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      In re para Aprobar las Reglas de Disciplina Judicial y Derogar las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

      Número: ER-2005-02

      Resuelto: 8 de marzo de 2005
   RESOLUCIÓN

En virtud de la autoridad que le otorga la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —Art. V, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— al Tribunal Supremo para destituir a los jueces de los demás tribunales, por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley, y en conformidad con la facultad que el Art. 6.006 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 25n) le concede para aprobar el procedimiento disciplinario y de sepa-ración del servicio de los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, aproba-mos las Reglas de Disciplina Judicial que se acompañan a esta Resolución.

Quedan derogadas las Reglas de Procedimiento para Ac-ciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Ra-zón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, aprobadas el 24 de noviembre de 1992.

El Tribunal Supremo agradece la labor de los miembros del Comité para la Revisión de las Reglas de Procedi-miento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Ape-¡aciones: Hon. Aida N. Molinary, presidenta; Profesor Carlos I. Gorrín Peralta; Hon. Isabel Llompart Zeno; Hon. Ivonne Díaz Pérez, y Leda. Patricia Otón Olivieri, por su excelente labor y cumplimiento con la encomienda que les fue delegada.

Esta Resolución tiene efectividad a partir del 1 de abril de 2005.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

REGLAS DE DISCIPLINA JUDICIAL

Regla 1. Título

Estas reglas se conocerán como Reglas de Disciplina Judicial.

Regla 2. Fundamento jurídico

Estas reglas se aprueban en conformidad con las dispo-siciones del Art. V, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Art. 6.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003. Tienen el fin de garantizar a la ciudadanía y a la Judicatura la justa y pronta consideración de todo asunto presentado y el debido proceso de ley.

Regla 3. Alcance de estas reglas

Estas reglas regirán el procedimiento disciplinario contra Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones por:

(a) violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética Profesional, a las órdenes y a las normas administrativas aplicables, o por negligencia crasa, inhabi-lidad o incompetencia profesional manifiesta en sus debe-res judiciales, o

(b)condición de salud física o mental, ya sea tempo-rera o permanente, que menoscabe el desempeño de sus funciones judiciales.

Regla 4. Definiciones

Las siguientes palabras y frases utilizadas en estas re-glas significarán:

(a) Abogado o abogada no postulante — aquel abogado o aquella abogada cuya actividad profesional principal no conlleva el litigio ante los tribunales.

(b) Alguacil o alguacila — alguacil o alguacila del Tribunal Supremo, o cualquier alguacil designado o alguacila designada por aquél o aquélla.

(c) Causa probable — base razonable para creer que existen hechos que justifican la presentación de una que-rella o petición de retiro involuntario.

(d) Comisión — Comisión de Disciplina Judicial, orga-nismo colegiado que preside los procedimientos disciplina-rios y de retiro involuntario de Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones.

(e) Comisionado Asociado o Comisionada Asociada — miembro de la Comisión de Disciplina Judicial.

(f) Director o Directora — Director Administrativo o Directora Administrativa de los Tribunales.

(g) Expediente personal — expediente personal del abogado admitido o de la abogada admitida al ejercicio de la abogacía, que permanece bajo la custodia del Tribunal Supremo.

(h) Juez o Jueza — el Juez o la Jueza del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, o el juez especial designado o la jueza especial desig-nada por el Juez Presidente o por la Jueza Presidenta;

(i) Oficina de Asuntos Legales — Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales.

(j) Parte promovente — cualquier persona natural que presente una solicitud para que se investigue la conducta o capacidad de un juez o de una jueza.

(k) Petición de retiro involuntario — escrito presen-tado ante la Comisión de Disciplina Judicial, luego de una determinación de causa probable, en el cual se alega que la condición de salud física o mental de un juez o de una jueza menoscaba el desempeño de sus funciones judiciales.

(l) Presidente o Presidenta — Presidente o Presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial.

(m) Queja — solicitud de investigación contra un juez o una jueza por conducta incompatible con su función judicial.

(n) Querella — escrito presentado ante la Comisión de Disciplina Judicial, luego de una determinación de causa probable, en el cual se le imputa a un juez o a una jueza conducta que pueda conllevar la imposición de cualquier sanción disciplinaria por violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética Profesional, a las ór-denes y normas administrativas aplicables por negligencia crasa o inhabilidad personal manifiesta en sus deberes judiciales.

(o) Reglas — Reglas de Disciplina Judicial.

(p) Secretario o Secretaria — Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico o el funcionario o la funcionaría que aquél o aquélla designe.

(q) Tribunal — Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Regla 5. Presentación y contenido de la queja

(a) Cualquier persona interesada en que se investigue la conducta de un Juez o de una Jueza podrá presentar una queja personalmente o por correo ante la Oficina de Asuntos Legales.

(b) La queja cumplirá con los requisitos siguientes:

(1) Se formulará por escrito.

(2) Se formulará bajo juramento.

(3) Indicará el nombre completo, la dirección postal y el número de teléfono de la persona promovente.

(4) Identificará al Juez promovido o a la Jueza promovida por su nombre y el tribunal en el que se alega que ocurrieron los hechos, y de desconocerlos, brindará su-ficientes datos que permitan su identificación.

(5) Expondrá brevemente los hechos que motivan la queja e indicará la fecha y el lugar donde ocurrieron.

(6) Incluirá, además, cualquier otra información e identificará los testigos y los documentos que sustenten la queja.

(c) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director o la Directora, podrá solicitar, a iniciativa propia y por escrito, una inves-tigación sobre la conducta o capacidad de un Juez o una Jueza. Dicha solicitud se considerará como una queja, sin que sea necesario cumplir con los requisitos formales del inciso (b) de esta regla.

Regla 6. Evaluación de la queja

(a) La Oficina de Asuntos Legales evaluará toda queja dentro de los quince días siguientes a su presentación.

(b) Si la queja no cumple con los requisitos de forma de la Regla 5, se notificará a la parte promovente, por correo certificado con acuse de recibo, la razón que la hace insu-ficiente, así como la forma y el término para subsanarla. Se advertirá a la parte promovente que deberá corregir la in-suficiencia conforme a los señalamientos dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación y que, trans-currido este término sin que sea efectuada la subsanación, la Oficina de Asuntos Legales considerará la queja como retirada.

(c) Si la queja cumple con los requisitos de forma de la Regla 5, la Oficina de Asuntos Legales lo informará al Director o a la Directora, quien determinará si procede el inicio de la investigación. De así determinarlo, ordenará el inicio de la investigación a la Oficina de Asuntos Legales o a la persona a quien designe. La Oficina de Asuntos Lega-les o la persona a quien el Director o la Directora delegó la investigación, notificará del inicio de la investigación a la parte promovente y al Juez promovido o a la Jueza promovida. La notificación a este último o esta última in-cluirá copia de la queja.

(d) Si el Director o la Directora determina que no pro-cede el inicio de la investigación, notificará su determina-ción del archivo de la queja al Juez promovido o a la Jueza promovida con una copia de la queja. Además, notificará dicha determinación a la parte promovente y su derecho a solicitar una reconsideración dentro de los diez días si-guientes a la notificación. También, le advertirá que de no solicitar la reconsideración dentro del término dispuesto, la determinación será final.

(e) Si durante una investigación contra un Juez o una Jueza se descubre información que amerite investigar a otro juez u otra jueza, el Director o la Directora deberá notificar inmediatamente a este último o a esta última el inicio de la investigación en su contra. Dicha notificación describirá la alegada conducta y los hechos específicos por los que se le investiga.

(f) En aquellos casos en que se inicie la investigación a solicitud del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o del Director o de la Directora, en conformidad con la Regla 5(c), se notificará del inicio de la investigación al Juez promovido o a la Jueza promovida con una copia de la queja presentada.

(g) El Director a la Directora informará sobre el inicio de la investigación al Juez Presidente o a la Jueza Presi-denta, con una copia de la queja presentada, dentro de un plazo de diez días contado a partir del día en que se ordene el inicio de la investigación.

(h) Toda queja presentada será anotada en el Registro de Quejas de la Oficina de Asuntos Legales.

Regla 7. Investigación; derechos del Juez promovido o de la Jueza promovida

(a) El Juez promovido o la Jueza promovida expondrá por escrito su posición sobre el contenido de la queja dentro del término de diez días, contado a partir de la notificación del inicio de la investigación. Podrá solicitar una prórroga por justa causa. Si el Juez promovido o la Jueza promovida no expone su posición durante el término dispuesto, el pro-cedimiento continuará sin el beneficio de su comparecencia.

(b) La Oficina de Asuntos Legales o la persona desig-nada por el Director o la Directora realizará la investiga-ción de la queja y rendirá al Director o a la Directora un informe de investigación, dentro de un término de ciento veinte días a partir de la notificación de la queja al Juez promovido o a la Jueza promovida conforme a la Regla 6(c). Este término podrá ser ampliado por el Director o la Direc-tora por justa causa.

(c) Durante la etapa de investigación, el Juez promo-vido o la Jueza promovida tendrá derecho a:

(1) asistencia legal desde el inicio de la investiga-ción;

(2) inspeccionar y obtener copia de todos aquellos documentos, declaraciones o evidencia pertinente al caso, y

(3) conocer la identidad de los testigos presenta-dos en su contra.

Regla 8. Informe de investigación

(a) El informe de investigación que rinda la Oficina de Asuntos Legales contendrá una exposición de los hechos y un análisis de éstos a la luz del derecho aplicable. Incluirá además, como apéndice, toda la prueba documental y refe-rencia a cualquier otra prueba que lo sustente.

