author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bonhome et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito, de Arecibo en causa por delito de asesinato en primer grado.
    No. 700.
    Resuelto en abril 27, 1915.
    Pruebas — Manifestaciones del Agredido. — No comete error un tribunal no per-mitiendo a un testigo declarar sobre manifestaciones que le hiciera el agre-dido, cuando tales manifestaciones no tienen relación lógica alguna con el acto cometido por el acusado. '
    Id. — Prueba-sobre el Carácter y Reputación de una Persona — Defensa Pro-pia. — La mala fama o reputación de una persona no se prueba con actos aislados cometidos por esa persona, sino demostrando la opinión que la comunidad tiene de ella, y la prueba ha de concretarse a su carácter en * general, pues no es. posible atacar la reputación de una persona probando que fué sentenciada por determinado delito. Sin embargo, como excepción a esta regla, cuando se alega la propia defensa entonces es permitida ésa clase de prueba.
    Nuevo Juicio — Malicia y Premeditación — Veredicto Contrario a Derecho y a las Pruebas. — En este caso se presentó por los acusados una moción de nuevo juicio fundada en que el veredicto era contrario a derecho y a las pruebas, que era necesario probar en el juicio la malicia y la premedita-éión, y se resolvió: que examinados los hechos era insostenible la ,alega-ción. '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogados de los apelantes: Sres. Bossy & Quillermety.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Tribunal de Distrito -de-Arecibo presentó su Fiscal acusación contra Juan Bonhome y José Bonbome por el delito de asesinato- en primer grado y, celebrado el juicio, el jurado que conoció de la causa rindió su veredicto declaran--dolos a ambos culpables de asesinato en primer grado con atenuantes.

El día señalado para dictar sentencia, solicitaron los acu-sados que se les concediera un nuevo juicio, pretensión que fué negada por el tribunal quien los condenó a la pena de re-clusión perpetua con trabajos forzados. De la sentencia y de la resolución denegatoria de nuevo juicio lian apelado los sentenciados, pero no lian presentado en este Tribunal Supremo alegato alguno para sostener su recurso, como dis-pone nuestro reglamento, y sus abogados se limitaron a in-formar oralmente y a presentar en ese momento una relación de citas de sentencias de distintos tribunales.

En tal situación este recurso y como existe en la trans-cripción de los autos una exposición de las pruebas aporta-das al juicio y también un pliego conteniendo las excepciones tomadas durante él por los acusados se limitará nuestro tra-bajo a considerar esas excepciones, así como si debió con-cederse el nuevo juicio pedido por los acusados.

El hecho que se imputó a los apelantes y por el que fue-ron declarados culpables y sentenciados es el de que el día 24 de diciembre de 1913, voluntaria criminal e ilegalmente y con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, atacaron alevosamente a Eloy Solares con revolvers carga-dos con balas, disparando ambos acusados contra dicho Eloy Solares con cada uno de sus revólveres e infiriéndole dos heridas mortales con bala, una en el tórax, que le atravesó la aorta y otra en la región frontal, las que le produjeron la muerte a los pocos momentos de recibidas.

Durante el juicio, la defensa de los acusados presentó como prueba al testigo Teclo Marrero, quien empezó su tes-timonio exponiendo qne en la noche del 16 de diciembre de 1913, en cnyo día Eloy Solares salió de la cárcel de Arecibo, tuvo nna conversación con él y cuando trató el testigo de relatar lo qne le había dicho Eloy Solares se opuso a ello el fiscal por ser de referencia y remota la conversación, pues había tenido lugar nueve días antes de. ocurrir los' hechos que motivan el juicio; objeción que sostuvo el tribunal y la defensa hizo constar su excepción a tal resolución.

Lo que se trataba de probar con ese testigo era que al manifestarle a Eloy Solares cuando salió de la cárcel que no fuera a Manatí para evitar disgustos con los Bonhome, le contestó Solares que iría para que no se le considerara co-barde y porque la vida de él y la de Juan Bonhome estaban mutuamente resguardadas por ellos mismos.

El tribunal no cometió error alguno al no permitir que el testigo manifestase lo que le dijo Eloy Solares, porque no tiene ninguna relación lógica con el acto cometido por el acusado.

La otra excepción tomada por la defensa fue cuando el tribunal se negó a admitirle dos certificaciones de condenas impuestas a Solares, que presentó con el objeto de probar el mal carácter del interfecto.

La mala fama o la mala reputación de una persona no se prueba con actos aislados cometidos por esa persona, sino demostrando la opinión que la comunidad tiene de ella y la prueba ha de concretarse a su carácter en general pues no es posible atacar la reputación de una persona probando que fué sentenciado por determinado delito. 21 Oye., 910.

.Sin embargo, como excepción a esta regla, cuando se alega la propia defensa entonces es permitida esa clase de prueba, 21 Oye., 908; pero en este caso ni se alegó la propia defensa, ni hay en los autos la más leve indicación de que se intentó probarla, ya que hasta sus propios testigos comprue-ban una muerte alevosa, traicionera y premeditada. No hubo, pues, error en el tribunal inferior al negar la admisión de esa prueba. • ’'

Pasando ahora a la resolución que negó el nuevo juicio reconocemos que el tribunal procedió correctamente al negar esa solicitud.

El fundamento de ella fué que el veredicto era contrario ■u derecho y a las pruebas, alegándose que es contrario a las "pruebas porque era necesario probar en el juicio la malicia .y la premeditación en cada, uno de los dos acusados; que toda la prueba de cargo es que al enfrentarse Juan Bonhome «con Eloy Solares, al mediodía en una calle de Manatí le hizo varios disparos con revólver al tiempo que Solares le tiraba piedras, causándole el cuarto disparo una herida de frente, estando Solares inclinado, que le rompió la o arta ocasionán-dole la muerte; que la prueba contra José Bonhome es que al sentir los disparos de su hermano Juan apareció en la calle y disparó sobre Solares cuando éste había caído al suelo para morir por consecuencia de la herida que le produjo Juan y que es incuestionable que no se ha probado la malicia ni la premeditación y que no hay criminalidad en cuanto a José ’porque disparó sobre una persona que ya no estaba viva.

No creemos que haya un hecho que más claramente sea •constitutivo de asesinato en primer grado que el que estamos examinando, ni tampoco en el que pueda presentarse una prueba más clara, terminante y convincente del delito y de .sus circunstancias, pues hasta los testigos de los acusados coinciden con los de la acusación en la forma cómo ocurrie-ron los hechos y no aportan al juicio otra cosa nueva que los disgustos anteriores entre uno de los apelantes y el in-terfecto.

Como la prueba es en extremo robusta, y n'o es contra-dictoria, nos limitaremos a hacer un resumen de los hechos tal como han sido probados.

Durante- una huelga que en marzo de 1912 promovió Juan Bonhome en la fábrica de tabacos de Manatí como consecuen-cia de un disgusto que tuvo con un capataz, entró Eloy So-lares a trabajar en dicha fábrica seguido de otros torcedores y por la tarde Solares pidió protección a la policía por haber siclo amenazado por Juan Bonhome. Por la noche hnbo una cuestión entre ellos en la que Eloy Solares disparó cinco tiros a Juan Bonhome hiriéndole con cuatro, siendo éste conde-nado por ese hecho a cumplir la pena de un año y seis meses de cárcel por el delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias- agravantes y confirmada la sentencia por este •Tribunal Supremo en 30 de abril de 1913. En 16 de diciem-bre del mismo año fué puesto Solares en libertad por haber sido indultado y regresó a Manatí. Páginas 26, 27 y 22.

Después de ese disgusto Juan Bonhome dijo'a José Már-quez Muriel (páginas 21 y 22) quien era del mismo color de Solares y un poco más bajo, pero más grueso, que anduviera con cuidado porque si no lo hubiera visto por el pescuezo, por detrás, lo hubiera matado creyendo que era Solares, a quien lo mataba si lo cogía: cuando Solares fué a la cárcel, hablando Juan Bonhome con Bienvenido Laguna le elijo (pá-gina 23) que tenía que vengarse de Solares por la cicatriz que le había hecho en el ojo y por los dientes que le faltaban y que le iba a regalar cuatro bombones de plomo; algunos días ante de ser muerto Solares también dijo a Luis Robles (página 24) que aquél le había regalado cuatro bizcochos y que él iba a regalarle ocho; a Manuel Yanga (página 23) en los días en que Solares había llegado a Manatí, el 19 del mes en que murió, que los tiros que tenía en la nariz, tenía que desquitárselos matando a Solares; el día que indultaron a Solares oyó Antonio La O (página 22) una conversación 'entre los dos acusados en la que Juan preguntaba a José si habían indultado a Solares, diciendo entonces que si Sola-res le había disparado cuatro tiros él le dispararía ocho en cuanto llegara. Además Nicolás Santana, mecánico, (página 21) compuso un revolver Smith, que reconoció ser el ocupado a José Bonhome, que le llevaron en la noche del 19 de diciem-bre de 1913 los dos hermanos Bonhome para que lo compu-siera y cuando dos días después volvieron a buscarlo por la noche los dos hermanos, lo cogió Juan, hizo girar varias veces la maza sin bala, dijo a Santana que era de su hermano Pepe, quien también lo hizo girar, y le dijo Juan a Pepe: “¿qué tal está, está seguro, fallará?manifestándoles entonces Santana que él respondía de su trabajo.

Con respecto a la manera como se desarrollaron los hechos el día 24 de diciembre de 1913 resulta que estando al medio-día hablando en la calle del Pozo de Manatí Eloy Solares con Andrés Larregui (a) Nango, (página 8) recostado del caballo que éste montaba y con la chaqueta al hombro se acercó Higinio Pastoriza para entregarle una carta, dicién-dole éste que no se parara con tanta confianza por que el que tiene enemigos no duerme, en cuyo momento sonó una deto-nación hecha con revólver por Juan Bonhome estando Sola-res de espalda y luego le disparó otros tres más mientras Sola-res se retiraba y le tiraba piedras que cogía del suelo en uno de cuyos momentos fué herido en el pecho, y presentán-dose entonces por la calle del Pozo José Bonhome con un revólver en la mano, varios peones que por allí estaban avi-saron a Solares, que estaba guarecido detrás de un almen-dro, que huyese porque lo mataba José Bonhome y mientras Solares salía de la plaza de Manatí saltando un pretil para refugiarse en la casa del Sr. Brunet, le disparó varios tiros José Bonhome haciéndole el último cuando ya había caído Solares en el zaguán del Sr. Brunet, pagándoselo en la frente.

Cuando momentos después llegó el Dr. Blásquez aun es-taba vivo Solares pero murió casi en seguida. La herida del pecho le rompió la aorta, la recibió estando en un plano más bajo que el agresor y aun cuando era'mortal por nece-* siclad no produjo la muerte inmediata; la de la-frente la recibió en segundo término estando en el suelo, era también mortal por necesidad y produjo la muerte a los pocos mo-mentos.

