author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    San Juan Hippodrome Company, Demandante y Apelada, v. Comisión Hípica Insular, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en nn caso de injunction.

    No. 1050.
    Resuelto en junio 15, 1914.
    Cuestión Abstrata — Palta be Conflicto Entre las Partes — Desestimación de la Demanda. — Cuando en un pleito se trata únicamente de obtener una resolución judicial acerca de una cuestión abstracta de derecho, sin que se alegue en la demanda la existencia real de nn conflicto entre ambas partes, debe desestimarse la demanda.
    Id. — Comisión Hípica Insular — Nulidad del Reglamento de Dicha Comisión.— Cuando, como en este caso, el objeto de la demanda es anular el regla-mento de la Comisión Hípica Insular que autoriza a dicha comisión para nombrar los oficiales técnicos de los hipódromos de la isla y la única alega-ción de la demanda relativa a la controversia entre las partes es que dicha comisión nombró los oficiales, sin que conste si éstos aceptaron sus cargos y estaban dispuestos a tomar posesión de los mismos, sin que aparezca que se obligara de algún modo a la demandante y sin que se alegue la existencia de nn verdadero conflicto actual entre las partes, es necesario concluir que la cuestión planteada es de carácter abstracto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La apelada no compareció.
    Ahogado de la apelante: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación contra sentencia de la Oorte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declarando perpetuo cierto auto de injunction preliminar expedido contra la Comisión Hípica Insular.

En la demanda que se presentó el 4 de octubre de 1913, se alega, en resumen:

1. Que la demandante es una corporación organizada con arreglo a las leyes de Puerto Pico, que realiza aquí sus nego-cios y que está inscrita en la Secretaría del Gobierno de la Isla.

2. Que el demandado, la Comisión Hípica Insular, es un cnerpo creado por una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Pico, aprobada el 13 de marzo de 1913.

3. Que para el 5 de octubre de 1913, la corporación deman-dante, que posee desde bace algún tiempo en Santurce, San Juan, un hipódromo, que maneja y dirige con arreglo a sus reglas interiores, tiene concertadas algunas carreras de caballos.

4. Que el día 3 de octubre de 1913, el demandado dirigió al demandante una carta que se acompaña a la demanda. La carta, copiada en lo pertinente, dice así:

“Tengo el honor de participar a usted que la Comisión Hípica Insular, en virtud de las facultades que le concede el artículo 16 del Reglamento, Reglas y Condiciones adoptadas en virtud de una ley de la Asamblea Legislativa de 13 de marzo del corriente año, ha tenido a- bien hacer los siguientes nombramientos de oficiales hípicos, para tener efecto inmediatamente: Jurados: José Coll y Cuchí. Ramón Halcón. W. F. Percey. Secretario del jurado: José Blanco. Jueces de inscripciones: Adalberto Díaz Moll. Juez de salida: Emilio Egoz-cue. Inspectores de pista: Eugenio Jiménez Olas. Antonio Pérez. Inspector de bancas: Celestino Vélez. Inspector de peso: Guillermo Escudero. Veterinario oficial: Dr. Jack' Dunn.
“Ruego a usted se sirva tomar las medidas necesarias, para que los señores anteriormente nombrados tomen posesión de sus respecti-vos cargos en las carreras que han de verificarse el domingo próximo día 5 del corriente. El haber que han de recibir estos oficiales hípi-cos, como remuneración por sus servicios, es el mismo señalado por esa directiva hasta‘hoy.”

5. Que la demandante estaba incorporada y bacía sus ne-gocios en Puerto Rico antes de decretarse por la Asamblea Legislativa la. “Ley para enmendar la Ley para crear una Junta Insular de Ferias qne tenga por objeto celebrar anual-mente una exposición de industrias agrícolas y en general lucrativas de la Isla, y para otros fines,” aprobada en 10 de marzo de 1910.

6. Que la corporación demandante tiene su Directiva y sus oficiales y empleados nombrados con arreglo a sus cláu-sulas de incorporación y a los estatutos que la rigen.

7. Que la demandada dictó el 15 de agosto de 1913, para empezar a regir el 1 de octubre de 1913, un Reglamento, que se acompaña a la demanda.

8. Que el artículo 16 de dicho Reglamento prescribe:

“Artículo 16. — (a) Los oficiales hípicos de los hipódromos a que se refiere el artículo anterior serán nombrados y separados libremente por la Comisión Hípica Insular.
“(ó) La Comisión Hípica Insular, comunicará oficialmente por escrito a la junta directiva de cada, hipódromo el nombramiento y separación de los oficiales hípicos del mismo
“ (c) Los oficiales hípicos de cada hipódromo percibirán por sus servicios la remuneración que de tiempo en tiempo señale la Comi-sión Hípica Insular; la que será pagada por la persona encargada de la administración de los fondos de la corporación que esté cele-brando carreras y por cuenta de ésta.”

9. Que la ley por virtud de la cual se creó la Comisión Hípica Insular, no le confiere expresa ni implícitamente las íacultades que se ha abrogado, al dictar el artículo 16 transcrito.

10. Que la demandante tiene informes de que la deman-dada trata de suspender por medio de la fuerza armada las carreras fijadas por la demandante para el 5 de octubre de 1913.

11. Que sería muy difícil apreciar la cuantía de los per-juicios, etc., y que la demandante carece de todo otro recurso, ■etc.

12. Que los daños y perjuicios en todo caso serían ma-yores de quinientos pesos.

La demanda termina suplicando que se expida un auto de injunction preliminar dirigido contra el presidente de la comisión demandada, ordenándole que se abstenga por sí o. por medio de ninguna otra persona de poner en vigor y tratar de bacer cumplir el artículo 16 de su Beglamento, y, en su consecuencia, que se abstenga en la misma forma de impedir o tratar' de impedir que la demandante lleve a efecto las carreras do caballos que tiene señaladas para el día 5 de octubre de 1913; y en definitiva, que se dicte un injunction perpetuo contra la demandada prohibiéndole que ejecute los actos que se tratan de evitar por medio de la demanda.

La corte de distrito el 5 de octubre de 1913 fijó el día 11 del propio mes para la comparecencia de la demandada y la puso en entredicho, previa fianza de trescientos dollars.

El once de octubre compareció en efecto la demandada y alegó:

“Que la sección 6 de una ley titulada: ‘Ley para enmendar una ley titulada: “Ley para crear una Junta Insular de Ferias que tenga por objeto celebrar anualmente una exposición de productos agrícolas e industriales de la Isla, y para otros fines,’’aprobada el 10 de marzo de 1910,’ que fué aprobada el 13 de marzo de 1913, con-fiere a la Comisión Hípica Insular, la facultad de prescribir las reglas, reglamentos y condiciones por las cuales debe regirse la celebración de carreras en esta Isla, y que el artículo 16 del Reglamento, Reglas y Condiciones adoptado por la Comisión Hípica Insular está autori-zado por la citada disposición legal.”

La demandada solicitó la desestimación de la demanda- y, sin que se practicara prueba alguna, el caso quedó definitiva-mente sometido a la consideración de la corte de distrito-habiendo sido resuelto el 14 de octubre de 1913 por la sen-tencia a que nos hemos referido y contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

La primera cuestión que surge después de leída la de-manda, es la de si por ella se establece un verdadero caso que deba ser resuelto por una corte de justicia.

En la demanda, presentada el 4 de octubre de 1913, se alegó como becbo concreto para pedir el auxilio de la corte, ■el de la celebración de las carreras fijadas para el día si-guiente § de octubre de 1913. Pasó él 5 de octubre. Las carreras debieron celebrarse, y en la actualidad nada existe pendiente con respecto a las mismas, dentro de este proce-dimiento, que requiera la acción del tribunal.

Se dirá tal vez que el becbo de las carreras del 5 de octu-bre se consignó como un mero accidente y que la verdadera cuestión fundamental envuelta en el recurso es la de si la Comisión Hípica Insular tiene o nó facultades para nombrar los empleados técnicos de los' hipódromos de Puerto Eico. Si esto es así, tendremos que llegar entonces a la conclusión de que lo que se ba sometido a la decisión de la corte no es un ver-dadero pleito, sino una cuestión abstracta que la corte no está obligada a considerar ni menos aun a resolver.

El becbo de que la Comisión Hípica Insular dirigiera al hipódromo de San Juan la carta que hemos transcrito al hacer el resumen de la demanda, por sí solo no es suficiente para justificar a la demandante en acudir a la corte en demanda de justicia. Nada se consigna en la demanda con respecto a si los funcionarios nombrados habían aceptado sus cargos y estaban dispuestos a tomar posesión de los mismos; nada se expresa en relación con las gestiones que pudiera haber prac-ticado el demandante cerca de la demandada. En ninguna parte de la demanda consta el verdadero conflicto actual que requiera la intervención de la corte. A nada se obligó al demandante y todo demuestra que la acción entablada por el mismo fué a lo menos prematura y no puede en tal virtud servir de base a una resolución judicial;

En el año de 1907 la Liga de Propietarios de San Juan entabló una demanda contra la ciudad de San Juan pidiendo a la corte que declarara nulas y sin efecto algunas disposi-ciones de cierta ordenanza aprobada por el municipio en el año de 1906. La ordenanza en cuestión tenía por objeto regularizar el servicio del recogido de basuras e inmundicias y la forma en que debían ser expuestas por los vecinos de la ciudad, e impuso a éstos ciertas obligaciones. En la de-manda se alegaron como es consiguiente los huellos nece-sarios, según la parte demandante, para determinar que los vecinos no estaban obligados a cumplir los deberes que les imponía el municipio, por carecer éste de facultades para dic-tar la ordenanza. El pleito fué decidido en la corte de distrito por las alegaciones, entrando el juez sentenciador en el fondo de la cuestión, y resolviendo que los hechos alegados en la demanda no aparejaban la nulidad de las disposiciones' de la ordenanza de que se quejaba la parte demandante.

Se estableció recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo y la corte confirmó la sentencia apelada, (14 D. P. R., 86), por el fundamento de que la corte de distrito no tenía jurisdicción para resolver la cuestión planteada, puesto que no podía seguirse un pleito con el fin directo de anular un estatuto sin demostrarse que existe independiente-mente de dicha cuestión abstracta, una causa bona fide entre las partes.

En la opinión del tribunal, emitida por su Juez Asociado Sr. MacLeary, se estudia ampliamente la materia, se citan y aplican muchas decisiones de las cortes americanas y se esta-blece la siguiente doctrina:

“Las cortes están abiertas para todo el mundo por cualquier per-juicio que se le haya causado en sus terrenos, bienes, persona o repu-tación. Las cortes no tienen la obligación de, ni pueden, resolver controversias ficticias.
“El consentimiento de las partes en un pleito no puede conferir a un' tribunal jurisdicción sobre la materia de un litigio cuando-no está autorizada por la ley. ■ Solamente la legislatura fija, mediante una ley, la jurisdicción, de los tribunales.”

