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text:
      In re Gladys Fernández de Ruiz, querellada.

      Número: CP-2003-16

      Resuelto: 21 de abril de 2006

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Kenneth Palmas Velázquez, subprocurador general, y Héctor Cle-mente Delgado, subprocurador general interino, querellantes.
   per curiam:

El 2 de julio de 2003, el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella contra la licenciada Gladys Fernández de Ruiz,!) en la cual le formularon cua-tro cargos por alegadas violaciones a la fe pública notarial y a los Cánones 8, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX, respectivamente. Específicamente, en la querellada se le imputó haber autorizado, como nota-rio, una escritura sobre pagaré al portador, o a su orden, constituyendo una hipoteca sobre un inmueble, a sabien-das de que el documento era simulado y con el propósito de defraudar a un acreedor de su cliente, Carmen M. Abreu Rolón.()

De igual forma, se le imputó haber estado presente y haber participado en reuniones donde se llegaron a unos acuerdos que no se cumplieron —los cuales consistían en no gravar ni enajenar un inmueble propiedad de Abreu Rolón— induciendo a error a la otra parte para beneficio de su cliente.

Oportunamente, Fernández de Ruiz presentó la corres-pondiente contestación a la querella. En ésta negó la vera-cidad de todos los cargos imputados y, a su vez, solicitó la celebración de una vista evidenciaría, y que se declara “sin lugar” la querella.

En virtud de lo anterior, designamos a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez, ex Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, como Comisionada Especial para que reci-biera la prueba que presentaran las partes y rindiera un informe a este Tribunal con las determinaciones de hechos que entendiera procedentes. En cumplimiento con nuestra encomienda, el 30 de septiembre de 2005 la Comisionado Especial rindió su informe.

HH

Del informe mencionado surge el trasfondo fáctico que exponemos a continuación. El 16 de octubre de 1985, Antonio Gómez Torres, su esposa Ignacia Zaragoza y la Socie-dad Legal de Gananciales compuesta por ambos —repre-sentados por el Ledo. Samuel Gracia Gracia— presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, una demanda en cobro de dinero contra su so-brino Mario Gómez Carrasquillo y su entonces esposa, Carmen Abreu Rolón.()

Luego de varios trámites e incidentes procesales, las partes presentaron una moción para que el foro primario emitiera una sentencia por estipulación de las partes. A través del referido acuerdo, el matrimonio demandado —representado por el Ledo. José R. Cancio Vigas— se com-prometía a satisfacer solidariamente la suma de $57,000, incluyendo el interés al 7.5% anual. De este modo, acorda-ron realizar pagos mensuales de $985.54 hasta saldar la aludida cantidad adeudada a Gómez Torres.

De igual forma, el referido matrimonio pactó que antes de disponer de sus bienes inmuebles se lo notificarían a Gómez Torres, incluyendo cualquier adjudicación que se hi-ciera en concepto de liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ambosj ) Conforme a lo anterior, el 21 de diciembre de 1988 el tribunal de instancia emitió sentencia en la que aprobó el acuerdo.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 1990, el referido foro decretó el divorcio de Gómez Carrasquillo y Abreu Rolón. Durante este procedimiento, la pareja estipuló todo lo relativo a sus bienes y obligaciones. En el caso de divor-cio como en el proceso de liquidación y división de la Socie-dad Legal de Gananciales, Abreu Rolón estuvo represen-tada por Fernández de Ruiz.

El 30 de julio de 1991, el matrimonio otorgó una escri-tura sobre Partición y Adjudicación de Bienes Gananciales ante el Ledo. Luis F. Camacho. Vale la pena destacar que antes del aludido otorgamiento —y en cumplimiento con lo acordado como parte del proceso de divorcio— el licenciado Camacho le envió por fax a Fernández de Ruiz el proyecto de escritura para su lectura y aprobación. Específica-mente, la referida escritura desglosaba todos los bienes y las deudas de la disuelta Sociedad Legal de Gananciales. En lo aquí pertinente, en la lista de las deudas se encon-traba la que tenía la pareja con Gómez Torres, la cual en ese momento ya estaba reducida a $40,000.

Como parte de la liquidación, Carrasquillo Gómez reci-bió un inmueble localizado en Cidra y, a su vez, asumió todas las deudas de la extinta Sociedad Legal de Ganan-ciales, relevando a Abreu Rolón de responder por cualquier deuda relacionada con la disuelta sociedad. Por su parte, Abreu Rolón recibió la casa en la que la pareja residía, ubicada en el barrio Guavate, en Cayey. Es preciso señalar que, aunque registralmente surgía que el matrimonio ha-bía gravado la referida propiedad mediante una hipoteca en garantía de un pagaré al portador o a la orden por $74,000, la realidad extrarregistral era que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes, ya que al momento de liquidar la sociedad, esa deuda había sido saldada.()

Ahora bien, a pesar de lo acordado en el caso de cobro de dinero, el matrimonio nunca notificó a Gómez Torres sobre la adjudicación de los bienes en el procedimiento de divorcio. Transcurrido un tiempo —aun cuando efectuó va-rios pagos— el 28 de septiembre de 1991 Carrasquillo Gó-mez dejó de efectuar los pagos mensuales acordados.

En virtud de lo anterior, el licenciado Gracia Gracia, siendo amigo de Fernández de Ruiz, al enterarse de que ésta había representado a Abreu Rolón en el caso de divor-cio, se comunicó con ella en varias ocasiones para infor-marle sobre la existencia de la deuda ganancial de su cliente y Carrasquillo Gómez. Así pues, insistiendo en sus gestiones de cobro contra Abreu Rolón, el 15 de octubre de 1990 el licenciado Gracia Gracia le envió una carta a Fer-nández de Ruiz para solicitarle que se comunicara con Abreu Rolón, debido a que “[e]ntre los bienes gananciales exist [ía] una casa en la cual [vivía su] cliente y lamentaría mucho tener que embargar la misma”. Véase el Informe de la Comisionada Especial, págs. 16-17.

Asimismo, el 25 de abril de 1991, el licenciado Gracia Gracia le cursó una segunda carta a Fernández de Ruiz para recordarle que había ido a su oficina donde le comu-nicó el problema con el cobro de la aludida deuda y que, antes de solicitar la ejecución, estimaba necesario que ésta se comunicara con Abreu Rolón para ver en qué forma po-dían resolver el asunto. Nuevamente, mediante una ter-cera carta de 5 de junio de 1995, el licenciado Gracia Gra-cia volvió a mencionarle que era su deseo buscar un arreglo antes de ejecutar la sentencia.!)

Así las cosas, el licenciado Gracia Gracia comenzó a no-tificarle a Fernández de Ruiz las mociones postsentencia que presentaba en el caso sobre cobro de dinero. En lo aquí pertinente, el 14 de agosto de 1992 presentó una moción, según la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y también notificó mediante copia al apartado postal de la licenciada Fernández de Ruiz. En dicha moción, además de indicarse una exposición de los detalles de la sentencia en el caso de cobro de dinero, se alegó que el matrimonio incumplió con la estipulación debido a que se divorciaron y liquidaron la Sociedad Legal de Gananciales sin notificar a Gómez Torres y, además, porque no habían hecho más pa-gos, adeudando todavía la suma de $25,458.58.

En virtud de la referida moción, el foro primario expidió una orden de citación para que tanto Abreu Rolón como su ex esposo Gómez Carrasquillo comparecieran a las oficinas del licenciado Gracia Gracia. En cumplimiento con lo orde-nado, el 26 de octubre de 1992 Abreu Rolón compareció a la oficina del referido abogado, donde le entregó copia de la antes mencionada escritura de partición y liquidación para demostrar que Carrasquillo Gómez había asumido todas las deudas gananciales. En ese momento, por primera vez, Gómez Torres se enteró de la existencia de la aludida escritura.

Nuevamente, buscando un acuerdo que evitara la ejecu-ción de la sentencia, el licenciado Gracia Gracia insistió con la licenciada Fernández de Ruiz y logró acordar una reunión entre las partes. Esta se efectuó en la oficina de la querellada, estando presentes el licenciado Gracia Gracia, la querellada, Gómez Torres y Abreu Rolón.

En el entretanto, el 20 de abril de 1993 Abreu Rolón —mediante escritura otorgada ante Fernández de Ruiz— canceló el pagaré de $74,000 que tenía en su posesión desde el procedimiento de divorcio. De igual forma, el 28 de septiembre de 1993, Abreu Rolón otorgó también ante Fer-nández de Ruiz un pagaré al portador o a su orden por $150,000, constituyendo una hipoteca en garantía de su pago sobre su propiedad en el barrio Guavate, en Cayey, la cual había recibido en la liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales. Específicamente, Abreu Rolón realizó esta transacción con el objetivo de “protegerse de sus acreedores”.( ) Por tal razón, el referido pagaré nunca fue negociado. Yale la pena señalar que Fernández de Ruiz no instruyó a Abreu Rolón a que realizara el otorgamiento; ello no obstante, en ningún momento orientó legalmente a su cliente sobre las consecuencias de otorgar una escritura en posible fraude de acreedores.

Así las cosas, el 4 de octubre de 1993, Gómez Torres presentó ante el foro primario una solicitud de ejecución de sentencia para satisfacer el balance adeudado de la senten-cia del caso de cobro de dinero, en específico desde el 28 de septiembre de 1991.() En la referida moción se expuso nuevamente que existía la aludida deuda y se indicaron los detalles de la estipulación, a saber, que la deuda era soli-daria y que tanto Abreu Rolón como Gómez Carrasquillo tenían que notificarle a Gómez Torres cualquier disposi-ción de sus bienes inmuebles. Esta moción también fue no-tificada a Fernández de Ruiz. Posteriormente, el 13 de oc-tubre de 1993, el tribunal de instancia declaró “con lugar” la moción y ordenó que se procediera a vender en subasta pública la propiedad perteneciente a Abreu Rolón en el barrio Guavate, en Cayey.

Teniendo ya la orden para vender en subasta pública la propiedad, el licenciado Gracia Gracia promovió una se-gunda reunión para darle otra oportunidad a Abreu Rolón. La referida reunión también se efectuó en la oficina de Fernández de Ruiz. En dicha reunión la querellada y su cliente no le informaron al licenciado Gracia Gracia sobre el otorgamiento del referido pagaré.