Basta esta relación de hechos para comprender que es insostenible cualquiera alegación que se haga respecto a si está probada o nó la premeditación y la malicia en cada uno de los apelantes y mucho .menos sostener, como hacen sus abogados, que José Bonhome disparó sobre una persona-que ya estaba muerta, cuando no bay un solo dato que sostenga esa afirmación, ni de donde pueda siquiera deducirse.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada y la orden denegando nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Se. HeenÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Dottin, Demandante y Apelante, v. Rigo & Co., Demandada y Apelada.
    • Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre daños y perjuicios.
    No. 1203.
    Resuelto en abril 29, 1915.
    Constitución de los Estados Unidos — Enmienda 14 de la Constitución. — La enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos no crea nuevos pri-vilegios o inmunidades de los ciudadanos, ni ningún nuevo derecho a la vida, la libertad o bienes de fortuna,- como tampoco ningún nuevo pro-cedimiento legal; solamente garantiza derechos pre-existentes o aquellos que la ley nacional o del Estado pueda conferir después de su fecha.
    Id. — Derechos de los Ciudadanos Entre sí. — La enmienda 14 no afecta a ios derechos de los ciudadanos en lo que respecta a ellos entre sí, sino que es de aplicación solamente a la acción del Estado.
    Capé Bestaurant — Derechos de sus DueSos — Limitaciones.—Los dueños de un café restaurant tienen el derecho, de regular su administración en la forma que estimen más conveniente y beneficiosa a su intereses, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, por exigirlo así la natura-leza del derecho de propiedad según lo define el artículo 354 del Código Civil.
    Id. — Derechos del Pueblo — Código Civil — Individuos de la Raza de Color.— Ni la ley definiendo los derechos del pueblo, aprobada en 27 de marzo do 1902, ni tampoco el Código Civil reformado, contienen precepto alguno que coarte, limite o restrinja al dueño de un café restaurant su facultad de admitir o nó en él a individuos dé la raza de color.
    Poder Judicial — Poder Legislativo. — El poder judicial no puede suplir la ac-ción del poder legislativo imponiendo condiciones sobre las cuales este último se ha abstenido de legislar.
    Obligaciones — Culpa o Negligencia — Indemnización.—Húndanse las obligacio-nes derivadas de culpa o negligencia, en un principio indiscutible de jus-ticia, según el que todo agravio, todo daño, o todo perjuicio que reciba una persona en sus derechos, ya sea por acción, ya por omisión, crea una obligación jurídica de la que se deriva el derecho que tiene el agraviado , de ser indemnizado y la obligación consiguiente por parte del agraviante; y como ni el Código Civil ni ninguna otra ley vigente en Puerto Eico, reco-noce el derecho de un individuo de color a entrar y ser servido en un café restaurant, falta lesión de ese derecho y' por tanto base para la responsabi-lidad derivada de la culpa o negligencia a que se refiere el artículo 1803 del Código Civil.
    Derechos Naturales e Inherentes al Hombre — Derechos a la Yida, a la Libertad y a la Propiedad. — El dereeho a la vida, a la libertad y a la propiedad son por sí y sin necesidad de ley alguna derechos naturales, fun-damentales e inherentes al hombre.
    Id. — Igualdad de Eazas. — El dereeho de igualdad de razas depende en general del estado social predominante y de la voluntad de los ciudadanos, y mien-tras por modo imperativo no se declare ese derecho por la ley, hay com-pleta libertad de acción tanto en las relaciones sociales como en la esfera de los negocios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogados de la apelada: Sres. Bosch & Soto.

   El Juez Presidente Se. HeenÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de julio del año próximo pasado 1914, Eduardo H. F.- Dottin presentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., contra Rigo y Compañía en recla-mación de daños y perjuicios, bajo las siguientes alegaciones:

(a) Que el demandante es abogado y notario, y la deman-dada una sociedad en comandita, ambos con domicilio en esta ciudad de San Juan y con capacidad para demandar y ser demandados.

(5) Que la demandada es dueña de un café restaurant y confitería nombrado ‘£La Mallorquína, ” sito en la calle de San Justo de esta capital, establecimiento publico dedicado al suministro de alimentos al público, que actúa bajo licencia expedida por el Tesorero de Puerto Rico.

(c) Que en 23 de junio de 1914 guiado por el rótulo que ostenta el referido establecimiento, y siguiendo la costum-bre que hacía tiempo tenía de frecuentarlo y de ser servido allí, el demandante, acompañado de otro caballero de color blanco, penetró en él y pidió refresco para él y su compañero.

(d) Que - los empleados del establecimiento se negaron a despachar al demandante lo pedido, expresando qne allí nose servía a las personas de color.

(e) Qne el demandante y sn compañero tuvieron qne reti-rarse sin ser servidos, viéndose privados, por cansa de la. negativa de la demandada, del derecho qne tenían al servi-cio solicitado, sin más razón que nn prejuicio injusto e ilegal' contra el color del demandante, quien ha sufrido por ello-daños que estima en la suma de $6,000. ..

La demanda concluye con la súplica de que previos los; trámites legales, se dicte sentencia condenando a la deman-dada a pagar al demandante la referida suma de $6,000 por vía de indemnización de los daños sufridos, más las costas,,, g’astos y desembolsos originados. en el pleito.

A la anterior demanda opuso la parte demandada como-excepción previa la de que no aduce hechos suficientes para, determinar una causa de acción, y esa excepción fue decla-rada con lugar, y sin lugar la demanda, por sentencia de131 de agosto, 1914, sin especial condenación de costas.

Contra dicha sentencia interpuso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, sometido a nues-tra consideración después de haber alegado ambas partes por escrito y oralmente cuanto han estimado conducente a la de-fensa de sus respectivas' pretenciones.

■ Alega la parte apelante como motivos del recurso la pro-hibición contenida en la Enmienda Catorce de la Constitu-ción de los Estados Unidos, la aplicación indebida por la, corte "inferior del artículo 354 del Código Civil Revisado y la falta de aplicación del artículo 1803 de dicho código.

La Enmienda XIY de la Constitución de los Estados Uni-dos, en su sección Ia., que es la que puede ser atinente al caso, dice así:

“Sección 1. — Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Esta-dos Unidos y del Estado en que residen. Los Estados no podrán dictar ni Racer cumplir ninguna ley que restrinja las prerogativas ó inmunidades de los ciudadanos de los Estados fluidos; tampoco podrán privar a' ninguna persona de la vida, la libertad o los bienes de fortuna, sin el debido procedimiento legal, ni negar a nadie en su jurisdicción da igual protección de las leyes: ”

Esa enmienda no es aplicable al presente caso, porque-ella no crea ni confiere un derecho de la índole del que se trata, como lo revela su simple lectura.'

Bránnon en su obra “The Fourteenth Amendment,” pá-gina 15, se expresa en los siguientes términos:

“Resulta claramente del texto de. la enmienda catorce que en ella se establece solamente una restricción a las facultades del Estado, con excepción de aquella parte en que en la misma se Race referen- • cia a la ciudadanía. DieRa enmienda no crea o establece nada nuevo, sino la facultad conferida en ella al gobierno federal para restrin-gir la acción del Estado. No crea nuevos privilegios' o inmunidades .de los ciudadanos, ni ningún nueyo derecho a la vida, la libertad o bienes de fortuna, comp tampoco ningún nuevo procedimiento legal. Solamente' garantiza derechos preexistentes, o aquellos que la ley nacional o del estado puedá conferir después de su fecha. ”

Y en la página 395 dice así:

“La enmienda catorce nada establece o concede; únicamente pro-teje los derechos existentes procedentes del Estado que son retenidos con arreglo a la ley del estado, contra toda infracción, de que puedan ser objeto sin el debido procedimiento legal.”

Que la enmienda catorce no afecta a los derechos de los ciudadanos en lo que respecta a ellos .entre sí, sino que es de aplicación solamente a la acción del Estado, lo tiene decla-rado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos de Virginia v. Rives, 100 U. S., 313, y United States v. Harris, 106 U. S., 629.

Como se ve, el derecho que supone lesionado el deman-dante no puede derivarse de la Enmienda Catorce de la Cons-titución de los Estados Unidos.

Nuestra ley “Definiendo derechos del pueblo” aprobada en 27 de febrero de 1902, no contiene disposición alguna con relación al derecho invocado por el recurrente y tampoco le reconoce ese derecho el. Código Civil Reformado.

El artículo 354 de dicho Código define la propiedad en los siguientes términos: . •

“Artículo 354. — La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera otra.
“La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”

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Los demandados son dueños del establecimiento “La Ma-llorquína,” según se afirma en la demanda, y ellos por tanto tenían el derecho como tales dueños de regular su adminis-tración en la forma que, estimaran más conveniente y bene-ficiosa a sus intereses, sin más limitaciones que las estable-cidas en las leyes, y en su consecuencia podían admitir o no en él a individuos de la clase de color como el demandante, por no existir ley alguna que coartara semejante facultad.

No negamos ni podemos negar que,. atendido el carácter del establecimiento de los demandados, la Legislatura de Puerto Rico tiene derecho a reglamentarlo o intervenirlo, pero mientras no exista la reglamentación, el derecho de propiedad de los demandados, tal como lo define el Código Civil, no está limitado o restringido en favor del demandante. El poder judicial no puede suplir la' acción del. poder legis-lativo imponiendo a los demandados condiciones que la Legis-latura no ha tenido a bien imponerles, absteniéndose como se ha abstenido ele legislar sobre la materia.

No podemos reconocer al demandante un derecho que está -en oposición con el amplio derecho de propiedad de que dis-fruta el demandado. . . -

Pero es que la parte apelante alega que en el presente caso no se trata del derecho de propiedad, sino de una obli-gación que ha.dejado de cumplir el demandado negándole sus servicios en el establecimiento, a lo que estaba obligado, incurriendo por tanto en la sanción que establece el artículo 1803 del Código Civil, según el cual el que por acción u omi-sión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está, obligado a reparar el daño cansado.

El artículo 1803 que cita el apelante está comprendido en. el Título XVI del Libro IV del Código Civil, cuyo título tiene por epígrafe “De las obligaciones que se contraen sin con-venio,” y aquél artículo guarda relación con el 1056 del mismo-código, el cual establece que las obligaciones nacen de la ley,, de los contratos y cnasi-contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negli-gencia.

Por lo que toca a las obligaciones derivadas de culpa o> negligencia el ilustrado comentarista Sr. Manresa describe; su fundamento en los siguientes términos al comentar el ar-tículo 1902 del Código Civil Español equivalente al 1803 del Revisado:

“Fúndanse dichas obligaciones en un. principio indiscutible de-justicia, reconocido por todas las legislaciones y sancionado por el. primero de los- artículos de este capítulo, según el que todo agravio-todo daño, o todo perjuicio que reciba una persona en sus derechos,. ya sea por acción ya por omisión, crea una relación jurídica de la. que se deriva el derecho que tiene el agraviado a ser indemnizado, y la obligación consiguiente por parte del agraviante.” Manresa,. Comentarios al Código Civil, tomo 12, página 595.

