author: El Juez Peesideette Se. HeRNÁNdez,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Ortiz et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 626.
    Resuelto en diciembre 8, 1913.
    Juegos Prohibidos — Monte—Tallador o Banquero — Suficiencia de la De-nuncia. — Una denuncia en la cual se alega que los acusados jugaban al monte por interés o por dinero, Paciendo uno de ellos de tallador o banquero 7 apun-tando los demás, eontje’ne hechos suficientes constitutivos del delito previsto en el artículo 299 del Código Penal enmendado por la ley de marzo 12, 1908, y la No. 36 de marzo 10, 1910.

      Id. — ‘ Poker ’ ’ — Traducción Errónea del Artículo 299 del Código Penal. — El juego de polcer no era de los específicamente prohibidos en el artículo 299 del Código Penal, el cual fué erróneamente traducido al español, poniéndose una coma después de la palabra siud-horse y antes de polcer, cual si se tratara de dos juegos distintos, en vez de uno solo denominado stud-lwrse polcer. El juego de polcer fué agregado a la relación de juegos prohibidos que enu-meraba el artículo 299 del Código Penal, en virtud de la ley de marzo 12, 1908, enmendando dicho artículo.
    Id. — Monte—Juegos de Banca o Interés. — El juego de monte de que se trata en el presente caso es de los específicamente enumerados como de banca o interés en el artículo 299 del Código Penal.
    Id. — “Poker”—Juegos de Banca o Interés. — El juego de polcer quedará com-prendido en la prohibición estatutoria del artículo 299 del Código Penal enmendado por la ley de marzo 12, 1908, cuando se efectúe en las mismas condiciones que cualquier juego de banca o interés.
    Id. — “Poker”—Enmienda del Artículo 299 del Código Penal — Intención de la Legislatura. — De la enmienda hecha al artículo 299 del Código Penal por la ley de marzo 12, 1908, se deduce que fué el propósito de la legislatura castigar además de los juegos mencionados en dicho artículo, cualquier juego de banca o interés que se realizara en las mismas condiciones que los espe-cíficamente enumerados en él e incluyó el juego de polcer entre los expresa-mente prohibidos, pero siempre que se realizara con las condiciones de cual-quier juego de banca o interés.
    Id. — Pruebas—Presentación de las Barajas y el Dinero Ocupado — Discre-ción del Tribunal Sentenciador. — La corte sentenciadora en el ejercicio de su poder discrecional puede admitir como prueba, después de terminada la prueba de cargo, las barajas y el dinero ocupado, aunque la presentación de esas piezas de convicción como prueba no es necesaria, pues el delito de jugar a lo prohibido no consiste en que a una persona se le ocupen barajas o dinero, instrumentos del juego, sino en que esa persona haya estado jugando a lo prohibido.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Los apelantes no comparecieron.
   El Juez Peesideette Se. HeRNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El recurso de apelación sometido a nuestra consideración fue interpuesto contra sentencia que en grado de apelación y mediante la celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Guayama en 12 de mayo del corriente año, con-denando a uno de los acusados, Carlos B. Ortiz Ledee a $30 de multa o 30 días de cárcel, y a los demás o sean Mateo- Rosa, Félix Cañedo, Lorenzo Manatou, Modesto Lanausse, Secun-dino Saenz, Pedro Acosta, Juan Dones, Juan Vázquez, Miguel Civil León, Hipólito Rodríguez y Quintín Rosa a $.15 de multa cada uno de ellos o 15 días de cárcel, con las costas a cargo de todos los acusados.

La causa se originó en la Corte Municipal de Guayama a virtud de denuncia jurada que en la parte conducente dice así:

í!Yo, Eduardo G. Torres, P. I., vecino de Arroyo, calle “Morse,” No.-, de 30 años, formulo denuncia contra Carlos B. Ortiz Ledee, y otros por delito juegos prohibidos, (Violar Art. 299 C. P.) cometido de la manera siguiente: Que en marzo 2 de 1912, hora 1 a. m. y en el barrio “Guásimas,” sitio Mangle, de Arroyo, del Distrito Judicial Municipal de Guayama, los acusados voluntaria y maliciosamente jugaban el juego de azar, denominado “monte” con barajas por interés y por dinero, habiendo ocupado dos barajas con cuarenta cartas cada una y sesenta centavos en monedas de plata, nikel y cobre; ha-ciendo de tallador Carlos B. Ortiz Ledee, y los demás apuntaban. Siendo este hecho contrario a la ley y para tal caso prevista.”

Los apelantes no han hecho ante esta Corte Suprema ale-gación alguna escrita u oral en apoyo del recurso; pero exa-minado el escrito de exposición del caso, encontramos que a la denuncia opusieron la excepción de que los hechos tales como en ella se habían consignado no constituían delito pú-blico, y que terminada la prueba de cargo, el abogado de los acusados interesó de la corte la absolución de éstos, por no haberse presentado como prueba las barajas ni el dinero, como piezas de convicción indispensables para establecer el corpus delicti.

Hemos examinado la denuncia en relación con el artículo 299 del Código Penal, tal como quedó enmendado por la Ley No. 36 aprobada en 10 de marzo de 1910 y con la jurisprudencia de esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Ramsey et al., 8 D. P. R., 117; El Pueblo v. Ruiz et al., 10 D. P. R., 557; El Pueblo v. Guilarte et al., 11 D. P. R., 348; El Pueblo v. Salcedo, 13 D. P. R., 245, y El Pueblo v. Benítez et al., decidido en marzo 6 del corriente año, (pág. 246), y tene-mos que llegar a la conclusión de que contiene todos los ele-mentos integrantes del delitó de que se trata, pues en ella se consigna que los denunciados jugaban al monte por interés y por dinero, haciendo de tallador o banquero Carlos B. Ledee Ortiz y apuntando los demás.

Y no favorece a los apelantes la decisión recaida en el caso de El Pueblo v. Benítez et al., de que dejamos hecho mérito.

El artículo 330 del Código Penal de California, del cual fué tomado el 299 de nuestro Código Penal, que estuvo en vigor hasta que fué aprobada la ley de 12 de marzo de 1908, dice así:

“Scc. 330. — Every person who deals, plays, or carries on, opens, or causes to be opened, or who conducts, either as owner or employee, whether for hire or not, any game of faro, monte, roulette, lansquenet, rouge el noir, rondo, tan, fan-tan, stud-horse poker, seven-and-a-half, twenty-one, hokey-pokey, or any banking or percentage game played with cards, dice, or any device, for money, checks, credit, or other representative of value, and every person who plays or bets at or against any of said prohibited games, is guilty of a misdemeanor, and shall be punishable by a fine not less than one hundred dollars nor not more than five hundred dollars, or by imprisonment in the county jail not exceeding six months, or by both such fine and imprisonment. ’ ’

Y el artículo 299 de nuestro Código Penal, antes de ser enmendado, dice textualmente en inglés:

“Section 299. — Every person who deals, plays, or carries on, opens, or causes to be opened, or who conducts, either as owner or employee, whether for hire or not, any game of faro, monte, roulette, tan, fan-tan, stud-horse, poker, seven-and-a-half, twenty-one, hokey-pokey, or any banking or percentage game played with cards, dice or any device, for money, checks, credit, or other representative of value, and every person who plays or bets at or against any of said prohibited games, is guilty of a misdemeanor, and shall be punishable by a fine not less than one hundred dollars nor more than five hundred dollars, or by imprisonment in jail not exceeding six months, or by both such fine and imprisonment.”

Como se ve, el juego de poker no es de los específicamente prohibidos, ni por el Código Penal de California ni por el nuestro en su redacción inglesa, y dejamos copiados en inglés los artículos expresados de uno y otro código, porque en la traducción hecha del artículo 330 del Código Penal'de California, en la opinión que sirvió de fundamento a.la decisión del caso de El Pueblo v. Benítez et al., aparece el juego de poker como expresamente prohibido, sucediendo lo propio con el texto español del artículo 299 de nuestro Código Penal, por haberse puesto indebidamente una coma después de la palabras stud-horse, y antes de la de poker, cual si se tratara de dos juegos distintos en vez de uno solo denominado stud-horse poker. El juego de poker fué agregado a la relación de juegos prohibidos que enumeraba el artículo 299 de nuestro Código Penal, a virtud de la Ley de 12 de marzo de 1908 enmendando el citado artículo.

El juego de monte de que se trata en el presente caso es de los específicamente enumerados como de banca o interés, tanto en el Código de California como en el nuestro, y en ese concepto ha sido calificado de prohibido. El de poker que-' dará comprendido en la prohibición estatutaria cuando se efec-túe en las mismas condiciones que cualquier juego de banca o interés de los taxativamente enumerados por el artículo 299 de nuestro Código Penal, tal como fué primitivamente redactado, de cuyo artículo se deduce que fué el propósito de la legislatura castigar además de los juegos qué menciona, cualquier juego de banca o interés que se realizara en las mis-mas condiciones qne los específicamente enumerados. Las palabras or any banking or percentage game así lo demues-tran.

Al aprobarse la ley de 12 de marzo de 1908 quiso la legis-latura desvanecer toda duda qne pudiera suscitarse acerca de si el.juego.de poTcer estaba comprendido en el artículo 299 de nuestro Código Penal cuando reuniera las condiciones de juegos de banca o interés (banking or percentage game),, y con ese fin incluyó el juego de poker entre los expresamente prohibidos, pero siempre que se realizare en las condiciones de cualquier juego de banca o interés. '

La Ley No. 36 para enmeiidar el artículo 299 del Código Penal aprobada en 10 de marzo de 1910, está sujeta a la misma interpretación que hemos hecho de dicho artículo, tal como fué primitivamente redactado, y luego enmendado por la ley de 12 de marzo 'de 1908.

Én cuanto a no haberse presentado como prueba'las bara-jas y el dinero ocupado, es de notarse que las barajas ocu-padas por la policía fueron identificadas mediante su recono-cimiento por uno de los testigos de cargo, habiendo declarado otros testigos también de cargo que fueron ocupados 50 o 60 centavos en plata, nikel y cobre. Además, las barajas así como el dinero ocupado fueron admitidas como prueba des-pués de terminada la prueba de cargo, lo cual pudo verificar la corte en uso de su poder discrecional. De todos modos la presentación de esas piezas de convicción como prueba no era necesaria, pues el delito de jugar a- lo prohibido no consiste en que a una persona se le ocupen barajas o dinero, instru-mentos del juego, sino en que esa persona haya estado jugando a lo prohibido.

