author: El Juez Asociado Senos, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Varela, acusado y apelante.
    No. 4296.

    Sometido: Junio 4, 1931.

      Resuelto: Julio 31, 1931.

      A. García Ducós, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de JEl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Varela fue acusado de homicidio voluntario. Fue juzgado por un jurado, y convicto. Entre otras cosas, alegó la defensa propia. La prueba a ese respecto fue contradic-toria, y el jurado resolvió el conflicto.

Según hemos declarado en un número de casos, no es de la incumbencia del tribunal revisar las conclusiones de hecho de un jurado, a menos que estemos convencidos de que el jurado debió haber tenido duda razonable. No lo estamos. La evidencia de cargo tendió a demostrar que en noviembre de 1928, el día de las elecciones, un Dr. González tuvo un disgusto con Fermín Cortés, y el acusado acudió en ayuda del Dr. González y disparó contra Fermín Cortés. La defensa trató de demostrar que el interfecto tenía una pistola en sus manos, pero el veredicto le fué adverso.

El apelante aduce un argumento al efecto de que un ex-tremo de esta índole no debió haberse dejado a la exclusiva apreciación del jurado. Estamos muy de acuerdo en que la lacónica expresión de un jurado puede en algunas ocasiones envolver un error, pero el juicio por jurado en casos felony es ordinariamente la expresión final de la culpabilidad o inocencia del acusado, siempre que no se haya cometido error por el juez durante el juicio.

La corte no cometió error' al negarse a permitir que el acusado contrainterrogase a un testigo en cuanto a la reputación del occiso como un hombre peligroso. Nada hubo en el interrogatorio directo que justificara la repregunta, y, según resolvió la corte, la evidencia interesada era materia de defensa. Se introdujo prueba de esa índole.

El apelante se queja de las instrucciones de la corte, pero no se anotó excepción. La regia es que debe llamarse la atención de la corte hacia la comisión de algún error en las instrucciones, de suerte que tenga la oportunidad de corregirlas.

Nos reservamos el derecho a revocar por errores fundamentales, pero no encontramos error alguno en que la corte resolviera que antes de que la reputación de un hombre como peligroso pueda formar parte de la cuestión de defensa propia, debe establecerse que el acusado tenía conocimiento del carácter del interfecto.

No hallamos error, pasión o prejuicio, y debe confirmarse la sentencia.

Los jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Texidor no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Varela, acusado y apelante.
    No. 4295.

    Sometido: Junio 4, 1931.
    Resuelto: Julio 31, 1931.

      A. García Eneos y Andrés Ruis, abogados del apelante; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fué sometido en la corte inferior a base de la prueba contenida en el número 4296 que acabamos de resolver, ante, p. 823. El apelante pretende corregir su propio alegado error al así someter el caso, y sugerir pasión o prejuicio en el juez. No podemos bailar error de derecho en esa sumisión, ni motivo alguno para revocar por ese fundamento.

La acusación fué impugnada por no exponer que el arma se usó, o se destinó, para fines de ofensa o defensa, citándose el caso de El Pueblo v. Rosado, 34 D.P.R. 315. La imputación fué que el acusado portaba una pistola, que es un arma mortífera, y eso era bastante.

No encontramos error en la apreciación de la prueba, y la sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Texidor, no intervinieron.


text:
    Generoso Martínez y su esposa María Guzmán Hernández, demandantes y apelantes, v. Abraham José Leavitt, demandado y apelado.
    No. 5263.

    Sometido: Marzo 24, 1931.

      Resuelto: Julio 31, 1931.

      E. H. F. Dottin, abogado de los apelantes; Feliú & La Costa, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

En el juicio la corte dió muy poco crédito a los testigos de los demandantes, creyó al demandado y dictó sentencia a favor de éste. Los apelantes tratan de convencernos de que la negligencia del demandado podía inferirse de su propia declaración. No estamos conformes. El demandado declaró que mientras pasaba en su camión, la demandante miró hacia él varias veces desde la acera, pero no dió muestra o indicio alguno de su intención de cruzar inmediatamente. La apelante hace mucho hincapié en el hecho de que el demandado dijo que él sabía que ella tenía la intención de cruzar. Una y otra vez, tanto en el interrogatorio directo como en la repregunta, el testigo manifestó que la demandante miró hacia él varias veces y por eso él creyó que ella no cruzaría la calle cuando un vehículo estaba próximo a pasar, o palabras a ese efecto. No encontramos prueba de negligencia. La corte, citando Meléndes v. Alvares, 35 D.P.B. 343, y otros casos, resolvió que la causa próxima del accidente fué la negligencia de la demandante al dejar un sitio de seguridad para colocarse frente a un vehículo en marcha.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Texidor, no intervinieron.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José J. Acosta y Acosta, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, compuesta de los Hons. Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, Dr. A. Fernós Isern, José G. López y Juan N. Herrero, demandada y apelada.
    No. 5453.

    Sometido: Marzo 19, 1931.

      Resuelto: Julio 31, 1931.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Attorney General James B. 'Beverley y B. Cordovés Arana, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José J. Acosta solicitó pensión al amparo de la sección 9 de la ley. Su petición fué radicada más de año y medio des-pués de baber expirado su término como fiscal de distrito. La junta de retiro rehusó concederle una pensión porque él no estaba en servicio activo al tiempo de su solicitud. La corte de distrito declaró sin lugar una petición de onandamus.

Las seciones 3 y 9 de la Ley de Pensiones (Leyes de 1925, pág. 951 y 957) leen en parte así:

“Sección 3. — El retiro se concederá, como renta vitalicia, por ra-zón de edad, por inhabilidad física del funcionario o empleado o por el número de años de servicios prestados, de. acuerdo con las siguien-tes reglas, .... Disponiéndose, que no tendrán derecho a pensión alguna aquellas personas que no estuvieren en servicio activo en la fecha en que soliciten su pensión.”
“Sección 9. — Si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad, a quien esta Ley sea aplicable, después de haber servido por un período total no menor de quince años y antes de tener derecho al retiro, fuere separado involuntariamlente por cualquier motivo, ex-cepto destitución, del servicio civil clasificado o no clasificado tendrá derecho a una pensión vitalicia . . . ”

El argumento del apelante es, en síntesis, que el requisito del disponiéndose de la sección 3 no- es aplicable a casos que surjan bajo la sección 9, porque el derecho a una pensión en caso de separación involuntaria del servicio del gobierno sólo proviene después de tal separación. Es proverbial que, por regla general, “los acontecimientos venideros proyectan antes sus sombras.” Los funcionarios públicos usualmente continúan en servicio activo, o pueden hacerlo, aun después de expirar su -término y hasta que un sucesor ha sido nom-brado y tomado posesión. Si el caso de un fiscal de distrito fuera una excepción a -esta regia general, lo sería por razón de la ley autorizando su nombramiento (sección 1285 de los Estatutos Revisados), y el peticionario sabía que “cesaría” en su cargo al cabo del término por el cual fué nombrado.

Tal vez habría sido más justo y razonable que no se le exi-giera al candidato a reelección que desee solicitar pensión en caso de no lograr un nuevo nombramiento, que radique su solicitud de retiro antes de resolverse la cuestión de su nueva designación. Esa, sin embargo, era y es una cuestión para la Legislatura, no para la junta de retiro, ni para los tribunales. La Ley no prohibe el que se presente una soli-citud antes de ocurrir la separación involuntaria y en anticipación a ella. Por el contrario, el disponiéndose de la sección 3, a falta de una clara indicación de la intención le-gislativa en la sección 9 de establecer una regia diferente en casos de separación involuntaria, significa que en tales casos la solicitud debe hacerse antes de la separación real del ser-vicio, a fin de que la junta pueda actuar sobre la misma cuando llegue el momento. En otras palabras, es una con-dición previa para la concesión del retiro de conformidad con la sección 9 que el solicitante baya sido separado del servi-cio, pero por los claros términos del disponiéndose, también es una condición previa el que esté en servicio activo al tiempo de bacer la solicitud. Estas dos condiciones no son necesariamente incompatibles. Puede y debe darse efecto a ambas.

l)ebe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Texidor no intervinieron.


text:
    Félix Rodríguez, demandante y apelado, v. Elvira Soto Vda. de Rivas y José Rodríguez, demandados y apelante la primera.
    No. 5530.

    Sometido: Junio 18, 1931.

      Resuelto: Agosto 1, 1931.

      Antonio L. López, abogado de la apelante; Angel M. Villamil, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Caguas Félix Rodríguez, ter-cerista, instituyó un pleito contra José Rodríguez y Elvira Soto para recobrar la mitad de una finca. En la demanda se alegaba como fundamento del pleito de tercería que dicha Elvira Soto había iniciado un procedimiento contra el alu-dido José Rodríguez, había embargado y el márshal se dis-ponía a vender, como perteneciente a dicho José Rodríguez, la mitad de una finca cuyo título y posesión residían en el tercerista. En apelación, después de celebrado el juicio, la corte resolvió a favor del tercerista.

La defensa interpuesta por la apelante Elvira Soto fué que las escrituras bajo las cuales el tercerista trata de derivar su título eran fraudulentas, toda vez que al tiempo de su otorgamiento José Rodríguez, bajo cuyos derechos Félix Rodríguez reclamaba, estaba ya sujeto a un litigio por dicha apelante Elvira Soto. Se invocó el artículo 1264 del Código Civil. Este provee así:

“Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a tí-tulo gratuito.
“También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o espedido mandamiento de embargo de bienes.”

La corte resolvió, de conformidad con dicho artículo, que debía probarse una sentencia adversa y que no se había de-mostrado tal cosa; ni siquiera que se hubiera expedido el correspondiente embargo contra la propiedad.

La apelante también alegó la insuficiencia de las es-erituras porque el notario no dió fe de haberse hecho en-trega del precio. La escritura en cuestión decía que los ven-dedores habían recibido $450 antes del otorgamiento de la escritura, y $150 en el momento del otorgamiento. La corte evidentemente creyó que entonces la escritura no podía ser considerada como fraudulenta por haber dejado de dar fe, especialmente en vista de que otras personas habían com-parecido en la escritura como vendedoras y no podía deter-minarse la parte del precio pagada a cada una.

Conforme resolvió la corte, también había un comprador mediato que no fué hecho parte en el litigio por Elvira Soto. Fué este intermediario quien vendió al apelado y no podía determinarse la fecha de su escritura con respecto a ninguna sentencia; ni siquiera que José Rodríguez adeudaba algo en el momento de otorgarse le escritura de que se queja.

La apelante no nos convence de que la corte se hubiera equivocado en cualquiera de estas posiciones. De conformi-dad con el artículo 1264 la existencia de una deuda es un re-quisito previo indispensable y nada hallamos en contrario en los casos citados.

Además, nada hay que pruebe que Félix Rodríguez, quien hizo la compra, cometiera fraude alguno. La presunción de fraude fué impugnada por la compra posterior, de no ha-berlo sido por toda la demás prueba circunstancial.

La inscripción de un gravamen o de un embargo en el registro no era óbice para probar una escritura no inscrita. Tal inscripción o anotación es sólo una preferencia o un aviso.

