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license: Public Domain

text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Jueves Santo 20 de Marzo de 2008.

      Número: EM-2008-02

      Resuelto: 14 de marzo de 2008
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el Jueves Santo 20 de marzo de 2008 a los empleados de la Rama Judicial, con cargo a la licencia de vacaciones.

A tales efectos y en virtud de nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A sees. 72 y 73), y se considerará el Jueves Santo como si fuera un día feriado. Cualquier término que venza ese día se extenderá hasta el lunes 24 de marzo de 2008, próximo día laborable.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Alfredo Berríos Pérez.

      Número: TS-5852

      Resuelto: 17 de marzo de 2008

      Alfredo Berríos Pérez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la solicitud de reinstalación a ejercer la no-taría, presentada por el Ledo. Alfredo Berríos Pérez, se au-toriza la reinstalación de éste al ejercicio de la notaría, efectivo inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Héctor R. Santos Rivera.

      Número: TS-6666

      Resuelto: 25 de marzo de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Héctor R. Santos Rivera, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la “Moción Informativa en Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitud” y la “Moción Informativa” de la Oficina de Inspección de Notarías, y habiendo cumplido el Sr. Héctor R. Santos Rivera con el término de un mes de suspensión a la abogacía y, a su vez, con todos los señala-mientos realizados por la Oficina de Inspección de Nota-rías a su obra notarial, lo reinstalamos a la abogacía.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Vivian Amieiro González et al., querellantes y peticionarios, v. Pinnacle Real Estate Group, psc, h/n/c Home Team, María del C. Arredondo Pérez y María Rosa Arredondo Pérez, querelladas y recurridas.

      Número: CC-2006-774

      Resuelto: 26 de marzo de 2008

      Manuel Izquierdo Encarnación, de Izquierdo, Pagán & Pa-bón, abogado de la parte peticionaria; Pedro A. Barceló Lugo, abogado de María del C. Arredondo Pérez y María Rosa Arredondo Pérez, parte querellada y recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde resolver si la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes Raíces en Puerto Rico confiere al Departamento de Asuntos del Con-sumidor jurisdicción sobre las vendedoras de una propiedad. Por entender que el referido estatuto expresa-mente excluye de su aplicación a los propietarios de bienes inmuebles situados en o fuera de Puerto Rico cuando éstos no se dedican habitualmente al negocio de bienes raíces, confirmamos el dictamen recurrido.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El 10 de abril de 2002 la Sra. María del Carmen Arredondo Pé-rez y la Sra. María Rosa Arredondo Pérez (señoras Arre-dondo Pérez) contrataron los servicios de los corredores de bienes raíces Pinnacle Real Estate Group (Pinnacle) para la venta de un bien inmueble perteneciente a ellas, sito en Miramar. Seis meses después, las señoras Arredondo Pérez suscribieron un contrato de compraventa por el precio con-venido de $550,000 con los peticionarios, la Sra. Vivian Amieiro González y su esposo, el Sr. Natalio Izquierdo En-carnación (matrimonio Izquierdo-Amieiro).

En vista de que el matrimonio Izquierdo-Amieiro de-seaba demoler la estructura y construir una nueva edifica-ción, acudió ante la Administración de Reglamentos y Per-misos (A.R.Pe.) para obtener los permisos correspon-dientes. Como parte del proceso de demolición de la estruc-tura, A.R.Pe. le requirió al matrimonio Izquierdo-Amieiro un estudio de materiales tóxicos. Para esta encomienda, los peticionarios contrataron al Arq. César A. Santos, quien tras realizar dicho estudio determinó que la estructura es-taba contaminada con asbesto y pintura con base de plomo. En vista de ello, el matrimonio Izquierdo-Amieiro pagó $5,000 por el referido estudio, y $112,000 por la remoción de los materiales tóxicos a la compañía SAQ Environmental Engineers, Inc.

A raíz de estos hechos, el 10 de octubre de 2003 el ma-trimonio Izquierdo-Amieiro entabló una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) contra Pinnacle, al amparo de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Ven-dedor o Empresas de Bienes Raíces en Puerto Rico (Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces), Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 (20 L.P.R.A. see. 3025 et seq.) En esencia, el matrimonio Izquierdo-Amieiro argüyó que antes de la compraventa, Pinnacle no le informó sobre la po-sible existencia de materiales tóxicos en el inmueble, impi-diéndole así tomar una decisión informada. Por ello, el matrimonio Izquierdo-Amieiro le reclamó a Pinnacle una indemnización, ascendente a $117,000, para recobrar los gastos incurridos en el estudio y remoción de los materia-les tóxicos.