Finalmente, aunque los testigos de cargo afirman que los denunciados jugaban al monte por interés y los de descargo sostienen que el juego era de brisca, la corte inferior resol-vió el conflicto de pruebas a favor de JE1 Pueblo de Puerto Eico, y no- encontramos motivo alguno para sépararnos de su apreciación. ■

Por las razones expuestas opinamos debe confirmarse la sentencia apelada.

C onfirmada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sáez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en un caso sobre juegos prohibidos.
    No. 627.
    Resuelto en diciembre 8, 1913.
    Juegos Prohibidos — Consentimiento del Ocupante de una Casa para que se Juegue “Monte” en Ella- — Suficiencia de la Denuncia. — Una denuncia en la cual se imputa al acusado que “ilegal, voluntaria y maliciosamente, y a sabiendas, permitió una jugada a lo prohibido, monto, en su casa de vivienda, habiéndose arrestado en dicha jugada doce individuos y ocupado naipes y dinero,” consigna hechos bastantes para que se entienda perpetrado el delito previsto en el artículo 300 del Código Penal.
    Pruebas — Juegos Prohibidos — Presentación de los Naipes v el Dinero Ocu-pados — Discreción del Tribunal Sentenciador — Errores sin Importan-cia. — No comete error fundamental el tribunal sentenciador que, después de terminada la prueba de cargo y de presentada por el acusado una moción pidiendo su absolución por no haberse presentado como prueba los naipes y el dinero con que se había jugado, permite al Fiscal que los presente. La resolución de tal cuestión descansa en gran parte en la sana discreción del tribunal, y sólo podría servir de base a la revocación de una sentencia, si se demostrara claramente que la corte había abusado de sú discreción y perju-dicado algún derecho substancial del apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia ele la Corte de Distrito de Gruayama dictada el 12 de mayo de 1913, imponiendo al apelante Secundino Sáez, declarado culpable del delito previsto en el artículo 300 del Código Penal, la multa de cinco pesos o en su defecto un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer.

La causa se originó en la Corte Municipal de Gruayama y la sentencia apelada se dictó en grado de apelación por la corte del distrito. La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Yo Eduardo G. Torres, P. I., vecino de Arroyo, calle de Morse, de treinta años, formulo denuncia contra Secundino Sáez por el delito de violar el artículo 300 del Código Penal, cometido de la manera si-guiente : Que en marzo 2 de 1913, bora 1 a. m. y en el barrio Guásimas, sitio “Mangle” de Arroyo, del Distrito Judicial Municipal de Gua-yama, P. B., el acusado ilegal, voluntaria y maliciosamente y a sabiendas permitió una jugada a lo prohibido, monte', en su casa de vivienda, habiéndose arrestado en dicha jugada doce individuos y ocupado naipes y dinero.”

El acusado alegó que los hechos tales como aparecían con-signados en la denuncia no constituían delito público, y la corte desestimó su alegación.

El artículo 300 del Código Penal es como sigue:

“Toda persona que a sabiendas permitiere que se lleve a cabo cual-quiera de los juegos mencionados en el precedente artículo, en alguna casa de su pertenencia o que tuviere alquilada del todo o en parte, incurrirá en la pena prescrita en dicho artículo.”

Examinada la denuncia en relación con el precepto legal transcrito y. con el artículo 299 del propio Código Penal, es necesario concluir que la corte actuó correctamente al decla-rar sin lugar la alegación del apelante, ya que en la denuncia se siguen las palabras del estatuto y el juego de “monte” en ella especificado, está prohibido expresamente en el artí-culo 299 del Código Penal. Para un estudio más completo de esta materia, véase la opinión de esta corte emitida en el día de hoy para fundamentar la sentencia en el caso de El Pueblo v. Ortiz et al., (pág. 1136).

Terminada la prueba de cargo, el acusado pidió su abso-lución por no haberse presentado como prueba los naipes y el dinero con que se había jugado. La corte permitió al Fiscal que los presentara y el acusado tomó excepción.

Opinamos que la corte tampoco erró al dictar la anterior resolución. La regulación del orden en que deben presentarse y practicarse las pruebas se fija a veces en la ley y más gene-ralmente en las reglas de las cortes y es cuestión que descansa en gran parte en la sana discreción del tribunal sentenciador. Para que un error de tal naturaleza pudiera servir de base a la revocación de una sentencia, tendría que demostrarse cla-ramente que la corte había abusado de su discreción y per-judicado algún derecho substancial del apelante, y tal demos-tración no se ha hecho en este caso. Véanse los casos de Arruza v. Laugier et al., 14 D. P. R., 25, 28; Rosaly v. Graham, 16 D. P. R., 162, 170, y El Pueblo v. Julián, 18 D. P. R., 940, 942.

Decididas de tal modo las dos únicas cuestiones levan-tadas especialmente por el acusado y habiendo examinado cui-dadosamente la "-transcripción y no encontrado que se haya cometido error fundamental alguno, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 629.
    Resuelto en diciembre 8, 1913.
    Denuncia — Defectos no Impugnados en la Corte Sentenciadora — Omisiones Subsanadas por la Prueba. — No habiendo sido objetada en la corte senten-ciadora la denuncia presentada en este caso, es de presumirse que cualquier defecto que pudiera tener ha quedado subsanado por la prueba presentada en el juicio.
    Juegos Prohibidos — ‘'Monte”—Suficiencia de la Denuncia. — Una denuncia en la cual se alega que los acusados jugaban al monte, con interés, por dinero, haciendo uno de ellos de banquero o tallador y apuntando los demás, contiene hechos suficientes constitutivos del delito previsto en el artículo 299 del Código Penal, enmendado por las leyes de marzo 12, 1908, y marzo 10, 1910, estando el juego de monte específicamente prohibido en dicho artículo.
    Id. — "Monte”—"Poker”—Opinión en el Caso de El Pueblo v. Benítez et al., de Marzo 6, 1913. — La opinión emitida en el caso de El Pueblo v. Benitez et al., de marzo 6, 1913, (pág. 216), no es aplicable a este caso, porque en aquél se trataba del juego de polcer mientras que en el caso de autos se trata del juego de monto, que estaba expresamente prohibido y considerado como juego de banca por el artículo 299 del Código Penal antes de ser enmendado. Véase la opinión en el caso de El Pueblo v. Ortiz et al., resuelto hoy.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Trujillo.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación en el que no existe exposición del caso ni alegato y no encontrando este tribunal que se haya cometido ningún error fundamental, debe tal vez confirmarse la sentencia apelada sin discusión alguna.

El apelante estuvo sin embargo representado por abogado durante la vista de esta apelación, quien solicitó entonces que se revocara la sentencia por los supuestos errores con-tenidos en la denuncia, fundando su alegación en el caso del Pueblo v. Benítez et al., fallado por este tribunal el día 6 de marzo de 1913, (pág. 246). En dicho caso el acusado formuló reparos a la denuncia ante la corte inferior, resolviendo esta corte en apelación, qne ni de la denuncia ni de la prueba apare-ció qne se llevara a efecto un juego prohibido. En este caso no se formuló objeción alguna en la corte inferior. Somos de parecer de que la denuncia presentada en este caso sería sufi-ciente aun cuando se hubiera formulado objeción contra ella; pero no habiéndose hecho ninguna objeción debe presumirse que cualesquiera defectos de que adoleciera dicha denuncia, quedaron subsanados por la prueba.

La denuncia es como sigue:

“El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel Rivera Colón, Juan Martínez (a) Cagüeño, José Andino, José Alvarez (Cubita), Fidel Cotto, Juan Amador, Catalino Richardson y Francisco Alvarez. To Ezequiel Mongil, Jefe de Distrito 3a. Clase, P. I., vecino de Bayamón, calle de-Martí, mayor de edad, formulo denuncia contra los acusados arriba expresados por delito de infracción al artículo 299 del Código Penal, cometido de la manera siguiente: Que en 28 de diciembre, 1911, y como entre 9 y 10 p. m., y en la calle del Comercio de Bayamón, del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, estos acusados en el comedor de la casa vivienda de Manuel Rivera Colón sito en la ya citada casa, (sic) voluntaria y maliciosamente y sobre una mesa que allí había jugaban a lo prohi-bido con interés por dinero, el juego conocido por “monte,” uno de los comprendidos en el artículo 299 de Código Penal, haciendo de ban-quero o tallador José Andino y los demás de apuntes, siendo sorpren-didos, ocupando dos dollars cincuenta centavos y tres barajas, dos de ellas de pinta colorada y una azul de cuarenta cartas cada una, que pongo a disposición de la corte.”

La denuncia que dejamos transcrita cae bajo la sanción que establece el artículo 299 del Código Penal enmendado por la Ley de 12 de marzo de 1908 y por la Ley No. 36 apro-bada en 10 de marzo de 1910, pues el juego de monte es uno de los expresamente relacionados en dicho artículo y en la denuncia se consigna que los denunciados.jugaban con interés por dinero, haciendo de banquero o tallador José Andino y apuntando los demás. No favorece a los apelantes la reso-lución que dictó este tribunal en el caso de El Pueblo v. Benítez et al. (pág. 246), pues en ese caso trata de juego de poker y en el presente, de juego de monte, y el último es uno de los juegos expresamente consignados en el estatuto original y considerado como de banca.

En tales condiciones somos de parecer que el apelante no está comprendido dentro de la excepción a que se Rizo refe-rencia en el caso citado de El Pueblo v. Benítez et al. Nos referimos a la opinión que sirve de fundamento a la sentencia por la que en este mismo día decidimos, en el caso de El Pueblo v. Ortiz et al.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ' ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Crosas, Peticionaria y Apelante, v. Gutiérrez, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de .San Juan, Sección Ia-., en un caso sobre administración judicial.
    Moción de la parte apelada para corregir los autos.
    No. 1045.
    Resuelto en diciembre 16, 1913.
    Corrección de Autos — Constancias de Otro Pleito Distinto. — Por medio de una moción sobre corrección de autos no se puede añadir a una transcripción de una apelación una certificación expedida por el secretario de la. corte inferior referente a constancias de otro pleito distinto del que es objeto del recurso y que no se demuestra que formen parte del récord de la corte inferior.
    Id. — Alcance de la Regla 55 del Reglamento de Este Tribunal. — La regla 55 del reglamento de este tribunal es aplicable a los casos en que se trata de corregir un error, o suplir una omisión en la transcripción de autos, pero no puede servir de base para que esta corte revise, por medio de una moción para corregir los autos, la aprobación impartida por la corte sentenciadora a una exposición de hechos.
    Los beclios están expresados en la resolución de la corte.

      Abogado de la apelante: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogado de la apelada: Sr. Luis Muñoz Morales.

