author: El Juez Asociado SR. Wole,

text:
    Matienzo, Demandante y Apelado, v. Cancio et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre reivindicación de finca rústica y daños y perjuicios.
    No. 1313.
    Resuelto en diciembre 1, 1915.
    Testigos — Declaraciones de Testigos Tomadas Sin la Intervención de los Demandados — Convenio de las Partes — Abuso de Discreción — Nueva Apertura del Juicio. — En este caso los abogados de las partes y el juez convinieron en que se trasladarían todos a un sitio determinado para tomar ' la declaración de un testigo imposibilitado de venir a la corte, habiéndose obligado el abogado del demandante a llevar en su automóvil al de los deman-dados. De acuerdo con este convenio, el abogado del demandante fué a casa del de los demandados y habiendo sido informado que éste había salido, pro-cedieron, el juez y dicho abogado del demandante, a tomar la declaración del testigo así como de otro testigo que también fué presentado sin la interven-ción del abogado de los demandados,, quien debidamente formuló objeción y excepción a la forma en que dichas declaraciones fueron tomadas. Se resolvió: que la corte inferior cometió error, pues carecía de facultad para tomar las declaraciones de los referidos testigos sin la intervención de los demandados quienes tenían derecho a- estar presentes en todos y cada uno de los períodos del juicio, y que aun si fuera discrecional la corte abusó de esa discreción al no permitir que se abriera de nuevo el juicio.
    Reivindicación — Acción. Reivindicatoría — Identidad de las- Fincas — Descrip-ciones Distintas' — Manifestaciones del Agrimensor- — Fuerza Probato-ria. — Procede erróneamente la corte que, en una acción reivindicatoría, admite un plano basada en la teoría de haber sido descrita la finca por el deman-dante como la misma que aparecía en dos descripciones distintas, sin más datos o informes que las manifestaciones heehas por ■ el agrimensor que lo hizp.
    Id.- — -Identidad de la Pinga — Prueba.—En una acción reivindicatoría en la que la cuestión de que se trata es la identidad de la finca, incumbe al demandante probar todas y cada una de las gestiones que ha practicado.
    Id. — Plano Hecho por un Agrimensor Basado Solamente en Manifestacio-nes de Testigos — Citación de Colindantes o Poseedores — Título del Demandante. — El plano hecho por un agrimensor sin tener en euenta la cita-ción de colindantes o poseedores y basado solamente en manifestaciones de testigos, Sin que se hubiere demostrado el origen de tales conocimientos, no es prueba suficiente para establecer el título del demandante en una acción reivindicatoría.
    Id. — Descripción Contenida en la Escritura Original. — Aun suponiendo que la descripción de la finca, contenida en la escritura original, fuera interpre-tada liberalmente en lo que respecta al nombre del barrio, el demandante está obligado por ella a falta de explicación de un supuesto error.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan de Gusrnán Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. Frank Antonsanti.

   El Juez Asociado SR. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Anastasia Buitrón Sánchez y otros otorgaron escritura pública ante el notario Salvador Suau Oarbonell por virtud de la cual traspasaron a Joaquín Matienzo, demandante en esta acción, su título sobre la finca que á continuación se describe como sigue:

• . “Finca.rústica radicada en el barrio de Sabana Abajo del término municipal de Carolina compuesta de ciento sesenta y tres cuerdas de terreno más o menos, colindando al Norte con la hacienda anti-guamente conocida por ‘La Providencia,’ hoy Juan Cancio Varcárcel; al ,Este con finca de Don Justo Rivera y Manuel Antonio Barrióla, Isaías Andino, Martín González y Bernabé Isaac; al Sud. con un camino vecinal que la separa de terrenos de Genaro Yizcarrondo y Juan Cancio Yarcárcel, y al Oeste con la quebrada ‘San Antón’ que la separa de la finca ‘Campo-Rico.’ ”

Sostiene el demandante que ésta era la misma propiedad que adquirió Miguel Sánchez, causante de los vendedores del demandante en el año 1827, cuya descripción es la siguiente:

“Un pedazo de terreno radicado ,en el barrio de ‘San Antón/ partido de Trujillo, bajo los puntos y guarda-rayas. siguientes: De una ceiba o molinillo punto dividente con Daniel Goyley y con rumbo hacia el Norte hasta un jobo punto dividente de Fernando Alvarez y los herederos de Manuela Allende y de este punto con rumbo hacia el Este, cuarta al Sudeste con un granadillo punto dividente con dichos herederos de Allende y Doña Teresa Marcó, y de este punto con el rumbo al Sudeste, cuarta al Sud hasta una estaca de molinillo, punto dividente de dicha Marcó y José Antonio del Castillo y de éste con el rumbo Sud cuarta, al Oeste, lindando con Daniel Goyley hasta el punto de molinillo a ceibillo donde se comenzó.”

Ahora bien, aunque estas dos descripciones son entera-mente distintas, como los vendedores del. demandante alegan que ellos eran los herederos de Miguel Sánchez, el registrador de la propiedad inscribió la escritura aparentemente como una descripción más moderna de la finca poseída por Miguel Sánchez, pero hizo .constar .en la inscripción que la nueva descripción no estaba identificada con el título original. El demandante estableció una acción contra los demandados ale-gando que éstos estaban ilegalmente en posesión de una parte de las 163 cuerdas descritas primeramente. Los demandados no han discutido formalmente el hecho de que ellos estaban en posesión de terrenos comprendidos en la descripción hecha hasta ahora en primer término, pero alegan que el deman-dante no identificó, ni podía identificar dicha primera descrip-ción con la finca adquirida por Miguel Sánchez en el año 1827. Oreemos que la demanda en este caso es deféctuosa por varias razones que más adelante discutiremos, pero pa-rece más conveniente para los fines de 'esta apelación consi-derar primero los errores cometidos durante la celebración del juicio de este caso respecto a la tentativa en identificar lá finca.

TJno de los primeros motivos de discusión fué que los terrenos de Miguel Sánchez parecen .estar situados en el barrio de San Antón, mientras que los de los demandados .se encuentran todos en el barrio de Sabana Abajo. N .

Al tratar de profear el demandante qne los barrios eran los mismos, o por lo menos qne la finca poseída por los deman-dados era la misma qne los terrenos qne alegaba poseer Mignel Sánchez, o qne en parte era así, solicitó qne se tomara declaración; a nn anciano llamado Gumersindo Andino, con-viniéndose, por'tanto por las partes en qne el juez, el abogado del demandante y ¿1 de los demandados se trasladaran a Trujillo a tomar declaración a dicho Andino, qne era nn hombre de edad muy avanzada.. También se convino expresamente que el abogado del demandante llevaría a dicho lugar en su automóvil al abogado' de los demandados. De conformidad con esto el abogado' del demandante finé a la casa del' abogado del demandado^ donde5 fue informado5 por la esposa de este último que- su esposo ya había salido. Sucedió qne la esposa del abogado del demandado quiso* decir que el' marido había salido para, el pnebloi El juez y el.abogado- procedieron a tomar declaración, a Gumersindo Andino- sin la asistencia del abogado de los demandados. NA solamente; recibió el- juez la declaración de Andino sin la. intervención, de- los- demandados sino qne oyó y aceptó la declaración de' oteo* anciano llamado Anselmo Eebes. El abogado* de los demandados debidamente formuló objeción y excepción en. cuanto a. esta, forma* de-tomar la declaración sin. su intervención, conformándose l<a, corte con ofrecer al abogado- de los demandados concederle la opor-tunidad de repreguntar a los testigos si así lo deseaba-.

Creemos que la corte cometió un error al proceder a oir la declaración sin la intervención de los demandados. Nose niega que el convenio era. que el- abogado del demandante iría a buscar el’ abogado de los demandados' y hasta tanto-alguna falta que no aparece en este caso pudiera atribuir a este último, la corte carecía de facultad para tomar las decla-raciones de los referidos testigos. Aun cuando hubiera ha-bido alguna duda acerca del cumplimiento del abogado de los demandados con los términos del convenio todavía así creemos que hubiera sido un abuso de discreción el no abrir el juicio de nuevo a solicitud'del" abogado de los demandados. para permitirle ver y oir la declaración del testigo. La corte carecía en absoluto de facultad para oir la declaración del otro testigo. Todo fué irregular. Los demandados tienen un derecho verdadero a estar presentes en todos y cada uno. de los períodos del juicio a menos que renuncien tal derecho, en alguna forma, lo cual no se demostró en este caso.

En su alegato el 'apelado expresa que la cuestión relativa' a la identificación de los barrios no tenía importancia puesto que ya había sido probado el título. Creemos que era una-cuestión muy esencial e importante en este caso acreditar la identidad de estos dos barrios. El demandante evidente-mente asi do creyó puesto que hizo el convenio especial para tomar la declaración. En todo aquello en que podía darse crédito a la declaración de estos dos ancianos dicha, declara-ción tendía a mostrar en forma más o - menos vaga, que la finca de Miguel Sánchez estaba radicada en cierto sitio alre-dedor, cerca o dentro de los mismos linderos donde se encuen-tran los terrenos que poseen los demandados en este pleito. Por este solo fundamento el caso tendría que ser revocado.

La prueba principal para acreditar el título del deman-dante fué la manifestación hecha por el agrimensor Castro. Dijo éste sustancialmente que dada la antigua descripción de 1827, fué a cierto lugar que se describe en una forma más o menos vaga, donde acompañado de Anastasia Buitrón, Gu-mersindo Andino y quizás de algunos otros hombres de edad procedió a poner banderolas y medir la finca descrita en la escritura de 1827. No'citó a ninguno de los vecinos ni soli--citó ningún dato de los demandados en posesión de la finca-sino que aparece que solamente confió en la manifestación que le hizo Anastasia Buitrón y otros testigos, sin que resulte probado en forma alguna el origen del conocimiento que éstos tenían. Hizo su plano a principios de diciembre, 1910, ha-biéndose otorgado la escritura, de Anastasia Buitrón Sánchez y otros a favor del demandante en 27 de diciembre de 1910.. Al ser presentado como prueba el plano así preparado los demandados formularon objeción fundándose en que la finca descrita radicaba en nn barrio distinto, y la corte admitió dicbo plano basándose >eñ la teoría de baber sido descrita la finca por el demandante como la misma que aparecía en las dos descripciones. Esto tuvo lugar al empezar el juicio y antes de que se hubiera tratado de identificar la finca en otra forma que no fuera por las manifestaciones becbas por el .agrimensor. El proceder de la corte fue erróneo.

