author: El Juez Asociado SeñOR Todd, Je.,

text:
    Antonio Díaz García, demandante y apelante, v. Sucrs. de F. Ortega & Co., demandada y apelada.
    Núm. 8767.

    — Sometido: Diciembre 24, 1943.

      Resuelto: Marzo 7, 1944.

      ■Fernández García & Fernández Méndez y Juan A. Faría, abogados del apelante; Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Bar agaño, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SeñOR Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de reclamación de salarios por con-cepto de boras extras de trabajo. En la demanda enmen-dada radicada por el apelante en la Corte de Distrito de San Juan donde se inició la acción, se alegó lo siguiente:

“2. Que el demandante celebró un contrato de servicios con la demandada allá por el mes de febrero de 1939 hasta el 20 de junio de 1942, por el'suelda de $9 semanales.
“3. Que durante el período comprendido desde el 19 de febrero de 1939 y hasta el 20 de junio del año 1942, el demandante fue obligado por su patrono a trabajar en exceso de 8 horas durante todos y cada uno' de los días trabajados durante el referido período de tiempo por el demandante para el demandado, habiendo trabajado durante todos y cada uno de los días comprendidos en ese período, un total de 12 horas diarias. Qñe duranté el períoldo comprendido entre el 19 de. febrero de 1939 y hasta el día 9 de agosto del año 1941, el demandante trabajaba 7 días a la semana y 12 horas cada uno de esos días, y durante el período comprendido entre el 10 de agosto de 1941 y el 20 de junio de 1942 el demandante trabajaba 6 días cada semana y 12 horas cada día, haciendo un total de 4,TOO horas extra trabajadas por el demandante como obrero empleado de la demandada durante ambos períodos. Que el demandante per-cibió durante los períodos comprendidos entre el .19 de febrero de 1939 y el 20 de junio de 1942, un jornal de $9 por 4B horas de trabajo semanales, no habiéndole pagado el demandado al deman-dante joirnal o salario alguno por las 4,700 horas trabajadas por el demandante para el demandado durante ese período, y adeudán-dole por tanto el 'demandado al demandante un total de $1,645 por concepto de salarios adeudados a éste por las horas extra trabajadas durante el referido período de tiempo, de acuerdo con la Ley núm. 49 de 7 de agosto de. 1935 de la Legislatura Insular de Puerto Rlieo.” (Bastardillas nuestras.)

El patrono demandado interpuso excepciones previas contra esta demanda alegando, 1, que no aduce hechos consti-tutivos de causa de acción, y 2, que la reclamación está pres-crita en cuanto al importe de todas las horas extras traba-jadas con anterioridad al período comprendido en el primer año inmediatamente anterior a la fecha de la radicación de la demanda, a tenor con el inciso 2 del artículo 1868 del Có-digo Civil vigente.

La corte inferior, por su Juez Sr. Jorge L. Córdova, de-claró con lugar la primera de dichas excepciones, a virtud de una resolución que, en lo pertinente, dice así:

“Alega la demanda que el demandante y la demandada celebrar-ron un contrato de servicios en febrero de 1939, conviniéndose en que se pagaría al demandante un sueldo de $9 semanales. Pasa a ¡alegar la demanda que el demandante fue requerido a trabajar a razón de doce boiras diarias por siete días cada semana,'haciendo un total de 4,700 ho¡ras trabajadas en exceso de ocho diarias. Pide el demandante se condene a la demandada a pagarle un total de $1,645 por concepto de las 4,700 horas trabajadas como se ha dicho.
“Según hemos resuelto en el día de hoy en el caso de José Cha-brán Gómez v. Bull Insular Line, Ine., Civil núm. 40890, en cmsen-cia de. un contrato, el demandante no tiene derecho a ser remune-rado por más de nueve horas de trabajo al día. La demanda no alega la existencia de tal contrato. Expone, por lo tanto, una causa de acción por sólo $411.25, a lo sumo, cantidad inferior a la que se necesita para conferir jurisdicción a esta Corte..
“Por los fundamentos expuestos, se declara con lugar la excep-ción previa de falta de hechos constitutivos de causa de. acción y se concede al demandante un plazo de 10 dias para radicar demanda enmendada.”

El demandante no enmendó su demanda y solicitó se dic-tara sentencia, lo que hizo la corte inferior por su Juez Sr. Ricardo La Costa, Jr., desestimando la demanda con costas. El demandante apeló y alega que la corte inferior erró al declarar con lugar la excepción previa de falta de causa de acción y al declararse sin jurisdicción por motivo de la cuan-tía reclamada.

La conclusión a que llegó la corte inferior por su Juez Sr. Córdova, de que en. la demanda no se alegó la existencia de un contrato, y que en ausencia del mismo el demandante no tiene derecho a ser remunerado por más de nueve horas de trabajo, es errónea. Aparentemente la resolución de la corte inferior sostiene que el demandante debió alegar que el contrato con su patrono era por las doce horas diarias que trabajó para entonces tener derecho a reclamar la compen-sación por las horas extras. De acuerdo con lo resuelto en el caso de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, y el ejemplo que a la página 98 expusimos, si los términos del contrato fueran .los que exigió la corte inferior que se alegaran, el deman-dante no tendría derecho a reclamar nada más que por la novena hora trabajada.

Admitimos que la demanda en este caso no es un modelo de perfección, empero, en ella se alegó que el demandante celebró un contrato de servicios con la demandada por un sueldo de $9 semanales y que durante el período en que tra-bajó el demandante se le obligó por el demandado a trabajar en exceso de ocho horas diarias. Estas alegaciones, prima facie, son suficientes para constituir una causa de acción. Son similares a las contenidas en la querella en el caso de Justo Muñoz Colón v. Corte de Distrito de Ponce, resuelto en el día de hoy (ante, pág. 236), en la cual se alegó que el pa-trono se obligó a pagar al obrero “un salario semanal de cinco dólares por siete días de ocho horas de trabajo” pero que el patrono obligó al( obrero a trabajar horas extras sin remunerarlo por las mismas. No obstante estas alegaciones la prueba en dicho caso demostró que el contrato no fué por oého horas de trabajo sino que incluía todas las horas extras que el obrero alegó había trabajado y, aplicando la regla esta-blecida en el caso de Cardona v. Corte, supra, resolvimos que el obrero sólo tenía derecho a reclamar y obtener la compen-sación extra por la novena hora de cada día trabajado por él.

El caso de autos no ha sido visto en su fondo y, por tanto, no se ha practicado prueba alguna. Si el demandante, de acuerdo con las alegaciones de su demanda, puede probar que el contrato celebrado por él con su patrono fué por ocho horas de trabajo y que fué obligado a trabajar doce horas diarias, tendrá derecho a ser compensado por las horas extras traba-jadas de acuerdo también con lo resuelto en el caso de Car-dona, supra, es decir, doble compensación por la novena hora y compensación sencilla por las demás horas. Si por el con-trario la prueba demuestra que, no obstante lo alegado en la demanda, el contrato incluía todas las horas trabajadas, el demandante sólo podría obtener compensación por la novena hora, según hemos resuelto tanto en el caso de Cardona como en el de Muñoz Colón, supra.

La demanda en el presente caso aduce hechos suficientes y, en su consecuencia, debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos de acuerdo con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señou de Jesús

license: Public Domain

text:
    Sucesores de José González & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8779.

    — Sometido: Diciembre 7, 1943.

      Resuelto: Marzo 13, 1944.

      j). Guerrero Noble, abogado de la apelante; Hon. Procurador General Inteñno M. Rodríguez Ramos j G. Benitez Gaútier, Procu-rador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señou de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Las dos únicas cuestiones de derecho a que se limita este recurso no requieren una detallada exposición de los hechos. Bastará decir que la primera causa de acción alegada en la demanda está fundada en que la apelante radicó oportuna-mente sus declaraciones de ingresos correspondientes a los años 1925-1928 inclusive; que investigadas ■ dichas declara-ciones de ingresos, el Departamento de Hacienda impuso defi-ciencias por cada uno de los años mencionados, y no estando conforme la contribuyente recurrió para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la que nuevamente determinó y fijó la contribución correspondiente a cada uno de dichos años contributivos. Mediante prórrogas que la contribuyente soli-citó del Tesorero y ofertas de pago que luego fueron incum-plidas, transcurrieron justamente seis años desde que la Junta de Revisión e Igualamiento fijó la contribución del úl-timo de los años contributivos, sin haber sido pagadas dichas contribuciones. Al cabo de los referidos seis años la ape-lante solicitó y obtuvo que la Junta se dispusiese a reconsi-derar las contribuciones ya determinadas y fijadas por ella. A ese fin la Junta solicitó del Tesorero la devolución del expe-diente, y dicho funcionario, al devolverlo advirtió por escrito a la Junta su falta de jurisdicción para reconsiderar su reso-lución dictada unos seis años antes. Empero, la Junta re-consideró el caso, eliminó por completo la contribución corres-pondiente al año 1928 sosteniendo que aquélla había prescrito, y redujo la correspondiente a los demás años contributivos en controversia. Ello no obstante, el Tesorero, alegando que la actuación de la Junta a que acabamos de referirnos era nula por falta de jurisdicción, insistió en el cobro de la con-tribución originalmente fijada por dicho organismo y, me-diante amenazas de procedimientos de apremio, logró que la contribuyente la pagase bajo protesta.

