text:
      In re Jessica M. Campos Bristol, querellada.

      Número: AB-2016-93

      Resuelto: 12 de mayo de 2017

      Dionisio Benitez Rodríguez, quejoso.
   per curiam:

En vista de los antecedentes tácticos que se expondrán a continuación, nos vemos precisados a suspender inmediata e indefinidamente a un miembro de la pro-fesión legal por no mantener actualizada su información personal en la base de datos del Registro Único de Aboga-dos y Abogadas de Puerto Rico (RUA) y por desatender las órdenes emitidas por este Tribunal, a pesar de los aperci-bimientos de sanciones disciplinarias severas.

I

La Lcda. Jessica M. Campos Bristol fue admitida al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2002 y a la prác-tica de la notaría el 27 de febrero del mismo año. Como resultado de una solicitud de cesación voluntaria al ejerci-cio del notariado, y tras los trámites de rigor, el 25 de marzo de 2014 dimos por terminada su fianza notarial.

El 18 de marzo de 2016 el Sr. Dionisio Benitez Rodrí-guez presentó una Queja contra la licenciada Campos Bristol y contra otra letrada. Conforme al procedimiento esta-blecido en la Regla 14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, el 30 de marzo de 2016 concedimos a la letrada un término de diez días para que contestara la Queja. Puesto que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) devolvió dicha comunicación, el 22 de abril de 2016 se le remitió nuevamente.

Ante la incomparecencia de la letrada, el 25 de mayo de 2016 se le envió una segunda notificación a la dirección física que constaba en el RUA. En esta ocasión se le concedió un término final de diez días para responder a la Queja. En dicha misiva se le apercibió que, de no contestar en el término provisto, se referiría el asunto al Pleno del Tribunal Supremo para la acción correspondiente.

Transcurrido un tiempo en exceso al otorgado sin recibir reacción alguna por parte de la licenciada Campos Bristol, el 31 de octubre de 2016 emitimos una Resolución me-diante la cual se le concedió a la togada un término final e improrrogable de cinco días para someter su contestación a la Queja. Se le apercibió que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo su suspensión del ejercicio de la profesión legal. En conside-ración a que, como mencionamos, la correspondencia había sido devuelta por el USPS, se ordenó que la Resolución fuese notificada por correo certificado con acuse a la direc-ción física residencial que aparecía en el RUA. No obs-tante, dicha comunicación también fue devuelta.

Conforme a lo anterior y como gestión adicional, la Sub-secretaría de este Tribunal intentó comunicarse con la li-cenciada Campos Bristol a los números de teléfono provis-tos en el RUA, pero todos se encontraban fuera de servicio.

II

Al iniciar la profesión legal, los abogados se comprometen a desempeñar con lealtad y fidelidad los de-beres y las responsabilidades que les impone la ley y el Código de Ética Profesional. 4 LPRA Ap. IX. Dentro de dichos deberes se encuentra el consignado en el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, el cual prescribe que los togados deben exhibir una conducta de res-peto hacia los tribunales. Ello conlleva cumplir con pronti-tud y diligencia las órdenes emitidas por los foros judiciales, más aún cuando éstas se originan dentro de un procedimiento disciplinario. In re Marín Serrano, 197 DPR 535 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016). Una actitud de indiferencia hacia los requerimientos de un tribunal contraviene los postulados consagrados en dicho canon y puede sujetar a los abogados a sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio de la profesión. In re Abadía Muñoz et al., 197 DPR Ap. (2017); In re Montalvo Delgado, supra; In re Torres Román, 195 DPR 882 (2016). Esto es así, pues ignorar los pronunciamientos de un foro judicial constituye un desafío y un menosprecio a su autoridad. In re Marín Serrano, supra; In re Montañez Melecio, 197 DPR 275 (2017).

Por otro lado, el RUA contiene el nombre y ape-llido de todos los abogados autorizados a postular ante los tribunales de Puerto Rico, así como la información de con-tacto de éstos (números de teléfono y direcciones). Para que exista una comunicación efectiva con los letrados y que éstos puedan responder con prontitud a las comunicacio-nes que reciban, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, les impone la obligación de “mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Regis-tro Único”. Cumplir con esta exigencia propende, entre otras cosas, a que podamos ejercer eficazmente nuestra función reguladora del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016); In re Colón Cordovés, 195 DPR 543 (2016). Reiteradamente hemos ad-vertido que el abogado que incumple con dicho mandato obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplina-ria, por lo que se expone a una suspensión inmediata e indefinida de la profesión legal. In re Colón Collazo, supra; In re Baretty Torres, 195 DPR 600 (2016); In re Colón Cordovés, supra.

III

De los hechos relatados surge que no ha sido posible obtener una reacción de la licenciada Campos Bristol a la queja presentada por el señor Benitez Rodríguez. Ello, pues todas las comunicaciones remitidas por la Secretaría de este Tribunal, así como las Resoluciones emitidas por este Foro, fueron devueltas por el USPS. De igual modo, los intentos de comunicarnos con la licenciada Campos Bristol a los números telefónicos consignados en el RUA han resultado infructuosos. Como consecuencia, la licen-ciada Campos Bristol no ha acatado las órdenes emitidas por esta Curia, a pesar de los apercibimientos de sanciones disciplinarias.

Sin lugar a dudas, su conducta se ha distanciado de los estándares exigidos a los letrados en Puerto Rico, tanto al no actualizar su información de contacto en el RUA como al desatender los requerimientos de este Foro.

IV

En conformidad con el derecho aplicable, así como por la conducta exhibida por la Leda. Jessica M. Campos Bristol, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía. Le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”y Sentencia. Notifíquese inmediatamente esta Opi-nión “per curiam” y Sentencia a la señora Campos Bristol mediante correo electrónico y, posteriormente, por correo certificado con acuse a su última dirección conocida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Esta misiva fue enviada a la dirección postal de notificaciones que la Leda. Jessica M. Campos Bristol tiene consignada en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).