Aun en el supuesto de que la corte admitía, el plano pro-visionalmente como hizo con la escritura, con el objeto de hacer luego la identificación, aun así creemos que el plano no tenía lógicamente ninguna fuerza probatoria. El agrimensor manifestó que él confió en los informes suministrados por Anastasia Buitrón y Gumersindo Andino. El origen del .conocimiento que tenía cualquiera de estos testigos no quedó demostrado satisfactoriamente. Consta que Anastasia Bui-trón está muerta, pero no' se ha mostrado el origen de su información; y en cuanto a Gumersindo Andino, al pregun-társele acerca del mismo, dijo que él no ayudó al agrimensor a marcar las colindancias. No se observó nada del procedi-miento ordinario respecto a citación de colindantes o posee-dores. En vista de estas circunstancias creemos que jamás ■se probó que el plano fuera suficiente con el objeto de probar. «1 título del demandante.

Considerando el título en conjunto encontramos una falta completa de identificación en las dos fincas. Los demandados en verdad admiten que Anastasia Buitrón poseía siete u ocho cuerdas cerca de ellos, pero con excepción de esta admisión ilq existe prueba satisfactoria que identifique la finca de Miguel Sánchez con la finca que hoy poseen los demandados. Aun apreciando las declaraciones de Gumersindo Andino y ■de. Febes tal como constan en los autos, estamos convencidos <de que merecen muy poco crédito. En una acción reivindica-toriá en que la cuestión es la identidad de una finca, corres-ponde claramente al demandante probar cada una de las medidas adoptadas en su' caso. En este caso era la identidad de la finca. Gumersindo Andino declaró vagamente haber vivido Miguel Sánchez en la finca y dijo que.‘su finca colin-daba con dos de los colindantes descritos en la escritura original, y luego habló confusamente acerca del barrio donde está situada su finca. Pudo haber sido de una edad, según su declaración, entre ochenta y cien años y pico. La decla-ración de Pebes no es más satisfactoria. No estamos con-vencidos de modo alguno de que una finca que se describe como situada en San Antón está radicada en Sabana Abajo.

Uno pensaría que si se tratara de la identidad de los dos barrios el demandante trataría de algún modo de fijar su situación según los registros públicos. Aun suponiendo que la descripción contenida en la escritura original fuera inter-pretada libremente en lo que respecta al nombre del barrio, el demandante, sin embargo, estaba obligado por ella a falta de la debida explicación del supuesto error. De un examen ligero de la escritura original se verán los nombres de muchos vecinos. No existe nada en los autos que muestre qué se hicieron éstos o quién posee los terrenos que ellos poseían. El agrimensor primero y luego el demandante debieron haber tratado de escudriñar la historia de estos vecinos, pues des-pués de tantos años los árboles descritos en la escritura original pueden haber desaparecido desde hace mucho tiempo..

Comparando las dos descripciones no existe en absoluto semejanza alguna entre ellas. La segunda descripción se refiere a dos colindancias naturales, un camino vecinal y una quebrada. No consta nada en los autos que muestre cómo surgió una quebrada en el Oeste o un camino vecinal en el Sur de la finca descrita originalmente. Además, algunos de los demandados que fueron llamados como testigos por el demandante prestaron declaración describiendo en forma más o menos precisa el origen de sus títulos. Cuando uno de estos, trató de explicar si Sabana Abajo siempre fué conocida por San Antón se formuló objeción basada en el becho de que el objeto del caso es probar cómo era conocido el barrio en el año 1827. La forma en qne se trató de identificar la finca casi baria esencial y pertinente cualquier historia anterior de estos dos barrios. La corte cometió error al excluir esta declaración. La prueba de los demandados tendía a acredi-tar el verdadero origen de sus títulos aun cuando dicha prueba hubiera sido necesaria por su parte.

Existen otros errores que han sido alegados en este caso que'no creemos necesario discutir con excepción de la alega-ción de ser defectuosa la demanda. La demanda comprendió a todos los demandados si bien cada uno de los mismos es dueño y posee título por separado de su finca. La suma total de los terrenos poseídos por los demandados, reclama-dos en este pleito, es menor en treinta cuerdas o más a las 163 que se reclaman en la demanda.

En la demanda no se trató de describir o precisar las parcelas particulares de terreno reclamadas o poseídas por los demandados. Esto pudo no haber sido importante des-pués del juicio si el demandante hubiera alcanzado éxito en identificar la finca porque los demandados no levantaron tal cuestión y podría considerarse que la omisión en hacer una alegación específica quedó subsanada por la prueba, pero creemos que el mismo defecto que hay en todo el caso existe en la demanda. Si el demandante se basaba en la identidad de estas dos descripciones debió haberse tratado de alegar algo más específico en la demanda que el hecho de decir sen-cillamente en ella que la segunda descripción- corresponde a la misma propiedad que la primera. En vista de todas estas circunstancias creemos que la corte cometió error al dictar sentencia en favor del demandante y que debió haberse dic-tado una sentencia a favor de los demandados, debiendo por tanto revocarse la sentencia apelada y dictarse otra por este tribunal declarando sin lugar la demanda, y sin lugar también la contrademanda, con costas y honorarios de abogado a favor de los demandados, enya cuantía fijará la corte inferior.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda y sin hi-gar también la contra demanda, con costas y honorarios de abogado a favor de los de-mandados.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Se. HebNÁkdez,

license: Public Domain

text:
    Cristian et al., Demandantes y Apelantes, v. Escobar et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en cansa sobre reivindicación de propiedad inmueble, nulidad de títulos e inscripciones de obligación hipotecaria.
    No. 1286.
    Resuelto en diciembre 3, 1915.
    Reivindicación — Acción Reivindicatoría — Título de Heredero — Partición y Adjudicación — Excepción Previa de Palta de Causa de Acción. — El título de heredero no es bastante por sí solo para establecer con éxito la aceión reivindicatoría de una porción determinada o parte alícuota de los bienes de la herencia por ninguno de los herederos cuando aun no se han practicado las diligencias de partición y adjudicación, ya que ninguno de ellos puede decirse ni ser considerado como dueño 'único y exclusivo de esa porción mien-tras no cese la comunidad. En este caso la demanda es excepeionable por el fundamento de que sus alegaciones no determinan causa generadora de la aceión.
    Id. — Nulidad—Efecto de la Acción Principal de Reivindicación — Pronuncia-miento en Cuanto a Aquélla. — Cuando en- la demanda se piden nulidades que no son causa sino efeeto de la acción principal de reivindicación que se ejercita, siendo ésta improcedente, huelga hacer pronunciamiento alguno sobre aquéllas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Luis Llorens Torres y Nemesio R. Canales.

    Abogado del apelado Juan Escobar Casado: Sr. Miguel Guerra.

   El Juez PeesideNte Se. HebNÁkdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 3 de febrero de 1911,. Julia y Félix Valois Cris-tián y Casado presentaron demanda ante la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección 2a., contra Juan Escobar Casado, Eduardo Jacobo González y Ramón Aboy Benitez, en la que alegaron substancialmente que Pedro Casado y María Correa fallecieron dejando como únicos y universales herederos de sus bienes a Agustina e Isabel Casado y Correa; que entre sus bienes había una finca rústica radicada en el lugar deno-minado Palmaremos, barrio de Canóvanas de la jurisdicción de Loíza, con cabida de 395 cuerdas; que la Agustina, apro-vechando la circunstancia de encontrarse ausente su hermana y coheredera Isabel, instruyó expediente por el cual de una manera falsa y’dolosa acreditó a su favor la posesión de la totalidad de la finca expresada, cuyo expediente fue apro-bado por el Juez Municipal de Loíza e inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan con fecha 12 de junio de 1880; que Isabel Casado falleció abintestato dejando por únicos y universales herederos a sus hijos Julia, Félix Valois y Juan Ramón Cristián y Casado, a los cuales corresponde hoy la mitad de la finca de que se deja hecho mérito; que en 26 de diciembre de 1897 Agustina Casado vendió a Fernández, Sobrino & Co., la totalidad de la finca con pacto de retracto dentro del término de ocho años, habiéndose inscrito la com-praventa en el registro de la propiedad; que por escritura de 31 de julio de 1903, también inscrita en el registro, la socie-dad Fernández, Sobrino & Co. vendió la misma finca a Eduardo Jacobo González; que las dos ventas anteriores adquirieron estabilidad y firmeza en 26 de diciembre de 1905 en que venció el plazo para la retroventa; que por otra escri-tura de 2 de julio de 1906, Eduardo Jacobo González vendió la propia finca a Juan Escobar Casado, inscribiéndose igual-mente esa venta en el registro de la propiedad; que Juan Escobar Casado segregó de la, finca de 395 cuerdas y vendió a Eduardo Jacobo González por escritura pública de 25 de julio de 1908 inscrita en el registro de la propiedad, una porción o parcela compuesta de 26 cuerdas con 34 céntimos de otra; que el resto de la finca fué hipotecado por 'Juan Escobar Ca-sado a favor de Eamón Aboy Benitez por escritura de 9 de agosto de 1909 inscrita en el registro de la propiedad para responder de un crédito de $2,000; que los demandados Juan Escobar Casado, y Eduardo Jacobo González son los actuales poseedores de la totalidad de la finca en la proporción ya indicada y ambos tenían conocimiento de la procedencia ile-gal y viciosa de la mitad de la finca, siendo ese conocimiento extensivo al acreedor hipotecario Ramón Aboy Benitez; y que los demandantes han estado privados del goce y disfrute de la mitad del inmueble, con cuyo motivo se les han causado perjuicios que ascienden a la suma de $15,000 por lo que toca al demandado Juan Escobar Casado, y a $7,000 por lo que respecta al otro demandado Eduardo Jacobo Gonzalez.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia a favor de los demandantes declarando nulo el expe-diente posesorio y nulos también los actos y contratos lleva-dos a cabo con posterioridad a dicho expediente y consignados en las escrituras de que se deja hecho mérito, en cuanto afecten a la mitad del inmueble de que se trata, ordenando la cancelación en el registro de todos los asientos de inscrip-ción motivados por dichos documentos, condenando a los demandados a entregar a los demandantes sin limitación alguna la mitad proindivisa de la finca con los frutos per-cibidos y dejados de percibir, y a pagar además los gastos y costas de la acción y $2,000 en concepto de honorarios para el abogado de los demandantes.

