author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Alvarez, Peticionaria, v. Hon. Jesús Ma. Rossy, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Se-gunda, en un caso sobre administración judicial de bienes de un finado.
    No. 270.
    Resuelto en abril 15, 1920.
    Hebencia — Administración Judicial de Bienes Hereditarios. — El sobrino de una persona que falleció mientras vivían su padre e hijos naturales, no tiene derecho a pedir la administración de los bienes de su tío fallecido abintes-tato pues en este caso los parientes colaterales del difunto no son sus here-deros.
    Los hechos están expresados en la opinión!
    Abogado de la peticionaria: Sr. Luis Méndez "Vas.

    Abogados del interventor: Sres. G. Cott y Cuchí y G. Cruzado Silva.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Paz Alvarez Suárez es la peticionaria y presentó una pe-tición interesando la administración judicial de los bienes de su tío Cándido Suárez que falleció intestado. La corte dispuso que se convocara a los herederos e interesados nom-brando al efecto dicha corte a Marcial Suárez como admi-nistrador. El era el hermano mayor de Cándido Suárez y a la fecha de la radicación de la petición en este caso, o sea, en julio de 1919, no existía ningún pariente legítimo más cercano. Sin embargo, a la muerte del referido Cándido Suárez en agosto 10, 1901, quedaron su padre Juan Suárez y Rodríguez y algunos hijos naturales. Estas personas ob-tuvieron una declaratoria de herederos a su favor en la cual el mencionado padre fue declarado heredero en las tres cuar-tas partes de los bienes relictos, y los hijos naturales en una cuarta parte. La declaratoria de herederos se hizo en *1914 a solicitud de la madre de los hijos naturales y fue debidamente inscrita en el correspondiente registro de la propiedad. Paz Alvarez Suárez es hija de un hermano difunto de Cándido Suárez. El referido padre Juan Suá-rez y Rodríguez falleció bajo testamento en junio 2, 1902, en cuyo testamento instituía por sus herederos a todos sus hijos y a dos de sus nietos. La peticionaria es uno de los nietos. El testamento prohibía la intervención judicial en sus bienes.

Según hemos dicho, a solicitud de Paz Alvarez Suárez en la corte inferior su tío Marcial Suárez fué nombrado ad-ministrador pero no llegó a ejercer su cargo o a adoptar medida alguna en la administración de los bienes de Cán-dido Suárez. Entonces dieba Paz Alvarez Suárez hizo otra solicitud a la .corte y en los procedimientos correspondien-tes la corte declaró vacante el cargo de administrador, y nombró en marzo 8, 1919, a Evaristo Cámara como admi-nistrador, quien habiendo prestado fianza se le dió posesión de la. propiedad el día 13 de mayo de 19.19. Al día siguiente y según dice la peticionaria fné lanzado violentamente de dicha propiedad. Esta alegada expulsión violenta se puso en conocimiento de la corte en junio de 1919. El día 16 de mayo, 1919, Marcial Suárez, o sea el referido hermano mayor de Cándido, que había sido, notificado debidamente de los anteriores procedimientos y tenido oportunidad para opo-nerse a la segunda convocatoria pero que no había consen-tido al nombramiento del administrador Evaristo Cámara, presentó una moción a la corte alegando que en cuanto a las fincas en cuestión dicha declaratoria de herederos había que-dado inscrita y hecha la partición de bienes de Cándido Suá-rez. La corte, entonces, procedió a anular todas las actua-ciones anteriores y declaró que Paz Alvarez Suárez no tenía derecho a pedir la administración judicial de su tío. Ella presentó una solicitud de certiorari a este tribunal.

La peticionaria está claramente en un error si quiere dar-nos a entender que los hermanos ■ de Cándido Suárez debie-ron ser incluidos entre sus herederos. Iíabiéndole sobrevi-vido su padre y algunos hijos naturales los hermanos son parientes colaterales sin derecho a ser considerados como herederos. El hecho positivo es que estos hermanos, que son algunos en número, son todos herederos de su padre que a su vez era heredero de su hijo Cándido Suárez.

Alegaba la peticionaria que dos de los hermanos de Cán-dido Suárez se habían incautado de los bienes sin rendir cuenta alguna de los mismos. Ahora bien, esta propiedad fué una vez de Cándido Suárez pero pasó a poder del padre e hijos naturales de Cándido Suárez. Si estos dos herma-nos están en posesión, tal vez ilegalmente, ele los bienes de su padre, y la peticionaria se cree agraviada; remedios tiene para obtener reparación del agravio, pero no es el remedio adecuado la administración judicial de los bienes de Cán-dido Suárez, del cual no es heredera.

No puede existir impedimento alguno (estoppel) contra Marcial Suárez,' para instar la nulidad de los procedimien-tos de administración, pues el interés de la peticionaria en el caso, si alguno tuviera, es con relación a- los bienes de su abuelo y no respecto de los de su tío.

El auto de certiorari debe ser anulado.

Anulado el auto expedido. '

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. Woijj,

license: Public Domain

text:
    Municipio de Ponce, Demandante y Apelante, v. Vendrell, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 1951.
    Resuelto en abril 15, 1920.
    Ordenanza Municipal Anticonstitucional — -Expropiación Eorzosa — Eacultades no Concedidas a los Municipios. — TJna ordenanza municipal por la cual so . priva del uso de una parte de ciertos solares a sus dueños sin el previo pro eedimiento de la expropiación forzosa, es anticonstitucional porque no habiendo la Legislatura conferido tales facultades a los municipios, la restricción del uso de la propiedad privada equivale a la expropiación forzosa.
    Id. — Edificaciones—Permisos para Edificar Concedidos por el Municipio — So-lares. — El permiso concedido por el municipio a una persona para edificar en solar de su propiedad de acuerdo con las prescripciones de una ordenanza municipal, sólo obliga al peticionario a cumplir aquellas condiciones que el municipio puede legalmente imponer.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. A. Lastra Chames, y M.j B. Guerra Mondragón.

    Abogados del apelado: Sres. Parra, Pérez Marchand y J. T.ous Soto.

   El Juez Asociado Su. Woijj,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso y seis más fueron sometidos el mismo día y sustaneialmente por el mismo alegato.

El alcalde de Ponce presentó una solicitud para que se expidiera un mandamiento de injunction, cuya súplica fue sustancialmente la siguiente:

“Por lo cual la corporación demandante solicita de la corte que previos los trámites de ley dicte en definitiva un injunction perpétuo, requiriendo y ordenando a los demandados en este caso para que se abstengan de hacer por sí, sus agentes o empleados, o permitir que se baga en cualquier forma reparación o construcción de la casa que se describe en esta demanda, sin antes obtener el correspondiente permiso del demandante en la forma legal que prescribe la orde-nanza aludida y en su sección 7 y para que asimismo desvirtúen, violen o actúen en forma que evadan la sección dicha 25 de la refe-rida ordenanza, que requiere que se haga un chaflán con las dimen-siones y forma que determina la misma ordenanza, resolviendo en todo caso que los demandados vienen obligados a hacer dicho cha-flán y préviamente deben obtener permiso del demandante para ve-rificar tales reconstrucciones,' con los demás pronunciamientos del caso.

Las secciones 7 y 25 a que se ha hecho referencia son las siguientes:

“Sección 7. — La ejecución de toda clase de obra de construcción, reparación de edificios, casas y vías públicas, así como toda variación o traslación que pueda afectar \l omato públido en las zonas nos. 1 y 2, necesita ser autorizado por la administración municipal, den-tro de la legalidad vigente en la materia. En la zona número 3 donde sólo hay necesidad de licencia para las construcciones junto a las carreteras insulares deberán las que en adelante se hagan se-guir la alineación de las calles limítrofes, debiendo guardarse la se-paración de un metro entre la casa y la cerca.”
Sección 25. — En todo solar en esquina, en toda nueva edificación en un solar que estuviese situado en esquina, en todo edificio que ocupa una esquina en el que se hiciese modificación o alguna repara-ción, su dueño queda obligado a cortar el chaflán en el edificio re-parado o modificado en una forma de triángulo, en el cual cada uno de los lados inmediatos a la calle medirá tres metros como mínimum, partiendo de la esquina d!el solar sin contar el ancho que corresponda a la acera; Disponiéndose que en las esquinas en que baya sido dado un chaflán que tenga más o menos dimensiones que la medida seña-lada en está sección, servirá aquel de base en dimensiones y formas que los restantes. El municipio abonará el importe del terreno to-mado por el chaflán con arreglo al tipo de la última tasación insular; Disponiéndose i que en los casos en que el municipio ordene el corte de una esquina para darle la forma de chaflán como medida de seguridad pública en edificios o solares que no estén reparándose-ni modificándose, todos los gastos que origine la modificación del' corte ordenado, corre por cuenta y' cargo del mismo municipio. Cuando se construya un edificio o se modifique solo será indemnizado el importe del terreno dado al servicio público y en tales casos solo bastará dirigirse al concejo municipal acompañando una certificación del terreno cedido, suscrita por el ingeniero municipal y un recibo de la contribución insular; Dispoméndose que las nuevas urbanizacio-nes obedecerán a planos aprobados por el Departamento de Obras Públicas Municipales y los chaflanes tendrán el ancho de la calle-más estrecha del cruce de las dos, de modo que el conjunto forme un octágono y en este caso de nueva urbanización el municipio no abonará nada por el terreno que ha de ponerse al servicio público por efectos de los chaflanes.” .

Se alegó en la demanda que el demandado estaba derri-bando y reconstruyendo sin tener el debido permiso y cum-plir con la sección 25 de la ordenanza que exigía a los due-ños de solares situados en esquinas cortar un chaflán en el edificio que se repare en forma de triángulo o prisma, sepa-rado del edificio; en otras palabras, la ordenanza requería que la línea donde se prohibía la construcción en cada calle fuera de tres metros de distancia de la esquina del solar.

El apelado alegó en la corte inferior que obtuvo dicho-permiso, que no estaba derribando y reconstruyendo sino solamente haciendo en la casa las reparaciones necesarias-como consecuencia del terremoto de octubre 11 de 1918, y también mediante excepción previa sostuvo que la ordenanza era anticonstitucional por varias razones, entre otras, por ser ultra vires, esto es, por estar fuera de las facultades del municipio.

La corte dictó sentencia a favor del demandado, nomi-nalmente, al menos, sobre la excepción previa. Sin embargo, se celebró un juicio en el que la prueba tendía a mostrar que se había concedido al demandado un permiso para edi-ficar. La sentencia de la corte inferior, después de una ex-cepción previa, contestación y juicio como en este caso, más propiamente debió haber sido general y por el fundamento de que la ordenanza era anticonstitucional, o ultra vires; pero nada se sugiere en el alegato del apelante en cuanto a que el apelado estaba edificando sin tener un permiso, he-cho que se admitiría si el caso tuviera que resolverse sobre la excepción previa. ' Por el contrario, el apelante sostiene que como el apelado consideró necesário de acuerdo con la ordenanza, obtener tal permiso, estaba cohibido e imposibi-litado para negar la validez 'de la sección 25 de la referida ordenanza. De modo que al considerar esta apelación, no la miraremos como promovida únicamente por excepción pre-via, en la cual todos los hechos de la demanda tendrían que tenerse por ciertos, sino que debemos considerar la senten-cia después de un juicio como una donde la cuestión de si se había concedido este permiso vel non quedó excluida por el juicio y por los actos de las partes, y que la sentencia se dictó sobre la cuestión legal tal como fué promovida por la excepción previa, contestación y juicio. Por tanto, conside-raremos el punto de la validez de la sección 25 de la orde-nanza como que está enteramente ante nuestra consideración.

La corte inferior, después de referirse a la sección 25 de la ordenanza, llama la atención hacia el hecho de que en una parte de ésta el municipio ofrece indemnizar a los due-ños, pero no ofrece hacer tal indemnización cuando la parte prismática o chaflán ha de dedicarse al servicio público. Por consiguiente,. dice la corte que la ordenanza revela un espí-ritu de expropiación forzosa y que la propiedad del deman-dado no puede ser expropiada hasta que hayan sido debida-mente puestos en ejecución los procedimientos de expropia: ción forzosa, con la necesidad previa de una declaración de utilidad por el organismo correspondiente y la compensación al dueño; que la ordenanza haría que un propietario cediera su propiedad sin el debido proceso de ley, y también declara la corte que el caso ante ella era uno en el cual el' municipio se comprometía a indemnizar al dueño de acuerdo con el tipo de tasación anterior.

Sostiene el apelante que éste no era un caso en que el municipio trataba de adquirir una parcela de terreno, sino solamente obligar al demandado a cortar un triángulo o pris-ma en su solar en el cual no puede edificar, o edificar de acuerdo con el permiso concedido.

Convenimos con el apelante en que no consta claramente qué era lo que el municipio podía hacer o haría después de cortado el triángulo, pero sí vemos muy claro que el apelado, de tener que observar la ordenanza quedaría tal vez privado de restaurar su casa a su anterior condición, o se vería qui-zás obligado a demoler una parte de ella, y ele todos modos estaría impedido de poder usar la parcela triangular para fines de edificación. Y cuando un hombre está impedido por la autoridad superior de poder usar una parte de su pro-piedad en la forma en que crea conveniente para fines de construcción u otros semejantes, el acto de la autoridad superior es un acto de expropiación forzosa que solo puede ejercitarse de acuerdo con la ley de expropiación forzosa.

Se queja el apelante del proceder del apelado al obtener un permiso para edificar y violar entonces una condición del permiso como le fué concedido. Sin embargo, el apelado es-taba obligado a obtener el permiso pero tenía derecho a pa-sar por alto la condición si ésta era una que el municipio no tenía derecho a imponer. No podemos convenir con el ape-lante en que hubo algún engaño puesto en ■ práctica contra el municipio al obtener este permiso y no cortar entonces el triángulo.

Sostuvo también el apelante que la expropiación forzosa solamente es necesaria para ciertos fines que se mencionan en la ley ele 1903, pero según ya fiemos indicado y sin con-siderar qué es lo que puede ser expropiado específicamente de acuerdo con la ley, no podemos convenir con el apelante en que la dedicación oblig'atoria del terreno para fines pú-blicos no sería un acto de expropiación forzosa. Alega el apelante que en ninguna parte de la ordenanza se dice que el terreno se convertirá en propiedad pública, pero tal sería el efecto necesario de la ordenanza si quedara finalmente in-cluido el triángulo en la acera o tuviera el demandado que establecer una línea donde se profiibe edificar. Si el muni-cipio quiere adquirir este terreno o desea restringir las cons-trucciones, la falta de una facultad conferida por la Legis-latura a dicho municipio para expropiar no hay medio al-guno que no sea el procedimiento existente de expropiación forzosa.

Los autos en este caso dejan en cierta duda el hecho de si en realidad el municipio por el efecto inmediato de la or-denanza adquiere la propiedad, pero convenimos con la corte en que la ordenanza no constituía debido procedimiento de ley. La corte también tuvo razón, como entendemos al sos-tener que la ordenanza.trataba de poner-en ejecución un acto de expropiación forzosa.

Todo dueño tiene derecho al libre uso de su propiedad para fines de edificación hasta tanto la Legislatura, mediante el debido procedimiento le prive de tal derecho. Tal facul-tad puede ser delegada a un municipio. Son muy amplias las facultades de reglamentación pública (police power) de' un municipio, pero el apelante no ha demostrado que el acto que aquí se trata, de ponerse en vigor, cae dentro de la fa-cultad de reglamentación (police power) del pueblo de Ponce, independientemente de la debida compensación al dueño. 1 El objeto en exigir este corte de la propiedad no lo expresa la sección 25 y además no consta que la salud o seguridad pú-blica hacían necesario el cambio que persigue la ordenanza. Es verdad, como se dice en el tomo 12 de Corpus Juris, pág. 931, que “puesto que la misma base de la reglamentación pública (police power) es un dominio que se ejerce sobre los intereses privados para el bienestar del público, un es-tatuto u ordenanza no resulta anticonstitucional por el mero lieclio de que los derechos privados de personas o de la pro-piedad estén sujetos a restricciones, o porque resultara per-dida a los demandados de ser puestos en vigor.” Pero no podemos ver que este acto estuviera comprendido dentro de las facultades de reglamentación pública de la ciudad de Ponce sin mediar el procedimiento adecuado de expropia-ción. No importa que los procedimientos de expropiación forzosa sean difíciles en Puerto Rico o que requieran la in-tervención del Consejo Ejecutivo o su substituto.

Deploraríamos tal vez, la actitud ele los ciudadanos de Ponce si con solo liacer pequeños sacrificios y someterse a la ordenanza pudieran mejorar la belleza de su ciudad y no lo hicieran, pero no tenemos ninguna idea por los autos de cual sería el gasto o dificultad con que tropezaría el ape-lado si estuviera obligado a cumplir con la sección 25. Se-gún entendemos' la demanda y el alegato, lo más que puede alegarse en favor de esta ordenanza es que tiende al ornato público. Se lia resuelto casi universalmente que un Esta-tado o Municipio no puede, sin compensación, por virtud solamente de lina facultad de reglamentación pública (police power) limitar para fines puramente de estética el uso a que pueda dedicar un ciudadano su propiedad. Wineburgh Advertising Company v. Murphy, 21 L. R. A. (N. S.) 735 y Haller Sign Works v. Physical Culture Training School, 34 L. R. A. (N. S.) 998, y notas; Byrne v. Maryland Realty Company, L. R. A. 1917 A. 1216-20.

T semejantes consideraciones son de aplicación cuando las autoridades tratan, como en este caso, de establecer, sin la debida compensación, una línea donde se prohíba edificar. Eubank v. Richmond, 42 L. R. A. (N. S.) 1123; Willison v. Cooke, 44 L. R. A. (N. S.) 1030; Fruth v. The Board of Affairs of the City of Charleston, L. R. A. 1915, c. 981. El apelado en la corte inferior también citó la obra de Mac-Qnillan sobre corporaciones municipales, tomo 3, pero no te-nemos esa obra ante nuestra consideración.

Y en el caso de Municipio de Ponce v. Gely, 25 D. P. R. 150, citado por la corte inferior, dijimos lo siguiente: .

“No puede negarse que el desarrollo y embellecimiento de las modernas ciudades exigen que los municipios tengan grandes facul-tades para adoptar y bacer cumplir medidas tendentes a ese fin no importando 'lo radicales que a primera vista parezcan, siempre desde luego que no opriman de modo injustificado a los ciudadanos ni los despojen de su propiedad sin el debido proceso de ley.”

Ya que el municipio de Ponce deseara adquirir o no el título, hubiera privado al dueño de tal propiedad sin el de-bido procedimiento que envuelve la justa compensación. Por tanto, no importaba necesariamente que el apelado infrin-giera una de las condiciones que acompañaba al permiso para edificar.

De quedar alguna duda sobre este punto debe resolverse por la naturaleza ele la acción sometida a nuestra conside-ración. La demanda es una solicitud para que se expida mandamiento de injunction, que es un procedimiento en equi-dad; de ahí que son aplicables las máximas tales como “Aquel que solicita equidad debe hacer equidad”, y otras semejan-tes. La corte siempre tiene amplia discreción en casos de injunction y no expedirá el auto de resultar en injusticia o despojo de la propiedad de un demandado. Ni puede un demandante en un pleito de injunction insistir en que los términos de un permiso han sido infringidos, cuando tales términos son anticonstitucionales y nulos.

• La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Municipio de Ponce, Demandante Apelante v. Santos, Demandado Apelado. Municipio de Ponce, Demandante y Apelante v. Chevalier et al., Demandados y Apelados. Municipio de Ponce, Demandante y Apelante v. Parra et al., Demandados y Apelados. Municipio de Ponce, Demandante y Apelante v. Cintrón, Demandado y Apelado. Municipio de Ponce, Demandante y Apelante v. Vives, Demandado y Apelado. Municipio de Ponce, Demandante y Apelante v. Alvarado, Demandado y Apelado.
    Apelaciones procedentes de Ja Corte de Distrito de Ponce en pleitos sobre injunction.

    Nos. 1952, 2615, 2016, 2061, 2079, y 2080.
    Resueltos en abril 15, 1920,
    respecti-vamente, por los fundamentos del caso No. 1951, Mmiicipia de Ponce v. Vmi-drell, de abril 15, 1920 (pág. 329).
    Abogados de los apelantes: Sres. A. Lastra j M. Guerra.

    Abogados de los apelados: Sres. Parra & Pérez Mar-chand, J. Tons Soto, F. M. Toro, G. Rodríguez y A. Ortiz Toro.

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arrieta, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa por infracción de la ley de automóviles.
    No. 1467.
    Resuelto en abril 16, 1920.
    Pkueba — Evidencia Voluntariamente Suprimida. — El dejar de presentar a un testigo cuya declaración por algún motivo no tiene importancia relativamente) o es acumulativa o inferior a la de otros testigos que han declarado en el jui-cío, no constituye una supresión voluntaria de pruebas, ni sostiene por tanto la inferencia de que de haber declarado dicho testigo ausente su declaración hubiera sido adversa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. Querrá e 1. Soldevila.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Arrieta fné declarado culpable de una infracción del artículo 12, disposición D, de la ley “para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines”, aprobada en abril 13 de 1916. La sección a (pie se ha hecho referencia prescribe lo siguiente:

“(a) Las personas que manejan vehículos de motor en los ca-minos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado . y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de 'vidas y propiedades.”
“ (d) Los vehículos de motor que transitan por caminos públi-•eos deberán marchar lo más a la derecha que fuere posible, y esta precaución deberá observarse particularmente cuando se está do-blando una curva. En este caso deberá siempre darse aviso con la bocina o aparato de alarma.”

La sección 18 de la misma ley prescribe que las infrac-ciones de las disposiciones de esta ley serán consideradas 'como delitos menos graves y castigados con multa o prisión.

' Se alega en la acusación que el día 18 de marzo de 1919, en el kilómetro 113, entre los hectómetros 9 y 10 de la carre-tera de Quebradilla a Isabela, el acusado Ramón Arrieta voluntaria, ilegal y negligentemente, manejando un automóvil y doblando una curva llamada “Bajada de Guajataca” lo hizo por su izquierda y sin tomar la precaución de dar aviso ■con la bocina u otro aparato de alarma, lo que ocasionó el •choque con otro automóvil manejado por Luis Fernández en ■dicho sitio.

Insiste el aperante en que la corte inferior cometió error al apreciar la prueba y no conceder al acusado el beneficio de la presunción de que la declaración de un policía que llegó al sitio de los sucesos poco después de haber ocurrido el choque de haber sido presentada por el fiscal, le hubiera sido adversa.

Luis Fernández, el chauffeur a quien' se menciona en la acusación, declaró que él bajaba con su automóvil por la parte cerrada ele una curva que estaba a su derecha próxima a la montaña y se enfrentó con el automóvil Studebaker que guiaba el acusado, el cual se le fué encima al auto que con-ducía el testigo; que supo que venía el automóvil del acu-sado cuando ya lo tenía encima, pues no tocó bocina ni dió ningún aviso; que su automóvil sufrió la rotura del bumper y del guarda lodo izquierdo y que el bumper, identificado por el testigo fué doblado por la rueda del auto del acusado; que el testigo iba manejando un automóvil Dodge como de un año de uso; que el testigo tocaba su bocina y caminaba con el motor apagado embragado en segunda y no oyó ningún aviso del otro; que el Studebaker es un carro más potente que el Dodge; que el testigo insistió en que los carros per-manecieran donde estaban y fué a Quebradillas a buscar a un policía; que a la izquierda de la carretera habían mon-tones de piedra situados a nueve pies delante del carro Studebaker ; que el testigo no- sabe si el policía que midió presentó una denuncia.

Augusto Fout que se encontraba en el carro guiado por Fernández, declara que iban bajando una curva y tocando constantemente la bocina; que el testigo no oyó aviso alguno del otro automóvil sino que lo vió cuando ya estaba encima de ellos; que el otro carro, guiado por el acusado, venía por la izquierda de la carretera; que el testigo estaba en el asiento de atrás a la derecha, al lado de la montaña y fué lanzado por ese lado de la puerta que se abrió.

Telesforo Cabán, que era otro pasajero del Dodge declaró que en los momentos de tomar la curva asomó otro auto-móvil por su izquierda, guiado por el acusado, y chocó con ellos; que el testigo no oyó absolutamente ningún instru-mentó de alarma del otro carro; que el carro en el cual el testigo viajaba iba por la derecha de la carretera; que ba-jaba despacio y tocaba la bocina; que los dos automóviles quedaron enlazados y el automóvil de Arrieta arrastró al otro hacia el centro' de la carretera, haciéndolo parar a dos pasos cortos de la cuneta.

Andrés B. (‘rosas, dueño del auto Dodge, y también uno de los pasajeros, declara que antes de doblar la curva su chauffeur tocó la bocina; que iban a una velocidad reducida, y ellos, que iban a su derecha, no pudieron meterse más por-que iban a chocar con la pared donde hay un alto, que de pronto se presentó el otro carro, el cual chocó con ellos sin dar aviso; que el otro carro iba por la izquierda de la carre-tera metido en la curva que era bien cerrada, y que la rueda delantera del otro carro cogió el bumper del carro • del tes-tigo como a una cuarta de donde se quedó fijo en la sopanda, quedando los dos carros enredados.

La prueba de la defensa consistió en la declaración dé Eamón Arrieta, al efecto de probar que iba subiendo una cuesta donde había piedras trituradas y un precipicio a su derecha, conservando su derecha y tocando el klaxon; que Fernández iba bajando con mayor velocidad; que el testigo iba subiendo una cuesta en segunda porque su carro estaba malo y Fernández se turbó cuando lo vió; que el testigo ca-minaba pegado a las metradas de piedra, aplicó el freno y paró sn carro frente a las metradas; que Fernández se turbó, desvió a la izquierda y Font fué lanzado por la puerta del carro y cayó como a dos metros frente al carro; que si hu-biera ido el otro carro por la derecha hubiera dado contra la montaña y no en la carretera; que Eamón Arrieta, primo del testigo, la señora de éste, y su cuñada, quien recibió una herida en el laclo izquierdo, iban en el carro con el testigo;, que el testigo vió. a un policía que llegó en un coche, a quien fué a buscar Fernández, el cual hizo una investigación e in-formó a su favor; que cuando llegó el policía su carro estaba frente 'a la metrada de piedras, pegado, habiendo parado-como a una cuarta casi en el metro; que fue Crosas quien mandó a buscar el policía.

El apelante cita, de la obra de “David, Ley sobre Ve-hículos de Motor,” las secciones 94 y 95, las cuales son como siguen:

“Sección 94. — Una persona que maneja un automóvil y otra que va legalmente por el camino en otra forma, ordinariamente tienen iguales derechos al camino y cada una de ellas está en la obligación de ejercitar su derecho con el debido miramiento al derecho del otro. Ambas partes tienen iguales deberes de acuerdo con la ley.
“Sección 95. — Deberá ejercitarse razonable cuidado para evitar un accidente tanto por los que manejan vehículos de motor, como por las demás personas que se encuentran en las carreteras, cada una de las cuales tiene derecho a 'suponer que la otra cumplirá con este deber. El conductor de un automóvil tiene derecho a suponer y a proceder por virtud de la suposición de que toda persona a quien encuentre ejercitará ordinario cuidado y precaución de acuerdo con las circunstancias y no se expondrá a ningún peligro por su negli-gencia. o descuido, sino que más bien tratará' de evitarlo. Y las personas que legalmente se encuentren en la calle o carretera no es-tán obligadas a suponer cpie habrá negligencia por parte de los automóviles que pueda causarle perjuicios.”

Se Lace esta cita, según parece, por tener relación con el derecho del acusado y el deber de Fernández, pero es igual-mente aplicable al derecho de Fernández y a] deber del acu-sado. T es la conducta del acusado y no la de Fernández la que tenemos que ver en primer término.

El mismo autor dice que “en el manejo de vehículos (le motor los conductores deben obedecer la ‘ley del camino’ ” (sec. 100). Y continuando la discusión de “las reglas del camino,” se dice que “la violación de estos preceptos, de acuerdo con la regla que ha sido reconocida por el peso de las autoridades, constituye negligencia. Si un choque tiene lugar y resulta que una de las partes iba por el lado que no debía llevar en el camino, la presunción generalmente está en contra de tal persona.” (See. 104).

Y se dice además que “los conductores de vehículos de motor están mutuamente obligados a acatar las reglas de carreteras, y se les somete a mayor obediencia, al parecer, que a los conductores de vehículos más livianos y de menor velocidad.” See. 170.

Sin embargo, la cuestión en 'el presente caso, como ya hemos indicado, no es si la negligencia del acusado fue o no la causa próxima del choque, o si Luis Fernández era o no culpable de negligencia contributoria, sino pura y simple-mente si el acusado en el momento en cuestión, al doblar la curva, tomó el lado izquierdo de la carretera y dejó de tocar su bocina en abierta violación del claro precepto esta-tutorio anteriormente citado. La prueba en cuanto a esto era contradictoria, como se indica en la anterior reseña, y no podemos decir que la corte sentenciadora cometió error al aceptar la declaración de los testigos de la acusación con preferencia a la declaración no corroborada del acusado, por constituir la verdadera versión del accidente.

El apelante no cita ninguna autoridad en apoyo de su segundo señalamiento de error que no sea la vag-a alusión que hace a la Ley de Evidencia y según parece no tiene gran confianza en este punto. El artículo 102 de la Ley de Evidencia, al enumerar ciertas presunciones disputables, men-ciona las siguientes:

(5) Que la evidencia voluntariamente suprimida resultará ad-versa si se ofreciere:
(6) Que toda evidencia superior habrá de ser adversa a la pre-sentación de otra inferior.
“La omisión en presentar al tribunal alguna circunstancia, docu-mento o testigo, cuando la parte misma o su adversario alegan que los hechos que así han de dilucidarse sirve para indicar, como con-secuencia más natural, que la parte teme hacerlo y este temor es cierta prueba de que de ser presentada la circunstancia, o documento, o testigo, hubiera revelado hechos no favorables a la parte. Estas inferencias, es cierto, no pueden justamente hacerse excepto bajo ciertas condiciones;• y están también sujetas siempre a quedar acla-radas por circunstancias que hacen que alguna otra hipótesis sea más natural que el temor de la parte por su exposición. Pero en general no se duda de la corrección de tal inferencia. La no presen-tación de prueba que naturalmente debió baber sido presentada por un litigante honrado y por tanto que no teme, permite bacer la. in-ferencia de que sn contenido no es favorable a la causa de la parte.” Wig-more sobre Evidencia, Sección 285.
“Queda alguna incertidumbre en la consideración judicial de ciertas condiciones preliminares a la inferencia. Es claro que la in-ferencia se basa no en el simple becbo de que determinada persona no ba sido presentada como testigo, sino en no presentarla cuando sería natural suponer que dicha persona hubiera sido presentada si los hechos que conocía hubieran sido favorables.” Idem., see. 286.
“Parece ser claro que una persona podría muy bien prescindir por las razones generales relativas a gastos e inconvenientes sin te-mer al contenido de sus declaraciones de testigos cuyas declaracio-nes por alguna razón no son relativamente importantes, o que son acumulativas o inferiores. En otras palabras, expresándolo más fuertemente existe una limitación general que en su aplicación de-pende de los hechos de cada caso que la inferencia no puede lógica-mente deducirse, como no sea de la no presentación de testigos cuyas declaraciones serían superiores en cuanto al hecho que ha de pro-barse. Esta limitación no debe exijirse con ningún rigor, pues de otro modo prácticamente quedaría sujeta a oposición, pero en prin-cipio es saludable y a menudo ha sido reconocida.” Idem., sección 287.

En el presente caso el-testigo Fernández se refiere a la marca que dejó el automóvil al patinar y fija la distancia que aparentemente midió el policía que había entre el frente del Studebaker y el montón de piedras. El doblez o rup-tura del bumper fue presentado en el juicio y varios tes-tigos declararon más o menos detalladamente en cuanto a las condiciones físicas. El policía no fue testigo ocular de lo que realmente- ocurrió y sólo pudo haber declarado res-pecto a los hechos físicos que fueron observados por él a su llegada. En tanto en cuanto aparece de los autos, su de-claración hubiera sido meramente acumulativa y en todo caso no pudo haber declarado de nada que al parecer no fuera conocido de las otras personas que se encontraron presen-tes al ocurrir el accidente quienes comparecieron al juicio. En vista de las circunstancias no resulta absolutamente claro que su declaración hubiera constituido “mejor prueba” que la que verdaderamente fue aducida, o que la misma fue vo-luntariamente eliminada por el fiscal.”

Pero a menos que tengamos que asumir que la corte inferior adoptó tal criterio sobre el particular, no existe nada en los autos que demuestre que el acusado no recibió el com-pleto beneficio de la presunción de que de ser presentada la declaración del policía, hubiera sido adversa a la acusa-ción. Y como quiera que esto fuere, hemos reseñado lo su-ficiente de la prueba para demostrar que si el juez senten-ciador estaba inclinado a creer, como evidentemente creyó, a los testigos del gobierno, entonces la consideración de tal presunción sin otra cosa, difícilmente podría haber afectado al resultado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolí?,

text:
    Márquez, Demandante y Apelado, v. Sucesores de Abarca, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un pleito sobre daños y perjuicios y cumplimiento de contrato.
    No. 1996.
    Resuelto en abril 16, 1920.
    INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO — COMPRAVENTA DE PLANTA REFRIGERADORA- — OBLI- • gación del Comprador. — No es el vendedor de una planta refrigeradora el que está en el deber de averiguar cuáles eran las necesidades del comprador al objeto de suplir una planta que las dejara satisfechas; y los daños que se alegan causados no pueden ser reembolsados a menos que las exigencias del comprador hayan sido reveladas al vendedor y que éste, expresa o implí-citamente se hubiera obligado a satisfacerlas.
    Id. — Id. — Cuando se vende una planta refrigeradora para conservar de seis a ochocientas libras de pescado y conserva la cantidad mínima por lo menos, o algo más, entonces no puede alegarse que la planta no se ha ajustado (al convenio; y si no habiéndose convenido el tigmpo que había de durar la con-servación, ésta no dura el tiempo que necesita el comprador, éste deberá de-mostrar que la planta no podía conservar dicha cantidad por un período de tiempo razonable de acuerdo con la costumbre generalmente seguida en el negocio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: 8r. F. Boto Gras.

    Abogado del apelado: 8r. G. Travecier.

   El Juez Asociado Sr. Wolí?,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso sometido a nuestra consideración la teoría del demandante era que la demandada convino en suministrar al demandante una planta refrigeradora completa y eficiente para la completa conservación de pescado, pero la corte, al dictar su sentencia a favor del demandante se apartó algo de esa teoría. El parecer de la corte como ha sido expre-sado en su opinión fué en parte como sigue: que el deman-dante escribió a la demandada pidiéndole un presupuesto para una planta refrigeradora de ciertas dimensiones que se describen en la demanda, manifestándole que la necesi-taba para un negocio de pescado y que dicha planta debía tener frío suficiente para conservar el pescado.

La corte declaró probado que el demandante conocía muy poco de instalación de plantas refrigeradoras; que él tenía un negocio de pescado para realizarlo en San Juan trayén-dolo de fuera y conservándolo en una planta de refrigera-ción; que en persecución de esta idea en su carta de febrero 13 de 1917 pidió un presupuesto de la planta, haciendo la indicación del objeto para qué la necesitaba; que la deman-dada, después de consultar al perito Estebanez dió el pre-supuesto como aparece de la carta de febrero 19, 1917 y re-comendó un tanque especial para mantener la temperatura requerida, sin necesidad de que el compresor trabajara cons-tantemente'; que éllos tuvieron una entrevista en San Juan y era para la corte indudable que en la entrevista el deman-dante explicó satisfactoriamente a la demandada lo qué ne-cesitaba y el negocio a que iba a dedicar la planta; que de aquí nació la especifica&ión que aparece en el exhibit “F” del demandante en el que se describe la planta, y que este exhibit “F” tenía directa relación con el exhibit No. 1 de la demandada del que aparece un diseño del cuarto de refri-geración y que la temperatura para el interior era de 32 grados y la capacidad para enfriar de 600 a 800 libras de pescado, de 85 a 32 grados; que la planta fué construida pol-la demandada en agosto de 1917; que desde el primer mo-mento la planta funcionó mal y el pescado se descomponía por falta de frío suficiente para su conservación, porque no daba, una temperatura regular y constante de 32 grados Fa-renheit 3r quizás porque esa misma temperatura no era lo suficientemente baja para conservar el pescado; que dicho pescado se descomponía en dos o tres días y aun en menos tiempo; que el experto de la demandada tuvo conocimiento de ese hecho e intentó remediarlo, pero sin éxito; que así continuó funcionando la planta sin que en realidad pueda decirse que la demandada la hubiera entregado al deman-dante en condiciones de trabajar para lo que el demandante la necesitaba; que la corte creyó que la prueba la autorizaba a afirmar como lo hizo, que la causa de que la planta no hiciera su trabajo bien era que algunos de los aparatos de la misma eran insuficientes, como el condensador; que el cuarto o cámara estaba mal construido y mal aislado y no conservaba el frío o la baja temperatura, y que, como con-secuencia el pescado se conservaba por muy breve tiempo sin descomponerse; que el demandante no pidió una planta para congelar el pescado y guardarlo así poco menos que indefinidamente y que el - demandante no lo ha pretendido así, pero que era indudable que él explicó su negocio al ex-perto Estebanez y a la demandada y éstos sabían que él quería conservar el pescado que dedicaba a la venta; que no era lógico suponer que él solamente deseaba conservar el pescado por algunas horas y no por varios días y por tanto que la defensa en ese sentido no era suficiente; que el de-mandante una vez que tía explicado que su objeto es tener una planta para producir frío que le conserve el pescado en condiciones de venderlo ya lia cumplido su parte y que la demandada tenía el conocimiento técnico necesario que no tenía el demandante; que la demandada podía investigar para asegurarse de lo que necesitaba, el demandante con toda exac-titud y entonces hacer el presupuesto y entrar en el con-trato; que la demandada no podía excusarse fundándose en que la planta no había sido vendida para congelar pescado, puesto que la carta de febrero 13 de 1917 les decía: “el ne-gocio mío es de pescado y debe tener la planta el frío sufi-ciente para conservar este producto”. La corte declaró que no se probó que el demandante tuviera la puerta del cuarto o cámara fría abierta tan constantemente o tan amenudo que esto produjera la subida de temperatura en la cámara, pa-sando entonces la corte a considerar los daños y perjuicios, dictando sentencia no solamente por los daños realmente oca-sionados sino exigiendo a la demandada que instale una planta refrigeradora para la conservación de pescado.

En otras palabras, sostuvo la corte que éste era un con-trato por el cual las necesidades del comprador fueron cono-cidas del vendedor y que éste se comprometió a dar cum-plimiento a dichas necesidades. La corte expresó además que el compresor y la cámara no tenían capacidad suficiente pero era solamente otra manera de decir que el aparato no se ajustaba a las especificaciones, necesidades o exigencias del demandante.

La conclusión de la corte necesariamente no puede sig-nificar nada más que bajo las condiciones en que la planta-era manejada por el demandante el compresor y cuarto de refrigeración no eran eficientes. Determinadas de tal modo las necésidades del comprador como base del contrato, la corte asumió entonces, sin analizar más en qué consistían estas alegadas necesidades que las mismas no fueron cum-plidas.

No creemos que el demandante sostiene que sus exigen-cias o necesidades no tenían que ser manifiestas para el ven-dedor. En cierta parte de su opinión sugiere la corte que el demandado debió haber averiguado cuáles eran las nece-sidades del demandante pero no podemos seguir enteramente a. la corte en esta sugestión y. estamos obligados a resolver que las exigencias y necesidades del comprador deben reve-larse. Fuera de la descripción de la planta como aparece en los escritos no controvertidos de las partes, el único ele-mento adicional que aparece de la prueba documental y tes-tifical en el cual insiste el demandante era el de haber es-crito él una carta manifestándole a la demandada que éste era un negocio de pescado y deseaba una planta que debía tener el frío bastante para conservar pescado.

En el examen del demandante quedó claramente probado que él esperaba que la planta pudiera conservar de 1,200 a 1,500 libras de pescado por tres semanas. El demandante en una carta escrita bastante tiempo después de la instala-ción dijo que él indicó que quería conservar el pescado por quince o veinte días manifestando que no lo hizo bajo jura-mento aunque tuvo oportunidad de hacerlo. Fuera de esto, en cuanto a la cuestión relativa al período de tiempo que había de conservarse el pescado no existía prueba alguna de que el demandante manifestara alguna vez a la deman-dada o a sus agentes que él deseaba la planta para conser-var pescado por un período tan largo o en verdad por algún período de tiempo determinado. Los autos nada dicen res-pecto a la costumbre seguida en el negocio con excepción de la costumbre de este comerciante en particular y nada sabemos acerca del período corriente durante el cual debe conservarse el pescado. Por el contrario, la prueba tiende a mostrar como propiamente insistió la demandada que el negocio del demandante era de carácter transitorio, que él generalmente compraba pescado en pequeñas cantidades y vendía la mayor parte de su pescado fresco inmediatamente y solo deseaba la planta para la conservación del que le que-daba. No existe prueba alguna en los autos que siquiera sugiera que esta conservación por un período de tiempo tan largo hubiera sido tenida en cuenta por una u otra de las partes antes de que el contrato fuera realménte consumado. Se ha demostrado que la planta, excepción hecha quizás de un solo caso, prácticamente durante todo el tiempo que fue usada, conservó el pescado de tres a seis días. Las condi-ciones a que estaba sujeta la planta cuando el pescado se dañaba no han sido demostradas por la prueba, asunto al cual volveremos a referirnos. El demandante se mostró sa-tisfecho con probar en términos generales que en varias oca-siones el pescado se dañaba o ablandaba y tenía que botarse.

Que la cantidad de 600 a 800 libras era la especificada en las negociaciones resultó claro del peso de la prueba y de la opinión de la corte de modo que no discutiremos exten-samente la cuestión. Bajo la teoría de corresponder la planta a les necesidades de Márquez Roig lo más que entonces po-dría exigirse a la sociedad Sucesores de Abarca era que suministrara una planta capaz de conservar de 600 a 800 libras de pescado por un período razonable de tiempo. Era‘ el deber del demandante mostrar que Ja conservación del pescado por el término de tres o cuatro días no era un pe-ríodo de tiempo razonable sino que debía haber sido mayor, pero más particularmente era necesario que él mostrara que con sujeción a la conservación del pescado en cantidad no mayor de seis a ochocientos libras, la planta no prestó el servicio que se convino. Creemos que esto no lo hizo el demandante.

El demandante, en la silla de testigo, declaró que de tiempo en tiempo tenía que botar alrededor de 1,500 libras de pescado, pero no explica en qué circunstancias lo hacía. Dijo que tenía por costumbre vender el pescado más fresco y expresa su empleado que en ocasiones tenía tanto como mil libras allí de una sola vez. Existe cierta indicación de que el mismo Márquez Roig trató de hacer que la planta conservara hasta 1,400 libras las cuales manifiesta él que podía contener dicha planta. De todos modos se ha suge-í'ido la posibilidad y ciertamente no lia quedado excluida de que cuando el pescado se descomponía era porque se ponía en la planta demasiado pescado para los fines del contrato. Tampoco está excluida la posibilidad de que entre 1,400 ó 1,500 libras de pescado descompuesto que se botaba en va-rias ocasiones, parte de ellas por lo menos pudieran haber estado en la planta por un largo período, o alguna parte del mismo; basta puede que no haya estado en buena condi-ción al ser colocado en la planta.

Se insistió algo en el hecho de utilizar al experto Este-banez el demandado. El en realidad actuó para el deman-dado, instaló la planta o por lo menos se encontraba por allí cuando la planta fue instalada, pero desde el momento en que quedó instalada la planta su intervención quedó limi-tada a una tentativa para que la planta respondiera a las condiciones bajo las cuales el demandante deseaba que fun-cionara. Quedó establecido que este experto le indicó al pre-tendido comprador la diferencia que había entre una planta que podía congelar pescado y conservarlo por mucho tiempo, que es mucho más costosa, y una que meramente mantenga una temperatura de unos 32 grados Farenheit.y que Már-quez Eoig eligió la última clase de planta. Tampoco hay dis-cusión de que la clase de aparato entregado es capaz para alcanzar ordinariamente este grado de frío. El aparato en la práctica no alcanzaba completamente esta baja tempera! tura. Las partes difieren desde luego en cuanto a sus teo-rías por esta deficiencia. El apelado alega que la planta no era suficiente pára cumplir con el supuesto contrato y los apelantes sostienen que el defecto de la planta en no registrar 32 grados era por razones debidas al comprador así como el abrir y cerrar las puertas,, la excesiva cantidad de trabajo que se daba al aparato y otras causas que no de-penden del aparato mismo. El experto del apelado señor Seitz al ser examinado declaró que la planta no era defec-tuosa, sino que era una buena marca de aparato.

Además, cuando se vende una planta para conservar de seis a ochocientas libras de pescado y conserva la cantidad mínima o por lo menos algo más, entonces no puede ale-garse que la planta no se ha ajustado al convenio. Como liemos dielio antes, el demandante estaba en la obligación de demostrar que la planta no podía conservar de seis a ochocientas libras de pescado por un período de tiempo ra-zonable. lili demandante no demostró que la planta no con-servara de seis a ochocientas libras de pescado. La posi-bilidad de que por lo menos se trató de que conservara unas mil libras está indicado por la prueba. El demandante dice que él deseaba conservar grandes cantidades de pescado para vender a los vapores, pero que esto era parte de su negocio y que se le puso de manifiesto a la demandada no está reve-lado en autos. La prueba sí revela sin embargo que una parte del pescado que había de tirarse trató de venderse a los vapores.

Purity Ice Company v. Hawley Down Draft Furnace Company of Maryland, 22 Appeal Cases D. C. 573, fué un caso en el que se vendió un horno garantizándose que con él se harían ciertas cosas y la corte resolvió que el comprador estaba en la obligación de probar que el horno no se’ ajus-taba a los modelos garantizados. Márquez Roig recibió la planta refrigeradora, la usó por dos o tres meses y conservó cantidades de pescado en ella, y ciertamente estaba él en la obligación, como hemos dicho, de demostrar que la planta no estaba en condiciones de cumplir con el alegado contrato. Es cierto como hemos indicado que el experto de la deman-dada ayudó a instalar la planta y hasta ese punto era razo-nable por su correcta instalación. También és verdad, como declaró probado la corte inferior, que dicho experto sugirió el hecho de que el compresor no era bastante grande para la capacidad de la planta. El experto sugirió que la planta debía tener dos veces la capacidad de tubería de expansión pero el perito no dice qué cantidad de pescado contenía la planta entonces. .El también dijo que la .planta no llegaba a 32 grados Farenheit cuando él la examinaba y dijo que 28 grados sería bastante para conservar pescado por poco tiempo pero no por dos meses. Como bemos dicho él ad-mitió que la planta funcionaba como debía funcionar un apa-rato York, que era buen modelo de este aparato y hubo prueba tendente a mostrar que la temperatura de 34 gra-dos era quizás la que por lo general es suficiente para cum-plir con el contrato.

En este caso así como en el de Seitz v. Brewers Refrigerating Company, 141 U. S. 510, no hay alegación de fraude, accidente o error. Podemos decir con esa corte que éste no es un caso de un supuesto defecto en el proceso de fabrica-ción conocido del vendedor pero no del comprador, ni de confianza presunta o justificada por parte del comprador en el juicio del vendedor más que en el suyo propio, sino de la compra de un artículo específico fabricado para un uso y fin particular, propio y eficaz para ese uso, pero que en cuanto a su funcionamiento en dar el resultado que se de-seaba bajo circunstancias particulares el comprador se en-cuentra defraudado en su propósito.

Aunque el demandante en este caso confió algo en la opi-nión de la demandada toda la prueba muestra que dicha de-mandada vendió y entregó al demandante una planta capaz de realizar todo el trabajo que según había manifestado el demandante era necesario. Además, la corporación deman-dada explicó que la planta no era una planta de refrigerar enteramente, pues tal planta sería mucho más costosa, sino solamente una capaz de desarrollar 32 grados Farenheit, Que la planta no alcanzó enteramente a este grado no im-porta porque el no llegar exactamente a este punto podría deberse a las condiciones especiales bajo las cuales funcio-naba, sin insistir demasiado' en el hecho de que la puerta de la planta frecuentemente se abría y cerraba para los fines del negocio del demandante. La prueba tiende a mostrar que la planta podía conservar de 600 a 800 libras de pes-cado bajo las debidas condiciones por un número razonable de días.

Hemos seguido hasta cierto punto la teoría de la corte de que la demandada se comprometió a entregar un aparato adecuado para el negocio del demandante. Sin embargo, 'una planta refrigeradora no es un aparato extraordinario en es-tos días. La planta York era un tipo bien conocido y se ven-día por la demandada de buena fé. La demandada alegó que el aparato ordinariamente producía una temperatura de 32 grados y conservaba de 600 a 800 libras de pescado. Si no cumplió exactamente con esto como en el caso de Seitz v. Brewers Refrigerating Company, supra, esta alegación fue una mera opinión y no puede considerarse como una garantía.

Hubo alguna indicación en la prueba de que las paredes de la planta no tenían protección suficiente para impedir que entrara el calor. En otras palabras, que el contacto con otra pared no estaba protegido suficientemente por tabla u otro material, pero aun suponiendo que esto fuera parte de la causa por la cual la planta no se ajustaba a las necesi-dades del demandante era cosa susceptible de poder ser re-mediada. Esta cuestión del corcho o aislamiento del apa-rato tal vez sería una razón por lo menos para una rebaja del precio o para un r reclamación directa por daños y per-juicios provenientes de tal deficiencia pero no una acción. ordinaria de daños y perjuicios como por un incumplimiento total de un contrato.

No es-de importancia, teniendo que ser revocado el caso, pero el contrato en el caso era para instalar una planta es-pecífica que fue formalmente instalada. La teoría del de-mandante de no haber sido notificado formalmente de la re-ferida instalación no está justificada en los autos.

La sentencia debe ser revocada y la demanda desestimada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Ahhey-y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Registrador de Guayama, Demandante y Apelante, v. Attorney General, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un procedimiento sobre mandamus.

    No. 2188.
    Resuelto en abril 19, 1920.
    Empleados Públicos — Aprobación del Nombramiento de Empleados en los Registros de la Propiedad — Attorney General — Mandamus.—La aproba-ción del nombramiento lieelio por un registrador de la propiedad a favor de un empleado subalterno del registro no es un deber ministerial del Attorney General de Puerto Rico, sino un acto discrecional, por lo que las cortes no pueden intervenir para obligar a éste por medio de un auto de mandamus a aprobar tal nombramiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Socorro.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Despojada la petición en este caso de toda materia irre-levante y de las conclusiones de ley, dicha petición alega en substancia que el peticionario, que es un registrador de la propiedád, para cubrir una vacante que existía en el personal de su oficina nombró a cierta persona para el puesto, sometiendo el nombramiento a la aprobación del Attorney General y que éste, a pesar de las reiteradas solicitudes del demandante, no había impartido su aprobación a tal nom-bramiento.

En la súplica de la petición, se interesaba la expedición de un auto de mandamus dirigido al Attorney General or-denándole que aprobara el nombramiento en cuestión o ex-presara las razones por las cuales no debía dictarse auto perentorio de mandaimis, interesándose además el auto pe-rentorio para que se aprobara el nombramiento.

El registrador apela de una sentencia por la que se de-sestima la solicitud presentada y señala, como error, los dos fundamentos que sirvieron de base a la corte inferior, a saber:

“1. Que los nombramientos de empleados del registro de la pro-piedad, en cuanto se refiere a la ley de 10 .de marzo de 1904, asig-nando sueldos a los registradores de la propiedad, es una cuestión que emana del derecho americano.
“2. Que la aprobación o no aprobación de las asignaciones para cubrir las plazas de empleados del registro está dentro de las atri-buciones del Attorney General, y que dicho acto es simplemente dis-crecional y no ministerial en el ejercicio del cual puede dicho Attorney General ejercitar un criterio y buen juicio para velar por el mejor funcionamiento del Departamento de Justicia, del cual él es el jefe, y al cual pertenecen los registros de la propiedad.”

Bajo la soberanía española los registradores no perci-bían sueldos del Estado sino que retenían ciertos derechos fijados por la le3r y empleaban y pagaban todos aquellos em-pleados y ayudantes que necesitaban o deseaban. El artículo 301 de la Ley Hipotecaria hasta la fecha en que fué dero-gado por el artículo 13 de la “Ley asignando sueldos a los registradores de la propiedad y para otros fines”, aprobada en marzo 10 de 1904, prescribía que “en cada registro ha-brá los oficiales y auxiliares que el registrador necesite, nom-bre y retribuya, los cuales desempeñarán los trabajos, que él mismo les encomiende, pero bajo su única y exclusiva res-ponsabilidad”.

El artículo 13 de la ley de 1904 prescribe lo siguiente:

“Los empleados subalternos de los diversos registros de la pro-piedad serán nombrados por los distintos registradores mediante la aprobación del Attorney General y percibirán sus sueldos mensual - mente del mismo modo que los perciben los respectivos registradores.! ’

El artículo 32 de la misma ley dispone lo siguiente:

“Quedan sin valor ni efecto alguno el número seis de los artícu-los adicionales a la Ley Hipotecaria en cuanto se ' relaciona con el arancel del registro de la propiedad, y toda ley u orden o parte de las mismas qne se oponga o estén en pugna con las disposiciones de la presente, quedan derogadas.”
“Parece que existe cierto conflicto en las autoridades en cuanto a qué es lo que constituye un nombramiento para un cargo. • La declaración que ha sido más aprobada es la de que un nombramiento queda beebo cuando la facultad es absoluta y se ba resuelto quien ha de ser el nombrado, no siendo necesario mayor consentimiento o aprobación. El elemento relativo al ejercicio de discreción parti-cipa, según parece, de la esencia del nombramiento.” 22 R. C. L. 422.
"Siempre que de acuerdo con un precepto constitucional o esta-tutorio el nombramiento ba de hacerse con la aprobación de algún funcionario u organismo, tal nombramiento debe ser aprobado antes de que la persona tenga legalmente derecho al cargo.” Idem. 433.
"Ha quedado firmemente establecida la regla de que el poder judicial no intervendrá con los funcionarios ejecutivos en el cumpli-miento de deberes que son discrecionales por su naturaleza, o que envuelven el ejercicio de criterio. Aunque al resolver sobre los de-rechos de las partes en pleitos que estén debidamente ante las cortes éstas pueden resolver acerca de la legalidad de los actos de funcio-narios públicos, una vez que el asunto ba salido de su control no existe facultad alguna en las cortes por ninguno de sus procedimien-tos, para actuar en relación con el funcionario de modo que inter-venga con el ejercicio de ese criterio mientras la cuestión esté debida-mente sometida a él para su resolución. La razón que hay para esto es que la ley deja a él esta discreción para ese objeto y no a las cortes.” Idem. 490.

El argumento de que las graneles responsabilidades im-puestas a los registradores por la ley exigen una facultad absoluta en el nombramiento de sus subordinados meramente' puede hacer referencia a la sabiduría de la innovación in-troducida por la Legislatura, con cuya cuestión nada tene-mos que ver.- Que el efecto de la ley de 1904 era sustituir a los empleados remunerados por el registrador con dinero de su propio peculio de acuerdo con las disposiciones del artículo 301 de la Ley Hipotecaria por los funcionarios pú-blicos remunerados por el G-obierno y establecer ciertas limi-taciones a la facultad de nombrar, es cosa demasiado clara para ser discutida. El apelante no alega al parecer o por' lo menos no hace cita alguna de autoridades para sostener la proposición de que de acuerdo con la ley española el pre-cepto estatutorio para el nombramiento de funcionarios su-balternos por un funcionario público sujeto a la aprobación del superior administrativo del funcionario que hace el nom-bramiento le confiere la facultad absoluta y no da discreción o poder de supervisión de ninguna clase a tal superior. El alegato en verdad no tiene nada que indique ni siquiera que la modificación introducida en el año 1914 pudiera atribuirse a algún precedente de origen español. En vista de las cir-cunstancias no es necesario considerar la cuestión relativa a la interpretación como pudiera ser afectada por la genea-logía de esta última ley.

El apelante también discute con alguna extensión cier-tas cuestiones relacionadas con la Ley del Servicio Civil, pero no existe nada en los autos que justifique tener que hacer una detenida consideración de las cuestiones que de tal modo han sido sugeridas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Herederos de Garriga, Demandantes y Apelados, v. O’Meara y Cía., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte - de Distrito de Humacao en pleito sobre prelación de créditos.
    No. 2031.
    Resuelto en abril 19, 1920.
    Demanda — Excepción Previa de Palta de Hechos — Prueba de la Dación de Causa. — Cuando en una demanda se alega que el contrato origen del pleito se celebró por determinada persona cuyo nombre se menciona, alegándose ade-más que dicha persona es causante de los demandantes y éstos se describen a sí mismos como la viuda y los hijos de la expresada persona, no comete error la corte que declara sin .lugar una excepción de falta de hechos fundada en no alegarse el hecho determinativo de la dación de causa.
    Con curren cía y Prelación de Créditos — Quita y Espera — Concurso de Acree-dores. — Aunque la mente del legislador estuvo 'fija al dictar lás reglas con-tenidas en el código civil con respecto a concurrencia y prelación de crédi-tos, en los procedimientos de quita y espera y en los de concurso de acree-dores, cuyas materias son hoy de jurisdicción federal exclusiva, sin embargo, muélaos de los preceptos contenidos en el Código Civil, título 17, libro 4°., constituyen reglas de derecho de observancia general y son aplicables, como lo es el artículo 1823 al presente caso, cuando sin tratarse de quiebra, surge un conflicto entre dos o más ciudadanos con respecto a su mejor derecho a cobrar sus créditos en determinados bienes de un deudor común.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del inventor: Sres. A. Pérez Pierret y L. Llorens Torres.

    Abogado de la apelante:'»??". Antonio Sarmiento.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Vendrell.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Eeguero, viuda de José C. G-arriga, por su pro-pio derecho y en representación de sus menores hijos José, Carmen, María, Juan, Eosalía, Alicia y Guadalupe Garriga y Eeguero, estableció una demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra la sociedad mercantil domiciliada en San Juan, Maurice O’Meara y Cía., pidiendo que se declarara preferente cierto crédito que los demandantes tenían contra determinados bienes muebles vendidos a Pablo Eoig, sobre cierto otro crédito que la demandada quería hacer efectivo en los mismos bienes.

Según la demanda, José C. Garriga, causante de los de-mandantes, vendió a Pablo Eoig el 23 de septiembre de 1913, por escritura pública, todos los enseres, maquinarias y de-más utensilios ele un establecimiento tipográfico que tenía, por la suma de $2,625, pagaderos a razón de $75 mensuales, quedando dichos bienes como garantía hasta que el compra-dor hiciere efectivo por completo el precio total de la venta. Eoig llegó a abonar $450. La demandada en cierto pleito que siguió contra el dicho Pablo Eoig en cobro de $355 y centavos, obtuvo una sentencia favorable, y para ejecutarla se embargaron ciertas máquinas de las vendidas por Garriga a Eoig con la condición indicada. Los demandantes alegan que su crédito es preferente al de la demandada, de acuerdo con los artículos 1823 y 1827 del Código Civil.

• La parte demandada excepcionó la demanda. Las ex-cepciones se declararon sin lugar. Contestó entonces. Fué el pleito a juicio, se practicó la prueba y la corte lo resolvió en favor de los demandantes dictando una sentencia que con-tiene los siguientes pronunciamientos:

“1. Que el crédito de los demandantes en este pleito es de los comprendidos en el inciso primero del artículo 1823 del Código Civil, por proceder del precio de venta de bienes que estaban en poder del deudor cuando se practicó el embargo.
“2. Que dicbo crédito goza de preferencia con relación a dichos bienes, excluyendo a todos los demás créditos hasta donde alcance el valor de los bienes a que la preferencia se refiere, según el ar-tículo 1827 del propio Código.
“3. Que los demandantes deben obtener del deudor Pablo Roig la suma de los dos mil ciento setenta y cinco dollaes con prefe-rencia al crédito de la Sociedad demandada en esta acción.
“á. Que la referida sociedad demandada debe pagar. a los de-mandantes todas las costas y desembolsos ocasionados por la pre-sente acción.”

Debe hacerse constar que intervino en el pleito Antonio Pérez Pierret, allanándose a que se dictara sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda por haber llegado a un acuerdo con la parte demandante. La parte demandada no compareció al juicio, y notificada que le fué la sentencia, recurrió de ella para ante este tribunal.

Estudiemos los errores señalados por la parte apelante en el orden en que lo han sido:

■ 1. Sostiene el apelante que la corte de distrito erró al declarar sin lugar la excepción previa porque ejercitándose en la demanda derechos correspondientes a José C. G-arriga, no se alegan en ella hechos determinativos de la dación' de causa. A nuestro juicio tal error'no existe. En la demanda se alega que Garriga fué causante -de los demandantes y éstos se describen a sí mismos como la viuda y los hijos de Garriga.

2. Como segundo error se señala el de que la prueba no sostiene la sentencia. Se insiste primero en la falta de evi-denoia sobre la dación de la cansa y luego se alega que no se demostró que los bienes embargados fueran los mismos que los vendidos.

Con respecto al primer extremo diremos que en el acto de la vista declaró la viuda de G-arriga quien, entre otras cosas, dijo que Garriga fué su esposo y los demandantes son sus bijos. Nadie se opuso. Ya hemos dicho que la parte demandada y apelante dejó de asistir al acto de la vista del pleito. Y con respecto al segundo diremos que se presentó como prueba en el juicio no solo la escritura de venta, sino el inventario ele los bienes vendidos. En la exposición del caso se hace simplemente una referencia a esos documentos y debemos suponer que ellos proporcionaron base suficiente a la corte sentenciadora para concluir como concluyó que se trataba de los mismos bienes. Los bienes embargados se describen en el hecho cuarto de la demanda. Dicho hecho no fué negado en la contestación. Y el inventario pudo con-tener una descripción-igual a la expresada en la demanda. Además, no fué esa sola la prueba aportada. La viuda tam- ■ bién declaró sobre los bienes embargados, y no debe perderse de vista la actuación del interventor.

3. Como tercer error señala la apelante la aplicación in-debida de los artículos 1823 y 1827 del Código Civil por tres motivos, a saber: porque dichos artículos solo son aplica-bles a casos ele quiebra; porque no lo son a -casos en que existe un embargo, y porque no se trata aquí de un conflicto de títulos igualmente indubitables y ejecutorios.

Creemos que en efecto la mente del legislador estuvo fija al dictar las reglas que contiene el Código Civil con respecto a la concurrencia y prelación de créditos, en los procedimien-tos de quita y espera y en los de concurso de acreedores. Es incuestionable que' la jurisdicción exclusiva en materia de quiebras reside hoy en la -Corte Federal. Pero no obs-tante ser ello así, es lo cierto también que muchos de los preceptos del Código Civil contenidos en el título 17 del libro 4o. constituyen reglas de' derecho de observancia general apli-cables a casos como el presente en que sin tratarse de una quiebra, sur je un conflicto entre dos ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efectivos sus créditos en deter-minados bienes de un deudor común.

El caso de Oronoz y Cía. v. Alvarez, 23 D. P. R. 536, no tiene aplicación. .Allí se trataba de la preferencia de dere-chos que pudiera derivarse a virtud de ciertos embargos practicados. Aquí de la preferencia a cobrar a virtud de determinados preceptos de ley.

Es cierto que la parte demandada había ya obtenido una sentencia a su favor reconociendo la certeza de su crédito y que no se encontraba en la misma situación la parte de-mandante, pero es lo cierto también que ésta sometió su caso por completo al tribunal a quien pidió que decidiera sobre la preferencia y ese tribunal tuvo oportunidad, por las alegaciones y las pruebas practicadas, ele asegurarse antes de dictar su sentencia de la certeza del crédito de la parte demandante para hacer aplicación, como la hizo rec-tamente, del artículo 1823 del Código Civil, en su inciso pri-mero, que es el que regula este caso.

4. El cuarto y último error se refiere a las costas, bajo el fundamento de que procede la revocación de la sentencia por los otros errores apuntados. Como no existiendo los otros errores, procede confirmar la sentencia recurrida, claro está que no cometió tampoco error alguno la corte de dis-trito al imponer a la parte vencida en' juicio la obligación de pagar las costas y los desembolsos del pleito. No apa-rece que en ello abusara de su discreción.

Por todo lo expuesto, procede declarar sin lugar el re-curso y confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Sr. Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la resolución de este caso.


text:
    Gascón, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2156.
    Resuelto en abril 20, 1920.
    Notificación y Entrega de Documentos por Correo. — La disposición contenida en el artículo 821 del Código de Enjuiciamiento Civil de que cuando la persona que ha de notificar y la que ha de ser notificada residan en distintos-puntos la notificación se hará por correo, no puede aplicarse al caso en que dichas personas residan en distintos barrios de la misma municipalidad, en-lazadas por un servicio de correos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Sarmiento.

    Abogado del apelado: Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. .

En este caso la Corte de Distrito de San Juan desestimó una apelación procedente de la corte municipal a virtud de una moción presentada por la demandante acompañada de un affidavit creditivo de haberse notificado dicha moción al demandado en el cual expresaba el abogado del apelado que había depositado en la oficina postal de San Juan un sobre debidamente franqueado conteniendo una copia fiel y exacta de la referida moción y de la certificación del secretario de la corte municipal a que en ella se hace referencia dirigido a Antonio Alvarez • González, a Puerta de Tierra, que es donde tiene su residencia, y que entre la ciudad de San Juan y el barrio de Puerta de Tierra existe un servicio regular diario de correos.

Aparece, pues, del affidavit de notificación no sólo que la residencia del demandado era conocida del abogado de la demandante sino también que dicho demandado y abogado ambos residían dentro del municipio de San Juan. Por otra parte el affidavit no muestra por sí que la notificación se hiciera por correo certificado.

El artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe como forma alternativa para la diligencia de una no-tificación que lia ele hacerse.personalmente a una parte, que “si se ignorare su dicha residencia, se cursarán por correo, bajo sobre certificado dirigido a dicha parte”. El artículo 321 prescribe que la remisión por correo se hará “cuando la persona encargada de hacer la notificación o remitir los documentos y aquella a quien fueren dirigidos residieren o tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los cuales hubiere un servicio regular de comunicaciones por correo.”

La notificáción que según parece se trató de hacer en este caso se fundaba en la teoría de que las personas que residen en diferentes barrios de la misma municipalidad re-siden en “distintos puntos” dentro del significado de este estatuto, criterio con el cual no podemos estar de acuerdo. La notificación personal constituye la regla general y es la mejor práctica de ser factible. No debe darse mayor exten-sión mediante interpretación judicial al alcance que tiene el precepto estatutorio para hacer la notificación en otra forma, en pro de la conveniencia, cuando las partes o los abogados viven o tienen sus oficinas en distintos sitios. De interpretarse la frase “distintos puntos” en el sentido de significar diferentes barrios de la misma municipalidad por igual razón podría considerarse que comprende a los dife-rentes edificios de una misma manzana y de este modo la excepción pronto se convertiría en la regla. Claramente que no fue la intención de la Legislatura introducir tal incerti-dumbre, confusión o injusticia como resultaría de cualquier interpretación liberal del lenguaje empleado o laxitud al ajus-tar la práctica a las disposiciones del estatuto.

Los abogados al recurrir al método excepcional deberán tener cuidado de que los autos revelen todas las circunstan-cias que justifiquen tal proceder, así como también de que el procedimiento prescrito por la ley ha sido observado. Quintero v. Morales, 19 D. P. R. 1183; Tettamauzi v. Zeno, 24 D. P. R. 53; Rivera v. Martínez, 26 D. P. R. 139; Heinlen v. Heilborn, 94 Cal. 636; Hogs’ Bach Co. v. New Basil Co., 63 Cal. 121; Cunningham v. Warnekey, 61 Cal. 507; Reed v. Allison, Idem. 461; Moore v. Besse, 31 Cal. 180.

La sentencia apelada debe ser revocada devolviéndose las actuaciones.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso a la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez'Asociado Se. del Tono,

text:
    Valenhoff, Demandante y Apelante, v. Aponte, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de compraventa por vicio redhibi-torio.
    No. 2159.
    Resuelto en abril 20, 1920.
    Compra Venta de Animales Afectados de Enfermedad Contagiosa' — -Acción Redhibitoria — Causa de Acción. — En una demanda basada en el artículo 1397 del Código Civil, no basta alegar que los animales vendidos enfermaron de muermo tres o cuatro días después de celebrado el contrato, sino que es preciso consignar que los animales padecían de dicha enfermedad contagiosa al tiempo de verificarse la venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. R. Sánchez Montalvo.

    Abogado del apelado: Sr. A. S. Poventud.

   El Juez'Asociado Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este pleito se presentó originalmente en la Corte Municipal de Ponce. Se alegó en ella que el de-mandante compró al demandado el 2 de noviembre de 1917 una pareja de caballos por el precio de $350; que ambos ca-ballos murieron de muermo, enfermedad contagiosa, que se presentó a uno de ellos tres o cuatro días después de veri-ficada la compra y al otro algún tiempo más tarde. El pleito se falló en la corte municipal en contra del demandante.

No conforme éste apeló para ante la corte de distrito. Señalado día para la vista, se practicaron las pruebas y ter-minada diclia práctica “el demandado sometió a discusión la excepción previa alegada de que la demanda no contiene hechos suficientes para determinar una causa de acción.” La corte tomó bajo su consideración el caso en su totalidad y lo decidió también en contra del demandante. En su opi-nión la corte de distrito se expresó así:

“Y ahora la corte, vistos los artículos 1397 y 1400 del Código Civil, resuelve que debe declarar con lugar la excepción previa ale-gada por el demandado. Y examinada detenidamente la evidencia presentada por ambas partes, la corte llega a la conclusión de que ella no justificaría nunca una sentencia contra el demandado, aun-que la demanda hubiese sido suficiente en derecho.”

Volvió a apelar el demandante, esta vez para ante la Corte Suprema, alegando que la corte de distrito había errado al no dar aplicación al artículo 1397 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 1400 del propio cuerpo legal y al apreciar la prueba.

El artículo 1397 que, según el propio apelante, es la ley reguladora de este caso, dispone que “no serán objeto del contrato de venta los ganados y animales que padezcan en-fermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere con respecto de ellos será nulo”, y la verdad es que apli-cando ese artículo es necesario reconocer que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, porque no alega expresamente que al celebrarse el contrato estuvieran los caballos padeciendo de muermo, en-fermedad contagiosa.

Parece que el demandante sostiene que tal alegación consta implícita en la demanda ya que en ella se consigna que la enfermedad se presentó a uno de los caballos tres o cuatro días después de comprada la pareja, afirmación que envuelve, según él, la de que habían necesariamente contraído la enfermedad al tiempo de ser vendidos. A este respecto se presentó como prueba la declaración del veterinario Angel C. Pon quien dijo que el tiempo que tardaba en desarrollarse' la enfermedad dependía de la manera del contagio “por ejemplo, si es inoculado el animal por un virus activo ese animal puede presentar síntomas ele tres a cinco días; si la inoculación se liace por un medio natural, ingerida por la vía buco gástrica, puede presentar síntomas en un mes y basta tres meses ’ El veterinario examinó el caballo treinta y nueve días después de comprado y a la pregunta concreta que se le liizo de si habiendo en consideración los síntomas que presentaba podía asegurar que estuviera enfermo treinta y nueve días antes, contestó: “Es difícil decir, porque pre-sentaba la inflamación de la pata, la cual presentaba sínto-mas de agudeza que solamente se ven en un período de una semana.” Después siguió contestando el testigo a otras pre-guntas y sus manifestaciones fueron en verdad vagas e in-ciertas.

La prueba, examinada en conjunto, demostró que el de-mandante antes de comprar los caballos los probó y los en-contró acceptables, y que una vez adquiridos, bizo con ellos un viaje a Yillalba. El cochero dijo que regresaron a Ponce de ese viaje a los tres días y que ya uno de los caballos em-pezó a mostrar síntomas de la enfermedad, pero el dueño ■de la cuadra si bien confirma lo de los síntomas dijo que el regreso no se hizo basta seis o siete días después de ha-ber salido.

Siendo ese, en síntesis, el resultado de las alegaciones y las pruebas, no habiéndose alegado ni demostrado que los animales estuvieran padeciendo de enfermedad contagiosa, en el momento de la venta, 'regúlese este caso por el pre-cepto invocado por el mismo demandante, apliqúese el ar-tículo 1400 citado por la parte demandada, o ténganse en cuenta los dos, como al parecer los tuvo la corte senten-ciadora, opinamos que ésta estuvo enteramente justificada al desestimar la demanda y en su consecuencia que debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia ape-. lada.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Presiderte Sr. Herrárdez,

text:
    Ex parte Brac, Promovente y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelaciór procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un caso de información de dominio.
    No. 2052.
    Resuelto en abril 20, 1920.
    Transcripción de Autos — Apreciación de Pruebas. — La Corte Suprema no puede ir contra la apreciación que de las pruebas baya heebo la corte inferior cuando en la transcripción del récord o acompañando a la misma no se eleven, debi-damente identificados, los elementos de prueba aportados al juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. Rincón.

    Abogados del apelado: Sres. L. Campillo, Fiscal y R. Díaz Collazo, Assistant Fiscal.

   El Juez Presiderte Sr. Herrárdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública fecha primero de septiembre de 1879, inscrita en el registro de la propiedad, María Guadalupe Escalera vendió a Juan Villarán por precio de $125 una y media cuerdas cuadradas de terreno en el antiguo barrio de “Cangrejos” de esta ciudad, bajo ciertas colindancias, y para acreditar el dominio de parte de dicho terreno adqui-rido de Villarán por Arturo Brac Brignoni, promovió éste expediente ele dominio ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, al amparo del artículo 395 ele la Ley Hi-potecaria.

Alega Brac Brignoni que por virtud de segregaciones en la finca de que fuá dueño Villarán quedó un resto con ca-bida de una cuerda y 19 céntimos, cuyo resto le vendió Vi-llarán por documento privado; pero como la primitiva, se-gún afirma el peticionario, tenía cabida mayor que la ex-presada en la escritura de Io. de septiembre de 1879, siendo tal exceso de una cnerda y 19 céntimos de otra, la misma porción adquirida por Brac Brignoni, resultaba que aunque esa porción se baila inscrita en ei registro-por ser parte de - la finca principal inscrita, no se determinaba numéricamente su extensión y por tanto el título de compraventa de Brac Brignoni no era inscribible en el registro.

Practicadas las pruebas testifical y documental, el fiscal se opuso a la declaratoria de dominio solicitada y el juez la de-negó en resolución de 5 de marzo de 1919, consignando en su opinión que la prueba documental consistente en un plano no justificaba la identidad de la finca y que la prueba testi-fical no era convincente.

Esa resolución fia sido apelada por el peticionario, quien alega para sostener su recurso errónea apreciación de las pruebas.

La exposición del caso es defectuosa pues no contiene copia del plano presentado ni tampoco lia sido elevado original ante esta Corte Suprema por conducto del secretario de ella. El apelante ba debido traer a nuestra .consideración todos los elementos probatorios que el' juez apreció para llegar a sus conclusiones ele beclio, colocándonos así en la misma condición en que aquél se encontró, y no habiéndolo becbo así tenemos que aceptar como buenas dichas conclu-siones. Ríos et al. v. Ríos, 16 D. P. R. 135, y Río v. Vázquez, 17 D. P. R. 672.

Hemos examinado las alegaciones del escrito inicial del ' expediente y dudamos, aunque nos abstenemos de resolver esa duda por no baber sido levantada cuestión sobre el particular, si el expediente promovido es el medio apropiado para obtener la inscripción del dominio de una finca que se-gún manifiesta el apelante ya está inscrita en el registro a favor de su causante por estarlo ya la finca principal de que es resto después de varias segregaciones.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del ToRO,

text:
    Estebanía Carlo, Conocida por Estebanía Ferrer, Demandante y Apelada, v. Ferrer, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre filiación y nuevo juicio.
    No. 2108.
    Resuelto en abril 23, 1920.
    Filiación — Pbueba de la Filiación' — Eeeobes no Perjudiciales. — En el pre-sente pleito se admitió, eon la oposición del demandado, nn diploma de octavo grado escolar expedido a favor de Estebanía Ferrer, la demandante, a los efectos de probar que el demandado había autorizado a la demandante para nsar su apellido. Se resolvió: que aunque la admisión con tal propó-sito fué errónea, el error cometido, atendidas todas las circunstancias del caso, no podía estimarse como perjudicial y servir por tanto de fundamento para la revocación de la sentencia.
    Filiación — Esputación—Prueba de. — En pleitos de filiación, es pertinente la prueba de la reputación de la madre de la alegada hija natural.
    Alegaciones — Contestación—Negación.—La simple manifestación de que el de-mandado no tiene suficiente información en cuanto a determinado hecho ale-gado bajo juramento en la demanda, no constituye una formal negación de tal hecho, el cual debe estimarse admitido.
    Nuevo Juicio — Descubrimiento pe Nuevas Pruebas — Extremos Ventilados en el Pleito. — No comete error la corte que niega una solicitud de nuevo juicio cuando no se demuestra cumplidamente la imposibilidad en que se estuvo para descubrir las nuevas pruebas en que se basa la solicitud y cuando tales pruebas se refieren a extremos ya ventilados en el pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Bábater.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet y Sou front.

   El Juez Asociado Sb. del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia de-clarando con lugar la demanda origen de este pleito. El demandado solicitó nn nnevo juicio y la corte de distrito negó la solicitud. La parte demandada apeló de la senten-cia y de la orden denegatoria, elevando dos transcripciones distintas que se radicaron bajo los números 2108 y 2109, res-pectivamente. Ambos recursos se vieron en un solo acto y las cuestiones en ellos levantadas se estudiarán y resolve-rán en esta opinión.

Estebanía Cario, conocida por Estebanía Ferrer, ejercitó contra Esteban Ferrer la acción de filiación, alegando en su demanda, en resumen, que era hija natural del deman-dado y de Francisca Cario. Contestó el demandado. Fué el pleito a juicio. Y la corte de distrito lo falló, como he-mos dicho, en favor de la demandante. En sn- relación del caso y opinión la corte sentenciadora apreció el resultado de la evidencia, así:

■“La prueba testifical y documental practicada por la demandante, demostró claramente a la corte, que Esteban Ferrer, el demandado, requirió de amores y vivió bajo el mismo techo teniendo contacto carnal con la madre de la demandante, Francisca Cario, siendo am-bos solteros y estando ésta reputada por pura-; que de esta unión nació la demandante y que en el momento de la concepción tanto el demandado como Francisca Cario estaban en actitud de contraer matrimonio sin dispensa. El propio demandado como prueba suya, confesó y admitió ante la corte que había tenido contacto carnal con la citada Francisca Cario, en la época más o menos de la con-cepción de la demandante. Se probó además que el demandado ha-bía atendido diligentemente a Francisca Cario durante la época del alumbramiento de la demandante y posterior y periódicamente aten-dió a la demandante en su subsistencia y educación y siempre la tuvo como hija suya. La prueba del demandado fué muy débil para sostener las negativas de sus alegaciones.'’

Sostiene la parte apelante en sn aleg’ato que la corte erró al apreciar la prueba, porque la evidencia presentada en este caso no fué la robusta y convincente que la jurispru-dencia exige, para demostrar, de acuerdo con la ley regu-ladora del mismo, artículo 135 del Código Civil antiguo, que existía algún escrito indubitado del padre reconociendo ex-presamente su paternidad, o que la demandante se hallaba en la posesión continua del estado de hija natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.

A nuestro juicio no se ha cometido el error señalado. líe-mos examinado las 21 declaraciones de los testigos presen-tados por la parte demandante y ellas constituyen prueba robusta y convincente de que la diclia demandante es bija natural del demandado y que éste por actos directos y repe-tidos la reconoció como tal, pudiendo afirmarse que la bija en este caso se bailaba en la posesión continua del estado de bija natural del padre demandado, como requiere la ley.

La prueba de la parte demandada tiende a contradecir la de la parte demandante. El propio demandado tomó la silla de testigos y negó la paternidad y trató de presentar a la madre de la demandante como una mujer que llevaba a la vez relaciones- con varios bombrés. • La corte resolvió el conflicto en contra del demandado, sin que se baya demos-trado que al actuar así procediera movida por pasión, pre-juicio o parcialidad, y en tal virtud debe prevalecer su cri-terio.

Sostiene también la parte apelante en su alegato que la corte erró al admitir como prueba cierto diploma y al impedir que un testigo declarara sobre la reputación de la madre de la demandante. Procederemos al examen de ambas cuestiones.

La propia demandante declaró que siendo muy pequeña fué llevada a la escuela por su padre el demandado e inscrita con el nombre de Estebanía Eerrer, que con ese nombre continuó siempre y con tal nombre figuraba en el diploma que se le ex-pidiera demostrativo de haber aprobado los ocho cursos de las escuelas graduadas de Puerto Pico, y entonces presentó y se introdujo como prueba el diploma. El demandado se opuso “alegando que tal prueba no demuestra nada sobre el reconocimiento, puesto que aquí no se ha demostrado que sea Esteban Eerrer el que inscribiera a esa niña con ese nom-bre de Estebanía Eerrer.” La corte admitió la prueba “por-que la testigo ba declarado, y otros testigos también, que el demandado autorizó a ella a usar su nombre y es una prueba de'robustecer su declaración en ese sentido.” Puede soste-nerse que la corte erró al consignar, en el momento de la admisión, que el diploma era prueba de* robustecer la de-claración ele la demandada en el sentido de que el deman-dado la autorizara a usar su apellido. El diploma era ad-misible simplemente para completar la declaración de la de-mandante a los efectos de demostrar que ella usaba el ape-llido Ferrer y como tal figuraba en la escuela y se le expidió el certificado. Pero no vemos que el error cometido fuera perjudicial. La corte no se refirió al diploma al dictar su resolución final y bay prueba abundante en los autos de los actos directos del demandado constitutivos del reconoci-miento.

La segunda cuestión es como signe: Declaraba el testigo Rafael Mangual y se le preguntó: “¿En aquella época, cuál era la fama que tenía Pancha Garlo en la comunidad? El abogado del demandante se opuso alegando que no es material ni hay alegación especial con. referencia a la fama. La corte declaró con lugar la oposición y el demandado tomó excepción.” Continuó declarando el' testigo y entonces sin objeción contestó: “Lo que puedo decir es que era una mu-chacha muy bonita y que tenía muchísimos que estaban ena-morados de ella, pero no puedo decir nada de ella; ella era muchacha porque era joven.” •

Opinamos que en pleitos de esta naturaleza es pertinente la prueba de la reputación de la madre de la alegada hija natural. En este caso concreto en la demanda, que fue ju-rada, se alegó, en el primero de sus hechos, lo que sigue: “Io. Que hacia el mes de mayo del año mil ochocientos no-venta y seis la madre natural de esta demandante, Francisca Garlo, que era entonces pura y casta, fue requerida de amores bajo palabra de matrimonio, por el demandado, Esteban Fe-rrer que era entonces soltero, teniendo ambos contacto carnal y viviendo maiitalmente bajo el mismo techo en esta ciudad de Mayagüez, y de cuya unión, en agosto cuatro del año mil ochocientos noventa y siete nació la demandante.”' En la contestación, también jurada, se dijo: “Este deman-dado no tiene suficiente información y creencia en cuanto a aquella parte del contenido del párrafo primero de la de-manda, de que Francisca Cario, en la fecha que relata dicho hecho, fuera casta y pura; y niega que requiriera de amores en la referida época a dicha Francisca Cario.”

El demandado debió haber negado, por falta de infor-mación y creencia, la castidad y pureza de Francisca Cario, y no limitarse a decir que no tenía suficiente información y creencia con respecto a ello. Tal como quedó planteado el debate, puede sostenerse que el demandado admitió la cas-tidad y pureza de la madre de la demandada en la época a que se refiere el hecho Io. de la demanda.

Pero aun aceptando que- la demandante tuviera el deber de probar tal extremo y el demandado el derecho de pre-sentar evidencia en contrario y, por consiguiente, que la corte hubiera cometido error al no permitir al testigo que con-testara la pregunta de que se trata, tal error no podría es-timarse como perjudicial porque el testigo en realidad con-testó después todo lo que sabía y porque se permitió al pro-pio demandado luego declarar ampliamente sobre el particular. La corte falló con pleno conocimiento de todo. Le-yendo la transcripción, se observa que hubo una- gran am-plitud en la práctica de las pruebas en este caso.

El alegato presentado por la parte apelante en relación con el nuevo juicio, es una copia del archivado en los autos correspondientes a la apelación de la sentencia. Sólo se amplía incluyendo en él los affidavits que se acompañaron a la solicitud. Esta se basó en el descubrimiento de nuevas pruebas y en la insuficiencia de las practicadas. La parte demandante se opuso a la solicitud y acompañó también affidavits en contradicción de los presentados por el demandado.

No se demostró a nuestro juicio en’ forma debida la im-posibilidad de encontrar las nuevas pruebas que se ofrecie-ron, y tales pruebas se refieren a extremos que se ventila-ron en el pleito. En cuanto a la insuficiencia de la prueba practicada, ya liemos expresado nuestro criterio.

Bajo tales circunstancias opinamos que la corte de dis-trito no cometió error alguno al negarse a conceder el nuevo juicio y que su resolución debe ser confirmada, debiendo con-firmarse también la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia> apelada y la resolu-ción negatoria de nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “conforme con la sen-tencia. ’ ’