author: El Juez Pkesidente Sk. del Tobo, JUEZ ASOCIADO SB. WOLF.

text:
    Maldonado, Demandante y Apelante, v. The Porto Rico Drug Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2624.
    Resuelto en abril 17, 1923.
    Daños y Perjuicios for Negligencia — Prueba Contradictoria — Error Mani-fiesto en su Apreciación. — Analizada la prueba practicada en este caso, se decidió que al apreciarla cometió la corte de distrito un error de tal modo manifiesto, que aun en el caso de estimarse dicha prueba contradictoria, pro-cedería la revocación de la conclusión a que llegara.
    Id — Diligencia de un Buen Padre de Familia. — Estudiada la evidencia aportada en relación con el último párrafo del artículo 1804 del Código Civil, se con* eluyó que no era suficiente para probar la defensa alegada, o sea, la de que la demandada había actuado con la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

      Id. — Alegaciones—Peueba de los Daños — Seevicios del Menok — Angustia t Sufrimiento de los PADRES. — La pérdida do servicios no constituye un daño especial que sea necesario alegar. El montante de la indemnización a que un padre tiene dereeho por la muerte de su hijo menor causada por la negli-gencia de otro, es aquella suma que, considerando todas las circunstancias del caso, es justa y razonable; y al determinar el importe de la indemni-zación puede tenerse en cuenta no sólo la pérdida de los servicios del niño durante su menor edad y los gastos de asistencia médica y de entierro, sino también la angustia y sufrimiento moral de los padres.
    Id. — Padre Legítimo — Hijo—Causa de Acción. — Se alegó por la apelada que no habiéndose probado que el demandante sea padre legítimo del menor Luis Maldonado, no tiene derecho a reclamar, de acuerdo con la ley vigente al ocurrir el accidente. En la demanda se alegó que el demandante era 1 ‘padre de Luis Maldonado,” y habiéndose probado en el acto del juicio lo ale-gado así: declaró Josefa Quiñones y dijo que era casada con Ignacio Maldonado, el demandante, y que "tenía un hijo que se llamaba Luis Maído-nado,” y el demandante declaró también y dijo que era el marido de la señora Quiñones que acababa de declarar y que tenía un hijo llamado Luís: los-otros testigos al hablar del hijo, lo designaron como "hijo,” y de los padres, como "padres” simplemente, se resolvió: que dicha prueba, no objetada, demuestra que el niño de que se trata era hijo legítimo de Ignacio Maldonado y de Josefa Quiñones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de] apelante: ¡Sres. G. Coll Cuchí, P. Gonzá-lez García y P. Nelson.

    Abogado de la apelada: Sr. A. R. de Jesús.

   El Juez Pkesidente Sk. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Maldonado inició este pleito en la Corte de Dis-trito de San Juan, contra la Porto Pico Drug Co., en recia mación de cincuenta mil dólares por daños y perjuicios su-fridos por la muerte de su hijo Luis, de ocho años de edad, ocasionada por ciertas cápsulas de chenopodio indebidamente vendida por la demandada. Negó la demandada y alegó como defensas afirmativas que si el niño murió intoxicado, la muerte no fue ocasionada por la droga misma, sino por falta de cuidado en su administración, y que la demandada había ejercitado el cuidado de un buen padre de familia al nombrar al dependiente que despachó la droga en cuestión.

Fué el pleito a juicio, se practicó una larga prueba tes-tifical y pericial y la corte finalmente dictó sentencia decía-.rando la demanda sin lugar, con costas al demandante. La corte sentenciadora, en su opinión, después de referirse a las alegaciones, se limitó a consignar lo que sigue:

“Celebrado el juicio y practicada la prueba, la corte lia llegado a la conclusión de que el demandante no ba probado que el niño Luis Maldonado falleciera por envenenamiento de chenopodio, ni por nin-gún otro tóxico, ni ha probado los daños ocasionados al demandante por el citado fallecimiento.”

No conforme el demandante, apeló para ante esta Corte Suprema, señalando la comisión de tres errores, a saber: 1, la corte erró al declarar que el demandante no probó que el niño Luis Maldonado, falleciera por envenenamiento de che-nopodio, ni por ningún otro tóxico; 2, la corte erró al decla-rar que el demandante no había probado los daños ocasio-nados y 3, la corte erró al declarar sin lugar la demanda.

Planteado así el debate, procederemos al estudio del primer error. Es necesario examinar la prueba practicada. Para que el error exista tendrá la evidencia que demostrar, primero, que el niño Luis Maldonado falleció el 19 de agosto de 1920; segundo, que su muerte se debió a las cápsulas de chenopodio que se le dieron a tomar el día 18 de agosto de 1920; tercero, que dichas cápsulas fueron vendidas por la demandada, y cuarto, que la venta se hizo negligentemente entregando cápsulas que contenían una cantidad mayor de chenopodio que la recetada por el médico.

Con respecto al primer extremo no hay duda alguna. Luis Maldonado falleció en la madrugada del día 19 de agosto de 1920 y su defunción fue inscrita en el Registro Civil de Caguas, término municipal en que ocurrió el fallecimiento.

El segundo extremo requiere el examen de una larga prueba documental, testifical y pericial.

La documental consistió en la certificación de defunción y en la de autopsia. La primera se introdujo así:

“Dte. Presentamos como prueba-, en primer término, una certi-ficación del Registro Civil de Caguas acreditando la defunción de Luis Maldonado Quiñones. — Ddo. (Ledo, de Jesús); ¿Cuál es el objeto de la parte al presentar como prueba esa certificación? — Dte.: Yo presento como prueba esa certificación. — Ddo.: Queremos saber el objeto. — Dte.: Para probar todo lo que legalmente se pueda pro-bar con ella. — Juez: La certificación, a juicio de la Corte, es para probar la muerte del individuo. — Ddo: Si es para probar que mu-rió tal día, no tenemos objeción. — Ddo. (Ledo. Tous) : Haciéndose constar que no se objeta en cuanto tienda a probar la muerte del del niño, pero no ningún otro becho. — Juez: Se admite. Se marca Exhibit A del demandante.”

Y dice:

“Número 113. — Luis Maldonado y Quiñones. — En Caguas, F. R., el día diez y nueve de Agosto de mil novecientos veinte, siendo las nueve de la mañana ante mí, Doctor Víctor Coll y Cuchí, encargado del Registro Civil, comparece Carlos Rivera, mayor de edad', de es-tado soltero, de profesión empleado, natural de' Caguas y declara: 1. Que Luis Maldonado, de seis años de edad, de estado * *! * natural de Caguas de la raza blanca, de profesión * * y ave-cindado en el Barrio de Bairoa de Caguas, falleció a las doce y media de la mañana del día diez y nueve de Agosto de mil novecientos veinte a consecuencia de envenenamiento por chenopodio, según cer-tificación del Doctor A. García d'e Quevedo. — 3 Que era hijo legí-timo de Ignacio Maldonado y de Josefa Quiñones, naturales de Ca-guas, casados y residentes en Caguas. — 4. Que los abuelos paternos son: Pablo Maldonado y Josefa Porrata, casados, naturales y vecinos de Caguas; y maternos son: Pedro Quiñones y Felipa Pérez, difun-tos. — 5. Que hace esta declaración como encargado por la familia d'el finado. — 6. Que el cementerio en que se ha de dar sepultura al ca-dáver es el de esta ciudad: Así lo declaran ante mí, en presencia de los testigos Rafael Arena, mayor de edad, de estado casado, de profesión empleado, natural de Mayagüez y avecindado en la casa número 56 de la calle de Padial de Caguas y Ulises Martínez, mayor de edad' de estado viudo, de profesión farmacéutico, natural de Las Piedras y avecindado en la casa No. 34 de la calle de Jiménez Sicardó de Caguas, cuyos testigos me garantizan que el cadáver de que se trata es el de la persona indicada: — Leída esta acta, la aprue-ban todos los'que en ella figuran y la firman; haciéndolo por los que no supieren aquellos a quienes rogaron, sellando yO con el sello de esta oficina y firmándola con mi propia firma, de todo lo que certi-fico: — Carlos Rivera. — Declarante.—Rafael' Arenas. — Ulises A. Mar-tínez. — Testigos.—Dr. 'V. O.oll y Cuchí, encargado del Registro Civil. ’ ’

La segunda es como sigue:

“Autopsia del Cadáver del niño Luis Maldonado. — A las 10 de la ma.fi an a, en el Cementerio Municipal. Niño como de seis a siete años de edad, blanco, bien formado. Su cuerpo no presenta lesión exterior alguna. — Congestión hipostática de la espalda y en el vientre varias manchas verde azuladas, producto de la putrefacción que co-mienza, las que aparecen también en las piernas. Rigor mortis muy mareado en las piernas y muy poco mareado en las extremidades su-periores. — Abierta la cavidad toráxica se encontraron todas las vis-ceras de esta cavidad en estado normal. Los pulmones flotan en el agua y el corazón aparece vacío. — Abierta la cavidad abdominal se encontraron el estómago y los intestinos algo dilatados por los gases y la vejiga conteniendo de una a dos onzas de orinas. — Los riñones, el pancreas y el hígado aparecen en su posición y tamaño. — Abierta la cavidad craneana se encontró la masa encefálica edomatosa y ane-miada y las meninges algo congestionadas especialmente en su parte basilar.”

La prueba testifical describe del siguiente modo los he-chos ocurridos.

Declaró la madre del niño, Josefa Quiñones, en parte, así:

“El primer día,” expresó, “no le di la medicina porque comió dulce de uno que le llevó el papá, pero por la noche al otro día le di una cucharada de aceite que me aconsejó el doctor que le diera, y al día siguiente en las primeras horas de la mañana, como me dijo, le di una cápsula y a la media hora una cucharada de.aceite de castor, y allá, a las 12 cuando terminé de dárselo dice el niño': estoy ma-reado, y se recostó de una hamaca que tenía en la sala, y yo lo cogí y le toqué pero lo notaba demasiado mongo y entonces mandé a bus-car al papá y vino el papá y le digo: mira como está el niño, y fué y mandó un doctor a casa y al llegar ya estaba mi hijo casi muerto, que no me conocía.”

Defiriéndose al doctor Divas, sigue la madre declarando:

“Me dice: ¿Qué le ha dado Ud. a este niño? Un purgante. ¿Qué fué? y cogí la cajita y le dije: estas cápsulas, y como aún no había terminado de dárselas, me quedaba una y dice: esto es grave — •, pero parece que no queriéndome decir, como madre que estaba des-consolada, cuando se vió con el papá le dijo. Entonces vino el papá y me dice: el niño está envenenado según me dice Rivas, y dije: Ay, mi madre! Llama a Luis (el médico que recetó) y dile a Luis que el niño está envenenado a consecuencia del purgante recetado por él, y al momento llegó Luis, a las 3 de la tarde, porque se le puso un telegrama. ’ ’

Luego, a preguntas de uno de los abogados de la deman-dada, contesta:

“No tuvo enfermedad, era un niño robusto, contento, alegre; eso es lo que siento. Me parece que lo estoy mirando. El lo único que. tenía era que estaba desganado, de todo pedía en la mesa y de nada comía, y dijo: Iíay que resolver porque no se puede dejar este niño así tanto tiempo.”

Compareció a declarar el padre del niño, y en parte, dijo:

“Yo babía salido para el pueblo a casa de Pancho Pereira, 3^ como a los 10 o 15 minutos de estar allí vi un hijo mío que llegó de súbito en un caballo y dice: Papá, que vayas con un médico que el niño está grave.
* * # # * # #
“Por la mañana ella fué a darle el purgante y en eso vi que el niño sufría demasiado y dije: me voy, mandé a buscar el caballo y monté y cuando daba la vuelta por la puerta de golpe salió el niño contento y dice: Papá, me tomé una, 3^ dije: Gracias a Dios! porque el niño sofría, la devolvía.”

