author: El Jtjbz Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Birrier et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 410.
    Resuelto en abril 17, 1912.
    Derecho Penal — Adulterio—Denuncia Suficiente — Lusar Donde se Cometió el Delito. — Examinada la denuncia presentada en este caso, el tribunal re-solvió que era suficiente porque se alegaba que el delito fué perpetrado en una casa del barrio de Hato Rey, del pueblo de Río Piedras, término judicial municipal de la Carolina, dentro por tanto de la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan, quedando, por consiguiente, perfectamente establecida la jurisdicción de la corte que falló la causa, sin que se demostrara que los apelantes sufrieran perjuicio alguno a los efectos de su defensa por la falta de una descripción más específica del lugar en donde se les imputó que liabían realizado el acto delictivo.
    Id. — Adulterio—Conocimiento de que es Casada la Persona con quien se Cometió el Adulterio. — En los artículos 269 y 270 del Código Penal vigente en Puerto Rico, no se Race parte expresa de la definición del delito de adul-terio, el Recto de que el Rombre o la mujer soltera tenga conocimiento de que son casados la mujer y el Rombre con quienes yacen y en tal virtud no es necesario consignar en el acta de acusación la existencia de tal conocimiento.
    Id. — Descripción del Delito — Acusación Suficiente. — Generalmente una aeusa-sación es suficiente cuando sigue los términos en que está redactado el estatuto.
    Id. — Adulterio—Soltero—Defensa.—Cuando las circunstancias del caso fueren tales que pudieran inducir al Rombre soltero o a la mujer soltera a realizar el acto con la persona casada, en la creencia real y positiva de que tal persona no estaba ligada a otra por el vínculo del matrimonio, entonces tal liecho-puede ser alegado como defensa por la parte a quien favorece.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José de J. Estévez.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foole, Fiscal.

   El Jtjbz Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de adulterio. La denuncia, en lo-pertinente, dice así:

“Yo, Rafael Tirado, vecino de Río Grande del barrio “Fortuje”-Núm., de 35 años, formulo denuncia contra los arriba citados por el delito “Adulterio” cometido de la manera siguiente: que en 2 de no-viembre, 1911, hora 2 a. m. y en el barrio Plato Rey de este pueblo', del Distrito Judicial Municipal de Carolina, dichos acusados voluntaria-mente tenían comercio carnal en una habitación de una casa del barrio de Hato Rey. Siendo este hecho contrario a la ley y para tal caso previsto y penado en el Código Penal vigente, lo pongo ante-vuestro honor para los fines de justicia.- Plago saber a vuestro honor que dicha Isabel Peraza es casada con el suscribiente y tiene cuatro-hijos.”

Celebrado el juicio, la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Segunda, dictó sentencia el 22 de diciembre de 1911 de-clarando culpa!)]es a los dos acusados e imponiéndoles a cada uno la pena de cien pesos de multa,

Los condenados apelaron para ante esta Corte Suprema y la vista del recurso se celebró el 8 de febrero de 1912. No-existe pliego de excepciones ni relación de hechos, pero el abogado de los acusados compareció en el acto de la vista y por escrito y oralmente alegó:

1°., que la denuncia era insuficiente en su totalidad porqueen ella no se especificaba concretamente el lugar donde se co-metió el delito, y
2°., que la denuncia era insuficiente por los menos en cuan-to al acusado Birrier, porque en ella no se alegaba que Birrier supiera que Isabel Peraza era casada.

El delito de adulterio ha sido castigado con severidad en casi todos los pueblos. En mncbos de ellos, en la antigüedad, se imponía a los culpables la pena de muerte. En España el Fuero Juzgo ordenaba la entrega de los dos adúlteros a dis-posición del marido. Las Leyes de Partidas imponían a la mujer adúltera la pena de azotes .públicos y reclusión en un monasterio de dueñas con pérdida de la dote, arras y bienes gananciales a favor del marido y al cómplice o que adulteró con ella, la pena de muerte. (Ley 15, tít. 17, part. 7.) La ley 1, título 21 del Ordenamiento.de Alcalá, que es la 2, título 28, libro 12 de la Novísima Recopilación, dió facultad al marido para matar a los adúlteros sorprendiéndolos en el mismo acto o in fraganti, con tal que al mismo tiempo quitase la vida a los dos. El artículo 437 del Código Penal que anteriormente re-gía en Puerto Rico prescribía, que el marido que sorpren-diendo en adulterio a su mujer matara en el acto a ésta o al adúltero, sólo fuera castigado con la pena de destierro.

Otras disposiciones contienen los antiguos y los modernos Códigos Españoles sobre este delito y el Código Penal que liemos citado, lo definía así, en su artículo 447: “Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio,” y lo .castigaba impo-niendo a los culpables la pena de prisión correccional. El hombre casado era castigado según dicho Código sólo en el caso de que tuviera manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo.

Esta diferencia entre el adulterio cometido por la mujer casada y el cometido por el hombre casado, a favor del hombre, también existía en el Código Civil Español en cuanto a las causas determinantes del divorcio.

Durante la soberanía americana tal diferencia ha sido abo-lida, y el hombre casado y la mujer casada que cometen adul-terio son juzgados y castigados de igual modo. (Véanse la sección 8 de nuestra Ley Orgánica, el artículo 164 del Código Civil Revisado y los arts. 269 y 270 del Código Penal vigente.)

Otra innovación fundamental también hecha durante la soberanía americana, ha sido la de que el delito de adulterio sea perseguido lo mismo que cualquier otro delito público. Según los artículos 449 y 452 del Código Penal vigente ante-riormente, sólo a virtud de querella de la parte agraviada, podía imponerse pena a los culpables.

Adulterio, por la ley común, es el comercio carnal con la esposa de otro hombre . La mujer debe ser casada; ella debe ser la esposa de otro hombre; y cualquier hombre, casado o soltero, que tenga comercio ilícito con ella, es culpable de adulterio. La ley común sólo consideraba al adulterio por el hecho de que tendía a exponer a un marido inocente a mante-ner los hijos de otro hombre y a que tales hijos se convirtieran en sus herederos. De aquí que el adulterio se limitó al co-mercio criminal con una mujer casada. El contacto carnal' de un hombre casado con una mujer soltera, no hacía por la ley común, culpable al hombre de adulterio. Por la ley canó-nica o eclesiástica el adulterio era la conexión sexual entre un hombre y una mujer, de los cuales uno al menos estaba legal-mente unido a una tercera persona por los vínculos del matri-monio. La ley eclesiástica consideraba al adulterio como un pecado que se cometía fuera de las relaciones matrimo-niales. T como una violación de los votos del matrimonio era igualmente grande lo mismo si el ofensor era hombre o mujer. De aquí que la ofensa tenía límites más amplios que en la ley común y era cometida por un hombre casado al. tener contacto con una mujer soltera. (1 Am. and Eng. Enc. Law, p. 747; Bashford v. Wells, Kan., 96 Pac. 663; 18 L. R. A., 580.)

Los estatutos de los diferentes estados de la Unión Ameri-cana, varían en la apreciación que hacen de este delito. Así en California, por ejemplo, el adulterio simple no es un delito público. Es necesario que los autores vivan notoriamente como marido y mujer, para que se les pueda castigar. (Ex parte Thomas, 103 Cal., 497; People v. Gates, 46 Cal., 52.) En Massachussets, a juzgar por el caso de Commonwealth v. Coll, reportado en 32 Am. Dec., 284, el estatuto es similar al de Puerto Rico y el simple adulterio es un delito público.

Expuestos los precedentes legales que anteceden con res-pecto a este delito, procederemos a estudiar y a resolver las dos cuestiones suscitadas por los apelantes.

En cuanto a la designación del lugar en donde se cometió el delito, la denuncia es suficiente. En ella se expresa que se perpetró en una habitación de una casa del barrio de Hato Bey, del pueblo de Río Piedras, término judicial municipal de la Carolina, dentro, por tanto, de la jurisdicción de la Cor-te de Distrito de San Juan. La jurisdicción de la corte quedó, pues, perfectamente establecida y no se ha demostrado que los apelantes sufrieran perjuicio alguno a los efectos de su defensa por la falta de una más específica designación del lugar en donde se les imputó que habían realizado el acto de-lictivo.

Refiriéndose a los requisitos que deben contener las de-nuncias y acusaciones en casos de adulterio, dice Cyc.'lo que sigue: “Si bien no es necesario alegar el sitio determinado en el condado en que el acto se realizó, debe, sin embargo, resultar de la prueba que éste se encontraba comprendido en la jurisdicción de la corte.” (1 Cyc. 957.)

Y en cuanto a si es necesario alegar expresamente en el acta de acusación, para que sea considerado como autor del delito de adulterio, que el hombre que yació con la mujer casada sabía que era casada, diremos que es una cuestión que debe resolverse de acuerdo con los términos en que esté re-dactada la ley aplicable. (1 Cyc. 958.)

La ley vigente en Puerto Rico sobre la materia, está con-tenida en los artículos 269 y 270 del Código Penal, que copia-dos a la letra dicen así:

“Artículo 269. — Toda persona casada que voluntariamente tuviere comercio carnal con persona que no fuere su cónyuge incurrirá en adulterio, y será castigada con multa máxima de dos mil dollars, o cárcel que no excederá de cinco años ni será menor de un año.
“Art. 270. — El proceso por delito de adulterio se instruirá dentro del año de-haberse cometido el delito, o de haber llegado éste a conoci-miento de la parte actora. Si el delito de adulterio se cometiere entre una mujer casada y un soltero, o un hombre casado y una mujer sol-tera, el hombre soltero o la mujer soltera, incurrirá en el delito de adulterio, y sufrirá el castigo correspondiente.”

