author: per curiam:

text:
      In re Benjamín Sepúlveda Torres.

      Número: TS-16285

      Resuelto: 12 de julio de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Hoy nos corresponde ejercer nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inmediata e indefi-nida de un abogado por desobedecer las órdenes de este Tribunal. Por los fundamentos que a continuación enuncia-mos, lo suspendemos inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría.

El Ledo. Benjamín Sepúlveda Torres (licenciado Sepúl-veda Torres) fue admitido a la práctica de la abogacía el 26 de enero de 2007 y a la práctica de la notaría el 5 de marzo de 2008. El 3 de diciembre de 2014 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó ante esta Curia un escrito titulado “Informe especial sobre incumplimiento de la Ley Notarial y su reglamento; y en solicitud de reme-dios”, en el que nos informó que el licenciado Sepúlveda Torres había incumplido con su obligación de remitir a ODIN un Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual para el año natural 2013.

En el informe se hizo constar que el 29 de septiembre de 2014 se envió una carta por correo certificado con acuse en la que se orientó al notario sobre el derecho aplicable y se le advirtió sobre la gravedad de la conducta desplegada y sobre las consecuencias disciplinarias que acarrea tal incumplimiento. A esos fines, se le concedió un término de diez días para que rindiera todos los documentos adeudados. Dentro de ese mismo término, también tenía que informar dónde está ubicada la obra notarial que au-torizó y explicar las razones por las cuales no ha designado a un notario sustituto o notaría sustituta. El servicio postal federal devolvió al carta. La razón de la devolución fue: “Not deliverable as addressed - Unable to forward”.

Ante esta circunstancia, el 14 de octubre de 2014 se le envió otra comunicación al licenciado Sepúlveda Torres. En esta ocasión se remitieron dos cartas mediante correo certi-ficado con acuse a las direcciones postales registradas en el Registro Único de Abogados (RUA) y a las dos direcciones de correo electrónico que surgen del mismo sistema. En las co-municaciones se le reiteró al letrado los posibles cursos de acción a seguir ante la respuesta o falta de esta en cuanto a los requerimientos. El servicio postal devolvió una de las cartas el 29 de octubre de 2014 y la otra fue recibida por licenciado Sepúlveda Torres el 24 de octubre de 2014.

Ante el incumplimiento del notario en contestar, el 24 de abril de 2015 emitimos una Resolución en la que le or-denamos que, en un término de diez días, mostrara causa por la cual no debía suspendérsele del ejercicio de la nota-ría e imponérsele una sanción de $500. En la misma Reso-lución se le ordenó que notificara a ODIN el lugar donde ubicaba su obra notarial. Así las cosas, el personal de la Secretaría del Tribunal Supremo notificó dicha orden a la dirección postal del abogado según consta en RUA.

Posteriormente, el 1 de junio de 2015, el Director de ODIN compareció nuevamente mediante una “Moción in-formativa notificando incumplimiento de orden y en solici-tud de remedios”. En ésta nos informó que, luego de que este Tribunal concedió al notario de epígrafe un término para contestar, éste había hecho caso omiso a lo requerido. Por lo tanto, solicitó que se tomara conocimiento de lo ex-presado y que, a la luz de la jurisprudencia, se ordenara la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abo-gacía y la notaría del letrado. También, solicitó que se le impusiera una sanción de $500 por su reiterado incumpli-miento y se le requiriera la entrega inmediata de la obra protocolar y del sello notarial que se encuentran bajo su custodia.

El 18 de marzo de 2016 emitimos otra Resolución en la que le concedimos al licenciado Sepúlveda Torres un tér-mino de cinco días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido inmediatamente del ejercicio de la notaría y la abogacía, y por la cual no se le debía imponer una sanción económica de $500 en virtud del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico por incumplir con los reque-rimientos hechos por ODIN. La Resolución se archivó en autos y se notificó el 23 de marzo de 2016. Se envió la misiva a la dirección postal del notario, sin embargo, el correo postal la devolvió. La razón de la devolución fue: "Not deliverable as addressed - Unable to forward”. Cabe señalar que aún hoy éste no ha comparecido a cumplir con lo ordenado.

HH 1—f

Como parte de nuestro poder inherente de regular la profesión legal en Puerto Rico nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y diligente. A tono con ello, el Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de con-ducta que deben desplegar los abogados y las abogadas que ejercen tan ilustre profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, el cual dispone que los aboga-dos y las abogadas deben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Al interpretar este precepto hemos expresado que la natura-leza de la función de todo abogado y toda abogada requiere que se emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer. Por lo tanto, todo letrado y toda letrada tienen la obligación de responder diligente y opor-tunamente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente en aquellos asuntos relacionados con procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional. El incumplimiento con las órdenes de esta Curia demuestra un claro menosprecio hacia nuestra autoridad. Asimismo, hemos reiterado que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente para una suspen-sión inmediata de la práctica de la profesión. Desatender nuestros requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otra parte, es harto sabido que todo notario y toda notaría tienen la obligación de cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento. Tanta es la importancia de esto, que hemos enfatizado que des-acatar los requerimientos cursados por ODIN equivale a ignorar las órdenes de este Tribunal. A tales efectos, quienes ejercen la notaría tienen el ineludible deber de desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. Por lo tanto, el incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente.

Por último, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo impone la obligación a los miembros de la abogacía y la notaría de mantener actualizados los datos y la información que consta en RUA. De igual forma, he-mos señalado que el abogado y la abogada deberán notifi-car cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. Sabido es que el incumplimiento de mante-ner actualizadas sus direcciones en RUA o en cualquier información personal de contacto acarrea la imposición de sanciones en su contra, las cuales pueden incluir sanciones disciplinarias. Cuando un abogado o una abogada in-cumple este deber, obstaculiza el ejercicio de nuestra juris-dicción disciplinaria.

H-i HH f—l

Luego de examinar el expediente de este caso, es forzoso concluir que el licenciado Sepúlveda Torres incumplió con su obligación de remitir a la ODIN el Informe Estadístico Anual correspondiente al año natural 2013 y de contestar sus requerimientos. Éste tampoco ha comparecido a con-testar los señalamientos hechos por este Tribunal, infrin-giendo así el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. A pesar de las múltiples oportunidades y los aperci-bimientos que concedimos al licenciado Sepúlveda Torres, éste ha desplegado una conducta de desatención a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Cabe destacar que se le notificó a través del servicio postal federal a las dos direcciones postales que constaban en RUA y a las direcciones electrónicas que constaban en el registro, y aun así el letrado incumplió con su deber de ser responsivo. Su incumplimiento con las órdenes de este Tribunal y su omisión de mantenernos informados sobre su dirección actual constituyeron un craso incumplimiento con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el licenciado Sepúlveda Torres infringió el Canon 9 del Có-digo de Ética Profesional, supra, al incumplir con su deber de responder diligentemente los requerimientos de esta Curia. En consecuencia, decretamos su suspensión inme-diata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Además, en virtud del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, se le impone una sanción económica de $500 por incumplir con los requerimientos hechos por esta Curia y por ODIN. En vista de lo anterior, le imponemos el deber de notificar inmediatamente a todos sus clientes de su in-habilidad de seguir representándolos y devolverles cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en el que tenga algún caso pendiente. Asi-mismo, tiene la obligación de acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér- mino de treinta días, contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra protocolar y el sello notarial del señor Sepúlveda Torres y los entregará al Director de ODINpara que realice la correspondiente investigación e informe. Notifíquese in-mediatamente por fax, teléfono, correo electrónico y por la vía ordinaria.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados Señores Feliberti Cintrón y Colón Pérez no intervinieron.

       4 LPBA sec. 2102.

        In re Oyola Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

        In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcon López, 189 DPR 689 (2013).

       4 LPRA Ap. IX.

        In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).

        In re Vera Vélez, supra, pág, 226; In re Pérez Román, 191 DPR 186, 188 (2014); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fontán La Fontaine, 182 DPR 931, 936 (2011),

        In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

        In re López González et al. 193 DPR 1021 (2016); In re Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

        In re Cepero Rivera et al., 193 DPR 1021 (2015).

        In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2016).

        In re Martínez Sotomayor I, supra, pág. 499.

       Íd.

       4 LPRA Ap. XXI-B.

        In re Oyola Torres, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 561 (2015); In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242, 245 (2014).

       In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 252 (2015); In re Arroyo Rosado, supra, pág. 245; In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 (2012).

