author: El Juez .Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rodrigo Morales Rosario, acusado y apelante.
    Núm. 7260.

    Sometido: Noviembre 22, 1938.

      Resuelto: Enero 20, 1939.
    El apelante compareció por escrito; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez .Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un caso de escalamiento en primer grado en ape-lación, procedente de la Corte de Distrito de San Juan. La acusación lee como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Rodrigo Morales Rosario, por un delito de escalamiento en primer grado subs, (felony)' co-metido de la manera siguiente: El referido acusado, Rodrigo Morales Rosario, allá por el día 18 de diciembre de 1936, y en San Juan, Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, penetró, en horas de la noche, en el establecimiento comercial, perteneciente a y de la propiedad de Teodoro Yidal Sánchez, Suers., con la intención en-tonces y allí de cometer hurto.
“El acusado, Rodrigo Morales Rosario, antes de cometer el de-lito que se le imputa en esta acusación extinguió una condena en la Cárcel de Distrito, un año de cárcel, que le fuera impuesta por la Corte Municipal de San Juan, P. R., en 3 de octubre de 1931, por un delito de Hurto Menor.”

De la prueba presentada por el fiscal resulta que el día 18 de diciembre de 1936 el acusado, acompañado de dos indi-viduos más, solicitó los servicios del testigo Luis Ramos Rodríguez para conducir cierta mercancía a Santurce; que Ramos era chófer de un automóvil público; que después de recoger unos bultos en un cafetín cerca del muelle fueron a las afueras de Santurce y bajaron los bultos; que luego regresaron a San Juan y se bajaron en el establecimiento de Teodoro Yidal Sánchez, en la calle Tetuán núm. 37; que penetraron en el mencionado establecimiento levantando un pestillo de una de las puertas que dan al Recinto Sur el acusado y uno de sus compañeros, quedándose el tercero en la acera; que del interior del almacén los primeros dos tira-ban unos bultos que el tercero echaba en el automóvil; que dichos bultos consistían en unos cartones de cigarrillos y cajas de licores y quesos; que posteriormente se dirigieron al barrio La Perla, dejando allí la mercancía en un esta-blecimiento; que prestando como garantía dicha mercancía, el dueño de la tienda le facilitó algún dinero en calidad de préstamo; y que finalmente la policía ocupó los efectos y arrestó al acusado.

Para probar estos extremos, el Fiscal presentó las decla-raciones del chófer Ramos; del detective Arturo Bernard, quien hizo la investigación; de Noque Rivera, dueño del mencionado establecimiento en el barrio La Perla, y de Andrés A. Lugo, alcaide de la cárcel de distrito de San Juan.

Visto el caso en la Corte de Distrito de San Juan, el jurado rindió un veredicto de culpabilidad y en virtud del mismo la corte condenó al acusado a sufrir quince años de presidio.

De esta sentencia apela el acusado, radicando en su defensa seis documentos escritos por su propio puño y letra y los cuales titula “alegatos,” cuando en realidad consti-tuyen señalamientos de errores. Aún cuando el alegato es informal, las cuestiones que en el mismo se levantan son importantes y merecen ser consideradas.

Alega el apelante que le fué nombrado un abogado de oficio en el momento de entrar a juicio. No aparece del récord que en la vista ante el tribunal inferior el abogado defensor pidiese que se le concediera un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio, según dispone la “Ley referente al nombramiento de defensor en causas criminales,” aprobada en marzo 9 de 1905, pág. 210 (Comp. 6158-6160). Ya la corte inferior babía cumplido con los preceptos del artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal nombrando abogado defensor de oficio al Lie. César Andréu, quien desgraciadamente no pudo comparecer a la vista.

En El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590, se dice: “Cuando ■un acusado solicita el nombramiento de un abogado y los indicios son todos de que es insolvente, el no nombrársele, en caso importante de delito grave, lleva consigo la revo-cación.” Pero más adelante se dice: “Aparece, tal como hemos indicado, que el acusado al comenzar el juicio solicitó del juez que presidía la corte que le nombrara un abogado” (pág. 598). Pero en el presente caso no aparece tal situa-ción. El acusado compareció a la vista representado por el Lie. Román Díaz Collazo, y no se levantó en ningún momento la cuestión de que se le concediera al letrado un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. Es cierto que toda persona acusada de la comisión de nn delito y su abogado tienen derecho a que se les conceda un tiempo razo-nable para prepararse para el juicio después de haberle sido leída la acusación (16 C. J. 815). Pero si el abogado defen-sor entra a juicio sin solicitar un término para preparar su defensa, la corte está justificada al presumir que el acusado ha renunciado a su derecho y que se encuentra preparado para defenderse.

La segunda cuestión que levanta el apelante se refiere a la denegación de la moción sobre eliminación de la parte de la acusación que le imputa al acusado la convicción por un delito anterior.

La cuestión se levantó el día de la vista en la corte inferior y el juez la desestimó por ser tardía. Aunque no cons-tan los fundamentos, la resolución probablemente se basa en los artículos 152 y 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia que los interpreta.

En El Pueblo v. Trápaga, 15 D.P.R. 211, se dijo: “Sola-mente las excepciones determinadas por falta de jurisdic-ción o por carencia de materia delictiva pueden alegarse en cualquier estado del juicio, según el art. 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal.” Y El Pueblo v. Ortiz, 7 D.P.R. 140: “Salvo lo dispuesto en el artículo 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la excepción perentoria no puede presentarse en el acto del juicio oral, después de haber sido leída la acusación, formulados los cargos y haberse jura-mentado los testigos del fiscal, y en todo caso, dicha excep-ción deberá formularse por escrito.” Más claro aún se explica en El Pueblo v. Alomar, 10 D.P.R. 297: “No comete error el tribunal que se niega a considerar unas excepciones previas contra la acusación presentadas por el acusado al empezar el juicio, no quedando perjudicados los derechos del acusado, pues si éste ha alegado no ser culpable, puede, bajo tal alegación, impugnar en el .juicio cualquier defecto subs-tancial que contenga la acusación, o después del juicio, en-una moción para que se suspenda el pronunciamiento de la sentencia.”

Siendo tardía la cuestión levantada el día de la vista en la corte inferior, no puede declararse oportuna ahora en apelación.

En el tercer señalamiento alega el apelante que existe un delito subsiguiente solamente cuando el acusado ha cometido más de un delito del mismo calificativo.

La acusación en el presente caso es por un delito de esca-lamiento en primer grado subsiguiente. El fiscal de la corte inferior alegó y probó que el acusado anteriormente extin-guió una condena de un año de cárcel impuéstale por un delito de hurto menor.

Que el acusado fue convicto anteriormente de un delito de hurto, por el cual extinguió una condena en la cárcel de distrito, quedó probado con la certificación de la Corte Municipal de San Juan, donde se le impuso la condena, y con la declaración del alcaide de cárcel y el récord del penal acre-ditando que el acusado había extinguido esa misma condena.

En El Pueblo v. Torres, 39 D.P.R. 605, se dice: “Ha-biendo probado el fiscal la condena anterior no tenía nece-sidad de probar también lo que había alegado sobre los extre-mos - antes dichos, pues debe presumirse esa sentencia en toda su fuerza y vigor mientras no se pruebe lo contrario y por tanto era el acusado quien debía probar lo contrario por ser materia de defensa para él.” Sostenido en 16 C. J. 1343, State v. Rowan, 146 Pac. 374, Tall v. Commonwealth, 110 S. W. 425, State v. Findling, 144 N. W. 142.

La alegación del apelante de que la reincidencia tiene que ser necesariamente respecto a actos exactamente iguales como constitutivos del delito, probablemente se basa en que la presente acusación se refiere al delito de escalamiento en primer grado, mientras que la convicción anterior fué por un delito de hurto menor.

La sentencia recurrida, por la cual se impuso al acusado la pena máxima señalada en el artículo 410* del Código Penal para el delito de escalamiento en primer grado, por tratarse de nn delito subsiguiente, se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 57 del mismo código (ed. 1937), que dice:

“No. 57. — Delito después de oonvicoion de hueto de henob CUANTÍA, etc. Todo reo convicto de hurto de menor cuantía, o ten-tativa de eometér algún delito que, de llevarse a cabo, aparejaría pena de presidio, si cometiere cualquier delito después de dicha con-vicción, será castigado según se expresa a continuación:
“1. Cuando apaeeja pena ¡de peesidio peRpetuo. Si el delito subsiguiente fuere de tal naturaleza que en primera convicción apa-rejaría presidio perpetuo, a discreción del tribunal, dicho reo será castigado con pena de presidio perpetuo.
“2. Oteas penas. Si el subsiguiente delito fuere de tal natu-raleza que, en primera convicción, aparejaría pena de presidio temporal, dicho reo será castigado con pena de reclusión temporal en su grado máximo, convicto que fuere del delito por primera vez.
“3. Si la subsiguiente convicción fuere de hurto de menor cuan-tía a tentativa de cometer algún delito que, de realizarse, aparejaría pena de presidio, dicho reo será castigado con pena de presidio por un término máximo de cinco años.”

Los demás puntos levantados por el apelante se refieren a aparentes errores en la apreciación de la prueba por la corte inferior. Hemos examinado cuidadosamente-la trans-cripción de la evidencia y la consideramos ampliamente sufi-ciente para sostener la acusación, sin que hayamos podido encontrar que en su apreciación se haya cometido error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    José Torres Vázquez, demandante y apelado, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 7728.