No vemos razón alguna para alterar el pronunciamiento de costas y la sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Texidor no intervinieron.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Theodore Roosevelt, Gobernador de Puerto Rico, y James R. Beverley, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez, demandado.
    No. 790.

    Sometido: Agosto 10, 1931.

      Resuelto: Agosto 13, 1931.

      Son. Attorney General James B. Beverley, A. Ortiz Toro y M. Bo-dríguez 8erra, Primero y Segundo Procuradores Auxiliares, res-pectivamente, abogados de los peticionarios; Feliú & La Costa y E. Font Stiárez, abogados de los demandantes en el pleito principal; Juan B. Soto, como amicus curiae.

       Nota: La relación de hechos que precede a la resolución transcrita es del Repórter.

   Instado certiorari para revisar orden de aseguramiento de sentencia qne, dictada por la Corte de Distrito de San Juan, restringió al Gobernador de Puerto Rico de poner en vigor la Ley No. 99 de 1931, este tribunal por resolución de 28 de julio de 1931, acordó oír y oyó a las partes sobre la procedencia del recurso el 30 del mismo mes y año. Por re-solución de agosto primero de este año se acordó se expi-diera mandamiento requiriendo de la corte inferior la remi-sión a este tribunal de copia certificada de los autos en el incidente sobre aseguramiento, a fin de revisar los procedi-mientos y acordar lo qne pareciera arreglado a derecho, se-ñalando la vista del recurso en su fondo para las dos de la tarde del día 16 de noviembre de 1931. El mandamiento ex-pedido fné debidamente diligenciado y notificado. Ta en vacaciones el tribunal, los demandantes en el pleito que dio origen al certiorari le presentaron mociones para que se im-pidiera a los demandados en dicbo pleito, que son los aquí peticionarios, el que violaran la orden de aseguramiento de efectividad de sentencia impugnada en el recurso y para ra-tificar su intervención en el procedimiento. Con el fin de que el tribunal oyera, considerara y resolviera dichas mo-ciones, el Hon. Gobernador de Puerto Pico convocó a sesión extraordinaria y habiéndose celebrado la vista de dichas mo-ciones en la fecha señalada, esta corte dictó la siguiente re-solución :

“San Juan, Puerto Pico, agosto 13, 1931.
“Se ratifica la intervención dé los demandantes en el pleito que motiva el presente recurso de certiorari como in-terventores en él; y vista su moción de 6 de agosto corriente, la oposición a ella de los peticionarios en este recurso y oídos los informes de los abogados de las partes, esta corte por las circunstancias especiales que concurren, aclara su resolu-ción de 1 de agosto de 1931, librando el auto de certiorari en este caso, en el sentido de que su citada resolución ha dejado las cosas en el estado que tenían al ser notificado nuestro auto a la corte inferior y, consiguientemente, en vigor la or-den recurrida de aseguramiento de sentencia y su notifica-ción a los demandados, mientras no sea anulada dicha or-den de aseguramiento al ser oído y resuelto el auto de cer-tiorari que hemos librado, resultando así innecesario resolver las otras peticiones subsidiarias de los interventores.”

El Juez Presidente Accidental Señor Wolf, disintió en cuanto la corte dejó de adelantar el señalamiento hecho para noviembre de la vista del recurso de certiorari. Los Jue-ces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Texidor no intervinieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

En consultación, el tribunal llegó a la decisión que an-tecede. El Juez Asociado Sr. Hutchison después propuso que se señalara el certiorari para el.lunes 17 de agosto, con lo que estuvo conforme el que suscribe. El Juez Asociado Sr. Aldrey creyó que el tribunal no tenía la facultad de oír nada que no fuera incluido en la convocatoria del Goberna-dor, y el Juez Asociado Sr. Hutchison no estuvo dispuesto a señalar el caso ante una corte dividida. Disiento por no haber el tribunal señalado el caso para una fecha próxima. La vista de este recurso de certiorari fué señalada para el 16 de noviembre de 1931, toda vez que no podía tenerse for-malmente ante la corte el “return” antes de que el tribunal cerrara sus sesiones. Bajo una convocatoria especial del Gobernador, fuimos reunidos para considerar ciertas mo-ciones de los demandantes. Si bien esta convocatoria se li-mitó a la consideración de dichas mociones, ella creó un tér-mino de este tribunal en que estamos autorizados para con-siderar, conforme entiendo la ley, cualquier caso ya some-tido a él. People ex rel S. L. & T. Co. v. Supreme Court, 220 N.Y. 487, 116 N.E. 384; Matter of Reynolds v. Crapsey, 241 N. Y. 389; Saranac Land & Timber Co. v. Roberts, 227 N. Y. 188, 125 N.E. 102; 15 C.J. 891. Véase, además, Caldwell v. State, 84 So. 272. Esto es cierto en lo que se refiere al cer-tiorari pendiente.

El caso fué señalado para noviembre, pero el “return” de la Corte de Distrito de San Juan ya ha sido radicado. Por tanto, a mi juicio, estamos facultados para anular el se-ñalamiento anterior del caso y a celebrar una vista rápida. En un procedimiento de certiorari en que todos los documen-tos están ante nos, me parece, asumiendo la autoridad, que la corte en un asunto muy importante de esta índole debe proceder a una vista.

Todas las cuestiones aquí envueltas podrían entonces ser resueltas por la corte tal como está actualmente constituida, y soy de opinión que hemos debido proceder a señalar el caso.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

text:
    Theodoere Roosevelt, Gobernador de Puerto Rico, y James R. Beverley, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez, demandado.
    No. 790.

    Sometido: Agosto 20, 1931.

      Resuelto: Agosto 28, 1931.

      Eon. Attorney General James B. Beverley, A. Ortiz Toro y M. Bo-. dríguez Berra, Primero y Segundo Procuradores Auxiliares, res-pectivamente, abogados de los peticionarios; Peliú <& La Costa y E. Font Suárez, abogados de los demandantes en el pleito principal; Juan B. Boto, comp amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de certiorari tiene por objeto anular una orden de la Corte de Distrito de San Juan restringiendo al Gobernador de Puerto Rico de poner en vigor la Ley nú-mero 99 de 1931 (Leyes de ese año, página 627).

Esta orden fue obtenida al iniciarse el pleito en que los demandantes alegaban que algunos de ellos habían sido nombrados para desempeñar cargos municipales a vir-tud de las disposiciones de la Ley número 53 de 1928, y que tenían derecho a percibir sueldos y emolumentos y a conti-nuar en esos cargos hasta el 9 de enero de 1933; que ellos o algunos de ellos eran electores, residentes y contribuyentes; que la legislatura aprobó la Ley número 99 de 1931 que es nula; que los demandantes sufrirían la imposición de con-tribuciones ilegales; que estarían sujetos a una multiplici-dad de procedimientos y sufrirían daños irreparables; que carecían de cualquier otro remedio en el curso ordinario de la ley, y que el procedimiento así instado era el único reme-dio a su alcance. Se solicitó se decretara que la ley en cues-tión es inconstitucional y nula; y que en su consecuencia los demandados estaban en el deber de no hacer ciertos nombra-mientos consignados en la aludida ley, y que éstos debían abstenerse de hacerlos.

El gobierno sostiene que se trataba necesariamente de un pleito de injunction. Los interventores, demandantes en la corte inferior, mantienen que la demanda no es una de injunction, sino una en que se exige del gobernador el cumplimiento de una obligación de no hacer, o, en otras palabras, de no dar paso alguno bajo la ley, que los demandantes alegan es írrita y nula.

Si la ley autorizando los nombramientos de que se trata es constitucional, el derecho y el deber del G-obernador de hacerlos son claros. A menos que la ley autorizando esos nombramientos sea inconstitucional, no puede surgir deber alguno de abstenerse de hacerlos bajo el Código Civil, en equidad, o a virtud de la Ley Municipal general. Se presume que la ley de la legislatura es constitucional. A falta de una demostración prima facie lo suficientemente fuerte para controvertir esa presunción, ningún tribunal debe tratar de atar las manos del Gobernador, bien permanentemente o pendente lite.

Una acción para compeler mediante injunction, ya sea mandatorio o prohibitivo, el cumplimiento de un alegado deber de no hacer los nombramientos, es un pleito de injunction. Ni el nombre que dan los demandantes a la moción interesando un remedio provisional, ni el nombre de la orden concediendo la medida solicitada, son importantes. “Una rosa no sufre menoscabo en su perfume porque se le llame de otro modo.” Ni un injunction preliminar como tal, ni una orden de la índole de un injunction provisional, aunque a guisa de una medida para asegurar la efectividad de una posible sentencia, deben expedirse desde luego a instancia de cualquier litigante. Ni el uno ni la otra deben concederse a menos que el juzgador esté previamente convencido dé que los deman-dantes lian suscitado alguna cuestión constitucional seria, y que el resultado probable de su pleito será un fallo a su favor.

El certiorari, según lo define la sección 1349 de los Estatutos Revisados, es “un auto expedido por un tribunal superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero, de una, copia certificada de las diligencias pendientes ... en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley ...” El inciso (h) de la sección 2 de la “Ley para asegurar la efectividad de sentencias,” (Estatutos Revisados, 5234) dispone que (bastardillas nuestras): “En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.” Podría admitirse de paso (aunque no debe entenderse que así lo resolvemos) que los demandantes en un pleito de injunction pueden solicitar y obtener una orden bajo este inciso o al amparo del inciso (cD) de la misma sección. La concesión de un remedio en equidad de la naturaleza de un injunction provisional, bajo cualquiera de estos incisos, como cuestión de derecho, sin el ejercicio de cautela o discreción judicial alguna, es un error de procedimiento.

En el caso de autos el juez de distrito no consideró los méritos de las cuestiones constitucionales envueltas. El no se sintió en libertad de poner a prueba los fundamentos sobre los cuales los demandantes basaron sus alegaciones de incons-titucionalidad, sino que creyó que los demandantes tenían de-recho, como materia de ley, al remedio provisional solici-tado, y que él no tenía discreción alguna en cuanto a conce-der o denegar tal remedio. Este criterio erróneo respecto a su poder y facultad resultó en un error de procedimiento. El no ejerció discreción alguna, ya fuera sana o judicial.

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de esta corte, según han sido presentadas por los interventores, no requieren amplia discusión.

Al señalar un caso una corte no agota su facultad de fijar un día para la vista, sino que puede posponerla o anticiparla en cualquier momento.

No nos detendremos a considerar la facultad de la Legis-latura para fijar términos del tribunal o para autorizar al Gobernador para que convoque a sesiones extraordinarias. Si-el Gobernador careciera de facultad para convocar a una sesión especial, entonces surgiría la cuestión de si los jueces no pueden actuar a voluntad propia y de si tal actuación se-ría un ejercicio válido del poder judicial. La corte misma no se queja de que se baya invadido su poder judicial.

Los motivos para llamar $ sesión especial fueron, a nues-tro juicio, suficientemente consignados en la convocatoria. De todos modos, la mayoría del tribunal, tal como está cons-tituido en la actualidad, es de opinión de que la convocato-ria anterior confirió toda la autoridad necesaria para resolver el presente recurso. No se ba cerrado formalmente la primera sesión especial de la temporada.

Dos de los miembros de esta corte se bailan fuera de la Isla. Si se les hubiese citado por cable no hubieran podido llegar a tiempo para ninguna de las sesiones extraordinarias. Su presencia no se hubiese podido obtener sin larga demora que hubiera destruido el objeto de la sesión extraordinaria. La ley no exige cosas imposibles ni la realización de una cosa vana y fútil. La notificación hecha a la mayoría de los miem-bros de esta Corte, que se hallaban en la Isla, fué suficiente.

La orden impugnada por los peticionarios debe ser re-vocada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Texidor no intervinieron.

OPINIÓN CONCURRBNTB EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

La opinión y sentencia que anteceden, hasta donde nos es dable hacerlo, resuelven el punto de que ninguna corte en un caso que necesariamente envuelva la inconstitucionalidad de mi estatuto, debe actuar para restringir a un demandado a menos que liaya una fuerte demostración de tal inconstitu-cionalidad. Aparte del liecbo de que en mi pleito de injunction mi opinión cabal es que, la ley de 1902 relativa a la efec-tividad de sentencias no tiene aplicación, estoy conforme con la opinión del tribunal. Sin embargo, si la ley impugnada no es inconstitucional, entonces no surge causa de acción al-guna en los demandantes, y no puede expedirse orden pro-hibitiva de clase alguna. Debile fimdamentum fallit opus. Asimismo, suponiendo que la ley sea inconstitucional, si los demandantes, cualesquiera que fuesen sus derechos, por otra parte no tenían cansa de acción contra el Gobernador, enton-ces, de igual modo, no podía expedirse orden prohibitiva en este caso. Sostuvieron los demandantes, si no estoy equi-vocado, que la suficiencia de la demanda no podía ser inves-tigada. Empero, si la falta de causa de acción inevitable-mente daría al traste con la orden de aseguramiento, la dis-cusión de aquélla no puede considerarse como obiter dicta. Originalmente, los demandantes insistieron en que no debía considerarse en este tribunal cuestión alguna de constitueio-nalidacl. Los abogados del Gobierno igualmente creyeron que tal discusión era innecesaria, ya que sostenían que, aten-didos los términos del estatuto de 1902, no podía librarse el aseguramiento. Mantengo, sin embargo, que, como la consi-deración de las cuestiones constitucionales podría poner tér-mino a toda la controversia, y el asunto estaba debidamente ante nosotros, llegó a ser mi deber escudriñar la demanda para determinar si procedía algún remedio contra la posi-ble actuación del Gobernador. Una contestación negativa tendería a sacar este caso de las cortes más rápidamente, y probablemente otros casos.

Antes de terminar la vista del caso en algunas de sus va-rias etapas, las cuestiones constitucionales fueron discutidas hasta cierto punto por ambas partes. Según resuelve la opi-nión, la presunción de constitucionalidad está fuertemente a favor de un estatuto. Por tanto, era deber de los demandan-tes controvertir esta presunción. Ellos no lo han hecho. Por el contrario, el estudio que me ha sido posible hacer me convence de que no se ha alegado fundamento alguno de in-constitucionalidad que pueda destruir la totalidad de la ley. Tal vez puedan prevalecer algunos motivos de nulidad, pero no militarían contra la constitucionalidad de la ley como un todo. Procederé a examinar los principales fundamentos alegados y discutidos contra la constitucionalidad de la ley.

Una de las principales cuestiones a que he prestado consi-deración es que la ley fué aprobada después del 15 de abril de 1931, mientras que por virtud de nuestra Carta Orgánica la sesión legislativa debió haber terminado en dicho día. La ley, sin embargo, ha sido “enrolada” y certificada por el Presidente del Senado y el de la Cámara de Representan-tes, e impresa en las leyes de Puerto Rico. Bajo esta situa-ción, a menos que los demandantes puedan demostrar que el caso es distinto, una ley así “enrolada” no puede impug-narse. Field v. Clark, 143 U.S. 649, 700; Chesapeake & Potomac Telephone Co., v. Manning, 186 U.S. 238, 245; Flint v. Stone Tracy Co., 220 U.S. 107, 143; Leser v. Garnett, 258 U.S. 130, 137; y para un caso más directo que envuelve la terminación de la sesión en la fecha fijada por la Constitu-ción, véase Capito v. Topping, 22 L.R.A. (N.S.) 1089, 64 S.E. 845.

La Ley No. 99 no es en sentido alguno mía para obtener ingresos, según arguyen los demandantes. Cuando los in-gresos son un incidente de la ley principal, el principio cons-titucional invocado no es aplicable. Tan sólo cuando el fin de la ley es claramente obtener rentas, es que el proyecto debe originarse en la Cámara de Representantes. La Legis-latura, de conformidad con los artículos 29 y 37 de la Carta Orgánica, tiene poder para abolir o crear municipios, y puede otorgar todas las medidas o facultades necesarias para po-ner en vigor la ley. Twin City Bank v. Nebeker, 167 U.S. 196; Millard v. Roberts, 202 U.S. 429; United States v. Norton, 91 U.S. 566; Northern Counties Invest. Trust v. Sears, 30 Oregon 388, 41 Pac. 931, 35 L.R.A. 188 y nota; Rankin v. City of Henderson, 7 S.W. 174. Es interesante notar también que la llamada Ley Foralcer organizando nn gobierno civil para Puerto Rico mny probablemente se ori-ginó en el Senado de los Estados Unidos.

Se presentaron varias objeciones al títnlo de la ley. Cuando ha de crearse un municipio y hacia este hecho se llama la atención en el título, éste se convierte en un rótulo de lo que contiene la ley. Los actores mantuvieron que cier-tas materias no fueron mencionadas en el título, pero la ley también contiene un gran número de otras que tampoco lo fueron. • La conclusión a que he llegado, sostenido por los tribunales, es que si la contención de los demandantes hu-biera de prevalecer, prácticamente habría que hacer men-ción en el título a todas las cláusulas de una ley. Como au-toridades para este párrafo cito Montclair v. Ramsdell, 107 U.S. 147; Louisiana v. Pilsbury, 105 U.S. 278; Carter County v. Sinton, 120 U.S. 517, 526; Blair v. Chicago, 201 U.S. 400; Rodríguez v. P.R. Ry. Lt. & P. Co., 30 D.P.R. 931.

Se alega bajo consideraciones similares que la ley fué en-mendada a tal extremo que se convirtió prácticamente en un nuevo proyecto. Las autoridades son claras en el sentido de que cuando se substituye el anterior por un nuevo pro-yecto, si los cambios efectuados son germanos al título o al propósito del título, no se viola precepto constitucional al-guno. Cito, por la aplicación que pudieran tener, los si-guientes casos: Wood v. City of Wheeling, 102 S.E. 259; Devock v. Moore, 63 N.W. 424; Threft v. Towers, 95 Atl. 1064; Attorney General ex rel Pack v. Barton, 11 Mich. 367; State ex rel McCaffery v. Mason, 55 S.W. 636; State ex rel Davis Atty. Gen. v. Cox, 178 N.W. 913; Southern R. Co. v. Memphis, 41 L.R.A. (N.S.) 828, 838; People ex rel Hart v. McElroy, 40 N.W. 750; Southern Ry. Co. v. Mitchell, 37 So. 85.

Igualmente, también creo que se hizo una identificación suficiente del municipio de San Juan al referirse la ley a la “Capital”. Popularmente, San Juan es con frecuencia men-cionado como la capital. Además, la Ley Orgánica dispone que la capital de Puerto Rico será la ciudad de San Juan, manteniéndose en ella el asiento del gobierno.

Respecto al derecho al voto, la Legislatura no está obli-gada a otorgar a los ciudadanos de un municipio el derecho inmediato a votar. El gobierno de los municipios está en-teramente bajo el dominio de la Legislatura. En el caso de Martínez Nadal v. Saldaña, 38 D.P.R. 446, la cuestión en-vuelta era el derecho a votar para ciertos cargos como el de Comisionado Residente en Washington, en que este de-recho estaba protegido por la Carta Orgánica. El pueblo tiene derecho a elegir sus senadores y representantes, y la legislatura así constituida se supone que exprese la voluntad del pueblo.

Aun asumiendo que la ley sea inconstitucional, los de-mandantes no me convencen de que el derecho que el Gober-nador tiene a hacer nombramientos sea otra cosa que uno de carácter político, y la regia general es que las cortes no pue-den intervenir en la discreción política. Luther v. Borden, 7 How. 1; State of Georgia v. Stanton, 6 Wall 50; New Jersey v. Sargent, 269 U.S. 328; Taylor and Marshall v. Beckham (No. 1) 178 U.S. 548, 557; Pacific Telephone Co. v. Oregon, 223 U.S. 118.

Como pleito de injunction, estoy inclinado al criterio de que, a virtud de la sección 4 de la ley de injunctions, no po-dría expedirse una orden prohibitiva contra el Gobernador.

Como hemos resuelto que el pleito es uno de injunction, se hace innecesario considerar ampliamente algunas de las cuestiones principales planteadas por las partes. Bajo el razonamiento contenido en los alegatos del Gobierno y el original del amicus curiae, me inclino fuertemente al criterio de que, aun considerando el presente como un pleito ordinario, no surgiría obligación alguna de no hacer. Asimismo, que excepto' en pleitos de injunction la acción sería prematura. Lo que quiero decir es que desde cualquier aspecto que se mire el caso, los demandantes no tienen relación o nexo al-guno a su favor con el Gobernador en lo que se refiere al po-der de éste para nombrar.

Estoy autorizado para decir que mis colegas no disien-ten necesariamente de la mayor parte de las consideraciones de esta opinión, pero creen que es poco aconsejable discutir-las todas en este recurso de certiorari.

Por las razones que anteceden, soy de opinión que la or-den de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 24 de ju-lio, 1931, debe ser anulada.


text:
    Ex Parte Finlay, Waymouth & Lee, peticionaria y Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores, interventora-apelante.
    No. 4851.

    Sometido: Abril 29, 1930.

      Resuelto: Noviembre 17, 1931.

      H. Torres Sola, abogado de la apelante; Garlos J. Torres, abogado del administrador judicial.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Algún tiempo después del nombramiento de nn adminis-trador judicial del caudal hereditario de Frank B. Hatch, Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores, que en lo sucesivo será mencionada como la apelante, compareció como interventora y solicitó:

Primero, que se eliminaran de los autos dos documentos fechados junio 15 y agosto 17 de 1925, suscritos por un le-trado como abogado de la viuda de Hatch, en los cuales la última renunciaba a su derecho en la herencia.

Segundo, que se anularan dos órdenes, una nombrando un administrador provisional, y la otra haciendo el nombra-miento permanente.

Tercero, que se decretase la nulidad de una fianza pres-tada por el administrador judicial y que se anularan todas las actuaciones de tal administrador con arreglo a la misma.

Cuarto, que se dejara sin efecto una orden de octubre 27 de 1926 para la distribución de $5,000 entre los acreedores que habían establecido sus créditos, y otra de noviembre 13 de 1926 para la venta de bienes muebles e inmuebles sin pre-via notificación a las partes interesadas, los herederos des-conocidos y los acreedores; y,

Quinto, que se declarara la validez y la efectividad de una sentencia obtenida por la interventora en junio de 1925, y el derecho de la interventora a una ejecución de tal sentencia mediante la venta de ciertos bienes embargados.

Hatch falleció en mayo 8 de 1925. Eh,9 de mayo la ape-lante inició una acción contra su viuda, Carmen Hernández, y John Doe y Richard Roe, como sus herederos desconoci-dos. Se libró un embargo que fué trabado sobre una parti-cipación pro indivisa en cierto predio de terreno. Más tarde, después del hallazgo de un testamento, la corte de distrito, a instancias de la apelante, ordenó qne los demandados des-conocidos fueran substituidos por Carmen Hernández como única y universal heredera por virtud del testamento. La demanda fué enmendada de conformidad, y en junio se ob-tuvo sentencia en rebeldía contra la viuda.

El primero de julio la apelante obtuvo permiso para ha-cer parte en la acción contra la viuda al administrador judicial últimamente nombrado. Ni la demanda ni el empla-zamiento fueron enmendados agregándoles el nombre del ad-ministrador como parte. El administrador no fué empla-zado.

Actuando en consonancia con un mandamiento de ejecu-ción, el márshal entonces se incautó de $1,581.05 depositados en un banco por el administrador interino a nombre de la sucesión de Frank B. Hatch, y libró cheque por esa suma a favor de la apelante. Luego la apelante obtuvo una orden para la expedición de otro mandamiento de embargo por el balance insoluto de la sentencia ascendente a $1,742.68.

La propiedad embargada estaba bajo la custodia del ad-ministrador judicial. La apelante había radicado moción en el procedimiento de administración para que se le permitiera vender los bienes embargados. La corte no había conside-rado esta moción. No se llamó la atención del juez de dis-trito hacia esos hechos y él ordenó la expedición de un man-damiento de ejecución. Cuando el administrador judicial tuvo conocimiento de que los bienes embargados estaban pró-ximos a ser vendidos solicitó se dictara una orden para que la apelante y el márshal se abstuvieran de proceder a la venta en ejecución. La apelante se opuso a lo pedido. El juez de distrito a quien le fué presentada la moción ordenó entonces que los bienes en cuestión no se vendieran hasta tanto ge con-siderara y resolviera la moción solicitando permiso para ven-derlos. El próximo paso que dió la apelante fué presentar la moción primeramente aludida. El presente recurso es contra una orden declarándola sin lugar.

La primera contención de la apelante es que la corte de distrito erró al fundar su resolución en el récord,' en la prueba documental aducida y en los alegatos, sin tomar en consideración las declaraciones y las admisiones liechas du-rante la vista tal como aparecen del récord de la misma.

La orden recurrida expresa haber sido dictada después de un examen de los autos en el procedimiento de adminis-tración, de la prueba documental aportada en apoyo de la moción, y de los alegatos sometidos. Es una inferencia ló-gica que si el testimonio fué discutido en el alegato fué con-siderado por la corte en el curso de su examen de los alega-tos. Si no fué así discutido, la apelante no tendría motivos para quejarse de que la corte dejara de hacer mención espe-cífica del mismo en la orden. Sin embargo, no se desprende de la omisión de cualquier referencia específica a las declara-ciones que éstas no fueran consideradas por ia corte. Por el contrario toda presunción está en favor de la corrección de lo actuado por la corte, y no podemos asumir con la ape-lante que el juez no consideró las declaraciones.

La segunda contención de la apelante es que la corte erró al no eliminar de los autos los dos documentos fe-chados junio 15 y agosto 17 de 1925, y suscritos por un abo-gado en representación de la señora Hatch, en los que ella renunció su derecho a la herencia.

En la vista de la moción se admitió que las minutas no contenían mención alguna de una orden, que en sí formaba parte del récord, decretando que la renuncia de agosto 17 de 1925 fuera agregada a los autos. También se admitió que no se habían adherido ni cancelado sellos de rentas internas en ninguna de las dos renuncias, y que no se hizo mención de uno u otro documento en el registro de causas civiles.

La apelante cita de FairalPs Code of Civil Procedure, 407, lo que sigue:

“Una alegación preparada con el fin de radicaría no es tal en realidad hasta tanto sea radicada y se .haga formar parte de los autos. Fletcher v. Maginnis, 136 Cal. 362, 68 Pac. 1015.”

El artículo 974 del Código Civil dispone que :

“La repudiación de la herencia deberá hacerse en instrumento público 'o auténtico, o por escrito presentado a la corte de distrito competente para conocer de la testamentaría o del abintestato. ”

La solicitud de administración judicial fue radicada en ju-nio 11 de 1925. El 13 de junio, la corte de distrito ordenó que se citara a la viuda y a todos los acreedores para una vista que se celebraría el 22 del mismo mes. Inmediatamente des-pués de esta orden, en el expediente del procedimiento de administración judicial aparece el escrito fechado junio 15 de 1925 y firmado “F. B. Fornaris, Abogado de Carmen Her-nández Yiuda de Hatch”, en el cual la viuda comparece, re-conoce haber sido notificada de la petición para el nombra-miento de un administrador judicial, y renuncia su derecho como heredera. El 24 de junio se radicó una petición en-mendada. El mismo'día el juez de distrito fijó fecha para otra vista y ordenó' que se citara a la viuda, los herederos, los acreedores y otras personas interesadas para que compa-recieran, alegaran sus derechos y mostraran las razones por las cuales no debía nombrarse un administrador judicial. Al mismo tiempo y por la misma orden se designó también a un administrador interino.

El escrito fechado agosto 17 acusa notificación de la pe-tición enmendada, y en otros respectos tiene la misma forma que el fechado junio 15. Lleva un endoso por el juez de dis-trito ordenando que se agregue al récord y otro endoso por el secretario haciendo constar que fué radicado en agosto 18.

Ninguno de los dos escritos de que se trata cae dentro de ninguna de las clasificaciones contenidas en el arancel esta-blecido por la “Ley regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales de Puerto Pico y para otros fines.” (Leyes de 1915, página 45.) Ambos fueron radicados en respuestas a notificaciones hechas a la viuda en persona. Cualquiera que sea el signi-ficado de la sección 159 de los Estatutos Revisados, no se des-prende qne cualquier documento radicado por nn abogado debe eliminarse del récord por la teoría de qne no es obliga-torio para sn cliente meramente porqne el secretario olvide fijarle el sello de radicación o mencionarlo, bien en las mi-nutas de la corte o en el registro de cansas civiles a qne se refiere el artículo 351 del Código de Enjuiciamiento Civil. Si el administrador judicial y la corte de distrito se sintie-ron satisfechos con lo dicho por el abogado de la señora Hatch, no vemos motivo por el cual debió dársele razón a la apelante al sostener, a falta de cualquier protesta u objeción de parte de la señora Hatch, que ésta no estaba obligada por esa manifestación. Véanse Ex parte Morales, 30 D.P.R. 907; Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson, 25 D. P.R. 1.

La tercera contención es que la corte de distrito erró al negarse a anular sus dos órdenes nombrando, primero, a un administrador interino, y posteriormente a uno permanente. El argumento es en síntesis: que debe presumirse que la viuda aceptó el testamento hasta que aparézca lo contrario; que el caso no cae dentro del artículo 25 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales (Estatutos Revisados, Sección 1564); que los acreedores debieron haber entablado pleito para obligar a la viuda a que eligiera antes de presentar la solicitud de administración judicial.

El artículo 25 de la ley especifica ciertos casos en que se hace necesario un administrador judicial. No excluye la po-sibilidad de tal administración bajo cualesquiera otras cir-cunstancias.

Por los términos del artículo 886 del Código Civil “la sucesión legítima tiene lugar . . . cuando el heredero . . . repudia la herencia sin tener substituto y sin que haya lu-gar al derecho de acrecer.” En el caso de autos la peti-ción enmendada contenía la alegación por información y creencia de que la viuda no se opondría al nombramiento de un administrador, y solicitaba que se la citara para compa-recer a la vista. Después que la viuda fué notificada con co-pia de la petición y del testamento que a la misma se acom-paño, y con una orden para mostrar causas por las cuales no se debía nombrar un administrador, ella compareció y for-malmente renunció a su herencia. El requerimiento que así se le hizo y su respuesta al mismo eran tan efectivos como lo hubiera sido una acción independiente para obligarla a ele-gir. El procedimiento seguido es el prescrito por el ar-tículo 26 de la Ley de Procedimientos Especiales. El ar-tículo 30 de la misma ley autoriza el nombramiento de un administrador interino cuando no haya albacea testamen-tario.

El cuarto motivo de esta apelación es que la corte de distrito cometió error al no anular dos órdenes fechadas octubre 27 y noviembre 13 de 1926.

Por la primera de esas dos órdenes la corte autoriza la distribución de $5,000 entre los acreedores cuyos créditos hu-bieran sido aprobados. La apelante no había presentado su crédito .para su aprobación. Al tiempo de la orden el már-shal tenía en su poder algo más de $9,000. La contención de que la corte erró al negarse a dejar sin efecto esa orden, tal como ha sido presentada en el alegato de la apelante, no requiere mayor consideración.

■ Por la orden de noviembre 13 la corte autorizó la venta de ciertos bienes muebles e inmuebles. La participación pro-indivisa embargada al iniciarse el pleito de la apelante contra los herederos desconocidos fué incluida en esta orden. Ese embargo jamás había sido anulado, y, sin su previa anu-lación, el juez de distrito no debió haber autorizado al admi-nistrador judicial a vender los bienes embargados.

La contención final de la apelante es que la corte de distrito erró al no resolver que la sentencia dictada en el pleito seguido contra los herederos de Hatch era válida y efectiva, que el embargo de la participación pro indivisa era asimismo válido y efectivo y que los bienes embargados debían ser vendidos en ejecución.

La moción primeramente aludida abarca unas diez o doce páginas escritas a máquina y contiene veinte o más párra-fos, además de la súplica. Parte del séptimo párrafo parece haberse omitido al hacerse la transcripción. La porción co-piada en el récord se refiere a la adición del administrador como parte, y aparentemente asume qne se le hizo parte. El noveno párrafo parafrasea el contexto del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Especiales (Estatntos Revisados, Sección 1590) y esboza la conclnsión de qne la acción de la apelante no fné interrumpida por el nombramiento de nn administrador. El décimo es una alegación específica de que la acción no quedó interrumpida por el nombramiento de un administrador y que el administrador fué substituido como demandado. El décimoquinto alega que la apelante es acreedora, por sentencia, de Hatch y de su caudal here-ditario, y como tal ha embargado la participación pro indi-visa de cierto inmueble, describiéndolo. El argumento en- el alegato de la apelante es una elaboración de esa alegación.

El punto respecto a la validez y efectividad de la senten-cia obtenida por la apelante en el pleito contra la viuda no estuvo envuelto en el procedimiento de administración, salvo en lo que concernía a la propiedad en poder del administra-dor judicial. Ya hemos resuelto que la corte de distrito erró al autorizar al administrador judicial para vender el inmue-ble embargado como de la propiedad de los herederos descono-cidos al comenzar el pleito contra tales herederos. Antes de ser citados esos herederos por edictos, sin embargo, se desis-tió la acción contra ellos, por lo menos temporalmente, cuando la viuda fué substituida como parte demandada. El admi-nistrador judicial nunca fué llevado al pleito como deman-dado. El que se declarara con lugar una moción pidiendo permiso para traerlo al pleito no lo hizo parte. En lo que respecta a todos los bienes en poder del administrador judicial que no fueron embargados, bastaba con que la viuda compareciera en los procedimientos de administración y re-nunciara su derecho a los mismos bajo el testamento. Ella no había sido privada de su privilegio de elección por el he-cho de que se registrara sentencia en rebeldía en su contra. Rosa v. Sucesión García, 32 D.P.R. 586.

