertamente, son incalculables las aportaciones del doctor González Tejera al desarrollo del derecho en Puerto Rico. Por lo tanto, cometeríamos una marcada injusticia si en este escrito pretendiéramos hacer una lista exhaustiva de todas sus contribuciones. Empero, con respecto al asunto que nos ocupa, valga destacar sus aportaciones al Programa de Educación Jurídica Continua, en el que se mantuvo activo como Presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua desde el 2000 hasta el día de su triste deceso. En particular, bajo la presidencia del doctor Gon-zález Tejera se fue hilvanando todo el andamiaje conceptual y práctico de lo que actualmente constituye el Pro-grama de Educación Jurídica Continua.

Hoy, a raíz de la lamentable partida del doctor González Tejera, es necesario seleccionar un nuevo Presidente para la Junta de Educación Jurídica Continua. En atención a ello, la compañera Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, ha sometido para la aprobación del Pleno al Ledo. Andrés L. Córdova Phelps como Presidente de ese organismo. En conformidad con su recomendación, albergo la esperanza de que la selección del licenciado Córdova Phelps contribuirá al mejoramiento del Programa y a que se implante una visión dirigida a abandonar las dificulta-des y prácticas que entorpezcan un verdadero acceso a la educación continua. Ello, para beneficio de nuestra clase togada y, más importante aún, para propiciar la calidad de los servicios profesionales que recibe la ciudadanía.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Vicar Builders Development, Inc., peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Justicia y Departamento de Hacienda, recurridos.

      Número: CC-2013-0776

      Resuelto: 11 de febrero de 2015

      Alberto Aresti Franceschini, abogado de la parte peticionaria; María C. Umpierre Marchand, procuradora general auxi-liar, abogada de la arte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si la figura de la tácita reconducción aplica a un contrato de arrenda-miento otorgado con el Estado y si, a base de ello, procede el reclamo de unos cánones de arrendamiento adeudados por el Estado. Resolvemos que la tácita reconducción no es compatible con los estatutos que regulan la contratación gubernamental, por lo que no puede aplicar a un contrato en el que el Estado es parte.

M

El 22 de mayo de 2008 Vicar Builders Development, Inc. (Vicar Builders) otorgó un contrato de arrendamiento con opción a compra en el que figuró como parte arrendadora. En ese contrato, arrendó al Departamento de Justicia de Puerto Rico (el Departamento) un inmueble de tres pisos situado en Bayamón, con instalaciones para oficina y estacionamiento. Las partes acordaron un canon mensual de arrendamiento que ascendía a $32,812.30. El contrato tenía un término de vigencia de un año.

Luego, el 20 de mayo de 2009 las mismas partes otorga-ron un segundo contrato para extender el término del arrendamiento por un año. Vencido el término pactado en el segundo contrato, el Departamento permaneció ocu-pando el inmueble sin efectuar los pagos mensuales correspondientes. Vicar Builders le reclamó el pago de los cánones adeudados y el Departamento pagó solo hasta el mes de diciembre de 2011. Después de esa fecha, no realizó pago alguno por los cánones de arrendamiento del inmue-ble que continuó disfrutando.

El 26 de abril de 2012 Vicar Builders presentó una de-manda de cobro de dinero contra el Estado, el Departa-mento de Justicia y el Departamento de Hacienda en cuanto a los cánones de arrendamiento adeudados de enero a abril de 2012. Para ese entonces, la deuda sumaba $131,249.20. Alegó que la deuda estaba vencida, líquida y exigible, y que aplicaba la doctrina de la tácita reconducción. Por su parte, el Estado adujo que, al no exis-tir un contrato escrito y firmado por las partes, no adeu-daba cantidad alguna a los demandantes. Argumentó en contra de la aplicabilidad de la doctrina de tácita reconduc-ción a los contratos gubernamentales, ya que vulneraría los estatutos especiales que imponen requisitos estrictos para la contratación con el gobierno.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio y se negó a aplicar la doctrina de tácita recon-ducción al contrato en cuestión. Se basó en que Vicar Builders no logró demostrar que se cumplió con los requisitos de contratación gubernamental como, por ejemplo, que existe un contrato escrito que vincula a las partes y que está inscrito en la Oficina del Contralor. Apéndice, pág. 25. Inconforme, Vicar Builders acudió al Tribunal de Apelacio-nes mediante un recurso de apelación. El foro apelativo intermedio confirmó la sentencia apelada.() En vista de ello, Vicar Builders presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal solicitando que revoquemos la determinación de los foros inferiores y apliquemos la doctrina de la tácita reconducción. Argüyó que se cumplió con los requisitos de contratación gubernamental por existir un contrato de arrendamiento escrito y válido. Señaló también como error la determinación de que la validez de la obligación no ha-bía sido evidenciada y que, por lo tanto, no procede el des-embolso de fondos públicos. Con el beneficio de la compa-recencia de las partes, resolvemos.

i — i I — I

A. Cuando un contrato de arrendamiento se pacta por tiempo determinado, concluye en la fecha prefijada sin que sea necesario requerirlo. Art. 1455 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4062. Ese tipo de con-trato puede prorrogarse, en cuyo caso subsiste el mismo contrato, o de renovación, ahora a base de un nuevo con-trato de arrendamiento otorgado expresa o tácitamente. M. Albaladejo García, Derecho Civil, 7ma ed., Barcelona, Li-brería Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 190.

El Art. 1456 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4063, dispone que cuando termina un contrato de arrendamiento y el arrendatario permanece disfrutando de la cosa arrendada por quince días con aquiescencia del arrendador, hay tácita reconducción.

La tácita reconducción no supone una prórroga del contrato original, sino que constituye un contrato nuevo. Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 DPR 487, 490 (1975). Esto es así porque, por disposición expresa de la ley, el arrendamiento cesa cuando vence su término, extinguiendo así el contrato original. Cesani Vargas v. Tribunal Superior, 92 DPR 239 (1965). Sin embargo, cuando concurren los requisitos de la tácita reconducción se renueva ese contrato. Id. Se trata de un supuesto de renovación que surge por la voluntad presunta de las partes siempre que la pasividad de estas revele su nueva voluntad contractual. Albaladejo García, op. cit., pág. 194.

Del acuerdo tácito surge un nuevo contrato, cuyo término no es igual al estipulado en el contrato primitivo, sino el que disponen los Arts. 1467 y 1471 del Código Civil, 31 LPRA sees. 4083 y 4092. De esos artículos surge que, de no ha-berse fijado un plazo para el arrendamiento de un predio urbano, se entenderá hecho por años cuando el alquiler es anual, por meses cuando el alquiler es mensual o por días cuando es diario. Dalmau v. Hernández Saldaña, supra, pág. 489. En cuanto a lo demás, se entiende que quedan reproducidos los mismos términos del contrato reconducido. León Parra v. Gerardino, 58 DPR 489, 496 (1941).

Para que opere la tácita reconducción, ninguna de las partes puede haber expresado su intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento. León Parra v. Gerardino, id. Debe ser claro el ánimo de reconducir del arrendatario, el cual queda demostrado al quedarse disfrutando de la cosa arrendada luego de que vence el contrato. De igual forma, se entiende que el arrendador consintió tácitamente a la reconducción si no hace requerimiento o manifestación alguna para que el arrendatario cese en el disfrute de la cosa. Id.

