author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Sergio Vega Santos, acusado y apelante.
    No. 5083.

    Sometido: Junio 1, 1933.

    Resuelto: Junio 8, 1933.

      A. Viol Negrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Vueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Sergio Yega Santos fué convicto en dos ocasiones, primero, en una corte municipal, y luego, después de un jui-cio de novo, en una corte de distrito. Sostiene que ambas cortes carecían de juridicción debido a que el juramento con-tenía un defecto. La denuncia fué jurada por un policía, mas el nombre del magistrado no aparecía en el jurat ni éste aparecía estar suscrito con firma entera. El jurat es-taba suscrito L. A. Una objeción a tal defecto subsana-ble es suscitada demasiado tarde al presentarse por primera vez en apelación. Pueblo v. Marrero, 25 D.P.R. 584.

El apelante también sostiene que la denuncia no ex-pone beehos constitutivos de delito. Imputa una violación del artículo 95 de la Ley de Servicio Público, cometida en la siguiente forma:

“.el acusado, Sergio Vegas Santos, siendo la persona que guiaba el automóvil No. P-2151, ilegal, voluntaria y maliciosamente lo tenía traficando, transportando en dicho automóvil pasajeros me-diante paga, entre la ciudad de Ponce y su Playa, por la Ave. Hostos sin haber solicitado y obtenido de la Comisión de Servicio Público de P. R. un certificado que le autorice expresamente a transportar pasajeros entre la ciudad de Ponce y su Playa, por la Ave. Hostos. El automóvil arriba mencionado lo dedicaba al trans-porte de pasajeros mediante paga por la ruta antes indicada, ob-jeto de esta denuncia y es un vehículo de motor, con capacidad au-torizada -no mayor de siete pasajeros, y al prestar dicho servicio violó la orden expresa del reglamento de la Comisión de Servicio Público de P. R., aprobada el 18 de abril de 1929 por dicha Co-misión, mediante cuya orden la Comisión suspendió definitivamente a todo vehículo de motor con. capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros por dicha Ave. Hostos, sin que se le hubiese auto-rizado por la Comisión de Servicio Público el tráfico de dicho ve-hículo, de cuya orden el acusado ha sido personalmente notificado antes de la violación por la cual se le denuncia.”

La orden aludida lee en parte como sigue:

“Vista la notificación hecha por los tenedores de los certificados de necesidad y conveniencia, a virtud de los cuales se ha venido explotando un servicio de ómnibus entre Ponce y su Playa y el Muelle Municipal, haciendo saber a esta Comisión que se habían visto obligados a suspender dicho servicio a causa de la imposibi-lidad de sostener por más tiempo la competencia ruinosa que le han venido haciendo los automóviles de servicio público que trafi-can por esa misma ruta; vistas las declaraciones hechas por las partes que comparecieron ante esta Comisión en el día de hoy, a la vista pública celebrada acerca de este asunto.
“Considerando que la situación surgida en Ponce exige una so-lución eficaz e inmediata; considerando que de suspenderse defini-tivamente el servicio de las guaguas de los peticionarios en este caso, los intereses de la comunidad y del público en Ponce no que-darían debidamente protegidos ni servidos por los automóviles de servicio público que han venido explotando el mismo servicio por la ruta de los peticionarios; considerando que la práctica ha de-mostrado que las providencias tomadas por esta Comisión para re-glamentar el servicio de dichos automóviles de servicio público han resultado ineficaces e insuficientes para mejor garantizar los in-tereses del público; y considerando qué el caso de Ponce es el que contempla la reserva establecida en el Artículo 2 del Reglamento para Vehículos de Motor con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros, aprobado el 20 de junio de 1928, a tenor de dichas disposiciones la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico
“ORDENA:
“1. Suspender, como por la presente suspende, definitivamente, el tráfico de todo vehículo de motor sujeto a las disposiciones del antedicho reglamento, en la ruta servida 'por los peticionarios en este caso, a saber: Desde la calle Puerto Viejo, siguiendo por la calle Comercio, Avenida Hostos, calle Salud, calle Cristina, calle Mayor, calle Estrella, calle Victoria, calle Unión, Plaza Muñoz Rivera, calle Marina y Avenida Hostos.
“2. Que para poder reanudar .el servicio que hasta el presente hayan venido prestando en esa ruta los automóviles objeto de la presente orden, será necesaro que soliciten y obtengan de esta Co-misión un certificado de necesidad y conveniencia, con arreglo a los trámites reglamentarios, y el cual los autorice expresamente a ex-plotar el servicio indicado.”

De conformidad con la fraseología del artículo 95 de la Ley de Servicio Público, según fue enmendada en 1927 (Le-yes de ese año, pág. 407) :

“Si cualquier persona o compañía de servicio público infringiere cualquiera de las disposciones de esta Ley.o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cumplir cualquier disposición, requisito, determinación u orden final que hubiere dic-tado la comisión; . . . dicha compañía de servicio público, incurrirá, convicta que fuere, por una corte de jurisdicción competente, en multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa.”

Toda persona natural que se dedique al negocio de transportar pasajeros o carga por cualquier ruta terrestre en Puerto Rico, es una compañía de servicio público, según se define esa frase por la sección 2 de la Ley de Servicio Público. Leyes de 1917, Vol. II, p. 433.

Tanto la ley como la denuncia en el presente caso pueden estar sujetas a críticas, mas la ley no es nula por incertidum-bre, según sostiene el apelante, y los hechos alegados en la denuncia constituyen un delito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: TSl Juez Asociado Señor Córdova Davtla,

license: Public Domain

text:
    Josefa Colón, como madre con patria potestad sobre su menor hijo natural reconocido, Alberto Colón, demandante y apelante, v. La Sucesión de Don Alberto J. Tristani, compuesta de su heredera declarada Doña Julia Quesada y Mandri Vda. de Tristani, demandada y apelada.
    No. 5659.

    Sometido: Enero 14, 1933.

      Resuelto: Junio 9, 1933.

      B. Atiles Moren y Erasto Arjona■ Siaoa, abogados de la apelante; José A. Poventud y Alberto 8. Poventud, abogados de la apelada.

      Nota: Yéase el prefacio.

   TSl Juez Asociado Señor Córdova Davtla,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada solicita la reconsideración de nuestra sen-tencia. Se alega en primer término que incurrimos en error al estimar admisible y considerar el testimonio de Josefa Co-lón, madre de Alberto Colón, relativa a transacciones, actos y manifestaciones de Alberto J. Tristani, padre putativo de dicho menor.

Arguye la demandada, por conducto de sus ilustra-dos abogados, que la Legislatura de Puerto Rico, en marzo 10 de 1904, procedió a remover, al igual que en otras juris-dicciones, las causas de inhabilitación para declarar por mo-tivo de interés en un juicio o procedimiento, pero a la vez estableció una prohibición contra las partes para declarar en lo referente a manifestaciones o transacciones con un finado en acciones contra los herederos de éste, a menos que fueren llamados a declarar por la parte contraria, decretando así la subsistencia de este último caso de inhabilitación con el pre-cepto que extinguió el interés en el litigio como impedimento para ser testigo. La disposición legislativa a que se refiere la demandada está comprendida en la ley para prescribir quiénes son testigos hábiles y para derogar el artículo 1215 del Código Civil, aprobada en 1904, cuyo artículo tercero dice así:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relacio-nes hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere lla-mado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los here-deros y representantes legales de un finado, que se suscitaren de tran-sacciones habidas con éste.”

Alega la demandada que de acuerdo con el artículo que acabamos de transcribir, no ha debido admitirse la declara-ción de Josefa Colón, y en apoyo de su contención copia de la opinión emitida en el caso de Morales v. Sucn. Cerame, 30 D.P.R. 843, la última parte de un párrafo que nosotros nos permitimos transcribir en toda su integridad, ya que la parte suprimida tiene alguna pertinencia con este caso en que el menor Alberto Colón era un niño de seis años de edad cuando se promovió esta acción:

“Además, el padre ha muerto y no hace muchos años que murió. El hijo tuvo oportunidades durante la vida de su padre para haber establecido esta acción. Las cortes examinarán con cuidado la prueba en tales circunstancias cuando la persona más interesada no puede ser oída. El caso es algo distinto cuando el hijo tiene pocos años al ocurrir el fallecimiento del padre. No sólo son escrupulosas las cor-tes sino que la legislatura ha reconocido los peligros que hay en casos semejantes con esta clase de prueba. El artículo 3 de la ley de 1904 prescribe, entre otras cosas, que ‘en las demandas por o en contra de los albaeeas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, nin-guna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pu-pilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria.”

No se trata en este caso de una reclamación contra los bie-nes de la herencia de Alberto J. Tristani basada en transac-ciones o negociaciones con el referido finado. Se ejercita nna acción de filiación para cuya prueba no puede aportarse evi-dencia alguna con respecto a los bienes, porque resultaría completamente impertinente. Una vez establecida la filiación, la persona declarada hijo natural tendrá todos los derechos que la ley le concede; pero esto no cambia en modo alguno la naturaleza de la acción ni requiere otra prueba que aquella que tienda a establecer la condición de hijo natural que es el propósito fundamental que se persigue.

Admitimos que la ley citada por la demandada está en vigor, como una de las excepciones a la regla general, y soste-nemos que esta excepción debe aplicarse dentro de las limi-taciones que la misma ley impone sin extenderla a casos que no se relacionan directamente con transacciones o negociacio-nes de un finado sobre sus bienes. En los Estados Unidos prevalece en la mayoría de las jurisdicciones el mismo prin-cipio que de acuerdo con la ley de 1904 está en vigor en Puerto Rico. En el Estado de Arizona, por ejemplo, el artículo 4212 de los Estatutos Revisados establece la excepción en la si-guiente forma:

“Disponiéndose que en acciones o procedimientos por o en contra de los albaeeas testamentarios, administradores o tutores, en los cua-les pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que sea llamado a declarar por la parte contraria.”

Es prácticamente la misma excepción establecida en Puerto Rico, y así por el estilo, con algunas variantes, son las demás excepciones en vigor en los estados que ban adoptado el mis-mo principio.