La acción u omisión a que se refiere el artículo 1803 tiene* que ser lesiva de un.derecho y el derecho del demandante* a entrar y ser servido en el café “La Mallorquína,” no ha sido; reconocido por el Código Civil ni por otra ley alguna vigente* en Puerto Rico.

No se trata en el presente caso de un derecho a la vida„ a la libertad o a la propiedad, que por sí y sin necesidad de ley alguna son derechos naturales, fundamentales e inhe-rentes al hombre, sino de un derecho de igualdad de razas; que depende en general del estado social predominante y de* la voluntad exclusiva de los ciudadanos, Ínterin por modo, imperativo no se declare ese derecho por la ley. Mientras. no exista tal ley, es necesario reconocer completa libertad de acción tanto en las relaciones sociales como en la esfera de los negocios, y así como a ningún ciudadano se le pnede obligar a tratar con otro que no sea de su agrado, tampoco a los demandados se les puede obligar a prestar sus servi-cios al demandante en un café sometido a su régimen y-go-bierno, sin más aspiración que la de obtener el mayor número posible de utilidades y beneficios.

No bay ley alguna en Puerto- Pico que reconozca al deman-dante el derecho que invoca, y conste que las obligaciones de-rivadas de la ley no se presumen, según el artículo 1057- del código. Tampoco existe entre demandante y demandado rela-ción alguna contractual o cuasi-contractual de que puedan derivarse los perjuicios que reclama el demandante. El he-cho alegado como originario de la indemnización no es delic-tivo por no estar comprendido en el Código Penal, y por tanto en ese concepto no apareja responsabilidad civil alguna. La culpa o negligencia invocada por el recurrente como causa de su derecho, según hemos dicho ya, no determina en el pre-sente caso la responsabilidad reclamada por el demandante.

En un número de Estados existen “civil rights acts” o. estatutos para la protección de todos los ciudadanos en sus derechos civiles y legales, siendo su objeto principal con-ferir a todas las personas dentro de la jurisdicción del EstadoJ sin distinción de color o raza, el derecho a gozar plena e igual-mente de todas las comodidades, ventajas, facilidades y pri-vilegios en las posadas, restaurants, casas para comer, bar-bería, medios de conducción por mar o tierra, teatros, y en todos aquellos otros sitios públicos de comodidad y recreo, sujeto dicho derecho solamente a las condiciones y limita-ciones establecidas por la ley y aplicables por igual a todos los ciudadanos, confiriéndose además en estos estatutos un derecho de acción por la violación de cualquiera de sus dis-posiciones al negar a un ciudadano .el pleno goce de cualquiera de las comodidades enumeradas o al incitar tal negativa, a menos que sea por razones igualmente aplicables a todos los ciudadanos, sin distinción de raza o color. 7 Cyc., 165, 166'.

Como muy bien' dice el juez en su opinión, cuando la Legislatura de los Estados ha puesto en vigor estos precep-tos expresando claramente su voluntad, es porque creyó nece-sario hacerlo para la garantía de todas las personas den-tro de su jurisdicción en el pleno goce y disfrute, sin distin-ciones de ninguna clase, de los derechos protegidos y ampa-rados- por dichas disposiciones, y esto demuestra que en ausencia de una ley que ponga de manifiesto la intención de la Legislatura creando y concediendo el derecho, éste no tiene existencia legal.

• Y para suplir una ley que no existe no nos es permitido acudir al artículo 7 del Código Civil como pretende el recu-rrente, pues si así lo hiciéramos invadiríamos las funciones del poder legislativo, exigiendo responsabilidades que ese poder no define y ordena por violación de. .derechos que tam-poco reconoce.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, A1-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Córdova, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo sobre inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 227.
    Resuelto en abril 29, 1915.
    Recurso Gubernativo — No’ta Anterior Consentida — Ealta de Jurisdicción.— Cuando lo hecho constar en la nota recurrida es una consecuencia de lo que aparece del registro en nota. anterior consentida, carece esta corte de jurisdicción en un recurso gubernativo para decidir si el derecho del com-prador y por consiguiente el del vendedor debió haberse inserito sin limi-tación alguna.
    Lo§ hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Manuel Paz TJrdaz.

    El Registrador recurrido Sr. José Marcial López compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Arecibo una escritura pública otorgada el 10 de junio de 1907, por virtud de la cual Pantaleón Soto y sus cna • tro hijos León, Facundo, Evangelista y Feliciano Soto y Picón vendieron a Francisco S. Córdova las participaciones indeterminadas que tenían en dos fincas que formaron segre-gándolas de otras de mayor extensión que en las mismas condiciones les pertenecían, el registrador accedió a lo soli-citado, pero hizo la inscripción en la siguiente forma:

“Inscrito este documento allí donde indican las notas puestas al margen de la descripción de cada una de las fincas quedando suje-tas dichas inscripciones al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal de Don Pantaleón Soto y Doña María Picón. Arecibo, 13 marzo 1915. José Marcial López, registrador.”

El comprador Francisco S. Córdova alegando que lo he-cho constar por el registrador equivalía a un defecto subsa-nable, interpuso contra la nota el presente recurso guberna-tivo limitándolo luego a.una sola de las fincas.

Dado traslado al registrador, lo evacuó consignando' en su informe que del registro resultaba que: “Por falleci-miento de Doña María Picón y Rojas fueron declarados here-deros abintestato de la misma sus legítimos hijos León, Fa-cundo, Evangelista y Feliciano Soto y Picón y su viudo Pan-taleón Soto y Picón, en la cuota legal correspondiente, cuyos interesados inscribieron su derecho hereditario en común y proindiviso sobre la referida finca número 1981, haciéndose constar que tal inscripción quedaba sujeta al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal de la causante con Pantaleón Soto Picón.”

Quiere decir que, según lo consignado por el registrador, la nota puesta al pie de la escritura de 1907 es una consecuen-cia de lo hecho constar en el registro al inscribirse el dere-cho de los vendedores!

.Siendo esto así, opinamos que debe confirmarse la nota recurrida sin entrar a considerar en su fondo la cuestión legal envuelta en la misma, por carecer esta corte de juris-dicción para ello dentro de este recurso gubernativo.

El estado de derecho creado por la inscripción de la decla-ratoria de herederos a favor de los vendedores, fue por éstos consentido. Y ni los vendedores que consintieron la nota anterior, ni el comprador que adquirió la finca en la forma en que aparecía inscrita en el registro, pueden ahora obtener que se resuelva, por medio de un recurso gubernativo, si el derecho del comprador y por consiguiente el de ios vende-dores debió haberse registrado sin limitación alguna.

Debe declararse el recurso sin lugar. ■

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Banco de Puerto Rico, Demandante y Apelante, v. Ereño et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San’ Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de cantidad de dinero, intereses, costas y honorarios de abogado.
    No. 1169.
    Resuelto en abril 29, 1915.
    Honorarios de Abogado — Sentencia en Rebeldía. — Para .que el convenio sobre el pago de honorarios de ahogado pueda hacerse efeetivo mediante una sentencia registrada por el secretario sin necesidad de juicio, es necesario que la cantidad reclamada esté determinada por convenio entre las partes, pero cuando no ocurrre esto es necesario que el tribunal determine la cuan-tía de esa obligación.

      Id. — Cantidad Indeterminada. — La obligación de pagar honorarios sin haberse determinado la cantidad admite solamente el pago de los que son razonables.
    Id.- — Cantidad Determinada en la Demanda — Facultad del Tribunal Senten-ciador. — El hecho de que el demandante haya determinado arbitrariamente lat cantidad en la demanda para el pago de honorarios y que ella se haya hecho constar en la citación, no es bastante para convertir en líquida la cantidad que no lo es, ni para privar al tribunal de su facultad de deter-minar cuál es la cantidad razonable debida por honorarios.
    Los hechos están .expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Sarmiento. ■

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Carlos Ereño y Don José A. Canales fueron deman-dados por el Banco de Puerto Bico en liquidación, por medio de abogado ante el Tribunal de Distrito de San Juan, Sección Primera, para que le pagasen solidariamente la cantidad de $500 como resto de una obligación escrita que por $650 suscri-bieron a su favor, inserta en la demanda y por la cual se com-prometieron a pagar también los intereses en caso de mora y las costas y gastos que el cobro de aquella suma ocasione incluso los honorarios del abogado de que el banco se valga en su reclamación.

En la demanda se alega entre otras cosas' “que el tribunal fijase la cuantía de los honorarios del abogado en el caso de que se celebrara juicio y la sentencia fuera favorable al demandante y, para el caso de que se registrara sentencia en rebeldía los fijó el “demandante en $75 y en otra canti-dad igual para su apelación. ’ ’ En la cédula librada para la citación y emplazamiento de los demandados se hizo cons-tar el apercibimiento de que si no comparecían a contestar la demanda, el demandante podrá conseguir sentencia por la cantidad reclamada, sus intereses y las costas y gastos, así como $75 por honorarios del abogado del demandante en aquella instancia y otra cantidad igual en su apelación.

No habiendo sido contestada la demanda, el secretario del tribunal registró sentencia en rebeldía de los demandados, la que no comprendió la condena de pagar honorarios de abo-gado, e interpuesto recurso de apelación por el demandante, lo funda únicamente en que la sentencia debía comprender también la condena de pagar los honorarios del abogado.

La ley de 12 de marzo de 1908 dispone que en los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la cosa litigiosa excede de $500, tendrá ésta derecho a que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la pri-mera por sus 'servicios; condena que el juez discrecional-mente impondrá teniendo en cuenta el grado de culpabilidad,' si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia, con-dena que no es procedente cuando él demandado no haya com-parecido en el pleito o procedimiento.

La condena de pagar honorarios de abogado en esos casos nace de la obligación impuesta por la ley, pero como los con-tratos son la ley suprema entre las partes siempre que sus pactos no sean contrarios' a la ley, a la moral, ni al orden público, entendemos' que si las partes han convenido el pago de honorarios de abogado para caso de reclamación judicial, el contrato debe cumplirse. El convenio de pagar hono-rarios de abogado cuando hay necesidad de utilizar sus ser-vicios en los tribunales para hacer cumplir una obligación es tan lícito que la misma ley lo ha impuesto para casos deter-minados.

Para que este convenio pueda hacerse efectivo mediante una sentencia registrada por el secretario sin necesidad de juicio, es necesario que la cantidad reclamada esté determi-nada por convenio entre las partes, ya especificando la que por ellos ha de pagarsé, ya de alguna, otra manera que me-diante una simple operación aritmética permita conocer la suma que ha de ser pagada, como cuando se estipula un tanto por ciento de la reclamación que se haga; pero cuando no ocurre esto, es nécesario que el tribunal determine el importe de esa obligación de pagar honorarios, ya que siendo ilíquida la obligación la rebeldía admite el derecho a pagarla, pero no la cantidad a qne se tiene derecho. 23 Cyc., 753. La obli-gación ele pagar honorarios sin haberse determinado ,1a can-tidad admite solamente el pago de los qne son razonables1. 20 Am. Ap. Cas., 1730-1734.

