author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Isaac Aboaf, demandante y apelado, v. The Phoenix Fire Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 3468.

    Visto: Abril 23, 1925.

      Resuelto: Marzo 5, 1926.
    1. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — Término para Demandar Limi-tado por Estipulación Expresa en la Póliza — Término Dentro del Cual Debe Establecerse la Acción — Segunda Acción Ejercitada Fuera del Término. — Disponiéndose en póliza de incendio que la compañía queda rele-vada de responsabilidad al vencimiento de un período especificado “a menos que esté en tramitación un arbitraje o acción judicial," si establecida acción dentro del término se desestima antes del mismo vencer y se establece acción posterior después de vencido aquél, la acción así ejercitada, a menos que la omisión de presentarla en tiempo se debiera a la conducta de la compañía, ha prescrito.
    2. Sentencia— Casos Contenciosos — Sentencia sobre los Méritos — Acción Prescrita. — Si de la evidencia presentada más que de la demanda misma, aparece claro que la acción está prescrita, no debe dictarse sentencia a favor del demandante sobre los méritos.
    3. Seguros — Aviso y Reclamación de Pérdidas — De las Declaraciones y Prue-bas DE PÉRDIDAS-EFECTO EN CUANTO AL VALOR DE LA PROPIEDAD DESTRUIDA —Valoración Excesiva, en las Pruebas. — Dentro de una cláusula, en pó-liza de incendio, al efecto de que la existencia de fraude en la reclamación de daños o declaraciones falsas en su apoyo anula el derecho a recobrar, una fraudulenta valoración excesiva en la reclamación anula el cobro bajo la póliza.
    4. Seguros — Aviso y Declamación de Pérdidas — De las Declaraciones y Prue-bas DE PÉRDIDAS-EFECTO DE FRAUDE O FALSO JURAMENTO EN LAS MISMAS-Fraude o Falso Juramento de un Agente del Asegurado. — El fraude o falso juramento por parte de un agehte a quien el asegurado ha delegado el deber de presentar pruebas de pérdidas, anula el cobro.

      5. Seguros — Riesgos y Causas de Pérdidas — Seguros sobre Propiedades y Tí-tulos — Pérdida Ocasionada ' por, Explosión. — Excluidas de un seguro de incendio "las pérdidas o daños causados por cualquier explosión,” si la compañía es o no responsable por -la pérdida ocasionada por fuego originado por una explosión de gasolina, quaere.

    6. Segubos — Acciones Pundadas en Pólizas — Derecho a Cobrar — Contraven-ción a las Estipulaciones de la Póliza. — Cuando la prueba en conjunto indica concluyentemente que, en contravención a las estipulaciones de una póliza, tuvo lugar un fuego o incendio intencional así como un fraude deli-berado y falsa representación en las negociaciones subsiguientes, el asegu-rado no puede cobrar bajo la póliza.
    SENTENCIA de Rafael Díaz Cintron, J. (Ponce), declarando con lugar demanda sobre cobro de póliza, con costas.

      Revocada y dictada otra declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Felipe Colón y Jaime Sifre, abogados de la apelante; José Tous Soto y R. Pérez Marchand, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada-apelante alega haberse cometido por la corte inferior los siguientes errores:

“I. El tribunal sentenciador erró al desestimar la excepción pre-via interpuesta a la demanda alegando que la causa de acción había prescrito.
“II. El tribunal sentenciador erró al dictar sentencia sobre los méritos a favor del demandante, toda vez que la causa de acción ha-bía prescrito.
“III. El tribunal sentenciador erró al admitir como prueba de la capacidad de Irwin Allen’ Lehr y Samuel Isaacs, administradores, la certificación expedida por el Secretario del Surrogates Court. Transcripción página 3.
“IV. El tribunal sentenciador erró al no declarar que el deman-dante había cometido una infracción del artículo 8 del contrato de seguro y que por tal motivo éste no obligaba a la demandada.
“V. El tribunal sentenciador erró al no declarar que el deman-dante había cometido una infracción del artículo 13 del contrato de seguro y que por tal motivo éste no obligaba a la demandada.
“VI. El tribunal sentenciador erró al apreciar que en el estable-cimiento del demandante había, en la fecha del incendio existencias y mobiliario con un valor de Once Mil Dollars ($11,000) y al dictar sentencia, como dictó, por dicha cantidad.
“VII. El tribunal sentenciador erró al no declarar que el sinies-tro y los daños cansados por el mismo fueron debidos a una expío-' sión no ocasionada por el gas de hulla.
“VIII. El tribunal sentenciador erró al no declarar que el de-mandante había cometido una infracción de la condición que se en-cuentra en el contrato de seguro sobre libros e inventarios en caja de seguridad. t,
“IX. El tribunal sentenciador erró al admitir como prueba el li-bro mayor (exhibit P) y el diario (exhibit N.)
“X. El tribunal sentenciador erró al dictar sentencia a favor del demandante por el importe de la póliza sin tener en cuenta para nada las existencias que fueron salvadas.”

La cláusula 19 de la póliza en la cual se fundó esta acción es como sigue:

“Cumplido el plazo de un año después de la fecha del siniestro, la Compañía quedará libre de la obligación de pagar las pérdidas y daños ocasionados por el mismo a menos que esté en tramitación un arbitraje o una acción judicial relacionada con la reclamación.”

El fuego ocurrió en 27 de mayo de 1922. En febrero 21, 1923, el demandante radicó su demanda en la Corte Federal. En mayo 5, 1923, el Juez de la Corte de Distrito de los Es-tados Unidos, resolvió una cuestión jurisdiccional y la ac-ción así establecida en la siguiente forma:

“En este caso fué radicada una excepción previa por los abo-gados de los demandados, fundada en dos razones: primera: — que esta corte carece de jurisdicción por cuanto se alega en la demanda que el demandante es un ciudadano de la república de Francia do-miciliado fuera de la Isla, de Puerto Rico, y que la demandada es es una sociedad mercantil por acciones organizada bajo las leyes del Estado de Connecticut; segunda: que por ser la demandada una sociedad mercantil por acciones, la cuestión de la jurisdicción federal depende de la ciudadanía de los miembros de tal compañía por acciones, y que dicha compañía no puede ser demandada en una corte federal .en su nombre colectivo. Para sostener la excepción previa ha sido sometido un alegato por los abogados de la demandada y al ser llamado el abogado del demandante para presentar su razona-miento en oposición a la excepción previa, alegó a la corte que no deseaba argumentar la excepción previa y que quería que la pre-sente acción fuera desestimada sin perjuicio de su derecho a seguir una acción a nombre de su cliente contra esta misma demanda en la debida corte insular de Puerto Rico, y por tanto, resuelve que toda vez que la demandada niega la jurisdicción de esta corte y por cuanto el demandante quiere que este caso sea desestimado sin per-juicio, así se ordena.”

En julio 26, 1923, o sea 14 meses después del incendio, y más de dos meses con posterioridad a la desestimación de la primera acción, el demandante radicó este pleito en la corte de distrito insular.

“Las partes pueden mediante estipulación expresa, limitar el tiempo dentro del cual la acción debe ser establecida, y tal disposi-ción es válida y obligatoria aunque el término sea menor que el fi-jado por el estatuto de prescripción. Cuando la póliza contiene una estipulación como ésta, la acción debe ser establecida dentro del término fijado, y de no ser así seguida, la disposición es un completo impedimento (bar) a la acción a falta de una renuncia de la cláu-sula.” 5 Joyce on Insurance, página 5346.
“La acción aludida, la cual debe ser iniciada dentro de los doce meses, es la que se sigue basta la sentencia. La falta de una acción anterior por cualquier causa no puede variar el caso. El contrato declara que no se seguirá una acción a menos que tal acción, no al-guna anterior, sea establecida dentro del período fijado. Nada dis-pone sobre una excepción en el caso de que no se haya comenzado una acción, y la corte no puede incluir una sin cambiar el con-trato.” Riddlesbarger v. Hartford Insurance Co. 74 U. S. 386 (19 L. Ed. 257).

El texto de la cláusula 19, supra, es aún. más específico. Lee como si hubiera sido redactado expresamente para an-ticipar precisamente la cuestión que se ha originado en el presente caso, y no dejar lugar a interpretación, o mal en-tendimiento. Releva a la compañía de toda responsabilidad al vencimiento del período especificado “a menos que esté en tramitación un arbitraje o una acción judicial.”

“La regla general es que aun cuando se establezca una acción oportunamente, no puede, sin embargo, ser iniciada una segunda ac-ción después de hacerse completo un impedimento (bar) por con-trato, aunque la primera acción haya terminado "por desestimación, o sobreseimiento (nonsuit), de modo que no se ha celebrado ningún juicio sobre los méritos del caso. Las excepciones estatutorias que permiten las segundas acciones con arreglo al estatuto de prescrip-ción generalmente no son de aplicación para reservar el derecho a establecer una segunda acción después del término del contrato, por falta de la primera acción, aunque se ha resuelto lo contrario.” 26 C. J. 479, 480.
"El peso de las autoridades sostiene, al parecer, la regla de que si se establece una acción dentro del término prescrito en la póliza, pero se desestima o no se sigue por cualquier razón, y se establece una acción posterior después de vencido el término fijado, aunque tal vez inmediatamente que tiene lugar la desestimación o suspen-sión de la primera acción, la segunda no puede ser sostenida. Las cortes que han sostenido esta doctrina declaran que la póliza no prescribe que no se sostendrá ninguna primera acción a menos que se establezca dentro del término fijado, pero que no se establecerá tal acción a no ser que se inicie dentro del término. La póliza se re-fiere a la acción en la cual se solicita el cobro, y tiene por .objeto in-cluir cualquier acción comenzada por virtud de la póliza después de vencido el término de prescripción la que de no ser por tal cláu-sula podría seguirse hasta una sentencia. En un caso de Ohio, sin ■embargo, se resolvió que cuando una póliza de incendio contiene la ■condición de que ‘todas las reclamaciones bajo esta póliza no po-drán hacerse a menos que se sigan dentro de un año a partir de la fecha del siniestro, ’ esa condición se cumple si dentro de un año se establece la acción de buena fe con el objeto de hacer valer la re-clamación y si el asegurado por justa causa abandona ese pleito y prontamente sigue otro, aun cuando después de transcurrido un año, él no está coartado en su ‘derecho a recobrar’. 5 Joyce on Insurance, 5371.
“Si un estatuto de prescripción contiene una excepción que li-mita su aplicación, como, por ejemplo, cuando prescribe que si se comenzare una acción dentro del período estatutorio, y por cualquier .razón el demandante consiente un sobreseimiento (nonsuit) puede iniciar otra acción dentro de un año, en tal caso se ha sostenido que la excepción permitirá al demandante que ha consentido un sobre-seimiento en una acción por virtud de la póliza que siga una nueva ■acción dentro de un año, no obstante estipularse en la póliza que no ;se sostendrá ninguna acción a menos que se establezca dentro de un término especificado después del siniestro. Las cortes, sin embargo, sostienen que tal excepción en el estatuto no tiene ningún efecto sobre la estipulación en el contrato, y no evitará el impedimento del contrato. Los derechos de las partes han de determinarse por el contrato, y como por sus términos el estatuto no tiene aplicación, tampoco lo tendrían las excepciones al mismo.” 5 Joyce on Insurance, 5372.