A la anterior demanda opuso el demandado Juan Escobar la excepción de que no aducía hechos suficientes para deter-minar una causa de acción y posteriormente la contestó con súplica de que fuera desestimada y se declarase que los demandantes carecen de derecho alguno para recobrar de dicto demandado la posesión y propiedad de la mitad del inmueble en litigio, alegando entre otras defensas la de que, caso de existir alguna acción a favor de aquéllos, habría pres-crito con arreglo al artículo 1864 del Código Civil.

Celebrado el juicio sin. haber sido emplazados los deman-dados Eduardo Jacobo González y Ramón Aboy Benitez, la corte dictó sentencia en 13 de junio de 1913 declarando sin lugar la demanda con las costas a cargo de la parte deman-dante, contra cuya sentencia interpuso la representación de los demandantes, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La acción principal ejercitada en este pleito es la real reivindicatoría con la accesoria de indemnización de daños y perjuicios por detentación de la mitad proindivisa de la finca rústica que se trata de reivindicar, como así lo ha reconocido el demandado Juan Escobar Casado al alegar como excepción a la demanda la de prescripción de la acción reivindicatoría que es la regulada por el artículo 1864 del Código Civil.

Fundan los demandantes su acción en que habiendo sido los esposos Pedro Casado y María Gorrea dueños de la finca de que se trata pasó la propiedad de ésta por fallecimiento de los mismos a sus hijas Agustina e Isabel Casado y Correa, y por fallecimiento de la Isabel la mitad proindivisa corres-pondiente a ésta, a sus únicos y universales herederos Julia, Félix Valois y Juan Ramón Cristián Casado, invocando por tanto como única razón de su derecho el título de herederos de su difunta madre Isabel Casado, heredera ésta a la vez con su hermana Agustina de sus difuntos padres. Pedro Ca-sado y María Correa.- Ese título-hereditario no es bastante por sí solo en el presente caso para obtener la reivindicación pretendida.

Al resolver el caso de Velilla v. Pizá et al., 17 D. P. R. 1112, dijimos:

“Es cierto que los artículos 657 y 661 del anterior Código Civil, concordantes con los 665 y 669 del vigente, establecen que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y que los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y de acuerdo con esos artículos, el heredero o los herederos, si hubiere más de uno, en su totalidad adquieren el derecho dominical del causante.
“El título de heredero transmite un derecho sobre el conjunto de los bienes hereditarios; por virtud de él todos los herederos por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común, pero mientras no se practiquen las diligencias de partición y adju-dicación, mientras en virtud de ellas no cese esa comunidad, ninguno puede decirse ni ser considerado como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota, fija y concreta de los bienes de la herencia,' cuyo concepto es requisito que debe justificarse para que pueda prosperar, una acción reivindicatoría.
“Tales artículos confieren un derecho sobre todos y cada uno de los bienes hereditarios, pero no un derecho concreto en determinados bienes, lo que sólo se obtiene por la adjudicación hecha legalmente en las operaciones particionales.
* * * * # # *
“Ocurrida la muerte del causahabiente, existe en sus herederos, según los artículos citados, un dominio en el todo indeterminado, que se concreta y determina mediante la partición y adjudicación de los bienes hereditarios, la que según el artículo 1035 del Código Civil vigente, concordante con el 1068 del código anterior, es la que confiere propiedad exclusiva a un heredero sobre los bienes que le hayan sido adjudicados.”

Esos principios han de regular el presente caso, análogo al de Vetilla v. Pizá et al. Los hechos expuestos en la demanda no muestran título de dominio por parte de los demandantes respecto de la mitad proindivisa de la finca en cuestión por falta de adjudicación de dicha parte proin-divisa a su difunta madre Isabel Casado y Correa en proce-dimiento adecuado al efecto. El carácter de herederos de Isabel Casado sin que se haya verificado dicha adjudicación no les da por sí solo el derecho a la propiedad y disfrute de la mitad de la finca que fue de Pedro Casado y María Correa.

La demanda es excepcionable por el fundamento de que sus alegaciones no determinan causa generadora de la acción reivindicatoría ejercitada, y siendo ello así s.e hace innece-sario entrar en el examen de la excepción de prescripción en que también se funda la sentencia recurrida.

En cuanto a las nulidades que se piden en la demanda, como ellas no son causa sino efecto de la acción principal de reivindicación, siendo ésta improcedente, huelga hacer pro-nunciamiento sobre aquéllas. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 16 de octubre de 1873, 17 de enero de 1889, 6 de abril de 1889 y 13 de febrero de 1882, y decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R. 877, y Oliver v. Oliver, resuelto en julio 30 del corriente año.

Al decidir el presente c?iso bien podemos repetir lo que ya dijimos al resolver el de Trinidad et al. v. Sucesión Trinidad et al., 19 D. P. R. 647:

“Tal vez a los demandantes no se les baya entregado en realidad de verdad lo que legítimamente les corresponda, pero si esto es así el procedimiento que eligieron no es el adecuado para obtener el reconocimiento de sus derechos.

Véase también el caso de Vega et al. v. Rodrígues et al., 21 D. P. R. 334.

Por las razones expuestas procede confirmar la sentencia apelada sin perjuicio del derecho que pueda asistir a los demandantes para reclamar la participación a que tengan derecho en la herencia de sus abuelos Pedro Casado y María Correa.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Compañía Azucarera “El Ejemplo,” Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de un con-trato de refacción agrícola y molienda de cañas.
    No. 252.
    Resuelto en diciembre 7, 1915.
    Refacción Agrícola y Molienda de Cañas — Inscripción en el Registro — •Auto-rización Judicial — Arrendamiento.—De conformidad con el párrafo 5°'. de la enmienda al artículo 282 del Código Civil, aprobada el 9 de marzo de 1911, el tutor necesita autorización judicial para la celebración del contrato de refacción agrícola y molienda de cañas que autoriza la Ley de 10 de marzo de 1910, cuando éste lia de ser inscrito en el registro de la propiedad, aunque su término sea menor de seis años. Igual limitación existe con respeeto al contrato, de arrendamiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Francisco González Fa-gundo.

    El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Io; de diciembre de 1914 comparecieron ante notario público, de una parte, Leonor López Cuadra y su esposo, Jqsefa López Cuadra y su esposo y la menor Palmira López Guzmán, representada por su tutora la dicha Josefa López Cuadra, y de otra, Antonio Roig Torrellas, Presidente de la Compañía Azucarera “El Ejemplo,” y otorgaron un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas por término de tres años. Dicho contrato de acuerdo con la ley y por la voluntad de las partes expresadas en la cláusula 9a. de la misma escri-tura, debía anotarse en el registro de la propiedad.

Presentada en efecto la escritura en el registro, el regis-trador se negó a anotarla en cuanto hacía referencia a la menor Palmira López Guzmán, por medio de la siguiente nota, contra la cual se interpuso por la compañía azucarera “El Ejemplo,” el presente recurso gubernativo.

La nota dice así:

“Anotado este contrato pero solamente en cnanto se refiere a la parte de las Señoras Leonor y Josefa López Cuadra, en el tomo 2o. de Humacao del registro de contratos agrícolas, al folio 14, finca No. 45, anotación letra A, y denegada la anotación en cuanto a la parte de la menor Palmira López Guzmán porque su tutora carece de la autorización correspondiente de conformidad con el párrafo 5o. de la enmienda al artículo 282 del Código Civil aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 9 de marzo de 1911, habién-dose tomado en su lugar la oportuna anotación por 120 días que dis-pone la ley; y haciendo constar además los defectos súbsanables de no acreditarse el carácter de tutora que ostenta Doña Josefa López Cuadra y el de Don Antonio Roig como Presidente de la Compañía Azucarera ‘El Ejemplo.’ Humacao, septiembre 10 de 1915. El Registrador, Raúl Benedicto.”

Y la ley invocada por el registrador es como sigue:

“Art. 282. — El tutor necesita autorización de la corte de distrito competente:
* =x= * * # * *
“5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles cuyo valor pase de doscientos dollars, y para otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un término mayor de seis años, sin que en ningún caso el arrendamiento pueda efectuarse, ni la autorización concederse por un período de tiempo que exceda al que falte al menos para cum-plir su mayoridad.
“Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre arren-damiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, autorizados por la ley apro-bada en marzo 10 de 1910.
“La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor excedente de doscientos dollars sin autorización judicial, no comprende la ena-jenación de los frutos de una finca rústica, en su última cosecha.”
& • & >x* * *

Estamos conformes con el recurrente en que de acuerdo con lo dispuesto en el precepto legal que hemos transcrito, el tutor no necesita autorización judicial para celebrar un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas'* por menos de seis años,' mas no lo estamos en que nn contrato así otor-gado puede inscribirse en el registro sin haberse obtenido la autorización judicial que la ley exige para todos los actos o contratos sujetos a inscripción.

El argumento de que los contratos de refacción agrícola y molienda de caña se inscriben en un registro especial, no tiene gran fuerza si se considera que si bien esto es así, diebo' registro especial está a cargo del registrador de la propiedad correspondiente y la inscripción que se verifica produce los efectos que más adelante indicaremos entre las mismas partes y contra terceros.

Por la sección 7 de la ley número 37 de 1910, se instituyó un “registro de contratos agrícolas” en el que “serán ano-tados, a instancia de cualquiera de las partes, los contratos a que se refiere esta ley, por medio de asientos breves, que permitan identificar la finca y conocer el contrato, numerán-dose la finca separadamente, en forma análoga a la dispuesta por la Ley Hipotecaria para el registro de la propiedad, sim-plificándola en cuanto fuere compatible con el objeto de la anotación.” T según la sección 8 de la misma, tal como fué modificada por la ley No. 59 de 1911, “Las anotaciones y notas marginales practicadas en el registro de contratos agrícolas, perjudicarán y obligarán a tercero, desde la fecha de presen-tación de los documentos correspondientes, y si después del registro de tal contrato, las cañas que han de molerse o el dominio, posesión o administración del terreno sobre el cual dichas cañas están sembradas o han de sembrarse, o cualquier interés en dicho terreno, o el dominio, posesión o administra-ción de las factorías o centrales en que dichas cañas han de molerse, o cualquier interés en ellas, fuere traspasado por acto voluntario o por obra de la léy o de otra manera, el cesionario o cesionarios estarán obligados a cumplir todas las obligaciones de tal contrato y serán responsables de la. falta de cumplimiento al mismo, tan completamente y en la misma forma y en el mismo grado como la parte interesada en dicho contrato que hizo tal traspaso o que tenía el interés transferido; pero ningún traspaso de esta clase relevará a cualquiera parte de la obligación o responsabilidad en dicho contrato.”