El hecho de qne el demandante haya determinado arbi-trariamente la cantidad en la demanda y qne ella se haya hecho constar en la citación no es bastante para convertir en líquida la cantidad qne no lo es ni para privar al tribunal de sn facultad de determinar cuál es la cantidad razona-ble debida por honorarios.

Por las anteriores consideraciones la sentencia registrada por el secretario del tribunal inferior debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino.


author: El Juez PeesideNte Sb. HebNÁNdez,

text:
    Merly et al., Recurrentes, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de.'Grnayama denegando la inscripción de una escri-tura de partición de bienes.
    No. 204.
    Resuelto en abril 30, 1915.
    Agrupación de Fincas — Fincas Poseídas en Común y Proindiviso por Iíere-deros — Inscripcion a Favor de sus Causantes. — De acuerdo con el No. 4 del artículo 61 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipoteca-ria, procede la agrupación para su inscripción en el registro de la propie-dad de Ancas adquiridas en común y proindiviso por herederos, aun cuando estén inscritas a favor de distintos causantes, pero tal agrupación no puede inscribirse sin que lo haya sido previamente el derecho de condominio en común y proindiviso a favor de los herederos. '
    Inscripción de Títulos — Deber del Recurrente — Petición.—Cuando se trata de documento en que se consignan diversos actos o contratos sujetos a inscripción, el presentante de dicho documento debe manifestar al registrador cuales son las operaciones que interesa se verifiquen en el registro, formu-lando su petición en términos claros y determinados.

      Id. — Deber del Registrador — Motivos Legales de la Denegatoria de Ins-cripción. — Cuando el registrador entiende que se le pide la inscripción de todos los actos sujetos a ella en el documento que se le presenta, debe practicar o denegar la inscripción de cada uno de esos actos, exponiendo en el segundo caso al pie del documento clara y concisamente los motivos legales de su negativa, según lo previene la sección Io. de la ley de marzo 1, 1902, sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad.
    Anotación Preventiva — Deber del Eegistrador Cuando Deniega una Inscrip-ción, Anotación o Cancelación. — La sección 7a. de la ley de marzo 1, 1902, impone al registrador el deber de extender anotación preventiva, que tendrá efecto legal durante ciento veinte días desde su fecha, cuando deniega alguna inscripción, anotación o cancelación.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: iSr. Manuel A. Rivera.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez PeesideNte Sb. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Guayama escritura otorgada en el pueblo de Aibonito ante el Notario Don Manuel Antonio Rivera y Martínez a 16 de noviembre de 1911 por Juan Pedro, Gerardo, Jesús María, Cresencia, Petronila, María Florencia y María Luisa Merly y-Rivera, y Amparo Santini y Cuesta, los siete primeros por su pro-pio derecho, y la octava por su propio derecho y además en representación de sus menores hijos constituidos bajo su pa-tria potestad nombrados Francisca, Josefa, Consuelo y José Ramón Merly y Santini, teniendo esa escritura por objeto la partición de bienes de los consortes Pedro Juan Merly y Rodríguez y Petronila Rivera y Colón fallecidos respectiva-mente en 5 de Mayo de 1889 y enero 30 de 1900 bajo .testa-mento mancomunado otorgado en 3 de mayo de 1889, el regis-trador denegó la inscripción de dicho documento por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción de este documento: Io. Por no poderse hacer la agrupación que se solicita pues según el No. 4o. del artículo 61 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, las piezas de terreno colin-dantes que se agrupen deben pertenecer a un mismo dueño o a varios proindiviso y en este caso tres parcelas pertenecen a Don Pedro Juan Merly y una a Doña Petronila Eivera y Colón que la adquirió siendo viuda, y 2°., por la involueración en ese mismo documento de varias herencias y cesiones, sin cumplirse lo dispuesto en el artículo 85 del mismo reglamento, cuyo requisito de previa inscripción también exige el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Guayama, Octubre 5, 1914. El Eegistrador sustituto. (Firmado) Ledo. Luis Capó.”

La expresada nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Juan Pedro, Gerardo, Jesús María y Cresen-cia Merly y Eivera, representados por el abogado Manuel A. Eivera, quien interesa su revocación, y en su lugar se ordene al registrador que proceda a la inscripción de la escritura de partición que le fué presentada.

Para poder apreciar la procedencia o improcedencia de la nota recurrida, se hace necesario consignar lo que resulta de la escritura de partición acerca de la agrupación de fincas y sobre las herencias y cesiones a que puede referirse aquella nota.

De la escritura de partición de bienes resultan con rela-ción a los extremos que dejamos apuntados, los siguientes hechos:

Primero. En el testamento .mancomunado otorgado por los esposos Juan Merly y Eodríguez y Petronila Eivera y Colón, legaron éstos el quinto de sus bienes a su hijo Juan Pedro y dos vacas paridas y una horra a su hija Petronila, decla-rando por sus únicos y universales herederos a los ya cita-dos Juan Pedro y Petronila y a sus demás hijos José María, Jesús María, Gerardo, Julián María, Leocadia, Cresencia, María Florencia, y María Luisa Merly y Eivera.

Segundo. José María Merly y Eivera, uno de los here-deros, casado con Amparo Santini Cuesta, falleció intestado el 14 de marzo de 1901 habiendo sido declarados herederos del mismo por la Corte de Distrito de Guayama el 13' de fe-brero de 1911, sus hijos Francisca, Josefa, Consuelo, José Eamón y Petronila Merly y Santini, sin perjuicio de la cuota usufructuaria de la viuda, y como la Petronila había falle-cido a la edad de dos años en noviembre 5, 1902, fué tam-bién declarada por dicha orden heredera de la misma su ma-dre Amparo Santini Cuesta.

Tercero. Julián María Merly y Eivera, otro heredero, también falleció intestado en 28 de diciembre de 1909, sin dejar ascendientes o descendientes, habiendo declarado la Corte de Distrito de Gfuayama en orden de 13 de febrero de 1911, herederos de aquél, a sus hermanos Juan Pedro, Jesús María, Leocadia, Petronila, Cresencia, María Florencia, Ma-ría Luisa y Gerardo Merly y Rivera y a sus sobrinos Francisca, Josefa, Consuelo y José Ramón Merly y Santini, estos cuatro en representación de su difunto padre José María Merly y Rivera, debiendo heredar los hermanos por cabeza y los sobrinos por estirpe.

Cuatro. Igualmente falleció en Agosto 4, 1911, sin dejar sucesión, la heredera Leocadia Merly y Rivera, bajo testa-mento otorgado en 2 de agosto citado, por el que legó a su sobrina Angelita Merly, hija de Gerardo Merly, una vaca parida color indio, a su hermana Florencia Merly el con-dominio que tenía en la casa donde vivía con más cuatro cuerdas de terreno, y a sus 'hermanos María Luisa y Jesús María tres y dos cuerdas de terreno respectivamente*de los terrenos que habían de corresponderle en la herencia de sus padres. Hizo constar que una casita situada en la calle de Baldorioty del pueblo de Aibonitoí la que había comprado a Domingo Ríos era de la propiedad de su hermano Jesús Merly no obstante figurar a su nombre la escritura de com-pra, por lo que ordenaba a su albacea traspasara dicha escri-tura a favor de Jesús María. En el remanente de sus bienes instituyó por sus herederos a sus hermanos Juan, Gerardo, Jesús, Petronila, Cresencia, María Florencia y María Luisa Merly.

Quinto. Por escritura pública otorgada en marzo 2, 1894, José María Merly hizo venta a su hermano Juan Pedro de todos los derechos y acciones que le correspondían en los bienes de su difunto padre; pero en la escritura de parti-ción de bienes cuya inscripción ha sido denegada Juan Pedro Merly hace constar que aunque la venta se hizo a su nombre fué realmente a favor de toda la sucesión de su difunto padre Pedro Juan Merly, de la que recibe el precio de la venta.

'Sexto. También Gerardo Merly hizo constar .en la escri-tura de partición que le hizo cesión y venta de los derechos que le correspondían en la herencia de su padre a la suce-sión de éste, de cuya sucesión recibió el importe de la cesión y venta, haciendo constar además que privadamente con el consentimiento de todos los herederos había tomado y reci-bido lo que le correspondía en la herencia de su madre Petro-nila Eivera, sin que por tanto tuviera más derechos en la partición que los que pudieran corresponderle por herencia de los dos hermanos muertos'Julián María y Leocadia Merly.

Séptimo. En la escritura de partición Juan Merly, lega-tario del quinto de los bienes de su padres a virtud del tes-tamento mancomunado de 3 de mayo de 1889 aceptó dicho legado en cuanto había sido hecho por su padre, y lo renun-ció en favor de los demás herederos en cuanto procedía de su madre.

Octavo. Figuran formándo parte del cuerpo general de bienes cuatro fincas rústicas que se describen, situadas en el barrio de Cuyón del término municipal de Aihonito, ins-critas todas ellas en el Eegistro de la Propiedad, y son las siguientes:

(a) Una! de 50 cuerdas adquirida por escritura de 24 de abril de 1871 en la cual existen una casa de dos pisos de madera del país con techo de hierro galvanizado con un gla-cis de manipostería y cuatro secaderas de madera, una casa de maderas techada en parte de zinc con una máquina para descascarar café, y otra casa de maderas y techo de hierro acanalado para peones.

(b) Otra finca con cabida^ de 6 cuerdas adquirida por escritura pública de 5 de abril de 1877.

(e) Otra finca rústica con cabida de 35 cuerdas adqui-rida por escritura pública de 20 de junio de 1881.

(d) Otra finca rústica de 50 cuerdas qúe adquirió la viuda Petronila Eivera por escritura de 5 de marzo de 1894.

'Dichas cuatro fincas que según se afirma son colindantes, se agrupan en una sola con cabida de 141 cuerdas, situada en el barrio de Cuyón del término'municipal de Aibonito bajo las colindancias que se fijan, en cuya finca están situadas las tres casas de que ya se Mzo mérito al mencionar la finca mar-cada con la letra' a, siendo voluntad de los interesados que esa agrupación sé-hiciera constar en el registro.

Noveno. Figuran'también en el cuerpo general de bienes otra finca rústica de 16% cuerdas nombrada “La Bartola” situada en el barrio de Cuyón de Aibonito, adquirida por escritura de 13- de abril de 1898, no inscrita aun en el regis-tro de la propiedad, y una casa de. madera del país radicada en la calle de Pavía-del pueblo de Aibonito adquirida por escritura pública de 23 de abril de 1885 inscrita en el regis-tro de la propiedad.

El valor de los bienes inventariados que ban de ser objeto de partición asciende a $6,725 que previa deducción de $322.40 adeudados al partícipe Juan Pedro Merly y Eivera quedan reducidos a un total líquido de $6,402.60 de los que corres-ponden a cada uno de los cónyuges $3,201.30.

