text:
    Rafael y Enrique Brown, demandantes y apelantes, v. Hermógenes P. Vargas y su Esposa Rita Nidal, demandados y apelados.
    No. 4040.
    Visto: Febrero 8, 1927.

      Resuelto: Abril 7, 1927.
    Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación. — Luces y Vistas — Ven-tanas o Húboos en Pared no Medianera — Cierre de nos Mismos. — -Tra-tándose de tuecos en pared de concreto, aún cuando los mismos pueden ser tapiados con el mismo material — concreto—sin embargo el heeho de tapiarlo con madera es suficiente.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      J. Martínez Dávila y L. Freyre Barbosa, abogados de los apelantes; Carmelo Sonoré y P. Amado Rivera, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, dueños de una propiedad colindante con otra de los demandados, entablaron este pleito para reivindicar cierta porción de terreno en que los demandados habían levantado un muro de concreto, solicitando a la vez la demolición de la obra. Se alegaba también en la de-manda que en la pared construida y a una altura de un metro los demandados tienen abiertos tres huecos para lu-ces y vistas, de un metro sesenta y cinco centímetros de largó por ochenta y siete centímetros de ancho.

En el curso del pleito los demandantes desistieron de la acción reivindicatoría y presentaron una demanda comple-mentaria alegando que con posterioridad a la fecha de la radicación de la demanda primitiva, los demandados proce-dieron a cerrar los huecos en la referida pared, tapiándo-los con madera.

La corte inferior, después de referirse en su opinión a la forma confusa con que se ha tratado de establecer una ac-ción nugatoria de servidumbre de luces y vistas dentro de la acción reivindicatoría, y haciendo mención de la inspec-ción ocular que hizo de la pared, concluye diciendo:

“Por lo que se verá, aparece que no existen tales luces ni vistas sino los huecos, los cuales han sido herméticamente tapiados y cerra-dos con madera sin que pueda verse a través de los mismos.
“Los demandantes alegan que hay que taparlos con concreto si la pared es de concreto. Sin embargo, no hemos podido encontrar jurisprudencia tan concreta sobre este punto que- así lo justifique y establezca, y, por lo tanto, se declara sin lugar la demanda, sin. especial condenación de costas.”

La cuestión a resolver quedó reducida a si los huecos abiertos en la pared de concreto debieron haber sido cerra-dos con el mismo material que fué construida, o si fué su-ficiente haberlo hecho con material de madera. Los apelan-tes insisten en el primer extremo, pero no citan autorida-des ni su ligera argumentación ha podido convencernos. Si bien la mayor duración del concreto es cuestión por demás supuesta, es también admitido que el material de madera usado para construcciones desde los tiempos primitivos no puede decirse que está en desuso en virtud de las moder-nas construcciones de concreto. Por el contrario, en estas construcciones no se prescinde del maderamen para puertas, ventanas, etc., que son los medios para incomunicar y ce-rrar las mismas. Así es que habiéndose tapiado con ma-dera herméticamente los huecos del muro, se ha cumplido por de pronto con la ley. Si en el transcurso del tiempo, factor que al fin y a la postre lo demuele todo, la madera llega a su término y se destruye o se quita de los huecos, el derecho de los demandantes o de sus causahabientes sub-siste y ellos pueden hacerlo valer en cualquier tiempo. En-tre tanto, no estando prohibidas las construcciones de ma-dera, los demandados están cumpliendo con la ley.

Se confirma la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wole,

license: Public Domain

text:
    Jorge V. Domínguez, Francisco Soto Gras, Antonia Q. Vda. de Quiñones, José Ramón Quiñones, Segismundo Quiñones, Juana Manuela Rodríguez de Willoughby, Palmira MacCormick de Schuck, Dionisio Trigo y Álvaro Trigo, demandantes y apelantes, v. Rafael Fabián Fabián, demandado y apelado.
    No. 3839.
    Visto: Marzo 28, 1927.

      Resuelto: Abril 7, 1927.
    1, Gorjees — Cortes de los Estados Unidos — Cortes de Circuito de Apelaciones —Apelaciones para Ante Dichas Cortes — Requisitos t Procedimientos para Elevar la Causa — Término para Apelar — Efecto de Moción de Re-consideración. — De acuerdo con el inciso 8 de la Ley del Congreso de lebrero 13, 1925, una apelación para ante la Corte de Circuito de Apela-ciones debe interponerse dentro de los tres meses de haber sido dictada sentencia por el Supremo, siu que el hecho de haberse radicado moción de reconsideración y el de haber retenido el envío del mandato a la corte inferior afecten el carácter final de dicha sentencia desde que se dictó.
    2. Cortes — Cortes de los Estados Unidos — Cortes de Circuito de Apelaciones —Apelaciones para Ante Dichas Cortes — Decisiones Sujetas a Revisión —Finalidad de la Resolución — Sentencias Finales. — Una sentencia del Supremo es final desde el momento en que se dicta y anota en dicha corte, sin que la retención del mandato ni la radicación de una moeión de recon-sideración afecten el eáraeter final de aquella desde que se dictó.

      Solicitud de apelación, de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de. los Estados Unidos, a la Corte Suprema de Puerto Rico.

      Sin lugar.

      Jorge V. Domínguez y F. Soto Gras, abogados de los apelantes.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El día 29 de noviembre de 1926 esta corte dictó senten-cia confirmando la de la Corte de Distrito de San Juan fe-chada agosto 17, 1925. El 8 de diciembre de 1926 las par-tes que perdieron el pleito, quienes fueron los apelantes ante esta corte, radicaron una moción de reconsideración. El 3 de febrero de 1927 la moción de reconsideración fué declarada sin lugar. Los demandantes y apelantes radica-ron en 19 de marzo, 1927, un escrito apelando de la senten-cia de esta corte, acompañado de un señalamiento de erro-res, y solicitaban que se fijara fianza y se expidiera la cita-ción correspondiente, dirigida al demandado y apelado. Ha-biendo notado que nuestra sentencia estaba fechada el 29 de noviembre de 1926 y que el escrito de apelación fué ra-dicado el 19 de marzo de 1927, surgió la cuestión de si dicha apelación no fué interpuesta demasiado tarde, y se se-ñaló un día para oir los argumentos de las partes sobre este particular. Solamente los apelantes comparecieron. Según aparece, el mandato de esta corte fué enviado a la Corte de Distrito de San Juan el 4 de febrero de 1927.

Se admitió que se apelaba únicamente de la sentencia dictada en noviembre 29, 1926, así como que necesariamente el tiempo en que se había radicado la apelación excedía de tres meses a partir de la fecha en que se dictó dicha sen-tencia.

La ley del Congreso de febrero 13, 1925, conocida por Ley Jurisdiccional, en el inciso 8 c del artículo 238 dis-pone lo siguiente:

"No se concederá ningún recurso de error o de apelación que trate de eleimr una sentencia o decreto ante una corte de circuito de apelaciones para su revisión, a menos que el mismo sea solicitado debidamente dentro de los tres meses de dictarse tal sentencia o decreto. ’ ’

De la lectura de este inciso se desprende claramente que debe interponerse recurso de apelación contra una sentencia dentro de los tres meses de baber sido dictada por esta corte. Sin embargo, según entendemos, los apelantes sos-tienen que por baber radicado la moción de reconsideración y por haberse retenido el envío del mandato a la corte de distrito, la sentencia de esta corte no adquirió carácter final basta después. En otras palabras, que la sentencia de esta corte solamente tuvo carácter final cuando se comunicó el mandato a la corte de distrito.

La Ley Jurisdiccional, supra, en su artículo 128 (u) dice:

“Las Cortes de Circuito de Apelaciones tendrán jurisdicción ape-lativa para revisar por medio de apelación o de recurso de error decisiones finales ... 4. De las Cortes Supremas de los territorios de Hawaii y Puerto Rico en todos los casos civiles y criminales, etc.; en otros casos civiles en que la cuantía envuelta, excluyendo intere-ses y costas, exceda de $5,000. . .”

En el caso de Bostwick v. Brinkerhoff, 106 U. S. 3, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por voz del Juez Presidente Sr. Waite, dijo:

“Es regla bien establecida desde hace tiempo que para que una sentencia o decreto sea final dentro del significado de esa palabra, según se usa en las leyes del Congreso que dan jurisdicción a esta corte sobre apelaciones y recursos de error, debe terminar el litigio entre las partes sobre los méritos del caso, de suerte que si se con-firma el caso, la corte inferior no tiene otra cosa que hacer que eje-cutar la sentencia o decreto previamente dictado.” Se eitqn casos.

Casos posteriores de la Corte Suprema de los Estados Unidos siguen esta definición.

Definiciones similares o ligeramente distintas pueden en-contrarse en 3 C. J. 441 et seq. Quizá la definición más favorable a los apelantes qne allí aparece es que ana sen-tencia final es aquella “que termina el litigio entre las par-tes en tal forma que puede hacerse cumplir por medio de ejecución.” Sin embargo, un examen de las autoridades nos convence de que las cortes al dar tales definiciones se refieren a la posibilidad de ejecutar las sentencias cuando se envía el mandato a la corte inferior para su ejecución. En otras palabras, el carácter final de la sentencia depende no de la posibilidad de ejecutarlas en el momento de dic-tarse, sino de la posibilidad de ejecutarse cuando en reali-dad de verdad se envían a la corte inferior.

Las autoridades demuestran que la cuestión de retener un mandato es una de jurisdicción, o sea, que la corte superior tiene completo dominio sobre la sentencia hasta que la ha comunicado a la corte inferior, de suerte que puede re-considerarla o modificarla, y que la corte inferior adquiere nueva jurisdicción cuando se le devuelve el mandato.

En 4 C. J. 641 aparece que el radicar una moción de re-consideración no tiene por sí solo el efecto de suspender el envío del mandato, ni tiene los efectos de un supersedeas. Entre otros está el caso de Zeuske v. Zeuske, 55 Or. 65, 67, 103 P. 648, 105 P. 249, Ann. Cases 1912 A 557, que re-suelve que la sentencia es final desde el momento que se dieta.

Según las definiciones, una sentencia de esta corte es final, si al ser enviada a la. corte inferior, inmediatamente puede ejecutarse y la corte o las partes no tienen que hacer otra cosa que ejecutarla. Por tanto, es una sentencia final desde el momento en que se dicta y se anota en esta corte. Resolver lo contrario neutralizaría o paralizaría los dere-chos de las partes. Por ejemplo, un demandante que esté ansioso de obtener sentencia cuando la decisión de esta corte le ha sido adversa y tiene forma final, no podría tratar de obtener una revisión del caso inmediatamente, sino que ten-dría que esperar hasta que el mandato se enviara a la corte inferior. Igualmente, esta corte nunca sabría cuándo sus propias sentencias serían finales hasta que recibiera un cer-tificado de la corte inferior de haber recibido el mandato. Por ejemplo, sería por sí mismo contradictorio si no se considerara una sentencia final cuando un apelante ha pres-íado una fianza de supersedeas para suspender su ejecución.

Las .autoridades tienden a demostrar que una moción de reconsideración, meramente suspende la sentencia. El ca-rácter final de la sentencia no es afectado por la misma.

Supongamos otro caso. Ambas partes están deseosas de apelar eventualmente de una sentencia dictada por esta corte. Una de las partes, sin embargo, radica una moción de reconsideración. Si la contención así levantada es co-rrecta, entonces la parte contraria no podría apelar hasta que la moción de reconsideración fuese resuelta, porque hasta entonces la sentencia no habría adquirido carácter final.

