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license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2017-1

      Resuelto: 19 de mayo de 2017
   RESOLUCIÓN

En conformidad con la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-A, culminada la sesión, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso del Tribunal entre el 1 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017:

Del 1 de julio al 31 de julio de 2017

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, presidenta

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2017

Hon. Roberto Feliberti Cintrón, presidente

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Hon. Ángel Colón Pérez

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2017

Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Edgardo Rivera García

De ser necesario sustituir a algún Juez o Jueza que no pueda intervenir en algún asunto ante su consideración, se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 4(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-A. El Tribunal continuará certificando opiniones y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez. Juez Asociado Señor Co-lón Pérez.

text:
    Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas Del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Astrid Burgos Nieves, recurridos, v. Universidad de Puerto Rico y su Presidenta, Dra. Nivia Fernández Hernández; Dra. Carmen Haydeé Rivera Vega, en su capacidad como Rectora Interina del Recinto de Río Piedras, y Dr. Carlos Pérez Díaz, en su capacidad como Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, peticionarios.

      Número: CC-2017-419

      Resuelto: 19 de mayo de 2017

      Enrique G. Figueroa Llinás, de Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud, abogado de la parte peticionaria; Pedro R. Vázquez Pesquera, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal, expedimos el recurso de “certiorari” solicitado y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 5 de mayo de 2017.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez pro-veería “ha lugar” a la Moción en Auxilio de Jurisdicción y expediría la Petición de Certiorari. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez proveería “ha lugar” a la Moción en Auxilio de Jurisdicción, expediría la Petición de Certio-rari y emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Colón Pérez proveería “ha lugar” a la Moción en Auxilio de Jurisdicción, expediría la Petición de Certiorari y emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rivera Gar-cía no intervino. Los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Estrella Martínez se inhibieron.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

HH

En el 2010, una mayoría de este Tribunal pautó, en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, un derrotero nefasto el cual denominé como “un golpe mortal a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro sistema democrático U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 330 (2010). Ello, pues la catalogación de la Universidad de Puerto Rico como un foro público por designación se sustentó en un análisis privado de historia; desligado totalmente de la finalidad social que cumplen las instituciones de educación superior.

El carácter sui generis que reviste a la Universidad de Puerto Rico surge del vínculo existente entre esta institu-ción y la sociedad, ya que ésta es fruto de la traducción de la democracia a un espacio físico que pretende servir a la libertad de asociación y de expresión. Así lo reconoce la propia Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico y la jurisprudencia federal. Asimismo, cabe señalar, que el ca-rácter particular de la Universidad la ha convertido, histó-ricamente, también en un flanco de ataque, particular-mente por quienes poco toleran la diversidad que conlleva la democracia.

I—i HH

Ante nuestra consideración pende un dictamen emitido por el foro apelativo intermedio, que complica aún más el panorama antes señalado. El 5 de mayo de 2017, este Foro emitió una Sentencia mediante la cual ordenó a la Univer-sidad de Puerto Rico, y demás demandados, a restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras. Ello, en desatención de normas elementales del derecho procesal. En particular, considero necesario enfocarme en una, a saber, la falta de parte indispensable.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil regula lo concerniente a la acumulación de partes indispensables, y a esos efectos dispone que

[l]as personas qne tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, ser harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada. 32 LPRAAp. V.

En esencia, una parte indispensable es una que tiene un interés de tal grado sobre la controversia “ ‘que no puede dictarse un decreto final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su determina-ción final haya de ser inconsistente con la equidad y una conciencia limpia’ ”. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014). Véase Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222-223 (2007). Según hemos co-mentado, la importancia de identificar la parte indispensable irremediablemente se relaciona con dos axiomas, “pri-mero, en la protección constitucional que impide que las personas sean privadas de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley, y segundo, en la necesidad de que se emita un decreto judicial completo”. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015). Véase Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993). Por ello, en reiteradas ocasiones hemos expresado “que la omisión de incluir una parte indispensable incide sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente”. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). Véanse: Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005); Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77, 81-82 (1974).

Ciertamente, la determinación sobre la necesidad de acumular una parte, por ésta ser indispensable, es una tarea que le corresponde a los tribunales. Véase Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Claro está, una determinación a esos efectos tiene que fundamentarse en los hechos específicos del caso. Véanse: Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593 (1989). Por ello, no podemos realizar un examen simplista del asunto, sino que tenemos el deber de realizar “un ejercicio de consideración pragmática de los intereses implicados”. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 46.

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia tuvo el beneficio de examinar, con detenimiento, las alega-ciones de las partes demandantes y la prueba testifical y documental que se presentó durante la vista de injunction preliminar y mandamus, celebrada el 4 de abril de 2017. A raíz de esa evaluación, el foro primario correctamente con-cluyó que,

[s]egún la prueba desfilada y el propio testimonio de la parte demandante, quienes están en el Recinto de Río Piedras y ejercen control e impiden el acceso al mismo son estudiantes y “personas relacionadas con el paro”, que no son la parte de-mandada en este caso, ni sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as), abogados(as), como tampoco, son personas que actúan de acuerdo o participen activamente con éstos. Senci-llamente, estas personas que están impidiendo el acceso a la UPR no figuran como parte en este caso y ello responde, única-mente, a la contención de la parte demandante de que estas personas no son parte indispensable por el hecho de que no están obligadas contractualmente con los demandantes. Ello, choca expresamente con la Regla 16.1 de Procedimiento Civil [...] (Énfasis suplido). Anamar Menéndez González y otros v. Universidad de Puerto Rico y otros, SJ2017CV00111, en Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 111-112.

En su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones correcta-mente reconoció que, como regla general, los foros apelati-vos no tienen la facultad de sustituir las determinaciones de hecho que realiza el Tribunal de Primera Instancia. Véase Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Claro está, también atinó al identificar que este principio cede cuando se demuestra un craso abuso de dis-creción, o que el foro recurrido actuó con pasión, prejuicio y parcialidad o error manifiesto. Véase, por ejemplo, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

A pesar de lo anterior, el foro apelativo intermedio ig-noró las determinaciones de hecho que fueron consignadas en la Sentencia Parcial del foro primario con relación a la falta de parta indispensable. Incluso, tras admitir que no contaba con una reproducción o transcripción de la prueba oral vertida ante el tribunal de Instancia. Véase Anamar Menéndez González y otros v. Universidad de Puerto Rico y otros, KLCE201700730, en Apéndice de la Petición de cer-tiorari, pág. 209. En vez, razonó que en consideración a las obligaciones entre las partes, la acumulación de los “terce-ros que se encuentran impidiendo el acceso al Recinto no son parte indispensable [...] ”. Íd., pág. 212.

Discrepamos. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que “[a]nte la ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción para resolver la controversia. Es por ello que, al incidir tal ausencia en la jurisdicción del tribunal, debe desestimarse la acción”. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 677-678. Véase Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. Tal resultado no se condicionó al tipo de recurso que fuera presentado.

Por otra parte, al evaluar el presente caso, es impres-cindible que el derecho no sea aplicado en abstracción a las realidades que circundan esta controversia. Desde el 6 de abril de 2017, el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, emitió un voto de huelga in-definida que aún sigue en efecto. Por lo tanto, es un hecho —según surge del expediente del caso— que son los estu-diantes quienes ostentan el control físico de las vías de acceso al recinto universitario.

Sin duda, las relaciones contractuales entre las partes no alteran esa realidad. Es por ello que, el 11 de mayo de 2017, día en que las partes recurrentes habían sido orde-nadas a restablecer el acceso al recinto, fracasaron en su encomienda. Evidentemente, resulta absurdo, en este caso, exigir que remedien la situación sólo a quienes no son par-tícipes de los actos que impiden el acceso al recinto. No tiene sentido alguno encontrar incurso en desacato a una parte por desobedecer un dictamen que le resulta imposi-ble cumplir por su cuenta.

Asimismo, es inverosímil pretender que la imposición de sanciones —que sólo resulta en un malgasto de los escasos fondos públicos que figuran en las arcas del Gobierno— remedie la realidad inalterada. Ciertamente, esta situa-ción insensata evidencia los peligros de conceder un reme-dio incompleto y que el foro apelativo no ponderase las con-secuencias ulteriores de su dictamen. En consideración a lo anterior, estimo que en este caso hace falta una parte indispensable y, por ende, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Parcial emitida por el foro primario.

I—I H-1

Según comentamos, lamentablemente, hoy continúan latente los efectos de U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, pero bajo un panorama aún más desalentador pues, al pa-recer, las líneas de nuestro sistema republicano de go-bierno se han desdibujado, lo cual ha puesto en jaque el principio de separación de poderes. Por ende, ante los eventos que hemos vivido como puertorriqueños en días recientes, no puedo concluir sin expresar mi más profunda indignación y consternación con los viles ataques que ha sufrido la Juez del Tribunal de Primera Instancia, encar-gada del caso de autos.

En consideración a la Sentencia Parcial que ésta emitió declarando “no ha lugar” a la solicitud de interdicto preli-minar y mandamus, afloraron los ataques injustificados contra su persona. A manera de ejemplo, se tildó de “acti-vista”, “de estar prejuiciada”, “de causar desasosiego” y aún de “agitar la violencia”. Para estas serias alegaciones, no se ofreció un ápice de evidencia que las sustentaran. Incluso, no se ofreció prueba alguna para apoyar la conclu-sión de que la juez emitió su dictamen por motivaciones impropias, lo cual ciertamente sería sancionable bajo nues-tros Cánones 2 y 8 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

Como todos sabemos, Puerto Rico vive días aciagos que requieren de todos, particularmente de sus líderes, res-peto, tolerancia y adhesión inquebrantable al principio re-publicano que representa la separación de poderes. Debe-mos todos procurar que con nuestras actuaciones no deslegitimemos la función judicial en este País. Quizás en otros países las noticias se suprimen, las verdades se de-claran falsas y a los jueces se les insulta y amedrenta. Pero aquí no. Ante una determinación adversa en un tribunal de justicia, uno puede estar en desacuerdo con su dictamen. De ocurrir, como bien hicieron las partes en esta ocasión, existen los mecanismos procesales para atender las insa-tisfacciones ante los foros apelativos.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Co-lón Pérez.