La herencia paterna, deducido el legado-del quinto hecho a favor de Juan Pedro Merly queda reducida a $3,041.23i/5 de los que, repartidos entre los herederos, corresponden a cada uno de los diez herederos $304.12 3/10; mientras que la herencia materna aumentada con el importe de las cesio-nes de la herencia paterna por los partícipes José María y Gerardo Merly, se hace subir a $3,809.54 6/10 de los que, repartidos entre nueve herederos, toda vez que el Gerardo había recibido desde hacía algún tiempo; su participación, corresponden a cada uno $423.28 2/9.

Hecha la liquidación correspondiente de lo que cada here-dero tiene derecho a percibir por herencia de los difuntos Pedro Juan Merly y Petronila Eivera Colón, y por herencia de ios herederos fallecidos, teniendo además en cuenta los demás hechos necesarios para fijar la legítima de cada here-dero se hicieron en la escritnra de partición las adjudica-ciones qne habían de cubrir el cupo de los herederos, adjudi-cándose la finca agrupada en distintas participaciones, ya sobre los terrenos, ya sobre los establecimientos en ellos es is tentes, a Jesús María, Gerardo, Petronila, Cresencia, María-Florencia, María Luisa y Juan Pedro Merly y Rivera, a los cuatro hijos menores del heredero José María Merly y Rivera, y a la viuda de éste, 'Amparo Santini, adjudicándose también la finca rústica denominada “La Bartola” en su tonalidad al Juan Pedro y la casa ubicada en la calle de Payía del pueblo de Aibonito a los ya citados Jesús María, Petro-nila, Cresencia, María Florencia, María Luisa y Juan Pedro. Merly y Rivera con diversas participaciones de condominio en la misma. . .

En la misma escritura de partición los herederos Juatí Pedro y Jesús María Merly y Rivera hacen venta a sus her-manas Petronila, Cresencia, María Florencia y María Luisa Merly de los condominios que con ellas tenían en la casa de la calle de Pavía y también Amparo. Santini vende a Juan Pedro Merly y Rivera la participación que le había corres-pondido en la casa con máquina de descascarar café, existente en la finca agrupada.

Bajo los antecedentes expuestos traigamos a considera-ción la nota recurrida.

Alega la parte recurrente la procedencia de la inscrip-ción de la finca agrupada, por pertenecer las cuatro fincas que la forman a los herederos de Pedro J. Merly y Petro-nila Rivera desde. la muerte de éstos por título de herencia testada,- y por pertenecer en su consecuencia a varios proin-diviso aunque su procedencia fuera distinta.

El artículo 61 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria dice así:

“Artículo 61. — Se inscribirán bajo un sólo número si los intere-sados lo solicitaren, considerándose como una sola finca, con arre-glo al artículo 8 de la ley, y para los efectos que el mismo expresa:
“Primero. * * *.
■ “Segundo. * *■ *.
“Tercero. * * *.
“Cuarto. Las piezas de tierra colindantes que pertenezcan a un mismo dueño o a varios proindiviso aunque no tengan albergue alguno ni sean de idéntica procedencia u origen, y hayan llegado al último adquirente por diversos títulos.’’
^ ^ ^ ^ ^

• En el presente caso tres de las fincas agrupadas fueron adquiridas antes del fallecimiento de Pedro Juan Merly y la cuarta después de muerto éste, por su viuda Petronila Eivera, estando por tanto inscritas en el registro a favor de personas , distintas. A la muerte de Pedro Juan Merly y de Petronila Eivera vinieron sus hijos a ser dueños en común y proindi-viso de las cuatro fincas, y es indiscutible el derecho de los mismos en concepto de tales herederos a verificar su agru-pación ; pero ésta no puede inscribirse en el registro sin ins-cribirse previamente el derecho de condominio en común y pro-indiviso a favor de dichos' herederos. Hecha esa inscripción podrán verificarse las adjudicaciones hechas sobre la finca agrupada en la escritura de partición de bienes.

Por más que los peticionarios alegan que cuando presen-taron la escritura de partición de bienes al Eegistro de lá Propiedad con los antecedentes de la misma lo hicieron para que el registrador, previo el debido estudio, practicara cuan-tas inscripciones creyera convenientes, no aparece que real-mente pidieran la inscripción de cada una de las cuatro' fincas agrupadas a favor de los herederos de' Pedro Juan Merly y Petronila Eivera, sobre cuyo particular sólo se expresa en la mencionada escritura que los otorgantes de ésta querían se hiciera constar en el registro la agrupación hecha. Es un hecho que el registrador se limitó a denegar la inscrip-ción de la agrupación y sólo nos toca resolver si la inscrip-ción de la agrupación ha sido bien denegada. Opinamos que ha sido bien denegada por la razón de no haberse inscrito pre-viamente en el registro el derecho de condominio sobre cada una de las fincas agrupadas en común y proindiviso a favor -dé los herederos, por más que no puede negarse a éstos el 'derecho de acudir al registro en solicitud de esa inscripción previa para colocarse en condiciones de obtener la inscripción ■de la agrupación y la de las adjudicaciones a que esa agrupa-ción dió lugar.'

Habiéndose consignado en la escritura de partición ade-más de la agrupación otros actos sujetos a inscripción, la parte recurrente debió manifestar al registrador cuáles eran las operaciones que interesaba se verificaran en el registro for-mulando su petición en términos concretos y determinados y no en la forma vaga en que asegura haberlo hecho como enco-mendando al registrador la defensa de sus derechos. Ramis v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 19 D. P. R., 747.

Empero si al registrador se pidió la inscripción de todos los actos sujetos a ella en la escritura de partición de bienes que le fue presentada y él así lo entendió, debió practicar o -denegar la inscripción de cada uno de esos actos exponiendo en el segundo caso al pie del documento clara y concisamente los motivos legales de su negativa, según previene la sección Ia. de la Ley de marzo, 1902, sobre recursos contra las reso-luciones de los registradores de la propiedad.

No cumplió con ese deber el Registrador de la Propiedad -de G-uayama pues la involucración en el documento de varias herencias y cesiones, según afirma en la nota, sin cumplirse lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Hipo-tecaria, cuyo requisito de previa • inscripción también exige el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, no es una razón legal aplicable a todas y cada una de las inscripciones que podía exigir el documento, y buena prueba de ello es que si bien había una finca rústica o sea “La Bartola,” no inscrita a favor de los causantes, había otras mareadas con las letras a, b, c, d y la casa de la calle de Pavía en Aibonito, que esta-ban inscritas en el registro. Ni siquiera se cuidó de consig-nar que no estando inscrita la finca agrupada y denegando como denegaba su inscripción, no podía inscribir las par-celas de esa finca adjudicadas a distintos herederos.

El registrador propiamente sólo denegó la inscripción de la finca agrupada y en cnanto a cada nna de las demás ins-cripciones qne pudieran haberle sido pedidas nada consignó en la nota que nos lleve al conocimiento de cuáles fueron en concreto las inscripciones que denegó. Sólo podemos con-siderar la nota recurrida en cuanto deniega la inscripción de la agrupación de fincas.

Aun más, ni siquiera cumplió dicho funcionario con el deber que le impone la sección 7a. de la ley de marzo 1°., 1902, expresiva de que cuando el registrador niega alguna inscrip-ción, anotación o cancelación extenderá anotación preventiva que tendrá efecto legal durante 120 días de su fecha.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recu-rrida en cuanto por ella se deniega la inscripción de agru-pación de fincas, sin perjuicio de que la parte interesada pueda acudir nuevamente al registro con los documentos nece-sarios interesando la inscripción del dominio de cada una de las cuatro fincas agrupadas a favor de los herederos de Pedro Juan Merly y Petronila Rivera en común y proindi-viso, como base necesaria para obtener la inscripción de la agrupación de esas mismas fincas, no habiendo lugar a dic-tar resolución sobre inscripción de cualquier otro acto con-tenido en la escritura de partición, por falta de resolución concreta y determinada del registrador recurrido.

Confirmada la nota recurrida, sin perjuicio de que los recurrentes puedan acudir nueva-mente al registro con los documentos nece-sarios.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo>

text:
    Gandía y Compañía, Demandante y Apelada, v. Alonso Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa sobre cobro de pesos.
    No. 1196.
    Resuelto en mayo 5, 1915.
    Alegaciones — Documentos Acompañados o Copiados en la Demanda — -Auten-ticidad — Otorgamiento.—La autenticidad y otorgamiento de un documento acompañado a la demanda o copiado literalmente en la misma, se conside-rarán admitidos, si en la contestación no se niega específicamente y bajo juramento dicha autenticidad y otorgamiento.
    Cuenta Corriente — Regla Contenida en el Artículo 119 del Código de Enjui-ciamiento Civil. — Una cuenta' corriente^ atendida su peculiar naturaleza, no puede considerarse como uno de los documentos que tuvo en mente el legisla-dor al establecer la regla contenida en el artículo 119 del Código de Enjui-ciamiento Civil.
    Alegaciones — -Documento Base de la Acción o Defensa — Alegaciones Jura-das.- — Ordinariamente prescriben los estatutos que no se permitirá a nin-guna persona negar en el juicio el otorgamiento de ningún documento escrito, lleve a nó sello, y que constituya la base de la acción o defensa, a menos que la parte que formule dicha negativa lo haga por medio de alegación jurada.
    Id. — Documentos que Comprende la Regla Sobre la Necesidad de que las Impugnaciones Sean Juradas. — La regla según ha sido -expuesta al hacer referencia de que las impugnaciones sean juradas, es aplicable a las cláusulas de incorporación de una asociación, pagarés, cancelación del sello de rentas: internas que sea necesario para dar validez a un documento, orden para pago de dinero, fianzas, conocimientos; garantías, escrituras, arrendamien-tos, hipotecas, listas de suscripciones, pólizas de seguros, recibos, cartas de pago y contratos de transacciones, certificados de ventas en pública subasta y escrituras de ventas judiciales, cesiones y endosos. No tiene aplicación a un decreto de una corte, a una cuenta por mercancías, a un testamento que no se haya probado su validez, ni a los asientos que se hacen en los libros de acciones de una corporación. .
    -Cobro de- Pesos — Pruebas—Examen de las Pruebas. — Examinadas las' prue-bas en este caso, se resolvió que la corte inferior obró correctamente al declarar con lugar la demanda y sin lugar la eontrademanda.
    Los hechos están expresados en la .opinión
    Abogado del apelante: Sr.'Pedro Amado Rivera.

    Abogado de la apelada: Sr. Antonio Suliveres.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo>

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo por virtud de la cual se condenó al demandado Francisco Alonso a pagar a la demandante Candía y Cía. la suma de $728.53, los inte-reses legales a contar desde la fecha de la interposición de la demanda y las costas.