Los apelantes no citan autoridad alguna para demos-trar que una sentencia así dictada por esta corte no sea final, y .no hemos hallado ninguna. Sin embargo, por el contrario, en el caso criminal No. 2720, titulado El Pueblo de Puerto Rico v. Clemente, parece haberse levantado una cuestión similar. En dicho caso la sentencia fué dictada por esta corte en 26 de junio de . 1926, y el mandato no fué enviado a la corte inferior hasta el 6 de julio de 1926. La apelación fué radicada en septiembre 28, 1926. Se apeló demasiado tarde si se empezaba a contar desde junio 26, y en tiempo si se contaba desde el 6 de julio como la fecha de la sentencia final. La cuestión fué discutida ante esta corte y en 4 de noviembre de 1926 se denegó la admisión de un recurso de error.

Debe denegarse él recurso de apelación.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Victoriana Benítez y Velazquez, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 678.
    Sometido: Marzo 29, 1927.

      Resuelto: Abril 7, 1927.
    1. Marido t Mujer — Bienes (De la Sociedad Legal de) Gananciales — Carác-ter de los Bienes Adquiridos por los Cónyuges — Prueba del Mismo — Su Suficiencia — En General. — Atendido el artículo 1319 del Código Civil, un acta de edificación de una casa construida, según la escritura, eon anterio-ridad al título hereditario inscribible del terreno sobre el cual se edificó aquélla, no es suficiente para probar que dicha casa no pertenezca a la so-ciedad legal de gananciales.
    2. Marido y Mujer — Bienes (De la Sociedad Legal de) Gananciales — Carác-ter de los Bienes Adquiridos por los Cónyuges — Prueba del Mismo — Su Suficiencia — Declaraciones o Manifestaciones Hechas en Escrituras Públicas. — Un acta es-parte de edificación de una casa otorgada por un carpintero j una mujer casada no es obligatoria contra el esposo actual de aquélla.
    3. Recursos Gubernativos — Resolución y Disposición del Caso — Confirma-ción de la Nota Recurrida — Dudas.—En casos de dudas, las notas de los registradores deben confirmarse, especialmente cuando el recurrente no hace que la situación sea enteramente clara para la corte.
    Nota de A. Malarei, B. (San Juan), denegando inscripción de es-critura sobre acta de ediñeación.

      Confirmada.

      Heriberto Torres Sola, abogado de la Recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Victoriana Benítez Velázquez se divorció de Epifanio Ortiz en septiembre de 1909. Del registro aparece que ella heredó una finca de sus padres aunque los documentos ele-vados a esta corte no demuestran la fecha. En 14 de mayo, 1911, contrajo matrimonio con Juan Rivera. En 7 de enero, 1927, Victoriana Benítez presentó un acta de edificación de una casa. En el acta el carpintero que construyó la casa comparece y certifica la fabricación de ésta en el año 1907. El registrador se negó a inscribir el acta de edificación fun-dándose en la, teoría de que debía presumirse que toda propiedad adquirida durante el matrimonio pertenecía a la sociedad conyugal, y que tal presunción no había sido des-truida legítimamente por la declaración del carpintero que construyó la casa.

Si bien en el acta se dice qne la casa fué construida en 1907, sin embargo, ella demuestra que la escritura de partición y adjudicación de dicha propiedad fué otorgada en 1913, época en que la recurrente estaba casada con Juan Rivera. El artículo 1319 del Código Civil dispone entre otras cosas, que “los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, también pertenecen a la sociedad de gananciales * *

Si bien es posible que la casa fuera realmente construida en 1907, cuando el solar ya pertenecía a la recurrente, sin embargo, el acta demuestra que el título inscribible del te-rreno fué adquirido en 1913. Bajo estas circunstancias no nos sentimos satisfechos de que la recurrente probó clara-mente que la casa no pertenecía a la sociedad de ganancia-les. El registro debe demostrar certeza, y la confusión en las fechas milita contra la recurrente. Además estamos in-clinados a convenir con el registrador en que un acta ex parte de un carpintero y de Victoriana Benitez no es obli-gatoria contra Juan Rivera, el esposo actual de esta última.

En caso de mayores dudas la nota del registrador debe ser confirmada, especialmente ya que la recurrente no hace que la situación sea enteramente clara para esta corte.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Díaz Cintrón, acusado y apelante.
    No. 2810.
    Visto: Noviembre 18, 1926.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
    1. Desecho Penal. — Fecha del Juicio y Suspensión — Tardanza en Celebrar el Juicio o Presentar la Acusación — Término para Presentar la Acu-sación — Computación del Mismo.. — Realizado un delito con un arma, los sesenta días para presentar la acusación por la portación del arma debe contarse desde la feeba en que el acusado es arrestado por dicho delito y no desde la fecha o feehas en que se le arrestó por el delito realizado con dicha arma.
    2. Derecho Penal — ‘ ‘ Former Jeopardy ’ ’ — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Delitos Vamos, Parte de la Misma Transacción — Homicidio Voluntario y Otros Delitos. — Procesada y absuelta una persona por el delito de homicidio voluntario realizado eou un arma que es objeto de una acusación posterior, aquélla no puede alegar con éxito, al ser procesada por el delito de portar armas, exposición anterior por el mismo delito.
    3. Derecho Penal — “Dormer Jeopardy” — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Delitos Varios, Parte de la Misma Transacción — Homicidio Voluntario y Otrios Delitos. — El delito de portar armas prohibidas no está incluido (merged) en el de homicidio voluntario.
    4. Armas — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — üonstitucbonalidad del Mismo. — La Ley No. 14 de 1924 (p. 115) no infringe la segunda enmienda de la constitución americana.
    5. Armas -— Estatuto Prohibiendo Portar Abmas — Oonstitucdonalidad del Mismo. — Como la enmienda a la Constitución Federal que garantiza al pueblo el derecho a poseer y tener armas es sólo una restricción sobre los po-deres* del Gobierno Nacional y no sobre la legislación estadual, la determi-nación de la eonstitueionalidad de nuestra Ley No. 14 de 1924 (p. 115) prohibiendo portar armas debe hacerse con referencia a nuestra Carta Or-gánica — Ley Jones de 1917 — y no con referencia a la Constitución Federal.
    6. Armas — Facultad o Poder para Prohibir el Portar Abmas — Poder Legis-lativo. — Al no establecer el Congreso Nacional, respecto a Puerto Bieo, res-tricción alguna en cuanto a la reglamentación o prohibición de armas, dicho Congreso ha conferido a nuestra Legislatura amplias facultades para regla-mentar y prohibir la portación; de armas peligrosas.
    7. Armas — Portar Armas Prohibidas — Del Delito en General.- — Si después de aprobada una ley aboliendo una corte el juez de la corte abolida porta un arma, él viola la ley, no importa que la abolición de la antigua corte se decrete sin haber expirado el término para el cual fué nombrado.
    8. Jueces — Nombramiento, Calificaciones (Qualifications) y Término del Cargo —De los Jueces .de Faeto en General. — El carácter de juez de faeto — en determinada fecha — de una corte que ha sido abolida queda disipado cuando se demuestra que los jueces de la corte de nueva creación, en dicha fecha, ya habían sido nombrados y habían cualificado como tales.
    SENTENCIA ele B. H. Tocld, Jr., J. (Ponee), condenando al acusado , por portar armas.

      Confirmada.

      B. Biveras Zayas, B. Martínez Nadal y B. Muñoz Bwmos, abogados del apelante; José JE. Figuera's, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró culpable al acusado del delito de portar un revólver y le impuso la pena de tres meses de cárcel.

Apeló de la sentencia y en su alegato señala como primer error baber desestimado la corte una moción en la que solicitaba el sobreseimiento de la acusación por haber trans-currido más de sesenta días desde que el acusado fué arres-tado a la fecha en que fué presentada la acusación, sin que existiera justa causa para que no se hubiese cumplido con la ley. Con el fin de sostener la moción el acusado pre-sentó la declaración de P. Rodríguez Serra, Fiscal del Dis-trito, pero éste declaró que el acusado fué arrestado por el delito de portar armas en diciembre 19, 1925, fecha en que también fué formulada la acusación de este caso.

Parece, sin embargo, que el apelante quiere significar que como él fué arrestado en septiembre 19, 1925, por ataque para cometer asesinato y vuelto a arrestar en septiembre 30, 1925, por homicidio voluntario, y siendo el arma que portaba el mismo instrumento con el cual se cometió el homicidio, desde cualquiera de las fechas de estos arrestos a diciembre 19, 1925, en que se presentó la acusación por portar armas, habían transcurrido más de sesenta días. Este último aspecto de la argumentación está envuelto en el 39 y 49 señalamientos de errores que discute conjuntamente el apelante en su alegato y que versan: (a) que el acusado había sido expuesto anteriormente (former jeopardy) por los mismos hechos que motivan la acusación, y (5) no haberse considerado incluido (merged) el acto de portar el revólver, por el cual se acusó a Rafael Díaz! Cintron, en el cargo anterior por homicidio voluntario cometido en la persona de Carlos Brunet y del cual fué absuelto por un jurado, “debidamente instruido por el Juez de la Corte de Distrito de Ponce, hasta del delito de portar armas prohibidas.”

Sostiene, pues, el apelante que habiendo sido absuelto de la acusación por homicidio voluntario realizado con el arma que es objeto de la acusación en este caso, se le expone dos veces por el mismo delito. El apelante, haciendo un esfuerzo para sostener la defensa de jeopardy, cita abundante jurisprudencia que en nada le favorece, pues ella toda se refiere a acusaciones que envuelven los mismos lieclios o bien a delitos comprendidos necesariamente en la acusación. Pero en relación con la portación de armas, que lian sido el mismo instrumento para cometer delitos de sangre, la jurisprudencia de esta Corte Suprema, desde hace años, había resuelto claramente la misma cuestión. En el caso Ex parte Torres, 11 D.P.R. 101, se dice:

“El delito de portar un arma de fuego es distinto del de dispa-rarla y causar con ella la muerte de una persona, no estando el pri-mero necesariamente comprendido en el segundo, y por consiguiente, un acusado que baya sido procesado y condenado por el primer de-lito, no puede alegar con éxito, al ser procesado por el segundo de-lito, o sea, asesinato, que ba estado expuesto anteriormente por el mismo delito (former jeopardy).”

En el caso Ex parte Huertas, 22 D.P.R. 524, del mismo modo se dijo:

“El delito de portar armas prohibidas no puede ser mezclado o confundido (merged) con el de acometimiento y agresión o de mo-tín.”

En 16 C. J. 275 se lee lo siguiente:

“Una condena por un delito de acometimiento con intención de cometer asesinato no impide una acusación por portar una pistola, aunque ambos delitos bayan sido cometidos en la misma ocasión y sean parte de la misma transacción,- y una condena por el último delito no es impedimento a una acusación por el primero. Una con-dena por acometimiento con un arma no es impedimento a una subsiguiente acusación por portar un arma ocultamente; y una con-dena por portar armas prohibidas no es un impedimento a una sub-siguiente acusación por acometimiento y agresión. Una absolución de una acusación por portar ilegalmente una manopla no impide una subsiguiente acusación por acometimiento con manopla.”

