text:
    Vitas Health Care Corporation, recurrida, v. Hospicio La Fe y Esperanza De Puerto Rico y Healthkeepers Hospice, Inc., peticionarios.

      Número: CC-2013-376

      Resuelto: 10 de enero de 2014

      German J. Brau y Grisselle Bermúdez Rodríguez, de Morell Bauzá, Cartagena & Dapena, LLC, abogados de la parte recurrente; Efraín Rivera Pérez, de ERP Law Firm PSC, y Jeannette Arias Pérez, de Jeannette Arias Law Offices, abogados de la parte recurrida; Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, en representación del Depar-tamento de Salud.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si una agencia de la Rama Ejecutiva tiene la facultad para incorporar, por vía regla-mentaria, el requisito adicional de notificar a la Oficina del Procurador General un recurso de revisión administrativa. Específicamente, si el requisito impuesto por el Departa-mento de Salud, de notificar a la Oficina del Procurador General la revisión de la concesión de un Certificado de Necesidad y Conveniencia, viola las disposiciones conteni-das en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Por entender que ninguna agencia de la Rama Ejecutiva puede afectar unilateralmente la facultad revisora de la Rama Judicial, al imponer requisitos mayores a los dis-puestos por la Asamblea Legislativa en la LPAU, infra, o la ley orgánica pertinente, contestamos que la exigencia de notificar todo recurso de revisión de un Certificado de Ne-cesidad y Conveniencia a la Oficina del Procurador General constituye una actuación nula del Departamento de Salud.

I

Los hechos pertinentes a la controversia ante este Tribunal tienen su génesis el 26 de febrero de 2013 cuando el Hospicio La Esperanza y Healthkeepers, Hospice, Inc. (Hospicios) presentaron un recurso de revisión administra-tiva ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revi-sión de la resolución emitida por el Departamento de Salud el 22 de enero de 2013, y archivada en autos el 29 de ese mes. Mediante la determinación del Departamento de Sa-lud se otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia a Vitas Health Care Corporation para establecer un hospicio en el área metropolitana. Al presentar el recurso de revi-sión administrativa, Hospicios notificó a todas las partes que fueron notificadas mediante la resolución recurrida y al Departamento de Salud.

Por su parte, tanto el Departamento de Salud como Vi-tas Health Care, solicitaron la desestimación del recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones. Ambos sostu-vieron que Hospicios no notificó a la Procuradora General la presentación del recurso de revisión administrativa ins-tado ante el foro intermedio. Alegan que eso se hizo en violación al inciso R(4) del Artículo VIII del Reglamento del Secretario de Salud para Regular los Procedimientos Adju-dicativos en el Departamento de Salud y sus Dependencias (Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud), Regla-mento Núm. 5467 del Departamento de Estado de 27 de agosto de 1996 (Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud). En fin, sostuvieron que Hospicios incumplió con un requisito de cumplimiento estricto sin acreditar justa causa. Hospicios, por su parte, se opuso a la solicitud de desestimación.

El Tribunal de Apelaciones, mediante Sentencia de 12 de abril de 2013, y archivada en autos el 18 de ese mes, atendió los planteamientos y desestimó por falta de juris-dicción el recurso de revisión que presentó Hospicios. Una mayoría del foro intermedio determinó que Hospicios in-cumplió con el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud al no notificar a la Procuradora General. A su vez, concluyó que no se presentó justa causa para el incumpli-miento con tal requisito. No obstante, en la referida sen-tencia hubo un voto disidente. En éste se expuso que la falta de notificación a la Procuradora General constituye un requisito añadido por el Reglamento Núm. 85 del De-partamento de Salud no armonizable con la LPAU.

Inconforme, Hospicios acude ante este Tribunal y señala los errores siguientes:

Primer Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar el recurso de revisión por falta de jurisdicción.
Segundo Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al dar validez a una disposición de un reglamento administrativo que re-sulta contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme y al Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Solicitud de certiorari, pág. 5.

El 28 de junio de 2013 expedimos el recurso ante nues-tra consideración. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a atender conjuntamente los erro-res señalados.

II

La Ley Orgánica del Departamento de Salud, Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, 3 LPRA sec. 171 et seq., dispone que el Secretario de Salud tiene a su cargo todos los asuntos que por ley se encomienden relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública, excepto aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena marítima. Entre estos asuntos, el Departamento de Salud tiene la facultad para conceder Certificados de Necesidad y Conveniencia para asegurar la planificación ordenada de las instalaciones y los servicios de salud en respuesta a la necesidad de la población y a los servicios existentes. Véase Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, 24 LPRA sec. 334 et seq.

Con el propósito de lograr la planificación ordenada, la Ley Núm. 2, supra, autorizó al Secretario de Salud a esta-blecer mediante reglamento los criterios para expedir o de-negar el Certificado de Necesidad y Conveniencia. 24 LPRA sec. 334b. A su vez, dispuso cuáles son los criterios que debía contener ese reglamento a la hora de evaluar si lo concede o no. Además, esta ley autorizó al Secretario de Salud a establecer mediante reglamento el procedimiento para el recibo y la evaluación de las solicitudes de Certifi-cados de Necesidad y Conveniencia. 24 LPRA sec. 334f-2. La Ley Núm. 2 fue enmendada por la Ley Núm. 206-1998 para atemperar sus disposiciones a las de la LPAU. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 206-1998.

El Departamento de Salud aprobó el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud, el cual dispone los procedimientos al solicitar y revisar la concesión o denegación de un Certificado de Necesidad y Conveniencia. En lo que nos atañe, el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud dispone, en su inciso R(4) del Artículo VIII, pág. 39, que

[s]erá obligación de la parte que solicite revisión judicial noti-ficar con copia de dicho escrito al Departamento de Salud, Ofi-cina de Asesores Legales y al Procurador General. (Énfasis suplido).

De lo expuesto, resalta que en la reglamentación apro-bada por el Departamento de Salud se requiere que se no-tifique al Procurador General de la solicitud de revisión judicial.

En lo que concierne a la Oficina del Procurador General, fue creada originalmente mediante la aprobación de la Ley Núm. 7 de 15 de mayo de 1959 (3 LPRA secs. 84-84i). En esencia, la función de la Oficina del Procurador General es la de representar al Estado, sus agencias y funcionarios ante los tribunales apelativos de Puerto Rico y Estados Unidos. Véase A. Rodríguez Rodríguez, Abogando ante el Tribunal Supremo: deberes y obligaciones de la Oficina del Procurador General, 62 (Núm. 1) Rev. Jur. UPR 87 (1993).

La Oficina del Procurador General fue reorganizada mediante la Ley Núm. 205-2004, Ley Orgánica del Depar-tamento de Justicia, 3 LPRA see. 291 et seq. Su propósito se mantuvo prácticamente inalterado. Esta oficina repre-senta al Estado en las causas a nivel apelativo en las que este sea parte o tenga interés, 3 LPRA see. 2941; brinda el apoyo técnico y la asistencia necesaria para tramitar las causas a nivel de primera instancia, tanto en el foro estatal como en el federal, 3 LPRA sec. 294m, y practica las inves-tigaciones que solicite este Tribunal con relación a quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados y notarios, 3 LPRA sec. 294n.

En lo particular a la controversia de autos, la Oficina del Procurador General representa al Estado a nivel apelativo en lo siguiente:

(a) El Procurador General representará al Estado Libre Asociado en todos los asuntos civiles y criminales en que éste sea parte o esté interesado y que se tramiten en grado de apelación o en cualquier otra forma ante los tribunales apela-tivos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro estado federado, territorio o posesión de los Estados Uni-dos de América, excepto en los casos en los cuales el Secretario determine otra cosa.
(b) El Procurador General también representará ante cual-quier tribunal apelativo a aquellas partes o intereses repre-sentados por el Departamento en primera instancia y compa-recerá ante cualquier tribunal apelativo en la continuación de otras causas tramitadas en primera instancia por el Departa-mento o por representación legal externa, excepto en los casos en los cuales el Secretario determine otra cosa y sujeto a las excepciones que puedan establecerse por ley.
(c) Igualmente, a solicitud de un municipio, el Procurador General le prestará los servicios a nivel apelativo, en casos apropiados y cuando el Secretario así lo estime conveniente.
El municipio deberá satisfacer al Departamento el costo de la referida representación legal, cuyo dinero ingresará al Fondo Especial creado en virtud de las sees. 291 a 295u de este título.
(d) En aquellos casos en que concurran como partes el Es-tado Libre Asociado y alguna otra parte o interés representado por el Departamento en primera instancia, el Procurador General podrá optar por representar simultáneamente, ante el foro apelativo correspondiente, tanto al Estado Libre Asociado como a la parte o interés representado por el Departamento en primera instancia; representar únicamente a la parte o inte-rés representado por el Departamento en primera instancia; o representar únicamente al Estado Libre Asociado. En este úl-timo caso será necesaria la anuencia del Secretario. 3 LPRA sec. 294Z.

De lo expuesto, se colige que la Oficina del Procurador General asume la representación del Estado a nivel apelativo en ciertos procesos. Como regla general, en los asuntos civiles o criminales en los que el Estado sea parte o en los que esté interesado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, de Estados Unidos o de cualquier otro estado federado. Igualmente, esta oficina se ocupará de la repre-sentación legal a nivel apelativo de aquellas partes o inte-reses representados por el Departamento de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, véase Morales et als. v. Marengo et al., 181 DPR 852, 864 (2011).

Ahora bien, en el presente caso se cuestiona que mediante el uso del Reglamento Núm. 85, el Departamento de Salud obligue a que las partes que solicitan revisión judicial notifiquen el recurso instado a la Oficina del Procura-dor General. En síntesis, se plantea que ello resulta en un requisito adicional no incluido por la LPAU y una acción ultra vires del Departamento de Salud. Analicemos.

III

A. La LPAU —Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2101 et seq.)— respondió a la necesidad de crear un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia administrativa debe observar al aprobar sus reglamentos. Asimismo, ésta se promulgó para establecer procedimientos uniformes en los trámites adjudicativos celebrados en las distintas agencias gubernamentales. Pagán Ramos v. F.S.E., 129 DPR 888 (1992). Con ese fin, la LPAU cobijó todos los procedimientos administrativos conducidos ante las agencias que no estuvieran excluidas de su aplicación, incluso los trámites para formular reglas y reglamentos, adjudicar contro-versias, otorgar licencias y cualquier proceso investigativo. Véase 3 LPRA sees. 2103 y 2102(k).

Para lograr el objetivo de conseguir uniformidad ante los trámites administrativos, la LPAU requirió que, en el periodo de un año desde su aprobación, cada agencia conformara sus reglas o reglamentos a tono con las disposiciones del referido estatuto. 3 LPRA sec. 2105(b). De esta forma, la LPAU integró unos procedimientos uniformes mínimos que sustituyeron los trámites de las agencias que fueran incompatibles con sus disposiciones y estableció que los reglamentos aprobados por las agencias debían ser conformes a las disposiciones de la LPAU. Pagán Ramos v. F.S.E., supra, págs. 901-902.

La importancia de la implementación de la LPAU conllevó el reconocimiento de que las reglas incorporadas por ésta prevalecerán sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, que sea contraria a las disposiciones de la LPAU. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004). Por ende, las agencias cobijadas por el estatuto carecen de autoridad para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales o distintos a los que impone la LPAU. Esto incluye los asuntos relacionados con la revisión judicial. Más aún, cualquier imposición adicional será nula si incumple sustancialmente con la LPAU. 3 LPRA sec. 2127. Véase, además D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 123. Por lo tanto, las disposiciones de esta ley desplazan y tienen predominio sobre toda regla de una agencia que sea contraria a ésta. López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 254 (2008).

En ese sentido, al examinar la validez de una reglamentación de una agencia administrativa, los tribunales estamos obligados a analizar: (1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (2) si se delegó poder de reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los poderes delegados; (4) si al aprobarse el re-glamento se cumplió con las normas procesales de la ley orgánica, y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013); Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 449-450 (2009); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703, 711-712 (1999).

En cuanto a si la reglamentación es arbitraria o caprichosa, este Tribunal ha advertido que “las agencias carecen de facultad para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales a aquellos establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la agencia”. (Enfasis suplido). Franco v. Depto. de Educación, supra, pág. 712. A modo de ejemplo, este Tribunal expresó que, luego de que en 1995 la LPAU eliminó el requisito jurisdiccional de presentar una moción de reconsideración antes de solicitar revisión judicial, solo se exigirá la presentación de reconsideración cuando una ley posterior a la enmienda así lo requiera. Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75 (1996). Véanse, además: López Rivera v. Adm. de Corrección, supra, págs. 259-260 (rechazamos la imposición de términos más cortos para presentar una moción de reconsideración por ser contrario a lo dispuesto en la LPAU); Com. de Seguros v. A.E.E.L.A., 171 DPR 514, 522-523 (2007) (exigimos que el informe del oficial examinador que presidió la vista forme parte del expediente administrativo conforme requiere la Sec. 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2168); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 762-763 (rechazamos la exigencia de presentar una solicitud de reconsideración y una fianza como requisitos jurisdiccionales para revisar una subasta, ya que ello constituye un acto ultra vires impuesto mediante reglamento sin que la ley habilitadora le hubiera delegado expresa o implícitamente tal facultad).

El caso ante nuestra consideración nos brinda la opor-tunidad de atender si requerir la notificación a la Oficina del Procurador General constituye una actuación que con-traviene la LPAU.

B. En lo que corresponde a la solicitud de revisión judicial de las decisiones administrativas, es necesario referirnos a lo que la LPAU establece como el procedimiento para solicitar la revisión de órdenes o resoluciones finales de la agencia.

En lo pertinente, la LPAU requiere que en la orden o resolución final se advierta del derecho a solicitar reconsideración ante la agencia o a instar el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con expre-sión de los términos correspondientes. 3 LPRA see. 2164. Ello, pues, la LPAU precisa que la parte afectada adversa-mente por una orden o resolución final de una agencia, que ya agotó todos los remedios provistos por el organismo ad-ministrativo apelativo correspondiente acuda al foro inter-medio, como norma general, en el término de treinta días desde el archivo de la notificación de la orden o resolución final, a menos que una moción de reconsideración inte-rrumpa oportunamente ese periodo. Además, la LPAU exige que la parte que solicite la revisión notifique su presentación “a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión” ante el Tribunal de Apelaciones. (Énfasis suplido). 3 LPRA sec. 2172.

Cónsono con lo expuesto, en cuanto a la notificación a las “partes”, la Regla 58(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone como sigue:

(B) Notificación a las partes.—
(1) Cuándo se hará. — La parte recurrente notificará el es-crito de revisión debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación a los abogados(as) de récord del trámite adminis-trativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se recurre, dentro del término para presentar el recurso, siendo éste un término de cumplimiento estricto.

El propio estatuto de la LPAU establece que se considera como “parte” a “toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en esa acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma, o que haya entablado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en ese procedimiento”. 3 LPRAsec. 2102(j). De igual forma, el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud incorporó esta definición al establecer que es parte toda persona a quien se dirige el procedimiento adjudicativo o a quien se le permita participar en él, que haya entablado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden o que sea designado como parte en ese procedimiento. Véase Art. V(O) del Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud.

Nótese que la LPAU no exigió que se notificara a la Oficina del Procurador General como un requisito para so-licitar la revisión administrativa. Véase 3 LPRA see. 2172. Tampoco incluyó a la Oficina del Procurador General en su definición de “parte” dentro del proceso administrativo. íd. Por lo tanto, en lo que atañe a la controversia ante nos, la función de la Oficina del Procurador General se centra en asumir la representación legal, a nivel apelativo, de las agencias del Estado en aquellos casos en que éstas intere-sen su representación legal o se ordene su comparecencia. Por eso, la LPAU incluyó como requisito la notificación a la agencia administrativa y no lo extendió al eventual, pero especulativo en esta etapa, representante legal de la agen-cia: la Oficina del Procurador General. Por lo tanto, al aprobarse la LPAU, el legislador conocía la función de la Oficina del Procurador General; sin embargo, decidió no requerir que fuera notificado cuando se solicitara la revi-sión administrativa.

Nótese que cuando el legislador ha requerido que se no-tifique a la Oficina del Procurador General, así lo ha dis-puesto expresamente. Véase, a modo de ejemplo, Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. Véase, tam-bién, Regla 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, para el Procedimiento de recurso de revisión especial relacionado con las decisiones o adjudica-ciones de beneficios y servicios gubernamentales de ayuda al ciudadano en los que se requiere expresamente la noti-ficación a la “agencia recurrida y al Procurador(a) General”. 4 LPRAAp. XXII-B.

Adviértase, además, que el Art. 4.006(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)), expresamente dispone que el Tribunal de Apelaciones tendrá competencia y cómo la ejercerá:

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. En estos casos, la mera presentación del recurso no paralizará el trá-mite en el organismo o agencia administrativa ni será obligatoria la comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro apelativo a menos que así lo determine el tribunal. El procedimiento a seguir será de acuerdo con lo establecido por las sees. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis suplido).

Así, resalta que en los recursos de revisión administra-tiva, el Estado no está obligado a comparecer. Sin embargo, en los casos que así se le requiere, es la propia agencia la que remite el expediente a la Oficina del Procurador General. Véase Morales et als. v. Marengo et al., supra.

De otra parte, y en igual forma, al examinar la Ley Orgánica del Departamento de Salud y la Ley Núm. 2, supra, según enmendada, no encontramos algún ejercicio legislativo que requiera la notificación de la revisión administrativa a la Oficina del Procurador General. Por el contrario, la enmienda introducida por la Ley Núm. 206-1998 reconoció, en lo pertinente, que al solicitar la revisión judicial de un proceso relacionado con los Certificados de Necesidad y Conveniencia sería bajo los términos de la LPAU. Véase 3 LPRA sec. 334f-10. De acuerdo con ello, ni la LPAU ni la Ley Núm. 2, supra, según enmendada, requieren la refe-rida notificación a la Oficina del Procurador General.

En consecuencia, cuando el Departamento de Salud aprobó el Reglamento Núm. 85 impuso requisitos adicionales a los establecidos por la LPAU o su ley habilitadora. Al así actuar, el Departamento de Salud se extralimitó de la autoridad que le concedió la Asamblea Legislativa y actuó en contravención a la política pública por la cual fue aprobada la LPAU: uniformar los procedimientos.

IV

En el caso de autos, el 26 de febrero de 2013, Hospicios presentó una oportuna solicitud de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de la Resolución que emi-tió el Departamento de Salud el 22 de enero de 2013, noti-ficó el 25 de ese mes y puso en correo el 29.

Luego de sendas solicitudes de desestimación presenta-das por Vitas Health Care y el Departamento de Salud, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia desestima-toria por falta de jurisdicción el 12 de abril de 2013, y que fue archivada en autos el 18 de ese mes. Concluyó que Hospicios incumplió con el requisito de notificar la revisión judicial a la Oficina del Procurador General, impuesto por el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud, sin que presentara justa causa para ello.

Inconforme, Hospicios acude ante este Tribunal y cues-tiona la facultad del Departamento de Salud para adoptar esa disposición en clara contravención al texto expreso de la LPAU. Así, señala que la exigencia de notificar a la Pro-curadora General no está incluida en la LPAU y mucho menos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por lo que éste resulta inoficioso.

Por su parte, el Departamento de Salud sostiene que Hospicios debió cumplir con el requisito impuesto por el Reglamento Núm. 85 del Departamento de Salud, ya que la Oficina del Procurador General es la encargada de re-presentar legalmente al Estado y a sus agencias en los foros judiciales apelativos. Aduce que en este tipo de caso existe una política pública que amerita su comparecencia por tratarse de un Certificado de Necesidad y Conveniencia. De esta forma, entiende que al no presen-tarse justa causa para tal incumplimiento, procedía la desestimación. De igual forma, sostiene Vitas Health Care Corporation. No les asiste la razón.

La LPAU no incluyó el requisito de notificar a la Oficina del Procurador General cuando se solicita una revisión judicial. Así, la norma general es que solo se notifica el recurso de revisión a los abogados de récord del trámite administrativo, o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia administrativa. Véase 3 LPRA see. 2172; Regla 58(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. De igual forma, la citada Ley Núm. 2 no obliga que se notifique a la Oficina del Procurador General para la revisión concerniente a los Certificado de Necesidad y Conveniencia. Por el contrario, remite a los procedimientos dispuestos por la LPAU. Tampoco la Oficina del Procurador General fue incluida como “parte” en la definición adoptada por la LPAU. Mucho menos, compareció como abogada de récord. Tan es así, que a poco se examine la resolución emitida por el propio Departamento de Salud, resalta que ésta no fue notificada a la Oficina del Procurador General e, incluso, advierte que la comparecencia del Estado no es obligatoria, a menos que el Tribunal de Apelaciones así lo ordene, a tono con lo dispuesto por la Ley de la Judicatura.

Como hemos expuesto, al incorporar el requisito de no-tificar a la Oficina del Procurador General en el Regla-mento Núm. 85 del Departamento de Salud, éste se exce-dió de sus facultades, por lo que no se puede exigir su cumplimiento. Por ende, Hospicios no venía obligado a no-tificar a la Oficina del Procurador General y el Tribunal de Apelaciones no debió desestimar por falta de jurisdicción el recurso de revisión presentado.

V

Por las razones expuestas, se revoca al Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al foro intermedio para que atienda el recurso de revisión presen-tado por Hospicios.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez di si ritió sin opinión escrita.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Carlos A. Marrero.

      Número: AB-2012-87

      Resuelto: 14 de enero de 2014

      Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradora general; Carlos Alberto Marrero, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión, nos encontramos en posi-ción de suspender provisionalmente a un miembro de la profesión legal porque el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, lo halló culpable de cometer dos delitos graves en los casos E LE2012G0026 y E LE2012G0027. Por los hechos y fundamentos que discutimos a continua-ción, ordenamos la suspensión provisional del Ledo. Carlos A. Marrero.

I

El licenciado Marrero fue admitido al ejercicio de la abo-gacía el 27 de enero de 1999. Desde entonces, no ha sido parte en un proceso disciplinario ante este Tribunal.

El 28 de septiembre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable de delito grave al licenciado Ma-rrero por violar los Artículos 2.8 y 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como Ley para la Preven-ción e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA sees. 628 y 631. Por esos delitos, que implican incumpli-miento con órdenes de protección y maltrato, el licenciado Marrero fue sentenciado a una pena de cuatro años y dos años, respectivamente, a cumplirse consecutivamente. Como resultado de ese acontecimiento, se presentó una queja en contra del licenciado Marrero ante este Tribunal.

El 12 de septiembre de 2013 emitimos una Resolución en la que ordenamos al licenciado Marrero que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo provisional-mente de la abogacía, según lo dispuesto en la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA sec. 735). En cum-plimiento con esa orden, el licenciado Marrero presentó una moción mediante la cual explicó que las sentencias en cuestión se encontraban ante la consideración del Tribunal de Apelaciones para ser revisadas. Adujo que, por no tra-tarse de sentencias finales y firmes, no ameritaba ser se-parado de la abogacía.

II

La Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, establece que

[e]l abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral {malpractice), delito grave {felony) o delito menos grave {misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Véase, además, In re Dubón Otero, 159 DPR 550 (2003).

En diversas ocasiones hemos reiterado la facultad inhe-rente que posee este Tribunal para reglamentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción, así como para des-aforar o suspender a aquellos abogados que no tengan la capacidad para llevar a cabo las funciones que conlleva la profesión. In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re Zúñiga López, 177 DPR 385, 388 (2009); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648 (2005). Esta autoridad se extiende a toda conducta delictiva del abogado que afecte sus condiciones morales y lo haga indigno de pertenecer a este foro. In re Zúñiga López, supra, pág. 389. Esto es así aun cuando su conducta no sea producto del ejercicio de la pro-fesión legal o esté en conexión con ella. Id. Véase, además, In re González Díaz, supra, pág. 651.

Por tal razón, cuando surja de una sentencia que un abogado incurrió en actuaciones que implican depravación moral, procede suspenderlo inmediatamente de la profesión legal. In re Martínez Maldonado, supra; In re Arroyo Arroyo, 182 DPR 83, 85-86 (2011); In re Bernal Sánchez, 160 DPR 286, 288 (2003); In re Andújar Figueroa, 156 DPR 873 (2002). En cuanto a los abogados respecta, hemos ex-presado que “la depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, a la honradez, a los buenos principios o a la moral”. In re Martínez Maldonado, supra, pág. 1087. Véanse, además: In re Zúñiga López, supra, pág. 389; In re Morell Corrada, supra, pág. 330; In re González Díaz, supra, pág. 651.

III

Luego de examinar el dictamen condenatorio del Tribunal de Primera Instancia, no hay duda de que la conducta por la que el licenciado Marrero fue sentenciado constituye depravación moral. Los delitos graves que se probaron son causa para que se le suspenda provisionalmente del ejerci-cio de la abogacía. Si las sentencias en cuestión advienen finales y firmes, la suspensión indefinida será automática.

Por los fundamentos antes expuestos, se decreta la se-paración provisional del licenciado Marrero del ejercicio de la abogacía y se ordena que su nombre sea borrado del registro de abogados autorizados a ejercer la profesión en nuestra jurisdicción. El licenciado Marrero deberá notifi-car a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver los expedientes y hono-rarios recibidos por trabajos no rendidos en los casos pendientes. Además, deberá notificar oportunamente de la suspensión que hoy se ordena a los foros judiciales y admi-nistrativos en los que tenga un caso pendiente. Las gestio-nes antes descritas deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notifica-ción de esta Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.


author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos.

      Número: CT-2014-2

      Resuelto: 14 de enero de 2014

      Daniel E. Garavito Medina, del bufete Estudio Legal MV & GM, Rafael A. Nadal Arcelay y Melissa López Díaz, del bufete Cando, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C., abogados de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Certificación Intrajurisdic-cional presentada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico y otros, se declara “con lugar” la Petición de Certificación Intrajurisdiccional. Art. 3.002(e) de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s; Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Véase Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013).

Asimismo, se declara “con lugar” la moción para parali-zar los efectos de la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013 hasta tanto otra cosa se disponga por este Tribunal. Regla 57.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V.

Por otro lado, en virtud de la Regla 51 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, nombramos al Hon. Ángel Pagán Ocasio, juez que atiende el caso en el foro primario, como Comisionado Especial. Este deberá re-cibir prueba sobre las alegaciones de los peticionarios y debe rendir un informe que contenga exclusivamente de-terminaciones de hecho. Asimismo, el Comisionado Especial deberá incluir en el expediente del caso cualquier evi-dencia documental presentada por las partes.

Dada la pronta atención que requiere este caso, ordena-mos al comisionado especial presentar ante este Tribunal las determinaciones de hecho y cualquier otra evidencia documental no más tarde del viernes 7 de febrero de 2014. Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra.

Notifíquese inmediatamente por fax o teléfono, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta:

Estoy conforme con acoger la petición de certificación presentada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico y nom-brar al Hon. Ángel Pagán Ocasio como Comisionado Especial para que celebre una vista evidenciaría y nos presente sus determinaciones de hecho no más tarde del 7 de febrero de 2014. Sin embargo, pospondría nuestra decisión sobre parali-zar los efectos de la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013 hasta que se celebre la vista evidenciaría y este Tribunal cuente con el Informe realizado por el Comisionado Especial. De esta manera, seguimos la normativa relacionada con la expedición del recurso extraordinario del injunction que esta-blece que este no debe concederse sin haberse celebrado una vista previa. D. Rivé Rivera, Recursos extraordinarios, San Juan, Prog. Edu. Leg. Cont. de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, 1989, pág. 28. Si seguimos este curso de acción, este Tribunal siempre puede más tarde sub-sanar los efectos de la See. 4 del Art. 7.5 de la Ley Núm. 160-2013. Por último, me reservo el derecho de emitir una expre-sión posterior al amparo de la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hizo constar que proveería “no ha lugar” al recurso de certificación. No obstante, ordenaría al Juez del Tribunal de Primera Instancia a atender este caso con premura. Igualmente disintió de que se ordene la paralización de una legislación que no ha entrado en vigor, emitiendo para todos los efectos un injunction sin celebrar una vista previa. Dado a lo acelerado de este proceso, se reservó el derecho de emitir una expresión posterior al amparo de la Regla 5 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Feliberti Cin-tron se inhibió.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

Por considerar que las maestras y maestros peticiona-rios necesitan la protección inmediata de este Tribunal, es-toy conforme con la determinación de paralizar los efectos de la legislación que trastoca su derecho a la pensión. En consecuencia, avalo con mi voto el recurso de certificación expedido en el día de hoy para atender de forma oportuna un reclamo de un sector amplio de nuestra fuerza trabajadora.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, por sí y en representación de sus miembros, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda sobre Injunction Pre-liminar y Permanente y Solicitud de Sentencia Declarato-ria, en unión a varios miembros del sistema de retiro para maestros (peticionarios). En ésta, los peticionarios cuestio-nan la constitucionalidad de la Ley Núm. 160-2013, la cual enmendó el sistema de retiro de los maestros, al aducir que constituye un menoscabo de obligaciones contractuales; que se aprobó en violación al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes, y que constituye un acto de incautación sin compensación alguna por parte del Estado. En síntesis, plantean que existían alternativas menos one-rosas para atender la situación del referido sistema; que la ausencia total y absoluta de información no permite esta-blecer si la medida aprobada atiende el problema; que la ley aprobada altera y modifica el contrato establecido con sus miembros, y lacera el derecho de pensión que rige su ingreso al servicio magisterial.

Hoy, los peticionarios acuden a este Tribunal mediante una Solicitud de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Entre otros remedios, los peticionarios solicitan que se paralice la implantación de la Ley Núm. 160-2013, hasta tanto se considere en los méritos su reclamo.

Sabido es que este Tribunal tiene la facultad para intervenir por iniciativa propia, “en casos pendientes ante los tribunales de inferior jerarquía cuando ‘se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial’ ”. P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 9 (2012). Tal facultad está contenida en el Art. V, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, que instauró un sistema judicial unificado, por lo que “cualquier parte del Sistema Judicial tiene la facultad de resolver una causa”. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996). A su vez, el inciso (e) del Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 LPRA sec. 24s) dispone que “[m]ediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmedia-tamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia [...] cuando se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial [...]”.(Enfasis nuestro). Véase, además, Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013).

Estimo que este Tribunal ha ejercido cabalmente su res-ponsabilidad ante el alto interés público que revisten los cambios adoptados al sistema de retiro de maestros y la necesidad imperiosa de que se atienda el asunto de la cons-titucionalidad o no de la ley impugnada. Opino que resulta necesario tramitar con celeridad tal asunto y el momento es oportuno, no solamente para que el Estado y los maestros y maestras conozcan el desenlace final de la validez legal o inconstitucionalidad del estatuto, sino para contri-buir a devolverles la paz a miles de padres y madres y a sus hijos, quienes actualmente se ven privados de recibir el pan de la enseñanza.

A ello debemos añadir que la incertidumbre sobre el asunto del sistema de retiro de maestros puede conllevar el nefasto efecto de que un sector de la clase magisterial, compuesta por más de 40,000 maestros y maestras, se vea obligada a tomar en los próximos días la decisión de renun-ciar para acogerse al sistema de retiro y no perjudicarse en la reducción de sus pensiones, lo que irremediablemente afectará al sistema educativo al no contar con el personal capacitado para ofrecer la educación a los estudiantes.

Ante este cuadro, y existiendo un recurso adecuado, he-mos actuado acertadamente al abrirle a los maestros y maestras las puertas de este Tribunal en el momento oportuno.

Por las razones expuestas, estoy conforme con la certifi-cación y la paralización decretada por este Tribunal hoy.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Taller de Fotoperiodismo, Inc., Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y Overseas Press Club, Ex parte, peticionarios.

      Número: MC-2014-032

      Resuelto: 22 de enero de 2014

      Carlos Díaz Olivo, abogado de los peticionarios.
   RESOLUCIÓN

A la Petición Especial de Autorización para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Proce-sos Judiciales al Amparo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado y del Poder Inherente y Constitucio-nal de la Rama Judicial para Regular sus Procedimientos, se provee “no ha lugar”. En la etapa de los procedimientos en que se encuentra el caso Pueblo v. Casellas Toro, la petición resulta a destiempo.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono, correo electrónico o fax, y notifíquese posteriormente por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Rivera García hace constar la expresión siguiente:

Estoy conforme con la determinación que hoy toma este Tribunal por las razones que expresé en mi voto particular disidente en ASPRO et al., Ex parte II, 189 DPR 838, 842 (2013). Como indiqué en ese caso, la enmienda que aprobamos al Canon 15 de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, estuvo dirigida a hacer viable el establecimiento de un proyecto experimental que permitiera el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión exclusivamente en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). No enmendamos ese canon dirigido a procesos como el que solici-tan hoy. Por ello, estoy conforme con declarar “no ha lugar” la petición presentada por los grupos periodísticos.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo.

En estas circunstancias tengo que coincidir con la deci-sión de la mayoría de declarar “no ha lugar” por tardía la solicitud de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) et al. Distinto al caso del exalcalde de Cidra, el Sr. Ángel “Wiso” Malavé Zayas, los gremios de la Prensa, sin ninguna explicación, han comparecido extremada-mente tarde a hacer su solicitud.

Los que hemos tenido la experiencia de presidir un jui-cio de este tipo, sabemos que el día de dar las instrucciones al Jurado y enviar esos ciudadanos a cumplir con su deber de deliberar, es complicado y extremadamente delicado. Tal aspecto indefectiblemente se agrava en casos de amplia cobertura mediática, como ha sido el del Sr. Pablo Casellas Toro. En ese contexto no me parece prudente ni sabio aña-dir a última hora un aspecto adicional al ya delicado proceso. Sencillamente, en el balance de intereses, esta vez conviene denegar lo solicitado.

No hay duda de que, hasta el momento y en un análisis preliminar, la cobertura en vivo por parte de los medios en todas las instancias que la hemos permitido en forma experimental, ha estado a la altura de lo que se esperaba. Asimismo, estoy convencido de que este resultado obedece en parte a que tal cobertura no ha sido el fruto de la impro- visación, sino de la buena planificación y el esfuerzo de todos los profesionales involucrados, tanto por parte de los medios como de esta augusta Rama. No debemos arriesgar tal trayectoria. Como se le atribuye al célebre Emperador: “vísteme despacio que voy de prisa”.

Por todo lo anterior, estoy conforme.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Hoy pudimos alcanzar un peldaño adicional hacia el proceso reformista de mayor accesibilidad del Pueblo a la información que surge de los procesos judiciales. Lamen-tablemente, una mayoría de este Tribunal considera que la solicitud de la prensa ha llegado tarde, a pesar de que desde hace más de cincuenta años consecuentemente la prensa ha realizado reclamos similares. Como tengo con-fianza en la diligencia de la oficina de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales en la coordinación de transmisiones de procesos judiciales y en la agilidad de la prensa para cubrir noticias de interés público, no creo pro-cedente aducir problemas logísticos para denegar esta petición. Por ello, disiento enérgicamente.

I

Acuden ante este Tribunal varias organizaciones perio-dísticas (prensa) con una petición que no debe causarle sor-presa a nadie y que consiste en autorizar la grabación y transmisión del momento en que se emita el veredicto y la lectura de sentencia en el procedimiento judicial que se sigue contra el Sr. Pablo Casellas Toro. Exponen en su pe-tición que “este caso de naturaleza penal ha generado gran interés del Pueblo por los diversos ángulos jurídicos, hu-manos e institucionales que en él confluyen”. Petición especial de autorización para el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en los procesos judiciales al amparo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del poder inherente y constitucional de la Rama Judicial para regular sus procedimientos, pág. 5.

En su solicitud, la prensa señala que la cubierta audiovisual de las aludidas etapas del proceso judicial no afec-tará el derecho que cobija al acusado de tener un juicio justo. Ello, ya que para ese momento habrá finalizado la deliberación del jurado. Además, la prensa garantiza que tomará todas las medidas para proteger la identidad de los miembros del jurado.

Cónsono con nuestro proceder ante peticiones similares, no tengo reparos en autorizar la petición de la prensa. En-tendemos que su solicitud contribuye a que avance la nueva política pública de acceso a los procesos judiciales. Asimismo, tal como lo hemos señalado, peticiones de esta naturaleza brindan la oportunidad de obtener nuevas re-comendaciones e insumos al programa experimental de ac-ceso a la prensa que instituimos hace un tiempo.

Así pues, nunca es tarde para fortalecer la tendencia de mayor apertura y acceso a la prensa a los procesos que se ventilan en los foros judiciales. Esta Curia hizo lo propio al prácticamente aprobar un nuevo Canon 15 de Etica Judicial, en el cual quedó enmarcada la nueva política de acceso. Así, más allá de las controversias que se dilucidan en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, hemos dado pasos de gran avance al aprobar la grabación y transmisión audiovisual de la etapa final de un procedimiento judicial criminal y la vista oral donde se dilucidaron las correspondientes posturas con respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de retiro de la Judicatura.

Hoy no debe ser la excepción. No se justifica que otor-guemos un trato distinto a la solicitud de la prensa en este particulár procedimiento judicial. Ello, pues, los gremios periodísticos se han comprometido a regirse por el Regla-mento del Programa Experimental para el Uso de Cáma-ras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. Asi-mismo, existen mecanismos para proteger la seguridad de los miembros que componen el Jurado, al momento de la difusión de la información objeto de esta petición.

La garantía de la prensa viene respaldada por sus ac-ciones responsables en eventos recientes, tales como el acto de lectura de sentencia en un caso criminal en la Sala Superior de Caguas y la reciente vista oral ante este Tribunal. A su vez, entendemos que la coordinación que ha hecho en el pasado la división de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) con las organiza-ciones periodísticas ha permitido que las correspondientes transmisiones de los procesos judiciales se lleven a cabo sin menoscabar la solemnidad y el decoro que debe caracteri-zar estos procesos.

II

En virtud de lo anteriormente expuesto, proveería “ha lugar” a la solicitud de la prensa.

       Véase el voto de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitido en In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 445 (2013).