author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    María Luisa Blanes Mangual, demandante y apelada, v. Isaac Francisco González Martínez, demandado y apelante.
    Núm. 8428.

    Sometido: Mayo 8, 1942.

      Resuelto: Junio 16, 1942.

      R. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Clemente Ruis Nasarlo 7 Ileriberto Torres Sold, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Disuelta a virtud de sentencia de divorcio la sociedad de gananciales que existió entre el apelante y la apelada, instó esta última una acción en la corte inferior interesando la liquidación de dicha sociedad. Alegó la apelada que ni ella ni el apelante aportaron bienes al matrimonio, pero que pos-teriormente adquirieron algunos que existen en la actualidad y en parte se describen en la demanda, todos los cuales per-tenecen a la sociedad conyugal con excepción de dos casas, la número 83 de la Calle Alien, de esta ciudad, y la número 32 de la Calle Loíza, en Santurce, las que fueron adquiridas por la apelada con peculio propio procedente de donación y he-rencia recibidas de su padre. Solicitó la apelada que una vez determinado por la corte el carácter privativo de dichos dos inmuebles, se ordenase el inventario, avalúo y liquida-ción de la sociedad oonjmgal, para lo cual solicitaba el nom-bramiento de un contador partidor.

Alegó en contrario el apelante que dichas dos fincas fue-ron adquiridas con dinero de la sociedad de gananciales, y trabada así la controversia, la dirimió el tribunal inferior por la sentencia objeto de este recurso, en la que como únicos pronunciamientos declaró que las dos propiedades en contro-versia pertenecen privativamente a la apelada, con excepción de $108.94 que declaró ella haber tomado de la sociedad de gananciales e invertido en la casa número 32 de la Calle Loíza, e impuso las costas al demandado apelante.

Sostiene ahora este último, y también sostuvo en la corte a quo, que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción. Basa su contención en que con arreglo a los ar-tículos 600 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) y los 1316, 1317, 1318 y 1322 del Código Civil (ed. 1930), dentro de la acción ejercitada no procede determinar el carácter privativo o ganancial de los bienes, debiendo limi-tarse la acción a obtener el nombramiento de un contador partidor para que prepare el inventario, avalúo y liquidación y división de los mismos, y someter su informe al tribunal, quien podrá aprobarlo, modificarlo o rechazarlo según pro-ceda.

En efecto, el artículo 1316 prescribe que disuelta la sociedad de gananciales se procederá desde luego a la for-mación del inventario. Los restantes artículos del Código Civil citados por el apelante establecen las reglas para la formación del inventario, pago de las deudas de la sociedad y división del remanente líquido de los bienes gananciales. Por último, el 1324 preceptúa que en cuanto a la formación del inventario, reglas sobre tasación y venta de bienes y de-más que no se halle determinado en el Tít. 3, Cap.9 4, Lib. 4 del Código Civil, que trata “De la sociedad de ganancia-les” se aplican las reglas establecidas en el Tít. 3, Cap.9 6, see. 5, Lib. 3. Es por esa razón que el apelante invoca el artículo 600 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) relativo al nombramiento del contador partidor.

Expuestos estos antecedentes, la primera cuestión a resolver es: ¿tuvo jurisdicción la corte a quo para dirimir la controversia respecto al carácter privativo o ganancial de las dos fincas reclamadas por la apelada, o venía obligada a cir-cunscribir sn resolución al nombramiento del contador par-tidor que también solicitaba la apelada?

En sns Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo 4, pág. 448, interpretando Manresa preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, que empezó a regir el 1 de abril de 1881, análogos al 600 y siguientes de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, dice que con arreglo a los artículos 466 y 467 de la ley de 1855, el nombramiento de contador partidor se bacía después de aprobado el inventa-rio y avalúo y de terminados todos los pleitos a que uno u otro hubiere dado lugar; pero que “a fin de evitar en cuanto fuere posible la costosa intervención del juzgado”, en la ci-tada Ley de 1881 se ampliaron las facultades del contador partidor, abarcando todas las operaciones de la testamenta-ría, “incluso el inventario cuando no hubiere sido hecho ju-dicialmente, hasta liquidar, dividir y adjudicar a los intere-sados el caudal hereditario..”

De acuerdo con los artículos 600 y siguientes de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, nombrado un contador par-tidor antes de dirimirse una controversia como la que nos ocupa, tendría dicho contador partidor facultad para diri-mirla. Sin embargo, esa facultad no excluye la de la corte para resolver la misma controversia, y simplificado así el caso, nombrar entonces al contador partidor para que pro-ceda a practicar las demás gestiones, es decir, las del inven-tario, avalúo y liquidación de la sociedad.

Si la corte tiene jurisdicción para nombrar al contador partidor, y a la postre — cuando las partes son mayores de edad y existe desacuerdo — aprueba su informe, lo modifica o rechaza según proceda, y establece la norma a seguir para resolver la cuestión, claro es que ese tribunal puede hacer por sí mismo lo que en su caso haría el contador partidor. A nuestro juicio, la posición del contador partidor con res-pecto a la corte de donde deriva su nombramiento es similar a los del master in chancery de las cortes de equidad. El master, auxiliar de la corte, recibe evidencia, prepara sus conclusiones y somete su informe al tribunal, quien lo acepta, modifica o rechaza, pero esa facultad del master no excluye la del tribunal para, si lo cree conveniente, hacer por sí mismo la labor que podría delegar en el master.

Teniendo la corte inferior jurisdicción para dirimir la controversia que le fué planteada por las alegaciones, claro es que la demanda de este caso aduce hechos constitutivos de causa de acción.

Pasemos ahora a los méritos del caso. Prescribe el artículo 1307 del Código Civil que se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenezcan privativamente al marido o a la mujer, y el 1299, que son bienes propios de cada uno de los cónyuges, entre otros, los adquiridos durante el matrimonio por título lucrativo, ya sea de donación, legado o herencia. Así pues, los que son objeto de controversia en este caso tienen la pre-sunción de gananciales, siendo a la apelada, que los reclama como privativos, a quien incumbe destruir la presunción por la preponderancia de la prueba. ⅛ Controvirtió la apelada suficientemente dicha presunción? Esa es la segunda cues-tión a resolver. La prueba documental presentada por la apelada demuestra concluyentemente que en 1926 y 1927, muchos años después de celebrado el matrimonio, la apelada adquirió de su padre, por donación, herencia y legado, bie-nes y efectivo por valor de unos $25,000. Revela también la prueba que de dicha suma invirtió la cantidad de $2,500 en un préstamo hipotecario sobre la finca radicada en la Calle Loíza núm. 32 y que ejecutada la hipoteca el inmueble le fué adjudicado el 4 de enero de 1933 en pago del crédito hipote-cario a que estaba afecto, constando la adquisición por escri-tura de venta judicial de la fecha antes indicada ante el no-tario Rafael Ramírez Santibáñez, inscrita en el Registro de la Propiedad.

Eesulta además de la prueba documental que la apelada el 12 de marzo de 1930 adquirió un condominio consistente en la mitad de la finca marcada con el número 83 de la Calle Alien, por compra a Eosa Pérez Eomán, por precio de $8,500, pero bailándose la totalidad de la finca afecta a una hipo-teca por valor de $6,000 a favor de don José La Costa, re-tuvo la compradora la cantidad de $3,000 para atender al pago a su vencimiento, dando fe el notario que la compra-dora entregó a la vendedora en su presencia los $5,500 resto del precio. Aparece además de la evidencia que en 7 de mayo de 1930 la apelada adquirió otro condominio, consis-tente en la otra mitad de la casa marcada con el número 83 de la Calle Alien, de esta ciudad, por compra a doña Lina Pérez de Jiménez y a sus menores hijos, por precio total de $8,533.25, del cual retuvo la compradora la cantidad de $3,000, parte proporcional de la hipoteca antes mencionada a favor del Sr. José La Costa de que respondía el condominio, cons-tando la adquisición en escrituras otorgadas ante el notario don Julio César González. No se consignó, sin embargo, en las escrituras ni en el Eegistro de la Propiedad el carácter privativo de las propiedades así adquiridas por la apelada, pero esa circunstancia no afecta la resolución de este caso toda vez que no hay tercero que pueda ser perjudicado, ya que el apelante no puede considerarse como tal a los efectos de esta controversia. Sostienen los tratadistas que cuando hay terceros interesados, acreedores, por ejemplo, se re-quiere una prueba más fuerte para destruir la presunción de gananciales a que se contrae el artículo 1307 del Código Civil que cuando los interesados son los cónyuges o sus herederos. Es lógico y racional que así sea, si consideramos la facilidad con que marido y mujer, puestos de acuerdo, podrían, en perjuicio de tercero, hacer aparecer como privativos de uno u otra, bienes que legalmente correspondan a la sociedad conyugal. 9 Manresa, Código Civil Español, 618. Teniendo en cuenta esa circunstancia se ha resuelto repetidamente que la mera manifestación o declaración del cónyuge qne podría resultar perjudicado no es bastante para destruir la presun-ción de ganancial, cuando se ha tratado de inscribir como privativos de uno n otro cónyuge, bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero cuando la controversia es entre marido y mujer, como sucede en este caso, la razón de la regia des-aparece y los tribunales no deben ser tan exigentes en cuanto a la suficiencia de la prueba. A ese efecto dice Manresa:

“La cuestión puede también presentarse entre el marido y la mujer en caso de separación de bienes durante el matrimonio, o en-tre un cónyuge y los herederos del otro. En este caso, varían algo las circunstancias. Por una parte, los herederos no son terceros, sino que deben respetar los actos y las obligaciones de su causante, con-tinuando su personalidad jurídica. Por otra, cada cónyuge tiene siempre derecho a cuanto conste haber aportado o adquirido privati-vamente durante la unión. Cabe, pues, que la confesión del marido, de ser el dinei’o que sirvió de precio a la compra de ciertas fincas procedente de su mujer, constituya prueba contra él o sus herederos, y cabo que, aun en caso de duda, se adjudiquen las fincas a la mujer o a sus causahabientes, en sustitución de otro tanto valor en metálico o bienes fungibles que conste claramente haber sido aportado o ad-quirido durante la unión.
“La jurisprudencia francesa ha resuelto en este sentido la cues-tión, declarando que la confesión del marido obliga a sus herederos o constituye prueba contra ellos, y creemos admisible esta conclusión, con arreglo a los principios que regulan la materia de sucesiones. Aun los herederos forzosos han de quedar obligados, a menos de acep-tar la herencia a beneficio de inventario, y conservar los derechos que les corresponden contra el causante por razón de su legítima, caso de que la confesión les cause en ella lesión o perjuicio.” (Bastar-dillas nuestras.) Ob. y tit. cit., págs. 618-619.

