author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Aso-ciado Señor Rebollo López,

text:
    Vilma Colón Santos, William Marcano Serrano, por sí y en representación de su hijo menor de edad B.M.C. y su Sociedad de Bienes Gananciales, peticionarios, v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, José P. Rosario Soto, Joanne A. Jovet, Asociación de Condóminos del Condominio Plaza del Parque, Mapfre/Praico y National Insurance Company, recurridos.

      Número: CC-2006-1033

      Resuelto: 25 de febrero de 2008

      Roberto. Schmidt Monge, defensor judicial del menor B.M.C., peticionario; Enrique J. Mendoza Méndez, abogado de la parte peticionaria; Brunilda M. Figueroa Nater e Ivette M. Berrios Hernández, del Bufete Cátala Morales, abogados de la Asociación de Condominos del Condominio Plaza del Parque y de MAPFRE/PRAICO, recurridos; Dora P. Morales Padró y Miguel Colón Hernández, del Bufete Castro Hiraldo & Asociados, abogados de la Cooperativa de Segu-ros Múltiples de Puerto.Rico, recurrida; Lee Sepulvado Ramos y Denise Rodríguez Flores, de Carrión & Sepulvado, abogados de José Francisco Rosario y Joanne A. Jovet, recurridos.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión debemos determinar si procede el pago de la totalidad de la indemnización a un menor que ha sufrido daños a raíz de un accidente donde intervino la negligencia de su progenitor. Resolvemos en la negativa.

Examinemos los hechos que originan la presente controversia.

I — i

El 9 de agosto de 2002 el menor B.M.C., quien para esa fecha contaba con tres años de edad, fue atropellado por el Sr. José P. Rosario Soto en la vía principal del Condominio Plaza del Parque (Condominio) ubicado en el municipio de Trujillo Alto, donde ambos residían. De acuerdo con las de-terminaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, el niño se encontraba jugando en el área de recreación pa-siva del complejo residencial bajo la supervisión de su padre, el Sr. William Marcano Serrano. Este último se apartó momentáneamente del área de juegos para conversar con un vecino que se había estacionado en la calle frente al parque. Entretanto, el niño intentó cruzar la vía principal para dirigirse hasta donde se encontraba su padre. Es en ese momento que el señor Rosario Soto , lo impacta cón su vehículo de motor. Al escuchar el golpe, el señor Rosario Soto retrocedió la marcha de su vehículo, pasando por en-cima de las piernas del menor, quien se encontraba tendido boca abajo en el suelo. Al momento del accidente, la madre del menor se encontraba en el balcón de su apartamento, ubicado cercano al parque, conversando con una vecina.

Inmediatamente después del accidente, el señor Mar-cano Serrano recogió al niño y lo llevó hasta su aparta-mento para limpiarle las heridas del rostro. El propio se-ñor Rosario Soto los transportó hasta el Hospital Auxilio Mutuo, donde brindaron cuidado médico al menor.

A raíz de estos hechos, el 12 de septiembre de 2002, los Srs. William Marcano Serrano y Vilma Colón Santos, com-pareciendo por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos y del menor B.M.C., presentaron la demanda de daños y perjuicios de epígrafe contra el Sr. José P. Rosario Soto, la Sra. Joanne Jovet Le Hardy y la Cooperativa de Seguros Múltiples (Cooperativa). Alegaron que el señor Rosario Soto había atropellado al menor mientras conducía el vehículo propiedad de la codemandada Joanne Jovet Le Hardy, a favor del cual exis-tía una póliza de seguro de la Cooperativa. Sostuvieron que el accidente se debió a la exclusiva culpa y negligencia del señor Rosario Soto, quien conducía descuidadamente y sin observar las debidas precauciones. Alegaron que el me-nor había sufrido daños físicos y morales valorados en $300,000, y estimaron sus propios daños en concepto de sufrimientos e ingresos dejados de percibir en $100,000.

Los demandados contestaron la demanda. Aceptaron que el accidente había ocurrido, pero negaron que el mismo fuera producto de la exclusiva culpa y negligencia del señor Rosario Soto. Alegaron, en cambio, que el accidente se de-bía a que el niño había cruzado súbitamente la carretera por no estar debidamente supervisado por sus padres.

Los demandados también presentaron una demanda contra tercero contra la Asociación de Condominos del Con-dominio Plaza del Parque (Asociación de Condominos), su aseguradora MAPFRE/PRAICO y la compañía de seguri-dad del Condominio, S.O.S. Security Services. Alegaron que los terceros demandados habían contribuido a que ocu-rriera el accidente al no instalar suficientes reductores de velocidad ni rotulación, además de que el guardia de segu-ridad no había controlado adecuadamente el flujo vehicular en el área. La Asociación de Condominos y MAPFRE/ PRAICO contestaron la demanda contra tercero negando las alegaciones de negligencia en su contra, aunque acep-taron que ocurrió el accidente. Formularon, además, una reconvención contra los señores Rosario y Jovet y de la Cooperativa, aduciendo que el accidente se debía a su ex-clusiva negligencia.

La demanda contra tercero fue enmendada posterior-mente para incluir como demandada a National Insurance Company (National Insurance), también aseguradora del Condominio. Al contestar la demanda contra tercero en-mendada, la Asociación y MAPFRE/PRAICO incluyeron una alegación de negligencia contra los demandantes y rei-teraron su reconvención contra los señores Rosario y Jovet, y de la Cooperativa.

Por su parte, los demandantes presentaron una Pri-mera Demanda Enmendada para incluir como demanda-dos directos a la Asociación de Condominos y a sus asegu-radoras, MAPFRE/PRAICO y National Insurance. Tanto los demandados originales como la Asociación de Condomi-nos y sus aseguradoras contestaron la demanda enmen-dada y reconvinieron contra los demandantes.

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio en su fondo. La parte demandante presentó el testi-monio de tres peritos especializados, respectivamente, en cirugía ortopédica y reconstructiva, psicología clínica y ci-rugía plástica. Los padres del menor testificaron en rela-ción con sus propios daños y, además, presentaron el testi-monio de la Sra. Silvette de Cuarcevil Pérez, quien al momento de los hechos fungía como administradora del Condominio. Los codemandados presentaron, por su parte, el testimonio de la Sra. Luana Pérez, presidente de la Asociación de Condominos de dicho condominio al mo-mento de los hechos, y el del Sr. Emilio Román Muñoz, guardia de seguridad en funciones al momento del accidente.

Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la que declaró “con lugar” la demanda de daños presentada por el menor contra los se-ñores Rosario y Jovet, y de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Valoró los daños físicos sufridos por éste en $50,000 y concluyó que el señor Rosario Soto había incu-rrido en un 50% de negligencia. El restante 50% de respon-sabilidad lo imputó a los padres del menor. Por tal razón, redujo proporcionalmente la compensación del menor a $25,000.

En relación con las demandas contra la Asociación de Condominos y sus aseguradoras, y de la compañía S.O.S. Security Services, el tribunal decretó la desestimación de las mismas por no hallar prueba que sustentara una deter-minación de responsabilidad contra dichos demandados. De la misma manera, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción de los padres del menor. Fi-nalmente, el Tribunal consignó que dictaba la sentencia sin la especial imposición del pago de costas, gastos u ho-norarios de abogado.

El Tribunal de Apelaciones confirmó dicha sentencia en todos sus aspectos. Inconforme aún, la parte demandante comparece ante este Foro para alegar la comisión de los errores siguientes:

Err[aron] el Tribunal de [I]nstancia y el Tribunal de Apela-ciones al imputarle al menor ... la negligencia de sus padres y reducir los daños adjudicados a su favor.
Err[aron] el Tribunal de [I]nstancia y el Tribunal de Apela-ciones al desestimar las acciones de los padres.
Err[aron] el Tribunal de [I]nstancia y el Tribunal de Apela-ciones al imputarle negligencia a la madre y el grado impu-tado al padre debe ser menor, si acaso.
Err[aron] el Tribunal de [I]nstancia y el Tribunal de Apela-ciones al desestimar las acciones contra el Condominio, MA-PFRE/PRAICO y Nátional Insurance Company.
Err [aron] el Tribunal de Instancia y el Tribunal de Apelacio-nes al no imponer costas y honorarios de abogad[o]..Certiorari, pág. 4.

El 9 de marzo de 2007 expedimos el recurso de certiorari presentado y, con el beneficio de la comparecencia de las partes, en el litigio procedemos a resolvér.

II

A. Como sabemos, en nuestro ordenamiento la responsabilidad civil extracontractual emana del artículo 1802 del Código Civil, que a tales efectos dispone que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 L.P.R.A. see. 5141. Como se deduce del propio texto citado, para que prospere una acción por daños y perjuicios bajo dicho precepto es necesario que se pruebe la ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que ocasiona un daño y la existencia del nexo causal entre ambos.

El resto del Artículo 1802 del Código Civil establece que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”. 31 L.P.R.A. see. 5141. Se trata de la codificación de la defensa de negligencia comparada incorporada al texto del Artículo 1802 mediante la Ley Núm. 28 de 9 de junio de 1956 y cuyo efecto es atenuar la responsabilidad de la parte demandada de acuerdo con el grado de negligencia desplegado por la parte demandante que contribuye a la producción de sus propios daños. Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39, 47 (1982); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996). Es decir, dicha defensa no exime de responsabilidad a la parte demandada, sino que sólo la reduce.

En casos donde existe una alegación fundamentada de negligencia comparada, el tribunal está llamado a “individualizar las indemnizaciones por daños, colocando el rigor económico en las partes conforme a la proporción de su descuido o negligencia”. H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, pág. 410. Así, el juzgador debe determinar el monto de la compensación y el porciento de responsabilidad que corresponde a cada parte, restando de la compensación total la fracción de responsabilidad correspondiente a la parte demandante. En esta tarea, el juzgador debe analizar todos los hechos y circunstancias particulares de cada caso (Velázquez v. Ponce Asphalt, supra, pág. 47 y hacer referencia a precedentes o guías comparables que sirvan como base para la distribución de responsabilidad en el caso ante su consideración (Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130, 136 (1980)).

En su recurso de revisión, la parte peticionaria argu-menta que la imputación de 50% de responsabilidad a los padres del menor B.M.C. es excesiva. Tienen razón. Como hemos señalado, al fijar la fracción de responsabilidad co-rrespondiente a cada parte en un pleito de daños, el juzga-dor debe analizar la totalidad de las circunstancias de cada caso y hacer referencia a los precedentes con hechos similares.