Como puede verse, en diclios artículos no se hace parte expresa de la definición del delito, el hecho de que el hombre o la mujer soltera tengan conocimiento de que son casados la mujer o el hombre con quienes yacen, y en tal virtud, no es necesario consignar expresamente en el acta de acusación la existencia de tal conocimiento. Generalmente una acusa-ción es suficiente cuando sigue los términos en que está redac-tado el estatuto.

Los delitos creados por la ley, pueden ser imputados usan-do las palabras de la ley, por regla general. (Yéase el caso de State v. Campbell, procedente de Texas, y reportado en 94 Am. Dec., 251, y la nota que comienza en la pág. 252.)

El delito de adulterio existe desde el momento en que una persona casada yace voluntariamente con otra persona que no fuere su cónyuge. Este hecho se imputa con toda claridad en la denuncia que es base de esta causa. En ella se consigna que Isabel Peraza es casada con el denunciante y tiene cuatro hijos, y que Bernardo Birrier e Isabel Peraza tuvieron co-mercio carnal voluntariamente.

La ley castiga también como reo de adulterio a la persona soltera que realice el acto carnal con la persona casada.

Ahora bién, si las circunstancias del caso fueren tales que hubieran sido suficientes para inducir al hombre soltero o a la mujer soltera a realizar el acto con la persona casada en la creencia real y positiva de que tal persona no estaba ligada a otra por el vínculo del matrimonio, entonces tal hecho puede ser alegado como defensa por la parte a quien favorece. De otro modo, basta imputar en la acusación .y probar en el jui-cio el contacto carnal voluntario entre dos personas una de las cuales al menos es casada, para que se entienda perpetra-do el delito de adulterio y deba imponerse el castigo.que la ley señala a los dos culpables.

Por las razones expuestas, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Ramírez et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 428.
    Resuelto en abril 20, 1912.
    Derecho Penal — Pelea de G-allos — Espectadores.'—La palabra espectador sólo se aplica al que asiste a un espectáculo, por lo que, acusando a una persona solamente de haber estado en una riña de gallos como espectador no se le im-puta delito alguno ya que tal palabra no significa que haya iniciado, insti-gado, promovido o echado la pelea de gallos, ni que haya realizado acto alguno de ayudante, árbitro o principal, ni que haya tomado parte para lle-varla a efecto o que haya ayudado a que tenga efecto.
    Id. — Pelea de Gallos — Espectadores—Denuncia Insuficiente. — Ninguna per- ' sona puede ser castigada en Puerto Rico por el mero hecho de ser un espec-tador en una riña de gallos, aves, toros u otros animales; y si se ha realizado algún otro acto de los especificados en la ley que signifique iniciación, promo-ción, instigación o ayuda a la riña o de haber tomado parte en ella, excepto como simple espectador, deberá expresarlo la denuncia para que sea suficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco González.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao conoció en' grado de apelación de una denuncia presentada •en la corte municipal de Caguas contra varias personas,-en-tre ellas Modesto Ramírez y Antonio Grillo, en la que se' les acusaba del delito de crueldad con los animales, come-tido porque habían sido sorprendidos tomando parte en una riña de gallos el día 28 de noviembre de 1911 en el barrio Borinquen de Caguas, en la que actuaban como coleadores los acusados Pedro Boada y Onofre Aponte y como espec-tadores los demás acusados.

Celebrado el juicio por la corte de distrito, dictó senten-cia condenando por el expresado delito a Modesto Ramírez, a Antonio Grillo y a otros dos más a pagar la multa de cinco pesos, fallo contra el que lian recurrido los expresados Ra-mírez y Grillo.

Los apelantes no lian presentado exposición de los hechos ni pliego de excepciones, pero examinada la denuncia llega-mos a la conclusión de que a los recurrentes no se les ha imputado en ella delito alguno.

La sección 5a. de la ley para impedir la crueldad con los animales, publicada en 10 de marzo de 1904 textualmente dice:

“Sección 5. — La persona que iniciare, instigare, promoviere o echare una pelea de gallos, o que realizare algún acto de ayudante, árbitro o principal, o que en forma alguna tomare parte para llevarla a efecto, o ayudare a que tenga lugar dicha riña de gallos o de otras aves, perros, toros u otros animales, habiéndose premeditado dicha riña por el dueño o por el que tuviere bajo su custodia dichas aves o animales, será penada con multa que no exceda de cincuenta dollars o con prisión que no exceda de treinta días, o con ambas penas a dis-creción de la corte.”

La denuncia lo único que imputa a los recurrentes Modesto Ramírez y Antonio Grillo es haber concurrido a la riña de gallos como espectadores. La palabra espectador solo se aplica al que asiste a un espectáculo, por lo que acu-sando a una persona solamente de haber estado en una riña de gallo como espectador, no se le imputa delito alguno ya que tal palabra no significa que haya iniciado, instigado, pro-movido o echado la pelea de gallos, ni que haya realizado acto alguno de ayudante, árbitro o principal, ni que haya tomado parte para llevarla a efecto o que haya ayudado a que tenga efecto.

Ninguna persona puede ser castigada en Puerto Rico por el mero hecho de ser un espectador en una riña de gallos o de otras aves, perros, toros u otros animales, y si se ha reali-zado algún otro acto de los especificados en la ley que signi-fique iniciación, promoción, instigación o ayuda a la riña, o de haber tomado parte en ella excepto como simple especta-dor, deberá expresarlo la denuncia para que sea suficiente.

Cuando el legislador ña querido castigar al espectador lo dice claramente, como lo hace el artículo 597 del Código Penal de California, donde se pena entre otros a los que están presentes como espectadores.

Los recurrentes no fueron denunciados por ningún b.eeb.O' penable y por tanto debe ser revocada la sentencia que less impuso una pena, dictándose otra absolutoria.

Revocada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

Juez disidente: Sr. del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    The American Trading Co. v. Monserrat.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 748.
    Resuelto en abril 20, 1912.
    Injunction — Suspensión del Procedimiento Hipotecario. — Hasta que empezó a, regir la Ley de Injunction de 1906, y aun eon anterioridad, este tribunal había resuelto que el procedimiento hipotecario no debe suspenderse a no ser por alguno de los motivos taxativamente mencionados en el artículo 175> del Reglamento de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Multiplicidad de Procedimientos Judiciales. — El verdadero sentido de las palabras “para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales” de la Ley de Injunction de 1906, es el evitar que una o varias partes establezcan acciones diversas sobre la misma cuestión, pero no el colocar a un deudor en condiciones de impedir que sus acreedores lo demanden. No sería justo o legal que se concediera un injunction para impedir únicamente que varias' personas establezcan reclamaciones que prima facie son válidas, contra una. misma propiedad.
    Id. — Deudor—Suspensión del Procedimiento Sumario — Intención de la Le-gislatura. — No es posible creer que la legislatura tuvo la intención de per-mitir que un deudor obtuviera por medio del injunction lo que de otro modo' no podría conseguir, cual es suspender un procedimiento ejecutivo contra él. Ese remedio lo tiene por la vía ordinaria anotando la demanda en el registro de la propiedad. . ’

      Id. — Interpretación de Ley — Ley Hipotecaria — Ley de Injunction — Deroga-ciones Tácitas. — Es un principio general de interpretación de ley que las derogaciones tácitas no merecen por lo general la sanción de los tribunales. La Ley de Injunction de marzo 8, 1906, no lia derogado el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante Sres. Felipe Gasalduc y Emidgio 8. Ginorio.

    Abogado del apelado: 8r. Alfredo Amoldo Sevilla.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de fecha,mayo 11, 1900, Luis Aran y Lancy reconoció estar adeudando a Baudilio Durán y Cat la suma de 130,000 pesos moneda provincial, obligándose a pagarlos a razón de $13,000 cada día 11 de mayo de los años 1901, e igual suma cada día once de rnayo de los sucesivos años, con sus intereses al seis por ciento anual; por cada uno de esos pla-zos otorgó un pagaré a la orden de su acreedor Baudilio Durán y en garantía de esos pagarés trasmisibles por endo-sos constituyó hipoteca voluntaria sobre diez y nueve fincas rústicas. En esa hipoteca no se pactó que los plazos de la misma tuvieran preferencia de ninguna clase entre ellos, ni que los unos fueran considerados como créditos de cobro pre-ferente respecto de los otros.

Don Baudilio Durán endosó a la orden de Martín Serra el pagaré número tres (3) que era el que vencía en mayo 11, 1903; y éste a su vez lo endosó a The American Trading Company.

De igual modo Baudilio Durán endosó el pagaré número cinco a la orden de Conrado Palou, y este último a otra persona, pero estos endosos fueron cancelados y se endosó el pagaré a Damián Monserrat, que es el apelado en este pleito. Este último endoso es uno de los puntos que ha sido objeto de impugnación en esta apelación, tanto con motivo del primer endoso, como por la forma' de dicho endoso, y alega el apelante que el traspaso no es válido por no expre-sarse en el endoso la fecha de dicho traspaso. The American Trading Co. siguió un procedimiento sumario hipotecario contra la administradora judicial de los bienes de Lnis Aran j' Lancy para el cobro de sn pagaré No. 3, dando por resal-tado estos procedimientos que se la adjudicaran a dicho ape-lante en pago parcial de dicho pagaré seis parcelas de te-rreno.