Así las cosas, en noviembre de 1994, ya que Abreu Rolón no pagaba, Gómez Torres le requirió su expediente al licen-ciado Gracia Gracia y, a su vez, contrató los servicios del Ledo. Carlos Palmer Ramos para que continuara con el proceso de ejecución. Con ese propósito, el licenciado Palmer Ramos acudió al Registro de la Propiedad y allí se enteró que la propiedad de Abreu Rolón había quedado gravada mediante hipoteca en garantía de un pagaré de $150,000. Por tal razón, éste le explicó a Gómez Torres que iba a ser difícil lograr su objetivo de cobrar la deuda. Asi-mismo, el 4 de enero de 1995, Gómez Torres se enteró que el 8 de noviembre de 1994 Abreu Rolón había cancelado el antes mencionado pagaré de $150,000 y, ese mismo día, había vendido su propiedad.

En virtud de lo anterior, el 26 de septiembre de 1995 Gómez Torres y su esposa Ignacia Zaragoza presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, una demanda sobre Incumplimiento de Con-trato, Daños y Perjuicios y Nulidad de Actuaciones, contra Carrasquillo Gómez, Abreu Rolón, Fernández de Ruiz, su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Dioclesiano Delgado Rivera, que fue el comprador de la aludida propiedad. ()

En la referida demanda se alegó, en síntesis, que el traspaso de la referida propiedad constituyó un fraude de acreedores, siendo nula dicha transacción; que de haber actuado de buena fe Abreu Rolón y Fernández de Ruiz en las negociaciones y los convenios realizados con la parte demandante, ésta hubiera podido embargar el inmueble de Abreu Rolón y cobrar la suma adeudada; que fue engañada de forma dolosa por la parte demandada, quienes actuaron en mutuo acuerdo y concierto para defraudar a la parte demandante en sus acreencias; que la escritura del pagaré se otorgó con el deliberado propósito de defraudar a la parte demandante y evitar el embargo del inmueble men-cionado; que el codemandado Gómez Carrasquillo res-ponde solidariamente por la deuda, pero se desconoce de bienes de éste que estén libres de cargas y gravámenes para poder cobrar el balance pendiente de la referida sen-tencia, y que se desconoce de bienes que estén inscritos a favor de Abreu Rolón.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el 26 de mayo de 1998, durante la celebración de un vista, Abreu Rolón y Gómez Torres llegaron a un acuerdo transaccional en corte abierta a través del cual ella se obligó a pagar al demandante $39,779.03 por la parte de la sentencia pen-diente de pago, más intereses a razón del 6% anual, me-diante pagos mensuales de $300. En virtud de lo anterior, el 11 de septiembre de 1998, el foro primario emitió una sentencia parcial para decretar el archivo de la acción contra Abreu Rolón.

Así las cosas, luego de que las partes desistieran de sus respectivas reclamaciones,() el juicio se circunscribió a la acción de daños y perjuicios contra la licenciada Fernández de Ruiz, su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales com-puesta por ambos. Posteriormente, el 6 de marzo de 2001 el foro primario emitió una sentencia y dispuso finalmente del caso. El referido foro determinó que, en efecto, la licen-ciada Fernández de Ruiz había actuado ilícita, fraudu-lenta o dolosamente al autorizar una escritura de hipoteca de un pagaré al portador, autorizando la constitución de un gravamen hipotecario simulado. De esta forma, según se-ñaló el tribunal de instancia, impidió la eventual ejecución de la sentencia y, como secuela, hizo viable la venta del inmueble en fraude de acreedores. A su vez, determinó que la querellada, en su oficina y como representante legal de Abreu Rolón, participó activamente en el acuerdo que ésta reiteró de no gravar ni enajenar la propiedad sin previa notificación a Gómez Torres. No obstante lo anterior, resol-vió que no procedía la demanda porque Gómez Torres no había presentado prueba alguna para establecer cuáles ha-bían sido sus daños. Señaló que ya que no le correspondía hacer las determinaciones sobre la conducta antiética de los abogados, ordenó notificar una copia de la sentencia y, oportunamente, elevar una trascripción de la prueba ante este Tribunal, ante el cual se presentó una querella al respecto.

Informados de la sentencia emitida por el foro primario, el 11 de mayo de 2001 le concedimos un término de treinta días a Fernández de Ruiz para que expusiera lo que a bien tuviera sobre la determinación del referido foro a los efec-tos de que “la actuación de la Leda. Fernández impidió una eventual ejecución de la sentencia y, como secuela, viabi-lizó la venta del inmueble en fraude de acreedores”. Véase Informe de la Comisionada Especial, pág. 1.

En cumplimiento con nuestra orden, el 19 de junio de 2001 Fernández de Ruiz presentó un escrito titulado “Mo-ción en cumplimiento de resolución incorporando memo-rando de autoridades”. En éste alegó, en síntesis, que en-tendía que divulgar las escrituras otorgadas por su cliente hubiese violado los cánones de ética notarial, ya que el Pro-tocolo del abogado es confidencial, no puede ser difundido a terceros ni se puede entregar copia a persona alguna que no demuestre un interés legítimo en ésta; que fue la insis-tencia de que se levantaran fondos para cubrir la deuda lo que motivó en gran medida la constitución de la hipoteca; que la propiedad estuvo muchos años libre de gravámenes y el licenciado Gracia Gracia tuvo conocimiento de lo anterior; que transcurridos cinco años nunca se solicitó la reno-vación de la sentencia conforme a lo requiere la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; que, por el con-trario, se utilizó como subterfugio para presentar una nueva demanda bajo incumplimiento de contrato y daños e incluir nuevas partes como la licenciada Fernández de Ruiz, y que si alguien le debía deferencia al quejoso era su abogado el licenciado Gracia Gracia, quien no utilizó los procedimientos existentes en ley para asegurar el cobro de la deuda, a saber, no hizo una anotación preventiva de de-manda, de la sentencia ni del embargo.

Así las cosas, el 12 de marzo de 2002, a solicitud del Procurador General, le ordenamos a la Oficina de Inspec-ción de Notarías para que emitiera un nuevo informe, ya que no había tenido el beneficio de la sentencia en el caso judicial por incumplimiento. Conforme a las determinacio-nes de hechos y conclusiones de derecho del foro primario en el referido caso, en su nuevo informe la Oficina de Ins-pección de Notarías concluyó que la conducta de Fernán-dez de Ruiz constituía “una violación a los deberes que exigen la naturaleza de su función”. En vista de ello, reco-mendó que se continuara el procedimiento disciplinario que fue paralizado contra Fernández de Ruiz, que se refi-riera el asunto al Procurador General para la presentación de la querella y que se nombrara un comisionado para que recibiera la prueba y las defensas que Fernández de Ruiz había alegado a lo largo de todo este proceso.

Finalmente, el 1 de agosto de 2002, la Oficina de Inspec-ción de Notarías presentó una moción para someter docu-mentos adicionales e informe suplementario. Aquí señaló que al examinar la Certificación Registral de la Finca 7,325 —que fue la finca que le tocó a Abreu Rolón luego de la división de gananciales— encontró que el 14 de enero de 1994 fueron presentados por el esposo de Fernández de Ruiz cinco documentos en forma consecutiva en el Diario de Presentaciones 704. Los documentos fueron los siguien-tes: (1) certificación de cancelar embargo a favor de E.L.A. de 22 de octubre de 1993, (2) certificación para cancelar la anotación de embargo del Estado Libre Asociado (E.L.A.) de 22 de octubre de 1993, (3) cancelación de pagaré al por-tador de $74,000, (4) escritura de 20 de abril de 1993 ante Gladys Fernández de Ruiz sobre partición y adjudicación de bienes gananciales y (5) escritura de hipoteca en garan-tía de pagaré al portador Núm. 28 de 28 de septiembre de 1993 ante Gladys Fernández de Ruiz. Específicamente, la oficina obtuvo copia certificada de dichos asientos de pre-sentación y encontró que la persona que retiró los documen-tos luego de presentados fue la abogada querellada.

II

Como es sabido, los cánones del Código de Ética Profesional constituyen un compromiso constante con la sociedad puertorriqueña. Éstos “enuncian los deberes de respeto y profesionalismo que debe[n] caracterizar a todo jurista y letrado en el desempeño de su trabajo frente a sus clientes y colegas ante todo foro en que ejerza”. In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500, 508 (1992). Específicamente, he-mos reiterado que los referidos cánones aplican al abogado incluso en su carácter de notario. In re González Vélez, 156 D.P.R. 580 (2002); In re Cardona Ubiñas, 156 D.P.R. 340 (2002); In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895 (2000). En virtud de lo anterior, es indispensable que el jurista en el desempeño de su gestión notarial cumpla con lo dispuesto en la ley, en los cánones del Código de Ética Profesional o en el contrato con las partes. Ello es así, ya que la inobservancia de estos deberes lo expone no sólo a una acción en daños por los perjuicios causados sino, a su vez, a las sanciones disciplinarias correspondientes. In re González Maldonado, ante; In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126, 131 (1994); In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975).

En lo aquí pertinente, el Canon 8 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. DC, recoge, en esencia, el deber de todo abogado de no permitir —en su relación profesional— que sus clientes incurran en conducta que resul-taría impropia si éste la llevara a cabo personalmente. Véanse: In re Clavell Ruiz, ante, pág. 509; In re Díaz Ruiz, 149 D.P.R. 756, 760 (1999); In re Rodríguez Feliciano, 165 D.P.R. 565 (2005). Esta prohibición es de tal importancia que el aludido canon establece que cuando un cliente per-siste en incurrir en tales actos indebidos el abogado debe terminar con él sus relaciones profesionales.

Por otra parte, el Canon 18 de Código Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a los miembros de la clase togada la obligación de desempeñar la profesión cabal y responsablemente, particularmente con respecto a la tramitación de los asuntos que se le han encomendado. In re Roídos Matos, 161 D.P.R. 373 (2004). A tales efectos, “es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estime adecuada y responsable”. In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555, 563 (2005). Véanse, además: In re Roídos Matos, ante; In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907, 913 (2000); In re Vela Colón, 144 D.P.R. 581, 585 (1997); In re Rivera Maldonado, 143 D.P.R. 877, 879-880 (1997); In re Maduro Classen, 137 D.P.R. 426, 430-431 (1994); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403, 408 (1989).