B. El Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 429, dispone que “[s] ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Con miras a lograr la sana administración de los fondos públicos se ha aprobado legislación para establecer un control sobre el desembolso de esos fondos y sobre la contratación gubernamental. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014). Tanto los procedimientos establecidos en las leyes como los preceptos de sana administración pública delimitados en nuestra jurisprudencia imponen un límite a la facultad del Estado para desembolsar fondos públicos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 741 (2013).

El Art. 2 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283a, establece como política pública mantener un “control previo de todas las operaciones del gobierno”, que la contabilidad del Gobierno de Puerto Rico “constituya un control efectivo sobre los ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del gobierno” y que “los gastos del gobierno se hagan dentro de un marco de utilidad y austeridad”. Asimismo, dispone que los fondos autorizados para un año económico se aplicarán únicamente al pago de gastos en que se haya incurrido legítimamente durante ese año o de “obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros durante dicho año”. (Enfasis nuestro). Art. 8 de la Ley Núm. 230, supra, 3 LPRA sec. 283g(a). Cabe destacar que esta ley define el término obligación como “[u]n compro-miso contraído que esté representado por orden de compra, contrato o documento similar, pendiente de pago, firmado por autoridad competente para gravar las asignaciones y que puede convertirse en el futuro en deuda exigible”. Art. 3 de la Ley Núm. 230, supra, 3 LPRA sec. 283b(k).

El Estado posee un gran interés en promover una sana y recta administración pública y en prevenir el despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la contratación gubernamental. CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR 313, 320 (2007). En ese ánimo, hemos favorecido la aplicación de una normativa restrictiva en cuanto a los contratos entre un ente privado y el gobierno. Véanse: Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 248 (2007); Lugo v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208, 215 (2004). Es por eso que hemos reiterado la rigurosidad de las disposiciones de ley que rigen la contratación gubernamental, asunto que está revestido del más alto interés público. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 533 (2011); Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra; Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 829 (1999). La validez de este tipo de contrato se determina a base de estatutos especiales que lo regulan, y no a base de las teorías generales de contratos. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 537, citando a Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1000 (2009).

El Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 2 LPRA see. 97, dispone que

[l]as entidades gubernamentales y las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción al-guna, mantendrán un registro de todos los contratos que otor-guen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. [...] Cuando se otorguen escrituras sobre la ad-quisición o disposición de bienes raíces se le enviará también al Contralor, copia de todo escrito y documento relacionado con la negociación.

El período de quince días podrá extenderse solo por quince días más si se demuestra justa causa. Id. El incum-plimiento con esa disposición “de por sí no será causa para que un tribunal competente declare la nulidad de cual-quier contrato o negocio jurídico legalmente válido. No obs-tante, ninguna prestación o contraprestación objeto de un contrato podrá exigirse hasta tanto se haya dado cumpli-miento a lo dispuesto en esta sección”. Art. 1(d), 2 LPRA sec. 97(d).

En reiteradas ocasiones hemos señalado los requisitos formales que se deben observar al contratar con un ente gubernamental: (1) reducir el contrato a escrito; (2) mantener un registro para establecer su existencia; (3) enviar copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y (4) acreditar la certeza de tiempo, a saber, que el contrato se realizó y otorgó quince días antes. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra; ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 537; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra. Véase, además, Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37 (1988). Se exige el cumplimiento riguroso con cada uno de esos requisitos, ya que sirven como mecanismo de cotejo para perpetuar circunstancial y cronológicamente esos contratos y, así, evitar pagos y reclamaciones fraudulentas. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 537—538, citando a Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 53-54.

En cuanto al primer requisito —que el contrato conste por escrito— hemos establecido que su cumplimiento es indispensable para que el contrato tenga efecto vinculante entre las partes. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741. “El contrato escrito es ‘[...] la mejor evidencia de las obligacio-nes recíprocas que contraen las partes’ ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 538, citando a Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 726 (2007). Los términos del contrato quedan plasmados de forma objetiva en el es-crito, evitando que surjan controversias sobre estos. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 723. Ese requisito

“... tiene una insoslayable dimensión de sana administración pública, en la medida que permite salvaguardar los intereses de las partes contratantes frente a un incumplimiento, per-mite la ordenada utilización de los fondos municipales, evita la incertidumbre en la confección del presupuesto municipal y hace posible la adecuada identificación de la partida contra la cual se harán los desembolsos públicos en cumplimiento con la ley”. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 742, citando a Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730.

El carácter sustantivo del requisito del contrato escrito supone que su incumplimiento afecta adversamente la efi-cacia de la obligación en él contraída. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730. En Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra, págs. 832-833, expresamos que el compromiso

[...] no podía generar obligación jurídica de clase alguna para el Municipio, debido a que éste no se hizo en conformidad con las normas aplicables expuestas antes. El supuesto “com-promiso” no constaba en un contrato escrito [ni] se incluyó en la enmienda al contrato. Por ende, tampoco fue registrado ni presentado en la Oficina del Contralor. La ausencia de estos elementos, que según hemos expuesto antes son de observan-cia rigurosa, privan de eficacia y validez al supuesto acuerdo del arrendador con la Directora Ejecutiva de extender la du-ración del arrendamiento en cuestión. El requisito de formular lo acordado mediante un contrato escrito, era indispensable y, como resolvimos en Hatton v. Mun. de Ponce, supra, hay que cumplirlo “sin excepción alguna”, para que lo convenido sea vinculante. (Enfasis en el original).

De igual forma, en Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237 (2007), las partes nunca otorgaron un con-trato por escrito ni cumplieron con las formalidades apli-cables a los contratos municipales. Allí concluimos que no se perfeccionó un contrato entre las partes y que, por lo tanto, no procedía la reclamación contra el municipio. Id.

Por su parte, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, se rechazó la contratación municipal retroactiva y se deter-minó que era necesaria la existencia de un contrato escrito antes de prestar los servicios pactados. En ese caso, ALCO comenzó a pavimentar un área del municipio de Toa Alta sin que antes se suscribiera el contrato por escrito. Las partes otorgaron el contrato por escrito y cumplieron con las demás exigencias de la ley después de que ALCO com-pletara la ejecución de la obra. En esa ocasión, dispusimos que validar un contrato retroactivo con un municipio “ig-noraría el interés público de regular las inspecciones de la obra y restringir los parámetros de subcontratación [...]”. (Enfasis suprimido). Id., pág. 551.

Por otro lado, exigir que los contratos se mantengan en un registro fiel que establezca su existencia y que copia de ese contrato se remita a la Oficina del Contralor responde a ofrecerle publicidad a todo contrato que involucre a una entidad municipal. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730. De esa forma, se facilita que un tercero pueda fiscalizar los negocios del Estado. Id.

Por lo tanto, surgirá una obligación por parte del Estado “únicamente cuando exista un contrato en virtud de un compromiso legalmente válido”. (Enfasis suprimido). ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 539. Una vez satisfechos los requisitos mencionados, los contratos serán válidos, exigibles y gozarán de la publicidad que requiere nuestro ordenamiento para la sana administración de la política pública en cuanto a la contratación gubernamental respecta. Id., pág. 538, citando a Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 853 (2007).

HH I — I J-H

En este caso, las partes otorgaron un contrato de arren-damiento válido que satisfizo todos los requisitos aplica-bles a los contratos gubernamentales. El contrato constaba por escrito, se registró y se remitió su copia a la Oficina del Contralor. Ese contrato tenía un término de vencimiento de un año. Llegada la fecha pactada para dar por termi-nado el arrendamiento, el contrato se extinguió.