Esta excepción a la regla general ba sido severamente cri-ticada por Wigmore y otras autoridades, aun cuando se apli-que dentro de sus propios límites. El eminente comentarista expone los argumentos que se ban utilizado basta la fecba en favor de la excepción, los cuales califica de superficiales y aduce los suyos propios, para demostrar que a su' juicio la excepción establecida no se basa en una sólida y sana argu-mentación. Veamos lo que nos dice el ilustre comentarista en la página 1004 del tomo primero de su obra sobre “Evi-dencia”, segunda edición:

‘ ‘ En casi todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, en virtud de estatutos aprobados al abolirse o algún tiempo después de abolirse la incapacidad general de los testigos motivada por interés, se esta-bleció una excepción a la vieja regla de incapacidad, que ha permi-tido perpetuar, dentro de una reducida esfera, el principio de la regla descartada. La limitación de esta moderna regla excluye el testimo-nio del superviviente de una transacción con un finado, cuando se ofrece contra los bienes del último.
“No aparece ningún precedente que pueda haber servido como ejemplo y la casi universal costumbre de este moderno fragmento de la vieja anomalía es por lo tanto más curiosa.
“Los defensores de esta regla usualmente se contentan con inv'ocar alguna vaga metáfora en lugar de una razón, pero ocasionalmente tropezamos con una tentativa de justificación razonable:
“1873, Brickell, J., en Louis v. Easton, 50 Ala. 471: 'Este de-recho y privilegio (de testificar) debe ser mutuo. No puede existir en una parte y no en la otra. Si la muerte ha cerrado los labios de una parte la política de la ley es cerrar los labios de la otra.1
“1878, Haymond, J., en Owens v. Owens, 14 W. Va. 88, 95: ‘La ley en la excepción al privilegio para testificar tuvo la intención de evitar una ventaja indebida por parte del superviviente sobre el fi-nado, que no puede carearse con dicho superviviente, u ofrecer su versión del asunto, o exponer la omisión, equivocación o quizá false-dades de tal superviviente. La tentación a la falsedad y a la ocul-tación en tales casos se considera demasiado grande para permitir a la parte superviviente que testifique en su propio favor. Cualquier otro aspecto de este asunto, creo, colocaría en gran peligro los bienes del finado y los convertiría en presa fácil de una persona deshonesta y sin escrúpulos.’
“El argumento del último pasaje de que una regla contraria ‘co-locaría en gran peligro los bienes del finado’, suficientemente carac-teriza el razonamiento superficial en que la regia descansa. ¿No son los bienes de los supervivientes colocados en peligro por la presente regia, que prohibe evidencia en muchas legítimas reclamaciones? ¿Puede ser más importante salvar los bienes del muerto de falsas re-clamaciones que salvar de que se pierdan por carencia de prueba los bienes de las personas que viven?
“La verdad es que la presente regia está abierta casi en el mismo grado a cualquiera de las objeciones que fueron urgidas con éxito hace cerca de una centuria contra la regla general de la incapacidad motivada por interés. Aquellas objeciones pueden ser reducidas a cua-tro: (1) Que el supuesto peligro de que las personas interesadas tes-tifiquen falsamente existe solamente en una limitada extensión. (2) Que aun así, en tanto en cuanto ellos testifiquen la verdad, la exclu-sión constituye una intolerable injusticia. (3) Que ninguna exclu-sión puede ser definida como racional, consistente y viable. (4) Que en todo caso el arma de la repregunta y otros medios para descubrir la verdad constituyen una suficiente garantía contra frecuentes falsas decisiones. Cada una de las tres primeras objeciones se aplican a la presente regla con tanta amplitud como a la vieja. La cuarta se aplica con más aparente fuerza, porque el testimonio de la parte contraria se produce sin contradicción. Y sin embargo, ¡ cuán inconsistente re-sulta aun el apoyo de esta regia! Porque sus defensores declaran en efecto la ausencia de oposición al testimonio la única razón para adoptar una excepción a aquella situación particular; y sin embargo puesto que el finado es la parte contraria, él vendría a ser hipoté-ticamente un mentiroso al igual que el superviviente incapacitado; .de modo que la regla descansa en la supuesta ausencia de una cues-tionable especie de testimonio que resulta tan débil como la regla que se excluye. Nunca hubo y nunca habrá una exclusión por motivo de interés que pueda ser definida como lógica o prácticamente sana. Añádanse a esto las distinciones confusas creadas en la aplicación de los complicados estatutos que definen esta regla, y el resultado es una masa de vanas trivialidades que no tienen la más pequeña relación con la veracidad del testigo.
“1895, Corliss, J., St. John v. Lofland, 5 N. D. 140, 64 N. W. 930: ‘Los estatutos que excluyen testimonio por este motivo son de dudosa conveniencia. Son más las reclamaciones legítimas que fra-casan, debido a la supresión de esta prueba, que las ñctieias que po-drían establecerse si estas excepciones fuesen derogadas y se decla-rase que toda persona es competente para testificar. Asumir que en tal ev'ento muchas reclamaciones falsas serían establecidas por medio del perjurio, es formar un concepto muy bajo de la naturaleza bu-mana y exagerar las proporciones de la inventiva y habilidad huma-nas. Quien no posee otra evidencia para probar su caso que la que el estatuto declara incompetente, carece de remedio; pero aquéllos contra quienes se dirija una demanda deshonesta no quedarán com-pletamente sin protección por el hecho de que la muerte haya sellado los labios de la única persona que pueda contradecir al testigo super-viviente que respalda su reclamación con su juramento. En el arsenal de la legalidad hay un arma cuyas repetidas estocadas será difícil y en muchas ocasiones casi imposible esquivar por dicho super-viviente, si su testimonio es una red de falsedades: la espada de la repregunta. Por estas razones que surgen de la faz de esta regla de conducta (question of •policy) nosotros estimamos que es una regla saludable que debe ser aplicada en la interpretación de estatutos del carácter del que ahora nos ocupa, que estos estatutos no deben exten-derse más allá de su letra cuando el efecto de tal extensión equivalga a aumentar la lista de aquéllos a quienes la ley declara incompetentes como testigos.’
“1921, Henry W. Taft, en 'Comments on Will Contests in New York,’ Yale Law Journal, XXX, 593, 605; ‘Esta restricción frecuen-temente ocasiona intolerables injusticias evitando el establecimiento de una reclamación meritoria. Además, ha sido aplicada con rigu-rosa exactitud y ha dado origen a un laberinto de decisiones sutiles. Una larga experiencia me conduce a creer que los males que se ori-ginan no justifican la retención de la regla. En los tempranos días de nuestra jurisprudencia se excluía el testimonio de los testigos in-teresados, pero la experiencia gradualmente condujo a la conclusión de que la restricción debía ser liberalizada, depositando mayor con-fianza en la eficacia de nuestros medios para investigar la verdad. La repregunta, por ejemplo, se ha considerado bastante para descu-brir cualquier combinación fraudulenta tramada por una parte in-teresada y cuando ésta ha fracasado, el escrutinio a que el testimonio del testigo queda sujeto por la corte y por el jurado, ha sido eficaz para descubrir la Verdad, amén del poder de la evidencia circunstan-cial para desacreditar las simples manifestaciones orales de un tes-tigo interesado.’
“Como una cuestión de conducta (policy) esta supervivencia de la descartada incapacidad por motivos de interés, es deplorable en todos sentidos; porque se basa en un principio falaz y desacredi-tado, conduce a tantas o más falsas decisiones que las que evita, y dificulta la profesión con una masa profusa de vanos subterfugios sobre la interpretación de meras palabras.
“Si alguna concesión lia de hacerse a las consideraciones de cau-tela que inspira la regla, hay tres simples caminos a seguir, los cuales se vienen utilizando, y cada uno de ellos es capaz de realizar el pro-pósito sin seguir el crudo, técnico e injusto método de incapacitar testigos supervivientes. Uno de ellos, adoptado en Arizona, Nuevo Méjico y Canadá, es no permitir recobrar a la parte en tales casos cuando sólo se produce su testimonio sin ninguna clase de corrobora-ción. El segundo, seguido en Connecticut, Virginia y Oregon, es ad-mitir a la parte superviviente, y en igual sentido cualquier escrito o declaración del finado sobre la cuestión controvertida. El tercero, inventado en New Hampshire y seguido en Arizona, es excluir el tes-timonio, excepto cuando ‘aparece a la Corte que se cometería una in-justicia excluyéndolo.’ Esto elimina el aspecto arbitrario de la regla y le presta flexibilidad.”

Es claro y evidente que la excepción que establece la ley de 1904 no cubre las acciones de filiación. Esta excepción debe mantenerse dentro de sus propios límites, sin ampliar sn esfera de acción. En nuestro caso el testimonio de la de-mandante ba sido corroborado por prueba abundante y no hay razón alguna que justifique su eliminación, ni podría hacerse tampoco, porque nuestra Ley de Evidencia no autoriza seme-jante exclusión.

Los ilustrados abogados de la demandada alegan que la jurisprudencia americana con respecto al testimonio de la madre no es aplicable al territorio de Puerto Rico, por la razón de que aquí impera desde 1904 el estatuto antes refe-rido que inhabilita a una parte para declarar contra los he-rederos de otra fallecida a menos que sea llamada para tes-tificar por la parte adversa. Ya hemos dicho que esta pro-hibición no es aplicable al presente caso. Citamos en nuestra opinión la jurisprudencia americana únicamente para demos-trar que el testimonio de la madre es admisible en los estados de la Unión donde las leyes de evidencia son similares a la-nuestra. Mencionamos el caso de Mitchell v. State, 57 Ind. A. 520, 108, N. E. 175, para demostrar la liberalidad a que se ha llegado en el continente, sin que esto quiera decir que aceptemos que la manifestación aislada de la madre sobre la paternidad del hijo sea bastante para que recaig’a una decla-ración de hijo natural. Este es un elemento de prueba que debe tenerse en cuenta en unión de otros actos para llegar a esta conclusión. Y queremos añadir aquí que si nos limi-tamos a citar el caso de Indiana fué únicamente para pre-sentarlo como un ejemplo, porque abundan los casos que sos-tienen que el testimonio de la madre, sin corroboración, es bastante para una declaración de paternidad, así como está sostenido por el peso de las autoridades que estos procedi-mientos, siendo civiles por su naturaleza, se rigen por las re-glas de evidencia que se aplican en casos civiles, pudiendo probarse la paternidad del niño por una preponderancia del testimonio y sin que sea necesaria una certeza moral o que se establezca la misma fuera de duda razonable. Esta prueba es necesaria cuando el procedimiento es considerado criminal en su naturaleza. State v. Reese, 135 Pac. 271; State v. Brunette, 150 N. W. 271; Commissioner of Public Charities of New York v. Vassie, 167 App. Div. 75; State v. Law, 144 Pac. 232; Brantley v. State, 65 So. 679, 7 C. J., pág. 995, párrafo 128, y numerosos casos citados.

Wigmore, en el tomo segundo, página 1339, párrafo 1.141, de su obra sobre “Evidencia”, primera Ed., dice que en un tiempo en que las partes y personas interesadas estaban inca-pacitadas para declarar, se estableció por estatuto, en varias comunidades coloniales, una excepción basada probablemente en una práctica vieja y tradicional, permitiendo a la madre servir de testigo “in a prosecution for bastardy or suit for filiation”, siempre que se demostrase previamente que durante las boras del parto había señalado como padre a la misma persona sometida a juicio después. Naturalmente, una vez abo-lida la incapacidad motivada por interés, la madre pudo decla-rar, sin depender su admisión del requisito de estas manifesta-ciones previas, que constituían nna excepción a la regla que prohíbe prueba de referencia, y qne mny pocos estados ad-miten hoy, por disposición legislativa, basados más bien en la teoría qne permite declaraciones en peligro de mnerte. Gene-ralmente, en ansencia de estatnto, la evidencia es inadmisible. En Massachnsetts, por ejemplo, las manifestaciones de la madre dnrante el parto son admisibles en corroboración de sn testimonio.

Dedica la demandada algunas páginas de sn alegato a dis-entir la prueba, y entiende qne de acuerdo con la misma ha debido confirmarse la sentencia apelada. No creemos nece-sario repetir los argumentos y conclusiones que aparecen en nuestra opinión, donde esta cuestión fué objeto de un estudio detenido y minucioso. Sí queremos hacer constar que cita-mos el testimonio de Petrona Suárez porque la corte inferior lo tuvo en consideración al dictar su fallo, a pesar de que, aun en el- caso de que Josefa Colón hubiese tenido un hijo en Nueva York, el hecho en todo caso ocurrió años después de haber sido engendrado Alberto Colón. Dijimos entonces y repetimos ahora que la declaración de la testigo mencionada no justifica la conclusión categórica de la corte inferior. En cuanto a la prueba pericial, entiende la demandada que he-mos debido devolver el caso a la corte inferior para darle oportunidad de emitir su juicio sobre la misma. Dada la na-turaleza de esta, prueba, opinamos que podemos apreciarla sin necesidad de que la corte inferior haya emitido un juicio pre-vio sobre ella. Además, al dictar nuestro fallo nos hemos ajustado al artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, esta corte procederá a pronunciar la sentencia, orden o decreto que debió haber dictado el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar deter-minados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la cual hubiere de decretarse, fuere dudosa, pues en cualquiera de estos casos se devolverá la causa para su revisión al tribunal inferior. No surge de la prueba pericial la necesidad de aclarar ningún determinado punto de hecho, y por lo tanto actuamos de acuerdo con la ley al dictar nuestro fallo, sin devolver el caso a la corte sen-tenciadora.

