author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Mejías Ventura (a) El Cubano, acusado y apelante.
    No. 5164.
    Sometido: Junio 26, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1934.

      Samuel R. Quiñones y Pelayo Román Benitez, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 19, 1932, el Fiscal del Distrito Judicial de San Juan formuló acusación contra Antonio Mejías Ven-tura (a) El Cubano, imputándole la comisión de un delito de asesinato, cometido como sigue: El 3 de febrero de 1932, dicbo acusado, en San Juan, con malicia premeditada y deli-berado propósito de matar, dió muerte ilegal al ser humano Paul C. Herdering, acometiéndole y agrediéndole con una pistola, infiriéndole una herida de bala a consecuencia de la cual falleció el 5 de febrero de 1932.

Hizo el acusado la alegación de no culpable y en mayo 19, 1932, comenzó a celebrarse el juicio ante un jurado. Terminó el 21, con un veredicto de culpabilidad. Solicitó el acusado nuevo juicio. Su solicitud fue denegada en agosto 22, 1932, y en agosto 27, 1932, la corte dictó su sentencia. Condenó por ella a reclusión perpetua al acusado. Este apeló contra la resolución denegatoria del nuevo juicio y contra la sentencia. Los puntos envueltos en ambas apelaciones son los mismos. Existe un solo récord.

El primer testigo que presentó el fiscal fué el Dr. Arse-nio Comas, médico, y cirujano residente del Hospital Municipal de San Jnan. Dijo que en febrero 5, 1932, practicó la autopsia del cadáver de Paul C. Herdering que presentaba úna herida superficial en la muñeca derecha con entrada y salida y otra en la región hipogástrica que interesó el in-testino ciego, muriendo Herdering de una peritonitis y septicemia grave producidas por la herida de bala. Extrajo ésta que encontró alojada en el hueso ilíaco, cara interna, y la entregó a la Administradora del Hospital señora Carreras.

A repreguntas de la defensa explicó que el herido llegó al hospital en la noche del tres. Esa misma noche se enteró de su nombre por el “chart” que prepara la enfermera. Pidió la defensa que se eliminara la declaración del testigo y éste manifestó: “No me entendió el Licenciado. La noche de la operación yo supe que era Paul C. Herdering. Después lo seguí asistiendo dos días, hasta que murió.” Insistió la defensa y la corte declaró sin lugar su solicitud.

La administradora del hospital fué el séptimo de los testi-gos de cargo. Se llama Josefa Moreno de Carreras. Dijo que al llegar al hospital la mañana del 4 de febrero, recibió una nota del Doctor Comas con $51 y las ropas de un señor Paul C. Herdering para que lo guardara todo en la caja del hospital. Como a las ocho y cuarto llegó el doctor del vapor “Nillus” y le recomendó que atendiera bien “a Herdering”, que ellos tenían que partir. Subió a la habitación y encontró al herido hablando con el Capitán. Le preguntó qué le pasaba y le contestó que estaba muriéndose.

Continuó la testigo manifestando que se interesó mucho en el caso y trató de que el herido le refiriera lo que le había pasado. Se opuso la defensa. Surgieron varios inci-dentes y finalmente ocurrió lo que sigue:

“Yo insistí en que él me contara ... y él entonces me dijo: ‘Alright’, y yo cogí una libreta y apunté. Entonces me dijo: ‘Le voy a contar’, y empezó el relato en la siguiente forma: A las siete (7) salí del Vapor ....
“Def. — Un momento. Yo lamento interrumpirla. Nosotros, señor Juez, levantamos la misma cuestión.
“Juez. — Yamos a ver cuáles fueron las verdaderas palabras del individuo anteriores a ésas.
“F. — Antes de hacer la manifestación esa, ¿cómo se sentía él?
“T.— Se sentía muy mal. Decía: ‘Me estoy muriendo. Yo qui-siera vengarme de este hombre que me ha matado . . .’ ‘Yo odio a los puertorriqueños . . .’ creído que había sido un puertorriqueño. ‘Me muero, me muero . . . Yo quisiera tener una botella de whiskey para olvidar . . Y entonces yo noté que el hombre estaba grav'e y cogí un lápiz y un papel y le dije: ‘Usted tiene familiares, déme la nota’, y entonces me dijo que su mamá se llamaba Annie Herdering y que vivía en Pedborn, Germany, y yo cogí la nota. Si se me per-mite yo contaría toda la historia de lo que pasó.
“Defensa: — Se murió cuánto tiempo después?
‘ ‘ T. — Esa misma tarde a las 5:00.
“Juez. — Me parece que de acuerdo con la jurisprudencia en el caso de El Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 852, se han establecido las bases sufi-cientes para la declaración de la testigo, y la Corte permite que declare sobre las manifestaciones del interfecto.
“Def. — Con nuestra excepción.
“F. — Continúe, señora.
“T. — -Entonces yo le decía: ‘No se apure; usted se sentirá bien’ y decía: ‘Me hace falta aire; el aire del mar’, y entonces yo le decía: ‘No piense en el mar. Cuénteme’, y el hombre empezó su relato en la siguiente forma:
‘ ‘ ‘ Salí del Vapor a las 7:00, fui al cine y después fui a la Porto Rico Drug a tomar un refresco. Allí me encontré con dos compañeros del barco. Con esos dos compañeros decidimos ir a Puerta de Tierra a tomar una cerveza. Después de tomar la cerveza en Puerta de Tierra decidimos irnos al vapor porque el permiso era hasta las 10%. Al bajar por la estación, frente a una callejuela, yo iba hacia ade-lante y mis dos compañeros detrás. Allí noté que un hombre, acom-pañado de otro más trigueño, me atacó. No pude reconocerlo. Sólo sé que al levantar mi mano sentí el disparo y caí y al caer el hombre corrió por un callejón que hay al frente y el otro no me di cuenta de lo que hizo. Entonces yo llamé a Hans, que era uno de los compa-ñeros, y le dije: “Hans, sálvame”, y Hans salió corriendo con el otro. Vino el policía y me trajo al Hospital.’ ”

Reconoció, por último, la testigo el plomo de una bala que le presentara como parecido al que le entregó' el Dr. Comas que a su vez entregó a la detective.

La persona que condujo al herido al hospital fue el po-licía Evaristo Labastide, el sexto testigo que declaró. Dijo que estaba de servicio frente al muelle No. 5 y oyó un dis-paro. Se dirigió al sitio y encontró dos hombres que corrían, dos extranjeros que le dijeron que habían herido a su com-pañero en la esquina. Siguió y encontró a un hombre de nombre Paul C. Her dering tendido en el suelo. Llamó la ambulancia y en ella lo llevó al hospital. Era después de las once de la noche.

La segunda declaración que aportó el fiscal fue la de Natividad Espada, que imputa directamente la comisión del acto delictivo al acusado. Es de color, como de veinte y un años, vecino de Puerta de Tierra. Conocía al acusado, y en la noche del tres de febrero, 1932, salió a pasear con él desde Puerta de Tierra hacia San Juan, donde estuvieron como hasta las diez y media en que caminaron hacia Puerta de Tierra, llegando hasta la Plaza de los Leones. “A los pocos instantes,” dice textualmente, “se apareció un grupo de hombres, de en casa de la señora Carmen Capre, y noté que él me dijo: ‘Vámonos’. Partimos por la misma carre-tera que da a la estación del ferrocarril; de la estación del ferrocarril bajamos a la Colectiva, y allí, en la orilla de la puerta, se sentó y yo estaba de pie. Como a los veinte mi-nutos se personaron los tres hombres; uno alante y dos detrás. Al embocar el que venía al frente en la bocacalle, él se levantó y se metió la mano por el lado derecho, sacando la pistola y diciéndole unas palabras en inglés, cuyas pala-bras no le oí. El hombre quedó manos arriba. Al quedar manos arriba, demostró valentía: quiso bajar las manos, y al querer bajar las manos, disparó. P. — ¿Quién disparó? T. — El Cubano. F. — ¿Contra quién? T. — Contra el hombre.”

Muestra el récord que surgió entonces este incidente:

“Mientras pasivamente deelaraba el testigo de cargo Natividad Espada, el acusado, Antonio Mejías Ventura, se levantó violentamente de su asiento, diciendo ‘Eso es mentira, canalla, sinvergüenza, bijo de puta, no puedo permitir que cara a cara mientas tan descarada-mente’, y tomando de sobre la mesa del señor Fiscal un tomo de las Decisiones de Puerto Rico, lo lanzó violentamente contra el testigo llegando a agredirle en la mano derecha, y al intentar avanzar bacia él, en actitud agresiva, fué agarrado por el Marshal de esta Corte, señor Daniel Sosa, con quien sostuv’o fuerte lucha, siendo entonces este funcionario de la Corte auxiliado por los Detectives Santiago, Ai-varado, Henna y el Jefe Monteserín, siendo así reducido a la obe-diencia.
“La Corte entiende, en primer lugar, que hay causa suficiente para instituir un procedimiento de desacato, lo que considerará más tarde, y mientras tanto, en vista de la conducta desordenada del acusado en corte abierta, y puesto que el juicio debe continuar y para mantener el orden en el Tribunal, se ordena que se le pongan esposas al acusado.
“Def. — Solicito de la Corte, lamentando el incidente, que no se le pongan esposas al acusado y que se reconsidere la orden.
“Juez. — La corte deniega la solicitud.”

Continuó declarando el testigo que después de disparar, “El Cubano” arrancó a correr. Reconoce el traje y el sombrero que se le muestran como los que llevaba esa noche el acusado. También la pistola que había visto antes en el cuarto del acusado.

La defensa sometió al testigo a un contrainterrogatorio que ocupa unas cuarenta páginas del récord. El testigo no sólo sostuvo lo que había dicho ■ anteriormente si que en ciertos extremos lo reafirmó y aclaró. Por ejemplo, dijo que cuando se encontraban en la Plaza de los Leones, “al estar parados allí él (el acusado) me dijo que allí efi frente, en la casa de Carmen Capre, entraban americanos y que cuando entraban ahí salían borrachos, y de la manera que se podían coger era borrachos”.

La declaración del siguiente testigo, Eugenio Ayala, ca-rece de importancia. Sí la tiene la de María Torres Ríos, una pobre ramera que fue llamada a declarar tras él. Dijo que residía en Puerta de Tierra en una habitación de la misma casa en que vivía el acusado; que había venido a San Juan a coger fresco en la noche del tres de febrero de 1932, regresando como a las once. “Cogí por la estación del tren y en un sitio obscuro vi que corría un hombre. A mí me dió miedo y corrí también detrás, y cuando llegué a la luz conocí que era el Cubano. ...”