   RESOLUCIÓN.

Pon cuanto, la parte apelada ba presentado en esta corte-una moción para corregir los autos, en la cual solicita la eliminación de ciertas constancias incluidas en la exposición del caso presentada a los efectos de esta apelación y aprobada por la corte sentenciadora, y solicita además que en el caso de que se le niegue dicha eliminación, se una a los autos una certificación que acompaña relativa a la pendencia en la corte sentenciadora de otro pleito distinto entre estas mismas par-tes, acerca de la nulidad ele un testamento.

PoR cuanto, esta corte no puede añadir a los autos radi-cados en ella a los efectos de una apelación una certificación expedida por el secretario de una corte inferior referente a constancias de otro pleito distinto del que es objeto del recurso pendiente ante este tribunal y que no se demuestra que forman parte del record de la corte inferior en este caso.

Por cuanto la regla 55 del Eeglamento de esta corte es aplicable a los casos en que se trata de corregir un error, o suplir una omisión en la transcripción de autos, pero no puede servir de base para que este tribunal revise, por medio de una moción para corregir los autos, la aprobación impartida por la corte sentenciadora a una exposición de hechos.

Por tanto, vista la doctrina sentada en el caso de Orama et al. v. Oyanguren, resuelto en marzo 26, 1913, (pág. 310), y teniendo en cuenta que puede discutirse en el acto de la vista de este caso la cuestión de si el testamento cerrado inserto en la exposición del caso aprobada por el tribunal sentenciador puede ser tomado o nó en consideración por este tribunal al resolver el presente recurso, se deniega la moción presen-tada por la parte apelada el 10 de diciembre corriente, y celé-brese la vista de este caso, señalada para el día de mañana.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Mac-Leary no tomaron parte en la resolución de esta moción.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Reyes, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre abuso de confianza.
    No. 639.
    Resuelto en diciembre 18, 1913.
    Abuso de Confianza — Definición.—Abuso de confianza es la fraudulenta apro-piación de bienes por una persona a quien habían sido confiados, o en cujas manos estaban logalmente.
    Id. — Venta Ilegal de una Novilla — Apropiación del Producto de la Venta.— En una acusación en que se imputa al acusado el haber vendido ilegalmente una novilla que había recibido a partir utilidades, apropiándose su importe, la propiedad defraudada consiste en la novilla y no en el producto de la venta, no siendo por tanto necesario alegar en la acusación la cuantía del precio de la venta. La doctrina en el caso de El Pueblo v. Alomar, 10 D. P. R., 297, no es de aplicación a este caso, porque allí la materia del delito era el producto de la venta de un '«aballo y no el caballo mismo.
    Id. — Apropiación Fraudulenta de una Novilla — Felony.—El delito de vender fraudulentamente una novilla recibida a partir utilidades apropiándose del importe de la venta, de acuerdo con los artículos 455 y 428 No. 3 del Código Penal, es constitutivo de f.elony, cualquiera que sea el importe de la venta.
    Id. — Veredicto Suficiente — Grados del Delito.- — Cuando a un acusado se le imputa el delito de abuso de confianza consistente en vender ilegalmente una novilla recibida a partir utilidades apropiándose del importe de la venta, y el jurado lo declara culpable del delito de abuso de confianza, tal veredicto es suficiente y no es errónea la sentencia que condena al acusado a la pena de un año de presidio que sólo puede imponerse en casos de felony, pues el delito de abuso de confianza no se divide propiamente en grados y la apro-piación fraudulenta de una novilla constituye siempre felony.

    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Samalea Iglesias.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente' es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por virtud de la cual el apelante, G-erónimo Reyes, fué condenado a sufrir un año de presidio con trabajos for-zados como autor, declarado culpable por un jurado, del delito de abuso de confianza.

La acusación, base del proceso, en lo pertinente, dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Gerónimo Reyes por un delito de Abuso de Confianza (felony) cometido como sigue: El citado Gerónimo Reyes, allá el día 13 de junio de 1911, en la jurisdicción de Loíza, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con la intención de defraudar a Acisclo Medina, vendió una novilla que había recibido del citado Medina a partir utilidades sin su consentimiento, apropiándose de su importe y defraudando así al propietario de la novilla.”

No existe pliego de excepciones ni relación de hechos, pero-el acusado por medio de su abogado por escrito y oralmente promovió las siguientes cuestiones, que debemos estudiar y resolver:

(a) Que la acusación es insuficiente,
(b) Que la sentencia es errónea.

Alega el acusado que en la acusación no se le imputa un hecho constitutivo del delito, porque en la misma no se expresa en qué consiste la propiedad defraudada.

Abuso de confianza, de acuerdo con la ley, art. 445 del Código Penal de Puerto Rico, y la jurisprudencia, Moore v. United States, 160 U. S., 268, es la fraudulenta apropia-ción de bienes por una persona a quien habían sido confiados, o en cuyas manos estaban legalmente.

Es bien claro, pues, que tiene que existir, una propiedad defraudada y que dicha propiedad debe describirse en la acu-sación o en la denuncia.

En el presente caso la propiedad defraudada consiste en la novilla que Acisclo Medina entregó al acusado a partir utilidades y que el acusado vendió sin su consentimiento, ile-gal, voluntaria y maliciosamente, y* con ánimo de defraudarlo,. apropiándose de su importe. Y no es absolutamente necesa-rio fijarla cuantía “del importe,” porque no es éste sino la no-villa la materia del delito, no teniendo aplicación por tanto la doctrina invocada por el apelante y establecida por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Alomar, 10 D. P. R., 297, o sea la de que en las acusaciones por abuso de confianza “debe expresarse claramente cuáles fueron los bienes de que el acusado se apropiare, y si es úna suma de dinero, debe ex-presarse así, y especificarse el montante de la misma, a fin de que el acusado sepa si se le imputa un delito felony o misdemeanor.” Los hechos en el dicho caso de El Pueblo v. Alomar son distintos a los de este que ahora resolvemos, pues en el de Alomar el producto de la venta del caballo a que se refería la acusación y no el caballo mismo, era la materia del delito.

Siendo la propiedad confiada a y defraudada por el acusado un “individuo de la especie vacuna,” el delito que le imputó el Fiscal era constitutivo de felony tal como se expresó en la acusación, de acuerdo con los artículos 455 y 428, No. 3, del Código Penal de Puerto Rico, y el acusado fue por tanto suficientemente informado de la clase de delito que se le imputaba. Véase el caso de People v. Salorse, 62 Cal., 142, 143.

Examinemos la otra cuestión suscitada. Alega el acusado que en todo caso la sentencia es errónea porque se basa en un veredicto que, atendida la forma en que aparece redactado y la en que lo está la acusación, resulta tan dudoso que no puede por él determinarse el delito de que se declaró culpable al acusado.

El veredicto dice así: “Nosotros, los señores del jurado, declaramos al acusado Gerónimo Reyes culpable del delito de abuso de confianza.” La sentencia condenó al convicto a la pena de un año de presidio que sólo puede imponerse en casos de felony.

Ya hemos dicho al estudiar y resolver la primera de las cuestiones levantadas, que en la acusación se imputó al acu-sado un delito grave, feloñy. Partiendo de esa base, es nece-sario concluir que el veredicto es suficiente. El delito de abuso de confianza no se divide propiamente en grados aun cuando se le castiga con la pena fijada por el legislador para el delito de turto. Véase la decisión de esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Kent, 10 D. P. R., 393 a 399, en donde se estudia ampliamente la suficiencia del veredicto en un caso de abuso de confianza y, sobre todo, el artículo 283 del Código de Enjuiciamiento Criminal que, en lo pertinente, dice así: “Un veredicto general en el caso de negarse la acu-sación, se limita a la expresión ‘culpable’ o ‘inocente,’ lo que implica la declaración de estar el acusado convicto o absuelto del delito imputádole en la acusación. * *

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso • lución de este caso.


text:
    The Fajardo Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Santiago et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Ia., en un incidente sobre memorándum de costas en caso de injunction.

    No. 1041.
    Resuelto en diciembre 18, 1913.
    Costas — Aprobación del Memorándum Después de Apelada la Sentencia— Jurisdicción del Tribunal Sentenciador. — De acuerdo con la ley de costas de marzo 12, 1908, apelada una sentencia, la corte sentenciadora retiene su jurisdicción para eonoecr del procedimiento sofcie fijación de costas hasta resolver la impu'mreión, pero no puede hacer ejecutar su resolución hasta que se resuelva la apelación de la sentencia.
    Id. — Honorarios de Abogado — Cuantía de la Materia Litigiosa. — En una ape-lación contra una resolución aprobatoria de un memorándum de costas no puede discutirse si en un procedimiento de injunction pueden o nó imponerse honorarios de abogado por no poder precisarse si la materia litigiosa excede o nó de $500, pues tal cuestión debe plantearse en la apelación contra la sentencia en la cual se condena al pago de honorarios de abogado.
    Id. — G-astos de Viaje. — Los gastos de viajes de una de las partes no forman parte de las costas propiamente dichas, sino que en el caso de que iludiera orde-narse su pago legalniente, tendrían el carácter de desembolsos y por tanto no pueden incluirse en un memorándum de costas cuando la sentencia sólo ha condenado a las partes al pago de costas, pero no al de desembolsos. Veve v. Bl Municipio de Fajardo, 18 D. P. B.., 764.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: >Sres. Armstrong & Keith y Luis Muñoz Morales.

    Abogado de los apelados: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

De la exposición del caso debidamente preparada,' apro-bada y certificada aparece que seguido un procedimiento de injunction por The Fajardo Sugar Company contra los demandados Santiago y Rodríguez, se dictó sentencia definitiva por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., declarando sin lugar la demanda y condenando a la demandante al pago de las costas y honorarios de abogado. La sentencia se dictó el 29 de mayo de 1913 y se notificó debidamente.

El 6 de junio de 1913 la parte demandada archivó su memo-rándum de costas ascendentes a $586.15, y el 7 del propio mes de junio la parte demandante presentó su escrito de impugna-ción, limitando su oposición a la partida de $40 consignada para el pago de gastos de viaje de los demandados con motivo del pleito, por considerar que ese gasto no podía incluirse en la denominación de costas, y a la de $500 fijada para el pago de los honorarios de abogado, por' estimar que era excesiva.

El 30 de junio de 1913 la parte demandante apeló de la sentencia para ante este Tribunal Supremo. Estando pen-diente dicha apelación, se señaló, a petición de la parte de-mandada, en la segunda lectura del calendario de la corte de distrito, el día 16 de septiembre de 1913 para la vista del' memorándum de costas. En el día señalado sólo compareció la parte demandada y la corte dictó resolución aprobando el memorándum en todas sus partidas, excepto en la de honora-rios de abogado que redujo a $400. Y contra esa resolución de la corte interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación.

