text:
    Arsenio Martínez, demandante y apelado, v. Independence Indemnity Co., demandada y apelante.
    No. 4140.
    Visto: Marzo 30, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Apelación y Error — Efecto de Elevar la Causa o Procedimiento para Ello —Facultades de y Procedimientos en la Corte Inferior — Dejar sin Efecto la Sentencia. — Una apelación interpuesta contra sentencia final no priva a la corte inferior de su jurisdicción para resolver moción para que se deje la sentencia sin efecto.
    2. Apelación y Error — Récord de Procedimientos que nio Están en Récord— Cuestiones que no Constan del Récord — Antecedentes que no Constan en General. — Cuando se alega abuso de discreción al dejar una corte sin efecto una sentencia y para sostener el error el apelante se funda en las alegaciones y las pruebas del apelado y estos antecedentes no constan del record, esto es motivo bastante para no revocar la resolución apelada.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Dejar sin Efecto una Sentencia — Resolución Dejando ésta sin Efecto. — Atendi-das las circunstancias concurrentes, se resolvió que, no habiendo cometido error la corte inferior al estimar que existió una sorpresa excusable para el apelado, no cabía revocar la resolución que dejó sin efecto la sentencia.
    4. Alegaciones- — Alegaciones Enmendadas o Complementarias y Repleader— Enmiendas de la Demanda — Variación en la Causa de Acción — En General. — La causa de acción en una demanda original en que se redama el valor de un automóvil por haber sido destruido totalmente no queda variada por una demanda enmendada en que se reclama dicho valor alegándose que el automóvil sufrió desperfectos que no han sido reparados adecuadamente.
    Resolución de Charles JE. Foote, J. (Mayagüez), declarando con lugar moción para dejar sin efecto una sentencia dictada en el caso.

      Confirmada.

      J. H. Brown y Clemente Buiz Nazario, abogados del apelante; José 8abater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez dictó sentencia en este pleito declarando sin lugar la de-manda, como consecuencia de una moción de non suit del demandado fundada en que la prueba del demandante en el juicio no era suficiente para dictar una sentencia conde-natoria.

El mismo día que el demandante apeló de esa senten-cia presentó moción a la corte sentenciadora. solicitando que lo eximiera de los efectos de esa sentencia y que conti-nuara el juicio o se celebrara de nuevo, fundándose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque fue debida a sorpresa excusable del demandante. La corte oyó a las partes sobre esa moción a la que se opuso la deman-dada y dictó resolución dejando sin efecto dicba sentencia, porque existió una mala interpretación por parte del de-mandante y de la misma corte con respecto a la evidencia que practicó el demandante y a los defectos de la misma y porque no tuvo una oportunidad para desarrollar toda su prueba y demostrar todos los becbos de su caso, y en su consecuencia dispuso la celebración de un nuevo juicio y admitió una demanda enmendada que fué presentada con la moción.

Contra esa resolución interpuso esta apelación la deman-dada alegando como primer motivo de su recurso que ha-biendo sido apelada la sentencia la corte inferior carecía de jurisdicción para dejarla sin efecto y cita en su apoyo varias sentencias de California y el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Dispone el artículo 297 citado que formalizada una apelación producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, aunque la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación; pero como dicha ley concede el derecho, de ape-lar las sentencias y también de solicitar nn nuevo juicio, se ha decidido por los tribunales que la apelación inter-puesta contra la sentencia final no suspende la jurisdicción de la corte para oir y resolver una moción solicitando un nuevo juicio. Véanse los casos de Altuna v. Ortiz, Horton v. Robert y Aguayo v. García, 11 D.P.R. 30, 196 y 274, res-pectivamente, en los que fueron citados en apoyo de esa conclusión los casos de Neagle v. Spencer, 60 Cal. 10; Carpenter v. Wilson, 25 Cal. 168 y Rayner v. Jones, 90 Cal. 78.

También el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza a las cortes de distrito para eximir a alguna persona o a sus representantes legales de los efectos de una sentencia que se hubiese dictado contra ella por equi-vocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia, solicitándose dentro del período judicial en que se dictó la sentencia o por causa justificada dentro de un plazo razo-nable que no excederá de seis meses, contados desde la ex-piración del período judicial. Y como tanto el artículo 140 citado como la concesión de un nuevo juicio tienen por ob-jeto abreviar los litigios y hacer justicia rápida a las partes, por eso hemos considerado ambos remedios como análogos porque por distintos fundamentos tratan de conseguir el mismo resultado de dejar sin efecto la sentencia y hemos declarado en el caso de Días v. Cuevas Zequeira, 27 D.P. R. 130, en que se utilizó el remedio concedido por el ar-tículo 140 después de haber sido interpuesta la apelación, que ésta no privaba a la corte de su jurisdicción para resolver la moción de que se deje sin efecto la sentencia. En verdad, no vemos perjuicio para las partes sino más bien beneficio en que se resuelva una moción para dejar sin efecto una sentencia a pesar de que haya sido apelada, pues si la moción está bien fundada en el artículo 140 es preferible que se declare así desde luego y no después de haber transcurrido tiempo y de haber incurrido las partes en .gastos que resultarían inútiles. Algunos de los casos qne ahora cita la apelante fueron considerados en el caso de Díaz v. Cuevas Zequeira, supra, y dijimos que no eran aplicables, y otros sostienen la contención de la apelante, pero seguiremos la doctrina establecida en el caso de Díaz v. Cuevas Zequeira, por creerla justa y equitativa. .

En el otro-motivo del recurso se alega que en el supuesto de que la corte inferior tuviera jurisdicción para resolver- la moción del demandante siempre resultaría que la corte se excedió en las facultades discrecionales que le concede el artículo 140 citado y que abusó de ellas.

Para sostener este motivo de error se funda la apelante en la demanda, en la contestación y en las pruebas presen-tadas en el juicio por el apelado. También se fundó la corte inferior en dicha prueba y en los efectos de la misma para fundar la resolución que motiva esta apelación pero como en la transcripción que para resolverla se nos ha pre-sentado no constan esos antecedentes, esto sería motivo bastante para no revocar la resolución apelada, pero prefe-rimos resolverla por lo que aparece de la moción jurada que el apelado presentó para solicitar que se dejara sin efecto la sentencia y en la oposición escrita que hizo la apelante.

De esas peticiones aparece que el apelado tenía asegu-rado un automóvil de su-propiedad con la apelante contra daños sufridos por el mismo; que ese vehículo tuvo un ac-cidente; que el apelado reclamó de la apelante que le pa-gase el precio que el automóvil tenía el día del accidente, alegando su destrucción total y que la apelante contestó que estaba reparando el automóvil para entregarlo al ape-lado en iguales o mejores condiciones de las que tenía dicho día.

Al comenzar el juicio el apelado manifestó a la corte que si la compañía aseguradora reparaba el automóvol ade-cuadamente estaría obligado a recibirlo pero que si no era así la compañía debía pagar el precio del mismo. Presentó su evidencia, y después la compañía solicitó que la de-manda fuese declarada sin lugar por no aparecer probado que el automóvil hubiese sido destruido totalmente. Ya he-mos dicho que en vista de esa moción la corte dictó senten-cia contra el demandante y que después la dejó sin efecto.

Por lo expuesto se ve que el apelado estaba bajo la im-presión en el juicio de que habiendo alegado la apelante en su contestación que estaba reparando el automóvil la cues-tión quedaba reducida a que se resolviera con vista de la prueba de la demandada que el automóvil había sido repa-rado adecuadamente, como en el caso de Molina v. Porto Rican Lloid’s, 31 D.P.R. 132, hemos dicho que debe serlo para que el dueño tenga obligación de recibirlo, pues si no era así la compañía tendría que pagar su valor, teoría que no era la de su demanda fundada en destrucción total. En verdad el apelado debió haber enmendado su demanda antes del juicio para alegar, como lo 1m hecho después, los daños sufridos por su automóvil, y que no han sido repa-rados adecuadamente pudiendo así reclamar su valor, pero no lo hizo así confiando, tal vez, en que la compañía trata-ría de probar una reparación adecuada y no acudiría al tecnicismo de no haberse probado una destrucción total. En vista de esas circunstancias entendemos que la corte inferior no cometió error al estimar que existió una sor-presa excusable para el apelado y no revocaremos la reso-lución apelada, tanto más cuanto que la justicia requiere en este caso que la compañía pague el valor del automóvil o demuestre que lo ha reparado adecuadamente.

También dice la apelante que no debió ser admitida la demanda enmendada presentada con la moción solicitando se dejase sin efecto la sentencia por no ser la acción que en ella se ejercita germana de la aducida en la demanda original. Ahora se reclama el valor del automóvil alegando que los desperfectos que sufrió no han sido reparados adecuadamente, y por lo que conocemos de la demanda original también se reclamó el valor de dicho vehículo por haber sido destruido totalmente, por lo que la causa de acción no ha variado ya qne cualquiera de las dos demandas daría derecho al apelado a que se le pague el valor del automóvil.

La resolución apelada dele ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: Fl Juez Asociado Senos, Wolf,

license: Public Domain

text:
    Eladio Miranda y Félix Manzano, demandantes y apelantes, v. Corte Municipal de Vega Baja y Costas & Co., demandadas y apeladas.
    No. 4157.
    Visto: Mayo 3, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Existencia del Recurso de Ape-lación — Cuestiones Revisables en Apelación y no por Certiorari.. — Una sentencia en rebeldía y el negar al demandado el derecho a contestar en la corte municipal pueden ser revisados en apelación y no procede el recurso de certiorari para corregir dichos supuestos errores sino el de ’apelación.
    2. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Existencia del Recurso de Ape-lación — En General. — Cuando puede apelarse, debe presentarse un caso extraordinario para que se conceda el recurso extraordinario de certiorari.

    3. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Existencia del Recurso de Ape-lación — En General. — Una corte de distrito no debe ser molestada con un. recurso de certiorari a menos que sea claro que el daño de .que se queja el peticionario no pueda ser remediado adecuadamente en apelación.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar recurso de certiorari eon costas.

      Confirmada.

    Y. M. Fernández, abogado de los apelantes; Besosa é Besosa, abo-gados de la apelada, Costas & Co.
   Fl Juez Asociado Senos, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes eran los demandados en un pleito entablado ante la Corte Municipal de Yega Baja. Sin resolver en realidad la cuestión, para los fines de esta apelación asumiremos que la Corte Municipal de Yega Baja estaba, enteramente equivocada al dictar sentencia en rebeldía contra los. apelantes después de eliminar la contestación que dichos apelantes habían radicado en la citada corte. Para, corregir los supuestos errores de la Corte Municipal de Yega Baja, los apelantes en el presente caso radicaron unapetición de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan.. La corte de distrito expidió el auto y posteriormente lo, -anuló fundándose, según resolvió la corte, en que los peti-cionarios pudieron obtener la revisión de las actuaciones de la corte municipal mediante un recurso de apelación, y ade-más, en efecto, porque los peticionarios no habían demos-trado circunstancias especiales por las cuales el procedi-miento de revisión debió ser el recurso de certiorari y no lá apelación. Los apelantes son de opinión de que un jui-cio en la corte municipal tan es un derecho adquirido que una mera apelación no podría brindarles un remedio ade-cuado por la privación que han sufrido. Sea esto cierto o no la ley. y la constante jurisprudencia de esta corte sos-tienen que un recurso de certiorari ordinariamente no pro-cede si la parte perjudicada tiene un remedio adecuado por medio de la apelación.