        In re Pacheco Pacheco, supra, pág. 561; In re Toro Soto, supra, pág, 660,


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Aida Luz Gerena Ramos.

      Número: TS-16529

      Resuelto: 12 de julio de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos corresponde suspender a una abogada por desatender las órdenes de esta Curia. Con-tinuamente hemos señalado que ello conlleva sanciones dis-ciplinarias, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Por desplegar este tipo de conducta, suspendemos inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía y de la notaría a la Leda. Aida Luz Gerena Ramos.

1—i

La Leda. Aida Luz Gerena Ramos fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007 y al ejercicio de la notaría el 5 de octubre de ese mismo año. El 16 de julio de 2015, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) le envió a la licenciada Gerena Ramos una notificación, vía correo certificado con acuse, señalando un incumplimiento con sus obligaciones. Según esta misiva, la abogada de-bía cincuenta y cuatro índices de actividad notarial men-sual y los informes estadísticos de actividad notarial anual del 2011 al 2014; tampoco tenía vigente su fianza notarial. En consecuencia, se le confirió un término de diez días para someter tales documentos.

En respuesta a la comunicación de ODIN, la letrada re-mitió una carta el 16 de agosto de 2015 reconociendo su incumplimiento y explicando las razones que le impidieron cumplir con sus deberes. Sostuvo que no ejerció la abo-gacía hasta el 2010 y que en 2011 comenzó a trabajar como enfermera. Indicó que para el 2014 tuvo complicaciones de salud y que actualmente se encuentra desempleada. En consideración a lo anterior y al interés implícito de cesar voluntariamente al ejercicio de la notaría, ODIN emitió una Resolución el 25 de agosto de 2015 con el fin de aten-der el asunto administrativamente antes de referirlo a este Tribunal. Con ese propósito se le concedieron diez días para comparecer por escrito, rendir los informes vencidos y encaminar su proceso de cesación voluntaria al ejercicio de la notaría. La licenciada Gerena Ramos incumplió con lo ordenado, por lo que el 4 de noviembre de 2015 ODIN le concedió un término improrrogable hasta el 16 de noviem-bre para que cumpliera dichos requerimientos y expusiera las razones por las cuales no se debía informar la situación a esta Curia.

De acuerdo con una certificación expedida por la ODIN el 18 de febrero de 2016, la letrada presentó sus Informes de Actividad Notarial Anual, mas no así los índices nota-riales correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2015 y a enero de 2016. Así las cosas, el Director de ODIN nos presentó el 1 de marzo de 2016 un escrito titu-lado Informe Especial, en el que detalla la situación antes descrita. Ya para este tiempo la letrada debía también el Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual de 2015, pues había vencido el 29 de febrero de 2016.

Visto el Informe Especial, el 18 de marzo de 2016, le ordenamos a la licenciada Gerena Ramos que compare-ciera en un término de diez días para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderla indefinidamente de la práctica de la notaría e imponerle una sanción económica de $500 al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2102. Ordenamos, además, la incauta-ción preventiva e inmediata de su obra protocolar y de su sello notarial. Le advertimos que el incumplimiento con lo ordenado podría conllevar la suspensión del ejercicio de la abogacía. Esta Resolución se notificó a la abogada al correo electrónico que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas el mismo 18 de marzo de 2016 y personalmente el 8 de abril de 2016 a través de la Oficina de Alguaciles de este Tribunal. Al momento, la licenciada no ha compare-cido a cumplir con nuestra orden.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional instaura que “ [e] 1 abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Hemos reiterado que, “[c]uando los abogados no cumplen con las órdenes de este Tribunal demuestran me-nosprecio hacia nuestra autoridad, infringiendo, de ese modo, las disposiciones del Canon 9, supra”. In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 514-515 (2013). El incumplimiento que constituye no responder a los requerimientos del Tribunal, según lo que hemos resuelto en repetidas ocasiones, es un "serio agravio a la autoridad de los Tribunales” y razón suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión. In re Pastrana Silva, 195 DPR 366 (2016); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

Esto, a su vez, se extiende sobre aquellas entidades a las cuales hemos delegado alguna tarea para velar por el cumplimiento de los deberes propios del ejercicio de la profesión. In re Colón Cordovés, 195 DPR 543 (2016). ODIN es una de estas entidades y, por consiguiente, sus requerimientos deben responderse con premura. Ello surge directamente del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y responde a un elemento básico: el respeto hacia este Tribunal. La naturaleza misma de la profesión jurí-dica agudiza la necesidad de que este respeto a la autori-dad disciplinaria permee todas las facetas de esta profesión.

III

Surge del expediente ante nuestra consideración que ODIN le ofreció varias oportunidades a la licenciada Ge-rena Ramos para entregar los índices notariales. Tras cum-plir parcialmente con ese requerimiento y su deseo implí-cito de no practicar la notaría, ODIN le concedió un término para que presentara su solicitud de cesación formal antes de referir sus incumplimientos a esta Curia para la correspondiente acción disciplinaria. A pesar de la opor-tunidad de resolver este asunto administrativamente, la letrada no compareció ante ODIN. Referido el asunto a nuestra consideración, le concedimos un término para que mostrara causa por la cual no se le debían imponer sancio-nes disciplinarias, pero tampoco compareció.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que la licenciada Gerena Ramos infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir con nuestra orden del 18 de marzo de 2016 y con los requerimientos de ODIN. En consecuencia, decretamos su suspensión inmediata e in-definida del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

En vista de lo anterior, le imponemos el deber de notifi-car inmediatamente a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos y a los foros judiciales y admi-nistrativos de Puerto Rico en cuanto a su suspensión indefinida. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”y Sentencia. El cumplimiento con estos deberes se notificará también a la Procuradora General.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no intervinieron.

       Anejo I del Informe Especial, presentado por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) el 1 de marzo de 2016,

       Anejo II del Informe Especial.

       En cuanto a su obra protocolar y sello notarial, nótese que ordenamos su incautación mediante la Resolución del 18 de marzo de 2016.


author:
(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Señor Rivera García,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ashley M. Torres Feliciano, recurrida.

      Número: CC-2016-0055

      Resuelto: 12 de julio de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Daphne N. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria; Lilliannette Cortés Soto yFabiana Tapia Pimentel, abogadas de la parte recurrida,
   SENTENCIA

El 22 de enero de 2016 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal mediante el cual solicitó la revisión de la senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 23 de diciembre de 2015 en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Ashley Marie Torres Feliciano, KLCE201400162. En ésta, el foro apelativo intermedio revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Luego de considerar el recurso peticionado, los Jueces y las Juezas de este Tribunal se encuentran igualmente divididos en cuanto a su expedición. Por lo tanto, y conforme a la Regla 4(a) del Reglamento de este Tribunal Supremo, se expide el referido recurso y se con-firma el dictamen recurrido.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió una Opinión disidente, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera García,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

En lo que parece ser una práctica judicial preocupante y en crecimiento, nuevamente tenemos ante nuestra consi-deración un caso en el que el Tribunal de Apelaciones re-voca un veredicto de un Jurado y ordena la celebración de un nuevo juicio. Lo que es peor, en esta ocasión se trata de la revocación de un veredicto unánime —atípico en nuestra jurisdicción— en un caso de asesinato en primer grado y cuya revocación no encuentra sustento alguno en el expediente. Revocar a nivel apelativo la apreciación de doce personas por el simple hecho de que se catalogue como prueba exculpatoria un Informe de Análisis de Escena del cual no surge el nombre de la sospechosa —y eventual con-victa— no tan solo representa un craso error en derecho, sino que demuestra un claro desconocimiento de materias básicas en cuanto al manejo de escenas criminales. Ello, de por sí, debió ser suficiente para mover a este Tribunal a expedir el recurso y evaluar con detenimiento los méritos del caso. Hoy, lamentablemente, el curso de acción es otro, ya que los miembros de este Foro nos encontramos igual-mente divididos. Procede entonces expedir el caso de epí-grafe y confirmar el dictamen patentemente erróneo emi-tido por el Tribunal de Apelaciones. Ante ello, no me resta más que disentir.