En su alegato, la parte apelante sostiene:

1. Que la corte erró al oir y resolver sobre el memorándum de costas, estando en apelación la sentencia que impuso esas costas, y

2. Que la corte erró al conceder honorarios de abogado en este caso.

La primera cuestión suscitada ha sido terminantemente resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Buxó et al. v. Buxó et al., 18 D. P. R., 190, en el que se estableció la si-guiente doctrina: “De acuerdo con la ley de costas de marzo 12, 1908, el tribunal sentenciador tiene jurisdicción para cono-cer del procedimiento sobre fijación de costas hasta resolver la impugnación, sin exceptuar el caso en que haya sido ape-lada la sentencia que concede las costas, pero carece de juris-dicción para hacer ejecutar su resolución sobre costas orde-nando su cobro, mientras esté pendiente la apelación inter-puesta contra la sentencia.”

En tal virtud debemos decidir que no se ha cometido pol-la corte sentenciadora el primero de los errores alegados. Estudiemos el segundo.

Se sostiene que no es éste un caso en el cual puedan imponerse honorarios de abogado, por tratarse de un procedimiento de injunction en el que no podía precisarse si la mate-ria litigiosa excedía o nó de $500.

Tal alegación va directamente en contra de uno de los pronunciamientos de la ‘sentencia y no es en la apelación dé-la orden fijando la cuantía de las costas, desembolsos y hono-rarios donde cabe hacerla, discutirla y resolverla, sino en la. apelación contra la sentencia que contiene el pronunciamiento impugnado. Véase el caso de Busigó v. Yordán, decidido por esta Corte Suprema el 29 de mayo de 1913, (pág. 627).

También sostiene la parte apelante en su alegato la impug-nación qne hiciera en la corte inferior a la partida de $40 para el pago de gastos de viajes de los demandados desde Mameyes a San Jnan con motivo del pleito.

De acnerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764, es bien claro que tal partida no forma parte de las “costas” propiamente dichas, que sólo comprenden “los derechos y las indemnizaciones que consisten en canti-dades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles,” sino que, en el caso de que su pago hubiera podido imponerse legalmente, estaría entonces comprendida dentro de los desembolsos que son “los gastos del pleito que no están incluidos dentro del concepto de costas, definido en el párrafo anterior, o sean las indemni-zaciones y derechos que no consisten en cantidades fijas e inal-terables, determinadas anticipadamente por las leyes, regla-mentos y aranceles.”

Siendo esto así, resulta de igual modo claro, de acuerdo también con la jurisprudencia establecida en Veve v. El Municipio de Fajardo, que no puede obligarse a la demandante y apelante a satisfacer un desembolso a cuyo pago no se le condenó expresamente en la sentencia, según consta de la exposición del caso.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, la resolución apelada debe confirmarse en cuanto ordenó el pago de las costas especificadas en el memorándum y de los honorarios de abogado fijados por la corte y revocarse en cuanto ordenó el pago de la partida de 40 pesos para gastos de viaje de los demandados.

Confirmada la resolución apelada excepto en cuanto al pago de $40 para gastos de viaje de los demandados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Áldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado .Sr. Wolf,

text:
    Díaz, Demandante y Apelante, v. Vázquez, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en nn procedimiento de injunction.

    No. 990.
    Resuelto en diciembre 19, 1913.
    Injunction — Acción para Obtenerlo — Petición de Injunction Durante el Litigio. — De acuerdo con la Ley de Injunction de marzo 8, 1906, la parte que desee obtener un injunction puede solicitarlo por medio de una acción cuyo único fin sea ese, o como un remedio subsidiario mientras un pleito esté pen-diente, por medio de una solicitud incidental.
    Id. — Acción para Obtener un Injunction Permanente — Orden del Procedi-miento — El Peso de la Prueba Recae Sobre el Demandante. — En una acción cuyo único fin es obtener un injunction el orden de los procedimientos es esencialmente igual al de una acción ordinaria y el demandante está obli-gado a probar sus alegaciones antes que el demandado.
    Id. — Procedimiento para Ortener un Injunction Preliminar — Deber del Peti-cionario de Probar sus Alegaciones. — En la opinión se discute el procedi-miento que debe seguirse cuando se solicita un injunction preliminar. El peticionario está siempre obligado a probar sus alegaciones antes que el demandado, independientemente de los affidavits que hayan presentado las partes en pro y en contra de la solicitud de injunction preliminar.
    Servidumbres Discontinuas de Paso — Let de las Siete Partidas — Adquisición por Prescripción. — De acuerdo con la Ley de las Siete Partidas, para adquirir por prescripción una servidumbre discontinua de paso, es necesario demostrar la existencia de dicha servidumbre desde tiempo inmemorial.
    Id. — Uso de un Camino — Adquisición de Servidumbre. — Cuando una parte re-clama una servidumbre de paso sobre un camino sin demostrar que tal camino sea vecinal ni que se ha obtenido la autorización del municipio ni su uso por tiempo inmemorial, el simple paso por dicho camino o el mandar los niños a la escuela por el mismo no es suficiente para adquirir un derecho de servi-dumbre sobre él.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante : Sr. Manuel F. Rossy.

    Abog'ado del apelado: Sr. Enrique Márquez Hioertas.

   El Juez Asociado .Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la demandante y apelante presentó a la Corte de Distrito de San Juan una petición interesando la expedi-ción de una orden de injunction. Las alegaciones esenciales contenidas en-la demanda fueron las siguientes:

“1. Que desde 1855, Doña Encarnación Díaz es dueña de una estancia situada en el barrio de Dos Bocas del Municipio de Coroza!, por la cual pasa un camino que viene desde atrás o sea del lado Este, y atraviesa un terreno que antes era de Hilario Guzmán, y abora es desde hace unos tres años, del demandado Pelegrín Vázquez Rivera; y termina en la orilla Oeste de la carretera del Corozal a Barros.
“2. Que ese camino existe desde mucho antes de 1855, pues 3a demandante lo encontró abierto en ese año, y de entonces acá lo utiliza, siendo el camino corriente que ella y su familia tienen para salir de su estancia y llegar al pueblo por la carretera.
“3. Que el demandado, al poco tiempo de haber adquirido el indi-cado terreno de Hilario Guzmán por el cual pasaba ese camino, lo ha tapado en estos días sin tener autorización para ello, impidiendo a la demandante el uso de su camino natural, que se ve obligada a pasar por el terreno adjunto que pertenece a Nicolás Rivera, para ir ai pueblo.”

Celebrada la vista de este caso, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, desestimó la solicitud.

El apelado alega en esta apelación que la Corte de Dis-trito de San Juan carecía de jurisdicción, pues el verdadero objeto de la acción fué el de establecer una servidumbre de paso; que siendo ése su único fin debió haberse entablado una demanda en forma ordinaria con tal propósito y solici-tado el injunction cpmo remedio incidental. De acuerdo con la ley de 1906, el demandante puede optar entre procurar que se decrete el injunction como fin único de su acción o solicitarlo como remedio secundario. El párrafo 1 de la sección 3 de la Ley de Injunction comprende el caso de un pleito enta-blado principalmente con el solo fin de obtener un injunction. El mismo párrafo 1 y los 2 y 3 de la misma sección autori-zan en términos categóricos la expedición de un injunction durante la pendencia de un litigio. La sección 5 de la misma ley dice:

“Sección 5. Podrá otorgarse un injunction en cualquier tiempo antes de haberse dictado sentencia, mediante petición o declaración jurada, siempre que aquélla o ésta en su respectivo caso, demostraren satisfactoriamente que existen motivos suficientes para concederlo.”

El objeto principal del caso Municipio de Gurabo v. The Juncos Central Co., 18 D. P. R., 408, fue obtener un injunction perpetuo en el cual no se formuló la petición en relación con otro remedio. En dicbo caso la corte determina la tramitación que deberá observarse para que pueda dictarse la orden de injunction perpetuo, expresando además, que en tales casos los procedimientos son sustancialmente idénticos a los que se sigue en el juicio de cualquier otro caso. También llama la atención este tribunal hacia el hecho de que en un pleito en el que se solicite un injunction permanente podrá pedirse la expedición de un injunction preliminar como cues-tión incidental al remedio, sin prejuzgar necesariamente la concesión o negativa del injunction perpetuo.

Sin embargo, aun cuando el demandante opte por entablar una demanda sobre injunction, tal proceder no variará el orden de la prueba en la celebración del juicio, así como tampoco impondrá al demandado el peso de introducir la prueba. En la mayoría de los casos de injunction el deman-dante presenta declaraciones juradas con el fin de que pueda dictarse la orden de injunction preliminar. Al 'diligenciarse el auto el demandado tal vez formula su contestación acom-pañándola de declaraciones juradas en oposición a las del demandante, quedando entonces a discreción de la corte el determinar si debe expedirse o nó la orden de injunction pre-liminar, con Adsta de las declaraciones juradas solamente o después que se haya oído prueba testifical. Véanse los artí-culos 5 y 10 de la ley de marzo 8, 1906, páginas 83, 84, y si-guientes. Este día del diligenciamiento del auto no es el de la vista, a menos que así lo considere la corte y las partes; pero fuere o nó el día de la vista preliminar o el del juicio, el péso de la prueba incumbe al demandante. La contesta-ción que se formula a la orden requiriendo a la parte que exprese las razones que tenga por las cuales no deba decre-tarse el injunction puede ser la contestación a la demanda o la declaración jurada de la persona a quien se trate de poner en entredicho, pero habiéndose presentado dicha contesta-ción o affidavit, todavía está el demandante en la obligación de probar sn caso por preponderancia de prueba en cualquier vista o juicio que se celebre. La corte cometió error obli-gando al demandado a introducir su prueba primeramente, pero como la cuestión quedó resuelta a favor de dicho deman-dado éste no recibió perjuicio alguno.

Alega el apelado que es insuficiente la solicitud que ha sido presentada en este caso. Realmente no se alega en ella un derecho de servidumbre adquirido por escritura, convenio o concesión de un tribunal, sino que se funda meramente en el supuesto del terreno, con anterioridad al año 1855. Sostiene el apelante que con anterioridad al año 1890, podía adquirirse una servidumbre de paso discontinua por pres-cripción con arreglo a la ley de las Siete Partidas. Según esta ley era necesario probar la existencia de la servidumbre de paso desde, tiempo inmemorial. En la demanda no se ha tratado de alegar de modo alguno, que tal servidumbre exis-tiera desde tiempo inmemorial.