    Sometido: Noviembre 8, 1938.

      Resuelto: Enero 20, 1939.

      Eon. Procurador General B. Fernández .García j Pablo Defendini, Subprocurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; M. Rivera de la Vega, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan expidió un manda-miento perentorio de mandamus contra Manuel León Parra, Francisco Paz Gránela y Juan Herrero, que constituyen la Comisión Industrial de Puerto Rico, y dispuso que dichos señores, en el carácter en que fueron demandados, ordena-ran el pago al Tesorero de Puérto Rico de la suma de $1,444, remanente de una compensación de $2,000 que le fué con-cedida a José Torres por inutilidad física.

El peticionario alegó en su escrito que allá para el mes de octubre de 1929, mientras trabajaba para su patrono J. D. Morales, sufrió un accidente del trabajo, y que por reso-lución de la Comisión Industrial de 18 de mayo de 1931 ésta le asignó una compensación de $2,000 a cuenta de la cual tiene recibido $556, restándole por cobrar $1,444 cuyo pago se niegan los demandados a ordenar, a pesar de que dispo-nen de fondos suficientes para ello.

Contestaron los demandados que las órdenes de pago que dieta la Comisión en relación con indemnizaciones por acci-dentes del trabajo van dirigidas al Auditor y no al Tesorero, y que carecen de fondos para efectuar el pago que se reclama. Como defensas especiales alegraron que en 13 de octubre de 1937 aprobaron la siguiente resolución, que fué publicada en los periódicos :

“Se da cuenta con un libramiento del Hon. Auditor de Puerto Rico de fecha 4. de oct. 1937, llevando a los libros de su oficina y poniendo a disposición de la Comisión Industrial la suma de $100,000 con cargo a la asignación de $800,000 aprobada últimamente por la Legislatura de Puerto Rico para el pago de la deuda de compen-saciones a obreros desde sept, de 1925 a junio 30, 1935. De acuerdo con lo que dispone la Ley núm. 139 de 1937, la asignación de $800,000 será sola y exclusivamente para el pago de compensaciones a obreros lesionados o sus beneficiarios.
“Toda vez que en la actualidad hay deudas pendientes de pago por concepto de hospitalización, asistencia facultativa, hospedaje, gas-tos de administración, etc., que no1 están comprendidos en la Ley núm. 139 y que montan a $35,000 ó $40,000, la Comisión Industrial acuerda, que se solicite del Hon. Auditor de Puerto Rico se lleve a. los libros de Auditoría y ponga a disposición de la Comisión Industrial la asignación de $150,000 aprobada el 15 de mayo de 1936 y en la cual se dispone que $100,000 se dedicaren al pago de compen-saciones a obreros lesionado^ y sus beneficiarios y $50,000 al pago-de otras deudas del Fondo. Toda vez que esta asignación se haría de cualquier balance en Tesorería no dispuesto para otras atencionesy habiendo cerrado dicho año 1936-37 con un superávit de varios, millones de dólares, no hay razón para que esta suma no sea puesta a disposición de la Comisión Industrial, subsanando de esta manera, el que, de los $800,000 no se puede pagar ninguna otra obligación del Fondo de Depósito para Indemnizaciones a Obreros que no sean indemnizaciones a obreros lesionados o sus beneficiarios.
“AoueRda adeMÁs la Comisión Industrial que los $100,000 que el Hon. Auditor de Puerto Rico ha llevado a sus libros sean dedicadosal pago- de una sexta parte de la deuda pendiente con los obreros-lesionados y sus beneficiarios, debiéndose proceder por el Negociado-de Liquidación de esta Comisión Industrial a la tramitación de dichos pagos sin que para ello sea necesario de un acuerdo en cada caso.
“Comuniqúese con copia al Hon. Auditor de P. R., al Negociado de Liquidación y hágase público por medio de la prensa para cono-cimiento general.”

Que a tenor de lo acordado en la transcrita resolución, la Comisión distribuyó los $100,000 que puso a su disposición el Auditor, a razón de una sexta parte del importe de cada indemnización comprendida entre el primero de septiembre de 1925 y 30 de junio de 1935, estando a la fecha distribuida dicha suma de $100,000 en su totalidad y en la forma ya expresada.

En el alegato presentado en apoyo de su apelación levanta la Comisión cuatro errores. El primero consiste en no haber declarado la corte inferior con lugar la excepción previa de falta de hechos formulada por la Comisión. Se funda en que tanto en las alegaciones como en la súplica de la demanda el apelado aparece solicitando el auto de mandamus contra los apelantes, para que éstos efectúen el pago de la cantidad reclamada, cuando de acuerdo con la Ley núm. 139 de 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 311) la Comisión Industrial sólo tiene el deber de certificar los pagos y someter los comprobantes al Auditor de Puerto Rico. Es cierto que la demanda es ambigua»en cuanto a .quién debe efectuar el pago. En una misma alegación, en la sexta, se dice que los apelantes ‘ ‘. . . son las personas llamadas a ordenar el pago . . .” y más adelante, en la misma alegación, que . . a pesar de las distintas solicitudes hechas a dichos seño-res, se niegan a practicar el pago del referido remanente.” Con la súplica pasa lo mismo. Se solicita en ella que se ex-pida el auto contra los apelantes “. . . para que sin dilación alguna procedan a entregar la cantidad de $1,444 . . y más adelante se pide que “. . . si dichos señores . . . tuvie-ren algún motivo . . . para no cumplir con la orden para veri-ficar el pago . . . mediante la orden correspondiente al Teso-rero de Puerto Rico ...” Sin embargo, las incorrecciones apuntadas no son por sí solas de suficiente importancia para justificar la revocación de la sentencia, toda vez que del con-texto general de la petición y de la súplica aparece que lo solicitado por el demandante es una orden de la Comisión diri-gida al Tesorero para que éste y no aquélla verifique el pago. Debe desestimarse el primer error.

El segundo señalamiento lee así:

“La Corte de Distrito de San Juan cometió error al resolver, como resolvió, que la Ley núm. 139 de mayo 15 de 1937 no da fa-cultad alguna a la Comisión Industrial de Puerto Eico para bacer una distribución discrecional de los $100,000.00 puestos a su dispo-sición por el Auditor de Puerto Eico de acuerdo con los términos de la mencionada ley.”

La Ley núm. 139 de 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 311), a que se refiere la Comisión apelante, en lo perti-nente dice así:

“Sección 1. — Por la presente se asigna de cualesquiera fondos existentes en el Tesoro Insular, no destinados a otras atenciones, hasta la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares o la parte de ella que fuere necesaria, que será puesta a la disposición de la Comisión Industrial de Puerto Eico creada por la Ley núm. 45 de abril 18 de 1935, o su sucesora, para el pago de las indemnizaciones adeudadas a obreros lesionados o beneficiarios o herederos en el caso de fallecimiento de aquéllos, desde Io. de septiembre 1925 hasta junio 30, 1935; Disponiéndose, que esta partida de ochocientos mil (800,000) dólares será llevada a los libros del Auditor de Puerto Eico, parcial o totalmente, según fuere necesario y según los recur-sos del Tesoro Insular lo permitan, según-lo determine el Auditor de Puerto Eico.
“Sección 2. — El Negociado de Liquidación de la Comisión Industrial, una vez hechas las asignaciones y haberse llevado a los li-bros del Auditor de Puerto Eico, parcial o totalmente, certificará los pagos correspondientes por las indemnizaciones expresadas en la sección 1 de esta Ley, y extenderá los comprobantes correspondien-tes, que serán sometidos, de acuerdo con la ley, al Auditor de Puerto Eico para su saldo.”

La cuestión sobre si la ley que acabamos de transcribir concede o no facultades específicas a la Comisión Industrial para que ésta pueda a su discreción distribuir a pro rata entre todos los reclamantes las asignaciones parciales llevadas a los libros del Auditor, no está realmente envuelta en el presente procedimiento. Nos inclinamos, sin embargo, a convenir con la corte inferior, sin resolverlo, en que los deberes que se asig-nan a la Comisión son puramente ministeriales. De acuerdo con lo dispuesto en la sección 2, supra, tan pronto como el Auditor de Puerto Rico baya llevado a sus libros alguna suma destinada a o utilizable “para el pago de las indemnizaciones adeudadas a obreros lesionados o beneficiarios o herederos en el caso do fallecimiento de aquéllos, desde Io. de septiembre, 1925, hasta junio 30, 1935,” según lo prescrito en la sección 1, supra, será deber de la Comisión certificar el pago de cua-lesquiera de dichas reclamaciones y extender los comproban-tes que fueren necesarios para ser sometidos al Auditor de Puerto Rico para su saldo. Véanse: Berríos v. Corte, 42 D.P.R. 160, y López de la Rosa v. Domenech, 47 D.P.R. 226.

Por las razones que acabamos de exponer deben desesti-marse igualmente el tercer y cuarto señalamientos de error.

La Comisión no ha presentado razón o excusa legal alguna para justificar su negativa a certificar el pago de una recla-mación ya concedida y liquidada. Y como se trata de un deber ministerial, la corte inferior no erró al decretar el auto solicitado.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ramona Santana, demandante y apelante, v. Francisco A. Salinas, demandado y apelado.
    Núm. 7665.