Alega la demandada que incurrimos en error al de-clarar que la investigación de la paternidad se encuentra au-torizada en Puerto Eico, después de la enmienda al Código Civil en 1911. Creemos haber demostrado claramente que la madre no está incapacitada para declarar como testigo, de acuerdo con nuestra Ley de Evidencia. La enmienda al Có-digo Civil en 1911 no tiene el alcance que lé atribuye la de-mandada. Según Scaevola, el Código Español, inspirándose en los antecedentes nacionales, no prohibe expresamente la in-vestigación de la paternidad, pero tampoco la autoriza, puesto que lo que hace es permitir la declaración judicial de la mis-ma, cuando consta ya extrajudicialmente, como se desprende de los casos primero y segundo del artículo 135. Scaevola, Comentarios al Código Civil, tomo 3o., página 181. Sin embargo, la ley de bases, en su sección quinta, expresamente dice que no se admitirá la investigación de la paternidad. No hay duda alguna de que ésta fue la intención del legislador y así ha sido interpretada la ley por la jurisprudencia española. Vino luego la abolición de la incapacidad para declarar moti-vada por interés, que disipó toda duda con respecto ai derecho de la madre para servir como testigo en casos de filiación. La enmienda de 1911 debe interpretarse como si original-mente hubiese sido aprobada por nuestra Legislatura, sin que tengamos que atenernos a la base quinta, que explica y aclara el alcance del artículo 135 del Código Civil Español.

El artículo 189 del Código Civil, tal y como fué aprobado en 1902, se apartó del Código Civil Español, introduciendo modificaciones transcendentales. Este artículo, en su inciso segundo, obligaba al padre a reconocer al hijo ilegítimo cuando pública o privadamente le tuviese por hijo suyo o le hubiese llamado tal en conversación, o se ocupase de su educación y sostenimiento, y la enmienda de 1911, incorporada en el ar-tículo 193, impone al padre la misma obligación cuando el hijo se halla en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos del mismo padre o de su familia. En lo que respecta a la investigación de la pa-ternidad, ambas disposiciones surten el mismo efecto. Los requisitos exigidos en 1902 son elementos de prueba que sir-ven para demostrar la posesión de estado exigida en 1911.

Confiesan los ilustrados abogados de la parte demandada que el inciso segundo del expresado artículo 189, al establecer el reconocimiento tácito como causa bastante para imponer al padre la obligación de reconocer, y tal vez al permitirse prueba de las relaciones amorosas entre los padres por el in-ciso tercero, autorizó la investigación de la paternidad, ya que lo primero amplió el derecho de los hijos ilegítimos tanto como lo hiciera la Ley 11 de Toro; y como en esta última, el Código Civil de 1902 permitió prueba de actos de recono-miento tácito o privado.

Las modificaciones transcendentales que sufrió nuestra le-gislación en 1902 con respecto a los hijos naturales, rompie-ron el nexo que existía entre nuestro Código Civil y el Código Civil Español, en lo que a esta importantísima cuestión se refiere.

El artículo 193, como muy bien dice Scaevola, comentando su equivalente del Código Civil Español, no prohibe expresa-mente ni tampoco autoriza la investigación de la paternidad, ni puede interpretarse en el sentido de haber derogado nues-tra Ley de Evidencia que declara que todas las personas sin excepción podrán declarar como testigos, fuera de los casos especificados en los artículos 39 y 40. Este último artículo determina los casos en que no se podrá examinar a una persona como testigo, y entre estos casos no está comprendida la investigación de la paternidad mediante el testimonio de la madre.

Además, el inciso tercero del artículo 189 en 1902, lo mis-mo que el inciso tercero del artículo 193 en 1911, obligan al padre a reconocer al hijo natural cuando la madre fué cono-cida viviendo en concubinato con el padre durante el emba-razo o al tiempo del nacimiento del bijo en el primer caso, y durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del bijo en el segundo. Sostenemos que el concubinato no puede esta-blecerse sin que se pruebe la convivencia íntima de la madre con el padre putativo. No se establece el concubinato pro-bando únicamente que varón y mujer viven en una misma casa; es necesario añadir las relaciones sexuales, y si se trata de una acción de filiación, debe probarse que estas relaciones existían durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del bijo. El concubinato no puede confundirse con el matrimo-nio en lo que respecta a la prueba mediante la cual se esta-blece la intimidad de las relaciones. En el matrimonio la convivencia íntima de los cónyuges surge de la prueba del mismo mediante el acta matrimonial; en el concubinato, la conclusión de su existencia surge de los becbos, es decir, de esa convivencia íntima entre varón y mujer. Son los becbos los que establecen el concubinato. La convivencia y las rela-ciones sexuales no se presumen. No existe documento alguno para probarlas; es necesario ofrecer los becbos, y cuando és-tos quedan establecidos, es que surge la conclusión de concu-binato.

Hemos dicbo que establecidas las relaciones sexuales del padre putativo con la madre surge una presunción moral tan difícil de rebatir como en los casos de concubinato. Desde luego que al expresarnos en estos términos nos referimos únicamente al becbo de la paternidad como un elemento de prueba para establecer las condiciones de bijo natural. La investigación de la paternidad no tiene por objeto establecer a priori una presunción legal como en el caso del matrimonio, sino facilitar al bijo los medios de demostrar su filiación para que recaiga sobre la» misma un pronunciamiento judicial. La prueba no debe limitarse y concretarse a descubrir quién fué el progenitor. Este no es más que un elemento probatorio que debe tomarse en cuenta en unión de otros actos, para es-tablecer la condición de bijo natural. No bemos equiparado las relaciones de un hombre con sn querida al estado de con-cubinato. Si así fuera, habríamos basado simplemente nues-tra sentencia en las conclusiones de la corte inferior que declara probado que Josefa Colón fné la querida de Alberto J. Tristani, sin necesidad de ninguna argumentación. Nos habría bastado con decir que establecida la relación que con-sidera probada la corte a quo, quedaba también establecida la condición de hijo natural del niño Alberto Colón. Por el contrario hemos dicho y creemos haberlo hecho con toda' claridad, que esta prueba, robustecida y corroborada por otros actos del padre, puede ser suficiente para que se ob-tenga y recaiga una declaración de hijo natural.

Copiamos, para terminar, uno de los últimos párrafos de nuestra opinión:

“Acaso nos hemos extendido demasiado en el examen y la rela-ción de la prueba. Creemos, sin embargo, que era necesario hacerlo así, dada la naturaleza del caso y las conclusiones establecidas por la corte inferior. Opinamos que la filiación de Alberto Colón ha que-dado satisfactoriamente establecida. La corte a quo declara probado que Josefa Colón era la querida de Alberto Tristani allá por los años de 1922 a 1924, o sea durante el tiempo en que fué concebido el niño Alberto Colón. Declara además la corte a quo que Tristani visitaba con alguna frecuencia a Josefa Colón por la noche, que le daba dinero y pagaba la casa en unión del Sr. Fortier; que Tristani pagó los ho-norarios de la comadrona que asistió a Josefa Colón en su alumbra-miento y que realizó algunos actos aislados de cariño hacia el menor Alberto Colón. La corte inferior nada dice sobre la casa que Alberto Tristani compró a Josefa Colón. La declaración del vendedor de esta casa, Emilio Márquez, no aparece contradicha y produce la im-presión de ser un testimonio desinteresado. Este testigo declara que Alberto Tristani, cuando le pagó la casa, le dijo que tenía un hijito con Josefa Colón. La demandante declaró también que al niño se le puso el nombre de Alberto porque ‘el papá dijo que se le pusiera ese nombre.’ Estos hechos, unidos a los demás detalles y circunstan-cias diseminados en la prueba, nos parecen bastantes para declarar a Alberto Colón hijo natural reconocido de Alberto Tristani.”

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Deogracias Viera, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6064.

    Sometido: Junio 7, 1933.

      Resuelto: Junio 13, 1933.

      M. A. Martínez Dávila, abogado del apelante; Hon. Procurador General Charles E. Winter y M. Rodríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La única controversia entre las partes de este pleito se refiere a una cuestión de Lecho.

El Tesorero de Puerto Rico impuso contribución sobre in-gresos por el año 1925 a don Deogracias Viera y éste recu-rrió en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la que después de varias reconsideraciones instadas por Viera fijó definitivamente en $34,500 la cantidad tributable. En l9 de junio de 1931 pagó el Sr. Viera bajo protesta, la contribución correspondiente a esa cantidad y promovió el presente pleito alegando que su ingreso tributable por dicho año no fué de $34,500 sino de $24,000, por lo que solicitó se le devolviese lo pagado en exceso por los $10,500 de diferencia. Se opuso el Tesorero a esa reclamación y celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda. De ella apeló el demandante.

En la opinión que escribió el juez de la corte inferior para fundar su sentencia hizo una relación de la prueba de ambas partes y estimándola contradictoria declaró que resolvía el conflicto de la evidencia en favor de la parte demandada.

Los motivos alegados para sostener este recurso son: por-que la corte inferior resolvió el conflicto de la evidencia a favor de la parte demandada sin explicar las razones para ello: por haber estimado la corte sentenciadora que el ape-lante recibió $34,500 en 30> de mayo de 1925 en concepto de arrendamiento de su hipódromo Quintana: y porque declaró que el demandante no negó que recibió en 1925 los $10,500 que son objeto de la controversia o que los declarara en la planilla anterior de 1924.

La prueba del demandante consistió en dos escrituras pú-blicas, una de 1925 y otra de 1928 (así dice la exposición del caso, aunque el juez dice ser de 1923 la última escritura), de las que aparece que el Sr. Viera dió en arrendamiento a The Porto Rico Racing Corporation los terrenos por precio de $6,000 al año pagaderos por adelantado y su hipódromo Quin-tana Racing Parle por $18,000 que debían serle satisfechos por trimestres adelantados de $4,500 cada uno, en total $24,000 al año; y las partes admitieron que si el Sr. Viera declarase, hubiese dicho bajo juramento que en 1925 recibió $24,000 por arrendamiento de su hipódromo y terrenos. La prueba de la parte demandada consistió en la declaración que prestó en el juicio Ramón de Jesús, empleado del Departamento de Hacienda a quien se encomendó la inspección de los libros del Sr. Viera, manifestando este testigo que tomó como base para su informe los libros del Sr. Viera en lo referente al arren-damiento mencionado. Presentados esos libros como prueba se halla en el libro mayor un asiento fechado el 30 de mayo de 1925 que dice: “Cuenta de arrendamiento. Cánones co-brados a la Porto Rico Racing Corporation S/LG, $34,500”-; y en el libro de caja, y -con igual fecha, se dice lo siguiente-: “Pagado por la Porto Rico Racing Corporation los siguien-tes cánones de arrendamiento” y a continuación se encuen-tran varias cantidades y sus conceptos con un total de $34,500. Entonces el demandante presentó el libro mayor de la Porto Rico Racing Corporation para demostrar que en 1925 sólo cobró de ella $24,000 por arrendamiento. Esta cuenta sólo contiene fechas y números de cantidades sin especificación de sus conceptos.