Por el segundo error se impugna la constitucionalidad de la Ley No. 14 de portar armas, aprobada en junio 25, 1924.

El apelante, después de hacer una mera referencia a las cuestiones que fueron levantadas y resueltas en los ca-sos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462; El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460; El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, y El Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 279, el punto en qne insiste es qne la ley de portar armas infringe la se-gunda enmienda de la Constitución, por la que el Congreso no puede limitar a los ciudadanos el derecho a portar ar-mas, y como consecuencia que el Congreso no ha legislado ni podía legislar para Puerto Rico limitando o restringiendo tal derecho a portar armas.

En forma parecida se presentó igual proposión en el caso de El Pueblo v. González, resuelto recientemente en febrero 11, 1927, (pág. 248) y esta corte dijo:

"Se ha resuelto que la Constitución de los Estados Unidos como tal, no está en vigor en Puerto Rico. En cambio, tenemos un Acta Orgánica en la cual se mencionan ciertas prohibiciones, pero la misma no contiene disposición alguna que impida que se apruebe una ley prohibiendo portar armas peligrosas. Desde el 1905, cuando se aprobó la primera ley de portar armas, siempre se ha entendido que Puerto Rico, no estando dentro de la prohibición constitucional a que hemos hecho referencia, podía aprobar una ley prohibiendo el uso de tales armas peligrosas.
"En cuanto a la cuestión de que el Congreso no podía autorizar a Puerto Rico a aprobar tal ley, estamos muy convencidos de que a Puerto Rico se le han conferido plenos poderes legislativos, y que dentro de tal concesión tiene todos los poderes de policía razonable-mente imaginables, incluyendo el derecho de prohibir el portar ar-mas peligrosas. ’ *

Extendiendo un poco más la disensión podemos hacer notar que la segunda enmienda de la Constitución no tiene el alcance ni la interpretación que a la misma se le pre-tende dar por el apelante.

Véanse los siguientes párrafos de la nota al caso de City of Salinas v. Blaksley, 115 Am. St. Rept. 196:

"La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dispone que ‘siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y to-mar armas no será menoscabado,’ pero esto no da derecho a portar armas con un fin declarado ilegal o en una forma ilegal.
“Tal enmienda no significa otra cosa sino que dicho derecho no será ‘menoscabado’ por el Congreso, y no tiene otro efecto que el de restringir los poderes del gobierno nacional: United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542, 23 L. ed. 588; Presser v. Illinois, 116 IL S. 252, 6 Sup. Ct. Rep. 580, 29 L. ed. 615; Spies v. Illinois, 123 U. S. 131, 8 Sup. Ct. Rep. 21, 31 L. ed. 80.
í? * # # * * #
“La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza al pueblo el derecho a poseer y tomar armas, es una restricción sobre los poderes del gobierno nacional solamente, y no sobre'la legislación de los estados: Fife v. State; 31 Ark. 455, 25 Am. Rep. 556; State y. Shelby, 90 Mo. 302, 2 S. W. 468; English v. State, 35 Tex. 473, 14 Am. Rep. 374; State vs. Workman, 35 W. Va. 367, 14 S. E. 9, 14 L.R.A. 600. . .
“De acuerdo con la anterior interpretación de la segunda en-mienda a la Constitución de los Estados Unidos, cuando se trata de determinar la constitucionalidad de las leyes de un estado que re-gulan el poseer y portar armas, tal determinación debe hacerse con referencia a las constituciones respectivas de los mismos estados, . . State v. Reid, 1 Ala. 612, 35 Am. Dec. 44 y citas.”

El apelante, apurando su argumentación, va más lejos y sostiene que si la restricción de la segunda enmienda se re-fiere solamente al Congreso y no a los estados, aquel cuerpo legislativo no lia podido delegar una facultad que no tiene a la Asamblea Legislativa de Puerto Pico por tratarse de un territorio.

Esta argumentación es más bien de fuerza aparente. El Congreso de los Estados Unidos, en relación con los territorios, ocupa una doble posición, la una como Congreso de los Estados Unidos, limitado en sus poderes por la Constitución, y la otra con el carácter de una legislatura local a las que muchas de las limitaciones no le son aplicables. Binns v. United States, 194 U. S. 486, 24 S. Ct. 816, 49 U. S. (L. ed.) 1087; Rassmussen v. United States 197 U. S. 516, 25 S. Ct. 514, 49 U. S.„ (L. ed.) 862. Y en el último sentido es que el Congreso ha dado amplias faculta-des legislativas a la Legislatura de Puerto Rico, no esta-bleciendo restricción alguna para reglamentar o prohibir la portación de armas mortíferas o peligrosas. En el caso más reciente de Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298, asimismo se declaró que por el artículo IV, sección 3a de la Constitu-tueión el Congreso tiene autoridad soberana para hacer to-das las reglas y reglamentos necesarios para los territorios pertenecientes a los Estados Unidos.

El quinto error que alega el apelante se funda en no haber la corte inferior considerado al acusado comprendido en la excepción que establece el apartado 9 del artículo 6 de la Ley No. 14 de 1924. El artículo prescribe:

“Art. 6. — Podrán usar armas legalmente—
& % * # * &
“9. Los Jueces y fiscales.”

El acusado fue nombrado Juez de la Corte de Distrito de Ponce en 28 de junio de 1923 por un período de cuatro años. La legislatura en septiembre 16, 1925, reorganizó dicha corte constituyéndola con dos jueces. La facultad de la legislatura para proceder así, se deriva del artículo 40-del Acta Orgánica, que dispone:

“El poder judicial residirá en las Cortes y Tribunales de Puerto' Rico ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las. leyes vigentes. La jurisdicción de dichos Tribunales y los trámites-seguidos en ellos, así como los distintos funcionarios y empleados de los mismos, continuarán como al presente hasta que otra cosa se disponga por ley; Disponiéndose, sin embargo, que el Presidente y los Jueces asociados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado de los Es-tados Unidos, y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá au-toridad, que no esté en contradicción con esta Ley, para de tiempo en tiempo según lo crea conveniente, organizar, modificar o hacer un nuevo arreglo de los Tribunales y su jurisdicción y procedimien-tos, con excepción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos: para Puerto Rico.”

En septiembre 19, 1925, fecha en que el acusado portaba el arma que es objeto de la acusación, ya él había dejado de ser juez de la antigua Corte de Distrito de Ponce en virtud dé la aprobación de la ley que abolió dicha corte y la cual empezó a regir inmediatamente después de su apro-bación, o sea, desde septiembre 16 de 1925. No importa que la abolición de la anterior corte se haya decretado sin haber expirado el término del apelante como juez de la misma. El poder de una legislatura para proceder así se reconoce desde los primeros tiempos y en tal sentido se ha .dicho:

'“El dominio de la legislatura sobre los funcionarios públicos faé establecido desde los primeros tiempos, y excepto cuando está restringido por la Constitución, la legislatura de un estado puede ■abolir cualquier cargo, aun durante el término para el cual haya ■sido elegido el que lo ocupa. Ni la legislatura ni el pueblo están ■obligados a mantener un cargo inútil, ni a gastar en el pago de un funcionario que no se necesita. El que acepta un cargo público lo hace teniendo en cuenta este principio de derecho constitucional. 331 término del cargo no descansa en un contrato y no está prote-gido por las disposiciones constitucionales que impiden que se me-noscabe la obligación de los contratos. Por lo tanto, es un princi-pio bien establecido que un cargo creado por la legislatura puede ser abolido por el poder que lo creó.” 22 R.C.L. 579.

T si hubiera alguna duda en cuanto al carácter que alega de juez de facto, ella quedaba disipada porque los nue-vos jueces habían sido ya nombrados en septiembre 18,-1925, prestando el juramento correspondiente para el ejer-cicio de sus cargos y desde entonces quedaron dichos jue-ces “cualificados” como tales jueces de la Corte de Dis-trito de Ponce, sin que, por tanto, bajo ninguna circuns-tancia, podía considerarse al juez saliente como un juez de facto en septiembre 19, 1925, fecha de la comisión del delito.

En conexión con la cualifícación de funcionarios para desempeñar un cargo público, en la obra “Mechen on Public Officers,” pág. 162, se dice como sigue:

"A la persona elegida o nombrada para un cargo público usual-mente se le exige por la ley, antes de entrar en el desempeño de sus deberes, hacer algún acto ,por el cual se signifique su acepta-ción del cargo y su propósito de llevar a cabo el encargo confiá-dole. A este acto ordinariamente se le llama calificación (qualification).
“Dicho acto generalmente consiste en prestar, y a menudo en suscribir y archivar, un juramento oficial, y, en muchos casos, en prestar una fianza oficial por aquella suma y con aquellas garan-tías que la ley determine.”

El último error que discute el apelante se refiere a la apreciación de la prueba. En él se repite la misma argu-mentación de los errores 39 y 4?, por lo que se hace innece-sario darle ulterior consideración. Por lo demás, la prueba es evidente y sostiene la sentencia.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmen Vélez Posada y Fabriciano Vélez, acusados y apelantes.
    No. 3080.
    Visto: Abril 1, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
    1. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos—Natura-leza y Elementos de los Mismos — Delitos Deferentes en Una Misma Transacción. — El hecho de que la prueba demuestre que con motivo de un acometimiento y agresión se alterara la paz, no quiere decir que el delito de acometimiento y agresión deje de existir.
    2. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos—Acometi-miento y Agresión Grave — Acometimiento y Agresión Realizado Con un Bastón. — Cuando, según se alega en la denuncia y lo demuestra la prueba, un acometimiento y agresión se realiza con un. bastón, puede y debe califi-carse de grave.
    3. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos—Personas Responsables de los Mismos — Personas que Ayudan en la Comisión del Delito. — Cuando en proceso por acometimiento y agresión grave por dos personas, la prueba de cargo establece que una ayudó a la otra en la comi-sión del delito, no erró la corte al condenar a ambas personas como autores del mismo.

      4. Acometimiento y Agkesión — Responsabilidad Criminal — proceso y Castigo —Pena Impuesta. — Atendidas las circunstancias concurrentes, se resolvió que la pena impuesta era más bien benigna que excesiva-.
    SentenCia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando a los acusados por acometimiento y agresión grave.

      Confirmada.

      R. Sancho Bonet, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Fabriciano y Germán Vélez fueron acusados como auto-res de un delito de acometimiento y agresión grave come-tido en la persona de Ignacio Gómez.

Celebrado el juicio en el que ambas partes introdujeron y practicaron pruebas, la corte declaró culpables a los acu-sados y los condenó a pagar, cada uno, trescientos dólares de multa y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer, no excediendo la prisión en nin-gún caso de noventa días.

No conformes los acusados apelaron para ante este tribunal. En su alegato establecen varios errores que estu-diaremos en el orden en que ban sido señalados.

Sostienen los apelantes que la corte erró al estimar que el delito cometido fué uno de acometimiento y agresión y no de alteración de la-paz.

No bay duda alguna de que la acusación imputa la co-misión de un delito de acometimiento y 'agresión. Dicho delito se define así:

“Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona-de algún semejante con la intención de causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, . . . .”

Sección 1 de la vigente ley sobre la materia aprobada en 1904.