Si consideramos los actos de las partes, coetáneos y pos-teriores a la adquisición de estos bienes que la apelada re-clama como privativos, inmediatamente nos convenceremos de que a ella asiste la razón. Consta de los autos que la so-ciedad de gananciales es dueña de varias fincas urbanas ra-dicadas en esta ciudad y de bienes muebles, todos los cuales, hasta que se nombró el administrador judicial, estuvieron bap la administración del apelante. Si todos los bienes hu-biesen estado bajo la administración de la apelada, sería ló-gico inferir que el marido había delegado en la esposa el derecho de administrarlos y esa renuncia no podría conside-rarse en manera alguna como una admisión de que los bie-nes sean privativos de ella. Pero es el caso que el apelante retuvo la administración de todos los demás bienes que am-bas partes consideran gananciales, y los que se alegan por la esposa como privativos, han sido siempre administrados exclusivamente por ella. Si en verdad los bienes en contro-versia son gananciales, ¿por qué no los administró el ma-rido, al igual que los otros pertenecientes a la sociedad con-yugal? En su declaración admitió el apelante que sólo in-tervino en la administración de la casa número 83 de la Calle Alien cuando la apelada fué a España con motivo del matri-monio de su hija Alicia (T. de E. 81). Más adelante, re-firiéndose a la adquisición de la misma casa, declaró el ape-lante: “La que hacía la operación era mi esposa porque nunca me entregó la administración de sus bienes, ni yo la quise ... de los bienes privativos de la señora” (T. de E., 96). Luego, es indudable que el propio apelante admite la existencia de bienes privativos, contrario a lo que se in-fiere de la contestación a la demanda. Además, cuando la apelada entró en negociaciones para la compra de la citada casa en la Calle Alien, el apelante no era partidario de la transacción, no obstante lo cual la apelada la hizo. De con-siderar el apelante que el dinero que había de invertirse en el negocio pertenecía a la sociedad conyugal, parece lógico que él hubiese hecho .valer su derecho como administrador de dicha sociedad y que el negocio no se hubiese verificado. En una ocasión, hallándose ausente la apelada, el apelante tuvo que dirigirse por escrito al administrador del acueducto de esta ciudad en relación con la mencionada casa y en la carta que escribió al efecto se refirió a ella como de la pro-piedad de su esposa (T. de E., 83). Por último, al refe-rirse a la casa en la Calle Loíza núm. 32, el apelante en su declaración no supo el número de orden de dicha casa, ex-plicando entonces que ello se debía a que no había estado muchas veces por allí (T. de E., 88).

A nuestro juicio, la prueba toda es suficiente para des-truir la presunción de gananciales y no vemos razón legal alguna por la cual debamos alterar la conclusión a que en ese sentido llegara la corte sentenciadora. Véase el caso de Casiano v. Samaniego, 30 Jur. Fil. 142.

Por último, el pronunciamiento de la sentencia por el cual se concedieron las costas a la apelada, tampoco puede ser por nosotros alterado, toda vez que desde que se en-mendó el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 '((1) pág. 353), es imperativo en la corte sentenciadora conceder las costas a la parte a cuyo favor se dictare la sentencia.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia en todas sus partes.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Sptyder

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Maximino Piazza y Domingo Piazza, acusados y apelantes.
    Núm. 9087.

    Sometido: Mayo 18, 1942.

      Resuelto: Junio 16, 1942.

      Frank Torres, Héctor Buis Somohano, R. V. Pérez Marchand, R. Aliles Moréu y Raúl Matos, abogados de los apelantes; IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Sptyder

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados fueron convictos por nn jurado en la corte de distrito de asesinato en segundo grado y sentenciados a veinte años de presidio. De dicta sentencia han apelado.

Julio Mercado Díaz era empleado por el Fiscal de Dis-trito de Ponee como nn agente privado. Investigaba casos para el Pueblo y declaraba en los juicios contra los acusa-dos en esos casos. En algunos de estos casos estaban en-vueltos amigos de Maximino Piazza, uno de los acusados en' este caso. También investigó casos contra el propio Maxi-mino Piazza, incluyendo una acusación de asesinato por la que el último fué juzgado junto con Ramón Ruiz. En aquel caso Ruiz fué convicto y Maximino Piazza absuelto. Sin embargo, posteriormente Maximino Piazza visitó al fiscal de distrito y le dijo que él era culpable del crimen y que Ruiz en realidad era inocente. Entonces el Fiscal de Distrito or-denó a Mercado que reinvestigara el caso.

En septiembre 19 de 1940, a las 6:30 de la noche, Mercado fué con unos amigos a nn restaurante en Ponce, pro-piedad de Ramón Ruiz. Para aquella época estaba pendiente' ante este tribunal una apelación interpuesta por Ruiz en el caso de asesinato. Mercado y sus amigos se dieron unos tra-gos. Mientras estaban bebiendo llegaron Maximino y Domingo Piazza, los dos he'rmanos que son los acusados en este caso. Como a las ocho de la noche los amigos de Mercado se fueron. Para aquel momento Mercado ya se había to-mado cuatro tragos.

Cuando Mercado finalmente se fué del restaurante a las diez de la noche, estaba en completo estado de embriaguez, sin poder pararse o caminar y literalmente fué sacado del ■sitio por los hermanos Piazza. Los tres se encaminaron ha-cia un lugar en Ponce conocido como “El Vigía”, donde más tarde se encontró el cadáver de Mercado. Durante el reco-rrido se encontraron varias personas, quienes, fueron testi-gos en el juicio de este caso. Estas últimas declararon que Mercado estaba “casi muerto” y que los hermanos Piazza lo iban maltratando, permitiendo que se cayera, lo arrastra-ban y ocasionalmente lo cargaban. Estos testigos afirmaron que los hermanos Piazza parecía que estaban sobrios, y dijeron que llevaban a Mercado a su casa porque estaba “pi-cado”.

La prueba reveló que durante este recorrido Mercado te-nía una “vaqueta”, pero no tenía en ella arma de fuego alguna. Uno de los testigos ayudó a los Piazza a llevar a Mercado al sitio donde se encontró más tarde su cadáver. Declaró que cuando él se retiraba Domingo Piazza le dis-paró un tiro a Mercado, que estaba acostado en el suelo, con el revólver que se identificó en el juicio como perteneciente a Mercado. También declaró que Maximino Piazza, después de decirle a Domingo “vamos a rematarlo, antes de que nos •vaya a culpar”, cogió el revólver y disparó dos tiros más contra Mercado.

Cuando se descubrió al otro día el cadáver de Mercado, se encontraron cerca de él dos balas que de acuerdo con el testimonio pericial habían sido disparadas por su propio re-vólver. También se encontró cerca del cadáver su cartera, que estaba vacía, y en los bolsillos una citación dirigida a los fiadores de Maximino Piazza en un caso crimihal que es-taba pendiente contra éste, para que expusieren las razones que tuvieren por las cuales no se les debía confiscar su fianza.

Los hermanos Piazza, que vivían cerca del sitio donde ocurrió el crimen, fueron interrogados, entre otros, por el fiscal de distrito cuando éste llegó al sitio del crimen al día siguiente. Al principio los hermanos Piazza negaron toda conexión con la muerte, pero cuando el fiscal de distrito em-pezó a interrogar al testigo que había presenciado los dis-paros, Maximino Piazza interrumpió' al fiscal de distrito y le dijo que no investigara más, que su hermano Domingo era -él hombre que había dado muerte a Mercado! Entonces Ma-ximino le ordenó a Domingo que fuera a su casa y le trajera al fiscal de distrito el revólver con el cual había dado muerte a Mercado. Domingo fue a su casa y trajo el revólver de Mercado.

Los acusados alegaron que ellos y Mercado se habían emborrachado juntos y que llevaban a Mercado a la casa de Maximino para que le pasara la borrachera; que de momento Mercado se alborotó y exigía que se le dijese hacia dónde lo llevaban; que Mercado le dió una patada a Domingo 'y le golpeó en el pecho con el cabo de su revólver, el cual llevaba entre el cinturón de sus pantalones y la camisa; que en la lucha que surgió Domingo le arrebató el arma de fuego a Mercado; que cuando Mercado le agarró la muñeca, Domingo disparó un tiro en defensa de su vida, continuando los disparos después que Mercado cayó al suelo; que Maxi-mino Piazza no solamente no tomó parte en la pelea, si que trató infructuosamente de evitar que Domingo disparara a Mercado.

Los'acusados alegan que la corte de distrito come-tió error al permitir prueba de que el interfecto había estado investigando otros supuestos crímenes de Maximino Piazza. La regla de que otros actos de mala conducta del acusado no pueden ser introducidos en evidencia en un caso criminal está sujeta a algunas excepciones. Underhill’s Criminal Evidence, cuarta edición, sección 184, pág. 337, indica que “ . . . puede demostrarse que la víctima de un homicidio, por el cual el acusado está siendo juzgado, era un oficial de la policía u otra persona quien al momento de ser matado, estaba investigando las circunstancias de otro delito anterior e independiente del cual se sospechaba del acusado.” Wharton’s Criminal Evidence, undécima edición, vol. I, sección ■345, pág. 490, establece la regla como sigue: “En ciertas clases de casos, ofensas colaterales pueden demostrarse para probar los procesos mentales o la actitud mental del acusado. Esto incluye cinco cosas diferentes: (1) Motivo — como la comisión del delito imputado para suprimir evidencia de al-gún otro delito; . . . ”. Recientemente hemos estudiado en toda su extensión este asunto en Pueblo v. González, 57 D.P.R. 744.

La prueba en cuanto a que Mercado estaba investigando para el fiscal los supuestos delitos de Maximino Piazza era de suma importancia para demostrar el motivo para la co-misión del delito aquí imputado a los hermanos Piazza. No hubo error al permitir esta prueba. La corte motu proprio cuidadosamente limitó esta prueba al instruir al jurado al momento de su presentación que la considerara en cuanto al alegado motivo, y para ningún otro propósito.

Lo que hemos dicho dispone igualmente del error seña-lado al admitir como exhibit la citación a los fiadores de Ma-ximino Piazza para que expusieren las razones que tuvieren por las cuales no se les debía confiscar su fianza en un caso criminal pendiente contra Maximino Piazza. En verdad, el hecho de que esta citación se encontrara en la persona del interfecto era en sí mismo altamente significativo.

La declaración del fiscal de distrito en cuanto al caso de asesinato en el que se absolvió a Maximino Piazza y se de-claró culpable a Ramón Ruiz también era admisible como tendiente a demostrar el motivo en este caso. El fiscal de distrito había declarado anteriormente, sin contradicción, que después del juicio en aquel caso Maximino Piazza había ve-nido a verle y le había dicho que él era culpable en vez de serlo Ruiz. Claramente era el deber del fiscal de distrito reinvestigar el caso para evitar una posible injusticia. El hecho de que el fiscal de distrito le confiara esta investiga-ción a Mercado era sin lugar a dudas de importancia en cuanto a establecer el motivo de los hermanos Piazza en el caso de autos.

La acusación alega que, “actuando de común acuerdo y en concierto”, los dos acusados dieron muerte a Mercado. Sigue alegando la acusación que Maximino Piazza acometió y agredió al interfecto en diversas partes del cuerpo con nna barra de hierro, y qne el acusado Domingo Piazza le hizo varios disparos de revólver en la cabeza.

Maximino Piazza señala error por el fundamento de qne en cuanto a él existe una incongruencia fatal. Alega que no hubo prueba de la cual pudiera concluir el jurado que él ha-bía participado en la muerte del interfecto, golpeándole con una barra de hierro. Considera que al dejar la prueba de ajustarse a la acusación, esto justifica su absolución. Véanse Berger v. United States, 295 U. S. 78, 82; Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 583, 585.

Sin embargo, hubo prueba de que tanto Maximino como Domingo Piazza le hicieron disparos al interfecto. Como hemos visto, también hubo otra prueba que demostraba una conducta por ambos acusados que culminó en la muerte de Mercado. De todo el récord el jurado pudo muy bien con-cluir que los dos acusados, “actuando de común acuerdo y en concierto,” dieron muerte a Mercado. En tal caso la ale-gación en cuanto al empleo de la barra de hierro estaba de más (surplusage) y así debe ser tratada. Sería por lo tanto inmaterial cuál de los acusados en realidad hizo uso del arma que causó la muerte a Mercado. Sección 36, Código Penal, ed. 1937; Pueblo v. Vélez et al., 32 D.P.R. 382.

Además, hubo testimonio médico de que algunas de las heridas infligidas al interfecto pudieron causarse con una barra de hierro. Y en un registro efectuado en la casa de Maximino poco después del crimen se encontró una barra de hierro propiedad de éste, y en el juicio se introdujo en evi-dencia. Por tanto, el jurado estuvo justificado al concluir bajo este testimonio que Maximino participó en la muerte de la manera alegada en la acusación.

