author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Jaime Santana Vélez, peticionario.

      Número: CC-2005-1194

      Resuelto: 22 de mayo de 2006

      Víctor Santos Rivera, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al desestimar por falta de jurisdicción la apelación de una sentencia criminal. El recurso se presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y la notificación al Tribunal de Apelaciones, con las copias reglamentarias del escrito, fue depositada en el correo dentro del término de cuarenta y ocho horas. La Secretaría del Tribunal de Apelaciones recibió la notificación fuera del término de cuarenta y ocho horas.

I

El peticionario Jaime Santana Vélez fue declarado culpable de homicidio involuntario —Art. 86 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4005)— mediante sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 14 de septiembre de 2005. El señor Santana Vélez fue condenado a cumplir una pena de tres años de prisión bajo el régimen de sentencia suspendida y a pagar cinco mil dólares como pena de restitución. Además, se le revocó la licencia de conducir por el término de la probatoria.

A raíz de dicha convicción y dentro del término reglamentario, el 11 de octubre de 2005 el señor Santana Vélez presentó un recurso de apelación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia donde se dictó la sentencia recurrida. Ese mismo día envió las copias reglamentarias del escrito debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación al Tribunal de Apelaciones mediante correo certificado con acuse. La Secretaría del Tribunal de Apelaciones recibió la notificación el 18 de octubre de 2005, es decir, pasado el término de cumplimiento estricto de cuarenta y ocho horas que dispone la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).

El 31 de octubre de 2005 el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la que desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción. Entendió el foro apelativo intermedio que el peticionario no cumplió con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones porque el “recurso se presenta en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 18 de octubre de 2005, pasadas las cuarenta y ocho horas dispuestas en la Regla 24(B) de nuestro Reglamento. Tampoco se nos ofrece excusa o razón alguna que justifique dicha demora de casi aproximadamente una semana”.

Por estar inconforme con la determinación del Tribunal de Apelaciones, el 9 de diciembre de 2005 el señor Santana Vélez presentó una petición de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante este Tribunal. Como único señalamiento de error planteó que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al desestimar la apelación por falta de jurisdicción bajo el fundamento de que la notificación por correo certificado fue tardía. Según el peticionario, la notificación se hizo dentro de los términos reglamentarios, y la sentencia del Tribunal de Apelaciones se dictó en contravención a lo dispuesto por las Reglas de Procedimiento Criminal, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia de este Tribunal.

El 15 de diciembre de 2005 ordenamos a la parte recurrida mostrar causa por la cual no debíamos revocar la resolución recurrida y devolver el caso al Tribunal de Apelaciones. En respuesta a nuestra orden, el 17 de enero de 2006 el Procurador General sometió su escrito. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, expedimos el auto de certiorari y procedemos a resolver sin trámite ulterior conforme a la Regla 50 de este Tribunal.

II

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, establece el procedimiento para formalizar una apelación. Esta dispone:

La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada ....
Si el escrito de apelación o de certiorari es presentado en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación, las copias reglamentarias de tal escrito, debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación. Si el recurso fuere presentado en la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación o de certiorari, una copia de tal escrito, debidamente sellada con la fecha y hora de su presentación. (Enfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194.

La obligación de notificar al tribunal de apelación se impuso originalmente mediante la Ley Núm. 77 de 23 de junio de 1978. Ésta enmendó la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, que gobernaba las apelaciones al Tribunal Supremo. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 77 dispone:

Los tribunales de apelación deben ejercer una continua función supervisora en relación con los recursos apelativos que se presentan ante ellos. El control del trámite apelativo debe iniciarse desde el momento mismo de la presentación del escrito de apelación. Es por ello necesario que una copia del escrito de apelación se radique en la Secretaría del Tribunal de Apelación, de modo que éste quede enterado inmediatamente de la existencia del recurso y pueda así asumir su jurisdicción supervisora. 1978 Leyes de Puerto Rico 269.

En Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536, 538 (1980), señalamos que “[l]a razón de esta medida era a todas luces permitirle al tribunal tomar las medidas necesarias para acelerar debidamente el trámite apelativo, el cual se dilataba a veces, por ausencia de control, de modo tal que podían derrotarse los fines de la justicia. La ley no obedecía al propósito de erigir otra barrera jurisdiccional más. El objetivo era establecer una norma de riguroso cumplimiento para vitalizar la función supervisora de los tribunales de apelación”. (Escolio omitido y énfasis suplido.) Además, señalamos que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo de 48 horas, so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. íd., pág. 539.

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, se enmendó nuevamente en 1995 al aprobarse la Ley Núm. 251 de 25 de diciembre de 1995 con el fin de atemperar la regla a la nueva estructura judicial creada por la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, que consolidó el Tribunal de Primera Instancia y creó un tribunal apelativo intermedio con facultades plenas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 251, supra, 1994 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1505-1506. En lo pertinente, la ley así enmendada es esencialmente la que está vigente actualmente y que ya transcribimos.

Según la Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, uno de los objetivos de esta reforma judicial fue ££[c]onceder el derecho de apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales, extendiéndose a todo puertorriqueño afectado adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel apelativo de un mínimo de tres jueces revise esa decisión que había sido tomada por un solo juez”. 1994 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 2801-2802. Hemos señalado que el propósito de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 fue facilitar el acceso de las partes al procedimiento de revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dentro de ese procedimiento, y como mecanismo para facilitar dicho acceso, se permitió que los recursos apelativos se presentaran en las Secretarías de las sedes de los tribunales de primera instancia. De este modo, el legislador le imprimió al tribunal de instancia, bajo el esquema constitucional de un sistema judicial unificado para eliminar la presentación de esos recursos, características similares a la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Acevedo Álvarez v. E.L.A., 150 D.P.R. 866 (2000).

