author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Carlos Carle Dubois, demandante y apelante, v. José J. Benítez, demandado y apelado.
    No. 6220.

    Sometido: Diciembre 20, 1933.

      Resuelto: Febrero 9, 1934.

      Large c& Acevedo, abogados del apelante; González Pagando & Gon-zález Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Carle Dubois formuló demanda en cobro de dinero contra José J. Benítez y embargó como de la propiedad del demandado, para asegurar la efectividad de la sentencia, una finca que se describe en la demanda, anotándose el embargo en el registro de la propiedad.

Fallado el pleito en favor del demandante y condenado el demandado a pagar la cantidad de $6,689.84, una vez firme la sentencia dictada, se expidió orden de ejecución y se or-denó la venta en pública subasta de la finca embargada.

José J. Benítez e Hijos, asumiendo ser una comunidad de bienes compuesta de José J. Benítez Díaz, Teodosia Tadea Benítez y Sampayo, Carlota Benítez y Sampayo, Josefa Be-nítez y Sampayo, Arcadia Benítez y Sampayo y José de Je-sús Benítez Sampayo, entabló demanda de tercería contra Carlos Carie Dubois j José J. Benítez. Se alegó en dicha demanda que la finca embargada es de la exclusiva propie-dad de la titulada comunidad de bienes de José J. Benítez e Hijos. Con dicha demanda se radicó una petición de injunction contra los demandados y el Márslial de la Corte de Dis-trito de San Juan para que se les prohibiera vender en pú-blica subasta el inmueble embargado.

C'on fecha 13 de mayo de 1932, la Corte de Distrito de San Juan, reconociendo' que los acreedores de José J. Bení-tez sólo tendrían derecho a la parte que pudiere correspon-derle en la comunidad y en manera alguna a la totalidad de • la finca, prohibió que se llevara a cabo la venta en pública subasta del inmueble embargado hasta tanto fuese resuelto definitivamente el pleito de tercería.

Carlos Carie Dubois, demandante y acreedor de José J. Benítez, en virtud de la sentencia dictada contra este último, solicitó entonces de la corte la expedición de una orden para dar cumplimiento a la sentencia dictada, vendiendo en pública subasta todo derecho, acción, interés o participación que por cualquier título pudiese corresponder al demandado José J. Benítez en la finca en cuestión. La corte resolvió de confor-midad, ordenando se librara por el secretario el correspon-diente mandamiento al márshal para dar cumplimiento a lo solicitado por el demandante y acreedor de José J. Benítez. Ambas órdenes fueron dictadas por el Iíon. Juez de la Corte de Distrito de San Juan A. B». de Jesús.

El demandado, José J. Benítez, solicitó que se declarara nula y sin ningún valor ni efecto la orden de ejecución dic-tada por el Juez de Jesús en 29 de junio de 1932. La corte inferior, por conducto del Hon. Pablo Berga, declaró con lu-gar la moción del demandado José J. Benítez y dejó sin efecto la orden de ejecución mencionada y los procedimientos sub-siguientes para la venta en pública subasta de todo derecho, acción, interés o participación de José J. Benítez en la finca embargada. De esta resolución apeló el demandante, atribu-yendo a la corte inferior cuatro errores que pasamos a con-siderar.

El primer error carece de importancia. Se alega que la corte inferior declaró con lugar la moción del demandado José J. Benítez y suspendió la subasta señalada para el día 22 de julio de 1932, a virtud de una moción que no fue noti-ficada al demandante oportunamente y sin señalar día para la vista de la misma, habiéndose resuelto ésta sin ser oído dicho demandante y a sus espaldas. Este señalamiento de error no aparece completamente claro. De su lectura se deduce que el. demandante se querella de que se haya suspen-dido la subasta sin haber sido oído. El error que se atribuye a la corte, sin embargo, consiste en haberse negado a eliminar ciertas mociones por no haberse notificado al demandante el señalamiento con cinco días de anticipación. De los autos surge claramente que el demandante fué debidamente notifi-cado de la moción radicada en 14 de julio de 1932 por el de-mandado. José J. Benítez solicitando que se declarara nula la orden de ejecución de 29 de junio de 1932. Debe desesti-marse este supuesto error.

Los tres errores restantes pueden condensarse en uno solo. Se alega que la corte inferior erró al concluir que la resolución de 13 de mayo de 1932, dictada por el Juez de Je-sús, es contradictoria a la orden de 29 de junio de 1932 dic-tada por el mismo juez, y que impide la ejecución y subsis-tencia de ésta. También se alega que la corte erró al decla-rar que la referida resolución de 13 de mayo de 1932, decre-tada en el procedimiento de tercería, debe prevalecer sobre la última orden de ejecución dictada por el Juez de Jesús a solicitud del demandante Carlos Carle Dubois en el pleito in-coado contra José J. Benítez. Se afirma por último que la corte inferior incurrió en error al declarar que mientras no se revoque o modifique el auto de injunction, nada puede ac-tuarse que tienda a ejecutar la sentencia en la totalidad de la finca o en parte de ella.

La corte a quo, en su resolución de fecha 9 de agosto de 1932, declara que la de 13 de mayo del mismo año es contra-dictoria a la orden de 29 de junio e impide la ejecución y subsistencia de ésta, mientras no se modifique o revoque la prohibición de aquélla. En nuestro sentir, la última resolu-ción es completamente compatible con la de 13 de mayo de 1932, en la cual el Juez de Jesús hace las siguientes declara-ciones :

“De acuerdo con la. prueba presentada por los demandantes en tercería la comunidad de José J. Benítez e Hijos, tiene un título de propiedad sobre la finca en cuestión y aunque el demandado en el caso principal, José J. Benítez, es miembro de dicba comunidad, sus acreedores sólo tendrían derecho a la parte que pudiere corres-ponderle en la comunidad y en manera alguna tendrían derecho a la totalidad de la finca. En este caso se trata de vender en pública subasta la totalidad de la finca. Entendemos que la comunidad de bienes de José J. Benítez e Hijos, tiene derecho a impedir que se venda en pública subasta la totalidad de la finca en cuestión para satisfacer una deuda de uno de los comuneros. .

Eu 29 de junio de 1932, el mismo Juez de Jesús, a soli-citud de la parte demandante, y ajustándose a la resolución dictada en 13 de mayo de 1932, ordenó que se librase por el secretario el correspondiente mandamiento al marshal para dar cumplimiento a la sentencia dictada, vendiéndose por dicho funcionario, en pública subasta, todo derecho, acción, interés o participación que por cualquier título pueda corres-ponder al demandado José J. Benítez en la finca que recla-man como suya los miembros de la alegada comunidad.

Como se ve, en la primera resolución, el Juez de Jesús resuelve que la finca, que pertenece a los comuneros, no puede venderse en su totalidad para hacer efectivo un crédito contra el demandado José J. Benítez; pero deja a salvo el de-recho del acreedor por la sentencia para hacer efectivo su crédito en la parte que pueda corresponder al mencionado José J. Benítez en la comunidad. El injunction decretado por el Juez de Jesús impide la venta de la totalidad de la finca pára hacer efectiva una obligación contraída por uno de los comuneros, pero en modo alguno prohíbe que el acree-dor por la sentencia ejecute la participación o interés corres-pondiente al comunero contra quien se dictó la sentencia.

Arguye el demandado, sin embargo, que estando la finca en comnnidad ningún acreedor puede embargar el interés de un socio en bienes determinados, “y sí sólo el interés que en toda la comunidad pueda tener el socio, toda vez que un comunero es un socio.”

No compartimos el criterio de la parte apelada. La co-munidad y la sociedad se rigen por principios totalmente diferentes. Apunta Manresa (11 Comentarios al Código Civil 257) que “Si toda sociedad implica una comunidad, no puede decirse del mismo modo que toda comunidad constituya una sociedad.” Ambas cosas se distinguen, según el mismo co-mentarista, por razón de su respectiva naturaleza jurídica, por su distinto fundamento y por el fin u objeto de las mis-mas. La sociedad tiene como característica la idea del lucro, la esperanza de la ganancia repartible entre los socios, ele-mento éste que no se observa en la comunidad. En ésta, cada comunero puede enajenar o gravar su parte, o fracción de ella, sin consentimiento de los demás, entrando, por tanto, otros miembros en la comunidad; la sociedad se compone so-lamente de las personas determinadas en el contrato; así es que ningún socio puede enajenar su parte, ni asociar a otra persona, a no ser con consentimiento de los demás. Artículo 1587, Código Civil, Edición 1930, y 120, Código de Comercio, Edición 1932.

En la demanda de tercería se alega que al fallecimiento de doña Carlota Sampayo, primera esposa que fué de don José J. Benitez Díaz, se practicó un inventario y liquidación de los bienes existentes entonces, constituyéndose una comu-nidad de todos los bienes relictos al fallecimiento de dicha se-ñora, siendo uno de esos bienes la finca que fué embargada como de la propiedad exclusiva de José J. Benitez. Clara-mente se ve que los bienes de la comunidad no se limitan ex-clusivamente al inmueble mencionado, sino que se extienden a todos los bienes relictos al fallecimiento de la señora Sam-payo.

El demandante, para hacer efectivo su crédito, escoge una finca que forma parte de los bienes de la comunidad y trata de vender en pública snbasta la participación o interés que el demandado pueda tener en dicha finca.

Convenimos en que el derecho de cada comunero cubre la totalidad de los bienes objeto de la comunidad en proporción al valor que tenga cada uno en la cosa común, y que no recae sobre parte o porción física determinada de dichos bienes. Es innegable, sin embargo, que la participación abstracta de cada uno de ios copropietarios abarca el todo y la parte, y se extiende de un extremo a otro de la cosa común, hasta el punto de que no podría desprenderse de la misma sin afectar los derechos de los demás partícipes. El comunero puede disponer de su parte enajenándola o gravándola libremente, con la autoridad y consecuencias inherentes a la propiedad individual.

Dispone el artículo 333 de nuestro Código Civil que todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su con-secuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir a otro en su aprovechamiento y darla en arrendamiento salvo si se tratare de derechos personales, pero el efecto de la ena-jenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad, y el efecto del arrendamiento será con-ferir al arrendatario, durante el término del contrato, las fa-cultades del condueño en orden a la administración y mejor disfrute de la cosa común.

