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      In re Julio Berríos Jiménez.

      Número: AB-2010-194

      Resuelto: 30 de diciembre de 2010
   RESOLUCIÓN

AI igual que todo ciudadano o ciu-dadana, las juezas y los jueces están obligados a cumplir con la ley, mode-lando la conducta ciudadana a la que aspira la sociedad democrática. Están obligados a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo aceptan también ciertas restriccio-nes a su conducta, tanto en el ejer-cicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás acti-vidades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nues-tra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la integridad e indepen-dencia de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la judicatura. Igualmente, se compro-meten a fomentar un trato respe-tuoso y cordial hacia sus pares, las funcionarías y los funcionarios de la Rama Judicial y los que comparecen en sala. También, mantienen el or-den, decoro y dignidad del tribunal y la solemnidad de sus procedi-mientos. Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B (Sup. 2010).

El Ledo. Julio Berríos Jiménez presentó una queja contra el Juez Municipal, Hon. Edwin Flores Sellés. Esta queja fue archivada por la Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón. A su vez, esta deter-minación fue sostenida, en reconsideración, por la Direc-tora Administrativa Auxiliar, Sra. Ada Burgos Archilla. Así las cosas, el licenciado Berríos Jiménez presentó una mo-ción de reconsideración ante el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton. En esa moción, el licenciado Berríos Jiménez expresó:

Si como se expone en la determinación de la Oficina de Admi-nistración de Tribunales, ya el Supremo y su Juez Presidente decidieron el caso contra el Juez flores [sic] antes de concluir los procedimientos [administrativos entonces no nos queda más que dar por sometido el caso y esperar por la desestima-ción del Juez Presidente.
Antes que esperar por lo que es obvio, lo que será una deses-timación ya previamente decidida ... preferimos desistir del presente caso y dar por aplicable la Doctrina del toallazo. Mo-ción de Reconsideración, págs. 5-6, presentada por el Ledo. Julio Berríos Jiménez, dirigida al Juez Presidente.

A raíz de esto, el 16 de diciembre de 2008, el Juez Pre-sidente, Hon. Federico Hernández Denton, refirió el asunto al Procurador General, por entender que se trataba de ex-presiones cínicas e irrespetuosas que parecían estar reñi-das con el Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. De esta forma, la Procuradora General presentó un informe en el que concluyó que tales expresio-nes “apuntan a una posible violación de dicho precepto ético”.

Luego de haber examinado el informe presentado por la Procuradora General, entendemos que las expresiones ver-tidas por el licenciado Berrios Jiménez son contrarias al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, que esta-blece que todo abogado debe observar hacia los tribunales una conducta caracterizada por el mayor respeto. Véase In re Crespo Enriquez, 147 D.P.R. 656 (1999).

Ahora bien, esta coyuntura nos obliga a hacer un pro-nunciamiento ulterior con relación al paralelismo que existe entre las expresiones que realizó el licenciado Be-rrios Jiménez y las expresiones que el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, hizo recientemente en un mensaje televisivo dirigido al Pueblo de Puerto Rico. Veamos.

I

El viernes 5 de noviembre de 2010, en un acto sin pre-cedentes, el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, emitió un mensaje televisivo dirigido al Pueblo de Puerto Rico en el que criticó la decisión tomada por la ma-yoría del Tribunal en la Resolución In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54 (2010) (en adelante Resolución). Entre los comentarios emitidos sobresalen: (1) “Esta resolución se aprobó apresuradamente, sin estudio, análisis ni la deliberación del Pleno del Tribunal, por el escaso margen de 4 votos a favor y 3 en contra. O sea, por el margen de un solo voto”; (2) “Es una determinación que afecta la debilitada credibilidad que tiene el país en sus instituciones; sobre todo, en una institución que el país ha querido mantener por encima de los vaivenes de la política partidista”; (3) “el aumento de jueces, en el contexto actual que vive el país, exacerba la politización que nuestro país repudia”; (4) “Esta decisión apresurada ... es errada y pe-ligrosa, para nuestra Judicatura y para la democracia”. Mensaje del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el aumento de número de Jueces en el Tribunal Supremo, en http://www.ramajudicial.pr/.

Para muchos, estas expresiones aparentan estar, de su faz, reñidas con los preceptos éticos que gobiernan la con-ducta de los jueces en nuestro país.

Como poco, el mero hecho de hacer una declaración pú-blica explicando la razón de su actuación —de por qué votó como lo hizo en su disidencia— es contrario al Canon 19 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, que prohíbe a los jueces y a las juezas hacer declaraciones públicas explicando la razón de sus actuaciones. Asimismo, cuando el Juez Presi-dente, Hon. Federico Hernández Denton, sugirió de forma infundada que la decisión mayoritaria afectaba la credibi-lidad del Tribunal Supremo por estar basada en considera-ciones políticas, no sólo le faltó el respeto a los Jueces que constituyeron esa mayoría sino que, además, los desprestigió. Así, estuvo en contravención con lo estable-cido en el Canon 6 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B (la conducta de los jueces y las juezas tiene que estar enmar-cada en el respeto mutuo sin que importen las diferencias en sus posiciones dentro del sistema judicial; no deben ha-cer críticas infundadas que tiendan a menospreciar el pres-tigio de sus compañeros jueces y compañeras juezas).

De igual manera, su crítica pública contra la mayoría que emitió la Resolución, no fue prudente, serena ni impar-cial, como se esperaría de un Juez de este Tribunal, en particular del Juez Presidente. Haciendo abstracción de su conocido predicamento, “la dignidad del silencio”, se lanzó a la palestra pública a criticar frontalmente urna decisión de este Tribunal. Más grave aún, el contenido de su men-saje estuvo cargado de connotaciones político-partidistas que obnubilaron su imparcialidad, pues en más de una oca-sión sugirió que mediaron razones de índole política al adoptar la resolución. Tal proceder es lamentable y dista de lo que el Pueblo de Puerto Rico espera de sus jueces. Véase el Canon 8 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Véase, además, el Canon 23 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, que establece que “[l]as juezas y jueces se com-portarán públicamente de manera que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad para adjudicar impar-cialmente las controversias judiciales, no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal desempeño de sus funciones judiciales”.

En esa misión, y en ausencia de modelo inspirador superior, el espíritu recto se fortalece en su intimidad por la dignidad del silencio, concepto eje de la ética judicial. El buen juez, pues, evita toda conducta que mine la confianza pública en la neutralidad del Poder Judicial. Sabe que la suspicacia es el elemento corrosivo más dañino y difícil de subsanar de la es-tabilidad, convivencia y paz social. Descubre a tiempo que la metamorfosis del abogado al jurista se produce y se consuma no sólo con la opinión correcta en derecho o el discurso acadé-mico, sino engalanada en una ejemplar conducta de moral, neutralidad y dignidad judicial. P.S.P., P.P.D., P.I.P v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 311 (1980), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Negrón García. Véase, ade-más, Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 222 (1982), voto de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García.

De hecho, el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, en su lamentable exposición, fuera del estrado, criticó y puso en tela de juicio el proceso de toma de deci-siones que siempre ha imperado en el Tribunal, al señalar que la Resolución fue emitida por una mayoría escasa de cuatro (4) a tres (3). Si hay alguien que conoce a la perfec-ción la reglamentación interna y los procedimientos que históricamente se han observado en este Tribunal es el Juez Presidente. Como jurista sabe que no importa cuán grande o pequeña sea la mayoría, ese es el criterio que prevalece y se tiene que honrar y respetar. Por lo tanto, confundir al Pueblo de Puerto Rico con expresiones como esas y cuestionar los mismos procesos que en el pasado él ha practicado y refrendado, como crítica a la decisión ma-yoritaria, no es cónsono con el Canon 6 de Etica Judicial, supra, ni con su deber de orientar a la comunidad. Véase el Art. 2.008 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24i).

Es indispensable señalar que según la Regla 5(b) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, las opiniones disidentes se emiten por escrito y se circulan específica-mente a todos los Jueces de este Tribunal. No se emiten posteriormente, en video, por televisión o por el internet, tal y como lo hizo el Juez Presidente en su mensaje televisivo. Nos parece que, al apartarse del proceso regla-mentario, la divulgación intimada del mensaje del Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, en los me-dios, incluyendo las páginas cibernéticas de la Rama Judicial, constituye un uso indebido de fondos públicos.

II

Por otro lado, nos vemos en la obligación de atender algunas de las manifestaciones que hizo el Juez Presi-dente, Hon. Federico Hernández Denton, en su voto disi-dente a la Resolución, por su efecto sobre la imagen del Tribunal. En lo pertinente mencionó:

[pjodríamos entender que los nuevos Jueces se sientan abru-mados por no estar acostumbrados al tipo de labor que genera un tribunal de última instancia al que recién se incorporan. Eso nos ha pasado a todos los que hemos ocupado esta posición durante los primeros años de nuestra incumbencia. ... Con el mayor respeto a los recién llegados compañeros de esta Curia, el llamado, sin embargo, es a ser laboriosos, no a pretender ser eximidos de los rigores del trabajo judicial. (Enfasis suprimido.) Voto disidente del Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton en In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, supra, pág. 86.

Estas expresiones ponen en entredicho el compromiso y la seriedad con la cual los jueces de reciente nombramiento han asumido la responsabilidad del ministerio de impartir justicia desde el máximo foro judicial del país. El llamado que hace el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, aparte de no atacar los fundamentos jurídicos de la Resolución, es incompatible con la verdad. Así lo revelan el número de casos despachados por los miembros de este Tribunal durante sus primeros diecinueve (19) meses.

Las expresiones deben ser documentadas. Por consi-guiente, si examinamos los datos específicos encontraremos lo siguiente: la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco ha emitido diecinueve (19) opiniones durante ese periodo. Opiniones disponibles en http://www.ramajudicial.pr/ Mientras tanto, el Juez Asociado Señor Martínez Torres y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo han emitido dieci-séis (16) y diecisiete (17) opiniones, respectivamente, du-rante el mismo periodo. íd. Por su parte, el Juez Presi-dente produjo un total de dieciséis (16) opiniones durante sus primeros diecinueve (19) meses en este Tribunal. Véanse los Tomos 116-118 de Decisiones de Puerto Rico. El testimonio del trabajo realizado habla por sí solo.

Estos datos demuestran que los Jueces recién nombra-dos han sido tan o más productivos como lo fue el Juez Presidente durante sus primeros meses de incumbencia. Por lo tanto, se aparta de la verdad quien enuncie que no han laborado con ahínco y tesón durante el periodo de su incumbencia en este Foro. Ninguno de los cuatro (4) Jueces de reciente nombramiento ha pretendido ser eximido de los rigores del trabajo judicial. No se debe olvidar que antes de llegar al Tribunal Supremo, habían laborado como jueces en otras instancias. Por ende, la carrera judicial les ha permitido estar expuestos al rigor del trabajo judicial en múltiples escenarios.

Todos han asumido su responsabilidad con dedicación y esfuerzo. Así lo demuestran los datos estadísticos presentados. Siempre han tenido como norte dispensar jus-ticia de forma eficiente y con la agilidad que nuestro Pueblo requiere y espera. No buscan privilegios, trato especial ni trabajar menos. Por eso, cualquier imputación en con-trario es infundada.

III

Lo anterior no responde a un mero acto de erudición. La honestidad del intelecto y la convicción por honrar la toga también han sido elementos indispensables que han coadyuvado a construir la apreciación proyectada con rela-ción a las actuaciones del Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton. No dudamos en que habrá quienes pretendan excusar su conducta o quienes prefieran inter-pretar de forma más laxa los preceptos éticos implicados, para liberarlo de este análisis. Después de todo, el “papel aguanta todo”. Empero, tenemos el convencimiento de que esta cavilación no es errada.

El caso de autos abre la puerta de una contradicción que hoy se nos hace difícil cerrar. Por un lado, estamos prestos a sancionar al licenciado Berríos Jiménez por conculcar los principios deontológicos que rigen la profesión legal, al ha-cer expresiones indebidas que aluden a un miembro de este Tribunal. Por otro lado, el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, deslegitima el poder inherente y la autoridad moral que tiene el Tribunal para disciplinar a los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas del país, mediante expresiones públicas que magullan la integridad y la imagen de este Tribunal y de sus miembros.

Tristemente, cuando esto ocurre —y el ejemplo no em-pieza por la casa— el mensaje que se le envía a la clase togada y al Pueblo, en general, es nefasto. Supone una in-vitación para que los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas que enfrentan procesos disciplinarios por actua-ciones similares a la desplegada por el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, esbocen como apología que “si los jueces del Supremo lo hacen, ellos también lo pueden hacer”. Ahí radica el irremisible intersticio que provocó la actuación del Juez Presidente a los cimientos fundamentales de nuestra autoridad inherente para disci-plinar a los juristas en Puerto Rico. ¿Con qué molde vamos a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra la clase to-gada si los propios miembros de este Tribunal soslayan los preceptos éticos de la profesión legal o judicial?

Resulta un tanto irónico y aún más contradictorio, que el Juez Presidente haya criticado la Resolución por entender que afectó la debilitada credibilidad que tenía el País en sus instituciones, refiriéndose al Tribunal Supremo. No se per-cató, penosamente, de que su actuación trastocó la credibi-lidad y legitimación de este Foro al momento de disciplinar a los miembros de la profesión legal y de la Judicatura en Puerto Rico. Es lúgubre que nuestra autoridad para sancio-nar y disciplinar a los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas en Puerto Rico, pueda ser cuestionada por una actuación desproporcionada de uno de los miembros de este Tribunal. En otras palabras, fueron las expresiones públicas que realizó el Juez Presidente, al trastocar nuestro poder inherente para regular la profesión legal y judicial, las que afectaron institucionalmente al Poder Judicial.

Como bien señalamos en In re Hernández Torres, 167 D.P.R. 823, 848-849 (2006), citando a distintas autorida-des:

“[E]l juez, como tal, es el árbitro designado por la sociedad, a través del Estado, para juzgar la conducta humana. Y para poder merecer el respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones, ha de ser, y ser visto, como un ser humano sin tacha. Ello exige, no solamente ser bueno, sino también parecerlo.” C.J. Irizarry Yunqué, La Etica Judicial, Año 9 (Núms. 1-4) Forum 4 (octubre 1993).
El juez tiene que ser previsor y analizar “las posibles conse-cuencias de sus actos en términos de las impresiones que ter-ceras personas podrían recibir de ellos”. [R.J.] Torres Torres, [Cánones de Etica Judicial de Puerto Rico: comentarios, Año 9 (Núms. 1-4) Forum 7, 16 (1993)]. Además, “debe siempre es-tar muy pendiente de situaciones que puedan afectar negati-vamente su imagen y poner en duda su sano e independiente criterio judicial”. L.M. Negrón Portillo, Ética y disciplina judicial en Puerto Rico, 1987, pág. 131. (Énfasis suprimido.) Véase, además, In re Ortiz Rivera, 163 D.P.R. 530, 536 (2004).

IV

Todo lo anterior hace tentador el que se disponga del caso de autos con un mero archivo de la queja. No obstante, nuestra definición de proceder digno y los valores inculca-dos no nos permiten seguir ese derrotero. Permitir que los abogados le falten el respeto a los miembros de este Tribunal, en especial al Juez Presidente, Hon. Federico Hernán-dez Denton, mediante imputaciones infundadas, es indigno. Tal actuación no puede quedar impune. Por el bienestar de la profesión legal de la abogacía, de la Judi-catura, de las partes inmersas en los procesos legales y judiciales, así como de la ciudadanía en general, los prin-cipios axiológicos que predica nuestro ordenamiento jurí-dico deben ser observados por encima de cualquier descarrío. Esto tiene que ser así a pesar del contrasentido ocasionado recientemente por la figura constitucional em-blemática del Poder Judicial: el Juez Presidente.

Distinto a como piensa la Jueza Asociada Señora Fiol Matta en su opinión disidente, entendemos que siempre tenemos jurisdicción para vindicar la autoridad de este Tribunal por la vía judicial. Lo crucial es que se haga a través de los canales legítimos reconocidos por nuestra Institu-ción, como lo es una Resolución del Tribunal.

Tampoco coincidimos con la Jueza Asociada cuando afirma que “este Tribunal no está facultado para juzgar la conducta de uno de sus miembros”. Voto particular disi-dente de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, pág. 493. Curiosamente, para llegar a esa conclusión, la disidencia cita los votos de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García y del Juez Asociado Señor Rebollo López. Sin embargo, lo que no indica es que en ese caso, el Tribunal pasó juicio sobre las consecuencias de las expresiones públicas de los Jueces disidentes. Véase In re Solicitud Cepeda García, 130 D.P.R. 18 (1992). Es decir, aunque, por supuesto, no podemos imponer sanciones disciplinarias a ninguno de los integrantes de este Foro, sí tenemos la autoridad para defender la integridad del Tribunal ante la conducta de alguno de sus miembros que infrinja los Cánones de Etica Judicial.

Por otro lado, contrario a lo que expresa la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez, no hay nada siniestro ni irregular en el trámite seguido para la aprobación de esta Resolución. Eso no es “nuevo”. En muchas ocasiones una opinión o un voto individual de un juez o una jueza se convierte en la opinión o resolución del tribunal. Como toda resolución, es una expresión del Tribunal, producto del proceso de colegiación que el voto disidente parece ignorar. Por eso, la única intolerancia que ha habido aquí es la que se critica en esta Resolución.

Aclaramos que esta Resolución no tiene la pretensión de censurar el derecho que tiene el Juez Presidente y todos los demás Jueces y Juezas Asociados de emitir opiniones o vo-tos disidentes cuando lo entiendan necesario. Véase Regla 5 del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Siempre defenderemos con fervor esa facultad, pero haremos todos los señalamientos que correspondan cuando la disidencia se utilice como diatriba hacia los miembros de este Tribunal.

En fin, luego de haber examinado el expediente, inclu-yendo la moción en la que el licenciado Berríos Jiménez reaccionó al Informe de la Procuradora y reiteró la ausen-cia de intención de su parte, resolvemos amonestar al licen-ciado Berríos Jiménez por sus expresiones en los escritos que sometió en el procedimiento contra el Hon. Edwin Flores Sellés, con un apercibimiento para que no vuelva a emi-tir expresiones que se ubiquen al margen de los cánones del Código de Etica Profesional. Se ordena el archivo de la pre-sente queja.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió un voto particular disidente, al que se unió la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez, quien, a su vez, emitió un voto particular disidente. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto de inhibición.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Gralau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de inhibición emitido por el Juez Presidente señor Hernández Denton.

El presente caso requería que este Tribunal evaluara si ciertas expresiones del licenciado Julio Berríos Jiménez —dirigidas a un integrante de este Foro en el contexto de un proceso formal administrativo, en el que ese abogado figuraba como parte quejosa— eran irrespetuosas y, conse-cuentemente, violatorias de los cánones del Código de Etica Profesional de Puerto Rico. De esta manera, la única controversia en la que este Tribunal tiene jurisdicción en este caso versa sobre la conformidad de esas expresiones con los deberes éticos aplicables y su jurisprudencia interpretativa. Canon 9 del Código de Etica Profesional de Puerto Rico de 1970 (4 L.P.R.A. Ap. IX). Véanse: In re Markus, 158 D.P.R. 881 (2003); In re Crespo Enriquez, 147 D.P.R. 656 (1999). Nos hemos inhibido de la consideración de esta controversia por la única razón de que el proceso disciplinario contra el Ledo. Julio Berríos Jiménez inició a instancias de un referido nuestro al Procurador General.

Ahora bien, introducir en el proceso disciplinario que nos ocupa referencias a las expresiones del suscribiente emitidas a raíz de la aprobación de la resolución In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54 (2010), tal y como lo hace la Resolución del Tribunal en el presente caso constituye un intento de equiparar ambos contextos por el sólo hecho de que los dos escenarios involucran “expresiones”. La diferencia de contextos es evidente. La intención de equipararlos con señalamientos a destiempo, inapropiados, carentes de toda pertinencia e injustamente ambivalentes es particularmente cuestionable, sobre todo cuando se pasa juicio sobre un asunto en el que este Tribunal no tiene ninguna jurisdicción. Véase In re Solicitud Cepeda García, 130 D.P.R. 18 (1992).

Primero, nuestras expresiones del viernes 5 de noviem-bre de 2010 se realizaron en el contexto de un asunto de la mayor envergadura para el Poder Judicial de Puerto Rico y para nuestro sistema republicano de gobierno. Fueron he-chas en mi carácter de Juez Presidente del Tribunal Supremo y, como tal, en mi carácter de administrador del Po-der Judicial de Puerto Rico, rol que en el pasado nunca ha sido impedimento para que quien lo ostente haga expresio-nes públicas sobre asuntos que afectan institucionalmente al Poder Judicial. Tan importantes son los asuntos que versan sobre el Poder Judicial, su independencia y su for-talecimiento, que en el ordenamiento ético-disciplinario hemos reconocido que, aun cuando los jueces deben evitar intervenir en controversias públicas, pueden expresarse públicamente para defender la independencia del Poder Judicial, arm cuando tales expresiones pudieran generar debate o, incluso, pudieran tener alguna tangencia con el debate político. In re Solicitud Cepeda García, supra, pág. 28. Nuestras expresiones fueron motivadas por la convic-ción de que una medida como la aprobada suponía una concienzuda discusión al interior del Tribunal y que los fundamentos esbozados por la mayoría no estaban ni están apoyados por prueba empírica alguna.

Segundo, de acuerdo con lo anterior, afirmar que nues-tras expresiones del 5 de noviembre de 2010 podrían afec-tar la imagen de imparcialidad de quien suscribe, parte de una visión errada de lo que significa e implica ese principio. Al margen de que, como antes se afirmó, nues-tras expresiones fueron realizadas en el ejercicio de nues-tras prerrogativas como administrador del Poder Judicial de Puerto Rico, el principio de imparcialidad tiene su más excelsa vitalidad en el contexto de procesos adversativos o, más bien, en el contexto de casos y controversias presenta-dos ante los tribunales por parte de personas que solicitan la intervención judicial. Por su propia naturaleza, la solici-tud de aumento de Jueces Asociados del Tribunal Supremo, que sepamos, no fue una solicitud formulada por ninguna otra persona que no sea por la mayoría de este Tribunal. Se trató de un asunto extraordinario que tras-cendió los asuntos típicos de carácter adversativo que se presentan en este tribunal en los que el principio de impar-cialidad restringe la capacidad de los jueces de expresarse públicamente de manera que su imparcialidad, esto es, la razonable equidistancia que deben mantener frente a las partes en un litigio, no pueda ser cuestionada.

En esa controversia voté como “uno entre pares” y, como administrador del Poder Judicial, expuse las preocupacio-nes institucionales que legítimamente tenía y tengo a la luz de la evidencia empírica —al presente no refutada— que rechaza los argumentos usados por la mayoría para apoyar la ampliación de Jueces Asociados del Tribunal y para plantear la necesidad de variar las normas operacio-nales de este Foro.

Tercero, tratándose de declaraciones realizadas fuera de un escenario litigioso y más bien en el contexto del uso del mecanismo constitucional extraordinario que prevé el Art. V, Sec. 3, de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, son expresiones consecuentes con las responsabilidades del cargo que ostento y con el deber ineludible que todo juez tiene de defender la independencia del Poder Judicial, Canon 2 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Ese meca-nismo constitucional otorga al Tribunal la facultad de ini-ciar un proceso legislativo que históricamente ha sido un asunto de gran interés e importancia para la administra-ción de la justicia y para la legitimidad y confianza de la ciudadanía en las decisiones de este Tribunal.

Cuarto y último, nunca emitimos un juicio sobre el com-promiso de quienes constituyeron la mayoría de este Tribunal en la Resolución de 5 de noviembre del 2010. Tam-poco imputamos o sugerimos a los Jueces Asociados que conformaron la mayoría, como afirma la compañera Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, haber actuado por con-sideraciones políticas. Sólo destacamos los datos objetivos. La evidencia empírica conduce a la conclusión de que un aumento en el número de Jueces Asociados de este Tribunal no estaba ni está justificada, y que fueron los Jueces de más reciente nombramiento en este Tribunal quienes, por razón de la carga de trabajo, solicitaron el aumento, cuando por más de tres décadas no se había formulado tal solicitud, incluso en escenarios en los que existían vacan-tes y una carga de trabajo mayor.

Antes invocamos la dignidad del silencio cuando, sin proponérnoslo, en el 2003 nos vimos involucrados en una controversia pública sobre quién sería designado Juez Pre-sidente de este Tribunal por parte de quien tenía la facul-tad constitucional de hacer esa designación. Se trató de un escenario en donde era necesario brindar total deferencia a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y en el que expresarnos nada contribuía a la defensa de la independencia e integri-dad del Poder Judicial. Los derroteros nos enfrentaron a situaciones análogas en las que fuimos fieles a ese principio.

Sin embargo, cuando en un contexto no litigioso se toma una determinación por parte del Tribunal del cual formo parte y presido, que entendemos que lacera su independen-cia real y aparente, por ser contraria a los datos objetivos disponibles y lesiva a la ecuanimidad y prudencia que de-ben servir de fundamento a sus decisiones en temas tan vitales como su composición y funcionamiento, el silencio no es digno. Callar, en ese contexto, no hace honor a la toga que llevo hace más de veinticinco años; ese símbolo de la verdad, de la justicia y de la honestidad intelectual. Hoy, “más que al juicio pasajero contemporáneo, nos sometemos a la sentencia inapelable que dictará la Historia”. In re Solicitud Cepeda García, supra, pág. 32, voto de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García.

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta, al cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Luego de haber examinado detenidamente el caso que está ante nuestra consideración, que es, estrictamente, el que se refiere a las expresiones del Ledo. Julio Berríos Ji-ménez, entiendo que procede archivar la queja disciplina-ria presentada contra este abogado.

Sin embargo, no puedo avalar con mi voto el ejercicio altamente reprochable que ha llevado a cabo una mayoría de este Tribunal al aprovechar el caso del licenciado Be-rrios Jiménez para expresarse sobre una situación que no está planteada ante nosotros y que no es pertinente para la resolución de la queja.

Se ha tomado el comentario del licenciado Berrios Jimé-nez como pie forzado para redactar una resolución, que por ser de archivo normalmente no se publicaría, en la cual se opina sobre la corrección del acto del Juez Presidente del Tribunal Supremo al emitir un mensaje televisivo sobre los efectos que tendría en el funcionamiento de la Rama Judicial que él dirige el añadir dos Jueces Asociados a nuestro Tribunal. Con ello, han pretendido convertir el caso In re Julio Berrios Jiménez en la Resolución In re Federico Hernández Denton.

No es cierto que lo expresado por el licenciado Berrios Jiménez obliga a este Tribunal a pronunciarse sobre el su-puesto paralelismo entre la conducta del abogado y la del Juez Presidente. ¿Por qué, entonces, la mayoría secues-tra esta Resolución para exponer su parecer sobre un tema que no se le ha planteado? La realidad es que han aprove-chado el foro judicial para contestar expresiones públicas del Juez Presidente con las cuales no están de acuerdo. En la medida en que entiendan que, con éstas, el Juez Presi-dente "no sólo le[s] faltó el respeto ... sino que, además, los desprestigió”, pueden tener derecho a contestar, pero no por la vía judicial.

A lo que estamos obligados y obligadas es a abstenernos de hacer pronunciamientos acerca de aquello que no debe-mos considerar en una acción judicial. Así lo hemos decla-rado en múltiples ocasiones y nos hemos distanciado rei-teradamente del enfoque equivocado de dilucidar elementos de situaciones que no están pendientes ante los tribunales en camino a resolver los asuntos que realmente se nos han expuesto. El Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez, por ejemplo, expresó, sobre la práctica de ir más lejos de los límites de lo planteado para juzgar controversias que no están ante la consideración del Tribunal: “Ello es una práctica, repetimos, en que este Tribunal nunca debe incurrir. Cabe preguntarse: ¿qué diferencia existe entre esta práctica y la emisión de una opinión consultiva?”

Sabemos que para ejercer válidamente el Poder Judicial se requiere un caso o una controversia real. Nuestros tribunales sólo pueden ejercer su jurisdicción ante polémi-cas genuinas cuya resolución afecte los intereses de las partes que acuden a las cortes mediante el sistema de de-recho rogado. Por esto, es indispensable que el asunto que se atienda sea concreto y definido. Asirse de un caso para presentar y “resolver” otro distinto es, en términos prácticos, lo mismo que actuar sin jurisdicción.

En esta situación extraña en la cual se ha colocado la mayoría —y, como consecuencia, ha colocado al Tribunal— no sólo no hay jurisdicción porque se ha traído por los ca-bellos un asunto que no está en controversia, sino porque este Tribunal no está facultado para juzgar la conducta de uno de sus miembros. Constitucionalmente, no nos co-rresponde evaluar las actuaciones de nuestros pares.

Los tribunales ejercen su discreción en cuanto al límite de sus poderes para determinar si es apropiado atender determinado caso, según la doctrina de justiciabilidad. De la misma manera, los jueces y las juezas tenemos que utilizar prudentemente nuestra discreción para analizar si es adecuado incluir determinadas expresiones en la dispo-sición de un caso.

La discreción, como señala Dworkin, consiste en un área abierta rodeada por restricciones. Por lo tanto, no pode-mos ampararnos en ella para operar sin límites. Obrar de tal forma pondría en tela de juicio los principios de impar-cialidad y objetividad que nos rigen. No honramos la toga pensando que “el papel aguanta todo”. En consecuencia, no habré de entrar en los méritos de la inexistente “contro-versia” sobre el Juez Presidente que se ha fraguado en la resolución mayoritaria, pues hacerlo equivaldría a llevar a cabo un acto tan extrajurisdiccional como el que estoy repudiando.

Las decisiones se escriben para resolver disputas. No pueden ser un discurso sin tangencia con los puntos impor-tantes del pleito, pues esto descarrila el camino al resul-tado que se propone. Los receptores de la opinión, enton-ces, desarrollan múltiples interpretaciones sobre la pertinencia de los fundamentos y quedan desorientados en lugar de guiados. No debemos olvidar que nuestra fun-ción cardinal es orientar el derecho y tenemos que exigir-nos la mayor reflexión y objetividad en el cumplimiento de esa tarea.

El método utilizado en el presente caso para atender en éste un asunto impertinente al mismo es aun más preocu-pante si consideramos que lo está llevando a cabo el Tribunal Supremo, el foro judicial de mayor jerarquía del país, que tiene el deber de servir como guía para los demás tribunales, dando el mejor ejemplo con sus acciones y su prudencia. No se cumple con esta obligación cuando los propios Jueces y Juezas que deben resolver el caso escogen los asuntos sobre los cuales se habrán de expresar. El Tribunal no puede convertirse en un consejo supremo que juz-gue cualquier acto que le llame la atención o que opine sobre lo que acontezca en la vida en comunidad. Es nuestra obligación concentrarnos en los casos que estamos llamados y llamadas a resolver en el marco de una acción judicial.

Un supuesto paralelismo no es suficiente para entender sobre materias que no nos atañen. Paralelo es aquello que transcurre de forma equidistante a algo, pero que, por más que se prolongue, nunca logra encontrarlo. Por definición, las líneas paralelas nunca tienen puntos en común. La si-militud que miembros de este Foro dicen encontrar entre el caso de conducta profesional que verdaderamente se en-cuentra ante nosotros y las manifestaciones del Juez Pre-sidente no es razón para expandir las líneas que demarcan los límites de nuestras facultades hasta conseguir que se unan artificialmente en una misma resolución.

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conforme con lo expresado por la Jueza Asociada Señora Fiol Matta en su voto particular disidente, por lo cual me he unido a sus expresiones. Al igual de lo que se expresa en ese voto particular, considero, como poco, im-pertinentes las expresiones sobre el Juez Presidente Señor Hernández Denton que contiene la Resolución que se certifica. Ello no obstante, escribo por separado esta breve expresión, por considerar que debe quedar meridiana-mente claro que la “censura” al Juez Presidente que se recoge en el texto de la Resolución no fue un asunto que se planteara y mucho menos discutiera ante el Pleno de este Tribunal. Lo acordado en este caso fue lo de siempre en situaciones como éstas, emitir una sencilla resolución amo-nestando y archivando el asunto, sin más.

Las expresiones contra el Juez Presidente estaban reco-gidas en un voto particular que se publicaría al publicarse la Resolución que archivó la querella en el caso de epígrafe y que reflejaría la posición del juez suscribiente. Posterior-mente, los Señores Jueces Asociados se unieron al voto particular y a raíz de ello se circuló un nuevo texto de Resolución que recogía íntegramente la expresión individual circulada originalmente, ahora con pretensiones de ser una expresión del cuerpo colegiado.

Debo rechazar enérgicamente el subterfugio de utilizar la formalidad de una expresión del Tribunal como institu-ción en un caso concreto para traer a la palestra un asunto que nada tiene que ver con el caso de epígrafe. Y más grave aún, utilizar el caso de epígrafe como vehículo para la su-presión del derecho que le asiste al Juez Presidente, en el descargo del rol que le asigna la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de expresarse sobre un asunto de vital importancia para la institución en que servimos. El asunto en torno al aumento del número de Jueces que componen la plantilla del Tribunal Supremo es un asunto de alto interés público sobre el cual cualquier funcionario público tiene un derecho bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, así como la de Estados Unidos, a expresar su criterio, el que fuere. Lo que no puede hacer el “nuevo” Tribunal es pretender acallar la voz de quienes discrepan de sus andanzas. Somos Jueces, no censores del debate.

El curso de acción que se ha seguido en este caso re-zuma intolerancia con el criterio divergente, por lo cual debo, penosamente, disentir de la ruta trazada.

       Este número no incluye las sentencias, los per curiam, las opiniones disiden-tes y opiniones concurrentes preparadas y certificadas.

       Imprescindible es resaltar que el Juez Asociado Señor Rivera García para el 31 de octubre de 2010 había circulado nueve (9) Sentencias. Sin duda, esto es sinó-nimo de laboriosidad y compromiso con su trabajo.

       El Juez Presidente es quien dirige la administración de los tribunales, es responsable del funcionamiento eficiente de los tribunales y está encargado de pro-mover la responsabilidad de los jueces en la ejecución de sus obligaciones judiciales, entre otras cosas. Art. V, See. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2002; Art. 2.012 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24j).

       El texto completo de las declaraciones que emitimos ese día es el siguiente:
      “Querido Pueblo de Puerto Rico:
      “En el día de hoy, cuatro jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aprobaron una Resolución en la que se le solicita a la Asamblea Legislativa que aumente el número de jueces que componen este tribunal de 7 a 9 miembros.
      “Esta resolución se aprobó apresuradamente, sin estudio, análisis ni la delibe-ración del Pleno del Tribunal, por el escaso margen de 4 votos a favor y 3 en contra. O sea, por el margen de un solo voto.
      “Muchos de ustedes; jueces, abogados y ciudadanos en general, se cuestionan la sabiduría de esta decisión.
      “Como Juez Presidente y Administrador de la Rama Judicial, me dirijo a uste-des con el convencimiento de que esta decisión no le pertenece exclusivamente a cuatro jueces del Tribunal Supremo. Es una decisión que le pertenece al pueblo de Puerto Rico— le pertenece a ustedes que me escuchan. Por eso les hablo directa-mente en el día de hoy.
      “La propuesta que le presentan hoy al país, NO es necesaria.
      “Esta propuesta, lacera la integridad del Tribunal Supremo; la institución que fue creada constitucionalmente para garantizar la confianza de todos los ciudadanos y ciudadanas en su sistema judicial. Es una determinación que afecta la debilitada credibilidad que tiene el país en sus instituciones; sobre todo, en una institución que el país ha querido mantener por encima de los vaivenes de la política partidista.
      “Es importante destacar que ustedes ya se expresaron sobre este asunto en un Referéndum celebrado en 1994 y rechazaron abrumadoramente el aumento en el número de jueces del Tribunal Supremo. Esto demuestra que ésta es una propuesta que no cuenta con el apoyo del Pueblo de Puerto Rico. Además, el aumento de jueces, en el contexto actual que vive el país, exacerba la politización que nuestro pueblo repudia.
      “Esta decisión apresurada, que no ha tenido el beneficio de una discusión pon-derada entre todos los que integramos el Tribunal Supremo, es errada y peligrosa, para nuestra Judicatura y para la democracia.
      “Con estas expresiones, dejo establecida mi posición, y paso la página, ante este triste episodio en la historia de esta centenaria Institución. Sepa el Pueblo de Puerto Rico que independientemente de cuál sea el desenlace de este proceso, yo, como Juez Presidente del Tribunal Supremo, y como Administrador de la Rama Judicial, conti-nuaré trabajando incansablemente por la búsqueda de la verdad y de la justicia.
      “MUCHAS GRACIAS.”
      Es menester señalar que la transmisión de este mensaje por los diferentes me-dios no conllevó la erogación de fondos públicos.

       El licenciado Berrios Jiménez escribió en una moción que el Juez Hernández Denton ya había resuelto su queja contra un juez municipal utilizando la “doctrina del toallazo”. Véase In re Berrios Jiménez, Resolución de 30 de diciembre de 2010, págs. 2-3.

       íd., pág. 3.

       Nos hemos negado a intervenir cuando se nos ha presentado la posibilidad de resolver asuntos sin que se haya sometido suficiente prueba (Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 319-320 (1998)), cuestiones de derecho que no surgen de los recursos (Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 408 esc. 2 (2009); Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 573 esc. 4 (1990); Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 467 esc. 4 (1988)) y controversias que podrían despren-derse de los mismos hechos, pero que no son las controversias del caso (Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 esc. 94 (2009); Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644, 676 (2007)). También hemos sabido prescindir de hechos que son impertinentes para resolver un caso (Iglesia Católica v. Monclova, 36 D.P.R. 806, 808 (1927)) de hechos de casos distintos que están pendientes ante otros tribunales, aunque estén relacionados con el que atendemos (Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 976 (2010)) y de controversias públicas en las que el Tribunal no ha intervenido y que no ha utilizado como fundamento en su razonamiento (Nogueras v. Rexach Benitez II, 141 D.P.R. 610, 622-623 (1996)). Asimismo, hemos establecido que procesos y casos distintos no son susceptibles de adjudicarse en uno solo (Pueblo v. Nieves Massa, 133 D.P.R. 28, 33 (1993)).

        Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Ind., Inc., 135 D.P.R. 303, 338-340 (1994), opinión concurrente y disidente de la Jueza Asociada Señora Naveira. De forma similar, hemos criticado que se aproveche un caso para incorporar innecesariamente una doctrina a nuestro ordenamiento. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429, 454 (1988), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton.

        Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 429 (1995), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

        Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980).

        Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 D.P.R. 150, 157 (2009); S.L.G. Lloréns v. Srio. de Justicia, 152 D.P.R. 2, 8 (2000).

        Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421 (1994).

        In re Solicitud Cepeda García, 130 D.P.R. 18 (1992) (per curiam). El Juez Asociado Señor Negrón García, respecto a esta sentencia para archivar por falta de jurisdicción, se preguntó “bajo qué facultad constitucional han actuado cuatro (4) miembros individuales de este Foro para configurarla con carácter institucional. La premisa implícita, ¿ha sido considerarnos partes, sus pares o ambas cosas? ¿Quién custodia a los custodios?”. (Énfasis en el original.) íd., pág. 32, voto de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García. Asimismo, el Juez Asociado Señor Rebollo López calificó de hecho incuestionable “que este Tribunal no tiene jurisdicción, ni autoridad en ley de clase alguna, para ‘enjuiciar, amonestar o exonerar’ a uno de sus miembros”. íd., pág. 37, voto particular de inhibición del Juez Asociado Señor Rebollo Señor López.

       Art. V, Secs. 8 y 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

        Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009).

       “KTo escogemos los asuntos que van a ser objeto de nuestra consideración. Es en el momento que éstos surgen que decidimos cuál será el contenido de nuestras expresiones y la ocasión apropiada, dentro del desempeño de las funciones de nues-tro cargo, para efectuar las mismas.” In re Solicitud Cepeda García, supra, págs. 38-39, voto particular de inhibición del Juez Asociado Señor Rebollo López.

       R.M. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1978, pág. 31.

       Véase In re Berríos Jiménez, Resolución de 30 de diciembre de 2010, pág. 7.

       J. Levin, How Judges Reason: the Logic of Adjudication, Nueva York, Peter Lang Pub., 1992, págs. 135-143.

        El Imparcial, Inc. v. Brotherhood, Etc., 82 D.P.R. 164, 216 (1961), opinión disidente del Juez Asociado Señor Serrano Geyls.

       Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 599-601 (1958).


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. William Thompson Faberllé, peticionario.

      Número: CC-2009-409

      Resuelto: 30 de diciembre de 2010

      Javier H. Jiménez Vázquez, abogado de la parte peticionaria; Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de marzo de 2009 que con-firmó un dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En su resolución, el foro primario declaró “sin lugar” una moción de desestimación que presentó el peti-cionario William Thompson Faberllé al amparo de lo re-suelto en Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1 (2008).

En ese caso determinamos que la desestimación por in-cumplimiento con los términos de enjuiciamiento rápido establecidos en la Regla 64(h)(5) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, representa el fin del proceso, requi-riéndose el inicio de otro con una nueva vista de acuerdo con la Regla 6 (34 L.P.R.A. Ap. II) antes de procesar a una persona por el mismo delito grave.

Mediante un recurso de certiorari, el peticionario nos solicita que revoquemos al Tribunal de Apelaciones y des-estimemos la acusación en su contra. Pide que demos apli-cación retroactiva a esta norma para hacerla valer en su caso, que se encontraba en etapa de juicio plenario ante el Tribunal de Primera Instancia al momento de resolverse Pueblo v. Camacho Delgado, supra.

Por entender que ninguno de los foros inferiores dio de-bida consideración al hecho de que en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, se precisaron los contornos de importantes derechos constitucionales del acusado, revocamos.

I

Tras hechos ocurridos el 23 de mayo de 2007, el Minis-terio Público presentó una denuncia contra el Sr. William Thompson Faberllé por violación del Art. 122 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4750 (agresión grave). Posteriormente, el 21 de mayo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la acusación porque se vio-laron las disposiciones sobre juicio rápido de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, al no cele-brarse el juicio dentro de los 120 días posteriores a la pre-sentación de la acusación.

Conforme a la práctica vigente en aquel momento, el Ministerio Público presentó una nueva acusación sin que se realizara una vista de causa probable para arresto ni una vista preliminar adicional a las celebradas antes de la acusación desestimada. La nueva lectura de acusación tuvo lugar el 23 de julio de 2008.

El juicio plenario comenzó el 8 de septiembre de 2008. Cuarenta y nueve días después, y antes de que culminara el juicio en su fondo, resolvimos Pueblo v. Camacho Delgado, supra. El señor Thompson Faberllé solicitó que se aplicara la nueva interpretación de la Regla 64(n) a su caso. El 21 de enero de 2009 pidió en corte abierta que se desestimara la segunda acusación en su contra por no ha-berse celebrado una nueva vista según la Regla 6 de Pro-cedimiento Criminal, supra, luego de desestimada la pri-mera acusación, conforme Pueblo v. Camacho Delgado, supra. Sostuvo su solicitud por escrito el 10 de febrero de 2009 bajo el fundamento de que el Ministerio Público care-cía de autoridad para presentar la segunda acusación por-que no había obtenido autorización previa de un magis-trado y, por extensión, falta de jurisdicción por parte del tribunal. El Ministerio Público presentó su Moción en Opo-sición el 11 de febrero de 2009.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, no acogió los planteamientos del señor Thompson Faberllé. El 20 de febrero de 2009 concluyó que el hecho de que el Mi-nisterio Público descansara en una norma que estuvo vi-gente por décadas y que se revocó luego de que se presen-tara la segunda acusación contra el peticionario, le impedía conceder el remedio solicitado.

El Tribunal de Apelaciones también falló en contra del peticionario en una resolución publicada el 30 de marzo de 2009. Argüyó que “una actitud de mesura judicial” le re-quería dar efecto prospectivo a la norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra. De esa determinación recurrió el peticionario ante nos, el 26 de mayo de 2009, mediante un recurso de certiorari.

En su alegato, el señor Thompson Faberllé destaca que este Tribunal ya había aplicado retroactivamente la inter-pretación de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, en Pueblo v. Pérez Pou, 175 D.P.R. 218 (2009), a pesar de que se en-contraba pendiente de trámites judiciales.

Por su parte, el Ministerio Público argumenta en su ale-gato que no procede la aplicación retroactiva de la norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, porque no es de rango constitucional. Señala que se trata de una norma de derecho procesal penal cuya nueva interpretación repre-senta un claro rompimiento con la norma predecesora, que tenía 41 años de vigencia, y en la cual el Ministerio Público había confiado al momento de proceder contra el peticionario.

El Estado subraya que este Foro tiene la discreción de determinar cuándo una norma judicial aplicará retroactiva o prospectivamente. Invita a que limitemos la aplicación de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, a casos futuros y a los que estén a tiempo para presentarse, o en los que ya se hubiera presentado una moción de desestimación porque no se celebró vista de causa para arresto luego de la des-estimación según la Regla 64(n), supra, como ocurrió en Pueblo v. Pérez Pou, supra.

El 13 de noviembre de 2009 expedimos el auto. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a resolver.

II

La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, reconocen el derecho de todo acusado a tener un juicio rápido. Este derecho tiene un propósito dual: vindicar el derecho constitucional del acusado y, al mismo tiempo, el derecho dé la sociedad a que se juzgue sin demora a quienes violentan sus leyes. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 431-433 (1986); García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27, 31 (1975); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 414 (1974).

Desde la perspectiva del acusado, el juicio rápido tiene el propósito de: “(a) prevenir su detención opresiva y per-juicio; (b) minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y (c) reducir las posibilidades de que su defensa se afecte.” Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 432.

Desde la perspectiva de la sociedad, el enjuiciamiento rápido pretende, entre otras cosas, evitar: (a) la congestión indebida de casos; (b) que personas bajo fianza, en espera de juicio, delinquen nuevamente o evadan la jurisdicción mientras están en libertad provisional; (c) que la tardanza entre el arresto y el castigo tenga un efecto negativo en la rehabilitación; (d) condiciones carcelarias inadecuadas, por detenciones preventivas innecesarias, que tampoco contri-buyen a la rehabilitación, y (e) toda detención excesiva antes del juicio, que en sus múltiples efectos sociales y econó-micos, representa una pérdida para la sociedad. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 432.

En Puerto Rico, el derecho constitucional a enjui-ciamiento rápido se instrumenta a través de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Esta regla provee unos términos que sirven de guía para fijar el tiempo que debe transcurrir entre las diferentes etapas del proceso en contra de un acusado.

Al interpretar esta regla, resolvimos en Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 247-248 (1967), que una vez se deses-tima una denuncia o acusación por violación a los términos de enjuiciamiento rápido contenidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, resulta “innecesario e in-oficioso” volver a los procedimientos preliminares de vista para la determinación de causa probable. Razonamos que estábamos ante un defecto subsanable con la presentación de una nueva acusación o denuncia al amparo de la Regla 66 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, porque se trataba de los mismos cargos y los mismos acusados.

Esa fue la norma que siguió la jurisprudencia, hasta que la interpretación sobre los efectos por una desestima-ción según la Regla 64(n), supra, comenzó a cambiar con Pueblo v. Carrión, 159 D.P.R. 633 (2003). En ese caso in-terpretamos que la desestimación por la violación a los tér-minos de rápido enjuiciamiento supone “la caída de los car-gos” contra el acusado y da por terminada la acción penal. Pueblo v. Carrión, supra, pág. 643.

El resultado de esta nueva interpretación se vio en Pueblo v. Camacho Delgado, supra. En ese caso concluimos que era impropio utilizar la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, para las desestimaciones por violación al de-recho de enjuiciamiento rápido. Se instruyó desde entonces que el procedimiento posterior a una primera desestima-ción por incumplir con la Regla 64(n) debe regirse por la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

La Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, especifica que puede comenzarse un nuevo procedimiento por el mismo delito siempre que el defecto sea subsanable y no se trate de un delito menos grave. En nuestro ordena-miento, el procedimiento criminal inicia con la determina-ción de causa probable para citar o arrestar por parte de un juez. Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601 (2008); Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 819 (1993).

Así, Pueblo v. Camacho Delgado, supra, concluyó que luego de una desestimación por violación al derecho a en-juiciamiento rápido, es necesario reiniciar el proceso con una nueva determinación de causa probable para arresto al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, antes de que se presente la segunda acusación por el mismo delito grave.

En el caso de epígrafe, el peticionario solicita, con opo-sición del Ministerio Público, que demos efecto retroactivo a esta nueva norma judicial. Conviene repasar, entonces, la doctrina sobre la retroactividad de las decisiones judiciales.

III

La prohibición de leyes ex post facto, por sus propios términos, aplica a estatutos, reglamentos, reglas, ordenanzas municipales, entre otros, pero no a la interpretación que de ellos hagan los tribunales. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 19.4, pág. 564. Sin embargo, las leyes penales tendrán efecto retroactivo mientras beneficien al imputado, acorde con el principio de favorabilidad que se recoge en el Art. 9 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4637.

En el caso de decisiones judiciales relacionadas con el derecho penal sustantivo, es el debido proceso de ley lo que impide su aplicación retroactiva si: (1) altera la definición de un delito; (2) brinda una nueva interpretación a un estatuto de manera que expone al acusado a una ofensa que era imprevista al momento de los hechos; (3) se aplica a eventos que ocurrieron antes de publicarse la opinión, o (4) coloca al ofensor en una posición de desventaja frente a la interpretación anterior. R.B. McNamara, Constitutional Limitations on Criminal Procedure (Supl.2010-2011), Thompson Reuters/West, Junio 2010, Sec. 1.4. Sin embargo, se aplican retroactivamente si resuelven que determinada conducta está inmune de castigo, expanden una defensa del acusado o restringen la pena por determinado delito. Pueblo v. González Cardona, 153 D.RR. 765, 770-771 (2001); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 564.

Se ha hecho la distinción entre las normas jurisprudenciales de derecho procesal penal que gozan de rango constitucional y las que no. A las interpretaciones judiciales que proveen al acusado una defensa de rango constitucional se les ha conferido aplicación retroactiva en los casos que al momento de publicarse la norma no hayan advenido una sentencia final y firme. Pueblo v. González Cardona, supra, pág. 774.

Nuestra postura sobre la retroactividad de la norma ju-risprudencial de carácter penal ha estado ligada íntima-mente a las normas adoptadas por el Tribunal Supremo federal. Pueblo v. González Cardona, supra, pág. 771. He-mos seguido esta tendencia, incluso, en situaciones que no estábamos obligados a hacerlo, porque trataban de asuntos de derecho constitucional puertorriqueño y no federal. J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 41.

El Tribunal Supremo federal ha transformado su nor-mativa sobre la aplicación retroactiva de las decisiones ju-diciales a través de los años y ha recurrido a diferentes criterios para determinar su vigencia temporal. Sin embargo, la jurisprudencia más reciente invita a que se le dé aplicación retroactiva a aquellas interpretaciones judicia-les en casos criminales cuya sentencia no haya advenido final y firme, o que se encuentren en proceso de revisión directa. Johnson v. United States, 520 U.S. 461, 467 (1997); Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1987); B.S. Shannon, The Retroactive and Prospective Application of Judicial Decisions, 26 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 811, 820-821 (2003); McNamara, op. cit., Sec 1.4.

IV

Cuando se publicó nuestra Opinión en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, el caso de epígrafe se encontraba en etapa de juicio plenario. Aún no ha advenido sentencia final y firme. Acorde con la jurisprudencia y doctrina citada, resulta forzoso concluir que le es de aplicación la norma que establecimos en ese caso. Se trata de la interpretación judicial de una norma de rango constitucional porque redefine los contornos de un derecho exaltado por nuestra ju-risprudencia como uno de los valores constitucionales más importantes en el ámbito penal. Pueblo v. Camacho Delgado, supra.

Además, debemos recordar que el derecho a enjuicia-miento rápido está constitucionalmente reconocido y el re-medio que se ha provisto, la desestimación, también goza de fuerza constitucional. “Si el planteamiento de juicio rá-pido progresa en el [T]ribunal de [Primera I]nstancia, el remedio, por supuesto, es la desestimación. Esto no sólo surge del derecho estatutario, sino también de la natura-leza de la violación al derecho invocado.” (Escolio omitido.) Chiesa, op. cit., pág. 137.

Por otro lado, el Art. II, Sec. 7, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, señala que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta cláusula extiende la protección constitucional a los derechos concedidos mediante legislación procesal. O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Equity Publishing Co., 1990, T. 1, Sec. 3.7, pág. 26. Por consiguiente, como las Reglas 64(n) y 67 de Procedimiento Criminal, supra, son la vía estatutaria para implementar el remedio de la desestimación y subsanar la violación a los términos de enjuiciamiento rápido, forman parte del debido proceso de ley al que tiene derecho el acusado.

El Pueblo nos pide que distingamos entre el derecho a juicio rápido y sus componentes, de los efectos de la deses-timación, que fue lo que cambió con la interpretación de Pueblo v. Camacho Delgado, supra. Subraya que el inicio de un nuevo proceso se define estatutariamente y no tiene dimensiones constitucionales. Sin embargo, la interpreta-ción que propone el Ministerio Público pasa por alto que, como mencionamos, una vez se instrumentan derechos procesales de rango constitucional por la vía estatutaria, reciben protección constitucional por la cláusula del debido proceso de ley. La interpretación que hagamos de esos de-rechos debe recibir el mismo trato.

Por otro lado, para que los tribunales puedan ofrecer remedios a las controversias que se presentan ante sí, es necesario que tengan jurisdicción sobre la persona. La forma en que los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona en los casos criminales es mediante el arresto o citación. Resumil, op. cit., Sec. 6.1, pág. 108. La Constitu-ción de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 10, L.P.R.A., Tomo 1, requiere que para proceder con el arresto de una persona medie una orden judicial.

Ya desde el 2003, en Pueblo v. Carrión, supra, habíamos expresado que el efecto de la desestimación de acuerdo con la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, suponía la terminación de la acción penal. Iniciar una nueva acción con la mera presentación de una acusación, sin pasar por las etapas preliminares, viola el Art. II, Sec. 10, de la Cons-titución de Puerto Rico, supra, porque se inicia un procedi-miento criminal sin que haya mediado una orden de arresto válida, cónsono con lo resuelto cinco años después en Pueblo v. Camacho Delgado, supra.

No aplicar la nueva interpretación jurisprudencial al caso contra el señor Thompson Faberllé violaría sus dere-chos constitucionales. De negársele el beneficio de la nueva interpretación judicial, se le obligaría a responder en un proceso cuyo desenlace advendrá luego de que urna de las reglas procesales utilizadas ya ha sido declarada como injusta. Véase Opinión particular del Juez Presidente Se-ñor Trías Monge en Pueblo v. Delgado Rodríguez, 108 D.P.R. 196, 203-204 (1978), citando a R.J. Traynor, Quo Vadis, Prospective Overruling: A Question of Judicial Res-ponsability, 28 Hastings L.J. 533 (1977).

Así, nos reiteramos en la norma que establecimos en Pueblo v. González Cardona, supra, cuando adoptamos la tendencia federal de aplicar las interpretaciones judiciales de normas procesales penales que tengan rango constitucional a aquellos casos que al momento de emitirse la opinión no hubiera advenido una sentencia final y firme.

Como bien plantea el Ministerio Público, en materia de interpretación de las reglas procesales que instrumentan el juicio rápido, no estamos inexorablemente atados a las interpretaciones que haya hecho el Tribunal Supremo federal. Se ha reconocido que los estados pueden fijar cuál es su definición de juicio rápido, siempre que sean conse-cuentes con ciertas normas federales mínimas. Pueblo v. Arcelay Galán, supra, pág. 413. Sin embargo, este Tribunal ya había adoptado la normativa de Griffith v. Kentucky, supra, aun en casos en que se interpretaban derechos cons-titucionales de Puerto Rico. Véase Pueblo v. González Cardona, supra.

En Griffith v. Kentucky, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos descartó la excepción que estaba vigente hasta entonces, de no aplicar las nuevas normas jurispru-denciales de rango constitucional si representaban una clara ruptura con el pasado. Véase United States v. Johnson, 529 U.S. 53 (2000). El Ministerio Público nos solicita que preservemos esa excepción en Puerto Rico. Sin embargo, no vemos razón para mantener una excepción que ha sido descartada porque, entre otras cosas, promueve la desigualdad entre partes que están ubicadas en posiciones similares. Griffith v. Kentucky, supra, págs. 327-328.

Incluso, sin entrar en la discusión sobre la retroactivi-dad de la norma judicial, este Tribunal ya ha aplicado la norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, a casos que estaban pendientes de resolución al momento de publi-carse la opinión. Por ejemplo, en Pueblo v. Pérez Pou, supra, resolvimos que la desestimación por violación a los términos de juicio rápido no interrumpió el término pres-criptivo de la acción penal. La decisión utilizó a Pueblo v. Camacho Delgado, supra, para sustentar que la desestima-ción al amparo de la Regla 64(n), supra, dio por terminada la primera acción penal contra el señor Pérez Pou.

El Ministerio Público nos pide que distingamos a Pueblo v. Pérez Pou, supra, del caso de epígrafe. Destaca que el señor Pérez Pou había presentado oportunamente la mo-ción para desestimar la segunda acusación, a pesar de que en ese momento no se había resuelto Pueblo v. Camacho Delgado, supra. No nos convence el argumento. Ignora la injusticia que constituye el que a un acusado se le procese con la aplicación de una regla que ya ha sido declarada contraria a derecho.

Más recientemente, en Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 867 (2010), concluimos que no era aplicable al caso la norma de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, por tra-tarse de una desestimación según la Regla 64(p) de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y no según la citada Regla 64(n). Sin embargo, en la Opinión utilizamos la nueva norma jurisprudencial como parte del análisis. No descartamos su aplicación por razones de retroactividad.

Tanto en Pueblo v. Pérez Pou, supra, como en Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, los hechos ocurrieron antes de que se decidiera Pueblo v. Camacho Delgado, supra. Ambos ca-sos se encontraban en medio del proceso judicial, sin que hubiera advenido sentencia final y firme al momento de publicarse nuestra opinión.

Por último, el Ministerio Público reclama que el peticio-nario presentó la moción de desestimación tardíamente. Arguye que, como la moción de desestimación no se pre-sentó antes del juicio, la validez de la nueva acusación pasó a ser “final y firme”. Alegato de la Procuradora General, pág. 21.

Para instrumentar la desestimación en este caso se pue-den aplicar varios de los incisos de la Regla 64 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, según solicitó el peticionario. Específicamente, pueden invocarse el inciso (b), que hace viable la desestimación cuando el tribunal carece de jurisdicción para conocer del delito; el inciso (i), porque el fiscal carecía de autoridad para presentar la acu-sación, y el inciso (p), porque se presentó la acusación sin que un magistrado hubiese determinado causa probable. En todos esos incisos, las Reglas 63 y 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap II, permiten la presentación tar-día de la moción, por causa justificada. Entendemos que el hecho de que Pueblo v. Camacho Delgado, supra, se deci-diera una vez terminó el desfile de prueba por parte de la fiscalía, constituye causa justificada.

Todo lo anterior nos obliga a concluir que procede la aplicación de la norma que establecimos en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, porque al día de publicarse nuestra Opinión, el 27 de octubre de 2008, no había recaído una sentencia final y firme en el caso que ahora nos ocupa.

V

Por los fundamentos señalados, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón, y se ordena la desestimación del caso contra el señor Thompson Faberllé.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       El Art. 9 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4637, dispone:
      “La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas:
      “(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.
      “(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente.

        “(e) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad.
      “En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.”


text:
    R & G Mortgage Corporation, recurrida, v. Beatriz Arroyo Torres, Luis Noel Rivera Vázquez y la Sucesión de Xenya Neka Silva, peticionarios.

      Número: CC-2010-733

      Resuelto: 30 de diciembre de 2010

      Edwin E. León, abogado de la parte peticionaria; Mádelin Colón Pérez, del Bufete Colón Santana & Román, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde resolver si un deman-dante que publica un edicto para notificarle una sentencia a un codemandado en rebeldía está obligado a notificar dicha publicación a los demás codemandados en el pleito. Evaluada la controversia, resolvemos en la afirmativa.

1 — 1

En abril de 1997, la Sra. Beatriz Arroyo Torres vendió una propiedad al Sr. Luis Rivera Vázquez (peticionario) y a su esposa Xenya Neka Silva. Esa propiedad estaba inscrita como la finca núm. 13,781 en el Registro de la Propiedad, Sección de Carolina, pero en la escritura de compraventa se expresó incorrectamente que era la finca núm. 13,181. En mayo de 1998 se presentó la escritura de compraventa para su inscripción en el Registro, pero el asiento de ins-cripción expresaba que era la finca 13,181. Por tal razón, el Registrador no inscribió el título y lo dejó pendiente para calificación.

Posteriormente, el matrimonio Rivera-Neka dejó de pa-gar la hipoteca de su propiedad, la cual estaba constituida a favor de R & G Mortgage Corporation (R & G). Por con-siguiente, en abril de 2005 R & G presentó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la se-ñora Arroyo Torres pues, aunque el título del matrimonio Rivera-Neka se había presentado para inscripción en el Registro, aún la propiedad constaba a nombre de la señora Arroyo Torres. Esto es, la demanda fue presentada sólo contra Arroyo Torres y no se incluyó como codemandados al señor Rivera Vázquez ni a su esposa Xenya Neka Silva.

Luego de varios incidentes, el Tribunal de Primera Ins-tancia permitió que R & G emplazara a Arroyo Torres me-diante edicto porque se desconocía su paradero. En enero de 2006, el foro primario emitió una sentencia en rebeldía contra Arroyo Torres, la condenó a pagar la suma recla-mada por R&Gy ordenó la ejecución de la hipoteca. Esta sentencia fue notificada a través de edicto. Como parte del trámite de ejecución de sentencia, en septiembre de 2006 se celebró una subasta que se adjudicó a la compañía “Action Realty”. Cuando ésta acudió al Registro de la Propie-dad a inscribir su título se percató de que la propiedad no estaba inscrita a nombre de la señora Arroyo Torres. En sus investigaciones, “Action Realty” confirmó que fin al - mente el Registrador había inscrito la propiedad a favor de los esposos Rivera-Neka, quienes nunca fueron incluidos en el pleito que produjo la subasta.

Ante la realidad de que no podría inscribir su título, en octubre del 2006 “Action Realty” solicitó al Tribunal de Pri-mera Instancia que declarara nula la ejecución de la sen-tencia debido a que se omitió incluir en el pleito y notificar a los esposos Rivera-Neka. No obstante, dicho tribunal de-negó la petición de “Action Realty” y ésta acudió al Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo acogió el recurso y ordenó la paralización de los procedimientos en instancia. Finalmente, en marzo de 2007 el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro de instancia, por lo que decretó la nulidad de la venta judicial celebrada y devolvió el caso para que el Tribunal de Primera Instancia permitiera que R & G enmendara su demanda e incluyera a los esposos Rivera-Neka. En mayo de 2007, R & G enmendó la de-manda para incluir a los esposos Rivera-Neka. En octubre de 2007, el señor Rivera Vázquez presentó su contestación a la demanda enmendada y, además, presentó recon-vención. En abril de 2008 nuevamente se enmendó la de-manda para sustituir a la señora Neka Silva por sus herederos.

Así las cosas, en septiembre de 2008, el Tribunal de Pri-mera Instancia anotó la rebeldía a la Sucesión de la señora Neka Silva, compuesta por sus herederos desconocidos (codemandados). Mediante urna sentencia emitida en diciembre de 2008, el foro primario declaró “con lugar” la demanda de R & G y condenó a la parte demandada pa-garle a R & G $74,005.56 de principal, más intereses. La notificación de esta sentencia fue enmendada el 10 de fe-brero de 2010 para ser publicada mediante edicto, para así notificar a Beatriz Arroyo Torres, quien fuera emplazada mediante edicto.

Inconforme con el dictamen, el 12 de marzo de 2010 el peticionario Rivera Vázquez presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 14 de mayo de 2010 dicho tribunal lo desestimó por prematuro debido a que a la fecha de presentación del recurso aún no se había publicado el edicto que notificara la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Esta determinación fue notificada el 17 de mayo de 2010.

El señor Rivera Vázquez nuevamente presentó su re-curso ante el Tribunal de Apelaciones el 8 de junio de 2010, y R & G solicitó su desestimación por falta de jurisdicción. Esto así, debido a que fue presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días. Esta vez, el Tribunal de Apelacio-nes se declaró sin jurisdicción por entender que el recurso fue presentado tardíamente, pues, según determinó, el tér-mino vencía el 4 de junio de 2010. El peticionario solicitó reconsideración de ese dictamen, pero fue denegada.

Inconforme, el señor Rivera Vázquez presentó ante este Tribunal un oportuno recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó la paralización de los efectos del dictamen del Tribunal de Primera Instancia en el que ordenó la venta de la propiedad en pública su-basta, pues nunca fue notificado de la publicación de los edictos, sino que se enteró a través de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Visto el recurso, en auxilio de nues-tra jurisdicción ordenamos la paralización solicitada y le concedimos a la parte recurrida un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el pre-sente caso. La recurrida, R & G, presentó su escrito en cumplimento de nuestra orden y, así, con el caso debida-mente perfeccionado, procedemos a expedir y resolver el recurso.

II

En síntesis, el peticionario nos plantea dos interrogan-tes: ¿Qué ocurre cuando la parte beneficiada por una sen-tencia no le notifica a la parte perjudicada, cuya identidad es conocida, de la publicación de unos edictos necesarios para notificar a otras partes en el mismo pleito y que se encuentran en rebeldía? ¿Cómo ha de enterarse esta úl-tima de la fecha en que comienza a transcurrir el término de 30 días para presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones?

Como es sabido, la Regla 4.5 de Procedimiento Civil de 1979, permite que el Tribunal de Primera Instancia autorice a un demandante a emplazar mediante edicto a un demandado. Dicha regla establece los formalismos requeridos en la consecución de dicho edicto y señala que, dentro de los 10 días siguientes de su publicación, "se le dirija al demandado una copia del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma de servicio de entrega de co-rrespondencia con acuse de recibo Así, el demandante no sólo está obligado a publicar el edicto, sino que también está obligado a enviarle al demandado copia del emplaza-miento y de la demanda presentada.

Ahora bien, en el transcurso de un pleito, la parte demandada por edicto —por las razones que específicamente disponen las Reglas de Procedimiento Civil— puede ser declarada en rebeldía. En consecuencia, un tribunal puede emitir una sentencia que afecte los derechos o intereses de la parte que ha sido declarada en rebeldía. Ante ello, la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, dis-pone la forma en que un tribunal tiene que notificar sus órdenes y sentencias a las partes que están en rebeldía. Específicamente, esta regla señala que

[e]l secretario notificará el archivo de una orden o sentencia a las partes en rebeldía por falta de comparecencia remitiéndo-les, cuando su identidad fuere conocida, copia de la notifica-ción a la última dirección conocida, y, si su identidad fuere desconocida o figurare con un nombre ficticio a los fines de la tramitación del pleito, publicando una copia de la notificación en un periódico de circulación general una vez por semana durante dos semanas consecutivas. La notificación se conside-rará hecha en la fecha de la última publicación.

Debido a que en dicha regla existía una laguna respecto al asunto de cómo notificar la sentencia recaída en un pleito en el que una parte fue emplazada por edictos conforme a la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, resolvimos en Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 993 (1995), que

... cuando una parte haya sido emplazada por edictos a tenor con la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, por razón de que no pudo ser localizada en su última dirección conocida y se desconoce su paradero, dicha parte deberá ser notificada de la sentencia recaída en rebeldía por falta de comparecencia mediante la publicación de edictos, es decir, de la misma forma como fue notificada de la demanda en su contra.

Así, se aclaró que la notificación por edicto de una sen-tencia aplica tanto al demandado en rebeldía de identidad desconocida como al de identidad conocida cuando éste haya sido emplazado por edicto.

Por su parte, con relación al aspecto procesal, la citada Regla 65.3(b) señala que el edicto tiene que ser publicado en un periódico de circulación general una vez por semana durante dos semanas consecutivas. Además, para efectos de la notificación, ésta se considerará hecha en la última fecha de publicación. Es decir, a partir de la fecha de la segunda publicación es que comienza a transcurrir el tér-mino para ir en revisión.

Sin embargo, la referida regla guarda silencio tanto en lo que respecta al término con el que se cuenta para reali-zar el edicto una vez el tribunal emite sentencia, así como con la obligación y forma, si alguna, de notificar a las par-tes una vez éste se haya publicado. Así, pues, la laxitud que el demandante pudiera tener para publicar los edictos no sólo evitaría que la sentencia advenga final y firme por un tiempo indeterminado, sino que ocasiona una incerti-dumbre que pudiera privar a la parte perdidosa de poder revisar el dictamen. De igual forma sucedería si la fecha de la publicación de los edictos no se notifica al tribunal ni a las partes.

Es de notar que una vez se dicta una sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil imponen a la Secretaría del tribunal la obligación de notificarla lo antes posible a todas las partes, archivar en autos una copia de la constancia de la notificación y, a su vez, notificar dicho archivo a las partes. A partir de la fecha del referido archivo es que comienza a correr el término para solicitar la revisión del dictamen o para iniciar algún procedimiento posterior a ésta. Por tal razón es que se reconoce la imperiosidad de una adecuada notificación, porque la falta de ésta incide en el derecho de una parte a cuestionar el dictamen judicial y así enerva las garantías del debido proceso de ley.

Claramente, “[l]a correcta y oportuna notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial”. Por consiguiente, hemos reconocido que la notificación es parte integral de la actuación judicial, ya que afecta el estado procesal del caso. Por eso, “para que una resolución u orden surta efecto, tiene que ser no solamente emitida por un tribunal con jurisdicción, sino que también notificada adecuadamente a las partes ya que es a partir de la notificación que comienzan a cursar los términos establecidos”. Consecuentemente, “[r]esulta indispensable y crucial que se notifique adecuadamente de una determinación sujeta a revisión judicial a todas las partes cobijadas por tal derecho”.

Como ya hemos expuesto, en la situación particular de la disposición de la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, la notificación se entenderá hecha en la última fecha de publicación de los edictos. Por ende, la pronta pu-blicación de los edictos, así como su respectiva notificación a las partes, son piezas fundamentales del debido proceso de ley.

rH I — I f-H

De manera ilustrativa debemos señalar lo que disponen las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 al respecto. La Regla 65.3(c) de 2009, análoga a la 65.3(b) de 1979, expresa que

[e]n el caso de partes en rebeldía que hayan sido emplazadas por edictos o que nunca hayan comparecido en autos o de par-tes demandadas desconocidas, el Secretario o Secretaria expe-dirá un aviso de notificación de sentencia por edictos para su publicación por la parte demandante. El aviso dispondrá que éste debe publicarse una sola vez en un periódico de circula-ción general en la Isla de Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación e informará a la parte deman-dada de la sentencia dictada y del término para apelar. Todos los términos comenzarán a computarse a partir de la fecha de la publicación del edicto, la cual deberá acreditarse mediante una declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente autorizado (a) del periódico, acompañada de un éjemplar del edicto publicado.

La nueva regla dispone que en casos de partes en rebel-día, la Secretaría del tribunal expida un aviso de notifica-ción de sentencia por edicto para ser publicado por el demandante. El edicto debe publicarse una sola vez en mi periódico de circulación general dentro de los 10 días si-guientes a su notificación y, además, le informará al de-mandado la sentencia dictada y el término para apelar. La disposición anterior elimina la incertidumbre que existe con la regla de 1979, la cual no establece término y lo deja a la prudencia de la parte demandante.

Asimismo, la nueva regla dispone que el edicto se publi-que una sola vez y que los términos comiencen a compu-tarse a partir de la fecha de dicha publicación. Además, ello deberá acreditarse mediante una declaración jurada del administrador o agente autorizado del periódico junto con un ejemplar del edicto publicado. Así, pues, cuando el tribunal notifica su sentencia, el demandante tiene que pu-blicar el edicto en los 10 días siguientes a dicha notificación. Una vez éste publica el edicto, tiene la obliga-ción de acreditarlo ante el tribunal que emitió la sentencia conforme a lo dispuesto en la Regla 65.3 de Procedimiento Civil de 2009.

Es evidente que la nueva regla elimina la incertidumbre que dio paso a la controversia del caso de autos, por ende, las situaciones que se susciten al amparo de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil no deben confrontar los mis-mos problemas. Sin embargo, cabe señalar que la nueva Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil de 2009 tampoco men-ciona si la publicación tiene que acreditarse también a las partes.

IV

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia contra los demandados, entre los cuales es-taba el peticionario y la señora Arroyo Torres, quien estaba en rebeldía. Posteriormente, la notificación de dicha sen-tencia fue enmendada el 10 de febrero de 2010 para ser publicada por edicto y así notificar a la señora Arroyo Torres, la cual fue emplazada mediante edicto. Conforme a la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, el edicto tenía que publicarse una vez por semana por dos semanas consecutivas. De esa forma, el término de los codemanda-dos para ir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones co-menzaría a correr a partir de la última publicación del edicto.

Ahora bien, los edictos gestionados por R & G fueron publicados el 27 de abril de 2010 y el 4 de mayo de 2010, es decir, 76 y 83 días después de la notificación de la senten-cia, respectivamente. Además, de un examen minucioso de los autos del caso no surge que R & G hubiera notificado ni al Tribunal de Primera Instancia ni al peticionario Rivera Vázquez acerca de la publicación de los mencionados edictos. En los autos del caso tampoco surge una moción dirigida al Tribunal de Primera Instancia mediante la cual R & G le acredite que en efecto hizo la notificación de la sentencia a través de edictos; sólo hallamos copias de la declaración jurada y de la petición de desestimación ante el Tribunal de Apelaciones.

Como consecuencia de lo anterior, cuando el peticionario acudió en revisión al Tribunal de Apelaciones el 12 de marzo de 2010, dicho foro desestimó el recurso por prematuro. Luego, cuando nuevamente acude en revisión el 8 de jimio de 2010, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por tardío. En ese último dictamen el foro ape-lativo intermedio señaló que la última publicación del edicto fue realizada el 4 de mayo de 2010, por lo que el término jurisdiccional de 30 días vencía el 4 de junio de ese mismo año.

R & G alega que la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 no impone un término para realizar la publica-ción de los edictos. Asimismo, señala que la omisión de no publicar prontamente la notificación de la sentencia por edicto benefició al peticionario porque le brindó más tiempo para preparar su escrito apelativo. Además, sos-tiene que al señalarle las fechas de la futura publicación de los edictos en la moción de desestimación que presentó ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario conoció la que sería la última fecha de publicación. De esa forma de-bió presentar su recurso a tiempo ante dicho foro apelativo. No le asiste la razón al recurrido.

En primer lugar, aunque es cierto que la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 no establece un término para publicar los edictos, entendemos que el proceso de publicación tiene que estar fundamentado en la prudencia. El que no exista un término establecido no significa que el demandante pueda controlar el tiempo, la finalidad del caso, o mucho menos el derecho a revisión que tienen las partes. Incluso, cónsono con lo antes dispuesto, en la nueva Regla 65.3(c) la Asamblea Legislativa estableció un tér-mino de 10 días que elimina la laxitud de la regla anterior. Así, al analizar los hechos presentes en el caso de autos, no existen razones justificadas para la publicación tardía de los edictos. Por tal razón, entendemos que la actuación del demandante de publicar los edictos 76 y 83 días después de la notificación de la sentencia no estuvo enmarcada en la prudencia. Tal actuación vulneró el debido proceso de ley del peticionario.

En segundo lugar, es importante aclarar que aunque la referida regla tampoco dispone que se notifique a las par-tes acerca de la publicación de los edictos, entendemos que como parte del debido proceso de ley, ésta debe realizarse. En la situación particular aquí trabada, existen varios co-demandados entre los cuales hay uno en rebeldía. Claro está, aquellos que no están en rebeldía podrían benefi-ciarse de términos más amplios ya que conforme a la Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, éstos tienen que esperar que se publiquen los edictos.

Sin embargo, eso conlleva que el demandante tenga la obligación de notificar a los demás codemandados de la publicación de los edictos. Si el tribunal y las partes no se enteran de que la publicación se realizó, se crea un ambiente de incertidumbre que perjudica el proceso y la estabilidad judicial. Como ya hemos sostenido, no podemos dejar en las manos de una parte todo el control del proceso. Así, en los casos en que hay múltiples codemandados y sólo uno o algunos de ellos se encuentran en rebeldía, y é stos a su vez son notificados de la sentencia mediante edictos, el demandante está obligado a notificar al tribunal y a los demás codemandados de la publicación de éstos. Además, éstos tienen que ser notificados de la publicación del edicto simultáneamente, es decir, el mismo día en que éste sea publicado. De esta forma, protegemos el debido proceso de ley de las partes y preservamos su derecho de poder ir oportunamente en revisión a un tribunal de mayor jerarquía.

Cónsono con lo anterior, entendemos que R & G tenía que notificarle al tribunal y al peticionario la publicación de los edictos. El argumento de R & G de que el peticionario debió conocer las fechas porque éstas obraban en su escrito de desestimación ante el Tribunal de Apelaciones no nos convence. La notificación adecuada de una parte es aquella que se dirige específicamente a la parte o a su representación legal. No consideramos prudente que las partes tengan que enterarse a través de terceros o tardíamente de la publicación de los edictos; o sea, que desconozcan la fecha en la cual comienzan a correr los términos apelativos. Por consiguiente, conforme a lo expuesto, consideramos que R & G estaba obligado a notificarle al peti-cionario Rivera Vázquez la publicación del edicto corres-pondiente.

V

Por todo lo anterior, expedimos el recurso y revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Además, le ordena-mos a la parte recurrida, R & G Mortgage Corporation, que vuelva a notificar mediante edicto la notificación de la sen-tencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia dentro de 10 días a partir de la notificación de esta sentencia. El proceso tendrá que ser realizado conforme a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 y, además, tendrá que noti-ficarse a las demás partes conforme a lo expuesto en esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con el resultado por entender que, en las circunstancias particulares de este caso, se alcanza la decisión más justa. No obstante, entiende que la controversia de autos debió resolverse mediante una Sentencia. Las Reglas de Procedi-miento Civil aplicables al caso de autos son las de 1979, que ya no están en vigor. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez se unió a las expresiones del Juez Presi-dente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       Esta fue la determinación del Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE-200601764.

       En ese recurso el peticionario intentó revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al alegar que ésta le negó el debido proceso de ley a la parte demandada. De igual forma, intentó revisar la determinación de dicho tribunal que desestimó la reconvención de la parte demandada.

       El Tribunal de Apelaciones expuso que el término para recurrir ante ese foro comenzó a transcurrir a partir de la fecha de publicación del último edicto, esto es el 4 de mayo de 2010.

       32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001). Vale mencionar que hacemos referencia a las anteriores Reglas de Procedimiento Civil, pues eran las vigentes al momento de los incidentes de este caso.

       Véanse: Regla 45 de Procedimiento Civil de 1979 y de 2009 (32 L.P.R.A. Aps. III y V, respectivamente).

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       Véanse: Reglas 46 y 65.3 de Procedimiento Civil de 1979 y de 2009 (32 L.P.R.A. Aps. III y V).

       íd.

        Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 598 (2003); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 990 (1995).

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, Cap. X, pág. 1138. Véanse, además: Caro v. Cardona, supra, pág. 599; Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 993.

      6) Caro v. Cardona, supra, pág. 600.

       R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, Sec. 1701, pág. 193.

       Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1139; Caro v. Cardona, supra, pág. 599.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       32 L.P.R.A. Ap. V.

       íd.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       Véase Comentario a la Regla 65.3 de 2009, expuesto en el Informe de Reglas de Procedimiento Civil del Comité Asesor Permanente, págs. 752-754.

       32 L.P.R.A. Ap. V.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       La única referencia que tenemos sobre la publicación de esos edictos se encuentra en una declaración jurada incluida en el Apéndice del recurso, en la pág. 158. La copia de la declaración jurada aparece ponchada como recibida en Radica-ciones de San Juan el 14 de junio de 2010, sin embargo, el caso se dilucidó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Según podemos constatar, tal parece que ésta se incluyó como anejo a una solicitud de desestimación presen-tada por R & G ante el Tribunal de Apelaciones, pero no lo podemos plantear de forma concluyente.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       íd.

       íd.

       id.