En vista de ello, este Tribunal ha señalado que los abogados tienen el deber “de defender diligentemente los intereses de su cliente con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”. In re Alonso Santiago, ante, pág. 564. Véanse, además: In re Flores Ayffán, ante, pág. 913; In re Vélez Valentín, ante, pág. 408.() Ahora bien, hemos advertido que, aun cuando este pre-cepto le impone taxativamente a los abogados la obligación de defender los intereses del cliente, esto no significa que puedan recurrir a violar las leyes o a cometer engaños para sostener su causa. Véanse: In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 306 (2000); In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 426-427 (2000).()

A su vez, hemos establecido que, a pesar de que el mencionado canon dispone que el abogado tiene que rendir una labor idónea de competencia y diligencia con relación a los asuntos de su cliente, estas exigencias se extienden a las funciones del jurista como notario. Véanse: In re González Vélez, ante; In re Cardona Ubiñas, ante; In re González Maldonado, ante; In re Martínez Ramírez, 142 D.P.R. 329, 340-341 (1997). Conforme a lo anterior, el notario debe, “con relación a los documentos que se otorgan ante él, ser diligente y desplegar en cada caso su más profundo saber y habilidad”. In re Albizu Merced, ante, págs. 131-132.

Ello es así, ya que en nuestro ordenamiento jurídico el notario no es un “ ‘simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes y autenticidad de las firmas’ ”. In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339, 347 (1987), citando a In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 774-775 (1976). De este modo, hemos expresado que la función del notario, por ser pública y no privada, trasciende a la de ser un autómata legalizador de firmas, y penetra al campo de legalidad de la transacción concreta ante él.

En virtud de lo anterior, el notario no puede “ ‘limita [r] su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes’ In re Del Río Rivera y Otero Fernández, ante, pág. 348, citando a In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 397 (1977). Todo lo contrario. El notario está obligado —como parte de su de-ber de información— a darle a los otorgantes “las informa-ciones, aclaraciones y advertencias necesarias de suerte para que comprendan el sentido, así como los efectos y con-secuencias, del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo”. (Énfasis suprimido.) Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438 (1984), citando a D. Winfried Králid, El deber de informar del notario, 22 (Vol. II) Anales de la Academia Matritense del Notariado 11 (1982). Ello en virtud de que “[l]a fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad”. In re Díaz Ruiz, ante, pág. 759, citando a In re Meléndez Pérez, ante, pág. 775.

Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a los abogados “un deber de sinceridad y honradez ante los tribunales, frente a sus representados y al relacionarse con sus compañeros de profesión”. In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49, 53 (1999). Véase, además, In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001). A tales efectos, el referido canon establece, en lo aquí pertinente, que no es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error mediante artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. In re Silvaglioni Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001). Véase, además, In re Aguila López, 152 D.P.R. 49, 52-53 (2000).

Con respecto a las obligaciones consagradas en este canon, hemos expresado en innumerables ocasiones que constituyen “normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión”. In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004). Véanse: In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Soto Colón, ante; In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001). Por tal razón, el abogado no sólo debe observarlas durante un pleito, sino en toda faceta en la cual se desenvuelva. In re Soto Colón, ante; In re Collazo Sánchez, ante; In re Criado Vázquez, ante; In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685, 691 (1999).

A esos efectos, hemos expresado que “[e]l compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional”. In re Montañez Miranda, ante, pág. 284. Véase In re Guzmán Esquilín, 146 D.P.R. 853, 859 (1998). Ello debido a que “[m]ás que un ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado y, sin ésta, no podría la profesión jurídica justificar su existencia”. In re Montañez Miranda, ante, pág. 281. Véanse, también: In re Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001); In re Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 641 (1999).

Este Tribunal ha expresado, reiteradamente, que se infringe el deber impuesto por el Canon 35, ante, “con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, lo cual supone una conducta lesiva a las instituciones de justicia, independientemente de los motivos para la falsedad”. (Enfasis suprimido.)() In re Astado Caraballo, 149 D.P.R. 790, 799 (1999). Véase In re Belk, Serapión, ante. Es decir, para incurrir en esta falta, no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o de mala fe, con la intención de defraudar o engañar, o que se haya producido un perjuicio a terceros. In re Astado Caraballo, ante; In re Ortiz Martníez, ante; In re Montañez Miranda, ante; In re Sepulveda Girón, ante; In re Martníez, Odell II, ante; In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993).

De otra parte, el Canon 38 del Código de Etica Profesional, ante, “extiende la obligación de los abogados de conducirse en forma digna y honrada, a su vida privada”.() In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005). Véanse: In re Soto Colón, ante; In re Silvaglioni Collazo, ante.

Todo ello debido a que “[l]a apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respecto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados”. In re Ortiz Martínez, ante; In re Sepúlveda Girón, ante. A tales efectos, hemos señalado que como “[c]ada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Quiñones Ayala, ante, pág. 533. Véanse: In re Silvaglioni Collazo, ante, pág. 541; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000), citando a In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974).

h-i HH

Hemos expresado que este Tribunal no habrá de alterar las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, salvo en aquellos casos donde se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto. In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1991); In re Rivera Alvelo y Ortiz Velázquez, ante. En este caso, tras un examen sereno y minu-cioso del informe rendido por la Comisionada Especial y de la prueba que obra en el expediente, no encontramos razón por la cual debamos intervenir con sus determinaciones fácticas.

De entrada, es preciso señalar que aun cuando el tribunal de instancia en el caso de incumplimiento, determinó que Gómez Torres no logró probar que sufrió daño alguno como consecuencia de las actuaciones de la querellada, esto no significa que Fernández de Ruiz no haya incurrido en violaciones éticas. Por el contrario, un examen de los he-chos demuestra que sus actuaciones, en efecto, constituyen violaciones tanto a la fe pública notarial como a los Cáno-nes 8, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, ante, al no haber ejercido su profesión con sinceridad y honradez, autorizando el otorgamiento de un documento simulado con el objetivo de proteger a su cliente de sus acreedores.

No hay duda que —conforme a las exigencias del men-cionado Canon 18— el abogado tiene la obligación de des-empeñar la profesión diligentemente, incluso en su función notarial. No obstante lo anterior, repetimos que esto no equivale a que el notario pueda llevar a cabo cualquier acto que considere conveniente para sostener las causas de su cliente. Así, pues, un notario no puede adelantar los inte-reses de su cliente realizando actos fraudulentos y engañosos.

En específico, mediante el otorgamiento del pagaré de $150,000, Abreu Rolón admitió que lo que deseaba era pro-teger su propiedad de sus acreedores. Esto, además, quedó evidenciado por el hecho de que el aludido pagaré nunca fue negociado y que el mismo día que se canceló se vendió la propiedad que gravaba. Ciertamente a través de su con-ducta, la querellada promovió que Abreu Rolón lograra el objetivo que se había propuesto. Es decir, mediante sus actuaciones Fernández de Ruiz sirvió de instrumento para que su cliente intentara escapar de su responsabilidad para con Gómez Torres.

Surge del expediente que al momento del otorgamiento la querellada conocía de la situación económica precaria que estaba atravesando Abreu Rolón, quien era una mujer divorciada con tres hijos menores, uno o dos de ellos estu-diantes universitarios. Asimismo, tenía conocimiento de que el padre de los menores, Gómez Carrasquillo, no es-taba proveyendo para su sostén. Sin lugar a dudas lo anterior es una situación lamentable. Sin embargo, tales cir-cunstancias no pueden servir de base para que un notario viole los cánones del Código de Ética Profesional, convir-tiéndose en un mero instrumento de sus clientes. No im-porta por lo que esté atravesando un cliente, el notario nunca puede olvidar que representa a la fe pública y no a ese cliente en particular. In re Díaz Ruiz, ante, pág. 759.

Ciertamente la querellada, queriendo ayudar a Abreu Rolón, incumplió con la obligación incondicional que tiene todo abogado con la verdad al otorgar un documento simulado que únicamente tenía el fin de preservar la propiedad en el patrimonio de su cliente. Como hemos señalado, “[l]o simulado, sinónimo de falso y fingido, en esencia es contrario a la verdad; virtud que constituye el ideal más alto al cual debe aspirar en nuestra comunidad que se rige al amparo del imperio de la ley”. In re Vélez, ante, pág. 598.

Como hemos señalado, el notario no es un espectador silente que se limita a estar presente irreflexivamente en la ejecución del negocio jurídico que ante él se realiza. Éste tiene la obligación de velar por que todo lo autorizado, bajo su mano revestida por la fe pública, cumpla con lo reque-rido por la ley. In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 926 (2000). Esto cobra mayor importancia cuando el nego-cio autorizado trasciende más allá de los otorgantes.

Conforme a lo anterior, Fernández de Ruiz tenía el de-ber de ilustrar y aconsejar a Abreu Rolón sobre el negocio que iba a llevar a cabo; teniendo conocimiento de que el fin último de Abreu Rolón para realizar el otorgamiento era protegerse de sus acreedores, ésta nunca orientó a su cliente sobre la naturaleza fraudulenta de la transacción que estaba realizando.

Por otro lado, resalta el hecho de que Fernández de Ruiz indique que, al momento de autorizar la referida escritura, se había olvidado de la existencia de la deuda con Gómez Torres. A tales efectos testificó que “[e]n ese momento, le puedo decir con toda honestidad, que ni recor-daba la existencia de esa deuda”. Como hemos reiterado, “los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961). No hay duda de que, al momento del otorgamiento, la querellada tenía conocimiento no sólo de la existencia de la referida deuda sino, además, de la estipulación en el caso de cobro que establecía que cuando Abreu Rolón fuera a disponer de sus bienes tenía que notificárselo a Gómez Torres.