Es cierto que según las escrituras presentadas tenía que recibir el Sr. Viera anualmente de la Porto Rico Racing Corporation la cantidad de $24,000 por arrendamiento de su hi-pódromo y terrenos, pero el hecho que demuestran sus libros es que en 1925 recibió $34,500 por esos conceptos. Dichas escrituras demuestran el derecho que tenía Viera a recibir $24,000 anuales pero sus libros comprueban el hecho de que él recibió $34,500 en 1925, por lo que a tal hecho tenemos que atenernos. El apelante dice que en los $34,500 están incluidos dos plazos trimestrales de $4,500 cada uno correspondientes a 1924 pero sus libros demuestran que esos plazos fueron paga-dos a él en 1925. Es cierto que el Sr. Viera declaró', según admisión de las partes, que en 1925 recibió $24,000 por el arrendamiento de su hipódromo pero, aparte de que él no de-claró que no recibiese mayor cantidad en ese año, su prueba escrita demuestra que recibió $34,500, y por la naturaleza de esta clase de prueba llegamos a la conclusión de que según su evidencia escrita él recibió $34,500. Para contradecir el apelante lo que resulta de su contabilidad presentó el libro mayor de la Porto Rico Racing Corporation para demostrar que en ese año sólo se le pagaron $24,000 por arrendamiento, pero admitiendo que tal cosa aparece de ese libro, lo que no resulta claro ante nosotros por sólo contener fechas y núme-ros sin explicación de ellos, habría que llegar a la conclusión de que resultaría prueba contradictoria cuyo conflicto habría que decidir a favor del demandado porque la admisión que contienen los libros del demandante es superior a la que pueda contener el libro de su arrendataria.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Charles E. Lawton, acusado y apelante; Juan Comas Vera, Taquígrafo repórter de la corte sentenciadora, interventor y apelado.
    No. 5189.

    Sometido: Junio 12, 1933.

      Resuelto: Junio 14, 1933.

      F. Solo Gras y R. Díaz Collazo, abogados delapelante; J. Valide juli Rodríguez, abogado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta apelación en causa criminal contra sentencia condenatoria por infracción de la ley de bancos solicitó el apelante que la corte de distrito le concediese el beneficio de no pagar los derechos del taquígrafo por la transcripción de la evidencia para su apelación. El taquígrafo que iba a ha-cer la transcripción se opuso a esa solicitud y la corte la negó. Contra esta resolución se interpuso esta apelación cuya deses-timación se nos pide por el taquígrafo por el fundamento de no ser apelable dicha resolución.

El artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal dice que el acusado puede apelar de una sentencia condena-toria definitiva: de una providencia denegando una petición para la celebración de un nuevo juicio: y de una providencia dictada después del fallo que afecte los derechos sustanciales de la parte. No hay duda de que la resolución en este caso a que nos hemos referido fue dictada después del fallo, por lo que toca entonces decidir si tal negativa afecta los dere-chos sustanciales de la parte apelante y que por esto es ape-lable.

Como la ley concede a nn acusado el derecho de apelar de una sentencia condenatoria; como el apelante tiene derecho por la ley a traer ante nosotros la prueba practicada en el juicio mediante una transcripción de ella hecha por el taquí-grafo; y como también tiene derecho a ser eximido por la corte sentenciadora en casos apropiados del pago de los de-rechos que la ley concede al taquígrafo por hacer la trans-cripción, nos parece indudable que la negativa de tal exen-ción de pago afecta el derecho sustancial que tiene un acu-sado de traer ante nosotros la prueba en su apelación contra la sentencia condenatoria, toda vez que sin ella estaríamos impedidos de resolver si era insuficiente para su condena y tampoco podría plantear el apelante las cuestiones de derecho que de ella surjan, por lo que entendemos que la resolución apelada en este caso afecta al derecho sustancial de apela-ción del acusado. Aunque se trata en este caso de si deben pagarse o no los derechos del taquígrafo, esto no' convierte la cuestión en civil porque su resultado afecta a una apela-ción en causa criminal.

Por lo expuesto la moción de desestimación debe ser ne-gada.


text:
    Rafael San Millán, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, etc., compuesta de Manuel V. Domenech, Presidente; Charles H. Terry, Vice-Presidente; Juan M. Herrero, Secretario y José C. López y Dr. A. Fernós Isern, Vocales, demandada y apelante.
    No. 6089.

    Sometido: Marzo 14, 1933.

      Resuelto: Junio 14, 1933.

      Son. Procurador General Interino Arturo Ortiz Toro y E. Aldrey, Subprocurador, abogados de la apelante; B. Rivera Zayas y S. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este caso es si un secre-tario municipal es un empleado del Gobierno de Puerto Pico dentro del significado de la sección 20 de la Ley de Retiro. (Leyes de 1925, pág. 965). Esa sección provee que “Toda persona pensionada cesará en el goce de su pensión al ocu-par cualquier cargo del Gobierno de Puerto Rico con sueldo o retribución de cualquier clase”. La corte de distrito resol-vió que un pensionado no pierde su derecho a percibir la pen-sión al aceptar un cargo de secretario municipal.

Desde luego, debe admitirse que una corporación municipal en Puerto Rico es parte de la maquinaria gubernamental de la Isla. De ello no se desprende que todos los empleados municipales sean empleados del Gobierno Insular. También puede admitirse que ciertos funcionarios o empleados deben ser considerados como funcionarios o empleados insulares, aunque sus sueldos sean pagados por los municipios. Véase Pagán v. Junta de Retiro, etc., 37 D.P.R. 121. La apelada admite, por ejemplo, que <ie acuerdo con las leyes vigentes un inspector de sanidad local o un maestro de escuela pagado por el municipio pero que esté bajo la supervisión y control del Departamento de Sanidad o del Departamento de Educa-ción no es un empleado municipal. En casos dudosos pueden surgir bonitas cuestiones, más éste no es un caso dudoso.

Un argumento algo más fuerte en favor de la apelante puede hallarse en la fraseología de la sección primera de la ley de retiro, la cual dispone que “Esta ley comprenderá to-dos los funcionarios o empleados en el Servicio Civil clasifi-cado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto Rico, con excepción de los jueces del Tribunal Supremo, los cate-dráticos de la Universidad de Puerto Rico, los profesores de instrucción pública, los miembros de la Policía Insular y los empleados municipales.” El becho de que la Legislatura considerara en esta ley a los empleados municipales como “empleados en el Servicio Civil clasificado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto Rico” pierde significación al ser considerado a la luz de las razones que pudo haber tenido la Legislatura para hacer una excepción con los empleados municipales. La oración inicial de esa sección siguiendo subs-tancialmente la fraseología del título, provee que “Por la (presente se establece el retiro de los funcionarios y emplea-dos permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico.” Si los “empleados municipales” fueron eliminados porque, es-trictamente hablando, no eran “funcionarios o empleados per-manentes del Gobierno Insular” dentro del significado del título y de la sección primera de la ley (y la apelante no ha aducido ninguna otra razón), entonces muy poco queda en la sección primera que fortalezca la teoría de que con la sección 20 la Legislatura tuvo la intención de incluir cargos muni-cipales en la frase “cualquier cargo del Gobierno de Puerto Rico.” Lo mismo podría decirse de la sección 2, la cual dis-pone que no se dará crédito “por servicios prestados en la rama del gobierno municipal.” Por el contrario, tomadas es-tas dos secciones conjuntamente, y cada una íntegramente, la inferencia es, a nuestro juicio, que la Legislatura en la sec-ción 20 usó la frase “Gobierno de Puerto Rico” en su sentido corriente y ordinario según es definida por el artículo 2 del Código Político de Puerto Rico, que lee así:

“Los departamentos ejecutivos, legislativo y judicial según están organizados por la Ley Orgánica de Puerto Rico, constituirán el Go-bierno de Puerto Rico.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Cóbdova Davila,

text:
    Jesús María Maisonave, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech y L. A. MacLeod, Tesorero y Auditor de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelantes.
    No. 6308.

    Sometido: Junio 1, 1933.

      Resuelto: Junio 14, 1933.

      Hon. Procurador General Charles E. Winter y E. Aldrey, Subproeu-rador, abogados de los apelantes; F. Colón Gorcliani y J. E. Se-garra, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Cóbdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús María Maisonave solicitó de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de un auto perentorio de mandamus contra los demandados Manuel Y. Domenecii y L. A. Mac-Leod, Tesorero y Auditor de Puerto Rico, respectivamente, para que entregaran al demandante la cantidad de $240.33 por concepto de sueldos no pagados al peticionario y la cantidad de $223.43, suma retenida al demandante en virtud de la Ley de Retiro No. 104, de 1925 (pág. 949).

El peticionario desempeñó el cargo de colector de rentas internas por un período aproximado de siete años y fue se-parado de dicho cargo en 11 de noviembre de 1930 por los siguientes hechos que ambas partes aceptaron mediante esti-pulación :

“Porque el demandante usó para fines particulares varias canti-dades pertenecientes a Varios contribuyentes para abonar a recibos adeudados por contribuciones sobre la. propiedad, ascendiendo dichas cantidades usadas por el demandante a más o menos la suma de $1,689.52. (El demandante admite que ésta es la suma porque no tiene medios de determinarla y se hace esta admisión para fines de este asunto civil exclusivamente.) El demandante como Colector de Rentas Internas no entregó a ninguno de sus contribuyentes sus reci-bos correspondientes y fueron cantidades de la propiedad de los con-tribuyentes. En virtud de estos hechos se le presentó al demandante una acusación en la Corte de Distrito de Humacao, P. R., o sea el Pueblo de Puerto Rico contra Jesús María Maisonave, Crim. No. 9690, contra el Erario de Puerto Rico, por haberse apropiado la suma de $203.33. El demandante alegó culpabilidad y fué condenado a un año de presidio que el demandante cumplió. Todas las demás acusa-ciones fueron archivadas en la Corte de Distrito de Humacao, P. R.”

Los demandados se llegaron a entregar las cantidades re-clamadas, basándose en el artículo 124 del Código Político, que la corte inferior consideró inaplicable por entender que de los hechos aceptados por las partes aparecía claramente que las sumas malversadas por el demandante no pertenecían al Pueblo de Puerto Rico sino a distintos contribuyentes. Con-secuente con este criterio la corte a quo dictó sentencia orde-nando a los demandados el pago de las samas reclamadas por el demandante en sn solicitad. Alegan los apelantes qae la corte inferior cometió error al declarar qae las samas apro-piadas por el demandante mientras ejercía el cargo de colector de rentas internas de Tabacoa no pertenecían al Paeblo ■de Paerto Rico, y al dictar sentencia ordenando la expedi-ción de an aato perentorio de mcm&amus contra los deman-dados.

