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text:
    No. 26.
    Ex parte Mut.
    Resuelto en enero 5, 1904.
    Abogado del peticionario: Sr. de Diego.

   Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la petición.


text:
    No. 8.
    Nazario v. Montalvo.
    Resuelto en enero 12, 1904.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Se declaró desierto el recurso por no haber comparecido la parte apelante.


text:
    No. 46.
    Guillermety v. Rivera.
    Resuelto en enero 15, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Monserrat.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Se declaró desistido el recurso a instancia de la parte apelante.


text:
    No. 154.
    García v. Rivera.
    Resuelto en enero 20, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Antonsanti.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Se declaró desistido a instancia de la parte apelante.


text:
    No. 28.
    Ex Parte Teresa Rendón, Peticionaria. —
    Resuelto en febrero 15, 1904.
    Abogado de la parte contraria, Sr. José R. F. Savage.
   Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Con lugar la solicitud. Abogado de la peticionaria, Sr. Francis H. Dexter.


text:
    No. 14.
    Ex parte Suárez.
    Resuelto en febrero 17, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Cruz Castro.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Se declaró desierto el recurso por no baber comparecido en tiempo la parte apelante.


text:
    No. 16.
    Arruza v. Maldonado.
    Resuelto en febrero 24, 1904.
    Abogado del apelado: Sr. Casalduc.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.

Se declaró desierto el recurso por no haber comparecido la parte apelante.


text:
    No. 88.
    Cerecedo Hermanos y Ca. v. Gely et al.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Abogados de los apelantes: Sres. Días y Texidor.

   Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Desistido a instancia de la parte

apelante.


text:
    No. 3.-
    American Colonial Bank, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Resuelto en febrero 26, 1904.
    Abogado del recurrente; Sr. Juan de Guzman Benitez.
   Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.

Revocada con instrucciones al Registrador de la Propiedad para que proceda a hacer la inscripción denegada gratuitamente, reintegrando al recurrente las cantidades que le hubiera cobrado por segunda vez al ser presentada nueva-mente la escritura en el registro, asi como los demás gastos que se le han ocasionado con motivo de la nueva negativa del registro a inscribir dicha escritura, siempre que no ex-cedan de $20 y se aperciba seriamente al registrador de ser tratado como hecho de desacato, si en lo sucesivo incurriere en otro caso de desobediencia a las resoluciones' de esta corte.

El Registrador Luis Abella Bastón compareció por escrito.


text:
    No. 21.
    Romero v. Baldorioty et al.
    Resuelto en marzo 14, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Cruz Castro.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de San Jnan.

Desistido a instancia de la parte apelante-.


author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

text:
    Sandalio López, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 6858.

    Sometido: Enero 28, 1936.

      Resuelto: Mayo 22, 1936.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; García Méndez Gar-cía Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el 24 de octubre de 1932, en un sitio en que la vía férrea cruza la carretera pública núm. 2, cerca del pueblo de Aguadilla, ocurrió una colisión entre un ti en de la American Eailroad Co. of Porto Eico, que caminaba de Aguadilla para Isabela, y un camión, propiedad de Angel Cabán Santiago, guiado por el chauffeur Arturo Vega, que se dirigía de Isabela a Aguadilla. A consecuencias de las heridas reci-bidas en este accidente falleció Juan López, recibió lesiones Angel Cabán Santiago, y sufrió averías el camión de su pro-piedad. Sandalio López, padre del interfecto, 31 Angel Cabán Santiago, dueño del camión, han demandado separadamente a la American Eailroad Co. of Porto Eico en reclamación de daños y perjuicios que alegan haber sufrido, el primero con motivo de la muerte del hijo, y el segundo por las lesiones recibidas y las averías ocasionadas al camión de su propiedad.

En la corte inferior, por estipulación de las partes, la evidencia presentada en el caso de Sandalio López en cuanto a la forma y manera de la ocurrencia del accidente sirvió para decidir el caso de Angel Cabán Santiago, quien pre-sentó además prueba testifical para demostrar los daños que le fueron ocasionados.

Se alega en la demanda que el accidente se debió a la negligencia de la demandada, y que esta negligencia consistió en haberse bajado las barreras que existían en el cruce donde ocurrió el accidente después que el truck había penetrado en el paso a nivel, cayendo dichas barreras encima del truck, en el hecho de que el tren no tocó pito ni campana ni dió señal de alarma alguna desde mucho antes de llegar al cruce men-cionado, y en no haber utilizado la guardabarreras una ban-dera para dar aviso de la aproximación del tren,- como así se acostumbraba.

Primeramente solicitó la demandada la eliminación de unos cuantos particulares de la demanda que la corte se negó a eliminar. Luego presentó excepciones a la demanda, que fueron declaradas sin lugar. Y últimamente radicó su contestación, negando los hechos esenciales de la demanda y alegando que si en el accidente ocurrido medió culpa o negli-gencia alguna de parte de la demandada o de sus empleados, también medió como causa próxima e inmediata del accidente la negligencia de Juan López y Angel Cabán Santiago, y de la persona que guiaba el truck.

En la acción incoada por Sandalio López la córte, inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y conde-nando a la demandada a pagar al demandante la suma de $1,500 por concepto de daños y perjuicios, con las costas, gastos y honorarios de abogado.

En el caso de Angel Cabán Santiago la sentencia concede al demandante la cantidad de $687.47, por concepto de daños y perjuicios, más las costas, gastos y honorarios de abogado, haciendo constar la corte que en su día tendría en cuenta que ambos casos fueron objeto de una sola vista para fijar los honorarios de abogado.

No conforme con estos pronunciamientos la parte deman-dada interpuso recurso de apelación, atribuyendo a la corte inferior veinticuatro errores que pasamos a discutir.

El primer error se relaciona con la moción eliminatoria que fue declarada sin lugar en todas sus partes por la corte sentenciadora. , .

No vamos a discutir detalladamente las alegaciones cuya eliminación se solicita. Ninguna de ellas, a nuestro juicio, perjudica a la parte demandada. Se alega en la demanda que Juan López murió a consecuencias del accidente, siendo soltero, de veinticinco años de edad, sin descendientes legí-' timos ni naturales y que, habiendo premuerto su madre legí-tima, “es su único y universal heredero, con derecho a su herencia, su padre legítimo, el aquí demandante Sandalio López.” La demandada solicitó la eliminación de las pala-bras que aparecen entre comillas. Se arguye que ésta es una acción entablada de conformidad con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, creando un derecho a favor de los herederos o representantes personales del interfecto, cuando éste fuere mayor de edad, y se dice que como en la demanda no hay alegación alguna de que Juan López falleciese abin-testato, resulta claro que la expresión “es su único y universal heredero ’ ’ pretende subsanar la alegación de hecho de no haber otorgado testamento.

. Las alegaciones de la demanda son claras y precisas. Se afirma que Sandalio López es el único heredero de Juan López, y si éste falleció siendo soltero, cuando ya su madre había muerto, sin dejar descendientes legítimos ni naturales, su único familiar con derecho a heredarle tiene que ser nece-sariamente el demandante Sandalio López, de setenta y siete años de edad, que es su padre superviviente. Esta corte ha resuelto que es permisible alegar una conclusión de derecho, siempre y cuando surjan de las alegaciones los hechos que dan lugar a la conclusión legal. Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 53; Martínez v. Oppenheimer, 31 D.P.R. 904.

Se solicita además la eliminación de todas aquellas alegaciones encaminadas a establecer de* antemano qne no bubo negligencia contribuyente de parte de Juan López y Angel Cabán Santiago. Aparte de que esta alegación en nada perjudica a la parte demandada, no vemos cómo podemos nosotros evitar que un demandante consigne en su demanda que no contribuyó con su negligencia al accidente. González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 107, Rosado v. Ponce Ry. Light Co., 20 D.P.R. 564, 584; 45 C. J. 1105. Algunos tribunales ban llegado al extremo de exigir en estas acciones basadas en negligencia, una alegación estableciendo que el demandante no ba sido culpable de negligencia contribuyente. 45 C. J. 1107. Otros, que constituyen la inmensa mayoría, sostienen que el demandante no está obligado a establecer esta alegación y que incumbe al demandado probar dicba negligencia. 45 C. J. 1105. No se ha sostenido, sin embargo, que el demandante no pueda, si así lo desea, anticipar dicba defensa. Debe desestimarse el error apuntado.

Los demás particulares de la moción para eliminar se refieren a ciertas alegaciones que a juicio de la demandada resultan meras conclusiones y materia argumentativa. Se solicitó, por ejemplo, la eliminación de las siguientes palabras: “cuidadosamente y con toda precaución”, “súbitamente”, “haciendo esta operación la empleada de la demandada nerviosamente y súbita e inesperadamente”, “a gran velocidad”, y “descuidada y negligentemente manejada”. Las alegaciones que se ba pretendido eliminar son en realidad inofensivas, y, aunque algunas de ellas constituyan conclusiones y resulten argumentativas, la verdad es que en nada perjudican a la parte demandada y que las demandas presentan con claridad la teoría del caso y los hechos en que descansan los demandantes para sostener las acciones por ellos entabladas.

El segundo motivo de error se basa en las excepcio-nes previas formuladas contra la demanda, que fueron decla-radas sin lugar. En el caso de Sandalio López se alega que la demanda no adp.ce hechos suficientes para determinar una causa de acción. La demandada, que en su moción elimina-toria solicitó que se eliminasen las palabras “es su único y universal heredero”, arguye ahora que el demandante tiene que alegar y probar que era tal heredero, porque la ley que rige en estos casos es el artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Civil y no los artículos 1803 y 1804 del Código Civil. Para la demandada, si no estamos equivocados, en una acción de daños y perjuicios, regida por los preceptos citados del Código Civil, no es necesario tramitar previamente y presentar como prueba la declaratoria de herederos; pero sí lo es en el presente caso en que a su juicio se trata de una acción regida por el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La distinción que trata de establecer la parte apelante entre las disposiciones de ambos códigos con relación a la evidencia aportada carece de importancia. La acción ejer-citada tiene su origen en el artículo 1803 del Código Civil (Orta v. P. R. Ry. Light & Power Co., 36 D.P.R. 743); pero cualesquiera que sean las disposiciones legales que la regulen, la verdad es que el demandante ha. demostrado, no solamente que dependía para su subsistencia de su hijo Juan López, sino también que es su único y universal heredero como alega en la demanda. Se ha demostrado además que el deman-dante Sandalio López, su hija Julia López, y el interfecto, vivían juntos, y que el último, que carecía de bienes, murió sin otorgar testamento. Esta prueba no ha sido rebatida por la parte demandada. El procedimiento ex parte de una declaratoria de herederos no hubiera podido tener una fuerza probatoria superior a estos testimonios, producidos en un procedimiento contencioso en que la parte afectada por la prueba puede utilizar el arma de la repregunta y ofrecer cualquier otra defensa que tenga a bien interponer. En el caso de Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 573, esta corte lia dicho que las declaraciones de los testigos en el juicio sobre los méritos de la cuestión, tienen más importancia intrínseca y verdadero valor probatorio y hasta constituyen mejor prueba del hecho, que la mera copia certificada de la orden en el procedimiento ex parte en que no ha habido intervención de la parte contraria. Este valor probatorio, sin embargo, sólo puede tener alcance y eficacia con relación al demandado en el caso concreto de que se trata.