No obstante, el Departamento permaneció ocupando el inmueble por más de quince días, con conocimiento de Vicar Builders y sin que ambos manifestaran deseo alguno de dar por terminado el arrendamiento. Esa situación supone que podría operar la figura de la tácita reconducción, pues están presentes todos los requisitos. De ser así, habría un nuevo acuerdo con vigencia de un mes, dado que el contrato original establecía un canon de arrendamiento mensual. De esa manera, seguiría renovándose tácitamente el acuerdo cada mes mientras el Departamento continuara disfrutando de la cosa por más de quince días bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, la ley y razones poderosas de política pública impiden que opere la figura de la tácita reconducción en la contratación gubernamental.

La naturaleza de la figura de la tácita reconducción no es compatible con las leyes ni con la jurisprudencia que regulan la contratación gubernamental. Cuando opera la tácita reconducción surge un contrato nuevo mediante un acuerdo tácito entre las partes que surge del comportamiento de ambos, el arrendador y el arrendatario. Véase Dalmau v. Hernández Saldaña, supra. El acuerdo implícito es lo que caracteriza esa obligación. Sin embargo, para que un contrato otorgado con el Estado vincule a las partes, tiene que constar por escrito. Véase Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741. Ese requisito de forma es insoslayable en este tipo de contrato. Por lo tanto, un contrato en el que el Estado es parte no puede surgir de un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las partes.

De ahí surge la incompatibilidad de ambas figuras jurídicas. Si existe un contrato gubernamental por escrito, no cabe hablar de tácita reconducción. De igual forma, si están presentes los requisitos de la tácita reconducción no existe un contrato escrito que cumpla con las exigencias requeridas para vincular al Estado. Es decir, surgiría un contrato nuevo que no está por escrito, que no está regis-trado y que no se envió a la Oficina del Contralor.

Las exigencias estatutarias que excluyen la aplicación de la figura de la tácita reconducción son insubsanables. Se podría argüir que el nuevo contrato que surge tácitamente puede reducirse a escrito posteriormente y enviarse a la Oficina del Contralor, en cumplimiento con sus exigencias. Sin embargo, en ese caso estaríamos permitiendo una práctica que este Tribunal ha invalidado anteriormente —la contratación retroactiva con el gobierno — . Véase ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra. Es decir, una parte estaría disfrutando de una cosa arrendada por un tiempo sin que exista una relación contractual válida y exigible. Si las partes decidiesen reducir a escrito el acuerdo que nace con la tácita reconducción, el efecto vin-culante surgiría luego de que una parte haya obtenido un beneficio o disfrutado de la cosa arrendada. Si permitimos ese supuesto, estaríamos avalando un contrato que recoge una obligación anterior bajo la cual ya las partes han he-cho prestaciones. Eso es precisamente lo que este Tribunal ha prohibido anteriormente.

La aplicación de la figura de la tácita reconducción con-cedería al Estado una vía para evadir el cumplimiento con los requisitos impuestos en los estatutos citados y que este Tribunal ha reconocido como necesarios para que un con-trato gubernamental tenga eficacia jurídica. Estaríamos abriéndole la puerta al Estado para renovar contratos tá-citamente que, por falta de publicidad, no puedan ser fis-calizados por terceros y distorsionen la realidad contenida en los registros de contratos. No podemos apoyar la aplica-ción de esa figura cuando su efecto sería reducir la trans-parencia de los negocios que involucren al gobierno y dar paso a que el gobierno otorgue contratos por un término mayor al que se expresó en el contrato escrito. Eso es pre-cisamente lo que las leyes en cuestión pretenden erradicar.

Si hemos invalidado la extensión de la vigencia de un contrato con un municipio, hecha mediante acuerdo expreso de las partes contratantes, es lógico concluir que también es inválida la extensión tácita de la vigencia de un contrato de arrendamiento con el Estado. Véase Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, supra. Las partes privadas que contratan con los municipios y las agencias del gobierno tienen que contratar de acuerdo con lo que la ley exige. Se requiere “que las partes privadas ejerzan un rol más activo al contratar [...]”. CMI Hospital v. Depto. Salud, supra, pág. 321. Por eso, para evitar situaciones irregulares en las que el Estado termine lucrándose injustificadamente, las partes deberán ser meticulosas al otorgar sus contratos. La manera como las partes pacten las cláusulas contractuales será determinante al decidir qué procede cuando vence un contrato de arrendamiento otorgado con el gobierno. Solo así podrá subsanarse cualquier situación que pueda poner en desventaja a una parte privada ante el Estado.

Comprendemos que, al no aplicar la tácita reconduc-ción, hay una situación en la que el gobierno podría perma-necer en un inmueble sin pagar renta hasta ser desahu-ciado tras el vencimiento del contrato de arrendamiento. Esa situación puede preverse en el contrato de arrenda-miento, pactando de antemano bajo qué condiciones se ex-tendería el arrendamiento, por cuánto tiempo adicional y cuál será el canon a pagar. Incluso, y sin pretender ser exhaustivos, las partes cuentan con la alternativa de in-cluir cláusulas penales en sus contratos para evitar que una parte se vea afectada ante el incumplimiento de la otra.

Aunque no hay duda de que en este caso están presen-tes todos los requisitos y aunque hubo un contrato válido otorgado entre Vicar Builders y el Departamento, no pode-mos aplicar la figura de la tácita reconducción porque esta es incompatible con los requisitos impuestos por nuestras leyes especiales de contratación gubernamental. Ante ello, no hay una relación contractual válida entre las partes que permita que el Estado desembolse los fondos para el pago de los cánones adeudados y no procede el cobro de la can-tidad reclamada por Vicar Builders. El contrato entre las partes cesó en la fecha pactada en el contrato escrito.

IV

Por todo lo anterior, confirmamos al Tribunal de Apelaciones. Por no existir un contrato válido que cumpla con las exigencias de las leyes vigentes, no le corresponde al Estado el pago de los cánones adeudados entre los meses de enero de 2012 a abril de 2012.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita. Los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García disintieron sin opinión escrita.

      (1) La jueza Fraticelli Torres emitió un voto disidente. Apéndice, pág. 32.


text:
      In re Rosa María Rosado Cruz.

      Número: TS-4854

      Resuelto: 11 de febrero de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra una integrante de la clase togada por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC o Programa) y con su deber de actualizar su dirección en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA), así como por desatender las órdenes de este Tribunal. Por los fundamentos que enun-ciamos a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Leda. Rosa M. Rosado Cruz (licenciada Rosado Cruz) del ejercicio de la abogacía. Veamos los ante-cedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

I

La licenciada Rosado Cruz fue admitida al ejercicio de la abogacía y de la notaría el 26 de mayo de 1975 y el 19 de junio de 1975, respectivamente. El 29 de enero de 1986 autorizamos su renuncia voluntaria al ejercicio de la notaría.

El 12 de febrero de 2014, la Directora del Programa, Leda. Geisa M. Marrero Martínez, nos informó que la li-cenciada Rosado Cruz no cumplió con los requisitos del PEJC para el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2009.