La sociedad demandante alégó en resumen que liabía cele-brado un contrato por término de dos años con el demandado por virtud del cual le dió en arrendamiento una tahona para elaborar pan, situada en el barrio de Dominguito de la juris-dicción de Arecibo, fijándose el precio del arrendamiento en 75 pesos mensuales y debiendo el demandado entregar a la demandante en determinadas condiciones pan del que elabo-rara; que el demandado ocupó la tahona en noviembre de 1910 y remitió a la demandante diversas partidas de pan de acuerdo con el contrato, sosteniendo ambos cuentas corrien-tes; que liquidada por la demandante su cuenta corriente con el demandado a dos de noviembre de 1912, fecha en que ter-minó el contrato, resultó el demandado con un saldo deudor de $728.53, y que cobrado dicho saldo al demandado, éste se negó a satisfacerlo, viéndose la demandante en la necesidad de entablar entonces este pleito. A la demanda se acompañó la cuenta corriente del demandado con la demandante.

El demandado en su contestación aceptó como cierto el hecho de la celebración del contrato y el de que llevaba cuenta Corriente con la demandante, pero alegó que nada debía a ésta, porque el 12 de noviembre de 1911 un inspector de sani-dad ordenó la clausura de la tahona arrendada hasta que se realizaran ciertas obras que nunca se llevaron a efecto. La contestación no está jurada.

El demandado, además, estableció una contrademanda ale-gando substancialmente que por virtud del cierre de la tahona y por no haber la demandante cumplido con el deber que tenía de hacer las reparaciones ordenadas por la sanidad, se vió obligado a dejar de trabajar desde la fecha del dicho cierre o sea desde el 12 de noviembre de 1911, sufriendo perjuicios que calcula en mil pesos.

Trabada así la contienda, se celebró el juicio en el que ambas partes propusieron y practicaron sns pruebas, que-dando el pleito concluso para sentencia. Esta fué dictada, en la forma que indicamos al principio, esto es, declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda, y contra ella se interpuso el presente recurso de apelación.

El juez de distrito analizó minuciosamente el caso y esta-bleció, en primer término, la conclusión de que habiéndose alegado en la demanda que entre demandante y demandado-existía una cuenta corriente que liquidada arrojaba un deter-minado saldo deudor en contra del demandado, y que habién-dose acompañado a la dicha demanda la expresada cuenta sin que el demandado la impugnara bajo juramento, la auten-ticidad y otorgamiento en forma de la cuenta corriente de que se trata, debía considerarse ádmitida de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

En efecto, el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil es terminante y clara la jurisprudencia sobre la materia. Véanse los casos de Sacramento County v. Bird, 31 Cal., 73; Corcoran v. Doll, 32 Cal., 88 y County Bank v. Greenberg, 127 Cal., 26. Esta misma Corte Suprema en los casos de Méndez v. Soto Nussa, 13 D. P. R., 379; Chiqués v. Polo, 15 D. P. R., 274, y otros, sostuvo la doctrina de que la auten-ticidad y otorgamiento de un documento acompañado a la demanda o copiado literalmente en la misma, se considera-rán admitidos,. si en la contestación no se niega específica-mente y bajo juramento dicha autenticidad y otorgamiento.

Ahora bien ¿cabe aplicar a este caso el precepto legal y la jurisprudencia invocados ? A nuestro juicio se impone una respuesta negativa, en primer lugar, porque una cuenta co-rriente, atendida su peculiar naturaleza, no puede conside-rarse como uno de los documentos que tuvo en mente el legis-lador al establecer la regla contenida en el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil, y en segundo lugar, por-que aunque pudiera reconocérsele tal carácter, estudiadas en su esencia las alegaciones de ambas partes, se concluye sin esfuerzo alguno que la cuenta corriente de que se trata no es el documento básico de la acción en este pleito, sino el contrato de arrendamiento celebrado entre demandante y de-mandado.

La jurisprudencia americana, resumida por Cyc., sobre la materia, es como sigue:

“órdinariamente prescriben los estatutos que no se permitirá a ninguna persona negar en el juicio el otorgamiento de ningún docu-mento escrito, lleve o nó sello y que constituya la base de la acción o defensa, a menos que la parte que formule dicba negativa lo baga por medio de alegación jurada.” 31 Cyc., 530, y casos citados.
“La regla según ha sido expuesta al hacer referencia a la necesi-dad de que las impugnaciones sean juradas, es aplicable a las cláu-sulas de incorporación de una asociación, pagarés, cancelación de un sello de rentas internas que sea necesario para dar validez a un docu-mento, a una orden para pago de dinero, fianzas, conocimientos, garan-tías, escrituras, arrendamientos, hipotecas, lista de suscripciones, póli-zas de aseguro, recibos, cartas de pago y contratos de transacciones, certificados de ventas en pública subasta y escrituras de ventas judi-ciales, cesiones y endosos. No tiene aplicación a un decreto de una corte, a una cuenta por mercancías, a un, testamento que no se haya probado su validez m a los asientos que se hacen en los litros de accio-nes de una corporación31 Cyc., 532, y casos citados.

Expuesto lo que antecede, procederemos al estudio del ■ caso en su fondo. No bay cuestión alguna con respecto a la existencia de contrato de arrendamiento. Aceptando la cuenta corriente como un documento presentado como prueba, su saldo indica la deuda del demandado para con el deman-dante por concepto de alquileres dejados de satisfacer por el demandado a la demandante. No se impugnó ni en las alegaciones del demandado ni por medio de prueba la correc-ción de diebo saldo.' La cuestión verdaderamente debatida en este caso es si el demandado se vió o nó obligado a dejar de usar- la cosa arrendada para los fines para los cuales la arrendó. La evidencia que se practicó sobre tal extremo fué amplia y complicada. La de la demandante tiende a pro-bar que si bien es cierto que el 12 de noviembre de 1911 se presentó en la tahona arrendada nn inspector de sanidad y ordenó qne se hicieran en ella determinadas reformas, en cnanto la demandante fné avisada, obtuvo nn término para hacerlas y en efecto las hizo; y qne el demandado no prac-ticó gestión alguna para rescindir el contrato, sino que, por el contrario, al. serle propuesta dicha rescisión por los arren-dadores, se negó a ello manifestando que era nn negocio que le convenía. Y la del demandado tiende a probar que se ordenó de hecho el cierre de la tahona por las autoridades sanitarias; que las reformas que debían hacerse correspon-dían a los arrendadores y éstos no las hicieron; que solicitó una licencia de la sanidad para abrir de nuevo la tahona y le fué negada, y que no pudo trabajar más en la -tahona a partir del 12 de noviembre de 1911.

La corte dió crédito a los testigos de la demandante y a nuestro juicio obró correctamente. No puede negarse que el 12 de noviembre de 1911 el demandado se vió impedido de trabajar por virtud de la intervención de las autoridades •sanitarias, pero no puede sostenerse qne se ordenara el cie-rre de la tahona y que el demandado se viera obligado por tanto en absoluto a suspender sus trabajos. La prueba de-muestra que se llevaron a efecto reparaciones por la deman-dante en la tahona después del 12 de noviembre de 1911 y antes del día último de dicho mes. No sólo lo han decla-rado así dos socios de la demandante, si que también los mis-mos operarios que las hicieron. Y la prueba demuestra, ade-más, que el demandado no quiso rescindir el contrato mani-festando que era un negocio que le convenía y no demostró interés alguno en continuar elaborando pan en la tahona arrendada a la demandante, existiendo dos hechos que tien-den a explicar el origen de esa actitud del demandado, a saber: En el arrendamiento celebrado entre la demandante y el demandado se pactó que se rescindiría el contrato si lle-gara a establecerse en el mismo barrio otra tahona, y de la cuenta corriente acompañada a la demanda y de la misma declaración del demandado en el acto de la vista aparece que el demandado continuó enviando pan. del fabricado por él en otra tahona, a la demandante, mucho después del 12. de noviembre de 1911: la última partida se remitió el 31 de octubre de 1912. Del primer hecho se deduce que era una. condición sine qua non para.la existencia del contrato que no se estableciera otra tahona; del segundo, que el deman-dado continuó sin interrupción en el negocio de.la elabo-ración de pan, no obstante el cierre de la tahona de Domin-güito,.fabricándolo en otra.tahona que .tenía arrendada en lugar cercano, y de ambos hechos, examinados a la luz de .todas las circunstancias concurrentes, se desprende que el. objetivo principal del demandado era monopolizar en cierto modo el negocio de la elaboración de pan en aquellos barrios, y que tal objetivo podía lograrlo fabricando el artículo en cual-quier sitio siempre que a su voluntad permanecieran cerra-dos los demás.

Siendo ese el resultado de las pruebas, se impone la con-firmación de la sentencia apelada, ya que si el demandado’ dejó de elaborar pan en la tahona arrendada no se debió, a los actos u omisiones de la demandante, sino al propio-, acuerdo del demandado.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.

Confirmada la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Coy, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Seccion Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro- ■ piedad de San Juan, sección Ia., denegando en parte la inscripción de una escritura de venta de condominio.
    No. 209.
    Resuelto en mayo 6, 1915.
    Inscripción de Títulos — Escritura de Venta Otorgada por Herederos en Representación de su Causante — Inscripción Previa a Pavor de los

      Herederos. — Cuando los herederos de una persona ejecutan la obligación de su causante que quedó incumplida, ya procediendo voluntariamente o porque fueran apremiados para ello, otorgando escritura de venta’ como prueba formal del verdadero traspaso del dominio que ya se había hecho,, y para que el comprador pudiera inscribir su título, no se necesita la ins~ eripeión previa a nombre de los otorgantes, por aparecer inscrito a favor de la persona en cuyo nombre y representación se hace la trasmisión.
    Los lie olios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. José E. Benedicto.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compareció en nombre propio.-
   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de las cláusulas contenidas en una escritura de venta de condominios, de fecha 15 de septiembre, 1913, que cinco hermanas y un hermano, Salvadora Dámasa, Inés Teresa, G-regoria de la Concepción, Mayía del Carmen Magdalena, Margarita Elisa Coy y Tizol y Luis Coy y Tjlizol, here-daron cada uno de su madre una participación de una sexta parte de dos quintas partes de cierta casa, perteneciendo el título de las otras tres quintas partes al séptimo condueño Eafael Tizol Romero, estando inscrito el título de cada uno de estos condominios; que por escritura de fecha noviem-bre 30, 1892, Rafael Tizol Romero y Luis Coy y Tizol vendie-ron a María del Carmen Magdalena, el primero, su condo-minio por tres quintas partes, y el segundo, el suyo por una sexta parte en dos quintas partes, traspaso que fue debida-mente inscrito; que unos diez y seis años antes de la fecha citada en primer término Salvadora Dámasa, Inés Teresa,, Gregoria de la Concepción y Margarita Elisa, vendieron asi-mismo sus respectivas participaciones a Magdalena Coy y Tizol, pero no otorgaron documento alguno inscribible; que en octubre 27, 1906, falleció Margarita Elisa sin dejar ascen-dientes ni descendientes, siendo sus únicos y universales here-deros las hermanas y hermanos sobrevivientes.