Antolino de Jesús es el marido de Carmen Capre, dueña al parecer de una casa de lenocinio que está cerca de la Plaza de los Leones. Dijo que estaba vigilando la casa la noche del crimen porque temía que fuera a ser denunciada. Carmen Capre le llamó la atención hacia dos hombres que estaban en la plaza mirando con insistencia hacia la casa y se fué a reconocerlos y como no eran los que temía no se preocupó. Identificó al acusado y al testigo Espada como los dos hombres que vió. Serían las diez de la noche.

Carlos Alvarado fué el detective encargado de la investiga-ción del crimen. Clara Angleró que fué querida del acusado en un viaje anterior que éste hizo a Puerto Rico y a cuya casa se dirigió cuando llegó últimamente no pudiendo permanecer en ella porque Clara tenía otro hombre, fué la primera que les habló de la pistola del acusado, dándoles luz al referirse a otros “ ‘hands-up’ que él había dado.” Sospecharon. El acusado era un extranjero que no trabajaba, que tenía mu-jeres y adornadas sus habitaciones. Decidieron registrar éstas y obtuvieron una orden judicial de allanamiento. Fue-ron y sólo pudieron ocupar la ropa. Fué luego que ocupa-ron la pistola que les entregó doña Rosa.

Esta testigo es la dueña de la casa en que se alojaba el testigo Espada, que está cerca de la del acusado. Dijo que Elisa Malavé, que vivía con el acusado, se le presentó dicién-dole:

“ ‘Al Cubano me le llevaron la maleta, los zapatos y la ropa de la percha. . Yo permanecí callada. Después rápidamente sale co-rriendo y me pone un paquete en las manos para que se lo guardara.
“F. — :¿Cómo era ese paquete?
“T. — Un paquete que venía envuelto en un traje de ella y en un periódico.
*<*###* #
“T. — Cuando llegué a mi casa me fijé y vi que era una pistola. Luego entonces determiné guardarla.”

Elisa Malavé que vivía en efecto con el acusado cuya ocu-pación era “Dedicarse a jugar a veces” y a quien cuando no tenía ayudaba con lo que le daban los amigos que recibía en su casa, declaró:

“Después que la detective se fué yo fui 'a casa de la señora Rosa del Valle y le dije que habían cogido al Cubano preso pero que yo no sabía quién lo había cogido, si había sido la inmigración. Yo fui llo-rando porque yo padezco de los nervios y me asusté al ver toda la detective en mi casa. Entonces me dice ella: ‘Vamos 'allá para ver cómo fué eso’, y salió Natividad y la señora conmigo, 'a casa. En-tonces, cuando veníamos por el camino, me dice ella: ‘¿Y la pistola?’ y le digo: ‘Pues guardada allí está’, y me dice: ‘Pues dámela para guardársela ’.
“F. — ¿Dónde estaba esa pistola?
“T. — Estaba debajo de la casa, guardada.
“F. — ¿Debajo de la casa?
“T. — De la casa mía.
“F. — ¿Quién le dijo a usted que esa pistola estaba allí debajo de la casa?
“T. — A mí no me. lo dijo nadie. Solamente el día antes él me dijo ‘No eches agua por ahí’. Luego después él se fué y yo, averi-guando, encontré la pistola.
“F. — Aquel día por la mañana, cuando él se levantó, ¿no le dijo a usted que esa pistola estaba debajo de la casa?
“T. — Por la mañana no me lo dijo; él me dijo el día antes de cogerlo preso: ‘No eches agua por ahí’, y yo, averiguando, encontré la pistola.
*■ .« # * ' '# ■* «s
“F. — Cuando la detective registró, ¿usted le dijo que aquella pis-tola estaba allí?
“T. — No, señor, yo no le dije nada a la detective.
“F. — ¿Y usted sabía que la pistola estaba allí?
“T. — Sí, señor, pero no se lo dije a la detective.
“F. — ¿Usted vivía con el acusado?
“T. — Sí, señor.
“F. — ¿Y le daba dinero a él?
“T. — Cuando tenía. Cuando él no tenía yo lo ayudaba, porque ouando él tuvo, que trabajó, él me ayudó a mí.”

Clara Angleró, la primera mujer del acusado, declaró que éste vino últimamente a Puerto Pico en 19SI y fué a’su casa, “traía en las maletas una placa, y en el costado de aquí, al otro lado, traía una pistola” que es parecida a la ocupada que se le muestra. “Yo le dije que no podía quedarse y se fué.”

Repreguntada por la defensa contestó que en 1929 el acu-sado era su marido y le dió una paliza y se fué; que volvió otra vez y “me dió de abuso, yendo yo a coger la guagua, me dió, y yo lo denuncié. Estaba el Boliviano, que es tes-tigo de él. Iíabía muchísimas personas, pero nadie quiso servir de testigo.”

Repreguntada:

“A. — ;¿Usted no amenazó al Cubano entonces?
“T. — Yo no lo amenacé sino que fui y llamé al Policía Dávila y le dije lo que había pasado, y le hablé del asunto del alemán.
, “A. — No, vamos a dejar el alemán.
“T. — Por eso fué el disgusto, por la cuestión del alemán.”
Cuando la defensa terminó, volvió el fiscal a interrogar a la testigo así:
“¿Por qué fué ese disgusto con el acusado?
“T. — Porque él me amenazó con la pistola una noche antes, que estaba el alemán en casa. Resulta que fui a cambiarle un billete . . .
“F. — ¿A quién le fué a cambiar un billete? i “T. — Al alemán.”

El alemán a que la testigo se refiere era distinto del que fué agredido mortalmente en la noche del tres de febrero de 1932.

Por último, reconoció el Jefe de la Detective, Monteserín, el plomo de la bala que el doctor Comas extrajo del cadáver del infortunado Herdering y que le fué entregado por su su-bordinado Alvarado a quien a su vez lo entregó la Directora del Hospital Municipal, y el plomo, la pistola, la ropa y el sombrero ocupados en la casa en que vivía el acusado como suyos, se introdujeron en evidencia por el fiscal y se admi-tieron por la corte con la oposición del acusado.

La prueba de descargo consistió en las declaraciones de Eafael Martínez Nadal, Manuel- Iglesias y Antonio Quirós Méndez.

Declaró el primero que a su bufete fué Natividad Espada a pedirle un consejo. “Me dijo: ‘Yo necesito su consejo como hombre de experiencia.’ ¿Y qué le pasa? ‘Qué yo be declarado contra ese hombre porque la policía, por haber es-tado yo con él tres o cuatro días antes, me arrestó por sos-pechas.’ Y me dice entonces: ‘Y me han obligado a decla-rar cosas que yo no he visto y que yo no he presenciado.’ Entonces yo le dije: ‘Si usted vió lo que usted declaró y si eso es cierto, usted debe repetir su declaración porque un ciu-dadano bueno no debe permitir que se escape un asesino, y mucho menos un asesino de esta naturaleza, que por robar da un atraco de noche y mata a un hombre.’ ‘Es que eso no es cierto,’ me dijo. ‘Yo no he visto eso. ¿Qué riesgo ten-dría yo si rectifico mi declaración?’ Dígole: ‘Pues de uno a diez años de presidio por perjurio. ¿Eso que usted dice que declaró no es cierto?’ Dice: ‘No.’ Y dígole: ‘Pues ésa es otra infamia. Si usted no habiendo visto nada sostiene eso contra un hombre que por su declaración puede ir a presidio por toda la vida, es una infamia. Y los hombres buenos no empiezan la vida así.’ Entonces el hombre se quedó callado un rato, como que se le aguaron los ojos, y dijo: ‘Pues iré a presidio.’ ”

Iglesias manifestó haber visto al acusado en la noche del tres de febrero de 1932 más o menos a las once, en la calle Pelayo de Puerta de Tierra. El testigo es suramericano, tra-bajaba en un barco y se quedó en tierra por un disgusto que tuvo con el maquinista.

Quirós Méndez es abogado en ejercicio. Se le encomendó primeramente la defensa del acusado y en su bufete estuvie-ron Elisa Malavé y María Torres a pedirle que le tomara declaración a Natividad Espada, testigo del Pueblo. Les ma-nifestó que no podía hacerlo personalmente, que volvieran al día siguiente en que tendría preparado un notario. Vol-vieron pero no se consiguió el notario, quedando citados para el próximo día en que no comparecieron y nada más se hizo.

Tal fue, en resumen, la prueba que sometida al Jurado con las debidas instrucciones de la corte, sirvió de base al veredicto condenatorio, base a su vez de la - sentencia re-currida.

En su alegato señala el apelante la comisión de diez y seis errores. Los dos primeros versan sobre la identidad de la persona fallecida; los números 3, 5, 6 y 7 giran alrededor de la declaración de la Directora del Hospital; el número 4, sobre el incidente de las esposas; el 8, sobre repreguntas a la testigo Angieró; los 9, 10 y 11 sobre la admisión en evi-dencia del plomo, la pistola y las prendas de vestir; el 12, sobre la admisión de declaraciones de testigos que no figu-raban en la acusación; los 13, 14 y 15 se señalan como co-metidos por la corte al no instruir al Jurado que Espada era un cómplice, al no recomendarle que absolviera al acusado y al instruirlo desacreditando la defensa de coartada por el acusado presentada. El último error se señala como come-tido por la corte al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.

Resumimos primero la evidencia y los incidentes del juicio tanto para conocer el caso en sus méritos cuanto para que fuera más comprensible y más rápida la discusión de los errores.

Veinte páginas de su alegato dedica el apelante a discutir la cuestión de si se demostró o no debidamente en el juicio que la persona realmente muerta a consecuencia de la herida era la nombrada en la acusación, Paul C. Hendering.

A nuestro juicio la prueba es clara sobre el particular. El herido fué recogido momentos después de la agresión por nn policía que se comunicó antes con sus dos compañeros. Era un joven marino extranjero que fue asaltado cuando re-gresaba con sus camaradas a su barco después de algunas boras de expansión por la ciudad. El propio policía dijo que su nombre era Paul C. Herdering. La defensa no objetó, ni siquiera inquirió la razón de su dicho.

Al llegar al hospital se le registró como Paul C. Her-dering y como tal lo asistió el cirujano de la institución. Al día siguiente fueron a visitarlo y a dejar instrucciones el ca-pitán y el médico de su barco, y el médico recomendó a Her-dering al cuidado de la Directora. Se le atendió en verdad, pero sin éxito. La herida era fatal; la muerte, su consecuen-cia necesaria, y fué el cadáver de Paul C. Herdering en el que practicó la autopsia el Doctor Comas y del que extrajo el plomo homicida.

Argumentando los errores 3, 5, 6 y 7 hace también un extraordinario esfuerzo la defensa, citando gran número de casos en relación con declaraciones en artículo de muerte.