Oportunamente, Pinnacle compareció ante D.A.Co. y so-licitó que se incluyera como parte indispensable a las ven-dedoras, las señoras Arredondo Pérez. En vista de ello, D.A.Co. le ordenó al matrimonio Izquierdo-Amieiro enmen-dar la querella para incluir a las vendedoras. En cumpli-miento con dicha orden, los peticionarios enmendaron la querella y le notificaron a las señoras Arredondo Pérez me-diante facsímil. Así las cosas, las señoras Arredondo Pérez comparecieron ante D.A.Co. y sostuvieron que la agencia no tenía jurisdicción sobre ellas en virtud de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, ya que dicha ley excluye de su aplicación a las personas que no se dedican habitualmente a la venta de bienes raíces.

' Celebrada la vista administrativa, D.A.Co. concluyó que las señoras Arredondo Pérez y Pinnacle eran solidaria-mente responsables y les ordenó pagar $117,000 al matri-monio Izquierdo-Amieiro por los gastos incurridos en el es-tudio y remoción de los contaminantes. Fundamentó su determinación en que el Art. 6(d) de la Ley Orgánica de D.A.Co., 3 L.P.R.A. sec. 341e(d), que le concede la facultad de vindicar los derechos de los consumidores en todas las leyes vigentes, le permite adjudicar controversias al am-paro de la Ley para la Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de Plomo en Viviendas Residencia-les, “Residential Lead-Based Paint Hazard Act”, 42 U.S.C.A. sec. 4851 et seq. La agencia razonó, además, que dicho estatuto federal exige que, antes de la compraventa, el vendedor y el corredor de bienes raíces divulguen al comprador su conocimiento sobre la existencia de pintura con base de plomo en estructuras construidas antes de 1978.

Inconformes con la Resolución de D.A.Co., todas las par-tes presentaron sus respectivas mociones de recon-sideración. Cabe señalar que en su moción de reconsidera-ción las señoras Arredondo Pérez levantaron por primera vez la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona. Alegaron que no son residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que D.A.Co. actuó ultra vires al asumir jurisdicción sobre su persona.

La agencia acogió las mociones de reconsideración pre-sentadas y, luego de prorrogar el término para considerar-las, modificó la resolución emitida para que Pinnacle y las señoras Arredondo Pérez satisficieran la indemnización mancomunadamente. Específicamente, D.A.Co. determinó que Pinñacle sólo respondería por una suma porcentual igual a la que recibió en carácter de comisión por los servi-cios prestados, mientras que las señoras Arredondo Pérez asumirían el pago del monto restante. Respecto al señala-miento de falta de jurisdicción sobre la persona alegado por las señoras Arredondo Pérez, D.A.Co. lo descartó por en-tender que existían contactos mínimos.

Insatisfechas, las señoras Arredondo Pérez acudieron ante el Tribunal de Apelaciones y adujeron que la agencia erró al adjudicar la querella al amparo de la Ley para Re-glamentar el Negocio de Bienes Raíces, ya que a su enten-der dicho estatuto no les aplica, porque ellas no son vende-doras de bienes raíces. Cuestionaron, además, la facultad de D.A.Co. para aplicar e interpretar la Ley para la Reduc-ción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de Plomo en Viviendas Residenciales. Por último, las señoras Arredondo Pérez argüyeron nuevamente que D.A.Co. no podía asumir jurisdicción sobre sus personas, ya que ellas eran residentes del estado de Florida.

Luego de los trámites de rigor, el foro apelativo revocó la determinación de D.A.Co. y concluyó que la agencia no te-nía jurisdicción sobre las señoras Arredondo Pérez, ya que la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces ex-cluye de su aplicación a los vendedores que no se dedican habitualmente a la venta de bienes raíces. Estimó, ade-más, que D.A.Co. excedió su discreción al asumir jurisdic-ción sobre las señoras Arredondo Pérez, ya que entre éstas y el matrimonio Izquierdo-Amieiro no existía una relación de consumidor y proveedor de servicios, según definida en la ley habilitadora de la agencia. Por último, el tribunal apelativo añadió que D.A.Co. no es un foro de jurisdicción general y que no puede asumir jurisdicción sobre las seño-ras Arredondo Pérez en virtud de la Ley para la Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de Plomo en Viviendas Residenciales.

Por otra parte, el foro apelativo concluyó que, al amparo de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, D.A.Co. puede resolver la querella presentada contra Pinnacle y aplicarle el mencionado estatuto federal. A su vez, señaló que el matrimonio Izquierdo-Amieiro podía incoar una acción contra las señoras Arredondo Pérez en el foro judicial federal, en el Tribunal de Primera Instancia o en las agencias federales Environmental Protection Agency y Department of Housing and Urban Development.