Explico a continuación en detalle mi postura sobre el caso y expongo las razones por las cuales debió expedirse el recurso de certiorari presentado por la Procuradora General con el objetivo de revocar el dictamen recurrido. Como explicaré, los planteamientos argumentados por la defensa no brindan espacio alguno para concluir en el presente caso que hay evidencia nueva que pueda variar el veredicto y mucho menos brinda espacio para concluir que estamos ante evidencia exculpatoria.

i—i

Por hechos ocurridos el 21 de febrero de 2009, un Ju-rado encontró culpable de forma unánime a Ashley M. Torres Feliciano (señora Torres Feliciano) por los delitos de asesinato (Art. 106 del Código Penal de 2004) y portación y uso de armas blancas (Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico). La prueba de cargo consistió en el testimo-nio de los testigos siguientes: el agente Concepción Santiago, el señor Abdón López, el señor Francisco Colón, la señora Zulayka Rivera, el señor Luis Rodríguez Cruz, el señor Abimael Figueroa, la señora Lissette Colón, la se-ñora Lesly Figueroa Feliciano, la señora Giselle Figueroa Feliciano, el patólogo Carlos Chávez y la madre de la recu-rrida, la señora Lucrecia Feliciano. El Ministerio Público, aunque anunció como testigos de cargo a los agentes René Rodríguez (agente Rodríguez) y Brunilda Borrero (agente Borrero), decidió no utilizarlos durante el juicio. Siendo así, surge de los autos del caso que el tribunal decretó un receso en la Sala para que el abogado de defensa exami-nara a ambos testigos. Luego del receso, la defensa indicó al Tribunal que tuvo oportunidad de entrevistar a los tes-tigos y que no le interesaba interrogarlos. Desfilada la prueba, el Jurado emitió en forma unánime un veredicto de culpabilidad por los delitos según imputados. En conse-cuencia, el Tribunal de Primera Instancia sentenció a la recurrida a una pena de reclusión de ciento once años de cárcel.

Inconforme con la determinación del foro primario, la convicta solicitó la reconsideración, pero fue denegada. Oportunamente, la señora Torres Feliciano presentó una solicitud de nuevo juicio, la cual fue denegada también. Aún en desacuerdo, la recurrida presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En este alegó que se violaron sus derechos constitucionales a tener un debido proceso de ley y a un juicio justo al omitirse la en-trega de prueba exculpatoria. Específicamente, adujo que la defensa no tuvo la oportunidad de examinar el Informe de Análisis Escena preparado por el agente investigador Rodríguez. Alegó que tuvo acceso por primera vez a dicho Informe durante la celebración de la Vista Evidenciaria, en la que el agente admitió que no lo había entregado. Sos-tuvo que el Informe constituye prueba exculpatoria, ya que no menciona a la recurrida como sospechosa o participante de conducta delictiva alguna.

Evaluados los argumentos de las partes, el 23 de diciembre de 2015 el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que revocó el veredicto condenatorio uná-nime y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Esto, por-que entendió que el Tribunal de Primera Instancia des-cartó los testimonios de los agentes Rodríguez y Borrero así como el testimonio de la Dra. Sylvette Lugo (doctora Lugo). En esencia, el planteamiento de la señora Torres Feliciano es que de los testimonios de los testigos no surge que la recurrida fuera considerada sospechosa, sino una peijudicada. De esta manera, determinó que procedía cele-brarse un nuevo juicio.

En desacuerdo con este dictamen, el Estado recurre ante nos mediante un recurso de certiorari. En este adujo los señalamientos de error siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el auto de certio-rari solicitado por la señora Ashley Torres Feliciano y ordenar la celebración de un nuevo juicio.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que las dos hojas que se anejaron al informe médico preparado por la Dra. Syl-vette Lugo y las notas de la agente Brunilda Borrero sobre su intervención en este caso, constituyen evidencia nueva y creí-ble que produciría un resultado diferente.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que el Informe de Análisis de Escena es evidencia exculpatoria que fue supri-mida por el Ministerio Fiscal y que, de haber estado disponible al momento del juicio, hubiera arrojado una luz diferente en el juicio al punto de socavar la confianza en su resultado. Peti-ción de certiorari, pág. 7.

En su escrito, la Procuradora General sostuvo que el Tribunal de Apelaciones incidió al revocar la sentencia conde-natoria emitida por el foro de instancia a base de una apli-cación incorrecta del caso Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304 (2008), sin tomar en cuenta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Asimismo, presentó un escrito titulado Memorando de Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari, en el cual, en esencia, repitió los mismos argumentos esbozados ante los foros recurridos.

II

Las Reglas 188 y 192 de Procedimiento Criminal regulan la concesión de un nuevo juicio bajo el supuesto del descu-brimiento de nueva prueba. El factor determinante en cuanto a la aplicación de una u otra regla radica en el mo-mento cuando se descubre la prueba nueva. La Regla 188 regula la concesión de un nuevo juicio antes de que se dicte sentencia y la Regla 192 después de dictarse la sentencia.

En Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721, 738 (2006), establecimos los requisitos que el promovente debe cumplir para que proceda su moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de prueba nueva: (1) que la prueba no pudo descubrirse antes del juicio, a pesar de haber mediado una diligencia razonable; (2) que la nueva prueba es pertinente a la controversia y no meramente acumulativa o de impug-nación; (3) que tal prueba es creíble, y (4) que su presenta-ción probablemente produzca un resultado distinto. Al ponderar la prueba nueva, el tribunal deberá evaluarla junto con la prueba presentada en el juicio original de la forma más favorable al fallo o veredicto de culpabilidad que se impugna.

En consecuencia, para satisfacer el quantum de prueba, se requiere que junto con la prueba presentada en el juicio original, la nueva prueba sea de tal magnitud que, de ha-ber sido presentada en el juicio, hubiera creado duda razo-nable en el ánimo del juzgador en cuanto a la culpabilidad del convicto. Conforme a lo anterior, no se puede conce-der un nuevo juicio si la prueba nueva es increíble y mera-mente acumulativa, ya que probablemente no cambiaría el resultado del juicio al haberse “presentado evidencia de naturaleza y valor probatorio similar”.

Como parte de la garantía constitucional que tiene todo acusado a preparar adecuadamente su defensa, se reco-noce como derecho fundamental el derecho a obtener, me-diante descubrimiento de prueba, aquella que pueda favorecerle. Por esta razón, se ha resuelto que el derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra. Es por ello que el Ministerio Público está obligado constitucionalmente a descubrir, oportunamente, toda prueba favorable que esté en manos del Gobierno, entre ella la prueba exculpatoria que tenga. La entrega inopor-tuna constituye una supresión si el acusado no tiene opor-tunidad de utilizarla efectivamente. Así, en Pueblo v. Velázquez Colón, supra, establecimos que la omisión o supresión de evidencia que incide en los asuntos de inocen-cia o culpabilidad lesiona el debido proceso de ley de un acusado, por lo que procede revocar la convicción y ordenar la celebración de un nuevo juicio.

Ahora bien, es importante delinear lo que es la prueba exculpatoria. A tales efectos, hemos señalado que la prueba exculpatoria es “toda aquella que resulta favorable al acu-sado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo, irrespectivamente de la buena o mala fe exhibida por el Ministerio Fiscal”. (Énfasis suprimido). La relevancia de la prueba que se presente estará condicionada a la impresión que tenga el foro recu-rrido sobre ella en cuanto al hecho de que existe una razo-nable probabilidad de que ésta habría alterado el veredicto o el castigo impuesto; es decir, si para el juzgador la prueba constituye una prueba exculpatoria suprimida que con una razonable probabilidad habría alterado el vere-dicto o el castigo impuesto si se hubiese presentado ante él. De ser ese el caso, al evaluar la moción de nuevo juicio no se considerarán los requisitos estatutarios y jurispruden-ciales que aplican a las mociones ordinarias de un nuevo juicio. Ello, puesto que el derecho a un debido proceso de ley, el derecho a obtener evidencia favorable y el derecho a enfrentar la prueba del Estado son de mayor jerarquía y tienen una mayor protección con relación a las Reglas de Procedimiento Criminal. Si la prueba entregada inopor-tunamente es impugnatoria, el acusado debe demostrar que no tuvo la oportunidad de contrainterrogar al testigo en cuanto al hecho que estableció la prueba que se le en-tregó tardíamente. Cabe resaltar que el estándar de per-tinencia se cumple cuando el acusado demuestra que la evidencia suprimida puede razonablemente arrojar una luz diferente sobre el juicio, al punto de socavar la con-fianza en el resultado.

f—H h-⅜ I—(

Ciertamente, el presente caso requiere determinar si la alegada prueba nueva, en efecto, es prueba exculpatoria que incide en aspectos de culpabilidad o inocencia y si tal prueba hubiera producido un resultado distinto, si al me-nos hubiese socavado la confianza en el resultado o si, por el contrario, se trata de prueba acumulativa o de impugna-ción que pudo haberse descubierto mediando una diligen-cia razonable. Como veremos y conforme las expresiones transcritas en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, no cabe duda de que la evidencia “suprimida” por el Estado no constituye “evidencia exculpatoria”, porque si bien es cierto que no la involucra directamente con el acto delic-tivo, no es menos cierto que no habría alterado el veredicto o el castigo impuesto si se hubiese presentado al juzgador de los hechos. En otras palabras, no es una prueba de tal magnitud que hubiese creado la duda razonable en el ánimo del juzgador en cuanto a su no culpabilidad por los hechos imputados. Veamos.