Si bien es cierto que la querellada no representó a Abreu Rolón en el caso de cobro de dinero no hay duda de que conocía los detalles de la estipulación del caso; ello en vir-tud de que representó a Abreu Rolón en el pleito de divor-cio y en la posterior partición y adjudicación de los bienes gananciales. Durante el procedimiento, ésta leyó y aprobó la escritura de liquidación de los haberes gananciales otor-gada ante el notario Luis F. Camacho, donde específica-mente, entre la lista de deudas, se incluyó la deuda de $40,000 existente para con Gómez Torres. Asimismo, el li-cenciado Gracia Gracia le envió copia de las mociones post-sentencia en el caso de cobro de dinero, donde se expusie-ron los detalles no sólo de la deuda, sino de la estipulación. Ciertamente la querellada incurrió en conducta que repre-senta un pobre juicio profesional y serias faltas en la tra-mitación de su labor notarial. Asimismo, demuestra ausen-cia del cuidado y el celo profesional que requiere la práctica notarial.

Por lo anteriormente expuesto, resolvemos que la licen-ciada Fernández de Ruiz incumplió con los deberes que emanan de los Cánones 8, 18, 35 y 38, ante, y, a su vez, violó la fe pública notarial. Tomando en consideración como atenuantes que: (1) la querellada lleva más de tres décadas ejerciendo la profesión; (2) ésta es la primera vez que incu-rre en una falta ética; (3) goza de una buena reputación en su comunidad y en el ámbito profesional; (4) no llevó a cabo sus actuaciones para lucro personal, y (5) Gómez Torres logró cobrar su acreencia, consideramos procedente limitar la acción disciplinaria a una suspensión por el término de un (1) mes del ejercicio de la abogacía y, naturalmente, de la notaría en nuestra jurisdicción, apercibiéndola contra futuras infracciones éticas, en relación con las cuales sere-mos más severos.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) La licenciada Fernández de Ruiz fue admitida por este Tribunal al ejercicio de la abogacía el 21 de mayo de 1968 y al ejercicio del notariado el 10 de febrero de 1969.

      (2) Los procedimientos disciplinarios en el caso de epígrafe comenzaron el 6 de noviembre de 1995 con la presentación de una queja ante este Tribunal por parte de Antonio Gómez Torres contra la licenciada Fernández de Ruiz, por alegadamente no haberle informado sobre: (1) la adjudicación de la liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales de Abreu Rolón, y (2) la autorización del otorgamiento de una escritura de hipoteca en garantía de un pagaré, aun cuando la abogada tenía conocimiento de una deuda ganancial existente como consecuencia de un caso de cobro de dinero, en el cual se emitió una sentencia que era final y firme. A los fines de evaluar la queja presentada, referimos este asunto a la Oficina de Inspección de Notarías.
      En cumplimiento con la referida orden, el 10 de octubre de 1996 la Oficina de Inspección de Notarías nos sometió su informe, en el cual indicó que las mismas controversias estaban planteadas en un caso civil ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de Guayama, caso Núm. EAC-95-326. En virtud de lo anterior —y ya que consideraban que la queja planteaba una controversia de hechos y credi-bilidad que ameritaba oír testigos y aquilatar los testimonios— dicha oficina reco-mendó que se refiriera el asunto al Procurador General para que diera seguimiento a las incidencias y resultados del aludido pleito civil presentado contra la licenciada Fernández de Ruiz y tomara la acción que procediera. Examinado el referido in-forme, el 25 de octubre de 1996 suspendimos los procedimientos disciplinarios hasta que terminara el caso civil sobre el mismo asunto.
      Posteriormente —finalizado el caso y luego de que la Oficina de Inspección de Notarías sometiera un informe complementario— este Tribunal le ordenó al Procu-rador General, mediante Resolución de 17 de enero de 2003, que procediera a formu-lar la correspondiente querella disciplinaria.

      (3) Caso Civil Núm. CS85-1740.

      (4) Asimismo, acordaron que, en caso de que el matrimonio dejara de realizar los pagos mensuales durante más de dos plazos corridos, Gómez Torres podría acelerar el balance que se adeudara y solicitar la correspondiente ejecución de sentencia.

      (5) Esto quedó evidenciado por el hecho de que, en el desglose de las deudas en la referida escritura de partición y liquidación, nada se mencionó sobre esta deuda. A su vez, no hay duda de que lo anterior era un hecho conocido por la pareja, ya que como parte del procedimiento de divorcio el foro primario ordenó que Carrasquillo Gómez le entregara a Abreu Rolón el aludido pagaré de $74,000. No obstante lo anterior, como mencionamos posteriormente, Abreu Rolón no canceló ese gravamen hasta 1993.

      (6) La licenciada Fernández de Ruiz señaló que no recibió las carta; sin embargo, éstas fueron enviadas al Apartado 426, en Caguas, dirección de Fernández de Ruiz por más de treinta años.

      (7) Lo anterior surge de la transcripción de la deposición de Abreu Rolón de 16 de diciembre de 1998, página 15, líneas 17-20.

      (8) La deuda en ese momento ya estaba reducida a $25,458.58, más el interés legal a razón de 7.50% anual desde el 28 de septiembre de 1991.

      (9) El referido caso tenía el Núm. EAC-95-326. Asimismo, en virtud de lo acon-tecido, Gómez Torres presentó la queja que dio comienzo a los procedimientos disci-plinarios ante este Tribunal.

      (10) Durante los eventos procesales, la licenciada Fernández de Ruiz instó una demanda de tercero contra el licenciado Gracia Gracia quien, a su vez, contestó con una reconvención. Posteriormente, ambos desistieron de sus respectivas reclamaciones. De igual forma, Gómez Torres desistió de su reclamación contra Ca-rrasquillo Gómez y Delgado Rivera.

      (11) El Canon 18 del Código de Ética Profesional establece, en lo aquí pertinente, que:
      “Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede preparase adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (12) Este Tribunal ha establecido que “la indiferencia, desidia, despreocupación, inacción y displicencia de parte de un abogado, como patrón de conducta en relación con asuntos encomendados por algunos clientes” constituye una violación a este canon. In. re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907, 913 (2000); In re Rivera Maldonado, 143 D.P.R. 877, 879 (1997).

      (13) Hemos señalado, además, que “se infringe este deber deontológico con el hecho objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un abogado o cuando, actuando como ciudadano común, se pretende realizar actos o negocios de trascen-dencia jurídica”. In re Sepulveda, Casiano, 155 D.P.R. 193, 216 (2001), citando a In re Martínez, Odell II, ante, pág. 642.

      (14) El Canon 38 del Código de Ética Profesional, establece, en lo aquí pertinente que:
      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios persona-les y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su con-ducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal par-ticipación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan resultarle perso-nalmente desagradables pero que redundan en beneficio de la profesión ....
      “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable ....”4 L.P.R.A. Ap. IX.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Carmen Vélez Rodríguez, recurrida, v. Administración de Reglamentos y Permisos, apelada, y Edwin Rivera Delgado, opositor y peticionario.

      Número: CC-2004-1052

      Resuelto: 21 de abril de 2006

      Julio Bonilla Rivera, abogado de la parte opositora y peticio-naria; Ileana Guzmán Carreras, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el recurso de revisión solicitado en este caso, avalando de esa forma la determinación de la Junta de Apelaciones sobre Cons-trucciones y Lotificaciones (J.A.C.L.) que revocó a la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.). Ambos or-ganismos apelativos entendieron que el permiso de uso solicitado era “permitido ministerialmente”, por lo cual A.R.Pe. no tenía discreción para denegarlo. Nos corres-ponde, pues, resolver si efectivamente se trata de un uso permitido “ministerialmente” por el Reglamento de Zonifi-cación de Puerto Rico o si A.R.Pe. actuó correctamente al considerarla según las disposiciones del mecanismo de “ex-cepciones” al amparo de dicho reglamento. Además, debe-mos determinar si J.A.C.L. está limitada en su función como agencia apelativa administrativa por la norma de de-ferencia aplicable a la revisión judicial.

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La Sra. Carmen Vélez Rodríguez presentó ante A.R.Pe. una solicitud de permiso de uso para operar un centro de cuidado diurno infantil. El centro se ubicaría en los bajos de la residencia de la solicitante, en un solar con cabida superficial de 800.001 metros cuadrados en el barrio Ja-gual del Municipio de Gurabo. Dicha propiedad es la úl-tima de diez solares a lo largo de una calle sin salida, en un área zonificada como Distrito Residencial 1 (R-l). De los diez solares en dicha área, nueve están edificados; seis con viviendas y tres con estructuras utilizadas para fines comerciales. Entre estos usos comerciales, uno es una com-pañía de pinturas, el otro un taller de mecánica y el ter-cero, localizado en la propiedad colindante a la residencia de la señora Vélez Rodríguez, es un centro de cuidado diurno. El centro de cuido propuesto por la señora Vélez Rodríguez operaría de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., con una matrícula de veinticuatro niños y cuatro empleados.

La señora Vélez Rodríguez solicitó que su caso se eva-luara conforme al mecanismo de excepciones dispuesto en el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico. La propo-nente notificó de la solicitud a los dueños de las propieda-des colindantes del sector. En vista de la oposición de algu-nos vecinos de la propiedad a la concesión del permiso, se celebró una vista administrativa ante un oficial examina-dor de A.R.Pe. En la vista testificaron la proponente y al-gunos de los vecinos opositores. Entre éstos testificó la Sra. Ana I. Tañón, quien se opuso al uso propuesto por ser ella dueña del otro centro de cuido que opera en la misma calle. También declaró el Ledo. Edwin Rivera Delgado, residente de la propiedad colindante al solar bajo estudio. El licen-ciado Rivera Delgado se opuso por entender que el centro incrementaría el serio problema de tráfico en la calle sin salida que da acceso a todos los solares, pues la propiedad de la proponente se encuentra al final de la calle y colinda con el centro de cuido de la señora Tañón, que atiende al-rededor de treinta niños. Alegaron los opositores que el centro existente, de por sí, causa problemas de tráfico de-bido a la gran cantidad de vehículos que llegan al lugar.