Para cobrar sn pagaré número 5, presentó Damián Mon-serrat nna demanda por el procedimiento sumario de la ley hipotecaria contra The American Trading Co. que era quien se encontraba en posesión de las fincas. Se señaló la subasta de dichas fincas para el día 22 de julio, 1911, y en junio de 1911, dicha American Trading Co. presentó su solicitud de injunction objeto de esta apelación.

En la demanda se alega que por una omisión involunta-ria se dejó de solicitar en el procedimiento sumario de la ley hipotecaria seguido por la American Trading Co., que se dictara nna orden para que se cancelaran en el registro los otros gravámenes que pesaban sobre las seis fincas. No se estableció ningún pleito por la vía ordinaria, ni se trató de cumplir con el artículo 175 del reglamento hipotecario.

Alegó el apelante, y sostiene entre otras cosas, que de permitirse que continuara el procedimiento sumario hipo-tecario se le ocasionarían daños y pérdidas de consideración e irreparables que darían lugar á pleitos innecesarios por sí mismo y a una multiplicidad de acciones por parte de los tenedores de otros pagarés. El apelante alega varios moti-vos de nulidad del título de Monserrat en apoyo de la facul-tad que tiene la corte para decretar el injunction. El ape-lado alega por otra parte que con arreglo al artículo 175 del Neglamento Hipotecario, un procedimiento sumario no puede suspenderse por ninguna causa sino por las que se enume-ran en dicho artículo, no apareciendo entre ellas las causas o la clase de procedimiento que el apelante sostiene está comprendido en esta acción.

Hasta que se aprobó la ley de injunction en 1906, y con anterioridad a dicha fecha, este tribunal ha resuelto que no debe suspenderse el procedimiento hipotecario excepto por los motivos que se determinan en el artículo 175 del Regla-mento de la Ley Hipotecaria. (Banco Territorial y Agrícola v. Erwin, 10 D. P. R., 412; Giménez v. Brenes, 10 D. P. R., 128.) Se alega no obstante, que siendo la ley de innmction de marzo 8, 1906, de fecha posterior a la Ley Hipotecaria o a su reglamento, deroga a estas últimas. Con arreglo a esa ley un injimction puede decretarse para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales, pero creemos que el verdadero sentido dé esas palabras es impedir que una o varias partes establezcan diferentes acciones sobre la misma cuestión y no, por ejemplo, que un deudor esté en condiciones de im-pedir que sus distintos acreedores lo demanden. Un acree-dor no puede establecer una acción sobre nulidad, reivindi-cación o desahucio, todas al mismo tiempo; ni puede repetir la misma acción. Sin embargo, aun admitiéndose que pueda decretarse un injimction para evitar una multiplicidad de acciones, no sería justo o legal que se decretara con el solo objeto de impedir que diferentes personas establezcan recla-maciones que prima facie son válidas contra la misma pro-piedad. Además, aquí no se ha demostrado que nadie sino el demandado esté ejercitando alguna acción. En ningún otro caso debe decretarse un injunction para impedir proce-dimientos judiciales, pues el artículo 4 de la Ley de Injunction prescribe de modo terminante que “no podrá otorgarse un injunction: 1. Para suspender un procedimiento judicial que se estuviere tramitando al instituirse la acción en que se solicita el injunction, a menos que la restricción fuere nece-saria para impedir una multiplicidad de tales procedimien-tos.”

Por otra parte no creemos que fué la intención de la Legis-latura el permitir que un deudor obtuviera por medio del injunction lo que de otro modo no podría obtener, o sea, suspender un procedimiento sumario. Su remedio lo tiene por la vía ordinaria anotando la demanda en el registro de la propiedad. La misma Ley Hipotecaria prescribe en su artí-culo 413, lo siguiente:

“* * *. Ninguno de los artículos que componen esta ley podrá ser derogado sino en virtud de otra ley especial, no pudiendo tener este carácter en caso alguno la de presupuesto.”

Además de esta declaración legislativa de las reglas para la interpretación y estabilidad de la Ley Hipotecaria y su Reglamento, existe también el conocido principio de interpre-tación de estatutos, de que las derogaciones tácitas no mere-cen ordinariamente la sanción de las cortes. (North American Com. Co. v. U. S., 171 U. S., 131.) En la ley de marzo 8, 1906, con respecto a injunction, no existía ninguna cláusula derogatoria. Por otra parte la ley de marzo 9, 1905, sobre procedimientos especiales contenía una cláusula en la que se disponía que continuarían en vigor la Ley Hipotecaria y su reglamento, por lo que se hace imposible creer que la mis-ma legislatura en 1906, hubiera tenido alguna intención de derogar tácitamente lo que expresamente estatuyó en el año anterior. De igual modo se sostuvo que el artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Civil había derogado el procedi-miento especial hipotecario, pero este tribunal ha resuelto en el caso de Giménez v. Brenes, 10 D. P. R., 128, citado anteriormente, que no quedó derogado.

Por las razones expresadas debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Alclrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo v. Dones.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 420.
    Resuelto en abril 22, 1912.
    Derecho Penal — Apelación—Cuándo Puede Revisarse una Resolución Dene-gatoria de Nuevo Juicio. — Para que el Tribunal Supremo pueda entrar a considerar si se erró o nó por una corte de distrito al negarse a conceder un nuevo juicio en un caso criminal, es necesario que la orden denegatoria sea apelada directamente o excepcionada en debida forma y de este modo incluida en la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en el mismo caso.
    Id. — Naturaleza del Recurso — Deber del Apelante. — Una apelación no es una materia de derecho, sino un privilegio estatutario, y aquel que ejercita el privilegio tiene el deber de hacerlo en la forma especificada en la ley y es el llamado a gestionar directamente todo aquello que pueda redundar en su propio beneficio.
    Id. — Presunción de la Corrección de los Procedimientos de una Corte de Récord. — La corrección de los procedimientos de una corte de récord se presume, hasta que se demuestre afirmativamente lo contrario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Abella Blanco.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gerardo Dones fné acusado en 28 de octubre de 1911 por el Fiscal del Distrito de San Juan, como autor de un delito de homicidio voluntario, cometido como sigue: “El citado Gerardo Dones, allá el día 14 de octubre de 1911, en la juris-dicción de Loíza, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, voluntaria e ilegalmente y en un arrebato de có-lera dió muerte a Enrique Santiago, disparándole un tiro con un revólver infiriéndole una herida que le produjo la muerte a los pocos momentos.”

Sometido el caso a un Jurado, éste, el 19 de enero de 1912, declaró al acusado culpable, y la corte, el 23 de enero de 1912, después de haber negado una- solicitud de nuevo jui-cio, dictó sentencia imponiendo al convicto la pena de cinco años de presidio con trabajos forzados. Contra esa senten-cia se interpuso el presente recurso de apelación.

No existe pliego de excepciones, ni relación de hechos. El apelante no compareció al acto de la vista del recurso, ni presentó su alegato por escrito. La transcripción contiene copia de los siguientes documentos: Escrito de apelación, de-nuncia, moción de nuevo juicio, instrucciones, veredicto del jurado, fallo y sentencia, y la certificación expedida por el secretario de la corte de distrito.

En la moción para nuevo juicio se alega que la corte cometió diferentes errores, al resolver una excepción peren-toria formulada por el acusado solicitando su absolución, fun-dado en que la acusación era incongruente con la prueba de cargo producida, y al instruir al jurado.

Dada la forma en que aparece la transcripción, no tene-mos base para disentir en esta instancia las cuestiones plan-teadas en la moción de nuevo juicio, ya que no consta que la resolución denegatoria del nuevo juicio fuera apelada, o excepcionada debidamente- e incluida de tal modo en la ape-lación de la sentencia. Además, no es posible juzgar si la corte de distrito erró al apreciar la prueba para resolver la excepción perentoria indicada, porque el apelante no lia presentado en esta Corte Suprema dicha prxieba. Ni es po-sible tampoco decidir si la corte erró al instruir al jurado, porque en la transcripción sólo figuran como instrucciones las presentadas como tales por escrito por el mismo abogado del acusado para ser trasmitidas por el juez al jurado.

Parece que existieron otras instrucciones orales, que de acuerdo con la ley, debieron ser incluidas por el secretario en la transcripción del récord, y la cuestión a' considerar es ■si debemos, de oficio, pedir la copia de dichas instrucciones para juzgar si se han cometido en ellas los errores que se señalan, o si, dado el abandono del apelante y la presun-ción que existe a favor de la corrección de los procedimien-tos de una corte de récord, hasta que se demuestre afirma-tivamente lo contrario (Beaty v. State, 113 Pac. Rep. Ann., 237), debemos prescindir de ellas y resolver el caso por lo que resulta del récord.

Una apelación no es una materia de derecho, sino un pri-vilegio estatutorio, (City of Portland v. Nottingham, 58 Oregon, 1), y aquel que ejercita el privilegio tiene el deber de hacerlo en la forma especificada por la ley y es el llamado a gestionar directamente todo aquello que pueda redundar en su propio beneficio.