En realidad de verdad, la Ley de marzo 11, 1908, Reglamentando las apelaciones de las cortes municipales da a las cortes de distrito el derecho de revisar todas las resoluciones de las cortes municipales, y entonces concede al apelante un juicio de novo. Por tanto, el recurso de apelación es la forma normal para asegurar los derechos de las partes. La corte de distrito no resolvió que nunca procedía un certiorari cuando podía apelarse, .sino que debía entonces presentarse un caso extraordinario. La corte no pudo ver cómo una sentencia en rebeldía y el negar el derecho a contestar no podían ser revisados en apelación, y tampoco lo vemos nosotros. De acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil una corte de distrito tiene amplios poderes en las apelaciones, así como en cuanto a otros extremos, y puede conceder a un demandado merecedor de ello toda oportunidad para qtie presente su contestación y se le oiga.

La corte de distrito, al igual que esta corte, tiene amplia discreción en materia de certiorari, y no hallamos que hubiera abuso de tal discreción. Dicha corte no debe ser molestada con un recurso de certiorari, a menos que sea claro que el daño de que se queja el peticionario no pueda ser remediado adecuadamente en apelación. Resolvemos que la pri-vación de un. juicio en la corte municipal queda compensada suficientemente por nn jnicio en nna corte de récord.

• La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v Antonio González, acusado y apelante.
    No. 2825.
    Visto: Diciembre 3, 1926.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Derecho Penal — Mociones para Nuevo Juicio y en Arresto de Sentencia— Descubrimiento de Nuevas Pruebas1 — En General. — En ausencia de una demostración adecuada al efecto, una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nuevas pruebas no necesita considerarse seriamente.
    2. Derecho Penal — Mociones para Nuevo Juicio y en Arresto de' Sentencia— Descubrimiento de Nuevas Pruebas — Credibilidad de los Testigos. — Si los temores de testigos impiden el éstos ser descubiertos antes del juicio, tal estado mental de los testigos debe exponerse claramente y ser apreciado 1 por la corte.
    3. Derecho Penal — Mociones para Nuevo Juicio y en Arresto de Sentencia-Descubrimiento de Nuevas Pruebas — En General — Ausencia de Demos-tración Adecuada al Efecto y Efecto. — Cuando la moción de nuevo juicio se funda en la apreciación de la prueba, la argumentación en el Supremo debe ser convincente y no guardar silencio respecto a por qué se debe dar crédito a unos testigos más que a otros.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Exclusión de Testigos de la Sala del Tribunal. — El excluir testigos de la sala de la corte queda a la discreción de la corte y el apelante debe convencer al Supremo de lo contrario, no con manifesta-ciones generales sino demostrando que bubo nn abuso y que se cometió una injusticia.
    5. Testigos — Credibilidad—Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes de Testigos — Testigos Sujetos a Impug-nación — Propios Testigos — Evasión de Preguntas e Insistencia en que Conteste. — Cuando sorprendido El Pueblo por la declaración de nn testigo, declaraciones anteriores de éste son leídas al jurado y aquél trata de evadir preguntas que se le hacen, el insistir la corte en que conteste resultando en la admisión por éste de la verdad de dichas declaraciones sin coerción indebida, no es error.
    6. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins-trucciones — Instrucción Sobre Duda Razonable — Instrucción que Induce a Error. — Una instrucción sobre duda razonable al efecto de que “a todo hombre se le presume inocente pero esta presunción de inocencia no es que se haya de considerar al hombre inocente del delito de que se le acusa'’ induce a error..
    7. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins-trucciones — Preponderancia de la Prueba. — Una instrucción sobre prepon-derancia de la prueba en juicio criminal es errónea, induce a malas inter-pretaciones y es perjudicial.

      8. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins- " 'trucciones — Manifestaciones Respecto a la Prueba. — La manifestación al jurado respecto a que la prueba de cargo es “clara, corta y sobre el mismo hecho y punto en cuestión” no es una al efecto de que el jurado debe creer a los testigos de El Pueblo sino una llamada al efecto de que dicha prueba es directa, suficiente y breve.
    9. Homicidio (Bomioide) — Juicio—Instrucciones—Ataque con Intención de Cometer Homicidio — Instrucción Sobre Acometimiento y Agresión Grave. —Cuando la prueba tiende a demostrar un ataque con intención de cometer homicidio, en ausencia de autoridades al efecto la corte no viene obligada a instruir sobre el delito de acometimiento y agresión grave.
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de ataque con intención, de cometer homicidio.

      Levo-codo.

      José A. Vargas, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Ptieblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior denegó una moción solicitando un nuevo juicio. En lo que concernía a la nueva prueba descubierta, bubo tan poca demostración adecuada por el apelante que no es necesario considerar seriamente la moción. [2] Si los temores de testigos particulares impidieron que éstos fuesen descubiertos antes del juicio, el becbo de este estado mental de los testigos debe exponerse claramente y ser apreciado por la corte. [3] Guando la moción de nuevo juicio se funda en la apreciación de la prueba, la argumentación en esta corte debe convencernos, y no guardar silencio respecto a por qué se debía dar crédito a unos testigos y a otros no.

El excluir los testigos de la sala de la corte queda a la discreción de la corte, y el apelante debe convencernos de lo contrario no con manifestaciones generales, sino demostrando que bubo un abuso y que se cometió una injusticia. • ■ [5] Recientemente bemos tenido ocasión de indicar en varios casos lo que El Pueblo debe hacer cuando es sorprendido por la declaración de un testigo. El Pueblo v. González, (No. 2906), 36 D.P.R. 248; El Pueblo v. Plata, (No. 3959),. 36 D.P.R. .590. Aquí surgió una verdadera sorpresa cuando el perjudicado negó tener conocimiento de la persona que le había becbo un disparo de revólver. Las declaraciones ante-riores del testigo fueron leídas al jurado y el apelante en realidad no se queja de que no hubiera fundamento debido para la presentación de estas declaraciones. De lo que sí se queja el apelante es que se obligó al testigo a hacer las mani-festaciones que finalmente hizo y que a su abogado no se le dió oportunidad para presentar las debidas objeciones. De la actitud y modo de conducirse del testigo, la corte pudo determinar si él trataba o no de evadir contestar las preguntas que se le hacían. El juez no estaba equivocado al insistir en que el testigo contestara, y no le impidió al abogado que formulara objeciones. Se hizo que el testigo admitiera la verdad de sus manifestaciones anteriores sin coerción inde-bida.’

El apelante se queja de que la corte dejó de instruir al jurado debidamente respecto a duda razonable. No se tomó excepción, y quizás si las instrucciones en su totalidad hubiesen sido bastante claras, no nos habríamos detenido en este señalamiento de error. La corte estuvo equivocada al decir que “a todo hombre se le presume inocente, pero esta presunción de inocencia no es que se haya de considerar al hombre inocente del delito de que se le acusa.” Esta es una clara contradicción de expresión. Lo que tal vez la corte quiso decir fué que la presunción de inocencia no persistía ante prueba fuera de duda razonable o que la presunción de inocencia podía ser controvertida, pero las palabras, tal como fueron pronunciadas, inducían a error.

Aún más erróneas fueron las observaciones de la corte respecto a la preponderancia de la prueba. En un juicio criminal no hay lugar a hablar de preponderancia de la prueba. Tal manifestación corresponde a un juicio civil. En un juicio criminal el acusado debe ser convicto en virtud de prueba fuera de una duda razonable. La corte finalmente dijo algo a este efecto, pero el hacer referencia a la preponderancia de la prueba fué erróneo, inducía a malas interpretaciones, y era perjudicial. Es evidente que puede aún surgir una duda razonable aunque baya una preponderancia de prueba a favor de El Pueblo.

La corte también manifestó al jurado que la prueba del fiscal era “clara, corta y sobre el mismo becbo y punto en cuestión. ’ ’ Sin embargo, las instrucciones en su totalidad no nos convencen de que la corte manifestara al jurado que debía creer a los testigos de El Pueblo, sino de que meramente se llamó la atención al becbo de que la prueba ofrecida era directa, sucinta y breve.

Cuando, como en este caso, la prueba tiende a demostrar un ataque con intención de cometer homicidio, el apelante no nos convence con citas de autoridades o de algún otro modo que la corte esté obligada a instruir al jurado sobre el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

Por los errores cometidos al instruir acerca de duda razo-nable y sobre la preponderancia de la prueba, se revoca la sentencia apelada y■ se ordena la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Asoolado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico a requerimiento de José Manuel Santiago, demandante y apelado, v. Fortunato Blanco Mateo, demandado y apelante.
    No. 4079.
    Visto: Abril 1, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Corporaciones Municipales — Procedimientos del Concejo u Otro Cuerpo que Gobierna — Mitins, Reglas y Procedimientos en General — Revoca-ción, Enmienda o Derogación de Actuaciones — Ror Asamblea Posterior. —Dentro de ciertas limitaciones las actuaciones de una asamblea municipal pueden ser revocadas, enmendadas o derogadas por una asamblea posterior.
    2. Corporaciones Municipales — Funcionarios, Agentes y Empleados — Funcio-narios Municipales en General — Destitución o Remoción — Restitución en el Puesto — Facultades para Restituir. — Destituida una persona de su empleo por una asamblea municipal, una asamblea posterior no tiene auto-ridad para restituirlo en su puesto.
    3. Corporaciones Municipales — Funcionarios, Agentes y Empleados — Funcio-narios Municipales en General — Destitución o Remoción — Erecto de la Misma — Destitución por Cargos que Implican Conducta Inmoral. — Des-tituido un funcionario municipal de su cargo a virtud de cargos que impli-can conducta inmoral, aquél queda inhabilitado para desempeñar cargo municipal alguno.

      4. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Del Remedio en General. — Un recurso de certiorari, como regla, no determina derechos esenciales entre las partes y generalmente se limita a anular pasos dados anteriormente. ' ’ ■
    5. Certiorari — Naturaleza y Procedimientos — Actuaciones de Juntas o Mu-, NICIPALIDAD Y NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN DE EMPLEADOS-EMPLEADOS MU-NICIPALES. — Destituido un funcionario de su cargo por una asamblea municipal, un certiorari para revisar tal actuación no determina derecho alguno al cargo; la actuación de la asamblea, al no ser afectada por el certiorari, y no éste, es la que destituye a aquél.
    6. Quo Warranto — Jurisdicción, Procedimientos y remedio — Partes Deman-dantes en el Procedimiento — Personas Particulares. — El querellante en procedimiento de quo warranto que alegue ser ciudadano y contribuyente demuestra suficiente capacidad para entablarlo.
    7. Quo Warranto — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Partes Deman-dantes en el Procedimiento — Personas Particulares. — Un querellante en procedimiento de quo warranto que paga una patente municipal es un con-tribuyente para los fines de dicho procedimiento.
    8. Quo Warranto — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Partes Deman-dantes en el Procedimiento — -Personas Particulares. — Si el mero hecho de ser ciudadano el querellante en procedimiento de quo warranto no es sufi-ciente capacidad para entablarlo cuando se trata de impedir que una perj sona que ha sido destituida a virtud de cargos .ocupe un puesto público, quaere.