(b) Si el informe expone una conducta que amerita ac-ción disciplinaria, el Director o la Directora lo remitirá a la Comisión, dirigido al Secretario o a la Secretaria, dentro de los diez días siguientes a su recibo, para la determinación de causa o no causa probable, conforme a la Regla 12. Ade-más, notificará simultáneamente de su envío, mediante entrega personal al Juez promovido o a la Jueza promo-vida, con copia del informe de investigación y de su apéndice. Asimismo, la parte promovente será notificada del envío del informe de investigación a la Comisión.

(c) Si el informe no expone la conducta que amerita la acción disciplinaria, el Director o la Directora, dentro de igual término de diez días desde su recibo, desestimará la queja, ordenará su archivo y notificará dicha determina-ción al Juez promovido o a la Jueza promovida, y a la parte promovente.

(d) La notificación a la parte promovente le informará de su derecho a solicitar una reconsideración ante el Director o la Directora, dentro de los diez días siguientes a la notificación de archivo, si no está conforme con la determi-nación de desestimar la queja. De no solicitar una reconsi-deración, la determinación del Director o de la Directora será final.

Regla 9. Reconsideración de la determinación del Director o de la Directora de archivar la queja; revisión ante el Juez Presidente o la Jueza Presidenta

(a) El Director o la Directora, dentro de los diez días de haberle sido presentada la solicitud de reconsideración dis-puesta en la Regla 8(d), deberá considerarla y notificar su determinación a la parte promovente y al Juez promovido o a la Jueza promovida.

(b) La parte promovente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Juez Presidente o la Jueza Presidenta, dentro de los diez días siguientes a la notificación del Director o de la Directora, sosteniendo su determinación inicial. Deberá fundamentar su solicitud, exponer en deta-lle los hechos que la justifican y notificarla al Director o a la Directora y al Juez promovido o a la jueza promovida.

(c) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta requerirá al Director o a la Directora que le remita el expediente que obra en la Oficina de Asuntos Legales, el cual deberá in-cluir el informe de la investigación realizada.

(d) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá confirmar la decisión del Director o de la Directora, revo-carla o devolver el expediente con la orden de que amplíe la investigación.

(e) La determinación del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta será notificada a la parte promovente por el Secretario o la Secretaria al Juez promovido o a la Jueza promovida, y al Director o a la Directora.

Regla 10. Confidencialidad del expediente; acceso al in-forme de investigación

(a) El expediente de la Oficina de Asuntos Legales so-bre la evaluación y la investigación de la queja es de natu-raleza confidencial.

(b) El Juez promovido o la Jueza promovida podrá re-nunciar por escrito a la confidencialidad en la etapa de investigación de la queja.

(c) La norma de confidencialidad del inciso (a) de esta regla no aplicará a peticiones de información procedentes de la Oficina de Nombramientos Judiciales de la Oficina del Gobernador o de la Gobernadora, de la Oficina de la Comisión de Evaluación Judicial adscrita a la Oficina del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta, de la Comisión de Nombramientos del Senado y de la Comisión de Nom-bramientos Judiciales del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La Oficina de Asuntos Legales informará del resul-tado de la investigación y del procedimiento a dichas entidades.

(d) La Oficina de Asuntos Legales enviará al Juez pro-movido o a la Jueza promovida una copia de toda comuni-cación que sea remitida a las entidades correspondientes, en conformidad con el inciso (c) de esta regla.

(e) Tan pronto se le notifique al Juez promovido o a la Jueza promovida la determinación del Director o de la Directora de archivar la queja o de referirla a la Comisión, tanto el informe de investigación como sus anejos estarán disponibles para escrutinio público.

(f) Aun cuando el informe de investigación y sus anejos estén disponibles para escrutinio público, se deberá prote-ger la información privilegiada que obre en dichos docu-mentos mediante una orden de protección debidamente fundamentada. También, ésta se deberá proteger cuando se puedan lesionar derechos fundamentales de terceros o cuando menoscabe el derecho a la intimidad del Juez pro-movido o de la Jueza promovida.

Regla 11. Uso, disposición y acceso a quejas desestimadas

(a) Toda queja desestimada no constará en el expe-diente personal del Juez exonerado o de la Jueza exonerada.

(b) El expediente de toda queja desestimada permane-cerá bajo la custodia de la Oficina de Asuntos Legales hasta que el Juez exonerado o la Jueza exonerada haya cesado en su cargo.

(c) El Director o la Directora aprobará unas normas internas para facilitar el acceso a los expedientes de las investigaciones bajo estas reglas. Podrá asimismo solici-tarle al Tribunal que emita las órdenes que sean necesa-rias, que surjan al amparo de la Regla 9(f), para proteger la información privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o aquella información que pueda lesionar derechos funda-mentales de terceros.

(d) La solicitud de examen de un expediente custo-diado por la Oficina de Asuntos Legales deberá ser notifi-cada al Juez investigado y exonerado o a la Jueza investi-gada y exonerada. Éste o ésta podrá, dentro de un término de diez días, solicitarle al Director o a la Directora que mediante una orden del Tribunal proteja su derecho a la intimidad sobre aquella información en el expediente que considere privilegiada, fundamentando su solicitud.

Regla 12. Comisión de Disciplina Judicial

(a) Creación

La Comisión queda establecida en conformidad con la autoridad concedida por el Art. V, Sec. 11 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por el Art. 6.005 de la Ley de la Judicatura de 2003. La Comisión auxiliará al Tribunal en el ejercicio de su responsabilidad en asuntos de disciplina y de retiro involuntario de Jueces o Juezas.

(b) Composición

La Comisión estará compuesta por un Presidente o una Presidenta y cinco Comisionados Asociados o Comisiona-das Asociadas, nombrados o nombradas por el Tribunal.

(c) Nombramiento

(1) Los miembros de la Comisión serán nombra-dos por un término de cuatro años y hasta que el sucesor o la sucesora tome posesión del cargo.

(2) El Tribunal podrá nombrar, además, dos Comi-sionados Asociados Alternos o Comisionadas Asociadas Al-ternas para aquellos casos en que más de uno o una en propiedad no pueda participar en algún asunto particular.

(d) Requisitos

El Presidente o la Presidenta y dos Comisionados Aso-ciados o Comisionadas Asociadas deberán ser ex Jueces o ex Juezas no postulantes del Tribunal General de Justicia, dos Comisionados Asociados o Comisionadas Asociadas se-rán abogados o abogadas no postulantes con por lo menos cinco años de experiencia y el restante Comisionado Aso-ciado o Comisionada Asociada será un ciudadano o una ciudadana que no sea abogado o abogada.

(e) Dietas

Los Comisionados Asociados o las Comisionadas Asocia-das que no estuviesen empleados o empleadas permanen-temente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o corporaciones públicas, tendrán derecho a reci-bir una dieta de cien dólares por cada reunión de la Comi-sión a que asistan o por cada día en que realicen gestiones, por encomienda de la Comisión o de su Presidente o Presi-denta, en relación con los deberes que les imponen estas reglas.

(f) Acuerdos y quorum

Todos los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría simple de los presentes. Tres miembros de la Co-misión constituirán quorum. Cuando el Presidente o la Presidenta esté ausente o no intervenga en algún asunto, el Comisionado Asociado o la Comisionada Asociada con el término inicial de nombramiento más largo o, en lo suce-sivo, el o la de mayor antigüedad, actuará como Presidente Interino o Presidenta Interina, excepto que no podrá ac-tuar como tal el Comisionado Asociado o la Comisionada Asociada que no sea abogado o abogada. No obstante, el Presidente o la Presidenta tendrá la facultad de designar interinamente como presidente o presidenta a cualquier Comisionado Asociado o Comisionada Asociada cuando el o la de mayor antigüedad se inhiba voluntariamente a par-ticipar en algún asunto.

(g) Funciones; Comisionados Asociados o Comisiona-das Asociadas; personal

(1) El Presidente o la Presidenta designará a cual-quiera de los Comisionados Asociados o las Comisionadas Asociadas para que evalúe el informe de investigación y proceda a determinar si existe o no causa probable para presentar una querella o petición de retiro involuntario contra el Juez promovido o la Jueza promovida, en confor-midad con la Regla 12.

(2) La Comisión considerará en vista evidenciaría aquellas querellas o peticiones de retiro involuntario en las cuales se haya determinado causa probable en relación con cualquier Juez o Jueza en funciones, y recomendará al Tribunal la acción a seguir.

(3) La Comisión podrá adoptar normas compatibles con estas reglas para su funcionamiento interno.

(4) La Comisión o cualquiera de sus miembros po-drá tomar juramento, requerir la comparecencia de testi-gos y la presentación de libros, registros, documentos u objetos pertinentes, celebrar vistas y recibir prueba, en conformidad con lo dispuesto en estas reglas.

(5) Durante el período que dure la encomienda, el Presidente o la Presidenta dirigirá los trabajos de la Comi-sión y ejercerá todos los poderes necesarios para su admi-nistración, de modo que asegure su más eficiente funcionamiento.

(6) El personal, las instalaciones y los recursos ne-cesarios serán provistos por el Juez Presidente o la Jueza Presidenta.

Regla 13. Determinación de causa probable

(a) El Presidente o la Presidenta designará a uno de los Comisionados Asociados o una de las Comisionadas Asociadas, que sea abogado o abogada, para que en un tér-mino no mayor de treinta días, a partir del recibo del in-forme de investigación remitido por el Director o la Direc-tora, evalúe dicho informe y proceda a determinar mediante resolución si existe o no causa probable para pre-sentar una querella o una petición de retiro involuntario. Este término podrá ser ampliado por el Presidente o la Presidenta.

(b) El Comisionado Asociado designado o la Comisio-nada Asociada designada para actuar en la determinación de causa probable en un caso específico, deberá inhibirse de participar en los trámites posteriores del caso.