La única excepción a la regla general parece Rallarse en casos en los cnales después de una desestimación de la pri-mera acción sin cnlpa del demandante, se establece nna se-gunda acción sin demora aunque después de vencido el tér-mino prescrito.

En el presente caso por lo menos pasaron tres semanas entre la fecha de la desestimación de la primera demanda en la Corte Federal, y el vencimiento del período fijado en la póliza.

El apelado alega lo signiente:

“... . A poco que estudien los Honorables Jueces la correspon-dencia cursada entre las partes sobre los particulares de esta recla-eión, que aparece transcrita en el récord, surgirá claramente el con-junto que la demandada aseguradora repetidamente pidió plazos y ofreció dilaciones al demandante para llevar a cabo supuestas in-vestigaciones, bajo promesa siempre de que con ello se propendía a cumplir con las obligaciones del contrato con el demandante-apelado.
“Hasta el momento en que el demandante ocurrió por ante el Tribunal Federal las partes sostuvieron negociaciones que impidie-ron al reclamante de proceder judicialmente. Y desde el momento en que el demandante consintió en retirar su demanda de la Corte Federal la demandada-apelante aumentó sus diligencias para dila-tar la acción judicial que eventualmente bubo de sobrevenir. ¿Ca-bría suponer que eran capciosas las súplicas propuestas al deman-dante y a sus abogados para detener la acción judicial, alegando que se procedía a exámenes de contabilidad y otros particulares de la reclamación f ’ ’

La transcripción de la evidencia contiene varios cientos de páginas. Una referencia vaga y general a la correspon-dencia contenida en tal récord no impone a esta corte nin-guna obligación de analizarlo en busca de datos en apoyo de una manifestación igualmente vaga y general de lo que revelarían dichos datos al ser hallados.

Sin embargo hemos hecho algún esfuerzo por determinar si la alegación de referencia en realidad tiene algún funda-mento.

La correspondencia en cuestión parece consistir, en su mayor parte, de cartas y telegramas del apoderado del de-mandante y de sus abogados, con poco o nada de la deman-dada. Abarca un período de mayo a diciembre de 1922, con un intervalo de silencio que comprende un período de varios meses, o sea, de junio a octubre.

No encontramos ninguna indicación en la demanda o en esta correspondencia de tal conducta o actitud por parte de la demandada como la que ahora según parece se trata de imputarle por primera vez.

Al segundo día después del fuego las partes convinieron y otorgaron el siguiente contrato:

■ “Queda por el presente mutuamente entendido y convenido por y entre Isaac Aboaf, de Ponce, P. B., de una parte, y la Phoenix Insurance Company, de Hartford, Connecticut, de la otra, que cual-quier acción tomada por la segunda compareciente para investigar la causa del incendio o para investigar y determinar el valor de las pérdidas y daños causados a la propiedad del primer compareciente debido al fuego que se alega ocurrió el 27 de mayo, 1922, no dará por renunciada o invalidará ninguna de las condiciones de la póliza No. 5009 de la dicha Phoenix Fire Insurance Co., en poder del primer compareciente, y no se entenderá renunciado o invalidado nin-guno de los derechos de- cualquiera de las partes en este contrato.
“El objeto de este contrato es preservar los derechos de todas las partes en el mismo y prescribir lo necesario para una investiga-ción del incendio y la determinación del importe de la pérdida o daño, sin tener en cuenta la responsabilidad del segundo compare-ciente.
“Firmado en triplicado en la ciudad de Ponce, P. B., hoy 29 de mayo de 1922.- — (Firmado) Isaac Aboaf, por Manuel Boyo, Asegu-rado. — Phoenix Insurance Co., F.A.C. Hastrup, por A. Stetting, Arbitro. ’ ’

En junio 3, 1922, el árbitro fue informado de que el asunto había quedado en manos de los abogados del deman: dante. En junio 6 esta notificación fue confirmada por una carta de dichos abogados. En noviembre 29, 1922 el abo-gado del demandante envió a la demandada el siguiente te-legrama :

“Ponee, 2 Nov., ’22. — Hastrup, San Juan, P. R. — Como aboga-dos Isaac Aboaf necesitamos conocer motivos dilación asuntos urge liquidar reclamación sírvase contestar francamente para proceder de acuerdo con la ley y póliza. — Tous Soto & Pérez Mareband.”

A éste siguió en diciembre 27 otro despacho, a saber:

“Ponee, 27 Dec. 1922. — H. C. Hastrup, San Juan. — Cliente Aboaf instrúyenos reclamar judicialmente pólizas. Injustificada de-mora liquidación equivale negativa compañía procederemos último corriente. — Tous Soto & Pérez Mareband.”

El mero silencio en vista de tales comunicaciones difícil-mente puede considerarse como cansa de más demora en el establecimiento de la pretendida acción, y si la demandada contestando a esto dió alguna seguridad de un pago probable, arreglo o actuación favorable sobre la reclamación pen-diente, o aún si demostró el deseo de recurrir a procedimien-tos dilatorios, es razonable asumir que el demandante hu-biera producido dichas contestaciones en el juicio. Cierta-mente que el demandante debió haber tenido conocimiento de que eran inútiles más negociaciones en la fecha en que fué establecida la acción en la corte federal, sino en la fecha del ultimátum telegráfico a que se acaba de hacer referen-cia como claramente se infiere en él y en todo caso él tuvo amplia oportunidad para establecer esta acción durante las tres semanas que transcurrieron entre la fecha de la deses-timación del primer pleito y el vencimiento del término pres-crito en la póliza.

Lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo en el caso de Thompson v. Phoenix Insurance Co., 136 U. S. 287, 299 fué esto:

“Si, como las alegaciones de la demanda enmendada (bill) dan a entender, la omisión del demandante en presentar su demanda dentro del tiempo prescrito en la póliza, computando el término desde la feeba del fuego, se debió a la conducta de la compañía, no puede por sí servir de limitación a los doce meses. Curtis v. Home Ins. Co., 1 Bissell 484, 487; Ide v. Phoenix Ins. Co., 2 Nissell 333; Grant v. Lexington Ins. Co., 5 Indiana 23, 25; Nickey v. Burlington Ins. Co., 35 Iowa 174, 180.”

En Phoenix Ins. co. v. Rad Bila Hora, (41 Neb. 21) 59 N. W. 752, citado también por el demandante, la Corte Su-prema de Nebraska al considerar nna cláusula que fija un período de seis meses, se* expresó así:

“La Corte instruyó al jurado sobre la cuestión en estos térmi-nos: ‘Si vosotros llegáis a la conclusión en vista de la prueba de que el demandado por cualquier conducta o manifestación de su agente mediador, mientras trataba de solucionar dicha pérdida, hizo aquello que podía inducir a la creencia razonable por parte del de-mandante de que la reclamación se pagaría sin necesidad de un pleito, y que el demandante fué-inducido razonablemente por tal conducta del demandado y proposición de arreglo a dejar de establecer la acción hasta después de seis meses de ocurrida dicha pérdida, enton-ces se considera que el demandado ha renunciado al derecho a in-sistir en exigir que tal pleito sea seguido dentro de seis meses a con-tar de la fecha de la pérdida.’ La prueba tendió razonablemente a sostener esta interpretación. Las personas indudablemente autori-zadas para representar la compañía hasta cierto límite y para de-terminados fines en el arreglo de la pérdida se probó que habían lle-vado a cabo negociaciones y hecho proposiciones de arreglo hasta después del vencimiento de los seis meses. No tenemos duda alguna de que, si tal dispocisión es de algún valor, la compañía puede, por su conducta, impedirse a sí misma el poder reclamar el beneficio de la prescripción; y que cuando la compañía, por tener miras tendentes a un arreglo amistoso, induce al demandante a paralizar una acción hasta después del vencimiento del término limitado, la compañía está por ello impedida de poder reclamar el beneficio de la limitación especial. Thompson v. Insurance Co., 136 U. S. 287, 10 Sup. Court 1019; Steel v. Insurance Co., 47 Fed. 863; Martin v. Insurance Co., 44 N. J. Law, 485, Ripley v. Insurance Co. 30 N. Y. 136; Blanks v. Insurance Co., 36 La. Ann. 599; Insurance Co. v. McGregor, 63 Texas 399; Bish v. Insurance Co., 169 Iowa, 184, 28 N. W. 553; Insurance Co. v. Myer, 93 Ill. 271. Todos los casos antes citados reconocen enteramente el principio y sostienen la ins-trucción dada por la corte sentenciadora. Algunos de ellos decla-ran que, bajo los hechos de los casos que se consideran, no existió ningún impedimento; pero aquellos casos eran o bien donde existía una, negativa de responsabilidad en unión de un ofrecimiento de transacción, casos donde había distintas negativas de responsabili-dad, siguiendo a las negociaciones para una transacción y dentro de tal período que había tiempo razonable después de dicha negativa para establecer la acción con anterioridad al vencimiento del tér-mino de prescripción.”