    Sentencia de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), destituyendo al querellado de 'su empleo como doctor municipal de Santa Isabel, con costas y honorarios de abogados.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Augustin E. Font, abogado del apelado.
   El Juez Asoolado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. El Pueblo de Puerto Pico, a instancias de José Manuel Santiago, entabló nn procedimiento de quo warranto ante la Corte de Distrito de Guayama para destituir a Fortunato Blanco Mateo del cargo de Auditor Municipal de Santa Isabel. Anteriormente, en la Asamblea Municipal de Santa Isabel se habían presentado unos cargos contra dicho Sr. Blanco,'y después del juicio correspondiente, se le destituyó. Enton-ces él entabló nn recurso de certiorari en la Corte de Distrito de Guayama, la cual resolvió en contra de sus pretensiones,' habiendo sido confirmada por esta corte dicha decisión en apelación. Una asamblea posterior se reunió el día 15 de abril de 1926 y nombró o repuso, o trató de nombrar o reponer al Sr. Blanco en sn puesto.

Después de celebrar la vista del procedimiento de quo-warranto, la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia destituyendo al querellado de su empleo. De los varios seña-lamientos de error, discutiremos primeramente el tercero, ya que éste envuelve los méritos del caso.

El apelante sostiene, en efecto, que lo que una asamblea bace puede ser cambiado o deshecho por otra. Dentro de ciertas limitaciones que es innecesario especificar, las actuaciones legislativas de una asamblea municipal pueden ser revocadas, enmendadas o derogadas por una asamblea posterior. Sin embargo, el poder para destituir a personas de sus puestos, según nos parece, envuelve una función judicial o quasi judicial. Estemos enteramente correctos o no al hacer esta clasificación, el poder para destituir es extraordinario. Tal poder no es universal ni en las legislaturas ni en las asambleas municipales. Fue conferido a las asambleas municipales por la Legislatura, la que les concedió ciertos poderes y definió el efecto de los mismos. La asamblea en este caso destituyó a una persona de su empleo, y no se le dió autoridad para restituirla. El requisito para desempeñar cargos municipales fijado por la Legislatura impedía que esto se hiciera. La situación es parecida a la de una persona convicta de un delito. La facultad que se trata de ejercer es similar al poder de perdonar. Tal vez tal poder en un caso como éste resida en el Gobernador o quizás en la Legislatura, véase la nota en 34 L.IÍ.A. 251, pero a la asamblea municipal no se le concedió tal facultad, y sus poderes legislativos en general no abarcan este caso.

Convenimos con la corte inferior en que los cargos en este caso implicaban conducta inmoral, y de acuerdo con la iey, tal como fue interpretada en el caso de El Pueblo v. López, 29 D.P.R. 810, el querellado de conformidad con la sección 49 de la Ley Municipal quedó inhabilitado para desempeñar el cargo de auditor municipal.

Bajo el segundo señalamiento de error, el quere-llado sostiene que el procedimiento de certiorari entablado por él no determinó su derecho a desempeñar el cargo de auditor. Convenimos con el apelante en que un recurso de certiorari con mucha frecuencia no determina los derechos esenciales, y que generalmente se limita a anular los pasos dados anteriormente. Sin embargo, fué la actuación de la asamblea anterior la que destituyó al apelante, y esa actuación permaneció en todo su vigor y no fué afectada en absoluto por el certiorari. El razonamiento de la corte al resolver el certiorari tal vez dió peso adicional a la actuación de la asam-blea.

El primer señalamiento de error se reñere al derecho de José Manuel Santiago para iniciar este procedimiento. Santiago alegó que él era un ciudadano y un contribuyente. Esto demuestra suficiente capacidad para entablar esta clase de acciones, de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Betancourt, 28 D.P.R. 854, y los casos allí citados.

Sin embargo, el apelante dice que, para los fines de un quo warranto, Santiago no es un contribuyente; que el querellante sólo paga una patente municipal. Que una pa-tente municipal es una contribución se desprende suficiente-mente de la ley municipal y de las decisiones en los casos de Sucesores de C. y J. Fantauzzi v. Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D. P. R. 423; el mismo caso en apelación, 295 Fed. 803; Cami v. Central Victoria, 268 U. S. 469. El peti-cionario era un contribuyente.

No es necesario que resolvamos específicamente la cuestión, pero tenemos algunas dudas de si el mero hecho de ser ciudadano no sería suficiente calificación, cuando se trata de impedir que una persona que ha sido destituida a virtud de cargos ocupe un puesto público.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Clemente Javierre, recurrente, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 683.
    Sometido: Mayo 26, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Marido y Mujer — Acciones—Acciones Contra Unió o Contra Ambos Cón-yuges — Partes.—En una acción personal para recobrar el importe de un pagaré firmado por el esposo, no debe incluirse como parte a la esposa.
    2. Marido y Mujer — Bienes (de la Sociedad Legal de) Gananciales — Deuda Contraída por el Marido Como Administrador de la Sociedad — Pagarés.— El que un esposo esté impedido de hacer ciertas operaciones sin el consenti-miento de la esposa no afecta su responsabilidad de ser demandado fundado en un pagaré firmado por él como administrador de la sociedad de gananciales.
    3. Ejecución — Venta-—Traspaso al Comprador — Inscripción—Denegatoria de la Inscripción — Venta Otorgada en Acción Personal Contra el Esposo ■ — -Esposa no Incluída Como Parte. — Una venta otorgada por el márshal en acción personal seguida contra un esposo en cobro de un pagaré firmado por él, no deja de ser inscribible porque la esposa no fuera incluida en dicha acción como parte.
    4. Ejecución — Venta—Traspaso al Comprador — Forma y Contenido — Mani-festaciones en la Escritura — Anuncio de la Venta. — La manifestación en escritura de venta otorgada por el márshal en ejecución de sentencia de que el márshal había anunciado en debida forma que vendería en pública subasta es suficiente para los fines de dicha escritura.
    Nota de L. Capó Medres, R. (San Germán), negando inscripción de una venta efectuada por un márshal.

      Revocada.

      J. Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos con el recurrente en que las varias razones que tuvo el registrador para negarse a inscribir la venta efectuada por un mársbal a consecuencia de un pleito enta-blado contra el esposo únicamente, deben reducirse a una, o sea, que en una acción personal para recobrar el importe de un pagaré firmado por el esposo debe incluirse como parte a la esposa. No podemos estar de acuerdo con el registrador.

Los varios artículos del Código Civil, como el 159, 1316 y 1328, que impiden que un esposo baga ciertas operacio-nes sin el consentimiento de su esposa, no pueden afectar su responsabilidad a ser demandado por un tercero, fun-dado en un pagaré firmado por el esposo como administra-’ dor de la sociedad de gananciales. El caso de Hernández v. Registrador, 22 D.P.R. 643, no está en conflicto con esta conclusión. En dicho caso estaba envuelto un pleito contra una esposa, sin demostrarse la responsabilidad especial de ella. La cita de Truyol v. Registrador, 18 D.P.R. 937, que se hace en dicha opinión, demuestra que no nos estábamos desviando de los preceptos del artículo 1323 del Código Civil que hace responsable a la sociedad de gananciales de las deudas contraídas durante el matrimonio por el marido. Según el artículo 1327 éste es el administrador de la misma.

El Registrador también halló la venta defectuosa en vista de que en' la escritura no aparecía certificación alguna de que el márshal hubiera publicado los edictos requeridos por el artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil en su segundo párrafo. En la escritura se decía que el márshal había anunciado en debida forma que vendería en pública subasta. Si esto estaba erróneamente expresado, el deudor tenía derecho a pedir la nulidad, pero resolvemos que tal manifestación es suficiente para los fines de la escritura.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción.


text:
    Diego Agüeros & Co., S. en C., demandante y apelante, v. José Navarrete, Alberto Dávila y Dionisio Villaverde, demandados y apelados.
    No. 4129.
    Visto: Mayo 6, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Sentencia — Interpretación t Operation en General — En Quanto a las Par-tes — Responsabilidad Mancomunada o Solidaria — Sentencia Contra Va-rios Demandados. — Una sentencia en términos generales contra 'dos deman-dados es solidaria y puede expedirse orden de ejecución contra cualquiera de-ellos.
    2. Apelación y Error — Derecho de Revisión — Personas con Derecho — Partes-Perjudicadas por la Sentencia. — Cuando el apelante no es parte perjudi-cada por la sentencia, procede desestimar el recurso interpuesto por él eontra la misma.
    Moción sobre desestimación de apelaoión, entablada ésta contra sentencia de Charles E. Foote, J. (San -Juan, primer distrito)y en acción sobre cumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Desestimada la apelación.

      F. Soto Gras, abogado del apelante; José S. Alegría, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante se queja de una sentencia dictada en términos generales contra dos demandados, en vez de ser dictada contra ellos solidariamente. La apelante sostiene que la responsabilidad de los fiadores en una fianza para levantar un embargo, como en el presente caso, es solidaria. Estamos convencidos de que una sentencia en términos generales contra dos demandados es. solidaria y que puede expedirse orden de ejecución contra cualquiera de ellos. 34 C. J. 505.

Sin embargo, siendo esto así, la apelante obtuvo todo lo que deseaba, no fué perjudicada por la sentencia y de acuerdo con el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil tan sólo puede apelar la parte perjudicada. Por tanto debe desestimarse la apelación.


text:
    Societe Anonyme des Sucreries de Saint Jean, demandante y apelada, v. Abdón Dieppa y Dubois & Dieppa, demandados y apelantes.
    No. 3900.
    Visto: Mayo 9, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    Sociedades — Acciones por o en Contra de Pirmas o Socios — De la Sentencia en General — Sentencia Contra un Socio Individuaimente. — Entablado pleito en cobro de una deuda de una sociedad no sólo contra ésta sino tam-bién contra un socio como sucesor y continuador de la misma y como la persona exclusivamente interesada, si los hechos desarrollados en el juicio tienden a sostener ese criterio, cabe dictar sentencia contra aquél indivi-dualmente.
    MooióN sobre reconsideración de sentencia presentada por el ape-lante.

      Modificada la sentencia y así modificada confirmada.

      José Martínez Dávila, abogados de los apelantes; R. G. Molina y Leopoldo Feliú, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ordenamos una reconsideración en este caso porque, cuando menos nominalmente, habíamos dictado nna senten-cia ' contra un socio individualmente por una deuda de la sociedad, a pesar de que el artículo 1600 del Código Civil dice que los socios ño quedan obligados solidariamente con la sociedad. En el acto de la vista las partes pidieron per-iniso para radicar memorándums adicionales, pero ninguno ha sido presentado.