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.) mantiene vigente y recoge en sus disposiciones estos mismos objetivos. El Art. 4.004 de esta ley, 4 L.P.R.A. sec. 24w, señala:

El Tribunal Supremo aprobará las reglas internas que regirán los procedimientos y la organización del Tribunal de Apelaciones, las cuales tendrán como propósito principal proveer un acceso fácil, económico y efectivo a dicho Tribunal. El reglamento interno del Tribunal de Apelaciones contendrá, sin limitarse a ello, reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de recursos desestimados por defectos de forma o de notificación, reglas que provean oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes, y reglas que permitan la comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio y en forma pauperis. (Enfasis suplido.)

Conforme a este mandato legislativo, procede que interpretemos las citadas Reglas 194 de Procedimiento Criminal y 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004.

III

Reiteradamente hemos expresado que los tribunales somos los guardianes de nuestra propia jurisdicción. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988). Conforme al ordenamiento procesal criminal, un escrito de apelación contra una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia tiene que ser presentado ante el foro apelativo dentro del término jurisdiccional de treinta días. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). Según se infiere de la reglamentación anteriormente transcrita, el recurso de apelación se puede presentar en el Tribunal de Primera Instancia o en el Tribunal de Apelaciones. Al presentarse el recurso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia se tiene que notificar al Tribunal de Apelaciones dentro del término de estricto cumplimiento de cuarenta y ocho horas. Si, por el contrario, el recurso se presenta en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, se debe notificar dentro del mismo término al foro de instancia que dictó la sentencia recurrida.

Según dispone expresamente la Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, supra, dicha notificación puede hacerse mediante entrega personal o por correo. Si se opta por utilizar el correo, la regla no se expresa en cuanto a si la notificación debe ser recibida por la Secretaría del tribunal dentro del término de cuarenta y ocho horas, o si la fecha del depósito en el correo o de envío por correo certificado se entenderá como la fecha y hora de notificación. Esta es la controversia que plantea el caso de autos. Evidentemente resulta de gran importancia, por lo que nuestra jurisprudencia señala respecto al grado de discreción que tiene el foro apelativo para prorrogar un término de cumplimiento estricto como éste. En este sentido, hemos reiterado que esa discreción entra en función solamente cuando la parte que solicita una extensión demuestra justa causa para su tardanza. Rojas v. Axtmayer Ent, Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000).

En Acevedo Álvarez v. E.L.A., supra, resolvimos una controversia similar a la presente, en el ámbito civil. Ambas partes presentaron un recurso de apelación ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Los demandantes solicitaron la desestimación del recurso alegando que no se notificó copia de éste al Tribunal de Primera Instancia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, según requería la Regla 14 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-A). La regla permitía notificar al Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante correo, cuándo se presentaba el recurso de apelación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. En ese caso, la Regla 14 expresamente señalaba que “la fecha del depósito de las cuatro (4) copias en el correo se considerará como la de su entrega en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A. Sin embargo, el Reglamento no disponía para el caso contrario, es decir, cuando el recurso se presentaba ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y debía notificarse al tribunal de instancia. Luego de un breve análisis sobre los propósitos de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y de una lectura integral de la disposición reglamentaria en controversia, determinamos en Acevedo Álvarez v. E.L.A., supra, págs. 876-877, que “un recurso de apelación, presentado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, puede notificarse al tribunal de instancia personalmente, o por correo ordinario, o por correo certificado con acuse de recibo o mediante un servicio similar de entrega personal con acuse de recibo [y, en esos casos,] la fecha del depósito se considerará como la de su entrega en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia”. De esta manera equiparamos ambos procedimientos.

En el caso de autos, la Regla 24(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 incluye la posibilidad de notificar por correo a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse presentado el recurso de apelación de un caso criminal en el Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Nada dice respecto a la notificación al tribunal de instancia de un recurso presentado en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, al igual que en Acevedo Álvarez v. E.L.A., supra, no vemos razón para no permitir que se notifique por correo al Tribunal de Primera Instancia en caso de presentarse el recurso ante el foro apelativo intermedio. Por las mismas razones que entonces, aunque la regla nos podría dar a entender que la apelación no puede notificarse al tribunal de instancia mediante depósito en el correo, “nos parece absurdo llegar a tal conclusión. El Tribunal de Circuito de Apelaciones es el foro a evaluar el recurso de apelación. ¿Por qué razón habríamos de permitir que el Tribunal de Circuito de Apelaciones sea notificado por correo de la presentación del recurso de apelación cuando éste se presenta en el Tribunal de Primera Instancia y no permitir que cuando el recurso se presenta ante el foro apelativo propiamente, la notificación al tribunal de instancia no pueda hacerse por correo?”. Acevedo Álvarez v. E.L.A., supra, pág. 875.

Sin embargo, la citada Regla 24 no provee para que se considere la fecha del depósito en el correo como la de entrega en la Secretaría del tribunal al que se debe notificar. Tampoco aclara si dicha notificación se debe recibir en la Secretaría del tribunal notificado dentro del término de cuarenta y ocho horas o si se requiere demostrar justa causa a satisfacción del tribunal para aceptar una notificación que llega después pero fue depositada en el correo antes de transcurrir ese término.

Sabemos que es norma fundamental de hermenéutica que al examinar una ley, todas sus partes deben compararse entre sí de suerte que sean compatibles y tengan efecto. Las diferentes secciones deben interpretarse en relación las unas con las otras, completando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador. Además, no se puede interpretar parte de una ley de manera que se frustren los fines del estatuto que aparecen de su lectura integral. R.E. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, edición del autor, 1963, págs. 187-188.

Por lo tanto, debemos interpretar la reglamentación en controversia de manera cónsona con el propósito del legislador y con el esquema judicial vigente según establecido en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003. Al respecto, la Regla 2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B) expresamente dispone:

Estas reglas se interpretarán de modo que propicien un sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, conforme a los propósitos dispuestos en la Ley de la Judicatura de 2003....
A tales fines este reglamento está dirigido a:
(1) Ofrecer acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos.
(3) Implantar el principio rector de que las controversias judiciales se atiendan en los méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes.

