author: El Juez Asooiado Señor AldREy,

text:
    Juan Gerardino, demandante y apelado, v. Francisco J., Ramona y Concepción García Lubiza y Tomás Vázquez, demandados y apelantes.
    No. 3215.

    Visto: Junio 6, 1924.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Sentencia — Casos Contenciosos — Congruencia con las Alegaciones y las Pruebas. — En un contrato sobre compraventa de dos solares se convino que la escritura de venta sería otorgada tan pronto fuese resuelto cierto pleito en cuanto al solar No. 2, y habiéndose convenido con posterioridad hacer efectiva la venta del solar No. 1, la sentencia se limita debidamente a dicho solar.
    2. CUMPLIMIENTO ESPEtífJTOO — CONTRATOS QUE PUEDEN SER CUMPLIDOS-EXIS-TENCIA y Certeza del Contrato Probados. — La prueba es abrumadora para .■justificar el contrato de venta así como la confabulación entre los vendedores y un tercero para obtener un mayor precio del comprador.
    3. Evidencia — Evidencia Oral io Extrínseca que Aeeotan a- Escritos — Anula-ción de Documentos Escritos — Contratos Fraudulentos — Manifestacio-nes Falsas en el Mismo. — Un notario, ante quien se otorgó una escritura de venta en la que se dice que el precio se entregó en su presencia, puede declarar sobre la falsedad de esa manifestación.
    4. Evidencia — Evidencia Oral io Extrínseca que Afectan a Escritos — Anula-ción de Documentos Escritos — Contratos Fraudulentos — Manifestacio-nes Falsas en el Mismo. — Los testigos en una escritura de venta pueden declarar al efecto de no haber visto la entrega del precio por haberla suscrito separadamente al día siguiente.
    5. Daños y Perjuicios' — Bases de y Cuestiones Sujetas a Daños Compensa-bles — Píedida de Tiempo por Desatender Negocio. — La mera pérdida de tiempo por el demandante al tener que desatender sus negocios para prestar atención a una confabulación de los demandados para evitar el cumplimiento de un contrato de venta no es elemento de daños y perjuicios.
    6. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Revocación — Error Insuficiente — Omisión de Exponer Conclusiones de Hecho y de Derecho para la Sentencia. — La omisión de la corte de exponer conclu-siones de hecho y de derecho para su sentencia no es motivo para revocar la misma. (Arbona v. Ortie, 32: 308, ratificada.)
    7. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Sentenoía Condenando en Costas — Condena Justificada. — Habiéndose demostrado una confabulación por parte de los demandados para defraudar al deman-dante, está justificada la condena de costas.
    SENTENCIA de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda en cnanto a nn co-demandado, ordenándole a otorgar es-critura de venta y condenándole a pagar daños y perjuicios, más las costas.

      Revocada en cnanto a los daños y perjuicios.

      López de Tord y Zayas Pizarro, Abogados de los apelantes;' José Rosario Gelpí, Abogado del apelado.
   El Juez Asooiado Señor AldREy,

emitió la -opinión del tribunal.

El primer motivo alegado por los apelantes para sostener este recurso se funda en qne la corte inferior no sostuvo su excepción previa contra la demanda, en la que se alegó que no aduce hechos suficientes para determinar causa de acción.

La demanda ha sido establecida por Juan J. G-erardino contra tres hermanos de apellido García Lubiza y contra To-más Vázquez Fagot y su esposa, y se ejercitan en ella dos causas de acción, exponiéndose en la primera que dichos her-manos eran dueños en proindiviso de dos solares que se des-criben con los Nos. 1 y 2, respectivamente; que uno de los hermanos vendió en noviembre de 1921 ambos solares al de-mandante por precio de $1,100, cuya venta fué ratificada por las otras dos hermanas, siendo convenido que el precio lo recibiría en octubre de 1922, descontando de él las cantidades que hasta entonces les hubiesen sido adelantadas; que la escritura de venta se otorgaría tan pronto fuese resuelto cierto pleito pendiente por el solar No. 2 y que si se resol-vía en contra de los vendedores se descontaría una cantidad proporcional de los $1,100 en relación a esta cantidad y el promedio por varas cuadradas; que como consecuencia de ese convenio el demandante fabricó varias casas en el solar No. 1, cuyas construcciones tienen un valor de $9,000; que en el mes de agosto de 1922 uno de los hermanos García, por sí y por sus dos hermanas, requirió al demandante para pagar el importe parcial del solar No. 1 y convinieron en otorgar la correspondiente escritura pública ante el notario Sr. Yordán, quien la redactó pero no fue firmada porque bajo ciertos pretextos se negaron los hermanos García.

De esas alegaciones se desprende que hubo un contrato perfecto de venta por parte de los tres hermanos García a favor de Gerardino de los dos solares mencionados, y que aunque fué convenido que la escritura de transmisión del dominio no se otorgaría hasta que se terminara el pleito que pendía por el solar No. 2, sin embargo, por otro convenio posterior llegaron al acuerdo de que se otorgara, desde luego, la escritura de venta en cuanto al solar No. 1. Si eso es cierto, el demandante alega hechos suficientes para que los demandados García sean obligados a otorgarle la escritura de venta del solar No. 1.

La segunda causa de acción se funda en los hechos ex-puestos anteriormente y en que después que el demandante construyó las casas, los hermanos García pretendieron que les aumentara el precio del contrato de compraventa, y ha-biéndose negado a ello el demandante, entonces, con el pro-pósito de defraudarle se confabularon con los esposos Váz-quez Fagot y sabiendo éstos que dichos solares estaban ven-didos al demandante y que.había invertido una fuerte can-tidad de dinero en las casas que construyó en el solar No. 1, aparecen comprando dicho solar por $2,100, según la escri-tura No. 85 de 5 de septiembre de 1922, para .que el deman-dante tuviera que trasladar dichas casas a otro-sitio o des-truirlas o enajenarlas por menos precio de su costo, y que osos actos maliciosos y fraudulentos le han ocasionado per-juicios físicos al encontrarse con una fuerte suma invertida sometida a contingencias judiciales cuyos perjuicios estima en $3,000, debiendo, además, ser castigados los demandantes por daños punitivos y ejemplares en $2,000.

Si es cierto que los esposos Vázquez Fagot sabían que el expresado solar había sido vendido al demandante, que se confabularon con los hermanos García para otorgar la mencionada escritura a fin de perjudicar al demandante en las construcciones que hizo en ese solar y que esto ha sido' causa de que sufra perjuicios, el demandante expone hechos-para pedir que se anule la venta hecha a los esposos Váz-quez Fagot y para que los demandados le indemnicen de Ios-perjuicios que tal conducta pueda haberle causado.

Habiendo contestado todos los demandados y celebrádose-el juicio, recayó sentencia, que ha sido apelada por Francisco García Lnbiza y por los esposos Vázquez Fagot, en lasque se declara con lugar la demanda en cuanto al deman-dado Francisco García Lubiza, y sin lugar .en cuanto a los demás codemandados; que declara nula la escritura de 5 de septiembre de 1922 otorgada ante el notario Sr. Castillo por la que los tres hermanos García venden el solar No. 1 a los esposos Vázquez Fagot, pero concretando dicha nulidad sola-mente en cuanto' al condominio de Francisco García; que ordena que éste transmita el título de dicho condominio al demandante; y que declara nulas las inscripciones que se hubiesen hecho en el registro de la propiedad referentes a dicho condominio, y condena a Francisco García Lubiza a pagar al demandante $2,000 por daños y perjuicios y las costas.

Si bien la corte inferior no hizo un pronunciamiento ex-preso en su sentencia contra los esposos Vázquez Fagot, está implícito en cuanto a ellos el de la nulidad de la compra del condominio de Francisco García Lubiza, ya que declara que la venta de ese condominio es nula y ordena que se cancele en el registro de la propiedad la inscripción que haya sido hecha y que García lo transmita al demandante, por lo que afectan sus pronunciamientos a los. esposos Vázquez, y así lo han entendido ellos al apelar de la sentencia por consi-derarla perjudicial para sus intereses, y no pueden sostener que a nada les condena y que los absuelve de la demanda por el hecho de decirse que se declara con lugar en cuan to a Francisco García y sin lugar en cuanto a los demás code-mandados. En verdad que la sentencia debió ser hecha con más cuidado para evitar que surjan dudas en cuanto a sus pronunciamientos y que por eso pueda ser atacada.

La corte no cometió el motivo de error que se alega por referirse a uno sólo de los solares, pues la teoría de la demanda y de la prueba es que si bien Gerardino compró en noviembre de 1921 los dos solares para paga£ lo que no hubiese anticipado cuando terminase el pleito que existía por el solar No. 2, posteriormente, en agosto del año si-guiente, convinieron vendedores y comprador en hacer efec-tiva, desde luego, la venta del solar No. 1 y que se otorgara la escritura correspondiente, que se radactó y que no qui-sieron firmar los vendedores, por lo que sólo ese solar debió ser objeto de la sentencia.

Otro error que se alega es por la apreciación de la prueba que según los apelantes no demuestra que los hermanos Gar-cía efectuaron contrato de venta con los demandantes.

No existe ese motivo de error pues la eviden-cia es abrumadora con respecto al hecho de que Gerardino compró a Francisco García, por sí y con el conocimiento y consentimiento de sus hermanas Ramona y Concepción, por precio cierto, los dos solares, aunque la escritura de venta quedó pendiente de que se resolviera un pleito existente en cuanto a uno de ellos, y que más tarde se convino en que se otorgara la escritura, desde luego, en cuanto al solar No. 1, así como que existió una confabulación entre los herma-nos García y Tomás Vázquez Fagot para tratar de obtener de Gerardino, después de construidas por él las casas en ese solar, mayor precio del convenido para la venta, de tal suerte que si la sentencia hubiera declarado nula la venta a Vázquez también en cuanto a Ramona y Concepción Gar-cía, hubiéramos encontrado justificada esa declaración de nulidad. No sólo fué abundantísima y convincente la prueba testifical en contra de todos los demandados sino que existió prueba documental, pues el 2 de mayo de 1922 Francisco García firmó un documento confesando haber recibido $200 de Gerardino en un cheque para abonar a cuenta de la can-tidad de $1,100 importe de los dos solares vendidos a él, y cobró dicho cheque y otro más de $4.56 que le entregó Ge-rardino para pagar contribuciones de dichos solares. [3] Y también resulta que aún cuando en la escritura de venta de los García a Vázquez se dice que; éste entregó los $2,100 ante el notario Castillo y los testigos, declaró el notario que eso no es cierto porque ante él no se entregó dinero alguno por esta venta y [4] los testigos tampoco vieron esa entrega porque no estaban presentes cuando las partes firmaron la escritura, que ellos suscribieron separadamente al día si-guiente.

La prueba, sin embargo, en cuanto a los perjuicios sufridos por el demandante por los actos de los demandados es insuficiente para sostener la condena de pagar $2,000 por tal concepto, pues la única evidencia sobre ellos, que es la declaración prestada por Juan J. Gerardino, no puede servir de base para tal condena, ya que se limitó a declarar que su perjuicio ba consistido en la pérdida de tiempo al tener que desatender sus negocios para prestar atención a éste.

