author: El Juez Asogiaeo Señor Todd, Jr.,

text:
    Rosendo Zegarra, Jr., peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Julio Suárez Garriga, Juez, demandada, Carmen López de Victoria, interventora.
    Núm. 1634.

    Sometido: Abril 8, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Enrique Báez García, abogado del peticionario; Fernando Zapater y. R. Otero Suro, abogados de la interventora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asogiaeo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Eosendo Zegarra, 3 r. radicó demanda de divorcio por la cansa! de trato cruel e injurias graves contra su esposa Carmen López de Victoria ante la Corto de Distrito de Ponce el 18 do enero de 1945. El 25 de enero la demandada ra-dicó una moción sobre alimentos provisionales y litis ex-pensas y el 1ro. de lebrero contestó la demanda negando to-dos los lieelios alegados. Después de una vista sobre la mo-ción y de acuerdo con la apreciación de la prueba la corte ordenó al demandante depositar mensualmente los días 25 de cada mes, en la secretaría de la corte, la sama de $125 para atender al pago de casa, alimentación, vestuario y otros gastos de la demandada y que depositara además, la suma de $100 como anticipo de los honorarios del abogado de la demandada los cuales serían oportunamente liquidados por la eorte. Posteriormente la pensión alimenticia fue re-bajada primero a $100 y luego a $90 mensuales. Debido a que el demandante so retrasaba en depositar las pensiones .sensualmente 3 a demandada se vió precisada a iniciar den-tro del caso, varios procesos por desacato, los cuales se tran-sigieron -antes o después de celebrarse las vistas correspon-dientes. Hubo un señalamiento del'(jaso para juicio el cual bubo de suspenderse por no haber cumplido el demandante con la orden de la eorte sobre alimentos.

El 20 de noviembre de 1945, día en que se celebraba la vista sobre una moción de desacato, el demandante radicó una moción solicitando de la .corte le tuviera por desistido de la continuación de su acción de divorcio. La demandada se opuso y solicitó que la corte antes de desestimar la de-manda, obligara al demandante a satisfacer todas las pen-siones alimenticias hasta la fecha en que la corte dictara su orden y además de los $100 que como anticipo de honorarios del abogado de la demandada que el demandante no había consignado, debía fijar en la orden el importe razonable de dichos honorarios.

La eorte se reservó el fallo sobre la moción de desacato y en cuanto al archivo y sobreseimiento solicitado por el de-mandante dispuso que se señalara para vista, señalamiento que se hizo para el día 27 de diciembre de 1945, fecha en que comparecieron las partes y solicitaron términos de diez y cinco días, respectivamente, para radicar alegatos, que les fueron concedidos. Mientras se tramitaba este incidente y hasta que lo resolvió la eorte vencieron otra« mensualidades de la pensión alimenticia sin que el demandante las consig-nara en corte y la demandada continuó radicando mociones sobre desacato.

El día 19 de febrero de 1946, fecha en que la eorte inferior celebró una vista sobre la última moción de desacato y a la cual no asistió el demandante por haber sometido, por telegrama, el incidente “eon la misma prueba que incidente anterior solicitando archivo del caso33, la demandada pre-sentó prueba y la corte dictó la siguiente orden:

"Apareciendo que el demandante no ha hecho efectivas las pen-siones alimenticias correspondientes a los meses de noviembre, diciem-bre y enero a razón de $90 mensuales, y
"Apareciendo que tampoco se lia consignado suma alguna para honorarios de abogado de la demandada,
"Apareciendo que se ha sometido a la Corte una moción solici-tando que la corte ordene el sobreseimiento y archivo del caso por desistimiento del demandante, que es de fecha 16 de noviembre de 1945;
"Apareciendo que se citó al demandante para que compareciera en el día de hoy a mostrar las razones por las cuales no deba ser condenado por desacato por no haber cumplido con su obligación de pagar a la demandada las pensiones de los referidos meses; enten-diendo la Corte que este caso no puede el demandante desistir del mismo hasta tanto baya liecbo efectivas todas las pensiones y pagado los honorarios del abogado de la demandada, entendiendo la Corte que una suma de dos cientos cincuenta dólares ($250) por todo el trabajo realizado por el abogado de la demandada, es una suma razo-nable;
"La Corte ordena que se notifique con copia de esta orden al demandante para que comparezca el día 4 de marzo de 1946, en. persona ante esta Corte, a demostrarle- a la Corte que ha pagado todas las pensiones alimenticias hasta ese día y $250 al abogado de la parte demandada, pensiones y honorarios que se ordena al deman-dante pagar antes que la Corte decrete el archivo y sobreseimiento de este caso, advirtiéndole que de no comparecer, o de ■ comparecer sin haber cumplido con el pago de las pensiones y los honorarios de abogado, la Corte, sin más citarle ni oírle, resolverá el caso de desacato contra el demandante en ese día.”

Para revisar esta orden expedimos, a petición del deman-dante en la corte inferior, el auto de certiorari en este caso.

Sostiene el peticionario que de acuerdo con el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, tiene derecho a desistir "libremente y sin limitación alguna” de su acción de divorcio ya que no existe ninguna reconvención ni contrademanda pendientes, y a que cesaran también los efectos de la orden sobre alimentos y que la corte no tenía facultad para imponerle, además, como condición previa del desisti-miento, el pago de las pensiones atrasadas y el importe de ios honorarios del abogado de la demandada.

Todos los casos resueltos por esta Corte y las de otras jurisdicciones citadas por el peticionario en su alegato tie-nen como base la interpretación del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, o estatutos similares. Empero, el caso de autos fué resuelto a base de la Eegla 41. de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que sustituyó en sus efectos el artículo 192, supra. Dicha regla, en su subdivisión (o) dispone lo siguiente:

Regla 41. — Desistimiento de Pleitos.
"‘(a) Desistimiento Voluntario; Bus Efectos.
• “(1) Por el Demandante; Por Estipulación. — Sujeto a las dispo-siciones de la Eegla 23(c), el demandante puede desistir de un pleito ain orden de la corte (I) mediante la radicación de un aviso de desis-timiento en cualquier fecha, antes de que se le notifique la contes-tación, o (II) mediante la radicación de una estipulación de desisti-miento firmada por todas las partes que hayan hecho una compa-recencia general en el pleito. A menos que de otro modo se exprese en el aviso de desistimiento o estipulación, el desistimiento será sin perjuicio, excepto que el aviso de desistimiento tiene el efecto de una adjudicación sobre los méritos cuando, es radicado por un deman-dante que lia desistido anteriormente en una corte de los Estados Unidos, estatal o insular de cualquier otra acción basada en o que incluya la misma reclamación.
“ (2) Por Orden de la Corte. — Excepto como se provee en el pá-rrafo (1) de esta subdivisión, ninguna acción será desistida a instan-cias del denumdante excepto mediante orden de la corte y tajo los términos y condiciones que ella estime procedentes. Si una recon-vención lia sido alegada por un-demandado antes de que se le notifiquo la moción del demandante para desistir, la acción no será desistida contra la objeción del demandado a menos que la reconvención pueda quedar pendieníc para ser adjudicada independientemente por la corte. A menos que de otro modo se especifique en la orden, un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio.” (Bastardillas nuestras.)

Habiendo sido contestada la demanda por la demandada con anterioridad a la radicación de la moción de desistimiento del demandante, el caso se rige por el apartado (2), supra, el cual, como hemos visto, dispone que, bajo estas circuns-tancias “ . . . ninguna acción será desistida a instancias del demandante excepto mediante orden de la corte y bajo los términos y condiciones que ella estime procedentes. ”

La interpretación que hasta ahora han dado las cortes federales a esta disposición es al efecto de que la misma concede a las cortes, en todas las acciones civiles, poder equitativo para imponer al demandante las condiciones que consideren justas antes de permitir que desista de su aeeión; que este poder, aunque judicial, es de naturaleza discrecional y que, en apelación, la revisión de dicho ejercicio de discreción judicial está limitada a determinar si las circunstancias concurrentes claramente demuestran un abuso de discreción. Home Owners’ Loan. Corporation v. Huffman, 134 F.2d 314, (C.C.A., 8th Cir. 1943); Federal Savings & Loan Ins. Corp. v. Reeves, 148 F.2d 731, (C.C.A., 8th Cir. 1945); Baker v. Sisk et al., 1 F.R.D. 232, (D. C. Eastern List. Okla. 1938); Mc-Cann v. Bentley Stores Corp., 34 F. Supp. 234 (D. C. W. D. Mo. 1940); Welter v. E. I. Du Pont De Nemours & Co., 1 F.B.D. 551 (D. C. D. Minn. Sec. Div. 1941); U. S. v. Lyman, 125 F.2d 67, (C.C.A. 1st Cir., 1942).

En el caso de McCann v. Bentley Stores Corp., supra, so expresó el propósito de la nueva regla en esta forma:

“Considero que el inciso (2) cíe la Regla 41(a) es una- de las más valiosas mejoras a la ley anterior lograda por las nuevas reglas. Antes de que entrara en vigor dicha regla sucedía con frecuencia (era permitido por las leyes de IVíissouri) que en un caso bien tras-ladado u originalmente radicado en esta corte, que estaba listo para fallo, después de haberse, resuelto las mociones preliminares que ha-bían sido vistas y sobre las cuales el demandante había presentado toda su prueba, y en que el demandado había traído testigos desdo sitios lejanos e incurrido en grandes gastos, el demandante desistía de su acción en el momento en que la corte estaba lista para rendir un veredicto a favor del demandado. Al día siguiente (el deman-dante) podía iniciar nuevamente la misma acción. Y el procedi-miento podía repetirse una y otra vez. Era una imposición ultra-jante no sólo al demandado sino también a la corte. La Regla 41 ha hecho mucho para poner coto a este mal. ’ ’

En el de Home Owners’ Loan Corp. v. Huffman, supra, se había revocado una sentencia dictada a favor del deman-dante y se le impusieron las costas en apelación. Al devol-verse el caso el demandante solicitó y obtuvo, ex parte, que se le diera por desistido de su acción. El demandado soli-citó la reconsideración, de acuerdo con la Regla 41, y alegó que el desistimiento le exponía a una nueva acción por los mis-mos hechos y, desestimada su moción, apeló. La Corte de Circuito, después de exponer el fin de la Regla, resolvió que la contención del demandante de que el derecho del demandado al pago de costas por el demandante quedaba cumplido por la sentencia sobre costas carecía de méritos pues “una sen-tencia no es equivalente al pago,” y que “En una moción del demandante para desistir sin perjuicio, las equidades del demandants no están sujetas a consideración bajo la regla. Los términos y condiciones que la corte pueda imponer son para la protección de los derechos del demandado.”

En el caso de Federal Savings and Loan Ins. Corp. v. First Nat. Bank, Liberty, Mo., 4 F.R.D. 313 (D. C. West. Dist. Mo., 1945) se dijo:

“Se observará que la regla no provee que la corte sólo está autori-zada o sólo puedo exigir el pago de costas. Si esa hubiera sido la intención de los que redactaron la regla hubiera sido fácil hacerlo así. La regla da poder a la corte para ejercitar su discreción al fijar los términos y condiciones independientemente de las costas estatu-tarias. ’ ’

En el de Hannah v. Lowden, 7 F.R.S. 635 (Dist. Ct. Okla., 1943), el demandante fue requerido, como condición al de-sistimiento de su acción sin perjuicio, a que pagara las cos-tas del demandado, incluyendo honorarios de ahogado y .ser-vicios notariales al tomar una deposición que había sido co-brada pero no pagada por el demandado y se resolvió, des-pués de citarse varios de los casos antes mencionados, que:

‘1 Con vista del razonamiento contenido en las autoridades citadas, además de la letra clara de la Regla 41 a, la corte es de opinión que las costas según sometidas por el demandado incluyendo $150 de honorarios de abogado y $10 de servicio notarial por tomar la de-posición, deberá cargarse al demandante, y se ordena al demandante, como condición al desistimiento de dicho caso sin perjuicio, que pague las costas y gastos, según sometidos. Según se provee en una orden registrada, se concederán treinta días al demandante desde esta fecha para pagar dichas costas.”