Glosando el artículo 399 del Código Civil Español, equi-valente al 333 de nuestro Código Civil, Edición de 1930, dice el tratadista señor Manresa en el tomo tercero, páginas 463 y 464 de sus “Comentarios al Código Civil”:

“Por eso el artículo objeto de este comentario determina con toda claridad que el condueño tiene la plena propiedad sobre su parte, esto es, sobre lo que representa la cuota de su participación en el todo de la comunidad, y asimismo sobre los frutos- y utilidades que, conforme al mandato del artículo 393 y en la manera especifi-cada por el apartado segundo del mismo, habrán de correspondente on concepto de copropietario de los bienes poseídos comunalmente.-Estudiando detenidamente el concepto de la comunidad, la cual su-pone mientras ella subsiste un estado jurídico de indeterminación en los bienes indivisos que la constituyen, se comprenderá perfecta-mente que los derechos dominicales, en la efectividad de su ejercicio, se entienden circunscritos a aquella parte que en la totalidad indi-visa representa la cuota de participación.”

i

Ha declarado el Tribunal Supremo de España reiterada-mente que la facultad concedida a los condueños de una finca para que puedan vender lo que en ella les corresponda, no legitima la venta de la parte fija y determinada que el ven-dedor designe a su arbitrio, sino la de aquella que le perte-nezca luego que se haga la división. Sentencia de 1.8 de no-Afiembre de 1879.

Comentando el artículo 399, supra, del Código Civil Español, dicé’Manresa en la página 467 del mismo tomo, obra citada:

■“Y es que realmente las enajenaciones de los bienes comunes re-visten una. forma condicional, porque dependen en sus efectos del hecho futuro de la división, y si ésta no llegase a tener eficacia de-bido a. la desaparición de la cosa común, o aun teniéndola, sufriesen grave quebranto los bienes objeto de la comunidad, sería injusto negar al comprador los derechos concedidos de modo general en el artículo 1486 del Código Civil” (igual al artículo 1375 de nuestro Código Civil, Edición 1930).

En el presente caso el demandante no solicita la venta en pública subasta de la totalidad de una porción de los bienes, sino de todo derecho, acción, interés o participación que por cualquier título pueda corresponder al demandado José J. Benitez en dicha porción. En nuestro sentir, el demandante no realiza ningún acto que perjudique los derechos de los demás comuneros al proceder a la venta en pública subasta je la participación o interés que pueda corresponder al deu-dor por la sentencia. Nótese que no se solicita la venta de una porción específica de la finca, sino de cualquier derecho, interés o participación que pueda tener el Sr. Benitez en el inmueble indmso.

Esta misma cuestión lia sido laboriosamente debatida en la jurisprudencia americana, donde prevalece el principio de que los partícipes que no ban tenido intervención en la dis-posición de los bienes de un comunero en particular, deben quedar completamente protegidos en sus derechos. El com-prador adquiere sujeto a la limitación de no perjudicar los derechos de los demás partícipes en la cosa común. En al-gunos casos, particularmente los más antiguos, se sostiene la teoría de que la trasmisión de una parte de los bienes a un extraño puede ser ignorada por los demás partícipes al prac-ticarse la división.

En el caso de Duncan v. Sylvester, 16 Me. 388, resuelto en 1839, se dice que la trasmisión hecha por un partícipe de su interés en una parte de la propiedad, puede ser anulada por sus copropietarios, al proceder a la-partición, por la ra-zón de que ningún partícipe, por sus propios actos, puede excluir a otro de una participación en la propiedad.

En el caso de Stark v. Barret, 15 Cal. 362, resuelto en 1860, se dijo que un partícipe no puede adjudicarse a sí mismo una porción específica del inmueble, ya que al efectuarse la partición, la parcela puede ser adjudicada a otro partícipe. El adquirente queda sujeto a la contingencia de perder la porción adquirida, si al dividirse la totalidad del inmueble, no se adjudica dicha porción al cedente.

En el caso de Smith v. Benson, 9 Vt. 138, 31 Am. Dec. 614, resuelto en 1837, se sostiene que un terrateniente en común no puede trasmitir por puntos y linderos una parte de la cosa común, sin el consentimiento del otro condueño, y se arguye que si estos traslados fuesen válidos, el copartícipe estaría obligado a dividir la propiedad con cada uno de los adqui-rentes, y que una finca que originalmente tuvo su valor, su-jeta a ser dividida solamente entre los dos condueños, podría depreciarse completamente al tener que someterse a una per-petua subdivisión.

Las decisiones modernas reconocen al adquirente cierto derecho de carácter equitativo, que no debe ser ignorado, siempre que no perjudique a los demás miembros de la oo-munidad.

En el caso de Pellow v. Arctic Mining Co., 128 N. W. 920, resuelto por la Corte Suprema de Michigan en 1910, se dice lo siguiente:

“Un copropietario puede vender y enajenar el todo o cualquier parte alícuota de su condominio pro indiviso en toda la propiedad, pero no puede, sin el consentimiento del otro, enajenar un condomi-nio pro indiviso en cualquier parte específica de la cosa común, ni puede, sin tal consentimiento o ratificación posterior del otro copro-pietario, trasmitir por puntos y linderos (metes and bounds) una porción específica de la heredad común, separándola así en forma tal que obligue al comunero que nada ha cedido. Freeman on Cotenancy, section 199; Tiffany on Real Property, section 170; Porter v. Hill, 9 Mass. 34, 6 Am. Dec. 22; De Witt v. Harvey, 4 Gray (Mass.) 486; Adam v. Iron Co., 7 Cush. (Mass.) 361; Staniford v. Fullerton, 18 Me. 229; Lessee of White v. Sayre, 2 Ohio 110. Pero cuando un copropietario trata de trasmitir, por puntos y linderos, su título sobre una parcela de la propiedad común, como lo hizo Harvey en el presente caso, su escritura no es nula, sino que crea derechos (equities) en su cesionario, que deben ser protegidos y he-chos efectivos en cuanto sea posible, sin perjuicio del otro partícipe.”

En el caso de Hitt v. Caney Fork Gulf Coal Co., 124 Tenn. 344, 139 S. W. 693, se dice que la regla de que es nulo un tí-tulo que trasmite una porción específica del terreno poseído en común, con su descripción por puntos y linderos, basada en que no debe complicarse el título de los demás partícipes sin su consentimiento, está sujeta a la limitación de que el terreno, si es susceptible de ser dividido de modo que pueda adjudicarse al adquirente la parcela descrita en el título, sin perjudicar a los demás condueños, debe hacerse así adjudi-cándose la parcela de acuerdo con el título. En el syllabus del caso de Finlay v. Dubach, 105 Kan. 664, 185 Pac. 886, aprobado por la corte, se dice que cuando el dueño de una mitad pro indivisa de una parcela de terreno de uniforme valor ejecuta un documento, trasmitiendo por puntos y lin-deros la totalidad de una porción específica del terreno, ei título no es una nulidad. Aunque no se trasmita un com-pleto título al adquireute, se le confieren, sin embargo, cier-tos derechos de carácter equitativo que le autorizan, en' el caso de una partición, a que se le adjudique la parcela,des-crita en su título, si esto puede hacerse sin perjuicio para los demás partícipes.

Mu el caso de Seavey v. Green, 1 Pac. (2d) 601, resuelto por la Corte Suprema de Oregon en 1931, se dijo:

“Hay también una regla de que una trasmisión por un dueño en común que describe por puntos y linderos una porción de la propie-dad que se intenta trasmitir, será válida entre las partes como una trasmisión del interés del vendedor, con tal de que los derechos e intereses de los demás partícipes no sean perjudicados por tal in-terpretación. ... Se observa siempre estrictamente la limitación de que este título no puede ser interpretado en el sentido de perju-dicar a los condueños del vendedor. . . . Aunque hay algún con-flicto en las decisiones, la regla general sostenida por el peso de las autoridades y la sana razón es que una corte de equidad hará efec-tivo en todas sus partes un título que trasmita un interés indiviso en una porción de una propiedad en común, cuando puede hacerse sin perjuicio o daño para los demás condueños.”

Esta doctrina, sostenida por un gran número de decisio-nes, apela a la equidad y a la justicia, y se ajusta a los prin-cipios de nuestro derecho civil.

La parte apelada arguye cjue no pueden venderse en eje-cución de sentencia bienes que no han sido embargados. Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 246, dice lo siguiente:

“Todas las cosas, semovientes, dinero y demás bienes, así muebles como inmuebles, o cualquier interés en ellos, pertenecientes al deudor declarado tal por la sentencia, no exentos por la ley, y toda propie-dad y derecho respecto de ella, ocupado o embargado en el pleito, están sujetos a la orden de ejecución. Las acciones y participación en cualquiera corporación o compañía, y deudas y créditos y toda la propiedad real o personal o cualquier interés en la misma, y todos los demás bienes no susceptibles de entrega manual, podrán ser em-bargados en virtud de la orden de ejecución, de igual modo que en los autos de embargo. El oro en polvo o en pepitas deberá entre-garse por el oficial como dinero cobrado, por su valor corriente en plaza, sin ofrecerlo en venta. Hasta efectuarse un embargo, los bienes no estarán afectados por la orden de ejecución.”

El artículo que antecede equivale al 668 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. La Córte Suprema de este Estado dice en el caso de Godfrey v. Monroe, 101 Cal. 224, 35 Pac. 761, que cualquier interés legal o equitativo que el demandado tenga en propiedad inmueble, está sujeto a embargo o ejecución.

La totalidad de la finca que se describe en la demanda fué embargada como de la propiedad del demandado José J. Benitez, quien arguye que su participación no fia sido objeto de embargo y que por lo tanto no puede ser ejecutada.

En el caso de Davis v. Barnard, 60 N. H. 550, 551, la Corte Suprema de New Hampshire se expresó así:

“El demandado embargó para ser ejecutada toda la propiedad, la mitad de la cual pertenecía a la demandante y la otra mitad al deu-dor por la sentencia. Conforme a todas las autoridades, el embargo trabado fué válido contra John K. Davis; y aunque el diligencia-miento demuestra que toda la finca fué embargada, eu realidad su mitad, y solamente esa mitad, pasó al acreedor a virtud del embargo. Éste no afectó el título de la demandante en cuanto a la otra mirad de la finca. Ella no fué parte en el embargo ni queda obligada por nada de lo que se hizo que afectara su participación. Ella continúa siendo dueña de una mitad indivisa y el demandado vino a ser dueño de la otra mitad en común pro indiviso con ella. Al radicar cual-quiera de ellos una solicitud para que se haga la partición, nada hay en el embargo que impida que se dicte sentencia ordenando que se haga la partición. El demandado sostiene que él es dueño única-mente de la mitad que pertenecía a John K. Davis, y no pretende tener derecho a la mitad peideneciente a la demandante. Gomo el embargo no puede surtir efecto alguno sobre los derechos de la de-mandante, al hacerse la, partición ésta debe practicarse independien-temente del embargo. La demandante tiene derecho a que se dicte un decreto al efecto de que el demaxxdado le haga entrega de la mitad indivisa de la finca.”