Además, la Regla 12.1, en lo pertinente, señala:

Las disposiciones sobre los requisitos de notificación a las partes y al tribunal y los de forma dispuestos en el Reglamentó del Tribunal de Apelaciones de 1996, en las Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, certiorari y de revisión judicial, deberán interpretarse de forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. Por causa debidamente justificada, deberá el Tribunal de Apelaciones proveer oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

A la luz de la intención legislativa que se infiere de la reglamentación vigente, resulta forzoso resolver que cuando se presente una apelación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y se notifique al Tribunal de Apelaciones por correo ordinario o correo certificado con acuse de recibo, la fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de entrega en la Secretaría del tribunal apelativo. Resulta forzoso concluir que lo mismo es cierto cuando se presente el recurso en el foro apelativo y deba, por lo tanto, notificarse al de instancia. Esta interpretación reduce las desestimaciones por defectos de forma y promueve el acceso a los tribunales en la etapa apelativa. Llegar a otra determinación impondría una barrera no sólo jurisdiccional, sino económica, que resultaría innecesaria y contraria al propósito de la ley.

Las citadas Regla 194 de Procedimiento Criminal y Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 requieren que se envíe una o tres copias, dependiendo del tribunal a notificar, del escrito de apelación debidamente sellado, “con la fecha y hora de su presentación”, al tribunal en el que no se presentó el recurso de apelación. Interpretar que la notificación debe recibirse en la Secretaría de ese tribunal dentro del término de cuarenta y ocho horas en caso de enviarse por correo, impondría una carga muy onerosa para el peticionario y prácticamente dejaría en desuso la opción de notificar por correo. Dicha interpretación obligaría al peticionario a utilizar servicios privados de envío que resultan en gastos innecesarios y adicionales a los ya costosos trámites de litigación.

En el caso de autos, el señor Santana Vélez presentó el recurso de apelación dentro del término reglamentario en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en el que se dictó la sentencia apelada. Ese mismo día envió las copias reglamentarias del escrito debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación al Tribunal de Apelaciones mediante correo certificado con acuse de recibo. Esa notificación fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones después de transcurrido el término de cuarenta y ocho horas que disponen las citadas Regla 194 de Procedimiento Criminal y Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por entender que no se había cumplido con el término de cuarenta y ocho horas y que no se había excusado la dilación. Al así resolver erró.

Las copias requeridas por el reglamento, debidamente selladas con la fecha y hora de presentación, se enviaron por correo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación del recurso y, según hemos resuelto, la fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de su entrega en la Secretaría del tribunal correspondiente. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones fue notificado de la presentación de la apelación de autos dentro del término reglamentario. Esta interpretación cumple con la intención del legislador de facilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia apelativa y resulta acorde con nuestro sistema judicial unificado.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 11. Según la Resolución del Tribunal de Apelaciones de 31 de octubre de 2005, el juez Brau Ramírez disintió.

       La Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, señala:
      “En situaciones no previstas por este reglamento, el tribunal encauzará el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes.
      “Queda reservada la facultad del tribunal para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate.”

       Tras la enmienda de 1978, la Regla 194 disponía, en lo pertinente:
      “La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la Secretaría de la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, pero si dentro del indicado período de veinte (20) días se presentare una moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá presentarse dentro de los veinte (20) días siguientes a aquel en que se notificare al acusado la orden del Tribunal denegando la moción de nuevo juicio.

        “El apelante deberá radicar en o remitir por correo certificado copia del escrito de apelación a la Secretaría del Tribunal de Apelación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación del escrito en el Tribunal sentenciador y deberá notificar al fiscal la presentación del escrito de apelación dentro del término para apelar.” (Énfasis suplido.) 1978 Leyes de Puerto Rico 269-270.

       La Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 señala, en lo pertinente:
      “(A) La apelación se formalizará presentando el original del escrito de apelación y tres (3) copias, en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. Será responsabilidad de la parte apelante notificar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación, una copia de tal escrito debidamente sellada con la fecha y hora de su presentación. El término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.
      “(B) La apelación podrá formalizarse también presentando en el Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia el original de dicho escrito. En ese caso, el apelante deberá notificar a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación, ya sea mediante entrega personal o por correo, tres (3) copias del escrito de apelación debidamente selladas con fecha y hora de presentación. El término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.

      “(C) Las mociones y cualesquiera otros escritos posteriores relacionados con el recurso de apelación, se presentarán solamente en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones en original y tres (3) copias. Dichas mociones y escritos podrán enviarse por correo, pero en ese caso, si tuvieren términos jurisdiccionales para su presentación, deberán llegar dentro de dichos términos a la Secretaría del Tribunal.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

       La Regla 14 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 L.RR.A. Ap. XXII-B) permaneció, en lo pertinente, idéntica a la Regla 14 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996, que disponía:
      “(A) La apelación se formalizará presentando el original del escrito de apelación y cuatro (4) copias en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, o presentando el original en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia apelada dentro del término antes indicado.
      “(B) De presentarse el recurso de apelación en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, la parte apelante deberá notificar copia del escrito de apelación, debidamente sellada con la fecha y hora de presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la sentencia apelada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación. El término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.
      “(C) De presentarse el recurso de apelación en la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la sentencia apelada, la parte apelante deberá notificar a la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación, cuatro (4) copias del escrito, debidamente selladas por la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia con la fecha y hora de presentación. En este caso, de enviarse por correo, la fecha del depósito de las cuatro (4) copias en el correo se considerará como la de su entrega en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones. El término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.
      “(D) Las mociones y cualesquiera otros escritos posteriores relacionados con el recurso de apelación se presentarán solamente en la Secretaría el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en original y cuatro (4) copias. Dichas mociones y escritos podrán enviarse por correo, pero en ese caso, si tuvieren términos jurisdiccionales para su presentación, deberán llegar dentro de dichos términos a la Secretaría del tribunal.
      “Tales mociones y escritos serán notificados simultáneamente a las partes en el recurso y en la moción o escrito se certificará la forma en que se hizo la notificación.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Jaime Soto Soto, recurrido.