De acuerdo con esta jurisprudencia, tenemos por lo tanto, que la interpretación que las cortes federales lian dado a la Regla 41 a es unánime en el sentido de reconocer una am-plia discreción a la corte en cuanto a los términos y condi-ciones que puedan imponer al demandante antes de que éste puedá desistir de su acción sin perjuicio cuando él deman-dado ya ha contestado la demanda. La imposición y pago previo de las costas y honorarios de abogado del demandado es la condición más corriente. El fin que persigne la regla en este aspecto limitado es reembolsar al demandado los gastos en que ha incurrido inútilmente ya que, al desesti-marse la demanda sin perjuicio, el demandante está en liber-tad de iniciar una nueva acción sobre los mismos hechos— no adjudicados en la primera acción en forma alguna — obli-gando al demandado, a incurrir en nuevos gastos y desem-bolsos para defenderse de la segunda acción. '

En el caso de autos, por tanto, no tenemos duda de que la corte inferior tenía facultad para imponer al demandante la obligación, previa de pagar los honorarios del ahogado de la demandada como condición'del desistimiento de la acción. No puede sostenerse que abusó de su discreción al así hacerlo si tomamos en consideración, además, el hecho de que a pesar de que la corte ordenó al demandante, desde el 27 de febrero de 1945, depositar a favor de la demandada la suma de $100 como anticipo do los honorarios del ahogado de la demandada, los cuales serían oportunamente liquidados por la corte, el demandante nunca cumplió con dicha orden.

Ahora bien, además del pago de los honorarios de abo-gado, la corte inferior impuso como condición previa al de-sistimiento, que el demandante satisficiera a la demandada las pensiones alimenticias atrasadas. Arguye el peticionario que el 20 de noviembre de 1945 cuando radicó su moción de-sistiendo de la demanda no debía ninguna pensión alimen-ticia a la demandada y, bajo la teoría de que desde dicha fecha ya habla terminado el caso de acuerdo con ol artículo 192 del Código do Enjuiciamiento Civil, que disponía que: “El desistimiento ... se efectúa mediante la debida anota-ción en el libro registro del secretario” y bocho esto “se dictará sentencia de conformidad.”

No tiene razón el peticionario. Ya hemos dicho que el caso se rige, no por el artículo 192, supra, sino por la Re-gla 41(a) de las nuevas reglas y por tanto el caso no tor-mina hasta quo, cumplidos por el demandante los términos y condiciones que haya impuesto la corte para conceder el desistimiento sin perjuicio se dicte la sentencia correspon-diente

Cinco días después de radicada la moción de desistimiento por el demandante, o sea el 25 de noviembre, venció otra de las pensiones mensuales y así, sucesivamente, los días 25 de los meses de diciembre, 1945, y enero, y febrero de 1946, vencieron otras y cada mes la demandada radicó sendas mo-ciones sobre desacato. Fueron estas cuatro mensualidades a las que se refirió la corte inferior en la orden recurrida de febrero 19, 1946 y dispuso que fueran satisfechas por el demandante como condición para el desistimiento de la acción.

No aparece de autos el motivo por el cual la corte inferior no resolvió, antes del día 19 de febrero do 1946, la mo-ción de desistimiento del demandante. Sí consta que en una vista celebrada el día 27 de diciembre el demandante solicitó y se le concedió un término de diez días para radicar un alegato, concediéndose a la demandada uno de cinco días, lo que demuestra que la moción quedó sometida a mediados del mes de enero. Consideramos que la tardanza de la corte inferior en resolver la moción nó constituye un error de pro-cedimiento que pueda ser revisado por certiorari. Bajo la interpretación que hemos dado a la Kegla 41(a) tampoco cabe sostener, como pretende el peticionario, que la corte inferior actuó sin jurisdicción o que* erró al imponer al deman-dante como condición previa al desistimiento el pago de las' pensiones atrasadas y los honorarios del abogado de la de-mandada. Tampoco creemos que se excediera o abusara de sn discreción al fijar diehas condiciones, especialmente si tomamos en consideración que el propio demandante admi-tió, en una vista celebrada el 20 de noviembre, que si bien el desistir de su acción no le relevaba de su obligación de sostener a su esposa, sí la obligaría a ella a iniciar otra ac-ción para reclamar alimentos, y el hecho adicional de que la demandada declaró, en la vista celebrada el 19 de febrero, que el demandante vivía en concubinato con otra mujer en Mayagüez.

En cuanto a la última parte de la orden recurrida en que se hace constar que si el demandante no satisface las pen-siones atrasadas y los honorarios de abogado antes del día 4 de marzo de 1946, “la corte, sin más citarle ni. oírle, re-solverá el caso de desacato contra el demandante en ese día,” consideramos que si bien la corte estuvo justificada en su actuación por el hecho de no haber comparecido el deman-dante a la vista sobre desacato señalada para el 19 de fe-brero, la situación actual del casó, debido a la tramitación del presente recurso, ha dejado sin efecto dicha disposición. Cualquier actuación ulterior de la corte inferior deberá ha-cerse con oportunidad de oír debidamente ál demandante.

Se desestima la petición y emula el auto expedido.

      Esto artículo dispone:
      "üe piodiá desistir de una demanda, o declararse abandonada en los casos siguientes:
      “1. Por el mismo demandante on cualquier tiempo antes del juicio, previo pago de costas; salvo que mediase una reconvención, o que el demandado en su «contrad omanda o en'la contestación, hubiere solicitado alguna resolución a su favor. Si so Jilibioso acordado alguna medida provisional, deberá el secretario entregar el documento de la fianza al demandado, quien podrá proceder contra «si importe do la misma.
      Por cualquiera do las partes, mediante el consentimiento por escrito 'de '¿as demás.

        “3. Por la corte, cuando el demandante deje de comparecer en el juicio, y «compareciendo el demandado, pida que so declaro a aquél desistido.
      "4. Por lá corto, cuando durante el juicio y antes de la resolución final del caso, lo abandona el demandante.

        “5. Por la corto, a moción del demandado, cuando on el juicio no presentare «al demandante prueba suficiente piara fundar sobre ésta una sentencia. El desistimiento mencionado en los dos primeros párrafos, se efectúa mediante la debida anotación en el libro de registro del secretario. Hecho esto se dictará .sentencia de conformidad.”

      Bsta frase en la Kogla Federal dice: “. . . an action shall not bo dismissed at the plaintiff’s instance save upon order of the Court and upon such terms and conditions at; the Court deems proper.”

      Aun bajo el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, liemos re-suelto que aun cuando se dicte una orden teniendo al demandante por desistido do su acción con las costas, tal orden no es definitiva ni pone término al asunto mientras no so registre una sentencia. Hernández v. Blanco et al., 17 D.P.R. 574. Y en el caso de Montilla v. Corte, 61 D.P.R. 389, resolvimos, y catamos del sumario, que:
      “Presentada una moción por el demandante desistiendo de un pleito da divorcio, sin llegarse a registrar la sentencia correspondiente, la corte conserva su jurisdicción para dictar cualquier providencia que se interese sobre la custodia provisional de los hijos habidos en el matrimonio.”

      Aun bajo estatutos similares al artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, so ha resuelto que la corte puede imponer, como condición al desistimiento solicitado por el demandante, que pague las pensiones alimenticias atrasadas y los iionorqrios de abogado además de las costas. Véanse los casos citados en la anotación contenida en 138 A.L.R. 1100, especialmente a las páginas 1110 y siguientes.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Cósbova

license: Public Domain

text:
    Rafael Picó, Santiago Iglesias y S. L. Descartes, en su carácter de miembros y constituyendo la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, recurrentes, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. La Costa, Jr., Juez, demandada; Cementerio Buxeda, Inc., interventora.
    Núm. 38.

    Sometido: Marzo 4, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Ciro Malairasi, Jr., Rafael li. Fuertes y Rafael Rodrigues lebrón, abogados de los peticionarios; F. M. Susoni, Jr. y Pablo Defendini, abogados de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señok Cósbova

emitió la opinión del tri- . bunal.

Cementerio Buxeda, Inc. compró terreno para dedicarlo a un cementerio, solicitó del Comisionado de Sanidad expi-diera el permiso necesario para la construcción del cemen-terio, y encontró que el Comisionado, a pesar de no tener objeción que hacer al proyecto, se negaba a expedir el per-miso por habérselo así requerido la Junta de Planificación, Urbanización y Zoniíicación de Puerto Ilieo. Eadieó enton-ces demanda contra la J anta y el Comisionado, alegando los 'hechos ya expuestos y solicitando un injunction prohibiendo a la Junta intervenir con el Comisionado; y al Comisionado darle intervención alguna a la Junta, en lo relativo al per-miso interesado. Los demandados radicaron moción para desestimar la demanda por no aducir ésta hechos suficientes y por carecer la corte inferior de jurisdicción. La corte inferior declaró sin lugar la moción para desestimar, y es ésa la resolución objeto de revisión en este recurso de certiorari iniciado a tenor del artículo 671A del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Eico (Ley núm. 82 de 3 de mayo de 1943 (pág. 85)).

Después de expedirse el auto, la legislatura derogó el artículo 671A del Código, de Enjuiciamiento Civil. Invitadas las partes a informar sobre el efecto que esa derogación tiene en cuanto a nuestra jurisdicción para continuar conociendo del recurso, ambas partes están conformes en que nuestra jurisdicción no puede ya apoyarse en el artículo derogado, y'sólo puede ejercerse si el recurso está compren-dido entre los de certiorari clásico que autorizan los artícu-los 670 y 671 del Código ele Enjuiciamiento Civil. La Junta recurrente sostiene que se trata de un caso propio para re-visión mediante certiorari clásico, y que debemos resolverlo en sus méritos. La interventora Cementerio Buxeda, Ine.., sin impugnar nuestra jurisdicción para continuar conociendo del caso, sugiere que no es un caso propio para el certiorari clásico y por lo tanto debemos anular el auto y devolver .el caso a la corte inferior.

El caso gira en torno a la impugnación que do la juris-dicción de la corte inferior hace la Junta peticionaria. El certiorari clásico procede para determinar si las actuaciones de cortes inferiores se exceden o no de su jurisdicción. Bravo v. Corte, 60 D.P.R. 272; Pujals Carlo v. Corte, 4-0 D.P.R. 419. Tenemos, por lo tanto, jurisdicción para seguir cono-ciendo del recurso. Y aunque difícilmente consideraríamos propio él expedirlo si se solicitara ahora por primera vez., el hecho es que se expidió el auto, y las partos han infor-mado extensamente, oralmente y por escrito, faltando sólo la decisión de este Tribunal. En esas circunstancias' creemos que los intereses ele las partes litigantes quedarán mejor servidos si continuamos entendiendo del caso y resolvemos las cuestiones planteadas.

