author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Leoncia Vázquez de Silva y Juan Vázquez Boyrié, demandantes y apelantes, v. La Sucesión de Cándido de los Santos Boyrié, compuesta por su viuda doña Fernanda Mariño y sus sobrinos Agustín e Isabel Ledeé, demandada y apelada.
    Núm. 7389.

    Sometido: Junio 9, 1937.

      Resuelto: Marzo 24, 1938.
    ■ Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; José J. Aponte y José C. Aponte, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión clel tribunal.

El presente es un pleito de filiación fallado en contra de los demandantes. Éstos, Leoncia Vázquez de Silva y Juan Vázquez Boyrié, alegaron en su demanda que eran Lijos de Cándido de los Santos Boyrié, fallecido en junio 10, 1929, procreados en las relaciones maritales que su padre tuvo con Bafaela Vázquez durante los años que precedieron al 1899, siendo los padres a la fecha del nacimiento de los hijos, sol-teros, y estando en condiciones de poder contraer matrimonio por no existir para ello impedimento legal alguno.

Alegaron además que su padre los reconoció pública y con-tinuamente como hijos suyos, les dió todo lo necesario para su subsistencia y los llevó a vivir a la casa de su madre Adelaí Boyrié y cuando en 1899 contrajo matrimonio con la demandada Fernanda Mariño, trasladó a su casa a Juan a quien siguió tratando como hijo e instó a llevar su apellido cuando llegó a los diez o doce años de edad, inscribiéndolo en la escuela como tal y teniéndolo en su compañía hasta los diez y seis años en que el hijo se retiró voluntariamente del lado del padre; y que Leoncia permaneció con su abuela paterna hasta la muerte de ésta, yendo entonces a vivir con su padre donde fue tratada privada y públicamente como hija hasta que se separó para contraer matrimonio.

La demanda contiene una segunda causa de acción en la que se reproducen los hechos de la primera y se alega además que al fallecer el padre dejó bienes por valor de treinta y cinco mil .dólares.

Se pide finalmente sentencia declarando a los demandan-tes hijos naturales reconocidos de Cándido de los Santos Boy-rié, con derecho a llevar su apellido y a percibir la porción hereditaria que determina la ley.

Contestó la demandada Fernanda Mariño aceptando que ella compone la Sucesión de Cándido de los Santos y negando que los otros demandados fuesen miembros de la misma. Negó también específicamente los hechos de la primera causa de acción. En cnanto a la segunda alegó que los bienes here-ditarios sólo ascendían a cinco mil dólares. Como defensa especial alegó que su marido era impotente. Pidió que la demanda fuera declarada sin lugar con costas.

Fue el pleito a juicio practicándose una larga prueba por ambas partes. La transcripción de ella llena más de quinien-tas páginas del récord. En la relación del caso y opinión en que funda su sentencia el juez de distrito hace una amplia ex-posición de las alegaciones y luego de fijar la fecha del naci-miento de los demandantes en 1890 y 1892, cita la ley aplicable al caso, a saber, el artículo 135 del Código Civil Español que regía en esos años en esta isla, y que dice:

"El padre está obligado a reconocer al hijo natural en los casos si-guientes :
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente re-conozca su paternidad.
“2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.
“En los casos de violación, estupro o rapto, se estará a lo dispuesto en el código penal en cuanto al reconocimiento de la prole. ’ ’ .

Luego declara:

“De la evidencia aportada por las partes en este caso podemos dar como hechos probados por la misma que los demandantes Leoncia Váz-quez de Silva y Juan Vázquez Boyrié son hijos naturales de Rafaela Vázquez, y nacieron, como ya hemos dicho, en 12 de septiembre de 1890, la primera, y en 8 de febrero de 1892, el segundo.
“Que los demandantes siendo niños vivieron en casa de doña Adelaí Boyrié, madre de Cándido de los Santos Boyrié, en cuya casa recibían alimento, vestido y educación, siendo sostenida dicha casa por don Cándido de los Santos Boyrié, quien atendía a todas las ne-cesidades de la misma.
“Que don Cándido de los Santos Boyrié contrajo matrimonio con doña Fernanda Marino en 3 de febrero de 1899, yéndose el menor Juan Vázquez Boyrié a vivir con dichos esposos en cuya casa permaneció hasta la edad de 17 ó 18 años en que se fugó para trabajar por su cuenta.
“Que la otra demandante Leoneia Vázquez vivió con doña Adelaí Boyrié, quedándose con dicha señora aún después del matri-monio de don Cándido de los Santos Boyrié, basta que la referida doña Adelaí Boyrié murió, recibiendo en dicba casa alimento, ves-tido y educación, los que le eran facilitados por don Cándido de los Santos Boyrié, y que allí tanto ella como el otro demandado Juan Vázquez Boyrié eran tratados como hijos de don Cándido de los Santos Boyrié, tanto por éste como por su madre, la referida doña Adelaí Boyrié.”

Invoca entonces la jurisprudencia de las Cortes Supremas de España y Puerto Rico que establece que la prueba en casos de esta naturaleza debe ser clara y convincente y no obstante la declaración de hechos probados que hiciera, termina con-cluyendo :

“Y estas consideraciones nos llevan a la convicción de que la prueba presentada en este caso no demuestra de una manera clara y convincente el propósito que tuviera Cándido de los Santos Boyrié de poner a los demandantes en la posesión del estado de hijos natu-rales, ya que si tal propósito hubiera existido por parte del supuesto padre, éste al abandonar ellos el hogar en que residían los hubiera procurado, tratando de hacerlos volver a su compañía y no prescin-dir de ellos en absoluto como lo hizo, lo cual, a nuestro juicio, de-muestra que nunca en el ánimo de Cándido de los Santos Boyrié existió el propósito de poner a los demandantes en la posesión del estado de hijos naturales.”

Las consideraciones a que se refiere la corte son los pa-sajes que transcribe de los casos de Morales v. Sucesión Cerame, 30 D.P.R. 843; Torres v. Sucesión Caballero, 39 D.P.R. 724; Vega v. Sucesión Vega, 32 D.P.R. 595 y Montalvo v. Montalvo et al., 25 D.P.R. 858, y las que siguen:

“Y el Tribunal Supremo de España en otra sentencia de fecha más reciente, o sea de 12 de octubre de 1907, se expresa en la si-guiente forma:
“ ‘Esta posesión de estado, consistente en el concepto público en que es tenido un hijo con respecto a su padre natural, ha de reve-larse necesariamente, según doctrina del Tribunal Supremo, por actos directos que demuestren con .evidencia la voluntad libre y es-pontánea del padre, o de su familia en su caso, de tener como hijo natural al que pretenda su reconocimiento y acrediten cumplidamente la continuidad de la posesión, o sea que el hijo mantiene con aquél, y como tal bijo, relaciones constantes y no interrumpidas, no siendo legal confundir actos que puedan revelar más o menos la presunción o convencimiento en que una persona está de su paternidad con re-lación a liijos naturales, con los que demuestren su propósito de poner a estos liijos en la posesión de tal estado.'
"Si analizamos la prueba presentada en este caso, veremos que la continuidad de la posesión de estado a que hace referencia esta •doctrina no existe en el caso que nos ocupa, ya que nos encontramos con dos grandes lagunas en las relaciones del padre con los liijos, una en los momentos del nacimiento de éstos y en los primeros años de su vida, y otra después que los demandantes abandonan el bogar en que vivían y no- vuelven a ocuparse para nada de la existencia de su supuesto padre.
"Nos hubiera gustado el saber las relaciones que existieron entre don Cándido de los Santos Boyrié y los demandantes cuando ellos comenzaban la vida con el fin de poder determinar de una manera clara y evidente el por qué los demandantes siendo niños fueron lle-vados a la casa de doña Adclaí Boyrié.
"¿Se debió este traslado a que ellos eran hijos del Sr. Boyrié? ¿Fué esto un acto de generosidad del mismo? ¿Se debió la actua-ción de Boyrié a prestar su ayuda a una persona que él quería mucho? En fin, nada sabemos de las causas que pudieran deter-minar a Boyrié a llevarse consigo los muchachos.
"Sabido es que existen muchas personas y matrimonios que en-contrándose sin hijos y solos en la vida prestan su cuidado y protec-ción a niños menores de edad aún en los primeros años de su vida, llevándolos a su hogar, alimentándolos, educándolos, queriéndolos como hijos y procurando en un todo la felicidad de éstos, y eso es lo que se conoce en Puerto Rico con el nombre de padres e hijos de crianza.
"Además, los demandantes abandonaron el hogar de Cándido de los Santos Boyrié cuando alcanzaban la edad de 18 a 20 años, el su-puesto padre no los procuró, no trató de hacer que volvieran a su hogar, dejándolos abandonados por completo, y asimismo los hijos no se ocuparon de Cándido de los Santos Boyrié para nada, sin tra-tar de enterarse de la salud de éste, ni aún en los últimos años de su vida ni en los momentos de su muerte acudieron a recibir la ben-dición de aquel hombre que, siendo o no su padre, los había ampa-rado, dándoles todo lo necesario para la vida y queriéndolos como un padre.
“De la fecba en que los demandantes abandonan el hogar de Cán-dido de los Santos Boyrié a la fecha de la muerte de éste ocurrida en 9 de junio de 1929, han transcurrido alrededor de 18 a 20 años. No hicieron nada los demandantes durante este tiempo para recla-mar su filiación. S'i así lo hubieran hecho hubiéramos tenido la oportunidad de oír a Cándido de los Santos Boyrié y de poder for-mar una opinión más exacta de los hechos en este caso. Esperan la muerte de éste y entonces los que no tuvieron para Cándido de los Santos ni una palabra de gratitud y de afecto, acuden ante esta Corte buscando no un apellido, no un nombre y sí únicamente una porción de la herencia del causante de la sucesión demandada.”