Alegan los apelantes como otro de los motivos para que la sentencia sea revocada que la corte inferior no expuso sus conclusiones de becbo y de derecho para su sentencia, pero como este caso está en las mismas condiciones que el de G. Arbona & Co. v. Ortiz et al., 32 D. P. R. 308, tal omisión no produce la revocación de la sentencia.

La condena en costas a Francisco García Lubiza está justificada por los becbos que ban dado origen a este pleito, que bemos expuesto antes, y por tanto no es errónea la sentencia en este particular; y tampoco lo es por baber admitido como evidencia el documento de 2 de mayo de 1922 en que Francisco García reconoce baber vendido los dos solares a Gerardino, pues aunque aquél atacó como falsa la firma que con su nombre y apellido aparece en él, la corte tuvo suficiente evidencia ante sí para llegar a la conclusión de que tal firma fué puesta por García.

Por los motivos expresados la sentencia apelada debe ser confirmada con la aclaración de que no es la escritura No. 1, sino la No. 85 de 5 de septiembre de 1922 otorgada ante el notario Castillo la que se declara nula, y que el traspaso del condommio de Francisco García Lubina a Juan J. Gerardino debe ser por la tercera parte de los $800, precio del solar No. 1, debiendo ser revocada la condena impuesta a Francisco. García Lubiea de pagar al demandante $2,000 como daños y perjuicios.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asooiado Señoe Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Francisco Semidey, demandante y apelante, v. Sucesión Eduardo Salichs, Ramón Llinás y Josefina Montanes, demandados y apelados.
    No. 3348.

    Visto: Enero 13, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    3. Evidencia — Documentos Antiguos — Acta de Deslinde — Admisión.—Un. acta de deslinde suserita por un agrimensor público en octubre 28, 1886, más de 30 años antes del juicio, en la que se expresa la concurrencia y conformidad de los colindantes al acto de deslinde, así como el plano que la acompañe, son admisibles en evidencia para probar la posesión, aun cuando el acta de deslinde no aparezca firmada por los colindantes.
    2. Evidencia — Planos.—El plano techo por un agrimensor sin tener en cuenta la citación de colindantes o poseedores y basado solamente en manifestaciones de testigos, sin que se hubiere demostrado el origen de tales conocimientos, no es prueba suficiente para establecer el título del demandante en una acción reivindicatoría. (Matieneo v. Cancio, 23: 269.)
    3. Evidencia — Planos—Diferencia en los Planos con Respecto a la Cabida de una Finca. — Un sobrante de 9 euerdas en la cabida de una finca que, conforme a sus títulos originales es de 200 cuerdas, no es irrazonable, espe-cialmente cuando la segregación de dicha finea se hizo más o menos grosso modo, designándose solamente el sitio y la clase de terreno que debía ser objeto de un remate.
    SENTENCIA de Gabriel Gastejón, J. (Guayama), en una acción reivin-dicatoría, desestimando la demanda sin especial condenación de costas.

      Confirmada.

      Manuel A. Rivera, Abogado del apelante; José Tous Soto, Abogado del apelado.
   El Juez Asooiado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es uu pleito iniciado por el demandante para rei-vindicar cierta porción de terreno con devolución de frutos. Las fincas del demandante y demandados colindan entre sí y se alega por el primero como causa de acción que los se-gundos quitaron una cerca que demarcaba el límite de la colindancia oeste de los demandados, alterando la línea divi-soria de las dos fincas y apoderándose ilegalmente de nna faja de terreno que mide 48 cuerdas 69 céntimos.

Las dos fincas proceden de un mismo causante y forma-ban un solo cuerpo, perteneciente en el año 1884 a Teresa Semidey, casada con Roque G-eorgetti. En esa fecha la dueña había dejado decaer las contribuciones y el municipio de Salinas siguió' dos procedimientos de apremio, segregando 75 y 125 cuerdas, respectivamente, del cuerpo principal, las que fueron rematadas y adjudicadas en pública subasta a Carlos Buitrago, formando a su vez una sola finca, con ca-bida de 200 cuerdas.

La finca principal ha conservado el nombre de finca “Teresa” y las 200 cuerdas segregadas pasaron luego a Vicente Atilano y de éste, después de otras transmisiones, a los de-mandados, por lo que para hacer más fácil su cita, la llama-remos en el curso de esta opinión, finca “Salichs.”

La segregación de esta finca se hizo del lado Este de la “Teresa” y en 18 de octubre de 1886 se demarcó la línea divisoria! entre ambas por el agrimensor público Eugenio Escobar. Al acto de deslinde concurrieron Vicente Atilano, dueño entonces de la finca “Salichs,” Roque Georgetti, es-poso de Teresa Semidey, dueña de la “Teresa,” quien a su vez fué depositario de la finca “Salichs” en los expedientes de apremio, Jesús Abalo y Juan Tomás Rovira.

Como resultado de la operación se levantó un plano y se otorgó un acta o certificación de deslinde, que literalmente, dice:

“Certificación de deslinde: — (Al anterior plano descrito hay uni-da, manuscrita en un pliego de papel sellado español, la siguiente:) Sello 12o. As. 1886 y 87. — 20 C. de Peso. — N. 0.001.294. — Acta de deslinde del lado Oeste de la propiedad de Don Vicente Atilano con su colindante Semidey-Georgetti, sitas en la ‘ Rosada,' barrio de Aguirre término municipal de Salinas. — A veinte y seis de octubre de mil ochocientos ochenta y seis, yo, el Agrimensor Público, Don Eugenio Escobar y García-Amador, en esta Isla de Puerto Rico, me constituí en ‘‘La Rosada,’ barrio de Aguirre, término municipal de Salinas, con intento de deslindar el lado Oeste de la propiedad de Don Vicente Atilano, adquirida en virtud de remate judicial verificado en la Al-caldía de Salinas, y cuyos linderos son los siguientes: Al Norte con terrenos de la Sucesión Antonetti; al Este con propiedad de Don Tomás Benvennti, sirviendo de límite por dicbo rumbo el camino llamado ‘de las Mareas;’ y al Oeste y Sud con terrenos sobrantes de la Sucesión de Don Pascual Semidey. — Concurrieron al acto los señores Don Vicente Atilano, Don Roque Georgetti, Don Jesús Abalo y Don Juan Tomás Rivera.- — Y estando todos presentes procedí a verificar la operación en la forma siguiente: — Se tomó punto de par-tida el vértice que forma la maya que sirve de límite a los terrenos de la Sucesión Antonetti y la propiedad de Semidey-Georgetti, si-tuado en el lado Norte del terreno perteneciente a don Vicente Ati-lano; desde este punto con rumbo Oeste 10° Norte se midieron se-senta y cuatro varas o sean cincuenta y cuatro metros cincuenta cen-tímetros y se encontró un estacón de tachuelo próximo a un tama-rindo; desde este punto con rumbo Sud 4o Oeste se midieron mil cuatrocientos diez metros y se encontró un tocón de taebuelo que sirve' de límite al lado Oeste de dicha propiedad y siendo por lo tanto vér-tice que forma el lado Sud con el citado lado Oeste. — Terminada la operación sin protesta ni reclamación alguna extendí la presente acta que firman conmigo todos los concurrentes que saben hacerlo. — (Fir-mado y rubricado) Eugenio Escobar.”

Más tarde la operación de Escobar fné comprobada en sus líneas fundamentales, rumbos y distancias por los inge-nieros José A. Zambrana, Eduardo Salichs y Blas Silva, los dos primeros replanteando el plano de Escobar y el tercero corroborando las distancias, rumbos y líneas; sobre el te-rreno. Asimismo el agrimensor Escobar había levantado otro plano general de la finca “Salichs” en julio 28 de 1886 y la importancia de este plano consiste en que el punto de partida situado en el lado Norte del terreno de Atilano, hoy Salichs, y que es el vértice de la finca Antonetti, hoy Manuel González (finca Jagua) y la distancia rumbo Oeste a un ta-chuelo próximo a un tamarindo, punto de referencia, coin-ciden exactamente con los marcados en el plano de deslinde, formándose en ambos planos en ese extremo un martillo que entra en la finca “Teresa” en una distancia de 64 cnerdas? equivalentes a 54 metros 50 centímetros, medidos desde el punto de partida al tachuelo, próximo al punto de referencia.

El plano de octubre 18, 1886, y el acta de deslinde de la misma fecha fueron impugnados en cuanto a su admisión por el apelante y esta -es la materia del segundo error que señala en su alegato. Las objeciones del apelante se refieren principalmente al acta de deslinde. De ella, sin embargo, resulta estar suscrita por un agrimensor público; extendida en octubre 28 de 1886, más de treinta años desde la fecha de su expedición, y haber concurrido a la operación los colindantes sin protesta ni reclamación alguna. Todas estas son circunstancias que hacían pertinente la admisión del documento, así como del plano, pues éste no es otra cosa sino la gráfica descripción de lo que contiene la certificación de deslinde.

El apelante insiste que el acta no aparece, sin embargo, firmada por los colindantes, aunque se exprese su concurren-cia y conformidad al acto de deslinde y porque además no tiene fecha de su expedición. El documento tiene fecha y no se trata de una copia sino del documento mismo que original se otorga por el agrimensor, firmado por él solamento, quien en la época de su otorgamiento tenía el carácter de funcionario público y, pudiendo dar fe de sus operaciones sin la intervención de escribano a menos que fuera a petición de los colindantes o dueños que lo desearen.

En Alcubilla, Diccionario de Administración, volumen I, página 245, agrimensor — agrimensura, se lee lo siguiente:

"4°. — Que la declaración que el geómetra diere de las hanegas que hubiere medido en eualesquier heredades, ha de ir firmado de su mano solamente, y no es necesario que la autorice escribano al-guno para que haga fe en cualquier tribunal, sino en caso de pedirlo las partes que lo autorice, lo que ha de ser a costa de los dueños que lo pidan.”

De otro lado, el apelante alegó como primer error no haberse admitido por la corte inferior el plano y certifica-ción de mensura que presentó en evidencia, suscritos por Ramón García Saenz.