Inconforme con el dictamen, el matrimonio Izquierdo-Amieiro acude ante nos mediante un recurso de certiorari y arguye que erró el foro apelativo al resolver que D.A.Co. no ostentaba jurisdicción sobre las vendedoras al amparo de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, ni en virtud de la Ley para la Reducción de los Riesgos Pro-vocados por la Pintura a Base de Plomo en Viviendas Residenciales.

Examinada la solicitud presentada, acordamos expedir. Le concedimos a las señoras Arredondo Pérez y a Pinnacle un término para presentar sus alegatos, mas este último no compareció. Con el beneficio de la comparecencia del matrimonio Izquierdo-Amieiro y de las señoras Arredondo Pérez, procedemos a resolver.

II

A. Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico la ley es el medio o fuente que establece los límites del poder y de las facultades de las agencias administrativas. Véase Caribe Comms., Inc. v. P.R.T. Co., 157 D.P.R. 203, 211 (2002). La ley habilitadora es el mecanismo legal que delega a la agencia los poderes necesarios para actuar en conformidad con el propósito legislativo. íd. En virtud de esto, una agencia administrativa sólo puede llevar a cabo las funciones que se le han encomendado legislativamente y aquellas que surgen de su actividad o encomienda principal. Id., pág. 213. No obstante, si la actuación de la agencia administrativa excede los poderes delegados por la Asamblea Legislativa, será considerada ultra vires y, por ende, nula.

En conformidad con lo anterior, hemos expresado que

... una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sus-tituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa. Es por ello que cualquier duda en cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en contra de su ejercicio. (Énfasis en el original.) Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215, 225 (2004).

La controversia que nos ocupa requiere, precisamente, analizar el alcance y la extensión del poder conferido legis-lativamente a D.A.Co., para determinar su autoridad sobre las señoras Arredondo Pérez. Para ello, es preciso repasar algunas disposiciones de su ley habilitadora.

B. El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el fin primordial “de vindicar e implementar los derechos del consumidor”. 3 L.P.R.A. sec. 341b. En sintonía con lo anterior, la ley habilitadora de D.A.Co. confirió a su Secretario la facultad de “[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos en el sector privado de la economía”. 3 L.P.R.A. sec. 341e(c). En aras de vindicar eficazmente los derechos de los consumidores, D.A.Co. posee “una estructura de adjudicación administrativa con plenos y amplios poderes para adjudicar las querellas ante su consideración, y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d).

Ahora bien, para adjudicar eficientemente los derechos de los consumidores, es preciso que el procedimiento administrativo sea flexible, ágil, rápido y libre de las trabas procesales de los tribunales de justicia. Véase Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 720 (1961). De acuerdo con esta normativa, hemos expresado que

a inclusión de un tercero en el proceso administrativo sin que el querellante o la agencia lo estime necesario o conveniente, complica y retarda innecesariamente el procedimiento, en contravención a la filosofía adjudicatoria que informa los procesos administrativos .... Desde luego, la inclusión de un tercero sería mandatoria si su exclusión le privase de su día en corte. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841 (1978).

Conforme a lo anterior, no cabe duda de que la inclusión de un tercero en el proceso administrativo debe ponderarse cuidadosamente para evitar que la demora perjudique al consumidor y dé al traste con la flexibilidad que caracte-riza dichos procedimientos. La responsabilidad que pueda tener el tercero que se interesa incluir frente al querellado o ante el querellante puede dilucidarse mediante litigación ordinaria. Véase Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra. De esta manera, se evita la dilación en los procedimientos adminis-trativos y se le garantiza al consumidor un proceso rápido y sencillo, dirigido a la pronta solución de la querella pre-sentada ante D.A.Co.

Para el análisis de la controversia ante nos, es preciso recalcar que el entramado administrativo de D.A.Co. sólo comprende las causas de acción presentadas por los consumidores. A pesar de que la ley orgánica de D.A.Co. guarda silencio sobre quién es un consumidor, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de D.A.Co. lo define como “[t]oda persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. Incluye toda otra persona, asociación o entidad que por designación de ley está facultado para presentar su reclamación en el Departamento”. (Enfasis suplido.) Regla 4(d) del Reglamento Núm. 6219, Departamento, de Asuntos del Consumidor, 18 de noviembre de 2000, pág. 1. Asimismo, la citada disposición excluye de la definición de consumidor a cualquier persona o entidad que adquiere bienes o servicios con motivo de lucrarse en una posterior reventa. Id.