Contestando luego a las preguntas de la parte deman-dada, expresó que a su regreso observó que el niño no lo co-nocía: “jo lo llamaba y bacía así, y yo lo cogía así j notaba el cerebro” * * * “a cada momento le daban unos temblores ’ ’ que ‘ ‘ a medida que se acercaba la muerte enton-ces iban apretando más.”

Siguen las declaraciones de los doctores Eivas y Gonzá-lez que asistieron al niño. Participan sus manifestaciones de una doble naturaleza: la del testigo, que se refiere a he-chos en que intervino directamente; la del perito, que esta-blece determinadas conclusiones a virtud de sus conocimien-tos especiales sobre la materia.

El primero, o sea, el doctor Nivas, en parte, dijo:

“Yo fui llamado allá por el mes de Agosto para atender este niño6. El padre vino donde mí y solicitó de mis auxilios; le pregunté de qué se trataba y dijo que un niñito que tenía muy grave. Como él vive un poco distante del pueblo le pregunté de qué más o menos se trataba y me dijo que el niño babía tomado unas medicinas y desde entonces se babía agravado. Le pregunté más o menos qué clase de medicina y dijo que unos purgantes para la anemia. Le dije que si babía sido timol o cbenopodio y dijo que eran unas cápsulas que olían a pasóte. Yo estaba seguro que le babía dado ebenopodio y le pregunté la cantidad que le había dado y que edad tenía el niño, y me dijo que le habían dado unas cápsulas bastante grandes, y me fui allá. Llegué a la casa y encontré el niñito en un estado sumamente grave, un estado de postración máxima, inconsciente, en un estado de decaimiento, un poco sianótieo, húmeda la piel, no respondía a nin-gún estímulo, un cuadro completamente grave. * '* *
“Esto fué como a mediodía. En seguida le dije a la familia la gravedad del caso y me puse a trabajar. Inmediatamente ordené un purgante, que se fué a buscar en seguida, se le dio para producir una evacuación, y asimismo le hice unos lavados intestinales, y en seguida de esto ordené que se le pusiese una enema de café negro y se le diese a tomar luego. Mandé ponerle botellas calientes a los pies porque estaban frías las extremidades; estuve allí un rato ob-servando el niño y luego me fui. En seguida volvieron a busearme y llevaron otro médico. Eso es todo lo que sé. Yo hice un pronós-tico de gravedad. * * *
“Yo me incliné a creer que aquel niño babía tomado la droga en cantidad excesiva, en vista de los síntomas que él presentaba.”

Dijo el doctor además que babía comprobado el día que asistió al niño la droga que se le babía administrado, ha-biéndosele mostrado la cajita en que había venido y una cáp-sula de las que se le habían dado a tomar. Se le mostró una cápsula introducida como prueba y la reconoció como “la misma quizás” que vió el día indicado.

El doctor González, que llegó'después, depuso, en parte,, así:

¿íUn día como a las 2 de la tarde recibí del padre de este niño un telegrama alarmante en el que se me daba cuenta de la gravedad del roño, indicándome en el telegrama su gravedad por un purgante que yo le había dado. Me decía que partiera para allá que había grave-dad en él niño.
‘ ‘Inmediatamente tomé un carro y me dirigí a la población de Ca-guas, y cuando pasaba para casa de la familia del Sr. Maldonado me encontré eon el Sr. Maldonado que me esperaba en el pueblo. Allí medio compungido me dijo que su niño estaba envenenado, y le dije: "Vamos a ver, y seguimos en el mismo automóvil y cuando entré a la «asa encontré a la madre desolada, me acerqué a la cama y observé el cuadro patológico que se desarrollaba y me llenó de espanto aquello, encontré el niño en estado comatoso, la cornia insensible, la pupila dilatada, la lengua pesada y relativa quietud. Inmediata-mente le pregunté: ¿Qué medicina le ban dado a este niño? La que tu diste. — ¿Cómo qué tiempo hace de eso? Aquella que rece-taste en el mes de jubo en Gurabo, unas cápsulas. ¿Qué clase de cápsulas le dieron a Uds.? Y dice: Me dieron 4 cápsulas grandes, y dije: ¿Son como esas cápsulas blancas? y dice: No, son grandes, amarillas; eso me llenó más de terror y dije: El niño está envene-nado; venga la medicina. Míe trae el padre unas cápsulas grandes amarillas y le digo:' Le han envenenado el muchacho este, pero ma-nos a la obra. ’ ’

Y, refiriéndose al parecer al padre, expresa, además, el doctor :

“Le dije: Llame otro médico para que venga a compartir esas responsabilidades conmigo, y empezamos a ponerle inyecciones de aceite alcanforado, estricnina, paños de café negro, grandes dosis de café para ingerirle para estimularle a ver si se contrarrestaban los efectos, lo sumergimos en un baño de agua a una temperatura alta y conseguimos aliviar el niño un poco basta cierto punto; en eso vino el Dr. .Quevedo y fuimos de opinión unánime que era caso perdido. Hicimos todo lo posible cuando vimos que la fiebre estaba tan alta; agotamos todos los medios, reconociendo que era un caso muy deses-perado. Yo me vine a San Juan. El vino a expirar después de las 12 de la noche, allá como a la 1. * '* * ”

Entonces declaró el doctor García de Quevedo que no in-tervino tan directamente como los anteriores en el caso, pero que vió al niño, escuchó las manifestaciones hechas en el mo-mentó mismo de su enfermedad y de su muerte y practicó la autopsia del cadáver. . En parte dijo:

“Yo examiné el cadáver, abrí las 3 cavidades, toráxieas, abdominal y craneal, y en la primera no encontré nada normal, el corazón sano, pulmones sanos; la cavidad abdominal ocupaba su posición normal y su tamaño normal, pero en el cerebro encontré una edema marcada en la masa encefálica y una ligera congestión de las meninges, sobre todo la. parte que afecta el cerebro, y en vista de la historia médica, en concepto mío el niño murió. * * * ”

Fué interrumpido y sujeto a un largo y hábil interrogato-rio y contrainterrogatorio, quedando en pie sus manifesta-ciones acerca de que el niño “había muerto de una droga que afectaba al cerebro, porque había solamente edema del cere-bro,” que el niño “no había muerto de enfermedad” y que conectando los datos que se le habían proporcionado con res - pecto a lo ocurrido y el resultado de la autopsia, podía de-ducirse la muerte por chenopodio.

Existe también la declaración del doctor Coll y Cuchi que, en lo pertinente al extremo que examinamos, dijo: Que cual-quier niño que tomara tres de las cápsulas que se le dieron al niño de que se trata en este caso, moriría fatalmente, sin tratamiento alguno posible para salvarlo, y que: “El che-nopodio llega al intestino y de ahí pasa inmediatamente a la sangre, a la circulación, y la sangre lleva a los distintos sitios el chenopodio. Respeta completamente todas las vis-ceras neutrales, de modo que el hígado permanece igual, el mismo intestino, si acaso un poco más de sangre que los cen-tros nerviosos que son los que sufren el envenenamiento. Como una de las propiedades de esta medicina es provocar una hipercrinia, que quiere decir una secreción más abun-dante de la que debe ser. Las meninges son dos capas de tejido, una que cubre el cerebro y otra que está adherida al cráneo por dentro, y dentro de esas dos láminas hay un lí-quido muy fino que sirve para cuando hay un movimiento de cabeza grande le sirva de equilibrio dentro del cerebro para que uo haya shock con. ese movimiento, y ese liquido al hacer la fricción engendra más calor, un lubricante, provoca una secreción mayor de la que debe hacer, de modo que produce una presión interna, intracraneana, y también provoca nnn himperenia del cerebro y comienza una presión intra-craneana de tal naturaleza que inmediatamente el niño em-pieza a perder la razón, a perder todas las facultades, el ce-rebro- que es lo que regula todas las funciones del cuerpo está más débil, vienen convulsiones, después viene el coma y luego la muerte.”

A nuestro juicio no es posible leer la prueba practicada de la cual hemos extractado lo que antecede, sin que en la conciencia del juzgador surja la misma conclusióu a que lle-garon el padre, la madre y los tres médicos en el mismo día del suceso frente a la realidad de los hechos. El niño estaba relativamente bueno y en pie por la mañana. Lo único ex-traño que tomó fue la medicina de que se trata. A las tres o cuatro horas los síntomas se presentaron y poco tiempo después murió. T no ya los profanos, sino los técnicos que intervinieron, sin vacilación alguna, atribuyeron la muerte a la droga administrada.

¿Modifica la prueba pericial aportada por la demandada la conclusión ‘que impone la realidad de los hechos? Veá-moslo.

Primero declaró el perito químico Sr. del Valle Sárraga,-luego el perito médico Dr. Martínez Roselló.

A del Valle Sárraga se le envió el estómago, parte del intestino delgado, parte del hígado, un pedazo del cerebro y un riñón y contestó que examinadas estas visceras no en-contró en ellas indicio de veneno alguno. Respondiendo a preguntas de la parte demandante dijo que del hecho de' no haber encontrado aceite de chenopodio en las visceras no po-día concluirse que el niño no hubiera tomado chenopodio. Y dijo además, que si la droga que se toma se absorbe rápi-damente no es posible encontrarla porque se descompone en cuerpos simples y que una persona no podría morir a vir-tud de los efectos de cbenopodio sino después de absorverlo.

Siendo esa, en síntesis, su declaración, en vez de destruir afirma la teoría de la demanda.

La declaración del perito médico es larga y difícil de con-densar. Ocupa veintiocho páginas de la transcripción. Su tendencia es demostrar que el doctor González no practicó el debido exámen del niño antes de recetar el cbenopodio; que el aceite de castor recetado fué insuficiente; que las cápsulas no se administraron debidamente; que el café en vez de bien hace daño en casos de envenenamiento por cbe-nopodio ; que la dosis suministrada al niño no era necesaria-mente mortal, sobre todo si se hubiera administrado en de-bida forma con el suficiente aceite de castor, y que la autop-sia no demostraba que el niño hubiera muerto envenenado.