Analizados los hechos de este caso, entendemos que el mismo es comparable con Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982). Allí se impuso un 30% de res-ponsabilidad a la madre de un niño que murió mientras jugaba al ser arrollado por un camión perteneciente a la compañía demandada. Se deduce de los hechos allí reseña-dos que el niño estuvo jugando sin supervisión en la calle donde ocurrió el accidente durante un periodo de aproxi-madamente cuarenta y cinco minutos.

En el presente caso, el niño B.M.C. se encontraba ju-gando en el área recreativa de su condominio bajo la su-pervisión de su padre, quien se descuidó momentánea-mente para conversar con un vecino que transitaba por la calle frente al parque. De ello podemos derivar, primera-mente, que a la madre del niño no se le puede imputar ningún grado de negligencia, toda vez que al momento del accidente el menor se encontraba bajo el cuido y supervi-sión de su padre. Además, entendemos que no procede im-putarle un grado mayor de negligencia al señor Marcano Serrano que aquel imputado a la madre de la víctima en Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra. Tomando dicho precedente en consideración, y analizada la totalidad de las circunstancias, entendemos que al Sr. William Marcano Serrano le es imputable sólo un 15% de responsabili-dad por los daños sufridos por su hijo a raíz del accidente ocurrido el 9 de agosto de 2002.

De la misma manera, entendemos que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción de los padres del menor, basándose exclusivamente en el he-cho de que éstos fueron responsables, en parte, de la ocu-rrencia del acto dañoso. Como hemos señalado, el propio texto del Artículo 1802 del Código Civil establece que la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de res-ponsabilidad al demandado, sino que conlleva la reducción de la indemnización. 31 L.P.R.A. see. 5141. En el presente caso, los padres del menor accidentado testificaron durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Primera Instancia. De la transcripción de la prueba surge que éstos describie-ron los daños en concepto de sufrimientos, angustias men-tales e ingresos dejados de percibir que sufrieron a raíz del accidente. Es decir, sustentaron las alegaciones que a tales efectos incluyeron en su demanda. Por lo tanto, no proce-día desestimar su causa de acción sólo por el hecho de que desplegaron algún grado de negligencia.

B. No habiendo controversia en relación con el monto de la indemnización de $50,000 concedida al menor, proce-demos a considerar el argumento de los peticionarios a los efectos de que la reducción de dicha cuantía en proporción al grado de culpa de los padres, según practicada por el tribunal de instancia, tiene el efecto de imputar la negli-gencia de los progenitores al menor.

En múltiples ocasiones hemos establecido que a un niño pequeño “no se le puede imputar responsabilidad por sus actos u omisiones porque carece de prudencia, atención y discreción ...”. Laureano Pérez v. Soto, 141 D.P.R. 77, 91 (1996). Véase, además, Cruz v. Rivera, 73 D.P.R. 682, 692-693 (1952). Ello no impide, sin embargo, que se realice una alegación de negligencia comparada en contra de los padres del menor cuando éstos puedan ser responsables, en todo o en parte, de la ocurrencia del acto dañoso. Es en estos casos que la doctrina de negligencia comparada adquiere un matiz diferente, particularmente en relación con el pago de la compensación. Este tipo de controversia ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de esta Curia y su análisis es imprescindible para la resolución de la presente controversia. Veamos.

La problemática fue atendida por primera vez en Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970). Allí, un niño murió arrollado al cruzar una carretera súbitamente. Su madre, padre y hermanos reclamaron indemnización en concepto de sus propios daños y peijuicios, sufridos a raíz del accidente. Se imputó un 40% de negligencia a la madre del niño por permitir que éste saliera de su inmediata pre-sencia y supervisión. En cuanto al pago de la indemniza-ción concedida, resolvimos que el demandado no debía responder a ninguno de los demandantes en exceso del 60% de responsabilidad que le fue imputado, aun cuando ni a dichos demandantes —a excepción de la madre— ni al menor fallecido se hubiera imputado algún grado de negligencia. Expresamos en esa ocasión que “los demandados no res-ponden por los daños en exceso de su grado de culpa”. Id. pág. 259. También expresamos que es sobre la totalidad de la cuantía de daños y no sobre la parte alícuota correspon-diente a cada uno de los demandantes, que debe calcularse la proporción de la concurrencia de culpas. Id., pág. 258.

Posteriormente, en Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R., 72 (1982), revocamos la normativa de Quintana Martínez v. Valentín, supra. En este caso, una niña fue arrollada por un camión de helados. Se concluyó que la madre de la niña tenía un 50% de responsabilidad por per-mitir que la menor cruzara una calle sin supervisión. A diferencia de Quintana Martínez, en Torres Pérez, concluimos que tanto la niña, víctima directa del accidente a quien, por su corta edad, no se le podía imputar responsabilidad por sus actos, como su padre, quien no se encon-traba presente al momento de los hechos y, por lo tanto, no fue negligente, tenían derecho a cobrar el 100% de su indemnización. Nada se dijo en esa ocasión de las consecuencias que tal conclusión acarrearía para la causa de acción de la madre.

Este último aspecto fue atendido en Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra. En dicho caso, cuyas circuns-tancias ya hemos reseñado, se imputó a la madre del me-nor un 30% de negligencia. Concluimos que el demandado debía responder al padre y hermanos de la niña por el monto total de sus daños, toda vez que a éstos no se le podía imputar negligencia según las circunstancias del caso. Sin embargo, dispusimos que dicho demandado po-dría descontar de la compensación adjudicada a la madre del menor el 30% en exceso de su porciento de responsabi-lidad pagado a los demás codemandantes.

Posteriormente atendimos Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988), caso en el cual una adolescente de die-cisiete años de edad fue atropellada por un automóvil mientras cruzaba una carretera. Concluimos que la adoles-cente había sido responsable en un 60% de sus propios daños. La controversia giró en torno a si la madre de la menor podría cobrar la totalidad de sus propios daños. Re-solvimos afirmativamente, amparados en el principio de Torres Pérez v. Medina Torres, supra.

El más reciente de nuestros pronunciamientos en esta materia fue realizado en Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994). Allí, los causahabientes de un adulto que murió a raíz de un accidente automovilístico presentaron una de-manda de daños y perjuicios contra varias entidades gubernamentales. El tribunal responsabilizó solidaria-mente a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y sus aseguradoras por el 50% de los daños causados. El restante 50% de responsabilidad fue imputado a la víctima fatal del accidente. Por consiguiente, el foro primario redujo en un 50% la cuantía de la indem-nización de los demandantes quienes, a su vez, impugna-ron dicho cómputo ante este Foro.

En esa ocasión resolvimos que cuando la víctima de un accidente es causante de sus propios daños, a sus causaha-bientes se les reducirá su compensación en la proporción de la culpa de la víctima. Ello, tanto en relación con la acción de daños heredada del patrimonio de la víctima, como en aquella que los causahabientes ejercitan por sus propios daños a raíz de la muerte de su pariente. Final-mente, revocamos la decisión de Molina, Caro v. Dávila, supra, y reinstalamos la interpretación de la doctrina de Quintana Martínez v. Valentín, supra. Miranda v. E.L.A., supra, pág. 716.

En suma, en Torres Pérez v. Medina Torres y en los casos subsiguientes Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., y Molina, Caro v. Dávila, estimamos procedente el pago com-pleto de la indemnización a las partes a las que no se ad-judicó ningún grado de culpa o negligencia. Dicho proceder tiene como resultado que el demandado luego repita contra el codemandante quien, a su vez, es cocausante del daño, el monto de la indemnización pagado a dichas partes en exceso del grado de culpa que se le ha imputado.

En Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra, por ejemplo, tal determinación conllevó que el demandado, en un ejercicio de nivelación, pudiera descontar de la indem-nización concedida a la madre del menor accidentado —única demandante a quien se encontró parcialmente res-ponsable de los daños producidos— el monto de dinero pa-gado al padre y a los hermanos codemandantes en exceso del 70% de responsabilidad adjudicado en su contra. El efecto neto fue, por lo tanto, que indirectamente la madre de la víctima pagó una porción de la indemnización de su esposo y sus hijos. Tal resultado contraviene los principios de política pública que subyacen a la doctrina de inmunidad interfamiliar según la cual están prohibidas en nues-tro ordenamiento las acciones en daños entre los miembros del círculo íntimo de la familia. Art. 1810A del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5150. Véanse, además: Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950); Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955); Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 D.P.R. 60 (1975); Alonso García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91 (2001).

Ahora bien, para evitar tal resultado, en Miranda v. E.L.A., supra, reestablecimos la normativa original ex-puesta en Quintana Martínez v. Valentín, supra, a los efec-tos de que el demandado no debe responder en exceso de su grado de culpa en un caso en el que la víctima mortal del accidente es un menor inimputable cuyos daños son causados, en parte, por un miembro de su círculo familiar íntimo. Procede, en este tipo de caso, disminuir la cuantía total de la indemnización concedida en proporción de la negligencia del codemandante culposo.

Resolvemos que dicha normativa se extiende a un caso donde el menor, víctima directa del hecho dañoso a quien no se puede imputar negligencia, figura como demandante junto a su padre, cocausante del daño. Es decir, en un caso donde un menor sufre daños en parte a causa de la culpa o negligencia de un miembro de su círculo familiar íntimo, procede descontar la proporción de negligencia de dicho familiar del monto total de los daños adjudicados a favor de la parte demandante, independientemente de que implique disminuir la indemnización del menor que sufrió los daños. Entendemos que esta es la solución más justa y equitativa que evita una posterior acción de nivelación de la parte demandada contra el miembro de la familia del menor que haya incurrido en negligencia. Como hemos señalado, el efecto neto de dicha acción sería que, indirectamente, los familiares pagarían una porción de la indemnización correspondiente al menor. No podemos avalar dicho resultado que operaría en contravención a los postulados en que se fundamenta la doctrina de inmunidad interfamiliar. No se trata, entonces, de imputar la negligencia de los padres al menor inimputable, sino de evitar una acción de nivelación que contraviene la doctrina de inmunidad interfamiliar.

En el presente caso, el tribunal de instancia, estimó los daños sufridos por el menor B.M.C. en $50,000. Además, hemos determinado que el padre del niño incurrió en un 15% de negligencia en que ocurriera el accidente, mientras que el codemandado José P. Rosario Soto es responsable del restante 85% de los daños. En vista de nuestros pro-nunciamientos, procede reducir la cuantía de la indemni-zación del niño en un 15%. Por. lo tanto, la parte deman-dada está obligada a pagarle una cantidad neta de $42,500. Igual reducción deberá llevarse a cabo en relación con la indemnización que, en su día, se determine corres-ponda a los señores Marcano Serrano y Colón Santos en concepto de sus propios daños.