Por el solo hecho de que se afirme en la solicitud de nuevo juicio que se cometieron errores, no podemos concluir que dichos errores existieron. Es el apelante el que debe demostrar su existencia y si la transcripción no está com-pleta, las regias de esta corte le marcan el camino para ob-tener su corrección.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, no nos cree-mos autorizados para investigar de oficio si se trasmitieron al jurado otras instrucciones que las presentadas por el abo-gado del acusado, y, en caso afirmativo, para resolver, tam-bién de oficio, que se agregue a la transcripción, en este es-■tado del procedimiento, después de celebrada la vista del re-curso, copia de dichas instrucciones para considerarlas en relación con la solicitud de nuevo juicio.

Hemos estudiado cuidadosamente los autos tales como figuran en la transcripción y no apareciendo que se haya ■cometido error fundamental alguno, opinamos que el recurso ■debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Rolón et al. v. Santiago et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 757.
    Resuelto en abril 22, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Acreedor • — • Exclusión de Partes. — Un acreedor no es parte interesada en un pleito sobre reconoci-miento de hijos naturales y no comete error la corte que ordena que sea excluido como parte demandada dicho acreedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Felipe Casaldue.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel A. Rivera.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre reconocimiento de hijos na-turales. Así se titula la demanda y en la súplica de la misma sólo se pide a la corte que dicte sentencia declarando que los menores demandantes son hijos naturales de Daniel Vázquez y Santiago, con derecho a llevar el apellido de su padre.

La demanda se interpuso por Braulia Bolón, como repre-santante de sus menores hijos, Juana, Leonor, Domingo y Concepción Bolón, conocidos por Vázquez y Bolón, contra Bárbara Santiago, María Inocencia Vázquez, Bernardino Vázquez y Juan de Dios Torres, y en ella se alegaron ade-más de los hechos necesarios para establecer el derecho de los menores demandantes al reconocimiento de su condición de hijos naturales de Daniel Vázquez, otros hechos referen-tes a cierto litigio seguido por la demandada Bárbara Santiago contra los otros demandados, para el cotjro de cierta deuda del padre de los menores demandantes, no obstante cono-cer la dicha Bárbara Santiago que los menores demandan-tes eran los herederos de Daniel Vázquez, y por tanto, que aquellos a quienes demandaba no eran los legítimos .here-deros.

Contestada la demanda, se señaló día para la celebración del juicio y en dicho día la corte de oficio resolvió que la de-manda no aducía hechos contra Bárbara Santiago y ordenó que fuera eliminada del récord, desestimando la demanda en cuanto a ella. Esta resolución se registró como sentencia el 9 de agosto de 1911 y contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

La cuestión a resolver es enteramente clara y sencilla. De los hechos expuestos resulta que el pleito en este caso se inició por Braulia Bolón, a nombre de sus menores hijos, para obtener su reconocimiento como hijos naturales de Daniel Vázquez. Un pleito de esta naturaleza se sigue contra el padre o la madre que esté obligado a verificar el recono-cimiento, o contra sus legítimos representantes. Un acree-dor del padre o de la madre, aun cuando el uno o la otra hu-biere fallecido, no es parte interesada en esta clase de liti-gios. Su derecho al cobro de su crédito está garantido por los bienes del difunto, ya que el heredero no adquiere para sí sino lo qne queda después de satisfechas las deudas del causante; debiendo el acreedor, para el cobro de su crédito, seguir el procedimiento que la ley prescribe. (Véase la ley sobre procedimientos legales especiales, aprobada en 1905.)

Si los menores demandantes han sido ya, como se ase-gura en su propio alegato, declarados hijos naturales reco-nocidos de Daniel Vázquez, ellos tienen personalidad para pedir la nulidad de los procedimientos seguidos por Bár-bara Santiago, si es que en realidad de verdad son nulos; pero tal acción de nulidad ni se ejercitó por los demandantes, ni pudo acumularse a este pleito, y siendo esto así, es bien claro que la demanda no aducía hechos en cuanto a Bárbara Santiago y que dicha demandada fué propiamente eliminada como tal del récord de este pleito.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNDez,

text:
    Veve et al. v. The Fajardo Sugar Growers’ Association
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 720.
    Resuelto en abril 22, 1912.
    Desahucio — Vencimiento de la Obligación — Oereoimiento Anticipado de Pago — Consignación.—Estipulada en una escritura de arrendamiento la forma del pago de los cánones por semestres antipasados, es eficaz en derecho el ofrecimiento de pago de un semestre de arrendamiento hecho con cuatro días de anticipación al del vencimiento de la obligación, por ser ese anticipo beneficioso al acreedor y no alegarse por éste perjuicio alguno.
    Id. — Ofrecimiento de Pago Hecho a la Esposa — Bienes Peculiares de la Esposa. — El tribunal resolvió que el ofrecimiento de pago hecho a las res-pectivas esposas de los demandantes, se hizo a quien podía hacerse, teniendo en cuenta que ellas otorgaron el contrato de arrendamiento de la finca en litigio de la cual eran eondueñas, y en cuyo documento se estipuló que el pago se haría a las condueñas, habiendo uno de los esposos demandantes, como apoderado de su esposa, intervenido en el citado contrato de arrendamiento; siendo además el cobro de los cánones de arrendamiento un acto de adminis-tración, y, según el artículo 160 del Código Civil, cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición y administración de sus bienes propios.
    Id. — Ofrecimiento de Pago — Documentos de Depósito — Estoppel—Acepta-ción. — Se resolvió en apelación que el ofrecimiento del pago del arrendamiento en documentos de depósito no infringía el artículo 1138 del Código Civil, pues las demandantes, que no estaban en la obligación de aceptar el pago del semestre de arrendamiento en documentos de depósito, no los rechazaron en absoluto sino que los devolvieron por observar en los mismos notable error que debía ser rectificado, con lo cual manifestaron su proposito de aceptarlos, siempre que se hiciera la rectificación.
    Id. — Consignación—Documentos de Depósito — Sustitución por Dinero. — No queda sin efecto una consignación por el hecho de ser retirados los documentos de depósito después de haber sido admitidos por la corte para ser sustituidos por los mismos valores que representaban, pues esa sustitución no podía hacer que quedara subsistente la obligación de pagar del arrendatario.
    Id. — Consignación—Ofrecimiento de Pago — Requerimiento.—Los preceptos le-gales que regulan el ofrecimiento del pago y la consignación no exigen que las operaciones de ofrecimiento de pago, de requerimiento y consignación se verifiquen en momentos sucesivos de un mismo día, pues la consignación heeha en forma legal cuando el ofrecimiento de pago se hizo oportunamente, se-retrotrae a la feeha de dicho ofrecimiento de pago, siempre que aquélla se hiciera dentro de un término prudencial.
    Ofrecimiento de Pago — Día Feriado. — Habiendo sido el día Io. de enero de 1911, domingo y el día 2 del mismo mes, día feriado por ministerio de la ley, el primer día hábil para hacer un pago fué el 3 de enero y por tanto el ofre-cimiento de pago hecho en este día para satisfacer una obligación que vencía el primero de enero, tiene el mismo efecto que si se hubiera realizado el día Io.
    Id. — Construcción de Ramales de Ferrocarril — Causas de Desahucio — Uso de la Finca. — J31 hecho de construirse ramales de ferrocarril en una finca arrendada sin consentimiento del arrendador no es por sí solo causa para una acción de desahucio, cuando no se ha probado que la construcción de esos ramales disminuya el valor de la finca ni sea contraída a su naturaleza o a la costumbre de la tierra y cuando el arrendatario ha continuado observando la debida diligencia en el disfrute de la finca sin perjuicio del derecho que pueda asistir al arrendador contra el arrendatario en virtud del artículo 1459 del Código Civil Revisado.
    Id. — Corte de Montes y Maderas de Construcción — Responsabilidad del Causahabiente — Relaciones Jurídicas entre el Arrendador y los Causa-habientes del Arrendatario. — Cuando las relaciones jurídicas entre el arren-dador y los causahabientes del arrendatario contra quienes se ejercita la 'acción de desahucio son de tal naturaleza o tan especiales o tan complejas que no sea racionalmente posible apreciar con exactitud su finalidad y tras-cendencia, no es el procedimiento sumario del juicio de desahucio el adecuado para determinar la responsabilidad que con relación al arrendador pueda caber a los causahabientes del arrendatario por actos cometidos por sus cau-santes, debiendo en tales casos aeudirse al juicio ordinario.

      Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José A. Poventud, Arturo Aponte, Jr. y Horacio 8. Belaval.

    Abogado de los apelados: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En 9 de febrero de 1911, las Sras. Concepción y Josefina Yeve, con sus respectivos esposos José S.. Belaval y Prizco Vizcarrondo, presentaron demanda enmendada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Hnmacao contra “The Fa-jardo Sugar G-rowers’ Association,” suplicando se dictara sentencia por la que se declarara haber lugar al desahucio de la demandada, representantes y empleados y se les orde-nara el desalojo de la finca “Aurora” de que las demandantes eran dueñas, con las costas y honorarios a cargo de la corpora-ción demandada.