Este es un plano general de la finca “Teresa,” de cabida de 311 cuerdas, levantado en 1889 y la objeción del apelado, así como el fundamento de la corte inferior, se basó en no expresarse en la certificación de mensura que hubieran con-currido a la operación los colindantes. Sin embargo, cree-mos que el error alegado carece de importancia, toda vez que la corte inferior en su opinión analizó y pesó, no obstante, el valor probatorio de tales documentos, lo que sin duda atri-buimos a que posteriormente se admitió en evidencia, como prueba del apelante, el plano del ingeniero Sergio Cuebas, que es una reproducción del plano de García Saenz, pues en dicho plano se consigna la siguiente nota:

“Copia del plano de la finca de Semidey Hermanos hecho por el señor Ramón García Saenz en 1889, indicando terrenos en litigio. S. Cuebas, Ing. Civil, Guayama, Oct. 5/23, escala 1/5000.”' •

Y esta es precisamente la prueba esencial en que- des-cansa la teoría de la demandante. Y es la prueba que no tiene realmente valor probatorio. Ni por las condiciones en que se originó dicha prueba ni por las consecuencias que se derivarían de la misma, pueden tener peso alguno que sos-tenga la reclamación del demandante. El plano de García Saenz es de fecha posterior a los dos planos de Escobar. En éste concurren los colindantes y expresan su conformi-dad; en aquel no aparece extremo de tanta importancia, pues aunque el testigo Porrata dice que ayudó a la mensura que hizo García Saenz, afirma, sin embargo, que Atilano, entonces dueño de la finca “Salichs,” no presenció la ope-ración y llegó al terreno después de terminada la mensura. Si se atiende a las consecuencias, el plano de García Saenz traza la línea divisoria partiendo del camino de Guayama, siguiendo la colindancia de la “Teresa” y la “Jagua” (Manuel González), y recta se prolonga.hasta el mar. Se parte al norte del vértice de la finca ‘ ‘ Jagua ’ ’ y se sigue rumbo al sur, terminando en un espeque corriente señalado arbi-trariamente por un testigo. No se trata de un muro ni de una corriente de agua que constituye un límite continuo, sino de puntos aislados, de 'simples espeques, límites discontinuos que por inciertos ofrecen generalmente dificultades entre co-lindantes. Si este es el caso, estas dificultades se resuelven mediante avenencia de los propietarios o de otro modo se había de comprobar la línea divisoria según la cabida de las fincas contiguas y sus títulos. Ya en el caso de Matienzo v. Cancio, 23 D. P. R. 269, esta corte dijo:

“El plano hecho por un agrimensor sin tener en cuenta la cita-ción de colindantes o poseedores y basado solamente en manifesta-ciones de testigos, sin que se hubiere demostrado el origen de tales conocimientos, no es prueba suficiente para establecer el título del demandante en una acción reivindicatoría. ”

En este caso, sin embargo, ninguna indicación del demandante existe de que su finca esté disminuida en el exceso de la porción de terreno que reclama. Es verdad que hay un exceso según el plano de Salidas, comprobado por el deZambrana. La finca resulta con una cabida de 208 cuerdas cincuenta y cuatro céntimos, según el primero, y 209 cuerdas, el segundo. Pero un sobrante de tal naturaleza no puede considerarse irrazonable en una finca de 200 cuerdas. La experiencia demuestra, no obstante los procedimientos más avanzados en materia de mensura, que éstas no son generalmente de exactitud matemática. A veces los aparatos tienen su error y no hay que descontar el error personal. Además, en el caso de Beiró v. Rovira Hermanos, 26 D. P. R. 823, se declaró:

“El mero hecho de que la suma total de toda la cabida superficial que pertenece en separadas fracciones de terreno a un deman-dado exceda en pocas cuerdas del montante total que arroja su título, mientras que la cabida total de los diversos predios pertenecientes a un demandante resulte ser algo menor de la que aparece de la faz de su título, difícilmente puede justificar el privar a dicho deman-dado de semejante exceso, para completar con la parte agregada lo que falta al demandante.”

En relación con estas diferencias es de observarse que en el plano de Escobar se toma por base la unidad de la cuerda antigua, cuya equivalencia a la cuerda actual se hace' por los ingenieros citados, Zambrana y Salichs. Y esto es así porque en la época en que tuvo lugar la subasta y re-mate de la finca “Salichs” regía la real orden de 7 de agosto de 1883 y entonces la cuerda constaba de 4,074.48 metros cuadrados, mientras la de hoy contiene 3,930.40 metros cua-drados. Si partimos para hacer el cálculo de la unidad an-tigua, la finca arrojaría una cabida de 200 cuerdas, y si lo hiciéramos bajo la base de la cuerda actual el resultado sería un exceso en razón a la menor área de la cuerda de hoy. Pero de todos modos el sobrante que pudiera resultar, aún tomando por base la cuerda antigua, no tendría importancia en este caso, pues de uno de los expedientes de apremio apa-rece que la segregación se hizo más o menos grosso modo, designándose solamente el sitio y la clase de terreno que debía ser objeto del remate.

Otra consecuencia irrazonable que necesariamente ten-dríamos que deducir de la línea trazada en el plano de Grarcía Saenz, dividiendo las dos fincas, siendo una recta que se prolonga del-camino de Gruayama hasta el mar, sería que la finca “Salichs” quedaría reducido en una cuarta parte de su cabida porque el martillo o recodo que se forma al norte de la finca “Salichs” y que entra en la “Teresa” desaparecería de la primera finca, la que no obstante tiene una cabida conforme a sus títulos originales de 200 cuerdas. Dicha finca, por tanto, sería disminuida en 48 cuerdas 69 céntimos, que es la misma porción que se ha intentado rei-vindicar.

No parece además que debamos prestar mayor atención a la alegación del apelante de qne habiendo arrendado la finca “Teresa” a la Central Aguirre en 1901, por término de veinte años, con nna cerca qne limitaba sn colindancia con la finca “Salichs,” siguiendo los planos de García y Cnebas, qne dicha cerca fné removida durante el arrenda-miento y así fné invadido sn terreno por los demandados. En primer lugar, hnbo prueba de qne la arrendataria sub-arrendó la finca “Teresa” a terceras personas, y el testigo Noyes, uno de los subarrendatarios, niega ese aserto; y en segundo lugar, es contrario a un buen razonamiento qne* el arrendatario o subarrendatarios contemplacen pacientes un hecho qne les hubiera perjudicado, disminuyendo el área de su cultivo, toda vez que dedicadas las fincas a la siembra de cañas, una faja de terreno como la que se reclama, llana y propia para dicho fruto, no parece despreciable.

La prueba, por último, ha dejado establecido que en la operación de mensura que efectuó el ingeniero Eduardo Sa-lichs, Pedro Juan Semidey, que representaba en la finca ‘ ‘ Teresa” al demandante, concurrió y estuvo conforme con la operación, y asimismo dato de innegable valor es que aún existe el vestigio de árboles añosos que demarcan la colin-dancia siguiendo el trazado de Escobar, y los cuales, si bien no son más que troncos, por haber sido cortadas sus ramas en beneficio seguramente del cultivo de cañas, datando algu-nos, según se afirma por testigos de unos cincuenta años, sobreviven y su testimonio mudo, pero de inmutable signifi-cación, pudo haber convencido mejor al juez sentenciador, y quien mucho mejor hubo de apreciarlo con la inspección ocular que hizo sobre el terreno. La corte inferior, por consi-guiente, hizo completa justicia declarando sin lugar la de-manda y su sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celino Peña, acusado y apelante.
    No. 2415.

    Visto: Marzo 24, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Armas — Portar Armas Prohibidas — Cortaplumas Plegadizo de Bolsillo.— Para determinar si la hoja de un cortaplumas plegadizo de bolsillo tiene las tres pulgadas mencionadas en el artículo 2 de la Ley de marzo 9, 1905 (See. 5995 de la Compilación), hay que medirla desde el sitio donde la rabera encaja en el mango del cortaplumas. „
    SENTENCIA de Pablo .Porga, J. (Humaeao), declarando culpable al acusado y disponiendo el decomiso del arma.-

      Confirmada.

      Francisco González, Jr., y Fernando Gallardo, Abogados del ape-lante; José E. Figueras, Abogado del Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La ley de marzo 9, 1905 (Leyes de 1905, p. 23) prohíbe el portar ciertas armas, pero el artículo 2 de la misma (see. 5995' de la Compilación) exceptúa de las disposiciones de la ley los cortaplumas plegadizos de bolsillo cuyas hojas sean de menos de tres pulgadas de largo. La única cuestión en este caso fue si la hoja del cortaplumas era inferior en largo a dichas tres pulgadas. Si la hoja había de medirse desde la rabera del acero e incluía sólo la parte cortante era menor de tres pulgadas, pero si la hoja había de medirse desde el sitio donde la rabera encaja en el mango del corta-plumas era mayor de tres pulgadas. Sinembargo, la pala-bra "hoja” está empleada para significar aquella parte del cortaplumas que está encajada en el mismo por medio de un gozne. La longitud del acero es de importancia en caso de ataque aún cuando la rabera es bota. Una espada y un puñal pueden penetrar hasta la empuñadura, y un cortaplu-mas puede asimismo penetrar hasta el mango.

No encontramos que se cometiera, error alguno, y, por tanto, la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asooiado Señor Wole,

text:
    Ricardo Casals, demandante y apelante, v. Angelina Rosario, demandada y apelada.
    No. 3423.

    Visto: Febrero 11, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Abosado y Cliente — “Retainer” y Autoridad — Existencia de la Rela-ción. — La relación de abogado y cliente existe cuando un abogado es susti-tuido por el abogado regular aunque solamente para los efectos de un me-morándum de costas.
    2. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión Del Derecho en General —Persona a Quién Corresponden. — Las costas, incluyendo honorarios de abogado, corresponden realmente al diente.
    3. Costas — Imposición—-Memorándum de Costas — Juramento del Memorán-dum. — Un memorándum de costas sin juramento o con un juramento defec-tuoso no es nulo e inexistente y puede ser enmendado nun pro tuno dentro de la discreción de la corte.
    ResoluCión de Pablo Berga, J. Substituto (Segundo Distrito, San Juan), aprobando memorándum de costas.

      Confirmada.

      M. Gaetán Barbosa, Abogado del apelante; M. Tons Soto y Enrique Campillo, Abogados de la apelada.
   El Juez Asooiado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque un miembro de la abogacía no esté encargado de seguir adelante una acción, puede representar al cliente presentando y jurando un memorándum de costas. [2] Las costas, incluyendo honorarios de abogado, corresponden realmente al cliente y cualquier abogado puede actuar como agente para determinar las costas. Cualquier abogado puede hacer que un compañero intervenga en el caso, como se hizo aquí, y la relación de abogado y cliente existe aun en cuanto al abogado substituido.

En este caso la apelada no se basaba en este principio, pero el memorándum fué enmendado substituyéndose el juramento del cliente. Convenimos con la corte en que tal enmienda podría hacerse mmc pro tuno. Fajardo Sugar Co. v. Torres, 28 D. P. R. 63. El memorándum, por tanto, no fué archivado demasiado tarde. No podemos estar conformes en que el memorándum fué nunca nulo e inexistente y sostenemos hasta que estemos convencidos de lo contrario que un memorándum no jurado puede ser enmendado dentro de la discreción de la corte para permitir que se haga el juramento.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldrey,

text:
    José Rodríguez Pérez, demandante y apelante, v. Ignacio Colón, demandado y apelado.
    No. 3532.

    Visto: Marzo 26, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Servidumbres — Servidumbres Legales— Luces y Vistas — Puertas. — Las puertas no están inoluidas en la prohibición del artículo 589 del Código Civil referente a las ventanas, balcones u otros voladizos. (Rabell v. Rodríguez, 24: 561, ratificado.)
    SENTENCIA de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), ordenando cierre de ventanas y no de puertas, eon costas.

      Con-firmada.