Regla 14. Notificación de la determinación de causa probable

Si el Comisionado Asociado o la Comisionada Asociada determina mediante resolución que existe causa probable, lo notificará al Secretario o a la Secretaria, y ordenará a la Oficina de Asuntos Legales o a la persona que designe el Director o la Directora, que presente la querella o petición de retiro involuntario. El Secretario o la Secretaria notifi-cará la resolución a la parte promovente, al Juez promo-vido o a la Jueza promovida y al Director o a la Directora, dentro de los diez días siguientes a la determinación de causa probable.

Regla 15. Imposición de medidas provisionales; notifica-ción

(a) Una vez el Comisionado Asociado o la Comisionada Asociada determine que existe causa probable, podrá reco-mendar al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta la im-posición de medidas provisionales durante el procedi-miento disciplinario o de retiro involuntario, tales como la suspensión temporal de empleo, el relevo de sala, la asig-nación de tareas administrativas o cualquier otra medida administrativa que considere necesaria para garantizar la sana administración de la justicia, considerando:

(1) la gravedad de la conducta imputada;

(2) la existencia de evidencia que sostenga la pro-babilidad razonable de la veracidad de la conducta impu-tada, o

(3) el riesgo de que la conducta imputada pueda repetirse.

(b) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá suspender a un Juez o a una Jueza de sus funciones, con sueldo, sin que sea necesaria actuación alguna de la Comi-sión, cuando haya sido presentada una acusación en su contra por la comisión de un delito.

(c) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá im-poner a un Juez o a una Jueza, ante alguna situación ex-traordinaria, cualquier medida provisional sin sujeción al trámite disciplinario dispuesto en estas reglas.

(d) La imposición de la medida provisional o la suspen-sión no impedirá que se inicie o prosiga el procedimiento disciplinario dispuesto en estas reglas, respecto a la con-ducta que motivó dicha imposición.

(e) La imposición de la medida provisional o suspen-sión de sus funciones judiciales será notificada al Juez pro-movido o a la Jueza promovida personalmente, mediante alguacil o alguacila, y a la Comisión a través del Secretario o de la Secretaria. Además, se le notificará personalmente copia de dicha determinación al Juez Administrador o a la Jueza Administradora de la Región Judicial que supervisa al Juez promovido o a la Jueza promovida, y a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Regla 16. Determinación de que no existe causa probable; revisión

(a) Si el Comisionado Asociado designado o la Comisio-nada Asociada designada determina que no existe causa probable, emitirá una resolución en la que expresará los fundamentos de su determinación y ordenará el archivo de la queja.

(b) El Secretario o la Secretaria, dentro de los diez días siguientes a la determinación de no causa probable, notifi-cará por correo la resolución y la orden de archivo al Juez promovido o a la Jueza promovida y al Director o a la Directora.

(c) El Director o la Directora podrá solicitar una recon-sideración al Comisionado Asociado o a la Comisionada Asociada dentro de los diez días siguientes a la notificación.

(d) Si el Comisionado Asociado o la Comisionada Aso-ciada sostiene su determinación de no causa probable, el Director o la Directora podrá solicitar la revisión de ésta ante el Juez Presidente o la Jueza Presidenta dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha determinación. Presentará un escrito en el que expondrá en detalle los fundamentos de su solicitud y notificará con una copia de éste al Juez promovido o a la Jueza promo-vida y a la Comisión.

(e) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá confirmar la determinación de no causa probable o podrá determinar causa probable. La determinación será notifi-cada al Juez promovido o a la Jueza promovida, al Director o a la Directora y a la Comisión.

Regla 17. Presentación y contenido de la querella y de la petición de retiro involuntario

(a) La Oficina de Asuntos Legales o la persona desig-nada por el Director o la Directora presentará la querella o la petición de retiro involuntario ante el Secretario o la Secretaria, dentro de los veinte días siguientes a la notifi-cación de la determinación de causa probable.

(b) La querella detallará una relación de los hechos pertinentes y los cargos imputados contra el Juez promo-vido o la Jueza promovida conforme a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética Profesional o a las órdenes y normas administrativas aplicables, por negligen-cia crasa o inhabilidad profesional manifiesta en sus debe-res judiciales. La querella también incluirá la sanción recomendada.

(c) La petición de retiro involuntario detallará una re-lación de la conducta o condición de salud física o mental, ya sea temporera o permanente, imputada al Juez o a la Jueza, las alegaciones de hechos pertinentes y la solicitud correspondiente.

(d) No se permitirá en el contenido de la querella o de la petición de retiro involuntario adoptar por referencia alegaciones del informe de investigación.

Regla 18. Notificación de la querella o de la petición de retiro involuntario; consecuencia de no contestar

(a) Presentada la querella o la petición de retiro invo-luntario, el Secretario o la Secretaria expedirá un manda-miento dirigido al Juez promovido o a la Jueza promovida, requiriéndole que presente su contestación ante la Comi-sión, dentro de los veinte días siguientes al diligenciamiento. Se le apercibirá que de no contestar den-tro del término concedido, el procedimiento continuará sin el beneficio de su comparecencia. Si el Juez promovido o la Jueza promovida no presenta su contestación dentro de dicho término, los cargos se considerarán negados.

(b) El alguacil o la alguacila diligenciará el manda-miento mediante entrega personal al Juez o la Jueza de una copia del mandamiento y de la querella o petición de retiro involuntario en el tribunal donde estuviese asignado.

(c) Si el alguacil o la alguacila no puede diligenciar el mandamiento personalmente porque el Juez promovido o la Jueza promovida se encuentra en el disfrute de alguna licencia, ha sido suspendido o suspendida, o porque el al-guacil o la alguacila tiene motivos fundados para pensar que el Juez promovido o la Jueza promovida está evadién-dole, así lo hará constar al Secretario o a la Secretaria mediante un escrito jurado, en el cual acreditará las dili-gencias realizadas. En tal caso, el Presidente o la Presi-denta estará facultado o facultada para autorizar que el diligenciamiento se realice mediante entrega personal en la residencia del Juez promovido o de la Jueza promovida. También podrá autorizar, en última instancia, que se dili-gencie por correo ordinario a la última dirección provista por este Juez o esta Jueza.

Regla 19. Disposiciones aplicables al trámite de peticiones de retiro involuntario

(a) Al atender las peticiones de retiro involuntario de Jueces promovidos o Juezas promovidas por razón de salud física o mental, se seguirá el trámite dispuesto en estas reglas.

(b) La Comisión podrá designarle un abogado o una abogada de oficio al Juez o a la Jueza que comparezca sin representación legal, si así se justifica.

(c) En cuanto a la designación de peritos, regirán las normas siguientes:

(1) En caso de que el Juez promovido o la Jueza promovida niegue su condición de salud física o mental en su contestación a la petición de retiro involuntario, la Co-misión podrá designar uno o más peritos o peritas para que evalúen al Juez promovido o a la Jueza promovida y rin-dan un informe a la Comisión con recomendaciones y diag-nósticos específicos. Si el Juez promovido o la Jueza pro-movida se niega a someterse a dicha evaluación, la Comisión lo notificará de inmediato al Tribunal y solicitará una orden para que este Juez o esta Jueza se someta a la evaluación.

(2) El perito designado o la perita designada por la Comisión evaluará al Juez promovido o a la Jueza pro-movida en el término de veinte días, contado a partir de la notificación de la designación como perito o perita.

(3) El perito designado o la perita designada por la Comisión rendirá el informe de evaluación médica den-tro del plazo de veinte días, contado a partir de la conclu-sión de la evaluación. Una copia de dicho informe será no-tificada al Director o a la Directora, al Juez promovido o a la Jueza promovida y a su representación legal.

(4) Una vez recibido el informe pericial, la Comi-sión continuará con los procedimientos dispuestos en este reglamento.

(d) Los honorarios prestados al amparo de esta regla por los servicios periciales se aprobarán previamente por el Tribunal y satisfechos con cargo a la partida de Servicios Profesionales y Consultivos del Tribunal.

Regla 20. Descubrimiento de prueba

(a) Las partes se notificarán mutuamente las solicitu-des de descubrimiento de prueba que presenten a la Comi-sión, así como todo escrito, en conformidad con la Regla 26(b).

(b) La Comisión concederá a las partes los términos que considere razonables, según la complejidad y natura-leza del caso, para que éstas cumplan con los mecanismos de descubrimiento de prueba solicitados conforme a la Re-gla 24.

(c) La toma de deposición de testigos requerirá la au-torización de la Comisión, previa determinación de la ne-cesidad de utilizar dicho procedimiento.

Regla 21. Vista; notificación

(a) La Comisión celebrará una vista evidenciaría para recibir prueba sobre la querella o petición de retiro invo-luntario dentro de los sesenta días siguientes a la expira-ción del término concedido al Juez promovido o a la Jueza promovida para presentar su contestación.

(b) De haber concedido la Comisión un término mayor para el descubrimiento de prueba, la vista podrá ser seña-lada para una fecha posterior al término dispuesto en esta regla.

(c) El Secretario o la Secretaria notificará al Juez que-rellado o a la Jueza querellada la fecha de la vista con veinte días de antelación.

(d) La Comisión tendrá discreción para modificar estos términos.

Regla 22. Citaciones

(a) El Secretario o la Secretaria expedirá las citaciones y los mandamientos que ordene la Comisión de la misma manera que cuando media una orden del Tribunal.

(b) Las partes serán responsables del diligenciamiento de las citaciones de los testigos que soliciten y de notificar-les cualquier suspensión de los procedimientos.

(c) La Comisión podrá recurrir al Tribunal para solici-tar la citación de cualquier testigo bajo apercibimiento de desacato.

Regla 23. Procedimiento durante la vista; mociones

(a) El Presidente o la Presidenta, o el Comisionado Asociado designado o la Comisionada Asociada designada, dirigirá y resolverá todo planteamiento evidenciario.