El precepto de la Ley núm. 9, aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en 5 de abril de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 199), disponiendo que ninguna corte de distrito de Puerto Rico admitirá ni dará curso a ninguna petición sobre declaratoria de herederos que no se presente acompañada del certificado del Secretario de la Corte Suprema, en que se haga constar bajo su firma y sello oficial que no aparece de las constancias obrantes en el libro preparado al efecto que la persona designada haya otorgado testamento, no es de aplicación al presente caso, en que no se trata de una declaratoria de herederos. Este requisito es necesario en el procedimiento ex parte, donde la parte que interesa la declaratoria de herederos debe producir toda la prueba accesible para demostrar a la corte que no se ha otorgado testamento. Como ya hemos dicho en este caso, las personas que vivían con Juan López, quien carecía de bienes, declararon que éste murió sin otorgar testamento. La parte demandada no presentó evidencia alguna para refutar esta prueba.

Alega el apelante que de la prueba se desprende que Juan López no era soltero. Basa este aserto en una manifestación del testigo Angel Cabán Santiago, quien declaró que el refe-rido Juan López se dirigía a Aguadilla para ver a su señora. De aquí deduce la demandada que el interfecto era casado. La prueba demuestra claramente que Juan López no contrajo matrimonio. Tanto el demandante como los testigos Julia López y Angel Duran manifiestan que era soltero. El de-mandante manifestó que había una mujercita a quien su hijo visitaba de vez en cuando. A esta mujercita se refirió pro-bablemente Angel Cabán Santiago cuando dijo que Juan López se dirigía a Aguadilla para ver a su señora. La de-mandada no presentó prueba alguna para contradecir la evidencia del demandante sobre el estado de soltería de su hijo Juan López.

En el caso de Angel Cabán Santiago alega la apelante que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción previa de indebida acumulación de acciones. El demandante reclama una suma de dinero en concepto de indemnización por los daños relacionados con las lesiones recibidas y solicita también una indemnización por las pérdidas sufridas con motivo de los deterioros y daños ocasionados al truck de su propiedad. Éstas son las dos acciones que a juicio de la demandada han sido indebidamente acumuladas. Se arguye que la Corte de Distrito de Aguadilla erró al resolver que la ley aplicable en este caso era la núm. 4, de marzo 30,1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 187), que empezó a regir en junio 28, 1933, en virtud de la cual Ja cansa de acción de daños a la persona y a la propiedad procedentes del mismo acto torticero pueden ser acumuladas en la misma demanda, sin que sea necesario exponerlas separadamente.

La demandada apelante parte de la base de que los daños ocasionados al demandante y al camión de su propiedad en un mismo accidente constituyen dos causas de acción distintas que no pueden acumularse bajo el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil antes de ser enmendado. No es-tamos seguros de que ésta sea la mejor doctrina. Las deci-siones están en conflicto sobre este particular. Hay algunas que sostienen que los daños causados a un individuo y a su propiedad, derivados de un mismo acto torticero, constituyen una sola causa de acción. King v. Chicago M. & St. P. Ry. Co., 80 Minn. 83, 82 N. W. 1113. Y hay otras que sostienen lo contrario. Lamb v. Harbaugh, 105 Cal. 680, 39 P. 56. Pero arinque se trate de distintas causas de acción y aunque las mismas no puedan acumularse bajo la ley en vigor antes de aprobarse la enmienda, entendemos que la corte inferior no ba cometido el error que se le atribuye, por las razones que pasamos a exponer.

La excepción previa fué radicada en 19 de junio de 1933 y declarada sin lugar en 12 de julio del mismo año. La excepción fué resuelta con posterioridad a la vigencia de la Ley núm. 4, aprobada en 1933. Se alega que esta ley no tiene efecto retroactivo. La apelante admite que es verdad que las leyes procesales por regla general tienen efecto retro-activo, pero sostiene que cuando una de las partes ba adqui-rido un derecho bajo el sistema procesal anterior, no puede quitársele este derecho dándole fuerza retroactiva a la nueva ley. Es ésta una cuestión resuelta ya por este tribunal. En el caso de Ojeda v. Gavilán, 46 D.P.R. 399, el demandado compareció ante una corte de distrito solicitando el levanta-miento de un embargo decretado a solicitud del demandante, y posteriormente presentó una moción pidiendo el traslado del pleito a otra corte de distrito. De acuerdo con el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, vigente cuando se presentó la solicitud de embargo, el demandado, en virtud de la misma, quedó sometido a la jurisdicción de la corte donde se inició el pleito. Posteriormente el referido artículo fué enmendado en el sentido de impedir que esta comparecencia surtiese el efecto de una sumisión. Esta corte resolvió que la enmienda, por tratarse de una regla de procedimiento, tenía aplicación inmediata, y retroactiva, y revocó la decisión de la corte inferior, expresándose en los siguientes términos:

"La enmienda estaba vigente al resolverse la moción de traslado. No lo estaba es cierto al solicitarse el levantamiento del embargo, pero ello no importa por tratarse de una regla de procedimiento de aplicación inmediata, de acuerdo con la doctrina establecida en los casos de Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico v. El Pueblo, 7 D.P.R. 358; Cintrón et al., v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507; Brenes v. A. Hartman & Co., 17 D.P.R. 598; y Arbona Hermanos v. H. C. Christianson, 26 D.P.R. 284.”

De acuerdo con el criterio de esta corte, no adquirió el demandante en el caso citado un derecho a ventilar el pleito en la corte de distrito donde se radicó la demanda por el hecho de que el demandado hubiese solicitado el levantamiento de un embargo cuando esta solicitud equivalía a una sumisión a la jurisdicción de la corte. La enmienda surtió efecto re-troactivo y el demandado pudo obtener el traslado al amparo de la misma.

En el caso de Howard v. Fall River Iron Works Co., 203 Mass. 273, 89 N. E. 615, los hechos alegados son muy pare-cidos a los que concurren en el presente caso. La Corte Suprema de Massachusetts se expresó así:

‘'Pero el demandado alega que la demandante no pudo reclama.!’ basada en su causa de acción bajo el derecho común; que ella no tenía derecho a acumular una acción bajo el derecho común por su-frimientos físicos con una acción bajo el estatuto por muerte de su causante. Ésta era la situación antes de haberse aprobado el estatuto de 1906, pág. 345, cap. 370. Brennan v. Standard Oil Co., 187 Mass. 376, 73 N. E. 472. El accidente ocurrió en febrero 16, 1906. Esta demanda fué promovida en abril 7 y el causante de la deman-dante murió en abril 19 del mismo año, antes de que el estatuto an-teriormente referido entrase en vigor. Alega el demandado que este estatuto no debe tener carácter retroactivo y que la regla establecida en el caso de Brennan, supra, es la que debe aplicarse. Pero éste es un estatuto procesal y nosotros hemos decidido hasta aquí que se aplica tanto a las acciones pendientes al tiempo de su aprobación como a las acciones promovidas antes de que entrase en vigor. Bartley v. Boston & Northern St. Ry., 198 Mass. 163, 168, 83 N. E. 1093, y casos citados. El estatuto se refiere simplemente a la forma de procedimientos mediante los cuales los derechos existentes deben ha-cerse efectivos. De acuerdo con principios familiares debe aplicarse también a causas de acción que se habían originado cuando el esta-tuto fué aprobado.”

El error apuntado debe ser desestimado.

Los errores tercero, cuarto, quinto y sexto, que pasamos a discutir conjuntamente, dicen así:

“Tercero: La Corte de Distrito de Aguadilla cometió manifiesto error al sostener que la apelante había establecido y operaba en la fecha del accidente una bandera (flagman) para avisar al público la aproximación de sus máquinas y trenes al cruce del accidente.
“Cuarto: La Corte de Distrito de Aguadilla erró al sostener que era la costumbre de la demandada manipular banderas de señales para anunciar el peligro de la aproximación de sus máquinas y tre-nes al cruce del accidente.
“Quinto: La Corte de Distrito de Aguadilla erró al sostener que era la costumbre de la empleada a cargo de las barreras estacionarse junto a los cruces y banderas de señales.
“Sexto: La Corte de Distrito de Aguadilla cometió manifiesto error al dictar sentencia en este caso por el fundamento de no ha-berse puesto la bandera que anunciaba la proximidad del tren. ’ ’

La parte apelante extracta de la opinión de la corte inferior, para comentarlas y rebatirlas, aquellas conclusiones relacionadas con la bandera de señales. Nosotros vamos a permitirnos transcribir a continuación en toda su integridad el párrafo en que el tribunal sentenciador establece ésta y otras conclusiones de hecho que sirvieron de base a su fallo:

“La corte, conforme a la evidencia aportada por ambas partes considera probados los siguientes hechos esenciales: Qiue el día 24 de octubre de 1932, como a las 2:45 de la tarde más o menos, Juan López, causante del demandante, venía en un truck Ford C F 233, propiedad de Ángel Cabán Santiago y manejado por el chauffeur Arturo Yega en dirección de Isabela hacia Aguadilla, estando dicho truck cargado con veinticuatro sacos de arroz, y que al aproximarse a un paso a nivel que está en ia carretera núm. 2, trayecto entre Aguadilla e Isabela, kilómetro 140, hectómetro 5, un tren de pasa-jeros de la demandada American Railroad Company chocó con el truck de referencia, ocasionando la- muerte del indicado Juan López; que en el paso a nivel de referencia la compañía demandada tenía establecido en la fecha del accidente y operaba un sistema de cruces o barreras (guardabarreras), y una bandera (flagman) para avisar al público la aproximación de sus máquinas y trenes, habiendo sido siempre la costumbre allí de cerrar'el paso a nivel bajando las ba-rreras y manipulando la bandera de señales para anunciar el peli-gro, cosa que se hacía momentos antes de llegar los trenes y máqui-nas de la demandada a dicho paso a nivel, siendo también la cos-tumbre de la empleada a cargo de las barreras y bandera estable-cerse junto a los cruces y bandera de señales, y que los trenes antes de llegar a dicho paso a nivel tocaban su pito y campana para anun-ciar su proximidad; que al bajar el truck en que viajaba el cau-sante del demandante, el chauffeur detuvo el truck y casi lo paró al acercarse al cruce y trató de cerciorarse si venía o no algún tren, no habiendo visto ni oído tren alguno, ni señal de su proximidad, por no haberse tocado pito o señal alguna de alarma, y no habién-dose tampoco puesto- la bandera que anunciaba la proximidad del tren, ni bajado las barreras por la encargada de las mismas; que el truck continuó su marcha, bajando la cuesta y fué a cruzar las vías del ferrocarril y en ese mismo momento la encargada de las barre-ras súbitamente trató de poner* y puso algunas de dichas cruces o barreras, cuando ya el truck no podía materialmente detenerse (aun-que no colocó la bandera de señales), yendo, las cruces a chocar so-bre el truck en que viajaba el causante del demandante, y simultá-neamente apareció un tren de pasajeros en dirección hacia San Juan, viniendo dicho tren a chocar con el truck de referencia, ocasionando como se ha dicho antes, la muerte del expresado Juan López; que el truck era guiado cuidadosa y diligentemente, y que la causa única del accidente de referencia fué la culpa, descuido y negligencia de los empleados de la demandada que allí y entonces actuaban como tales empleados, siendo la muerte de dicho Juan López el resultado próximo y único de dicho choque.”