En cuanto a la defensa de impotencia, dijo la corte:

“Se ha presentado aquí evidencia por la parte demandada para sostener la defensa que levantara en su contestación, es decir, que Cándido de los Santos Boyrié, a la fecha de la concepción de los demandantes, era estéril para la procreación, pero la prueba apor-tada, a nuestro juicio, no demuestra que al tiempo del nacimiento de los demandantes, Cándido de los Santos Boyrié estuviera pade-ciendo de hidroeele y que esa enfermedad hubiera llegado a un es-tado tan avanzado que lo incapacitara para la procreación.”

No conformes los demandantes apelaron para ante esta Corte Suprema. Sostienen qne la sentencia es contraria a la prueba y a la ley.

“La evidencia fué contradictoria. Como sabemos, la demandada negó en absoluto las alegaciones de la demanda y su prueba tendió a demostrar que los demandantes no eran hijos de Cándido de los Santos si que de Bernardo Camacho. La corte, como también sabemos, declaró probado que en la casa de la señora Boyrié los demandantes “eran tratados como hijos de don Cándido de los Santos Boyrié, tanto por éste como por su madre, la referida doña Adelaí Boyrié. ” No dijo como hijos de crianza o adoptivos, sino simplemente hijos. Y con ello resolvió, a nuestro juicio, en lo fundamental, el con-flicto en pro de los demandantes.

Fué después, cuando trató de razonar su conclusión final declarando sin lugar la demanda, influida por la rigidez de la jurisprudencia que enfatizó en su más lejano alcance, que expuso su temor de que al recoger y sostener los niños hubiera actuado Boyrié por un impulso generoso y no por un mandato de su conciencia de padre, y que se fijó en las “dos grandes lagunas” que- se advierten “en las relaciones del padre con los hijos, una en los momentos del nacimiento de éstos y en los primeros años de su vida, y otra después que los deman-dantes abandonan el hogar en que vivían y no vuelven a ocu-parse para nada de la existencia de su supuesto padre.”

Examinemos la prueba.

Alberto García, amigo de la infancia y compañero de tra-bajo de Cándido de los Santos Boyrié, casado con una prima suya, declaró que conoció a Cándido y a Rafaela Vázquez, quienes tuvieron relaciones maritales. Se opuso la parte de-mandada por su abogado y el juez no permitió que el tes-tigo declarara sobre el concubinato por no ser fundamento de la acción de acuerdo con la ley reguladora del caso. Luego de varias objeciones, quedó al fin en el récord lo que sigue:

“P. — ¿De manera que usted conoció a Rafaela Vázquez? R. — Sí, señor. P. — ¿Y a Cándido de los Santos Boyrié? R. — Sí, señor. P. — ¿Ellos tuvieron hijos? R. — Sí, señor. P. — ¿Quiénes son los hijos que ellos dos tuvieron? R. — Pues Leoncia Vázquez y al her-mano, el joven. P. — ¿Juan? R. — Juan.

Repetidamente manifestó el testigo que Cándido de los Santos trataba a los demandantes como hijos pública y priva-damente, que vivían en casa de su “abuela,” madre de Cán-dido, y él los tenía como parientes de su señora.

Otro testigo, Eligió Solier, albañil como Cándido y amigo íntimo suyo y en cuya casa convaleció de una enfermedad, declaró que los demandantes recibían en la casa el trata-miento de hijos.

En igual sentido se expresó Eduardo Soto, y Margarita Rivera, sobrina de Cándido, dijo que los demandantes son sus primos “porque eran hijos de mi tío don Cándido de los Santos,” a quienes conoció “viviendo en la casa de él bajo el techo de él y su señora.”

Adelina Estrada, de más de sesenta años, amiga de Cán-dido desde niña, y su comadre después, que visitaba la fa-milia, vió a los demandantes viviendo en la casa de la abuela materna primero, luego de la paterna, y por último en la pro-pia casa de Cándido ya casado con la demandada donde los trataban “como bijos que eran, muy bien, yo siempre vi buen trato para ellos, educación y todo bueno, como bijos que eran pues los trataban como sus bijos que eran y la madrastra igual, como sus bijos de crianza que eran. P. — ¿Hijos de ■crianza de quién1? E. — De doña Nanda y los criaba, y él como buen padre siempre les daba bueno todo.”

Pablo Pillot, que conoció a Cándido desde que tuvo uso de razón, declaró ampliamente sobre el tratamiento de bijos que recibían los demandantes de Cándido. Eefiriéndose a la época en que las buenas relaciones de los bijos con el padre esta-ban rotas, dijo que estuvo ausente de Guayama y al regresar “fui a la casa donde vive doña Nanda abora, al lado de don Guillermo Garáu, cambiamos impresiones y entonces le pre-gunté por Juan y Oneita y dice: ‘Mira, tú sabes que Juan se fué bace algún tiempo y ahora últimamente se- fué Oneita’ y yo repliqué: ‘¿Por qué1?’ y dice: ‘Porque se enamoró de un musié que no me gusta y yo si estoy trabajando es para ellos que son mis hijos y no para ningún vago’ y digo: ‘¿Pues, quién es ése?’ y dice: ‘Silva el zapatero;’ ‘¿Y dónde está Oneita?’. ‘Pues ella está en Aguirre con Juan.’ ”

Y luego, muerto ya Cándido, refirió una conversación que tuvo con la demandada, como sigue:

“R. — Yo le dije a doña Nanda: Mire Nanda, tengo conocimiento ■de que se dice .... que Juan y Oneita no son hijos del musié; usted sabe que eso no es cierto .... R. — Me dice: ‘Ay Pablo, a veces le hacen hacer a uno cosas tremendas’ y yo le dije: Pues mire a ver si nosotros zanjamos eso, sí encontramos una fórmula, un medio para zanjar esto amigablemente .... P. — ¿Quedaron ustedes en .algo? R. — Sí, de vernos después de almuerzo para buscar una fór-mula y entonces yo le dije: Como a las dos de la tarde yo estaré de regreso y efectivamente a esa hora yo regresé y entonces ella no me recibió .... P. — ¿Pero cuando usted habló con ella, hablaron us-tecles de los muchachos? R. — Sí, como no, yo le dije: déles algo. P. — ¿Aceptó? R. — Sí, señor, ella convino en eso. P. — ¿Convino en qué, 'qué es eso? R. — En arreglar con los muchachos. P. — ¿Por qué iba a arreglar con ellos? R. — Porque sabía que ellos eran hijos de él. P. — ¿De quién? R. — De Cándido, y yo le dije: Usted bien que lo sabe, y ella me dijo: 'Sí, yo lo sé, pero a veces le hacen haeer a uno cosas que no debe; entonces ella bajó la cabeza y me dijo: después de almuerzo, cualquier cosa, si ellos lo aceptan ....’; yo no había visto a Juan ni a Oncita, fui para evitar un pleito.”

Francisco Boyrié, pariente de Cándido, dijo que éste quería que se casara con su hija “Oncita” para que “el capital se quedara dentro de la familia” y reiteradamente manifestó que Juan y Oncita, los demandantes, eran tratados como hijos por Cándido.

Esto aparte de las declaraciones de los demandantes que son amplísimas y de las de Domingo Silva, que se casó con Leoncia a disgusto de su padre, teniendo Leoncia que fugarse de la casa paterna para ello, y Francisco Torregrosa, que quiso interceder con Cándido para que permitiera que su hija se casara con Silva, sin resultado, porque Cándido consideró que Silva no estaba en condiciones económicas de casarse con su hija.

A nuestro juicio la prueba es clara y convincente. Mues-tra que los demandantes disfrutaron del estado de hijos na-turales reconocidos de Cándido de los Santos Boyrié por mu-chos años.

Las lagunas que advierte el juez se explican. Si no hubo más detalles de las relaciones maritales entre Boyrié y la madre de los demandantes y de la vida de éstos en los pri-meros años de su niñez, se debió al propio juez sentenciador que resolviendo la cuestión en pro de la objeción de la de-mandada no permitió que se declarara sobre el concubinato de los padres, y si durante los últimos años de la vida del padre no hubo relaciones estrechas entre él y los hijos, se debió seguramente a los disgustos habidos y a la manera como am-bos salieron del hogar en que por tantos años vivieron.

Parece que el padre fue uno de esos artesanos laboriosos que acumulan a fuerza de trabajo y persistencia una pequeña fortuna que miran luego como el fruto más preciado de su vida. Tuvo en sus años jóvenes relaciones ilícitas con una mujer y no abandonó los seres que nacieron de ellas. La mujer siguió su vida y él llevó sus hijos a la casa materna donde vivía también una joven, la demandada, con la que luego contrajo matrimonio, llevándose el varón a vivir con él en seguida y luego la hembra cuando la abuela murió. No sembró en terreno fértil quizá. Los disgustos surgieron y los hijos con razón o sin razón dejaron o abandonaron al padre. El encono subsistió y los años transcurrieron sobre-viniendo la muerte del padre sin que se hubieran restable-cido las relaciones de antaño.