Sostiene que las manifestaciones atribuidas en este caso al herido no fueron voluntarias, estando el herido reacio y siendo la Sra. Moreno la que lo obligó a declarar; que no fueron hechos con un sentido claro del peligro inminente de la muerte, ni en un momento solemne; que el herido hablaba en inglés y no se demostró que la persona que las recogió conociera dicho idioma; que el herido revelaba odio y ánimo de venganza; que ya existía otra prueba de lo que se pre-tendía demostrar con las manifestaciones, la declaración de Espada; que las manifestaciones con respecto a la persona que le agredió constituían además una conclusión; que si fueron tomadas por escrito, el escrito debió presentarse como constitutivo de la mejor evidencia, y que no se le dió oportu-nidad de continuar en sus repreguntas antes de que la corte resolviera que la declaración era admisible.

Omitiremos la cita de jurisprudencia. Es bien conocida. Se trata de una excepción. La’ declaración del moribundo sólo puede ser admitida a través de la persona que la escu-chaba cuando realmente se demuestra que el declarante se da cuenta de su estado, hablando en momento tan solemne como si estuviera listo para responder de sus actos ante Dios.

No bemos transcrito todos los incidentes que surgieron. Transcribimos lo que consideramos más esencial. En su con-ducta la Sra. Carreras no revela quizá aquella gravedad y peso que la hubiera presentado como un testigo perfecto, pero su aparente frivolidad y su interés en conocer lo que había ocurrido más bien por curiosidad novelesca que ins-pirada en el cumplimiento de un deber, no son suficientes para desacreditar su testimonio. Se manifestó tal cual era y el Jurado tuvo oportunidad de enfrentarse con la realidad de la vida y no con algo fabricado o fingido.

Que Herdering se daba cuenta de su estado, surge tan claro de los autos que cada palabra suya recogida en ellos revela la certidumbre de la muerte irremediable. Aun es así en los momentos en que parece concebir mía remota espe-ranza. Y en cuanto a su llamado espíritu de venganza, al odio que sus palabras externaban, signos eran de su deses-peración ante el hecho insólito de que fué víctima. Tierra obscura, inhospitalaria y criminal tenía que ser para él, como lo fué por desgracia, esta muestra en que de modo tan vil fué asesinado.

En momentos de elevación espiritual, en raptos de gran-deza casi divina, el hombre no sólo puede llegar a perdonar si que a amar a su enemigo y a orar por los que lo ultrajan y persiguen, pero eso no es lo normal, es lo excepcional supremo.

Lo natural es que los hechos se produzcan como en el caso de Herdering. Si el espíritu de odio o venganza que revelan sus palabras llevara por lo menos la duda de que podía dañar intencionalmente a determinada persona, tal espíritu haría que sus manifestaciones fueran inadmisibles. Pero aquí no se advierte tal cosa. Sus palabras son el signo de su dolor, de su indignación, de su desesperación ante la crueldad y la injusticia de lo hecho con él arrebatando su vida en forma tal, sin motivo, sin defensa; pero en manera alguna obscu-recen el sentido de la verdad de cuanto dijo.

Dejando que los hechos hablen por sí mismos, creemos que no se cometió error alguno al admitir la evidencia, espe-cialmente cuando la corte después de explicar al Jurado en sus instrucciones los hechos y la ley sobre la materia, terminó diciéndole :

"Si el Jurado queda satisfecho, por la apreciación de la prueba, que el declarante, o sea en este caso Paul C. Herdering, se hallaba en peligro inminente de muerte y que él conocía ese estado, puede entonces considerar la declaración del moribundo, o sea, de Paul C. Herdering, y es de la incumbencia del jurado apreciar, como cual-quiera otra prueba, si tal declamación fué en realidad prestada y si ella es o no cierta.”

Todos los otros motivos de error señalados en relación con la declaración de que hemos venido ocupándonos, han sido estudiados y a nuestro juicio no existen.

Carecen también de importancia y no requieren argm mentación escrita en contrario, los señalamientos 8 al 12. Nos detendremos sólo algo más en la cuestión de si el testigo Espada es o no un cómplice, en el incidente de las esposas y en la prueba de descargo.

A virtud de las declaraciones hasta ahora analizadas sólo podríamos llegar a la conclusión de que en la noche del tres de febrero de 1932 se perpetró el asesinato en la persona de Paul C. Herdering’ imputado en la acusación a Antonio Mejías Ventura, pero no que éste lo perpetrara. Es a base de la declaración de Espada que el acusado queda directamente conectado con el crimen de que se le acusa.

Conocemos su testimonio. Es terminante. Creído, basta por sí solo para sostener el veredicto y la sentencia. T el Jurado lo creyó, no obstante las sombras que arrojó sobre él la declaración de Martínez Nadal. Parece conveniente decir en este instante que Espada negó que hiciera esas manifes-taciones.

Si se admite que dijo por entero la verdad, Espada no es un cómplice. Dudamos mucho, sin embargo, de que Es-pada no estuviera en antecedentes de que algo malo se tra-maba, aunque creemos que jamás pensó que pudiera alcanzar las proporciones que alcanzó. Pero aceptando que a virtud de las repreguntas y de la natural explicación que surge de los hechos mismos, Espada pudiera ser considerado como un cómplice, siempre quedaría en pie su testimonio porque fue corroborado ampliamente por el resto de la prueba.

Aparte de lo dicho por su víctima en artículo de muerte, Apolonio de Jesús vió al acusado con Espada en actitud de observación en la Plaza de los Leones, María Torres lo vió correr por la vía momentos después del crimen, cerca del sitio en que fue cometido, y su pistola se encontró por su querida en el sitio debajo de la casa en que la escondiera.

De todos esos testimonios dejamos transcrito algo que habla por sí mismo con extraordinaria fuerza, y que debió ser más elocuente aún para el Jurado que pudo observar a través de sus rostros y ademanes el alma de los testigos.

Bajo esas circunstancias no podemos considerar como erró-neas las siguientes instrucciones de la corte:

“La evidencia ba tendido a demostrar que Natividad Espada acom-pañaba al acusado Antonio Mejías Ventura, lo que pudiera hacer de él un cómplice, según el Jurado considere su intervención.
“Un cómplice, según nuestro Código Penal, es aquél que coopera o ayuda en la comisión de un crimen.
“De 'acuerdo con la ley común, las declaraciones de los cómplices son bastantes par-a sostener una sentencia condenatoria aunque no hubieren sido corroboradas, si bien su credibilidad debe ser conside-rada por el Jurado teniendo en cuenta que no son del más satisfac-torio carácter. Por esto 'algunas legislaciones, como la- nuestra, han preferido declarar que una persona no puede ser convicta por la declaración de un cómplice a menos que esté corroborada. La- regla general admitida para comprobar si un testigo es cómplice o no, es la- de si podría ser acusado por el mismo delito que se investiga, pues si no puede serlo, entonces no puede ser considerado como tal, y la participación del cómplice debe ser en el mismo delito que se persigue, sin que sea bastante que la tenga en otros delitos similares.
•■“Un cómplice de un crimen es el que, como dije antes, coopera
o ayuda en su comisión. La declaración de un cómplice queda co-rroborada cuando, eliminada la evidencia del cómplice, existe prueba tendiente a conectar al acusado con el delito. Se sugiere esta forma como una prueba adecuada-, eliminad del caso la evidencia del cóm-plice y entonces examinad la evidencia del testigo u otros testigos en el caso con objeto de determinar si bay prueba inculpatoria, prueba tendiente a conectar al acusado con el delito que se le imputa. Si existe, el cómplice está corroborado. Si no existe ninguna prueba inculpatoria, no bay corroboración aunque el cómplice pueda ser corroborado en cuanto a cualquier otro número de beebos por él de-clarados.
“El mero silencio de un hombre, quien no ayuda o induce, y que no intenta 'ayudar al reo, no bace de él un cómplice. Tampoco el de estar enterado de que iba a cometerse un delito y no dar cuenta de ello.”

El incidente de las esposas no puede servir de base para la revocación de la sentencia. La corte actuó correctamente. Además, no consta que finalmente se tomara excepción. No aparece que el acusado continuara con esposas durante las otras sesiones. Si pudo perjudicar al acusado, culpa suya fué. El perjuicio tendría su origen no en las esposas, sino en la conducta misma del acusado.

La prueba de descargo fué apreciada por el Jurado al par que la de cargo. Predominó ésta en su conciencia y el acusado fué declarado culpable. No bubo error.

Hemos examinado las instrucciones de la corte con respecto a la defensa de coartada y no creemos que tendieran a desacreditar la presentada por el acusado. El haber dicho la corte que: “La coartada es una de las defensas más fáciles de manufacturar y más difíciles de controvertir y debe considerarse con cuidado y cautela,” no constituye error, especialmente cuando la corte advirtió al Jurado inmediatamente que ello no quería decir que la presentada en este caso hubiera sido manufacturada y de una manera imparcial y amplia entró en el análisis de la misma.

No habiéndose cometido, pues, ninguno de los errores se-ñalados, surgiendo claramente de los autos la culpabilidad del acusado y ajustándose a la ley la acusación, el veredicto y la sentencia, deben declararse sin lugar ambos recursos, guedando confirmada la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideftte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Rafael Díaz Cintrón, demandante y apelado, v. Francisco Vilches García, demandado y apelante.
    No. 6772.
    Sometido: Julio 23, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      J. Valldejuli Rodriguez, abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Presideftte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante y apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque el apelante lia sido negligente en la tramitación del mismo y porque es frívolo. No tomaremos en consideración el primer funda-mento ya que a nuestro juicio procede la desestimación por el segundo. '

Eu la demanda se alegó, en resumen, que allá para el 15 de septiembre de 1932 demandante y demandado contra-taron verbalmente que el primero iniciara nn procedimiento ejecutivo hipotecario para el cobro de nn crédito por diez mil dólares, intereses y mil dólares más para costas y ho-Horarios de abogado en caso de ejecución, que el deman-dado tenía constituido a su favor por los esposos Nicolás Mitcbel y Ricarda (sic) Bull, obligándose el demandado a sa-tisfacer por sus servicios profesionales al demandante la suma de mil dólares, y que en efecto el procedimiento fué iniciado y terminado de acuerdo con la ley, adjudicándose finalmente la finca hipotecada al demandado, negándose luego éste a pa-gar los honorarios convenidos al demandante.