La proponente, señora Vélez Rodríguez, reconoció que en el área había algún problema de tráfico por los negocios allí situados, debido a que sólo había una entrada a la co-munidad y que ésta permite el acceso de un solo vehículo a la vez. En específico, expresó que la operación del taller de pinturas requería la entrada y salida constante de varios vehículos y equipo pesado. Además, admitió que el limitado espacio de estacionamiento del centro de cuido ya existente provocaba que sus empleados y visitantes utilizaran el re-dondel que colinda con el predio para el cual se solicita el permiso. No obstante, adujo que la operación del centro de cuido propuesto no causaría mayores problemas al sector. Una vez concluida la vista, el oficial examinador reco-mendó denegar el permiso de uso solicitado. Concluyó que el aumento en el flujo de vehículos en la zona afectaría la calidad de vida de los vecinos, ya que “la propiedad ubica al final de una calle sin salida y en especial que al frente de ésta existe un centro de cuido en operación”. A.R.Pe. acogió las conclusiones del oficial examinador y emitió una reso-lución en la que denegó la solicitud presentada por la se-ñora Vélez Rodríguez.

Así las cosas, la señora Vélez Rodríguez presentó opor-tunamente un escrito de apelación ante la la J.A.C.L. Alegó que la estructura física, diseño y cabida de su propiedad provee espacio para estacionamiento y un área de viraje suficiente para los vehículos que entren al predio, lo que facilita el flujo eficiente y planificado del tráfico.

La J.A.C.L. celebró una vista en la cual las partes tuvie-ron la oportunidad de presentar prueba, que fue muy similar a la presentada ante A.R.Pe. Concluida la vista, J.A.C.L. revocó la determinación de A.R.Pe. Concluyó que los reglamentos aplicables permitían el uso solicitado mi-nisterialmente en un distrito R-l, por lo cual no era nece-sario utilizar el mecanismo de excepciones. También deter-minó que el uso solicitado era viable, porque las características de la propiedad eran ideales para ello. In-dicó, además, que dicho uso era necesario, dada la realidad actual de la familia puertorriqueña, en la que usualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Por último, ex-presó que denegar el permiso penalizaría a la proponente quien, a su entender, cumplió con los requisitos reglamen-tarios “a consecuencia de otros usos existentes en el sector que a juicio de la parte opositora perjudican su calidad de vida”. Por lo tanto, la J.A.C.L. autorizó el permiso de uso solicitado por la señora Vélez Rodríguez, con la sola condi-ción de que habilitara un área para el recogido y entrega de niños.

El licenciado Rivera Delgado solicitó la reconsideración oportunamente. La agencia la declaró “sin lugar”, luego de lo cual el licenciado Rivera Delgado solicitó al Tribunal de Apelaciones que revisara la decisión de la J.A.C.L. Alegó que la J.A.C.L. actuó de manera arbitraria y caprichosa al celebrar una nueva vista y al sustituir el criterio de A.R.Pe. por el suyo. Argüyó que la agencia apelada abusó de su discreción al otorgar el permiso solicitado, aun cuando éste trastocaría la seguridad, la salud y el bienes-tar de la comunidad, además de afectar el valor de sus propiedades. Sostuvo, además, que el permiso de uso soli-citado tenía que ser evaluado por el mecanismo de excep-ciones, el cual requiere el análisis de varios factores, y que en última instancia la aprobación o denegación del permiso es un ejercicio de adjudicación discrecional y no ministerial.

El tribunal apelativo denegó la expedición del recurso solicitado. Concluyó que la J.A.C.L. tenía facultad en ley para llegar a sus propias conclusiones, y que su determi-nación fue razonable y sustentada por su conocimiento es-pecializado, por lo cual merecía la mayor deferencia judicial. Inconforme, el licenciado Rivera Delgado nos soli-cita la revocación de esta decisión del foro apelativo. Alega que ese tribunal erró al autorizar el permiso solicitado, ig-norando el interés público y comunitario, y al permitir a la J.A.C.L. sustituir el criterio de la agencia administrativa de instancia por el suyo. Además, nuevamente arguye que se cometió un error al considerar el uso solicitado como de aprobación ministerial, a pesar de haberse utilizado el me-canismo de excepción, cuya aprobación es de carácter discrecional.

Examinado el recurso, ordenamos a la parte recurrida mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto y revocar la resolución del tribunal apelativo. Con la compa-recencia de ambas partes, procedemos a expedir y resolver el recurso presentado.

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Nuestro derecho administrativo se fundamenta en una actitud de gran consideración y deferencia por parte de los tribunales a las decisiones de las agencias administrativas. De ahí que los procesos administrativos y las determinaciones de hechos de las agencias estén cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Por eso, la revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.

Subyace a esta actitud deferencial el respeto por nuestro sistema constitucional de separación de poderes y el reconocimiento de que las agencias ejecutivas poseen conocimientos y experiencias especializados sobre los asuntos que les han sido delegados. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908 (1998). Este rol judicial inherentemente limitado está cimentado también en la teoría, traducida a política pública, de las ventajas institucionales de un sistema regulatorio predominantemente técnico y especializado, que aunque es producto de acción legislativa es implementado por la Rama Ejecutiva, y que reserva al Poder Judicial una función más bien correctora de los excesos o abusos de discreción en que incurran las agencias que administran este sistema y de sus actuaciones ultra vires. De ahí que la doctrina de deferencia judicial presupone una participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las acciones administrativas, pues lo que se busca es “evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor”. (Énfasis suplido.) P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000), citando & Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 95 (1997). Es palpable, pues, que la norma de deferencia, en su propósito, justifi-cación e historial, presupone que la relación de revisión se da entre una agencia administrativa y un tribunal.

Sin embargo, el peticionario, licenciado Rivera Delgado, nos solicita que nos apartemos de este esquema de revisión judicial de decisiones administrativas para sostener que la J.A.C.L. está igualmente limitada en su función apelativa frente a las decisiones de A.R.Pe. Aduce que la norma que limita el alcance de la intervención de los tribunales en la revisión de decisiones administrativas le aplica a la J.A.C.L., porque ésta ejerce funciones de carácter cuasi judicial. La opinión concurrente propone adoptar esta vi-sión y concluye que la J.A.C.L. le debe a A.R.Pe. la misma deferencia que debe mostrar un tribunal al revisar las de-terminaciones finales de una agencia.

Concluimos, por el contrario, que el peticionario no tiene razón al alegar que la J.A.C.L. se excedió en su función revisora y que, por consiguiente, abusó de su discreción al sustituir el criterio de la agencia apelada por el suyo. La norma de deferencia judicial, como bien lo indica el término, sólo aplica cuando un tribunal revisa la actuación de una agencia, y no en la relación entre una agencia apelativa y una agencia que actúa en primera instancia. Además, como veremos, la J.A.C.L. está facultada en ley para formular sus propias determinaciones, e incluso llegar a conclusiones distintas a las de la agencia apelada. Ello no obstante resolvemos, por otras razones, que el Tribunal de Apelaciones erró al negarse a expedir el auto de revisión en este caso.

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La Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificación fue creada en 1942 junto a la Junta de Planificación. Ambas formaron parte de lo que sería un nuevo esquema en Puerto Rico para regular el desarrollo urbano y la zonificación, y el uso de los terrenos. Véase la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942 (1942 Leyes de Puerto Rico 1107). La Junta de Apelaciones adquirió su actual nombre en 1946, cuando la ley orgánica de la Junta de Planificación fue enmendada para establecer un Nego-ciado de Permisos, que desempeñaría las funciones que hoy ejerce A.R.Pe. En 1950, de acuerdo con un plan de reorganización preparado por el Gobernador de Puerto Rico, el Negociado de Permisos fue transferido para que funcionase bajo la supervisión y dirección de la Junta de Planificación. Por disposición del mismo plan, se suprimió la Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificación y sus funciones se transfirieron a la Junta de Planificación. Sin embargo, a finales de la década de los años cincuenta resurge la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, por virtud de la Ley Núm. 95 de 30 de junio de 1959 (1959 Leyes de Puerto Rico 285), que establece sus facultades y jurisdicción.

El rol de la J.A.C.L., como un organismo administrativo de carácter cuasi judicial, fue reafirmado por la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.). Acorde con su título, esta legislación creó también la Administración de Reglamentos y Permisos, agencia que debe aplicar a casos individuales los reglamentos de la Junta de Planificación y está a cargo del proceso de concesión de permisos de uso y construcción. Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 331 (1985). Ambos organismos, la J.A.C.L. y A.R.Pe., formaron parte de un esquema administrativo integrado, encargado de “aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación”. Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210, 214 (1979).

La Junta de Apelaciones fue investida de jurisdic-ción apelativa para, entre otras, revisar las actuaciones, determinaciones o resoluciones de A.R.Pe. con relación a permisos de construcción, uso de edificios y lotificaciones simples.() Art. 31(a) de la Ley Orgánica de la Administra-ción de Reglamentos y Permisos, 23 L.P.R.A. sec. 72c. Véase, además, la Sec. 23.00 del Reglamento de Procedi-mientos Adjudicativos de la Administración de Reglamen-tos y Permisos, Reglamento Núm. 6435 de 19 de abril de 2002. El rol de J.A.C.L. es servir como organismo de ape-lación interagencial previo al trámite de un recurso de re-visión judicial ante los tribunales. Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, 151 D.P.R. 689, 698 (2000); Junta de Planificación v. J.A.C. L., supra, pág. 218.

La Junta de Apelaciones no tiene autoridad discrecional en su competencia apelativa, sino que actúa con las mismas facultades y los mismos poderes que A.R.Pe., el organismo con jurisdicción original. Esto se desprende del inciso (c)(3) del Art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamento y Permisos, que dispone que la J.A.C.L. podrá decretar órdenes, requerimientos, resoluciones o las determinaciones que a su juicio deban dictarse y, a tal fin, “tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo de cuya actuación se apela ...”. (Enfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 72c(c)(3).

Además, el inciso (c)(3) del Art. 31, supra, también dispone que antes de decidir la apelación, J.A.C.L. deberá celebrar una vista en la cual participarán la agencia apelada y las partes interesadas o afectadas. En esta vista la J.A.C.L. “podrá recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos ...”. 23 L.P.R.A. sec. 72c(c). Evidentemente, esta disposición permite que una vez se presente la apelación administrativa, la J.A.C.L. pueda considerar el caso en todos sus méritos, igual que lo hace A.R.Pe., que es la agencia que actúa en primera instancia. Junta de Planificación v. J.A.C.L., supra, pág. 219.