      Campillo & Campillo, Abogados del apelante; B. Rivera Zayas, Abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado es dueño de un solar con casa la que tiene dos puertas en la planta baja y tres ventanas en la parte alta a menos de dos metros de distancia del solar y casa del demandante, quien pidió a la corte inferior que ordenase que dichas puertas y ventanas fueran cerradas. La corte inferior dictó sentencia decretando que el demandado tapie las ventanas de la parte alta de la casa o levante una pared en la colindancia de su propiedad con la del demandante de suficiente altura para impedir las vistas sobre la finca del demandante, todo dentro de un tiempo razonable, pero de-claró sin lugar la demanda en lo que se refiere a las puertas de la planta baja, con las costas al demandado. Por la nega-tiva del cierre de las puertas de la planta baja interpuso el demandante este recurso de apelación.

El artículo 589 del Código Civil dispone que no se pueden abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Como este precepto es prohibitivo hay que interpretarlo restrictivamente y, por tanto, como sólo pro-hibe las ventanas con vistas rectas y balcones n otros vola-dizos semajantes, no puede hacerse extensivo a las puertas abiertas en la planta baja de la casa, como pretende el apelante.

Comentando ese precepto, que es el artículo 582 del Có-digo Civil Español, dice el Sr. Manresa lo siguiente:

“Se ha debatido sobre si el precepto es aplicable a la apertura de una puerta, es decir, si el dueño de una edificación está obligado a someterse a los artículos 582 y 583 al abrir en pared propia sobre terreno propio-v. gr., un metro o metro y medio-una puerta. El artículo 582 de ninguna manera se refiere a la apertura de una puerta, que además no tiene el destino de dar vistas. La jurispru-dencia de los tribunales franceses e italianos han resuelto la cuestión en el sentido que indicamos.’' (4 Man. 4 ed. 804.)

Por nuestra parte hemos declarado en el caso de Rabell v. Rodriguez, 24 D. P. R. 561, que no fué la intención del legislador incluir en el artículo 589 del Código Civil las puer-tas entre las ventanas, balcones u otros voladizos semejantes que se enumeran en dicho precepto, pues en caso contrario hubiera hecho mención de las mismas, no dejándolas some-tidas a deducciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asooiado Señor FraNCo Soto,

text:
    López & Morán, demandante y apelante, v. Sobrinos de Ezquiaga, demandada y apelada.
    No. 3429.

    Visto: Febrero 12, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Ventas — Operación (Operation) v Efecto — Traspaso de Títulos en Cuanto a las Partes — Bienes Indeterminados que han de Ser Manufacturados. —Bajo un contrato sobre molienda y compraventa de cañas en que se esti-pula que al colono "se le entregará el azúcar en la factoría, debiendo con-currir el colono a recibirla" no adquiere dicho colono el dominio o propie-dad sobre el azúcar mientras no se haga la entrega material o se haya sepa-rado por él en los almacenes de la central.
    SENTENCIA de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Antonio Sarmiento, Abogado del apelante; Eduardo Acuña, Abo-gado del apelado.
   El Juez Asooiado Señor FraNCo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito se discute cuál pueda ser la naturaleza de la acción que se ejercita pero la demandante-apelante a pesar de imputar error a la corte inferior por haber calificado la acción de reivindicatoria de bienes muebles y negar que sea esta la acción entablada, dicho apelante tanto en el encabe-zamiento de la demanda original como de la demanda en-mendada la titula de reivindicación de bienes muebles.

Este extremo, sin embargo, no parece que tenga influen-cia en la decisión de este caso, porque dadas las conclusiones a que hemos llegado, como más adelante veremos, no es el nombre de la acción lo que pueda ser más importante, sino la relación o el nexo jurídico que la demandante en una forma u otra trata de establecer con la demandada para hacer efec-tiva la pretensión de su demanda.

En junio 3 de 1921 la demandante, como arrendataria de ciertas fincas de la Central Yannina, dueña de una factoría para la fabricación de azúcar y que no es parte en este pro-cedimiento, celebró con esta última un contrato sobre mo-lienda y compraventa de cañas para la zafra 1921-22, esti-pulándose entre otras cláusulas las dos en que descansa toda la teoría de la demanda, y que literalmente dicen:

“9. La liquidación de azúcar que corresponde a cada colono será hecha semanalmente y la entrega de su importe se verificará una vez vendido el azúcar en la Bolsa de San Juan o cualquier otro sitio habilitado para las referidas ventas.
“Se entenderá que los.azúcares que debe percibir el colono están vendidos a la central, y para este caso, el precio se establecerá to-mando como base el precio de la venta o el promedio de las ventas de azúcar que hubiese realizado la central en el mercado de San Juan durante la semana correspondiente a la liquidación. Si no se ven-diera en una semana regirá para la liquidación el precio que se obtuviere en la próxima venta que se verifique.
‘ ‘ 10. Si algún colono deseare recibir su tanto por ciento en azúcar, lo avisará a la central, con una semana de anticipación y en este caso se le entregará el azúcar en la factoría; debiendo concurrir el colono a recibirla; no dando dicbo aviso, la central podrá bacer la venta del fruto.
* * # * ' ® ® #

Por otra parte, la misma Central Vannina en 8 de agosto de 1921 formalizó un contrato, que amplió en 22 de septiem-bre del mismo año, con la demandada, sobre préstamo refac-cionario, obligándose la central a hacerle entrega para la venta de todos los azúcares que elaborase durante la zafra de 1921-1922, con excepción de cierta cantidad que se des-tinaba para atender las entregas a colonos por razón de sus contratos con dicha central, conviniéndose además que del precio de las ventas deduciría la demandada $3.50 por saco para aplicarlo a la amortización del préstamo concedido, re-cibiendo el restante dicha Central Vannina.

Durante los meses de marzo, abril y mayo de 1922 la de-mandante hizo varias entregas de cañas a la Central Vannina. No hay controversia de que la central recibió aviso por es-crito de la demandante haciendo ésta su elección de recibir el tanto por ciento a que tenía derecho por cada quintal de caña, usando de la cláusula que le permitía la alternativa • de recibir especie o su valor en dinero. La central entregó una parte del azúcar y dejó de hacerlo respecto a la can-tidad de 302,306 libras, de las que alega el apelante que se apropió la demandada y reclama de ésta su devolución o en otro caso el precio obtenido por dicha azúcar, más el sobre-precio, lucrum cessans, que pudo obtenerse en su venta.

No existe controversia tampoco en cuanto a que la can-tidad de la azúcar que se reclama fué elaborada por la Central Vannina, mezclada con otras cañas de colonos y de la central, o al menos no hay prueba en absoluto que su fabri-cación se hiciera separadamente de otras cañas no pertene-cientes a la apelante. No hay duda, por consiguiente, que a medida que se producía el azúcar se almacenaba en el sitio destinado para su guarda en la central y el azúcar de la de-mandante, producto de sus cañas, estaba confundido en los sacos de azúcar que formaban el lote general, sin marca, se- • ñal u otra distinción que indicara la individualización de los azúcares de la demandante. Bajo estas circunstancias no es dable pensar que la cláusula de opción para recibir dinero o especia, haciéndose de una vez la elección de recibir lo último, signifique o implique el derecho de dominio o pro-piedad de la demandante al percentaje de azúcar elaborado de acuerdo con el contrato como producto de sus cañas ni a ninguna parte del mismo mientras no se hiciera la entrega material por la Central Vannina a la demandante o se hu-biera separado por él en sus almacenes el lote de sacos que habían de corresponderle por el contrato. Es verdad que en la compraventa de cosas muebles- uno de los modos de efec-tuar su entrega es mediante el solo acuerdo o conformidad de los contratantes sin otra formalidad, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador o ya por estar en su poder por otro concepto: artículo 1366 del Código Civil Eevisado. Pero, aparte de que tal acuerdo o conformidad no podría tener efecto legal en este caso porque era indispensable individualizar la cantidad en especie que tenía que ser entregada por encontrarse confundida o en masa con la de otros interesados debido al proceso de elaboración de la materia prima, no podía sostenerse tampoco que hubiera tal conformidad de voluntades, pues expresamente se convino por la cláusula décima arriba transcrita que la tradición o entrega material se efectuaría en la factoría, debiendo con-currir el colono o recibirla.

En relación con la naturaleza y compraventa de ciertas cosas muebles, la jurisprudencia americana tiene declarado, y que consideramos de aplicación, lo siguiente:

(<En caso de un contrato para la venta de un número específico de toneladas de heno que habían de ser sacadas de una estiba o de .un granero que contenía mayor cantidad, se ha resuelto frecuente-mente que no pasa título alguno al comprador antes de segregarse y aplicarse al contrato el heno que ha de llevar el comprador. Igual cosa se ha resuelto con respecto a la venta de cierto número de estibas (cords) de madera dura que habían de ser tomadas de un montón en que había madera dura y madera suave; de leña que había de ser tomada de un montón conteniendo mayor cantidad; de cierto número de libras de jamón que habían de ser sacadas de mayor cantidad; de cierto número de pacas de algodón de determinado peso que habían de ser tomadas de una mayor cantidad en masa o de una cosecha en estado de crecimiento; de cierto número de libras de lana que habían de ser tomadas de mayor cantidad de cierto número de ruedas que formaban parte de una cantidad mayor; de cierta cantidad de aceite que había de sacarse de una cisterna conteniendo una mayor cantidad; y de determinado .número de ladrillos que habían de ser sacados de un horno que contenía un número mayor.” 24 R. C. L. 28.

La apelante, de una manera tentativa, lia tratado de sos-tener que el azúcar reclamado constituía un depósito que guardaba la central. Como argumentación ni siquiera puede deducirse del convenio y en cuanto a la prueba nada existe en tal sentido.

Ni de los becbos ni de las cuestiones legales que de ellos surgen bemos encontrado que la corte inferior cometiera ningún error, y asimismo tampoco estuvo equivocada en la admisión del contrato de préstamo y refacción que produjo la demandada, pues era congruente con una de sus alega-ciones de defensa, ya que realizada por la Central Vannina la entrega material a la demandada de un lote de sacos de azúcar sin demostrarse que una parte de ellos pertenecía a la demandante por habérsele entregado anteriormente o he-cha la separación debida, la prueba era pertinente toda vez que por la tradición del azúcar la demandada adquiría, en virtud de dicho contrato de refacción, el dominio de los mis-mos sin responsabilidad alguna que pudiera exigirle la de-mandante, y quien en su consecuencia carecía de razón de-recha para la institución de este litigio.

Por lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asooiado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel David Ramos, acusado y apelante.
    No. 2448.

    Visto: Marzo 26, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Desecho Penal — Juicio—Veredicto—Grado del Delito en el Veredicto— OuIndo es Innecesario Especificarlo.' — En un proceso por un delito subsi-guiente de hurto declarado felony, en que la acusación sólo imputa un delito de hurto de menor cuantía, como delito subsiguiente, no es necesario que el Jurado determine el grado del delito.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado de un delito subsiguiente de hurto.

      Confirmada.