La segunda causa de .acción se contrae a contribuciones por deficiencias impuestas para los años contributivos en cuestión. Admite la apelante que el Tesorero hizo gestiones para el cobro de estas deficiencias mediante anotaciones de embargos practicadas a partir del año 1935, y que llegó a publicar avisos para la venta de los bienes embargados a la contribuyente, pero que en ningún momento llegó a verificar la venta y el cobro de las contribuciones. Sin embargo, de la prueba resulta que al igual de lo sucedido con respecto a la contribución a que se refiere la primera causa de acción, la dilación en el cobro de la contribución a que se contrae la segunda se debió a las referidas gestiones de aplazamiento y promesas de pago incumplidas hechas por la apelante. No fue hasta el 6 de junio de 1941 que la contribuyente pagó bajo protesta las contribuciones a que se refieren ambas causas de acción.

En lo que respecta a la primera causa de acción, sostiene el Tesorero que no puede la demandante recobrar las contribuciones a que la misma se refiere porque la Junta carecía de facultades para reconsiderar su propia resolución después de haber expirado con exceso el plazo de treinta días fijado por el artículo 310 del Código Político, según fue enmendado por la Ley núm. 75 de 1923. Leyes de ese año, pág. 605.

A los efectos de resolver esta primera cuestión, nos bas-tará lo prescrito en el artículo 310 del Código Político, según fue enmendado, el cual literalmente dice así:

“La citada Junta de Revisión e Igualamiento se reunirá en sesión ordinaria en los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, y en sesión extraordinaria en cualquier otra época, cuando a juicio del presidente fuere necesario. En ella se oirán las apelaciones reei-bidas y resolverá cualquier cuestión que se presentare y que se rela-cione con la mayoir o menor cantidad en que puede tasarse una propiedad para imponerle las contribuciones o con el importe de éstas, o para exceptuarla de contribuciones, o bien para fijar la contribución sobre ingresos de cualquier contribuyente; y al hacer constar dicha resolución, corregirá las planillas y liquidará la con-tribución a imponer en las declaraciones de ingresos presentadas d,e ácuerdo con lo que se haya decidido y lo: comunicará al Departa-mento de Hacienda para las correcciones, cancelaciones o expedición de recibos según corresponda. La junta tendrá poder para supri-mir, disminuir o aumentar las valuaciones hechas en cualquier pla-nilla que le haya sido enviada, hayase presentado o no queja alguna con relación a la misma; y para decidir toda otra queja con res-pecto a la imposición de contribuciones sobre la propiedad y sobre ingresos y para corregir todos los errores que haya a medida que se le indiquen. También podrá reconsiderar por justa causa-, a stí discreción y buen juicio, cualquier resolución tomada por ellaT cuando así se solicite por algún contribuyente, dentro del plazo improrrogable de. treinta días a contar desde la fecha de la- notifi-cación. Al cumplir con los deberes que este título impone, la citada junta podrá examinar bajo juramento o afirmación a cualquier persona que pueda tener conocimiento o informes respecto del valor de la propiedad sujeta a tasación; y cualquier miembro; de dicha junta puede tomar el juramento o afirmación.” (Bastardillas nues-tras.)

El precepto legal que acabamos de transcribir confería a la extinta Junta de Revisión e Igualamiento la facultad de reconsiderar por justa causa cualquier resolución tomada por ella, cuando así lo hubiera solicitado algún contribuyente den-tro del plazo improrrogable de treinta días desde la fecha de la notificación.

En el presente caso, ya hemos visto que la Junta de su propia iniciativa reconsideró y redujo la contribución que ella misma había determinado y fijado, más de seis años des-pués de haberla notificado a la contribuyente. La falta de jurisdicción de la Junta es manifiesta. Se trata de un caso de lex script a, que no admite discusión. Ello no obstante, el abogado de la contribuyente, interpretando erróneamente el precepto legal que nos ocupa, trata de encontrar en el aludido artículo dos clases de reconsideración: la primera, que puede tener lugar a solicitud del contribuyente, y la cual está limi-tada al plazo de treinta días a que antes hemos hecho refe-rencia; y la segunda, que según la apelante tiene lugar a iniciativa de la propia Junta, sin que para tal reconsideración exista término prescriptivo, pudiendo tener lugar en cualquier fecha.

Esta facultad ilimitada de reconsideración, pretende la apelante encontrarla en aquella parte del artículo 310 del Código Político, dispositiva de que la Junta tendrá poder para suprimir, disminuir o aumentar las valuaciones hechas en cualquier planilla. Pierde de vista la apelante, sin embargo, que esa facultad que la ley confería a la Junta se re-fería a los poderes de ésta al resolver las apelaciones inter-puestas para ante ella, y nada tenía que ver con la facultad de reconsideración que podía ejercitar dentro de los treinta días de haberse notificado su resolución al contribuyente.

Puesto que la Junta carecía de facultad para reconside-rar su resolución original después de expirado el término de treinta días fijado por la ley, tenemos que concluir con la corte sentenciadora que el Tesorero demandado actuó correc-tamente al ignorar y hacer caso omiso de la contribución fi-jada a virtud de tal reconsideración ilegal, y al cobrar y re-tener la contribución originalmente determinada y fijada por la Junta.

Pasaremos a considerar ahora la segunda cuestión en-vuelta en este recurso.

En cuanto a la contribución objeto de la segunda causa de acción, sostiene el Tesorero que la contribuyente tampoco tiene derecho a recobrarla a pesar de haber él recibido el pago de la misma baj.o protesta después de expirados los términos fijados en las secciones 60(a) (1) y 61(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos.

Los artículos a que acabamos de referirnos prescriben:

Sección 60('u) (1). — ’“El impo;rte. de las contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos y el importe de la contribución sobre ingresos impuestos por esta Ley, a por la ley de contribución sobre ingresos número 59 de 1917, la ley de contribuciones sobre ingresos núnieio PO de 1919, la ley de contr’ibuc’ones sobre ingresos número 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según han sido enmen-dadas, se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la decla-ración, y no podrá entablarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribuciones después de vencido dicho período.”
Sección 61(c). — “Cuando se -impusiere la contribución dentro del término prescrito en la sección 60 o en esta sección, dicha con-tribución podrá ser cobrada mediante embargo o procedimiento judicial entablado dentro de los seis años después de impuesta la con-tribución. Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de evitar que empiece sin tasación el procedimiento judicial para el cobro -de la contribución, en cualquier momento antes del vencimiento del período dentro del cual la tasación pudiera ser hecha. ’ ’

La letra de la ley es clara y, si las circunstancias que rodean el caso nos permitiesen atenernos a lo prescrito en dichos preceptos legales, tendríamos que revocar la sentencia en lo que -a la segunda causa de acción se refiere. Pero los actos de la propia apelante solicitando aplazamientos y ha-ciendo promesas de pago que luego fueron incumplidas, dando lugar así a que el Tesorero, confiando en tales promesas, de-jare expirar el término fijado por la ley para verificar el cobro, impiden a la apelante beneficiarse con el resultado de una situación que ella misma creó. Si ambas partes, el Teso-rero y la contribuyente, hubiesen pactado la posposición del cobro de la contribución para después de expirado el término fijado en la ley, ese pacto hubiera sido legal y no hubiera im-pedido al Tesorero cobrar la contribución de acuerdo con el mismo. Brown & Sons Co. v. Burnet, 282 U.S. 283. Cf. Stange v. United States, 282 U.S. 270, y Aiken v. Burnet, 282 U.S. 277. Si el término prescriptivo puede prorrogarse me-diante pacto al efecto, do igual modo puede entenderse pro-rrogado cuando no existiendo tal pacto, la dilación es cansada por la conducta del contribuyente antes descrita. En nn caso en que la conducta del contribuyente había sido la causa de que la contribución no se le hubiere fijado y cobrado dentro del término prescrito por la ley, el Juez Cardozo hablando por la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“El principio aplicable es fundamental e incuestionable. ‘Aquel que impide la ejecución de una cosa no puede beneficiarse de la situa-ción que él mismo ha ocasionado, porque, en ese caso la ley le clj'ee, “ésa fué tu propia actuación y por lo tanto nadie te ha perjudi-cado.” ’ [Citas.] A veces el impedimento que así se crea es carac-terizado como estoppel, y otras veces como waiver, pero la denomi-nación carece de importancia. Bastará para los propósitos del pre-sente caso decir que el impedimento así creado extiende sus raíces hasta un principio quizás más justo aún que la doctrina de waÁver o que la de estoppel, es decir, el principio de que a nadie le es per-mitido basar una reclamación en su propio acto injusto {inequity), o beneficiarse de su propio acto ilegal. [Citas.] Un pleito no puede tener por base una omisión de aquel que lo interpone. [Citas.]” Stearns Co. v. United States, 291 U. S. 54, 61.

Lo dicho basta para sostener que la apelante no tiene de-recho a recobrar del Tesorero lo que éste cobró después que el término para hacerlo había expirado, por cuanto la dilación fué causada por los actos de la propia contribuyente.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Municipio de Mayagüez, representado por su Alcalde Hon. Manuel A. Barreto; y Manuel A. Barreto, en su carácter de Director Escolar de Mayagüez, demandantes y apelantes, v. Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, Dr. J. M. Gallardo, demandado y apelado.
    Núm. 8545.

    — Sometido: Diciembre 9, 1943.

      Resuelto: Marzo 13, 1944.