Surge del Informe de la Directora del PEJC que el 4 de mayo de 2009 se le envió a la licenciada Rosado Cruz un Aviso de Incumplimiento, en el cual se le otorgó, entre otras alternativas, sesenta (60) días adicionales para com-pletar los cursos exigidos por el PEJC. En dicha ocasión, la licenciada Rosado Cruz pagó la cuota por incumplimiento tardío establecida en la Regla 30 del Reglamento del Pro-grama de Educación Jurídica Continua!)

Así las cosas, y transcurrido un periodo considerable para que la licenciada Rosado Cruz completara los requisi-tos reglamentarios, al no haberse dado el cumplimiento, el 21 de enero de 2011 la Directora del PEJC le remitió una citación para una Vista Informal a celebrarse el 25 de fe-brero de 2011. El servicio postal devolvió la citación. En con-secuencia, se le remitió la citación nuevamente a la direc-ción de correo electrónico registrada en RUA. En dicha comunicación, se le indicó que podía comparecer por escrito siempre y cuando presentara sus argumentos al PEJC den-tro de los diez (10) días siguientes al envío de la citación. Además, se le advirtió que, de no asistir a la Vista Informal en persona o por escrito, se entendería renunciado su dere-cho a comparecer a ésta y se remitiría el asunto a este Tribunal.

En consecuencia, y culminados los trámites reglamenta-rios, el PEJC nos remitió el asunto debido al incumpli-miento de la licenciada Rosado Cruz. En el Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua (Incomparecencia a Vista Informal), presentado por la Directora del PEJC, se nos apuntó que la Resolución en la que se le notificaba la determinación de remitirnos el asunto con la concesión de un nuevo término para el cum-plimiento con los requerimientos del Programa, se envió a la dirección de notificaciones que la licenciada Rosado Cruz tiene registrada en RUA. Dicha comunicación se no-tificó mediante correo certificado con acuse. No obstante, el servicio postal también devolvió esta correspondencia por tratarse de una dirección incorrecta (Return to Sender Not Deliverable as Addressed Unable to Forward). Al no surgir otra dirección postal registrada, el PEJC la reenvió a la única dirección de correo electrónico registrada en RUA. Remitida la comunicación, no surge que hubiera ocurrido algún problema con el envío por dicho medio.

Surge del Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua (Incomparecencia a Vista Informal) que la licenciada Rosado Cruz tampoco ha cum-plido con los requisitos del PEJC con relación al segundo periodo (1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011) y al tercer periodo (1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2013).()

Así las cosas, el 28 de febrero de 2014 emitimos una Resolución en la que concedimos a la licenciada Rosado Cruz un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debería ser suspendida del ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no contestar los requerimientos del PEJC. También apercibimos a la licenciada Rosado Cruz que su incumplimiento con los términos de la Resolución conllevaría su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía.

II

A. El Canon 2 del Código de Ética Profesional establece que los profesionales del derecho tienen el deber de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”.4 LPRA Ap. EX. Véanse, además: In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014); In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013). En consecución de ese fin, “[t]oda abogada o todo abogado activo deberá tomar por lo menos veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica continua en un período de dos (2) años”. Regla 6(a) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D. Ello siempre y cuando no esté exento según las disposiciones de la Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-E.

En aquellos casos en que un abogado cumpla tardíamente con los requisitos de educación jurídica continua, deberá presentar un informe en el cual explique las razones que justifican su tardanza y, además, pagar una cuota. In re Rivera Trani, supra. Ahora bien, en casos de incumplimiento, el Director o la Directora de la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta) citará al letrado a una vista informal en la que podrá presentar prueba que justifique las razones de su proceder. Id. Si el abogado no comparece, la Junta del Programa remitirá el asunto a este Tribunal. In re Arroyo Rosado, supra. En innumerables ocasiones este Tribunal ha disciplinado a los abogados que han desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas crédito de educación jurídica continua. In re Rivera Trani, supra; In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011).

B. Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento de esta Curia, 4 LPRAAp. XXI-B, dispone que la Secreta-ria o el Secretario del Tribunal deberá mantener un regis-tro de todos las personas autorizadas a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico. In re Arroyo Rosado, supra. Para esos propósitos, este Tribunal creó al RUA, una base de datos que almacena de manera centralizada la informa-ción de aquellas personas autorizadas a ejercer la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción. íd. Véanse, además: In re Camacho Hernández, 188 DPR 739 (2013); In re Martínez Class, 184 DPR Ap. (2012). De manera paralela, la re-ferida Regla 9(j) impone a los letrados la obligación de mantener actualizados en el RUA sus datos personales, la dirección física y postal de su lugar de empleo y residencia, y el correo electrónico, entre otros datos.() In re Arroyo Rosado, supra. Véase, además, In re Rivera Trani, supra. En múltiples ocasiones hemos enfatizado la importancia de que todo letrado mantenga al tribunal informado sobre sus direcciones y su información personal, y el deber de notifi-car de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal cualquier cambio en los datos que estos hayan provisto en el RUA. íd.; In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011); In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. (2010). La omisión de un abo-gado de mantener al día su dirección obstaculiza el ejerci-cio de nuestra jurisdicción disciplinaria, por lo que hemos resuelto que ello es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión. In re Arroyo Rosado, supra; In re Rivera Trani, supra; In re Toro Soto, supra.

C. Finalmente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, regula la conducta del abogado ante los tribunales y exige que esta se caracterice por el mayor respeto y diligencia. In re Guerrero Ledesma, 190 DPR 237 (2014); In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014). Continuamente nos vemos obligados a recordar a los integrantes de esta profesión que para honrar este mandato se requiere una escrupulosa atención y obediencia a los re-querimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos disciplinarios. In re Grau Collazo, supra; In re Pérez Román, supra; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). En innumerables ocasiones hemos expresado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el mencionado Canon 9. In re Pérez Román, supra; In re García Incera, 177 DPR 329 (2009). De igual manera, he-mos advertido que cuando un letrado ignora nuestros re-querimientos y se muestra indiferente a nuestros apercibi-mientos, procede su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Pérez Román, supra; In re Guerrero Ledesma, supra; In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Marrero García, 187 DPR 578 (2012).

III

Según relatáramos, la licenciada Rosado Cruz no ha cumplido con los requisitos de educación jurídica continua desde el 2007. En consecuencia, el PEJC le envió un Aviso de Incumplimiento y le concedió un término adicional para subsanar las deficiencias. Posteriormente, intentó citarla a una vista informal. No obstante, el servicio postal devolvió las comunicaciones enviadas a esos fines. Debido a la in-comparecencia de la licenciada Rosado Cruz, la Junta del Programa nos refirió el asunto. Así las cosas, el 28 de fe-brero de 2014 emitimos una Resolución en la que otorga-mos a la letrada un término para exponernos su posición. Sin embargo, la notificación de la Resolución también fue devuelta.

Como se puede colegir, los esfuerzos realizados por el PEJC y este Tribunal para contactar a la licenciada Ro-sado Cruz han sido infructuosos debido a que su dirección en el expediente personal disponible en el RUA no está actualizado. Como vimos, incumplir con su deber de actúa-lizar su información de contacto en el RUA obstaculiza nuestra jurisdicción disciplinaria y ello es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión.

Por otro lado, aun hoy la licenciada Rosado Cruz no ha subsanado sus deficiencias de educación jurídica continua desde el 2007. Surge que la licenciada Rosado Cruz pagó la cuota por incumplimiento tardío, por lo que esta no puede justificar su incomparecencia a la citación del PEJC. Según discutido, este Tribunal ha disciplinado a los abogados que han desatendido los requerimientos de la Junta e incum-plido con las horas crédito de educación jurídica continua.