Como hemos visto, el demandante admite qae asó para fines particnlares varias cantidades pertenecientes a va-rios contribayentes para abonar a recibos adeadados por con-tribaciones sobre la propiedad. Se adace por el peticionario qae las samas de qae se incaató no pertenecían al Paeblo de Paerto Rico sino a los distintos contribayentes qae le confia-ron dichas cantidades, y se da gran importancia al hecho de qae no se expidieran recibos a los contribayentes por las can-tidades así satisfechas. No hay dada algana de qae el dinero ■entregado al peticionario por ciertos contribayentes para el abono de sas eontribaciones sobre la propiedad perteneció a dichos contribayentes, pero a nuestro juicio resalta claro qae dejó de pertenecer a ellos desde el momento en qae esas can-tidades fueron entregadas al peticionario con el específico propósito de qae fuesen abonadas a las contribuciones qae adeudaban. El recibo constituye la evidencia del pago; pero si el dinero malversado por el peticionario faé entregado real-mente para pagar las contribuciones y El Paeblo de Paerto Rico así lo admite, el hecho queda demostrado por ana prueba tan robusta y convincente como la del propio recibo. Ade-más, el peticionario,, en virtud de estos hechos qae fueron ob-jeto de ana acusación, se declaró culpable de haberse apro-piado la sama de $203.33, por un delito contra el Erario de Paerto Rico. Las demás acusaciones fueron archivadas. El propio peticionario se confiesa culpable de haber defraudado al Paeblo de Paerto Rico ana cantidad, en virtud de los he-chos qae culminaron en su destitución por haberse apropiado la cantidad de $1,689.52. No comprendemos cómo pnede el peticionario alegar ahora que este dinero no perteneció al.' Pnehlo de Puerto Pico, después de haberlo admitido así, me-diante una declaración de culpabilidad en una causa criminal-

El artículo 124 del Código Político dice así:

“No se pagará dinero a ninguna persona por concepto de salario^, o reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado' se hallare en descubierto con el Pueblo de Puerto Rico, por deudas-atrasadas, y así consta en los libros del Contador, mientras no hubiere' aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satis-fecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable; Dis-poniéndose: que por razones suficientes y siempre que los intereses del Gobierno Insular resultaren con ello beneficiados, podrán hacerse los necesarios pagos de retribución o salario devengado por personas en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, que continúan en el ser-vicio del Gobierno Insular, mediante la recomendación del Contadora-aprobada por el Gobernador.”

Las cantidades malversadas no fueron entregadas al peti-cionario por amigos o personas particulares para que las re-tuviera en su carácter particular. El mismo peticionario ad-mite que esas sumas fueron pagadas por contribuyentes para el pago de sus contribuciones. La palabra contribuyente ex-presa claramente las relaciones que mediaron entre el peti-cionario y las personas que se acercaron a él para entregarle-las referidas cantidades, y estas relaciones no pueden ser otras que las de colector y contribuyente, porque fué en este-carácter que se llevó a efecto el pago por los deudores a su legítimo acreedor, que era el Pueblo de Puerto Rico, y no el peticionario.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 124, el Teso-rero y el Auditor de Puerto Rico están impedidos de hacer-entrega al demandante de las cantidades que reclama, toda vez que dicha disposición legal prohíbe específicamente que-se pague dinero a persona alguna por concepto de salario o-reclamación si el interesado se hallare en descubierto con el Pueblo de Puerto Rico por deudas atrasadas.

Además, aun en el caso de que este dinero malver-sado perteneciese a los contribuyentes y El -Pneblo de Puerto Rico retuviese la suma reclamada por el peticionario para abonarla a dichos contribuyentes, dada la naturaleza de este caso no debemos nosotros intervenir por medio del procedi-miento extraordinario-de mandamus para ordenar el pago de-la referida suma al peticionario.

En el caso de Font v. State, 166 Ind. 455, 77 N. E. 854, se solicitó la expedición de nn auto de mandamus para que-se ordenara al Tesorero del condado el pago de cierta suma.. El peticionario adeudaba al Tesoro una suma por concepto de contribuciones atrasadas y acudió al recurso extraordinario-de mandamus para que se ordenara el pago de cierta cantidad que alegaba se le debía. Declarada con lugar la solicitud de-maoidamus por la corte inferior, la Corte Suprema de Indiana revocó, en apelación, la sentencia dictada, por las razones que-a continuación se expresan:

“El procedimiento de mandamus se originó en un tiempo cuandoen teoría era el rey quien presidía en persona la corte de ‘King’s. Bench.’. Era éste un auto privilegiado, expedido por la corte en. nombre del rey, y el procedimiento no participaba de la naturaleza, de una acción entre las partes. El carácter del procedimiento y la. naturaleza del auto han sido materialmente cambiados en este país, pero aquí el auto de mandamus es todavía extraordinario, y ‘while-not discretionary, it will be issued only by a court in the exercise of a sound legal discretion.’ Es un remedio procesal, y debe ser expe-dido para reparar un agravio, no para estimularlo; para ordenar el cumplimiento de un deber que debe ser ejecutado, pero no para der-cretar la ejecución de un acto que ocasione un agravio público, o para, cumplir con el texto estricto de la ley, menospreciando su espíritu, o-en ayuda de un fraude público. El peticionario debe venir a la corte-con manos limpias.”

En el caso de People v. Board of Assessors, 33, N. E. 145, la Corte de Apelaciones de Nueva York se expresó así:

“El auto de mandcvmus no es -siempre exigible como un derecho-absoluto, y si se ha de conceder o no depende frecuentemente de la dis-creción de la corte. El auto debe ser expedido para evitar un fracaso» de la justicia pero nunca para promover manifiesta injusticia. Es. un remedio procesal, y debe ser expedido para remediar un agravio, no para estimularlo, para decretar el cumplimiento de un deber .que debe ser ejecutado, pero no para, ordenar la ejecución de un acto que ocasione un agravio público o privado, o para cumplir con el texto estricto de la ley, menospreciando su espíritu, o en ayuda de un fraude palpable. El peticionario debe venir a la corte con las manos limpias, y no invocar este remedio extraordinario, como en este caso, para evadir el pago de su justa porción de una contribución, utili-zando y reclamando la ventaja de una confesada equivocación. Aun ■cuando no tuviera otro remedio debe dejársele para que acuda a sus propios ardides, con el fin de escapar la honesta responsabilidad que descansa sobre él, y la corte puede propiamente negarse a ayudarlo por medio de procedimientos compulsorios.”

En el presente caso, si el dinero malversado pertenece al Pueblo de Puerto Rico, el peticionario no tiene derecho al-guno a la suma que reclama y, si como alega, pertenece a los contribuyentes, es claro que no tiene sus manos limpias quien utiliza el cargo que ejerce para ejecutar un fraude apoderán-dose de la suma de $1,689.52, y luego pide que se le pague -como salario una suma adicional que en todo caso debía des-tinar al pago de las contribuciones de estos contribuyentes así defraudados. Como ya dijimos antes, el acusado no puede negar que este dinero pertenecía al Pueblo de Puerto Rico ■después de haberse declarado culpable de fraude al Erario en virtud de los mismos hechos.

Bebe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su llagar declarando sin lugar la petición de mandamus.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    The Mayagüez Dock & Shipping Company, peticionaria, v. El Superintendente de Seguros de Puerto Rico, Augusto R. Soltero, demandado.
    No. 1.

    Sometido: Noviembre 9, 1932.

      Resuelto: Junio 15, 1933.

      J. Sabater, abogado de la peticionaria; Son. Procurador General Charles E. Winter (James B. Beverley en el alegato), A. Ortiz Toro, Proctirador General Auxiliar y V. Brunet, abogados del demandado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de revisión interpuesto de acuerdo con la sección 27 de la Ley No. 85 de 1928, sobre In-demnizaciones por Accidentes del Trabajo, (Soltero, Supt. de Seguros v. Foote, Juez, 41 D.P.R. 509), y tramitado siguiendo las reglas fijadas en el caso de Aguadilla Lighter & S. Co. v. Soltero, 43 D.P.R. 219.

Se queja la Mayagüez Dock & Skipping Co. de que el Superintendente de Seguros aplicó indebidamente a sus obreros el No. 7309 del manual “Workmen’s Compensation Insurance.” Sostiene que deben aplicársele los números 7034 y 7317 del indicado manual.

La posición de la compañía se expone en una carta diri-gida por su Presidente al Superintendente de Seguros que dice:

“Nos permitimos referirnos a la entrevista recientemente soste-nida con Ud. por el que suscribe, en relación con los' tipos de -seguro de nuestros obreros.
“Para su conocimiento acompañamos copia de la carta que con fecha noviembre 28 ppdo. dirigimos al Tesorero de Puerto Rico cuando primeramente expusimos a dicbo Departamento nuestros pun-tos de vista sobre el particular.
“Mientras tanto y luego de habernos entrevistado con Ud. hemos obtenido un manual de "Workmen Compensation Insurance y el bole-tín No. 1 contentivo de los tipos aplicables en Puerto Rico, este último suministrádonos por Vuestra oficina.
“Habiendo estudiado algo dicho manual y de acuerdo con el cri-terio que, a nuestro mejor entender, hemos podido formar, somos de opinión que los trabajadores que empleamos en nuestros almacenes no pueden considerarse como los comúnmente conocidos por ‘Stevedores.’ Nos parece que estos trabajadores son aquéllos directamente relacionados con la carga y descarga de barcos, tales como los que trabajan a bordo de los propios barcos y en los muelles de espigón adonde atracan vapores, mientras que los trabajadores que utilizamos nosotros en nuestros almacenes hacen solamente el trabajo de mover cargas en carretillas o a mano de un lado para otro y más bien caen bajo la clasificación ‘Storage Warehouses’ code No. 8291, cuyo tipo es $2.47 o si acaso bajo la clasificación de ‘Warehousing’ code No. 8292, tipo $2.67. En realidad el negociado en relación con el cual utiliza-mos nuestros trabajadores es el de almacenaje, recibo y despacho de mercancía en almacenes, o sea el propiamente llamado en los Estados Unidos ‘Warehouses’ o ‘Storage Business.’
“Al querérsenos aplicar la clasificación ‘Stevedores’ se confunde nuestro negocio con el de muelles de espigón adonde atracan vapores y adonde trabajan los jornaleros conocidos ‘Longshoremen’ que son los que, como Ud. sabe, hacen el trabajo propiamente llamado ‘Steve-doring. ’
“Solicitamos, pues, que en lugar de la clasificación No. 7309 que se nos ha aplicado, se nos aplique la No. 8291 correspondiente a ‘Storage Warehouse’ o si acaso la No. 8292 correspondiente a ‘Warehousing. ’
“Bajo la clasificación ‘Stevedoring’ existe la No. 7317 para los trabajadores que, como en el caso de los nuestros, no tienen relación con grúas o eslingas (hoisting of cargo) cuya clasificación, a la que le corresponde un tipo más bajo que a las indicadas arriba, nos re-sultaría más beneficiosa, pero no pretendemos que se nos asigne esa clasificación, porque en realidad no es aplicable a nosotros, ya que nuestros trabajadores no hacen en absoluto el trabajo de ‘Stevedor-ing.’ El trabajo que ellos hacen es solaménte el de recibo y despa-cho en almacenes o depósitos.
"Una inspección ocular de nuestro negocio comprobaría este aserto y tendería a que desaparezca la confusión que existe y se nos apliquen las clasificaciones que realmente nos corresponden. Por consiguiente nos permitimos sugerir a Ud. la conveniencia, o tal vez la necesidad que bay de esa inspección, suplicándole, que si a bien lo tiene, se sirva disponer que la misma se Reve a efecto.
"En cuanto a los hombres que tripulan las embarcaciones que usa-mos para el servicio de alijos en este puerto, a éstos también se les ba aplicado las clasificaciones ‘Stevedoring’ (N.O.O.) No. 7309 cuyo tipo es $7.51. Estos hombres no hacen tampoco el trabajo de ‘Stevedores.’ El manual da una clasificación para ‘Barges, scows, lighters’ y siendo muestro negocio precisamente el de transportar carga mediante anco-nes o barcazas (lighters), nos parece que ésta es la clasificación que nos corresponde y nos permitimos pues someter este punto a su consi-deración.
‘‘Quedan luego los tripulantes u operadores de las lanchas remol-cadoras y los jornaleros que trabajan en la composición y reparación de embarcaciones, a los cuales se les ha aplicado la clasificación No. 7088, cuyo tipo es $5.09.. Como Ud. v'erá, el manual da una clasifi-cación de ‘Tug boats’ para los primeros y de ‘Boat building’ (N.O.C.) para los segundos. También nos permitimos llamar su atención a estas clasificaciones.
‘‘Olvidábamos hacer mención de los dependientes de muelle y al-macén, los cuales, según su carta sept. 12, 1928, caen bajo la clasifi-cación 8709, que paga 97‡ cada $100. Sin embargo, se nos ha apli-cado la clasificación 7088, que paga $5.09.”