Pero aun cuando la demanda hubiera sido suficiente, in-cumbiendo al demandante el peso de la prueba, no probó éste que el camino o servidumbre alegado fuera vecinal. No se probó que se hubiera obtenido la debida autorización o per-miso del municipio, ni apareció de la prueba que estuviera en. posesión el demandante desde tiempo inmemorial. El mero hecho de pasar por un camino o de enviar una persona a sus hijos por el mismo sin demostrarse la manera cómo se hacía esto, ya se hiciera ocultamente o en alguna otra forma, no constituye una alegación suficiente. Sin embargo, el demandado probó que tanto él como sus antepasados habían ejercitado actos de dominio sobre el referido camino, por lo menos en cierta ocasión en que se opusieron a que se tran-sitara por él.

También alega el apelante que dicho camino constituía un paso necesario, pero el apelado por el contrario probó de modo satisfactorio, que el demandante tenía otro sitio por donde podía pasar a la carretera.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado .Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla. en un caso de seducción.
    No. 615.
    Resuelto en diciembre 19, 1913.
    Seducción — Veredicto del Jurado — Credibilidad t Castidad de la Ofendida.— Habiendo sido eliminadas de los autos a moeión del Fiscal dos cartas, por no haber sido relacionadas en la exposición del caso, este tribunal no puede tenerlas en consideración para resolver el recurso, pero aun cuando pudiera hacerlo, siendo su único objeto impugnar la credibilidad y castidad de la ofendida, y habiendo el jurado dado veredicto contra el acusado, esta corte no iría contra ese veredicto por lo que arrojan dichas cartas, habiendo sido corroborada la declaración de la ofendida por dos testigos.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Pedro Manzano Aviñó.

   El Juez Asociado .Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta causa ante la Corte de Distrito de Aguadilla mediante acusación que fue formulada contra Bernardo González, en la que se le imputa la comisión de un delito de seduc-ción (felony), porque en uno de los días del mes de octubre de 1912, o alrededor de esa fecha, el acusado sedujo bajo promesa de matrimonio a la mujer soltera Antonia María Coll, de previo carácter casto, y tuvo comercio carnal con ella. El juicio se celebró ante un jurado y la corte lo condenó a sufrir la pena de un año de presidio con trabajos forzados. .

Prácticamente el apelante se funda en un solo señala-miento de error, a saber, que la prueba era insuficiente para justicar el veredicto, pero casi todos los razonamientos pre-sentados en su alegato se fundan en las deducciones que po-drían hacerse de varias cartas. Estas cartas fueron elimi-nadas de la transcripción de los autos a virtud de moción pre-sentada por el Fiscal de esta Corte Suprema, con tal objeto, por no haber sido las mismas debidamente identificadas me-diante debida referencia a ellas en la exposición del caso. Es-trictamente no podemos tomarlas en consideración, pero aun en el caso de que pudiéramos hacerlo, con ellas simplemente se impugna la credibilidad de la ofendida, y su tendencia como evidencia para cualquier otro fin es levantar una duda con respecto al previo carácter casto de la perjudicada. Sobre tales errores, aun en el supuesto de que existieran, este tribunal no intervendría con el veredicto emitido por el jurado en este caso.

El acto carnal fué realizado por el apelante y las mani-festaciones hechas por la denunciante quedaron corrobora-das en sus puntos esenciales por las de otros dos testigos. Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Schaefer, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 165.
    Resuelto primeramente en diciembre 19, 1913.
    Resuelto en reconsideración en enero 31, 1914.
    Anotación de Embargo — Bienes Inscritos a Nombre de una Persona Distinta del Deudor. — Para que pueda anotarse en el registro de la propiedad un mandamiento de embargo, es necesario que los bienes embargados estén inscri-tos a nombre del deudor y en el caso de que estén inscritos a nombre de una persona distinta, de acuerdo con el artículo 92 del reglamento para la ejecu-ción de la Ley Hipotecaria, debe el registrador denegar la anotación del embargo.
    Id. — Cambio de Nombre de la Corporación Deudora — Mandamiento de Embargo Contra la Nueva Corporación. — Aun cuando en un mandamiento de embargo se haga constar que los bienes inscritos en el registro a nombre de determi-nada corporación pertenecen a otra, por ser esta la misma entidad con sólo el cambio de nombre oficialmente hecho con arreglo a derecho, esto no es suficiente para que el registrador pueda anotar el mandamiento de embargo en los bienes inscritos a nombre de la primera corporación, siendo indispensable que este cambio de nombres se haga constar .previamente en los libros del registro.
    MOCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN.
    Id. — Cambio de Nombre de la Corporación Deudora que no Consta en el Re-gistro. — -Aun cuando la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1“., en juicio seguido por George Schaefer contra The Logan Tobacco Co. ordenara el embargo de bienes inscritos en el registro a favor de Mantón Govern Company por tratarse de una misma entidad jurídica con sólo el cambio de nombre, y tal embargo se practicara por el marshal, el registrador, no obstante la sec-ción 9 de la ley de marzo 1, 3902, para asegurar la efectividad de las sen-tencias procedió bien al denegar la anotación de dicho embargo, si del registro no aparecía en forma alguna que los bienes pertenecieran a la parte deman-dada, o sea The Logan Tobacco Co.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José R. F. Savage.

    El registrador, Br. Raúl Benedicto, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

En juicio civil seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 1a., por George Schaefer v. The Logan Tobacco Company, sobre cobro de dinero, a instancia de la parte demandante se expidió una orden al marshal de dicha corte que copiada a la letra dice así:

“El Pueblo de Puerto Rico, al Márshal de esta Corte:
“Por cuanto el demandante en la acción arriba mencionada ha solicitado el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en aquélla haya de recaer;
“Por cuanto esta corte accedió a dicha solicitud, mediante fianza que prestó el demandante por la suma de $3,000, para responder de los daños y perjuicios que a la demandada puedan irrogarse por vir-tud de dicho aseguramiento;
“Por tanto, Vd., el marshal antes referido, es requerido por medio de la presente, para que ajustándose en todo a los preceptos de la ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 1°. de marzo de 1902, proceda al embargo de bienes del demandado en cantidad suficiente a cubrir la cantidad reclamada ascendente a $5,300 con sus intereses desde el día 1°. de abril de 1913, con $700 más para costas, gastos y honorarios del abogado del demandante en este pleito, habiéndose justificado por el demandante' que los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad de Caguas en nombre de Mantón Govern Company pertenecen a la demandada por ser ésta la misma entidad, con sólo el cambio de nombre oficialmente hecho con arreglo a derecho, se hace esta orden de embargo extensivo a dichos bienes, y devolverá Vd. el presente diligenciado a la oficina del secretario de esta corte.
“Dado en San Juan, P. R., a 16 de agosto de 1913 bajo mi firma y el sello de esta corte. C. Marrero, secretario.”

En cumplimiento de la orden trascrita el marshal embargó como de la propiedad de la demandada The Logan Tobacco Co., tres fincas rústicas de distinta cabida radicadas en el tér-mino municipal de Aguas Buenas, y habiendo librado man-damiento por duplicado al Begistrador de la Propiedad de Caguas para la anotación del embargo, fué ésta denegada por medio de nota que transcribimos a continuación:

“Denegada la anotación del embargo a que se refiere el prece-dente mandamiento, por hallarse inscritas las tres fincas que se embar-gan, a nombre de Manton Govern Company, entidad distinta de la demandada The Logan Tobacco Company, sin que se baya becbo constar en el registro, en debida forma, el cambio de nombre de la citada corporación Mantón Govern Company, que expresa el man-damiento; extendiéndose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días, a favor del demandante George Schaefer, a los folios 150, y 96 vuelto del tomo 14 de Aguas Buenas, y al folio 15 del tomo 5o. del propio ayuntamiento, fincas números 15 quintu-plicado, 533 duplicado y 195, anotaciones letras D. B. y A, respecti-vamente, con el defecto subsanable de no distribuirse el importe del embargo entre las tres fincas embargadas. Caguas, P. R., 22 de agosto de 1913. Raúl Benedicto, registrador.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la representación de George Schaefer, y tal es el recurso sometido a nuestra consideración y decisión.

El Registrador de Caguas ha procedido con razón derecha.

Según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en enyo nombre se haga la transmisión o gravamen, debiendo los registradores denegar la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla el requisito expre-sado, bajo la sanción, si así no lo hicieren, de ser responsa-bles directamente de los perjuicios que causen a un tercero; y de conformidad con la doctrina establecida en dicho artículo ordena la regla 2a. del artículo 92 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, que si la propiedad de las fincas embargadas apareciere inscrita en los libros antiguos o nuevos a favor de-una persona que no sea aquella contra quien se hubiese decretado el embargo, se denegará la ano-tación, practicándose cuanto la ley y el Reglamento disponen para las inscripciones que se denieguen por defectos no sub-sanables.

Haciendo aplicación al presente caso de los anteriores preceptos legales, tenemos que llegar a la conclusión de que, apa-reciendo inscritas a nombre de Mantón Govern Company las tres fincas de que se trata, no puede tomarse sobre las mismas la anotación preventiva de nn embargo decretado contra The Logan Tobacco Company, entidad jurídica distinta de la que en el registro aparece como dueño.

Y no importa que según se consigna en la orden de embargo, se haya justificado por el demandante que los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad de Caguas a nombre de Man-tón Govern Company pertenezcan a la demandada The Logan Tobacco Company, por ser ésta la misma entidad con sólo el cambio de nombre oficialmente hecho con arreglo a derecho y que se haya hecho extensiva la orden de embargo a dichos bienes, pues del registro no aparece que la demandada The Logan Tobacco Company y Manton Govern Company sean uña misma entidad y esa constancia es requisito indispensable previo y necesario para la anotación del embargo tra-bado, so pena de incurrir el registrador en la responsabili-dad marcada por la ley.

En apoyo de la doctrina expuesta invocamos las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 27 de marzo de 1874 y 3 de abril de 1877, y la de esta Corte Suprema en el caso de Pérez v. El Registrador de la Propiedad, 14 D. P. R., 721.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recu-rrida.

' Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó par-te en la reso-lución de este caso.

Presentada moción de reconsideración por la parte recurrente fué denegada en enero 31, 1914, por medio de la si-guiente opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Hernández.