III

La parte peticionaria sostiene en su cuarto señala-miento que erraron los tribunales inferiores al desestimar su acción contra la Asociación de Condominos del Condo-minio Plaza del Parque y sus aseguradoras. No le ampara la razón.

Del expediente surge que con posterioridad al accidente de B.M.C., la Asociación de Condominos emitió una comu-nicación mediante la cual convocó a los residentes a una reunión para discutir alternativas para prevenir acciden-tes de tránsito en los predios del Condominio. Igualmente, del testimonio.de la Sra. Silvette de Cuarcevil Pérez, ad-ministradora del Condominio Plaza del Parque al mo-mento de los hechos, surge que con posterioridad al acci-dente de B.M.C. ocurrió un incidente en el que un conductor ebrio irrumpió en los predios del complejo, lo cual hizo temer por la seguridad de los niños que jugaban en los alrededores. Luego de este segundo incidente se aña-dieron dos reductores de velocidad al Condominio. Además, la Sra. Luana Pérez, presidenta de la Asociación de Condo-minos del Condominio al momento de los hechos, testificó que antes y después del accidente de B.M.C. hubo inciden-tes con conductores que no observaban las medidas de se-guridad del Condominio.

Si bien esta evidencia tiende a demostrar la presencia de un elemento de previsibilidad, entendemos que los demandantes no lograron satisfacer su carga de la prueba en relación con el elemento de causalidad. Como sabemos, en nuestro ordenamiento rige la teoría de la causalidad adecuada, según la cual “ ‘[n]o es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general’ ”. Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347, 355 (2003). No encontramos evidencia en el expediente que demuestre un nexo causal entre las posibles actuaciones u omisiones culposas de la Asociación de Condominos y el daño que sufrió el menor. Específicamente, no se demostró que el accidente fuera producto del exceso de velocidad o de la falta de medidas de seguridad en el Condominio. Por lo tanto, no procede la imposición de responsabilidad en contra de dichos codemandados.

IV

A. Nos resta considerar el planteamiento de la parte peticionaria de que erraron los tribunales inferiores al no conceder el pago de costas y honorarios de abogado a su favor.

En nuestro ordenamiento, la concesión de costas en el litigio está gobernada por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que en lo pertinente a la presente controversia dispone:

(a) Su concesión. — Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en ape-lación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo con-trario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tra-mitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe re-embolsar a otro.

La parte interesada en recobrar los gastos necesarios incurridos en la tramitación del pleito debe presentar, en un término improrrogable de diez días a partir de la noti-ficación de la sentencia, un memorándum juramentado que incluya las partidas correspondientes.

Si no hubiere impugnación, el tribunal aprobará el memorán-dum de costas, y podrá eliminar cualquier partida que consi-dere improcedente, luego de conceder al solicitante la oportu-nidad de justificar la misma. Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En el presente caso, el menor B.M.C. resultó victorioso en su acción de daños y perjuicios contra la Cooperativa de Seguros Múltiples y los señores Rosario Soto y Jovet Le Hardy. En cumplimiento con la Regla 44.1 de Procedi-miento Civil anteriormente citada, sus representantes le-gales sometieron a la consideración del Tribunal de Pri-mera Instancia, dentro del término de diez días reglamentario, un memorial de costas debidamente jura-mentado en el cual se detallan las partidas de gastos incu-rridos en la tramitación del pleito ascendentes a $5,229.65. Acompañaron el mismo de fotocopias de las facturas y de los cheques emitidos a tales efectos. Del expediente no surge que la parte demandada se haya opuesto oportuna-mente a dicho memorial. Por lo tanto, procede el pago de costas a favor de la parte demandante.

Cabe señalar que la Cooperativa alega que se liberó de su responsabilidad del pago de costas y honorarios de abo-gado al realizar una oferta de sentencia por el monto de la póliza ($25,000). Dicha oferta fue rechazada por la parte demandante.

La Regla 35.1 de Procedimiento Civil dispone, a tales efectos, que “[s]i la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y hono-rarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. IÍI.

Como hemos visto, la conclusión a la que llegamos hoy en relación con la distribución de la responsabilidad entre las partes en litigio tiene como resultado que proceda el pago de $42,500 a favor del menor B.M.C. Por lo tanto, nuestro dictamen es más favorable a la parte demandante que la oferta de sentencia que le hizo la Cooperativa la cual no es, entonces, óbice para que proceda el pago de las cos-tas del litigio a favor de la parte demandante.

B. No podemos llegar a la misma conclusión en relación con el pago de honorarios de abogado. Es norma reiterada que, en nuestro ordenamiento, procede la imposición del pago de honorarios cuando una parte ha incurrido con temeridad o frivolidad en la tramitación del pleito. Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Hemos establecido que el concepto temeridad se refiere a las actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito que se pudo evitar o que provocan su indebida prolongación. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 335 (1998). La imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una determinación discrecional del tribunal sentenciador, sólo revisable ante indicios de abuso de discreción por parte del juzgador. Sin embargo, una vez determinada la existencia de temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado es mandatoria. Blás, supra, pág. 334.

Luego de analizar el expediente del caso ante nuestra consideración, concluimos que la parte demandada no ha incurrido en temeridad en el trámite del mismo. La asegu-radora tenía derecho a litigar el aspecto de negligencia comparada en el caso, así como á presentar las demandas contra terceros que, a su mejor entender, podían respon-derle por los daños reclamados en su contra. Por lo tanto, no abusó de su discreción el tribunal de instancia al negar la imposición del pago de honorarios de abogado.

V

En virtud de nuestros pronunciamientos y de los funda-mentos que anteceden, procede modificar la distribución de responsabilidad y ordenar el pago de $42,500 al menor B.M.C. De la misma manera, se revoca la desestimación de la causa de acción de los padres del menor, los Srs. William Marcano Serrano y Vilma Colón Santos, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y se devuelve el caso al foro de instancia para determinar el monto de los daños sufridos por éstos a raíz del accidente en que resultó herido su hijo menor. Se ordena el pago de costas a favor de la parte demandante, las cuales deberá estimar el tribunal de instancia. Por último, se confirma la sentencia récu-rrida en cuanto a la desestimación de las causas de acción contra la Asociación de Condominos y sus aseguradoras, MAPFRE/PRAICO y National Insurance, y la denegatoria de la imposición del pago de honorarios de abogados.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente y disidente, a la cual se únió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Aun cuando concurro con varias de las determinaciones que contiene la opinión mayoritaria —a lás chales haremos referencia más adelante— disiento vehementemente de la determinación central de la referida ponencia, la cual con-sidero no sólo incorrecta en derecho, sino injusta.

I

La norma correcta y vigente en nuestra jurisdicción res-pecto al asunto ante nuestra consideración es que cuando el tribunal entiende que el demandante perjudicado o la víctima que falleció —quien es considerado como “adulto” para la posible imposición de negligencia concurrente— efectivamente incurrió en negligencia en el accidente o su-ceso por el cual se demanda, y le impone a éste como con-secuencia de ello un porciento específico de negligencia, dicho porciento le aplica —y se le puede deducir— no sólo a ese demandante peijudicado, sino a sus causahabientes, parientes y demás codemandantes. Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72 (1982); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985); Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994).

Ahora bien, cuando se trata de la situación en que la víctima o el perjudicado en el accidente es un inimputable —ya sea por su tierna edad o por ser un incapacitado mental— no procede imputar a éste, y reducir de la compensa-ción que el tribunal le haya concedido por los daños que sufriera, el porciento de negligencia concurrente que el tribunal haya determinado en que incurrió su madre, padre o custodio. Véase Ramos v. Caparra Dairy, Inc., ante.

En la opinión mayoritaria se sostiene —erróneamente a nuestro juicio— que en el presente caso ello resulta proce-dente porque, de no hacerse, se estaría violando la doctrina de inmunidad interfamiliar. Ello es totalmente incorrecto. Veamos.

En 1950 se estableció jurisprudencialmente en nuestra jurisdicción que los hijos no pueden instar acciones en daños y perjuicios contra sus padres, cuando ello afecte la inmunidad familiar, la institución de la patria potestad y las relaciones paterno-filiales. Véase Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950). Fundamentamos nuestra decisión en que la unidad familiar, la patria potestad y las relaciones paterno-filiales gozan de un alto interés público en nuestro ordenamiento, y que reconocer una acción en daños y per-juicios incoada por un hijo contra un padre abriría una brecha peligrosa en la unidad familiar.

Posteriormente, en Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955), reconocimos que la doctrina de inmunidad interfa-miliar no es absoluta, por lo que en los casos en los cuales no exista inmunidad interfamiliar que proteger, ni relacio-nes paterno-filiales que conservar, se iban a permitir recla-maciones extracontractuales de un hijo contra su ascendiente. La segunda excepción a esta doctrina se reconoció en Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 D.P.R. 60 (1975). En dicho caso se permitió una acción directa de una hija contra la compañía de seguros de su padre, porque ello no constituía una amenaza a la integridad y a la paz familiar que se quiso proteger con la doctrina de la inmunidad; ello por la obvia razón de que la hija no estaba de-mandando directamente al padre.

Por estimar necesario y conveniente incorporar en la ley lo que había resuelto este Tribunal, la Asamblea Legisla-tiva aprobó la Ley Núm. 193 de 6 de septiembre de 1996, mediante la cual se añadió el Art. 1810A al Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5150, el cual establece que

[n]ingún hijo podrá demandar a sus padres en acciones ci-viles en daños y peijuicios cuando se afecte la unidad familiar, la institución de la patria potestad y las relaciones paterno-filiales. Disponiéndose, que dicha prohibición no será absoluta y podrá ejercitarse la acción en daños y perjuicios cuando no haya unidad familiar que proteger, ni relaciones paterno-filiales que conservar. (Enfasis suplido.)

Nótese que lo que se prohíbe —y no de forma absoluta— es que un hijo, de forma expresa e intencional, presente una demanda contra uno de sus progenitores. Esto es, no se trata —como en el presente caso— de un resultado au-tomático al que se llega como consecuencia de un proceso de nivelación. No hay acción afirmativa de parte del hijo contra el progenitor negligente.

Dicho de otra manera, en el proceso dé nivelación entre el demandado extraño al núcleo familiar contra el deman-dante negligente en el cuidado del inimputable y, por lo tanto cocausante de los daños de éste, no se da la litigación intrafamiliar que genera animosidad y relaciones tirantes entre padre e hijo que caracterizan la confrontación adversativa. Menos aun es la posibilidad de que se produz-can rencores y resentimientos cuando en la máyoría de las veces el pariente miembro del círculo familiar cercano, que sería protegido por la inmunidad interfamiliar y que fue negligente en la supervisión del menor, es demandante en el pleito, por lo que recibirá indemnización por sus propios sufrimientos o por los daños heredados de la víctima y con ellos puede compensar su deuda. Como vemos, no estamos hablando de una acción directa y expresa del menor inim-putable —que generalmente está representado por sus progenitores— contra su padre o su madre.