De lo anterior se desprende que la jurisdicción de D.A.Co. depende, esencialmente, del reclamo de un consu-midor en oposición a una persona o entidad que provee productos o servicios. Cónsono con ello, hemos resuelto que D.A.Co. carece de jurisdicción para entender en una que-rella presentada por una parte que no pueda calificarse como un consumidor. Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005). A su vez, de lo anterior se colige que la debida adjudicación de las querellas presentadas ante D.A.Co. su-pone una limitación razonable a la inclusión de terceras personas ajenas al procedimiento, en la medida en que ello pueda desvirtuar el propósito legislativo de conferir a los consumidores un foro ágil, flexible y eficaz.

C. Ahora bien, la Asamblea Legislativa le ha conferido autoridad a D.A.Co. para regular y atender asuntos específicos en los que, claro está, hay consumidores involucrados. A tales efectos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes Raíces, mediante la cual agrupó todas las disposiciones legales relativas al negocio de bienes raíces y dispuso un nuevo y más estricto cuerpo reglamentario para beneficiar a los consumidores, vendedores y corredores de bienes raíces. Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88 (2004).

La referida pieza legislativa facultó a D.A.Co. para su-pervisar tanto el negocio de bienes raíces en Puerto Rico como la venta en Puerto Rico de bienes ubicados fuera de esta jurisdicción. 20 L.P.R.A. see. 3046. Específicamente, concedió a D.A.Co. la facultad de realizar investigaciones y adjudicar querellas sobre transacciones de propiedades lo-calizadas en o fuera de Puerto Rico al incurrir en cual-quiera de los actos o prácticas proscritas en la ley. 20 L.P.R.A. sec. 3046(a).

A esos efectos, la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces prohíbe a toda persona sujeta a sus disposiciones incurrir o inducir a otra persona a incurrir en la práctica de “[ri\o suministrar a las partes, al momento de consumarse una transacción de bienes raíces, toda la información necesaria para la misma y todos los documen-tos que exigen las leyes y los reglamentos aplicables”. (En-fasis suplido.) 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(8). Asimismo, el re-ferido estatuto proscribe “[o]cuitar deliberadamente información esencial sobre las condiciones de una propie-dad, con el ánimo de inducir a una de las partes a concluir la transacción en unos términos que, de conocerlos, no hu-biese realizado la transacción o hubiese pagado un precio menor”. 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(17).

No obstante, conviene aclarar que la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces expresamente ex-cluye de su aplicación a “los propietarios de bienes inmuebles localizados en o fuera de Puerto Rico que vendan o enajenen bienes inmuebles propios cuando no se dediquen habitualmente a la venta de bienes raíces”. (Enfasis suplido). 20 L.P.R.A. sec. 3056(e). La medida legislativa en cuestión define propietario como el titular de un bien inmueble localizado en o fuera de Puerto Rico que solicite o contrate los servicios de un corredor, vendedor o empresa de bienes raíces para llevar a cabo una transacción de bienes raíces relacionada con dicho inmueble. 20 L.P.R.A. see. 3025(f).

Con estos preceptos en mente, y a la luz de lo esbozado sobre el alcance de las facultades de las agencias adminis-trativas, debemos resolver si D.A.Co. ostenta jurisdicción sobre la persona de las vendedoras, señoras Arredondo Pé-rez, al amparo de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces.

III

En el caso de autos, el matrimonio Izquierdo-Amieiro presentó ante D.A.Co. una querella contra la empresa de bienes raíces Pinnacle a la luz de lo dispuesto en la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces. Ésta, a su vez, solicitó que se incluyera como parte indispensable a las señoras Arredondo Pérez. D.A.Co. acogió el recurso y le ordenó al matrimonio Izquierdo-Amieiro enmendar la que-rella presentada para incluir como parte indispensable a las señoras Arredondo Pérez. No obstante, éstas alegaron —y hoy sostienen ante nos— que D.A.Co. no tenía jurisdic-ción sobre ellas en virtud de dicha legislación. Les asiste la razón.

Conforme surge de la normativa antes expuesta, la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces otorga jurisdicción a D.A.Co. para atender querellas contra corredores, vendedores y empresas de bienes raíces cuando éstos incurren en alguna de las prácticas proscritas por el estatuto. El propio estatuto dispone expresamente que sus disposiciones no le aplicarán a los propietarios que no se dedican habitualmente al negocio de bienes raíces.

