author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Horace Havemeyer, Frank A. Dillingham, Edward S. Paine, Edwin L. Arnold, Frank M. Welty y Henry B. Orde, como socios de la sociedad Russell & Co., Sucesores, S. en C., demandantes y apelantes, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico y Municipio de Lajas, demandados y apelados.
    No. 5401.

    Sometido: Marzo 30, 1932.

      Resuelto: Noviembre 9, 1933.

      O. B. Frazer j B. Gasiro Fernández abogados de los apelantes; Son. Procurador General Interino, A. Ortiz Toro y M. Rodriguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad civil agrícola Eussell y Cío., Sucesores, S. m C., por sus socios Horace Havemeyer y otros, como cesionaria de ciertos derechos que tenía la corporación Guánica Land Company en una franquicia, interpuso apelación en la Corte de Distrito de San Juan contra un decreto de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico que cancela dicha franquicia en la parte que se refiere al derecho de tomar cierta cantidad de agua de la laguna de Guánica. La corte de distrito con-firmó esa resolución de la comisión y desestimó la apelación interpuesta contra ella. De esa sentencia apeló Russell y Co. para ante este Tribunal Supremo. Para la apelación ante la corte de distrito se amparó la sociedad en el artículo 78 de la Ley No. 70 de 1917 (1917 (2) pág. 433) cuyo título abreviado es “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; para la apelación ante nosotros en el artículo 90 de la misma ley.

Es precepto de la ley citada que la Corte de Distrito de San Juan, a la que se confiere jurisdicción exclusiva, resolverá tal clase de apelaciones con vista de las actuaciones habidas ante la Comisión: que la cuestión a decidir será si el decreto apelado es o no razonable, de acuerdo eon la ley y fundado en evidencia competente; que las órdenes de la Comisión cons-tituirán prueba prima facie de la razonabilidad de las mismas; que en el apelante recae el peso de probar lo contrario; y que si la corte declarase que- la orden apelada es razonable y de acuerdo con la ley dictará decreto desestimando la apelación y confirmando la orden de la Comisión.

De los autos de la Comisión que en copia certificada fueron presentados en la corte de distrito y que están ante nosotros aparece, en resumen, lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico concedió en el año 1901 a la corporación Guánica Land Company y a sus cesio-narios la franquicia No. 5 por la que se la autorizó para cons-truir un ferrocarril privado en terrenos públicos, para cons-truir un muelle en el puerto de Guánica y para tomar veinte millones de galones diarios de agua de la laguna Guánica para riego de sus tierras y de las que tuviese arrendadas. De esa franquicia copiamos algunas de sus cláusulas, a saber:

"1. Que la Guánica Land Company (una corporación, organizada y existente por virtud de las leyes del Estado de New Jersey) y sus sucesores y cesionarios, son por la presente autorizados para erigir, construir, mantener y operar una represa de concreto u otro material adecuado en, el río Caño Negro, o desagüe de la leguna de Guánica, en el municipio de Yauco, y en aquellos terrenos de dueños colindan-tes que hayan sido adquiridos por consentimiento o mediante el de-bido proceso de ley, a fin de retener, acumular y conservar las aguas de la referida laguna de Guánica y de restringir y regular el finjo del agua de dicha laguna, a trav'és del referido caño o en otra forma, para los fines que más adelante se expondrán.
“2. Que dicha compañía, y sus sucesores y cesionarios son por la presente autorizados a tomar de dicha laguna Guánica o del referido caño o desagüe la cantidad de agua que sea necesaria o suficiente (siempre que no exceda de veinte millones de galones diarios) para el adecuado riego de los terrenos que ahora o en lo sucesivo posea o arriende la referida compañía o sus sucesores o cesionarios, o cual-quiera de ellos. El agua que así ha de tomarse de la referida laguna o caño- puede ser de la parte o partes de los mismos adyacentes o contiguas a dichos terrenos, que la referida compañía o sus sucesores o cesionarios tengan por conveniente, y puede tomarse por gravedad a través de conductos o canales adecuados o por medio de bombas, o por cualquier otro medio aconsejable, o por cualesquiera dos o más de tales medios.
“3. Que la referida compañía y sus sucesores y cesionarios pueden erigir, construir, operar y mantener en aquellas partes de los terrenos que ahora o en lo sucesivo posean o alquilen, que estén dentro de seis metros de las márgenes del referido caño o dentro de veinte metros de la orilla de dicha laguna o de la bahía Guánica, los sistemas de bombas, canales y tuberías que sean necesarios o propios para la toma o conducción de las referidas aguas; Dipoméndose, sin embargo, que ningún camino público que en todo o en parte se halle dentro de los referidos límites será obstruido en forma alguna.
“4. Que nada de lo aquí contenido será interpretado en el sen-tido de autorizar o permitir a la referida compañía o a sus sucesores o cesionarios a levantar o mantener el nivel de las aguas de dicha laguna Guánica más arriba, del nivel acostumbrado de las mismas durante la época lluviosa en años ordinarios de lluvia usual y co-rriente; y todos los daños que se ocasionen a los dueños colindantes con motivo de la subida indebida del nivel de las aguas de dicba laguna o a causa de la baja indebida del nivel de las aguas de la misma laguna, serán pagados por la compañía, sus sucesores y cesio-narios, y será sostenida toda acción de daños y perjuicios que en cual-quier corte de jurisdicción competente sea entablada por los dueños colindantes contra dicha compañía, sus sucesores y cesionarios, a causa de tales daños.”

Veintisiete años después de haber sido concedida esa fran-quicia, en 1928, la Asamblea Municipal de Lajas tomó el acuerdo de protestar ante la Comisión de Servicio Público y ante el Comisionado del Interior de que las obras de inge-niería que se han realizado en el caño Negro de la laguna de Guánica están ocasionando daños irreparables al municipio de Lajas lanzando las aguas de la laguna de Guánica fuera del nivel más alto, invadiendo caminos municipales y haciendo imposible la vida de los vecinos y propietarios de los barrios Costa y Plata. En vista de esa queja y de cierta investiga-ción practicada por el presidente de la Comisión, ésta ordenó que los propietarios de dicha franquicia comparecieran ante ella a demostrar por qué no debía ser cancelada la expresada franquicia. Compareció la sociedad civil agrícola Bussell y Co. por sus socios Horace Havemeyer y otros como únicos dueños por traspaso de la parte de la franquicia que se refiere a la toma y uso de agua de la laguna Guánica y se opuso a que fuese cancelada o modificada, alegando también que la comisión carece de juiisdicción para cancelar o modificar dicha franquicia. También aparece que la laguna Guánica tiene un caño llamado Negro o Los Negros, de 3,900 metros o 12,792 pies de largo, que la pone en comunicación con el mar: que en 1928 ese caño estaba completamente cegado en una extensión de 300 metros contados desde la laguna, estando el resto del caño hasta el mar perfectamente visible; que el fondo de la laguna está más alto que el nivel de las mareas altas del mar; que el valle de Lajas tiene un sitio llamado El Anegado cuyo fondo está más alto que el de la laguna, exis-tiendo entre El Anegado y la laguna, que son dos cuerpos separados, un caño que los comunica, llamado Angostura o Carril: que El Anegado se ha inundado algunas veces antes de 1926 pero ha quedado seco pocos meses después; que desde mediados del año 1926 y durante los años 1927 y 1928 El Ane-gado ha estado inundado formando un solo cuerpo de agua con la laguna, estando bajo las aguas de cuatro a cinco mil cuerdas de terreno y muchas fincas particulares de gran ex-tensión inundadas completamente algunas y otras en su mayor parte; que desde 1926 han estado bajo las aguas dos caminos municipales en una extensión de siete a ocho kilómetros; que las enfermedades han aumentado en esa región; que en las márgenes del río Loco, que desagua en la laguna cerca del caño Negro, se han hecho algunas obras para evitar que por ellas se derrame; que nunca se ha determinado por el Go-bierno, por los concesionarios de la franquicia ni por sus suce-sores cuál es el nivel corriente de la laguna; que estando abierto el caño Negro o Los Negros puede ser desaguado fácilmente El Anegado quedando aún agua en la laguna por la diferencia de nivel que entre ellos existe y que la conce-sionaria de la franquicia ha dado fincas en usufructo a alguno de los propietarios cuyas fincas han quedado inundadas, por los perjuicios que sufre.

Al ser cancelada la franquicia por la Comisión en 8 de marzo de 1929 se dispuso que el decreto comenzaría a surtir sus efectos definitivos y efectivos, el 30 de junio de ese año y que en el intervalo quedaban en libertad las partes intere-sadas por formular cualquier solicitud nueva que estimasen pertinente para el uso de las aguas de la laguna de Guánica, sometiendo a la Comisión los datos específicos del nivel máxi-mo de las aguas de la laguna, así como cualquier proyecto de obra a fin de que ese nivel pueda mantenerse permanente-mente.

La alegación de Bussell y Co. de que la comisión carece de jurisdicción para cancelar o modificar la franquicia fue suscitada por la corporación South Porto Pico Sugar Co. ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico en la cual solicitó en un procedimiento de injunction que prohibiese a dicha Comisión que siguiese actuando en ese asunto, pero esa solicitud fue negada y en apelación dijo la Corte de Circuito de Boston lo siguiente:

“En mayo 28, 1928, la Comisión de Servicio Pviblico de Puerto Rico dirigió a los apelantes una orden requiriéndoles para que com-parecieran en junio 4, 1928, a mostrar causa por la que dicha Co-misión no debía cancelar la franquicia concedida- en marzo 19, 1901, a los predecesores en título de los apelantes por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico ¡oara usar diariamente 20,000,000 de galones de las aguas de la laguna de Guániea para riego, para la construcción y ex-plotación de un ferrocarril privado que operaría en parte sobre te-rrenos sujetos a derechos públicos y para construir y explotar un muelle en la bahía de Guániea. Sin comparecer ante la Comisión los apelantes, el 2 de junio de 1928, radicaron ana demanda en equidad solicitando un injunction que impidiese a la Comisión in-tervenir en modo alguno en el disfrute de la franquicia y ejercitar su jurisdicción sobre los apelantes en relación con dicha franquicia. La corte inferior sostuvo una moción para desestimar, radicada por el Procurador General de Puerto Rico, dicidiendo en una bien pen-sada y razonada opinión, que el pleito era prematuro y a la vez que la Comisión de Servicio Pviblico tenía jurisdicción. Esta sentencia es correcta en ambos extremos.
“(1) Las cortes no tienen poder general de inspección sobre tribunales tales como las comisiones de servicio público. La interven-ción judicial, fuera de la expresa delegación estatutaria, debe estar fundada en la ilegal infracción de derechos de propiedad. American Coal Mining Co. v. Special Coal & Food Commission (D. C.) 268 F. 563; Sayers v. Montpelier & Wells River R. R., 90 Vt. 201, 97 A. 660, Ann. Cas. 1918 B, 1050.
“ (2) Si asumimos por el momento que esta Comisión d.e Servicio Público carece de jurisdicción, el expedir una orden de notificación no constituye un ejercicio de autoridad o amenaza de daños irreparables que justifique la intervención restrictiva de la corte. No es de pre-sumir que al comparecer y argumentar, la Comisión adoptaría una opinión errónea sobre la naturaleza y alcance de su jurisdicción. El caso de los apelantes en este sentido no está respaldado en los que su ilustrada representación descansa. Philadelphia Co. v. Stimson, 223 U. S. 605, 32 S. Ct. 340, 56 L. Ed., y casos citados; Work v. Louisiana, 269 U. S. 250, 46 S. Ct. 92, 70 L. Ed. 259; Gallardo v. Porto Rico Light & Power Co. (C.C.A.) 18 F. (2d) 918; Benedicto v. West India & Panama Tel. Co. (C.C.A.) 256 F. 417.
"La confirmación del decreto de la corte inferior (desestimando la demanda) sin duda estaría justificada por este solo motivo. Pero debemos tratar ahora, claramente en interés de las partes, más bien que en un pleito posterior, de la cuestión fundamenta] de la juris-dicción de la Comisión para conocer de procedimientos tendientes a revocar, alterar o modificar la franquicia de los apelantes.
"De acuerdo con la primera Carta Orgánica de Puerto Rico— Ley Foraker, de abril 12, 1900, 31 Stat. 77 (48 USCA párr. 731 ct seq.) — el Congreso proveyó para esta recién adquirida posesión una asamblea legislativa compuesta de una Cámara Baja electiva y en lugar de un Senado, de un Consejo Ejecutivo, integrado por los seis jefes de los departamentos ejecutivos, nombrados por el Presidente. Al final de la sección 31 se decretó:
" ‘. . . Disponiéndose, sin embargo, que toda ley decretada por la Asamblea Legislativa será comunicada al Congreso de los Estados Unidos, el cual se reserva por la presente la facultad de anularla si lo tuviere por conveniente.’
‘1 La sección 32 lee como sigue:
" ‘Que la autoridad legislativa estatuida por la presente, se apli-cará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean local-mente inaplicables, incluyendo la facultad de . . . derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cualquiera clase, actualmente vi-gentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito y que no se opusieren a lo prescrito aquí. Disponiéndose, sin embargo, que toda concesión de franquicias, derechos y privilegios, o concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por el Consejo Eje-cutivo, con la aprobación del Gobernador,y toda franquicia concedida en Puerto Rico será comunicada al Congreso, el cual se reserva por la presente la facultad de anularla o modificarla.’
"Franquicias y leyes, a la vez, debían ser comunicadas al Con-greso, el cual se reservó la autoridad de anularlas.
"Según la Resolución Conjunta de mayo 1, 1901, enmendando la Ley Foraker de abril 12, 1900, se proveyó:
" ‘Que todas las franquicias, privilegios o concesiones otorgadas bajo la sección 32 de dicha ley, proveerán que los mismos estarán su-jetos a enmienda, alteración o revocación.’
“Esta fué la disposición corriente que se siguió para bacer frente a la doctrina del caso de Dartmouth College. De acuerdo con esas facultades, el Consejo Ejecutivo al siguiente año (1901)' otorgó la franquicia en cuestión, proveyendo en el artículo XVIII: ‘que las franquicias, privilegios y concesiones por la presente otorgados, que-darán sujetos a enmienda, alteración o revocación.’
“El mismo poder general de anular leyes decretadas por la Le-gislatura de Puerto Rico ha sido mantenido en la sección 34 de la segunda Carta Orgánica — Ley Jones, de marzo 2, 1917. Al así re-servarse en ambas leyes orgánicas la autoridad para anular leyes decretadas y franquicias otorgadas por el Gobierno de Puerto Rico, el Congreso procedió en íntima analogía con su larga práctica rela-tiva a los territorios situados dentro de los límites de los presentes Estados Unidos — estados en perspectiva. Compárense la carta orgá-nica de Oregon, 9 Stat. 323, párr. 6; de Minnesota, 9 Stat. 403; de New Mexico, 9 Stat. 446; de Utah, 9 Stat. 453; de Washington, 10 Stat. 172. El propósito, tanto en Puerto Rico como en nuestros pro-pios territorios, claramente fué establecer una cuasi tutela durante un período probatorio, sobre una sociedad política en formación, me-diante el requerimiento de amplios informes (de por sí un saludable freno) de todas las importantes actuaciones del gobierno local, y me-diante la reserva de la autoridad para anular cualquier acto siniestro1 o peligrosamente insensato, en su origen o en sus efectos.
“La nueva carta orgánica modificó sustancialmente la forma de gobierno, proveyendo un Senado electivo, con las facultades legisla-tivas en general antes ejercitadas por el extinto Consejo Ejecutivo. Compárese la sección 12. También estableció por la sección 38 una Comisión de Servicio Público y dispuso:
“ . . Dicha Comisión queda también autorizada, y así se le ordena, para desempeñar todas las funciones ejecutivas, referentes a corporaciones de servicio público, hasta ahora conferidas por ley al Consejo Ejecutivo. Las franquicias, derechos y privilegios concedi-dos por la mencionada comisión no entrarán en vigor hasta que sean aprobados por el Gobernador, y deberán ser comunicados al Congreso,, el cual se reserva por la presente la facultad de anularlos o modifi-carlos.’ 48 USCA parr. 750.
“El Congreso, pues, aparentemente confirió completos poderes-sobre las franquicias, viejas y nuev'as, a la Comisión de Servicio Pú-blico.
“Pero la Ley Jones también confirió a la Legislatura de Puerto-Rico (compárense las secciones 25 y 37) facultad legislativa general sobre todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente-inaplicables o incompatibles con las disposiciones de la carta orgánica. Bajo esta facultad, la Legislatura, por la Ley No. 70, aprobada el 6 de diciembre de 1917, dispuso (Leyes de Puerto Rico, tomo 2, págs. 432 a 546), artículo 60:
“ ‘Artículo 60.' — Infracción de franquicias vigentes. — Nada de lo contenido en este capítulo se interpretará en el sentido de infringir las disposiciones de cualquier franquicia que pueda haberse otorgado por el Consejo Ejecutivo y estuviese actualmente vigente. La Comi-sión tendrá facultad para alterar, enmendar, modificar o derogar tales franquicias y ejercerá todos los derechos y facultades reservados al Consejo Ejecutivo, por cualesquiera de dichas franquicias o privile-gios o por cualquiera ley.’
“(3) Esta ley fue, por supuesto, comunicada al Congreso y no ha sido anulada. Ello indica alguna tendencia demostrativa de la aprobación del Congreso. Chuoco Tiaco v. Forbes, 228 U. S. 549, 558, 33 S. Ct. 585, 57, L. Ed. 960; Fajardo Sugar Co. v. Holcomb (C.C.A.) 16 F. (2d) 92, 96.
“Es claro, pues, y así lo admite la ilustrada representación de los apelantes, que la Ley Jones, o la Legislatura de Puerto Rico, o ambas invistieron a la Comisión de Servicio Público de todos los poderes que sobre las franquicias tenía originalmente el Consejo Ejecutivo.
“(4) La contención de los apelantes de falta, de jurisdicción en la Comisión descansa, pues, enteramente en la proposición de que el Congreso se reservó exclusiva jurisdicción para revocar o enmendar las franquicias concedidas por el Consejo Ejecutivo. Fundamentan esta proposición en la reserva contenida en la sección 32 de la Ley Foraker, supra: ‘y toda franquicia concedida en Puerto Rico será comunicada al Congreso, el cual se reserva por la presente la facultad de anularla o modificarla..’ Esta contención necesariamente afirma también la validez de aquella parte de la sección 60 de la ley de Puerto Rico No. 70, aprobada el 6 de diciembre de 1917, supra, que explíci-tamente dispone que la Comisión de Servicio Público tendrá el poder de alterar, enmendar o revocar franquicias previamente otorgadas por el Consejo Ejecutivo.
“No podemos nosotros adoptar tal interpretación de la reserva general hecha por el Congreso de la facultad de anular todas las fran-quicias y leyes del gobierno local experimental que el Congreso insti-tuyera en, Puerto Rico. Nos vemos constreñidos a sostener que el propósito del Congreso fue investir experimental y gradualmente al Gobierno de Puerto Rico con los poderes generales de los gobiernos de los estados, sujeto a la facultad reservada de anular o modificar franquicias y leyes cuando el Congreso así lo dispusiere. La reserva de facultades para anular franquicias concedidas por el Consejo Eje-cutivo es en los mismos términos generales que la reserva del poder de anular todas las leyes. En 1901 no se excluyó el poder otorgado mediante razonable y necesaria implicación al Consejo Ejecutivo para modificar o revocar las franquicias otorgadas por aquel consejo. La misma reserva contenida en la Ley Jones no excluye ni restringe el poder de la Comisión de Servicio Público para revocar o alterar las franquicias que conceda. Al igual que el poder de rev'ocar estatutos, el cuerpo que crea puede alterar o destruir la cosa creada.
“El decreto de la corte de distrito es confirmado concediéndose las costas ante esta corte a los apelados.”

Los tres primeros motivos de error alegados por la apelante como cometidos por la corte inferior se refieren a que la Comisión no tiene facultad, poder o jurisdicción para cancelar la franquicia mencionada ni para modificarla, y se limita a enunciarlos sin argumentarlos por haber sido resuelta esa cuestión por la Corte de Circuito de Boston, como hemos consignado antes. Hemos examinado esa resolución y encon-tramos que está de acuerdo con la ley por lo que pasaremos a otros motivos de la apelación.

Ni en la corte de distrito ni ante nosotros se ha hecho alegación alguna de que la prueba admitida por la comisión para su decreto no sea competente, por lo que la controversia queda reducida a determinar si tal decreto es razonable o no y si está de acuerdo con la ley.

Para atacar la orden de la Comisión y su confirmación por la corte inferior alega la apelante en varios de los motivos de su apelación que la cláusula 4 de la franquicia no impone el deber a la apelante de mantener el nivel de las aguas de la laguna, sino que es simplemente una cláusula aclarando que la apelante no está autorizada por la franquicia para hacer actos afirmativos algunos para elevar o mantener el nivel de las aguas de la laguna más alto que el ordinario de la misma; que esa cláusula no dice claramente que la apelante tendrá el deber de mantener el nivel de las aguas a cierta altura; que en la franquicia no se concede a la apelante el poder exclusivo de tomar agua de la laguna, aunque es cierto que no bay otras personas tomando grandes cantidades de agua'de la laguna pues uno o dos terratenientes toman agua en pequeñas cantidades, pero pueden hacerse otras conce-siones ; que no existe prueba alguna de que los apelantes han hecho acto alguno para cegar el caño Negro; y que aunque ese caño quedó cegado 5 eliminado, la Comisión no tenía el derecho de presumir que la apelante es responsable de esa condición sin que se demuestre que la apelante hizo algo para causar dicha condición y sin que la franquicia la obligue a evitarlo. Sobre esas cuestiones giran los motivos de error-alegados por la apelante.