      Número: CC-2003-472

      Resuelto: 22 de mayo de 2006

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, Héctor Clemente Delgado, subprocurador general interino, y Keneth Pamias Velázquez, subprocurador general, abogados de la parte peticionaria; Dixon Cancel Mercado, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de dilucidar si la entrada de un agente del orden público a un camino vecinal de carácter privado para realizar unas gestiones de vigilancia, en las que utilizó unos binoculares, constituyó un registro irrazonable en violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

I

El 1 de mayo de 2001, el agente Joel Soto Ramírez recibió una confidencia anónima en la que se indicó que el Sr. Jaime Soto Soto, residente del Bo. Espino de Añasco, continuaba vendiendo sustancias controladas desde su residencia. El informante describió físicamente al sospechoso y la ubicación de su residencia. En específico, informó que el sospechoso "continuaba viviendo en la misma residencia que está ubicada al pasar el negocio el Arcoiris, la primera entrada a la izquierda entre dos casas pintadas de color crema”. Ese mismo día, alrededor de la 1:30 de la tarde, el agente Soto Ramírez se personó al lugar indicado. En su declaración jurada señaló que se retiró sin ser detectado y dos horas más tarde regresó.

Una vez en el lugar, el. agente se ubicó en el camino vecinal bajo un árbol de almendro desde donde tenía plena visibilidad del frente de la residencia. Allí permaneció en un vehículo oficial, no identificado. Según el agente, comenzó una vigilancia discreta utilizando unos binoculares de su propiedad. Alrededor de las 4:20 de la tarde observó que llegó a la residencia un joven montado sobre un caballo. Éste se desmontó del equino y caminó hacia la puerta de la casa. Del interior de ésta salió el sospechoso y, estando ambos fuera de la residencia, el agente presenció una transacción de drogas.

Al día siguiente, el agente Soto Ramírez volvió a la vecindad de la residencia del recurrido para continuar con su investigación. Ese mismo día, y poco después del mediodía, el agente se situó en el mismo lugar del día anterior, a unos cien o ciento cincuenta pies de distancia de la residencia del sospechoso. Estando situado en ese lugar observó, mediante el uso de binoculares, dos transacciones de drogas que se efectuaron frente a la marquesina de la residencia del sospechoso.

El agente Soto Ramírez prestó una declaración jurada sobre estos hechos. Por esto, el Tribunal de Primera Instancia expidió una orden para allanar la residencia del recurrido el 8 de mayo de 2001. El allanamiento se realizó el siguiente 11 de mayo y, como producto de este allanamiento, se ocuparon sustancias controladas. Posteriormente, se presentaron las acusaciones correspondientes.

Oportunamente, el acusado solicitó la supresión de la evidencia incautada. En específico, alegó que las gestiones investigativas que realizó el agente Soto Ramírez, cuyo resultado dio base para la expedición de la orden de allanamiento, constituyeron un registro e invasión a su privacidad. Ello por razón de que el lugar desde el cual se realizaron estas gestiones era propiedad privada y el agente no tenía autorización para estar allí. Alegó, además, que la orden de allanamiento se obtuvo mediante una declaración jurada falsa y estereotipada. El Ministerio Público replicó a la moción de supresión de evidencia y ex-presó que las observaciones fueron hechas fuera de la residencia del peticionario, en un lugar público.

A solicitud de la defensa, el Tribunal de Primera Instancia realizó una inspección ocular del lugar de los hechos. El tribunal consignó que se trataba de un vecindario rural que se compone de siete a ocho casas a las cuales se tiene acceso por dos entradas. La calle está asfaltada, aunque en malas condiciones, y la entrada de la calle estaba precedida por unas cadenas. El tribunal describió que las casas estaban bastante cerca unas de las otras y el árbol de almendro ubica en un área visible.

Posteriormente, el tribunal celebró la correspondiente vista de supresión de evidencia. En la vista, el señor Soto Soto testificó que su residencia está enclavada en una finca privada perteneciente a su familia, la cual es compartida por siete casas adicionales. El agente Soto Ramírez declaró que tras recibir la confidencia se dirigió al lugar de referencia y entró por una calle vecinal. Sostuvo que cuando realizó sus gestiones investigativas no existían las referidas cadenas o alguna otra señal que indicara que el área era privada. Afirmó, también, que desconocía que los vecinos del lugar fueran miembros de una misma familia.

Asimismo, el sargento Luis Carrero, de la división de drogas de Mayagüez, testificó que conocía el lugar y que anteriormente se habían efectuado vigilancias dentro del vecindario y que nunca había visto signos que indicaran que el área fuese privada. Además, se presentó prueba de que en el área se hace recogido de basura y el camino tiene postes de alumbrado y líneas eléctricas. El Ministerio Público y la defensa sometieron en evidencia sendas fotografías del vecindario donde ubica la residencia del recurrido.

Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la moción de supresión de evidencia presentada por el acusado. En su resolución, el foro de primera instancia dio entero crédito al testimonio del agente Soto Ramírez, quien al hacer las vigilancias creía de buena fe que el lugar era público. Dicho foro estableció, además, que el testimonio del agente no fue controvertido en su esencia y que de la inspección ocular que se realizó se pudo corroborar que tal testimonio era creíble y físicamente posible.

Inconforme, el señor Soto Soto acudió ante el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. En la sentencia dictada, el foro apelativo concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la moción de supresión de evidencia. El foro intermedio basó su decisión en los siguientes fundamentos, a saber: (a) que la vigilancia mediante binoculares realizada dentro de la propiedad del acusado, sin autorización de éste o de alguna otra persona con la legitimación para concederla, es de por sí una invasión a la intimidad y un registro ilegal, y (b) que el uso de binoculares para observar la residencia del acusado constituyó un registro per se para lo cual se carecía de orden, por lo que la información obtenida mediante tal mecanismo también se obtuvo de manera ilegal y debía suprimirse.

El tribunal intermedio apelativo sostuvo que el recurrido tenía una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar, por lo que el agente Soto Ramírez necesitaba autorización de la familia o una orden judicial para entrar a la propiedad privada y realizar su investigación.

Inconforme con tal determinación, el Procurador General acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y señaló la comisión de dos errores. Oportunamente ex-pedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido, por lo que estamos en posición para resolver y pasamos a así hacerlo.