      Enrique Báez García, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General Interino M. Ro&riguez Ramos y A. E. Franco Cabrero, -y Carmen B. Hernández, Procuradores Auxiliares, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Mayagüez, por ordenanza que aprobó al efecto, separó los cargos de Tesorero y Director Escolar y consolidó el segundo con el de Alcalde, recayendo así en la misma persona las funciones de Alcalde y Director Escolar. El Comisionado de Instrucción, siguiendo una opi-nión del Procurador G-eneral de Puerto Rico, rehusó aprobar-las órdenes números 348 y 349 sometidas por el Alcalde-Di-rector Escolar de Mayagüez, alegando que de conformidad con la citada opinión, las funciones de Director Escolar son inseparables de las de Tesorero municipal. A fin de dirimir la controversia así surgida, el. Municipio en cuestión solicitó de la corte inferior un decreto declaratorio sosteniendo la legalidad de la actuación de la Asamblea Municipal. La corte inferior, manifestando sentirse obligada por la fuerza de la decisión en el caso de El Pueblo, ex rel. Santos v. Camacho, 43 D.P.R. 691, resolvió que la Asamblea Municipal de Mayagüez carecía de facultades para separar los cargos de Tesorero y de Director Escolar y consolidar este último con el de Alcalde.

La controversia ante nos gira en torno a la interpretación que deba darse al artículo 28 de la vigente Ley Municipal, el que en lo pertinente dice;

“Los funcionarios administrativos municipales serán los que se expresan a continuación, cuyos cargos se declaran incompatibles con el de miembros de la asamblea municipal y con cualquier otro cargo federal, insular o municipal retribuido:
“En los municipios de primera clase:
1. Alcalde,
2. Tesorero-Director Escolar,
3. Director de Beneficencia,
4. Director de Obras Públicas,
5. Auditor,
6. Secretario,
“En los de segunda y tercera clase:
1. Alcalde,
2. Tesorero-Director Escolar,
3. Secretario-Auditor,
4. Director de Beneficencia.
“No podrá crearse p'o'r la asamblea municipal ningún otro cargo u oficina administrativa fuera de los mencionados en este artículo, pero los municipios podrán consolidar los cargos en la forma que lo acordare la mayoría del número total) de miembros de que se compone la asamblea municipal; Entendiéndose, que en ningún caso podrán consolidarse entre sí los cargos de tesorero y auditor; Dis-poniéndose, que el cargo de director de beneficencia, eo¡nsolidado o no, deberá en todo caso recaer en un médico cirujano autorizado para ejercer su profesión en Puerto Rico.” '(Bastardillas nuestras.)

Del precepto' legal arriba transcrito resulta evidente el propósito legislativo de autorizar a las asambleas municipa-les a consolidar los cargos en la forma que lo acordare la mayoría del número de asambleístas de que se compone la asamblea municipal, y sólo impone como únicas limitaciones a esta facultad: (a) la de que en ningún caso podrán conso-lidarse entre sí los cargos de Tesorero y de Auditor, y (b) la de que el cargo de Director de Beneficencia, consolidado o no, deberá en todo caso recaer en un médico cirujano auto-rizado para ejercer su profesión en Puerto Rico. Pero a los efectos de este caso, no debemos perder de vista que si bien la Asamblea Legislativa autorizó la consolidación de cargos municipales, no es menos cierto que en ningún momento ni bajo condición alguna autorizó a las asambleas municipales a separar los que la propia Asamblea Legislativa tuvo a bien consolidar, a saber: en los municipios de primera clase, los de Tesorero y de Director Escolar; y en los de segunda y tercera clases, los de Tesorero y de Director Escolar, y los de Secretario y de Auditor. Sostener lo contrario equival-dría a presumir que la Asamblea Legislativa, a sabiendas, Labia realizado un acto inútil verificando esas consolidaciones para inmediatamente y por la misma ley autorizar a las asambleas municipales a destruir su propia obra, separando dichos cargos a su antojo para consolidarlos con otros o man-tenerlos separados.

Empero, no podemos convenir con la manifestación que se hiciera en el caso de El Pueblo, ex rel. Santos v. Camacho, supra, al efecto de que al consolidar la Asamblea Legislativa los cargos de Secretario y de Auditor en los municipios de segunda y tercera clase, a virtud de esa consolidación dichos cargos perdieron su propia individualidad para fundirse en otro que ni es el de Auditor ni tampoco el de Secretario. Que ése no fue el pensamiento del legislador, lo demuestra el hecho de que dichos cargos, consolidados o no, conservan siempre sus propios deberes y prorrogativas fijados por la ley, y aunque no pueden ser separados por las asambleas municipales, continúan siendo, sin embargo, como dijera en su opinión disidente el Juez Presidente Sr. Del Toro, dos cargos distintos que por ministerio de la ley deben ser des-empeñados por la misma persona.

La Asamblea Municipal de Mayagüez no tiene, pues, la facultad para separar el cargo de Tesorero del de Director Escolar, que la autoridad superior de la Asamblea Legisla-tiva tuvo a bien consolidar. Consecuentemente, al consolidar con el de Alcalde el cargo de Director Escolar con exclusión del de Tesorero, la Asamblea realizó un acto ultra vires y por lo tanto no pudo conferir al Alcalde las atribuciones corres-pondientes al cargo de Director Escolar, como correctamente sostiene el apelado.

No ocupando legalmente el Alcalde de Mayagüez el cargo de Director Escolar de dicho municipio, actuó correctamente el Comisionado de Instrucción al negarle validez a las actua-ciones de dicho funcionario como tal Director Escolar.

Procede, por lo expuesto, la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael González Rodríguez, acusado y apelante.
    Núms. 10319 y 10320.

    — Sometidos: Febrero 10, 1944.

      Resueltos: Marzo 21, 1944.

      José M. Dávila Monsanto, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón-Fernández, Fiseal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fuá acnsado de un delito de asesinato en primer grado cometido en Aibonito el 28 de junio dé 1936 en la persona de Juan Prancisco Centeno. También lo fue do ho-micidio voluntario porque en los mismos sitio y fecha, y mientras hacía los disparos que privaron de la vida a Juan Francisco Centeno, uno de los referidos disparos hirió a Isidro Ortiz, quien a consecuencia de la herida recibida fa-lleció días después.

El juicio en el caso de asesinato comenzó el 24 de noviem-bre de 1942, terminando dos días después con el veredicto que declaró al acusado culpable de homicidio voluntario, siendo sentenciado el 30 de diciembre de 1942 a ocho años de presidio con trabajos forzados. Ese mismo día el acu-sado, asistido de sus abogados, pidió a la corte que el caso de homicidio por la muerte de Isidro Ortiz, que había sido se-ñalado para el 19 de enero siguiente, fuese llamado a juicio inmediatamente a fin de renunciar al juicio por jurado que había solicitado y someterlo por tribunal de derecho por la evidencia presentada en el caso en que se le condenó a ocho años de presidio. La corte accedió a lo solicitado, e inme-diatamente lo declaró culpable y, a petición del propio acu-sado, dictó sentencia en el acto condenándolo a cinco años de presidio con trabajos forzados, consignándose que la sen-tencia de cinco años debería extinguirse concurrentemente con la de ocho años.

No debemos seguir adelante sin consignar nuestra más enérgica reprobación por la injustificada tardanza que ha habido en la prosecución de estos casos. Es inconcebible que un hombre que ilegalmente privó de la vida a dos semejantes el 28 de junio de 1936, no haya podido ser enjuiciado hasta el 24 de noviembre de 1942, y que habiendo sido sentenciado por la corte de distrito el 30 de diciembre de 1942, los autos en apelación no fuesen elevados a este Tribunal hasta el 20 de noviembre de 1943. Es una vergüenza para la adminis-tración de la justicia en Puerto Rico, que hasta este momento el acusado permanezca aún sin recibir su merecido castigo', gozando de su libertad bajo fianza como si ningún delito hu-biese cometido. En justicia al juez sentenciador, debemos consignar que él no es del todo responsable de esa dilación, ya que fué nombrado juez de la corte inferior el 28 de junio de 1941, y no sabemos cuál podría ser el volumen de trabajo acumulado en dicho tribunal. Pero de todos modos, no en-contramos justificación para que se hayan necesitado once meses para la elevación de los autos a este Tribunal, especial-mente después de la injustificada dilación de que fueron ob-jeto estos casos.

Pasemos a discutir los errores señalados.

Se queja el apelante de habérsele privado del derecho que tiene todo acusado de felony a estar presente durante la sustanciaeión del juicio. Lo sucedido, conforme aparece del récord, fué que el fiscal trató de impugnar la veracidad del acusado mientras declaraba como testigo. Sostenía el fiscal que el acusado en el examen directo había hecho ciertas manifestaciones contrarias a las que hacía en el examen de repreguntas. Para determinar si el acusado en realidad había hecho antes las manifestaciones que decía el fiscal,' era necesario leer las notas taquigráficas de su declaración, y a fin de no refrescar la memoria del acusado con respecto a lo que antes había declarado, solicitó el fiscal que el acusado 'se retirase del salón mientras el taquígrafo leía las notas taquigráficas de su declaración. Lo ordenó la corte, y el acusado fué retirado del salón por espacio de doce minutos mientras el taquígrafo leía su declaración. Al terminar la lectura fué conducido el acusado a la sala de la corte, pero como resultado de la lectura el juez no permitió la pregunta que se proponía hacer el fiscal, terminando así el incidente.

El artículo dos de la Ley Orgánica garantiza a todo acu-sado en un proceso criminal el derecho a carearse con los tes-tigos de cargo, y el 179 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que si el proceso fuere por felony, el juicio no podrá celebrarse sin hallarse presente el acusado.

En el caso de Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 122, el Juez Cardozo hablando por la corte, dijo:

La ley, como hemos visto, es celosa en preservar al acusado cuanta forma de procedimiento sea esencial para darle una oportu-nidad de defensa. Aquellos privilegios tan fundamentales que sean inherentes en todo concepto de un juiicio justo, aceptables por hombres razonables, se mantendrán inviolados e inviolables, no importa cuán fuerte sea la presión de la prueba ineriminatoria. Pero la justicia, si bien se debe al acusado, también le es debida al acusador. El concepto de lo' justo no debe estirarse hasta convertirlo en un '¡filamento. Debe mantenerse el justo medio.”