En estas condiciones Salvadora Dámasa, Inés Teresa y-Gregoria de la Concepción por virtud del documento ■ a que se ba hecho referencia primeramente “reconocen haber ven-dido” y “venden, renuncian y traspasan” a favor de María del Carmen Magdalena, sns participaciones por tres sextas partes en dos quintas partes de la finca que se describe en dicho documento con todos sns usos y servidumbres, etc., obligándose a la evicción y saneamiento que proceda. En el mismo documento y en unión de Luis Coy y Tizol las refe-ridas vendedoras “en su carácter de herederas de su finada hermana Margarita Elisa Coy y Tizol, hicieron constar en la más solemne forma que ésta última vendió igualmente a María del Carmen Magdalena su condominio por una sexta parte en dos quintas partes de la finca descrita por precio de cien pesos, que dicha hernjana recibió de la compradora a toda su satisfacción; por lo que como herederos de dicha hermana fallecida, declaran y reconocen que María del Carmen Magdalena es la única y legítima dueña de la referida participación. ’ ’

La inscripción de esta escritura fué denegada en cuanto a la sexta parte de dos quintas partes que se reconoció que habían sido vendidas por Margarita Elisa Coy y Tizol diez y seis años antes del otorgamiento de la misma “por no ha-berse solicitado, como procede, la inscripción previa de aque-lla participación a favor de los herederos de la causante,.”

El registrador se funda principalmente en la resolución de la Dirección General de los Registros de España, dictada en noviembre 3, 1879, la cual, según los datos que de ella tenemos nunca ha sido sostenida por ninguna otra en que se considere la misma cuestión, y ha sido severamente cri-ticada por los Señores Galindo y Escosura que son de dis-tinta opinión. Véase el párrafo 10 de los comentarios al ar-tículo 20 de la Ley Hipotecaria, 2 Legislación Hipotecaria (1903), páginas 180-185.

Resulta claramente que a la muerte de Margarita Elisa Coy y Tizol nada heredaron los hermanos sobrevivientes con relación a la casa de que se trata. Nada tenían que inscri-bir ni nada podían traspasar. Ellos pudieron, desde luego, ejecutar la obligación de su hermana fallecida que quedó in-cumplida, de otorgar escritura de venta como prueba formal del verdadero traspaso del dominio que ya se había hecho, para que el comprador pudiera inscribir su título y caso de negarse sin duda que podía obligársele a ello; pero en ese caso, ya procediendo voluntariamente o porque fueran apre-miados actuarían ellos como representantes, a nombre y en representación de la hermana fallecida y no por su propio derecho como dueño por herencia de la participación en cues-tión. Por tanto, el cumplimiento del requisito que sugiere la nota del registrador envolvería una alteración de lh ver-dad de los hechos en la inscripción. Ciertamente que la ley no tiene por objeto, ni es su intención, sancionar semejante práctica.

La nota .recurrida no se sostiene por la razón en que se funda y debe revocarse.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Tofo y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Calzada, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por violación.
    No. 737.
    Resuelto en mayo 6, 1915.
    JURADO — Recusaciones al Jurado — Recusaciones Perentorias — 'Delitos Pena-bles oon Muerte o Prisión Perpetua. — Si bien es cierto que el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Criminal concede a los acusados de deli-tos penables con muerte o prisión perpetua el derecho de recusar peren-toriamente quince jurados, ese derecho sólo existe cuando la pena señalada para el delito es la de muerte o prisión perpetua.
    Violación — -Recusaciones al Jurado — Pena.—Cuando la ley no ha fijado como pena del delito la de muerte o prisión perpetua como en casos de violación, por más que esta última pena puede ser impuesta en esa clase de delito, porque siendo la de cinco años de presidio como mínimum, sin.tener seña-lado el límite máximo, puede el juez, de acuerdo con el artículo 33 del Código ■ Penal, imponer la de presidio perpetuo, no es aplicable la disposición com-prendida en el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Criminal que concede quince recusaciones a la defensa.
    Id. — Acta de Nacimiento — Cuestión de Hecho — Veredicto del Jurado. — Un acta de nacimiento sometida como cuestión de hecho por el juez al jurado, con el consentimiento de las partes, para determinar si correspondía .o nó a la perjudicada en un caso por violación, se entiende que al declarar eul-pable al acusado del delito imputádole, resolvió esa cuestión en contra suya.
    Id. — Credos de la Ofendida.' — El mero heeho de que una niña grite mientras es violada no es prueba bastante para sostener que se ejerció en ella otra fuerza o violencia que la inherente al coito de un hombre con una niña.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Edad de la Ofendida. — En este caso el juez dió al jurado la siguiente instrucción: “Pero la corte os instruye que la declaración principal del Dr. Veve trata de demostrar qué esta perjudicada tendría como trece años.” V se resolvió: Que si bien esa instrucción no era exacta porque, dados los términos de la declaración del Dr. Veve, no podría sostenerse, ella no causó perjuicio al acusado, porque habiéndose presentado, además, como prueba el acta de nacimiento de la perjudicada, si el jurado estimó que se refería a ella, bien podía, prescindiendo de la declaración del Dr. Veve, llegar a la conclusión de que la niña tenía menos de catorce años, y, por tanto, al veredicto de culpabilidad.
    Id. — Hech¡o de la Penetración. — Examinada la prueba en este caso, se decidió que el jurado estuvo justificado al estimar que se había probado el hecho de la penetración.
    Nuevo Juicio — Acusación—Duplicidad—Cargos Distintos. — Cuando la acu-sación contiene distintos cargos o maneras de cómo el delito se realizó, el dejar de probar uno de ellos no es motivo para conceder un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Juan B. HuyJce.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante José Calzada fue convicto por un jurado del delito de violación y sentenciado por el Tribunal de Distrito de Humacao a cinco años de presidio con trabajos forzados.

Contra esa sentencia y contra la resolución denegatoria del nuevo juicio que pidió, interpuso el acusado el presenté recurso de apelación.

El primer motivo que alega para que revoquemos la sen-tencia es que el tribunal cometió error al negarle que recu-sara perentoriamente quince jurados, concediéndole ese dere-cho solamente en cuanto a seis, porque pudiendo ser casti-gado el delito de violación con reclusión perpetua tenía dere cho a las quince recusaciones que concede el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento en juicios por delitos penables con muerte o prisión perpetua;

Es cierto que el artículo que se cita concede a los acusa-dos de delitos penables con muerte o prisión perpetua el dere-cho de recusar perentoriamente a quince jurados, pero ese derecho sólo existe 'cuando la pena señalada para el delito es la de muerte o prisión perpetua. Esta .disposición no es aplicable cuando, como en el caso presente, la ley no ha fijado como pena del delito la de muerte o prisión perpetua por más que esta última pena puede ser impuesta porque siendo su pena la de cinco años de presidio como mínimum, sin tener señalado el límite máximo, puede el juez, de acuerdo con el artículo 33 del Código Penal imponer la de presidio perpetuo.

El caso de People v. Harris, 61 Cal., 136, que el apelante cita fen apoyo de su argumento no tiene aplicación en el pre-sente caso porque si en él se declaró que el acusado tenía el derecho que reclama el apelante fué porque el delito de que se acusó a Harris estaba penado expresamente con reclu-sión perpetua, por tratarse de una segunda convicción por robo.

El otro motivo que el apelante alega es que se ha come-tido un grave érror al considerar probada la edad de la niña con la certificación que con ese fin presentó el Fiscal porque no es la de la perjudicada Juana Olivo. ■

La acusación imputa al apelante que cometió el delito de violación yaciendo el día 20 de octubre de 1913 con la niña Juana Olivo, de once años de edad, y al tratar de probar , el Fiscal en el juicio la edad de la perjudicada se suscitaron varios incidentes entre la acusación y la defensa sobre si la certificación del acta de nacimiento que presentaba el Fiscal correspondía o nó a la perjudicada. Estos incidentes fue-ron motivados porque.' la expresada certificación se refiere a una niña llamada Juana Olivo Cirilo, cuando la acusación nombra a la perjudicada únicamente como Juana Olivo; por-que el padre de ésta' declaró que la perjudicada es hija de su matrimonio con Martina Sánchez y porque la certificación comienza así: “No. 248. Olivio y Cirilo Juana. H. L. Pardo. Oremela con la anterior acta de nacimiento.” Sin embargo, el juez sometió al jurado como cuestión ele hecho, y con el consentimiento de las partes, que ..determinase si tal certifi-cación correspondía o nó a la perjudicada y al declarar culpable al apelante del delito de violación no hay duela de que resolvió esa cuestión en contra suya. Entendiéndolo tam-bién así la defensa sostiene ahora que se cometió error, pero nosotros encontramos que el jurado estuvo justificado en su determinación.

En efecto, Epifanio Olivo declaró que la única hija que ha procreado en su matrimonio con Martina Sánchez es la perjudicada; que él es hijo de Isidro Olivo y de Eamona Ortiz, que son los mismos que como abuelos paternos figu-ran en la certificación del acta de nacimiento; que la madre de la niña se llama Martina Sánchez Eosa, que son también los que aparecen en dicha acta excepto el apellido Sánchez, en cuyo lugar está el de Cirilo, y que fué él quien hizo la decla-ración de nacimiento en el juzgado, lo que también resulta del documento.

Todos estos datos debían llevar y llevaron justamente al jurado a la conclusión de que a pesar de la diferencia entre los apellidos Cirilo y Sánchez correspondientes al primer ape-llido de la madre, la certificación que se presentó correspon-día a la perjudicada Juana Olivo, única hija de Epifanio Olivo, sin que el hecho de que comience la certificación diciendo que es gemela con la anterior acta de nacimiento de-muestre que se refiere a una niña que tuvo una hermana ge-mela, no tan sólo porque esto no se desprende de esas pala-bras sino porque en la declaración hecha por Epifanio Olivo al declarar el nacimiento de su hija no hay nada que exprese la más remota idea de que esa niña tuvo una hermana gemela.

Según esa certificación del acta de nacimiento de Juana Olivo, ésta nació en 29 de noviembre de 1902, no había'aún cumplido once años cuando en 20 de octubre de 1913 el ape-lante yació con ella y siendo por tanto menor de catorce años estuvo justificado el jurado, de acuerdo con las pruebas, al declararlo culpable del delito de violación; y aun cuando la acusación imputó también el cargo de haberse realizado el acto carnal por medio de la fuerza y de la violencia, estamos conformes con la defensa en que no hubo prueba suficiente respecto de este extremo pues el hecho de que la niña gritó mientras el apelante la violaba no es bastante para sostener que se ejerció en ella otra fuerza o violencia que la inherente al coito de un hombre con una niña.

Sostiene también el apelante que el juez, cometió error al instruir al jurado respecto a lo declarado-por un testigo de la defensa acerca de la edad cíe la perjudicada y que sin esa instrucción el jurado no hubiera podido rendir un vere-dicto de culpabilidad.