Y la del Superintendente en su carta contestación, de la cual transcribimos lo que sigue:

* * * * * * *
‘‘Esta imposición preliminar corresponde, según los hechos del caso, al período contributivo de agosto 13, 1928 a junio 30, 1929.
‘‘La liquidación hecha por el Tesorero de Puerto Rico es como sigue:

Clave Ocupación Tipo Jornales Cuotas

7309 Carga y desearga de vapores-7. 51 $42, 000 $3,154. 20

8810 Oficina_ 0. 05 5, 000 2. 50'

7088 Servicio de alijo_ 5. 09 7, 360 374. 64

Total- $54, 360 $3, 531. 34

“A los efectos de hacer más clara la discusión, de su caso separa-remos la cuestión en dos partes, a saber:
“a-. — Lo que respecta a los dependientes de muelle.
“Z>. — Lo que respecta a la clasificación gobernante de su riesgo,
“Respecto a la primera parte del problema esta Superintendencia resuelve el caso a su favor por estar absolutamente de acuerdo con las disposiciones del Manual, esto es, se resuelve que los $2,500 de' payroll sometidos con su planilla y que corresponden a la clasificación-de empleados de almacén deben ser sometidos a un tipo de 97‡ bajo-la clave 8709.
“Respecto a la segunda parte, esto es, a la naturaleza y clasificación de su riesgo la resolución es como sigue:
“1. — Su negocio es un negocio de carga y descarga en el puerto-de Mayagüez. Las operaciones de carga y descarga están agrupadas-a los efectos de la imposición de la prima sin tomar en consideración si esas operaciones se llevan a cabo en sitios donde hay muelles o en sitios donde hay-malecón. Esto es, la alegación específica de que difiere en cuanto a las condiciones del puerto de otros trabajos o indus-trias de la misma naturaleza, es inmaterial.
“La palabra ‘stevedoring’ se refiere al trabajo que hace el esti-bador, que de acuerdo con el diccionario de Webster es:
“ ‘one whose occupation is to load and unload vessels in port/
“Por esta definición se ve que es inmaterial cuál ha. de ser o cuál sea la condición del puerto.
“Además, no hay nada en el Manual que diferencie el trabajo em un puerto del trabajo en cualquier otro puerto.
“Respecto al modo de llevar a cabo el trabajo es que realmente hay una distinción, que es la siguiente:
“a. — Si la carga y descarga se hace exicluswamente a mano y por medio de carretones de mano, la ocupación de ‘Stevedoring’ cae bajo una clasificación.
—Si por el contrario el trabajo se lleva a cabo en cualquier otra forma, esto es, que no sea exclusivamente a mano o por medio-de carretones de mano, entonces la ocupación cae bajo otra clasifi-cación.
“Las disposiciones del Manual son claras y terminantes: Res-pecto a la primera clasificación a que nos hemos referido, el texto exacto del manual es como sigue:
“ ‘Stevedoring — by hand or by means of hand trucks exclusively —no hoisting of cargo (N.P.D. in connection with a single vessel.) This classification is available only upon specific assignment of the rating organization having jurisdiction. When policies are issued covering both “Stevedoring (N.O.C.)” and “Stevedoring — by hand or by means of hand trucks exclusively,” an explanatory endorsement shall be attached providing that no division of payroll will be permitted in connection with the loading and unloading of any one vessel. ’
! ‘ Respecto a la segunda, el texto del Manual es exactamente como sigue:
“ 'Stevedoring (N.O.-C.) Drivers, Chauffeurs and their helpers .must be rated as No. 7309 “Truckmen.” “Stevedoring — Tallymen and checking clerks engaged in connection with stevedoring work.” 8709.’
“Bn relación con la primera clasificación hay dos puntos impor-tantes a considerar que son: — ■
“1. — Las palabras 'no hoisting of cargo’, y
“2. — El ‘ (N.P.D. in connection with a single vessel.)’
“El adverbio ‘no’ tiene una importancia extraordinaria según puede v’erse en la página 12-a penúltimo párrafo que dice así:
“ ‘When a classification includes a restrictive clause beginning with “no” or “not” such classification shall not be available for any risk which includes any operation described in such restrictive clause. ’
“La disposición que antecede es terminante; pero hay aún más, la nota primera al pie de la clasificación 7317, página 80 del Manual dice así: 'this classification is available only upon specific assignment of the rating organization having jurisdiction,’ lo que demues-tra que la aplicación de la clasificación 7317 es tan peligrosa que no puede hacerse sin que haya sido previamente consultada al y acep-tada por el Superintendente de Seguros quien, de acuerdo con la ley, tiene jurisdicción exclusiv'a en lo que respecta a la fijación de tipos.
“Si tomamos en consideración además la regla ‘a’ de las que se refieren a la división del payroll, página 10 del Manual y que dice así:
“ ‘The term “Risk”, as used in this Manual, shall mean and include the entire operations of one employer within a given state’, y si además tomamos en consideración el hecho de que todas sus ocu-paciones constituyen un riesgo y que este riesgo es el que corresponde al negocio de carga y descarga de barcos y que sus actividades son ‘in connection with the loading and unloading of vessels’ sin que para los efectos del argumento y de la ley sea relevante el que el peligro de la eslinga exista por voluntad del patrono o por necesida-des circunstanciales del trabajo en sí, siempre que sea una realidad la existencia de la eslinga dentro del campo de sus operaciones por estar su negocio en conexión con la carga y descarga de barcos que usan la eslinga, tenemos que llegar a la conclusión que el caso de la Mayagüez Dock and Shipping Co., Inc., es un caso claro bajo la cla-sificación 7309 N.O.C. que liemos citado más arriba.
“De acuerdo con esta decisión por la presente se resuelve que en consonancia con la planilla rendida por el patrono en 25 de octubre de 1928 y que obra en los archivos del Departamento de Hacienda, la liquidación del caso de la Mayagüez Dock & Shipping Co. Ine., y la cuota provisional a pagar por concepto de seguro en el Fondo del Es-tado durante el período comprendido entre agosto 13, 1928 y junio 30, 1929 debe ser como sigue:

Como puede verse, el Superintendente aceptó una de las objeciones de la compañía, la referente a los dependientes de muelle. Mantuvo su criterio en las otras cuestiones levan-tadas.

Oreemos que el Superintendente de Seguros obró correc-tamente al adoptar como guía el manual “Workmen’s Compensation Insurance.” No quiere ello decir, sin embargo, que deba seguirse ciegamente. Si las peculiares circunstancias de las condiciones en que se trabaje en Puerto Rico así lo de-mandaren, deben dichas circunstancias tomarse en conside-ración.

La carta de la Mayagüez Dock & Skipping Co., da la idea de que su negocio es simplemente el de un almacén de depó-sito, y no es en verdad así. Ella realiza la carga y descarga de buques en el puerto, tomando el cargamento en sus lan-chas y ancones al costado de los buques y trasladándolo a su muelle donde lo almacena y donde en su oportunidad lo en-trega a las personas a quienes se destina.

En tal virtud no puede negarse que la calificación de es-tibadores para aquéllos de sus obreros que se dedican a la carga y descarga de buques, es en verdad la procedente. En la carga y descarga de las lanchas y ancones al buque y del buque a las lanchas y ancones, úsanse los mismos aparatos que en la carga y descarga de dichos buques cuando atracan a los muelles de ribera o espigón. Quizá el riesgo sea mayor cuando se trata de la carga y descarga por medio de lanchas y ancones.

El traslado del cargamento de las lanchas y ancones .al muelle, puede que sea distinto, lo mismo que la estiba de la carga en el muelle, y su entrega, pudiendo dichas operacio-nes verificarse a mano o por medio de' carretillas de mano so-lamente.

Es éste el único punto en que nos parece lógica la conten-ción de la Mayagüez Dock & Shipping Co. Quizá pueda es-tablecerse una clara distinción entre los obreros que se dedi-can a un trabajo y a otro, o tal vez siendo los mismos obre-ros los que hacen uno y otro trabajo, se pueda adoptar al-guna regia equitativa que fije un promedio en los pagos para calcular el tanto por ciento que deba satisfacerse por la prima del seguro. Deben existir precedentes, y el mismo manual al parecer lo indica al referirse como a algo aparte a los esti-badores que realizan su trabajo exclusivamente a mano y por medio de carretones a mano, en cuyo caso no existe el riesgo de la eslinga.

Las alegaciones y las constancias del expediente, no con-tienen los datos necesarios para establecer por nosotros mis-mos la distinción o fijar la regia. Lo más que podemos hacer en justicia para ambas partes es devolver el asunto al Supe-rintendente para que lo abra de nuevo a investigación y lo resuelva de acuerdo con los hechos y las circunstancias con-currentes y habiendo en consideración lo que se deja expre-sado en el párrafo anterior.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Alejandro Rodríguez, acusado y apelado.
    No. 5143.

    Sometido: Junio 7, 1933.

      Resuelto: Junio 16, 1933.

      R. A. Gómez, Fiscal, y T. Torres Pérez, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; P. Baigés Gómez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este proceso, comenzó por nna denuncia presentada en la Corte Municipal de Mayagüez, que dice:

“Yo, Rafael Martínez Peña, vecino de San Juan, P. R., calle de Av'e. Ponce de León, número 214, mayor de edad, formulo denuncia contra Alejandro Rodríguez por delito Abuso de Confianza, cometido de la manera siguiente: Que en el mes de mayo de 1932 y en Ma-yagüez, P. R. del Distrito Judicial Miuúcipal de Mayagüez, P. R., el referido acusado Alejandro Rodríguez, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente con el deliberado propósito de defraudar, como de-fraudó a la sociedad Mercantil Regular Colectiva Méndez López y Compañía, Sucesores, que es una sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de comercio de Puerto Rico y de la que el de-nunciante es Inspector General, se apropió y dispuso de un juego de muebles No. 388-6, valorado en la suma de $75.00 que le fuera con-fiado por la referida mercantil Méndez López y Compañía al dicho acusado Alejandro Rodríguez, en su carácter de agente vendedor y cobrador de dicha mercantil, y recibido por éste en el curso de sus deberes como tal agente, dispuso el acusado del referido mueble o de su importe, valor o producto, utilizándolo en su propio y particular beneficio y defraudando de este modo a la dicha mercantil antes citada, Méndez López y Compañía, Sncesores, en la referida snma de $75.00, moneda legal de los E. U. de A. Hecho contrario a la ley.
“Siendo testigos: Francisco Díaz Bnssó, Ave. Ponce de León No. 214, Stop 22, Santnrce; Rafael Espino, Ave. Ponee de León No. 214, Stop 22, Santnrce; Fernando Ortiz (chauffeur), Post St. No. 77 Interior; Felipe López, Res. en Santnrce, P. R.
“(Fdo.) Rafael Martínez Peña, Denunciante. — Jurada ante mí hoy 17 de oct. de 1932. — (Fdo.) F. Souffront, Sec. de la Corte Municipal, Mayagüez.”

Condenado el acusado por la corte municipal, apeló para ante la de distrito y allí ocurrió lo que con claridad y ampli-tud se narra en la resolución que sigue:

“El día dos de marzo de mil novecientos treinta y tres, día se-ñalado para la vista del juicio en este caso que procede en grado de apelación de la Corte Muncipal de Mayagüez, compareció El Pueblo de Puerto Rico representado por el Hon. Fiscal de este distrito, Ledo. José R. Gelpí y el acusado personalmente y asistido de uno de sus abogados defensores, Ledo. Pedro Baigés Gómez.
“Leída que fué por el secretario de esta Corte la denuncia, el acu-sado antes de hacer ninguna otra alegación, solicitó de esta corte or-denara el sobreseimiento y archivo del proceso porque el mismo no se había iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, tal cual fué enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903.
“El acusado alega como fundamentos de su petición que de acuerdo con las alegaciones de la denuncia, la supuesta perjudicada es una sociedad comercial denominada ‘Méndez López y Compañía’, y la denuncia fué jurada por Rafael. Martínez Peña. Que dicho Rafael Martínez Peña, el denunciante, no es socio de la referida socie-dad mercantil, como tampoco tiene ninguna participación o interés en los negocios de la misma. Él es un empleado a sueldo y tiene a su cargo la inspección general de esa mercantil. Que él no ha sufrido perjuicio alguno por los hechos que se imputan al acusado y por tanto no es el perjudicado, ni es una autoridad o funcionario que tenga co-nocimiento del hecho que motiva este proceso o haya arrestado al acusado. Que a pesar de ser la persona que juró la denuncia, él no tiene conocimiento directo de los hechos y que todo lo que sabe es por información y creencia, producto de una investigación que’prac-ticara. Y finalmente alega el acusado que no siendo perjudicada la persona que juró la denuncia; que no tiene conocimiento directo de los beclios que motivan este proceso, como tampoco es un funcionario o autoridad que tenga conocimiento de los hechos o que haya arres-tado al acusado, dicha persona no tiene capacidad legal para jurar la denuncia y por tanto no existe en este caso denuncia debidamente ju-rada, para que a base de la misma se iniciara el proceso en la Corte Municipal de Mayagüez. Que el acusado sometió- oportunamente esta misma cuestión ante la Corte Municipal de Mayagüez.
“Las partes por medio de sus respectivas representaciones estipu-laron admitir como ciertos los hechos alegados en la antes mencionada moción en relación con las circunstancias de la persona que aparece jurando la denuncia, esto es, las condiciones del denunciante Rafael Martínez Peña. Esta corte aprobó dicha estipulación.
“El Pueblo de Puerto Rico por medio del Hon. Fiscal de este distrito se opuso a lo solicitado por la defensa, alegando que el de-nunciante Rafael Martínez Peña tiene capacidad legal para jurar la misma, de acuerdo con el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente.
“La Corte, luego de oír los argumentos orales de las partes, se reservó su resolución hasta este día.
“El artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente tal cual fué enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903, en su texto inglés, dice como sigue:
“ ‘Section 22. — All cases within the jurisdiction óf the justice of the peace must begin by sworn complaint of the complaining witness, or of the authority or officer having knowledge of the deed, or by whom the arrest of the offending party was made.’
“La Corte ha examinado y estudiado los casos de El Pueblo vs. Nochera, 23 D.P.R. página 605; El Pueblo vs. Maymón, 24 D.P.R. 61 y El Pueblo vs. Jiménez, 31 D.P.R. 351 interpretando el ar-tículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, después de enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903, y aunque en ninguno de ellos se resuelve la cuestión legal tal cual ha sido planteada en este caso, en el caso de El Pueblo vs. Nochera, 23 D.P.R. página 607, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando dicho artículo dijo como sigue:
“ ‘Antes de ser reformado dicho artículo sólo podía hacer la de-nuncia la persona perjudicada y la enmienda no tuvo otro objeto que el de permitir que también la hicieran otras personas, tales como la autoridad que tuviera conocimiento del hecho o que hubiera verifi-cado el arresto del acusado.’
“De acuerdo con la sentencia en ese caso, la denuncia en este caso solamente podría ser jurada por la persona o entidad perjudicada (complaining witness) o por una autoridad o funcionario que tuviera conocimiento del hecho o que Rubiera arrestado al acusado. Cual-quier persona en Puerto Rico no puede jurar una denuncia en una corte de paz o municipal; es necesario que reúna cualquiera de las condiciones que exige el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, y el denunciante en este caso, Rafael Martínez Peña no reúne ninguna de ellas.
“La Corte es de opinión que el proceso en este caso no fué ini-ciado debidamente ante la Corte Municipal de Mayagüez porque el denunciante no tenía capacidad legal para jurar la denuncia, y por tanto, declara con lugar la moción del acusado y ordena el sobresei-miento y archivo de la denuncia, con costas de oficio.”

No conforme el fiscal interpuso el presente recurso de apelación.

La ley aplicable está contenida en el artículo 22 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal que tal como estaba redac-tado en 1902 cuando el código fué aprobado, decía:

En inglés:

“Section 22. — Before a warrant shall issue in any case a complaint must be made by affidavit of the complaining witness, written by the justice of the peace or his secretary, clearly charging therein the offense committed, and such affidavit must be signed by said complaining witness.”

T en español:

“Artículo 22. — Antes de dictarse mandamiento de arresto en una causa, deberá presentarse denuncia mediante declaración jurada del querellante, que extenderá el juez o su secretario, especificando clara-mente el delito cometido, la cual declaración deberá firmar el que-rellante. ’ ’

Y que desde 1903 quedó enmendado y rige, como sigue:

En inglés:

“See. 22. — All cases within the jurisdiction of the justices of the peace must begin by sworn complaint of the complaining witness, or of the authority or officer having knowledge of the deed, or b.v whom the arrest of the offending party was made.”

Y en español:

“Artículo 22. — Todo caso en que tenga jurisdicción el juez de paz, empezará por denuncia jurada del denunciante o de la autori-dad o funcionario que tenga conocimiento del hecho, o que haya arres-tado al acusado.”

¿Quién podía ser el “complaining witness”, “querellan-te”, en 1902 y quién debe ser el “complaining witness”, “de-nunciante” a partir de la enmienda de 1903?

La enmienda de 1903 eliminó la prescripción de que fue-ran el juez o su secretario los que extendieran la denuncia mediante declaración jurada del ‘ ‘ complaining -witness ”, “que-rellante”, y expresamente dispuso que la causa podía empe-zar a virtud de denuncia jurada de la autoridad o funcionario que tuviera conocimiento del hecho o que hubiera arrestado al acusado. En cuanto al comienzo dé la causa a virtud de denuncia jurada del “complaining witness”, “querellante”, “denunciante”, sólo varió la ley en español. En 1902 se dijo “querellante”, y én 1903 “denunciante”, palabras que aunque tienen al parecer igual significado, se diferencian en verdad.

“Querellante”, según el Diccionario de la Eeal Academia Española, es el “que se querella” y “querella” de acuerdo con la misma autoridad, en su tercera acepción que es la que corresponde tomar en cuenta en este caso, significa “acusa-ción propuesta ante el juez contra uno, en que se le designa como reo de un delito cuyo castigo pide el agraviado.”

“Denunciante” es el “que denuncia”, “el que hace una denuncia.” “Denuncia” es “acción y efecto de denunciar. Noticia que de palabra o por escrito se da a la autoridad competente de haberse cometido algún delito o falta. Docu-mento en que consta dicha noticia.” Y “denunciar”, en la acepción correspondiente a este caso, significa “dar a la au-toridad parte o noticia de un daño hecho, con designación del culpable o sin ella.” Seguimos también al Diccionario de la’ Eeal Academia.

Se ve, pues, que el “querellante” es el agraviado, condi-ción que no acompaña siempre al “denunciante.”

Examinemos la cuestión suscitada a la luz de nuestra pro-pia jurisprudencia. La corte de distrito la resolvió en el sen-tido de que sólo la persona perjudicada, o la autoridad o fun-cionario que tuviera conocimiento del delito o que hubiere arrestado al acusado, tenían facultad para formular la de-nuncia, basándose en nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 605. En ella dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey:

“Antes de ser reformado ese artículo (el 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal) sólo podía Racer la denuncia la persona per-judicada y la enmienda no tuvo otro objeto que el de permitir que también la hicieran otras personas, tales como la autoridad o funcio-nario que tuviera conocimiento del hecho o que hubiera verificado el arresto del acusado.”

Tendría entera razón la corte de distrito para invocar la autoridad del caso de Nochera, supra, para sostener su reso-lución, si esta corte no hubiera dicho que “la enmienda no tuvo otro objeto que el permitir que también la hicieran (la denuncia) otras personas, tales como.” Se ve que esta corte tuvo ante sí el texto español de la ley al emitir su opinión fijándose en la diferente significación de las palabras “que-rellante” y “denunciante” usadas en el artículo 22 antes y después de la enmienda. Dijo otras, personas, tales como la autoridad o funcionario que tuviere conocimiento del delito o que hubiere verificado el arresto. Ello no implica que tales autoridad o funcionario fueran las únicas otras personas. No decidió directamente si además de la parte agraviada po-dría formular la denuncia cualquiera otra persona que tu-viera conocimiento del delito, pero nada tampoco en contrario resolvió.

linos tres meses después del caso de Nochera, supra, de-cidió esta corte el de El Pueblo v. Maymón, 24 D.P.R. 61 y hablando también por su Juez Asociado Sr. Aldrey, se ex-presó así:

“En el caso ele El Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 605 tratando la misma cuestión que plantea el apelante en cuanto a la insuficiencia de la denuncia dijimos que de acuerdo con el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal no es necesario que en la denuncia se ale-gue que el denunciante conoce los becbos por propio conocimiento, o por información que cree cierta o por baber arrestado- al denun-ciado. ’ ’

Y siete años más tarde en el caso de El Pueblo v. Jiménez, 31 D.P.R. 351, 352, dijo esta corte, hablando por su Juez Asociado Sr. Wolf:'

“En el segundo señalamiento de error se ataca la capacidad de Víctor P. Martínez para formular la denuncia. Éste era el espose de la acreedora. Hay una larga serie de casos en esta corte que con-ducen a la conclusión de que cualquiera y especialmente el que tiene conocimiento de los becbos puede presentar una denuncia. El ape-lante no nos bace cita alguna que nos obligue a variar nuestro criterio-sobre el particular.”

Examinemos ahora la jurisprudencia del continente. Be-sumiéndola dice Corpus Juris:

“Es regla del derecho común de origen inmemorial que en ausen-cia de un requisito estatutario en sentido contrario, las denuncias pue-den ser presentadas por cualquier persona que legalmente pueda ser testigo y que tenga conocimiento o información de cualquier infrac-ción del derecho penal; mas a veces la autoridad para presentar de-nuncias en determinados casos está reglamentada por estatuto. Nose necesita disposición expresa estatutaria para autorizar a personas-particulares para presentar denuncias ante un magistrado. De suerte que una acusación puede ser suscrita y jurada por el fiscal, siempre que tenga conocimiento personal de la comisión de un delito, o por cualquier otro funcionario designado por el estatuto para ejercer tal función, como por ejemplo uno de los miembros del gran jurado. Cuando el estatuto provee quién actuará a este respecto la persona que actúa debe tener la autoridad legal provista por el estatuto. Mas el mero hecho de que ciertos funcionarios estén autorizados para pre-sentar denuncias no les da necesariamente el derecho exclusivo a'ha-cerlo así. La regla de que cualquier persona que esté capacitada para comparecer como testigo y tenga conocimiento de los becbos puede radicar una denuncia en una causa criminal permite que una esposa sea la denunciante de su marido. La declaración jurada de-una persona convicta de delito grave es válida y otorga jurisdicción para expedir un mandamiento cuando tal persona no está incapaci-tada para testificar; y parece haberse considerado válida aun cuando esa persona no es un testigo competente.” 16 C. J. 289, 290.

Las notas contienen citas de decisiones de varios estados. Hemos examinado algunas y aunque se refieren a casos que revisten circunstancias especiales, sostienen el principio general enunciado, a saber, que no es absolutamente necesario que el complaining witness sea la parte agraviada, bastando que tenga conocimiento del Lecho que denuncia.

¿Qué conocimiento? Aunque las partes ante esta Corte Suprema no han argumentado este punto en debida forma, se observa que en los hechos alegados por el acusado en la corte de distrito y aceptados como ciertos por el fiscal se dió én-fasis no sólo a la circunstancia de que el denunciante no era la persona perjudicada por el delito denunciado, si que tam-bién a la de que no tenía conocimiento directo de los hechos que motivaban el proceso.

De la denuncia misma lo que consta es una acusación directa bajo juramento, que obliga al denunciante. Lo alegado expresamente por el acusado y admitido por el fiscal, según la exposición del caso fué:

“Que el denunciante Rafael Martínez Peña no es socio de la mer-cantil ‘Méndez'López y Compañía’ que es la supuesta perjudicada en este caso, como tampoco tiene ninguna participación o interés en los negocios de la misma, siendo un empleado a sueldo y teniendo a su cargo la inspección general de los negocios de dicha firma. Que a pesar de ser la persona que juró la denuncia, él no tiene conocimiento directo de los hechos y que lo que sabe es por información y creencia, producto de una investigación practicada.”

Resumiendo Corpus Juris la jurisprudencia sobre la clase de conocimiento que debe tener el denunciante, dice:

“En algunas jurisdicciones la denuncia o declaración jurada dehe aducir que los hechos alegados le constan al denunciante de conoci-miento propio; cuando los aduce por referencia o por información y creencia, no se puede expedir una orden de arresto, y si el acusado ha sido arrestado dehe ponérsele en libertad. En varios estados una de-claración jurada basada en información y creencia es suficiente para demostrar la existencia de causa probable siempre que se expongan he-chos que demuestren la fuente de información y los motivos de la creencia. Aun en jurisdicciones en que se exige que la denuncia o declaración jurada aduzca becbos que le consten al denunciante de propio conocimiento, se ba resuelto que si el acusado voluntariamente se somete a un examen preliminar y es detenido a virtud de prueba admisible que complemente una declaración jurada por información y creencia, puede considerarse que él ba renunciado tal defecto.” 16 C. J. 292, 293.

T como no se nos ba citado, ni conocemos precepto alguno de ley que exija en Puerto Eico que el conocimiento del de-nunciante sea directo, creemos que una persona que como la que denunció el delito en este caso si bien no era socio de la mercantil defraudada, era su inspector general y llegó a co-nocer los Pechos a virtud de informaciones que obtuvo y que creyó ciertas en la investigación que practicara al efecto, tiene conocimiento bastante para formular bajo juramento una de-nuncia, que puede servir de base a la formación de un pro-ceso, especialmente cuando en ella se consignan los testigos del caso que pueden ser examinados por el juez para cercio-rarse de si existe causa probable antes de proceder a expedir el mandamiento de arresto.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se impone la revocación de la resolución apelada y la devolución de la causa a la corte de distrito de su origen para que siga cono-ciendo de ella de acuerdo con la ley.


author: El Juez PkesideNte Señor del Tobo,

text:
    Drug Co. of Porto Rico, Inc., demandante y apelada, v. Neftalí Miranda, demandado y apelante.
    No. 5920.

    Sometido: Abril 5, 1932.

      Resuelto: Junio 16, 1933.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; L. Feliú, abogado de la apelada.
   El Juez PkesideNte Señor del Tobo,

emitió la. opinión del tribunal.

La Drug Company of Puerto Rico, Inc. demandó a Nef-talí Miranda en cobro de $2,347.20, intereses y costas y soli-citó el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse de acuerdo con la ley de 1902 sobre el particular, Comp. 1911, pág. 884. La corte lo decretó mediante fianza de $3,000 y prestada ésta el márshal embargó en el pueblo de Morovis un establecimiento de farmacia perteneciente al demandado que entregó a Angel M. Méndez, empleado de la demandante, como depositario, y la suma de $6.87 que depositó en un banco-de reconocida solvencia. Las existencias del establecimiento se vendieron produciendo $652.50 que se depositaron en la secretaría de la corte.

Contestó el demandado y señalada la vista del pleito para el 4 de junio de 1931, faltó1 en comparecer la demandante, motivo por el cual pidió el demandado que se la tuviera por desistida de su acción. La corte dictó sentencia de confor-midad.

Al día siguiente la demandante presentó una larga moción en la que expuso las razones que tuvo para no comparecer y solicitó de la corte que la eximiera de los efectos de la sen-tencia que contra ella dictara.

Ocho días después compareció el demandado y manifestó por escrito:

“Que no tiene inconveniente en que se deje sin efecto la senten-cia, pero con las siguientes condiciones:
“A. — Que se impongan a la demandante las costas en que incu-rrió el demandado el día del juicio, esto es, gastos de automóvil, ho-norarios de testigos y veinte y cinco dólares como honorarios de abogado.
“B. — Que se decrete la cancelación del embargo trabado en este caso en consonancia- eon lo dispuesto en la sección trece de la Ley de Aseguramiento de Sentencias de marzo 1 de 1902 toda vez que el dejar sin efecto la sentencia equivale a una suspensión del caso- solicitada por la parte demandante sin alegar fuerza mayor y probarla a la vez, puesto que este caso se señaló el día de la lectura general del calen-dario, estuvo^más de un mes señalado y ese señalamiento fué comu-nicado a la parte demandante por medio de tarjeta postal y por el Secretario de esta Hon. Corte en la misma forma que fué comuni-cado este demandado.”

Nada decidió la corte inmediatamente, y el 7 de agosto, 1931, el demandado radicó una moción pidiendo que se le en-tregara el producto de la propiedad embargada y vendida. Se opuso la demandante. Oyó la corte a ambas partes y to-mando en consideración todas las cuestiones pendientes, por resolución fundada de 27 de noviembre, 1931, dejó sin efecto su sentencia de 4 de junio anterior, abriendo el caso nueva-mente e imponiendo a la demandante el pago de los gastos de automóvil y honorarios de testigos incurridos por el de-mandado al comparecer a la vista del 4 de junio, con más $25 para honorarios de su abogado, y declaró no haber lugar a devolver al demandado los bienes embargados. Fué contra esa resolución que la presente apelación se interpuso.

El apelante no impugna la resolución de la corte en cuanto por ella se dejó sin efecto la sentencia de junio 4, 1931. Lo que sostiene es que la devolución de los bienes embargados debió necesariamente decretarse de acuerdo con las expresas prescripciones de la ley de 1902 sobre aseguramiento de sen-tencias, a saber: ‘ ‘ Todo aseguramiento de sentencia quedará sin efecto si la vista del pleito fuere suspendida a petición de la parte que obtuvo dicho aseguramiento, o si cualquier tér-mino judicial fuere prorrogado a su instancia, excepto si la petición de suspensión o prórroga se fundó en causas de fuerza mayor debidamente justificadas.” Sección 13, Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, aprobada en 1902, Comp. 1911, pág. 885.

Aquí en verdad no se solicitó la suspensión del juicio. El juicio fué señalado y como faltara en comparecer la deman-dante, la corte dictó sentencia teniéndola por desistida de su acción.

No liay dada alguna de que lo ocurrido surtió el efecto de una posposición del juicio, pero tampoco la hay de que la «corte tenía poder para dejar sin efecto la sentencia y de que ejercitado ese poder en sentido afirmativo implica que las cosas volverían al ser y estado que tenían antes de dictarse la sentencia dejada sin efecto.

La corte no estaba obligada a aceptar las condiciones im-puestas por el demandado para allanarse. Aceptó una, la que estimó justa. Rechazó la otra y no se nos ha demostrado que abusara de su discreción al así hacerlo.

Sostiene además el apelante que de acuerdo con la juris-prudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de González Clemente & Co. v. V. López et al., 32 D.P.R. 897, su moción debió siempre prosperar.

Dicha jurisprudencia, copiando del resumen, es como si-gue :

“Cuando una acción en cobro de dinero se desestima, el asegu-ramiento de sentencia concedido se anula, también; y una acción en-tablada por el demandado para que el demandante y sus fiadores le indemnicen de los daños causados por el embargo, debe prosperar, no siendo defensa ni el hecho de que el demandante hubiera actuado con buena fe ni que la demanda hubiera sido desestimada porque el demandante estableció la acción a su nombre en Vez de hacerlo como agente del verdadero acreedor, ni que los daños ocasionados por la venta de los bienes fungibles embargados pudieron evitarse si el de-mandante hubiera pagado su deuda al verdadero acreedor.”

Hay, sin embargo, entre los hechos del caso de González Clemente & Co., supra, y los de éste que estamos considerando una gran diferencia. Allí no se dejó sin efecto la sentencia. Esta se dictó sobre las alegaciones y quedó firme y claro está que todo lo accesorio o incidental al pleito siguió la suerte de éste y quedó definitivamente terminado. Aquí al dejarse sin efecto la sentencia revivió la acción en las mismas condiciones en que antes se encontraba, quedando por consiguiente otra vez en pie el embargo.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.


text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Manuel González Seijo, Isabel Seijo Vda. de González, Francisca Seijo Vda. de Alemán y Sergio Seijo, demandados y apelados.
    No. 6080.

    Sometido: Junio 14, 1933.

      Resuelto: Junio 16, 1933.

      Fiddler <& Newsom (Hartzell, Kelley <& Hartzéll, en el alegato), abo-gados del apelante; K. Miranda Negrón, abogado de los apelados^
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

The National City Bank of New York demandó en la Corte-de Distrito de San Juan a'cuatro personas para que le paga-sen los $2,600 que reconocieron deberle en un pagaré y sus-intereses al 10 por ciento anual y les embargó bienes para aseguramiento de la sentencia que se dictase. Los demanda-dos formularon excepción previa contra la demanda y solici-taron el traslado del asunto a la Corte de Distrito de Are-cibo, el que fué decretado. Declarada sin lugar la excepción previa no fué contestada la demanda y celebrado el juicio en el que sólo presentó prueba el demandante consistente en la declaración de un testigo y en la presentación del pagaré, se-gún admite el apelante en su alegato, fué dictada sentencia en los términos solicitados por el demandante con las costasy honorarios de abogado. El demandante presentó su memo-rándum de' costas conteniendo, entre otras partidas, $27 poi' tres viajes de su abogado de San Juan a Areeibo, y $500 para honorarios de abogado. Estas partidas fueron impugnadas-por los demandados y la corte rebajó los $27 a $15 y los $500 a $100. Por estas rebajas interpuso el banco este recurso de apelación.

Creemos qne son de tan poca importancia para el apelante los $12 qne.rebajó la corte inferior por los viajes de sn abo-gado qne no vale la pena qne tengamos qne resolver cnál es el precio de esos viajes y si no debieron ser rebajados los $12 qne interesa se le pagnen en adición de los otros de la con-dena.

En cnanto a los $100 qne le concedió la corte inferior por. honorarios de abog’ado, no creemos qne dicha corte cometiera nn manifiesto error al fijar esa cnantía, dada la naturaleza de este asunto y los pocos trámites qne ha tenido.

La resolución apelada debe ser confirmada.