No hubo error en la manera en que la corte de dis-trito trató las declaraciones juradas de los acusados toma-das por el fiscal de distrito el día después de la muerte. Los acusados se quejan de que no se le exigió al fiscal de distrito que estableciera como materia preliminar la naturaleza vo-luntaria de estas declaraciones. Pero es que estas declara-ciones nunca se ofrecieron en evidencia. Meramente se iden-tificaron por el taquígrafo del fiscal de distrito y la corte hizo constar con suficiente claridad que ellas no estaban en evidencia. En verdad, el récord demuestra que nunca se con-virtieron en “exhibits” que fueron considerados por el ju-rado.

Más aún, las declaraciones estaban de acuerdo con la teoría adelantada por los acusados en el juicio, y sustancial-mente reiteraban la posición asumida por Domingo Piazza en su declaración: a saber, que Domingo había dado muerte al interfecto en defensa propia y que Maximino no participó en la muerte en manera alguna. No constituyendo una con-fesión, el carácter voluntario de tal declaración no tiene que ser probado antes de ser admitida. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 220.

De igual manera no hallamos error en la forma en que el fiscal de distrito utilizó la declaración jurada de Domingo Piazza al contrainterrogarlo. Él había declarado que el interfecto le había dado una patada y le había golpeado en el pecho con el cabo de su revólver antes de que dispa-rara a Mercado. El fiscal de distrito tenía derecho a im-pugnar su credibilidad demostrando en el contrainterrogato-rio que él había omitido hacer estas manifestaciones cuando prestó su declaración jurada ante el fiscal de distrito. En verdad no hubo objeción por parte de la defensa mientras el fiscal de distrito practicaba el contrainterrogatorio.

Los acusados se quejan de la negativa de la corte de distrito a permitir que el jefe de la policía de Ponce decla-rara que el interfecto nunca tuvo registrada un arma de fuego. Aún asumiendo que la defensa hubiera puesto en “issue” la mala reputación del interfecto en forma apro-piada y hubiera alegado que tal reputación era conocida por los acusados, esto no se podía probar por supuestos actos específicos, de mala conducta o. violaciones de ley i' Underr fiill’s Criminal Evidence, cnarta edición, sección 562-, páginas 1111-16; Pueblo v. Ramírez, 37 D.P.R. 87, 96, 97. La corte no cometió error al excluir tal declaración.

Los acusados señalan también como errores la negar tiva de la corte de distrito en dos ocasiones a declarar coi lngar mociones de mistrial basadas en los comentarios del fiscal de distrito en su informe final al jurado. En una oca-sión el fiscal de distrito argumentaba que la cartera perte-neciente al interfecto contenía algún dinero cuando él salió del restaurante, pero que había sido encontrada vacía en el lugar del crimen. La defensa argumentó que no había evi-dencia en cuanto a que la cartera contenía dinero alguno antes de la muerte. No obstante, hubo prueba al efecto de que Mercado había pagado la cuenta del licor que se consumió antes de salir del restaurante y no es una inferencia entera-mente, irrazonable que le sobrase algún dinero cuando él y los acusados se retiraron. De cualquier modo la corte sub-sanó cualquier posible error instruyendo al jurado que no había tal evidencia, y de que el jurado debía ignorar el co-mentario del fiscal de distrito sobre esta cuestión, y debían borrarlo de sus mentes. * .

La segunda moción surgió cuando el fiscal de distrito ar-gumentó que los acusados deliberadamente habían emborra-chado al interfecto. Creemos que hubo suficiente prueba fie la cual se podía llegar a esta inferencia. También aquí la corte fué excepcionalmente liberal al subsanar cualquier po-sible error instruyendo al jurado que en el récord no había tal evidencia y que hicieran caso omiso de los comentarios del fiscal de distrito.

Cuando el secretario de la corte leyó originalmente el veredicto en voz alta, éste leía como sigue: “Nosotros, los señores del Jurado, declaramos al acusado Maximino Piazza y Domingo Piazza . . . del delito de asesinato en segundo grado.”. Toda vez que el jurádo había omitido insertar en sil veredicto escrito la palabra “culpables” o las palabras “no culpables”, la corte les ordenó que regresaran al salón del jurado para que corrigieran su veredicto. Poco tiempo después, el jurado regresó a la corte y rindió su veredicto, ■el cual había sido completado insertando la palabra “culpa-bles” en el espacio en blanco.

La corte preguntó al jurado si éste era el veredicto de cada uno de ellos, y el abogado de la defensa preguntó a cada uno de los jurados si ése había sido su veredicto. La corte entonces preguntó si el veredicto rendido había sido el veredicto del jurado tanto antes como después de haber sido corregido. A estas preguntas se contestó en la afirmativa. En respuesta a preguntas del abogado de los acusados uno de los jurados explicó que simplemente había ocurrido una omisión en la inserción de la palabra “culpables” al escribir el veredicto, de lo cual se dieron cuenta por primera vez cuando el secretario en corte abierta leyó el veredicto en alta voz.

La corte denegó correctamente una moción de mistrial por el fundamento de que el veredicto rendido era nulo. Pué una explicación plausible la de que la palabra “culpables” se había omitido inadvertidamente. Si el jurado hubiera te-nido en mente rendir un veredicto de no culpable, claramente no hubiera insertado en su veredicto las palabras “en se-gundo grado”. En este caso todavía no se había disuelto el jurado cuando se descubrió el error. La corte actuó correc-tamente al ordenar al jurado, que estaba todavía bajo su control, que reanudara sus deliberaciones y corrigiera su ve-redicto. Las autoridades claramente sostienen este punto de vista. Sección 288, Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935; Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 223, 224; Pueblo v. López, 39 D.P.R. 766, 767; People v. Jenkins, 56 Calif. 4; Marable v. State, 157 So. 861 (Ala.).

Los errores restantes no merecen seria consideración. Los acusados alegan que el jurado cometió error al negarse a darle crédito a su teoría de defensa propia. El récord está repleto de declaraciones que justifican un veredicto de ase-sinato en primer grado. El jurado prefirió dar crédito a los testigos del Pueblo, y quizás fué indebidamente indulgente al rendir un veredicto 'de asesinato en segundo grado.

El error general de que las instrucciones fueron erróneas, incompletas y confusas {misleading) está entera-mente falto de base. Los acusados no se quejan de ninguna instrucción en particular. Como cuestión de hecbo, durante el juicio sólo tomaron una excepción general a las instruc-ciones en total. Hemos resuelto repetidamente que tal ex-cepción no protege ningún supuesto error en apelación.’ No obstante fiemos considerado todas las instrucciones y llegado a la conclusión de que la corte instruyó al jurado de manera amplia, correcta e imparcial.

Los acusados se quejan de que la corte de distrito abusó de su discreción al sentenciarlos a veinte años de presidio. Bajo todas las circunstancias creemos que la corte inferior estaba enteramente justificada al imponer esta sentencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Francisco Delgado, demandante y apelado, v. Elvira Mercado, demandada y apelante.
    Núm. 8369.

    Sometido: Abril 21, 1942.

      Resuelto: Junio 18, 1942.

      Villamil & Santana Becerra y Pedro Juan Alcalá, abogados de la apelante; Bubón-& Ochoteco y Otero Suro. c6 Otero Suro, abo-gados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn pleito de divorcio iniciado por el marido en contra de la mujer por trato cruel e injurias graves, fallado en favor del marido. La mujer apeló. Se perfeccionó el re-curso. Recomendó el fiscal la revocación de la sentencia. Y el caso quedó finalmente sometido a la decisión del tribunal.

En su demanda el demandante alega que contrajo matri-monio con la demandada en Aibonito el 16 de abril de 1919, habiendo procreado un hijo que tiene diecisiete años de edad, y que, sin motivo justificado, desde el principio del matri-monio, su mujer comenzó a maltratarlo e injuriarlo gravea-mente, insultándolo en público y en privado y acometiéndolo y agrediéndolo frecuentemente, de tal modo que su salud quedó hondamente afectada hasta que allá por junio de 1936, temiendo por su vida, se vió precisado a separarse de su esposa.

En su contestación la demandada admitió el matrimonio y la existencia del hijo y negó' que hubiera insultado, inju-riado, acometido o agredido a su esposo. Como materia nueva alegó que el demandante la había abandonado tempo-ralmente en dos ocasiones anteriores para vivir con otras mujeres, volviendo al hogar cuando por una causa u otra dichas relaciones terminaron, y que su marido ha pretendido varias veces que ella le conceda el divorcio para poder cum-plir compromisos de matrimonio y ella ha rehusado.

Fué el pleito a juicio. Se practicó la evidencia y la corte sentenciadora, después de referirse a ella en su relación del caso y opinión, se expresó así;

“Del estudio y análisis que hemos hecho de la prueba en este caso llegamos a la conclusión de que la conducta de la demandada hace imposible la vida conyugal de las partes, conducta que ha sido de tal naturaleza que ba destruido la tranquilidad de espíritu y feli-cidad del demandante, anulando los fines legítimos del matrimonio.
“Los actos realizados por la demandada y las frases pronuncia-das por la misma contra su esposo son de tal naturaleza, que el mal-estar producido por los mismos es por sí solo un trato cruel. Dichas frases no fueron pronunciadas en momentos de excitación por la de-mandada; son más bien el producto de un estado de ánimo persis-tente de odio y rencor, y fueron pronunciadas con el único fin y propósito de ridiculizar, ofender y maltratar al demandante.
“Una de las causales de divorcio autorizadas por nuestro Código Civil es ‘El trato cruel o las injurias graves.’ (See. 4, art. 96 Có-digo Civil, edición 1930.)
“Somos de opinión que las frases y palabras dirigidas por la demandada al demandante en distintas ocasiones, tal y como lo de-muestra la evidencia, son insultos de la clase más ofensiva y gro-sera que revelan el propósito de desdorar o menospreciar al deman-dante, y que llevan en sí el ‘animus injuriandi.’
“La alegación tercera de la materia nueva de defensa alegada bajo juramento por la demandada en su contestación corrobora nues-tras conclusiones, sostenidas por la prueba, del propósito persistente de la demandada de injuriar a su esposo, al imputarle al mismo la comisión de actos de adulterio en dos. ocasiones y el nacimiento de hijos como consecuencia de tales actos, alegación que quedó huérfana de toda prueba.
“Apreciada por la corte, en conjunto, toda la prueba de las par-tes, y estimando que la preponderancia de la misma está a favor dél demandante, procede se declare con lugar la demanda.’’

El reglamento de esta corte, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, página 314, dispone qne el tribunal pedirá qne se haga por el fiscal nn examen cuidadoso de los autos en las causas de divorcio y que presente un informe relacio-nando los hechos principales y expresando los principios le-gales que dichas causas envuelvan, así como su recomenda-ción en cuanto- a la resolución que deba dictar el tribunal .y su opinión respecto al efecto que tal resolución pueda tener sobre la moral pública, en vista de todas las circunstancias .que consten en los autos.; ■ q

Cumpliendo ese deber reglamentario, el fiscal de esta corte presentó su informe. El párrafo final del mismo, lee así:

“Es verdad que es doctrina generalmente aceptada que este Hon. Tribunal no intervendrá con las conclusiones de becbo a que llegue el juez sentenciador, a menos que se demuestre pasión, prejuicio o parcialidad o un manifiesto error. Es también cierto que entre el caso de autos y el invocado por nosotros de Gómez v. Trujillo existe la diferencia de que el juez que falló este último no fué el juez que vió la prueba sino que lo resolvió por el récord que le fué sometido por las partes; pero aún admitiendo la existencia de la doctrina sen-tada y el hecho que diferencia ambos casos, en el de autos existe, a nuestro juicio, tan manifiesto error al apreciar la prueba aportada que bien estaría, en nuestra opinión, justificado este Hon. Tribunal en revocar la sentencia apelada.