La cláusula 4a. de la franquicia dice, según hemos visto, que nada de lo contenido en ella se entenderá que autoriza o permite a la Guánica Land Company o a sus cesionarios a levantar o mantener el nivel de las aguas de la laguna sobre el nivel ordinario de ella durante la época de las lluvias; cláusula que no sólo prohíbe a la concesionaria el levantar dicho nivel sino que también la obliga a no permitir que las aguas de la laguna pasen el referido nivel, por lo que esa franquicia dió necesariamente a la concesionaria y a sus suce-sores el gobierno y manejo del caño Negro para poder regular y mantener el expresado nivel, y consiguientemente la obliga-ción de hacer lo necesario para mantener tal nivel. De los hechos en este caso aparece que si bien hubo algunas inunda-ciones en El Anegado de Lajas antes de 1926 no fueron de la extensión que la que nos ocupa y fueron de pocos meses de duración, mientras que desde mediados del año 1926 y por dos años más y hasta que la comisión resolvió este asunto continuaban inundados algunos miles de cuerdas de terreno, formando el Anegado y la laguna una sola extensión de agua cuando son realmente dos cuerpos separados aunque unidos por el canal de la Angostura por el cual las aguas de la laguna derraman en el Anegado cuando tienen un nivel alto, todo lo que demuestra que fué el nivel de la laguna, más alto que el de épocas ordinarias de lluvia, el causante de tal inundación. No se ha fijado por el gobierno ni por la concesionaria y sus sucesores cuál es la altura del nivel a que se refiere la fran-quicia, pero la conclusión natural y lógica es que por estar cegado el caño Negro no pudo la laguna desaguar en el mar el exceso de las lluvias, lo que tuvo que producir necesaria-mente un nivel más alto que el corriente en épocas de lluvia y la inundación continuada por años del Anegado de Lajas. Es cierto que no existe prueba de acto alguno positivo de la apelante para cegar el caño Negro, pero si éste quedó cegado, como ella dice, por tierras arrastradas por el río Loco, tenía de todos modos el deber de abrirlo para que no se produjese en la laguna, como necesariamente se produjo al quedar ce-rrado ese desagüe, un nivel más alto que el ordinario, que pro-dujo la-inundación continuada del Anegado. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que la orden o decreto de la comi-sión es razonable y de acuerdo con la ley por haber dejado la apelante de cumplir las condiciones de la franquicia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El. Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señou HtjtchisoN,

license: Public Domain

text:
    Eugenio Montes Viera, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech y Guillermo Esteves, como Tesorero y Comisionado del Interior de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelados.
    No. 5891.

    Sometido: Abril 21, 1933.

      Resuelto: Noviembre 9, 1933.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Mon. Procurador General Charles E. Winter y F. Janer, Subpro'curador, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señou HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Montes solicitó que se expidiese un auto de mandamus para obligar al Tesorero de Puerto Rico a permitir al peti-cionario desempeñar los deberes de su cargo como “oficinista encargado de la contabilidad e inspección de toda la gasolina importada, fabricada o producida en Puerto Rico,” y para compeler al Comisionado del Interior a transmitir al Auditor de Puerto Rico las nóminas del sueldo del peticionario desde agosto 22, 1930. La corte de distrito., después de celebrado un juicio sobre los méritos, declaró sin lugar la petición.

El quinto señalamiento de error es al efecto de que la corte de distrito erró al no resolver que el peticionario fué desposeído e impedido de seguir ejerciendo las funciones de su empleo. Lo que la corte de distrito en realidad declaró fué que:

“En julio 8, 1930, el peticionario Eugenio Montes Yiera, como clerk encargado de la contabilidad e inspección de la gasolina, dirigió al Tesorero de Puerto Rico, por conducto de Julián W. Blanco, Jefe del Negociado de Arbitrios, una comunicación manifestando que ‘como el fondo especial de la gasolina ha sido transferido a los fondos generales’, le parecía que en lo sucesivo no se podida continuar pan-gando de dichos fondos a menos que el Departamento del Interior dejara la cantidad de $2,000 de] sobrante que quedara el 30 de junio de 1930 para pagar su sueldo; toda vez que el mismo fondo volvería al Departamento del Interior en el próximo año; y que si la difi-cultad no podía ser resuelta en esa forma, entonces pedía que se le nombrase ]iara otra plaza que quedaba vacante en el Departamento.
‘ ‘ El 1ro. de noviembre de 1930 el Tesorero de Puerto Rico nombró al peticionario para el cargo de clerk de la oficina de Rentas Internas en Ponce, P. R., con un sueldo anual de $1,000; que el peticionario aceptó el cargo, trasladándose de San Juan a Ponce y ejerció el mismo durante 4 días; que entonces solicitó una licencia de 30 días por en-fermedad, que le fué concedida, y vencida ésta, solicitó otra también por enfermedad, que le fué denegada y se le destitujm (discharged) el 10 de noviembre de 1930.”

Estos Lechos no han sido disputados. En la silla testifical el peticionario trató de explicarlos e insistió en que su aban-dono del cargo fné involuntario. En eso fue contradicho por Ío menos por un testigo de la parte demandada cuyo testi-monio está corroborado por los hechos no en disputa, mien-tras que con el del peticionario no ocurre así. La evidencia en conjunto no da base suficiente para la conclusión de que el Tesorero de Puerto Rico, o forzó al peticionario a aban-donar su labor o le impidió desempeñar sus deberes como inspector y escribiente a cargo de la contabilidad de la gaso-lina. Por el contrario, demuestra a nuestro juicio que el peti-cionario voluntariamente abandonó sus deberes como tal ofi-cinista e inspector, solicitó que se le nombrara para otro puesto y finalmente aceptó un nombramiento distinto al otro cargo. Cuando el peticionario aceptó un nombramiento como escribiente en la oficina de Rentas Internas de Ponce, dejó de ser un inspector y oficinista a cargo de la contabilidad de la gasolina en San Juan. De todos modos, por su voluntario retiro de su cargo y deberes como inspector y oficinista a cargo de la contabilidad de la gasolina, estaba impedido (estopped) de exigir que se le permitiese reasumir el cumpli-miento de tales deberes y que se le remitieran al Auditor las nóminas correspondientes al período que duró ese retiro.

En vista de la conclusión que antecede no es necesario discutir otras cuestiones suscitadas en el alegato del apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Lorenzo S., Eugenio, José, Carmen Irene y Estela Agripina Iglesias, demandantes y apelantes, v. The Jefferson Standard Life Insurance Company, demandada y apelada.
    No. 6165.

    Sometido: Junio 13, 1933.

      Resuelto: Noviembre 14, 1933.

      C. Coll y Cuchí y José A. Iglesias abogado de los apelantes; B. Castro Fernández, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La acción ejercitada tiene por objeto anular un procedi-miento ejecutivo hipotecario que culminó en la adjudicación del inmueble hipotecado a The Jefferson Standard Life Ins., Co., demandada en este caso y acreedora y demandante en el referido procedimiento. Interpuesta excepción previa a la demanda por el fundamento de no aducir hechos constitutivos de una causa de acción, y declarada con lugar, se dictó sen-tencia final a moción de los demandantes, quienes interpu-sieron el presente recurso de apelación.

Como primera causa de acción se alega en la demanda que para garantizar un préstamo de $35,000 con intereses al 8 por ciento anual, los demandantes constituyeron hipoteca a favor de la demandada sobre cierta finca de su propiedad, obligándose dichos demandantes, mientras estuviese en vigor el préstamo, a mantener asegurada con la demandada la vida de los demandantes Engenio y José Alfredo Iglesias, por nna suma no menor de $5,000 cada nno, y a traspasar las pólizas a la demandada como garantía adicional a la prestataria. Se añade que la demandada ejecutó dicha hipoteca, adjudi-cándose la finca hipotecada por la suma de $30,000.

Sostienen los apelantes que es ilícita y contraria a la moral pública la cláusula que exige la constitución y traspaso en garantía del seguro de las pólizas sobre las vidas de Eugenio y José Alfredo Iglesias, que por tal motivo la hipoteca está viciada de nulidad y que tal vicio es extensivo al procedi-miento ejecutivo. Se arguye que la corte inferior cometió error al no decretar la nulidad de una obligación que a juicio de los demandantes contiene una causa ilícita.

No adolece a nuestro juicio la referida cláusula del vicio que le atribuyen los demandantes. Es ilícito un contrato mediante el cual una persona asegura con una compañía de seguros la vida de otra en la cual no, tiene el menor interés, y es ilícito porque es un contrato aleatorio en vez de ser un contrato de indemnización por una pérdida sufrida. En el caso de autos, el contrato de seguro alegado no tiene elemento alguno en que intervenga la suerte o azar. Se exige que dos personas aseguren sus propias vidas y endosen las pólizas a la misma compañía aseguradora como garantía de un prés-tamo. La jurisprudencia considera lícita tal garantía. Cammack v. Lewis, 15 Wall. 643; Warnck v. Davis, 104 U. S. 775; Finnie v. Walker, 257 Fed. 698. En el caso que nos ocupa, la circunstancia de ser una misma persona el asegu-rador y el acreedor garantizado, precluye la posibilidad de que el elemento de la suerte haya jugado papel alguno en el contrato. La demandada, desde luego, recibe los beneficios de las primas; pero lejos de derivar alguna ventaja con la muerte de los asegurados, deja, por el contrario, de seguir cobrando dichas primas y pierde además la suma del seguro, la cual tiene que pagar inevitablemente, descontándola del montante de su crédito. Se dirá que, mientras el préstamo ga-rantizado esté vigente, la demandada, como cesionaria de las pólizas, no liaría otra cosa que pagarse a sí misma. Es verdad, pero al pagarse su propio crédito, reduciría el mon-tante del mismo y de la deuda hipotecaria contraída por los demandantes, sufriendo así la demandada una pérdida real con la muerte de los asegurados. Pero aun hay más, aun cuando fuera ilegal la cláusula sobre seguros, no vemos cómo puede ésta afectar la validez de la hipoteca. En este caso tendríamos sencillamente asegurado el pago de un préstamo con dos garantías, una consistente en hipoteca y la otra en prendas. Las dos garantías son completamente separables, y el hecho de que una de ellas fuese defectuosa o ilegal, no afectaría la validez de la otra, como tampoco podría afectar el derecho del acreedor a cobrar el importe del préstamo garantizado.

Como segunda causa de acción se alega en la demanda que, habiendo la demandada iniciado procedimiento de ejecu-ción de la hipoteca, se verificó una transacción mediante la cual se desistió del procedimiento ejecutivo y se entregó la posesión del inmueble hipotecado a la demandada con el de-recho a cobrar las rentas del mismo para aplicarlas a inte-reses y capital vencidos y continuar aplicándolas hasta el total pago del préstamo; que de esta manera se novó el con-trato original y se alteró la forma de pago; que más tarde la demandada inició otro procedimiento ejecutivo basado en el vencimiento del préstamo según el contrato original que se alega fué novado, y que como consecuencia de dicho procedi-miento la demandada se adjudicó el inmueble hipotecado por la suma de $30,000.

Aparece, pues, que la demandada convino con los deman-dantes en desistir del primer procedimiento ejecutivo a cambio de una garantía adicional, cuya naturaleza no surge claramente de las alegaciones, pudiendo ser un anticresis o una cesión de rentas. Se alega que esto constituye una alte-ración de la forma de pago, pero, a decir verdad, la única alteración que aparece de los hechos alegados consiste en que a la demandada se le aseguraba el cobro de ciertos fondos específicos, o sea, las rentas, en vez de tener que depender únicamente de los fondos generales de que pudieran disponer los demandantes. Y esta llamada alteración en la forma de pago no es otra cosa, según se desprende de la demanda, que la concesión de una garantía adicional a la demandada. Es elemental que la concesión de una garantía no constituye por sí sola una novación de la prestación garantizada.

La tercera causa de acción alegada en la demanda expone que la demandada, al liquidar la deuda en el escrito inicial en el procedimiento ejecutivo, incluyó cierta suma por concepto de contribuciones pagadas por la demandada, con intereses sobre dicha suma a razón del 8 por ciento anual. Sostienen los demandantes que estas sumas no formaban'parte alguna del crédito hipotecario, y que la corte inferior cometió error al declarar que en un procedimiento sumarísimo pueden cobrarse intereses que no hayan sido específicamente gravados con la hipoteca. La frivolidad de esta contención salta a la vista y nos limitamos a citar las disposiciones del artículo 333 del Código Político como única contestación al error que se atribuye a la corte inferior.