      Angel A. Yázquez, Abogado del apelante; José E. Figueras, Abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque han sido alegados dos errores, son substancial-mente los mismos y envuelven la cuestión de si era nece-sario instruir al jurado y éste determinar el grado del delito del hurto imputado. Cuando se formula un cargo de hurto de mayor cuantía el jurado .dehe determinar el grado, El Pueblo v. Colón, 15 D. P. R. 680; El Pueblo v. Díaz (a) Leña Verde, 10 D. P. R. 466. Este, sin embargo, es un proceso por un delito subsiguiente de hurto declarado felony. Ar-tículos 56 y siguientes del Código Penal. La acusación sólo imputaba un delito de hurto de menor- cuantía, como delito subsiguiente, y un hurto de menor cuantía no se distingue en grados y no puede ser rebajado o aumentado. De ahí que el jurado estuvo justificado al declarar que el acusado era culpable del delito que se le imputó y que había cometido un delito anterior.

Debe confirmarse la sentencia.


author: En Juez Asociado Señob Feanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín del Valle, acusado y apelante.
    No. 2384.

    Visto: Marzo 5, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. “Indictment” y Acusación — Enmiendas—Acusación—Momento Oportuno para Enmendar. — Una acusación por adulterio, insuficiente por no alegar que una de las personas envueltas era casada, no puede ser enmendada du-rante el juicio, aunque la corte, al permitir la enmienda, concedió al acusado otra oportunidad para repreguntar al único testigo de cargo que había decla-rado y autorizó la presentación de prueba de descargo en otra sesión de la corte.
    SbntbNOIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por adulterio.

      Revocada la • Sentencia y Devuelto el Caso para Ulteriores Procedimientos.

      Buenaventura Esteves y Juan García D%icós, Abogados del apelante; José E. Figueras, Abogado de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señob Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia que declaró al acusado culpable de un delito de adulterio y le condena a la pena de cinco años de cárcel.

La acusación tal como fue presentada y leída al acusado, textualmente decía:

“El Fiscal formula acusación contra Agustín del Valle, por un delito de adulterio, (misdemeanor) cometido como sigue: El referido acusado Agustín del Valle, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá por uno de los días del mes de abril del año 1923, en el Bo. Goatemala de San Sebastián, P. ít., que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces, ilegal y voluntariamente tuvo comercio carnal con la joven soltera Josefa Pardo Jiménez, la que no era su cónyuge.”

La simple lectura de esta acusación nos dice que ella no imputa el delito de adulterio. Ealta la alegación de que el acusado era casado. No obstante en tal forma redactada se comenzó el juicio y ya cuando babía sido practicada parte de la prueba de cargo, el fiscal se dió cuenta que faltaba un requisito esencial en la acusación que imputara un delito público y solicitó entonces de la corte inferior permiso para enmendar la acusación mediante la moción que dice:

“Sr. Juez: Deseo suplicar a su señoría permita al Ministerio Fiscal añadirle dos palabras a esta acusación, las cuales son ‘siendo casado,’ después de las palabras (allí y entonces.’ El fiscal quiere manifestarle a la corte que este fué un error clerical de mi taquí-grafo, que al copiar una acusación que le bice, omitió esas dos pala-bras. Para probar esto deseo que su señoría me permita examinar al taquígrafo bajo juramento.”

El acusado se opuso a la moción y la corte, después de practicada la prueba ofrecida en el incidente, resolvió per-mitir la enmienda, dictando la resolución que sigue:

“La corte va a resolver ahora el fondo de la cuestión del modo siguiente: que como el alegar en una denuncia por delito de adul-terio que uno de los individuos que lo cometen, por lo menos, es casado, es un elemento esencial de la denuncia, y en el estado en que está, este caso pudiera causar sorpresa al acusado el permitir, como permite la corte, se enmiende la denuncia o acusación agregando o intercalando las palabras ‘siendo casado’, la corte autoriza a los letrados del acusado y al acusado, a repreguntar en relación con esta enmienda a la única testigo Josefa Pardo que ha declarado en este caso, así como a cualquier o tro testigo que introduzca el fiscal o pueda introducir, y también autoriza al acusado para que presente su prueba de descargo en otra sesión que la corte fije con tal fin, a fin de que no quede indefenso o pueda alegar indefensión en el caso.”

La cuestión para resolver en vista de dicha resolución es si empezado el juicio podía permitirse una enmienda que subsanaba un defecto substancial en la acusación, pues de otro modo no imputaba un delito, sin que el acusado tuviera la oportunidad para contestar de nuevo a la acusación en-mendada y sobre todo habiéndose manifestado la oposición del acusado.

No tenemos dudas de que la corte inferior erró al acceder a la enmienda solicitada. La resolución perjudicó los dere-chos substanciales del acusado y la jurisprudencia sostiene lo irregular del procedimiento seguido en este caso.'

“Una acusación puede ser enmendada por. el gran jurado con permiso de la corte en cualquier tiempo antes que la misma sea pre-sentada y el jurado haya abandonado la corte. En ausencia de pre-ceptos constitucionales sobre la materia se ha establecido que el per-miso para enmendar una acusación debe ser concedido, a moción du-rante el juicio, cuando no perjudique al acusado, pero no en mate-rias substanciales, a menos que sea a instancia y con el consentimiento del acusado.
* * 4* * *
“Las enmiendas a acusaciones son generalmente establecidas por estatuto y frecuentemente, bajo los mismos, con permiso de la corte, una acusación puede ser enmendada en hechos substanciales lo mismo que de forma después que se ha hecho una alegación de no culpable y antes de que el juicio haya empezado, y en materias de forma, después que el' juicio ha comenzado.
* # * * * *
“Después que una acusación ha sido enmendada en un aspecto material, el acusado no debe ser llevado a juicio sin la previa lectura y sin darle oportunidad para hacer su alegación.” 14 R. C. L. 192.

California Jurisprudence, tomo 4, página 92, tratando so-bre acusaciones, dice lo siguiente:

“Si una acusación adolece del defecto de no imputar un delito y es enmendada con objeto de imputarlo, debe ser tratada como una acusación original por primera vez presentada y el acusado debe con-testarla antes de que el juicio se lleve a cabo.”

En el caso de McKay v. State, 39 L. R. A. (N. S.) 714, que se consideró la misma cuestión, el lenguaje de la corte es como sigue:

“No convenimos con el abogado del acusado en que un juicio bajo la acusación enmendada lo expondría a un jeopardy por segunda vez. La acusación original, que era nula de su faz, no era una acu-sación: Y nada bajo la misma pudo haber expuesto al acusado a un jeopardy. La corte hizo bien en permitir la enmienda, pero erró al obligar al acusado a continuar el juicio inmediatamente sin la lectura y la alegación a la única acusación que imputaba un delito, y sin darle el tiempo determinado por el estatuto para hacer su ale-gación y ante un jurado que había sido insaculado bajo una acu-sación nula.”

No bace diferencia que en este, caso la acusación esté presentada directamente por el fiscal y no por el gran jurado, pues el principio envuelto es el mismo. No se pudo com-peler al acusado a continuar el juicio, no importa el tiempo que se le concedió para presentar la prueba de descargo ni para repreguntar de nuevo al testigo que había declarado, sin la lectura y la alegación a la única acusación que im-putaba un delito a virtud de la enmienda, siendo este el de-recho fundamental del acusado, el que fué lesionado.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.


author: Bu Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Ex Parte Monserrate Colón, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 2432.

    Visto: Marzo 31, 1925.

      Resuelto: Abril 2, 1925.
    1. Desacato — -Actos o Conducta Constitutiva de Desacato al Tribunal — In-oompareoencía de Persona Citada. — Cuando una persona lia sido citada, bajo un nombre distinto, para comparecer como testigo ante una corte municipal y no comparece, y no niega que había sido citado sino que tácitamente admite tal citación, la corte está facultada para castigarle por desacato.
    2. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Pena Impuesta al Peticionario — Modificación.—El Tribunal Supremo no puede modificar, en un procedimiento de habeas corpus, la pena impuesta al peticionario aunque la misma parezca excesiva a dicho tribunal.
    SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando sin lugar petición de habeas corpus.

      Confirmada.

      Felipe Colón Diaz y Carlos del Toro Fernández, abogados del peti-cionario apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, ape-lado.
   Bu Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por Monserrate Co-lón contra sentencia de la Corte de Distrito de Guayama que negó su excarcelación en un procedimiento de habeas corpus.

Resulta de la transcripción que en una denuncia presen-tada en la Corte Municipal de G-uayama contra Lino Gon-zález por delito de acometimiento y agresión se dice que la persona agredida fué curada de dos heridas por el practi-cante Fernando Colón, que fué incluido en la lista de tes-tigos y quien no compareció ante -la corte el día que estaba señalado para el juicio, por lo que la corte municipal ordenó verbalmente que fuera llevado a su presencia para que ex-pusiera razones para no ser castigado por desacato. El apelante compareció ante la corte municipal y manifestó que había estado practicando una operación en el hospital municipal por cuyo motivo no había llegado más temprano y la corte municipal lo condenó por desacato a sufrir tres días de cárcel.

Aunque el apelante aparece en la denuncia y en la orden de prisión con el nombre de Fernando Colón, se ha admi-tido que la persona que compareció a mostrar causa por el desacato y la persona presa por él es Monserrate Colón, de tal suerte que el mismo abogado del apelante solicitó en la vista de habeas corpus que se enmendara ese error, por lo que no puede sostenerse el primer motivo del recurso ale-gado en esta apelación y que se funda en haber considerado la corte de distrito que el apelante fué citado con el nom-bre de Fernando Colón para el juicio contra' Lino Gonzá-lez; y aunque se dice que Monserrate Colón nunca fué ci-tado para el juicio porque era Fernando Colón el que apa-recía en la lista de testigos, ésto no es', sostenible porque Monserrate Colón no negó en la corte municipal que hubiera sido citado para el juicio, y tácitamente admitió tal citación al exponer la razón por la cual no había concurrido opor-tunamente al juicio.

El artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Criminal faculta a los jueces de paz para obligar la comparecencia de personas para declarar en algún asunto pendiente ante ellos, y el artículo 61 los autoriza para castigar los desacatos que de su autoridad se hagan, con multa que no exceda de dos y medio dollars o con prisión en la cárcel por un plazo que no exceda de cinco días, o con ambas penas; facultades que también tienen las cortes municipales, según bemos declarado en el caso Ex parte Pesquera, 17 D.P.R. 736, por lo que la corte municipal tuvo jurisdicción para castigar al apelante por desacato, y aunque la pena impuesta al apelante nos parece excesiva, no puede ser modificada en este procedimiento de habeas corpus.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PREsidente Señor del Tobo,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante, apelante-apelada, v. Arturo Aponte, Jr., y Rosalía R. Fuertes de Aponte, demandados, apelados-apelantes.
    No. 3404.

    Visto: Enero 22, 1925.

      Resuelto: Abril 2, 1925.
    1. Costas — -Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Abuso de-Discreción. — Cuando un arrendatario se niega, sin motivo alguno, a pagar el canon estipulado y obliga al arrendador a demandarle para el pago, cons-tituye un abuso de la discreción de la corte el no imponer las costas al demandado.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificada,, condenando al pago de costas.