II

Nuevamente nos debemos dar a la tarea de lograr el debido equilibrio entre dos importantes intereses que convergen en nuestra sociedad y suelen colisionar entre sí. Por un lado, la garantía individual contra registros y allanamientos irrazonables, producto de los conceptos de libertad y de dignidad inherentes al ser humano, y el deber del Estado de combatir y prevenir la criminalidad, procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Al efectuar este fino balance debemos adoptar criterios claros que permitan reconciliar los intereses involucrados sin perder de vista los valores enraizados en nuestro pueblo y sin procurar interpretaciones que se erijan como obstáculos a la labor del Estado en su lucha contra el crimen. Véanse: Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984). Después de todo, los Constituyentes indicaron de modo ex-preso y claro que las garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad, “tienen su límite en la conducta criminal”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1961). Véanse, además: Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361 (1995); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

En el presente caso, el recurrido sostiene que procede suprimir la evidencia incautada porque el lugar desde donde el agente observó la alegada transacción ilegal de drogas era propiedad privada y éste no estaba autorizado a estar en ese lugar, por lo que sus observaciones constituyen un registro irrazonable. Consiguientemente, no procedía expedir una orden de registro y allanamiento a base de estas observaciones. Sostiene, además, que la utilización de unos binoculares para observar hacia su residencia constituyó, per se, un registro irrazonable. El Tribunal de Apelaciones avaló la posición del recurrido.

El Procurador General, por su parte, sostiene que no se violó la protección constitucional, ya que el recurrido no tenía una expectativa razonable de intimidad respecto al camino vecinal desde donde el agente hizo sus observaciones, a pesar de la naturaleza privada de dicha área, puesto que el lugar específico donde se ubicó el agente debe considerarse campo abierto y no parte de las inmediaciones o curtilage de la residencia del recurrido.

Planteada la controversia bajo estos términos, pasemos a analizarla.

III

La protección contra registros e incautaciones irrazonables protege a las personas, no a los lugares. Pue blo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 440 (1999). El alcance de la protección constitucional dependerá de si la persona afectada alberga subjetivamente una expectativa legítima de intimidad en un lugar y es razonable que abrigue tal expectativa. Ello constituye la piedra de toque de esta doctrina constitucional. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999). Véanse, además: California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 211 (1986); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 360 (1967), opinión concurrente del Juez Harlan.

En este análisis hay que determinar si las acciones de la persona afectada demuestran inequívocamente “la intención de alojar dicha expectativa”. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 442. También hay que determinar si bajo las circunstancias del caso en particular es razonable socialmente tener tal expectativa. Loe. cit. En Oliver v. United States, 466 U.S. 170, 182-183 (1984), el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió esta última interrogante de la manera siguiente:

The test of legitimacy is not whether the individual chooses to conceal assertedly “private” activity [but instead] whether the government’s intrusion infringes upon the personal and societal values protected by the Fourth Amendment. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Uni-dos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 345.

El interior del hogar es, sin duda, la zona sobre la cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa de intimidad. Entrelazado a este núcleo de protección se encuentra el área circundante al hogar, lo que se conoce en la doctrina como la inmediación o curtilage. Así, en Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991), sostuvimos que la protección contra registros y allanamientos irrazonables se extiende más allá de una residencia para incluir la zona contigua a ésta. Esta zona protegida comprende “la zona contigua a la casa, compuesta por el terreno y las estructuras accesorias”. íd., pág. 683. Esta área goza de protección constitucional porque se estima que a ella se extiende la actividad íntima del hogar y de la persona, por lo que debe considerarse parte de la residencia para efectos de la prohibición contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 444. Véase, además, Oliver v. United States, ante, pág. 180 (“curtilage is the area to which extends the intimate activity associated with the ‘sanctity of a man’s home and the privacies of life,’ and therefore has been considered part of the home itself for Fourth Amendment purposes”).

Sin embargo, esta protección no se extiende a las zonas que se encuentran fuera del curtilage, es decir, las que forman parte del campo abierto, ya que a esta área no se extienden aquellas actividades íntimas del individuo que están protegidas de la intromisión por parte del Estado y sus agentes. Pueblo v. Rivera Colón, ante. Véanse, por ejemplo: Oliver v. United States, ante, pág. 177 (“the government’s intrusion upon the open fields is not one of those ‘unreasonable searches’ proscribed by the text of the Fourth Amendment”); Hester v. United States, 265 U.S. 57, 59 (1924) (“the special protection accorded by the Fourth Amendment to the people in their ‘persons, houses, papers, and effects,’ is not extended to the open fields. The distinction between the latter and the house is as old as the common law”).

De ordinario, entonces, observaciones hechas por unos agentes del orden público desde fuera del curtilage de actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage, no está prohibida por la Constitución. Aunque ciertamente, ello no implica que toda observación pase el crisol constitucional. Véase discusión, infra.

En Pueblo v. Rivera Colón, ante, reconocimos que puede ser difícil determinar hasta dónde se extiende el área circundante o curtilage. Entendido el contexto de donde proviene el concepto curtilage, es natural la dificultad que éste entraña a la hora de delimitar su extensión.

Como resultado de esta dificultad hemos sido reacios a adoptar una línea de demarcación específica para el curtilage. Así, en Pueblo v. Rivera Colón, ante, citando con aprobación el estándar cuatripartito enunciado en United States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987), sostuvimos que para determinar si un lugar puede ser considerado como parte del curtilage hay que sopesar los factores siguientes: (1) proximidad a la residencia de la zona reclamada como curtilage, si está muy próxima es mucho más probable que el área sea considerada como tal; (2) si el área se encuentra dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y el uso de la zona, y (4) las medidas adoptadas por el residente para protegerla de observaciones que puedan hacer los transeúntes que por allí pasan. Véase, también, Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994). Hemos señalado que estos factores deben analizarse conjuntamente, pues ninguno de ellos por sí sólo resulta determinante. Pueblo v. Bonilla, ante, págs. 330-331. Véase Comentario, Curtilage or Open Fields?: Oliver v. United States Gives Renewed Significance to the Concept of Curtilage in Fourth Amendment Analysis, 46 (Núm. 3) U. Pitt. L. Rev. 795 (1985).