No cabe duda del derecho que tiene todo acusado de felony a estar presente durante la sustanciación del juicio. Sin embargo, ese derecho está relacionado con el propósito de garantizarle una completa oportunidad de defensa. Si en el presente caso, durante la ausencia del acusado se hubiese recibido evidencia o realizado cualquier acto que en forma alguna pudiese • haber afectado esa oportunidad, sin duda hubiésemos tenido que decretar que había existido un mistrial, revocar la sentencia y conceder un nuevo juicio. Pero •lo que en ausencia del acusado tuvo lugar en el presente caso fué leer la declaración que momentos antes el jurado había oído de labios del propio acusado, con lo cual no se afectaba su oportunidad de defensa.

El segundo de los errores señalados no merece seria consideración. Se alega por el apelante que la corte no permitió a sus abogados hacer alusión al récord del juicio y tomarlo como base para sus objeciones y mociones en el curso del mismo. Pero la verdad de lo sucedido fué que uno de los abogados del acusado, el señor Juan Valldejuli, frecuentemente hacía comentarios impertinentes durante el período déla prueba y a cada momento repetía lo que según él habían dicho o dejado de decir los testigos de descargó, apuntándoles así las contestaciones que debían dar a las repreguntas que les hacía el fiscal. Lo que hizo la corte fué revestirse de una paciencia sin límites llamando constantemente la atención de dicho abogado a su conducta impropia, tratando de evitar así un fracaso de la justicia.

Por último alega el apelante que la prueba es insuficiente para sostener la convicción en ambos casos. La evi-ciencia fué contradictoria. La del fiscal tendió a demostrar la comisión de nn delito de asesinato, la de la defensa nn caso de defensa propia. Pero el jurado en el caso en qne se im-putó el delito de asesinato, y el jaez en el de homicidio volun-tario, dirimieron el conflicto en contra del acusado, y uno y otro lo declararon convicto de homicidio voluntario. La prueba del fiscal tendió a demostrar que la noche antes de los sucesos el acusado, mientras iba acompañado de un amigo por una calle de Aibonito dijo, según declaró un po-licía, que Juan Francisco Centeno le había dado una bofe-tada y que él tenía que desquitarse de lo que le había hecho aquel negro, refiriéndose a Centeno. A la mañana siguiente, antes de que se levantase Centeno, una hija de éste vió al acusado en la calle, apostado frente a la casa de aquél. Pos-teriormente, y como a eso de las ocho de la mañana, Centeno se hallaba de pie junto a su carro hablando con otros chóferes en la calle principal de Aibonito. Llegó allí el acusado y, sin mechar palabras, disparó su revólver contra Centeno-Huyó éste, pero el acusado lo persiguió, haciéndole tres dis-paros, falleciendo como consecuencia de éstos Juan Francisco-Centeno e Isidro Ortiz, quien' se hallaba en el grupo en com-pañía del interfecto. Inmediatamente después, el acusado se dirigió al cuartel de la policía, donde manifestó al jefe de distrito, “Vengo a entregarme, que acabo de matar a ese-negro, Centeno.” Al preguntarle el jefe por qué lo había matado, contestó, “Yo estoy muy agitado y no puedo hablar ahora. ’ ’

A nuestro juicio, la prueba incriminatoria que tuvieron ante sí el jurado y el juez sentenciador es suficiente para sos-tener la convicción en uno y otro caso.

No habiéndose cometido los errores señalados por el acu-sado, procede la confirmación de las sentencias.


text:
    Vicente Quilinchini, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Guillermo Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 283.

    — Sometido: Enero 10, 1944.

      Resuelto: Marzo 21, 1944.

      Yirgilio Brunet, abogado del recurrente; A. de Jesús Matos, abogado del Administrador del Pondo del Estado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Vicente QuilineMni fue patrono asegurado en el Fondo del Seguro del Estado durante- el año 1939-40, y antes del 15 de julio de 1940 radicó su planilla de jornales para el año 1940-41. El 4 de diciembre de 1940 el patrono recibió una comunicación del Fondo del Seguro del Estado conteniendo la liquidación final para el año 1939-40 y notificación de la prima fijada para el año 1940-41. La referida comunicación aparecía fechada el 12 de septiembre de 1940, y se-concedía en la misma al patrono basta el 22 de septiembre de 1940 para verificar el pago de la prima correspondiente al primer semestre. Apesar de haber recibido el patrono la notifica-ción el 4 de diciembre de 1940, y no obstante haber vencido el plazo de diez días que se le había concedido más de dos meses antes de recibir la mencionada notificación, el patrono no pagó ni verificó gestión alguna en el Fondo del Seguro ■del Estado hasta el 16 de diciembre de 1940, cuando pagó la prima correspondiente al primer semestre, después de haber ocurrido dos días antes un accidente del trabajo a uno <de sus obreros.

El administrador del Fondo del Seguro., del Estado de-claró a Quilinchini patrono no asegurado desde el primera de julio hasta el 16 diciembre de 1940, por no haber verifi-cado el pago dentro del término concedídole para hacerlo. Recurrió el patrono para ante la Comisión Industrial, y luego de una vista en la que fueron oídas las partes, la re-solución del administrador fué confirmada. Instó entonces el patrono este procedimiento de revisión, alegando que como el plazo concedídole había vencido antes de que él recibiera la notificación, como cuestión de hecho el administrador no le había concedido plazo alguno, y que habiendo hecho el pago doce días después de notificado, su póliza debía consi-derarse vigente a partir del primero de julio de 1940.

Ya indicamos que el escrito de notificación estaba fechado-el 12 de septiembre de 1940, y que en él se concedía al pa-trono, para pagar la prima del primer semestre, un plazo de diez días a vencer el 22 del mismo mes. Una persona, razonable, dentro de las circunstancias en que se hallaba el patrono en este caso, hubiera hecho el pago inmediatamente después de haber recibido la notificación, o se hubiera comu-nicado rápidamente con el administrador para aclarar lo sucedido, especialmente cuando como declaró el patrono ante la Comisión, en el mes de septiembre de dicho año él había estado en las oficinas del Fondo del Seguro del Estado para averiguar cuándo habrían de expedirle la notificación, y asegurarse de que en el Fondo del Seguro del Estado había recibido oportunamente su planilla de jornales. Sin embargo, el patrono, pudiendo darse cuenta de que la intención del administrador era darle un plazo de diez días, que ya había vencido, no pagó la prima hasta doce días después de recibir la notificación, cuando dos días antes del pago había ocurrido el accidente de que se ha hecho mérito. Hu-biera tenido una justificación el patrono quizás si el pago lo. hubiera verificado dentro de un término, razonable, probable-mente dos o tres días después de haber recibido la notifica-ción, pero no lo hizo, y dentro de las circunstancias no ve-mos razón legal alguna que justifique la revocación de la re-solución recurrida, por lo que procede su confirmación.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado .Señor De Jesús

text:
    Pedro Díaz Correa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1137. —

      Sometido: Enero 10, 1944.

      Resuelto: Marzo 21, 1944.

      Hcriberto Torres Solá, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado .Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número noventa de 30 de junio del año pa-sado ante el notario Heriberto Torres Solá, Pedro Díaz Co-rrea, dueño de un crédito hipotecario sobre cierta finca ur-bana del deudor Bartolomé Fiol Gomila, amplió dicho cré-dito mediante un nuevo préstamo de cuatro mil dólares que hiciera Fiol con garantía del inmueble previamente gravado a favor del mismo acreedor. En dicha escritura Pedro Díaz Correa compareció asistido de su esposa y expresaron que la cantidad de cuatro mil dólares objeto del préstamo tenía carácter de bien privativo del esposo. Para demostrar la procedencia del dinero dado a préstamo, se hizo en la escri-tura una exposición de las distintas transacciones realizadas por Díaz Correa con bienes privativos suyos. Se acompaña-ron los documentos relacionados con dichas transacciones, siendo uno de ellos la copia certificada de la escritura mi-mero veintiocho de 4 de marzo de 1943 ante el mismo nota-rio señor Torres Solá. Por esa escritura Díaz Correa y su esposa vendieron a Ricardo Mosquera Vázquez cierta finca urbana en la cual Díaz Correa poseía privativamente un condominio de tres mil dólares en el valor de cinco mil dó-lares dado a la finca, correspondiendo los dos mil dólares, resto del valor de la finca, a la sociedad de gananciales.

El registrador inscribió la referida escritura número no-venta consignando el defecto subsanable de no haberse acre-ditado la procedencia privativa de una parte del préstamo, ya que la escritura número veintiocho a que antes se ha he-cho referencia, no contenía nota de inscripción, y la finca que en ella se describía estaba radicada en la demarcación del Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, por lo que el registrador no venía obligado a recurrir a los libros de dicho registro para determinar el carácter priva-tivo' o ganancial del condominio que por dicha escritura ven-dió Díaz Correa.