Contestó el demandado negando la existencia del con-trato. Reconoció sí la existencia de los servicios, pero ale-gando que el demandante le había manifestado que no val-drían más de $200 a $250. Alegó además que la finca que se le adjudicó estaba gravada con créditos preferentes y tenía su casa y plantaciones en ruinas, sin que nada hubiera cobrado de su crédito en dinero. Expresó que había ofre-cido pagar al demandante doscientos dólares por sus servi-cios, más cualquier otro gasto que hubiera hecho con oca-sión del pleito, y el demandante se había negado a aceptar su oferta. Pidió sentencia a su favor con costas al deman-dante.

Trabada así la contienda, fué el pleito a juicio decidién-dolo la corte por sentencia de noviembre 27, 1933, en favor del demandante. De la relación del caso y opinión que emi-tiera al efecto, transcribiremos lo que sigue:

“Los autos originales del pleito No. 703, de la Corte de Distrito de Bayamón, seguido por Francisco Yilcbes García vs. Nicolás Mitcbel y su esposa Rosario Bull, sobre ejecución de hipoteca, fueron pre-sentados en evidencia (Dte. Exh. 1), comprendiendo dichos autos 147 folios útiles. El escrito inicial, que consta de 25 páginas, fué radicado el 13 de octubre de 1932, acompañándose las escrituras de constitución, modificación y cesión del crédito, y una certificación del Registrador de la Propiedad relativa a las fincas objeto de ejecución expedida el 6 de octubre de 1932, a instancias del abogado R. Díaz Cintrón. La corte, por su Juez Sr. Samalea, ordenó el requerimiento de pago de las cantidades reclamadas, o sea $10,000.00 de capital, $500.00 de intereses devengados desde el Io. de julio al 31 de diciembre de 1932 y los que pudieren devengarse hasta su total pago y $1,000.00 fijados para costas, gastos y honorarios de abogado y orde-nando la notificación de acreedores posteriores. A moción del deman-dante, por su 'abogado, se ordenó también la anotación de la demanda en el Registro de la Propiedad. Después de estas actuaciones apa-recen otras del ejecutante, de la corte y sus funcionarios, bailándose cancelada en el certificado de diligeneiamiento del Marshal de 13 de febrero de 1933, sobre adjudicación y venta de la finca hipotecada, la cantidad de $43.80 en sellos de Rentas Internas y cuya cantidad, según aparece de la prueba, fué la única que pagó el ejecutante.
“Rafael Díaz Cintrón declaró que encontrándose Francisco Vil-ches García recluido en el Auxilio Mutuo, Río Piedras, P. R., con-vino con él allí sus servicios para la ejecución de la hipoteca por la suma de $1,000.00, que es la que aparece estipulada en la escritura, siendo por su cuenta todos los gastos y desembolsos del procedimiento y para ser satisfecha dicha suma el día que tuviera lugar la subasta de la finca hipotecada; y también declaró dicho testigo, sin ser con-tradicho en esta parte, que él satisfizo todos los gastos y costas del procedimiento, consistentes en los sellos cancelados en las diligencias y derechos pagados al secretario y a los marshals de Bayamón y San Juan, por sus respectivas diligencias y por las certificaciones y ano-taciones en el Registro de la Propiedad, publicación de edictos, ascen-dentes dichos gastos y costas a $47.65, más los gastos de escritura de 'adjudicación y su copia, de $2.50 y $1.50, respectivamente, y la inscripción en el Registro de la Propiedad, con excepción de los dere-chos del márshal por la adjudicación y venta, montantes a $43.80, como antes se ha expresado, que los pagó el demandante personal-mente porque el demandado no los tenía en aquel momento, debido a no haberle sido satisfecho entonces, según el convenio, el valor de sus servicios.
“Ramíón Barrios, Márshal de l'a Corte de Distrito de Bayamón, declaró sobre una conversación tenida con el demandado, en la cual éste admitió haber conv'enido pagar al Sr. Díaz Cintrón, por concepto de honorarios, la suma de $1,000.00, o la cantidad fijada en la escri-tura.
“Enrique Ponsa Parús, Fiscal de la Corte de Distrito de Baya-món, declaró, en sustancia, que el día que se otorgó la escritura de adjudicación oyó una conversación entre demandante y demandado, diciendo éste que los honorarios por $1,000.00 eran excesivos, ha-biéndosele adjudicado la finca por la hipoteca y no haber recibido ni un centavo en dinero, que la casa estaba destruida y los árboles de toronjas abandonados, y le pidió rebajara a $500.00 dichos honorarios, manifestando el demandante qne eso era lo convenido y que babía quedado en llevarle el dinero ese día y no lo babía becbo.
“Norman E. PaRKhuest declaró en contraprueba sobre proposi-ciones que hiciera a Francisco Vilches para el arreglo del asunto y contestación de que viera 'a su abogado el Sr. Díaz Cintrón.
“German Riegeehoee y FRANCISCO Yilohes García tendieron a demostrar con sus declaraciones que el demandado no deseaba seguir el procedimiento ejecutivo y que el demandante les dijo que los hono-rarios y gastos del procedimiento no sería mayor de $250.00, estando la casa en ruinas y las plantaciones destruidas, y no teniendo las fincas adjudicadas un valor mayor de $5,000.00. No afirmaron dichos testigos que los honorarios se convinieran en 250.00, ni en ninguna otra cantidad.
“Juan Yalldejuli Rodríguez v Adrián Agosto, abogados, decla-raron sobre el valor de los servicios, manifestando el primero que la cantidad de $250.00 era justa, y el segundo que, no existiendo con-trato expreso, dadas las condiciones económicas en que se hallaba la Isla, y siendo el procedimiento ejecutivo hipotecario una cosa trillada, la cantidad de $300.00 era justa y razonable.
“La acción se basa en la existencia de un contrato expreso de servicios profesionales. La preponderancia de la evidencia está en favor del demandante. El demandado realmente se obligó a pagarle la cantidad de $1,000.00, que consta en la escritura, por los servi-cios de abogado y las costas, gastos y desembolsos del procedimiento, que hizo el demandante con excepción de la cantidad de $43.80 pagada al márshal por derechos de adjudicación y venta, y cuya cantidad no parece excesiva, visto el trabajo realizado y las cantidades pagadas por el demandante en el ejecutivo. Sin embargo, la cantidad satisfe-cha por el demandado de $43.80 debe ser deducida de la reclamación.
“ ‘Un abogado puede efectuar un contrato, cuyo cumplimiento puede exigirse, con una persona que v'a a convertirse en su cliente, para el pago de los servicios que han de prestarse, y tal contrato no está sujeto al examen minucioso del tribunal, ya que al cliente se le considera competente para juzgar por sí mismo lo que es una suma adecuada por dichos servicios. La validez del contrato no depende del valor de los servicios prestados, y se ha resuelto que la objeción de falta de mutualidad no puede sostenerse en tales contratos.’ 6 C. J. 735,párrafo 4. Véase además Reynolds vs. Sorosis Fruit Co., 133 Cal. 625; 3 Cal. Jur. 696, Sección 95.”

La transcripción de la evidencia preparada por el taquígrafo y servida por el apelante al apelado a los efectos de su examen para la aprobación por la corte, confirma las conclusiones de ésta contenidas en su relación del caso y opinión que dejamos transcritas.

A la desestimación se opuso el apelante por su abogado en cuanto a la frivolidad “porque en la moción sobre de-sestimación de apelación no se exponen méritos de ninguna especie para que se desestime el recurso por frívolo, no es-tando en condiciones esta Corte Suprema de resolver ese punto con los documentos sometidos por la parte apelada. La transcripción de evidencia consta de 188 páginas y en ella bay planteadas innumerables cuestiones de derecho, y entre ellas la que tiene que resolver esta Corte Suprema en el sentido de si un abogado, aunque su cliente pierda el capital o crédito hipotecario, puede cobrar para sí el cré-dito asignado en la escritura de hipoteca para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado. Esto es, si ese cré-dito está asignado como de la propiedad del abogado que ejecute o si es una propiedad del hipotecario. También existe el problema de si por el solo hecho de contratar los servicios de un abogado para ejecutar una hipoteca, por ese solo hecho se realiza un contrato con ese abogado, en el sen-tido de que sea suyo exclusivamente un crédito adicional para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.”

La demanda se basó en el cumplimiento específico de un contrato de pago de mil dólares por determinados servicios profesionales que en efecto se prestaron, no en que porque en la escritura de hipoteca se consignaran mil dólares para pago de costas y honorarios de abogado en caso de ejecución, el demandado estuviera obligado a pagarlos al demandante como abogado que dirigió el procedimiento judicial enta-blado al efecto. La corte a virtud de las alegaciones y las pruebas declaró que el contrato alegado era cierto. T siendo ello así, la sentencia que dictara era la que en ley procedía.

En el acto de la vista de la moción oralmente alegó el abogado del demandado apelante que no constando por escrito el contrato en que se basaba la reclamación del de-mandante, carecía ésta de validez. Invocó el artículo 1232 del Código Civil, Ed. 1930. Para demostrar la falta de mé-rito de la contención bastará referirnos a la decisión de esta corte en el caso de Santiago v. Cuevas Padilla, 41 D.P.R. 116, 124 y 125 y a las en él citadas.

Estando convencidos de que se trata de una apelación claramente frívola establecida con el mero propósito de dilatar la ejecución de la sentencia, estimamos que debe de-clararse con lugar la moción y en su consecuencia desestimarse el recurso.


author: El Juez Presideute Señor Del Toro

text:
    Concepción Rosaly Vda. de Colón, demandante y apelante, v. Sun Life Assurance Company of Canada, demandada y apelada.
    No. 6490.
    Sometido: Julio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      F. Zapater y B. Cintrón Lastra, abogados de la apelante; Hartsell, Kelley <& Hartsell, abogados de la apelada.
   El Juez Presideute Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por frívolo. La transcripción completa está ante nos y la moción de la apelada se presentó después de haber radicado su alegato la apelante. Tuvimos también el be-neficio de una inteligente discusión oral de las cuestiones envueltas por los distinguidos abogados de ambas partes durante la vista de la moción.

Se alega en la demanda en resumen que el 15 de abril de 1929, Manuel Colón y su esposa, la demandante, cele-braron con la Sun Life Assurance Co. of Canada, la deman-dada, un contrato de póliza de seguro dotal mancomunada sobre la vida de ambos, que contiene la siguiente estipula-ción redactada, como toda la póliza, en castellano:

“. . . Beneficio. Si durante la vigencia de esta póliza se pre-sentan pruebas fehacientes a la compañía de que la muerte de cual-quiera de los asegurados se debe, directa e independientemente de toda otra causa, a lesiones corporales recibidas antes de alcanzar la edad de sesenta años, y cuyas lesiones hayan sido causadas solamente por medios externos, violentos y accidentales, dentro de noventa días a contar desde la fecha de sufrir tales lesiones, la Compañía pagará, además de la suma asegurada expresada en la primera página de la póliza, una suma igual a dicha suma asegurada (excluyendo los bonos adicionales) pagadera al mismo tiempo y en la misma forma que dicha suma asegurada. — Excepciones: Este beneficio de doble in-demnización por accidente no ampara ni incluye la muerte ... si es víctima de homicidio. . .”