En el presente caso, no surge del expediente que las señoras Arredondo Pérez se dedicaran al negocio de bienes raíces. Por el contrario, es un hecho incontrovertido que las señoras Arredondo Pérez contrataron los servicios de Pinnacle para la venta de su propiedad. Además, en la vista celebrada ante D.A.Co., el matrimonio Izquierdo-Amieiro en ningún momento alegó que las señoras Arredondo Pérez se dedicaban al negocio de bienes raíces. Por consiguiente, de los hechos del caso de autos se deduce con meridiana claridad que las señoras Arredondo Pérez son propietarias de un bien inmueble sito en Puerto Rico y que no se dedi-can habitualmente al negocio de bienes raíces.

Conforme a lo anterior, al D.A.Co. asumir jurisdicción sobre las señoras Arredondo Pérez en virtud de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, se arrogó una jurisdicción que evidentemente no ostentaba. D.A.Co. no tenía discreción para asumir jurisdicción sobre las recurri-das en virtud de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, cuando dicho estatuto excluye de su aplica-ción a los. propietarios que no se dedican a la venta de bienes raíces. Claramente, no se puede incluir en la ley, por vía de interpretación, lo que no está dispuesto en ésta.

A su vez, no cabe duda que D.A.Co. estaba impedido de acoger la solicitud de Pinnacle para incluir en la querella a las señoras Arredondo Pérez como parte indispensable. Nótese que Pinnacle no es un consumidor según definido por el reglamento del D.A.Co., sino un comerciante que no puede aprovechar la estructura administrativa de D.A.Co. para vindicar sus derechos. Véase Martínez v. Rosado, supra. En aras de mantener la efectividad del procedimiento administrativo ante D.A.Co., no podemos avalar que éste se utilice para atender reclamaciones que muy bien pueden ser resueltas de forma ordinaria. Véase Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, donde nos expresamos sobre el particular.

Por lo tanto, no podemos endosar la práctica de utilizar argumentos de parte indispensable como subterfugio para obviar la jurisdicción conferida por la ley habilitadora de la agencia. Debemos recordar que D.A.Co. no es un foro de jurisdicción general y que tiene que ceñirse a la autoridad que le fue delegada por la Asamblea Legislativa. Resolver lo contrario, produciría resultados incompatibles con el propósito de la ley y con la política misma de delegación legislativa.

Por último, conviene aclarar que, así como D.A.Co. no podía acoger la solicitud de Pinnacle para incluir a las se-ñoras Arredondo Pérez como coquer.elladas en el proceso administrativo, tampoco podía asumir jurisdicción sobre las recurridas en virtud de la Ley para la Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de Plomo en Vi-viendas Residenciales. Ciertamente, el referido estatuto federal contiene disposiciones aplicables a los propietarios de una propiedad cuando éstos pretenden venderla o alqui-larla, aun cuando haya mediado la intervención de un co-rredor de bienes raíces. Véase 42 U.S.C.A. sec. 4852d. No obstante, eso no significa que D.A.Co. esté facultado para asumir jurisdicción sobre esas personas aunque no se cum-plan los criterios y requisitos necesarios para ello. Téngase presente que la jurisdicción de D.A.Co. está delimitada por su ley habilitadora y por otras leyes mediante las cuales el legislador delegó en ésta facultades investigativas, regla-mentarias y adjudicativas. Conforme a esas facultades de-legadas, D.A.Co. no podía acceder a la solicitud de Pinnacle de incluir a las señoras Arredondo Pérez como coquerella-das, ya que éste no se considera un consumidor en relación con las señoras Arredondo Pérez.

Si bien reconocemos que existe una amplia gama de asuntos que pueden ser llevados ante la consideración de D.A.Co., todos se enmarcan dentro de los poderes delegados y se relacionan directamente con el fin que motivó su creación: la vindicación e implementación de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, el mero hecho de que la ley federal contenga disposiciones dirigidas a propietarios que no se dediquen habitualmente al negocio de bienes raíces, no implica que D.A.Co. pueda asumir jurisdicción sobre ellos cuando dicha actuación produciría un resultado contrario a su ley habilitadora. Es decir, independientemente de que la agencia pueda aplicar las disposiciones del estatuto federal con respecto a personas sobre las cuales posee jurisdicción —aspecto que no ha sido cuestionado por la parte peticionaria— resulta evidente que dicha ley no representa una alteración a las funciones de D.A.Co. ni tiene el efecto de ampliar la jurisdicción que le fue concedida por la Asamblea Legislativa.

A la luz de lo anterior, concluimos que actuó correcta-mente el foro apelativo al determinar que D.A.Co. excedió su discreción al asumir jurisdicción sobre las señoras Arre-dondo Pérez.