La falta de reconciliación no implica la pérdida del estado que se había conferido de una parte y adquirido de otra. La actitud del padre al no reconocer a sus hijos por escrito antes de morir, no destruye su anterior actuación.

Creemos en verdad que el juez de distrito estuvo influido por lo rígido de la jurisprudencia en materia de prueba en estos casos y por lo que él estimó como mala conducta de los hijos. De otra suerte, dados los hechos que declaró proba-dos, no se hubiera detenido y hubiera llegado hasta la inevitable consecuencia que se derivaba de la existencia de tales hechos, a saber, una sentencia que reconociera a los deman-dantes de manera auténtica y fehaciente su condición de hi-jos naturales reconocidos de Cándido de los Santos Boyrié con derecho a llevar el apellido de su padre y a disfrutar de su herencia en la porción que determina la ley.

Y ésa es la sentencia que deberá dictarse m sustitución de la dictada que se revocará, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Oscar Bacó Pasarell e Ignacio Báez Santiago, recurrentes, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico y Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 26.

    Sometido: Enero 10, 1938.

      Resuelto: Marzo 25, 1938.

      L. Longchani'ps, abogado de los recurrentes; Luis Negrón Fernández y 6r. Atiles Moréu, abogados del Administrador del Fondo del Es-tado, recnrrido.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de revisión contra una resolu-ción de la Comisión Industrial que declaró que los recurren-tes no tenían derecho a indemnización porque el accidente que motivó los daños que sufrieron no provino de acto al-guno o función inherente a su trabajo, ni ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo, ni en circunstancias tales que pudiera concluirse que en el momento del accidente esos empleados estuvieran realizando alguna gestión para beneficio del patrono. .....

Reportado el caso al Administrador del Fondo del Seguro del Estado, lo resolvió, en mayo 24, 1937, en contra de los recurrentes.

Estos apelaron para ante la Comisión Industrial que se-ñaló el 20 de octubre de 1937 para la vista. Comparecieron los recurrentes en persona y por su abogado y expusieron su caso, como sigue:

“Que allá en y entre 11:45 A. M. y 12 del día y en la fecha once de marzo de 1937, mientras trabajaban, como contable- Ignacio Báez Santiago, y como oficinista Oscar Bacó Pasarell, para el patrono Arturo Lluberas & Sobrinos, con oficina en la Central San Francisco de la jurisdicción de G-uayanilla, así como también en la ciudad de Yauco, oficina de don Arturo Lluberas, miembro principal de la firma comercial; que en ese día y hora y en ocasión que los recurrentes venían de la Central San Francisco con dirección a Yauco a almor-zar para entonces recoger la correspondencia en la oficina de don Arturo Lluberas, en Yauco, para trasladarla a la Central San Francisco, viajando en automóvil de la propiedad de Oscar Bacó Pasarell y al desviar dicho automóvil con motivo de evitar estropear a un muchacho y debido a un movimiento incontrolable hacia la derecha de la carretera del vehículo en que viajaban los recurrentes, el mismo fué a chocar con un poste del alumbrado eléctrico. Que como con-secuencia de la colisión con el poste del automóvil ambos recurrentes sufrieron la fractura del brazo derecho. Que en la fecha del ac-cidente el recurrente Ignacio Báez Santiago derivaba un jornal de treinta dólares semanales de su patrono y el recurrente Oscar Bacó Pasarell derivaba un jornal de diez y ocho dólares semanales. Que las ocupaciones de los recurrentes no eran solamente limitadas a las oficinas de la factoría sino que también evacuaban diligencias en la-población de Yauco y en distintas otras poblaciones para beneficio de su patrono y como parte de las ocupaciones de sus respectivos em-pleos, tales como la venta de mieles y azúcar á distintas fincas y el' cobro de tales mieles y tales azúcares, todo ello para beneficio de su' patrono, y los depósitos de ese dinero en la sucursal del Crédito y' Ahorro Ponceño, de Yauco, y el retiro de dinero de la oficina del Cré-dito y Ahorro Ponceño,’ de Yauéo, para el pago del personal dé 1-a-factoría y campo. Visitas oficiales a las diversas colonias de la Central San Francisco; de manera que las ocupaciones de los recu-rrentes no terminaban precisamente en las oficinas de la Central San-Francisco, ni precisamente en la oficina de don A-rtúro Lluberas," éñ la ciudad de Yauco, sino que eran continuadas a través de las diversas horas del día, y hasta la tarde, en que se retiraban a sus ho-gares. En el sitio en que ocurrió el accidente es el único camino, la única vía que establece comunicación entre Yauco y la Central San Francisco, más adelante la 'Central Rufina, para ir a terminar en la población de Guayanilla, y el sitio especial del accidente fué a un kilómetro y medio de distancia antes de llegar a Yauco. Que los recurrentes el día y hora del accidente se encontraban en el sitio del mismo como una consecuencia natural y lógica de sus respectivos em-pleos con el patrono Arturo Lluberas & Sobrinos y como consecuencia de dichos empleos.Sostienen los recurrentes que el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado ha errado en estos casos al no aplicar la doctrina ya establecida en esta jurisdicción por esta Comisión en el caso de Alejandrina Álamo, reportado en el tomo primero de las Decisiones de esta Comisión, y otros más resueltos en igual sentido.”

También compareció el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado y expuso la teoría de su caso consistente en que no habiendo ocurrido el accidente en el curso del trabajo, no era compensable.

Se procedió a la práctica de la evidencia. Declararon Manuel Francisco Lluberas y los propios recurrentes Oscar Bacó e Ignacio Báez. Sus testimonios sostienen la teoría de su caso.

Las razones que tuvo la comisión para declarar sin lugar la apelación, constan de su resolución, como sigue:

“Nuestro estatuto no contiene definición alguna de lo que debe entenderse por la frase ‘en el curso del trabajo y como consecuencia del mismo . . . .’ Debemos por lo tanto recurrir a la jurispruden-cia para determinar si, de acuerdo con los hechos tal como ocurrieron, según aparece de la vista pública- celebrada, podemos llegar a una conclusión en cuanto a si los aquí peticionarios tienen derecho o no a la protección de la ley. De acuerdo con casi todas las leyes de compensaciones a obreros, una lesión para ser compensable, es nece-sario que haya sido recibida en el curso del trabajo. No existe fór-mula alguna para determinar si en un caso específico la lesión del obrero ocurrió en el curso del trabajo, sino que habrá de determi-narse haciendo referencia a los hechos y circunstancias del caso. Es imposible establecer una regla fija para determinar si un accidente ocurrió mientras el trabajador estaba actuando dentro del radio del empleo, ya que ninguna regla podría gobernar todos los casos, y' cada caso en sí debe ser gobernado por sus propios hechos. Sin embargo, una definición generalmente adoptada es la de que una lesión de un obrero surge en el curso de su trabajo cuando ocurre dentro del período de su empleo, en un sitio donde lógicamente deba estar, y mientras se dedica razonablemente a cumplir con los deberes de su cargo o empleo, o se dedica a cualquier actividad relacionada con el mismo. (71 C. J. 659.) Es el trabajo que el obrero o empleado está realizando en el momento de su lesión lo que determina si él estaba o no dedicado al cumplimiento de los deberes de su empleo. (Sugar Valley Coal Co. v. Drake, 117 N. E. 937, 66 Ind. App. 152.) Necesariamente tiene que ser así ya que el patrono no es un asegu-rador de la seguridad de sus empleados y su responsabilidad se li-mita solamente a las lesiones que ocurren al obrero mientras realiza algún acto en el curso de su empleo. (Weis Paper Mill Co. v. Industrial Commission, 127 N. E. 732, 293 Ill. 284.)
“Los peticionarios en este caso alegan que si bien es cierto que cuando sufrieron el accidente de automóvil que les causó la fractura de un brazo a cada uno de ellos, se dirigían al Pueblo de Yauco con el propósito de almorzar, era costumbre de su parte el traer la co-rrespondencia de la oficina que tiene el patrono en dicha población a la Central San Francisco cuando regresaban de almorzar, y es basándose en esta circunstancia que ellos alegan tener derecho a la protección de la ley. Existe abundante jurisprudencia con respecto al particular. Se ha resuelto en infinidad de casos que al deter-minar la cuestión de la responsabilidad patronal por una lesión resul-tante de un viaje llevado a cabo por razones personales a la vez que de negocios, es esencial determinar desde un principio si el viaje en cuestión era uno del patrono o del empleado. Si el viaje es reali-zado para el patrono, el empleado está cumpliendo con los deberes de su cargo y actuando dentro del radio de su empleo mientras se dirige a o regresa de su viaje. Si el viaje es del empleado él no está den-tro del radio de su empleo mientras se dirige a o regresa del viaje. La diligencia del patrono debe ser el factor principal, o por lo menos, una causa concurrente del viaje, y si es meramente incidental a lo que el empleado estaba realizando para su propio beneficio, la lesión no surge en el curso del trabajo ni como consecuencia del mismo. (71 C. J. 675.) Así tenemos que en el caso de un empleado que fa-lleció mientras se dirigía al trabajo en su automóvil, aunque inciden-talmente, a petición del patrono, él traía consigo algunas herramien-tas del patrono, el accidente se declaró no compensable. Eby v. Industrial Accident Commission of California, 242 P. 901, 75 Cal. App. 280. En un caso en que el empleado fué muerto en un cho-que en la carretera mientras se dirigía en busca de su esposa, e in-cidentalmente realizaba una gestión de poca importancia para su patrono, se resolvió que este accidente no surgió en el curso del tra-bajo ni como consecuencia del mismo. Mark’s Dependents v. Gray, 167 N. E. 181; 251 N. Y. 90. En un caso en que un vendedor mu-rió mientras traía su familia de regreso de unas vacaciones en su automóvil, aunque incidentalmente el viaje incluía paradas para en-trevistar deudores de su patrono, se resolvió que el accidente no ocurrió en el curso del trabajo ni como consecuencia del mismo. Barragar v. Industrial Commission of Wisconsin, 238 N. W. 368, 205 Wis. 550, 78 A.L.R. 679.
“Pero en el caso de autos, no hay duda de que el objeto o pro-pósito principal y primordial del viaje era dirigirse a la población de Yauco con el ñn de almorzar, y el traer la correspondencia era algo incidental a dicho viaje. . . . Bajo la teoría de que lesiones sufridas mientras el obrero se dirige a o regresa de almorzar, ocu-rren cuando el empleado se dedica a hacer algo para su convenien-cia personal, entretenimiento o recreo, dichas lesiones no deben ser compensadas. Véase 71 C. J. 734, 735.
“A nuestro juicio, el caso de autos difiere del caso de Beaman, el cual se encuentra en el Tomo I de las Decisiones de la Comisión Industrial de Puerto Rico, pág. 99, por cuanto que en dicho caso el obrero Beaman se probó que todas las mañanas al salir de su casa para su colocación, se dirigía primero al pueblo de Bayamón a re-coger la correspondencia que para su patrono estuviera depositada en el apartado de correos que éste tenía en dicha población, mar-chando entonces con ella a su oficina en el pueblo de Dorado, y que esto lo realizaba habitualmente por las mañanas, una vez al día. Tampoco encontramos semejanza alguna con el caso de Alejandrina Álamo, que se encuentra también en el Tomo I, pág. 109.”