Y la prueba fué congruente con la acusación. El primer testigo del fiscal, José N. Quiñones, en lo pertinente dijo:

“El día de autos estaba yo porcia noche entre ocho y nueve en frente al Teatro Rialto, cuando de pronto siento un golpe y la acu-mulación de gente; casi a un metro o dos de donde yo estaba vi que estos dos acusados, el más pequeño, no los conozco, le daba a otro, a este señor que está aquí presente, el Dr. Jiian Ignacio Gómez, y el otro acusado, el más alto mientras el pequeño le sujetaba este señor le daba al Dr. Gómez por detrás con un bastón en la cabeza. Es todo lo que yo vi.”

El segundo testigo, Enrique Fuentes, policía insular, ma-nifestó :

‘ ‘ Para eso de fas ocho y media, una cosa así, estaba yo atendiendo al servicio de las guaguas de tráfico y al momento veo que la gente-corría y al ver el movimiento de la gente correr, miro hacia atrás y estaba aquel señor agarrado eon aquél, con el joven y el otro, pues le agredía por encima con ese bastón.”
* #$####
"Al momento los cogí a los dos; al señor le quité la varilla y le dije: ‘Ud. está arrestado’ cogí al otro y le dije, ‘Ud. está arres-tado también’, y los mandé con otro guardia al cuartel, cogí al otro que estaba herido y como era mucha la sangre cogí un carro y lo llevé a curar.”

El hecho de que la prueba demuestre que con motivo del acometimiento y agresión se alterara la paz, no quiere de-cir que el delito dejara de existir para convertirse en otro de naturaleza distinta.

Sostienen de igual modo los apelantes que la corte erró al concluir que el delito se cometió eon un bastón y calificarlo en tal virtud de grave, y citan el caso de El Pueblo v. Marini, 22 D.P.R. 11. La jurisprudencia establecida en dicho caso es como sigue:

‘‘Lo que constituye esencialmente el delito de acometimiento y agresión eon circunstancias agravantes, de acuerdo con el párrafo 6 de la sección 6 de la Ley, es el uso de un instrumento por virtud del cual se infiere deshonra a la persona agredida, y cuando Se de-sea alegar que se ha hecho uso de un foete, azote o bastón, o instru-mento semejante, debe hacerse constar así en la denuncia.”

En la denuncia se consignó expresamente que la agra-vante en el caso consistía “en que los acusados realizaron el acometimiento y agresión con un bastón que es un instru-mento que infiere deshonra a la person agredida.”

El bastón fué ocupado y presentado como prueba. Esta es abundante sobre el particular. Nos limitaremos a trans-cribir las palabras de uno de los acusados, Fabriciano Yélez, dicen:

“Que yo ataco fuertemente a los falsificadores y él no lia hecho eso, sino lo contrario, y ésa es la razón y al estar en el Rialto, como dije antes, volvió a decirnos las mismas palabras y yo le pregunté; ‘¿Por qué Ud. nos ataca a nosotros?’ y me contestó con una bofe-tada y yo le contesté con un bastonazo, agresión por agresión.”

Y luego a la siguiente pregunta del fiscal: “¿Ud. ha usado siempre bastón?” contestó, refiriéndose al bastón ocu-pado, “Toda la vida; ése lo traje desde el 21 que estuve en Colombia.”

Alegan los apelantes además que en todo caso fúé errónea la declaración de culpabilidad del acusado Germán Yélez porque la prueba demostró que dicho acusado la única intervención que tuvo fué la de separar a los contendientes.

La prueba fué en verdad contradictoria. La de la De-fensa tiende a demostrar lo que ella dice pero la del fiscal establece que Germán Yélez sujetó al perjudicado mientras su padre, el otro acusado, Fabriciano Yélez- lo acometía y agredía con su bastón. El conflicto fue resuelto en contra del acusado y no se ha demostrado error. El artículo 36 del Código Penal no sólo considera como principales o au-tores a los que directamente cometen el acto delictivo, sino a los que ayudan a cometerlo y si Germán Yélez realizó los actos que estimó probados el juez sentenciador, no hay duda alguna que ayudó en la comisión del deíito y fué debida-mente considerado como uno de sus autores.

Por último insisten los apelantes en que la pena es excesiva. No estamos conformes.

El delito de acometimiento y agresión pnede castigarse con multa que llegue a mil dólares y prisión que no exceda de dos años. Se trata de un caso serio y más bien la pena parece benigna que excesiva.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Epifanio Soria, demandante y apelante, v. Fernando Usera, Juez Municipal de Ponce, demandado y apelado.
    No. 4091.
    Visto: Marzo 15, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
    1. Secretarios de las Cortes — Derechos Arancelarios en Casos Otiles y Cri-minales — Momento para el Pago de líos Mismos — En Acciones de Terce-ría. — La obligación de un tercerista de pagar los derechos arancelarios esta-tutorio surge al ser presentada la demanda de tercería y no cuando él pre-senta el escrito de comparecencia.
    2. Secretarios de las Cortes — Derechos Arancelarios, en Casos Civiles y Cri-minales' — Bn General. — Cuando al presentar su comparecencia escrita ub tercerista ya están solutos los derechos arancelarios que debía abonar' por la demanda de tercería por haberlos satisfecho aquél al entregarle el márshal los bienes embargados, la ley arancelaria, en cuanto exige el pago de dichos derechos por cada demanda, queda cumplida.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Ponce), desestimando un recurso de certiorari.

      Revocada.

      E. Flores Colón, abogado del apelante; la parte-contraria no com-pareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tritribunal.

Sucesores de Federico Font, S. en C., demandaron en la Corte Municipal de Ponce a Francisco Costa y le embarga-ron bienes que Epifanio Soria reclamó del marshal como suyos y le entregó una fianza para garantía de que devolve-ría los bienes embargados si dejase,, de justificar su derecho, a ellos. El márshal entregó esos bienes a Soria apareciendo al pie de la diligencia de entrega cancelado un sello de ren-tas internas' de tres dólares.

Recibida por el secretario de la corte la fianza entregada al márshal, notificó el 17 de julio de 1926 a Epifanio Soria que debía bacer su comparecencia dentro de diez días. El 28 del mismo mes el secretario registró el escrito de com-parecencia del tercerista Soria, que no tiene sello alguno de rentas internas, y al día siguiente Sucesores de Federico Font solicitaron de la corte municipal que se desestimase la tercería por no haber hecho el tercerista su comparecencia dentro de diez días, a lo que accedió la corte dictando sen-tencia declarando sin lugar la demanda de tercería y orde-nándole que devolviese los bienes embargados. Solicitó el tercerista la reconsideración de la sentencia alegando que no adhirió sello alguno a su escrito de comparecencia por en-tender que es con la demanda que luego debe formular que debe estamparlo y que de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil se le permitiese adherir el sello a su comparecencia, pero la corte municipal declaró sin lugar esa moción y entonces el tercerista presentó una petición de certiorari en la Corte de Distrito de Ponce la que libró el auto interesado aunque después de recibir los autos originales de la corte municipal y de oir a las partes lo dejó sin efecto, contra cuya resolución se interpuso este recurso de apelación.

Alega el apelante que la única cuestión a resolver en este recurso es si en pleitos de tercerías de bienes muebles el reclamante de ellos tiene que pagar dobles derechos de los que exige la ley o si sólo se han de pagar al iniciarse el procedimiento.

Según la ley del 14 de marzo de 1907, enmendada en parte en 1908, cuando un márshal embargue bienes muebles y fueren reclamados por un tercero como suyos, el reclamante podrá prestar juramento por escrito haciendo cons-tar que hace la reclamación de buena fe y la presentará al márshal con una fianza por doble valor de los bienes que reclame para garantía de que si no justificase su derecho a los bienes reclamados los devolverá y que si no lo hiciere satisfará el valor de dicha propiedad, entregándosele en-tonces los bienes, todo lo qne el marshal consignará al dorso de la orden de embargo enviando después la fianza y el ju-ramento al tribunal que decretó el embargo y que recibi-dos esos documentos el secretario del tribunal fiará la de-bida anotación en el libro de causas de la corte. También dispone esa ley que tan pronto recibiere el secretario el ju-ramente y la fianza lo notificará a todas las partes quienes de-berán comparecer a los diez días de notificacada y si lo hi-cieren la corte dispondrá que se formule por escrito la cues-tión mediante una breve exposición de la naturaleza del derecho del reclamante al pretender reclamar como suyos dichos bienes; y que si el demandante no compareciere después de habérsele notificado en debida forma se desesti-mará la demanda y si no comparecieren los demandados se dictará sentencia en su rebeldía.

Por s.u parte la Ley No. 17 de 1915 dispone que todas las cantidades que ingresen en las cortes de distrito y mu-nicipales se pagarán en sellos de rentas internas, que los secretarios y márshals adherirán bajo su responsabilidad al margen o al pie de los documentos registrados, los cuales cancelarán después, y que por cada demanda en pleito civil contencioso en las cortes municipales se pagarán al se-cretario tres dólares, sin que en el arancel por derechos del márshal haya partida alguna por la reclamación de bie-nes embargados; disponiéndose en la sección 6!l de esa ley que todos y cada uno de los documentos o escritos que por ella se requiere lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos.

Lados los términos en que está redactado el arancel que requiere tres dólares por cada demanda en las cortes mu-nicipales y teniendo en cuenta que según la ley de terce-rías la demanda del tercerista debe ser presentada después que haya hecho su comparecencia, opinamos que hay obliga-ción de pagar dicha cantidad al ser presentada la demanda de tercería y no cuando se hace la comparecencia escrita por lo qne ésta no fue nula por falta de haber sido adhe-ridos a ella sellos por tres dólares, que debían ser pagados al presentar su demanda, y que no fué procedente el des-estimar la reclamación del tercerista por tal motivo. Aparte de esto y como razón adicional, el tercerista entregó tres dólares en sellos de rentas internas al márshal que le en-tregó los bienes embargados y como por esa diligencia no tenía que pagarle cantidad alguna, esos tres dólares pue-den ser considerados como la cantidad que debía pagar por la presentación de su demanda, so pena de que. tuviera que satisfacer dobles derechos, y por tanto cuando presentó su comparecencia estaban solutos los tres dólares que debía abonar por la demanda.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra anulando la sentencia de la Corte Municipal de Ponce que desestimó la demanda de tercería.


author: El Jtjez Asociado Senos Feanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José A. López Vélez, acusado y apelante.
    No. 2793.
    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
    1. Homicidio (Homicide) — Evidencia—Peso y Suficiencia — Ataques paka Co-metéis Homicidio. — Cuando uno que comete un delito misdemeanor a pre-sencia de un policía huye y éste hace uso de. su revólver y lo hiere, en ausencia de demostración de que la resistencia del primero colocará al policía en peligro de su vida o de grave daño corporal al ir en persecución de aquél, un veredicto de ataque para cometer homicidio no es contrario a las pruebas.
    2. Desecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Re-serva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Necesidad DE QUE LAS OBJECIONES SE PRESENTEN EN LA CORTE INFERIOR — INSTRUC-CIONES al Jurado — Objeciones en General. — No se considerará en apela-ción un alegado error al instruir una corte al jurado sobre la forma en que debía considerar éste la prueba cuando no se especifica la instrucción errónea en ese particular, no se ha tomado excepción ni se ha llamado la atención de la corte inferior en la parte en que dicha instrucción se considera errónea.

      SENTENCIA de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), condenando al' acu-sado por delito de ataque para cometer homicidio.

      Confirmada.