Las conclusiones de la corte sobre la bandera de señales no constituyen la base de la sentencia apelada. El tribunal a quo descansa en varios fundamentos que bastan para sos-tener su fallo descartando la cuestión relacionada con la bandera. Sostiene la parte apelante que las manifestaciones del tribunal sentenciador sobre la costumbre de manipular la bandera no están sostenidas ni por el más remoto indicio de prueba. Vamos a transcribir la evidencia que a nuestro juicio indujo a la corté inferior a establecer sus conclusiones. El testigo de la demandada Adolfo Hernández declaró que sintió a Andrea González cuando gritaba: “Pare, pare”; que entonces se paró a ver lo que era y que tenía una ban-dera colorada en la mano y con esa bandera le decía eso al truck. Andrea González, la guardabarreras de la compañía declara que cuando divisó al truck vió que no hacía precau-ción de parada ninguna y le hizo señas con un banderín; que tales señales se las hacía desde las mismas maniguetas; que ese banderín era de nn color rojo y nno verde; que el truck venía corriendo ni muy ligero ni muy poco a poco; que ella le bacía señales con un banderín y además de eso le gritaba con la boca y le decía: “Pare, pare, que lo coge el tren”; que el truck venía caminando moderadamente; que ella babía visto otros automóviles caminando ligero, pero ése, refiriéndose al truck del accidente, no era de los que venían corriendo muy ligero, ése venía moderadamente;, que fué entonces cuando ella estaba abajo haciendo señales con una bandera roja en la mano; que le bacía señales con el banderín; que empezó a hacerle señas al truck porque vió que no bacía la precaución de parar; que hace señas cuando tiene necesidad; que cuando ve que se van a parar no tiene por qué gritarle ni hacerle- señas. El testigo de la deman-dada Eduardo Ramos manifestó que sintió unos gritos y miró para la carretera y vió a la guardabarreras con un banderín que lo meneaba para todos lados y decía: “Pare, pare”, y entonces sintió el choque y fué para el sitio.

No diremos que la corte inferior apreció con riguroso acierto el testimonio de los testigos de la demandada con res-pecto a la bandera y a las señales, pero sí creemos que no estuvo huérfana de prueba al establecer sus conclusiones. Como ya dijimos antesala corte inferior descansa en otros fundamentos que bastan para sostener su fallo.

El apelante alega que no existe ley alguna en Puerto Rico exigiendo el uso de bandera de señales en los cruces de los ferrocarriles con caminos públicos, y que la Ley núm. 70 de 1917 ((II) pág. 433), que determina los deberes y derechos de los ferrocarriles en estos cruces, nada dice sobre este particular. Es verdad que la ley referida no exige la precaución apuntada; pero no nos atreveríamos nosotros a decir de una manera categórica que en todos los casos y bajo todas las circunstancias está la compañía relevada de adoptar la refe-rida precaución. Todo depende del carácter del cruce y de la costumbre establecida por la compañía ferroviaria. El cruce puede ser de tal naturaleza que requiera la presencia allí de una persona encargada de anunciar la proximidad del tren por medio de bandera de señales. El establecimiento de barreras en un cruce exige necesariamente la presencia de una persona que se encargue de manipular esas barreras para impedir el paso cuando se aproxima el tren. También cuando la compañía ha establecido la costumbre de mantener en el cruce una persona encargada de tales avisos, la omisión de observar esta costumbre puede constituir un acto de negligencia en determinadas circunstancias. 52 C. J. 418; Casey v. N. Y. Central & Hudson River Railroad Co., 78 N. Y. 518, 16 N. Y. Court of Appeals Rep. 541; St. Louis S. W. Ry. Co. of Texas v. Boyd, 56 Tex. Civ. Ap. 282, 119 S. W. 1154.

El séptimo error se basa en haber sostenido la corte inferior que él tren no tocó pito ni campana y que-no dió señal alguna de alarma al aproximarse al cruce donde ocurrió el accidente. Sobre este particular hubo conflicto de prueba. El demandante ofreció la suya para demostrar que no se tocó pito o campana o se dió señal alguna; la demandada también produjo prueba para demostrar que hubo toque de pito o campana. Arturo Yega, conductor del truck, y Angel Cabán Santiago, declararon que no oyeron pito o campana o señal alguna por parte del tren. La demandada arguye que estos testigos tienen interés, en el asunto y que no estaban en condiciones de poder oír pito o campana debido a que se encontraban encerrados en el gabinete del truck y que además este vehículo venía bajando en segunda, haciendo el ruido consiguiente con su motor. El testigo Arturo Yega declaró que los cristales del carro estaban bajados y el windshield levantado cuando ocurrió el accidente. En cuanto al interés que hayan podido tener estos testigos y otros de la demandada en el resultado del pleito es cuestión que incumbe resolver al tribunal inferior. No fueron éstos, sin embargo, los únicos testigos del demandante que declararon sobre este particular. El testigo Mamerto Molinary dice que no oyó pito ni campana, que el tren no tocó pito ni campana el día del accidente. En el mismo sentido declaró Angel Duran, quien venía en la parte de atrás del truck. Cuando se preguntó a este testigo si el tren tocó pito o campana, respondió: “No, señor, nada”; añadiendo que no sintió ningún otro signo de alarma.

Apunta ía apelante que el testimonio de haber oído tiene más valor probatorio que la declaración de no haberse oído. El principio parece aceptable, en igualdad de condiciones, pero, aparte de que hubo testigo que declaró afirmativamente que no se tocó pito ni campana, ésta es una cuestión a decidir por la corte inferior al apreciar la prueba. En el presente caso el tribunal juzgador clió mayor crédito a la prueba del demandante que a la que produjo la demandada sobre este particular. Hemos estudiado detenidamente la evidencia aportada y toda vez que el conflicto que surge de la misma fué resuelto a favor de los demandantes, sin que se advierta que el tribunal a quo haya incurrido en manifiesto error, no. nos sentimos inclinados a alterar sus conclusiones.

El octavo motivo de error se basa en haber sostenido el tribunal inferior que la declaración del testigo de la deman-dada Pedro Arroyo confirma el hecho de que el tren no dio-aviso ni señal de alarma al aproximarse al cruce. Este tes-tigo se expresó así: “Pues yo iba en el último coche y no> me di cuenta de si el tren tocó pito o campana.” La decla-ración de este testigo no fué la única que se produjo sobre la omisión atribuida a la demandada en relación con el toque de alarma. Como ya hemos dicho, algunos testigos decla-raron que no oyeron y otros que no se tocó pito o campana. La corte inferior llama la atención al testimonio de Pedro Arroyo, por tratarse de un testigo de la parte demandada.. Debe desestimarse el error apuntado.

En los errores noveno y décimo se alega que la corte inferior cometió error al sostener que las barreras fueron bajadas súbitamente cuando ya el truck no podía materialmente detenerse y al dictar sentencia por el fundamento deque las barreras no fueron bajadas por la encargada de las mismas. Sostiene el apelante que de la declaración del tes-tigo del demandante Arturo Vega, el chauffeur que guiaba el truck, se desprende que las barreras fueron bajadas antes de que el truck llegara a las más próximas. Este testigo dice que la guardabarreras “le tiró las barreras un poco antes de llegar a la vía, como dos o tres metros antes de llegar a la vía.” Arguye la demandada que las barreras, una vez bajadas, distan aproximadamente tres metros del eje de la vía y dos metros y medio del rail, y que según el chauffeur Arturo Vega, el gabinete del truck distaba como un metro o metro y medio del frente de dicho truck. Luego de establecer estas premisas se formula la siguiente pre-gunta: Si las barreras distan dos metros y medio de la vía, y el truck, según el chauffeur Arturo Vega, estaba a tres o •cuatro metros de la vía cuando las barreras fueron bajadas, j, cómo es posible que las mismas cayeran sobre el gabinete •que está situado después del bonete del truck? El testigo dijo en una ocasión que como a tres o cuatro metros antes de llegar a la vía la mujer bajaba las barreras ligero y nerviosa, y en otra manifestó que la guardabarreras le tiró las barreras un poco antes de llegar a la vía, como dos o tres metros antes de llegar a la vía, y a esta distancia “le tiró las agujas esa mujer.” La guardabarreras pudo maniobrar para bajar las barreras cuando el truck se encontraba a tres o cuatro metros o a dos o tres metros antes de llegar a la vía, ya en la zona comprendida entre la vía y las barreras, y como el chauffeur pudo haber avanzado y la prueba demuestra que aceleró la marcha para defenderse, no es extraño que las barreras pudiesen haber caído sobre el gabinete del truck. Hay que tener en cuenta que un accidente de esta naturaleza se des-arrolla con inusitada rapidez, provocando la consiguiente excitación, y que no es de esperarse, ni debe exigirse, de un testigo en estas condiciones que fije con exactitud matemática hechos y detalles que fueron objeto de una festinada obser-vación. Cuando estos hechos, así relatados, han podido ocurrir y desarrollarse en la forma expuesta por el testigo, su grado de veracidad no debe depender de una falta de pre-cisión al fijar la distancia, o de una ligera variación en la apreciación de la misma. Y en este caso es muy posible que los Rechos ocurrieran en la forma relatada y que cuando se comenzaron a bajar las barreras, el chauffeur del truck, que se encontraba ya muy cerca, casi o d»utro de la zona com-prendida entre las barreras y la vía, no creyendo que tuviese tiempo para detenerse, acelerara la marcha, como surge de su declaración, y que las barreras cayeran sobre el gabinete del truck.

El chauffeur referido declaró en síntesis lo siguiente: Que el día 24 de octubre de 1932 venía de Camuy para Agua-dilla y como a las dos y cuarenta y cinco minutos se aproxi-maba al paso a nivel de Aguadilla, el que queda en la cuesta de Aguadilla, a la subida para los pueblos de Isabela y Camuy, o sea la carretera núm. 2; que como a cincuenta metros antes de llegar al paso a nivel se fijó querías cruces estaban paradas y siguió bajando en segunda; que venía de Isabela para Aguadilla y que como quince metros antes de llegar más o menos al paso a nivel redujo la velocidad, miró y oyó, y no vió nada que le interrumpiera el paso y siguió; y un poco antes de llegar a la vía, como dos o tres metros antes de llegar a la vía le tiró las agujas esa mujer; explica que llama agujas a las cruces que ponen en los pasos a nivel; que al ver las agujas se impresionó y en seguida vió la trompa del tren que estaba ya pegado al lado suyo; que al hablar de la trompa del tren se refiere a la parte de-lantera de la máquina; que el tren iba a cruzar el paso a nivel, caminando de Aguadilla para Isabela; que el tren salió de la izquierda del declarante; que cuando vió el tren tan pegado y las crucetas encima aceleró la máquina para defenderse porque ya estaba encima de él; pero siempre lo cogió por la parte de las ruedas traseras, cargándolo sobre el lado derecho donde está el poste de las crucetas; que el tren botó el truck sobre el lado derecho para, el sitio donde está la manivela qne tienen para poner las crucetas; y que de allí salieron heridos Angel Cabán Santiago, Juan López, y Arturo Vega; que las cruces las manipuló una señora; que antes de ocurrir el accidente él no la había visto a ella; que se dió cuenta de que la señora manipulaba las agujas, por primera vez, cuando estaba ya casi en la vía; que la señora las tiró ligero, de manera que dos cayeron sobre el gabinete del truck, y dos quedaron paradas; que cayeron la izquierda y la derecha sobre el gabinete y que de las dos de allá rompió una cuando el tren arrolló el truck sobre el lado derecho; que el testigo apresuró la marcha del truck para salir del sitio porque el tren estaba pegado ya y para que no le pasara por encima del’ gabinete; que sólo dos barreras resultaron rotas, la de la parte izquierda entrando, y de las otras dos la del lado derecho, o sea donde el tren botó al truck; que cuando la señora tiró las dos primeras barreras, las otras dos no estaban puestas todavía; que bajando de Isabela para Aguadilla podía ver el paso a nivel a cincuenta metros más o menos, porque las flechas, o sea las barreras, estaban pa-radas para arriba; que pudo verlas porque esa parte queda más alta y el paso a nivel queda más abajo; y que a cincuenta metros más o menos el paso a nivel se ve perfectamente bien; que al decir que redujo la velocidad, oyó y miró, quiere decir que casi paró el carro para ver si había algún peligro y como no vió ninguno, siguió bajando; que como a tres o cuatro metros antes de llegar a la vía la mujer bajaba las barreras ligero y nerviosa, y que entonces vió que las flechas le cayeron encima y vió la trompa del tren casi pegada del truck, por lo que aceleró la máquina para defenderse; que antes de ese momento no se había dado cuenta de la llegada del tren, ni sintió pito, campana ni ningún otro ruido o signo de alarma; que el tren iba subiendo ligero; que el tren iba tan ligero que al arrollarlos pasó todo el paso a nivel; que el tren era de pasajeros, máquina núm. 64, y que actuaba como maquinista ese día José Gallardo; que ese día viajaban con él Angel Cabán Santiago, dueño del truck, Angel Duran, peón del truck, y Juan López, que fué el que murió como conse-cuencia de los golpes que recibió en el choque; que por el paso a nivel donde ocurrió el accidente ha pasado en otras ocasiones en que han tenido que pasar por allí otros trenes; que la costumbre de los empleados de la compañía era bajar las flechas antes de llegar el tren; que el día 24 de octubre se bajaron las barrerás cuando el truck estaba a tres o cuatro metros de la vía y el tren estaba ya frente a frente; que la trompa del tren estaba casi pegada del truck, cuando entraron las primeras ruedas en el paso a nivel.