Al aplicar los criterios antes mencionados a los hechos de este caso, concluimos que el lugar donde se encontraba el agente de la policía no formaba parte del curtilage de la residencia del acusado. Primeramente, el lugar donde se apostó el agente para hacer su observación —el camino vecinal— quedaba a una distancia de aproximadamente cien pies de la residencia del acusado. Segundo, ésta es un área abierta donde, debido a la configuración de los lotes de terreno, no se pueden delimitar los linderos de los lotes. Ello así, entre otras razones, debido a que las residencias que allí ubican no están cercadas.

Finalmente, y conforme se infiere de las fotografías admitidas en evidencia y del acta de inspección ocular levantada por el Tribunal de Primera Instancia, el balcón o la marquesina donde, alegadamente, se llevaron a cabo las transacciones de drogas, es un área abierta. No hay duda que todo lo que ocurra en el balcón o en la marquesina puede ser visto por terceros desde las casas cercanas, los patios de éstas o el camino asfaltado desde donde se hicieron las observaciones.

Al analizar en conjunto todos los criterios identificados en Pueblo v. Rivera Colón, ante, forzosamente debemos concluir que el lugar desde donde el agente Soto Ramírez hizo sus observaciones no formaba parte del curtilage de la residencia del señor Soto Soto. Por el contrario, dicha área se encuentra en lo que se conoce como el campo abierto, por lo que, de ordinario, las observaciones hechas desde esta área no están sujetas a la prohibición constitucional.

B. La doctrina de campo abierto se refiere a aquellas áreas con carácter privado que están fuera de las inmediaciones de la residencia o terreno circundante que de ordinario están accesibles al público y que por tal accesibilidad no están cobijadas por una protección constitucional. Véanse: Pueblo v. López López, 129 D.P.R. 287 (1991); Hester v. United States, ante; Oliver v. United States, ante, pág. 184; Comentario, ante. Es decir, son aquellas áreas que por su accesibilidad al público no constituyen el escenario idóneo para la ejecución de actividades íntimas en sí mismas. Oliver v. United States, ante, pág. 179.

En United States v. Dunn, ante, pág. 304, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al validar las observaciones hechas por unos policías, quienes se encontraban fuera del curtilage pero dentro de la propiedad privada del acusado, sostuvo: “[TJhere is no constitucional difference between police observations conducted while in a public place and while standing in the open fields.” (Enfasis nuestro.)

Antes bien, aun cuando este lugar no forma parte del curtilage y sí del campo abierto, debemos de evaluar si, a la luz de los hechos del caso, la observación del agente Soto Ramírez viola alguna expectativa de intimidad razonable del acusado. Este arguye en la afirmativa bajo el fundamento de que el lugar desde donde se efectuaron las observaciones era propiedad privada y el agente no estaba autorizado a entrar, por lo que el registro fue irrazonable.

IV

En el caso de autos, donde la observación se hizo desde el campo abierto, la pregunta que debemos formularnos es si la intromisión del Estado infringe los valores personales y sociales de intimidad protegidos por la prohibición constitucional.

Para definir qué constituye una razonable expectativa de intimidad en este contexto debemos considerar los siete factores siguientes: el lugar registrado o allanado; la naturaleza y el grado de intrusión de la intervención policíaca; el objetivo o propósito de la intervención; si la conducta de la persona indicaba una expectativa subjetiva de intimidad; la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado; la cantidad de personas que tiene acceso legítimo al lugar registrado, y las inhibiciones sociales que se relacionen con el lugar registrado. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, ante, pág. 605; Pueblo v. Rivera Colón, ante. Véase, además, Katz v. United States, ante.

De entrada, hay que señalar que el hecho de que el camino donde se apostó el agente Soto Ramírez fuera privado no es, por sí sólo, determinante en esta discusión. Como ya señalamos, la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables protege personas, no lugares. La doctrina que postulaba que los intereses propietarios eran determinantes a la hora de evaluar una actuación del Estado a la luz de esta prohibición constitucional, está ya desacreditada. Katz v. United States, ante, págs. 351-352, y casos allí citados. Véase Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 144 esc. 12 (1978) (“even a property interest in premises may not be sufficient to establish a legitimate expectation of privacy with respect to particular items located on the premises or activity conducted thereon”). Véanse, además: U.S. v. Hatfield, 333 F.3d 1189, 1198-1199 (10mo Cir. 2003) (“ ‘The fact that the officers trespass onto private property does not transform their actions into a “search” within the meaning of the fourth amendment.’ ... [T]he fact that a state may have chosen to protect the property interests of its citizens by making trespass a crime ... does not affect the analysis of a person’s Fourth Amendment interest”); Com. v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (Mass. 1984).

En el presente caso, el agente entró a las inmediaciones del lugar donde ubica la casa del imputado por uno de los dos caminos que existen en ese barrio. Ubicó allí su auto y desde su interior, utilizando los binoculares, hizo las observaciones que dieron base a la orden de allanamiento expedida. El camino está accesible y abierto al público en general y se encuentra asfaltado. No había en dicho lugar ningún letrero que indicara que el lugar era privado y que, por lo tanto, se prohibía la entrada. Tampoco existen barreras naturales que dificulten el acceso al lugar donde se ubicó el agente Soto Ramírez. Además, desde dicho lugar se podía observar sin restricción alguna y con completa visibilidad la marquesina y el balcón de la residencia del acusado.

El municipio utiliza el camino para el recogido de basura, así como también la Autoridad de Energía Eléctrica. Sirve de acceso a varias otras residencias que allí ubican, así como a terceros que estén de visita a esas casas. Lo cierto es que toda persona que tenga una razón legítima para entrar al área donde ubica la residencia del recurrido puede utilizar el camino para acceder al lugar. Siendo ello así, los agentes del orden público que estén en gestiones legítimas de investigación tienen también el mismo derecho a utilizar el camino asfaltado.