Dictada resolución por esta Corte Suprema en 19 de diciembre del año próximo pasado en recurso gubernativo inter-puesto por George Schaefer contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas de 22 de agosto del mismo año, denegando anotación de embargo de fincas rústicas, cuya nota fue confirmada por dicha resolución, la representación de George Schaefer ha presentado moción para que reconsideremos nuestra resolución teniendo en cuenta los términos en que estaba redactada la orden de embargo de la Corte de Distrito de San Juan, cuya anotación en el registro fué denegada.

En la opinión que sirve de fundamento a la resolución a que se refiere la anterior moción, no sólo insertamos la orden de embargo de que se trata, sino que además le prestamos nuestra consideración, llegando a la conclusión de que la nota recurrida se ajustaba a los preceptos de la Ley Hipotecaria y a la jurisprudencia establecida por la Dirección General de los Registros de España y por esta Corte Suprema.

Hoy sólo nos toca añadir que aunque la Corte de Distrito de San Juan en juicio seguido por George Schaefer v. The Logan Tobacco Company ordenara el embargo de bienes inscritos en el registro a favor de Manton Govern Company, por tratarse de una misma entidad jurídica con sólo el cambio de nombre, y tal embargo se practicara por el marshal, el registrador para verificar su anotación en el registro, no obstante la sección 9 de la Ley de 1o. de marzo de 1902 para asegurar la efectividad de sentencias, debió sujetarse como lo hizo a los preceptos de la Ley Hipotecaria que determinan los casos y la forma en que deben verificarse las inscripciones o anotaciones.

Véase las resoluciones dictadas en los siguientes casos: El Pueblo de Puerto Rico v. El Registrador de la Propiedad, 8 D. P. R., 8; American Railroad Company of Porto Rico v. El Registrador de la Propiedad, 14 D. P. R., 727.

Si del registro no aparecía en forma alguna que los bienes, pertenecieran a la parte demandada, o sea The Logan Tobacco Company, el registrador tenía que denegar la anotación de embargo, como así lo verificó ajustándose a la Ley Hipotecaria y a su reglamento.

Por las razones expuestas procede desestimar la moción de reconsideración.

Denegada la moción de reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro y Aldrey.’

El Juez Asociado Sr. MacLeary Labia fallecido en enero 5, 1914.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Aponte, Demandante y Apelado, v. Freiría et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en un caso sobre tercería de dominio de bienes inmuebles. Mociones para que se desestime la apelación.
    No. 1063.
    Resuelto en diciembre 19, 1913.
    Desestimación de la Apelación — Casos Originados en las Cortes Munici-pales' — Importe de la Cuantía Litigiosa. — Cuando, como en el caso de autos, en la demanda sólo se alega que el valor de la casa en litigio es menor de $500 y de la prueba del mismo demandante y apelado resulta que la casa vale más de $400, debe denegarse una moción para que se desestime la ape-lación por no exceder la cuantía litigiosa de $300.
    Id. — Notificación del Escrito de Apelación a una Parte Rebelde — Parte Contraria. — Cuando en una acción de tercería de bienes inmuebles contra el dueño de los bienes embargados y los acreedores que los embargaron, se dicta sentencia contra los demandados, habiendo sido declarado rebelde el co-demandado dueño de los bienes embargados por no haber comparecido ni en la corte municipal ni en la corte de distrito, dicho codemandado no es parte contraria-porque no sería perjudicado en el caso de que se revocase la sen-tencia apelada, y por tanto no es necesario notificarle el escrito de apelación, ni procede por tal fundamento la desestimación del recurso.
    Id. — Falta del Escrito de Apelación — Subsanación de Dicha Omisión. — De acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil el escrito de apelación es parte esencial de la transcripción de autos en apelación, no siendo suficiente una simple referencia a él, cuya omisión en este caso fué subsanada por la parte apelada presentando copia certificada del escrito de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado de las apelantes: Sr. F. Cervoni Gely.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Existen en estos autos dos mociones en las cuales se solicita que se desestime la apelación. En la primera se pide la desestimación del recurso interpuesto por el fundamento de que como el caso fué iniciado en la Corte Municipal de Guayama, la cuantía según resulta de la faz de la demanda, es menor de $300, careciendo por tanto este tribunal de juris-dicción de apelación procedente de la corte de distrito. Al examinar la demanda, el único hecho que aparece es que el valor de la casa en cuestión es menor de $500, y en la prueba, la declaración del mismo testigo del apelado que demuestra, que la casa tenía un valor mayor de $400. Por tanto, esta moción sobre desestimación de la apelación no puede prosperar.

El otro fundamento aducido para que la apelación sea desestimada, es que un codemandado llamado Murillo, que estaba rebelde y no defendió su acción en ninguna de las cortes, no fué citado o notificado en la apelación interpuesta para ante esta corte. En el presente caso se estableció la acción en reclamación de una casa que fué embargada indebidamente por los demandados José María Freiría y Mateo Defendini. Estos dos demandados habían embargado la casa como de la pertenencia del referido Murillo, entablando entonces el demandante este pleito de tercería con el fin de que quedara dicha casa exenta de los efectos del embargo que se alegó fué prac-ticado erróneamente; y habiendo la corte dictado sentencia a su favor, los demandados Freiría y Defendini interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia. O Murillo no tiene ningún derecho sobre la casa o ésta le pertenece, y por tanto, la revocación' sería favorable para él puesto que des-pués que los demandados se cobraran sus deudas le queda-ría acaso un saldo a su favor. La revocación no podría perjudicarle no siendo por consiguiente él parte adversa a los .apelantes en este caso, por lo que el segundo motivo que ha sido alegado en la moción sobre desestimación, carece de fundamento.

Al examinar primeramente estos autos no bailamos en ellos nada qne mostrara qne solamente dos de los demandados habían interpuesto apelación, constando únicamente de los autos, que el día 31 de mayo, 1913, apelaron los demandados, y que tal apelación fué notificada el mismo día al abogado del demandante que es el apelado ante este tribunal. Hemos resuelto en varios casos, entre otros en los de Fernández v. Sucesión de Irizarri et al., 10 D. P. R., 44, y Hernández v. Medina, resuelto en noviembre 10, 1913, (pág. 1064), que deberá agregarse a los autos una copia del escrito de apelación de conformidad con las disposiciones del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil. No es suficiente con que se baga una mera referencia al mismo. Sin embargo, si bien el apelado en su moción no hizo referencia específica a dicho escrito, ha archivado en este tribunal una copia certificada del escrito de apelación para suplir el defecto que podría considerarse que existía en los referidos autos. En mérito de las anteriores consideraciones, procede declarar sin lugar las mociones interesando la desestimación de la apelación interpuesta y debe pro-cederse a la celebración de la vista del caso.

Denegadas las mociones.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso lución de estas mociones.


text:
    Rodríguez, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez de Distrito Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari ai Juez de la Corte de Distrito de Ponce, en un caso de desa-hucio.
    No. 110.
    Resuelto en diciembre 19, 1913.
    Certiorari — Enmienda.de la Demanda — Renuncia de Notificación de la De-manda Enmendada. — La parte que contesta una demanda enmendada sin que le haya sido notificada la moción solicitando permiso para enmendarla, ni la misma demanda enmendada, se entiende que lia renunciado por sus propios actos a dicha notificación y no puede alegar tal íalta de .notificación como error en una solicitud de certiorari.

    Id. — Casos Originados en las Cortes Municipales — Enmienda de las Alega-ciones en- las Cortes de Distrito-. — Las cortes de distrito pueden, en el ejercicio de su facultad discrecional, permitir enmiendas a las alegaciones incluyendo la adición de nuevas partes, en casos originados en las cortes municipales, y sus resoluciones en tal sentido no serán revisadas por esta corte por medio de un recurso de certiorari, excepto en casos en que se aleguen razones muy poderosas.
    Id. —• Excepciones Previas — Facultad Discrecional — Errores de Procedi-miento.- — La resolución de excepciones previas en un sentido o en otro no puede alegarse como error de procedimiento en una solicitud de certiorari, ni constituye tal acto un ejercicio de la facultad discrecional de la corte, en el sentido legal, y no puede por tanto correctamente alegarse, que la corte ha abusado de su facultad discrecional.
    Id. — Desahucio—Discreción del Tribunal para Expedir el Mandamiento.— La expedición de un mandamiento de certiorari depende del ejercicio de la facultad discrecional de esta corte y para que tal mandamiento se expida en un caso de desahucio es necesario que se aleguen razones muy poderosas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Francisco Jiménez.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión -del tribunal.

El peticionario, demandado en un acción de desahucio, solicita que se expida un mandamiento de certiorari. La acción de desahucio fué iniciada en una corte municipal y re-suelta a favor del demandado y peticionario. La corte de distrito, en grado de apelación, según alega el peticionario, permitió a los demandantes que enmendaran la demanda, incluyendo nuevas partes y cambiando la causa de acción. Esta resolución constituye el primer motivo de queja del peticionario. Sostiene él que no se le “dió traslado” de la presentación de la demanda enmendada ni de la moción pi-diendo permiso para presentarla. Toda la solicitud está redactada en términos vagos y confusos, pero de ella puede deducirse que aún en el caso de que se hubiera cometido algún error en contra del peticionario, tal error quedó subsanado por los actos posteriores realizados por el mismo demandado, entre éstos el de contestar como contestó la demanda enmendada.

La corte de distrito aun en grado de apelación de una corte municipal, puede permitir enmiendas a las alegaciones, inclu-yendo nuevas partes. Su discreción en ese particular no será ■revisada en virtud de.un certiorari a no ser por razones pode-rosas, que dista mucho de ser el caso presente. Los otros actos de los cuales se queja son resoluciones relativas a la suficiencia en derecho' de los hechos admitidos en las alega-ciones, que den derecho a los demandantes a obtener una sentencia a su favor. La regla es que la resolución de una corte al declarar sin lugar’o con lugar una excepción previa no constituye un error de procedimiento, sino que es el ejercicio del criterio judicial al resolver una cuestión de derecho. Tampoco constituye tal resolución de una corte el .ejercicio de una facultad discrecional en el sentido de permitir a una parte que caracterice tal acción de abuso de discreción tal como esta frase se entiende en derecho. El juez, en trámites de excepciones previas y los semejantes, tiene que resolver de acuerdo con la ley, y-si decide erróneamente comete un error, pero su decisión no es de carácter discrecional.

La expedición de un mandamiento de certiorari es de ca-rácter discrecional 'en ■ esta corte. ■ De aquí que en procedi-mientos que tienen-por-objeto el obtener sentencia en un caso de desahucio en';que la legislatura ha estatuido una manera rápida para que1 her dicte sentencia, es necesario que se nos presenten razones 'poderosas para que esta corte, en el ejer-cicio de su facultad discrecional, expida el mandamiento.