A través de esta breve Opinión disidente hacemos cons-tar que, en esta etapa de los procedimientos, hubiésemos provisto “ha lugar” a la Moción en Auxilio de Jurisdicción, así como a la Petición de Certiorari presentada en el caso de referencia y, en consecuencia, hubiésemos revocado la determinación del Tribunal de Apelaciones. Ello, por en-tender que —como correctamente decidió el Tribunal de Primera Instancia—, bajo las circunstancias del presente caso, no era posible autorizar el injunction y mandamus solicitados. Particularmente, además de no cumplir con va-rios de los requisitos procesales de los remedios de injunction y mandamus, el grupo de estudiantes demandan-tes no acumuló a una parte indispensable para la correcta disposición del caso ante nos; entiéndase, a quienes pre-suntamente obstaculizan e impiden la entrada al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Como hemos visto, la ausencia de esa parte indispensable sobre la cual el Tribunal no tiene jurisdicción es la que, en esencia, ha tornado ineficaz, además de difícil de ejecu-tar, el dictamen del foro apelativo intermedio.

Ahora bien, lo anterior no es óbice para hacer una ex-hortación a las partes en controversia —la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes— para que den inicio, o con-tinúen, si ya lo han hecho, a un diálogo franco y sincero que permita poner fin a la huelga que mantiene cerrado el primer centro docente del país. Lejos de buscar alternati-vas que inviten a la confrontación, en el escenario tan tenso que enfrenta la Universidad, vemos en la comunica-ción la herramienta más eficaz para poner fin a las contro-versias que allí se viven. Es tiempo de que nuestros estu-diantes, futuro de nuestro país, regresen a su casa de estudios. Recordemos que “sin estudiantes no hay Univer-sidad, sin Universidad no hay país”. A esa reflexión se les invita.

       Por otra parte, al identificar aquello denominado como “interés común” he-mos precisado que “no se trata de cualquier interés en el pleito. Tiene que ser ‘de tal orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo’ ”. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014). Véase, además, Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 607 (1983). A saber, un interés de tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o destruirle radicalmente sus derechos. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007). Éste, además, tiene que ser real e inmediato y no puede ser especulativo o futuro. Véase García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010).

       Es preciso recalcar que surge claramente de la relación de hechos que se consignó en la Demanda enmendada presentada por los recurridos, que —en todo momento— éstos hacían alusión a que “los estudiantes” eran los que estaban impi-diendo la entrada al Recinto de Río Piedras. Véase Apéndice de la Petición de certio-rari, págs. 111-112. Asimismo, es esencial destacar algunas de las determinaciones de hecho que fueron consignadas en la Sentencia como fundamento para la determi-nación del foro primario. A saber, la demandante, Srta. Astrid Burgos, “testificó que ‘la Administración de la Universidad no es la que está impidiendo el paso’. Esta admitió, además, que “ ‘las personas impidiendo el acceso son las personas relacionad [a] s con el paro’ ”. Id., pág. 101. Por otro lado, otra de las demandantes, la Srta. Rosaima Rivera Serrano, testificó que “ ‘no sé quién cerró los portones, me enteré por la prensa’ ”, No obstante, la Srta. Rivera Serrano testificó, además, que “ ‘no he intentado ir a coger clases por que temo por mi seguridad. Quienes estaban en los portones eran estudiantes. No eran guardias’ ”. íd., pág. 102. Además, las partes, como elemento de los hechos estipulados, indicaron que “[njingún funcionario de la UPR ni ninguno de sus agentes ha impedido el acceso de persona alguna ni ha puesto barrera de clase alguna en las entradas del Recinto de Río Piedras”. (Énfasis suprimido). Id., pág. 103.

       En repetidas ocasiones hemos pautado que, como jueces, debemos abstener-nos de hacer comentarios de índole política, salvo cuando éstos se hagan precisa-mente en defensa de la independencia judicial. In re Mercado Santaella, 197 DPR 1032 (2017); In re Hernández Torres, 167 DPR 824, 846 (2006). A mi entender, ante un ataque a la función judicial para adelantar juegos políticos, expresarse no es meramente permisible, sino también apremiante para cumplir a cabalidad con nues-tra función como custodios de la institución donde los ciudadanos depositan su con-fianza en la Justicia. En el caso de autos, mi deber como Juez Asociada, y más que nada mi conciencia, me exigen expresarme en defensa de la independencia judicial.


text:
      In re Carmen T. Agudo Loubriel.

      Números: TS-5311
    AB-2015-0331

      Resueltos: 19 de mayo de 2017

      Carmen T. Agudo Loubriel, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reconsideración presentada por la parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee “ha lugar”y se archiva la queja Núm. AB-2015-331 presen-tada por el Sr. Robert A. Nelson. A su vez, se censura enér-gicamente a la licenciada Agudo Loubriel por su conducta y se le apercibe que, de no atender con premura las órdenes del Tribunal, se expondría a sanciones más severas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Héctor Vargas Díaz.

      Número: TS-8,413

      Resuelto: 23 de mayo de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a decretar inmediata e indefinidamente la suspensión de la notaría de un miembro de la profesión legal por incumplir con los re-querimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y de este Tribunal.

I—I

El Ledo. Héctor Vargas Díaz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de agosto de 1986 y prestó juramento como notario el 18 de enero de 1991. El 2 de febrero de 2017, el Director de ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Je-sús, presentó una Moción en Auxilio del Tribunal para In-cautación de Obra Notarial y Otros Remedios. Describió las dificultades y falta de cooperación del licenciado en el proceso de examinar su obra protocolar y, posteriormente, en subsanar las deficiencias que fueron señaladas por la Inspectora de Protocolos y Notarías a cargo del proceso, la Leda. Frances Díaz Medina.

Por ejemplo, la licenciada Díaz Medina lo convocó a una inspección que se realizaría el 26 de febrero de 2014. No obstante, el licenciado no compareció ni se excusó. Posterior-mente, el 25 de marzo de 2014, el licenciado —sin coordinar su visita— se presenció en el Archivo Notarial del Distrito de Ponce. Entregó 247 instrumentos públicos, sueltos y sin encuadernar, que representaban la obra autorizada por él entre 2003 y 2010. Por otro lado, omitió entregar los tomos de los Protocolos de 2001, 2002, 2011, 2012 y 2013, así como los tomos del Libro de Registro de Testimonios que contie-nen los Asientos Núm. 5232 y siguientes.

Luego de varios trámites, la licenciada Díaz Medina se reunió con el licenciado Vargas Díaz el 19 de julio de 2016. Le informó al licenciado las deficiencias siguientes: (1) omi-sión de encuadernación, foliación, redacción de la nota de apertura y cierre e índice de los Tomos de Protocolos de 2003 a 2010; (2) omisión de la nota de saca en múltiples instru-mentos públicos autorizados; (3) omisión del sello notarial en múltiples instrumentos públicos; (4) necesidad de res-tructurar los instrumentos públicos no entregados, y (5) omisión de adherir y cancelar los Sellos de Rentas Internas, impuesto notarial y de la Sociedad para Asistencia Legal. Acordaron que, el 2 de agosto de 2016, el licenciado subsa-naría las deficiencias señaladas y encaminaría el proceso de inspección de la obra protocolar de 2014 y 2015. Sin embargo, el licenciado incumplió con el acuerdo y no respondió a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos cur-sados por la licenciada Díaz Medina.

Por todo lo anterior, el Director de ODIN nos solicitó en su moción en auxilio que ordenáramos: (1) la incautación preventiva de la obra protocolar y del sello notarial del licenciado; (2) la presentación de los informes de actividad notarial adeudados, y (3) la subsanación de la obra protocolar. El 13 de febrero de 2017 emitimos una Resolu-ción, notificada personalmente el 22 de febrero, donde aco-gimos la solicitud del Director de ODIN. En lo pertinente, le concedimos al licenciado un término de 30 días para sub-sanar las deficiencias notificadas. A su vez, le apercibimos de que el incumplimiento con nuestra orden podría conlle-var la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría. Igualmente, le advertimos que el asunto podría ser referido al Departamento de Justicia.

El 20 de abril de 2017, el Director de ODIN presentó un Informe sobre el Estado de la Obra Protocolar Incautada y Notificando Incumplimiento de Orden. Expresó que el li-cenciado incumplió con la orden del Tribunal y que la obra protocolar fue inspeccionada. De la inspección surge que el licenciado informó que ha autorizado 7,120 testimonios, pero en el Libro de Registro de Testimonios solo hay 5,321 autorizados. Es decir, hay 1,889 testimonios que no han podido ser examinados y, en consecuencia, la deuda aran-celaria no pudo ser estimada. Además, incluyó el Informe sobre Estado de Inspección de Obra Notarial, suscrito por la licenciada Díaz Medina. Del mismo surgen las deficien-cias siguientes: (1) omisión de encuadernación, foliación y redacción; (2) ausencia total o parcial de 47 instrumentos públicos; (3) omisión de adherir y cancelar sellos por la cantidad de $15,389; (4) ausencia de firmas o iniciales de uno o más de los otorgantes, y (5) ausencia de informes mensuales y anuales de actividad notarial.

Ante este escenario, el Director de ODIN recomienda la suspensión inmediata e indefinida de la notaría. Además, solicita que le ordenemos entregar, en un término de 10 días, tanto los tomos del Libro de Registro de Testimonios que se encuentran bajo su custodia como los informes no-tariales adeudados. Finalmente, recomienda que en un tér-mino de 60 días subsane los defectos de la obra protocolar incautada y la deficiencia arancelaria.

Al presente, el licenciado Vargas Díaz no ha cumplido con nuestra orden del 13 de febrero de 2017.

1—I J—H

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone a los abogados el deber de observar el mayor respeto hacia los tribunales. In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015); In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888, 893 (2013). Como corolario, los miembros de la profesión legal tienen la ineludible obligación de responder oportu-namente a nuestros requerimientos. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014); In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2013). Así, en numerosas ocasiones hemos expresado que la desatención a nuestras órdenes constituye una falta ética que amerita la suspensión del ejercicio de la abogacía. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015); In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 124 (2013).