Arguye la apelante que Arturo Yega debió haber visto la guardabarreras antes de cruzar el paso a nivel, ya que éste era visible desde una distancia de cincuenta metros antes de llegar al cruce. Añade que la circunstancia de que Arturo Yega no viera la guardabarreras hasta después del accidente demuestra que no es cierto que observara, viera o mirara, ya que de haber visto y mirado, debió haber visto a la guardabarreras. El testigo declara que antes de ocurrir el accidente no vió a la guardabarreras y que se dió cuenta de que manipulaba las agujas cuando estaba ya casi en la vía. Así pudo ocurrir, si se tiene en cuenta que de acuerdo con la prueba de los demandantes las barreras fueron bajadas súbitamente, cuando el tren estaba ya encima, deduciéndose •de esta prueba que la guardabarreras llegó en aquellos mo-mentos al paso a nivel.

A juicio de la demandada el hecho de que las barreras fueran bajadas demuestra que el tren tocó pito o dió algún aviso. No necesariamente. Si las barreras fueron bajadas súbitamente, en los momentos de aproximarse el tren, cuando no había tiempo para impedir el accidente, como se ha demos-trado por la prueba del. demandante, creída por la corte inferior, no puede decirse que el hecho de haberse bajado las barreras constituya evidencia de que el tren avisara opor-tunamente, por medio de pito o campana o de cualquier otra señal, su aproximación al cruce.

La demandada discute detalladamente la prueba aportada en un alegato que contiene 206 páginas. No podemos nosotros detenernos a señalar minuciosamente todos los detalles diseminados en la prueba, porque lo consideramos innecesario y porque tendríamos que extendernos considerablemente en esta opinión que ya resulta bastante voluminosa. Nos limitaremos a decir que la declaración del chauffeur Arturo Vega está corroborada por la de varios testigos presenciales ofrecidos por el demandante.

De parte de la demandada declararon varios testigos que las barreras fueron bajadas antes de llegar el truck al cruce. La corte inferior resolvió el conflicto de la prueba en favor de los demandantes, y, no babióndose demostrado que baya incurrido en manifiesto error o actuado movida por pasión, prejuicio o parcialidad, nosotros debemos respetar el criterio del tribunal sentenciador.

La apelante arguye que el hecho de que el radiador del truck y la varilla del guía aparecieran averiados demuestra que hubo algún choque con la parte delantera del truck. Sobre este extremo declaró el testigo Pedro González, de la demandada, quien reparó el truck. Luego declaró Felipe R. Cuevas, perito mecánico y testigo de la demandada, quien dijo que según su experiencia para que el radiador de un carro y la varilla del guía sufran averías es forzoso llegar a la conclusión de-que hubo un impacto de frente. La de-mandada apelante deduce que estas averías las sufrió el truck al romper las barreras, que habían sido bajadas, ya que de ninguna otra manera podían haber ocurrido dichas averías, partiendo de la base de la propia descripción del accidente hecha por los testigos del demandante. Esta evi-dencia, de carácter circunstancial, no destruye la prueba directa que sobre el particular ofreciera la parte demandante, ni constituye base suficiente para que nosotros podamos afir-mar, en pugna con la prueba creída y con las conclusiones establecidas por el tribunal juzgador, que el truck rompió las barreras con el frente del carro. La prueba demuestra que dicbo truck fue arrastrado por la máquina y tirado sobre la barrera derecha más lejana. Es posible que al ocurrir la colisión y ser arrastrado el truck, el radiador chocara con algún objeto. El movimiento de un truck, al recibir el im-pacto de una locomotora, en las condiciones en que ocurrió este accidente, no es fácil de precisar con exactitud. El es-tado de las cosas antes del choque quedó demostrado, según se deduce del fallo de la corte inferior, por el testimonio de testigos oculares. El tribunal a quo dió crédito a la prueba del demandante y no sería razonable que nosotros, basados en inferencias surgidas del estado del truck después del ac-cidente, pusiéramos en tela de juicio y descartásemos el testi-monio de testigos, creídos por el juzgador, que narran los hechos en una forma en que muy bien pudieron ocurrir.

El undécimo error se basa en que la corte dictó sentencia a favor de los demandantes, a pesar de que según el peso y la preponderancia de la prueba, la demandada no fué culpable de negligencia alguna. Hemos examinado detenida-mente la prueba practicada y creemos que no estamos en condiciones de decir que la corte inferior cometió el error que se le atribuye.

El duodécimo error consiste en no haberse admitido como evidencia el informe rendido por la apelante dentro de los tres días del accidente a la Comisión de Servicio Público. La apelante,. en el acto del juicio, trató de presentar como evidencia una copia carbón de un informe rendido a la Comisión de Servicio Público por' dicha apelante y habiéndose opuesto los apelados y discutido el caso, la corte negó la admisión del expresado documento. Este informe se rinde de acuerdo con el apartado w de la Ley núm. 70 de 1917 ((II) pág. 433, art. 3), según el cual toda compañía de servicio público tiene el deber de dar un aviso inmediato a la Comisión de Servicio Público en caso de cualquier accidente relacionado o en conexión con la explotación de su propiedad, etc., en el tiempo y forma que la comisión, en virtud de una regla general u orden especial o de otro modo, requiriera. Este informe, por disposición expresa de la ley, no quedará abierto a la inspección pública excepto por orden de la comisión, y no será admitido en prueba para ningún fin en ningún pleito o acción por daños y perjuicios que naciera de cualquier asunto o cosa que en dicbo informe se mencione.

Este precepto basta para declarar inadmisible la prueba. Es además una regia firmemente establecida que la manifes-tación de una parte, verbalmente o por escrito, en su propio beneficio (self-serving) no es admisible como evidencia en su favor. Tales manifestaciones se hacen usualmente en casos en que el declarante tiene algún interés en presentar los beclios en la forma relatada por él. El elemento del interés al tiempo de hacer la manifestación no es esencial. Se ha considerado que la regia se aplica con toda su fuerza a pesar del hecho de que la declaración no envolvía interés alguno en el momento en que fué hecha. 22 C.J. 220-225. Debe desestimarse el error apuntado.

Los errores décimotercero y décimocuarto se basan en que la sentencia dictada ea contraria a los hechos y al dere-cho y en que la corte inferior, en la conducción de la vista, en su apreciación de la evidencia, y al pronunciar su fallo, obró con pasión, parcialidad y prejuicio manifiestos. La demandada dedica cincuenta páginas de su alegato a la discusión de estos supuestos errores. Hemos examinado de-tenidamente la prueba, hemos leído con la atención que me-rece el alegato del distinguido abogado de la parte deman-dada, y no encontramos que la corte inferior haya incurrido en los errores que se le atribuyen. No actuó ciertamente con pasión, parcialidad y prejuicio. Su conducta durante la vista del juicio no demuestra que así actuara y sus conclusiones al pronunciar su fallo no pueden interpretarse en el sentido que pretende la parte demandada. Deben desestimarse los errores apuntados.

Los errores decimoquinto y decimosexto dicen así:

“Decimoquinto: La Corte ele Distrito de Aguadilla cometió ma-nifiesto error al dictar sentencia en contra de la demandada ape-lante al sostener que aún en el caso de que Rubiera habido negligen-cia contribuyente por parte del chauffeur del tnick donde viajaba el causante del demandante Sandalio López, esta negligencia no podría imputarse a dicho causante.
“Decimosexto: La Corte de Distrito de Aguadilla cometió mani-fiesto error al dictar sentencia en contra de la demandada apelante, porque según el peso y la preponderancia de la prueba, los deman-dantes fueron culpables de negligencia eontríbutoria, siendo ésta la causa próxima e inmediata del accidente.”

Juan López, causante de Sandalio López, viajaba en la parte de atrás del truck. Es regla general, reconocida por esta corte, que la negligencia de un conductor de un vehículo no puede ser imputada a un pasajero de dicho vehículo. Así lo resolvimos en Domínguez v. P. R. Ry. Light & Power Co., 19 D.P.R. 1090, 1097, y García v. American R.R. Co. of P. R., 45 D.P.R. 762, 773. Consideramos innecesario repetir lo que ya dijimos en las opiniones emitidas en los casos citados. No podemos tampoco partir de la base de que el chauffeur fuese negligente. La corte inferior, basándose en la prueba prac-ticada, declara que dicho chauffeur detuvo el truck y casi lo paró al acercarse al cruce. No dice la corte que se hubiese detenido completamente antes de acercarse al paso a nivel ni creemos que fuera necesario, dadas las circunstancias que concurren en este caso. En García v. Am. R.R. Co. of P. R., supra, este tribunal se expresó así:

“A nuestro juicio el caso de Goodman no debe interpretarse en el sentido de imponer al conductor de un vehículo de motor el deber de detenerse siempre al acercarse a una vía ferroviaria. No parece razonable exigir invariablemente, en todos los casos, de un conductor, que se detenga por completo antes de llegar a la vía de un tren. La jurisprudencia general no sostiene tal criterio. Háse dicho por un número de tribunales que una persona que se dispone a cruzar la vía de un ferrocarril, manejando un vehículo de motor, debe de-tenerse, mirar y tratar de escuchar, en un sitio desde donde pueda tender la vista a través de la vía, para ver si se aproxima algún tren. Prevalece, sin embargo, la regla de que, como cuestión de derecho, no es éste un deber que se impone invariablemente al viajero. Las cuestiones en controversia no son siempre las mismas, los hechos va-rían, y, para juzgar la conducta de un viajero que no haya detenido su vehículo, hay que tener en cuenta las circunstancias que mediaron al acercarse al cruce, su ignorancia o conocimiento de la situación de la vía y la confianza que haya podido tener en sus oportunidades para ver y oír, a un lado y otro de esa vía. Ya hemos dicho que cada caso tiene sus peculiaridades, sus rasgos característicos, su sello especial, su fisonomía propia, y que no sería empresa fácil impartir justicia si para apreciar qué hechos constituyen cuidado ordinario o negligencia tuviésemos que ajustarnos a reglas fijas e invariables. Rivera v. Central Pasto Viejo, 44 D.P.R. 266 y 267. Para determinar si ha habido o no negligencia en un caso determinado debemos preguntarnos qué hubiera hecho una persona de razonable prudencia en igualdad de circunstancias. No debemos esperar de la naturaleza humana más de lo que humanamente puede dar y no parece razo-nable exigir precauciones que no se adoptan en el curso ordinario de las actividades humanas, por más que estén justificadas cuando existe alguna razón especial que nos aconseje desplegarlas, velando por la seguridad ajena y por nuestra propia seguridad.”