Los recurrentes presentaron una moción de reconsidera-ción que fué declarada sin lugar. Entonces -interpusieron el presente recurso de revisión para ante este Tribunal Supremo.

Hemos visto que no hay cuestión sobre los hechos. El problema a resolver consiste en determinar si el accidente que revelan es o no compensable por el Fondo del Seguro del Estado de acuerdo con la ley en vigor en esta isla y con la jurisprudencia interpretativa de leyes similares en el conti-nente.

La ley en vigor lo es la núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año (1) pág. 251). Por su artículo segundo prescribe que las disposiciones de la misma “.serán aplicables a todos, los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por .accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su- trabajo o empleo y que ocurran -en -el curso ■de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de la ocupación, según se especifican en el artículo siguiente.”' (Itálicas nuestras.)

La jurisprudencia es abundante, mas no uniforme. Tal como aparece resumida en 71 C. J. 733 y siguientes, de acuerdo con la regla general de que son compensables las lesiones su-fridas por un empleado mientras realiza un trabajo que no está estrictamente dentro de sus deberes oficiales pero que es incidental al mismo, se ha resuelto que pueden indemni-zarse los daños sufridos por el empleado mientras va a y vuelve de tomar sus comidas. Pero es lo cierto que también de acuerdo con la regla general que establece que las lesiones sufridas mientras se va para o se regresa del trabajo no son compensables, se ha rehusado indemnización cuando el daño sufrido por el empleado lo fué mientras iba en busca de sus comidas o regresaba de haberlas tomado.

Que los empleados en este caso cuando ocurrió el acei-' dente habían salido de la oficina en que regularmente traba-jaban y del sitio en que la oficina se encontraba y se dirigían • en un automóvil de la propiedad de uno de ellos por un ca-mino público hacia sus hogares para tomar sus alimentos del mediodía, es evidente. ¿Influye la circunstancia de que te-nían el encargo de recoger la correspondencia que pudiera tener su patrono en su oficina del pueblo para entregársela en su oficina del campo? Veámoslo.

En el caso de Matter of Marks v. Gray, 251 N. Y. 90, 167 N. E. 181, 182, citado y seguido en el de Barragar v. Industrial Commission, 78 A.L.R. 679, 682, hablando por la corte el Sr. Juez Cardozo, dijo:

“Un empleado en Nueva York notifica a su patrono que va a pasar sus vacaciones en Filadelfia, o quizá en un sitio más distante, digamos San Francisco o París. El patrono pide al empleado que durante su estadía allí visite a un deudor moroso y le exija el pago de una deuda. El viaje a Filadelfia, San Francisco o París no forma parte del empleo. Surgiría una cuestión distinta si el cum-plimiento del servicio hiciera que el empleado tuviera que desviarse de su ruta, y como resultado de tal desviación sufriera las lesiones. . .
“No queremos decir que el servicio que se presta al patrono debe ser la única causa del viaje, pero debe ser por lo menos una causa concurrente. Para establecer responsabilidad, debe poderse hacer la inferencia de que el viaje se hubiese hecho aún si el motivo personal hubiera cesado. . El ‘test’ en resumen es éste: Si el trabajo a rea-lizarse por el empleado crea la necesidad del viaje, él está en el curso de su empleo, no obstante esté realizando al mismo tiempo un móvil propio. . . Sin embargo, si el trabajo no ha desempeñado papel al-guno al crear la necesidad del viaje, si el viaje se hubiera realizado aunque se abandonara el motivo mercantil del mismo, y se hubiera cancelado al fracasar el móvil personal, aún sin cumplirse la parte mercantil del viaje, éste es entonces personal y el- riesgo también lo es.”

Aplicada la regla a este caso, robustece la resolución de la Comisión Industrial cuya revisión se pide porque no puede sostenerse que el encargo de recoger la correspondencia fuera el que creara la necesidad del viaje y porque aunque por al-guna circunstancia no se hubiera tenido que recoger dicha correspondencia, el viaje siempre se hubiera realizado. El motivo principal del mismo era la toma de alimentos, siendo incidental recoger la correspondencia.

Si el accidente hubiera ocurrido cuando los empleados una vez terminado su almuerzo se dirigían a cumplir el encargo, la situación sería distinta. El accidente entonces- hubiera po-dido considerarse cubierto por la ley tal como ésta ha sido interpretada por las cortes. En el caso de Kahn Bros. Co. v. Industrial Commission, 283 P. 1054, 75 Utah 145, la Corte Suprema de Utah resolvió que el accidente ocnrrídole a nn tenedor de libros qne luego de tomar el almuerzo en su ho-gar iba directamente al correo, siguiendo la práctica coti-diana de buscar la correspondencia para su patrono, fué un accidente que surgió como consecuencia del empleo y en el curso del mismo. Mas no fué así y es necesario reconocer que la comisión estuvo justificada al resolver que no era pro-cedente la indemnización por el Fondo del Seguro del Es-tado.

La dificultad en la resolución de casos de esta naturaleza estriba en que la tendencia' natural es hacia la compensación. De ahí que el precepto de la ley se haya extendido a veces más allá de lo razonable con detrimento del Pondo del Es-tado que no fué calculado a base de tales riesgos.

Hemos examinado los casos resueltos por la propia Co-misión Industrial de Puerto Rico que se invocan, a saber, el de Daniel A. Beaman y el de Alejandrina Álamo, reportados en el volumen primero de sus Decisiones, páginas 99 y 109, respectivamente, y aunque encontramos qué tienen con éste puntos de contacto, no creemos que pueda estimarse que re-suelven en sentido favorable a los recurrentes la cuestión fundamental aquí envuelta. Además, dichas decisiones no han pasado por la revisión de esta corte.

Por virtikd de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar a la revisión solicitada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


text:
    Irene Aponte Fontánez, et al., demandantes y apelados, v. Ramón Alonso Muñoz, demandado; Ramona Muñoz Viuda de Alonso, tercerista y apelante.
    Núm. 7361.

    Sometido: Enero 14, 1938.

      Resuelto: Marzo 25, 1938.

      R. Díaz Collazo, abogado de la apelante; Angel A. Vázquez, abogado de la Sr’a. Irene Aponte, apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Irene Aponte Fontánez demandó a Eamón Alonso Muñoz y obtuvo una sentencia a su favor eu abril 20, 1934, por dos mil dólares. Aponte v. Alonso, 46 D.P.R. 549, 573. La sentencia fué registrada en el Eegistro de Sentencias del Eegistro de la Propiedad de San Juan en septiembre 28, 1934, y a los efectos de ejecutarla se trabó embargo sobre las rentas de la casa núm. 52 de la Calle de las Flores, Santurce, San Juan, perteneciente al deudor, a quien se notificó en marzo 12, 1935.

Así las cosas, en abril 1, 1935, Eamona Muñoz Viuda de Alonso inició este pleito de tercería alegando que las rentas embargadas eran “de su única y exclusiva pertenencia” por-que el dueño de la casa que las produce babía constituido sobre la misma y a su favor desde mayo 7, 1930, hipoteca voluntaria en garantía de mil quinientos dólares y porque desde unos cuatro meses después de constituida la hipoteca no pudiendo satisfacerle los intereses — diez por ciento anual— ni pagar a tiempo las contribuciones, ni atender a la con-servación de la propiedad, convino con la tercerista en que ésta “tomara a sn cargo la administración de la finca men-cionada para con el producto de las rentas hacerse pago men-sualmente de los intereses devengados por virtud del prés-tamo hipotecario y para hacerse pago asimismo y en su opor-tunidad de las contribuciones correspondientes a dicho in-mueble, de las reparaciones y gastos consiguientes a la con-servación de dicho inmueble; habiendo la tercerista compa-reciente héchose cargo de tal administración, cobrando las rentas producto de la casa mencionada, pagando las contri-buciones, atendiendo a los gastos de conservación y entrete-nimiento del inmueble y dando éste en arrendamiento sin la intervención del demandado Ramón Alonso Muñoz.”