La cuestión principal que plantea la Junta peticionaria es que la corte inferior carece de jurisdicción para conocer del caso, ya que la Ley núm. 213 do 12 de mayo do 1942 (Leyes de 1942, (1) pág. 1107), según enmendada por la núm. 155 de 14 de mayo de 1943 (Leyes de 1943, pág. 489) en sn artículo 26 dispone en efecto quo cualquier persona interesada en la aprobación de un plano de lotiíieaeión que? haya desaprobado' la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificaeión de Puerto Bico, podrá solicitar la revisión de la ■decisión de la Junta por esta Corte. Según resolvimos en Picó et als. v. Corte, 65 D.P.R. 888, la jurisdicción de esta Corte para revisar las decisiones de la Junta de Planifica-ción sobre lotificación de acuerdo- con el artículo 26 de la ley ■citada, es exclusiva.

La interventora sostiene que no se trata de un caso de lotificación, por lo que nó es de aplicación el artículo 26 de la Ley núm. 213.

La Ley núm. 213. de 1942, según enmendada, faculta a la Junta de Planificación, Urbanización y Zoniíieación de Puerto Rico para reglamentar la “lotificación” y “zoniíieación” de terrenos en-Puerto Rico. “Lotificación” significa la división .-o subdivisión de una parcela en dos o más' partes para la venta o para una nueva construcción (Artículo 2). “Zoni-:fieaeión” significa la determinación del uso que se permitirá hacer del terreno en distintas zonas o distritos (Artículo 9).

301 artículo 24 de la Ley núm. 213, según enmendado, dis-pone en lo pertinente como sigue:

“Artículo 2A. — Lotíficaciones.—A partir de la fecha de vigencia •de los reglamentos aplicables para lotificacioncs según se dispone en el artículo 10 en la presente, no se hará en Puerto Rico ninguna loti-ftcación de terrenos y no se aceptará para registrarlo ningún plano de lotificación de terrenos, ni se levantará ningún edificio, ni se -venderá o arrendará ningún terreno en áreas urbanas o para urbanizaciones, ni so expedirá ningún permiso, excepto cuando y hasta dónde, se cum-plan dichos reglamentos y hayan sido finalmente aprobados de acuerdo con los mismos por la Junta; . . .”.

Suponiendo, sin resolverlo, que las disposiciones1 de la Ley núm. 213 en cuanto a lotificación se refiere son aplicables a los cementerios, resta determinar si existe un reglamento de la Junta que rija tales lotificaciones. Si existe tal regla-mento, no procede, de acuerdo eou el artículo 24 de la ley, que el Comisionado de Sanidad expida permiso de construc-ción a la interventora basta qué la junta apruebe los planos, y la decisión do la Junta aprobando o desaprobando los pla-nos sólo podrá impugnarse mediante el recurso de revisión ■provisto en el artículo 26 do la ley.

La Junta recurrente sostiene que existe un reglamento aplicable a cementerios, el Reglamento de Lotiñcación pro-mulgado el 29 de junio de 1944.4 Dispone el artículo 1 del Reglamento que “toda lotiñcación (urbanización) de terre-nos en Puerto Rico, tanto urbanos como rurales, se regirá por las disposiciones del presente Reglamento-. . . y al igual que la Ley núm. 213 define lotiñcación como la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta o para una nueva construcción, incluyendo urbanización. Si nos atenemos a la letra'del ar-tículo 1, podría decirse que la definición de “lotiñcación” comprende la división de terreno en parcelas para tumbas. Una lectura de la totalidad del Reglamento, sin embargo, nos convence de que no es-aplicable a cementerios. 'Veamos.

Habla el Reglamento de tres clases de “lotifieaciones”: la división de fincas en la zona rural para fines agrícolas (Artículo 1), la urbanización propiamente dicha, o sea, el desarrollo de terreno para ser poblado (a ésta lo son aplica-bles sustancialmente todos los sesenta artículos del Regla-mento) y la lotiñcación simple (Artículo ,13), o sea, aquella división de terreno para venta o construcción que no exija “la construcción de calles y otras obras de.urbanización”, y para aprobar las cuales no es por lo tanto necesario se pre-sento a la Junta un plano de construcción. Es obvio que los cementerios no caben ni dentro de la primera ni dentro de la última clasificación, pues ni se dedican a fines agrícolas, ni prescinden de calles o paseos y otras construcciones que aconsejan, si no exigen, un plano de construcción. Tampoco caben, a íuiosíto juicio, en la clasificación de urbanizaciones, .según se- desprende del Reglamento. Las obras de urbani-zación, según el artículo 39, por ejemplo, contendrán los si-guientes requisitos: explanación del terreno dedicado a so-lares cuando el nivel de los mismos resultase más bajo o con-siderablemente más alto que la rasante de la calle; abaste-cimiento de agua para cada solar; bocas de incendio que no se situarán a una distancia mayor de 185 metros una de otra; alcantarillado de aguas negras para cada solar. El artículo 17 nos dice que la lotificación del terreno se liará en tal forma que cada solar quede provisto con acceso a una calle o ca-rretera pública. El artículo 15 nos dice cuándo la Junta no aprobará una lotificación: cuándo habrá de crear solares que no provean condiciones para edificar, o un ambiente saluda-ble para la vivienda; cuándo.la demanda para tal lotifiea-ción no justifique su desarrollo inmediato, y cuándo el uso del terreno no se ajusta a las ordenanzas vigentes de zoni-ñeación Los artículos 16 al 33, inclusive, tratan de las calles, aceras, callejones, senderos, servidumbres, encintados, cunetas, pendientes, curvas, rectas y encrucijadas, y el 34 del tamaño de-las manzanas, de toda urbanización. El artículo 37 habla de las escuelas, parques y campos de recreo y de-porte en las urbanizaciones, y dispone que por lo menos el cinco por eiento del área total de toda lotificación se reser-vará y dedicará legalmente para fines recreativos. El ar-tículo 38 habla, de la designación y numeración de calles y solares.

Hemos mencionado algunos de los artículos del Regla-mento contentivos de disposiciones especialmente aplicables ál ordenamiento del terreno que usan los hombres para vi-vir, moverse y trabajar y especialmente inaplicables,al orde-namiento de un camposanto. La lectura de la totalidad del Reglamento sólo confirma la impresión que dan estos artícu-los de que el Reglamento no es aplicable a la distribución in-terna del terreno dedicado a un cementerio, como tampoco es ni pretende serlo, aplicable a la distribución interna de te-rreno dedicado a hospitales, escuelas, universidades y otras instituciones.

Francamente, no sabemos, ni nos dice la Junta, en qué forma aplicaría, o podría aplicar el Reglamento de Lotifica-ción si se le presentara para su. aprobación un plano de un cementerio. Las normas y requisitos que fija el Reglamento no serían aplicables. Tendría la Junta que proceder* por primera vez a fijar normas y requisitos mínimos para un cementerio, normas y requisitos que fueran, aplicables a ce-menterios en general. En otras palabras, tendría que adop-tar el reglamento para cementerios que hoy no tiene.

No es necesario que resolvamos si la Junta tiene la fa-cultad, de acuerdo con la Ley núm. 213, según enmendada, para reglamentar el ordenamiento interno del terreno de un cementerio. Como ya hemos indicado, tampoco está envuelta en este caro la facultad de la Junta para zoniñear. Lo único que resolvemos es que la Junta no ha reglamentado la dis-tribución interna de los terrenos de los cementerios, o sea, lo que podría llamarse la lotificación de esos terrenos si es que se trata de una lotificación según se define la palabra en la Ley mim.- 213.

No habiendo reglamento de la Junta aplicable al caso, no es de aplicáeión el artículo 24 de la Ley núm. 213 que pro-híbe se expida permiso de construcción excepto cuando y hasta donde se cumplan los reglamentos de la Junta, ni tam-poco es aplicable el artículo 28 de la ley que permite la re-visión ante esta corte de las decisiones de la Junta apro-bando o desaprobando planos de lotificación, ya que ni la Junta ha resucito nada ni se trata de un caso en que se ne-cesite la aprobación de planos pór la Junta.

No erró por lo tanto la corte inferior al determinar que tenía jurisdicción para conocer del caso.

La Junta recurrente plantea otra cuestión en este recurso: que de la demanda de Cementerio Buxeda, Jnc., apa-rece que la demandante no tiene capacidad para demandar, por haber sido organizada con el propósito de comprar y vender bienes inmuebles, en violación de la Resolución Con-junta del Congreso de Estados Unidos de mayo 1, 1900. De la demanda resulta que la corporación demandante se creó con el fin de adquirir, construir, operar y mantener' uno o más cementerios en Puerto Bieo. Arguye la recurrente que no se puede desarrollar y mantener un cementerio sin ena-jenar el terreno. No estamos de acuerdo. Una iglesia no enajena su terreno o parte de su edificio por el hedió de que en ella se entierren cadáveres. Ni creemos que al verificarse un entierro en el Cementerio Nacional de Arlington, por ejemplo, pueda decirse que ol gobierno enajena sn terreno. No es esencial, pues, al desarrollo de un cementerio el ena-jenar terreno, aun cuando comúnmente se haga. De la de-manda no aparece que la corporación se proponga enajenar el terreno. Por lo tanto, aun suponiendo, sin resolverlo, que la prohibición de la Resolución Conjunta de 1 de mayo de 1900 sea aplicable a una corporación que se dedique exclu-sivamente a explotar un cementerio y como incidente de ese negocio enajene parcelas para tumbas, no puede decirse que de la demanda surja que la demandante haya violado el es-tatuto citado, y mucho menos que carezca de capacidad para demandar.

Por los fundamentos expuestos, debe anularse el mito expedido y devolverse el caso a la corte inferior.

       Esta última disposición no es pertinente al caso de autos, por no estar envuelta la aplicación de ninguna ordenanza de zonifieaeión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Amador Soto y otros, acusados y apelantes.
    Núm. 11307.

    Sometido: Mayo 3, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Rafael Hernández Matos, abogado de los apelantes; IIon:Procurador General, E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Odio individuos convictos y sentenciados por infracción al artículo 299 del Código Penal apelan de la sentencia, y señalan como error la insuficiencia de la prueba.

El artículo 299 del Código Penal dispone, en lo pertinente :

“Toda persona que jugare, tomare parte, o tuviere establecido, abriere o hiciere abrir o que dirigiere como principal o empleado, por aquiler o de otro modo, cualquier juego de faro, monte, ruleta, fan tan, poker, siete y media, veintiuna, hokey-pokey o cualquier juego de azar, con barajas, dados, o de cualquier otra clase, por dinero, che-ques, crédito o fichas representando valores, así como toda persona que jugase o axiostare a favor o en contra, en cualquiera de dichos juegos prohibidos, será reo de ‘misdemeanor’, incurriendo en multa que no excederá de quinientos dólares, o cárcel por ún término máximo de seis (6) meses, o ambas penas, las antedichas multa y prisión. ’ ’

Hemos resuelto que aquellos juegos de azar que no se mencionan expresamente en el artículo citado, no son prohi-bido 3 a menos que haya una persona que abra, dirija o ad-ministre la jugada, y reciba alguna ganancia o beneficio. Pueblo v. Domínguez, 32 D.P.R. 316; Pueblo v. Marcano, 24 D.P.R. 476.

De la prueba resulta que uno de los acusados,' Fernando Bonafoux, abría, dirigía y administraba un juego de-nominado “pares o nones,” en el cual participaban varias personas. Se jugaba en una mesa de billar sobre un extremo de la éual se colocaba un número de palillos. Un individuo tiraba a los palillos desde el otro extremo de la mesa con una bola de billar impulsada por un taco, do manera que la bola rebotara contra una de las bandas de la mesa antes de dar a los palillos. Antes de tirar, apostaba dinero con uno o más de los qne estaban presentes a que habría de tumbar un número par o impar de palillos. Además, se cruzaban apuestas de dinero entre los otros en cuanto al resultado del tiro. Bonafoux recogía el dinero apostado y pagaba a los ganadores. Si ganaba el tirador, Bonafoux retenía para sí cinco centavos. Si perdía el tirador, Bonafoux no recibía nada.

