text:
    Sucesión Rivera, Demandante y Apelante, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de expedientes posesorios y otros-extremos.
    No. 2256.
    Resuelto en abril 26, 1921.
    Nuevo Juicio — Procedimientos Ulteriores. — Habidas en consideración las cir-cunstancias que concurren y que se exponen extensamente en la opinión, la corte resolvió que la justicia requería que el pleito fuera devuelto a la corte de su origen para procedimientos ulteriores.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mendín Sabat.

    Abogado de los apelados: Sr. B. Arce Rollet.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En enero de 1916 la Sucesión de Jacinto Rivera (Jarcia estableció una demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra Gregorio Hernández y Francisca Martínez, sobre nu-lidad de expedientes posesorios, inscripciones en el registro y venta, y entrega de.inmuebles y sus frutos y productos.

Se celebró la vista del pleito en febrero de 1917 y no se dictó sentencia hasta julio de 1919. Se interpuso apelación en agosto siguiente, pero la transcripción no se archivó en esta Corte Suprema hasta junio de 1920.

Los demandantes alegaron, en resumen, que Gregorio Her-nández, de mala fe y a sabiendas que no le pertenecían, tra-mitó ante el Juzgado Municipal de Hato Grande expedientes para acreditar la posesión de dos fincas rústicas, una de ca-torce y otra de dos cuerdas, alegando que las había adqui-rido por compra- a Jacinto Rivera; que los expedientes se aprobaron e inscribieron en el registro; que Hernández a la fecha de los expedientes, 1899, poseía los predios como arrendatario; que Hernández en 1913 vendió las fincas a Francisca Martínez, su concubina, siendo la venta ficticia, a título gratuito, con el único objeto de perjudicar a los de-mandantes que son los herederos de Jacinto Rivera, muerto en 1895. Alegaron además que el demandado Hernández fue nombrado por Jacinto Rivera en su testamento protutor de sus menores hijos.

Después de varios incidentes, los demandados contestaron alegando, en resumen, que ciertamente Hernández acreditó la posesión de las fincas reclamadas pero en un solo expe-diente, exponiendo que las había adquirido por título de compraventa de Jacinto Rivera desde enero de 1895, .y tra-mitándose dicho expediente de acuerdo con la ley, siendo aprobado e inscrito. Negaron los demandados que Hernán-dez hubiera poseído como arrendatario y aceptaron que Her-nández vendió a Francisca Martínez las fincas, negando que la venta fuera simulada, a título gratuito, sosteniendo por el contrario que la venta fue cierta y mediante una justa com-pensación. Hernández negó que hubiera aceptado el cargo ■de protutor de los menores hijos de Jacinto Rivera.

Como materia nueva los demandados alegaron que hacía diez y ocho años que había sido tramitado e inscrito, con notificación y conformidad de la sucesión demandante, el ex-pediente posesorio de las fincas relacionadas en la demanda y que ahora se pretendía anular, siendo esta la primera re-clamación hedía en contra de los derechos de Hernández, y que los herederos testamentarios directos de Jacinto Rivera cedieron a Hernández con anterioridad a la interposición de la demanda por documentos auténticos y sin ninguna reserva, todos los derechos y acciones que les correspondían en la herencia, sin que hayan luego readquirido tales derechos y acciones.

Practicadas las pruebas, la corte dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda, sin especial condenación de cos-tas. La sentencia se basó en una decisión que copiada a la letra, dice así:

“Los demandantes en este caso, que constituyen la Sue. de Ja-cinto Rivera García, establecieron una acción sobre nulidad de expe-diente posesorio y otros extremos, contra Gregorio Hernández y Francisca Martínez y Martínez.
“Como fundamento esencial de la demanda, se alega en síntesis, que el demandado Gregorio Hernández Rodríguez de mala fé, tramitó ante el Juzgado Municipal de Hato Grande, boy San Lorenzo, expe-dientes posesorios con relación a ciertas fincas que se describen en la demanda, a sabiendas de que dichos predios pertenecían al causante de los demandantes en este caso, o sea Jacinto Rivera García.
“Con asistencia de ambas partes se celebró la vista de este caso, y quedó en definitiva sometido a la consideración de la corte que reservó resolución.
“De la prueba resulta que las fincas en cuestión al tiempo de tramitarse los expedientes posesorios objeto de este litigio, no perte-necían a Gregorio Hernández, quien sin duda alguna actuó de mala fe toda vez que habiendo sido testigo del testamento de Jacinto-Rivera García, y mencionándose en ese documento las fincas de refe-rencia, entre los bienes dejados por el testador, tenía necesariamente que conocer dicha Circunstancia cuando tramitó los expedientes pose-sorios mencionados. Sin embargo, con posterioridad a la muerte de Jacinto Rivera García, los demandantes vendieron al demandado sus participaciones en los bienes de referencia, los cuales son disfrutados actualmente por el demandado Gregorio Hernández y por Francisca Martínez que vive con él en público concubinato.
“El demandado en este caso al adquirir los.derechos que hubieran correspondido a los herederos, adquirió entre ellos el derecho de posesión; y los herederos adultos están impedidos en este caso de establecer este pleito contra la persona a quien hicieron cesión de sus acciones y derechos. (Véase-el caso de Sucesión de Jacinto Rivera v. Gregario Hernández et al, resuelto por la Corte Suprema en diciembre 20 de 1918) y por lo que respecta a los herederos que al tiempo de la cesión de acciones y derechos eran menores de edad, éstos podrán en todo caso entablar una acción para que cese la comunidad que ellos conjuntamente'con los demandados tienen sobre los inmuebles objeto de este pleito.
“Por las razones expuestas, procede se declare sin lugar la de-manda, sin especial condena de costas. El secretario registrará una sentencia de conformidad con la presente- decisión y notificará a las. partes para su debido Qonocimiento. ”

El caso de Rivera v. Hernández a que se refiere la corte sentenciadora, fué uno en que los mismos que aquí deman-dan reclamaron de las mismas personas que son aquí de-mandadas otra porción de terreno de veinte y cinco cuerdas procedente de la misma herencia. La decisión de esta Corte Suprema aparece reportada en el tomo 27, página 800 de nuestras Decisiones. Apelada nuestra sentencia, fué revo-cada por la Corte de Circuito' de Apelaciones del Primer Circuito y el pleito fué retornado a la Corte de Distrito de Humacao para ulteriores procedimientos de acuerdo con los principios establecidos en la opinión de la dicha "Corte de Circuito. Aunque quizás la Corte de Circuito no encontró equivocado nuestro razonamiento, la idea predominante de su opinión parece haber sido la de dejar campo libre a todas las partes para solucionar todas las ■ cuestiones legales en-vueltas.

Hemos estudiado cuidadosamente todas las cuestiones en-vueltas en este pleito que resulta en verdad complicado por la -forma de las alegaciones, por la manera de presentar la prueba, por el abandono con que la transcripción de los autos fué preparada, por la misma opinión de la corté y por sus relaciones con el otro pleito a que' acabamos de referimos.

1. Al prepararse la transcripción se mencionaron primero los documentos que se iban presentando como prueba y luego separadamente se transcribieron dichos documentos. Si se comparan los documentos transcritos con los presentados, se notará que faltan algunos. Cuando se introducía el docu-mento como prueba se consignaba si se admitía o no con la objeción de la parte contraria. Lo mismo se hizo al trans-cribir los documentos. Comparadas esas anotaciones, mu-chas resultan contradictorias.- Otras faltas se notan, pero las indicadas por sí solas acusan un abandono censurable por parte de los apelantes que pudiera servir de base para desestimar el recurso.

2. En cuanto a la decisión de la corte, se observa que -debido tal vez al excesivo tiempo que había transcurrido desde la práctica de la prueba a la sentencia, — más de dos años,— el juez no recordó bien todas las cuestiones envueltas y los detalles de la prueba.