Examinando este caso concreto de el hipódromo de San Juan contra la Comisión Hípica Insular, a la luz de la anterior doctrina, opinamos que la única resolución que cabe dictar en el mismo es la de declarar que apareciendo de la demanda que el fin principal y único del pleito fúé el de que se resol-viera sobre la validez o la ilegalidad de nna disposición regla-mentaria dictada por nna comisión creada por la Asamblea Legislativa de Pnerto Pico, sin qne bnbiera llegado a snrgir nn verdadero conflicto actnal entre las partes, se ha- presen-tado a la corte únicamente nna cnestión abstracta qne la corte no debe ni puede resolver, y en sn consecuencia qne debe revo-carse la sentencia apelada y dictarse en sn lngar otra deses-timando totalmente la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada 'la sentencia apelada y desestimada la demanda.

Jueces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hntcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Font, Demandante y Apelante v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia. en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios
    No. 1058.
    Resuelto en junio 15, 1914.
    Tbanvías Eléctricos — Colocación de Tablones en la Vía — Conocimiento de la Compañía. — Cuando de la prueba resulta que por espacio de seis meses’ ban existido unos tablones colocados sobre un trozo de la vía de una com-pañía de tranvías eléctricos para facilitar el paso a través de la misma, dicha compañía, aunque se demuestre que no fué la que eoloeó los tablones, ni que prestara su consentimiento en regla para que fueran colocados por otra persona, no puede alegar ignorancia, debiendo presumirse que aceptó tal hecho y, en tal virtud, que debe estar y pasar por todas las consecuencias que’ puedan derivarse de su aceptación. ■ • ■ ■ ■
    Id. — Accidente—Juego Sobre la Vía — Estoppel.—Cuando de la prueba resulta que el demandante al ser arrollado por el tranvía eléctrico, estaba jugando sobre unos tablones colocados sobre la vía, con el objeto de facilitar el paso-a través de la misma, dicho demandante está impedido de reclamar, indem-nización de daños y perjuicios fundado en que la causa del accidente fué. el estado defectuoso de dichos tablones.

      Negligencia' — Niños—Cuidado que Deben Ejercitar. — Aun euancio la ley no , exige a los niños el mismo grado de cuidado y prudencia que a los adultos, sin embargo aquéllos están obligados a ejercitar el mismo grado de cuidado que acostumbran observar los niños prudentes de la misma edad e inteli-gencia en casos semejantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Joseph Anderson, Jr. jDa-mián Monserrat, Jr.

    Abogado de la apelada: Sr. J. H. Brown.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre indemnización por daños a la persona de nn niño.

En la demanda se alega, en resumen, que el demandante es nn menor de edad, de diez .años poco más o menos, resi-dente en San Juan, y la demandada una corporación organi-zada y haciendo sus negocios bajo las leyes de Puerto Rico, con su oficina en San Juan; que dicha demandada es y era en la fecha que se indicará, la dueña y operadora de una línea de tranvías, movidos por fuerza eléctrica, a lo largo de la carretera, pasando por el suburbio de San Juan conocido por Santurce; que a eso de las ocho y media de la noche del 20 de marzo de 1912, el demandante, encontrándose en una tienda situada al lado sur de la carretera, y cerca de la parada 21 de la vía- de la demandada, con el objeto de hacer varias compras, salió de dicha tienda, y habiendo visto que uno de los carros de la demandada se había detenido en la parada 21 y teniendo tiempo suficiente para cruzar, el demandante pisó la vía de la demandada con intención de cruzarla; que el sitio por donde el demandante intentó cruzar, ejercitando diligencia y cuidado razonables, se usa para ello por el pú-blico y estaba bien iluminado; que cuando el demandante había ya casi atravesado la vía penetró un pie dentro de un espacio entre ciertos' tablones que habían sido colocados con permiso de la demandada, entre los raíles para facilitar el cruce por dicho sitio, quedando cogido de tal manera que le fue imposible extraerlo; que en ese mismo momento el carro -de la demandada qne se había detenido en la parada 21, empezó de nuevo sn marcha en dirección a donde se encon-traba el demandante; qne éste hizo esfuerzos supremos para libertarse y gritó al motorista: “pare, pare, que me va a matar,” cuando el motorista pudo oirle y cuando aun tenía tiempo de detener el carro; que el motorista negligente y descuidadamente permitió*que el carro siguiera corriendo y arrolló al demandante de modo tal que su pie derecho fué des-trozado habiendo habido necesidad de amputarle la pierna un poco más abajo de la rodilla; que, además, la demandada ¡fue negligente al' permitir que los tablones fueran colocados permanentemente sobre su propiedad y como una invitación al público para que cruzara por dicho sitio, en tales condi-ciones que constituían una amenaza para el público y diéron por resultado el daño ocasionado al demandante; que los tablones estaban parcialmente destruidos hacia sus puntas habiendo un espacio suficiente entre el raíl y el tablón, a la parte de ¿dentro del raíl que da al norte de la carretera, que permitió que el pie calzado del demandante’resbalara y ca-yera dentro de la abertura; que a consecuencia de la negli-gencia de la demandada en el manejo del carro yi en haber permitido los tablones en el estado en que se encontraban, el demandante ha sufrido física y moralmente, perdiendo su pie derecho y parte de la pierna, quedando para siempre mutilado y humillado al tener que usar muletas, y habiendo gastado grandes sumas de dinero en médico, cirujano y medi-cinas. Por todó lo cual el demandante pidió a la porte que condenara a la demandada a pagarle la suma de treinta mil pesos y las costas, gastos y honorarios de abogado.

La demandada contestó específica y ampliamente las ale-gaciones de la demanda, aceptando el hecho de la realidad del accidente, pero negando que hubiera sido negligente en el manejo de su carro y que hubiera permitido la colocación de ■tablones en tal sitio, ni que fuera responsable por dicha colo-cación ni por las condiciones en que los tablones se encon-traban. Alegó, además, la demandada, como defensas espe-ciales: (a) qne el accidente snfrido por el demandante y los daños qne recibió en sn consecnencia, fneron debidos única-mente a sn cnlpa y negligencia, y (ó) qne ann en el caso de baber sido negligente el motorista empleado de la deman-dada, medió también como cansa próxima del accidente la cnlpa y negligencia contribntoria del demandante.

En el acto de la vista ambas partes practicaron sns prue-bas, y la corte, el 1 de agosto de 1913, dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas. Contra dicha sentencia, la parte demandante inter-puso el presente recurso de apelación.

El demandante imputó a la demandada, como hemos visto, dos formas distintas de negligencia, a saber: en el manejo del carro y en la colocación de los tablones. Procederemos a sn estudio en el orden en qne fneron establecidas.

La prueba con respecto a cómo ocurrió el accidente resultó' contradictoria y fné apreciada por la corte sentenciadora como demostrativa de qne “el demandante, qne desde algún tiempo antes de ocurrir el suceso, se encontraba jugando con otros muchachos por los alrededores donde fué arrollado, intentó cruzar precipitadamente la vía, estando ya en moción el carro eléctrico qne venía de la parada 21, a una distancia muy corta, y cuando ya casi había cruzado la referida vía, introdujo el pie derecho entre los tablones y el raíl, con tan mala suerte que no tuvo tiempo para extraerlo y escapar del peligro, pasándole el carro por encima de una pierna y oca-sionándole el consiguiente daño. Los gritos del joven Pacheco y el desgraciado suceso, fueron casi simultáneos, pues el motorista, a pesar de los esfuerzos que hizo, no tuvo tiempo para detener el carro y evitar el accidente. ’ ’

Hemos estudiado cuidadosamente toda la prueba practi-cada. Dos testigos del demandante narran el suceso en forma más o menos parecida a la descripción que de él se hace en la demanda. Los testigos de la demandada sostienen que el suceso ocurrió en forma distinta, esto es, que él deman-dante se encontraba jugando y con otros muchachos cruzó precipitadamente la vía cuando el carro estaba ya en movi-miento y muy cerca y fue imposible detenerlo no obstante todos los esfuerzos que en tal sentido hizo el motorista.

La prueba resultó, pues, contradictoria y la corte de dis-trito aceptó como cierta la versión de los testigos de la parte demandada. La parte demandante no ha demostrado que la corte sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio' o parcialidad. Del examen que hemos hecho de las pruebas, ijampoco hemos encontrado que se haya cometido por la corte ningún error manifiesto al apreciarlas. Y en tal virtud,, de acuerdo con la jurisprudencia repetidamente establecida, debemos aceptar como correctas las conclusiones del tribunal sentenciador, y aceptándolas, no es posible sostener que el accidente que privó de uno de sus pies al demandante, se deba a la negligencia de la demandada en la conducción del carro eléctrico.

Veamos si la demandada fué negligente en lo que respecta a la condición en que se encontraban los tablones.

La prueba demuestra que los tablones no fueron colocados por la demandada, sino por el dueño de cierto establecimiento mercantil que existe frente al sitio en que ocurrió el accidente, con objeto de facilitar el paso a pie desde la carretera al establecimiento. No consta con toda claridad que la deman-dada concediera permiso en regla para la colocación de los tablones, pero como es un hecho cierto que estuvieron allí colocados por espacio de seis meses, la compañía demandada no puede alegar ignorancia Por lo menos, aceptó el hecho y tiene que estar y pasar por todas las consecuencias que pue-dan derivarse de su aceptación.

' Tampoco es clara la prueba con respecto a la naturaleza del defecto y a si pudo o nó ser observado y corregido a tiempo por la compañía demandada. Pero asumiendo que el defecto era patente y que la compañía demandada debió haberlo reparado, aun así nos encontramos con que la prueba, según la versión aceptada como cierta'por la corte sentencia-dora, demuestra que el demandante no usó de los tablones para los fines para los cuales fueron colocados, esto es, para atravesar desde la carretera al establecimiento a verificar algún negocio, sino para jugar con los carros, y mientras el demandante se encontraba ejercitándose con otros mucba-cbos en ese juegvo peligroso, tuvo la mala fortuna de ser cogido por el carro eléctrico de la demandada, sin culpa por parte del motorista encargado de guiarlo. El testigo Dimas An-tolín, declaró, página 45 de la transcripción, entre otros extremos, que “como una bora antes del suceso estuvo mi-rando al mucbacbo Pont en aquel sitio. Estaba jugando con otros más; había veces que se-acostaban en la vía cuando subía el trolley, y se decían unos a los otros, ‘mira, que te coge,’ ‘no me coge nada,’ y pensó que les iba a ocurrir una desgracia.” Y el testigo Mariano Figueroa declaró, página 49 de la transcripción, también entre otros extremos, que ‘ ‘ estando el 29 de marzo en la tienda esa frente a la de Fernando Carrasquillo, vió que tres niños se entretenían jugando en la acera del frente de la tienda y en momentos en que el carro ya venía muy cerca intentaron cruzar la vía pasando los dos primeros y cayendo el último.”