Así dijimos en opinión que emitiéramos en 28 de noviembre de 1933. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una opinión emitida con posterioridad, en 2 de abril de 1934, re-firiéndose también al caso de Goodman, dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“Se hace necesario aclarar en estos momentos las sombras que puedan oscurecer el punto en controversia. No es nuestro ánimo in-vestigar en estos momentos la existencia de un deber de parar in-dependientemente de un deber de bajarse del vehículo y practicar un reconocimiento. Esta investigación, si la hiciéramos, nos haría penetrar en un espeso campo de decisiones que están en conflicto. Algunas cortes aplican la llamada regla de Pennsylvania e imponen un deber invariable de parar, como también de mirar y escuchar, sin parar mientes en que el cruce esté despejado o las vías a cada lado. (Citas.) Otras cortes, la mayoría, adoptan la regla de que el viajero debe mirar y escuchar, pero que la existencia del deber de parar depende de las circunstancias y por lo tanto general, si no invariablemente, de la opinión del jurado. (Citas.) El asunto ha tenido menos consideración en esta corte, pero en ninguna de sus opiniones aparece la indicación de que en todo cruee el deber de parar sea absoluto, independientemente del peligro. Ni aun en el caso de B. & O. R. Co. v. Goodman, supra, que va más lejos que los primeros casos, puede encontrarse apoyo para dicha regla. Por el contrario la opinión establece de un modo claro que el deber está condicionado por la presencia de impedimentos que hagan que la vista y el oído resulten inadecuados para la protección del viajero.” Pokora v. Wabash Ry. Co., 292 U. S. 98, 102.

La Corte Suprema se extiende en otras consideráciones y dice que la opinión en el caso de Goodman ha dado origen a confusiones en las cortes federales, habiendo recibido sola-mente un apoyo vacilante en las cortes estaduales, y termina con estas palabras: “We limit it accordingly.”

En el presente caso, en que según la prueba existen ba-rreras en el paso a nivel que utiliza la compañía ferroviaria cuando uno de sus trenes se aproxima al cruce, creemos que el chauffeur ejerció un cuidado razonable al reducir su velo-cidad y casi parar, escuchar y mirar antes de cruzar la vía, según declara en sus conclusiones de hecho el tribunal inferior. Deben desestimarse estos errores.

El error decimoséptimo se basa en que la Corte de Distrito de Aguadilla tomó en consideración, en el caso de Sandalio López, como elementos de daño, las angustias morales y mentales del demandante. El apelante admite que en el caso de Orta v. P. R. Ry. Light & Power Co., supra, se resolvió que éste es un elemento que puede considerarse al fijarse la indemnización de daños y perjuicios, pero sostiene que en ese caso el hijo muerto era un menor de edad y que tratándose en este caso de un hijo que había llegado a la mayoridad no es aplicable lo resuelto por este tribunal. No vemos razón alguna que pueda servir de base para distinguir entre la pérdida de un hijo menor y un hijo mayor de edad, cuando se trata de apreciar las angustias mentales. No podemos admitir que el sufrimiento de un padre a la muerte de su hijo quede afectado por el hecho de que tenga menos de veintiún años de edad. Tampoco puede sostenerse como una regla invariable que cuando el hijo es mayor de edad el padre ya no necesita de él. De acuerdo con nuestro Có-digo Civil los ascendientes y descendientes legítimos están obligados recíprocamente a darse alimentos, siendo esta obli-gación exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviese derecho a percibirlos. Artículos 142, 143 y 147 Código Civil, ed. 1930.

En este caso se ha demostrado que el demandante depen-día de su hijo Juan López. Declara el primero que cuando su lujo murió carecía de sueldo o bienes; que antes sí tuvo, pero que después se enfermó de la vista; que hace siete años que está ciego, y todo se le ha concluido; que cuando murió su hijo vivía de lo que el hijo le daba; que semanal-mente le facilitaba el hijo dos o tres pesos para su sos-tenimiento y el de la hija del declarante; que también le fa-cilitaba zapatos, ropa y medicinas; que fuera de su hijo no tenía ninguna otra persona que le diera para su subsistencia; fuera de' él, la gente de buena voluntad que ha querido ayu-darle; que después que su hijo murió ha sufrido mucho, pero que en el pueblo donde vive hay mucha gente caritativa, mucha gente buena, que le ha ayudado y ha podido vivir.

El decimoctavo error consiste en haber permitido la corte inferior, no obstante la oposición y objeción de la demandada, que se presentara evidencia en cuanto a la edad del fallecido Juan López y su estado de salud.

Se señala también como décimonoveno error la indemni-zación de $1,500 concedida a Sandalio López. La teoría de la demandada apelante es que “en estos casos la más corta esperanza de vida del demandante es la que debe tomarse en cuenta al determinar los daños y perjuicios, y no la espe-ranza de vida del interfecto, quien por ser más joven que el demandante tenía probablemente más esperanza de vida.” Precisamente por estas razones es que no nos explicamos que se señale como error la admisión de una prueba que no per-judica a la demandada, cuando la corte inferior demuestra claramente en su fallo que no tuvo en cuenta dicha prueba, ajustándose a la teoría que invoca la parte demandada. En su opinión el tribunal sentenciador se expresa como sigue:

“Ahora bien, teniendo en cuenta la edad avanzada en que frisa el causante (sic) o sea el demandante en este caso y las pocas ne-cesidades que tiene por el medio en que ha venido viviendo y vive, la corte cree que una indemnización de $1,500 sería justa, razonable y adecuada.”

Queremos hacer constar que no estamos declarando que la evidencia resulte inadmisible, sino que en nada ha per-judicado a la apelante. En cnanto a la cuantía de la indem-nización, nos inclinamos a respetar el criterio del tribunal juzgador.

El vigésimo error se basa en no haberse permitido a la demandada preguntar al demandante Angel Cabán Santiago si había rendido planillas de income tax. Esta pregunta, según la demandada, se formuló con el propósito de impugnar la veracidad del testigo. Declaró el demadante que el truck le producía $325 brutos mensuales y como $140 netos. Dijo además que es casado, que tiene dos hijos, que no estuvo empleado durante los cuatro meses en que se vió privado de los servicios de su tntck y que únicamente era su familia quien le ayudaba. Siendo ello así no estaba obligado a rendir planillas de income tax porque de acuerdo con la ley viene obligado a prestar una declaración bajo juramento demostrando específicamente las partidas de su ingreso bruto y las deducciones y créditos admisibles, todo individuo que tenga un ingreso neto por el año contributivo de $2,500 o más, si es casado y vive con su consorte. Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925, pág. 401, sec. 24. De acuerdo con la prueba Angel Cabán Santiago tiene un ingreso neto menor de $2,500. La resolución de la corte negándose a permitir que se interrogara al testigo sobre si había rendido planillas no pudo ocasionar perjuicio a la parte demandada.

El vigésimo primero error consiste en haber sostenido la corte inferior que el demandante Angel Cabán Santiago sufrió daños y perjuicios en la suma de $160 por el tér-mino que dejó de utilizar el truck. Arguye la apelante que de la propia declaración del demandante se deduce que al mes de haber pagado el importe de la reparación le devolvieron el truck. Según manifiesta el demandante Angel Cabán Santiago el carro estuvo un mes en el garage sin hacérsele re-paración alguna, porque le dijeron que si no entregaba $100 no podían empezar las reparaciones; que consiguió esa suma entre sus familiares y cuando la satisfizo comenzaron los trabajos de reparación, entregándosele el truck un mes más tarde. La corte a quo concedió daños por dos meses a razón de $80 mensuales. Si Angel Cabán Santiago carecía de dinero para satisfacer la suma que se le exigía por adelantado para la reparación del truck, no puede ser responsable del tiempo transcurrido antes de iniciarse el trabajo. Es verdad que la parte perjudicada debe hacer todo lo posible para re-ducir los daños que se hayan causado, es decir, debe hacer todo lo que esté razonablemente a su alcance para que los daños no aumenten. No se puede pedir, sin embargo, de una persona que anticipe que su propiedad va a recibir un daño y que se prepare para hacer frente a los gastos que pueda irrogarle la reparación de esa propiedad. El demandante hizo lo que cualquier hombre prudente hubiera hecho bajo las mismas circunstancias (17 C.J. 776), si se tiene en cuenta que vivía de las ganancias de su truck y que para conseguir los $100 que se le exigían tuvo que acudir a sus familiares. Debe desestimarse el error apuntado.

El vigésimo segundo error se basa en haberse admitido, con la oposición de la demandada, evidencia en cuanto al tratamiento y prescripción facultativa del demandante Angel Cabán Santiago. Se trata de $25 satisfacíaos como honorarios al médico y $15 que importaron las medicinas. Debe desestimarse el error apuntado.

El vigésimo tercero error consiste en haber concedido la corte al demandante Angel Cabán Santiago la cantidad de $300 como compensación razonable por los sufrimientos físi-cos,- mentales y morales. La apelante admite que el deman-dante tuvo sufrimientos físicos, pero no cree que una simple contusión en una pierna pueda producir sufrimientos morales o mentales de especie alguna. La evidencia, a su juicio, no demuestra que el demandante recibiera una lesión corporal de tal naturaleza que le pudiera preocupar mental o moral-mente. En la demanda se alega que las lesiones inferidas al demandante le produjeron grandes dolores y sufrimientos físicos y morales, y se demostró por el testimonio del Dr. Cardona que Angel Cabán Santiago recibió contusiones en la rodilla izquierda, laceraciones en el dorso de su mano de-recha y contusiones en el pecho, que de primera intención esas contusiones parecían que eran comparativamente leves, pero que la contusión que recibió en la rodilla le produjo una inflamación de la bursa que cubre la patela y que el deman-dante, que es de Camuy, volvió a Aguadilla a la semana debido a la inflamación de la rodilla, siendo necesario inmobilizar la pierna y restringirle los movimientos de la rodilla como por un mes al efecto que bajase la inflamación sinovial que tenía; que hubo que ponerle un vendaje de yeso, quitárselo y volvér-selo a poner; que estuvo viniendo por tres o cuatro veces de Camuy; que un derrame sinovial es doloroso; que tarda algu-nos días para desarrollarse porque se va inflamando poco a poco; que el demandante tenía golpes en el lado derecho del pecho, en la parte externa del lado derecho y la severa contu-sión de la rodilla; que le prescribió un calmante para los dolo-res en los primeros días, que es cuando están más fuertes; que después que curó al lesionado se fué para su casa en Camuy y que volvió a la semana con la inflamación de la rodilla. Esta es, en síntesis, la prueba contenida en el testimonio del Dr. Cardona.