Por otro lado, la licenciada Rosado Cruz ha exhibido una actitud de indiferencia, no solo con las órdenes de este Tribunal, sino con los requerimientos del PEJC. Así, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requi-sitos del PEJC, con las órdenes de este Tribunal y por ha-ber faltado a su deber de mantener los datos de RUA al día, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía. Le ordenamos, por lo tanto, notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su re-presentación legal así como devolverles tanto los expedien-tes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Igualmente, tiene que informar oportunamente de su suspensión, tanto a los foros judicia-les como a los administrativos del país. Dichas gestiones deberán notificarse a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (4 LPRA Ap. XVTI-E).

      (2) La licenciada Rosado Cruz aún no ha sido citada a la vista informal dis-puesta en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua con relación a estos periodos.

      (3) El letrado deberá, además, designar una de las direcciones para recibir las notificaciones del Tribunal. Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.


text:
    Aileen Mercado Figueroa, por sí y en representación de su hijo menor de edad, JWCM, demandante peticionaria, v. Municipio de San Juan y su compañía aseguradora Admiral Insurance Company, demandados y terceros demandantes, Betteroads Asphalt Corporation, tercera demandada y demandante recurrida, y Harry Auto Kool, Inc., tercero demandado y recurrido.

      Número: CC-2013-0440

      Resuelto: 12 de febrero de 2015

      Jaime Vázquez Morales, abogado de la parte peticionaria; José R. Dávila Acevedo, de Cobián & Cobián, PSC, abo-gado de la parte apelada.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si, una vez desestimada una causa de acción contra la parte deman-dada, es dable que el pleito continúe entre la parte deman-dante y el tercero demandado, aun cuando la parte deman-dante no enmendó la demanda para incluir a éste en el pleito.

I

El 10 de diciembre de 2008, Aileen Mercado Figueroa, por sí y en representación de su hijo menor de edad, JWCM (parte demandante), presentó una demanda por daños y perjuicios contra el municipio de San Juan y su compañía aseguradora, Admiral Insurance Company (Admiral). En ésta, alegó que su hijo sufrió múltiples daños como conse-cuencia de un accidente ocurrido mientras éste manejaba su motora en la Urbanización Park Gardens, en San Juan. Además, le imputó negligencia al municipio de San Juan por no mantener en condiciones adecuadas el pavimento y por ni siquiera colocar avisos que anunciaran los desper-fectos en la carretera.

El municipio de San Juan, por su parte, contestó opor-tunamente la demanda y negó su responsabilidad. En sín-tesis, argüyó que los responsables de los presuntos daños fueron la propia parte demandante y/o “un tercero”. Por tanto, el 26 de enero de 2010, presentó una demanda contra tercero, trayendo al pleito a Betteroads Asphalt Corporation (Betteroads). Alegó, pues, que ésta tenía el control de la carretera donde ocurrió el accidente, razón por la cual era la directamente responsable ante la parte demandante por cualquier daño sufrido.

Betteroads contestó la demanda contra tercero y negó, igualmente, su responsabilidad. En su contestación, no sólo se limitó a refutar las alegaciones del municipio de San Juan, sino que también refutó las alegaciones de la parte demandante, contenidas en la demanda original. En-tre otros particulares, levantó un sinnúmero de defensas afirmativas contra la parte demandante.

Posteriormente, el 18 de julio de 2011 Betteroads pre-sentó una demanda contra tercero en contra de Harry Auto Kool, Inc. (Harry Auto). En ésta le imputó el control de la carretera en donde presuntamente ocurrió el accidente que origina la controversia que nos ocupa. Asimismo, argu-mentó que Harry Auto era directamente responsable ante la parte demandante y, en la alternativa, indirectamente responsable ante Betteroads por cualquier suma que ésta tuviera que pagar a la parte demandante.

Trabada la controversia en estos términos, el Tribunal de Primera Instancia, durante una vista sobre el estado de los procedimientos, a instancia de Betteroads, le anotó la rebel-día a Harry Auto, puesto que ésta no compareció, a pesar de haber sido debidamente emplazada. Por otro lado, el 7 de febrero de 2012, el municipio de San Juan presentó una moción de desestimación bajo el fundamento de que la parte demandante incumplió con el requisito de notificar a la en-tidad municipal de la causa de acción en su contra dentro de los noventa (90) días desde que advino en conocimiento de los presuntos daños. Esto, según dispone el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 LPRAsec. 4703).() El foro primario aco-gió la moción en cuestión y, en consecuencia, desestimó la causa de acción contra el municipio de San Juan. La parte demandante no se opuso a la desestimación ni recurrió del dictamen.

Luego, el 31 de mayo de 2012, el municipio de San Juan presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un aviso de desistimiento, a través del cual informó su intención de desistir de su reclamación en- contra del tercero deman-dado, Betteroads. El foro primario autorizó el desisti-miento con perjuicio. Además, dio por desistida la de-manda instada por Betteroads contra Harry Auto, por entender que ésta era una reclamación contingente. La parte demandante solicitó una reconsideración, la cual el foro primario declaró “no ha lugar”.

Posteriormente, la parte demandante presentó un re-curso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En éste, alegó que el foro primario erró al haber autorizado el desistimiento presentado por la parte demandada —el mu-nicipio de San Juan— a favor del tercero demandado, Betteroads. Además, cuestionó la determinación de dicho foro en tanto desestimó la demanda instada contra Harry Auto por entender que ésta era contingente a la demanda desistida por el municipio de San Juan.

Luego de los trámites apelativos de rigor, el foro apela-tivo intermedio confirmó al Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, aplicando la norma establecida por este Tribunal en Guzmán v. Otis Elevator, Inc. et al., 135 DPR 296 (1994), determinó que nunca se trabó una controversia en-tre la parte demandante y el tercero demandado, razón por la cual procedía autorizar el desistimiento. Asimismo, ra-zonó que la demanda contra Harry Auto debía ser desesti-mada, puesto que ésta era contingente a la demanda ins-tada contra Betteroads.

Inconforme, el 5 de junio de 2013, la parte demandante recurrió ante este Tribunal y adujo los señalamientos de error siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar lo re-suelto por el [Tribunal de Primera Instancia], autorizando el desistimiento presentado por la parte demandada a favor del tercero demandado, dando por desistida, a su vez, la demanda contra tercero entablada por este último.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que nunca existió una controversia trabada entre la parte deman-dante y los terceros demandados. Certiorari, pág. 5.

Habiendo consignado los hechos indispensables para la dilucidación de la controversia que nos ocupa, procedemos a exponer el derecho aplicable.