Siendo esto así, de acuerdo con la jurisprudencia, el de-mandante está impedido de reclamar basándose en que los daños que recibiera se debieron a la existencia del defecto en los tablones colocados sobre la vía de la compañía demandada.

“Una persona que usa un camino meramente para jugar, y que sufre un daño ocasionado por un defecto existente en el mismo, no puede sostener una acción por daños y perjuicios contra la ciudad o pueblo obligado a conservar el camino en buen estado para los via-jeros.” Margaret Fighe v. City of Lowell, 119 Mass., 472.
“El demandante recibió un daño por defecto en el camino mien-tras lo usaba con el propósito expreso de celebrar carreras de caballos. Se resolvió: Que no podía entablarse una acción contra la ciudad que tenía el deber de reparar el camino.” McCarthy v. Portland, 67 Me., 167; 24 A. R., 23.
“Una persona mayor de edad que está jugando con un perro en la acera y que no se dirija hacia ninguna parte, no puede sostenerse que está usando el camino de tal manera que le dé derecho'a ser indem-nizada por los perjuicios causados por los defectos que allí existan.” Jackson v. Greenville, 27 L. R. A., 527.

En resumen, diremos que un examen detenido de la tota-lidad del caso, demuestra que el demandante recibió el daño de que se queja a consecuencia de su propia culpa y negli-gencia y no a consecuencia de la culpa y negligencia de la demandada. Pero aun cuando pudiera concluirse que la com-pañía demandada babía sido negligente en cierto modo con motivo de la colocación de los tablonos, la negligencia contri-butoria del demandante es tan clara, que nunca permitiría que pudiera dictarse una sentencia favorable a sus preten-siones.

Terminaremos nuestra opinión citando la siguiente juris-prudencia establecida en una decisión de la Corte Suprema del Estado de Maine, por virtud de la cual se resolvió un caso muy parecido a este dé Ricardo Pont Pacheco contra Porto Rico Railway, Light and Power Co.

“Bn un caso en que al tratar una niña de diez años y siete meses de edad de atravesar la vía de un tren eléctrico en una calle, el carro le pasa por encima, y' en el que aparece que al intentar cruzar la vía, el carro pudo haber sido visto perfectamente por ella, y que entre ambos no podía existir una distancia mayor que la del largo de dicho carro; si resulta, además, evidente que dicha niña dejó de mirar para cerciorarse de la aproximación del carro y si lo hizo debió haberlo visto, se resolvió: que su negligencia contributoria constituye un obstáculo que la impide recobrar daños y perjuicios de la compa-ñía del tren eléctrico. Difícilmente podría considerarse el accidente de otra manera que no fuera la consecuencia de un impulso repentino e irreflexivo, o de una completa ■ osadía.
“Si bien la ley no exige a los niños el mismo grado de cuidado que a los adultos y no obstante ser la edad e inteligencia de una persona factores importantes al tomarse en consideración el hecho de si se ha ejercitado o no el debido cuidado, la demandante en este caso estaba sin embargo obligada a ejercitar aquel grado de cuidado que por lo general acostumbran observar los niños prudentes de la misma edad e inteligencia en casos semejantes. Se resolvió: que la deman-dante claram'ente dejó de observar el cuidado que debió' haber ejer-citado un niño de inteligencia como la suya.” Colomb v. Street Railway, 100 Me., 418.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Texidor, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en un caso de seducción.
    No. 661.
    Resuelto en junio 17, 1914.
    Nuevo Juicio — Admisión de Prueba Impertinente — Impresión en el Jurado— Presunción.' — Aunque es mejor que la prueba impertinente erróneamente admitida por la corte, no sea oída por los jurados, sin embargo, cuando lo es, y la corte después ordena su eliminación, es de presumirse que los jurados cumplieron con su deber de prescindir de esa evidencia para llegar a la declaración de culpabilidad, a menos que ■ sea muy importante la prueba y presentada para influenciar al jurado, y por tanto ese no es motivo bastante para ordenar un nuevo juicio.
    Id. — Apelación—Transcripción de Autos. — Cuando en una transcripción de autos no consta que se solicitara nuevo juicio, ni que se interpusiera apela-ción contra la resolución que lo negó, el tribunal de apelación puede pres-cindir de la consideración de la cuestión de nuevo juicio.
    Seducción — Declaración de la Ofendida — Corroboración—Examen Médico de la Ofendida. — La declaración de un médico referente a que la ofendida es-taba deshonrada y la conducta del acusado no negando la ejecución del acto cuando se le requirió por uno de los parientes de la ofendida para que se casara con ella, ofreciendo hacerlo algunos días después, constituyen corro-boración suficiente de la declaración de la ofendida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.■

      Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Alejandro Texidor fue declarado culpable por el jurado de nn delito de seducción, y el primero de los motivos que alega para que revoquemos la sentencia por él apelada y le concedamos nuevo juicio, es que habiendo admitido la corte inferior durante el juicio cierta evidencia referente a nn traje de boda que la que se dice perjudicada mandó a hacer cinco meses después de la fecha en que se alega que el ape-lante la sedujo, aunque luego la corte reconoció que tal evi-dencia no era admisible e instruyó al jurado que la borrase de su mente, sin embargo el efecto de tal evidencia se pro-dujo en los señores que le juzgaban y que sin duda ella deter-minó la declaración de su culpabilidad, ya que la prueba de preparativos de boda predispone grandemente a los jurados por el engaño que revela.

En este caso hubo evidencia suficiente de la comisión del delito, con independencia de la que erróneamente admitió el juez y eliminó después, por lo que no encontramos funda-mento para poder afirmar que la evidencia que se ordenó al jurado que borrara de sus mentes fuera la que produjo la convicción del apelante. Es cierto que mejor es, que la prueba impertinente no sea oída por los jurados, pero cuando esto ocurre, debemos suponer que los jurados cumplieron con su deber de prescindir de esa evidencia, para llegar a la decla-ración de culpabilidad, a menos que sea muy importante y presentada para influenciar al jurado. No creemos que tal evidencia sea tan importante que constituya un defecto sus-tancial para que revoquemos la sentencia por ese motivo. En otros casos en que la evidencia era más grave que en el presente, los tribunales han negado la revocación y la con-cesión de nuevo juicio. People v. Turner, 118 Cal., 324; State v. Barker, 43 Kan., 262, 23 Pac., 575, y State v. Turbeck, 29 Kan., 535.

El segundo motivo consignado en el alegato en apoyo del recurso es que la corte cometió error al denegar su moción de nuevo juicio basada en la falta de corroboración de la declaración de la supuesta perjudicada en cuanto a la pro-mesa de matrimonio y acto carnal.

Como no nos consta que se solicitara nuevo juicio ni que se interpusiera apelación contra la resolución que lo negó, ya que nada de esto aparece en la transcripción de los autos, podemos prescindir de la consideración de ese fundamento del recurso. El Pueblo v. Dones, 18 D. P. R., 277. Sin embargo queremos decir que del examen que liemos hecho de la exposición del caso, comprensiva de la declaración de los testigos, llegamos a la conclusión de que la corroboración existe.

En efecto Celestina Rivera declaró que Petronila Rivera vivía en su casa y que cuando el apelante empezó a visitarla, como medio año antes del hecho por que se le acusa, le pre-guntó cuanto tiempo tenía para casarse con Petronila y él le contestó que tres meses; que después de estos se le aguar-daron dos meses más y a los cinco se le llamó la atención de nuevo y dijo que el tiempo estaba malo, que no podría casarse tan pronto. Carmelo Ramos dijo que al notar en el mes de junio anterior al hecho por el que se persigue al apelante que visitaba con frecuencia su casa, donde vivía Petronila, le llamó la atención preguntándole cual era el objeto de sus visitas y le contestó que el de contraer matrimonio con Petro-nila; que cuando el día 27 de agosto del año siguiente supo por Petronila que la había deshonrado lo llamó y le dijo que le debía su honra a Petronila y que si ál día siguiente no se casaba lo denunciaría, contestándole el acusado que al otro día era prematuro pero que lo haría el lunes; que entonces le propuso el.sábado y le contestó- que vería si podía ser.

En cuanto a la corroboración del acto sexual, dada la difi-cultad de corroborarla por la propia naturaleza del acto y por haberse presentado la denuncia algunos meses después que tuvo lugar, encontramos que es bastante a ese fin la decía-ración del médico referente a qne Petronila' estaba' desflorada y la conducta del apelante qne al manifestarle Carmelo Eamos qne le debía la honra a Petronila y al requerirle para qne se casara enseguida no hizo neg’ación alguna y ofreció casarse algunos días después.

Aun cuando el abogado que asistió a la vista por el ape-lante adujo en ella un nuevo motivo para la revocación y pre-sentó un alegato Adicional, es innecesario que lo considere-mos ya que descansa en el error de sostener que si bien se probó el previo carácter casto de la ofendida, esa prueba no sirve para demostrar la reputación de pureza que exige la ley, cuando en verdad lo que ésta requiere que se pruebe, según la edición en inglés del Código Penal, es que sea uof previous chaste character

En vista de las consideraciones precedentes respecto a las cuestiones presentadas por el apelante, no vemos motivo para sostener el recurso, y la sentencia apelada debe ser con-firmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro. .

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal el la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pizarro, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso por mutilación.
    No. 689.
    Resuelto en junio 17, 1914.
    Acusación Suficiente — Empleo be las Palabras bel Estatuto. — Cuando la acusación está redactada de modo que sigue las palabras del estatuto que' definen el delito, por regla general esto es bastante para que la acusación sea suficiente, a menos que determinados hechos sean necesarios para consti-tuir un delito.