De igual forma, hemos expresado que los notarios tienen el deber de subsanar con premura las deficiencias que ODIN identifique en su obra. In re García Aguirre, 190 DPR 539, 545 (2014); In re Da Silva Arocho, supra, pág. 892. Así también, “[l]os notarios no pueden asumir una actitud pasiva y esperar a que la ODIN los contacte para corroborar que se hayan corregido las deficiencias señaladas”. In re Vázquez González, 194 DPR 688, 695 (2016). En consecuen-cia, la desatención a los requerimientos de ODIN también constituye una infracción al Canon 9, supra.

h—I I—I I—I

Debido al incumplimiento reiterado del licenciado Vargas Díaz con los requerimientos de ODIN y de este Tribunal, y a la luz del derecho aplicable, lo suspendemos inme-diata e indefinidamente del ejercicio de la notaría. El licenciado deberá entregar, en un término de 10 días, los tomos restantes del Libro de Registro de Testimonios y los informes notariales adeudados. Por último, se ordena al licenciado subsanar los defectos de la obra protocolar y sa-tisfacer la deficiencia arancelaria en un término de 60 días. Ambos términos se computarán a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. De incumplir con estos términos, el licenciado se expone a sanciones ulterio-res, tales como ser referido al Tribunal de Primera Instan-cia para un proceso de desacato o ser suspendido indefini-damente de la abogacía. Notifíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: per curiam: I—I u-j

text:
      In re José A. Velázquez Pérez, querellado.

      Número: AB-2016-0269

      Resuelto: 24 de mayo de 2017

      Doris N. Machado Martínez, querellante; Eliezer Rivera Lugo, de Rivera Lugo, PSC, abogado de la parte querellada.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un letrado del ejercicio de la abogacía por incumplir con nuestras órdenes.

r—⅜

El Ledo. José A. Velázquez Pérez fue admitido al ejerci-cio de la abogacía el 3 de enero de 1990. Surge del expe-diente que el 22 de marzo de 2017 emitimos una Resolu-ción en donde dimos por terminada la fianza notarial otorgada al abogado por MAPFRE PRAICO. Así las cosas, el 6 de septiembre de 2016, la Sra. Doris N. Machado Mar-tínez, en nombre de varios miembros de su familia, pre-sentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Velazquez Pérez. En ella alegaba que el letrado había incumplido con sus deberes profesionales y éticos. Asi-mismo, le exigió la devolución de su expediente, los sellos y comprobantes valorados en $1,531, y el dinero que le fue entregado para hacer las escrituras encomendadas.

Es por esto que, el 15 de septiembre de 2016, la Subse-cretaría del Tribunal Supremo le notificó al licenciado Ve-lázquez Pérez sobre la queja presentada ante este Tribunal y le dio un término de diez días para que presentara su contestación, según lo dispuesto en la Regla 14(c) del Re-glamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B. Sin embargo, el letrado no compareció, por lo que el 5 de octu-bre de 2016, nuevamente, la Subsecretaría del Tribunal Supremo le concedió un término final de diez días para con-testar la queja. Sin embargo, el letrado no contestó y, como consecuencia, el 9 de noviembre de 2016 emitimos una Re-solución donde le concedimos un término final e improrro-gable de cinco días para que compareciera ante nosotros y contestara la queja presentada en su contra. Asimismo, le apercibimos de que el incumplimiento con esta Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias severas, inclu-yendo su suspensión de la profesión legal.

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2016, el licenciado Velázquez Pérez compareció e indicó que había contratado como su representante legal al Ledo. Eliezer Rivera Lugo, quien subscribió la moción. Además, nos indicó que no había comparecido debido a que mientras se encontraba de viaje tuvo un accidente y permaneció fuera de Puerto Rico hasta culminar terapia física. También, nos comunicó que la Ofi-cina de Inspección de Notarías tenía conocimiento de la si-tuación, debido a que nombró un notario substituto. Asi-mismo, nos indicó que los quejosos tenían conocimiento del accidente y que había continuado realizando gestiones con la representación legal de estos para resolver la situación, a pesar de las quejas que habían sido presentadas en su contra. Finalmente, el letrado nos solicitó un término adi-cional de treinta días para contestar la queja, para que su representación legal se pudiera preparar adecuadamente. Ante esto, el 23 de diciembre de 2016 emitimos una Resolu-ción para concederle al licenciado Velázquez Pérez un tér-mino final e improrrogable de quince días. Sin embargo, nunca compareció.

I—I u-j

El Código de Ética Profesional establece cuáles son las normas mínimas de conducta que deben exhibir los letrados en el desempeño de sus funciones. In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015). Específicamente, su Canon 9 (4 LPRA Ap. IX) dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. En reiteradas oca-siones hemos resuelto que los abogados tienen el deber y la obligación de contestar, de manera oportuna y diligente, los requerimientos y las órdenes de este Tribunal y sus depen-dencias, particularmente en procesos disciplinarios. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011). Véase también In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460-461 (2013). En otras pala bras, asumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes y los requerimientos de nuestros funciona-rios y organismos denota una falta de respeto hacia nuestra autoridad y constituye una violación del Canon 9, supra. Véase In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016). Cónsono con lo que hemos resuelto, reiteramos que “[l]a dejadez es incompatible con el ejercicio de la abogacía”. In re Rivera Trani, supra, pág. 461. Véase, además, In re González Barreto, 169 DPR 772, 774 (2006). Por consiguiente, incumplir con lo dispuesto en el Canon 9, supra, es razón suficiente para separar a un abogado de la profesión. In re Toro Soto, supra, pág. 660. Véase, además, In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

Ill

El licenciado Velázquez Pérez nunca compareció ante este Tribunal para contestar la queja promovida por la se-ñora Machado Martínez, pese a las múltiples oportunida-des que le dimos. En vista de lo anterior, se dictará Senten-cia en la cual suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. José A. Velázquez Pérez.

Se impone al licenciado Velázquez Pérez el deber de noti-ficar inmediatamente a sus clientes, si alguno, de su inhabi-lidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y ad-ministrativos en los que tenga algún caso pendiente. Ade-más, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el término de treinta días a partir de la notifica-ción de esta opinión “per curiam” y sentencia. Notifíquese personalmente.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.


text:
    Scotiabank de Puerto Rico, recurrido, v. TCG (The Cornerstone Group), Inc., Manuel Pedro Martínez González, Lillian Marie Connor Cerezo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Nicholas John Connor Fitzsimons, Irma Cerezo Muñoz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, peticionarios.

      Número: CC-2016-457

      Resuelto: 24 de mayo de 2017
   El Juez Asociado Señor Kolthoef Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar la forma en que un man-dante puede autorizar a un mandatario para realizar actos de enajenación en su representación sobre los bienes inmue-bles de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que pertenece.

Resolvemos que un mandato para enajenar un bien in-mueble de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales debe constar por escrito mediante escritura pública, y debe ser “expreso”, lo que implica disponer en términos específicos que se delega al mandatario la facultad de realizar algún acto de enajenación concretamente sobre el bien inmueble ganancial. De esta forma reiteramos que la concesión de un poder cuyo lenguaje autoriza la enajenación de “bienes in-muebles del mandante” no incluye autorización para enaje-nar los bienes inmuebles de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que este pertenece.

HH

El 17 de mayo de 1961 don Nicholás John Connor Fit-zsimons (don Nicholás) y doña Irma Judith Cerezo Muñoz (doña Irma) contrajeron matrimonio bajo el régimen de So-ciedad Legal de Bienes Gananciales. Durante su matrimo-nio adquirieron una residencia localizada en la Calle 1 de la Urbanización Marbella en Aguadilla.

El 11 de junio de 1998, don Nicholás otorgó la Escritura de “Poder General” número ochenta y cuatro (84), firmada en Aguadilla, Puerto Rico, en la cual instituyó a su hija, la Sra. Lillian Marie Connor Cerezo (Lillian), como su “man-dataria o Apoderada General”. En lo pertinente, el poder disponía lo siguiente:

PRIMERO: Que el compareciente, o sea, don Nicholás John Connor Fitzsimons, por la presente designa e instituye como su mandataria o Apoderada General a su hija doña Lillian Marie Connor Cerezo [...] y le confiere poder general para que en su nombre y representación, en relación a todos sus bienes muebles o inmuebles, y derechos reales o personales cuando fuere aplicable, realice las siguientes facultades:
A) Vender, ceder, segregar, agrupar, traspasar, hipotecar [...] los bienes o derechos antes indicados.
D) [...] dar garantías de cualquier clase mediante prenda, hi-poteca, fianza o personales de conformidad con las facultades antes indicadas.
E) [...] otorgar escrituras de cualquier clase, expedir recibos, tomar dinero a préstamo, dar dinero a préstamo, con o sin garantía de cualquier clase.
G) Otorgar y suscribir toda clase de documentos, públicos o privados necesarios o convenientes en relación con el ejercicio de todas las facultades aquí conferidas. [...] (Enfasis suplido).

Posteriormente, el 19 de junio de 2000, doña Irma y Lillian (en representación de don Nicholás) otorgaron una Escritura de Constitución de Hipoteca sobre la residencia ganancial localizada en la Calle 1 de la Urbanización Mar-bella en Aguadilla. La hipoteca se constituyó a favor de Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) en garantía de una obligación contraída por TCG The Cornerstone Group, Inc. (TCG), cuya presidenta era Lillian. En la escritura de hi-poteca se hizo constar que en esa misma fecha doña Irma y Lillian (en representación de don Nicholás) firmaron un pagaré hipotecario a favor de Scotiabank por la cantidad de $89,000. De la escritura de hipoteca surge que a dicho acto comparecieron:

DE LA PRIMERA PARTE: DON NICHOLÁS [...] representado en este acto por DOÑA LILLIAN [...], según PODER GENERAL número ochenta y cuatro (84), otorgado en Aguadilla, Puerto Rico el once (11) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y DOÑA IRMA CEREZO MUÑOZ [...] casada con el compareciente, Don Nicholás John Fitzsimons, propietaria y vecina de Aguadilla [...] Comparece de esta misma parte TCG The Co[r]nerstone Group, Inc. [...] La comparecencia de TCG The Co[r]nerstone Group, Inc. es a los efectos de estable-cer que el dinero de esta hipoteca será utilizado para propósi-tos de dicha corporación.
LA SEGUNDA PARTE: SCOTIABANK DE PUERTO RICO [...] (Énfasis suplido).

Posterior a dicho otorgamiento, Lillian, el Sr. Manuel Martínez González (esposo de Lillian) y la corporación TCG realizaron otros acuerdos de préstamo y líneas de cré-dito con Scotiabank y dejaron como garantía el pagaré hi-potecario en controversia. En el último de los acuerdos, Scotiabank realizó una reestructuración de la deuda.