La cuarta causa de acción alegada se basa en que la demandante en el procedimiento ejecutivo hipotecario pre-sentó un memorándum de costas ascendente a $1,000 sin noti-ficar a los allí demandados, añadiéndose dicha suma a la liqui-dación que sirvió de base a los efectos de la ejecución. Este memorándum fué aprobado por la corte sin intervención de los referidos demandantes. Las alegaciones son, a nuestro juicio, insuficientes. No se alega que las costas no hayan sido garantizadas por la hipoteca fijándose una suma deter-minada para cubrirlas, como se acostumbra en los préstamos hipotecarios. Tampoco se dice que los demandados en el procedimiento ejecutivo no hayan sido debidamente requeridos para el pago de las costas fijadas y garantizadas por la hipo-teca. Esta corte ha declarado que cuando se haya fijado una suma, en el contrato hipotecario y esta suma haya sido garan-tizada por la hipoteca, dehe entenderse qne la misma es lí-quida y ha sido previamente disentida y acordada por las partes, para el caso de qne el acreedor se vea obligado a acudir a la vía judicial en cobro de su crédito. Arsuaga v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 1001; Soler v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 1010. De acuerdo con esta jurisprudencia no pro-cede la presentación de un memorándum de costas ni hay necesidad de hacer otra notificación al deudor que la que determina la ley en el momento de llevar a cabo el requeri-miento.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    María Pía Fernández, Emilia Román Fernández y Rafael Román como padre con patria potestad de sus menores hijos legítimos Josefa, Ramona y María Emma Román y Fernández, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 896.

    Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 16, 1933.

      José Sabater, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción promovida por las recurrentes contra Se-bastiana Roldán y Miguel de los Muros Roldan solicitan las primeras, basadas en las alegaciones de la demanda, que se les declare dueñas únicas de tres fincas que se describen y marcan con las letras A, B y C, y que, según alegan, adqui-rieron por título de herencia intestada de su padre natural don José Fernández de los Muros y Bidopia. Asimismo soli-citan las demandantes en dicho pleito que ciertos traspasos o ventas verificadas por el cansante a favor del demandado Miguel de los Muros y Roldán de las dos fincas descritas con las letras B y C sean declaradas nulas y que se ordene la cancelación de la inscripción que se hizo en el Registro de la Propiedad de Aguadilla sobre una de las fincas a favor del demandado Miguel de los Muros Roldán.

Las recurrentes, por conducto de su abogado, presentaron en el Registro de la Propiedad de Aguadilla una certificación de la demanda, autorizada por el secretario de la corte del distrito mencionado, solicitando que, en cuanto a la finca marcada con la letra B, se anotara en el registro de la pro-piedad, de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil.

. El registrador devolvió el documento sin verificar opera-ción alguna, basado en las razones que se expresan en la si-guiente nota:

“Devuelto el presente documento, que es un escrito autorizado por el Ledo. José Sabater, en su carácter de abogado de los demandantes, con el que se acompaña una copia de la demanda en el pleito civil número 10703, seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, certificada por su Secretario Jesús Palau, solicitando la anotación de dieba demanda por nota al mar-gen de la inscripción de la finca que en dicho escrito se describe, sin verificar operación- alguna, por cuanto se trata de un documento no inscribible ni anotable toda vez que, constituyendo el art. 91 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, en el cual se funda dicha solicitud, una ley de carácter puramente sustantivo, en, la que no se determina el procedimiento a seguir, de conformidad con la jurisprudencia esta-blecida por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston,, que de-roga la (jurisprudencia) establecida por nuestra Honorable Corte Suprema, para estas anotaciones litis pendens el procedimiento debe ajustarse a los preceptos del inciso Io. del art. 42 de la Ley Hipote-caria y su concordante el 91 del Reglamento.”

En sn alegato nos dice el registrador qne por información del abogado Angel Arroyo Rivera tnvo conocimiento de qne en cierto caso resnelto por la Corte de Circnito de Apelaciones de Boston, procedente de esta Corte Snprema, se dictó sen-tencia de conformidad con la nota recorrida; pero qne, por carecer de la obra qne contiene dicha jurisprudencia, no ha podido localizarla, habiendo resnelto el presente caso “no sólo por la confianza qne le mereció aquella información, si que también porque la cuestión que ahora es motivo” de este recurso cree el registrador que es por primera vez levantada y que merece la sapientísima consideración de este alto tribunal. ’ ’

No conocemos ninguna decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston que haya derogado la jurisprudencia sentada por esta corte. El registrador ha incurrido en un error manifiesto al tomar como base para negar la anotación la información de un tercero sin comprobar la certeza de la misma. Esta información, aunque se produzca de buena fe, puede estar equivocada, ya porque no se haya interpretado correctamente la sentencia, en .caso de que exista, o porque erróneamente se tenga la creencia de que ha sido dictada, sin que en realidad se haya resuelto nada ni emitido opinión al-guna sobre el particular.

El registrador, sin embargo, hace constar que en el caso de que la información fuese inexacta y “que dicha jurispru-dencia no existiera, debería existir y ser nuestra Hon. Corte Suprema la que con su profunda sabiduría la estableciera en caso de tanta trascendencia judicial.” Arguye el registrador que nuestras leyes garantizan al demandado los daños y per-juicios que puedan ocasionársele por el demandante en el caso de no prosperar la acción ejercitada, en los embargos, y en general en todos los procedimientos ordinarios y extraordi-narios que en alguna forma restringen o limitan el derecho a la posesión o al dominio de los bienes de cualquier clase. Añade que el único caso que establece un formidable privilegio a favor del demandante es la anotación de la demanda que autoriza el artículo 91 de la Ley procesal, a pesar de que en esencia y en sustancia tal anotación tiene el mismo alcance y surte los mismos efectos de un embargo preventivo. La nota denegatoria se basa principalmente en que el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil es una disposición sustantiva que no deroga ni expresa- ni implícitamente el inciso primero del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, debiendo seguirse en toda anotación de demanda el procedimiento vigente del ar-tículo 91 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.

De acuerdo con el inciso primero del artículo 42 de la referida ley, podrá obtener anotación preventiva de sus respectivos derechos el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modifica-ción o extinción de cualquier derecho real. El artículo 43 de la misma ley dispone que no podrá hacerse la anotación sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante, al pru-dente arbitrio del juzgador. El artículo 91 del reglamento autoriza la anotación preventiva, por mandato, judicial, a peti-ción del que propusiere la demanda, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella puedan seguirse al demandado en caso de ser absuelto.

El artículo 91 de nuestra Ley Procesal dice así:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante, al tiempo de presentar la de-manda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.”

La cuestión que el registrador recurrido plantea como nueva ha sido resuelta por esta corte en más de una ocasión. En el caso de Morales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 271, se resolvió que no procede exigir fianza para obtener la anota-ción de una demanda de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. En el caso de Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 533, el Juez Texidor, Pablando a nombre de la corte, se expresó en los siguientes términos:

“Percíbese, a primera Vista, i a diferencia entre este artículo (91 del Código de Enjuiciamiento Civil) y el de la Ley Hipotecaria que hemos citado. Para la anotación preventiva se requiere que la de-manda lo sea de propiedad o de cualquier derecho real. Para el aviso al Registro, en el caso del artículo 91, de acción que afecte al título o derecho de posesión, sin que pueda precisarse el exacto sen-tido del verbo ‘afectar’ ni la época o tiempo a que el artículo se re-fiere. Para la anotación preventiva de la Ley Hipotecaria, la necesa-ria intervención del juez, como garantía más sólida. Para la de procedimiento, la determinación de la voluntad de la parte. En la anotación preventiva de que se trata, se establece por el Reglamento en su artículo 126 la forma completa, el mejor aviso a todos, en que se ha de extender. Para, la anotación con arreglo a la ley procesal, basta una nota marginal. Para la anotación preventiva hipotecaria en este caso, la. garantía de que habla el artículo 91 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria: para la nota con arreglo a la Ley procesal, sin garantía alguna.”

Como se ve, el Juez Texidor hace, un estudio comparativo de las disposiciones de la Ley Hipotecaria que se relacionan con la anotación preventiva autorizada por el artículo 42, y de la anotación o aviso autorizado por el artículo 91 de la Ley Procesal Civil, y declara, ratificando decisiones anteriores de este tribunal, que la anotación preventiva de la Ley Hipo-tecaria requiere la intervención del juez, como una garantía más sólida, mientras que para la del procedimiento basta la determinación de la voluntad de la parte. Mollfulleda v. Registrador, 17 D.P.R. 34; Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864; Velazquez v. Registrador, 27 D.P.R. 268. Continúa diciendo la corte que la garantía procede en la ano-tación preventiva hipotecaria de acuerdo con el artículo 91 del reglamento; pero no en la nota o aviso con arreglo a la Ley Procesal.

Esta es la jurisprudencia de este tribunal que el registra-dor descarta indebidamente porque alguien le dijo que existe una sentencia de la Corte de Apelaciones de Boston revocando la doctrina establecida.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Horace Havemeyer, Frank A. Dillingham, Edward S. Paine, Edwin L. Arnold, H. B. Orde y Frank M. Welty, socios constituyendo la sociedad Russell & Co., Sucrs., S. en C., demandantes y apelantes, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5869.

    Sometido: Mayo 10, 1933.

      Resuelto: Noviembre 16, 1933.

      R. Castro Fernández y Juan J. Fuertes, abogados de los apelantes; Fon. Procurador General Charles E. Winter y M. Rodríguez Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron esta acción para recobrar ciertas sumas pagadas bajo protesta como contribuciones. Doce de los diez y siete señalamientos son al efecto de que la corte de distrito erró al no resolver que la tasación dada a doce parcelas de terreno era en cada caso excesiva, opresiva e injusta.

Respecto a la finca La Reparada que es una parcela de unas 1,094.7.8 cnerdas, uno de'los dos testigos de los deman-dantes y el tasador estuvieron contestes en calcular 400 cuerdas de terreno .para caña a razón de $400 por cuerda y 200 cuerdas de terreno de segunda clase para caña a $250 por cuerda. La diferencia de criterio surgió sobre cien cuer-das de terreno para caña clasificado por los demandantes como de tercera clase y sobre unas 300 cuerdas de terreno arenoso y salitroso cerca del mar no apropiado para caña o, según la prueba revela, para cultivo de índole alguna. Las cien cuerdas fueron valoradas a $250, mientras que de con-formidad con 1.a prueba de los demandantes no valían a más de $150. La prueba de los demandantes también demostró más o menos concluyentemente que las 300 cuerdas no valían a más de $15 para finés agrícolas o para pastos.