Al concluir que debía desestimar la demanda, se observa además que el juez estuvo influenciado por nuestra decisión en el caso de Rivera v. Hernández, supra, y que a su juicio la sentencia que dictaba permitía a los demandantes menores de edad iniciar algún nuevo procedimiento en reclamación de sus derechos.

Si se juzga por el párrafo cuarto de la decisión, el juez concluyó que tenían razón los demandantes en su alegación básica de qtfe Gregorio Hernández no compró al causante de la sucesión, Jacinto Eivera, las diez y seis cuerdas de que se trata y en tal virtud que era falso el expediente po-sesorio. Pero si se investiga por qué llegó el juez a tal con-clusión parece que se debió principalmente al hecho de haber sido Gregorio Hernández testigo del testamento de Jacinto Eivera. El testamento fué presentado como prueba y Her-nández no figura como testigo.

La última parte del indicado párrafo cuarto de la deci-sión parece indicar que la conclusión final contenida en la sentencia se debió a la fuerza que dió el juez a ciertas escri-turas de cesión de derechos y acciones presentadas en el acto del juicio por los demandados. Y si se examina la prueba se’ verá que tales escrituras se introdujeron con el único pro-pósito de impugnar la veracidad de ciertos testigos y que el propio Hernández declarando como testigo reconoció que no había comprado ni a Agustín, hijo de Jacinto que murió des-pués de su padre pero en la menor edad, ni a Alberto, hijo postumo de Jacinto. Además, la prueba tendió a demostrar que dos de dichas escrituras fueron otorgadas por menores de edad.

Hay dos cuestiones fundamentales de hecho que debieron afrontarse y resolverse por el juez sin vacilaciones, a saber: Primera: ¿Compró o no compró Hernández directamente de Jacinto Rivera las diez y seis cuerdas de terreno en cuestión y fué puesto o no por él en posesión de ellas? Y segunda: ¿Vendió o no vendió válidamente Hernández .a Francisca Martínez en 1913 las indicadas tierras? Hemos visto la forma en cierto modo incompleta como el juez resolvió la primera cuestión. Nada dijo en concreto en cuanto a la segunda, que es importante puesto que si Francisca Martínez compró en verdad de buena fe desde 1913 de quien en el registro apa-recía como dueño según un expediente posesorio aprobado desde 1898 e inscrito, e inscribió también su derecho en el registro, su título qiTedaría en pie, aunque se decidiera que era falso el expediente posesorio.

3. Es conveniente hacer constar algo en cuanto a la per-sonalidad de los demandantes según las alegaciones y las pruebas.

Los terrenos de que se trata pertenecieron a Jacinto Rivera. Este es un hecho admitido por ambas partes. Jacinto Rivera murió bajo testamento en 1895, dejando como here-deros a los hijos de su primer matrimonio, Josefa, Graciano, Abad, Eduarda, Cristina, Prudencia, Agustín y Regalada Rivera y -Delgado. Declaró que estaba casado en segundas nup-cias con Eduviges López quien se encontraba encinta al otorgarse el testamento. Instituyó también al hijo qne na-ciera y a los demás qne pudieran nacer y en cnanto a la viuda dijo que la dejaba heredera “del usufructo en la por-ción de los bienes que le correspondan por ese concepto y que la ley le asigna.” Bit el testamento declaró que todas las tierras que dejaba las había adquirido siendo viudo de su primera esposa. Sin embargo en la otra prueba hay in-dicaciones de que esas tierras o parte de ellas al menos eran gananciales del primer matrimonio.

Al establecer la demanda comparecieron los hijos de Ja-cinto, llamados Graciano, Abad, Cristina, Prudencia, y Rega-lada Rivera y Delgado y el postumo Alberto Rivera López. Las hijas Josefa y Eduarda Rivera Delgado fallecieron en 1896 y 1906, respectivamente. Josefa murió soltera pero de-jando dos hijos naturales Pedro y Jacinto que comparecieron como demandantes. Y Eduarda murió casada dejando cua-tro hijos de los cuales tres nombrados Rafael, Andrés y Ramona Vázquez y Rivera también comparecieron como deman-dantes. Los comparecientes alegaron que constituían la Su-cesión de Jacinto Rivera.

En la demanda no figura Agustín Rivera, hijo de Jacinto, nombrado su heredero en el testamento. Durante el juicio se pidió que se incluyera como demandante y se incluyó. Y de la prueba resulta que cuando se incluyó ya hacía años que había muerto en su.minoridad (trece años).

Mientras se tramitaba el pleito murió el demandante Gra-ciano y fué sustituido por sus menores hijos Narciso, Pedro, Francisco e Inés Rivera. Dávila.

No se presentaron las declaratorias de herederos de los hijos de Josefa, Eduarda y Graciano. Y aunque esto no era absolutamente necesario, debe hacerse constar que la única prueba que se presentó de que eran tales hijos, consistió en las declaraciones hechas por las personas que dieron cuenta de la defunción de sus padres en el Registro Civil.

En cuanto a Agustín ya hemos dicho que había muerto cuando se le incluyó como demandante. Nada se alega ni menos se prueba con respecto a quiénes sean sus Herederos. Seguramente sus hermanos y sobrinos, ya que sus padres mu-rieron, pero quizás existen abuelos.

De ninguna de estas cuestiones se hizo cargo el juez sen-tenciador en su decisión.

Podríamos entrar a examinar' la prueba y resolver defi-nitivamente el pleito. Quizás esto sería lo más breve y pro-cedente. Sin embargo, como a pesar de que el otro pleito a que hemos hecho referencia versa sobre otros terrenos y no está envuelta en él la cuestión del posesorio, es lo cierto que tiene muchos puntos de contacto con éste y la aprecia-ción que aquí pudiéramos hacer tal vez prejuzgaría la de. cuestiones que es conveniente y justo que se decidan libre-mente en primera instancia, y como dicho otro pleito acaba de devolverse a la corte de distrito de su origen, creemos que también debe retomarse éste permitiéndose así que las cuestiones sean de • nuevo planteadas aclarándose y resol-viéndose con la idea de hacer justicia a ambas partes.

En tal virtud debe revocarse la sentencia apelada y de-volverse el pleito a la Corte de Distrito de Humacao para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

' Revocada la sentencia y devuelto el caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas negando la inscripción de una sentencia declaratoria de dominio.
    No. 488.
    Resuelto en abril 26, 1921.
    Sentencia Declaratoria de Dominio — Agrupación de Eincas — Defecto Insub-sanable. — Si no pudo inscribirse la sentencia de una corte de distrito de-clarando el dominio de una finca de 201 cnerdas formada por la agrupación de una parcela de 35 cuerdas adquirida a título hereditario por el esposo y de otras parcelas adquiridas por compra para la sociedad de gananciales, por no ser inscribible la agrupación de .bienes de naturaleza jurídica dis-tinta, tal defecto no se subsana con el otorgamiento de una escritura en la cual los esposos deshacen la agrupación y describen separadamente para que sean inscritas la finca de 35 cuerdas y la formada por las otras parcelas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Torres Ortiz promovió ante la Corte de Distrito de Ponce expediente para acreditar el dominio de una finca de 201 cnerdas de terreno cuya descripción hizo y la que había adquirido en varias parcelas de las cuales una de 35 cnerdas la heredó de sus padres y las restantes las compró a diversas personas durante su matrimonio con Adelfa Val-decía. Dictada sentencia declarando justificado a su favor el dominio de la finca de 201 cuerdas y ordenada su inscrip-ción en el registro de la propiedad correspondiente se pre-sentó al Registrador de Caguas copia certificada de dicha sentencia y copia notarial de la escritura pública que dichos esposos otorgaron en Cayey el 15 de enero de 1921 ante el notario Benigno Fernández García en la cual hacen constar que habiendo sido negada por el Registrador de la Propiedad de Oaguas la inscripción de la sentencia de dominio que antes hemos mencionado por haberse agrupado fincas de distinta naturaleza jurídica, o sean bienes gananciales y bienes pri-vativos de uno de los cónyuges, negativa que fué confirmada por este Tribunal Supremo, para que pueda ser inscrita la declaración de dominio deshacen la agrupación y, después de consignar la descripción que de la finca de 201 cuerdas de terreno se hace en la sentencia de dominio, proceden a hacer la descripción de las 35 cuerdas que heredó el esposo y la de las 166 integrada por varias parcelas compradas durante el matrimonio.