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.


author: per curiam:

text:
      In re Shirley Monge García, querellada.

      Números: CP-2006-14
    CP-2006-15

      Resueltos: 28 de marzo de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte querellante; Arturo Negrón García, abogado de la parte querellada; Wilfredo Alicea López, comisionado especial.
   per curiam:

Las quejas de epígrafe fueron presentadas por los Sres. Angel D. Rodríguez Cruz y Bernard Hall Ma-rín contra la Leda. Shirley M. Monge García, a raíz de la representación legal que ésta les brindó en los casos Ángel D. Rodríguez v. Lockheed Martín Technical, OP, and ACE USA y Bernard Hall Marín v. ITT Federal Services International Corp. and ACE USA, respectivamente.

Ambos procedimientos disciplinários fueron consoli-dados. Exponemos los hechos conforme éstos surgen del expediente y del Informe del Comisionado Especial.

I

En febrero del 2001 los quejosos solicitaron la represen-tación legal de la licenciada Monge García en torno a unas reclamaciones administrativas ante el Departamento del Trabajo Federal, contra sus anteriores patronos y la com-pañía aseguradora de éstos. Los mencionados patronos eran unas compañías privadas contratadas por el Departa-mento de Defensa de Estados Unidos, para prestar distin-tas labores en el Vieques Navy Range. Los quejosos alega-ban haber estado expuestos a unos contaminantes tóxicos mientras trabajaban, por lo que las reclamaciones que te-nían eran sobre accidente de trabajo y enfermedad ocupa-cional, al amparo del estatuto federal Defense Base Act.

Posteriormente, el abogado de ITT, Keith L. Flicker, se comunicó con la licenciada Monge García para solici-tarle que compareciera en el caso Ventura v. ITT y ACE American Insurance Co., ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, en representación de las compañías demandadas. Según la querellada, el abo-gado Flicker le solicitó el referido “favor” en lo que él con-seguía otro abogado local o en lo que le aprobaban su in-tervención Pro Hac Vice, ya que le urgía presentar la contestación a la demanda antes de que transcurriese el término estatutario. El pleito era sobre daños y perjuicios presentado al amparo del Jones Act, por un empleado que se lesionó en un barco trabajando para ITT.

La licenciada Monge García compareció ante el foro federal el 10 de septiembre de 2004 solicitando una prórroga para contestar. Oportunamente, la abogada querellada también presentó la contestación a la demanda y un me-morando conjunto sobre la propuesta inicial del calendario. Posteriormente, presentó la solicitud Pro Hac Vice del abo-gado Flicker. Esta última fue denegada, por lo que Flicker contrató al Ledo. John Mudd como el abogado local que llevaría el caso. El 28 de marzo de 2005, la licenciada Monge García solicitó que se le relevase de la representa-ción legal de ITT y ACE Insurance.

Luego de evaluar el caso, el Procurador General pre-sentó una querella para señalar la posible violación, por parte de la licenciada Monge García, de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Vista la querella y la contestación a ésta, este Tribunal emitió una resolución nombrando como Comisionado Especial al Ledo. Wilfredo Alicea López, ex Juez del Tribunal de Pri-mera Instancia. A la luz de los hechos arriba indicados, según estipulados por las partes, el Comisionado Especial presentó su informe. Con el beneficio de las posiciones de las partes, procedemos a resolver.

II

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante, dispone que el abogado tiene un deber de lealtad completa con sus clientes. En lo pertinente, establece que no es pro-pio de un profesional representar intereses encontrados. Esto ocurre cuando, en beneficio de un cliente, el abogado aboga por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente. Dicha conducta proscrita ha sido denominada por la doctrina y la jurispru-dencia como representación simultánea adversa. In re Santiago Ríos, 172 D.P.R. 802 (2008).

El propósito de esta norma de conducta profesional es evitar poner en peligro el deber de confidencialidad que debe existir entre el abogado y su cliente, para así impedir el menoscabo de la justicia y de la confianza de los ciuda-danos en el sistema. In re Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001). En consecuencia, el deber de lealtad recogido en el Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante, impone al abogado la obligación de guardar las confidencias del cliente y evitar su divulgación. In re Rivera Vicente, 172 D.P.R. 349 (2008).

Como se deduce de lo antes expuesto, la prohibición sobre el conflicto de intereses requiere la existencia de una relación abogado-cliente dual. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997). Este tipo de relación ha sido definida como múltiple, compuesta por las diferentes funciones que puede desempeñar un abogado, como por ejemplo, conse-jero intermediario, defensor, auditor, entre otras. In re Santiago Ríos, ante. Tanto la relación abogado-cliente como el grado particular y variable de responsabilidad que el abogado debe a su cliente, depende del tipo de función que se ejerza. Id.