Debido a un alegado incumplimiento contractual, el 8 de julio de 2014 Scotiabank presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de la corpora-ción TCG, Lillian, el esposo de Lillian, doña Irma, don Ni-cholás y las Sociedades Legales de Bienes Gananciales compuestas por estos. La reclamación en contra de don Nicholás, doña Irma y la Sociedad Legal de Bienes Ganan-ciales compuesta por ambos fue por estos ser dueños del inmueble dado en garantía.

Cabe señalar que don Nicholás había fallecido antes de la demanda, por lo que sus herederos le sustituyeron. Luego de contestar la demanda, el 15 de junio de 2015, los otros hijos de don Nicholás (Nicholás, María, James, Robert, Irma y Cristina Connor Cerezo) y su viuda doña Irma (en conjunto, peticionarios) presentaron una solicitud de sentencia sumaria. Ala petición anejaron varios documen-tos, entre estos: el poder otorgado por don Nicholás a Li-Ilian, la escritura de hipoteca sobre el inmueble ganancial, el pagaré hipotecario y los acuerdos firmados por Scotia-bank, Lillian, su esposo y la corporación TCG.

En síntesis, los argumentos de los peticionarios fueron los siguientes: (1) del poder otorgado por Nicholás se des-prende que este solo confirió a Lillian la facultad para re-presentarlo en cuanto a sus bienes privativos y, por tal ra-zón, Lillian no estaba autorizada para hipotecar el inmueble perteneciente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por don Nicholás y doña Irma; con-secuentemente, ante la falta de capacidad representativa de Lillian, la hipoteca sobre el inmueble ganancial es nula y no exigible; (2) aun suponiendo que Lillian tenía facultad para hipotecar ese inmueble ganancial, ella se extralimitó en sus facultades al garantizar con el inmueble ganancial una obligación de la corporación de la cual era presidenta, a pesar de que dicha gestión no beneficiaría a don Nicholás ni fue autorizada expresamente por este; (3) en la alterna-tiva, la garantía hipotecaria se extinguió como consecuen-cia de una novación extintiva de la obligación principal ocurrida al reestructurar la deuda; (4) los peticionarios se-ñalaron que la única reclamación que Scotiabank tenía en su contra era por ellos ser dueños del inmueble dado en garantía. En consideración a lo anterior, y a que adujeron que la hipoteca sobre el inmueble ganancial es nula o que esta se había extinguido, los peticionarios solicitaron que se desestimara la demanda presentada en su contra.

Posteriormente, Scotiabank presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegó que la garantía hi-potecaria era válida debido a que el poder disponía clara-mente que don Nicholás le confirió a Lillian varias faculta-des sobre “todos sus bienes muebles o inmuebles”. Además, Scotiabank anejó una declaración jurada que disponía que los nuevos acuerdos no tuvieron el efecto de extinguir la garantía hipotecaria.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. En específico, concluyó lo siguiente: (1) que el inmueble hipotecado pertenecía a la Sociedad Legal de Bie-nes Gananciales compuesta por doña Irma y don Nicholás y ahora pertenece a los peticionarios; (2) que Lillian tenía poder suficiente para hipotecar el bien inmueble ganancial en cuestión, por lo que la hipoteca se constituyó válida-mente, y (3) que no procedía la disposición sumaria del pleito porque, según consignó, “existe controversia de he-cho en cuanto a la intención de las partes al momento del pacto de reestructuración”.

En desacuerdo, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. Pos-teriormente, dicho foro expidió el recurso y confirmó la de-terminación del Tribunal de Primera Instancia por los mis-mos fundamentos esbozados en el dictamen recurrido.

Aún inconformes, el 17 de mayo de 2016 los peticiona-rios presentaron una petición de certiorari ante este Tribunal. En síntesis, reiteraron que la hipoteca sobre el inmueble ganancial era nula por la falta de capacidad de Lillian para representar a don Nicholás en dicho acto, y en la alternativa, señalaron que la hipoteca se extinguió como resultado de la restructuración de la deuda.

En consideración a lo alegado por los peticionarios, el 22 de septiembre de 2016 emitimos una orden a Scotiabank para que en el término de 20 días expusiera las razones por las que no procedía revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones, en conformidad con lo resuelto en Beauchamp v. El Registrador de Aguadilla, 27 DPR 385 (1919), y en Ramírez v. Registrador, 34 DPR 103 (1925). El 18 de octubre de 2016 Scotiabank presentó su Escrito de Mostración de Causa. En cuanto a las instrucciones espe-cíficas que le conferimos, Scotiabank mencionó que los ca-sos Beauchamp v. El Registrador de Aguadillo, supra, y Ramírez v. Registrador, supra, son distinguibles a la con-troversia que hoy atendemos porque aquí ambos cónyuges comparecieron a la escritura de hipoteca: don Nicholás (mediante el poder otorgado a Lillian) y doña Irma, quien firmó personalmente. Sin embargo, Scotiabank omitió mencionar las importantes diferencias entre un bien priva-tivo y uno ganancial, y no discutió el por qué el lenguaje del poder otorgado por don Nicholás en relación a “todos sus bienes muebles o inmuebles” es distinto al examinado en Beauchamp v. El Registrador de Aguadillo, supra, y en Ramírez v. Registrador, supra. En los casos mencionados interpretamos que un mandato sobre los “bienes de la se-ñora compareciente” y otro sobre los “bienes [...] que ten-gan los poderdantes” se refieren a los bienes privativos y no incluye los gananciales.

Como expondremos a continuación, del poder examinado se desprende que Lillian no estaba autorizada a representar a don Nicholás en el otorgamiento de una hipoteca sobre el bien inmueble ganancial. Por ello, ante el requisito de con-sentimiento escrito de ambos cónyuges para hipotecar los bienes inmuebles de la Sociedad Legal de Bienes Ganancia-les, resolvemos que la comparecencia de doña Irma al acto de hipoteca no tuvo el efecto de subsanar el defecto en la comparecencia de su esposo, don Nicholás. Consecuente-mente, resolvemos que la hipoteca que Lillian firmó en re-presentación de don Nicholás es nula.

HH

A. Los bienes gananciales y los bienes privativos

En nuestro ordenamiento jurídico, las personas que se unirán en matrimonio pueden escoger, mediante ca-pitulaciones matrimoniales, el régimen económico que re-girá durante su matrimonio. En ausencia de capitulacio-nes matrimoniales que dispongan un régimen económico distinto, nuestro sistema legal decreta que la pareja con-traerá matrimonio bajo el régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales.

Es norma reconocida que la sociedad de ganancia-les es una entidad jurídica separada y distinta de los cón-yuges que la componen. Asimismo, hemos interpretado que los bienes adquiridos durante un matrimonio, cuyo ré-gimen económico es el de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, pertenecen a la sociedad conyugal y no a sus miembros. De manera que al disolverse el matrimonio y al liquidarse la Sociedad Legal de Bienes Gananciales es cuando cada cónyuge adquiere la mitad de las ganancias y beneficios.

Para mantener una distinción en la titularidad se ha reconocido, como principio fundamental, que los bienes gananciales son bienes separados y distintos de aquellos bienes que pertenecen a cada cónyuge (bienes privativos). Por tal razón, se han desarrollado normas y requisitos de administración y disposición distintos para cada uno. En lo concerniente, nuestro Código Civil establece una presun-ción rebatible de ganancialidad y dispone que el cónyuge que reclame su naturaleza privativa deberá derrotar tal presunción.

Primeramente, un bien privativo es el que perte-nece exclusivamente a un cónyuge. En ese contexto, el Art. 92 del Código Civil, 31 LPRA sec. 285, reconoce plena libertad sobre los bienes privativos al disponer que “[e]l marido y la mujer tendrán el derecho de administrar y disponer libremente de sus respectivas propiedades particulares”.

Por otro lado, un bien ganancial es aquel que pertenece a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Por ejemplo, son gananciales los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común. Una de las particularidades de los bienes ganan-ciales es que se requiere el consentimiento escrito de am-bos cónyuges para donarlos, enajenarlos u obligarlos a tí-tulo oneroso, salvo ciertas instancias. Sobre esto, el Art. 91 del Código Civil, 31 LPRA sec. 284, señala que

[l]os bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. (Enfasis suplido).

Asimismo, el Art. 1313 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3672, añade lo siguiente:

No obstante lo dispuesto en [el Art. 91] de este título, nin-guno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título one-roso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de ganan-ciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.

B. El mandato o poder para bienes gananciales

En nuestro ordenamiento jurídico no se puede con-tratar a nombre de otro sin estar autorizado por este o sin tener por la ley su representación legal. Es preciso adver-tir que “[e\l contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”. (Énfa-sis suplido).

El “mandato” es un contrato por el cual se obliga una persona a prestar alguin servicio o a hacer al-guna cosa, por cuenta o encargo de otra. Por la exten-sión de los asuntos comprendidos en el poder, este puede ser general o especial. El “general” comprende todos los negocios del mandante, mientras que el “especial” com-prende uno o varios negocios determinados. Por las ope-raciones que el mandatario está facultado a realizar, el mandato puede concebirse en términos generales o en tér-minos específicos. Respecto a ello, el Art. 1604 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4425, dispone que

[e]l mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración.
Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita mandato expreso. (Enfasis suplido).