Sin embargo, la apelada, durante la vista, llamó la aten-ción hacia el hecho de que el pleito no fue entablado sola-mente contra la sociedad sino también contra Abdón Dieppa como sucesor y continuador de la misma y como la persona que ahora está exclusivamente interesada. Los hechos des-arrollados en el juicio tienden a sostener. este criterio. Por lo tanto, de acuerdo con lo solicitado por la apelada se mo-difica la sentencia para que se entienda contra Abdón Dieppa individualmente, y. así modificada, se confirma.


author: El Juez Asociado Senos Wole, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Forestier, conocido por John Forestier, acusado y apelante.
    No. 3125.
    Visto: Mayo 26, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    L Libelo y Calumnia — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Acu-sación o Denuncia — Su Suficiencia. — Cuando en la denuncia se imputa directamente un delito y no un "relato o historia”, la misma no puede ser sostenida de acuerdo con la sección 2 y sí de aeuerdo con la seceión 1 de la Ley No. 49 de 1911 (p. 172).
    2.--Libelo y Calumnia — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Apela- . ción — Confirmación.—Cuando las palabras pueden considerarse como meros epítetos pero el innuendo es que el acusado quiso imputar un delito, en au-sencia de demostración de que fueran tales epítetos y que nadie las entendió como que imputaban un delito, procede sostener la denuncia y confirmar la _j sentencia apelada.
    EN RECONSIDERACIÓN
    Libelo y Calumnia — Responsabilidad Criminal — Delitos—Intención Criminal.' —Cuando-otras palabras usadas puedan limitar o hacer inofensivo el uso de ", la pálabrá ladrón, al acusado corresponde demostrar el uso innoeuo de tal palabra.

      Sentencia de Charles E. Foote, J. (Mayagiiez), condenando al acu-sado por delito de injuria y calumnia.

      Confirmada.

      B. Martínez Nadal y Pascasio Fajardo, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto del delito de injuria y calumnia. Dijo: “Usted,” dirigiéndose al Ledo. Vázquez, “y éste,” dirigiéndose a otra persona, “son dos ladrones; ya sabe-mos lo que hicieron en Quebrada Grande.” En la denun-cia por el delito de calumnia se alegaba que con estas pala-bras el acusado imputaba el delito de robo.

El apelante — substancialmente éste es su único señalamiento de error — ataca la suficiencia de la denuncia. No podemos convenir con el fiscal en que la denuncia puede ser sostenida de acuerdo con la sección 2 de la ley de marzo 9, 1911, según aparece en las leyes de dicho año, página 172, ya que en esta denuncia se imputa directamente un delito y no un “relato o historia.” En otras palabras, la denuncia se presenta exclusivamente fundada en la primera sección de la ley, que dice así:

“Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputación he-cha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurí-dica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.”

El caso de El Pueblo v. Colberg, 24 D.P.R. 673, ilustra este extremo.

Sin embargo, ese caso también resuelve que cuando las palabras usadas son razonablemente susceptibles de ser in-terpretadas en sentido de que imputan un delito, puede sostenerse la denuncia. Las palabras usadas son suscepti-bles de tal interpretación. Ellas imputan directamente al perjudicado que es un ladrón. Si bien las palabras podrían considerarse que son algo ambiguas y como meros epítetos, sin embargo, el innuendo es que el acusado quiso imputar al perjudicado ser un ladrón. En la denuncia había sufi-cientes alegaciones para someter al acusado a juicio. En-; tortees tal vez éste nos podría demostrar qne las palabras fueron meros epítetos y qne nadie las entendió como qne imputaban nn delito. En ausencia de tal demostración, ■debe confirmarse la sentencia apelada.

RECONSIDERACIÓN

(Julio 7, 1927)

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En respuesta a una moción de reconsideración podemos decir que la convicción en este caso está basada en la teo-ría de que el acusado al llamar al testigo “ladrón” era culpable de injuria y calumnia.

Podría concebirse que otras de las palabras usadas pu-dieron baber limitado o becbo inofensivo el uso .de la pala-bra “ladrón”, pero al acusado correspondía demostrar el uso innocuo de tal palabra.

El apelante abora alega que dichas palabras no fueron oídas por terceras personas. Además del perjudicado, dos testigos declararon baber oído las palabras pronunciadas. El único eríor señalado se refiere a la suficiencia de la de-nuncia y en ésta se alegaba’qué las palabras fueron pronun-ciadas públicamente.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señor Aldrby,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v Lorenzo Martínez, acusado y apelante.
    No. 2749.
    Visto: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Testigos — Del Exahen — Contra-interrogatorio y Rbíexamen — Repreguntas Sobre Hechos que Constan de un Documento — Necesidad de Presentar el Documento. — Si bien no puede baber prueba del contenido de un escrito fuera del propio escrito, sin embargo, cuando el aeusado trata de probar, oralmente, beebos que deben constar de un expediente criminal, procede re-preguntar sobre hechos relacionados con aquellos que también deben constar de dicho expediente sin que, para probar éstos, haya necesidad de presentar prueba documental alguna-.
    2. Derecho Penal — Apelación t Error, y Oertiorabi — Revisión—Errores no Perjudiciales — Examen de Testigos — Contra Interrogatorio — Sobre He-chos que Constan en un Documento. — Cuando el acusado trata de probar oralmente hechos en un expediente criminal, la admisión de repreguntas para probar otros en dicho expediente relacionados con aquéllos, no es perjudicial,, y menos cuando el propio acusado ha interrogado sobre los mismos.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Hechos en Controversia (Issue) y Pertinen-tes a los Issues y Bes Oestae — Prueba de Circunstancias Constitutivas-del Delito (Bes Gestae) — -Manifestaciones o Exclamaciones de Terceras Personas. — Manifestaciones o exclamaciones de terceras personas hechas en sitio distinto a- aquel en que ocurren los heehos no forman parte del res gestae ,y no son admisibles en evidencia.

      4. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos t Suficiencia de las Ins-trucciones — Instrucción Sobre Duda Razonable. — Aún cuando una ins-trucción sobre duda razonable sea poco satisfactoria si con ella no se expone-ai jurado a una mala comprensión en lo que a tal duda se refiere, no hay-motivo para revocar, especialmente cuando el apelante que solicitó otras ins-trucciones, no presenta ninguna mejor a la corte al preguntarle ésta si tenía instrucciones para ser dada al jurado.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error y Oertiorari — Revisión-—Cuestiones Relativas a las Pruebas — Apreciación de las Mismas — Prueba Contra-dictoria.^ — Cuando el jurado resuelve el conflicto en la prueba y no hay motivos para ir en apelación contra la resolución de ese conflicto en contra del veredicto rendido, la sentencia debe ser confirmada.
    SENTENCIA de B. Díaz Cinirón, J. (Ponce), condenando al acusado-por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      Felipe Colón j M. Bahamonde, abogados del apelante; José F. Fi-gtieras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Martínez fué acusado de un delito de asesinato en primer grado por baber dado muerte a Higinio Aponte y declarado, culpable por un jurado de asesinato en segundo-grado apela de la sentencia.

El apelante presentó en el juicio en la corte inferior como testigo suyo al secretario de la misma para identificar y presentar, las diligencias de otra causa en que se le imputó el delito definido en el artículo 370 del Código-Pernal, que es el sacar o mostrar en presencia de dos o más pérsonas un arma mortífera sin ser un caso de necesaria defensa, que está comprendido en el título de los delitoscontra la paz pública, y le preguntó si el acusado babía sidoabsuelto en ese caso, contestando el testigo afirmativamente. Entonces' el testigo contestó a repreguntas del fiscal que la absolución fue a virtud de una moción de nonsuit en que la defensa alegó que el fiscal no babía probado que el revólver era un arma mortífera.

Funda el apelante sus dos primeros motivos de error en baber permitido la corte sentenciadora que su secretaria declarase que si el acusado babía sido absuelto en otra causa criminal por alterar la paz no lo fué por los méritos del caso, sino por una moción de nonsuit por no baber probado el fiscal que el arma usada fuera mortífera; y por baber permitido que declarase que en esa causa el fiscal tomó ex-cepción a la resolución de la corte y la babía apelado, estando pendiente ese recurso.

Esos dos motivos pueden considerarse conjuntamente, porque tienen el mismo fundamento, cual es, que no puede baber evidencia del contenido de un escrito, fuera del propio escrito, sino en los casos especificados en el artículo 24 de la Ley de Evidencia. En otras palabras, que el fiscal tenía que presentar prueba documental para probar los becbos. sobre los cuales bizo las repreguntas a dicbo secretario.

No bay duda del precepto de'’la ley, pero el apelante no se limitó a bacer a su testigo las preguntas necesarias parai identificar un expediente criminal que quería presentar, sino que por preguntas al testigo trató de probar oralmente becbos que debían constar en el expediente, dando lugar esa conducta al contrainterrogatorio del fiscal de que se queja el apelante; y es un principio de la ley de evidencia que el contrainte-rrogatorio es pertinente cuando versa sobre los mismos becbos mencionados en el interrogatorio directo o relacio-nados con los mismos. Además, la defensa del acusado in-terrogó también al testigo sobre la moción de nonsuit y sobre lo que en ella se alegó, y no vemos que ba surgido algún perjuicio.

Estando declarando el testigo de la defensa, Manuel León, dijo que estando en la tienda de Lorenzo Martínez, corrió para el sitio del suceso “porque la gente decía: Higinio Aponte está peleando con Lorenzo Martínez,” lo que el fiscal pidió que se eliminara y habiendo declarado la corte que esa contestación no formaba parte del res gestae se alega esto como el motivo tercero de error. Tal error no existe porque las manifestaciones o exclamaciones de ter-ceras personas hechas en sitio distinto de aquel en que ocu-rrieron los hechos no formaban parte del res gestae y no son admisibles en evidencia. Underhill on Criminal Evidence, p. 331.

El cuarto motivo de la apelación se funda en que la corte no explicó claramente al jurado lo que se entiende por duda razonable. La corte dijo al jurado en sus instrucciones: “La culpabilidad del acusado deberá probarse a satisfacción de los Sres. del Jurado, fuera de toda duda razonable y en caso de duda razonable, ésta debe ser resuelta en favor del acusado. En los casos criminales la ley presume que el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario de modo satisfactorio, por evidencia competente, y es regla de ley que su culpabilidad debe ser completamente probada, y esta presunción de inocencia acompaña al acusado durante el juicio y el Jurado debe tenerla presente al deliberar. . . Y asimismo deben darle el beneficio de la duda razonable, si después de haber hecho un examen de toda esta prueba, no llegan los Sres. del Jurado a una conclusión exacta de cómo estos hechos han ocurrido, por falta de algún elemento de prueba o de alguna otra circunstancia, pero no una duda caprichosa, sino una duda que nazca de los propios hechos en este caso, debéis entonces darle el beneficio de esa duda razonable y absolverlo.”

Aunque la instrucción sobre duda razonable no es muy satisfactoria, sin embargo, no creemos que el jurado haya estado expuesto a una mala comprensión o equivocación en lo que a tal duda se refiere y además, el apelante que presentó otra instrucción a la corte, no presentó ninguna mejor sobre la duda razonable, a pesar de que la corte le pregunto si tenía otra instrucción para ser dada al jurado, por lo que no vemos razón suficiente para una revocación de la sen-tencia por el motivo dicho.

En el quinto y último error se sostiene que el veredicto del jurado declarando al acusado culpable del delito de asesinato en segundo grado es contrario a la prueba.