La alegada prueba exculpatoria presentada por la se-ñora Torres Feliciano consistió en la prueba documental siguiente: las notas de la agente Brunilda Borrero, el In-forme de Análisis de Escena suscrito por el agente Rodrí-guez, dos hojas del expediente médico del CDT preparadas por la doctora Lugo y el testimonio de su entonces pareja y padre de su hija, el convicto y autor principal del crimen, el señor Quirindongo. La recurrida alegó que de cada uno de los informes surge que la víctima señaló únicamente a este último como su agresor. Adujo que ninguna de las personas entrevistadas la noche de los hechos —incluso la víctima y su agresor— involucró a la señora Torres Feliciano como partícipe o coautora de los hechos ocurridos el 21 de fe-brero de 2009. Sostuvo que como la prueba no la vincula a los actos delictivos, ello demuestra que el señor Quirin-dongo había actuado solo. Concluyó que la referida prueba documental es evidencia exculpatoria, ya que fue una prueba suprimida por el Estado que nunca se le entregó a la defensa.

No procede el reclamo de la recurrida a los efectos de que dicha prueba constituye prueba exculpatoria. Luego de evaluar detenidamente el expediente, examinar la trans-cripción de los interrogatorios efectuados a los agentes Bo-rrero y Rodríguez y a la doctora Lugo, y escuchar la regra-bación del juicio original, es forzoso concluir que tal prueba no es prueba que demuestre, o que tienda a demostrar, la inocencia de la acusada. Tampoco constituye prueba que hubiera producido un veredicto distinto —al emitido uná-nimemente en este caso— ni, mucho menos, socavado la confianza en el resultado. Además, contrario a lo que se-ñaló el foro apelativo intermedio en cuanto al hecho de que el Informe de Análisis de Escena nunca fue entregado al Ministerio Público y que de los informes restantes “no se desprende que la señora Torres era considerada como sos-pechosa de haber cometido algún delito”, debemos concluir lo siguiente: el hecho de que en este caso no se mencionara a la señora Torres Feliciano en los referidos informes esta-dísticos o médicos no constituye prueba exculpatoria en lo absoluto. Debe recordarse que la prueba exculpatoria es aquella que, además de ser favorable al acusado, posee re-levancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo, irrespectivamente de la buena o mala fe exhibida por el Ministerio Fiscal. Es decir, se trata de una prueba que con razonable probabilidad habría alterado el veredicto o castigo.

Como pocas veces ocurre, hubo un veredicto unánime de un Jurado que dio el valor probatorio necesario para con-cluir que la señora Torres Feliciano participó como coau-tora en el asesinato del Sr. Nelson Figueroa Feliciano. Ello, luego de haber ponderado toda la prueba presentada en el juicio original, incluso los testimonios prestados por los testigos presenciales —entre ellos, familiares de la recurri-da— que declararon haber visto a la recurrida sacar una cuchilla de la parte de atrás del bolsillo de su pantalón y dársela al señor Quirindongo, quien luego la utilizó para agredir y matar a la víctima.

Por último, es importante enfatizar que al revisar cues-tiones de hecho en condenas criminales, este Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones que “la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro senten-ciador y por lo cual los tribunales apelativos sólo intervendrán] con dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifíesto”. La razón está en el hecho de que los foros primarios están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, ya que tienen la oportunidad de observar y escu-char a los testigos; por ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia. Consecuentemente, las determina-ciones que hace el juzgador de los hechos —en este caso el Jurado— no deben descartarse arbitrariamente ni susti-tuirse por el criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe base suficiente para apoyar tal determinación. Actuar contrario a ello y emi-tir decisiones judiciales que sustituyan arbitrariamente un fallo y veredicto emitido unánimemente en primera instan-cia es una práctica peligrosa que no tan solo trastoca la esencia misma de nuestra función como tribunales reviso-res, sino que desafortunadamente laceran la confianza del pueblo en su sistema de justicia. Por todo lo anterior, disiento y hago constar que hubiese expedido el presente caso para revocar el dictamen recurrido.

       4 LPRA Ap. XXI-B.

       Ley Núm. 149-2004, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4734.

       Art. 5.05 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458d.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 15-17.

       34 LPRA Ap. II.

        Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 327 (2008); Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721, 738 (2006).

        Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, págs. 739-740.

       Véase Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 327, citando a Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, pág. 740.

        Pueblo v. Rodríguez, 193 DPR 987, 1000 (2015).

       En este sentido, la obligación del Estado de presentar evidencia exculpatoria o de impugnación de la prueba principal de cargo, no parte del derecho estatutario a descubrir prueba favorable, sino del derecho constitucional al debido proceso de ley y del derecho a enfrentar la prueba adversa.

       Íd.

        Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 333 (1991), citando a Brady v. Maryland, 373 US 83, 87-88 (1963). Véanse: Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577 (1995); Moore v. Illinois, 408 US 786, 794-795 (1972).

        Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 333, citando a United States v, Bagley, 473 US 667, 674-675 (1985), a United States v. Agurs, 427 US 97, 104 (1976), a U.S. v. Andersson, 813 F.2d 1450, 1458-1459 (9no Cir, 1987), y a United States v. Polizzi, 801 F.2d 1543, 1553 (9no Cir.1986).

        Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 329.

       Íd.

       Íd.; Brady v. Maryland, supra.

        Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002). Véanse, además: Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991).

        Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653-654 (1986).

        Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 62.


text:
      In re Joel E. Reyes Martínez.

      Número: AB-2011-138

      Resuelto: 12 de julio de 2016

      Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera-Rodríguez, de Mainardi & Rivera, abogados de Joel E. Reyes Martínez; Joel E. Reyes Martínez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la “Moción urgentísima solicitando reconside-ración” de 1 de julio de 2016, así como la “Urgente moción suplementaria informando gestiones” de 8 de julio de 2016, se reconsidera la suspensión del ejercicio de la abogacía del Sr. Joel E. Reyes Martínez de una inmediata e indefinida a una suspensión por el término de un (1) mes. Además, el señor Reyes Martínez deberá acreditar a este Tribunal su cumplimiento con la Sentencia emitida el 29 de junio de 2016.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina


text:
      In re Damián F. Planas Merced, querellado.

      Números: AB-2014-0040
    TS-11,242

      Resueltos: 19 de julio de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Eric O. De la Cruz Iglesias, procurador general auxiliar; Wilfredo Ortiz Maldonado, quejoso; Damián F. Planas Merced, abo-gado querellado.
   per curiam:

Hoy nuevamente nos encontramos en la ne-cesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportu-nidades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta temeraria y que constituye un desafío.

HH

El Ledo. Damián F. Planas Merced (licenciado Planas Merced) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 1995 y a la notaría el 17 de agosto de 1995.

Debemos mencionar que el licenciado Planas Merced ha sido disciplinado en el pasado. En específico, el 23 de no-viembre de 2010 este Tribunal determinó que el licenciado Planas Merced sostuvo una comunicación ex parte contraria a lo preceptuado en el Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Planas Merced, 180 DPR 179 (2010). Por harberse tratado de su primera falta, este Tribunal limitó la sanción a suspenderlo de la práctica de la profesión por el término de tres meses. Se ordenó, además, la incautación de la obra y del sello notarial para que se entregaran al Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), cuya incautación se efectuó el 6 de diciembre de 2010. No obstante, a solicitud del licenciado Planas Merced, el 11 de marzo de 2011 este Tribunal autorizó su reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía. Véase In re Planas Merced I, 181 DPR 1014 (2011). Posteriormente, el 29 de marzo de 2011, este Tribunal readmitió al licenciado Planas Merced al ejercicio de la notaría. Véase In re Planas Merced II, 181 DPR 1014 (2011).