Se queja el recurrente de que el registrador, antes de consignar el indicado defecto, no diera cumplimiento al artículo 19 de la Ley Hipotecaria, según fue enmendado pol-la Ley núm. 20 de 7 de julio de 1923 (Sesión Ordinaria, pág. 213), que prescribe:

“Cuando el registrador notare alguna falta referente a la lega-lidad de las escrituras que se presenten o de capacidad de lo.s otor-gantes lo comunicará po;r escrito al presentante o al notario que hubiere autorizado el documento para que lo recojan y subsanen la falta en el término que dure los efectos del asiento; de presen-tación o cuando menos dentro de los cinco días después de hecha la notificación, pudiendo el notario o el presentante dejar de reco-ger el documento cuando, para subsanajr la falta sólo fuere necesaria acompañar otro o los antecedentes correspondientes. De no sub-sanarse la falta en el término indicado, el registrador denegará la inscripción si se tratare de defecto insubsanable o hará constar el defecto si fuere subsanable; Disponiéndose, que la notificación al pre^ sentante del documento o al notario se hará constar al margen del asiento de presentación. ’ ’

El hecho de que el registrador dejara de notificar al pre-sentante o al notario que autorizó el documento para que lo recogiera y subsanase la falta, no es una cuestión revisable dentro de un recurso gubernativo, que sólo procede para re-visar una nota denegatoria o de defecto subsanable. Sin duda fué una inadvertencia del registrador el no dar cum-plimiento a lo prescrito en el artículo 19 de la Ley Hipote-caria; pero sea como fuere, su incumplimiento de ese pre-cepto legal no puede afectar la calificación que hiciera del documento que se le presentó para inscripción.

Pasemos a considerar ahora si la calificación de defecto subsanable por no haberse acreditado el carácter privativo del crédito hipotecario, es o no correcta.

Prescribe el artículo 1307 del Código Civil (ed. 1930) que “Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al ma-rido o a la mujer.” Habiéndose adquirido el crédito hipote-cario a título oneroso en constante matrimonio, debe presu-mirse ganancial mientras no se .demuestre lo contrario. A ese efecto no basta con que los dos cónyuges comparezcan en la escritura de adquisición y expresen que el inmueble o derecho real pertenece privativamente a uno u otro cónyuge. Entendiéndolo así el recurrente, acompañó como documentos 'complementarios las copias certificadas de las escrituras a que hemos hecho referencia. <

Es verdad que si del registro resulta, la condición de privativo del inmueble o derecho real que se describe en el documento complementario, el hecho de que éste no aparezca inscrito es indiferente. Pero como la inscripción de la es-critura número noventa se solicitó en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, y la finca a que se contrae el documento complementario se halla dentro de la demarcación del Registro de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Segunda, el Registrador de la< Sección Primera no está obligado a recurrir al otro registro para determinar por las constancias de sus libros el carácter privativo o ganancial que pueda tener el inmueble en cuestión. Arguye el recu-rrente que las dos secciones del Registro de la Propiedad de San Juan constituyen un solo registro, y que por consiguiente el registrador de la Sección Primera puede recurrir al re-gistro de la Sección Segunda y examinar sus libros en rela-ción con la finca a que se refiere el documento complementa-rio. No está en lo cierto el recurrente. El Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, y el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, constituyen dos registros distintos e independientes entre sí, tan distintos e independientes entre sí como lo es el de Mayagüez con res-pecto al de Humacao. Las denominaciones de “Sección Pri-mera” y “Sección Segunda” no tienen importancia, pues ese aditamento sólo tiene por objeto distinguir uñ registro del otro, ya que ambog- tienen su sede en la ciudad de San Juan. El registrador de una sección ninguna ingerencia tiene en las operaciones que se practican en la otra, y los empleados de la Sección Primera ninguna relación tienen con la See-ción Segunda, y vice, versa. En nada afecta la independen-cia que existe entre dichos registros el hecho de que ambos se encuentren actualmente en el mismo edificio. Cf. P. R. Auto Corporation v. Registrador, 61 D.P.R. 429.

No habiéndose demostrado que el condominio de la finca a que se contrae la escritura número veintiocho perteneciese privativamente al recurrente, y que por consiguiente el dinero producto de dicha venta que se invirtió en el préstamo a que se contrae la escritura número noventa, tuviese carác-ter privativo, actuó correctamente el registrador al consignar el defecto súbsanable objeto de este recurso.

Procede confirmar la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Beñoe De Jesús

text:
    Francisco Nevares y Manuel Pereyó, peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núms. 1548 y 1549.

    — Sometidos: Enero 10, 1944.

      Resueltos: Marzo 21, 1944.

      Celestino Iriarte, P. Fernández. Cuyar y H. González Blanes, abo-gados de los peticionarios; J. Martín Almodovar Acevedo, abo-gado de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Beñoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El tres de julio de 1942 Ramón Sánchez Báez y otros, aco-giéndose al procedimiento establecido por la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), radicaron en la Corte Municipal de San Germán bajo el número civil 356, una querella contra Francisco Nevares y Manuel Pereyó en reclamación de salarios.

Otra querella con igual propósito y contra los mismos demandados fué redieada el mismo día en la referida corte municipal bajo el número civil 357 por Pedro Linares y otros.

Celebrada la vista en ambos casos el 20 de noviembre de 1942, el día siguiente fueron dictadas las respectivas senten-cias a favor de los demandantes por la cantidad total de $190.50 en el caso 356 y $102.50 en el 357. .El mismo día, el 21 de noviembre de 1942, el Secretario de la Corte Municipal de San Germán envió por correo certificado al licenciado H. González Blanes a San Juan, Puerto Rico, una copia de dichas dos sentencias. Al calce de las mismas consignó en maquinilla:

“Notiilquese: Ledos. J. Martín Almodovar, San Germán, P. R.; H. González Blanes, San -Tuan, P. R. Sres: Sírvanse quedar notifi-ficados de la anterior sentencia a los efectos legales pertinentes. San Germán, P. R., a 21 de diciembre de 1942. (Firmado) Pedro Le-gón Gutiérrez, See. Corte Municipal.”

E inmediatamente más abajo consignó en manuscrito:

“Certifico: que con fecha de hoy Die. 21/42 deposité en el co-rreo de esta ciudad debidamente franqueado y registrado un sobre cerrado conteniendo copia exacta de esta sentencia dirigido al Dedo. H. González Blanes en San Juan, P. B., y que existe entre San Juan y esta ciudad de San Germán un servicio regular de correo. (Firmado) Pedro Legón Gutiérrez, See. Corte Mpal.”

El 28 de diciembre de 1942 el licenciado González Blanes depositó en las oficinas de correo de esta ciudad, bajo sobre dirigido al secretario de la mencionada corte municipal, dos escritos de apelación para ante la Corte de Distrito de Ma-yagüez, correspondiendo dichos escritos respectivamente a los dos casos de que antes se ha hecho mérito. Eecibidos por el secretario de' la corte municipal dichos sobres, envió los autos de ambos casos a la Corte de Distrito de Mayagüez el 29 de diciembre de 1942. Ante la corte de distrito los demandantes en ambos casos presentaron una moción soli-citando la desestimación de los dos recursos por haberse radicado los escritos de apelación después de haber vencido el plazo de cinco días que fija la sección 8 de la Ley núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, según fué enmendada por la Ley núm. 40 de 17 de abril de 1935 ((1) pág. 239). Oídas las partes, la corte de distrito desestimó las dos apelaciones por falta de jurisdicción y para revisar las resoluciones desesti-mando las apelaciones, los demandados en dichas querellas presentaron ante este Tribunal las dos peticiones de certiorari que ahora nos ocupan.

Sostienen los demandados peticionarios que su abogado recibió la notificación de la sentencia el día 28 de diciembre de 1942, y que en el mismo día depositó en la oficina de correos de la ciudad de San Juan los dos escritos de apela-ción; que los días 25, 26 y 27 fueron feriados, y que el 28 fué el primer día hábil que tuvo para radicar los escritos de apelación; que la notificación de la sentencia es nula porque no se archivó en los autos una copia de la notificación que exige la sección dos de la Ley de 9 de marzo de 1911 (pág. 238, Comp. 1911 §5339), debiéndose contar el plazo para apelar, de acnerdo con la ley últimamente citada, desde qne dicha notificación se nne a los antos; y por último, qne el término de cinco días venció el 28 de diciembre, pero dada la distancia existente entre San Jnan y San Germán, dicho término fné ampliado a virtud de lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil, a razón de un día por cada veinticinco millas de distancia entre la ciudad de San Juan y la de San Germán, por lo que necesariamente dicho término apelativo se extendió más allá del 29 de diciembre de 1942, fecha en la cual, según sostuvo la corte de distrito, se recibieron los escritos de apelación en la corte municipal. Invocaron además los peticionarios lo dispuesto en el párrafo “e” de la número seis de las Reglas de En-juiciamiento Civil.

La notificación que de la sentencia hizo el Secretario de la Corte Municipal de San Germán cumplió sustancialmente con lo dispuesto en la sección dos de la ley de 9 de marzo de 1911. El hecho de que el original del certificado de notificación se extendiese al calce de la sentencia y no en papel aparte no varía el efecto legal de la notificación.

Normalmente el término de cinco días para radicar el escrito de apelación debió vencer el 25 de diciembre de 1942, pero dicho día es día feriado y el 26 fué sábado, día en que la corte estuvo cerrada, y siendo domingo el 27, el término se extendió hasta el 28 de diciembre de 1942. Rey Gangas v. Domínguez Alvarez, resuelto en 17 de febrero de 1944 (per curiam).

