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text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del 24 y 26 de Diciembre de 2014 y el 5 de Enero de 2015.

      Número: EM-2014-11

      Resuelto: 5 de diciembre de 2014
   RESOLUCIÓN

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, ha conce-dido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial la mañana del 24 de diciembre de 2014, así como el 26 de diciembre de 2014 y el 5 de enero de 2015, con cargo a la licencia de vacaciones.

En virtud de nuestra facultad para reglamentar los pro-cedimientos judiciales, se dispone que al computar los tér-minos establecidos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73), y se considerarán el 24 y 26 de diciembre de 2014, así como el 5 de enero de 2015 como días feriados. Cualquier término a vencer el 24 y el 26 de diciembre de 2014, se extenderá hasta el lunes 29 de diciembre de 2014, y los que venzan el 5 de enero de 2015, se extenderán hasta el próximo día laborable, miércoles 7 de enero de 2015.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Isabel Sierra Arce, querellada.

      Número: CP-2012-6

      Resuelto: 5 de diciembre de 2014

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Karla Z. Pacheco Alvarez y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradoras generales; Isabel Sierra Arce, pro se; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

La Comisionada Especial nombrada por este Tribunal sometió un informe en el que concluyó que la Leda. Isabel Sierra Arce (licenciada Sierra o la querellada) faltó a su obligación de actuar con sinceridad y honradez frente a su cliente, el Sr. Carmelo Rosa Rosario (señor Rosa o el querellante) en violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Igualmente, encontró que la querellada incurrió en la apariencia de conducta profesional impropia en sus tratos con el querellante, con-trario a lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Luego de examinar la información que consta en el ex-pediente y en los escritos sometidos por la licenciada Sierra y la Procuradora General, según el Derecho aplicable, coincidimos con el criterio de la Comisionada Especial en que la licenciada Sierra infringió los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

1 — 4

A. Trasfondo fáctico y procesal

La licenciada Sierra fue admitida al ejercicio de la abo-gacía el 25 de enero de 1985 y al de la notaría el 19 de febrero de ese año.

La querellada representó al señor Rosa y a varios cohe-rederos en un caso de liquidación de herencia (Civil Núm. NSCI200301209). El caudal relicto consistía de una finca de diez cuerdas ubicada en Luquillo, Puerto Rico. El 12 de agosto de 2004, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia que adjudicó las participaciones a los herederos.() El dictamen se notificó a las partes el 1 de sep-tiembre de 2004.

Días después, el 10 de septiembre de 2004, mediante una escritura pública, la querellada le compró una propie-dad residencial al querellante por $147,000. Los términos de pago no se incluyeron en la escritura pública y la adqui-sición se realizó sin que mediara ningún tipo de garantía hipotecaria o aseguramiento del pago de la deuda.

La querellada hizo abonos parciales a su deuda, los cua-les, para el 13 de julio de 2005, ascendían a $66,500. Así las cosas, el 3 de marzo de 2006, el señor Rosa presentó una demanda en cobro de dinero en contra de la licenciada Sierra (Civil Núm. NSCI200600184) mediante la cual le reclamó $80,500 en calidad del balance adeudado del pre-cio de compraventa. La licenciada Sierra contestó la de-manda y, a su vez, interpuso una reconvención exigiendo al querellante el pago de $30,830 por honorarios de abogado aún pendientes.()

Durante el transcurso de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, las partes estipularon que la licenciada Sierra le debía al querellante un total de $49,670, una vez acreditados los honorarios de abogado adeudados. Esta ofreció, como transacción en el pleito, ce-derle al señor Rosa su derecho a un solar de dos mil metros cuadrados obtenido anteriormente como pago de honora-rios de una coheredera.() El señor Rosa no aceptó los tér-minos de la oferta de transacción, por lo que el 3 de junio de 2008 el foro de instancia dictó una sentencia a favor del querellante en la cual determinó que la licenciada Sierra pagaría $49,670, más intereses.

B. Trámite disciplinario

Luego de transcurrido casi un año de emitirse ese dic-tamen en el caso de cobro de dinero, el 23 de abril de 2009, el señor Rosa sometió la queja que nos ocupa. En esencia, reclamó que la querellada se había aprovechado de la rela-ción abogado-cliente para comprar una residencia de su propiedad y que, a pesar de reconocer la deuda y haberse dictado una sentencia en su contra, esta no había efec-tuado pago alguno posterior al dictamen judicial. Explicó que la licenciada Sierra preparó la escritura de compra-venta y luego comparecieron ante una notaría para firmarla.

La querellada respondió a la queja e indicó que la pron-titud con la cual se dictó sentencia en el trámite de heren-cia (Civil Núm. NSCI200301209) evidenciaba la efectivi-dad de su intervención como abogada, a pesar de la complejidad del caso. Agregó que se trataba de la partición del caudal de dos causantes fallecidos hacía más de se-senta años, con múltiples herederos. Según su escrito, desde el 2004 estaba pendiente ante ARPE la aprobación de la segregación de la finca hereditaria en solares individuales.

Alegó que le compró un inmueble de tipo residencial al querellante en el precio y en las condiciones que él propuso. Advirtió que este había sido propietario de inmue-bles en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Como comerciante retirado y con inversiones cuantiosas, la compraventa de bienes no le era ajena. Plan-teó que, incluso, el querellante había adquirido las partici-paciones de varios de los coherederos en el inmueble here-ditario, por lo que cinco de los nueve solares pendientes de segregación se le adjudicarían.

Según relató la querellada, continuó haciendo pagos par-ciales hasta el 13 de julio de 2005 cuando, luego de haber abonado $66,500 y contrario a lo pactado, el señor Rosa le exigió el saldo total de la deuda, a la vez que se negó a satisfacer los honorarios adeudados. Argumentó que no se había negado a satisfacer la deuda, ya que la oferta de tras-pasarle al querellante su derecho al solar de dos mil metros cuadrados continuaba vigente. Por último, solicitó el archivo de la queja por entender que se pretendían relitigar los asuntos ventilados en el caso de cobro de dinero.

El querellante reaccionó al escrito de la licenciada Sierra. Cuestionó la cantidad de los honorarios de abogado que esta reclamó y alegó fraude. Insistió en que no le inte-resaba aceptar el terreno como pago e indicó que la quere-llada había vendido la casa en $150,000 al año de com-prarla, por lo que venía obligada a pagarle su dinero.

La Procuradora General sometió su informe el 7 de ju-nio de 2011, en el que señaló posibles violaciones a los Cá-nones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Aco-gimos su recomendación y, mediante Resolución de 19 de agosto de 2011, le ordenamos someter la querella correspondiente. Entre tanto, el querellante falleció.()

Conforme a lo ordenado, 20 de marzo de 2012, la Procu-radora General presentó una querella en contra de la licen-ciada Sierra en la cual le imputa los cargos siguientes:

Cargo I y II
La Leda. Isabel Sierra Arce incurrió en conducta que vio-lenta los preceptos enunciados en los Cánones de Etica Profe-sional 35 y 38, 4 L.P.R.A. Ap. EX, C. 35, C. 38, al comprar una propiedad a su cliente durante la existencia de una relación abogado-cliente aprovechándose de dicha relación de con-fianza para obtener unas condiciones ventajosas en dicha transacción que se plasmó en un documento apenas nueve días [de] emitida la sentencia en el caso en que lo representaba.
La transacción realizada entre las partes durante la exis-tencia de una relación abogado-cliente carente de garantías de pago alguno para con la abogada querellada, el incumpli-miento de pago acompañado con el incumplimiento del dicta-men emitido por el Tribunal de Primera Instancia, demuestra una clara violación de los Cánones 35 y 38 mencionados. La licenciada Sierra Arce ha incurrido en conducta impropia o su apariencia abusando de la relación de confianza, respeto y le-altad que le debe a su cliente para su propio beneficio en claro menos [p] recio con los deberes éticos que le requiere la profe-sión legal. Querella, págs. 2-3.

En su Contestación a Querella sometida el 15 de mayo de 2012, la licenciada Sierra negó las imputaciones en su contra. Entre otras cosas, indicó que: nunca se había ne-gado a pagar su deuda; el querellante estaba tratando de relitigar asuntos adjudicados en el caso Civil Núm. NSCI200600184, y lo único que correspondía era ejecutar la Sentencia emitida en ese caso. A base de ello, solicitó la desestimación de la Querella.

El 30 de enero de 2013 nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez como Comisionada Especial. El 29 de julio de 2013, la Procuradora General informó haber dialogado con la licenciada Sierra y acordaron someter la disposición del asunto a base del expediente. Eventualmente, ambas par-tes presentaron sendas mociones en apoyo a sus respecti-vas posiciones y la Comisionada Especial sometió su In-forme el 14 de febrero de 2014.