Por otro lado, el 7 de febrero de 2014 el Sr, Wilfredo Ortiz Maldonado, quien actualmente cumple una pena de reclusión junto con su hermano David Ortiz Maldonado, presentó una Queja contra el licenciado Planas Merced ale-gando, inter alia, que su madre contrató al licenciado para que asumiera la representación legal de ambos hermanos y que le pagó $5,000. Sin embargo, el licenciado Planas Mer-ced solicitó permiso al Tribunal de Apelaciones para repre-sentarlos de manera Pro Bono.

Luego de varios plazos concedidos por la Secretaria de este Tribunal, finalmente el licenciado Planas Merced res-pondió la Queja el 1 de julio de 2014 rechazando todas las alegaciones. Meses después, el 24 de octubre de 2014, el licenciado Planas Merced sometió una "Solicitud de cambio a estatus de abogado inactivo en el Registro Único de Abo-gados y Abogadas”, arguyendo, en principio, que no puede ejercer la profesión porque padece de cierta condición de salud mental. El 27 de febrero de 2015 la Procuradora General compareció mediante un “Informe de la Oficina de la Procuradora General” y expuso que existía prueba clara, robusta y convincente para iniciar un procedimiento disci-plinario a tenor de la Regla 14 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. No obstante, recomendó iniciar contra el licenciado Planas Merced un procedimiento especial bajo la Regla 15(c) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.

El 8 de abril de 2015 la Secretaria de este Tribunal le remitió una comunicación al licenciado Planas Merced con-cediéndole un término de veinte días para que se expresara sobre el Informe presentado por la Oficina de la Procura-dora General. Sin embargo, el licenciado Planas Merced no contestó este requerimiento. Así las cosas, el 19 de junio de 2015 este Tribunal atendió los escritos de la parte quere-liante (Queja AB-2014-40), el Informe de la Procuradora General y la solicitud de cambio de estatus a abogado in-activo, y emitió una Resolución mediante la cual se le con-cedieron treinta días al licenciado Planas Merced para que solicitara la cesación a la notaría. Advertimos que, de cum-plirse con este requisito, esta Curia estaría en posición de concederle la solicitud de inactividad. Se condicionó tal proceder a que si el licenciado Planas Merced solicitase reinstalación al ejercicio de la profesión legal, se reactiva-ría la Queja AB-2014-40, se tendría que someter al proce-dimiento especial bajo la Regla 15(c) de nuestro Regla-mento, supra, y, además, tendría que ponerse al día con el Programa de Educación Jurídica Continua. Asimismo, apercibimos al licenciado Planas Merced que, de no cum-plir con los términos de la Resolución, estaría sujeto a po-sibles sanciones disciplinarias, incluyendo su separación de la profesión legal.

El 17 de septiembre de 2015 el Director de ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, acreditó mediante una “Moción notificando incumplimiento de orden” el incumplimiento del licenciado Planas Merced con el término de treinta días concedido por este Tribunal para solicitar la cesación de la notaría ante ODIN. En esta Moción, el Director de ODIN informó a este Tribunal, entre otras cosas, que supo que el licenciado Planas Merced se mudó permanentemente a la ciudad de Boston, Massachusetts, aparentemente por razo-nes médicas, por lo que solicitó inactivarse de la práctica de la abogacía. El Director de ODIN informó, además, que las gestiones para contactar al licenciado Planas Merced habían sido infructuosas.

Ante la falta de cumplimiento del licenciado Planas Merced con la Resolución de esta Curia, nos vemos preci-sados a imponer sanciones disciplinarias más severas.

HH 1—i

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal. In re Bello Rivera, 192 DPR 812, 816 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 560 (2015); In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010).

Reiteradamente hemos señalado que desatender las ór-denes judiciales es un asunto que no puede ser tomado livianamente, puesto que constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales y, en consecuencia, una infracción al Canon 9, supra. In re Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 803 (2015); In re Dávila Toro, supra.

A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indife-rente ante nuestros apercibimientos de imponerle sancio-nes disciplinarias. In re Santiago Calderón, 195 DPR 457 (2016); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014); In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011).

En este caso, el 19 de junio de 2015 este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual se le concedió un término de treinta (30) días al licenciado Planas Merced para que solicitara la cesación a la notaría. Advertimos que, de cum-plirse con este requisito, esta Curia estaría en posición de concederle su solicitud de inactividad. Sin embargo, aun cuando se apercibió al licenciado Planas Merced de que podrían imponérsele sanciones disciplinarias severas en caso de que incumpliera con nuestros requerimientos, este ha hecho caso omiso. Asimismo, las gestiones realizadas por ODIN para contactar al licenciado Planas Merced han sido infructuosas. Ciertamente, el expediente del licen-ciado Planas Merced refleja un patrón de incumplimientos, desidia y desinterés de su parte a las órdenes de esta Curia.

i—i HH 1—!

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende inme-diata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Planas Merced.

Se le impone al licenciado Planas Merced el deber de no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”y Sentencia. Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Pla-nas Merced y entregarlos a la oficina del Director de ODIN para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Ahora bien, respecto a la Queja AB-2014-40 antes mencionada, esta Curia no entrará a evaluar los méritos de las alegaciones contenidas en esta, ya que lo que nos ocupa es el incumplimiento del licenciado Planas Merced con los requerimientos de este Tribunal.


author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

text:
    Príamo Orlando Pastor León, recurrido, v. Hon. Juan Carlos Puig, Secretario de Hacienda, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionarios.

      Número: CC-2013-0670

      Resuelto: 19 de julio de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria; Eduardo H, Martínez Echevarría y Miguel Eliza Rivera, de Martínez Echevarría Law Office, P.S.C., abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si una de-manda de impugnación de notificación final de deficiencia contributiva y una solicitud de exoneración de fianza deben notificarse al Secretario de Hacienda dentro del término de treinta días que establece la Sección 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Código de Rentas Internas), Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 13 LPRA sec. 8022(a)(2) (ed. 2007). Además, debemos esta-blecer los elementos que, a la luz de lo resuelto en Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720 (2010), debe incluir la notificación final de deficiencia contributiva, con tal de cumplir con los rigores del debido proceso de ley en su vertiente procesal.

i—f

El 18 de mayo de 2009, el señor Príamo Pastor León (demandante) presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra el Secretario de Hacienda y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). En ésta, im-pugnó una notificación final de deficiencia contributiva que fue depositada en el correo el 17 de abril de 2009. Esta notificación advertía lo siguiente:

De no estar conforme, dentro de los treinta (30) días inme-diatamente siguientes a la fecha de esta notificación, podrá radicarse, previa prestación de una fianza a favor del Secreta-rio de Hacienda por la cantidad arriba indicada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en la forma provista por ley. Notificación final de la deficiencia, Apéndice, pág. 71.

El demandante acompañó la demanda con un escrito in-titulado Solicitud de exoneración de fianza, en el cual peti-cionó que el foro de instancia lo relevara de prestar la fianza requerida en este tipo de casos como requisito jurisdiccional.

El 3 de junio de 2009, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden mediante la cual concedió al ELA un tér-mino de diez días para que contestara la demanda en cuestión. El 7 de julio de 2009, el ELA presentó su contes-tación y, además, solicitó la desestimación de la demanda. Argüyó que el demandante no lo había emplazado ni había notificado al Secretario de Hacienda con copia de la solici-tud de exoneración de fianza junto a la demanda dentro del término jurisdiccional de treinta días que establece la Sección 6002(a) del Código de Rentas Internas, 13 LPRA sec. 8022(a) (ed. 2007).

El 28 de julio de 2009, el demandante presentó una mo-ción en la que planteó que la demanda que nos ocupa fue oportunamente presentada ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, debidamente acompañada de la solicitud de exone-ración de fianza. Alegó que, con ello, cumplió con las exigen-cias del Código de Rentas Internas. Reconoció, empero, que no había emplazado al ELA dentro del término de treinta días y solicitó, por lo tanto, la expedición de los emplaza-mientos correspondientes. Así las cosas, el 12 de agosto de 2009, el foro de instancia expidió los emplazamientos solici-tados, lo cuales fueron debidamente diligenciados.