Opinamos que la participación o interés de José J. Beni-tez en la finca embargada puede ser vendida para satisfacer la sentencia. En su demanda en el pleito de tercería, la parto apelada nos dice que dicha finca fné embargada para asegu-rar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse contra José J. Benitez, anotándose dicho embargo en el registro de la propiedad. En su moción de 13 de julio de 1932, solici-tando se dejase sin efecto la orden de ejecución, el propio señor José J. Benitez nos dice que en el mes de agosto, 1930, se embargó como de su propiedad la finca en cuestión para asegurar la efectividad de la sentencia en el pleito seguido contra él, y se añade que el inmueble está inscrito en el re-gistro de la propiedad, al folio 17 del tomo 62 de la capita), inscripción tercera. La primera inscripción de este inmueble a favor de la comunidad se practicó en octubre 23 de 1930. Es verdad que el embargo se trabó en la totalidad de la finca, pero estando la parte comprendida en el todo, estimamos que la porción de José J. Benitez en la propiedad referida quedó también embargada y que puede venderse en pública subasta la referida porción al ejecutarse la sentencia dictada a favor del demandante.

Debe revocarse la resolución dictada por la corte- inferior en 9 de agosto de 1932, y devolverse él caso a dicha corte para ulteriores procedimientos de acuerdo con los términos de esta -opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cacho, acusado y apelante.
    No. 5163.

    Sometido: Diciembre 13, 1933.

      Resuelto: Febrero 14, 1934.

      R. Rivera Zayas, abog'ado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Caclio fué acusado y condenado por vender café tostado y molido adulterado con azúcar quemada.

En la apelación que interpuso contra la sentencia que lo condena a pagar una multa alega como único motivo para su recurso que fué error el haberle condenado sin existir prueba de su culpabilidad pues no aparece que ejecutara acto alguno en relación con los hechos alegados en la acusación y porque en la hipótesis de que existieran fueron realizados por una mercantil, no habiéndose probado que el apelante sea el único gestor de ella ni el verdadero autor de los hechos.

No aparece de la prueba que el apelante vendiera personalmente el café que motivó la acusación en este caso. Lo-que resulta de ella es que el apelante tiene una tienda de provisiones y tuesta y muele café para la venta: que tiene guaguas (vehículos de motor) para llevar café a las tiendas que lo compran, donde es vendido por sus empleados: y que uno de éstos vendió el café ocupado, el cual se entregó en saco de papel que tiene el nombre de R. Cacho & Co., de la que es gestor el apelante.

La única prueba respecto a la existencia de tal sociedad mercantil fué lo que dijeron los testigos, sin que aparezca de sus manifestaciones que el apelante tenga otro socio gestor. El uso por una persona de un nombre social'para sus nego-cios no es prueba concluyente de que tal sociedad exista, ya que. pt Código de Comercio dispone en su artículo 119 que toda- compañía de comercio deberá hacer constar su consti-tución en escritura pública que será inscrita en el Registro ■Mercantil. '¡Puede ocurrir, y ha ocurrido, que una persona haga negbbios con un nombro social sin que tenga sociedad con otra, persona. Por consiguiente, .no se probó suficiente-mente que el café fuera tostado y vendido por una sociedad. Pero, aun admitiendo que tal sociedad exista, la acusación era procedente contra Bamón Cacho, aunque tuviera otro socio, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792, en el cual Narciso Barquet y Juan Barquet, que tenían una sociedad mercantil con otras personas, fueron .acusados individualmente por una venta hecha por un depen-diente de la firma social y confirmamos la sentencia condena-toria que fue impuesta a ellos dos, diciendo, entre otras cosas, que una sociedad (partnership) no puede-ser acusada bajo su razón social sino sus miembros individualmente y que son responsables por los actos de sus agentes o empleados siem-pre que dichos actos sean ejecutados en el curso de su agen-cia o empleo. El hecho de tener el acusado o la sociedad mercantil de que dice ser gestor, guaguas para repartir y vender café por sus empleados es una autorización directa para tales ventas, penable criminalmente cuando tal venta infringe algún estatuto penal, como se infringió en este caso la Ley No. 24 de 1928, pág. 169, que prohíbe vender café adulterado. 16 C. J. 123, párrafo 106: People v. Green, 22 Cal. App. 51: Hipp v. State, 5 Blackford 149, 33 Am. Dec. 463.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

text:
    Luis Sanquírico, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de los Empleados y Funcionarios del Gobierno Insular, Etc., demandada y apelada.
    No. 6273.

      Sometido: Junio 22, 1933.

      Resuelto: Febrero 14, 1934.

      O. Iriarte y F. Fernandes Gayar, abogados del apelante; Son. Procu-rador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el ale-gato) y F. Janer, subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de mandamus.' En la petición se alega:

“1. — Que el peticionario es mayor de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, y la demandada es una junta administra-tiva gubernamental creada por la Ley No., 104, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el año 1925 para los fines, y con las facultades que en dielia ley se enumeran, y está integrada por los señores Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, Juan M. Herrero, Dr. A. Femós Isern y José G. López.
“2. — Que el peticionario estuvo empleado en el Gobierno Insular,, por espacio de más de veinte años, hasta el 13 de febrero de 1931, y con fecha 26 de enero de 1931, la Junta demandada bajo las dispo-siciones de la sección 8 de la Ley No. 104 de septiembre 2, de 1925,. le concedió su retiro al demandante.
“3. — Que el peticionario estuvo suspenso de empleo y sueldo desde-julio 6 de 1922 hasta febrero 1 de 1924, pendiente de la sustancia-ción de una'acusación formulada contra él por el Gran Jurado de-la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, ha-biendo sido repuesto en su empleo en el Departamento de Hacienda en febrero 1 de 1924, por haber sido absuelto de dicha acusación pon-ía referida Corte.
“4. — Que la Legislatura de Puerto Rico, por Resolución Conjunta. No. 7 que pasó a ser ley en 14 de abril de 1931, ordenó el pago-ai peticionario, Sr. Sanquírieo, de los sueldos correspondientes a! ex-presado período de suspensión, por haber encontrado que no hubo-causa justificada para la misma.
“5. — Que la Junta demandada, al computar el tiempo de los ser-vicios prestados por el peticionario, al efecto de determinar la pen-sión que debía asignarle de acuerdo con la ley, excluyó el tiempo durante el cual estuvo el peticionario suspenso dé empleo y sueldo.
“6. — Que en comunicación dirigida al peticionario por la Junta-demandada en 2 de marzo de 1931, se le notificó al peticionario que,, de acuerdo con la computación hecha por la Junta demandada, la; pensión asignádale al peticionario montaba a mil veinticinco dóla— RES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ANUALES.
“7. — Que con fecha 17 ele abril ele 1931, el peticionario comunicó por escrito a la Junta demandada su protesta en contra de la com-putación hecha para determinar el montante de la pensión a quo tiene derecho el peticionario, y reclamó en dicha comunicación una pensión anual de mil noventa y un dólaRes con nueve centavos, para la computación de la cual incluyó el peticionario el período de tiempo comprendido entre julio 6 de 1922 y febrero 1 de 1924, du-rante el cual, como queda dicho, estuvo injustificadamente suspen-dido de empleo y sueldo.
“8. — Que la Junta demandada, por carta de octubre 19 de 1931, se negó a reconocer el derecho del peticionario a que se le compute, a los efectos de determinar el montante de su pensión anual, el total de tiempo de los servicios prestados sin excluir el período de tiempo durante el cual estuvo suspenso de empleo y sueldo el peticionario, sin causa legal alguna para ello.”

Presentada la solicitud se ordenó a la demandada que compareciera a mostrar razones a virtud de las cuales no de-biera expedirse el auto. Compareció en efecto la demandada f expuso los motivos que tenía para oponerse al libramiento. Esos motivos fueron considerados por uno de los Jueces de Distrito de San Juan, el Sr. Llauger, y no estimados sufi-cientes, ordenándose en su consecuencia la expedición de un auto de mandamus condicional.

Parece conveniente transcribir las razones que tuvo el Juez Sr. Llauger para fundar su resolución. Son las que siguen:

“Los fundamentos que tiene la demandada para que se desestime la petición de plano, son los siguientes: 1. — Porque el tiempo que el peticionario estuvo fuera del servicio no es computable a los efec-tos de calcular el montante de la pensión del empleado; 2. — Porque de la propia solicitud aparece que la junta demandada actuó en el ejercicio ele las facultades discrecionales, no habiendo abusado de su discreción; y 3. — Porque el peticionario carece ele un claro derecho a que se expida el auto de mandamus que se solicita.
“La sección 8 de la Ley No. 104 de 1925, dispone que cualquier funcionario o empleado a quien sea aplicable la ley y que haya pres-tado servicios por lo menos de 20 años, tendrá derecho a una pen-sión vitalicia anual igual al 2% del promedio de sir sueldo o compen-saciones básicas anuales durante los 7 últimos años de servicio com-putables, multiplicados por el número de-años de servicio. La com-putación de estos servicios se hace de acuerdo con la sección 2 de la ley, la" que dispone que al computar el tiempo de servicio, será ex-cluido el tiempo en que el funcionario o empleado hubiera estado fuera del servicio y el de cualesquiera licencias que excedieran de 90 días dentro de un año natural, así como todo servicio temporero con posterioridad a enero 1 de 1924.
“Como para los efectos de esta moción presentada por la deman-dada, debemos admitir los hechos de la demanda como ciertos, el más elemental principio de lógica nos dice que si el empleado estuvo sus-penso de empleo y sueldo y más tarde fué repuesto en su cargo, el tiempo durante e] cual duró la suspensión, si bien estuvo fuera del servicio, lo estuvo por una causa ajena a su voluntad y en cualquier tiempo estuvo obligado a reincorporarse y prestar de nuevo el ser-vicio que venía prestando tan pronto cesare la causa de su suspen-sión. El hecho de que la Legislatura haya también aprobado la re-solución conjunta a que hacemos referencia antes y que en la misma se exprese que no hubo causa justificada para la suspensión, y auto-rice el pago de sus sueldos, debe significar que tal suspensión no puede considerarse como un período de tiempo fuera del servicio en la acepción que tal frase debe interpretarse al aplicar la sección 2 de la Ley No. 104 de 1925.
“Resuelto así el primer fundamento de oposición de la deman-dada, parece que el segundo de los mismos cae por su base, toda ves: que si el empleado estuvo fuera del servicio no por su cansa o vo-luntad, sino por motivos ajenos a su deseo, no puede discrecional-■mente la demandada aplicar la ley en la forma en que el demandante alega en su petición le ha sido aplicada, porque dicha demandada no tiene discreción pura ello, y de tenerla, no ha. podido ejercitarla en esa forma.”