Los apelantes insisten en que se trata de un juego de habi-lidad, porque el resultado depende de la habilidad del tira-dor. La única prueba sobro este extremo es la declaración del acusado Bonafoux, quien declara que el tirador “trata de tumbar dos palos, pero a veces le salen tres” y que “si digo ‘nonos’ puedo dar pares”. Se le preguntó entonces que si eso obedecía a la falta de habilidad o a la suerte, y ‘contestó “Se debe a que usted tiene oportunidad de ganar. Tiene que tener habilidad, porque usted tiene .que meter la bola.” Y luego añade que el tirador más hábil tiene más oportunidad do tumbar el número de palillos qne desea qne el menos hábil.

Aunque no hay duda de que la habilidad del tirador de-sempeña cierto papel en el juego, parece evidente que ese factor no es decisivo. Como indica el acusado Bonafoux, ■ siempre hay oportunidad de ganar o perder. Si no la hu-biera, no se explicaría la popularidad del juego, que no se limita a Ponee, como creen los apelantes, sino que se extiende basta las Filipinas, donde se ha resuelto que es un juego de a-zar. Estados Unidos v. Concepción, 37 Jur. Fil. 52. No creemos propio entrar en disquisiciones filosóficas en. cnanto al relativo peso de los distintos factores que puedan deter-minar la incertidumbre en el resultado. En algunos de los juegos que se prohíben específicamente en el artículo 299 del Código Penal, como el poker, la habilidad desempeña un papel importante. En otros, como la ruleta y los dados, no entra en juego la habilidad, en ausencia de fraude. Am-bas clases de juegos se prohíben si se utilizan como medio para apostar dinero, y se prohíben solamente cuando así se utilizan. El caso de autos a nuestro juicio ofrece un ejem-plo típico de la clase de juego que prohíbe el artículo 299. No se trata de un juego como el billar, el ajedrez, lar, da-mas, los bolos, o la pelota, que tienen su finalidad propia, ajena a las apuestas de dinero, aunque a veces se ■apueste al resultado. Se trata de un juego que, como el poker, los dados, la ruleta, normalmente no tiene otra finalidad que el apostar dinero o su equivalente. Es por lo tanto, según se resolvió en Estados Unidos v. Concepción, supra, un juego de azar, o sea, uno de los juegos que prohíbe el artículo 299 del Código Penal.

La prueba, como hemos visto, demuestra que Bonafoux abría, dirigía y administraba el juego y recibía una ganan--cia. El hecho de que esa ganancia fuera fija, y no depen-diera del montante de las jugadas, no es importante. Lo importante es que Bonafoux se lucrara del juego. Quedó por lo tanto establecida el delito en cuanto a Bonafoux.

En cuanto a los otros siete apelantes, no existe la menor justificación para su convicción. Sólo uno de los siete se menciona en la denuncia. La prueba no hace la menor referencia a ninguno de ellos. Bebe por lo tanto revocarse la sentencia en cuanto a todos los acusados excepto Bona-foux, y en cuanto a éste, confirmarse.

       Véase la extensa monografía sobre juegos ele azar en 135 A.L.R. 104, qus ilustra el escaso valor de tales disquisiciones.


text:
    Fausto López, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1184.

    Sometido: Abril 3, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Amador Ramírez Silva, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la. opinión del tribunal.

El dneño de nna máquina de aplanchar otorgó an con-trato hipotecándola en garantía de un pagaré al portador. Posteriormente el recurrente juró al calce del contrato que era tenedor del pagaré, y solicitó la inscripción de la hipo-teca en el Registro. Denegó la inscripción el registrador por tratarse de nn contrato de hipoteca de bienes muebles en el cnal no concurrió el acreedor, citando el caso do Alvarez v. Registrador, 64 D.P.R. 40.

El recurrente sostiene que -su caso se rige por el de Arroyo v. Registrador, 55 D.P.R. 808, porque es el alegado tenedor del pagaré hipotecario el que solicitó la inscripción mientras c¡uo en Alvarez v. Registrador, supra, la solicitud de inscripción la hizo el deudor. La distinción, la cual fue sugerida por nosotros en Alvares v. Registrador, supra, no es válida. No importa quien solicite la inscripción, no pro-cede si el contrato de hipoteca sobre bienes muebles es unilateral, y no designa a persona determinada como acreedora. En el caso de Arrogo, supra, sólo se resolvió que puede re-currir de una nota denegatoria nna persona cuyo represen-tante presentó el documento denegado para inscripción. En enasto a los méritos del caso, se confirmó la nota denegato-ria. Arroyo v. Registrador, 57 D.P.R. 183.

En el caso de aritos el contrato es unilateral. No designa a persona determinada como' aeréedora. M acreedor resulta ser tm desconocido, a saber, el tenedor de nn pagaré. Es cierto que el recurrente La jurado que él es el tenedor del pagaré, pero ese acto unilateral do una persona que no fné parte en el contrato no-puede surtir el efecto de modificar el contrato en forma alguna. Ni basta el juramento de un extraño para acreditar ante el registrador que ese extraño es tenedor del pagaré, ni basta que se le acredite al regis-trador que determinada persona es tenedora del pagaré. Lo que es necesario es que el deudor convenga en garantizar lo que él le adeuda a una persona determinada. Alvarez v. Registrador, supra.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Dolores Torres, Irene Ortiz, Teresa Morales y Úrsula Sepúlveda, querellantes y apeladas, v. Doctores Nelson Perea y Augusto Perea, propietarios de la“Policlínica Perea”, querellados y apelantes.
    Núm. 9282.

    Sometido: Marzo 8, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Oscar Bouffrount, abogado de los apelantes; Redro Santana, Jr., abogado del Departamento del Trabajo, a su vez abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Apelan los demandados de una sentencia condenándolos a pagar a las cuatro demandantes-, quienes trabajaron en la elíniea de los demandados desde noviembre de 1940 hasta-julio de 1943 en calidad de aplanchadoras y costureras, la diferencia entre el salario que recibieron y el mínimum de seis dólares semanales que fija la Ley número 45'de 1919 (Leyes de 1919, pág. 20]} y la compensación correspondien-tes a la novena hora que, según resuelve la corte inferior, trabajaron las demandantes diariamente y por la cual no habían sido compensadas

Sostienen los apelantes, en primer término, que no les es aplicable la Ley núm. 45 de 1919, sobre salario mínimo-para mujeres, porque su clínica no es una do las ‘É ocupacio-nes industriales, comerciales y de servicio público” a que se refiere la ley. De la prueba resulta que la clínica de los de-mandados alojaba pacientes que pagaban por los servicios prestados, entre ellos muchos .cuya estancia era pagada por el Fondo del Seguro del Estado mediante contrato al electo. No hay prueba alguna de que la elíniea se dedicara, aún par-cialmente, a fines caritativos. En Carrasquillo v. American Missionary Association, 61 D.P.R. 867, resolvimos que un hospital que cobra a sus pacientes es una empresa, dentro del significado del artículo 1803 del Código Civil, y dijimos que era una empresa comercial. Y en Hospital San José, Inc. v. Junta, de Salario Mínimo, 63 D.P.R. 747, resolvimos que las clínicas y hospitales que no son puramente caritati-vos están comprendidos dentro de los términos de un esta-tuto cuya finalidad es idéntica al que nos ocupa, aunque su definición de los empleados y empresas sujetos al mismo es más amplia. Los propios apelantes en su alegato nos ha-blan de las clínicas “ . . . do carácter comercial, como mu-chas de las que existen en San Juan, establecidas bajo bases comerciales, . . . ”. No nos indican en qué difiere su clínica de las comerciales de San Juan, ni tenemos base alguna para suponer que en Mayagüez, donde radica la clínica de los apelantes, o en el rosto de la Isla se explote el negocio de clínica en forma distinta a la de San Juan.

Considerando los precedentes citados, y la acepción usual, en Puerto Rico do la palabra “comercial”, ilustrada por el uso que a la misma' dan los propios apelantes, precisaría adoptar una interpretación restrictiva de las palabras “ocu-paciones comerciales” que utiliza la Ley núm. 45 de 1919 para poder concluir que dielia ley no es aplicable a una clí-nica corno la de los apelantes. Pero ni en la letra de la ley ni en el fin que persigue encontramos justificación alguna para interpretar su alcance en forma- restrictiva. Véanse Irizarry v. Rivera Martínez, 56 D.P.R. 519; Pueblo v. Alvarez, 28 D.P.R. 937. Concluimos por lo tanto que los ape-lantes empleaban a las apeladas en una ocupación comercial, y que por lo tanto venían obligados a pagar el salario mí-nimo que fijada la Ley núm. 45 de 1919.

Arguyen los apelantes que la corte erró al resolver que no pagaron a las apeladas el salario mínimo que dis-pone la Ley número 45 de 1919. La prueba no ofrece conflicto sobre este particular. Los salarios de las apeladas, quienes trabajaban no menos de seis días a la semana, fluctuaban entre $8 y $11.20 al mes. Los apelantes además les proporcionaban tres comidas al día en la clínica. La queja de los apelantes es que la corte no considerara esas comidas como parte de la compensación. No vemos cómo podía la corte añadir el-valor de las comidas al salario convenido, porque hubo una ausencia total de prueba en cuanto al valor de las comidas. Además, la Ley núm. 17 de 1931 (Leyes de 2931, pág. 195) dispone que los salarios de los obreros se pagaran en dinero y que será nulo todo contrato de trabajo en tanto en cuanto se convenga el pago de todo o parte de los salarios en otra forma. Interpretando esa ley en reía-ción con la Ley núm. 45 de'1919 que fija el salario mínimo para mujeres, nos parece evidente la conclusión de que las comidas u otros privilegios o concesiones que se llagan a la obrera no pueden computarse como parte del salario mínimo.

No erró por lo tanto la corte inferior al declarar con lu-gar aquella parte de la reclamación de las apeladas que des-cansa en la Ley núm. 45 tie 1919. Pasemos ahora a consi-derar lá.otra parte de la sentencia apelada, que declaró con lugar aquella parte de la reclamación que se funda en la Ley núm. 49 de 1935 (Leyes de 1935, Sesión Especial, pág. 539) o sea, en la. compensación por lloras trabajadas en exceso de ocho diarias.

Consideremos en primer término el error que imputan los apelantes a la corte inferior al dirimir el conflicto de la prueba respecto a las horas trabajadas por las apeladas. En cuanto al contrato de trabajo no hubo conflicto: se convino expresamente que las apeladas trabajarían ocho horas diarias. Pero las apeladas declaran que trabajaban diez horas, o diez horas y media, al día, y la prueba de los apelantes es al efecto de que sólo trabajaban ocho horas al día. La lectura de la transcripción de evidencia nos deja la impresión de que la prueba de los apelantes es más sólida y digna de crédito que la de las apeladas. Pero no hemos tenido la oportunidad, que tuvo lS corte inferior, de ver y oír los testigos, circunstancia que en un caso como el de autos puede tener decisiva influencia en la apreciación de la prueba. No podemos por lo tanto decir que errara la corte inferior al dirimir el conflicto de la prueba a favor de las apeladas.