El fiscal presentó varios testigos presenciales de cómo ocurrieron los hechos, los cuales se desarrollaron en un taller de zapatería que Higinio Aponte tenía contiguo a su casa de vivienda y con la que se comunicaba. De esa prueba resulta que Higinio Aponte era manco de la mano derecha, que tenía presentada una denuncia contra Lorenzo Martínez y que el día en que fué muerto se presentó el apelante en la zapa-tería a eso de las cuatro de la tarde preguntando allí por Higinio Aponte y como le dijeron los empleados en la zapa-tería que había salido pasó a la vivienda contigua de Higinio de donde regresó y salió a la calle; y que como a las seis de la tarde volvió a la zapatería preguntando nuevamente por Higinio, diciéndole también los empleados que no estaba, pero habiendo salido en ese momento Higinio de su casa le dijo Lorenzo Martínez que iba para arreglar el asunto de la denuncia y al contestarle Higinio Aponte que no tenía nada que arreglar, aquél salió hacia la calle y detrás de él Higinio Aponte y entonces Martínez desde la puerta hizo un disparo: que Higinio Aponte se le fué encima y estando agarrados sonó el segundo disparo que mató a Higinio.

La prueba de la defensa tiende a demostrar que Higinio Aponte estuvo ese día por la tarde en la tienda de Lorenzo Martínez y que no encontrándolo le dejó recado para que fuese a su casa: que al recibir Martínez ese recado fue donde Higinio Aponte donde conversaron y que al salir Mar-tínez se le tiró encima por detrás Higinio Aponte y se enta-bló entre ellos una lucha en la que ambos forcejeaban por un revólver del que salieron dos tiros, uno de los cuales mató a Higinio.

El conflicto de esa evidencia contradictoria lo resolvió el jurado en contra del apelante dand^ crédito a los testigos de la acusación, sin qne encontremos motivos para ir contra la resolución de ese conflicto en contra del veredicto de cul-pabilidad rendido por asesinato en segundo grado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Eduardo G. Ortiz, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3961.
    Visto: Noviembre 19, 1926.

      Resuelto: Junio 3, 1927.
    1. Patron© y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Per-sonas a Quienes les Son Aplicables las Disposiciones de la Ley — Ofici-nistas. — Atendida la naturaleza de los servicios, prestados por el demandante se resolvió que no siendo él un obrero y sí un oficinista que trabajaba en oficina en la que no se usaba maquinaria, no le eran aplicables las dispo-siciones de la Ley por Accidentes del Trabajo, No. 62 de 1919 (p. 334), según fué enmendada por Ley No. 61 de 1921 (p. 473).
    2. Patrono y Empleado' — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Pre-ceptos Estatutorios — Interpretación.—Las máquinas de escribir y otras semejantes usadas en una oficina- corriente, no son las máquinas a que se refiere la sección 2 de la Ley No. 62 de 1919 (p. 334) según quedó enmen-dada por Ley No. 61 de 1921 (p-, 473).
    3. Patrono y Empleado' — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo ■ — Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Per-sonas a Quienes les Son Aplicables las Disposiciones de la Ley — Ofici-nistas. — El que un oficinista sufra un accidente mientras viaja en direc-ción al sitio en que debe practicar un inventario, porque ese trabajo le obli-gue a penetrar en sitios donde existan maquinarias, no cambia la naturaleza de su empleo.
    SENTENCIA de B. H. Todd Jr., J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Arjona é Arjona, abogados del apelante; Hon. Attorney General George C. Butte y Arturo Ortiz Toro, Sub-Procurador, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Gr. Ortiz reclamó de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros la suma de cuatro mil dólares por los daños v perjuicios sufridos a consecuencia de cierto accidente que le ocurriera siendo empleado de la Central Boca Chica y actuando dentro del curso de su empleo.

Investigó el caso la Comisión dos veces. La primera re-solvió que el reclamante no estaba protegido por la ley especial sobre la materia y la segunda ratificó su anterior resolución. Apeló Ortiz para ante la Corte de Distrito de Ponce y ésta, después de oídas las pruebas, declaró la de-manda sin lugar. No conforme aún, Ortiz estableció este recurso presentando sus abogados un hábil alegato en defensa de su reclamación.

Todo gira alrededor de la siguiente cuestión: ¿Era Ortiz un obrero, o un oficinista que trabajaba en una oficina o esta-blecimiento mercantil en los que se usaba maquinaria?

Que Ortiz era un empleado de la Central Boca Chica, no hay duda alguna, y que recibió orden del administrador de la central para practicar un inventario de todas sus existencias y que el 4 de octubre de 1922 salió para cumplirla y mientras viajaba en un Ford guiado por otro empleado de la central sufrió un accidente al parecer sin consecuencias pero que después las tuvo, parece claro.

Lo que está Sujeto a controversia es en realidad de verdad únicamente la clase de empleo que Ortiz desempeñaba y las condiciones del sitio en que trabajaba. A este respecto la corte sentenciadora, después de un cuidadoso análisis de la prueba, concluyó que Ortiz era un oficinista y que en las oficinas en que trabajaba no se usaba maquinaria.

La regla aplicable está contenida en el artículo 2 de la Ley de Indemnizaciones por accidentes del trabajo de 1919, tal como quedó enmendada en 1921, Leyes de 1921, página 473, que dice, en lo pertinente, así:

“Artículo 2. — Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a los obreros lesionados o que se inutilicen o pierdan la vida por ac-cidente o enfermedades que provengan de cualquier acto o función inberente a su trabajo o empleo y ocurran dentro del curso de éste, por consecuencia del mismo. Se exceptúan los labradores que no sean empleados para trabajar con maquinaria movida por vapor, gas, corriente eléctrica, fuerza animal o cualquier otra fuerza mo-triz mecánica o instrumentos o herramientas cuyo uso no pueda ori-ginar graves daños corporales, sirvientes domésticos y empleados dedicados a trabajo de oficina en oficinas y establecimientos comer-ciales en donde no se usa maquinaria ...”

Respondiendo Ortiz a la siguiente pregunta: “¿Cuál era el empleo que tenía usted en la Central Boca Chica?”, que le hizo su propio abogado, contestó: “A la sazón yo era un intermediario entre la central y la oficina; la central Boca Chica que tenía una oficina en Ponce, en la calle Yives y yo era un intermediario en la oficina; yo practicaba compras de la central, yo practicaba inventario, tenía a cargo todas las compras de la central en la Playa y en los distintos puntos de la población, además practicaba pagos y hacía algún trabajo en la oficina: ése era mi trabajo.”

Y según declaración de José Sánchez Parra, testigo pre-sentado por Ortiz, la central tenía sus oficinas en la ciudad de Ponce y sus establecimientos en el barrio Aruz o Capi-tanejo del municipio de Juana. Díaz, el trabajo de Ortiz en la oficina consistía en llevar un libro en el que se daba entrada y salida todo lo que se compraba y en hacer listas en maquinilla, teniendo allí su escritorio. Todos los emplea-dos entraban a la oficina de ocho a doce y de una y media a cinco y media o seis de la tarde. Ortiz percibía un sueldo de cien dólares mensuales, también trabajaba fuera de la oficina haciendo compras para la central.

Declarando como testigo de la demandada, Guillermo Vivas, administrador de la central, entre otras cosas dijo que a Ortiz lo tenía empleado en el despacho de compras, saliendo por la mañana a recorrer el comercio a ver quién vendía más barato; que trabajaba en la oficina con todo el personal; que llevaba el récord del almacén; que le or-denó que hiciese un inventario de todas las existencias de la propiedad, y que la oficina de la central estaba en Ponce en una casa alquilada y sus propiedades radicaban en el campo.

Siendo esto así, hay qne reconocer qne el trabajo de Ortiz dentro y fnera de la oficina y el qne iba a realizar cnando ocnrrió el accidente no corresponden a los qne nsnalmente realiza nn obrero.

Obrero, según dice el Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia de Escriche, es “el oficial qne trabaja por jornal o a destajo en las obras de las casas o en las labores del campo.” El antor hace referencia a las palabras Arte-sano, Jornalero, Maestro y Menestral, qne con excepción de Maestro tienen nn significado fijo y bien conocido. El Maestro a qne se refiere Escriche es “el qne está aprobado en algún oficio mecánico, o lo ejerce públicamente, como maestro sastre, “maestro de coches”.

En el texto inglés de la ley se nsa la palabra laborer.

En el volumen cinco de Words and Phrases Judicially Defined, existen numerosas citas. La primera dice:

“Un obrero, un trabajador, tal como lo define Webster, es aquel qne trabaja en una ocupación laboriosa; una persona cuyo trabajo inquiere poca destreza, como distinta de un artesano; a veces se le llama ‘un jornalero.’ Los escribientes y dependientes, agentes, ca-jeros de bancos y todas las clases de empleados cuyo empleo está asociado con el trabajo y destreza mentales, no se consideran obre-ros. Cada ser humano que sigue una vocación legítima o que des-empeña los deberes de cualquier cargo es, en un sentido amplio, un obrero. El Presidente de los Estados Unidos, el gobernador de un estado y los jueces de la Corte Suprema son todos hombres que tra-bajan, en el sentido de que hacen una buena cantidad de trabajo fuerte, mucho del cual requiere en verdad esfuerzo físico y muscular ; pero al mismo tiempo no puede correctamente llamárseles obre-ros manuales, ni en el sentido popularmente dado a estas palabras, ni tampoco en el sentido en que la palabra ‘obrero’ fué usada en el estatuto que confiere a los trabajadores un gravamen sobre la pro-piedad de su patrono. Al determinar si un determinado depen-diente o empleado es verdaderamente un obrero, debe tomarse en consideración la naturaleza del trabajo que realiza y debe clasificár-sele no de conformidad con la designación arbitraria que se le dé a su vocación sino con referencia a la naturaleza de sus servicios. Oliver v. Macon Hardware Co., 25 S.E. 403, 405, 98 Ga. 249, 58 Am St. Rep. 300; McPherson v. Stroup, 28 S. E. 157, 159, 100 Ga. 228.”
“Un obrero es el que labora con sus poderes físicos en el servicio y bajo la dirección de otra persona por un salario fijo. Blanchard v. Portland & R. F. Ry., 32 Atl. 890, 891, 87 Me. 241; Meands v. Park, 50 Atl. 706, 707, 95 Me. 527.”

Si se examina la ley de que se trata en sn totalidad se verá que el pensamiento del legislador estuvo enteramente fijo en los obreros y que sólo a ellos aspiró a proteger, pero aceptando, a los fines de la decisión del recurso, que dados los términos en que está redactado el artículo 2 de la indicada ley que dejamos transcrito, tengan derecho también a recla-mar de acuerdo con sus disposiciones los empleados que trabajan en oficinas donde se use maquinaria, siempre será necesario reconocer que la sentencia apelada se sostiene porque en la oficina en que trabajaba el demandante no exis-tía maquinaria, como decidió la corte de distrito.