Con respecto a los efectos tóxicos del cbenopodio y a las dosis que podían administrarse sin riesgo alguno, la decla-ración del perito que parecía tener gran fuerza en sus pri-meras manifestaciones, la perdió en las segundas, así:

Declarando en la sesión de la mañana, expresó:

“T. Se ban llegado a aplicar dosis basta de 3 gramos. La Fun-dación de Rockefeller, que ba tratado 50,000 casos, entre los Malayos en Filipinas, lo ba aplicado en la forma siguiente: el día antes: un purgante de sulfato de magnesia (y be de llamar la atención a que, en este caso, a pesar de las dosis elevadas, no se ba usado substancia grasa); se ba empleado solamente sulfato de magnesia el día anterior; el siguiente día, a las siete de la mañana, una dosis de un gramo, o sea, 15 gotas del medicamento; a las ocbo otro gramo; a las nueve otro gramo; y una bora después un purgante de aceite de castor. Y en estas condiciones, según las estadísticas de esta Fundación de Rockefeller, en 300,000 casos no se ba causado una sola defunción.
“A. ¿De modo que ban sido dosis de 3 gramos? — T. Tres gramos en un día.
“A. jQué equivale? — T. A cuarenta y cinco gotas.
*#*##**
“A. ¿Es tóxica una dosis de cbenopodio de 10 mínimas? — T. No, señor. La National Standard de los Estados Unidos dice que la dosis para niños es de 5 a 10 gotas, y el Dispensario de los Estados Unidos, publicado en 1918, en sn edición 17, dice también que la dosis es de 5 a 10 gotas para los niños.
“A. ¿ Tratándose del aceite de cbenopodio, dada su densidad, 1 gota es equivalente a 1 mínima? — T. Dada la poca densidad y con-sistencia .del cbenopodio 1 gota es equivalente a 2 mínimas.
“A. ¿De modo que 10 gotas vendrían a ser 20 mínimas? — T. Sí, señor, 20 mínimas.
“A. ¿Así es que podrían administrarse según eso 20 mínimas?— T. Sí, señor.
“A. ¿A un niño de edad de 6 años? — T. Sí, señor.
“A. ¿Hasta qué dosis puede administrarse a un niño próxima-mente de 8 años el aceite de cbenopodio sin que produzcan intoxica-ción ? — T. Se ba llegado a la conclusión, según los experimentos y ob-servaciones hechas en el Hospital de Santo Tomás de Panamá, que a un niño se le puede administrar11 gota de aceite esencial de eheno-podio por año de edad'. De modo que un niño .de 8 años puede re-cibir de una sola dosis 8 gotas.
“A. ¿O sea, 16 mínimas? — T. Sí, señor.
“A. ¿Esa dosis puede repetirse en ciertas condiciones? — T. Puede repetirse 3 veces, siguiente el procedimiento que se sigue con los adul-tos, que es repetir la dosis 3 veces al día. En el Hospital de Santo Tomás el procedimiento en cuanto a los adultos era •. 3 dosis, durante 3 días consecutivos, y después daban el purgante o de aceite de castor o de sulfato de magnesia. Posteriormente rebajaron la dosis a un solo día, y después el purgante.
“A. ¿En qué forma puede repetirse esa dosis? — T. A intervalos de 2 horas. Se da la primera; a las 2 horas la segunda y la tercera a. las dos horas, por más que en esto no hay fijeza, porque algunos aplican la primera y a las 3 horas la segunda y después a las 3 la tercera; y otros a las 2 horas. En esto no hay uniformidad, puesto que el único fin es impedir la rápida absorción, dado que el medica-mento no actúa inmediatamente sobre los parásitos.
“A. ¿A qué dosis sis refiere en ese caso de administrar 3 dosis sucesivas a intervalos de 2 horas?- — T. Quince gotas. De modo que se han llegado a aplicar 45 gotas, en una sola dosis, en dicho Hospital.
“A. ¿Y con respecto a un niño? — T. A un niño de esa edad co-rresponde la tercera parte.
“A. ¿Qué sería? — T. Once gotas y cuarto.
“A. ¿En cada aplicación? — T. En cada aplicación.”

Y en la sesión de la tarde, dijo:

“A. Ud. babló de la equivalencia de la mínima con la gota en cuanto al cbenopodio teniendo en cuenta su viscosidad. Sírvase re-petir, doctor. — T. Yo tuve un lapsus verbo, cuando hablaba de eso. Dije primero que el cbenopodio, como aceite esencial, era poco denso y después me equivoqué al bacer la equivalencia con la mínima, puesto que dije lo contrario de lo que debía haber dicho: be debido decir que en una mínima se contienen dos gotas de aceite esencial de cbeno-podio, y dije que una gota equivalía a dos mínimas.
“A. ¿Una gota de agua es'una mínima? — T. Una mínima.
“A. ¿Pero una mínima de aceite esencial? — T. Se necesitan dos gotas para formar una mínima.”

De suerte que, según el propio perito de la demandada-,■ la dosis para un adulto es la de veintidós mínimas, y media y para un niño de ocho años la de- doce mínimas, y en este caso el niño llegó a tomar treinta mínimas, o sea, una dosis superior en diez y ocho mínimas a la fijada para él Y en siete y media a la fijada para los adultos.

El error de la corte al apreciar la evidencia en este puntó es de tal modo manifiesto, que aun cuando se concluyera que la prueba era contradictoria no sería contrario a la cons-tante jurisprudencia de este tribunal corregirlo en apela-ción.

Dilucidados los extremos que anteceden, veamos si las cápsulas de chenopodio que causaron la muerte al niño de que se trata fueron vendidas por la demandada y si la venta se realizó en condiciones tales que envuelvan la responsabi-lidad de la Porto Rico Drug Company.

Que la venta se realizó no hay duda alguna. Este he-cho no se discute por la parte demandada. Son las circuns-tancias de la venta las que es necesario investigar.

El padre del niño declaró que encontrándose su hijo pá-lido y mal del estómago lo llevó donde el doctor González que lo examinó acostándolo en un diván y aplicándole va-rios aparatos, dándole finalmente una receta que no pudo ser despachada en Caguas y lo fué finalmente en San Juan, en el establecimiento de la demandada, así:

“Di la receta y al dar la receta entonces el dependiente me dió un papelito y salí afuera y como a la media hora vine' y me la dieron y me la eché en el bolsillo y me vine. ’ ’

La cajita recibida por el padre fué entregada a la ma-dre y tres de las cuatro píldoras que contenía le fueron dadas por ella al niño en la forma que explicó, siguiendo las ins-trucciones del doctor González.

La cápsula restante fué entregada por el padre al doctor Coll y Cuchí, oficial de Sanidad de Caguas, encargado del registro civil, según consta en las declaraciones del padre y del doctor, y fué presentada en el juicio como prueba.

Las cápsulas recetadas por el doctor González fueron cua-tro de tres mínimas por cápsula. La cápsula entregada al doctor Coll como igual a las que tomó el niño era de diez mínimas.

La demandada, por medio de su dependiente Francisco J. Moreno, que declaró en la vista, sostuvo que las cápsulas despachadas, según se indicaba en la receta, fueron de tres mínimas.

La prueba es, pues, contradictoria. Si se cree la decla-ración de Moreno, no hay responsabilidad alguna para la de mandada.

De una parte tenemos la declaración del dependiente y de otra la del padre, la de la madre, la del doctor Coll, la del doctor Kivas y la realidad de los hechos. Las cápsulas de tres mínimas no ya tomadas como fueron prescritas, Tina a'una, sino juntas, no hubieran producido la muerte; las tres de diez mínimas eran bastante para producir la muerte de modo inevitable según el doctor Coll. Según el doctor González aunque las cápsulas por él recetadas le hu-bieran sido mal administradas al niño, sólo le hubieran cau-sado un trastorno en la economía, nunca la muerte. En cambio las tres grandes podrían haber cansado la muerte no ya de un niño sino de un adulto.

Además, resulta que cuando el doctor González se pene-tró de la gravedad del caso dice que pidió la eajita que con-tenía las cápsulas con objeto de solicitar la repetición de la receta. Fué en efecto a la farmacia de la demandada y allí, según él, ocurrió lo que sigue:

“El primer individuo que se me presentó, uno de los que estaba en la trastienda despachando le dije: Tenga la amabilidad de repe-tirme esta fórmula; él empuñó la caja, la miró y fué al libro de fór-mulas donde guardan todas las fórmulas de la farmacia, miró y fué inmediatamente y trajo las cápsulas. ’ ’

T las cápsulas que se le entregaron fueron de diez mí-nimas. Esto es, iguales a las despachadas anteriormente.

La demandada intentó contradecir la declaración del doctor González con la de su dependiente Verdeguer, que depuso en forma tal que sus manifestaciones, por sí solas, revelan falta de verdad, y demuestran la negligencia con que actuó.

Es cierto que si otro dependiente fué el que despachó por vez primera la receta, no puede imputársele la negligencia del segundo dependiente, pero la prueba fué admitida sin objección y ella es por lo menos ilustrativa de-cómo actuó en esa ocasión por su dependiente la demandada. Es una circunstancia que no debe perderse de vista que las cápsulas de diez mínimas venían preparadas de fábrica y las de tres tenían que prepararse en la farmacia. Verdeguer se expresó así:

“A. ¿Ud. conoce al Dr. Luis F. González, de Caguas? — T. Lo co-nozco en la actualidad.
“A. ¿Allá por el mes de agosto de 1920, el 16 o 17 de ese mes vió Ud. al Dr. González en la farmacia de la Porto Rico Drug? — T. Lo vi.
“A. ¿Tuvo Ud. algún incidente con él, alguna conversación? — T. Sí, señor.
“A. ¿Con qué motivo lo vió Ud. allí? — T. Se presentó allí con dos señores más; entonces me entregó una eajita y dice: Kepítame esto. * # *
“A. ¿Ud. recordaría la eajita si la viera? — T. Una eajita color verde.
“A. ¿Sería ésta la eajita que Ud. vió, parece ésa? — T. Sí, señor.
“A. ¿Qué le dijo él? — T. Me dijo que le repitiera esa receta, sa-qué una contraseña y me dijo que tenía prisa, que eran unas cáp-sulas de chenopodio, y entonces yo busqué el libro de fórmulas y le dije: hay que hacerlas. * * *
“A. ¿Quién buscó el libro? — T. Yo.
“A. ¿Qué fué lo que buscó en el libro? — T. La receta.
"A. ¿Qué encontró Ud? — T. Cogí el libro, vi la receta y entonces le di una contraseña y no la aceptó, dijo que tenía prisa, y le dije: bay que hacerla. * * *
“A. ¿Por qué había que hacerla? — T. Porque la receta pedía tres mínimas y entonces. * * *
“A. ¿Uds. no tenían preparadas de 3 mínimas? — T. No, señor. Entonces me dice: están hechas las cápsulas, y le dije: las que hay hechas son de dosis mayores, de 30' centigramos y de 60, y entonces se las enseñé. Después le enseñé las chiquitas. * * *
“A. ¿De cuánto eran las pequeñas? — T. De 30 centigramos.
“A. ¿Que cuántas mínimas son? — T. Más o menos 5. — Entonces le dice a un señor que quedaba al lado derecho de él. ‘ Serían de éstas las cápsulas ? ’ y él le dijo que eran más grandes, contestó el señor, y entonces me dijo que le pusiera las grandes, y yo como él es doctor.. * * *
“A. ¿Ud. sabía en aquel momento que él era médico?- — T. Porque uno de los compañeros que él vino y le dijo: Dr. vamos, y entonces comprendí que era doctor. Si no no le doy las cápsulas.
“A. ¿De qué clase se las dió, de qué dosis? — T. De las de 60.
“A. ¿Cuántas mínimas? — T. Diez mínimas más o menos.
“A. Vea estas cápsulas. ¿Sería de ese tamaño? — T. De ese ta-maño son.
“A. ¿De esa clase también, esa forma? (enseñándole el exhibit C. d'el -Dte.) — -T. Sí, señor. Después que le entregué las cápsulas me dijo que le diera aceite de castor y dije: ¿Cuánto? ‘Media onza’, no guiándome por la receta porque yo había cerrado el libro, y be di la media onza de aceite de castor y le cobré 25 centavos por las dos cosas.
“A. ¿Quién íe pagó? — T. No me fijé.
“A. ¿El le pidió alguna nota de la receta en aquel momento? — T. Me pidió una copia.
“A. ¿Ud. se la dió? — T. Se la di exacta.
“A. ¿Tres mínimas decía la copia? — T. Tres mínimas.
“A. ¿Cuándo fué que él le pidió la copia de la receta, antes o después de haber despachado Ud. las cápsulas? — T. Después de ha-berla despachado. Entonces el doctor se introdujo dentro del depar-tamento de recetas y consultó con el Sr. Daubón. (Dte.)
“A. ¿Ud. está seguro que el día a que Ud. se refiere Ud. sabía que el que estaba pidiendo las cápsulas era doctor, porque se lo había dicho otra persona, pero no sabía qué doctor era? ¿ Es correcto eso ?— T. Yo vi que le nombraron doctor González.
“A. Ud. oyó que lo nombraron cómo? — T. Dr. González.
“A. Pero eso lo dice Ud. ahora que le hice yo esta pregunta. ¿Cuando Ud. lo dijo antes dijo que le habían dicho doctor? — T. Sí, señor.
“A. Si Ud. despachó las píldoras al Dr. González sin hacer caso alguno de la receta, ¿ por qué no las puso Ud. en otra caja y las puso Ud. en esta caja que tiene ese rótulo que dice: ‘Según fórmula del Dr. González?’ — T. Porque él dijo: échela que tengo prisa.
“A. ¿De modo que Ud. la echó ahí a pesar d’e que estaba rotulada de esa manera * ® * ? — T. El me preguntó la dosis y yo se la dije.
“A. ¿Ud. dice que despachó las cápsulas sin hacer referencia a la receta porque le dijo ‘deme 4 cápsulas?’ ¿Entonces por qué esas 4 cápsulas no las puso en una caja distinta, o por qué Ud. no rayó la rotulación de esta caja que dice: ‘No. tanto, según fórmula del Dr. González? — T. No me dió tiempo. * * * ”

El conflicto existente entre la declaración de Moreno y el resto de la prueba, debe, pues, resolverse a nuestro jui-cio en contra de la demandada. Es de tal fuerza y claridad y peso “el resto de la prueba,” la realidad de los hechos— a la que varias veces nos hemos referido — es de tal natu-raleza, que no es posible dar crédito a la afirmación natural-mente interesada de Moreno.