En este, la Comisionada Especial determinó que el ne-gocio jurídico entre las partes estuvo ligado a su relación de abogado-cliente. Expresó que la cercanía entre la com-praventa y la sentencia emitida en el caso de partición de herencia, junto al hecho de que no se pactó garantía de pago alguna, evidenció la confianza que el querellante de-positó en su abogada como producto de su relación profesional. Esto creó una apariencia de aprovechamiento por parte de la licenciada Sierra. También la Comisionada Especial aludió a la falta de pago e insistencia de la que-rellada en saldar la deuda cediendo el solar que recibió como pago de honorarios de una coheredera, a pesar del rechazo del querellante. A base de estos hechos, concluyó que la querellada violó los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

h — I

A. Comisionada Especial

A pesar de que no estamos obligados a sostener las de-terminaciones de hecho de un Comisionado Especial, estas merecen nuestra deferencia, salvo que se demuestre pa-sión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apre-ciación de la prueba. No obstante, nuestra deferencia se limita a situaciones en las que esos hallazgos descansan en prueba testifical, ya que es entonces cuando, similar al juez de instancia, el Comisionado Especial tiene la ventaja de poder aquilatar de primera mano la credibilidad de los testigos. Por el contrario, cuando sus determinaciones es-tán apoyadas en prueba documental que forma parte del expediente, nos encontramos en igual posición que el Co-misionado Especial para evaluarla y, por consiguiente, adoptar, modificar o rechazar el informe. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2012).

En esta ocasión se sometió el asunto disciplinario a base del expediente, por lo que no hubo necesidad de celebrar una vista evidenciaría. Ya que las determinaciones de la Comisionada Especial se fundamentan, exclusivamente en la prueba documental, estamos facultados para realizar un examen independiente de la prueba y disponer del proceso según nuestro mejor entender, cónsono con el Derecho aplicable.

B. Canon 35 del Código de Ética Profesional

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, específicamente, le impone a todo miembro de la profesión legal el deber de proceder siempre con sinceridad y honradez ante los tribunales, con sus representados y en sus relaciones con los compañeros de labor.() No se considera sincero y honrado el adoptar medios incompatibles con la verdad.

La profesión jurídica está predicada en la búsqueda y defensa de la verdad. Por lo tanto, resulta inherentemente contrario a su función que un abogado se desvíe de su obligación de ser sincero y honrado en toda faceta en que se desempeñe, ya sea en su vida profesional o privada. In re González Cardona, 179 DPR 548 (2010). "La verdad es un atributo inseparable del ser abogado y, sin esta, la profesión jurídica no podría justificar su existencia”. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 201 (2012). Véanse: In re Santiago Tirado, 173 DPR 786 (2008); In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199 (2005).

C. Canon 38 del Código de Ética Profesional

Como parte de sus postulados, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, compele a los abogados a afanarse por preservar el honor y la dignidad de la profesión legal.() Comportarse a la altura de los principios éticos reseñados constituye piedra angular de la confianza que genera el hecho de pertenecer a esta ilustre profesión. Los letrados deben tener presente que su conducta no se mide con los mismos parámetros que a un individuo particular. Por el contrario, cada abogado debe estar cons-ciente de que es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión. Ello requiere que se desempeñe siempre con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. In re De León Rodríguez, supra; In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014); In re Toro Iturrino, 190 DPR 582 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013). Dicho comportamiento digno y honorable es exigible tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión. In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012); In re Falcón López, supra.

Asimismo, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, expone a los abogados a procesos disciplinarios en situaciones de apariencia de conducta profesional impropia. In re Reyes Coreano, supra; In re Vargas Velázquez, 190 DPR 730 (2014). Y es que la mera apariencia igualmente lacera la imagen, la confianza y el respeto que nuestra sociedad deposita en la profesión y en las instituciones de la justicia. In re Toro Iturrino, supra; In re Santiago Tirado, supra; In re Meléndez Figueroa, supra.

En consonancia con lo provisto en ese canon, compete a los abogados apartarse de toda conducta que pueda suponer un conflicto real o aparente entre sus intereses personales y los de su cliente. In re Morell, Alcover, 158 DPR 791 (2003). Su deber ético es lucir siempre puro y libre de consideraciones ajenas a su lealtad profesional y evitar que sus actuaciones den margen a la más leve sos-pecha de que promueve intereses propios opuestos a los de su cliente. Íd.; In re Toro Cubergé, 140 DPR 523 (1996).

r-H HH

En este caso se encuentran presentes circunstancias muy particulares desde el punto de vista ético.

Primeramente, por la cercanía entre la fecha de notifi-cación de la Sentencia y la compraventa podemos deducir que las conversaciones conducentes al negocio en contro-versia necesariamente comenzaron antes de que se resol-viera el litigio sucesoral. Es decir, cuando todavía les unía una relación de abogado-cliente.

Si bien es cierto que al momento en que se perfeccionó la compraventa había recaído la Sentencia que disponía del asunto que les ataba profesionalmente, aun ese dictamen no había advenido final y firme. En otras palabras, el vín-culo se encontraba latente. Existía, por lo tanto, la posibi-lidad de que, con posterioridad a ese momento, la licen-ciada Sierra tuviese que rendir alguna labor a favor del querellante.

Aparte de la proximidad en tiempo, el modo en que se tramitó el negocio y los términos acordados ciertamente dan margen a una apariencia de conflicto de intereses en-tre la querellada y el querellante. Sobre este particular, llaman la atención dos aspectos significativos de la manera en que se efectuó la compraventa, en vista de la cantidad de dinero involucrada.

Para comenzar, los términos de pago no se redujeron a un documento escrito. El acuerdo fue verbal y su contenido quedó estrictamente entre los dos.() Esto, de por sí, pro-voca incertidumbre sobre la lealtad de la querellada en el trámite. ¿Qué razón válida podía existir para mantener esta información en secreto? Igualmente, crea suspicacia que un propietario esté dispuesto a vender una residencia en $147,000 sin procurar ningún tipo de garantía de pago en el proceso. Precisamente, esta situación le permitió a la querellada vender la residencia aproximadamente al año de comprada y retener para sí el importe total del negocio.

Ante este escenario fáctico, surgen dudas sobre la equi-dad de los términos de la transacción para efectos del que-rellante, en calidad de vendedor, ya que la falta de garan-tía únicamente beneficiaba a la licenciada Sierra. De otra parte, la ausencia de un documento donde consten las con-diciones de pago aumenta la inquietud sobre la imparcia-lidad de la abogada en el curso de la negociación y eventual compraventa.()

La licenciada Sierra presentó como defensa el hecho de que el querellante era un comerciante retirado que había tenido propiedades en Estados Unidos y en la República Do-minicana, aparte de Puerto Rico. Además, adquirió de los miembros de la sucesión cinco de los nueve solares pendien-tes de segregación. Coincidimos con su planteamiento de que esto implica que el señor Rosa era una persona acos-tumbrada a hacer negocios de cierta envergadura y a mane-jar la compraventa de propiedades. No obstante, precisa-mente por ser el querellante experimentado en materia de compraventa de propiedades es que persiste la preocupación de que la licenciada Sierra se aprovechó de la relación que le unió profesionalmente a su cliente. Este aceptó condiciones desfavorables a sus intereses, tales como: términos de pago verbales y sin colateral de pago, algo poco común entre extraños.

Podemos concluir, por lo tanto, que la prueba disponible denota que la licenciada Sierra no actuó con prudencia en su negocio con el querellante, apartándose de su obligación de lucir imparcial en todos sus tratos. De entrada, la rela-ción abogado-cliente no había terminado del todo cuando las partes suscribieron la escritura de compraventa. Ade-más, la querellada fue descuidada al no asegurarse de que todos los términos del acuerdo constasen por escrito. Lo anterior justifica una inferencia de apariencia de parciali-dad, al dar la impresión de que la licenciada Sierra se aprovechó de su cliente en el proceso de compraventa. Por último, a falta de explicación que indique lo contrario, po-demos deducir que la única razón para que el señor Rosa accediese a renunciar a una garantía de pago fue precisa-mente por la confianza depositada en su abogada como re-sultado del vínculo profesional que les unió.

A base de lo anterior, entendemos que el negocio de com-praventa, según se concretizó, provocó una situación de apariencia de conducta profesional impropia contraria al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Igual-mente, acogemos la determinación de la Comisionada Especial de que la querellada faltó a su obligación de actuar con sinceridad y honradez en su relación con el señor Rosa, según esto se consigna en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. A tono con la discusión que antecede, resulta forzoso concluir que la licenciada Sierra no fue ho-nesta en sus tratos con el querellante al agenciar unos tér-minos y unas condiciones de compraventa que, lejos de pro-teger los intereses de su cliente, favorecían los suyos propios.

IV

Tomando en consideración que es la primera queja que se presenta en contra de la licenciada Sierra en su trayec-toria de casi treinta años como abogada y quien, aparte de este caso, ha tenido un expediente intachable, le censura-mos enérgicamente. Se le advierte a la querellada que cualquier transgresión futura a las normas mínimas de conducta que impone el Código de Ética Profesional conlle-vará una sanción disciplinaria más severa.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervinieron.

      (1) En el 2004 se sometió ante la Administración de Reglamentos y Permisos una solicitud para segregar la finca hereditaria en nueve solares que se repartirían entre los herederos.

      (2) El querellante y la licenciada Sierra habían pactado $67,500 en honorarios de abogado.

      (3) Según alude la licenciada Sierra en su escrito, el querellante era dueño de la mayor parte de los solares que se iban a segregar, los cuales colindaban con el te-rreno que a ella le cedió la coheredera.

      (4) Según señala la Comisionada Especial en su Informe, para el 3 de diciembre de 2013, el señor Rosa había fallecido hacía ya aproximadamente tres años.

      (5) En lo pertinente, el Canon 35 del Código de Ética Profesional dispone como sigue:
      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. 4 LPRAAp. IX.

      (6) En lo atinente a este caso, el Canon 38 del Código de Ética Profesional dispone:
      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios persona-les y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. [...]
      “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable”. 4 LPRA. Ap. IX.

      (7) A pesar de que ambas partes confirmaron tener un acuerdo privado sobre este particular, ninguna reveló sus detalles durante el trámite disciplinario.

      (8) El hecho de que el negocio se haya elevado a escritura pública no disipa del todo estas dudas. El rol del notario no se extiende a aconsejar a una de las partes sobre las bondades o desventajas de los términos del acuerdo. Esta responsabilidad es propia del abogado de la parte.


text:
      In re Manuel R. Suárez Jiménez, querellado.

      Número: CP-2012-19

      Resuelto: 17 de diciembre de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Yaiza-marie Lugo Fontanez, procuradora general auxiliar, Ta-tiana Grajales Torruella y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradoras generales; Angel L. Tapia Flores, de Ta-pia & Avilés, abogado del querellado; Manuel R. Suárez Jiménez, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

Una vez más, nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la clase togada por violar los Cánones 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.!) Por los fundamentos que enunciamos, ordenamos la suspensión indefinida del Ledo. Manuel R. Suárez Jiménez (licenciado Suárez Jiménez) del ejercicio de la abogacía. Veamos los antecedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

l — H

Para julio de 2008, el querellado, en representación del Sr. Antonio Bernier Martínez (señor Bernier o el quejoso) y otros codemandantes, presentó una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito de Puerto Rico) en contra de la línea aérea American Airlines, Inc.() Tras una solicitud de los demandados, mediante una orden emitida por el Tribunal de Distrito de Puerto Rico el 1 de junio de 2009, el caso se trasladó al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de la Florida (Tribunal de Distrito de la Florida).!) Así las cosas, la representación legal de la parte demandada intentó en varias ocasiones, pero sin éxito, reunirse con el querellado!) para cumplir con unas órdenes del tribunal respecto a un informe con-junto que debían preparar y presentar ante ese foro.() La reunión nunca se logró concordar.

Trascendió, que el 14 de agosto de 2009, el querellado presentó ante el Tribunal de Distrito de la Florida una mo-ción para solicitar que se paralizaran los procedimientos en lo que presentaba una moción para que el caso se trasladara al Tribunal de Distrito de Puerto Rico nuevamente.() Tras examinar esta y otras mociones presentadas por la parte demandada, el 27 de abril de 2010 dicho foro desestimó el caso sin perjuicio debido al incumplimiento del querellado con los requerimientos del tribunal.()

Ante estos hechos, el 13 de enero de 2011, el señor Ber-nier presentó ante este Tribunal la queja AB-2011-14 en contra del licenciado Suárez Jiménez. Alegó que este no lo mantuvo informado sobre las incidencias del caso para el cual lo contrató. Por ejemplo, sostuvo que el letrado no le había informado sobre el traslado del caso al Tribunal de Distrito de la Florida y que este se desestimó como resul-tado del incumplimiento con las órdenes emitidas por ese foro. Finalmente, señaló que por la pobre comunicación que mantenía con el abogado, interesaba conocer el estatus de su caso y obtener una copia del expediente.

Luego de varios requerimientos de este Tribunal, el li-cenciado Suárez Jiménez presentó su contestación a la queja() y, en síntesis, negó todo lo alegado por el señor Bernier. Expuso que cuando se trasladó el caso al Distrito de la Florida culminó su representación legal en cuanto al quejoso porque no estaba autorizado a practicar la aboga-cía en esa jurisdicción. Agregó, que en todo momento man-tuvo una comunicación efectiva con este en cuanto a lo que ocurría con el caso y que le advirtió acerca de la dificultad procesal del mismo ya que los hechos habían ocurrido en la ciudad de Miami. Mientras tanto, el quejoso se reiteró en las contenciones consignadas en su queja.

Tras varios trámites procesales, el 9 de marzo de 2012, la Oficina de la Procuradora General nos presentó su In-forme, en el que concluyó que el querellado violó los Cáno-nes 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Luego de evaluarlo, ordenamos a la Procuradora General que presentara una querella, lo que hizo el 21 de septiem-bre de 2012. En esta le imputó al letrado los cargos si-guientes:

CAKGO I: El licenciado Suárez Jiménez violó el Canon 18 de Ética Profesional al no defender diligentemente los intereses de su cliente a tenor con los preceptos del referido Canon al no representar adecuadamente al querellante en el caso federal 09-21684 conllevando así la desestimación sin perjuicio de su reclamación y al no orientarle sobre la posibilidad de instar su reclamación nuevamente con otro abogado ni entregarle su expediente para dicha gestión.
Cargo II: El licenciado Suárez Jiménez no cumplió con los pre-ceptos del Canon 20 de Ética Profesional al no solicitar su renuncia a la representación legal de sus clientes al Tribunal y al no tomar las medidas razonables para evitar perjudicar a su cliente al cesar su relación profesional, lo cual alega el quere-llado que ocurrió una vez fue el caso trasladado al Tribunal federal de Florida.
Cargo III: El licenciado Suárez Jiménez infringió los preceptos del Canon 35 de Ética Profesional, los cuales disponen que la conducta de un abogado para con el Tribunal, sus representa-dos, y sus compañeros debe ser sincera y honrada, ante las incongruencias en cuanto lo informado a sus clientes de que estaría presentando unos escritos para reabrir el caso en julio de 2010 y lo informado a este Ilustre Foro en su contestación de que discutió con el querellante la posibilidad de presentar una apelación pero que no la presentó porque éste no estaba dispuesto a cubrir el gasto de la misma y porque era frívola, así como aseveró que una vez desestimado el caso había cul-minado la relación profesional con el querellante, así como su obligación de darle seguimiento al mismo.
Cargo IV: La conducta del licenciado Suárez Jiménez al no representar adecuadamente los intereses de sus clientes, lo cual conllevó con su dejadez a la desestimación de su caso, el no preocuparse por orientarles e informarles oportunamente su derecho a presentar nuevamente su causa de acción me-diante otra representación legal y al haberles hecho creer que estaba haciendo gestiones para reabrir su caso y/o mentirle a este Tribunal sobre las gestiones realizadas por éste una vez se desestimó el mismo, constituye una violación al Canon 38 de Ética Profesional. Éllo debido a que con dicho comporta-miento no exaltó el honor y la dignidad de la profesión ni evitó hasta la apariencia de conducta profesional impropia, así como no aportó a la consecución de una mejor administración de la justicia. Querella, págs. 7 y 9-10.

El 10 de abril de 2013, el querellado nos presentó su Contestación a la querella y moción de desestimación. En su escrito, nuevamente negó la totalidad de las alegaciones en cuanto a los cargos imputados. Entre otras cosas, ar-güyó: que la Oficina de la Procuradora General no cumplió con el debido proceso de ley durante su investigación rela-cionada con las alegaciones hechas por el quejoso; que el señor Bernier le había mentido en cuanto a los hechos que dieron origen a la demanda de daños y perjuicios; que en todo momento mantuvo una comunicación efectiva con su cliente en cuanto a la imposibilidad de atender el caso en el Distrito de la Florida; que no acordó con el quejoso apelar la sentencia que desestimó el caso y que este nunca solicitó la entrega del expediente del caso. Así las cosas, el 31 de mayo de 2013 nombramos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisio-nada Especial para que nos rindiera un informe con sus recomendaciones. Luego de varias instancias procesales, las partes involucradas en este proceso decidieron someter el caso por el expediente. () De esta forma, el 11 de abril de 2014 recibimos el Informe de la Comisionada Especial, en el que concluyó que los cargos imputados se probaron con prueba clara, robusta y convincente. Además, recomendó como sanción la suspensión indefinida.