Alegó además la tercerista que el capital de la deuda de Alonso no le había sido satisfecho aún y que el convenio posterior descrito continuaba rigiendo en la actualidad. Pidió sentencia ordenando que el embargo practicado quedara sin efecto.

Contestó la demandante Aponte — demandada en terce-ría — negando que las rentas de que se trata fueran de la exclusiva propiedad de la tercerista, imputando confabula-ción entre ésta y el demandado Alonso, su hijo, y alegando como hechos constitutivos de oposición especial que la de-manda de tercería no aducía hechos suficientes determinan-tes de una buena causa de acción y que su crédito por sen-tencia inscrita en el registro y no satisfecho aún, constituía un gravamen real sobre todos los bienes del demandado. Pidió sentencia condenando a la tercerista y a sus fiadores a pagarle la cantidad que resulte deberse por rentas desde que éstas fueron embargadas, con más las costas y honora-rios de abogado.

Celebrado el juicio, declararon por la tercerista ella misma, Ramón Alonso Muñoz y Rafael Porrata Doria. Con la oposición y excepción de la demandante Aponte, deman-dada en tercería, el juez permitió que -los testigos declara-ran sobre el convenio verbal alegado en la demanda.

Y así la tercerista declaró que como Alonso no le pagara los intereses, “me dijo: ‘quédate con las rentas de la casa para qne pagues las contribuciones y reparaciones.’ Yo soy quien llago las reparaciones, pago las contribuciones, y yo he sido quien he alquilado la casa . . . desde 1930.” Y ma-nifestó Ramón Alonso: “Le dije a mamá que se hiciera cargo de la administración de la casa por no poder cumplir con ella con los intereses .... ni disponer de nada para repa-raciones y contribuciones . . . desde cuatro o cinco meses de constituida la hipoteca.” Porrata Doria, inquilino desde febrero, 1934, expresó haberse entendido directamente con la tercerista y pagádole el alquiler por cheques extendidos a su nombre, algunos de los cuales se presentaron en evidencia.

Irene Aponte, demandada en tercería, probó la existencia de la sentencia que obtuvo a su favor, de su anotación en el registro, y del embargo de las rentas de la casa de que se trata en las fechas alegadas.

La corte resolvió el pleito en contra de la tercerista. En su opinión se expresó así:

“Desde cualquier ángulo que se estudie el caso, se impone una sentencia contra la tercerista. Además de ser un contrato cuya exis-tencia es en extremo sospechosa, tanto por lo inusitado del mismo como por la relación de parentesco entre los contratantes, tiene la dificultad el caso de la tercerista, de no poderse probar por eviden-cia oral.
“En el caso de Córdova et al. v. Surís, et al., 19 D.P.R. 1180, se embargó cierta finca poseída por el deudor. Se presentó entonces una demanda de tercería en la que se alegaba que el tercerista' era dueño de la finca embargada por haberla comprado por documento privado con anterioridad a la fecha en que se trabó el embargo. Al confirmar la sentencia de la corte de distrito que declaró sin lugar la demanda de tercería, dijo el Tribunal Supremo:
“ ‘El embargo ele la finca en litigio sólo podría ser destruido por un documento público o por otros fundamentos de nulidad que la ley reconoce, pero no por uñ documento privado otorgado por el deudor a los apelantes.
“ ‘No habiéndose colocado los apelantes dentro de las excepciones enumeradas en el citado artículo, los apelados deben ser considerados como terceros.’
“En el mismo caso de Córdova et al. v. Surís, et al., supra, se cita con aprobación un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 26 de febrero de 1894, que dice:
“ ‘Si bien el documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hayan suscrito y sus causahabientes, no puede concedérsele valor y eficacia alguna respecto de terceros, sin que se cumpla lo dispuesto por el artículo 1227 del Código Civil y, como consecuencia, la presentación de un documento de esa clase para fundar una tercería de dominio no es pi’ueba suficiente, porque su eficacia nace de la fecha de esa presen-tación, posterior, por tanto, a la del título que se trata de combatir. ’
“El caso de Córdova et al. v. Surís et al., íué ratificado por el Tribunal Supremo en el de Aguayo v. Vázquez, 33 D.P.R. 913.
“Si un documento privado es insuficiente para destruir el embargo, mucho más insuficiente debe ser un simple contrato verbal, sobre todo cuando está rodeado de las circunstancias que concurren en el presente caso.”

Los errores que señala la tercerista apelante van a los fundamentos del fallo. Aunque tuviera razón, siempre ha-bría que confirmar la sentencia recurrida porque la tercería se estableció a base de que la tercerista era dueña de las rentas embargadas y tal condición de dueña no resulta de los hechos mismos alegados en la demanda ni de la prueba practicada, ya que un administrador no se convierte en dueño de la totalidad de las rentas de la cosa administrada aunque se le autorice a satisfacerse él mismo de ellas intereses que se le adeuden o adelantos que haga para el pago de contri-buciones y reparaciones. Las rentas del inmueble ascendían a trescientos sesenta dólares ál año y los intereses a ciento' cincuenta. Quedaba un margen de doscientos diez dólares anuales que no parece natural que se consumiera íntegro eii contribuciones, reparaciones y gastos de administración.

Bebe declararse el recutso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison, está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Tomás Suárez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1018.

    Sometido: Febrero 15, 1938.

      Resuelto: Marzo 25, 1938.

      P. Amado Rivera, abogado del recurrente;

   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En enero 22 de 1929, Tomás Suárez Bernal y Susie Par-tie Johns Kimball fueron declarados únicos herederos de Hazel Clair St. Johns. Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 1929, otorgaron una escritura de partición de he-' rencia a virtud de la cual se adjudicaron a Tomás Suárez tanto los bienes muebles como los inmuebles, sujeto al pago de las deudas de la herencia. Éstas se hicieron constar ex-presamente en la escritura. Sin embargo, no fué hasta el 8 de octubre de 1936 que se inscribió finalmente la escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan, sujeta al pago de las deudas arriba descritas.

Bajo estas circunstancias, allá para el mes de febrero de 1938, Suárez solicitó se cancelara la condición arriba expre-

sada en lo que se refería a cierto inmueble situado en Río Piedras. Su súplica se basaba en que de acuerdo con la Ley núm. 12 de 1-923 (Sesión Extraordinaria, pág. 37), según fué enmendada por la Ley Núm. 12 de 1924 (Sesión Extraordi-naria, pág. 109), y de conformidad con el caso de Hernaiz Targa & Co. v. Registrador, 49 D.P.R. 660, la mención del gravamen había prescrito. El registrador denegó la cance-lación solicitada mediante la siguiente nota:

“Denegada la cancelación de la mención de bajas del caudal he-reditario de Hazel Clair St. Johns por valor de 26,212 dollars 37 centavos, que se solicita en este affidavit porque aquélla fué hecha el 8 de octubre de 1936 y aún no han transcurrido los diez años que fija la ley 19 de 1936, que enmendó la 12 de 1923, pues el plazo no se cuenta, como pretende el solicitante, a partir de la fecha del título (que es de 28 de mar^o, 1929), sino desde que la mención se hizo en el Registro de la Propiedad, según ha declarado la Honorable Corte Suprema en el caso Velázquez v. Registrador (52 D.P.R. 398). Queda tomada anotación preventiva por 120 días a favor de Tomás Suárez al margen de la inscripción 2 de la finca 5776, folio 128, tomo 113, de Río Piedras. San Juan, febrero 5 de 1938.”

No tenemos duda de la certeza de la posición asumida por el registrador. El caso de Hernaiz Targa v. Registrador, supra, no es aplicable en sus hechos y la opinión excluye en su alcance judicial la presente situación. En dicho recurso la mención original de los pagos aplazados de la compraventa se hizo en 1906, y este tribunal resolvió que aunque la misma mención fué repetida en 1923, debía regir la fecha original en lo que al período prescriptivo de la cancelación se refería.

Este tribunal dijo:

“No se trata, pues, de menciones originales de 1923 en cuyo caso no sería aplicable la ley invocada, sino de una mención de 1906, re-petida en 1923 a virtud de documentos otorgados en 1907 y en 1913. Siendo ello así, debe concluirse que han transcurrido los veinte años necesarios para la cancelación de acuerdo eon la ley.”

" La única mención existente en el caso que está ante nos, surgió en 1936 ál inscribirse la escritura, y la contención de que la fecha que debe considerarse es la del otorgamiento de la escritura es insostenible. Hasta el momento en que apa-rece la mención en el registro no puede empezar a correr el período prescriptivo para los fines de su cancelación.

El caso de Jusino Velázquez v. Registrador, 52 D.P.R. 398 decide que el gravamen en un caso como el presente es uno de naturaleza real que sujeta al inmueble directa e inmedia-tamente y que no puede ser cancelado hasta que hayan trans-currido diez años, y no cinco como sostiene el recurrente. Ésta sería de por sí otra razón para confirmar la nota del registrador.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Inés de Choudens, representada por su defensor judicial Francisco García, demandante y apelada, v. Rafael Portilla, demandado y apelante.
    Núm. 7488.