A nuestro juicio ambas limitaciones, esto es, la general relativa a todos los actos o contratos sujetos a inscripción, y la especial que hace referencia al contrato de refacción agrícola y molienda de cañas por más de seis años, pueden armonizarse en el sentido de no ser necesaria la autorización cuando el contrato de refacción agrícola y molienda de cañas se celebra por un término menor de seis años y no se inscribe en el registro, y serlo cuando el contrato se lleva a efecto por un término mayor de seis años o por un término menor y se inscribe en el registro.

Como hemos visto, el legislador al referirse al contrato especial de refacción agrícola y molienda de cañas, lo hizo acordando para el mismo las limitaciones impuestas con res-pecto al de arrendamiento. Según el Código Civil antiguo, el tutor debía ser autorizado judicialmente para la celebración de actos o contratos sujetos a inscripción, y también para arrendar las fincas de su pupilo por más de seis años. Nada disponía la ley expresamente con respecto al caso de un arren-damiento por menos de seis años que se acordara inscribir en el registro de la propiedad.

Son muy interesantes los comentarios de Manresa con respecto a este particular. El sabio comentarista español estudia primero el caso en cuanto al poder del marido rela-tivamente a los bienes de su mujer, luego en cuanto al poder del padre con respecto a los de su hijo no emancipado y por último en cuanto al del tutor con referencia a los de su pupilo, y concluye en todos que no obstante el silencio de la ley, es necesaria la autorización judicial siempre que se trate de inscribir el contrato en el registro, porque el arrendamiento, una vez inscrito, constituye un verdadero gravamen sobre los bienes arrendados. Véanse 10 Manresa, Código Civil, 463 y siguientes.

En igual sentido que Manresa se produjo la Dirección General de los Registros de España, en sn resolución de 20 de agosto de 1893. Dicho centro basándose .en que la ley prohibía al padre gravar los bienes de sus hijos menores de edad y en que el arrendamiento inscrito, cualquiera que fuere el término de su duración, constituía un verdadero gravamen, llegó a la conclusión de que era necesaria la autorización judicial para todos los arrendamientos de bienes de menores que se inscribieran en el registro de la propiedad. Véase también 1 Galindo, Legislación Hipotecaria, 442.

Aunque los efectos que produce la inscripción del contrato de refacción agrícola y molienda de cañas en el registro no pueda concluirse que sean los mismos que causa la inscrip-ción del contrato de arrendamiento, no es posible dejar de reconocer que grava los frutos de la finca y sabido es que son‘bienes inmuebles, entre otros, los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte íntegramente de un inmueble. Art. 335, No. 2, del Código Civil. Además, dicha inscripción produce los otros efectos fijados en la sección 9 de la ley No. 37 de 1910, tal como quedó enmendada en 1911, que hemos transcrito. De ahí que opinemos que las mismas razones que la dirección general de los registros y el comentarista Manresa expusie-ran para concluir que era necesaria la autorización judicial en todos los casos en que se pactara la inscripción del arrenda-miento en el registro de la propiedad, aunque el término no excediera de seis años, son aplicables al caso de los contratos de refacción agrícola y molienda de cañas.

Por virtud de lo expuesto, procede la confirmación de la nota recurrida.'

Confirmada la nota recufrida.

Jueces concurrentes: Sr'es. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Acevedo, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador Interino de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de edificación.
    No. 241.
    Resuelto en diciembre 7, 1915.
    Bienes Gananciales — Calificación de Bienes Después de Disuelto el Matri-monio — Inscripción en el Registro. — Disuelto un matrimonio, no es árbitro ninguno de los antiguos cónyuges para calificar por sí mismo a quién corres-ponden los bienes y para inscribir su calificación en el registro de la propie-dad, sino que la sociedad debe liquidarse de acuerdo con las reglas establecidas en la ley. Artículo 1331 y siguientes del Código Civil.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Rafael Arce Rollet.

    El registrador recurrido, Sr. Fernando Vázquez, no com-pareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En Caguas, el 22 de junio de 1915, Nicasia Acevedo Nieves compareció ante notario público y expuso, en resumen, que estuvo casada con Eugenio Díaz y obtuvo a su favor sentencia de divorcio; que constante el matrimonio, se concedió a su marido el usufructo de un solar perteneciente al Municipio de Caguas, fabricándose en él una casa con bienes de la socie-dad de gananciales; que se ha tratado de embargar la casa como de Díaz, y que con tal motivo y a los efectos de que la casa se inscriba como propiedad ganancial en el registro, otorga la escritura. Presentado el documento a los fines indi-cados, el registrador se negó a inscribirlo por ‘ ‘ no acreditarse la naturaleza del derecho que se trata de inscribir”; porque “dicho .documento ha sido otorgado sin la intervención y consentimiento de Don Eugenio Díaz,” y porque dicha Nica-sia Acevedo carece “de capacidad legal para otorgar por sí sola el citado documento, toda vez que el matrimonio que existía entre dicha Señora Acevedo j el Don Eugenio Díaz fue declarado disuelto por sentencia que se inserta en el documento.”

A nuestro juicio la negativa del registrador está justi-ficada.

Si bien la otorgante del documento estuvo casada, sit matrimonio había sido disuelto en la fecha de la escritura - El divorcio, artículo 173 del Código Civil, lleva consigo la” ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación efe propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. La sociedad de gananciales concluye, artículo 1330 del Código Civil, al disolverse el matrimonio en los casos señalados por el código. Uno de esos casos es el divorcio. Artículo 163, No. 2, del Código Civil. Y disuelta la sociedad, no es árbitro ninguno de los antiguos socios para calificar por sí mismo a quién corresponden los bienes y para inscribir su calificación en el registro de la propiedad, Sino que la sociedad debe liqui-darse de acuerdo con las reglas,establecidas por la ley. Ar-tículo 1331 y siguientes del Código Civil.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Síes. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. dél Toro,

text:
    Rosenstadt & Wadler, Inc., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso, gubernativo contra nota, del Registrador Interino de la Propiedad de Caguas, denegando la inscripción de' una escritura de compraventa de fincas urbanas.
    No. 247.
    Resuelto en diciembre 8, 1915.
    OOÍtfPRAVENTA-SOCIEDAD DE GANANCIALES-CORPORACIONES-ESCRITORA OTORGADA Actuando el Marido como 'Presidente de la Corporación — Inscripción en el Registro — Entidades Distintas — Dibertad en las Transacciones. — Un contrato de compraventa de bienes inmuebles otorgado, de una parte, por una sociedad de gananciales representada personalmente por ambos socios, y de la otra, por una corporación debidamente organizada representada por su presidente expresamente autorizado por la junta de directores encargada del manejo de sus negocios, aun cuando el marido en aquella sociedad sea el presidente de la corporación y actúe en ambos caracteres en la escritura, es válido y por tanto inscribible en el registro de la propiedad. No obstante representarlos una sola persona, el comprador y el vendedor en tal caso son entidades distintas, y en ausencia de una prohibición legal, expresa o tácita, o de un resultado claramente inmoral debe prevalecer el principio de la libertad en las transacciones de las personas, bien sean éstas naturales, ya jurídicas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Fernando Vázquez, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. dél Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El día 2 de julio de 1915 comparecieron ante notario' público Jacobo Rosenstadt y su esposa y. otorgaron una escri-tura haciendo constar que habían vendido dos o tres meses antes dos casas situadas en Caguas a la corporación Rosen-stadt & Waller, Inc., por pre'cio de diez mil trescientos dos dollars que recibieron a su entera, satisfacción, y que otor-gaban la escritura a los efectos de que el contrato celebrado tuviese la-' eficacia legal necesaria y pudiera inscribirse en el registro - de ■ la, propiedad. En el mismo acto el dicho Ja-cobo Rosenstadt, actuando como presidente de la indicada1 corporación Rosenstadt & Waller, Inc., aceptó la escritura “por estar en un todo conforme con las bases acordadas para el'contrató' - * * por-las partes del mismo.” ' '

El documento se presentó para sil inscripción en el Regis-tro, de. la. Propiedad de. Caguas acompañado de otros de los • cuales resulta .que Rosenstadt & Waller,.Inc., es una corpora-ción organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York, debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico; que entre esos negocios está el de la compra de propiedad; real, y que en una reunión de la junta de directores encar-gada del manejo de los asuntos de la corporación, se acordó comprar las casas a que se refiere la escritura, por el precio de $10,302, autorizándose expresamente a Jacobo Rosenstadt, presidente de la misma, para otorgar la documentación nece-saria.

El registrador se negó a inscribir el contrato “porqne verificándose la enajenación por los esposos Mr. Jacobo Rosenstadt y Mrs. Rosa L. Rosenstadt, se acepta la compra-venta por la corporación Rosenstadt & Waller, Inc., repre-sentada ésta por sn presidente el mismo.Mr. Jacobo Rosens-tadt; porqne en diebo contrato se refunden en nna persona las entidades del comprador y el vendedor, pnesto qne Mr. Jacobo Rosenstadt, de nna parte, es partícipe gerente de la sociedad conyugal que otorga el contrato de venta, y de otra, parte, es interesado en la corporación compradora y su repre-. sentante administrador, y porque por la ambigüedad en la redacción del referido documento no puede determinarse, fuera de toda duda, si el contrato de venta que se reseña en el mismo, se efectuó verbalmente, por documento privado o por escritura pública, en cuyos dos últimos casos no se inserta ni se acomp'aña por separado diebo contrato de venta, para conocer los términos y condiciones en que se baya, efectuado el referido contrato.” Contra la negativa del registrador interpuso la corporación compradora el presente recurso; gubernativo.

1. A nuestro juicio es erróneo el primero de los funda-., mentos de la nota recurrida. Jacobo Rosenstadt, ya como persona natural, bien como miembro de la sociedad de ganan-ciales que tiene constituida .con su mujer Rosa Rosenstadt, es una entidad distinta de la corporación Rosenstadt & Waller, Inc., de la cual es presidente. El registrador no ba citado ningún precepto de ley ni jurisprudencia alguna que sostenga la conclusión que consigna en su nota, y én ausencia de una prohibición legal expresa o tácita o 'de un resultado claramente , inmoral, debe prevalecer el principio de la libertad en "las transacciones de las personas bien sean éstas naturales,' ya '' jurídicas.

2. También es erróneo a nuestro juicio el segundo motivo de la nota. La redacción del documento no es ambigua. La certificación del acuerdo de la junta de directores de la cor-poración Eosenstadt & Waller, Inc., es clara y específica. La corporación acordó comprar determinadas fincas urbanas por una expresa suma de dinero y autorizó a su presidente para pagar el precio y otorgar la escritura y el presidente cumplió el acuerdo de la junta. En casos de .esta naturaleza no es obligatoria la presentación de los documentos previos que puedan haberse otorgado por las partes. Lo que la ley requiere y el sistema hipotecario exige es que conste la cele-bración del contrato en escritura pública y que el contrato en sí mismo tal como resulta de la escritura sea válido de acuerdo con la ley.

Por el contrato de compraventa, artículo 1348 del Código Civil, uno de los contratantes, — en este caso la sociedad con-yugal constituida por los esposos Eosenstadt, representada en la escritura personalmente por ambos socios, — se obligó a entregar una cosa determinada, — en este caso las dos casas, — y el otro, — en este caso la corporación Sosenstadt & Waller, Inc., representada en la escritura por su presidente expresamente autorizado por la Junta de Directores encangada del manejo de sus negocios, — a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo qué lo represente, — en este caso la suma de diez mil trescientos dos dollars.

Hubo consentimiento, objeto y causa, requisitos esenciales a todo contrato, existieron además las circunstancias espe-ciales que integran el contrato de compraventa, y la capa-cidad de las partes quedó cumplidamente acreditada. Las casas que antes pertenecieron a la sociedad conyugal Eosen-stadt, pertenecen hoy a Eosenstadt & Waller, Inc., y como la transferencia consta en documento público, procede inscri-birla en el registro de la propiedad correspondiente, ya que así lo ha solicitado una de las partes interesadas.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la inscripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Sucesión Igaravídez et al., Demandantes y Apelantes, v. HUBERT HERMANOS ET AL., DEMANDADOS Y APELADOS.
    Apelación procedente de' 1’a Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a,, en causa sohre devolución de propiedad.
    No. 1024.
    Resuelto en diciembre 8, 1915.
    Interés en la Acción — Demandante.'—Una persona que no tiene interés en la acción, no tiene derecho a comparecer ante una corte como demandante a impugnar escrituras o procedimientos referentes a la misma.
    Tutor — Administrador—Procedimiento Ejecutivo. — El heeho de ser una persona tutor de los menores cuyos bienes están en venta ó sujetos a procedi-mientos ejecutivos, no le impide' ser nombrada administradora de dichos bienes, pues como tal puede defender mejor los intereses de sus pupilos.
    Eraude — Presunción.—El fraude no se presume meramente y cuando se alega debe ser claramente probado.
    Id. — Terceros—Presunción.—En este caso un hermano de los socios de la firma Hubert Hermanos era apoderado de José G-allart en la época en que éste vendió a dicha sociedad los bienes objeto de este litigio. Más tarde dicho apoderado adquirió para sí derechos en la referida sociedad Hubert Hermanos. Se resolvió: Que el hecho de que un hermano de los socios de la demandada era apoderado del vendedor en la época de la compra y que luego adquirió un. derecho en la referida sociedad no justifica la suposición de que el conoci-miento que éste tenía de los hechos .anteriores deba imputarse a sus her-manos hasta el punto de anular su derecho a ser considerado como tercero. Si solamente están envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta bajo ejecución es dudoso que el conocimiento de éstas por los compradores anulara su dereeho.
    Prescripción' — Interrupción de la Prescripción. — Para que exista interrupción en un derecho adquisitivo de prescripción, especialmente si tiene lugar me-diante una acción, es' necesario que ésta sea de la misma naturaleza que la del presente pleito.
    Impedimento o Estoppel — Abandono o Laches. — Guando un demandante ha aceptado arreglos y traspasos en una ejecución de hipoteca está impedido {estopped) de atacar los procedimientos ejecutivos tanto más cuanto se ha beneficiado de los mismos sin hacer esfuerzo alguno para ataear su validez, lo que le hace asimismo culpable de abandono {laches).

    Conocimiento Judicial — Sentencia de una Corte de Apelación. — No puede tomarse conocimiento judicial de una sentencia de una corte de apelación para determinar un heeho, a menos que de los autos conste que dicha sentencia fué sometida directamente a la corte sentenciadora.

      Ejecución de ' Hipoteca — Ataque Colateral — Defensa.—Un ataque colateral contra los procedimientos sobre ejecución de hipoteca, debe hacerse a las verdaderas defensas de los deudores hipotecarios 7 no a los defectos técnicos de la venta en ejecución.
    Hipoteca — Condueño—Mujer Casada. — Una mujer casada, condueña en una pro-piedad, tiene derecho a hipotecar su participación en garantía de deudas con-traídas para beneficio de la propiedad. La Ley 61 de Toro declara nula cualquier fianza prestada por una mujer casada para garantir las deudas de su marido, pero no anula la obligación contraída por ella como deudora principal.
    Escritura Mancomunada — Herederos.—Aun cuando la Ley de Toro deelare nula una escritura otorgada de mancomún por marido y mujer, las únicas personas que podrían beneficiarse de esa nulidad serían los herederos de la esposa.
    Testigos Instrumentales — Práctica Contemporánea. — En la feeha en que se ■ constituyó la hipoteca objeto de esta acción, las cortes ciertamente toleraban la falta de firmas de testigos instrumentales en las escrituras originales y esa interpretación contemporánea debe ser respetada.
    Acción Eeal — Acción Personal — Notificación al Demandado. — No existiendo nada en los autos que demuestre que la acción ejercitada, aunque comprende bienes inmuebles y hasta ese punto es real, sea otra cosa que una acción personal por lo menos en lo que respecta a uno de los demandados, se hace necesaria la notificación personal de éste.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: 8res. Rafael López Lanclrón, Enrique Rincón y José R. F. Savage.

    Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava <& Domín-guez y Francisco de la Torre.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso en el cnal poco o nada se hizo en la corte inferior por simplificar las cuestiones en controversia. Por una n otra razón que no aparece enteramente explicada, se permitió a los apelantes incluir en la demanda un gran nú-mero de cuestiones que son innecesarias e impertinentes, algu-úas de las cuales no tienen al parecer ninguna relación con las causas de acción que se alegan. La teoría fundamental de la demanda fue que debido a los actos de varias personas y especialmente de José G-allart y otros que intervinieron en la ejecución de cierta hipoteca, quedó privada la Sucesión de Leonardo Igaravídez de ciertos derechos de propiedad. Además, en la demanda se sostiene más o menos consecuente-mente la teoría de que para que pueda ser restablecida la Sucesión de Leonardo Igaravídez en sns derechos' tiene qne declararse qne cierta venta por ejecución, así como lá hipoteca qne a la misma sirvió de base, son absolutamente nulas y sin ningún valor y si necesario fuere, que son inexistentes. A la Sucesión de Leonardo Igaravídez se han unido las Suce: siones de Carmen Landrón y de Manuel López- con el fin aparente de prestarle su ayuda para demoler la ciudadela eri-gida por el enemigo común José G-allart y de cuya destrucción las dos últimas sucesiones esperarían obtener algún beneficio. Si la Sucesión de Manuel López y la Sucesión de Carmen Landrón jamás renunciaron ninguno de sus primitivos dere-chos, dejando a un lado las cuestiones de prescripción, quizás pudieron haber seguido una acción contra Rubert Hermanos sobre partición de bienes. En esta demanda, sin embargo, no se trata de modo alguno de una acción de partición, habiendo sido fuertemente atacados los derechos de los de-mandados a cualquier parte- de los bienes y sólo reconocidos vagamente cuando la Sucesión de Manuel López, los hermanos López Landrón, reclaman una hipoteca, legal. Ni siquiera entonces se reclama en una sola de las treinta y seis causas de acción que han sido alegadas dicha hipoteca legal como base de la acción. La demanda en su forma, es una narración indefinida, a la cual, acompañan lo que ordinariamente se llaman solicitudes o peticiones. Los apelantes las denominan “causas de acción,” las cuales discuten una por una (seriatim) en su alegato. No puede haber teoría alguna compatible con la demanda que no sea la de anular el título o títulos que los demandados alegan tener por virtud de la hipoteca y venta de la finca en ejecución de la hipoteca. Esta teoría está robustecida por varias cuestiones que obran en los autos y particularmente por el hecho de que en la hipotecavque ha sido impugnada Leonardo Igaravídez y Carmen Landrón figuran hipotecando toda la propiedad y no sus participa-ciones por separado y porque el procedimiento hipotecario se siguió contra toda la propiedad. Desde luego que con árreglo a los artículos 406 y 1758 del Código Civil, la hipoteca en realidad únicamente tenía aplicación a sus participaciones individuales.

Los apelantes lian presentado un alegato de unas 392 páginas en maquinilla, y con la idea de prestar la debida consideración a las innumerables reclamaciones que se Lacen, se ha dilatado la resolución de este caso. El juez de la corte inferior, Sr. Grill, fallecido, emitió una opinión muy autori-zada con la que estamos de acuerdo en sus principales aspec-tos. Los apelantes al impugnar el razonamiento de la corte, alegan un gran número de errores, cuando en realidad de verdad sólo uno podía ser alegado, o sea, el haber dejado la corte de dictar sentencia a favor de los apelantes, o al menos, algunos de ellos, al hacer las extensas alegaciones de fraude, ilegalidades y nulidades.