       La dirección a la cual se le remitió la segunda notificación correspondía al estado de Texas. Según surge del RUA, la licenciada Campos Bristol actualizó su información de contacto para incluir dicha dirección el 8 de mayo de 2014.
      Además, la otra letrada copromovida nos indicó que la licenciada Campos Bristol había cerrado las operaciones de su oficina legal en el 2012 y que tenía la impre-sión de que se encontraba residiendo en el estado de Texas. Véase la Contestación a la Queja y Solicitud de Desestimación, presentada por la letrada copromovida el 16 de mayo de 2016.

       Cabe señalar que las obligaciones impuestas por el Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, se extienden, además, a los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General, de la Oficina de Inspección de Notarías y del Programa de Educación Jurídica Continua, así como a entidades con funciones que inciden en la fiscalización de la profesión legal. In re Montañez Melecio, 197 DPR 275 (2017).

       Véase Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B.


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

license: Public Domain

text:
    Pedro López Bonelli, recurrido, v. Carlos Pérez Cruz, peticionario.

      Número: CC-2015-1043

      Resuelto: 16 de mayo de 2017

      Marcelle D. Martell-Jovet, de Law Offices of Marcelle D. Martell-Jovet, P.S.C., abogado de la parte peticionaria; Yamil Vega Pacheco, de Yamil Vega Pacheco Law Offices, P.S.C., abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se remite el caso a ese foro para que atienda en los méritos el recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Carlos Pérez Cruz.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secre-tario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Estre-lla Martínez emitió una Opinión de conformidad, a la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez disintieron sin opiniones escritas. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

a la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Hoy nos enfrentamos a la siguiente interrogante: ¿es fijo el término dispuesto en la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Apelaciones tiene discreción para acortarlo? Específicamente, nos co-rresponde dilucidar si el Tribunal de Apelaciones actuó co-rrectamente al desestimar un recurso de revisión judicial de una decisión administrativa, por entender que éste no se perfeccionó por falta de apéndice. Ello a pesar de que se solicitó y autorizó la presentación tardía del apéndice al amparo de la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Veamos los antecedentes tácticos que suscitaron la con-troversia ante nos.

I

El 3 de agosto de 2015, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitió una Resolución en la cual or-denó al corredor de bienes raíces, el Sr. Carlos Pérez Cruz, que devolviera al Ledo. Pedro López Bonelli $30,000. Esto, luego de determinar que el señor Pérez Cruz retuvo un depósito de dinero en alegada contravención a la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico, Ley Núm. 10-1994 (20 LPRA sec. 3025 et seq.).

Inconforme con tal determinación, y después de agotar los remedios ante el foro administrativo, el 3 de septiembre de 2015 el señor Pérez Cruz presentó un recurso de revi-sión judicial al Tribunal de Apelaciones impugnando el dic-tamen de DACo. Coetáneamente, sometió una moción al amparo de la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, solicitando la autori-zación para presentar el Apéndice de su recurso posteriormente. El Tribunal de Apelaciones accedió a lo so-licitado mediante una Resolución emitida el 14 de septiem-bre de 2015 y notificada por correo regular el día siguiente. No obstante, le concedió hasta el 17 del mismo mes para presentar los documentos, es decir, un término de tan solo dos días desde su notificación por correo.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2015, el licen-ciado López Bonelli compareció al Tribunal de Apelaciones solicitando la desestimación del recurso. Sostuvo que se privó al foro apelativo intermedio de jurisdicción para ad-judicar los méritos del recurso presentado, ya que el re-curso no estaba perfeccionado debido a que el señor Pérez Cruz, a ese momento, no había sometido el Apéndice con-forme con lo ordenado.

Por su parte, el 30 de septiembre de 2015, el señor Pérez Cruz presentó el Apéndice del recurso. A su vez, se opuso a la desestimación solicitada. En esta comparecencia justi-ficó su tardanza expresando que no recibió a tiempo la no-tificación de la autorización emitida el 14 de septiembre de 2015. Argüyó, además, que el reglamento del foro apelativo intermedio le concede un término de quince días para en-tregar los documentos, por lo que ese foro no puede acortar el periodo establecido en la Regla 59(E)(2), supra. De esta forma, el señor Pérez Cruz planteó que, toda vez que la notificación se cursó el 15 de septiembre de 2015, el tér-mino reglamentario aún no había expirado al 30 de sep-tiembre, fecha cuando compareció con los documentos. Sin embargo, el mismo 30 de septiembre, el Tribunal de Ape-laciones emitió una sentencia desestimatoria resolviendo que, “ante la falta de diligencia, incumplimiento y desaten-ción, [se veía] precisado a desestimar el recurso por falta de perfeccionamiento y, por ende, por falta de jurisdicción [...] ”. A pesar de que el señor Pérez Cruz acudió a tiempo mediante una solicitud de reconsideración, el Tribunal de Apelaciones la denegó.

Oportunamente, el señor Pérez Cruz recurre ante nos y reproduce los argumentos esbozados ante el foro apelativo intermedio. A tales fines, señala que el Tribunal de Apela-ciones erró al desestimar su recurso “por asuntos procesa-les en torno a la radicación del apéndice, ignorando así las disposiciones expresas de la Regla 59(E)(2) [...] ”.

II

Este Tribunal ha enfatizado reiteradamente que todo litigante debe observar con rigor las disposiciones regla-mentarias establecidas para la forma y presentación de los escritos en los procedimientos apelativos. Véanse, por ejemplo: Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). El propósito de esta norma no se limita a vindicar la autoridad de los tribunales, sino que se dirige a propiciar que el Poder Judicial se ejerza dentro de un marco procesal uniforme y or-denado que permita a toda persona situada en circunstancias similares ejercer de forma efectiva su dere-cho a revisar un dictamen ante un panel de jueces. Véase Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 105 (2015).

De igual manera, este Tribunal ha puntualizado que existe un imperioso interés en que las controversias se re-suelvan en los méritos. Véanse: Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241 (1997). Particularmente, se ha descartado la aplicación inflexible y automática de la desestimación como sanción por el incumplimiento con las reglas procesales que no afectan los derechos de las partes. Véanse, por ejemplo: Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 186 (2007); Fraya v. A.C.T., 162 DPR 182, 192 (2004); Vega v. Caribe G.E., 160 DPR 682, 687 (2003); Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000). En su lugar, se ha optado por hacer un balance entre “el deber de las partes de cum-plir con los reglamentos procesales y el derecho estatutario de todo ciudadano a que su caso sea revisado [...] ”. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 168 (2002).

A. Entre otras cosas, la Ley de la Judicatura del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA see. 24 et seq.) va dirigida a propiciar con mayor efectividad el acceso a los tribunales. En particular, el Art. 4.002 de esta ley ordena al foro apelativo a “ofrecer acceso fácil, eco-nómico y efectivo a sus procedimientos, eliminando obstá-culos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. 4 LPRA sec. 24u. Igualmente, para enfocar el aspecto sustantivo de la revi-sión judicial de determinaciones administrativas hacia el acceso efectivo al proceso apelativo, se enmendó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2101 et seq.).

En las citadas normas se reconoce la autoridad de este Tribunal para reglamentar los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA sec. 24w; 3 LPRA see. 2174. Conforme a esta autoridad, el legislador nos exhortó a esta-blecer un cuerpo de reglas dirigido, entre otros asuntos, a disminuir las desestimaciones por defectos de forma y de notificación, y a proveer una oportunidad razonable para corregir este tipo de defectos cuando éstos no afecten los derechos de las partes. Fraya v. A.C.T., supra, págs. 189—192.

De esta forma, y con el objetivo de implantar el principio rector de que las controversias se atiendan en los méritos, se aprobó el Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2(3)). Véanse: García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638-639 (2014); Fraya v. A.C.T., supra, pág. 193. Acorde con este principio, el re-glamento introdujQ cambios significativos en torno a los requisitos para el perfeccionamiento de recursos ante el foro apelativo. Fraya v. A.C.T., supra, pág. 192. En lo pertinente, respecto al Apéndice que acompaña el recurso de revisión judicial de determinaciones administrativas, se dispuso lo siguiente:

El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el recurso, en moción o motu proprio, a la parte recurrente la presentación de los documentos a que se refiere el subinciso (1) con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de revisión, dentro de un término de quince días contado a partir de la fecha de notificación de la resolución del tribunal que autoriza los documentos.
La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa de desestimación del recurso. (Énfasis suplido). In re Aprobación Reglamento T.A., 162 DPR 444, 529 (2004).

Por otra parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones enumera las causas que pueden dar lugar a la desestimación de un recurso ante el foro apelativo. Entre otras, este reglamento permite la desestimación cuando: (1) el tribunal carece de jurisdicción; (2) el recurso no se tramita o presenta con la debida diligencia, o (3) se presenta fuera del término de cumplimiento estricto, sin justa causa para ello. Regla 83(B)(1), (2) y (3) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en: In re Aprobación Reglamento T.A., supra, pág. 562. No obstante, en aras de cumplir con el ob-jetivo de disminuir las desestimaciones por defectos de forma y de notificación, se eliminó de la referida Regla 83 la disposición que permitía desestimar un recurso por falta de perfeccionamiento. Íd., pág. 563. Al respecto, en el Comen-tario a esta disposición se advierte lo siguiente:

Debe tenerse presente la norma expuesta por el Tribunal Supremo de que el mecanismo procesal de la desestimación como sanción debe utilizarse como último recurso, para que se conci-ben el deber de las partes de cumplir con los requisitos proce-sales y el derecho estatutario de todo ciudadano de que su caso sea revisado por un Panel colegiado [...] Con este balance en mente, el Tribunal de Apelaciones debe usar medidas interme-dias menos drásticas dirigidas al trámite y perfeccionamiento diligente de los recursos. (Énfasis suplido). Id., págs. 563-564.

Las citadas disposiciones establecen meridianamente la oportunidad de que los casos se perfeccionen para ser aten-didos en los méritos. Por ello, se sostiene que la no presen-tación del Apéndice, por sí sola, no es causa suficiente para la desestimación. Le corresponde a los tribunales imponer medidas intermedias menos drásticas que logren el perfec-cionamiento diligente de los recursos.

Conforme a la política que subyace en el desarrollo pro-cesal apelativo expuesto, y considerando el deber de este Tribunal de interpretar el referido reglamento de modo tal que propicie “un sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la ciudadanía”, procede revocar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2.

III

De entrada, reconozco que la Regla 59(E)(2) no obliga sino que faculta al Tribunal de Apelaciones para, discrecio-nalmente, permitir la presentación tardía del Apéndice. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E)(2). Aclarado esto, los hechos demuestran que el Tribunal de Apelaciones permitió la presentación posterior del Apéndice. Para ello, el 14 de septiembre de 2015 el foro apelativo intermedio adelantó por telefax la notificación a las partes sobre la autorización para presentar posteriormente los documentos que confor-man el Apéndice. Así las cosas, mediante la Resolución solo se le concedió al señor Pérez Cruz hasta el 17 de septiem-bre de 2015 para presentar los documentos pertinentes. Empero, de los documentos que obran en el expediente surge que el representante legal del peticionario no recibió la tramitación del envío de la notificación por telefax. Así lo hizo constar el 30 de septiembre de 2015 el señor Pérez Cruz ante el foro apelativo en su oposición a la desestima-ción y al presentar los documentos que forman el Apéndice en el último día hábil del término dispuesto en la Regla 59(E)(2).

Sin embargo, el mismo día que el peticionario compareció con los documentos, el foro apelativo intermedio emitió la Sentencia desestimatoria del recurso presentado, sin antes atender la moción de oposición a la desestimación presen-tada por el señor Pérez Cruz. Peor aún, en su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones señaló que el señor Pérez Cruz no procedió diligentemente, “toda vez que al [30 de septiembre de 2015] no ha[bía] presentado los documentos pertinentes y esenciales para poder atender y resolver en los méritos la controversia planteada [...] ”. De esta forma, razonó que “la falta de diligencia, incumplimiento y desatención, precisa[ba] desestimar el recurso [...] por falta de perfeccio-namiento y, por ende, por falta de jurisdicción [...] ”. Ello, a pesar de que a esa fecha el recurso había sido perfeccionado.

En desacuerdo con la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, el señor Pérez Cruz solicitó la reconsidera-ción oportunamente. Sin embargo, el foro apelativo la denegó. Erró al así resolver.

No albergamos duda de la dificultad que entraña aten-der los méritos de un recurso que carece de un Apéndice. Véase Román et als. v. Román et als., supra, pág. 168. Tampoco está en controversia la facultad del foro apelativo para desestimar el recurso ante sí por falta de diligencia o buena fe en su tramitación. 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 83(B)(3) y 83(C). No obstante, el texto de la Regla 59(E)(2) es claro al establecer que “[l]a omisión de incluir los docu-mentos del Apéndice no será causa de desestimación del recurso”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E)(2). A esos efectos, dispone que el término para actuar se activa una vez el tribunal notifica su autorización para presentar los docu-mentos que conforman el Apéndice en una fecha posterior a la fecha cuando se presentó el recurso. Es entonces cuando la persona solicitante tendrá un término de quince días, contados a partir de la aludida notificación, para pre-sentar los documentos.

Ciertamente, el reglamento permite la presentación a posteriori del Apéndice del recurso ante el foro apelativo intermedio dentro de un término de quince días desde que el referido foro la concede. No obstante, en circunstancias excepcionales y conforme a la Regla 7(B)(5) del Regla-mento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ese foro tiene la facultad de prescindir del referido término con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho y acceso a los tribunales. Como expresamos, al aprobar el referido reglamento este Tribunal consideró la encomienda de proveer una oportunidad razonable para que las partes perfeccionen sus recursos sin afectar los derechos de todos. Por ello, tales circunstancias excepcionales no operan en el vacío y tienen que propender al balance entre la tramita-ción diligente de los recursos y el acceso a las partes para que se diluciden los méritos de sus reclamos. Según las circunstancias del presente caso y en el balance de los in-tereses involucrados, no podemos ignorar que el período concedido por el foro apelativo resultó excesivamente corto. Además de esa realidad, la falta de perfeccionamiento del recurso, por sí sola, no es causa suficiente para la desesti-mación del recurso ni priva de jurisdicción al tribunal cuando ésta se debe a defectos de notificación o de forma, que en nada afectan a las partes ni al tribunal para dispo-ner del asunto. Precisamente, la disposición reglamenta-ria que autorizaba la desestimación por la mera falta de perfeccionamiento se eliminó. Ello, pues la imposición de tan drástica sanción, en respuesta al incumplimiento de reglas procesales, resulta incongruente con la política de acceso efectivo al proceso apelativo. In re Aprobación Re glamento T.A., supra, págs. 563-564. Para esos casos, el Reglamento expresamente dispone que, por causa justifi-cada, el foro apelativo deberá proveer una oportunidad ra-zonable para corregir defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1.

En este caso, mediante Resolución emitida el 14 de sep-tiembre de 2015 y notificada el 15 del mismo mes, el Tribunal de Apelaciones, dentro de su facultad discrecional, determinó “ha lugar” la solicitud del señor Pérez Cruz de presentar el Apéndice luego de la presentación del recurso de revisión judicial. No obstante, el foro apelativo interme-dio concedió al peticionario hasta el 17 de septiembre de 2015 para presentarlo, es decir, solo dos días después de notificado; ello contrario a lo dispuesto en su reglamento. En consecuencia, resulta incuestionable que el señor Pérez Cruz compareció y presentó el Apéndice el 30 de septiem-bre de 2015, es decir, dentro del término de quince días que dispone el reglamento a partir de la notificación.

Por lo tanto, resulta forzoso concluir que el foro apela-tivo intermedio incidió al acortar el término de quince días que dispone su reglamento para prorrogar la presentación del Apéndice. Según expuesto, conceder una prórroga para la presentación de un Apéndice es facultad discrecional del tribunal. No obstante, el término de esta prórroga, según dispone la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, son quince días fijos. Solo en circunstancias excepcionales, con el propósito de lograr el más justo y efi-caz despacho, es que procedería variar este término. En este caso no existen tales circunstancias.

Por otra parte, no pasamos por alto el hecho de que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso el mismo día que el peticionario compareció con los documentos. Si el foro apelativo intermedio no se percató de la aludida compare-cencia, debió reconsiderar su dictamen, tal como lo solicitó el peticionario, y evaluar si las razones esbozadas en su so-licitud constituían causa justificada para el incumplimiento. Esto es así porque, como regla general, el mecanismo proce-sal de la desestimación como sanción debe utilizarse como último recurso. Román et als. v. Román et als., supra, pág. 167.

En casos como el de autos, antes de desestimar el re-curso, el tribunal está plenamente facultado para imponer costas, sanciones económicas o ambas si estima que el com-portamiento de una parte constituye una demora, un aban-dono o una falta de diligencia, en perjuicio de una eficiente administración de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85(C). Este es solo un ejemplo del tipo de medidas intermedias dirigidas al trámite y el perfeccionamiento diligente del recurso que propician un balance entre el deber de las par-tes de cumplir con las leyes y los reglamentos procesales, y su derecho estatutario a que se revise su caso. Román et als. v. Román et als., supra, págs. 167—168.

IV

En virtud de lo que antecede, estoy conforme con revo-car la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y remitir el caso a ese foro para que atienda en los méritos el recurso de revisión judicial presentado por el señor Pérez Cruz.

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de septiembre de 2015, pág. 4.

       Véase Petición de certiorari, pág. 4.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 971).

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 331-2004 (2004 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2317).

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de septiembre de 2015, pág. 4.

       Íd.

         En el comentario a la Regla 16, que regula el contenido del escrito del recurso de apelación y cuyo lenguaje es virtualmente idéntico al de la regla que interpreta-mos, se señala lo siguiente:
      “Otro cambio importante es el referente al Apéndice del recurso que deja de tener carácter jurisdiccional, siguiendo el mandato de la Ley de la Judicatura [...] de 2003 (Arts. 4.002 y 4.004) de que se eliminen las barreras reglamentarias que han impedido impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos y de que se reduzcan al mínimo el número de recursos desestimados por defectos de forma y notificación. [...] [A] tenor de la Regla 12.1, el tribunal dará oportunidad a las partes de corregir cualquier defecto de forma del recurso”. In re Aprobación Reglamento T.A., 162 DPR 444, 479 (2004).


author: per curiam:

text:
      In re Elí Saúl Rodríguez Ruiz, querellado.

      Números: AB-2016-0337
    AB-2016-0122

      Resueltos: 17 de mayo de 2017

      Karla Z. Pacheco Alvarez, Joseph Feldstein del Valle, subpro-curadores generales, Gisela Rivera Matos y Minnie H. Ro-dríguez López, subprocuradoras generales auxiliares, abo-gadas de la parte querellada; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías en informe.
   per curiam:

Nos atañe ejercer nuestro poder disciplinario y decretar la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Eli Saúl Rodríguez Ruiz por desobedecer tanto las órdenes de este Tribunal, como los requerimientos cursados por la Oficina del Procurador General. Por los fundamentos que a continuación enunciamos, lo suspendemos inmediata e in-definidamente de la práctica de la abogacía y la notaría.

H-1

El Ledo. Eli Saúl Rodriguez Ruiz (licenciado Rodríguez Ruiz o querellado) fue admitido a la práctica de la abogacía el 7 de noviembre de 1979 y a la práctica de la notaría el 20 de enero de 1989. El 31 de octubre de 2016, la Sra. Jine Marie Maldonado Pérez (señora Maldonado o quejosa) pre-sentó una queja contra el licenciado Rodríguez Ruiz. En esa queja, la señora Maldonado expresó que el Sr. Edgar Román (señor Román) se apropió de un vehículo de motor de su pertenencia, razón por la cual acudió al Centro de Servicios al Conductor. Indicó que fue allí donde supo que, mediante un documento, se traspasó la titularidad de su vehículo a nombre del señor Román. Adujo que, posterior-mente, descubrió que ese documento fue juramentado por el licenciado Rodríguez Ruiz.

El 17 de noviembre de 2016, la Subsecretaria de este Tribunal le cursó una notificación al licenciado Rodríguez Ruiz. En ese aviso, se adjuntó una copia de la queja pre-sentada por la señora Maldonado. Asimismo, mediante el apercibimiento se le confirió al querellado un término de diez días, a partir del recibo de la notificación, para contes-tar la queja. Finalmente, se le indicó que, de no compare-cer en el término señalado, se referiría la queja al Procu-rador General sin su comparecencia.

El 30 de enero de 2017 —transcurridos setenta y cuatro días desde el primer apercibimiento— se le remitió al que-rellado una segunda notificación. En ese aviso, se le conce-dió a éste un “término final” de diez días, desde la notifica-ción de esta comunicación, para presentar su contestación. Asimismo, nuevamente se le apercibió que, de no compare-cer en el referido plazo, la queja se sometería a la Oficina del Procurador General sin su comparecencia.

El 9 de marzo de 2017, sin contar con la comparecencia del querellado, referimos la queja a la Oficina del Procura-dor General. Esto, con la encomienda de investigar las in-fracciones imputadas. Consecuentemente, el 17 de abril de 2017 el Procurador General presentó su Informe. Indicó que el 20 de marzo de 2017 se le cursó al querellado, me-diante carta certificada con acuse, un Requerimiento de Información. Ello, con el propósito de que éste replicara la mencionada queja en un plazo de diez días. Puntualizó que el 3 de abril de 2017 se le envió el aludido requeri-miento de información vía correo electrónico. Sin embargo, informó que el licenciado Rodríguez tampoco contestó el requerimiento cursado. Por otro lado, también adujo que se le cursaron dos requerimientos de información a la quejosa y que ésta tampoco los cumplió.

A la luz de este cuadro fáctico, el Procurador General concluyó que el proceder del querellado, al no contestar las órdenes de este Tribunal y los requerimientos de la Oficina del Procurador General, vulneró los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, independiente de la conducta que se le atribuyó en la queja.

A la luz de estos hechos, a continuación, enunciamos el marco legal aplicable.

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Como parte de nuestro poder inherente para regular la profesión de la abogacía en Puerto Rico nos compete asegu-rarnos que los miembros admitidos a la profesión ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y diligente. A tono con ello, el Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben des-plegar los abogados y abogadas que ejercen esta ilustre profesión.

A. Canon 12, puntualidad y tramitación de los causas

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, le impone a todo letrado el deber de tramitar las cau-sas de forma responsable, puntual y diligente. Específi-camente, el aludido canon establece lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución.

En otros términos, el citado precepto “requiere que los abogados presten atención minuciosa, sean diligen-tes y cumplan con las órdenes del tribunal, en particular cuando se trata de procedimientos relacionados a la con-ducta profesional de éstos”. (Énfasis suplido). Así, tam-bién, se les exige que respondan con premura los requeri-mientos sobre las quejas por conducta profesional. Por tal razón, infringe el Canon 12, supra, todo abogado que “no responde las resoluciones del Tribunal Supremo, ni comparece a responder una queja que se ha presentado en su contra”. (Énfasis suplido).

Además, hemos sido enfáticos al disponer que los togados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales. Es por ello que “la continua desobediencia de las órdenes del tribunal configura una infracción al Canon 12 y expone al letrado a una acción disciplinaria”. Esto pues, la conducta de todo abogado debe descansar en el fiel cumplimiento con la ley y en el respeto al Poder Judicial.

Es menester aclarar que, en ocasiones anteriores, hemos puntualizado que, al igual que el Canon 9, la apli-cabilidad del Canon 12 no se encuentra restringida a las órdenes expedidas por esta Curia. En otros términos, esta norma también rige el comportamiento que la clase togada debe observar sobre los requerimientos efectuados por las entidades que auxilian a este Tribunal en el des-cargo de sus responsabilidades.

B. Canon 9 conducta del abogado ante los tribunales

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, pauta la conducta que los abogados deben desplegar ante los tribunales de justicia del país. En lo que aquí nos con-cierne, dispone que todo “abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

Previamente, hemos expresado que la naturaleza de la función del abogado conlleva que éste emplee una atención y obediencia estrictas a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer. Dicho de otro modo, la clase togada tiene un deber ineludible de respetar, acatar y responder de forma diligente nuestras órdenes. Especialmente, hemos desta-cado que este deber conlleva mayor observancia cuando se trata de asuntos relacionados a la conducta profesional de los abogados. Esto, pues, una queja es una alegación la cual imputa que, cierta conducta del abogado, es contraria a los postulados éticos que imperan en la profesión legal. Lo antes dicho aplica indistintamente los méritos de la queja.

Así, pues, el incumplimiento con las órdenes de este Tribunal evidencia un claro menosprecio hacia nues-tra autoridad. Por tal razón, la desatención de las órde-nes judiciales no puede ser tomada de forma liviana, ya que constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales. Es por ello que, reiteradamente, hemos ma-nifestado que la actitud de indiferencia a nuestros aperci-bimientos sobre sanciones disciplinarias es causa sufi-ciente para la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía.

Por otro lado, como bien señalamos, este canon contiene las normas que rigen el comportamiento de la clase togada ante los foros judiciales. No obstante, lo he-mos hecho extensivo a aquellas entidades a las cuales le delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de los de-beres del ejercicio de la abogacía. Es decir, lo discutido, aplica de igual modo a los requerimientos llevados a cabo por el Procurador General. De manera que, el incumpli-miento con los requerimientos del Procurador General, acarrea las mismas sanciones disciplinarias que conlleva el ignorar las órdenes de esta Curia.

Esbozado el marco jurídico aplicable a esta controversia, procedemos a resolver.

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Tras examinar el expediente del caso, resulta forzoso concluir que la conducta desplegada por el licenciado Ro-dríguez Ruiz trasgrede los postulados éticos mediante los cuales se debe conducir todo miembro de la clase togada.

Como enunciamos, contra el licenciado Rodríguez Ruiz se presentó una queja mediante la cual se le imputó haber obrado en contravención a las normas éticas. En vista de esto, remitimos a éste una notificación con diversos propó-sitos, a saber: (1) advertirle sobre la conducta imputada; (2) brindarle la oportunidad de defenderse y exponer su versión de los hechos, y (3) advertirle que, de no contestar en el término provisto, la queja sería remitida al Procura-dor General sin su comparecencia.

Sin embargo, pasados más de dos meses desde que se envió la primera comunicación, el querellado no ha compa-recido ni presentado su réplica a la queja. Así las cosas, y a pesar de habérsele apercibido de que la queja se remitiría al Procurador General sin su comparecencia, se le cursó un segundo aviso. Así, también, se le concedió un plazo adicio-nal para contestar la queja. No obstante, el licenciado Ro-dríguez Ruiz tampoco compareció.

Ulteriormente, remitimos la queja a la Oficina del Pro-curador General para que se efectuara la investigación. A tales fines, ésta le cursó al licenciado Rodríguez Ruiz —en dos ocasiones— un requerimiento para que él replicara la queja. Empero, a pesar de que hay prueba que el quere-llado recibió el aludido requerimiento, lo incumplió. En vista de ello, el Procurador General recomendó que sancio-náramos al licenciado Rodríguez Ruiz por infringir los Cá-nones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra.

Coincidimos con el Procurador General que la conducta de desidia e indiferencia desplegada por el querellado tras-grede los postulados éticos que deben regir a todo miembro de la profesión.

De primeras, el Canon 12 imponía al licenciado Rodrí-guez Ruiz la obligación de conducirse de manera diligente en los procesos ante los tribunales. Como mencionamos, este precepto cobra especial rigor a la hora de acatar las órdenes de esta Curia. Asimismo, el Canon 12 requería que el querellado contestara prontamente los requerimientos relacionados a las quejas fundadas en su conducta profesional. Por consiguiente, el licenciado Rodríguez Ruiz, al no comparecer ante este Tribunal a replicar la queja presentada en su contra, infringió el Canon 12.

En segundo lugar, el querellado, como funcionario del tribunal, estaba obligado a conducirse ante nosotros con el mayor de los respetos. Debido a ello, el licenciado Rodrí-guez Ruiz estaba obligado a prestar atención y obedecer las órdenes de este Tribunal. Especialmente, cuando el proce-dimiento llevado a cabo en su contra está motivado por su conducta profesional. De igual forma, el querellado estaba obligado a guardar el mismo respeto a los requerimientos hechos por la Oficina del Procurador General, por ser un ente encargado de auxiliarnos en la función reguladora de la profesión.

De manera que, la desidia e inobservancia del licenciado Rodríguez Ruiz, respecto a las comunicaciones cursadas por esta Curia y los requerimientos enviados por el Procu-rador General demuestran menosprecio hacia nuestra autoridad. Asimismo, su comportamiento constituye un agravio a nuestro poder como ente regulador de la profe-sión de la abogacía. Este proceder, de por sí, es razón sufi-ciente para ordenar su suspensión inmediata e indefinida de la abogacía.

IV

En lo concerniente a la queja AB-2016-0122 presentada el 21 de abril de 2016, tuvo “lugar” a causa de un defecto que contenía una escritura que autorizó el licenciado Ro-dríguez Ruiz. Por tal razón, el asunto se refirió a la Oficina de Inspección de Notaría (ODIN).

Una vez completados los trámites de rigor, el Director de ODIN nos presentó su Informe. En síntesis, éste indicó que el defecto de la escritura consistía en que el bien objeto de la compraventa pertenecía a una sucesión y que el querellado no la consignó las cuotas viudales usufructuarias. Además, expresó que el 8 y 26 de agosto de 2016 se le cursó al licen-ciado Rodríguez Ruiz una comunicación. Mediante este aviso, se le solicitó al querellado que expusiera su posición en torno la queja y que presentara cierta documentación. Igualmente, adujo que el 6 de septiembre de 2016 el quere-llado envió una misiva donde, sin incluir los documentos solicitados, argüyó lo que sigue:

Hágole saber que actualmente no tengo nada que responder al querellante pues él me hizo saber personalmente y en mi ofi-cina que no tiene nada en mi contra y que así se lo haría saber a ustedes. Se cerró el caso, por lo que yo cerré todo también.

Por último, el Director de ODIN puntualizó que el 6 de septiembre de 2016, como el querellado había incumplido con lo solicitado, se le cursó un tercer aviso reiterando el pedido. Sin embargo, éste tampoco presentó los documen-tos requeridos ni su posición sobre la queja.

Basado en estos eventos, el Director de ODIN concluyó que el querellado vulneró el Canon 9, supra, al desatender los requerimientos de ODIN. En vista de ello, recomendó su suspensión del ejercicio de la notaría por un plazo de noventa días. Sin embargo, a la luz de lo resuelto en la queja Núm. AB-2016-0337, este plazo queda subsumido en la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Rodrí-guez Ruiz de la práctica de la abogacía y la notaría.

V

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos de forma inmediata e indefinida al licenciado Rodríguez Ruiz de la práctica de la abogacía y la notaría. Así, también, le imponemos el deber de poner en aviso inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad de continuar repre-sentándolos y restituir cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Igualmente, tendrá que comuni-car, inmediatamente, sobre su suspensión a los foros judi-ciales y administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún caso pendiente. Asimismo, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del señor Rodríguez Ruiz y entregarlos al Director de ODIN.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       La queja presentada por la señora Maldonado es la AB-2016-0337. Además, aclaramos que, al presente, contra el licenciado Rodríguez Ruiz pesan varias quejas. En ese sentido, está pendiente la queja AB-2016-124 presentada el 18 de abril de 2016. Así, también, la queja AB-2017-20 presentada el 25 de enero de 2017. En cuanto a esta última, el querellado no ha comparecido.

       En el Informe del Procurador General se consignó que el requerimiento fue enviado a una dirección en el Municipio de Hatillo. Empero que, como parte de la investigación, surgió que el querellado tiene otra oficina en el Municipio de Arecibo. Además, se infiere del Informe que el 5 de abril de 2017, la Oficina del Procurador General recibió el acuse que evidencia que el querellado recibió el requerimiento de información.

        In re Oyola Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

        In re Rodríguez Gerena, 197 DPR Ap. (2017); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013).

        In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016).

        In re Torres Román, 195 DPR 882, 891 (2016), citando a In re García Ortiz, 187 DPR 507, 517 (2012).

        In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966, 974 (2015); In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2010).

        In re Massanet Rodríguez, 188 DPR. 116, 125-126 (2013).

        In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 761 (2015).

        In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 904-905 (2016); In re Pagán Torres, 194 DPR 925, 929 (2016).

        In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 663 (2015).

        In re Torres Román, 195 DPR 882 (2016).

       Íd.

       4 LPRA Ap. IX.

        In re García Ortiz, supra, pág. 524 (2012).

        In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

        In re Machado Echevarría, 192 DPR 526, 530 (2015).

       Íd.; In re Marrero García, 187 DPR 578, 581 (2012).

        In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014).

        In re Planas Merced, 196 DPR 73 (2016).

        In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1 (2016); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

        In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015); In re García Ortiz, supra, pág. 524.

        In re Pestaña Segovia, supra.

       Respecto a esta misiva, resulta adecuado destacar que el 9 de agosto de 2016 la Asesora Legal de ODIN sostuvo una comunicación con el querellado. El licenciado Rodríguez Ruiz manifestó que el quejoso acudió a su oficina a indicarle que desistía de su reclamación. Ante ello, la Asesora Legal le expresó que ODIN no había recibido comunicación alguna del quejoso que indicara su intención de desistir. Así también le manifestó que “[h]asta tanto el Tribunal Supremo ordene lo contrario, nuestra inves-tigación tiene que seguir su curso de conformidad con la Regla 14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo”.


text:
      In re Rafael Doitteau Cruz.

      Número: TS-5827

      Resuelto: 17 de mayo de 2017

      Joseph G. Feldstein del Valle, subprocurador general, y María del C. Ortiz Toral, procuradora general auxiliar, abogados de la Oficina del Procurador General.
   per curiam:

Hoy nos corresponde suspender al Sr. Rafael Doitteau Cruz de la profesión de la abogacía de manera indefinida, puesto que ha recaído una sentencia final y firme en su contra por delitos graves que implican depra-vación moral.

I

Mediante una Opinión per curiam de 29 de abril de 2014, suspendimos provisionalmente al otrora licenciado, el señor Doitteau Cruz, de la profesión de la abogacía y la notaría en tanto fue encontrado culpable de tres cargos graves de actos lascivos según el Art. 144 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4772 (ed. 2010), y de un cargo grave de actos lascivos e impúdicos según el Art. 105-A del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 4067. Véase In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979 (2014).

En la Opinión per curiam detallamos los hechos que lle-varon a nuestra decisión. Hicimos constar que el 20 de marzo de 2014, el señor Doitteau Cruz nos cursó una comu-nicación en la cual notificó que el 14 de marzo de 2014 un Jurado lo encontró culpable por varios cargos de actos lasci-vos contra el menor de edad MAMS. Nos solicitó también que lo suspendiéramos provisionalmente, puesto que proce-dería a apelar el dictamen en su contra. Asimismo, adjuntó la resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, donde se recoge su veredicto de culpabilidad. Véase Íd., págs. 980-981. Consecuentemente, el Procurador General acudió ante nosotros y nos solicitó la suspensión provisional del letrado, para que reservemos nuestra determinación final disciplinaria hasta tanto y en la eventualidad que adviniera final y firme la sentencia contra el señor Doitteau Cruz. Véase Íd., pág. 981.

En aquella ocasión concluimos que la conducta por la cual el señor Doitteau Cruz fue encontrado culpable cons-tituía depravación moral. Como consecuencia de ello, aco-gimos la recomendación de la Procuraduría General, a saber, suspendimos provisionalmente al señor Doitteau Cruz de la abogacía y la notaría, impusimos el deber de efectuar la notificación debida a sus clientes de su inhabilidad de practicar la abogacía y le ordenamos al Alguacil General del Tribunal que incautara su obra notarial. Íd., pág. 982.

Posteriormente, mediante una Moción informativa de 3 de marzo de 2017, el Procurador General nos informó que el señor Doitteau Cruz no prosperó en su apelación ante el Tribunal de Apelaciones —Pueblo v. Doitteau Cruz, KLAN201400901 (TAPR) (30 de junio de 2015)— y que de-claramos “no ha lugar” su petición de certiorari ante esta Curia mediante una Resolución de 6 de noviembre de 2015 y su subsiguiente solicitud de reconsideración mediante una Resolución de 22 de enero de 2016. Por lo tanto, el Procurador General alegó que el dictamen en su contra advino final y firme. En razón de ello, el Procurador General nos solicitó que suspendiéramos indefinidamente al se-ñor Doitteau Cruz de la abogacía y la notaría.

II

Desde hace más de un siglo hemos utilizado las disposiciones de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 de manera complementaria a nuestra autoridad inherente para regular la profesión legal. La referida ley dispone la suspensión indefinida si una persona, siendo abogada, “fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral [...] ”. 4 LPRA sec. 735. Sobre el concepto depravación moral, hemos establecido que

[...] “[l]a depravación moral, tratándose de abogados, con-siste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral.... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencial-mente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. (Corchetes en el original). In re Boscio Monllor, 116 DPR 692, 698 (1985).

Por otro lado, desde In re Dubón Otero, 153 DPR 829 (2001), hemos implementado un procedimiento consistente para disciplinar a los abogados que son declarados culpa-bles de delitos que implican depravación moral. Véase G. Figueroa Prieto, Etica y conducta profesional, 84 Rev. Jur. UPR 803, 813-814 (2015). Así, al advenir en conocimiento de un fallo de culpabilidad contra un abogado activo, no lo suspendemos automáticamente, sino que, al contrario, le concedemos una oportunidad para que se exprese me-diante una orden de mostrar causa. Si el abogado nos ex-pone, al comparecer, que su condena no es final y firme porque la apelará, procede suspenderlo provisionalmente hasta tanto se conozca el resultado de la apelación y ad-venga final y firme su sentencia. Si el fallo de culpabili-dad contra el otrora letrado adviene final y firme, procede su suspensión indefinida de la profesión de la abogacía. Véase Figueroa Prieto, supra, pág. 814.

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Tal como concluimos cuando suspendimos provisional-mente al señor Doitteau Cruz en el 2014, los delitos graves por actos lascivos por los cuales se le encontró culpable implican depravación moral. In re Doitteau Cruz, supra, pág. 982. En aquella ocasión, solamente lo suspendimos provisionalmente porque el mismo abogado nos comunicó su intención de apelar el dictamen en su contra. Ahora, ante un veredicto de culpabilidad final y firme en su contra, procede tomar una acción disciplinaria definitiva. En consideración a lo anterior, debido a que los delitos por los cuales fue convicto implican su depravación moral, decre-tamos la separación indefinida del señor Doitteau Cruz de la profesión de la abogacía y la notaría.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       Una sentencia es final una vez se archiva en autos copia de su notificación. Por otro lado, la sentencia adviene firme una vez transcurre el término para apelar el dictamen o se han agotado las posibilidades de apelarlo. Véase In re Mercado Santaella, 197 DPR 1032, 1080 (2017).