Es un hecho no controvertido que el pliego conteniendo los escritos de apelación fué depositado en la oficina de correos de la ciudad de San Juan el día 28 de diciembre de 1942. No existe evidencia alguna de la hora en que se depositó el pliego ese día en la oficina de correos ni tampoco del día en que fué recibido en la secretaría de la Corte Municipal de San Germán. Mas el juez de distrito llegó a la conclusión que como los escritos de apelación fueron en-viados desde San Juan el 28 de diciembre y que como el secretario de la Corte Municipal de San Germán remitió los autos a la corte inferior el 29 de dicho mes, los escritos de apelación necesariamente fueron recibidos por el secretario de la corte municipal el' 29 de diciembre y por consiguiente después de haber vencido el término para apelar. Acepta-ríamos esa conclusión de la corte recurrida si fuere imposi-ble dentro del servicio de correos existente en Puerto Rico en aquella fecha, que un pliego depositado en la oficina de correos de San Juan pudiese ser recibido en la ciudad de San Germán durante las horas laborables del mismo día. Pero la realidad es otra. Podemos tomar conocimiento judicial del hecho de que un pliego que salga de San Juan en el correo de las. siete y veinte de la mañana, llega a San Germán el mismo día alrededor de las dos y media de la tarde. Como los interventores sostuvieron que los escritos de apelación llegaron el 29 de diciembre de 1942 y no probaron ese hecho que a ellos incumbía probar, debemos concluir a falta de evidencia en contrario, que los escritos de apelación pudie-ron ser recibidos por el Secretario de la Corte Municipal de San Germán el lunes 28 de diciembre de 19421 durante horas de oficina y por consiguiente no existe razón para sostener que la apelación no fué instituida dentro del término pres-crito por la ley.

Procede por lo expuesto anular las resoluciones de fecha 25 de octubre de 1943 dictadas por la corte recurrida en Ios-dos casos que nos ocupan, y devolver los respectivos expe-dientes a la corte inferior para que reinstale dichos casos y continúe los procedimientos de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Snyder no intervino.


author: El Juez Peesidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cardona, acusado y apelante.
    Núm. 10411.

    — Sometido: Marzo 15, 1944.

      Resuelto: Marzo 24, 1944.

      James R. Beverley y Enrique Segarra, Jr., abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fer-nández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto y sentenciado a pagar una multa de $10 por una infracción al artículo 370 del Código Penal, consistente, según se alegó en la denuncia, en que “sacó y mostró en presencia de dos o más personas un revólver negro de tamaño grande, el cual es un arma mortífera, esto en una actitud violenta, colérica y amenazadora”, sin ser un caso de defensa propia.

En apoyo de su recurso el apelante sostiene que la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba y al aplicar la ley a los hechos del caso.

El artículo 370 del Código Penal, en su texto español lee así:

“Exhibición o uso indebido de Armas Mortíferas. Toda persona que sin ser un caso de necesaria defensa propia, sacare o mostrare en presencia de dos o más personas, alguna arma mortífera en ac-titud violenta, colérica y amenazadora, o que de modo ilegal hi-ciere uso de dicha arma en alguna riña o pendencia, incurrirá en misdemeanor(Bastardillas nuestras.)

Las palabras “en actitud violenta, colérica y amenaza-dora” que hemos subrayado, son una traducción imperfecta * de las palabras “in rude, angry and threatening manner”, que aparecen en el texto inglés, copiado al pie de la letra del artículo 417 del Código Penal de California.

Entre las varias acepciones que corresponden al término inglés “rude” se encuentra sin duda alguna la de violencia. Pero esa acepción no es la única que puede darse a dicho término, el cual significa impertinente, rudo, insultante, in-culto, grosero, vulgar, bárbaro, ordinario y violento. Véase: Roget’s Thesaurus (1942 Ed.) pág. 438, y el caso Sate v. Lawrence, 19 Neb. 307, 314 en el que se sostiene que “rudely”, rudamente, significa “en forma ruda; ordinariamente; inci-vilmente; violentamente.” No es, pues, absolutamente nece-sario que la persona que saca o muestra el arma mortífera lo haga en actitud violenta. Si lo hace bruscamente o con rudeza o en forma descompuesta, acompañada de ira o cólera y en actitud amenazadora, demostrativa de su intención de agredir ilegalmente a otra persona y de su aptitud para ejecutar tal propósito, y si ese acto es suficiente para produ-cir en el ánimo de la persona amenazada el temor de una agresión, en ese caso estarán presentes todos los elementos exigidos por el estatuto.

Haremos ahora un breve resumen de la prueba.

Los hechos establecidos por la prueba de cargo son como sigue:

El día 2 de julio de 1943, encontrándose el individuo Atanasio de Jesús, en Gruánica, frente al establecimiento de Elíseo Rivera, llegó allí en automóvil el acusado y después de detener el vehículo, dirigiéndose a Atanasio de Jesús en voz fuerte, medio alterado y con coraje le dijo: “Oye Taño, ¿yo soy el Kaiser de Ensenada? So hijo de la gran puta, cobarde”, apuntándole mientras pronunciaba esas palabras con un revólver. El chófer al ver el peligro echó a andar el carro y se fué. Acto seguido se aglomeró allí mucha gente del pueblo, que pasaba. Las palabras transcritas fueron pronunciadas en presencia de otras tres personas, las que declararon en el acto del juicio corroborando lo declarado por de Jesús, que fué la persona insultada y amenazada.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que en la mañana de ese mismo día, mientras el acusado estaba espe-rando una guagua, Atanasio de Jesús, que estaba a corta distancia del acusado, dijo que Ramón Cardona era el dic-tador de la Guániea Central y “un hijo de la gran puta”; que cuando el acusado encontró a de Jesús en la tarde de ese mismo día, lo único que hizo fué preguntarle por qué le había llamado “Kaiser” y mentádole la madre; que el acu-.sado no sacó ningún revólver y cuando se dirigió a de Jesús lo hizo en tono amistoso y no en actitud agresiva.

La evidencia es claramente contradictoria. El conflicto que de toda ella resulta fué resuelto por la corte inferior en contra del acusado. Y siendo la prueba de cargo suficiente para sostener y justificar la sentencia recurrida, ésta debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Olga Méndez, demandante, apelada y apelante, v. Félix Kraidman y su esposa Raquel de Kraidman, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 8829.

    — Sometido: Marzo 8, 1944.

      Resuelto: Marzo 24, 1944.

      Antonio Reyes Delgado y Géigel & Silva, abogados de los apelantes apelados; Eduardo Pérez Casalduc, abogado de la apelada ape-lante.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

• La demandante reclama la suma de $6,000 como indemni-zación por daños que dice le fueron causados por la injuria y calumnia de los demandados. Alega en su demanda que ella era empleada de los demandados, como dependiente, en el establecimiento comercial “Lolita’s Dress Shop”, en Are-cibo, del que es propietario el demandado Félix Kraidman y administradora su esposa la demandada Raquel de Kraid-man; que el 21 de julio de 1942, estando la demandante sirviendo como cajera en dicha tienda, en el momento en que hacía una nota de artículos comprados por una cliente, se acercó la demandada y requirió a la demandante para que le entregara, la nota que escribía para ser entregada a la cliente; que la demandada procedió entonces a constatar la nota con el precio de los objetos vendidos a la cliente y al notar que el valor de la mercancía sumaba $17.25 y que el valor total de la nota era de $15.55, no obstante haberle llamado la atención la demandante hacia el hecho de que la discrepancia no aparecía en la nota que ella había preparado para la contabilidad de la casa, la demandada Raquel de Kraidman le dirigió a la demandante, en presencia de la cliente y de otra empleada del establecimiento, las frases siguientes: “Tu eres una falsificadora y una ladrona, lár-gate ahora mismo ’ ’; que la demandante fue a ver al deman-dado Félix Kraidman y le contó lo ocurrido y éste, después de hablar con su esposa, le dijo a la demandante que su esposa tenía razón y la despidió de su empleo; que pocos días más tarde, en la oficina del Departamento del Trabajo, el demandado se avino a pagar a la demandante la suma reclamada por ésta, pero al hacerlo, en presencia de los empleados del Departamento y refiriéndose a la demandante, dijo: “Esta es una oficina para proteger pillos.”

Los demandados negaron en su contestación todos los hechos esenciales de la demanda, y en relación con el alegado incidente, expusieron en síntesis lo siguiente:

Que la empleada Elba González fué la que vendió á la cliente efectos por valor de $17.25 y -preparó una nota por esa misma cantidad, pasándola a la demandante para su cobro; que cuando la demandante se disponía a cobrar, la cliente pidió le dieran una nota para mostrársela a su esposo' y Elba González procedió a hacerla de memoria, pues la nota original la tenía la cajera; que debido a eso la nota así preparada resultó con un total menor que el de la nota origi- • nal y la cliente se quejó; que entonces la demandada recri-minó a Elba por haber preparado una nota de memoria y para satisfacción de la cliente ordenó que se abriera el paquete y se hiciera una nota de los efectos comprados; que en ese momento intervino la cajera, la demandante, alegando que la nota legítima era la que ella tenía, a lo que la señora Kraidman replicó: “Si ésa es una nota legítima, hay acaso alguna falsificada”; que la demandada recriminó a la ■demandante por la forma en qne la estaba tratando y enton-ces la demandante le dijo a la demandada: “Usted es nna torpe, cuando usted ve dinero se vuelve loca”.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia a favor de la demandante concediéndole la suma de $400, más las costas y $75 para honorarios de su abogado. Apelaron am-bas partes y por estipulación de éstas ambos recursos fueron ■sometidos por el mismo récord taquigráfico y transcripción de autos radicados por los demandados apelantes.

1. En apoyo del recurso por ellos interpuesto los deman-dados alegan que. la corte sentenciadora erró al apreciar la «videncia; que la demandante no presentó prueba alguna de los daños que alega haber sufrido; y que la sentencia recurrida es contraria a derecho y a la prueba.