      Id. — Mutilación—Intención Específica. — Como el Código Penal no requiere para que el delito de mutilación se entienda cometido que se pruebe una intención específica, ya que toda persona responde de las consecuencias natu-rales de sus actos voluntarios o maliciosos, no es necesario que la acusación alegue la intención de mutilar.
    Id.- — Mutilación—Privación dé un Miembro del Cupupq. — De acuerdo con el artículo 212 del Código Penal el delito de mutilación existe entre otros casos cuando se priva a un ser humano de cualquier miembro de su cuerpo, sea o no importante, no habiendo sido dicho artículo modificado por la Ley No. 22 de marzo 11, 1913. ' .
    Id. — Inutilización de un Miembro Importante del Cuerpo — Cuestión para el Jurado. — El heeho de si la pérdida de uu miembro del cuerpo humano produce o nó la inutilidad de algún miembro importante, es cuestión para la apreciación y determinación por el jurado, sin que sea necesario alegarlo en la acusación.
    Id. — Miembro- Importante del Cuerpo — Dedos de la Mano. — Los dedos de la mano son miembros importantes del cuerpo, pero podrán resultar completa-mente inútiles o no, según el número de los que se hayan perdido y el sitio por donde fueron seccionados.
    Instrucciones al Jurado — Mutilación—Pérdida de un Miembro Importante del Cuerpo — Veredicto de Culpabilidad de Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes. — En este caso la corte, entre otras, dió al jurado las siguientes instrucciones: “* * * el jurado, ante las pruebas que se practiquen, si ’está satisfecho de que este hombre, aun cuando está privado de una parte de su cuerpo, esa parte no es esencial, no es un miembro importante de su cuerpo, entonces el jurado, en ese solo caso, atendiendo a que aquí se haya hecho una prueba én ese sentido, es que puede decir que el acusado no es culpable de un delito de mutilación y sí de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, en el caso que estime que es culpable." Se resolvió que tales instrucciones no son erróneas.
    Mutilación — Pérdida de los Dedos de una Mano — Cuestión para el Jurado.— En un caso de mutilación por la pérdida de cuatro dedos de una de las manos, no es necesario practicar prueba especial acerca de si las manos son o nó miembros importantes del cuerpo, pues es de la incumbencia del jurado el apreciar, sin necesidad de prueba, si determinado miembro del cuerpo humano es o no importante.
    Id. — Veredicto—Acometimiento t Agresión Graves. — En casos de mutilación queda probado el delito cuando el Fiscal prueba que el acusado privó a otra persona de un miembro de su cuerpo, y si el acusado no probare que tal miembro no es importante, o no resultare de la propia prueba del Fiscal, el veredicto deberá ser de mutilación y nó de acometimiento y agresión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Ahogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por. el delito de mutilación porque ilegal, voluntaria y maliciosamente con un machete dió una herida a Arturo Rivera, seccionándole cuatro dedos de la mano .izquierda.

Celebrado el juicio ante un jurado, éste, después de oir las pruebas, lo declaró culpable del delito de mutilación. El apelante solicitó entonces de la corte que le concediera un nuevo juicio y habiendo sido desestimada su solicitud fué sentenciado a cumplir como pena un año y seis meses en el presidio con trabajo forzados, contra cuyo fallo y resolu-ción denegatoria de nuevo juicio ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Aunque el apelante no presentó alegato escrito para sos-tener su recurso, sin embargo su abogado asistió a la vista y argumentó oralmente alegando que la denuncia era insufi-ciente por no expresar que el apelante tuviera la intención ■específica de mutilar, ni que el miembro del cual quedó pri-vado el lesionado fuera un miembro principal del cuerpo. También sostuvo la óoncesión de nuevo juicio por los moti-vos que aparecen de la moción en que lo solicitó.

El artículo 212 del Código Penal que trata del delito de mutilación dice así:

“Artículo 212. — Toda persona que ilegal y maliciosamente pri-vare a algún ser humano de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, •desfigurare o inutilizare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, rajare la nariz, oreja o labio, será reo del delito de mutilación.”

Comparado este precepto con las palabras de la acusa-ción que al principio hemos extractado, vemos que ésta sigue las palabras del estatuto, y ya hemos resuelto en otros casos ■que por regla general esto es bastante para que la acusación sea suficiente, a menos que determinados hechos sean nece-sarios para constituir un delito. El Pueblo v. Ortiz, 17 D. P. R., 898.

Además, como el código no requiere para qne el delito de mutilación se entienda cometido que se pruebe una inten-ción específica, ya que toda persona responde.de las conse-cuencias naturales de sus actos voluntarios y maliciosos, no es necesario que la acusación alegue tal intención de mutilar.

En cuanto al otro extremo de que para que úna acusación por delito de mutilación sea suficiente necesita alegar que el perjudicado ba sido privado de un miembro importante de su cuerpo, diremos que el artículo 212 del Código Penal no ba sido enmendado después de su publicación por lo que existe la mutilación, entre otros casos, cuando se priva a un ser humano de cualquier miembro de su cuerpo, sea o no importante.

Es cierto que la ley número 22 de 11 de marzo de 1913 en-mendando el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que “bajo una acusación por el delito de muti-lación, el jurado podrá declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes o de acometimiento y agresión simple, siempre que se hubiere probado en el juicio que el agredido no ba quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo,” pero esta ley no dice que la pérdida de un miembro no importante del cuerpo humano constituya un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes o sin ellas, sino que partiendo del supuesto de que la persona perjudicada ba perdido un miembro de su cuerpo, que es lo que constituye la mutilación, permite sin embargo al jurado que si se le prueba que tal pérdida no lo deja totalmente inutilizado de algún miembro importante de su cuerpo, califique el hecho como acometimiento y agresión. La mutilación existe siem-pre que el perjudicado quede privado de algún miembro de su cuerpo, aunque esa ley, buscando sin duda la mitigación en la pena, permite que el jurado la califique como acome-timiento y agresión si se le prueba que no ha quedado inuti-lizado de un miembro importante de su cuerpo. En conse-cuencia, la acusación que alega simplemente la pérdida de iza miembro del cuerpo Rumano es suficiente para imputar el delito de mutilación y si tal pérdida produce o no la inu-/tilidad de algún miembro importante es cuestión para la apreciación y determinación del jurado y no es fiecesario que se alegue en la acusación. Los dedos de la mano, por. ejemplo, sin duda alguna que son miembros importantes del 'cuerpo Rumano porque sin ellos no puede verificarse la apre-Rensión de los objetos, pero podrán resultar completamente inútiles o no según el número de los que se Rayan perdido y el sitio por donde fueron seccionados.

Pasando aRora a considerar los motivos en que se fundó la petición de nuevo juicio, que fue denegada, encontramos que son tres, a saber: . ■

“Io. Porque la corte informó erróneamente al jurado acerca del particular de si estaba o no probado que era un miembro importante el que perdió la víctima por la mutilación objeto de este juicio. Caso comprendido en el párrafo 5o. del artículo 303 del Código de Enjui-ciamiento Criminal.
“2o. Porque el veredicto es contrario a las pruebas, porque no se justificó por la acusación que dicha víctima había sufrido la pér-dida de un miembro importante.
“3o. Por ser el veredicto contrario a derecho, puesto que habién-dose informado por la corte al jurado de que para apreciar si el hecho era constitutivo de un delito de mutilación, o de acometimiento y agresión con agravantes, era necesario la justificación por parte del acusado de que la lesión sufrida por la víctima no constituía la pér-dida de un miembro importante.”

En el juicio se probó que el agredido, - que es- zurdo, fue privado por el apelante, con un macbete, de cuatro dedos de su mano izquierda, siendo ellos el índice, medio, anular y meñique, quedando por tanto únicamente en dicRa mano el dedo grueso.

La corte informó al jurado respecto a lo que debía con-siderarse como miembro importante del cuerpo Rumano, y dejó que determinase si como consecuencia de la pérdida de los dedos se encontraba o. no inutilizado de algún miembro 'importante del cuerpo y les explicó que en el segundo caso podían dar veredicto por acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes. Las instrucciones en este particular fueron así:

“Este delito de mutilación lia sido siempre el pensamiento del legislador de que sea un delito específico, de que no esté relacionado con ningún otro acto, es decir, de que no pueda encontrarse a un hombre acusado de este delito culpado de un delito menor. En una acusación de mutilación no sucede, por ejemplo, lo que en el asesi-nato, que se puede encontrar al acusado culpable de homicidio, o lo que en un atentado a la vida, que se le puede considerar culpable de ataque con intención de cometer homicidio.,
“Este delito ha sido siempre considerado por el legislador como delito único, de tal manera, que un hombre acusado de mutilación se le debe declarar culpable de ese delito, o se le debe absolver, sin que hayan términos medios.
“Parece que el legislador ha querido reducir un poco la gravedad de ese delito, gravedad que, desde luego, descansa en su naturaleza y en la extension de la pena de que puede ser objeto, y por eso lá Asamblea Legislativa en estos últimos tiempos ha votado una ley de-cretando que un individuo acusado de mutilación puede ser declarado culpable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, siempre que se probare en el juicio que el agredido no ha quedado inutilizado de ningún miembro importante de su cuerpo. De modo que estableciendo ante un jurado una acusación de mutilación por estimar el Fiscal, que es el que lleva el peso de la acusación, que el perjudicado está privado de un miembro importante de su cuerpo, como por ejemplo, un brazo, una pierna o cualquiera otro órgano especial para el ejercicio de su trabajo o negocio, el jurado, ante las pruebas que se practiquen, si está satisfecho de que este hombre, aun cuando está privado de una parte de su cuerpo, esa parte no es esen-cial, no es un miembro importante de su cuerpo, entonces el jurado, en ese solo caso, atendiendo a que aquí se haya hecho una prueba en ese sentido, es que puede decir que el acusado no es culpable de un delito de mutilación y sí de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, en el caso que estime que es culpable.
“Pero repito que el jurado para hacer eso y para cumplir con la ley, es preciso que tenga una demostración ante él, clara y evidente, de que el acusado no ha sido privado de un miembro importante de su cuerpo. Sólo en este caso único es que puede rebajar la calificación de un delito de mutilación.”

Después de su lectura no podemos declarar que cometiera el error c¡ue se le atribuye en el primer motivo dé la moción de nuevo, juicio.

En cuanto al segundo motivo, ya hemos dicho que de la prueba resulta que el agredido perdió cuatro dedos de una de sus manos por lo que no puede sostenerse, según pretende el apelante, que no esté probado que sufrió la pérdida de un miembro principal, toda vez que las manos son de los miem-bros más importante del cuerpo humano;. y aunque es cierto, que no se practicó una prueba especial respecto de si las manos son o nó miembros importantes del cuerpo, tal eviden-cia no era necesaria porque esa cuestión es de la incumbencia del jurado quien puede apreciar sin necesidad de prueba si determinado miembro del cuerpo humano es o no importante.

Examinando finalmente el tercero y último de los motivos de la moción de nuevo juicio, no podemos llegar a la con-clusión que sostiene el apelante de que la corte cometiera error al instruir al jurado que, para que. pudiera dar un veri-dicto de acometimiento y agresión era necesario que se pro-base que la lesión sufrida por el agredido no le privaba de un miembro principal de su cuerpo, y por tanto que el veredicto sea contrario a derecho.

Ya hemos dicho que, entre otros casos, el delito de muti-lacióu se comete por privar a una persona de un miembro de su cuerpo y por tanto cuando el Fiscal .justifica esa pri-vación, ha probado un caso de mutilacióá; mas como la ley de 1913 permite que se castigue como acometimiento y. agre-sión si se probare que tal miembro perdido no es importante, es claro que es al acusado a quien toca probar este extremo. En otras palabras, lo que tiene que probar .el Fiscal, en casos como el presente, es que el acusado privó' a otra persona de un miembro de su cuerpo, y si el acusado no probare que tal miembro no es importante, o no resultare, de la propia prueba del Fiscal, el veredicto deberá ser de mutilación, y rio de acó-metimiento y agresión, por lo que la corte inferior no ha cometido el error que se le atribuye.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios. ■
    No. 1066.
    Resuelto en junio 22, 1914.
    Prueba Contradictoria — .Apreciación de la Misma por el Tribunal Senten-ciador— Pasión, Prejuicio o Parcialidad — Conclusiones del Tribunal Sentenciador. — Cuando la prueba acerca ■ de la manera en que ocurrió un accidento es contradictoria, la apreciación que de la misma haga el tribunal sentenciador debe ser aceptada, a no ser que se demuestre que dicho tribunal actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o cometió algún error manifiesto. *
    Las hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado del apelado: Sr. José de Liego.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del . tribunal.