Con vista de esos documentos el registrador negó la ins-cripción de la sentencia declaratoria de dominio' “ * * * por aparecer parte de la finca adquirida por herencia y parte por concepto de gananciales constituyendo por consiguiente bienes de distinta naturaleza jurídica que no pueden agru-parse * * #

Esta resolución fué recurrida por Ramón Torres Ortiz.

Como liemos resuelto en 15 de diciembre de 1920 en el recurso promovido por el mismo Ramón Torres Ortiz contra el Registrador de Caguas, con el voto disidente del Juez Sr, Hutchison, que no podía inscribirse la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce declarando justificado a su favor el dominio de una finca .de 201 cuerdas de terreno porque parte de ellas las adquirió por título hereditario y otra parte por el de compra durante su matrimonio con Adelfa Val-decía, por ser títulos de distinta naturaleza jurídica, la ne-gativa de inscripción contra la cual ahora se recurre demues-tra que el registrador entendió que las manifestaciones he-chas por dichos esposos en el acta notarial que se le presentó con la sentencia declaratoria de dominio no subsana el de-fecto que antes impidió la inscripción por lo que es esta la. cuestión a decidir en el presente recurso, para cuya decisión no tenemos alegato del registrador y en cuanto al del abogado del recurrente se limita a manifestar, sin argumentación, que en vista del acta notarial debió el registrador hacer las ins-cripciones de las dos fincas que en ellas se describen por que-dar así subsanado el defecto que según el registrador y este Tribunal Supremo impedía la inscripción de la sentencia de-claratoria de dominio.

Opinamos que el registrador recurrido procedió correcta-mente al negarse a inscribir la sentencia que declaró justi-ficado a favor de Ramón Torres el dominio de una finca de 201 cuerdas cuya inscripción ordena porque no siendo ins-cribible ese documento - según hemos resuelto entre las mis-mas partes, las manifestaciones contenidas en el acta notarial, que se presentó al registrador, según las cuales el recu-rrente es dueño, privativamente de una finca de 35 cuerdas y de otra de 166 que le pertenece en su sociedad de ganan-ciales con su esposa, no son bastantes en derecho para hacer que en lugar de una finca de 201 cuerdas a que se refiere la sentencia se inscriban dos distintas porque no sólo no le es jpermitido a las partes variar por sí mismas los términos de úna sentencia sino además porque refiriéndose la sentencia a haberse justificado el dominio de una finca se pretende que por virtud de dicha acta notarial se inscriban a favor del recurrente el dominio de dos fincas cuando ese no es el documento exigido por el artículo 395 de la Ley Hipotecaria para obtener la inscripción de fincas de que se careciere de título escrito de dominio sino solamente la sentencia recaída en el expediente que dicho artículo autoriza y regula. • .

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez .PbesideNte Se. Hernández,

text:
    Almenas, Peticionario y Apelante, v. Iriarte, Juez Municipal, y Vázquez, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda en pleito sobre auto inhibitorio. Tras-lado de causa.
    No. 2426.
    Resuelto en abril 28, 1921.
    Corte Competente en Acciones de DaSos y Perjuicios — Interpretación del Artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil — Traslado del Pleito— Competencia. — Atendido el conflicto que existe respecto al número 1 del ar-tículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil entre el texto español y el inglés, es preciso concluir que la corte competente para conocer de una ac-ción en la que se reclama una indemnización de daños j perjuicios por valor de $400 a causa de negligencia, es la municipal del domicilio del demandado y no la del lugar donde se originó la causa de acción. Tales acciones no' deben gobernarse por el precepto legal citado sino por el artículo 81 de dicho estatuto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte apelante’: Sr. A. L. López.

    La parte apelada-no presentó alegato.
   El Juez .PbesideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del ■ tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por Julio Almenas Quiñones contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, de 5 de febrero de 1921 desestimando una solicitud de auto inhibitorio contra el Juez de la Corte Municipal de Río Piedras y Hermenegildo Vázquez.

La anterior solicitud, jurada por el peticionario, muestra que en la Corte Municipal de Río Piedras entabló una acción. Hermenegildo Vázquez contra Julio Almenas Quiñones sobre, cobro de $400 por indemnización' de daños y perjuicios, fun-dada en que el día 8 de mayo de 1920 cuando Almenas Qui-ñones guiaba un automóvil de su propiedad, por culpa y ne-gligencia del mismo, chocó con un carro de la propiedad de Vázquez causándole desperfectos apreciados en la suma de $400; que Almenas Quiñones fué emplazado en la ciudad de Caguas donde residía a la fecha de la presentación de la demanda y de la solicitud del auto inhibitorio; que el de-mandado solicitó de la expresada corte municipal el traslado del pleito a la Corte Municipal de Caguas, acompañando a la solicitud un affidavit de méritos y oponiendo excepciones previas a la demanda; y que la Corte Municipal de Río Pie-dras dictó resolución en Io. de febrero de 1921 con audiencia de ambas partes declarando, sin lugar la moción de traslado y las excepciones previas aducidas contra .la demanda.

Alega además Almenas Quiñones que después de perso-nado en la demanda como demandado, no ha hecho en la acción otra gestión que la de pedir que el pleito sea trasla-dado a la Corte Municipal de Caguas, habiendo formulado las excepciones previas con el objeto de cumplir con 'el pre-cepto del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil; que el pleito cuyo traslado solicitó a la Corte Municipal de Ca-guas, no es de la competencia de la Corte Municipal de Río Piedras puesto que a Caguas corresponde su residencia legal; que la orden denegatoria de la moción de traslado no es revisable por medio de apelación y formula su petición de buena fe y no con el propósito de demorar el procedimiento.

. La solicitud concluye con la súplica de que por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, se expida un auto inhibitorio .ordenando al Juez de la Corte Municipal de Río Piedras y al demandado Hermenegildo Vázquez, que desis-tan y se abstengan de nuevos procedimientos en la acción antes referida hasta nueva orden de aquella corte y que de-muestren el motivo por el cual no debía absolutamente im-pedírseles cualquier procedimiento ulterior en el pleito.

La corte de distrito dictó resolución en los siguientes tér-minos :

“No constando de los documentos presentados en el caso en cual de dichos municipios tuvo origen la cuestión del litigio incoado ante la Corte Municipal de Río Piedras y por tanto no pudiendo decidir prima facie si la resolución del Juez Municipal de Río Piedras ne-gándose a conceder el traslado fué o no errónea, la corte estima que la solicitud de auto inhibitorio no aduce motivos ampliamente satis-factorios y por consiguiente la deniega.”

La orden inserta es la materia del presente recurso. La mera lectura de dicha orden revela que la corte de distrito actuó bajo la teoría de que el caso estaba comprendido den-tro del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil el cual establece en su No. Io. que el pleito “para obtener el importe de una indemnización o confiscación” fuera del caso que exceptúa, debe verse en el distrito en que la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen. ■ Pero el texto español de dicho precepto no está conforme con el texto in-glés pues éste se refiere a una acción “for the recovery of a penalty or forfeiture imposed by statute;” o sea a una acción “para recobrar una penalidad o confiscación estable-cida por el estatuto” y no para obtener el importe de una indemnización.

Atendido el conflicto que existe en el texto español y el inglés, debe éste tener .preferencia sobre aquél en el pre--sente caso, por ser el original, y a él debemos atenernos se-gún jurisprudencia repetida de esta Corte Suprema y Ley No. 8 de 12 de noviembre de 1917 para determinar las reglas de hermenéutica legal aplicables en casos de discrepancia entre los textos castellano e inglés de una ley.