      B. Rivera Zagas, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Asociado Senos Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

José. A. López Yélez fné acusado de ataque para come-ter homicidio y fné convicto por un jurado y luego senten-ciado a cumplir dos años de presidio.

El apelante apunta como primer error que el veredicto es contrario a las pruebas.

El acusado en la fecha de la acusación desempeñaba el cargo de cabo de la policía insular. En este concepto y acompañado de dos policías más, se dirigió al barrio de “Ba-jura Adentro” de Manatí y en el sitio conocido por “Hoyo de' Cambóle ’ ’ sorprendió a cuatro personas que estaban operando un alambique para la fabricación de ron. Los individuos al- ver la policía se dieron inmediatamente a la fuga y el acusado mientras huían, hizo con su revólver va-rios disparos, resultando herido Damián Monserrat.

La prueba de cargo tendió a demostrar el simple hecho de que una vez que los policías llegaron al sitio de “Hoyo Cambóle” y no bien emprendió la fuga Damián Monserrat tratando de internarse en el monte, el acusado le disparó con su revólver causándole una herida de bala que penetró por la espalda, región lumbar, de abajo arriba, se alojó en la parte superior del hombro derecho de donde le fué ex-traída. Más tarde pudo comprobarse clínicamente que el perjudicado padeció de una pleuresía hemorrágica-a conse-cuencia de la herida.

La prueba de descargo por otro lado, trató de estable-cer que Monserrat al darse a la fuga con sus demás com-pañeros y siendo perseguidos lanzaron piedras a la policía a medida que se internaban en la maleza del monte y que al recibir una pedrada el acusado, éste disparó en dirección de donde salían las piedras sin que tuviese la intención de herir a Monserrat y sí únicamente con el fin de amedren-tarlos.

Aparte de que la prueba así contradictoria fué al jurado y éste decidió el conflicto en contra del acusado, de la misma prueba de descargo no aparece justificado que el acusado hubiera hecho uso de su revólver para detener la fuga del perjudicado y vencer su resistencia para hacer efectivo su arresto. Yéase el caso de El Pueblo v. Toro et al., 26 D.P.R. 45, y los casos en él citados.

Se trataba de un misdemeanor que cometía el perjudi-cado en presencia de la policía; y el acusado pudo proce-der a su arresto. Artículos 116 y 121 del Código Penal. En el artículo 123 del mismo cuerpo legal se dispone que si la persona huye o resiste violentamente, el oficial puede usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto. Bajo esta bien establecida regla del derecho común, en un felony un oficial podía usar tal fuerza como fuera necesa-ria para capturar al acusado, aún teniendo que causarle la muerte mientras se daba a la fuga. Pero la regla según la jurisprudencia es otra, en un misdemeanor.

En el caso de Petrie v. Cartwright, 59 L.R.A. 721, la Corte Suprema de Kentucky, se expresa así:

“ ‘Cuando se trata de un delito menos grave, sin embargo, la regla es distinta. 'Su deber es verificar el arresto, pero a menos que el acusado ofrezca tal grado de resistencia que coloque al agente po-liciaco en peligro de su vida o de un grave daño corporal, éste no puede darle muerte. Sólo puede hacerlo, o causar grave daño corporal cuando como consecuencia de la resistencia, él queda colocado en igual peligro. Si el agente encuentra resistencia, puede oponer a ella fuerza suficiente para impedirla, al extremo de matar.’ En el caso anterior de Head v. Martin, 85 Ky. 481, 3 S. W. 622, la corte estableció la misma regla, y se dijo además: ‘La vida de un ser humano es demasiado sagrada para que pueda adoptarse una re-gla más severa. Los agentes de la autoridad están debidamente in-vestidos con la santidad de la ley. Ellos representan su majestad y deben ser convenientemente protegidos. Pero permitir que se arrebate la vida a una persona acusada de un simple delito menos grave cuando tal persona liuye del agente, sería no sólo una inhu-manidad sino también causa de más abusos que buenos resultados. No es-necesario que la ley quede burlada. El agente puede reunir su posse oomitatus y perseguir al ofensor.’ Está claramente esta-blecido por las autoridades' que cuando se trata sólo de un delito menos grave el agente no puede, para impedir la fuga del afensor, quitarle la vida. Head v. Martín 85 Ky. 481, 3 S. W. 622; 21 Am. & Eng. Enc. Law, 2d ed. p. 204; Thomas v. Kinkead, 55 Ark. 502, 15 L. R. A. 558, 18 S. W. 854, y la nota al caso de Hawkins v. Com. (Ky.) 61 Am. Dec. 162.”

La prueba de defensa no demuestra además que el acu-sado estuviera en peligro de perder su vida o de sufrir grave daño corporal cuando iba en persecución del perjudicado. Él no recibió lesión alguna. Él mismo declara que dirigió los disparos hacia el sitio de donde salían las piedras y esto no se concilia con la idea de que su objeto al hacer fuego era únicamente para amedrentar a los fugitivos. Esto sin duda lo tuvo en cuenta el jurado y de ahí su veredicto de culpabilidad, tomando en conjunto todas las circunstan-cias concurrentes. En la discusión de este primer error se resuelve el S' sobre la negativa de un nuevo juicio, por descansar en el mismo fundamento.

Queda por último el 2P error al instruir la corte al jurado sobre la forma en que debía considerar la prueba.

El apelante, sin embargo, no especifica la instrucción que alega haber sido errónea en ese particular. Tampoco se alega haber tomado excepción a la misma o de haber lla-mado la atención a la corte en la parte que se consideraba errónea. Las instrucciones por lo demás en su totalidad son correctas y fueron dadas de conformidad con la ley.

Por todo lo expuesto, deloe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Sergio Plata, acusado y apelante.
    No. 3059.
    Visto: Febrero 1, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
    1. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins-trucciones — Declaraciones Prestadas por Cómplices — Suficiencia de la Instrucción. — Independientemente de la euestión de corroboración, cuando se admite prueba para contradecir la declaración de un cómplice, aún cuando aquélla sea admisible, si no se instruye al jurado al efeeto de que tal prueba no debe considerarse como evidencia primaria para probar la participación del acusado en el delito imputádole, las instrucciones dadas son defectuosas.
    2. Derecho Penal — Juicio—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juicio en General — Abosado Defensor para Personas Acusadas de Delito Grave —Deber de Nombrarlo — En General. — Cuando un acusado solicita el nom-bramiento de un abogado y los indicios son todos de que es insolvente, el no nombrársele, en caso importante de delito grave, lleva consigo la revocación.
    3. Derecho Penal — Juicio—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juico» en General — Abogado Defensor para Personas Acusadas de Delito Grave • — Deber de Nombrarlo — Habiéndose Solicitado y Concedido el Nombra-miento por Otro Juez del Tribunal. — Cuando durante el curso de un juicio en el cual el acusado ba solicitado el nombramiento de abogado aparece qua tal solicitud fué hecha- y concedida por otro juez del tribunal con anterioridad a dicho juicio, el juez que conoce de dicha causa debe decretar la nulidad de éste y señalarlo de novo.

      é. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes de Testigos — Testigos que Están Sujetos a Impugnación — Testigos Propios. — Antes de que pueda ofrecerse prueba contradictoria para contradecir un testigo de cargo que no declare en la forma que de él esperaba el fiscal, el testigo debe haber declarado previa y positi-vamente algo perjudicial al Pueblo o favorable a la teoría de la defensa.
    5. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes de Testigos — Testigos Sujetos a Impugna-ción — Propios Testigos. — La prueba en contrario que una parte puede adu-cir para impugnar sus propios testigos debe ser prueba para contradecir a éstos y no prueba en sustitución de otra que, de otro modo, no podría pre-sentarse a la corte o al jurado.
    6. Apelación y Error — Revisión—Errores Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba para Contradecir o Impugnar Testigos — Prueba de Manifestaciones Inconsistentes — Admisión sin Dar Oportunidad para Explicar la Inconsistencia. — Cuando un testigo resulta hostil y se ofreee y admite prueba para contradecirlo sin antes darle oportunidad para que se explique, la prueba así ofrecida es inadmisible y su admisión constituye error perjudicial.
    7. Derecho Penal — Juicio—Custodia, Proceder y Deliberaciones del Jurado —Lectura de las1 Declaraciones Tomadas por el Taquígrafo. — Como la cuestión de si parte de la prueba tomada por el taquígrafo puede leérsele al jurado queda generalmente a la sana discreción de la corte inferior, ordina-riamente ésta no debe hacer indicación alguna al jurado respecto a refres-carle su memoria con la lectura de parte de dicha prueba de ser necesario, sino que debe permitirse al jurado ejercer su propia voluntad.

      SeNtencia de Roberto JET. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por delito de escalamiento en primer grado.

      Revocada, orde-nándose la celebración de un nuevo juicio.
    El apelante compareció por escrito en su propia representación; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Alvarez del Manzano y Sergio Plata fueron acusa-dos de un delito de escalamiento en primer grado.

El acusado Sergio Plata solicitó y obtuvo un juicio por separado; y además, según se verá más tarde, pidió antes del juicio que se le nombrara un abogado defensor. Se verá además que al comenzar el juicio bizo igual solicitud al juez sentenciador, súplica que la corte denegó. Por tanto, se pro-cedió a la celebración del juicio, y el acusado tuvo que repre-sentarse a sí mismo. Celebrado el juicio, el jurado rindió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado. El acusado fue sentenciado a diez años de presidio, y apeló de tal sen-tencia.

Jaime Alvarez del Manzano, que babía sido acusado con-juntamente con el apelante, fue un testigo de El Pueblo. A este testigo se le preguntó al principio de su interrogatorio si no le babía manifestado a un detective que él y el acusado habían cometido el robo. El acusado en aquel entonces no formuló objeción a esta declaración. Resulta qüe estas ale-gadas manifestaciones del supuesto cómplice no fueron becbas en presencia del acusado, ni se demostró ni se ofreció probar una previa combinación.

El fiscal de la corte de distrito procedió a preguntarle al supuesto cómplice acerca de otros beebos y asuntos en que el acusado aparentemente no babía tenido intervención, y dijo a la corte lo siguiente: “Deseo manifestar a la corte que be becbo estas preguntas porque el fiscal ba sido sorprendido por la declaración de este testigo.” Continuó el interroga-torio en el mismo sentido, pero el acusado no se opuso.

Entonces Ramón Martínez Ciiapel fue llamado a declarar. Se le preguntó sobre ciertas manifestaciones que se suponían haber sido hechas por Alvarez, el testigo anterior y supuesto cómplice. Mientras el testigo manifestaba que el supuesto cómplice había hecho su declaración voluntariamente, el acu-sado se dirigió a la corte en los siguiente términos: ‘ ‘ Señor Juez: jes admisible que declare un testigo por información?” La corte preguntó: “¿Estaba presente el acusado también?” y el testigo declaró que no. El fiscal entonces dijo: “Es completamente admisible cuando un testigo sorprende al fiscal en su declaración, y ya le hice yo las advertencias a Alvarez.” La corte admitió la declaración. Entonces se presentaron otros testigos bajo la misma teoría, es decir, con el propósito de declarar lo que Alvarez, el supuesto cómplice, les había dicho.