Por último, la opinión mayoritaria afirma que lo más justo y equitativo es disminuir la indemnización del menor que sufrió los daños para evitar la posterior acción de ni-velación de la parte demandada en contra de un miembro de la familia del menor. Estamos en total desacuerdo. Es el menor inimputable quien sufrió mayores daños físicos y emocionales que lo afectarán por el resto de su vida, por lo cual, lo más justo es que sea a éste a quien se le remunere totalmente en lugar de disminuirse su indemnización.

En fin, reducir en un 15% la suma de dinero que le corresponde al menor en el presente caso, como lo hace la mayoría, no sólo es improcedente en derecho, sino que im-plica la comisión de una injusticia. Es por ello que disenti-mos, vehementemente, de esta determinación de la mayo-ría del Tribunal.

II

Por otro lado, concurrimos con la parte de la opinión mayoritaria que reinstala la causa de acción de los padres del menor, ya que del propio texto del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, surge que, en casos de negli-gencia concurrente, no se desestimará la reclamación de los cocausantes del daño sino que. meramente se reducirá la indemnización en lo que proceda. Estoy de acuerdo, ade-más, con la determinación mayoritaria de que la madre del menor no fue negligente, pues éste no se encontraba, al momento del accidente, bajo su supervisión.

Por último, estoy de acuerdo con la redistribución de responsabilidad que hace este Tribunal de que el padre del niño fue responsable únicamente en un 15% de los daños sufridos por su hijo.

Debe quedar claro, sin embargo, que disiento de la ma-yoría al imputarle a un menor de tres años de edad la negligencia de su padre, aun cuando había concluido que dicho niño era inimputable.

       Originalmente se incluyó en la demanda a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, pero luego trascendió que los señores Rosario y Jovet no esta-ban casados entre sí, por lo que éstos comparecieron individualmente.

       Cabe señalar que el testimonio de la Sra. Silvette de Cuarcevil Pérez fue presentado por la parte demandante luego de que las codemandadas —Asociación de Condominos del Condominio Plaza del Parque y sus aseguradoras— renunciaran a éste y lo pusieran a la disposición de las demás partes en el pleito. Dichas codeman-dadas fueron excusadas de comparecer al resto de los procedimientos cuando presen-taron una moción de desestimación al cabo de la prueba cuyo fallo el tribunal se reservó hasta el momento de dictar sentencia.

       Establece dicho artículo:
      “Ningún hijo podrá demandar a sus padres en acciones civiles en daños y per-juicios cuando se afecte la unidad familiar, la institución de la patria potestad y las relaciones paterno-filiales. Disponiéndose, que dicha prohibición no será absoluta y podrá ejercitarse la acción en daños y perjuicios cuando no haya unidad familiar que proteger, ni relaciones paterno-filiales que conservar.” 31 L.P.R.A. see. 5150.

       Debe enfatizarse el hecho de que en Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994), el Tribunal citó con aprobación la posición disidente que habíamos expuesto en Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988), caso en que por votación dividida de cuatro contra tres se había sostenido, erróneamente, la posición contraria.
      El hecho de que se citara con aprobación —y se adoptara— la posición disidente nuestra claramente demuestra que fue un error, o lapsus lingua, la afirmación que se hiciera en Miranda sobre que se reinstalaba la norma de Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970). Dicha aseveración no sólo era contraria a lo que se resolvió, sino que era totalmente innecesaria.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Segismundo López Montalvo, querellado.

      Número: CP-2005-18

      Resuelto: 26 de febrero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sylvia Roger-Stefani, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oro-noz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte peticionaria; Harry N. Padilla Martínez y Luis A. Muñiz Campos, abogados de la parte querellada; Víctor M. Rivera González, comisionado especial.
   per curiam:

Como consecuencia de la sentencia emitida por este Tribunal en Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005), el Procurador General presentó la querella que nos ocupa. En ésta, le imputó al Ledo. Segismundo López Mon-talvo dos cargos por violación a los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Los hechos alegadamente violatorios de las normas éticas, cuya comi-sión se le imputa al licenciado López Montalvo, surgen de su conducta como abogado de la parte demandante en la etapa apelativa del caso antes mencionado, según explica-mos a continuación.

I

La demanda en daños y perjuicios que dio comienzo al caso Souffront v. A.A.A., supra, se presentó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. El li-cenciado López Montalvo, como hemos dicho, representaba a la parte demandante. El 31 de octubre de 2003, el foro de instancia declaró “con lugar” una moción de sentencia su-maria presentada por la codemandada, ACE Insurance Co. (ACE) y desestimó el pleito por insuficiencia de prueba. La sentencia fue archivada en autos y notificada a la partes el 8 de diciembre de 2003.

El 8 de enero de 2004 (treinta y un días después de archivada en autos y notificada la sentencia), los deman-dantes presentaron ante el Tribunal de Apelaciones su re-curso de apelación. Para acreditar la jurisdicción de dicho foro, indicaron que la sentencia les fue notificada el 9 de diciembre de 2003 e incluyeron en su apéndice la copia de un sobre con un sello de $0.49 y matasellos del 9 de diciem-bre de 2003. Según alegaron, éste fue el sobre utilizado por el foro de instancia para notificarles la sentencia.

Por su parte, la apelada, ACE, solicitó la desestimación del recurso, alegando la falta de jurisdicción del tribunal apelativo y señalando que el sobre presentado por los de-mandantes no correspondía al sobre en que se envió la sentencia. A su vez, presentó copias de los sobres en que ACE y la otra codemandada, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), recibieron sus copias de la sentencia. La fecha de envío por correo de ambos sobres era el 8 de diciembre de 2003. Además, ambos sobres te-nían dos sellos cada uno, uno de $0.49 y otro de $0.57, para un total de franqueo de $1.06. Los sellos adheridos a cada uno de los sobres enviados a los codemandados seguían una secuencia numérica, lo cual indicaba que se habían enviado de forma simultánea. ACE también sometió copia de la página de “teletribunales” que reflejaba que la sen-tencia apelada se había notificado el 8 de diciembre de 2003.

El 25 de marzo de 2004, el Tribunal de Apelaciones re-vocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pero no resolvió nada en cuanto al planteamiento jurisdicciorial. Habiéndose presentado una moción de reconsideración, el Tribunal de Apelaciones concedió a los apelantes un tér-mino para expresarse. Estos comparecieron, representados por el licenciado López Montalvo, para reiterar que la sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia no se les notificó el 8 de diciembre de 2003, como a las otras partes en el pleito, sino el 9 de ese mismo mes.

El Tribunal de Apelaciones denegó la reconsideración y ACE acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari. Incluyó en el apéndice de su escrito una certifi-cación oficial de la Secretaría Regional del Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Esta certifi-caba que la sentencia dictada “fue notificada y depositada en el correo el 8 de diciembre de 2003”, y que el registro de “Notificación de sentencias y resoluciones enviadas al co-rreo fuera de fecha” no reflejaba anotación alguna que in-dicara que se hubiera hecho alguna notificación en fecha distinta a la de archivo en autos.

Ordenamos a la parte recurrida mostrar causa por la cual no debía expedirse el recurso y revocarse la determi-nación del Tribunal de Apelaciones. Los recurridos, nueva-mente representados por el licenciado López Montalvo, comparecieron y argumentaron que no debíamos tomar en consideración la certificación emitida por la Secretaría Regional de Mayagüez porque ese documento no se había pre-sentado ante el Tribunal de Apelaciones y no estaba in-cluido en el expediente del caso. Señalaron, además, que la “alegada certificación” no excluía la posibilidad de error humano y solicitaron que se tomara conocimiento judicial “de las correspondencias mal manejadas, colocadas en lu-gares equivocados y extraviadas que ocurren diariamente en el correo postal”.

El 21 de abril de 2005, mediante opinión per curiam, expedimos el recurso de certiorari y revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Expusimos en nuestra opinión que la actitud del licenciado López Montalvo, al tratar de evitar que este Tribunal considerara la certificación de la Secretaría Regional del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, “pone de manifiesto un trámite amañado para confeccionar artificialmente la jurisdicción del foro apelati-vo” (Sentencia de 21 de abril de 2005, pág. 16) y era “alta-mente preocupante”. Por eso, ordenamos referir la con-ducta desplegada por el licenciado López Montalvo al Procurador General.

El Procurador General presentó la querella el. 22 de agosto de 2005. El licenciado López Montalvo respondió el 1 de diciembre de 2005 y adujo que “los hechos que surgen de la opinión de este Honorable Tribunal a lo más que dan lugar es a concluir que el aquí compareciente incurrió en un error lamentable al utilizar de manera equivocada un sobre para acreditar la jurisdicción del foro apelativo”. El 8 de enero de 2005 nombramos al Ledo. Víctor Rivera Gon-zález como Comisionado Especial. Celebrada la vista y re-cibida la prueba, el Comisionado rindió su Informe el 28 de agosto de 2007.

Durante el trámite de la querella, el querellado no con-trovirtió los hechos que hemos reseñado. Más bien, en to-dos sus escritos y en la vista evidenciaría se limitó a cues-tionar que sus actos tuvieran la intención de inducir a error al Tribunal de Apelaciones respecto a su jurisdicción. Según el querellado, el Procurador General no llevó a cabo investigación de hechos alguna antes de presentar la que-rella, sino que se limitó a citar nuestras expresiones en Souffront v. A.A.A., supra. Arguye el querellado que ello no es suficiente para concluir que el sobre presentado, efecti-vamente, se sometió con ese propósito o que fuera objeto de alteración o de uso indebido.

El Procurador General no presentó prueba testifical du-rante la vista y su prueba documental consistió básica-mente de los expedientes del caso Souffront v. A.A.A., supra, ante los foros de instancia, apelativo y el Tribunal Supremo.

Además de su propio testimonio, el querellado ofreció el testimonio de tres abogados que se expresaron sobre su conducta y desempeño personal y profesional. El quere-llado testificó que para la fecha de los hechos laboraban en su bufete tres abogados y tres secretarias, dos de éstas a tiempo parcial. Las notificaciones las recibían las secreta-rias, quienes tenían una directriz de engrapar el sobre de la notificación al expediente. Expuso que no manejó perso-nalmente el sobre ni la sentencia enviados por el Tribunal de Primera Instancia. Indicó, además, que en su oficina no había, para la fecha de los hechos, un registro de notifica-ciones recibidas, aunque se implantó uno después de lo ocurrido. Aceptó el querellado que nunca se fijó en el fran-queo requerido para el envío de una sentencia de catorce páginas.