El apelante en su alegato sostiene que la conclusión a que llegara la corte sentenciadora, no está justificada por la prueba. Realmente ningún testigo en forma concreta declaró sobre el particular, pero se infiere de sus declaraciones que se trataba de una oficina corriente, separada de los establecimientos de la central, para dirigir mentalmente desde ella los negocios, llevando las cuentas y realizando todos aquellos trabajos que estuvieran en armonía con sus fines. En oficinas de esa naturaleza generalmente no bay maquinaria. Las máquinas de escribir y otras semejantes no son las máquinas que tuvo en mente el legislador. Siendo ello así no puede sostenerse que la conclusión de la corte no estuviere justificada. Además era al demandante al que correspondía demostrar que en la oficina en que trabajaba se usaba maquinaria. T no lo hizo.

La circunstancia de que el demandante sufriera el accidente mientras viajaba con dirección al sitio en que debía practicar el inventario, trabajo que lo obligaría a penetrar en sitios donde existían maquinarias, no cambia la naturaleza de sn empleo.

Sostiene también el apelante qne la ley se refiere a “ofi-cinas y establecimientos comerciales” y qne el negocio de la central era industrial exclusivamente.

La palabra “comerciales” guarda relación con la palabra “establecimientos”, pero no necesariamente con la que le precede, “oficinas.” La palabra “oficinas” tiene dentro de la ley vida aislada y abarca todo lo que pueda comprender en su amplio significado. Dicen los diccionarios que oficina es el “sitio donde se bace, se ordena o trabaja una cosa,” el “sitio destinado para el trabajo de una secretaría, con-taduría o cosa semejante.”

No importa que el negocio de una central sea el de fabricar azúcar. Puede tener y generalmente tiene separadamente de sus establecimientos, como sucede en este caso, su oficina dedicada exclusivamente a dirigir sus asuntos.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se bace innecesario analizar el otro error señalado, a saber, qne la corte sentenciadora erró al estimar que el accidente ocurrido al demandante no fué producto de las funciones inherentes de su trabajo o empleo, ni ocurrió dentro del curso de éste y por consecuencia del mismo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida


author: El Juez Pkesidente Senos del Tono,

text:
    Juan José Peña, demandante y apelado, v. Asamblea Municipal de Santa Isabel, Puerto Rico, demandada y apelante.
    No. 4078.
    Visto: Abril 1, 1927.

      Resuelto: Junio 7, 1927.
    Corpora ojones Municipales — Poderes Gubernamentales y Punciones en General — Facultades de las Asambleas Municipales — Facultad para De-clarar Una Vacante en su Seno. — Las asambleas municipales no pueden deelarar vacante el puesto de un asambleísta sin darle oportunidad de ser oído sobre el motivo de tal declaración.

      Sentencia de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), declarando con lugar solicitud de certiorari, con costas y honorarios.

      Con-firmada.

      Leopoldo Tornies, abogado de la apelante; T. Bernardini de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Pkesidente Senos del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es la de si una asamblea municipal puede declarar vacante el puesto de uno de sus miembros contra la voluntad del dicho miembro y sin darle oportunidad de ser oído sobre el motivo de la declaración.

Juan José Peña formaba parte de la Asamblea Municipal de Santa Isabel. En una de sus sesiones, dicha asamblea, basándose en que Peña no era elector capacitado del muni-cipio, sin oirlo, declaró vacante su puesto. Peña acudió a la Corte de Distrito de G-uayama en solicitud de un auto de certiorari que revisara el procedimiento. Expidió la corte el auto. Oyó a las partes y decidió finalmente que el acuerdo de la Asamblea era nulo. La Asamblea entonces recurrió para ante este tribunal.

Creemos que el recurso carece de mérito alguno y que la sentencia de la corte de distrito se sostiene por los funda-mentos expresados por el juez en su opinión, a saber;

“El artículo 63 de la Ley Municipal dispone que: Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a). — Para anular o revisar cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la Asamblea Municipal, del Alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o-sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.
“¿Lesionó el acuerdo en cuestión los derechos constitucionales . del demandante o es contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico? Entendemos que esta pregunta debe contestarse afir-mativamente. El peticionario tenía derecho, a nuestro juicio, a que se le informase de las causas o motivos que existieron para declarar vacante su cargo, o lo que es igual, para acordar su separación del mismo, así como también a que se le diera la oportunidad de exa-minar la evidencia ofrecida en su contra y presentar su defensa. No se le concedió este derecho, no apareciendo del “return” que el acuerdo se hubiere tomado después de haberse notificado al peti-cionario de los cargos que le hacían y de habérsele brindado la opor-tunidad de defenderse. Nuestra Ley Municipal no contiene pre-cepto alguno que autorice a la Asamblea a declarar vacante el cargo de asambleísta por el motivo de incapacidad que se alega en este caso. Y a falta de disposición expresa en la Ley, la Asamblea no puede actuar en la forma que lo hizo declarando vacante el puesto de Juan José Peña. Las corporaciones municipales no tienen más poderes o atribuciones que aquéllos que el estatuto expresamente les confiere.
“Generalmente los cuerpos legislativos son los únicos jueces de la elección y capacidad de sus miembros, pero este principio para poder aplicarse a las asambleas municipales sería necesario que la ley expresamente así lo dispusiera, máxime en un caso como el pre-sente en que no aparece que la designación del demandante hubiera sido impugnada al tiempo de tomar posesión del cargo y si algunos meses después de habérsele dado asiento entre los demás miembros de la Asamblea. Creemos que si el demandante no reúne los re-quisitos que lá ley exige para ocupar el cargo de miembro de la Asamblea, ésta o cualquier ciudadano contribuyente y residente de la municipalidad, tiene en ley un remedio adecuado para solicitar y obtener sir separación del cargo. ¿Por qué no ejercitar ese reme-dio? Declarar vacante su sitio por la Asamblea en la forma que ésta lo ha hecho equivale, en nuestro sentir, a expulsar al deman-dante del referido cuerpo, sin que se le haya dado la oportunidad de una defensa.
“Sobre este punto veamos lo que dice Ruling Case Law, vol. 19, párrafo 198, página 899, a saber:
“ ‘198. — Expulsión de miembros. — Se considera generalmente que un concejo municipal tiene el poder inherente o incidental de expul-sar a uno de sus miembros, pero ese poder no puede ejercerse en la misma forma libre y sin freno que el poder para juzgar la elección y calificación de miembros, y no puede efectuarse so color de tal poder. Habiendo ya tomado posesión de su cargo un miembro, el concejo no puede posteriormente hacer una nueva investigación de su elección y capacidad y expulsarlo por no estar debidamente ha-bilitado. La separación o expulsión de un miembro sólo puede rea-lizarse legalmente por justa causa y mediante una vista, y el fun-cionario debe tener conocimiento razonable de los cargos, tal como fueron formulados, así como de la fecha y lugar de la vista v En dicha vista debe permitírsele que repregunte a los testigos en su contra, dentro de las reglas de evidencia. Su propia declaración y la de los testigos de defensa deben ser oídas enteramente dentro de las mismas reglas. La vista debe ser completa e imparcial y ante un tribunal pacienzudo y sin prejuicios. El procedimiento es con-tencioso o judicial en su naturaleza, y cuando el estatuto guarda silencio sobre determinado extremo, deben observarse los principios fundamentales de la ley común. Si no se le conceden estos derechos al miembro que se trata de expulsar, él puede anular los procedi-mientos por medio de certiorari, y aún si no da tal paso, las cortes lo considerarán como el poseedor del cargo.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Jtjez Pkesidente Se. del Tobo,

text:
    Albert Frederick Thyboe y Ana Olga Thyboe, demandantes y apelantes, v. San Juan Fruit Company y Frederick R. Clark, demandados y apelados.
    No. 4018.
    Visto: Junio 3, 1927.

      Resuelto: Junio 8, 1927.
    1. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Sentencia o Auto y Ejecución — Eje-cución de la Sentencia — Embargo Previo de dos Bienes. — En los sumarios ejecutivos hipotecarios no existe absoluta necesidad de un previo embargo de los bienes antes de ejecución. (Truéba v. Martines, 33: 461, y Menéndes v. Con, 28: 775, confirmados.)
    2. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta—Anuncio de la Subasta — Por Edictos — Término de Publicación Estatutorio — Publicación por un Tér-mino Menor que el Estatutorio. — -En los sumarios ejecutivos hipotecarios, cuando entre la primera publicación del aviso de subasta y la venta media el plazo estatutorio, la ley queda cumplida no obstante no haber dicho plazo transcurrido entre la primera y última publicación. (Saneo Territorial y Agrioola, 23: 728, confirmado.)
    3. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Acción para Anular la Subasta o Venta — Anunció de la Subasta — Publicación por Término Menor que el Estatutorio. — Para obtener la declaración de nulidad de una venta en eje-cución de hipoteca por haberse publicado los edictos por menos tiempo que el estatutorio, es necesario que entre la lecha de la primera publicación y la de la subasta no haya transcurrido dicho término. (Mena v. Smrí, 22: 836, distinguido.)
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar demanda, con costas.

      Confirmada.

      R. Cuevas Zequeira y Enrique Rincón, abogados de los apelantes; E. B. Wilcox, O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de los apelados.
   El Jtjez Pkesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Albert Frederick Thyboe y su esposa entablaron demanda contra la San Juan Fruit Company y Frederick R. Clark alegando que eran dueños de dos fincas rústicas que des-criben; que en Í917 constituyeron hipoteca sobre dichas fincas a favor de The L. G-. Weidner Monumento Company para garantizar la suma de $3,700; que The L. GK Weidner Monumento Company cedió su crédito a la demandada San Juan Fruit Company que inició el 30 de junio de 1922 un pro-cedimiento ejecutivo hipotecario para el cobro del mismo obteniendo finalmente, el 1 de diciembre de 1922, que se le adjudicaran las fincas en.pago de la deuda; que la San Juan Fruit Company vendió, luego de inscrita la adjudicación en el registro, al otro demandado Clark, las repetidas fincas, y que tanto la adjudicación a la San Juan Fruit Company como la venta de ésta a Clark son nulas porque:

“(a) — El único medio empleado para anunciar la subasta al llevarse a cabo la venta judicial de dichos bienes fué el de publica-ción por edictos en el periódico “El Impartial” de San Juan, P. R. publicándose solamente durante los días 10, 17, y 29 de noviembre del 1922, o sea durante la D 2» 3* y 5* semana de dicho mes siendo un miércoles el 29 de noviembre de 1922 todo lo cual constaba o de-bía constar del título de adjudicación que la escritura No. 87 de 19 de diciembre del 1922, ante el notario José Hernández Usera del que tuvo o debió tener conocimiento el demandado Clark al adqui-rir la finca, y
“ (b) — A pesar de que en el mandamiento de ejecución librado al Márshal de esta Corte se le ordenaba proceder de acuerdo con la ley aprobada en 9 de marzo de 1905 relativa a sentencia y manera de satisfacerla, éste no embargó previamente las propiedades suje-tas a ejecución ni yendo a la finca personalmente ni trabando tal embarg'o con la debida notificación ni librando en su defecto man-damiento al Registrador de la Propiedad del Distrito para la ano-tación del embargo, y la falta de tal mandatoria actuación judicial constaba claramente como un defecto en el Registro de la Propie-dad de este Distrito donde están inscritas las fincas.”

La demandada San Juan Fruit Company compareció por su abogado y el demandado Clark por el suyo y ambos excep-cionaron la demanda por no alegar bechos suficientes para determinar una causa de acción. Las excepciones fueron dis-cutidas y declaradas con lugar y a petición de los mismos demandantes la Corte dictó sentencia desestimando la de-manda. Los demandantes entonces interpusieron el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de tres errores.