Creemos que el fiscal tiene razón. Apenas se comienza el estudio de la evidencia, se encuentra la causa de los dis-gustos habidos en el matrimonio. El primer testigo que de-claró fué el propio demandante. Es un fotógrafo profesio-nal que contrae matrimonio en Aibonito en 1919 y va a vivir a Guayama, donde se encarga de cierto trabajo que realiza en la farmacia Martínez. Su esposa se le apareció en el sitio del trabajo diciéndole que no quería estar sola. Él se puso de mal humor. Ella le dijo que quería irse de Guayama “porque se sospechaba que yo tenía otros ‘pleitos.’ ”

Dijo que lo que ella quería era irse para los Estados Unidos; que por eso se casó con él. Se trasladaron a Ponce donde trabajó en la fotografía del Sr. Tejera. Continuaron los disgustos. Ella enfermó y se fueron a Aibonito. Vivie-ron luego en Yauco, donde tuvo lugar la primera separación. Según el esposo, estaban en la mesa cuando pasaron anun-ciando una película e invitó a su mujer a ir a verla. Ella accedió pero él tuvo que salir a comprar una azúcar y se retardó porque un señor le habló de un trabajo. Cuando re-gresó, ella se había desvestido y le dijo que era un canalla, que la había dejado vestida, que eso no se hacía con una se-ñora y que sabía que estaba con otras mujeres. Luego, como a las nueve y media de la noche cambió de parecer y dijo: “Vamos al cine.” Entonces él se negó. Ella le cogió el pe-riódico qne estaba leyendo y dijo: “Vas al cine a fe de qne me llamo Elvira.” Él le habló fnerte y la empnjó y se cayó y gritó machísimo. Trató de consolarla y al otro día ella le pidió perdón. La perdonó pero dos o tres días más tarde se repitió la escena y él se fné para Hnmacao.

Volvió a vivir con ella. Se instalaron en Río Piedras donde ella le dijo qne tomaría interés en sn trabajo y apren-dería a realizarlo porque era inminente la separación y a la larga iban a separarse.

Ella qniso qne le comprara nna finqnita. Fueron a verla acompañados de sn hijo y nn señor Noya. Hnbo nn accidente y salieron heridos Noya, él y sn hijo. Los llevaron a nna clínica de Cagnas donde ella se amaneció. Los trasladaron a otra de Río Piedras y ella iba todos los días. Le pidió la póliza de segnro. Al día siguiente volvió. Saludó a su hijo y entonces dirigiéndose a él le dijo, “Toma, so perro inde-cente la póliza que yo no vuelvo más.” Estaba una nurse presente y a él le daba vergüenza lo ocurrido. Averiguó por su hijo que la actitud de su esposa se debió a que la había omitido como beneficiaría en la póliza.

Cuando salió de la clínica y fué a su casa, su esposa no lo saludó y siguió su trabajo. Le pidió que le explicara su actitud y se negó a hacerlo. Luego le dijo: “Debieras mo-rirte. Yo no sé que mano salvadora tienes que no te ma-taste.” Pidió un jugo porque se sentía débil y no se lo die-ron. Y ese día se fué de la casa para no volver.

Se colocó en la PRRA. Y allá fué ella y al él salir le dijo: “¿Te creías que no te iba a encontrar? Reconcilia-ción no la esperes. He venido a mortificarte y hacerte ir de aquí,” y él le decía “Mira, Elvira, estos son terrenos fede-rales y te van a sacar de aquí.” Lo llamaba “viejo caduco, fotógrafo ambulante.” La escena se repitió. Todos estaban pendientes, y cuando .ella no iba- decían, “No viene hoy.” Él estaba abochornado. Un día le tiró con nna sombrilla. Otro tuvo que ir a evitar un escándalo porque quería entrar a la fuerza y un guardia no la dejaba.

Tal el cuadro que describe el marido con mayor extensión y detalles, por supuesto, en una declaración que llena dieci-séis páginas de la transcripción.

Fue llamado entonces a declarar Tomás de Jesús Castro, periodista, colocado como el demandante en la PENA, y que con él salía, allá por el 1937, a preparar informaciones ilus-tradas. Declaró: “ .. .Yo vi a la señora del señor Delgado penetrar en los terrenos de la PEEA como tres veces. Cada vez que llegaba provocaba allí un ambiente anormal; se ex-presaba en forma violenta y hubo ocasiones en que las mu-chachas de la oficina se aglomeraban en las ventanas para ver lo que ocurría abajo.... Yo vi a un ‘watchman’ sacarla de los terrenos de la PERA. . . . La actitud de ella era des-compuesta completamente; se veía en ella que estaba vio-lenta y una persona en esa actitud no puede estar echando flores. En cuanto al señor Delgado alegaba ella que este hombre no me ayuda, me ha abandonado. Eso es todo lo que recuerdo. ...”

Llamado nuevamente el demandante, contestando a su abogado dijo que como consecuencia de la actitud de su es-posa no podía trabajar bien, se atrasaba en su trabajo y la clientela se retiraba. Se desvelaba por la noche. Se puso muy flaco. Y su vida era un infierno. Repreguntado, ad-mitió que su esposa trabajaba con él en Río Piedras. Dijo que la actitud de su esposa era una cuestión que había que estudiar de una manera científica. El nunca le dió motivo de reproche. Admite que tuvo relaciones “oficiales” con Leticia Arreche, pero “amorosas” no. Conoció a Laura Torres, pero niega que llevara amores con ella. Quizá ella tuvo relaciones con su hijo, a quien llamaba “Pancho.” No es cierto que la demanda de divorcio que radicó en Humaeao en 1938, se debiera a las relaciones qne'tuviera con; Leticia Arreehe. Se debió a los escándalos de la PERA.

El testigo Francisco Navarro, Jr. declaró' qne siendo es-tudiante de la Universidad pudo apreciar qne las relaciones entre demandante y demandada en Eío Piedras’“no eran del todo cordiales y eran muy tirantes. La esposa se quejaba de qne el marido se le enamoraba y ella decía qne él era un sinvergüenza y un canalla.”

Declaró por ultimo Aurelio Miró, relojero, de setenta y siete años de edad. Conoció a los esposos Delgado Mercado en Guayama y en Eío Piedras. En Eío Piedras tuvo su mesa de trabajo en el local en qne estaba la fotografía del deman-dante. Fue testigo de muchos disgustos del matrimonio, y “siempre vió el insulto por parte de la señora.” Lo llamaba “perro,” “sinvergüenza,” y le decía “Merecías que te ma-taran,” “Yo no quiero saber de ti.” A repreguntas con-testó que negociaba en oro y plata viejos, en pedazos. Los fundía. No tenía permiso federal para traficar en oro.

La evidencia de la parte demandada comenzó por la de-claración de la esposa, Elvira Mercado de Delgado. Se le preguntó si había oído lo que acababa de declarar Miró y contestó que sí, agregando: “El llegó a mi casa y puso una mesa para arreglar relojes y empezó a llevar cosas de plata y pedazos de oro y monedas y entonces en mi casa teníamos un motorcito eléctrico, él fundía todo eso y pasaron 15 ó 20 días y me di cuenta de que la detective lo andaba buscando porque él compraba cosas ilícitamente, según los comentarios. El mismo me dijo que la-detective lo había acusado, y que él quería vender antes que se lo quitaran y entonces yo acoh-.sejé a mi esposo para que lo sacara de la casa.” Se fue eri efecto.

Contestó también que había, oído la larga historia de su esposo. No es verdad lo que él dice. Los disgustos, que ha-bía no eran públicos. Surgieron “porque yo le llamaba la atención y porque yo encontré todas las cartas de Laura Torres y yo le decía que no podía vivir en esa forma y él se alborotaba pero no se daba ningún escándalo.” “Yo sé que él tiene una bija que vive en el Falansterio y la cría una tía. Yo sé que es hija de él porque él recibió una carta de la madre de la niña, desde G-uayama.” Se refiere a otra carta dirigida a su esposo por Leticia Arreche, en tiempos de la PERA; Laura Torres no llevaba relaciones con su hijo, “no, señor, era con Delgado.” “Él fué a visitarla a Lares unas cuantas veces y yo lo vi pasear con ella en la Universidad.”

Por esos asuntos eran los disgustos. No había cuestiones económicas. Trabajaban juntos. “Desde los tres años que nos casamos yo empecé a trabajar con él. . . . Con eso me sostengo.” Niega que guardián alguno la echara de la PERA. Tanto su hijo como el hijo del primer matrimonio de su esposo que estaban con ellos “han tenido un gran ca-riño por mí, siempre.”

Volviendo al asunto de la Arreche, dijo: “Me lo dijeron y recibí esa carta y entonces yo, como se trataba de una persona distinguida, fui a las oficinas del ferrocarril y hablé con don Manuel, el padre de crianza y yo le dije: ‘Don Manuel, he recibido esta carta y he venido aquí para evitar un escán-dalo en la sociedad.’ Él leyó la carta y me dijo que no era posible porque él ha llamado a Delgado y le ha negado que llevara amores con ella. El leyó la carta y el efecto que le causó muy horroroso.” Añadió que su esposo quiso en dos momentos que le entregara la carta, una solo y otra acom-pañado del Dr. Quevedo.

Dijo que cuando el accidente de automóvil, iba a la clí-nica todas las mañanas a las seis a bañar a su esposo y a sv hijo. Que se dobló un pie y para no asustarlo fué a curarse al Hospital Municipal. Que recibió razón sobre la póliza. El creía que la prima no estaba pagada. Ella, pidiendo el dinero a préstamo, la había satisfecho a tiempo. Cuando fué dado de alta, le mandó un carro a la clínica y se había ido. Regresó a la casa por la tarde' diciéndole que había estado haciendo diligencias por la PURA. Contestando la pregunta de si había oído declarar a su esposo sobre la demanda de divorcio de Humacao, contestó: “Sí, porque llevaba amores con Rosa Pinero y estaba loco por casarse con ella y tiene una hija de ella viviendo en el Falansterio.”

Gregorio Pieard, que trabajó varios años en casa del de-mandante y la demandada, dijo que nunca presenció disgus-tos violentos entre ellos.

Eligió Mercado, hermano de la demandada, declaró, por último, que muchas veces estuvo en la casa del demandante y de su hermana y no presenció disgustos. Que él lo tra-taba amigablemente y “En muchas ocasiones él me expuso el estado de salud de ella. Yo desearía que la corte la man-dara a retirar a ella para yo explicar el caso.”

Se retira la demandada y prosigue el testigo: “En var rias ocasiones el señor Delgado me ha hecho la sugerencia de que mi hermana fué operada de los ovarios y por motivó de eso y que él es un hombre completamente joven y necesi-taba de otra mujer que esté al alcance de su lujuria.”

La evidencia documental la forman tres cartas dirigidas a “Pancho” y firmadas “Laura” y otra fechada en junio 9, 1937, que comienza “Darling” y está firmada por “Doña Pitinga.” Todas revelan relaciones amorosas. En la última hay un párrafo que dice: “¡Después de tu divorcio, qué bien lo vamos a pasar!”

En “rebuttal” presentó el demandante al testigo José P. Rivera. Declaró que era empleado de la PRRA y que vió a la demandada dos o tres veces en terrenos de la misma, en el laboratorio fotográfico.