El 26 de marzo de 2010, el Tribunal de Primera Instan-cia declaró “con lugar” la moción de desestimación presen-tada por el ELA. No obstante, el 12 de mayo de 2010, el demandante presentó una solicitud de reconsideración. Entre otros particulares, expresó que el Código de Rentas Internas únicamente requiere que la solicitud de exonera-ción de fianza se presente al tribunal dentro del término de treinta días, no ante el Secretario de Hacienda. Añadió, además, que el término para emplazar al ELA y notificar la demanda al Secretario de Hacienda era el dispuesto para el emplazamiento por la Regla 4.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una resolución —notificada el 4 de octubre de 2012— en la que reconsideró su dictamen del 26 de marzo de 2010. En síntesis, concluyó que la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas no exige que el demandante notifique al Secretario de Hacienda la solici-tud de exoneración de fianza junto a la demanda dentro del término de treinta días en cuestión. Razonó, pues, que el demandante había cumplido con el procedimiento exigido por el ordenamiento contributivo puertorriqueño y ordenó al Departamento de Hacienda que expusiera su posición respecto a la solicitud de exoneración de fianza del demandante.

Inconforme, el 15 de octubre de 2012, el ELA presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Rei-teró sus argumentos respecto a que el Código de Rentas In-ternas exige la notificación de la demanda y de la solicitud de exoneración de fianza al Secretario de Hacienda dentro del término jurisdiccional de treinta días. El 23 de mayo de 2013, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia me-diante la cual confirmó el dictamen recurrido y concluyó que, conforme a la Sección 6002 del Código de Rentas Internas, 13 LPRA sec. 8022 (ed. 2007), no es necesario notificar los documentos en controversia dentro del término de treinta días al Secretario de Hacienda. Expresó el tribunal que, por el contrario, el proceso en este tipo de casos es el siguiente:

Presentada a tiempo la demanda, el Tribunal de Primera Ins-tancia notificfa] al Secretario de Hacienda sobre la solicitud del contribuyente, mediante una orden que le requiere] reaccionar en determinado plazo. Mientras, deb[e] el contribuyente dili-genciar la demanda con copia de la moción de exoneración al Secretario de Hacienda y al Secretario de Justicia, en los térmi-nos dispuestos por la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, como ocurrió en este pleito. (Énfasis suprimido). Apéndice, págs. 15-16.

El 11 de junio de 2013, el ELA presentó una solicitud de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, que fue declarada “no ha lugar” mediante resolución notificada el 8 de julio de 2013.

El 7 de agosto de 2013, el ELA recurrió a este Tribunal y planteó que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia y al determinar que el contribuyente cumplió con la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, aun cuando éste no emplazó ni notificó al Estado en el término de treinta días de haberse notifi-cado la decisión final de deficiencia contributiva. El 22 de noviembre de 2013 concedimos a las partes un término para que mostraran causa por la cual no debíamos expedir el recurso y ordenar a la agencia que notificara debida-mente la determinación final de deficiencia contributiva, a la luz de lo resuelto en Picorelli López.

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A

La Sección 6002 del Código de Rentas Internas establece el procedimiento relacionado con la notificación final de una deficiencia contributiva y a su impugnación. Particularmente, conforme al inciso (a) de la Sección 6002, si el Secretario de Hacienda determina que existe una de-ficiencia respecto a la contribución impuesta, éste debe no-tificarla al contribuyente. 13 LPRA sec. 8022(a). Si el con-tribuyente no solicita la reconsideración o si, habiéndola solicitado, se confirma total o parcialmente la deficiencia notificada, el Secretario de Hacienda notificará por correo certificado su determinación final. íd. Entre otros particu-lares, tal notificación final tiene que expresar el monto de la fianza que el contribuyente debe prestar en caso de que interese recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia para impugnar esta determinación. Íd.

En lo pertinente, la Sección 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas establece que aquel contribuyente que desee impugnar una notificación final de deficiencia contri-butiva podrá hacerlo

[...] presentando una demanda en la forma establecida por ley dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, previa prestación de fianza a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la determinación final [.] 13 LPRA sec. 8022(a)(2) (ed. 2007).

Dicha sección establece, además, que la prestación de la fianza al Secretario de Hacienda, así como la presentación de la demanda en el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta días, “serán requisitos de índole ju-risdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del asunto”. Íd. Véanse, en general: Picorelli López, supra; Segarra, Jr v. Srio. de Hacienda, 94 DPR 168 (1967).

Cabe mencionar que el propósito jurídico de exigir la prestación de una fianza como condición previa a la presen-tación de la demanda de impugnación de notificación final de deficiencia, es garantizar que el contribuyente pague cualquier posible deficiencia que eventualmente se determine. Descartes v. Tribl. Superior, 75 DPR 245, 250 (1953). Véase, además, G. Melendez Carrucini, Procedimiento contributivo de Puerto Rico (apelaciones adminis-trativas y judiciales), San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, 1981, Sec. 3.03, pág. 235. Se trata, pues, de un requisito importante que el Código de Rentas Internas cataloga de carácter jurisdiccional.

Ahora bien, el Código de Rentas Internas esta-blece un procedimiento particular para aquellos casos en que el contribuyente no pueda prestar la fianza impuesta por el Secretario de Hacienda. Específicamente, en caso de que el contribuyente no pudiera prestar la fianza o, si ha-biéndola prestado, el Secretario la hubiera rechazado antes de la presentación de la demanda, la Sección 6002(a)(4) del mismo Código dispone que

[...] el contribuyente podrá, no obstante, presentar su demanda en el Tribunal de Primera Instancia dentro del término ante-riormente dispuesto, pero en tales casos deberá acompañar dicha demanda con una solicitud que será notificada al Secretario junto con la demanda, para que el Tribunal reduzca el monto de la fianza, o le exonere de prestarla, o apruebe la fianza pres-tada, según sea el caso, exponiendo las razones que tuviere para ello. En los casos en que el contribuyente presenta una solicitud sobre reducción, exoneración o aprobación de fianza, el tribunal emitirá una Orden para que el Secretario se exprese sobre lo solicitado. Dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que fuere notificado de la orden o en cualquier otro término que el Tribunal disponga, el Secretario deberá someter las objeciones que tuviere contra dicha solicitud del contribu-yente, después de lo cual el tribunal celebrará una audiencia y oirá a las partes sin entrar en los méritos de la deficiencia no-tificada y dictará resolución, bien sosteniendo el monto de la fianza requerida por el Secretario, bien reduciendo el mismo, bien exonerando al contribuyente de la prestación de fianza, o bien aprobando la fianza que rechazó el Secretario u ordenando al contribuyente que preste otra. 13 LPRA sec. 8022(a)(4) (ed. 2007).

Lo anterior significa que, en los casos antes discutidos, el contribuyente podrá presentar su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, pero deberá acompañarla con una solicitud sobre reducción, exoneración o aprobación de fianza, según corresponda. Íd. Además, no cabe duda de que, conforme a la citada disposición, tanto la demanda como la solicitud de reducción, exoneración o aprobación de fianza deberán notificarse al Secretario Hacienda.

Luego de ello, el tribunal emitirá una orden para que el Secretario se exprese en torno a la solicitud y, posterior-mente, celebrará una vista para evaluarla. 13 LPRA sec. 8022(a)(4) (ed. 2007). Al fin y al cabo, el tribunal podrá sostener o reducir el monto requerido por el Secretario, exonerar al contribuyente de la prestación de la fianza, aprobar la fianza rechazada por el Secretario u ordenar que el contribuyente preste una fianza distinta. íd.

El incumplimiento con alguno de los requisitos impues-tos por la Sección 6002(a) para que el foro de instancia pueda conocer del asunto será causa suficiente para que se archive la demanda. 13 LPRA sec. 8002(a)(7) (ed. 2007).

Por otra parte, el Código de Rentas Internas im-pide que el Secretario de Hacienda tase una deficiencia o comience procedimiento alguno para su cobro, entre otros actos, hasta que haya expirado el término de treinta días que tiene el contribuyente para impugnar la deficiencia ante el foro de instancia. 13 LPRA sec. 8022(a)(10) (ed. 2007). Consecuentemente, si el contribuyente no presenta una demanda ante el tribunal contra la determinación final del Secretario de Hacienda, la deficiencia se tasará y el contribuyente deberá pagarla. M. Tirado Viera, Funda-mentos de las contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico 2da ed. rev., San Juan, ed. del autor, 1986, pág. 462.