No hay duda de que la angustia mental puede ser tenida en cuenta como elemento de daño cuando es una consecuen-cia directa y necesaria de la lesión física. McDermott v. Severe, 202 U.S. 600, 611. Algunos tribunales sostienen que es difícil, si no imposible, establecer una línea divisoria, entre-sufrimientos físicos y sufrimientos mentales. Baisdrenghien v. Missouri, etc. R. Co., 91 Kan. 730, 139 P. 428; Western Union Tel. Co. v. Rogers, 68 Miss. 748, 9 So. 823. Otros consideran el sufrimiento como una emoción mental derivada de la lesión física. “Es la mente”, se lia dicho, “la que siente o se da cuenta del dolor físico y por lo tanto existe angustia mental o sufrimiento inseparable de la lesión física, a menos que la mente quede anonadada y se produzca un estado de inconsciencia.” Indianapolis, etc. R. Co. v. Stables, 62 Ill. 313, 320. En este caso no es necesario que esta corte fije la regla a seguir, porque la corte inferior ha concedido $300 de indemnización que no son excesivos de acuerdo con la prueba practicada aun cuando queden descartados los su-frimientos mentales. Por estas razones entendemos que de-bemos aceptar la indemnización que fija en su sentencia el tribunal - juzgador.

Alega por último la apelante que la corte inferior erró al condenarla a satisfacer costas, gastos y honorarios de abo-gado. Entendemos que debemos aceptar el pronunciamiento del tribunal a quo en el ejercicio de sus facultades discre-cionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh, Córdova Dávila,

text:
    Pedro Figueroa, demandante y apelado, v. Primitivo Bonilla y Eladio Mitchell, demandados y apelante el primero.
    Núm. 7018.

    Sometido: Mayo 6, 1936.

      Resuelto: Mayo 25, 1936.

      Luis Mercader, abogado del apelante; M. Bahamonde, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh, Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Primitivo Bonilla sufrió un accidente mientras trabajaba como empleado de Eladio Mitchell, a quien demandó, exigién-dole la correspondiente indemnización. Para asegurar la efectividad de la sentencia embargó Bonilla una máquina de caballitos y una estrella giratoria como propiedad del de-mandado. Una vez trabado el embargo, Pedro Figueroa pre-sentó demanda de tercería, alegando ser dueño exclusivo de los bienes referidos. Contestó Bonilla que Eladio Mitchell se confabuló con Figueroa para traspasarle los bienes sin que hubiera ninguna trasmisión efectiva ni consideración de índole alguna. Planteada así la contienda, procedióse a 1a. celebración del juicio. La corte inferior resolvió que los. bienes embargados por Primitivo Bonilla eran, en la fecha del embargo, de la propiedad del tercerista Pedro Figueroa, quien los adquirió el 23 de agosto de 1933, o sea tres días antes; del accidente que le ocurrió a Bonilla, según aparece de la escritura sobre compraventa y arrendamiento de bienes mue-bles, otorgada en Ponce ante el notario Rafael Muñoz.

De esta sentencia apeló el demandado en tercería Primi-tivo Bonilla, alegando que la corte inferior cometió un error grave y manifiesto al apreciar la prueba, sosteniendo que el tercerista probó su título a los bienes muebles embargados por Bonilla. Entiende el apelante que debió haberse dictado sentencia declarando sin lugar la demanda de tercería, con imposición de costas al demandante.

La única cuestión a decidir en este caso es si hubo o no prueba bastante para destruir el alegado título del tercerista. Se ofreció como prueba la escritura en virtud do la cual Eulalio y Ramón Mitchell aparecen trasmitiendo a Pedro Figueroa el dominio de los bienes embargados por la cantidad de $1,000 que confesaron los vendedores haber recibido con anterioridad de manos del propio comprador. Esta escritura, como hemos visto, aparece otorgada en 23 de agosto, qne fue miércoles. El 26 de dicho mes, que fue sá-bado, sufrió Bonilla el accidente que antes hemos mencio-nado. La corte inferior advierte que esta compra y arrenda-miento hechos pocos días antes del referido accidente parece sospechosa, pero que la jurisprudencia es abundante en el sentido de que cuando se alega que en una transacción hubo fraude, la prueba tiene que ser robusta, clara y terminante, ya que el fraude nunca se presume ni puede establecerse mediante conjeturas.

Pedro Bonilla no ataca en su contestación el otorgamiento de la escritura pública que aparece autorizada por el notario Bafael Muñoz el 23 de agosto de 1933. No impugna el de-mandado la fecha del documento, limitándose a decir que el referido traspaso constituye una simulación y confabulación ■entre los supuestos contratantes sin que mediase causa alguna. Añade que el tercerista es persona insolvente, sin bienes ni propiedad alguna a la hora del simulado traspaso.

Ahora bien, la simulación o confabulación para defraudar a Primitivo Bonilla no puede existir si la escritura de tras-paso fue realmente otorgada en 23 de agosto de 1933, porque para esa fecha el referido demandado no tenía ningún derecho de acción contra el vendedor Eulalio Mitchell. Esta fecha, como ya- hemos dicho, no ha sido atacada. De manera que hay que descartar por completo la intención del fraude para limitarnos a considerar la cuestión que se relaciona con la ausencia de causa para la celebración del referido contrato.

Además de la escritura ofreció el tercerista su propio tes-timonio para probar el dominio de los muebles embargados. Declara que en la fecha en que se trabó el embargo estos bienes eran de su exclusiva propiedad; que los adquirió por compra a Eladio Mitchell mediante escritura pública, previo pago de la cantidad de $1,000; que los bienes consistían do una estrella giratoria y una “machina” de caballitos; que la compra se hizo en 23 de agosto de 1933 por compra a Eladio y Ramón Mitchell, y que los Mitchell le habían cogido pres-tados $275 por primera vez; que el día de la venta les entregó $600 y pico; que el pico ascendía a $64 o algo así; que el notario no vió el dinero; que éste estaba haciendo su ope-ración de la escritura cuando entregó dicho dinero; que hizo un arrendamiento de los bienes al mismo tiempo de hacer el contrato de compraventa; que los Mitchell en dicho contrato de arrendamiento se comprometieron a pagarle $50 mensuales por el uso de los bienes; que hacía 21 años que trabajaba como chauffetir de Antonio Ferrer; que antes ganaba $25 y $5 diarios de dieta; que recibe dicha dieta cuando está en la isla; que siempre está en la isla; que es soltero, y que su familia consiste de una hermana y un nene; que paga $15 mensuales de casa; que gasta en la casa casi todo lo que gana y parte de la dieta; que desde el año 1918 tiene automóviles públicos, y que siendo el mayor de la familia, administra las casas de su abuelo; que todos los años en la casa donde trabaja le dan algún dinero de propina; que este año le dieron $78.

La prueba del demandado tiende a demostrar que Eladio Mitchell era dueño de esos bienes.' No hay duda alguna de que lo fue .exclusivamente o en unión de su hermano antes de ocurrir el accidente. La cuestión a resolver, sin embargo, es si Mitchell, para la fecha en que ocurrió ese accidente, se había desprendido o no de sus derechos de propiedad sobre los referidos bienes. El demandado alega falta de causa en el contrato que aparece celebrado. La corte inferior, juzgando insuficiente la prueba para concluir que no la hubo, declaró con lugar la demanda y sostuvo los derechos del tercerista a los bienes embargados. Aunque nos explicamos la actitud del demandado en relación con las circunstancias que concu-rren en este caso, no nos sentimos autorizados para revocar el fallo apelado, dadas las cuestiones planteadas, la prueba producida y la forma en que ha sido establecida la contro-versia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo Rodríguez Miranda, acusado y apelante.
    Núm. 5938.

    Sometido: Abril 1, 1936.

      Resuelto: Mayo 26, 1936.

      R. Martínez Nadal y F. Navarro Ortiz, abogados.del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En uno de los días del mes de abril de 1934, Arturo Ro-dríguez fué acusado de introducir en Puerto Rico, procedente de la ciudad de Nueva York, la cantidad de 5,232 libras d'e café crudo, sin haberse provisto de un certificado espedido por un entomólogo, expresando que dicho café estuviera libre de enfermedades e insectos perjudiciales a las plantas.

La corte inferior declaró sin lugar una excepción peren-toria formulada contra la denuncia sobre la base de que los hechos denunciados no constituían delito público. Este es el primer error en que a juicio del acusado incurrió el tribunal inferior.

Arguye la defensa que esta ley no puede aplicarse a los hechos denunciados, porque el café no fué importado ni introducido para semilla, y la misma ley dispone en el penúltimo párrafo del artículo 1ro. que sus preceptos no se interpretarán en el sentido de prohibir ni someter a las condiciones establecidas la importación de productos agrícolas para manufacturarlos, molerlos o para fines industriales.

El artículo 1ro. de la Ley núm. 17, de 27 de mayo de 1919 (pág. 131), dice así:

“No se importará en Puerto Rico ningún árbol o planta o cual-quiera parte de ellos, o sus semillas, ni hilaza de algodón, suelta o en fardos, sin traer un certificado firmado por un entomólogo del gobierno, o por la persona que tenga la autoridad requerida en el estado o país de donde la importación proceda, expresando que dichos artículos están libres de enfermedades o insectos perjudiciales a las plantas.
“Se exceptúan de la anterior provisión, los artículos siguientes, cuando se importen para consumo doméstico, a saber: Gafé tostado, cereales, frutas de países no tropicales, legumbres o nueces. £ £
“Se dispone por la presente que esta ley no se interpretará en el sentido de prohibir ni someter a las condiciones anteriormente es-tablecidas la importación de productos agrícolas para manufacturar-los, molerlos, o para fines industriales.”

El artículo que se considera infringido es el siguiente:

“Toda persona, razón social, corporación, porteador o agente de la misma, que infringiese o dejase de cumplir cualquiera de las dis-posiciones de esta ley, o las instrucciones de cualquier inspector de-bidamente nombrado con arreglo a lo dispuesto por la misma, o que estorbare o intentare estorbar a dicbo inspector en el ejercicio de sus funciones, incurrirá en misdemeanor, y convicta que fuere, será cas-tigada según dispone el Código Penal.”

No es necesario.alegar en la .denuncia las excepciones esta-blecidas por la ley. Es al acusado a quien incumbe alegar en su defensa que el acto que se le imputa está cubierto por la excepción.

La denuncia en el presente caso contiene hechos suficien-tes, desde el momento en que se alega que el acusado intro-dujo café crudo en la isla sin proveerse del certificado corres-pondiente. “Es sabido”, dice la corte inferior, “que el fruto del café es la semilla, y que ésta puede usarse para fines de reproducción de la planta y también para consumo humano. En uno u otro sentido es siempre semilla.” La ley prohibe la importación de semillas, sin un certificado donde se diga que las mismas están libres de enfermedades o insectos per-judiciales a las plantas. Del Diccionario de la Real Academia Española tomamos la siguiente definición:

“Gafé: Fruto del cafeto en valla roja; semilla del cafeto.”

.Como muy bien dice el Fiscal, el café constituye un ali-mento, pero hay que someterlo antes a ciertos procesos in-dustriales y convertirlo en bebida, que es como lo usamos, siendo uno de dichos procesos el de la torrefacción. De ma-nera, pues, que café crudo no puede tener otra significación que la del grano o semilla del cafeto, que no está preparado para consumo inmediato como alimento, pero sí en condicio-nes de germinar como semilla en términos generales, y esto es bastante para sostener la bondad de la denuncia.