El “mandato expreso” es la manifestación clara, concreta y determinada del mandante para autorizar un acto de enajenación. Es de vital importancia señalar que el mandato expreso “debe ser interpretado restrictivamente” con el propósito de que no haya “margen para proposicio-nes y reflexiones que puedan conducir a la extralimitación del apoderado y adulteración del mandato”. (Énfasis suplido) De esta forma, “[e]n casos de disposición de in-muebles, el mandato debe ser lo suficientemente específico para que no haya lugar a dudas sobre el alcance de los actos permitidos”. (Enfasis suplido) Ahora bien, “la es-pecificación requerida se refiere a la mención de los actos o negocios jurídicos permitidos y no a [los] requisitos en torno a la descripción de los bienes objeto del contrato o a la localización de éstos”. (Énfasis omitido)

En lo concerniente, en Zarelli v. Registrador, 124 DPR 543, 555 (1989), discutimos la normativa antes citada y dispusimos que las disposiciones del Código Civil refe-rentes a los mandatos deben interpretarse en unión a las normas sobre bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. De esta forma, concluimos que el mandato expreso para enajenar bienes inmuebles gananciales debe constar por escrito, en una escritura pública

La controversia que ahora se nos presenta sobre la sufi-ciencia de un mandato para enajenar bienes inmuebles ga-nanciales ha sido objeto de examen en varios casos ante este Tribunal Supremo, prácticamente todos resueltos a inicios del siglo xx. En estos casos se ha decidido, mediante opinio-nes breves, que la facultad del mandatario cuando se le concede un mandato sobre “bienes del mandante” se limita a sus bienes privativos y no contempla los bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que pertenece. Ello está fundamentado en que los bienes gananciales son distintos a los privativos y que a estos les aplican dis-tintas normas. Particularmente, en The Juncos Central Co. v. Reg. de Caguas, 29 DPR 89, 90 (1921), expresamos que

[d]e acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo un poder en que se faculta al apoderado para “comprar, vender, etc., cualquiera clase de bienes de la poder-dante,” no confiere facultad al mismo para vender aquellos bie-nes que pertenezcan a la sociedad de gananciales de la poder-dante con su esposo. (Enfasis suplido).

Asimismo, en el caso Vidal v. El Registrador de la Propiedad, 12 DPR 167 (1907), la Sra. Ana Valenciano (man-dante) autorizó a su madre, la Sra. Isabel Curbelo y Ma-chín (mandataria), a vender los bienes que le pertenecían o los que pudiera adquirir en lo sucesivo. Utilizando el man-dato, la mandataria compareció en representación de la mandante en la venta de un solar y unas casas de la socie-dad legal de gananciales. Al acto de la venta también com-pareció el esposo de la mandante, el Sr. Eduardo Puertas y Martínez. Posteriormente, las partes presentaron la escri-tura de compraventa en el Registro de la Propiedad; sin embargo, el Registrador se negó a inscribirla. Al revisar la denegatoria de inscripción, interpretamos que el poder otorgado por la mandante únicamente facultaba a la man-dataria a representarla en cuanto a sus bienes privativos, pues no incluía disposición alguna sobre los bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Consecuentemente, resolvimos que la compraventa del inmueble ganancial era nula por falta de consentimiento de la mandante y confir-mamos la denegatoria de inscripción.

En López Landrón v. El Registrador de la Propiedad, 15 DPR 722, 723 (1909), doña Ana María Gutiérrez Igaraví-dez (mandante) otorgó un poder en el que facultó a su es-poso, don Rafael López Landrón (mandatario), a “hipotecar cualesquiera bienes inmuebles de la otorgante”. (Enfasis suplido). Al examinar dicho poder, resolvimos que don Rafael no podía representar a su esposa en el acto de hipoteca del inmueble ganancial porque, según interpretamos, “los términos en que está redactado el poder limitan la facultad del mandatario [a] los bienes que pertenecen a la otorgante”. Nuestra conclusión estuvo fundamentada en las diferencias entre los bienes privativos y los gananciales. Sobre esto, expusimos lo siguiente:

Es un principio fundamental de la ley civil [...] que sola-mente al disolverse el matrimonio es cuando la esposa ad-quiere la completa posesión de los bienes que le pertenecen y que han sido adquiridos durante el matrimonio; y que durante el matrimonio los bienes adquiridos constante el mismo [...] son los conocidos con el nombre de gananciales que pertenecen [a] la sociedad conyugal y n[o\ [á\ ninguno de sus miembros. Es también un principio fundamental [...] que para que un man-datario pueda legalmente hipotecar los bienes de su mandante debe recibir del mismo un poder expreso; y se dispone además [...] que el consentimiento de la esposa para gravar los bienes adquiridos durante el matrimonio debe también ser uno ex-preso y n[o] tácito. (Énfasis suplido).

En G. Llinás & Co. v. El Registrador, 23 DPR 759 (1916), doña María de los Ángeles Mariani y Mariani con-firió a su esposo un poder que lo autorizaba, en lo perti-nente, para que “venda, arriende, permute, hipoteque y ceda cualesquiera fincas rústicas o urbanas, censos, servi-dumbres, créditos hipotecarios y otros derechos reales y personales que correspondan a la mandante y que ad-quiera en lo sucesivo”. (Énfasis suplido). Luego de estudiar el lenguaje del poder, concluimos que el esposo no estaba autorizado a hipotecar el inmueble ganancial en represen-tación de su esposa.

En Beauchamp v. El Registrador de Aguadilla, supra, Don Víctor P. Martínez, por sí y como apoderado de su es-posa, vendió varias fincas pertenecientes a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. En la se-gunda cláusula del poder, la esposa le confirió a don Víctor las siguientes facultades: “Para que compren, vendan, per-muten o hipotequen cualquiera clase de bienes de la señora compareciente, ya sean muebles, inmuebles, etc.”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 386. Al revisar ese poder, este Tribunal determinó que don Víctor estaba facultado únicamente para vender los bienes inmuebles que pertenecían privati-vamente a su esposa, pero que no lo estaba para enajenar los de la sociedad conyugal en representación de su esposa.

Asimismo, en Nin v. El Registrador de San Germán, 27 DPR 412, 414 (1919), concluimos que un poder que confería facultades sobre “sus actuales bienes o a los que adquiera en lo sucesivo” no facultaba al mandatario a gravar los bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que perte-necía la mandante. (Enfasis suplido). En The Juncos Central Co. v. El Reg. de Caguas, supra, interpretamos que un mandatario no tenía facultad para vender un inmueble ga-nancial en virtud del poder que disponía lo siguiente: “Para que venda absolutamente o con pacto de retracto, cuales-quiera fincas rústicas o urbanas que posea en la actualidad o adquiera en lo sucesivo”. (Énfasis suplido).

En Ramírez v. Registrador, supra, unos esposos otorga-ron un poder a un tercero que disponía lo siguiente: se con-fiere facultades al mandatario para que venda todos los bie-nes semovientes e inmuebles que tengan los poderdantes o puedan adquirir en lo sucesivo por cualquier título o concepto. Al examinarlo, resolvimos que dicho poder no con-firió facultad al mandatario para vender un inmueble de la sociedad conyugal a la que pertenecían los mandantes.

En contraste, en Loubriel v. El Registrador de San Juan, 26 DPR 728 (1918), interpretamos que la esposa otorgó po-der suficiente a su esposo para representarla en la enajena-ción de bienes inmuebles de la sociedad de gananciales. El poder otorgado por Encarnación Ortega Saborit a favor de su esposo Gonzalo Torres Sirera contenía la cláusula si-guiente:

Asimismo da autorización tan amplia y eficaz como en dere-cho se requiera a su referido esposo para que a nombre de ambos y teniendo desde ahora por prestado el consentimiento de la que dice, pueda en cualquier tiempo vender, enajenar, gravar e hipotecar y de cualquier otro modo obligar a título oneroso los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales. (Énfasis suplido).

En Torres Santana v. El Reg. de Caguas, 26 DPR 791, 792 (1918), también concluimos que el mandatario podía actuar en representación del mandante en cuanto a los bie-nes gananciales de la sociedad a la que pertenecía, en vir-tud de un poder que disponía lo siguiente:

Que confiere poder [...] a favor de su legítimo esposo, don Juan Ramírez Muñoz [...], para que, con relación a los bienes propios de la compareciente y a los gananciales de ambos, lo ejercite en estos términos:
Sexto. —Para que venda, libremente o con condiciones, las fincas rústicas y urbanas que pertenezcan actualmente a la que suscribe, así como las que adquiera en lo sucesivo, estipulando el precio que creyere más ventajoso. (Énfasis suplido).

Luego de examinar la doctrina aplicable, entendemos que el poder examinado en Torres Santana v. El Reg. de Caguas, supra, no cumplía con los requisitos del mandato expreso para la enajenación de bienes inmuebles gananciales. Según se desprende, aunque el poder mencio-naba los bienes gananciales, las facultades de disposición se confirieron expresamente sobre los bienes “que pertenezcan actualmente a la que suscribe”, entiéndase sobre sus bienes privativos y no sobre los gananciales.

Posteriormente, en Zarelli v. Registrador, supra, pág. 555, la controversia que se nos presentó fue si un poder general otorgado en Estados Unidos por un cónyuge a favor del otro constituyó el mandato expreso requerido en Puerto Rico para la enajenación de bienes inmuebles gananciales. Allí resolvimos que el mandato estudiado era general, por lo que este confería únicamente al mandatario facultades de administración y no de disposición. A pesar de que en Zarelli v. Registrador, supra, revisitamos la doctrina de mandato, en dicha ocasión no reiteramos la impor-tanda de distinguir entre los bienes ganandales y los pri-vativos por no ser necesario, pues el poder examinado era un mandato general en términos generales que no identi-ficaba algún bien ni confería facultades específicas de ena-jenación al mandatario.

Por otro lado, en esta ocasión analizamos un poder especial redactado en términos específicos sobre bie-nes privativos. Ante el desconocimiento por parte de los fo-ros recurridos de la doctrina aplicable, y en atención a que esta no ha sido visitada desde inicios del siglo pasado, nos vemos en la necesidad de unificar la jurisprudencia discutida. De esta forma, señalamos que para enajenar un bien inmueble de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales se requiere el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Si lo desean, ambos cónyuges, o uno de éstos, podrán otorgar un poder para que un mandatario actúe en su representa-ción sobre los bienes gananciales. El mandato para enajenar un bien inmueble ganancial debe constar por escrito en es-critura pública y debe ser “expreso”, lo que conlleva disponer en términos específicos que se autoriza al mandatario a rea-lizar algún acto de enajenación concretamente sobre el in-mueble ganancial. La especificidad en el mandato expreso es un requisito esencial para la enajenación de los bienes inmuebles gananciales y se fundamenta en los principios básicos de contratación en el régimen económico matrimonial de Sociedad Legal de Bienes Gananciales y en las des-tacadas diferencias entre los bienes privativos y los gananciales. En virtud de lo expuesto, resolvemos que la concesión de un poder en cuyo lenguaje el mandante auto-riza actos de enajenación sobre “todos sus bienes”, “los bie-nes que le pertenecen”, “los bienes de la otorgante”, “los bie-nes que correspondan a la mandante”, “los bienes de la compareciente”, “sus actuales bienes”, “los bienes que po-sea”, “todos los bienes que tengan los poderdantes” o algún lenguaje similar, se refiere a los bienes privativos del man-dante y no incluye autorización para enajenar los bienes inmuebles de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que pertenece.

I—I HH

¿Podía la Sra. Lillian Marie Connor Cerezo representar a don Nicholás en la firma del pagaré y la escritura de hipoteca sobre el inmueble perteneciente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por don Nicholás y doña Irma? Respondemos en la negativa. Nos explicamos.

Primeramente, de los documentos anejados a la moción de sentencia sumaria surge: (1) que el bien inmueble dado en garantía hipotecaria a Scotiabank pertenecía a la Socie-dad Legal de Bienes Gananciales compuesta por don Ni-cholás y doña Irma, y ahora pertenece a doña Irma y a los herederos de don Nicholás (en conjunto, los peticionarios), y (2) que a la firma del pagaré y de la escritura de hipoteca comparecieron Lillian, en representación de don Nicholás, y doña Irma.

Como mencionamos, para enajenar un bien inmueble ganancial se requiere el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Asimismo, hemos explicado que el mandato para enajenar un bien inmueble de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales debe constar por escrito en escritura pública y debe ser “expreso”, lo que conlleva disponer en términos específicos que se autoriza al mandatario a realizar algún acto de enajenación concretamente sobre el inmueble ganancial.

En lo pertinente, la Escritura de Poder número ochenta y cuatro (84) otorgada por don Nicholás a Lillian disponía lo siguiente:

[...] poder general para qne en su nombre y representación, en relación a todos sus bienes muebles o inmuebles, y derechos reales o personales cuando fuere aplicable, realice las siguien-tes facultades: [...] hipotecar [...] los bienes o derechos antes indicados [y] dar garantías de cualquier clase mediante prenda, hipoteca, fianza o personales de conformidad con las facultades antes indicadas [...] (Énfasis suplido). Apéndice, págs. 98-99.

De los hechos materiales no controvertidos de la moción de sentencia sumaria y tomando como guía la jurispruden-cia citada que requiere interpretar el mandato expreso res-trictivamente, colegimos que, del lenguaje del poder exa-minado, don Nicholás le confirió expresamente a Lillian la facultad para representarlo en ciertos actos sobre “todos sus bienes muebles o inmuebles”, entiéndase sobre aque-llos que le pertenecían privativamente. No obstante, en dicho poder don Nicholás no le otorgó a Lillian la capacidad de representarlo en algún acto de enajenación sobre los bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales a la que pertenecía. Por consiguiente, Lillian no tenía un mandato expreso que le autorizara a realizar el negocio jurídico bajo análisis: la constitución de una hipoteca sobre el inmueble ganancial.

Como mencionamos, nuestro Código Civil dispone que “[e]l contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”. Ante la falta de capacidad representativa de Lillian, y con-siderando la ausencia de ratificación del negocio jurídico por parte de don Nicholás o sus herederos, resolvemos que la hipoteca que Lillian firmó en representación de don Ni-cholás sobre el inmueble ganancial es nula por falta del consentimiento de don Nicholás y, por lo tanto, no inscribi-ble en el Registro de la Propiedad. Aclaramos que la com-parecencia de doña Irma al acto de hipoteca no tuvo el efecto de subsanar el defecto en la comparecencia de su esposo don Nicholás pues, como mencionamos, para enaje-nar bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales se requiere el consentimiento escrito de ambos cónyuges.

Debido a que de los hechos materiales no controvertidos surge que Scotiabank no tiene alguna otra reclamación en contra de los peticionarios que no sea como dueños del in-mueble que se intentó dar en garantía hipotecaria, conclui-mos que no existía justificación para que se permitiera la continuación de los procedimientos en su contra. Erraron el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelacio-nes al no declarar "ha lugar” la sentencia sumaria presen-tada por los peticionarios. Consecuentemente, revocamos las sentencias dictadas por los foros recurridos y ordena-mos la desestimación sumaria de la demanda presentada en contra de los peticionarios.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de “certiorari”, se revocan las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, y se ordena que se declare “ha lugar” la moción de sentencia sumaria y se desestime sumariamente la demanda en cuanto a los hermanos Nicholás, María, James, Robert, Irma y Cristina, de apellidos Connor Cerezo, y Doña Irma Judith Cerezo Muñoz. De esta forma, el Tribunal de Pri-mera Instancia podrá continuar los procedimientos en contra de los otros demandados.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco se inhibió.

       Poder General, Apéndice, págs. 98-100.

       Escritura de Constitución de Hipoteca, Apéndice, págs. 103-105.

       Demanda, Apéndice, págs. 53-60.

       Contestación a demanda, Apéndice, págs. 69-71; Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice, págs. 72-173.

       Oposición de Scotiabank a Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice, págs. 174-191.

       Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 194-206.

       Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 206.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 1-15.

       Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3651.

       Íd.

        Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 DPR 862, 863-864 (1981).

       Véanse: Art. 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697; Art. 1295 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3621; Pujol v. Gordon, 160 DPR 505, 511 (2003); Beauchamp v. El Registrador de Aguadilla, 27 DPR 385 (1919).

       Íd.

        Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 DPR 549, 553 (1993).

       Véase Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647.

      8) Son bienes privativos los dispuestos en el Art. 1299 del Código Civil, 31 LPRA see. 3631, y aquellos que son privativos por su naturaleza personalísima. Véase Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 968-969 (1996).

       El Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641, enumera los bienes gananciales.

       Véase Art. 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376.

       Íd.

       Véase Art. 1600 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4421.

       Véase Art. 1603 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4424.

        Zarelli v. Registrador, 124 DPR 543, 554 (1989).

       Íd.

       Íd.

        Gorbea Vallés v. Registrador, 133 DPR 308, 319 (1993).

       Véase Zarelli v. Registrador, supra, pág. 555. Sobre el requisito de escritura pública, el Art. 1232(5) (31 LPRA sec. 3453(5)), especifica que debe constar en docu-mento público: “(5) [...] el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de peijudicar a tercero”.

        López Landrón v. El Registrador de la Propiedad, 15 DPR 722, 724 (1909).

       íd„ pág. 723.

        Loubriel v. El Registrador de San Juan, 26 DPR 728, 729 (1918).

       Véase Art. 1211 del Código Civil, supra.


text:
      In re Proceso para la Selección por Convocatoria Abierta y Normas para la Destitución del o de la Representante de la Ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial.

      Número: ER-2017-3

      Resuelto: 30 de mayo de 2017
   RESOLUCIÓN

Mediante la Resolución emitida el 10 de marzo de 2017, aprobamos el nuevo Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial (Reglamento), que regirá la adquisición de bienes y servicios y los arrendamientos a largo plazo. In re Aprob. Regl. Subastas RJ, 197 DPR 557 (2017).

El Reglamento consigna en su Artículo V lo referente a la composición de la Junta de Subastas de la Rama Judicial (Junta). Entre otras cosas, aumentó a cinco la cantidad de miembros de la Junta y creó la posición del o de la representante de la ciudadanía. En cuanto a la designación de este o esta última, dispuso lo siguiente:

(B) El o la representante de la ciudadanía será seleccionará mediante una convocatoria abierta que se publicará en los me-dios de comunicación, el portal de la Rama Judicial en Internet y los tablones de edicto de los tribunales para que las personas interesadas sometan un formulario de candidatura. Las perso-nas interesadas serán evaluadas por un panel de la Rama Judicial compuesto por la Directora o el Director de Recursos Hu-manos de la [Oficina de Administración de los Tribunales], la Directora o el Director del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, y la Secretaria o el Secretario del Tribunal Supremo, a fin de seleccionar los solicitantes cualificados, y luego se realizará un sorteo para seleccionar a quien represente a la ciudadanía. Por último, el panel evaluador rendirá un informe final al Tribunal Supremo, quien verificará que se cumplió con el proceso. La persona seleccionada como representante de la ciudadanía ocupará el puesto por un término de tres años. In re Aprob. Regl. Subastas RJ, supra, pág. 567.

En cumplimiento con lo requerido por este Tribunal, el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial (Secre-tariado) nos presentó un proyecto para el proceso de selec-ción por convocatoria abierta y de normas para la destitución del o de la representante de la ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial.

Examinada la propuesta presentada, y en vista de que este asunto está revestido de un alto interés público, adop-tamos hoy el Proceso para la selección por convocatoria abierta y normas para la destitución del o de la represen-tante de la ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial (Proceso), el cual se hace formar parte de la presente Resolución. Se acompaña, además, el Formulario de inscripción voluntaria de candidatura a la posición de representante de la ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial (Formulario de Candidatura).

Para permitir la adecuada divulgación de lo aquí dis-puesto, este nuevo Proceso entrará en vigor treinta días a partir de su aprobación. Conforme se dispone en la Sección X del Proceso, dentro de los treinta días de que este entre en vigor, la Rama Judicial iniciará el trámite de la convo-catoria abierta establecido en su Sección V.

Se ordena al Director Administrativo de los Tribunales a que, dentro del periodo de vigencia diferida que se dis-pone en la presente Resolución, identifique el personal de apoyo administrativo necesario para la adecuada imple-mentación de este Proceso. Además, deberá llevar a cabo los trámites necesarios para la mecanización del Formula-rio de Candidatura, de forma que se evite su alteración y se promueva la agilidad y eficiencia de este proceso.

Notifíquese por correo electrónico al Director Adminis-trativo de los Tribunales, al Director de la Oficina de Prensa, a la Directora de la Oficina de Asuntos Legales y a la Directora del Area de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de los Tribunales, a la Secretaria de la Junta y ala Directora del Secretariado. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

PROCESO PARA LA SELECCION POR CONVOCATORIA ABIERTA Y NORMAS PARA LA DESTITUCIÓN DEL O DE LA REPRESENTANTE DE LA CIUDADANÍA ANTE LA JUNTA DE SUBASTAS DE LA RAMA JUDICIAL

TABLA DE CONTENIDO

I. Base jurídica y propósito.182

II. Alcance.182

Definición de términos.182

IV. Requisitos para presentar la candidatura a la posición de representante de la ciudadanía.183

V Proceso de convocatoria abierta.185

VI. Proceso de revisión de solicitudes y selección de personas cualificadas.187

VII. Proceso de selección mediante sorteo.189

VIII. Destitución del o de la representante de la ciudadanía por justa causa.192

IX. Solicitud de renuncia a la posición como representante de la ciudadanía.193

X. Disposiciones transitorias.194

Separabilxdad.194

XII. Vigencia.194

I. Base jurídica y propósito

Este Proceso se adopta en virtud de la Sección 7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en conformidad con lo establecido en el Artí-culo V(B) del Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial. In re Aprobación del Reglamento de Subas-tas Formales de la Rama Judicial, 2017 TSPR 35. Su pro-pósito es establecer la normativa aplicable a la selección mediante convocatoria abierta del o de la representante de la ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial y establecer las causas que justifican su destitución.