La apelante no estaba urgiendo, ni lo había hecho jamás, que el juez de distrito resolviera la moción presentada en el procedimiento de administración solicitando permiso para vender la propiedad embargada bajo mandamiento de eje-cución. El juez de distrito no erró al abstenerse de especu-lar respecto a la validez y efectividad de la sentencia en re-beldía en ningún aspecto de la misma que no estuviera en-vuelto en la teoría de la moción de la apelante entonces bajo consideración. ,

Debe revocarse la orden recurrida en cuatüo se refiere a la negativa a dejar sin efecto la orden anterior autorizando la venta del inmueble embargado. Se dejan sin efecto la dicha orden anterior y todos los procedimientos posteriores a virtud de la misma en lo referente a la venta de tal inmue-ble, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos en lo que respecta a esa propiedad. En todos los demás parti-culares, la orden apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoií Hittchisow,

text:
    Sucesión de Francisco María Franceschi, compuesta de sus únicos y universales herederos Don Juan y Don José María Franceschi, Angel y Blanca Massari y Domingo, Salvador y Estrella Margarita Leandri, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 856.

    Sometido: Noviembre 2, 1931.

      Resuelto: Noviembre 17, 1931.

      López de Tord & Zayas Pisarro, abogados de los recurrentes; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoií Hittchisow,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Dragoni compró una hacienda y otorgó una hipoteca. La escritura de compraventa y la de hipoteca se incorporaron en un solo instrumento. Dragoni presentó la escritura para inscripción. Al presentarse el documento el registrador hizo constar el hecho de que no se había solicitado inscripción de la hipoteca. El asiento que posteriormente hizo contenía la siguiente aseveración:

“El documento c'omprende un contrato de hipoteca a favor de Francisco María Franceschi, de que no se pide inscripción.”

Después, en el mismo asiento, el aludido documento se identificaba como sigue:

“Lo referido consta del registro y de copia de la escritura nú-mero veintiocho, otorgada en P’onee, a diecinueve de febrero de mil novecientos veintisiete ante el Notario Francisco Parra Capó, pre-sentada en esta oficina a las diez y diez minutos de la mañana del día treinta y uno de mayo últim'o, según el asiento de presentación y folio ciento noventa y cinco del tomo ciento cuarenta y tres del Diario.1 ’

Dragoni entonces vendió la finca a Andrés G-rillasca, y la escritura se inscribió. El asiento de inscripción no indica que el documento contenía la cláusula usual relativa a gravá-menes pendientes. Sí demuestra que el comprador asumió responsabilidad por sólo aquellos gravámenes que hubieran sido previamente inscritos.

El mismo día Grillasca otorgó un pagaré por $15,000 pa-gadero al portador, y una hipoteca para garantizar el pago. Esta hipoteca también fue inscrita en el Registro de la Pro-piedad. Si el documento hizo alguna mención de gravámenes preexistentes, ese liecho no aparece del asiento.

Grillasca entonces otorgó contrato de arrendamiento por diez años a favor de María Dragoni y Dragoni. El único gravamen preexistente mencionado en el contrato de arriendo fué una hipoteca a favor del endosatario de cierto pagaré qne se decía haber sido endosado a una tercera persona no iden-tificada.

Posteriormente el registrador se negó a inscribir la hi-poteca de que primeramente se hace mérito porque la misma no había sido expresamente mencionada en el asiento de inscripción como una carga sobre la finca cuando la escritura de compraventa fué inscrita, y la propia finca había sido traspasada en el ínterin y nuevamente gravada.

A falta de alegato alguno del registrador y de algo más específico que su aseveración de que la hipoteca no había sido expresamente mencionada cuando la escritura de compra-venta fué inscrita, mal podemos explicarnos ese aserto. Nuestra conclusión es que la hipoteca fué expresamente men-cionada, y que, por la autoridad de los casos de Bello et al. v. Registrador de Arecibo, 31 D.P.R. 118, y Monserrate v. Registrador de Guayama, id. 796, debe revocarse la nota re-currida.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    Rafael Porrata Doria, demandante y apelante, v. Caribbean Casualty Co., demandada y apelada.
    No. 4960.

    Sometido: Marzo 19, 1930.

      Resuelto: Noviembre 18, 1931.

      Bubón & Ochoteco, abogado del apelánte; J. Sifre Jr. j Diego O. Marrero, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Eafael Porrata Doria instó pleito contra la Caribbean Casualty Co. para recobrar $1,000. La demandada admitió una deuda de $100, y después de otras admisiones y negacio-nes interpuso reconvención por $481.17. La contestación so-licitaba se dictara sentencia a favor de la demandada por $381.17. La corte de distrito, ójespués de celebrar juicio sobre los méritos del caso, declaró que los lieclios eran tales como los alegó la demandada, y dictó sentencia de acuerdo con la solicitud de aquélla de remedio afirmativo.

Las cortes municipales tienen jurisdicción exclusiva “en todos los asuntos civiles.basta la suma de 500 dollars, intereses inclusive.” Compilación, sección 1173; Lowande v. García, 12 D.P.R. 302; Hernández Mena v. Blanco, et al., 22 D.P.R. 773; González v. Rosado, 23 D.P.R. 1; y Pujals Carlo v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 92.

En el caso presente da reconvención se alegó como base para remedio afirmativo — salvo en lo que respecta a los $100 que se admitió deber al demandante — y no en rebaja de los $900 que constituían el remanente de la reclamación del de-mandante. No era “una causa de acción derivada de la tran-sacción aducida en la demanda como fundamento de la re-clamación del demandante, o relacionada con el objeto de la acción.” Emanó de contratos enteramente independientes. La corte de distrito carecía de jurisdicción para conceder a la demandada remedio afirmativo alguno. 1 Bancroft Code Practice, 937, Sección 631; 23 Cal. Jur. 224; 24 R. C. L. 796, Sección 6.

Debe revocarse la sentencia apelada.


text:
    Víctor A. Ramírez, por sí y en representación de su hija menor Gumersinda Ramírez y Bayron, y como administrador de la Sociedad de Gananciales constituida por él y su esposa Doña Carmen Bayron de Ramírez, demandantes y apelantes, v. Manuel Marín, demandado y apelado.
    No. 4980.

    Sometido: Mayo 1, 1980.

      Resuelto: Noviembre 18, 1931.

      N<murio (& Carda Méndez, abogados de los apelantes; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en una acción por daños personales re-cibidos con motivo de un accidente de automóvil, apelan de una sentencia adversa y dicen que la corte de distrito erró al permitir que el demandado introdujera en evidencia cierto escrito con el fin de impugnar uno de sus testigos.

El abogado del demandado, mientras examinaba a uno de sus testigos, anunció que ciertas manifestaciones hedías por el dicente eran una sorpresa para el demandado. Interrogado el testigo si en determinado momento y sitio había hecho una manifestación ante el abogado Pascasio Fajardo y nn tal Valdés, contestó en la afirmativa. Al testigo en-tonces se le pidió que examinara el escrito de que se trata y el abogado de los demandantes se opuso por el fundamento de que la impugnación debía proseguir sin que se mostrara el documento. La corte desestimó la objeción e indicó al abogado que le preguntara al testigo si ésa era su declara-ción. El testigo contestó qne lo era, pero agregó que se omi-tieron ciertos extremos porque él estaba muy nervioso en el momento de prestarla. Se llamó la atención del testigo a cierta parte del escrito en que él babía manifestado que babía sacado el carro sin permiso del Sr. Marín, y el testigo con-testó :

“Yo tenía permiso para sacar sin autorización cualquier carro de la casa.”

Se le pidió entonces qne leyera el documento y que dijera si él había becbo las manifestaciones en él contenidas y que identificara su firma. Contestó qne estaba bien, salvo en cuanto a la omisión ya indicada, debida a su estado nervioso. En respuesta a otras preguntas el testigo admitió que el día antes del juicio su declaración escrita le fué leída por el abo-gado del demandado y que entonces le babía dicho a ese abogado que era cierta. El documento fué luego ofrecido en evidencia' y admitido por la corte con el único fin de contra-decir al testigo en cuanto a los extremos previamente decla-rados por él. El abogado de los demandantes se opuso a la admisión del documento por el motivo de que no se trataba de una declaración jurada, y la objeción fué declarada sin lugar. La representación legal de los demandantes entonces sostuvo que no babía contradicción alguna pero se allanó a la admisión del documento por el valor que pudiera tener. El documento fué entonces nuevamente admitido como prueba y el abogado de los demandantes tomó excepción por el fun-damento de que Valdés era representante de la compañía de seguros. La corte indicó que tal carácter representativo no era óbice a la admisión del documento en evidencia y agregó que el liecbo en sí no se había demostrado. A un ofrecimiento hecho para establecer el carácter representativo de Yaldés, la corte replicó que el documento ya había sido admitido en evidencia y sugirió que se le pidiera al testigo que se expli-cara. El testigo fué entonces examinado por el abogado de los demandantes respecto a su declaración anterior.

El artículo 159 de la Ley de Evidencia, referente a decla-raciones contradictorias previamente hechas, taxativamente dispone que

‘ ‘ Si las manifestaciones se hicieron por escrito, deberán enseñarse al testigo antes de podérsele interrogar acerca de ellas.”

La sabiduría de semejante requisito puede ser cuestionada (véase Wigmore on Evidence, 2da. ed., vol. 2, págs. 277, 487, 875, secciones 906, 1036 y 1259), pero ése es un asunto a ser considerado por la legislatura. La fraseología del estatuto es clara.

Otros puntos sugeridos por la argumentación de la parte apelante en cuanto quedan cobijados por el señalamiento, no exigen seria consideración. La corte no erró al admitir el documento.

Los apelantes también alegan que la corte de distrito erró al sostener que el demandado no era responsable de los daños causados por la negligencia de su chauffeur Nicolás Duperón, y que al así resolver aplicó torcidamente la doctrina de respondeat superior.

Puede admitirse que la evidencia de los demandantes es-tableció un caso prima facie bajo la autoridad de Truyol & Ca. v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361; Cortijo v. Domínguez, 36 D.P.R. 936; Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 499; Guzmán López v. Ortiz, 39 D.P.R. 184; y Sánchez v. The Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104. El juez de distrito declaró, sin embargo, que Duperón había sacado el carro del garage a altas horas de la noche y que al tiempo del accidenté lo usaba para su diversión y la de sus amigos, sin conoci-miento o consentimiento del demandado, el dueño. La prueba del demandado sostiene plenamente estas conclnsiones. Tam-bién Inibo testimonio a favor de los demandantes qne tendió a demostrar qne Dnperón había sido enviado a hacer ciertas gestiones por otro empleado del demandado, pero esto fné contradicho por otras declaraciones presentadas por el de-mandado, y la conclusión del juez de distrito sobre este punto fue igualmente adversa a los demandantes. El juez de dis-trito no erró ni en sus conclusiones de hecho, ni en las de derecho basadas en aquéllas.

Lo que hemos dicho resuelve prácticamente otra cuestión discutida por separado en el alegato de los apelantes, que envuelve un supuesto error al apreciar la prueba y al dictar sentencia contraria a aquélla.

En vista de las consideraciones que anteceden, no creemos que sea necesario discutir otra contención de . los apelantes que aparece en primer término en el señalamiento de errores, en el sentido de que la corte de distrito erró al sostener una excepción previa por indebida acumulación de partes deman-dantes, interpuesta después de haber sido declarada sin lugar una excepción previa anterior de falta de hechos suficientes para determinar causa de acción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

text:
    María Hortensia, María Esperanza y Ramón Pastor Díaz y Molinary, peticionarios y apelados v. Manuel Cividanes Alonso, opositor y apelante.
    No. 4987.

    Sometido: Mayo 22, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; A. Porrata Doria, abogado de las apeladas María Hortensia y María Esperanza Pastor Díaz; Agustín E. Pont, abogado del apelado Ramón Pastor Díaz.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

María Esperanza Díaz solicitó de la corte de distrito la entrega de cincuenta acciones expedidas como dividendo, de-positadas en corte por un administrador judicial, y recla-madas por la referida María Esperanza Díaz (a quien en lo sucesivo se le designará como la peticionaria) como producto de doscientas cincuenta acciones que le fué adjudicado en una distribución del activo de una herencia después de haberse declarado tal dividendo. El administrador judicial solicitó que se desestimara la petición y que se dictara una orden de-cretando la reintegración por la peticionaria a la custodia de dicho administrador o de la corte de las doscientas cincuenta acciones en poder de aquélla. La corte de distrito resolvió que tanto las cincuenta acciones como las doscientas cincuenta eran propiedad de la peticionaria, se negó a ordenar la devo-lución de las doscientas cincuenta acciones y ordenó al se-cretario que entregara las cincuenta acciones a la peticionaria.

Las doscientas cincuenta acciones formaban parte de una nueva emisión, autorizada en substitución de acciones previa-mente expedidas.

El administrador judicial había recibido las doscientos cincuenta acciones, al tipo de cinco a una, a cambio de las cincuenta acciones de la emisión anterior. El valor a la par de cada una de las cincuenta acciones era $100. El de cada acción de la nueva emisión era $20. Varios contadores par-tidores sucesivamente nombrados por la corte de distrito ha-bían tratado de efectuar Tina división y distribución de la consabida herencia antes de que el informe del último nom-brado fuera aprobado por la corte. El informe rendido por el primero de estos contadores partidores antes de efectuarse el cambio arriba consignado, describe las cincuenta acciones por el número del certificado original. Inventarios e infor-mes posteriores, incluso el cuaderno particional finalmente aprobado por la corte de distrito, siguieron esta descripción. El administrador judicial no llamó la atención de los con-tadores partidores que practicaron esos inventarios y rin-dieron esos informes hacia el hecho de que las cincuenta ac-ciones aludidas en el primer inventario se habían cambiado por las doscientas cincuenta acciones posteriormente expe-didas. Por el contrario, en presencia de otras partes inte-resadas y del juez de distrito él endosó y entregó a la peti-cionaria las doscientas cincuenta acciones y depositó las cincuenta que había expedido como dividendo, ínterin se determinara la cuestión suscitada por él respecto al título de la peticionaria a las mismas. El que el contador partidor dejara por inadvertencia de cambiar la descripción de las cincuenta acciones mencionadas en el inventario original de forma que correspondiera al nuevo número del certificado, dejando así de adjudicar específicamente las doscientas cincuenta accio-nes a la peticionaria, no debe ahora permitirse que vulnere su reclamación. La adjudicación de las cincuenta acciones descritas en el inventario original era en substancia y en efecto una adjudicación de las doscientas cincuenta acciones recibidas por el administrador judicial a trueque del certifi-cado original.

La adjudicación, tal como fué hecha, no transfirió el título de las cincuenta acciones ya expedidas como dividendo. Pueden haber excelentes motivos por los cuales estas acciones debieron haber sido adjudicadas o deban serlo ahora a la pe-ticionaria. A falta de adjudicación o distribución de esas acciones, éstas pertenecen a todos los herederos en común.

Durante la vista en la corte de distrito el administrador judicial introdujo el récord en el procedimiento de adminis-tración como evidencia tendente a demostrar que las dos-cientas cincuenta acciones jamás Rabian sido entregadas a la peticionaria. El administrador judicial al ser llamado -a la silla como testigo de la peticionaria, negó que Rubiera endo-sado el certificado de doscientas cincuenta acciones, pero admitió que Rabia escrito su nombre al dorso y lo Rabia en-tregado al juez de distrito en cámara, en presencia de su abogado y de un número de otros testigos. Esta declaración y las de otros testigos en torno a lo que ocurrió al tiempo de la entrega por el administrador judicial de las doscientas cincuenta acciones fueron objetadas por no propender a con-tradecir testimonio alguno aducido por el administrador judicial. Era admisible, sin embargo, en refutación de la prueba documental ofrecida por el administrador para demostrar que el récord no revelaba entrega alguna de las doscientas cincuenta acciones a la peticionaria.

Celestino Domínguez, abogado del administrador judicial al tiempo de la reunión de las partes interesadas en el des-pacho privado del juez de distrito, declaró que no se suscitó cuestión alguna en cuanto a las doscientas cincuenta acciones, cuyo certificado Rabia sido endosado voluntariamente y en-tregado a la peticionaria por el administrador judicial en presencia del juez de distrito, y ese testigo y el abogado de otra de las partes interesadas también firmaron como testigos. Esta declaración fué objetada por tratarse de una comunica-ción privilegiada. No era en sentido alguno tal comunicación sino una simple narrativa de lo que ocurrió en la reunión de que se trata. De todos modos era meramente acumulativa y su omisión o eliminación no Rabría afectado el resultado.

Otros testigos declararon que el mismo Domínguez llenó los blancos en el endoso que fué luego firmado por el admi-nistrador judicial. Este testimonio explica el intento evasivo del administrador judicial de Racer distinción entre el endoso y su firma.

Otras contenciones del apelante en cuanto tienen algún mérito como cuestiones abstractas de derecho o en alguna otra forma, no exigirían la revocación de la conclusión a que llegó el juez de distrito en lo concerniente a la propiedad de las doscientas cincuenta acciones.

Debe revocarse la orden de la corte de distrito de enero 23, 1929, declarando que las cincuenta acciones libradas como dividendo son de la propiedad de la peticionaria y ordenando al secretario de la corte de distrito que entregara a aquélla él certificado. La orden de la misma fecha declarando que las doscientas cincuenta acciones son de la propiedad de la pe-ticionaria y denegando la moción del administrador policial recabando la reintegración a su custodia o ala de la corte de las doscientas cincuenta acciones, debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Ana María Sugar Co., Inc., demandante y apelada, v. Automobile Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 4931.

    Sometido: Noviembre 25, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Dubón & Ochoteco, abogados de la apelante; J. Alemañy 8osa, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un número de edificios con sus anexos, maquinaria y otras propiedades, conocido todo ello como la Central Ana María, fue asegurado contra pérdida directa o avería a causa de tormenta, ciclón o tornado basta la suma de $150,000 en dos compañías distintas. Cada compañía asumió la mitad del riesgo. La demandada en el caso de autos apela de una sentencia adversa por una cantidad que representa la mitad del valor de una chimenea que se alega fué derribada por un viento fuerte. La póliza contiene una cláusula que lee en parte así: “Pérdida o avería a chimeneas, cañones de chimeneas, sombreretes, ventiladores, goteras, vertedores, tubería ; y daños a o por tablas, tejamaniles, ladrillos, láminas de hierro acanalado, esquistos o tejas que estén flojos y defectiva o imperfectamente colocados; cristales en puertas, ventanas y tragaluces no están cubiertos por esta póliza excepto en caso de huracanes, ciclones, tornados o tormentas oficialmente registrados por el Negociado del Tiempo de los Estados Unidos, o el funcionario oficial responsable en Puerto Rico.”

La corte de distrito interpretó esta cláusula como referente sólo a bienes ubicados en la vecindad inmediata de una esta-ción del Negociado del Tiempo, o a casos en que el disturbio hubiera tenido necesariamente que ser registrado por tal es-tación. Interpretarla de otro modo sería, a juicio del juez de distrito, sancionar un contrato por virtud del cual al ase-gurado se le exige el pago de una prima y la compañía de seguros queda relevada de toda responsabilidad por la pér-dida o deterioro de la propiedad asegurada.

Parécenos que el lenguaje usado no” admite la interpreta-ción que se le ha dado. La cláusula trata específicamente de ciertas clases de propiedad sin hacer referencia alguna a su ubicación. Las clases enumeradas son, o bien peculiarmente susceptibles de pérdida o avería por el viento, o muy propen-sas a causar daño cuando se las lleva el viento. El fin obvio de la cláusula fué fijar ciertas limitaciones sobre un riesgo que la compañía no estaba dispuesta a asumir sin tal reserva, y no el de eximir a la compañía de toda responsabilidad. En cuanto a las chimeneas en cuestión, la compañía asumió el riesgo de toda pérdida o avería ocasionada por cualquier tor-menta, ciclón o tornado oficialmente registrado por el Nego-ciado del Tiempo. Expresamente estipuló que no sería res-ponsable de la pérdida de tales chimeneas o del daño causado a las mismas por cualquier tornado, ciclón o tormenta que no fuera así registrado. Darle efecto a esta estipulación es resolver simplemente que las partes están obligadas por el contrato por ellas celebrado, y no sancionar un contrato por virtud del cual al asegurado se le requiera el pago de una prima y la compañía quede exenta de toda responsabilidad. Ignorar la estipulación, o descartarla, sería hacer un nuevo contrato para las partes, mas no hacer cumplir responsabi-lidad alguna asumida por la compañía.

Es un hecho incontrovertido que la tormenta en cuestión no fué registrada oficialmente por el Negociado del Tiempo de los Estados Unidos ni por ningún funcionario responsable del Gfobierno de Puerto Pico.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la acción.


author: El Juez Asociado Señou Hutchison,

text:
    Ex parte Pedro Maldonado, peticionario.
    No. 5052.

    Sometido: Abril 10, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Felipe Colón Días, abogado del peticionario; Herminia Tonnes, abo-gada de la opositora.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señou Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Maldonado obtuvo divorcio y se volvió a casar. La demandada no compareció en el pleito de divorcio, y el juez de distrito concedió la custodia de los hijos al demandante. Por acuerdo entre las partes, sin embargo, dos de los hijos quedaron con la madre. Posteriormente otros dos abando-naron al padre y regresaron al lado de su madre. Después de haber el padre dejado de contestar a reiteradas súplicas para que contribuyera en algo al sostenimiento de sus niños, la madre radicó una denuncia contra él con arreglo al artículo 264 del Código Penal. El padre entonces radicó un recurso de hábeas corpus y el juez de distrito, después de celebrar una vista, anuló el auto expedido.