    Sometido: Enero 24, 1938.

    Resuelto: Marzo 25, 1938.

      J. M. Calderón, Jr., abogado del apelante; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 30 de diciembre de 1936 el juez de distrito sus-pendió la ejecución de una sentencia mientras se oía y resol-vía una moción para dejar sin efecto la sentencia y abrir la rebeldía. En 4 de enero de 1937, a moción de la parte de-mandante, el juez reconsideró la orden anterior e incluyó en ella la suma de $100 para gastos, costas, desembolsos y hono-rarios de abogado. Esta orden fué notificada el 5 de enero. El mismo día el demandado solicitó se dejara sin efecto la resolución de enero 4. Con fecha 23 de dicho mes el juez declaró sin lugar la moción del demandado. Esta resolución fué notificada el 25 de enero. En-2 de febrero el demandado radicó su escrito de apelación contra la orden de enero 23. La apelada solicita ahora se desestime el recurso. La cues-tión es si la orden de enero 23 era una “providencia especial dictada después de una sentencia definitiva,” dentro del sig-nificado del inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil que autoriza una apelación contra tal provi-dencia especial.

En Fajardo Development Co. v. Sucn. Morfi, 17 D.P.R. 1120, 1122, este tribunal dijo:

“Es una proposición general que no se puede apelar de la resolu-ción de una corte por la que ésta se niega a dejar sin efecto una orden que es apelable por sí. Pero, puede ser que esta regla general, a semejanza de todas las demás, tenga excepciones en ciertos casos. No debe olvidarse que la orden de 8 de mayo de 1911 era virtual-mente una sentencia dictada en rebeldía porque los apelantes habían dejado de presentar, dentro de cierto período, sus objeciones contra el memorándum de costas. Aunque los demandantes pudieran haber interpuesto recurso de apelación contra dicha orden, habría sido muy difícil conseguir la completa revisión del caso, en virtud de los su-puestos méritos del mismo, y en tales casos, se ha permitido que se presente una moción solicitando que se deje sin efecto la rebeldía, y que en el caso de una negativa se apele de la resolución denegando la moción. (McCormick v. Belvin, 96 Cal. 182; De la Montanya v. De la Montanya, 112 Cal. 101; Pignaz v. Burnett, 119 Cal. 157; Thompson v. Alford, 128 Cal. 227. ’ ’

Véase también 3 C. J. 509, sección 339; id. ’521, sección 355; Meis v. Collins, 36 Pac. (2d) 662.

En el presente caso el apelante en oposición a la moción de la parte apelada, descansa en los casos de José Martínez v. José Pilar de Santiago, 3 Castro 135 (10 D.P.R. 259); Sucn. de María Días v. Avalo, 2 Castro 637 (9 D.P.R. 339); Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 281, y Vázquez v. Sucesión Alicea, 52 D.P.R. 257. Los primeros tres de estos casos dejan de sostener la contención del apelante al efecto de que la resolución de enero 23 era una “providencia especial dictada después de una sen-tencia definitiva” dentro del significado del inciso tercero del artículo 295, supra. El caso de Vázquez v. Sucn. Alicea no establece ningún derecho de apelación distinto a los conferi-dos por el estatuto. El apelante en su alegato radicado en apelación no especifica la orden de enero 23 como un error. El único señalamiento con que nos confrontamos ahora es que-la corte de distrito cometió error al conceder la suma de $100 para costas, desembolsos y honorarios de abogado en su reso-lución de enero 4. Que la cuestión así planteada puede ser revisada en la apelación interpuesta contra la orden de enero 4 es de por sí evidente. Por tanto, la resolución de enero 23, aunque dictada después de una sentencia definitiva, no era una “providencia especial.”

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidewte Señor Del Toro

text:
    Félix C. Mas, demandante y apelado, v. Faustino Berríos Sánchez, demandado y apelante.
    Núm. 7669.

    Sometido: Febrero, 14, 1938.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      ■González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; H. Gon-\ sález Blanes, abogado del apelado.
   El Juez Presidewte Señor Del Toro

emitió la opinión, del tribunal.

Dictada sentencia en junio 30, 1937, decretando el desahu-cio solicitado, la parte demandada apeló para ante este tribunal en julio seis siguiente. En diciembre 29, 1937, se ra-dicó la transcripción y en enero 27, 1938, el alegato del ape-lante. Así las cosas, en febrero 4, 1938, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por haberse declarado nula la fianza prestada para interponerlo, oponiéndose el ape-lante por escrito alegando que la resolución de nulidad no es firme por haberse apelado. La vista de la moción de deses-timación se celebró el catorce de febrero último con la sola asistencia de la parte apelante por su abogado.

Para apelar de una sentencia decretando el desahucio es necesario consignar el importe del precio adeudado cuando el desahucio se funda en falta de pago de las cantidades con-venidas y en cualquier otro caso prestar fianza a satisfac-ción de la corte sentenciadora para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante y de las costas de la apelación. Artículo 631, Código de Enjuicia-miento Civil, ed. de 1933.

Siendo ello así, claro es que si la fianza se presta y luego se declara nula, cae por su base el recurso y procede su desestimación. Véase el caso de Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445.

Aquí, como sabemos, la declaración de nulidad se hizo, pero fue apelada y la cuestión a considerar es la del efecto de la apelación en cuanto a la desestimación pedida.

Si la resolución era apelable, una vez apelada quedaron suspendidos sus efectos. Artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933. La jurisdicción pasó a esta Corte Suprema y nada esta corte ha resuelto aún sobre el particular. En los actuales momentos el status del caso es el de una fianza declarada nula por una corte de distrito, sin que la declaración haya adquirido el carácter de firme por haber sido apelada, hallándose pendiente de tramitación el recurso.

Ninguna de las partes ha presentado jurisprudencia sobre los efectos de una apelación en un caso como éste. Tenemos dudas por tratarse fundamentalmente de un pleito como el de desahucio que no puede apelarse, como hemos visto, sin prestarse fianza a satisfacción de la corte sentenciadora, ya que si admitimos que la apelación de la resolución de nuli-dad — para la cual no se exige fianza — produce el efecto de dejar en suspenso la apelación del. desahucio, de hecho esta-ríamos quizá resolviendo que la ejecución de la sentencia de desahucio podría dilatarse indirectamente sin una fianza vá-lida, lo que sería contrario a los propósitos de la ley.

Sin embarg’o, como la cuestión levantada por la parte ape-lante no ha sido impugnada por la parte apelada, en ausen-cia de una demostración en contrario y siendo sumamente fácil despejar la situación pidiendo la desestimación del re-curso interpuesto contra la resolución de nulidad si es que realmente no procede o no es meritorio, aplicaremos la regla general y resolveremos que no teniendo el carácter de firme la dicha resolución de nulidad, no cabe desestimar el recurso bajo el fundamento de la no existencia de la fianza necesaria para interponerlo.

La moción de desestimación debe ser en tal virtud decla-rada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PkesideNte Señor Del Toro

text:
    Carmen Rosa Olivera, menor representada por su madre con patria potestad Ana Celia Olivera, demandante y apelada, v. La Sucesión de Felipe A. González, et al., demandados y apelantes.
    Núm. 7674.

    Sometido: Enero 17, 1938.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      José C. Jusino, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, abo-gado de la apelada.
   El Juez PkesideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por falta de notificación a una de las partes inte-resadas y por causa de frivolidad.

En cuanto a la frivolidad bastará decir que no hay constancias suficientes en los autos para resolver la cuestión planteada porque la sentencia se dictó basada! en el resultado de la evidencia y la evidencia no está ante nosotros. Es cierto que en la contestación se admitieron algunos de los hechos alegados en la demanda, pero no todos los necesarios para que surgiera de las propias alegaciones aceptadas la existencia del reconocimiento del estado de hija natural de Felipe A. González en que funda su acción la demandante.

Examinemos la falta de notificación. Que se dejó de notificar a la codemandada Josefa A. González, es evidente. La cuestión a estudiar y resolver es la de si la notificación era necesaria para que esta corte adquiriera jurisdicción.

La ley — artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933 — prescribe que una apelación se interpone entre-gando al secretario de la corte en que fue dictada o regis-trada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifes-tando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria (adverse party) o a su abogado.

¿Era la codemandada Josefa A. González una parte con-traria? Afeárnoslo.

El pleito se inició por Carmen Rosa Olivera, menor repre-sentada por su madre con patria potestad, Ana Celia Olivera., contra la Sucesión de Felipe A. González, compuesta de su hermana la dicha Josefa A. González y los hijos de sus otros hermanos Dolores y Aristides González que se nombran en la demanda, en solicitud de una sentencia que declarara a la menor demandante hija natural reconocida de Felipe A. Gon-zález con todos los derechos inherentes a tal declaración y con imposición de las costas a los demandados que se opu-sieren a la reclamación.