Hemos analizado cuidadosamente toda la evidencia. La aducida por la demandante es a nuestro juicio suficiente para sostener las alegaciones de la demanda. También lo es la presentada por los demandados para sostener sus defensas. La prueba es, pues, contradictoria, y es a la corte sentenciadora, que vió y oyó declarar a los testigos de una y otra parte, a quien la ley ha encomendado la delicada misión de dirimir el conflicto que surge de toda la prueba. La corte inferior resolvió el conflicto en contra de los demandados, porque “quedó convencida de que las frases calumniosas fueron dichas'” y de que la demandada señora Kraidman actuó en forma injustificada. Bajo tales circunstancias y no habiéndose imputado al juez sentenciador pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la evidencia, ni la ■comisión de error manifiesto al apreciarla, es nuestro deber respetar su fallo.

Las frases proferidas por los demandados eran •calumniosas per se, porque con ellas se imputaba a la demandante la comisión de los delitos de • falsificación y hurto en relación con la venta de efectos y la preparación de la nota , de los efectos vendidos. La ley presume que la mera publicación de frases de ésa naturaleza es suficiente para causar daño a la parte agraviada, y ésta no está obligada a probar daños positivos (actual damages). Casanova v. González Padín, 47 D.P.R. 488; 36 C.J 1204; Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9; 37 C.J. pág. 115, pár. 564; Jaggard on Torts, Tomo 1, pág. 487; 17 R.C.L. 264; Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760.

2. El recurso interpuesto por la demandante se basa en que a su juicio la suma de $400 que le fué concedida es insuficiente para compensar los sufrimientos morales y daños positivos que le fueron causados por los demandados.

La corte inferior al fijar la cuantía de la indemnización hizo constar que las razones que tenía para no conceder una suma mayor eran, primera, que no se trataba de una calum-nia deliberada de antemano con el propósito de difamar; segunda, que los demandados son personas dé escasos recum sos y una suma mayor les sería muy gravosa; y, tercera, porque aún cuando la demandante fué humillada, el acto de los demandados no le ha impedido colocarse de nuevo, ya que los mismos demandados trataron de que ella volviera al establecimiento. La suma concedida es en verdad baja, pero tomando en consideración las razones que tuvo la corte para no hacerla mayor, no creemos que pueda decirse que la corte sentenciadora haya hecho mal uso de su discreción.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Peesidente SeñOR Travieso

text:
    María Planellas, asistida y con el concurso de su esposo Mauricio Verdejo, peticionaria y apelante, v. María Tula Pastrana Viuda de Planellas y su hijo adoptivo Ismael Planellas Pastrana, opositores y apelados.
    Núm. 8713.

    — Sometido: Febrero 8, 1944.

      Resuelto: Marzo 24, 1944.

      Samuel R. Quiñones, abogado de la apelante; R. Cuevas Zequeira, abogado de los apelados.
   El Juez Peesidente SeñOR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

María Planellas radicó una solicitud ante la Corte de Distrito de San Juan, en la que alegó: que es bija natural reconocida de Manuel Planellas Muñoz, por virtud de sen-tencia dictada por esta Corte Suprema en julio 29, 1941 (59 D.P.E. 372) y como tal heredera del mismo en la porción que determina la ley; que Planellas falleció en San Juan en febrero 19 de 1929, estando casado con María Tula Pastrana, sin haber otorgado testamento de clase alguna; y que las tínicas personas, además de la peticionaria, que pudieran tener algún derecho en los bienes de la herencia, que se estima tienen un valor de $40,000, son la viuda y un alegado hijo adoptivo nombrado Ismael Planellas. La solicitante suplicó que se declarase la administración judicial de los bienes y que se le nombrase administradora, previa presta-ción de fianza..

Comparecieron la viuda y el bijo adoptivo de Planellas, y en oposición a la solicitud de administración judicial ale-garon : que en agosto 2 de 1920, Manuel Planellas y su esposa Tula Pastrana adoptaron como hijo a Ismael Planellas; que en julio 13, 1929 la Corte de Distrito de San Juan declaró a ambos comparecientes únicos y universales herederos de Manuel Planellas; que en agosto 8 de 1929 los compare-cientes, como tales herederos, efectuaron la liquidación y participación de los bienes, los que fueron inscritos a su favor; que los comparecientes han estado en la posesión quieta y pacífica de dichos bienes desde el fallecimiento del causante hasta el día 13 de marzo de 1942 en que la peticio-naria radicó su demanda sobre nulidad de la declaratoria de herederos, estando dicho pleito pendiente de la resolución de excepciones previas; que la peticionaria no ha demostrado tener derecho al remedio solicitado y que la solicitud presen-tada no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

En marzo 2 de 1943, la corte de distrito dictó su resolu-ción declarando sin lugar la solicitud por entender que no existen bienes sobre los cuales pueda decretarse la adminis-tración judicial y que si ésta se decretase resultaría acadé-mica, y además, porque la peticionaria tiene un remedio legal adecuado dentro de la acción que ha establecido y en la que solicita la nulidad de la declaratoria de herederos. No es-tando conforme con dicha resolución, la peticionaria inter-puso el presente recurso. Y para sostenerlo alega que la corte inferior erró al no tomar en consideración que los hechos de la solicitud fueron admitidos por los opositores y que éstos no ofrecieron prueba alguna para sustanciar sus alegaciones; y al declarar sin lugar la solicitud por los mo-tivos expuestos en la resolución recurrida.

Convenimos con la apelante en que la solicitud, de administración judicial por ella radicada contiene todas las alegaciones requeridas por el artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil; y que esos hechos, al no ser controvertidos, bastarían por sí solos para justificar el nombramiento de un administrador judicial. Los opositores apelados admitieron que Manuel Planellas falleció en 1929 sin haber otorgado testamento; que la peticionaria fue declarada hija natural reconocida del finado Planellas, por sentencia de esta Corte Suprema; y que Planellas dejó bienes sujetos a partición, los cuales éstán en poder de los opositores por haber sido éstos declarados herederos del finado.

Los hechos en Martínez v. Crosas, Juez, 26 D.P.R. 224, y en Martínez et al. v. Martínez, 26 D.P.R. 157, citados por la parte apelante, son casi idénticos a los del presente caso. Don Víctor Martínez falleció en 1912 dejando bienes sujetos a partición, los cuales se encontraban en poder de Víctor P. Martínez, heredero legítimo del causante. Algunos años más tarde, Pedro Angel y Laura María Méndez fueron declarados por sentencia hijos naturales reconocidos de don Víctor con derecho a heredar en unión del hijo legítimo. Solicitada la administración judicial, se opuso el hijo legítimo. La corte de distrito la decretó ordenando que se diera posesión de los bienes al administrador. Esta Corte Suprema sostuvo la validez del nombramiento, por entender que “los bienes que pueden ser ocupados por la administración judicial de una testamentaría son aquéllos que se hallaban en poder del causante al tiempo de su muerte”.

Por la sentencia dictada por esta Corte Suprema en Planellas v. Sucesión Planellas, 59 D.P.R. 372, se declaró que María Planellas Díaz es hija natural reconocida de Manuel Planellas Muñoz, y se ordenó la inscripción del reconoci-miento en el Registro Civil correspondiente. Ese recono-cimiento es legalmente suficiente para conferir a María Planellas el status de presunta heredera de su padre Ma-miel Planellas, con derecho como tal heredera a solicitar la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento de su padre. La declaratoria de hija natural reconocida a favor de María Planellas dehe retrotraerse a la fecha del fallecimiento de su padre natural. Antongiorgi v. Antongiorgi, 28 D.P.R. 869, 878.

¿Estaba obligada María Planellas a recurir a un pleito ordinario para reclamar los bienes que puedan corresponderle como heredera de su padre? La pregunta fue contestada en la negativa en Martines et al. v. Martines, supra, diciendo:

‘‘Pasando ahora a los méritos de la apelación, el hecho de que un hijo legítimo esté en posesión de los bienes e impugne todos los pasos dados por otros herederos para el nombramiento de un admi-nistrador judicial, no hace necesario que los otros herederos recu-rran a un pleito ordinario. La posesión de los bienes y otras cosas análogas, podrán ser quizás cuestiones a resolver entre el adminis-trador judicial y el heredero que tiene la posesión, pero ol hecho de que un heredero esté en posesión de los bienes, y niegue los de-rechos de los otros herederos, es justamente un caso propio para el nombramiento de un administrador judicial sujeto al control de la corte.’

La doctrina sentada en Martinez et al. v. Martinez, supra, fue aplicada nuevamente en Pérez et ál. v. Alvarez, 32 D.P.R. 157, en donde se sostuvo, copiando del sumario, que “cuando la viuda que resiste la administración judicial bajo el fundamento de que los bienes relictos le pertenecen exclu-sivamente por haberlos adquirido, parte por herencia y el resto por compra con peculio propio estando casada con el causante, no prueba esta última circunstancia aunque pruebe la adquisición de parte a título de herencia, procede decretar la administración judicial solicitada por herederos capaci-tados para pedirla.”

En el caso de autos los opositores apelados han admitido la condición de hija natural reconocida que tiene la peticio-naria y como tal su derecho a reclamar lo que pueda corres-ponderle en la herencia de su difunto padre. Han admitido igualmente que el difunto Planellas dejó bienes muebles e inmuebles sujetos a partición y que esos bienes se encuentran ahora en poder de los opositores por virtud de una liquida-ción, partición y adjudicación practicada por ellos, sin la intervención de la peticionara.

El objeto del nombramiento de un administrador de los bienes de un finado es incautarse de esos bienes y conservarlos y defenderlos para que puedan ser distribuidos más tarde entre las personas que puedan tener derecho a recibirlos como herederos del causante.