Con tal de implantar las discutidas disposiciones de la Sección 6002(a) del Código de Rentas Internas, el Departamento de Hacienda promulgó el Reglamento para Implantar las Disposiciones de la Sección 6002(a) de la Ley Núm. 120 de 31 de Octubre de 1994, Según Enmendada, Conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, Promulgado al Amparo de la Sección 6130 del Código que Faculta al Secretario de Hacienda a Adoptar los Reglamentos Necesarios para Poner en Vigor Dicho Código, Reg. Núm. 6924 de 30 de diciembre de 2004 (el Reglamento). En lo pertinente, la Sección 6002(a)3(g) del Reglamento expresa que “[s]i un contribuyente presentare demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, dicho con-tribuyente deberá notificar al Secretario [de Hacienda] tal demanda, para evitar que éste tase la deficiencia determi-nada y notificada mediante correo certificado”. Id., pág. 11. Asimismo, el Reglamento reitera lo dispuesto en el Código de Rentas Internas respecto a que, de no presentarse de-manda alguna, el Secretario de Hacienda podrá tasar y cobrar la deficiencia contributiva notificada. Id.

Dada la presunta ambigüedad de las disposicio-nes jurídicas discutidas, nos vemos compelidos a invocar las normas hermenéuticas de rigor, conforme a las cuales aun cuando “las leyes fiscales deben ser interpretadas res-trictivamente, las mismas tienen que ser interpretadas en forma jurídica y razonable, teniendo en mente el propósito e intención general del legislador al aprobarlas”. (Enfasis suprimido). Roque González & Co. v. Srio. de Hacienda, 127 DPR 842, 856-857 (1991). Por lo tanto, al interpretar las disposiciones que nos atañen del Código de Rentas In-ternas, concluimos que éstas requieren que el contribu-yente notifique la demanda y la solicitud de exención, re-ducción o aprobación de fianza al Secretario de Hacienda dentro del término de treinta días. Ello por dos razones principales. Primero, nótese que la solicitud de exonera-ción, reducción o aprobación de fianza es, para todos los fines prácticos, el sustituto de la fianza cuya prestación, según vimos, el Código de Rentas Internas establece como exigencia jurisdiccional. Segundo, téngase presente que, según mencionamos, el Secretario de Hacienda está auto-rizado para tasar y cobrar la deficiencia contributiva una vez expire el término aplicable si el contribuyente no ha presentado demanda alguna. Así, la notificación al Secre-tario de Hacienda de la demanda junto a la solicitud de exoneración, reducción o aprobación de fianza cumple la importante función de evitar que este funcionario tase la deficiencia contributiva.

En atención a lo anterior, concluimos que, en aras de cumplir con los requisitos jurisdiccionales de la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, el contribuyente debe: (1) presentar su demanda junto a la solicitud de exo-neración, reducción o aceptación de fianza ante el Tribunal de Primera Instancia, y (2) notificar al Secretario de Hacienda con copia de su demanda junto a esta solicitud. Am-bos requisitos deben cumplirse dentro de un término de treinta días a partir del depósito en el correo de la notifi-cación final de la deficiencia contributiva. Véase 13 LPRA secs. 8022(a)(2) y 8022(a)(4) (ed. 2007).

Habiendo cumplido con dicho requisito jurisdiccional, el contribuyente podrá emplazar al ELA dentro de los términos dispuestos por las Reglas de Procedimiento Civil. Una vez el ELA haya sido debidamente emplazado, el tribunal emitirá la orden a la que se refiere la Sección 6002(a)(4), 13 LPRA sec. 8022(a)(4) (ed. 2007), para que el Secretario se exprese en tomo a la solicitud.

B

Examinadas las disposiciones contributivas en contro-versia, resta evaluar los requisitos aplicables a la notifica-ción final de deficiencia contributiva. En Picorelli López atendimos un caso similar al de epígrafe, aunque en el con-texto de un trámite ordinario de prestación de fianza. Allí, particularmente, el contribuyente presentó una de-manda de impugnación de notificación final de deficiencia contributiva ante el Tribunal de Primera Instancia. Anejó a la demanda el pago de la fianza por el monto dispuesto en la notificación. El ELA solicitó la desestimación de la demanda. Argüyó que el foro de instancia carecía de juris-dicción ya que la fianza no se presentó ante el Secretario de Hacienda, según requiere la Sección 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas. Este Tribunal, luego de los trámites apelativos de rigor, aclaró que la fianza en cuestión tiene que presentarse a favor de y ante el Secretario de Hacienda dentro del término jurisdiccional de treinta días antes discutido. Concluimos, pues, que el contribuyente había incumplido con los requisitos jurisdiccionales del Código de Rentas Internas.

No obstante, toda vez que la notificación final de defi-ciencia contributiva no explicaba dónde el contribuyente debía presentar la fianza, ordenamos que la deficiencia contributiva se notificara nuevamente. Esto, en aras de salvaguardar el debido proceso de ley del contribuyente.

En particular, en Picorelli López razonamos que la omisión de la información sobre el lugar donde corres-pondía prestarse la fianza —cuya inobservancia tendría un impacto jurisdiccional— “constituye una clara violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal que requiere, como el primero de sus requisitos, una notificación ade-cuada en los casos en que el ciudadano enfrente la priva-ción de un interés propietario”. Íd., pág. 738.

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En el caso que nos ocupa, el demandante presentó la demanda al Tribunal de Primero Instancia acompañada de la solicitud de exoneración de fianza dentro del término de treinta días. Sin embargo, no notificó tales documentos al Secretario de Hacienda dentro de este término.

Lo anterior constituye un incumplimiento con los requi-sitos jurisdiccionales de la Sección 6002 del Código de Ren-tas Internas, 13 LPRA sec. 8022 (ed. 2007). Según expre-samos anteriormente, el demandante tenía la obligación de presentar la demanda y la solicitud de exoneración de fianza al tribunal y notificar ambos documentos al Secre-tario de Hacienda dentro del término jurisdiccional de treinta días. Ahora bien, la notificación final de deficiencia contributiva en controversia únicamente advirtió sobre el hecho de que, de no estar conforme con ésta, el contribu-yente podía instar, "previa prestación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda por la cantidad arriba indicada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en la forma provista por ley”. Notificación final de la deficiencia, Apéndice, pág. 71.

A la luz de lo resuelto en Picorelli López, y por los mismos fundamentos allí expresados, concluimos que lo anterior viola el debido proceso de ley del demandante. Así, el Departamento de Hacienda tiene que advertir al contri-buyente sobre la necesidad de que, en caso de que no pueda prestar la fianza que exige el Código de Rentas Internas como requisito jurisdiccional, debe presentar su demanda, junto a la solicitud de exoneración de fianza ante el Tribunal de Primera Instancia y notificar al Secretario de Hacienda ambos documentos dentro del término de treinta días. Ello en aras de cumplir con los rigores del debido proceso de ley en su vertiente procesal y en consonancia con la interpretación que aquí hacemos de la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas.

Por lo tanto, el Departamento de Hacienda debe notifi-car nuevamente la determinación final de deficiencia con-tributiva del demandante para que ésta advierta que, ade-más de lo exigido por Picorelli López, de no poder prestar la fianza allí impuesta, éste tiene disponible el trámite extra-ordinario de la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, el cual requiere la presentación de la demanda junto a la solicitud de exoneración de fianza ante el Tribunal de Primera Instancia y la notificación de tales docu-mentos al Secretario de Hacienda, dentro del término de treinta días.