Los dos hijos mayores tenían 16 y 15 años de edad, res-pectivamente, al tiempo del juicio, y habían transcurrido unos dos años desde la fecha de su retorno adonde la madre. Ellos declararon detalladamente respecto al mal trato que les daba el padre y expresaron el deseo de permanecer bajo la custodia de la madre.

Los dos hijos menores tenían 6 y 7 años de edad para la época del juicio, unos seis años después de concedido el divoreio. Durante todo este tiempo el padre no había demos-trado interés alguno en ellos y la corte de distrito estuvo plenamente justificada en su conclusión de que la solicitud de un auto de babeas corpus era el resultado directo de la radicación de una denuncia por la madre. El juez de distrito también declaró que el padre, según reveló el trato cruel que dió a sus dos hijos mayores, no era una persona adecuada para tener la custodia de ellos, y resolvió que encomendar a los dos hijos menores al cuidado de semejante padre, sería una injusticia. La conclusión a que llegó el juez de distrito de que el bienestar de los cuatro niños de que se trata exigía que fueran dejados bajo la custodia de la madre, no se funda en el testimonio de los dos hijos mayores solamente, sino que halla amplio apoyo en otra evidencia aducida durante el juicio.

El juez de distrito no erró al sostener que la patria po-testad y el derecho del padre a virtud del decreto de divorcio estaban igualmente subordinados a la sana discreción de la corte en el ejercicio de su facultad como parens patriae. Chabert v. Sánches, 29 D.P.R. 241; Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502; y Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22. No hubo abuso de discreción en el caso de autos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco López Capó, Enrique Vidal y Adolfo López, demandados y apelante el segundo.
    No. 5225.

    Sometido: Diciembre 10, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; J. de Guzmán Benitez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola instó pleito basado en un pagaré contra Enrique Yidal y otros como deudores solida-rios. Enrique Vidal no fné emplazado al iniciarse la acción pero el Banco obtuvo sentencia contra los otros demandados. En un procedimiento autorizado por los artículos 307 et seq. del Código de Enjuiciamiento Civil Enrique Vidal fué enton-ces citado para que demostrara por qué no habría de estar obligado por la sentencia. El excepcionó la demanda original alegando que ésta no adncía hechos suficientes para constituir causa de acción en cuanto a él, y se señala como error el que se declarara sin lugar esa excepción previa.

El Banco alegó qne los demandados Francisco López Capó, Adolfo López y Enrique Vidal, el último por medio de su agente y apoderado Teodoro Yidal, solidariamente obtuvieron un préstamo del Banco por virtud del cual recibieron $1,300 y otorgaron a favor del Banco nna obligación qne se copia verbatim en la demanda y qne fné suscrita como signe: “Francisco López Capó. — Adolfo López. — Enrique Vidal, p.p. Teodoro Vidal.”

La contención es qne esto no equivale a nna alegación de qne el agente y apoderado Teodoro Vidal, estaba autorizado para tomar dinero a préstamo. El Lecho de qne lo estaba, sin embargo, es nna inferencia lógica, por no decir necesaria, de la alegación de qne el principal, por medio de su referido agente y apoderado, concertó el préstamo, recibió el dinero y otorgó el pagaré. A menos qne el supuesto agente y apo-derado estuviera debidamente autorizado no podría ser cierto qne su principal, por medio de él, hiciese cualesquiera de es-tas cosas.

Otra contención es qne la corte erró al apreciar la prueba, y qne ésta es insuficiente para sostener la sentencia. El argumento es qne con arreglo al artículo 312 del Código de Enjuiciamiento Civil el apelante sólo era responsable de la cantidad qne de la sentencia original permaneciera insoluta, más sus intereses, y qne no hubo prueba de la cuantía de tal saldo.

Los artículos 309 y 311 del Código de Enjuiciamiento Civil rezan así:

“Artículo 309. — La citación deberá acompañarse de una decla-ración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia 'o parte de-ella, permanece incumplimentada y expresando además la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.1 ’
“Artículo 311.. — Si el demandado en su contestación, negare la sentencia, o adujere en su defensa cualquiera alegación fundada en motivos posteriores a aquélla, la citación, junto con la declaración escrita y jurada y la Contestación, constituirán el alegato escrito, en el asunto; si negare su responsabilidad en cuanto a la obligación que hubiere motivado la sentencia, una copia de la demanda original y de la sentencia, la citación, la declaración escrita y jurada y la con-testación, constituirán las alegaciones escritas.”

Por los términos del artículo 312, “las cuestiones así plan-teadas podrán substanciarse como en los demás casos”.

El artículo 132 dispone que: “Toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la acción.”

En el presente caso el emplazamiento iba acompañado de la declaración jurada de costumbre. El demandado admi-tió la autenticidad de las firmas que aparecen en el pagaré transcrito en la demanda y negó en términos generales las demás alegaciones. La contestación no menciona ni la sen-tencia ni la declaración jurada. Por baber dejado el deman-dado de negar la afirmación bajo juramento del demandante de que la sentencia no había sido satisfecha en todo o en parte, el demandante quedó relevado de la necesidad de establecer ese hecho.

En vista de la conclusión a que ya hemos llegado en cuanto a la suficiencia de la demanda, el error, si lo hubo, co-metido por la corte de distrito al sostener que la omisión acu-sada había sido suplida por la prueba, no daría lugar a la revocación.

El argumento del apelante en apoyo de la única contención que resta (que la corte de distrito erró al sostener que la po-sesión del pagaré y la inexistencia de abonos al dorso del mismo, eran prueba prima facie de la falta de pago) no exige seria consideración.

No es necesario que resolvamos o discutamos ninguna cuestión que no haya sido específicamente planteada por señalamiento alguno de error ni abiertamente presentada por la argumentación en ninguno de los alegatos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Modesto Peña, peticionario y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 5181.

    Sometido: Junio 18, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      M. A. Martínez Dávila, José J. Aponte y A. Porrata Doria, abogados del apelante; Don. Attorney General James B. Beverley y A. Ortíz Toro, Primer Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de noviembre de 1926 El Pueblo de Puerto Rico com-pareció en un procedimiento de dominio y radicó una contes-tación a la petición. En diciembre 14, 1927, al ser llamado el caso para juicio, el peticionario pidió oralmente que se eliminara la contestación, primero, porque babía sido radicada después de expirar el término prescrito por los artículos 391 y 395 de la ley hipotecaria concernientes a citación por edic-tos: y, segundo, a causa de la alegada insuficiencia de la contestación. La moción fue declarada sin lugar y esto se señala como error.

La contestación a duras penas puede ser reco-mendada como un modelo de buena alegación. Empero, es una exposición defectiva de becbos más bien que una falta de alegar suficientes laeclios para justificar mía negativa a dictar mi decreto de dominio. Si durante el año que transcurrió entre la radicación de la contestación y la fecba del juicio, el peticionario hubiera excepcionado la contestación, se habría concedido ocasión de enmendar. Si durante ese misino pe-ríodo el peticionario hubiera solicitado que se eliminara la contestación, el Pueblo habría tenido la oportunidad de pro-bar, si era necesario, por qué la contestación no había sido radicada en fecba anterior. Estamos contestes con la corte inferior en que la moción vino demasiado tarde. De todos modos la negativa de la moción equivalió a conceder permiso mmc pro tune para radicar la contestación, y en esto no ha-llamos abuso de discreción. Véase Steffens v. Sucesión Soler, 33 D.P.R. 1.

La apelante trata de hacer distinción del caso de Steffens por el fundamento de que el término allí envuelto había sido fijado por la corte, mientras que en el presente caso lo deter-mina la ley. El párrafo inicial de la opinión en el caso anterior deja muy poco margen para semejante distinción. No-

es necesario que escudriñemos ni interpretemos ahora el texto de los artículos 391 j 395 de la ley hipotecaria. Véanse, sin embargo, 49 C.J. 199, sección 228 et seq., y Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D.P.R. 302.

No podemos convenir con el apelante en que la sentencia apelada es contraria a la ley o a la evidencia aducida en el juicio. Debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    José González Clemente & Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 855.

    Sometido: Noviembre 2, 1931.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      José Sabater, ab'ogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil José González Clemente y Ca. compró en su-basta judicial celebrada en un pleito una finca qne estaba ins-crita en el Registro de la Propiedad de San Germán a nombre de Juan E. Justiniano. Presentado ese título de adquisición en aquel registro fué negada su inscripción el 30 de abril de 1931 por los motivos que el funcionario encargado de dicha oficina consignó al pie de la escritura de compra que le fué presentada y tomó eu la misma fecha anotación preventiva de su negativa por el término de 120 días. La mercantil com-pradora interpuso recurso gubernativo contra esa negativa de inscripción y en 22 de julio siguiente este Tribunal Supremo revocó la nota recurrida (ante p. 719). El 18 de agosto si-guiente, antes de transcurrir los expresados 120 días, fué presentado nuevamente en el registro el mencionado docu-mento pero el registrador se negó a convertir la anotación preventiva tomada a favor de la mercantil en inscripción por estar ahora inscrita la finca a nombre de otra persona, Esta-nislao Vargas, que la compró en la subasta judicial celebrada en el juicio ejecutivo sumarísimo que promovió para el cobro de dos pagarés garantizados con hipoteca, inscrita antes que el embargo de la mercantil y la venta judicial a ella, según resulta de una extensísima nota argumentada del registrador. Contra esta última negativa se ha interpuesto este recurso gubernativo.

Dice la mercantil recurrente que el registrador recurrido está desobedeciendo nuestra resolución en el caso No. 847, José González Clemente y Ca. v. Registrador de San Germán decidido el 22 de julio de 1931 (ante p. 719), en el que revocamos la negativa de inscripción de 30 de abril del mismo año y que está violando nuestra jurisprudencia en el caso de Roig v. Registrador, 18 D.P.R. 11, preceptiva de que al negar el registrador una inscripción debe consignar todos los moti- ■ vos en que se funda y que no puede hacerlo en distintas ocasiones; pero esa doctrina no es aplicable al caso presente porque aquí se niega ahora el registrador a convertir la anotación preventiva -en inscripción porque la finca se halla inscrita a favor de tercera persona, como lo es Estanislao Vargas, toda vez que el artículo 17 de la Ley Hipotecaria dispone que inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo de dominio o de la posesión de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.

'Estando inscrita la finca a favor de otro comprador, está impedido el registrador recurrido de prescindir de esa ins-cripción para verificar la que interesa el recurrente, sin qne ciada la naturaleza especial de este recurso, en el que no es parte la persona a cuyo • favor está inscrita .actualmente la finca, estemos autorizados para decidir en él que tal inscrip-ción fué ilegalmente lieclia por estar vigente la anotación preventiva tomada a favor de la mercantil recurrente, como ésta pretende en su alegato; o si, como dice el registrador, tal inscripción fué propiamente practicada por ser preferente la compra hedía por el crédito hipotecario. Mientras no sea cancelada la inscripción hecha a favor de Estanislao Yargas, se hace imposible la inscripción del título de la mercantil re-currente.

Por lo expuesto la nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Jxjbz Asociado Señok Aldkey,

text:
    M. Gómez & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Arturo Guerra, demandado y apelante.
    No. 5018.

    Sometido: Abril 25, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Guerra-Mondraffón & Soldevila, abogados del apelante; M. Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Jxjbz Asociado Señok Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Arturo Guerra apeló la sentencia que lo condena a pagar a la sociedad M. Gómez & Ca., S. en O., una deuda re-conocida solidariamente por él y otras personas a favor de dicha mercantil, constante en un pagaré suscrito a la orden de la demandante.

Para sostener su recurso alega el apelante que fué error de la corte inferior no declarar que la acción ejercitada está prescrita y al estimar que un pagaré anterior fué una simple garantía de pago, así como que de la evidencia no consta-transacción mercantil alguna, por lo que no declaró con lugar la prescripción trienal aplicable a pagarés mercantiles. Esos tres motivos de ei'ror pueden ser considerados conjuntamente por estar íntimamente relacionados, ya que se refieren a la prescripción de la acción ejercitada.

Existió en esta ciudad la sociedad mercantil Sucesores de S. M. Woodson, compuesta por los socios don Manuel Gómez y don Antonio Blanco Pérez. El último falleció y entonces el Sr. Gómez formó la sociedad demandante. A instancia del apelante y de otras personas que manifestaron al Sr. Gómez estar garantizando deudas del Sr. Blanco en los bancos, los que apremiaban el cobro, aquél consintió en entregarles y les entregó en calidad devolutiva la cantidad que al Sr. Blanco correspondía hasta entonces en la liquidación de S. M. Woodson, y al efecto en 1917 don Arturo Guerra y cuatro personas más reconocieron deber solidariamente a don Manuel Gómez cierta cantidad de dinero que se comprometieron a devolverle sin intereses a la presentación de dicho documento. Una persona fué declarada judicialmente hijo natural reconocido y único heredero de don Antonio Blanco. A ese heredero fué embargado lo que a su padre correspondía en la liquidación de S. M. Woodson. Reclamó don Manuel Grómez el pago de la obligación solidaria que hemos dicho, pero no le fué satisfecha; y como no era negociable por estar extendida a su favor fué convenido substituir aquella obliga-ción por otra que pudiera ser descontada en los bancos y se otorgó otro pagaré en 8 de febrero de 1921 en el que don Arturo Querrá y dos de los anteriores suscribientes recono-cieron deber solidariamente a M. Grómez & Ca. o a su orden la cantidad del anterior pagaré, la que se comprometieron a devolverle tres meses después con intereses en caso de mora. Ese pagaré fué entregado a un banco al que fué abonada parte de la deuda, y no habiendo sido satisfecho el resto lo devolvió a la mercantil M. Gómez y Ca., la que en 1926 presentó de-manda contra don Arturo Guerra para que la Corte de Dis-trito de San Juan lo condenase al pago.

La obligación constante en el primer documento no era mercantil. No fué un préstamo comercial hecho por Gómez a los firmantes, sino una garantía o comprobante de haber entregado en calidad devolutiva el capital que correspondía a Blanco en la liquidación de la sociedad de que formó parte. El segundo documento está extendido a la orden y por esto tiene la presunción de ser mercantil de acuerdo con el artículo 532 del Código de Comercio, pero los hechos que aparecen de la prueba destruyen esa presunción porque fué una substi-tución del documento precedente, el que no siendo mercantil, como hemos dicho, no convirtió en comercial el último docu-mento. En el caso de Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7, hemos citado con aprobación la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de noviembre de 1928 según la cual el carácter mercantil de los pagarés a la orden no se determina por la mera cualidad de ser comerciantes las partes que en ellos se relacionan como librador, endosante o tenedor, sino por la circunstancia esencial de proceder de operaciones mercantiles; y después de un detenido estudio de la cuestión y del caso de Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258, hemos llegado definitiva-mente a la conclusión de que el hecho de firmarse un pagaré a la orden no convierte un simple préstamo en mercantil ni constituye por sí una operación de comercio, porque nuestro estatuto dice que son mercantiles los que proceden de opera-ciones de comercio. Por consiguiente, apareciendo de-mostrado que el dinero reclamado no fué entregado por lu-cro, el pagaré cuyo importe se cobra no es mercantil, por lo que no es aplicable el término de tres años de prescripción que señala el artículo 950 del Código de Comercio sino el de quince años establecido por el artículo 1865 del Código Civil en relación con el 943 del Código de Comercio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Sucesores de Abarca, demandante y apelante, v. Eduardo Méndez, demandado y apelado.
    No. 5365.

    Sometido: Marzo 26, 1931.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      B&sosa & Besosa, abogados de la apelante; José Veray Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Sucesores de Abarca, de San Juan, vendió y entregó en 1924 una planta eléctrica Fairbank a don Eduardo Méndez, vecino de Aguadilla. En 1929 reclamó ju-dicialmente el pago de la planta pero la sentencia dictada en grado de apelación fué adversa al demandante, quien inter-puso este recurso señalando como primer motivo de error la aplicación indebida a este caso del artículo 1356 del Código-Civil, según el cual la venta techa a calidad de ensayo o prueba se presumirá hecha siempre bajo condición suspensiva. Los otros tres errores alegados se refieren a la apreciación de la prueba.

No encontramos en la prueba que esa venta fuera hecha a calidad de ensayo o prueba pero la sentencia se sostiene por otro fundamento, pues de ella resulta que habiéndose negado repetidamente el comprador a pagar el precio de la cosa que le fué vendida alegando que era una planta usada, rota e in-servible, el vendedor aceptó que le fuera devuelta y envió un empleado suyo a recogerla, a quien manifestó el Sr. Méndez que se la dejase por unos días, pero al día siguiente la entregó a la persona que le fué designada por el vendedor, la que se negó a recibirla por haber sido avisado por telégrafo que no la aceptara por estar ya el asunto en los tribunales.

Esos hechos demuestran que el contrato de compraventa fué rescindido por mutuo acuerdo, por lo que el vendedor perdió su derecho a cobrar el precio de la venta, quedándole el de que le sea entregada la cosa vendida.

En vista de la conclusión a que llegamos no es necesario considerar la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior para la conclusión a que llegó.

Confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Fernando Alvarez, demandante y apelante, v. Lino García, Alcalde, y la Asamblea Municipal de Isabela, demandados y apelados.
    No. 5592.

    Sometido: Noviembre 17, 1931.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      V. M. Fernández, abogado del apelante; B. Martines Nadal j Bolivar Pagán, abogados de l'os apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento de mandamus en el que la corte inferior en su sentencia definitiva declaró sin lugar la petición, sin especial condena de costas.

Apelada esa sentencia por el peticionario del auto y pre-sentados los alegatos nos pide en el suyo la parte que resultó victoriosa que desestimemos el recurso porque nuestra deci-sión resultaría académica.

Este procedimiento fué establecido para que se ordenase al alcalde y a la Asamblea Municipal de Isabela que incluye-sen en su presupuesto para el año económico de 1930 a 1931 cierto crédito existente contra dicho municipio. A la fecha presente ya no tiene razón de ser la inclusión de tal crédito en aquel presupuesto por haber terminado ese año fiscal y por tanto ningún fin práctico puede tener la revisión de la sen-tencia, por cuyo motivo esta apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Senoe, Aldeey,

text:
    Fernando Alvarez, demandante y apelado, v. Lino García, Alcalde, y la Asamblea Municipal de Isabela, demandados y apelantes.
    No. 5853.

      Sometido: Noviembre 16, 1931.

      Resuelto: Noviembre 20, 1931.

      Sentencia de E. 8. Mestre, J. (Águadilla), declarando Con lugar so-licitud de mandamus, eon costas.

      Bolívar Pagán, abogado de los apelantes) V. M. Fernández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Senoe, Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada en este recurso solicita de nosotros que desestimemos la presente apelación, entre otros motivos, por ser frívola.

El apelado estableció en 27 de abril, 1931, un procedimiento de mandamus en la Corte de Distrito de Aguadilla contra la Asamblea Municipal de Isabela y contra el alcalde para que se les ordenara que incluyeran en el presupuesto ordinario del año económico de 1931 a 1932 cantidad para pagarle un crédito que tiene contra dicho municipio. Los demandados aceptaron en su contestación que ese crédito fue reconocido por sentencia firme a favor de don Manuel Tous Soto y en la vista de la petición aceptaron, según dice la corte inferior, que tal crédito fué cedido al apelado quien notificó la cesión a los demandados y que éstos fueron requeridos por el cesio-nario en 11 de marzo y en 4 de abril de 1931 para que fuese incluido en el expresado presupuesto ordinario. En 28 de mayo de 1931 la Corte de Distrito ordenó a los demandados que incluyeran ese crédito en dicho presupuesto y se inter-puso esta apelación..

La Ley Municipal de 1928, página 371, dispone en su artículo 42 lo siguiente.

‘‘‘Art. 42.- — Los municipios no podrán asignar en sus presupues-tos cantidad alguna para el pago de sueldos, sin que antes se hayan consignado por su • orden los créditos necesarios para las siguientes atenciones:
“(a) Deudas por capital e intereses vencidos o que hubieren de vencerse dentro del año económico para el cual se forma el presu-puesto, que no tenga fondos especialmente asignados para su amor-tización, mediante contribución especial;
* * * * # m”

Ese precepto demuestra que los municipios tienen el deber impuesto por la ley de consignar en sus presupuestos las deu-das que tengan, sin dejarle discreción para no hacerlo, por lo que el auto de mandamus es procedente para obligarlos a cumplir ese deber; y como en este caso no se alegó que el crédito cedido al apelante tenga fondos especialmente asigna-dos para su amortización mediante contribución especial, que es la única excepción consignada en el precepto de ley copiado, resulta claro que esta apelación es frívola y que debe ser des-estimada.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Juan Soltero, demandante y apelante, v. Encarnación Torres, demandada y apelada.
    No. 5578

    Sometido: Noviembre 18, 1931.

      Resuelto: Noviembre 24, 1931.

      Guillermo 8. Pierhdsi y B. Afiles Moreau, abogdos del apelante; Agustín Jfi. Font, abogado de la apelada.

   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de divorcio instituido por el marido fundado en trato cruel, la corte inferior se basó en parte en el caso de Galip v. Drag, 28 D.P.R. 818. La corte dijo que supuesta crueldad en una sola ocasión, creíble por la prueba presentada, no podía justificar mi divorcio. En el caso de Galip v. Drag, supra, esta corte resolvió que la ocasión allí descrita no justificaba uu decreto en favor del demandante. No decidimos que un solo acto de crueldad no podía justificar un divorcio. Ladux v. Delgado, 36 D.P.R. 634, se pronuncia en sentido contrario. Según entendemos, en el presente caso, al igual que en el de Galip v. Drag, supra, la corte no Ralló suficiente el acto descrito.

El apelante sostiene que la prueba revela repetidos y va-riados actos de crueldad. La corte, sin embargo, no sola-mente no creyó la otra prueba, sino que bailó que la conducta del demandante no estaba exenta de culpa. Convenimos con el apelante en que la serie de actos descritos hubiesen justifi-cado un divorcio, pero no encontramos. que baya pasión o prejuicio en la conclusión de la corte inferior. El informe del fiscal sostiene tal conclusión.

La sentencia debe ser confirmada.