No consta de modo expreso que dicho conflicto fuera re-suelto por la corte sentenciadora, pero aún en dicho caso ■llegaríamos a la misma conclusión, porque el error cometido podría calificarse de manifiesto.

Alegaron los demandados la defensa especial de haber ejercitado la diligencia de nn buen padre de familia, o sea, la que autoriza el último párrafo del artículo 1804 del Códi-go Civil en los siguientes términos: “La responsabilidad de que se trata en este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligen-cia de un buen padre de familia para prevenir el daño.” Y para probar su alegación presentaron las declaraciones de Eamón L. Daubón y Francisco S. Bruno.

El primero es gerente del establecimiento en que se des-pachó la receta y declara sobre el cuidado especial que la demandada pone en el departamento destinado a la prepa-ración de fórmulas y sobre la habilidad y gran confianza que le merece el dependiente Moreno. El segundo declara sobre los buenos antecedentes, capacidad y habilidad reconocidas del dependiente Moreno.

Para juzgar el efecto de esa prueba es necesario fijar an tes el alcance del precepto legal invocado. Es igual al pá-rrafo último del artículo 1903 del antiguo Código Civil. La parte apelada no cita jurisprudencia alguna aplicable. Tam-poco la hemos encontrado en el examen que hemos hecho de las sentencias de la Corte Suprema de España. Manresa se limita en sus comentarios a decir lo que sigue:

“Réstanos indicar para dejar explicado el alcance o extensión de la responsabilidad impuesta a aquellas personas que deben responder de los daños causados por otros, así como los efectos de esta obliga-ción:
“Io. Que dicha responsabilidad cesa cuando las personas a quienes la impone el art. 1903, prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre d'e familia, estableciéndose en su virtud en dicho ar-tículo una presunción legal de la culpabilidad de las personas citadas en él, pues en razón a las relaciones de autoridad o superioridad que mantienen con los autores del daño causado, la ley presume que les es imputable la causa del mismo por su propia culpa o negligencia, con-siderándoles como autores morales de dicho daño por no haber puesto de su parte el cuidado o la vigilancia necesaria para evitar que aqué-■líos dieran origen a él, conforme con cuyo criterio se baila la sentencia de 18 de mayo de 1901 antes citada. Pero esa presunción establecida por la ley no es absoluta o juris et de jure, sino juris tantum, y por consiguiente, cede a la prueba en contrario.”
“Nuestro Código no ha seguido la escuela italiana, sino más bien se ha inspirado en el criteiúo de la doctrina francesa, puesto que im-pone la obligación de reparar el daño causado en virtud de una pre-sunción juris tantum de culpa por parte del que tiene bajo su 'auto-ridad o dependencia al causante del daño, derivada del hecho de no haber puesto el cuidado y la vigilancia debida en los actos de sus su-bordinados para evitar dicho resultado. Así es, que según el párrafo último del art. 1903, cesa dicha responsabilidad cuando se prueba que los obligados por los actos ajenos, emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia. Luego no es la causa de la obligación impuesta la representación, ni el interés, ni la necesidad de que haya quien res-ponda del daño causado por el que no tiene personalidad ni garantías de solvencia para responder por sí, sino el incumplimiento implícito o supuesto de los deberes de precaución y de prudencia que imponen los vínculos civiles que unen al obligado con las personas por quienes debe reparar el mal causado. Por ese motivo coloca dicha obligación entre las que provienen de la culpa o negligencia.” 12 Manresa. •Comentarios al Código Civil, 610 y 617.

Si se diera al precepto el alcance que al parecer pre-tende la apelada, sería muy fácil liacer ilusoria cualquier reclamación establecida bajo el amparo del artículo 1804. No basta que se elijan empleados competentes. Esa es una cir-cunstancia a considerar. Debe demostrarse algo concreto en relación con el caso investigado.

La declaración de Daubón es general. Nada hay que de-muestre en forma clara cómo investigaba la demandada el trabajo de sus empleados. Qué método ponía en práctica para comprobar su eficiencia. Cómo seguía paso a paso su conducta. Qué record llevaba no sólo de su habilidad, sino de su conciencia.

Se trata de uno de los cometidos más delicados que pue-dan encomendarse a un hombre: la preparación de fórmu-las cuyos componentes son tóxicos en muchas ocasiones. La salud, la vida de los ciudadanos dependen de la sabiduría del médico que receta y de la habilidad y conciencia del farma-céutico que prepara y despacha. ¡ Cuántas veces trastornos en la salud que degeneran en verdaderas enfermedades y aún en la muerte se deben no ya a la falta de habilidad, sino a la falta de conciencia del farmacéutico que no teniendo una droga, para no dejar de ganar o de sostener el nombre de su establecimiento en el sentido* de que tiene de todo, la substituye por otra diferente o de distinta fuerza! ¡ Cuándo ocurre un hecho súbito, alarmante, como sucedió en este caso, se toma acción, pero ¡cuántos hechos descono-cidos quedarán en la sombra!

Examinada la prueba practicada a la luz de esas circuns-tancias y consideraciones, no es suficiente para liberar a la demandada de la responsabilidad que contrajo por el acto negligente de su empleado. Yéase el caso de Truyol y Cia. v. West India Oil Co., 26 D. P. R. 361, 369.

& Probó la parte demandante los daños y perjuicios re-clamados? No existe en toda la evidencia dato alguno que demuestre a cuánto ascendieron los gastos del padre con motivo de la enfermedad y muerte de su hijo. Ningún daño concreto fué probado. Sólo hay una base: la muerte misma del niño, que ha sido reconocida por la jurisprudencia como suficiente para la concesión de daños y perjuicios en casos de esta naturaleza.

La ley en Puerto Bico sobre la materia es igual a la que rige en California y la Corte Suprema de dicho Estado ha resuelto que: “El elemento principal de los daños es el valor que probablemente hubieran tenido los servicios del niño muerto hasta llegar a su mayor edad; el jurado está limi-tado al daño pecuniario efectivo causado al padre. La pér-dida de servicios no constituye un daño especial que sea necesario alegar. Un veredicto por $20,000 fué anulado por ser excesivo: Morgan v. Southern Pac. Co., 95 Cal. 510; 29 Am. St. Rep. 143. Véase también el caso de Cleary v. City R. R. Co., 76 Cal. 240, en cuanto a la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro. Pomeroy’s Gal. Code of Civil Procedtore, p. 123.

En el último de los Casos citados, la corte dice:

“Bajo el artículo 377 del Código de Enjuiciamiento Civil, el mon-tante de la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro, es aquella suma que, considerando todas las circunstancias del caso, es justa y razo-nable; y al'determinar el importe de la indemnización el jurado puede correctamente tener en cuenta no sólo la pérdida de los servicios del niño durante su menor edad y los gastos de asistencia médica y de entierro, sino también la angustia y sufrimiento moral de los padres. ’ ’ Cleary v. City R. R. C., 76 Cal. 240.

Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, la an-gustia, el sufrimiento moral de los padres tuvo que ser ne-cesariamente intenso. En cuanto a los servicios probables del hijo, sólo conocemos que tenía ocho años faltándole tre-ce para llegar a la mayor edad. En Puerto Eico, sobre todo entre las familiás enteramente pobres o de pocos bienes de fortuna, no es raro el caso en que un menor de edad tra-baja y aporta por completo el producto de su trabajo a gas-tos generales del hogar. Mucho depende de la condición de salud, de la personalidad del menor. Nada concreto conoce-mos aquí, pero algún valor será siempre necesario dar a los servicios del hijo.

Atendido, pues, el resultado de la prueba, nos parece que la cuantía de la indemnización puede razonablemente fijarse en tres mil dólares.

Una última cuestión levanta la parte apelada en su ale-gato, a saber: que no habiéndose probado que el demandante sea padre legítimo de Luis Maldonado, no tiene derecho a re-clamar de acuerdo con la ley vigente cuando ocurrió la muerte del niño.

1 En la demanda se alegó que el demandante era “padre de Luis Maldonado.” En el acto del juicio declaró Josefa Qui-ñones y dijo que era casada con Ignacio Maldonado, el de-mandante, y que “tenía un hijo que se llamaba Luis Maído-nado,” y el demandante declaró también y dijo que era el ma-rido de la señora Quiñones que acababa de declarar y que tenía un hijo llamado Luis. Cuando los otros testigos ha-blan del hijo, lo designan como “hijo,” y de los padres, los llaman “padres” simplemente. La prueba no fué objetada y do ella surge como presunción que el niño de que se trata era hijo legítimo de Ignacio Maldonado y de Josefa Qui-ñones. Véanse los casos de Díaz v. P. R. R., L. & P. Co., 21 D. P. R. 78 y Rivera v. Reyes, 31 D. P. R. 440.

A virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra condenando a la demandada a pa-gar al demandante como indemnización la dicha suma' de tres mil dólares. Cada parte satisfará sus costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra condenando a la demandada cd pago de $3,000 por daños y perjuicios.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLF.

La corte inferior declaró probado que el niño en este caso no falleció por envenenamiento de chenopodio o alguna otra droga. Para destruir esta conclusión de la corte debió ha-ber aparecido de los autos que este niño no hubiera muerto si no se le hubiera administrado ningún chenopodio. La corte tenía derecho a creer en vista de la prueba que el niño es-taba muy enfermo y pudo haber muerto por causas natura-les, toda vez que aunque fué llamado un médico la receta no le fué administrada hasta un mes después cuando cual-quier enfermedad del niño pudo haber progresado mortal mente. La posibilidad de que el niño hubiera muerto sin la droga o por cansas naturales no queda estrictamente ex-cluida como debe ser el caso para justificar una revocación. Ninguno de los peritos médicos lo vió antes de su muerte y las declaraciones de sus padres que tienden a mostrar que él estaba bien están contradichas por la resolución final de la madre de administrarle la droga así como por el hecho de que él estaba sin apetito. No estoy suficientemente conven-cido de que la corte inferior estuvo equivocada en su con-clusión especial aunque mis fundamentos principales de disentimiento se fundan' en otras consideraciones. Puede agregarse que asumiendo, como aparentemente lo hace la opinión de la mayoría que una dosis de tres mínimas sumi-nistrada tres veces sería inofensiva, entonces no dejo de te-ner dudas de si quedó claramente probado en vista de la con-clusión especial si se le dió una cantidad mayor.

Me inclino fuertemente a creer, sin embargo, en vista de la prueba que aún pequeñas dosis de chenopoclio pueden ser peligrosas si no se les hace desaparecer prontamente del or-ganismo. Esto quedó demostrado por la prueba pericial. La madre aportó prueba clara tendente a demostrar que des-pués de la administración de la droga el niño no vomitó ni tuvo evacuación del vientre. No hubo ninguna evacuación. Eesultó por tanto evidente, como declaró el perito de la de-mandada, que no se le dió ninguna dosis suficiente de aceite de castor. Si el chenopodio es una droga mortal, como de-claró el perito, entonces no se prescribió una cantidad sufi-ciente de aceite de castoi*. En vista de estas circunstancias me parece que no se demostró que la demandada era respon-sable por la muerte. Por lo menos debió haberse demos-trado que la dosis que en realidad se le dió o se supone se le administró al niño hubiera causado su muerte a pesar de la administración de la debida cantidad de aceite de castor.

Este es un caso que se asemeja grandemente a un homi-cidio y en el cual, como en los casos de fraude y otros seme-jantes, la prueba debió haber sido clara y convincente. Esta posición se robustece por la sentencia en favor de la deman-dada. Si bubo nna falta de prueba de la culpabilidad en algún sentido no importa que la corte al llegar a su conclu-sión general hiciera una declaración errónea. Al deman-dante y apelante incumbía demostrar de modo convincente que la absolución de la demandada era errónea y disipar la duda de que la muerte se debió a la mala administración de la droga por el doctor que asistía al paciente. Non cons-tat que' el niño no hubiera muerto al administrársele cual-quier cantidad de la droga peligrosa dada su actual condi-ción. Según se declaró el niño debió haber sido examinado antes de dársele alguna dosis, y la madre sin aviso alguno del doctor esperó treinta días.

No lie pretendido hacer un examen cuidadoso de las au-toridades con respecto a la causa próxima y otros particu-lares semejantes pero me parece que el caso de Scheffer v. Railroad, 105 U. S. 249, es aplicable. Allí el demandante fue lesionado en un accidente ferroviario como consecuencia del cual sufrió trastornos mentales y físicos hasta tal punto que ocho meses después se suicidó. La demandada quedó ex-cluida de responsabilidad. La Corte Suprema dijo, citando de la corto inferior, lo siguiente:

“Se admite que la regla, es difícil. Pero se sostiene generalmente qúe para justificar una conclusión de que la negligencia o un acto que no' llega a constituir un daño inconsiderado es la causa próxima de uña:lesión, debe aparecer que la lesión fué la consecuencia natural y. probable de la negligencia o acto ilegal y que debió haber sido pre-vista a la luz de las circunstancias concurrentes.”

' • Considerado el hecho de que el chenopodio sólo se admi' nistra generalmente con copiosas dosis de aceite de castor y1 después de un examen cuidadoso de la condición del pa-ciente, ’ hecho por el doctor que lo asistía, no estaba dentro de - la' previsión de la demandada el hecho de que la droga sería "administrada sin el debido' purgante de aceite de cas-' tor: El punto principal de mi disentimiento es que no ha quedado excluida la posibilidad de que el niño estaría boy

vivo si se le hubiera administrado aceite de castor en sufi-cientes cantidades.


source: Caselaw Access Project

author: El .Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Mazarredo et al., Demandantes y Apelantes, v. García et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre reivindicación de inmuebles y otros ex-tremos.
    No. 2610.
    Resuelto en abril 17, 1923.
    EíimiNacióN de Alegaciones Enmendadas — Sentencia Einal. — Una orden eli-minando la demanda enmendada por ser substancialmente igual a la original, y condenando en costas, gastos y honorarios al demandante, y que observa las formas de una sentencia, tiene el carácter de sentencia final.
    Desestimación de Apelación — Sentencia Nula. — En este caso fué anteriormente desestimada la apelación de una resolución dictada en mayo 24, 1920, como se describe en el anterior párrafo; en julio 21, 1921, la corte inferior, a pe-tición del demandante, dictó una llamada sentencia, que fué apelada. Se desestimó esta apelación, por el fundamento de que la resolución anterior-mente apelada era la verdadera sentencia válida y nula la resolución posterior.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogado de los apelados: S'res. E. Acuña, Reichard & Reichard, y S. y A. García Bucos.

   El .Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original de este caso fué radicada en enero 21 de 1918. Varios de los demandados formularon excep-ciones previas y en julio 23, 1919, la corte declaró con lugar dichas excepciones previas concediendo permiso a los de-mandantes para radicar una demanda enmendada dentro del término de diez días. Una demanda enmendada fué archi-vada en agosto 13, 1919.

En septiembre 19, 1919, los demandados presentaron una moción para que la demanda enmendada fuera eliminada ale-gando 'cómo fundamento, entre otros, que la demanda cómo había sido enmendada, con ligeros cambios, era virtualmente igual a la primitiva demanda. En mayo 24, 1920, la corte dictó su resolución sobre esta moción. Los apelados sostie-nen, en efecto, que esta era una sentencia definitiva y que la subsiguiente actuación de la Corte de Distrito de Aguadilla que tiene el carácter ele una sentencia es nula y no constituye base adecuada para una apelación.

En realidad de verdad, según revelan nuestros autos v sostienen los apelados, los demandantes apelaron de la reso-lución de mayo 24, 1920. Esta apelación fué desestimada por falta de un señalamiento de errores, teniendo allí los ape-lantes amplia oportunidad para corregir el defecto antes de la vista.' Mazarredo v. Ramírez, 29 D. P. R. 796.

Hacia el día 21 de julio de 1921, y después de desestimada dieba apelación, los demandantes acudieron a la Corte de Dis: trito y luego de notificar a la otra parte solicitaron de esa corte que dictara sentencia definitiva.

En julio 21, 1921, la Corte de Distrito de Aguadilla dictó formalmente la sentencia contra la cual parece haber sido interpuesta esta apelación. El juez que dictó la alegada sen-tencia de julio 21,1921, no era el mismo juez que dictó la reso-lución de mayo 24, 1920.

Por supuesto que si la resolución de mayo 24, 1920, era una sentencia definitiva los demandantes por el hecho de obtener formalmente otra resolución de la corte, conocida por una ‘ ‘ sentencia, ’ ’ no pueden revivir su derecho de ape-lación. Si dicha resolución de mayo 24 fué una disposición final del caso, la subsiguiente alegada “sentencia” era ine-ficaz.

Consideraremos, por tanto, la resolución de mayo 24, 1920. Junto con el título del caso que indica quiénes son las partes en el pleito, etc., aparecen las palabras registrada hoy 24 mayo de 1920,” y al final de la resolución está la certifica-ción del secretario de que fué registrada en mayo 24, 1920, en el registro de sentencias. En vista de nuestras decisio-lies sobre la necesidad de que se registren las sentencias existe nna clara indicación, por lo menos formalmente, de que la “resolución” fué considerada como nna sentencia de-finitiva.

Pero para ser más precisos, el párrafo final de la re-solución es el siguiente:

“Por lo expuesto, se declara con lugar la moción de eliminación y se decreta la eliminación total del escrito de demanda enmendado presentado en 12 de agosto de 1919, con las costas, gastos y honorarios de abogado a la parte demandante.”

Las costas, honorarios de abogado, etc., en esta forma sólo se conceden con la sentencia definitiva y es evidente en-tonces que la corte trató de dictar resolución final en el caso.

De modo que consideraremos el hecho de si la resolución de mayo 24, 1920, fué en substancia una disposición final. Y en primer lugar, de la naturaleza de la moción para eli-minar como ha sido aplicada a los hechos de este caso. Tal moción, lo mismo que nna sentencia sobre las alegaciones y otras cuestiones, no se menciona directamente en el Código de Enjuiciamiento Civil, pero que es un modo reconocido de procedimiento en un caso adecuado, la jurisprudencia de Puerto Pico, California, Washington, Idaho y otras cortes lo demuestran. Véanse los casos de Vélez v. Vélez, 23 D. P. R. 617; Cameron v. Ah Quong, Chin Shin, Intervener, 96 P. 1025, Harvey v. Meigs (Cal.), 119 P. 941 Hays v. Peavey (Wash.), 86 Pac. 170; Noyes v. Longhead (Wash.) 37 Pac. 452; Cowen v. Harrington, 48 Pac. 1059, 31 Cyc. 618.

Algunos de estos casos y otros muestran que cuando se archiva una alegación enmendada, una reproducción substan-cial de la primitiva alegación, es adecuado, propio o quizá necesario solicitar la eliminación. En el caso Hays v. Peavey, supra, la corte resolvió que una moción para elimi-nar una demanda enmendada por el fundamento de que expo-nía los mismos hechos alegados en la primitiva demanda era equivalente a una excepción previa. En ese caso el deman-dante insistió en sn demanda enmendada y se dictó sentencia a favor del demandado. En apelación fné anulada la sentencia así como la moción para eliminar por haber creído la corte que la demanda enmendada era suficiente.

Noyes v. Longhead, supra, era un caso en el cual fue eli-minada una contestación por repetirse en ella los mismos he-chos, manifestando la corte que una moción para eliminar no era reconocida expresamente por el código y, si bien su gería que existía un método mejor en ese Estado, sostuvo la actuación de la corte inferior.

En el caso de Enright v. Midland Sampling & Ore Co., 80 P. (Colo.) 1041, se resolvió que una moción para eliminar era el medio adecuado de llegar a una demanda enmendada en que se repetían los hechos de la demanda original.

En el mismo sentido se pronuncia el caso de Rittmaster v. Hichner, 60 Pac. 189, en el que se cita el de Hines v. Smith, 5 Colo., y expresa que no hubo ninguna enmienda después de hacerse un cambio de palabras pero no en lo substancial. Parte. del razonamiento más satifactorio puede encontrarse en el caso de Town of Woukon v. Strouse, 38 N. W. 408. Allí la Corte Suprema de Iowa se expresó en estos términos: .

: ‘‘Cuando una parte vuelve a alegar después que una excepción previa a su alegación ha sido declarada con lugar y su alegación en-mendada es la misma en substancia que la primitiva, la otra parte no está en la obligación de volver a excepcional’. En tanto está en-vuelta esa alegación la cuestión está resuelta y la alegación enmen-dada no presenta ninguna cuestión ni caso para que la corte lo re-suelva y debe ser eliminada de los records.”

Decisiones semejantes pueden encontrarse en los casos de McKee v. Illinois Central R. R. Co., Iowa (97 N. W. 69); Loghey v. Fillmore Country et al., (Neb.) 106 N. W. 170; Columbia Savings and Loan Association v. Clause, 78 Pac. 708. La cuestión está resuelta en esta jurisdicción por el caso de Vélez v. Vélez, supra, en el cual dijimos lo siguiente:

“A virtud de excepciones opuestas en este caso por los demanda-dos la Corte de Distrito de Aguadilla dictó resolución declarando que estaban prescritas ciertas acciones de nulidad que los apelantes ejer-citan- en su demanda y que babía defecto de partes demandadas y de-sestimó la demanda, aunque concedió permiso para que fuera enmen-dada. Presentaron entonces los demandantes una nueva demanda igual a la anterior con excepción de que contiene una alegación nueva con el objeto de subsanar el defecto de partes demandadas y que en otra se agregan algunas palabras que en nada alteran el alcance de la correspondiente de la demanda original.
"En este estado el pleito los demandados solicitaron de la corte que eliminase la demanda enmendada y que dictase sentencia • decre-tando el sobreseimiento y, después de-alegar en contra los deman-dantes, la corte declaró con lugar la moción,, dictó sentencia, desesti-mando la demanda, y ordenó que ésta se registrara en el libro -de sen-tencias. ■ ' ¡
"Interpuesto por los demandantes este recurso de apelación no alegan error alguno contra la sentencia y se limitan a proponer a nuestra resolución como única cuestión la de si la corte inferior tiéne facultad para eliminar su demanda enmendada y dictar sentencia desestimando su pleito, sin que la demanda enmendada fuera exeep-cionada por los demandados. . "7
"La cuestión propuesta por la moción de los demancladós equi-valía a una excepción a la demanda enmendada (Hays v. Peavey, 43 Wash. 163, 86 Pac. 170 citado en 31 Cyc. 461) ya que su fundamento fué que era una transcripción exacta de la original porque ei huevo hecho alegado, si bien puede afectar al defecto de partes demandadas, no así a los otros elementos jurídicos apreciados por la corte para de-clarar prescritas las acciones de nulidad de las ventas a. que se re-fiere la demanda.
"La sola adición que contiene la segunda demanda puede sub-sanar el defecto de partes demandadas que la corte declaró, existir, pero no habiéndose hecho otras enmiendas queda subsistente la de-claración que hizo la corte inferior de estar prescritas las acciones de nulidad que respecto de dos ventas se ejercitan en la demanda, y por tanto aquella adición no es bastante para entender enmendada la de-manda porque si no se alega algún hecho que desvirtúe la declaración de-prescripción de la acción declarada por la corte, poco .importa que se adicione la demanda para demostrar que han sido demandados todos los que deben ser parte en el pleito. -s.
•"Además, cuando una corte concede permiso a una parte para presentar una alegación enmendada, la nueva no puede ser-una 're-producción exacta de la anterior o con tan ligeros cambios que en verdad no corrijan los errores o equivocaciones de la anterior. Em-mendar una alegación es corregir sus errores o equivocaciones y cuando esto no se hace no puede sostenerse que hay alegación enmen-dada y la corte estará justificada para prescindir de ella o para elimi-narla y para continuar con el pleito como si la parte hubiera renun-ciado a utilizar el derecho que se le dió para enmendar; y como en este caso la corte había desestimado la demanda, aunque concediendo permiso para enmendarla, no habiéndose hecho la enmienda, el juez estuvo justificado para continuar el procedimiento y para ordenar que su resolución desestimando la demanda, que había quedado en suspenso, se registrara como -sentencia. 31 Cyc. 358.
“Habiendo limitado los apelantes su recurso de apelación por su alegato a la única cuestión que hemos considerado y resuelto en su contra, debe confirmarse la sentencia apelada.”

Los artículos 195 y 196 del Código de Enjuiciamiento Civil prescriben lo siguiente:

“Art. 195. — Las cuestiones litigiosas nacen de las alegaciones de las partes cuando un hecho o punto de derecho es sostenido por una de ellas y combatido por la otra. Son de dos clases, a saber:
“1. De derecho; y
“2. De hecho.
“Art. 196. — Una cuestión de derecho se promueve mediante ex-cepción previa deducida contra la demanda o contestación, o contra alguna parte de cualquiera de éstas.”

El artículo 201 prescribe que “Cualquiera de las partes podrá someter una cuestión a juicio o a vista, y a menos que la corte por justa causa dispusiere otra cosa, podrá conti-nuar el curso de la causa en ausencia de la parte contraria, y obtener un sobreseimiento, un veredicto o un fallo, según el caso lo requiera. ’ ’

Es evidente por virtud de estos artículos que después de una cuestión de derecho si un demandante no hace uso del privilegio de hacer enmiendas, una sentencia o sobreseimiento, según sea el caso, es la debida.consecuencia.

liemos visto casos en los que siendo la demanda original enteramente frívola y no susceptible de enmienda la corte inferior ha rehusado el permitir hacer enmiendas a un de-mandante. Bn otros casos, después que un demandante ha hecho un número de esfuerzos por enmendar sin alcanzar ningún éxito, la corte inferior se ha negado a permitir en-miendas, todo esto en favor del principio ut finis litium sit.

Cuando un demandante deja de hacer enmiendas habién-dosele concedido permiso es como si estuviera en rebeldía, y el demandado tiene derecho a que se dicte una sentencia sin más notificación al demandante, aunque el caso ante nos no es uno de notificación pues la demanda enmendada fué eliminada, al parecer después de una vista.

Cuando se elimina una demanda, según sugiere una de las cortes, la sentencia que procede es una sentencia sobre las alegaciones. Si una parte presenta substancialmente los mismos hechos después que una cuestión de derecho ha sido resuelta, la corte, en su discreción, puede rehusar el permi-tir que se hag-a una enmienda, aunque por supuesto las cortes deben ser muy liberales en estas cuestiones.

En este caso la corte, después que la moción para eliminar fué declarada con lugar, dictó inmediatamente una senten-cia sobre la única cuestión importante que estaba envuelta, a saber, costas y honorarios. Generalmente la actuación de la corte declarando con lugar una excepción previa no impide a los demandantes el volver a empezar, porque una exposi-ción de hechos que no determina una causa de acción no puede ser alegada como cosa juzgada a una buena causa de acción.

Suponiendo que la Corte de Distrito de Aguadilla había cometido error al considerar que la demanda enmendada no determinaba una causa de acción, entonces los demandantes hubieran tenido derecho a que esta cuestión fuera revisada en apelación después que se registrara sentencia. Lá Corte de Distrito de Aguadilla dió a los demandantes la oportuni-dad de hacer esto dictando sentencia inmediatamente. Los demandantes consideraron que la actuación de la corte era u.na, sentencia final, pues apelaron de la misma pero, como liemos visto, no obtuvieron nna vista sobre los méritos. Los demandantes mismos, sin embargo, apenas pueden abora du-dar de que la resolución de mayo 24, 1920, era una determi-nación final del caso.

Sentimos la demora que ba habido en este caso, pero los apelados sólo presentaron esta cuestión fundamental como último punto de su alegato. Una actuación más rápida pudo haberse logrado si se hubiera radicado una moción de deses-timación por este motivo. Hubo, en efecto, una moción para desestimar, pero se fundaba en otras cuestiones. Como en este caso la apelación se establece contra una actuación de la corte o alegada sentencia que es enteramente ineficaz, la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.,

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: . El Juez Asociado' Se. Hutchisoít,

text:
    Miranda, Demandante, Apelada y Apelante, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada, Apelante y Apelada.
    Apelación-procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2550.
    Resuelto en abril 17, 1923.
    Daños y Perjuicios — Negligencia—Alegación.—En todo caso que envuelve ne-gligencia proeesable liay tres elementos esenciales: la existencia de un deber por parte del demandado de proteger al demandante del daño de que se queja; un incumplimiento por el demandado en eumplir con ese deber, y un daño ocasionado al demandante por tal incumplimiento. La omisión de cual-quiera de estos elementos en las alegaciones de la demanda hace que ésta sea defectuosa. En este 'caso la demanda no revela la existencia de ninguna clase de deber por parte de la demandada para con la demandante.
    Id. — Id. — Excepción Previa — Apelación. — La omisión1 en alegar específica-mente el deber de la demandada y su incumplimiento debe utilizarse por ex-cepción previa y la objeción no puede hacerse por primera vez en apelación^ pero no puede exigirse a un demandado que exeepeiona la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa- de acción, el deber de especificar como fundamentos de excepción previa los elementos esenciales omitidos.
    Id. — Id. — Prueba. — El hecho declarado probado de que la demandante no fué culpable de negligencia eontributoria, no obstante toda la prueba en contrario, y que -el accidente ocurrió en una calle pública mientras se encon-traba la demandante en lo que se conocía por acera de dicha calle, a pesar de la ausencia total de prueba en este sentido, impide la confirmación de la sentencia, independientemente de toda cuestión sobre la suficiencia de la de-manda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada apelante: Sres. Guerra Mondra-gón y Soldevila.

    • ' Abogados de la apelante apelada: Sres. J. H. Brown, P. Amado Rivera y M. Acosta Velarde.

   . El Juez Asociado' Se. Hutchisoít,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la demanda alega en substancia lo siguiente:

“Que la demandada es una corporación constituida bajo las leyes de Puerto Kieo y se dedica al transporte de pasajeros, por medio de tranvías eléctricos, entre San Juan, Santurce y Río Piedras, con ofi-cina principal abierta en esta ciudad de San Juan.
“Que el día 7 de octubre de 1918, como a las ocho y media de la mañana, venía del Parque para San Juan y guiado por el motorista Nieasio Feliciano, placa 145, que era entonces empleado de la cor-poración demandáda, que a la vez se bailaba en el desempeño co-rriente de su empleo, el carro eléctrico No. 32, perteneciente a la corporación demandada, bajando de la parada 20 a la 19 a gran ve-locidad por la pendiente que existe entre esas dos paradas, a pesar del rótulo ‘Reduzca la velocidad/ que está fijado a un poste que se encuentra a un par de m'etros del lugar en que ocurrió la desgracia; que el motorista venía sin tocar campana, por lo que la demandante fué arrollada por dicho carro, sufriendo, a consecuencia de tal acci-dente, la rotura de la tibia derecha por lo cual fué necesario ampu-tarle la pierna a la altura de la rodilla el mismo día 7 de octubre de 1918, a eso de las 10 de la mañana. Y alega además la deman-dante, que este hecho fué debido a la negligencia e imprudente te-meridad del motorista citado.”

A los nueve meses después de formular la demandada la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suíi-cientes para constituir una cansa de acción, fné ‘ ‘ debidamente argumentada” la cnestión, habiéndose reservado la corte su resolución y dictándola finalmente en sentido adverso a la de mandada. Esta resolución constituye la materia objeto del primer señalamiento de error.

"El derecho a establecer una acción depende de que exista lo que se denomina causa de acción, la cual generalmente se considera que envuelve la combinación de un derecho por parte del demandante y la violación de tal derecho por el demandado.” 1 C. J. pág. 951.
“En todo caso que envuelve negligencia proeesable hay necesa-riamente tres elementos esenciales: (1) La existencia de un deber por parte del demandado de proteger al demandante del daño del cual se queja; (2) Un incumplimiento por el demandado en cum-plir ese deber; y (3) Un daño causado al demandante debido a tal incumplimiento; y la falta de cualquiera de estos elementos hace que la demanda sea defectuosa.” Nota al caso de King v. Oregon Short Line R. Co., 59 L. R. A. 209, en la página 214.

Tales verdades, -evidentes en sí mismas, por comunes que sean, no deben ser enteramente desatendidas por las cortes sentenciadoras.

Claramente que la demanda a que se hace referencia en primer término no revela la existencia de ningún deber por parte de la demandada para con la demandante, ya de redu-cir la velocidad del carro, o de tocar la campana. Posible-mente podríamos presumir que la demandante era un pa-sajero, y que siendo el objeto del aviso de reducir la veloci-dad el proteger a los pasajeros, se hizo esto en beneficio de la demandante, con excepción de que tal teoría resulta con-tradicha en cierto modo por el alegado incumplimiento en tocar la campana y prácticamente excluida por la ulterior manifestación de haber sido la demandante arrollada por el carro. Por otra parte, a no sor que debamos tomar conoci-miento judicial de la situación topográfica de las paradas que por sus números se mencionan en la demanda, así como de las condiciones físicas en los alrededores de la localidad en particular que así se trata, de identificar, nada existe en la demanda que siquiera indique que el accidente tuvo lugar en un sitio donde había de preverse razonablemente la pro sencia de la demandante, o de alguna otra persona que estu viera muy cerca de la vía o paso de la demandada; y que mediante razonable cuidado por parte del motorista pudo ser observada en tiempo con el fin de evitar el accidente. La im portancia de estas observaciones se verá con mayor claridad tal vez cuando pasemos a considerar la prueba y los hechos declarados probados por el juez sentenciador.

Pero insiste el abogado de la apelada en que no habiendo la demandada especificado expresamente en la excepción pre - via la omisión de la demandante en alegar cualquier hecho que indique la existencia de un deber por parte de la deman-dada hacia la demandante, esta cuestión no puede ser le-vantada en apelación, citando el tomo 29 de Cytí., pág. 567. Lo que guarda más semejanza con esta proposición en el texto que de tal modo se cita, es la declaración que sigue (bastardilla nuestra):

“La omisión en alegar específicamente el deber del demandado y el incumplimiento deben alegarse por excepción previa y la ob-jeción no puede hacerse por primera vez en la corte de apelación.”

Y examinando el único caso que en la nota se menciona, o sea, el de Ella v. Boyce, 70 N. W. 1106, encontramos quo lo que dijo la corte de Michigan fue lo siguiente (bartardilla nuestra):

“Por otra parte, se sostiene por el demandante que el' hecho de no alegarse en la demanda formalmente el incumplimiento de un deber y su abandono se levanta por primera vez; que de poder utili-zarse esta defensa debe promoverse por excepción previa. Creemos que los hechos relacionados en la demanda implican claramente un deber por parte del demandado de no haber llevado de tal modo su cable a través de la línea del tranvía que pueda causar daño a las personas que la. usan; y si la demandada trató de aprovecharse de i al defecto de la demanda, por no alegarse específicamiente el deber y su incumplimiento, debió haberlo hecho así por excepción previa. Esa cuestión no puede ser levantada por primera, vez en esta corte.”

La contestación a todo aquello del alegato de la apelada en qne se pretende ir más allá de' esto y exigir a nn demandado qne exc'epciona la demanda por no adncir hechos suficientes para determinar una cansa de acción, el deber de especificar como fundamentos de excepción previa las omisiones alega-das, puede verse en el tomo 31 de Cyc., en la página 281' j., y en el Código de Enjuiciamiento Civil de Kerr, 2a. edición, parte 1, see. 431, página 880, párrafos 21 y siguientes.

Nosotros mismos hemos sido bastante liberales en consi-derar demandas como enmendadas para ajustarlas a la prueba en ciertas condiciones y no se nos pasa desapercibido ahora el hecho de que:

“También se ha resuelto que aun cuando una' demanda esté su-jeta a excepción previa por no alegarse en ella un hecho material que es esencial para que pueda dictarse sentencia .favorable, y se declara sin lugar una excepción previa, no se revocará una sen-tencia a favor del demandante en apelación cuando ésta parece ser correcta y el hecho omitido fué la principal cuestión en controversia en el juicio; pero la corte considerará la demanda como enmen-dada para ajustarla a la prueba de ser necesario para sostener la sentencia.” Nota al caso de Ellinghouse v. Ajax Live Stock Co., L. R. A. 1916 D, pág. 836, en la página 859.

No es necesario que nos detengamos ahora con el fin de indagar hasta qué punto han llegado otras cortes para dar mayor alcance a la regla pn circunstancias excepcio-nales, con el objeto de que comprenda la omisión absoluta en expresar ya directamente o por razonable deducción el elemento más vital y fundamental del derecho de acción, no obstante la oportuna interposición de una- excepción previa por no aducirse hechos suficientes. Puede razonablemente asumirse que cualquiera justificación que pueda haber para semejante aplicación de la doctrina referente a enmiendas en apelación, se hallaría a falta de algún, otro, error que pueda motivar la revocación én unión de una clara convic-ción de que se habían alcanzado los-fines 'de la justicia sin ocasionar grave perjuicio a ningún derecho substancial. Será suficiente con decir, por tanto, que en el'presente caso no podemos llegar a tal conclusion.

La sentencia de la corte inferior descansa en los siguien-tes hechos probados:

“Del conjunto de la prueba practicada y de la inspección ocular creemos que el día 7 de octubre de 1918, y como a las 8:00 a. m., la demandante salió de la casa de la Sra. Barleta, de dar clase de ta-quigrafía. La casa de la Sra. Barleta se baila situada entre las paradas 19 y 20, tiene un pequeño jardín y la verja llega muy cerca de la vía del trolley.
“Por entre la vía del trolley y la verja queda un pequeño es-pacio que tendrá un poco más de un metro y cuyo espacio se reduce al pasar un trolley, por ser éste más ancho que el espacio que media entre los dos rieles de la vía.
', “ También estima probado que la demandante es mayor de edad, huérfana de padre e hija de madre pobre, y que el día 7 de octubre de 1918, alrededor de las 8:00 a. m., entre las paradas 19 y 20, un carro eléctrico arrolló a la demandante derribándola al suelo y frac-turándole la pierna derecha, y que a causa de este accidente la de-mandante hubo de ser operada, poco tiempo después de lo ocurrido, en él “Puerto Rico Sanatorium,” por el Dr. Belaval, quien le amputó lá pierna derecha un poco más arriba de la rodilla, y que el acci-dente vino por causa de la negligencia del motorista de la deman-dada, consistiendo dicha negligencia en no haber tocado la campana, ni parado el carro a tiempo. El motorista Nicasio Feliciano no venía atento a la vía, no miraba hacia adelante, y la corte cree que si el motorista hubiese cumplido con su deber, hubiera visto a la de-mandante y hubiera evitado el accidente, pues habría tocado la cam-pana y hubiera podido parar el carro ya que la Corte acepta que el carro venía sin corriente y a velocidad mínima.
“La demandante, en la época que ocurrió el accidente, acababa de terminar su curso científico en la Alta Escuela de Yauco, y em-prendía estudios de taquigrafía a fin de librar su sustento y de sos-tener a su madre y a una hermana menor en lo futuro.
“La demandante sufrió dolores físicos intensos, no tan sólo en el momento del accidente, sí que también antes y después de la ope-ración a que fué sometida, y que también ha sufrido dolores morales ai verse privada de una mañera permanente de una extremidad im-portante de su cuerpo, y que se Ye abora obligada a vivir recluida en su casa dedicada a labores domésticas, habiendo el accidente dis-minuido de una manera notable su capacidad para el trabajo.
“El sitio en que ocurrió el accidente es una calle pública, y que el callejón de autos es usado por el público y substituye a las aceras que deberían existir en dicho sitio. El citado callejón si bien es es-trecho, no lo es tanto que una persona no pueda andar por él y per-manecer en él sin peligro para su persona en momentos en que un carro eléctrico esté pasando por la vía.
“La demandante no fué culpable de negligencia contributoria.’’

Además del señalamiento ya discutido la apelante insiste en que:

“II. La corte erró al declarar que el sitio del accidente es una calle pública.
“III. La corte incurrió en error al declarar que el motorista^ empleado de la demandada, fué culpable de negligencia que era causa próxima del accidente.
“IV. La corte erró al declarar que la demandante no fué culpable de negligencia contribuyente.
“Y. La corte incurrió en error al dictar sentencia a favor de la demandante porque según el peso y preponderancia de la prueba no fué culpable de negligencia que medió como causa próxima del accidente el motorista empleado de la demandada y según el claro peso y preponderancia de la prueba, la demandante fue culpable de. negligencia que contribuyó como causa próxima al accidente.”

No existe prueba alguna en apoyo de la conclusión de que el sitio donde el accidente tuvo lugar es una calle pública y que el estrecho callejón usado por la demandante substi-tuye a la acera que debía existir en diebo sitio. Los autos están tan desprovistos de toda prueba, como lo está la de-manda de cualquier alegación en este sentido.

T a esto no se contesta con decir que el juez sentencia-dor hizo una inspección ocular del sitio del accidente, por la razón de que por las cuatro fotografías que fueron tomadas el día del suceso y presentadas como prueba de la deman-dante podemos ver prácticamente todo lo que pudo haber visto la corte sentenciadora en lo que respecta a este aspecto del caso.

Estas fotografías muestran lo que parece ser un camino público o tal vez una calle, paralela a la- vía y al cimiento del tren. Este cimiento se levanta algo del nivel de la ca-lle, o por lo menos muy visiblemente sobre el nivel del borde exterior del camino o de la cuneta. Los rieles en cambio so-bresalen a la superficie del cimiento del tren que está cu-bierto de yerba y otra vegetación tanto dentro como en cierta distancia fuera de la vía. En los sitios donde el cimiento no está tan cubierto por la yerba las superficies superiores de los- durmientes son visibles aunque prácticamente están al ni-vel del terreno. La línea, de separación entre esta faja de vegetación y la calle, o por lo menos la parte de ésta afir-mada o por donde el piíblico pasa, está muy claramente defi-nida y no puede dar lugar a equivocación.

Hay un tablado entre los rieles a intervalos, y puentecí-tos o pasos de concreto u otro material sin unión pueden verse que se levantan de la calle a la superficie de los rieles en estos cruces que al parecer son de particulares, pero no se ven calles que cruzan en la inmediata vecindad. Pueden verse viandantes a ambos lados de la parte del camino por donde se anda. En una de las fotografías el número de es tas personas parece mayor en el lado contrario a la vía, pero en ninguna de las fotografías se ve a ninguna persona pa-sando por la faja de terreno comprendida entre los rieles de la vía y el frente de las verjas contiguas.

También es cierto que estas fotografías muestran la exis-tencia de un paso estrecho o faja de terreno simplemente en-tre la vía y la verja a que se hace referencia en los hechos declarados probados por la corte. Podemos aceptar en pro del argumento que la corte sentenciadora pudo haber asu-mido que esta faja de terreno no había sido hecha con una azada u otro instrumento semejante para algún fin que no fuera la conveniencia del público, y que de haberse formado por el tránsito entonces que no había sido gastada por la pi-sada del ganado o de los reparadores de la línea del telégrafo, teléfono, o del carro eléctrico, u otros empleados de la de-mandada o compañías que usan los postes que aparecen en las fotografías, sino por el uso público general y más o me-nos continuado. Entonces tal vez la corte sentenciadora no hubiera estado' enteramente injustificada en suponer que la compañía tenía conocimiento de tal uso y por tanto que tuvo motivos suficientes para prever la presencia de la deman-dante en el sitio donde parte de la prueba tiende a acreditar que ocurrió el accidente. Pero decir que esto es equiva-lente a la escueta proposición de que este camino estrecho forma parte de una calle pública y que en efecto substi-tuye a lo que debe ser una acera, sería la “más fuerte y manifiesta apreciación errónea de un hecho.”

Podemos de paso agregar que la misma demandante se expresa en estos términos:

. “Yo siempre daba clase en la puerta a la salida del balcón y veía que por ahí pasaba todo el mundo para ir a la capilla y yo tam-bién había usado otras veces ese sitio.”

'Esta declaración, sin embargo, momentos después pierde parte de su fuerza por virtud de la manifestación que si-gue:

.“Yo daba mi lección en la sala de la casa, frente a la puerta. La puerta quedaba abierta. Sentía los carros cuando pasaban; no los veía porque estaba de espalda; yo daba clase de espalda para afuera. ’ ’

También dice la señorita Barleta que ella utilizaba este cqmino para ir a la capilla, que da frente a los terrenos del Instituto y que ella había visto a otras personas pasar por. ese camino.

... Perq toda vez que la sentencia de la corte inferior' no se> funda en ninguna teoría que las declaraciones de los tes-tigos pudieran tratar de sugerir, no es necesario, qué nos ocupemos de este aspecto del caso.

No sólo no bay en los autos base alguna para decir que la demandante no fué culpable de negligencia contributo-ria, sino que toda la prueba indica de modo concluyente lo contrario.

El becbo de si el motorista mediante el ejercicio de cui-dado razonable pudo o no baber evitado el accidente a pesar de la negligencia contributoria de la demandante, es una cuestión que no fué considerada en absoluto por la corte inferior y no es preciso que abora se resuelva.

El becbo declarado probado por la corte de no baber sido culpable la demandante de negligencia contributoria, no obs-tante toda la prueba en contrario, y el becbo declarado pro-bado por la corte de que el accidente tuvo lugar en una calle pública mientras la demandante estaba en una acera de la misma o en lo que substituye a dicba acera, a pesar de la carencia absoluta de prueba en este sentido, impide que pueda confirmarse la sentencia apelada, independien-temente de toda cuestión sobre la suficiencia de la demanda.

Con referencia a la. cuestión de negligencia por parte del motorista y la relación causal, de existir alguna, entre tal negligencia y los daños que se alega fueron ocasionados, la demandada tiene por lo menos derecho a una decisión ba-sada en la prueba presentada en este sentido, considerada a la- luz de la ley aplicable a los becbos establecid¡os en el juicio en contraposición a las erróneas conclusiones a que acabamos de referimos. No habiendo la corte inferior lle-gado a este resultado en la forma que acaba de indicarse, no podemos decir que la demandada no ba sido perjudi-cada en algún derecho substancial.

Como regla general, por supuesto, todas las cuestiones de becbo deben ser resueltas primeramente por el juez sen-tenciador después de oir las declaraciones según salen de la-' bios . de los testigos al ser puestos a declarar. • Nps1 abs-tenemos, por tanto, en resolver las cuestiones que se levan-tan en los restantes señalamientos de error'.

Debe revocarse la sentencia apelada, debiendo devolverse las actuaciones, concediéndose al demandante permiso para enmendar su demanda dentro del término de diez días a contar de la fecha en que se registre la sentencia de esta, corte en la corte inferior, y para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia, apelada y devuelto el caso para que se enmiende la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Alcover y Compañía, Demandante y Apelada, v. Sucesión de Damián Magraner, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de dinero (moción sobre remisión de ciertos libros de cuentas).
    No. 2968.
    Resuelto en abril 21, 1923.

      Exhibits en Apelación — Exposición del Caso. — Cuando en la exposición del caso no so ha descrito un exhibit ofrecido, de modo que quede propiamente identificado según dispone la sección 40 b del reglamento del Tribunal Supremo y la Ley 81 de 1919, procede negar una moción en la que se pide una orden para que el Tribunal Supremo redame dicho exhibit del secreta-rio de la corte inferior. En tales casos la parte interesada puede solicitar en tiempo oportuno del Tribunal Supremo la devolución de la exposición del caso a la corto inferior para corregir la omisión a fin de que sea exami-nado en apelación el exhibit.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ados de la apelante-apelada: Sres. Reichard & Rei-chard.

    Abog'ado de la apelada-apelante; Sr. J. B. Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de haber presentado la parte demandada y ape-lante su alegato de apelación en este Tribunal Supremo, nos pide que ordenemos al secretario del tribunal inferior que nos envíe para ser unido a los autos de esta apelación cier-tos libros de cuentas de la demandante que ésta presentó como prueba en el juicio. No se opone la parte contraria de una manera absoluta a esa petición, pero entiende que los libros no deben ser enviados abora sino pocos días antes de la vista de la apelación, porque sufriría la contabilidad de su casa de comercio.

En 25 de junio de 1910 este Tribunal Supremo adicionó la regla 40 de su reglamento con la siguiente disposición:

“40 6. Cuando a discreción de la corte sentenciadora sea nece-sario para una correcta inteligencia y resolución de cualquier causa o cuestión envuelta en la misma que algún mapa, documento original, o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de represen-tarse por medio de copia, fotografía, o de otro modo, sea presentado al examen e inspección de esta corte, se liará una descripción del mismo en la relación de hechos o pliego de excepciones, de manera que quede correctamente indentifieado, expresándose que dicho mapa, documento o exhibit se ha hecho parte de dicha relación de hechos o pliego de excepciones, y el secretario de la corte inferior, después de autenticar dicho mapa o documento original, o exhibit bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al secretario dé este tribunal, haciendo constar que se ha hecho parte de los autos de dicha causa.”

En 1919 la legislatura, por su Ley núm. 81, después de expresar cómo se hará una exposición del caso o pliego de excepciones, dispone lo siguiente:

“Cuando sea necesario para una correcta inteligencia y resolu-ción del asunto, que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de reproducción por medio de copia, fotografía o de otro modo, sea presentado al examen e ins-pección de la Corte Suprema, se hará una descripción del mismo, y el secretario de la corte a quo después de autenticar dicho mapa o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, re-mitirá el mismo al Secretario de la Corte Suprema, haciendo constar que se ha hecho parte del récord del asunto.”

Como se -ve, tanto por nuestro reglamento como por la ley, para que el secretario esté obligado a remitir a este Tribunal Supremo algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, es necesario que en el pliego de expo-sición del caso o de excepciones se baya becbo una descrip-ción del mismo; y como en la exposición del caso que se nos ba presentado no aparece descripción alguna que pueda iden-tificar los libros que la parte apelante quiere que. reclame-mos originales, no podemos ordenar su remisión a este Tribunal Supremo y, por tanto, su petición en ese sentido debe ser desestimada.

Esta resolución, por supuesto, no impide el que pueda solicitarse la devolución de la exposición del caso a la Corte inferior para' que sea enmendada de acuerdo con la ley y entonces obtener la remisión de los libros.

Denegada la moción sin perjuicio de ulterior derecho que pueda asistir a la demandada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Pbesidexte SR. del Tobio,

text:
    Pérez, Demandante y Apelado, v. Compañía del Cable Francés, Demandada y Apelante.

       Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre indemnización.
    No. 2819.
    Resuelto en abril 23, 1923.
    Negligencia Inexcusable — Discreción Judicial. — En el presente caso la de-mandada, después do dictada sentencia, invocando el artículo 140 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, solicitó permiso de la corte para presentar su prueba alegando que no asistió al juicio porque no fué notificada de los señalamientos según costumbre del secretario, y porque esperaba que fuera contestada la eontrademanda, cosa que no sucedió, para pedir la inclusión del caso en el calendario. Se resolvió: que tales heehos no excusan de modo tal la negligencia de la demandada, que pueda concluirse que la corte abusó de su discreción al negar el permiso solicitado.
    Daños y Perjuicios — Prueba de los Daños y Perjuicios. — Analizada la prueba practicada, se concluyó que es suficiente para sostener una sentencia de $500 por daños y perjuicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.'
    Ahogado de la apelante: Sr. J. B. Quiñones.

    Ahogado del apelado: Sr. M. Tous Soto.

       Véase resolución sobre reconsideración, página 793.

   El Juez Pbesidexte SR. del Tobio,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo de 1920 Jnan Pérez demandó a la Compañía del Cable Francés en reclamación de $813.45, por los' si-guientes conceptos: $313.45 valor de cierta carne de res y cerdo entregada por el demandante a nn vapor de la de-mandada, y los $500 restantes por daños y perjuicios..

Contestó la demandada aceptando la entrega de la carne pero negando qne lo fnera en buenas condiciones. Negó también los daños y perjuicios, y contrademandó recla-mando a su vez $3,500 por que debido al conflicto surgido con motivo de la came en cuestión su vapor demoró la sa-lida y ello le ocasionó daños valorados en la suma indicada.

Se señaló en el calendario la vista del pleito para el 27 de septiembre de 1921. Se llamó por su orden y solo Com-pareció el demandante. Se celebró el juicio y el caso quedó sometido para sentencia a la corte de distrito.

El 3 de octubre siguiente la. demandada presentó uná moción que, copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“Que el día 27 de septiembre del corriente año, vióse en la Corte de Distrito de San Juan el caso arriba expresado, sin la asistencia de esta parte demandada.
“Que la parte demandada no asistió al acto del juicio por no te-ner noticia del señalamiento del caso.
“Alega la parte demandada en excusa de su negligencia que ño fué notificada este mes de los señalamientos, según era costumbre de hacerlo el secretario de la corte.
“Alega además, la parte demandada, que no habiendo contes-tado la contrademanda el demandante, esperaba esta parte' dicha contestación, a los efectos de poder incluir en el Calendario este caso.
“Alega además la parte demandada que tiene una buena y justa defensa en el fondo, por lo cual, a la corte suplica, le de oportu-nidad de presentar su prueba, basándose en la sección ciento cua-renta del Código de Enjuiciamiento Civil, y en bien de la justicia.”

El 18 de noviembre de 1921 la corte declaró la moción de la demandada sin lugar “por no venir en forma ni baber motivos que excusen su negligencia” y acto seguido dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

Apeló la demandada y en su alegato se limita a señalar los siguientes errores cometidos, a su juicio, por la corte, 1, al condenarla sin prueba suficiente a pagar $500 por da-ños y perjuicios, y 2, al no darle oportunidad de presentar su prueba, infringiendo así el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Con respecto al segundo de los errores señalados bas-tará decir que la moción de la parte demandada no está ju-rada y que aún aceptando como cierta las causas aducidas en la misma, no puede concluirse que excusen de modo tan justo y evidente la negligencia reconocida de la demandada, que pueda sostenerse que al no tomarlas en consideración, abusó de su poder discrecional la corte de distrito. T solo en el caso de un verdadero abuso de discreción podría esta corte revocar la resolución de que se queja la apelante.

Tampoco se ba cometido el otro de los errores señalados. Parece que la propia demandada acepta la justicia del fallo en cuanto a la condena de $313.45, precio de la carne, ya que limita su impugnación a la condena por daños y perjuicios. La prueba demuestra que la- carne, en efecto, fué entregada en buenas condiciones y demuestra además que el deman-dante es un industrial que se dedica al sacrificio de animales para vender su carne, sin capital propio. En este caso con-creto los apúñales sacrificados pertenecían a otras personas a quienes el demandante debía entregar su precio en cuanto la carne, vendida de contado, le fuera pagada. Cuando en el vapor de la demandada se negaron a aceptar y a pagar la carne, el demandante se vió obligado a llevar al vapor pe-ritos que la examinaran. Tuvo que pagar luego al perito químico cuarenta dólares. No sabiendo que hacer, el de-mandante se vió obligado a recurrir a una persona enten-dida que lo guiara y usó los servicios del abogado Trujillo. Inútilmente reclamó el demandante. Quedó mal con sus pro-veedores. Tuvo que abandonarlo todo durante algún tiempo y para surtir de nuevo su puesto de venta de carnes buscando “arriba y abajo”, como gráficamente declaró en el juicio, perdió “más de quinientos o seiscientos dólares.” Siendo ese el resultado de la prueba, no puede sostenerse que sea insuficiente para sostener un fallo por daños y perjuicios fi-jados en quinientos dólares.

Parece conveniente hacer constar que la parte deman-dada y apelante no compareció a la vista del recurso. Se limitó a archivar el alegato que dejamos analizado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada'.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.