Por otra parte, la prohibición de que un abogado incurra en representación simultánea adversa no quiere decir que un abogado no pueda representar coetáneamente a dos clientes en asuntos similares. Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, 138 D.P.R. 850 (1995). Para determinar la existencia de un conflicto de intereses por razón de representación dual de clientes con intereses encontrados deberá utilizarse la fórmula de la relación sustancial entre los asuntos presentados por cada uno de los clientes. Véase In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004). Además, los intereses de ambos clientes tienen que ser adversos. Véase Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, ante.

Hemos resuelto que existe un conflicto de intereses cuando hay alguna circunstancia que impide la representación libre y adecuada por parte del abogado y vulnera la lealtad absoluta que éste debe a su cliente. In re Ortiz Martínez, ante. No obstante, para imponer al abogado la obligación de renunciar a la representación del cliente afectado, el conflicto de intereses no tiene que ser real, sino que basta con que sea potencial. Véase In re Santiago Ríos, ante. Por lo tanto, el abogado tiene que cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende intereses encontrados con los de su cliente. Id.

III

Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, dispone, en lo pertinente, que el abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Cada abogado es un espejo en el que se refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007).

Hemos afirmado que el abogado tiene el deber de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional y, en el descargo de sus responsabilidades profesionales, debe cuidar que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve intereses suyos encontrados con los de su cliente. In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003). Por ende, tampoco debe permitir la duda de que promueve intereses encontrados entre dos clientes suyos.

IV

El Procurador General y el Comisionado Especial con-curren en que la abogada querellada incurrió en violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, ante. Fundamentan su determinación en que la licenciada Monge García, a pesar de representar a los Sres. Ángel D. Rodríguez Cruz y Bernard Hall Marín un procedimiento administrativo en contra sus patronos Lockheed Martín Technical e ITT Federal Services International Corporation, respectivamente, y contra ACE American Insurance —compañía aseguradora de éstos— compareció ante el tribunal federal en el caso Ventura v. ITT y ACE American Insurance Co., en representación de los demandados.

La licenciada Monge García, por su parte, alega que su participación en el caso Ventura v. ITT y ACE American Insurance Co. fue simplemente de cooperación y como facilitadora. Aduce, además, que intervino en. el caso sola-mente para solicitar una extensión de tiempo hasta que se le permitiera al Lie. Keith Flicker comparecer en una soli-citud Pro Hac Vice y que lo hizo como una “sister o local counsel”. Añade que toda la labor de preparación de docu-mentos, estrategia y todas las decisiones las hacía el licen-ciado Flicker desde Nueva York, por lo que nunca intervino en éstas. En consecuencia, aduce que nunca recibió infor-mación privilegiada y confidencial del caso. Finalmente, señala que no recibió ni tenía expectativa de ser remune-rada económicamente en forma de honorarios por el tra-bajo realizado.

En contrario, el Procurador General alega que el simple hecho de comparecer al tribunal en representación de ITT y ACE USA la convirtió en ese momento en representante legal de la aseguradora de los patronos de los quejosos, estando ella, por otro lado, demandándola en los casos de los señores Rodríguez Cruz y,Hall Marín. Sostiene el Pro-curador General que podemos asumir que la licenciada Monge García tuvo o pudo haber obtenido información con-fidencial y privilegiada de sus clientes —los quejosos— la cual podía utilizar o divulgar al representar simultánea-mente al patrono del señor Hall Marín en otro caso y a la compañía de seguros ACE. Añade, que el hecho de que la querellada estuviese compareciendo en representación legal de la compañía de seguros del patrono de los quejosos, podría influir en la confianza de los señores Rodríguez Cruz y Hall Marín hacia la querellada.

No hay controversia en que la licenciada Monge García era la representante legal de los quejosos en su reclamo ante la agencia administrativa, por lo que les debía com-pleta lealtad. Sin embargo, nos corresponde determinar si la relación entre la abogada querellada y las compañías ITT y ACE USA fue una de abogado-cliente, con el propó-sito de establecer si en este caso se incurrió en una viola-ción al Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante.