No siendo de aplicación el artículo 79 ni los demás del título 5o. de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establecen reglas especiales de competencia para la celebración de los juicios en asuntos civiles, es de darse aplicación al artículo 8Í el cual ordena que en todos' los demás casos el pleito debe verse en el distrito en que residieren los demandados o al-gunos de ellos al iniciarse el litigio.

En el presente caso se trata de una acción personal por indemnización y teniendo el demandado su residencia en la ciudad de Caguas, a la corte municipal de esa ciudad y no a la de Río Piedras corresponde el conocimiento del juicio, no importando saber en cual de dichos municipios se originó la causa de acción.

Siendo ello así, procede la expedición del auto inhibitorio solicitado según la Ley de 10 de marzo de 1904 reguladora de la materia.

Es de revocarse la orden apelada expidiéndose el auto inhibitorio en los términos solicitados por el peticionario Julio Almenas Quiñones.

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    The Porto Rican American Insurance Company, Peticionaria, v. Berga, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 314.
    Resuelto en mayo 2, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 2436, Almenas v. Iriarte, Jues Municipal, de abril 28, 1921.
    Abogado del peticionario: Sr. S. Suau.

    Abogado de la parte contraria: Sr. M. Torres Soto.

   Con lugar el auto .y anulada la orden de fe-brero 7, 1921.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- - ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Jugsz Asociado Se. Aldbey,

text:
    Gratiot et al., Demandantes y Apelados, v. Hagen, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre injunction.

    No. 2412.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Injunction Preliminar — Notificación de la Petición de Injunction al De-mandado. — La corte de distrito puede en casos urgentes previa fianza y siem-pre con gran cautela, conceder un auto de injunction preliminar sin audien-cia del demandado y sin que haya sido emplazado para contestar la de-manda, pero cuando la corte no concede el auto ex parle y prefiere oir las razones que tiene el demandado para que el auto no se dicte, es necesario servir a éste copia de la petición, no siendo bastante que se le notifique la orden para mostrar causa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Savage & Crosas.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Texidor y G. de la Raba.

   El Jugsz Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Gratiot y Bertha Parisot de Gratiot presentaron demanda en la Corte de Distrito de San Juan,' Sección Se-graida, en la que sustaneialmente alegaron ser dueños en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad de una casa en cuya pared oeste hicieron abrir dos ventanas altas y una puerta-ventana pero que el demandado Paul L. Hagen las ha inutilizado poniendo tablas unidas y planchas de zinc, tam-bién unidas, en la parte oeste de dicha casa que privan a los demandantes del uso y disfrute de su propiedad. En vista de esos hechos, y de otros que no son del caso ahora, pidie-ron a la corte que dictase un auto de injunction contra el de-mandado ordenándole que se abstenga de impedir por esos medios el uso y disfrute de dichas ventanas y puerta-ventana y la remoción inmediata de las tablas, planchas y postes que ha colocado y que pague las costas; pidiendo también que mientras se tramita y resuelve el caso la corte dicte auto de injunction preliminar contra el demandado ordenándole se abstenga de colocar planchas, tablas, anuncios o cualesquiera otra forma sobre las paredes de la casa propiedad de los demandantes, ni en forma que les obstaculice el uso y dis-frute de las ventanas y puerta-ventana que en dicha pared tiene o pueden abrir, y ordenándose asimismo la inmediata remoción de las tablas, planchas y postes que tiene hoy pues-tos contra tal pared cubriendo las ventanas y puerta-ventana de la casa de los demandantes, bajo la fianza que la corte fije a los demandantes para dictar tal injunction preliminar.”

La demanda está jurada el 20 de octubre de 1920 y el 26 del mismo mes la corte dictó la siguiente orden:

“Vista la petición de los demandantes solicitando un injunction contra el demandado, y entre tanto se expida un injunction preli-minar, la corte señala el día 3 de noviembre de 1920, a las nueve de la mañana para que el demandado comparezca a exponer las razones que tenga para que no se expida un auto de injunction preliminar en este caso; y entre tanto la corte- ordena al demandado se abstenga de colocar planchas, tablas, anuncios o cualesquiera otra forma sobre las paredes de la casa propia de los demandantes, ni en forma que les obstaculice el uso y, disfrute de las ventanas y puerta-ventana que en dicha pared tienen o pueden abrir.”

El día 3 de noviembre compareció el demandado ante la corte por moción escrita alegando qne lo bacía sólo y espe-cíficamente para los efectos de ella y sin someterse a la juris-dicción de la corte en esta acción, qne según declaración ju-rada que presentaba ba sido notificado solamente con copia de la orden para mostrar causa sin que se le baya entregado copia del emplazamiento, de la demanda ni de la petición a que se refiere la orden, por lo que pidió se dejara sin efecto la orden para mostrar causa librada el 26 de octubre, que-dando libre de las probibiciones que contiene. Discutida esa moción la corte la declaró sin lugar el mismo día tres de noviembre y señaló nuevamente para dos días después la vista para mostrar causa. No compareció a ella el deman-dado el día cinco de noviembre y por esta razón los deman-dantes pidieron que se dictase el injunction preliminar y la corte, el mismo día, en vista de la incomparecencia del de-mandado a mostrar causa en virtud de la cual no deba ex-pedirse el auto de injunction preliminar solicitado y por apa-recer de la faz de la demanda que existen causas bastantes para acceder a lo solicitado por los demandantes, declaró con lugar la petición en cuanto al injunction preliminar y dispuso se expidiera una orden de injunction preliminar contra el demandado ordenándole remover la obstrucción que ba colocado frente a las ventanas de los demandantes; que se abstenga de colocar de nuevo dichas obstrucciones e impedir el acceso de luz y ventilación a la casa de los demandantes, entre tanto se resuelve el pleito de injunction perpetuo en sus méritos, para lo cual fijó una fianza a favor del deman-dado por la cantidad de quinientos dólares.

Prestada dicba fianza el mismo día se notificó dicba orden al demandado el ocbo de noviembre entregándole copia de ella, de la fianza, de la demanda" y del emplazamiento.

El día 9 de noviembre solicitó 'el demandado de la corte que anulara la orden de injunction preliminar que libró contra él alegando no sólo que no babía sido sitado y emplazado cuando se celebró la vista para mostrar causa para que no se espidiera el injunction preliminar sino también que dicha orden de comparecencia no tenía valor o fuerza porque no había sido previamente notificado con copia de la demanda y del emplazamiento. El día veinte de diciembre la corte dictó resolución negando la anulación solicitada y de ella apeló el demandado dentro del término legal de acuerdo con el artículo 295 No. 3 del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza la apelación contra una orden negándose a anular un injunction.

La contención principal del apelante en este recurso es que la corte inferior no pudo librar la orden para que com-pareciera a mostrar causas por las cuales no debía espedirse el auto de injunction preliminar pedido por el demandante ni tampoco pudo conceder dicho auto sin que antes se le hubiera emplazado de la demanda de injunction perpetuo con entrega de copia de ésta y del emplazamiento y que por igual razón debió ser anulado el auto preliminar que concedió cuando solicitó su nulidad.

No hay duda alguna, ni es negado por el apelante, que las cortes de distrito están autorizadas por nuestras leyes para librar auto de injunction preliminar mientras se decide el pleito o la. petición de injunction perpetuo. Secciones 2 y 3 de la Ley de Injunction de 1906 y casos de Díaz v. Vázquez, 19 D. P. R. 1156, y Municipio de Gurabo v. The Juncos Central Company, 18 D. P. R. 408. Tales autos, según la sección 5 de la ley pueden otorgarse en cualquier tiempo antes de haberse dictado sentencia, mediante petición o declaración juradas, siempre que aquélla o ésta, en su respectivo caso, demostraren satisfactoriamente que existen motivos suficien-tes para concederlo, debiendo presentarse al requerido junto con el auto, si no se hubiera hecho antes, una copia de la petición o de la declaración jurádas en cuya virtud se hu-biere concedido el injunction; facultad que está limitada por la sección 6 al disponer que no podrá concederse un injunc- tian después de haber el demandado contestado nna demanda sin que medie una notificación, o una orden requiriendo al demandado para que exponga sus razones en contra de la concesión, en cuyo caso podrá entredicharse al demandado hasta recaer la decisión concediendo o negando el injunction; y según la sección 8 es discrecional en la corte el conceder el auto preliminar sin .audiencia del demandado pues dispone que si la corte o el juez estimare procedente, antes de con-ceder el injunction, oir a la persona contra quien se pidiere, podrá dictar una orden requiriéndola para que exponga sus razones en contra de dicha concesión, pudiendo mientras tanto ponerla en entredicho; disponiendo la sección 9 que no po-drá concederse un injunction para suspender los negocios ge-nerales u ordinarios a una corporación sin que medie debida notificación de la solicitud presentada con tal objeto, excepto en los casos en que El Pueblo de Puerto Rico fuere parte en el procedimiento; y la sección 10 que si se concediere un injunction sin haber mediado notificación a la persona reque-rida, podrá ésta, previo oportuno aviso a la otra parte, pedir que se revoque o modifique.

Las anteriores citas legales demuestran qne la corte puede conceder un auto de injunction preliminar sin audiencia del demandado y sin que haya sido emplazado para contestar la demanda, ya que como medida urgente puede decretarse ex parte al presentarse la demanda o la petición de injunction perpetuo para las cuales es un remedio auxiliar; facultad que también tienen los tribunales en los Estados Unidos de América de' donde procede nuestra ley sobre la materia. High on Injunction, segunda edición, tomo 1, página 43 y tomo 2, página^e; 14 R. C. L. 325; 22 Cyc. 918, 957 y sus citas en la nota 2. Desde luego, tales autos deben concederse en casos urgentes, con gran cautela y con la fianza a que se refiere la sección 7.

En el presente caso la corte inferior no concedió el injunction preliminar ex parte sino que prefirió oir al demandado’ y al efecto ordenó qne compareciera a exponer las razones qne tenía para qne no se concediera el injunction preliminar solicitado por el demandante. De esta orden fné notificado el demandado pero no se le entregó copia de la petición de injunction.

Para librar esa orden y para resolver si debía concederse . el injunction preliminar no era necesario qne el demandado - fnera previamente emplazado para contestar la demanda principal bastando con la notificación de la orden para mostrar-causa para llevar ante la corte al demandado para los efectos de la petición de injunction preliminar, pero puesto qne la corte quería oir al demandado sobre las razones que tuviera para oponerse- a tal petición era indispensable que se le en-tregara copia de la petición pues desconociéndola le era im-posible exponer razones contra ella, en cuya situación no debió la corte inferior conceder el injunction preliminar soli-citado por el demandante ya que desde el momento que optó por oirlo no fia debido resolver sin que estuviera en condi-ciones de defenderse de la petición.

También alega el apelante que generalmente no se concede el injunction preliminar cuando es de carácter manda-torio como en el pedido en este caso sino en casos de gra-vísima urgencia. Esto es cierto, pero según las circunstan-cias del caso pueden concederse aun ex parte cuando son de gravísima urgencia, sin requerir al demandado para que ex-ponga razones contra la concesión. 2 Spelling on Injunctions 871; 22 Cyc. 743; 14 R. C. L. 318.

La resolución apelada debe ser revocada y anularse la orden que concedió el injunction preliminar en este caso.

Revocada la resolución apelada y anulada la orden de injunction preliminar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Porto Rico Fertilizer Company, Demandante y Apelada, v. Gandía, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2333.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Obligaciones — Compensación—Créditos no Compensables. — Una persona que ha sido demandada en cobro de una deuda líquida y vencida no puede alegar' con éxito la compensación basada en un crédito contra el aereedor deman-dante cuando tal crédito es objeto de actual contienda judicial en la que el demandado alega haberlo pagado a otra persona que se había convertido en dueña legítima del mismo.
    ■ Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogados de la apelada: Sres. C. Coll Cuchí y„ G. Cru-zado Silva.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Eico Fertilizer Company entabló demanda contra Pedro Gandía Córdova en cobro de pesos, alegando lo que sigue:

“I. Que la demandante es una corporación debidamente organi-zada con arreglo a las leyes de Puerto Eico, haciendo negocios en esta Isla y cuyo objeto principal es la fabricación de abonos químicos y el demandado comerciante, vecino de San Juan, y que no existe causa alguna que modifique la capacidad civil de ambos.
“II. Que el demandado Pedro Gandía suscribió a favor de la demandante, el 7 de junio de 1916 por la causa que allí se expresa, un pagaré que copiado literalmente dice así: ‘No. 1743. — Por $220.93. — Valor al 7 de junio de 1917. — Debo y pagaré el día 7 de junio de 1917 a la Porto Eico Fertilizer Company o a su orden, en San Juan, P. E., o en el domicilio del tenedor de este documento, la cantidad de doscientos veinte' dollars 93 ets., cuya suma devengará en caso de demora, el interés del uno por ciento mensual. Esta obligación procede de abono químico que a mi entera satisfacción compré a dicha compañía y la declaro preferente a los efectos legales; pues ha sido condición expresa que el abono por mi com-prado, lo utilizaré sólo y exclusivamente en mis plantaciones de cañas y. a ello me comprometo en la más solemne forma. — -Todos cuantos gastos ocasione el cobro de esta obligación, honorarios de abogado inclusive me obligo a satisfacerlos. San Juan, P. R., 7 de junio 1916.— (f) P. Gandía.’
“III. Que dicho demandado Pedro Gandía suscribió a favor de la demandante, el 21 de febrero de 1916, por la causa que allí se expresa otro pagaré (se transcribe literalmente. Es por $615.73, valor al 30 de junio de 1916 y está redactado en los mismos términos que el anterior.)
“IV. Que todos y cada uno de dichos pagarés relacionados ha vencido y no ha sido pagado ni en todo ni en parte por Pedro Gan-día, a pesar de las reiteradas demandas hechas por el demandante a dicho señor, y en tal virtud a la corte suplica se sirva dictar sen-tencia condenando al demandado a que satisfaga a la demandante la suma de ($835.66) ochocientos treinta y cinco dollars con sesenta y seis centavos más los intereses de dicha suma desde la fecha del vencimiento de cada obligación hasta la del pago, al tipo convenido y a pagar también los gastos, costas y honorarios de abogados que legítimamente se produzcan en este proceso.”

El demandado contestó en la siguiente forma:

“Primero. Admite como cierto lo alegado en el párrafo primero de dicha demanda enmendada.
“Segundo. También es cierto el contenido del párrafo ífegundo.
“Tercero. Asimismo es cierto lo que se alega en el párrafo tercero. •
“Cuarto. Lo alegado en el párrafo cuarto de la demanda es cierto en cuanto a que los dos pagarés mencionados e insertos en los párrafos segundo y tercero están vencidos y que no han sido pagados ni en todo ni en parte; pero el demandado niega, porque no es cierto, que el demandante antes de presentar su demanda, hubiera hecho a Pedro Gandía reiteradas demandas para el pago de dichas obligaciones. ’ ’

Seguidamente alegó el demandado, como materia nueva, la compensación, basada, en resumen, en los siguientes hechos: que el demandado ha sido y aún se considera ser accionista de la corporación demandante; que en el reparto de divi-dendos que aquélla verificó en junio de 1916, le correspondió a dicho demandado la suma de $8,234.06 cuyo efectivo quedó a disposición del demandado en la caja de la corporación; que disuelta y liquidada la sociedad Gandía & Stubbe crea-dora de la corporación demandante, Gandía ofreció a J. D. Stubbe, su socio y sucesor en la presidencia de la corpora-ción demandante, que le vendería sesenta acciones de ésta que le pertenecían personalmente; que Stubbe en combina-ción fraudulenta con Trías, liquidador de Gandía & Stubbe, hizo aparecer en los libros que Gandía había cedido a Stubbe los dichos dividendos, y habiendo Gandía promovido un pleito contra la Porto Pico Fertilizer Company reclamándole el pago de los repetidos dividendos, la compañía demandada alegó, a sabiendas de que tal cesión era falsa, que había pagado los dividendos en cuestión a Stubbe Brothers como cesionarios de J. D. Stubbe, a quien a su vez los había cedido Gandía.

Trabada así la contienda, se llamó el pleito para juicio el 13 de julio de 1920. Las partes anunciaron estar listas. La demandante dijo que no presentaría prueba y solicitó que se dictara sentencia por el mérito de las alegaciones.^ Se opuso la parte demandada, sosteniendo que tenía derecho a probar su compensación. La corte resolvió el caso en favor de la demandante y el demandado estableció entonces el pre-sente recurso de apelación.

Es un hecho que el demandado admitió que debía las sumas reclamadas por la corporación demandante. Sobre esto no hay duda alguna. La verdadera cuestión a estudiar y a resolver es la de si el demandado en su materia nueva presentó o no un caso de “compensación.” Si lo presentó, debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el pleito a la corte de su origen para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley. Pero si aceptando como ciertos los he-chos alegados en la materia nueva, puede concluirse que el demandado no estableció un caso de compensación, debe con-firmarse la sentencia recurrida.

Prescribe el Código Civil que las obligaciones se extin-guen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la. confusión dé-los derechos del acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Quiere decir que la “compensación” es, de acuerdo con el precepto expreso de la ley, uno de los medios de la extinción de las obligaciones. ¿ Cómo y cuándo procede? La misma ley lo determina. Tendrá lugar la com-pensación, dice el artículo 1163 del Código Civil, cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedo-ras y deudoras la una de la otra. Y para que proceda la compensación, expresa el artículo 1164 del propio cuerpo legal, es preciso: 1°., que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro; 2°., que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma es-pecie y también de la misma calidad, si esta se hubiere de-signado; 3°., que las deudas estén vencidas; 4°., que sean líquidas y exigibles, y 5°., que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y no-tificada oportunamente al deudor.

Los„ cuatro primeros requisitos existen en este caso. Es el último el que ofrece la verdadera duda.- No consta que los dividendos hayan sido retenidos, ni que una tercera persona haya promovido un pleito reclamando como suyos los indicados dividendos, pero el mismo demandado dice que él se vió obligado a entablar otro pleito reclamando para sí los dividendos y que en ese otro pleito la demandada, deman-dante en éste, alegó que dichos dividendos habían sido pa-gados a una tercera persona, Stubbe Brothers, a quien se los había cedido J. D. Stubbe que traía causa del propio demandado Gandía.

Hemos consultado la jurisprudencia del Tribunal. Supremo de España y no hemos encontrado ningún caso igual al pre-sente. La sentencia de 21 de marzo de 1898, 83 J. 0. 679, 685, se limita en sus considerandos a seguir las exactas pala-bras de la ley expresando que en dicbo caso, en el cnal se estimó bien alegada la compensación, no babía retención ni contienda promovida por terceras personas.

Ninguno de los comentaristas españoles que bemos con-sultado emite juicio alguno que pueda aplicarse a este caso concreto. Hemos estudiado cuidadosamente el trabajo del Juez Lobinger que ocupa las páginas 224 y siguientes del tomo 12 de Corpus Juris, sobre “Compensation” y muchos de los casos citados, especialmente los de Louisiana donde rigen preceptos de ley iguales a los de Puerto Eieo sobre la materia, y tampoco hemos encontrado resuelto el caso' de autos.

A nuestro juicio, atendidas las circunstancias que concu-rren, actuó derechamente la corte de distrito al estimar que, en el momento en que fué alegado, no era compensable el crédito del demandado con el de la corporación demandante.

El crédito de la demandante era cierto, líquido, claro, aceptado como debido por el demandado. El crédito del de-mandado era un crédito litigioso, negado por la demandante por haberlo ya pagado a otra persona a la que según ella había sido cedido.

La tendencia de la ley y de la jurisprudencia es a evitar la multiplicidad de procedimientos, procurando que todas las cuestiones entre las mismas partes, que puedan serlo, se resuelvan en un solo litigio, pero en este caso ya el otro pleito estaba iniciado y no es procedente que la misma cuestión se someta a los tribunales y se resuelva dos veces en dos pleitos distintos.

Y no se diga que pudiendo decidirse finalmente el otro pleito en favor de Gandía, podría éste correr el riesgo de perder la suma aquí reclamada que se le obligaría a pagar si este caso se resolviera primero, porque nuestro sistema legal ofrece a Gandía amplios medios para asegurar la efec-tividad de la sentencia que pudiera dictarse en el pleito sobre cobro de dividendos embargando bienes de la corporación demandada, incluyendo entre ellos, en caso necesario, el pro-pio crédito reclamado en este pleito.

La jurisprudencia que aquí se establece está limitada a resolver el problema tal como fué planteado clara e insis-tentemente por la propia parte demandada, esto es, como una compensación de acuerdo con las prescripciones del Código Civil.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Bravo, Peticionario, v. Benítez Flores, Juez Interino de la Corte de Distrito et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez Interino de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en incidente de traslado.
    No. 321.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Corte de Distrito de San Juan — Traslado de Caso de Una a Otra Sección de la Corte de Distrito. — Aunque en algunos casos podría ser conveniente oir a la parte contraria antes de ordenar el traslado de un caso de una a otra Sección de la Corte de Distrito de San Juan, sin embargo la Ley de marzo 14, 1917 (Compilación 1155) que autoriza tales traslados no exige dicho requisito; y no es nula la orden de traslado ex-parte por el hecho de que ante el juez propietario de la Sección donde se radieó la demanda se hubiera ya sometido cierta prueba documental, puesto que cualquier juez podría considerarla.
    Los' hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. M. Tous Soto.

    Abogado del interventor: Sr. O. Cruzado Silva.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Alegó el peticionario que después que había sometido cierta prueba documental a la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan, el demandado solicitó que el caso fuera trasladado a la Sección Segunda. El traslado fué de-cretado -eos parte y sin notificación al peticionario. La ley que regula esta cuestión fué aprobada en marzo 14, 1907 y el artículo 3 de la misma, Compilación 1155, prescribe lo siguiente:

“Sección 3. — Que ambos jueces de dicha Corte de Distrito de San Juan podrán a su arbitrio, transferir cualesquiera causas o asun-tos civiles que en cualquier tiempo se estuvieren sustanciando en cualquiera de las secciones de dicha corte a la otra sección de la misma, mediante orden u órdenes debidamente registradas en las minutas de la sección de donde procediere el caso o asunto trans-ferido, las cuales órdenes serán debidamente firmadas por cada uno de dichos jueces y al verificarse dicha transferencia o transferencias, el secretario de la corte los asentará en el registro de asuntos de la sección a que se hace dicha transferencia o transferencias y una vez asentadas en el registro como queda dicho, el juez de la sección a que se transfieren oirá dichas causas o asuntos como si se hubiesen originado en dicha sección.”

En algunos casos podría ser mejor para la corte oir a la parte contraria antes de ordenar el traslado, pero enten-demos que la ley fué aprobada en parte para permitir a cualquiera de las Secciones cuando se acumula demasiado trabajo trasladar casos al otro juez. La cuestión no es si la Corte de Distrito de San Juan pierde su jurisdicción so-bre el caso sino meramente cuál es el juez que ha de pre-sidir el juicio. El hecho de que alguna prueba fuera pre-sentada al juez propietario es cosa de poca importancia puesto que cualquier juez podía considerarla. Esto resulta más evi-dente toda vez que el juez propietario estaba ausente y esa fué la razón alegada para el traslado del caso.

Como el estatuto confiere' discreción al juez y no vemos que se baya abusado de la misma, el auto debe ser anulado.

Anulado él auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Jueiiz Asociado Sr. Wolf,

text:
    Rivera, Peticionario y Apelado, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un caso de certiorari.

    No. 2223.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Certiorari contra la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. — El objeto de la Ley No. 61 de junio 19, 1919, para enmendar la sección 28 de la Ley No. 10 de 1918 es el de que pueda someterse a la decisión de las cortes de distrito para revisión cualquier decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. m-

    Id. — Excepción Previa de Ealta de Hechos. — Una petición de certiorari contra la Comisión de Indemnizaciones a Obreros expone hechos suficientes con tal que exprese que ésta dictó una resolución errónea y puntualice el error ex-poniendo algunas de las .circunstancias bajo las cuales la decisión fué ren-dida. Los procedimientos de la comisión se someten a la corte de distrito para una revisión completa, cuyo procedimiento, no habiendo sido indicado por la Ley No. 61 de junio 19, 1919, debe ajustarse al artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Accidentes del Trabajo — Investigación e Inporme sobre Accidentes del Trabajo. — Una resolución final de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros no es necesariamente errónea por el hecho de que fuera dictada sin que el Departamento de Agricultura y Trabajo hubiera rendido el informe a que se refiere el párrafo primero del artículo 7 de la Ley No. 61 de junio 19, 1919.
    Id. — Id.—Tiempo Necesario para la Curación del Lesionado. — En el presente caso en que hubo diversidad de criterio entre los peritos que examinaron al obrero lesionado, en cuanto al tiempo necesario para la curación, la Comi-sión de Indemnizaciones, conformándose con el informe de un perito que también era miembro de la comisión y el cual declaraba curado al lesionado, decidió el caso y fijó la cuantía de la reclamación. Se resolvió: que pu-diendo quizás haber tardado en curar el lesionado más tiempo que el calcu-lado por la comisión, procede la devolución del caso a la comisión para ulte-risreSv procedimientos con amplia facultad para proceder según lo exijan los intereses del caso.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      Abogados de la apelante: Hon. Attorney General, A. Arroyo J G. Llauger.

    Abogado del apelado: Sr. M. A. Muñoz.

   El Jueiiz Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Corte de Distrito de San Juan emitió una opinión en la cual expresaba que se babía presentado una solicitud de certiorari a dicha corte y expedido el auto, y que los procedimiento de la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros en el caso del trabajador Ventura Eivera fueron debi-damente sometidos a ella. Entonces, después de. relacionar los procedimientos habidos ante la comisión la corte tomó en consideración las objeciones hechas por el fiscal general en representación de la comisión.

Convenimos con el razonamiento de la corte en que el objeto de la Ley No. 61 de junio 19 de 1919, enmendatoria del artículo 28 de la Ley No. 10 de 1918, es hacer que se presente cualquier decisión de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros ante 4a corte de distrito para su revisión. La Ley No. 61 es como sigue:

“ley
“Para enmendar el artículo 28 de la ley denominada ‘Ley de Indem-nizaciones por Accidentes del Trabajo,’ aprobada el 25 de fe-brero de 1918.
“Decrétase por la Asaniblea Legislativa de Puerto Rico:
“Artículo 1. — Que el artículo 28 de la denominada ‘Ley de in-demnizaciones por accidentes del trabajo,’ aprobada el 25 de febrero de 1918, queda por la presente enmendado del modo siguiente:
“ ‘Artículo 28. — Todo patrono que empleare obreros bajo las con-diciones establecidas en esta ley, estará obligado a contribuir al “Fondo de depósito para indemnizaciones a obreros,” en la forma y modo en ella prescritas: Disponiéndose que a instancia de la parte agraviada, la corte de distrito competente, podrá revisar me-diante certiorari, cualquier decisión de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros, que fuere dictada con infracción de las disposi-ciones de esta ley, siempre que dicho recurso se interpusiere en el término de 15 días desde la notificación de la decisión impugnada. Y disponiéndose además,.que la legalidad de cualquier cuota fijada por dicha comisión podrá ser también revisada, de igual modo y manera, mediante dicho recurso de certiorari interpuesto en el tér-mino antes referido.’
“Artículo 2. — Toda ley o parte de ley que se opusiere a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Artículo 3. — Esta ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”

La petición por tanto sólo necesita expresar que hubo una decisión errónea de la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros expresando alguna de las circunstancias bajo las cuales la decisión fué rendida. La naturaleza del error se verá con claridad, pues los procedimientos de la comisión se pre-sentan necesariamente para una revisión completa por la corte de distrito, cuyo procedimiento no habiendo sido indi-cado por la Ley No. 61 debe ajustarse al artículo 36 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, el cual prescribe lo siguiente:

Artículo 36. — Cuando por este código o por otra ley se con-fiera jurisdicción a una corte o funcionario judicial, se le confieren también todos los medios necesarios para hacerla efectiva; y en el ejercicio de ella, si el procedimiento no estuviere especialmente seña-lado en este código o en otra ley,' podrá adoptarse cualquier otro procedimiento o modo adecuado que parezca estar más en harmonía con el espíritu de este código.”

La corte en su opinión hace cierta insistencia en la omi-sión de la comisión en obtener un informe del Departamento de Agricultura y Trabajo, lo que la corte considera como una condición precedente al derecho de la comisión para actuar. Convenimos con el apelante en que esta cuestión fué abandonada por el hecho.de no estar presentada a la comisión.

La parte pertinente del artículo 7 de la ley de febrero 25 de 1918, No. 10 de ese año, prescribe lo siguiente:

“Artículo 7. * * *
“Deberá el Departamento de Agricultura y Trabajo dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido aviso de la comisión de que ha ocurrido un accidente a cualquier obrero sujeto a las disposiciones de esta ley, practicar una completa investigación sobre dicho acci-dente, la causa o causas del mismo, el carácter, naturaleza y alcance de las lesiones sufridas, y presentar un amplio informe de dichos hechos a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, incluyendo en el referido informe los demás hechos y circunstancias que a juicio de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros pueda permitirle el dicta-minar sobre la reclamación de indemnización del obrero lesionado, cuando se presente dicha reclamación a la comisión, según se dispone en la presente.
“La Comisión de Indemnizaciones a Obreros tendrá facultad para hacer cualquier otra investigación que estime necesaria, relacionada con los fines de esta ley.
“La Comisión de Indemnizaciones a Obreros o alguna persona merecedora de confianza designada por dicha comisión, queda por la presente expresamente autorizada para citar testigos bajo aperci-bimiento de desacato, tomar juramentos y declaraciones, examinar libros y evidencia documental esenciales al caso que se investiga, y visitar e inspeccionar los edificios, maquinaria y otras propiedades donde hubiere ocurrido un accidente a un trabajador.”

Considerando las disposiciones de los párrafos finales del artículo el informe del departamento no puede tener la fuerza que le da la corte, sólo sería una investigación parcial por la comisión y tal informe parece ser exigible por la comi-sión a su discreción. Dicha comisión también debe tener los peritos médicos exigidos por el artículo 5 y tiene facultad de acuerdo con dicho artículo 7 para seguir investigando y ampliar todos los medios legales para llevar a cabo sus fa-cultades.

Nos inclinamos al parecer de que quizás en ciertos casos sería mejor oir al trabajador ante la comisión en pleno. En este caso, sin embargo, un miembro de la comisión lo exa-minó y no alegó nada en particular el trabajador por tal motivo. No encontramos de la prueba que la comisión co-metiera error excepto en 'un punto, o sea en la cuantía de la indemnización fijada.

No estamos de acuerdo con el peticionario en que la prueba tendía a demostrar lesiones de carácter permanente, pero, dada la diversidad de criterio entre los peritos en cuanto al tiempo necesario para la curación del lesionado, quizás tal tiempo sería mayor que el número de meses cal-culados por la comisión. De todos modos convenimos con la corte inferior en que el caso debe ser devuelto a la comi-sión para ulteriores procedimientos con amplia facultad para proceder según lo exijan los intereses del caso.