En este caso, el agente Soto Ramírez se encontraba investigando una confidencia legítima en . la que se daba parte de actos ilícitos en la vecindad, entró al lugar a través del referido camino, el cual permitía el libre acceso, por lo que, ante este cuadro, podía observar todo lo que ocurriese a plena vista.

En United States v. Roberts, 747 F.2d 537, 541-542 (9no Cir. 1984), los agentes penetraron a un camino privado, observaron unas actividades delictivas, procedieron a arrestar a varias personas y a ocupar cierta evidencia. El camino en Roberts era compartido por los residentes de las restantes cinco residencias del área y era de libre acceso. El tribunal resolvió que los agentes del orden público en el curso de una investigación criminal pueden entrar en áreas residenciales que expresamente estén accesibles al público o que implícitamente estén abiertas a visitantes casuales. Específicamente se indicó:

A shared unobstructed road is incongruent with the common law concept of the curtilage .... Used in common with residents of five other houses, the private road is only a means to reach the public road. The private road does not provide the setting for intimate activities of home life. The activities conducted on a road —driving a car, riding a bike, or walking— are impersonal, public activities. Moreover, the road is easily accessible to utility companies and police and fire departments and it is reasonable to assume that the residents would expect these public agencies to use the road in performing their services. Id.

Concluimos, por lo tanto que, a la luz de los hechos particulares en este caso, los agentes del orden público podían válidamente estar en el camino vecinal y desde allí observar la residencia del recurrido. El agente Soto Ramírez, una vez logró acceso al lugar, circunscribió su vigilancia a aquellas áreas que están abiertas al escrutinio físico o visual de cualquier visitante que estuviera en el lugar. Ciertamente, quien realiza actividades que están accesibles al escrutinio físico o visual de un transeúnte o visitante casual no puede reclamar expectativa razonable de intimidad acerca de esas actividades.

Lo cierto es que el acusado no tomó precaución alguna para mantener en privado las actividades que efectuaba en la marquesina y balcón de su casa. Quien desee mantener en secreto una operación de venta ilegal de drogas no puede llevar a cabo sus transacciones a plena vista de terceros. Lejos de albergar una expectativa de intimidad, quien así actúa asume el riesgo que su operación sea descubierta por agentes del orden público. La protección contra registros y allanamientos irrazonables no se puede invocar como gracia divina para salvaguardar al que viole la ley a plena vista y al alcance del que quiera ver u oír. La Carta de Derechos de la Constitución es áncora de libertad, no dispensador de inmunidad. Por lo tanto, las observaciones realizadas por el agente Soto Ramírez desde el camino vecinal que dieron base para solicitar la orden de allanamiento, no configuraron una violación a la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

V

En el caso de autos existe un elemento adicional que amerita nuestra atención. Nos referimos a los binoculares que el agente Soto Ramírez usó para observar la residencia del recurrido. Como indicamos anteriormente, el recurrido reclamó que su utilización constituye, per se, un registro irrazonable.

Hasta ahora, no habíamos tenido oportunidad de evaluar si la utilización de artefactos tecnológicos, en este caso los binoculares, varía o incide en el análisis relacionado con la prohibición constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

Al sopesar el planteamiento ante nuestra consideración, partimos de la premisa de que el análisis aplicable es el de expectativa razonable de intimidad que hemos utilizado para determinar si se ha infringido la norma constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables. Además, pesa en nuestro ánimo que el artefacto utilizado en este caso como técnica investigativa es un binocular, aditamento que está fácilmente accesible y disponible al público en general. E.g., Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). Tan es así, que el utilizado en este caso era propiedad del propio agente.

En la discusión que antecede concluimos que el recurrido Soto Soto no podía albergar razonablemente una ex-pectativa de intimidad, por lo que no se configuró un registro irrazonable. El hecho de que el agente utilizara unos binoculares —como ayuda en su observación— no varía el resultado al que llegamos. La observación hecha con los binoculares es la misma observación que se podía efectuar sin la ayuda de éstos, pues la alegada transacción estaba efectuándose en un lugar a plena vista de terceros y podía observarse fácilmente desde donde se encontraba el agente.

La utilización de instrumentos como los binoculares sirve para preservar la confidencialidad de la investigación en la medida que dificultan que se detecte la presencia del agente del orden público. Además, es un instrumento que contribuye a proteger la seguridad del agente que lleva a cabo la investigación. Estimamos que la utilización de unos binoculares como técnica investigativa en los albores del siglo XXI no ofende los estándares de intimidad que nuestra sociedad estima.

El profesor LaFave, en su tratado 1 Search and Seizure: A Treatise on Fourth Amendment Sec. 2.2(c), pág. 472 (2004), avala el análisis antes descrito e indica:

Under this particular balancing of privacy and law enforcement interests, it is submitted, Fourth Amendment restrictions should not be imposed when the police have done no more than: (1) use binoculars to observe more clearly or carefully that which was in the open and thus subject to some scrutiny by the naked eye from the same location; or (2) use binoculars to view at a distance that which they could have lawfully observed from closer proximity but for their desire not to reveal the ongoing surveillance. When this is the nature of the police conduct vis-a-vis evidence or conduct located in the open, the assistance provided by the binoculars should no be characterized as a search. Véanse, en igual sentido: People v. Clark, 350 N.W.2d 754 (Mich. App. 1984); United States v. Lace, 669 F.2d 46 (2do Cir. 1982); United States v. Minton, 488 F.2d 37 (4to Cir. 1973); United States v. Grimes, 426 F.2d 706 (5to Cir. 1970). Véanse, además: S.E. Henderson, Nothing New Under the Sun? A Technologically Rational Doctrine of Fourth Amendment Search, 56 (Núm. 2) Mercer L. Rev. 507 (2005); S.D. Thueson, Fourth Amendment Search Fuzzy Shades of Gray: The New “Bright-Line” Rule in Determining When the Use of Technology Constitutes a Search. Kyllo v. United States, 121 S. Ct. 2038 (2001), 2 (Núm. 1) Wyo. L. Rev. 169 (2002); L.K. Marks, Telescopes, Binoculars, and the Fourth Amendment, 67 (Núm. 2) Cornell L. Rev. 379 (1982).