    Sometido: Diciembre 21, 1938.

      Resuelto: Enero 20, 1939.

      Luis Vergne Ortiz, abogado de la apelante; el apelado no compa-reció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito sobre nulidad de actuaciones se instituyó origi-nalmente en la sección primera de la Corte Municipal de San Juan, la que previa anotación de la rebeldía del demandado desestimó la demanda por los méritos de la prueba. Apeló la demandante para ante la Corte de Distrito de San Juan con el mismo resultado y contra esta última sentencia se esta-bleció el presente recurso.

Examinados los autos, encontramos que el escrito de apelación para ante este tribunal fué notificado por correo, conforme resulta del diligenciamiento jurado que aparece al calce del mismo, que literalmente dice así:

“Juramento de notificación. — Yo, Luis Vergne Ortiz, bajo jura-mento declaro: Que soy mayor de edad, casado, abogado, de esta vecindad; que soy el abogado de la parte demandante en este caso; que con esta fecha he depositado en la oficina o Administración de Correos de esta ciudad, un sobre cerrado, con franqueo debidamente pagado, dirigido a Francisco A. - Salinas, demandado en este caso, a su domicilio en la bajada del matadero, barrio de La Perla, ciudad de San Juan, Puerto Rico.
“Que el sobre mencionado fué debidamente certificado, pagán-dose el franqueo correspondiente, con acuse de recibo.
‘ ‘ Que dentro de la ciudad de San Juan existe un servicio regular de comunicaciones por correo, estando situadas la oficina del decla-rante y la residencia del demandado en distintos puntos.”

El Código de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 320, prescribe que la diligencia de una notificación o entrega de docu-mentos se liará personalmente, pudiendo verificarse dicha dili-gencia por correo solamente cuando se trate de notificar a una parte cuya residencia sea desconocida, o cuando la parte que deba hacer la notificación y aquella a quien fuere diri-gida residieren o tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los cuales hubiera un servicio regular de comunicacio-nes por correo. Artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Del diligenciamiento transcrito resulta que tanto el abo-gado de la demandante apelante, que notificó el escrito, como el demandado apelado, a quien se intentó notificar, residen en la ciudad de San Juan.

El abogado de la apelante parece interpretar la frase “reside or have their offices in different places” de la edi-ción inglesa del inciso 2 del artículo 321, “residieren o tuvie-ren sus oficinas en distintos puntos”, como dice la edición española, en el sentido de comprender dos sitios o puntos dis-tintos dentro de la misma ciudad. Esa interpretación es errónea.

En el caso de Gascón v. Alvarez, 28 D.P.R. 362, la deman-dante interpuso apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan de la sentencia que en su contra dictó la corte municipal de esta ciudad. Del diligenciamiento de notificación aparecía que tanto el abogado de la demandante como el demandado residían en la ciudad de San Juan, este último en el barrio de Puerta de Tierra. El escrito de apelación se notificó por correo y se expresó en el diligenciamiento “que entre la ciudad de San Juan y el barrio de Puerta de Tierra existe un servicio regular diario de correo”, y este tribunal, interpretando la frase “distintos puntos” antes aludida, por voz de su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así:

“El artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe como forma alternativa para la diligencia de una notificación que ha de hacerse personalmente a una parte, que ‘si se ignorare su dicha residencia, se cursarán por correo, bajo sobre certificado dirigido a dicha parte.’ El artículo 321 prescribe que la remisión por correo se hará ‘cuando la persona encargada de hacer la notificación o re-mitir los documentos y aquella a quien fueren dirigidos residieren o tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los cuales hubiere un servicio regular de comunicaciones por correo.’
“La notificación que según parece se trató de hacer en este caso se fundaba en la teoría de que las personas que residen en diferentes barrios de la misma municipalidad residen en ‘distintos puntos’, dentro del significado de este estatuto, criterio con el cual no pode-mos estar de acuerdo. La notificación personal constituye la regla general y es la mejor práctica de ser factible. No debe darse mayor extensión mediante interpretación judicial al alcance que tiene _el precepto estatutario para hacer la notificación, en otra forma, en pro de la conveniencia, cuando las partes o los abogados viven o tienen sus oficinas en distintos sitios. De interpretarse la frase ‘distintos puntos’ en el sentido de significar diferentes barrios de la misma municipalidad por igual razón podría considerarse que comprende a los diferentes edificios de una misma manzana y de este modo la excepción pronto se convertiría en la regla. Claramente que no fué la intención de la Legislatura introducir tal incertidumbre, confu-sión o injusticia como resultaría de cualquier interpretación liberal del lenguaje empleado o laxitud al ajustar la práctica a las disposi-ciones del estatuto.
“Los abogados al recurrir al método excepcional deberán tener cuidado de que los autos revelen todas las circunstancias que justi-fiquen tal proceder, así como también de que el procedimiento pres-crito por la ley ha sido observado. Quintero v. Morales, 19 D.P.R. 1183, Tettamauzi v. Zeno, 24 D.P.R. 53; Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 139; Heinlen v. Heilborn, 94 Cal. 636; Hog’s Back Co. v. New Basil Co., 63 Cal. 121; Cunningham v. Warnekey, 61 Cal. 507; Reed v. Allison, Idem. 461; Moore v. Besse, 31 Cal. 180.” (Gascón v. Álvares, 28 D.P.R. 362, 364.) Yéase al mismo tiempo Asencio v. Sucn. Rodríguez, 49 D.P.R. 8.

Que la notificación válida del escrito de apelación es un requisito jurisdiccional lo resolvió también este tribunal por su entonces Juez Asociado Sr. Del Toro en el caso de Quintero v. Morales, 19 D.P.R. 1183. En este último caso los abogados de ambas partes tenían su oficina en San Juan y a pesar de ello se notificó por correo el escrito de apelación. Al desestimar el recurso a moción del apelado, se dijo:

“Fija, pues, la ley de una manera terminante la necesidad de notificar la apelación a la parte contraria, requisito jurisdiccional, y la forma en que debe diligenciarse la notificación.
“Interpretando la sección 3711 de los códigos de Idaho, igual al artículo 320 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil que he-mos transcrito, la Corte Suprema de dicho Estado en el caso de Warner v. Teachenor, 2 Idaho 38, 39, se expresó como sigue: 'Esta sección establece una forma de notificación presuntiva (constructive) •en vez de la personal, y siendo en derogación de la ley común, que requería la notificación personal, el estatuto debe ser interpretado de modo estricto.’
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“Debemos partir, pues, de la base de que el abogado de la de-mandada reside y residía en esta misma ciudad de San Juan de donde es vecino el abogado de los demandantes que hizo la notifica-ción y en cuya corte de distrito se tramitó el pleito. Y siendo esto así es necesario llegar a la conclusión de que la parte apelante no estaba autorizada a notificar por correo al abogado de la parte ape-lada, sino que debió hacerlo personalmente, o, en su caso, en alguna de las otras formas prescritas en el artículo 320 del Código de En-juiciamiento Civil.”

En los casos citados la apelación fué desestimada ,a moción de la parte apelada. En este caso el apelado no ha comparecido en forma alguna ante este tribunal; pero tratándose como hemos visto de falta de jurisdicción, no sobre la persona, sino sobre la materia, ni el silencio ni el consentimiento de las partes pueden conferirla, y por consiguiente el tribunal motu proprio debe suscitar la cuestión y abstenerse de conocer del caso. 10 R.C.L. 1039; Hoehamer v Elmwood Park, 102 A.L.R. 196, 199.

Procede por lo expuesto desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Sucesión de Benito Santiago, peticionaria ante la Comisión.
    Núm. 156.

    Sometido: Diciembre 19, 1938.

      Resuelto: Enero 23, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González, abo-gado éste del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión; Mamtel Rivera ele la Vega, abo-gado de la Sucn. Santiago, peticionaria ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Pondo del Seguro del Estado soli-cita se revoque una decisión de la Comisión Industrial:

3. Porque el acto a que se atribuye el origen de la muerte de Benito Santiago fue uno realizado por él en la forma acostumbrada y envolvía el esfuerzo ordinario típico de las labores por él reali-zadas y su muerte no provino de un accidente del trabajo tal cual lo contempla el artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo.
2. Porque no se estableció relación alguna de causalidad entre la muerte de Santiago y el esfuerzo por él realizado.
3. Porque la muerte de un obrero que ocurre en el curso de su trabajo a consecuencia de las labores ordinarias de su ocupación, sin que baya ocurrido un accidente, no es compensable.

La Comisión resolvió que la muerte de Santiago se debió al cumplimiento por su parte de un acto que estaba en el curso de su empleo. Hubo prueba tendente a sostener esta conclusión. También hubo prueba tendente a demostrar que el acto en cuestión de ordinario requería la fuerza combinada de dos o tres hombres. Santiago trató de hacerlo por sí solo. Mientras estaba así ocupado tuvo una hemorragia cerebral. Le sobrevino la muerte. Hubo prueba tendente a demostrar que un obrero de experiencia podía efectuar sin esfuerzo lo que Santiago trató de hacer y que Santiago era un obrero de experiencia. No hubo decisión específica sobre este punto. Sin embargo, de toda la prueba se desprende lógicamente que la muerte de Santiago fué producida por un acto que, dado su estado físico para aquel entonces, equivalía en el caso suyo a un esfuerzo. A nuestro juicio se desprende que su muerte se debió a un accidente dentro del significado del artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El presente no es el caso de un obrero a quien, mientras está en su trabajo, le sobreviene la muerte de cau-sas naturales o de cualquier causa distinta a un acto fortuito inesperado que sea el resultado de un acto o función inhe-rente a su trabajo o empleo.

Debe confirmarse la decisión de la Comisión Industrial.

El Juez Presidente Sr„ Del Toro no intervino.


author: El Juez Presideute Señor Del Toro

text:
    Francisco Quiñones Cherena, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1031.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Enero 24, 1939.

      Negrón López & Negrón López, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presideute Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de San Germán la escritura pública núm. 97 de agosto 3, 1938, otorgada ante el Notario José A. Negrón López, por virtud de la cual los esposos Francisco Fernández y Ramona Rodríguez segregaron de una mayor de su propiedad cierta finca que vendieron a Francisco Quiñones, el registrador se negó a ello “por observarse que no se ba presentado el plano aprobado por el Comisionado del Interior de Puerto Rico, de la finca segregada y vendida, en armonía con lo dispuesto por la Resolución Conjunta núm. 55 de la Asamblea Legis-lativa de esta Isla aprobada el 15 de mayo de 1937 y lo resuelto por el Congreso de los Estados Unidos en relación con la validez de las resoluciones legislativas de esta Isla; ...”

No conforme el comprador, interpuso el presente recurso gubernativo, señalando cuatro errores cometidos a su juicio por el registrador, al estimar que la Resolución Conjunta Núm. 55 aprobada en 15 de mayo de 1937 requiere la presen-tación de planos en el registro de la propiedad, que los tér-minos de dicha Resolución Conjunta, aún refiriéndose a la presentación de planos en el registro de la propiedad, son mandatorios y no directivos, que la omisión del plano cons-tituye un defecto insubsanable y que la Resolución Conjunta Núm. 55 aprobada en 15 de mayo de 1937 está vigente, ya que la misma fue anulada por este tribunal y no. lia sido reenaetada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Del cuarto error desistió propiamente a nuestro juicio el recurrente porque si bien es cierto que esta Corte Suprema en el caso de Nazario v. Registrador, 53 D.P.R. 136 decidió que la Resolución Conjunta Núm. 55 de 1937 (Leyes de 1936-1937, pág’. 639) era inconstitucional y nula por haber sido aprobada en contravención a las disposiciones de la sección 34 de la Ley Orgánica, también lo es que el Con-greso de los Estados Unidos, el 16 de junio de 1938 decretó una ley que lee como sigue:

“. . . Que todas y cada una de las resoluciones conjuntas apro-badas en cualquier tiempo por la Legislatura de Puerto Rico o por la anterior asamblea legislativa, y aprobadas por el Gobernador, queden, y las mismas son por la presente, en todas sus partes, ra-tificadas, aprobadas y confirmadas; y todos los actos realizados así como los contratos y traspasos hechos o celebrados o emitidos o en-tregados o aceptados o recibidos, incluyendo bonos, escrituras, y tras-pasos de propiedad inmueble o mueble o servidumbres o derechos intangibles o incoados, y documentos y papeles ele toda naturaleza, con-tribuciones cobradas y el cobro de las miomas, desembolsos de dinero y los resguardos de los mismos, y todos los demás pasos, actos, sentencias, decretos y procedimientos de toda y cualquier clase o na-turaleza que se hayan celebrado, hecho, llevado a cabo, tomado, tra-mitado, ejecutado, emitido, entregado, o recibido o aceptado bajo o por virtud de cualquier tal resolución conjunta, ya de la Legisla-tura de Puerto Rico o de la anterior asamblea legislativa, sean, y por la presente las mismas son, en todas sus partes legalizadas, ra-tificadas, confirmadas y convalidadas tan completamente a todos los fines e intenciones, y para que tengan el mismo efecto, valor, alcance y efectividad como si todas y cada una de dichas resoluciones hu-bieran sido en su origen aprobadas, válidamente, y firmadas (approved) por el Gobernador, en la forma de ‘Leyes’ de la legislatura y de la asamblea legislativa, respectivamente, en vez de en la forma de ‘resolución conjunta.’ ” (Public — No. 641' — 75th Congress, Chapter 460 — 3rd Session, H. R. 10652.)

En relación con los señalamientos primero y segundo, diremos que son insostenibles de acuerdo con lo ya resuelto por esta corte en los casos de Molini v. Registrador, 52 D.P.R. 360; Fermoso v. Registrador, 52 D.P.R. 384, y Estados Unidos de América v. Registrador, 53 D.P.R. 944, en el último de los cuales la corte, por medio de su Júez Asociado Sr. de Jesús, se expresó así:

“El objeto primordial de la legislación que nos ocupa, según se desprende de todo su contexto y especialmente de su título y del preámbulo que precede a su articulado, es facilitar la formación del plano catastral de la Isla de Puerto Rico, expresándose a la vez en el preámbulo otras ventajas de segundo orden que se obtendrían con la ameritada legislación.
“La sección primera no hace obligatoria la presentación de pla-nos para su aprobación y archivo por el Comisionado del Interior, pero inspirado quizá en la norma seguida por los redactores de la Ley Hipotecaria para obligar a los interesados a presentar sus tí-tulos en el Registro de la Propiedad, el legislador, persiguiendo el mismo propósito con respecto a los planos, indirectamente hace com-pulsoria su presentación, al disponer en la sección 2 que no se ad-mitirá en los registros de la propiedad, cortes de justicia y centros gubernativos ninguna copia de planos que no haya sido previamente aprobada por el Comisionado del Interior de Puerto Rico. Muy corriente es en los tribunales de justicia presentar en evidencia y acompañar como exhibits planos de fincas rústicas y urbanas. Con menos frecuencia se presentan también planos en los centros gu-bernativos en relación con asuntos administrativos; pero no sucede lo mismo en los registros de la propiedad, donde ni la Ley Hipote-caria ni ninguna otra legislación requiere la presentación de pla-nos. Viene entonces la sección 7 a suplir el defecto exigiendo que de toda segregación o agrupación que se haga de cualquier finca o fincas deberá presentarse plano, el que desde luego, de acuerdo con la sección 2, deberá ser aprobado por el Comisionado del Interior. Pudo el legislador, a los fines expresados, ir más lejos aún y requerir la presentación de planos, no solamente cuando de inscribir segregaciones o agrupaciones se tratare, si que también en el caso de cualquier otra operación que hubiera de practicarse en el registro de la propiedad. El no haber ido tan lejos como pudo hacerlo no afecta, desde luego, la eficacia de la disposición legislativa. Tam-poco empece a la validez de la sección 7 el hecho de que el plano no sea necesario para practicar operaciones en el Registro ni que no exista deber alguno por parte del registrador de archivarlo, pues como hemos indicado, el fin perseguido por el legislador es conse-guir indirectamente la presentación de los planos al Comisionado del Interior, aumentando así los casos en que tal aprobación y archivo son necesarios, y consiguientemente acumulando mayor número de ellos para facilitar la formación del plano catastral.
“A los fines del Registro, se daría cumplimiento al precepto le-gislativo acompañando el plano al documento cuya inscripción se solicita, devolviéndolo luego el Registrador al interesado una vez inscrito el documento, expresando en la nota 'de inscripción al calce del mismo, así como en el asiento que cause el título en el registro, que el plano se presentó y lo. tuvo el registrador a la vista conforme exige la ley.
“El hecho de que ningún otro fin práctico pudiera obtenerse con la legislación que nos ocupa es inmaterial. No es dable a los tribunales entrar a considerar los méritos intrínsecos de una ley, in-cumbencia ésta del poder legislativo y no del judicial; cuya misión es aplicar e interpretar las leyes.”

Decidido que la resolución conjunta de que se trata requiere mandatoriamente la presentación en el registro del plano de la segregación, veamos el alcance que tiene la falta de cumplimiento del precepto en cuanto a la inscripción de la compraventa de la finca segregada, y con ello entraremos en la consideración del tercero de los errores señalados.

Sabemos que el registrador se negó a inscribir el con-trato por el solo motivo de la no presentación del plano. ¿Pudo hacerlo? La Resolución Conjunta por su sección 2 ordena que “no se admitirá en los registros de la propie-dad . . . ninguna copia de planos que no baya sido previa-mente aprobada por el Comisionado del Interior de Puerto Rico” y luego por la 7 prescribe que “de toda segregación o agrupación que se baga de cualquier finca o fincas, deberá presentarse plano, haciendo constar en él la parte segre-gada o las fincas que se agrupen.”

Se limita, pues, a imponer una obligación que debe cum-plirse. No ordena que su falta de cumplimiento impida la inscripción del contrato que guarda relación con la misma.

Siendo ello así, debemos recurrir a la propia Ley Hipote-caria para conocer cuáles son los casos en que debe negarse la inscripción o verificarse haciendo constar el defecto o los defectos subsanables que el registrador advierta.

Hice el artículo 65 de dicha Ley Hipotecaria tal como fue enmendado por la Ley Núm. 20 de 9 de julio de 1936 (Leyes de ese año, Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 153), en lo pertinente (itálicas nuestras):

“Artículo 65. — Serán faltas subsanables las que afecten a la va-lidez del mismo título, sin producir necesariamente la wuMdad de la obligación en él constituida.
“Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la ins-cripción harán constar los defectos que contenga el título y en cual-quier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal.
“Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación.
yy

Por el hecho de uo levantarse el plano, ni por el de no presentarse en el registro, no se produce necesariamente la nulidad del contrato que se trata de inscribir, no pudiendo, por tanto, calificarse la falta de insubsanable. Tampoco puede sostenerse que la falta de presentación del plano afecte la validez del título. Estrictamente tampoco podría califi-carse el defecto de subsanable.

Ahora bien, se trata de un deber impuesto por la ley dejado de cumplir y nos parece que lo lógico es que el regis-trador haga constar dicha falta de cumplimiento a fin de que los libros del registro, .de acuerdo con el propósito fundamental de dicha institución, hablen claro y adviertan a los futuros contratantes en relación con el inmueble que hay algo omitido que para su beneficio pueden exigir que se supla, y es en este sentido que la falta de presentación del plano puede y debe anotarse a nuestro juicio como defecto subsanable ya que en verdad es algo que se está obligado a hacer y no se hizo y que puede perfectamente hacerse lnego, corrigiéndose entonces la omisión.

Debe, en tal virtud, revocarse la nota recurrida, ordencm-dose la inscripción solicitada con el defecto apuntado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Manuel Pascual, demandante y apelado, v. Alejandro Lamour Rivera, demandado y apelante.
    Núm. 7737.

    Sometido: Enero 16, 1939.

      Resuelto: Enero 24, 1939.

      Alejandro Lamour Bivera, pro se y Diego O. Marrero, abogado del apelante; A. Bivas, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Las apelaciones interpuestas en este caso lo fueron en un mismo escrito, en marzo 4, 1938, contra una sentencia dic-tada en rebeldía y una resolución negando la apertura de la rebeldía.

El primer documento que se presentó en esta corte fué un escrito de abril 4, 1938, pidiendo un nuevo término para radicar la transcripción, acompañado de copia del escrito de apelación. Se proveyó de conformidad.

Vencido el nuevo término, se solicitó en mayo 2 y se con-cedió en mayo 4 una prórroga a vencer en junio 2. En junio 1 volvió a solicitarse otra prórroga que se concedió en junio 3 hasta julio 2. En julio 1, se repitió la petición de prórroga y fué concedida hasta agosto primero advirtiéndose al ape-lante que no se accedería a nuevas solicitudes a no ser que concurrieran circunstancias realmente meritorias.

En agosto 1, 1938, se archivó finalmente la transcripción que consta de diez páginas. De ella aparece que la senten-cia en rebeldía apelada se dictó en noviembre 2, 1937, y se notificó en noviembre 12, y que la moción sobre apertura de rebeldía tiene fecha diciembre 11, 1937, y fué resuelta decla-rándola sin lugar en febrero 3, 1938, notificándose la reso-lución a las partes el 4 del propio mes de febrero de 1938.

Una vez archivada la transcripción comenzó la solicitud de prórrogas para la presentación de alegato. En agosto 12, se concedió la primera, en septiembre 10, la segunda, en octu-bre 8, la tercera, en noviembre 9, la cuarta con la adverten-cia de que sólo se accedería a nuevas peticiones bajo circuns-tancias realmente meritorias.

Volvió a solicitarse otra prórroga en diciembre 8 y se ordenó su notificación a la parte contraria y ésta en diciem-bre 13, presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por haberse interpuesto fuera de término y haberlo sido, además, con el único fin do dilatar la ejecución de la sentencia, habiéndose incurrido en negligencia en su trami-tación.

El apelante se opuso a la desestimación y archivó su ale-gato, constante de ocho páginas, finalmente el 3 de enero actual. Trece días después ambas partes fueron oídas en corte abierta sobre sus respectivas pretensiones.

Basta la mera exposición que dejamos hecha para con-cluir que el apelante fué negligente en la tramitación del recurso. Apeló en marzo 4, 1938, y no fué hasta cerca de cinco meses después que archivó la transcripción y archivada ésta comenzó de nuevo a solicitar prórrogas para presentar su alegato lo que no hizo hasta cinco meses después y ello bajo la presión de una moción de desestimación.

Examinado dicho documento, en modo alguno justifica el tiempo tomado para su presentación no sólo por su breve-dad si que especialmente por la ausencia de cuestiones de difícil estudio o exposición. La conclusión de que el ape-lante interpuso su recurso a los fines de dilatar la ejecución de la sentencia, es inescapable.

Pero hay más. Existe una cuestión de jurisdicción levantada que impide a este tribunal penetrar en los méritos de la apelación interpuesta contra la resolución de apertura de rebeldía. Dicha resolución se dictó como sabemos el 3 de febrero de 1938 y se notificó el día siguiente, no siendo hasta marzo 4, 1938, que se interpuso el recurso. Y este tribunal, en el caso de Melchior, Armstrong & Dessau, Inc. v. M. Defendini & Cía. et al., 29 D.P.R. 763, resolvió:

“Procede desestimar la apelación de una resolución negando aper-tura de rebeldía cuando tal apelación se ha entablado después de los 10 días que concede el núm. 3 del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil para recurrir contra resoluciones dictadas después de sentencia.”

Nada se dice a este respecto en cuanto a la apelación de la sentencia, pero surge claro de los autos que habiéndose notificado la sentencia en noviembre 12, 1937, y no habién-dose interpuesto la apelación hasta marzo 4, 1938, lo fué también fuera de término.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se considere, procede y debe decretarse la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. South Porto Rico Sugar Company (corporación de New Jersey), South Porto Rico Sugar Company (corporación doméstica) y Russell & Company, Sucesores, demandadas.
    Núm. 4.

    Sometido: Enero 14, 1939.

      Resuelto: Enero 24, 1939.

      James R. Beverley y R. Castro Fernández, abogados de la Soutb P. R. Sugar Co. (corporación doméstica); Ryder Patten, abo-gado de la South P. R. Sugar Co. (corporación de New Jersey); ■ Hartzell, Kelly & Ilartzell, abogados de Russell & Company, Su-cesores; Hon. Procurador General B. Fernández García, y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas y Luis Venegas Cor-tés, abogados asociados los tres últimos, abogados del querellante.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Autorizado el Procurador General para presentar a nom-bre de El Pueblo de Puerto Rico una información de la natu-raleza de quo tvarranio, la radicó el 7 de noviembre del año pasado y se concedió a las demandadas arriba nombradas basta el día 22 de diciembre de 1938 para formular sus ale-gaciones.

Antes de vencer el plazo, el 20 del mes pasado, compa-recieron las demandadas, sin someterse a la jurisdicción de este tribunal, con el solo objeto de solicitar el traslado del caso a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico. A la petición de traslado acompañaron la fianza que jiara tales casos exige la ley. Basan su petición las deman-dadas en el artículo 28 del Código Judicial de los Estados Unidos, que en lo pertinente dice así:

‘ ‘ Cualquier pleito de naturaleza civil, en ley o en equidad, en que esté envuelta la interpretación, validez o efecto de la Constitución o leyes de los Estados Unidos, o tratados celebrados o que puedan ce-lebrarse bajo su autoridad y sobre los cuales se concede jurisdicción original a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, presentado en una corte estatal, puede ser trasladado a petición de los demandados a la Corte de Distrito de los Estados Unidos correspondiente. .

Se señaló el día 10 del actual para oír a las partes sobre la procedencia del traslado y luego de informar oralmente en apoyo de sus respectivas posiciones, se les concedió plazo para radicar alegatos, quedando definitivamente sometida la cuestión al radicar el suyo el Procurador General el 14 del mes en curso.

Para que proceda un traslado de una corte estatal o insular a una Corte de Distrito de los Estados Unidos, es preciso que concurran las siguientes circunstancias:

(a) Que se trate de un pleito de naturaleza civil en ley o en equidad;

(&) Que envuelva una cuestión federal, es decir, que surja de la interpretación de la Constitución o leyes de los Esta-dos Unidos, o tratados celebrados o que pudieran celebrarse bajo su autoridad;

(c) Que se liaya. concedido .jurisdicción original sobro dichos pleitos a las Cortes de Distrito de los Estados Unidos; y

(d) Que la cuantía envuelta exceda de $3,000.

Si faltare cualquiera de estos cuatro requisitos no pro-cederá el traslado y la corte estatal o insular, según fuere el caso, retendrá su jurisdicción.

Sostienen las demandadas que la misión de este tribunal en el presente caso debe limitarse a examinar la petición de traslado y la fianza qne la acompaña, y si ni nna ni otra son defectuosas, es imperativo decretar el traslado sin ulterior consideración.

No podemos convenir con la proposición de las demanda-das.

“El derecho al traslado depende de lo que resulte de la faz de las alegaciones existentes en la fecha en que se radique la petición de traslado. Los elementos de la jurisdicción federal deben surgir de la faz de la demanda o petición del demandante; si no es así, el traslado debe denegarse, sin que las alegaciones de la petición de tras-lado u otras subsiguientes puedan completar los hechos que confieren jurisdicción para decretarlo.” Montgomery’s Manual of Federal Jurisdiction and Procedure, 3a. ed., sección 284 y casos citados; Salem Trust Co. v. Manufacturers’ Finance Co., 264 U. S. 182; Gully v. First National Bank, 299 U. S. 109.

Es lógico que el derecho al traslado no dependa de la voluntad exclusiva del que lo solicita, como lo sería si la petición fuese la única base para decretarlo, pues con sólo radicar una petición que reuniese los requisitos leg’ales se obtendría el traslado en cualquier caso, fuera o no trasla-dable. Son las alegaciones de la demanda radicada en la corte estatal o insular, en su caso, las que determinan la índole del pleito. Claro es que si la petición es insuficiente o si no se radica la fianza de rigor, o no cumplen una y otra con los requisitos estatutarios, procede también denegar el traslado, aunque de acuerdo con las alegaciones de la demanda aquél fuere procedente.

Examinaremos primero la naturaleza de la demanda, radicada por El Pueblo de Puerto Rico a la luz del artículo 28 del Código Judicial de log Estados Unidos y procedere-mos después a determinar si en efecto concurren en la misma los cuatro requisitos anteriormente enunciados.

Se trata, como fiemos visto, de una información de la naturaleza del quo ivarranto en que se alega que las deman-dadas han violado la sección 3 de la Resolución Conjunta número 23 del Congreso de los Estados Unidos de América, aprobada en mayo primero de 1900 y ratificada por el artículo 39 de la vigente Ley Orgánica. Dicha sección '3, en lo per-tinente, dice así:

“. ... y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarlos a la agricultura, esta-rán limitados por sus estatutos a una cantidad de 500 acres; y esta disposición será adoptada para impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.”

También está basada la querella en nuestra ley de quo warranto, según fué enmendada por la número 33 de 22 de julio de 1935 (Leyes de ese año, sesión extraordinaria, pág. 419), que en lo pertinente dice:

“Sección 1. — Por la presente se confiere al Tribunal Supremo de Puerto Rico jurisdicción original exclusiva para conocer de todo procedimiento de quo warranto que el Gobierno de Puerto Rico inste en lo sucesivo por violación de las disposiciones de la Sección 752 del Título 48 del Código de los Estados Unidos, y al efecto se dispone que la violación de dichas disposiciones constituirá motivo bastante para que se inicie un procedimiento de la naturaleza de quo warranto

y en la número 47 de 7 de agosto de 1935 (Leyes de ese año, sesión extraordinaria, pág. 531), también enmendatoria de la de quo warranto, que en lo pertinente dice así:

“Sección 2. — Cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejerciere o desempeñare funciones de algún cargo público o hiciere ilegalmente uso de alguna franquicia, ... o cuando alguna asocia-ción o número de personas actúen en Puerto Rico en concepto de corporación, sin estar incorporadas legalmente; o cuando alguna cor-poración haga u omita algo que equivalga a la renuncia o a la per-dida de los derechos y privilegios que como a tal corporación le co-rresponden; o cuando ejercite derechos no conferidos por la ley, el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante cualquier corte de distrito de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del Quo Warranto, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; o cuando cualquier corporación por sí, o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada, o agente, ejercite derechos o realice actos o contratos en con-travención a las expresas disposiciones de la Carta Orgánica de Puerto Rico o de cualquiera de sus estatutos, el Fiscal General o cualquier fiscal de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una solicitud para que se instruya informa-ción de la naturaleza del Quo Warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; ....
“Cuando cualquier corporación por sí o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente esté poseyendo ilegal-mente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio pro-cedimiento, instar la confiscación de dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.
“En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropiación Forzosa.
“Sección 6. — En caso de que alguna persona o corporación contra quien se haya hecho la petición resultare culpable, la corte podrá dictar su fallo, despojando a dicha persona o corporación del cargo o franquicia a que se refiere la petición, y podrá multar a dicha persona o corporación por la usurpación o desempeño ilegal de tal cargo, o de dicha franquicia, o su intrusión en él o en ella, y podrá tam-bién imponer al demandado el pago de las costas de las actua-ciones; ...
“En todos los casos en que quedare satisfactoriamente probado, a juicio de la corte, que la corporación o corporaciones, han reali-zado actos o ejercitado derechos no conferidos por la ley, o en con-travención a las expresas disposiciones de la misma, en la sentencia que recaiga se decretará la disolución de la entidad demandada, si fuere doméstica, la prohibición de continuar haciendo negocios en el país si fuere extranjera, la nulidad de todos los actos y contratos realizados por la corporación o entidad demandada, y se decretará, además, la cancelación de los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Rico, y cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Rico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos. A estos efectos deberá fijarse el justo valor de los bienes sujetos a enajenación o confiscación en la misma forma fijada en los casos de expropiación forzosa.
"La infracción de la orden prohibiendo hacer negocios después de dictada sentencia firme será penada con multa máxima de qui-nientos (500) dólares por cada día que la entidad continuare ejer-ciendo sus funciones, ejecutable en los bienes de la entidad, y las personas que las representan incurrirán en desacato a la corte, cas-tigable con pena mínima de uno a seis meses de cárcel.
"Siempre que se pronuncie alguna sentencia a favor de algún demandado, éste podrá recobrar del demandante las costas, inclu-yendo una suma razonable para honorarios de abogado.
"A los fines de fijar el valor de los bienes El Pueblo de Puerto Pico, por conducto de sus agentes o representantes, queda autori-zado para penetrar en las fincas o bienes objeto de controversia cual-quiera que sea su naturaleza y condición. ’ ’

Aparece de la faz de la querella que cuando las tres demandadas surgieron a la vida jurídica y cuando empeza-ron a hacer negocios en Puerto Rico, imperaba ya en esta Isla la Resolución Conjunta número 23, de primero de mayo de 1900, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, cuyo contenido en lo pertinente ya conocemos; de manera, pues, que su derecho a hacer negocios aquí estuvo condi-cionado desde el primer momento al cumplimiento de la expresada disposición legal. Se alega además que las tres entidades demandadas son el resultado de un plan o combi-nación para burlar la limitación legal sobre tenencia de tie-rras en exceso de quinientos acres, poseyendo, como se alega que poseen, tierras que exceden considerablemente de la per-mitida por la ley.

Termina la querella con la siguiente súplica:

"Por lo tanto, el Pueblo ele Puerto Rico, por su Procurador General suplica (1) en cuanto a la demandada South Porto Rico Sugar Company (Puerto Rico), se dicte sentencia de pérdida de franqui-cia, ordenando su disolución inmediata, prohibiéndole seguir haciendo negocios en Puerto Rico e imponiéndole la multa correspondiente; (2) en cuanto a la codemandada South Porto Rico Sugar Company (New Jersey), que se dicte sentencia condenándola a cesar y desistir de llevar a cabo negocios en la Isla de Pnerto Rico; (3) en cnanto a Rnssell & Co., Sncesores, qne se dicte sentencia declarando que fue y es ilícito el objeto de su constitución; que es una sociedad inexis-tente, y ordenando su disolución inmediata; y (4) por último, en cuanto a todas las demandadas, todos los pronunciamientos que en equidad y justicia sean procedentes.”

Por la síntesis que liemos hecho de la querella, fácilmente se comprende que se trata de una información de quo warranto que es de naturaleza civil, y sobre lo cual no hay contienda entre las partes.

¿Existe el segundo requisito exigido por el citado artículo 28 para que proceda el traslado? Ese es precisamente el nervio de la cuestión. El querellante lo niega enfáticamente y dedica una parte de su brillante alegato a sostener su pro-posición. Las demandadas asumen su existencia y no pro-fundizan en da materia. La cuestión a determinar es si la Resolución Conjunta número 23, de mayo primero de 1900, y nuestra Ley Orgánica de 1917, a pesar de ser, como son, leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, pue-den considerarse, por su carácter local, como leyes de los Estados Unidos a los efectos de un traslado a la Corte Federal ; o si, por el contrario, por su naturaleza o carácter pura-mente local deben considerarse a esos mismos efectos como estatutos de Puerto Rico que no dan derecho al traslado.

La cuestión no es nueva en esta, jurisdicción.' Este tribunal, en otro c¡aso de igual índole — el de Pueblo v. The Fajardo Sugar Co. of P. R., 50 D.P.R. 163, 179 — por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro exteriorizó su criterio sobre el particular en los siguientes términos:

“Toda la Carta Orgánica demuestra que el Congreso estaba es-tableciendo una forma territorial de gobierno con el mismo control sobre las corporaciones creadas por él o haciendo negocios dentro de sus límites, que el que pudiera tener un estado o cualquier otro territorio. Por consiguiente, ya que las franquicias son concedidas por Puerto Rico y su gobierno tiene control sobre las corporaciones dentro de sus límites, la inferencia inevitable es que la violación de la franquicia o la tenencia de tierras en exceso de quinientos acres es una cuestión local. Es inconcebible que la violación de una carta, constitutiva o de la carta orgánica debiese ser excluida del control de Puerto Rico. Sería tan posible decir que una violación de la lla-mada ‘Declaración de Derechos’ es materia exclusivamente de ju-risdicción federal, y así sucesivamente, de cualquier otra disposición, de la carta orgánica.”

Ampliando el pensamiento del Juez Presidente podría-mos agregar qne si aceptásemos la proposición de las que-relladas nos conduciría al absurdo de tener que sostener que-cada vez que se alegue en algún pleito ante nuestros tribu-nales que una ley local infringe la cláusula constitucional sobre “el debido proceso de ley” o “igual protección de las; leyes”, o cualquiera otra de las limitaciones constitucionales expresadas en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica, se-levanta una cuestión federal y si la cuantía en controversia excede de $3,000, puede el demandado solicitar el traslado para ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

Indudablemente el Congreso no pudo tener en mente san-cionar tan absurda situación.

Y no es sólo este tribunal quien ha sostenido el criterio-antes enunciado. En el territorio de - Alaska, donde se levantó la cuestión sobre la naturaleza del código de dicho-territorio, generalmente conocido por Código de Alaska, apro-bado, desde luego, por el Congreso de los Estados Unidos, se dijo lo siguiente:

“Al aprobar la ley de 6 de junio de 1900 (31 Stat. 321, e. 786), generalmente conocida por Alaska, Code, el Congreso ejerció sus po-deres-de gobierno estatal y ese código, que es prácticamente idéntico al de Oregon y a los de otros estados con códigos, debe considerarse e interpretarse como si hubiera sido aprobado por la asamblea le-, gislativa de un estado.” Allen v. Myers, 1 Alaska 114, 118.

A este respecto la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho:

“La jurisdicción de que están investidas no es parte del poder judicial que define el artículo 3o. de la Constitución, sino que la con-fiere el Congreso al ejercitar aquellos poderes generales que ejerce ese cuerpo sobre los territorios de los Estados Unidos. ... Al legis-lar para éstos, el Congreso ejerce los poderes combinados del go-bierno general y del de un estado.” American Insurance Co. v. Canter, 26 U. S. 511, 546, 7 L. ed. 242, 256; Benner v. Porter, 50 U. S. 235, 13 L. ed. 119.

Por lo expuesto, sostenemos que se trata en este caso de un estatuto que, aunque aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, tiene carácter local, y es, a los efectos del traspaso solicitado, como si hubiese sido aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Siendo como es el deber de las cortes estatales, y por ana-logía de los tribunales insulares, al presentarse ante ellos una moción de traslado determinar por sí mismos si el caso es o no trasladable (El Pueblo v. Rivera Zayas, Juez, 29 D.P.R. 454; Miles v. Layton, 112 A.L.R. 786, 790 (193 A. 567); Madisonville Traction Co. v. Saint Bernard Min. Co., (196 U. S. 239) 49 L. ed. 462; Southern Pacific Co. v. Waite, et al., 279 F. 171), y entendiendo como entendemos que no existe el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 28 del Código Judicial para que proceda el traslado a una corte federal, es decir, la determinación de una cuestión federal, 'procede, a nuestro juicio, denegar la petición de las deman-dadas y retener la jurisdicción que hemos asumido en este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Casto Ramírez, acusado y apelante.
    Núm. 7147.

    Sometido: Noviembre 10, 1938.

      Resuelto: Enero 25, 1939.

      Carlos García Méndez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

El jefe de la policía de Cabo Rojo formuló una denuncia contra el acusado Casto Ramírez, porque ‘ ‘... ilegal, volun-taria y maliciosamente, a sabiendas explotaba el negocio y puso en circulación para la venta billetes, papeletas, boletos o números, por medio de agentes, y como dueño, director y administrador de la misma, de una banca de la bolita o bolipool denominada £K. K. L.,’ que es una lotería clandes-tina expresamente prohibida por la ley, la cual lotería admi-nistró y dirigió y tiró el día 10 de octubre de 1937 el aquí acu-sado Casto Ramírez, a sabiendas de que se utilizan y se estaban utilizando en el juego ilegal de la bolita o bolipool los ya dichos billetes, papeletas, boletos o números, siendo •el premio mayor de $200 para aquellas personas que los com-praran y tuvieran o corrieran la suerte o la aventura de obte-ner el referido premio si el número comprado por estas per-sonas o persona salía agraciado en el orden de sus tres cifras y que concuerden con las últimas tres cifras del número agra-ciado con el premio mayor de la lotería Nacional Domini-cana ...”

El acusado fué convicto en la Corte Municipal de Cabo Rojo, y más tarde en la de Distrito de Mayagüez, de donde procede esta apelación.

El apelante sostiene que la corte a quo erró al no elimi-nar la declaración sin corroborar de una cómplice y al decla-rarle culpable en ausencia de prueba suficiente. Discutiremos conjuntamente los errores señalados.

El primer testigo del fiscal, el jefe de la policía, declaró por referencia, así es que podemos prescindir de sn testimonio. No así en cuanto al de Carmen Lavezzari, cómplice del acusado a quien se .refiere el primer señalamiento. Declaró esta testigo que Casto Ramírez era dueño de una banca de bolipool que administraban ambos; que ella vendía los tickets que el acusado le llevaba, y más tarde le entregaba su importe; que en ocasiones anteriores ña visto dos tickets que el fiscal le muestra, que llevan el número 578 y pertenecen a la banca K. K. L., propiedad de Casto Ramírez; que dichos tickets fueron vendidos por José Rodríguez y salieron premiados; que Casto Ramírez no los pagó cuando Rodríguez los fue a cobrar; que eso sucedió en octubre de 1937; que ella no vende los tickets de la banca sino que los reparte.

El siguiente testigo del fiscal, José Rodríguez, declaró substancialmente que por encargo de Marta Beatriz Gonzá-lez, y por cuenta de ella, compró a Carmen Lavezzari los tickets premiados, y que el acusado se negó a pagarlos; que obtuvo los referidos tickets de éste para entregarlos a la Lavezzari; que de propio -conocimiento sabía que Ramírez era dueño de una banca de bolipool; que también sabe que los tickets premiados fueron entregados por el acusado a Carmen Lavezzari.

Podemos prescindir también de lo declarado por la tes-tigo Marta Beatriz González, que se limitó a decir cuanto ya sabemos por José Rodríguez en lo referente a ella, y ade-más que, imposibilitada de cobrar los tickets, se los entregó a su abogado Pedro Baigés Gómez para que gestionara su cobro.

Baigés Gómez declaró que el día 14 de octubre de 1937 Marta Beatriz González le entregó los tickets de bolipool que el fiscal le mostró, que llevan el número 578; que entonces fué a visitar a Casto Ramírez, en gestiones de cobro de la cantidad de $100.00 con que fueron agraciados los tickets; que Casto Ramírez le contestó que los $100 del premio los había entregado a Carmen Lavezzari para que ésta a su vez los entregara a Marta Beatriz González; que en última ins-tancia entregó personalmente los tickets al juez municipal.

Esa fue toda la prueba testifical del fiscal; la documen-tal consistió de los tickets. Apreciándola en conjunto, es a nuestro juicio suficiente para sostener la sentencia recaída. No es necesario, como alega el acusado, ser “. . . sorpren-dido portando o conduciendo o vendiendo o administrando o dirigiendo y tirando ... el juego ilegal de bolipool.” En El Pueblo v. Morales, 51 D.P.R. 204, resolvimos:

“. . . La sección 2 de la Ley núm. 25 de 1935 ordena a la Po-licía Insular ocupar y poner a disposición de la corte municipal co-rrespondiente cualesquiera artefactos, materiales, enseres o imple-mentos que se estén utilizando para llevar a efecto juegos prohibidos conocidos por ‘bolita’ y ‘boli-pool,’ y arrestar y denunciar a las per-sonas que violen dicha Ley. Y la sección 4 de la misma ley dispone:
“ ‘. y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, podrá ser castigado a pagar una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de doscientos (200) dólares,’ etc.
“La prueba demuestra que la Policía, habiendo tenido conoci-miento de que en el barrio Las Cuevas se estaba llevando a efecto un juego de ‘bolita,’ bajo la denominación de ‘La Estrella,’ pro-cedió a practicar un registro en la casa de la persona de quien te-nían sospechas y a quien creían ser dueña o encargada o administra-dora de dicho juego. Los efectos encontrados debajo de la cama de la acusada eran evidentemente de la clase de los que se usan corrien-temente para dicho juego. No era necesario que dichos efectos se es-tuvieran usando en el preciso momento en que fueron ocupados por la policía. ’ ’

Por las razones aducidas, debe desestimarse el segundó señalamiento de error.

El primero tampoco se cometió. Cierto es que este tribunal ha resuelto que el testimonio no corroborado de un cómplice no es suficiente para declarar culpable a un acusado. El Pueblo v. Collazo, 38 D.P.R. 991. Pero esa regla no tiene aplicación al presente caso, porque la declaración de Carmen Lavezzari, cómplice del acusado Casto Ramírez, fue corroborada por la del abogado Baigés Gómez, quien le mere-ció entero crédito a la corté inferior, de acuerdo con sus propias manifestaciones y quien no era un cómplice de Ramí-rez. De ser cierto lo declarado por este testigo, y nosotros no podemos presumir lo contrario, el acusado admitió que había pagado el premio correspondiente a los tickets número 578 a Carmen Lavezzari, corroborando así el resto de la evidencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Irizarry, acusado y apelante.
    Núm. 7349.

    Sometido: Enero 19, 1939.

      Resuelto: Enero 25, 1939.

      Gelpí & Gelpí, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de la Corte de Distrito de Mayagüez radicó contra José Irizarry una acusación que en lo pertinente lee así:

. “El referido acusado José Irizarry, allá en o por el día 16 de noviembre de 1937, y en Mayagüez, P. R., que forma parte del Dis-trito Judicial de Mayagüez, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente tenía en su poder y posesión con el fin de dedicarla al consumo hu-mano, leche de-vaca adulterada.”

Contra esa acusación presentó el acusado el día de la vista una excepción perentoria de falta de hechos, y en apoyo de la misma alegó que, de acuerdo ” con la sección primera de la Ley núm. 77, aprobada en 12 de agosto de 1925 (pág. 559), el delito lo-comete “toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo hu-mano . . ,” pero no el que la tiene en “poder y posesión con el fin de dedicarla al consumo humano.” Replicó el fiscal de distrito que “. . . centenares de casos (sic) han sido condenados por el delito de tener en posesión y en su poder leche de vaca adulterada con el fin de dedicarla al consumo humano.” Declarada sin lugar la excepción, el acusado admi-tió los hechos alegados en la acusación, en vista de lo cual la corte le declaró culpable y le condenó a pagar una multa de $25, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, más las costas. El acusado apeló.

La corte inferior cometió el alegado error manifiesto de no absolver perentoriamente al acusado por insuficiencia de los hechos alegados en la denuncia. Un estudio de la juris-prudencia sentada por este tóbunal en casos recientes hubiera sido suficiente para evitar la comisión de tal error.

En El Pueblo v. Rivera, 43 D.P.R. 922, dijimos:

“. . . La adulteración es la base. Por sí misma sería quizá tiempo y dinero malamente perdidos y nada más. Cuando hecha se introduce la substancia adulterada en el comercio de los hombres, realizándose el engaño y el daño a la salud, es que surge en verdad el acto delictivo.”

En El Pueblo v. Segarra, en una opinión per curiam de julio 6, 1938 (53 D.P.R.), revocamos la sentencia y absolvi-mos a los acusados, diciendo:

“Por cuanto de la prueba practicada se desprende únicamente que los acusados operaban un establecimiento de provisiones dentro del cual tenían una nevera; que los inspectores de Sanidad eneou-traron un litro de leche de vaca adulterada dentro de la misma; que el perito químico que realizó el análisis declaró que la leche podía ser de la conocida en el mercado por el nombre de ‘Klim’ o evaporada, sin presentarse prueba directa o circunstancial de que la leche iba a ser usada para <fines industriales o de venta.” (Bastardillas nues-tras,)

Debe revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Zapata, acusado y apelante.
    Núm. 7348.

    Sometido: Enero 18, 1939.

      Resuelto: Enero 26, 1939.

      Gelpí <& Gelpí, abogados del apelante: B. Á. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Antonio Zapata de tener en su posesión leche adulterada con el ñu de dedicarla al consumo humano y de ofrecerla a la venta. Fue convicto de tener en su poder leche adulterada con el fin de dedicarla al consumo humano. La posesión de leche adulterada para dedicarla al consumo humano no es un delito. Véase la sección primera de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines,” aprobada el 12 de agosto, 1925 (leyes de ese año, ley núm. 77, pág. 559).

El químico que había examinado las muestras de leche declaró sobre el resultado de su análisis. También identificó un certificado de ese resultado. El error, de haberse cometido, al admitir el documento o al tomar conocimiento judicial de la firma .que aparecía en el mismo, no fue per-judicial.

La prueba tendió a demostrar la transportación de leche adulterada que habría de ser dedicada al consumo humano; pero el acusado no fué procesado ni declarado culpable de transportar leche adulterada.

La prueba tendió también a demostrar que el acusado repartía y entregaba leche “por ajuste,” es decir, si entendemos el significado de la frase, a parroquianos permanentes que pagaban por la misma semanal o mensualmente, o después de transcurridos ciertos intervalos regulares. Al .así proceder, ofrecía, a nuestro juicio, leche adulterada para la venta.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad y así modificada, confirmada.


author: El Jijez Asociado Señor HtjtchisoN

text:
    Compañía Azucarera “El Ejemplo”, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1033.

    Sometido: Noviembre 25, 1938.

      Resuelto: Enero 26, 1939.

      González Fagundo & González Jr., abogados de la recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Jijez Asociado Señor HtjtchisoN

emitió la 'opinión del tribunal.

Con fecha Io. .de agosto de 1934 se otorgó un contrato de siembra y molienda de cañas y refacción por un término que expiraría con la zafra de 1936. De conformidad con los términos de este contrato, la zafra se definía como de enero a junio de cada año. Una de sus cláusulas disponía que el contrato podía ser prorrogado año tras año por mutuo acuerdo mediante acta notarial. En julio 30, 1936, julio 14, 1937 y abril 26, 1938, se otorgaron actas notariales. La pri-mera de estas actas se suponía prorrogar el término del con-trato original basta el 30 de junio, 1937, la segunda basta el 30 de junio 1938, y la tercera basta el 30 de junio, 1939.

El registrador de la propiedad se negó a anotar la ter-cera de estas actas en el registro de la propiedad debido a que, según los términos del contrato original, el colono reci-biría 7y2 libras de azúcar por cada quintal de caña entre-gado a la central y se le baria una deducción de 35<¿ por cada quintal de azúcar para gastos de transporte desde la factoría a Nueva York.

La primera contención de la recurrente es que el registrador cometió error al no tomar en consideración el artículo 19 de la “Ley regulando la contratación y compraventa de caña de azúcar así como el procedimiento que babrá de seguirse por las factorías azucareras (centrales) de Puerto Rico para determinar el azúcar cristalizable por ciento de la caña entregada por los colonos para su molienda; para crear una junta azucarera, fijar sus atribuciones y obli-gaciones, y para otros fines,” aprobada el 13 de ihayo, 1937 (leyes de ese año, ley núm. 112, pág. 271).

Las secciones 15, 17 y 19 de la ley de 1937, leen así:

“Sección 15. — Todo contrato o práctica, hecho o implantado, en contravención de las disposiciones del presente estatuto será nulo e inexistente. ’ ’
“Sección 17. — No será, inscribible en el Registro de Contratos Agrícolas creado por la Ley Núm. 10 de 1925, según ha sido en-mendada, ningún contrato hecho en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente ley.”
“Sección 19.- — -Esta Ley no será aplicable a contratos celebrados con anterioridad a la aprobación de la misma. ’ ’

La ley empezó a regir noventa días después de su apro-bación. Asumiremos, al igual que se bace en el alegato de la recurrente, que en lo que al primer señalamiento se refiere, la nota ‘del registrador debe ser confirmada, a menos que el caso caiga dentro de la excepción establecida por el artículo 19.

El contrato original fue, desde luego, un contrato cele-brado con anterioridad a la aprobación de la ley de 1937. En su consecuencia, cae claramente dentro de la excepción esta-blecida por el artículo 19. Para los fines de esta opinión puede admitirse que el acta notarial de julio 14, 1937 — así como la de julio 30 de 1936 — cae dentro de la misma excep-ción, toda vez que el acta de julio de 1937 fué otorgada antes de empezar a regir la ley, aunque no “con anterioridad a la aprobación de la misma.” Puede admitirse que si el con-trato original hubiera contenido cualquiera opción al efecto de que se prorrogaría o renovaría el mismo de año en año, el acta notarial de abril 26, 1938, también hubiera caído den-tro de la excepción. El contrato original no contenía tal opción. La estipulación relativa a una prórroga por mutuo acuerdo otorgada en acta notarial, no impuso obligación a ninguna de las partes fuera del requisito de que cualquier acuerdo posterior a que pudiera llegarse debía hacerse cons-tar en un acta notarial. Ni al empezar a regir la ley de 1937 ni al momento de sn aprobación existía contrato algnno sobre la molienda de la cosecha de 1939. En ningnna de dichas fechas estaba ningnna de las partes qne intervinieron en el contrato original en la obligación de celebrar nn acuerdo mutuo por medio de un acta notarial, o en alguna otra forma, en relación con la prórroga del mismo. Ninguna de las par-tes tenía derecho a exigir de la otra semejante prórroga o la celebración de semejante acuerdo mutuo. El hecho, de serlo, de que al. empezar a regir la ley — aunque no con ante-rioridad a la fecha de su aprobación — existía un contrato sobre molienda de la cosecha de 1938, no convirtió el acta notarial de abril 26 de 1938 en un contrato “celebrado” con anterioridad a la aprobación de la misma. Ni cuando Ja ley empezó a regir ni en la fecha de su aprobación se había “celebrado” ningún contrato en relación con la cosecha y molienda de 1939, dentro del significado de esa palabra con-forme la misma es usada en la sección 19.

Otra contención es que la ley es contraria a la Enmienda Déeimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos y al párrafo primero del artículo 2 de la Carta Orgánica de Puerto Eico. Las proposiciones aducidas, mas no discutidas, en el alegato de la apelante no son de por sí evidentes. Podría muy bien concebirse que no carecen enteramente de méritos. En ausencia de un caso más fuerte, bastará decir que el argumento, tal cual ha sido presentado, deja de convencernos de que tanto la sección 11 de la Ley de 1937 como la ley en su totalidad, son inconstitucionales. La nota recurrida, de ser correcta de otro modo, no debe ser revocada meramente por existir una posible duda en torno a la constitucionalidad de las disposiciones estatutarias en que esa resolución se basa.

Debe confirmarse la nota recurrida.