La expedición del mandamiento debe ser denegada.

Denegada la expedición del mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldeey

text:
    Cuebas, Demandante y Apelante, v. Banco Territorial y Agrícola et al., Demandados y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 955.
    Resuelto primeramente en junio 26, 1913.
    Resuelto en reconsideración en diciembre 19, 1913.
    IliroTECAS Inscritas en la Antigua Anotaduría de Hipotecas — Falta de Tras-lado' a los Nuevos Libros del Registro — Terceros.—Para que una de-manda contra un tercero sobre cobro de una hipoteca inscrita en la antigua anotaduría de hipotecas determine una causa de acción, es necesario que en ella se alegue que el asiento en la antigua anotaduría fué trasladado a los libros modernos del registro dentro del año siguiente a la piomulgaeión de la Ley Hipotecaria que empezó a regir en esta isla el 25 de octubre de 1893, o dentro del año de prórroga que se concedió por Real Orden de 28 de noviembre de 1894, de acuerdo con el artículo 449 del reglamento de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo 397 de dicha ley.
    Terceros — Conocimientos de la Existencia de una Hipoteca — Manera de Ale-garlo en la Demanda — Conclusiones de Derecho. — La alegación hecha en la demanda enmendada de que el banco demandado “tenía conocimiento de la existencia y validez o vigencia de la hipoteca,” es una conclusión de derecho por no alegar los hechos necesarios para que la corte pudiera llegar a la conclusión de que el demandado tenía tal conocimiento.
    moción sobre reconsideración de sentencia.
    Excepciones Previas a la Demanda — Falta de Causa de Acción — Conclu-siones de Derecho. — Una excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes' para constituir una causa de acción abarca toda la de-manda y es innecesario especificar los extremos en que la demanda es insufi-ciente, y este tribunal puede moiii propio al resolver ■ en apelación una excepción previa de esa naturaleza considerar cualquier fundamento que haga insuficiente la demanda, aunque no haya sido alegado ni en la corte inferior ni en esta corte por la parte que interpuso la excepción previa.
    Reconsideración de Sentencia — Enmienda de la 'Demanda — Privación de Audiencia. — La sentencia dictada por esta corte en este caso no impide que el demandante acuda a la corte sentenciadora con la súplica de que le per-mita enmendar la demanda, y el hecho de que este tribunal en su citada sentencia no le concediera autorización expresa para hacerlo, no implica que al demandante se le haya privado de su día en corte.
    Los hechos están expresados en las opiniones.
    Abogados del apelante: Sres. Fernando Vázquez y N. B. K. Pettingill.

    Abogado de los apelados: Sr. Juan de Quzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

Las alegaciones sustanciales de la demanda en este caso, después de haber sido enmendada, son que en el año 1875, Moses Levy y Compañía constituyeron hipoteca voluntaria a favor de José Ramón Carbonell sobre la hacienda Carmelita, por cierta cantidad de dinero que debían pagarles en marzo de 1876; que de esa hipoteca se tomó razón en el antiguo Registro de Hipotecas con fecha 20 de octubre de 1875; que tal crédito hipotecario fué cedido a José María Monge, y por muerte de éste pertenece en la actualidad a la demandante Irene Cuebas; que en 21 de noviembre de 1875, Felipe Cuebas pasó a ser dueño de la hacienda Carmelita, con el com-promiso de pagar la hipoteca constituida a favor de José Ramón Carbonell; que Irene Cuebas en el año 1892 demandó a Cuebas para el pago de la hipoteca, siendo condenado a él en mayo del mismo año, pero la demandante desistió de su demanda por promesa de prórroga que hizo a dicho Felipe Cuebas; que éste, en 2 de abril de 1901, constituyó hipoteca sobre la misma hacienda Carmelita a favor del Banco Territorial y Agrícola y no habiéndola pagado, fué la finca adjudicada luego en pública subasta al banco acreedor, quien es su actual dueño, y como tal es demandado en unión de Ramón Valdés a quien la tiene prometida en venta y quien está posesionado de ella; que no habiendo cumplido Felipe Cuebas Arredondo su promesa de pago, fué demandado en unión del Banco Territorial y Agrícola en 1904 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, demanda que fné desestimada por falta de jurisdicción y cuya resolución fue confirmada por sentencia de 19 de febrero de 1912 dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos; que la hipoteca de 1875 está vigente en la actualidad en la antigua Anotaduría de Hipotecas y que cuando se constituyó la del Banco Territorial y Agrícola, éste tenía conocimiento de la existencia y validez o vigencia de la expresada hipoteca. Con tales alegaciones la demandante pidió al tribunal que condenara a los demandados a reconocer su hipoteca como primera y privilegiada, o en caso contrario, como subsiguiente en derecho a la del banco, pero con derecho a redimir la finca de la hipoteca de éste, mediante el pago de la suma que resultare equivalente después de una rendición de cuenta. Excepcionada esta demanda por el Banco Territorial y Agrícola por el funda-mento de que no aduce hechos que determinen una causa de acción y, además, porque en todo caso-ésta se halla prescrita de acuerdo con los artículos que citó, la corte sostuvo la ex-cepción por el primero de estos fundamentos y negó permiso para enmendar la demanda; resolución que luego se registró como sentencia de la corte, en contra de la cual se ha inter-puesto por la demandante el presente recurso de apelación.

Para que el asiento de la antigua Anotaduría de Hipotecas, extendido con motivo de la que constituyeron en 1875 Moses Levy y Compañía a favor de José Ramón Carbonell pueda hacerse valer contra el Banco Territorial y Agrícola, que adquirió después del año 1901 la finca sobre que pesaba, es necesario que en la demanda se alegue que tal asiento fué trasladado a los libros modernos del registro de la propiedad dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley Hipotecaria que empezó a regir en esta Isla el 25 de octubre de 1893, o dentro del año de prórroga que se concedió por Real Orden de 28 de noviembre de 1894, ya que de acuerdo con el artículo 449 del Reglamento dictado para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en relación con el 397 de la propia ley, es necesario elidió traslado para que produzca efecto contra tercero. La ley no lia querido que los asientos, obrantes en la antigua Anotaduría de Hipotecas, que no lian sido trasladados de acuerdo con sus disposiciones, surtan efecto contra tercero, siendo el objeto de esos preceptos el dejar sin eficacia contra tercero, en un término fijo, los asientos sobre censos, hipo-tecas y demás derechos reales que no hubiesen sido trasla-dados, por cuya razón la alegación de que los traslados se hicieron oportunamente, es indispensable en la demanda, para que haya causa de acción contra un tercero.

Pero sostiene la parte apelante que el Banco Territorial y Agrícola no tiene el concepto de tercero en este caso. Es repetida jurisprudencia tanto de los tribunales españoles como de esta Corte Suprema, que no puede considerarse como tercero a quien adquiere un inmueble a sabiendas de las cargas que pesan sobre él, aun cuando no aparezcan de los libros del registro de la propiedad. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 8 de octubre de 1885, 21 de abril de 1887, 7 de febrero de 1896 y 29 de septiembre de 1897, ratificadas por esta Corte Suprema en los casos de Valdés v. Valle y Noble, 1 D. P. R., 95; Surís v. Quiñones, 17 D. P. R., 670, y Carmona v. Cuesta, 18 D. P. R., 186. Sin embargo, la demanda no demuestra que el banco demandado deje de tener la condición de tercero ya que dice únicamente en la demanda enmendada por segunda vez que él “tenía conoci-miento de la existencia, y validez o vigencia de la hipoteca de Moses, Levy y Compañía a favor de José Ramón Carbonell.” Estas palabras de la demanda no consignan hechos sino conclusiones de derecho, ya que si una hipoteca está vigente, existente y válida, es porque han ocurrido ciertos hechos que de acuerdo con la ley producen ese resultado, y esos hechos son los que debió alegar la parte demandante, de acuerdo con el número 2o. del artículo 103 del Código de Enjuiciamiento Civil, para que la' corte pudiera' llegar a la conclusión de que el demandado conocía la existencia, validez o vigencia de tal hipoteca y que por ello no podía el banco demandado ser considerado como tercero; hechos tanto más necesarios cnanto que por ser el demandado nna persona jurídica importa conocer qué persona, en qué forma y en qué relación con el banco se enteró de dicho gravamen, para poder entonces inferir si el conocimiento de esa persona era el conocimiento de la persona jurídica demandada. Y que esas palabras son conclusiones de ley y no exposición de hechos, ha sido ya resuelto en el caso de People v. Crotty, 93 Ill., 180, en el que se resolvió que la alegación de que un documento es válido es una conclusión de ley; en el de Shea v. Johnson, 101 Cal., 455, se hace igual declaración respecto a la alegación de si un gravamen existió o no; y también en el de Luverne v. Birmingham, 143 Ala., 153, 39 So., 126, en el que se resuelve que la afirmación de que el comprador tuvo noticia, es una conclusión legal.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

C onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, "Wolf y del Toro.

Presentada mooión de reconsideración por la parte ape-lante, fué denegada en diciembre 19, 1913, por medio de la siguiente opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey.

La parte apelante solicita que reconsideremos la senten- . cia que hemos dictado en este caso, alegando en apoyo de su petición lo siguiente:

1o. Que al confirmar la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez, por la cual se declaró sin lugar la demanda, nos hemos basado en que las alegaciones expuestas en ella con respecto a que el banco demandado no era un tercero se hicieron en forma de conclusiones de derecho y no de hechos, cuya cuestión no fué promovida en la corte inferior por dicho demandado, ni tampoco en los alegatos ante esta Corte Suprema, sino que por primera vez fué tratada en nuestra sentencia; y

2o. Porque siendo el defecto que hemos encontrado de tal naturaleza que puede ser enmendado, el no dar al demandante oportunidad para que enmiende su demanda equivale a privarle de su día en corte.

Con respecto al primer particular diremos que la demanda fué excepcionada en la corte inferior por el fundamento de que no aducía hechos bastantes que determinasen una causa de acción, excepción que sostenida por la corte de distrito pro-dujo la sentencia que declaró sin lugar la demanda.

Es cierto que entre los motivos que adujo el demandado para justificar esa excepción no expresó el de que la demanda contuviera alegaciones de derecho en vez de hechos, ni tam-poco lo adujo en su alegato ante nosotros, pero a pesar de ser esto así pudimos considerar motu propio tal cuestión porque como la excepción fundada en ese motivo no necesita espe-cificar los extremos en que la demanda es insuficiente, el hecho de que el demandado consignara algunos motivos por los que estimaba insuficiente la demanda, no nos privaba de consi-derar cualquier otro por el que llegáramos a la conclusión de que la demanda no aducía hechos que determinasen causa de acción. Tal excepción está dirigida contra toda la demanda y es nuestro deber al resolverla, examinar toda la alegación para determinar si siendo cierta, puede basarse en ella una sentencia condenatoria.