El juez de la corte inferior aunque criticado por los ape-lantes expresa que la materia objeto de la acción en este pleito era conocida con el' nombre de finca San Vicente, de Vega Baja. Había otras parcelas comprendidas en el litigio, pero la finca en su totalidad .estaba dedicada al cultivo y molienda de cañas. La propiedad era conocida y todavía se conoce por “San Vicente,” si bien su título fué cambiado más tarde por el de “Central San Vicente.”

Adoptando esta forma lacónica de hablar de la cuestión, diremos que la finca San Vicente, la poseía Jacinto López quien falleció en el año 1863. Al hacerse la división de sus bienes la finca se le adjudicó a su hijo Manuel Antonio López Martínez y a tres de sus hermanos. Durante los comienzos del año 1864, Manuel compró las participaciones que tenían dos de sus hermanas en la finca San Vicente obteniendo un arrendamiento de la tercera. Manuel falleció en noviembre, 1865, dejando una viuda, Carmen Landrón y tres hijos. Carmen Landrón no aportó nada a la sociedad conyugal; se le adjudicaron 11,000 pesos más o menos, como parte de sus bienes gananciales y 117,000 pesos para pagar las deudas de Manuel. El resto de la finca, o sean unos 88,000 pesos, filé adjudicado a los tres hijos, herederos testamentarios de Manuel.

En 1866, la hermana de Manuel, Teresa de Jesús López Martínez que había quedado como única oondueña con Manuel vendió su participación al presbítero Antonio (Jarcia que después la vendió a Leonardo Igaravídez quien le pagó unos 40,000 pesos en efectivo y dió hipoteca por el saldo. De modo que en noviembre de 1866, los condueños de San Vicente eran los tres hijos López Landrón, con un interés entre todos de 88,000 pesos; la viuda Carmen Landrón, con un interés de 11,000 pesos por sus bienes gananciales y 117,000 pesos para responder de las deudas de su difunto marido, y Leonardo Igaravídez con un interés de 98,000 pesos, más o menos. Don Leonardo era entonces viudo con un hijo y dos hijas, cons-tando que el hijo murió en su minoridad. Una de las hijas murió después y la otra constituye la Sucesión Igaravídez Santana.

En noviembre' de 1866, Leonardo Igaravídez se casó con Carmen Landrón de cuyo matrimonio resultaron seis hijos que constituyen la Sucesión Igaravídez Landrón. Las tres Sucesiones, la López Landrón, la Igaravídez Santana y la Igaravídez Landrón, son las demandantes en este pleito. Al tiempo del matrimonio la hacienda de referencia estaba gra-vada con la hipoteca a favor del presbítero Antonio (Jarcia y con dos hipotecas más a favor de las dos hermanas de Manuel para asegurar el precio de la venta de sus respectivos condominios.

La corte inferior llama la atención hacia el hecho de que las cargas que existían sobre la finca San Vicente en el año 1866 se pagaron, por lo menos en parte. También expresa que ninguno de los demandantes en este pleito se presentó ante la corte con- la calidad' de heredero de las hermanas de Manuel, ni como heredero del presbítero García, ni tam-poco se presentaron los demandantes en representación de cualquier otro acreedor que tuviera derecho de reclamación contra los' dueños de la finca en 1866, o, en alguna otra fecha posterior. '• Mucho se dijo en la demanda acerca de los dis-tintos gravámenes y de los derechos de los varios acreedores,, pero estas diferentes alegaciones, según las entendemos;, tenían por objeto mostrar qne los actos de G-allart y otros-necesariamente tenían qne ser ilegales por razón dé estos', distintos gravámenes y créditos alegados. La corte puntua-lizó el hecho de no representar los demandantes a ningún acreedor. En verdad qne en toda la demanda se hacen varios ataques contra los títulos inscritos de 1-os demandados basados, en hechos o alegaciones qne otras personas podrían haber ale-gado, pero en 1-os cuales ninguno de los demandantes tenía interés alguno. También opinamos que esta omisión en com-prender que una persona que impugna una escritura o proce-dimiento por ser nulo debe tener interés en el asunto, sirve de-explicación a un número de ideas erróneas de los apelantes. Desde la fecha del matrimonio Leonardo estuvo al frente de la administración de la finca en representación de sus propios-intereses y de 1-os de su esposa y sus tres hijos habidos en el primer matrimonio de ésta, que entonces eran menores.

En octubre 8, 1869, Leonardo Igaravídez y Carmen Lan-drón otorgaron una hipoteca en San Juan por 100,000 pesos, a favor de Sturges y Compañía constando de la escritura que el dinero había sido tomado, prestado y usado en el cul-tivo, mantenimiento y trabajo de la hacienda San Vicente. No vemos nada en los autos que nos haga dudar de que estas narraciones fueran substancialmente correctas, ni tampoco-tuvo dudas el juez de la corte inferior.

En agosto 28, 1875, en la ciudad de San Juan y ante el mismo notario, los dichos Sres. Sturges y Compañía ven-dieron a Juan Forgas el referido crédito hipotecario y dichos Igaravídez y Carmen Landrón fueron partes en la misma escritura autorizando la venta y ratificando o confirmándo-la hipoteca.

Leonardo Igaravídez quebró en 1879, durando los proce-dimientos de quiebra hasta el año 1887, en que nuevamente se hizo a Leonardo Igaravídez administrador de la finca.

Los diversos acreedores, con excepción de Juan For-gas, dneño de la hipoteca, habían hecho un convenio con Igaravídez por virtnd del cnal se le permitió segnir con la administración.

Leonardo Igaravídez falleció en 1888, habiendo mnerto antes sn esposa y no tnvo oportunidad de pagar a sns acree-dores. La quiebra, contra él no finalizó en vida del mismo.

En abril 9, 1888, Julián Blanco autorizada por Igaravídez mediante poder para testar otorgó tal testamento declarando herederos a sus hijos habidos en ambos matrimonios los cuales aceptaron la herencia a beneficio de inventario. A pesar de estar vencida la hipoteca, el acreedor hipotecario demoró por* ciertas razones la ejecución de la misma, hasta que en 22 de junio de 1888, se inició un procedimiento sobre ejecución de hipoteca a nombre de José Grallart y Forgas, como heredero y sucesor de su tío’Juan Forgas, por medio de procurador debidamente nombrado y de abogado. El procedimiento ejecutivo, que es un procedimiento especial de acuerdo con la Ley de España, se siguió ante el Juez de Primera Instancia de San Juan. El procedimiento fué por la suma de 74,000 pesos más o menos, que era el saldo pen-diente de la hipoteca, y se dirigió contra los bienes de la Sucesión de Leonardo Igaravídez y especialmente contra la hacienda San Vicente. El acreedor hipotecario mientras procedía contra la finca de Leonardo se reservó todos los derechos que pudiera tener contra la Sucesión de Carmen Landrón por virtud de dicho crédito hipotecario. A la demanda en este procedimiento hipotecario se unió la hipo-teca y su ratificación así como también la cláusula pertinente del testamento de Forgas instituyendo a Grallart como here-dero suyo, y una certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce creditiva de la muerte de Juan Forgas.

En julio 6, 1888, el Juez de Primera Instancia se negó a despachar el mandamiento de ejecución por el defecto téc-nico de no tener el registrador facultad para certificar sobre la muerte de una persona. Al solicitar reposición el acreedor hipotecario el juez no solamente insistió en este supuesto defecto, sino que también negó la ejecución por el fundamento de qne la hipoteca otorgada por Leonardo Igaravídez y Carmen era de la clase prohibida por la Ley de Toro, puesto que la esposa comparecía como fiadora de, las deudas del marido. Esta orden del Juzgado de Primera Instancia fué apelada a la Audiencia Territorial que confirmó en parte la orden del Juzgado de Primera Instancia, La. ■ naturaleza, sentido y alcance de la resolución de la Audiencia Territorial han sido tal vez el fundamento principal de discusión en este caso. Más adelante explicaremos con más detalles este pro-cedimiento.

Sostienen los apelados que la Audiencia sólo confirmó la orden del Juzgado de Primera Instancia por • el defecto técnico apuntado, y evidentemente basado en esta teoría fué que el acreedor hipotecario siguió adelante con el procedi-miento de ejecución. El Juez de Primera Instancia en vista de la subsanación del defecto procedió a ordenar la.'ejecución de la hipoteca rebajando un tanto la suma de la reclamación por haber expirado el término para ejecutar uno de los plazos de la deuda.

Los apelantes impugnan por ser fraudulenta la acción así tomada por el Juzgado de Primera Instancia, alegando tam-bién otros varios fraudes, ilegalidades y nulidades cometidos en la ejecución del procedimiento hipotecario, acerca de los cuales después haremos referencia.

En esta fecha ‘ ‘ San "Vicente, ’ ’ que entonces se conocía por “Central San "Vicente” estaba administrada por Julián E. Blanco, nombrado como tal administrador por los acreedores en los procedimientos de quiebra. Blanco era a la vez tutor de algunos de los hijos de Igaravídez Landrón. Por esta razón y con el fin de evitar costas y demoras, el acreedor hipo-tecario nombró también a dicho Blanco como administrador de la finca mientras duraban los procedimientos hipotecarios, teniendo cada uno confianza en su capacidad y honradez. Alegan los apelantes que su cargo de tutor era incompatible con el de administrador de la finca. No vemos ninguna incom-patibilidad en que el tutor de una sucesión cuya finca está para venderse o gravada por virtud de un procedimiento de ejecución se baga cargo de la administración de dieba finca. El mejor que nadie podía defender los derechos de sus pupi-los. También sus actos ban sido atacados como fraudulentos, existiendo la acusación, que no ha sido comprobada, de que él actuaba en combinación con Gallart contra los intereses de sus pupilos.

AI otorgar Igaravídez y su esposa Carmen Landrón la hipoteca, lo hicieron por toda la finca San Vicente. ■'Ellos en realidad no la poseían totalmente pues los hermanos López Landrón eran condueños con ellos.