En el segundo motivo de error se sostiene que la corte a quo se equivocó al apreciar la prueba. El tribunal inferior reconoce que la semilla, una vez sometida a ciertos procesos industriales, queda inútil para reproducirse, haciéndose imposible la germinación. El fiscal, argumentando este alegado error relacionado con la apreciación de la prueba, se expresa así:

“Abora bien, en este caso, resueltas las excepciones perentorias en contra del acusado, la defensa ofreció prueba, y entre otra, la de-claración pericial de don Eafael Martínez Nadal como experto en el cultivo, siembra y recolección del café en Puerto Rico; y aceptamos, como así lo aceptó la corte inferior, que el café objeto de esta de-nuncia carece en absoluto del poder germinativo necesario e inhe-rente en toda semilla que se use para los fines de reproducción, y a no existir en la ley, de una manera expresa, como única excepción de la aplicación del estatuto, en lo que se refiere al café, al que se importa ‘tostado’, estaríamos casi inclinados a darle la razón al ape-lante, amparándonos en la otra exclusión contenida en el inciso quinto de la sección primera del estatuto, que expresamente (pág. 273, Le-yes 1932), excluye de su aplicación aquellos producios agrícolas para manufacturarlos, molerlos o para fines industriales.
“Es éste, pues, un caso en que la excepción confirma la regla de aplicación general de la ley a todos aquellos productos de igual naturaleza, no expresamente exceptuados, y por lo tanto, la resolu-ción de la corte inferior sobre el punto debatido debe prevalecer, puesto que la letra de la ley, analizando sus diversas secciones y re-lacionándolas entre sí, está revelando el espíritu o intención del le-gislador. ’ ’

•El fiscal hace referencia en su alegato a una declaración de carácter pericial que no lia sido elevada a este tribunal. En la transcripción de evidencia no aparece informe pericial alguno. La prueba aportada demuestra que se introdujo en Puerto Eico una cantidad de café crudo sin que se baya dicho una palabra acerca del uso a que estaba destinado dicho café. No sabemos si se trata de un producto agrícola para manu-facturarlo, molerlo o para fines industriales. La corte inferior sostiene que la ley, al exceptuar los artículos que se importan para consumo doméstico sólo menciona el café tos-tado, los cereales, las frutas de países no tropicales y las legumbres y nueces, y que por lo tanto todo lo que no está exceptuado por la ley está incluido en sus preceptos prohibi-tivos, de acuerdo con la máxima inclusio uñius est exclusio alterius. Esta regla, como dijimos en Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 D.P.R. 464, igual que otros cánones de hermenéutica legal, constituye únicamente una ayuda para fijar el significado de la ley y debe ceder cuando- surge una intención contraria de parte del legislador. En este caso, sin embargo, no bay para qné disentir el alcance de las dispo-siciones prohibitivas en relación con los hechos denunciados, porque únicamente sabemos por la prueba que se importó café crudo, es decir, semilla de café, sin haberse provisto el acusado del certificado exigido por la ley. La importación de semillas en estas condiciones está expresamente prohibida por el estatuto.

Sostiene la defensa que la ley en cuestión no cubre los hechos denunciados, ya que habla de "importar” cuando dice “no se importará en Puerto Rico”, y que según opinión de la “Court of Customs & Patent Appeals”, 76 Fed. (2) 605, la palabra “importar” sólo se refiere a productos traídos a Puerto Rico de un país extranjero y no de los Estados Unidos. Es cierto que el referido tribunal estableció esa distinción, pero lo hizo refiriéndose a tarifas que pudieran imponerse a productos introducidos en Puerto Rico y no refiriéndose a una disposición legislativa que en nada se relaciona con derechos de importación. La ley que venimos comentando se estableció para la protección de las plantas y la agricultura de Puerto Rico, y no para gravar con un tributo los bienes importados. La palabra “importará”, tal y como aparece usada en esta ley, debe interpretarse en el sentido de incluir todas las plantas y artículos que en la misma se mencionan, cualquiera que sea el país de donde procedan.

Se arguye por último que la referida ley fué derogada por la Ley núm. 35 de 1934 (pág. 299) y que esta derogación, siendo en beneficio del acusado, debe tener efecto retroactivo. Los hechos denunciados ocurrieron y la denuncia fué presentada antes de la referida derogación. De acuerdo con el artículo 386 del Código Político, la derogación de cualquier estatuto por la Asamblea Legislativa no tendrá el efecto de exonerar o eximir de ninguna pena, embargo, confiscación o responsabilidad en que se hubiere incurrido bajo dicho estatuto a menos que la ley derogatoria así lo dispusiera expresamente y se tendrá por vigente dicho estatuto al objeto de sos-tener la respectiva acción o proceso para exigir el cumpli-miento de dicha pena, embargo, confiscación o responsabilidad. Este artículo fué .interpretado y aplicado en el caso de El Pueblo v. Valentín, 33 D.P.R. 40, donde se sostuvo que la ley derogatoria no exoneraba de responsabilidad al acusado, por hechos ocurridos y denunciados antes de la derogación. La exoneración, dijo entonces esta corte, para que surta efecto debe ser expresamente consignada en la ley derogatoria.

La corte inferior no ha cometido los errores que se le atri-buyen, debiendo confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wenceslao Aquino Jiménez, acusado y apelante.
    Núm. 5848.

    Sometido: Mayo 8, 1936.

      Resuelto: Mayo 26, 1936.

      Btienaventura Esteres, abogado del apelante; E. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

emitió la opinión, del tribunal.

Wenceslao Aquino Jiménez, acusado de un delito de in-cendio malicioso, fué declarado culpable por un jurado y con-denado a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados.

En el recurso interpuesto alega el acusado que la corte cometió manifiesto error, en cuanto a la moción de nuevo juicio, al resolver dicha moción sin haber hecho un previo señalamiento para discutirla y sin dar oportunidad al acu-sado para presentar su prueba y para oír. a su abogado de-fensor, y al resolver dicha moción de nuevo juicio en abierta violación de lo que dispone el artículo 303, incisos 5 y 7, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La vista de esta causa tuvo lugar en 18 de febrero de 1935. El jurado rindió un veredicto de culpabilidad y la corte señaló el día 21 del mismo mes y año para dictar sentencia. En dicho día compareció el acusado acompañado de su abogado y solicitó se le concediera un plazo de diez días para preparar y radicar una moción de nuevo juicio. La corte concedió a.1 acusado hasta el día 26 del mismo mes y año para radicar dicha moción. En dicha fecha 26 de febrero el abogado del acusado radicó la moción anunciada. Ese mismo día, sin estar presente el abogado del acusado, y sin que surja de los autos que la corte dictara resolución alguna sobre la moción de nuevo juicio, se dictó sentencia condenando al acusado a diez años de presidio con trabajos forzados.

Como se ve, la fecha para dictar sentencia quedó sin efecto al anunciarse la moción de nuevo juicio y concederse un plazo para su radicación. No obstante la corte procedió a dictar sentencia sin un previo señalamiento, en ausencia del abogado del acusado, y sin haberse fijado fecha para la moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas. Cuando se presenta una moción de esta naturaleza, el tribunal debe señalar un día para la vista de la misma, a fin de que las partes tengan la oportunidad de presentar la prueba co-rrespondiente y de exponer sus argumentos.

De acuerdo con el artículo 303 del Código de Enjuicia-miento Criminal, al solicitarse la celebración de un nuevo juicio basado en la existencia de nuevas pruebas, el acusado deberá presentar en audiencia que se le conceda para susten-tarlas, las declaraciones juradas de los testigos de quienes espera la producción de las pruebas aludidas.

Hemos leído la moción de nuevo juicio y es nuestra creen-cia que la corte procedió a dictar sentencia sin resolverla por calificarla de frívola. No queremos aventurarnos, sin embargo, a emitir un juicio definitivo sobre el particular, porque sin la transcripción de evidencia, que no ba sido elevada a este tribunal, no podemos apreciar la transcendencia del error atribuido a la corte sentenciadora. Entendemos que el acu-sado ba debido colocarnos en condiciones de resolver si se cometió o no un error fundamental en perjuicio de sus dere-chos. Sin embargo, como esta sentencia se dictó a espaldas de su abogado y como se ban cometido también otras irregu-laridades, entendemos que debemos dejar sin efecto la referida sentencia, manteniendo en todas sus partes el veredicto del jurado, que en nada ba sido afectado, y devolver el caso al tribunal a quo para procedimientos ulteriores no incompar-tibles con los términos de esta opinión.


author: El Juez Asociado Señob. Hutchison

text:
    Francisco Angleró, demandante y apelante, v. Municipio de Fajardo, demandado y apelado.
    Núm. 6661.

    Sometido: Noviembre 6, 1935.

      Resuelto: Mayo 26, 1936.

      Victoriano M. Fernández, abogado del apelante; Bolivar Pagán, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Angleró, contratista independiente, entabló pleito de da-ños y perjuicios contra el municipio de Fajardo.

El Auditor y el Tesorero Municipales después de haberse aceptado finalmente el trabajo, retuvieron por algún tiempo dos cheques que debieron haber entregado al contratista. La primera causa de acción del demandante se fundó en este acto ilegal. Sin embargo, el juez de distrito resolvió que los daños y perjuicios reclamados por el demandante nó eran re-cobrables.

El demandante había tomado dinero a préstamo con el propósito de realizar el trabajo. Los daños y perjuicios que ahora trata de recobrar del municipio surgieron de uno u otro modo por haber dejado él de cumplir sus propias obligaciones. Podría ser que el haber dejado él de cumplir sus obligaciones se debió a su vez al acto ilegal del municipio. El contrato del demandante de devolver el dinero tomado por él a préstamo era sin embargo un contrato colateral. El municipio no era una parte en el mismo. Nada hay que demuestre que el municipio tuviera conocimiento del capital limitado del contratista o de que carecía de fondos suficientes para efectuar el trabajo. Los daños especiales provenientes de las circunstancias peculiares de la situación económica del contratista no estuvieron en la mente de las partes que intervinieron en el contrato celebrado con el municipio. Cree-mos que la corte de distrito estuvo en lo cierto al resolver que el contratista no podía recobrar tales daños y perjuicios. Loudon v. Taxing District, 104 U. S. 773; Ryan v. City of New York, 143 N. Y. Supp. 974, 159 App. Div. 105; Wilson v. Nelson, 153 Pac. 1179; J. H. Tillman Co. v. City of Seaside, 25 Pac. (2d) 917; Scheer v. Nelson, 205 N. W. 250; Arnott v. City of Spokane, 33 P. 1063; Green Briar Drainage District v. Clark, 292 Fed. 828; Board of Directors v. Roach, 174 Fed. 949; Beck v. Wilbois, 190 N. W. 376; Kennedy v. Hudson, 138 So. 282; 44 Corpus Juris, sección 2594.

Al tiempo de celebrarse el contrato con el municipio el contratista suscribió un documento adicional por el que convenía en efectuar cierto trabajo adicional, que sería, o probablemente se haría necesario, a los precios por unidad fijados en el contrato. Luego el contratista realizó una parte considerable de este trabajo adicional, mas parte del mismo fué hecho por el propio municipio o por otras personas bajo la supervisión de éste.

El demandante en su segunda causa de acción trataba de recobrar como daños y perjuicios los beneficios que hubiera obtenido del trabajo adicional realizado por el municipio o bajo su supervisión si se le hubiera permitido o exigido que él lo hiciera. La corte de distrito llegó a la conclusión de que el municipio no se había obligado en forma alguna a hacer que el total o parte de tal trabajo adicional fuese hecho por un contratista independiente, o sea, por el aquí demandante. No hallamos error en esto.

Cuanto hemos dicho resuelve las cuestiones principales suscitadas por el apelante. Otras no exigen seria discusión. Los errores, de haberse cometido, no exigirían una revoca-ción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Htjtghison,

text:
    Haydée-Carmen-Manuela y Gladys-Gloria Torregrosa, demandantes y apeladas, v. Victoria C. Dodd y Rafael E. Torregrosa, demandados y apelante la primera.
    Núm. 6600.

    Sometido: Diciembre 12, 1935.