En cuanto al segundo extremo alegado para la reconside-ración que se pretende, hemos de decir que nuestra senten-cia no prohibe que el demandante pueda enmendar su de-manda, siendo como es el defecto que hemos encontrado susceptible de una enmienda, y por tanto no lo hemos privado de su día en corte; pero el hecho de que expresamente no haya-mos consignado en nuestro fallo que al demandante se le concede oportunidad para enmendar su demanda, no es bastante para que hayamos de modificar nuestra resolución, ya que puede acudir a la corte que conoce del procedimiento con la súplica ele que le permita enmendar la alegación que liemos encontrado defectuosa. Es verdad que la sentencia confir-mada se basaba en el precedente ’ de una resolución, que al declarar con lugar la misma excepción que nosotros, negó el derecho de enmendar la demanda, pero lo que nosotros hemos confirmado no fué ese precedente, sobre el cual no hicimos pronunciamiento alguno, sino la sentencia que declaró sin lugar la demanda porque no exponía una causa de acción.

Por las razones expuestas la moción de reconsideración debe ser negada.

Denegada la moción de reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Arias et al., Recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 159.
    Resuelto en diciembre 19, 1913.
    Cancelación de Hipotecas — Inscripción de la Hipoteca a Nombre de la Esposa — Consentimiento del Marido para Cancelar. — Habiendo sido ins-crita una hipoteca en el registro de la' propiedad a favor de un cónyuge como bien privativo de él haciendo constar en la inscripción las manifestaciones hechas por el apoderado del cónyuge que prestó el dinero en el sentido de que el mismo era de su exclusiva pertenencia y procedió de bienes que aportó al matrimonio, no es posible prescindir de los efectos legales de esa inscrip-ción, y el registrador no puede luego denegar la inscripción de la escritura de cancelación de esa misma hipoteca por no haber prestado su consentimiento el otro cónyuge a dicha cancelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Rafael Martinez Nadal.

    El Registrador, Sr. José M. Márquez, compareció por es-crito.
   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso gubernativo ha sido motivado por haberse negado el Registrador de la Propiedad de Ponce a cancelar la hipoteca que los recurrentes, hermanos Arias Suñé, habían constituido a favor de Doña Antonia Rieder Larrañaga.

De la certificación obrante en estos autos librada por el Registrador de la Propiedad de Ponce, con referencia a los libros de su oficina, aparece que al inscribir la escritura de préstamo con hipoteca que en 11 de enero de 1912 se otorgó por Doña Antonia Rieder Larrañaga y los hermanos Arias Suñé, hizo constar dicho funcionario que la constitución ■ de hipoteca en garantía de $3,000 la había hecho Don Pedro Clau-sells y Armstrong como apoderado de esa señora, entregán-dolos del peculio exclusivo de la misma. Después, en la misma inscripción se relacionan las cláusulas del contrato, apareciendo de una de ellas que el apoderado de dicha señora hizo constar en el documento objeto de la obligación, que los $3,000 que por la exclusiva cuenta de su poderdante Doña Antonia Rieder y Larrañaga dió en préstamo a los recurren-tes, pertenecían a dicha señora y no a su sociedad conyugal porque procedían, en parte del precio en que vendió varias fincas el mes anterior, según escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, y otra parte, de créditos que dicha señora aportó a su matrimonio y que cobró durante él, según también constaba de escrituras de cancelación .otorgadas dos meses antes.

En escritura pública de 21 de agosto de este año, dicha Doña Antonia Rieder Larrañaga, sin la intervención ni el consentimiento de su esposo, confesó haber recibido de los her-manos Arias Suñé los $3,000 que les había prestado, les dió carta de pago por ellos y consintió en que la hipoteca que los garantizaba fuera cancelada en el registro de la propiedad. Presentado este documento -para su inscripción, dicho regis-trador se negó a ello por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la cancelación que comprende el precedente documento, por observarse que la acreedora Doña Antonia Kieder y Larrañaga, cancela y no presta su consentimiento su esposo Don Manuel J. Marxuach, no siendo bastante para acreditar el carácter de bienes propios que tiene este crédito, la procedencia que dice el apoderado en la constitución de la hipoteca, pues tra-tándose de dinero sólo el marido puede hacer tal declaración por ser el único a quien puede perjudicar; y tomada en su lugar ano-tación por ciento veinte días por dicho defecto, etc.”

De los antecedentes expuestos resulta que el Registrador de la Propiedad de Ponce inscribió el crédito hipotecario cuya cancelación motiva este recurso como bien propio de la esposa, e hizo constar además las manifestaciones que el apoderado de ella hizo respecto a la procedencia del dinero y la de que éste no era ganancial, sino de su exclusiva pertenencia, por proceder de bienes que aportó a su matrimonio. Nos encon-tramos, pues, con una inscripción que atribuye la propiedad exclusiva de ese crédito hipotecario a la esposa, por lo que ni nosotros ni el registrador podemos prescindir de ese asiento y del concepto jurídico que en él se contiene con respecto a la propiedad de ese derecho real, mientras no haya sido anu-lado, según resolvimos en 14 de febrero de ante año en el caso de la Sucesión Fuster v. El Registrador de la Propiedad, (pág. 128). Por consiguiente, apareciendo del registro que tal crédito era propiedad exclusiva de la esposa que otorgó la escritura de cancelación a los deudores recurrentes, no necesitaba ella el consentimiento de su marido para cancelarlo, de acuerdo con el artículo 160 del Código Civil Revisado, tal como quedó enmendado en el año 1904 y el documento debió ser inscrito.

La nota recurrida debe ser revocada por ese fundamento.

jRevocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Córdova et al., Demandantes y Apelantes, v. Surís et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en una causa de tercería de bienes inmuebles e injunction.

    No. 992.
    Resuelto en diciembre 22, 1913.
    Tercería de Bienes Inmuebles — Bienes Gananciales — Prueba en Contra de su Presunción. — La prueba presentada por los apelantes tendente a demos-trar que los bienes embargados fueron adquiridos por la esposa a nombre propio y que ella había pagado las contribuciones sobre los mismos, no es suficiente para destruir la presunción de gananciales de dichos bienes.
    Id. — Prueba del Título de 'Propiedad por. Medio de un Documento Privado— Terceros. — Un documento privado que no ha sido nunca inscrito en un registro público, y presentado como prueba en una tercería de bienes inmuebles tres meses después del embargo y en el mismo día del juicio, no puede per-judicar al- acreedor que embargó los bienes, ni es suficiente para justificar el título del tercerista y dejar sin efecto el embargo practicado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Libis Montalvo Guenard.

    Abogado de Jnan Snrís Cardona: Sr. Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados y apelados embargaron una finca poseída por su deudor Matías Serrano. Los apelantes entablaron una tercería de dominio contra los demandados reclamando dicha propiedad y para probar su derecho solamente presentaron un documento privado otorgado por Antonia Molinary y Malvé de fecha anterior al embargo, sin registrar en ninguna oficina y dicho documento sólo fné presentado al secretario de la corte municipal en el día del juicio, tres meses después del embargo. Antonia Molinary y Malvé es la esposa del deudor Matías Serrano.

De acuerdo con un principio general de derecho, toda propiedad adquirida por la esposa durante el matrimonio se presume ganancial y aunque los apelantes presentaron prueba fiara demostrar que la esposa había adquirido la propiedad a nombre propio y había pagado las contribuciones sobre la misma, esta presunción de ganancial de dicha propiedad no fuú contrarrestada. El artículo 1195 del Código Civil dice así:

“Artículo 1195. — La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.”

Este artículo es equivalente al 1224 del Código Civil Espa-ñol y el Tribunal Supremo de España, interpretándolo en sen-tencia de febrero 26, 1894, se ba expresado así:

“Si bien el documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hayan suscrito y sus .causahabientes, no puede concedérsele valor y eficacia alguna respecto de terceros, sin que se cumpla lo dispuesto por el artículo 1227 del Código Civil, y, como consecuencia, la presentación de un documento de esa clase para fundar una tercería de dominio no es prueba suficiente, porque su eficacia nace de la fecha de esa presenta-ción, posterior, por tanto, a la del título que se trata de combatir.”

Véase también los casos de Hernández v. Ortiz, 18 D. P. R., 1054; Coto v. Rafas et al., 18 D. P. R., 508.

El embargo de la finca en litigio sólo podría ser destruido por un documento público o por otros fundamentos de nuli-dad que la ley reconoce, pero nó por un documento privado otorgado por el deudor a los apelantes.

No habiéndose colocado los apelantes dentro de las excep-ciones enumeradas en el citado artículo, los apelados deben ser considerados como terceros.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.

Presentada moción de reconsideración por la parte ape-lante, fué ésta denegada sin opinión en febrero 18, 1914.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Moux, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso de acometimiento y agresión graves.
    No. 647.
    Resuelto en diciembre 22, 1913.
    Acometimiento y Agresión Craves — Delito Cruel — Pena Leve. — Aunque la pena impuesta en este caso de cien dólares o prisión- a razón de un día por cada dos dólares que deje el acusado de pagar es leve, teniendo en cuenta la crueldad del delito imputádole, consistente en castigar a un niño sus-pendiendo su cuerpo de una soga, se confirma la sentencia apelada, pues, no habiéndose presentado exposición del caso, no es posible apreciar si exis-tieron circunstancias atenuantes que influyeran en la imposición de la pena.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El acusado no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación criminal viene ante nos con sólo el legajo de la sentencia y sin la exposición de hechos ni pliego de ■excepciones. No hay términos hábiles para la revocación ni nada que justifique el recurso, pues la denuncia expresa un -caso claro de acometimiento grave. Por la denuncia sabemos que Leandro Moux, a principios de mayo de 1913, volun-taria y maliciosamente acometió al niño Bernardo Moux, cas-tigándolo cruelmente, suspendiendo su cuerpo de una soga. El crimen imputado parece ser inusitadamente cruel, y el .acusado sólo fué condenado al pago de una multa de $100 o ■en su defecto a un día de prisión por cada $2 que dejare de pagar. Tal pena no parece proporcionada a la gravedad -del delito imputado, pero puede acaso justificarse por la con-currencia de circunstancias atenuantes que ignoramos si han -existido o nó, pues no tenemos ante nosotros las pruebas prac-ticadas. La sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado .Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.