Finalmente, según aparece en la página 27 de la trans-cripción, el acusado hizo una objeción más enfática. Llamó la atención al hecho de que se estaba admitiendo mucha prueba de referencia, diciendo que probablemente por ese motivo era que no se le había concedido un abogado. La corte tenía la impresión, y así lo manifestó, de que el acusado debió haber solicitado un abogado antes del juicio; y que con respecto a las declaraciones de los testigos, el fiscal ya había explicado que estaban tratando de contradecir la veracidad de las mani-festaciones hechas por Alvarez, puesto que el fiscal había sido sorprendido por su declaración, manifestando- la corte que esto se hacía en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sentada en el caso de El Pueblo v. Ríos, 34 D.P.R. 546; que cuando la declaración de un testigo de cargo sorprendía al fiscal, éste podía atacar su veracidad con otra evidencia, y que fué para ese objeto que se admitieron estas declaraciones, a fin de que los señores del jurado pudieran determinar el crédito que les merecían las manifes-taciones hechas por el testigo Alvarez, así como los demás testigos presentados durante el juicio.

Antes de la terminación del juicio, el-acosado volvió a llamarle la atención a la corte hacia el hecho de qne estaba sin abogado, y qne con anterioridad a la celebración del juicio había solicitado por dos veces qne se le nombrara nno. El juez dijo qne no se le había llamado la atención a tales soli-citudes, y qne en aquel momento, la corte era de opinión qne no tenía facultades para nombrar nn abogado de oficio en on caso de escalamiento.

El jurado rindió sn veredicto con fecha 4 de octubre de 1926. El día 7 del mismo mes y año, se citó al acosado para qne compareciera a la lectora de la sentencia, y en dicho día la corto le preguntó al acosado si tenía alguna razón legal qne aducir por la coal no debía dictarse sentencia en sn contra. El acosado presentó nn escrito a la corte, en el cual dijo lo que signe:

“Qne se abstuvo de recusar parte o todos los señores del jurado por haberle negado la corte una solicitud que hiciera para que le nombrara un abogado defensor, por ser insolvente; que se opuso a la sentencia por no estar de acuerdo con el veredicto dado por el jurado, por creer que dicho veredicto no fné nacido de sus propias; conciencias, basándose para ello en que la corte, cuando se declaróen receso para todos ir a almorzar, hora en que ya estaba sometida', toda la prueba del caso, dejó en completa libertad a los señores del. jurado, dando por resultado qne dichos señores salieran del edificio de la corte a sus respectivos hogares, en unión de policías, detectives y testigos de cargo y agentes de la casa mercantil Moscoso Hermanos (los dueños de la casa escalada); que la corte reanudó su sesión a las 2:30 P. M. cuando todavía faltaban algunos miembros del jurado, mientras los demás estaban en contacto con el público* detectives y testigos en sir contra, para luego reunirse a continuar el juicio y más tarde dar el veredicto que dieron en el presente caso.”

La corte en contestación dijo qne era una facultad dis-crecional de la corte poner a los señores del jurado bajo la custodia del marshal o bajo sn palabra de honor, y qne impor-taba poco el qne nno de los miembros del jurado hubiera llegado tarde. Entonces el acusado pidió qne la moción qne le había presentado al juez Acosta Quintero, que dicho juez había declarado con lugar, fuera unida a los autos del caso.

El juez entonces replicó:

"En cuanto al otro particular de esta moción, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, (el nombrar un abogado de oficio puede hacerse) únicamente en los casos de asesinato en primer grado, en los demás casos es a discreción de la corte nombrar o no nombrar a un acusado, abogado; la corte no puede obligar a los abogados del distrito a prestar sus servicios a los acusados en los demás casos. No habiendo razón alguna para impedir que la corte dicte sentencia en el día de hoy, la corte dicta sentencia contra Sergio Plata por un delito de escalamiento en primer grado, y para hacerlo, y de acuerdo con la jurisdicción en el caso del Pueblo vs. Delgado, 35 D. P. R. 178, en que el Tribunal 'Supremo ha resuelto que <el juez puede recibir evidencia para agravar o mitigar la sentencia -que va a imponer, la corte ha recibido y ha admitido la prueba presentada por el fiscal, consistente en una certificación del alcaide de la cárcel del distrito de San Juan, en que consta el récord penal del acusado.”

ÍSigue a esto una extensa lista de convicciones contra el acusado por hurto menor y escalamiento en segundo grado. En una de las sentencias faltaba aún un año por cumplir, y la corte comentó sobre el hecho de que las sentencias cum-plidas y las que aún tenía que cumplir el acusado ascendían a doce años siete meses.

La transcripción de los autos fué elevada a esta corte, y el acusado presentó un llamado alegato.

Si bien este alegato es informal, suficientemente llama la atención de esta corte a dos o tres cuestiones importantes. La primera es el haber dejado la corte de designarle un abogado, la segunda es la objeción a toda la prueba de referencia que fué admitida durante el juicio, y la tercera es la libertad con-cedida a los señores del jurado después de haberse presentado toda, la prueba.

Hemos examinado las instrucciones. En lo general son muy buenas, y si el acusado hubiese tenido abogado, no hubiéramos notado ciertas omisiones de que las mismas ado-lecen. La corte, muy acertadamente, instruyó al jurado que no debía creer las manifestaciones de un cómplice a menos que Rallara que tales manifestaciones habían sido corrobo-radas. Pero la corte, si embargo, no le indicó al jurado la naturaleza de tal- corroboración. Lo que queremos decir con esto es que la corte debió haberle dicho al jurado que alguna de la prueba presentada no podía de ningún modo utilizarse para la corroboración. Suponiendo, por ejemplo, que todas las manifestaciones de los testigos, — y hubo muchas de ellas —que fueron admitidas con el fin de contradecir el supuesto cómplice, eran propiamente admisibles, no obstante, como fueron expresa y ostensiblemente admitidas tan sólo con el propósito de controvertir la declaración de dicho cómplice, la corte debió haber instruido cuidadosamente al jurado que éste no debía considerar ninguna parte de tales declara-ciones como que corroboraba las manifestaciones de dicho cómplice.

Las instrucciones son defectuosas en el sentido de que, independientemente de la cuestión de corroboración, la corte debió haber instruido al jurado que la prueba admitida para contradecir al cómplice no debía ser considerada por el jurado como evidencia primaria para probar la participación del acusado en el delito imputádole.

Consideremos ahora la necesidad del nombramiento de un abogado. El artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según fué aprobado en el 1902, dice lo siguiente:

“Si compareciere el acusado a responder a la acusación sin abogado, deberá el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse el acta de aeusación yqpreguntarle si desea la asistencia de letrado. Si contestare afirmativamente, y no estuviere en posición de emplearlo, el tribunal deberá nombrarle abogado defensor, de oficio.”

Este artículo, según fué enmendado en 1905, lee como sigue:

“Cuando se traiga al acusado ante el tribunal con el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua, si resultare que no tiene abogado y que la pobreza del acusado no le permite emplear defensor, el tribunal designará uno o más letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, concediendo a diclios letrados un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los demás casos, quedará a la discreción del tribunal, la designación de abogado.” (Comp, de 1911, pag. 1016).

El artículo 2 del Acta Orgánica de Puerto Rico dispone que en todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de un abogado, etc.

Esta disposición del Acta Orgánica no tiene posiblemente otro fin que el de asegurar al acusado el derecho de tener para su defensa la ayuda de un abogado. Por sus términos dicha disposición no hace imperativo que una corte designe un abo-gado en cada caso en que un acusado comparezca a juicio sin abogado. Sin embargo, una duda nos asalta, respecto a que si un acusado en un juicio por un delito gravo dice que es insolvente, no surge el deber por parte de la corte ele nom-brarle un abogado. La duda es de si la disposición del Acta Orgánica no se convierte en letra muerta cuando un acusado no tiene los medios suficientes para utilizar los servicios de un abogado.

Estas consideraciones son en algo reforzadas debido a la actitud asumida por el juez al decir que no podía obligar a ningún abogado a hacerse cargo de la defensa del acusado. Resolvemos que la ley dice lo contrario, por lo menos, en un caso de delito grave. Un abogado es en primer lugar un funcionario de la corte y en un caso propio puede ser obli-gado a hacerse cargo de la defensa de una persona acusada de un delito.

El Juez Field dijo algo parecido en el caso de Rowe v. Tuba County, 17 Cal. 61, en que la corte agregó que para su remuneración, los abogados debían confiar en la posible habi-lidad futura del acusado. Después de hacer una indicación similar en el caso de Cutís v. State, 54 Fla. 21, 45 So. 491, la corte dijo que nadie estaba en libertad de declinar tal designación, y que era de esperarse que mny pocos estarían dispuestos a hacer esto. El Juez Holt, de la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para Puerto Eico, en el tomo 1 P. E. Fed. pág. 439, se expresó en los siguientes términos:

“Los abogados así nombrados no pueden negarse a actuar. Son funcionarios de la corte. Ejercen una franquicia o privilegio con permiso de la corte, y es su deber servir a las necesidades de la jus-ticia pública.”

Otras decisiones a este mismo efecto son: Pardee v. Salt Lake County, 39 Utah 482, 118 Pac. 122, 36 L. R. A. (N. S.) 377, y nota, Ann. Cas. 1913-E 200, y nota; Dane County v. Smith, 13 Wis. 585, 80 A. D. 754; Weatherly v. Pitman, 101 S. E. 131; 66 C. J. 627. En uno de estos casos, el juez po-nente dijo que en toda su experiencia (y era amplia) nunca había conocido un abogado que se negara a aceptar tal desig-nación.

En la práctica, si la corte desea nombrar un abogado de-fensor, casi nunca halla dificultades. En casi todos los sitios en que hay cortes de distrito siempre hay abogados que a la simple indicación de la corte estarían dispuestos a hacerse cargo de la representación de un acusado, especialmente si el abogado no está ocupado en un juicio o preparándose para el mismo. Desde luego que hay muchos abogados que no les gusta dedicarse a la práctica criminal, pero la situación cambia inmediatamente cuando la corte les pide que así lo hagan. Ello es una cuestión de honor para el foro. Los abo-gados jóvenes, especialmente, con frecuencia se alegran de tener la oportunidad de defender un caso.

No sabemos a ciencia cierta cuál fué el propósito de la Legislatura al enmendar el artículo 141 del Código de Enjui-ciamiento Criminal y dejar a la discreción de la corte el nom-brar o no un abogado en casos en que no estuviese envuelta la pena capital o reclusión perpetua. Nos imaginamos que esto fué en parte con el fin de evitar la necesidad de nombrar abogados hasta para los casos de las infracciones de las orde-nanzas municipales y otros delitos menos graves. Igual-mente, quizás el fin de la Legislatura fue darle a la corte la discreción de determinar si en realidad un acusado era o iio insolvente y podía contratar los servicios de un abogado. Además, es menos embarazoso para una corte que un acusado en un caso importante esté representado por un abogado; de lo contrario el juez frecuentemente vendría obligado a asumir la representación del acusado y a tratar de juzgar anticipadar mente si úna pregunta-dirigida a un testigo es o no admisible. Con respecto a ciertas declaraciones, una pregunta hecha por el fiscal podría ser evidentemente inadmisible y el abogado del acusado, sabiendo que la respuesta no sería perjudicial, quizás no se opondría; y en otras muchas formas la pre-sencia de un abogado evitaría demoras. Además, al llegar a las instrucciones al jurado, es de presumirse que la corte siempre es ayudada por los abogados y no tendría la duda de si sus instrucciones han cubierto todas las cuestiones o si se ha incluido algo en detrimento de los derechos del acusado.