      González Fagundo ■& González, Jr., y Mewry G. Molina, abogados de la demandante; Arturo Aponte, Jr., y Fernando Gallardo, abogados de los demandados.
   El Juez PREsidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este caso es la de si la corte sentenciadora abusó o no de su discreción al dejar de condenar en costas al demandado.

La demanda se interpuso el 6 de abril de 1922. Alegóse en ella que la demandante arrendó al demandado cierta finca mediante el pago de un canon anual de $500, y que el de-mandado dejó de pagar dicho canon vencido el 1 de julio de 1921, a pesar de haber sido requerido para ello.

Emplazada la parte demandada adujo la excepción pre-via de falta de jurisdicción. Declarada la excepción sin lu-gar, contestó negando “que el demandado no haya pagado a la demandante los $500, importe del canon de arrenda-miento objeto del litigio,” y alegando como materia nueva, que la esposa del demandado había sido incluida indebida-mente como parte en el pleito y que “el demandado Arturo Aponte ha pagado a la demandante el importe reclamado de- $500, habiendo sido resuelto el hecho del pago de esta deuda entre las mismas partes en la Corte Municipal de Humacao y luego en apelación ante esta misma corte por sentencia dictada entre las mismas partes-y por el mismo contrato de arrendamiento, en sentencia que es firme y eje-cutoria dictada en 31 de agosto de 1922.”

El 14 de marzo de 1924 se celebró la vista. Declaró el demandado, introducido como testig’os por la demandante, que el recibo que se le mostraba se lo llevó un empleado de la demandante y él contestó con una carta. El recibo es el de los alquileres vencidos el 30 de junio de 1921. La carta, en lo pertinente, dice:

“Su empleado .... me entrega .... un recibo.Rué-goles se' sirvan aplicar al pago de esta suma igual cantidad del producido de mis azúcares de la actual zafra, el cual se baila en poder de Uds.” La carta tiene fecba noviembre 5, 1921.

Reconoció el testigo que tenía una cuenta de refacción con la demandante con motivo de la cual se tramitó y resolvió en la corte de distrito el pleito No. 7868 y admitió que en julio de 1921 le fue rendido un estado de su dicha cuenta en el cual se le abonó la suma de $3,206.89 como producto de sus azúcares y donde no se cargaron los quinientos dó-lares origen de este pleito.

La declaración del demandado termina así:

“En mi carta me refería yo a los azucares de la zafra de 1921. No sé si fueron o no embarcados, me refiero a mis azúcares existentes en Central Pasto Viejo en 1921. Los azúcares que yo tenía pen-dientes eran unos 325 sacos de esa zafra. Entonces fué que biee esa carta en que les pedí que se aplicara al pago de los quinientos dollars igual cantidad del producto de los azúcares que yo tenía. Si se hu-biera becbo la aplicación que yo digo, entonces el abono en mi otra cuenta objeto- de la demanda 7868 hubiera sido quinientos dollars menos. Con excepción de esta carta de 5 de noviembre, yo no hice pago de esos quinientos dollars. Los quinientos dollars de la carta de 5 de noviembre se refieren al mismo arrendamiento o canon a que se refiere esta demanda.
í£Es cierto que esta corte dictó sentencia en aqnel caso No. 7868, en 2 de diciembre de 1922, y se concedió a la parte demandante, en cnanto a aquella cuenta a que nos liemos referido abora en mi decla-ración, la suma de 'seis mil novecientos cincuenta y seis dollars veinte y seis centavos. Creo que la corte, al conceder a la demandante estos seis mil novecientos cincuenta y seis dollars veinte y seis centavos como saldo de esa cuenta, no abonó los quinientos dollars de arrendamiento. Quiere decir, que esta sentencia en aquel pleito, en esa cuenta, como be diebo, "presentada con la demanda en septiembre 20 de 1921, nunca se entendió en el sentido de descontar los qui-nientos dollars del producto de los azúcares de acuerdo con mi soli-citud en la carta de noviembre 5,- y creo que puedo aceptar eso como un hecho.”

La demandante reconoció haber recibido la carta del de-mandado y haberle dejado de contestar por consejo de un abogado.

Y la corte sentenciadora en su opinión, en parte, se ex-presó así:

“En 7 de septiembre de 1921, la demandante remitió al deman-dado el estado de su cuenta sobre abono de los $3,149.17 del pro-ducido total de sus azúcares, y no. contestó entonces que debía apli-carse la parte correspondiente al pago de los $500 importe del canon de arrendamiento vencido desde el 1 de julio de 1921, en que nació su obligación, y si bien cuando se le requirió de pagó, o sea en 5 de noviembre de 1921, escribió la carta en que rogaba se hiciera la aplicación, ella no tiene efecto en contra de la reclamación, porque en esa fecha ya el producido de los azúcares había sido abonado a la cuenta de refacción sobre lo cual tenía conocimiento el deman-dado y estaba ya presentada la acción en cobro del saldo de la cuenta corriente en que aparecía dicho abono.”

Expuestos los anteriores hechos, se concluye inevitablemente que el demandado, quizá por el encono existente con motivo del otro pleito, conscientemente se negó a pagar el arrendamiento que debía y se defendió en el pleito temerariamente a sabiendas de que no le asistía la razón, circunstancia por la cual debió condenársele al pago de las costas, habiendo abusado de su discreción al no hacerlo así la corte sentenciadora.

Debe revocarse la sentencia apelada en el pronuncia-miento que ha sido objeto de la apelación y condenarse al demandado al pago de las costas.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ramón Schroder, recurrente, v. El Registrador de Caguas, recurrido.
    No. 612.

    Presentado: Marzo 21, 1925.

      Resuelto: Abril 3, 1925.
    1. Recurso Gubernativo — Procedencia del Mismo — Cuestiones Académicas.— Un recurso gubernativo procede solamente contra las negativas adversas y no para plantear cuestiones académicas o para satisfacer los escrúpulos- más o menos justificados de una persona a fin de que se le libre de toda sospecha de haber pedido algo más de lo que le correspondía.
    Nota de Márquez, R. (Caguas), denegando- inscripción de un-solar.

      Desestimado el recurso.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el Registrador compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1925, los esposos Ventura L. López y Herminia López Orta ma- ,• infestaron ser dueños de cierta finca urbana, — una casa — , situada en Caguas, expresando que el solar pertenecía al municipio, reconocieron deber la suma de mil dólares a Ra-món Schroder e hipotecaron la finca para garantizar el pago de la deuda.

Presentada la escritura para su inscripción en el regis-tro, el registrador actuó de la manera que indica la siguiente nota:

“Hecha la inscripción .... sólo en cuanto a la casa.y denegada en cuanto al solar.”

Y no conformé Schroder, interpuso el presente recurso gubernativo.

No hay cuestión legal alguna envuelta. El recurrente admite que sólo podía hipotecarse, como se hipotecó, la casa, como bien independiente del solar (Martín v. Registrador, 22 D.P.R. 149), y que la hipoteca del solar no podía veri-ficarse por quienes no eran dueños del mismo, y siendo ello así, de hedió, está conforme con el criterio del registrador; pero sostiene que él nunca pidió la inscripción de la hipo-teca sobre el solar y por tanto que el registrador no estaba autorizado para negarla.

El registrador alega que si bien en la escritura de hipo-teca se consigna que el solar pertenece al municipio de Ca-guas, es lo cierto que al constituirse el gravamen se expresó que lo era sobre la finca urbana descrita comprendiendo la descripción la casa y el solar y que como nada se advirtió quiso en su nota aclarar las cosas debidamente.

No entraremos a considerar la actuación del registrador. Lo' que sostenemos es que un recurso gubernativo no procede en casos de esta naturaleza. La ley otorga tal remedio contra las negativas adversas. Si el recurrente está conforme en que no procede la inscripción ¿a qué quejarse de la negativa? Para satisfacer los escrúpulos, más o me-nos justificados de una persona a fin de que se le libre de toda sospecha de haber pedido algo más de lo que le correspondía, no se ha establecido la ley. Ella tiene por objeto reconocer el derecho que haya sido desconocido o negado por el registrador.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Teresa Almodovar Cortés, por sí y como tutora de Victoria Almodovar Cortés; José Renta Almodovar, por sí y como tutor de María y Santos María Ortiz Almodovar; Olimpia Ortiz y Almodovar y Adela Dieu y Almodovar, demandantes y apelantes, v. Russell & Co., S. en C., demandada y apelada.
    No. 2992.

    Visto: Junio 29, 1923.

      Resuelto: Abril 3, 1925.
    I. INJUNCTION — Naturaleza y Fundamentos en General. — Fundamentos del Remedio — Daños Irreparables al Demandante. — El privar permanente-mente a un dueño de una propiedad del uso y beneficio de su finca, sin su consentimiento y contra su voluntad, es un daño irreparable.

      2 Permisos (Licenses) — Permisos oon Respecto a Propiedad Inmueble — Revo-cación del Permiso — Estoppel.—Una persona que haya consentido a una concesión verbal que otorgó su causante, revocable a gusto y en la- que no se fijó tiempo ni hubo consideración alguna, no está impedida de revocarla por haber ejercido y abandonado un privilegio que le otorgó su concesionario o porque éste empleó, de buena fe, una suma nominal como inversión, cuando la revocación puede hacerse sin perjuicio del concesionario.
    3. Injunction — Naturaleza y Fundamentos en General — Fundamentos del Remedio — Perjuicios que Sufre el Demand ano. — No sufre perjuicios un concesionario a quien se le revoca una concesión verbal que ha disfrutado durante años, cuando .la misma no coloca a aquél en condición peor que aquella que tenía primitivamente.
    SENTENCIA de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), desestimando demanda de injunction, sin costas.

      Bevocada y declarada con lugar la de-manda, sin costas.

      Gustavo Rodríguez, abogado de los apelantes; F. Manuel Toro, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior después de celebrar un juicio sobre los méritos desestimó la demanda de injunction para que se des-truyeran los muros de mampostería que tienen colocados los apelados en la finca de los peticionarios.