(b) Durante la vista, el Juez promovido o la Jueza pro-movida tendrá derecho a confrontar a los testigos de cargo, a examinar la prueba documental o demostrativa presen-tada en su contra y a presentar evidencia en su favor.

(c) Si el Juez promovido o la Jueza promovida no pre-senta su contestación, no comparece a la vista o se niega a declarar, ello no podrá considerarse como evidencia en su contra.

(d) Cualquier moción presentada al Tribunal con rela-ción a la querella o petición de retiro involuntario no para-lizará los procedimientos durante la vista ante la Comi-sión, salvo que el Tribunal disponga lo contrario.

Regla 24. Aplicabilidad de las reglas procesales

Las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y de las Reglas de Evidencia aplicables a los casos civiles regirán los procedimientos ante la Comisión en forma su-pletoria, salvo que de otra forma sea provisto en estas re-glas y cónsono con la naturaleza de este procedimiento.

Regla 25. “Quantum” de la prueba

El quantum de la prueba requerido para probar los car-gos será el de prueba clara, robusta y convincente.

Regla 26. Requisitos aplicables a la presentación de escri-tos ante la Comisión

(a) Apéndice

(1) Cualquier escrito que las partes presenten ante la Comisión podrá venir acompañado de un apéndice, cuyas páginas se numerarán consecutivamente.

(2) Si el apéndice tiene más de un documento, irá precedido de un índice que indique la página en la cual aparece cada documento.

(b) Notificación

(1) Todo escrito presentado ante la Comisión será notificado a los abogados y a las abogadas de cada una de las partes, o a las mismas partes si éstas no tienen repre-sentación legal. El hecho de la notificación se hará constar en el mismo escrito presentado.

(2) La notificación a las partes se efectuará dentro de los términos dispuestos por estas Reglas según la etapa en la que se encuentre el procedimiento.

(3) La notificación se efectuará por correo certifi-cado con acuse de recibo o mediante un servicio similar de entrega personal con acuse de recibo.

(4) Cuando la notificación se efectúe por correo, se remitirá a los abogados o a las abogadas de las partes, o a las mismas partes si no tienen representación legal, a la dirección postal que surja del escrito más reciente que conste en el expediente del caso. Cuando del expediente no surja dirección alguna, si la parte posee representación legal, la notificación se hará a la dirección más reciente del abogado o de la abogada de la parte que suija del registro que lleve el Secretario o la Secretaria. La fecha del depó-sito en el correo se considerará la fecha de la notificación a las partes.

(5) La entrega personal se realizará en la oficina de los abogados y las abogadas que representen a las partes. Las notificaciones deberán entregarse a éstos o a éstas, o a cualquier persona a cargo de la oficina. Si las partes no tienen representación legal, la entrega se le hará en la dirección de las partes que conste en el expediente del caso, a cualquier persona adulta que se encuentre allí.

(6) En los casos de entrega personal, se certifica-rán la forma y las circunstancias del diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas setenta y dos horas desde que se efectuó la entrega. El término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.

(7) En circunstancias no previstas por esta regla, la Comisión podrá, motu proprio o a solicitud de parte, dis-poner el método de notificación que mejor se ajuste a las circunstancias particulares del caso.

(8) Cualquier escrito posterior que se presente será notificado por correo, simultánea y personalmente a las partes. En éste se certificará la forma en la que se efec-tuó la notificación.

(c) Forma de los escritos; copias

(1) Todo escrito que sea presentado ante la Comi-sión y las copias notificadas a las partes deberán ir enca-bezados con el epígrafe del caso, con expresión del título y del número. Dichos escritos y todas sus copias deberán es-tar firmados por el abogado o la abogada que los suscribe, o por la misma parte si no tiene representación legal.

(2) Todo escrito se presentará ante la Comisión en papel tamaño legal 8V2" x 14", a doble espacio, en tipo pica o mayor, por un solo lado del papel y con un margen iz-quierdo no menor de V2", y un margen derecho no menor de V2". El escrito no se deberá coser con alambres.

(3) Todo documento que forme parte de un apén-dice cumplirá estrictamente con el subinciso (c)(1) prece-dente, excepto que se permitirá fotocopiar los documentos originales a espacio sencillo siempre que dichas copias sean claramente legibles y cumplan con los demás requisi-tos del subinciso (c)(1) que apliquen.

(4) Todo documento se presentará en original y siete copias, claramente legibles, que podrán ser fotocopias o de máquinas reproductoras de eficiencia análoga. No se aceptarán copias carbón bajo ninguna circunstancia. El Se-cretario o la Secretaria velará por el estricto cumplimiento de esta disposición y, en caso de incumplimiento, tomará las medidas correctivas que dispone el Reglamento del Tribunal vigente.

(d) Plazos para presentar escritos; prórrogas

(1) Cuando un escrito deba presentarse ante la Comisión, en conformidad con los términos dispuestos en estas Reglas, dentro de determinado período de tiempo o en un día determinado, el plazo vencerá a las 5:00 p.m. del día correspondiente. La hora se determinará de acuerdo con el reloj fechador del Tribunal.

(2) Ningún funcionario, funcionaría, empleado o empleada, salvo por órdenes expresas, está autorizado o autorizada a aceptar recursos o escritos que se presenten fuera del horario dispuesto por el Reglamento del Tribunal Supremo, o en otro lugar que no sea la Secretaría del Tribunal Supremo.

(3) Las mociones de prórroga se fundamentarán con hechos concretos y no con meras generalizaciones. Como regla general, el exceso de trabajo del abogado o de la abogada no se considerará una razón adecuada para jus-tificar una prórroga.

Regla 27. Grabación

(a) El procedimiento de toda vista celebrada ante la Comisión se grabará. La grabación de dicha vista consti-tuirá el récord oficial del procedimiento. El oficial o la ofi-cial de transcripciones certificará la corrección de cual-quier duplicación o transcripción que se efectúe.

(b) La grabación se transcribirá únicamente cuando el Tribunal lo ordene.

(c) El Tribunal o la Comisión podrá autorizar la regra-bación de la vista, a solicitud de cualquiera de las partes, previo el pago del arancel correspondiente.

(d) Las partes podrán grabar simultáneamente los procedimientos mediante su propio equipo de grabación, previa autorización del Presidente o de la Presidenta.

Regla 28. Informe de la Comisión; reconsideración

(a) Al concluir la presentación de la prueba, la Comi-sión preparará un informe que incluirá sus determinacio-nes de hechos y conclusiones de derecho, así como su recomendación. Además, podrá requerir memorandos de derecho a las partes. La Comisión redactará el informe y lo notificará a las partes en el término de cuarenta y cinco días.

(b) La recomendación al Tribunal incluida en el in-forme de la Comisión se adoptará por el voto de la mayoría de los miembros presentes. Si algún Comisionado Asociado o alguna Comisionada Asociada no está de acuerdo con la recomendación, se hará constar su voto disidente en el informe. Además, el o la que disienta podrá fundamentar por escrito su disenso.

(c) Las partes tendrán un término simultáneo de veinte días, contado a partir de la notificación del informe, para solicitar a la Comisión:

(1) una reconsideración de las determinaciones de hechos formuladas;

(2) una reconsideración de la recomendación, o

(3) la formulación de determinaciones de hechos adicionales, consignando su texto, procedencia y justificación.

(d) Si transcurre el término de veinte días, concedido en el inciso (c) anterior, y las partes no han presentado escrito alguno ante la Comisión, o ésta deniega algún es-crito presentado, el informe será final. La Comisión lo pre-sentará al Tribunal dentro de un término no mayor de cinco días desde que el informe fue final. No será necesario notificar de nuevo a las partes si la Comisión no enmendó su informe y el que le presenta al Tribunal es el mismo informe del inciso (a) de esta regla.

(e) Si la Comisión, luego de considerar cualquier es-crito presentado conforme al inciso (c) de esta regla, en-mienda el informe, éste será final. La Comisión lo presen-tará al Tribunal dentro de un término no mayor de cinco días, desde la fecha en que fue final, y lo notificará a las partes.

Regla 29. Recomendación de medidas disciplinarias

(a) En los casos disciplinarios, la recomendación de la Comisión al Tribunal podrá incluir una o varias de las me-didas disciplinarias siguientes:

(1) desestimación y archivo;

(2) amonestación;

(3) censura;

(4) suspensión temporal;

(5) destitución;

(6) sanciones como abogado o abogada, o

(7) cualquier otra medida disciplinaria que corres-ponda con la naturaleza de la actuación.

(b) En los casos de retiro involuntario, la Comisión po-drá recomendar, entre otros:

(1) desestimación y archivo;

(2) suspensión temporal, y

(3) separación del servicio.

Regla 30. Decisión del Tribunal Supremo

(a) Las partes podrán comparecer por escrito ante el Tribunal para exponer sus respectivas posiciones dentro de los veinte días siguientes a la notificación del informe de la Comisión, en conformidad con lo dispuesto en la Regla 27.

(b) Transcurrido el término de veinte días dispuesto en el inciso (a), el caso quedará sometido para la decisión final del Tribunal.

(c) La decisión del Tribunal se notificará a la Comi-sión, a través del Secretario o de la Secretaria, al Juez promovido o a la Jueza promovida, a su representación legal y al Director o a la Directora, en conformidad con el Reglamento del Tribunal.

Regla 31. Reconsideración de la decisión del Tribunal Supremo

(a) Toda moción de reconsideración de la decisión del Tribunal deberá presentarse dentro del plazo jurisdiccional de diez días laborables, contado a partir de la notificación de la decisión o resolución del Tribunal a las partes.

(b) El escrito de reconsideración no excederá de diez páginas.