Contando con el beneficio del Informe y de la compare-cencia de las partes, pasamos a exponer el estado de dere-cho aplicable a la situación ante nuestra consideración.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que la prác-tica de la abogacía acarrea una delicada y seria función social. Ello, porque representa servicio, ética y ejemplo. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 515 (2012); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993). Asimismo, esta profesión aporta imprescindiblemente a la consecución de la Justicia. In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008).

Así, pues, los cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su labor. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). Estos tienen el objetivo de promover los más altos principios de conducta decorosa para el beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1027 (2012); In re García Ortiz, supra. Por ello, los abogados tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones con sus clientes, así como con el tribunal en la administración de la justicia. In re Mulero Fernández, supra, pág. 29; In re Meléndez La Fontaine, 167 DPR 111, 120 (2006).

Como mencionáramos, la querella que presentó la Ofi-cina del Procurador General imputó al licenciado Suárez Jiménez la violación de los Cánones 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, por no ser diligente en la tramitación del caso de su cliente. Procedemos a exponer el derecho aplicable a las faltas éticas señaladas.

A. Canon 18 del Código de Etica Profesional

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación pro-fesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis suplido).

El referido precepto "recoge el deber de diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de sus clientes”. In re Zayas Nieves, 181 DPR 49, 54 (2011). El abogado tiene la obligación de desempeñarse diligentemente y con capacidad al defender los intereses de su cliente. Íd.; In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2009). Este deber constituye una obligación básica y elemental del abogado. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010).

En ese contexto, hemos expresado que “[u]n abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que se le encomendaron, de la forma adecuada y sin retrasos”. In re Reyes Coreano, supra, págs. 750-751. Asimismo, hemos señalado reiteradamente que el deber de diligencia profesional es incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia en el trámite de un caso. Id., pág. 751. En ocasiones anteriores, hemos identificado conductas específicas que contravienen los principios del Canon 18, supra. Entre estas conductas se encuentran: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, y (6) cualquier tipo de acción negligente que pueda conllevar o resulte en la desestimación o el archivo del caso. In re Plaud González, 181 DPR 874, 886-887 (2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007).

En el ejercicio de nuestra función disciplinaria, hemos señalado que “ ‘aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o ar-chivo de un caso, se configura violatoria del Canon 18 [de los Cánones de Etica Profesional]’ ”. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1011-1012 (2013). Véase In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011).

B. Canon 20 del Código de Etica Profesional

El Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra, establece el procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a la representación legal de un cliente. El mismo dispone que

[c]uando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva re-presentación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle so-bre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afec-tar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notifi-cación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servi-cios que no se han prestado. (Enfasis suplido).

Reiteradamente, nuestros pronunciamientos sostienen que cuando un abogado ha comparecido ante un tribunal en representación de un cliente, debe obtener el permiso del tribunal para renunciar a la referida representación profesional. In re García Muñoz, 170 DPR 780, 789 (2007). Al hacerse efectiva la renuncia, el abogado debe entregar a su cliente el expediente del caso y todo documento relacionado con el pleito. Id. En ese escenario, hemos pautado que “el expediente de un caso le pertenece al cliente y una vez el abogado concluye las gestiones para lo cual fue contratado, surge la obligación de entregar dicho expediente a su cliente de inmediato y sin dilación alguna”. íd., pág. 790. Véase In re Santos Rivera, 172 DPR 703, 711 (2007). Ello, pues el abogado renunciante no tiene interés propietario alguno sobre el expediente del caso. In re Santos Rivera, supra, pág. 717.

Ahora bien, la forma en que se puede dar por terminada la relación profesional entre el abogado y el cliente de-pende de si el abogado ha comparecido formalmente al tribunal en representación del cliente. S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Ed. Pubs. JTS, 2010, pág. 253. Nos dice el autor que,

[d]e ordinario, en ausencia de una comparecencia oficial ante un tribunal, el abogado está en libertad de dar por finalizada una relación profesional con un cliente con mm adecuada no-tificación a éste sin formalismos significativos. Id.

C. Canon 35 del Código de Ética Profesional

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que

[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. [...]
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar su affidávit u otros docu-mentos, y al presentar causas.

La conducta de los letrados debe ser sincera y honrada ante todos y en todo momento. In re Arraiza Miranda I, 190 DPR 151 (2014); In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011). Es decir, estas normas mínimas se exigen frente a clientes, compañeros abogados y el tribunal. In re Nieves Nieves, supra, pág. 42. Los abogados deben velar que los procesos legales se lleven a cabo de forma honesta, digna y transparente. In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 306 (2011). Hemos señalado que este deber se infringe “[p]or el simple hecho de faltar a la verdad, independiente-mente de los motivos de la falsedad”. íd. Asimismo, hemos expresado en ocasiones anteriores que las exigencias de este canon aplican durante la etapa investigativa de un procedimiento disciplinario relacionado a un miembro de la profesión legal. Id.

D. Canon 38 del Código de Ética Profesional

En lo pertinente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, esboza lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos.

En In re Falcón López, 189 DPR 689, 696 (2013), expresamos que cuando un abogado no se conduce de forma digna y honorable incurre en una violación al Canon 38, supra. En varias ocasiones, hemos reiterado que “ ‘por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen’ ”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 757. Véase In re Fon- tánez Fontánez, 181 DPR 407, 417 (2011). Por ello, el abo-gado que viola este canon es indigno de pertenecer a este foro. In re Reyes Coreano, supra, págs. 757-758.

Para saber si un abogado violentó el Canon 38, supra, es necesario evaluar si su conducta realmente afecta sus condiciones morales. In re Reyes Coreano, supra, pág. 758. Es decir, para incurrir en tal violación, su conducta debe ser contraria a los valores principales de la profesión: la dignidad y el honor. Id.

Expuesto el marco ético, pasemos a discutir si la con-ducta exhibida por el licenciado Suárez Jiménez es contra-ria a las disposiciones de los Cánones 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Ill

Reiteradamente, hemos expresado que este Tribunal “ ‘no habrá de alterar las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, salvo en aquellos casos donde se de-muestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto’ ”. In re Santos Rivera, supra, pág. 711-712. Véase In re Fernández de Ruiz, 167 DPR 661, 680 (2006). No obstante, este caso fue sometido por el Expediente, de manera que estamos en igual posición que la Comisionada Especial para evaluar sus determinaciones. Tras examinarlo rigurosamente, no encontramos razón por la cual debamos intervenir con las mismas. Veamos.

A. Infracción a los Cánones 18 y 20

Al igual que el Informe de la Procuradora General y la Querella, discutiremos estos dos cargos en conjunto. Como sabemos, el Canon 18, supra, establece el deber de todo abogado de defender diligentemente los intereses de su cliente. En su parte correspondiente, el Canon 20, supra, señala que todo abogado debe tomar las medidas pertinen-tes para evitar perjudicar a su cliente al cesar su relación profesional. En este caso, en la querella le imputan al licen-ciado Suárez Jiménez infringir estos cánones debido a que sus actuaciones provocaron que se desestimara el caso del señor Bernier. Como mencionamos, una vez el caso de daños y perjuicios se trasladó al Distrito de la Florida, la represen-tación legal de la parte demandada intentó, sin éxito, re-unirse con el querellado en varias ocasiones. Como esas re-uniones debían celebrarse conforme a las órdenes emitidas por el propio Tribunal, dicho foro terminó archivando el caso sin perjuicio por incumplimiento con las mismas.

En cuanto a esto, el licenciado Suárez Jiménez expone varias defensas. En primer lugar, señala que le había infor-mado a sus clientes que la representación legal que brinda-ría en el caso se ceñiría únicamente a los procesos llevados a cabo en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Específica-mente, en su Moción de Desestimación de la Querella, in-dica que, según el contrato de servicios profesionales, “[l]a representación legal iba a ser exclusivamente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico [...]”. (Enfasis en el original).() El contrato de servicios profesionales obra en el expediente, y en cuanto a esto, consigna que “[l]os deman-dantes por este medio contratan al abogado para que los represente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en un caso por violación por daños y perjuicios [...]”.() Sin embargo, otros documentos que también constan en el legajo nos ayudan a concluir que, en efecto, las acciones del letrado constituyeron una falta a los deberes éticos impues-tos por los Cánones 18 y 20, supra. Veamos.

Es un hecho estipulado por las partes que al momento en que se trasladó el caso en controversia al Distrito de la Florida el querellado no estaba autorizado a ejercer la abo-gacía en esa jurisdicción.() Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad en este caso. En primer lugar, este era quien aparecía como abogado de récord en el caso que se ventilaba en el tribunal de la Florida. Al ser así, dicho foro se mantuvo notificándole todas las órdenes pertinentes a ese caso. El deber del letrado era notificarle a ese tribunal su inhabilidad para continuar representando a los deman-dantes, ya que no estaba autorizado a practicar en ese foro, y solicitar que se le relevara de la gestión profesional. Ante las órdenes que estaba recibiendo, esta era una precaución mínima que el licenciado Suárez Jiménez debió tomar an-ticipando que desacatarlas podría conllevar la imposición de sanciones, incluso, la desestimación del caso. Esta era una providencia que debía tomar independientemente de que el contrato de servicios profesionales estableciera que se le contrató para litigar el caso en el Distrito de Puerto Rico. Esto, pues continuaba siendo el abogado de récord para los efectos del tribunal.