La relación del caso y opinión del juez sentenciador con-tiene los siguientes lieclios y conclusiones:

“Del resultado de la evidencia ofrecida aparece que en el año 1912 Don José La O Almodóvar, que era el causante de los deman-dantes o sea padre y abuelo respectivamente de los peticionarios, consintió que la Fortuna Estate, antecesora de la boy demandada Russell y Ca., S. en G., levantara un muro de contención en sus terrenos y al margen de la quebrada ‘Punta de Zuela’ para que la demandada contuviera las aguas de dicha quebrada y acumulara las sobrantes de su regadío a fin de almacenarlas para disponer de ellas para el riego de sus tierras. Que después del fallecimiento de Don José La O. Almodovar que tuvo lugar el día 13 de enero digo fe-brero de 1917, sus herederos o sean sus causantes consintieron en la continuación de dichos muros hasta el día 19 de diciembre de 1921, en que interpusieron esta su demanda.
“Se ha probado que la demandada ha incurrido en grandes gas-tos para construir dicho muro contando con las aguas almacenadas aumentó su cultivo de cañas hasta 250 cuerdas adicionales las que no podría cultivar si no fuesen susceptibles de regadío por- dichas aguas almacenadas.
“Los demandantes no alegan en su demanda de una manera clara y terminante que la continuación de dicho muro para rete-ner las aguas de -la quebrada ‘Punta de Zuela’ les ocasionaría per-juicio irreparable. En toda solicitud de injunction es un requisito de ley hacer dicha alegación. Suc. Iglesias v. Bolívar, 11 D.P.R. 572.
“Los demandantes han consentido que la demandada disfrute del uso de los terrenos de la demandante, inundandos por 'las filtra-ciones de las aguas contenidas por dicho muro desde el año 1912, hasta la interposición de la demanda y el decretar un injunction en estas condiciones seiúa de gran perjuicio para la parte demandada.
“Los daños que realmente sufren los demandantes pueden ser compensados por medio de indemnización, en el pleito correspon-diente. ’ ’

La prueba aducida al juicio demuestra que de tiempo en tiempo perecía el ganado perteneciente a los peticionarios en los pajales adyacentes al muro en cuestión o cuando se descubría a tiempo de ser librado se extraía de allí con gran dificultad y que los peticionarios quedaron privados del uso y cultivo-de una parte de su finca. Acerca de este punto .no existe conflicto alguno.

Privar permanentemente a un dueño de una propie-dad del uso y beneficio de su finca, sin su consentimiento y-contra su voluntad es, a nuestro juicio, un daño irreparable, prescindiendo- del valor intrínseco de la propiedad envuelta.

Ni tampoco encontramos en la prueba nada que sostenga la conclusión de que los demandados o sus causantes gastaron fuertes sumas de dinero en la construcción del muro de retención. Por otra parte parece baber sido una adición relativamente insignificante a un abrevadero que ya existía, el cual, como fue originalmente construido, no está envuelto en la presente controversia,- y no hay nada en la prueba en cuanto al costo del muro. Un testigo de los demandados, el administrador que construyó el muro, dice que primeramente era de unas doce pulgadas de altura y resultó ser demasiado corto, que entonces la altura y lon-gitud fueron aumentadas ligeramente.

La prueba de los demandados tendió a acreditar que de' ser removido el muro el agua suministrada por el depósito, al ser reducida así a sus dimensiones originales, no sería bastante para regar más de una mitad de 250 ó 300 cuer-das de caña sembradas después de las mejoras que se hi-cieron en el año 1912, No demuestra que los demandados •no podrían guardar en otro sitio, o de algún otro modo, el agua necesitada para este objeto.

De todos modos los demandados, por más de una década, han obtenido los beneficios de la concesión verbal obtenida del cansante de los peticionarios; y, de dárseles un tiempo razonable dentro del cual puedan cosechar la caña que está ahora creciendo en la cabida adicional, no sufrirán pérdida alguna de la cual puedan justamente quejarse.

De ser cierta la prueba de los peticionarios, establece una estipulación expresa de José La O. Almodovar al efecto de que el permiso era revocable a su gusto. El administra-dor que entonces lo era de la hacienda “Fortuna” mani-festó que no se fijó ningún tiempo. En uno u otro caso no Se hizo mención de consideración alguna ni al parecer la cuestión referente a la consideración la tuvieron presente las partes al hacer el convenio, el cual a no ser que poste-riormente quedara convertido en algo más substancial creó a lo sumo una mera tenencia con permiso del dueño (tenancy at will).

Parece que algunos años después, durante un período de sequía, se permitió a la persona que dió el consentimiento (licensor) pastar su ganado en una pequeña finca pertene-ciente a los demandados. Y que este ganado abrevaba en un canal que se dice pertenecía a la Gfuániea Céntrale en un sitio fuera de los límites de la finca de los demandados.

A la muerte de José La O. Almodovar, los peticionarios entregaron la posesión de la finca usada para pasto como se lia indicado y pidieron que se destruyera el muro. Los demandados se negaron a cumplir con este requerimiento y a los peticionarios no les quedó otro remedio que acudir a las cortes. '

No se pretende que el privilegio de pastar o abrevar ga-nado en el abrevadero de los demandados, admitiendo en pro del argumento que el canal era poseído por los deman-dados, tenía la condición permanente o irrevocable. Den-tro de las circunstancias nos vemos obligados a declarar que el presente caso no cae dentro de la doctrina de los ca-sos de California que lian sido citados por el apelado, ni en la de Gaztambide et al. v. Guánica, 26 D.P.R. 795, sino más bien en la que informa los casos de Torres et al. v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479 y Colón v. Plazuela Sugar Co., 31 D.P.R. 314.

Decir que una persona que concede un permiso está im-pedida de poder revocar una licencia verbal gratuita sim-plemente porque por algún tiempo después de tal concesión ella ba ejercido y luego abandonado un privilegio o conce-sión igualmente irrevocable que le ba proporcionado su concesionario, o porque tal concesionario ba empleado de buena fe una suma nominal como inversión de la cual él ba obtenido pingues beneficios durante un período de mu-chos años, cuando dicha' revocación puede hacerse de tal modo que no coloque al concesionario en ninguna condición peor con respecto a las futuras ganancias que aquella que tenía primitivamente, — no está de acuerdo con nuestras ideas de lógica, de equidad o de justicia sustancial.

.Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Peesidente SeñoR del ToRO,

text:
    Leonilda Colón, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3489.

    Visto: Marzo 25, 1925.

      Resuelto: Abril 6, 1925.
    1. Ley de Indemnizaciones por. Accidentes del Trabajo — Personas con Dere-cho a sus Beneficios — Socio.—Un socio no tiene derecho a los beneficios de la ley de indemnizaciones por accidentes del trabajo.
    2. Sociedad — La Relación — Creación y Requisitos — Intención de las Partes.— Si la relación de socios o de patrono y empleado existe, depende de la inten-ción de las partes.
    3. Sociedad — La Relación — Creación y Requisitos — Participación en las Ga-nancias como Compensación por Servicios. — Cuando en un pequeño negocio dos personas trabajan juntos, uno aportando todo el capital y -los materiales recibiendo 85 por ciento del precio obtenido por los artículos confeccionados y el o’tro aportando su trabajo y recibiendo dos dollars por día además del 15 por ciento restante, la relación existente es la de socios y no la de patrono y empleado.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintran, J. (Ponce), desestimando la demanda, sin costas.
    Confirmada..

      Martínez Nadal, Tormes & Colón, abogados del apelante; Attorney General y C. Laugier Díaz, abogados de la apelada.
   El Juez Peesidente SeñoR del ToRO,

emitió la opinión del -tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este caso es si el hijo de la demandante era un socio o un obrero en la empresa en que trabajaba cuando ocurrió el accidente que le ocasionó la muerte. La Comisión de Indemnizaciones decidió que era un socio y que por tanto el caso no estaba comprendido en la ley sobre compensaciones a obreros. Se apeló a la Corte de Distrito de Ponce. Oídas las pruebas, dicha corte decidió de igual modo, y no conforme la demandante, recurrió ante este tribunal.

Los testigos de la demandante sostienen que Arturo Colón, la persona que falleció, trabajaba como obrero, percibiendo un jornal de dos dólares diarios, del dueño de la empresa, Pedro Guillermo Teissonier. La corte no creyó a los testigos de la demandante y basó su fallo en el testimonio de Teissonier, única persona que declaró por el demandado. Siendo ello así, y no existiendo motivos suficientes para concluir que el juez errara al decidir el conflicto de la evidencia en la forma en que lo hizo, examinaremos el dicho testimonio para ver si sostiene o no la sentencia recurrida.

Teissonier, se expresó, en resumen, así: Allá por el 3 de diciembre de 1923, Arturo Colón trabajaba en unión suya como socio en un negocio de fabricación de petardos. Co-lón nada aportó a la. sociedad. El testigo aportó los ma-teriales y sostiene que Colón era un socíq porque él lo aso-ció dándole un quince por ciento de los beneficios. Tenía la fábrica en los terrenos de Manescau y él vendía los pe-tardos. Cuando estaba en la fábrica, mandaba “a todo el mundo : si dejaba a Arturo Colón, entonces mandaba Arturo Colón.” En lá fábrica había dos operarios. Después de vendidos los petardos, sacaba los gastos y del beneficio daba el quince por ciento a Colón. A la pregunta: “¿Qué ocurrió en esa fábrica?”, contestó: “Pues que estando tra-bajando Arturo Colón y yo explotó la mesa de Arturo Co-lón y se llevó la mía junto con la de él.” Luego dijo: “Pues sucede que yo trabajaba en la calle Victoria 110, hubo una denuncia contra José Teissonier y el capitán llamó a mi hermano para que no trabajara más en la población, en-tonces le pedí a Manescau un sitio para poner cuatro pa-los allí y un zinc para defendernos del sol y del agua y fui donde Arturo Colón y lo llamé y le dije: yo voy a poner la fábrica allá ahora, si quieres venir conmigo yo te asocio conmigo, te doy un tanto por ciento y te doy dos pesos dia-rios.”

Sostiene, por último, que nada llegó a pagarle a Colón porque sólo trabajó dos días y que la casa donde se instaló la fábrica y que estaba formada por “unos cines y cuatro palos,” la fabricaron entre los dos, siendo los materiales del testigo.

Se deduce también de la declaración de Teissonier, que en época anterior Colón y él habían trabajado juntos en la misma forma, esto es, recibiendo Colón un tanto por ciento de las ganancias.

“La sociedad,” dice el artículo 1567 del Código Civil revisado (Comp. 1911, p. 807), igual al 1665 del Código Civil español, “es mi contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industrias, con ánimo de partir entre sí las ganancias.”

“Es decir, que,” como expresa Manresa en sus Comen-tarios, tomo 11 (año 1905), página 243, “según los térmi-nos claros, precisos y concretos de la definición consignada en dicho artículo, el fin del contrato de sociedad, el móvil que impulsa a los socios a constituirla, es la utilidad o la ganancia que éstos esperan obtener del concurso de sus res-pectivas aportaciones. ’ ’

“A falta de bienes y.de dinero, o en concurrencia con ellos,” sigue diciendo el citado comentarista, tomo 11, pá-ginas 257 y 258 de su obra, “la ley admite la aportación de la industria, es decir, de una cooperación activa, de un trabajo cualquiera, por parte del asociado.

“No debe confundirse, sin embargo, el contrato de so-ciedad en que bay un socio que aporta su trabajo o indus-tria con la locación de servicios, porque, como dice el Sr. Sánchez Román, en el primero de dichos contratos, el socio industrial debe su trabajo por prestación social, pero con cierto carácter independiente' y sin subordinación personal a los demás socios, y sólo como obligado respecto de la en-tidad social; mientras que en el segundo, hay una manifiesta subordinación del que se obliga a ciertos servicios respecto del otro contratante, y además, lo que percibe aquél es en el concepto de salario o retribución, y lo que recibe el socio industrial es, por el contrario, en el de participación de ga-nancias que le corresponde por su carácter de socio.”

Sánchez Román, citado por Manresa, agrega: “Aún en el caso de que la merced de la locación de servicios consis-tiera en una participación en los frutos o resultados de ese trabajo, habría que estar siempre, para determinar si era locación o sociedad, a lo que resultara ser la expresa vo-Imitad y-manifiesta intención de los contratantes.” Yol. 4, Sánchez Román, — Derecho Civil — , pág. -505 (2da. ed.).

Locación, según la Enciclopedia Jurídica Española, tomo XXI, pág. 477, es el “contrato de arrendamiento por lo que respecta al arrendador. . .Puede ser objeto el contrato, de arriendo de cosas, obras o servicios y se le designa en el Foro con la palabra locación para indicar el acto o actos de dar aquéllos en arrendamiento y conducción para indi-car el de recibirlos en el mismo; dé donde derivan los nombres de locador para el arrendador y conductor para el arrendatario. Este contrato es consensual, bilateral y ha de mediar precio en metálico o en parte de frutos, pues, de lo contrario, se convertiría en comodato.”

El caso concreto que estudiamos es de clasificación difí-cil. Nada consta por escrito. Sólo podemos penetrar en la intención de las partes por las manifestaciones de una de ellas. La circunstancia de haberse fijado un salario a Co-lón, la condición predominante de Teissonier en la dirección del negocio, en la venta de los petardos y en la liquidación final, parecen presentar un caso de locación de servicios. Por otro lado la pequenez del negocio gráficamente mostrada por el local donde se fabricaban los petardos, la invitación de Teissonier a Colón y la aceptación de éste, tales como Teissonier las describe, y el trabajo de Teissonier y Colón juntos en el mismo local, si bien presentan a Teissonier como hombre de mayores recursos e iniciativas que Colón y como el verdadero director de la empresa, no excluyen la idea de la sociedad en la cual Teissonier puso bienes y tra-bajo y Colón trabajo solamente recibiendo una cantidad dia-ria en atención a su pobreza. Generalmente al constituirse las sociedades, fíjase a los socios que activamente trabajan un sueldo y no por ello pierden los que lo reciben su con-dición de socios.

Bajo tales circunstancias, habiendo llegado la comisión primero y la corte de distrito después a la conclusión de la existencia de una sociedad, no nos sentimos inclinados a va-riar' sus juicios en ausencia de una demostración cumplida de que son erróneos.

• La jurisprudencia citada por la apelante no es aplicable. . Aquí no se trata de una persona que dueña de acciones de una corporación o desempeñando algiín cargo en su direc-tiva, sea independientemente empleada por la corporación para realizar algún trabajo mediante remuneración. A.quí dos hombres acostumbrados a fabricar petardos se asociaron para emprender de nuevo el negocio poniendo uno los ma-teriales, y ambos su trabajo personal, percibiendo el que únicamente aportaba el trabajo personal dos dólares diários y repartiéndose finalmente las ganancias en la proporción de un ochenta y cinco por ciento para el que aportó bienes y trabajo- y el resto para el otro.

Quizá sea conveniente decir que este caso es completa-mente distinto al de los trabajadores que emplean las cen-trales azucareras y a los cuales las corporaciones bonifican a su voluntad al final de la zafra de acuerdo con las ganan-cias obtenidas, y que por ttinto la jurisprudencia que se es-tablece al confirmarse la sentencia apelada, no tiene el al-cance que insinuó el abogado de la parte apelante en el acto de la vista del recurso que podría tener.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asooiado Señob FRANCO Soto,

text:
    Aurelio Ramírez, Jr., recurrente, v. El Registrador de Humacao, recurrido.
    No. 611.

    Sometido: Marzo 24, 1925.

      Resuelto: Abril 7, 1925.
    1. INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS-BIENES GANANCIALES — SUFICIENCIA DEL PODER PARA Enajenar. — Un pocler otorgado por un marido y mujer a un tercero, para que venda todos los bienes inmuebles que ellos tengan o puedan adquirir en el futuro por cualquier título o concepto, no autoriza al apoderado para vender o enajenar bienes de la sociedad legal de gananciales ya que tal autorización debe ser expresa.
    Nota de López del Valle, R. (Humacao), denegando inscripción de la mitad de un -solar.

      Confirmada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del recurrente; el Be- ( gistrador compareció por escrito.
   El Juez Asooiado Señob FRANCO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos Juan Manuel Bertrán y Pilar Margarida vendieron al recurrente mediante poder otorgado a Wifredo Bertrán, un condominio de la mitad de cierta finca urbana, y presentada al registro la escritura de compraventa, el registrador negó su inscripción “porque teniendo dicho condominio el carácter de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal existente entre ellos, no contiene el poder que se acompaña a las facultades expresas que requiere el Código Civil vigente para enajenar bienes de dicha sociedad * *

El recurrente sostiene, sin embargo, que el poder con-tiene cláusula bastante para la enajenación de bienes de la sociedad conyugal porque por la cláusula primera se con-fiere facultades al mandatario para que venda todos los bie-nes semovientes e inmuebles que tengan los poderdantes o puedan adquirir en lo sucesivo por cualquier título o con-cepto: Be estos mismos términos de que parte el recurrente se desprende que el poder no otorga una autorización ex-presa sino que tenemos que acudir a presunciones y por im-plicación llegar tal vez a la conclusión que intenta deducir el recurrente alegando que las palabras “por cualquier tí-tulo o concepto” tienen que referirse necesariamente tanto a bienes privativos como a gananciales. Sin embargo, siendo el precepto del artículo 159 del Código Civil vigente prohi-bitivo, declarando nula toda enajenación de bienes ganancia-les sin el consentimiento expreso de ambos cónyuges, su in-terpretación debe ser restrictiva y no debemos sentar con-clusiones mediante razonamientos más o menos lógicos, pero que en definitiva tendrían el efecto de establecer un consen-timiento tácito que fue lo que no quiso el legislador a que se diera 'margen, seguramente para garantizar mejor a la mujer en el matrimonio, ya que el marido es el que admi-nistra dichos bienes y contrae deudas a cargo de los mismos.

Tampoco nada significa qne el poder en este caso esté otorgado por ambos cónyuges a tercera'persona para distin-guirlo el recurrente de otros casos en los que aparece el po-der conferido por la mujer a su esposo. No encontramos el motivo para tal distinción y el caso es análogo si no idén-tico al de Juncos Central v. El Registrador, 29 D.P.R. 89, en que el mandato se refería a cualesquiera bienes que la mujer poseyera o adquiriera en lo sucesivo, sin hacerse ex-presa mención de los bienes gananciales, y sin embargo no se consideró bastante el poder. En dicho caso se dijo por esta Corte Suprema lo siguiente:

“ Dicha cuestión no es nueva. Recientemente en el caso de Beauchamp v. El Registrador de Aguadilla, 27 D.P.R. 385, esta corte rea-firmó la doctrina que sigue:
“ ‘De acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo un poder en que se faculta al apoderado para “comprar, vender, etc., cualquiera clase de bienes de la poderdante, ’ ’ no confiere facultad al mismo para vender aquellos bienes que pertenezcan a la sociedad de gananciales de la poderdante con su esposo. ’
“Véase además los casos de Alvarez v. Registrador de San Germán, 29 D.P.R. 84; López Landrón v. Registrador, 15 D.P.R. 722; Rodríguez v. Registrador, 14 D.P.R. 779, y Vidal v. Registrador, 12 D.P.R. 168.”

La nota del registrador debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Franoo Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Paniagua, acusado y apelante.
    No. 2364.

    Visto: Marzo 25, 1925.

      Resuelto: Abril 7, 1925.
    1. “Indictment” v Acusación. — Requisitos v Suficiencia — Delitos Estatu-torios — Excepciones t Provisos. — En nna acusación por violación a la ley prohibiendo portar armas no es necesario alegar hechos que demuestren que el registro de la persona fué legal; cuando una excepción se.incorpora en un estatuto penal de tal modo que forma parte de la definición del delito, tal excepción debe ser negada en la acusación, pero cuando el delito se define y una excepción se enumera luego, el beneficio de la excepción debe ser alegada como defensa.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      José Soto Rivera y José R. García, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue declarado culpable de un delito de por-tar armas prohibidas y la corte inferior le impuso la pena de sesenta días de cárcel.

No se lia elevado una exposición del caso ni pliego de excepciones, y la única cuestión planteada en este recurso por el apelante se refiere a la insuficiencia de la acusación, que en lo pertinente dice:

“Que en abril 20, 1924, y como a las 9: 30 p. m. y en Hato Rey, de Río Piedras, del Distrito Judicial de San Juan, Segundo Distrito, el acusado Antonio Paniagua, allí y entonces, ilegal, maliciosa y vo-luntariamente y con fines de ofensa y defensa portaba sobre su persona un revólver calibre 38, cargado con seis cápsulas, arma cons-truida exclusivamente para fines de ofensa y defensa, en momentos en que se encontraba en un meeting político en el que el acusado iba a tomar parte como orador, habiendo allí un gran número de perso-nas con el fin indicado, violando de este modo lo que dispone la sec-ción 4 de la Ley Prohibiendo Portar Armas, aprobada en Io. de julio, 1905.”

Sostiene el apelante que según la ley prohibiendo portar armas, aprobada en marzo 9, 1905, ■ según fue enmendada en marzo 12, 1908 (Comp. 1911, p. 992), estableciendo la distinción de cuándo es legal o ilegal el registro de personas por agentes del gobierno con el objeto de confiscar armas de fuego o de otra clase especificada en la ley, la denuncia en este caso debía contener los motivos que tuvo el denunciante para registrar y arrestar al acusado.

La contención del apelante se resuelve por el caso de El Pueblo v. Rosenstadt & Waller, Inc., 28 D.P.R. 953, y casos en él citados, diciéndose lo que sigue:

“Cuando se incorpora una excepción en un estatuto penal de tal modo que forme parte de la definición del delito, tal excepción debe ser negada en cualquier acusación que se formule de acuerdo con dicho estatuto. El Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208. Si por el con-trario se define primero el delito y éste contiene una excepción que luego se enumera, el beneficio de la excepción debe presentarse como defensa. U. S. v. Cook, 17 Wall 168; El Pueblo v. Cortés, supra, 16 C. J. 353; Nesbit v. State, 54 Pac. 326, 328; Rider v. Lakewood Market Co., 88 A. 194, 196.
“Un mero examen del estatuto demuestra que el caso de un simple aprendizaje no es parte de la definición del delito, sino una clara excepción del mismo prescrita, separadamente en una cláusula independiente. El no ser un aprendiz no forma parte de la defini-ción.”

El artículo l9 de la ley prohibiendo portar armas (Leyes de 1905, p. 23, Comp. 1911, p. 992), especifica las armas que se consideran prohibidas y la forma en que se entiende co-metido el delito. El artículo 6 .de dicha ley (see. 5995 y si-guientes, Compilación de 1911), cuando declara el caso de ser ilegal el registro es una excepción que se” prescribe in-dependientemente de la definición del delito y no es mate-ria para ser negada en la acusación y sí de defensa para ser alegada y probada por el acusado.

La sentencia debe ser confirmada.