También, se nos hace referencia a los casos de McKay v. Insurance Co., 35 Iowa, 174, 14 Am. State Rep. 474. No te-nemos a mano el tomo 35 de Iowa Reports y no encontramos el caso en el volumen 14 Am. State Rep.

Los demás casos qne han sido citados para demostrar que la causa de acción no surgió hasta después de la negativa a pagar son los siguientes: Firemen’s Fund Insurance Co. v. Buckstaft, 38 Neb. 150, 56 N.E. 697, 41 Am. St. Rep. 727; Geeman Ins. Co. v. Davis, 40 Neb. 700, 59 N.W. 698; Hong Isling v. Ins. Co., 8 Utah 135, 30 Pac. 307; Read v. Ins. Co., 103 Iowa 307, 72 N.W. 665, 64 Am. St. Rep. 180; Case v. Ins. Co., 83 Cal. 473, 23 Pac. 534, 8 L.R.A. 48.

Sobre este punto será bastante con decir que la apelante, anticipando esta teoría, afirma que en el presente caso no hay fundamento alguno en realidad para la aplicación de tal doctrina y que a pesar de esta impugnación directa el apelado no ha indicado ninguna cláusula de la póliza ni nin-gún hecho en evidencia tendente a contradecir la reclama-ción de la apelante en este sentido.

La corte inferior debió haber declarado con lugar la excepción previa a la demanda y apareciendo aún más claro de la evidencia que de la demanda misma que la acción estaba prescrita, no debió haber dictado sentencia a favor del demandante sobre los méritos.

El error, de existir alguno, al admitir la certificación del secretario de la corte de testamentaría (surrogate) trae-ría por consecuencia únicamente que se ordenara la celebra-ción de un nuevo juicio, y, en vista de las conclusiones a que se lia llegado con respecto a la cuestión precedente y a otras más fundamentales, no es necesario que se discuta.

La cláusula 8 de la póliza es como sigue:

“Artículo 8. — Si, en el curso del contrato, sobrevinieren una o varias de las modificaciones consignadas en el presente artículo, el asegurado no tendrá derecho a ninguna indemnización sobre los ob-jetos que hayan sufrido estas modificaciones, a no ser que, anterior-mente al siniestro, haya obtenido el consentimiento escrito para dichos cambios, consignado en la póliza por la Compañía o por sus representantes apoderados.
“(a) Cambios o modificaciones en el comercio o en la industria ejercitados en los edificios asegurados o que contengan los objetos asegurados: cambios o modificaciones cualesquiera del destino o de utilización de dichos edificios o de sus condiciones especiales, pu-diendo aumentar los peligros de incendio.”

Que el asegurado sin el conocimiento y consentimiento de la demandada subarrendó una parte del edificio donde están los efectos asegurados y que el subarrendatario guar-daba en la parte del edificio así subarrendado cantidades con-siderables de alcoholina, que es un substituto de la gasolina y usado como tal en automóviles, es cuestión que no está abierta a discusión.

La única contención del apelado parece ser que el fuego no se originó ni llegó a la parte del edificio donde tal ma-teria inflamable se guardaba.

No se cita ninguna autoridad para sostener la proposi-ción de que en tales circunstancias la cláusula en cuestión es inaplicable e ineficaz no obstante el hecho de que la ape-lante aquí también anticipó esta indicación, citando en el alegato los casos de Bastian v. British Am. Ins. Co., 143 Cal. 287; (77 Pac. 63); Williams v. Peoples Fire Ins. Co., 57 N.Y. 274; 26 C. J. 220.

La cláusula 13 de la póliza dice lo siguiente:

“Artículo 13. — En el caso de que la reclamación de daños pre-sentada por el asegurado fuera de cualquier manera fraudulenta; si, en apoyo de dicha reclamación, se hicieran o utilizaran declara-clones falsas; si se emplearan medios o documentos engañosos o do-losos por el asegurado o por terceras personas obrando en interés de éste, a fin de realizar un beneficio cualquiera con motivo de la presente póliza; si el siniestro Rubiera sido voluntariamente causado por el asegurado o con su complicidad; si el asegurado o cualquier otra persona obrando en interés de éste, pusiera obstáculo a que la Compañía ejercitase los derechos estipulados en el artículo 12, o tratase de impedirlo; en el caso que la Compañía rechazara la re-clamación de daños que se le hiciera, si no se entablara una acción judicial civil ante los tribunales en los tres meses siguientes al día de su negativa de admitir la reclamación, o al de la fecha del dic-tamen del o de los árbitros o del árbitro tercero, siempre que tu-viera lugar un arbitraje con arreglo al tenor del artículo 18 de es-tas condiciones, el asegurado o sus derecho-habientes quedarían pri-vados de todo derecho procedente de la presente póliza.”

El demandante presentó una reclamación por la cantidad total especificada en la póliza, manifestando que el valor de la mercancía que tenía en la fecha del fuego ascendía a $14,827 y algunos centavos. Lo que quedaba de esta mer-cancía después del fuego no podía valer una décima parte de esa cantidad antes del fuego y poco o nada de valor fué en realidad destruido.

El apoderado del demandante, contestando bajo jura-mento un interrogatorio becbo por la demandada respondió ■ en forma negativa a la siguiente pregunta: ‘ ‘ ¿ Había gaso-lina, alcohol, pólvora, dinamita o cualquier otro explosivo depositado en el edificio ocupado por Ud?”

En la parte subarrendada del edificio había un envase de treinta galones del cual se sacaba alcoholina y vendía al de-talle. ' También había un drum mayor de cien galones del cual se llenaba de cuando en cuando el envase menor.

La prueba indica persuasivamente una explosión de la gasolina o kerosina en el piso superior del edificio ocupado por y bajo el control exclusivo del asegurado como causa in-mediata del fuego.

El sistema de llevar los libros empleado y la forma en •que los llamados libros se llevaban no era tal que inspira-ran confianza ante los hechos revelados como consecuencia de la pronta extinción del fuego.

La única inferencia lógica a que puede llegarse de to-das las circunstancias es la de una deliberada intención de defraudar.

“Existe generalmente una disposición en las pólizas de aseguro de incendio de que cualquier fraude o juramento falso del asegu-rado relativo a la pérdida, o en las pruebas de pérdida, anulará cualquier derecho a recobrar por virtud de la póliza. Tal disposi-ción es válida y,puede hacerse cumplir, y para defenderse por este fundamento el asegurador no está obligado a devolver al asegurado la prima que ha pagado. De conformidad con esto una fraudu-lenta valoración excesiva en las pruebas o declaraciones de pérdida anulará el cobro bajo la póliza.” 26 C. J. 382.
“Aunque se ha resuelto que un agente no es un representante legal del asegurado dentro del precepto de la póliza que lo elimina en caso de fraude o juramento falso por parte del asegurado o sus representantes legales, sin embargo, el fraude o falso juramento por parte de un agente a quien el asegurado ha delegado el deber de presentar pruebas de pérdida generalmente puede imputarse al ase-gurado y por consiguiente anular el cobro.” 26 C. J. 386, y casos allí citados.

Que la corte inferior incurrió en error como se indica en el sexto señalamiento de error se desprende del hecho de que quedó tan poco después del fuego y que menos fue con-sumido por él.

La póliza prescribía que:

“Artículo 7. — A. menos que existan en la póliza estipulaciones expresas que las garanticen, quedan excluidos del presente seguro:
“TI. — Las pérdidas o daños causados por cualquier explosión. Se entiende, sin embargo, que la Compañía responderá, al igual de los causados por el incendio, de los daños y pérdidas que causara la explosión del gas de hulla para el alumbrado o para cualquier uso doméstico, en cualquier edificio que no dependa de- una fábrica de dicho gas, y que no sirva en modo alguno a su fabricación.”

Si el demandado sería o nó responsable por la pérdida ocasionada por fuego originado por una explosión de gaso-lina, o sea, en el presente caso, a falta de otras condiciones, es cuestión qne no necesita resolverse. Pero véase a 26 C. J. 344 y 345.

En vista de las conclusiones a las cuales ya se lia llegado y en interés de la brevedad, nos abstenemos de discutir los señalamientos 8, 9 y 10 en que se funda la apelante para solicitar la revocación de la sentencia.

Una llamada “exposición del caso, y opinión,” después de. expresar todas las alegaciones en totalidad, nombres de los abogados qne comparecieron en el juicio y el hecho de que la prueba fué presentada por ambas partes, continúa en esta forma:

“La corte, como resultado de la evidencia practicada por am-bas partes, apreciada en conjunto, y vistas la ley y la jurispruden-cia aplicables al caso, la corte es de opinión que la ley y los hechos están en este caso a favor del demandante y en contra de la deman-dada, y consecuentemente debe dictar, como por la presente dicta sentencia declarando con lugar la demanda en todas sus partes, y condenando como condena a la demandada The Phoenix Fire Insurance Company a pagar al demandante Isaac Aboaf substituido, por sus administradores judiciales Irwin Allen Leher y Samuel Isaacs, la suma reclamada de once mil hollares ($11,000) más in-tereses legales sobre dicha suma desde la interposición de la demanda, hasta su completo pago, más las costas de este pleito. — Regístrese esta, sentencia en el libro correspondiente de esta corte, y oportunamente expídase el necesario mandamiento para hacerla efectiva.”

A falta de algo más específico a manera de conclusiones o más explicativo en forma de razonamiento, apenas pode-mos explicarnos la sentencia dictada por la corte inferior y, como ya hemos dicho, el alegato del apelado sólo suminis-tra alguna luz sobre lo que puede haber tenido en conside-ración el juez de distrito.