Con respecto a esto que hemos discutido, el querellado alega que no recibió las notificaciones del foro federal, ya que no tenía a su disposición el sistema mediante el cual se tramitan los documentos judiciales en esa jurisdicción. Empero, surge del expediente que la representación legal de la parte demandada le notificaba al letrado las órdenes que emitía el tribunal mediante correo electrónico y correo regular.() Es decir, no puede alegar desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Tribunal de Distrito de la Florida con respecto a la causa de su cliente. Al ser así, el licenciado Suárez Jiménez debió tomar las previsiones que ya mencionamos. El no haberlo hecho constituye una vio-lación a los Cánones 18 y 20, supra.

Por otro lado, si bien es cierto que el 14 de agosto de 2009 el querellado informó al Tribunal de Distrito de la Florida que presentaría una moción para que el caso se trasladara al Distrito de Puerto Rico, en ningún momento indicó su inhabilidad para practicar en ese foro y su deseo de ser relevado de dicha representación legal. Por el con-trario, presentó excusas por las cuáles no se había podido reunir con los abogados de la parte demandada. En espe-cífico, indicó lo siguiente:

[...] actualmente es imposible para el que subscribe cumplir con la orden que requiere a los demandantes participar en la conferencia entre abogados porque el hermano menor del que suscribe fue víctima de un carjack el lunes pasado [...] (Tra-ducción nuestra)()

Como vemos, hasta ese momento, el querellado no indicó que no se podía reunir con los abogados de la otra parte ante su inhabilidad para ejercer la profesión en ese foro, sino que presentó argumentos de por qué no había podido hacerlo a tiempo. Esto contradice su versión de que su gestión se li-mitaba exclusivamente al Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Además, como era el abogado de récord y había asu-mido formalmente ante los tribunales la representación legal del quejoso, su deber era cumplir con los formalismos necesarios para que esa gestión culminara.

Así, también, el 10 de julio de 2010, tres meses después de que se desestimara el caso, el querellado informó a sus clientes que estaba preparando unos escritos para solicitar que se reabriera el caso() Sin embargo, estas gestiones nunca se realizaron. En sus escritos, arguye las razones para esto: la causa del señor Bernier era inmeritoria y este le mintió sobre los hechos que presuntamente le causaron los daños y perjuicios por los cuales reclamaba. Sin embargo, si eso fuera cierto, ¿por qué en julio de 2009 le es-cribió a los abogados de American Airlines, Inc., para ofre-cerles transar por $100,000?()

Por último, el licenciado Suárez Jiménez señala que la desestimación del caso no causó perjuicio a los demandan-tes ya que fue sin perjuicio. Este argumento es completa-mente inmeritorio. Esta Curia no ha vacilado en consignar que cualquier tipo de negligencia que pueda conllevar la desestimación o el archivo del caso contraviene los precep-tos del Canon 18, supra. Véase In re Plaud González, supra.

B. Infracción al Canon 35

En cuanto al Canon 35, se le imputa al abogado no ha-ber tenido una comunicación sincera y honrada con sus clientes. Como ya indicamos, el licenciado Suárez Jiménez no estaba autorizado a litigar en el Distrito de la Florida para la fecha en que ocurrieron los eventos que suscitaron esta querella. Sin embargo, del expediente surgen varias instancias que nos llevan a concluir que sus actuaciones con sus representados, la parte demandada y el propio tribunal fueron confusas, en lo que a esto concierne. Veamos.

En una comunicación electrónica que el letrado le cursó a la hija del quejoso el 10 de julio de 2010, el querellado le informó que no estaba autorizado a practicar la abogacía en el Distrito de la Florida.() Añadió, que estaría prepa-rando unos escritos para que el caso se reabriera. En espe-cífico, expresó que “[e]n este momento estoy preparando unos escritos para pedir que el caso se reabra. Les manten-dré al tanto”.() Sin embargo, ya desde junio de 2009, el Tribunal de Distrito de Puerto Rico había declarado “ha lugar” la moción de American Airlines, Inc., para que el caso se trasladara a la Florida.

Cabe preguntarse, si según el letrado su gestión profe-sional cesó inmediatamente luego de que el caso salió de la jurisdicción del Distrito de Puerto Rico, ¿por qué un. año después insiste en decirle a sus clientes que continuará trabajando para que el caso se “reabra”? ¿Por qué el 14 de agosto de 2009 presentó una moción ante ese foro manifes-tando que no se había podido reunir con los abogados de la otra parte debido a una situación familiar? ¿Por qué —como explicaremos más adelante— en julio de 2009 ne-goció una transacción? Todos estos eventos provocaron in-certidumbre en el quejoso en cuanto a lo que estaba ocu-rriendo con su caso y en cuanto a si, en efecto, el querellado lo estaba representando.

Otro dato que se infiere del expediente es que durante el 7 y 13 de julio de 2009, es decir, luego de que el caso fuera trasladado a la Florida, la representación legal de la parte demandada se comunicó con el querellado con el propósito de coordinar las reuniones que había ordenado el foro federal. A pesar de que en sus comparecencias el quere-llado argumenta que su gestión profesional con el quejoso había culminado para ese entonces, este contestó lo si-guiente mediante correo electrónico a los abogados de American Airlines, Inc.:

Disculpe por no haberlo contactado antes.
La Sra. [R.C.] está muy enferma. Ella está en estado vege-tativo y no puede deponer. Recibirán la documentación médica que acredita su condición de salud. Respecto a la conferencia de Regla 16, les solicito que se aplace hasta que presente al final de la semana próxima una moción para el traslado del caso. Estoy recopilando la documentación que apoya esta mo-ción, que de todas formas, debemos entergarle a ustedes.
También aprovecho esta oportunidad para inquirirle sobre una posible transacción. No he hablado con mis clientes sobre una cantidad, pero pienso que $100,000.00 sería aceptable para ellos. (Traducción y énfasis nuestros).()

Nótese, que a pesar de haber dicho que no tenía obliga-ción con el quejoso para esa fecha, a pesar de que insiste en que le comunicó que no podía practicar la abogacía en esa jurisdicción, el querellado le informa a la representación legal de la parte contraria que está dispuesto a transar el caso de sus clientes. Independientemente de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de esa comunicación, la misma demuestra que el abogado Suárez Jiménez no fue honesto y honrado respecto a la información que le estaba brindando a las partes involucradas en el pleito. Todo esto contrasta con su versión de que le había indicado al que-joso que su gestión profesional estaba limitada única y ex-clusivamente a los procedimientos ante el Tribunal de Dis-trito de Puerto Rico.

Así, pues, podemos concluir que la información provista por el licenciado Suárez Jiménez en este procedimiento disciplinario es inconsistente con la información brindada a sus clientes en cuanto a las gestiones que realizaría en el caso. Como mencionamos, el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, exige que los abogados desplieguen una conducta sincera y honrada ante los tribunales y sus representados. Evidentemente, la actuación exhibida por el licenciado Suárez Jiménez dista de esos estándares éticos.

C. Infracción al Canon 38

El Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, exige que los abogados se esfuercen, al máximo de su ca-pacidad, en la exaltación del honor y de la dignidad de su profesión. Es decir, todo abogado se debe conducir de forma digna y honorable en su desempeño. Luego de estudiar de-tenidamente el expediente de autos, colegimos que la con-ducta desplegada por el licenciado Suárez Jiménez no exalta el honor ni la dignidad de la profesión. De acuerdo con la discusión que antecede, es evidente que la actuación del licenciado Suárez Jiménez acusa graves desviaciones de las normas éticas exigióles a todo miembro de la clase togada. Su conducta revela un patrón de conducta que la-cera la buena imagen de la profesión ante la sociedad. En momentos como estos, no podemos vacilar en cuanto a los estándares éticos que nos rigen. Cumplir con los requeri-mientos del tribunal, ser diligente en la tramitación de una causa, ofrecer información certera y exacta, son requisitos mínimos que deben tener en cuenta todo abogado y abo-gada a la hora de asumir una representación profesional. Esto es lo menos que cada cliente o dienta espera de un letrado.

IV

Por los fundamentos que anteceden, decretamos la sus-pensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Ledo. Manuel Suárez Jiménez. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e informar oportunamente de su suspen-sión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y cer-tificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

      (1) 4 LPRAAp. IX.

      (2) El licenciado Suárez Jiménez presentó la demanda en representación de la Sra. Luz Esther Rivera Carmona, el Sr. Antonio Bernier Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, la Sra. Lucyann Bernier Rivera, la Sra. Suzanne Bernier Rivera y la Sra. Alba I. Rivera Carmona, en contra de American Airlines y AMR Corporation.

      (3) Véase Opinion and Order, Apéndice de la Moción de desestimación de la querella, pág. 49.

      (4) El 7 y 13 de julio de 2009, los abogados de American Airlines, Inc. se comu-nicaron con el querellado. Véase Estipulaciones de las partes, Apéndice, Exhibits IV y V. Véase, además, Defendant American Airlines, Inc.’s motion for enlargement of time to meet and prepare joint scheduling report and proposed scheduling order, Apéndice de la Moción de desestimación de la querella, pág. 74.

      (5) El 21 de julio y 10 de agosto de 2009, el Tribunal emitió las siguientes órdenes, respectivamente: Order requiring counsel to meet and file joint scheduling report and proposed order y Order granting American Airlines, Inc.’s motion to compel plaintiffs to participate in joint scheduling conference and preparation of joint scheduling report and proposed order. Apéndice de la Moción de desestimación de la querella, págs. 56 y 92.

      (6) íd., pág. 94.

      (7) Id., pág. 116, Order dismissing case.

      (8) El 17 de mayo de 2011 emitimos una Resolución en la que concedimos un término de cinco días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja. Ello, ya que en dos ocasiones la Subsecretaría de este Tribunal cursó infruc-tuosamente comunicaciones al querellado en los que concedía términos para que contestara la queja presentada en su contra.

      (9) Véase “Moción conjunta informando interés en presentar un informe y some-ter el caso por el expediente”.

      (10) Véase Moción de desestimación de la querella por insuficiencia de prueba clara, robusta y convincente, pág. 3.

      (11) Véase Contrato de Servicios profesionales, Estipulaciones de las partes, Exhibit II, pág. 1.

      (12) Véase Estipulaciones de las partes.

      (13) Véanse comunicaciones del 7, 13 y 21 de julio de 2009. Estipulaciones de las partes, Exhibits, IV, V y VII.

      (14) Plaintiffs’ emergency motion for stay, Moción de desestimación de la Quere-lla, Apéndice, pág. 94. En el original:
      “[...] currently it is impossible for the undersigned to comply with the order compelling plaintiffs to participate in a joint scheduling conference due to the fact that the undersigned’s younger brother was the victim of a carjack last Monday [...]”.

      (15) Véase Exhibit III estipulado por las partes en el escrito Estipulaciones entre las partes de 10 de febrero de 2014.

      (16) Exhibit IV, Estipulaciones entre las partes.

      (17) Exhibit III, Estipulaciones entre las partes.

      (18) íd., pág. 1.

      (19) Exhibit VI, Estipulaciones entre las partes. En el original:
      “Sorry I have not contacted you sooner.

        “Mrs. [R.C.] is very ill. She is in a vegetative state and cannot be deposed. You will be receiving medical documentation accrediting her medical condition.
      “As to the Rule 16 conference, I request that we place this in abeyance pending a motion to remand that I will file before the end of next week. I am compiling documentation that supports this motion, that anyway, we have to produce to you.
      “I also take this opportunity to inquire about a possible settlement. I have not talked to my clients about an amount, but I think $100,000.00 would be acceptable to them”.


text:
    Banco Popular de Puerto Rico, recurrido, v. Vilma Andino Solís, peticionaria.

      Número: CC-2014-0372

      Resuelto: 13 de enero de 2015

      Irving K. Hernández Valls, abogado de la parte peticionaria; Carla M. Nevárez Pérez, de Martínez & Torres Law Offices, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso que nos ocupa tenemos la oportunidad de establecer que la presentación de una moción de prórroga, instada por una parte a la que posteriormente se le anota la rebeldía, constituye una comparecencia para efectos de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, infra. Por razón de ello, en estos casos, la Secretaría del tribunal debe notificar la Sentencia en Rebeldía a la última dirección consignada en el expediente y no emitir una notificación mediante edicto.

A tales efectos, procedemos a delimitar los hechos que suscitaron la controversia de autos.

I

La génesis de esta controversia se remonta al 16 de agosto de 2011 cuando el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o recurrido) presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra la Sra. Vilma Iris Andino Solís (señora Andino Solís o peticionaria). El BPPR argüyó ser el tenedor de buena fe de un pagaré garantizado por hipoteca voluntaria, otor-gado el 1 de abril de 2008, sobre una propiedad de la peti-cionaria ubicada en el barrio Caimito de San Juan. De acuerdo con estos documentos, el BPPR alegó que desde el 1 de enero de 2011, la peticionaria incumplió con su obli-gación de pagar la cantidad adeudada. En consecuencia, reclamó la suma principal de $161,051.27, los intereses al tipo pactado de 6% anual y otros créditos estipulados. Ade-más, solicitó cargos por demora, costas, gastos y honorarios de abogado por la reclamación judicial.

Así las cosas, el 18 de agosto de 2011, la peticionaria fue emplazada personalmente conforme lo establece la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Luego de ser emplazada, el 19 de septiembre de 2011, la señora Andino Solís compareció por derecho propio ante el Tribunal de Primera Instancia mediante un documento intitulado Soli-citud de Prórroga. En este expuso que no había podido con-seguir representación legal y solicitó treinta días adiciona-les para contestar la demanda. El foro primario concedió la prórroga solicitada. Sin embargo, la peticionaria no pre-sentó la contestación a la demanda.

Conforme a lo anterior, el 14 de noviembre de 2011, el BPPR presentó una Moción en solicitud de anotación de rebeldía por falta de comparecencia y en solicitud de sentencia en rebeldía. En esencia, solicitó que a la peticionaria se le anotara la rebeldía conforme provee la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. El 17 de noviembre de 2011, el tribunal concedió lo solicitado y le notificó la deter-minación a la dirección postal de la peticionaria.

Posteriormente, el 17 de enero de 2012, el foro primario dictó una Sentencia en Rebeldía a favor del BPPR. El 20 de enero de 2012, ésta fue notificada a la dirección postal de la representante legal del BPPR. Ese mismo día, la Secreta-ria Auxiliar del Tribunal emitió una Notificación de Sen-tencia por Edicto dirigida a la señora Andino Solís.() El 27 de enero de 2012 el BPPR, como parte demandante, pu-blicó la Sentencia en Rebeldía en el periódico Primera Hora e hizo la notificación correspondiente por correo regular a la señora Andino Solís.

No obstante, el 30 de julio de 2012, el BPPR solicitó la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Pri-mera Instancia debido a que la peticionaria había comen-zado un procedimiento de quiebra ante el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal de Quiebras). Luego de que el caso ante el Tribunal Federal de Quiebras fue desestimado, el 11 de julio de 2013, el BPPR presentó ante el foro primario una Moción en Solicitud de Continuación de los Procedimientos y en Solicitud de Nueva Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia. El 22 de julio de 2013, el foro primario declaró “con lugar” la solicitud y ordenó que se expidiera el corres-pondiente Mandato de Ejecución para que se procediera con la venta de la propiedad que garantizaba la cantidad adeudada por la peticionaria. Según se desprende del Apta de Primera Subasta de 7 de octubre de 2013, la propiedad fue adjudicada. Posteriormente, el 24 de octubre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que autorizó la entrega de la propiedad a los licitadores. Asimismo, facultó al alguacil para que lanzara a cualquier ocupante que estuviera en la propiedad adjudicada.

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2013 la peticionaria presentó una Moción urgente solicitando la nulidad del proceso de subasta y de la venta judicial, solicitando la parali-zación de lanzamiento y asumiendo representación legal. Ar-güyó que a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia le notificó a la dirección consignada en expediente la concesión de la prórroga solicitada y la anotación de rebeldía, la sen-tencia no fue notificada a esta dirección. Por el contrario, ordenó su notificación mediante edicto. Según lo anterior, argumentó que se le violó el debido proceso de ley y solicitó que se anularan los procedimientos postsentencia y se de-jara sin efecto la orden de lanzamiento. Ello, debido a que el archivo en autos de la Sentencia de 20 de enero de 2012 fue inoficioso.

El BPPR presentó una oposición en la que, esencial-mente, alegó que a la peticionaria no se le violó el debido proceso de ley. Específicamente, adujo que le notificó a la peticionaria por correo regular la fecha de la publicación de la notificación de la sentencia, la notificación de la sentencia y la Sentencia en Rebeldía. Asimismo, alegó que la notifica-ción de la sentencia por edicto fue publicada en el periódico, según corresponde. Por lo tanto, argüyó que los tecnicismos incumplidos por el Tribunal de Primera Instancia al mo-mento de notificar la Sentencia fueron subsanados por las acciones de la parte demandante. El foro primario declaró “sin lugar” la moción presentada por la peticionaria.

Ala luz de esta denegatoria, el 18 de diciembre de 2013, la señora Andino Solís presentó una Moción de Reconsideración. Destacó que en la oposición presentada por el BPPR no se refutó que la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia no notificó la sentencia a la última direc-ción consignada en el expediente de la peticionaria. Conse-cuentemente, alegó que el incumplimiento de la Secretaría del Tribunal con la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, no podía ser subsanado por la parte demandante. Razonó que lo único que esta parte podía ha-ber hecho era solicitarle al Tribunal de Primera Instancia que cumpliera con lo establecido en la referida regla. La reconsideración fue declarada “no ha lugar”.

Ante esta determinación, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones. Señaló como error que el tribunal recurrido abusó de su discreción al no reconsiderar la or-den en la que denegó declarar nulo el proceso de subasta por falta de notificación de la Sentencia en Rebeldía. Ello, debido a que esta última debió ser notificada a la dirección que la peticionaria consignó en el expediente al solicitar la prórroga para contestar la demanda.

El foro apelativo intermedio determinó que la solicitud de prórroga presentada por la peticionaria no constituyó una comparecencia para fines de una determinación de rebeldía. Interpretó que, bajo estas circunstancias, la men-cionada Regla 65.3(c) ordena que la sentencia sea notifi-cada por edicto tal como sucedió en el caso de autos. Así, concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no actuó arbitrariamente al ordenar la notificación de la Sentencia en Rebeldía mediante la publicación de edicto por la parte demandante. En consecuencia, denegó la expedición del re-curso presentado por la peticionaria.()

A raíz de lo anterior, la señora Andino Solís recurrió ante nos mediante certiorari y solicitó que determinemos que el Tribunal de Apelaciones erró al no expedir el recurso y, en consecuencia, validar un procedimiento postsentencia que está viciado dado que la Sentencia en Rebeldía no fue noti-ficada conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico. El BPPR presentó una Oposición a que se Expida Auto de Certiorari.

Ante ello, el 31 de octubre de 2014 emitimos una Resolu-ción en la que le ordenamos a la parte recurrida que mos-trara causa por lo cual no se debe revocar la Resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la parte no compareció y el caso quedó sometido en los méritos para ser adjudicado por este Tribunal. Así las cosas, proce-demos a exponer el marco doctrinal aplicable a la controver-sia de autos.

II

A. Es norma ampliamente conocida que nuestro ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu pro- prio o a solicitud de parte le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a contestar la demanda o a defenderse como estipulan las reglas, o como sanción. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). En ambas circunstancias, el efecto de la anotación es que se dan por ciertos los hechos que están correctamente alegados. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Ciertamente, esta Curia ha sido enfática en establecer que esto no exime al tribunal de evaluar si la causa de acción presentada amerita la concesión del remedio solicitado. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102. Véanse, además: Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 681 (2005); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996).

Por consiguiente, pertinente a la controversia de autos, corresponde destacar que una anotación de rebeldía procede cuando una parte no contesta la demanda o no se defiende según estipulan las reglas. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. Es decir, cuando una parte ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse, se coloca en la posición procesal de la rebeldía. Al respecto, los tratadistas Wright, Miller y Kane han hecho las expresiones que incluimos a continuación:

The mere appearance by a defending party, without more, will not prevent the entry of a default for failure to plead or otherwise defend, however. But if defendant appears and indicates a desire to contest the action, the court can exercise its discretion and refuse to enter a default. This approach is in line with the general policy that whenever there is doubt whether a default should be entered, the court ought to allow the case to be tried on the merits. (Citas omitidas). 10A Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure 3rd Secs. 2682 (1998).

Según lo anterior, una mera comparecencia no es sufi-ciente para evitar que a una parte se le anote la rebeldía. Precisamente, el propósito de que se pueda continuar con los procedimientos contra una parte en rebeldía, es no per-mitir que ésta deje de defenderse o presentar alegaciones como una estrategia de litigación para dilatar los procedimientos. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 100. Véase, además, Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 814-815 (1978). Por tal razón, para evitar que la anotación proceda, de la comparecencia debe surgir la intención de la parte de defenderse. Por ello, cuando una parte comparece mediante una moción de pró-rroga o con una moción asumiendo representación profe-sional, por sí solas, no se considera suficiente para evitar que se anote la rebeldía. Cuevas Segarra, op. cit., T. IV, pág. 1338.

B. Ahora bien, una vez se haya anotado la rebeldía, como excepción, las reglas eximen de notificar los escritos y las órdenes a las partes cuya rebeldía es por falta de comparecencia. Regla 67.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Es decir, cuando una parte fue debidamente emplazada y no compareció, no es necesario que se le notifique toda alegación subsiguiente a la demanda original. Véase Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 105 esc. 9. Claro está, siempre habrá que notificar toda alegación en que se soliciten remedios nuevos o adicionales conforme establece la referida regla. Sin embargo, cuando la parte comparece se deben enviar todas las notificaciones correspondientes, aun cuando se le haya anotado la rebeldía.

A los efectos de lo que constituye una comparecencia, este Tribunal ha expresado que, en términos generales, “cualquier actuación de parte de un demandado, ex-cepto para atacar la jurisdicción sobre su persona, que reconozca el caso en la corte constituirá una comparecencia general”. (Citas omitidas). Gómez v. Junta Exam. de Ingenieros, etc., 40 DPR 662, 667 (1930)

Cónsono con estas expresiones, el tratadista Cuevas Se-garra concluye que según la referida Regla 67.1 una com-parecencia mediante moción de prórroga, traslado o deses-timación es suficiente para que la parte sea notificada de todos los escritos y órdenes del tribunal, aun cuando se le haya anotado la rebeldía. Es decir, “[s]i compareció solici-tando prórroga, traslado o la desestimación, y luego no con-testa la demanda y se le anota la rebeldía, hay que notifi-carle el resto de los escritos y órdenes”. Cuevas Segarra, op. cit, T. V, pág. 1884.

Por consiguiente, como hemos visto hasta el momento, cuando una parte comparece mediante moción de prórroga y posteriormente no contesta la demanda ni pro-cede a defenderse, el tribunal podrá anotarle la rebeldía. Ello, debido a que esa comparecencia no se considera suficiente para evitar que se proceda con la anotación de la rebeldía, sino que la parte debe demostrar claramente su intención de defenderse. Sin embargo, para efectos de la notificación de escritos y órdenes, se entiende que la parte ha comparecido y como tal deberá ser notificada de todas las incidencias del pleito.

C. Así, una vez ha culminado el proceso ante el foro primario, la mencionada Regla 65.3 de Procedimiento Civil, establece cómo el tribunal debe proceder en torno a la notificación de órdenes, resoluciones y sentencias cuando a una parte se le ha anotado la rebeldía.()

Sobre el particular, el inciso (c) de la Regla 65.3 de Pro-cedimiento Civil de 2009 establecía lo siguiente:

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le notificará toda orden, resolución o sentencia a la última dirección que se haya con- signado en el expediente por la parte que se autorrepresenta o a la dirección del abogado o abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 [...] En el caso de partes en rebeldía que hayan sido emplazadas por edictos o que nunca hayan comparecido en autos o de partes demandadas desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un aviso de notificación de sentencia por edictos para su publicación por la parte demandante. (Enfasis suplido).()

Relacionado con esto, en Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995), nos expresamos en torno al deber de notificación que tiene el tribunal cuando una parte está en rebeldía. Particularmente, interpretamos la anterior Regla 65.3 de Procedimiento Civil de 1979 (31 LPRA ant. Ap. Ill), y dispusimos que en los casos en los que se dicte una sentencia en rebeldía también existe la obligación de que esta le sea notificada a las partes involucradas. Es decir, independientemente de si a la parte se le anotó rebeldía por falta de comparecencia, como parte afectada debe ser notificada de la sentencia que en su día recaiga. Véase, además, Rodríguez de Lausell v. Tribunal Superior, 93 DPR 672, 677 (1966).

Ahora bien, en cuanto a cómo procede esta notificación, particularmente en Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, expresamos que de la regla se podían colegir dos situaciones. Primeramente, “cuando la parte en rebeldía por incomparecencia fuese de identidad desconocida o figu-rase con nombre ficticio, se efectuará la notificación de la sentencia mediante publicación de edictos. En segundo lu-gar, cuando la identidad de la parte en rebeldía por incom-parecencia fuese conocida, se remitirá la notificación de la sentencia a su última dirección conocida”. (Enfasis en el original). íd., pág. 991. Así, pues, determinamos que cuando una parte fue emplazada mediante edicto porque no se pudo localizar personalmente y no compareció, noti-ficarle la sentencia en rebeldía a la última dirección cono-cida resultaba inadecuado. Procedía, en este caso, sin embargo, que la sentencia le fuera notificada de la misma forma mediante la cual se le emplazó y notificó de la recla-mación en su contra, es decir, por la publicación de edictos. Véanse, además: Falcón v. Maldonado, 139 DPR 97 (1995) (Resolución); R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511 (2010).

Ciertamente, este deber de notificar no es un mero re-quisito procesal; por el contrario, además de ser razonable, fortalece el debido proceso de ley.

D. Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico es norma firmemente establecida que como corolario de la vertiente procesal del debido proceso de ley, las partes deben ser notificadas de los escritos que se producen durante el trámite judicial. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 193. Ello, debido a que “[l]a notificación es parte integral de una actuación judicial y para que una resolución u orden surta efecto, tiene que ser no solamente emitida por un tribunal con jurisdicción, sino también notificada adecuadamente a las partes ya que es a partir de la notificación que comienzan a cursar los términos establecidos”. Id. Véanse, además,: Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003). Es decir, de no notificarse adecuadamente, la resolución, orden o sentencia no surte efecto y los términos no comienzan a decursar.

Según lo anterior, la correcta y oportuna notificación es un requisito sine qua non de todo sistema de revisión judicial ordenado. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1871. Véanse, además: Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011); Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001). Sin duda, una notificación defectuosa o la ausencia de esta, incide sobre los derechos de las partes, enervando así las garantías procesales que estamos llama-dos a proteger.

III

Según el marco doctrinario descrito, nos corresponde adjudicar la controversia de autos. Procedemos.

Luego de presentada la demanda y de la señora Andino Solís ser emplazada personalmente, ésta compareció ante el Tribunal de Primera Instancia mediante una Solicitud de Prórroga. Sin embargo, a pesar de que se le concedió el término adicional solicitado para presentar sus alegacio-nes, ésta no contestó la demanda o procedió a defenderse.

Ante la petición del BPPR, el foro primario anotó la re-beldía y emitió una Sentencia en Rebeldía que le fue noti-ficada a la dirección postal de la representante legal del BPPR. Empero, para notificar a la señora Andino Solís emitió una Notificación de Sentencia por Edicto.

Así pues, luego de que la propiedad en controversia fuera ejecutada y vendida en pública subasta, la peticiona-ria presentó una moción para que se declarara la nulidad de los procedimientos post sentencia. Ello, en esencia, de-bido a que la Sentencia en Rebeldía no fue notificada con-forme a derecho. A la peticionaria le asiste el derecho. Veamos.

Particularmente, la señora Andino Solís alegó que la prórroga presentada constituyó una comparecencia para fines de la referida Regla 65.3(c) y, por lo tanto, no procedía concluir que el tribunal estaba obligado a notificar la sen-tencia mediante la publicación de un edicto. A la peticiona-ria le asiste la razón. Según la normativa discutida, pro-cede concluir que una moción de prórroga constituye una comparecencia para propósitos de la notificación de la sen-tencia de una parte a la que se le anotó rebeldía. Claro está, aunque esta última siempre tiene que ser notificada, la comparecencia cobra relevancia a la luz de las distincio-nes establecidas en la mencionada Regla 65.3(c) en torno a cómo procede esta notificación.

Como establecimos, en la anterior Regla 65.3(c), la Se-cretaría del Tribunal tenía la obligación de notificar una Sentencia en Rebeldía por edicto para su publicación por la parte demandante en tres circunstancias determinadas. En particular, cuando la parte se emplazó por edicto, no compareció o era un demandado desconocido. De no pre-sentarse ninguna de estas circunstancias, no procedía la notificación por edicto, sino notificar a la última dirección consignada en el expediente por la persona que se autorre-presenta o su representante legal.

A la luz de lo anterior, nos es forzoso concluir que según el derecho vigente al momento de los hechos de la contro-versia de autos,() procedía que la Secretaría del Tribunal notificara la Sentencia en Rebeldía a la dirección consig-nada en el expediente. Ello, debido a que la señora Andino Solis no fue emplazada mediante edicto, compareció al pleito mediante moción para prórroga y ciertamente no era una parte desconocida. Asimismo, no se suscitó ninguna de las tres circunstancias que la regla proveía para que se notificara la sentencia mediante edicto.

No procede avalar el razonamiento adoptado por el Tribunal de Apelaciones a los efectos de que como la parte solamente presentó una moción de prórroga no se puede considerar como una comparecencia en un proceso en rebeldía. Como hemos reiterado, este tipo de moción no se considera suficiente a los efectos de evitar que a una parte que no presentó alegaciones ni compareció a defenderse se le anote la rebeldía mediante la referida Regla 45.1. Sin embargo, de ninguna manera, esto puede enten-derse como que la parte no ha comparecido para efectos de la notificación de la Sentencia. Al igual que la moción de prórroga es suficiente para que una parte en rebeldía que no comparece a defenderse sea notificada de las órdenes y los escritos del tribunal, también lo es para determinar que esta se ha personado para propósitos de la Regla 65.3. Es decir, es una comparecencia de una parte conocida y em-plazada personalmente la que activa el mandato de la Re-gla 65.3 a los efectos de que el tribunal debe proceder a notificarle la sentencia a la dirección que esta parte con-signó en el expediente.

Concluir lo contrario, además de ser inadecuado, sería una decisión en detrimento del debido proceso de ley. Ello, debido a que cuando una parte opta por no defenderse, pero comparece mediante este tipo de moción y consigna su dirección, es razonable concluir que es más probable que va a quedar notificada si la determinación del tribunal se le envía a la dirección que esta parte ha provisto. De esta manera, además de salvaguardar las garantías procesales, esta decisión fomenta la economía procesal en la medida que evita dilaciones en los procesos y que la parte deman-dante tenga que incurrir en gastos innecesarios para poder cumplir con las exigencias de la mencionada Regla 65.3(c) en torno a las especificaciones para la publicación de un edicto.

Así las cosas, como en este caso, además de haber sido emplazada personalmente, la peticionaria compareció me-diante moción de prórroga, correspondía que la Secretaría del Tribunal le notificara la Sentencia en Rebeldía a la última dirección consignada en el expediente. No procedía la notificación de la sentencia mediante la publicación de un edicto. No nos persuade el argumento de la parte recu-rrida a los efectos de que la notificación por correo regular que esta le envió a la peticionaria, luego de la publicación del edicto subsanó el error en el que incurrió el foro primario. La Regla 65.3 es diáfana en establecer que la notificación es un deber insoslayable del foro judicial.

IV

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto y re-vocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que notifique adecuada-mente la Sentencia a la última dirección de la peticionaria.

      (1) Esta notificación fue emitida mediante la forma OAT 686 de Notificación de Sentencia por Edicto.

      (2) La peticionaria señala que existe un conflicto entre las decisiones de varios paneles del Tribunal de Apelaciones sobre el asunto planteado ante nuestra consideración. Le asiste la razón. Como hemos descrito, en el caso de autos, se deter-minó que una moción de prórroga no constituye una comparecencia en un pleito en rebeldía y, por lo tanto, el foro primario actuó correctamente al emitir una notificación de sentencia mediante edicto. En contraposición, en Oriental Bank & Trust v. Rivera Torres, KLCE-2012-00148 (2012), bajo unos hechos muy similares a los del caso de autos, otro panel determinó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al solicitar que la sentencia fuera notificada por edicto a una parte que compareció al pleito me-diante una solicitud de prórroga. Determinó que esta solicitud debía ser considerada como una comparecencia y, por tanto, correspondía notificar a la dirección consignada en el expediente por la parte. Para otras determinaciones en conflicto con lo anterior, véase, por ejemplo, Banco Santander Puerto Rico v. Teófila Ochoa Ruiz, KLCE-2013-00382 (2013).

      (3) En Rodríguez de Lausell v. Tribunal Superior, 93 DPR 672, 676-677 (1966), se aclaró que las órdenes a las cuales se refiere esta regla no son de la misma naturaleza que las contempladas por la Regla 67.1. En particular, se expresó que “[n]ecesariamente, la orden a la que se refiere la Regla 65.3 es aquélla en virtud de la cual se hace una adjudicación de una cuestión en controversia o con respecto a derechos o reclamaciones de las partes. Las órdenes a que se refiere la Regla 67.1 necesariamente no son de esta naturaleza”. Id. Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Puhs. JTS, 2011, T. V, pág. 1873.

      (4) No obstante, en mayo de 2012 la segunda oración de la sección (c) de la referida Regla 65.3 fue enmendada mediante la Ley Núm. 98-2012.

      (5) Como mencionamos, la referida Regla 65.3(c) fue enmendada en mayo de 2012. En razón de ello, la notificación de la sentencia en rebeldía mediante edicto procede según dos circunstancias particulares: cuando la parte fue emplazada me-diante edicto y no compareció o cuando es una parte desconocida. A pesar de lo anterior, la notificación de la Sentencia en Rebeldía en controversia fue en enero de 2012. En consecuencia, nos corresponde aplicar la regla vigente al momento de los hechos.