Obviamente, la J.A.C.L. no está limitada a revisar úni-camente la prueba que consideró el funcionario con juris-dicción original en el asunto. Junta de Planificación v. J.A.C.L., supra, págs. 216-217. El historial legislativo re-vela que el proyecto de la ley orgánica de A.R.Pe. que se presentó originalmente ante la Asamblea Legislativa in-tentó limitar la evaluación de la J.A.C.L. a la prueba pre-sentada y considerada por el funcionario u organismo apelado. Sin embargo, la J.A.C.L. objetó a que se limitaran de esta forma los poderes que le fueron otorgados por la Ley Núm. 95, supra. Al respecto expresó lo siguiente:

Esta Junta de Apelaciones entiende recomendable que ésta continúe como hasta el presente, recibiendo toda la prueba disponible que ofrezcan las partes, en todos los casos, tanto aquellos en que se han celebrado vista pública ante la agencia apelada como aquellos en que ésta no ha sido celebrada la misma [sic]. Junta de Planificación v. J.A.C.L., supra, pág. 217, citando el Memorial al Presidente de la Comisión del De-sarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de re-presentantes sobre P. de la C. 1272, pág. 12.

En pasadas ocasiones interpretamos que disposiciones de ley similares a la citada, que permiten a organismos apelativos celebrar vistas, recibir pruebas y hacer sus propias determinaciones, establecen en realidad facultades revisoras de la naturaleza de un juicio de novo. Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755, 759-760 (1962). Al indicar el citado inciso (c) del Art. 31 que se podrá recibir “toda la prueba que resulte necesaria” (énfasis suplido), se permite que la revisión de la determinación de A.R.Pe. no esté sujeta sólo al expediente administrativo. La Junta de Apelaciones estaría entonces autorizada a emitir las órdenes y requerir la información que estime pertinente, e incluso a tomar en consideración prueba adicional a la evaluada por la agencia apelada. Dada la am-plia prerrogativa para solicitar prueba y para evaluarla que la ley le concede a la J.A.C.L., es obligatorio concluir que ésta puede llegar a conclusiones propias a base de la prueba desfilada.!)

De esa forma, el ámbito de revisión de la J.A.C.L. no está limitado por el principio de deferencia judicial. El que la J.A.C.L. sea una agencia de carácter cuasi judicial, no implica que esté obligada a darle deferencia a las determinaciones de hechos y conclusiones de A.R.Pe. Llegar a una conclusión contraria supone una abstracción irrazonable de las disposiciones legales que crean esta agencia apelativa administrativa y establecen sus facultades. Tratándose de una agencia, sería irrazonable aplicarle doctrinas que por su propia naturaleza y razón de ser sólo hacen sentido en un contexto propiamente judicial. Además, limitar a la J.A.C.L. de esta manera tergiversa el esquema administrativo adoptado en 1976 que, por las razones que fueran, refleja la intención legislativa de dar a la J.A.C.L. una función más amplia que la de un tribunal revisor.

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Una vez agotado el proceso administrativo, que incluye la apelación interagencial, la decisión final deberá revisarse judicialmente dentro de los parámetros del principio de deferencia judicial y su corolario, la presunción de regularidad y corrección de los procesos y las decisiones administrativas. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 122-123 (2000). Opera entonces el esquema de revisión fundado en la especialización de las agencias que fue desarrollado por la jurisprudencia y recogido años después en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. secs. 2101-2201.

Al igual que A.R.Pe., la J.A.C.L. evalúa factores técnicos de gran complejidad. Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., supra, pág. 333. Véase, además, A.R.P.E. v. Ozorez Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986). Por eso, los tribunales debemos revisar las decisiones de la J.A.C.L., como organismo apelativo administrativo, de acuerdo con las normas derivadas del principio de deferencia. () Dentro de este marco normativo, debemos concluir que en esta ocasión, aunque la J.A.C.L. no excedió el alcance de su facultad apelativa al revisar la decisión de A.R.Pe., erró en su dictamen final, según explicaremos a continuación.

La J.A.C.L. tomó su decisión tras celebrar una vista en la que participaron las mismas partes que lo hicieron en primera instancia en el procedimiento administrativo, así como la agencia apelada, A.R.Pe. Todas tuvieron la oportu-nidad de comparecer, ser oídas y presentar prueba. Tanto A.R.Pe. como la J.A.C.L. procedieron conforme a los proce-sos ordenados por las leyes aplicables. Ambas agencias aquilataron la prueba presentada por las partes interesa-das, los requisitos y las características del distrito, las ac-tividades comerciales realizadas en el sector y el impacto del uso solicitado en el área. No obstante, llegaron a con-clusiones distintas. A.R.Pe. determinó que el uso solicitado no era viable, por los efectos adversos que tendría en el área. En cambio, la J.A.C.L. concluyó que el uso era viable debido a que las condiciones del solar eran óptimas para el uso solicitado, y que no se afectaría el tránsito vehicular en el área. Además, la J.A.C.L. consideró la política pública que alienta el establecimiento de centros de cuidado de niños.

V

Nos corresponde entonces evaluar la racionalidad de la decisión de J.A.C.L., dentro del marco de deferencia judicial ya descrito. Un examen detenido de la decisión emitida por la J.A.C.L. revela que este organismo no hizo un aná-lisis exhaustivo del punto neurálgico de la controversia; esto es, el efecto que tendría la concesión del permiso en la seguridad, la salud y el interés de la comunidad.

La Junta de Apelaciones fundamentó su resolución en que el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, Regla-mento de Planificación Núm. 4 de 5 de noviembre de 2000, permite el uso solicitado “ministerialmente”. Interpretó que por ello A.R.Pe. tiene el deber ministerial de aprobarlo, puesto que no tiene discreción para decidir si procede o no un uso expresamente permitido por el reglamento. Tanto la J.A.C.L. como el tribunal apelativo justificaron la exis-tencia del “deber ministerial” aplicando la Sec. 11.02 del Reglamento de Planificación Núm. 4, supra, pág. 68. Esta sección permite el uso de un solar de novecientos metros cuadrados o más para establecer un centro de cuidado de niños. Ahora bien, las resoluciones de A.R.Pe. y de la J.A.C.L. determinaron, como cuestión de hecho, que el solar donde se propone ubicar el centro de cuidado tiene una cabida superficial de 800.01 metros cuadrados. Por lo tanto, no está presente el supuesto fáctico fundamental para aplicar la citada Sec. 11.00, ya que ésta requiere que el solar que ha de evaluarse tenga una cabida mayor de 900.00 metros cuadrados de cabida superficial. En vista de lo anterior, A.R.Pe. no tenía el deber ministerial de aprobar la solicitud para el permiso de uso, sino que dicha solicitud tenía que considerarse necesariamente según el meca-nismo de excepción que contempla la Sec. 84.00 del Regla-mento de Planificación Núm. 4, supra, pág. 289.

En Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., supra, señalamos que cuando los organismos administrativos encargados de la planificación y el ordenamiento físico del país autoricen o denieguen el uso solicitado de un solar por el mecanismo de “excepción”, deben tomar en consideración, entre otros, los factores siguientes: (1) la necesidad que tenga el vecindario de la actividad que se pretende establecer y si en el área ya existen actividades similares; (2) la conveniencia de la actividad para el vecindario o sector en particular, para que no resulte adverso a la salud, la moral, la seguridad y el bienestar público del vecindario; (3) la característica particular del vecindario en controversia; (4) la deseabilidad de que se concentren facilidades similares en el mismo sector; (5) el tráfico vehicular y el ruido que generará la actividad solicitada, y (6) si el carácter específico del vecindario particular debe recibir un tratamiento distinto al del sector en general. Íd., págs. 336-337.

En su resolución, la J.A.C.L. adoptó las determinaciones de hechos de A.R.Pe., pero llegó a una conclusión diametralmente opuesta al entender que el solar de referencia “provee suficiente espacio para estacionamiento y viraje”. Como fundamento, la J.A.C.L. señala únicamente la necesidad de autorizar centros de cuidado de niños para atender la realidad de las familias puertorriqueñas. No consideró en su resolución que el sector específico en el que se propone este uso está compuesto por diez solares y cuenta con una sola calle sin salida con un agudo problema de tráfico vehicular. La resolución tampoco contiene un análisis de las consecuencias que tendría para el vecindario el uso solicitado ni se observa que se hayan analizado los factores desarrollados por la jurisprudencia y que de-ben tomarse en consideración al autorizar o denegar el uso de un solar.() En esas circunstancias, la decisión de revo-car a A.R.Pe. resulta, cuando menos, arbitraria. Reiterada-mente hemos resuelto que una decisión administrativa que conceda o deniegue excepciones o variaciones acorde con los Reglamentos de Zonificación debe estar debidamente fundamentada. López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958).

A pesar de las amplias prerrogativas de la J.A.C.L. al revisar las actuaciones de A.R.Pe., dicha junta apelativa no puede revocar arbitrariamente las determinaciones de esa agencia y sustituirlas por las suyas. Conforme a lo explicado, A.R.Pe. es la agencia administrativa a la que se ha delegado la aplicación de los reglamentos de planificación a casos individuales y la implantación de los procesos de concesión de permisos de uso y construcción. La ley le otorga gran discreción a A.R.Pe. para aplicar los reglamentos y cumplir con sus deberes administrativos. Debe tomarse en cuenta que A.R.Pe. cuenta con los recursos profesionales y técnicos necesarios para llevar a cabo su encomienda. Por eso, aun cuando la J.A.C.L. está autorizada a llegar a sus propias conclusiones, ésta no debe rechazar caprichosamente las determinaciones de la agencia apelada. Permitir la actuación irrazonable de los organismos apelativos interagenciales provocaría la ineficacia del esquema ideado por el legislador para atender las necesidades de un desarrollo y una vida urbana ordenados. Ese esquema no prevé que A.R.Pe. pase a ser un mero oficial examinador de la J.A.C.L. ni que su determinación en primera instancia sea un paso pro forma en camino al organismo apelativo. La consecuencia inmediata de esta con-centración del poder decisorio en la J.A.C.L. sería una du-plicidad innecesaria de los procedimientos adminis-trativos.

