author: El Juez Asociado Seño®, Wole,

text:
    G. Ferrer e Hijo, demandante y apelada, v. American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 4200.

    Sometido: Febrero 8, 1928.

      Resuelto: Enero 23, 1929.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; F. B. Fornaris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante reclama daños y perjuicios cansádosle a un autocamión de su pertenencia con motivo de un choque entre éste y una locomotora de la American Railroad Company.

En. la demanda se alega que la demandada fue negligente al no haber tocado señal de alarma y al no haber reducido su velocidad al pasar por el cruce donde ocurrió el accidente.

En un sitio como a dos kilómetros de Areeibo y al lado de la vía del ferrocarril, cerca del mar, está la factoría Mi-ramar. Para llegar a esta factoría, uno necesariamente tiene que cruzar la vía del ferrocarril y en realidad de ver-dad, y así lo designó la corte inferior, ha surgido un camino privado. Como éste es el único camino que conduce a 3a factoría, todas las personas que tengan que ir a ella a tratar algún asunto, y todos los empleados de la misma, tienen que cruzar la vía y generalmente así lo Racen. De los autos no aparece prueba alguna de que el camino sea usado general-mente de otra manera por el público. Una persona que vaya por la carretera que conduce de Arecibo a Hatillo, en dirección oeste, tiene que hacer una curva hacia el norte con el fin de cruzar la vía. Entonces el camino es recto y se-extiende por un buen número de metros antes de llegar a la vía. Antes de cruzar la vía, en dirección norte, o sea,, a la izquierda de una persona que se dirija a la factoría, la vista de la vía está total o parcialmente obstruida por ár-boles altos y por una cerca de zinc. Es de dudarse que el conductor de un autocamión pueda ver la vía hasta que haya pasado estas obstrucciones, o parte de ellas. Sin embargo, como cuatro metros antes de llegar a la vía cesan todas las-obstrucciones y un viandante puede ver claramente los rie-les en ambas direcciones. Si bien hay una ligera diferencia en el nivel de la altura antes, desde el arco de la curva hasta la vía la carretera es completamente llana. En el cruce, mirando en dirección oeste, de donde venía el tren, la vía es llana y recta por un trayecto bastante largo.

Existe algún conflicto de prueba respecto a la manera en que el conductor del vehículo se acercó a la vía. Un testigo, al que no dió crédito la corte, dijo que se trató-de cruzar la vía con bastante rapidez, y los otros testigos, creídos por la corte, dijeron que el conductor del camión iba por la carretera a regular velocidad. La corte llegó a la conclusión de que el conductor del autocamión iba ejer-ciendo debido cuidado. No hubo prueba de que él jamás se parara. Por el contrario, todos los testigos convinieron en que no se había parado.

La relación del caso que precede puede estar sujeta a correcciones o puede que sea deficiente, pero la hemos hecho parcialmente para indicarle a la apelante lo que debe hacer con el fin de ayudar a esta corte. Una revisión de las alegaciones o el hacer un resumen de la prueba no equi-vale generalmente a lo que el Reglamento' quiere decir al exigir una relación concisa del caso. Lo que esta corte de-sea primeramente es una relación gráfica de la situación física, y luego la esencia de lo ocurrido. Por supuesto, a veces es conveniente que un apelante segregue en tal rela-ción del caso los hechos en controversia, de los no contro-' vertidos, pero aun si entonces hace un resumen en forma favorable para él, siempre que no se trate de un caso de mero conflicto de prueba, contribuye a dar a la corte una idea gráfica de lo ocurrido y le permite que,' entienda y defina más perfectamente las cuestiones en controversia. La apelante en este caso creyó necesario hacer en su ale-gato un resumen de la prueba, testigo por testigo, y dar posteriormente en su argumentación algunos dedos detalles.

La conclusión básica de la corte fué que, rigiéndose por el caso de Marrero v. Am. Railroad Co., 33 D.P.R. 207, y por otras autoridades, se trataba de un camino público. Nos sentimos obligados a resolver, de conformidad con la prueba no controvertida del presente caso, que consistió de declaraciones verbales y fotografías, que el camino por el cual viajaba el agente de la demandante nunca fué un camino público en el sentido corriente. Lo más que podría decirse respecto a su naturaleza pública es que el camino era prácticamente el único que podía utilizarse para ir a la Factoría Miramar, y que era usado más o menos continuamente por las personas que tenían negocios con la fábrica, así como por los empleados de la misma. No hay prueba al efecto de que ninguna otra parte del público jamás usara el camino. En el cruce la compañía ferroviaria había puesto varios letreros que leen “Prohibido el paso.”

La demandada sostenía que bajo estas circunstanciasnada había que distinguiera a este camino de cualquier otro camino privado; que el exigir a las locomotoras de la compañía dar toque de alarma en éste y en otros cruces priva-dos, sería requerir demasiado y convertir los trenes de la compañía, con sus ruidos continuos, en estorbos públicos.

La apelada alega que la demandada reconoció la natura-leza pública del camino al poner un letrero exigiendo, y al instruir a sus maquinistas, dar un toque de alarma antes de acercarse a la factoría. El camino queda al este de la factoría. La demandada dice, o da a entender, que tomó esta medida en beneficio de los trabajadores de la factoría. El maquinista del tren declaró que había pasado por aquel lugar en innumerables ocasiones y que raras veces había visto tráfico alguno en el cruce.

La distinción principal entre este caso y el de Marrero v. Am. Railroad Co., supra, es que en este último la compañía había reconocido el carácter público o cuasi público del cruce al poner letreros que leían “Párese, mire y oiga,” demos-trando con ello que sabía que el público generalmente pasaba por allí. Sin embargo, no estamos preparados para decir que la demandada no tenía deber alguno, y dadas las con-diciones y la opinión de la corte inferior, asumiremos, de no decidirlo, que el camino había tomado tal naturaleza que la demandada tenía algún deber para con las personas que viajaban por el mismo.

De conformidad con las autoridades, según el examen que de ellas hemos hecho, en tal cruce, que no es claramente un cruce público, el deber de la compañía es dar algún aviso y usar el cuidado ordinario. La ley no exige que en estos sitios rurales los trenes reduzcan la velocidad.

Sin embargo, la conclusión principal de la corte inferior fué que el accidente se debió a haber dejado el tren de la demandada de reducir la velocidad. La corte basó esta con-clusión en la ley de diciembre 6, 1917. El artículo pertinente en que se descansa lee como sigue:

“Aparatos de seguridad en cruces, etc. — Si se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá construir y conservar cadenas, portone's u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares y en los demás cruces públicos que la Comisión designare y, con sujeción a las regláis, re-glamentos y órdenes de la Comisión, deberá cercar o de otra manera adecuada guardar o proteger sus vías, en aquellos sitio's que la Co-misión designare, de modo que los animales no puedan entrar en ella; deberá instalar en sus locomotoras eampana's y silbatos que de-berán usarse al acercarse a curvas, túneles' y a los cruces de caminos o calles y ’siempre que fuere necesario como advertencia de la apro-ximación de dichas locomotoras y trenes los que reducirán la ve-locidad al mínimum en los cruces de calles; y deberá usar, después de la puesta del sol, lás luces que sean necesarias y que la Comisión determine.” Capítulo II, artículo 3, apartado (g), de la Ley No. 70, Leyes de 1917, p. 449.

De una mera inspección de esta ley se desprende cla-ramente que el deber de reducir la velocidad surge solamente al cruzar las calles, y que toda la ley es aplicable a cruces reconocidos como caminos públicos. En modo alguno es el camino en cuestión un camino público dentro del significado del estatuto.

La apelada no ataca seriamente el error referente a la posición tomada en la opinión ,de la corte inferior, pero arguye que contiene pronunciamientos más específicos de negligencia y otras consideraciones más generales. Sin embargo, no podemos leer la opinión de la corte sin llegar a la conclusión de que la negligencia principal de la demandada que estuvo en la mente del juez sentenciador fué el no reducir su velocidad al pasar por este cruce determinado, según lo exige la ley citada. Asumamos, no obstante, que la resolución general a favor de la demandante deba ser examinada, y no las conclusiones erróneas de la corte.

Antes de abandonar la cuestión de la naturaleza del ca-mino sería bueno notar, a instancias de la apelante, que la demandante alegaba que el cruce en cuestión era un camino público. Dudamos, sin embargo, que la demandada fuera inducida a error por esta alegación. Si la demandada tenía para con la demandante un deber que descuidó, no lo consi-deraremos como una variación material.

Hubo varios testigos que hablaron sobre la velocidad del tren. El punto culminante de estas declaraciones fué que el fren corría a una velocidad exagerada por venir re-trasado. La opinión de la corte inferior citaba con apro-bación las decisiones de ésta y de otras cortes al efecto de que un vehículo puede ir a gran velocidad por sitios fuera de la zona urbana. Las exigencias del tráfico público re-quieren eso. Haciendo, sin embargo, un examen de toda la prueba, fiemos quedado satisfechos de que la demandada no conducía el tren a tal velocidad que constituyera negligen-cia. Decididamente no era el deber de la demandada redu-cir su velocidad a un mínimo.

Lo mejor para la demandante hubiese sido demostrar que la demandada, infringiendo la conducta humana que debe seguir una corporación de servicio público, dejó de dar el debido aviso al pasar por este cruce. En la opinión la corte dijo que los avisos de alarma dados por la demandada habían sido demasiado tardíos. La prueba de ambas partes demostró claramente que un instante antes de la colisión la locomotora dio una serie de avisos de alarma. El maquinista. mismo declaró que él vió al chauffeur de la demandante casi inmediatamente antes del accidente. Estos avisos fueron demasiado tardíos para evitar el accidente y creemos que fué a estos avisos de alarma que la corte se refirió. Si bien por lo menos tres de los testigos de la demandante dijeron que no oyeron ningún silbido antes de darse los avisos de alarma, dos de estos testigos declararon que no estaban en posición de oír el silbato de la locomotora que se acercaba, en caso de que ésta hubiese tocado. Ellos sí oyeron los avisos de alarma cuando el tren estaba directamente enfrente de la factoría. Los otros testigos de la demandante simplemente no oyeron el silbato anterior.