Algunos meses antes del fuego se notificó al asegurado que si se quedába ocupando el edificio sería como arrenda-tario a voluntad del .arrendador. Dentro de las circunstan-cias y para obtener una rebaja en el canon manifestó enton-ces que estaba liquidando una mercancía vieja de la cual sólo quedaba algo. Poco después al recibir la notificación de abandonar el sitio y saber que ciertos competidores en los negocios ocuparían el local cuando se desocupara, Aboaf manifestó que nunca desocuparía mientras viviera y que los arrendatarios en perspectiva jamás ocuparían el local.

La prueba en conjunto indica concluyentemente baber te-nido lugar un fuego o incendio intencional así como un fraude deliberado y falsa representación en las negociacio-nes que siguieron.

Si los llamados libros pudieron ser considerados o nó como un cumplimiento substancial con los términos de la • póliza no habiendo habido fundamento de sospecha, es otra cuestión que no necesita ser ahora resuelta.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse sentencia declarando la demanda sin lugar con las costas al deman-dante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldret,

license: Public Domain

text:
      Ex parte Salvador G. López de Azúa, peticionario.
    No. 11.

    Sometido: Febrero 26, 1926.

      Resuelto: Marzo 6, 1926.
    1. Abosado y Cliente — De la Profesión de Abogado — Admisión a su Ejercicio • — Exámenes a los Efectos de la Admisión — Admisión sin Examen — Tí-tulo del Peticionario. — Procede denegar solicitud sobre admisión al ejerci-cio de la profesión sin examen fundada en la Ley No. 17 de 1925 (p. 135) cuando el peticionario, de acuerdo con dicha ley, no acredita que su título (de abogado es de Universidad acreditada.
    2. .Abogado y Cliente — De la Profesión de Abogado — Admisión a su Ejercicio —Exámenes a los Efectos de la Admisión — Admisión sin Examen- — Tí-tulo del Peticionario — Admisión Anterior de Otros con Título Proce-dente de Igual Universidad. — El heeho de haberse admitido a examen per-sonas que presentaron títulos de abogado de determinada universidad no ■obliga al Supremo a seguir admitiéndolos si posteriormente se llega a la ■conclusión de que tal universidad no es acreditada.
    ■Solioitud de admisión al ejercicio de la abogacía sin examen.

      Sin lugar.

   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Don Salvador Gr. López de Azúa Márquez nos pide que lo admitamos al ejercicio de la profesión de abogado sin exa-men amparándose en la Ley No. 17 de 1925 (p. 135) que concede ese derecho a toda persona que habiéndose graduado de abogado en alguna universidad acreditada de Europa o de los Estados Unidos por lo menos con diez años de ante-rioridad a dicha ley, probare a satisfacción de este tribunal que ha practicado durante cinco años en algún bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión; y nos pre-senta un título de abogado expedido a su favor por la Uni-versidad de Potomac de Washington, D. C., en 3 de julio de 1911, alegando que esa universidad es acreditada y que este tribunal la ha admitido como tal al ser presentados por otras personas títulos de esa universidad.

La Ley de 8 de marzo de 1906 (Comp. 151) sobre deter-minación de reglas para el ejercicio de la profesión de abo-gado exigió para tener derecho a postular como abogado el haber obtenido un diploma como tal de cualquier acreditada escuela de leyes de los Estados Unidos y sufrir un examen general sobre ciertas materias, pero la Ley No. 51 de marzo de 1911 (Comp. 152), que empezó a regir el primero de enero de 1912, exigió que el diploma fuese de cualquier acre-ditada universidad o escuela de derecho de los Estados Uni-dos que exigiera estudios preparatorios para ingresar en ella, no siendo dicho diploma adquirido por correspondencia, y que se nos presentase una declaración jurada del rector de la universidad haciendo constar que la persona de que se trate asistió personalmente a las clases de derecho de tal universidad por un término no menor de dos años. ■

Es cierto que hasta que empezó a regir la Ley No. 51 ci-tada fueron admitidas a examen varias personas que presen-taron títulos de abogado de la Universidad de Potomac pero tal hecho no nos obliga a seguir admitiéndolos si posterior-mente hemos llegado a conocimiento de que tal universidad no es acreditada. Y esto es lo ocurrido, pues nos hemos enterado de que la Universidad de Potomac no figura en los Estados Unidos entre las escuelas acreditadas de derecho, según puede verse en los folletos Higher Education Law, publicados por la Universidad del Estado de Nueva York desde 1913 a 1924, Handbook 27. Ya en 1915 negamos a don Francisco Carreras Márques su admisión a examen como abogado por no acreditar que esa universidad fuera acreditada.

Por el motivo expuesto y sin tener que considerar otros, debe ser negada la petición que se nos Face.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Sergio Ramírez, Jr., como trustee de la quiebra de Cruz Vázquez, demandante y apelante, v. Julio Perales, demandado y apelado.
    No. 3751.

    Visto: Enero 12, 1926.

      Resuelto: Marzo 8, 1926.
    1. Quiebra — Quiebra Involuntaria — Insolvencia como Requisito Previo para Determinados Actos de Quiebra — Primer Acto de Quiebra. — De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Quiebras la insolvencia no es un requisito previo para el primer acto de quiebra (Arbona Hilos, v. Rabón Ramírez, 23: 676, revisado y corregido).
    2. Quiebra — Quiebra Involuntaria — De la Adjudicación en Quiebra y su Efecto — Cuestiones Resueltas — Res Judicata. — Adjudicada en quiebra runa persona por liabor tolerado, mientras era insolvente, una preferencia sin haberla anulado, dicha adjudicación es res judicata en euanto a todas las cuestiones necesariamente resueltas y obligatoria para todos los acreedores.
    3. Quiebra — Quiebra Involuntaria — De la Adjudicación en Quiebra y su Efecto — Cuestiones Resueltas — -Estoppel. — Adjudicada en quiebra una persona por haber obtenido, mientras era insolvente, una preferencia, el título y autoridad del síndico (trustee) depende de ser aquélla insolvente, y nin-guna admisión suya puede destruir este hecho primordial.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar de-manda sobre cobro de dinero, sin costas.

      Revocada y dictada otra, con costas.

      González Fngundo & González, Jr., abogados del apelante; Pereyó Quiñones <£• Pereyó, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Está concluyentemente establecido que para que se deje sin efecto una preferencia obtenida contra nn deudor decla-rado en quiebra de conformidad con la Ley Nacional de Ban-carrota debe alegarse y probarse que el deudor era insolvente al momento de surgir tal preferencia. La cuestión envuelta en este caso es si la insolvencia de nn dendor particular en la fecha de la alegada preferencia quedó suficientemente demostrada.

En 17 de septiembre de 1923, Julio Perales radicó en la corte municipal de Humacao una demanda contra Cruz Váz-quez en cobro de la suma de $300, la que se hizo constar en forma de un pagaré. El mismo día fueron embargadas to-das las existencias del deudor en cierta casa comercial. En 19 de septiembre, 1923, los bienes fueron vendidos en pú-blica subasta produciendo la suma de $511.82. Este pleito quedó definitivamente resuelto por sentencia, librándose or-den de ejecución en 5 de octubre, 1923, habiéndose entregado a Julio Perales la suma de $303.37, por su crédito y costas.

En octubre 18, 1923, y por tanto muy dentro del término en que puede quedar sin efecto la preferencia de acuerdo con la Ley de Quiebra, los acreedores radicaron una peti-ción de quiebra involuntaria contra Cruz Vázquez. El fun-damento de la petición como se alegó sustancialmente era que dicho Cruz Vázquez, siendo insolvente, había permitido que sus acreedores A. Pérez & Hermano y Julio Perales de Humacao obtuvieran una preferencia sobre los demás acree-dores mediante embargo y ejecución librado contra algunas de sus existencias sin haber procurado que se anulara dicha preferencia. En noviembre 13, 1923, Cruz Vázquez fue de-clarado en quiebra y nombrado Sergio Ramírez, Jr., trustee, quien estaba autorizado por el árbitro de la quiebra para establecer esta acción.

A una demanda presentada por dicho síndico (trustee) para dejar sin efecto la susodicha preferencia, el demandado Julio Perales contestó alegando que en la fecha de firmarse el pagaré dicho Cruz Vázquez era solvente y así continuó hasta la' radicación de la demanda contra él. En el juicio el síndico demandante admitió la veracidad de esta alega-ción de la contestación y su admisión constituye quizás la principal dificultad en este caso.

La corte municipal al emitir una cuidadosa opinión dictó sentencia contra el síndico demandante, sentencia que fue confirmada en apelación por la Corte de Distrito de Hu-ma cao. Sostiene el apelante, que debido a la adjudicación en quiebra por el fundamento de baber obtenido el acreedor particular una preferencia cuando era insolvente el que-brado, se presume concluyentemente la insolvencia y el ape-lante se funda principalmente en la decisión de esta corte en el caso de Arbona Hermanos v. Pabón & Ramírez, 23 D.P.R. 676. En este caso se resolvió que si la declaración de la quiebra envuelve un acto por parte del deudor cuando la insolvencia es también un elemento, la declaración obliga a todos los acreedores en cuanto al laeebo de tal insolvencia, pero que en caso contrario debe probarse la insolvencia. En dicho caso se resolvió que la insolvencia no había sido sufi-cientemente alegada o probada.