No hay duda alguna que si se cree al demandante y a sus testigos, debe concluirse que la demandada en repetidas ocasiones insultó en público y en privado a su esposo. Pero aún así, no constituyen esos insultos, a nuestro juicio, una fría y deliberada injuria por parte de la esposa, sino más bien expresiones apasionadas, violentas, provocadas por la conducta del esposo, en armonía con la educación, tempera-mento y salud de la mujer. Deducir que porque una esposa •diga al esposo en el curso de un disgusto “debías haberte muerto” desea realmente su muerte o intentaría algo para que tuviera lugar, no es conforme a la naturaleza humana.

En la propia evidencia del demandante se encuentran los motivos de la actitud de la demandada. Lo dijimos al co-menzar a exponerla, al referirnos a la declaración del de-mandante. D„esde Guayama, donde va el matrimonio a re-sidir por vez primera, surge la desconfianza de la esposa con motivo de las relaciones del marido con otras mujeres. Así .en Yauco. Así cuando se va a Humacao. Así en Río Pie-dras.

Del propio testimonio del amigo y compañero de traba-jos y excursiones del esposo en la PERA, Castro, aparece que la esposa se sintió abandonada. Y en cuanto al testi-monio de Miró, que tanto crédito mereció a la corte senten-ciadora, según expresamente consignó en su relación del caso y opinión, sabemos luego, por la declaración de la deman-dada, por qué se llevó su negocio del local de la fotografía del matrimonio en Río Piedras.

Y por encima de todo, habla por sí mismo el hecho de que en ningún caso fue la esposa la que abandonó el hogar. Fué el esposo el que por su propia determinación salió del mismo, sin justificación bastante.

Si tras la evidencia del demandante pasamos a la de la demandada, entonces la causa fundamental, única, de los dis-gustos surge tan real que no puede dejar de tomarse en con-sideración. No quedaron huérfanas de prueba las alegacio-nes de la contestación relativas a las relaciones amorosas del marido con otras mujeres. Leyendo el testimonio de la es-posa se queda convencido de la realidad de sus sospechas confirmadas por las cartas que encontrara dentro de su pro-pio hogar, dirigidas al marido.

No es que consideremos digna de encomio la conducta de la demandada. No es un ejemplo a seguir. Mucho deja que desear. Pero de los autos surge que fue fiel, que aprendió el arte del esposo y lo ayudó en el sostenimiento del hogar. Que supo atender a su hijo y a otro hijo legítimo del ma-rido y con su solo trabajo ha seguido sosteniéndose cuando el esposo la abandonó.

El mismo incidente de la póliza, aún siendo como lo pinta el marido, es explicable. Una mujer como la demandada, que cuida que el seguro de su esposo se sostenga en vigor y llega hasta contraer deudas para pagar sus primas, que de pronto se entera que el marido ha prescindido de ella al designar beneficiarios, se comprende que se sienta herida, no ya por la falta de la debida protección en su día, si que por el des-amor que ello implica.

Bajo las circunstancias que en este caso concurren, con-ceder el divorcio solicitado por el marido, sería premiar su inconstancia, satisfacer su deseo de romper el vínculo matrimonial porque no le permite vivir su vida como él la en-tiende, y abrir el camino para por medio de declaraciones abultadas corroboradas por las de amigos y personas pre-juiciadas, destruir los hogares a voluntad de uno solo de los cónyuges.

Quizá de hecho más feliz y más libre quedaría la esposa sin un marido que no encuentra en ella la satisfacción que desea, pero ella se opone y estando como está la ley en su favor, las cortes deben sostenerla. Véase Kennerley v. Kennerley, 29 D.P.R. 777; Gómez v. Trujillo, 59 D.P.R. 468, y casos citados en ambas decisiones. Como se resolvió en la primera de dichas decisiones “El divorcio es un remedio para beneficio de uno de los esposos agraviados que no ha sido la causa voluntaria y determinante de los actos en que se funda para invocarlo, y no está al alcance de una persona que en desatención de la solemnidad de los lazos conyugales impulsa al otro cónyuge a observar una conducta que sería inexcusable de cometerse contra nn marido o mujer que ver-daderamente trataba de sostener las relaciones matrimonia-les; así pues, cuando la mala conducta de la parte deman-dada es consecuencia de la mala conducta de la parte deman-dante, la separación no debe decretarse.”

Procede declarar con lugar el recurso y- en su consecuen-cia revocar la sentencia apelada y dictar otra desestimando la demanda, con costas.


author: El Juez Asociado SeñoR Snydeu

text:
    José Fernández Rodríguez, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8540.

    Sometido: Mayo 20, 1942.

      Resuelto: Junio 18, 1942.

      E. Martinez Rivera, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodriguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Snydeu

emitió la opinión del tribunal.

José Fernández Eodríguez radicó en la corte de distrito una petición de injunction para impedir que el Tesorero de Puerto Eico le cobrase ciertas contribuciones sobre ingresos. Fernández apeló de una resolución denegando un injunction preliminar.

Fernández alega que en marzo de 1941, pagó su contribu-ción sobre ingresos para 1940, ascendente a $139.93. Poste-riormente se aprobaron las Leyes Núms. 31 y 159, Leyes de Puerto Eico (págs. 479 y 973). Estas leyes pretenden en-mendar retroactivamente, desde 1 de enero de 1940, la Ley Núm. 74, Leyes de Puerto Eico, 1925 (pág. 401), conocida pomo la Ley de Contribución Sobre Ingresos de 1924. Fer-nández alega que el 15 de enero de 1942 el Tesorero le re-quirió que pagara una suma adicional de $367.90 como con-tribución sobre ingresos para 1940. Alega que el Tesorero determinó esta suma (a) al negarse a reconocer como cré-ditos deducibles en su planilla de contribución sobre ingre-sos de 1940 (1) la cantidad de $870.86 que representa bene-ficios de sociedades, y (2) la cantidad de $2,500 como exen-ción personal; y (b) al calcular su contribución al tipo del 8 por ciento por ser el demandante un ciudadano extranjero residente. La posición del Tesorero, de acuerdo con la pe-tición, es al efecto de que las leyes de 1941 disponen retro-activamente al 1 de enero de 1940, la eliminación de estos créditos, y una contribución del 8 por ciento sobre extranje-ros residentes. Alega el peticionario que si él fuera un ciu-dano americano, se calcularía su contribución de acuerdo con las lej^es de 1941 al tipo del 3 por ciento sobre los primeros $3,000 de su ingreso neto y del 5 por ciento sobre los siguien-tes $2,000.

La médula de la petición es que las leyes de 1941 son nu-las en cuanto se aplican retroactivamente al ingreso recibido en 1940 y en cuanto exigen que un extranjero residente pague contribución sobre ingresos a un tipo mayor que un nacional residente.

Tenemos ante nuestra consideración solamente la ne-gativa de la corte inferior a expedir un injunction prelimi-nar. El artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, dispone que “No podrá otorgarse un injunction: . . . 7. Para impedir la imposición o cobro de cualquier contribu-ción establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.”

En vista de este estatuto, cuidadosamente hemos limitado el remedio de injunction a aquellos casos de los cuales apa-rece claramente no sólo que la contribución es ilegal, sino que también o (a) que el contribuyente carece de un reme-dio adecuado en ley, o (b) que la contribución le ocasionaría daños irreparables, o (c) daría lagar a una multiplicidad de pleitos. The Texas Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 432, 453; E. Solé & Cía., S. en C. v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 762, 773; Plaza Provision Co., Inc. v. Benítez, Admor. de la Capital, 51 D.P.R. 657; Los Diablos etc. v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 658; Miller v. Nut Margarine Co., 284 U. S. 498; Bailey v. George, 259 U. S. 16; Hill v. Wallace, 259 U. S. 44, 62; Enjoining the Assessment and Collection of Federal Taxes Despite Statutory Prohibition, 49 Harv. L. R. 109.

Las únicas alegaciones que baee el peticionario para colo-carse dentro de la regla establecida por los casos arriba ci-tados son las siguientes:

“10. — Que si el demandado llevare a cabo sus amenazas de embar-gar bienes del demandante para hacer efectivo el montante de la supuesta contribución adicional determinada en la forma ilegal ex-puesta, al demandante se le privaría entonces de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y en forma arbitriaria y se le cau-sarían daños irreparables cuya cuantía estima el demandante en una suma mayor de $500.
“11.- — Que con excepción del presente recurso de injunction, el demandante carece de otro remedio rápido y eficaz en ley para hacer valer sus derechos constitucionales aquí ahora reclamados, ya que si bien existe el Tribunal de Apelación de Contribuciones ante el cual podría recurrir en alzada el demandante, sin embargo, dicho Tribunal es meramente una junta administrativa con facultades cua-sijudiciales, sin autoridad para resolver sobre los derechos consti-tucionales del demandante, y además el tal recurso de alzada resul-taría académico por cuanto para valerse del mismo el demandante tendría previamente que garantizar al demandado el pago de la con-tribución adicional reclamada.”

Como indicamos en E. Solé & Cía., S. en C. v. Sancho, Tesorero, supra, no es suficiente exponer meramente en la petición la conclusión de que el cobro de la contribución re-sultará en daños irreparables. Deben alegarse hechos espe-cíficos de los cuales la corte pueda concluir razonablemente que se pueden impedir daños irreparables solamente me-diante el remedio de injunction. Evidentemente el peticio-nario no ha cumplido con este requisito en su alegación dé-cima.

La alegación que encontramos en otra parte de la petición de que el Tesorero amenaza hacer efectiva dicha cantidad mediante procedimiento de apremio con embargo y venta en pública subasta de bienes del peticionario, no es suficiente por sí misma para establecer un caso de daños irreparables. Aun cuando el peticionario hubiera alegado, por ejemplo, que el cobro de la contribución resultaría en la completa destrucción de su negocio, se le exigiría que lo es-tableciera detalladamente. “Bajo las circunstancias, la mera aseveración de que si no se expedía un auto de injunction contra los demandados, el negocio de la demandante sería destruido, no es una alegación suficiente de daños irrepara-bles.” Barceló, Marques & Co. v. Sancho Bonet, 55 D.P.R. 284, 289.

En contraste, aquí el peticionario sólo alega que estima que sus “daños irreparables” consistirían en “una suma mayor de $500.” En el caso de Solé, en el cual las equida-des a considerar eran mucho mayor que en el de autos, diji-mos a la página 776 que “El cobro de los $872.52, más re-cargos y costas, no pudo haber causado daños irreparables.”

La alegación undécima establece dos argumentos. El primero es que el remedio en ley del peticionario no es adecuado porque el Tribunal de Apelación de Contribuciones carece de poder para decidir cuestiones constitucionales. Aparentemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha resuelto definitivamente sobre si el Board of Tax Appeals del Gobierno Federal tiene facultad para ejercer tal poder. En el caso de Commissioner of Internal Rev. v. Independent Life Ins. Co., 67 F. (2) 470 (revocado por otros fundamentos en 292 U. S. 371), la Corte de Circuito de Ape-laciones para el Sexto Circuito dijo a la página 471: “La corte no tiene que determinar si el Board of Tax Appeals estaba autorizado para considerar la constitncionalidad de estas leyes. Una decisión nuestra sobre esa cuestión no de-cidiría este caso.” Sin embargo, el propio Board ha ejer-citado tal poder. Independent Life Insurance Co. of America v. Commissioner of Internal Revenue, 17 B.T.A. 757; Rita O’Shaughnessy, Executrix v. Commissioner of Internal Revenue, 21 B.T.A. 1046; West Town State Bank v. Commissioner of Internal Revenue, 32 B.T.A. 531. En Paul and Mertens, Law of Federal Income Taxation, vol. 5, sección 43.16, página 132, se discute la cuestión como sigue:

“Jurisdicción en cuanto a cuestiones constitucionales. — La juris-dicción del Board para considerar cuestiones constitucionales, que una vez fué seriamente puesta en duda, parece que se ha estable-cido firmemente, aún cuando queda alguna duda. En la actuali-dad la actitud asumida por el Board es que debe surgir claramente la inconstitueionalidacl de cualquier disposición de la ley contribu-tiva, antes de que el Board, como parte de la rama ejecutiva del Gobierno, esté justificado en resolver que la misma no se debe poner en vigor. Si después de considerada, todavía existe una duda sus-tancial, debe seguirse la ley hasta que la duda quede disipada por la decisión de una corte. ’ ’

No creemos necesario determinar en este caso, por lo me-nos en su etapa actual, si el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones tiene o no poder para resolver cuestiones consti-tucionales. Éstas serán decididas finalmente por este tribunal, tanto si el Tribunal de Apelación de Contribuciones deja de considerarlas como si dicho tribunal las considera y decide a favor o en contra del contribuyente. Presumiblemente, el Tribunal de Apelación de Contribuciones permitirá al con-tribuyente aducir cualesquiera hechos fundamentales necesa-rios para levantar estas cuestiones constitucionales. La cues-tión de si el Tribunal de Apelación de Contribuciones tiene o no poder para decidir cuestiones constitucionales no afecta por tanto la suficiencia del remedio en el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones. Ciertamente no es en sí suficiente para sancionar el que se recurra al remedio extraordinario de injunction con el propósito de eludir el procedimiento es-tablecido.