A dicha demanda se opuso la parte demandada y cele-brado el juicio, la corte dictó sentencia en doce de atiril de 1911 declarando sin lugar la demanda, con las costas a la parte actora, la que interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

En su alegato escrito la representación de la parte ape-lante limita a tres los hechos alegados en su demanda y esos hechos son los siguientes:

Io. Falta de pago del precio del arrendamiento según los términos convenidos en escritura de 31 de marzo de 1906.
2o. Haber permitido la corporación demandada que la “The Fajardo Development Co.” haya establecido servidum-bre de paso de un ferrocarril por la hacienda “Aurora” y conectado en dos lugares la vía del ferrocarril de esa corpo-ración con la de la “Esperanza Central Sugar Co.,” todo sin consentimiento de las dueñas de la “Aurora” y haciendo desmerecer esa finca con perjuicio de las dueñas.
3o. Haber usado de la hacienda “Aurora” los arrendata-rios y ocupantes sin la diligencia de un padre de familia, talando, cortando y destruyendo la mayor parte de los mon-tes, sin haber replantado ninguna porción de ellos, con cuyos actos, no pactados, .lian lieclio desmerecer dicha finca.

De esos hechos deriva la parte apelante las cansas de de-sahucio comprendidas en los números- 2°., 3o. y 4o. del artículo 1472 del Código Civil, a saber:

2o. Palta de pago en el precio convenido.
3o. Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato.
4o. Destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pac-tados que la hagan desmerecer, o no sujetarse en su uso a lo que se ordena en el número 2o. del artículo 1458.

Ese artículo en su número 2o. establece que el arrendata-rio está obligado a usar de la cosa arrendada como un dili-gente padre de familia, destinándola al uso pactado y en de-.fecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra.

Con relación a la primera causa que se alega para el desa-hucio,'han resultado comprobados en el juicio los siguientes hechos:

(a) Por escritura pública de 31 de marzo de 1906 D. José S. Belaval, como apoderado de su esposa Doña Concepción Yeve y Doña Josefina Veve de Vizcarrondo otorgaron a favor de “The Esperanza Central Sugar Co.” contrato de arrenda-miento de la hacienda “Aurora” de que aquellas son dueñas, por término de once años y precio de $2,400 el primer año y $4,800 cada uno de los años siguientes, cantidades que debían ser pagadas por la arrendataria a las condueñas por mitad y por semestres adelantados en los días Io. de julio y Io. de enero de cada año, habiéndose convenido expresamente que si la arrendataria o sus causahabientes dejaran de pagar cual-quier semestre oportunamente, tendrían las dos arrendadoras la facultad de rescindir cada una por su parte el contrato y promover el desahucio inmediato de la finca o continuarlo si lo creyeran conveniente, reclamando el pago de lo adeudado en la correspondiente vía.

(b) Todos los bienes y derechos de “The Esperanza Central Sugar Co.” fueron vendidos en pública subasta por el Marshal de la Corte de Distrito de los E. U. para Puerto Rico, habiéndose otorgado la correspondiente escritura de venta en 12 de julio de 1909 a favor de “The Colonial Sugar Co.,” a cuya corporación fue adjudicado el contrato de arrenda-miento de la hacienda “Aurora.”

(c) Por otra escritura otorgada en New York a 17 de no-viembre de 1909 “The Colonial Sugar Co.” traspasó y ena-jenó a favor de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” varios contratos de arrendamiento, entre ellos el de la hacienda “Aurora,” bajo las mismas estipulaciones que lo re-gulaban.

(d) El canon correspondiente al semestre de arrenda-miento de enero a julio de 1910, que debía ser pagado por adelantado en Io. de enero citado, fué satisfecho mediante cheques expedidos por Don Jorge Bird León a favor de las arrendadoras, Doña Concepción y Doña Josefina Yeve, y a cargo del Banco Territorial y Agrícola en 29 de diciembre de 1909, habiendo sido endosado uno de los cheques a favor del American Colonial Bank y el otro a favor de Bird y Barceló.

(e) Para pagar el canon de arrendamiento de julio a diciembre de 1910 que debía ser satisfecho en Io. de dicho julio, envió la parte demandada, por conducto de sus abogados, a cada una de las demandantes un documento de depósito he-cho en el American Colonial Bank por la suma de $1,200 en 27 de junio anterior, habiendo devuelto Doña Concepción el documento de depósito a ella remitido por observar en el mismo notable error y por si la remitente estimaba conve-niente rectificarlo, según expresa dicha Señora en carta del 30 del propio junio. En otra carta del 6 de julio siguiente la misma Doña Concepción reiteró la devolución del documento por subsistir el mismo error a que se había referido. Tam-bién Doña Josefina Yeve devolvió el 30 de junio de 1910 el documento de depósito a su favor.

(/) 'Por actas notariales de 11 y 12 de julio de 1910, res-pectivamente fueron requeridas Doña Josefina y Doña Con-cepción. Yeve por ante notario para qne aceptaran los dos documentos de depósito de qne se deja hecho mérito en pago del canon del semestre de arrendamiento de julio a diciem-bre de 1910, pues de otro modo se haría la consignación en forma, habiéndose negado una y otra señora a recibir en pago tales documentos de depósito.

(g) “The Fajardo Sugar Growers’ Association” acudió entonces a la Corte de Distrito de Hum acao para que se tu-viera por hecha la consignación de los $2,400 mediante los dos certificados de depósito ya referidos, y dicha corte por orden de 19 de julio de 1910 ordenó qne esos certificados que-daran bajo la guarda y custodia del secretario de la corte, como representativos de las cantidades que debían ser satis-fechas a Doña Josefina y Doña Concepción Yeve para cubrir el semestre de arrendamiento de la hacienda “Aurora” co-rrespondiente a los meses de julio a diciembre de 1910.

(h) La orden expresada fué notificada primero a Doña Josefina Veve y en 13 de diciembre del año expresado a Doña Concepción Veve y a su esposo Don José S. Belaval, quienes al día siguiente impugnaron por escrito la consignación he-cha, sin que aparezca del récord la resolución qne sobre ella dictara la corte; apareciendo sí qne con fecha 28 de diciembre citado los abogados de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” solicitaron de la corte se tuvieran por retirados los certificados de depósito y sustituidas las cantidades que re-presentaban por billetes de los Estados Unidos, a lo que ac-cedió la corte disponiendo por orden ele 31 de diciembre la sus-titución pedida, con cuyo motivo los esposos Veve-Belaval presentaron moción para qne fuera anulada dicha orden, mo-ción que fué argumentada por las partes, sin qne conste la resolución que recayera.

(i) En cnanto al semestre de arrendamiento de enero a junio de 1911, consta que con fecha 31 de diciembre de 1910 tanto los esposos Veve-Belaval como Doña Josefina Veve fue-ron requeridos para que aceptaran el pago, cuyo requeri-miento respecto de los esposos citados fué repetido en 3 de enero siguiente: y como por ninguno de ellos se verificara la aceptación, la corte ele Humacao por orden de 7 de enero si-guiente ordenó el depósito en poder del secretario de la canti-dad de $2,400 en billetes del Tesoro nacional consignados por “The Fajardo Sugar Growers’ Association” a favor de las arrendatarias y en proporción de una mitad a cada una de ellas para cubrir el semestre indicado, quedando la referida cantidad a disposición de las mismas.

De los hechos expuestos se desprende que la parte deman-dada como causahabiente de los derechos de “The Esperanza Central Sugar Co.” desde 17 de noviembre de 1909 ha debido pagar hasta la fecha de la interposición de la demanda y por adelantado tres semestres de arrendamiento, el primero, de enero a junio de 1910, el segundo de julio a diciembre del mismo año y el tercero de enero a junio de 1911.

Sobre el pago del 'canon correspondiente al semestre de enero a junio de 1910 fué satisfecho oportunamente mediante cheques que aceptaron y cobraron las arrendadoras sin re-paro alguno; y ellas en su alegato escrito no impugnan la validez de ese pago ni tampoco podían impugnarlo legalmente por la razón de que nadie puede ir contra sus propios actos. La impugnación se contrae al pago de los cánones de arrenda-mientos correspondientes a los semestres de junio a diciembre de 1910 y de enero a junio de 1911.

En cuanto al pago del semestre de arrendamiento de ju-lio a diciembre de 1910 alega la parte apelante que el ofreci-miento de pago hecho a Doña Josefina Yeve mediante docu-mentos de depósito expedidos a su favor en 27 de junio del mismo año es ineficaz en derecho: Io. porque ese ofrecimiento se hizo tres días antes de vencerse el término del pago fijado para el Io. de julio del año 1910 y después se repitió a los cinco días de vencido dicho término: 2o. porque el ofrecimiento se hizo a Doña Concepción y a Doña Josefina Yeve y no a sus respectivos esposos Don José S. Belaval y Don Prisco Vizca-rrondo: 3o. porque el ofrecimiento de pago se hizo en un docu-mento mercantil y no en la especie pactada.

Examinemos esas razones a la lnz de los preceptos legales aplicables al caso.

Establece el artículo 1092 del Código Civil que las obliga-ciones para cuyo cumplimiento se liaya señalado nn dia cier-to, sólo serán exigióles cuando el día llegue; y bajo ese pre-cepto legal es indudable que las demandantes no podían recla-mar a la demandada antes del Io de julio del año 1910 el pago’ del canon del arrendamiento correspondiente al semestre de julio a diciembre de dicbo año; pero ¿podía la demandada ve-rificar ese pago, como trató de hacerlo, en 27 de junio anterior o sea cuatro días antes de vencerse la obligación de pago ? A esa pregunta no vacilamos en contestar afirmativamente, invocando el artículo 1094 del Código citado, según el cual, siempre que en las obligaciones se designa un término se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno o del otro.