Antes de pasar a discutir este caso o las otras autorida-des, conviene tener en cuenta que el referido caso de Arbona Hermanos v. Pabón & Ramírez, supra, contiene una exposición equivocada de la condición de la ley. El dicho equivocado no afecta a la decisión en el caso ante nos, ni hubiera afectado a la del caso de Arbona Hnos. Allí diji-mos que de acuerdo con la sección 3 de la Ley de Quiebras la insolvencia es un requisito previo para los tres primeros actos de quiebra, pero no lo era para el cuarto y quinto. En realidad la insolvencia no es un requisito previo para el primer acto de quiebra, o sea, haber “trasladado, trans-ferido, ocultado, etc., cualquier parte de su propiedad, con intento de estorbar, demorar o defraudar a sus acreedo-res.” El error no puede posiblemente afectar al presente caso porque el acto de quiebra alegado contra Cruz Vázquez fué bajo el párrafo 3 de la sección 3 de la Ley de Quiebras, que literalmente dice:

“En haber tolerado o permitido, siendo insolvente, a cualquier acreedor, que obtenga preferencia sobre los demás, por medio de un procedimiento legal, si por lo menos cinco días antes de reali-zarse definitivamente la venta o enajenación de cualquier propie-dad afectada por tal preferencia, no hubiere anulado ésta o dejá-dola sin efecto.”

Las cortes de Humacao resolvieron que la insolvencia del quebrado no fué suficientemente probada, y en efecto que el síndico demandante babía admitido que el quebrado era solvente en la fecha de la ejecución obtenida mediante el embargo. La teoría de ambas cortes inferiores según pa-rece, era que la insolvencia de un quebrado en el momento de surgir una preferencia debe probarse independientemente de la declaración de quiebra. Dichas cortes se fundan en varias decisiones de cortes de estado y de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Se resolvió, por ejemplo, en el caso de Taubel-Scott-Kitzmiller Co., Inc., v. Fox et al., 264 U.S. 426, que la sec-ción 67 / de la Ley de Quiebras no anula un gravamen obte-nido por embargo o ejecución durante los cuatro meses an-teriores a la radicación de la petición de quiebra en que el deudor por sentencia es declarado en quiebra, si dicho deu-dor en realidad era solvente cuando se verificó la ejecución. En ese caso, sin embargo, el alegado quebrado presentó una petición de quiebra voluntaria la que por supuesto ni ad-mite ni niega la insolvencia en ninguna fecha anterior y por tanto de acuerdo con la sección 67 / era necesario probar independientemente que el quebrado era insolvente en la fe-cha de la alegada preferencia. Asimismo en el caso de Liberty National Bank v. Bear, 265 U.S. 365, el fundamentó para obtener una declaración fué que el quebrado había co-metido un acto de quiebra haciendo una cesión general para beneficio de los acreedores. Este es el cuarto acto de quie-bra y, como indicamos en el caso de Arbona Hnos. v. Pabón & Ramírez, supra, no presumía la insolvencia. Ninguna de estas decisiones excluye la idea de que la insolvencia del quebrado no puede presumirse concluyentemente cuando ha sido declarado en quiebra por virtud de uno de los actos en los cuales la insolvencia es un elemento necesario para la declaración.

Si Vázquez no era insolvente cuando toleró o permitió a Perales obtener una preferencia mediante embargo, entonces él no cometió un acto de quiebra y la Corte de Distrito de los Estados Unidos hubiera carecido de jurisdicción. En el presente caso la adjudicación de quiebra era exclusivamente por el fundamento de que Vázquez, mientras fué insolvente, había tolerado una preferencia sin haberla anulado. Este es el efecto de nuestra decisión en el caso de Arbona Hnos. v. Pabón & Ramírez, supra, como aparece de los casos cita-dos y especialmente del caso de Cook v. Robinson, 194 Fed. 785. En otras palabras, que la adjudicación es res adjudi-cata, en cuanto a todas las cuestiones necesariamente resuel-tas y obligatorias para todos los acreedores. De otro modo, como allí se dijo, cualquier acreedor que obtuviera una pre-ferencia cuando el quebrado era insolvente, podría obligar al síndico (trustee) en cada caso independientemente a pro-bar la insolvencia.

Aquí, sin embargo, el síndico admitió que Vázquez era solvente en la fecha en que otorgó el pagaré y hasta la radi-cación de la demanda por Perales contra él. El efecto de esta admisión, creemos que está en abierto conflicto con la adjudicación y debe ser entendido e interpretado restrictiva-mente. El mismo título y autoridad del síndico dependía de ser insolvente el quebrado y ninguna admisión suya po-día destruir este hecho primordial. Si el embargo contra Cruz Vázquez lo trajo a un estado de quiebra, o si vino a ese estado posteriormente, o antes de que la propiedad fuera vendida, queda en pie el hecho de que la adjudicación de quiebra lo declaró insolvente mientras los procedimientos de embargo estaban pendientes y lo colocó en una situación de no hacer que se anularan cuando era tal insolvente.

La Corte de Distrito de Humacao fundó también en parte su decisión en el precepto de la sección 67 / que protege a los compradores de buena fe por valor recibido, que han ad-quirido sin tener noticia de la situación del quebrado ni mo-tivo racional para suponerla antes de verificar la compra. La acción en este caso, sin embargo, no es para recobrar la propiedad específica en poder de nn comprador de buena fe. El pleito simplemente es para hacer que Perales devuelva la suma de 1303.37, etc., que obtuvo por virtud de dicho embargo.

Debe revocarse la sentencia y en su lugar dictarse otra a favor del demandante.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ulises A. Martínez, demandado y apelante.
    No. 3486.

    Visto: Marzo 11, 1925.

      Resuelto: Marzo 11, 1926.
    Bancos y Operaciones Bancarias — De sus Punciones y Negocios — Depósitos— Sobregibos en la Cuenta de un Depositante — Responsabilidad de éste por el Montante de los Sobregibos Pagados. — Un depositante cuya cuenta está asegurada por medio de garantía colateral por él puesta a disposición del banco, es responsable por el importe de los sobregiros que, a cargo de esa cuenta, se ban pagado por el banco.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      José C. Rivera, abogado del apelante; Joaquín Vendrell, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció demanda en cobro del importe de ciertos sobregiros, y además de los particulares de pre-sentación y pago por una sucursal de Gfuayama, alegó lo si-guiente :

“VII. Que tanto el cheque número 88,361, como el 30.751 que se mencionan en las alegaciones terceras y quinta de esta demanda, fueron remitidos por la sucursal de la institución bancaria deman-dante que tiene establecida en la ciudad de Guayama a la sucursal que la misma institución demandante tiene abierta en la ciudad de Caguas, para que fuesen cargados a la cuenta corriente del deman-dado en esta última sucursal y con instrucciones de que fuesen abo-nados en cuenta a su vez, a la sucursal donde fueron pagados, se-gún aparece de los endosos que figuran al dorso de los dos cheques referidos.
“YIII. Que en la fecha que fueron recibidos por la sucursal de Caguas los cheques a que se hace referencia en las alegaciones ter-cera y quinta de esta demanda, la cuenta corriente del demandado Ulises A. Martínez no arrojaba a su favor un saldo suficiente para cubrir el montante total de los mismos cheques; habiéndose visto obligada esta sucursal a requerir al demandado, a efectos de que, hiciese a la brevedad posible, el depósito de fondos suficientes a cu-brir el montante total de los ameritados cheques.
“IX. Y alega la institución bancaria demandante que el deman-dado solicitó del Gerente de la sucursal de Caguas que abonase en cuenta a la sucursal de la misma institución establecida en la ciudad de Guayama, que fué la que remitió los cheques objeto de esta ac-ción con las instrucciones que aparecen en las alegaciones anteriores de esta demanda, bajo promesa por parte del demandado de hacer oportunamente el depósito de fondos que cubriesen totalmente el montante de dichos cheques.
“X. Que la sucursal de Caguas, en atención a que en aquella fe-cha el demandado gozaba de un buen crédito y con el fin de no per-judicar en su crédito al demandado abonó en cuenta a la sucursal de Guayama,'los cuatro mil cien dollars, importe total de los ya re-petidos cheques; y a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha en que dichos cheques fueron recibidos por la sucursal de Caguas hasta la interposición de esta demanda el demandado no ha hecho efectivo el pago del importe de los cuatro mil cien dollars, ni gestión alguna tendente a cubrir el importe de dicha cantidad, no obstante la infinidad de requerimientos que se le han hecho para conseguirlo.”

De la contestación del demandado transcribimos lo si-guiente :

“III. El demandado carece de información o creencia sobre to-dos los extremos comprendidos en el hecho séptimo de la demanda, por lo que- formula de ese modo la negación de dicho hecho.
“IV. El demandado impugna y niega general y especialmente, uno' por uno, todos los puntos que integran el hecho noveno de la demanda.
“Y. Asimismo el demandado impugna y niega, en su totalidad, el hecho décimo de la demanda, de un modo general y especial.

MATERIA NUEVA CONSTITUTIVA DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA.

“El demandado, además, como materia nueva de oposición a la demanda, aduce las siguientes defensas:
“Primera: Que el demandado nunca estuvo obligado, principal y directamente, a reembolsar al demandante el importe de los che-ques objeto de este pleito, sino que eso correspondía a los endosata-rios de los mismos, en el orden en que aparecen como tales en dichos documentos de créditos, y es por eso que al demandante corres-pondía, a su vez, dirigirse primeramente contra aquéllos, a menos que estuviese en la menté del demandante aceptar siempre la res-ponsabilidad de su no actuación contra las partes directamente com-pelidas a reembolsar el importe de dichos cheques; y
“Que, además, en la fecha en que fueron recibidos los cheques por la sucursal de Caguas, aunque el saldo de la cuenta del deman-dado a su favor no ascendía a más de $400.00, más o menos, es lo cierto que el demandado había depositado en el banco como garantía colateral a su cuenta corriente el importe de más de 15 pagarés a su favor que en su totalidad montaban a más de $3,428.30, por lo que no es posible ni siquiera suponer que el banco tuviese motivo para hacer requerimiento alguno al demandado entonces, a fin de que procediese a efectuar nuevos depósitos; máxime cuando dicha garantía colateral había sido aceptada a la más completa satisfacción del banco en todas las ocasiones.
“Segunda: Y el demandado alega y sostiene, especialmente, que el demandante nunca abonó a la cuenta corriente del demandado valor alguno que compensase el importe de los valores colaterales en su poder y a su • disposición, los que a veces ascendieron a más de seis mil dollars, en varios pagarés a favor del demandado, endo-sados en blanco, no obstante haber considerado el demandante la imposición de dichos documentos como valores en cartera para las emergencias de la cuenta corriente del demandado; y con cuyos valores en cartera trataba siempre de compensar los sebregiros que pudieran ocurrir en la cuenta corriente del demandado como co-rrentista del demandante; y
“Que no es posible concebir cómo pudo el demandante tratar con tanta consideración al demandado, a fin de no perjudicarle en su crédito y reputación en aquella fecha (cuando recibió la sucur-sal de Caguas los cheques de este pleito), por cuanto que precisa-mente en aquella fecha, en aquellos días, con grave perjuicio para el demandado, el demandante le devolvió otros cheques del propio demandado sin el menor asomo de respeto o distinción, si bien es verdad que los endosatarios de los cheques que fueron así devuel-tos no eran personas de tan buen crédito y solvencia como los endo-satarios de los cheques que sirven do base a esta reclamación.”