II. Alcance

Las disposiciones aquí consignadas delimitarán los re-quisitos aplicables a quienes interesen presentar su candi-datura a la posición de representante de la ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial. Regirán, además, los procesos de publicación de la convocatoria abierta; la depuración de solicitudes de candidatura; la identificación y notificación a las personas cualificadas; la celebración del sorteo, su impugnación y presentación de reconsideraciones; la destitución del o de la representante de la ciudadanía por justa causa, y la aceptación de una renuncia a dicho puesto. Por último, se definirán las facul-tades delegadas al Panel de la Rama Judicial y su deber de rendir un informe final ante el Tribunal Supremo sobre el proceso de selección por convocatoria abierta.

III. Definición de términos

Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(A) Formulario de candidatura— Formulario de inscrip-ción voluntaria de candidatura a la posición de represen-tante de la ciudadanía.

(B) Junta o Junta de Subastas— Junta de Subastas de la Rama Judicial.

(C) Panel— Panel de la Rama Judicial creado en el Ar-tículo V del Reglamento, el cual estará a cargo de seleccio-nar a las personas cualificadas y realizar un sorteo para elegir al o a la representante de la ciudadanía. El Panel se compone de las personas siguientes: la Directora o el Director de Recursos Humanos de la Oficina de la Adminis-tración de los Tribunales, la Directora o el Director del Se-cretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, y la Secretaria o el Secretario del Tribunal Supremo.

(D) Persona cualificada— Persona que cumple con los requisitos para ocupar la posición de representante de la ciudadanía y es seleccionada por el Panel para participar del sorteo.

(E) Persona elegida— Quien resulte seleccionado o se-leccionada a través del sorteo para ocupar la posición de representante de la ciudadanía.

(F) Proceso— Se refiere al Proceso para la Selección por Convocatoria Abierta y Normas para la Destitución del o de la Representante de la Ciudadanía ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial.

(G) Reglamento— Se refiere al Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial, aprobado mediante Resolu-ción emitida el 10 de marzo de 2017, ER-2017-02.

(H) Sorteo— Se refiere al proceso aleatorio celebrado para la selección del o de la representante de la ciudadanía entre el grupo de personas cualificadas en conformidad con la Sección VI de este Proceso.

IV. Requisitos para presentar la candidatura a la po-sición de representante de la ciudadanía

El o la representante de la ciudadanía:

(A) Deberá ser una persona mayor de edad, que sepa leer y escribir y resida legalmente en el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico.

(B) Contará, como mínimo, con un grado académico de bachillerato obtenido en una universidad o institución edu-cativa acreditada.

(C) Al momento de su nombramiento o durante el tér-mino de su incumbencia, no ocupará otro cargo o empleo en la Rama Judicial, ni ocupará un cargo público o puesto en el servicio de confianza que le faculte a participar en la formulación de política pública, tanto en la Rama Ejecu-tiva como en la Rama Legislativa.

(D) No mantendrá relaciones contractuales ni empleo con la Administración de Servicios Generales o con la Au-toridad de Edificios Públicos de Puerto Rico ni entidades del Gobierno de Puerto Rico creadas en su sustitución, al momento de su nombramiento o durante el término de su incumbencia.

(E) No mantendrá relaciones contractuales, ya sean re-muneradas o no, con la Rama Judicial.

(F) No tendrá conflicto con los intereses de la Rama Judicial ni algún interés económico directo o indirecto con las subastas de bienes y servicios o los arrendamientos a largo plazo otorgados por la Rama Judicial.

(G) No habrá ocupado un cargo o empleo ni habrá man-tenido relación contractual alguna con la Rama Judicial por espacio de dos (2) años previos a la presentación de su candidatura o subsiguientes al vencimiento de su nombramiento.

(H) No habrá ocupado un cargo público ni un puesto en el servicio de confianza que influyera en la formulación de política pública en la Rama Ejecutiva o la Rama Legisla-tiva por espacio de dos (2) años previos a la presentación de su candidatura o subsiguientes al vencimiento de su nombramiento.

(I) Gozará de reconocida probidad moral y del pleno ejercicio de sus derechos civiles.

(J) No habrá sido destituido o destituida de algún cargo o puesto en el servicio público ni habrá infringido alguna disposición de la Ley de Etica Gubernamental.

(K) Aceptará su compromiso e interés de contribuir vo-luntariamente a la consecución de los mejores intereses de la Rama Judicial y a asumir los mismos derechos y obliga-ciones que los y las miembros de la Junta de Subastas sin percibir remuneración, incluyendo aquellos específica-mente consignados en el Artículo XX del Reglamento.

Las prohibiciones consignadas en los incisos (C), (D), (E), (F), (G) y (H) de esta Sección serán extensivas al cón-yuge del o de la representante de la ciudadanía y a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

V. Proceso de convocatoria abierta

(A) Contenido de la convocatoria

La convocatoria deberá incluir, como mínimo, la infor-mación siguiente:

(i) Referencia a los documentos normativos que autori-zan la convocatoria abierta, entiéndase, el Reglamento y el proceso de selección.

(ii) Una breve explicación de los propósitos que persigue la convocatoria.

(iii) Un resumen del proceso de selección y los requisitos para cualificar al sorteo.

(iv) Dónde puede accederse el formulario de candida-tura, advirtiéndose del requisito de la presentación de do-cumentos complementarios y de que el documento sea ju-rado y suscrito ante notario o notaría, o por el personal de la Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico autori-zado para tomar juramentos.

(v) El plazo durante el cual estará abierta la convocato-ria para la presentación de los formularios de candidatura.

(B) Método de publicación de la convocatoria

(1) En un plazo no mayor a seis (6) meses antes de que quede vacante el puesto de representante de la ciudadanía, deberá abrirse el proceso de convocatoria, el cual tendrá una duración mínima de veinte (20) días calendarios.

(2) En conformidad con lo establecido en el Artículo V(B) del Reglamento, se deberá publicar la convocatoria en el portal de Internet de la Rama Judicial y los tablones de edicto de los tribunales para que las personas interesadas sometan un formulario de candidatura.

(3) La coordinación con los medios de comunicación y el diseño de los afiches de promoción se coordinará con el apoyo de la Oficina de Prensa de la Oficina de la Adminis-tración de los Tribunales.

(4) Con la colaboración del Director Administrativo o de la Directora Administrativa de los Tribunales, se publicará la convocatoria en el portal de Internet de la Rama Judicial y se canalizará la reproducción y distribución de los afiches de promoción en los tablones de edicto de los tribunales.

(C) Formulario de candidatura

(1) Toda persona interesada en participar del proceso de convocatoria abierta para ocupar la posición de represen-tante de la ciudadanía en la Junta de Subastas deberá pre-sentar el formulario de candidatura en la Secretaría del Tribunal Supremo dentro del plazo provisto en la convocatoria. Se rechazará de plano toda solicitud presen-tada tardíamente.

(2) La persona cumplimentará el formulario de candida-tura en todas sus partes y lo suscribirá y jurará ante nota-rio o notaría, o con la asistencia del personal de la Secre-taría del Tribunal Supremo autorizado para tomar juramentos.

(3) El Secretario o la Secretaria del Tribunal Supremo estampará la fecha y hora de la presentación en el formu-lario de candidatura y los documentos complementarios so-metidos dentro del término de la convocatoria, para lo que podrá usar un reloj-fechador. Además, llevará un registro en orden cronológico de los formularios de candidatura re-cibidos y los archivará en un expediente independiente hasta que venza el término de la convocatoria. Finalizado el término de la convocatoria, no se recibirán formularios de candidatura en la Secretaría del Tribunal Supremo.

(4) Dentro de un plazo no mayor a dos (2) días labora-bles de haber finalizado el término de la convocatoria, el Secretario o la Secretaria del Tribunal Supremo remitirá el expediente de formularios de candidatura a la Secretaria o al Secretario de la Junta de Subastas.

(5) El mismo día o más tardar el día siguiente del recibo del expediente de formularios de candidatura, la Secreta-ria o el Secretario de la Junta de Subastas notificará por correo electrónico a cada miembro del Panel, el cual con-tará con un término de diez (10) días laborables para ini-ciar el proceso de depuración.

VI. Proceso de revisión, de solicitudes y selección de personas cualificadas

(A) Depuración de solicitudes

(1) Se rechazará de plano todo formulario de candida-tura que se presente:

(a) de forma alterada en cualquiera de sus seccio-nes,

(b) sin acompañar los documentos complementarios enumerados en su Sección 3 o

(c) sin ofrecer toda la información requerida en to-das sus secciones, incluyendo la certificación jurada y sus-crita requerida en su Sección 4.

(2) En conformidad con el Artículo V(B) del Reglamento, el Panel evaluará los formularios de candidatura presenta-dos con el propósito de seleccionar las personas cualificadas para ocupar la posición del o de la representante de la ciudadanía.

(3) El Panel contará con personal de apoyo administra-tivo, identificado con la colaboración del Director Adminis-trativo o de la Directora Administrativa de los Tribunales, para la depuración de los formularios de candidatura reci-bidos y la selección de las personas cualificadas. Se permi-tirá la mecanización del proceso de recibo y depuración de formularios de candidatura siempre que el sistema brinde suficientes garantías de confiabilidad.

(4) Se faculta al Panel para que, en conformidad con lo dispuesto en este Proceso, perfile los pormenores adminis-trativos relacionados al trámite de revisión de los formula-rios de candidatura.

(B) Notificación a las personas cualificadas y repre-sentante autorizado(a)

(1) Dentro de un término no mayor de diez (10) días la-borables de haber finalizado la depuración de los formula-rios de candidatura, y con la asistencia del personal de apoyo administrativo destacado, se enviará una notificación por correo electrónico a las personas cualificadas para par-ticipar en el sorteo. En ésta se hará constar la cantidad de personas cualificadas, el día, la hora y el lugar donde se celebrará el sorteo, el documento de corroboración de iden-tidad que será requerido durante este acto y el plazo fijado para informar si la persona no pudiera asistir personalmente. Se habilitará una cuenta de correo electró-nico para el envío de estas notificaciones.