Todos los demandados fueron emplazados y comparecie-ron por el abogado Rafael A. Saliva. Renunció Saliva y eu-tonces dichos demandados con excepción de Josefa González, representados por el abogado José O. Jusino, contestaron la demanda, enmendando luego su contestación para alegar que la no comparecencia de la codemandada Josefa se debía a haberse confabulado con la madre de la demandante com-prometiéndose a reconocer a la menor como hija de su her-mano Felipe a cambio de que la madre de la menor no se opusiera a cierta demanda en cobro de pesos que había pre-sentado.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia declarando “que la ley y los hechos están a favor de la-demandante C:ar-men Rosa Olivera y contra los demandados, la Sucesión de Felipe A. González, compuesta de su hermana de doble vínculo doña Josefa González; la Sucesión de Dolores González, compuesta ... y la Sucesión de Aristides González, com-puesta . . . condenando a los demandados al pago de costas, pero sin honorarios de abogado.”

Contra esa sentencia apelaron los demandados componen-tes de las Sucesiones de Dolores y Aristides González, notifi-cando su escrito al secretario de la corte y al abogado de la demandante, omitiendo notificarlo a Josefa González o a su abogado.

La jurisprudencia es abundantísima sobre el particular y tal como se resume en la nota al caso de Nelson Bennett Co. v. Twin Falls Land, etc., Co., 13 Idaho 767, que aparece en el volumen 13 de los .American and English Annotated Cases, páginas 181 a 185, ha establecido las siguientes reglas:

“Podría decirse, como regla bien establecida, que el escrito de apelación debe ser notificado a toda parte contraria.”

La regla está sostenida por casos de California, Colorado, Idaho, Iowa, Louisiana, Michigan y otros estados.

“Toda parte cuyo interés en la materia objeto del recurso de ape-lación es adverso o será afectado por la revocación o modificación de la sentencia u orden contra la cual se ha apelado, es una parte ad-versa dentro del significado de un estatuto que requiera que se no-tifique la apelación a toda parte contraria.”

.Para sostener el principio se citan decisiones de diez esta-dos de la Unión.

‘ ‘ Codemandados en un litigio que no se unan al recurso deben ser notificados del escrito de apelación cuando sus intereses son adversos al de la parte que entabla el recurso.”

Decisiones también de diez estados se citan para sostener la regla.

La jurisprudencia de esta corte está en línea con los prin-cipios enunciados. Véanse: Candelas v. Ramírez et al., 20 D.P.R. 33; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D.P.R. 491; Torres v. Sucesión Caballero, 39 D.P.R. 724, 726; y Carrión v. Toral, et al., 44 D.P.R. 426.

De suerte que no basta que se sea un codemandado para que la apelación interpuesta por otro tenga necesariamente que notificársele, si que se requiere además que sus intereses sean adversos a los del que entabla la apelación.

Aplicado el principio a los' hechos de este caso, no surge en verdad la necesidad de la notificación. La sentencia decre-tando el reconocimiento se dictó contra todos los demanda-dos incluso la demandada Josefa González que no se defen-dió en el pleito. ¿Puede sostenerse que el interés de la dicha demandada en la apelación interpuesta por los otros deman-dados es adverso al de éstos? A primera vista, no. Al con-trario, en vez de ser adverso su interés parece estar en armo-nía con el de los apelantes ya qne si la apelación prosperara lo'que ella obtendría sería la parte que le correspondiera en la herencia de su hermano y la liberación del pronuncia-miento de costas que contra ella en unión de los otros deman-dados contiene la sentencia.

Si ella se hubiera allanado formalmente a la demanda admitiendo de modo solemne que lo hacía por estar conven-cida de que la demandante era en verdad la hija natural reco-nocida de su hermano, la situación sería distinta. Pero ése no fué el caso. Su actitud fué pasiva enteramente.

T si fué activa en el sentido de la confabulación alegada en la contestación a la demanda de los otros demandados, tal interés contrario a la revocación, siendo inmoral, no podría tomarse en cuenta.

Debe declararse no haber lugar a la desestimación solici-tada.

Él Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Lorenzano, acusado y apelante.
    Núm. 6742.

    Sometido: Diciembre 15, 1937.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      Francis, Crué Horta y Torres, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de septiembre de 1934 se radicaron acusaciones contra Pedro Lorenzano por los delitos de atentado a la vida y portar armas prohibidas, cometidos ambos el 30 ó 31 de julio de 1934 en el municipio de San Juan. En el caso por delito grave que está ante nos se constituyó y juramentó al jurado e igualmente se les tomó juramento a los testigos de cargo y de descargo. En 2 de octubre de 1935 al abrirse la sesión la corte, debido a la enfermedad del fiscal, disolvió el jurado. La otra acusación fué sometida por la prueba presentada en el caso de delito grave. En los autos que están ante nos aparece lo siguiente:

“El Pueblo de Puerto Rico v. Pedro Lorenzano, Criminal Núm. 2307. — Atentado a la Yida.
“Llamado este caso para juicio compareció el acusado en persona y asistido de sus abogados Sres. Eduardo Urrutia y Alfonso Lastra y el fiscal Sr. Domingo Massari en representación de ‘El Pueblo’ y dijeron estar listos para juicio. El acusado por sus aboga-dos presentó excepción perentoria a la acusación alegando baber sido anteriormente expuesto por el mismo delito y practicada evidencia por ambas partes sobre esta cuestión, la corte la declara sin lugar.
“El acusado presentó además una moción de archivo y sobresei-miento por haber transcurrido más de 120 días de la presentación de la acusación, la Corte la declara sin lugar por ser tardía.”

Ambas mociones fueron declaradas sin lugar y se celebró el juicio. El jurado trajo un veredicto condenatorio, la corte dictó sentencia y el acusado apeló.

El apelante alega que la corte de distrito cometió cuatro errores, los que sustancialmente leen así:

1. La corte cometió error al declarar sin lugar la moción de sobre-seimiento y archivo presentada por el acusado bajo el fundamento de que dicha moción era tardía.

2. La corte cometió error al declarar sin lugar la moción de former> jeopardy.

3. La corte cometió error al permitir al fiscal que volviera a exa-minar al testigo Norberto Arroyo, después de haberse terminado el interrogatorio directo de este testigo, contra la oposición del acusado.

4. El veredicto del jurado declarando culpable al acusado es con-trario a la prueba practicada.

El primer error alegado por el apelante no tiene fundamento alguno, puesto que en un caso directamente aplicable al presente, Pueblo v. Emeterio Ortiz, 46 D.P.R. 1, este tribunal resolvió:

“Una moción de sobreseimiento del proceso bajo el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, presentada en el acto del juicio, es tardía.”

Véase además Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111.

En lo que respecta a la alegación de haber sido ex-puesto por segunda vez (second jeopardy) lo único que aparece de las minutas de la corte es que el acusado presentó una llamada excepción perentoria alegando haber sido ex-puesto anteriormente, que ambas partes presentaron prueba y que la corte declaró sin lugar dicha excepción. A no ser por lo que sugiere la excepción perentoria, los hechos en que el apelante basa su alegación de haber sido expuesto anteriormente no aparecen en ninguna parte de los autos.

Con unos autos deficientes a la vista no nos es posible resolver la suficiencia de la alegación de haber sido expuesto por segunda vez. Tal alegación es en gran parte cuestión de prueba. La corte inferior pudo haber estado plenamente convencida de que la enfermedad del fiscal era seria y de que ningún otro abogado podía comparecer en su lugar. Te-nemos que presumir que la corte cumplió con la ley. Ade-más, una alegación era técnicamente necesaria, si los hechos de haber sido expuesto anteriormente no se desprendían de los antos. La excepción perentoria era insuficiente.

El tercer error señalado por el apelante, basado en el reexamen de un testigo, carece de méritos. El fiscal llamó a un testigo para examinarlo nuevamente, la corte autorizó el reexamen basando su resolución en el artículo 157 de la Ley de Evidencia, la defensa exeepcionó dicha resolución y la cita ahora como error. El artículo 157 de la Ley de Evidencia lee así:

“Una vez examinado un testigo, no podrá volvérsele a examinar sobre el mismo asunto, sin el consentimiento del tribunal; pero podrá volver a ser examinado respecto a cualquiera nueva materia sobre la cual hubiere sido examinado por la parte contraria. Y terminados los interrogatorios de ambas partes, no podrá volvérsele a llamar sin permiso del tribunal. Se concederá o denegará el permiso, según lo aconsejare un recto criterio.”

Por tanto es claro que la corte tiene-discreción para per-mitir el reexamen de un testigo, y no puede alegarse que cometiera error a menos que la corte abuse de su discreción.

El apelante alega como cuarto motivo que el veredicto del jurado es contrario a la prueba. Es verdad que hubo cierta evidencia contradictoria en las declaraciones de los testigos de cargo; mas al mismo tiempo hubo abundante prueba para sostener el veredicto. El apelante no nos convence de que el jurado debió haber tenido una duda razonable.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Lorenzano, acusado y apelante.
    Núm. 6729.

    Sometido: Diciembre 15, 1937.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      Francis, Cruz Iíorta y Torres, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En el presente recurso los señalamientos primero, tercero y cuarto quedan resueltos por nuestra opinión en el caso núm. 6742, ante página 888. En lo que respecta al segundo seña-lamiento de error relativo a habérsele expuesto por segunda vez, de los autos nada se desprende que demuestre que esa alegación fuera suscitada en este caso específico de delito menos grave. En otras palabras, aun suponiendo que a este respecto existiera algo en los autos del caso núm. 6742, nada bay sobre el particular en los del presente caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Alfonso León Jiménez y Rosa Albandoz, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, demandada.
    Núm. 1130.