Habiendo dejado Planellas bienes sujetos a partición, los que se encuentran en poder de los opositores; reconocido el derecho de la peticionaria a reclamar el todo o parte de dichos bienes como heredera de su padre; y existiendo un conflicto de intereses entre la citada heredera peticionaria y los opositores, conflicto que deberá ser dirimido en el pleito incoado por la peticionaria contra los opositores, en el que se solicita una declaración de nulidad de la declaratoria de herederos hecha a favor de la viuda e hijo adoptivo del causante, opinamos y así lo resolvemos, que la corte inferior erró al declarar sin lugar la solicitud radicada por la peti-cionaria apelante para el nombramiento de un administrador judicial. El hecho de que la peticionaria haya iniciado una acción plenaria, para que dentro de elía se adjudiquen los derechos que cada una de las partes pueda tener para recla-mar la herencia de Manuel Planellas, no es óbice para el nombramiento de un administrador judicial de los bienes envueltos en la controversia, quien tendrá el deber de con-servarlos y defenderlos, bajo el control de la Corte, para entregarlos en definitiva a aquel o aquellos que demuestren su derecho a heredarlos dentro de la acción plenaria ya in-coada. Véanse Gábanillas v. Torrents, 32 D.P.R. 42, 45 y Jiménez v. Cruz, 33 D.P.R. 228.

Por las razones expuestas procede revocar la resolución recurrida y devolver el caso a la corte inferior para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Logia Caballeros del Plata Núm. 9758 de Cayey, representada por su Presidente, Sr. Emilio Aponte, demandante y apelante, v. Lucía García Méndez y Miguel García Méndez, demandados y apelados.
    Núm. 8851.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Marzo 28, 1944.

      Tibaldo Aponte, abogado -de la apelante; Víctor M. Tons, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada el 6 de agosto de 1936, la Logia demandante vendió a la demandada doña Lucía García Méndez un solar con casa de madera radicados en el pueblo de Cayey. En la demanda interpuesta por la Logia se alega como primera causa de acción que el contrato de compraventa contenido en dicha escritura es inexistente por las razones siguientes:.

(1) Porque aun cuando en la escritura aparece como com-pradora Lucía García Méndez, el verdadero comprador lo fué el otro demandado,- Miguel García Méndez, quien era en esa fecha miembro de la Logia y de su Junta de Directores.

(2) Porque desde la fecha del contrato el demandado Miguel García Méndez ha estado en la posesión material de la finca, actuando como su único dueño, sin que en ningún mo-mento actuara como dueña la otra demandada.

(3) Porque la Junta Directiva de la Institución en Cayey carecía de facultad para enajenar la finca sin el consenti-miento de la Gran Orden Unida de Oddfellows de América, el cual nunca fué obtenido.

Como segunda causa de acción se alega que los demanda-dos, sin título para ello y contra la expresa voluntad de la demandante se encuentran en la posesión material de la finca, la que tiene un valor de $5,000. Pide la demandante que se declare inexistente y nulo el contrato de compraventa y que se condene a los demandados a entregar la finca a la deman-dante y a pagar costas y honorarios de abogado.

Comparecieron los demandados y formularon excepción previa a la demanda alegando (a) que los hechos alegados son insuficientes para constituir causa de acción; (6) que la acción de nulidad que se ejercita está prescrita .a tenor de lo dispuesto en el artículo 1268 del Código Civil (art. 1253, Ed. 1930), por haber transcurrido más de cuatro años desde agosto 6, 1936, fecha del otorgamiento del contrato, hasta julio 7, 1941 en que se radicó la demanda; (c) que la de-manda es ambigua, ininteligible e imprecisa; y (d) que la demandante no tiene capacidad legal para demandar. La Corte de Distrito de G-uayama declaró con lugar la excepción previa en todas sus partes y a petición de la demandante dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante. Ésta interpuso el presente recurso, seña-lando como errores cometidos por la corte inferior el haber declarado con lugar cada uno de los fundamentos de la excep-ción previa.

La primera cuestión a resolver es si los hechos alegados como base de la primera causa de acción y admitidos por la excepción previa, son suficientes para dar derecho a la demandante al remedio que solicita.

La Logia demandante, afiliada a la Gran Orden Unida de Oddfellows de América adquirió la finca en litigio. Desde el momento en que se efectuó esa adquisición, la finca no podía ser enajenada sin el consentimiento de la citada Gran Orden. En agosto 6 de 1936, sin obtener el consentimiento de la Gran Orden, la finca fué simuladamente vendida a Lucía García Méndez, siendo el verdadero comprador Miguel García Méndez, miembro y director de la' Asociación dueña del inmueble. Estos hechos, admitidos por la excepción, son a nuestro juicio suficientes para establecer un caso prima facie de inexistencia de contrato, pues no puede haber con-trato cuando falta el requisito esencial del consentimiento de una de las partes contratantes. (Art. 1213 del Código Civil). Si la Logia demandante no estaba legalmente facultada para consentir y la Gran Orden no otorgó el consentimiento nece-sario para poder enajenar el inmueble, es inevitable la conclusión de que si esos hechos fueren sostenidos por la evidencia, la inexistencia del contrato quedaría satisfactoria-mente establecida. Los fundamentos expuestos por la corte inferior para sostener la excepción - en cuanto a la alegada insuficiencia de la primera causa de acción son erróneos. Em-pero, la demanda interpuesta adolece de una insuficiencia que puede ser subsanada y que debe serlo antes de que la acción que se trata de ejercitar pueda prosperar. No se alega en dicha demanda que la Logia demandante haya de-vuelto o esté dispuesta a devolver o haya ofrecido devolver a los demandados la suma pagada por éstos a los represen-tantes de la Logia como precio por la adquisición del solar. Y en cuanto a ese particular, la excepción previa debe ser sostenida, con permiso a la demandante para enmendar su demanda.

La segunda causa de acción depende para su éxito del éxito de la primera. Si se declarase que el contrato de compraventa envuelto en la primera causa de acción es inexistente, el dominio de la finca en litigio nunca pasó a los demandados y la demandante tendría derecho a reivindicar el inmueble.

La alegada ambigüedad e imprecisión de la demanda es fácilmente explicable. La Logia demandante, según se alega en el párrafo primero de la primera causa de acción, está afiliada a la Giran Orden Unida de Oddfellows de América. En el inciso (3) del párrafo cuarto se alega que desde que la finca “fué adquirida por la demandante”, pasó a ser propiedad de la Gran Orden y la Logia en Cayey “carecía de facultades para enajenar esta propiedad sin el consentimiento de la Gran Orden o de alguna de sus Juntas de Gobierno”. Aún cuando las alegaciones de dicho párrafo no son un modelo de claridad y perfección, ellas son suficientes para informar al que las lee, que la Logia demandante adquirió para^sí la finca, pero sujeta a la limitación de que no podría disponer de ella sin obtener previamente el consentimiento de la Gran Orden.

También erró la corte inferior al sostener la excepción previa en cnanto a la alegada falta de capacidad legal de la demandante. En la demanda se alega qne la demandante “es nna institución con fines no pecuniarios inscrita bajo las leyes de Puerto Rico”. Es indudable que la alegación sería más perfecta si se hubiese dicho que la demandante “es una asociación organizada para fines no pecuniarios de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y debidamente inscrita en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico”. Empero, lo alegado es a nuestro juicio suficiente para informar a los demandados, quienes pretenden derivar su título del de la demandante, que ésta es una asociación de fines no pecuniarios y como tal capacitada para demandar y ser demandada. íAdemás, el alegado defecto fué subsanado por el apartado (b) del Pliego de Particulares, en el que se hace constar que la demandante se constituyó como entidad jurídica al amparo de la Ley para Incorporar Asocaciones con fines no pecuniarios, de marzo 9, 1911.

¿Prescribió por el transcurso de cuatro años la acción sobre inexistencia de contrato, que es la que se ejercita en .este caso?

El artículo 1213 del Código Civil (Ed. 1930) dispone que no hay contrato cuando no concurre el consentimiento de los contratantes. La demandante alegó y los demandados ad-mitieron que la Giran Orden Unida de Oddfellows de Amé-rica, que era la entidad facultada para consentir la venta de la. finca adquirida por la Logia demandante, nunca dió su consentimiento para el otorgamiento de la escritura de agosto 6 de 1936. Faltando ese consentimiento, es preciso resolver que el alegado contrato de compraventa nunca tuvo existen-cia legal. Si la demandante no tenía capacidad para vender la finca, el contrato nunca adquirió existencia legal, pues la capacidad es “precedente indispensable para que pueda concurrir uno de los requisitos de aquél: el consentimiento.” Manresa, Yol. 8, pág. 628.

La ación que se ejercita en este caso no es la de nulidad de contrato. Para qne proceda la acción de nulidad es nece-sario que el contrato tenga existencia legal por haber con-currido en el mismo los tres requisitos que exige el art. 1213 — consentimiento, objeto cierto y causa. Y ya hemos visto que en este caso no hubo consentimiento por parte de la entidad facultada para otorgarlo.

No estamos conformes con la opinión de la corte inferior en cuanto a que el contrato en este caso es anulable y no inexistente porque la Gran Orden podría, si quisiera, ratifi-carlo.

Las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil, ed. 1930, no son aplicables cuando la acción que se ejercita se basa en la inexistencia del contrato. Emanuelli v. Cadierno, 50 D.P.R. 134, 146. Erró por tanto la corte inferior al resolver que la acción estaba prescrita.

Debe revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión, con instrucciones a la corte inferior para que conceda a la demandante un término de diez días para enmendar su demanda.