      Resuelto: Mayo 26, 1936.

      M. A. García del Rosario, abogado de la apelante; Luis Llorens Torres, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Htjtghison,

emitió la opinión del tribunal.

Victoria G. Dodd apela de nna sentencia adversa dictada en un pleito entablado por las menores Torregrosa para es-tablecer la superioridad de cierto gravamen hipotecario.

En junio de 1924 Rafael Bigles otorgó hipoteca a favor -do las menores aquí demandantes para garantizar •! pago de la suma de $3,217.50 que les había tomado a préstamo. En octubre, 1925, Bigles traspasó la finca hipotecada a Torregrosa por $4,500. De esta suma Torregrosa pago $1,383 (sic) en efectivo y retuvo el saldo del precio ascendente a $3,217.50 para hacer frente a la hipoteca perteneciente a sus hijas. Para completar el pago en efectivo Torregrosa le tomó prestado a Vicente Texera $500 y otorgó a favor de éste una hipoteca para garantizar el pago de la misma. Tanto la escritura de enajenación otorgada por Bigles como la nueva hipoteca otorgada por Torregrosa a favor de Texera estaban comprendidas en nn solo documento. De confor-midad con las condiciones y cláusulas de dicho documento, Texera como compareciente en el mismo, estaba plenamente informado de la existencia de la. hipoteca anterior. Él sabía que era un segundo acreedor hipotecario. En junio de 1928 Torregrosa tomó a préstamo a Victoria C. Dodd, cuñada de Texera la suma de $2,000 y otorgó hipoteca sobre tres fincas para garantizar el pago de la misma. Una de estas fincas lo era la casa y el solar comprados a Bigles, ya gravados por la hipoteca a favor de las menores Torregrosa. No se hizo mención de esta hipoteca. El notario, al ser llamado como testigo en la corte de distrito, manifestó que no creyó nece-sario mencionarla porque Texera era el “representante abso-luto”, porque Texera se había encargado de toda la cuestión “con absoluta autoridad” hasta el último momento en que le dijo al notario que hiciera constar el nombre de su cuñada como acreedora hipotecaria, porque el notario entendía que el dinero pertenecía a Texera, y porque tomaba meramente la hipoteca a nombre de su cuñada como acreedora hipote-caria nominal. La prueba en su totalidad demuestra que hasta el momento de firmarse la escritura Texera se había encargado de la transacción, si no a nombre propio, por lo menos como agente y representante de su cuñada. Si ella era o no un principal no revelado (undisclosed principal) es cuestión que carece de importancia. El notario que redactó la hipoteca de la Dodd fué el mismo que había redactado el documento por el cual Bigles traspasaba la finca a Torre-grosa y por el que Torregrosa otorgaba hipoteca a favor de Texera. Este último también figuró como compareciente en la escritura de junio 16, 1928, acusó recibo de los $500 que Torregrosa le debía y canceló la hipoteca dada a su favor para garantizar el pago de la misma. Unos días después la hipoteca de la Dodd fué inscrita en lo relativo a dos de las tres fincas hipotecadas para garantizar el pago de los $2,000. En lo que a la casa y solar hipotecados a favor de las menores Torregrosa se refiere, no se solicitó inscripción de la hipoteca de la Dodd. De los $2,000 de principal de la hipoteca de la Dodd, sólo se habían señalado $800 a la casa y solar qne Bigles había traspasado a Torregrosa por la snma de $4,500, mientras qne el saldo de $1,200 se había dis-tribnído por partes iguales entre los dos solares yermos qne constituían el remanénte de la propiedad hipotecada.

A las 8:15 de la mañana del 9 de mayo de 1932, se pre-sentó la hipoteca de la Dodd nuevamente en el registro de la propiedad. Al siguiente día, o sea el 10 de mayo, el regis-trador se negó a inscribir la hipoteca en lo que a la casa y solar se refiere porque la misma aun figuraba en el registro a nombre de Bigles, mas tomó anotación preventiva por 120 días. A las 2:30 de la tarde del 10 de mayo de 1932, Texera presentó en el registro de la propiedad la escritura de ena-jenación otorgada por Bigles a favor de Torregrosa junto con la hipoteca cuya inscripción el registrador acababa de negar, con súplica de que se inscribieran la casa y el solar a nombre de Torregrosa y de que la “hipoteca convertida” fuese inscrita a nombre de la señorita Dodd. Al siguiente día, es decir, el 11 de mayo, el registrador inscribió el tras-paso hecho por Bigles a Torregrosa. En este asiento men-cionó la hipoteca de $3,217.50 a favor de las menores Torre-grosa. Entonces procedió a convertir la anotación preven-tiva del día anterior en inscripción de la hipoteca de la Dodd. La hipoteca a favor de las menores Torregrosa que había sido presentada a las 2: 55 de la tarde del 10 de mayo fué entonces inscrita.

La teoría de la apelante es que por virtud de los hechos que anteceden, la hipoteca de la Dodd que era una segunda hipoteca se convirtió en primera y que la hipoteca a favor de las menores Torregrosa, que era una primera hipoteca, fué relegada a la posición de una segunda hipoteca.

El ¿rtículo 70 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Cuando la anotación preventiva de un derecho se convierta en inscripción definitiva del mismo, surtirá esta sus efectos desde la fecha de la anotación.”

La médula del argumento de la apelante es: que la hipo-teca de la Dodd fue presentada para su inscripción a las 8:15 de la mañana del 9 de mayo; que al tomarse anotación pre-ventiva por 120 días y al convertirse la misma en inscripción permanente de la hipoteca el 11 de mayo, la hipoteca debe considerarse como inscrita el 9 de mayo; que habiendo sido presentada la escritura de enajenación a favor de Torregrosa a las 2:30 de la tarde del 10 de mayo y la hipoteca a favor de las menores Torregrosa habiendo sido mencionada en el registro por primera vez al inscribirse dicha escritura la hipoteca de la Dodd fue inscrita como primera hipoteca, 30 horas 15 minutos antes de que hubiera mención alguna en el registro de la hipoteca de Torregrosa.

El artículo 70 de la Ley Hipotecaria debe ser interpretado en armonía con los artículos 9, 20 y 29 de la misma, cuyas partes pertinentes leen así:

“Artículo 9. — Tocia inscripción que se haga en el Registro expre-sará las circunstancias siguientes:
‘ ‘ 3 * — La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho' sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción.”
“Artículo 20. — Para inscribir o anotar los títulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
“En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registra-dores denegarán la inscripción solicitada.”
“Artículo 29. — El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preven-tivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.”

En Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190, este tribunal dijo:

. . las anotaciones preventivas que deben tomar los Registra-dores de la Propiedad cuando deniegan la inscripción, o anotación de cualquier documento, por defectos insubsanables del mismo, con arre-glo a la ley votada por la Asamblea Legislativa de esta isla de 1 de marzo de 1902, sobre ‘Recursos contra las resoluciones de los Re-gistradores de la Propiedad’, no tienen otro objeto que garantizar el derecho de los interesados en la inscripción o anotación del do-cumento, por el término de 120 días que duran sus efectos, para que si dentro de dicho término pueden presentar un nuevo título o sub-sanar cualquier obstáculo que impidiera la inscripción del anterior, puedan inscribir su derecho, retrotrayendo los efectos de la inscrip-ción a la fecha de la anotación preventiva.”

Véanse también Ramis v. Registrador, 18 D.P.R. 76; y Alvarez v. Quilichini, 24 D.P.R. 161.

El derecho que nna anotación preventiva tiene por objeto proteger es nn derecho preexistente. La anotación preven-tiva no crea nuevos derechos. Con anterioridad a la fecha de la anotación preventiva la señorita Dodd tenía derecho a inscribir su hipoteca con posterioridad, mas no antes de ins-cribirse la finca hipotecada a nombre de Torregrosa. La hi-poteca de la Dodd al quedar así inscrita estaría subordinada a cualquier hipoteca o gravamen anterior mencionados en la inscripción hecha a nombre de Torregrosa. La anotación preventiva no alteró esta situación ni confirió a la señorita Dodd derechos nuevos o adicionales. Meramente protegió el derecho que ella ya tenía, dándole la oportunidad de hacer inscribir la escritura de Torregrosa y luego inscribir su propia hipoteca, convirtiendo la anotación preventiva en ins-cripción permanente, siempre que lo hiciera dentro del tér-mino de 120 días. No le confirió inmunidad contra el efecto de ninguna mención de cargas y gravámenes anteriores que pudieran hacerse al inscribir la finca hipotecada a nombre de Torregrosa.

Si la señorita Dodd hubiese presentado en primera ins-tancia la escritura de Torregrosa con su hipoteca, conformo lo hizo inmediatamente despnés de haberse negado el regis-trador a inscribir sn hipoteca, éste hubiera inscrito primero la escritura de enajenación mencionando desde luego la hipo-teca anterior a favor de las menores Torregrosa, y hubiera inscrito entonces la hipoteca de la Dodd sujeta al gravamen de la hipoteca de Torregrosa. No es necesario dudar, ni dudamos, la honradez y buena fe de la señorita Dodd al no seguir este camino. Empero, de prevalecer el argumento de la apelante en el presente caso, cualquier segundo acreedor hipotecario poco escrupuloso podría evadir las desventajas del procedimiento ordinario natural y lógico valiéndose. del artificio claro de presentar primero su hipoteca y, luego de obtener una anotación preventiva, presentar nuevamente su hipoteca acompañada por las escrituras no inscritas de su deudor hipotecario de la finca hipotecada. El establecer tal precedente abriría de par en par las puertas al fraude y hasta ese extremo destruiría no solamente los fines de la justicia sino también las claras disposiciones de los artículos 9 y 20, supra.

De acuerdo con los términos del artículo 20 la inscripción de la escritura de enajenación otorgada por Bigles a favor de Torregrosa era condición precedente a la inscripción de la hipoteca de la Dodd. Fue por esta razón que el registrador, actuando en armonía con las disposiciones expresas de la ley, se negó a inscribir la hipoteca de la Dodd cuando por primera vez se le presentó la misma en el registro de la propiedad. La mención de la hipoteca de Torregrosa fue hecha en armonía con el mandato contenido en el artículo 9. Si la señorita Dodd era un tercero dentro del significado de dicho término, según se usa el mismo en el artículo 29, ella debe ahora considerarse que tuvo pleno conocimiento después de las 2:30 de la tarde del 10 de mayo. Si ella no era un tercero no se convirtió en tal por la anotación preventiva o por cualquier otro asiento hecho en el registro de la propiedad. Sea ello como fuere, ante los ojos de la ley ella no era un tercero. Si la conversión de la anotación preventiva en inscripción permanente de la hipoteca de la Dodd se re-trotrae a la fecha de la anotación preventiva misma, y a virtud de dicha anotación a la fecha de su presentación, ella deberá retrotraerse a esas fechas a virtud de la inscripción de la escritura de enajenación, sujeta a la mención que en la inscripción se hizo en la escritura de hipoteca de Torregrosa. El resolver lo contrario equivaldría a abrogar las claras dis-posiciones de los artículos 9, 20 y 29 de la Ley Hipotecaria.

También convenimos con el juez de distrito en que a la señorita Dodd se imputaba conocimiento de la existencia de la hipoteca de Torregrosa a partir de la fecha de su propia hipoteca, debido a la información contenida en la escritura de enajenación otorgada por Bigles a favor de Torregrosa. De todos modos, la señorita Dodd no puede ahora alegar desconocimiento de todos los hechos conocidos por su agente, Sr. Texera, antes de otorgarse la segunda hipoteca. Ella no era un tercero.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.