text:
    Vías v. Sucesión Pérez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 657.
    Resuelto en junio 24, 1911.
    Anotación de Rebeldía — Emplazamiento del Demandado — Demandados en Dis-tintos Conceptos. — Emplazado personalmente un demandado eon entrega de copia de la demanda, quedan cumplidos los requisitos que exige la ley para que se considere que la corte ha adquirido jurisdicción sobre su persona y el hecho de haber sido demandado en distintos conceptos, no exige que por cada uno de ellos se le tenga que hacer una citación, y habiéndosele anotado su rebeldía, procede que se desestime su contestación a la demanda, presentada después de la anotación de rebeldía.
    Sociedad — Aportación de Productos de Eincas Propias. — Habiéndose aportado a una sociedad el’ producto de fincas propias de cada uno de los socios, y no el derecho de usufructo que se tuviere en finca ajena, no necesitaba alegar la demanda que se había otorgado escritura pública de la constitución de la socie-dad, cuyos requisitos sólo exije el artículo 1569 del Código Civil, cuando alguno de los socios aporte a ella bienes inmuebles o derechos reales.
    Id. — Constitución de Sociedad Mediante Escritura Pública — Reclamaciones entre los Socios. — Aun en el supuesto de que fuera necesario constituir una sociedad mediante escritura pública, este requisito sería indispensable para reclamar contra tercero y no para redamaciones entre los mismos socios, pues para éstos el contrato produce todos sus efectos legales aunque carezca de ese requisito de forma.
    Sociedad Civil Particular de v Ganancias. — De las alegaciones expuestas en la demanda se demuestra la constitución de una sociedad civil particular de ganancias, porque tiene por fin repartirse los beneficios que determinadas fincas pudieran producir, y no hay hecho alguno en ella que dé a comprender, que tenía por objeto dedicarse a operaciones de comercio.
    Id. — Socios Menores de Edad — Sociedades Civiles. — Los preceptos del artículo 4 del Código de Comercio que exigen 21 años de edad para dedicarse al comer-cio, no son aplicables a las sociedades civiles, pues en el Código Civil no hay precepto alguno que impida a los menores de edad debidamente representados, formar parte de sociedades civiles.
    Id. — Constitución de Sociedades Civiles — Bepresentación de Socios Menores de Edad. — No es un requisito indispensable para la constitución de una socie-dad civil que los socios menores de edad estén representados por un defensor, y cuando el padre tenga intereses opuestos a los de su Rijo, sólo entonces de-berán estar éstos representados por un defensor, sin que en el caso de autos Rubiera intereses encontrados.
    jD-_Autorización Judicial. — No es necesaria la autorización judicial para que un menor constituya una sociedad civil, como la que se discute en este pleito, porque no se trataba de enajenar o gravar bienes inmuebles. jd,_Reconocimiento de Deuda -por el Padre de un Menor Autorización Judicial — Liquidación de la Sociedad. — Actuando el padre como socio de una ’ sociedad por sí y en representación de sus Rijos menores, el reconocimiento que Raga de una deuda de dicha sociedad, obliga a aquellos a quienes legal-mente representa, sin que sea requisito indispensable para Racer tal recono-cimiento de deuda, el obtener autorización judicial porque.es el resultado de una liquidación de sociedad practicada por él, por sí y por sus'menores Rijos; en cuyo caso no necesitaba la aprobación judicial de acuerdo con el artículo 1027 del Código. Civil que es aplicable a la liquidación de sociedades civiles según el artículo 1610 del propio Código.
    Alegato del Apelante — Especificación de Errores — Cita de la Lev Infrin-gida. — El apelante en su alegato al exponer los errores que supone cometidos por el tribunal inferior debe citar la ley infringida, pues de lo contrario de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento del Tribunal Supremo, puede este tribunal prescindir de tratar los supuestos errores.
    Liquidación de Sociedad — Liquidación Practicada por un Socio — La liquida-ción practicada por un socio y aceptada por el otro, es la liquidación de ambos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco Socorro.

    Abógado del apelado: Sr. Juan Vías Ochote’co.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda jurada del demandante en este caso, presen-tada en la Corte de Distrito 'del Distrito de Iinmacao el 23 de abril de 1908, y dirigida contra la Sucesión de Da. Isabel Pérez Sánchez, compuesta de su viudo Don Francisco Busó' Cabrera y de sus hijos Francisco, Poncio y Julio Busó Pérez y además contra el Sr. Busó Cabrera como heredero de su otro hijo Oscar Pablo Busó Pérez, alega snstancialmente:

1. Que en enero de 1903, el demandante y Don Francisco-Busó Cabrera, actuando éste por sí y como legítimo repre-sentente de la Sucesión de Da. Isabel Pérez Sánchez, com-puesta de sus tres hijos menores de edad demandados y además de otro hijo llamado Oscar Pablo, fallecido después de su madre, convinieron verbalmente una sociedad para el cultivo del algodón en una finca propiedad de esa sucesión.

2. Según ese convenio, el demandante Yías, suministraría por vía de refacción los semanales y gastos generales de los que se reintegraría al final de cada cosecha, debiendo ade-más tasarse la finca, para que mediante el pago por el deman-dante de la mitad de su valor, pasase a la propiedad de la social Yías y Buso.

3. Como esa finca tenía una hipoteca, el demandante de acuerdo con lo pactado entregó a í)on Francisco Buso Cabrera 165 pesos, que era la mitad de la suma necesaria para satisfacer el vencimiento de un plazo que pagó Buso, añadién-dole otra cantidad igual.

4. Al mes siguiente, febrero de 1903, deseando ampliar sus negocios, acordaron que el demandante comprase otra finca igual y colindante, como lo verificó del Sr. Valdejuli, por escritura de nueve de ese mes y año.

5. Convinieron también que cada finca seguiría siendo de sus respectivos adquirentes y la sociedad continuaría úni-camente para obtener mayores ventajas en el cultivo del algodón y demás frutos, por carecer de recursos la Sucesión Pérez, y sólo en ese concepto fué que el demandante puso su finca a disposición de Buso, pero libre de todo gravamen de que pudiera ser responsable la sociedad. Que el precio apla-zado de la finca adquirida por Vías, fué por éste satisfecho con fondos de su propiedad exclusiva y desde entonces la Sucesión Pérez debió devolverle los $165 que le había entre-gado.

6. Alega el demandante que puntualmente entregó a Vías & Buso todo el dinero que necesitó para el negocio agrícola hasta septiembre de 1905, en que quedó disuelta, sin que jamás haya recibido utilidad alguna, pues antes al contrario, ha tenido que pagar intereses de las sumas que suministró.

7. Que la contablidad de la sociedad fué llevada por Buso Cabrera, por sí y como representante de la Sucesión Pérez, arrojando esas cuentas al tiempo de la disolución, según los libros, un saldo a favor del demandante, de $5,471.63, de los cuales el mismo Buso reconoce adeudar $1,207.61.

8. Que en junio de 1903, Buso Cabrera y sus bijos, repre-sentados por un defensor, liquidaron los bienes dejados por Isabel Pérez, sin tener en cuenta la sociedad que existía desde enero de 1903, la que no liquidaron para saber el verdadero valor de la estancia que aportaron a la sociedad y deducir el resultado de ella, habiendo sido adjudicada la finca a Buso Cabrera por $2,500, cuando había sido mejorada con dinero del demandante suministrado a Yías y Buso, adjudicación que no le fué consultada ni consintió.

9. Que toda o la mayor parte de la suma reclamada, se in-virtió en beneficio de la finca de la Sucesión Pérez, la que por ello aumentó su valor en más de mil dollars.

10. Que en los primeros días de septiembre de 1905, antes de terminarse la sociedad, Buso Cabrera arrancó 130 palmas de cocos de la finca del demandante y las trasplantó en la su-ya, ocasionándole así un perjuicio de $150.

11. Que antes había demandado por $1,772.61 que es la cantidad realmente debida por los demandados, pero para simplificar su reclamación desistió de aquella demanda para reducirla a las ahora mencionadas.

12. Que por la presente demanda reclama $1,522.61 y sus intereses legales, que durante dos años y medio ascienden a $235.91, más los posteriormente devengados.

La cédula de emplazamiento expedida en este caso, en el párrafo que menciona las personas demandadas dice así:

“A la Sucesión de Doña Isabel Pérez Sánchez, compuesta de su esposo Don Francisco Buso Cabrera y de sus menores hijos Francisco, Poncio y Julio Buso Pérez, y a Don Francisco Buso como heredero de su hijo difunto nombrado Oscar Pablo Buso Pérez. Estando repre-sentados todos por el Sr. Bu*'' labrera, o sean demandados antes mencionados.1 ’

El certificado del marshal acredita haber notificado la de-manda a Don Francisco Bnsó Cabrera personalmente, por sí y como representante de la Sucesión de Isabel Pérez, con en-trega de copia del emplazamiento y de la demanda.

A instancia del demandante después de transcurrido el término para comparecer los demandados, el secretario ano-tó la rebeldía de éstos y después se registró una sentencia contra todos, la que en apelación fué anulada por este Tribunal Supremo y anuló también la anotación de rebeldía de los menores demandados, pero dejó subsistente esa rebeldía en cuanto al demandado Buso Cabrera.

Luego de esto, los demandados Buso Pérez presentaron un escrito de excepciones y contestación, haciendo lo propio pos-teriormente Buso Cabrera. Al comenzar el juicio, la Corte desestimó las excepciones de los primeros y dejó de conside-rar las del segundo en atención a su rebeldía.

Las excepciones de los hermanos Buso Pérez, fueron la de falta de hechos en la demanda que determinasen una causa de acción, y la de ambigüedad en la misma.

La contestación de los hermanos Buso Pérez que juró uno de ellos, sólo admitió que el demandante y Buso Cabrera, re-presentando éste a la Sucesión de Isabel Pérez, de la cual ellos forman parte, celebraron un contrato de sociedad agrí-cola y el contenido de las alegaciones 11 y 12 de la demanda, esto es, que antes se presentó otra demanda y cuáles son las cantidades ahora reclamadas. En contraposición afirmaron, que el contrato de sociedad, terminaría cuando lo convinieran los socios; que la finca de la sucesión pasaría a la propiedad' de la sociedad, mediante pago por el demandante de la mitad de su valor, con abono, a cuya mitad adelantaría Yías los se-manales ; que con eí producto de los cosechos se le satisfaría a Yías lo que se le adeudara, dividiéndose el resto líquido de por mitad; que Buso Cabrera sería el administrador con el sueldo mensual que convinieran; que Yías redactaría la minuta -para el contrato público de sociedad; que los $165 que entregó Yías y reclama, lo fueron a cuenta del precio de su mitad; que la finca 'de Valdejuli fué comprada por la sociedad por acuerdo de ambos socios y no pertenece particularmente al deman-dante; que Vías sólo facilitó una mínima cantidad para los cultivos y cuando cesó de darlos, por carecer de fondos, indicó a 'Buso Cabrera que tomase una gruesa suma de dinero pres-tado a Da. Cecilia Pérez y a Da. Natividad Rosado, que fué empleada toda en el cultivo, la que luego tuvo Buso Cabrera que pagar de su"bolsillo particular porque Vías no la pagó; que sólo es Vías quien fia terminado la sociedad, pero no está disueltá; que cuando en la liquidación de la Sucesión Pérez se' adjudicó a Buso Cabrera la finca aportada a la sociedad, lo fué con su conocimiento y sin su protesta; y que el dinero su-ministrado por Vías se invirtió en el cultivo de ambas fincas, extendido a más del algodón, a otros frutos, como cocos y chi-nas y quedó mejorada, no la finca aportada, por la Sucesión, sino la adquirida de Valdejuli.

Con esas alegaciones se celebró el juicio en este caso, dic-tándose por la corte inferior sentencia en 16 de agosto de 1910, registrada el mismo día, declarando que los hechos y la ley están a favor del demandante y en contra de los deman-dados como componentes de la Sucesión de Isabel Pérez y además contra Francisco Buso Cabrera, declarado en rebel-día, contra quien también se dictó sentencia, ordenando que los demandados paguen a Juan Vías Ochoteco la suma de $1,522.61, de principal, la de $235.91 de intereses, e intereses de la primera de estas sumas desde el 23 ele- abril de 1908 hasta su total solvendo y las costas causadas.

Apelada en tiempo y forma esta sentencia por todos los demandados se presentó la transcripción de los autos, una exposición del caso y un alegato de errores, habiendo tam-bién informado oralmente las partes, haciéndolo el deman-dante personalmente y los demandados, por su abogado.

Antes de exponer los hechos que resultan de las pruebas, trataremos y resolveremos los motivos de error basados en las alegaciones.

Se alega que la corte inferior infringió el párrafo 6 del artículo 93, y el artículo 96 del Código de Enjuiciamiento Civil al declarar que no procedía la contestación jurada del deman-dado Francisco Buso Cabrera, como heredero y único com-ponente de la sucesión de su hijo Oscar Pablo Buso Pérez, y que se tuviera por no presentada, fundándose la corte para ello, en que dicho demandado había sido declarado rebelde por la Corte Suprema para todos los efectos legales de este pleito.

El primer artículo que se cita como infringido determina la manera cómo se han de hacer las citaciones de los deman-dados, estableciendo el caso sexto la regia general, esto es, que se haga en la persona del demandado, y refiriéndose los cinco casos anteriores a la forma d'e llevarla a cabo cuando se trata de corporaciones del país o extranjeras, de menores de catorce años, dementes, o del Gobierno de Puerto Rico o de algún municipio.

Por su parte el artículo 98 dice:

. “Desdé la entrega de la citación y de la copia de la demanda en un pleito civil en los casos en que se requiera la entrega de una copia de la demanda, o desde que hubiera expirado el término de la publica-ción, cuando se ordenara la citación por publicación, se considerará que la corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes y qiie ha quedado sometido a dicha corte todo procedimiento subsiguiente. La comparecencia voluntaria de un demandado es equivalente a la dili-gencia de su citación personal y entrega de la copia de la demanda. ’ ’

Leyes de 1904, página 199.

Sostiene el apelante Buso Cabrera, que no habiendo sido citado él como heredero de su hijo Oscar, no puede declarár-sele comprendido en la anotación de rebeldía, porque bajo ese aspecto, ni la corte de distrito ni esta Corte Suprema han adquirido jurisdicción sobre su persona, sino cuando en ese concepto archivó su contestación jurada.

Dicho demandado fué citado personalmente y con entrega de copia de la demanda, según el emplazamiento, que es todo lo que requiere la ley para que se considere que la corte ha adquirido jurisdicción sobre su persona y el hecho de haber rído demandado en distintos conceptos, no exige qne por cada uno de ellos se le tenga qne hacer una citación, por cuyo mo-tivo sn rebeldía estuvo bien anotada y la corte de distrito y esta Corte Suprema ban adquirido jurisdicción sobre su persona, y fue bien desestimada su contestación, presentada des-pués de la anotación de rebeldía.

Por otra parte, esta Corte Suprema ya resolvió en 4 de diciembre de 1909 que la rebeldía anotada en este pleito contra Buso Cabrera no estaba viciada de nulidad y que debía sostenerse, por lo que ba de entenderse que es rebelde para todos los efectos del pleito, pues de no ser así hubiera hecho la distinción que pretende el apelante.

El segundo error alegado es, por haber desestimado la primera de las excepciones de los demandados Buso Pérez, de que la demanda no aducía hechos bastantes para determi-nar una causa de acción.

Esta alegación la sostienen en la siguiente forma:

(a) Porque según la demanda, se trata de una.sociedad por tiempo indeterminado a la que se aportó el derecho real de usufructo, que debió constar en documento público, y no existiendo éste no pueden las partes hacer efectivas entre sí las obligaciones provenientes del mismo, sin antes otorgar el documento.

(b) Porque apareciendo de la demanda, que se trata de una sociedad en cierto modo civil y en cierto modo mercan-til, y bajo ambos aspectos con carácter colectivo, es nula de todos modos, pues civilmente aparece hecha con menores de edad representados por su padre y mercantilmente conside-rada, están excluidos del comercio los menores de 21 años.

(c) Porque si los menores pueden hacer sociedades civi-les, sería nula porque los menores fueron representados por su padre teniendo intereses encontrados con ellos.

(d) Porque el padre no podía aportar a la sociedad el derecho real de usufructo de sus hijos sin autorización judicial, que no tenía.

(e) Porque la demanda dice que según los libros, se de-Man al demandante $5,471.62 de los qne Buso Cabrera reco-noció adeudar $1,207.61, pero no dice, siendo necesario, ■ que se practicara la liquidación de la sociedad con todos los socios, si bubo pérdidas, ni si repartidas entre los socios resultó acreedor el demandante contra los otros socios por los $5,471.62.

La mayor parte de los fundamentos de tal excepción están basados en el supuesto erróneo de que el padre, sin autori-zación judicial, aportó a la sociedad Vías & Buso, un derecho real de usufructo perteneciente a sus menores hijos.

De la demanda no aparece tal cosa, sino que la Sucesión Pérez, representada por Buso Cabrera, y el demandante, aportaron cada uno, una finca a la sociedad que formaron, conservando cada uno su propiedad y con el único fin de cul-tivar el algodón y repartirse los beneficios que obtuvieren, después de deducir el dinero que tenía Vías la obligación de suministrar.

A la sociedad no se aportaba por la Sucesión de Isabel Pérez ningún derecho real de usufructo que tuvieran sobre bienes de otra persona, ni bienes inmuebles, y por tanto, no necesitaba alegar la demanda que se había otorgado escri-tura pública de la constitución de la sociedad, que sólo exige el artículo 1569 del Código Civil, cuando algunos de los socios aporta a ella bienes inmuebles o derechos reales. Lo que se aportó fué el producto de fincas propias y no la propiedad ni el derecho de usufructo que se tuviera de finca ajena.

Pero aunque hubiera sido necesaria la escritura pública, sería indispensable para reclamar contra terceros y no para reclamaciones entre los mismos socios, pues para estos el contrato produce todos sus efectos legales, aunque carezca de ese requisito de forma. (Sentencia del Tribunal Supremo, de España de 3 de mayo de 1897; 4 de julio, 1899; 1 de julio y 19 de octubre de 1901.)

La redacción de la demanda demuestra la constitución de una sociedad civil particular de ganancias, porque tenía por fin repartirse los beneficios que determinadas fincas pudieron producir, y no lia y hecho alguno en ella que dé a comprender que tenía por objeto dedicarse a operaciones de comercio.'

La disposición del artículo 4 del Código de Comercio que exige 21 años para dedicarse al comercio, no es aplicable a las sociedades civiles, por más que éstas adopten o revistan alguna de las formas que el Código de Comercio reconoce, porque según el artículo 1572 del Código Civil revisado, en tales casos esas disposiciones son aplicables en cuanto no se opongan al Código Civil. No existiendo, pues en este último Código precepto alguno que impida a los menores de edad, re-presentados debidamente,, formar parte de sociedades civiles, no puede aplicarse el artículo 4 del Código de Comercio, por-que impediría el ejercicio de un derecho que permite el Có-digo Civil.

La demanda no necesitaba alegar que los menores estu-vieron representados en el contrato de sociedad por un defen-sor, porque esto no era necesario y sólo se- exige cuando el padre tenga intereses opuestos a los de sus hijos. Los inte-reses del padre y de los hijos nq eran opuestos porque el fin que perseguían era hacer productiva una finca perteneciente a ellos, que era un fin común, igual y no contrario.

Y tampoco era preciso alegar autorización .judicial para celebrar ese contrato porque no se trataba de enajenar o gra-var bienes inmuebles, únicos casos en que el artículo 229 del Código Civil exige esa autorización.

Por último la demanda alega que el socio Buso Cabrera, que es al mismo tiempo representante legal de sus menores hijos, ha reconocido deber al demandante según liquidación practicada por él, la cantidad de $1,207.61 que es reclamada en unión de otras partidas más. Con esta alegación hay causa de acción contra Buso Cabrera y contra todos los demanda-dos menores de edad, porque estando éstos representados en esa sociedad por su padre, el reconocimiento de deuda hecho por él, cuyo carácter en la sociedad era por sí y en represen-tación de sus hijos, lo es también por aquellos a quienes legal-mente representa, pues la falta de capacidad de éstos está suplida por la del padre.

Además, para hacer ese reconocimiento de denda no nece-sitaba el padre de autorización judicial, porque es el resultado de una liquidación de sociedad practicada por él, por sí y por sus menores hijos, en cuyo caso no necesitaba la aproba-ción de acuerdo con el artículo 1027 del Código Civil, qué es aplicable a la liquidación de sociedades civiles según el artí-culo. 1610 del propio.texto legal.

En resumen, pues, la primera excepción opuesta a la de-manda fué propiamente desestimada.

El tercer error' se funda en haber desestimado la excep-ción de ambigüedad, basada, en que por un lado dice la parte demandante que la sociedad le adeuda $5,471.63, que en otra demanda desistida reclamó $1,772.61 y por la presente sólo $1,522.61, lo que hace dudar a los demandados de si hubo una verdadera y justa' liquidación.

No resulta ambigüedad alguna en'la demanda, ya que ella misma explica que los libros de cuenta arrojan un saldo a favor del demandante de $5,471.63, de los cuales sólo ha reco-nocido Buso Cabrera deber $1,207.61 que son los que retílama,. unidos a dos partidas que la hacen ascender a $1,522.61; y si bien en demanda anterior reclamó $1,772.61, ha disminuido en' la presente demanda su reclamación para facilitarla. Esto no necesita más consideración.

Para tratar los otros errores alegados necesitamos previa-mente examinar el resultado de la prueba presentada en el juicio, las que arrojan el siguiente resultado:

En enero de 1903 Don Juan Vías Ochoteco, por su propio derecho, y Don Francisco Buso Cabrera, por sí y represen-tando a la Sucesión de su difunta esposa Da. Isabel Pérez • Sánchez, compuesta por él como viudo y de sus hijos Francisr co, Poncio y Julio Buso Pérez y además el Sr. Buso Cabrera,, como heredero de su finado hijo Oscar Pabló Buso Pérez, cele-braron un contrato verbal para la siembra y cultivo del algo-clon en una finca radicada en la Playa de Humaeao, propiedad de dicha sucesión.

Las condiciones de ese convenio fueron que el demandante Vías Ochoteco suministraría el dinero para el gasto de los semanales que el cultivo en esa finca ocasionara, a reserva de reintegrarse de sus anticipos al finalizar cada cosecha y que practicada una tasación de la finca, pagando el Sr. Vías Ocho-teco la mitad de la misma, la finca pasaría a ser de la propie-dad de la sociedad, Vías y Buso, que fué la razón que adop-taron.

Como consecuencia de ese convenio, y estando la finca hipotecada al Banco Territorial y Agrícola, para pagar uno de los plazos, vencido entonces, Vías Ochoteco entregó a Buso Cabrera $165, cantidad que unida a otra igual perteneciente a la Sucesión Pérez, sirvió para satisfacer ese compromiso.

Poco tiempo después acordaron las partes, para dar mayor extensión al negocio, que la sociedad explotara y tuvie-se dos fincas, la de la Sucesión Pérez y otra igual y colindante que pertenecía a Don Sandalio Valdejuli, de quien la adqui-rió Vías Ochoteco por escritura pública de 3 de febrero del mismo año, pagando de contado la mitad del precio y consti-tuyendo hipoteca por el resto, que al año siguiente también satisfizo el demandante.

En esa modificación del contrato, se convino que cada parte conservaría la propiedad de su respectiva finca, continuando sólo la sociedad en cuanto al cultivo y en las mismas condicio-nes de antes, respecto a facilitar Vías Ochoteco los jornales.

Los resultados del negocio no correspondieron a las espe-ranzas que en él habían cifrado los contratantes, y dos años después, en once de septiembre de 1905, escribía Buso Cabrera al demandante, la carta de la que copiamos los siguien-tes párrafos:

* * Con los $2,500, en números redondos, que no quiso papá colocara dándole él la renta, yo habría podido saldar la cuenta que resulte yo deber en la liquidación de Vías & Buso * * *.
“En esas condiciones me es imposible hacer lo que Ud. desea. Pero si de momento no puedo saldar cuenta con Y. estoy dispuesto a garantizarle el saldo que resulte yo deber, para pagarle en fecha que no me obligue a malvender y perder mi trabajo de varios años, con los intereses. Hasta el sábado último 9 del corriente el debe de las fincas es de $8,970.10 y el haber $3,498.47, de modo que debe la socie-dad $5,471.63. Según las cuentas en los libros de Janer, Ud. entregó en efectivo en distintas fechas, desde enero de 1903. hasta junio, $3,358.66 de los cuales dispuso de $295.24, quedando una diferencia de $3,063.42 invertidos en el negocio de algodón, a lo que hay que añadir $880 de bueyes que compró a Sáez; de modo que salvo alguna •omisión o error involuntario, Ud. desembolsó $3,943.42 para el negocio de algodón. Siendo lo que debe la sociedad $5,471.63, yo he pagado' $1,528.21 y debería para cubrir el 50%, $1,207.61. Si Ud. no puede o no quiere venir a ver el libro, yo se lo enviaré para que Ud. examine y rectifique las operaciones, y si Ud. no quiere continuar la sociedad, la podemos disolver y le garantizaré el pago. Suyo affimo., Franco. Puso Cabrera. ’ ’

De la contestación dada por el demandante al siguiente ■día a esa carta, transcribimos estos párrafos:

“Así pues, acepto la proposición que Ud. me hace y procederemos .a liquidar las cuentas finales de nuestra sociedad, para determinar la cantidad que debe ser garantizada según lo propuesto por Ud. *
“Bespecto a la liquidación que Ud. formula en su carta, tengo alguna duda que sólo podría resolver, si como Ud. me promete, se ¡sirve enviarme el libro de cuentas, para ser examinado por mí. Las dudas que tengo, nacen en mi sentir, y según Ud. mismo expresa, de que sólo ha tenido en cuenta las cantidades invertidas por mí en la finca, por conducto de la casa comercial'de Don José S. Janer, siendo así que, en algunos semanales fué necesario, por falta de fondos sufi-cientes en la ameritada casa de comercio, que yo completase las canti-dades a invertir en el negocio de algodón, con fondos existentes en mi propia casa. Además Ud. debe recordar que por conducto de Don Pedro Aldrey remesé una vez desde la capital 200 dollars en efectivo, y esa suma fué entregada a Ud. directamente, sin intervención, que .yo sepa, del Sr. Janer. Por otra parte, Ud. recordará también, que yo contribuí también al pago de un vencimiento de su hipoteca sobre la finca de la Playa, cuando pensábamos hacer otro negocio, adqui-riendo yo la mitad de su propiedad y más luego resolví comprar la ■finca de Yaldejuli, razón por la que el pago hecho por mí, que si mal no recnerdo montaba a 165 pesos, contando los intereses, debe serme abonado en sn totalidad en la liquidación de cuentas que practiquemos. Yo no dudo que previas las declaraciones que mutuamente debemos hacernos, llegaremos a una inteligencia, desvaneciendo los errores en que se haya podido incurrir. Para llegar a este resultado, yo le suplico que tenga la bondad de enviarme, a la brevedad posible, sus libros de cuentas, a fin de tener una base para poder orientarme. Respecto a la disolución de nuestra sociedad, yo no tengo inconveniente en' darla por terminada * # # le ruego que le diga a Luis que pase por aquí a fin de que hable conmigo respecto a la situación de mi finca, y resuelva, de acuerdo conmigo, si ha de continuar o nó al frente de mi propiedad.”

Esta importante carta fue contestada de la siguiente ma-nera:

“Punta de Santiago, 13 de septiembre, 1905. Sr. Don Juan Fr Vías, Iíumacao. Mi distinguido amigo: Riéibí esta mañana' su carta de ayer, e inmediatamente recogí todas las listas semanales y avisé a Luis Ferrer para que a mediodía vaya a verse con Ud’. llevándole el libro y las listas. Indiquele en mi anterior la liquidación de la socie-dad porque comprendí el deseo de Ud. y aunque es mala ocasión puesto que de ahora en adelante los productos han de cubrir gastos, pagarán interés del dinero y en no largo plazo permitirán amortizar lo in-vertido, deseándolo Ud., yo no debo oponerme. La remesa de $200 por conducto de Don Pedro de Aldrey no la recuerdo, pues me basta con-lo que Ud. dice para quedar convencido de, sea entregándole ya a Janer, sea haciendo yo directamente los pagos, fueron invertidos en la finca. Creo que está, en error respecto a los $165 que se dice pagó para adquirir la mitad de mi finca en esta playa. Los plazos que yo tenía que pagar eran de $300; sin embargo, tal vez sea yo el equivocado, y si Ud. me indica en qué fecha hizo el pago, yo podría buscar en mis cuentas y encontrar algún asiento que diera luz sobre esa cantidad que es cuenta mía particular y nada tiene que ver con el negocio de algodón. Los bueyes, la romana y arados es claro que deben tasarse. Los bueyes me harán falta y si hubiese modo de ad-quirirlos me convendría comprarlos. ¿No cree Ud. que deba abo-nárseme algo por el deterioro de los carros de los,cuales queda uno ahora, habiéndose realizado las ruedas del otro en diez y ocho pesos ? Lo mismo me da deberle a Ud. que a otra persona, así es que, si no es posible hacer una operación con el Sr. Valdés, con -Mr. Hord o con la Cincinatti, de modo que no grave mi situación y tenga que-. perder la finca, única esperanza que me queda para el porvenir, !o haré gustoso para complacer a Ud. que tiene grandes derechos a mi gratitud. Hoy mis recursos son muy escasos y no sé cómo podría pagar hoy intereses; pero si encuentro modo de colocarme, y ganar con qué pagar intereses todo se solucionará. Lleva Luis encargo de preguntarle lo que quiere Ud. hacer con los cocos que hay amontona-dos, es decir si quiere Ud. que se embarquen junto con los míos o nó. Crea Ud. que a mí me duele mucho la inversión loca que se ha dado al pagaré de 5,000 dollars', pero la actitud de papá me obligó y no me detuve a calcular lo que perdía. Suyo affo., (Firmado) Francisco Buso Cabrera.”