Los apelantes arguyen que la Ley núm. 49 de 1935, que reglamenta las horas de trabajo, y en la cual como he-mos visto se funda la reclamación de las apeladas por concepto de horas trabajadas en exceso de ocho, no es aplicable a su negocio. La sección 1 de la Ley dispone que “Á ninguna persona se le empleará o se le permitirá que trabaje en ningún establecimiento comercial, industrial, agrícola o en cualquier otro negocio lucrativo, más de ocho (8) horas du-rante cualquier día . . . ”. Comd ya hemos resuelto, la clí-nica de los apelantes es, según la prueba, una empresa co-mercial, como también es un negocio lucrativo. Los apelan-tes arguyen, sin embargo, que el concepto de lo que- es un “negocio lucrativo” está limitado por la definición que de las palabras “ocupación lucrativa” se hace en la sección 4 de la Ley núm. 49 de 1935, que en lo pertinente rexa así:

“ ‘Ocupación lucrativa’ incluye toda obrado todo trabajo en fac-torías, molinos, centrales, talleres de maquinaria o, establecimiento o sitio de cualquier clase donde baya una fábrica o empresa mecánica, y en almacenes, tiendas, establecimientos o sitio de cualquier. clase donde se realizan operaciones mercantiles; en fincas, haciendas, estan-cias o sitios de cualquier clase, en los cuales se dirijan empresas agrícolas de horticultura o pastoreo, y en toda empresa de minería o pesquería o de cualquiera otra índole, industrial, comercial o agrí-cola. ’ ’

No creemos que la definición que acabamos de copiar li-mite el alcance de las disposiciones, que antes copiáramos, de la sección primera de la Ley. Luego de particularizarse ciertas empresas industriales, comerciales y agrícolas, y de mencionarse las de minería y pesca, se incluyen las de “cual-quier otra índole, industrial, comercial o agrícola.” No hay base, pues, para la aplicación de la máxima “expressio unius” que invocan los apeantes, ya que se menciona la clase general de empresas en que cabe la clínica de los apelantes, a saber, empresas comerciales.

Los apelantes hablan de una interpretación administrativa al efecto de que las clínicas no están comprendidas dentro de las disposiciones de la Ley núm., 49 de .1935, y arguyen a base de esa interpretación. No conocemos esa interpretación administrativa, ni hay prueba sobre ese extremo. Suponiendo que exista, no tenemos por lo tanto .base para considerarla.

Arguyen finalmente los apelantes que la Ley núm. 73 de 1919 (Leyes de 1919, pág. 497) prohíbe que se com-pense a las apeladas por horas trabajadas en exceso de ocho diarias. No es así. La Ley núm. 73 sencillamente dispone, en su sección primera, que “A ninguna mujer fee le empleará o se le permitirá que trabaje ...” más de ocho horas dia-rias o cuarenta y ocho horas semanales. Dispone no obs-tante que podrá emplearse a una mujer hasta nueve horas al día, si se le paga doblo compensación por la novena hora, pero que en ningún caso se le empleará por más de cuarenta y ocho horas semanales. No puede decirse que la mujer que trabaja más de nueve horas al día, o cuarenta y ocho a la semana, está in pari delicto con su patrono, puesto que la prohibición, y el castigo por su infracción, es sólo aplicableal patrono. Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61. Y aunque es ilegal el trabajo en exceso de nueve horas al día, o cuarenta y ocho a la semana, una vez la obrera ha rendido ese trabajo tiene derecho a que se le compense. Cardona v. Corte, supra.

For los fundamentos expuestos, procede la confirmación-de la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Travieso se inhibió.

      Aimquo ol salario de las demandantes era por oelio horas de trabajo (tanto el convencional corno el mínimo que fija la ley) y aunque la corto concluye que las demandantes trabajaron diez, no concede compensación por la décima hora. Ni este error, ni otros cometidos por la corte al determinar la comiiensaeión, pueden ser considerados por no haber apelado las demandantes, ni haber los demandados señalado aquellos en ores do cómputo que les perjudican.


author: El Juez Asociado Señok Sstydeb

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Belén Olmeda, acusada y apelante.
    Núm. 11351.

    Sometido: Mayo 8, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Diego O. Marrero, abogado de la apelante; IIon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernnández, Primer Procurador General Auxiliar y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal 'Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Sstydeb

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó ante la corte de distrito a Belén Olmeda de ha-ber obtenido dinero de Josefa Quiñones viuda de Maldonado valiéndose para ello de falsas y fraudulentas simulaciones. La acusación decía que la acusada fue donde la Sra. Quiño-nes y le dijo que cierta profesora deseaba que la acusada le gestionara un préstamo de la Sra. Quiñones en la suma de $100 con los correspondientes intereses; que para garanti-zar este préstamo, la profesora firmaría y juraría un pagaré ante un notario; que luego la acusada volvió donde la Srai Quiñones y le entregó un pagaré diciéndole que la profesora lo había firmado y jurado ante un notario con el fin de que ia acusada pudiera obtener el préstamo de $100 de la Sra. Quiñones para la profesora; que la Sra. Quiñones, creyendo estas manifestaciones de la acusada, le dió $100 para que se los entregara a la profesora en calidad de prcstámo; que ninguno de estos hechos era cierto y que la acusada lo sa-bía; y que la acusada hizo todo esto con la intención criminal de obtener por medio del fraude la suma de $100 de la Sra. Quiñones, cantidad que obtuvo la acusada apropián-dosela para su beneficio, defraudando con todo ello a la Sra. Quiñones en dicha cantidad.

El Fiscal radicó tres acusaciones adicionales. Cada una le imputaba a la acusada Faber obtenido $100 de la Sra. Qui-ñones en tres ocasiones más empleando las. mismas falsas y fraudulentas simulaciones, en las cuales empleó los nombres de otras tres profesoras. Los casos se consolidaron .para juicio; la acusada fue convicta por el jurado en las cuatro acusaciones; y ha apelado de las sentencias imponiéndole un año de presidio en cada caso.

La acusada se queja de la actuación de la corte inferior al declarar sin lugar sus excepciones perentorias a cada una de las acusaciones. Citando entre otras autoridades una Nota en 27 L.R.A. (N. S.) 363 y algunos de los casos allí discutidos, descansa la acusada en la bien establecida proposición de que debe existir una conexión causal entre las falsas representaciones y la obtención del dinero. People v. Pearson, 231 P. 612 (Calif., 1924); Willis v. State, 271 P. 725 (Ariz., 1928). Intentando aplicar ese principio a este caso, la acusada alega que de las acusaciones se desprende que la Sra. Quiñones fue inducida a entregarle a ella el dinero porque recibió un pagaré otorgado ante notario, y no debido a falsas representaciones do la acusada.

No puede la acusada escapar tan fácilmente de las con-secuencias de su conducta. El hecho do que también engañó a un notario, quien estuvo muy lejos do cumplir con su de--beib no la absuelvo de los delitos aquí imputados. Aquí se alega cada eslabón en la cadena necesaria para quo con-curra el delito de obtener dinero mediante falsas simulacio-nes. La acusada, de acuerdo con las acusaciones, le hizo a la Sra. Quiñones las siguientes simulaciones a sabiendas de que eran falsas: una profesora deseaba hacer un préstamo de la Sra. Quiñones-a través de la acusada; 'la profesora otorgaría un pagaré para garantizar el préstamo; el pagaré que trajo^ luego la acusada estaba firmado por la profesora; la acusada entregaría los $100 que la Sra. Quiñones le dió para que se los llevara a la profesora.

Se cometieron estas falsas simulaciones con la intención de defraudar a la Sra. Quiñones; ésta las creyó, e hizo en-trega de su dinero debido a ellas. Por tanto las acusacio-nes alegaron suficientemente todos los elementos del delito de obtener dinero mediante falsas simulaciones. Artículo 470, Código Penal, ed. 1937; Pueblo v. Ferrer, 43 D.P.R. 987, 988-90; Pueblo v. Flores, 33 D.P.R. 800. En cuanto a la teoría de la acusada de que el único factor que indujo a la Sra. Quiñones a entregarle el dinero fue el pagaré otorgado ante notario, basta decir que la autenticidad del pagaré fue una de varias simulaciones falsas hechas por la acusada que le permitieron tener éxito en su plan de obtener dinero de la Sra. Quiñones mediante falsas simulaciones.

La acusada señala como error el haberse negado la corto inferior a declarar con lugar su moción sobre particulares en la que solicitaba más detalles en cuanto al contenido de los pagarés. Asumiendo, sin decidirlo, que “haya existido abuso de discreción al negarse a conceder el pliego de particulares, no resulta de los autos que el apelante sufriera perjuicio alguno por la falta de dicha información.” Pueblo v. Berdecia, 59 D.P.R. 318, 322.

El notario declaró que la acusada le había llevado los pa-garés ya firmados, y que aceptó su afirmación de que las pro-fesoras los habían firmado y certificó que éstas los habían jurado ante él. Las profesoras declararon que no habían fir-mado los pagarés ni recibido dinero alguno de la acusada. La acusada no presentó prueba con excepción de su propia declaración negando conexión alguna con el caso. Bajo las circunstancias no encontramos error perjudicial en la nega-tiva de la corte inferior para que se le exigiera al Fiscal que le suministrara a la acusada más información en cuanto al contenido de los pagarés. Véase Pueblo v. Berdecia, supra.

La acusada se queja de la admisión en evidencia, con su oposición, de tres de los pagarés por el fundamento de que había una incongruencia entre las alegaciones de las acu-saciones y los pagarés al efecto de que las acusaciones de-cían que los pagarés eran pagaderos a favor de Josefina Qui-ñones viuda de Maldonado, con el correspondiente interés, por un mes, mientras que los pagarés introducidos en evi-dencia eran pagaderos a Josefina Quiñones, devengaban in-tereses al 9 por ciento y vencían a los'3, 4 y 8 meses, res-pectivamente. Las incongruencias señaladas eran inmate-riales a los delitos imputados por las acusaciones. People v. Weaver, 274 P. 361, 363-4 (Calif., 1928); People v. Revley, 227 P. 957, 960 (Calif., 1924); State v. Brown, 113 P. 782 (Wash., 1911). Por tanto la corte de distrito no cometió error al admitir en evidencia los pagarés.

Finalmente arguye la acusada que en este caso no se estableció la obtención de dinero por medio de falsas simulaciones, mediante la declaración de un testigo acompañada de circunstancias corroborantes, según lo exige -el artículo 252™del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero- el récord está repleto con las declaraciones de las profesoras y del notario y las admisiones de la acusada a un detective, que corroboran la declaración de la Sra. Quiñones en cuanto al fraude perpetrado- con ella. People v. Walker, 231 P. 572, 580-1 (Calif., 1924); People v. Wymer, 199 P. 815 (Calif., 1921); People v. Mace, 234 P. 841 (Calif., 1925).

Las sentencias de la corte de distrito serán confirmadas.

       Hoy liemo3 dictado una resolución, ordenando al Fiscal de este Tribunal que investigue la conducta del notario y que radique un informe de tal inves-tigación.

      E1 artículo 252 prescribe como sigue: "En un juicio por el delito de haber obtenido por medio de superchería, con la idea de defraudar a' otro inten-cionalmente, la firma de alguna persona en un documento, o por haber obtenido de alguna persona dinero, bienes muebles o cualesquiera otras cosas de valor, el acusado no puede ser declarado convicto, si dicha superchería o engaño se hizo de palabra, sin mediar prenda o escrito alguno falso, a menos que dicho engaño o superchería constare de algún modo por escrito, con la firma o letra del acusado, o fuere probado con la declaración de dos testigos, o la de uno solo, acompañada de circunstancias corroborantes ... Asumimos, sin decidirlo, que aquí no existe ningún escrito falso según lo define el artículo 252.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Juanita Machuca Vda. de Durand, por sí y en representación de sus menores hijas Gladys y Elsa Durand y Machuca, demandantes y apeladas, v. La Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 9201.