Aparece, tal como hemos indicado, que el acusado al co-menzar el juicio solicitó del juez que presidía la corte que le nombrara un abogado. La corte creyó que la solicitud se había hecho demasiado tarde. No estamos de acuerdo con la corte. Cuando el acusado solicita que se le nombre abogado, y especialmente cuando todos los indicios son de que el acu-sado es insolvente, creemos que es un abuso de discreción no nombrárselo en un caso importante de delito grave, supo-niendo, como lo hacemos ahora, que el nombrar un abogado sea enteramente discrecional.

Sin embargo, más tarde durante el curso del juicio resultó que el acusado había solicitado una, y, posiblemente, dos veces, que se le designara un abogado. Aparentemente, de los autos se desprende que el otro juez de Ponce había acce-dido a la súplica del acusado de que se le nombrara un abogado. Aún bajo la teoría de que el acusado debió haber hecho su solicitud antes del momento del juicio, no obstante, tal como se usa la frase, fué un abuso claro de discreción no nombrarle un abogado, cuando el acusado le demostró a la corte que había solicitado previamente que se hiciera tal nombramiento y que su súplica había sido concedida por el otro juez. Bajo las circunstancias expresadas, era el deber ineludible de la corte haber decretado la nulidad del jtuicio y haberlo señalado de novo. Es cierto que el acusado demostró tener algunos conocimientos sobre procedimientos legales, pero evidentemente no sabía lo suficientemente para insistir en que ya había solicitado se le nombrara un abogado. El haber dejado de nombrar un abogado es por sí solo suficiente para la revocación de este caso.

La admisión por parte de la corte del cúmulo de prueba de referencia a que nos hemos referido fué errónea, y sin duda alguna, perjudicial al acusado, por lo menos en la forma en que la misma fué admitida.. En el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 251, dijimos:

"Aunque no se hizo ninguna objeción específica ni se formuló excepción a la declaración del Fiscal, sin embargo la misma fué per-mitida de acuerdo con la teoría del juez sentenciador, de que tal evidencia era admisible con arreglo al artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y contra esta clase de prueba el abogado había formulado objeción cuando declaraba el cabo de la policía. Es evidente que una gran parte de las declaraciones en las que se trataba de establecer la culpabilidad del acusado, fué llevada a la atención del juez no por testigos oculares ni por prueba circuns-tancial, sino so pretexto de tratar de contradecir un tes ' de la acusación. La teoría era, según se comprobó por la ofer í inicial del fiscal, que éste era un medio de prueba de acuerdo con el ar-tículo 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
"Esta disposición es idéntica a la contenida en la ley de evi-dencia, artículo 156, Leyes de 1905, página 156. Cada una de ellas ha sido tomada de disposiciones análogas del Código de Enjuicia-miento Civil del Estado de California, a saber, los artículos 2049 y 2052. El tribunal más alto de aquel estado ha declarado de modo uniforme que para que pueda ser contradicha la evidencia debe ser inesperada y contraria a lo que debía esperar la parte que presenta el testigo. (People v. Jacobs, 49 Cal., 384; People v. Mitchell, 94 Cal., 550, 29 Pac. 1106; People v. DeWitt, 68 Cal. 584, 588, 10 Pac., 212; People v. Creeks, 141 Cal. 533, 75 Pac., 101.)”

Entre otras cosas, en el caso de People v. Mitchell, supra, se dijo claramente qne la prueba, para ser contradicha, debe ser por sí misma perjudicial al gobierno. En otras palabras, que el testigo debe haber declarado positivamente algo per-judicial al Pueblo o favorable a la teoría de la defensa antes de poderse ofrecer tal prueba contradictoria.

El artículo 243 dice como sigue:

“A la parte que presente un testigo, no le es permitido impugnar su veracidad probando que es persona de mala reputación; pero podrá contradecirlo, aduciendo pruebas en contrario, y demostrar que en ocasiones anteriores, há hecho manifestaciones que no con-euerdan con su actual declaración.”

Al decir este artículo que puede contradecirse al testigo aduciendo prueba en contrario, ello no significa que la su-puesta contradicción es un disfraz para introducir prueba que de lo contrario sería inadmisible. Tal prueba debe presen-tarse para contradecir al testigo y no en substitución de prueba que de otro modo El Pueblo no podría presentar al jurado.

Además, cuando un testigo de El Pueblo resulta hostil, se coloca en la misma situación que cualquier otro testigo adverso y debe seguirse lo prescrito en el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este dice así:

“También puede ser impugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre que en ocasiones anteriores ha hecho manifestaciones que no coneuerdan con su actual declaración; pero antes de hacerlo, se le referirán dichas manifestaciones, con expresión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se le. preguntará si dichas manifestaciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmativamente. Si las manifestaciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de interrogarle acerca de ellas.”

En algunos respectos, se ofreció prueba tendente a con-tradecir a Alvarez, sin haber antes dado al testigo la opor-tunidad para qne se explicara. Sin tal oportunidad preli-minar, alguna de la prueba ofrecida, al ser objetada, era inadmisible por esta razón, si no por alguna otra. Tampoco puede suponerse que la admisión de tal prueba no fuera perjudicial. Véase el caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263.

Los hechos del caso de Ramírez eran algo distintos a los del caso de Rojas, arriba citado, pero en el mismo se con-firmó el principio sentado en este último caso.

El caso de El Pueblo v. Ríos, 34 D.P.R. 546, no sostiene la posición, del fiscal y de la corte. En dicho caso, al igual que en el de El Pueblo v. Rodríguez Hernández, 36 D.P.R. 427, los testigos habían hecho manifestaciones positivas que eran perjudiciales al caso de El Pueblo. Todos los casos examinados en el caso de Ríos, demuestran que el gobierno trataba de probar que no se debía dar crédito a un testigo cuya declaración podía ser perjudicial.

No tomaremos mucho tiempo en discutir si se debió o no haber permitido que el jurado se dispersara después de haberse aducido toda la prueba, y especialmente, si el caso le había sido sometido por las instrucciones de la corte. No estamos preparados para decir que la corte no tenía discre-ción en esto, pero estamos inclinados a creer que, bajo las circunstancias de este caso, y debido a la atmósfera creada, hubiera sido mejor práctica, sin hacer mención de un verda-dero ejercicio de discreción, poner al jurado bajo la custodia y autoridad del marshal o sub-márshal. Resulta que el acu-sado era un criminal consumado. En tales casos, los policías y los detectives frecuentemente desplegan más celo para obtener una convicción, y, en tal afán, podrían decirle al oído a un miembro del jurado que el' acusado ha sido convicto varias veces por otros delitos y que ha estado mucho en la cárcel. No importa lo empedernido que sea un criminal, debe juzgársele únicamente por el delito de que se le acusa, y no por la comisión de otros delitos. Decimos esto además, porque aunque probablemente no fue un error grave, la corte en este caso le manifestó al acusado que él, el acusado, estaba suficientemente familiarizado con los procesos criminales, manifestación que, aunque no hubiera sido ésa la intención de la corte, pudo llevar al jurado el hecho de los antecedentes penales del acusado.

En la página 4 de las instrucciones al jurado, y después de indicar que no era necesario hacer un análisis de la prueba, por estar las declaraciones frescas en las mentes de los señores jurados, la corte dijo:

. . Si algún señor jurado no recuerda alguna de estas decla-raciones o si tiene duda en cuanto a cualquier parte de la prueba, no tiene más que decirlo a la corte y ésta ordenará al taquígrafo que lea cualquier declaración que deseen oir de nuevo los señores del jurado.”

Cuando se somete un caso al jurado, se supone que éste llegue a un acuerdo tan rápidamente como sea posible. Si el jurado tiene que venir a la corte porque uno o más de sus miembros tienen dudas, frecuentemente se demorará la rendi-ción del veredicto. Pero aún más importante que éste es el hecho de que el acusado o su abogado-tienen derecho a estar presentes en cada paso que se da durante el juicio. Algunas cortes creen que es un error leerle las notas taquigráficas al jurado. Véase la nota monográfica en el caso de State of Iowa v. Perkins, 21 L. R. A. (N. S.) 931. Sin embargo, según indica dicha nota, la cuestión de si parte de la prueba tomada por el taquígrafo puede leérsele al jurado queda generalmente a la' sana discreción de la corte. Siendo una cuestión dentro de la sana discreción de la corte, ordinariamente no debe hacérsele indicación alguna al jurado, sino que debe permitír-sele ejercer su propia voluntad. La experiencia tiende a demostrar que ordinariamente el jurado no necesita que se le refresque la memoria. People v. Warren, 130 Cal. 678; Moore v. State, 52 Tex. Crim. 364, 107 S. W. 355, en que los jurados, habiendo solicitado primeramente que se les leyera la prueba, y, habiéndose demorado tal lectura, han rendido veredicto sin esperar que se efectuara la misma.

No hallamos que la corte cometiera error en el acto de dictar sentencia contra el acusado al considerar los antece-dentes del .acusado para mitigar o agravar la pena que le iba a ser impuesta.

Por el error cometido al dejar de nombrársele un abogado al acusado, y por los errores cometidos al admitir prueba enteramente de referencia y perjudicial, la sentencia debe ser revocada y ordenarse %m nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señou FiiaNco Soto,

text:
    Inés Polanco Viuda de Cumpiano, demandante y apelante, v. La Sucesión Desconocida de César A. Cumpiano y Polanco, y la Viuda Ignorada de Éste, demandadas y apeladas.
    No. 4195.
    Visto: Abril 4, 1927.

      Resuelto: Abril 21, 1927.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que n.c Estén en Récord— Defectos, Objeciones, Enmiendas y Corrección — Defectos u Omisiones en el Récord — Efecto en General. — El consignar en el transcript de ape-lación constancias o actuaciones del récord de un modo incompleto no impide que el Supremo considere las partes del récord que se alegan omitidas o consignadas de modo incompleto a los efectos de desestimar la apelación.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — De las Mociones de Desestimación — Subsanacjón de los Defectos u Omisiones en el Ré-cord Antes de la Vista de Aquéllas. — Cuando en el transcript de autos se consignan constancias o actuaciones en forma incompleta y solicitada la desestimación ya aquéllas lian sido adicionadas al récord por el apelado, no cabe desestimar.
    3. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Pago de Derechos, Costas y Planeas u Otras Garantías — Derechos por Certificación del Transcript de Apelación — Palta de Pago y Efecto.— Certificada la transcripción de autos por el secretario la omisión de pagar los derechos en la proporción correspondiente hace nula y sin ningún valor la transcripción así certificada.
    4. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Pago de Derechos o Costas y Fianzas u Otras Garantías — Derechos por ^Certificación del Transcript de Apelación — Falta de Pago y Efecto.— Cuando la transcripción de autos se certifica por el secretario y no se can-celan los derechos en el montante que fija la ley, procede desestimar la ape-lación a moción de parte si transcurrido ya el término para radicar el transcript no se ha cumplido con dicho requisito.

      Moción sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra sen-tencia de JE. S. Mestre, J. (Aguadilla), en pleito sobre cobro de, dinero.

      Desestimada la apelación.