Examinada la escritura de arrendamiento de 31 de marzo de 1906, en la que radica el derecho de la parte demandada a poseer la hacienda “Aurora” de las demandantes, encontra-mos que en favor de éstas fué que se estableció el beneficio de recibir por adelantado el precio del canon de los semestres de arrendamiento, y en perjuicio de la parte arrendataria la obli-gación de verificar el pago en esa forma. De ahí que con el pago hecho antes del día fijado se ampliaba el beneficio de la parte arrendadora, sin que por ésta se haya alegado ni demos-trado que con el anticipo se le causara perjuicio alguno. Ve-rificado pues el ofrecimiento de pago en 27 de junio de 1910, antes de que llegara el día primero de julio en que vencía la obligación, y redundando ese pago en beneficio de los intereses del acreedor y en perjuicio de los del deudor, es claro que tal anticipo entrañaba el cumplimiento de la obligación para el día de su vencimiento. T tan es así, que las Sras. deman-dantes aceptaron el pago del cañón del semestre de arrenda-miento de enero a junio de 1910, aunque los cheques para el pago fueron expedidos en 29 de diciembre de 1909 o sea tres días antes del vencimiento de la obligación.

flay además con respecto al canon de arrendamiento de los meses de julio a diciembre de 1910, que el pago se verifi-caba en documentos de depósito expedidos en 27 de junio del mismo año, contra cuya admisión como tales o por ser prema-turos no oponían reparos las demandantes, sino que estaban dispuestas a aceptarlos cuando se rectificara el error que en ellos observaron y que no expresaban cual fuera. Si no les convenía recibir el dinero depositado basta el día Io. de julio, árbitros eran de dejar el dinero depositado para recibirlo pre-cisamente en la fecba indicada.

Con lo dicbo dejamos establecido que el ofrecimiento de pago becbo en 27 de junio de 1910 fué eficaz en derecho por razón del tiempo en que se bizo, atendidas todas las circuns-tancias del caso, aunque se hiciera con anterioridad al venci-miento de la obligación.

T el ofrecimiento de pago se bizo a quien podía hacerse, en cumplimiento de lo que previene el artículo 1130 del Código Civil. No era necesario hacerlo a los respectivos esposos de las Sras. Concepción y Josefina Yeve: Io. porque ellas fueron las que otorgaron el contrato de arrendamiento de la hacienda “Aurora” de que eran dueñas, a favor de “The Esperanza Central Sugar Co.” de cuyos derechos es boy causa-habiente la sociedad demandada, y eran por tanto las que prima facie tenían derecho al pago: 2o. porque en ese mismo contrato' se estipuló que el pago se haría por la arrendataria a las condueñas, teniendo las dos arrendadoras por falta de pago el derecho de rescindir el contrato y de promover el de-sahucio si así les convenía, reclamando el pago de lo adeudado •en la vía correspondiente: 3o. porque Don José S. Belaval y Don Prisco Vizcarrondo no han impugnado la validez de dicha estipulación en el presente juicio ni aparece que lo hayan he-cho fuera del mismo, con la particularidad de que Belaval co-mo apoderado de su esposa intervino en el contrato de arren-damiento: 4". porque Doña Concepción y Doña Josefina Yeve aceptaron el pago del canon de arrendamiento correspon-diente al semestre de enero a junio de 1910 sin hacer la mas ligera indicación acerca de qne sns esposos fueran los qne tu-vieran derecho a percibirlo como tampoco éstos han hecho reclamación alguna, dando así lngar todos con sn proceder a qne si la parte demandada incnrrió en el error qne se le im-puta, dicho error fuera originado por el proceder de las arren-dadoras y sns esposos: y 5o. porque el artículo 160 del Código Civil preceptúa qne cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición y administración de sus bienes propios; y como la hacienda “Aurora” pertenece en propiedad a las deman-dantes en virtud de cuyo título fue qne la arrendaron por pro-pio derecho a “The Esperanza Central Sugar Co.” y el cobro de los cánones de ese arrendamiento es un acto de administra-ción, es claro que el ofrecimiento de pago del canon de arren-damiento de que se trata fue bien hecho a l$s mismas por la demandada. T conste que no discutimos si hubiera sido tam-bién legal en el caso de que se hubiera hecho a los esposos de las arrendadoras, teniendo en cuenta que con arreglo al artí-culo 1327 del Código Civil, el marido será el administrador de la sociedad de gananciales, que según el 159, el marido será el administrador de la sociedad conyugal salvo estipulación en contrario y que según el número 3o. del 1316, deben reputarse bienes gananciales los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio procedente de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges. Lo que si sostenemos en el presente caso, es que con arreglo a los hechos y la ley el ofrecimiento de pago se hizo a quien podía hacerse.

Y tampoco al ofrecerse el pago en documentos de depósitos fué infringido el artículo 1138 del Código Civil, que dice así:

“El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
“La entrega de pagarés a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.
“Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.' ’

Con arreglo a los preceptos legales transcritos las deman-dantes no estaban en la obligación de aceptar el pago del se-mestre de arrendamiento de julio a diciembre de 1910, reci-biendo los documentos de depósitos enviados por la parte de-mandada; pero como ellas no rechazaron en absoluto tales documentos sino que los devolvieron por observar en los mis-mos notable error que debía ser rectificado, claro es que mani-festaron su propósito de aceptarlos, siempre que se hiciera la rectificación.

Ese notable error que las demandantes no expresaron cual fuera, ni estaban en el deber de expresarlo al verificar la de-volución, quedó .sujeto a la apreciación que en su día hiciera la autoridad judicial de la razón de la negativa de las acree-doras, cuando fuera impugnada por ineficaz en derecho la consignación de la cosa debida, por no ajustarse estricta-mente a las disposiciones que regulan el pago.

Dicho error consistió según explican los apelantes en su alegato ante esta Corte Suprema, en que tales documentos se habían extendido a nombre de las demandantes y no al de sus esposos, y ya dejamos establecido que el ofrecimiento de pago se hizo a quien podía hacerse. Y no puede alegarse' que la consignación quedó sin electo por haberse retirado los do-cumentos de depósito después de haber sido admitidos por la autoridad judicial de Humacao, pues fueron sustituidos por los mismos valores que representaban, y ante esa sustitución no podía quedar subsistente la obligación de la parte deman-dada.

Sostiene la parte apelante que las operaciones de ofreci-miento de pago, de requerimiento y de consignación han de verificarse en el mismo día en que el pago debió haberse he-cho, aunque en momentos sucesivos de ése mismo día, mien-tras que del juicio resulta que aquellos actos tuvieron lugar en días distintos, verificándose la consignación 19 días des-pués del vencimiento de la obligación, o del día fijado para el pago.

Entre los preceptos legales que regulan el' ofrecimiento del pago y la consignación, comprendidos en los artículos 1144 al 1149 del Código Civil, no encontramos uno sólo que es-tablezca la doctrina sostenida por la parte apelante, y si bien el artículo 1145 establece que la consignación será ineficaz, si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, esas disposiciones que son las comprendidas en los ar-tículos 1125 a 1139 del Código Civil fian sido cumplidas en la parte en que se suponen infringidas. La consignación lieclia en forma legal, cuando el ofrecimiento de pago se bizo opor-tunamente, se retrotrae a la fecha de dicho ofrecimiento de pago, siempre que aquélla se hiciera dentro de un término prudencial.

Por lo que toca al semestre de arrendamiento de enero a junio de 1911, que debía ser satisfecho en Io. de enero citado, aparece que el ofrecimiento de pago se hizo en 31 de diciem-bre de 1910 y 3 de enero de 1911, verificándose la consigna-ción en 7 de enero citado; y aunque admitamos en mera hipó-tesis que. el primer ofrecimiento fué ilegal por más que favo-recía al deudor, siempre resultaría que como el día Io. de ene-ro del año 1911 fué domingo y que el día 2 era feriado por ministerio de la ley, el primer día hábil para hacer el pago fué el 3 de enero en que se hizo el segundo ofrecimiento, te-niendo por tanto tal ofrecimiento el mismo efecto que si se hubiera realizado en el día señalado, según el precepto del artículo 389 del Código Político.

No ha habido pues falta de pago de cánones del arrenda-miento de la hacienda “Aurora” que pueda dar lugar al desa-hucio solicitado.

Veamos ahora lo que nos dice el récord sobre los otros dos hechos expuestos por los apelantes en su alegato como causa de desahucio.

Io. En la clausula 5a. del contrato de arrendamiento de la hacienda “Aurora” a “The Esperanza Central Sugar Co.” celebrado el 31 de marzo de 1906, se estipuló que se concedía a la arrendataria (a) el uso de los montes, (&) el derecho de usufructuar las fincas o las plantaciones de cañas n otras que estimara convenientes, y (c) una servidumbre de vía de diez metros de ancho a través de la finca para establecer una vía férrea, cuya servidumbre, según se pactó en la clausula 10". del mismo contrato había de quedar subsistente a su termi-nación.

2o. Por escritura pública de transacción, otorgada en 6 de enero de 1910 por Don José S. Belaval y Don Miguel Zal-duondo Yeve, como apoderados respectivamente de Doña Concepción y Doña Josefina Veve, y Don Jorge Bird, como administrador general de “The Fajardo Development Company,” con intervención, de la demandada “The Fajardo Sugar Growers’ Association,” estipularon los otorgantes que “The Fajardo Development Company” podría conectar su vía férrea con la de la “Esperanza Central Sugar Company” a través de la finca de Doña Concepción y Doña Josefina Veve para usarla durante el cosecho de 1910, sin que las due-ñas del terreno exigieran por ello indemnización alguna, pero sin exceder el disfrute de aquel derecho del plazo que tiene concedido dicha compañía para terminar la construcción de su línea general con arreglo a la franquicia otorgádole y para levantar la vía de “The Esperanza Central Sugar Co.” fijado por el Consejo Ejecutivo.