Sostienen los apelantes en primer término que la corte erró al no declarar nulas la adjudicación y subsiguiente venta por no haberse embargado las fincas ejecutadas previamente.

Aceptando que sea cierto que el marshal “no embargó previamente las propiedades sujetas a ejecución ni yendo a la finca personalmente y trabando tal embargo con la debida notificación, ni librando en su defecto mandamiento al regis-trador de la propiedad del distrito para la anotación del embargo”, ¿debe concluirse que la venta de las fincas en cuestión es nula? Yeámoslo.

En el caso de Menéndes v. Cobb, 28 D.P.R. 775, 781, esta corte, por medio de su juez asociado, Sr. Aldrey, dijo:

“El otro vicio de nulidad que el apelante alega que Cobb cono-cía por el registro es el de que la finca no fué embargada antes de ser rematada, requisito que estima indispensable para que pueda realizarse la venta en subasta.
' “El artículo 59 de la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas que el apelante cita como único fundamento de su afirmación no sostiene su alegación pues no im-pone el deber de embargar los bienes como condición para que pue-dan ser vendidos en cumplimiento de sentencias sino que se limita a declarar la manera como deben hacerse los embargos. ■ La anota-ción de los embargos en el registro de la propiedad no es una obli-gación legal sino un derecho concedido por la ley a los acreedores como protección contra terceros.”

Los apelantes insisten en que los hechos de este caso son distintos a los del caso de Menéndes v. Cobb, supra, invo-cando además la sección 1 de la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas. Los hechos no son en verdad iguales, especialmente en cnanto a la demandada San Jnan Fruit Company, pero la jurispru-dencia establecida es perfectamente aplicable. El lenguaje de la corte fue claro. No existe la absoluta necesidad de un previo embargo en un caso como éste. Por virtud de la hipoteca la propiedad estaba ya sujeta especialmente al pago de la deuda, estaba de hecho embargada, y el acreedor no tenía que trabar embargo alguno para obtener la prefe-rencia de su crédito sobre otros que pudieran existir. Ade-más, requerido el deudor en los comienzos del procedi-miento de acuerdo con lo prescrito en la Ley Hipotecaria, quedó notificado y por consiguiente avisado de la venta de su propiedad si no solventaba de otro modo su obligación de pagar.

Parece conveniente citar el caso de Trueba v. Martínez, 33 D.P.ít. 461, 472, en el que la corte, por medio de su juez asociado Sr. Franco Soto, se expresó así:

“El carácter mismo de la acción real que fué objeto del juicio declarativo para la ejecución de la hipoteca hace desaparecer la importancia que podía tener la cuestión levantada por los apelantes de que era necesario el embargo de la finca hipotecada para que la corte inferior adquiriera jurisdicción sobre los demandados en aque-lla acción. ’ ’

Por el segundo de los errores señalados, se sostiene que la corte debió haber decretado las nulidades solicitadas por no haberse seguido el procedimiento marcado por el estatuto para la publicación de los edictos, esto es, porque entre la publicación del primer edicto y la del último no medió el tiempo marcado por la ley.

La ley aplicable, que es el artículo 251 del Código • de Enjuiciamiento Civil, dispone que se anunciará la venta por medio de la fijación por espacio de veinte días del aviso en tres sitios públicos, “o se publicará copia de dicho aviso, una vez por semana, durante el mismo período, en algún perió-dico del distrito, si lo hubiere”.

Aquí el aviso se publicó en un periódico del distrito du-rante los días 10, 17 y 29 de noviembre de 1922, verificán-dose la venta el 1 de diciembre siguiente.

A nuestro juicio se cumplió así esencialmente con la ley tal como fué interpretada por este Tribunal en el caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, 740, en el que se sostuvo que el aviso era nulo cuando no me-diaba el tiempo fijado por la ley entre la primera publica-ción del edicto y la subasta, no entre la primera y la úl-tima publicación.

Lo importante es, pues, que entre la primera publica-ción y la venta medie el plazo de veinte días y en este caso desde el 10 de noviembre en que se publicó el primer edicto basta el 1 de diciembre en que se celebró la venta en pú-blica subasta transcurrió con exceso dicbo plazo. Este cri-terio está sostenido por decisiones americanas. Bastará ci-tar las de Wilson v. Northwestern Mutual Life Insurance Company, 65 Fed. 38 y Leffler v. Armstrong, 68 Am. Dec. 672. El resumen de esta última dice:

“El anuncio de la venta de una finca sujeta a una Mpoteca t> a una escritura en favor de un fideicomisario, con autorización para vender ‘previo aviso de la llora, lugar, etc., de la venta mediante su anuncio en algún.periódico impreso en Burlington,’ es suficiente si sólo existe un semanario en Burlington y el aviso se publica en tal periódico una vez por semana durante cinco semanas consecu-tivas, transcurriendo treinta días entre la primera publicación y la fecha de la venta, aunque entre la primera y la última publicacio-nes transcurran menos de treinta días.”

Con lo dicbo podría prescindirse de la consideración del último de los errores señalados, que se refiere a la aplicación de la jurisprudencia establecida en el caso de Henna v. Saurí, 22 D.P.R. 836.

En dicbo caso esta corte, por medio de su juez asociado Sr. Aldrey, dijo:

“El defecto de publicar los edictos por menos tiempo del reque-rido por la ley no anula necesariamente la subasta toda vez que puede ser renunciado por el deudor, y para que un acreedor posterior pueda obtener la declaración de nulidad por ese motivo, cree-mos que es un principio general de derecho que debe demostrar que ha sido seriamente perjudicado. Este principio resulta así en la obra 27 Oye., 1710.”

Este caso que resolvemos es distinto del de Henna v. Saurí, supra. En el caso de Henna no transcurrió todo el tiempo fijado por la ley entre la publicación del primer edicto y la subasta. Aquí 'transcurrió. No era necesario, pues, acudir a la jurisprudencia establecida para desesti-mar la demanda. La corte de distrito sólo lo bizo para robustecer su conclusión en el caso de que se concluyera que se babía cometido alguna irregularidad.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Justo Perales Benítez, tercerista y apelado, v. Manuel Sampayo y la Sucesión de Josefa Aponte, demandados y apelantes.
    No. 3982.
    Visto: Diciembre 3, 1926.

      Resuelto: Junio 8, 1927.
    1. Sociedades — Retiro y Admisión de Socios — Cesión o Venta por tjn Socio u Socios de sus Derechos y Acciones a un Tercero- — Su Validez — -Consen-timiento de la Esposa. — Cedida por un. socio los derechos y acciones en lai liquidación de una sociedad, la escritura de cesión no adolece de defecto» alguno porque en ella no comparezca la esposa de aquél.
    2. Sociedades — Recibo y Admisión de Socios — Cesión o Venta por un Socio 0 Socios de sus Derechos y Acciones a un Tercero — Consentimiento de los Demás Socios — Palta de tal Consentimiento — Personas que Pueden Alegarla. — La prohibición prescrita en el artículo 143 del Código de Co-mercio ha sido establecida en beneficio 'de' los socios de una sociedad, y sólo éstos pueden alegarla.
    3. Sociedades — Retiro y Admisión de Socios — Cesión o Venta pior un Socio o Socios de sus Derechos y Acciones a un Tercero — Consentimiento de los Demás Socios — En General. — Transmitido por un socio su interés en la compañía o sociedad, el que en la escritura no conste el consentimiento de los demás socios que dispone el artículo 143 del Código de Comercio no quiere decir que éste no exista y aquélla adolezca del defecto de falta de dicho consentimiento.
    4. Sociedades — Retiro y Admisión de Socios — Cesión o Venta bob un Socio o Socios de sus Derechos y Acciones a un Tercero — Su Validez — Precio por Mayor Cantidad que Aquella con la Cual se Constituyó la Socie-dad. — El vender unos socios sus derechos y acciones en la sociedad, por can-tidad mayor que aquella con la cual se constituyó dicha sociedad no quita validez a las ventas efectuadas.
    5. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — -Tercería—Evidencia— Su Suficiencia — Título del Tercerista. — Vendidos los derechos y acciones de unos socios en la sociedad, las escrituras de venta no dejan de ser sufi-cientes para probar una aeeión del comprador como tercerista al ser embar-gadas las mercancías porque los socios vendieran por una suma mayor que aquella con la cual se constituyó la sociedad.
    6. Alegaciones — Cuestiones Litigiosas (Issues), Pruebas b Incongruencias— Cuestiones a Probar — Admisiones en las Alegaciones. — Entablada terce-ría por uno como cesionario de los derechos y acciones que puedan corres-ponder a una sociedad, éste no necesita probar la existencia de dieha socie-dad cuando ta.1 hecho se ha admitido en la contestación y el demandado lo ha probado.
    7. Traspasos Fraudulentos — Remedios de Acreedores y Compradores — Evi-dencia — Suficiencia de la Misma — Consideración o Causa — En General. —El contrato de cesión de derechos y acciones hecha por uno de dos socios en este caso, atendida la prueba, se resolvió era simulado por no haber me-diado precio, no obstante haberse hecho días antes de dictarse sentencia condenándole al pago de una cantidad.
    -8. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Evidencia • — Propiedad de los Bienes Embargados. — En este caso dos socios, separa-damente, enajenaron sus derechos y acciones en una sociedad en liquidación. .Embargada una mercancía y entablada aeeión de tercería se declaró nula una de las enajenaciones. Se resolvió: que en ausencia de demostración de 'que la liquidación de la sociedad haya terminado, los bienes embargados per-tenecen a la liquidación de dicha sociedad.
    9. Sociedades — Derechos y Responsabilidades Respecto a Terceras Personas —Acciones por o en Contra de Firmas o Socios — Embargos—Propiedad Sujeta a Embargo — Propiedad de Sociedad en Liquidación. — Los bienes de una sociedad en liquidación pueden ser embargados para el cobro de la deuda de uno de sus socios.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (Iíumacao), declarando con lu-gar demanda de tercería, sin costas.

      Confirmada en parte modi-ficando la sentencia apelada.

      F. Cervoni Gely, abogado de los apelantes; Manuel Tous Boto, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de primero de febrero de 1922 se constituyó en la ciudad de Caguas la sociedad mercantil M. Sampayo & Ca., cuyo término expiraría en igual día y mes del año 1924, siendo sus socios Manuel Sampayo y Antolín Taboas.

Por escritura pública de 28 de enero de 1925 el socio Sampayo cedió a Justo Perales sus derechos y acciones en la liquidación de esa sociedad; y el 20 de febrero siguiente hizo lo mismo el otro socio Taboas, también a favor de Perales, por escritura pública de esa fecha.