    Sometido: Febrero 6, 1946.

      Resuelto: Mayo 24, 1946.

      Jamas E. Curry, Gabriel Guarra-lilondragón, Antonio M. Bird y José Vilá Ruiz, abogados de la 'hpelante; J. Alemañy Sosa, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada apela de la sentencia que le condenó a pagar a las demandantes la suma de $5,000 en concepto de daños y perjuicios, las costas y $300 para honorarios de aho-gado. Los hechos son los siguientes:

Allá para el 14 de octubre de Í943 el Negociado del Tiempo informó que un ciclón pasaría por la parte occidental de la isla afectando posiblemente la ciudad de Mayagiiez» Desde un poco antes del mediodía de dicho día se empezaron a sentir en dicha ciudad fuertes vientos acompañados de aguaceros. Como consecuencia del viento las líneas de la compañía demandada se rompieron en algunos sitios comen-zando a hacer contacto unas con otras lanzando chispas de fuego y ocurriendo varios conatos de incendio en la ciudad. Varias comisiones de entidades cívicas visitaron la planta eléctrica solicitando la suspensión del servicio eléctrico para evitar la alarma de la población y otros conatos de incendio, pero fueron informados que la estación local de la deman-dada tenía que esperar órdenes superiores para poder des-continuar el servicio. Finalmente a la caída de la tarde se suspendió el servicio eléctrico pero fué continuado después de un intervalo de tiempo ocurriendo otros conatos de in-cendio.

Como a las nueve de la noche se anunció un incendio en el barrio “Balboa”, de Mayagiiez, dirigiéndose allí la bomba de incendios número tres. En aquel sitio había dos alam-bres de' la demandada caídos sobre nn árbol de almendro., como a doce pies del suelo que lanzaban chispas.de candela al moverse con el viento. José Vicente Dnrand que fué al sitio con los bomberos, se acercó al árbol con un machete, y al tocarlo con su man» izquierda murió electrocutado. Durand era dependiente de la tienda de calzado “La Favo-rita” y había sido miembro de la Defensa Civil y a pesar-de que en el momento en que ocurrió su muerte no era un miembro de jure de dicha organización, había continuado en sus funciones de bombero auxiliar, según había sido desig-nado por la Defensa Civil, con el beneplácito y 'aquiescencia de los jefes del cuerpo de bomberos.

La viuda instó la presente acción ¿le daños y perjuicios por sí y en representación-de sus menores hijas habidas en su matrimonio con el interfecto. La demandada alegó negli-gencia contribuyente por parte del interfecto y la Corte de Distrito de Mayagüez dictó la sentencia a que hemos hecho referencia.

La demandada interpuso el presente recurso y señala los siguientes errores:

I. — La corte inferior cometió manifiesto error en la apre-ciación de la evidencia al determinar:

(a) que apenas hubo interrupción en el servicio eléc-trico, y

(b) que no se hizo inspección. alguna antes de restable-cerse el servicio.

II.- — -La corte inferior cometió manifiesto error al soste- . ner que la causa próxima del accidente fué la culpa y negli-gencia de la demandada y no el acto imprudente y teme-rario del causante de las demandantes.

El primer señalamiento, en sus dos apartados, carece de méritos. Si la interrupción en el servicio, por la tarde, fué» larga o corta, en nada varía la cuestión primordial en-vuelta en este caso ya que la propia demandada admitió que el causante de las demandantes murió como consecuencia de' electrocución causada por una de sus líneas y que al mo-mento de ocurrir la muerte, por la noche, el servicio de elec-tricidad estaba conectado de nuevo. En cuanto a que no se hizo inspección alguna antes de restablecerse el servicio nada encontramos en la prueba que demuestre que las líneas se inspeccionaron o repararon durante el tiempo en que se interrumpió el servicio por la tarde. La prueba de la pro-pia demandada lo que demostró fué que mientras estaba co-nectado el servicio había una brigada de hombres inspeccio-nando las líneas y arreglando las averías simples; que cuando se suspendió el servicio se citó a todo el personal para una reunión por la noche para determinar la forma de hacer las inspecciones, al día siguiente; que en esa misma reunión el ingeniero Gandía propuso se probara si podía alumbrarse al pueblo y así se hizo, sin que se hubiera rea-lizado ninguna inspección y en esa forma se mantuvo la co-rriente a pesar de saber que habían ocurrido averías que no habían sido inspeccionadas ni localizadas. En otras pala-bras, la inspección y reparación de averías simples se realizó antes de la interrupción del servicio y antes de terminar el temporal. Esto no obstante, se restableció la corriente sin determinar' si existía o no peligTO. La prueba sostiene las conclusiones a que llegó la., corte. No se cometió, pues, el primer error señalado. Veamos si se cometió el segundo.

La prueba demuestra que la demandada fué negli-gente. No obstante tener conocimiento de que sus líneas ha-bían. sufrido averías y que se habían ocasionado, conatos de incendio con dicho motivo, reconectó la corriente en sus lí-neas. Que tuvo conocimiento de las averías ocurridas lo de-muestra no sólo las declaraciones de los testigos de las de-mandantes, el Alcalde Barreto y el Bepresentante Báez, sino el testimonio de su propio empleado' Sr. Francisco Piñeiro, que tenía a su cargo la operación del cuadro de distribución en la planta de la demandada, y declaró «que según aumen-taba el temporal los switches del cuadro se caían y había que volverlos a poner; que los switches se caen cuando hay un cruce de líneas que puede ser ocasionado por un árbol o gancho de árbol al caer sobre los alambres o cuando un alam-bre roza con otro; que los switches se cayeron muchas ve-ces “.y ya últimamente llegó el momento en que se caían y los ponía, pero no se aguantaban'más por sí solos” porque “el switch puede aguantarse cuando por ejemplo un ramo cae momentáneamente sobre el alambre. El switch se cae, pero se pone y muchas veces se aguanta. Pero una vez que hay un- cruce perfecto, por más que se ponga el switch no se aguanta”; explicó que cuando trabajaba para la Maya-güez Light (antecesora de la demandada) tenía órdenes de que cuando un switch se-caía tres veces no conectarlo más.

. A pesar de que las caídas constantes de' los switches de-mostraban que habían cruces perfectos y averías en las líneas, la demandada después de haber desconectado el servicio por dos o tres horas, volvió a conectarlo sin haber inspeccionado sus líneas ni haber reparado dichas averías. No se hizo nada por constatar si al restablecerse la corriente existía o no peligro aun criando debió darse cuenta de que sí lo ha-bía porque, de nuevo, según demuestra la prueba, los switches no se sostenían y comenzaron nuevas llamadas por teléfono avisando de otros cortos circuitos y conatos de incendio. A pesar de esto, la demandada mantuvo la corriente hasta el momento en que tuvo conocimiento de la muerte del cau-sante de las demandantes. Entonces fué que desconectó el servicio por completo hasta la mañana siguiente.

Una compañía que actúa en la forma en que lo hizo la demandada en el caso de autos incurre en negligencia y es responsable si con motivo de su actuación causa daños. Era el deber de la demandada, por los avisos de las comisiones que visitaron la planta y por la advertencia que constante-mente le estaban dando sus propios aparatos mecánicos) los switches, no sólo h’aber desconectado la corriente en sus lí-neas, sino haberlas inspeccionado y reparado en aquellos si-tios donde habían ocurrido averías antes de conectarla de nuevo. El no haberlo hecho ocasionó el fuego en el Barrio Balboa al caer dos alambres de la demandada sobre un ár-bol, quedar colgando a doce pies del suelo y transmitir la corriente que por ellos enviaba al tronco del árbol.

Arguye la apelante que la rotura de los alambres se debió a fuerza mayor y por ese hecho no es responsable. Cierto es que- las averías en sus líneas se debieron al temporal, empero,' la negligencia de la demandada surgió con posterioridad' a dicho hecho, es decir, por no haber, desco-nectado-la corriente a pesar de tener conocimiento pleno del peligro que exir,tía de continuar trananiiti.cndo dicha co-rriente por bus líneas sin haberlas inspeccionado y reparado. Si debido a la premura del tiempo o por cualquier otro mo-tivo no podía hacer esto último debió haber desconectado el servicio hasta que pudiera hacerlo. La vida y seguridad de los habitantes de la ciudad de Mayagüez así lo requerían.

Sostiene la demandada que la negligencia contribuyente del causante de lar, demandantes fue la cansa próxima de su muerte. #iLa demandada trató de probar que Durand estaba en estado de embriaguez y que asumió el riesgo de to-car el árbol, a sabiendas o debiendo saber, que por estar mojado, era conductor de la corriente eléctrica. Empero, la corte inferior no dió crédito a su prueba y 'resolviendo el conflicto que en la de ambas partes existe sobre la forma en que ocurrió el accidente se expresó así:

"... que el expresado José Yieento Durand, que aunque ya no ora un miembro ‘de jure’ de la Defensa Civil como Inspector de Bombas lo había sido hacía poco tiempo antes asignándosele a servir en el Cuerpo de Bomberos, y había continuado prestando sus servicios a dicho Cuerpo con la aquiescencia y beneplácito de los jefes del mismo, como a las 3:00 de la noche de dicho día acompañó a una brigada de bomberos a extinguir un incendio que se informó que existía, en el barrio Mayagüez Arriba, lugar conocido por la Quinta o Balboa, de esta eindad de Mayagüez, y que mientras se encontraba allí en servicio con los bomberos, al descansar una mano sobre un árbol que se estaba quemando y levantar un machete que tenía en la otra parece que con intención de cortar dicho árbol, o una rama que colgaba del mismo, quedó muerto por efecto de la corriente que comunicaban a dicho árbol los alambres de las líneas de la demandada que se habían roto y descansaban sobre una horqueta de dicho árbol, la que estaba como a 12 pies de la tierra donde estaba parado el señor Durand.
"El señor Durand se encontraba en aquel momento ocupando’un sitio en el qne tenía derecho a estar, estaba en estado normal, y no Lo animaba otro ñn en su labor que no fuera el de servicio desin-teresado a la comunidad. • .
"La defensa de negligencia contribuyente por parte del interfecto que se alega en la contestación, no considera la Corte que exista en este caso prueba de hechos que la justifique ... Su trabajo era como dependiente en una tienda de calzado. Tampoco existe evi-dencia de que él tuviera conocimiento del riesgo o peligro que existía para su vida al tocar el árbol. El no tocó los alambres cargados de electricidad que estaban mucho más arriba del sitio donde puso su mano sobre el árbol. Quizás él. no estuvo acertado en elegir el remedio de tumbar el árbol para conjurar el peligro que pudiera constituir para la casa más próxima, el fuego que había eñ el árbol. Pero en forma alguna su acto constituyó una exposición voluntaria a un peligro aparente o real, que era lo que le hubiera hecho incurrir en negligencia contributoria. . #
“Sin duda alguna, la causa próxima del accidente fué la culpa y negligencia de la demandada al conectar de nuevo la corriente sin remover las líneas caídas o reparar las averiadas durante la borrasca, asumiendo así el riesgo de los daños que como resultado de su con-ducta se ocasionaron. Si alguna negligencia hubo por parte del interfecto ... en nada pudo interferir con la causa próxima del accidente, ni atenuar y menos justificar la conducta de la demandada y su responsabilidad como consecuencia de la misma.”