3o. En el acto del juicio fué presentado como prueba un plano de las vías férreas de la hacienda “Aurora,” que am-bas partes aceptaron, reconociendo que la vía construida por la Central Esperanza, representada por la letra A, fué auto-rizada por el contrato de arrendamiento de la hacienda “Aurora,” cuya vía está utilizando “The Fajardo Development Company”; que la vía general marcada con las letras C. C. pertenece a la “Fajardo Development Company” y se construye sobre parcelas de terreno que esa compañía ad-quirió de las señoras demandantes; que otra vía, letra B, fué contraída por la Central Esperanza desde el año 1906, criando ocupaba la finca como arrendataria; que la vía letra D, es la antigua conexión que fabricó la “Fajardo Development Company” en virtud de la autorización que le fué con-cedida por la escritura ya expresada de 6 de enero de 1910; y que las vías, letras E y F, son las conexiones actuales de la vía general de “The Fajardo Development Company,” construidas en diciembre de 1910, para conectar su dicha vía general con la antigua de la Central Esperanza marcada con la letra A, y cuyas conexiones han sustituido a la antigua,, letra D, usándolas igualmente “The Fajardo Development Company. ’ ’

4o. Aunque la prueba testifical aportada al juicio es con-tradictoria no solo en cuanto al mayor o menor número de-cuerdas de monte que había en la Hacienda “Aurora,” al re-cibirla en arrendamiento la “Esperanza Sugar Company,.” sino también en cuanto al valor de sus maderas, es lo ciérto,, por haberse comprobado, que el corte de árboles se realizó' por la “Esperanza Sugar Company” y no por la corpora-ción demandada.

Ante los hechos que dejamos expuestos respecto de los ramales de ferrocarril construidos sobre la hacienda “Aurora” y en relación al corte de árboles de los montes de dicha hacienda, opinamos debe sostenerse la sentencia apelada desestimando no sólo el primer motivo del recurso, sino tam-bién los demás que estamos examinando.

Por lo que toca a la construcción de los ramales de ferro-carril, son de'aplicación las razones en que descansa la sen-tencia que dictamos en Io. de junio de 1906 en un caso aná-logo al presente, (Rodríguez de las Albas v. Jiménez, 11 D. P. R. 12), en que se alegó como motivo de desahucio el hecho de que el arrendatario sin el conocimiento de la arren-dadora demandante había establecido en una parte de la finca arrendada una vía férrea para el transporte de cañas de “The Juncos Central Company.”

Entonces establecimos la siguiente doctrina:

“Y dice el ilustrado comentarista Don José María Manresa y Navarro, en el tomo 10, página 583, al comentar el artículo 1559 del Código Civil antiguo que es exactamente igual al 1472 del revisado:
“No se puede negar que desde el momento en que tal ocurre, el arrendatario infringe una de las condiciones del contrato, y en este sentido parece estar comprendido en ia causa tercera de desahucio de las que enumera el artículo 1569. Pero si atentamente se examina el enlace de todos los números de dicho artículo, y lo que en relación unos con otros quieren expresar, no será dificil llegar a la conclusión que la lógica impone, de que si el No. 4 se ocupa concreta y especial-mente del uso y destino de la finca arrendada como causa de desahucio, no se deben considerar comprendidas en el No. 3 del artículo 1569, a pesar de su generalidad, aquellas condiciones que a ese uso y destino se refieran, porque esto implicaría una duplicidad de motivos de desahucio que no se justifica por ninguna razón.
“Los hechos que dan lugar al desahucio relacionados con la forma del. uso de la finca están comprendidos en la fórmula del nú-mero 4. del artículo 1569 y a ella habrá que acudir exclusivamente para ver si en la práctica se da o nó. Ahora bien; esta fórmula exige para que la causa de desahucio exista, que se falte a la diligencia del padre de familia que el No. 2 del artículo 1555 (No. 2 del 1458 del Código Civil Revisado) requiere, o que el uso no pactado que el arren-datario haga de la cosa implique el desmerecimiento de ésta. Si el arrendatario se limita a dar a la cosa un destino distinto de aquel que se estipuló pero dentro de este nuevo uso observa la diligencia debida y no hace desmerecer en nada a la cosa, no hay en rigor la causa de desahucio que establece el No. 4 del artículo 1569.
“Siempre habrá una hipótesis de incumplimiento por parte del arrendatario de la obligación que le impone el No. 2 del artículo 1555, hipótesis que estará sujeta a la sanción del artículo 1556 (art. 1458 del Revisado) ; pero el modo judicial de hacer efectiva esa sanción en interés del arrendador no será en nuestra opinión, el juicio de desa-hucio, porque faltará la causa legal para el ejercicio de esta acción. Esta condición es justa, porque si la falta de diligencia y el desmere-cimiento de la cosa imperiosamente demandan un procedimiento de la índole del desahucio, cuando no se dan esas circunstancias, sino simplemente un mero cambio de uso cuya justificación tal vez fuera posible al arrendatario, parece lógico conceder una mayor amplitud de medios de defensa y un procedimiento donde acuciosamente se dilu-ciden las cuestiones planteadas.
“Nosotros estamos ciertamente autorizados para apoyarnos en la respetable autoridad citada, porque nuestro Código Civil actual no Iba variado en este punto y porque el razonamiento que se lia insertado ■es sano y convincente.
“En este caso concreto el arrendatario no lia infringido ninguna de las condiciones estipuladas en el contrato. El debía destinar las fincas a cualquier clase de siembras y al cuido de ganados y si a ellas dio en parte un uso distinto, abriendo el camino, pero observó la debida diligencia sin que se alegue las fia liecho desmerecer ni tam-poco que ese uso es contrario a la costumbre de la tierra, no hay causa alguna de desahucio, aunque puede haber la sanción del artículo 1459 del Código Civil Revisado, porque siempre existirá, como dice Manresa, una hipótesis de incumplimiento, por parte del arrenda-tario, de la obligación que le impone el número 2 del artículo 1458.”

La doctrina expuesta es perfectamente aplicable al pre-sente caso, en el que si bien se lia alegado el desmerecimiento de la Hacienda “Aurora,” no se lia probado que la cons-trucción de los ramales, no autorizados por las dueñas, dis-minuya el valor del fundo, ni sea contraria a su naturaleza o a la costumbre de la tierra.

¿Pero procederá el desahucio por el corte de montes y maderas de construcción que realizó la “Esperanza Sugar Co.” y no su causahabiente la corporación demandada, o en otros términos, será responsable esa corporación de actos ejecutados por su causante a los efectos del juicio de desa-hucio ?

El Tribunal Supremo de España en sentencia de 2 de diciembre de 1904 dejó consignada la doctrina, de que esta-blecido el juicio de desahucio como procedimiento de reinte-grar al dueño de una finca en el pleno ejercicio de sus dere-chos dominicales, cuando el arrendatario falta abierta y cono-cidamente a las obligaciones del contrato o cuando haya ex-pirado su término, es preciso, según reiterada jurispruden-cia del expresado Tribunal, para el éxito de la acción, que sean de tal naturaleza las relaciones existentes entre arren-dador y arrendatario, que. se compruebe claramente en el jui-cio la infracción de las obligaciones pactadas, ya con reía-ción al pago del precio o merced estipulada, ya respecto de cualquier otra obligación relativa a la manera de llevarse la finca arrendada, pues cuando las obligaciones respectivas son de tal naturaleza o tan especiales o tan complejas que no sea racionalmente posible apreciar con exactitud su fina-lidad y trascendencia, se convertiría el procedimiento suma-rio del juicio de desahucio en medio de obtener con cierta, violencia la rescisión de un contrato sin las garantías de defensa e información que ofrecen los juicios declarativos.

En otra sentencia de 29 de mayo de 1906 declaró el mismo' tribunal que la acción de desahucio sólo es procedente cuando' entre el arrendatario y el arrendador o el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurí-dicas que las derivadas de dicho carácter, y cuando acerca de ellas no existen dudas fundadas que requieran un examen y discusión propios solamente del juicio declarativo corres-pondiente. Aceptamos tal doctrina como buena.

Ahora bien, aunque las señoras demandantes y la com-pañía demandada no celebraron entre sí contrato alguno de arrendamiento de la hacienda “Aurora,” aquéllas han acep-tado y aceptan que dicha compañía es actualmente la causa-habiente de los derechos y acciones de la “Esperanza Sugar1 Company” con la que las demandantes celebraron ese con-trato por escritura pública de 31 de marzo de 1906, y prueba elocuente de- ello es la existencia del presente juicio seguido contra la corporación demandada por falta de pago de cáno-nes del arrendamiento estipulados en dicho contrato y ptras causas atinentes al arrendamiento.