La licenciada Monge García presentó ante el tribunal federal una petición para ser la abogada de las compañías demandadas, luego de que el agente de los clientes le solicitara que los representara. A pesar de que su comparecencia fue corta, presentó la contestación a la demanda entre otros documentos. Aun si fuese cierto que la querellada no preparó los escritos, surge del expediente que ésta los suscribió y los presentó con su número de colegiada ante el tribunal. A ella fue quien el tribunal reconoció como abogada de los demandantes y quien era responsable por lo allí dispuesto. Por lo tanto, aunque no prolongada, mediante su representación legal, se creó una relación abogado-cliente entre la licenciada Monge García y las compañías ITT y ACE USA. Además, para infringir el Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante, no es necesario que se pruebe que el abogado recibió confidencias y las divulgó, sino que es suficiente que hubiese tenido la oportunidad de hacerlo.

Ahora bien, la abogada querellada alega que entre los dos pleitos en que compareció no existía la relación sustan-cial que exige el citado Canon 21 del Código de Ética Pro-fesional para proscribir su participación. Afirma que tanto la naturaleza de las reclamaciones, como los fundamentos legales de éstas, los procedimientos y el foro en que cada una se dirimía, eran diferentes. Como expresáramos antes, los casos en los que la querellada representaba a los que-josos trataban de unas reclamaciones administrativas ante el Departamento de Trabajo Federal por accidente de tra-bajo y enfermedad ocupacional al amparo del Defense Base Act. Por otro lado, el caso en que la licenciada Monge Gar-cía representaba a ITT y a ACE era una reclamación por daños y perjuicios causados en un accidente de trabajo al amparo del Jones Act en el tribunal federal.

El propósito del Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante, es proteger las confidencias entre el abogado y el cliente, por lo tanto no es relevante ante qué foro se hagan las reclamaciones o diriman las controversias. No obstante, es importante analizar el tipo de causa de acción presentada en cada uno de los litigios. Es cierto que cada reclamación estaba fundamentada en estatutos diferentes. El Jones Act, 46 U.S.C.A. see. 688, provee para que un marinero que tiene un accidente de trabajo reciba un remedio, bajo derecho marítimo, de su patrono por las lesiones causadas por los actos negligentes de su patrono o de sus compañeros durante su trabajo en un barco o navio. Por otro lado, el Defense Base Act, 42 U.S.C.A. see. 1651 et seq., autoriza que se le compense por haber sufrido un accidente de trabajo al amparo del Longshore and Harbor Workers Compensation Act, 33 U;S.C.A. sec. 901 et seq., a los obreros que laboran en bases militares fuera de Estados Unidos. Como podemos notar, ambos estatutos se refieren a casos de compensación a trabajadores por accidentes de trabajo, aunque en espacios diferentes.

No podemos concluir que los litigios en los que participó la abogada querellada no estaban sustancialmente relacio-nados entre sí. Además, la conducta de la abogada padece de apariencia impropia, lo que mina la confianza de la ciu-dadanía en los profesionales del derecho.

Debe recordarse que los abogados somos los principales custodios de la reputación y de la opinión que la ciudada-nía tenga sobre la profesión legal.

V

Somos del criterio, y así lo resolvemos, que la conducta en que incurrió la licenciada Monge García, al representar simultáneamente a dos clientes adversos con intereses en-contrados, vulnera las disposiciones de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, ante. Sin embargo, esta-mos convencidos de que la abogada querellada no tuyo el ánimo de violentar ninguna norma ética, que ella goza de una buena reputación en su comunidad, que es su primera falta y que está sinceramente arrepentida. Además, la li-cenciada Monge García no le cobró honorarios por sus ser-vicios a los quejosos ni éstos sufrieron daños materiales a causa de su actuación. En consecuencia, limitamos la san-ción a imponerse a la Leda. Shirley Monge García a una censura, apercibiéndola de que en el futuro deberá ceñirse, estrictamente, a las disposiciones del Código de Ética Profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       La Leda. Shirley M. Monge García fue admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 8 de agosto de 1990 y al ejercicio del notariado el 24 de mayo de 1995.

       Las compañías contra las cuales se instó demanda son Lockheed Martin Technical, OP, ITT Federal Services International Corporation y ACE American Insurance.

       El abogado Keith Flicker está admitido al ejercicio de la abogacía en Nueva Jersey y Nueva York, mas no está admitido para ejercer la abogacía en Puerto Rico. Este no puede comparecer al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico sin una autorización previa del referido tribunal.

       Según asevera la abogada querellada, todos los hechos relacionados a la presentación de los documentos en el tribunal federal le fueron informados tanto a los quejosos como a los demás clientes de la licenciada, que la contrataron para que ésta los representase ante el Departamento de Trabajo Federal por sus reclamacio-nes bajo el Defense Base Act.