      García Méndez <& García Méndez, abogados de la apelante; Federico Acosta Velarde, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señou FiiaNco Soto,

emitió la opinión deF tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso: primero, porque los autos que se ban elevado a esta corte no contienen una transcripción fiel y exacta de todos los docu-mentos que constituyen el legajo de la sentencia; y segundo, porque aun admitiendo que la transcripción fuese correcta, ella es nula por cuanto la certificación que bace el secretario no lleva adheridos los sellos correspondientes de rentas in-ternas que fija la ley.

Este caso es una acción en cobro de dinero. Se pidió y decretó el embargo de bienes de los demandados; éstos fue-ron citados por edictos y su rebeldía fué anotada. Se prac-ticó prueba ante la corte inferior y ésta finalmente declaró con lugar la demanda.

La parte apelada pidió luego que se dejara sin efecto la sentencia y se abriera la rebeldía, fundándose en que la corte nunca babía adquirido jurisdicción sobre los demandados. La corte dictó resolución declarando nula y sin ningún valor la sentencia y de esta declaración apeló la demandante.

La transcripción de autos está certificada por el secretario y contiene un extracto o relación de ciertas diligencias y certificación literal de la mayor parte de las actuaciones del procedimiento habidas en la corte inferior. En tal forma preparada la transcripción de autos, la parte apelada • sostiene que está incompleta.

Como regla general el apelante está obligado a hacer con-signar en el récord aquella parte de las constancias y actua-ciones que él considere esencial a los fines de la apelación. Esto no impide, sin embargo, que nosotros podamos conside-rar las partes del récord que se alegan qne lian sido omitidas o consignadas de un modo incompleto en la transcripción, a los efectos de desestimar una apelación. Véanse los casos de Martínez et al. v. Martínez, 29 D.P.R. 542, y Cardé v. Echeandía, 17 D.P.R. 319. Como cuestión de hecho el récord en este caso ha sido adicionado a instancia de la parte apelada en aquellas diligencias que aparecen certificadas en relación por el secretario.

El segundo motivo alegado por la parte apelada es el de mayor trascendencia.

La Ley No.'17, aprobada en marzo 11, 1915, en sus sec-ciones 29 y ó9, dice como sigue:

“See. 2. El arancel de Ion derechos cine se lian de pagar en lo sucesivo por las operaciones de los secretarios . . . será el siguiente:
“P. Por cada certificación bajo sello . . . 0.25
“Q. Por expedir copia de cualquier documento obrante en autos, inclusive su certificación cuando ésta sea requerida, por cada folio . . . . 0.20
“6. Todos y cada uno de los documentos o escritos que por esta Ley se requiere lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos.”

En este caso a un lado de la certificación de los autos, el secretario aparece cancelando un sello de rentas internas por valor de $0.25, aplicándose la letra P de la sección 2 antes citada. Se trata de la copia de un récord integrado por la copia de varias constancias o actuaciones judiciales para ser-vir de base a una apelación, y es cuestión que no puede le-vantar la más leve duda que los derechos debieron pagarse de acuerdo con el apartado letra Q de la misma sección.

La sección 6 declara nula y sin ningún valor la trancrip-ción de los autos así certificada, por omitirse el pago en sellos de rentas internas en la proporción correspondiente. En el caso de Delgado v. Cárdenas, 34 D. P. R. 240, se dice que el caso debe regularse por el de Nazario v. Santos, 27 D. P. R. 89, citándose también el de Pas v. Bonet, 30 D. P. R. 927, y declara que cuando a un escrito de apelación no se acom-pañan los sellos de rentas internas correspondientes, el es-crito es nulo, procediendo desestimar la apelación interpuesta si no se ba cumplido con dicho requisito antes de vencido el término para apelar.

La parte apelante alega, no obstante, que en el presente caso no se trata de un término jurisdiccional y llama a la discreción de esta corte para que se le permita subsanar el defecto adhiriendo a la certificación del secretario los sellos de rentas internas por el valor que corresponda. Sin embargo, la sección 6 de la Ley No. 17 dé 1915 establece una sanción fiscal de carácter imperativo. El efecto de la omi-sión de pagar los derechos en sellos de rentas internas en el montante que fija la ley, es el mismo que si la transcrip-ción no se hubiera radicado.ante esta corte.

No existiendo, por tanto, base para la apelación, debe declararse la moción de la parte apelada con lugar y deses-timarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Grau, acusado y apelante.
    No. 3123.
    Visto: Marzo 31, 1927.

      Resuelto: Abril 21, 1927.
    Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Suficiencia de la. Prueba para Sostener Una Oonvicciión. — Cuando los únioos indicios de prueba para establecer la relación del acusado con la comisión del delito son incompatibles con cualquiera hipótesis racional que puede hacerse en relación con la inocencia del acusado, la prueba es insuficiente para sostener una convicción.
    SENTENCIA de Charles E. Foote,-J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por delito de alterar la paz, con costas.

      Revocada.

      Pedro Baigés Gómez, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal. ■

Ramón Grau fué denunciado porque siendo uno de los es-pectadores en el “Teatro Yagüez” en los momentos en que se proyectaba una película, lanzó desde uno de los balcones de dicho teatro un vaso de papel conteniendo un líquido al parecer de bromo benzílieo, sustancia química que por ser asfixiante y cáustica produjo alarma en las demás personas allí reunidas, hasta el extremo de poner término al espec-táculo, originándose con tal conducta grosera una gran alte-ración de la paz pública.

Angel A. Alvarez, policía insular, momentos antes de empezar la función tuyo ocasión de acercarse al acusado para advertirle que dejara de fumar. El policía declara que pudo ver que él tenía a su lado un vaso sanitario. No bien se apagó la luz para proyectar la película, dice que vió que la gente corría y gritaba y que sentía el olor de un ácido asfixiante; que cuando se hizo luz el acusado corría por la puerta de escape; que el vaso cayó abajo, donde estaba San Millán y él se apoderó del vaso. No sabe quién lo lanzó a la platea.

José Soto Rodríguez, oficial de la Policía Insular, de-clara que se encontraba en el teatro, sentado en una luneta junto a la música. Describe el tumulto que se formó a raíz de apagarse la luz. Que una vez que hubo luz se percibió que del “paraíso” habían lanzado un vaso sanitario conte-niendo un líquido que resultó ser bromo benzílieo; que poco después de la alarma que se produjo habló con el acusado, que andaba en mangas de camisa en unión de dos o tres muchachos más, estudiantes, sin que le hiciera manifestación alguna, y que procedió a su arresto.

Enrique San Millán estaba en el teatro, en luneta, y describe lo que le ocurrió con motivo de haberle caído encima de su persona un líquido que echaran de arriba. Dice que no vió al acusado en el teatro.

Isaías Ramírez era el acomodador del teatro la noche del suceso y dice, en síntesis, que el acusado, que estaba en cuerpo de camisa, se levantó rápidamente del sitio en que estaba para pasar por la puerta del medio, y que entonces lo cogió por un brazo, porque estaba prohibido pasar por esa puerta, y el acusado entonces le dijo: “Yo voy para abájo a ver a mi familia que está en peligro,” y que siguió y no supo más nada.

Manuel Alayón declara que estaba esa noche en el tea-tro; conoce al acusado y lo vió subir esa noche arriba a balcón; que estando el testigo en su luneta se tiró un líquido; que como a los tres minutos de ocurrir eso vió al acusado dentro del teatro, parado a su lado, y vió que su actitud era normal.

Mario Campos declaró que era empleado de .la “Bolsa”; que conoce al acusado y lo vió como a las siete y media de la noche, cuando pidió un vaso sanitario que acostumbraba pedir casi todas las noches y se lo daba como a todo el que lo pedía.

Esta fué toda la prueba de cargo. El apelante presentó una moción de nonsuit y la corte la declaró sin lugar. Enton-ces se practicó prueba de defensa, consistente en las decla-raciones de tres estudiantes que estaban la noche a que se se refiere la acusación en compañía del acusado, y tiende a establecer que estaban junto al acusado y que 110 vieron que el acusado lanzara líquido alguno a la platea del teatro.

El único error que se alega es la errónea apreciación de la prueba por el juez sentenciador. A nuestro juicio el error se ha cometido. Los únicos indicios de prueba para esta-blecer la relación del acusado con la comisión del delito son las manifestaciones del policía Alvarez, que vió al acusado, que tenía a su lado un vaso sanitario momentos antes de proyectarse la película, y las del testigo Campos, que des-pachó esa noche un vaso sanitario al acusado. Ningún otro elemento de prueba arroja más luz en el asunto. El policia-no dice que percibiera olor alguno al acercarse al acusado para decirle que cesara de fumar. El vaso no fué identifi-cado de manera que el que fue encontrado en la platea del teatro fuera el mismo que Campos despachara al acusado.

La prueba es circunstancial en este caso y no podría sos-tenerse que ella fuese incompatible con cualquiera hipóte-sis racional que pueda hacerse en relación con la inocencia del acusado. La regla que ha de seguirse en los casos en que la evidencia sea circunstancial se expresa así:

“Y cuando se trata de probar una acusación criminal por medio de evidencia circunstancial, la prueba debe ser no solamente compatible con la culpabilidad del acusado, sino incompatible con cualquiera otra conclusión racional.” Greenleaf, vol. 1, see. 34.

La prueba, por tanto, es insuficiente y debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Senos Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mariano Petrovich, acusado y apelante.
    No. 2913.
    Visto: Diciembre 3, 1926.

      Resuelto: Abril 21, 1927.
    1. Derecho Penal — Pecha del Juicio v Suspensión — Sobreseimiento de la Causa o del Proceso — Tardanza en Celebrar, el Juicio o en Presentar la Acusación — Término para Presentar la Acusación — Computación bel. Término. — El término de sesenta días a que se refiere el inciso 1 del airiffBnii» 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal -se cuenta desde la íeelrea ote lai-deteneión hasta la presentación de la acusación y no hasta la lectura de- ésta..
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Bmspasff-ción del Caso — Confirmación de la Sentencia Apelada. — Cuando- se alega error en -la apreciación de la prueba y ésta justifica la sentencia apelada, ésta debe confirmarse.
    Sentencia de Luis Samálea, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de portar armas, con costas.

      Confirmada.

      José Sabater, abogado del apelante; José JE. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Mariano Petrovich apela de la sentencia que lo condenó por portar un revólver, alegando como fundamentos de sn recurso que hubo error en la corte inferior al no sobreseer su causa y al apreciar la prueba.

El apelante fué detenido por el delito de portar arma prohibida el 11 de enero de 1926 siendo presentada la acusación contra él en la corte de distrito el 29 del mismo mes y año, pero sostiéne que la acusación debió ser sobreseída de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según solicitó en la corte inferior, porque desde la' fecha de su detención hasta el 18 de marzo de 1926 en que le fué leída la acusación habían transcurrido más de sesenta días. Sin embargo, dichos sesenta días no han de contarse desde la detención hasta la lectura de la acusación sino hasta la presentación de la acusación, por disponerlo ;así expresamente el caso 1-. del artículo citado, y así lo ha .■dieh© este tribunal en el caso de El Pueblo v. Salinas, 9 D. P. R. 371.

En cuanto a la prueba encontramos que justifica la ■.sentencia apelada pues hubo evidencia de que el apelante i después de tener un accidente de automóvil dejó en una casa mn revólver que portaba y fué a curarse al pueblo volviendo después a dicha casa y recogiendo y llevándose el revólver.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.