La vista que se fijara se dió por celebrada por estipula-ción de ambas partes, aceptándose por la demandada la ver-dad de los hechos alegados en la petición, y así sometido el caso a otro de los Jueces de la Corte de Distrito de San Juan, el Sr. de Jesús, fué resuelto definitivamente en contra del peticionario, que apeló entonces para ante este tribunal.

R¡1 razonamiento del Juez Sr. de Jesús, fué el siguiente:

“El problema legal que se nos presenta ahora es determinar si el tiempo durante el cual estuvo el demandado suspenso de empleo, y sueldo debe ser computado por la Junta demandada a los efectos de determinar el montante de la pensión que lia, de recibir el peticionario.
“La cuestión planteada por el peticionario está resuelta y de-pende de la interpretación que demos a la Sección 2 de la Ley No. 104 de 1925 que prescribe en parte lo siguiente:
“ ‘Al computar el tiempo de servicios para los efectos de esta ley, serán excluidos el lienjpo en que el funcionario o empleado hubiere eslado fuera del servicio; y el de cualesquiera licencias que excedie-ran en total de noventa días dentro de un año natural, así como todo el tiempo de servicio bajo nombramiento temporero con posteriori-dad a enero 1, 1924.’
“A nuestro juicio la intención del legislador está claramente ex-presada en dicho párrafo en el sentido de que los servicios que han de tomarse en consideración para computar el tiempo deben ser ser-vicios realmente prestados (actually rendered.) El hecho de que la ley excluya el tiempo de las licencias que excedieran de noventa días dentro de un año natural demuestra que la intención de la Legis-latura es tomar en consideración solamente el tiempo invertido en la prestación de servicios, y no el tiempo durante el cual haya ocupado el funcionario el cargo público. ¿Por qué excluir de la computación las licencias que exceden de noventa días e incluir una suspensión de empleo y sueldo por espacio de dos años? El peticionario nos cita abundante jurisprudencia para demostrar que un funcionario pú-blico que está suspendido de empleo y sueldo no deja de ser tal fun-cionario por el hecho de la suspensión, pero ése a nuestro juicio no es el punto en controversia. Aceptamos que el funcionario público suspendido de empleo y sueldo continúa siendo tal funcionario hasta que cese definitivamente en su cargo ya sea por renuncia, destitu-ción o por haber expirado el término por el cual fué nombrado, pero no podemos aceptar que un funcionario que está suspendido de em-pleo y sueldo está prestando servicios a El Pueblo de Puerto Rico como tal empleado. Su situación en cuanto a la prestación de ser-vicios se refiere, es la misma que la de un empleado o funcionario en uso de licencia y no hay motivo para hacer distinción alguna entre una licencia que exceda de noventa días y una suspensión de empleo y sueldo por dos años como en este caso, pues donde la ley no dis-tingue los tribunales no deben distinguir.”

Después de un cuidadoso estudio de los hechos y la ley, de las opiniones emitidas por los jueces de distrito y de los alegatos de los abogados de ambas partes, opinamos que tiene razón el peticionario.

A nuestro juicio todo depende de la interpretación que se dé a las palabras “fuera del servicio” usadas en la sección 2 de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), que es la aplicable. Oreemos que un empleado “suspendido” sólo puede conside-rarse que estuvo “fuera del servicio” durante el tiempo de la suspensión, si al resolverse su caso definitivamente se le destituye o separa de su empleo. Pero si se resuelve que vuelva a él por estimarse injustificadas las causas que moti-varon la suspensión, debe concluirse que permaneció siempre dentro del servicio.

La comparación que se hace con el caso de las licencias nos lleva a una conclusión contraria a la sostenida por el juez sentenciador. Los efectos de las licencias en relación con la pensión es algo que la ley regula expresamente y dentro de la regulación misma podemos ver cómo un empleado que está de hecho sin prestar servicios durante una licencia de noventa días, no se le considera fuera del servicio sino dentro de él a los fines de la computación. Cuando la licencia excede de noventa días, no tiene el funcionario derecho a la computa-ción, y es que generalmente después de esos noventa días no se percibe sueldo alguno por el funcionario y si se percibe ya ha sido el funcionario expresamente avisado de que no se tomara en consideración a los efectos del retiro. Además, la licencia se solicita por el funcionario para su propio benefi-cio, mientras que la suspensión se impone al funcionario en contra de su voluntad, y si ulteriormente se decide que fué injusta y se ordena el pago de los sueldos que durante ella debió percibir, de cuyos sueldos se descuenta la cantidad co-rrespondiente al fondo de retiro, entonces no existe a nuestro juicio fundamento alguno para excluir de la computación el tiempo que el funcionario estuvo suspendido a base de lo dispuesto en la repetida sección 2 de la Ley No. 104 de 1925.

En tal virtud, debe revocarse la .sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra ordenando la expedición del auto so-licitado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Ex parte Ventura Orellana Rodríguez, peticionario y apelado, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelante.
    No. 5308.

    Sometido: Febrero 8, 1934.

      Resuelto: Febrero 14, 1934.

      E. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelante; Manuel Ro-dríguez Ramos, abogado del peticionario apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ventura Orellana Rodríguez'fué condenado por la Corte •de Distrito de Bayamón en febrero 28, 1933, como autor de «un delito de homicidio involuntario, a sufrir la pena de un ■año de presidio. No conforme con la sentencia, apeló de ella •el propio día 28 de febrero, pero omitió, notificar su escrito al fiscal. Por ese motivo su apelación fué desestimada por ■esta Corte Suprema el 12 de junio de 1933.

Así las cosas, el mismo día 12 de junio, vigente aún el término de seis meses que la ley le concedía para apelar, ra-dicó un nuevo escrito de apelación. Fué reducido a prisión y hallándose en la Penitenciaría cumpliendo la sentencia, se ■dirigió a la corte de distrito que lo condenara pidiéndole que le fijara fianza para permanecer en libertad mientras se sus-tanciaba la apelación que interpusiera el 12 de junio. Su solicitud fué radicada el 23 de agosto de 1933 y desestimada por la corte de distrito el 8 de septiembre siguiente:

Entonces presentó una solicitud de hábeas corpus que fué declarada con lugar por el Juez Asociado de esta Corte Su-prema Sr. Córdova Dávila que actuaba entonces en funciones de turno por hallarse la corte en vacaciones. No conforme el fiscal apeló de la resolución del Juez de Turno para ante el tribunal en pleno, celebrándose la vista del recurso el 8 de febrero actual.

La resolución apelada se funda en una opinión en la que se estudia cuidadosamente la ley y la jurisprudencia aplica-bles. La cuestión fundamental envuelta es, a nuestro juicio,, sencilla.

Como liemos dicho, la ley concede a la persona condenada por sentencia de una corte de distrito dictada como en este caso en causa tramitada originalmente ante ella, el término de seis meses para apelar. Artículo 349 del Código de En-juiciamiento Criminal y artículo 1 de la ley de 28 de inayo de 1904, leyes de 1905, p. 17.

Dentro de ese término apeló Orellana, pero no notificó su escrito al fiscal, parte contraria, y su apelación fué desesti-mada porque como dijo este tribunal en el caso del Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, 891, basándose en lo dispuesto en el artículo- 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, “si la notificación no se hace, no adquiere jurisdicción la corte y el recurso debe ser desestimado sin oírse.” Así las cosas y dentro aun del término de ley, fué que el acusado radicó su segundo escrito de apelación.

A nuestro juicio tenía perfecto derecho para hacerlo así. Su primera actuación no tuvo efecto. Intentó por ella esta-blecer el recurso, pero su apelación no quedó jamás perfec-cionada. La Corte Suprema no sólo no entró a considerar el caso en sus méritos, si que no adquirió jurisdicción para considerarlo. Si el término concedídole por la ley para ape-lar hubiera fenecido, el acusado hubiera pagado su equivoca-ción con la pérdida de su derecho, pero estando como estaba en vigor, las puertas del tribunal de apelación estaban aún abiertas para él.

A esa conclusión llegaríamos a virtud de la sola interpre-tación de la ley vigente en Puerto Rico aunque no existieran precedentes en qué apoyarla. Existen, sin embargo. Cita-remos, tomándolos de la opinión del Juez de Turno, los si-guientes párrafos de la opinión emitida por la Corte Suprema de Alabama en el caso de Porter v. State, 146 Ala. 36, 41 So. 421, a saber:

“El acusado fué convicto del delito de asesinato en segundo grado. El caso estuvo anteriormente ante esta Corte y la apelación fué desestimada, por no aparecer en los autos la sentencia de la corte inferior. Se insiste por el apelado que la desestimación de la apela-ción es concluyente contra el derecho del apelante a promover una segunda apelación ante esta corte.
“Aunque hay algunas decisiones que sostienen que cuando una apelación ha sido desestimada la parte no puede establecer un nuevo recurso, la verdad es que en la mayoría de estos casos los hechos de-muestran que el apelante mismo voluntariamente desistió de su ape-lación. Sin aceptar la corrección de estos casos, aún con la limita-ción señalada, opinamos que el gran" peso de las autoridades, que nosotros creemos está también en consonancia con las analogías de hr ley, sostiene la proposición de que cuando los méritos del caso no han sido discutidos, y la apelación se ha desestimado por no haberse cum-plido con algún requisito técnico, la parte puede promover una se-gunda apelación dentro del término prescrito por la ley. 2 Ency. Pl. & Pr. p. 357; Groendyke v. Musgrave (Iowa) 99 N. W. 144; Robinson v. Arkansas L. & T. Co. (Ark.) 83 S. W. 609; Evans v. State Bank, 134 U. S. 330, 10 Sup. Ct. 493, 33 L. Ed. 917.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Juan B. Huyke, demandante y apelante, v. La Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, Etc., demandada y apelada.
    No. 6061.

    Sometido: Junio 20, 1933.

      Resuelto: Febrero 16, 1934.

      Luis Tirado, abogado del apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Horton, (Charles E. 'Winter en el alegato), y Felipe Janer, subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del

tribunal.

Este es un caso de mandamus. Lo inició Juan B. Huyke contra la Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Per-manentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, alegando en su solicitud que en noviembre 28, 1929, era el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico; que desde mayo 1, 1900, a julio 1, 1908, desempeñó el cargo de Profesor Graduado y Principal de las escuelas de la Isla; de mayo 11, 1910, a ju-lio 31,1911, el de Superintendente General de dichas escuelas; de abril 6, 1914, a enero 1, 1921, el de Sñidico de la Univer-sidad de Puerto Rico, y de octubre 3, 1921, basta principios de 1930,' el de Comisionado de Instrucción.

Que estando en servicio activo, en noviembre 26, 1929, so-licitó de la junta demandada su retiro con pensión-y le fue negado en enero 26, 1931, por estimar la junta: Io., que su cese se debió a la expiración de su término, más bien que a su renuncia; 2°., que si bien consta que prestó 26 años, 1 mes y 21 días de servicio, 6 años, 8 meses y 25 días lo fueron como miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad, período no computable de acuerdo con la ley, quedando así reducido el término a 19 años, 6 meses y 13 días, y 3o., que abandonó su derecho al retiro por no haber cotizado al fondo de pensiones desde enero 1, 1924, a mayo de 1928, no obs-tante ser obligatoria la ley en cuanto a la cotización desde diciembre 1, 1925.

Y sosteniendo que a virtud de los hechos alegados y de acuerdo con lo prescrito en la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), la Junta no estuvo justificada al negarle la pensión, pidió a la corte que le ordenara que se la concediera, con los demás pronunciamientos de ley.

En su contestación la junta aceptó la verdad de los hechos alegados, pero negó que de acuerdo con los mismos y con la ley, estuviera obligada a decretar el retiro con pensión.

Sometido así el caso a la. corte de distrito, fue decidido en contra del peticionario qne interpuso entonces el presente re-curso de apelación.

En su opinión la corte de distrito resume el problema a resolver como sigue:

' ‘ (a) i. Es computable a los efectos de la Sección 8 de la Ley el tiempo que sirvió el peticionario a El Pueblo de Puerto Rico en un cargo no remunerado, cual es el de miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico? Si no es computable ese tiempo, entonces el peticionario no tiene derecho al retiro que solicita por no haber prestado por lo menos veinte años de servicios que en casos de retiro voluntario exige la Sección 8 antes transcrita. Si es comp ci-table, precisa resolver la segunda cuestión levantada por la represen-tación de la Junta demandada, a saber:
“ (h) ¿Tiene derecho a pensión voluntaria un funcionario que ha servido a El Pueblo de Puerto Rico durante veinte años, pero que ha dejado de pagar durante algunos años despirés de la vigencia de la Ley, la cuota prescrita en la Sección 13 de la misma?”

Luego estudia la Ley No. 104 de 1925 en su totalidad y responde la primera pregunta formulada en la negativa, des-estimando, por -tal motivo, la solicitud, sin entrar en la con-sideración de la segunda.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte sen-tenciadora erró:

“1, al declarar sin lugar la solicitud de mandamus por entender que a los efectos de la See. 8 de la Ley No. 104 de 1925, y conforme a lo dispuesto por la See. 2 de la misma, no son computables los ser-vicios prestados por el demandante apelante como funcionario del Go-bierno Insular, en el desempeño de un cargo no retribuido como el de Síndico de la Universidad de Puerto Rico.
“2, al declarar que la Ley de Retiro sólo comprende a funciona-rios o empleados que hayan prestado servicios mediante retribución legal, y
“3, al basar su resolución en consideraciones de orden teórico sobre la aplicación de la Ley juzgando anticipadamente un'a situación de hecho enteramente distinta de la que ofrece el caso preciso que tuvo ante sí.”

Después argumenta de modo admirable sus señalamientos de error. Sin embargo, no obstante reconocer la fuerza de sus razonamientos, nos vemos obligados a decidir el recurso en contra suya.

Es cierto que al conceder la Ley No. 104 de 1925 — que es la aplicable en este caso — en su sección 8, el derecho al re-tiro voluntario a cualquier funcionario o empleado que baya prestado por lo menos veinte años de servicio, de modo, ter-minante expresa que la computación de servicios se hará de acuerdo con la sección 2 de la misma, y que la sección 2 dis-pone que “el total de tiempo de servicios que servirá de base para calcular el importe de cualquier pensión provista por esta ley, será computado desde la fecha del nombramiento original del funcionario o empleado, bien pertenezca al ser-vicio clasificado o no clasificado, incluyendo los períodos de servicios prestados en diferentes épocas y en uno o más de-partamentos u oficinas del Gobierno Insular.”

Es cierto también que la sección 1 de la expresada ley dispone que “comprenderá a todos los funcionarios o emplea-dos en el Servicio Civil clasificado y no clasificado del Go-bierno Insular de Puerto Rico, con excepción de los jueces del Tribunal Supremo, los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, los profesores de instrucción pública, los miem-bros de la Policía Insular y los empleados municipales.” Y que yendo a la ley que regula el Servicio Civil nos encon-tramos con que el cargo de miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico aparece relacionado expre-samente como uno de los varios comprendidos en el servicio civil no clasificado, así:

“El Servicio Civil del Gobierno de Puerto Rico y cada subdivi-sión gubernativa del mismo se dividirá en Servicio No-Clasiñeado y Servicio Clasificado. El Servicio No-Clasificado comprenderá:
“Los miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. ........
Ley de Servicio Civil, Seo. 4, Leyes de 1907, p. 172.

Y es cierto, por último, que en ninguna parte de la ley de pensiones se excluye expresamente de sus beneficios a los ' funcionarios que prestan sus servicios sin percibir remune-ración.

Pero no obstante ser todo ello así, leyendo la ley de que se trata íntegramente, estudiando todas y cada una de sus disposiciones, habiendo en consideración no sólo el espíritu de la institución que crea si que también los medios que le otorga para llevarlo a la práctica, se llega a la inevitable conclusión de que sólo los servicios remunerados fueron los que estuvieron en la mente de la Legislatura y los que pue-den considerarse, por tanto, comprendidos dentro de las pres-cripciones de la ley.

En aquellos servicios que los ciudadanos prestan ad hono-rem, el elemento remuneración en pesos y centavos no forma parte del contrato. T si ello es así ¿cómo podría invocarse luego ese elemento como un derecho para percibir una re-muneración de tal naturaleza en forma de pensión?

Los recursos pecuniarios con que cuenta la “ Junta de Retiro” creada por la sección 16 de la Ley No. 104 de 1925, para dar cumplimiento a sus disposiciones, se derivan de los sueldos mismos de los funcionarios. Véanse las secciones 13, 14, 15, 18 y 19 de la ley. Y un cuidadoso examen de esos recursos en relación con las disposiciones de la ley relativas a los casos en que puede y debe concederse el retiro y a la cuantía de la pensión, levanta una fuerte duda de que aun aplicada estrictamente la ley al cuerpo de empleados remu-nerado y contribuyente, sean dichos recursos pecuniarios su-ficientes. Y si a esa conclusión se llega tomando en conside-ración solamente los servicios remunerados, no es posible in-terpretar la ley de manera que incluya servicios que no lo fueron y de los cuales no pudo hacerse deducción alguna para afrontar en su día el pago de la pensión.

Habiendo llegado a esa conclusión fundamental, se hace innecesario considerar las otras circunstancias que concurren en el caso del peticionario y que tomó en consideración la .junta demandada para actuar en la forma en que lo hizo.

Debe declararse sin lugar él recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Marzo 29, 1934

Se lia presentado tina moción de reconsideración prepa-rada cuidadosamente en este caso.

En nuestra opinión dijimos:

“Los recursos pecuniarios con que cuenta la ‘Junta de Retiro’ creada por la Sección 16 de la Ley No. 104 de 1925, para dar cum-plimiento a sus disposiciones, se derivan de los sueldos mismos de los funcionarios. Véanse las secciones 13, 14, 15, 18 y 19 de la ley.”

Y la verdad es que aunque nos referimos a las secciones 15 y 19 de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949) para completar el texto, tal como éste se encuentra redactado puede interpre-tarse como que dice que los únicos recursos con que cuenta la Junta son los derivados de las deducciones que se hacen de los sueldos de los propios empleados.

Y en la moción se sostiene con razón que no es así. La sección 19 de la propia Ley No. 104 de 1925 en efecto dispone:

“Se autoriza y se ordena al Auditor de Puerto Rico para que transfiera, a la terminación del año económico 1924-25 y de todo año fiscal sucesivo, al ‘Pondo de Retiro de Empleados del Servicio Civil de Puerto Rico — Pondo de Depósito,’ el treinta (30) por ciento de todos los sobrantes de cada año económico que resultaren en las asignaciones de sueldos de cargos comprendidos dentro de esta Ley; Disponiéndose, que los sueldos sobrantes por concepto de plazas su-primidas por innecesarias, no serán contados para el tanto por ciento a que se refiere esta sección.”

Habiéndose enmendado dicha sección en 1928 y en 1933 en que quedó redactada como sigue:

“Sección 19. — Empezando en el año económico 1933-34 y con-tinuando en los años sucesivos, se faculta al Tesorero de Puerto Rico y por la presente se le ordena separar e ingresar en el Pondo de Retiro de Empleados del Servicio Civil de Puerto Rico, Pondo de Depósito, a medida que se vayan recaudando, los intereses sobre, fondos en depósito del Gobierno Insular en los bancos depositarios Tiasta la suma de cincuenta mil (50,000) dólares; Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico queda autorizado y ordenado por la presente a ingresar al referido Fondo de Retiro, al comienzo de cada año económico, la cantidad por esta Ley asignada, sin que baya nece-sidad de una nueva autorización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, además, que la Junta de Retiro de los Empleados del Gobierno Insular rendirá anualmente antes del co-mienzo de la sesión legislativa, un informe completo de todas las pensiones concedidas y que de abora en adelante se concedan de acuerdo con esta Ley, para conocimiento y acción de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”

Tal aclaración no destruye, al contrario, refuerza la con-clusión a que en nuestra opinión llegamos en el pasaje indi-cado, a saber: que un cuidadoso examen de los recursos con que cuenta la Junta en relación con las obligaciones que la misma debe cubrir, levanta una fuerte duda de que aun tomando sólo en consideración el cuerpo de empleados remu-nerado, sean dichos recursos suficientes. La experiencia se está encargando de demostrar que no se trata de una duda, sino de una realidad.

Reconoce al parecer él apelante la fuerza del razonamiento básico de nuestra decisión, pero insiste en que si bien podría aplicarse a servicios no remunerados a partir de la vigencia de la ley, aplicado a servicios prestados con anterioridad, resulta notoriamente injusto, porque para nada se tuvo en cuenta la remuneración de esos servicios anteriores para la formación del fondo con que habría de satisfacer la Junta las pensiones de los empleados que se fueran retirando.

Seguramente que a no haberse tomado en consideración ese elemento es que obedece en gran parte la quiebra de la ley, y no deben las cortes agravar por una interpretación liberal una situación de suyo seria. Además, esa cuestión no está ante nosotros. Lo que decidimos fue que los servicios que se prestan ad hcmorem son algo aparte que si desde 'un principio se excluyó de toda relación con pesos y centavos, debe continuar así hasta el fin. Sería a nuestro juicio des-naturalizar la ley, el injertar en ella esa clase de servicios. Y en cuanto a ese aspecto de la cuestión, que es el fundamental, no nos lia convencido la moción de reconsideración de que estemos equivocados.

Siendo ello así, la moción debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Amalia Díaz, demandante y apelada, v. Gabriel Janer, demandado y apelante.
    No. 6551.

    Sometido: Febrero 12, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1934.

      Delipe Janer, abogado del apelante; Arturo Yahmnonde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Amalia Díaz inició una acción de divorcio contra Gabriel Janer, quien estableció una contrademanda que fué declarada .con lugar por la corte inferior, declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre demandante y deman-dado, y reconociendo el derecho de la demandante contrade-mandada a coiitinuar las relaciones de familia con su hijo, menor de edad, Felipe Janer Díaz.

. Solicitó la- demandante que la corte fijara las relaciones ■de familia entre ella y su hijo y parece que esta moción fué resuelta ordenándose al demandado y contrademandante que ■enviase el menor a la casa de Amalia Díaz todos los días martes, jueves y sábado de cada semana de dos a cuatro de la tarde. Decimos que parece que así se resolvió por la corte inferior, porque la resolución apelada no ha sido aún unida a los autos y esta información la tomamos de la moción de la parte apelada, solicitando que se desestime el recurso in-terpuesto.

De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario ■de la Corte de Distrito de San Juan, el demandado radicó su ■escrito de apelación en 26 de agosto de 1933. En 26 de sep-tiembre solicitó una prórroga de treinta días para radicar la transcripción de evidencia y en 27 de octubre y 24 de no-viembre de 1933, se solicitaron nuevas prórrogas con el mismo fin. En esta fecha se presentó fuera de término en la corte inferior la transcripción de evidencia, a los noventa días de interpuesto el recurso de apelación. Como esta transcrip-ción de evidencia no podía legalmente radicarse sin la con-cesión de un nuevo término se solicitó y obtuvo de esta corte, y en 12 de febrero de 1934 fué elevada la referida transcrip-ción de evidencia a este tribunal.

Alega la parte apelada que el demandado apelante ha dejado transcurrir el término de noventa días sin haber radicado la apelación en este tribunal y que además el recurso interpuesto es completamente frívolo y sólo persigue el propósito de demorar la resolución recaída en la corte inferior en contra de la demandante apelada.

La regla 59 de este tribunal, citada por la parte apelada ■en apoyo de su moción dice así:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que pre-sentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas concedi-das por la corte inferior, el Tribunal a discreción podrá desestimar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfac-toriamente que el apelante no ha proseguido' su apelación con la dili-gencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

No está desacertada la demandante al asegurar que el demandado no lia proseguido su recurso con la- debida dili-gencia. La transcripción de evidencia, que consta solamente-de 25 páginas, lia podido ultimarse en un corto período de tiempo. La parte apelante lia debido cuidarse de que la re-solución recurrida, base de su apelación, fuese unida a los autos. No se lia desplegado a nuestro juicio la debida dili-gencia en la tramitación de este recurso, que además no puede considerarse completamente perfeccionado, ya que en los autos se nota todavía la ausencia de la resolución que motivó-la interposición del mismo.

En cuanto a la cuestión de frivolidad, no podemos resolverla faltándonos la base que es la resolución recurrida. No importa que la parte apelada exponga en su moción iospronunciamientos de la corte inferior y que de los mismos surja la frivolidad del recurso, si no tenemos acceso a la resolución que lo motiva.

El recurso interpuesto debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila

text:
    Emilio Soto González y Dolores Soto González, representados por su padre con patria potestad Fulgencio Soto; Antonia Soto, María Eleuteria Acevedo López y Martín González López, demandantes y apelantes, v. José Rosa y Casimiro Román, demandados y apelados.

      No. 5418.

    Sometido: Febrero 14, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1934.

      Armando A. Miranda, abogado de M. González López; Lens <& Su-soni, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila

emitió la opinión del tribunal.

Olegaria C. González López falleció en 31 de julio de 1926, sin baber otorgado testamento y sin dejar descendientes o ascendientes que le sobrevivieran. Los demandantes, Martín González López, Emiliano, Dolores y Polonia Soto González y María Eleuteria Acevedo López, considerándose únicos y universales, herederos de la finada, en su carácter de hermano natural el primero y en calidad de sobrinos los últimos por derecho de representación, ejercitan esta acción para reivin-dicar una finca rústica y dos fincas urbanas que se describen en la demanda y que pertenecieron a la referida señora. En su contestación, admiten los demandados que Candelaria Gon-zález López, mencionada en la demanda como Olegaria Gon-zález López, dejó a su fallecimiento los referidos bienes, pero alegan que, habiendo muerto sin dejar descendientes ni as-cendientes, su cónyuge viudo, Pascual Eosa, fué y es su único y universal heredero.

En la vista del caso, al finalizar la prueba de los deman-dantes, los demandados presentaron una moción de nonsuii que fué declarada con lugar por la corte en cuanto a los de-mandantes Emiliano, Dolores y Polonia Soto y María Eleu-teria Acevedo López, y sin lugar en cuanto al demandante Martín González López. Eesolvió la corte el caso en sus mé-ritos en cuanto a este demandante, luego de practicada la prueba, declarando sin lugar la demanda, por entender que Martín González López no probó que fuese hermano natural de Olegaria.

El presente recurso de apelación se basa exclusivamente en que la corte inferior erró “al declarar que no se probó por el demandante apelante que Olegaria González López era hija natural reconocida de Nicomedes González, y por tanto, hermana paterna de dicho demandante apelante.”

Para demostrar su parentesco natural con la finada, el demandante ofreció la certificación de bautismo de Olegaria, expedida por el cura ecónomo de la Parroquia de Moca, y una copia certificada de una sentencia dictada en 2 de diciem-bre de 1927 por la Corte de Distrito de San Juan, declarando a Martín López hijo natural reconocido de Nicomedes Gon-zález.

La partida bautismal ofrecida como prueba dice así:

“Yo, el Pbro. Lio. Fr. Arsenio Fernández y Rodríguez, de la Orden de San Agustín, Cura E°. de esta parroquia de Moca, Diócesis de Ponce, P. R., CERTIFICO: Que en el libro veinticuatro (24) de Bautismos de este archivo parroquial, y en el folio 23 vto. número 92, hay una partida del tenor siguiente: ‘En el pueblo de la Moca a primero de marzo de mil ochocientos ochenta y dos: Yo el Pbro. D. Pedro Casado y Canales, Cura Ecónomo de la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Monserrate, bauticé y crismé solemnemente a Ole-garia que nació el día seis de marzo del año anterior, hija reconocida •de Nicomedes González y María López. Abuelos paternos Juan Gon-zález y María Colón y maternos, Pedro Pérez y María López. Fue-ron sus padrinos Rosalía González y Guillermo Soto a quienes ad-vertí el parentesco espiritual y obligaciones de que certiñco. Pedro Casado y Canales.’ Iíay una rúbrica. — Es copia ñel y exacta del ■original a que me remito y a petición de parte interesada, libro 1a. presente firmada y sellada en Moca a diez de septiembre de mil no-vecientos veintiséis.— (fdo.) Fr. Arsenio Fernández, C. P.”

La cuestión es clara y debe resolverse por los mismos fundamentos que en su opinión aduce la corte inferior. Esta ■corte fia declarado en repetidas decisiones que la partida de bautismo no es bastante para estimar justificado mediante documento público el reconocimiento de la filiación natural. Como muy bien dice la corte inferior, para que el demandante ■en este caso hubiese podido alegar con éxito favorable que ■Olegaria era hija natural reconocida de Nicomedes González, y así establecer su condición de hermano paterno, era nece-sario que constara que ese reconocimiento se había verificado .voluntaria y solemnemente por el padre, o que ella había ob-tenido sentencia firme a su favor en un tribunal competente y dentro del procedimiento adecuado. Bien se estudie la par-tida bautismal a la luz de las disposiciones de la Ley 11 de Toro o de los preceptos del Código Civil Español o del Có-digo Civil vigente, cualquiera que sea la liberalidad con que se considere esa prueba, no podemos darle el valor proba-torio que ifitenta el demandante. En ella no consta que el reconocimiento se hiciera por Nicomedes González en persona, ni que éste suscribiera el acta con los testigos de rigor. Aguayo v. García, 11 D.P.R. 274; Sucn. Díaz v. Sucn. Díaz, 17 D.P.R. 57; Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528; Rodríguez v. Rodríguez, 18 D.P.R. 440; Ex-parte Otero, etc. v. Pueblo, 27 D.P.R. 340; Cepeda v. Peñalosa, 28 D.P.R. 933.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       Nota del Repórter: Durante*el juicio, la'corte inferior autorizó una enmienda a la demanda para sustituir el nombre de Antonia por el de Polonia.


author: El Juez Asociado Senos Alduey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Colón, acusado y apelante.
    No. 5378.

    Sometido: Febrero 13, 1934.

      Resuelto: Febrero 21, 1934.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Alduey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Colón fué condenado por tener para la venta café tostado y molido adulterado con un 43 por ciento de cereales y leguminosas. Ese café lo compró a Solivellas & Cía., Sucrs., y en el juicio trató de presentar, sin que se le admitiera, una garantía de la firma vendedora de que el café que le vende es puro. Su apelación se funda en que esa garantía debió ser admitida y que como consecuencia de ella debió ser ab-suelto. '

La Ley No. 63 de 28 de abril de 1931 sobre ali-mentos y drogas dispone en su sección séptima lo siguiente:

“Ningún vendedor podrá ser procesado judicialmente, si pre-senta una garantía escrita y firmada por cualquier comerciante al por mayor, importador, agente, representante, distribuidor o manu-facturero, en Puerto Rico o en los Estados Unidos, de los cuales se obtenga en compra el artículo aludido, haciéndose constar que no está adulterado o falsamente rotulado. Dicha garantía, para ofre-cer la debida protección, deberá contener el nombre y la dirección completa de la persona o firma que hizo la transacción con el vende-dor. En este caso el proceso judicial se instituirá contra la persona o firma responsable; Disponiéndose, que si en la serie de garantías que aparecieran entre las distintas personas o firmas que hicieron dicha transacción, resultara originalmente responsable una persona residente en Estados Unidos, el Comisionado de Sanidad preparará la evidencia documental y de testigos que demuestre este hecho y lo someterá por el trámite oficial ordinario a las autoridades federales para el proceso judicial correspondiente contra la persona o firma responsable en aquel país.”

El documento de garantía que el apelante trató de pre-sentar en el juicio dice así:

‘ ‘ TORREFACCIÓN de café Hacienda, de Solivellas & Co., Sucrs. Garantía para venta de café tostado y molido. — Nosotros, Solivellas & Co., Sucrs., por la presente garantizamos que el café tostado y molido vendido al comerciante Rafael Colón no está adulterado ni falsa-mente rotulado dentro de lo que dispone la Ley de Alimentos y Drogas de P. R. — Solivellas & Co. Sucrs. — Firmante Solivellas & Co. ■Suers.' — Cargo que ocupa Torrefacción Dirección: Yauco, P. R. — Fe-cha 3 de enero de 1932.”

No dice la ley que esa garantía debe ser hecha en docu-mento piíblico o firmada ante notario, pero no estando en esa forma su autenticidad debe probarse antes de que pueda ser admitida en juicio. La firma de Solivellas & Cía., Sucrs., debió ser reconocida por alguna persona que la conociera o -viera cuando fué escrita por alguno de los gestores de esa •compañía y eso no se hizo, pues lá declaración en el juicio por el apelante de que está firmada la garantía por Solivellas & Cía. sin expresar si conoce la firma puesta en ella ni que vió cuando fué firmada no autentica dicha garantía. Además, esa garantía no cumple con la ley pues no contiene el nombre y la dirección completa de la persona o firma que hizo la tran-sacción con el vendedor, ya que se limita a decir que la venta fué hecha a Rafael Colón, sin consignar su dirección completa. De otra parte, esa garantía tiene fecha muy anterior a la venta del café que resultó adulterado pues es de 3 de enero de 1932 y la compra que nos ocupa fué hecha el 6 de diciem-bre de ese año, momentos antes de ser ocupado el café por Tin inspector de Sanidad. No dice la ley que 'se entregue esa ■garantía con cada venta que se haga, ni tampoco que sea general para cualquier venta que se realice, pero si se hace en esta forma entonces entendemos que deberá expresarse que •está garantizándose cualquier compra que haga determinado •comprador para que éste quede garantizado, pues en la forma en que está la de este caso parece referirse a una venta hecha al apelante en 3 de enero de 1932 y no a cubrir la del 6 de diciembre de ese año.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PbesideNte Señor Del Tobo,

text:
    Juan Amaral Suárez, demandante y apelado, v. Juana Gerena Burgos, demandada y apelante.
    No. 6567.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Febrero 21, 1934.

      Daniel Pellón, abogado del apelante; li. García Ginlrón, abogado del apelado.
   El Juez PbesideNte Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso, por abandono. Se opuso la apelante. Los autos demuestran que seguido un pleito sobre divorcio en la Corte de Distrito de Humacao por Juan Amaral contra su esposa Juana Cereña fué visto en sus méritos ante el Juez Sustituto Sr. Cordovés Arana y resuelto por sentencia de septiembre 2, 1933, declarando la demanda con lugar. El 3 de octubre siguiente apeló la demandada y dentro del tér-mino de ley optó porque el recurso se tramitara por medio de transcripción preparada por el taquígrafo. La corte, por su juez propietario Sr. Arjona Siaca, accedió, y como estu-viera próximo a vencer el término concedido sin que la trans-cripción pudiera aun archivarse, la apelante solicitó una pró-rroga que le fué otorgada a vencer el 5 de diciembre de 1933 también por el juez propietario del tribunal.

Pasó el cinco de diciembre sin que la transcripción se ra-dicara y el once del propio mes presentó la parte apelada su moción de desestimación ante esta Corte Suprema, manifes-tando que habiendo fallecido en dicho día el abogado de la parte apelante Sr. Toro Cabañas, había notificado su moción personalmente a la parte apelante.

Así las cosas, el 19 de diciembre de 1933 compareció la apelante por su nuevo abogado Sr. Pellón y pidió a esta corte que le concediera un nuevo término para archivar la trans-cripción, basándose en qne el abogado Sr. Toro Cabañas dejó fenecer el qne venció el 5 de diciembre debido sin dnda a sn enfermedad qne cnlminó en sn muerte seis días despnés, en qne el taquígrafo qne debía preparar la transcripción se ba-ilaba por entonces enfermo y ann se encuentra convalesciente y en qne “el caso de la apelante es un caso meritorio y tiene nna buena defensa qne justifica la apelación entablada, la cual la bace la apelante con el fin de que se le baga justicia y no con el de dilatar ni ocupar la atención de este Hon. Tribunal innecesariamente. ’ ’

La primera cuestión qne suscita la apelada es qne las prórrogas concedidas por el juez propietario no tienen valor alguno porque el único que tenía autoridad para concederlas era el juez sustituto que vió y decidió el pleito.

No bay duda de que es al juez que decidió el litigio al que debe someterse la transcripción de evidencia para su de-bido examen y aprobación cuando proceda, teniendo como es natural dicbo juez la facultad de prorrogar el término dentro del cual debe verificarse la presentación (García Fernández v. Aguayo, 35 D.P.R. 953), pero ello no excluye el poder del juez propietario para intervenir en la mera tramitación del recurso y prorrogar dicbo término.

Resumiendo la jurisprudencia sobre el particular dice Bancroft’s Code Practice and Remedies, vol. 8, p. 9025, parr. 6823: t

“Los estatutos y reglamentos de algunos estados disponen que el término puede ser prorrogado por el juez que conoció del caso o por cualquier otro juez designado por él o por el Presidente de la Corte Suprema, mediante orden dictada por la corte o por el juez autori-zado para conceder la prórroga, por el juez que conoció de la causa, por el juez de la corte superior del y para el condado en que la acción está pendiente, o por el juez que presidió durante la vista del caso, por la corte en que la causa se baila pendiente, o por un juez de la misma, o por la corte o juez ante la cual o ante quien la causa esté pendiente o fué vista.
“Según un estatuto que meramente autorice al juez que conoció de la causa para conceder una prórroga, el término puede ser am-pliádo' solamente por el juez cuya resolución fué excepeionada, no obstante haber expirado su mandato; aunque se ha resuelto que si el juez que conoció de la causa está ausente del distrito una prórroga puede ser concedida por otro juez del mismo distrito. Pero de acuerdo con un estatuto que autorice la concesión de una •prórroga mediante orden de la corte o juez mvte la cual o ante quien se hálle pendiente o fué vista la causa, el térmmo puede ser prorrogado por un juez de la corte distinto a aquél que conoció del caso; e igual-mente puede ser prorrogado por el juez de la corte electo en forma ordinaria para el condado en ■que se vió la causa, aunque ésta fuese celebrada por un juez de otro condado.
“Un juez que aunque no se demuestre que está incapacitado, vo-luntariamente se retira de la vista de una causa por haberse hecho la indicación de que es persona non grata a una de las partes, no está incapacitado para conceder una prórroga.”

La parte del texto que hemos subrayado está sostenida por los casos de Wallace v. Oceanic Packing Co., 25 Wash. 143, 64 Pac. 938, y State v. Benson, 21 Wash. 365, 58 Pac. 217.)

La ley vigente en Puerto Rico sobre el particular es la ¿probada en noviembre 27, 1917,. Códig’o de Enjuiciamiento •Civil pág. 286, ed. 1933. Por su sección 3, tal como quedó enmendada por la Ley No. 81 de 1919, prescribe que “los términos señalados en esta Ley podrán prorrogarse por la corte, como en los demás casos ...” No contiene disposi-ción específica alguna ordenando que sea el juez que decidió el caso el único con facultad para conceder la prórroga. Su disposición general de que sea la corte la que actúe admite la interpretación que hemos adoptado. Se trata de algo de mero trámite que no exige el conocimiento de los méritos del pleito, sino simplemente de los méritos de la petición en sí misma y que para bien de la más rápida administración de la justicia puede resolverse al igual que por el juez que in-tervino en el litigio por el que se encuentre el tal momento regularmente al frente de la corte. La intervención judicial en la aprobación final de la transcripción es cosa distinta. Esa sí que requiere que sea el mismo juez que conoció del litigio el que intervenga, porque habiendo, sido ante él ante quien pasó la prueba es él el que está en mejores condiciones para certificarla.

Pero se insiste por la parte apelada en que . aun cuando se reconociera validez a las prórrogas concedidas, siempre resultaría que se dejó vencer la última sin archivar la transcripción.

Es cierto que la última prórroga venció el 5 de diciembre sin que la transcripción se archivara y sin que la parte ape-lante ni el taquígrafo solicitaran una nueva prórroga para hacerlo, pero es lo cierto también que el taquígrafo se encon-traba enfermo y que el abogado de la demanda y apelante murió unos días después, alegándose que también se encon-traba enfermo a la fecha del vencimiento, y si a ello se agrega que se trata de un pleito de divorcio en el que se apela de una sentencia que declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial y que la parte apelante requirió en el término más breve que le fué posible los servicios de un nuevo abogado por medio del cual solicitó el 19 del propio mes de diciembre la concesión del nuevo término en la' forma que dejamos in-dicada, creemos que hay base para el ejercicio de nuestra discreción en pro de que la apelación no sea desestimada sino resuelta por sus méritos.

Nos ha hecho dudar la circunstancia de haberse expre-sado únicamente en la moción de nuevo término por parte del nuevo abogado.que el caso de la apelante es meritorio sin hacer referencia más concreta a los méritos, pero decidimos finalmente desechar dicha duda habiendo en consideración el hecho dé que el nuevo abogado acababa de hacerse cargo del asunto.

Por los motivos expuestos se declara sin lugar la moción de desestimación y se concede a la apelante hasta el dies de marso próarimo para archivar su transcripción debiendo im-primir la mayor celeridad posible a la tramitación del re-curso.


author: En Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Quiñones, acusado y apelante.
    No. 5146.

    Sometido: Febrero 9, 1934.

    Resuelto: Febrero 24, 1934.

      J. Valide juli, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Quiñones fue acusado del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes cometido en la persona de María Luisa Fernández. Hubo prueba tendente a demostrar que el acusado se bailaba ebrio y que mientras se celebraba un baile en Pío Piedras y María Luisa Fernández bailaba con su primo, el acusado, quien antes había tratado de obligarla a bailar con él, la acometió y agredió. La prueba del acusado tendió a demostrar que tuvo una riña con el primo, que el primer agresor fue dicho primo y que el acusado nunca trató de agredir a la joven.

La corte inferior pudo apreciar el testimonio de los va-rios testigos que declararon contra el acusado y no podemos ver que hubiera error en la apreciación de la prueba. En otras palabras, hubo prueba tendente a demostrar que el acusado en verdad acometió y agredió a María Luisa Fer-nández. ! ¿

El apelante también señala como error que la corte tenía prejuicio. Durante el interrogatorio del acusado la corte preguntó a éste si no sabía que era una imprudencia insistir en bailar con una persona si ella no deseaba bailar. A este respecto, y quizás en otros, el apelante sostiene que la corte demostró estar prejuzgada. Esta indicación de la corte difícilmente podría considerarse como prejuicio, y nada bailamos en la transcripción de la evidencia que revele que el juez en realidad tuviera mala voluntad u hostilidad para con el acusado.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor W'ole,

text:
    Guillermo Garáu, demandante y apelado, v. Flora Delgado, demandada, y Domingo Collazo, tercerista y apelante.
    No. 6040.

    Sometido: Mayo 16, 1933.

    Resuelto: Febrero 24, 1934.

      Pedro C. Anglade, abogado del apelante; Luis F. Camacho, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor W'ole,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso en que las partes no comparecieron a la vista, y el apelado no lia radicado alegato. Eso, pues, aumenta la labor del tribunal al contestar las contenciones del apelante.

El demandante Guillermo Garáu radicó pleito contra Flora Delgado. Para asegurar la efectividad de la senten-cia, embargó cierto ganado que se bailaba en un predio de terreno del que — no cabe duda por la prueba aportada — la demandada Plora Delgado estaba en posesión basta el mo-mento del embargo. Hasta poco antes ella claramente tenía el título de los animales. • Cuando el marshal trató de hacerse cargo de los bienes embargados el 28 de junio de 1929, Domingo Collazo alegó que le pertenecían por haberle sido ven-didos tres días antes del embargo. La factura mediante la cual se hizo el traspaso fué ofrecida en evidencia. Después del juicio de tercería, la corte falló a favor del acreedor y en contra del tercerista.

La corte no llegó a conclusiones de hecho concre-tas, pero resolvió en efecto que Domingo Collazo no había probado su título.

Entre otras cosas, sucedió que la corte dijo que la evi-dencia era contradictoria respecto a si el tercerista Domingo Collazo compró por su cuenta o por cuenta de Enrique Sued. La conclusión de la corte equivalía a decir que, si Flora Delgado efectuó el traspaso, la tendencia de la prueba era fijar eí' título en Sued. Bajo estas circunstancias, la corte creyó que Domingo Collazo no tenía causa de acción.

Sin embargo, la corte evidentemente dudó que Flora Bel-dado en realidad o en derecho se desprendiese jamás del tí-tulo-de los animales embargados.

La demanda de intervención alegó que el ganado' había sido pagado por Collazo mediante cheque contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Pico, sucursal de Guayama, a la orden de Flora Delgado. La contestación del acreedor negó el hecho de la venta y que el cheque entregado al apo-derado de Flora Delgado representara valor alguno. La corte, luego de analizar la evidencia, dudó seriamente que el cheque representase una transacción real. El apelante sos-tiene que la contestación del acreedor era insuficiente para negar la existencia de causa, y que lá corte erró al conside-rar la alegación. Somos del criterio que la contestación no está muy bien redactada sobre este punto, pero más o menos trata de afrontar las alegaciones directas de la demanda. Por tanto, si la corte estuvo justificada en sus conclusiones generales al creer que Domingo Collazo no probó su título, el error carece de importancia y es inofensivo.

Cuando se embargan bienes en poder de un supuesto deu-dor, y aparece un tercero reclamándolos, incumbe a esta persona establecer su título a esos bienes. El acreedor esta-blece un caso prima facie al embargar la propiedad en manos del deudor.

El apelante también critica algunos de los comentarios de la opinión de la corte al efecto de que no se demostró lo qué hizo Flora Delgado con el dinero que se supone recibió del Banco Territorial y Agrícola. El cheque fué en realidad cambiado.

Sin entrar a discutir todas las consideraciones del alegato del apelante y el razonamiento de la corte inferior, nuestra conclusión final es que el título jamás pasó de Flora Delgadp a Domingo Collazo o a alguna otra persona.

Cuando la propiedad fué embargada, se hallaba en poder de la deudora. El artículo 1264 del Código Civil dispone:

1 ‘ Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos- aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a .título gratuito.
:" “También se presumen fraudulentas las enajenaciones.,a tituló oneroso, hechas por aquellas personas contra las cüql^s ..séi hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o espedido mandamiento de embargo de bienes.”

El embargo en este caso, tuvo lugar por lo menos antes de que se consumara la supuesta venta por el traspaso de los bienes. Por supuesto, en algunos casos se permite a un deudor retener los bienes, y el comprador puede probar su título, como en Central Pasto Viejo v. Pérez Hnos., 44 D.P.R. 904. Ese caso, sin embargo, indica la excepción y reconoce que bay una presunción de fraude cuando se permite al deu-dor continuar en posesión de la cosa que se supone comprada.

La prueba en este caso tendió a demostrar que Flora Delgado no sólo estaba en posesión del ganado al tiempo del embargo, sino que siguió reteniéndola por un tiempo considerable, a base de partir ganancias.

Bajo las circunstancias del caso, creemos que incumbía al tercerista presentar una prueba de título más robusta. Flora Delgado no fue llevada a declarar, y la siguiente presunción contenida en el artículo 102 de la Ley de Evidencia es aplicable:

“5. Que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará ad-versa si se ofreciere. ’ ’

Ella pudo fácilmente baber explicado lo que bizo con el dinero, o baber dado otro testimonio.

Tanto porque el tercerista no logró demostrar satisfacto-riamente que Flora Delgado se desprendió del título de los bienes, como porque, aun si bubo un traspaso, el tercerista no adquirió título, la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Adolfo Saavedra Solá y su esposa Victoria Feliciano, demandantes y apelantes, v. Augusto Saavedra Riquelme y su esposa Angela Blasco, demandados y apelados.
    No. 6166.

    Sometido: Mayo 3, 1933.

    Resuelto: Febrero 24, 1934.

      IS. Martínez Nadal, E. Martínez Rivera y M. García Méndez, aboga-dos de los apelantes; José 8abater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Adolfo y Fernando Saavedra eran dueños en común y de por mitad de nna finca rústica de 301.30 cuerdas, hipotecada al Federal Land Bank of Baltimore por la suma de $5,000. Al tiempo de los sucesos descritos en la demanda, el límite de la cantidad que el banco podía prestar a cualquier persona era $10,000. Adolfo ya había obtenido $5,000 por vir-tud de otra hipoteca con el mismo banco. Como los Saave-dra necesitaban más dinero para fines agrícolas, Adolfo fi-nalmente hizo, de las 301.30 cuerdas, una venta nominal de 150.655 a Augusto Saavedra Riquelme, su hijo. Este con-vino en que, al obtener del banco la cantidad de $9,500 y ciertas acciones ascendentes a $500 más, entregaría el dinero a su padre, le endosaría las acciones y le traspasaría la finca con el solo gravamen del Banco. Se obtuvieron el dinero y las acciones del Banco. Entonces Augusto, después de haber ■entregado parte del dinero, se negó, previo requerimiento, a desprenderse del balance de los fondos así recibidos, ascen-dente a $5,138.69, y asimismo retuvo las acciones. Estos y ■otros hechos aparecen de la demanda, que fue excepcionada. La corte sostuvo la excepción previa.

£1,2] Es innecesario considerar los varios remedios soli-citados en la súplica de la demanda, toda vez que la Corte-de Distrito resolvió que el contrato entre el padre y el hijo estaba viciado de fraude, y el padre nada podía recobrar. La corte resolvió que la combinación se bizo para burlar la. ley y las reglas del Federal Land Bank of Baltimore; que el contrato era ilegal y contrario al orden público; y que las máximas: In pari delicto potior es conditio defendentis y Ex dolo malo non oritur actio eran aplicables, citando varias autoridades.

Según* indican los apelantes, nadie está quejándose de-que el banco mismo fué timado. El objeto primario de la supuesta combinación o redistribución de bienes fué obtener más dinero del banco, y basta abora nadie ba sugerido que las 301.30 cuerdas no eran, al tiempo de constituirse estas hipotecas, ampliamente suficientes para, responder de los gravámenes. Cuando se bizo el alegado traspaso de padre a hijo, no se cometió delito alguno. Si el padre hubiese que-rido dar a su hijo la oportunidad de obtener este dinero para: los usos del hijo, no habría surgido transacción ilegal alguna ni se habría cometido debito alguno contra las leyes de Puerto-Rico. El contrato privado entre padre e hijo en manera al-guna afectó o lesionó los intereses del banco, que presunti-vamente tenía toda la garantía necesaria. Más de una persona estaban obligadas para con el banco, y éste podía pro-ceder tanto contra el padre como contra el hijo en caso de-que las garantías no resultaran suficientes.

Las máximas a que nos hemos referido pueden aplicarse-mejor a casos en que la transacción inmediata entre las par-tes era fraudulenta, y no a algún resultado colateral.

El caso de los apelantes no depende de la supuesta trans-acción ilegal, sino de la promesa independiente del hijo. A nadie debe permitírsele enriquecerse como lo haría aquí el hijo. El flagelo de la ley no va tan lejos.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.