Aunque los demandados sostienen en su contestación, y Buso Cabrera declaró que la finca comprada a Valdejuli, por más que aparezca a nombre del demandante, fue comprada por y para la sociedad, sin embargo estas cartas no dejan du-da de que fue comprada por Vías para sí, pues de otro modo, Buso Cabrera hubiera contestado de otra manera la carta en que Vías trata esa finca como suya y no de la sociedad, y no hubiera consentido que al disolverse ésta, la poseyera él sólo, ni tampoco después de esto hubiera él mismo arreglado la lí-nea colindante entre esa y la de la sucesión, como lo hizo se-gún prueba en el juicio.

Quedó justificado por el testigo Bartolomé Villegas que al disolverse la Sociedad, Buso Cabrera arrancó de la finca de Vías unas cien palmas de coco que trasplantó a su finca, con un valor de peso a peso y medio; y por otras pruebas, que, durante el período de la sociedad, atravesaba el Sr. Búsó Ca brera una situación económica bastante angustiosa y que el mismo día que tomaba en préstamo, dinero a Da. Natividad Bosado, pagaba una hipoteca del Banco Territorial.

• Ahora podemos continuar examinando los errores atribui-dos a la sentencia.

Durante el curso del juicio se admitió como prueba del de-mandante la- declaración por deposición del gerente del Banco Territorial y Agrícola, referente a negocios y corresponden-cia de Buso Cabrera con dicho Banco, desde 1901 a 1904, y se alega que esto fué error por no ser pertinente a la cuestión debatida.

Esa declaración tenía por objeto demostrar que no era cierto lo alegado en la contestación jurada, de que la suma to-mada a préstamo por Buso Cabrera a Da. Natividad Rosado, había sido invertida en los cultivos de la sociedad y era por tanto pertinente y admisible.

Tampoco cometió error la corte al admitir las cuentas es-critas por el Señor Janer con vista de sus libros comerciales, porque habiéndose demostrado su autenticidad y que por ha-, ber dejado de ser comerciante desde hacía muchos años, ha-bía destruido los libros de donde las tomó; desaparecida la prueba primaria, era admisible la secundaria.

Ni cometió error al negar la admisión propuesta por los demandados del pleito anterior desistido del Vías, porque se trataba de probar que “el Sr. Vías Ochoteco había en él recla-mado por saldo de la misma cuenta objeto del presente litigio, la suma de 1,772 pesos 71 centavos ’ ’ siendo éste un hecho que está reconocido en la demanda, por lo que resulta innecesario probarlo.

Las otras cuestiones que trata el alegato de los apelantes, no están designadas como errores cometidos por la corte con cita de ley infringida, como exige la regla 42 de nuestro Regla-mento, por lo que podríamos prescindir de tratarlas y son más bien consideraciones de derecho sobre la constitución de la sociedad, el alcance que pueda tener la carta de Buso Cabrera y si la sociedad de los litigantes está liquidada o nó.

Es indudable que la sociedad fué formada por la Sucesión de Isabel Pérez y por el demandante; pero como antes hemos dicho, Don Francisco Buso Cabrera era el representante úni-co legal de dicha Sucesión y el reconocimiento de deuda que hizo como resultado de la liquidación que él practicó, perju-dica a todos los miembros por él representados.

Y que su carta de 11 de septiembre de 1905 contenía la li-quidación de los negocios de la sociedad, por él practicada, no cabe dudarlo, desde el momento en que él, que lleva la admi-nistración de las fincas y el único libro de la social, reconoce deber los 1,207 pesos 61 centavos. Para el demandante po-dría no ser nna verdadera liquidación, por entender qne se le debe más dinero; pero el liecbo de qne él renuncie al exceso para aceptar como bueno lo liecbo y reconocido por el repre-sentante de los demandados, no es motivo para qne la liqui-dación practicada por Bnsó Cabrera pierda ese carácter.

La liquidación practicada por nn socio y aceptada por el otro es la liquidación de ambos.

Por consiguiente, habiendo estado facultado Bnsó Cabrera para practicarla, según ya digimos, y reconocer el saldo en contra que aparece. de su citada carta, el demandante tiene derecho a recobrar las cantidades que le concede la sentencia, la que no encontramos motivo para revocar y debe ser com

firmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Wolf, no toma-ron parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: Por la Corte.

license: Public Domain

text:
    Alvarez v. López, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 81.
    Resuelto en octubre 6, 1911.
    Certiorari — Error de Procedimiento. — No aduciéndose en la policitud presentada que se haya cometido ningún error de procedimiento, no existe' base para el ejercicio del recurso extraordinario de certiorari, de acuerdo con las pres. ■ eripciomes de la ley vigentes sobre la materia.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado del peticionario: Sr. Rafael F. Ferrer.

   RESOLUCIÓN.

Por la Corte.

Aparece de la solicitud, qué interpuesta 1 demanda de desahucio contra el peticionario en la Corte Mu-j nicipal, de Caguas, ésta falló a favor del peticionario, y que apelado el fallo para ante la Corte de Distrito de Iíumacao, diclia corte dictó sentencia en contra del peticionario. El pe-ticionario carece del recurso ordinario de apelación contra la sentencia de la corte de distrito e interpuso el presente re-curso extraordinario de certiorari para solicitar la anulación de la misma.

El peticionario alega que el juez de distrito al dictar su sentencia, no apreció bien los hechos ni aplicó la ley recta-mente, pero no aduce que se haya cometido ningún error de procedimiento. Siendo esto así, de acuerdo con los términos claros y precisos de la ley para autorizar autos de certiorari, aprobada el 10 de marzo de 1904, leyes de 1904, página 123, no procede el ejercicio del recurso establecido.

En tal virtud, la solicitud se desestima.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y 'Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: La Corte :

text:
    Aramburu v. Córdova, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 79.
    Resuelto en octubre 6, 1911.
    Certiorari — Cuando Procede. — El recurso extraordinario de certiorari sólo puede ejercitarse cuando no existen en el curso ordinario de la ley recursos rápidos y eficaces.
    Resoluciones Judiciales — Presunción de su Legalidad. — No basta afirmar que una resolución judicial es errónea, sino que es preciso demostrarlo. La pre-sunción está a favor de la legalidad de la resolución impugnada.
    Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.
    Abogados del peticionario: Sres. López Landrón y Rincón.

   RESOLUCIÓN.

La Corte :

La orden cuya anulación se solicita mediante el presente recurso de certiorari, fue dictada por el Juez Mar-tín E. G-ill, de la sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, en el curso de la tramitación del pleito seguido por J. Aramburu v. Arzuaga & Ca. y otros, sobre daños y per-juicios. Habiendo fallecido el Juez Grill, fué sustituido pro-visionalmente por el Juez Félix Córdova Dávila y definitiva-mente por el Juez Charles E. Foote. El recurso se dirige contra el Juez Córdova Dávila, y, no constando que el peti-cionario baya sometido a dicho juez, ni menos al Juez Foote, la cuestión que suscita ante este Tribunal Supremo, no apa-rece que el dicho peticionario haya ejercitado los recursos rápidos y eficaces que- tenía en el curso ordinario de -la ley, y por tanto, resulta que no está autorizado para recurrir al extraordinario de certiorari, según lo tiene declarado repe-tidas veces este Tribunal Supremo.

Además, en la misma solicitud de certiorari se consigna que el fundamento que tuvo el Juez Gill para dictar la- orden que se alega que es errónea, o sea aquélla por virtud de la cual se negó a decretar la prisión de ciertos testigos que no ha-bían comparecido a declarar, fué el de que la citación de dichos testigos era nula, y como la dicha citación no se transcribe en la solicitud, ni en ésta se consigna nada que demues-tre que era realmente válida; debemos presumir su legalidad y concluir que, aun en el caso de que el ejercicio del recurso de certiorari fuera procedente, debería negarse la expedi-ción del auto.

Por las razones expresadas, la. solicitud se desestima.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf del Toro y Aldrey.


text:
    García v. American R. R. Co. of Porto Rico.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción para desestimar la apelación.
    No. 734.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Desestimación de Apelación — Presentación de la Transcripción de Autos Fuera de Término. — En este caso la parte apelada solicitó que se desesti-mara la apelación por haberse presentado la transcripción de autos fuera del término de 30 días que marca la ley. El tribunal resolvió, que habiéndose notificado la moción de desestimación a la parte apelante cuando ya la trans-cripción había sido radicada en Secretaria, no debe desestimarse el recurso de acuerdo con el artículo 58 del Beglaniento de este tribunal, que dispone que cuando la transcripción de autos está presentada ,en secretaría en la fecha en que se notifica la moción de desestimación, esto constituye una contesta-ción eficaz a la moción, aun en el caso de que la transcripción se presentara fuera del término legal.
    Id. — Entrega de Copia Literal de la Transcripción de Autos a la Parte Apelada — Formalidad Legal que no Afecta a la Jurisdicción. — La parte apelada solicitó que se desestimara esta apelación por no habérsele entregado copia literal de la transcripción de autos, ni constar de los autos la certifica-ción de la entrega. El tribunal resolvió que examinado el último párrafo del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley número 70 de marzo 9, 1911, resulta que la constancia de haberse entregado a la parte apelada copia literal de la transcripción de autos, no es elemento esencial e integrante del récord, sino que es una formalidad legal que no afecta a la jurisdicción de esta corte y cuya omisión puede subsanarse en tiempo, como en efecto se subsanó en el caso de autos en tiempo oportuno, no procediendo por tanto la desestimación del recurso por este fundamento.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado del promovente: Sr. José Benet.

    Abogados de la parte contraria: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   RESOLUCIÓN.

La demandante y apelada Dolores G-arcía Nazario pre-sentó moción en 14 de agosto último, para qne se desestime el recurso de apelación interpuesto por la demandada The American Railroad Company of Porto Rico, contra la sen-tencia pronunciada en el juicio, y alega como motivos de su pretensión los siguientes: Io. Qne la apelante ha dejado trans-currir el término legal para presentar la transcripción del récord, y 2o. Qne tampoco se ha dado traslado a la parte' apelada del récord de la apelación, lo qne ha debido justifi-carse mediante la certificación prevenida en el último pá-rrafo del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como ha sido enmendado por la ley número 70 de 9 de marzo del corriente año.

Resulta que la sentencia de la corte inferior fné dictada y registrada en 21 de diciembre del año 1910, y que el recurso de apelación con notificación del mismo a la parte contraria fné presentado o archivado en 30 del propio mes, habiéndose aprobado la exposición del caso en 3 de mayo del corriente' año, y presentádose el récord en la secretaría de esta corte en 4 de agosto último, sin constancia alguna de haberse en-tregado copia literal del mismo a la parte apelada.

El último párrafo del artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil, tal como ha sido enmendado, dice así:

‘ ‘ Constituirá el récord de una apelación, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo a los abogados de las partes del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. Dicha certifica-ción deberá ser archivada en la Secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso, con la constancia de haberse entre-gado a los abogados de las partes apeladas una copia literal de la misma certificada por el abogado del apelante, ’ ’

La copia de la transcripción del récord fué entregada al ahogado de la parte apelada en siete de septiembre, después de presentada la moción y archivado el récord en secretaría, y antes del día 2 de los corrientes en que tuvo lugar la vista de dicha moción.

Examinado el precepto legal que dejamos transcrito, en-tendemos que la certificación de la entrega del récord a la parte apelada no es elemento esencial e integrante del mis-mo récord, pues según los términos en que aparece redactado aquel precepto legal, constituye el récord de una apelación, la certificación expedida por el secretario del tribunal inferior del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. La constancia de haberse entregado al ahogado de la parte apelada una copia literal de la certificación es una foímalidad legal que no afecta a la jurisdicción de esta corte, y cuya omi-sión puede subsanarse en tiempo en que no se lastimen los derechos de la parte apelada, la que en' el presente caso no ha sufrido perjuicio alguno, pues recibió copia del récord en 7 de septiembre último en que estaba esta corte de vacaciones, teniendo por tanto, tiempo suficiente para preparar el estu-dio del caso.

En síntesis. Opinamos que habiéndose notificado la mo-ción de que se trata a la parte apelada en 11 de agosto de 1911, cuando ya el récord había sido archivado en secretaría desde el día 8 del propio mes, es de aplicación el artículo 58 del. Reglamento de este tribunal, preceptivo de que cuando la copia de los autos está presentada en la fecha en que' se hace la notificación de la moción, ese hecho constituirá una con-testación eficaz a la moción, aun en el caso de que el récord no se hubiese presentado dentro del término prescrito; y como por otra parte, la certificación, creditiva de la entrega del récord a la parte apelada no es elemento esencial del récord, "y la omisión de tal certificación ha sido subsanada sin causar perjuicio alguno a la parte apelada, tampoco puede prospe-rar la moción por el segundo fundamento alegado.

Por las razones expuestas se deniega la moción de la parte apelada, y no ha lugar a desestimar el recurso.

Desestimada la moción.

jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Soto v. Córdova, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 78.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Certiorari — Meras Informalidades de Procedimiento. — El auto de certiorari no se da para corregir meras informalidades -de. procedimiento que no tienden a lesionar los derechos de las partes.
    Id. — Embargo de Rentas de una Casa — Facultades del Administrador de una Casa. — El administrador de una casa con facultades para recibir las rentas de la misma, no puede menos de tenerlas también para gestionar judicial o extrajudieialment’e todo lo conducente a ese cobro, y no es un defecto de procedimiento que lesione los derechos de las partes, el no haberse sustan-ciado en pieza separada la moción de dicho administrador para conseguir se dejara sin efecto el embargo de las rentas, quedando subsistente el de la casa principal.

      Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado del peticionario: Sr. Rafael López Landrón.

   RESOLUCIÓN.

Los hechos expuestos en la anterior solicitud, no deter-minan cansa bastante para la expedición del auto de certio-rari solicitado. Según la sección primera de la ley sobre la materia aprobada en 10 de marzo .de 1904, dicho auto pro-cede en ¿quellos casos en que el procedimiento adoptado no está de acuerdo con las prescripciones de la ley. El peticio-nario alega como defectos de procedimiento, haber sido in-fringidos el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil, y la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de sen-tencias, aprobada en marzo 1 de 1902. Tales infracciones no ex¥áten en el presente caso, pues si el administrador de una casa tiene'facultad para percibir las rentas de la mismá, no puede menos de tenerla también para gestionar judicial o extra judicialmente todo lo conducente' a ese cobro; y el he-cho de no haberse sustanciado .en pieza separada la moción del demandado administrador para conseguir se dejara sin efecto el embargo de las rentas quedando .subsistente el de la casa principal, no es un defecto de procedimiento que afecte los derechos de las. partes causándoles perjuicios. Una mera informalidad de procedimiento no .puede servir de fundamento' .a un auto de certiorari, si no tiende a lesionar derechos.

Por las razones expuestas no ha lugar a expedir el auto de certiorari solicitado.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Roig v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Hnmacao.
    No. 100.
    Resuelto en octubre 11, 1911.
    Servidumbre — Terceros'—Inscripción Posterior a Pavor de Otra Persona.— Los preceptos del artículo 17 de la Ley Hipotecaria que prohíben la inscrip-ción de títulos translativos de dominio o que contenga gravamen cuando existe una inscripción posterior a favor de otra persona, no tienen otro propósito y alcance que la protección de los terceros, que es el objetivo de la Ley Hipote-caria, así es que si la persona en cuyo favor está heeha la inscripción no es un tercero, -no podrá aplicarse ese precepto legal.
    Ib. — Constitución de Servidumbre por el Causante — Partición y Adjudicación del Predio Sirviente a Pavor de los Herederos.- — De acuerdo con la doc-trina contenida en el párrafo anterior, constituida una servidumbre por el cau-. sante sobre la totalidad de una finca, la cual por muerte de dicho causante pasa a sus herederos y uno de éstos inscribe la parte que le ha sido adjudicada como finca propia, como este heredero no es un tercero sino que es la continua-ción de la personalidad del causante, dicha inscripción no impide el que el dueño del predio dominante obtenga que se inscriba dicha servidumbre sobre la parte que el heredero inscribió a nombre propio.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tri.bnnal.

Por escritura pública de 15 de noviembre de 1896, Don Rodulfo Leoncio Pérez y Polanco, dueño entonces de la hacienda “Providencia” radicada en el término Municipal de Hnmacao, segregó de ella y vendió a Don Antonio Roig To-. rrellas, una parcela de doce cuerdas de terreno con los edi-ficios y maquinarias que en estos existían, conviniéndose por la cláusula sexta de ese contrato, que el vendedor se obli-gaba a permitir por los terrenos de su finca “Providencia” y sin perjuicio de sus plantaciones, los caminos que el com-prador considerase necesarios.

Esta venta fné inscrita en el Registro de la Propiedad de Hnmacao y también la servidumbre establecida en la cláu-sula mencionada, tanto con relación al predio sirviente “Pro-videncia” como en cuanto al dominante, o sean las doce cuer-das segregadas, las que recibieron el nombre de “El Ejem-plo.”

A la muerte de Don No dullo Pérez Polanco, la finca “Pro-videncia” se dividió entre sus herederos, siendo adjudicada a su bija Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez una porción de 53 cuerdas, 75 centavos de otra, que como finca indepen-diente, y con el nombre de “Vega del Recreo,” fué inscrita en el registro de la propiedad, sin que se expresara la con-dición estipulada en el contrato de segregación y venta que hizo su padre al Señor Roig.

En esta situación las cosas, y no estando cancelada la ins7 cripción de servidumbre sobre el remanente de la “Provi-dencia” después de la segregación y venta de las doce cuer-das, ha presentado ahora Don Antonio Roig Torrellas al Registrador de la Propiedad de Humacao, la citada escri-tura de 15 de noviembre de 1896 con un escrito en el que le pedía hiciera constar en la finca “Vega del Recreo,” adqui-rida por Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez a título de adjudicación por herencia testada, la servidumbre estipulada en dicha escritura, por ser una parte del predio sirviente que se llamó “Providencia,” y en razón a que si un predio sir-viente se divide entre dos o más, la servidumbre no se modi-fica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

' Esa solicitud fue denegada por el registrador en los si-guientes términos:

“Denegada la inscripción de servidumbre que en virtud de la cláusula sexta de este documento ha sido solicitada en un escrito adi-cional en cuanto a una finca llamada “Vega del Recreo” sita en el barrio de la “Teja” de este término y compuesta de 53 cuerdas 75 centavos, como parte que era de la finca ‘Providencia,’ por aparecer que la citada finca ‘Vega del Recreo,’ fué inscrita a favor de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, libre de dicha servidumbre, por virtud de un título posterior al de constitución de la misma (Art. 17 de la Ley Hipotecaria), tomando en su lugar anotación por 120 días que dispone la ley, en el tomo 28 de Humacao, al folio 151 vuelto, finca número 1199, anotación 'A.’ Humacao, 15 de mayo de 1911. Miguel Planellas, Registrador de la Propiedad. ”

Tal negativa ha sido recurrida por el Sr. Roig Torrellas y es el objeto del presente recurso.

El párrafo primero del artículo 17 de la Ley Hipotecaria en que funda su negativa el registrador de la propiedad, dice textualmente:

“Inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo de dominio o de la posesión de los inmuebles, o de los dere-chos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha, por el cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.”

La única cuestión derivada de la negativa del Registra-dor de la Propiedad de Humacao, es, si por estar inscrita a favor de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez la finca “Vega del Recreo,” debe negarse la inscripción del gravamen contenido en la cláusula sexta de la escritura de quince de noviembre de mil ochocientos noventa y seis, por ser ésta de fecha anterior a'la inscripción de dicha señora.

Es cierto que el artículo 17 de la Ley Hipotecaria pro-híbe la inscripción de títulos traslativos de dominio o que contenga gravamen, cuando existe una inscripción posterior a favor de otra persona, pero como tal precepto no.tiene otro propósito y alcance que la protección de los terceros, que es el objetivo de la Ley Hipotecaria, si la persona en cuyo favor esté hecha la inscripción no es un tercero, no podrá aplicarse ese precepto legal.

Del asiento de inscripción de Doña Julia A. María Pérez y Sánchez resulta que su finca “Vega del Recreo,” es una de las porciones en que sé dividió la fincá “Providencia” sobre la que Don Rodulfo León Pérez y Polanco constituyó el gravamen que se trata de inscribir, y también que su adquisi-ción fué por título de herencia universal como hija del dicho señor; y como los herederos son la representación jurídica de su causante con sus mismos derechos y obligaciones, siendo los continuadores de su personalidad, no tienen el carácter de terceros, .según las sentencias del Tribunal Supremo de España de 15 de abril, 6 de junio de 1899, 28 de enero de 1892, y el liaber inscrito su dominio por título de herencia no es obstáculo para que una enajenación o un gravamen'de fecha anterior a su inscripción, otorgado por su cansante, pueda ser inscrito aunque se presente después de la inscripción del here-dero, porque no pudiendo su cansante oponerse a la inscrip-ción, tampoco pueden hacerlo sus herederos, ya que siendo sus representantes, .tienen la misma obligación que él tenía de consentir la inscripción.

Aun cuando el recurrente aduce también en apoyo de su recurso lo dispuesto en el artículo 542 del Código Civil, no tenemos necesidad de resolver sobre este extremo, ya que, como hemos dicho, la negativa la ha fundado el registrador únicamente en existir una inscripción posterior a favor de la Señora Pérez y no se basa en que las .diversas porciones en que se divida un predio gravado con una servidumbre no de-ban tolerarla.

Por las razones expuestas, la nota denegatoria del Regis-trador de la Propiedad de Humacao, debe ser revocada y debe ordenarse la inscripción solicitada por Don Antonio Roig

Torrellas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del. Toro.


text:
    Díaz v. Carrel, Secretario de Puerto Rico.
    Solicitud para que se expida auto de' mandamus.

    No. 139.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Mandamus — Acto Concreto Obligado a Ejecutar el Demandado — Razón Especial para Presentar la Solicitud al Tribunal Supremo. — En el caso de autos, este tribunal desestimó la solicitud de mandamus por no expresarse en ella, acto alguno concreto y determinado que esté en la obligación de ejecutar el demandado y por no aparecer de dicha solicitud razón alguna especial pol-la cual deba actuar oripu-ímarijente la corte en este caso.

      Abogado del peticionario: Sr. Herminio Dias Navarro.

   RESOLUCIÓN.

No expresándose en la petición jurada acto alguno, con-creto y determinado que esté en la obligación de ejecutar el Secretario de Puerto Rico, y no apareciendo de la petición razón alguna especial por la cual deba actuar originariamente la Corte Suprema en este caso.

Yista la ley estableciendo el auto de mandamus, apro-bada en 12 de marzo de 1903, y las resoluciones dictadas por esta Corte Suprema en los casos La Liga de Propietarios v. El Ayuntamiento de San Juan, decidido el 12 de febrero de 1908; Santiago R. Palmer v. Gabriel Guerra, 18 de diciembre de 1905, y Quintín Negrón Sanjurjo v. El Supervisor de Elecciones, 5 de noviembre de 1906.

Se deniega el mandamus solicitado.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: La Corte.

text:
    Más et al. v. Borinquen Sugar Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao. Moción para desestimar la apelación.
    No. 771.
    Resuelto en octubre 13, 1911.
    Desahucio — Apelación de la Sentencia — Consignación del Importe del Canon de Arrendamiento. — La sección 12 de la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905, prescribe que no se admitirá a] demandado recurso de apelación si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, y dispone además que dicha consignación deberá quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación. Interpretando dichos preceptos de ley a luz de la razón, se resolvió que una consignación hecha antes de dictarse la sentencia, de toda la cantidad que. realmente se demostró luego que se debía a la fecha de la sentencia, es válida, porque lo esencial en estos casos es que la consignación se haga y queden en su consecuencia garantizados los derechos de los demandantes.
    Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.

      Abogados ele los promoventes: Sres. Arturo Aponte, Jr. y Juan Hernández López.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Alvarez Nava y Domínguez.

   RESOLUCIÓN.

La Corte.

Los demandantes y apelados solicitan qne se desestime el recurso de apelación interpuesto, porque la demandada y apelante no cumplió con lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley de Desahucio, Leyes de Puerto Rico de 1905, página 289, que ordena qne no se admitirá al deman-dado el recurso de apelación si no consigna en secretaría el importe del precio 'adeudado hasta la fecha de lá sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las canti-, dade's convenidas, y que tal consignación deberá quedar for-malizada 'dentro del término (cinco días contados desde la fecha de la sentencia) concedido para la apelación.

De la moción de los dichos demandados y apelados y de los documentos acompañados a la misma, aparece que se trata de un caso de desahucio por falta de pago del canon de arrendamiento de cierta finca rústica, canon que, según con-trato celebrado entre las partes, debía satisfacerse por semes-tres vencidos; que el 27 de junio de 1911 se venció un semes-tre y la cantidad estipulada fue depositada el 18 de julio de 1911 por la demandada en la secretaría de la Corte de Dis-trito de Humacao, a disposición de los demandantes; que dictada sentencia en contra de la demandada el 19 de julio •de 1911, la demandada apeló para ante esta Corte Suprema, ■el 22 de julio de 1911.

Considerando los hechos expuestos e interpretando la ley invocada a la luz de la razón, se concluye que cuando la ape-lación se interpuso en este caso, todo cuanto adeudaba la parte demandada a la fecha de la sentencia, había sido con-signado por ella en la secretaría de la corte de distrito a dis-posición de los demandantes, y que, por tanto, todo lo que ■exige la ley se había cumplido.

El canoa de arrendamiento era pagadero por semestres vencidos y, a la feclia de la sentencia, sólo lo estaba el que debió satisfacerse el 27 de junio' de 1911, cuyo precio se con-signó como antes se lia expresado. El hecbo de si la consig-nación se hizo antes de dictarse la sentencia y no después, no es importante. Lo esencial es que la.consignación se hiciera quedando en su consecuencia garantizados los derechos de los demandantes.

Por las razones expuestas, se resuelve no haber lugar a desestimar la apelación interpuesta por la parte demandada en este caso. , ,

bvn- lugar la mocion.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MaeLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Avilés v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Aguadilla.
    No.99.
    Resuelto en octubre 13, 1911.
    Inscripción de Título en el Registro de la Propiedad — Documento Privado.— A vendió a B una finca y la venta se llizo constar en documento privado en el que se consignó además, que no se otorgaba escritura pública por estar la finca gravada y ser necesario liberarla antes y que la esposa de A quedaba adver-tida, impuesta y conforme en otorgarla en caso de fallecimiento. A ípurió y su esposa otorgó la escritura y el registrador se negó a inscribirla basado en el inciso Io. del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Se resolvió que la negativa del registrador no estaba bien fundada en este extremo porque no se trataba de inscribir el documento privado por sí solo, sino revestido ya de todas las solemnidades de un documento público.
    Venta de Bienes de Menores — Autorización Judicial. — En el caso anterior, a la muerte de A fueron declarados sus herederos sus menores hijos y la escritura fué otorgada por la viuda sin obtener autorización judicial alguna. El regis-trador negó también la inscripción del documento por este motivo y la Corte Suprema resolvió que el registrador tenía razón en cuanto a este extremo, porque el acto realizado envolvía la venta o la ratificación de la venta de un bien inmueble por menores de edad, y la autorización judicial era absoluta-mente necesaria de acuerdo con la ley vigente cuando se otorgó el documento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Aguadilla una copia auténtica de la escritura No. 86, otorgada por Ana Méndez Yaz, por su propio derecho y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos habidos en su matrimonio con José M. Deliz, de una parte, y de otra Bonifacio Avilés, ante el Notario Público Mercader, en Aguadilla, el 17 de febrero de 1906, el registrador se negó a inscribirla por los siguientes motivos:

“Denegada la inscripción del precedente documento, en cuanto a la venta a Bonifacio Avilés de catorce y media cuerdas de terreno en “Capá” de Moca, única de que solicitó inscripción, porque siendo privado el documento de- quince de julio de mil novecientos cinco que se inserta y en cuya virtud se otorgó aquél, no es inscribible con arreglo al inciso primero del artículo tercero de la Ley Hipotecaria; ■y por haber otorgado dicha venta Doña Ana Petronila Méndez no sólo por sí, sino como madre con patria potestad sobre sus hijos Luis, ■ Ana María, Monserrate, Juana, Pedro, Ramón, Carlos Guillermo, Asunción, Rosa María y María de las Mercedes, sin haber obtenido. autorización judicial correspondiente -en la forma prevista por el artículo ochenta de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, de nueve de marzo de mil novecientos cinco, y su enmienda de nueve de marzo de mil novecientos once, etc. ”

Notificada la negativa al presentante del documento, soli-citó que se elevara a este Tribunal Supremo. El registrador así lo hizo, de acuerdo con la ley, acompañando además un informe explicativo de su nota. Los interesados no han hecho gestión alguna ante esta corte. ■

De un examen del documento en cuestión, aparece que José M. Deliz, casado con Ana Méndez Yaz, otorgó, en 15 de julio de 1905, un documento privado por el cual vendió a Bonifacio Avilés'cierta finca rústica y en el cual hizo constar que no se otorgaba escritura pública por estar lá finca gravada y ser necesario liberarla antes y que la esposa quedaba ad-vertida, impuesta y conforme en otorgarla en caso del falle-cimiento de Deliz.

Deliz falleció en efecto, su esposa y sus hijos fueron de-clarados por la corte de distrito sus herederos abintestato, y la esposa, por su propio derecho y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos, otorgó la escritura cuya inscripción ha sido denegada.

El primero de los motivos alegados por el registrador en la nota que se ha transcrito anteriormente no está bien fun-dado, porque no se trataba de inscribir el documento privado por sí solo, sino revestido ya de todas las solemnidades de un documento público.

El segundo motivo está bien fundado y es suficiente para sostener la negativa del registrador.

La escritura se otorgó por la Sra. Méndez con posterio-ridad al fallecimiento de su esposo Deliz, es decir cuando es-taba ya disuelta la sociedad de gananciales a la que perte-necía la finca según el registro, siendo en su consecuencia necesario para otorgarla el consentimiento no sólo de la es-posa Sra’. Méndez, sino el de todos los herederos del esposo Deliz.

Tales herederos eran menores de edad y no podían prestar por sí mismos su consentimiento, ni podía hacerlo por ellos su madre, en el ejercicio ordinario de la patria potestad. El acto envolvía la venta o la ratificación de la venta de un bien inmueble y la autorización judicial era absolutamente nece-saria de acuerdo con el Código Civil y la Ley de procedimien-tos legales especiales de 1905, vigentes cuando se otorgó el documento.

En tal virtud y por el segundo de su fundamentos, debe confirmarse la nota del registrador en este caso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.