IV

Por los fundamentos señalados anteriormente, se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para que se archive sin perjuicio la causa de acción. Se ordena al De-partamento de Hacienda que notifique nuevamente y con-forme a lo aquí expresado la notificación final de deficiencia contributiva al señor Pastor León.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

concurrió con la expresión siguiente:

Concurro por entender que, en ausencia de un mandato claro y expreso del legislador en cuanto a este asunto, no pro-cede imponer al contribuyente un requisito de índole jurisdic-cional de notificar al Secretario de Hacienda la demanda y la solicitud de exoneración de fianza dentro de un término de treinta días. Tal curso de acción no es cónsono con los reitera-dos pronunciamientos de este Tribunal en torno a que, para determinar la naturaleza jurisdiccional de un término, debe surgir claramente la intención del legislador de imponerle esa característica al término. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403-404 (2012); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 575 (1984); G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 DPR 5 (1983). Como es sabido, determinar que un término es de naturaleza jurisdiccional acarrea graves consecuencias, por lo cual los tribunales deben realizar un ejercicio de interpre-tación estatutaria para hallar la expresión clara del legislador en cuanto a la naturaleza del término. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra. Para ello debe acudirse primeramente al texto de la ley. Íd., pág. 404.
Sin duda, el legislador nada expresó en el Código de Rentas Internas en cuanto a que notificar al Secretario de Hacienda la demanda y la solicitud de exoneración de fianza es un re-quisito jurisdiccional. Peor aún, la Mayoría de este Tribunal impone un término de treinta días para efectuar la notificación de estos documentos sin que ese plazo esté provisto en el Código de Rentas Internas. Ello contrasta con lo resuelto en reitera-das ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que las leyes en materia contributiva no pueden interpretarse extensiva-mente, sino de forma justa y según sus propios términos, para que toda ambigüedad se interprete restrictivamente contra el Estado y a favor del ciudadano. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 861 (2013); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 741-742 (2012); Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 537 (2009).

El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió sin opi-nión escrita.

       Los hechos de este caso se originan en el 2009 durante la vigencia del Código de Rentas Internas de 1994, derogado por la Ley Núm, 1 de 31 de enero de 2011, conocida como Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, 13 LPRA sec. 30011 et seq. Por lo tanto, en esta opinión nos referiremos al Código de Rentas Internas de 1994. No obstante, es importante tener en cuenta que la Sección 6010.02(a)(4) del nuevo Código, 13 LPRA sec. 33002(a)(4), mantuvo un lenguaje prác-ticamente idéntico al de la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas de 1994, 13 LPRA sec. 8022(a)(4) (ed. 2007).

       Según discutiremos más adelante, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Código de Rentas Internas) requiere, en su Sección 6002(a)(2), la pres-tación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda y ante él, previa la presen-tación de una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia para impugnar una notificación final de deficiencia contributiva. 13 LPRA sec. 8022(a)(2) (ed. 2007). En caso de que el contribuyente no pueda prestar dicha fianza, la Sección 6002(a)(4) le permite presentar su demanda en el foro de instancia, pero “en tales casos deberá acompañar dicha demanda con una solicitud que será notificada al Secretario junto con la demanda 13 LPRA sec. 8022(a)(4) (ed. 2007).

       Cabe destacar que el Estado Libre Asociado (ELA) anejó a su escrito unas certificaciones de los departamentos de Hacienda y de Justicia que acreditan que, a tal fecha, las agencias no habían recibido emplazamiento alguno ni copia de la de-manda ni de la solicitud de exoneración de fianza con relación al caso de epígrafe.

       Según destacamos anteriormente, la demanda de epígrafe fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia el 18 de mayo de 2009, cuando estaban vigen-tes las Reglas de Procedimiento Civil de 1979.

       Valga señalar que esta resolución fue emitida el 26 de octubre de 2010, sin embargo, no fue notificada al ELA. Ante ello, luego de varios eventos procesales, el 4 de agosto de 2011, el ELA presentó un escrito intitulado Oposición a moción de reconsi-deración y a moción en solicitud de que se decrete exoneración de fianza, en el que planteó que la falta de notificación del dictamen adverso del foro de instancia consti-tuía una violación a su debido proceso de ley. El 18 de enero de 2012, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que señaló una vista de exoneración de fianza conforme dispone la Sección 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, supra. Inconforme, y luego de presentar una oportuna moción de reconsideración que fue declarada “no ha lugar” mediante resolución notificada el 20 de abril de 2012, el ELA presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que replanteó el argumento esbozado ante el foro de instancia. El 29 de junio de 2012, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la que revocó al Tribunal de Primera Instancia y le ordenó que notificara nuevamente la Resolución de 26 de octubre de 2010. El 4 de octubre de 2012, el foro de instancia notificó nuevamente, pues, tal Resolución.

       Nótese que el foro apelativo intermedio menciona que se diligenciarán los emplazamientos “en los términos dispuestos por la Regla 4.4 de Procedimiento Civil Apéndice, pág. 16, No obstante, conviene aclarar que esta regla establece los pormenores del diligenciamiento personal —no el término— para emplazar a la parte demandada. 32 LPRA Ap. III, R. 4.4. Ante ello, suponemos que el Tribunal de Apelaciones se refería al término de seis meses dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III.

       El concepto “deficiencia contributiva” significa “el exceso de la contribución impuesta por la Ley a un contribuyente sobre la contribución que éste ha declarado en su planilla”, M. Tirado Viera, Fundamentos de las contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico 2da ed. rev., San Juan, ed, del autor, 1986, pág. 461.

       El concepto de la “tasación” de una contribución se refiere al acto, después de culminadas las notificaciones y demás trámites que siguen, de requerir al contribu-yente el pago de la deficiencia. Una vez se tasa la deuda, surge la facultad del Estado de proceder a cobrarla mediante procedimiento de apremio o procedimiento judicial. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007) (citando a G. Meléndez Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y doctrinas, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, 1991, Cap. 1, Sec. 1.05, pág. 35).

       Véanse, por ejemplo: 13 LPRA sec. 8022(a)(10) (ed. 2007) (“[n]o se hará la tasación de una deficiencia con respecto a la contribución impuesta por cualquier parte de este Código, ni se comenzará o tramitará procedimiento de apremio o pro-cedimiento en corte para su cobro, antes de que la notificación de la determinación final a que se refiere la cláusula [...] hasta la expiración del término concedido por esta parte al contribuyente para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinación final, ni, si se hubiere recurrido ante el Tribunal de Primera- Instancia, hasta que la sentencia del tribunal sea firme”); 13 LPRA sec. 8022(c) (ed, 2007) (“[s]i el contribuyente no presentare demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra una determinación final de deficiencia que le fuese notifi-cada en la forma establecida en el inciso (a) de esta sección, la deficiencia será tasada y deberá pagarse mediante notificación y requerimiento del Secretario”).

       Nótese que el Código de Rentas Internas dispone dos clases de procedimien-tos relacionados con la fianza en este tipo de casos: (1) los trámites ordinarios de prestación de fianza, y (2) los trámites especiales sobre exoneración o reducción de fianza. G. Meléndez Carrucini, Procedimiento contributivo de Puerto Rico (apelaciones administrativas y judiciales), San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, 1981, pág, 238.

       En Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 728 (2010), la noti-ficación final de deficiencia contributiva indicaba, en lo pertinente, que “ ‘[d]e no estar conforme!,] dentro de los [treinta días] inmediatamente siguiente[s] a la fecha de esta notificación, podrá radicarse, previa presentación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda por la cantidad arriba indicada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en la forma provista por ley ”. (Énfasis suprimido). Nótese que, aunque expuso el término jurisdiccional para presentar la demanda ante el foro de instancia, así como el hecho de que la prestación de la fianza sería a favor del Secretario de Hacienda, la notificación en dicho caso nada dispuso sobre el lugar donde se debía presentar la fianza. Íd.

       De hecho, nótese que dicha notificación ni siquiera cumple con lo resuelto en Picorelli López, supra, pág. 738.

       Cabe destacar que, en el presente caso, tal advertencia cobra incluso mayor importancia que la de Picorelli López. Y es que, distinto de lo que ocurre con el trámite ordinario de prestación de fianza allí interpretado, la ley no es clara respecto a la necesidad de notificar los escritos ya discutidos al Secretario de Hacienda, den-tro del término de treinta días.


text:
      In re Rubie M. Alicea Martínez.

      Números: AB-2014-0109
    AB-2014-0426

      Resueltos: 20 de julio de 2016

      Carmen I. Navas, procuradora del abogado(a) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, representante de la Sra. Rubie M. Alicea Martínez.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Reconsideración de Suspen-sión Indefinida, presentada por la Sra. Rubie M. Alicea Martínez, reconsideramos nuestra opinión “per curiam” del 22 de junio de 2016 para decretar su suspensión por un término de dos meses, en lugar de indefinidamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

El Juez Asociado Señor Rivera Gar-cía ordenaría a la señora Alicea Martínez que presentara evidencia fehaciente que sostenga sus alegaciones dentro de un término de diez días, de modo que estemos en mejor po-sición para evaluar la reconsideración de la sanción impuesta. El Juez Asociado Señor Colón Pérez suspendería a la señora Alicea Martínez por un término de tres meses.

(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina