author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    CD Builders, Inc., peticionario, v. Municipio de Las Piedras, recurrido.

      Número: CC-2014-0125

      Resuelto: 31 de agosto de 2016

      José Luis Cumbas Torres, abogado de la parte apelante; Roberto Bonano Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de expresarnos so-bre el efecto que tiene en la adjudicación de una subasta un “error numérico” en una propuesta de subasta realizada por la Junta de Subasta de un municipio. Específicamente, nos corresponde determinar si permitir la corrección del error numérico en la cotización, luego de haberse efectuado el proceso de subasta, constituye un error insubsanable que requiere la descalificación de la propuesta o si, por el contrario, la corrección de la cotización y, a su vez, del pre-cio tiene el efecto de convertir en responsiva una oferta.

Por los fundamentos que se explican a continuación, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que or-dena la celebración de una nueva subasta. Seguidamente, exponemos los hechos esenciales a la controversia que atendemos, así como el derecho que le aplica.

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El 19 de jumo de 2013, la Junta de Subastas del muni-cipio de Las Piedras (en adelante Junta de Subastas) pu-blicó la Invitación de Subasta Núm. 11-12-13 para la re-construcción del desvío Félix López; carr. PR-183 conector PR-921 del mencionado municipio. En ésta se detallaron las condiciones e instrucciones especiales para la celebra-ción de la subasta. En lo pertinente, la invitación dispo-nía que los licitadores debían revisar sus propuestas antes de someterlas, ya que no se podrían subsanar errores con-tenidos en ellas. También señalaba que no se permitiría bajo ninguna circunstancia el retiro de una oferta o efec-tuarse cambios o modificaciones a la propuesta después de ésta haber sido abierta y leída en público.

Así las cosas, el 3 de julio de 2013 se llevó a cabo una reunión presubasta con el propósito de orientar, contestar preguntas a los licitadores y discutir los asuntos relevantes al proyecto. Posteriormente, el 18 de julio de 2013, se cele-bró la subasta a la cual comparecieron dieciocho licitadores con sus respectivas ofertas, entre ellos, C.J.O. Construction Corp. (C.J.O.Construction) y CD Builders, Inc. (CD Builders). El 23 de agosto de 2013, tras recibir las propues-tas de los licitadores, la Junta de Subastas procedió a la apertura de los pliegos de la licitación. Los costos cotizados por ambos licitadores fueron los siguientes: C.J.O. Construction, $573,000, y CD Builders, $596,664.

Al examinar las propuestas, la Junta de Subastas se percató que en la propuesta de la compañía C.J.O. Construction había un “error numérico”. Este consistió en que la referida compañía cotizó cuatrocientas yardas cúbicas en vez de seiscientas, según se había solicitado en la hoja de especificaciones que los licitadores debieron obtener en la Oficina de Secretaría Municipal previo al proceso de subasta. A tales efectos, el Comité Asesor, junto al inge-niero y desarrollador del proyecto, recomendaron a la Junta de Subastas que le permitiera al licitador corregir el error. En atención a lo anterior, C.J.O. Construction proce-dió a corregir el error y sometió nuevamente su propuesta enmendada. El 26 de agosto de 2013, la Junta de Subas-tas adjudicó el proyecto a la referida compañía, por ser el licitador con la propuesta más baja.

Inconforme, CD Builders sometió ante la consideración del Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión solici-tando la revocación de la determinación de la Junta de Subastas que favorecía a C.J.O. Construction. Adujo, entre otras cosas, que la Junta de Subastas cometió un claro abuso de discreción al excederse en sus funciones al permi-tir la alteración y el aumento en el precio luego de haberse celebrado la subasta, afectando la integridad del proceso, colocando en desventaja al resto de los licitadores y cre-ando una condición de aparente conflicto de interés y favoritismo. Sostuvo que cuando se establecen procedi-mientos y guías para los procesos de licitación, bajo ningún concepto se puede alterar una propuesta luego de que se entregan los sobres sellados y se publican las ofertas. Ello tendría el efecto de convertir el error en insubsanable. De manera que, como cuestión de política pública, se requiere que todos los licitadores comparezcan en igualdad de con-diciones y con parámetros uniformes. Por último, añadió que la determinación del municipio de Las Piedras (Muni-cipio) va contra sus propios actos ya que contradice las condiciones que el mismo impuso.

Por su parte, el Municipio alegó que no se trata de un error insubsanable, ya que este tiene la facultad de adqui-rir los bienes y servicios al mejor costo posible mediante la correcta utilización de sus recursos. Además, adujo que tal actuación de ninguna manera fue caprichosa o en beneficio del agraciado porque, aun después de corregido el error, C.J.O. Construction fue la compañía que presentó la coti-zación más baja, por lo que cumplió con los precios unita-rios, según las especificaciones provistas.

El 26 de noviembre de 2013, el foro apelativo dictó sen-tencia a favor de CD Builders y ordenó la celebración de una nueva subasta. Oportunamente, el 10 de diciembre de 2013, el peticionario presentó sin éxito una solicitud de reconsideración en cuanto a la celebración de una nueva subasta. El recurso estuvo acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó que se ordenara la paralización de los procesos de contratación de la subasta. En cuanto a la solicitud de paralización, el foro apelativo intermedio la declaró “con lugar”. Sin embargo, denegó el recurso de reconsideración.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Apela-ciones de que se celebre una nueva subasta, CD Builders acude ante nos mediante un certiorari y señala los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones (TA) al no percatarse que una vez se determina que un licitador no fue responsivo en su pro-puesta a base de los hechos probados en la licitación, no es razonable ordenar una nueva subasta y lo que procede a tenor con el fin público es concederle la buena pro al segundo postor responsable y responsivo, máxime cuando la diferencia entre ambos fue mínima.
Erró el Tribunal de Apelaciones (TA) al ordenar una nueva subasta, a sabiendas de que el licitador no fue responsivo, ad-judicándole el error a la Junta de Subasta de manera contra-dictoria a lo expresado en su sentencia, debido a que el error de la Junta de Subastas constituyó un segundo error cometido por el licitador impugnado por ser el mismo de naturaleza insubsanable. Petición de certiorari, pág. 5.

En síntesis, CD Builders sostuvo que la Junta de Subas-tas actuó arbitraria y caprichosamente al ignorar las con-diciones y los términos especiales incluidos en la Invitación a Subasta. Adujo que el error cometido es insubsanable, por lo que solicitó la revocación de la subasta y la adjudi-cación de la buena pro a CD Builders porque éste fue el segundo postor y licitador responsivo. Añadió que la cele-bración de una nueva subasta incide sobre el interés pú-blico ya que, entre otras cosas, se dilataría el proceso de subasta. Además, al ser una obra financiada por Federal Emergency Management Act (FEMA), crearía un impacto económico en los fondos federales.

Por su parte, el Municipio planteó, en esencia, los mis-mos argumentos esgrimidos cuando se opuso a la petición de revisión ante el foro apelativo intermedio. No obstante, puntualizó que de lo que se trató este caso fue de un ajuste de renglón al surgir una discrepancia en la propuesta. Con-cluyó que correspondía adjudicar la buena pro a C.J.O. Construction, quien resultó ser el mejor postor.

Tras la comparecencia y el beneficio de los alegatos de ambas partes, expedimos el recurso de certiorari y resolvemos.

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Los contratos gubernamentales constituyen un ele-mento importante en la erogación de fondos públicos. Es por ello que, en cuanto a la contratación gubernamental en Puerto Rico y con la pretensión de proteger los fondos pú-blicos, los municipios de Puerto Rico llevan a cabo el pro-ceso de subasta pública como uno de los mecanismos de adquisición disponibles para las compras, suministros y/o la realización de obras de construcción. Mediante este pro-ceso de competencia se allegan los recursos disponibles en el mercado en un balance de precios y calidad.

Dado que la adjudicación conlleva el desembolso del erario, el proceso de subasta pública está revestido del más alto interés público y aspira a promover la sana admi-nistración gubernamental. Por ello, el fin principal es proteger los fondos públicos mediante la construcción de obras públicas o la adquisición de servicios al mejor precio posible. Al así hacerlo, se debe procurar conseguir los precios más bajos, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia, el descuido al otorgarse los contratos y minimizar los riesgos de incumplimiento. Para cumplir con este propósito, es ne-cesario que durante el proceso de subasta se fomente la competencia libre y transparente entre el mayor número de licitadores, de manera que el Estado consiga que se re-alice la obra al precio más bajo.

De ordinario, el mecanismo que el Gobierno uti-liza para la adquisición de bienes y servicios es la subasta pública formal o tradicional. En R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007), describimos, en términos generales, cómo es el procedimiento formal de subasta. A tales efec-tos, señalamos que

[...] el procedimiento de subasta formal consta de varias eta-pas, a saber: [1] la preparación por parte del ente guberna-mental de los pliegos de condiciones y especificaciones, [2] el aviso de subasta al público, [3] el recibo y posterior apertura pública de las propuestas selladas recibidas, [4] la evaluación y el estudio de las mismas por un comité evaluador, [5] la recomendación del comité respecto a la adjudicación de la buena pro, [6] la adjudicación de ésta y la notificación a todos los licitadores. Una vez sometidos los pliegos de licitación y abiertos éstos, los mismos no admiten modificaciones. La aper-tura de los pliegos de licitación se efectúa públicamente ante todos los licitadores. No hay cabida en este proceso para la negociación de los términos sometidos entre agencia y licitador. (Énfasis suplido).

En ese contexto, hemos señalado que en la etapa anterior a la apertura de las licitaciones es indispensable cum-plir con el requisito de transparencia para que haya una competencia efectiva y honesta del proceso. Con ello se exige que el elemento de secretividad esté presente du-rante el proceso de adquisición de bienes y servicios. La anulación arbitraria de una subasta válidamente cele-brada claramente derrota este objetivo, pues una vez se abren las propuestas, todos los licitadores conocen las coti-zaciones de sus competidores. En consecuencia, los licita-dores con más poder adquisitivo podrían aprovechar la oportunidad para reducir sus propuestas en una segunda subasta, eliminando así a sus contendientes. Por tal ra-zón, la anulación indebida de una subasta puede provocar la competencia desleal en el proceso de licitación y desalen-tar a otros licitadores en posteriores procesos de subastas gubernamentales.

Allí, también distinguimos el proceso de subasta formal del proceso "request for proposal” (RFP) o requeri-miento de propuestas. Señalamos que el RFP es una alter-nativa cuando se trata de bienes o servicios especializados que involucran aspectos altamente complejos o cuando existen escasos competidores cualificados. Al utilizar este mecanismo es legítimo que la entidad gubernamental entre en una negociación con los licitadores mientras re-cibe y evalúa las propuestas que han sido sometidas. A diferencia del procedimiento de subasta formal, el RFP permite la compra negociada y confiere a los licitadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro. Sin embargo, al igual que el proceso de subasta formal, el RFP debe contener los pa-rámetros que se utilizarán para la adjudicación del contrato. Es decir, los requerimientos, los términos y las condiciones, así como los factores que han de considerarse en la evaluación para la adjudicación de la subasta. También, se ha validado el proceso híbrido mediante el cual se cumplen todos los requisitos de una subasta formal pero se incorporan mecanismos de aclaración y participa-ción propios de una subasta informal. En ese caso, es necesario que, como en toda subasta gubernamental, las adquisiciones se lleven a cabo con la misma transparencia, eficiencia y probidad.

Ahora bien, en nuestra jurisdicción no hay una legislación especial que regule estos procedimientos. Por ello, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU) dispone que los procedimientos de subasta sean informales y que tanto su reglamentación como sus términos serán establecidos por las agencias. En ese contexto, las agencias guberna-mentales tienen la facultad de aprobar un reglamento para establecer el procedimiento y las guías que se han de se-guir en sus propias subastas. A ese tenor, las subastas municipales se rigen por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991. La referida legislación establece los procedimientos a seguir para la celebración y adjudicación de subastas municipales. Específicamente, el Art. 10.006 dispone que

[c]uando se trate de compras, construcción o suministros de servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más bajo. En el caso de ventas o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles!,] adjudicará a favor del postor más alto. La Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que las propuestas sean conforme a las especificaciones, los térmi-nos de entrega, la habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del equipo, pro-ducto o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta. (Énfasis suplido).

La ley establece que cuando se requieran cotiza-ciones o subastas para la compra de bienes muebles, sumi-nistros, servicios u obras, el funcionario o empleado municipal tendrá la responsabilidad de solicitar, recibir y aceptar las cotizaciones requeridas. Subsiguientemente, éste deberá escribir, en toda la documentación pertinente, en forma legible y clara, su nombre completo y título, y firmar la verificación de exactitud y corrección de los esti-mados de costo. Cabe resaltar que el estatuto prohíbe la alteración, en algún modo, de las cotizaciones, las certifica-ciones o los documentos relacionados con las cotizaciones, la adjudicación o el desembolso de fondos.

De acuerdo con la autoridad conferida y con el propósito de reglamentar el proceso de subastas municipa-les, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) promulgó el Reglamento para la Administración Municipal (Reglamento Núm. 7539), Departamento de Es-tado, 18 de junio de 2008. El referido reglamento exige la celebración de una subasta pública para toda construcción, obra o mejora pública cuyo costo total exceda de $100,000. De ser así, el municipio redactará las especifi-caciones, de manera que los pliegos las contengan expresa y claramente, según las necesidades del requirente. Recibi-das las ofertas en sobres sellados, se estampará un sello con la fecha y hora del recibo y “[l]os mismos se retendrán y no se abrirán bajo ninguna circunstancia hasta la fecha y hora fijada para su apertura”. (Énfasis suplido). Luego de so-metida la propuesta, se puede permitir que el licitador la corrija o modifique, pero los “cambios en los pliegos de ofer-tas deberán ser debidamente justificad [o] s y certificad [o] s” porque, “de lo contrario [,] la oferta [quedará invalidada] para la partida o partidas correspondientes’’ Ahora bien, luego de que ocurra el pro-ceso de apertura de pliegos, el reglamento dispone que K[n\o se permitirá[,] bajo ninguna circunstancia, el retiro de una oferta o efectuarse cambios o modificaciones a la misma des-pués de haber sido abierta y leída en público”. (Énfasis suplido).

Finalmente, hemos expresado que las agencias administrativas, de ordinario, se encuentran en mejor po-sición que los tribunales para evaluar las propuestas o li-citaciones ante su consideración de acuerdo con los pará-metros establecidos por la ley y los reglamentos aplicables. En este sentido, en el ejercicio de sus facul-tades se les reconoce discreción al momento de considerar las licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de la licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades particulares de la agencia y al interés público en general. Como consecuencia de ello, los tribunales no debemos intervenir con el rechazo de una propuesta o la adjudicación de una subasta, salvo que la determinación administrativa adolezca de un abuso de discreción, arbitra-riedad o irracionabilidad.

Según este marco normativo, procedemos a resolver si erró el foro apelativo al ordenar una nueva subasta o si, por el contrario, debió adjudicarle a CD Builders los traba-jos concedidos a C.J.O. Construction.

I—I !—i (—í

Estamos frente a una controversia que requiere deter-minar si la propuesta de C.J.O. Construction cumplió con las especificaciones establecidas en la Invitación Núm. 11-12-13, y si la Junta de Subastas del Municipio tenía facul-tad para permitir un cambio en la propuesta de uno de los licitadores una vez se dio el proceso de apertura de los pliegos. En este sentido, al sopesar esos factores, nuestro análisis final debe limitarse a determinar si permitir la corrección constituye un error subsanable o no.

Como se desprende de los hechos reseñados, el Munici-pio emitió la Invitación a Subasta Formal el día designado para ello, recibió las ofertas selladas y celebró un acto de apertura de pliegos. Esto, no sin antes llevar a cabo una reunión presubasta en la que se discutieron asuntos rele-vantes al proceso, en la que se orientó a todos los licitado-res presentes y, además, se contestaron preguntas. Poste-riormente, llevó a cabo la evaluación y el estudio de las ofertas y, tras la recomendación de un comité evaluador, escribió y permitió a C.J.O. Construction que corrigiera el precio en uno de los renglones, modificando así el precio final de la propuesta. Luego de que el licitador corrigió el error y entregó su propuesta enmendada, el Municipio pro-cedió a notificar a los demás licitadores la determinación de la Junta de Subastas.

No cabe duda de que el procedimiento de subasta en controversia incumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Municipios Autónomos y en el Reglamento para la Administración Municipal, relativos a la adjudicación de mía subasta formal. Al evaluar los preceptos de ambos es-tatutos, encontramos que tanto la ley como el reglamento exigen que antes de someter una cotización o propuesta, el licitador debe verificar y corroborar que la cotización re-querida cumpla con los parámetros establecidos. Ello, de-bido a que ambos preceptos expresamente prohíben la al-teración en algún modo de las cotizaciones o los documentos relacionados. A tenor con esta normativa, la Invitación a Subasta Formal Núm. 11-12-13 expresamente dispone las condiciones e instrucciones que ha de regir el proceso de subasta en controversia. A tales efectos, en esta se dispone específicamente que “[líos licitadores deberán revisar sus propuestas antes de someterlas, ya que no se podrá subsanar errores contenidos en éstas”. (Énfasis suplido). Además, la misma señala que “[n]o se permitirá[,] bajo ninguna circunstancia, el retiro de una oferta o efectuarse cambios o modificaciones a la misma después de haber sido abierta y leída en público”. (Énfasis suplido). Cabe señalar que en la referida invitación, el Municipio incluyó unas guías que la Junta de Subastas debía de seguir en caso de encontrar alguna de las circuns-tandas provistas. Por ejemplo, el párrafo titulado Compe-tenda Adecuada dispone que “[cjuando en una subasta so-lamente se reciba la cotización de un solo licitador y se entienda que su precio es irrazonable o no cumpla con lo requerido por la Junta, dicha oferta será rechazada por entenderse que no hubo competencia adecuada y deberá celebrar una segunda subasta”.

Conforme a lo anterior, ciertamente C.J.O. Construction fue quien ofreció un mejor precio, aun después de corregido el error. Sin embargo, ello conllevó hacer una modificación en el pliego de la oferta que ya había sido sometida y abierta públicamente. Lo anterior puso en riesgo los prin-cipios de sana competencia y transparencia que deben per-mear los procesos de subastas en nuestro ordenamiento. Por consiguiente, ello tuvo el efecto de invalidar la pro-puesta, según lo establece el propio reglamento municipal y las instrucciones contenidas en la Invitación a Subasta Formal Núm. 11-12-13. En ese sentido, avalar la determinación de la Junta de Subastas y permitir que C.J.O. Construction rectifique el error numérico dejaría sin efecto las pautas ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a cómo deben regir los procesos de subasta pública.

Cónsono con lo anterior, aunque la Junta de Su-bastas tiene la facultad para adjudicar a favor del postor razonable más bajo, ello no puede ir en contra del principio de libre competencia; mucho menos atentar contra el inte-rés y la confianza pública que reviste dicho proceso. Ade-más, al actuar de esa manera, el Municipio estaría yendo contra sus propios actos, ya que él estableció en la invita-ción las instrucciones y especificaciones de cómo se llevaría a cabo el proceso. Por consiguiente, resolvemos que permi- tir la corrección del error numérico y someter una pro-puesta enmendada, luego de haberse efectuado el proceso de subasta, constituye un error insubsanable que requiere la descalificación de la propuesta.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sen-tencia del Tribunal de Apelaciones que ordena la celebra-ción de una nueva subasta. Por consiguiente, se devuelve el caso de autos a la Junta de Subastas del Municipio para que, conforme a los pronunciamientos vertidos en esta Opi-nión, proceda a evaluar las ofertas o licitaciones restantes ante su consideración y, en consecuencia, adjudique la su-basta a favor del licitador que cumpla con los requisitos, según los parámetros establecidos en la ley y los reglamen-tos de adjudicación aplicables.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hizo constar lo siguiente:

Aunque una mayoría de este Tribunal analiza y resuelve de manera atinada lo referente a la descalificación de la pro-puesta de C.J.O. Construction Corp., estimo que ésta ignora los errores puntuales señalados por CD Builders, Inc. (la parte peticionaria). Surge con meridiana claridad que la parte peti-cionaria plantea que el Tribunal de Apelaciones erró al orde-nar la celebración de una nueva subasta. No obstante, en la opinión mayoritaria, para todos los efectos, se opta por avalar el dictamen del foro apelativo intermedio. Ello, al ordenarle a la Junta de Subastas evaluar, nuevamente, las propuestas en cuestión. Tal proceder provoca diversas interrogantes. ¿Por qué castigar con un nuevo procedimiento de evaluación a un licitador que sí cumplió con los requisitos de la subasta? ¿No es eso imputarle a dicho licitador el error cometido por C.J.O. Construction Corp. y el municipio de Las Piedras?
En esencia, los procedimientos de subasta tienen como fin atraer la mayor cantidad de licitadores —que reúnan los requi-sitos correspondientes— con tal de estimular la competencia libre y transparente, y posibilitar la adquisición de los bienes y servicios de mayor calidad al mejor precio. Estimo que el error que hoy nos lleva a decretar la descalificación de la propuesta de C.J.O. Construction Corp. no es suficiente para invalidar el procedimiento de subasta que se llevó a cabo. Me hago eco de las palabras del Juez ponente cuando expresa que “la anulación indebida de una subasta puede provocar la competencia desleal en el proceso de licitación y desalentar a otros licitadores en posteriores procesos de subastas gubernamentales”. Opinión del Tribunal, pág. 345. A esos efectos, surge de los hechos que, al margen de la referida enmienda, el procedimiento de subasta se celebró conforme a derecho. Por ende, tras descalificar la propuesta de C.J.O. Construction Corp., soy del criterio que co-rrespondía adjudicar la subasta al siguiente mejor postor.

       Cabe señalar que por el municipio de Las Piedras no tener un reglamento de subasta, la invitación de subasta constituye para todos los efectos un aviso de su-basta formal, conforme a la Parte II sobre subasta pública municipal del Reglamento para la Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539, Departamento de Estado, 18 de julio de 2008.

       Véase Invitación de Subasta Número 11-12-13[:] Reconstrucción Desvío Félix López[,] Carr, PR-183[,] Conector PR-921[,] FEMA PR-1798 PW-000470(2)[,] Municipio de Las Piedras. Apéndice III de la Petición de certiorari.

       Nótese, no obstante, que según detallamos más adelante, el costo propuesto por C.J.O. Construction Corp. (C.J.O. Construction) correspondía a una cotización de cuatrocientas yardas cúbicas, mientras que el costo propuesto por CD Builders, Inc. cotizaba 600 seiscientas yardas cúbicas.

       Cabe destacar que, según mencionamos, la propuesta formulada inicial-mente por C.J.O. Construction fue de $573,000 por 400 yardas cúbicas, esto es $1,432 por yarda cúbica. Tras corregir el “error numérico”, la referida compañía cotizó las 600 yardas cúbicas por $588,000, lo cual equivale a $980 por yarda cúbica.

        Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994 (2009); Costa

        Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004).

       Íd. Véanse: Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 779 (2006); RBR Const., SE v. Aut. de Carreteras, 149 DPR 836, 848-849 (1999). Véase, además, Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 66 (2008).

       Íd.; Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 827 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 778.

       Íd. Véanse: Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 875 (1999).

         R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620-621 (2007), citando a W.N. Keyes, Government Contract, Minnesota, West Publishing Co., 1986, Sec. 14.1, pág. 152.

       Íd., pág. 621.

         Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra, pág. 827; RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 849.

       Íd.; Véase, además, R & B Power v. E.L. supra, pág. 619.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

        Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 996; R&B Power v. E.L.A., supra, págs. 621-622.

       1B Government Contracts: Cyclopedic Guide to Law, Administration, Procedure Sec. 9.20[3] pág. 9-10 (2016).

       Íd.; R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 621.

        Government Contracts, supra.

       Íd.

        Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra.

       Íd., pág. 998.

       3 LPRA sec. 2169.

        Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 780; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, pág. 875.

       21 LPRA sec. 4001 et seq.

      8) 21 LPRA sec. 4506.

       Íd.

       Íd.

       Reglamento para la Administración Municipal, supra, pág. 111.

       Íd. pág. 115.

       Íd. pág. 118.

       Íd. pág. 119.

       Íd.

       Íd., pág. 122.

        Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 408, citando a A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004). Véanse, además: Empresas Toledo v, Junta de

        Subastas, supra, pág. 779; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007).

        Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779.

         Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 408; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, págs. 783-784; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 898; RBR Const., S.E. v. A.C., supra, págs. 866-867.

       Apéndice III de la Petición de certiorari, pág, 22.

       Íd., pág. 23.

       Íd., pág. 24.

       Nótese que, según expresamos anteriormente, la propuesta formulada ini-cialmente por C.J.O. Construction fue de $673,000 por 400 yardas cúbicas, Tras corregir el alegado error numérico, la referida compañía cotizó 600 yardas cúbicas por $688,000.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Estrella Martínez Juez Asociado Señor Martínez Torres,

license: Public Domain

text:
    María del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón Padilla, peticionarias, v. F & R Construction, S.E. y Mora Development, Corporation, recurridas.

      Número: CC-2014-528

      Resuelto: 1 de septiembre de 2016

      Carlos E. Aguilar Pérez, abogado de la parte peticionaria; Juan E. Nater Santana, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde precisar el efecto que tiene el que una agencia administrativa acoja, resuelva y archive en autos su decisión, en torno a una moción de reconsideración, antes del plazo estatutario dispuesto en la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, infra, pero que por inadvertencia depositó en el correo la notificación de ese dictamen con posterioridad. Específicamente, debemos determinar si el acto de notificación posterior privó de jurisdicción a la agen-cia administrativa y, en consecuencia, si la parte que solicitó la revisión judicial acudió tardíamente al Tribunal de Apelaciones. Veamos.

I—i

Mediante una querella presentada contra F & R Construction, S.E. y Mora Development, Corp. (F & R y Mora) ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), María del Rocío Fonte Elizondo y Stella Infanzón Padilla (Fonte e Infanzón) alegaron la existencia de ciertos vicios de construcción que resultaban en la ruina funcional de su inmueble. Fonte e Infanzón solicitaron que se resolvieran los problemas existentes, que DACO ordenara lo que en derecho procediera o ambas alternativas.

Luego de los procesos de rigor, el 30 de marzo de 2005 DACO emitió una Resolución en la que declaró “con lugar” la querella presentada y concluyó que los desperfectos del inmueble constituían una ruina funcional. De esta forma, ordenó a F & R y Mora que realizaran las reparaciones ne-cesarias, y les advirtió que, de no efectuarlas, estarían obli-gadas a pagar $13,500, más intereses. Además, impuso $5,000 por costas y honorarios de abogado. En desacuerdo con los montos fijados por DACO, Fonte e Infanzón solicita-ron una reconsideración. Con esto se inició un proceso que desembocó en un sinnúmero de trámites procesales, imper-tinentes a la controversia ante nos, los cuales se extendieron por varios años hasta que este Tribunal emitió la Sentencia de 17 de junio de 2011. Mediante ésta, ordenamos a DACO que celebrara una vista para que Fonte e Infanzón probaran los alegados daños sufridos y para atender su reclamo con relación a la cuantía de honorarios de abogado otorgada.

Como resultado de la Sentencia emitida por este Tribunal, DACO celebró la correspondiente vista. El 18 de abril de 2013 emitió una Resolución en la que ordenó a F & R y Mora el pago solidario de $50,000 por daños y $18,000 por honorarios de abogado a favor de Fonte e Infanzón. Copia de dicha Resolución se archivó en autos el 19 de abril de 2013. Inconforme, el 2 de mayo de 2013 la peticionaria so-licitó la reconsideración, con el fin de aumentar las cuan-tías concedidas. El 9 de mayo de 2013, DACO acogió la moción de reconsideración y concedió a F & R y Mora un término para que se expresaran. Posteriormente, el 31 de julio de 2013, DACO emitió y archivó en autos una Reso-lución en Reconsideración aumentando la partida en da-ños, pero dejó inalterada la partida por honorarios de abogado. La Resolución en Reconsideración fue depositada en el correo el 1 de agosto de 2013.

Descontentas con la Resolución en Reconsideración, el 30 de agosto de 2013 F & R y Mora presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, éste no fue notificado a Fonte e Infanzón. Por su parte, y sin conocer del recurso presentado por F & R y Mora, Fonte e Infanzón presentaron el 3 de septiembre de 2013 su pro-pio recurso de revisión ante el foro apelativo intermedio. Ambos recursos fueron consolidados.

Las partes presentaron sendas solicitudes de desestima-ción ante el foro apelativo intermedio. Fonte e Infanzón solicitaron la desestimación del recurso presentado por F & R y Mora, ya que éstas incumplieron con notificarles el recurso de revisión. Por su parte, F & R y Mora solicitaron la desestimación del recurso presentado por Fonte e Infan-zón aduciendo que éste fue presentado tardíamente. Para ello, sostuvieron que DACO no tenía jurisdicción cuando notificó el 1 de agosto de 2013 la Resolución en Reconside-ración, por lo que alegaron que el término para ir en alzada comenzó a transcurrir el 31 de julio de 2013, cuando vencía el término para disponer de la reconsideración presentada. Dirimidas las posturas de las partes, el Tribunal de Apela-ciones dictó Sentencia el 14 de octubre de 2013, en la que desestimó ambos recursos.

En lo aquí pertinente, el Tribunal de Apelaciones enten-dió que el recurso presentado por Fonte e Infanzón fue tardío. Razonó que aunque DACO emitió y archivó en autos su decisión en reconsideración el último día del plazo estatutario, por haberse notificado al día siguiente, perdió jurisdicción en torno a la moción de reconsideración. Por lo tanto, concluyó que el término para acudir en revisión co-menzó a transcurrir el 31 de julio de 2013 y que el recurso presentado por Fonte e Infanzón el 3 de septiembre de 2013 fue presentado tardíamente. Fonte e Infanzón soli-citaron la reconsideración, la cual fue declarada “no ha lu-gar” el 30 de mayo de 2014.

Oportunamente, Fonte e Infanzón recurren ante nos mediante un auto de certiorari. En éste solicitan la revoca-ción parcial de la Sentencia del 14 de octubre de 2013, que declaró tardío el recurso presentado por éstas.

Así las cosas, este Tribunal expidió el recurso presen-tado mediante Resolución de 12 de diciembre de 2014. Con el beneficio de las comparecencias de las partes, procede-mos a atender el asunto ante nuestra consideración.

II

Para determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó co-rrectamente al desestimar el recurso por falta de jurisdic-ción, es preciso referirnos a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2101 et seq.). Procedemos.

La LPAU creó un cuerpo de reglas mínimas que rige las agencias administrativas cobijadas por el estatuto. En lo particular, establece cuándo procede la revisión judicial. A estos efectos, instaura que, de ordinario, ésta se realiza una vez se concluyen los trámites administrativos y se adjudican todas las controversias pendientes ante la agencia. J. Exam Tec. Méd. v. Elias et al., 144 DPR 483, 490 (1997). Como parte de esos trámites, el legislador contempló la posibilidad de que las agencias administrativas pudiesen corregir sus errores mediante el mecanismo de reconsideración. Ciertamente, ese mecanismo promueve reducir al máximo posible el incurrir en procesos de revi-sión judicial, procurando alcanzar los postulados de justi-cia y economía, enmarcados en la declaración de política pública de la LPAU. Véase Sec. 1.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2101.

En lo que nos concierne, la Sec. 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, provee para que se pueda solicitar la reconsideración ante una agencia administrativa. También delimita expresamente las acciones que debe realizar la agencia para no perder jurisdicción:

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la re-solución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archi-vada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de no-venta (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales.
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. (Énfasis suplido). Id.

Por otra parte, la Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, regula la solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones al establecer que la parte afectada puede acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones en un término de treinta días, contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución de la agencia o a partir de la fecha aplicable con relación a la disposición de una moción de reconsideración.

Así pues, en conformidad con la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, una parte adversamente afectada por una resolu-ción de una agencia puede solicitar la reconsideración en el término jurisdiccional de veinte días desde el archivo en autos de la resolución u orden que desea revisar. Si la agencia la rechaza de plano o no actúa dentro de los quince días de presentada la moción de reconsideración, el tér-mino para acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones comienza a computarse desde que se notifique dicha dene-gatoria o desde que expiren esos quince días, según sea el caso. Empero, cuando la agencia toma alguna determina-ción —como lo es ordenar a la parte adversa que presente su posición—, el término para acudir en alzada no co-mienza hasta que la agencia resuelva definitivamente la reconsideración solicitada. Véanse: Asoc. de Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816, 822-823 (1999).

De igual forma, y cónsono con la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, la citada sección considera el archivo en autos de la notificación que dispone de la reconsideración, como el punto de partida para el cómputo del término para acudir en alzada. Empero, protege el derecho de las partes a acudir en alzada cuando el archivo en autos no es notifi-cado simultáneamente. Recordamos, pues, que ordinaria-mente “ ‘[cjomo cuestión práctica y de realidad la notifica-ción de la sentencia y el archivo en autos [...] son actos que se realizan al mismo tiempo y la experiencia demuestra que normalmente así es”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). García Claudio v. García Guevara, 145 DPR 659, 662 (1998), citando a Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 82, 88 (1962). De esta forma se protege a una parte, que es notificada posteriormente a la fecha en que se archivó en autos la disposición del asunto ante la consideración de la agencia, de que no sea privada de su derecho a solicitar la revisión judicial. Cónsono con ello, y a la luz de nuestras expresiones en Rodríguez et al. v. A.R.Pe., 149 DPR 111 (1999), y en Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341 (2004), sobre el hecho de que el tér-mino para interponer un recurso de revisión judicial co-mienza a transcurrir desde el depósito en el correo del ar-chivo en autos de la notificación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132-2013. El propósito de esta pieza legislativa consistió en proteger el derecho de las partes a solicitar la revisión judicial por la inadvertencia de los ofi-ciales encargados de archivar en autos y enviar, simultá-neamente, las notificaciones de las resoluciones u órdenes administrativas. Por consiguiente, se incorporó y aclaró que si la fecha de archivo en autos es distinta a la del depósito en el correo, el plazo para interponer el recurso de revisión comienza a partir de la fecha del depósito en el correo. Véase, además, Florenciani v. Retiro, 162 DPR 365 (2004). Con ello, se salvaguardan las garantías del debido proceso de ley para que las partes puedan instar oportuna-mente su recurso de revisión al foro apropiado cuando, por excepción, existe una tardanza entre la fecha de archivo en autos y la fecha cuando éste se deposita en el correo. Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, supra, págs. 345-346. Por consi-guiente, la demora excepcional en la notificación posterior del dictamen no puede limitar a la parte afectada de pre-parar y presentar su recurso de revisión cuando se depo-sita en el correo la notificación del dictamen adverso en una fecha posterior a la del archivo en autos. Íd.

Ahora bien, aunque el término para acudir en al-zada está sujeto a que la agencia administrativa disponga de la moción de reconsideración acogida, éste no es a perpetuidad. A estos efectos, la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, decreta que la agencia administrativa “perderá juris-dicción” sobre la reconsideración si no toma alguna acción “dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada”. (Énfasis suplido). íd. Del mismo modo, la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, precisa y vincula la jurisdicción de la agencia administrativa a que la resolución sea “emitida y archivada en autos” en el término de noventa días desde que ésta fue presentada. (Énfasis suplido). Id.

El marco doctrinal expuesto resulta trascendental, por-que la ausencia de jurisdicción conlleva la nulidad del dic-tamen emitido, ya que se actúa sin autoridad o poder. La falta de autoridad no puede ser subsanada y las partes no pueden otorgarla a la agencia, ni esta última puede arrogársela. Véase Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901 (2011). Asimismo, el que la agencia pierda juris-dicción para atender la reconsideración instada repercute en el término que tiene una parte para poder acudir en revisión. Ello, pues expirado el periodo que la agencia ad-ministrativa tiene para disponer de la reconsideración, co-mienza a decursar el plazo para acudir en alzada. Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra, pág. 816.

La polémica se suscita cuando para determinar si la agencia perdió jurisdicción, en cuanto a la solicitud de re-consideración, se pretende equiparar la fecha de depósito en el correo con la de archivo en autos de la copia de la notifi-cación de la resolución u orden. En consecuencia, el razona-miento del foro apelativo intermedio impondría a la agencia administrativa un requisito adicional no dispuesto en el es-tatuto; es decir, que no tan sólo emita y archive en autos la Resolución, sino que también la deposite en el correo dentro del término de noventa días contemplado en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Ello sería contrario también a la inalterada línea jurisprudencial aquí analizada y observada por el legislador.

Como expusimos, la Ley Núm. 132-2013 garantizó que las partes tuvieran la oportunidad de tener constancia de la decisión tomada a los fines de poder ejercer los remedios disponibles en ley para acudir en revisión judicial. En nin-gún momento el propósito de esa enmienda fue requerir a las agencias administrativas que notificaran o depositaran en el correo su dictamen dentro del periodo jurisdiccional de noventa días que le impone la Sec. 3.15 de la LPAU, supra; mucho menos, enmendó el término jurisdiccional para disponer de la moción de reconsideración. Por el contrario, el lenguaje contenido en la referida sección se man-tuvo incólume al disponer que la resolución de la agencia mediante la cual resolvió definitivamente la moción de re-consideración, “deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación” de ésta. (Énfasis suplido). íd. Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes en torno a P. de la C. 924 de 17 de junio de 2013, 1ra Sesión Ordinaria, 17ma Asamblea Legislativa.

En conformidad con lo interpretado, si una parte adversamente afectada por una resolución de una agencia solicita la reconsideración y la agencia la acoge, esta úl-tima perderá jurisdicción si no emite y archiva en autos la resolución que atiende la moción de reconsideración aco-gida dentro del término de noventa días desde que fue pre-sentada, a menos que dentro de ese plazo haya extendido el término por justa causa. La fecha del depósito en el co-rreo no incide sobre la jurisdicción de la agencia para resolver la reconsideración acogida. Empero, ésta es rele-vante al momento de calcular hasta cuándo se puede acudir en alzada, si excepcionalmente ese depósito es en una fecha distinta a la del archivo en autos.

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Para determinar si el Tribunal de Apelaciones perdió jurisdicción para atender el recurso de Ponte e Infanzón, debemos determinar si éstas cumplieron con los términos que impone la LPAU para recurrir de una reconsideración mediante la revisión judicial.

En lo pertinente, el 19 de abril de 2013 DACO archivó en autos la notificación de la Resolución que dispuso de los de-rechos de Fonte e Infanzón. Inconformes, éstas presentaron una reconsideración oportuna el 2 de mayo de 2013, Dentro del término para ello, el 9 de mayo de 2013, DACO concedió a F & R y Mora un término para expresarse con relación a la reconsideración instada. Por lo tanto, DACO tenía jurisdic-ción para atender la reconsideración por un periodo de no-venta días a partir del 2 de mayo de 2013. En ese intervalo debía emitir y archivar en autos la disposición en reconsideración. El último día del término de noventa días dispuesto en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, vencía el 31 de julio de 2013. En esa fecha, y sin perder jurisdicción para ello, DACO emitió y archivó en autos la Resolución en Re-consideración, disponiendo definitivamente de la reconside-ración presentada por Fonte e Infanzón.

A pesar de ello, el depósito en el correo de la notificación se hizo el 1 de agosto de 2013. Tal proceder no incidió sobre la jurisdicción de la agencia para disponer de la moción de reconsideración. El depósito en el correo es relevante a los efectos de establecer si Fonte e Infanzón acudieron oportu-namente ante el Tribunal de Apelaciones. La Sec. 4.2 de la LPAU, supra, requiere que éstas acudan en un término de treinta días desde el archivo en autos de copia de la notifi-cación o desde el depósito de la notificación en el correo, si ésta es distinta a la fecha de notificación. Así las cosas, los treinta días para acudir en revisión administrativa expira-ban el martes, 3 de septiembre de 2013. Por lo tanto, Fonte e Infanzón acudieron oportunamente al Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el recurso de Fonte e Infanzón fue pre-sentado tardíamente.

IV

En virtud de lo anterior, se revoca al Tribunal de Apela-ciones y se remite el caso a ese foro para que atienda el recurso instado por Fonte e Infanzón.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres concurrió con el resultado con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres,

a la cual se unió el Juez Asociado Se-ñor Feliberti Cintrón.

La controversia ante este Tribunal se limita estricta-mente a si una agencia administrativa pierde jurisdicción si no notifica a las partes su determinación dentro del término de noventa días luego de haber acogido una moción de reconsideración. En cuanto a este asunto, estoy de acuerdo con el resultado al que llega la Opinión del Tribunal debido a que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) la notificación fuera de ese término no priva de jurisdicción a la agencia. No obstante, en vista de que una mayoría de este Foro opta por hacer pronuncia-mientos que se extralimitan a esa controversia, concurro.

I—A

Aunque los hechos de este caso están muy bien expues-tos en la Opinión mayoritaria, conviene repasar los más relevantes a la controversia planteada.

El 18 de abril de 2013, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió una resolución en la que de-claró “con lugar” una querella sobre daños y perjuicios por vicios de construcción. Consecuentemente, ordenó a F & R Construction, S.E. y a Mora Development, Corp. (F&Ry Mora) pagar ciertas sumas a María del Rocío Fonte Eli-zondo y Stella Infanzón Padilla (las señoras Fonte e Infan-zón), por concepto de daños y honorarios de abogado. Esa resolución se archivó en autos el 19 de abril de 2013. Insa-tisfechas con el monto de las partidas concedidas, el 2 de mayo de 2013 las señoras Fonte e Infanzón le solicitaron a DACO que reconsiderara su decisión. El 9 de mayo de 2013, la agencia administrativa acogió la moción de recon-sideración y le concedió a F & R y Mora un término de veinte días para exponer su posición, gestión que llevó a cabo oportunamente.

El 31 de julio de 2013, DACO emitió y archivo en autos una resolución en la que, en reconsideración, aumentó el monto concedido por concepto de indemnización por los da-ños y peijuicios, pero dejó inalterada la cantidad por hono-rarios de abogado. Esa resolución se depositó en el correo al día siguiente, es decir, el 1 de agosto de 2013. En des-acuerdo con ese dictamen, tanto F&Ry Mora como las señoras Fonte e Infanzón, presentaron sus respectivos re-cursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. F&Ry Mora presentaron su recurso el 30 de agosto de 2013, mientras que las señoras Fonte e Infanzón hicieron lo co-rrespondiente el 3 de septiembre de 2013.

Por un lado, el foro apelativo intermedio desestimó el recurso de F & R y Mora, debido a que no cumplieron con el requisito de notificar al abogado de las señoras Fonte e Infanzón. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones tam-bién desestimó el recurso de las señoras Fonte e Infanzón, pues se presentó tardíamente. En particular, el foro apela-tivo intermedio consideró que, a pesar de que DACO resol-vió la moción de reconsideración que presentaron las seño-ras Fonte e Infanzón dentro del término de noventa días dispuesto en la LPAU para ello, como la notificación a las partes se hizo fuera de ese término, la agencia perdió ju-risdicción sobre el caso. Por ende, el Tribunal de Apelacio-nes razonó que el término para presentar el recurso de revisión comenzó a transcurrir al finalizar el periodo de noventa días, es decir, el 31 de julio de 2013. Las señoras Fonte e Infanzón presentaron una moción de reconsidera-ción, la cual fue declarada “no ha lugar”. Oportunamente, estas recurrieron ante nos mediante un recurso de certio-rari, el cual expedimos.

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La LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., regula los procedimientos adjudicativos que las agencias administrativas lle-van a cabo. Entre los aspectos de esos procedimientos que la LPAU regula se encuentran los términos y las condicio-nes bajo los cuales se deben tramitar las mociones de re-consideración ante las agencias administrativas y los re-cursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

En lo concerniente a este caso, la Sec. 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, establece las normas relacionadas con las mociones de reconsideración. Específicamente, dispone que “[l]a parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notifica-ción de la resolución u orden, presentar una moción de re-consideración de la resolución u orden”. íd. A su vez, “[l]a agencia dentro de los quince (15) días de haberse presen-tado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el tér-mino para solicitar revisión comenzará a correr nueva-mente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso”. íd. En cambio, “[s]i se tomare alguna determinación en su consi-deración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resol-viendo definitivamente la moción de reconsideración”. Id.

Para procurar que los procedimientos en esta etapa ante las agencias administrativas se tramiten con la mayor agilidad posible, la LPAU instruye que la “resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los no-venta (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración”. 3 LPRA sec. 2165. Para fomentar que las agencias administrativas resuelvan oportunamente las mociones de reconsideración, el estatuto establece:

Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá juris-dicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. (Énfasis suplido). íd.

Finalmente, luego de una enmienda reciente, la Sec. 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, señala que “[s]i la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo”.

Por otro lado, la Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, regula lo relacionado con los recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Esta dispone que “[u]na parte ad-versamente afectada por una orden o resolución final de una agencia [...] podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolu-ción final de la agencia [...] ”. Igualmente, ese término de treinta días se puede computar a partir de la fecha aplica-ble cuando se presenta una moción de reconsideración. Id. Además, esta sección establece que “si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o del organismo administrativo apela-tivo correspondiente es distinta a la del depósito en el co-rreo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo”. íd.

Según estas secciones de la ley, los recursos de revisión tienen que perfeccionarse dentro del término jurisdiccional de treinta días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia administrativa. Como norma general, ese archivo en autos ocurre el mismo día que se deposita en el correo la notifi-cación a las partes de tal acontecimiento. No obstante, en caso de que no sea de esa forma, la LPAU dispone para que el término comience a decursar en la fecha en que se depo-sitó en el correo esa notificación. Esto, naturalmente, parte del supuesto de que la agencia administrativa dispuso ex-presamente de la moción de reconsideración dentro del tér-mino provisto por la LPAU.

Ahora bien, en caso de que ello no sea así, el estatuto establece que “[s]i la agencia acoge la moción de reconside-ración pero deja de tomar alsuna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término [...] ”. Sec. 3.15 de la LPAU, supra.

III

En este caso, la agenda administrativa emitió y archivó en autos copia de su resolución en la que dispuso de la moción de reconsideración dentro del término de noventa días. Sin embargo, no depositó en el correo la notificación de tal archivo dentro de ese período. Por lo tanto, nuestros pronunciamientos en estos momentos se deben limitar a si bajo los hechos particulares que tenemos ante nos, la agen-cia administrativa perdió jurisdicción y qué implicaciones, si algunas, tuvo esto sobre los términos para acudir en re-visión al Tribunal de Apelaciones. Cualquier pronuncia-miento aplicable a hechos distintos resulta superfluo.

De esta forma, únicamente debemos resolver si la frase “alguna acción” implica que la agencia administrativa está obligada a depositar en el correo la notificación a las partes dentro del término de noventa días con tal de no perder jurisdicción. En cuanto a este asunto, coincido con la Opi-nión del Tribunal respecto a que el no depositar en el co-rreo la notificación dentro del término de noventa días no priva de jurisdicción a la agencia administrativa.

Ahora bien, entiendo respetuosamente que la Opinión mayoritaria se embarca en una discusión adicional e inne-cesaria, pues pretende resolver un asunto que no está ante nuestra consideración en estos momentos. La mayoría in-tenta resolver qué efecto tiene sobre la jurisdicción de las agencias administrativas el que no se archive en autos co-pia de la resolución dentro del término de noventa días. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió en este caso, por lo que cualquier expresión sobre ese asunto constituye obiter dictum. Peor aún, además de ser expresiones sobre un es-cenario hipotético, opino que la interpretación que hace la Opinión del Tribunal es incorrecta y no encuentra apoyo en el texto de la LPAU. En cambio, considero que la LPAU solo vincula la jurisdicción de la agencia a que esta tome “alguna acción”, esto es, a que emita su determinación den-tro del término de noventa días y no a que la “resolución sea ‘emitida y archivada en autos’ ”, como sugiere una ma-yoría de este Tribunal. (Énfasis suprimido). Cf. Opinión del Tribunal, págs. 361 y 362.

El término “alguna acción” implica que la agencia no tiene que tomar todas las acciones que le corresponden para no perder su jurisdicción. Es decir, la entidad bien puede emitir su determinación y no archivarla en autos ni notificarla, y esto no significa que perdió jurisdicción. El deber de la agenda administrativa de llevar a cabo estas gestiones dentro de un término específico no significa que si deja de hacerlas todas dentro de ese período, pierde su jurisdicción. El legislador estableció consecuencias limita-das para ese incumplimiento. Si este hubiera querido que la agencia perdiera jurisdicción si no tomaba todas las ac-ciones ministeriales, es decir, si no emitía su decisión, la archivaba en autos y la notificaba dentro del término de noventa días, en vez de incluir la frase “deja de tomar al-guna acción” hubiese dispuesto expresamente que ello ocu-rriría si la agencia “deja de emitir, archivar en autos su resolución y notificar”. En otras palabras, “alguna acción” no es lo mismo que “todas las acciones a tomar”.

Me parece lógico que el legislador no hiciera lo que la mayoría dice. Lo importante es que la agencia decida en noventa días. El archivo en autos de copia de la notifica-ción y el depósito en el correo de esa notificación son actos ministeriales de un funcionario de oficina. El legislador no pudo haber querido que la validez de un dictamen de una agencia que se emitió a tiempo dependiera de la eficiencia de la gestión de un empleado en la secretaría. El texto de la LPAU y su historial legislativo no nos llevan a concluir eso. Además, la interpretación que hoy avala una mayoría de este Tribunal tiene la nefasta consecuencia de que un em-pleado pueda invalidar una decisión de una agencia admi-nistrativa —que bajo otro escenario sería válida— con me-ramente retrasar una tarea administrativa como lo es archivar en autos la copia de una notificación. No tengo que abundar para damos cuenta de lo peligroso de esa norma. Esa no fue la voluntad del legislador al aprobar la LPAU.

Por lo tanto, entiendo que una agencia administrativa solo pierde jurisdicción cuando acoge una moción de recon-sideración y no emite una resolución dentro de los noventa días tras la presentación de una solicitud de reconsideración. Esto es así, naturalmente, salvo que se haya extendido tal plazo por justa causa, como lo contempla la LPAU. En cambio, el archivo en autos y el depósito en el correo fuera del término de noventa días no inciden sobre la jurisdicción de la agencia administrativa; solo afectan el cómputo del plazo para presentar un recurso de revisión judicial.

IV

En este caso, el Tribunal de Apelaciones razonó que el recurso de revisión judicial que las señoras Fonte e Infan-zón presentaron fue tardío. Para el foro apelativo interme-dio, el término de treinta días para perfeccionar el recurso se debía computar a partir del día noventa, aunque DACO todavía no hubiera depositado en el correo la copia de su dictamen. Según el Tribunal de Apelaciones, en esa fecha la agencia se quedó sin jurisdicción para atender la moción de reconsideración porque, a pesar de que emitió y archivó en autos la resolución en la que dispuso de esa moción dentro del término de noventa días, depositó en el correo la notificación a las partes el día noventa y uno.

Respecto a este punto, coincido con la Opinión mayori-taria en cuanto a que erró el Tribunal de Apelaciones en su razonamiento. DACO no perdió jurisdicción por depositar en el correo su notificación fuera del término de noventa días. Por el contrario, la agencia administrativa preservó su autoridad para disponer de la moción de reconsidera-ción y su dictamen a esos fines era válido. De esta forma, entiendo que el recurso de revisión de las señoras Ponte e Infanzón se interpuso oportunamente. Consecuentemente, estoy de acuerdo con revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a ese foro para que atienda el recurso instado por las señoras Fonte e Infanzón.

       En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones tomó como punto de partida el momento cuando la agencia perdía jurisdicción para resolver la moción de reconsi-deración presentada.

       Véase Asoc. de Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014), para un desarrollo histórico de los cambios con relación a los términos dispuestos para aten-der una solicitud de reconsideración ante las agencias administrativas. En ese caso, este Tribunal señaló que la agencia puede prorrogar por un término adicional de treinta días el término de noventa días que tiene para resolver una moción de recon-sideración debidamente presentada y acogida, por lo que la agencia tendrá hasta un máximo de ciento veinte días para resolver una moción de reconsideración. De igual forma, aclaró que el término adicional de treinta días para resolver la moción de reconsideración no se computa desde que se notifique la decisión de la agencia de prorrogarlo, sino que el plazo adicional se añade al término contado a partir de la presentación de la moción de notificación. Íd., págs. 852-853.

       “Hemos sostenido que ‘el derecho a cuestionar la determinación de una agen-cia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico’ ”, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra, pág. 847. Véanse: Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).

       El término venció el sábado, 31 de agosto de 2013, El próximo día laborable fue el martes, 3 de septiembre de 2013. El lunes, 2 de septiembre de 2013, fue un día feriado legal por conmemorarse el Día del Trabajo.


author: per curiam:

text:
      In re Humberto Mercado Montenegro.

      Número: TS-6109

      Resuelto: 9 de septiembre de 2016

      Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Geisa M. Marrero Martínez, directora ejecu-tiva del Programa de Educación Jurídica Continua, en in-forme; Humberto Mercado Montenegro, pro se; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

En conformidad con la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, infra, y con el propósito de garan-tizar que quienes ejercen la abogacía estén mentalmente aptos para efectuar sus labores de forma competente y diligente, nos vemos obligados a suspender de la abogacía a un miembro de la profesión.

t—i

Este caso se remonta al 2014, cuando el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó a este Tribunal una “Moción sobre el estado de la obra notarial; solicitando autorización para incautar obra preventiva-mente; y otros remedios”. En lo pertinente, informó que como resultado de la inspección de la obra notarial del Ledo. Humberto Mercado Montenegro (licenciado Mercado Montenegro) se identificaron varias deficiencias, las cuales no habían sido atendidas diligentemente por éste. Del mismo modo, el Director de ODIN expresó que el com-portamiento desplegado por el licenciado Mercado Montenegro arrojaba dudas sobre su capacidad mental para con-tinuar ejerciendo la notaría. En específico, indicó que el letrado lucía desorientado; no comprendía las consecuen-cias que conlleva el incumplimiento de sus deberes nota-riales; no llevaba una secuencia ordenada de sus escritu-ras; no recordada si autorizó instrumentos públicos; desconocía dónde los conservaba, y no era consciente de las gestiones que debía realizar para subsanar las faltas señaladas.

Ante ello, el Director de ODIN solicitó que ordenára-mos, como medida cautelar, la incautación de la obra notarial del licenciado Mercado Montenegro. Asimismo, nos re-comendó iniciar un procedimiento a tenor con la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, para determinar si el letrado estaba apto para continuar ejer-ciendo sus funciones notariales.

Examinada la moción instada por el Director de ODIN, el 23 de diciembre de 2014 emitimos una Resolución me-diante la cual ordenamos la incautación inmediata de la obra y del sello notarial del licenciado Mercado Montenegro. Por otra parte, le concedimos al letrado un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debíamos iniciar el procedimiento conforme a la Regla 15(c) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

En cumplimiento con lo anterior, el 26 de enero de 2015 el licenciado Mercado Montenegro presentó un escrito en el cual se limitó a indicar que siempre ha cumplido con las reglas y los procedimientos de este Tribunal, y a solicitar que le permitiéramos continuar ayudando a las personas que se lo pidan. Evaluado el escrito, el 13 de marzo de 2015 dictamos una Resolución mediante la cual expresamos que el licenciado Mercado Montenegro no había acreditado justa causa por la cual no debía ser referido al procedi-miento dispuesto en la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. En consecuencia, designamos al Hon. Carlos S. Dávila Vélez como Comisionado Especial (Comisionado) con el propósito de recibir prueba con rela-ción a la capacidad mental del licenciado Mercado Montenegro, incluyendo el testimonio pericial del panel de psi-quiatras designado, según lo dispone la citada Regla 15. A su vez, le ordenamos al Comisionado Especial que rindiera un informe dentro de los plazos establecidos en esta regla.

El 11 de mayo de 2015, el Hon. Carlos S. Dávila Vélez aceptó la encomienda de actuar como Comisionado. Así las cosas, requirió que tanto el licenciado Mercado Montenegro como la Oficina de la Procuradora General designaran un psiquiatra con el propósito de conformar el panel de tres psiquiatras según lo dicta la Regla 15(c), 4 LPRA Ap. XXI-B. De esta forma, el Comisionado designó al Dr. Raúl López. Por su parte, la Oficina de la Procuradora General nombró al Dr. Fernando Cabrera. En vista de que el licen-ciado Mercado Montenegro no cumplió con la orden de se-leccionar un psiquiatra dentro del término concedido, el Comisionado designó por éste a la Dra. Cynthia Casanova Pelosi.

Cabe señalar que el Comisionado le advirtió al licen-ciado Mercado Montenegro que debía comunicarse con cada uno de los psiquiatras designados para pautar una cita y ser evaluado por éstos. Además, le apercibió que, si se niega a someterse a las respectivas evaluaciones, ello se consideraría como prueba prima facie de su incapacidad mental, conforme lo dispone la Regla 15(e) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Transcurrido el término concedido sin que el licenciado Mercado Montenegro informara si había coordinado la cita con los respectivos psiquiatras o si había sido evaluado por éstos, el Comisionado señaló una vista para que el letrado mostrara causa por la cual no se debía entender que se negaba a someterse a la evaluación de los psiquiatras. El licenciado Mercado Montenegro no compareció a la vista señalada ni presentó excusa para su incomparecencia.

En vista de lo anterior, el Comisionado concluyó que el licenciado Mercado Montenegro se negó a someterse a la evaluación del panel de psiquiatras. Por lo tanto, le ordenó que mostrara causa por la cual no debía recomendarnos que activáramos la presunción que surge de la referida Re-gla 15(e) del Reglamento de este Tribunal y considerára-mos que el letrado se encuentra incapacitado mentalmente para practicar la profesión de la abogacía.

Vencido el término concedido sin que el licenciado Mercado Montenegro compareciera o presentara evidencia de que fue evaluado por el panel de psiquiatras, el Comisio-nado emitió un Informe, en el cual recomienda que consi-deremos el incumplimiento del letrado como prueba prima facie de su incapacidad mental, según surge de la Regla 15(e) del Reglamento de este Tribunal, supra. Por lo tanto, aconseja que lo suspendamos del ejercicio de la abogacía.

H-i I—I

Sabido es que este Tribunal tiene el deber de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial y, por lo tanto, de procurar que quienes ejerzan la abogacía lo ha-gan de forma competente y diligente. In re Hernández Biascoechea, 195 DPR 463 (2016); In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307, 312 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). Por tal razón, hemos tomado medidas cuando un miembro de la abogacía enfrenta una condición mental que le dificulta el ejercicio cabal y adecuado de las funciones propias de su profesión. In re Del Castillo Del Valle, supra, pág. 640; In re De León Hernández, 187 DPR 1, 7 (2012); In re Garrastegui Pellicia, 183 DPR 251, 256 (2011). Este Tribunal ha indicado reiteradamente que cuando la condición mental de un miembro de la profesión no le permite ejercer cabalmente las funciones y los debe-res propios de la abogacía, procede su suspensión indefi-nida mientras subsista su incapacidad. In re Hernández Biascoechea, supra; In re Del Castillo Del Valle, supra, pág. 640; In re De León Hernández, supra, pág. 7; In re Garrastegui Pellicia, supra, pág. 257. Véase, además, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(a).

En armonía con lo anterior, la Regla 15 del Regla-mento de este Tribunal provee un procedimiento particular para examinar los casos de aquellos abogados o abogadas que enfrentan alguna condición mental que les impide des-empeñarse de forma competente o diligente, o que les im-pide mantener el patrón de conducta profesional que se debe observar. In re Hernández Biascoechea, supra; In re Del Castillo Del Valle, supra, pág. 640. En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, la Regla 15(c) establece que cuando en el curso de un procedimiento disciplinario surjan dudas sobre la capacidad mental de un miembro de la profesión, este Tribunal nombrará un Comisionado Especial. Véase 4 LPRA Ap. XXI-B. A esos efectos, el Comisionado Especial recibirá la prueba de un panel de tres psiquiatras que evaluará al abogado o abogada. El Comi-sionado Especial, la Oficina de la Procuradora General y el abogado o abogada designarán estos médicos. Id. El Comi-sionado Especial está facultado para señalar vistas y ana-lizar la prueba que se presente, incluyendo las evaluacio-nes que los tres psiquiatras le realicen al abogado o abogada. Una vez sometidos los respectivos informes psi-quiátricos, el Comisionado Especial emitirá un informe con sus recomendaciones para que este Tribunal tome la deter-minación que corresponda.

Es menester señalar que la Regla 15(e) del Regla-mento de este Tribunal, supra, establece una presunción de incapacidad mental contra el abogado o abogada que se niegue a someterse a los trámites provistos por la regla. In re Gutiérrez Santiago, supra, pág. 743. Es decir, si el abo-gado o abogada no se somete al examen médico de los psi-quiatras designados, ello se considerará como prueba prima facie de su incapacidad mental, por lo que podrá ser suspendido preventivamente del ejercicio de la profesión. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(e). Véanse, además: In re López Morales, supra, pág. 348; In re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 652 (2011); In re Gutiérrez Santiago, supra, págs. 743-744. Hemos afirmado que esta presunción es válida y necesaria para ejercer nuestra facultad reguladora del ejercicio de la abogacía y, además, constituye una salva-guarda para la sociedad y la administración de la justicia. In re Gutiérrez Santiago, supra, pág. 744.

En fin, si este Tribunal determina que el abogado o abogada no está mentalmente incapacitado o incapaci-tada, se ordenará la continuación de los procedimientos disciplinarios. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(f). En cambio, si se dictamina que es incapaz mentalmente, procede suspen-derlo del ejercicio de la abogacía. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(g). Adviértase que tal proceder no es considerado un desaforo; es, más bien, una medida de protección social. íd. Véanse, además: In re Hernández Biascoechea, supra; In re Del Castillo Del Valle, supra, pág. 641; In re Rodríguez Amaro, supra, pág. 312; In re López Morales, supra, pág. 347; In re Garrastegui Pellicia, supra, pág. 257.

f—I hH h-i

Conforme relatáramos, este caso comenzó cuando el Director de ODIN presentó un informe ante este Tribunal en el cual, entre otros asuntos, señaló que le preocupaba la capacidad mental del licenciado Mercado Montenegro para seguir ejerciendo la notaría. Ello en vista de la particular conducta desplegada por el letrado durante el proceso de subsanar las deficiencias señaladas a su obra notarial. A esos efectos, el Director de ODIN nos recomendó que ini-ciáramos el procedimiento dispuesto en la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, supra.

Iniciado el referido procedimiento y configurado el panel de psiquiatras, el Comisionado le ordenó al licenciado Mercado Montenegro que pautara una cita con éstos con el fin de ser evaluado. No obstante, el letrado incumplió con esta orden, por lo que no pudo ser examinado por ninguno de los tres psiquiatras designados. Ante ello, el Comisionado nos recomendó que consideráramos el incumplimiento del licenciado Mercado Montenegro como prueba prima facie de su incapacidad mental, conforme surge de la Regla 15(e) del Reglamento de este Tribunal, supra. En consecuencia, sugirió que lo suspendiéramos del ejercicio de la abogacía.

Ante el escenario descrito, procede que ejerzamos nues-tra facultad inherente de regular la profesión. Ello, pues la negativa del licenciado Mercado Montenegro a someterse a las evaluaciones psiquiátricas constituye indicio suficiente y prueba prima facie de que padece un trastorno mental que le impide ejercer la práctica de la abogacía en estos momentos. El letrado tuvo la oportunidad de evitar que operara la presunción prima facie que establece la preci-tada Regla 15(e) del Reglamento de este Tribunal, pero no lo hizo.

IV

Por los fundamentos expuestos, acogemos la recomenda-ción emitida por el Comisionado Especial. En consecuencia, nos vemos obligados a aplicar la presunción de incapacidad mental y, por ende, a suspender inmediata y preventiva-mente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Humberto Mercado Montenegro, hasta tanto éste pueda acreditar que se encuentra capacitado para ejercerla nuevamente. Reitera-mos que esta suspensión no constituye un desaforo, sino una medida de protección social.

Se le impone al licenciado Mercado Montenegro el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro ad-ministrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per cu-riam” y Sentencia.

Además, en virtud de lo dispuesto en la Regla 15(g) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(g), nombramos al Ledo. Humberto Mercado Gotay para que inspeccione los archivos del licenciado Mercado Montenegro y tome las medidas inmediatas que sean necesarias en los casos pendientes que éste tuviese para proteger los dere-chos de los clientes. El licenciado Mercado Gotay deberá rendir a este Tribunal un informe sobre su gestión dentro del término de treinta días, contados a partir de la notifi-cación de la presente Opinión “per curiam”y Sentencia. No- tifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sen-tencia al Ledo. Humberto Mercado Montenegro y al Ledo. Humberto Mercado Gotay a través de la Oficina del Algua-cil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El Ledo. Humberto Mercado Montenegro fue admitido al ejercicio de la abo-gacía el 1 de noviembre de 1978 y a la práctica de la notaría el 16 de noviembre del mismo año.

       Esta orden fue notificada personalmente al Ledo. Humberto Mercado Gotay, quien es hijo del licenciado Mercado Montenegro. Cabe señalar que el licenciado Mercado Gotay le informó a los alguaciles encargados de diligenciar la orden que el licenciado Mercado Montenegro padece de sus facultades mentales.

       En el expediente personal del licenciado Mercado Montenegro obra un In-forme sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua. En éste se indica que el letrado incumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurí-dica Continua (PEJC) para el periodo de 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2011 y para el periodo de 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2013. Exami-nado el referido informe, el 7 de diciembre de 2015 emitimos una Resolución me-diante la cual le concedimos al licenciado Mercado Montenegro un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC. Del expediente personal del letrado no surge que haya cumplido con nuestra orden.

       Advertimos al licenciado Mercado Montenegro que, una vez acredite tal he-cho, previo a su reinstalación, deberá atender el asunto relacionado con su incum-plimiento con los requisitos del PEJC.