(c) Las citas de autoridades deberán discutirse en el cuerpo de la moción, por lo que no se aceptarán memoran-dos de autoridades por separado ni peticiones de prórroga para fundamentar la reconsideración presentada. El Secre-tario o la Secretaria denegará de plano cualquier solicitud de prórroga para presentar una moción de reconsideración o cualquier escrito en apoyo de ésta.

(d) Una vez resuelta la moción de reconsideración, si ésta fuese denegada, se permitirá que las partes presenten sólo una moción de reconsideración adicional. Esta moción deberá presentarse dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de la denegación del anterior re-curso de reconsideración.

(e) Si como resultado de una reconsideración, el Tribunal enmendara o de alguna forma modificara su sentencia u opinión, la parte afectada podrá presentar una moción de reconsideración. Esta moción deberá presentarse dentro del plazo de diez días laborables, contado desde la notifica-ción del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia u opinión enmendada, o de la resolución que en-miende la opinión o sentencia, según sea el caso.

Regla 32. Prórrogas

Los términos dispuestos en estas reglas son de estricto cumplimiento. Sólo podrán ser prorrogados mediante una solicitud escrita presentada por cualquier parte dentro del término cuya prórroga se solicite, mostrando las razones que la justifiquen y en conformidad con la Regla 26(d)(3). Esta solicitud se resolverá:

(a) durante la etapa del trámite en la Oficina de Administración de los Tribunales por el Director o la Direc-tora;

(b) durante el trámite ante la Comisión por su Presidente o Presidenta, y

(c) durante el trámite ante el Tribunal por el Juez Presidente o la Jueza Presidenta, o por el Tribunal, según sea el caso.

Regla 33. Efecto de renuncia o expiración del término de nombramiento

(a) La renuncia o la expiración del término del nom-bramiento del Juez querellado o de la Jueza querellada no impedirá que continúe el procedimiento disciplinario en su contra al amparo de este reglamento. La Comisión deter-minará si la conducta amerita la recomendación de impo-nerle al Juez querellado o a la Jueza querellada medidas disciplinarias por violación al Código de Ética Profesional.

(b) En los casos de retiro involuntario al amparo de la Regla 19, la renuncia del Juez querellado o de la Jueza querellada, o la expiración del término de su nombra-miento, conllevará la desestimación del procedimiento de retiro involuntario, salvo aquellos casos en los cuales la Comisión determine continuar el procedimiento con el pro-pósito de recomendar al Tribunal medidas disciplinarias por violación al Código de Ética Profesional.

Regla 34. Asuntos no previstos por estas Reglas

En asuntos no previstos por estas Reglas, el Tribunal determinará su trámite en la forma que garantice el cum-plimiento de los propósitos que inspiran estos procedimien-tos y los derechos del Juez promovido o de la Jueza promo-vida, de la parte promovente y la sana administración de la justicia.

Regla 35. Cláusula transitoria

(a) Todo caso que esté bajo investigación en la Oficina de Asuntos Legales al momento de entrar en vigor estas Reglas, continuará con el procedimiento vigente a la fecha de la presentación de la queja y hasta la presentación del informe de investigación a la Comisión. Para las demás etapas del caso, regirá el procedimiento disciplinario esta-blecido en estas Reglas.

(b) Los casos sometidos al Tribunal, en o antes de la vigencia de estas Reglas, continuarán con el procedimiento que regía a la fecha de la presentación de la querella o de la petición de retiro involuntario.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Gladys Olivo Román, peticionaria, v. Secretario de Hacienda, recurrido.

      Número: CC-2004-43

      Resuelto: 10 de marzo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida; Miguel A. Rodríguez Suárez, abogado de la parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió la opinión

del Tribunal.

La controversia que nos ocupa requiere que determine-mos cuál es el momento adecuado para que un contribu-yente pueda incoar ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra el Secretario de Hacienda para recla-mar un reintegro de contribuciones sobre ingresos y las advertencias que el Departamento de Hacienda debe hacer en torno a este derecho. Veamos.

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En agosto de 2000, la Sra. Gladys Olivo Román (señora Olivo Román), alegadamente, fue despedida de su empleo y recibió de su patrono quince mil dólares como parte de su compensación al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. Dicha suma de dinero fue incluida en la planilla de contri-buciones sobre ingresos de la señora Olivo Román para el 2000, bajo el renglón de sueldos, comisiones, concesiones y propinas. Posteriormente, la señora Olivo Román sometió al Departamento de Hacienda una planilla enmendada para el año contributivo 2000, en la que excluyó de sus ingresos tributables la mencionada cantidad de dinero e hizo constar un reintegro de contribuciones por la suma de mil ochocientos treinta y tres dólares. Evaluadas las plani-llas, personal del Negociado de Procesamiento de Planillas del Departamento de Hacienda entregó personalmente a la señora Olivo Román un documento que contenía la infor-mación siguiente:

Estimado contribuyente:
La determinación final sobre su planilla de contribuciones sobre ingresos del AÑO 1998 [sic] como sigue:
Deseamos informarle que su planilla enmendada no pro-cede; ya que los ingresos que disminuye son tributables en su totalidad.
De tener alguna duda, favor de llamar a Lisvette Lozada, 721-2020 Exts. 2216 a la 2218, Oficina 208, Sección Adminis-tración de Ajustes.
Cordialmente,
Lisvette Lozada (Fdo.)
Supervisor Sección
Administración de Ajuste o
Representante Autorizado
Apéndice, Anejo X, pág. 88.

A consecuencia de lo anterior, la señora Olivo Román presentó ante el tribunal de instancia una demanda contra el Secretario de Hacienda, en la cual reclamó el referido reintegro. Adujo, en síntesis, que tenía derecho a éste, ya que el pago que recibió de su ex patrono, el cual excluyó de sus ingresos mediante la planilla enmendada, no era un ingreso tributable, sino una indemnización. En oposición, el Secretario de Hacienda, representado por el Departa-mento de Justicia, solicitó la desestimación de la demanda bajo el fundamento de que no había emitido una denegato-ria final de reintegro y que la señora Olivo Román no había agotado los remedios administrativos. El foro de instancia acogió el planteamiento del Secretario de Hacienda y des-estimó la demanda. Debido a ello, la señora Olivo Román acudió al Tribunal de Apelaciones, quien confirmó tal dictamen. El foro apelativo intermedio concluyó que no ha-bía culminado el trámite administrativo sobre el reintegro, ya que no se le había notificado a la contribuyente, me-diante correo certificado, la determinación que ésta impugnaba.

Insatisfecha, la señora Olivo Román acude ante nos y aduce que no existen remedios administrativos que agotar ante el Departamento de Hacienda y que la notificación hecha por el Negociado de Procesamiento de Planillas de dicho departamento es una determinación final de denega-toria de reintegro. Acordamos expedir. El Procurador General compareció en representación del Secretario de Hacienda y reiteró los planteamientos esbozados por este último. Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, resolvemos.

r-H HH

A. Para disponer de este recurso es necesario, como cuestión de umbral, acudir a la disposición del Código de Rentas Internas de 1994, que regula las solicitudes de reintegro por la vía judicial. La regla general sobre la liti-gación de reintegros, contenida en el Art. 6030 del Código de Rentas Internas, preceptúa:

(a) Regla General — Si una reclamación de crédito o rein-tegro de cualquier contribución impuesta por este Subtítulo radicada por un contribuyente fuere denegada en todo o en parte por el Secretario, éste deberá notificar de ello al contri-buyente por correo certificado, y el contribuyente podrá recurrir contra dicha denegatoria ante el Tribunal de Primera Instan-cia, radicando demanda en la forma provista por ley dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación. La no radicación de la demanda dentro del término aquí provisto privará al Tribunal de Primera Instan-cia de facultad para conocer del asunto.
(b) Limitación — No se considerará por el Tribunal de Pri-mera Instancia recurso alguno para el crédito o reintegro dé cualquier contribución impuesta por este Código a menos que exista una denegatoria por el Secretario de tal crédito o reinte-gro, notificada según se provee en el inciso (a). (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. see. 8040.

Igual proceder surge del Art. 2(A)(6) de la Ley Núm. 235 de 10 de mayo de 1949, según enmendada, el cual dispone que cuando un contribuyente no esté conforme con una determinación del Secretario de Hacienda en la que se niegue a conceder un reintegro de cualquier contribución, podrá presentar una demanda en el Tribunal Superior dentro del término de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación del Secretario.

Se desprende de las antes citadas disposiciones que el procedimiento para solicitar un reintegro de contribuciones se desdobla en dos etapas, a saber: fase administrativa y fase judicial.

La fase judicial requiere, como condición esencial, que el proceso administrativo de reintegro haya culminado con una denegatoria por parte del Secretario de Hacienda, la cual deberá ser notificada al contribuyente por correo certificado. Sin embargo, nos vemos precisados a abordar una interrogante neurálgica al tema que nos ocupa y cuya respuesta no surge de los referidos preceptos legales. Esta es, para fines del procedimiento aludido, qué constituye una denegatoria de reintegro por parte del Secretario de Hacienda, de la cual el contribuyente pueda acudir en re-visión al foro judicial. Por lo tanto, debemos analizar el procedimiento administrativo aplicable a este caso para determinar en qué momento se produce la determinación final del Secretario de Hacienda sobre el reintegro solicitado.

B. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U. fue aprobada con el propósito de sistematizar y crear un cuerpo de reglas mínimas que toda agencia deberá observar cuando formulen reglas y reglamentos, y al llevar a cabo sus procedimientos adjudicativos. En ánimo de promover la uniformidad entre las agencias, la L.P.A.U. sustituyó los procedimientos administrativos que eran incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de tales asuntos de manera consecuente con sus disposiciones. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999). No obstante, mediante la Ley Núm. 18 de 30 de noviembre de 1990 (Ley Núm. 18), 3 L.P.R.A. sees. 2102-2105, 2121, 2128-2130, 2132, 2134, 2136-2141, 2151 2170a, 2171 y 2181, la L.P.A.U. fue enmendada para añadirle, entre otras, ciertas disposiciones relativas a los procedimientos adjudicativos celebrados ante el Departamento de Hacienda y a la revisión judicial de las determinaciones de su Secretario. Es decir, se pro-veyó un tratamiento administrativo particular, aplicable exclusivamente a determinadas acciones ejecutadas por el Secretario de Hacienda. Así, pues, se enmendó la Sec. 3.1 de la L.P.A.U. para incluir lo siguiente:

Los procedimientos relativos a los asuntos y actuaciones del Secretario de Hacienda con respecto a las leyes de rentas in-ternas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se regirán por las siguientes normas:
(1) Un funcionario designado por el Secretario de Hacienda realizará una determinación preliminar,
(2) el contribuyente no conforme con la determinación pre-liminar solicitará una vista informal que presidirá un funcio-nario distinto al que realizó la determinación preliminar. Este realizará la determinación final por delegación del Secretario de Hacienda. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2151.

Igualmente, se modificó la Sec. 4.1 del mismo cuerpo legal para particularizar las disposiciones referentes a la revisión judicial de aquellas órdenes, resoluciones y providencias dictadas por el Secretario de Hacienda con relación a las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. see. 2171. Así, se dispuso que estas determinaciones del Secretario de Hacienda serían revisadas mediante la presentación de una demanda y la celebración de un juicio de novo, ante la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia.

Las mencionadas enmiendas fueron el resultado de la inquietud legislativa por aclarar la duda que imperó entre la ciudadanía luego de la aprobación de la L.P.A.U. en 1988. Véase Caribbean Petroleum Co. v. Depto. Hacienda, 134 D.P.R. 861 (1993). Esto se debió a que, originalmente, las disposiciones de dicha pieza legislativa no se ajustaban a la naturaleza de los procedimientos llevados a cabo ante el Departamento de Hacienda con respecto a varias leyes de rentas internas, creando incertidumbre sobre los trámi-tes que se debían seguir ante dicho departamento. Así se deriva del Historial Legislativo de la Ley Núm. 18, lima Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, y en particular, de la postura presentada por el Departamento de Hacienda ante las Comisiones de Gobierno de la Cámara de Representantes y del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual transcribimos, en lo pertinente:

El Departamento de Hacienda entiende que las disposicio-nes del Capítulo III de la Ley de Procedimiento, dan margen a que se interprete que los procedimientos de adjudicación, for-males e informales, que el Departamento de Hacienda realiza al amparo de las leyes fiscales que éste administra, tiene que cumplir con los requisitos de dicho Capítulo.
Resulta pertinente señalar que la Ley de Contribuciones so-bre Ingresos, [así como otras leyes fiscales] proveen específi-camente los procedimientos administrativos que tienen a su disposición un contribuyente para objetar las deficiencias o denegatorias de reintegro que lleva a cabo el Secretario de Hacienda y que le son notificados [sic] al contribuyente. En vir-tud de estas leyes especiales el contribuyente tiene derecho a ser oído. Primero, informalmente por la persona que está llevando a cabo la investigación correspondiente, y luego, en una vista administrativa por un funcionario distinto al que determinó la deficiencia.
Posteriormente, si el contribuyente no estuviere de acuerdo con la determinación final a que llegó el funcionario que pre-sidió la vista o que denegó el reintegro solicitado, estas leyes especiales le conceden el derecho de recurrir, mediante una demanda, ante el Tribunal Superior para que éste evalúe el caso en sus méritos y determine la corrección de la actuación del Secretario. (Énfasis suplido y citas omitidas.

En vista de esta posición, la cual fue acogida por nues-tra Asamblea Legislativa, se incorporaron las referidas en-miendas a la L.P.A.U. “con el objetivo de continuar con la práctica anterior del Departamento de Hacienda de venti-lar estos asuntos de forma informal, para conveniencia y economía tanto del contribuyente como del Departamento”.

Cónsono con el esquema procesal introducido en la L.P.A.U., una solicitud de reintegro de contribuciones sobre ingresos tiene que presentarse, en primera instancia, ante el Secretario de Hacienda. Un funcionario del Departamento de Hacienda considerará la solicitud y la evaluará por designación del Secretario, aplicará las secciones del Código de Rentas Internas atinentes al reintegro y emitirá una determinación preliminar sobre el asunto, la cual deberá notificarse al contribuyente. En caso de que este último no esté conforme con la determinación inicial del Departamento de Hacienda, tiene derecho a solicitar la celebración de una vista informal ante un funcionario distinto al que intervino inicialmente. Este funcionario emitirá un nuevo dictamen, que constituirá la determinación final del Secretario de Hacienda, y el contribuyente será notificado mediante correo certificado. Una vez culminado dicho procedimiento, se dará paso a la fase judicial de la reclamación de reintegro mediante la presentación de la demanda correspondiente, en aquellos casos en los que el contribuyente esté insatisfecho con esta determinación final. En conclusión, en ausencia de alguno de estos trámites administrativos, la reclamación judicial del contribuyente sobre el reintegro será prematura, conforme a la See. 6030(b) del Código de Rentas Internas, 13 L.RR.A. see. 8040(b), y de la Sec. 3.1(a) de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2151(a).

Vista la normativa expuesta, veamos los hechos particu-lares ante nos.

HH HH

A. Se desprende del expediente que la señora Olivo Román presentó una planilla de contribuciones sobre in-gresos enmendada para el 2000. Mediante ésta, la contri-buyente redujo quince mil dólares de la partida previa-mente informada como sueldos, comisiones, concesiones y propinas, bajo el fundamento de que esa suma de dinero correspondía a una indemnización y que, a su entender, no constituía un ingreso tributable. Dicha reducción de ingre-sos produjo un reintegro de contribuciones, el cual surgía de la planilla enmendada. Dado que la Sec. 3322-3(a) del Reglamento de Contribuciones sobre Ingresos, supra, per-mite reclamar un reintegro de contribuciones mediante la presentación de una planilla enmendada, procedía que el Departamento de Hacienda atendiera el asunto a través del procedimiento administrativo aplicable a tales solicitudes.

Luego de considerar la información aludida, el Nego-ciado de Procesamiento de Planillas del Departamento de Hacienda notificó a la señora Olivo Román “que su planilla enmendada no [procedía]; ya que los ingresos que dismi-nuye son tributables en su totalidad”. Apéndice, Anejo X, pág. 88. Además, informó ciertos números telefónicos me-diante los cuales ésta podía comunicarse con el funcionario que suscribió la notificación, en caso de dudas. De dicha determinación acudió al foro de instancia la señora Olivo Román mediante la presentación de la demanda del epígrafe.

Es nuestra opinión que, aun cuando la señora Olivo Ro-mán tenía derecho a revisar la determinación del Secreta-rio de Hacienda mediante la presentación de una de-manda, ésta no procedía en esta etapa de los procedimientos, ya que la notificación aludida constituye una determinación preliminar de dicha agencia. Era me-nester continuar con el cauce administrativo hasta que se produjera la determinación final del Secretario de Hacienda. Es decir, la señora Olivo Román debía solicitar una vista informal ante otro funcionario del Departamento de Hacienda para que éste, luego de escuchar sus argu-mentos, emitiera la resolución final. Una vez se notificara dicha determinación por correo certificado, con las debidas advertencias del derecho a presentar una demanda dentro de los próximos treinta días, se entendía culminada la fase administrativa de la solicitud de reintegro. Con ello, ade-más, se daba paso a la fase judicial de dicha solicitud me-diante la oportuna presentación de una demanda a esos efectos.

La señora Olivo Román arguye que, según surge del texto de la notificación del Negociado de Procesamiento de Planillas, ésta era la determinación final del Secretario de Hacienda sobre el reintegro. Aun cuando entendemos que la terminología utilizada por el Departamento de Hacienda en dicha notificación pudo haber inducido a la señora Olivo Román a creer que se trataba de una determinación final, lo cierto es que este error no le confirió jurisdicción al foro judicial. La revisión judicial de las determinaciones admi-nistrativas no puede depender del nombre con el cual se cataloguen estas últimas, sino de que éstas representen la posición final de la agencia tras la culminación del trámite administrativo disponible. De lo contrario, el procedi-miento administrativo sucumbiría ante los errores de forma de la agencia.

En resumen, la señora Olivo Román debe agotar el pro-cedimiento administrativo hasta tanto se produzca la de-terminación final del Secretario de Hacienda sobre el rein-tegro de contribuciones solicitado por ésta. Una vez culminen los procedimientos administrativos sobre el men-cionado reintegro, la señora Olivo Román conserva su de-recho de cuestionar ante el Tribunal de Primera Instancia la determinación final del Secretario de Hacienda.

B. Sin embargo, lo anterior no dispone completamente del asunto que nos ocupa, pues no podemos abstraemos del hecho de que el Departamento de Hacienda no advirtió adecuadamente los derechos y procedimientos disponibles ante dicha agencia mediante la aludida notificación, omi-sión que abonó al proceder de la señora Olivo Román. El presente pleito pudo haberse evitado si el Departamento de Hacienda hubiera advertido en su notificación el trá-mite administrativo que debió proseguir la señora Olivo Román, y los derechos que le asistían, antes de entablar la reclamación judicial sobre reintegro.

Cabe señalar que los derechos provistos por un estatuto forman parte del debido proceso de ley. Así lo he-mos reconocido, por ejemplo, con el derecho a solicitar la revisión judicial de las decisiones administrativas. Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 119 (1997). Como tales, estos derechos deben ser notificados propiamente a las partes. Hemos expresado reiteradamente que la falta de una notificación adecuada puede impedir que las partes procuren los remedios que tienen a su disposición, enervando con ello las garantías del debido proceso de ley. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 D.P.R. 394 (2001); Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401 (2001); Pta. Arena Concrete, Inc. v. Junta de Subastas, 153 D.P.R. 733 (2001); Falcon Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983 (1995).