(2) Demostrada justa causa a juicio del Panel, la persona cualificada que no pueda asistir al sorteo podrá soli-citar que asista una persona en su representación. Lo in-formará al Panel con al menos veinte (20) días calendarios antes de la fecha del sorteo y ofrecerá la información de contacto necesaria, incluyendo el correo electrónico de quien le representará. La persona que asista en represen-tación de la persona cualificada deberá producir la infor-mación requerida el día del sorteo para la corroboración de la identidad de la persona si ésta fuera seleccionada como representante de la ciudadanía.

VII. Proceso de selección mediante sorteo

(A) Celebración del sorteo

(1) El Panel contará con personal de apoyo administra-tivo, identificado con la colaboración del Director Adminis-trativo o la Directora Administrativa de los Tribunales, para la coordinación y celebración del sorteo. Se permitirá la mecanización de este proceso siempre que el sistema implantado brinde suficientes garantías de confiabilidad.

(2) Dentro de los cinco (5) días anteriores a su celebra-ción, la fecha del sorteo se notificará nuevamente por co-rreo electrónico a las personas cualificadas o a quien les representará durante el acto.

(3) La publicidad del sorteo se coordinará con el apoyo de la Oficina de Prensa.

(4) La persona seleccionada podrá ejercer sus funciones inmediatamente la posición de representante de la ciudada-nía quede vacante. Su nombramiento tendrá eficacia plena.

(5) El nombramiento del o de la representante de la ciu-dadanía y su fecha de efectividad se divulgará con la asis-tencia de la Oficina de Prensa.

(6) Con el apoyo de personal de la Rama Judicial que pueda ejercer la notaría, se levantará un acta notarial de la celebración ininterrumpida de todo el proceso del sorteo, observando unidad de acto. Dentro de los diez (10) días calendarios de la celebración del sorteo, el notario o la no-taría autorizante expedirá una copia certificada del acta notarial, la cual remitirá a la Secretaria o al Secretario de la Junta de Subastas. Simultáneamente, le enviará una copia en formato PDF a la cuenta de correo electrónico de cada miembro del Panel.

(7) Se requerirá corroboración de la identidad de la persona elegida en el sorteo. El notario o la notaría hará cons-tar que ha validado la identidad de la persona elegida. En defecto del conocimiento personal, el notario o la notaría deberá identificar a la persona mediante un documento de identidad vigente, expedido por autoridad pública compe-tente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, en el cual se incluya el nom-bre, un retrato actualizado y la firma de la persona.

(8) La persona elegida quedará descalificada de inme-diato en cualquiera de las circunstancias siguientes:

(a) Si la persona seleccionada en el sorteo no pre-sentara un documento de identidad vigente o no lo enviara con la persona autorizada para representarle en conformi-dad con la Sección VI(B)(2) de este Proceso.

(b) Si el notario o la notaria concluyera que no existe concordancia entre la información certificada en el formulario de candidatura por la persona solicitante y aquella que se desprenda del documento de identidad vi-gente que se presente durante el acto del sorteo.

(9) De ocurrir una descalificación al amparo del inciso (A)(8) de esta Sección, se realizará un nuevo sorteo ese mismo día, considerando únicamente a las demás personas cualificadas por el Panel.

(B) Impugnación del sorteo y reconsideración

(1) Cualquier persona cualificada que no esté de acuerdo con la ejecución del proceso durante el sorteo podrá presen-tar una solicitud de impugnación al Panel dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su celebración.

(2) La impugnación del sorteo se presentará por escrito y establecerá en detalle la objeción al proceso y el funda-mento para ello.

(3) La oportuna presentación de una solicitud de impug-nación debidamente fundamentada paralizará el efecto de la selección realizada mediante el sorteo.

(4) Recibido el documento de impugnación, el Panel con-tará con un término de diez (10) días calendarios para emi-tir una de las determinaciones siguientes:

(a) Concluir que se cumplió con el proceso fijado por el Tribunal Supremo, sin irregularidades reales o aparen-tes, desestimar la solicitud de impugnación y ordenar que se continúen los trámites correspondientes para el nom-bramiento de la persona seleccionada en el sorteo. Como evidencia, podrá acompañar un duplicado de la copia cer-tificada del acta notarial requerida en el inciso (A)(6) de la Sección 7 de este Proceso.

(b) Anular el sorteo realizado e iniciar un nuevo trá-mite de selección que, dependiendo de la gravedad de la irregularidad identificada, podría requerir un nuevo pro-ceso de convocatoria abierta al amparo de la Sección V de este Proceso.

(5) La persona inconforme con la determinación del Panel podrá presentar una reconsideración al Tribunal Supremo dentro del plazo provisto en la Regla 45 del Regla-mento del Tribunal Supremo.

(6) La solicitud de reconsideración se presentará por es-crito y deberá contener fundamentos claros y específicos, acompañada de la evidencia necesaria para sustentar las alegaciones. Su presentación paralizará la efectividad del nombramiento de la persona elegida en el sorteo.

(7) La persona peticionaria certificará que, en la misma fecha de la presentación de la solicitud de reconsideración, se entregó copia a la Secretaria o al Secretario de la Junta de Subastas.

(8) El mismo día de la presentación de la solicitud de reconsideración o a más tardar el día siguiente, la Secreta-ria o el Secretario de la Junta de Subastas remitirá copia del documento por vía electrónica a los y las miembros del Panel.

(9) Se rechazará de plano toda solicitud de reconsidera-ción que no cumpla con los requisitos establecidos.

(C) Presentación del Informe final del Panel al Tribunal Supremo y sus efectos

(1) En conformidad con el Artículo V del Reglamento, el Panel contará con un término de sesenta (60) días calen-darios para rendir un informe final al Tribunal Supremo, en el cual certificará que se cumplió con todas las normas establecidas en este Proceso. En su Informe, el Panel des-glosará los trámites relacionados a la: (1) publicación de convocatoria; (2) depuración y revisión de formularios de candidatura; (3) selección de personas cualificadas, y (4) celebración del sorteo. También, hará constar cualquier so-licitud de impugnación presentada y el trámite realizado para su disposición.

(2) Evaluado el informe final del Panel, el Tribunal Supremo verificará que se cumplió con el proceso establecido.

(3) De identificar alguna irregularidad sustancial en el informe final del Panel o como resultado de un proceso de reconsideración, el Tribunal Supremo podrá iniciar un pro-ceso de destitución por justa causa, conforme dispone la Sección VIII de este Proceso.

(4) Se faculta al Panel para que determine el diseño y el alcance de su informe final a tono con lo establecido en el inciso (1) de esta Sección.

VIII. Destitución del o de la representante de la ciu-dadanía por justa causa

(A) La persona nombrada como representante de la ciu-dadanía en conformidad con este Proceso podrá ser desti-tuida por el Tribunal Supremo cuando medie justa causa.

(B) El Tribunal Supremo podrá iniciar un trámite de destitución motu proprio o a recomendación de la Junta de Subastas.

(C) Como medida cautelar, la persona nombrada como representante de la ciudadanía no participará de las reu-niones ni de los procesos celebrados por la Junta de Subas-tas hasta que el Tribunal Supremo dilucide el asunto rela-cionado a su posible destitución.

(D) Constituirán justa causa para la destitución las cir-cunstancias siguientes:

(1) Se descubriese cualquier falsedad o fraude en re-lación con lo afirmado en el formulario de candidatura.

(2) Si durante el término de incumbencia como repre-sentante de la ciudadanía, la persona elegida:

(a) dejare de cumplir con cualquiera de los criterios para ser seleccionada o

(b) se hubiese ausentado consecutivamente a más de tres (3) reuniones de la Junta de Subastas sin notifica-ción previa a sus miembros y sin que mediara justa causa.

(3) Si, tras evaluar el informe final del Panel al Tribunal Supremo, se identificara una irregularidad sustan-cial en el proceso de selección.

(4) Cualquier circunstancia que justifique su destitu-ción por razones de sana administración pública o su efecto adverso sobre la imagen de la Rama Judicial.

(E) Recaerá sobre el Tribunal Supremo la formulación y notificación de cargos por escrito.

(F) El o la representante de la ciudadanía podrá presen-tar defensas por escrito dentro del plazo provisto por el Tribunal Supremo mediante resolución.

(G) La determinación final será revisable por vía de re-consideración al amparo de la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo.

IX. Solicitud de renuncia a la posición como repre-sentante de la ciudadanía

(A) Salvo que medien circunstancias excepcionales, la renuncia a la posición como representante de la ciudadanía deberá notificarse a la Junta de Subastas con anticipación razonable.

(B) El mismo día o a más tardar el día laborable si-guiente de recibir la solicitud de renuncia, la Secretaria o el Secretario de la Junta de Subastas notificará al Tribunal Supremo.

(C) Mediante Resolución, el Tribunal Supremo se expre-sará en torno a la renuncia solicitada y, de aceptarla, ins-truirá al Panel a que inicie el proceso de selección me-diante convocatoria abierta establecido en la Sección V de este Proceso.

X. Disposiciones transitorias

Con el propósito de ocupar la posición de representante de la ciudadanía durante el primer año de vigencia del Reglamento, este Proceso se activará inmediatamente ad-venga vigente en conformidad con el plazo fijado en su Sec-ción XII. Se concederá un plazo de treinta (30) días a partir de la vigencia de este Proceso para que el Panel inicie el trámite de la convocatoria abierta establecido en su Sec-ción V.

Si surgiera una vacante antes de que venza el término de tres (3) años del nombramiento de un o una represen-tante de la ciudadanía en funciones, ya sea por razón de una destitución, renuncia o fallecimiento, se activará este Proceso dentro del el plazo que disponga el Tribunal Supremo mediante Resolución.

XI. Separabilidad

Si cualquier artículo, sección, inciso o párrafo de este Proceso fuera declarado inconstitucional, inválido o nulo por un tribunal de jurisdicción competente, sus disposicio-nes restantes continuarán vigentes.

XII. Vigencia

Este Proceso comenzará a regir treinta (30) días des-pués de su aprobación.