El segundo argumento de la alegación undécima es que el exigirle al contribuyente que “previamente . . . ga-rantizar [garantice] ... el pago de la contribución adicio-nal” antes de que pueda recurrir al Tribunal de Apelación de Contribuciones; haría que el procedimiento ante dicho tribunal resultara académico. Nada encontramos sobre este punto en el alegato del peticionario. ’ Aparentemente, la objeción es en cuanto al requisito de que el procedimiento ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones sea acompañado por una fianza en casos adecuados. La contestación más concisa a este argumento es que aún en el presente caso el injunction preliminar, de concederse, sería condicionado a la prestación de una fianza para asegurar el cobro de lá contribución adi-cional en caso de que predomine finalmente la contención del Tesorero.

Aunque no existe tal alegación en su petición, Fer-nández argumenta en su alegato que en este caso es nece-sario el remedio de injunction para evitar una multiplicidad de pleitos. Difícilmente puede alegarse que la disposición retroactiva del estatuto produce tal resultado. Sea válido o nulo el aumento retroactivo del tipo de la contribución sobre ingresos, ello da lugar a una reclamación por una suma esti-pulada aumentando la contribución por un año. Claramente esto se puede resolver en un pleito.

De igual manera carece de mérito el argumento de que el peticionario se vería obligado a iniciar una multiplicidad de pleitos toda ,vez que cada año tendría que entablar uno para recobrar el exceso que se le impondría como residente ex-tranjero. Si este tribunal resolviera en un procedimiento adecuado que es nulo el imponerle una contribución al in-greso de extranjeros residentes a un tipo mayor que el de ciudadanos residentes, no podemos asumir que subsiguiente-mente el Tesorero no obstante insistiría en tratar de cobrar cada año a los extranjeros residentes contribuciones sobre ingresos al tipo mayor. Dijimos en Benítez v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 751, 769, que “Si el pleito no se resolvía dentro del año económico, bastaría repetir el pago bajo protesta cuando la fecha llegara e iniciar el pleito que quedaría re-suelto por la regla sentada en el primero. Ese no es el caso de multiplicidad a que la jurisprudencia se refiere.”

Los artículos 41 y 43 del Título 8, U.S.C.A., citados por el peticionario, no son de aplicación en este caso. Estos estatutos protegen a los extranjeros en sus derechos civiles. Con ellos no se pretendió conceder a los extranjeros un re-medio de procedimiento ante las cortes que ha sido válida-mente negado a los ciudadanos del país.

Resta sólo la cuestión levantada por el peticionario en su alegato mediante la siguiente manifestación:

“Sostuvo la corte inferior en su resolución objeto de apelación que el demandante tiene a su alcance para revisar la actuación del Tesorero el recurso de apelación que autoriza la ley para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones creado por la Ley Núm. 172 de 1941 (pág. 1039). Sin embargo, respetuosamente somete-mos que tal apelación no proporciona remedio alguno inmediato ni amplio al demandante. La ley de contribución sobre ingresos expre-samente limita el recurso a la revisión de deficiencias determinadas por el Tesorero después de investigación, y aquí no se trata de una deficiencia así determinada; el remedio no puede ejercitarse libre-mente y sin trabas (Artículo 57, Ley Núm. 23 de 1941, Sesión Especial) ; . . ”

Esto equivale a alegar por primera vez que el peticiona-rio carece de un remedio adecuado en ley. No hubo tal ale-gación en la petición y aparentemente el peticionario no ar-gumentó esta cuestión ante la corte inferior. No existen en la petición alegaciones que nos permitan resolver esta cues-tión ya que la misma no expresa el procedimiento empleado por el Tesorero para exigir el pago de las contribuciones adicionales. En su alegato el peticionario no desarrolla de-bidamente su argumento. Sólo afirma escuetamente que “La ley de contribuciones sobre ingresos expresamente limita el recurso a la revisión de deficiencias determinadas por el Te-sorero después de investigación, y aquí no se trata de una deficiencia así determinada; . . . ”. En vista de que el pe-ticionario no sólo ha dejado de alegar el procedimiento se-guido por el Tesorero al tratar de cobrar estas contribucio-nes, si que también no ha elaborado su argumento, la deci-sión de esta importante cuestión debe ser pospuesta. Para sostener su posición, el peticionario cita solamente la sección 6 de la Ley Núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941 (pág. 73), Sesión Extraordinaria, que enmienda la 'sección 57 de la Ley Núm. 74, Leyes de Puerto Rico, 1925. Cuando la cuestión se suscite debidamente, tendremos que considerar también la sección 4 de la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941 (pág. 1039).

No debe entenderse que impidamos al peticionario suscitar de nuevo estas u otras cuestiones después que haya habido una contestación y un juicio en sus méritos. La con-troversia ante nos es limitada. Sólo resolvemos que la corte de distrito no abusó de su discreción al negarse a conceder una moción de injunction preliminar basada únicamente en las alegaciones de la petición, mientras se sustanciara el pro-cedimiento. Rivera v. Tugwell, Gobernador, 60 D.P.R. 81; Rice & Adams v. Lathrop, 278 U. S. 509, 514; Ohio Oil Co. v. Conway, 279 U. S. 813; Harrisonville v. Dickey Clay Co., 289 U. S. 334. Huelga decir que no hemos examinado siquiera -la alegación de que las leyes impugnadas son nulas en tanto en cuanto pretenden tener vigor retroactivamente desde enero 1 de 1940, y en tanto en cuanto imponen contribuciones sobre ingresos a los extranjeros residentes a un tipo mayor que a los ciudadanos residentes. Dejamos estas cuestiones para otra ocasión.

La resolución de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Pbesidente Señor Del Tobo

text:
    Juana Suárez Viuda de Arroyo, demandante y apelante, v. Manuel Saavedra Soler, demandado y apelado.
    Núm. 8465.

    Sometido: Abril 29, 1942.

      Resuelto: Junio 19, 1942.

      José Veray, Jr., abogado de la apelante; García Méndez <& García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez viene este pleito a esta Corte Suprema. Se inició en 1933 en la de distrito de Aguadilla, que lo falló en contra de la demandante, a virtud de una moción de non-suit que presentara el demandado. La demandante apeló y la sentencia fue revocada en febrero 14, 1938, Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, devolviéndose los autos para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión.

En la corte de distrito las partes se pusieron finalmente de acnerdo en qne debía permitirse al demandado qne prac-ticara sn prueba. Practicada, la corte volvió a dictar sen-tencia en contra de la demandante y ésta apeló. Su recurso es el que está abora sometido a nuestra consideración y re-solución.

Se trata de una acción por daños y perjuicios ini-ciada en 1933 por la madre de un menor contra un patrono, por la muerte del menor ocasionada por un empleado del patrono a virtud de un acto violento realizado dentro del radio de su empleo.

Para probar su caso presentó la demandante los testimo-nios de Salvador Nenadich, Carlos Martínez y Gilberto del Valle.

Nenadich, un muchacho de trece años, dijo que conoció a Juan Arroyo Suárez, quien el 17 de febrero de 1932 cami-naba por la orilla de la Cuesta Nueva de la carretera de Isa-bela a Aguadilla, cuando Félix González, que iba en un truck cargado de cañas de Manuel Saavedra, le tiró con una caña “con todita su fuerza y con coraje” y le dió. Había otras personas cogiendo cañas. González no tiró al grupo sino a Juan.

Martínez conoció al hijo de la demandante, Juan, a quien Félix González, conductor del truck de cañas del demandado, en febrero 17, 1932, golpeó con una caña. Juan “venía co-rriendo con un grupo de muchachos.” Félix “se trepó arriba de las cañas y con una de ellas le tiró con fuerza y con co-raje” al grupo, dando a Juan. El “niñito [Juan] no estaba cogiendo cañas . . . estaba agrupado con los que cogían ca-ñas.” Murió a consecuencia del golpe.

Gilberto del Valle, de diecisiete años de edad, vió a Juan herido en la Cuesta Nueva. Decía que G-onzález, guardián de las cañas del truck, le había tirado con una caña. El truck no se detuvo. El muchachito se quejaba, no podía andar.

Luego se llamó a la propia demandante, quien manifesto que era viuda, que Jnan era su hijo, que tenía catorce años y estaba en la escuela, en quinto grado; que el 17 de febrero de 1932, cuando el golpe, lo llevaron al Hospital Municipal, donde lo asistieron los doctores Cardona e Igartúa, que allí pasó tres días atendido por médicos y morses, y murió. No ha pagado honorarios. No le han pasado la cuenta.

Según el acta de defunción, introducida en evidencia, el niño falleció el 21 de febrero de 1932, a consecuencia de per-foración traumática del íleon.

Presentada por el demandado una moción de nonsuit, fue resuelta en su favor, dictando la corte' de distrito sentencia declarando la demanda sin lugar. Apeló la demandante y esta corte, como se ha indicado, revocó la sentencia, declaró sin lugar la moción de nonsuit y devolvió el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con la opinión.

En esa opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Hut-chison, se estudió el caso y se expuso la ley, la jurispruden-cia y los principios de derecho aplicables, diciéndose al final,

“En las cortes insulares no existe el juicio por jurado en casos civiles. Un juez de distrito, al resolver una moción de nonsuit, no está impedido de hacer las inferencias que de la prueba sean razo-nables y propias. Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., supra. Sin embargo, al hacer tales inferencias debe tener presente que, según se indicó en el caso de Rosado, ‘las mociones de sobreseimiento deben ser consideradas con cautela y concederse únicamente en aquellos casos que son completamente claros.’ Desde luego, tampoco debe es-tar en un error en lo que respecta a la ley aplicable a los hechos que tiene ante sí. Si en el presente caso fuera claro que no existiera ningún error de hecho o de derecho y que el resultado hubiese sido el mismo de haberse declarado sin lugar la moción de nonsuit, no habría motivo alguno para la revocación de la sentencia.
“La teoría de la moción del demandado fué que el principal es sólo responsable de los actos negligentes o descuidados de su agente, pero nunca de un acto criminal de tal agente. Esa no es la ley.
“El juez de distrito no adoptó definitivamente la teoría de la ley sustentada por el demandado. Su razonamiento estaba princi-palmente en armonía con la verdadera doctrina (test). No obstante, su conclusión y el resultado pudieron baber sido distintos a no ser por la influencia que sobre él ejerció la teoría del demandado. El declarar sin lugar la moción de nonsuit, desde luego, no excluye que la corte de distrito considere luego la prueba a la luz del curso indi-cado por los casos más recientes, conforme demuestran los extractos anteriores.” Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, 690-691.

La evidencia aportada -últimamente por el demandado consistió en su propia declaración y en la de Félix González.

Saavedra dijo en resumen que González fué empleado como chófer auxiliar para dar aviso desde detrás; que jamás le dió instrucciones de que castigara a los muchachos que se acercaran al truck a coger cañas; que González no tenía tal autoridad. A repreguntas sobre quién era el que custodiaba la caña que llevaba el truck, contestó que nadie, que no había que custodiarla.

González dijo que sus atribuciones eran “cargar la caña en el truck y avisarle, al chauffeur cuando venía un carro.” “Él,” Saavedra, “me dijo que yo estaba allí para cargar esa caña y velar por sus intereses.”

Dicho eso, seguidamente le preguntó el abogado del de-mandado y él contestó como sigue: “P. Por la caña ésa, ¿cómo velaba usted?- — R. Velarlas que no se cayeran o se perdieran. — P. Y si algún muchacho le halaba alguna caña, ¿recibió usted alguna instrucción de don Manuel Saavedra de que le tirara con la caña? — R. No, señor; él me dijo que si los muchachos halaban las cañas que las halaran y que no les hiciera caso.”

Admite que el día del suceso “se pegaron” al truck “to-dos los .[muchachos] que salían de la escuela” a halar cañas, pero niega que tirara con una caña al grupo o a muchacho alguno en particular.

Apreciando la totalidad de la prueba, volvió la corte de distrito a dictar sentencia declarando la demanda sin lugar. Su apreciación se resume en los dos siguientes párrafos de su relación del caso y opinión, a saber:

“Considerando la prueba toda, tiene la corte que concluir que González lanzó el trozo de caña contra el niño Arroyo directamente y de manera tal que constituye su acción una conducta tan desafo-rada que exonera al patrono de toda responsabilidad.
“Además, la evidencia del demandado demuestra que González no estaba autorizado para atacar o castigar a los niños por coger las cañas y que su única misión era tocar el pito para avisar al chauffeur cuando había de darse paso a otro vehículo o cuando se des-arreglase o desnivelase la caña. Al actuar fuera de las instrucciones de su principal y de la manera tan desaforada e infligiendo el severa castigo que demuestra la prueba de la demandante, el empleado se desvío enteramente de las atribuciones de su empleo, no siendo por tanto responsable el demandado Saavedra.”

No estamos conformes con la corte sentenciadora. A pe-sar de la natural tendencia de las declaraciones del deman-dado y su empleado de evadir la. responsabilidad que se exige al primero por los actos del segundo, lo cierto es que bien analizadas prueban lo contrario de lo que intentaron demos-trar.

La declaración de Saavedra es larga. Hace todo lo po-sible por eludir la admisión del hecho de que González era su empleado, pero la verdad se impone y lo admite. Puede aceptarse que no dió a dicho empleado instrucciones especí-ficas de castigar a los muchachos que cogieran cañas, pero su manifestación de que nadie debía custodiar la caña, es in-creíble.

Su propio empleado lo contradice. Contestando una pre-gunta de su abogado dijo que recibió instrucciones de Saa-vedra no sólo de cargar la caña si que de “velar por sus in-tereses.” Se le sigue preguntando en la forma que conoce-mos, y limita el cuidado de la caña a un fin determinado. Lo que dice sobre los muchachos es ciertamente inverosímil.

Creemos que la evidencia aportada es suficiente para con-cluir que González fue empleado por el demandado en el tra-bajo de transportar caña en nn track guiado por otra persona, siendo sus obligaciones cargar la caña, situarse en la parte trasera del truck para avisar al chófer, cuando el truck estaba en movimiento, en relación con el tránsito, y cuidar en general de la propiedad transportada, y que siendo. ello así, estaba dentro del radio de su empleo el evitar que nin-guna persona, incluyendo muchachos, se llevara las cañas sin autoridad.

Por lo tanto, cuando el 17 de febrero de 1932 el grupo de muchachos se acercó al truck para coger cañas sin derecho alguno, el acto realizado por el empleado tirando el pedazo de caña al grupo para que la toma cesara, se realizó en de-fensa de los intereses del patrono y dentro del radio de su empleo.

Es cierto que el empleado actuó con demasiada violencia, pero esa violencia, atendidas todas las circunstancias concu-rrentes — sitio, clase de transporte, número de niños, natura-leza del objeto que se lanzó e intención con que fue lanzado —no permiten que el caso caiga dentro de la cita que se hace a la página 687 de la opinión de esta corte en Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, como sigue:

“ ‘El hecho de que el empleado actúe de manera desaforada o inflija castigo desproporcionado a las necesidades del negocio de su patrono, es evidencia que indica que el empleado se ha desviado de las atribuciones de su empleo al realizar el acto.’ ” (Pag. 550.)

Dichas circunstancias lo colocan dentro de otra cita que aparece también en la indicada opinión, igualmente tomada del 1 Restatement of the Law of Agency, 550, 551, a saber:

‘A es empleado por P como conductor ele un camión de repartir hielo. Mientras A reparte el producto unos cuantos chicuelos le molestan tratando de obtener pedacitos de hielo. A lanza un trozo de hielo contra uno de ellos a fin de poder adelantar en su trabajo. El hecho de que el empleado trate de causar daño al niño y vengarse de ese modo de las molestias recibidas, no impide que el acto caiga dentro de las atribuciones de su empleo.’ ” (Pag. 551.)

Siendo aplicable la jurisprudencia establecida en los ca-sos de Doscher v. Superior Fire Proof Door & Sash Co., Inc. (N. Y.), 221 App. Div. 63, y Zerngis v. H. P. Hood & Sons Co., 152 N. E. 50, de Massachusetts, citados en la repetida opinión de Suárez v. Saavedra, snpra, a la página 688.

Resta sólo fijar la cuantía de la indemnización. En la demanda se pide la suma de quince mil dólares, qne es claramente excesiva. Reclama una madre, qne es vinda, por la muerte de un hijo de once a catorce años de edad, que es-taba en la escuela cursando el quinto grado. No se probó que el hijo tuviera habilidad especial alguna. La evidencia fué muy deficiente sobre el particular.

En el caso de Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, 766-767, en que un padre reclamó por la muerte de un hijo de ocho años a consecuencia de haber ingerido ciertas cápsulas de chenopodio que indebidamente le vendiera la demandada y en que hubo de revocarse la sentencia ape-lada y dictarse la que debió haber dictado la corte de dis-trito, esta corte se expresó así:

“¿Probó la parte demandante los daños y perjuicios reclamados! No existe en toda la evidencia dato alguno que demuestre a cuánto as-cendieron los g’astos del padre con motivo de la enfermedad y muerte de su hijo. Ningún daño concreto 'fué probado. Sólo hay una base: la muerte misma del niño, que ha sido reconocida por la jurispru-dencia como suficiente para la concesión de daños y perjuicios en casos de esta naturaleza.
“La ley en Puerto Rico sobre la materia es igual a la que rige en California y la Corte Suprema de dicho Estado ha resuelto que: ‘El elemento principal de los daños es el valor que probablemente hubieran tenido los servicios del niño muerto hasta llegar a su mayor edad; el jurado está limitado al daño pecuniario efectivo causado al padre. La pérdida de servicios no constituye un daño especial que sea necesario alegar. Un veredicto por $20,000 fué anulado por ser excesivo: Morgan v. Southern Pac. Co., 95 Cal. 510; 29 Am. St. Rep. 143. Véase también el caso de Gleary v. City R. R. Co., 76 Cal. 240, en cuanto a la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro.’ Pomeroy’s Cal. Code of Civil Procedure, pág. 128.
“En el último de los casos citados, la corte dice:
“ ‘Bajo el artículo 377 del Código de Enjuiciamiento Civil, el montante de la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro, es aquella suma que, considerando todas las circunstancias del caso, es justa y razonable; y al determinar el importe de la indemnización el jurado puede correctamente tener en cuenta no sólo la pérdida de los servicios del niño durante su menor edad y los gastos de asis-tencia médica y de entierro, sino también la angustia y sufrimiento moral de los padres.’ Cleary v. City R. R. Co., 76 Cal. 240.
“Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, la angustia, el sufrimiento moral de los padres tuvo que ser necesariamente intenso. En cuanto á los servicios probables del hijo, sólo conoce-mos que tenía ocho años faltándole trece para llegar a la mayor edad. En Puerto Rico, sobre todo entre las familias enteramente pobres o de pocos bienes de fortuna, no es raro el caso en que un menor de edad trabaja y aporta por completo el producto de su trabajo a gastos generales del hogar. Mucho depende de la condi-ción de salud, de la personalidad del menor. Nada concreto cono-cemos aquí, pero algún valor será siempre necesario dar a los ser-vicios del hijo.
“Atendido, pues, el resultado de la prueba, nos parece que la cuantía de la indemnización puede razonablemente fijarse en tres mil dólares. ’ ’

Luego, en Ramos v. Sucn. Serrallés, 51 D.P.R. 343, en que se Irataba de la muerte de una niña de tres años que fue arro-llada por un vagón de la demandada, al revocar también la sentencia apelada y dictar la que debió haber dictado la corte de distrito, se fijó la indemnización en dos mil quinientos dó-lares.

Y por último, en Castro v. González, 58 D.P.R. 368, 383, en que el padre reclamó por la muerte de una hija menor y la corte de distrito fijó la indemnización en doce mil dóla-res, esta corte, al rebajarla a cinco mil, se expresó así:

“ . . . Sabemos que ninguna cantidad, por fuerte que sea, es suficiente para compensar a eabalidad por la muerte de un hijo; pero habida cuenta de la práctica seguida en esta jurisdicción y de las circunstancias de este caso, opinamos que una sentencia por $12,000 sobrepasa los límites establecidos. ...”

Atendidas todas las circunstancias concurrentes, nos pa-rece que tres mil dólares constituye una indemnización apro-piada.

En virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra condenando al demandado a pa-gar a la demandante la indicada suma, con las costas, inclu-yendo trescientos dólares -como honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Moneró, acusado y apelante.
    Núm. 9413.

    Sometido: Junio 18, 1942.

      Resuelto: Junio 22, 1942.

      F. Rodríguez Alverio, abogado del apelante; Ron. Procurador General George A. Malcolm j B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

José Moneró, convicto del delito de abandono de sn hija Emma Eosa, de 18 años de edad, apela de la sentencia de seis meses de cárcel qne le fné impuesta por la Corte de Dis-trito de San Jnan, dejándola en snspenso mientras el acusado' deposite en Secretaría $3 semanales para el sostenimiento de la menor.

El primer señalamiento, en el cnal se alega qne “la sentencia es errónea por no ajustarse y ser contraria al es-tatuto de limitaciones”, carece de méritos.

La prueba demostró que la menor Emma Eosa tiene 18 años de edad y que es hija legítima del acusado y de Nareisa Sánchez, la denunciante. El artículo 263 del Código Penal dispone que “todo padre o madre de un hijo legítimo, legiti-mado, natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que volun-tariamente y sin excusa legal dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor;”.

La contención del apelante de que él no está obligado a proveer de alimentos, vestuario y asistencia médica a su hija, porque ésta tiene más de 16 años de edad, es insostenible. La sección 1 de la Ley Núm. 108 de 30 de abril de 1940 (pág. 673) en nada ayuda al apelante. Dicha sección, dispone:

“El padre en primer término y la madre después, están obli-gados a alimentar, vestir, sostener, educar y procurar albergue a sus hijos ilegítimos, fueren o no reconocidos, menores de dieciséis años de edad, de acuerdo con las necesidades de los menores y en relación con los medios de que puedan disponer los padres.”