Al terminar el demandante de presentar su prueba, tuvo lugar el siguiente incidente:

‘‘Liedo. J. C. Rivera. — Señor Juez, para ganar tiempo, yo deseo hacer una moción, para someterla a la consideración de la Corte, como una cuestión de derecho, sin argumentación. He podido y puedo levantar varias defensas, pero quisiera levantar una sola de-fensa, y yo creo que el compañero no tendrá inconveniente con res-pecto a ello, sin perjuicio de que la Corte la resuelva después de oir mi prueba. La defensa de que el demandado nunca ha estado obli-gado a reembolsar a la demandante el importe de esos cheques.
‘‘Liedo. Vendrell. — Como una cuestión de derecho, sí, señor; all right.
‘‘Liedo. J. C. Rivera. — De manera que todas las demás defensas se dan por no interpuestas. El demandado- quiere declarar.”

El único testigo del demandado fué el propio demandado, quien insistió en que él nunca había sido notificado del so-bregiro particular en cuestión, o de cualesquiera otros con posterioridad a ciertas fechas especificadas. Pero el de-mandado admitió que se le había notificado de anteriores sobregiros y que había recibido un estado de su cuenta en el que los cheques referidos en la demanda habían sido car-gados a su cuenta por haber sido pagados por el banco.

En la corte inferior el caso fué sometido por alegatos y la principal, si no la única, contención del demandado pa-rece haber sido que el banco estaba obligado a proceder pri-mero contra los endosatarios.

En apelación, sin embargo, esta teoría parece haber sido prácticamente abandonada y el demandado se funda ahora . en la proposición de que el banco no tiene ningún remedio por pérdidas sufridas por pago de' sobregiros hechos por inadvertencia u otra causa.

El alegato del apelante no contiene ningún señalamiento de error por separado y unas siete u ocho páginas de la lla-mada exposición del caso se dedican a discutir la excepción previa de falta de lieclios suficientes para constituir nna cansa de acción, que fné desestimada por la corte inferior.

A esto signen varias especificaciones diseminadas por todo el razonamiento del abogado relativas a los alegados errores en la admisión de la prneba y a la desestimación de nna moción para eliminar nna o dos preguntas y contesta-ciones insignificantes. Ningnna de estas cuestiones como fueron presentadas y sometidas • hubieran requerido seria consideración, aun cuando hubiesen sido señaladas separada-mente.

Sigue inmediatamente un amplio “análisis de la prueba” sin ningún señalamiento en relación con la misma. Y en conclusión se reanuda la discusión de la excepción previa por contener la cuestión envuelta.

En lo que respecta a la excepción previa el apelante pasa enteramente por alto la alegación de que los cheques fueron honrados a instancias y petición del demandado. En la discusión de la prueba se ignora asimismo la admisión envuelta en la manifestación terminante de la contestación al efecto de que el demandado había dejado en poder del banco una cantidad considerable de garantía colateral para responder de todos los sobregiros. El razonamiento en conjunto asume, sin ninguna tentativa formal por demos-trar, que la misma regla rige entre el librado y el librador que entre el librado y a quien se hace el pago. Oreemos, en substancia, que la relación entre un banco y sus deposi-tantes es la que hay entre deudor y acreedor; que un banco no tiene ninguna obligación de pagar un sobregiro; que el hecho de hacerlo así se considera como censurable por algu-nas cortes y que el dinero así pagado generalmente no puede ser recobrado del que lo recibe, todo lo cual puede admitirse sin afectar al resultado en el presente caso.

Sin embargo, el alegato por su faz es un documento más bien formidable, con copiosas citas de autoridades, y el de-mandado en contestación parece que se funda en la proposi-ción de que debe desestimarse la apelación debido a los de-fectos de forma ya referidos, más que en los méritos del caso como ha sido presentado por el banco.

Dentro de las circunstancias, y especialmente en vista del hecho de que se hizo una indicación sobre la desestima-ción de la apelación en el alegato del apelado archivado al-gunos días antes de la vista, en vez de hacerse en una mo-ción de desestimación a su debido tiempo, y a pesar del he-cho de que este tribunal no está en la obligación de leer un alegato como el que fue presentado por el apelante aquí, ni de examinar los autos, hemos preferido aplazar la resolu-ción final del presente caso hasta que pudiéramos tener tiempo para cerciorarnos de que no se le había ocasionado ninguna grave injusticia al demandado.

Habiendo llegado a la conclusión de que no se cometió ningún error fundamental, la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe, Aldkey,

text:
    Felipe Sánchez Osorio, demandante y apelado, v. Sofía Vizcarrondo Mongrand, Lorenzo F. Vizcarrondo, Elisa Vizcarrondo de González, y Dolores (Lolín) Vizcarrondo de Urrutia, demandados y apelantes.
    No. 3807.

    Visto: Marzo 4, 1926.

      Resuelto: Marzo 11, 1926.
    1. EMBARGOS — Anulación, Dejar sin Efecto (Vacating), Disolución y Aban-dono — Causas que. Producen la Nulidad del Embargo Trabado — Fianza que se Anula con Posterioridad al Embargo. — Trabado embargo sobre bie-nes de nn demandado y amulada posteriormente la fianza prestada para obte-nerlo, el embargo trabado es nulo.
    2. Embargos — Anulación, Dejar sin Efecto (Vacating), Disolución y Aban-dono — Personas oon Derecho a Solicitarlo y Obtenerlo — Estoppel—Per-sonas que Han Prestado Fianza para Librarlo. — Trabado un embargo que descansa en una fianza que ha sido anulada, el heeho de que los deman-dados hayan prestado fianza para librar el embargo no les impide solicitar y obtener la cancelación del embargo trabado.
    Resolución de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar moción sobre nulidad de embargo y cancelación de fianza.

      Re-vocada.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; Leopoldo Feliú, abo- • gado del apelado. '
   El Juez Asociado Señoe, Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito seguido entre las partes de esta apelación el demandante solicitó el aseguramiento de la sentencia qne se dictase en sn favor y se decretó el embargo de bienes de los demandados con fianza de $7,000 para responder a los demandados de los daños y perjuicios que les causare por consecuencia del aseguramiento. Esa fianza fué prestada y aprobada por la corte inferior el 27 de agosto de 1925 pero el 3 de septiembre siguiente la corte, motu proprio, dejó sin efecto su aprobación por haber sido dada por error. Los fiadores no juraron el valor de los bienes inmuebles que tengan en Puerto Eico. Sin embargo, el 28 de agosto se embargaron bienes de los demandados y mediante fianza que éstos prestaron para responder de las resultas del pleito el embargo fué levantado.

Después de esos hechos los demandados solicitaron de la corte que anulase el embargo trabado en sus bienes porque se había hecho sin fianza válida prestada por el demandante, pero esa petición fué negada porque, aunque se reconoce que dicha fianza es defectuosa, se dice que ‘ ‘ como el embargo quedó sin efecto por el afianzamiento de la obligación y el juez motu proprio dejó sin efecto la aprobación de dicha fianza, carece de finalidad el decretar su nulidad; no pu-diendo en este estado del procedimiento cancelar la obliga-ción afianzando la reclamación.” Esta resolución ha moti-vado esta apelación.

Puesto que el embargo fué decretado previa prestación de fianza por el demandante para responder a los demanda-dos de los daños y perjuicios que les causare en caso de que no prosperase la demanda y puesto que la fianza que dió el demandante con tal fin fué anulada, no tiene el demandante derecho a embargo de bienes de los demandados y es nulo el que se trabó descansando en una fianza que ha sido anu-lada, puesto que los demandados no están garantizados de que el demandante les responderá de los daños y perjuicios quo con el embargo le canse si no prosperase sn acción; sin que el lieclio de que los demandados hayan prestado fianza garantizando, la obligación reclamada para librar sus bie-nes del embargo impida a los demandados solicitar y obtener la cancelación del embargo que no está afianzado, ni tam-poco haga que carezca de finalidad práctica esa petición pues esto equivaldría a declarar que cuando indebidamente se obtiene un embargo pendente lite debe sin embargo sub-sistir porque los demandados han usado de su derecho de librar sus bienes de él mediante fianza garantizando la obli-gación reclamada y daría por resultado que el demandante tuviera asegurada la sentencia que se dicte a-su favor sin prestar la fianza que se le exigió a ese efecto.

La resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando nulo el embargo trabado en bienes de los deman-dados y dejando sin efecto la fianza que ellos prestaron ga-rantizando -la obligación a fin de que fuese levantado dicho embargo.


author: El Juez Asociado Señoe Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Delgado, acusado y apelante.
    No. 2670.

    Visto: Marzo 5, 1926.

      Resuelto: Marzo 11, 1926.
    1. Perturbación de Asambleas Públicas — Naturaleza del Delito. — La reunión de presos en una cárcel lio es una de las congregaciones o asambleas a que se refiere el artículo 358 del Código Penal.
    2. Alteración de la Paz Pública — Proceso y Castigo — Denuncia.—Suficiencia de la Misma — Determinación del Delito. — Los lieehos que se relatan en una denuncia y no la calificación legal que les dé el denunciante, son los que determinan el delito.
    3. Alteración de la Paz Pública — Proceso y Castigo — Denuncia—Suficien-OIENCIA DE LA MlS'MA — USO DE PALABRAS GROSERAS E INSULTANTES. ■— Una denuncia en que se alega que el acusado perturbó y molestó a los presos reu-nidos en una cárcel municipal eon palabras groseras e insultantes, imputa hechos delictivos comprendidos en el articulo 368 del Código Penal y no dentro del artículo 358 de dicho Código.
    4. Alteración de la Paz Pública — Proceso y Castigo — Evidencia—Suficiencia de la Misma. — Prueba de que un acusado profirió dentro de una cárcel y junto a los presos, palabras groseras e insultantes dirigidas a un tercero, es suficiente a los efectos del artículo 368 del Código Penal.

      5. Desecho Penal — Del -Oastigio y Prevención del Delito — Determinación de la Extensión de la Pena bob la Oobte — Evidencia para Mitigarla o Agravarla — Admisibilidad.—Cuando una corte tiene el deber de determinar la extensión de la pena, puede recibir evidencia para agravarla o mitigarla.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Sala Segunda, Ponce), condenando al acusado por delito de alterar la paz pública.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz j Miguel Bah amonde, abogados del apelante; José F. Figueras, abogado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué condenado a sesenta dólares de multa por un delito de alterar la paz pública y en la apelación que lia interpuesto contra esa sentencia alega que debe ser ab-suelto porque en la denuncia beclia contra él no se le imputa delito alguno.

Fué denunciado por infracción del artículo 358 del Có-digo Penal alegándose que voluntaria y maliciosamente per-turbó y molestó con conducta grosera el orden y solemnidad de los presos reunidos en la cárcel municipal diciendo en alta voz ciertas palabras insultantes, consignadas en la de-nuncia, dirigidas contra el denunciante.

Los hechos expresados en la denuncia no están comprendidos en el artículo 358 porque los actos en él penados son los de perturbar o molestar cualquiera congregación de personas reunidas para dedicarse al culto religioso u otro objeto lícito; perturbar o dispersar sin autoridad cualquier asamblea o reunión de carácter legítimo y hacer uso de lenguaje profano o indecoroso en presencia o al alcance de mujeres o niños, y la reunión de presos en una cárcel no es una de las congregacions o asambleas a que se refiere ese precepto, ya que éstas suponen voluntariedad de los congregados.

Veamos si los hechos relatados constituyen el delito previsto en el artículo 368 del mismo Código y castigado con multa máxima de doscientos dólares o cárcel por término máximo de noventa días o con ambas penas a discreción del tribunal, pues si es así la denuncia imputará un de-lito a pesar de que no cita ese artículo sino otro distinto, porque son los hechos los que determinan el delito y no la calificación legal que les dé el denunciante. En el artículo 368, comprendido como el anterior en el capítulo de delitos contra la paz pública, se declara delictivo el hecho de per-turbar la paz o tranquilidad de algún vecindario o indivi-duo con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provoca-ciones. La denuncia no dice que el denunciado perturbó la paz o tranquilidad del denunciante pero sí que perturbó y molestó con sus palabras a los presos reunidos en la cárcel municipal, que son el vecindario de la cárcel, y por tanto imputa hechos delictivos comprendidos en el artículo 368.

En cuanto a la evidencia presentada la encontramos suficiente pues el alcaide de la cárcel declaró que el denunciado profirió dentro de ella y junto a los presos las palabras groseras e insultantes para él que menciona la denuncia.

Terminada la presentación de la evidencia del fiscal, pues el apelante no presentó prueba alguna, la corte declaró que de acuerdo con el artículo 368 se trataba de una alteración de la paz y para los efectos de la pena que había de imponer hizo comparecer a un policía quien manifestó que ni denunciado no tiene un buen record como perturbador de .la paz y que en varios momentos la ha alterado, conducta tde la corte que se alega ser errónea porque no habiendo presentado el denunciado prueba de su buena reputación ésta no podía ser impugnada, citando en apoyo de esta afirmación el caso de Commonwealth v. Hardy, 2 Mass. 317, resuelto en 1807, pero ese extremo no es la decisión de esa corte sino la opinión de uno de sus jueces, y la práctica ahora bien establecida es que cuando la corte tiene el deber de determinar la extensión de la pena puede recibir evidencia para agravarla o mitigarla. 8 R.C.L. páginas 260 y 261, y 14 Ann. Cas. 968.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rafael del Valle Zeno, promovente, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, y Jesús María Rossy, demandados.
    No. 37.

    Sometido: Marzo 10, 1926.

      Resuelto: Marzo 11, 1926.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Casio — Jurisdicción y Procedimientos de la Corte de Apelación Después de Devuelto el Caso— Reconsideración Estando el Mandato de la Corte de Apelación en Poder del Tribunal Inferior. — Para que una moción de reconsideración presentada en la corte de apelación pueda dejar en suspenso la jurisdicción de la corte inferior es necesario que se solicite la devolución del mandato de la corte de apelación que, en poder de dicha corte inferior, traspasó la jurisdicción a la misma.
    2. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Recobrar la Posesión por el Arrendador — Desahucio—Apelación—Decisiones Re-visarles — Resolución Negando Ampliación del Término para el Desa-lojo. — -Presentada moción para ampliar el término lijado para la ejecución de sentencia que, dictada en un caso de desahucio, quedó firme, la resolución sobre dicha moción no es apelable.
    3. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance y Efecto de la Decisión — Resolución sobre- Mociones — -Mociones que Presentan Cuestiones Comprendidas en una Sentencia. — A las cuestiones necesariamente comprendidas en la sentencia debe llegarse mediante apela-ción contra ésta: presentadas aquéllas de nuevo por mocioues, las resolu-ciones so.bre dichas mociones no son apelables.
    4. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Recobrar la Posesión el Arrendador — Desahucio—De la Sentencia — Estoppel del Demandado — Ampliación Término para la Ejecución. — Dietada sentencia de desahucio que fija el término de la ejecución, el demandado está, impedido {estopped') por dicha sentencia para solicitar que dicho término se amplíe de acuerdo con los términos de un contrato que, entre las partes, dió lugar al desahucio.
    Petición de auto INHIBITORIO para que se ordene a los demandados que desistan y se abstengan de nuevo procedimiento en relación con la orden o resolución dictada por el tribunal inferior j contra la cual se estableció recurso de apelación.

      Sin lugar.

      Jacinto Texidor, J. Martínez Dávila, J. H. Brown y M. Rodríguez Berra, abogados del promovente.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso no se expedirá nn anto inhibitorio. En no-viembre 10, 1925 esta corte dictó sentencia interpretando nn contrato y manifestando qne el demandante tenía derecho a seguir adelante con sn acción de desahucio. El caso vol-vió a la corte de distrito qne dictó sentencia de desahucio en 29 de diciembre de 1925. El demandado, a nuestro juicio, equivocó sus derechos y dejó de verificar cierto depósito necesario a los fines de una apelación y la apelación contra la sentencia de desahucio tuvo que ser desestimada.

Una sentencia en un caso de desahucio siempre fija un término en el cual el demandado debe desalojar el sitio y en este caso el término fijado fué de 20 días, las fechas exactas no siendo importantes en este momento, y éstas no se espe-cifican claramente en la petición. En o antes del término lijado para la ejecución de la sentencia en 25 de febrero de 1926, el demandado presentó una moción especial a la Corte de Distrito de San Juan. El demandado sostuvo que la ley del caso era el contrato celebrado entre las partes y que en dicho contrato las partes habían convenido lo siguiente:

“Undécima: Una vez expirado el tiempo de este contrato, y el de su prórroga, si la hubiere, el señor del Valle- Zeno tendrá un plazo de dos meses para levantar de la parcela arrendada el equipo que haya instalado, pagando al señor Rossy arrendamiento, en la misma forma que establece la cláusula quinta, por dichos dos meses.”

El demandado insistió en que la fecha para desalojar la finca debía ampliarse a dos meses de acuerdo con los términos del contrato. El demandado amplió su referida moción para llamar la atención de la corte inferior a que probablemente había librado su orden de ejecución a virtud de la teoría de que la sentencia de desahucio se había convertido en ejecutable debido a la desestimación de la apelación mientras que según el peticionario el hecho era que al tiempo de librarse la referida orden de ejecución se encontraba pendiente una moción de reconsideración ante esta corte que dejaba en suspenso la jurisdicción de la corte de distrito.

Podemos interrumpir nuestra narración de los hechos del caso para decir qne los autos de esta corte muestran qne en la fecha de la moción de reconsideración el mandato de esta corte desestimando la apelación ya estaba 'en poder de la corte de distrito y que el referido mandato traspasó la jurisdicción a esa corte. 2 R.C.L. 175, memorándum y sentencia de esta corte de marzo 10, 1926, en el caso de Royal Bank of Canada v. Goico. Hubiera sido necesario solicitar la devolución del mandato.

Asimismo dudamos si una moción de reconsideración por sí anularía el derecho de ejecución una vez que surge. La condición de ser ejecutable una sentencia en Puerto Rico parece que queda fijada por la sentencia de esta corte y no por la devolución del mandato. El derecho de ejecución en general en los Estados Unidos sólo se suspende por un su-persedeas.

La moción de febrero 25 como quedó ampliada, fué de-clarada sin lugar en 5 de marzo de 1926 por la Corte de Distrito y el demandado apeló. El demandante compareció ante la corte y solicitó la ejecución inmediata alegando que la orden desestimando la moción de febrero 25 no era apela-ble. El juez se reservó la resolución y no la había resuelto cuando esta petición de auto inhibitorio fué presentada.