- La presenté es una acción sobre cobro de dinero por indem-nización de daños y perjuicios. En la demanda se alega, en resumen, que la demandante tenía arrendada y vivía una habitación de una casa de la propiedad del demandado, si-tuada en el piso alto de la misma, y que la demandante para bajar al patio de-la casa tenía que usar de una escalera que se encontraba, con conocimiento del dueño, en muy mal estado. Que el 11 de junio de 1911, la demandante comenzó á bajar •por elidía escalera y al pisar el primer peldaño, éste se rom-pió y la demandante cayó a tierra desde nnos tres metros •de altura, sufriendo fuertes contusiones que le hicieron guar-dar cama y le ocasionaron dolores físicos y pérdida de tra-bajo productivo. La demandante fija los daños y perjuicios .sufridos en la suma de dos mil pesos.

El demandado en su contestación alegó que la acción ejerci-tada por la demandante había prescrito, negó los hechos esen-ciales de la demanda que podían perjudicarle y expuso, como materia nueva, en resumen, que la demandante el 5 de abril ■de 1911 tuvo una acalorada disputa con motivo de unas aves -de corral y que, irritada por la polémica, trató de bajar rápi-damente por la escalera en cuestión que se hallaba entonces •mojada por la lluvia, y resbaló y cayó. Y que la escalera había sido recompuesta y se encontraba en buen estado en la época del accidente.

Celebrada la vista el 28 de abril de 1913, la Corte de Dis-trito de Mayagüez dictó sentencia, el 15 de mayo de 1913, declarando sin lugar la demanda con imposición de las costas, desembolsos y honorarios de abogado a la demandante. Y contra esa sentencia, la demandante interpuso el presente recurso de apelación.

En su relación del caso y opinión, la corte sentenciadora analiza la prueba de ambas partes y concluye diciendo:

“La corte ha estudiado y comparado las declaraciones contradic-torias de los testigos de ambas partes sobre este punto, es decir, sobre la forma en que ocurrió la caída de la demandante y ha llegado a la conclusión de que la caída sufrida por la demandante, no fué en la forma que ella y sus testigos han declarado, sino en la forma que han declarado los testigos del demandado, Nicolás Guardiola y María Irizarry; es decir, que la demandante, al bajar la escalera precipita-damente y estando mojada dicha escalera por haber llovido ese día, resbaló de sus propios piés y cayó al patio desde una altura de dos -o tres varas.”

La demandante en su alegato presenta como única cues-tión file derecho la de que la sentencia dictada es contraria a la evidencia practicada y está basada en conclusiones arbi-trarias, habiendo la corte. procedido para llegar a ellas con apasionamiento, malicia y predisposición en contra de la de-mandante.

Hemos estudiado .cuidadosamente las alegaciones y las pruebas. Estas resultaron completamente contradictorias. Las hemos analizado y no hemos podido encontrar indicio alguno de que la corte sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad al apreciarlas. La versión aceptada por la corte sobre la manera en que ocurrió el acci-dente, tomada de la prueba del demandado, nos parece mucho más lógica que la versión sostenida por la prueba de la de-mandante.

En tal virtud, debe declararse sin’ lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wqlf, Aldrey y Hutchison.

Presentada -petición de apelación para ante la Corte Su-prema de los Estados Unidos, fué ésta denegada en julio 21, 1914.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Perea, Demandante y Apelante, v. Gómez Hnos., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de indemnización por libelo.-
    No. 1067.
    Resuelto en junio 22, 1914.
    Libelo — Alegaciones Esenciales de la Demanda — Malicia—Palabras no Li-belosas per se. — La alegación de malicia es indispensable en una demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo, a menos que el caso caiga dentro de la excepción expresada en la sección 5.de la Ley de Libelo de 1902 en que se presume la malicia, no estando comprendido el caso pre-sente en dicha excepción.

      Id. — Presunción de Malicia. — La malicia se presume, de acuerdo con la sección 5 de la Ley de Libelo de 1902, cuando las^palabras libelosaá son perjudiciales al demandante y se escriben sin un motivo justificado.
    Id. — Alegaciones Esenciales de la Demanda — Innuendo—Palabras no Libe-losas per se. — En los casos de libelo no comprendidos dentro de la sección 5 de la Ley de Libelo de 1902, es conveniente' y tal vez indispensable alegar en la demanda el innuendo, o sea la significación libelosa que el demandante da a las palabras escritas que se le imputan.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Feliú.

    Ahogado de los apelados: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró probado en su opinión que la demanda presentada en este caso con mo-tivo de un libelo se fundaba en dos causas de acción; que con respecto a la primera causa de acción el demandante dejó de probar que los demandados hicieron la publicación mali-ciosamente, y en cuanto a la segunda causa de acción, que no se alegaron hechos suficientes para determinar dicha causa de acción. Celebrado el juicio, la córte ^emitió su opinión y dictó sentencia contra la cual interpuso apelación el deman-dante, alegando que se cometieron mtíchos errores ien la admi-sión y denegación de pruebas, además del error que existe en la misma sentencia. Como estamos de acuerdo con los ape-lados en que la demanda era enteramente defectuosa, proce-deremos a transcribirla en su totalidad:

‘ ‘ Comparece el demandante y, querellándose contra la demandada, por su causa de acción alega:
“POR SU PRIMERA CAUSA -DE ACCIÓN.
“I. Que el demandante es, y era en las fechas que más adelante se dirán, el Alcalde de la Municipalidad y ciudad de Mayagüez.
“II. Que la demandada es una sociedad industrial, y también lo era en las fechas que más adelante se dirán, debidamente constituida, que se dedicaba y dedica a la publicación de un periódico de su propiedad denominado “La Yoz de la Patria,” que es de circulación general en este Distrito y en la ■ Isla. ' ■
“III. Que el día 24 de julio de 1912, en dicho periódico y en la ciudad de Mayagüez, P. R., la demandada, teniendo con ello a exponer al demandante al desprecio del pueblo, y a privarle de la confianza pública, publicó las siguientes palabras, concernientes y referentes a este demandante:
“ÚLTIMA HORA.
“ ‘Al entrar en prensa nuestro diario llegan hasta nosotros ru-mores de que el ílon. Gobernador ha pedido la renuncia del Dr. Perea Fajardo como alcalde de Mayagüez.
“ ‘Mañana nos ocuparemos del asunto.’
“IV. Que dicha publicación fué falsa y difamatoria para este demandante, y que ha sufrido daños, con motivo de la misma por la suma ds cinco mil dollars.
“Por su segunda causa de acción, el demandante alega:
“I. Que el demandante es y era en las fechas que más adelante se dirán, el alcalde de la municipalidad y ciudad de Mayagüez, y la demandada una sociedad industrial debidamente constituida, que publica y publicaba en dichas fechas un periódico de circulación general en este distrito y en la Isla, denominado ‘La Yoz de la Patria.’
“II. Que el día 25 de julio de 1912, en dicho periódico, en la ciudad de Mayagüez, P. R., y en artículo titulado ‘El efecto de un rumor,’ la demandada,»tendiendo con ello a exponer al demandante al desprecio del pueblo, y a privarle de la confianza pública publicó las siguientes palabras concernientes y referentes a este demandante.
“* * * No QUEREMOS QUE EL Sb. PEREA RENUNCIE; SU FRA-CASO y su Ineptitud Seguirá.
III. Que dicha publicación fué falsa y difamatoria para este de-mandante, y que ha sufrido daños con motivo de la publicación antes expuesta, por la suma de cinco mil dollars
“Por lo que el demandante pide que la corte dicte sentencia con-denando a la demandada a que le pague la suma de diez mil dollars, con costas, desembolsos, gastos, intereses y honorarios de su abogado.”

Al discutir los apelados la primera causa de acción sos-tienen que no existe nada que sea libeloso per se al decir que lia llegado a oídos de los demandados el rumor de que el gober-nador ha pedido la renuncia del Dr. Perea Fajardo como alcalde de Mayagüez. Las palabras no imputan ningún delito o fechoría en el ejercicio de sus funciones y son perfecta-mente compatibles con la completa rectitud, fidelidad y capa-cidad del alcalde. Por consiguiente, para qne constituyeran úna causa de acción no fué suficiente" con que se alegara sim-plemente que las palabras eran falsas y difamatorias. Otro elemento u elementos eran necesarios.

La sección 2 de la Ley de Libelo, de 1902, entre otras cosas expresa que libelo es la difamación maliciosa, etc. Por tanto, en una demanda por libelo.es necesario alegar malicia. El primer becbo de la demanda no contiene ninguna alegación de malicia. Una publicación puede ser tanto falsa como difa-matoria sin ser maliciosa. Si bien de acuerdo con la sección quinta de la misma ley se presume la malicia en ciertos casos, creemos que es mejor práctica cuando no es una alegación indispensable que se alegue la malicia en la demanda.

La sección 5a. es como sigue:

“Sección 5. — Se presumirá que existe malicia en cualquier comu-nicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado,- o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comu-nicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante.”

De acuerdo con dicha sección es evidente que solamente se presume que existe malicia cuando la comunicación es per-judicial y se hace sin un motivo que la justifique. Por tanto, aun en el caso de que pudiera prescindirse de la alegación de malicia el demandante tenía qne alegar por lo menos, no siendo la comunicación libelosa por sí misma, que era per-judicial y se hizo sin un motivo que la justificara. La ale-gación primera fué defectuosa.

Semejantes consideraciones son de aplicación a la segunda alegación. Convenimos con la corte inferior en que en la misma no se imputa ningún becbo concreto contra el Dr. Perea Fajardo, sino que se expresan conclusiones u opiniones. Re-sulta además defectuosa dicha alegación, porque en ella no se alega malicia, perjuicio o motivo injustificado.

Además, creemos que al presentarse una demanda fun-dada en una comunicación que no es,per se libelosa deberá expresarse cuál era el objeto de la. comunicación, o en otras palabras, bacer mención de lo que técnicamente se conoce por innuendo, o sea la significación libelosa que el deman-dante da a dichas frases. Yéase la opinión emitida por este tribunal en el caso de Fajardo v. Sabater, 20 D. P. R., 39.

Opinamos también, que aunque el demandado puede fácil-mente renunciar a tal cuestión durante el juicio, el demandante debe alegar un perjuicio- determinado.

Conjo el demandante no expresó una causa de acción sino que fué a juicio sin tener ninguna, debe confirmarse la sen-tencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Sucesión Laurido et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero.
    No. 1143.
    Resuelto en junio 22, 1914.
    Desestimación be Apelación — Demandados Rebeldes no Condenados en la Sentencia — Parte Contraria Interesada — Notificación del Escrito' de Apelación. — Cuando el escrito de apelación no ha sido notificado a algun'os de los demandados emplazados que no han comparecido j a quienes se les ha anotado la rebeldía, pero contra los cuales la corte se ha negado a dictar sentencia condenando solamente a otros demandados que se allanaron a la demanda, debe desestimarse la apelación, pues tales demandados rebeldes son parte contraria interesada con derecho a que se les notifique el escrito de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: >Sr. A. Suliveres.

      Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Esta es nna acción sobre cobro de pesos en la cnal figu-ran como demandados un gran número de personas. Algu-nos de ellos contestaron la demanda, y aceptaron el derecho del demandante al cobro reclamado. Los otros, después de baber sido emplazados, no comparecieron y se les anotó la rebeldía. La contestación de los que se allanaron a los dere chos del demandante fuá presentada por el Abogado J. Gregory. El no representaba a ninguno de los 'demandados re-beldes. Después de celebrado el juicio, la corte dictó sen-tencia definitiva contra todos los demandados que se alla-naron a los derechos del demandante y asimismo dictó sen-tencia a favor de los demandados rebeldes, cuya sentencia, por tanto, en cuanto a tales demandados rebeldes es en contra del demandante.

El escrito de apelación en este caso está dirigido al secre-tario de la corte y en él se dice que el demandante no estando conforme con la sentencia recaída en este caso, apela de toda dicha sentencia, dando copia de dicho escrito al abogado de los demandados que han comparecido en el litigio y además, contiene otras palabras dicho escrito que no hacen al caso. El citado abogado J. Gregory acusó recibo de una copia de dicho escrito. Los demandados 'rebeldes a pesar de ser cono-cidos al demandante y de haber sido emplazados al principio, no fueron notificados del escrito de apelación. Los deman-dados representados por el abogado Gregory son los que habían comparecido y se allanaron a la reclamación del de-mandante. Ellos no tenían ningún otro interés real en impug-nar este litigio. Pero los demandados rebeldes contra los cuales el tribunal se negó a dictar sentencia sí tenían interés en sostener la sentencia en la forma en que había sido pro-nunciada. Eran partes contrarias y tenían el derecho a que se les notificara la apelación. Sección 296 del Código, de Enjuiciamiento Civil. Por falta de notificación a dichas par-tes rebeldes interesadas, la apelación debe ser desestimada. Candelas v. Ramírez et al., 20 D. P. R., 12.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hntcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Post et al., Demandantes y Apelados, v. Veve et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un caso sobre otorgamiento de escritura.
    No. 964.
    Resuelto en junio 22, 1914.
    Cuestiones Abstractas — Palta de ’Conflicto Tünibe las Partes — Declaración de Derechos — Palta de Motivos para la Intervención de los Tribu-nales. — Cuando, como en-el caso de autos, se alega que la parte demandante está en posesión de una finca en concepto de arrendataria, cuya propiedad corresponde a los demandados, y sólo se alega en la demanda que éstos se niegan a reconocer a aquéllos como arrendatarios, pero sin expresar hecho alguno concreto y específico demostrativo de la perturbación de tal derecho por parte de los demandados, y en la súplica de la demanda se pide que se declare y reconozca el derecho de los demandantes a poseer en concepto de arrendatarios el mismo terreno que dice está poseyendo, tal demanda envuelve una cuestión abstracta que no puede ser considerada y decidida por el tribunal a que fué sometida.
    Acción Sobre Otorgamiento de Escrituras — Palta de Precisión en i.a Súplica de la Demanda — Inscripción de Arrendamiento. — Cuando, como en el caso de autos, la parto demandante pide en términos generales en la súplica de' su demanda que se obliguen a las demandadas a otorgar juntas o separada-mente los'documentos necesarios para inscribir el derecho de arrendamiento a favor de la sociedad demandante, sin precisar cuales son esos documentos, carece de base el tribunal para poder dictar una sentencia clara y precisa que pueda ser cumplida.
    Contrademanda — Contestación a la Demanda — Petición de Pronunciamien-tos Especiales. — Para que exista contrademanda es preciso que .las alega-ciones en que se funda se expresen como cansa de acción contra el demandante y no como una defensa contra su causa de acción, por lo que cuando en una contestación a la demanda se piden pronunciamientos propios de una contta-demanda sin cumplir con el precepto del artículo 115 del Código de Enjuicia-miento Civil, no cabe hacer tales pronunciamientos.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. Armstrong & Keith■ y Luis Muñoz Morales.

    Abogados de los apelantes: Sres. Horadó- S. Belaval'f Arturo Aponte, Jr. 1
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión deltribunal.

Con fecha 29 de febrero de 1912, James H. Post, James Bliss Coombs y Lorenzo D. Armstrong, como síndicos de The, Fajardo Sugar G-rowers ’ Association, radicaron en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Hnmacao una de-manda jurada contra Josefina y Concepción Veve y Díaz y' sus respectivos consortes Prisco Vizcarrondo y José S. Bela-val en que alegan los siguientes hechos:

-Primero. Que The Fajardo Sugar Grower’s Association es una compañía por acciones con su oficina principal en la ciudad de New York, y oficinas en el pueblo de Fajardo, P. B., con capacidad para demandar y ser demandada, y hacer negó-' cios en esta Isla, y registrada en la Secretaría de Puerto Bico, y que los tres síndicos nombrados están autorizados para recibir a su nombre como tales síndicos, todos los títulos de-las fincas y derechos de la compañía.

Segundo. Que las demandadas Doña Josefina y Doña Con-cepción Veve y Díaz, son mayores de edad y vecinas respec-tivamente de Fajardo y San Juan, P. B., estando casada lá-primera con Don Prisco Vizcarrondo y la segunda con Don José S. Belaval.

Tercero. Que por escritura otorgada en 31 de marzo de' 1906 ante el notario Sr. Benitez Castaño, bajo el número 27, las dos demandadas Doña Josefina y Doña Concepción Vevty ostentando el carácter de dueñas en común proindiviso dieron1 en arrendamiento a la corporación Esperanza Central' Sugar-Company, una finca rústica denominada “Hacienda Aurora,”' compuesta de 854 cuerdas de terreno tal como se describe en la demanda.

Cuarto. Que las demandadas adquirieron dicha finca por título de herencia paterna, y se hallaba inscrita proindiviso a favor de ambas.

Quinto. Que el plazo del arrendamiento fué de 11 años que finalizarían el 30 de junio de 1917, y su canon durante el primer año la suma de $2,400, y durante los diez años si-guientes $4,800 que debían pagarse por mitad a cada con-dueña, estipulándose otras condiciones accesorias que cons-tan en dicho contrato.

Sexto. Que en virtud de ejecución seguida contra la cor-poración arrendataria ante la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Eico, y por escritura de venta judicial otorgada ante el notario Don Andrés B. Crosas, fué trans-ferido el derecho de arrendamiento a la corporación Colonial Sugar Company.

Séptimo. Que on virtud de documento suscrito en la ciu-dad de New York en 17 de noviembre de 1909 la Colonial Sugar Company a su vez transmitió y cedió su derecho de arren-damiento de la indicada finca a favor de'James H. Post, James Bliss Coombs y Lorenzo D. Armstrong, como síndicos (trustees) de la sociedad The Fajardo Sugar Growers’ Association.

Octavo. Que los demandantes en su carácter de síndicos (trustees) de la Fajardo Sugar Growers’ Association, con conocimiento y consentimiento' de las dueñas demandadas, entraron y continúan en posesión, en calidad de arrendata-rios de la Hacienda Aurora y han cumplido todas y cada una de las condiciones del arrendamiento pagando a las demanda-das el canon estipulado.

Noveno. Que al otorgarse la escritura de arrendamiento de 31 de marzo de 1906, ya la finca arrendada no figuraba ins-crita proindiviso a nombre de las dueñas arrendadoras, sino que se había dividido según escritura otorgada ante el nota-rio Aldrey el 13 de septiembre de 1897 en 5 parcelas que se •describen en la demanda y fueron inscritas separadamente a nombre de las mismas demandadas, dos de ellas a nombre de Doña Josefina Yeve y las tres restantes a nombre de Doña •Concepción Yeve.

Décimo. Que esas cinco parcelas de terreno son las mis-mas 854 cuerdas que fueron objeto del contrato de arrenda-miento con Tbe Esperanza Central Sugar Company y las mis-mas cuyo arrendamiento fué cedido a la sociedad demandante y lo está ésta poseyendo.

Undécimo. Que a consecuencia de la operación de división material de la Hacienda Aurora no ba sido posible a la cor-poración arrendataria ni a su cesionarias inscribir el derecho de arrendamiento.

Duodécimo. Que las demandadas y sus respectivos espo-sos se niegan a reconocer el derecho de la demandante para poseer en concepto de arrendataria las cinco parcelas de terreno mencionadas, y también a formalizar el documento necesario para subsanar el defecto que impide la inscrip-ción de su arrendamiento en el registro.

La demanda concluye con la súplica de que, “en su día se dicte sentencia declarando y reconociendo el derecho de la demandante a poseer en concepto de arrendataria las cinco parcelas de terreno descritas en la demanda, condenando a ambas demandadas a otorgar juntas o separadamente el documento o documentos con las aclaraciones necesarias para inscribir el derecho de arrendamiento a favor de la socie-dad demandante, sobre dichas parcelas de terreno, bajo el mismo plazo y condiciones estipuladas con la corporación cedente The Esperanza Central Sugar Company, en escritura de 31 de marzo de 1906; y asimismo se dicten las demás dis-posiciones necesarias para el debido cumplimiento y ejecu-ción de la sentencia, con las costas a las demandadas, hono-rarios de abogado inclusive.

Los demandados al formular contestación jurada a la de-manda admiten la alegación primera, o sea, que The Fajardo .Sugal Growers’ Association es una compañía por acciones que tiene sus oficinas en New York y Fajardo, y agregan que ha sido constituida en el estado de New York con arreglo a la legislación del mismo, y que fia presentado sus cláusulas de incorporación para ser registradas en' la oficina del Secre-tario de Puerto Eico, el día 15 de febrero de 1911; pero nie-gan que tuviera capacidad para fiacer negocios en esta Isla en 17 de noviembre de 1909 en que dice fiaber celebrado con la Colonial Sugar Company el contrato de cesión de arren-damiento de la Hacienda Aurora, alegando además que sus cláusulas constitutivas no confieren poder ni facultades a los demandantes para establecer la demanda como síndicos de Tfie Fajardo Sugar Growers’ Association, y negando por falta de información que por algún otro documento les fiayan sido conferidas dicfias facultades y poder.

Admiten los demandados las alegaciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la demanda, a saber, el estado civil y vecin-dad de las demandadas y sus esposos, que Doña Josefina y Doña Concepción Yeve y Díaz dieron en arrendamiento a Tfie Esperanza Central Sugar Company la Hacienda Aurora, según se describe en la demanda, y de que eran dueños en común proindiviso, que adquirieron dicha finca por herencia paterna y estaba inscrita proindiviso en el registro a nombre de ambas, y que el arrendamiento fué estipulado con las con-diciones de plazo y precio que afirman los demandantes. -

Admiten los demandados la alegación sexta de la demanda, o sea, que contra Tfie Esperanza Central Sugar Company se siguió un procedimiento ejecutivo en la Corte Federal, y que como consecuencia del mismo se otorgó escritura de venta judicial traslativa del derecfio de arrendamiento a favor de la corporación Colonial Sugar Company, pero niegan que en el procedimiento o en la escritura se haya transmitido dicho derecfio válida y legalmente.

También admiten la alegación séptima, o sea, qne se otorgó en New York el 17 de noviembre de 1909 el documento de cesión de derecfio de .arrendamiento por la Colonial Sugar; Company a favor de los demandantes como síndicos de Tfie Fajardo Sugar Growers’ Association; pero niegan que por ese documento o por otro alguno se haya transmitido válida y eficazmente dicho derecho de arrendamiento.

Niegan la alegación octava de la demanda, o sea, que los demandantes como trustees de The Fajardo Sugar Growers’' Association, con conocimiento y consentimiento de los deman-dados, estén en posesión de la Hacienda Aurora en calidad de arrendatarios, y hayan cumplido las condiciones del contrato y satisfecho el canon estipulado.

Aceptan el hecho noveno de la demanda, excepto en la parte relativa a que en la fecha de 31 de marzo de 1906, en que se celebró el contrato de arrendamiento con la Esperanza Central Sugar Company, no estuviera inscrita prora-diviso en el registro a nombre de la demandada Doña Con-cepción Yeve, la finca arrendada, y alegan que la escritura de división material de la finca fué inscrita por los abogados mismos de la parte actora en abril de 1910.

Admiten la alegación décima, o. sea, la identidad de la Hacienda Aurora, y de las cinco parcelas de terreno en que fué dividida, pero niegan que los demandantes estén pose-yendo legalmente dicha finca y que ésta haya sido objeto de cesión válida.

Niegan la alegación undécima de la demanda, o sea, que a consecuencia de la operación de división material de la finca no haya sido posible a la corporación arrendataria, ni a sus cesionarias, inscribir el derecho de arrendamiento.

Admiten la alegación duodécima, pero niegan la existencia del derecho a que la misma se refiere.

Como materia nueva alegan los demandados en concepto de defensa:

(a) Que el procedimiento en que según afirman los deman-dantes adquirió la Colonial Sugar Company el derecho de arrendamiento objeto de la demanda, tuvo lugar el 6 de julio de 1909, en cuya fecha no había sido autorizada aún dicha cor-poración para hacer negocios en Puerto Pico, requisito que no fué Cumplido hasta el 20 de Agosto de 1909 en que se expi-dió a la propia corporación la autorización correspondiente por el Tesorero de esta Isla, previa la certificación del archivo de sus cláusulas, librada en 28 de julio del año propio, por el Secretario de Puerto Eico.

(b) Que la corporación The Esperanza Central Sugar Company a la cual fue arrendada la Hacienda Aurora, según el contrato relacionado en la demanda, cesó de hacer nego-cios en esta Isla desde el 16 de noviembre de 1910.

(c) Que los demandados no han celebrado contrato alguno ni tenido relación jurídica de alguna clase con los deman-dantes.

(d) Que existe ante la misma Corte de Distrito de Huma-cao una acción pendiente por la misma causa que la del pre-sente pleito y entre las mismas partes,, y que esa acción pen-diente aún fue radicada en la secretaría de aquella corte bajo el número 1692.

La contestación termina con la súplica de que se hagan por sentencia los siguientes pronunciamientos:

Primero. Declarar que la adquisición hecha por la Colonial Sugar .Company del derecho de arrendamiento objeto de la demanda, no es válida ni exigible ante la ley.

Segundo. Declarar nula y sin ningún valor ni efecto legal la cesión del mismo derecho de arrendamiento que se alega haber hecho la Colonial Sugar Company a favor de los de-mandantes ; y. en todo caso, en la hipótesis de que algún título hubieran éstos adquirido como sucesores de The Esperanza Central Sugar Company, dicho título ha quedado extinguido y sin efectos legales desde la fecha en que The Esperanza Central Sugar Company cesó de hacer negocios en Puerto Rico.

Tercero. Que The Fajardo Sugar Growers’ Association, compañía por acciones, no tiene derecho a poseer ni ocupar la finca Aurora que en la demanda se describe, condenando a los demandantes a que en término de tres días desde que se dicte la sentencia dejen dicha finca a la libre disposición de las propietarias demandadas, con reserva de acción a éstas y los otros demandados para reclamar los correspondientes daños y perjuicios.

Cuarto. Desestimar la demanda en todas sns partes con las costas a los demandantes, honorarios de abogado inclusive.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia en 1 de noviembre de 1912, por la que decide: ‘ ‘ Que la ley y los becbos están a favor de la parte demandante, y en contra de la demandada, y por tanto debe declarar y de-clara que la corporación demandante tiene derecho a poseer en concepto de arrendataria las cinco parcelas de terreno descritas en la demanda, y asimismo ordena que las partes demandadas procedan conjunta o separadamente y dentro del período de cinco días, después de haber sido requeridas para ello, a otorgar las correspondientes escrituras o docu-mentos con las aclaraciones necesarias para que dicho con-trato de arrendamiento pueda inscribirse a favor de da cor-poración demandante, con las costas y honorarios de abogado en contra de los demandados.”

Contra la anterior sentencia interpuso la representación de los demandados, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, sometido a nuestra consideración y decisión, des-pués de corridos los trámites legales.

Varios son los motivos que invoca la parte apelante para sostener la revocación de la sentencia apelada, pero huelga Considerarlos si el solo examen de la demanda es bastante, como opinamos, para llegar a dicha revocación.

Atendidos los términos en que está redactada la súplica de la demanda, dos son los pronunciamientos que la parte demandante solicita se bagan en la sentencia, a saber, reco-nocimiento de su derecho a poseer en concepto de arrenda-taria las cinco parcelas de terreno en que fué dividida la Hacienda Aurora, y otorgamiento por las demandadas del documento o documentos necesarios para inscribir aquel de-recho de arrendamiento a favor de la sociedad demandante.

Varias de las alegaciones de la demanda tienden a mostrar que la corporación demandante posee en concepto de arrenda-taria las cinco parcelas de terreno de qne se trata, pero no hay una sola alegación indicativa de que dicha corporación haya sido perturbada en la posesión que disfruta y que con tal motivo haya surgido un conflicto de derechos entre las partes demandante y demandada. La alegación 12a. de la demanda, de que las demandadas y sus respectivos esposos se niegan a reconocer el derecho de la demandante a poseer en concepto de arrendataria las cinco parcelas de terreno, no envuelve semejante conflicto, pues en un caso como el presente, aquella negativa no perturba o lesiona derecho al-guno de la demandante en el concepto que invoca de arrenda-taria. De ese concepto se derivan obligaciones por parte de las demandadas en concepto de arrendadoras y no se alega que éstas hayan desatendido o infringido alguna de dichas obligaciones. Poco importa que de. palabra se nieguen a reconocer a la demandante el derecho de arrendataria, si real y positivamente no perturban o lesionan ese derecho. La infracción de las estipulaciones o condiciones del contrato de arrendamiento por las demandadas, daría lugar por parte de la demandante al ejercicio de la acción correspondiente deri-vada del contrato de' arrendamiento para obtener el cum-plimiento de aquéllas y mediante esa acción podrían traerse a discusión la existencia del contrato de arrendamiento y sus condiciones, si su existencia y alcance fueren puestos en tela de juicio por las demandadas; pero como la demandante, según afirma, está en posesión del derecho de arrendamiento y no alega hecho alguno concreto y específico demostrativo de la perturbación de tal derecho por parte de los deman-dados, su petición de que se le declare y reconozca el derecho a poseer en concepto de arrendataria el mismo terreno que dice está poseyendo, envuelve una cuestión abstracta que no puede ser considerada y decidida por la corte a que fué some-tida.

'■ Según dijimos al resolver el caso de La Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R., 86, “Las cortes •están abiertas para todo el mando por cualquier perjuicio que se le baya causado en sus terrenos, bienes, persona o reputación. Las cortes no tienen la obligación de, ni pueden, resolver controversias ficticias. El consentimiento de .las partes ■ en un pleito no puede conferir a un tribunal juris-dicción sobre la materia de un litigio cuando no está autori-zada por la ley.”

En otro caso posterior, El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co. et al., 17 D. P. R., 881, estableció ■esta corte, que no alegándose en la demanda que se hubiera realizado un solo acto concreto y positivo en perjuicio del demandante, faltaba base para una controversia jurídica que debiera ser resuelta por los tribunales de justicia. Véase también el caso de The San Juan Hippodrome Company v. Comisión Hípica Insular, decidido en 15 de junio corriente.

Como jurisprudencia americana conforme con la nuestra, podemos invocar la establecida en las decisiones dictadas en los siguientes casos:

Brewington v. Lowe, 1 Ind., 21, 48 Am. Dec., 349.

Southern Ry. Co. v. State, 42 S. E., 508, 116 Ga., 276.

New Orleans & Northwestern Ry. Co. v. Linehan Ferry Co., 28 So. 840, 104 La., 53.

Tampoco procede hacer por sentencia el segundo pronun-ciamiento que se solicita en la demanda. El derecho de arren-damiento de que se trata podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de los demandantes cuando se haya verificado la inscripción del documento de 17 de noviembre de 1909 por el que la Colonial Sugar Company cedió y trans-mitió a favor de la parte demandante su derecho de arrenda-miento sobre la Hacienda Aurora; pero esa inscripción no puede verificarse sin hacerse antes la de la escritura de venta judicial por la que la Colonial Sugar Company adquirió el derecho de arrendamiento que tenía The Esperanza Central Sugar Company sobre la misma finca en virtud de la escritura de 31 de marzo de 1906, pues la inscripción de esa escritura de 31 de marzo de 1906 es requisito previo indispensable para la de la venta del derecho de arrendamiento a favor de la Colonial Sugar Company. El artículo 20 de la Ley Hipote-caria ordena que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmue-bles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nom-bre se haga la transmisión o gravamen.

Siendo ello así, como la inscripción del arrendamiento de la Hacienda Aurora a favor de The Esperanza Central Sugar Company no, ha podido llevarse a efecto según se alega en la demanda a consecuencia de la operación de división material de dicha hacienda, ha debido la parte actora, en vez de pedir en términos generales que se obligue a las demandadas a otorgar juntas o separadamente los documentos necesarios para inscribir el derecho de arrendamiento a favor de la sociedad demandante, precisar cuáles .son esos documentos para que de ese modo las demandadas hubieran sido oídas sobre la necesidad de otorgarlos, y la corte estuviera en condiciones de dictar una resolución concreta y determinada sobre la obligación de su otorgamiento por las demandadas.

No hay términos hábiles para acceder al pedimento de que las demandadas sean condenadas a otorgar juntas o sepa-radamente los documentos necesarios para inscribir el derecho de arrendamiento a favor de la sociedad demandante, pues no es posible saber si después de inscrito el contrato de arren-damiento de la Hacienda Aurora a favor de The Esperanza Central Sugar Company, el registrador de la propiedad con-cederá o denegará la inscripción de las otras dos escrituras posteriores de venta de ese derecho en pública subasta a la Colonial Sugar Company, y de cesión a favor de The Fa-jardo Sugar Growers’ Association. La calificación de esos documentos incumbirá al registrador y contra su resolución, si fuere denegatoria de la inscripción, podrá interponerse recurso para ante esta Corte Suprema. Hoy por hoy sólo puede gestionarse como requisito previo para las inscripción nes sucesivas, la de la escritura de arrendamiento de la Hacienda Aurora a favor de The Esperanza Central Sngar Company.

El debate judicial no se ha presentado en forma debida y de accederse a la pretensión de la demandante en los tér-minos generales en que'ha sido formulada, podría darse el caso de dictarse nna sentencia de imposible ejecución por parte del márshal a quien se encomendara la misma, si lab demandadas’ se negaran a su cumplimiento.

La representación de la parte demandada al contestar la demanda, además de solicitar que se desestime en todas sus partes, interesa que se bagan otros pronunciamientos en cuyo examen no entramos, porque la contestación propiamente sólo contiene materia de defensa alegada como tal, y no con-signa alegaciones determinantes de una contrademanda, según exige el artículo 115 del Código de Enjuiciamiento Civil. Para que la contrademanda sea considerada como tal es preciso que las alegaciones que motivan la misma se expre-sen separadamente como causa de acción contra el deman-dante y no como una defensa' contra la causa de acción del demandante. Doyle v. Franklin, 40 Cal., 110; Jones v. Jones, 38 Cal., 585; Blum v. Robertson, 24 Cal., 141; California Pac. R. R. Co. v. Central Pac. R. R. Co., 47 Cal., 549.

Por las razones expuestas, es de revocarse la sentencia apelada con las costas en la forma ordinaria, reservando a la parte demandante el derecho de que se crea asistida para su ejercicio en la forma correspondiente a los fines que per-sigue en su demanda

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado S'r. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Toro, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en •cansa por libelo infamatorio.
    No. 682.
    Resuelto en junio 22, 1914.
    Libelo Infamatorio' — Publicación de la Comisión de un Delito — -Declaración en Beneficio Propio — Absolución de la Persona a Quien se le Imputó el Delito. — Cuando en un periódico se imputa a una persona la comisión de un delito y la persona injuriada denuncia criminalmente por libelo infa-matorio al repórter que publicó dicha noticia, es inadmisible como prueba la noticia posterior publicada por el mismo repórter en el sentido de que dicha persona había sido absuelta, pues tal prueba constituye una declara-ción en beneficio propio.
    Id. — Publicación del Arresto de una Persona — Horma en que Debe Darse la Noticia.: — El editor de un periódico tiene derecho a hacer público en el perió-dico el hecho de haber sido arrestado un individuo y el motivo por el cual se le arresta, pero no está autorizado para suponer, mientras la denuncia está en su trámite de investigación en la corte, que el acusado es culpable del delito que se le imputa, o para presentarlo como tal ante el público.
    Id. — Publicación de Procedimientos Judiciales — Requisitos que Debe Reu-nir. — El privilegio que de acuerdo con la sección 249 del Código Penal tiene el periodista para publicar los procedimientos judiciales sin que se le pueda procesar por ello, es aplicable únicamente a aquellos casos en que la publicación ha sido razonable, justa e imparcial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

'En la apelación interpuesta por el acusado de la Corte Municipal de Tauco a la de Distrito de Ponce fué declarado culpable del delito de libelo infamatorio y condenado a pagar una multa de diez dólares. Se alega en la acusación que el acusado maliciosa, voluntaria y criminalmente, firmó como especial repórter, y ordenó e hizo que se publicara en el perió-dico “El Día,” que se edita en Ponce, un suelto en el que se decía: “Ayer se juró una denuncia criminal contra un tal Natalio Lozada ■ Colón, (el denunciante); Lozada hace tres añ.os hizo un negocio con Bosendo Velazco, entregándole una obligación a éste por nna suma de dinero, para ser recogida a los pocos días; Lozada desapareció y Velazco no había podido recobrar ese dinero; anteayer sabedor de qne. Lozada estaba en Yanco vendiendo unos caballos lo demandó civil-mente dirigido por el abogado Toro Fernández (acusado y apelante en este caso) solicitando y obteniendo el embargo preventivo de unos caballos del demandado Lozada para el aseguramiento de la sentencia; ya practicado el embargo y sujetos los animales a un depósito, Lozada sustrajo uno de aquéllos y tomó la de Villadiego, siendo capturado entonces por la policía, etc.,” terminando la acusación con las debi-das alegaciones. En el juicio de esta causa quedó probado el hecho de la publicación en la forma ¿legada en la acusación.

El apelante alega que se han cometido dos errores. El primero consiste en haberse negado la corte a admitir como prueba otra información según la cual el apelante publicó en el mismo periódico la absolución de Lozada. Esta fué claramente una manifestación hecha por el acusado en su propio beneficio y por tanto inadmisible. Evidencia en Casos-Criminales por Wharton, página 690; 12 Cyc., 426, 428.

El segundo error que ha sido alegado es que no se probó por el fiscal que el apelante hubiera cometido el delito que se le imputó en- la acusación. El acusado funda principal-mente esta alegación en la sección 249 del Código Penal, que prescribe lo siguiente:

“Sección 249. — Ningún noticiero, director o propietario de perió-dico podrá ser.procesado por la imparcial y exacta relación de actos judiciales, legislativos o de cualquier otro carácter oficial, o de cual-quiera manifestación, discurso, argumento o debate que en ellos tuviere lugar, a no probarse que hubo maliciosa intención al rela-tarlos, lo cual no deberá presumirse del mero hecho de la publicación. ’ ’

Convenimos con el Fiscal que el privilegio únicamente puede favorecer a un acusado que publica procedimientos judiciales si tal publicación es razonable, justa e imparcial. El editor de un periódico tiene derecho a hacer público en el periódico el hecho de haber sido arrestado un individuo y el motivo por el cual se le arresta; pero no está autorizado para suponer, mientras la denuncia está en su trámite de investigación ante la corte, que el acusado es culpable del delito que se le imputa o para presentarlo como tal ante el público. Usher v. Severance, 20 Me., 9. Véase también el caso de Storey et al. v. Wallace, 60 Ill., 51, 54, 55; Bathrick v. Detroit Post and Tribune Co., 50 Mich., 629, 644; Cincinnati v. Gazette Co. v. Timberlake, 78 Am. Dec., 285, 289. Si en el presente caso el apelante se hubiera limitado a expre-sar el contenido del supuesto delito que se imputaba a Lozada no hubiera habido discusión alguna si realmente existió la acusación como parece ser el caso. Pero no se limitó como queda dicho sino que el artículo que se denuncia apareció en tal forma que se hacía ver que Lozada era un ladrón. El acusado ni siquiera alegó que los hechos publicados apare-cían en los procedimientos judiciales. Cuando un editor o repórter de un periódico publica un informe acerca del arresto de una persona tiene el deber de fijarse que en la publicación solamente se diga que dicha persona ha sido acu-sada de un delito. Las autoridades demuestran que no debe presumirse la culpa y por tanto lo mismo el editor que el repórter deberán tener el cuidado de evitar tal suposición. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Igartúa, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo sobre calificación de defecto subsa-nadle.
    No. 186.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Defectos Subsanables — Bienes Gananciales — Bienes Privativos de los Cón-yuges — Origen del Dinero del Precio de Adquisición. — No constituye de-fecto subsanable el no expresar el origen del dinero del precio de la adquisi-ción de una finca en una escritura que afecta a bienes inmuebles, cuando no se trata de inscribir en virtud de dicho documento la finca adquirida como bien privativo de uno de los cónyuges adquirentes.
    Bienes Privativos de uno de los Cónyuges — Bienes Gananciales — Origen del Dinero del Precio de la Adquisición. — Unicamente cuando el marido o la mujer tratan do inscribir bienes como propiedad exclusiva de uno u otro es que es necesario expresar en el documento que el dinero del precio de la adquisición pertenecía exclusivamente al cónyuge a cuyo favor se desea ins-cribir la finca.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de Jesús Tizol.

    El Registrador Sr. José Marcial López, compareció por es-crito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Resulta del Registro de la Propiedad de Arecibo que en ocbo de agosto de 1901, Pedro Cario y Antonio .Saavedra vendieron a Margarita Feliciano Nieves, esposa de Juan Ne-pomuceno Prieto por precio de quinientos dólares, una finca de 36 cuerdas sita en la jurisdicción de Arecibo.

Por escritura pública No. 50, otorgada ante el Notario Márquez y Abrams en 4 de agosto de 1910, la referida Margarita Feliciano Nieves constituyó hipoteca voluntaria a favor de Rafael Igartúa del Valle por la suma de $450, sobre las mencionadas 36 cuerdas de terreno.

En julio 16, 1913, el acreedor hipotecario Rafael Igartúa ■del Valle, Margarita Feliciano y Nieves y su esposo Juan Prieto León, otorgaron otra escritura con el fin de modi-ficar la hipoteca anteriormente constituida. El acreedor hipo-tecario recibió la suma de $130, y prorrogó el vencimiento-de la hipoteca hasta julio 15, 1916, dejando libres del gra-vemen diez y ocho cuerdas que formaban parte de las 36 pri-meramente- hipotecadas. El registrador inscribió la escri-tura de modificación, pero con el defecto subsanable' dé no-haberse acreditado que el precio de adquisición de la finca perteneciera exclusivamente al peculio de la esposa. No po-demos comprender la actitud asumida por el registrador. En primer lugar no aparece que Margarita Feliciano y Nieves estuviera adquiriendo una propiedad, sino dejando libre de gravamen parte de una finca que estaba inscrita a su nombre.

Pero si ha de admitirse que la escritura de modificación creó un nuevo derecho de propiedad, el mero hecho de no expresarse en dicha escritura el origen del precio de la com-pra no establece diferencia alguna. Margarita Feliciano Nieves no alega que el título de tal modo adquirido pertenece a sus bienes privativos. El registrador está enteramente en lo cierto al alegar que los bienes así adquiridos se presumen gananciales. Unicamente cuando el marido o la mujer tratan de inscribir bienes como de la propiedad exclusiva de uno u otro es que el principio sentado en el caso de Feliú et al. v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 766, puede ser de aplicación. Según las inscripciones del registro en esta serie de títulos no habido tentativa alguna por parte de la esposa de establecer un título por separado.

Debe revocarse la nota.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.