Según el Comisionado Especial, el querellado aceptó su negligencia, “no así que su actuación haya ido intencional-mente dirigida a tratar de crear jurisdicción artificial-mente, constándole que no la había”. Informe del Comisio-nado Especial. En su Informe el Comisionado determina, como cuestión de hecho, que el licenciado López Montalvo “fue negligente en la supervisión del manejo de la corres-pondencia” y que se probó la infracción a los Cánones 9 y 12 del Código de Etica Profesional, supra, “en función de la negligencia del abogado tal como aceptada por éste en su testimonio y evidenciada por la contundente prueba documental”. Id. El Comisionado nos recomienda que limi-temos la sanción disciplinaria correspondiente a una amo-nestación o censura, ya que el licenciado López Montalvo goza de buena reputación en la profesión legal y ésta es la primera querella que se presenta en su contra.

II

[1 — 2] Al querellado se le imputa haber violado los Cá-nones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra, que en lo aquí pertinente proveen lo siguiente:

Canon 9:

El abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o aten-tados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe interve-nir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Canon 12:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Los abogados son una parte esencial del proceso de impartir justicia y, como tal, tienen la ineludible encomienda de desempeñar su labor con la mayor diligencia, responsabilidad e integridad. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003); In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998); In re Córdova González, 135 D.P.R. 260 (1994). En reiteradas ocasiones hemos hecho hincapié en que el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, impone a los abogados y a las abogadas la obligación de ser diligentes y responsables en la tramitación de los casos que se les encomiendan, evitando entorpecer su resolución.

El abogado está llamado a cumplir la obligación que el referido Canon 12 impone en todas las etapas de un litigio. In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003); In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001); In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288 (2000); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996); In re Arroyo Villamil, 113 D.P.R. 568 (1982); Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846 (1975).

En cuanto al Canon 9, supra, hemos expresado que la práctica de la abogacía exige hacia los tribunales constante respeto. In re Pagán, 116 D.P.R. 107, 111 (1985). Esta actitud de respeto no se limita al comportamiento y lenguaje utilizados durante los procesos o en los escritos judiciales. Es más bien la responsabilidad que tiene todo abogado o toda abogada de asumir un compromiso de vigilar constantemente por la calidad de la justicia que se imparte en los tribunales y de actuar para asegurar el buen orden en la administración de la justicia. Esta obligación, según hemos explicado en incontables ocasiones, tras-ciende la relación puramente privada entre el abogado y el cliente. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

El querellado acepta que los hechos incontrovertidos ex-puestos en nuestra opinión en Suffront v. A.A.A., supra, son suficientes para sostener que él fue negligente al utili-zar un sobre equivocado para acreditar la jurisdicción del foro apelativo. Aduce, sin embargo, que no se ha probado que su actuación fuera intencional y que para sostener el ejercicio de nuestra facultad disciplinaria es necesario de-mostrar que la conducta no sólo fue meramente negligente, sino que hubo intención de actuar contrario a lo que re-quieren los cánones de ética profesional. No tiene razón.

En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000), establecimos que cuando la fecha del archivo en autos del dictamen judicial y la de la notificación postal no coinciden, la mejor práctica para acreditar la jurisdicción del foro apelativo es que el apelante o peticionario incluya en el apéndice al recurso, además de la copia del volante del archivo en autos de la notificación de la sentencia, una copia del sobre del Tribunal en el que se recibió la notificación] El matasellos del correo deberá reflejar claramente la discrepancia en las fechas. De esta forma, el tribunal y las partes pueden constatar si el recurso de apelación se presentó dentro del tiempo que disponen las Reglas de Procedimiento Civil. Ante el peligro potencial del uso de otro sobre originado en el mismo tribunal en un caso distinto, ordenamos a las secretarías de los diversos tribunales que crearan un registro, o levantaran un acta, que permitiera constatar si una sentencia, resolución u orden se notifica por correo en una fecha distinta a su archivo en autos. Id., pág. 12. Advertimos a los abogados que el uso de sobres que no correspondieran al caso apelado para inducir a error al foro apelativo respecto a su jurisdicción, estaría sujeto a sanciones económicas y disciplinarias. Id., pág. 13 esc. 5.

El licenciado López Montalvo estaba advertido, pues, de la seriedad e importancia de poder demostrar fehaciente-mente que hubo una discrepancia entre la fecha de archivo en autos de una sentencia y su notificación. Sabía de la directriz que habíamos impartido a las secretarías regiona-les sobre el registro de notificaciones en fechas distintas al archivo en autos. No obstante, se opuso a que tomásemos en consideración dicha certificación en este caso. Antes de eso pudo examinar la información al respecto que obraba en el sistema de Teletribunales, ofrecida por ACE en su moción de reconsideración. En fin, no actuó en un vacío.

La negligencia del Ledo. Segismundo López Montalvo en el manejo de documentos que inciden en la jurisdicción del foro apelativo, admitida por él, y su obstinada insisten-cia en que no se considerase siquiera una certificación ofi-cial de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que indudablemente aclaraba ese asunto, son contrarias a la obligación de vigilancia para asegurar el buen orden de la administración de la justicia que requiere el Canon 9 y la diligencia y responsabilidad que requiere el Canon 12. No se trata de una mera inadvertencia o leve dejadez. Al licen-ciado López Montalvo se le advirtió de la incongruencia en franqueo entre el sobre que según él se utilizó para notifi-carle la sentencia y los sobres que recibieron los codeman-dados. En la etapa de la reconsideración ante el foro ape-lativo se le brindó información oficial que ponía en entre-dicho su alegación. En todo momento se negó a admitir las incongruencias y argumentó sin fundamento contra nues-tra facultad para considerarlas, aun cuando ello iba diri-gido a aclarar y asegurar la jurisdicción del foro apelativo, asunto que es, como hemos explicado en numerosas ocasio-nes, altamente privilegiado y que se puede levantar en cualquier etapa del proceso. Por ello, su conducta consti-tuyó una violación a esos cánones.

Lo anterior evidencia una conducta altamente negli-gente, y una preocupante falta de diligencia en cuanto a su obligación de velar por la pureza y el buen orden de los procedimientos judiciales. No obstante, tomando en consi-deración que el Comisionado Especial determinó que el querellado goza de una buena reputación profesional, que no ha estado sujeto a otro proceso disciplinario y que ha reconocido el error cometido, limitamos la sanción discipli-naria a una suspensión del ejercicio de la profesión por el término de un mes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió. Los Jueces que intervienen lo hacen por Regla de Necesidad.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Noel Paonesa Arroyo, recurrido.

      Número: CC-2006-570

      Resuelto: 26 de febrero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte peticio-naria; Ana E. Andrade Rivera, de la Sociedad para la Asis-tencia Legal, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Noel Paonesa Arroyo y Sonia González Alejandro c/p Carmen González Alejandro c/p La Bella, fueron acusados por el delito de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas del 2000. En específico, se les imputó que de forma “ilegal, voluntaria, criminalmente, con alevos [í] a, malicia premeditada y deliberad [ó] n y con el prop [ó] sito decidido y firme de matar, actuando en concierto y común acuerdo entre s[í] dieron muerte al ser humano Edwin Vigo Aponte consistente dicho acto en que utilizan[d]o un arma de fuego le hizo [sic] varios disparos que le ocasionaron la muerte en el acto”. Apéndice del Certiorari, pág. 22.

El 1 de diciembre de 2005, Paonesa fue ingresado en el Centro de Detención de Bayamón al no prestar la fianza de $1.5 millones. En la vista preliminar, celebrada el 14 de marzo de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, se encontró causa probable para acusarlo por los delitos de asesinato en primer grado y violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 458c. El 28 de marzo de 2006 se llevó a cabo el acto de lectura de acusación.

El 11 de mayo de 2006, el tribunal señaló el juicio por jurado para el 22 de mayo de 2006. En tal fecha, según surge de la Minuta, el tribunal indicó a los allí presentes que, debido a que el caso le había sido trasladado de otra Sala y ya había comenzado unos casos de homicidio, asesi-nato y actos lascivos, era necesario integrar su caso a su Sala y ubicarlo en el calendario. Ese día el tribunal le tomó el juramento preliminar a los potenciales candidatos a ju-rado y señaló la continuación del juicio para el 21 y 22 de junio de 2006.

El 1 de junio de 2006, Paonesa Arroyo presentó un re-curso de habeas corpus ante el tribunal de instancia. Plan-teó que procedía su excarcelación según lo establecido en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, ya que habían transcurrido más de seis meses desde su detención y aún no se había celebrado el juicio correspondiente.

El 2 de junio de 2006, el tribunal de instancia emitió una resolución para denegar la solicitud de habeas corpus y reiteró el señalamiento de continuación del juicio para el 21 de junio de 2006. El foro primario expresó que el juicio comenzó el 22 de mayo de 2006 con la desinsaculación del Jurado, cuando aún no había transcurrido el término cons-titucional de seis meses. Sobre el particular, señaló que se llevó a cabo la juramentación preliminar del Jurado y se realizaron entrevistas individuales y generales de los posi-bles candidatos a servir como jurados. Además, destacó que distinto a la situación en casos donde se plantea la defensa de doble exposición, cuando se trata de detención preventiva y del derecho a juicio rápido, basta con el jura-mento preliminar del Jurado según la Regla 119 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para que se entienda iniciado el juicio.

Inconforme, Paonesa Arroyo solicitó su excarcelación al Tribunal de Apelaciones. Argumentó que su detención era ilegal porque violaba la disposición constitucional que proscribe las detenciones preventivas en exceso de seis me-ses sin haberse iniciado el juicio. El 14 de junio de 2006, el Tribunal de Apelaciones emitió su sentencia: revocó la de-terminación del tribunal de instancia y ordenó la excarce-lación de Paonesa Arroyo. El foro apelativo resolvió que, si bien para efectos de la detención preventiva el juicio co-mienza con la juramentación preliminar del Jurado, en este caso “el Estado no hizo esfuerzos genuinos por preser-varle el derecho al acusado de que se le celebrara juicio dentro de los seis meses de su detención preventiva”. Apén-dice del Certiorari, pág. 71. A su juicio, lo aquí ocurrido —tomarle el juramento preliminar al Jurado, hacer unas preguntas generales y, tras ello, posponer el caso— consti-tuyeron “esfuerzos livianos conducentes a dar por comen-zado el juicio y así circunvalar lo preceptuado en la Cláu-sula de Detención Preventiva”. Id.