El peticionario sostiene que el único tribunal competente para resolver si procede una apelación es la corte a la cual, se interpone la apelación y solicita se expida un auto inhi-bitorio. La súplica del auto es sólo y exclusivamente para que se ordene al juez que se abstenga de nuevos procedi-mientos en relación a la orden de 5 de marzo de 1926, que deniega la moción ampliada de febrero 25, 1926.

Técnicamente si expidiésemos el auto como ha sido soli-citado en manera alguna impediría la ejecución, si el deman-dante tenía derecho a sostener que la resolución de marzo 5 no era apelable. Si el juez correcta o incorrectamente es-taba convencido de que la resolución no era apelable, la or-den inhibitoria no detendría la ejecución. Sólo impediría al juez poder considerar si la resolución era o nó de tal modo apelable.

La cuestión substancial a que el peticionario trataba de -llegar era que la corte no tenía ningún derecho a ejecutar la sentencia de desahucio estando pendiente la apelación contra la resolución de marzo 5. La teoría del demandante fpé probablemente que dicha resolución no era apelable porque no caía- dentro de la clase de procedimientos conocidos para los fines de una apelación por “órdenes después de sentencia.” La jurisprudencia de esta corte y de California es clara 'en cuanto a que debe llegarse a las cuestiones necesariamente comprendidas en la sentencia mediante una apelación contra dicha sentencia y si se presentan de nuevo por mociones las resoluciones sobre dichas mociones no son apelables. De otro modo un litigante que ha obtenido éxito podría ser molestado siempre con las apelaciones. Si las órdenes sobre dichas mociones no están comprendidas dentro de la clase mencionada pueden ser consideradas como nulas. Un juez de una corte si está enteramente convencido de que un procedimiento es nulo puede seguir adelante haciendo caso omiso del mismo. De otro modo el término fijado para la ejecución de una sentencia nunca empezaría.

La cuestión por tanto en pie es si la apelación era o nó contra una “resolución después de sentencia,” como la con-sidera la ley y la jurisprudencia. Hubo una sentencia de desahucio que fijaba un término para la ejecución. El tér-mino de la ejecución fué así fijado por la sentencia misma y quedó firme. Cualquier tentativa para fijar alguna otra fe-cha era apartarse de algo necesariamente incluido en la sen-tencia dictada correcta o incorrectamente.

Quizás hay aún una consideración más importante. Como en la petición 'no. se expresan todos los hechos del pleito de desahucio, en este momento .no conocemos y posiblemente no podemos conocer los fundamentos por los cuales .el demandante logró obtener su sentencia de desahucio en la corte inferior. A nna consideración de los méritos de la apelación contra la sentencia a favor del demandante nnnca se llegó. Sin embargo, esa sentencia era nn completo impedimento (estoppel) contra el demandado para todas las cuestiones que pudieron haber sido defendidas en dicho pleito. Puede haber sido que la cláusula del contrato ci-tada por el peticionario quedara ineficaz o variada por al-guna otra cláusula del contrato. Aún más que esto es la conclusión de que cuando un demandado deja de cumplir un contrato y el demandante invoca penalidades por tal incum-plimiento, y una cancelación del contrato, el término del vencimiento del contrato no surge. Si el demandado dejó de cumplir con alguna cláusula del contrato de arrenda-miento dando al demandante un derecho al desahucio el vencimiento del término concedido entendemos que nunca llegó. A lo sumo los. dos meses sólo, podía decirse que co-rrían a partir del momento en que el incumplimiento surgió y el demandante notificó al demandado respecto al mismo y solicitó que verificara la entrega de la finca, tal vez desde la radicación de la demanda en este caso.

Propiamente no existe ninguna “providencia después de la sentencia” y la solicitud de auto inhibitorio debe ser de-negada.


author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Wm. P. Kramer, Jefe del Servicio Forestal Insular, demandado y apelado.
    No. 3779.

    Visto: Enero 22, 1926.

      Resuelto: Marzo 11, 1926.
    Territorios — Acciones contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento para ser Demandado — Acciones contra Funcionarios del Pueblo — Aún cuando una acción se dirija nominalmente contra un funcionario público en su capacidad representativa, si los actos que se alega que fueron come-tidos son perjudiciales (tortious) por su naturaleza, El Pueblo de Puerto Rico no es la parte indispensable; el mencionarse su capacidad represen-tativa es entonces una mera descriptio personae.

      SENTENCIA de Charles E. Fools, J. (Primer Distrito, San Juan), or-denando, a moción de parte, el sobreseimiento y archivo del caso por carecer de jurisdicción para conocer del mismo.

      Revocada y devuelto el caso.

      Cayetano Coll y Ctorfií y G. Crtozado Silva, abogados de la apelante, Hon. George C. Butte, Attorney General y F. G. Pérez Alnviroty, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan fué presentada una demanda en la que se describían ciertos terrenos como per-tenecientes a, y en posesión de, la demandante, quien impu-taba al demandado Wm. P. Kramer, sus agentes y emplea-dos, el hecho de haber penetrado violentamente en la finca de la demandante, cortando montes y autorizando a otras personas a sacar leña de la misma. Imputaba también la demanda el hecho de que el demandado no sólo realizó los actos referidos sino que también trató de impedir que la de-mandante goce de la libre posesión de dichos terrenos. La demandante solicitó se librara un inpmction para prohibir los actos referidos.

En la demanda, para dar color a los actos ejecutados por el demandado, se dice que él alegaba que dichos terrenos-estaban bajo su custodia y administración como Jefe del Servicio Forestal de Puerto Rico.

En contestación a esta demanda el Fiscal General de Puerto Rico radicó, un documento por escrito titulado ‘ ‘ Com-parecencia especial y moción de sobreseimiento.” En ella se expresa que el demandado Wm. P. Kramer, por sus abo-gados, el Procurador General de Puerto Rico y delegados, comparece especialmente con el solo y único propósito de impugnar la jurisdicción de la corte sobre la persona del de-mandado y suplicar que se desestime la solicitud porque la demanda, que fué dirigida contra el Jefe del Servicio Fo-restal de Puerto Rico en su capacidad oficial, era en reali-dad una acción contra El Pueblo de Puerto Rico y que éste no había prestado su consentimiento para ser demandado. Con la demanda y la moción ante sí la corte declaró o resol-vió, como fuere el caso, que la única parte realmente inte-resada en la controversia era El Pueblo de Puerto Pico y que como su consentimiento no constaba, la corte carecía de jurisdicción.

Hay dos clases de decisiones. Una de ellas en su esen-cia sostiene que cuando un demandado está actuando real-mente en su capacidad representativa como agente del Go-bierno, sus actos ban de ser considerados como los actos del Gobierno. In re Ayers et at., 123 U. S. 443; Minnesota v. Hitchcock, 185 U. S. 373. La otra clase de decisión es que cuando un agente actúa torticeramente él no puede defen-derse escudándose en su supuesta autoridad oficial. Hopkins v. Clemson College, 221 U. S. 636 (55 L. Ed. 890), y casos, Louisville & Nashville R. R. Co. v. Burr, 44 L.R.A. (N.S.) 189.

Si, por ejemplo, el Gobierno en este caso hubiera presen-tado la reclamación de que los terrenos descritos-en realidad de verdad pertenecían a, y estaban en posesión de, El Pueblo de Puerto Rico, habría lugar para discutir si cuando una demanda que alega el dominio y la posesión imputa ac-tos que son más o menos violentos por parte de otra persona que reclama ser agente del Gobierno, la acción sólo podía ser establecida con el consentimiento de este último. Habría todavía fundamento de discusión si la alegación de dominio y posesión por parte del Gobierno impidiera a un demandante poder sostener su dominio y posesión en una acción. El Pueblo v. Rosaly, 227 U.S. 270, fué una acción claramente contra El Pueblo de Puerto Rico y la sentencia era contra El Pueblo de Puerto Rico privándole de la pro-piedad y concediendo rentas y productos contra el referido cuerpo político. Queda abierta la cuestión de si ese pleito hubiera sido establecido únicamente contra las personas en posesión hubieran ellas podido ampararse ante el amplio manto de El Pueblo de Puerto Rico.

En el caso ante nos se admite necesariamente qne la de-mandante es la dneña y poseedora de los terrenos descritos. Se alegan actos de usurpación por parte del demandado. También se admite que él reclama un derecho a los terre-nos por virtud de su-capacidad oficial. La mera reclama-ción del demandado en nada aminora la posesión admitida de la demandante.

Ni tampoco la comparecencia del Procurador General así la aminora. Su comparecencia es especial y no alega nin-gún hecho en oposición a dicha posesión admitida. El mismo se llama abogado del demandado. Si los actos del segundo son realmente torticeros, él no puede derivar ningún bene-ficio del hecho de que su abogado es el Fiscal General. El Procurador General cuidadosamente eludió hacer ninguna alegación para El Pueblo de Puerto Rico excepto que éste no puede ser demandado a menos que preste su consenti-miento. Al Fiscal General no puede suponérsele oficialmente que esté defendiendo actos dañosos. Si tal suposición pu-diera hacerse, el Fiscal General todavía es solamente un agente del Gobierno y una defensa por su parte no podía variar el hecho. La alegación de posesión asimismo no privaría a la demandante de ser oída en corte.

Dejando a un lado todas las suposiciones, lo que la de-manda imputa son hechos torticeros contra ¥m. P. Kramer realizados en los terrenos de la demandante y el mencionarse su título oficial es únicamente una descripción de la persona (descriptio personae). Se alega la posesión por parte de la demandante y el caso según las alegaciones cae dentro de la serie de decisiones que no suministran ninguna protección a un agente por el hecho de que sea él un funcionario. El está protegido cuando consta debidamente que los actos eran consecuencia necesaria de sus deberes oficiales.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse él caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.