author: El Juez Asociado Señob Travieso

text:
    Yabucoa Sugar Company, demandante y apelante, v. Rafael Fabián, hoy su Sucesión, compuesta de su hija Josefina Fabián Finlay, demandante y apelada.
    Núm. 8566.

    Sometido: Febrero 11, 1943.

      Resuelto: Marzo 1, 1943.

      Francisco González Fagundo, abogado de la apelante; Hugh B. Francis, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Yabncoa Sugar Company radicó ante la Corte de Dis-trito de Humacao una demanda sobre saneamiento, contra Josefina Fabián Finlay, como única heredera de sn padre-don Rafael Fabián. Los hechos esenciales de lá demanda,, admitidos por la excepción previa interpuesta por la deman-dada, son como sigue;

En el año 1907, The Yabncoa Sugar Company adquirid por compra a don Rafael Fabián una finca rústica radicada en Yabucoa. En agosto 30 de 1927, Rene Cintrón Parra ra-dicó ante la Corte de Distrito de Humacao una demanda sobre reivindicación de la mencionada linca. Emplazada la Yabucoa Sugar Company, solicitó ésta que se citara de evic-ción al vendedor Señor Fabián y así lo ordenó la corte en septiembre 15 de 1927. Expedido el emplazamiento, y no pudiendo notificarse personalmente al Sr. Fabián por encon-trarse en Europa, en octubre 20 de 1927 la corte ordenó que se le citara y emplazara mediante la publicación del empla-zamiento y de la moción en el periódico “La Democracia”, una vez por semana durante cuarenta días. En cumplimiento" de dicha orden, se publicó el emplazamiento en los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre y 5 de diciembre de 1927. Fabián no compareció a (defender el derecho de The Yabucoa Sugar Company. La Corte de Distrito de Humacao dictó senten-cia desestimando la demanda interpuesta por Bené Cintrón Parra. Apelada dicha sentencia fué revocada por' la dic-tada por esta Corte Suprema en 22 de julio de 1931, 42 D.P.B. 692, decretando que el demandante Cintrón Parra debía recobrar la mitad de la finca objeto del litigio jun-tamente con los frutos de la misma de acuerdo con la ley. Alega la aquí demandante y apelante, que en cumplimiento de dicha sentencia se vió obligada a pagar a Cintrón Parra la suma de $13,752.41, como importe de los frutos de la finca ; que además de esa suma, fué privada de una mitad del in-mueble, de un valor de $15,000 y se vió obligada a gastar la suma de $3,000 en la defensa del pleito; y pide que se con-dene a la demandada a pagarle la suma de $31,752.41, más intereses y costas.

En junio 30 de 1937, la Corte de Distrito de Humacao declaró con lugar la excepción previa y concedió a la corpo-ración demandante un plazo de diez días para enmendar su demanda, si fuere posible.

Solicitada y denegada la reconsideración, la Yabucoa Sugar Company radicó una demanda enmendada, en la cual se expone una segunda causa de acción. Se reproducen en ésta todas las alegaciones de la demanda original y se alega:

2. Que Fabián designó al abogado Toro Cabañas, de San Juan, para que lo representara en este asunto, y que dicho letrado, en representación de Fabián y después de fallado el pleito por la Corte Suprema, celebró varias entrevistas con la corporación demandante y su representante, “tratando de fijar la cuantía de los frutos y de llegar a una transacción, dándose por tanto, por notificado de la demanda presentada en el caso núm. 12,496.”

3. Que en el momento en que vendió la finca a la deman-dante, Fabián sabía que no tenía título ni derecho alguno válido sobre la mitad de la finca que aparecía adquiriendo de Zoilo Cintrón; y que a pesar de tener tal. conocimiento, le vendió la totalidad de la finca a la demandante, resultando por tanto inexistente el contrato de compraventa en cuanto a la mitad de la finca.

La demandada solicitó la eliminación de los párrafos 2o y 3o de la segunda causa de acción y formuló excepción pre-via a la demanda enmendada, alegando que los hechos ex-puestos, tanto en la primera como en la segunda causa de acción son insuficientes y que la alegada segunda causa de acción es ininteligible y dudosa. En abril 20 de 1942 la corte inferior ordenó la eliminación de los párrafos 2o y 3o de la segunda causa de acción y dictó sentencia desestimando la demanda con costas a la demandante. Alega ésta en apoyo de su recurso de apelación que la sentencia recurrida es con-traria a derecho.

La única cuestión a resolver es si el emplazamiento del Sr. Fabián, hecho en la forma alegada en la demanda, fue legalmente suficiente para citarlo de evicción y someterlo a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Humacao. Si Fa-bián no fué debidamente citado de evicción, su heredera, la demandada, no está obligada al saneamiento.

El artículo 1370 del Código Civil dispone que el vendedor estará obligado al saneamiento “siempre que re-sulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador.” Y el 1371 del mismo cuerpo legal provee que el comprador demandado deberá solicitar dentro del término que la ley le concede para contestar la demanda, que ésta sea notificada al vendedor, debiendo hacerse la no-tificación en la misma forma establecida por la ley para em-plazar a los demandados.

En el caso de autos, el emplazamiento fué publicado seis veces, la primera el día Io de noviembre y la última el 5 de diciembre de 1937. Es evidente que desde el día de la pri-mera hasta el de la última publicación habían transcurrido solamente 35 de los 40 días durante los cuales, de acuerdo con la orden de la corte, debía publicarse el emplazamiento.

Sostiene la demandante apelante que el Código de Enjui-ciamiento Civil es el que determina la manera de expedir los emplazamientos y la forma de notificarlos a los demandados no residente; e insiste en que la publicación en el caso de autos se ajustó a la ley pues fué'hecha “en todas las sema-nas comprendidas dentro ‘de este término de cuarenta días. ’ ’

La misma cuestión que estamos aquí considerando fué considerada y resuelta en contra de la apelante en Hucte v. Teillard, 17 D.P.R. 49, en el que los hechos eran idénticos a los del presente caso. Esta Corte Suprema se expresó así:

“Pero es innecesario determinar el tiempo por medio de este método para mostrar que podían comprenderse los cuarenta días por medio de este engaño. Dice la orden que la publicación se hará por un término de cuarenta días, no pudiendo razonablemente ser inter-pretada dicha orden como significativa de alguna otra cosa, sino de que el tiempo que transcurre de la primera a la última semana de la publicación, será por lo menos de cuarenta días. Si la orden hubiera fijado el término por semanas en vez de días, podría dársele otra interpretación; pero ella habla de días y significa días. (Morse v. U. S., 29 App. D. C. 433.) Pero el tiempo requerido para el diligen-ciamiento del emplazamiento en todo el Código de Enjuiciamiento Civil está expresado en días, y en este caso el emplazamiento se ajusta al estatuto en este particular.
“Era inútil que el juez de la corte inferior exprese en la orden de 13 de mayo que considera que ‘el demandado ha tenido suficiente aviso’ y que ‘el emplazamiento fué publicado por un término sufi-ciente;’ la cuestión ya estaba fuera de su discreción, y la única cuestión que quedó sometida a su consideración fué la de si la orden que había sido dictada previamente, había sido cumplida y llevada a efecto. ’ ’

La distinción que tan hábilmente trata de establecer la parte apelante entre el caso de Huete v. Teillard, supra, y el presente, aun cuando existiese, no sería suficiente para hacer inaplicable el primero a la decisión del segundo. Sos-tiene la apelante que en el caso de Huete la publicación del emplazamiento se hizo para someter a un demandado a la jurisdicción de la corte que ordenó la citación por edictos;, que en el caso de autos, el objeto de la publicación es sola-mente el de dar aviso al vendedor de que se ha presentado una demanda de reivindicación en relación con la finca que él vendió, para que se persone en el pleito a defenderlo si lo cree conveniente; y que hay que distinguir entre estas notificaciones especiales del Código Civil y las notificaciones que determinan los artículos 89 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil.

Ya hemos visto que el artículo 1370 del Código Civil re-quiere como condición precedente al ejercicio de la acción de saneamiento, que la demanda de evicción haya sido notificada al vendedor a instancia del comprador. Y el artículo 1371 del mismo código provee expresamente que “la notificación se hará como la misma ley establece para emplazar a los de-mandados”, o sea de acuerdo con lo que determinan los ar-tículos 89 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil.

En sus comentarios a los artículos 1481 y 1482 del Có-digo Civil Español, que son los equivalentes al 1370 y 1371 del nuestro, dice Manresa:

“.. .El comprador tiene únicamente una sola condición que cum-plir : la de que se notifique la demanda; en resultando esto probado, su derecho al saneamiento es perfecto, sin que nada pueda oponer el vendedor. He aquí la preparación del ejercicio de la acción de evicción de que hablamos en el comentario del precedente artículo: el saneamiento, según el art. 1480, no podrá exigirse basta que baya recaído sentencia firme; pero la acción de evicción se prepara antes de esa sentencia, haciendo que la demanda se notifique al vendedor.
“Faltando la notificación — concluye el artículo 1841 — el vendedor no estará obligado al saneamiento; con lo que queda determinado de un modo claro, que el efecto del incumplimiento por parte del comprador del hecho que condiciona su derecho, es la absoluta pérdida de éste.
“En cuanto a la manera de hacer la notificación, sea quien fuere la persona a quien se dirija, el párrafo 2o. del artículo 1842 dice que será como la ley de Enjuiciamiento Civil establece para emplazar a los demandados. Es decir, que en substancia esta notifi-cación es un verdadero emplazamiento; y no podía ser de otra manera, pues si bien tiene por objeto, en lo que respecta al com-prador, dejar preparada la acción de evicción, en cuanto al vendedor tiende en realidad a evitarle perjuicios ahorrándole el saneamiento si demuestra que la acción interpuesta contra el comprador es injusta, lo que sólo puede demostrar en el pleito, para lo cual necesita ser emplazado.” (Manresa, Com. al Código Civil, Vol. 10, 4» ed., págs. 196 ei seq.)

Resolvemos, pues, de acuerdo con las autoridades citadas, que la citación de un vendedor en caso de evicción debe ha-cerse en cumplimiento .estricto de las disposiciones de los artículos 94 y 95 del Código de Enjuiciamiento Civil y de la orden de la corte decretando la publicación de los edictos; y que la publicación del emplazamiento en el caso de autos no fue suficiente para obligar a Rafael Fabián, ni tampoco a su heredera, al saneamiento de la venta. La que se hizo, no fue una publicación “durante cuarenta días”, según lo ordenó la corte de distrito.

La demandante apelante ha tratado en vano de revivir la causa de acción para el saneamiento, perdida por la insuficiencia de la notificación que de la demanda de eviceión se hiciera al vendedor Fabián. Y a ese efecto, alegó que un abogado, en representación de Fabián, “y después de fallado el pleito en la Corte Suprema” declarando con lugar la demanda de evicción, celebró entrevistas con los re-presentantes de Yabncoa Sugar Company, con el propósito de llegar a una transacción de la presente acción de sanea-miento.

Aceptando que las alegadas negociaciones entre el abo-, gado Toro Cabañas ,y los representantes de The Yabncoa Sugar Company fueran en realidad celebradas, habiéndose celebrado las mismas después de fallado definitivamente pol-la Corte Suprema el pleito de evicción, en'e'l cual Fabián no tuvo oportunidad de intervenir por no haber sido debida-mente emplazado, el mero hecho de haber celebrado esas ne-gociaciones no puede tener como efecto legal retrospectivo el de curar el defecto en el emplazamiento, que según hemos resuelto, no se hizo de acuerdo con la ley. Esas negociacio-nes no podían ser en manera alguna ‘suficientes para confe-rir a la corte de distrito jurisdicción sobre la persona de Fabián, cuando ya el pleito había terminado-por sentencia firme de esta Corte Suprema. La alegación de que por el hecho de haber celebrado negociaciones para transigir el pleito de saneamiento, Fabián se dio “por tanto por notifi-cado de la demanda presentada en el caso número 12,496”, sobre reivindicación, es una conclusión de derecho, errónea e insostenible, y la corte inferior no erró al decretar su elimi-nación.

Nuestra decisión en Rodriguez v. The San Juan Fruit Company, 60 D.P.R. 437, citada por la parte apelante en su alegato suplementario, en nada ayuda su contención de que habiendo tenido Fabián conocimiento de la demanda de rei-vindicación entablada contra The Yabucoa Sugar Company, no era necesario que se le citara de evicción. Ya hemos visto, en primer término, que lo que se alega es que Fabián tuvo conocimiento de la existencia del pleito después de haber terminado éste definitivamente. Además, el caso de Rodriguez v. The San Juan Fruit Company, supra, presentaba una situación completamente distinta a la del caso que estamos considerando. En el de Rodríguez, éste compró nna finca a la San Jnan Fruit Company y al ir a tomar posesión de ella no pudo hacerlo porque The Star Fruit Company se había posesionado del inmueble y se negó a entregarlo. Rodríguez inició demanda de reivindicación contra The Star Fruit Company y notificó por carta a The San Juan Fruit Company, la vendedora, requiriendo su ayuda; y le avisó en tiempo del señalamiento del juicio. La vendedora prestó un plano a Rodríguez y envió a su agente a declarar en el juicio. Fa-llado el pleito en su contra y a favor de The Star Fruit Company, Rodríguez demandó entonces a la vendedora The San Juan Fruit Company exigiéndole el saneamiento de la venta. La demandada alegó en su defensa que no había sido citada de evicción. Al confirmar la sentencia dictada a favor de Rodríguez, esta Corte se expresó así:'

“... La peculiaridad de este caso consiste en que en él no pudo ser citada de evicción la vendedora porque el demandante comprador no fué demandado, si que no hallándose en posesión de la cosa vendí-dale, se vió obligado a demandar al que se posesionó de la misma. Y sería injusto privar a un comprador en situación semejante de su derecho al saneamiento.”

Se resolvió, además, qué la notificación hecha por Rodrí-guez a la vendedora sobre la existencia del pleito; el reque-rimiento para que le ayudara a defender su título; y el aviso de la fecha del juicio, constituían un cumplimiento substan-cial de la ley. En el caso de autos no se cumplió ni siquiera substancialmente el requisito legal que la ley impone al com-prador cuando es demandado, como lo fué en este caso, de citar de evicción al vendedor.

No erró la corte inferior al desestimar la demanda. La sentencia recurrida debe, ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Turo

license: Public Domain

text:
    J. L. Wiewall & Co., S. en C., peticionaria y apelante, v. Hon. José N. Quiñones, Juez de la Corte Municipal de Bayamón y Deogracias Alvarez Cintrón, demandados y apelados.
    Núm. 8680.

    Sometido: Febrero 25, 1943.

      Resuelto: Marzo 2, 1943.

      G. Rivera Cestero, abogado de la apelante; P. J. Santiago Lavandero, abogado del demandante en el pleito principal y codemandado en esta acción, apelado; Harizell, Kelley & Hartzell y Rafael Her-nández, James R. Beverley y José López Baralt, y B. Fernández García, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es la de si una corte municipal tiene jurisdicción para conocer de una reclamación a un patrono por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para el mismo por uno o varios obreros o em-pleados, cuando la cuantía de la reclamación excede de qui-nientos dólares.

Deograoias Alvarez Cintrón acogiéndose a lo prescrito en la Ley núm. 10 de 1917, II pág. 217, tal como quedó defini-tivamente enmendada en 1935 por la Ley núm. 40 de ese año, pág. 239, alegando ser nn empleado, demandó a sn patrono J. L. Wiewall & Co., S. en O., una mercantil de Bayamón, ante la corte municipal de esa ciudad, reclamándole $3,919.40 por concepto de compensación de ñoras extras trabajadas por él para sn patrono que éste no le había satisfecho.

El caso comenzó a tramitarse de acuerdo con las especia-les disposiciones de dicha ley y habiendo la corte municipal resuelto en contra de la demandada su impugnación a la ju-risdicción de la misma por razón de la cuantía de la recla-mación, la demandada compareció ante la corte del distrito y le pidió que expidiera un auto inhibitorio dirigido a la corte municipal y al demandante para que se abstuvieran de nue-vos procedimientos en el pleito.

La corte de distrito fijó el dos de octubre de 1942 para mostrar causa, poniendo en entredicho a las partes, y cele-brada la audiencia, declaró sin lugar la solicitud, con costas y cincuenta dólares para honorarios de abogado, por estimar que no obstante ser superior a quinientos dólares la cuantía de la reclamación, la corte municipal podía conocer de ella de acuerdo con los términos expresos de la ley especial sobre la materia que dejamos citada.

El patrono apeló y la vista del recurso tuvo lugar el vein-ticinco de febrero de 1943, con la asistencia e informe no sólo de las partes por sus abogados si que de tres abogados más como amigos de la corte, dos de los,cuales lo hicieron en favor de la contención de la parte apelante y uno en pro de la parte apelada.

La decisión de la cuestión envuelta se impone en forma rápida y categórica tanto porque existe un gran número de pleitos de igual naturaleza por cuantiosas sumas pendientes en las cortes municipales de la isla, cuanto por encontrarse en sesión la asamblea legislativa en los momentos actuales y estarse por consiguiente en condiciones de resolver el pro-blema, sin demora, en el caso de que fuere su intervención necesaria.

Con respecto a que las cortes municipales son cortes de jurisdicción limitada que fueron creadas para conocer normalmente de todos los asuntos civiles que se promovieran en su distrito hasta la suma de quinientos dólares, intereses inclusive, solamente, y a que siendo ello así su jurisdicción no se presume si que debe aparecer afirmativamente, no hay cuestión. Sección 4 de la Ley sobre Reorganización del Sis-tema Judicial de Puerto Rico de 1904, pág. 93, Compilación de 1911, págs. 262, 265; artículos 3 y 4, Código de Enjuiciamiento Civil; Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92; Archilla v. Registrador, 61 D.P.R. 50; 21 C.J.S. 153.

Dando eso por sentado, debemos preguntarnos: ¿estuvo acertada la corte sentenciadora al resolver que la ley especial de que se trata confirió a las cortes municipales de modo expreso la jurisdicción que sostiene la parte apelante que no tienen?

A nuestro juicio lo estuvo. La ley dice:

“Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada, podrá comparecer ante la corte municipal del distrito judicial en que realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación y formular contra el patrono una querella que extenderá o llenará, según fuere el caso, el juez o el secretario de la corte, en la cual se expresarán bajo juramento, por el obrero o empleado, los hechos en que se funda la reclamación.
“Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los obreros y empleados de un mismo patrono que hubieran dejado de percibir sus salarios devengados en una obra común; Disponiéndose, que la presentación de una querella por uno o más obreros o empleados, no impedirá la radicación de otras acciones por otros obreros o empleados.” Sección 1 de la Ley núm. 10 de 1917 para determinar el procedimiento en caso de reclamación de obreros y empleados contra sus patronos por compensación de su trabajo, según quedó enmendada por la Ley núm. 40 de abril 17, 1935, pág. 239.

. Las palabras “cualquier suma” usadas por el legislador uo pueden tener otro significado que el corriente, esto es, que no llevan consigo limitación alguna.

Interpretar la ley en el sentido de que la frase “cualquier suma” debe leerse como “cualquier suma dentro de la juris-dicción de la corte municipal: quinientos dólares,” por ló-gico, o conveniente, o razonable que pudiera resultar, sería variar el precepto legislativo en contra de lo que hablando por sí mismo dice, y eso no pueden hacerlo los tribunales de justicia.

Se invoca la intención legislativa para fijar el alcance de la ley y al efecto como parte del alegato de la apelante se acompañó copia del informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. núm. 76 que se convirtió en la Ley núm. 10 de 1917, que dice :

‘ ‘ Gobierno de Puerto Rico, Cámara de Representantes. — San Juan, P. R., Oet. 5, 1917. — A la Cámara de Representantes: La Comisión de Trabajo previo estudio y consideración del P. de la C. No. 76 propone a la Cámara su aprobación con enmiendas que del mismo aparecen. — -Entiende la Comisión que esta ley si es aprobada, pondrá en manos de los trabajadores facilidades para hacer reclamaciones que de otro modo, o tal como existe nuestra ley de procedimiento y costas, no pueden hacer tanto porque la importancia de las mismas es pequeña como porque la mayor de las veces carecen de dinero para pagar las erogaciones y honorarios de abogado del caso. — (Firmados) Manuel Texidor, Secretario. Antonio Rodríguez, Presidente.”

Y con ese mismo propósito se llama la atención sobre lo sumario del procedimiento y sobre el deber qué se impone por la propia ley al juez o al secretario de “llenar la quere-lla,” lo que implica que el legislador pensaba en pleitos de mínima cuantía.

No hay duda de que el legislador pensó al redactar la ley en la ayuda rápida y eficaz que debía prestarse primero a los trabajadores agrícolas (ley de 1917) y luego a los obre-ros y empleados, definiéndolos (enmienda de 1923), exten-diéndola más tarde a reclamaciones acumuladas en una misma querella (enmienda de 1925), 'proporcionando a los recla-mantes además de las facilidades mencionadas en la propia corte, la cooperación de los funcionarios del Departamento ejecutivo del Trabajo del Gobierno, y tampoco la hay de que todo ello conlleva la idea de pleitos de escasa cuantía litiga-dos por personas sin medios para satisfacer honorarios de abogado y sin conocimientos bastantes para redactar la do-cumentación necesaria y dirigir propiamente el curso de la reclamación.

Sin embargo, nada se encuentra en la ley que permita afirmar que la intención legislativa fué la de poner un límite determinado a la cuantía de la reclamación. Más' bien lo que se .deduce es que el legislador en el momento de redactar la ley no pensó en ese extremo y en tal virtud no pueden ahora los tribunales fijar su pensamiento, especialmente cuando pensando o no en el alcance que pudieran tener, usó palabras cuyo significado, como ya dijimos, no se presta a interpreta-ciones limitadas.

El hecho de que el propio legislador hubiera organizado antes las cortes municipales fijando el límite de su jurisdicción ordinaria, no ataba necesariamente sus manos para conferir a dichas cortes en el futuro cualquiera otra jurisdicción extraordinaria que estimara procedente. Y jurisdicción extraordinaria fué la que les confirió al encomendarles por la ley de que se trata el conocimiento de esta clase de reclamaciones, promulgando un procedimiento especial para su trámite. No se trata, pues, de una derogación implícita, no favorecida por la ley, sino de leyes que pueden subsistir independientemente. La ley de 1917 sólo rige para el caso determinado para el cual se decretó y la de reorganización de 1904 continúa rigiendo sin ser por ella afectada.

En cuanto a lo sumario del procedimiento, ningún argumento se ha aducido ni ninguna cita legal se ha hecho que justifiquen la conclusión de que no constituya el establecido por el estatuto el debido procedimiento que garantiza la Constitución, y si se tiene en cuenta qne de la sentencia que dicte la corte municipal se puede apelar para ante la corte de distrito celebrándose el juicio de nuevo, se verá que este aspecto de la cuestión en nada ayuda la contención de la apelante.

Se comprende que una reclamación de miles de dólares que requiera el examen de una larga prueba testifical y do-cumental, resulte de difícil ajuste a los 'términos perentorios, del procedimiento especial de que se trata en la corte de primera instancia, pero esa dificultad no es bastante para que los tribunales de justicia intervengan y a virtud de in-terpretación resuelvan el problema. Esa es cuestión para el legislador. Para el poder judicial .se trata sencillamente de un caso de lex scripta.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse en to-das sus partes la sentencia recurrida. Las costas se impu-sieron de acuerdo con la ley y nada demuestra abuso de dis-creción en la concesión de honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asocíalo Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Luquis, acusado y apelante.
    Núm. 9793.

    Sometido: Febrero 12, 1943.

      Resuelto: Marzo 4, 1943.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado y convicto de un delito de adul-teración de leche, en grado de reincidencia, siendo conde-nado a la pena de ocho meses de cárcel y $500 de multa. Se ordenó, además, la cancelación de la licencia para el expen-dio de leche y la publicación de la sentencia por medio de edictos y mediante cartelones que habrán de ser fijados en sitios públicos y en el domicilio del acusado.

El único error que se imputa a la corte sentenciadora es el de haber declarado culpable al acusado. Arguye el ape-lante que no se ha probado que el acusado transportara leche adulterada con el fin de dedicarla al consúmo humano, requi-sito indispensable del delito previsto y castigado por la sec-ción primera de la Ley núm. 77 de 12 de agosto de 1925 (pág. 559). Veamos si la evidencia presentada por el fiscal es su-ficiente para justificar la.sentencia recurrida.

Declaró en primer término el Sr. Rafael Barreras, del Departamento de Sanidad. Dijo que hizo el examen de la leche que fué ocupada al acusado y resultó adulterada con agua añadida artificialmente en la proporción de doce por ciento.

G-ermán Pereira, Inspector de’ Sanidad, de Caguas, de-claró: que el día 6 de noviembre de 1939, estando él en un raid de leche, acompañado de Rafael Castellón, su compa-ñero, le ocupó dos garrafones de leche al acusado, que con-tenían entre los dos cinco litros de leche de vaca; que pro-cedieron a tomar una muestra de acuerdo con el procedi-miento técnico recomendado por el laboratorio químico del Departamento; que entregó una de las muestras al acusado y envió las otras dos al Departamento de Sanidad para ser examinadas; que el acusado transportaba la leche como a las 4: 30 de la mañana por el barrio La Granja, en Caguas, cuando le fué ocupada; que conoce al acusado Luquis, quien se dedica desde hace tiempo a la venta de leche para el con-sumo público; que el acusado le informó que esa leche se la compraba él a Antonio Longo, y después negó eso y dijo que la compraba de procedencia clandestina o sea de un puesto •o vaquería sin licencia del Departamento de Sanidad; que el acusado portaba la leche, sin ofrecerla en venta, en el mo-mento en que le fué ocupada, pero él mismo le informó al declarante que la portaba para la venta.

Se probó, además, que el acusado había sido convicto en junio 13 de 1932 del delito de adulteración de leche, y con-denado a seis meses de cárcel y $500 de multa, siendo deses-timada la apelación por resolución dictada por esta Corte Suprema el 28 de noviembre de 1932.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que el acu-sado nada tuvo que ver con las garrafas de leche; que éstas habían sido abandonadas en el suelo por un individuo des-conocido que salió corriendo, y que entonces el Inspector de Sanidad llamó al acusado que estaba por allí cerca y le dijo que la leche era de él.

El conflicto que resulta de la prueba fué resuelto en contra del acusado apelante. Y resultando de la prueba de cargo, a la que la corte sentenciadora dió entero crédito, que el acusado se dedicaba habitualmente a la venta de leche para el consumo humano; que en el día de autos le fué ocu-pada cierta cantidad de leche que transportaba en unas garrafas y que resultó adulterada; y que el acusado mismo confesó que esa leche la transportaba para venderla, debe-mos llegar a la conclusión de que la corte sentenciadora no erró al declarar al acusado culpable del delito imputádole. Véanse: Pueblo v. Bauzá, 34 D.P.R. 331; Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877, y Pueblo v. Cotis, 50 D.P.R. 484.

La sentencia apelada debe ser.confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Angel López Morales, acusado y apelante.
    Núm. 9730.

    Sometido: Febrero 17, 1943.

      Resuelto: Marzo 5, 1943.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Al acusado se le imputó una violación del artículo 7 de la Ley núm. 14, Leyes de Puerto Rico, 1936 (Tercera Sesión Extraordinaria) según fué enmendada por la Ley núm. 95r Leyes de Puerto Rico, 1937. La acusación sostiene que en el barrio Las Palmas, en Utuado, el acusado tenía ilegal-mente en su posesión un revólver sin baber declarado por escrito el mismo al Jefe de la Policía de Utuado, sitio de su residencia al tiempo en que portaba el arma.

Este caso se vió con la misma evidencia presentada en otro caso contra el acusado por una violación de la ley pro-hibiendo la portación ilegal de armas. El acusado fué con-victo en este caso y en apelación sostiene que la corte inferior erró al desestimar una moción de non suit.

El gobierno acepta que la prueba demostró que -el acu-sado era un residente de Jayuya y no de Utuado. Pero que habiendo una admisión del acusado en el sentido de que no-había registrado el arma ni en Utuado ni en Jayuya, el go-bierno alega que esto es meramente una incongruencia -éntre-la acusación y la prueba que no es fatal. La dificultad de> esta alegación consiste en que la residencia es un elemento-esencial del delito. Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629; Pueblo v. Pérez Peña, 59 D.P.R. 449. “. . . . la residencia debe ale-garse y probarse por el fiscal, al ignal que cualquier otro elemento esencial del delito.” Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629, 632. Habiéndose alegado la residencia en Utuado, la omisión de establecer la misma resaltó en la ausencia de prueba so-bre un elemento esencial del delito imputado.

La sentencia de la corte de distrito será revocada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El-Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Pablo Portalatín Castro, acusado y apelado.
    Núm. 9905.

    Sometido: Marzo 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 8, 1943.

      R. A. Gómez, Fiscal del. Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernán-dez, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Jorge Díaz Cruz, abogado del apelado.
   El-Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelado fue acusado ante la corte municipal de explotar una banca clandestina de boli-pool en vio-lación de la ley. Fue convicto y apeló a la corte de distrito. En ésta radicó una moción para eliminar evidencia consis-tente de cierta cantidad de boletos, libretas, lápices y otros objetos que según se alega fué obtenida por el Pueblo por medio de un allanamiento ilegal de sn hogar. Después de una vista, la corte de distrito declaró con lugar la moción y ordenó la devolución al acusado de los citados objetos. El Fiscal de Distrito apeló de dicha resolución.

El acusado ha solicitado que se desestime la apelación por el fundamento de que la resolución en cuestión no es apelable. El Fiscal de esta Corte admitió en el informe oral que no hay ninguna disposición en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal que autorice al Pueblo a apelar de una resolución de esta naturaleza. Un estudio de ese ar-tículo revela que no autoriza una apelación de la resolución aquí envuelta. Véase Pueblo v. Pagán, 44 D.P.R. 240.

La moción de desestimación será declarada con lugar.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Sítyder

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Carmelo Rosado Rodríguez, obrero lesionado.
    Núm. 262.

    Sometido: Marzo 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 8, 1943.

      Son. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y G. Atiles Moréu, Angel de Jesús Matos y Joaquín Correa Suárez, abogados los tres últimos del Fondo del Estado, abogados todos del recurrente; Carmelo Rosado Rodríguez, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Sítyder

emitió la opinión del tribunal.

Un obrero se lesionó en el curso de su empleo, suminis-trándosele tratamiento médico por el Administrador del Fondo, del Estado. Fue examinado por los médicos del Fondo, y fue llevado a presencia del asesor médico de la Comisión Industrial. Informes médicos de estos exámenes fueron rendidos al Administrador. Éste dictó una decisión tomando como base estos informes. Resolvió que el obrero estaba interviniendo con su tratamiento médico con el pro-pósito de retardar el mismo y ordenó que se privara al obrero de su derecho a recibir compensación alguna por el accidente, sin perjuicio de continuar recibiendo tratamiento médico hasta su total restablecimiento. El obrero apeló para ante la Comisión Industrial. Ésta dictó la siguiente resolu-ción:

“Visto que en el caso de epígrafe, en el que se alega por el Asegu-rador que el obrero se interviniera con su lesión, no se le dió oportu-nidad a la Comisión de seguir la pauta que nos trazara el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Luis Santos (58 D.P.R. 311), ya que el obrero no fué traído de primera intención a presencia de la Comisión Industrial o de uno de sus Comisionados, de acuerdo con lo resuelto por esta Comisión en los casos de Celestino Díaz, C. I. 17218, y Dolores Vázquez Mercado, C. I. 17287, resolvemos revocar la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y le ordenamos que baga efectiva al obrero la compensación a que por ley tenga derecho.”

La Comisión declaró sin lugar una moción de reconside-ración, y trajimos el caso ante nosotros para revisar esa ac-tuación.

Al dictar su resolución, aparentemente la Comisión pasó por alto nuestra decisión en González v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 622, decidido a la luz de hechos casi idénticos a los envueltos en este caso. Al considerar esta cuestión, dijimos en el caso de González, a la pág. 623: “El plan general de esta ley es que el Administrador del Fondo re-suelva las cuestiones en primera instancia. Si un obrero no está conforme con tal decisión, puede, siguiendo el procedi-miento fijado en el estatuto, obtener que esta sea revisada por la Comisión Industrial. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 924. Si bien es cierto que el estatuto provee que en algunos casos el Administrador someterá los Reclios a la Comisión para su resolución sin que previamente él tome una decisión, sin embargo, el caso de autos clara-mente cae dentro del plan general del estatuto. Párrafo 4 de la sección 5, Ley núm. 45, Leyes de Puerto Eico, 1935.

“En ausencia de una decisión anterior del Administrador privando al recurrente de su derecho a percibir compensa-ción, la Comisión Industrial no tenía por tanto autoridad para dictar la resolución en este caso. La cuestión que ahora está bajo nuestra consideración no fue levantada en Santos v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 311. Nada de lo que allí dijimos afecta nuestra conclusión aquí de que bajo los he-chos del presente caso es necesaria una decisión anterior del Administrador antes de que la Comisión Industrial pueda actuar. ’ ’

En el caso de Santos, se revocó la resolución de la Comi-sión porque el obrero nunca tuvo una oportunidad de pre-sentar su defensa. El hecho de si fué o no error traer al obrero ante la Comisión antes de .que el Administrador dic-tara su decisión, no se alegó o consideró en el caso de Santos. Cuando por primera vez se le planteó esa cuestión a este Tribunal en el caso de González, resolvimos, como se ha señalado, que el primer requisito es una decisión del Admi-nistrador. Luego el obrero, si no está satisfecho, puede ape-lar de ella.

El Administrador, por lo tanto, actuó correctamente al decidir este caso sin llevar antes a! obrero ante la Comisión. Por consiguiente, era obligatorio para la Comisión decidir en sus méritos la apelación del obrero contra la decisión del Administrador.

La decisión de la Comisión Industrial será revocada y devuelto el caso a dicha Comisión para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Angel López Morales, acusado y apelante.
    Núm. 9731.

    Sometido: Febrero 17, 1943.

      Resuelto: Marzo 8, 1943.

      E. Pérez Casaldue, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve la suficiencia de la prueba ofre-cida por el Pueblo pata sostener la acusación de portación ilegal de armas. Da única defensa consistió en que el arma fue ocupada mientras el acusado se encontraba en su bogar. Pero de la prueba surge que el acusado se encontraba con una ramera en un cuarto de una casa de citas cuando se le sorprendió con el arma en cuestión. Es difícil creer que el acusado está insistiendo seriamente en su alegación de que esos hechos lo colocan dentro de la excepción provista para armas que se guardan en el hogar.

La sentencia de la corte de distrito será •confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 9674.

    Sometido: Febrero 4, 1943.

      Resuelto: Marzo 9, 1943.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal ' Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado y convicto del delito de mutilación, consistente en haber agredido a Asunción Morales con un foete, infiriéndole un golpe sobre el ojo izquierdo, como consecuencia del cual el agredido quedó privado de la visión por dicho ojo. Para sostener su recurso señala como único error • cometido por la corte-sentenciadora el haber dado al jurado la instrucción que copiamos a continuación:

“Ha habido, a preguntas de la Defensa en este caso, ciertas mani-festaciones del médico en relación con las probables consecuencias del golpe que recibió Asunción Morales sobre el ojo izquierdo, si hubiese sido tratado por un oculista. Los Señores del Jurado oyeron la declaración del médico y son los únicos jueces para juzgar la misma, pero la corte quiere instruir a los Sres. del Jurado sobre éste particular que si Uds., fuera de toda duda razonable, creen que este acusado le dió ese golpe a Asunción Morales con el puño o con un foete o él recibió el golpe al caer sobre el pavimento de la calle o de la- acera y que este ciudadano- Asunción Morales no recibió el tratamiento adecuado, el hecho de no haber recibido el tratamiento médico adecuado, el hecho de que Asunción Morales se hubiera negado él mismo a recibir el tratamiento, no exime de responsabilidad a este acusado. Quiere decir, Señores del Jurado, que si una persona le da una herida a otra y esa persona herida no recibe el tratamiento médico adecuado o no se somete al tratamiento médico adecuado, eso no exime de responsabilidad criminal al que infirió la herida.”

Esta Corte Suprema ha resuelto en varias ocasiones, si-guiendo la jurisprudencia de la mayoría de las jurisdiccio-nes del continente, que en casos de asesinato u homicidio, cuando la muerte sigue a la herida, sin que intervenga nin-guna otra causa independiente calculada para producir la muerte a no ser la lesión ilegal producida por el acusado, toda evidencia ofrecida para demostrar falta de adecuado tratamiento al interfecto después de la herida y antes de la muerte, debe ser excluida. El Pueblo v. Rodríguez, 39 D.P.R. 929; Pueblo v. Nieves, 40 D.P.R. 384; State v. Pell, 119 N. W. 154; State v. Halk, 141 P. 149; People v. Lewis, 124 Cal. 551; Hamblin v. State, 115 N. W. 850, 8 A.L.R. 521, 39 A.L.R. 1270; Lawman v. State, 93 So. 69. La razón fundamental para esta regla es que toda persona debe ser responsable de las consecuencias naturales de sus actos.

La regla del derecho común fué expuesta por la Corte Suprema del Estado de Washington en el caso de State v. Baruth, 47 Wash. 283, 91 Pac. 977, 983, én los siguientes términos:

“Cuando uno infiere a otra persona una herida capaz de poner en peligro o quitarle la vida, no es defensa contra una acusación de asesinato, formulada al ocurrir la muerte, demostrar que el herido hubiera recobrado la salud si la herida hubiese sido tratada con mayor habilidad. Aún el tratamiento inadecuado o negligente de la herida por parte de la persona que la recibió o por sus médicos, que pueda haber agravado la herida y contribuido a la muerte, no exime de res-ponsabilidad al agresor. Este debe probar que el tratamiento negli-gente e inadecuado fué la sola causa de la muerte, antes de que pueda escapar las consecuencias de su acto ilegal por tales funda-mentos. ’ ’

La instrucción de que se queja el apelante es correcta en cuanto a la regia de que el hecho de no haber recibido el le-sionado Asunción Morales el tratamiento médico adecuado no es por sí solo suficiente para eximir de responsabilidad al acusado. En cuanto a aquella parte por la que se ins-truyó al jurado al efecto 'de que “el hecho de que Asunción Morales se hubiera negado él mismo a recibir el tratamiento, no exime de responsabilidad a este acusado”, no estamos en condiciones para poder resolver si la instrucción es correcta o errónea, por no conocer la prueba que desfiló ante la corte y que necesariamente hubo de servir a ésta de base para formular sus instrucciones.

En Wharton’s Criminal Law, Yol. I, 12a. Ed., pág. 260, párr. 202, se expone y comenta la regla, así:

“Un acusado, no importa cuán ilegal llaya sido su conducta, no es responsable por los actos de otras personas independientes en contra de la víctima del crimen, sin su connivencia^ . . Tampoco lo es cuando el herido se niega a llamar un médico o a someterse a cual-quier curación de la herida.
“La verdadera línea es ésta: Si el interfecto, estando en la plena posesión de sus sentidos, causó deliberadamente o negligentemente su propia muerte, entonces él y no la persona que le infirió la herida es el responsable de la muerte, aunque el agresor pueda ser procesado por el atentado contra la vida. Empero, cuando la negligencia del interfecto contribuyó a su muerte, esa negligencia no es una defensa, (1) cuando fué uno de los incidentes ordinarios de la conducta de una persona en su situación, o (2) cuando la herida era mortal por necesidad. ’ ’

No basta que una instrucción sea errónea para justificar la revocación de una sentencia. Es necesario, además, que baya sido perjudicial a los intereses del acusado. No conocemos la evidencia presentada por éste para sostener su defensa. El apelante no lia elevado ante nos la transcripción de la evidencia y no nos lia puesto en condiciones para poder determinar si el error, de haber existido, fué perjudicial. Si el acusado presentó evidencia tendiente a demostrar que la causa sola y próxima de la pérdida de la visión del ojo izquierdo, sufrida por Morales, fué la negativa o resistencia de éste a someterse a un tratamiento médico, en ese caso tendríamos que resolver que la instrucción fué per-, judicial a los derechos del acusado, pues si ese testimonio fué presentado y el jurado le dió crédito, el acusado pudo ser declarado culpable de acometimiento y agresión grave y no de mutilación. Por otro lado, si, como parece despren-derse de la instrucción impugnada, la prueba de la defensa solamente tendió a demostrar que Morales no hubiese per-dido su ojo si hubiese sido tratado por un oculista, en'ese caso tendríamos que resolver que el acusado no fué en ma-nera alguna perjudicado por la instrucción.

Esta Corte está obligada a considerar y resolver los casos que le son sometidos, por el récord .elevado del tribunal inferior. No estamos autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o conjeturas sobre lo que pasó ante la corte inferior. Es al apelante a quien incumbe poner a esta Corte en condiciones para poder considerar las instrucciones a la luz de la evidencia presentada en eí juicio y resolver si se ha causado algún perjuicio al acusado. Pueblo v. Ayala, 38 D.P.R. 423, 426; Pueblo v. Pou, 55 D.P.R. 304, 310; Pueblo v. Marrero, 57 D.P.R. 713.

Lá sentencia apelada debe ser confirmada.