La obligación de alimentar y educar al hijo menor legí-timo dura hasta que éste haya cumplido los veintiún años de edad. El padre o madre que deje de cumplir esa obligación para con el hijo legítimo menor de 21 años, infringe el ar-tículo 263 del Código Penal.

Tampoco encontramos mérito alguno en la alegación de que la corte sentenciadora carecía de competencia para conocer del caso y sentenciar al acusado.

Según aparece del récord, en la fecha en que se radicó la denuncia, Nareisa Sánchez, la madre denunciante, y la me-nor residían en Santurce desde hacía diez meses. La denun-cia fué radicada en San Juan el 18 de agosto de 1941. El juicio se celebró el 13 de enero de 1942. Y según la decla-ración de la denunciante, ella y su hija se fueron a vivir a Caguas unos quince días antes de la fecha del juicio. En el caso de Pueblo v. Cintrón, 26 D.P.R. 246, se resolvió:

“El sitio donde están los hijos y no el lugar donde se encuentra el padre al tiempo o durante el período de la queja fija la competen-cia para la persecución por el no sostenimiento de los hijos.” (Itá-licas nuestras.)

El tercer señalamiento se refiere a la apreciación que de la prueba hizo el juez sentenciador. El conflicto entre las declaraciones de la madre y de la hija y las del acusado y su hija fué resuelto en contra del acusado. Siendo las pri-meras suficientes para sostener la acusación y no resultando del récord que la corte inferior actuara movida por pasión; prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto al apreciar la prueba, procede confirmar la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado SeñOR De Jesús'

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Manuel Pereira López, acusado y apelante.
    Núm. 9139.

    Sometido: Junio 1, 1942.

      Resuelto: Junio 23, 1942.

      J. Valldejtili Rodríguez y Ernesto J. Fonfrías, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Lwis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñOR De Jesús'

emitió la opinión del tribunal.

En relación con un supuesto delito de asesinato de que fue absuelto el apelante, se le acusó además de portar armas prohibidas y de infracción a la ley sobre registro de armas. Estos dos casos fueron sometidos por la prueba practicada en el de asesinato, a base de la cual el apelante fue convicto y sentenciado en uno y otro a seis meses y dos años de cár-cel, respectivamente.

Sostiene el apelante que al imponerle el máximum de la pena en los dos casos, actuó la corte movida por pasión, pre-juicio y parcialidad y en prueba de ello cita las siguientes manifestaciones vertidas por el juez inferior en el acto de dictar las sentencias recurridas, a saber:

“En este caso el fiscal lo acusó a usted de un delito de asesinato y el jurado lo declaró a usted no culpable. La corte desea manifestar que no creyó en absoluto la teoría de la defensa propia, o en otras palabras que la corte cree que usted asesinó a Marcelino Clemente cuando éste estaba en el billar poniendo un taco en la taquera. La corte no creyó en su testimonio ni en el testimonio de su novia en ese sentido. La corte cree que al ejercitar su discreción debe ejer-citarla en contra suya. No es lo mismo dejar de registrar un arma que no se utiliza para cometer delito y dejar de registrarla para cometer un delito de asesinato. En realidad de verdad la corte cree que usted asesinó alevosamente a Marcelino Clemente. La corte cree que en ambos casos debe ejercitar su discreción imponiéndole el máximum de la pena.
“En el caso de portar armas prohibidas, la corte le impone seis meses de cárcel y en el caso de infracción a la Ley núm. 14 de 1936, la corte le impone el máximum, o sea que le impone dos años.”

Convenimos con el juez inferior en qne el acusado es culpable tanto del delito de portar armas prohibidas como del de dejar de registrarla. En cuanto al primero, surge de la declaración del propio apelante que él portaba el revólver que utilizó para dar muerte a Marcelino Clemente. En cuanto al segundo, estipularon la defensa y el fiscal que el arma no estaba registrada a nombre del acusado en el. cuartel de la policía de San Juan y de la prueba de descargo resultó que en la fecha del delito el acusado residía en San Juan, que-dando así probados los elementos constitutivos de este delito. Pero, ¿justifican las circunstancias concurrentes que se im-ponga al acusado el máximum de la pena en cada uno de es-tos casos? Concedemos que al serle sometidos al juez inferior los dos casos misdemeanor por la prueba practicada en el de asesinato, su facultad en cuanto a la apreciación de la prueba no estaba supeditada a la conclusión a que hubiese llegado el jurado en relación con el delito de asesinato. ■ La prueba con respecto a la defensa propia fue contradictoria. No puede decirse que el veredicto del jurado fuese arbitrario o manifiestamente erróneo. La evidencia del fiscal y de la defensa sobre dicho extremo estuvo virtualmente balanceada. Todo dependía del crédito que se diese a unos y otros testi-gos. El jurado lo dió a los de la defensa. El juez a los del fiscal. Pudo creer el juez inferior, como en efecto creyó, que el acusado, no obstante el veredicto, era en realidad culpable de asesinato y considerando que había utilizado el arma para dar muerte a un semejante, tomar en cuenta esa circunstan-cia en el ejercicio de una sana discreción en la imposición de la pena. No se entienda sin embargo que el juez sentencia-dor al apreciar la prueba puede caprichosa o arbitrariamente descartar o ignorar evidencia de hechos físicamente posibles que no han sido en forma alguna contradichos o impugnados y en relación con los cuales no existan otros elementos que hagan que esa evidencia sea indigna de crédito. En otras palabras, la discreción debe ser una sana discreción, pero una vez que en el ejercicio de la misma entra el capricho o la arbitrariedad, deja de ser sana discreción para convertirse en mera arbitrariedad, desprovista de toda sanción legal. Claro es que la discreción judicial en la apreciación de la prueba se refleja en la imposición de la pena. A mayor grado de culpabilidad, mayor debe ser el castigo.

En el presente caso el juez inferior ignoró o descartó sin razón alguna para ello la evidencia que presentó la defensa, demostrativa sin lugar a dudas, dé circunstancias atenuantes que en el ejercicio de una sana discreción, debieron ser to-madas muy en cuenta en la imposición de la pena en los de-litos que nos ocupan, que como hemos dicho, están íntima-mente relacionados con el de asesinato de que fuera absuelto el apelante. Veamos en qué consisten las circunstancias ate-nuantes.

El apelante en la fecha de los sucesos y cuando se celebró el juicio era un adolescente. Al referirse a él abogados y testigos le llamaban “este muchacho”. No tenía anteceden-tes penales de ningún género. Hacía poco tiempo había aban-donado la escuela Baldorioty de esta ciudad, que es una es-cuela primaria, para colocarse de mensajero en las oficinas del telégrafo insular. Su conducta en la oficina era buena, era cumplidor de su deber, como declaró el superintendente del telégrafo insular señor Generoso Flores. Pero este mu-chacho que así se comportaba, desde que asistía a la escuela Baldorioty era perseguido por el interfecto Marcelino Cle-mente (a) Gofio, hombre mayor de 30 años, de muy mala re-putación, de ocupación boxeador, físicamente fuerte, pero un pervertido sexual. Para lograr su propósito de utilizar al muchacho para satisfacer sus bestiales instintos, adoptó pri-mero el halago. Sabiendo que el niño era aficionado al bo-xeo lo invitaba, en compañía de otros niños en relación con. los cuales tenía semejantes intenciones, a que fueran con él a ver las ludias pugilísticas y así fue ganando la confianza del mucliaclio hasta que finalmente le declaró sus intenciones, las que fueron rechazadas, alejándose desde entonces el ape-lante de la compañía del interfecto y dando cuenta de lo sucedido a sus padres. Persistía sin embargo el interfecto, pero convencido de que el halago no surtía el efecto deseado, recurrió entonces a la intimidación y la violencia, agrediendo al acusado donde lo encontrara, injuriándole públicamente, diciéndole que era un invertido sexual y que él (Gofio) tenía que quitarle la careta. En una ocasión se acercó el inter-fecto a las oficinas del telégrafo insular, profiriendo los mis-mos insultos contra el acusado, de tal forma que el superin-tendente del telégrafo insular se vió precisado a obligarlo a retirarse de allí amenazándolo con llamar la policía. En otra ocasión, hallándose el apelante con su novia, una muchacha de 17 años, en la plaza San José de esta ciudad, fue encon-trado allí por el interfecto y no solamente repitió las mis-mas injurias, sino que agredió al apelante y a su novia, se-gún declararon éstos y el testigo Marcelino Díaz Barbosa,' que tuvo que intervenir con el interfecto, y quien según su testimonio no conocía entonces ni al apelante ni al interfecto. No fueron en manera alguna contradichas las declaraciones de Generoso Plores, Marcelino Díaz Barbosa y la de los de-más testigos de descargo que declararon a ese efecto. Según la teoría del apelante, fue con motivo de ser éste atacado por el interfecto con un taco de billar mientras el primero pa-saba con su novia frente al billar donde a la sazón se hallaba jugando el interfecto, que el apelante, en defensa propia se-gún alegó, dió muerte a su agresor.' A nuestro juicio, consi-deradas esas circunstancias, erró la corte inferior al no to-marlas en cuenta. Es verdad que no constituyen una de-fensa, pero sí una fuerte atenuante que debe ser tomada en consideración en la imposición de la pena.

Consideradas las circunstancias concurrentes, somos de opinión que procede en este caso modificar las sentencias apeladas, reduciendo la impuesta por portar armas prohibi-das a un mes de cárcel y la de infraoción a la ley sobre re-gistro de armas a seis meses de cárcel, y, así modificadas, se confirman.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bernabé Ruiz Torres, acusado y apelante.
    Núm. 9243.

    Sometido: Junio 11, 1942.

      Resuelto: Junio 23, 1942.

      Ernesto Rmnos Antonini y Víctor Gutiérrez Franqui, abogados del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto del delito de homicidio volunta-rio y sentenciado a seis años de presidio con trabajos for-zados. Fundamentando este recurso alega que la corte inferior erró al denegarle la moción de nuevo juicio y al im-ponerle la pena que le impuso, no obstante la recomendación de clemencia hecha por el jurado.

La moción de nuevo juicio se basó en el descubri-miento posterior de cierta prueba testifical; pero ni en la moción ni en el llamado affidavit de méritos se exponen las razones por las cuales dicha prueba no fué conseguida con anterioridad a la celebración del juicio. Sólo asegura uno de los abogados defensores que le consta que el acusado hizo gestiones para obtener el testimonio de Jesús Rivera Febres (a) Ventorrillo, y de David Soto de Jesús (a) Vieques, para presentarlo a la corte el día del juicio y que le consta que el acusado fracasó en sus gestiones. Estas meras conclusio-nes no están sostenidas por hechos de los cuales podamos determinar la suficiencia de las gestiones así como la imposi-bilidad de conseguir oportunamente esos testimonios. Aparte de este defecto que por'sí sólo bastaría para denegar la mo-ción de nuevo juicio, podemos agregar que hemos examinado las declaraciones que prestarían dichos testigos si el nuevo juicio se concediera, y las mismas constituyen prueba acu-mulativa.

El segundo señalamiento de error es tan carente de méritos como el que acabamos de discutir. El homicidio vo-luntario se castiga con pena máxima de diez años de presi-dio y no aparece de la prueba circunstancia atenuante al-guna. Por el contrario, si hemos de dar crédito a la prueba de cargo, el delito está en la línea fronteriza entre el de ase-sinato de que fué acusado y el de homicidio voluntario de que fué convicto el apelante. Así pues, el apelante pudo ser sentenciado a diez años de presidio y sólo le fueron impues-tos seis años, atendiendo el juez, como expresamente lo dijera, aunque no estaba necesariamente obligado a ello, a la recomendación de clemencia que le hiciera el jurado.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.