A base de lo anterior, concluimos que la observación hecha utilizando binoculares no constituye, per se, un registro irrazonable.

Para resumir, en el caso de autos el agente de la policía estaba en un lugar en el que podía estar sin ofender la garantía constitucional, es decir, en el campo abierto. Desde ahí observó la marquesina y el balcón de la casa del acusado con la ayuda de unos binoculares de su propiedad. El recurrido, alegadamente, llevaba a cabo unas transacciones de venta de drogas a plena vista. La utilización de los binoculares permitió que la presencia del agente Soto Ramírez en el lugar no fuese detectada. Además, permitía observar con mayor claridad aquello que a simple vista se podía ver legítimamente. En virtud de ello, tenemos que concluir que en este caso, el utilizar los binoculares no supuso violación a la Constitución.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y determinamos que en las circunstancias particulares del caso de autos no hubo un registro y allanamiento irrazonables, por lo que no procedía la solicitud de supresión de evidencia. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos conforme lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado en vista de los hechos específicos y particulares del caso. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Según el testimonio de los agentes, cuando éstos se disponían a diligenciar la orden de allanamiento en la casa del señor Soto Soto, éstos se percataron de que se estaba realizando una transacción de drogas frente a la residencia. En consecuencia, arrestaron también a Jaime Soto Castro, José Vázquez y José Colón.

       En la vista de supresión de evidencia testificaron, también, los agentes Manuel Caraballo Vázquez y José L. Chaparro, quienes declararon sobre el diligenciamiento de la orden de allanamiento; Milton Acosta Ortiz, quien practicó las pruebas de campo, y la químico Mabel Ruiz.

       Mediante Sentencia de 5 de septiembre de 2002, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción. El 6 de marzo de 2003 revocamos el referido dictamen mediante sentencia y devolvimos los autos al foro apelativo intermedio para la continuación de los procedimientos.

       Los errores señalados fueron:
      “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al darle excesiva importancia al supuesto carácter privado y la alegada presencia de cadenas en la entrada del camino desde el cual el agente investigador prestó investigación y determinar en consecuencia que su intervención fue injustificada e irrazonable, ello a pesar de que el Ministerio Público demostró mediante fotos que no existía tal expectativa a la intimidad cuando el camino vecinal privado tiene libre acceso al público en general, y que estas cadenas no estuvieron mientras se realizó la vigilancia y el posterior diligenciamiento de la orden de allanamiento, según lo declarado por el agente del orden público, el cual le mereció entero crédito al Tribunal de Primera Instancia.

        “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al declarar con lugar la supresión de evidencia bajo el fundamento equivocado de que el Tribunal de Primera Instancia no dirimió la credibilidad del agente investigador, cuando en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó enfáticamente que los testimonios de los agentes fueron creíbles y físicamente posibles. Particularmente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el testimonio del agente investigador no fue controvertido por testimonio alguno o evidencia del acusado. Tampoco se impugnó la credibilidad de éste. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al no descartar el testimonio del agente Soto Ramírez.”

       La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente:
      “No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
      “Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación ....
      “Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.” Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 310-311.
      En Puerto Rico, la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables surge además del Art. II, Sec. 1 de la Constitución, que declara la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, y del Art. II, Sec. 8, que expresamente dispone que “toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Const. E.L.A., supra, pág. 301. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. I, 1991, pág. 408.

       Hay que acotar, sin embargo, que aun cuando existe una expectativa razonable de intimidad en el hogar o sus inmediaciones, ello no quiere decir que tal área está cobijada por un manto de total inmunidad a la observación casual u ordinaria que pueda hacer un agente del orden público. E.g., California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 213 (1986) ("The Fourth Amendment protection of the home has never been extended to require law enforcement officers to shield their eyes when passing by a home on public thoroughfares”). Después de todo, lo que se expone a la vista públicamente, aunque sea en el hogar, no está protegido por la prohibición constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

       Históricamente, el concepto curtilage se extrapoló del delito de robo domiciliario del derecho común anglosajón a la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Blackstone señala: “And if the barn, stable, or warehouse be parcel of the mansionhouse, though not under the same roof or contiguous, a burglary may be committed therein; for the capital house protects and privileges all it’s branches and appurtenants, if within the curtilage or homestall.” W. Blackstone, Commentaries on the Law of England, Londres, Dawsons of Pall Mall, 1966, pág. 225. Ciertamente, en la Inglaterra del siglo XVIII era relativamente sencillo identificar el curtilage porque era colineal con la verja que rodeaba la mayoría de las viviendas.

       Sobre esta dificultad se ha señalado: “The problem with curtilage is partially an architectural one. England’s landscape architecture is different from America’s landscape, making it difficult for our courts to translate the curtilage doctrine into the America context.” B. Peters, Fourth Amendment Yard Work: Curtilage’s Mow-Line Rule, 56 (Núm. 4) Stan. L. Rev. 943, 963 (2004). Véase, además, Wright v. State, 77 S.E. 657, 658 (Ga.Ct.App.1913) (“it was unfortunate that this term ‘curtilage,’ found in the English statutes defining the offense of burglary, and which applies to the dwelling and the houses surrounding the dwelling house in England, should have been perpetuated in the statutes of different states; for the term is not strictly applicable to the common disposition of enclosures and buildings constituting the homestead of the inhabitants of this country ...”).

       Hay que apuntar, sin embargo, que aun cuando hablamos de dos caminos, lo cierto es que según se infiere de las fotografías sometidas en evidencia por el Ministerio Público, una persona puede tener acceso al área de la residencia del recurrido, así como al área desde donde se hicieron las observaciones, por distintos lugares, ya que este lugar es abierto.

       Véanse: People v. Edelbacher, 766 P.2d 1 (Cal. 1989); Com. v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (Mass. 1984); Mitchell v. State, 792 So.2d 192 (Miss. 2001); State v. Pinkham, 679 A.2d 589 (N.H.1996).

       Distinto sería el caso si el propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para observar aquello que no se podría ver sin una intrusión inconstitucional en la intimidad de la persona.