Confirmada la sentencia apelada pero enmen-dándola en el- sentido de disponer la nuli-dad de la decisión de la comisión deman-dada y ordenando la devolución del record para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: Él Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Porto Rican American Tobacco Company, Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Ley de Salario Mínimun.
    No. 1516.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Salario Mínimum — Trabajo por Ajuste — Constitucionalidad de la Ley de Salario Mínimum. — La Ley de Salario Mínimum de junio 9, 1919, no es anti-constitucional y fue la intención de la Legislatura que la ley comprendiera trabajo por ajuste así como trabajo por liora y fijar un tipo mínimo de .compensación por tal trabajo.
    Id. — Convenio sobre Precio del Trabajo por Ajuste. — Un acuerdo fijando el precio del trabajo por ajuste adoptado entre una corporación y sus opera- . rías mediante gestión de un comité de arbitraje nombrado a instancia de la legislatura, no puede considerarse como una enmienda o interpretación de la Ley de Salario Mínimum.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   Él Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

La Porto Rican American Tobacco Company fué decla-rada culpable de una infracción a la Ley del Salario Mínimum por virtud de una estipulación de becbos probados que con-tiene lo siguiente:

“(a) Qlue la operaría Emilia Alvarez que es una mujer mayor de 18 años de edad y no está en período de aprendizaje trabajó en los talleres de la acusada Porto Rican American Tobacco Company en la semana comprendida desde el 19 al 25 de septiembre del pasado año 1919 y su trabajo consistía en filetear cajas para envasar tabacos, y que en esa semana ganó por ese trabajo una cantidad menor de $6.00 semanales.
“ (b) Que la corporación acusada no se dedica a la agricultura ni a las industrias agrícolas.
“(o) Que la operaría Emilia Alvarez hacía trabajo de fileteado de cajas por ajuste, unas cajas a razón de 60 centavos el ciento y otras a razón de 58 centavos el ciento, según la clase, y que al final de la semana se le pagaba con arreglo al número de cajas que había fileteado al precio estipulado, y no con arreglo al número de horas que invirtiera en el trabajo.
“ (d) El tipo de precio a que se pagaba y aún se paga el fileteado de esas cajas fué convenido entre la corporación demandada y las operarías por medio de la Comisión de Arbitraje en virtud del acuerdo celebrado a propuesta del Comité Legislativo de ambas Cámaras, del del Comité en representación de los trabajadores en huelga, y la Porto Rican American Tobacco Company y cuyo acuerdo fué firmado por dicho Comité Legislativo, por el Comité de huelga y por los ofi-ciales de la corporación con fecha 12 de julio del pasado año 1919.
“ (e) Que en el taller de la corporación acusada donde la operaría Emilia Alvarez verificó su trabajo hay empleadas constantemente se-senta operarías que hacen la misma clase de trabajos al mismo tipo de precio y que todas esas operarías a excepción de tres o cuatro, han hecho siempre y hacen una cantidad de trabajo cuyo valor excede en mucho a $6 semanales.
“ (/) Que todas las operarías empleadas en el mismo taller tienen el mismo tiempo y la misma oportunidad para hacer el trabajo ,que rinda, y que esta cantidad de trabajo está en proporción directa de la práctica y habilidad de la operaría.
“ (g) Que el taller está abierto desde las 7 basta las 11 de la mañana y desde las 12 basta las 4 de la tarde, pero las operarías pueden entrar y salir y algunas entran y salen después o antes de las horas indicadas porque no se les lleva record de tiempo.
“ (h) Que ese trabajo por ajuste o por tarea en la forma indicada se viene haciendo en los talleres de la corporación acusada desde que se instaló en esta Isla hace, próximamente veinte años y en la misma forma se hace en los demás talleres de la Isla que no pertenecen a la acusada. ’ ’

Los siguientes son los errores que han sido alegados:

“1. La corte sentenciadora cometió error al considerar como vá-lida eonstitucionalmente la ley número 45 de 9 de junio de 1919 fijando el mínimo de jornal para las mujeres trabajadoras.
“2. La corte sentenciadora cometió error al no reconocer la dis-tinción establecida entre el salario que se paga por tiempo de trabajo (time work) y el que se paga por unidad de trabajo (piece work).
“3. La corte sentenciadora incurrió en error al considerar que la Ley No. 45 de 9 de junio de 1919 comprende el sistema de trabajo por' cantidad (piece-work).
“4. La corte sentenciadora cometió error al declarar culpable a la corporación acusada de infracción a la citada Ley de Salario Mínimum.
“5. La corte sentenciadora cometió error al no reconocer como una comisión oficial con fecha posterior a la aprobación de la ley, había fijado el tipo o valor de unidad de trabajo por tarea.
“6. Asimismo incurrió en error la corte inferior al declarar culpable a la acusada y al no reconocer que el tipo fijado por la Comi-sión como pago de unidad de trabajo da un promedio mucho mayor que el fijado por la ley como pago de tiempo.
“7. La corte sentenciadora cometió error al no considerar que en el trabajo por ajuste o a destajo (piece-work) no puede fijarse salario mínimo semanal; y al declarar culpable a la acusada bajo ese funda-mento. ’ ’

Én el caso de El Pueblo v. Alvares, 28 D. P. R. 936, este tribunal resolvió que la Ley de Salario Mínimum era consti-tucional y que comprende trabajo por ajuste. La decisión en ese caso resuelve todas las cuestiones promovidas en este caso con excepción ele la indicada en el quinto señalamiento de error. En verdad que el alegato de este caso se encon-traba en la corte a la fecha de nuestra anterior decisión, y no contiene nada, con la sola excepción que acaba precisa-mente de indicarse que entonces no hubiera recibido la debida consideración.

El razonamiento bajo el quinto señalamiento de error se funda en la estipulación “d” de los hechos probados, supra, y la teoría es, primero, que el acuerdo a que de tal modo se llegó es una interpretación auténtica de la ley que establece una diferencia entre trabajo por hora y trabajo por ajuste; y segundo, que examinado desde otro punto de vista, el arre-glo oficial concertado puede ser considerado como que suple una deficiencia de la ley en cnanto a que determina el precio a que debe pagarse el trabajo por ajuste de la clase envueltoen este caso.

El argumento, pues, resulta inmediatamente demasiado amplio para su fundamento pues aparte de la escasa infor-mación que contiene la subdivisión “d” supra, no tenemos conocimiento alguno de la naturaleza y alcance de las facul-tades conferidas a la comisión en cuestión. No entendemos, ni el apelante trata de explicar cómo puede ser que un tipo para trabajo por ajuste fijado mediante un acuerdo que ha sido firmado en la forma indicada en la subdivisión citada en último término, o el convenio a que de tal modo se llegó, sin más nada, pueda ser considerado ya como una enmienda a la ley o como una interprefación de la misma que excluye trabajo por ajuste de la clase en cuestión y obligatorio en este sentido para las cortes.

Si como hemos resuelto la intención de la Legislatura fue incluir el trabajo por ajuste y decretar no una ley fijando-un promedio de salario, sino como indica su título, una Ley de Salario Mínimum, entonces la presunción más bien pare-cería ser que la ley así decretada fué entendida por la Com-pañía de Tabaco así como por las otras partes en la estipu-lación, en el sentido de qne comprende trabajo por ajuste y qne -fija nn tipo mínimo de compensación por tal trabajo, y qne estaba en la mente de todas las partes interesadas a la fecha de firmarse dicho convenio y forma parte del mismo.

No pndiendo esta corte estar de acnerdo con el apelante en cuanto a este punto y habiendo sido ya resueltas adver-samente las otras cuestiones presentadas, la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Porto Rican American Tobacco Company, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la Ley del Salario Mínimum.
    No. 1693.
    Resuelto en abril 29, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 1516, JSl Pueblo v. Porto Moan American Tobáceo Go., de abril 29, 1921.
    Abogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal, y G. Llauger.

    Abogado del apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Porto Rican American Tobacco Company, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por infracción a la Ley del Salario Mínimum.
    No. 1696.
    Resuelto en abril 29, 1921,
    por los fundamentos del caso Bl Pueblo v. Alvares, 28 I). P. R. 937, y Bl Pueblo v. Porto Pican, American Tobacco Oo., de abril 29, 1921, (pág. 397).
    Abogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal, y C. Llauger.

    ♦Abogado del apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.