Al declarar en el juicio el Dr. Miguel Yeve, testigo de la defensa, dijo con referencia a la edad de la perjudicada, lo que en lo necesario transcribimos de la relación de las prue-bas aprobadas por el juez: “Cree que la niña podría tener no más de trece años;” * '* * “que la niña podrá tener doce o trece años;” * * * “que una persona por cues-tiones de enfermedad o de mala alimentación puede presen-tar el aspecto que presenta la niña, aunque tenga 18 años, aquí donde hay raquitismo todos los días.”

Cuando el juez instruía a los señores del jurado res-pecto al valor probatorio de las actas de nacimiento, de que a ellos correspondía decidir si la que se había presentado co-rrespondía o nó a la perjudicada y que cuando no existe la evidencia primaria de la edad puede ésta probarse por otra secundaria, les manifestó que se- había demostrado por él testimonio de un testigo de la defensa que la perjudicada era menor de edad, que tendría a lo sumo trece años; y ha-biéndole interrumpido el abogado del acusado diciendo “que podría tener quince o diez y seis años, fué lo que dijo el Dr. Yeve,” continuó el juez en esta forma: “pero la corte os instruye que la declaración principal del.Dr. Yeve trata de demostrar que esta perjudicada tendría como trece años.”

Si bien esa instrucción no era exacta porque dados los términos de la declaración del Dr. Veve no podía sostener el juez de una manera absoluta que se había demostrado con ella que la perjudicada tenía a lo sumo trece años de edad; sin embargo, en vista de que el abogado en su interrupción recordó el otro particular de la declaración y principalmente porque después de ella el juez mitigó su anterior afirmación y> expresó que con dicho testimonio se tendía a demostrar la edad, no creemos que causó perjuicio al apelante.

Contestando a la alegación de que sin la expresada ins-trucción el jurado no hubiera podido rendir un veredicto de culpabilidad, diremos que como se presentó el acta de naci-miento de la perjudicada, si el jurado estimó que se refería a ella, bien pudo, prescindiendo de la declaración del Dr. Yeve, llegar a la conclusión de que la niña tenía menos de catorce años, y, por tanto, al veredicto de culpabilidad.

El primer motivo alegado en la moción de nuevo juicio que el tribunal inferior negó, ha sido ya resuelto por noso-tros al principio, pues se refiere a la' certificación del acta de nacimiento.

El segundo motivo sostiene que la prueba, en cuanto a la penetración, fué erróneamente apreciada por el jurado. No vamos a transcribir aquí las palabras de la perjudicada res-pecto de este particular y nos bastará decir que a nuestro juicio estuvo justificado el jurado al estimar que se había probado.

Respecto del tercero diremos que conteniendo la acusación dos cargos o maneras cómo el delito se realizó, el dejar de probar uno de ellos no es motivo para conceder un nuevo juicio.

El particular referente a la instrucción del juez al jurado respecto a la declaración del Dr. Yeve ha sido tratado ante-riormente.

Resueltos los motivos en que las apelaciones se basaron, debemos declarar sin lugar esos resursos y confirmar la reso-lución denegatoria de nuevo juicio y la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sierra, Demandante y Apelado, v. Trani, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre cobro de servicios.
    No. 1116.
    Resuelto en mayo 8, 1915.
    Arrendamiento de Servicios — Precio Cierto. — Cuando se hace redamación por servicios prestados que no sean profesionales basta que se exprese el precio cierto y convenido por los servicios, o que tal precio es conocido por la cos-tumbre y el uso frecuente del lugar, sin que sea necesario alegar el “valor razonable “ de dichos servicios para que constituya una causa de acción.
    Id. — Servicios Profesionales — Enmienda al Artículo 1486 del Código Civil.— La enmienda hecha por la ley de 24 de febrero de 1906 al artículo 1486 del Código Civil no introduce cambio alguno en la ley, excepto en aquella parte en que trata de servicios profesionales, estando por tanto en vigor la jurisprudencia hasta ahora establecida sobre la materia.
    Id. — Pruebas—Examen de las Pruebas. — Examinada cuidadosamente toda la prueba en este caso, tal como consta en los autos, se resolvió: que no sola-mente no revela la misma ninguna razón satisfactoria por la que deban modificarse las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora, sino que más bien hace creer que en sustancia se ha hecho justicia.
    Los bechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tons Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Parra.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 4 de abril de 1913, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia .a favor del demandante apelado por la suma de $483.80, en el caso arriba expresado, que fué una acción esta-blecida por éste para obtener el valor de los servicios pres-tados como- mayordomo de una finca de café, habiendo for mu-lado el juez en el mismo día sus amplias y específicas conclu-siones de hecho y de derecho.

El apelante insiste en que la corte cometió error al no' estimar que la demanda no aducía hechos para constituir-una causa de acción, por no alegarse en ella el “importe razo-nable” de los servicios prestados por el demandante.

La alegación que de tal modo aparece envuelta en la de-manda en como sigue:

“Que el precio de los servicios de un primer mayordomo en fincas: de café como la que posee el demandado y a la que se refiere la alega-ción segunda de esta demanda, es según la costumbre y uso frecuente en las jurisdicciones d'e Yauco, Adjuntas, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, que forman una sola zona cafetera, de $40 a $50 mensuales,, casa y comida; y reclamando para el demandante el salario mínimo-daría el siguiente resultado:
61 meses desde junio 14/07 a julio 14/12 a $40 mensuales- $2,440. 00‘ 13 días desde julio 14/12 a julio 27/13_ 17. 39
$2, 457. 39
“Que el demandante acepta el cargo de $739.68 que le hace el demandado por efectivo y efectos tomados durante la mayordomía;: y agregando a dicha cantidad la de $312.32 que dicho demandante tomó al cesar en su cargo, suma la de $1,052 que restando de los: $2,457.39 por sueldos devengados, da el siguiente resultado:
Sueldos devengados según la anterior anotación_$2, 457. 39'
Menos efectos y efectivo tomado_ 1, 052. 00'
Resta-$1, 405. 39>
Cuyo saldo debe el demandado al demandante por no haberle pagado> ni en todo ni en parte a pesar de las gestiones hechas para ello.”

El apelante no sostiene que la precedente alegación res-pecto al precio de los servicios prestados es insuficiente de acuerdo con la jurisprudencia establecida anteriormente por este tribunal, sino que más bien trata de eludir la regla así establecida fundado en que cierta enmienda legislativa a la. que más adelante se hace referencia ha introducido un cam-bio tan radical en la ley y en la naturaleza de la acción, que dicha jurisprudencia ya no es aplicable a un caso de esta clase.

Transcribimos del alegato del apelante los razonamientos contenidos en su primera proposición. Son así:

“1. FALTA DE CAUSA DE ACCIÓN.
“El artículo 1486 del Código Civil según fúé modificado por la ley de 24 d'e febrero de 1906, es como sigue:
“ ‘Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo. El arrendamiento becbo por toda la vida es nulo. En cuanto a los servicios profesionales se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios.’
“Dicho artículo es de entera aplicación al caso, toda vez que, según la alegación cuarta de la demanda, el demandante comenzó el desempeño de su oficio el 14 de junio de 1907, ya vigente dicha ley.
“El error depende de que esta honorable corte con relación a ser-vicios prestados antes de modificarse el artículo 1486, había declarado ‘sin que exista un precio pactado o el precio de los servicios sea cono-cido por la costumbre y uso frecuente en el lugar en que tales servi-cios se prestaren, falta uno de los elementos integrantes del contrato de arrendamiento de servicios.’
“Ledesma v. Araujo, 15 D. P. Ii., 240.
“Agosto v. Woods, 13 D. P. K>., 369.
“García v. Cañada, 11 D. P. R., 421.
“Pero desde el 24 de febrero de 1906 en que se modificó el artículo 1486 del Código Civil a falta de pacto, el demandante que trate de recobrar el importe de sus servicios, debe alegar cuál es el importe razonable de los mismos. No es ya la costumbre la que regula el valor, sino que la norma reguladora es la razonabilidad -del precio reclamado por tales servicios.
“No hay alegación alguna en la demanda que la suma reclamada constituya el valor razonable de los servicios prestados y, por tanto, la demanda es fatalmente defectuosa, aplicando por analogía el cri-terio de los citados casos en que se declaró necesaria la alegación de pacto o la alegación de la costumbre del lugar. Ahora el criterio de razonabilidad ha venido a substituir el criterio de uso o cos-tumbre. ’ ’

El artículo del Código que lia sido citado antes de la enmienda alegada era como sigue:

“Puede contratarse esta clase de servicios por tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la' vida es nulo. ’ ’

Pasando ahora al capítulo donde se define esta clase de servicios que se discuten, bajo el cual se encuentra este ar-tículo, vemos que antes y después de la enmienda está redac-tada, respectivamente, como sigue:

‘ ‘ Capítulo III.
“DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS T SERVICIOS.
“Sección Primera. — Del servicio de criados y trabajadores asala-riados.
“Capítulo III.
“del arrendamiento de obras y servicios.
“Sección Primera. — De los servicios profesionales y de los servi-cios de criados y trabajadores asalariados.”

Que la enmienda alegada no introduce cambio alguno en la ley menos en los casos en que se trata de servicios profe-sionales, es una cuestión demasiado clara para ser discu-tida, y no se ha alegado que sea éste dicho caso. Por el con-trario, al discutir el peso de la prueba el apelante cita el artículo 1487 del mismo capítulo del código, el cual al hablar de criados domésticos prescribe entré otras cosas “que el amo será creído, salvo prueba en contrario: 1. Sobre el tanto del salario del sirviente doméstico,- 2. Sobre el pago de los salarios devengados en el año corriente.”

Por consiguiente, no es necesario que consideremos si la alegación a que se ha hecho referencia, a falta de excep-ción previa u otra objeción que oportunamente se formulara a la misma, sería suficiente en una acción en reclamación de cantidad por servicios profesionales, o en una acción con arre-glo a la ley común por el valor de los servicios prestados (quantum meruit); o si el dejar de tomar conocimiento la corte sentenciadora a iniciativa propia y sin indicación alguna por parte del demandado de tal defecto en la alegación, si es qne era nn defecto, podría considerarse como nn error qne da lngar a la revocación de la sentencia.

Los demás errores qne han sido alegados'se refieren todos a la suficiencia de la prueba para basar en ella la senten-cia. No tendría objeto alguno que hiciéramos una exposi-ción, completa de la prueba y discutiéramos ampliamente las narraciones- en conflicto y contradictorias de los testigos de una y otra parte, así como de las contradicciones ordinarias, circunstancias corroborantes y cuestiones que a veces sur-gen de relatos que son claramente increíbles y que dan lugar a que se sospeche de otras declaraciones hechas por los mis-mos testigos, que de no ser por esto podrían tener más valor. Examinada cuidadosamente toda la prueba tal como consta de los autos no solamente no revela la misma ninguna razón satisfactoria por la que deban modificarse las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora, sino que más bien nos hace creer que en substancia se ha hecho justicia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.