En el año 1885, estando pendientes los procedimientos de quiebra, el Juez de Primera Instancia ordenó que la quiebra satisficiera a los hermanos López Landrón la suma de 1,000 pesos como parte proporcional de las rentas y productos en la hacienda. Dicho juez se dió cuenta de la imposibilidad que había para administrar por separado la participación perteneciente á Igaravídez, probablemente debido al hecho de que la central se encontraba realizando operaciones, y basado Cü. una teoría parecida Gallart siguió Su procedimiento hipo-tecario contra toda la finca pero durante la pendencia del procedimiento o en fechas posteriores celebró transacciones o traspasos con los López Landrón e Igaravídez Landrón, La validez, exactitud o suficiencia de todos estos actos pos-teriores han sido atacadas por los demandantes y apelantes en este caso.

Se verificaron varias segregaciones y cambios en la pro-piedad y finalmente en mayo 31 de 1894, se otorgó escritura al acreedor hipotecario Gallart en la que se describían todos los procedimientos habidos en la ejecución de la hipoteca, cuya escritura fué inscrita en el registro de la propiedad en julio 7, 1894. La referida finca fué vendida por Gallart a Juan y Guillermo Hubert en febrero 24, 1897. Los apelantes alegan tedios tendentes, como sostienen, a acreditar que. Eubert Hermanos no eran terceros de acuerdo con la Ley Hipotecaria por razón de los actos de Luis Hubert, uno de los hermanos de Juan y Guillermo Eubert. En 12 de diciem-bre, 1902, Guillermo Eubert vendió una parte de su derecho en la Central San Vicente a su hermano Luis. Sostienen los apelados Eubert Hermanos que han poseído la finca -desde la fecha de sus varias adquisiciones pacíficamente y sin inte-rrupción alguna. ■ ■

Esta acción comenzó originalmente en junio 5, 1906, habiéndose formulado una demanda enmendada en febrero 18, 1909. La sucesión de José Gallart fué incluida en la demanda y se obtuvo su emplazamiento por publicación de edictos, y una demanda enmendada fué presentada después de dicho servicio. El secretario anotó la rebeldía y los, demandantes, trataron de obtener una sentencia en rebeldía contra la Sucesión de Gallart con cuyo objeto fueron, exten-samente oídos en la corte. Se dictó por último sentencia declarando sin lugar la demanda contra la cual interpusieron, recurso de apelación los demandantes si bien jamás fué noti-ficada ,1a Sucesión de José Gallart de dicha apelación. Los, apelados en distintas fechas han solicitado la desestimación de la apelación fundados en que la Sucesión de José Gallart era parte necesaria y por consiguiente que debió.haber,, sido, notificada. Ellos han insistido en que la Sucesión de José Gallart era parte necesaria no sólo por. .haberlo hecho- así los demandantes por, varios actos y documentos obrantes en los autos, sino también porque en el traspaso de la finca hecho por. José Gallart a Eubert Hermanos la escritura contenía una’ cláusula sobre saneamiento y evicoión del título.

Ha habido varias acusaciones de fraude en este caso. Las imputaciones .de fraude hechas contra .el, Juez de Pri-mera Instancia que finalmente ordenó la venta en ejecución, no han sido comprobadas en absoluto.. Eespecto al cargo de fraude contra Julián Blanco y Sosa, deseamos- citar, como lo Mzo la corte inferior, el poder otorgado por Leonardo Igara* vídez, por virtud del .cual autorizó éste al primero para hacer :su testamento:

‘ ‘ Teniendo una ilimitada confianza en su amigo y apoderado general que lo es Don Julián Eusebio Blanco y Sosa el- cual se encuentra •enterado perfectamente de todos. sus asuntos y negocios ba deter-minado autorizarle con poder bastante para testar, con cuyo objeto, en la vía que sea más procedente otorga; que da y confiere al men-cionado Don Julián Eusebio Blanco y Sosa de este propio vecindario, •el más cumplido, amplio y bastante poder como por derecho se requiera para que dentro o fuera del término legal y con sujeción a las instrucciones que le tiene dadas y en lo sucesivo le comunicare,-•organice y ordene su testamento, etc., etc.
“Declara por ser así su voluntad expresa que Don Julián ,Eusebio Blanco y Sosa además de ser su apoderado general ha sido el encar-gado de la dirección de todos los asuntos judiciales que le han ocurrido desde muchos años sin que hasta el día ni Blanco le haya exigido ni tampoco el otorgante le haya retribuido sus buenos y valiosos ser-vicios a pesar de haberle exigido le manifestara el importe de' sus trabajos o cantidad- con que debiera recompensar en las diversas-veces que así se lo ha indicado, sin que haya podido obtener de Blanco otra manifestación que la de aplazar el asunto para mejor ocasión;, así es que considerando un deber de conciencia dicha retribución encarga muy encarecidamente, tanto a sus albaeeas como a sus here-deros, exijan' a'Blanco- les manifieste ql valor de todos' sus servicios y trabajos, los que les sean satisfechos con toda religiosidad y pre-ferencia atendida .la naturaleza- e importancia de dichos, servicios. ” •

Y luego expresa el Juez Sr.‘ Grill en su opinión:

1 ‘ Tal era el carácter de .Blanco en la opinión, de Leonardo Igara-vídez en 1888. No se ha establecido en este .pleito que la opinión •de Don Leonardo Igaravídez fuera errónea o que se modificara más tarde el carácter de Blanco en sentido malévolo.
“A otras personas también, jueces, abogados y procuradores se acusa de fraude. A esta corte le falta la experiencia subjetiva en' la corrupción judicial, pero parece extraordinario que si los repre-sentantes de G-allart habían sobornado a las Cortes de Primera Ins-' tancia de San Juan, no se podía conseguir una declaración definitiva, ■en menos de siete años. En otras palabras, si un juez vende su sentencia ordinariamente falla pronto.”

Los ápelantes han imputado fraude en forma poco con-creta y no lo han probado. Varias veces hemos tenido opor-tunidad de llamar la atención hacia el hecho de que el fraude no se presume y debe ser claramente probado. Calzado et al. v. Carrero et al., 15 D. P. R. 363; Lamas et al. v. Roig, 15 D. P. R. 494; Cruz v. López et al., 17 D. P. R. 42. El abogado lo ha presumido esperando que este tribunal lo deduzca de ciertas supuestas nulidades o ilegalidades.

Los demandados y apelados ante esta corte son Rubert Hermanos. Sostienen los apelantes que los apelados no pue-den ser'considerados como terceros por haber sido Luis Ru-beít apoderado de Gallart quien tenía conocimiento de todos lqs hechos anteriores, pero no nos han demostrado los ape-lantes que el conocimiento que tenía Luis Rubert pudiera imputarse a Rubert Hermanos en la fecha en que éstos com-praron a Gallart. Es verdad que Luis Rubert adquirió luego su derecho en la sociedad y que su parentesco cercano con sus hermanos Juan y Guillermo Rubert podría considerarse como una. circunstancia sospechosa, pero no podemos suponer sin más prueba que cualquier conocimiento que él tuviera podía imputarse a sus referidos hermanos. Además, como ya hemos dicho, los apelantes no nos han indicado ningún fraude. El traspaso hecho por Gallart a Rubert Hermanos se impugna por haber sido Luis Rubert mandatario de Gallart. Sin considerar los demás méritos de esta alegación, diremos que los apelantes no tienen ningún interés legal por el cual puedan atacar el traspaso. Si solamente están envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta por ejecución, dudamos que el conocimiento de las mismas pueda anular el derecho.de una persona a ser considerada como ter-cero. También dudamos de si a los abogados y procuradores de Gallart podía imputárseles conocimiento de las ilegali-dades en la venta en ejecución y si en su caso dicho conoci-miento podía suponérsele a Luis Rubert o a Gallart, ambos sin profesión, que como es de presumirse obedecían y con-fiaban en el consejo del abogado. Si el hecho de ser tercero pudiera redundar en beneficio de cualquier persona en este caso, no vemos nada en los autos que impida a Rubert Her-manos gozar de esa condición con respecto a la propiedad que adquirieron de Gallart.

Los apelados aleg’an xin derecho adquisitivo de prescrip-ción por haber estado en posesión de las fincas, como sos-tienen, por más de diez años, .quieta y pacíficamente. Los1 apelantes sostienen que ha habido interrupciones en ese título adquisitivo. No estamos convencidos de que en realidad exista tal interrupción. Sin entrar en una discusión acabada de una cuestión que es una de las muchas que han sido pro-movidas en este pleito, podemos decir que la interrupción especialmente si tiene lugar mediante una acción, tendría que ser de la misma naturaleza que el presente pleito. En lo que respecta a la Sucesión de Leonardo Igaravídez tenemos algo más que dudas de si una reclamación como la que se hace en este pleito se hizo alguna vez, ya judicial o extrajudicial-mente dentro del período de diez años.

Sin embargo, en cuanto a la alegación de los apelados de ser terceros sostienen los apelantes que el registro no puede dar validez a actos que son nulos; y respecto a la alegación de prescripción adquisitiva alegan que los apelados no tenían justo título. Cada una de estas alegaciones equivale a decir que todos los actos encaminados a la venta en ejecución y las escrituras en las cuales se basaba el procedimiento hipo-tecario eran absolutamente nulos. Surge entonces la cuestión de cuál de las varias sucesiones en este caso está en condición de hacer tal alegación, pero antes de resolverla debemos examinar la reclamación extraordinaria de la Sucesión López por supuesta hipoteca legal.

En el alegato se considera al parecer esta reclamación como la número cuarenta y uno de la demanda, enmendada. Los apelantes sostienen en su alegato que existen treinta y seis causas de acción diferentes y asimismo al discutir la moción para desestimar la apelación dice el abogado que ellos agregaron la trigésima sexta causa de acción a la demanda original. La demanda enmendada contiene exac-tamente treinta y seis solicitudes si bien en el alegato de los apelantes se discuten cuarenta y seis. Las diez últimas soli-citudes comprenden una referencia a la supuesta hipoteca legal, pero los hechos de esta hipoteca legal se determinan en el Párrafo XIII de la demanda enmendada. La teoría parece ser (aunque se alega más en el Párrafo XIII) que aunque se pagó ,a los hermanos López Landrón cierta suma .como perteneciente a- su herencia no se les pagó el total de ella, y por tanto que como Leonardo Igaravídez había entrado en posesión de todos los bienes -de los menores López Lan-drón, Gall-art y su causahabiente Igaravídez serían respon-sables por esta reclamación de derechos. Sin embargo, los hermanos López Landrón eran condueños con Igaravídez y Carmen Landrón. Todo lo que reclaman que había quedado de su herencia paterna era por razón de dicha comunidad. Xo vemos nada que justifique la suposición en favor de la Sucesión de López de cualquier hipoteca por parte de, Leonardo Igaravídez en cuanto a éste u otro particular. -Si la Sucesión de López Landrón fué despojada ilegal e indebida-mente de algo que legítimamente la correspondía, la teoría de la. hipoteca legal nunca daría lugar a una acción a su favor, de acuerdo con los hechos de este caso.