II

La figura procesal de la demanda contra tercero, ante todo, “establee [e] un mecanismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, Ira ed. rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 121. La misma está regulada por la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, la cual, en lo pertinente al caso que nos ocupa, dispone:

La parte demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito.
La persona así emplazada, quien en lo sucesivo se denomi-nará “tercero(a) demandado(a)”, presentará sus defensas a la reclamación del(de la) demandante contra tercero según se dispone en la Regla 10 de este apéndice, y presentará su re-convención a la reclamación del(de la) demandante contra ter-cero y las reclamaciones contra coparte que tenga contra cual-quier otro(a) tercero(a) demandado(a) según se dispone en la Regla 11 de este apéndice.
El (La) tercero(a) demandado(a) podrá oponer contra la parte demandante cualesquiera defensas que el (la) deman-dante contra tercero tenga contra la reclamación de la parte demandante. El (La) tercero(a) demandado(a) podrá también presentar contra la parte demandante cualquier reclamación que surja del acto, de la omisión o del evento que motive su reclamación original en el pleito y el (la) tercero(a) demanda-do(a) deberá, entonces, presentar sus defensas como se dis-pone en la Regla 10 de este apéndice y su reconvención y re-clamaciones contra coparte según se dispone en la Regla 11 de este apéndice.
Cualquier parte podrá solicitar que se le separe, que se le conceda un juicio por separado o la desestimación de la recla-mación contra tercero, y el tribunal podrá dictar sentencia bien sobre la reclamación original o sobre la reclamación contra tercero solamente de acuerdo con la Regla 42.3 de este apéndice. Un(a) tercero(a) demandado(a) podrá proceder de acuerdo con esta Regla 12 de este apéndice contra cualquier persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda serle responsable o a cualquier litigante en el pleito por la totalidad o parte de la reclamación hecha en el pleito. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V.()

Como se observa, la regla procesal en cuestión considera un complejo mecanismo a través del cual las diversas par-tes involucradas pueden vindicar cabalmente sus derechos, si bien circunscritos a los hechos del pleito original. Así, de nuevo, no cabe duda de que “[e]l propósito específico de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil es establecer un meca-nismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos. [...] La regla no crea, extiende o limita derechos sustantivos. Lo que hace es acelerar su dilucidación. La regla debe ser interpretada liberalmente”. J.A. Cuevas Se-garra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 580 (citando a Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999), y a Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986)). Véase, además, Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 DPR 168, 176 (1965). En esencia, se trata de que entre la reclamación del demandante y el tercero demandado haya un entronque común. Cf. Ramos, supra, pág. 536.

De otra parte, la interpretación liberal de la regla que nos ocupa propende a conciliar ésta con el principio cardinal que informa nuestro ordenamiento procesal civil, el cual dispone que las diversas reglas procesales “[s]e inter-pretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solu-ción justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse: Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 DPR 862, 867 (1962); Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 37. Cónsono con lo anterior, “uno de los propósitos fundamentales de las Reglas es acelerar los pro-cedimientos civiles”. Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 37 (citando a Sucn. Guerra v. Sánchez, 71 DPR 807, 811 (1950)). Por lo tanto, “para cumplir a cabalidad con los pro-pósitos de nuestro ordenamiento procesal, se requiere un enfoque integral, pragmático y creativo”. Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 529, 542 (1989). Véase, además, Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 288 (1988).

En el pasado, este Tribunal ha dicho que

[n]ada hay en la Regla 12.1 que requiera una enmienda formal de las alegaciones por parte del demandante para que éste pueda deducir su reclamación contra el tercero demandado. Si por virtud de las alegaciones una contienda queda trabada entre el demandante y el tercero demandado y durante la vista del caso el demandante presenta prueba contra el tercero de-mandado y éste tiene oportunidad de contrainterrogar los tes-tigos y presentar prueba en contrario, las alegaciones deben considerarse enmendadas a los efectos de establecer una recla-mación directa del demandante contra el tercero demandado. (Enfasis suplido). Parrilla García, supra, pág. 176.()

Lo esencial, pues, es que entre el demandante y el ter-cero demandado, efectivamente, se trabe una controversia. Ello, usualmente, se logrará a través de las alegaciones y la prueba presentada. Será fundamental, además, que el tercero demandado tenga oportunidad de “contrainterro-gar los testigos [de la parte demandante] y presentar prueba en contrario [...]”. Parrilla García, supra, pág. 176. Véase, además, Viñas v. Pueblo Supermarkets, 86 DPR 33, 35 (1962). De esta forma, se le garantiza su debido proceso de ley al tercero demandado y se evita situarlo en un es-tado de indefensión ante las contenciones de la parte demandante.

Entonces, cuando efectivamente se traba una controver-sia entre el demandante y el tercero demandado, la de-manda se habrá de considerar enmendada de acuerdo con las alegaciones hechas por el tercero demandado y la prueba presentada tanto por el demandante como por el propio tercero demandado. Lameiro v. Dávila, 103 DPR 834, 843 (1975) (citando a Parilla García, supra, pág. 176). Después de todo, “[l]a Regla 12.1 debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en la 13.2”, Parrilla García, supra, pág. 176, la cual provee para conformar las alegaciones con la prueba presentada. Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En aras de despejar cualquier duda, es me-nester señalar que lo anterior presupone que las partes participaron en una vista en la que, justamente, pudieron presentar prueba.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la celebración de una vista, y la presentación de prueba que ésta supone, no siempre será indispensable para que se pueda colegir que una controversia ha quedado trabada entre el demandante y el tercero demandado. Así, bien puede haber situaciones en las que, aun sin haberse presentado prueba, las alegaciones del tercero demandado respecto a las del demandante, así como sus actuaciones, permitan inferir que, en efecto, se ha trabado una controversia entre éstos. Ello, puesto que “[l]a determinación de si sobrevive una demanda contra tercero [...] no es un ejercicio de lógica abstracta, sino un análisis práctico de los hechos”. A.A.A. v. Builders Ins. Co., etc., 115 DPR 57, 60 (1984). Más aún, dicho análisis deberá tomar en consideración los principios que informan nuestras reglas procesales. Es decir, deberán dar cuenta del interés público en que los pleitos se tramiten de forma justa, rápida y económica,() y además, de la política judicial que impera en nuestro ordenamiento, se-gún la cual se favorece que los casos se ventilen en los méritos. Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 125 (1992); Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 40.

Circunscribiéndonos a la controversia puntual que nos ocupa —esto es, si una vez desestimada una causa de acción contra la parte demandada es dable que el pleito continúe entre la parte demandante y el tercero demandado, aun cuando la demanda no se enmendó formalmente — , en Guzmán este Tribunal, citando con aprobación al tratadista José A. Cuevas Segarra, señaló que

“[rjespecto al tercero demandado el Tribunal Supremo ha re-suelto que no es necesario hacer una enmienda formal para que un demandante pueda recobrar directamente de un ter-cero traído al pleito por el demandado y a quien el deman-dante nunca le reclamó. El demandante puede recobrar si la controversia en algún momento estuvo trabada entre él y el tercero demandado y éste tuvo oportunidad de defenderse. No existe término para enmendar la demanda”. Guzmán, supra, pág. 302 (citando a J.A. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: procedimiento civil 14:, Vol. II (1988)). Véanse: Parrilla García, supra, pág. 176; Viñas, supra, pág. 33; Lameiro, supra, pág. 843; Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 DPR 134, 137 (1974); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 219 (1975).()

Por ende, después de Guzmán es indudable que un de-mandante pueda proseguir su causa de acción contra un tercero demandado si entre éstos, efectivamente, se trabó una controversia, aun cuando el demandante no haya en-mendado formalmente la demanda. Para ello, pues, y en atención a las diversas normas y principios discutidos, será preciso evaluar las circunstancias particulares del caso con tal de determinar si se suscitó una situación de adversidad procesal que amerite continuar ventilando la causa. No se debe olvidar que las Reglas de Procedimiento Civil

[...] no tienen vida propia; [éstas] sólo existen para viabilizar la consecución del Derecho sustantivo de las partes. Para lo-grar impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el tribunal debe hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las re-glas procesales para que éstas garanticen una solución justa, rápida y económica de la controversia. Cuevas Segarra, op. eit, T. I, págs. 39-40.

Recuérdese, además, que “[l]os principios procesales no deben ser instrumentos débiles dominados por fórmulas que deben seguirse literalmente. Un sistema procesal one-roso tiende únicamente a combatir el verdadero propósito de un pleito”. Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 37 (citando a Vda. de Rivera, supra, pág. 139).

III

En su contestación a la demanda contra tercero incoada por el municipio de San Juan, Betteroads no sólo se limitó a refutar las alegaciones del tercero demandante, sino que respondió, también, a las alegaciones de la parte demandante. Contestación a demanda contra tercero, Apén-dice, págs. 10-12. Durante la tramitación del pleito, ade-más, Betteroads tomó deposiciones al menor codemandante, JWCM, y a otros tres testigos. Apéndice, págs. 98-101. De igual forma, gestionó la preparación de un informe pericial en relación con el presunto accidente que originó el pleito que nos ocupa. Apéndice, pág. 102.

Dado lo anterior, es innegable que, conforme a las nor-mas y principios jurídicos antes discutidos, en efecto, se trabó una controversia entre las partes. Tal adversidad, a lo sumo, amerita conceder a la parte demandante la opor-tunidad de presentar prueba o, si lo estimara conveniente, enmendar la demanda, para lo cual no hay término taxa-tivamente establecido en nuestro ordenamiento.() De esta forma, se acata la vigorosa política judicial imperante en nuestro ordenamiento, según la cual se favorece la diluci-dación de los casos en los méritos.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia erró al autorizar el desistimiento de la demanda incoada contra Betteroads. Asimismo, por las normas y principios previa-mente discutidos, erró el foro primario al desestimar auto-máticamente, por considerarla contingente, la demanda contra tercero presentada por Betteroads contra Harry Auto, a quien se le había anotado la rebeldía.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede revocar la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió sin opi-nión escrita.

      (1) Valga señalar que el 21 de mayo de 2012, el foro primario, atendiendo una moción de sentencia sumaria parcial presentada por Admira!, desestimó la causa de acción contra ésta, puesto que se había agotado el agregado combinado de la póbza que cobijaba al municipio de San Juan. Sentencia sumaria parcial, Apéndice, págs. 18-37.

      (2) Nótese, además, que la misma Regla 12.1 de Procedimiento Civil dispone el término cuando se podrá presentar la demanda contra tercero sin permiso del tribunal, a saber, “treinta (30) días contados a partir de la fecha de la presentación de la contestaeión a la demanda o de la réplica a una reconvención”. 32 LPRA Ap. V. Asimismo, la Regla 12.2 dispone cuándo el demandante podrá hacer parte a un tercero; ello, de ordinario, cuando se presente contra el demandante alguna reclamación. 32 LPRAAp. V.

      (3) Si bien la jurisprudencia citada se refiere a nuestro ordenamiento procesal civil anterior, la misma sigue teniendo vigencia, dado que los principios cardinales que lo informan siguen siendo los mismos de las controversias que penden ante los foros judiciales del País. Para un breve recuento histórico de la figura de la demanda contra tercero en nuestro ordenamiento, véase A. García Padilla, Procedimiento Civil, 64 Rev. Jur. UPR 935, 936-943 (1995).

      (4) Las “Reglas [de Procedimiento Civil] son el instrumento mediante el cual el Estado garantiza la tutela efectiva de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Los preceptos procesales son de orden público porque establecen la estructura juris-diccional en la consecución de una justicia civil, efectiva, rápida y económica dentro del marco de la igualdad procesal de todas las partes involucradas en el proceso”. (Enfasis suplido). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 31.

      (5) Cabe destacar, además, que incluso antes de las Reglas de Procedimiento Civil actuales, ya este Tribunal había identificado una serie de situaciones en las que la demanda se podría considerar tácitamente enmendada, puesto que se había tra-bado una controversia entre el demandante y el tercero demandado. A saber:
      “Tales normas podrían resumirse así: Aun cuando el demandante no hubiera enmendado la demanda, la misma se entendía enmendada:
      (1) cuando el tercero demandado formulaba alegaciones contra la demanda original. Viñas v. Pueblo Supermarkets, 86 DPR 33 (1962) (Dávila);
      (2) cuando en la vista del caso, el demandante presentaba prueba contra el ter-cero demandado, y éste tenía la oportunidad de contrainterrogar a los testigos y pre-sentar prueba en contrario. Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 DPR 168 (1965) (Dávila);
      (3) cuando mediase una estipulación de hechos en que interviniese el tercero demandado, y surgiese claramente la responsabilidad de éste. Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 DPR 134 (1974) (Dávila, en reconsideración); o
      (4) cuando concurriese cualquiera otra circunstancia que demostrase que la contienda hubiese quedado trabada entre el demandante y el tercero demandado”. Parrilla García v. A.F.F., supra. Véase Cuevas Segarra, op. cit., T. II, pág. 576.

      (6) Es preciso destacar que la ausencia de término para enmendar la demanda, en ciertas situaciones, puede ocasionar problemas en la eficiente tramitación del caso. Después de todo, contra las alegaciones “se determina nada menos que la pro-pia pertinencia del descubrimiento de prueba y del desfile oportuno de ésta en el juicio”. García Padilla, supra, pág. 943. Así, si bien no es dispositivo el hecho de que el demandante enmiende o no sus alegaciones, la mejor práctica es que el deman-dante diligentemente procure hacer las enmiendas que correspondan. En casos como el de autos, sin embargo, en los que se desestime la acción contra el demandado/ tercero demandante sin que se haya enmendado formalmente la demanda, el foro primario, en vez de desestimar automáticamente la causa de acción contra el tercero demandado, le deberá conceder al demandante un término razonable para que éste realice las enmiendas de rigor, so pena de desestimación. García Padilla, supra, pág. 943. De esta forma, a nuestro juicio, se concilian los diversos intereses en pugna y se propende a la eficaz tramitación de los pleitos en nuestro ordenamiento jurídico.


text:
      In re Magda I. Torres Martínez.

      Número: TS-11,967

      Resuelto: 13 de febrero de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Nuevamente nos encontramos en la necesi-dad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra una integrante de la clase togada por incumplir con los requi-sitos del Programa de Educación Jurídica Continua y con su deber de actualizar su dirección en el Registro Unico de Abogados y Abogadas, así como por desatender las órdenes de este Tribunal. Dicho incumplimiento no nos deja otra alternativa que separar a la Leda. Magda I. Torres Martí-nez (licenciada Torres Martínez) inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la abogacía. Pasemos a exponer los antecedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

I

La licenciada Torres Martínez fue admitida al ejercicio de la abogacía el 17 de enero de 1997.

El 29 de abril de 2014, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC o Programa), Leda. Geisa M. Marrero Martínez, compareció ante esta Curia mediante un Informe sobre Cumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua. En su escrito, esta nos in-dica que la licenciada Torres Martínez no completó los re-quisitos del PEJC para el periodo del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2009.

Debido al incumplimiento de la licenciada Torres Martí-nez, el 14 de agosto de 2009 la Directora del PEJC le envió un Aviso de Incumplimiento y le otorgó, entre otras alterna-tivas, sesenta (60) días adicionales para completar los cur-sos exigidos por el PEJC. Surge del informe del PEJC que la licenciada Torres Martínez no pagó la cuota por incumpli-miento tardío establecida en la Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua^)

Así las cosas, transcurrido un periodo considerable para que la licenciada Torres Martínez completara los requisitos reglamentarios y al ésta no haberlos cumplido, el 16 de agosto de 2011 la Directora del PEJC le remitió una citación para una vista informal. No obstante, a pesar de que dicha citación fue notificada a la dirección provista por la licen-ciada Torres Martínez en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), la notificación fue devuelta por el servicio postal. En vista de ello, el PEJC le remitió la comunicación nuevamente a la dirección de correo electrónico registrada en el RUA.

Ante este cuadro fáctico, y debido a que la licenciada Torres Martínez no compareció a la vista informal, el Oficial Examinador recomendó a la Junta del PEJC que nos remi-tiera el asunto. Además del incumplimiento arriba reseñado con respecto al período de 2007-2009, en el Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua presentado por la Directora del PEJC se nos indica, además, que la licenciada Torres Martínez tampoco ha cum-plido con los requisitos del PEJC para los periodos del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2011 y del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2014.

Así las cosas, el 13 de mayo de 2014 emitimos una Re-solución en la que le concedimos a la licenciada Torres Martínez un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debería ser suspendida del ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no contestar los requerimientos del PEJC. También apercibimos a la licenciada Torres Martí-nez que su incumplimiento con los términos de la Resolu-ción conllevaría su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. El servicio postal devolvió la Resolución. Se no-tificó por segunda vez dicha Resolución el 12 de septiembre de 2013 por correo electrónico, sin éxito.

II

A. El Código de Ética Profesional establece que los y las profesionales del derecho tienen el deber de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, además: In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014); In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013). En consecución de ese fin, el PEJC requiere que los miembros activos de la profesión legal certifiquen haber tomado, como mínimo, veinticuatro (24) horas crédito cada dos (2) años. Regla 6(a) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D; In re Rivera Trani, supra. Ello siempre y cuando no esté exento según las disposiciones de la Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua 4 LPRAAp. XVTI-E.

En aquellos casos en que un abogado o una abogada no cumpla oportunamente con los requisitos de educación ju-rídica continua, deberá presentar un informe en el cual explique las razones que justifiquen su tardanza y tendrá, además, que pagar una cuota. In re Rivera Trani, supra. Ahora bien, en casos de incumplimiento, el Director o la Directora de la Junta citará al letrado o letrada a una vista informal en la que podrá presentar prueba que justifique las razones de su proceder. Id. De no comparecer, la Junta del Programa remitirá el asunto a la atención de este Tribunal. In re Arroyo Rosado, supra. En innumerables ocasiones este Tribunal ha disciplinado a los abogados y las abogadas que han desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas crédito de educación ju-rídica continua. In re Rivera Trani, supra; In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011).

B. Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento de esta Curia dispone que la Secretaria o el Secretario del Tribunal tendrá el deber de llevar un registro de todas las personas abogadas y notarías autorizadas a ejercer la profesión legal en nuestra jurisdicción. 4 LPRAAp. XXI-B; In re Arroyo Rosado, supra. Para esos propósitos, este Tribunal creó el RUA, una base de datos que almacena de manera centralizada la información de aquellas personas autorizadas a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico. Id. Véanse, además: In re Camacho Hernández, 188 DPR 739 (2013); In re Martínez Class, 184 DPR Ap. (2012). De manera paralela, la Regla 9(j), supra, impone a los letrados y letradas la obligación de mantener actualizados en el RUA sus datos personales, la dirección física y postal de su lugar de empleo y residencia, y el correo electrónico, entre otros datos.() In re Arroyo Rosado, supra. Véase, además, In re Rivera Trani, supra. En múltiples ocasiones hemos enfatizado la importancia de que todo miembro de la profesión legal mantenga al tribunal informado sobre sus direcciones y su información personal, y el deber de notificar de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal cual-quier cambio en los datos que han provisto en el RUA. Id.; In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011); In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. (2010).

La omisión de un abogado o una abogada de mantener al día su dirección obstaculiza el ejercicio de nuestra juris-dicción disciplinaria. Hemos resuelto que ello es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión. In re Arroyo Rosado, supra; In re Rivera Trani, supra; In re Toro Soto, supra.

C. Finalmente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional regula la conducta del abogado ante los tribunales y exige que esta se caracterice por el mayor respeto. 4 LPRA Ap. IX; In re Guerrero Ledesma, 190 DPR 237 (2014); In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014). Continuamente nos vemos obligados a recordarles a los integrantes de esta profesión que para honrar este mandato se requiere una escrupulosa atención y obediencia a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos disciplinarios. In re Grau Collazo, supra; In re Pérez Román, supra; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). En innumerables ocasiones hemos expresado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de este Tribunal e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re Pérez Román, supra; In re García Incera, 177 DPR 329 (2009). De igual manera, hemos advertido que cuando un letrado o letrada ignora nuestros requerimientos y se muestra indiferente a nuestros apercibimientos procede su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. In re Pérez Román, supra; In re Guerrero Ledesma, supra; In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Marrero García, 187 DPR 578 (2012).

III

Según relatáramos, la licenciada Torres Martínez no ha cumplido con los requisitos de educación jurídica continua desde el 2007. En consecuencia, el PEJC le envió un Aviso de Incumplimiento y le concedió un término adicional para subsanar las deficiencias. Posteriormente, intentó citarla a una vista informal. No obstante, el servicio postal devolvió las comunicaciones enviadas a esos fines. Debido a la in-comparecencia de la licenciada Torres Martínez, la Junta del Programa nos refirió el asunto. Así las cosas, el 13 de mayo de 2014 emitimos una Resolución otorgándole a la letrada un término considerable para que nos expusiera su posición. Sin embargo, también nos fue devuelta la notifi-cación de esa Resolución.

Como se puede colegir, los esfuerzos realizados tanto por el PEJC como por este Tribunal para contactar a la licen-ciada Torres Martínez han sido inútiles debido a que su dirección en el expediente personal disponible en el RUA no está al día. Como vimos, incumplir con el deber de ac-tualizar la información de contacto en el RUA obstaculiza nuestra jurisdicción disciplinaria y ello es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión.

Por otro lado, hasta el presente, la licenciada Torres Martínez no ha subsanado sus deficiencias de educación jurídica continua desde el 2007. Según discutido, este Tribunal ha disciplinado a los abogados y las abogadas que han desatendido los requerimientos de la Junta y que han incumplido con las horas crédito de educación jurídica continua.

Además, la licenciada Torres Martínez ha exhibido una actitud de indiferencia, no solo con las órdenes de este Tribunal, sino con los requerimientos del PEJC. Así, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requisitos del PEJC y con las órdenes de este Tribunal, y por haber faltado a su deber de mantener los datos de RUA al día, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía. Le ordenamos, por lo tanto, notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su representación legal, así como devolver tanto los expedien-tes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Igualmente, debe informar opor-tunamente de su suspensión tanto a los foros judiciales como los administrativos del país. Estas gestiones deberán notificarse a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) 4 LPRAAp. XVII-E.

      (2) El letrado o letrada deberá, además, designar una de las direcciones para recibir las notificaciones del Tribunal. Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B.