" Esta prueba, sin embargo, bace caso omiso del hecho de qfie La Reparada está situada entre Ponce y el mar. No solamente es una finca de caña sino una propiedad suburbana. •Está atravesada por la línea principal y por un ramal de la .American Railroad. La estación del ferrocarril de Ponce és una de las fincas contiguas. Linda por tres lados con otras tantas carreteras. Una de éstas es la que va de Ponce á lá Playa. Otra es la Carretera Insular No. 2 de Ponce a Guayanilla y Peñuelas. . La tercera constituye otro eslabón entre la Carretera No. 2 y la Playa de Ponce. El Río Por-tugués separa la Playa de la parte de la finca que linda con el mar. Los demandantes habían vendido parte de este terreno que linda con el mar a cincuenta centavos el metro. La prueba de los demandantes no demuestra ni la tasación original dada a estas 300 cuerdas ni la suma finalmente fijada por la Junta de Revisión e Igualamiento. Los apelantes nos remiten a cierta página de la transcripción taquigráfica en qué un testigo del demandado declaró que terrenos similares del mismo distrito habían sido tasados, a $50 la cuerda. El mismo testigo en otra parte de su declaración dice que la Junta de Revisión e Igualamiento al revisar la tasación dada a La Reparada había tasado 362 cuerdas como terreno para pastos a $200 y 29 cuerdas a $150. Estamos a. oscuras res-pecto a qué parte, si la hubo, de las contribuciones pagadas bajo protesta fue .calculada sobre esta base. Sea como .fuere, la prueba de los demandantes que trata de la cuestión-del valor para fines agrícolas solamente, difícilmente justificaría la modificación de la conclusión a que se llegara, primero, por la Junta, de Revisión e Igualamiento y luego por el juez de distrito. Por otra parte no se ba demostrado "que.el valor un el mercado de las cien cuerdas de’terreno de tercérá clase para caña baya aumentado materialmente debido a su situa-ción. La prueba relativa al valor de ese terreno para fines agrícolas es clara y específica y está prácticamente incontro-vertida. Por la prueba en general no estamos en condiciones de decir que pudiera valer más de $150 por cuerda.- Una parte proporcional de las contribuciones pagadas bajo pro-testa debe ser devuelta.

El Tuque es una parcela de unas 379 cuerdas. Se admite que cincuenta cuerdas o más de terreno pantanoso situado cerca del mar valen a $10 por cuerda y que pueden valer algo más. El resto es un desierto que prácticamente carece de valor. En la prueba del demandado existe la sugestión de que en este terreno se puede sembrar maguey, mas en ma-nera alguna se desprende claramente que esto pudiera hacerse provechosamente. La finca en su totalidad fué tasada en $7,580. Los apelantes están dispuestos a aceptar una valo-ración que equivalga aproximadamente a la mitad de dicha suma. Más de $3,800 sería una suma claramente excesiva. La cantidad pagada bajo protesta, $89.06, debe ser devuelta.

Si bien hay mucho campo para argumentación en apoyo de criterios opuestos sobre el valor de otras propiedades en-vueltas, el juez de distrito parece haber apreciado la prueba de conformidad con la regla establecida en el caso de Ensenada Estate Inc. v. Hill, Tesorero, 24 D.P.R. 491; y Saurí & Subirá v. Hill, Tesorero, 26 D.P.R. 609, y no estamos dis-puestos a alterar el resultado.

Los otros errores de existir no exigirían la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser revocada en el sentido ya indicado y confirmada en todos sus demás aspectos.


author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

text:
    Juana Méndez Rivera, como madre investida de la patria potestad de la menor Margarita Frontera Méndez, demandante y apelada, v. José Delgado Vázquez y Paula Figueroa de Jesús, demandados y apelados.
    No. 6459.

    Sometido: Noviembre 13, 1933.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.

      R. Muñoz Ramos, abogado de los apelantes; C. Olivieri, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción por la vía ordinaria, en cobro de un préstamo bipotecario, sus intereses y costas, gastos y honorarios de abogado, en la cual sustancialmente se alega que la demandante Margarita Frontera Méndez es una menor de edad, y está representada en dicha acción por su madre Juana Méndez Rivera; que en 20 de diciembre de 1927, previa autorización judicial de la Corte de Distrito de Ponce, dicha Juana Méndez Rivera, como madre con patria potestad sobre su referida hija, entregó, en calidad de préstamo, a José Delgado Vázquez, la suma de $1,500 por un término fijo de dos años, que venció en 20 de diciembre de 1929, y un año más de prórroga que venció en 20 de diciembre de 1930, y en garantía de dicbo préstamo, con sus intereses, costas, gastos y honora-rios de abogado ascendentes a $300, el deudor y su esposa constituyeron hipoteca sobre una finca de su propiedad a favor de la menor demandante; que en 20 de diciembre de 1929, el deudor y su esposa hicieron uso de la prórroga de un año convenida en dicho contrato hipotecario, la cual venció en 20 de diciembre de 1930; que desde julio 20 de 1931 hasta el 20 de mayo de 1932, los demandados, a pesar de estar vencidos el principal y sus intereses, no han satisfecho ninguna de las cantidades adeudadas.

El demandado José Delgado Vázquez contestó alegando sustancialmente que Juana Méndez Rivera, en representación de la menor, le había concedido una prórroga verbal de la hipoteca, la cual prórroga estaba vigente al iniciarse' esta acción en 14 de junio de 1932, y que por virtud de la misma la deuda no está vencida. Aceptó el demandado que hasta el 20 de mayo de 1932 debía a la menor demandante la can-tidad de $150 de intereses y alegó que al vencimiento de la primera mensualidad la demandante se negó a recibir del demandado el importe de la misma y más adelante el importe total de todas, según iban venciendo bajo el fundamento de que el demandado debería pagar los intereses conjuntamente con.el capital.

Esta última alegación no aparece completamente clara. No sabemos cuál es la primera mensualidad a que se refiere el demandado, ya que según sus propias admisiones debía diez meses de intereses y el préstamo hipotecario se contrajo en 20 de diciembre de 1927. Suponemos que el demandado se refiere a la primera mensualidad de la última prórroga que según sus alegaciones le fué concedida.

Declarada con lugar la demanda por la corte, inferior, el demandado interpuso recurso de apelación y ahora comparece el demandante solicitando que se desestime la apelación por-que la misma fué radicada en este tribunal noventa días 'después de la fecha en que presentó el escrito de apelación y porque el único error señalado por el demandado apelante es claramente fútil y sin mérito alguno. El recurso, según el demandado, sólo tiene el propósito de dilatar la terminación del litigio.

La única cuestión a discutir en este caso es si fué conce-dida o no a los demandados una última prórroga que debió vencer en 20 de diciembre de 1932. Según se estipuló en el contrato, el préstamo se constituyó por un plazo de dos años que comenzó el día 20 de diciembre de 1927 y expiró en el mismo día y mes del año 1929, pudiendo prorrogarse, como en efecto se prorrogó, por un año más a solicitud del deman-dado.

La corte inferior declara que la prueba en cnanto a las dos últimas prórrogas alegadas por el demandado es contra-dictoria, pero que aun asumiendo como cuestión de hecho que dichas prórrogas hubiesen sido concedidas por Juana Méndez Rivera,' madre de la menor demandante, las mismas no ten-drían ningún valor ni efecto legal porque la madre no podía conceder otra prórroga que la mencionada en la escritura, necesitando autorización judicial para conceder una nueva prórroga, la cual no se ha probado que se solicitara ni que fuera concedida. De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo siguiente:

“Parece que después de ■vencido el término de dos años y ade-más el de prórroga convenidos en la cláusula segunda de la escritura de hipoteca, hubo cierta tolerancia favorable para, los deudores, quie-nes continuaron pagando los intereses del préstamo por algún tiempo, aunque cuando se presentó la demanda, en junio 14 de 1932, se de-bían 10 meses consecutivos de intereses.
•• “Pero ‘la mera circunstancia de que el acreedor no reclame el cumplimiento de la obligación inmediatamente que ésta vence y la .de que retrase más o menos el ejercicio de su áeción, no significa ni revela la intención de conceder al deudor prórroga alguna.’ (C. Núm: 76, 22 de marzo 1901. Dato Repertorio, tomo 4, años 1898 a 190.1, pág, 120.)
-'“Da Cor te-llega-ala conclusión dé qué no han existido ninguna de las dos prórrogas alegadas por el demandado en el apartado 4 de;su contestación a la demanda.” ;-

El demandante atribuye una gran importancia a la con-clusión de la corte negando a la madre la facultad de con-ceder, sin autorización judicial, otra prórroga que la con-venida en la escritura. No es necesario, en nuestro sentir, resolver esta cuestión, porque la corte ha declarado de una manera clara que apreció los hechos y que esta prórroga no fué concedida. No se alega que se haya incurrido en mani-fiesto error ni que haya habido pasión, parcialidad o pre-juicio en la apreciación de la prueba. Hemos leído cuida-dosamente la evidencia aportada y consideramos justificada la apreciación de la corte inferior.

El demandado declara que, después de concedida la pró-rroga convenida en el contrato, obtuvo una nueva prórroga que debía vencer en diciembre de 1931. Si esto es verdad, el demandado aparece solicitando de la madre de la menor una nueva prórroga cinco meses antes de vencer la que, según alega, le fué concedida. Declara el Sr. Delgado que la Sra.’ Méndez, después de concedida la prórroga, se negó a recibir el importe de una mensualidad diciéndole que no podía acep-tar el dinero si no pagaba los $1,500. La Sra. Méndez de-clara que desde que se venció la hipoteca está requiriendo, al deudor para el pago de los intereses, que los necesitaba, que éste solicitó un año de prórroga y se negó a concederlo, y que cuando le mandó $15 con su chauffeur no los aceptó porque le debía cinco meses, diciéndole a dicho chauffeur: “Tenga los $15, lléveselos al Sr. Delgado, que cuando me reúna los cinco meses completos me traiga completo el dinero, que es su deber;” pero él no mandó más dinero ni vino;- Esta es la razón que expone la Sra. Méndez para no recibir el dinero.

La corte inferior declaró que no se había concedido pró-rroga alguna y dictó sentencia en favor de lá. menor deman-dante. La única cuestión controvertida, en el terreno de- los hechos es la tercera-prórroga alegada .por-el-'demandado José Delgado. Toda vez que la corte sentenciadora, apre-ciando la prueba, resolvió que no bubo prórroga, huelga dis-cutir si la madre de la menor tuvo o no ‘autoridad para con-venir una prórroga que nunca fué concedida.

Estimamos que la apelación interpuesta es frívola y que debe ser desestimada.


text:
    Ex parte Cayetano Coll Cuchí, Hijo, peticionario.

      Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

' Es requisito exigido por nuestras leyes para que una persona sea admitida a examen como abogado que nos presente el diploma que como tal haya obtenido. Cayetano Coll Cuchí, hijo, nos pide que lo admitamos a examen como abogado sin presentarnos su diploma como tal, fundándose para ello én la Resolución Conjunta No. 40 de 1933 (pág. 721). Esa Resolución Conjunta dice así:

“Por cuanto, Cayetano Coll Cuchí hijo, de Puerto Rico, cursó sus estudios en el Colegio de Leyes de la Universidad de Louisville, Kentucky, y aprobó todas y cada una de las distintas asignaturas : requeridas por dicha universidad en su curso de tres años para ■ ■ conceder el diploma de Bachiller en Leyes;
“:Por cuanto, el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, fué examinado por ■ la Junta de Examinadores de la Corte de Apelaciones del Estado de Kentucky en los días diecisiete y dieciocho de abril de 1930 los cuales aprobó; y habiendo además aprobado el curso requerido : por dicha universidad para la obtención del diploma de Bachiller en Leyes fué admitido al ejercicio de la profesión en dicho Estado;
"Por cuanto, el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, fué admitido al ejercicio de su profesión en el Estado de Kentucky por la Corte de Apelaciones con la recomendación de la Junta de Examinadores del Estado de Kentucky el día veintitrés de septiembre de 1930;
"Por cuanto, el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, fué también admi-tido al ejercicio de su profesión por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Kentucky, en su circuito corres-pondiente, el día veintiséis de septiembre de 1930;
"Por cuanto, el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, fué admitido al ejercicio de su profesión por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el día veintiocho de octubre de 1930;
* ‘Por cuanto, el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, ha estado ejerciendo su profesión en la oficina de Cayetano Coll Cuchí por un período de tiempo de más de dos años;
"Por cuanto, debido a un tecnicismo del reglamento que rige la Universidad de Louisville, Kentucky, y a pesar del hecho de que dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, atendió las clases durante su curso y aprobó todas las asignaturas requeridas por el Colegio de Leyes de dicha Universidad hacia la obtención de dicho diploma de LL. B., no se le ha concedido nunca diploma acreditando su graduación como Bachiller en Leyes; aunque el hecho de esa gra-duación se demuestra por una carta que le ha sido entregada a dicho Cayetano Coll Cuchí hijo;
"Por cuanto, bajo esas condiciones y con una notoria injusticia al dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, éste no puede hacer su solicitud para un examen de reválida ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico sin la propia autorización por un acto de la Legislatura, porque a pesar de que él es un graduado de una universidad acre-ditada no está en la posesión actual de un diploma que así lo acre-dite,
"Por tanto, Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
"Sección 1. — Autorizar y por la presente se autoriza al Tribunal Supremo de Puerto Rico a conceder a Cayetano Coll Cuchí hijo, cuando lo crea conveniente, un examen de reválida para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, siempre y cuando el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, presente al tiempo de hacer su solicitud prueba de los hechos relatados en todos y cada uno de los ‘Por cuantos’ de esta Resolución; y si el dicho Cayetano Coll Cuchí hijo, aprobara los exámenes a que fuera sometido, se autoriza al Tribunal Supremo de Puerto Rico a expedir'la correspondiente licencia para su ejercicio de la abogacía en esta Isla.”

Con la solicitud de examen lia presentado el peticionario prueba de los hechos relatados en algunos de los “por cuantos” de la mencionada resolución pero no la ha presen-tado de que, como .se dice en el primero de ellos, aprobó todas y cada una de las distintas asignaturas requeridas por el Colegio de Leyes de la Universidad de Louisville, Kentucky, en su curso de tres años para conceder el diploma de Bachiller en Leyes; ni tampoco la carta que demuestra el hecho de su graduación. Podría decirse que tal prueba no es necesaria porque el peticionario ha demostrado que fue examinado por la Junta de Examinadores de la Corte de. Apelaciones del Estado de Kentucky y admitido al ejercicio de la profesión de abogado en dicho Estado pero, aparte de que ignoramos los requisitos que allí se exigen para tal examen y admisión, los términos de la Resolución Conjunta son tan precisos y exigentes para conceder al peticionario la gracia de ser admi-tido a examen de abogado sin presentar el diploma que debe librarle la universidad donde estudió, que creemos no debemos admitirlo a examen como abogado, por lo que su petición debe ser negada.


author: El Juez Asociado Sbñoe Audrey,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    No. 901.

    Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.

      José R. Aponte, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Sbñoe Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Quiteño Rodríguez hipotecó a favor de The Federal Land Bank of Baltimore una finca de 799 cuerdas y 31 céntimos de otra, parte de la cual tenía inscrita en el Registro de la Pro-piedad de Arecibo y la otra parte en el de Utuado. Después de estar inscrita la hipoteca en ambos registros vendió Ro-dríguez una parcela de 795 cuerdas y 31 céntimos de esa finca a cuatro personas y posteriormente vendió el resto de cuatro cuerdas a otra persona. Al ser inscritas en el Registro esas compras se hizo constar el defecto subsanable de no hacerse la descripción de la finca segregada ni del resto y también el de no describirse la parte de la segregación que correspondía a Arecibo y a Utuado, respectivamente. Seguido juicio ejecu-tivo por el banco contra esos compradores para cobrar la deuda garantizada con la hipoteca fué vendida la totalidad de la finca en pública subasta y adjudicada al banco en pago parcial de su crédito, siéndole otorgada por el márshal la correspondiente escritura de compraventa. Esta escritura fué presentada para inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Utuado acompañada de un acta notarial en la que un subgerente del banco hizo las descripciones a que antes nos hemos referido. El registrador inscribió la venta pero con el defecto subsanable de no comparecer en el acta aclara-toria las partes originalmente contratantes y sí un subgerente del banco. Por la consignación de ese defecto interpuso el banco el presente recurso.'

Desde el momento en que fué otorgada la escritura de venta al banco éste se convirtió en dueño de la finca, indepen-dientemente de su inscripción en el registro que se verifica para dar conocimiento a terceras personas, y como tal dueño podía otorgar el acta aclaratoria cuyo solo objeto era facilitar la inscripción mediante determinadas descripciones; y como éstas no alteraban el título que le otorgó el marshal no era necesario que dicho funcionario interviniese en el documento en que se hicieron las descripciones mencionadas. Además, como el marshal traspasó al banco la totalidad de la finca hipotecada, no tenía necesidad de intervenir en descripciones de las dos parcelas que resultaron de la finca después de la segregación hecha antes de la venta verificada por él.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto a la con-signación del defecto subscmable que menciona.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Sucesión de Celestino Andrades, compuesta de Martín, Alejandrina, Margot, Dolores, Matilde y Sinecia Andrades, peticionarias y apeladas, v. José Sosa Oliva, demandado y apelante.
    No. 5507.

    Sometido: Febrero 17, 1932.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.

      J. H. Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del apelante; O. B. Frazer j R. Castro Fernández, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Una demanda de tercería fué declarada sin lugar por sentencia que contiene ciertos pronunciamientos contra el tercerista y sus fiadores. Cuando el embargante de la pro-piedad objeto de la tercería quiso hacer cumplir esa sentencia en bienes de uno de los fiadores se le prohibió en un proce-dimiento de injunction que hiciera tal cosa, y contra esta sen-tencia se interpuso la presente apelación.

En pleito seguido por José Sosa Oliva contra la sociedad civil Rodríguez Hnos. y contra los dos socios de ella, obtuvo sentencia a su favor por la cantidad de $2,109.45 y por las costas. Siendo firme ese fallo fué anunciada en subasta para su cumplimiento la venta de todo el derecho, título, interés y participación que el demandado José V. Rodríguez tuviese en otra sociedad civil de la que formaba parte, nombrada López Rodríguez & Cía., pero esa subasta fué suspendida por haber interpuesto la sociedad López Rodríguez & Cía. una tercería reclamando el derecho anunciado en venta como de su exclusiva propiedad y haber prestado fianza en unión de Celestino Andrades y de Andrés López como fiadores en cantidad de $6,000, por haber sido tasado por el marshal el derecho reclamado en $3,000, sin que los fiadores se compro-metiesen a pagar costas. Tramitada esa tercería recayó sentencia declarándola sin lugar con imposición de las costas a.la tercerista y a sus fiadores. Fué embargada entonces una finca del fiador Andrades, valorada en $10,000, para responder a Sosa Oliva de la cantidad de $2,109.45 más $500 para costas. Esa sentencia fué notificada solamente a López Rodríguez & Cía., lo mismo que el memorándum.de costas que fué presen-tado y aprobado por la corte en cuanto a la cantidad de $266.50, por la cual y por los $2,109.45 fué librada orden de ejecución y por ellas anunciada en subasta la finca de An-drades. Acudió entonces ese fiador a la corte de distrito solicitando que anulase el embargo de su finca y la orden para su venta porque no había sido notificado de la sentencia que lo condena al pago de costas, porque sin haber sido conde-nado a pagar cantidad alguna a Sosa Oliva se quiere vender su finca para que Sosa cobre los $2,109.45 de la sentencia que obtuvo en su pleito contra' Rodríguez Hnos., porque en su fianza no se obligó a pagar costas y porque no ha sido reque-rido para que consigne el montante de ellas. Esa solicitud fué negada y entonces presentó en este Tribunal Supremo una petición en la que exponiendo substancialmente lo mismo que en la moción de nulidad referida interesó el libramiento de un auto de certiorari para la revisión de las actuaciones mencionadas, pero fué rechazada en una resolución que dijo “No ha lugar,” y en igual forma fué desestimada su solicitud de que este tribunal reconsiderase esa resolución. Después de esto, habiendo muerto Celestino Andrades, sus herederos radicaron en la corte de distrito demanda de injunction ex-poniendo también los hechos ya relatados con súplica de que se prohibiese a José Sosa Oliva hacer cumplir la sentencia de tercería y cobrar los $2,109.45 y las costas con la venta de la finca embargada al.fiador Andrades. Con vista de esa demanda la corte dictó una orden de entredicho; después de oír al demandante y al demandado Sosa decretó un injunction provisional; y finalmente, con audiencia de las partes, dictó la sentencia que motiva esta apelación. .

En los . dos primeros motivos de su recurso dice «1 apelante que la corte inferior cometió error al no sostener que los hechos alegados en la solicitud o demanda de mjimction son insuficientes para autorizar la concesión del recurso que solicita porque si los apelados tienen derecho' a que se les notifique la sentencia de tercería y los procedimientos poste-riores, tienen el camino expedito para darse por notificados y apelar para obtener la revisión por ese remedio ordinario, que es suficientemente rápido y eficaz, y que si no tienen de-recho a tal notificación, entonces no procede el mjimction porque la notificación hecha al tercerista constituyó suficiente notificación a sus fiadores. También dice que la alegación de que los peticionarios sufrieron daños irreparables no es suficiente porque no expresa los hechos en que tal alegación se funda. Podemos resolver con los anteriores el séptimo motivo, fundado en que fué error resolver que procedía en este caso .la expedición del auto para impedir una multipli-cidad de procedimientos judiciales.

La ley dé tercería (Estatutos Revisados, pág. 889) dis-pone que siempre que un marshal, u otro agente judicial, procediere a cumplimentar una orden de ejecución, embargo, o cualquiera otra orden contra alguna propiedad mueble, y dicha propiedad, o cualquiera parte de ella, fuere reclamada por un tercero, éste o su mandatario o abogado, podrá prestar juramento por escrito ante cualquier funcionario autorizado para tomar juramentos haciendo constar que dicha reclama-ción se hace de buena fe, y presentarlo al agente encargado de cumplimentar la orden de ejecución o embargo. Por la sección segunda se dispone que el reclamante constituirá y presentará una fianza con dos fiadores por el doble de la cantidad en que el agente judicial tasara el objeto de la recla-mación y que aprobada la fianza por el agente judicial se entregará la propiedad al reclamante, que será considerada en custodia legis. En la sección tercera se dice que la fianza se constituirá con la condición de que si el reclamante no logra justificar su derecho a la propiedad, devolverá ésta al agente que hubiere actuado en el embargo en tan buena condición como la recibió y de que satisfará el valor razonable del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, desde la feclia de la fianza; o qne si dejare de devolver dicha propiedad y pagar por el nso, alquiler, incremento y productos de la misma, satisfará al demandante el valor de dicha propiedad, con más el interés legal de la misma desde la fecha de la fianza, así como todos los daños y costas a que fuere conde-nado. Según otra sección de la misma ley el reclamante deberá comparecer dentro de cierto tiempo para sostener su reclamación; y según la 14, en todos los casos en que el recla-mante de una propiedad bajo las disposiciones de esa ley dejare de probar su derecho a ella se dictará sentencia en contra de él y de sus fiadores por el valor de la propiedad, con interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza.

En 2 R.C.L., pág. 55, párrafo 35, se dice, citando sentencias, que la clase más numerosa de personas que no son partes en un pleito y que reclaman el derecho de apelar de acuerdo con los estatutos como personas agraviadas son los fiadores en fianzas oficiales; y que la mayoría de las autoridades sos-tienen el derecho de esas personas para apelar como tales fiadores de una sentencia contra su principal por la teoría de que tales fiadores, en ausencia de fraude o colusión, están obligadas por un fallo contra su principal y son partes agra-viadas. Ese derecho de apelación surge aun más claro en las sentencias de tercerías por disponer en ellas la ley que se condene al principal obligado en la fianza y también a sus fiadores a pagar el valor de la propiedad mueble reclamada por el tercerista, cuando éste ha dejado de probar su recla-mación. Esa condena contra los fiadores, que no han sido partes en la tercería, es una responsabilidad que se les impone por la sentencia y como agraviados por ésta tienen el derecho de apelar. En el caso presente la sentencia no condenó al tercerista y a los fiadores a pagar el valor de la propiedad que se reclamaba, como dispone la ley, pero condenó a los fiadores a pagar las costas de la tercería, sin mandato expreso de la ley y sin que los fiadores se hubiesen comprometido en la fianza a satisfacerlas, y habiendo sido agraviados así en ese particular por la sentencia, tenían derecho a que fuera revisada en apelación. Los fiadores no fueron partes en el procedimiento de tercería pero el hecho de haber sido conde-nados los convirtió en partes perjudicadas a quienes la sen-tencia debió ser notificada por el secretario de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil vigente por si querían es-tablecer recurso de apelación y para que si no lo ejercitaban quedase firme contra ellos y pudiera ejecutarse en sus bienes; y aunque ellos pudieran apelar dándose por notificados de la sentencia, como dice el apelante, no tienen el deber legal de hacerlo. La sentencia no les fué notificada.

El hecho de que los fiadores tuvieran y aun tengan en esta clase de procedimiento el recurso de apelación no es obstáculo que impida necesariamente el libramiento de un auto de injunction pues, como hemos declarado en varias ocasiones, el recurso ordinario de apelación no es siempre adecuado, rápido y eficaz. En el recurso de apelación sólo podría discutirse y resolverse si los fiadores fueron propia o injustamente condenados al pago de las costas; pero em-bargados bienes del fiador Andrades y habiendo sido anun-ciada su venta en subasta para hacer efectiva una cantidad determinada de dinero para costas sin que en la sentencia se fijase tal cantidad sino en un procedimiento posterior en el que no se le dió intervención al fiador a quien se quiere cobrar, y tratándose de ejecutar su finca para que pague también $2,109.45 sin haber sido condenado a satisfacer esa cantidad, no tenemos duda de que la demanda de injunction es procedente a pesar del derecho de apelación que tenía la sucesión apelada.

La alegación del apelante respecto a que la demanda de injunction no expresa los hechos que demuestren que la Suce-sión Andrades recibirá perjuicios irreparables no es soste-nible, porque de la petición aparece que se trata de vender su finca para pagar cantidades a que no ha sido condenada; venta que de ocurrir le cansará indudablemente serios per-juicios pues le privará de los beneficios de su propiedad, ya que aunque podría recobrarlos en otro pleito estaría expuesta a perder los productos y beneficios de su propiedad porque aunque en la actualidad el apelante tiene bienes para responder de ellos, no puede preverse lo que ocurrirá a la ter-minación del litigio. Y si la finca es comprada por tercera persona protegida por la buena fe de su compra en subasta judicial, entonces la situación sería más complicada para la Sucn. Andrades. Lo expuesto demuestra también que el presente injunction trata de evitar una multiplicidad de pleitos. Hay otro motivo de error que implícitamente queda resuelto por lo antes expresado, a saber, según el sexto, que la corte inferior cometió, error al dictar la sentencia apelada basada en la falta de notificación a Andrades de la sentencia de tercería y de las órdenes posteriores y en irregularidades en dicho pleito que pudieron ser corregidas en el curso ordi-nario de los procedimientos.

En el tercer motivo se dice que fue error de la corte sentenciadora resolver que las cuestiones envueltas en este caso habían sido previamente determinadas y decididas en el recurso de certiorari que Celestino Andr-ades presentó en este Tribunal Supremo. Es cierto que las cuestiones alegadas en la mencionada solicitud de certiorari son substancialmente iguales a las de la petición de nulidad que Andrades presentó ante la corte de distrito y las mismas de la demanda de injunction de su sucesión y que en la solicitud de certiorari se alegó la cuestión de la falta de notificación a Andrades de la sentencia de tercería. Quizá nuestra resolución de “No ha lugar” fué motivada porque Andrades podía apelar de la sentencia, según hemos dicho al principio, pero también hemos declarado antes que a pesar de ese derecho de apela-ción y por las circunstancias de este caso era procedente el auto de injunction. De todos modos, nuestra resolución en el certiorari y nuestra negativa a reconsiderarla no resolvió explícitamente cuestión alguna contra Andrades. La conce-sión de un auto de certiorari es discrecional.

El cuarto motivo de error alegado no tiene impor-tancia, pues si la orden definitiva de injunction es procedente no deberá ser revocada porque al conceder la corte inferior el auto provisional de mjunction no considerara las cuestiones de derecho planteadas por el demandado, tanto más cuanto que esa resolución no fué apelada.

Los dos últimos motivos del recurso se fundan en que la sentencia definitiva de injunction es contraria a la ley y a los hechos probados. Ambos están comprendidos en los razo-namientos que hemos expuesto. En uno de ellos se insiste en que la sentencia de tercería no podía ser apelada por Andrades por no ser parte en dicho procedimiento. Hemos dicho al principio que al condenar la sentencia a Andrades lo hizo parte. De sostenerse esa conclusión del apelante procedería también el mjimction en cuestión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico v. Ezequiel Rivera, acusado y apelante.
    No. 5154.

    Sometido: Noviembre 16, 1933.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.

      Burset & Pérez Pimentel y L. S. Serbia, abogados del apelante; T. Torres Pérez, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ezequiel Rivera fue acusado de que en determinada fecha y sitio estaba en posesión de cinco cuartillos de ron cañita, que es una bebida embriagante, destinado a la venta pública. Condenado por infracción de la Ley Nacional de Prohibición interpuso esta apelación.

Al terminar el fiscal la presentación de su prueba en el juicio, el acusado solicitó de la corte inferior que lo absolviera porque no es suficiente para una sentencia condenatoria; y desestimada esa solicitud alega ahora como uno de los motivos de su apelación que esa resolución de la corte y su condena es errónea. El fiscal no ha contestado en su alegato esa alegación de error.

La prueba del fiscal consistió en las declaraciones de dos policías. Uno dijo que en la casa del acusado entraba y salía mucha gente, saliendo algunos completamente borra-chos y otros hablando mucho en alta voz y apestosos a ron;, y que el acusado tenía en su dormitorio el ron mencionado. El otro policía se limitó a decir que el acusado tenía dicho-ron en su casa residencia y que allí no tenía tienda ni cafetín.

Esá prueba no es suficiente para concluir que la bebida embriagante que el apelante tenía en el dormitorio de su casa estaba destinada a la venta pública, pues no es bastante que un testigo dijera que entraban muchas personas en la casa y salían borrachas, tanto más cuanto que ni siquiera dijo que no estaban así cuando entraban en la casa. Se probó la. posesión por el apelante de la bebida embriagante, pero la mera posesión de tal clase de bebida no constituye delito. El Pueblo v. Muñoz y El Pueblo v. Santiago, 35 D.P.R. 360 y 767, respectivamente.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Señor Aldrby,

text:
    Andrés y Luciana Aybar, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, demandada y apelada.
    No. 6471.

    Sometido: Noviembre 13, 1933.

      Resuelto: Noviembre 17, 1933.

      L. Vülaronga, abogado de los apelantes; De la Torre & Ramírez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

Dos motivos se alegan para que desestimemos esta apela-ción: uno es que los apelantes no ban sido diligentes en la tramitación de su recurso: el otro es que la apelación es frívola.

Si bien es cierto que por espacio de más de dos años, desde febrero de 1931, los apelantes, sin oposición de la ape-lada, han estado obteniendo prórrogas de la corte para que el taquígrafo prepare la transcripción de la evidencia para esta apelación, también lo es que de una resolución de la corte dictada el 10 de octubre de este año aparece que los apelantes se quejaron ante ella de que el taquígrafo no hacía la transcripción porque han sido declarados pobres en este litigio por lo que solicitaron una orden perentoria contra el taquígrafo; que en efecto el taquígrafo no realizaba ese tra-bajo por entender que no estaba obligado a hacerlo, y que se le ha ordenado por la corte que lo haga dentro de cierto tiempo.

A pesar del tiempo transcurrido desde que la apelación se interpuso no la desestimaremos por el primer motivo ale-gado porque la conducta del taquígrafo es la que lia retardado la tramitación del recurso.

Lo único que dice la apelada en cuanto al segundo motivo alegado para la desestimación es que la simple lectura de la sentencia demuestra la falta de fundamento para re-currir contra ella y la inoficiosidad y futilidad de la apela-ción. La sentencia descansa en ciertos Lechos que puede ser que no estén sostenidos por la prueba por lo que no puede servir de Lase para declarar que es frívola la apelación inter-puesta contra ella.

La moción de desestimación deloe ser negada.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Las Monjas Racing Corporation y Quintana Racing Park, Inc., demandantes y apelantes, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico y sus miembros F. J. Richardson, Mariano Abril, Antonio Arroyo y Pedro J. Barbosa, demandados y apelados.
    No. 5217.

    Sometido: Marzo 9, 1933.

      Resuelto: Noviembre 23, 1933.

      Leopoldo Feliú j M. Martínez Dávila, abogados de las apelantes, res-pectivamente; J. Martínez Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Las demandantes entablaron esta acción para impedir que se pusiese en vigor una orden fijando en 25 centavos el precio de ciertos impresos conocidos con el nombre de papeletas, cantidad que incluía el costo de la combinación, a más del im-puesto de 1 centavo determinado por la ley, y prohibiendo la venta de papeletas a un precio mayor que el total máximo así prescrito. Después que los demandados contestaron, el caso fué sometido por las alegaciones y la corte de distrito desestimó la acción.

Una papeleta se utiliza para hacer una sola com-binación. Un número de diferentes combinaciones puede jugarse en otros impresos conocidos con el nombre de cuadros. Una combinación es una lista contentiva de tantos caballos como carreras haya en un programa oficial. Se escoge un caballo de entre los que han de tomar parte en cada carrera. El jugador ingresa en el pool 25 centavos por cada combina-ción que juegue. Por muchos años anteriores a una fecha no especificada, que en la demanda se alegaba como reciente, los hipódromos habían venido vendiendo cuadros en blanco y distribuyendo papeletas libre de costo. El adquirente de un cuadro en blanco, en adición al precio pagado por el impreso, ingresaba en el pool 25 centavos por cada combinación. EJ jugador de una papeleta asimismo contribuía con 25 centavos al fondo del pool por su combinación, mas nada pagaba por el blanco. Ahora el pool consiste, y siempre ha consistido, del total pagado por todos los jugadores a razón de 25 centavos por cada combinación.

La sección 15 de la Ley Hípica (No. 40 de 1927, pág. 207) según fué enmendada por la Legislatura en su sesión ordinaria de 1929 (Leyes de ese año, página 245) disponía: “que los impresos para el juego de combinaciones en el pool deberán venderse por las corporaciones explotadoras de los hipódro-mos a cinco (5) centavos cada uno, y el producto de la venta de tales impresos, después de descontar dos (2) centavos para gastos de impresión y venta de los mismos, por impreso, deberá ingresar en el Tesoro Insular para ser invertido por el Comisionado de Sanidad en la profilaxia de la tuberculosis en los niños.”

Antes de empezar a regir esa enmienda, sin embargo, la sección 15 fue nuevamente enmendada en la sesión extraordi-naria del mismo año y la disposición que acabamos de copiar fué omitida. Al mismo tiempo la sección 40 fue enmendada (Leyes de la sesión extraordinaria, páginas 23, 25) para que leyera en parte así:

“Los impresos de combinaciones para el juego de pool sólo podrán sellarse en los días que se celebren carreras de caballos y en relación con éstas, en aquellos locales, radicados dentro de los hipódromos de la Isla donde hayan de verificarse las carreras para las cuales se destinen dichos impresos.Los impresos en blanco para el juego de tales combinaciones podrán expedirse y venderse en cual-quier parte por las personas o entidades que estén autorizadas por las asociaciones, corporaciones o personas dueñas o explotadoras de tales hipódromos; Disponiéndose, que se entenderán por impresos para el juego del pool, tanto las papeletas donde se juega una sola combina-ción como los cuadros donde se pueden jugar una o más combinaciones. Las papeletas se venderán a veinticinco centavos cada una, más un centavo adicional como impuesto; Disponiéndose, además, que por cada impreso de los llamados cuadros, cuyo precio se fija en cinco centavos, se cobrarán otros cinco centavos en concepto de impuesto. Estos impuestos serán cobrados por la asociación, corporación o persona explotadora o dueñas de los hipódromos, y los impuestos así cobrados, de acuerdo con el número de papeletas y cuadros que re-sulten sellados, según la liquidación oficial del pool' en cada día de carreras, ingresará en el Tesoro Insular a disposición del Comisionado de Sanidad y para ser por éste invertida en la profilaxis de la tuberculosis en los niños, en la forma y manera que estime conveniente. ’ ’

Es obvio que el fin primordial de esta legislación era le-vantar fondos mediante tributación para prevenir la tuberculosis en los niños. En cnanto al pensamiento qne predominó en la mente del legislador, y en lo qne respecta a la cantidad de la contribución y a la carga proporcional qne babía de llevar la persona qne apostara nna sola combinación o la que apostase nna serie de combinaciones, la fraseología es perfectamente clara. La confusión sólo surge en lo concer-niente a la cuestión de si el qne juega nna sola combinación debe pagar, además de la contribución impnéstale, el doble de lo que ba de pagar por cada combinación el jugador de una serie de combinaciones. Aquí el lenguaje usado por la Legislatura debe interpretarse a la luz de condiciones preexis-tentes y de una costumbre arraigada.

Por muchos años el jugador de una serie de combinaciones y el que apostaba una sola combinación habían contribuido en forma similar con la cantidad de 25 centavos por cada com-binación, El jugador de una serie de combinaciones siempre babía pagado algo por su cuadro en blanco. El jugador de una sola combinación jamás había pagado por su papeleta en blanco. En su sesión ordinaria la Legislatura exigió al jugador de una sola combinación la misma cantidad que al de una serie de combinaciones. Por virtud de los términos de la ley, tal como fue enmendada en la sesión extraordinaria, el jugador de una serie de combinaciones debía pagar un im-puesto de 5 centavos, mientras que al que apostara una sola combinación únicamente se le exigió que pagara 1 centavo. Con esto la Legislatura aparentemente tuvo la intención de corregir la injusticia envuelta en la ley que acababa de pasar en su sesión ordinaria haciendo una mareada distinción a favor del jugador de una sola combinación. Eso parece ser razonablemente claro. El hecho de que la Legislatura exi-giera del jugador de una sola combinación la quinta parte de la contribución impuesta al jugador de una serie de combina-ciones, difícilmente puede armonizarse con la teoría de un pro-pósito coexistente de obligar al jugador de una sola combina-ción a pagar al hipódromo, como precio de su papeleta en blanco, en primer término, cinco veces lo que el jugador de lllia serie de combinaciones debe satisfacer por sn cnadro en blanco, y en segundo término, a ingresar en el pool la misma cantidad que él babía pagado por su papeleta, que'por alguna coincidencia extraña, es la misma cantidad que el jugador de una serie de combinaciones debe pagar por cada combina-ción jugada por él.

El artículo 40 dispone la venta de cuadros impresos. Por otra parte, deben venderse papeletas, que no son necesaria-mente impresas, a razón de 25 centavos más el impuesto de 1 centavo. Más específicamente, el artículo 40 dispone que: “se entenderán por impresos para el juego del pool, tanto las papeletas donde se juega una sola combinación como los cua-dros donde se pueden jugar una o más combinaciones.” Por el cuadro impreso donde se puede jugar una serie de combina-ciones es que la persona que apuesta paga 5 centavos a más del impuesto de 5 centavos. Por la papeleta donde se juega una sola combinación es que el jugador paga 25 centavos en adición al impuesto de 1 centavo.

Algo que la Legislatura en su sesión extraordinaria sí consideró con respecto al importe del impuesto fué el costo de impresión y venta de los blancos usados para combinaciones del pool. El costo de cada impreso fué calculado en 2 centavos. Se dispuso el reembolso de esta cantidad. No se tuvo la intención de que el hipódromo derivara alguna ganan-cia de la transacción. A base del cálculo hecho en la sesión ordinaria, el hipódromo tendría un beneficio de 3 centavos al vender cada cuadro impreso al precio posteriormente fijado por la Legislatura. No es probable que la misma Legislatura que permitió una ganancia de 3 centavos en la venta de cada cuadro impreso a 5 centavos, en adición al impuesto de 5 centavos, tuviera en mente permitir una utilidad de 23 centavos en la venta de cada papeleta por 25 centavos además del impuesto de 1 centavo. La Legislatura sabía que los hipó-dromos siempre habían obtenido ganancia en la venta de cuadros impresos. Sabía que ellos siempre habían suminis-trado las papeletas en blanco gratuitamente. Le constaba que el jugador que usaba una papeleta siempre había contribuido al pool con 25 centavos como el costo total de su combinación. Si la legislatura, teniendo todo esto en mente, hubiese preten-dido cobrar a un jugador que usara una papeleta un impuesto de 1 centavo en adición al antiguo' costo de su combinación, y entonces permitir al hipódromo cobrarle, en primer término, 25 centavos como el precio de su papeleta en blanco, y en segundo término, después de apropiarse esta cantidad para sí, otros 25 centavos como su contribución al pool, nos sen-timos obligados a resolver que esa intención hubiera sido más claramente expresada.

No podemos decir que la corte de distrito erró al inter-pretar la ley como la interpretó la comisión hípica en su reso-lución de octubre 28, 1929.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Guadalupe, Sabina y Francisco Anaya, demandantes y apelados, v. Sucn. de Harry A. McCormick Hartman, et als., demandados y apelantes.
    No. 6126.

    Sometido: Junio 13, 1933.

      Resuelto: Noviembre 24, 1933.

      R. R. Blondet, abogado' de Hortensia Dalmán de McCormick, apelante; Luis Muñoz Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1930 los demandantes obtuvieron sentencia en nn pleito de filiación iniciado contra nn gran número de demandados, que por información y creencia se alegaba cons-tituían los herederos testamentarios y legatarios de Harry A. McCormick Hartman. Eduardo Otto McCormick Hartman y sus menores hijos, Hortensia, Eduardo, William, Josefina y Dolores McCormick Dalmáu fueron algunos de los deman-dados designados en la demanda. Durante el curso del juicio el letrado de éstos y de todos los demás demandados, a excep-ción de una, anunció que su oposición había sido meramente técnica y que en vista de.la evidencia presentada por los de-mandantes ellos se allanarían a laí demanda de éstos y no harían defensa ulterior alguna. La demandada que no aban-donó su defensa apeló de la sentencia dictada, mas abandonó su recurso en mayo de 1931.

En moción radicada en mayo de 1932, Hortensia Dalmáu de McCormick alegó que Harry A. McCormick Hartman fa-lleció el día 17 de octubre de 1927, habiendo instituido here-deros, entre otros, a sus sobrinos, hijos de don Eduardo Otto McCormick y Hortensia Dalmáu de McCormick; entre los cuales le sucedió uno de estos sobrinos, Jorge McCormick Dalmáu; que Jorge McCormick Dalmáu falleció el día 4 de febrero de 1928 y que en febrero de 1930 sus padres, Eduardo Otto McCormick y Hortensia Dalmáu de McCormick, fueron declarados sus herederos universales; que ni Hortensia Dalmáu de McCormick ni Jorge McCormick Dalmáu habían sido hechos demandados o emplazados en el pleito de filiación; que se había dictado sentencia en dicho pleito sin jurisdicción y sin el debido proceso de ley; y que la citada Hortensia Dalmáu de McCormick tenía derecho a ser oída, y deseaba serlo, en defensa de sus derechos; y que ella había explicado a su abogado todos los hechos relacio-nados con el caso y éste le había manifestado, basado en el estudio que del mismo había hecho, que ella tenía una buena, justa y razonable defensa. En vista de esto, Hortensia Dalmáu de McCormick solicitó que se dejara sin efecto la sentencia y que se le permitiera aducir las alegaciones que estimare pertinentes en defensa de sus derechos. El presente recurso fué interpuesto contra la resolución que declaró sin lugar esta moción.

El pleito de filiación fué iniciado en abril de 1923, después de ocurrida la muerte de Jorge McCormick Dalmáa y unos dos años antes de que se hiciera la declaración de herederos en favor de sus padres. Esta declaración de here-deros fué obtenida unos dos meses antes de que se dictara sentencia en el pleito de filiación. La moción para que se dejara sin efecto esa sentencia, radicada más de dos años después de dictarse la misma, fué suscrita por el mismo le-trado que a nombre de Eduardo Otto McCormick y sus hijos había anunciado en corte abierta que ellos no tenían defensa alguna. En ausencia de algo que demuestre que Hortensia Dalmáu McCormick estuviera en mejor posición que su ma-rido y sus hijos o que su abogado estuviese equivocado en la conclusión a que llegara como letrado de su marido y de sus hijos al efecto de que ellos no tenían defensa alguna, la súplica final de la moción, redactada en la fraseología corriente de un affidavit de méritos, deja mucho que desear. Si ella real-mente deseaba tener la oportunidad de ser oída en defensa de sus derechos, nada había que la impidiera acudir a la corte en solicitud de permiso para intervenir en cualquier momento durante el largo período de tiempo que transcurrió entre la fecha en que se inició el pleito y el momento del juicio. La moción, si se le considera como una solicitando permiso para intervenir, fué, desde luego, radicada demasiado tarde, toda vez que se había dictado sentencia.

De todos modos, asumiendo para los fines de la argumen-tación que la apelante fuera una parte necesaria y que la sentencia fuera enteramente nula, la moción para que se de-jara sin efecto la sentencia se dirigió a la sana discreción de la corte de distrito, y, bajo las circunstancias arriba rese-ñadas, no hallamos que se cometiera abuso de tal discreción.

Cuanto hemos dicho. resuelve los señalamientos primero y segundo. El alegato de los apelados contiene una respuesta suficiente al tercero y cuarto.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.