' Existe prueba suficiente en los autos de que la Sucesión de López. Landrón celebró convenios con Gallart por los cuáles tanto la herencia paterna como la. materna se les entre-garon. 'El hecho de tales traspasos no ha sido discutido formalmente pero los apelantes López Landrón. pretenden alegar que este traspaso, transacción o arreglo únicamente era un modus vivendi y sólo comprendía cierta porción pequeña de la finca. Aun cuando esto fuera cierto, los her-manos López Landrón que entonces eran todos mayores de edad permitieron que Gallart continuara la ejecución y en-trara en .posesión de la finca sin discutir formalmente su derecho hasta hacerlo más o menos vaga e indirectamente en e^ta demanda. Como ya hemos dicho, la teoría'de la demanda no era la partición de la finca sino que en ella se pretendía anular nna venta en ejecución y obtener así cualquier'beneficio que pudiera resultar a los apelantes. Pero creemos que la verdad de la cosa fué que cuando estos traspasos se lucieron,, la propiedad debido a la quiebra ya los procedimientos de ejecución probablemente valía muy poco y que los hermanos López Landrón recibieron sus debidas partes proporcionales. Los mismos apelantes en otras partes de su alegato sostienen que se permitió que se arruinara la finca debido a la mala administración de Blanco y por esto fian hecbo una reclama-ción independiente y precisa contra la Sucesión de Gallart. No creemos que la Sucesión de López Landrón esté en con-dición para poder impugnar el procedimiento hipotecario ni siquiera la hipoteca misma;' sus actos, y éstos fueron de.-distintas clases como aparece de los autos, se lo impidieron. -

Semejantes consideraciones son aplicables a la Sucesión de Leonardo Igaravídez respecto a su herencia materna.' .Gallart celebró con ellos transacciones y traspasos. Es ver-dad que algunos o todos ellos eran menores en la fecha del traspaso, pero consta que estuvieron representados debida-mente no solamente por un tutor sino por su medio hermano Manuel López Landrón como curador ad litem. Este último comparece no solamente en ciertos traspasos originales cele-: brados entre las partes sino también en algunos traspasos, subsiguientes por virtud de los cuales Gallart adquirió otras porciones de la hacienda.“San Vicente.” . Además, todo én¡ •Jos autos indica qué dicha Sucesión de Leonardo Igaravídez Landrón se benefició con estos cambios y quedó.en posesión de los mismos después de llegar a su mayor edad sin tratar de hacer ninguna impugnación respecto a la validez de los refe-ridos cambios. Ellos no ofrecen devolver nada en este pleito.. Creemos que no sólo a ellos sino también a la Sucesión de: López Landrón es de aplicación la doctrina relativa a aban-dono (laches). Ya hemos discutido el hecho de que los cargos de fraude imputados a Blanco, tutor, no fueron comprobados.' Puede que tenga o no relación con él caso el hecho de que el acreedor Gallart no tratara de proceder contra los intereses de Carmen Landrón si bien sn hipoteca comprendía la par-ticipación de ésta así como también la de Igaravídez. I)e todos modos, si la Sucesión de Leonardo Igaravídez hubiera hecho su reclamación a tiempo, ya Gallart o la Sucesión de Rubert podría haber tenido derecho a alegar que tenían derecho a una contrareclamación por virtud del contrato celebrado por Carmen y por la parte no s'atisfecha del cré-dito hipotecario original.

Ahora pasamos a la reclamación dé la Sucesión Igaravídez, que entre todos los apelantes está en mejor situación en este pleito para atacar el procedimiento hipotecario, y que pro-piamente es la sucesión demandante. Como ha dicho el juez de la corte inferior, los procedimientos ejecutivos continua-ron hasta el año 1895. Durante todo ese tiempo Igaravídez Santana era mayor de edad habiendo llegado a su mayor edad uno de los Igaravídez Landrón poco antes de 1888. El procedimiento hipotecario dejó una. deuda pendiente en favor de Gallart por la suma do 300,000 pesos.- La finca do Igara-vídez era insolvente y se encontraba en manos de un adjtninis-trador. Sería muy dudoso en vista de las circunstancias si no eran los acreedores o el administrador de los acreedores el que tenía derecho a proceder a anular la hipoteca en este caso. Es evidente que los diferentes créditos excedían en mucho al valor de la finca, y como hemos visto, los procedi-mientos de quiebra jamás se terminaron.

Hemos creído conveniente, sin embargo, discutir los su-puestos procedimientos de ejecución que ■ como alegan los apelantes fueron absolutamente nulos y sin ningún valor. Insisten en que la Corte de Primera Instancia no acató la sentencia de la Audiencia Territorial confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, ne-gándose a despachar la ejecución. Insisten además en que la acción de la Audiencia tenía por objeto conservar en toda su integridad la sentencia definitiva del Juez de Primera Instancia por la cual se denegó la ejecución y principalmenteen .el particular relativo a la insuficiencia de la escritura o escrituras otorgadas por Leonardo Igaravídez y Carmen Lan-drón a favor de los acreedores hipotecarios.

Los apelados en su alegato lian tratado de llamarnos la atención hacia la sentencia que realmente dictó la Audiencia Territorial y solicitan que tomemos conocimiento judicial de la misma. Esto no podemos hacerlo porque no es parte de los autos y no nos consta que la referida sentencia fuera directamente sometida a la consideración de la corte senten-ciadora. Los apelantes presentaron una copia que alegan es de la sentencia, la cual según sostienen es más o menos incompleta. Por otra parte existe en los autos una copia del auto disponiendo la ejecución de donde aparece que los de-fectos en los cuales insistió la Audiencia quedaron subsanados por los acreedores hipotecarios y que los únicos defectos en que insistió la Audiencia eran los más técnicos a que hemos hecho referencia, de. donde se infiere que la Audiencia no declaró nula la hipoteca. Además el abogado Eamón Falcóm que conocía todas las. actuaciones fue llamado como testigo por los demandantes y apelantes y se le permitió declarar - sin objeción alguna que el defecto de la demanda fué corregido. Por tanto, considerada la sentencia de la corte inferior la presunción sería que la corte dirimió el conflicto en favor de los apelados, existiendo todavía otra presunción más fuerte de que el Juez de Primera Instancia cuya sentencia jamás ha sido atacada directamente en casación u otra forma cum-plió con lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia. Se hace imposible creer que el Juez de Primera. Instancia deli-beradamente hiciera caso omiso del mandato de la corte superior y como hemos indicado, según también lo ha hecho la corte inferior, no existe prueba alguna de fraude.

Se alegaron varios defectos técnicos respecto a la venta en ejecución pero en cuanto a esto convenimos con la corte inferior en que ya es demasiado tarde para atacar ahora la sentencia en una. acción original independiente. Las reso-luciones de la Corte Suprema de España muestran que un ataque colateral de la clase que aquí se lia alegado lia de dirigirse a las verdaderas defensas de los deudores hipote-carios y no a los defectos técnicos-de la venta en ejecución. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 14 de diciem-bre de 1891; 20 de enero' de 1897; 11 de abril de 1902; 31 de diciembre de 1902, y Io. de julio °de 1903. Las mismas autori-dades citadas por los apelantes no contradicen la anterior doctrina.

Una de las cosas que podría haberse ¿tacado en un pleito ordinario, dejando a un lado el lapso de tiempo, es la sufi-ciencia de la escritura de hipoteca. La queja principal del alegato de los apelantes y asimismo de. las solicitudes es la insuficiencia de la hipoteca por ser una escritura mancomu-nada, prohibida según se alega, por la Ley LXI de Toro.

Gomo también lo ha demostrado la corte inferior los condueños de San "Vicente eran Leonardo, Carmen y los menores López Landrón. Carmen era condueña de- la finca y por tanto tenía perfecto derecho a hipotecar ¡Sus partici-paciones para garantir deudas contraídas para beneficio de la finca. La hipoteca de 1869 misma expresa que Sturges y Compañía habían suministrado y adelantado varias sumas de dinero que habían de ser y ciertamente fueron gastadas en el mantenimiento, mejora y cultivo de la plantación de cañas llamada ‘ ‘ San Vicente. ’ ’ Convenimos con la corte inferior en que después de cuarenta años no puede ser negada la verdad de esa manifestación. La Ley LXI de Toro declara nula cualquier’ fianza otorgada por una mujer para garantizar las deudas de su marido, pero no anula una obligación con-traída por una mujer como uno de los deudores principales. Todas las partes han pasado por alto lo que nos parece una cuestión muy importante respecto al particular y ésta es que Juan Forgas compró la hipoteca a Sturges y Compañía y que tenía él derecho a creer que las manifestaciones hechas en dicha escritura eran verdaderas. No hemos hallado en los autos prueba alguna de algún estado de' cosas en contrario.

En relación coü esto surge otra cuestión de impedimento (estoppel). Esta es una acción establecida en primer tér-ro in o por la Sucesión de Leonardo Igarayídez. Aun cuandó la Ley de Toro declare nula una escritura mancomunada dél marido y la mujer, las únicas personas que debidamente' podrían beneficiarse de esa nulidad serían los herederos ele la esposa. Los herederos de Leonardo Igarayídez no pueden tomar ninguna medida que él no hubiera podido haber to-mado. La escritura, de acuerdo con las decisiones de está corte, no era nula en cuanto a Leonardo, y además sus here-deros estarían impedidos para promover tal cuestión. . SemeT jantes consideraciones serían aplicables a. la alegación relativa a los actos nulos de Leonardo Igaravídez respecto a la maqui-naria suministrada por Cail y Compañía.

Otra de las ilegalidades de la hipoteca que ha sido alegada es que en ella no hubo testigos instrumentales. