author: El Juez Pbesidente Señoe- Del Toko,

text:
    Luis Padial Quiñones, recurrente y apelado, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, compuesta de Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, José G. López, Dr. E. Garrido Morales y Pablo L. Sosa, recurrida y apelante.
    No. 6819.

    Sometido: Junio 7, 1935.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      Hon. Procurador GeneralBenjamin J. Horton j T. Torres Pérez, Sub-procurador, abogados de la apelante; L. Tirado Géigel, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe- Del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Lnis Padial Quiñones presentó en la Corte de Distrito de San Juan una solicitud de mandamus contra la Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Go-bienio Insular, alegando substancialmente que desde 1900 y en distintas fechas basta marzo 31, 1933, desempeñó diversos empleos en el Gobierno Insular, habiendo servido como Inspector en el Departamento de Sanidad desde agosto 1923 hasta marzo 1933 en que tuvo efecto su renuncia presen-tada con motivo de incapacidad para el servicio por razón de enfermedad; que en enero 1933 pidió a la Junta deman-dada su retiro acompañando certificaciones médicas erediti-vas de su incapacidad física; que en abril 1933 la Junta negó su petición basándose en el informe del Dr. García Cabrera expresivo de que el peticionario padece de linfangitis. en la pierna derecha y se queja de opresión cardíaca debida, a cierta infección específica, lesiones que a su juicio no cons-tituyen motivo de incapacidad total y permanente para el trabajo; que el peticionario pidió a la Junta que reconsi-derara su acuerdo y la Junta se negó, y que solicitada de nuevo la reconsideración, la Junta lo requirió para que se sometiera a otro examen por el Dr. García Cabrera a lo que el peticionario accedió y practicado insistió en su nega-tiva. El informe del segundo examen se transcribe. Fue general físico y parcial de la orina, la sangre y la caja to-rácica, llegando el doctor a las mismas conclusiones que en el primero: linfangitis de la pierna derecha, y queja de opre-sión cardíaca con palpitaciones originada por infección sifilítica, agregando que los ataques agudos de la linfangi-tis, ocasionales, imposibilitan temporalmente al paciente para el trabajo.

Bajo esas circunstancias, sosteniendo que de acuerdo con la sección 6 de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), la Junta está obligada a reconocer el derecho' al retiro que tiene el peticionario, solicitó la expedición del mandamus.

Un auto condicional fué librado. Excepcionó y contestó, la Junta. Se llamó el caso para la vista, declarando en ella, los Doctores Sifre, Sub-Comisionado de Sanidad, Domín-guez, Jefe de Unidad de Salud Pública, y García Cabrera, médico de la Junta de Retiro, y el peticionario. La corte dictó finalmente su sentencia resolviendo el caso en pro del peticionario.

Apeló la Junta, celebrándose la vista del recurso el 3 de mayo último con asistencia e informe de los abogados de ambas partes. El alegato escrito del apelado, sin embargo, no se radicó basta el 7 de junio actual.

En la relación del caso y opinión que sirve de base a la sentencia se dice, en parte, lo que sigue:

“Yendo abora a los méritos del caso, la declaración de Ramón J. Sifre y de César Domínguez, quienes fueron los jefes superiores del peticionario' mientras desempeñó en Humaeao el cargo de inspector de sanidad en el distrito de Humaeao, es terminante el becbo de que el postulante estaba físicamente incapacitado para rendir un servicio útil y eficiente a causa de una "enfermedad crónica, al extremo de que según declaró el propio Dr. Sifre, si el postulante no hubiera solicitado su retiro, entonces él hubiera recomendado al Comisionado de Sa-nidad que lo pidiera él. El testimonio de estos dos médicos robus-tece el del peticionario. En cuanto a su estado de salud, el Dr. García Cabrera, que fué el médico que lo examinó a nombre de la junta querellada, ratificó su manifestación de que el postulante ‘no está incapacitado total y permanentemente para el trabajo, pero sí sufre de ataques agudos de linfangitis que le incapacitan temporal-mente.’ Además encontró también que el postulante tiene una afec-ción en su sistema eardio-vascular que no le permite hacer esfuerzos continuados. Estos son los hechos. Vamos al derecho.
“La Ley No. 104 de 1925 (pág. 271) (sic) establece el retiro de los funcionarios y empleados permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico; abarca y comprende a todos los empleados en el ser-vicio civil clasificado o no clasificado, con la sola excepción de los jue-ces del Tribunal Supremo, catedráticos de la Universidad, maestros de escuela, miembros de la Policía Insular y empleados municipales. Está fuera de discusión que el empleado está incurso en la ley refe-rida. Está fuera de discusión que el empleado está padeciendo de una linfangitis crónica con lesiones eardio-vasculares. Lo que tene-mos que resolver es: 1. — Si estas lesiones incapacitan físicamente al peticionario de acuerdo con la sección 6 de la ley; y 2. — .Si la junta recurrida tiene facultad discrecional alguna para conceder o negar la pensión.
“En cuanto al primer extremo, la sección 6 de la ley, en lo ati-nente al caso que resolvemos, dispone: (a) que todo funcionario o empleado que haya servido no menos de siete anos al Gobierno Insular y que antes de tener derecho al retiro por razón de edad o vo-luntariamente (secciones 4 y 8 de la ley) quedare físicamente inca-pacitado ‘para rendir un servicio útil y eficiente por causa de enfer-medad o daño, siempre que tal enfermedad o daño no haya sido mo-tivado por parte del funcionario o empleado, será retirado a su soli-citud o a petición del jefe áje su departamento u oficina, con una pensión que se computará de acuerdo con los preceptos de la sección 7 de la ley.’ Este es, en síntesis, el precepto que tenemos que inter-pretar. De suerte que si este peticionario fué empleado del Gobierno Insular, y antes de tener 55 años de edad y prestar 15 años de ser-vicio, o antes de prestar 20 años de servicio, ha quedado incapacitado físicamente para rendir un servicio útil y eficiente por causa de una enfermedad que no ha sido motivada por hábitos viciosos, intemperancia o mala conducta, y así lo ha hecho manifiesto a la junta re-currida, ésta de acuerdo con la ley no tiene otra función qué retirarlo concediendo la pensión de acuerdo con los preceptos de la ley. De las admisiones de la parte recurrida encontramos que el postulante presentó a la junta todo lo que podía presentar: certificaciones de médicos y de sus superiores; unas en cuanto a su estado de enfer-medad, y otras en cuanto a su incapacidad. Se abroquela la junta en que los informes que le fueron rendidos por su médico no revela-ban aquella incapacidad física, y que en uso de sus facultades no le obligaban a conceder la pensión. El Dr. García Cabrera en su primer informe manifiesta que las lesiones no constituyen en el postulante motivo de incapacidad total y permanente para el trabajo; en el segundo informe manifiesta que el postulante padece una linfangitis que le imposibilita temporalmente para el trabajo.
“Las tantas veces citada sección 6 de la ley de retiro, todo lo que pide es que el empleado quede físicamente incapacitado para rendir un servicio útil y eficiente. La única autoridad para determinar si el servicio que presta un empleado es útil y eficiente, es el jefe de la oficina o departamento en que el empleado presta sus servicios. La Junta de Retiro no tiene facilitad alguna ni discreción para deter-minar si los servicios de un empleado son útiles y eficientes. Si él empleado pone a la junta en condiciones de conocer su estado de salud y así mismo mediante certificaciones de sus superiores hace mani-fiesta la incapacidad para un servicio eficiente y útil, él deber de la junta es ministerial e imperativo, ya que dadas estas condiciones, el empleado será retirado con una pensión de acuerdo con la ley.” Las itálicas del último párrafo son nuestras.

Creemos que el criterio de la corte sentenciadora con respecto a las facultades de la Junta es erróneo.

La sección 6 de la Ley No. 104 de 1925, Leyes de 1925, p. 953, invocada por el peticionario prescribe que todo funcionario o empleado que quedare físicamente incapacitado para rendir un servicio útil y eficiente por causa de enfermedad o daño, tendrá derecho al retiro, siempre que la enfermedad o el daño no hubieren sido motivados por hábitos viciosos, intemperancia o majla conducta voluntaria, disponiendo además que no se concederá retiro a ningún funcionario o empleado sin ser examinado por un médico al servicio del Gobierno o por un médico o cirujano debidamente autorizado para ejercer su profesión o por una Junta de Médicos o Cirujanos designada al efecto por la Junta, debiendo el funcionario o empleado encontrarse inhabilitado físicamente en la medida y forma provistas.

La sección 11 de la propia ley dispone:

“Sección 11. — Las pensiones que se concedan de acuerdo con esta Ley, serán pagadas mensualmente el primer día laborable del mes siguiente al mes u otro período a que corresponda la pensión, y el pago de las pensiones y reembolsos se liará por cheques expedidos en la forma y con las garantías que sean prescritas por el Auditor de Puerto Rico. La solicitud para retiro se hará en la forma que pres-criba la-Junta de Retiro, y se dirigirá por el empleado al jefe del departamento u oficina donde hubiere prestado o estuviere prestando servicios, y dicho jefe la transmitirá a la Comisión del Servicio Civil Portorriqueño para que ésta expida el certificado del tiempo de ser-vicios prestados por el solicitante. La Comisión de Servicio Civñ devolverá la solicitud a la Junta de Retiro con todos los documentos creditivos de los servicios prestados por el solicitante, y la junta re-solverá si la pensión solicitada puede ser concedida y el montante de ella, de acuerdo con esta Ley. Las pensiones deberán ser consi-deradas y resueltas de acuerdo con el número de orden de presenta-ción que corresponda a cada una de ellas, según el registro que deberá llevar la junta; Disponiéndose, que cuando los fondos disponibles para pensiones no alcanzaren para atender a todas las solicitudes presen-laclas, la Junta de Retiro podrá dar preferencia a aquellas solicitu-des, que de acuerdo con las circunstancias y méritos de cada caso, sean a ello acreedoras, lomando en consideración la inhabilidad física, 'edad y tiempo de servicios del solicitante.
“Al aprobarse la pensión la junta lo notificará al jefe del depar-tamento u oficina a que pertenezca o haya pertenecido el funcionario o empleado, al Auditor y al Tesorero de Puerto Rico, respectivamente, para los efectos del pago mensual del importe de la pensión concedida. Cuando se tratare de servicios prestados con anterioridad a la crea-ción de la Comisión de Servicio Civil Portorriqueño, y ésta no pudiera certificar sobre los servicios prestados, la Junta de Retiro tendrá fa-cultad para admitir cualquier prueba documlental que se le someta por la parte interesada, y al ser aceptada dicha prueba, tendrá el mismo valor que el certificado de la Comisión del Servicio Civil men-cioiiado en esta sección. La Junta de Retiro podrá practicar las in-vestigaciones que crea convenientes, y sus miembros tendrán facultad para tomar juramentos en relación con las disposiciones de esta Ley.” Itálicas nuestras.

Y esta corte, recientemente, en el caso de Font v. Junta de Retiro, 48 D.P.R. 24, 29, después de analizar nuestra pro-pia jurisprudencia, dijo:

“Admite el peticionario que la junta antes de actuar debe satis-facerse a sí misma del estado de hechos que previene la ley. ¿Y cuál es el estado de hechos que debe producirse en este caso para que proceda la concesión del retiro"? La ley lo dice claramente: la inca-pacidad física del empleado para rendir un servicio útil y eficiente por causa de su enfermedad. ¿Cómo puede la junta, sin ejercer alguna discreción en la apreciación de la prueba, formular su juicio sobre la existencia o inexistencia del hecho en aquellos casos en que los médicos difieran en cuanto a esta cuestión fundamental? La incapacidad, si existe, es un hecho que debe acreditarse. La misión de la junta no es establecer el hecho, sino reconocer su existencia cuando le ha sido acreditado, pero si no queda satisfecha de su exis-tencia no puede quedar obligada a aceptarlo.”

Prescindiendo de si el juicio de la corte de dis-trito debió formarse únicamente a base del examen de lo que estuvo ante la Junta para dictar las resoluciones de que se queja el peticionario, por no baber sido suscitada la cues-tión, y fundándonos en el resultado de la evidencia practi-cada por el peticionario ante la corte de distrito tal como lo resume el juez sentenciador en su relación del caso, que es adoptar la posición más favorable que puede adoptarse para con el peticionario, aún así creemos que no cabe con-cluir que la Junta procediera arbitrariamente o abusara de su discreción al apreciar la prueba o las circunstancias con-currentes. El mcmdamus debió en tal virtud declararse sin lugar.

Volvemos a referirnos a la opinión de esta corte en el caso de Font v. Junta de Retiro, supra, esta vez a aquella parte de la misma que dice :

“En cuanto a la precedencia del auto de mcmdamus, hemos de-clarado, interpretando la ley, que los tribunales superiores, al ejercer su propia y sana discreción en el uso de este recurso flexible, revisan y regulan hasta cierto punto la discreción de juntas y tribunales in-feriores, aún en casos en que el deber es tal que necesariamente re-quiere el examen de evidencia y la decisión de cuestiones de derecho y de hecho. Muñoz v. Ramos, supra. La corte puede apreciar la evidencia sometida a la junta para apreciar si se ha cometido alguna arbitrariedad o se ha incurrido en un error tan manifiesto y palpable que esté justificada la expedición de un auto de mandamus. El ejer-cicio de la facultad discrecional no debe ser caprichoso, abusivo y ar-bitrario, porque allí donde intervienen estos elementos puede decirse que no se ha ejercido discreción. Si se incurre en un error de tal naturaleza que equivalga a una negación de la justicia, los tribunales estarán justificados en intervenir mediante este procedimiento extraor-dinario para corregir el error. Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772. Hemos, leído la solicitud en este caso. De la misma surge que fueron someti-dos a la junta los informes de los Dres. Martínez Rivera y de Juan, de-signados por el peticionario, y de los Dres. Gutiérrez Igaravídez y Costa Mandry, designados por la referida Junta, amén del informe del Dr. García Cabrera, que se produjo algún tempo después. Es verdad que se alega que la junta no concedió valor al dictamen de los Dres. Martínez Rivera y de Juan; pero esto, que parece más bien una conclusión que la alegación de un hecho, no puede interpretarse en el sentido de que la Junta dejó de considerar y apreciar el informe de los referidos médicos. No se alega que este organismo haya in-currido en error manifiesto ni que haya sido arbitrario en el ejer-cicio de su discreción. Por el contrario, se dice que la junta recurrida carece de facultad para determinar por sí misma, como lo ha hecho en este caso, el beelio de la incapacidad física del peticionario, vi-niendo obligada a aceptar el dictamen médico ofrecido por éste pro-cedente de facultativos al servicio del gobierno.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra de-clarando -sin lugar la petición, sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PkesideNte Señor Del Tioro,

license: Public Domain

text:
    Harry N. Baetjer, Clarence K. Bowie, Fred C. Boyce, Louis S. Zimmerman, Harry E. Henneman, Burt O. Clark y Earie T. Fiddler, como Trustees de la Eastern Sugar Associates de Baltimore, Maryland, y The National City Bank of New York, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 939.

    Sometido: Marzo 30, 1935.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      E. T. Fiddler, Jorge L. Górdova y Jorge M. Morales, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PkesideNte Señor Del Tioro,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso gubernativo ha sido interpuesto por Harry N. Baetjer, Clarence K. Bowie, Fred C. Boyce, Louis S. Zimmerman, Harry E. Henneman, Burt O. Clark y Earle T. Fiddler, como Trustees de la Eastern Sugar Associates de Baltimore, Maryland, y The National City Bank of New York, contra una nota del Registrador de la Propiedad de Gruayama que dice:

“Denegada la inscripción de la escritura que precede, que es la No. 87, otorgada en San Juan, el día 29 de junio de 1934, ante el Notario Jorge M. Morales, con vista de otros documentos, y espe-cialmente de la escritura No. 36, de 27 de marzo de 1934, otorgada ante el propio Notario, por observarse que la misma adolece de los siguientes defectos insubsanables: Io. Si bien la entidad adqui-rente en este caso, Eastern Sugar Associates pretende ser un business trust de los comúnmente conocidos en la jurisprudencia ameri-cana con la denominación genérica de common law o Massachusetts trust, amén de que tales entidades no tienen personalidad jurídica ni capacidad civil reconocida por las leyes de Puerto Rico, dada su decla-ración constitutiva (declaration of trust), la forma y naturaleza de su organización y la forma y manera en que ha de poseer, administrar, disfrutar y disponer de los bienes que se le trasmitan, es, a los efectos de la ley número 40, de 23 de abril de 1928, relativa a la incorporación y reglamentación de compañías de fideicomiso, una compañía extran-jera de fideicomiso,, y antes de hacer negocios en esta Isla, está obli-gada a acogerse a la referida Ley de Compañías de Fideicomiso, re-quisito que no acredita haber cumplido, y a juzgar por la naturaleza de su organización se considera dispensada de cumiplir, y sin cuyo cumplimiento carece de capacidad civil para bacer negocios en Puerto Rico; 2°. Dada la declaración constitutiva (declaration of trust) de la referida organización, la adquisición de los bienes inmuebles que se le transfieren por la precedente escritura, es ilegal y contraria a la Ley número 40, de 23 de abril de 1928, relativa a la incorporación y reglamentación de compañías de fideicomiso, por los siguientes funda-mentos: (a) a las compañías de fideicomiso, o corporaciones extran-jeras les está prohibido adquirir, poseer y administrar bienes inmue-bles con carácter de fideicomiso en Puerto Rico; y así mismo les está prohibido llevar a cabo directa o indirectamente negocios de índole similar a los de fideicomiso; (b) tratándose de una compañía de fidei-comiso, y en la hipótesis de que pudiera realizar en Puerto Rico los negocios que se propone, los bienes adquiridos no le han sido tras-mitidos directamente a su nombre, y por consecuencia no pueden ins-cribirse a su favor; (c) tratándose de una compañía de fideicomiso, y en la hipótesis de que pudiera realizar en Puerto Rico los negocios que se propone, la forma en que se constituye el fideicomiso a favor de personas indeterminadas, es contraria a lo preceptuado en el capí-tulo tercero, título tercero del libro tercero de nuestro Código Civil; (d) aún en la-hipótesis de que estrictamente hablando, la referida en-tidad no pudiera denominarse compañía de fideicomiso, es una entidad o compañía extranjera, y por consecuencia le son aplicables las prohi-biciones referidas en los apartados (a) y (5) que preceden; 3o. En la hipótesis de que el referido trust no pudiese calificarse como una compañía extranjera de fideicomiso, entonces, por su formia de orga-nización, a los efectos de nuestra ley de Corporaciones Privadas, es una corporación extranjera, y para poder hacer negocios en Puerto Rico y antes de emprenderlos, está obligada a acogurse a la referida Ley de corporaciones, requisito que no acredita haber cumplido, y por el contrario, se considera dispensada de cumplir y sin cuyo cumplimiento carece de capacidad civil para hacer negocio en Puerto-Rico; 4o. Considerado el referido trust como una corporación ex-tranjera, ya a la luz de nuestra Ley de Corporaciones Privadas o a la Ley de Compañías de Fideicomiso, y proponiéndose, según su decla-ración constitutiva (declaration of trust) dedicar sus actividades a la explotación de fincas agrícolas en Puerto Rico, para dedicarlas al cultivo de caña, la adquisición efectuada por la escritura que precede, de fincas agrícolas con cabida en exceso de 500 acres para los fines indicados, envuelve la violación de la sección 3a. de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, de primero de mayo de 1900; 5°. En caso de que el referido trust no pudiera ser propia-mente considerado como una corporación, del documento resulta que las acciones del mismo, denominadas ‘shares of beneficial interest’ habrán de pasar al poder y dominio de la East Porto Rican Sugar Company, que es una corporación extranjera organizada y existente bajo las leyes del estado de Maryland, la cual ha de adquirir la con-dición de cesttá que trusten con referencia a la Eastern Sugar Associates, viniendo a ser esta última, prácticamente, un instrumento de la primera para la posesión y disfrute de los bienes adquiridos con carácter de fideicomiso, y estando limitado el derecho de la East Porto Rican Sugar Company a poseer bienes inmuebles en Puerto Rico, por la Resolución Conjunta relacionada en el apartado cuarto anterior, tal limitación es efectiva no sólo contra dicha entidad individual-mente, sino contra cualquiera otra que en su lugar y para su beneficio adquiera bienes en violación de la referida disposición legal; 6o. La agrupación de las trescientas diez fincas y de las cinco centrales adquiridas por el referido trust, en una sola finca que se extiende desde el distrito de Humacao hasta el de Guayama, a través de los pueblos de Cayey, Caguas, Juncos, Las Piedras, Naguabo, Yabucoa, Gurabo, Trujillo Alto y San Lorenzo, y de las islas adyacentes a Puerto Rico: Vieques y Culebra, es contraria a la Ley por las si-guientes razones: A. El síndico de la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico carecía de autoridad para efectuar dicha agrupación, y B. No resulta ni se acredita que todas esas fincas: (a) sean conocidas por un nombre común; (b) integren un cuerpo de bienes dependientes entre sí; y (c) dependan de un centro común; 7o. Dada la naturaleza y organización del trust adquirente, y la forma o manera en que ha de poseer los bienes inmuebles que se le trasmiten, conservando el título legal sobre los mismos a favor y en nombre de sus representantes o fideicomitentes (trastees) en fideico-miso, para beneficio de sus accionistas (cestui que trusten) cuyos de-rechos se representan por acciones transferibles en los libros del trust, 'es contraria a los principios fundamentales de nuestra legislación civil en lo que respecta a la posesión, goce y disfrute de bienes in-muebles, en el ejercicio del derecho de propiedad, y a la legislación hipotecaria en lo que respecta a la inscripción de esos mismos dere-chos; y se deNiega, además especialmente, la venta y la hipoteoa en cuanto las mismas incluyen y se extienden a las servidumbres iden-tificadas en la escritura que precede, con las letras (c) y (/) bajo los números (1-a) y (1-d), respectivamente, por aparecer del Registro canceladas por orden de la Corte de Distrito de Guayama. Con mo-tivo de dichas denegaciones se ha tomado anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor de Harry N. Baetjer, Clarence K. Bowie, Fred C. Boyce, Louis S. Zimmerman, Harry E. Henneman, Burt O. Clark, y Earle T. Fiddler, en su carácter de trustees de la Eastern Sugar Associates, y no individualmente, y del National City Bank of New York, de sus derechos de compra e hipoteca, respectiva-mente, al folio 57 del tomo 80 de Cayey, finca No. 2953, anotación letra ‘A’. Se ha consignado el defecto subsanable de no aparecer con toda claridad si la Central Defensa se incluye o no en la agrupación, pues en ciertas partes de la escritura que precede se dice que forma parte de la finca agrupada, pero se omite describirla entre las piezas que la integran.”

Al escrito interponiendo el recurso se acompañó por los recurrentes un alegato de 18 páginas que fue contestado por el registrador con otro de 152. Eeplicaron los recurrentes con uno de 48 páginas y duplicó el recurrido con otro de 32.

Los particulares (ó) y (c) del segundo motivo de dene-gación y el séptimo motivo, lian sido descartados de la dis-cusión por el propio registrador. No habrá, por tanto, ne-cesidad de considerarlos. Las cuestiones a estudiar y a resolver se simplifican y esclarecen a virtud de las siguientes indicaciones finales que tomamos del alegato del registra-dor, a saber:

Los dos primeros motivos de la nota parten de la base de que el trust recurrente es en Puerto Eico una compañía extranjera de fideicomisos. El primero ataca su capacidad para hacer negocios en esta isla y el segundo impugna la validez del título por contravenir ciertos preceptos de la Ley No. 40 de 1928 (pág. 235) reguladora de las Compañías de Fideicomisos.

El tercer motivo de denegación es alternativo. Para el' caso de que el trust no pudiera ser considerado como una Compañía de Fideicomisos, entiende el registrador que debe considerársele como una corporación extranjera sujeta a la Ley General de Corporaciones de Puerto Eico.

El motivo número cuatro impugna la capacidad del trust para adquirir tierras en esta isla en exceso del límite esta-blecido por la Carta Orgánica, atribuyendo a dicha entidad el carácter de una corporación, ya sea considerada como una compañía de fideicomisos o como una corporación genérica-mente hablando.

El quinto motivo imputa al trust la prohibición consti-tucional sobre adquisición de tierras en exceso del límite fi-jado por la ley, en tanto en cuanto de los títulos se infiere que el mismo es un instrumento de otra corporación para cuyo beneficio funciona.

Por el sexto motivo se impugna la agrupación de las varias fincas y centrales en una.

¿Es la “Eastern Sugar Associates” una compañía extranjera de fideicomiso?

La ley que regula esas compañías en Puerto Pico es la No. 40 de 1928, Leyes de 1928, p. 235.

Su artículo 1 dispone:

“Esta Ley se conocerá como ‘Ley de Compañías de Fideicomisos’ y será aplicable a todas las corporaciones que basta ahora se hayan organizado o que en lo sucesivo se organicen con el fin de dedicarse al negocio de fideicomisos en Puerto Pico. ’ ’

Y su artículo 2 prescribe:

“El término ‘compañía de fideicomisos’, para los fines de esta Ley, significa una corporación del país formada con el objeto de tomar, aceptar y cumplir o ejecutar los fideicomisos que legalmente se le confíen, actuando como fiduciario en los casos prescritos por la ley, recibiendo depósitos de dinero y de otra propiedad mueble; así como emitiendo documentos por los mismos, y prestando dinero con garantías reales o personales.
“El término ‘compañía extranjera de fideicomisos’, para los fines de esta Ley, significa una corporación organizada bajo las leyes de otro territorio o estado, de los Estados Unidos o país extranjero con el objeto de dedicarse al negocio de fideicomisos, lleve a cabo o no tal negocio en el lugar de su incorporación.”

Examinemos la escritura de constitución de la entidad de que se trata. Se otorgó en Baltimore, Md., el 16 de enero de 1934, por Harry N. Baetjer, de Maryland, Fred C. Boyce, de Maryland, Louis S. Zimmerman, de Maryland, Clarence K. Bowie, de Maryland, Edward H. Burke, de Maryland, James A. Stevenson, de New York, y Earle T. Fiddler, de Pennsylvania, y se protocoló, de acuerdo con sns propias disposiciones, en Pnerto Pico, siéndolo en la notaría de Jorge M. Morales, el 27 de marzo de 1934. Copia de la misma certificada por el notario Morales, se presentó en el Registro con la escritura de compraventa cuya inscripción fue negada.

La declaración comienza así:

“Whereas, simultaneously with, the execution hereof, there has been paid to the Trustees the sum of one. hundred dollars ($100) in cash, to be held upon the trusts of this Declaration; and
“WheReas, additional cash and securities, and other property, real, personal or mixed, of any kind or character whatsoever, may be hereafter from time to time transferred to or acquired by the Trustees to be held upon the trusts of this Declaration; and
“WheReas, it is contemplated that the Trustees, as such Trustees, may acquire sugar estates in Puerto Rico with their mills, railroads, cane lands and other appurtenances and cultivate such lands and manufacture sugar molasses and other products in Puerto Rico;
“Now, Therefore, this Declaration witnesseth and it is hereby agreed and declared, that the Trustees shall hold the said one hundred dollars ($100) and any other property and assets of every kind and nature, both tangible and intangible, at any time acquired or received by them as Trustees hereunder, including, without limitation of the generality of the foregoing, all dioses in action and all rights, powers and privileges arising out of or in connection with the said property or the business of this trust, together with the income therefrom and the proceeds thereof (all of the foregoing while so held being hereinafter usually called the ‘trust estate’) in trust in the manner and with and subject to the powers and provisions hereinafer contained concerning the same, for the benefit of the holders for the time being of the shares of this trust (hereinafter collectively called the ‘Shareholders’), according to their respective interests and priorities.”

Siguen once artículos. Trata el primero de la organiza-ción del fideicomiso. Dispone que sus negocios se liarán bajo el nombre de “Eastern Sugar Associates,” refiriéndose dicho nombre y las palabras “this trust” dondequiera que se usen en la declaración a los “Trustees” como tales y no a los “trustees” personalmente, ni a los oficiales, agentes o accionistas del “trust.” El sitio principal de sus negó-cios será Baltimore, Md. Los “Trustees”, sujetos sólo a las limitaciones específicas de la declaración, tendrán el ab-soluto control, manejo y distribución de la propiedad del fideicomiso y la dirección de sus negocios. Se especifican éstos detalladamente pudiendo concluirse que se relacionan con la producción de azúcar desde la adquisición de tierras y la siembra de cañas basta la instalación y operación de centrales, obtención de fondos y celebración de cuantos con-tratos y operaciones fueren necesarios para lograr su obje-tivo, agrícola, industrial y comercialmente.

Por el artículo segundo se prescribe que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo M del artículo anterior, el título a toda la propiedad del “trust” se transferirá y quedará investido en los “trustees.” El número de éstos no será menor de siete. Sus servicios serán remunerados. Uno formará la clase C, la mitad de los restantes la clase A y la otra mitad la clase B. Desempeñarán su cargo basta' su muerte, renuncia, remoción o incapacidad legal. Un “trustee” clase A puede ser destituido por la acción de todos los otros de su clase. Lo mismo un “trustee” clase B. En el caso de que sólo existan dos “trustees” clase A o clase B, el poder de remoción podrá ser ejercido por la “East Porto Rican Sugar Co.”, una corporación del estado de Maryland, que podrá también en casos especificados nombrar nuevos “tras-tees” para cubrir vacantes.

Trata el artículo tercero de los oficiales, agentes y comi-tés, el cuarto de lo concerniente a las juntas de los accionis-tas y el quinto de las acciones y accionistas, prescribiendo en parte sus párrafos 1, “Shares in Trust Estate. Tbe Beneficial interest in tbe trust estate shall be in tbe holders from time to time of transferable shares of beneficial interest. — Tbe shares of beneficial interest originally authorized which may be issued from time to time by this trust in the discretion of the Trustees without the necessity of additional authorization are as follows: 200,000 Preferred shares, of one dollar ($1.00) par value each; 300,000 Common shares, of one dollar ($1.00) par value each”; 3, “This Declaration may be amended from time to time, in the manner provided in Section 9.3, to authorize shares in addition to those originally authorized . . 4, “Authorized shares of this trust may be issued from time to time in such amounts as the Trustees may determine, either for cash, services, securities, property or other value, or by way of stock dividend, or in exchange for other shares or securities of this trust at the time outstanding . . . ”; 6, “ Shares of this trust may, in the discretion of the Trustees be acquired by this trust either out of surplus or out of capital . . 7, “A register or registers shall be kept under the direction of the Trustees which shall contain the names of the Shareholders and their addresses as supplied by them, and the number of shares held by them respectively, and a record of all transfers thereof . . 8, “Every Shareholder shall be entitled to receive a certificate in such form as the Trustees shall from time to'time approve specifying the number and class of shares held by him . . y 12, “Shares of this trust shall be personal property entitling the holders only to the rights and interest in the trust estate conferred by the law of Maryland and by this Declaration, and shall not give to the holders any right to receive or posses specific property of this trust for any purposes. ...”

Por el artículo 6.1 se establece que: “No partnership is created by this Declaration or by the operations of this trust hereunder. It is expressly declared that, as between the Shareholders, Trustees, officers and agents of this trust, a trust and not a partnership is deemed to be created by this Declaration irrespective of whether any different status may be held to exist as far as others are concerned or in any other respect, and that the Shareholders shall be deemed to hold only the relationship of cestuis que trustent to the Trustees, with only such rights as are conferred upon them as such cestuis que trustent hereunder.”

Trata el artículo 7 de lo concerniente a surplus y divi-dendos. Dice en parte: "The net profits and surplus of this trust may be determined for any and all purposes on the basis of a consolidated earnings statement and a consolidated balance sheet of this trust and its subsidiary companies, irrespective of whether or.not this trust shall have actually received dividends or other payments from none, some or all subsidiary companies.”

Refiérese el octavo a las notificaciones y el noveno a lo concerniente a enmiendas, terminación y disposición final de la propiedad del “trust.” A menos que termine volun-tariamente antes en la forma que se prescribe, el fideicomiso continuará hasta la muerte de la última de las siguientes personas: E. G. Baetjer, 2nd. y T. R. Fiddler, hijo de E. T. Fiddler, no extendiéndose en ningún caso a más de veinte y nueve años contados desde la fecha de su constitución.

Por último los artículos diez y once tratan de la inter-pretación del documento y de su protocolización en Puerto Rico.

Veamos ahora cómo funcionó dicha entidad una vez cons-tituida.

En la escritura de venta cuya inscripción fué denegada comparecieron Albert E. Lee como Special Master nom-brado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en el caso de Miller Fertiliser Company v. United Porto Rican Sugar Company, la United Porto Rican Sugar Company, una corporación de esta Isla, representada por su Vice-Presidente Fernando Margarida, los trustees Baetjer, Bowie, Boyce, Zimmerman, Henneman, Clark y Fiddler de la Eastern Sugar Associates, The National City Bank of New York representado por los oficiales de su Sucursal de Caguas García Cabrera y del Río, la East Porto Rican Sugar Company, una corporación del estado de Maryland, repre-sentada por su apoderado Fernando Margarida, y E. T. Fiddler.

De acuerdo con una orden de la Corte Federal, el Special Master vendió en pública subasta el 25 de enero de 1934 to-das las propiedades de la United Porto Rican Sugar Company, entre ellas más de treinta mil cuerdas de terreno, ob-teniendo la buena pro por tres millones quinientos mil dó-lares, E. T. Fiddler de acuerdo con el. convenio que celebrara en 16 de enero de 1934 con la East Porto Rican Sugar Company, la Eastern Sugar Associates y el National City Bank of New York. El convenio se transcribe íntegro en la es-critura. Es largo y difícil de resumir. El National City Bank of New York, el principal acreedor de la United Porto Rican Sugar Company, se puso de acuerdo con la East Porto Rican Sugar Company, de Maryland, la New Company for-mada para bacer frente con sus recursos a la negociación, con la Eastern Sugar Associates, el trust, que habría de en-cargarse finalmente de las propiedades y del negocio, y con E. T. Fiddler que actuaría como postor en la subasta trans-firiendo luego lo adquirido al trust Eastern Sugar Associates, viniendo éste obligado a entregar sus acciones preferidas y comunes a la East Porto Rican Sugar Company de Maryland y a gravar sus propiedades a favor del National City Bank of New York.

Hecha la venta a E. T. Fiddler hizo éste a su vez el tras-paso al Trust que hipotecó sus propiedades al Banco. El Trust y el Banco solicitaron la inscripción del documento múltiple finalmente otorgado o sea la escritura No. 87 ante-el notario Morales en los registros de la propiedad de Ca-guas, Humacao y Gruayama. Las notas puestas al pie del documento revelan que su inscripción se verificó sin dificul-tad en los dos primeros registros. Fué el tercero el que la denegó, recurriendo entonces el Banco y los Trustees para ante esta Corte Suprema.

Conocidos la ley, el acta constitutiva de la entidad y su funcionamiento, se impone la conclusión de que la Eastern Sugar Associates no se formó para dedicarse al negocio general de fideicomisos ni ha actuado como tal, no siendo por tanto una Compañía de Fideicomisos. Es en sí misma un fideicomiso (trust) constituido en Maryland para dedicarse al negocio del azúcar en Puerto Rico.

¿Es una corporación? El propio registrador la califica como un trust de los llamados en la jurisprudencia americana common law o Massachusetts trust. ¿Y qué son esas entidades?

En el caso de Hecht v. Malley, 265 U. S. 144, 146, hablando por la Corte Suprema de los Estados Unidos, su Juez Sanford se expresó así:

-“El ‘Massachusetts Trust’ es una especie de organización mer-cantil, corriente en dicho estado, que consiste esencialmente en un arreglo según el cual se trasmiten bienes a fiduciarios de conformidad con los términos y condiciones de una escritura de fideicomiso, para que éstos los posean y administren en beneficio de aquellas personas que de tiempo en tiempo sean los tenedores de certificados trasmisibles otorgados por los fiduciarios y expresivos de las acciones en que está dividido el interés del tenedor en los bienes. Estos certificados, que se asemejan a los certificados de acciones expedidos por las corpora-ciones, y que son librados y transferidos en idéntica forma, dan de-recho al tenedor de los mismos a participar a prorrata en los pro-ductos de los bienes y, a la terminación del trust, en sus propieda-des.
‘ ‘ Según las decisiones de Massachusetts estas escrituras de fideicomiso son otorgadas para crear puros fideicomisos (trusts) o socieda-des, según la forma en que los fiduciarios deban dirigir los asuntos encomendados a su cuidado. Si son los principales y están libres del control de los tenedores de los certificados en la administración de los bienes, se lia creado un fideicomiso; mas si los tenedores de los certi-ficados son asociados en común en el control de los bienes como prin-cipales y los fiduciarios son meramente sus agentes administradores, se crea una relación de sociedad entre los tenedores de los certificados. Williams v. Milton, 215 Mass. 1, 6; Frost v. Thomson, 219 Mass. 360, 365; Dana v. Treasurer, 227 Mass. 562, 565; Priestley v. Treasurer, 230 Mass. 452, 455.
“Estos trusts — ora sean puros fideicomisos o sociedades — no están incorporados. No son organizados bajo ningún estatuto; y no derivan ningún poder, beneficio o privilegio de ley alguna. Los estatutos de Massachusetts, sin embargo, reconocen su existencia y les imponen, como ‘asociaciones’, ciertas obligaciones y responsabilidades.”

La Corte Suprema de Massachusetts en el caso de Larson v. Sylvester, 185 N. E. 44, 45, decidido en marzo 29, 1933, dijo, por medio de su. Juez Wait:

‘ ‘ Hablando en términos generales un fideicomiso no es una persona jurídica. Con la excepción que más tarde mencionaremos, no puede ser demandado. Está representado por el fiduciario. El lo simboliza, tiene el título y administra los bienes que posee en fideicomiso. Los contratos en relación con los derechos y bienes afectados por el fidei-comiso son contratos del fiduciario. El es personalmente responsable de ellos. No actúa como representante o mandatario de un tercero. Actúa en su propio beneficio, pero con obligaciones fiduciarias hacia otros. Magallen v. Gómez (Mass.) 183 N.E. 833; Gardiner v. Rogers, 267 Mass. 274, 278, 166 N. E. 763; Philips Carey Co. v. Pingree, 223 Mass. 352, 111 N. E. 857; Mayo v. Moritz, 151 Mass. 481, 24 N. E. 1083. Véase Cochrane v. Forbes, 265 Mass. 249, 255, 256, 163 N. E. 848; Hussey v. Arnold, 185 Mass. 202, 70 N. E. 87. Difiere de una corporación o de una sociedad. La primera es una persona artificial. La última, según la ley de Massachusetts, es una asociación de indi-viduos unidos para dedicarse al com'ereio. La primera puede ser demandada como cuerpo corporativo a nombre propio. La última de ordinario debe ser demandada a nombre de los socios que la cons-tituyen.”

La Corte Suprema de California en el caso de Coldwater v. Oltman, 210 Cal. 408, 415, 420, dijo:

“Un examen del ‘Acuerdo y Declaración de Fideicomiso’, que se une como exhibit a la contestación de la parte demandada, que está representada por los Sres. Schweitzer & Hutton, demuestra que fué a virtud de dicho acuerdo que la Drascena Productions surgió a la vida del derecho. De esta declaración de fideicomiso se desprende que las partes envueltas trataron de crear un tipo de organización comer-cial conocido de ordinario como un fideicomiso de Massachusetts o mercantil. Toda vez que esta corte nunca ha resuelto directamente la validez e incidentes legales de este tipo de organizaciones mercan-tiles y toda vez que se desprende de los numerosos alegatos de los amici curiae radicados, que existe un considerable número de tales organizaciones en el Estado de California, parece conveniente que se haga en este momento una declaración definida de su status legal.
“Estas organizaciones, conocidas comúnmente con el nombre de ‘Massachusetts trusts’, se originaron debido a la hostilidad presentada por algunos estados hacia las corporaciones, y al deseo de aquellos que las organizaban de lograr algunos de los beneficios que serían igual-mente obtenidos con la incorporación, sin incurrir en las cargas y res-tricciones resultantes de la última. Debido a la disposición estatu-taria existente en el Estado de Massachusetts que prohibe que las corporaciones se dediquen al negocio de bienes inmuebles, este tipo de organización alcanzó su desarrollo máximo y su más extenso uso en dicho Estado, pero, conforme se verá, ha sido adoptado en muchos otros Estados. Las principales ventajas de tales organizaciones desde el punto de vista de aquellos que deseen combinar sus riquezas para fines mercantiles, son que hasta hace poco en la mayoría de los Es-tados estaban exentas de reglamentación y de las cargas impuestas a las corporaciones, y sus miembros disfrutaban de la responsabilidad personal impuesta a los miembros de las sociedades mercantiles. Esta clase de organización no es otra cosa que la tentativa de utilizar el fideicomiso del derecho común con el objeto de explotar empresas mercantiles.
“Tal fideicomiso surge mediante una declaración de fideicomiso, según los términos de la cual aquéllos que deseen invertir capital convienen en crear un grupo directivo de fiduciarios, cuyos poderes y deberes dependen de los términos y condiciones del pacto de fidei-comiso. El interés de cada copartícipe está evidenciado por certifi-cados transferibles, similares a los certificados de acciones expedidos por las corporaciones y, en este Estado, están sujetos a la fiscalización del departamento encargado de las corporaciones. La organización no queda disuelta, como ocurre con las sociedades, al transferirse cual-quier acción, ni a la muerte, demencia o quiebra de uno de sus miem-bros. El pacto de fideicomiso generalmente dispone que los fiduciarios y no los suscribientes serán los dueños de los bienes y en un verda-dero ‘Massachusetts trust’ se da a los fiduciarios control absoluto de la administración del negocio. En la escritura de fideicomiso se pro-vee siempre que los suscribientes no son personalmente responsables de ninguno de los actos realizados por los fiduciarios, exención de res-ponsabilidad que, en este Estado, es aun mayor que la otorgada a los accionistas de corporaciones, excepción hecha de los accionistas de corporaciones limitadas a partir del año 1929.
* * # =::< # * *
“En ausencia de alguna autoridad, que nos obligue en sentido con-trario, no vemos razón alguna por la cual tales organizaciones, con la responsabilidad limitada que tiene, no deban ser reconocidas en este Estado. Es cierto que los estatutos de este Estado disponen res-ponsabilidad limitada en los casos de sociedades y corporaciones limi-tadas, pero en dichas disposiciones estatutarias nada hallamos que manifieste la intención de limitar la clase de organizaciones mercanti-les que deberá disfrutar este privilegio, a las dos clases ya enumera-das. El artículo 2220 del Código Civil dispone expresamente que se pueden crear fideicomisos en bienes muebles para cualquier fin que en derecho pueda celebrarse un contrato. Es cierto que hasta 1929 se fijaron ciertas limitaciones a los fines para los cuales fideicomisos de bienes inmuebles podían ser creados, por el artículo 857 del Có-digo Civil, mas, conforme se ha dicho antes, no existía tal restricción en lo que a fideicomisos de bienes muebles se refería. Estate of Walkery, 108 Cal. 627, 49 Am. St. Rep. 97, 41 Pac. 772; Estate of Hinckley, 58 Cal. 457, 482; Toland v. Toland, 123 Cal. 140, 55 Pac. 681. Pero aun las restricciones sobre fideicomisos en bienes inmuebles han desaparecido ahora a tenor de una enmienda hecha en 1929 al. artículo 2220 del Código Civil. Nos parece claro que la política legislativa ya establecida en este Estado es no imponer res-tricciones a la formación de fideicomisos de bienes muebles, sino más bien dejar que tales organizaciones se dediquen a cualesquiera em-presas legales. La ley de fideicomiso es tan parte de la política le-gislativa de este Estado como lo es la ley de sociedades y corporaciones limitadas. Es cierto que históricamente los fideicomisos no fueron usados con el objeto de explotar grandes empresas mercantiles y que fueron desarrollados por las cortes de equidad. Sin embargo, la ley no es estática sino que siempre continúa en estado de crecimiento y expansión, y durante los últimos años esta forma de administrar los bienes se ha extendido a casi todas las actividades. Sears on Trust Estates as Business Companies, 2d. ed., sec. 19; Wrightington on Unincorporated Associations & Business Trusts, 2d. ed., see. 4. El simple hecho de que 'se haga un nuevo uso del fideicomiso no significa que haya de aplicársele nuevos principios de ley al determinar los derechos de los fiduciarios, fideicomisarios (cestuis que trust), acree-dores del fideicomiso y otras personas que negocien con el mismo. Schumann-Heink v. Folsom, supra. Si esta nueva modalidad en el uso de los fideicomisos exige reglamentación o no, es cuestión que concierne al poder legislativo y no al judicial. Algunos estados han creído prudente reglamentar mediante estatuto esta clase de empresas mercantiles. Véase las Leyes Generales de Massachusetts de 1921, capítulo 182; Leyes y Resoluciones de Massachusetts de 1926, capítulo 290; Leyes de Oklahoma de 1925, capítulo 56; Leyes de Oklahoma de 1927, capítulo 17; y Leyes de Wisconsin de 1923 capítulo 431.”

Y a la página 1112 de 16 Fletcher Cyclopedia Corporations, Permanent Edition (1933), encontramos lo que signe:

“Por regla general los fideicomisos mercantiles son creados entera-mente por los actos de las partes; no son organizados de conformidad con ningún estatuto o disposición estatutaria que dependan de uno u otra para su existencia, aunque en algunos estados son en la actuali-dad reconocidos por ley y en muchos otros están sujetos a reglamen-tación gubernamental por disposiciones estatutarias. Son de hecho y de derecho compañías no incorporadas.
“El fideicomiso o los bienes poseídos en fideicomisos son conside-rados para determinados fines como una entidad legal en algunas ju-risdicciones, más no así en todas.
“Los fideicomisos mercantiles no son corporaciones en el sentido estricto de la palabra aunque se les considera como tales por las cortes de algunos estados para determinados fines. No son creadas por esta-tuto sino que son asociaciones voluntarias de individuos, mientras que una corporación tan sólo puede existir mediante sanción legislativa y debe haber recibido una franquicia o sido organizada como tal corpo-ración bajo una ley general.”

La jurisprudencia que cita el registrador para sostener que el fideicomiso de que se trata en este caso es una cor-poración, se basa en leyes diferentes a las que rigen en esta isla. El propio funcionario recurrido a la página 58 de su alegato principal dice:

“Si bien es verdad que nuestra ley de corporaciones, ni nuestra carta orgánica, ni ninguna otra ley de esta jurisdicción definen en forma análoga a como están definidas en los estatutos de los estados antes citados las corporaciones, es lo cierto que dados los privilegios e inmunidades con que nuestra ley favorece a las corporaciones, po-demos llegar fácilmente a la conclusión de que tales privilegios e in-munidades no son poseídos por los individuos ni por las sociedades civiles. No hay razón ninguna por la cual, no obstante no existir en nuestros estatutos una definición categórica de lo que es una corpora-ción, no podamos, a la luz de los preceptos de nuestras leyes, catalogar dentro de su naturaleza, a una organización extranjera que disfrute de los mismos privilegios y prerrogativas que nuestra ley atribuye a tales entidades.”

No es posible llegar tan lejos por la sola interpretación judicial, especialmente cuando existe en vigor una ley como la No. 41 de 1928, para proveer la constitución de fideicomi-sos, Leyes de 1928, p. 295, que fue aprobada el mismo día que la No. 40 pára disponer la incorporación y reglamentación de compañías de fideicomisos, y que forma boy parte del Código Civil, Ed. 1930, p. 184, arts. 834 a 874.

Por ella, dejando subsistentes las disposiciones del Có-digo contenidas en la sección tercera del capítulo segundo del título tercero, que se refieren a las substituciones fideico-misarias (artículo 710 a 715 de la dicha ed. de 1930) y ex-presamente disponiendo que nada de lo en ella contenido se entenderá que deroga o modifica el sistema hereditario esta-blecido por el Código, se define el fideicomiso como un man-dato irrevocable a virtud del cual se trasmiten determina-dos bienes a una persona, llamada fiduciario, para que dis-ponga de ellos conforme lo ordene la que los trasmite, lla-mada fideieomitente, a beneficio del mismo o de un tercero llamado fideicomisario, y se dispone que el fideicomiso podrá constituirse por testamento o por acto inter vivos, y abarcar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o in-corporales, presentes o futuros.

El fideicomiso por acto inter vivos y el constituido sobre bienes inmuebles deberá serlo por escritura pública que ha-brá de inscribirse. Podrá ser particular o universal, puro o condicional, a día cierto, por tiempo determinado o du-rante la vida del fideieomitente, del fiduciario o del fideico-misario, sin pasar de treinta años el que señala usufructo, renta o pensión a favor de persona jurídica.

Podrá el fideicomiso constituirse para cualquier fin que no contravenga la ley o la moral pública, prohibiéndose los secretos.

El fideieomitente puede ser persona natural o jurídica y puede crear el fideicomiso en cualquier forma, para cual-quier fin y bajo cualesquiera términos y condiciones que no infrinjan la ley o la moral, y puede nombrar no sólo uno, sino varios fiduciarios, y dos o más fideicomisarios.

El fiduciario puede ser también persona natural o jurí-dica. Tendrá todos los derechos y acciones correspondien-tes al pleno dominio, pero no podrá enajenar o gravar los bienes fideicomitidos a menos que para ello tenga autori-zación expresa o a menos que sin enajenarlos o gravarlos sea imposible la ejecución del fideicomiso.

También el fideicomisario puede ser persona natural o ju-rídica.

Dispone además la ley todo lo concerniente a la inter-vención de las cortes cuando sea necesaria y la extinción del fideicomiso y expresamente ordena que los bienes inmuebles transferidos por fideicomiso serán inscritos en el registro a nombre del fiduciario como en el caso de cualquier otra tras-misión de dominio, inscribiéndose como gravámenes las dis-posiciones del fideicomiso que limiten la facultad del fiducia-rio para enajenarlos o gravarlos.

Desde un principio fian venido los recurrentes soste-niendo que ésa es la ley reguladora de su caso. Fué nues-tra propia legislatura la que desde 1928 no sólo abrió el campo para que de modo legal se establecieran y desarrolla-ran sus actividades en nuestra isla las compañías de fideico-misos, si que los fideicomisos puros y aún los comerciales.

La personalidad jurídica del fideicomiso en este caso y la capacidad de sus fiduciarios (trustees) para adquirir bie-nes inmuebles y para hipotecarlos, surgen de los documen-tos presentados en el Registro, de acuerdo con la jurispru-dencia y con las leyes en vigor en Puerto Rico, sin que pueda concluirse que el fideicomiso de que se trata constituye una corporación que debe organizarse y funcionar con arreglo a la ley sobre compañías de fideicomisos o a la ley general de corporaciones de la Isla.

Siendo ello así, caen por su base los motivos primero, se-gundo, tercero y cuarto de la nota recurrida.

Examinemos el quinto. Aceptando sin resolverlo que a virtud del examen del acta constitutiva del fideicomiso, del convenio inserto en la escritura de venta y de la venta misma, pudiéramos concluir, dentro de este recurso gu-bernativo, que el “poder detrás del trono” es en este caso en realidad de verdad la Bast Porto Rican Sugar Company, una corporación extranjera, y qne el fideicomiso meramente se creó para qne dicha corporación pudiera adquirir tierras en mayor extensión que la permitida por la ley, nos enfren-taríamos de lleno con el que sin duda fué el motivo propul-sor de toda la nota, a saber, oponerse a la violación de la Ley del Congreso que fija su política sobre el dominio de las tierras en Puerto Rico. Artículo 3 de la Resolución Conjunta de mayo 1, 1900, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1902, p. XXXVI.

¿Puede el registrador por patrióticas que sean sus inten-ciones, vigorosa su mentalidad y hondos sus conocimientos y por extraordinario que haya sido el esfuerzo para ello rea-lizado, llevar al campo de su juridicción el problema?

La cuestión no viene a este tribunal por vez primera. Pué ya resuelta en sentido negativo en varias de sus deci-siones dictadas tras un detenido estudio de los hechos y la ley.

La primera de dichas decisiones es la de la Compañía Azucarera de la Carolina contra el Registrador de San Juan, 19 D.P.R. 152. La opinión de la corte, emitida por su Juez Asociado Sr. "Wolf, fué unánime. En ella después de un es-tudio de las leyes envueltas, incluso la Hipotecaria, y de la jurisprudencia, se dice:

“Se verá por tanto, que una corporación cuyas facultades están limitadas por la ley o por sus estatutos, tiene basta tanto el Estado intervenga, todas las facultades y capacidad que cualquier otro indi-viduo capaz de adquirir bienes inmuebles posea. La corporación puede ejercitar cualesquiera actos de dominio sobre dichos bienes in-muebles; puede establecer acciones reivindicatorias o de desahucio, y exigir el cumplimiento específico de cualquier contrato. Tiene un título absoluto contra todo el mundo excepto el Estado después que se ha iniciado un procedimiento adecuado en una corte de justicia. Las disposiciones de la ley en Puerto Rico no son diferentes. La Ley Orgánica no prohibe la adquisición de bienes inmuebles sino que ex-presa solamente que una corporación' dedicada a la agricultura, es-tará limitada con arreglo a sus estatutos al dominio y posesión de una propiedad que no exceda de 500 acres de terreno.
“La Ley Orgánica en su artículo 21, dispone que el Fiscal General tendrá todas las atribuciones y ejercerá todas las funciones que por la ley corresponden a un fiscal, de territorio en los Estados Uni-dos, hasta tanto no sean localmente inaplicables.
“Y por el artículo 771 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos, entre otros deberes, el Fiscal General tiene el de entablar todas las acciones civiles en las que los Estados Unidos sean parte, y según otros artículos, los fiscales de los territorios tienen iguales facultades que los fiscales de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, de modo que las disposiciones contenidas en dicho artículo parecen determinar cuál es el funcionario que deberá proteger los intereses de Puerto Pico y quién establecerá las acciones en cobro de alguna multa o confiscación.
“Además, el artículo 73 del Código Político, según ha sido enmen-dado por las leyes de 1906, dispone que el Attorney General a ins-tancias del Comisionado del Interior, promoverá demandas para la restitución de todos los bienes raíces y muebles, cuyos títulos hu-bieren caducado, por falta de heredero, a favor de El Pueblo de Puerto Pico, o en los cuales tuviere éste algún otro derecho o título.
“De modo que la ley dispone de manera suficiente las medidas necesarias que han de adoptarse para que cualquier infracción de la Ley Orgánica pueda ser completamente investigada y perseguida por el Fiscal General. Si existe alguna duda en cuanto al límite de la facultad que tiene el registrador, esta duda aparece enteramente re-suelta por las disposiciones de la Ley Orgánica y el artículo 73 del Código Político. El Fiscal General es el único funcionario en quien reside el derecho a inicar procedimientos sobre revisión de bienes o atacar el derecho que tiene una corporación a poseer bienes inmuebles. Sin tal procedimiento judicial o cuasi judicial, una corporación podría ser privada de algunos derechos de propiedad sin el debido procedi-miento de ley.”

Meses después, en el caso de la Compañía Azucarera del Toa v. Registrador, 19 D.P.R. 759, la Corte ratificó su criterio, en el que insistió tres años más tarde en los casos de La Isabela Grove, Inc. v. Registrador, 24 D.P.R. 257 y P. R. Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 24 D.P.R. 262.

Desde entonces, o sea desde hace más de veinte años, el Poder Judicial habló con toda claridad y mostró el camino. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales e Insulares y la Comunidad en general quedaron informados. Y es a ellos a quienes corresponde actuar.

Resta sólo considerar el motivo de denegación relativo a la agrupación y a.1 defecto subsanable.

Las propiedades de que se trata pertenecían a la United Porto Rican Sugar Co. puesta en liquidación ante la Corte Federal. Conocemos el convenio de acuerdo con el cual dichas propiedades fueron adquiridas en pública subasta por E. T. Fiddler y luego traspasadas a la Eastern Sugar Associates. En él se dispuso que:

“I. In so far as the Bank may require, and as and when the Bank shall require, the real properties mortgaged shall be consolidated into one or more agricultural entities and recorded as such in the registries of properties, and each and every parcel of the properties mortgaged shall secure the entire obligation or such proportion thereof, as the Bank in its sole discretion shall determine.”

El banco insistió. Mostráronse de acuerdo todas las par-tes interesadas y para facilitar la transacción el Síndico nombrado por la corte hizo en efecto la agrupación, consig-nándose en la propia escritura de venta, pág. 877, que la agrupación se hizo por el Síndico a requerimiento y bajo la aprobación de la Eatern Sugar Associates. Además, bien puede sostenerse que lo hecho en tal sentido fué aprobado por la corte.

El registrador sostiene que la agrupación no pudo ve-rificarse en primer término porque el Síndico carecía de auto-ridad y porque las fincas agrupadas no son conocidas por un nombre común, no integran un cuerpo de bienes depen-dientes entre sí, ni dependen de un centro común.

Bajo las circunstancias que concurren, creemos que el Síndico pudo actuar en la forma en que lo hizo. En el caso de Palau v. Registrador, 19 D.P.R. 372, 376, dijo esta corte:

“Agrupar en una varias fincas previamente inscritas, no consti-tuye una enajenación o gravamen de las mismas. Tampoco tiene el carácter de un contrato, y si bien es un acto que da lugar a una nueva inscripción en el registro, es a una inscripción de orden interior den-tro del registro mismo que no crea, ni modifica, ni extingue derecho alguno.”

El Síndico actuó a petición de las partes y con la apro-bación de la corte. Hecha a instancia y aceptada expresa-mente la agrupación por el dueño actual de las fincas, puede además considerarse que se hizo por el propio dueño.

¿Son agrupables tantas fincas, no contiguas muchas, si-tuadas en diversos municipios y correspondientes a varios registros? Aunque se trata de un caso extremo, a nuestro juicio puede.

Dice el artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria:

“Se inscribirán bajo un solo número si los interesados lo solici-taren considerándose como una sola finca, con arreglo al art. 8o. de la ley y para los efectos que el mismo expresa:
“Primero. Las propiedades rústicas conocidas con los nombres de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, estancias, sitios, potreros, etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos, con uno o más edificios y una o varias piezas de terreno con arbolado o sin él, aunque éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que pertenezcan al misino cuerpo de bienes y a una sola persona, o a varias pro indiviso, y aun cuando afecten al mismo gravámenes o derechos reales, corres-pondientes a una sola persona o a varias, y se componga de distintas suertes o porciones dadas en enfiteusis. ’ ’

Las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España son al efecto de que para la agrupación precisa que exista unidad en el dueño, un nombre común para las fincas, que éstas integren un cuerpo de bienes dependientes entre sí, siéndolo además de un centro común.

Ya hemos dicho lo suficiente con respecto a la unidad de dueño. Todas las fincas pertenecieron a la United Porto Rican Sugar Co. y pertenecen hoy a la Eastern Sugar Associates.

En cuanto al nombre común citan los recurrentes la pro-pia escritura de venta, página 774, en que se dice al comen-zar la descripción de la finca agrupada: “Rústica: Un grupo de bienes dependientes designados con el nombre de ‘Eastern Sugar Estates.’ ”

Y para demostrar que las fincas integran un grupo de bienes dependientes entre sí, sujetos a un centro común, in-vocan la cláusula de la dicha escritura que aparece a las pá-ginas 772 a 774 de la misma, que dice:

. that in view of the fact that all the properties described above in Section First of this deed, composing piezas numbered from (1) to (91), both included, although not contiguous, constitute a single body of interdependent rural properties consisiting of a sugar estate of centrals named Central Pasto Viejo, Central Juncos, Central Santa Juana, Central Defensa and Central Cayey and their dependent lands dedicated to the growing and cultivation of sugar cane and the manufacture thereof into sugar and molasses, and the shipment of said products, forming and operated as a single agricultural and industrial enterprise, and exercising the right conferred by Article Eight of the Mortgage Law and Article Sixty-one of the Regulations of said Law, hereby groups, consolidates and merges all the said properties into one entity or ‘agrupación’ and agrees that it shall be recorded in the corresponding Registries of Property as a single estate under a single number as described below, and instructs and directs the corresponding Registrars of Property to record the same as a single estate under a single number so that it may be considered as one single property or estate for all legal purposes and the said properties having been herein so grouped, consolidated and merged constitute the rural estate described in the Spanish Language, as follows.”

Y agregan en su réplica, pág. 46, al alegato principal del registrador:

‘ ‘ El Registrador debe limitarse al contenido de una escritura para calificarla. En cuanto a la agrupación tiene que limitarse a lo que diga la escritura y lo que aparezca del Registro y no lo que diga su conocimiento de la geografía.
“.Si hubiera habido un medio de justificar la unidad industrial y administrativa del Eastern Sugar Associates que no hubiera sido por el propio documento como se hizo en este caso, le hubiera sido sumamente fácil a los recurrentes hacerlo. Hubiéramos podido pro-bar que todas las propiedades agrupadas han sido operadas como sola finca pues del propio registro constan contratos refaccionarios becbos por la United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico) con Tbe National City Bank of New York donde se afectaban todas las pro-piedades agrupadas. También hubiéramos podido probar cómo casi todas las propiedades están unidas por ferrocarriles, embarcaciones o por vehículos de motor propiedad del trust, cómo caña cosechada en tierras de Vieques puede ser molida en Central Cayey, o Defensa, o Juncos, o Pasto Viejo, o Santa Juana; y cómo un buey, propiedad del trust, que trabaja la zafra en tierras de Cayey puede pasar el verano pastando en tierras de Vieques. Naturalmente para presen-tar esos hechos hubiera habido necesidad de audiencias públicas ante el Registrador. De la lectura de todos los documentos que se copian en la escritura se deduce claramente la unidad que exige la Ley Hipo-tecaria para la agrupación de fincas.”

El defecto subsanable no existe. De la escritura no re-sulta que fuera la intención de las partes incluir en la agru-pación la finca en que está situada la Central Defensa. Dicha finca no se describe entre las que forman la agrupación. Los recurrentes sostienen que si el nombre de dicha Central se mencionó en la agrupación, lo fué por considerarlo “ne-cesario para identificar la finca agrupada, ya que las fincas alrededor de dicha Central Defensa y que forman con ésta una unidad en el fundo Eastern Sugar Estates, fueron agru-padas” y no encontramos razón de peso para sostener lo contrario.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la nota y ordenarse la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: En Juez Asociado Señob, Aldbey,

text:
    Los Esposos Gregorio Cubero y María Domínguez, demandantes, apelantes y apelados, v. Rosa y Cecilia Chevremont, demandadas, apeladas y apelantes.
    No. 6208.

    Sometido: Mayo 11, 1934.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes y apelados; L. Méndez Vaz, abogado de las apeladas y apelantes.
   En Juez Asociado Señob, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y las demandadas interpusieron apela-ción contra la sentencia de la corte inferior, pero los deman-dantes desistieron luego de su recurso por lo que sólo ten-dremos que resolver el de las demandadas.

Gregorio Cubero y su esposa María Domínguez deman-daron a las hermanas Eosa y Cecilia Cbevremont para que la corte declarase nulo el procedimiento ejecutivo que ellas siguieron contra los demandantes para cobrarles una hipoteca que gravaba una finca de la propiedad de los esposos de-mandantes. Alegaron varios motivos para que se declarase la nulidad del ejecutivo pero la corte inferior sólo sostuvo uno de ellos y por él decretó la nulidad del procedimiento ejecutivo a que hacemos referencia, con otros pronunciamien-tos que no es necesario exponer en esta ocasión dado el juicio que hemos formado de este recurso.

Ese motivo de nulidad es que a pesar de que en el es-crito inicial del procedimiento ejecutivo hipotecario se re-clamó solamente el pago del capital adeudado, sus intereses y cierta cantidad para costas y que por ellas fue hecho el requerimiento de pago, sin embargo, en la sentencia o reso-lución posterior que dispuso la venta de la finca se adicionó la cantidad de $841.34 de contribuciones de la finca debi-das al Tesorero Insular, que no era debida por Cubero a las ejecutantes.

Al resolver ese motivo alegado por los demandantes y por el cual la corte inferior declaró nulo el juicio ejecutivo hipotecario, dicha corte consignó que esas contribuciones fueron pagadas por las entonces demandantes después de instituido el procedimiento y antes de dictarse la orden de remate. Y después de citar el artículo 333 del Código Po-lítico dijo: “No dudamos que las ahora demandadas tenían derecho a reclamar la cantidad que pagaron por concepto de contribuciones sobre dicha finca, pero debieron alegarlo en el escrito inicial para que de este modo la corte hubiese tenido jurisdicción para incluir en la orden de remate la can-tidad pagada por concepto de contribuciones.”

La resolución de ese motivo de nulidad se basó en un error de hecho de la corte sentenciadora. Las ejecutantes Chevremont no pagaron las contribuciones después de ins-tituido el procedimiento ejecutivo y antes de dictarse la or-den de remate, pues lo que aparece de los autos es que esas contribuciones fueron pagadas por ellas después de algún tiempo de habérseles adjudicado la finca en subasta para pa-garles la hipoteca, ya que habiendo tenido lugar la subasta y adjudicación el 27 de junio de 1929, las contribuciones fue-ron pagadas parte en 27 de agosto de ese año y otra parte en marzo de 1930. Lo que ocurrió fué que al tener conoci-miento la corte por una certificación que se le presentó del .colector de rentas de que la finca estaba adeudando al Pueblo de Puerto Rico $841.34 por contribuciones vencidas y no satisfechas la corte, después de ordenar la venta de la finca para pagar a las ejecutantes el capital adeudado, sus intere-ses y las costas, dijo lo siguiente: “En el edicto anunciando la subasta cuidará el márshal de hacer constar que la finca que se ejecuta adeuda al Pueblo de Puerto Rico $841.34, que deberá pagar el licitador que obtuviere la buena pro en el acto del remate. . .” Fué sencillamente un aviso a los li-citadores de que la finca estaba debiendo contribuciones que habría de pagar el licitador.

Demostrado el error de hecho de la corte, cae por su base la conclusión que sacó para declarar nulo el juicio ejecutivo hipotecario.

La conclusión a que liemos llegado hace innecesario resolver las otras cuestiones propuestas por las- apelantes.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por los demandantes, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Matilde Ríos Ovalle, demandante y apelante, v. Manuel Rosaly y Hosta, et als., demandados y apelados.
    No. 7059.

    Sometida: Junio 10, 1935.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      F. Zapater y Baúl Matos, abogados del apelante; C. Olivieri, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados nos piden que desestimemos esta apelación porque el alegato de la apelante no cumple con las reglas 42, 43 y 60 de nuestro tribunal y porque los motivos de error son fútiles.

Una persona casada aceptó la obligación de pagar una pensión vitalicia a la demandante. Después de la muerte del obligado su viuda e hijos fueron demandados para el pago, de tal pensión pero la corte condenó al pago solamente a la viuda, que se allanó a la demanda, por entender qué como-a ella le habían sido adjudicados bienes para satisfacer la. pensión, había sido novada la obligación en cuanto a la persona obligada y que los hijos no tenían tal responsabilidad;-conclusión que se alega ser errónea en el primer motivo del recurso. El segundo es por haber sido resuelto el conflicto-de la evidencia a favor de los demandados. El tercero se refiere a no liaber sido impuestas las costas a los demanda-dos.

El alegato de la apelante contiene una relación de la causa y una exposición separada de los errores atribuidos a la sentencia; y aunque argumenta conjuntamente los dos primeros motivos de error, esto no es causa para que desestimemos la apelación porque ambos se refieren a la suficien-cia de la prueba para sostener la sentencia respecto a si demuestra que la obligación original fue novada por liaber sido substituido el primitivo deudor por otra persona. En 'Cuanto al referente a las costas, se limita la apelante a decir que la temeridad de los demandados es manifiesta; lo que a nuestro entender depende de si los bijos demandados son también responsables del pago de la pensión. No habiendo infringido la apelante las reglas 42 y 43 de este tribunal, no es de aplicación la 60; y no siendo fútiles los motivos de error alegados debe declarase sin lugar la moción de desestimación de esta apelación.


author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila,

text:
    Concepción Morales Viuda de Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 952.

    Sometido: Mayo 25, 1935.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila,

emitió la opinión del tribunal.

Concepción Morales viuda de Fernández trató de inscri-bir en el registro de la propiedad el dominio de dos fincas rústicas decretado a su favor por la Corte de Distrito de Guayama. Ambas fincas aparecen marcadas con las letras Ay B. El título de la recurrente sobre estos inmuebles tiene su origen en la partición de bienes de su fenecido esposo Manuel Fernández Betancourt. La recurrente obtuvo por ad-judicación en las operaciones divisorias de dichos bienes un condominio de 3/7 partes de una finca- de 25.75 cuerdas que su esposo había adquirido de los hermanos Marcelino, Bo-que y Hermenegildo Bermúdez López. Posteriormente esta finca, poseída en común con Gregorio Santos, fue dividida, correspondiendo a la viuda una parcela de once cuerdas, y el resto al otro condómine Gregorio Santos. Esta parcela de once cuerdas es la que aparece marcada con la letra A. La otra finca, que se marca con la letra B, se compone de seis cuerdas de terreno y fue adquirida también por adjudi-cación en las operaciones divisorias de los bienes referidos.

El registrador denegó la inscripción solicitada, en dis-tintas fechas y en diferentes notas, por no consignarse el nombre de los sucesores legítimos de Fernández Betancourt, ni citárseles personalmente, ni por edictos, en el supuesto de que fueran de ignorado paradero. La recurrente sostiene que el expediente de dominio ha sido debidamente trami-tado y que la citación de las personas a que se refiere el Re-gistrador no es esencial ni necesaria para que dicho expe-diente adquiera validez legal. Sobre este extremo gira toda la controversia en este caso, que ambas partes sostienen con animado interés en sus extensos y laboriosos alegatos. La cuestión, por lo tanto, se reduce a resolver si han debido con-signarse o no en la resolución de la corte, los nombres de los sucesores de don Manuel Fernández Betancourt como an-teriores dueños de la finca, y si los mismos debieron haber sido citados, como requisito previo para que pudiese dictarse la resolución judicial.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria dice, en lo perti-nente, así:

“Todo propietario que careciere de título escrito de dominio, cual-quiera que sea la época en que hubiese tenido lugar la adquisición, podrá inscribir dicho dominio justificándola con las formalidades si-guientes :
“1. Presentará un escrito al juez de primera instancia del par-tido en que radiquen los bienes, o al del en que esté la parte principal, si fuese una finca enclavada en varios partidos, refiriendo el modo con que los haya adquirido, y las pruebas legales que de esta adquisición pueda ofrecer, y pidiendo que, con citación de aquel de quien pro-cedan dichos bienes, o de su causahabiente y del Ministerio fiscal, se le admitan las referidas pruebas y se declare su derecho.
“2. El juez dará traslado de este escrito al Ministerio fiscal, ci-tará a aquél de quien procedan los bienes o a su causahabiente, si fuera conocido, y a los que tengan en dichos bienes cualquier dere-cho real;.”

A juicio de la recurrente, cuando un heredero solicita que se declare a su favor el dominio de una finca adquirida por herencia, debe citarse a los vendedores del causante y ade-más a los condueños de la herencia, en su carácter de co-partícipes estos últimos, y no como anteriores dueños. Los hijos, arguye la recurrente, ocupan el lugar del padre, cons-tituyendo una continuación de su personalidad que no puede desdoblarse para obviar o evadir la citación del dueño anterior. Así es, en efecto, y por esta razón entendemos, de acuerdo con la recurrente, que requiriendo la ley la citación de aquél de quien procedan los bienes o de su causahabiente, debe citarse a la persona de quien adquirió el causante de la herencia. Esto no quiere decir, sin embargo, que los de-más coherederos no deban ser citados como causantes inme-diatos del heredero que promueve la información de dominio.

Comentando el artículo 404 de la Ley Hipotecaria espa-ñola, equivalente al 395 de nuestra ley, dice Gralindo y Escosura, tomo 4, pág. 659:

“También se ha preguntado si la regla primera es aplicable al caso de solicitar la declaración de dominio el mismo heredero de la persona de quien procedan los bienes, cuando ésta ha fallecido. Aun-que es posible que el legislador, al redactar el artículo, no hubiese tenido presente este caso, nos parece indudable que, además de ser citados todos los coherederos, deberá serlo la persona de quien los hu-biese adquirido el difunto, si fuere conocida. Si no hubiese más que el actor, bastará con que se cite al ministerio fiscal, y con que se pu-bliquen los edictos, según previene la regia segunda, si tampoco fuese conocida la persona de quien los adquirió el difunto.”

La recurrente conviene en que debe citarse a los cohere-deros en su carácter de copartícipes que fueron del inmue-ble. No está conforme, sin embargo, en que la citación se haga en el concepto de causahabientes. La división de la herencia, según los comentaristas del derecho civil, constituye un acto traslativo de propiedad. Al practicarse la división de los bienes, los herederos se ceden mutuamente derechos de condominio que se extendían a toda la propiedad. Como dice Manresa, cada heredero cede, en realidad, a sus copar-tícipes, el derecho de condominio que le correspondía en los bienes que a éstos se adjudican en el reparto, y obtiene, a su. vez, de los demás, el derecho que a éstos pertenecía sobre las cosas que a él se le asignan. Puede que sea en este ca-rácter de causante inmediato del heredero que solicita el do-minio, más bien que de causahabiente del causante de la he-rencia, que deba citarse a cada uno de los herederos.

Entiende la parte recurrida que así como el vendedor del causante es anterior dueño, cada heredero lo es de los de-más, una vez dividida la herencia. Rebatiendo los argumen-tos de la recurrente, dice así el registrador en su alegato:

“Ahora bien, aun cuando el registrador está conforme con la re-currente en cuanto a la necesidad de citar 'al dueño anterior al cau-sante, sin embargo, no puede estarlo en cuanto a que los coherederos no son también anteriores dueños de los bienes, con derecho a citación. La recurrente establece muy sutiles distinciones entre los conceptos de herederos y anterior dueño. El vendedor del causante es anterior drreño de todos los sucesores, pero cada heredero lo es de los demás, una vez dividida la herencia. Por muerte del causante, el viudo y los sucesores legítimos quedan en comunidad hereditaria. La partición da fin a la comunidad y cada partícipe, el viudo inclusive, adquiere la parte correspondiente a su herencia o gananciales, con exclusión de los demás condueños. Al cesar la comunidad, todos los comuneros se enajenan recíprocamente su participación en los bienes aislados y exclusivos de cada partícipe, y vienen a ser, mutuamente, vendedores entre sí, o permutantes, más correctamente expresado. La partición envuelve tan recíprocas prestaciones entre los otorgantes, que todos quedan mutuamente obligados al saneamiento para caso de evicción, lo mismo que compradores corrientes, y es práctica generalizada con-signar esta obligación como pacto expreso en las particiones.
¿ í ;X« ^
“La recurrente establece también una sutil distinción entre un heredero y el cónyuge viudo. Desde luego, que el registrador no con-funde la posición de unos y de otros, aunque es lo cierto que el viudo sucede al causante en calidad de usufructuario. Pero ¿qué diferen-cia existe entre la posición de herederos entre sí y la de los herederos y el viudo, con relación a los bienes que procedentes de la sociedad conyugal disuelta se dividen entre todos, adquiriendo unos por título hereditario y el otro por concepto de gananciales, a los efectos de la citación requerida, en los trámites de un dominio? ¿Cómo puede sostenerse, lógicamente, que cuando uno de los herederos tramita el dominio de bienes así adquiridos, tiene que citar a los demás miembros de la sucesión, con quienes adquirió en comunidad a título de heren-cia, y en cambio el viudo no viene obligado a efectuar igual citación? Tan comuneros fueron los herederos entre sí antes de la partición, como lo fné el viudo en todos los bienes relictos. Y si los herederos, por virtud de la partición, son mutuamente anteriores dueños, no lo es menos el viudo. En igualdad de circunstancias, no cabe aplicar la ley de una manera distinta.”

El comentarista Manresa, hablando en términos generales de la partición, se expresa así:

“La división o partición de la herencia ¿es un acto traslativo de propiedad o simplemente cLecla/rativo?
“En derecho romano, la partición era un acto de traslación de propiedad, una verdadera enajenación, y así se sostiene también por la mayoría de los tratadistas.
“La división, dice Losana, por su propia esencia y naturaleza, es un acto de traslación o conmutación de dominio. La comunidad re-presenta sólo un derecho de propiedad meramente abstracto, que se exterioriza en la facultad que indeterminadamente corresponde a todos los partícipes sobre cada una de las cosas comunes. Si se enajena tina fracción cualquiera, el adquirente tiene en realidad por causantes in-mediatos a todos los coherederos. Al proeederse a la división, y por virtud de la nfisma, cada heredero cede, en realidad, a sus copartíci-pes el derecho de condominio que le correspondía en los bienes que a éstos se adjudican en el reparto, y obtiene a su vez de los demás el derecho que a éstos pertenecía sobre las cosas que a él se le asignan.
“Si a tuia sucesión son Ramudos dos herederos, A y B y quedan dos fincas, una huerta y un olivar, cada una de estas fincas pertene-ce en su totalidad a ambos herederos. La entidad propietaria está representada por A y por B. Al practicarse la partición y adjudi-carse 'a A el olivar, y a B la huerta, B cede a A\ sus derechos sobre el olivar, y A cede a B sus derechos sobre la huerta, con lo que se evi-dencia que existe una nueva transmisión y adquisición distinta y separada de la primera, que por causa de muerte tuvo lugar del cau-sante a sus herederos, y así A tiene en la división por transmitente inmediato a B, y B a A. Simula el acto una verdadera permuta.’f 7 Manresa, 661, 662.
“Como dijimos en las ideas generales, la partición de la herencia envuelve en realidad un acto de traslación de la propiedad.” Id., pág. 794.

Alega la recurrente que adquirió la finca objeto del ex-pediente de dominio a título de gananciales y no por heren-cia, y que los sucesores de Manuel Fernández Betancourt no son coherederos del cónyuge superviviente. Sin parar mien-tes en la cuota usufructuaria a que tiene derecho el cónyuge viudo y aceptando para los efectos de la discusión que los su-cesores de Fernández Betancourt no son coherederos de la viuda, tendríamos siempre que todos fueron copartícipes hasta el momento de la división de los bienes. La sociedad de ga-nanciales cesa con la muerte de- uno de los cónyuges, pero los bienes quedan mezclados y confundidos provisionalmente hasta el momento de la división. Mientras tanto hay un fondo común en el que se hallan interesados todos los partí-cipes, entre los cuales figura la viuda con la mitad de los bie-nes en concepto de gananciales y la cuota usufructuaria que le asigna la ley. Los bienes, por lo tanto, mientras no se dividan, se mantienen prácticamente en un estado de comu-nidad. “La división de los bienes en común es traslativa y no declarativa de la propiedad, porque con aquel acto los de-rechos dominicales del condueño no se alteran en modo al-guno al dividirse las cosas comunes entre los adjudicatarios, sino que simplemente se trasmiten y consolidan, variando en conclusión no la esencia, antes bien, la forma del derecho real de dominio.” 3 Manresa, 527, tercera edición.

La viuda, a nuestro juicio, está colocada en lo que res-pecta a la transmisión de la propiedad, en la misma posición que los herederos. En este respecto no los separa diferen-cia alguna, porque míos y otros son dueños de la propiedad en común. Supongamos, por ejemplo, que ninguno de los cónyuges ha fallecido, pero que la sociedad de gananciales ha quedado extinguida por haberse disuelto el vínculo matrimonial, y que después de hecha la partición de los bie-nes uno de los cónyuges promueve la-información de domi-nio sobre un inmueble que le fué adjudicado y que pertenecía a la sociedad de gananciales. ¿ Estaría el promovente obli-gado a citar al otro cónyuge como causante inmediato? Puede que sí, del mismo modo que en una herencia deben ci-tarse los demás coherederos, cuando es un heredero el que promueve la información de dominio. En el presente caso el hecho de que la sociedad se haya disuelto por muerte de uno de los cónyuges no introduce variación alguna. Si el cau-sante fué copartícipe, sus herederos también lo continúan siendo, hasta que los bienes hayan sido divididos.

En los casos de Cruz v. Santiago, 24 D.P.R. 324, Taboada v. Registrador, 26 D.P.R. 662, y Cancel v. Registrador, 28 D.P.R. 916, se decidió que en las informaciones de dominio instadas por uno de los herederos deben citarse los demás herederos, a los cuales se designa con el nombre de causaha-bientes. Cualquiera que sea el significado y alcance de la pa-labra causahabiente, ya se refiera a quien tiene derechos de-rivados de la persona que trasmitió la propiedad al causante de la herencia o a los sucesores de este último, la realidad es que este Tribunal ha sostenido en diferentes decisiones que los herederos deben ser citados. En el caso de Cancel v. Registrador, supra, este tribunal se expresó así:

“Si bien los registradores no están autorizados para examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales ni para apoyarse en la apreciación que hagan sobre la legalidad de los fundamentos para negar la inscripción de dichas resoluciones en el Registro, según alega el recurrente y dijimos en el caso de Taboada contra El Registrador de Guayama, 26 D.P.R. 662, en el que hicimos referencia en cuanto a este extremo al de Medina contra El Registrador, 19 D.P.R. 1016, y casos en él citados, sin embargo, según también declaramos en el mismo caso eso no quiere decir que los registradores no tengan fa-cultad para denegar la inscripción cuando en dichas resoluciones no consta que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la ley cómo condición precedente para dictarlas; y como según el artículo 395 de la Ley Hipotecaria en la petición inicial de los expedientes de do-minio debe pedirse que se cite a aquél de quien procedan los bienes o a sus causahabientes, habiendo muerto Gordiano Cancel, de quien procedía la parcela de 10 cuerdas, ha tenido que pedirse que fueran citados sus causahabientes y por tanto debe aparecer de la declara-ción de dominio que fueron citados, no siendo suficiente que se haya declarado que fueron citados los anteriores dueños porque muerto Gordiano Cancel tenía que citarse a sus herederos o causahabientes y constar este hecho en la resolución por lo que no consignándose este particular procedió correctamente el registrador recurrido al ne-garse a inscribir la parcela de diez cuerdas.”

No bay razón alguna para modificar la doctrina estable-cida por este tribunal en las decisiones citadas, y aunque en este caso la información de dominio ba sido instada por la viuda, que únicamente es heredera en la cuota usufructuaria, opinamos que ba debido citarse también a los sucesores de Manuel Fernández Betancourt, quienes, en unión de la viuda, poseyeron los bienes en común basta el momento de su división.

Deten confirmarse las notas recurridas.