Se alega además que las primas estipuladas fueron pa-gadas basta abril 26, 1933; que en febrero 1, 1933, mien-tras el asegurado Colón, que no había llegado a los sesenta años de edad caminaba por la ciudad de Ponce, súbita-mente, con malicia premeditada, fue acometido por la es-palda por Angel Irizarry haciéndole tres disparos que le ocasionaron la muerte pocas horas después, y que la de-mandada está dispuesta a pagar a la demandante la suma asegurada — tres mil dólares — pero se niega a reconocerle el beneficio de la doble indemnización.

El hecho décimo de la demanda, copiado textualmente, dice:

"Que según la mejor información y creencia de la demandante, al tiempo de suscribirse el referido contrato de póliza entre don Manuel Colón Figueroa y la compañía de seguros, o sea, The Sun Life Assurance Company of Canada, ésta, por su agente don José Casanova, quien era un agente debidamente autorizado de la referida compañía, manifestó a dicho don Manuel Colón Figueroa, que en casó de ocurrir su fallecimiento debido a un asesinato, que sus be-neficiarios tendrían derecho a recibir los beneficios de la cláusula de doble indemnización transcrita en el hecho cuarto de esta demanda, y que forma parte del referido contrato de seguro sobre la vida de dicho don Manuel Colón Figueroa, y su esposa, la aquí demandante, con la compañía demandada; y seguimos alegando que bajo esa creencia dicho don Manuel Colón Figueroa suscribió el contrato tan-tas veces referido sobre seguro de su vida y la de su esposa, bajo la indicada póliza número 976261.”

Termina la demanda pidiendo qne se dicte sentencia por seis mil dólares con costas y honorarios de abogado.

La parte demandada solicitó la eliminación de todo el hecho décimo de la demanda y la corte la decretó. La de-mandante tomó excepción.

Se archivó la demanda enmendada consiguiente y la de-mandada presentó contra ella la excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción en cuanto a la doble indemnización.

La excepción fué declarada con lugar y no siendo susceptible de enmienda la demanda se procedió a dictar sen-tencia condenando a la demandada a pagar a la demandante la suma asegurada de tres mil dólares y absolviéndola del pago de la doble indemnización, sin especial condena de cos-tas.

No conforme la demandante, apeló. Mientras se trami-taba el recurso ambas partes convinieron en que se satisfi-ciera la sentencia en cuanto al pago de los tres mil dólares, quedando subsistente el recurso a los efectos de decidir si procedía o no la doble indemnización.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte erró al decretar la eliminación de que se ha hecho mérito y al decidir que la demandante no tiene derecho a la doble in-demnización.

No existe el error primeramente señalado. Estamos conformes con el apelante en que tiene excepciones la regla contenida en el artículo 25 de la Ley de Evidencia, 387 del Código de Enjuiciamiento Civil. Ed. 1933. La regla dice:

“Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus re-presentantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condi-ciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:”

Y la misma ley señala las excepciones que la jurisprudencia se encarga luego de fijar en toda su extensión. Véanse en-tre otros- los casos de De la Rosa v. Sucesión Quevedo, 47 D.P.R. 175, y Marxuach v. Acosta, 39 D.P.R. 965.

También estamos conformes con el apelante en que el es-tado de la jurisprudencia sobre la materia fia sido bien ex-puesto en la siguiente cita de los Comentarios a la Ley de Evidencia de Jones, a saber:

“Quizá la excepción más importante a la regla general que está en discusión es que en acciones en que hay envueltos pactos escritos, la causa, mencionada generalmente está sujeta a explicación. Así, en acciones- en cobro de pagarés u otros contratos, frecuentemente se plantea la defensa de que el contrato carecía de causa, o que la causa ha fracasado; y es admisible prueba, para sostener tal de-fensa, siempre que en otros respectos no varíe el efecto legal del con-trato. Por ejemplo, cuando la causa mencionada ha fracasado, puede probarse otra; si un contrato de compraventa, de cancelación u otro documento escrito deja de aducir toda la causa, la misma puede probarse; igual ocurre cuando la verdadera causa es mayor o menor que la mencionada; y si la causa aducida aparece en términos am-biguos o si se desprende claramente que no se ha hecho constar toda la causa,' la verdadera causa puede ser probada, y hoy en día la regla generalmente adoptada es que la verdadera causa puede ser probada aunque sea distinta de la expresada; por ejemplo, cuando solamente se expresa una causa nominal. El hecho de que la causa dehors del documento se funde en una contingencia no impedirá su admisión, como por ejemplo, cuando una persona celebra un con-trato comprometiéndose a pagar a nombre de otra una deuda con-traída por ésta con un tercero, aceptando una finca del deudor, que debía Tenderse y el remanente (de existir) entregarse al deudor y la enajenación demostraba solamente el importe de la deuda como causa, se permitió al deudor que ofreciera prueba respecto a la con-tingencia. Cuando el documento mismo expresa que existe otra causa, evidencia de ella, desde luego, es igualmente admisible con el objeto de explicar la ambigüedad. Cuando la causa relativa a dis-tintas propiedades es expresada en una suma en globo, prueba oral es admisible para demostrar la división. Así pues, bajo un con-trato escrito relativo a la compraventa de un negocio y de las ac-ciones de una corporación por precio alzado, prueba oral es admisible para demostrar que se bizo un pago en efectivo enteramente para el negocio y que la única causa existente para el saldo del precio de la compraventa cubierto con pagarés fueron las acciones de la corporación. El efecto de tal prueba es el mismo que si se hiciera constar separadamente la causa en el contrato, 'haciéndolo de ese modo un contrato separado de compraventa. Pero si la prueba oral que se ofrece tiende a variar el contrato en sí, en vez de la causa, ella debe ser rechazada. Una parte no puede, con visos de variar la causa, injertar en el convenio mediante prueba oral, nuevas condi-ciones y pactos.” Yol. III, págs. 284-288.

Pero con lo que no podemos estar conformes es con que esos principios aplicados a este caso nos lleven a concluir que la resolución de la corte de distrito ordenando la eli-minación de que se trata, fuera errónea.

No sólo dicha resolución encuentra apoyo en la regia general contenida en el artículo 25 de la Ley de Evidencia, no estando comprendida claramente la alegación eliminada en ninguna de las excepciones, si que también y especialmente en los artículos 300, 301, 302, 303, y 334 del Código de Co-mercio, Ed. 1932, en el 1693 y en el 1694 del Código Civile Ed. 1930, y en el 173 de la Ley sobre Seguros de Puerto Pico, Código de Comercio, Ed. 1932, p. 582, de los cuales nos limitaremos a transcribir el artículo 334 del Código de Comercio y el 173 de la Ley de Seguros que dicen:

“Artículo 334-Sólo se entenderán comprendidos en el seguro sobre la vida los riesgos que específica y taxativamente se enumeren en la póliza.” Código de Comercio, Ed. 1932, p. 108.
“Artículo 178. — Toda póliza, u otro contrato de seguro, exten-didos por una compañía, o persona, que hiciere negocios de segu-ros en Puerto Rico, deberá contener en español o en inglés, todos y cada uno de los términos del contrato con el asegurado y ninguna condición será válida, a menos que se hubiere hecho constar como queda indicado, en la póliza o contrato de seguro.” Ley sobre Se-guros de Puerto Rico, Código de Comercio, Ed. 1932, p. 582.

Examinemos ahora la segunda y última de las cuestiones envueltas. Sostiene la apelante que su caso no está comprendido en la excepción de “si es víctima de homicidio,” porque su esposo murió asesinado y asesinato y homicidio son distintos.

El estudio que hace la apelante en su alegato pone de manifiesto un laborioso e inteligente esfuerzo en apoyo de su tesis, pero no nos convence de que le asista la razón.

Delitos distintos son en verdad en nuestro Código Penal y lo eran en el antiguo el homicidio y el asesinato en cuanto a la gravedad del acto delictivo y su pena, pero en ambos se trata de la muerte violenta de un ser humano ocasionada por otro ser humano, que constituye siempre en puridad de verdad un homicidio, del latín homicidium, de homo, hombre, y caedes, matar.

“Homicidio,” dice Escriche en su Diccionario de Legis-lación y Jurisprudencia, Vol. 3, p. 148, “es el acto de privar a uno de la vida, o la muerte de un hombre hecha por otro; ‘matamiento de orne’ dice la ley 1% tít. 89, Partida 7'-. Éste es el mayor de los crímenes que pueden cometerse contra un individuo de la sociedad, porque se le despoja de la existen-cia, que es el primero y el mayor beneficio que ha recibido de la naturaleza. La palabra homicidio se ha formado por contracción de las palabras latinas hominis caedes.”

Y luego agrega:

“Actualmente según el art. 419 del Código Penal de 1870, el que matare a otro, sin concurrir ninguna de las circunstancias de ale-vosía, precio o promesa remuneratoria, inundación, incendio o veneno, premeditación conocida o ensañamiento (en cuyos casos el homicidio se castiga como asesinato: Y: Asesinato) incurre en la pena de re-clusión temporal.”

De suerte que cuando se usa la palabra genérica “ homi-cidio” como se usó en la póliza en este caso, se comprende en ella lo mismo el crimen de asesinato que el calificado sim-plemente de homicidio.

“El ‘asesinato' ”, dice la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 3, p. 658, “es una especie del género ‘homicidio,’ ca-racterizada por los modos de cometerse.”

Y en inglés es lo mismo. Cítanse en la moción buen nú-mero de casos que así lo sostienen. Bastará referirnos a uno, People v. Mar Gin Suie, 11 Cal. App. 42, 103 Pac. 951 958, en el que se resolvió:

“El dar muerte una persona a otro ser humano bajo cualesquiera circunstancias constituye homicidio (homicide) conforme un análisis etimológico de la palabra misma demostrará claramente; pero si un homicidio constituye el delito de asesinato o cualquier otro, ello depende necesariamente de las circunstancias en que el mismo fué cometido. Nuestro Código Penal establece expresamente las circuns-tancias y condiciones que hacen que la muerte de un ser humano constituya el delito de asesinato, y además prescribe las condiciones en que es excusable o justificable.”