De una parte, la regla de la ley a este respecto es que la negligencia de la demandada debe probarse con prepon-derancia de prueba. Miranda v. P. R. Ry. Lt. & Power Co., 31 D.P.R. 778; 45 C. J. 1163 et seq. Y de otra parte, prueba de no haber oído es frecuentemente lo más que un testigo .honrado puede decir. No obstante, el derecho a percibir indemnización debe depender prima facie de una demostra-ción más fuerte que la presentada en este caso. En la vista de un juicio celebrado meses después se debió hacer que to-dos los testigos demostraran que probablemente hubiesen •oído y también que recordaban que el agente de lá deman-dada dejó de tocar el pito oportunamente antes de llegar al cruce.

Al discutir las presunciones, según veremos más tarde, se dice que una persona, a falta de otra prueba, se presume ■que cruce la vía con el debido cuidado. Las cortes a veces dicen que una presunción similar existe respecto a que un ■empleado del tren o maquinista también cumplió con su de-ber. Como la compañía demandada imponía el deber a sus maquinistas de tocar el pito oportunamente antes de llegar a este cruce, aunque era controvertible, surgió la presun-ción de que se dió el debido y razonable aviso. Los testi-gos y la demandante insisten en que era costumbre dar aviso.

Sin embargo, el examen que hemos hecho de toda la prueba nos convence de que no se demostró negligencia al-guna a este respecto mediante preponderancia de prueba. No solamente el maquinista sino pasajeros que iban en el tren, cuya credibilidad no fué en forma alguna atacada y quienes aparentemente eran testigos enteramente desintere-sados, declararon que no sólo se dieron los avisos de alarma, sino que también los avisos indicando la aproximación al cruce fueron dados oportunamente en sitios inmediatos al ■cruce en que ocurrió el accidente.

Sin tomar en consideración la supuesta negligencia de la demandada, no tenemos duda alguna de que la causa pró-xima de este accidente fué la negligencia del chauffeur de la demandante. Según hemos visto, el verdadero cruce está en un sitio en que la vía puede verse claramente en ambas direcciones, varios metros antes de llegar al cruce de la vía. Si como algunos de los testigos de la demandante decla-raron, el chauffeur iba despacio, entonces él necesariamente tenía que ver el tren a tiempo si hubiese mirado. Las foto-grafías y la prueba demuestran que el camión chocó con la locomotora. Esta última tiene todas las apariencias de que se chocó con ella después que sus ruedas delanteras habían pasado por el lugar del accidente. Se chocó con la locomo-tora en el sitio donde va el maquinista y en otras partes.

Aunque sabemos que la conclusión de la corte inferior fué contraria, nos parece imposible que este accidente hu-biese ocurrido si el chauffeur hubiera ido bastante despa-cio, según era su deber para con él y para con su patrono. Lo más probable parece ser que él se acercó a la vía sin tomar precauciones de ninguna clase. Tanto la corte como la apelada hicieron hincapié en el hecho de que surgía la presunción de que la demandada ejercía debido cuidado. Esta presunción fué expuesta en el caso de Baltimore & Potomac R. R. Co. v. Landrigan, 191 U. S. 461, que es el principal sobre la materia, pero las autoridades dicen, y el caso citado demuestra, que tal presunción existe solamente cuando no hay prueba que demuestre como fué que el de-mandante se colocó sobre la vía. En otras palabras, esta presunción cede ligeramente a la prueba especial del caso. La presunción de que la demandante se acercó a la vía con el debido cuidado fué contradicha. En realidad de verdad el chauffeur nunca cruzó la vía sino que chocó con el tren al tratar de cruzar.

Eesumiendo, podemos decir que no hallamos que la de-mandada cometiera negligencia alguna, pero que aún asu-miendo tal negligencia el accidente fué causado más directa-mente por el descuido del chauffeur de la demandante. Bajo estas condiciones podría decirse que la relación causal en-tre cualquiera supuesta negligencia de la demandada y el accidente no fué demostrada satisfactoriamente. Non constat que el accidente hubiese ocurrido si el tren hubiera ido despacio inmediatamente antes del accidente. Non constat que el chauffeur de la demandante hubiera oído o pudo haber oído un aviso, de haberse dado.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf, Et, Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Fernando Ferrari, demandante y apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 4098.

    Sometido: Diciembre 6, 1928.
    Resuelto: Enero 23, 1929.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia contra la American Railroad Company y ésta ha apelado. La corte halló o resolvió, en síntesis, lo que sigue: que el accidente en cuestión ocurrió en un paso a nivel entre los barrios Agua-cate y Montaña; que se probaron daños y perjuicios; que la cuestión principal a discutir era si el demandante había sido o no culpable de negligencia contribuyente; que el cruce estaba obscurecido por algunos árboles; que entre el sitio en que sucedió el accidente y el sitio hasta el cual fue arras-trado el automóvil del demandante, hay una distancia de sesenta metros; que toda la prueba del demandante demos-tró que la compañía demandada no tocó pito ni dió otra serial de alarma, siendo la práctica de costumbre en aquel lugar el dar esos avisos, y que el tren marchaba a una velocidad vertiginosa con la máquina al revés, y que el demandante observó todas las precauciones debidas al cruzar la vía; que había alguna prueba en contrario en cuanto a haberse oído el sonido del pito, pero la corte no la creyó; que el fogonero del tren manifestó que vió al demandante como a cincuenta o sesenta metros de distancia y le avisó al maquinista, quien trató de aplicar los frenos; que el maquinista no vió a Fe.rrari sino cuando estaba junto a él, y admitió que si el tren hubiera ido caminando con el botavaca hacia el frente él hubiera podido ver al demandante antes del momento en que lo vió; que (después de hacer ciertos cálculos) si la locomo-tora hubiera marchado como de ordinario, con el botavaca en la parte delantera, el tren hubiese podido parar antes y posiblemente a tiempo para evitar el accidente; que el tren no era uno regular de cuya llegada no se tenía conocimiento a menos que se diera aviso, de modo que los viandantes no sospechaban el peligro. La corte discute entonces la cues-tión de negligencia contribuyente, y cita el caso de Rosado v. Ponce Railroad, Co., 20 D.P.R. 564, al efecto de que no puede surgir la negligencia contribuyente, cuando' el demandante no tenía motivo para sospechar que hubiera peligro; que aún si el demandante hubiese sido negligente, cosa que no ocurrió, el último acto de negligencia fué realizado por la demandada, citándose el caso de Morales v. Central Vannina, 32, D.P.R. 203.

El caso últimamente mencionado no tiene relación alguna con la doctrina de la última oportunidad expedita (last clear change) para evitar el accidente, sugerida por la corte. De acuerdo con los hechos de este caso, y suponiendo que la velocidad a que marchaba el tren fué la declarada por los testigos, no hubo una oportunidad clara para detenerlo a tiempo, aún si el maquinista hubiera observado el peligro en que se hallaba el demandante como a cincuenta o sesenta metros de distancia. La corte expresó que el maquinista tal vez pudo haberse parado a tiempo, pero no llegó a esa conclusión. No se estableció el hecho de que la demandada pudo haber detenido el tren a tiempo, según se discutió, tanto en la opinión de la mayoría como en la disidente en el caso de Vidal v. P. R. Ry. L. & P. Co., 32 D.P.R. 769. Además, aún permanecería la cuestión, según lo demuestra la opinión de la mayoría, de si la negligencia del demandante no fué concurrente, ya que pudo suceder que el demandante y el tren hubieran llegado al punto de peligro aproximadamente al mismo tiempo.

Asumiremos, como lo hace la corte inferior, pero no decidiremos, que la demandada fué negligente, pero aún así, creemos que el demandante no puede recobrar indemnización alguna. El fué culpable de negligencia contribuyente. El demandante iba en un “Ford” por una carretera que corría más o menos en forma paralela con la vía, y marchaba en dirección opuesta al tren, fill declaró que miró y oyó pero no hizo ningún esfuerzo por parar. Admitió que el “Ford”, yendo como iba en primera, hacía muchísimo ruido. ' Otro de; sus testigos declaró que el tren iba ha-ciendo muellísimo ruido. El demandante también declaró que estaba familiarizado con la carretera y con la vía. Los hechos anteriormente expuestos son claros. Hubo conflicto respecto a algunas de las otras conclusiones de la corte que creemos no es necesario analizar, aunque no estamos del todo convencidos de que la demandada no estaba en lo cierto res-pecto a algunas de ellas. Según hemos dicho, estamos asu-miendo, pero no resolviendo, que la demandada era culpable de negligencia.

El deber general de un caminante es pararse, mirar y oír. Si su visión está algo obstruida, como parece que ocurrió en este caso, el deber de pararse es mayor, y no nos detendremos a citar las autoridades. Un número de ellas puede hallarse en la página 30 del alegato de la demandada, y en el alegato del apelado no encontramos cita alguna que resuelva lo contrario. Durante la vista, sugerimos la posible aplicación del caso de Baltimore & Ohio R. R. Co. v. Goodman, 275 U. S. 66. En dicho caso la corte dijo:

“Cuando una persona camina por la vía de un ferrocarril, sabe cjue camina por un sitio en que morirá si viene el tren antes de ha-berse salido por completo de la vía. Sabe que debe detener su marcha con preferencia al tren y no el tren con preferencia a él. Bajo tales circunstancias, creemos que si de otro modo el conductor de un? vehículo no puede estar seguro de que el tren se aproxima peligrosamente, debe pararse y salirse de-su vehículo, aunque eviden-temente por lo general no 'se le exige que haga otra cosa que dete-nerse y mirar. Nos parece que si confía en no haber oído el tren o alguna señal, y no toma ninguna otra precaución lo hace a su propio riesgo.?

El apelado trata de hacer distinción del caso por sus he-chos, insistiendo más o menos en que el demandante tenía de-recho a descansar en que el tren diera el aviso de costumbre. El apelado también insistió en que había alguna diferencia entre los dos casos en cuanto a la facilidad de ver la vía. La teoría es que el demandante no tenía el deber de dete-nerse en vista de que podía mirar o miró y no vió el tren. Según el letrado el chauffeur iba despacio y el automóvil fué chocado en su parte posterior. En nuestra opinión la situación física de la vía en el cruce era tal que una persona que fuera en el automóvil a una velocidad ordinaria hubiera podido ponerse enteramente fuera de peligro, suponiendo que no hubiera habido posibilidad razonable de ver y oír el tren. En otras palabras, creemos que sucedió lo contrario de lo que se sostiene y por consiguiente si el demandante se hubiese parado hubiera visto y oído el tren. Convenimos con el apelado en que la doctrina del caso de Groodman no es nueva, pero creemos que la Corte Suprema estaba ha-ciendo énfasis en la necesidad de que los viandantes sean cuidadosos. En el presente caso, además, el demandante aparentemente no pudo oír la aproximación del tren, debido, tal vez, al ruido producido por su propio carro. Estamos satisfechos, sin embargo, a juzgar por toda la prueba, que el demandante, de haberse él parado, pudo haber oído y visto el tren.

Toda vez que el demandante no tiene derecho a percibir indemnización, debido a su propia negligencia, es innecesa-rio examinar los otros señalamientos de error.

Durante la segunda vista de este caso se hizo mucho hin-capié en el hecho de que el demandante iba despacio. Dado el hecho de que el conductor de un automóvil puede desarro-llar una velocidad similar a la de un tren, no estamos muy seguros de que en condiciones como la del presente caso, si un viandante trata de cruzar la vía de un ferrocarril no deba aumentar' su velocidad. En este caso especial, de conformi-dad con la teoría del demandante, la parte posterior del au-tomóvil fué chocada y de ser correcta esa teoría, al llegar a la vía ejerciendo el debido cuidado, debió haberle sido po-sible salirse de ella si hubiese ido un poco más ligero. De parecer improbable que una persona deba en ciertas oca-siones aumentar su velocidad al cruzar la vía de un ferro-carril, ello fortifica nuestra conclusión de que el demandante, probablemente siguiendo rápidamente, tanto al acercarse a la vía como al cruzarla, no ejercía el debido cuidado. En otras palabras, no podemos concebir, cómo, si el demandante iba despacio, no tnvo amplia oportunidad de evitar el choque.

Bebe revocarse la sentencia y declararse sin lugar la de-manda.

Los Jueces, Presidente Sr. del Toro y Asociado Sr. Hutchison, disintieron.

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

No. 4098. Resuelto en marzo 5, 1929.

Et, Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado critica la reproducción que hicimos de la opinión de la corte inferior. La'reproducción fue substancial - mente exacta. La Corte de Distrito de Agnadilla no sólo resolvió que la demandada era culpable de negligencia, sino que era culpable de negligencia crasa. No obstante, no estu-vimos equivocados al decir que la corte concluyó o resolvió, substancialmente, que la cuestión principal a disentir era si el demandante había sido o no culpable de negligencia con-tribuyente. Para los fines de nuestra opinión asumimos la negligencia de la demandada.

La corte inferior al disentir los hechos dijo que si el tren hubiese ido marchando en debida forma, el maquinista pudo haber visto a Ferrari a tiempo para usar los frenos y tal vez evitar el accidente. La idea de la doctrina de la última oportunidad es que en el último momento el demandado pudo en verdad evitar el accidente. Dada la supuesta negligencia de la demandada y la supuesta negligencia contribuyente debió haber una. conclusión positiva de que a pesar de la negligencia del demandante, la demandada, sin embargo, pudo evitar el accidente. Es cierto, según dijimos anteriormente que al final de su opinión la corte, después de discutir otras cuestiones, halló o llegó a la conclusión de que el último a.eto de negligencia fué cometido por la demandada.

No podemos resolverlo así. La corte resolvió que cons-tituía negligencia correr la locomotora con el botavaca en la jarte posterior. El apelado no nos convence de que el correr los trenes en esta forma constituye negligencia crasa, según dijo la corte. En realidad no estamos satisfechos de que el unir un tren con la máquina al revés, y correrlo así, necesaria-mente constituye negligencia. En el movimiento de trenes puede ser frecuentemente necesario, o aun prudentemente aconsejable, enganchar la locomotora a los carros del ferro-carril en esta forma. De todos modos no podemos hallar en los autos, ningún indicio de prueba de la posibilidad de algún acto último por parte del maquinista, que pudiera haber evi-tado el accidente. Directa o indirectamente nos referiremos nuevamente a esta cuestión.

La opinión de la corte demuestra que el juez, hizo'una inspección ocular del sitio donde ocurrió el accidente y halló que había algunos árboles y plantas en la línea de visión al acercarse a la vía. Naturalmente, creimos que la corte hallaba algunas obstrucciones a la posibilidad de ver un tren que se acercaba. El apelado ahora dice que la prueba de-muestra que nada había que obstruyera la vista del deman-dante, sino solamente la del maquinista. No entendemos enteramente la posición asumida, mas ello no importa.

Si la vista estaba totalmente sin obstruir, entonces, de acuerdo con los hechos de este caso, estamos convencidos de que el demandante fué culpable de negligencia crasa al tratar de cruzar la vía, o al tratar de cruzarla despacio, según de-clararon los testigos. En la forma en que ocurrió el accidente, c sea, que la parte posterior del automóvil fue chocada por el tren, si el demandante caminaba lentamente tenía amplia oportunidad de ver el tren, y detenerse antes de la llegada de éste. Si, como parecei lo más probable, él cruzó rápidamente, entonces su negligencia fué tan grande, si no mayor. De todos modos, la negligencia del demandante continuó hasta el momento mismo del accidente. De acuerdo con el apelado, en este caso no tuvo la excusa de que su vista estaba obs-truida por el follaje. El demandante siempre tuvo mayor oportunidad de evitar el accidente que la que tenían los em-pleados del tren.

El apelado dice que cometimos un error al aplicar la doctrina del caso de Goodman y nos cita la nota en 56 A.L.K/. 64-5. En tanto en cuanto esta corte no deba regirse por la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sentimos mucha simpatía hacia la idea de que el conductor de un auto-móvil prácticamente nunca debe estar obligado a abandonar su sitio, antes de cruzar la vía de un ferrocarril. Las condi-ciones se repiten. En lo que el conductor de un automóvil ha bajado, regresado y puesto en marcha su automóvil, fácil-mente podría surgir nuevamente la necesidad de mirar y oír. No citamos el caso de Goodman con la idea de imponer tal deber al conductor de un vehículo de motor. La aplicación principal del caso de Goodman es la confirmación por la Corte Suprema de la nación, del deber por parte del conductor de un vehículo de pararse, mirar y oír. A juzgar por los hechos del caso, no estamos satisfechos de que el demandante ni se paró, debidamente, ni miró debidamente, ni oyó debida-mente. La prueba nos convence de que no cumplió debida-mente ninguno de estos actos.

Como una supuesta réplica a la moción de reconsideración, la apelante radicó una contestación u oposición, liemos desaprobado esta costumbre en varias ocasiones y ampliaremos esta proposición. Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147; Ramos Anaya v. López, 36 D.P.R. 675. Prácticamente en todas las cuestiones adjetivas la regla principal es: ‘‘Oigase a la parte contraria.” La corte ha adoptado una posición. La parte contraria solicita ser oída para presentar nuevos argumentos. De momento la controversia existe prácticamente entre la corte apelativa y la parte que ha per-dido el pleito. Si la corte sostiene su posición, como sucede en la mayoría de los casos, entonces la parte perdidosa está obligada a creer que ha sido la última en ser oída. Si por otra parte, permitimos que se radique y considere una oposi-ción, entonces la parte qne lia perdido el litigio muy propia-mente podría creer que la acción final de la corte fue adoptada con motivo de algunos de los argumentos de su contrario, a los cuales no tuvo oportunidad de replicar. Debe recordarse siempre que cualquiera de las partes, si espera vencer en el litigio, está obligada a presentar todos sus argumentos durante la vista original del caso. Si se tolera la costumbre de per-mitir contraalegatos, entonces el peticionario podría alegar que tiene derecho a replicar, y teóricamente no estaría muy equivocado, en vísta de que la parte que propone tal moción debe tener ese derecho. Una sentencia ya obtenida podría en esa forma ser demorada indefinidamente. La manera más rápida de resolver finalmente un caso es permitir solamente la moción. Interest reipublicae ut sit finis litium. Si que-damos persuadidos, o parcialmente persuadidos, por la moción de reconsideración, y estamos dispuestos a oír argumentos a la entonces parte contraria que tenía una sentencia a su favor se le dará siempre oportunidad de ser oída en una u otra forma. En el presente caso no hemos leído ni considerado el contraalegato de la apelante.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señob Wolu,

text:
    Rafael Costas Purcell, demandante y apelante, v. Municipio de Yauco, demandado y apelado.
    No. 4275.

    Sometido: Abril 12, 1928.

    Resuelto: Enero 23, 1929.

      Feliú <& La Costa, abogados del apelante; L. López de Victoria, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolu,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito similar a varios otros que hemos visto, en el que se reclama el importe de los servicios prestados en la consecución de un empréstito. La Corte de Distrito-de Ponce se negó a dictar sentencia a favor del demandante, fundándose en que el Contador de Puerto Eico había rehu-sado aprobar la cuenta, por no haber agotado el reclamante sus recursos administrativos, de conformidad con el caso de Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, y en vista de que si bien el Alcalde de Yauco tal vez tenía derecho a emplear al demandante, sin embargó, no tenía derecho, sin el concurso' de la asamblea municipal, a fijar la remuneración de $2,500' y quizá por otros motivos. Todos estos fundamentos, ex-cepto uno, han sido resueltos en forma adversa al apelado' en uno u otro de los siguientes.casos: Fajardo Sugar Co. v. Holcomb 16 Fed. (2nd) 92; Costas Purcell v. El Municipio de Las Marías, 37 D.P.R. 19; Pérez v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 80, y Laborde v. El Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65,

El fundamento restante es impugnado por el si-guiente señalamiento de error:

“Así mismo erró la corte inferior al concluir que la compensación reclamada por el apelante no fué aprobada por la Asamblea Municipal del Municipio apelado y que tal aprobación era necesaria para obligar al Municipio y que el Comisionado Municipal de Servicio-Público no tenía autoridad para fijar y convenir en tal compensa-ción.”

La sección 14 de la ordenanza aprobada por el municipio1 lee así:

“El Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones .de Yauco, Puerto Rico, por la presente queda autorizado para designar si lo creyere conveniente, una persona que se baga cargo de la tra-mitación y documentación de este empréstito basta su realización.”

Desde luego, de acuerdo con la anterior sección, el al-calde tenía derecho a emplear un perito. Entonces queda por resolver la cuestión de si él tenía derecho a fijar la compensación. La sección 59 de la Ley Municipal citada por el apelado dice que no se harán asignaciones sino por orde-nanza o resolución de la Asamblea Municipal. Tenemos la idea, y así lo resolvemos, de que la sección 14 es la orde-nanza o resolución a que se refiere la sección 59, y que ella dió al alcalde derecho, dentro de lo razonable, de fijar el montante de la remuneración de la persona que ha empleado. Si, según sugiere el apelado, se fijara una suma que equi-valiera a un# fraude, entonces el municipio, el Contador de Puerto Rico o las cortes pueden impedir el cobro. Que la suma de $2,500 no es tan excesiva que equivalga a un fraude, fue resuelto por este tribunal en uno o más de los casos an-teriormente citados, y los autos demuestran que el apelante trabajó, aunque es posible que este trabajo, o parte del mismo, pudiera haber sido hecho gratuitamente por otros. De igual modo el municipio posteriormente aprobó la suma reclamada.

El apelante también alega que el municipio estaba impe-dido de negarse a pagar el montante de la compensación en vista de ciertos actos y de la aceptación del empréstito. Quizá el apelante esté en lo cierto, pero no queremos entrar en este campo sin una discusión más amplia.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. del Toro, disintió.


author: (El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Alejandro Laborde, demandante y apelado, v. Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 3881.

    Sometido: Enoro 14, 1929.

      Resuelto: Enero 30, 1929.

      M. Tons Soto y José A. López Aeostai y B. A. Gómez, Sutí-procura-dores, abogados del apelante; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   (El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn caso similar a otros que bemos revisado, en el ■cual la Asamblea Municipal de Isabela pasó, y el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico aprobó, una ordenanza autorizando al Comisionado de Servicio Público para obtener nn emprés-tito, así como emplear nn agente que se hiciera cargo de la tramitación y documentación del mismo. El Comisionado Banncbi celebró nn contrato con el apelado Alejandro La-borde. El importe que debía pagar el municipio por los ser-vicios era cinco mil dólares. Al radicarse una demanda en •cobro de dinero contra el municipio, dicho comisionado con-testó admitiendo los hechos anteriores y otros, pero alegando •que el municipio no pagaba debido a que el Contador de Puerto Rico negaba su aprobación. La Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia sobre las alegaciones a favor del •demandante.

La opinión de la corte inferior signe algunos de los pun-tos de vista que se han expresado en los siguientes casos: Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 Fed. (2nd) 92; Costas Purcell v. El Municipio de Las Marías, 37 D.P.R. 19; Pérez v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 80; Laborde v. El Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, y Costas Purcell v. Municipio de Yauco, (pág. 57 ante). La corte también resolvió que en la •demanda se alegaba que el contrato había sido aprobado por el Contador y que esta alegación no había sido negada, específicamente por la contestación y debía aceptarse como-cierta.

Las cuestiones de derecho sustantivo que se señalan como error han sido suficientemente resueltas por nuestras deci-siones anteriores arriba citadas, al igual que en la opinión-de la corte inferior. El apelante señala dos errores más.

Éstos son, en efecto, que el Comisionado de Servicio Público no tenía autoridad para radicar la contestación, que presentó en este caso, y que por tanto la corte no debió haber dictado sentencia sobreñas alegaciones. El apelante descansa en la sección 29 de la Ley Municipal, que dice así:

‘ ‘ En ningún procedimiento o acción en que sea parte el municipio ■ representado por el alcalde, podrá éste allanarse a la demanda o-dejar de contestarla ni someter dicha acción o procedimiento a ar-bitraje. . .” Ley No. 92 de 1925.

Convenimos con el apelado en que la contestación radi-cada por el municipio en este caso, suscrita por el comisio-nado, no es el allanamiento a que se refiere la sección 29. El comisionado contestó y negó que el municipio tuviera au-toridad para pagar en vista de que el Contador no aprobaba. dicho desembolso. La sección 29 arriba transcrita, imponeal Comisionado el deber de contestar, y por consiguiente,, si admite la certeza de ciertos hechos, de ser ciertos, está cumpliendo únicamente con su deber. Él no está en la obli-gación de negar hechos que son ciertos alegados en la de-manda. Igualmente convenimos con el apelado en que la-sección 29 no prescribe ningún castigo o penalidad si el fun-cionario que. está obligado a contestar una demanda infringe - dicha sección.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. del Toro, disintió.


author: El Juez Presidente Señob del Tobo,

text:
    Aurelia Ortiz Ortiz, demandante y apelante, v. Carmen Ortiz García y Francisco Adorno, demandados y apelados.
    No. 4245.

    Sometido: Noviembre 21, 1928.

      Resuelto: Enero 30, 1929.

      A. Aponte, abogado del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta demanda de desahucio en la Corte de Dis-trito de ITumacao por Aurelia Ortiz contra Carmen Ortiz y emplazada la demandada ésta se allanó en los siguientes términos:

‘ ‘ Comparece la demandada por conducto de sus abogados González Fagundo & González Jr., y dice:
"Que aunque no es cierto que está detentando la pose'sión de los inmuebles descritos en la demanda sin pagar canon o merced alguna, según así aparece de los recibos que se acompañan, para evitar el triste espectáculo de un litigio entre una bija y una madre, 'se allana a la demanda.
T suplica de la corte dicte sentencia declarándola con lugar, sin especial condena de costas.

Al día siguiente de presentado el anterior escrito, que era el señalado para la primera comparecencia, la corte de-claró la demanda con lugar decretando el desahucio solid-tado y ordenando el lanzamiento de la parte demandada den-tro del término de ley, sin especial condenación de costas.

No conforme la demandante en cnanto al pronunciamiento sobre costas, apeló. La apelación se interpuso el 7 de marzo de 1927. La transcripción de los autos se archivó el 23 de abril siguiente y el recurso quedó abandonado hasta que este tribunal el 16 de mayo de 1928 citó a la parte apelante para que expusiera razones si algunas tenía de por qué no debía desestimarse el recurso. Compareció en efecto la apelante y pidió que se le permitiera continuar la apelación, archi-vando al efecto su alegato,

Sólo un error señala en el mismo, así: “La Corte de Distrito de Humacao erró al no conceder las costas a la demandante.” Argumentándolo se limita a invocar el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 para sostener que, por lo menos las costas que no comprenden honorarios de abogado, en un caso de esta naturaleza, se deben a la parte victoriosa como cuestión de derecho.

Aún cuando se considerara vigente el citado artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil, sería siempre necesario interpretarlo de acuerdo con el 327 del propio código que ha sido enmendado posteriormente .por la Legislatura y que con-tiene por tanto la última expresión de su pensamiento. “Y disponiéndose además”, dice la enmienda de 1917, “que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hu-biere, contra quien se dictare la sentencia.”

A virtud de ese precepto general las cortes de distrito tienen discreción en todos los casos. Sólo se exceptúan aquéllos especiales en que expresamente pueda disponerse otra cosa y nada en contrario del ejercicio de la discreción dispone la ley especial de desahucio que marcó el procedi-miento a seguir en éste que resolvemos.

En McEvoy v. Nadal Lugo, 34, D.P.R. 634, esta corte dijo:

“En el caso de Candal v. Vargas, 29 D.P.R. 648, se í’esolvió que 'la concesión de costas y honorarios de abogados es materia de dis-creción judicial exclusivamente, aun en procedimientos especiales como la impugnación de elecciones.’ El caso anterior se basó en el de Zorrilla v. Orestes, 28 D.P.R. 746 en el que se hizo un e'studio de la ley de 1908 sobre costas (Oomp. 5371) y de la No. 38 de 1917 (3917 (1) p. 207) sobre la misma materia, comparándolas con las prescripciones del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, que guardan relación con ellas, concluyéndose que la Legislatura pro-curó ‘hacer la cuestión de costas y honorarios prácticamente lo que había sido en las cortes locales con anterioridad al año 1904.’ Se concluyó además que el ‘artículo 328 del Código dé Enjuiciamiento Civil quedó derogado y las costas como cuestión de derecho (as of course) no existen en Puerto Rico.”

Analizadas las circunstancias concurrentes, creemos no ya que no se ha demostrado abuso de discreción por parte del juez de distrito, si' que aparece que dicho juez hizo buen uso de sus facultades, debiendo, por tanto, confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Antonio Revilla, Peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger, Juez, demandada.
    No. 588.

    Sometido: Diciembre 5, 1927.

      Resuelto: Enero 30, 1929.

      José Sabaier, abogado del peticionario; Angel Arroyo Rivera, abo-gado del síndico de Zalduondo Mier & Co. demandante en la ac-ción principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil lee como sigue:

"Cualquier persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que nó hubieren comparecido y a los abo-gados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

La corte inferior, a moción de la demandante en el pleito original, eliminó de los autos una demanda de intervención, dejó sin efecto una resolución ordenando la citación del inter-ventor y de un nuevo demandado, y anuló el emplazamiento expedido y notificado de conformidad con la citada resolución. La razón que se daba, para proceder de este modo fue que la demanda de intervención no demostraba suficiente interés, que la reclamación del interventor no se dirigía contra la firma de Reglero & Oastrillo sino contra Gerardo Castrillo,. quien no era uno de los demandados en la acción principal, ni parte necesaria en dicho pleito.

Zalduondo Mier & Co., demandante en el pleito original, ha solicitado que se anule un auto de certiorari expedido a instancias del interventor Antonio Eevilla. La moción para anidar (motion to quash) discute la razón dada por la corte de distrito para eliminar la demanda de intervención, y le-vanta otras cuestiones que pueden ser resueltas incidental-mente o discutidas separadamente después de llegar a una conclusión sobre los méritos de la cuestión principal en, con-troversia.

La acción original fué instituida por un síndico' a nombre de Zalduondo Mier & Co. contra Reglero & Castrillo, sociedad mercantil, y Fidel Mier, anterior socio gestor de Zalduondo Mier & Co. Según la demanda, Zalduondo Mier & Co. vendió y entregó en noviembre ele 1919 a Reglero &> Castrillo, mer-cancías ascendentes a siete mil dólares, y cuando el término por el cual fue constituida la sociedad demandante expiró en marzo de 1923, Fidel Mier asumió una obligación manco-munada y solidaria por este importe.

Fidel Mier no compareció y se dictó sentencia en rebeldía contra él. .

En julio de 1924 la firma de Reglero & Castrillo contestó, admitiendo la falta de pago, negando todas- las demás alega-ciones de la demanda, y alegando substancialmente:

Que en noviembre de 1919 los demandados compraron de la demandante mercancías por un valor de diez mil trescientos setenta y cuatro dólares trece centavos ($10,374.13), siendo convenido que de dicha suma o de cualquiera otra factura posterior, la mercantil Reglero & Castrillo habría de satisfacer solamente cualquier cantidad que excediese de la suma de siete mil (7,000) dólares, siendo dicha suma de siete mil (7,000) dólares la aportación que el socio Gerardo Castrillo hizo a la 'mercantil Reglero & Castrillo, con el conocimiento y consentimiento de todos los socios de lá mercantil Zalduondo Mier & Co., de los cuales siete mil (7,000) dólares quedaba deudor solamente el socio gestor Gerardo Castrillo, con la garantía de su primo Fidel Mier, socio gestor de la mercantil acreedora Zalduondo Mier & Co.

Que allá por el mes de abril de 1920, y mientras Fidel Mier se encontraba ausente de la Isla de Puerto Rico, el socio gestor Benito Zalduondo traspasó en los libros de dicha mer-cantil Zalduondo Mier & Co. la cuenta de siete mil (7,000) dólares adeudada por Gerardo Castrillo, a la cuenta particular del socio Fidel Mier, y notificando personalmente a Ricardo Reglero, socio gestor de la mercantil demandada Reglero & Castrillo, de tal traspaso, a fin de que los abonos que dicha mercantil venía haciendo por pago de intereses de dichos siete mil (7,000) dólares con cargo a la cuenta de su socio Gerardo Castrillo, fueran abonados a la cuenta de Fidel Mier, a quien se le había cargado en los libros de la mercantil Zalduondo Mier & Co.; que Benito Zalduondo continuó acu-sando recibo del pago de intereses con abono a la cuenta particular de Fidel Mier, ratificando continuamente y sin interrupción alguna el traspaso de dicha cuenta, cargada a la cuenta particular de Fidel Mier, hasta el mes de diciembre de 1921 en que habiendo regresado de España Fidel Mier, siguió cobrando personalmente los intereses.

Que mediante contrato celebrado ante notario público por Fidel Mier, Antonio Revilla y Reglero & Castrillo, en sep-tiembre de 1922, Mier traspasó a Revilla el crédito mencio-nado en la demanda.

Que Gerardo Castrillo en diversas fechas y mediante cheques expedidos por Reglero & Castrillo por distintas can-tidades cargadas a la cuenta de dicho Gerardo Castrillo, había satisfecho a Antonio Revilla no solamente los intereses de tal deuda, sino también parte del capital, reduciendo así la misma a la suma de cuatro mil trescientos veinticinco (4,325) dólares, la que vencía en diciembre de 1924.

Que con posterioridad al traspaso en los libros de Zal-duondo Mier & Co. de los siete mil dólares adeudados por Gerardo Castrillo, ni dicho Castrillo ni la mercantil Reglero & Castrillo fueron notificados por Benito Zalduondo o por fdguna otra persona de haber variado en forma alguna dicho traspaso, ni de que se les había eximido de hacer pago alguno de dicha cuenta, ni advertidos en cuanto a la forma, distinta de efectuar los mismos.

Y, por información y creencia:

Que Benito Zalduondo había anulado el traspaso que había hecho él personalmente en los libros de Zalduondo Mier & Co. del crédito de Castr-illo a la cuenta particular de Fidel Mier, abonando nuevamente el importe de dicho crédito a la cuenta de Mier y cargándola a la mercantil Reglero & Cas-trillo, a pesar de que él sabía que de dicha cuenta no era deu-dora la mercantil Reglero & Castrillo y sí Gerardo Castri-llo, y.sin que entonces ni en ningún momento después noti-ficase a Gerardo Castrillo o a Reglero & Castrillo de tal anulación y asiento; y que al regresar de España Fidel Mier, anuló el asiento hecho sin su conocimiento o consenti-miento por Benito Zalduondo, abonó a la cuenta de Reglero & Castrillo y cargó a su propia cuenta el importe de la recla-mación contra Reglero & Castrillo; y que los pagos efectuados-por cuenta de Gerardo Castrillo a Antonio Revilla habían sido hechos de buena fe, con ignorancia completa’ de traspaso' alguno que pudiera afectar el estado1 de dicha cuenta y actuando de acuerdo con la propia conducta de Benito Zal-duondo y Fidel Mier, socios g’estores de Zalduondo Mier & Co..

En marzo de 1926 la corte de distrito- aprobó una estipu-lación que dice en síntesis lo siguiente:

Primero, que la mercantil Reglero ■& Castrillo solamente-adeuda en la actualidad, de la cuenta a que se refiere la demanda en el presente pleito, la suma de cuatro mil tres-cientos veinticinco (4,325) dólares, más sus intereses a razón ael ocho por ciento desde el mes de febrero de 1924.

Segundo, que la parte demandante niega las alegaciones, afirmativas de la contestación, en cuanto a la validez del traspaso hecho por Zalduondo Mier & Co. a favor de Fidel Mier, inter sese, “esto es, sin afectar los derechos de la. mercantil Reglero & Castrillo,” y niega además la validezen absoluto del traspaso de Fidel Mier a favor de Antonio-Revilla, pero reconociendo los pagos hechos de buena fe por Reglero & Castrillo.

Entonces se convino además en que Reglero & Castrillo adeudaba solamente la-suma de cuatro mil trescientos veinti-cinco (4,325) dólares, más sus intereses' a razón del ocho por ciento anual desde febrero de 1924, y que pagaría dicha suma, a la persona que resultara acreedora de la misma, según. quede definitivamente establecido en el procedimiento que está pendiente, para lo cual será debidamente citado y noti-ficado de la demanda y de la contestación en este pleito Antonio Revilla y John Doe y Richard Roe, o sea, la persona que resulte tenedora de dicha obligación o tuviera algún de-recho, título o interés en la misma; y en su consecuencia la mercantil demandada consiente en que se dicte sentencia por las expresadas cantidades a favor de la persona que resulte ser acreedora de dicha cuenta después del debido procedi-miento de ley.

La demandada también convino en prestar una fianza, que fué radicada posteriormente.

El emplazamiento- expedido después de aprobarse la esti-pulación anterior fué diligenciado en forma negativa en lo que a Antonio Revilla se refería, por no haber sido encon-trado, y entonces se hizo la citación por edictos. En la citación se le notificaba a Antonio Revilla que de no compa-recer o- intervenir para establecer oportunamente su derecho al cobro de la referida cuenta, se dictaría sentencia contra él en rebeldía a favor de la demandante por la suma de dos mil seiscientos (2,600) dólares que alegaba la demandada haber pagado de buena fe a dicho Revilla, así como al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Antonio Revilla en su demanda de intervención alega que es dueño de la obligación que Zalduondo- Mier & Co. trata de recobrar de Reglero & Castrillo, la que está reducida actual-mente a la suma de cuatro mil trescientos veinticinco (4,325) dólares, del cual saldo es responsable únicamente Gerardo Castrillo, y solicita que se resuelva y decrete que el inter-■ventor es el dueño de tal obligación y que se dicte una sentencia a su favor y contra Gerardo Castrillo. Los demás detalles alegados en la demanda de intervención son substan-eialmente los hechos alegados en la contestación radicada anteriormente por Reglero & Castrillo, excepto en lo que se refiere al documento en que Gerardo Castrillo acepta su responsabilidad individual, el que se repite en su totalidad.

La -estipulación debe ser interpretada a la luz de las alega-ciones ya radicadas. Dándoles esa interpretación, no baila-mos que los demandados admitieran una responsabilidad original de la deuda que ellos alegaban que era la deuda de Gerardo Gastrillo. La aserción de que Reglero & Castrillo “solamente adeuda” la suma de cuatro mil trescientos veinti-cinco (4,325) dólares, y el convenio más formal que sigue al efecto de que Reglero & Castrillo’ “era solamente deudora” de igual suma, no son tanto admisiones de responsabilidad original por parte de Reglero & Castrillo como lo son por parte de la demandante del saldo adeudado del crédito de siete mil dólares (7,000) mencionado en la demanda. Si esto fuera todo, la cláusula de salvedad en la segunda relación podría ser interpretada como que significa que la estipulación, relativa al status de la controversia sobre la propiedad de la cuenta no debe afectar los derechos de los demandados, ya sea entre ellos y la demandante, o entre ellos y cualquiera de las partes interesadas. Pero el alcance de-esta reserva está limitado por una renuncia implícita envuelta en la promesa de pagar el saldo convenido y al consentir que se dicte sen-tencia contra la parte demandada y a favor de quienquiera que probare ser dueño de la cuenta pendiente. El efecto de esa promesa y consentimiento fue eliminar cualquier cuestión levantada por la contestación respecto a si la firma de Reglero & Castrillo o el socio Gerardo Castrillo era el deudor original.

Revilla, como interventor, debe aceptar el litigio según lo encuentra y no puede revivir, como defensa a la acción instituida por la demandante, la cuestión así renunciada por los demandados. Después de aprobada la estipulación, la demandante no tiene interés alguno sobre la responsabilidad individual de Gerardo Castrillo. Tampoco puede Revilla exigir, como cuestión de derecho surgente de su status de intervención, que se haga a Castrillo parte en el litigio. La-corte inferior estuvo muy en lo cierto al resolver que Castrillo no era una parte necesaria. Ese hecho puede o no resolver cualquier cuestión relativa al derecho de Sevilla para recobrar de Castrillo en la acción que ya estaba pendiente, pero de ahí no-se desprende que Sevilla no tenga derecho a intervenir

Es cierto también que pueden hacerse ciertas distinciones, y que a veces deben hacerse entre un procedimiento' de inter-vención y uno de interpleader. Pero, además, la circunstan-cia de que la estipulación aprobada por el juez de distrito participa algo de la naturaleza de un convenio para que se dicte una orden de interpleader, no es un factor determinante en esta situación. Para los fines de esta opinión puede admi-tirse que la parte demandante abrió una puerta y que Sevilla entró por otra. Su derecho a permanecer en el litigio no depende de la invitación que se le hiciera, sino más bien sobre si la naturaleza de su interés en el litigio le daba o no derecho a intervenir con o sin invitación.

Sevilla “tiene interés en la cuestión en litigio” en vista de que él alega ser dueño de la cuenta en que se funda la acción de la parte demandante. La negativa del derecho de lo demandante a recobrar está implícita, desde luego, al hacerse la anterior alegación. Hasta ese punto Sevilla tam-bién está interesado en el éxito de los demás. Sin embargo, su derecho a recobrar no está limitado por la súplica de los demandados. A él se le podría permitir unirse a los demás para oponerse a la reclamación de la demandante, pero no está obligado a hacerlo así. Tampoco puede obligársele a unirse a los demandantes o exigir que se le substituya como demandante en la acción instituida contra los demandados. El procedimiento de intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permite ser parte en la acción, asociándose a la parte demandante o a la demandada, o pidiendo algo.en sentido adverso a ambas partes. Pero de conformidad con ios términos del mismo estatuto, si el demandante en un pro-cedimicuto de intervención tiene interés en la cuestión en controversia o en el éxito de cualquiera de las partes, eso es suficiente.

El derecho a incluir a Castrillo como parte demandada no surge como un corolario del derecho a intervenir. La cuestión de si el socio individualmente debe ser incluido o no como parte en el pleito, es una que debe ser considerada desde el punto de vista de la situación reinante a partir del momento en que se permite a Revilla intervenir. No debe ser confundido ni considerado como que está relacionado en forma alguna 'con el derecho a intervenir. Esta es también una cuestión que debe ser determinada en primer lugar por la corte de distrito, en el ejercicio de su sana discreción y de conformidad con las reglas prescritas por el Código de Enjuiciamiento Civil. En ausencia de tal determinación previa, no estamos dispuestos a revocar la actuación del juez de distrito al anular el emplazamiento expedido después de lacheada la demanda de intervención.

Esa demanda fué notificada en debida forma a los abo-gados de las partes originales en el presente caso, según prescribe el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. En California puede concederse permiso para radicar una demanda mediante una orden ex parte. Kimball v. Richardson Kimball Co., 111 Cal. 386; Spanagel v. Reay, 47 Cal. 608. Cualquiera, que sea la práctica correcta, el hecho de que la resolución fuera ex parte uo es razón suficiente para que se anule el auto de certiorari.

Nos inclinamos a convenir con los letrados de la deman-dante en que una orden que elimine de los autos una demanda de intervención equivale, substancialmente, a una sentencia final y que por consiguiente es apelable. Si el efecto de tal apelación os interrumpir el curso del pleito original, hasta tanto so resuelva la apelación, entonces el procedimiento de levisión por medio de certiorari estaría en armonía con Ios-principios fundamentales de que no debe permitirse que un interventor demore el litigio. Si, por otra parte, un recurso de apelación no equivale a un supersedeas, entonces difícil-mente podría considerarse como un remedio rápido y ade-cuado. En ausencia de la debida argumentación en los alegatos y en vista de la conclusión a que se lia llegado sobre los méritos, la moción para anular el auto debe ser declarada sin lugar.

La resolución ordenando la eliminación de la demanda de intervención de los autos debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Texidor. no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Mercedes y Severiana Díaz, demandantes y apelantes, v. Tomás Morales, demandado y apelado.
    No. 4496.

    Sometido: Mayo 23, 1928.

      Resuelto: Enero 30, 1929.

      González Fagundo <& González Jr., abogados de las apelantes; José G. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión 'del tribunal.

Mercedes y Severiana Díaz interpusieron una demanda, de desahucio en la Corte de Distrito de Humacao contra To-más Morales. En ella alegaron, en resumen, que eran due-ñas de una finca rústica de cuatro cuerdas situada en San. Lorenzo, barrio Quebrada Adentro, lindante al norte con Felicita Gómez, al sur, quebrada de por medio, con la Su-cesión Vilá, al este con Angel Buenomo y al oeste con Pablo Calderón, y que el demandado sin título o derecho alguno, en precario, ocupaba dicha finca y se negaba a dejarla a la libre disposición de las demandantes.

El demandado contestó negando “general y especial-mente todos y cada uno de los hechos esenciales de la de-manda” y alegando además como “materia nueva constitu-tiva de oposición y defensa” en resumen que las demandan-tes siguieron contra Pedro Juan Gómez y otro en la propia, corte de distrito un pleito de injunction para retener la po-sesión de la finca de cuatro cuerdas de que se trata y ob-tuvieron una sentencia favorable fundada en una opinión en la cual el juez sentenciador declaró que: “La prueba ha demostrado, como se alega en la contestación, que la finca de cuatro cuerdas descrita en la demanda forma parte de la de seis cuerdas descrita en la contestación; ’ ’ que para hacer efectiva la condena en costas las dichas demandantes embar-garon “como de la propiedad de Pedro Juan Gómez la finca de seis cuerdas que incluye la de cuatro”, a saber: rústica de seis cuerdas, en San Lorenzo, barrio Quebrada, lindando' al norte y este con Angel Buonomo, al sur con la Sucesión Vilá y al oeste con Pablo Calderón, estando por lo tanto dichas demandadas impedidas de alegar que la dicha finca Ies' pertenece en todo o en parte; que la finca embargada se subastó adjudicándose a Gumersindo Viera quien autoriza al demandado para que quedara en la posesión de la misma a su nombre, siendo por tanto la posesión del demandado legitima y no en precario.

Al comenzar la vista las demandantes pidieron que se dictara sentencia sobre las alegaciones. La corte pospuso la resolución de dicha moción para después que se practicara la prueba y practicada ésta la declaró sin lugar y desestimó la demanda por entender que se trataba de un caso que no era propio para ser resuelto mediante el juicio sumario de desa-hucio. Contra esa sentencia interpusieron las demandantes el presente recurso de apelación.

Señalan las apelantes como primer error el cometido a su juicio por la corte al negarse a dictar sentencia por el mérito de las alegaciones.

Al discutir dicho error comienzan criticando la costum-bre que dicen que existe en las cortes de distrito y que se si-guió en este caso de posponer la resolución de cuestiones como ésta para después de practicada la prueba. Es mejor práctica, en verdad, decidir el problema sin oír la evidencia. Todo está ante la cprte a virtud de las alegaciones y el pleito puede quedar definitivamente resuelto sin pérdida para la justicia, de una manera más sencilla y con ahorro del tiempo de las partes y la corte.

Entrando en la discusión del error, sostienen las ape-lantes que el demandado no pudo en su contestación hacer como hizo una negación general y especial de todos y cada uno de los hechos esenciales de la demanda y, después de alegar algunas cuestiones impertinentes, admitir como ad-mitió que las demandantes estaban en posesión de la finca de cuatro cuerdas y que el demandado ocupaba la misma. Las apelantes invocan en apoyo de su contención el caso de Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398.

No puede negarse que la decisión de Somonte v. Mimoso, supra, guarda relación con este caso, pero a nuestro juicio no es enteramente aplicable.

En el caso de Somonte se trataba de un injunction para recobrar la posesión. Sólo,- pues, la cuestión de posesión. estaba envuelta. T la contestación fue redactada en forma tan evasiva que no podía llegarse a otra conclusión que no fuera a la de que admitía los .hechos alegados en la demanda.

Aquí se trata de un juicio de desahucio. La demanda se basa en que el demandado ocupa la finca en precario. El' de-mandado niega tal hecho en su contestación, y luego, como materia nueva, sostiene que la finca a que se refiere la de-manda forma parte de otra de mayor extensión que fue ad-quirida por otra persona en pública subasta, estando el de-mandado en posesión a nombre de esa otra persona.

A nuestro juicio no hay contradicción. La posesión puede tenerse en varios conceptos. Se puede negar como se negó la posesión precaria y a la vez alegar como se alegó la posesión a nombre del dueño, persona distinta de las de-dandantes.

Siendo esto así, no vemos que la corte cometiera el error que le atribuyen las apelantes.

Los errores 2, 3 y 4 se refieren a los cometidos por la corte a juicio de las apelantes al admitir como prueba la opinión de la propia corte en el caso No. 10073 seguido por Mercedes y Severiana Díaz contra Pedro Juan G-ómez y otro sobre injunction, el mandamiento de posesión librado por el secretario en el dicho caso y el acta de la subasta llevada a efecto en el mismo.

Las demandantes haciendo siempre constar que se man-tenían en la posición que adoptaron al pedir que se fallara el pleito sobre las alegaciones, se opusieron a la admisión de los indicados documentos, en cuanto a la opinión, porque no era la sentencia; en cuanto al mandamiento, porque era nulo ya que la corte no podía dictar mandamiento de pose-sión en un pleito en que no se trataba de la ejecución de una hipoteca, y en cuanto al acta de subasta, porque por ella no podía destruirse el título de las demandantes a las cuatro cuerdas ni cabía traer a este pleito de desahucio una cuestión de confusión de colindancias.

Tanto la opinión como el mandamiento y el acta forma-ban parte como se ha dicho de los autos del pleito No. 10073 tramitado en la propia Corte de Distrito de Hnmacao.

Cuando la parte demandada introdujo dichos documentos como prueba, ya la parte demandante había introducido en evidencia una certificación de la orden de la corte aprobando el expediente de dominio promovido por Mercedes Díaz et al. que se encontraba en el dicho pleito No. 10073, tres recibos de contribuciones que formaban parte de los mismos autos, y la sentencia resolutoria del pleito.

Siendo esto así, no vemos que la corte de distrito co-metiera error al admitir como prueba la opinión que funda-mentaba la sentencia presentada y dos constancias más del propio pleito que guardaban relación con los hechos alega-dos por el demandado en su contestación. Una cosa es la admisión de un documento y otra la fuerza probatoria que deba reconocerse o darse al mismo al resolver el litigio.

El quinto error señalado se formula así: “La sentencia es contraria a la prueba y la corte erró en la apreciación de la misma. ’ ’

Parece conveniente transcribir los párrafos que siguen de la opinión en que se basa la sentencia recurrida:

“Entrando en el fondo de esta cuestión y examinando la prueba presentada por el demandado, aparece que existe una controversia, no de ahora, sino de hace algún tiempo, sobre si la finca descrita de cuatro cuerdas está comprendida dentro de la otra finca de 'seis cuer-das que pertenecía primeramente a Pedro Juan Gómez y hoy a virtud de la subasta llevada a cabo, es de la propiedad de Gumer-sindo Viera.
“No queremos entrar a discutir la fuerza legal que podría darse en este caso a las manifestaciones hechas por el Juez en su opinión en el caso de Injunction anterior, pero de cualquier modo ello sienta una fuerte presunción en favor de los derechos aquí discutidos y levanta a la vez de una manera clara y evidente la cuestión de un verdadero conflicto de títulos entre las parte's litigantes en el pre-sente pleito.
“Y es constante doctrina de nuestra Corte Suprema ‘que cuando las alegaciones de un demandado no están desnudas de toda prueba, existiendo un principio de evidencia que aunque aparente, indica que su pose'sión no es la de precario sino de dueño, se levanta un con-flicto que ba de ventilarse en los amplios trámites de un juicio ordi-nario y no dentro de los estrechos límites del procedimiento sumario de desahucio. Torres et at v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Gandía v. Cabán, 22 D.P.R. 833; Casanovas y Co. v. Ramírez, 25 D.P.R. 625; Nazario v. Almodóvar et al., 26 D.P.R. 329; Sucesión Colón v. Colón et al., 27 D.P.R. 87; Fajardo Sugar Co. v. Torres, 27 D.P.R. 364; Andino v. Canales, 27 D.P.R. 282; y Rosado et al. v. Delgado, 28 D.P.R. 91,' no reportados aún.”

Las apelantes sostienen que habiendo aportado un título inscrito a las cuatro cuerdas y una sentencia que declaró su derecho a la posesión (caso 10073 sobre injunction) no se explican cómo pudo dictar el juez la sentencia que dictó.

Son, pues, las propias demandantes las que invocan a su favor la sentencia en el caso de injunction y no puede pres-cindirse del hecho de que tal sentencia se basa en una opi-nión en que si bien se reconoce el derecho posesorio a las demandantes se consigna que la prueba demostró que la finca de cuatro cuerdas formaba parte de la de seis.

Si se comparan las descripciones de ambas fincas se verá que- radican en la misma municipalidad, en igual barrio y que tres de sus colindancias son idénticas.

La evidencia testifical de las demandantes consistió en las declaraciones de Gregorio Alamo y de Mercedes Díaz, una de las propias demandantes. Ambos testigos incurrieron en contradicciones al describir la finca de cuatro cuerdas y am-bos aseguraron que el demandado había sido puesto por las demandantes al cuidado de la finca.

Declaró el demandado y negó tal hecho asegurando a su vez que había sido puesto al cuidado de la finca primero por su anterior dueño el demandado en el pleito sobre injunction Pedro Juan Gómez y luego por Gumersindo Viera su actual propietario. Dijo que ni siquiera conocía a ias demandantes. El otro testigo que declaró por la parte demandada fue su abogado J. C. Rivera. En resumen dijo: que a nombre de su cliente Pedro Juan Gómez inició una acción de desahucio contra Gregorio Alamo y al celebrarse la primera compare-cencía el demandado ofreció como prueba un expediente de dominio a favor de Mercedes y Severiana Díaz, el mismo ex-' pediente relacionado con el pleito 10073, y él ofreció otro expediente de dominio a favor de Gómez inscrito en el regis-tro con anterioridad al de las Días. Trató entonces de bacer referencia a lo que le dijo el juez de distrito, no pudo declarar y terminó manifestando que apareciendo un conflicto de títu-los, desistió del desahucio. Que entonces fué que las deman-dantes iniciaron el pleito de mjunction para retener la pose-sión que fué ganado por ellas condenándose a Gómez a pagar las costas. Se opusieron las demandantes a que siguiera de-clarando “porque ésa es más bien una relación de los hechos que aparece de los autos, y eso no se pudo traer aquí por-prueba testifical.” Surgió un incidente y no continuó en su relación el testigo. Terminó diciendo que el demandado To-más Morales estaba en la finca primero puesto por Gómez y después por Viera.

Siendo esto así, tampoco erró la corte, a nuestro juicio, al apreciar la prueba. La corte no decidió que las deman-dantes no fueran dueñas de la finca de cuatro cuerdas, ni que dicha finca estuviera dentro de la de seis, sino que exis-tía un conflicto de títulos que no debía resolverse en el su-mario procedimiento de desahucio. Y que el conflicto existe es aparente.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Virgilio Rivera Aromí, demandante y apelado, v. La Asamblea Municipal de Patillas, demandada y apelante.
    No. 4466.

    Sometido: Abril 24, 1928.

      Resuelto: Enero 30, 1929.

      M. Martínez Dávila, abogado del apelante; ArciUo Alvarado abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Virgilio Rivera Aromí presentó en la Corte de Distrito de Guayama una solicitad de certiorari contra la Asamblea Municipal de Patillas, pidiendo a la corte que dictara sen-tencia declarando nula la orden anaza por virtud de la cual la asamblea destituyó al peticionario del cargo de Director de Beneficencia del Municipio y ordenando en sn consecuen-cia que el peticionario continuara en el desempeño de las fun-ciones de su cargo, con suspensión inmediata de las actua-ciones de la asamblea basta que otra cosa pudiera ser re-suelta por la corte.

El auto se expidió en la forma solicitada. Compareció la parte demandada archivando además del return una mo-ción pidiendo que se desestimara de plano la solicitud y se anulara el auto expedido.

La corte tomó bajo su consideración la totalidad del caso y lo resolvió por sentencia de 28 de noviembre de 1927 declarando nula la ordenanza impugnada y ordenando que el peticionario continuara en el desempeño de su cargo como si tal ordenanza no se hubiera dictado, con imposición de cos-tas y honorarios de ahogado a la asamblea.

No conforme ésta interpuso el presente recurso de ape-lación señalando en sn alegato la comisión de cinco errores.

Por el primero se sostiene que erró la corte al resolver que era el certiorari el procedimiento adecuado para revisar los actos de la asamblea en un caso de esta naturaleza, citando en apoyo de su contención lo resuelto en Coll v. Todd, Alcalde, 35 D.P.R. 625, 626, así:

“(1) Estamos algo inclinados a convenir con el apelado que un certiorari de acuerdo con la Ley Municipal no es el modo de revisar el acto de un alcalde al destituir un empleado municipal. La sec-ción pertinente es como Sigue:
“ ‘Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada: (a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de lo's querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.’ Leyes de Puerto Rico, 1924, p. 106, Sección 65.
“Los autos del caso no demue'stran que se violó ningún derecho constitucional del peticionario o que se hizo algo contrario al Acta Orgánica o a las leyes de Puerto Rico. No entendemos que el des-tituir un funcionario, aún sin justa causa, cae dentro de estas dis-posiciones.”

La misma situación jurídica que en el caso de Coll, supra, existe en éste. Podríamos detenernos aquí y revocar la sen-tencia recurrida. Sin embargo, como en el caso de Coll, se-guiremos adelante en nuestro estudio.

Alega la apelante como segundo error el cometido a su juicio por la corte-de distrito al negarse a desestimar la solicitud por haberse dirigido contra la asamblea y no contra el alcalde que es el funcionario que tenía el poder de nombrar y destituir al demandante.

Es raro en verdad lo que ocurre en este caso.

En la solicitud se alega que el peticionario “desde el día 15 de diciembre del 1925 hasta el presente ha venido de-sempeñando sus funciones como tal director de beneficencia por virtud del nombramiento legalmente hecho por la asam-blea municipal demandada en la sesión que celebró el referido día 14 de diciembre de 1925, quedando firme este nombra-miento por no haber sido vedado ni desaprobado por el Al-calde del Municipio de Patillas, P. B., dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se hizo”, y del return aparece en efecto que en la sesión de la asamblea del 14 de diciem-bre, 1925, “la presidencia sometió el nombre del Doctor Vir-gilio Bivera Aromí, para ser nombrado interinamente como director de beneficencia municipal. El señor Figaredo ma-nifestó, que debía llamársele la atención, sobre la atención que debe prestar a los enfermos del campo, para que luego no ocurran disgustos. La asamblea acuerda aceptar el nom-bramiento propuesto en condiciones de interinidad y de acuerdo con lo manifestado por el señor Figaredo.”

Y en la solicitud también se aleg’a que la asamblea en su sesión ordinaria de 12 de agosto de- 1927, declaró cesante al peticionario, constando del return que la asamblea en la in-dicada fecha aprobó la siguiente resolución que, en parte, dice:

“Resuélvase por la Asamblea Municipal de Patillas, Puerto Rico:
“Primero: Que la Asamblea Municipal en sesión ordinaria que celebrara el día catorce del mes de diciembre, 1925, nombró para de'sempeñar interinamente al Doctor Virgilio Rivera Aromí, para ocupar el puesto de Director de Beneficencia Municipal de este pueblo.
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“Cuarto: Que para mejorar el indicado servicio la Asamblea ordena que no se continúen utilizando los servicios del Dr. Rivera Aromí, los que quizás debido a su interinidad no tiene el gusto que podrían tener si dicbo nombramiento fuese en propiedad.
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De acuerdo con la ley municipal vigente el 14 de diciem-bre de 1925, (Leyes de 1925 p. 709) era el alcalde con el con-sentimiento de la asamblea y no la asamblea el que tenía facultad para nombrar al peticionario. De suerte que según los propios términos de la solicitud, nunca tuvo el peticio-nario un nombramiento válido, ya que no puede aceptarse la teoría de la convalidación del nombramiento por la no oposición del alcalde.

T de acnerdo también con la ley vigente el 12 de agosto de 1927, (Leyes de 1925 p. 709) era el alcalde por sí solo mediante el procedimiento adecuado el único qne podía des-tituir al peticionario.

Siendo esto así, dependiendo el nombramiento y la desti-tución del alcalde, mientras el alcalde no actúa, nada válido existe. La solicitud no se dirige contra el alcalde. Nada se consigna en ella con respecto a lo que baya podido hacer el alcalde. No hay, por tanto, un verdadero caso ante la corte. Ningún perjuicio real aparece sufrido por el peticionario. Si es que su nombramiento había sido hecho por el alcalde y en su sesión del l9 de diciembre de 1925 la asamblea mera-mente se limitó a prestar su consentimiento como sostienen el juez sentenciador en su opinión y el apelado en su alegato variando los hechos alegados en y la teoría de la solicitud, mientras el alcalde no lo destituyera, el peticionario conti-nuaría en las funciones de su cargo.

Por eso esta corte en el caso de Cantres v. Municipio de Río Grande, 34 D.P.R. 800, 801, dijo:

“La petición no aparece bien dirigida. Se e'stablece contra el municipio como entidad jurídica y la asamblea municipal. El caso de Rodríguez v. El Municipio de Guánica, 31 D.P.R. 495, que cita en su apoyo el peticionario no es aplicable. Esta decisión se funda en una situación legal distinta, o sea, cuando las asambleas munici-pales e'staban investidas del poder de nombrar el concejo de admi-nistración. Yéase artículo 28, Ley No. 85, aprobada en julio 31, 1919 (p. 701). Esta ley fué enmendada y el poder de hacer el nombramiento de los funcionarios ejecutivos pasó a los alcaldes, se-gún prescriben los artículos 28 y 29 de la Ley enmendatoria No. 11, aprobada en junio 3, 1924 (p. 84). Bajo esta ley se hizo el nombra-miento del peticionario y el alcalde es la parte que debió ser de-mandada.”

Los otros errores se refieren a los derechos que pueda tener un funcionario interino como lo era el peticionario y a ciertas conclusiones a que llegara el juez sentenciador en su opinión. No es necesario ni parece oportuno discutirlos.

Tanto por no ser el certiorari el procedimiento adecuado cuanto por no. haberse presentado un verdadero caso ante la corte,- debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra anulando el auto expedido y declarando sin lugar la soli-citud.


author: El Juez Asociado Seños, ’Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Rosario, acusado y apelante.
    No. 3464.

    Sometido: Noviembre 23, 1928.

      Resuelto: Enero 31, 1929.

      A. A. Miranda y B. Delgado Bamos, abogados del apelante; José B. Bigneras, abogado de Bl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seños, ’Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acusación por el delito de portar armas, al terminarse la presentación de la prueba, la Corte de Distrito de Humaeao, después de preguntar acerca de los antecedentes del acusado, dijo: “Entonces la corte le impone treinta y cinco días de cárcel, sin costas.” Según todos los precedentes, ésta es, en casos de delitos menos graves, por lo menos, una forma lacónica bien entendida usada por las cortes para declarar a un acusado culpable y para senten-ciarlo. El pronunciamiento, según fné hecho, pndo ser su-ficiente en este caso, o pndo haberse hecho qne lo fuera. Las autoridades para esta conclusión pueden hallarse en 8 R.C.L. 231, El Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 276, y Ex parte Gibson, 31 Cal. 620. No obstante, el acusado apeló y señaló como error que la corte antes de sentenciarlo debió haberle decla-rado primeramente culpable del delito imputádole.

El mismo día, y por consiguiente, dentro del término que una corte tiene para corregir sus sentencias erróneas, de haberlas, dictó sentencia formal declarando al acusado culpable y sentenciándole a la pena de treinta y cinco días de cárcel. Es casi inconcebible que se haya hecho seriamente un señalamiento de error como éste.

Otro señalamiento de error era que la corte debió haber permitido la declaración de un testigo que fué repreguntado si otro testigo no había manifestado que la pistola en cuestión pertenecía no al acusado sino al testigo principal de El Pueblo.

Este señalamiento se discute sumariamente en el alegato. La prueba ofrecida era prima facie enteramente de referen-cia, y ciertamente no fué ofrecida en debida forma para contradecir a un testigo. No vemos razón para intervenir en la apreciación de la prueba hecha por la corte inferior y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Audrey, El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ferrocarriles del Este, demandante y apelada, v. María Ríos Viuda de Rubio y Central Pasto Viejo, Inc., demandadas y apelantes.
    No. 4869.

    Sometido: Enero 28, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1929.

      O’Neill & O’Neill, abogados de los apelantes; González Fagundo (& González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este pleito el primero de noviembre de 1928 apeló de ella la demandada María Ríos Vda. de Rubio y solicitó de la corte ordenase al taquígrafo que hi-ciera la transcripción de sus notas taquigráficas para la ape-lación. Accedió la corte inferior a su solicitud decretando el 7 de diciembre de 1928 que el taquígrafo procediera a pre-parar dicha transcripción dentro de los veinte días que para ello concede la ley, orden que el mismo día fué notificada ál taquígrafo. Transcurrido ese término sin que el taquígrafo presentara dicha transcripción y sin que él ni la parte ape-lante solicitaran y obtuvieran que el término le fuera pro-rrogado por la corte, la parte apelada radicó el 3 de enero' de 1929 en la secretaría de este tribunal moción solicitando que desestimemos esa apelación cuya vista fué señalada para el 28 de este mes, en el que tuvo lugar.

Se opuso la apelante a tal moción por escrito y oralmente, y el 14 de enero radicó moción solicitando que haciendo nos-otros uso de la facultad que nos confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil le concedamos un nuevo tér-mino para la transcripción de la evidencia, moción que fué oída el mismo día que la precedente, y a la que se opuso el apelado.

La solicitud de nuevo término se funda en los Lechos ale-gados en la oposición a la desestimación de la apelación.

Las razones expuestas por la apelante para que no de-sestimemos su recurso son: que de acuerdo con la Ley No. 81 de 1919 si el taquígrafo dejare sin excusa legítima de preparar la transcripción de la evidencia en el término de sesenta días deberá ser compelido a ello por la corte por los medios coercitivos procedentes: que no tuvo noticia de la fe-cha en que se ordenó que la transcripción fuera hecha: que el 6 de diciembre de 1928 escribió al taquígrafo diciéndole que enviaba ese día moción para que hiciera la transcripción de la evidencia, esperando de él que la hiciera a la mayor brevedad, que pidiera las prórrogas convenientes y que le hi-ciera saber los progresos de ese trabajo, sin que el taquí-grafo cumpliera nada de lo que interesó de él: que tenía motivo para creer que el taquígrafo obedecería la orden de la corte o que solicitaría prórrogas: y que si ha habido demora es por causa exclusiva del taquígrafo.

Hemos resuelto repetidas veces que la parte que opta para su apelación por una transcripción de la evidencia hecha por el taquígrafo sufre las consecuencias de la con-ducta de dicho empleado. Mercado v. Sucn. de Ferreiro, 26 D.P.R. 492, citado en Viera y Compañía v. Reyes, 28 D.P.R. 80; Sanders Philippi & Co. v. Rivera, 28 D.P.R. 959; Martínez v. Martínez, 29 D.P.R. 553; Cruz v. Sucn. Jiménez, 30 D.P.R. 855; Martínez v. López, 31 D.P.R. 812; Pagán v. Pagán, 32 D.P.R. 642; y González v. Méndez, 33 D.P.R. 846. Por tanto, la parte apelante no tenía derecho a confiar en que el taquígrafo pidiera prórrogas y esa omisión del taquígrafo es imputable a la apelante. Tampoco tenía derecho a con-fiar en que dicho funcionario la tuviera al corriente de los progresos del trabajo que le encomendó porque él no tiene obligación legal de hacer tal cosa. De igual modo el se-cretario no tenía el deber de notificarle que la corte había accedido a que la transcripción de la evidencia fuera hecha, aunque esto no tiene importancia en este caso en vista de la carta al taquígrafo. Ni tenía derecho a confiar en qne el taquígrafo hiciera la transcripción dentro de veinte días en cumplimiento de la orden de la corte, porque es sabido que no siempre puede hacerla dentro del término que se le concede y por esto la ley permite que el término sea prorro-gado. Y por último la cita que se hace de la Ley No. 81 no es aplicable a este caso porque se refiere a aquellos en que habiendo transcurrido los veinte días que la ley concede y prórrogas hasta sesenta días, el taquígrafo puede ser eom-pelido por la corte usando medios coercitivos para que haga la transcripción, si es que no hubiere tenido excusa legítima para no haberla preparado, y siempre a petición de parte.; y en este caso no se utilizó tal medio.

Por lo expuesto el apelado tiene derecho a que sea desestimada esta apelación a menos que concedamos un nuevo término a la apelante para que la transcripción de la evidencia sea hecha, pero como las razones para tal solicitud son las mismas claramente improcedentes para que no desestimemos la apelación, y como la apelante no ha cumplido una regla de las cortes de distrito preceptiva de que la apelante debe depositar en la secretaría el valor del trabajo del taquígrafo, no encontramos justificada la concesión de un nuevo término y la solicitud en tal sentida hecha debe ser negada y desestimada esta apelación.

RESOLUCION SOBRE RECONSIDERACION, DE FEBRERO 11, 1929

El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 31 de enero negamos a la parte ape-lante la concesión de un nuevo término para que el taquí-grafo preparase la transcripción de la evidencia y desesti-mamos la apelación de acuerdo con la petición que nos hizo la parte apelada, exponiendo los motivos de esas resoluciones en la opinión que en igual fecha escribimos para fundamen-tarlas. Las razones alegadas entonces para la concesión de un nuevo término eran las mismas que las expuestas para que no desestimásemos la apelación, todas las cuales giraban sobre la cuestión de no ser responsable la apelante del des-cuido del taquígrafo en no obtener prórrogas, que es contra-ria a nuestra repetida jurisprudencia sobre ese particular.

Abora se nos pide reconsideración de la negativa de-concesión de nuevo término, que llevaría como consecuencia el restablecimiento de la apelación, alegándose para esa pe-tición que la sentencia apelada priva equivocadamente a la apelante de una fuerte cantidad de dinero a que tiene de-recho: que la consignación en la Corte de los derechos del taquígrafo se hace después de dictada la orden requirién-dole que haga la transcripción de la evidencia: que la po-lítica de este tribunal es resolver las apelaciones en su fondo y por sus méritos: y que no tuvo oportunidad de solicitar prórrogas, habiéndosele echado encima el peso de la ley sin ninguna consideración ni .benevolencia.

Toda apelación contra una sentencia significa que la parte apelante la cree injusta o equivocada en la resolución de los derechos del apelante, que generalmente son de importancia para él, pero el hecho de la esistencia de una apelación y de la importancia de los derechos que el apelante estima lesionados no es motivo para que sea relevado de las reglas que gobiernan la tramitación de las apelaciones y para que le concedamos un nuevo término para que el taquígrafo haga la transcripción de la evidencia para la apelación, cuando ese término ha vencido sin solicitarse y obtenerse oportunamente que fuese prorrogado.

Es cierto que la consignación de los derechos del taquí-grafo por su transcripción hay que hacerla después que la corte inferior ordena que la prepare, pero en este caso la apelante no hizo tal consignación después que esa orden fué dictada, ni la ha hecho en momento alguno.

También es cierto que nuestra política, y creemos que la de todos los tribunales de justicia, es resolver las ape-laciones por sus méritos pero esto sucede cuando es posible, mas no cuando habiendo la apelante dejado de cumplir con la ley en materia de apelaciones, abiertamente y sin excusa razonable, pide la apelada que por ese motivo desestimemos la apelación, como ocurre en este caso.

Por último, se ba aplicado la ley en este caso para des-estimar la apelación porque habiendo tenido la apelante opor-tunidad concedida por el estatuto para solicitar prórrogas para el taquígrafo no hizo, sin embargo, uso de ese derecho. Nos es duro tener que desestimar apelaciones pero si la parte apelada tiene razón para que desestimemos la presente, no podemos negarle ese derecho.

Por lo expuesto 'no vemos motivo para reconsiderar nues-tra resolución de 5 de este mes.