De tal determinación recurrió ante este Tribunal el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, mediante una moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de certiorari. El 19 de jimio de 2006 ordenamos la paraliza-ción de los procedimientos ante el tribunal de instancia hasta la resolución del recurso presentado ante nuestra consideración. El Procurador General presentó una moción en reconsideración parcial, en la que nos solicitó que orde-náramos la reencarcelación inmediata de Paonesa. Alegó que el juicio comenzó el 22 de mayo de. 2006 y que, por lo tanto, no cabe hablar de una violación a la cláusula consti-tucional de detención preventiva. Denegamos tal solicitud.

Expedimos el recurso. Con el beneficio de la compare-cencia de las partes, procedemos a resolver.

I

El Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, consagra los derechos que le asisten a un acusado en los procesos criminales cuando establece, en lo pertinente:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público ... y a gozar de la presun-ción de inocencia.
Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327.

Las Reglas de Procedimiento Criminal adoptaron los mandatos constitucionales antes expuestos. En primer tér-mino, la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, esboza los fundamentos para solicitar la desestimación de una acusación o denuncia, entre ellos, cuando la causa en cuestión, o alguna controversia esencial a ésta, es cosa juzgada.

La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, habilita la desestimación de una acusación o denuncia por motivo de violaciones al derecho a un juicio rápido. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que se presumirá inocente al acu-sado mientras no se pruebe lo contrario.

De particular relevancia a la controversia que hoy atendemos, la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula lo relativo a la imposición de fianzas. Dispone, en lo pertinente, que “[l]as personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo condenatorio”. La fianza impuesta no puede ser excesiva. Const. E.L.A., ante. Su único propósito es garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos judiciales. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 17.4, págs. 468-475; Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265 (1979).

Cuando el imputado no puede prestar la fianza que se le impone, queda sometido a detención preventiva durante el periodo anterior al juicio. Es decir, permanece sumariado en espera de que se celebre él proceso criminal en su contra. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990); Pueblo v. González Vega, 147 D.P.R. 692 (1999). Sin embargo, aun cuando el Estado tiene un deber de custodia que, en ciertas situaciones, le autoriza a tomar medidas que garanticen que el imputado no evada la jurisdicción, y por eso puede “condicionar” la libertad del acusado antes del juicio, existen límites a la restricción de la libertad del acusado.

A esos efectos, y como expresáramos anteriormente, el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución establece que la “detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. Const. E.L.A., ante, pág. 327. La referida cláusula constitucional tiene el propósito de asegurar que el acusado comparezca a los procedimientos cuando éste no ha prestado fianza, a la vez que evita que se le castigue excesivamente por un delito por el cual no ha sido juzgado. Pueblo v. Martínez Torres, ante. La profesora Resumil señala que la cláusula de detención preventiva pretende “evitar que a urna persona a quien ampara una presunción de inocencia sea restringida por el estado en el ejercicio de su poder de custodia con el único propósito de hacerle comparecer ajuicio”. O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248. La duración limitada del periodo de detención preventiva pretende evitar que “se convierta en un castigo anticipado por un delito no juzgado”. (Enfasis suprimido.) Resumil, op. cit., pág. 248. Cabe señalar que no existe una disposición equivalente a ésta en la Constitución de Estados Unidos. Chiesa, op. cit., Sec. 17.2, pág. 461.

En el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos se describió la cláusula constitucional sobre la detención pre-ventiva como algo nuevo en nuestra jurisdicción, que tiene el propósito de “impedir que se pueda encarcelar a una persona por más de seis meses sin celebrarle juicio”. Del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico surge que el delegado, señor Alvarado, ex-presó, en torno al término máximo para la detención pre-ventiva, que “ [e] ste término es tan y tan perentorio que si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido a juicio, la corte tiene que ponerlo en la calle por un habeas corpus inmediatamente que hayan pasado los seis meses”. (Enfasis suplido.) 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1595 (1961).

No obstante lo anterior, en la Convención se aclaró que, naturalmente, el acusado no queda exento de los cargos presentados en su contra, sino que se continuará la cele-bración del juicio como si estuviera bajo fianza; es decir, en libertad. Diario de Sesiones, ante, pág. 1597; Ruiz Ramos v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001); Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590 (1988); Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451 (1962); Pueblo v. Ortiz, 76 D.P.R. 247 (1954). Dicho de otra manera, una vez transcurren seis meses desde la de-tención del acusado sin que el acusado sea sometido al jui-cio correspondiente, éste tiene derecho a ser excarcelado y permanecer en libertad por el resto del tiempo que duren los procedimientos en su contra.

La cláusula sobre detención preventiva fue debatida ampliamente por la Convención Constituyente, específica-mente la inclusión de la frase “antes del juicio”. Tras su aprobación, ha habido discusión sobre si la frase antes re-señada exige que se inicie el juicio antes del término de seis meses, o que se produzca un fallo definitivo antes de que venza dicho plazo. Sobre ello, el profesor Chiesa señala que aunque no está claro si el juicio debe celebrarse en su to-talidad dentro del plazo de seis meses o si basta con que el juicio comience antes de que transcurra dicho plazo, el texto de la cláusula parece indicar que se trata del último supuesto, ya que dispone que el acusado no puede estar en detención preventiva por un periodo mayor de seis meses “antes del juicio”. (Enfasis suprimido.) Chiesa, op. cit, See. 17.2, pág. 463.

Estamos contestes; esto es, resolvemos que es suficiente el “inicio” del juicio —antes de que se cumplan los seis meses de prisión preventiva— para evitar la excarcelación del acusado al amparo de la cláusula de detención preventiva. Esto es, no se requiere la celebración de la totalidad del juicio dentro de los seis meses desde que el acusado fue detenido preventivamente.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento coexisten dos momentos distintos en los cuales se entiende iniciado un juicio, dependiendo del derecho tutelado. Según la cláusula de doble exposición, el juicio comienza cuando el Jurado ha tomado el juramento definitivo o cuando, en casos por tribunal de derecho, el primer testigo presta juramento. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 8va ed. rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 138; Pueblo v. Martínez Torres, ante; Crist v. Bretz, 437 U.S. 28 (1978).

El momento es distinto para un acusado que interesa renunciar a un juicio por jurado al amparo de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387, 393-394 (1982), resolvimos que, al amparo de la citada Regla 111 de Procedimiento Criminal, después de comenzado el juicio, el acusado sólo puede renunciar al derecho a juicio por jurado a discreción del tribunal.

En dicha ocasión resolvimos que, en el contexto del de-recho de un acusado a renunciar al derecho a juicio por jurado, la “frase el ‘comienzo del juicio’ significa que se haya movido la maquinaria de la justicia en la fecha seña-lada para la celebración del proceso. No hay que aguardar necesariamente a la desinsaculación y juramentación final de todos los jurados para afirmar que se ha iniciado el juicio. Basta con que se haya tomado el juramento prelimi-nar que ordena la Regla 119 [de Procedimiento Criminal]”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Borrero Robles, ante, pág. 393.

Aun cuando existen momentos distintos para el “co-mienzo” del juicio para efectos de la cláusula de doble ex-posición y el de la renuncia al derecho ajuicio por jurado al amparo de la Regla lli de Procedimiento Criminal, ante, este Tribunal nunca se ha expresado sobre el momento en que comienza el juicio para efectos de la cláusula constitucional sobre detención preventiva. Acometemos dicha encomienda.

II

Tomando en cuenta que, como expresáramos anterior-mente, no existe disposición equivalente a la cláusula so-bre detención preventiva en la jurisdicción federal, debe-mos analizar nuestra jurisprudencia relativa a la misma, la política pública que motivó la imposición de un límite de tiempo en ésta y los derechos tutelados por las cláusulas constitucionales con las cuales, según señalamos anterior-mente, se le ha comparado.

En su recurso, el Procurador General sostiene que, en vista de que el juicio comenzó el 22 de mayo de 2006 —al juramentarse preliminarmente al Jurado— era improce-dente cualquier reclamación de dilación excesiva en la ce-lebración del juicio al amparo de la cláusula de detención preventiva y la posterior excarcelación de Paonesa. A su juicio, el único derecho que a éste le asistía era la presen-tación de un mandamus para exigirle al tribunal que orde-nara la continuación del juicio sin dilaciones para evitar violaciones a su debido proceso de ley y a su derecho cons-titucional a un juicio rápido.

El límite temporal impuesto a la detención preventiva es, naturalmente, de rango constitucional. La excarcela-ción de un acusado al amparo de la cláusula de detención preventiva está vinculada, indudablemente, a la primacía del derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.

No hay duda de que la protección contra la doble expo-sición tutela intereses de suma importancia en nuestra ju-risdicción, ya que protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito. Esta cláusula constitucio-nal impone límites constitucionales al poder de sancionar que tiene el Estado, para proteger los derechos del acusado. En particular, concede al Estado una sola oportu-nidad para probar que un acusado es culpable más allá de toda duda razonable, rebatiendo así la presunción de ino-cencia que cobija a todo acusado. Chiesa, op. cit., Sec. 16.4, pág. 412.

El derecho a un juicio rápido, por otro lado, pretende evitar que el acusado esté sujeto a la incertidumbre que produce un juicio criminal que se extiende por un periodo sustancial de tiempo. Sobre el particular, Chiesa señala que la cláusula de juicio rápido anglosajona, de estirpe similar a la nuestra, pretende:

1. Evitar [la] indebida y opresiva encarcelación antes del juicio,
2. minimizar la ansiedad y preocupación que genera una acusación pública [,] y
3. limitar las posibilidades de que una dilación extensa me-noscabe la capacidad del acusado para defenderse. Chiesa, op. cit., Sec. 12.1, pág. 117.

El Procurador General nos señala que las cortes federa-les han sostenido que el juicio, para efectos del Speedy Trial Act, 18 U.S.C.A. sec. 3161, comienza con el voir dire del Jurado, y no con la juramentación definitiva. Véanse: U.S. v. Osteen, 254 F.3d 521 (4to Cir. 2001); Government of Virgin Islands v. Duberry, 923 F.2d 317 (3er Cir. 1991); United States v. Stayton, 791 F.2d 17 (2do Cir. 1986); United States v. Crane, 776 F.2d 600 (6to Cir. 1985); United States v. Gonzalez, 671 F.2d 441 (11vo Cir. 1982).

No hay duda de que, desde el arresto, el procedimiento criminal debe llevarse a cabo dentro de los límites tempo-rales impuestos tanto por la Constitución como por las Re-glas de Procedimiento Criminal. Así claramente lo esta-blece la citada Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución y las Reglas de Procedimiento Criminal pertinentes.

La cláusula de detención preventiva evita que la encarcelación del acusado antes del comienzo del juicio ex-ceda de seis meses, en cierto modo obligando al Estado a enjuiciar al acusado lo más pronto posible. El derecho a un juicio rápido tiene el propósito de que el proceso, desde el arresto hasta la convicción o absolución, no esté colmado de dilaciones excesivas e irrazonables que puedan perjudicar al acusado o su defensa. Ambas disposiciones tienen el propósito común de agilizar los procedimientos, debiéndose mantener presente que tanto el acusado como la sociedad en general tienen un gran interés en que se resuelva y determine, definitivamente, la inocencia o culpabilidad de éste. Siendo ello así, resulta lógico y razonable concluir —y así lo resolvemos— que, al amparo de ambas disposiciones, se debe entender que el juicio ha comenzado cuando se juramenta preliminarmente al Jurado y no en dos momentos distintos.

Reconocemos que dicha determinación puede promover que, en ocasiones, se lleve a cabo la juramentación prelimi-nar con el único propósito de asegurar que el acusado per-manezca detenido. Si bien ello puede suceder, el acusado no queda huérfano de remedios ya que, una vez se lleva a cabo la juramentación preliminar bajo el palio del derecho a un juicio rápido, el tribunal no se puede cruzar de brazos. A esos efectos, y al interpretar el Speedy Trial Act, las cor-tes federales han concluido que una dilación excesiva entre el voir dire y la juramentación definitiva del Jurado es una violación al derecho a un juicio rápido que puede conllevar la desestimación de la acusación. Véanse: U.S. v. Osteen, ante; Government of Virgin Islands v. Duberry, ante; United States v. Stayton, ante; United States v. Crane, ante; Únited States v. Gonzalez, ante. Acogemos dicho razonamiento e interpretación.

De esta manera se salvaguarda el derecho del acusado a ser sometido a un juicio con celeridad, así como el derecho a no permanecer detenido por un periodo de tiempo en ex-ceso de seis meses sin ser sometido a juicio; derechos que están íntimamente vinculados entre sí.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resolvemos que en el contexto de la cláusula constitucional sobre deten-ción preventiva, el juicio “comienza” con la juramentación preliminar del Jurado bajo la Regla 119 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

III

En el caso de autos, tras llevar a cabo la juramentación preliminar del Jurado, el tribunal pospuso el inicio del jui-cio por un periodo de aproximadamente un mes, debido a que tenía ante su consideración un caso criminal complejo y el caso de Paonesa Arroyo le había sido transferido de otra sala, por lo cual era necesario ubicarlo en el calendario de su sala. Si bien hemos señalado que las tardanzas atri-buibles a un calendario de trabajo congestionado, por sí solas, no justifican la posposición de un señalamiento del juicio, en este caso no se trata de un mero reclamo de tra-bajo excesivo, sino de acomodar en el calendario de una sala un caso proveniente de otra sala cuando ya se estaba ventilando otro en la misma. Véanse: Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 D.P.R. 137 (2004); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

Se debe mantener presente que las demoras institucionales, de ordinario atribulóles al Estado, que “no tienen de forma alguna el propósito de perjudicar a la persona imputada o acusada, serán tratadas con menos rigurosidad que las intencionales, cuyo fin es entorpecer la defensa del imputado”. Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781, 793 (2001). Aun cuando ello no implica que tales demoras justifican la inobservancia de los términos de juicio rápido, las mismas deberán ser evaluadas conforme los hechos de cada caso en particular. .

Además, y aun cuando no fue Paonesa Arroyo quien so-licitó la posposición, éste tampoco se opuso a la misma ni reclamó su derecho a un juicio rápido. Incluso, tampoco solicitó la desestimación de la acusación al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, ante, sino que pre-sentó un recurso de habeas corpus bajo el fundamento de que el juicio no había comenzado con la juramentación pre-liminar del Jurado.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, es forzoso con-cluir que, en vista de que el juicio comenzó con la juramen-tación preliminar del Jurado el 22 de mayo de 2006, el remedio que tenía disponible Paonesa Arroyo era una soli-citud de desestimación y no un habeas corpus. Asimismo, pudo haber solicitado —y no lo hizo— la expedición de un mandamus para que el tribunal señalara la continuación de los procedimientos con celeridad. En resumen, el juicio en el presente caso comenzó antes de que transcurriera el plazo de seis meses que dispone la cláusula constitucional de detención preventiva.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede confirmar la sentencia del tribunal apelativo en lo relativo a su determi-nación de que el juicio en el presente caso comenzó con la juramentación preliminar del Jurado y revocar la orden del foro apelativo intermedio ordenando la excarcelación de Paonesa Arroyo. Procede, además, devolver el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opi-nión escrita.

       Así, procede la desestimación de la acusación cuando el acusado no es some-tido a juicio dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la acusación, en casos en que el acusado está detenido, o en ciento veinte días cuando el acusado se encuentra en libertad bajo fianza. Regla 64(3) y (4) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 12.2, pág. 158. Ahora bien, cuando existe justa causa para la demora, o cuando ésta sea atribuible al acusado, no procede la desestimación por tal razón.

       Ello en vista de que previo a la aprobación de la referida cláusula constitu-cional, era posible mantener a un acusado detenido mediante la presentación de acusaciones sucesivas cada vez que finalizaba el término de ciento veinte días esta-blecido por el Art. 448 del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, desde la acusación hasta la celebración del juicio. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2571 (1961).

       La Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, fue enmendada sustancialmente mediante la Ley Núm. 86 de 9 de julio de 1986. Como resultado de ello, la referida regla ahora dispone que “[s]i la renuncia al jurado se produce una vez comenzando el juicio, es discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público”. (Énfasis nuestro.) Por lo cual, la renuncia al Jurado cuando ha comenzado el juicio no descansa únicamente en la discreción del tribunal, sino que requiere la anuencia del Estado.

       La referida disposición opera cuando: (1) se comienza un segundo proceso por el mismo delito cuando el acusado fue absuelto o no fue convicto en el primer proceso; (2) cuando se comienza un segundo proceso por el mismo delito tras haber sido convicto en el primer proceso; (3) cuando el juicio comenzó en el primer proceso, aun cuando no hubo convicción o absolución, o (4) cuando se imponen castigos múltiples por la misma ofensa. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 568-569 (1990); Chiesa, op.cit., Sec. 16.1, pág. 354.

       Una dilación excesiva también puede alterar la composición del Jurado, en tanto el transcurso del tiempo desde la etapa preliminar hasta la juramentación final podría llevar a la sustitución de jurados potenciales. Véase U.S. v. Stayton, 791 F.2d 17 (2do Cir. 1986).


text:
      In re Virgen E. Rivera Torres.

      Número: TS-5089

      Resuelto: 26 de febrero de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Virgen Enid Rivera Torres, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinadas la Solicitud de Reinstalación, la Moción en Cumplimiento de Orden y la Moción Informativa sobre el estado de la inspección de la obra notarial incautada, pre-sentada por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se reinstala inmediatamente a la licenciada Rivera Torres al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. George Acevedo Ramos, recurrido.

      Número: CC-2006-1139

      Resuelto: 27 de febrero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Alex Ornar Rosa Arnbert, procurador general auxiliar, Maite D. Oro-noz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocura-doras generales, abogados de la parte peticionaria; Eileen N. Díaz Ortiz y Edwin Barreto Barreto, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 1 de junio de 2006, luego de una alegación de culpa-bilidad, George Acevedo Ramos fue sentenciado a tres años en libertad a prueba por una . infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sus-tancias Controladas), Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2404). Entre las condiciones impuestas al ser sentenciado, Acevedo Ramos aceptó que de cometer un delito grave, la vista sumaria inicial de revocáción de pro-batoria se celebraría conjuntamente con la vista para la determinación de causa probable para el arresto.

A los cuatro meses de encontrarse disfrutando del bene-ficio de libertad a prueba, Acevedo Ramos fue acusado de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.RR.A. see. 2401, lo cual constituye un delito grave. A estos efectos, el agente interventor citó a Acevedo Ramos para que el 19 de octubre de 2006 compareciera ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadi-11a, para la celebración de la vista de determinación de causa probable para arresto. Acevedo Ramos no compare-ció a la referida vista.

Así las cosas, se celebró la vista establecida en la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En ese momento, el Ministerio Público solicitó la celebración con-junta de la vista de determinación de causa probable para arresto y la vista sumaria inicial de revocación de probatoria. El juez denegó dicha petición por las razones siguientes: (1) el probando no estaba presente; (2) no había sido notificado, y (3) no estaba presente el oficial sociopenal. En vista de ello, acogió la moción del Ministerio Público como una solicitud de vista ex parte inicial de re-vocación y, en consecuencia, ordenó la citación de Acevedo Ramos para celebrar la vista sumaria inicial de revocación el 8 de noviembre de 2006. Ello, no obstante, el juez de instancia halló causa probable por el delito que se le impu-taba y ordenó el arresto de Acevedo Ramos. Además, le fijó fianza de $30,000.

Inconforme, el Ministerio Público acudió en revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo que existe un pro-cedimiento especial de revocación de una probatoria concedida por el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Contro-ladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b)(1), cuando la persona comete un nuevo delito grave. Sostuvo que la Ley de Sen-tencia Suspendida le confiere autoridad al juez para cele-brar simultáneamente la vista de determinación de causa probable para arresto junto con la vista sumaria inicial de revocación de probatoria. Argüyó, además, que al determi-narse causa probable contra el probando, ello constituye prueba suficiente para revocarle provisionalmente el privi-legio de libertad a prueba.

Por otro lado, en su comparecencia ante el Tribunal de Apelaciones, la representación legal del imputado argu-mentó que el reclamo del Ministerio Público era improce-dente porque el tribunal de instancia ordenó el arresto de Acevedo Ramos. Adujo que los hechos del caso de autos representan dos procesos separados e independientes —la vista de determinación de causa para arresto y la vista para la revocación sumaria inicial de probatoria— que no son susceptibles de adjudicarse como uno solo. Consecuen-temente, sostuvo que la situación de hechos no cae dentro de las excepciones provistas en la Ley de Sentencia Sus-pendida para celebrar una vista sumaria inicial en ausen-cia del probando.

El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución —un tanto contradictoria entre sí— en la que denegó el recurso presentado por el Ministerio Público. Determinó que el re-currido había sido citado para la vista de determinación de causa para arresto y que, además, como parte de las con-diciones impuestas a Acevedo Ramos para la concesión de la probatoria, éste había aceptado que la vista sumaria de revocación inicial se celebraría conjuntamente con la vista para la determinación de causa probable para arresto en la eventualidad de una imputación por delito grave. Ello, no obstante, resolvió que, como el interés que pretendía prote-ger el Procurador General era que el probando no se eva-diera de la jurisdicción, dicho interés había quedado salva-guardado con la orden de arresto emitida por el tribunal de instancia.

Insatisfecho, el Estado acudió ante este Tribunal —vía certiorari— para señalar que el Tribunal de Primera Ins-tancia incidió

... al denegar la celebración conjunta de la vista de causa probable para arresto y la vista sumaria inicial de revocad [ó]n de probatoria.
... al denegar el arresto sumario y preliminar, sin fianza, del probando por violentar las condiciones de su probatoria.
... al equiparar una orden de arresto por la existencia de causa probable con la orden de arresto emitida contra un pro-bando cuando [é]ste infringe las condiciones de su probatoria. Petición de certiorari, págs. 9-10.

Expedimos el recurso y, en auxilio de nuestra jurisdic-ción, paralizamos los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Resolvemos.

I

[1 ] La Ley de Sentencia Suspendida establece un pro-cedimiento específico para revocar el beneficio de la libertad a prueba. 34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq. Según resolviéramos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985), dicha ley se enmendó para incluir los pasos a seguir para lograr la revocación de una probatoria en cumpli-miento con el debido proceso de ley.

El inciso (1) del Art. 4 de la referida ley, 34 L.P.R.A. see. 1029, dispone que si el Ministerio Público desea obtener la revocación de la libertad a prueba de un probando, debe cumplir los requisitos siguientes: primeramente el tribunal, previa solicitud, debe celebrar un vista ex parte para evaluar si existe causa probable para creer que el pro-bando ha violado las condiciones de la probatoria. El juez determinará, en el ejercicio de su discreción, si ordena el arresto del probando en ese momento o lo cita para una vista posterior. Id.

De no ordenarse el arresto inmediato del pro-bando, se deberá celebrar una vista sumaria inicial de ca-rácter informal. En dicha vista, el probando tiene la opor-tunidad de ser oído y presentar prueba a su favor. Puede, además, confrontar al oficial sociopenal promovente, al ofi-cial o encargado de la institución o programa a cargo de la rehabilitación del probando y a los demás testigos adversos disponibles en ese momento. En el inciso (2) del Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida también se especifica que

[s]i se tratase de un probando, al cual se le imputa la comi-sión de un delito grave, que se encontrase disfrutando de li-bertad condicionada según se dispone en la sec. 1027a de este título, o de la libertad a prueba concedida en virtud de la see. 2404(b)(1) del Título 24 o de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, Ap. II de este título, se celebrará la vista sumaria inicial de la forma y manera que aquí se provee, junto con la vista de determinación de causa probable del delito imputado de tal suerte que no se obstaculice la pronta y justa determina-ción de la misma. El tribunal podrá, en ese momento, revocar provisionalmente la libertad del probando. (Enfasis suplido.) 34 L.P.R.A. see. 1029(2).

Luego de celebrada la vista sumaria inicial, si se decreta la revocación provisional y el encarcelamiento del probando, deberá celebrarse un vista final. Esta vista tiene el propósito de revocar definitivamente el beneficio de sentencia suspendida. Es por ello que, como requisito, el probando tiene derecho a recibir notificación escrita previo a la celebración de dicha vista, como también a estar representado por un abogado. Igual que en la vista sumaria inicial, en dicha vista final el probando puede confrontar la prueba en su contra y presentar prueba a su favor. El peso de la prueba le corresponde al Ministerio Público, y la decisión del juez será mediante la preponderancia de la prueba. Además, el juez deberá formular determinaciones de hecho por escrito y justificar la revocación, según sea el caso. Dicha determinación se le debe notificar tanto al Ministerio Público como al probando. 34 L.P.R.A. see. 1029(3).

La Ley de Sentencia Suspendida establece que, de surgir ciertas circunstancias, la vista sumaria inicial y la final se pueden consolidar. Estas circunstancias son: (1) si la vista inicial se suspendiera a petición o por causas atri-bulóles al probando; (2) si la vista inicial se suspendiera a petición o a solicitud del abogado del probando, o (3) cuando el Ministerio Fiscal no solicite o no logre obtener el arresto y encarcelación del probando. 34 L.P.R.A. see. 1029(3)(c).

Además de lo anteriormente expuesto, el Art. 2A de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. sec. 1027a, requiere que la persona que reciba los beneficios de una libertad a prueba se comprometerá, por escrito, a no incurrir en conducta delictiva y no asociarse con personas reconocidas por su participación en actividades ilegales mientras se encuentre disfrutando de la libertad a prueba. En lo pertinente a la revocación de la libertad a prueba, dicha disposición estatutaria dispone:

Además, el probando, como condición a su libertad a prueba, consentirá a que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable la vista sumaria inicial que dispone la see. 1029 de este título. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de la libertad a prueba. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 1027a.

También, cuando a una persona se le concede la libertad a prueba, según el inciso (b)(1) del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, ante, dicha ley también requiere que el probando acepte

... que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable la vista sumaria inicial que disponen las sees. 1026 a 1029 del Título 34. La determinación de causa probable de la comi-sión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese mo-mento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba. 34 L.RR.A. sec. 2404(b)(1).

II

Como expresáramos anteriormente, tanto el Art. 2A de la Ley de Sentencias Suspendidas, ante, como el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas, ante, también establecen que la vista de determinación de causa probable para arresto y la vista inicial para la revocación de libertad a prueba se puedan celebrar conjuntamente si al probando se le acusa de cometer un delito grave. En ambas leyes este requisito se formula como parte de las condiciones a las cuales el probando tiene que acceder para poder disfrutar de la libertad a prueba según dichas leyes. Además, proveen que la determinación de causa probable para arresto por la comisión de un delito grave es prueba suficiente para revocar provisionalmente la libertad del probando.

Por consiguiente, de una lectura integral de las disposi-ciones pertinentes, claramente surge que el juez —en estas circunstancias— está obligado a celebrar ambas vistas simultáneamente. Es decir, dicha decisión no depende de la discreción del juez, sino que es un mandato que impone nuestro ordenamiento cuando a un probando que se en-cuentre disfrutando de libertad a prueba según se esta-blece en el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Contro-ladas, ante, se le acusa de cometer un delito grave.

Cabe mencionar que el recurrido Acevedo Ramos, aun-que admite que la Ley de Sustancias Controladas dispone para la celebración conjunta de las vistas, argumenta que ello no procede en ausencia del probando. Arguye que la celebración conjunta de las vistas sólo procede en ausencia del probando si se comprobase que éste se encuentra des-aparecido y que no existe manera de localizarlo. Además, argumenta que en el presente caso no se le notificó adecua-damente que se celebraría la vista sumaria inicial junto con la vista de determinación de causa para arresto, por lo que él no conocía de dicha posibilidad Por ende, en-tiende que no se le citó adecuadamente y que él no era consciente de su derecho y obligación de estar presente en la vista inicial de revocación de probatoria. Para sustentar dichos argumentos, se refiere a nuestra decisión en Torres Rosario v. Alcaide, 133 D.P.R. 707 (1993). No le asiste la razón.

En Torres Rosario v. Alcaide, ante, resolvimos que se podía revocar finalmente la probatoria —y dictarse senten-cia en ausencia del probando— si se determina que ésta constituye una renuncia voluntaria a estar presente en ese momento. Sin embargo, el presente caso no versa sobre la revocación final de la libertad a prueba, sino meramente de la revocación provisional. Adviértase que, de ordinario, luego de la revocación provisional, el probando es acreedor del derecho a la celebración de una vista final de revoca-ción de la libertad a prueba, según el inciso (3) del Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, ante. Por lo tanto, en este caso, el probando aún tiene la oportunidad de confrontar la prueba que se presente en su contra y a presentar prueba a su favor en la vista final de revocación, lo cual garantiza el debido proceso de ley al que dicho imputado tiene derecho. Ello hace que no sea indispensable la presencia del pro-bando en esa primera vista inicial de revocación provisional.

En fin, una interpretación integral de los Arts. 2A y 4(2) de la Ley de Sentencia Suspendida, ante, y del Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas, ante, nos lleva a la conclusión de que el legislador creó una excepción al procedimiento ordinario de revocación de sentencia sus-pendida y libertad a prueba. Dicha excepción se activa cuando un probando es acusado de cometer un delito grave mientras disfruta de su libertad a prueba, según el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas, ante. En estas circunstancias particulares, se dispone que la vista de revocación inicial se celebre simultáneamente con la vista para la determinación de causa probable para arresto. Por lo cual, el juez que presida la vista de deter-minación de causa para arresto no tiene discreción para posponer la celebración de la vista inicial de revocación de libertad a prueba, aun cuando el probando no esté presente. Asimismo, las referidas leyes disponen que si el juez determina causa probable para el arresto del pro-bando, se revocará preliminarmente la. probatoria en ese momento.

En mérito de lo anteriormente expuesto y en vista de la determinación de causa probable para arresto por un delito grave contra Acevedo Ramos, debe entenderse revocada, preliminarmente, su libertad a prueba. En conformidad con lo anterior, procede devolver el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, para la conti-nuación de los procedimientos, comenzando por el señala-miento para la celebración de la vista final de revocación de probatoria.

Se dictará sentencia de conformidad.

         Posteriormente, dicha vista se pospuso para el 8 de diciembre del mismo año.

       Debe señalarse que la vista sumaria inicial para la revocación de la libertad a prueba, de ordinario, no se celebra junto con la vista de determinación de causa probable para arresto. Ello no obstante, y como expresáramos anteriormente, el in-ciso (2) del Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. see. 1029(2), crea una excepción en el caso del probando que se le imputa la comisión de un delito grave. Dicho inciso dispone que si se trata de un probando que se encuentra disfru-tando de su libertad condicionada por el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Con-troladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b)(1), y se le imputa la comisión de un delito grave, la vista sumaria inicial se celebrará junto con la vista de determinación de causa probable del delito imputado.

       Cabe aclarar que surge del expediente que, aunque no es lo más común en la práctica, Acevedo Ramos fue citado a la vista de determinación de causa probable para arresto. Además, como señaláramos, dicha consideración es parte de las condi-ciones que debe aceptar el probando para poder disfrutar del beneficio de libertad a prueba.