Depurados, pues, los señalamientos de error, se encuen-tra que no tienen base sólida alguna. Son frívolos, debiendo en tal virtud declararse la moción de la apelada con lugar, desestimándose en su consecuencia el recurso.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Francisco López, demandante y apelado, v. Martín Andrades, demandado y apelante.
    No. 6696.
    Sometido: Mayo 28, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; Salvador Sucm, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por falta de diligencia en la tramitación del mismo y porque es frívolo. Antes de celebrarse la vista de la moción de la apelada la apelante archivó la transcripción de los autos. La apelación quedó así perfeccionada. Sólo es pues necesario entrar en la consideración de los méritos de la apelación para decidir si es o no frívola.

El pleito se inició por Francisco López contra Martín Andrades en cobro de $1,414.61, intereses y costas. En la demanda que está jurada se alega, en resumen, que el padre y causante del demandado, Celestino Andrades, suscribió y entregó al demandante, por valor recibido, debidamente aceptado, el siguiente giro:

“Santurce, P. R., mayo 10, 1929. — No. 158. — Por $1,414.61. — A un mes fecba sírvanse mandar pagar a la orden de nosotros la suma de Mil Cuatrocientos catorce con 61/100 — Dollars—Valor recibido que se servirán cargar en cuenta a sus attos. y ss. ss., Santurce Lumber Yard, Francisco López e Hijo, por (Fdo.) Andrés López. — -A Celestino Andrades, Santurce, P. E. — (Al través) Aceptado, (Fdo.) Celestino. Andrades. ’ ’

Se alega además en la demanda que los giradores San-, tnrce Lumber Yard y Francisco López e Hijo constituían y constituyen un negocio nnipersonál de la exclusiva pro-piedad del demandante que era y es el legítimo dueño y tenedor de la obligación; que Celestino Andrades falleció el 19 de mayo de 1929, bajo testamento; que al protocolarse éste se aceptó como cierta la obligación del causante para con el demandante, pero fijándola en $1,200, y que en las operaciones divisorias del finado se adjudicó al demandado para el pago de deudas y bajas entre otras propiedades un solar valorado en $5,550, recibiendo el demandado como he: rencia unos $10,000, alegándose, por último, que ni el de-mandado, ni persona alguna, fian satisfecho la obligación reclamada.

Contestó el demandado alegando que el giro de que se trata fue aceptado por Andrades simplemente con el objeto de ayudar al demandante a levantar fondos sin que mediara interés ni precio alguno, habiéndose expedido un recibo o contradocumento de que Andrades nada adeudaba; que el reconocimiento de la deuda de $1,200 nada tiene que ver con el giro y que nada debe al demandante. Contrademandó además reclamando $322.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes introdujeron su evidencia y basándose en las alegaciones y en la prueba dictó la corte su sentencia declarando la demanda con lugar y sin lugar la contrademanda. En su relación del caso y opi-nión, terminó la corte diciendo:

“La cuestión a nuestro juicio es completamente clara, y de acuerdo con la prueba que antes reseñamos en esta breve exposición de hechos que nos ordena la Ley hacer, declaramos como probado, la existencia de la obligación o giro, su otorgamiento por el causante del deman-dado, su entrega y posesión actual por el demandante, la personalidad de éste, el requerimiento de pago hecho y no cumplido, la’ aceptación por el demandado en el expediente sobre administración judicial de una cantidad debida, así como que el demandado Martín Andrades se adjudicó propiedades para el pago de las deudas y baj'as; no ha-biendo tenido éxito las defensas aducidas a la demanda, ni tampoco habiéndosenos probado las alegaciones de la contrademanda, ...”

La parte apelante se opone a la desestimación y expone con amplitud los motivos que tiene para ello. Sostiene que la acción se basa en una letra de cambio que no es tal de acuerdo con la ley y los tratadistas que cita, no pudiendo tampoco considerarse dicho documento como un pagaré. Sos-tiene además que no existe nexo entre el giro y la deuda re-conocida por los herederos, habiendo el demandado presen-tado un recibo para demostrar que fué simulada la obliga-ción que se reclama. Entiende el demandado y apelante que teniendo que entrar esta corte en el fondo del asunto para aquilatar todas dichas cuestiones, no puede conside-derarse frívolo el recurso y la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

Hemos estudiado los autos y estando convencidos de que el recurso no podrá prosperar, parece lo apropiado resol-verlo en definitiva.

A nuestro juicio no tiene importancia decisiva el nom-bre que se dé al documento que se transcribe en la demanda. El pleito lo fué en cobro de dinero y la demanda contiene además del documento que habla por sí mismo, otras alega-ciones, y analizada en su totalidad surge de ella que la obli-gación que se reclama existe y es exigible.

Además por la contestación no se negó el otorgamiento del documento, sino su simulación, y todo fué sometido a prueba y la prueba apreciada finalmente por el juez sentenciador en pro del demandante y aunque una lectura de la transcripción de evidencia revela que se trata de un caso algo dudoso, una vez resuelto el conflicto por la corte su resolución no habrá de ser alterada a menos que se demostrara pasión, prejuicio' o parcialidad, o que se hubiera cometido un manifiesto error, circunstancias que no concurren en este caso.

Debe declararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia desestimarse por frívolo el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Santos Buxó, Jr., demandante y apelado, v. Emigdio Osvaldo Sellés Roldán, Pedro Villafañe Cuevas y su esposa María Collazo, demandados y apelantes.
    No. 6683.
    Sometido: Junio 18, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados de los 'apelantes; González Fa-gundo <& González, Jr., abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal. -

En el presente caso resolvimos, al radicarse moción para desestimar, que nada babía. en los autos de la corte inferior que indicara la feclia en que el secretario bizo el archivo de la notificación, al decir éste que babía notificado a las par-tes de la sentencia. Tan sólo a partir de la fecha en qne se hace tal asiento es qne empieza a correr el término para apelar. Declaramos sin lngar nna moción para desestimar. Opinión de esta corte.de 29 de mayo de 1934 (46 D.P.R. 748).

La parte apelada entonces hizo qne el secretario consignara en los antos la fecha en qne realmente se efectuó la notificación. El secretario certifica ahora qne tal asiento fné hecho el 15 de marzo de 1934. Como la apelación fné entablada el 17 de abril de 1934, el apelado insiste en qne el recnrso fné iniciado demasiado tarde y solicita nuevamente la desestimación del mismo.

El 17 de abril, cuando se entabló la apelación, nada había en los antos qne demostrara cuándo el secretario archivó la notificación, y con tal motivo resolvimos qne el recnrso no debía ser desestimado. Resolvemos ahora qne el término para apelar no fné fijado hasta qne se puso la fecha, o sea, en junio 2, 1934. Es cierto que el secretario certifica qne archivó la notificación en marzo 15, mas, no constando la fe-cha, el asiento era incompleto. La fecha formaba parte esencial del archivo de la notificación, y ésta fué omitida. Tal omisión no puede ser subsanada mediante un asiento mmc pro tunc. La ley exige certeza, según indica nuestra opinión anterior. Para aquel entonces no se había determi-nado la fecha en qne comenzaba el término para apelar. En una corte de récord, el récord debe tomarse en considera-ción, y no se hizo asiento suficiente hasta el 2 de junio de 1934.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar.

Después de nuestra negativa anterior a desestimar el caso, de 4 de junio de 1934, los apelantes radicaron una moción solicitando de esta corte les concediéramos un término para archivar la exposición del caso o la transcripción de la evidencia. En la moción se alegaba que al tiempo de dictarse la sentencia los abogados actuales no eran los abogados de récord ni lo eran tampoco al tiempo de radicarse la apelación. Ellos alegaban tener una buena causa de acción. Para demostrar su buena fe, los apelantes también ban radi-cado copia de la demanda y de la contestación a la misma, de la cual, seg’ím sostienen, aparece una buena defensa. El ape-lado, fundándose en su moción para desestimar, no se ba opuesto a la moción de nuevo término. Hemos becbo un exa-men superficial de la contestación, y, considerando todas las circunstancias, estamos dispuestos a ejercer nuestra discre-ción y a conceder a los apelantes un nuevo término de diez días, contado a partir de la fecba en que esta resolución sea recibida en la corte inferior, para que manifiesten a dicba corte su elección para tramitar el recurso mediante exposi-ción del caso o transcripción de la evidencia, continuando en-tonces dicba tramitación de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Hutcbison disintió.


text:
    Sandalio Torres, demandante y apelado, v. Antonio Dávila, demandado y apelante.
    No. 6356.
    Sometido: Mayo 10, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Carlos D. Yázquez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se admite que la esposa del demandante fué mordida por un perro bravio y que sufrió lesiones. La prueba tendió a demostrar que el demandado sabía que el perro era bravo. La corte dictó sentencia en favor del demandante por la suma de $250.

En esta corte, al igual que en la inferior, la controversia giró sobre el conflicto de la prueba. El demandado trató de demostrar, principalmente, que el perro no era suyo, sino de su chauffeur; que el perro frecuentemente no estaba en su casa y que él no tenía ni la propiedad ni la posesión del animal.

Hubo prueba tendiente a demostrar que el perro pertene-cía al demandado y que él admitió este becbo. Uno está obli-gado a convenir con el apelante en que las admisiones deben recibirse con cautela, más ésta es cuestión que cae dentro de la sana discreción del juez sentenciador. Si éste se hubiese basado exclusivamente en dichas admisiones, poco habría que decir en este recurso.

Empero, la corte dijo:

“En cuanto a la propiedad o custodia1 del animal, descartando la declaración de Cristino Santiago, por lo que pudiera tener de intere-sada, la declaración de Tomasa Torres, bija de Julia Rosario, al efecto de que el propio demandado admitió la propiedad o posesión del perro, así como la de Miguel Emmanuelli, quien también reside en la urbanización de Floral Park en Río Piedras, y es vecino de D avila y ha visto el perro por allí, si bien manifestando que el perro era de un chauffeur de Dávila que se llama Germán, y aún la propia declara-ción del demandado manifestando que si atendió a la curación y su-ministró dinero para el p'ago de las medicinas y para atenciones de la lesionada, lo hizo por puro espíritu de humanidad, nos llevan a la conclusión lógica y firme de que el perro, 'aún aceptando que fuera regalado al chauffeur German Negrón, estaba constantemente en casa del demandado, quien lo 'albergaba en la misma, y por lo tanto, bajo su inmediata posesión. No se explica, de toda suerte, que un perro de un sirviente o empleado de una persona sea tolerado en l'a casa del patrono con la frecuencia que el testigo dijo que lo veía y con la aceptación que el propio demandado hizo en su declaración, aparte de la conducta de éste, que equivale a una plena admisión. El artículo 1805 del Código Civil de Puerto Rico dispone que el poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe; y que sólo cesará esta responsabilidad en caso de que el daño provenga de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiere sufrido. Aún cuando las partes sometie-ron el caso sin hacer alegación alguna, este artículo 1805 del Código Civil de Puerto Rico, (Ed. 1930), ha sido interpretado por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Redinger v. Crespo, 18 D.P.R. 108.”