    Sometido: Febrero 7, 1938.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      Miguel A. Muñoz, abogado de los peticionarios; L. Ríos Algarín, abo-gado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En este caso los peticionarios solicitaron y se les espidió un auto de certiorari para revisar los procedimientos en el caso de Smallwood Bros. v. Rosa Albandoz habidos ante la Corte de Distrito de San Juan.

En 3 de septiembre de 1937, T. H. Smallwood, haciendo negocios bajo la razón social de Smallwood Bros., radicó un pleito de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Ventas Condicionales (núm. 61) de 13 de abril de 1916, según la misma fué enmendada por la Ley núm. 40 de 1925 (Leyes de 1916, pág. 126; Leyes de 1925, pág. 247), para recobrar la posesión de un automóvil vendido a Rosa Albandoz mediante contrato de venta condicional. La demandante, además de iniciar el procedimiento especial para recobrar la posesión del automóvil, también obtuvo de la corte un embargo para ase-gurar la efectividad de la sentencia. El referido contrato contenía una cláusula al efecto de que si vencía un plazo y no se pagaba, el resto de los plazos se consideraría entonces vencido. La demandante alegó que la demandada no pagó un saldo vencido de $23.56 correspondiente al plazo de julio 21 de 1937, como tampoco todo el plazo que venció el 21 de agosto del mismo año, ascendente a $52.78, razón por la cual vencieron todos los demás plazos, que ascendían en total a la suma de $709.70. Copia del contrato de venta condicional fué unida a la demanda, en la que aparece el sello del Depar-tamento del Interior, Negociado de Automóviles, y la fecha en que se archivó el referido contrato en esa oficina. En sep-tiembre 3 de 1937 la corte ordenó que se notificara a las par-tes que se celebraría una vista a las 9 de la mañana del día 10 de septiembre. El día 9 del mismo mes y a moción de la demandante, Alfonso León Jiménez fué notificado de dicha vista como parte interesada. El día de la vista Alfonso León Jiménez solicitó y obtuvo permiso para tomar parte en el caso como interventor.

El interventor declaró que él había adquirido la partici-pación de Rosa Albandoz en el automóvil y que había notifi-cado a la demandante; que pagó ciertos plazos y que se le otorgaron los recibos correspondientes, expedidos a favor de Rosa Albandoz; que no se celebró ningún nuevo contrato entre la demandante y el interventor y que en efecto él no había pagado los plazos alegados en la demanda.

Los peticionarios alegan que la corte de distrito cometió dos errores, a saber:

1. Que la corte erró al decretar el embargo para asegu-rar la efectividad de la sentencia, todá vez que la deman-dante en dicho caso había seguido el procedimiento prescrito para la reposesión y venta de bienes muebles al dejarse de cumplir las condiciones de un contrato de venta condicional conforme provee la Ley núm. 61 de 1916, supra.

2. Que a Rosa Albandoz se le hizo figurar como parte de-| mandada, no teniendo ella interés alguno que justificara e' demandársele en dicho caso.

La Ley de Ventas Condicionales (núm. 61 de 1916)J es una que fija un procedimiento especial para recobrar lo bienes vendidos bajo contrato de venta, condicional cuando s ha dejado de cumplir cualquiera de las condiciones de dich contrato. Según esa ley, la corte debe citar a las partes par. una vista que se celebrará dentro de los diez días después de radicada la demanda. Luego de celebrada esta vista la corte puede ordenar al marshal que tome posesión de los bie-nes y los entregue a la parte demandante. Nada bay en dicha ley ni en ninguna otra que prohiba al demandante embargar dichos bienes, conforme se hizo en este caso, para asegurar la efectividad de la orden de reposesión que la corte pueda dictar. La ley para asegurar la efectividad de sentencias, por otra parte, es un estatuto amplio, de efectos reparado-res, y debe por ende ser interpretado liberalmente.

Los peticionarios alegan que la Ley de Ventas Condicionales al fijar un remedio especial en casos de ventas condicionales, limita al vendedor y al comprador estrictamente al procedimiento allí fijado. Aunque esto sea así, conforme hemos dicho antes, nada hay en dicha ley que prohiba el aseguramiento de la sentencia mediante embargo en la forma provista por la ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo primero de 1902, página 178 (Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), pág. 96). La sección primera de dicha ley prescribe:

“Toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación . . .

Refiriéndose a la palabra “action” conforme la misma es usada en la versión inglesa de dicho estatuto, el artículo 50 del Código d'e Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (edición de 1933) la define en el sentido de aparejar un procedimiento especial de naturaleza civil.

En otras palabras, si aceptamos que estos dos estatutos están in pari materia, ellos deben ser tomados e interpreta-dos conjuntamente. De acuerdo con este principio, “en mu-chos casos”, dice la Corte de Errores del Estado de Nueva York, “un remedio prescrito por un estatuto se hará exten-sivo a casos que surjan en torno a la misma cuestión bajo otro estatuto posterior.” Rogers v. Bradshaw, 20 J.R. 744 (Johns N.Y.). Este principio ha sido enunciado por este Tribunal del siguiente modo:

“Las leyes in pari materia deben ser interpretadas conjuntamente, armonizándolas, si es posible, y en forma tal que no resulte incompatible con los principios generales de derecho.” Ex parte Bird, 5 D.P.R. 247 (2a. ed.); Ex parte Andino, 8 D.P.R. 424.

Por tanto, aunque el vendedor pueda estar limitado al pro-cedimiento fijado en la ley de ventas condicionales, al obte-ner la reposesión del vehículo, esto no significa que él no pueda embargar dicho automóvil para asegurar la efectividad de la orden de reposesión.

En lo que respecta a la alegación de que Rosa Albandoz no tenía suficiente interés en la materia objeto del litigio para que se le hiciera parte demandada, este tribunal, en el caso de Smallwood Bros. v. Corte, 50 D.P.R. 634, dijo lo siguiente:

“Inscrito un contrato de venta condicional conteniendo la condi-ción y reserva de que la propiedad de la cosa vendida la retendrá el vendedor hasta que se haya pagado el precio, la venta no puede con-siderarse como absoluta con respecto a un comprador subsiguiente.”

Esto surge además del hecho de que aunque Rosa Alban-doz hubiera vendido el automóvil a una tercera persona, o sea a Alfonso León Jiménez, y se hubiese notificado a la ven-dedora condicional de tal hecho y los plazos posteriores fue-ran pagados a Smallwood Bros, por dicha tercera persona, no obstante los recibos fueron librados nombre de Rosa Albandoz.

Los peticionarios citan varias autoridades. Algunas ele ellas son una reexposición de la ley general de ventas condi-cionales y las otras no tienen aplicación reguladora sobre el punto de vista que hemos adoptado.

Debe anularse el auto de certiorari expedido.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Josefa de García, demandante y apelante, v. Figueroa & Gautier, Augusto Gautier Mandry y Great American Indemnity Company, demandados y apelados.
    Núm. 7343.

    Sometido: Diciembre 10, 1937.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      H. Torres Sold, abogado de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y apelante, Josefa de García, inició una demanda de daños y perjuicios ante la Corte de Distrito de San Juan contra la firma Figueroa & Gautier, Augusto Gautier Mandry y la Great American Indemnity Co. para reco-brar los daños resultantes de un accidente. Alegó que fué estropeada por un automóvil perteneciente a Figueroa & Gautier mientras el mismo era negligentemente conducido por Augusto Gautier Mandry, uno de los socios de dicha mercan-til. Se hizo figurar como demandada la Great American Indemnity Co. como aseguradora de la firma Figueroa & Gautier. Luego de celebrado el juicio, la corte inferior deses-timó la demanda sin costas.

Una lectura cuidadosa de la transcripción de la evidencia nos ha convencido de que los hechos declarados por la corte de distrito en torno a la forma en que ocurrió el accidente lestán sostenidos por la preponderancia de la prueba. La porte halló que el día del accidente Josefa de García se dis-iponía a cruzar la Avenida Ponce de León de Norte a Sur [por un sitio que queda más o menos frente al Capitolio; que ella se tiró a la calle por delante de un automóvil que se hallaba estacionado al mismo lado de la avenida, de frente para San Juan; que el demandado, Augusto Grautier, condu-cía el vehículo en dirección a San Juan, bastante a la dere-cha y a moderada velocidad; que en el mismo momento en que el automóvil del demandado cruzaba junto al vehículo que estaba estacionado la demandante salió frente al demandado y a éste le fué absolutamente imposible detenerse a tiempo para evitar arrollarla, pero que advirtió el momento en quej la rueda delantera pasó sobre el cuerpo de la demandante y entonces detuvo el vehículo; que el demandado llevó entoncesl a la demandante al hospital más cercano e hizo que un médico] la asistiera.

La corte inferior exoneró al demandado de toda negligen-cia e indicó que la negligencia allí existente debía imputarseb a la demandante misma.

La apelante señala tres errores en relación con el análisii de la prueba y la decisión final de la corte. El caso, a nues-tro juicio, no requiere que se discuta ninguna parte de 1¡ transcripción de la evidencia, toda vez que creemos que ni existe una base real para alterar las conclusiones de hech-de la corte inferior. No se cometió ninguno de los errorej señalados. Estamos de acuerdo con la siguiente aseveraoióij de la corte inferior:

“La prueba toda demuestra que fué éste un accidente desgraciada del cual no son responsables los demandados, por lo que procede uní sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial eondenaeiój de costas.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.