Es decir, el deber de notificar a las partes una determinación administrativa de manera adecuada y completa no constituye un mero requisito. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, supra. La notificación insuficiente puede traer consigo consecuencias adversas a la sana administración de la justicia, además de que puede demorar innecesariamente los procedimientos administrativos y, posteriormente, los judiciales.

En vista de lo discutido, el contribuyente tiene derecho, por mandato expreso de la Sec. 3.1(a) de la L.P.A.U., a una vista informal ante un funcionario del Departamento de Hacienda distinto a quien realizó la determinación preliminar sobre su solicitud de reintegro, si no está conforme con tal dictamen. Dicha vista informal forma parte del debido proceso de ley del contribuyente y, como tal, el Departamento de Hacienda debe advertir la disponibilidad de la vista informal en notificaciones como la que originó el caso de autos. A consecuencia de ello, a partir de esta decisión, la mencionada agencia no sólo está obligada a notificar al contribuyente la determinación preliminar sobre el reintegro de manera que éste determine si está o no conforme con ella, sino que, además, debe advertirle los derechos que le asisten al culminar esa etapa procesal de forma tal que pueda beneficiarse de los remedios que tiene disponibles, en caso de que no esté satisfecho con la determinación preliminar. Sólo así la referida notificación cumpliría con el rigor del debido proceso de ley.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Departamento de Hacienda para la continuación de los procedimientos administrativos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

      x) 13 L.P.R.A. see. 8001 et seq.

       13 L.P.R.A. sec. 282(A)(6).

       Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sees. 2101 et seq.).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 170, supra, 1988 Leyes de Puerto Rico 825.

      ®) Informe del Departamento de Hacienda presentado el 28 de septiembre de 1990 ante las Comisiones de Gobierno de la Cámara de Representantes y del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 1120 y el P. del S. 913, lima Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, págs. 2-3.

      8) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1120 de 23 de octubre de 1990, lima Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 12.

       Conforme a la Sec. 3322-3(a) del Reglamento de Contribuciones sobre Ingre-sos, según enmendado, Reglamento Núm. 0457 presentado el 28 de septiembre de 1957, el contribuyente puede reclamar un reintegro mediante la presentación de la Forma 452, de la Forma 480, de la Forma 480A o mediante una planilla enmendada, en la Colecturía de Rentas Internas o ante el Negociado de Contribuciones sobre Ingresos. Además, según la Sec. 3322-3(b) del citado Reglamento, deberá expresar en detalle cada fundamento por el cual se reclama el reintegro y los hechos suficien-tes para informar al Secretario el fundamento exacto de éste.

       13 L.P.R.A. sees. 8030 y 8031.

       3 L.P.R.A. sec. 2151(a).


text:
      In re Designación de Miembros de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.

      Número: EN-2005-1

      Resuelto: 14 de marzo de 2005
   RESOLUCION

En conformidad con la Regla 1(a)(1) y (a)(2) del Regla-mento de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, In re Regl. Com. Reput. Ejer. Abo., 146 D.RR. 501 (1998), se designa como miembros asociados al Ledo. Héctor Saldaña Egozcue y a la Leda. Waleska Delgado Ma-rrero por un término adicional de dos años.

Esta resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Zaida Hernández Torres, querellada.

      Número: CC-2002-356

      Resuelto: 15 de marzo de 2005

      Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas; Nilsa Luz García Cabrera, abogada de la Oficina de Administración de los Tribunales; María Elena Vázquez Graziani, abogada de la jueza querellada.
   per curiam:

El 1 de marzo de 2000, la entonces Directora Administrativa de los Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, refirió una solicitud de investigación a la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales ante alegadas expresiones públicas, de índole po-lítico partidista, por parte de la jueza Zaida Hernández Torres publicadas en distintos medios de comunicación del 12 de mayo de 1999 al 26 de enero de 2000.

El Ledo. Nelson Canabal, abogado investigador de la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales, rindió un informe de investigación a la licenciada Bauermeister el 23 de enero de 2001. Dicho informe conte-nía veintiún artículos periodísticos, referentes a las mani-festaciones alegadamente vertidas por la jueza Hernández Torres. El informe fue remitido con toda la prueba docu-mental a la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas (Comisión de Disciplina) el 26 de enero de 2001.

El 8 de febrero de 2001, el entonces presidente y director ejecutivo de la Comisión de Disciplina, Hon. Daniel Ló-pez Pritchard, de acuerdo con la Regla 18 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Ins-tancia y del Tribunal de Apelaciones (R. Proc. por Salud Jueces T.PI. y T.A., 131 D.P.R. 630, 657 (1992)), designó a la comisionada Enid Martínez Moya para que examinara el referido informe y determinara si existía causa para ini-ciar un procedimiento disciplinario contra la jueza Her-nández Torres.

Luego de varios trámites procesales, el 4 de abril de 2001 la comisionada Martínez Moya rindió su informe, en donde señaló la existencia de causa para iniciar el corres-pondiente procedimiento disciplinario por razón de unas expresiones vertidas en uno de los veintiún artículos perio-dísticos contenidos en el Anejo del Informe de Investigación. Consideró que las expresiones eran, alega-damente, violatorias de los Cánones I y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. No encontró causa en cuanto a los restantes veinte artículos periodísticos ni tampoco re-comendó la imposición de medida disciplinaria provisional alguna.

La Comisión de Disciplina emitió una resolución el 6 de abril de 2001, donde se le concedió a la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales un plazo de sesenta días para incoar la correspondiente querella contra la jueza Hernández Torres ante este Tribunal.

El 7 de mayo de 2001 la Oficina de Asuntos Legales presentó ante este Tribunal la querella contra la jueza Hernández Torres, imputándole la comisión de tres cargos. Los cargos que se le imputaron a la jueza Hernández Torres fueron en relación con los Cánones I y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, ante. Asimismo, se le imputó la violación al Canon V de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, por no solicitar una autorización al Juez Presidente de este Tribunal sobre su intención de participar en entrevistas o cual-quier actividad informativa.

Luego que la jueza Hernández Torres presentara la con-testación a la querella, la comisionada Martínez Moya emi-tió un suplemento al informe de determinación de causa el 27 de junio 2001, para clarificar que no se encontró causa para iniciar un procedimiento disciplinario contra la jueza Hernández Torres por la violación del Canon XXIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Reiteró que la deter-minación de causa se limitó a posibles violaciones de los Cánones I y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, ante. En confor-midad con este suplemento de informe de determinación de causa, el 28 de junio de 2001 la Comisión de Disciplina emitió una nueva resolución, reafirmando que sólo se en-contró causa en cuanto a las expresiones vertidas en el artículo periodístico que corresponde al Anejo 21 del In-forme de la Oficina de Administración de los Tribunales.

El 30 de junio de 2001, la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales presentó ante la Comisión de Disciplina un escrito titulado Solicitud para que se Deje sin Efecto Resolución y Eliminación de Suplemento a Informe de Determinación de Causa y Mo-ción de Reconsideración, el cual fue declarado “sin lugar” el 31 de julio de 2001.

Así las cosas, en el Informe de conferencia entre las par-tes presentado el 14 de febrero de 2002, la parte quere-llante anunció como testigo de cargo durante la vista ante la Comisión de Disciplina a la jueza querellada Zaida Her-nández Torres. El 19 de febrero de 2002 la representación legal de la jueza querellada presentó una moción al am-paro de la Regla 29 de Procedimiento para Acciones Disci-plinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, oponiéndose a su inclusión como testigo de la parte querellante. R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., ante, pág. 665. El 3 de abril de 2002 la Comi-sión de Disciplina declaró, mediante resolución, “con lu-gar” la moción de la parte querellada, por lo que denegó la petición de la parte querellante de traer como testigo de cargo a la jueza Hernández Torres.

Inconforme con la determinación, la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales presentó el 3 de mayo de 2002 ante este Tribunal un re-curso de certiorari junto a una moción en auxilio de juris-dicción, solicitando la paralización de los procedimientos ante la Comisión de Disciplina. La Oficina de Administra-ción de los Tribunales alegó que la Comisión de Disciplina había errado

... al desestimar el cargo número tres (3) de la querella bajo el fundamento de que sobre dicha materia la comisión determinó no causa probable para radicar querella de conformidad con la regla 18 de las reglas de procedimiento para acciones discipli-narias de jueces del tribunal de primera instancia y del tribunal de circuito de apelaciones.
... al determinar que la regla 29 de reglas de procedimiento para acciones disciplinarias de jueces del tribunal de primera instancia y del tribunal de circuito de apelaciones le garantiza al juez o jueza querellado un derecho absoluto a no ser obli-gado a declarar al amparo del derecho constitucional contra la auto incriminación. Petición de certiorari, pág. 6.

Expedimos el recurso para revisar, únicamente, el se-gundo error planteado por la parte peticionaria. Contando con la comparecencia de ambas partes y estando en posi-ción de resolver el recurso presentado, procedemos a ha-cerlo así.

r-H

El Art. V, Sec. 11 de nuestra Constitución nos confiere la función de disciplinar y destituir los jueces de los demás tribunales “por las causas y mediante el procedimiento dispuesto por ley”. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327.

Conforme a este mandato, la original Ley de la Judicatura de 1952, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1 et seq., estableció unas pautas generales para atender los casos de destitución y separación de jueces, y además, delegaba en este Tribunal la aprobación de las reglas de procedimiento para el trámite de estas acciones.

Al amparo de la función que nos delegó la Asamblea Legislativa y tomando en cuenta las recomendaciones reci-bidas en las Conferencias Judiciales de 1981, 1988 y 1989, y las más modernas tendencias sobre esta materia, apro-bamos, mediante Resolución de 25 de septiembre de 1992 las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de los Jue-ces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., ante). De igual forma, se creó la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces para auxiliar a este Tribunal en su responsabi-lidad de atender los asuntos de disciplina y de separación del servicio de los jueces de los tribunales inferiores. Véase Regla 17 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Ape-laciones de Puerto Rico, R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., ante, pág. 654.

Conforme a la naturaleza de las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, hemos expresado que el procedimiento de disciplina o separación de jueces resulta análogo al proceso en un caso criminal, ya que éste se divide en una fase investigativa y otra adversativa. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 D.P.R. 140 (2000).

La primera, la fase investigativa, se inicia cuando cualquier persona presenta una queja o solicitud de separación por escrito bajo juramento ante la Directora de la Oficina de la Administración de los Tribunales, quien informará de ello al Tribunal Supremo dentro de un plazo de veinte días desde su presentación. Véase la Regla 8 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, R. Proc. por Salud Jueces T.RI. y T.A., ante, págs. 645-646. Esta fase podrá comenzar, de igual forma, mediante una solicitud de la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales o de cualquiera de los Jueces del Tribunal Supremo. Luego de presentada la queja o solicitud, se remitirá a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales para que la investigue. Id.

Luego de efectuado el trámite investigativo correspondiente, esta etapa del proceso culmina con una de dos determinaciones de Director de la Oficina de Administración de los Tribunales: (i) remitir el informe de investigación del caso a la Comisión de Disciplina para la continuación del procedimiento, o (ii) ordenar el archivo del asunto por carecer de méritos o por falta de prueba. En caso de ordenarse el archivo en esta etapa, el quejoso podrá presentar una reconsideración ante el Director. De confirmarse la decisión de archivar, el promovente podrá acudir en revisión ante el Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Una vez remitido el informe de investigación a la Comisión de Disciplina, ésta designa a uno de sus comisio-nados con el propósito de que éste haga la determinación de si existe causa probable para iniciar un procedimiento disciplinario. Véase la Regla 18 de Procedimiento para Ac-ciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Ra-zón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, R. Proc. por Salud Jueces T.RI. y T.A., ante. Si se determina la existen-cia de causa probable, el comisionado designado se inhibe de participar en los procedimientos posteriores y la Comi-sión requerirá de la Oficina de Asuntos Legales de la Ofi-cina de Administración de los Tribunales que presente la querella correspondiente. Presentada la querella en la Se-cretaría de este Tribunal, comienza la segunda parte del proceso ante la Comisión de Disciplina, esta es, la fase adjudicativa.

Durante la fase adjudicativa, luego que el juez querellado presenta su contestación a la querella y se lleve a cabo el descubrimiento de prueba correspondiente, se celebrará una vista evidenciaría ante la Comisión de Disciplina para recibir prueba sobre la querella o petición de separación. En esta vista evidenciaría, las reglas le reconocen al juez querellado unos derechos dentro del procedimiento ante la Comisión de Disciplina. En lo pertinente, la Regla 29 para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dispone:

Regla 29. Procedimiento durante la vista
Durante la vista, el juez tendrá derecho a confrontar e inte-rrogar a los testigos de cargo, a examinar la prueba documen-tal o demostrativa presentada en su contra y a presentar evi-dencia a su favor. Si el juez ha dejado de presentar su contestación, los cargos se considerarán negados. El no haber presentado contestación, optado por no comparecer a la vista o negado a declarar no podrá ser considerado como evidencia respecto a la veracidad de los hechos imputados como funda- mentó para disciplinarlo o separarlo del servicio. No se hará inferencia de clase alguna respecto al ejercicio por el juez del derecho a no incriminarse. (Énfasis suplido.) R. Proc. por Sa-lud Jueces T.P.I. y T.A., ante, pág. 665.

Un examen de la referida disposición reglamentaria refleja los derechos que le asisten al juez querellado durante la vista ante la Comisión. Estos son: (1) confrontar e interrogar los testigos en su contra; (2) examinar la prueba documental o demostrativa en su contra; (3) presentar evidencia a su favor; (4) que los cargos se presuman negados si no presentó una contestación; (5) no comparecer a la vista; (6) negarse a declarar, y (7) no incriminarse. El propósito de esta regla es reconocerle al juez querellado los derechos constitucionales que el debido proceso de ley le garantiza. Véase Comentario, Regla 29 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., ante.

En cuanto al derecho a no declarar, somos del criterio que la citada Regla 29 es categórica. El juez querellado no sólo tiene el derecho a negarse a declarar durante la vista ante la Comisión de Disciplina, sino que no se pueden hacer inferencias derivadas del ejercicio del juez querellado de su derecho a actuar así.

HH i-H

La peticionaria Oficina de Administración de los Tribu-nales anunció en el Informe de Conferencia entre las par-tes su intención de traer como testigo de cargo a la jueza querellada durante la vista ante la Comisión de Disciplina. La juez querellada se opuso argumentando que bajo la Re-gla 29 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelacio-nes de Puerto Rico, ella tenía derecho a no declarar du-rante la vista, por lo que no podía ser llamada como testigo de cargo. R. Proc. por Salud Jueces TRI. y T.A., ante.

La parte peticionaria argumenta que como los procedi-mientos disciplinarios no son de naturaleza criminal, a la jueza querellada no le cobija un derecho constitucional a rehusarse a declarar o a testificar; sostiene que solamente puede negarse a contestar preguntas que la puedan incriminar. No le asiste la razón.

Como indicáramos anteriormente, la citada Regla 29 es categórica al establecer el derecho que tiene el juez querellado a no declarar durante la vista ante la Comisión de Disciplina. La interpretación que la parte peticionaria argumenta que debemos hacer de la Regla 29, ante, es totalmente equivocada, ya que va en contra del lenguaje claro y terminante de la referida disposición reglamentaria

La Comisión de Disciplina tiene la obligación de respetar los derechos que las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instan-cia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico le recono-cen al juez querellado durante la etapa adversativa del procedimiento disciplinario. Es principio reiterado de dere-cho administrativo que cuando una agencia promulga un reglamento, por imperativo del debido proceso de ley, está obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o no los derechos que se establecen en éste. Véanse: García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1983); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978); D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 307. Conforme a ello, la Comisión de Disciplina actuó co-rrectamente al reconocerle el derecho a no declarar a la jueza Hernández Torres.

rH hH h-!

En virtud de lo antes expuesto, procede confirmar la resolución emitida por la Comisión de Disciplina, y devol-ver el caso a dicha Comisión para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      C1) De igual manera se estableció en la posterior Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.); también lo dispone la vigente Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.).

       Dichas reglas fueron enmendadas posteriormente por este Tribunal me-diante sendas resoluciones el 14 de julio de 1995 y el 5 de marzo de 1999.

       Un lenguaje un tanto similar se utiliza en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, en donde se le reconoce a un acusado el derecho a no declarar en un procedimiento criminal. La referida disposición constitucional dispone, en lo perti-nente: “el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.” Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327.

       Resulta importante señalar que la Regla 13 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Cfi. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., 131 D.P.R. 630, 650 (1992)) le impone la obligación al juez querellado de prestar una declaración jurada, de serle requerida, durante la etapa investigativa. No pasamos juicio sobre la validez de dicha disposición hoy por ello no estar ante nuestra consideración.

      6) Es principio de hermenéutica que “cuando la ley es clara libre de toda ambi-güedad, la letra de ella no debe ser menospreciada”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14.
      Es menester señalar, además, que en este caso resulta innecesario tener que hacer un análisis constitucional sobre el derecho a no declarar de un juez querellado en un procedimiento disciplinario. Es norma reiterada por este Tribunal que nos abstendremos de entrar a resolver asuntos constitucionales cuando puede resolverse la controversia por un fundamento alterno que permita disponer del caso. Véanse: Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 D.P.R. 715, 723 (2000); Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 794 (1992).


text:
      In re José Raúl López de Victoria Brás.

      Número: TS-2787

      Resuelto: 16 de marzo de 2005

      Héctor Jaime Conty Pérez, juez superior de Aguadilla, quere-llante; José Raúl López de Victoria Brás, querellado, por derecho propio.
   per curiam:

El Ledo. José Raúl López de Victoria Brás fue suspendido por un mes de la profesión legal mediante opinión per curiam de 22 de septiembre de 2004, la cual advino final y firme el 12 de noviembre de 2004. In re López De Victoria 1,163 D.P.R. 1 (2004). El 14 de diciembre de 2004 el licenciado López de Victoria Brás solicitó su reins-talación al ejercicio de la profesión, a lo que este Tribunal accedió mediante Resolución de 17 de diciembre de 2004 (In re López De Victoria II, 163 D.P.R. 530 (2004)).

Mediante Minuta-Resolución de 17 de diciembre de 2004, el Hon. Héctor Jaime Conty Pérez, Juez Superior de Aguadilla, nos ha referido un documento titulado Moción de Desistimiento Voluntario con Perjuicio, presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en el Caso Núm. ACD2002-0109. En la moción de referencia de 2 de diciembre y presentada el 4 de diciembre de 2004, según timbre del Tribunal de Primera Instancia, aparece la firma del licenciado López de Victoria Brás como uno de los abo-gados de las partes.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. José Raúl López de Victoria Brás de la práctica de la abogacía. Se le impone a éste el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judi-ciales y administrativos del país. Además, deberá certifi-carnos el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión.

El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de la obra y el sello notarial del Sr. José Raúl López de Victoria Brás, luego de lo cual los entregarán a la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Se refiere este asunto al Secretario de Justicia para la acción pertinente y se ordena a la Secretaría de este Tribunal que envíe una copia de la Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2004 con sus anejos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.