Además de las relaciones jurídicas entre las demandan-tes y la corporación demandada, derivadas del contrato de arrendamiento a contar desde el momento en que la deman-dada se constituyó en causahabiente con aceptación de las demandantes de los derechos y acciones de la “Esperanza Sugar Company,” cuyas relaciones son las que median entre arrendador y arrendatario, surgieron otras relaciones jurídi-cas entre las demandantes y la corporación demandada, como tal causahabiente, originadas por los actos que con infrac-ción de las condiciones del contrato de arrendamiento hu-biera podido ejecutar la “Esperanza Sugar Company”; y no es materia de un juicio de desahucio sino de juicio decla-rativo, determinar cuáles sean esas relaciones jurídicas en que las partes demandante y demandada no están conformes, pues mientras las demandantes sostienen que la corporación demandada es responsable de los actos ejecutados por la “Esperanza Sugar Co.,” con infracción de las condiciones de arrendamiento, la compañía demandada rehuye semejante responsabilidad.

No concluiremos sin hacer mérito de que por los deman-dantes y apelantes se tomaron varias excepciones en el jui-cio, que se consignan separadas y numeradas en el pliego de exposición del caso y de excepciones. Esas excepciones se copian literalmente por la representación de los demandan-tes y apelantes en su alegato ante esta Corte Suprema, como errores cometidos por la corte inferior; pero no han sido argumentadas por escrito ni oralmente, ni se han puntuali-zado los errores cometidos, según previene el Reglamento de esta corte, lo cual podría envolver una presunción de aban-dono o desistimiento de ellas y excusarnos de su examen. Sin embargo, hemos examinado dichas excepciones, y atendi-dos los términos en que se ha planteado el debate por los demandantes apelantes, y el prisma bajo el cual han sido consideradas las cuestiones legales propuestas, hemos llegado a la conclusión de que ninguna de esas excepciones es de tal alcance que pueda llevarnos a la revocación de la sentencia apelada.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 12 de abril de 1911..

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro’ y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, manifestó estar conforme con la sentencia.


text:
    Hernández v. The American R. R. Co. of Porto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 735.
    Resuelto en abril 24, 1912.
    Daños y Perjuicios — Testigos—Veracidad.—El hecho de que un testigo haya tenido un grave disgusto con un oficial de una compañía de ferrocarriles, no es por sí sólo suficiente para que se deje de dar el debido crédito a la declara-ción de este testigo en un pleito contra dicha compañía, sobre todo cuando el tribunal al apreciar dicha declaración está convencido de que es perfecta-mente lógiéa y de que está corroborada en puntos esenciales.
    Id. — Dolores Físicos — Pérdida de Tiempo — Gastos Materiales. — En el caso de autos se resolvió en apelación, que habiéndose alegado y probado que el demandante sufrió un daño real y positivo en su persona que le ocasionó dolores físicos, pérdida de su trabajo, gastos materiales y cierta imperfección en su potencia auditiva a consecuencia no de su propio descuido, sino de la negligencia de la parte demandada, se ajusta a derecho la sentencia que con-dena a la compañía demandada a pagar al demandante la suma de $700 y las costas.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sr. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre indemnización por daños oca-sionados al demandante por la negligencia de la demandada. En la demanda se alega, en resumen, que el 15 de marzo de 1910 el demandante viajaba en uno de los trenes de la corpora-ción demandada como pasajero, habiendo comprado su billete en la estación de Mayagüez y dirigiéndose a la estación de “Limón,” de la municipalidad de Lajas. Que al partir de la estación “Filial Amor,” el maquinista que conducía la loco-motora de dicho tren, negligentemente y con desprecio inau-dito de la seguridad de los pasajeros, corrió a gran velocidad y, a los pocos minutos, volcó el tren de primera clase y fue así arrastrado por un gran trecho, sin que el maquinista pu-diera apercibirse del accidente, ni ¡rubiera medios de hacer que se apercibiera, por no existir conexión alguna de aviso entre la locomotora y los coches de pasajeros. Que también se vol-caron los coches de segunda clase y el correo y la locomotora siguió su marcha hasta que se rompió el tope que la unía con el primer carro.

Que con motivo del descarrilamiento y vuelco de los co-ches, el demandante fué lanzado violentamente ele su asiento, recibiendo al caer una fuerte contusión en la oreja izquierda. Que su dolor fué intenso y duró varios días, y que a conse-cuencia del golpe tuvo que abandonar sus ocupaciones, incu-rrir en gastos, someterse por muchas semanas a un trata-miento médico y operarse finalmente, habiendo quedado su potencia auditiva disminuida notablemente. Los daños se. fijan en la suma de mil dollars.

La demandada en su contestación aceptó la verdad del he-cho del descarrilamiento, pero alegó como defensa que no se debió al descuido y negligencia de ninguno de los empleados del tren. Aceptó también la verdad del hecho de que los co-ches se volcaron, pero negó que el tren marchara a gran velo-cidad, que arrastrara los coches descarrilados y que la loco-motora se rompiera. T, finalmente, negó que el demandante hubiera sufrido los daños que alega en su demanda.

Celebrada la vista en la que ambas partes practicaron sus pruebas, la Corte de Distrito de Mayagüez, el 16 de diciembre de 1910, dictó sentencia declarando que la ley y los hechos estaban a favor del demandante y ordenando que el deman-dante recobrara de la demandada la suma de setecientos dollars y las costas.

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, señalándose por la apelante en su alegato tres erro-res, á saber:

1. Que la corte erró al estimar probado que el descarrila-miento se debió a la culpa y negligencia .de la demandada.

2. Que la corte erró al estimar probado que el demandante quedara sordo a consecuencia del descarrilamiento, y

3. Que la corte erró al fijar la cuantía de la indemniza-ción.

Examinemos las pruebas. Con respecto a la causa del accidente, algunos testigos declararon que el tren marchaba a gran velocidad, que ya descarrilados los coches no hubo me-dio de comunicar al maquinista que parara y la máquina con-tinuó marchando y arrastrando a los coches descarrilados hasta hacerlos volcar. Pero la prueba más concreta sobre este extremo, se encuentra en la declaración del testigo Charles Manes, quien aseguró que el descarrilamiento se de-bió a la mala colocación de un guardarrail. El testigo no se limita a establecer esta conclusión, sino que entra en amplios detalles y expresa los hechos que le sirvieron de base para llegar a la misma.

Para contradecir la declaración del testigo Manes, la de-mandada presentó la del testigo G-rosgean, ingeniero encar-gado del servicio de la vía del ferrocarril de la demandada en su sección de Isabela a Ponce. Grosgean comienza por mani-festar “que la razón del descarrilamiento no la puede decir porque él no estaba allí,” y termina por consignar “que según su parecer la salida del contrarrail fue la causa del acci-dente:” Pero el testigo manifiesta, además, que él había exa-minado la vía antes del accidente, deduciéndose de su declara-ción su tendencia a manifestar que la había encontrado en buenas condiciones. Sólo, pues, en cuanto a este último extre-mo, la declaración de Grosgean tiende a contradecir la de Manes. Ambos están conformes en que el descarrilamiento se debió a haber saltado el contrarrail, pero discrepan en cuanto a que Manes declara que si el contrarrail saltó se debió a que no estaba debidamente asegurado, mientras Gros-gean tiende a dejar la impresión de que estaba colocado de-bidamente. Grosgean en su declaración. admite que al colo-carse de nuevo el contrarrail se enclavó del mismo modo que estaba antes pero asegurándolo con más tornillos de rail a rail. La corte sentenciadora optó por la declaración de Manes.

La apelante en su alegato sostiene qne la declaración de Manes, debe mirarse con recelo porque él mismo confesó qne, momentos después del accidente, tuvo nn grave disgusto con nn oficial de la compañía, lo qne induce a creer que no baya dicbo la verdad.

No podemos aceptar como bueno el criterio sostenido por la parte apelante. El solo becbo del disgusto no es suficiente por sí solo para que se deje de dar el debido crédito a la declaración del testigo. Además, aun cuando la corte hubiera mirado al principio con recelo la declaración de Manes, si al relacionarla con las demás que ante ella se prestaron, si al juzgarla en relación con la del testigo de la demandada, ingeniero encargado precisamente de la vía en que ocurrió el accidente, y si al aquilatar todas las circunstancias del caso, se convenció de que estaba corroborada en puntos esen-ciales y en otros era perfectamente lógica, no cometió error alguno al prestarle entero crédito y al llegar, fundado en ella y en las demás pruebas practicadas, a la conclusión de que el accidente se debió a la negligencia de la corporación demandada.

Eu cuanto al becbo de los daños sufridos y al de la cuan-tía de la indemnización, la sentencia está claramente sostenida por la prueba de testigos y de peritos.

El demandante sufrió realmente un fuerte golpe. Se le vió manando sangre, luego echado en el suelo y vendado, más tarde en el hospital donde permaneció algunos días, y por último fué tratado y operado por el doctor Lange, quien ase-guró que la potencia auditiva del demandante había dismi-nuido a consecuencia del golpe. El doctor Lange cobró al demandante cien pesos y luego convino en setenta y cinco. El demandante ha sido Sargento del Ejército, ha tenido nego-cios de compra y venta y ha estado colocado como depen-diente de muelle en la Gruánica Central.

Alegado y probado, pues, cumplidamente que el deman-dante sufrió un daño real y positivo en su persona que le ocasionó dolores físicos, pérdida de su trabajo, gastos mate-riales y cierta imperfección en sn potencia auditiva, a conse-cuencia no de su propio descuido, sino de la negligencia de la parte demandada; fijada la indemnización atendidas las circunstancias del caso, dentro del límite establecido por el de-mandante, (Díaz v. San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R., 69), y no habiéndose demostrado por la recurrente la existen-cia de ningún error fundamental debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.