Los casos citados por la apelante se diferencian del de autos por el hecho de que en ellos la negligencia contribu-yente del perjudicado quedó demostrada por haber tocado o cogido en sus manos, innecesariamente y a sabiendas, alam-bres con corriente que se habían roto. Pero es que aun en situaciones como éstas todo depende de los hechos probados en cada caso específico y el crédito que a la corte senten-ciadora merezca esta prueba. Mangual v. Municipio, 63 D.P.R. 147; Sucn. Matheu v. Municipio, 56 D.P.R. 539.

No erró, a nuestro juicio, la corte inferior al resolver en contra de la demandada la defensa de negligencia contribu-yente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eusebio Saldaña, acusado y apelante.
    Núm. 11097.

    Sometido: Marzo 5, 1946.

      Resuelto: Mayo 27, 1946.

      Benicio Sánchez Castaño, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Apela Ensebio Saldaña de una sentencia de siete años de presidio por nn delito de homicidio voluntario.

La prueba de cargo demostró que Saldaña, hombre dé-bil, enfermo y viejo, destrozó el cráneo de Alejandro Delgado con varios golpes propinados con nn pedazo de bambú. La de descargo explica qne Delgado, hombre joven, corpu-lento y de carácter violento o irrespetuoso, quien ya desde algún tiempo venía demostrando indebido interés en la jo-ven esposa de Saldaña, hasta el punto de que Saldaña se quejó de ello ante el Juez de Paz y la .policía, pretendió rap-tar la esposa de Saldaña en presencia de éste, llevándosela violentamente de la casa, interviniendo entonces Saldaña con los golpes que segaron la vida de Delgado.

Algún tiempo después de estar deliberando el jurado que entendía en el caso, avisó el jurado al juez, por conducto del alguacil, que deseaba regresar a sala porque no podía po-nerse de acuerdo. Estaba presente el abogado defensor, quien pidió al juez accediera a los deseos del jurado, pero el juez se limitó a instruir al alguacil informara al jurado que continuara deliberando. Media bora más tarde rindió el ju-rado veredicto declarando al acusado culpable de homicidio voluntario, y recomendó “la mayor clemencia para el acu-sado en vista de las circunstancias de este caso.” El abo-gado defensor pidió entonces se dejara sin efecto el vere-dicto, por razón de lo ocurrido al anunciar el jurado que no podía ponerse de acuerdo, sosteniendo que eso trajo por re-sultado un veredicto por transacción. La corte declaró sin lugar la moción.. A solicitud del abogado defensor se proce-dió entonces a examinar a cada uno de los miembros del ju-rado en cuanto a si el veredicto .era el suyo contestando to-dos que sí, y añadiendo tres de ellos “con clemencia”.

El apelante señala como error la actuación de la corte al negarse a oír al jurado en corte abierta en cuanto a su des-acuerdo y al comunicarse con el jurado por conducto del al-guacil y sin estar en corte abierta.

La corte erró, a nuestro juicio, al no acceder al deseo del jurado de regresar a sala, y al ordenar al jurado de la ma-nera informal en que lo hizo, que continuase deliberando. No debe haber comunicación alguna entre el juez y el jurado después que la causa ha sido sometida a éste, a menos que no sea en corte abierta y en presencia del acusado y su abo-gado, o luego de darle a éstos plena oportunidad de estar .presentes. Shields v. United States, 273 U.S. 583, 71 L. Ed. 787; Fillippon v. Albion Vein Slate Co., 250 U. S. 76, 63 L. Ed. 853; Outlaw v. United States, 81 F.2d 805; Little v. United States, 73 F.2d 861; Byerley v. Commonwealth, 297 Ky. 782, 181 S. W.2d 429; State v. Beal, 146 P.2d 175, 48 N.M. 84; Hopson v. The State, 116 Ga. 90, 42 S.E. 412; Kinnemer v. State, 66 Ark. 206, 49 S. W. 815; State v. Wroth, 15 Wash. 621, 47 P. 106; Jones v. State, 26 Ohio St. 208; Witt v. State, 5 Coldw. (Tenn.) 11; Holton v. State, 2 Fla. 476; Sargent v. Roberts et al., 1 Pick (Mass.) 337, 11 Am. Dec. 385. En todo caso en que la corte o alguno de sus funciona-rios comete el error de comunicarse con el jurado respecto al easo y fuera de sala, se presume perjudicial el error a menos que se pruebe afirmativamente que no ha habido per-juicio. Wheaton v. United States, 133 F.2d 522; Chambers v. United States, 237 F. 513. Y si la comunicación del juez al jurado es de tal naturaleza que forma parte de los proce-dimientos en el caso, el error de la corte al hacerla en ausencia del acusado, y sin darle oportunidad de estar pre-sente, es fatal, aunque el contenido de la comunicación no sea impropio, ya que se priva al acusado de. su derecho a estar presente'durante todas las etapas del juicio. Shields v. United States, Outlaw v. United States, y los casos de Hopson, Kinnemer, Jones, Witt y Holton, supra.

En los casos de Hopson, Kinnemer, Jones y Witt, supra, la corte repitió, o releyó al jurado, en corte abierta pero en ausencia del acusado, las instrucciones originalmente dadas, y se resolvió que procedía la revocación de las sentencias por haberse privado al acusado de su derecho a estar presente durante todas las etapas de.l juicio. En los de Holton y Outlaw se resolvió lo mismo, siendo la única diferencia entre es-tos casos y los otros que en vez de releerse las instrucciones al jurado en corte abierta se envió al jurado una copia de las instrüeeiones.

El caso de Shields v. United States, supra, no es sustan-cialmente diferente del que nos ocupa. En dicho caso los abogados de ambas partes pidieron al juez que no disolviera al jurado hasta que no llegara a un acuerdo. Después de prolongada deliberación el jurado avisó al juez por escrito, en la forma usual de un veredicto, que encontraba culpable a ciertos acusados e inocentes a otros, y que en cuanto a tres de los acusados no podía llegar a un acuerdo. El juez con-testó, por escrito, que el jurado debía determinar si esos tres acusados eran o no culpables. Posteriormente el jurado rin-dió un veredicto de culpabilidad, con recomendación de cle-mencia, en cuanto a los tres acusados. Uno de ellos apeló, y la Corte de Circuito confirmó la sentencia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó, diciendo:

... La solicitud hecha a la corte conjuntamente por los abo-gados del acusado y del gobierno no justificó la excepción a la regla respecto a la conducta ordenada de un juicio por jurado, que da de-recho al acusado, especialmente por tratarse de una causa criminal, a estar presente desde que se insacula el jurado hasta que se disuelve después de haber rendido su veredicto.”

El único caso que conocemos contrario a la regia esta-blecida en Shields v. United States, supra, es el de Holland v. People, 30 Colo. 94, 69 P. 519, en el cual uno de los miem-bros del jurado avisó que necesitaba los servicios de un mé-dico, se trajo al jurado a sala, en ausencia del acusado y su abogado, y según certificó el juez después (no se tomaron no-tas taquigráficas de lo ocurrido), preguntó éste al jurado si el conflicto existente entre ellos era en cuanto a cuestiones de hecho o de derecho, contestando el jurado que era en cuanto a cuestiones de hecho. -Prosiguió el juez, según su certifi-cación, a inquirir si el alguacil o alguna otra persona había tratado de hablarles del caso, a lo que se le contestó en la negativa, y el juez entonces instruyó al jurado se retirara a deliberar. El acusado presentó affidavits al efecto de que la certificación del juez en cnanto a lo ocurrido no era co-rrecta, pero se resolvió que no podían considerarse los affidavits, por ser definitiva la certificación del juez. Se resol-vió además que el incidente no constituía parte del procedi-miento, por lo que no podía decirse que se había privado al acusado de su derecho a estar presente durante todas las etapas del juicio. No estamos de acuerdo con la doctrina sentada. El caso precisamente ilustra la gravedad del per-juicio que se le causa a un acusado mediante comunicacio-nes entre el juez y el jurado que el acusado desconoce.. Como se dijo en State v. Wroth, supra, caso en que ol juez, a solicitud del jurado, acudió a la puerta del salón de delibe-raciones, donde el jurado le pidió repitiera una instrucción,, y se revocó por ello la.sentencia, a pesar de quo el juez cer-tificó que se negó a hablarle al jurado, y se retiró inmediata-mente : ...

“El ilustrado abogado del gobierno insiste en que el juez nada dijo al jurado, y que por lo tanto su conducta no puede haber perju-dicado al acusado. Pero la ley no somete a los litigantes a la des-ventaja de venir obligados a aceptar aun la manifestación del juez en cuanto a lo ocurrido entre él y el jurado en un sitio donde el juez no debe estar, y donde no puede exigirse a los litigantes que acudan. La parte tiene un derecho legítimo a que su causa se ventile en corte abierta, con oportunidad de estar presente y ser oída respecto a todo lo que transcurra. Tiene derecho a estar presente, asistida de abogado, en todo momento en que sea necesario o conveniente que la corte se comunique con el jurado, y no puede pedírsele que de-penda de la memoria o del sentido de justicia del juez respecto a lo ocurrido entre el juez y el jurado en cualquier momento o lugar en que ella no tenga derecho a estar presente. Su derecho en este respecto llega a la verdadera sustancia del juicio por jurado.’5

Es cierto que en el caso de autos, el juez no se comunicó-directamente con el jurado, sino que lo hizo por conducto del alguacil. Ello no aminora el mal que encarna la comunica-eión privada entre juez y 'jurado, sino que más bien lo agrava. No existe récord de lo que le dijera el alguacil al jurado. En tm caso similar al nuestro, la forma en que el alguacil trans-mitió al jurado un mensaje del juez vino claramente a per-judicar los intereses del, acusado, y produjo la revocación de la sentencia. Allen v. State (Miss.), 159 So. 533.

No se trata, pue§, de- una trivial desviación del procedi-miento. Tampoco es puramente técnica la regla establecida en la jurisprudencia citada, ni su aplicación a este caso. Cuando el jurado anuncia que no puede llegar a un acuerdo, está el proceso en uno de sus momentos críticos. ,Si bien la •corto tiene discreción para determinar si debe o no instar al Jurado a continuar deliberando,-no debe hacerlo sin oír al Jurado en sala. En muchas ocasiones resulta, como pudo -haber resultado en el caso de autos, que el desacuerdo del jurado se basa en cuestiones de hecho o de derecho que, al regresar el jurado a sala y tener la oportunidad de solicitar .o- recibir instrucciones adicionales, o de oír nuevamente la •declaración de algún testigo, quedan aclaradas, eliminándose la baso para el desacuerdo. Y aun cuando ol conflicto en el seno del jurado no pueda resolverse con instrucciones adi-cionales o lectura de declaraciones, si la corte estima propio instar al jurado que continúe sus deliberaciones, debe hacerlo en forma tal que el jurado no se sienta coaccionado. El acu-sado tiene derecho a estar presente cuando esa crisis snrge ■en el procedimiento, para ver que,- al sortearla la corte, no se perjudiquen sus intereses, y para tener la oportunidad de solicitar de la corte las instrucciones que estime propias, y la modificación de aquéllas que estime impropias. De ese derecho fué privado' en el caso de autos, y no podemos decir que el error no le perjudicara.

Por los fundamentos expuestos debe revotarse la senten-cia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para que se celebre un nuevo juicio.

       Compárese ol art. 275 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

      Es casi innecesario añadir que la doctrina a que. hacemos referencia no es aplicable a aquellas comunicaciones ajenas al caso que sean necesarias para atender las necesidades del jurado, como aquéllas que tengan que ver con el alojamiento y la alimentación del jurado, por ejemplo. Tampoco fes aplicable a aquellas comunicaciones que autoriza la ley, como por ejemplo el preguntarle el alguacil al jurado si ha llegado a un acuerdo, pregunta autorizada por el artículo 267 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

      En algunas jurisdicciones se ha resuelto, en casos civiles, que el juez puedo instruir en corte abierta al jurado que continúe deliberando, en ausencia de las partes y sus abogados, a base de la teoría de que es deber de los abogados estar presente en la corte hasta que termine el juicio. Kullberg v. O’Donnell, 33 N.E. (Mass.) 528; Burton v. Neill, 118 N.W. (Iowa) 302; Ashford v. McKee, 183 Ala. 620, 62 So. 879; Hutchins v. Haffner, 63 Colo. 365, 167 Pac. 966.

        Pueblo v. Berdecia, 59 D.P.R. 318.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Díaz Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 11352.

    Sometido: Marzo 12, 1946.

      Resuelto: Mayo 27, 1946.

      César Andréu Ribas, abogado del apelante; ffon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado. -
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó al apelante de haber herido maliciosamente a una mujer, desfigurándole el rostro. Según el título, la acu-sación era por el delito de mutilación. Luego de insaculado el jurado para entender en el juicio, el fiscal anunció que habría de sostener la acusación como una de acometimiento y agresión grave en vez de mutilación, en vista de la juris-prudencia al efecto de que la mera desfiguración del rostro no constituye mutilación. Al terminar el fiscal su prueba, que estableció un delito de acometimiento y agresión grave, constituyendo el agravante el hecho de que el acusado, va-ron adulto, agredió a una mujer, planteó el acusado la cues-tión de la insuficiencia de • la acusación, ya que no se 'alegó que el acusado fuera un varón adulto. La corte declaró “sin lugar la moción”. El jurado rindió un veredicto de culpa-bilidad de acometimiento y agresión grave, constituyendo el único agravante, según las instrucciones del juez, el hecho de que el acusado, siendo varón adulto, agrediera a una mujer.

De la sentencia que lo condena a sufrir dos años de cár-cel apela el acusado señalando como error, entre otros, el cometido por la corte al estimar que la acusación imputaba un delito de acometimiento y agresión grave.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que aunque no fue invocado expresamente por la corte inferior, parece ser la .base en que fundó su decisión respecto a la suficiencia de la acusación, dispone:

“ Artículo 286. — El jurado podrá declarar al 'acusado culpable de la comisión de cualquier delito necesariamente comprendido en el de-lito imputádole, o de tentativa de cometerlo.
“Bajo una acusación por el delito de mutilación, el jurado podrá declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, o de acometimiento y agresión simple, siempre que se hubiere probado en el juicio que el agredido no ha quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo.”

De ser aplicable el artículo 286, cabría discutir si en un caso de mutilación procede un veredicto por acometimiento y agresión grave cuando el agravante no es el que está ne-cesariamente comprendido en la acusación por mutilación (grave daño corporal), y no se alega otro agravante expre-samente en la acusación. No es necesario, sin embargo, que resolvamos si el alcance del artículo 286 en cuanto se refiere a mutilación, está limitado a aquellos agravantes que, ya expresamente, ya por necesaria implicación, están in'eluí-dos en una acusación por mutilación. No es necesario, por-que no es aplicable el- artículo 288, ya que en el caso-de autos nunca hubo una acusación por mutilación. El mero he-cho de que se titulara la acusación “mutilación” carece de importancia. Pueblo v. Méndez, 44 D.P.R. 604; Pueblo v. González, 17 D.P.R. 1186; Pueblo v. Behn, 13 D.P.R. 1. Lo importante, y lo que determina la verdadera calificación del delito imputado, es lo que se alega en la acusación. Y en el caso de autos no se alegan en la acusación hechos consti-tutivos del delito de mutilación, y sí hechos constitutivos del delito de acometimiento y agresión.

Siendo la acusación una por acometimiento y agre-sión, no es suficiente para imputar la modalidad grave del ' delito a menos que se aleguen-los hechos constitutivos del agravante. El único agravante en que se fundó o podía' fundarse el veredicto del jurado, de acuerdo con las ins-trucciones del juez, es el hecho de ser la agredida mujer y el agresor varón adulto. No surge de la acusación ese agra-vante, ya que no se alegó que el acusado fuese varón adulto. Tanto el veredicto como la sentencia que en él descansa, son por consiguiente erróneos, pór no ser consistentes con la acusación. Pueblo v. Zambrana, supra.

Por ■ los fundamentos expuestos i se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso a la corte inferior para la ce-lebración de tin nuevo juicio u otros procedimientos no in-consistentes con esta opimón.

      Pueblo v. Beltrán, 64 D.P.R. 885.

      Entro los agravantes que no están necesariamente comprendidos en una acusación por mutilación está la agresión de una mujer o un niño por varón adulto, la agresión a un funcionario público, la agresión en sala de justicia u otro sitio de reunión para fines lícitos, la agresión en una morada ajena, etc.

        Pueblo v. Beltrán, supra.

        Pueblo v. Ramos, 22 D.P.R. 685; Pueblo v. Aguilar, 19 D.P.R. 1074; Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758.


author: El, Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Reinaldo Ruiz González, acusado y apelante.
    Núm. 11309.

    Sometido: Mayo 7, 1946.

      Resuelto: Mayo 28, 1946.

      José Rafael Gelpí, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El, Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto de un delito de robo. Apela 'de la sentencia de dos años y seis meses de presidio que le fuera impuesta y señóla como único error cometido por la corte sentenciadora el de haber declarado sin lugar la alegación de exposición anterior (former jeopardy), presentada al ser llamado el caso para juicio el 12 de julio de 1945.

La referida alegación dice así:

“El acusado alega haber sido ya expuesto y condenado del delito imputádole, según lo resolvió este Tribunal de Distrito de Aguadilla el día 9 de abril de 1945, mientras presidía el Tribunal el I-Ion. Domingo Massari, Juez en Comisión.”

De acuerdo con la transcripción de la evidencia, el inci-dente se desarrolló así:

Declaró el Secretario de la Corte de Distrito, que el 9 de abril de 1945 al ser llamado el caso para la celebración de! juicio ante el Juez Massari, se dió lectura a la acusación y el acusado reiteró su alegación de no culpable. El fiscal ofreció en evidencia la confesión escrita del acusado, sin ob-jeción por parte de la defensa. Acto seguido el acusado re-tiró su alegación de inocencia y se declaró culpable del de-lito de robo imputádole en la acusación. La corte lo declaró convicto, y señaló el siguiente día para el pronunciamiento de la sentencia. De la minuta aparece lo que sigue:

“Hoy, 10 de abril de 1945, día señalado para dictar,sentencia en esta causa, al tener conocimiento el Hon. Domingo Massari, Juez en Comisión, de que la alegación de culpabilidad del acusado hecha en el día de ayer obedeció a su creencia.de que se le impondría la pena mínima, por las razones expuestas en la resolución escrita unida a los autos le permite retirar dicha alegación, quedando el caso pendiente para su vista y se inhibe de conocer de esta causa, seña-lándola para el día 24 de abril de 1945.”

El Lie. Gelpí, abogado del acusado, después de corrobo-rar lo declarado por el Secretario, declaró: que al ser lla-mado el caso él le manifestó al Juez que no había impedi-mento legal alguno para que se impusiese la pena al acusado y que éste estaba listo para que se dictara la sentencia. Que el Juez le preguntó si el acusado tenía en mente que se le impondría la pena mínima y él le contestó que no podía saber lo que el acusado tenía en mente. Que el Juez le invitó a que hiciese una moción para que se diera por no actuado todo lo ocurrido en el día anterior y él se negó a compla-cerlo; que al ordenarle el Juez que hiciera una moción eu ese sentido, él le informó que no podía acatarla; y que’en-tonces el juez dictó una orden dejando sin efecto todo lo ac-tuado el día anterior. Que en corte abierta y ante el Juez Massari se hicieron manifestaciones de que el acusado al de-clararse culpable estaba bajo la impresión de que se le ha-bría de imponer una pena mínima y el Juez negó rotunda-mente que él hubiese prometido pena alguna al acusado.

SI abogado defensor alegó entonces que “después de con-sultar la prueba en este caso este abogado a nombre del acu-sado renuncia a la cuestión de exposición y convicción anterior . . ., por entender que es mejor a los derechos del 1 acnsado no levantar esta cuestión, que posiblemente esté vi-ciada de nulidad”; y solicitó permiso para retirar dicha de-fensa. La corte denegó el permiso y procedió a oír la de-claración de Agustín Hernández, taquígrafo de la corte, quien leyendo de las notas tomadas por él en la sesión del 10 de abril de 1945, informó, en síntesis, como sigue: El ■Juez dirigiéndose al acusado le dijo: “la Corte quiere saber si TJd. en realidad ratifica su declaración de culpabilidad en este caso o no”, a lo que respondió el acusado: “Sí se-ñor; siempre y cuando que haya una consideración”. La ■Corte hizo constar que los acusados no pueden imponer con-diciones a la Corte y que cuando un acusado se declara culpable asume las consecuencias de la pena que pueda impo-nérsele; y volvió a preguntar al acnsado si después de ha-ber oído las manifestaciones de la Corte ratificaba su decla-ración de culpabilidad, contestando el acnsado, afirmativa-mente. Preguntó entonces el Juez “si hay algún motivo que impida dictar sentencia en este caso”. Contestó el abogado defensor que su defendido lo había manifestado que hay im-pedimento y “que él no está conforme con que se dicte sen-tencia en este caso a menos que no se le imponga el mínimum de la pena”. Negóse la corte a aceptar las condiciones im-puestas por el acusado y concedió a éste permiso para reti-rar su alegación de culpabilidad y proteger así sus derechos, y añadió: “La Corte lo que quiere aclarar es que si el acu-sado equivocadamente ha estado en la creencia de que se le iba a imponer determinada pena, y creyendo que se le iba a imponer esa pena que él tiene en su pensamiento fué que se declaró culpable, la Corte quiere darle la oportunidad de que retire su alegación de culpabilidad y así él queda libre para hacer la alegación que él crea conveniente a su derecho”. Continuó la discusión entre el abogado -y el Juez y éste la terminó resolviendo que la corte no podía aceptar la alega-ción de culpabilidad del acusado por no ser una declaración Libre, espontánea y voluntaria. La corte se abstuvo de dic-tar sentencia y señaló el caso “para la continuación de la vista del misino”, dejando sin efecto todo lo actuado, inclu-yendo la admisión que el acusado hiciera de su propia con-fesión.

No erró la corte inferior, al declarar sin lugar la defensa de exposición anterior. La resolución del Juez Massari de-jando sin efecto la alegación de culpabilidad y la convicción del acusado fue en efecto una declaración de nulidad de todo lo, actuado y La concesión de un nuevo juicio. Los derechos substanciales del acusado no fueron afectados en modo al-guno y quedaron ■. debidamente protegidos. El caso de Pueblo v. Petra Cruz de Aybar, 54 D.P.R. 42, en que des-cansa el apelante, no es de aplicación a los hechos del pre-sente. Allí, después de comenzado el juicio y de -haberse examinado el primer testigo de cargo, la corte de su propia moción y en contra de la oposición de la acusada suspendió la vista y señaló el caso para ser visto en otra fecha, en la cual se volvió a dar comienzo al juicio. La situación en el caso de autos, creada por las actuaciones del propio acu-sado, es distinta. No hubo doble exposición.

La sentencia recurrida está justificada por la prueba y debe ser confirmada.