El 30 de enero de 1925 dictamos sentencia en un pleito de la sucesión de Josefa Aponte contra Manuel Sampayo y revocando la de la corte inferior lo condenamos a pagar determinada cantidad de dinero, y para su .cumplimiento fueron embargadas el 27 de febrero de 1925 ciertas mer-cancías. Estableció Justo Perales demanda de tercería ale-gando ser dueño de las mercancías por haber comprado a Sampayo y a Taboas, según queda dicho, los derechos y acciones que tenían en la liquidación de la sociedad; y por las admisiones hechas por la Sucesión Aponte en su con-testación a la demanda del tercerista, lo único que éste te-nía que probar era que hizo las compras a Sampaño y a Taboas, y al efecto su prueba se limitó a presentar esas dos escrituras. La Sucesión Aponte presentó entonces a la corte moción de nonsuit solicitando que dictase sentencia a su favor por no. haber probado el tercerista sus alegacio-nes pero fué desestimada por la corte y habiendo presentado la Sucesión Aponte su prueba, recayó sentencia a favor del tercerista ordenando que los bienes embargados quedasen a la disposición de M. Sampayo y Ca., hoy del tercerista Justo Perales, como cesionario actualmente de todos los derechos y acciones que en aquélla pudieran corresponderle, sin especial condenación de costas.

Apeló esa sentencia la Sucesión Aponte y en el primer motivo de su recurso alega que la corte inferior erró al negar su moción de nonsuit porque las escrituras presentadas por el tercerista no son suficientes para sostener su acción, pues la otorgada por Sampayo adolece del defecto de no haber comparecido en ella su esposa, cuya concurrencia alega la apelante ser necesaria para la venta de la tienda. Basta la enunciación del defecto alegado para quedar convencidos de qne tal defecto no existe porque la comparecencia de la esposa en una escritura de venta otor-gada por sn marido sólo es necesaria cuando la enajena-ción es de bienes inmuebles o de derechos reales de la so-ciedad conyugal.

También alega la apelante que la escritura de cesión de Sampayo adolece del defecto de la falta de consentimiento del otro socio, toda vez que el artículo 143 del Código de Comercio dispone que no se podrá transmitir a otra persona el interés que se tenga en una compañía sin el consentimiento de los otros socios; pero el becbo de que no conste en la escritura el consentimiento del socio Taboas no quiere decir que tal consentimiento no exista, aparte de que tal prohibición ha sido establecida en beneficio de los socios, que son los que pueden alegarla.

En cuanto a que la escritura de venta de Taboas no sea suficiente para probar la acción del tercerista porque habiéndose constituido la sociedad en 1922 con $3,010 los socios venden por $3,842.10 un año después de haber entrado en liquidación la sociedad, diremos que tal hecho no quita validez a las ventas presentadas como prueba pues lo único que demostraría es que la sociedad tuvo buenos negocios por superar el valor de sus existencias al del capital con que se constituyó.

También dice la apelante que el tercerista no probó la existencia de la sociedad, pero no tenía que presentar tal prueba porque ese hecho fue admitido en la contestación a la demanda y después la apelante se encargó de probarlo.

El otro motivo del recurso se funda en que la corte cometió error al declarar con lugar la demanda de tercería. La apelante alega en su contestación a la demanda como materia nueva que las mercancías embargadas son de la exclusiva propiedad de Manuel Sampayo; que la cesión hecha por Sampayo a su cuñado Perales es simulada por no haber mediado causa para ella y que, en cuanto a Ta-boas, las mercancías quedaron de la propiedad de Sampayo desde qne fné disnelta la sociedad en 1924.

La Sucesión Aponte no alegó ni probó qne la cesión de Taboas a Perales sea simulada, ni existe evidencia alguna de que todos los bienes de la sociedad quedaron a la expi-ración de su término de la propiedad de Sampayo. Toda la prueba qne presentó tuvo por objeto demostrar que la ce-sión de Sampayo a Perales fué simulada.

En la escritura de cesión de Sampayo a Perales se dice que el precio de ella es de $2,000 recibidos antes de aquel acto, y presentado Perales como testigo de la demandada declaró qne cuando compró a su cuñado Sampayo no le dió nada porque Sampayo le debía $2,000; después declaró que el día de la venta dió a Sampayo $1,000 e inmediatamente dijo que no le dió los $1,000 juntos sino una parte y el resto después poco a poco, basta terminar de darle los $2,000: también manifestó qne los $2,000 los fué dando en varias partidas, siendo la primera de $500 que entregó antes de la compra, no habiendo dado nada a Sampayo el día de la escritura; y después expresó que antes de la escritura nó le dió $500 sino $1,000: que él le entregó a Sampayo los $2,000 antes de la compra y que Sampayo se quedó traba-jando en la tienda que le vendió, así como que el testigo no pagaba contribuciones por ese dinero porque no lo te-nía declarado pero que sí tenía declaradas otras propieda-des en Caguas y en San Juan a los efectos contributivos.

Presentó también la Sucesión Aponte certificaciones del Tesorero de Puerto Pico creditivas de que Justo Perales no tenía declarados bienes en Caguas ni en San Juan en el año económico de 1925-26, y varios testigos quienes mani-festaron que al ser notificado Sampayo de la sentencia re-vocatoria y condenatoria de este Tribunal Supremo dijo el primero y el 2 de febrero de 1925 al abogado de la Suce-sión Aponte que no tenía más bienes para pagar la senten-cia que su tienda de Caguas.

El conjunto de esa prueba, y especialmente la declara-ción del comprador Perales, nos convence de que no medió precio en la cesión que Sampayo Mzo a Perales y que fné un contrato simulado, aunque se Mzo dos días antes de ser dictada nuestra sentencia, pues su declaración plagada de contradicciones en cuanto al pago del precio, el hecho de que Sampayo continuara al frente de la tienda después de haber cedido su participación en ella a Perales y el de ha-berse demostrado la falsedad de que tenía bienes declara-dos para las contribuciones nos lleva a ese resultado.

Siendo nula por tal motivo esa cesión; no atacada la enajenación del socio Taboas y no habiéndose demostrado que la liquidación de la sociedad M. Sampayo y Ca. haya terminado, tenemos que llegar a la conclusión de que los socios de la mercantil en liquidación son Justo Perales, como cesionario de la participación que en ella tenía Taboas, y Manuel Sampayo, por lo que Perales no es el único dueño de los bienes embargados, los que pertenecen a la liquida-ción de la sociedad.

Plabiendo llegado a esa conclusión nos resta decidir si los bienes de la sociedad en liquidación pueden ser embargados para cobro de la deuda de uno de sus socios. El Código de Comercio en su artículo 174 dispone que los acreedores de un socio no tendrán, respecto a la compañía, ni aun en caso de quiebra, otro derecho que el de embargar y percibir lo que por beneficio o liquidación pudiera corresponder al socio deudor; y en el caso de Quintana Hermanos y Ca. v. Ramírez y Ca., 22 D.P.R. 770, seguido en el de Central Pasto Viejo Incorporada v. Barnés, 31 D.P.R. 822, hemos declarado que la ley no autoriza al acreedor de un socio para extraer bienes de la sociedad y destruir así prácticamente la vida de la misma; habiendo dicho en el de Silva Hno. y Cía. v. El Registrador, 28 D.P.R. 180, que una sociedad continúa siendo dueña de sus bienes a pesar de estar en liquidación.

Como resultado de lo expuesto no podían ser embarga-dos los bienes de la sociedad para hacer efectiva la deuda de uno de sus socios y es procedente el levantamiento del embargo trabado en ellos, por lo que debemos confirmar la sentencia apelada en cnanto al particular que dispone que los bienes embargados queden a la libre disposición de M. Sampayo y Ca., y modificarla en cuanto declara que los bienes de esa sociedad son del tercerista Justo Perales como cesionario de todos los derechos y acciones que en ella pu-dieran corresponder a sus dos socios, pues declaramos nula la cesión que hizo Manuel Sampayo a Justo Perales y li-mitado el embargo a lo que por liquidación pueda corres-ponder a Manuel Sampayo en esa sociedad.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Adolfo Negrón, acusado y apelante.
    No. 3107.
    Visto: Febrero 8, 1927.

      Besuelto: Junio 9, 1927.
    1. Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Proceso y Castigo — Evi-dencia — Suficiencia de la Misma. — Una prueba al efeeto de que la leche ■ — qne resultó adulterada — venía en porrones por tren con un papel del acu-sado dirigido a otra persona pidiéndole el envío del precio, es suficiente para sostener acusación de tener j ofrecer en venta, como buena, leche de vaca adulterada.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Peso v Suficiencia — Evidencia del Sitio en que el Delito se Cometió. — En el caso de autos — venta de leche adulterada que se envió por ferrocarril al comprador — se resolvió; que si bien la prueba de eargo no demostraba la residencia del vendedor, habiéndola demostrado la de descargo, la jurisdicción de la corte quedó suficientemente establecida.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      Angel A. Vázqttez, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Adolfo Negrón como autor de un delito contra la salud pública consistente en tener y ofrecer en venta como buena, leche de vaca adulterada.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito de Mayagüez condenó al acusado a sufrir cinco días de cárcel y al pago de las costas. No conforme apeló para ante este tribunal alegando como errores la insuficiencia de la prueba y la falta de jurisdicción de la corte que lo juzgó y condenó.

Hemos examinado la prueba y es a nuestro juicio suficiente. La leebe fue ocupada en la estación del ferrocarril de la ciudad de Mayagüez. Tomadas muestras, resultó grandemente adulterada. Venía en dos porrones con un papelito del acusado dirigido a C. Rodríguez de Mayagüez pidiéndole que le enviara en seguida su precio. Rodríguez se encontraba en la estación y allí recibió la leche.

La cuestión de jurisdicción se plantea así:. “La Corte no adquirió jurisdicción, por no haber quedado demostrado el sitio donde se cometió el delito.”

La denuncia alega que el acusado, en la estación del ferro-carril de Mayagüez tenía y ofrecía en venta leche de vaca adulterada. Nos hemos referido al resultado de la prueba. La leche fue ocupada en la estación. No hay la más leve duda de que fue vendida y enviada por el acusado al comprador que la esperaba. Tampoco de que estaba grandemente adul-terada.

El apelante invoca la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Nogueras, 23 D.P.R. 332, a saber:

“Cuando en la persecución de un delito por vender u ofrecer en venta como pura leche de vaca adulterada, se demuestra que el acu-sado adulteró y vendió la leche de que se trata en el distrito de su residencia y la envió directamente por ferrocarril al comprador re-sidente en otro distrito, debe concluirse que el delito quedó consu-mado en el distrito en que la leche fue adulterada y vendida o sea en el de la residencia del vendedor.”

Y basándose en ella el apelante sostiene que no puede estimarse que la estación del ferrocarril de Mayagüez sea el sitio determinante de la jurisdicción para conocer del delito y que no habiéndose probado dónde residía el acusado, tam-poco se ha prohado el sitio en que se cometió el delito'y, por ■tanto, no consta que la corte actuara con jurisdicción.

Los hechos del caso de Nogueras podrían distinguirse de los de éste, pero aceptando que fueran iguales y que debiera aplicarse aquí la misma regia allí establecida, resulta que la prueba demuestra el sitio de la residencia del acusado. La del Fiscal sólo mostró que la leche venía de un sitio llamado “La Plata”, pero la de la Defensa se encargó de completarla aportando el dato de la residencia del acusado «n el barrio Machuchal, de Sabana Grande. • Y como Sabana Grande forma parte del distrito judicial de Mayagüez, la jurisdicción de la corte de dicho distrito es evidente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.