Resolvemos que A.R.Pe. estaba obligada a evaluar el uso solicitado tomando en consideración las normas refe-rentes a excepciones, junto a la combinación de factores que presenta el caso de autos y ejercer su discreción para determinar si procedía la aprobación. Fundándose en de-terminaciones de hechos evaluadas según los criterios que estimó pertinentes, A.R.Pe. emitió una decisión razonable al denegar la solicitud de permiso de uso. Por su parte, la J.A.C.L. actuó contrario al Reglamento al revocar la deter-minación de A.R.Pe. y al determinar que no procedía con-siderar el uso solicitado vía el mecanismo de excepciones, emitiendo su decisión de forma ministerial conforme una sección del reglamento que no era pertinente al caso de autos. La actuación de la J.A.C.L. permitió que su facultad apelativa fuese utilizada con el propósito de obviar las dis-posiciones reglamentarias que está obligada a implantar. Esto es contrario a la intención legislativa que motivó su ereación.() Por lo tanto, la decisión de la J.A.C.L. fue arbi-traria y contraria a derecho.

Por todo lo anterior, procede expedir el auto para revocar las resoluciones del Tribunal de Apelaciones y de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, y reinstalar, por consiguiente, la resolución emitida por la Administración de Reglamentos y Permisos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió de lo pautado por la mayoría a los efectos de que los procedimientos ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones es “de la naturaleza de un juicio de novo”. Al igual que el Juez Asociado Señor Rebollo López, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez entiende que se está creando una “duplicidad innecesaria” en perjuicio del interés público al convertir en innecesarios y fútiles, desde el punto de vista práctico, los procedimientos ante la Administración de Reglamentos y Permisos.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Un examen de la jurisprudencia de este Tribunal revela las innumerables ocasiones en que este Foro se ha expre-sado a los efectos de que cuando una ley en particular re-sulta ser contraria a otra ley —y ambas, examinadas indi-vidualmente y por separado, son constitucionales— el Tribunal está obligado a armonizar las disposiciones de ambas leyes con el obvio propósito de llegar a un resultado correcto y justo en el caso en ese momento ante la consideración del Tribunal. Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005); Mun. de San Juan v. Banco Gub. de Fomento, 140 D.P.R. 873, 884 (1996); Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85, 94 (1961).

La facultad de armonizar leyes contradictorias es con-secuencia lógica y directa del poder inherente que posee-mos, como máximo foro judicial del país, de interpretar las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —Suárez v. C.E.E. III, 163 D.P.R. 400 (2004); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983)— y del hecho, real e inescapable, de que no hay otra alternativa, ya que es la única solución práctica y viable a nuestro alcance para resolver una situación de esta naturaleza.

Por otro lado, también hemos resuelto que, no importa la terminología que contenga una ley en particular, esta-mos obligados a interpretarla de forma tal que no llegue-mos a un resultado absurdo. Dicho de otra manera, no po-demos adherirnos, inflexiblemente, al sentido literal de la terminología de una ley si esa terminología nos lleva a un resultado que, obviamente, el legislador no pudo tener en mente ni desear, porque resulta ilógico o absurdo. Véase Morell et al. v. Ojeda et al., 151 D.P.R. 864 (2000).

Ese, precisamente, es el grave error que, lamentable-mente, comete la mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso al erróneamente interpretar las disposi-ciones de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.), estatuto que creó tanto la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) como la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.).

I

La relación de hechos que hace la Mayoría es adecuada, razón por la cual, y con el propósito de no cansar al lector, la adoptamos. Nos dedicamos a expresar el derecho aplica-ble y las razones por las cuales entendemos que la opinión mayoritaria emitida es completamente errónea y peijudi-cial a los mejores intereses de nuestra ciudadanía y del Gobierno.

HH I — I

A.R.Pe., creada mediante la Ley Núm. 76, ante, es la agencia con amplia discreción sobre la formulación y el mantenimiento de la política pública que se ha de seguir con relación al trámite de la concesión y denegación de per- misos de uso y la intención de proveer los remedios legales necesarios para que dicha agencia pueda velar por el cum-plimiento efectivo de sus determinaciones. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002); A.R.P.E. v. Ozorez Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986). Dicha agencia está investida con la facultad de aplicar y velar por el cumpli-miento de las leyes y los reglamentos de planificación. Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, (1985).

Sobre el requerimiento de permisos de uso, la Sec. 3.02 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, Regla-mento de Planificación Núm. 4 de 5 de noviembre de 2000, pág. 28, dispone:

A partir de la fecha de vigencia de este Reglamento se reque-rirá la expedición por la A.R.P.E. de un permiso de construc-ción para toda construcción, reconstrucción, alteración, am-pliación o traslado de cualquier estructura, así como un permiso de demolición o de un permiso de uso para ocupar o usar cualquier propiedad, estructura o terrenos. (Enfasis suplido.)

Conforme lo anterior, está dentro de las prerrogativas y expertise de dicha agencia la concesión o denegación de un permiso en casos en que así lo entienda correspondiente.

Por otro lado, la J.A.C.L. es un organismo administra-tivo, de carácter cuasi judicial, creado también al amparo de la Ley Núm. 76, ante. Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, 151 D.P.R. 689 (2000); Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979).

Dispone el Art. 31(a) de la Ley Orgánica de la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos/) en lo pertinente, que:

(a) La Junta de Apelaciones tendrá facultad para entender exclusivamente en aquellos casos en que una parte directa-mente interesada o afectada por actuaciones, determinaciones o resoluciones de la Administración de Reglamentos y Permi-sos en relación con: permisos de construcción y de uso de edi-ficios, permiso de uso de solares, para áreas de estaciona-miento; casos y planos de lotificación simple; planos de lotificación; casos donde se solicite la dispensa del cumpli-miento de requisitos de un Reglamento de Planificación me-diante una concesión o autorización directa.

El referido organismo cuenta con jurisdicción apelativa, limitada a revisar actuaciones o determinaciones de A.R.Pe. relacionadas con permisos de construcción, uso y lotificaciones simples, entre otros. Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, ante; Junta de Planificación v. J.A.C.L., ante. Como vemos, el aludido Art. 30 dispone la revisión intera-gencial de las determinaciones de A.R.Pe., previo al trá-mite de revisión judicial.

Dispone el inciso (c) del Art. 31 (23 L.P.R.A. sec. 72c(c)) que la J.A.C.L. celebrará una vista, con notificación previa a la Junta de Planificación, a A.R.Pe. y a las partes intere-sadas o afectadas, en la cual podrá recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos y deberá dictar su resolución dentro de los treinta días siguientes a dicha vista.

Este inciso establece, además, que

[l]a Junta de Apelaciones podrá decretar a nivel apelativo cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a su juicio deba dictarse:
(1) Por motivo de perjuicios ocasionados por circunstan-cias especiales o extraordinarias cuando la actuación o resolu-ción de la cual se apela resulta en una prohibición o restricción irrazonable del derecho del apelante al uso y disfrute de su propiedad;
(2) por denegaciones viciosas para emitir los permisos ne-cesarios, o
(3) por cualesquiera otras razones autorizadas en los re-glamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico y de la Administración de Reglamentos y Permisos adoptados o apro-bados a virtud de las sees. 62 a 63j de este título, este capítulo o cualquiera ley, y, a tal fin, la Junta de Apelaciones tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo de cuya actua-ción se apela, remitiendo copia de su determinación a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos. (Enfasis suplido.)

Se desprende de lo anterior que, al realizar su función revisora y hacer cualquier determinación, la J.A.C.L. to-mará en consideración si la actuación de la agencia a quien está revisando resultó en una restricción irrazonable del derecho del apelante al uso de su propiedad. En específico, al revisar la denegatoria de A.R.Pe. a conceder un permiso, la J.A.C.L. tendrá que analizar si dicha denegatoria fue correcta o, por el contrario, arbitraria.

Resulta necesario enfatizar que en nuestras decisiones previas, aun cuando, ciertamente, hemos reconocido la fa-cultad revisora de la J.A.C.L.,() realmente no hemos ela-borado una doctrina sobre el alcance del poder o de la fa-cultad de revisión que tiene la J.A.C.L. respecto a las decisiones emitidas por A.R.Pe.

HH HH HH

La Mayoría, ante la comprensible dificultad a la cual se enfrenta —de intentar explicar lo inexplicable; esto es, tra-tar de explicar, en forma “satisfactoria”, su errónea posi-ción— incurre en una serie de contradicciones que, real-mente llaman la atención. Meramente a manera de ejemplo, tenemos que, a través de su ponencia, la Mayoría expresa que: (1) A.R.Pe. es la “agencia que debe aplicar a casos individuales los reglamentos de la Junta de Planifi-cación y está a cargo del proceso de concesión de permisos de uso y construcción” (opinión mayoritara, pág. 695); (2) la citada Ley Núm. 76 “le otorga gran discreción a A.R.Pe. para aplicar los reglamentos y cumplir con sus deberes administrativos” ((énfasis suplido) id., pág. 702); que debe “tomarse en cuenta que A.R.Pe. cuenta con los recursos profesionales y técnicos necesarios para llevar a cabo su encomienda” (énfasis suplido) id.; que el esquema ideado por el legislador, por medio de la citada Ley Núm. 76, “no prevé que A.R.Pe. pase a ser un mero oficial examinador de la J.A.C.L. ni que [la] determinación [de A.R.Pe.] en pri-mera instancia sea un paso pro forma en camino al orga-nismo apelativo” (id.), esto es, ante la J.A.C.L.; que la “con-secuencia inmediata de esta concentración del poder decisorio en la J.A.C.L. sería una duplicidad innecesaria de los procedimientos administrativos” ((énfasis suplido) id., págs. 702-703); que la J.A.C.L. —“organismo adminis-trativo de carácter cuasi-judicial”— “no puede revocar ar-bitrariamente las determinaciones de [A.R.Pe.] y sustituir-las por las suyas” ((énfasis suplido) id., pág. 702), y que, “aun cuando la J.A.C.L. está autorizada a llegar a sus pro-pias conclusiones, ésta no debe rechazar caprichosamente las determinaciones de” A.R.Pe. (Énfasis suplido.) id.