No obstante convenimos con el apelado en que la corte creyó el testimonio tendiente a probar las admisiones del de-mandado. De lo contrario habría poca razón para referirse a la conducta observada por el demandado. Nos deberíamos sentir obligados a confirmar la sentencia tan sólo por este fundamento.

Para estar más en lo cierto, sin embargo, la corte llegó a la conclusión y resolvió que aún perteneciendo el perro al chauffeur, el artículo 1805, Ed. 1930, era aplicable. Hubo prueba tendiente a demostrar, conforme dijo la corte, que el perro estaba constantemente en casa del demandado, quien lo albergaba en la misma, y por lo tanto lo tenía bajo su in-mediata posesión.

Incidentalmente podría decirse que el distinguido letrado del apelante también fué el abogado en la corte inferior y es evidente que la corte fué impresionada por las contenciones de este letrado, y que trató de afrontarlas. De ahí la ligera ambigüedad existente en las conclusiones de la corte.

Bajo los hechos del caso no hallamos que se cometiera error en la aplicación del artículo 1805. Tanto la prueba directa, como la circunstancial, tienden a demostrar la propie-dad y la posesión del animal.

Tan pronto como la corte se convenció de la veracidad de la mayor parte de la prueba del demandante, y no dió cré-dito a la del demandado, la imposición de las costas caía dentro de su sana discreción, y no hallamos que se cometiera abuso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme Gon la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Hattie Clara Dunscombe, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido
    No. 932.
    Sometido: Julio 26, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      L. López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso de Solís v. Registrador de Caguas, 28 D.P.R. 118, resolvimos que para inscribir en el registro el derecho de usufructo concedido por un municipio a un particular sobre un solar municipal segregado de otro de mayor cabida, no es de necesidad indispensable el otorgamiento de escri-tura, siendo bastante presentar al registrador una certifica-ción del secretario municipal ereditiva del acuerdo relacio-nado con la concesión.

En este caso se presentó tal certificación al registrador de San Germán pero éste se negó a inscribir la concesión, y consiguientemente la edificación becba en el solar cedido por el municipio, porque en la ordenanza concediendo ese solar se dispuso que el alcalde otorgara la correspondiente escri-tura y ésta no ba sido presentada.

La sección 5 del expresado acuerdo no ordena al alcalde que otorgue escritura de la cesión sino simplemente lo auto-riza para que en nombre del municipio otorgue tal escritura. El registrador recurrido le lia dado a esa sección 5 nn al-cance que no tiene.

El defecto subsanable consignado por el registrador en sus negativas no ba sido impugnado en este recurso.

Las resoluciones que negaron la inscripción de la cesión hecha por el municipio de Guánica a favor de Hattie Clara Dunscombe y de la escritura de edificación en el solar cedido deben ser revocadas y ordenarse las inscripciones correspon-dientes, con el defecto subsanable que contienen por no haber sido objeto de este recurso.


text:
    Juan A. Monagas, demandante, contrademandado y apelante, v. Central Eureka, Inc., demandada, contrademandante y apelada.
    No. 6158.
    Sometido: Abril 20, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      J. Safbater, abogado del apelante; O. Souffront, abogado de la epelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que puso término a la contienda entre las partes de este pleito condenó al demandante a pagar las cos-tas y honorarios de abogado de la parte contraria. Ésta pre-sentó su memorándum de costas en el que figuró una partida de $3,000 por honorarios de abogado y además otras peque-ñas partidas por otros conceptos. La partida de $3,000 para abogado fué impugnada por excesiva por el demandante. La corte de distrito la redujo a $2,500 y con esa modificación aprobó el memorándum de costas. Contra esa resolución in-terpuso el demandante esta apelación alegando también que es excesiva la expresada cantidad de $2,500. Sobre esta cues-tión giran los motivos de este recurso.

En la demanda se reclamaron $15,011.98 como indemniza-ción de perjuicios por incumplimiento por la demandada de un contrato de refacción y venta de cañas, más sus intereses legales desde 1923, y también la rectificación de una cuenta entre las partes en la que figuraron, según el demandante, $1,073.94 en exceso de lo realmente debido. Esa demanda contiene dos causas de acción y es extensa pues comprende veintidós páginas de papel escritas por un lado.

Contra esa demanda se interpuso excepción previa por varios motivos y habiendo sido desestimada formuló el de-mandado su contestación, alegó defensas especiales e inter-puso contrademanda reclamando del demandante $2,929.06. Esa alegación se halla en treinta y cuatro páginas y demues-tra un estudio laborioso de preparación para ella. El juicio duró tres días, en los cuales fué presentada prueba testifical y mucha documental.

La segunda causa de acción era académica y contra ella cabía una excepción previa según dijimos al resolver la apelación contra la sentencia. Monagas v. Central Eureka, Inc., 41 D.P.R. 803. En cuanto a la primera causa de acción la cuestión a resolver era si un contrato celebrado entre las partes fué de venta de cañas o de refacción agrícola, pero fué planteada en tal forma y en tan variados aspectos que fué necesario un estudio muy detenido de este tribunal para resolver la apelación interpuesta en él, como puede verse en la opinión que fué escrita en la apelación a que antes nos he-mos referido. Fué en verdad un pleito muy importante por las cuestiones-en él envueltas, más que por su cuantía.

Para fijar la corte inferior la cuantía de los honorarios tuvo ante sí la declaración del abogado de la demandada re-ferente a los servicios que prestó y al estudio que tuvo que baeer de los asuntos envueltos, y también los autos de este caso, los que tenemos ante nosotros en la transcripción que sirvió para resolver la apelación contra la sentencia.

No bay duda de que el apelante está obligado por la sen-tencia a pagar al apelado los honorarios por su abogado. Esto no se niega por el apelante y la única cuestión en con-troversia es si la cantidad fijada por la corte de distrito por ese concepto es excesiva y, si lo es, cuánto deberá pagar el apelante.

Como dijimos en el caso de Sucn. Franceschi v. M. Mercado e Hijos, 41 D.P.R. 389, se hace verdaderamente difícil determinar el valor de los honorarios de abogado en un pleito en cantidad fija y precisa, por lo que hay que tasarlos razona-blemente teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

En vista de las circunstancias concurrentes en este caso, que antes hemos expuesto, y de que la corte inferior tuvo en cuenta para su resolución la declaración del abogado de la demandada, el trabajo que realizó, la prueba practicada en el juicio, la importancia del litigio y la temeridad del de-mandante, sin que encontremos que cometiera error ni abu-sara de su poder discrecional, llegamos a la conclusión de que $2,500 es la cantidad razonable que el demandante debe pagar al demandado por los servicios de su abogado.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Carmen Paradís y Vidal Vélez, demandantes y apelantes, v. Antonio Fernández Pérez y su esposa Isabel Paz, demandados y apelados.
    No. 5739.
    Sometido: Enero 19, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      R. Rivera Zapas y R. Díaz Ontrón, abogados de los apelantes; L. Longchamps, abogado de los apelados.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Paradis y su esposo Vidal Vélez establecieron este recurso de apelación contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda en la que solicitaron que la Corte de Dis-trito de Humacao declarase nulo el procedimiento sumario hipotecario No. 13537 seguido en esa corte contra ellos por Antonio Fernández Pérez.

En escritura pública de 28 de junio de 1927 los esposos Carmen Paradis y Vidal Vélez reconocieron deber a Antonio Fernández Pérez la cantidad de $500' que se comprometieron a devolverle a los seis meses, o sea, el 28 de diciembre de 1927, y a pagarle intereses del uno por ciento mensual. Para garantía de esa obligación constituyeron hipoteca sobre un solar de su propiedad sito en Caguas a favor de su acreedor por los $500 de la deuda, por $100 para intereses y por $200 para costas, desembolsos y honorarios de abogado en caso de ejecución.

El 30 de agosto de 1928 Antonio Fernández Pérez inició procedimiento ejecutivo en la Corte de Distrito de Humacao contra los expresados deudores en cobro de los $500 del capital, de $20 por intereses vencidos y no satisfechos corres-pondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, los que después se vencieran y $200 más para costas y honorarios de abogado. En ese procedimiento fué vendido en subasta pública el solar hipotecado, siendo adjudicado al acreedor ejecutante por la cantidad de $400 por no haber habido Imi-tador en la subasta.

Para pagar al acreedor la cantidad de $339 como saldo insoluto de su crédito, la corte ordenó, a instancia del acree-dor, que el márshal embargase y vendiese otros bienes de los mencionados esposos y, en su consecuencia, el marshal embargó y vendió en subasta un crédito hipotecario de $1,500, reducido a $1,419, que grava como segunda hipoteca un solar con casa, hipotecado anteriormente por $2,500. Ese crédito hipotecario que estaba constituido por Manuel Carrasquillo fué adjudicado a la licitadora en la subasta Francisca Ca-rrasquillo por la cantidad de $400. Con este dinero fué pa-gada toda la deuda de Fernández y quedó un remanente de $50 que el márshal entregó a Vidal Vélez.

Pocos meses después de lo expuesto Vidal Vélez y su es-posa presentaron la demanda que ha originado la sentencia motivo de esta apelación, en la que después de hacer relación del procedimiento ejecutivo hipotecario establecido contra ellos por Antonio Fernández Pérez y de manifestar que el solar hipotecado y adjudicado al ejecutante fué vendido por Fernández a tercera persona que lo adquirió de buena fe, solicitaron la declaración de nulidad de dicho procedimiento porque fué iniciado sin estar vencida la hipoteca por haber sido prorrogado su pago: porque en ese procedimiento se cobran intereses que habían sido pagados: porque la su-basta del solar fué celebrada seis días antes del que aparecía señalado en el edicto anunciando la subasta que estaba ex-puesto al público en la corte municipal, donde la finca ra-dica: y porque fué embargado y vendido en subasta en ese procedimiento un crédito hipotecario de los demandantes que no había sido hipotecado a favor del ejecutante. Su peti-ción fué que por esas nulidades se le conceda cierta cantidad de dinero como indemnización por los perjuicios que han sufrido.

Los demandados se opusieron a las reclamaciones de los demandantes.

Los demandantes presentaron también demanda comple-mentaria contra la persona que compró en la subasta el cré-dito hipotecario que fué vendido y también contra el deudor -de ese crédito, pero no haremos más referencia a tal demanda porque la corte absolvió de ella a los que en la misma fueron demandados sin que esta apelación sea en cuanto a ellos.

Celebrado el juicio fué dictada la sentencia que motiva esta apelación de los demandantes, en la que no tenemos el beneficio de haber oído por escrito ni oralmente a los apelados.

Hemos dicho antes que el pago de los $500 debía ser hecho el 28 de diciembre de 1927 y que el procedimiento ejecutivo hipotecario comenzó el 30 de agosto del siguiente año. Con respecto a si en esta última fecha estaba prorrogado el pago de la deuda, aparece de los autos la siguiente evidencia documental:

“Consta por el presente que el señor Vidal Vélez tiene una hipo-teca que grava una finca suya a fav'or de don Antonia Fernández, $500.00, y al ser vencida pidió y cubrió una prórroga por 2 meses y vencerá el 28 de febrero de 1928 — por orden de A. Fernández: (Fdo.) R. Fernández. — Hato Rey, 28 de diciembre de 1927.
“Consta por el presente que don Vidal Vélez tiene una hipoteca que grav'a una finca suya, $500.00, que fué vencida; a su ruego se le concedió una espera hasta el día 28 de abril en cuya fecha deberá cancelar esta deuda pues están en obras y se necesita el dinero. Hato Rey, 28 de febrero* 1928. — (Fdo.) Antonio Fernández.
“Consta por el presente que el Sr. Vidal Vélez, tiene vencida una hipoteca $500.00 a favor de don Antonio Fernández, y a su ruego se le otorga una prórroga que vencerá el 28 de julio del presente año en cuya fecha cancelará. — Hato Rey, 27 de abril de 1928. — A. Fer-nández, por poder, (Fdo.) Ramón Fernández.
“Agosto 24 de 1928.- — Sr. don Vidal Vélez, Avenida Wilson No. 10, Santurce, P. R. — Muy Sr. mío: Don Antonio Fernández Pérez me ha instruido ejecutar la hipoteca constituida por Ud. y su esposa doña Carmen Paradís Amalbert, en escritura No. 273, de 28 de junio de 1927, ante el Notario don Andrés Mena Latorre, en garantía de un préstamo de $500.00, la cual está vencida desde el 28 de diciembre de 1927, adeudándose además los intereses de abril, mayo, junio, julio y el corriente mes.
“Por la presente le requiero para que en el preciso término de cinco días a contar de la fecha de esta carta, se sirv'a entrevistarse con el que suscribe y satisfacer las cantidades adeudadas a mi cliente más los honorarios por gestión de cobro, en defecto de lo cual procederé a radicar la correspondiente demanda.
“Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a sus gratas ór-denes.
Atentamente,
“(Fdo.) L. Longchamps.”
“Señor Longchamps: El Sr. Vélez me pide le conceda espera de diez o doce días en el asunto de l'a hipoteca, la que no tengo in-conveniente en este caso todo lo demás es de Ud. y el interesado de Ud. atto.
1 ‘ (Fdo.) Antonio Fernández. ’ ’
“Agosto 29, de 1928.”

Como evidencia testifical existe la siguiente: Vidal Vélez declaró que cuando recibió esa carta del abogado requirién-dole para el pago fué a verle inmediatamente después de llegar a' su poder: que Fernández le entregó la carta para el abogado Longchamps el 29 de agosto de 1928 y el testigo se la entregó el mismo día: que Fernández manifestó al tes-tigo que estaba conforme en concederle diez o doce días de prórroga para llevarle los intereses y que hablara con el abogado Longchamps y le diera tres o cuatro dólares por sus gestiones y le pagara los gastos que había tenido, que serían tres o cuatro dólares más, y que entonces el testigo le llevara el importe de los intereses para prorrogar la hipo-teca; que el Sr. Fernández estaba conforme en conceder la prórroga pero que el testigo debía entenderse con el abogado para que le pagara los gastos. Antonio Fernández declaró que dijo a Vélez que se viese con el abogado porque él lio podía decirle en seguida si le concedía la prórroga o no por-que entonces el abogado le diría: “Soy yo o es usted el abo-gado:” que no le concedió prórroga a Vélez sino que lo que le dijo fué que fuese adonde el abogado: y que niega haberle concedido prórroga. El testigo Longchamps declaró que el 30 de agosto le entregó Vélez la carta de Fernández del día anterior y le pidió que le contestara respecto a la prórroga a que la carta se refería y el testigo le manifestó que toda vez que el ejecutivo había sido radicado en la mañana del 30 de agosto no podía concederle prórroga sin el consentimiento expreso de su cliente en qne se le instruyera para desistir de la ejecución.

Hemos copiado las tres prórrogas porque ellas demuestran por sí mismas que cuando Fernández quiso conceder prórro-gas lo hizo clara y expresamente, concesión que no contiene la carta que en 29 de agosto escribió a su abogado. En esa carta no se dice, como en los anteriores documentos, que concede prórroga sino que lo que dijo a su abogado fué que no tiene inconveniente en la prórroga que se le pide y que todo lo demás es asunto de él y del interesado. Lo que dice esa carta es que no tiene inconveniente en la prórroga pero no la concede; y si agregamos lo que dijo Vélez en su declara-ción respecto a que Fernández le dijo que le pagara ciertás cantidades y luego llevara a Fernández el importe de los intereses para él prorrogar la hipoteca, se llega a la con-clusión de que no existió la prórroga alegada por el apelante, por lo que la corte inferior no cometió el error que se le atri-buye.

La cuestión de si en el ejecutivo fueron cobrados intereses que habían sido pagados, es más sencilla. Nos bas-' tará decir que el acreedor Fernández declaró que no se le habían pagado; que el abogado Sr. Longchamps dijo como testigo que Vidal Vélez no le manifestó que no debiera esos intereses; y que Vélez no probó que los hubiera satisfecho!, pues los tres documentos de prórroga que hemos copiado antes, en que él se funda como demostrativos del pago de los intereses de los cuatro meses reclamados en el ejecutivo, nada dicen del pago de dichos intereses, pues no contienen otra cosa que las prórrogas en ellos concedidas.

En 30 de octubre de 1928 la corte ordenó la venta en subasta del solar hipotecado y el anuncio que para ella libró el marshal fué publicado en el periódico “La Democracia,” diciéndose que tendría lugar el 24 de noviembre de 1928. El mismo día aparece señalado en otros edictos fijados en varios sitios públicos, pero en el que se puso en la Corte Municipal de Caguás se expresa que la subasta sería el 30 de noviembre de 1928. De los antos aparece que el marshal de la Corte de Distrito de Humacao señaló el día 24 de dicho mes y año para esa subasta y que eu ese día tuvo lugar la veuta del solar. También aparece que en el edicto publicado en el periódico se dice que se reclaman $200 por intereses vencidos mientras que en los demás edictos fijados al público y en todas las ac-tuaciones del ejecutivo aparece que se reclamaban $20 por intereses.

Los errores o equivocaciones en cuanto al día de la su-basta en uno de los edictos y en otro de la cantidad recla-mada por intereses, entre los varios edictos que fueron fija-dos en distintos sitios públicos, no fueron cometidos por el ejecutante en la exposición de los hechos que según la ley debía consignar en su escrito inicial para que se ordenara el requerimiento de pago y posteriormente la venta en subasta de la finca hipotecada-, sino que fueron cometidos por el már-shal al dar cumplimiento a la orden de venta, por lo que no son jurisdiccionales y no es responsable de ellos el ejecutante Fernández. Por otra parte, no se demostró en el juicio que tales errores impidieran la licitación en la subasta celebrada el 24 de noviembre de 1928, por lo que no vemos motivo para anular la venta que el márshal hizo en ese día del solar hipo-tecado. Por analogía es aplicable el caso de Henna et al v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 852, en el que declaró este tribunal que el defecto de publicar los edictos por menos tiempo del requerido por la ley no anula necesariamente la subasta.

Réstanos resolver el otro motivo de nulidad fun-dado en que después de vendida la finca hipotecada ordenó la corte, a instancia del ejecutante, que fuesen embargados y vendidos en subasta otros bienes de los deudores, no hipotecados especialmente, para pagar al ejecutante Fernández los $339 que resultaron insolutos después de la venta- del solar hipotecado.

Esa cuestión ha sido resuelta claramente por este tribunal. En el caso de Porto Ricasn Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, 13 D.P.R. 234, en el que se trataba de un procedimiento su-mario hipotecario, esta corte dijo, según el sumario, que la aplicación de la sección primera de la ley de marzo 9, 1905, referente a las sentencias y a la manera de satisfacerlas, en cnanto permite la venta de otros bienes del deudor para sa-tisfacer la obligación, o aquella parte de la misma que no baya sido pagada, debe limitarse a los casos en que baya ha-bido una sentencia ordenando el pago de la deuda, después de mi juicio ordinario, y no debe extenderse su aplicación al procedimiento sumario establecido por la Ley Hipotecaria; y que no ha podido ser la intención del legislador autorizar la venta de bienes del deudor que no hubiesen sido expresa-mente hipotecados. En el caso de Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946, se trataba de cobrar por el escrito inicial en un procedimiento ejecutivo cantidades que figura-ban en la escritura pública pero que no fueron comprendi-das en la hipoteca, y este tribunal declaró que no podían ser cobradas en ese procedimiento. Y en el caso de Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655, con referencia a un procedimiento sumario hipotecario, declaramos, según el sumario, que cualesquiera que fueren las cantidades que un deudor hipotecario pueda adeudar a su acreedor, ellas no pueden incluirse en la deuda hipotecaria a los fines de la eje-cución del crédito si no están hipotecariamente garantizadas.

En vista de lo expuesto llegamos a la conclusión de que el procedimiento sumario ejecutivo No. 13537 que siguió Antonio Fernández Pérez contra Carmen Paradís y su esposo Vidal Vélez en la Corte de Distrito de Humacao no adolece de vicio de nulidad en cuanto a la subasta y adjudicación del solar que fué hipotecado al ejecutante, pero que es nula la orden dictada en el mismo procedimiento por virtud de la cual el márshal vendió en subasta un crédito hipotecario cons-tituido a favor de Vidal Vélez y su esposa sobre finca distinta de la que fué objeto del procedimiento ejecutivo.

Como la corte inferior no consideró la reclamación de daños y perjuicios por creer válido todo el procedimiento seguido en este caso, cuando una parte de él es nulo, devol-veremos el caso a la corte inferior para que resuelva en lo concerniente a los perjuicios causados por dicha nulidad. Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, supra.

La sentencia apelada debe ser revocada en cuanto no de-clara nula la venta en subasta del expresado crédito hipote-cario, devolviendo los autos a la corte inferior para que determine el valor de los daños, si existen, causados por tai venta.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron por estimar que la sentencia apelada debe ser revocada en su totalidad.