De una lectura de las anteriores expresiones de la Ma-yoría se puede, lógica y razonablemente, concluir que ésta entiende que la J.A.C.L. debe actuar con deferencia hacia las determinaciones de hechos y decisiones que emita A.R.Pe. Ello no obstante, e incurriendo en una patente con-tradicción, a renglón seguido la Mayoría nos “ilustra” con expresiones tales como: que el hecho de que “la J.A.C.L. sea una agencia de carácter cuasi judicial, no implica que esté obligada a darle deferencia a las determinaciones de hechos y conclusiones de A.R.Pe.”, y que “el esquema admi-nistrativo adoptado en 1976 ...por las razones que fueran, refleja la intención legislativa de dar a la J.A.C.L. una función más amplia que la de un tribunal revisor”. (Énfa-sis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 698.

¿En qué quedamos? ¿Debe la J.A.C.L. conceder deferen-cia a las determinaciones y decisiones que haga y emita A.R.Pe. en un caso en particular o no debe hacerlo? ¿A las determinaciones de qué agencia administrativa —A.R.Pe. o la J.A.C.L.— es que el foro judicial está obligado a darle deferencia: a las de esta super agencia creada por la Mayo-ría en el presente caso, que tiene —“por las razones que fueran”, conforme expresa la Mayoría— “una función más amplia que la de un tribunal revisor”, o a A.R.Pe., que es la agencia que cuenta con el personal especializado y el expertise (o conocimiento técnico) en esta clase de situaciones? Opinión mayoritaria, pág. 698.

Finalmente, la Mayoría —tal y como si hubiera descu-bierto a América— sentencia que, dentro del esquema que establece la citada Ley Núm. 76, “la J.A.C.L. está facul-tada en ley para formular sus propias determinaciones, e incluso llegar a conclusiones distintas a las de [A.R.Pe.]”. Opinión mayoritaria, pág. 694.

No tenemos, realmente, objeción a esta última determi-nación mayoritaria. De hecho, no la podemos tener puesto que cualquier institución revisora —sea judicial o adminis-trativa— puede actuar así al resolver un asunto que es traído ante su consideración. A lo que tenemos objeción es a la determinación de que, en el ejercicio de la función que le concede la citada Ley Núm. 76, la J.A.C.L. no le debe deferencia alguna a la decisión que emita A.R.Pe. en un caso en particular. Debe mantenerse presente que, en esta clase de asuntos, A.R.Pe. es el organismo con conocimiento especializado en la materia; además, cuenta con el apoyo técnico requerido para resolver las controversias complejas que surgen en esta clase de casos. Sus determinaciones y decisiones, ciertamente, merecen deferencia.

Determinar que por el mero hecho de que la Ley Núm. 76, ante, establece que la J.A.C.L. podrá celebrar una vista en la cual podrá “recibir toda la prueba que resulte nece-saria’ ” para adjudicar el caso, ello significa que el procedi-miento ante la J.A.C.L. es “de la naturaleza de un juicio de novo”, es —por qué no decirlo— un error inconmen-surable. (Énfasis suplido y en el original.) Opinión mayori-taria, pág. 697.

Se está creando, equivocadamente, una “duplicidad in-necesaria” en perjuicio del interés público; ello en vista de que el Tribunal establece un esquema cuya consecuencia es el gasto innecesario de fondos públicos y de esfuerzo. Por otro lado, ello igualmente perjudica a las partes, las cuales estarán obligadas a comparecer a dos procedimientos, se-parados totalmente el uno del otro, con el consabido gasto y la pérdida de tiempo adicional. El establecimiento de estos dos procedimientos —totalmente separados el uno del otro— es un resultado absurdo que nunca pudo ser previsto por el legislador y que estamos obligados a evitar. La opi-nión mayoritaria emitida ha convertido, a todos los efectos prácticos, los procedimientos ante A.R.Pe. en unos procedi-mientos totalmente innecesarios y fútiles, a los cuales las partes, incluso, no le prestarán atención ni le darán impor-tancia alguna. No podemos suscribir tal posición; disentimos.

Creemos que nuestro deber, ante esta situación, es ar-monizar las disposiciones de la citada Ley Núm. 76 me-diante el establecimiento de un esquema que complemente los procedimientos ante A.R.Pe. y la J.A.C.L., a saber: ape-lada una decisión de A.R.Pe. ante la J.A.C.L., ésta deberá señalar una vista en la cual las partes podrán presentar prueba adicional a la presentada por ellos ante A.R.Pe. Terminada esa etapa, la J.A.C.L. deberá decidir: (1) en el ejercicio de la deferencia que merecen las determinaciones de hechos de una agencia especializada, si las determina-ciones de hechos realizadas por A.R.Pe. encuentran apoyo sustancial en la prueba que se presentara ante dicho orga-nismo, y (2) si la prueba adicional, presentada por las par-tes en la vista celebrada ante la J.A.C.L., amerita o no una decisión distinta a la emitida por A.R.Pe. en el caso.

Este curso decisorio, a nuestro juicio, armoniza las dis-posiciones de la Ley Núm. 76, ante, evitando el resultado absurdo al que llega la Mayoría en el caso hoy ante nuestra consideración.

IV

En este caso, aun cuando, ciertamente, el uso solicitado por Vélez Rodríguez está permitido por la reglamentación vigente,!) A.R.Pe. tenía amplia discreción, en virtud de las facultades concedidas por la Ley Núm. 76, ante —la cual le otorga a A.R.Pe. la facultad para decidir sobre solicitudes de permisos de uso y construcciones— para determinar si autorizaba o no el permiso de uso solicitado por Vélez Rodríguez. Previo a denegar el permiso, A.R.Pe. aquilató toda la prueba presentada por las partes en la vista admi-nistrativa y tomó en consideración y evaluó, entre otras cosas, los requisitos y las características del distrito donde quedaría localizado el centro de cuido, las actividades co-merciales del sector y el impacto en el bienestar y la salud en el área. Esta determinación se hizo tomando en cuenta los negocios que ya operan allí, en específico el centro de cuido ya existente, y la ubicación de la propiedad de la proponente dentro de la calle, en donde viven varias fami-lias y que, además, es una calle sin salida, por lo cual sólo hay una entrada para los residentes y para los clientes y visitantes de los negocios que allí se encuentran.

Fundándose en sus determinaciones de hecho, y a base de su expertise, A.R.Pe. concluyó que el uso solicitado no era viable, ya que se afectaría adversamente la calidad de vida de los vecinos debido al aumento en el tráfico vehicular que se ocasionaría en una zona que ya presentaba pro-blemas de tráfico. Dicha conclusión fue razonable, por lo cual la denegación del permiso no fue una arbitraria.

En revisión de la anterior conclusión, la J.C.L.A., to-mando en consideración la misma prueba presentada en la vista celebrada ante A.R.Pe., descartó sus determinaciones y concluyó, a su vez, que las condiciones de la vivienda de la proponente eran óptimas para la operación de un centro de cuido y que el flujo vehicular no se afectaría. La J.A.C.L., al rechazar la conclusión de A.R.Pe. sin analizar su razonabilidad, ciertamente sustituyó el criterio de esta agencia por el suyo. Su proceder fue erróneo, sobre todo cuando consideramos que las partes no presentaron prueba adicional alguna en la vista ante la referida Junta.

Aun cuando, en efecto, la J.A.C.L. puede recibir prueba adicional para tomar una decisión, ello no implica que pueda hacer abstracción de los hechos adjudicados por A.R.Pe. y de sus conclusiones, siempre y cuando los prime-ros encuentren apoyo en la evidencia que obre en el expe-diente y las segundas no sean arbitrarias, irrazonables o caprichosas. En fin, nos enfrentamos a una situación en que la J.A.C.L. —organismo cuasi judicial— ha abusado de su discreción. La determinación de la J.A.C.L. no fue razonable. Erró el foro apelativo al negarse a expedir el auto.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, somos del criterio que procede la revocación de la actuación del Tribunal de Apelaciones en este caso.

      (1) Además, está facultada para revisar determinaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) sobre permiso de uso de solares para áreas de estacionamiento, planos de lotificación y solicitudes de dispensa del cumplimiento de requisitos de un Reglamento de Planificación mediante una concesión o autorización directa.

      (2) Véase, e.g., la sentencia dictada en Ay ala Alicea v. E.L.A., 118 D.P.R. 507, 510 (1987).

      (3) La Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU) dispone que las determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se fundamentan en evidencia sus-tancial que obra en el expediente administrativo, mientras que las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Ahora bien, en ocasiones los tribunales pueden enfrentarse a controversias que no siempre son ta-jantemente de “hecho” o de “derecho”. En estos casos, como bien señala el Prof. Demetrio Fernández Quiñones, “[p]ara que la concepción interpretativa de la agen-cia pueda prevalecer y recibir un trato deferencial, es imprescindible que se reúnan los requisitos de consistencia y razonabilidad [sic] con el propósito legislativo”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 1993, Sec. 9.4, pág. 549. Véase, además, Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 122-124 (2000).

      (4) La irrazonabilidad e incongruencia de la decisión de Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.) se desprende de la misma resolu-ción: “a nuestro juicio las características de la propiedad en controversia son ideales para este uso. Desconocemos si el centro de cuido diurno existente y perteneciente a la Sra. Tañón puede proveer estacionamiento y área de viraje.” (Énfasis nuestro.) Reso-lución de la Junta de Apelaciones, pág. 5.

      (5) Originalmente, el artículo que establecía las facultades de J.A.C.L., disponía que ésta velaría por que el ejercicio de su facultad apelativa no fuese utilizada con el propósito de obviar las disposiciones reglamentarias. Dicho lenguaje fue excluido del proyecto de ley finalmente aprobado. La eliminación de esta disposición fue recomen-dada por la Cámara de Representantes, pues consideraba que “la misma es innece-saria, ya que queda implícito y dentro del espíritu y la intención del proyecto el que todos los organismo públicos cumplan con esta obligación”. Informe Conjunto de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 1074 de mayo 1975, pág. 13.

      (1) 23 L.P.R.A. sec. 72c(a).

      (2) Véanse: Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000).

      (3) En específico, por la antes citada Sec. 11.02 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, Reglamento de Planificación Núm. 4 de 5 de noviembre de 2000.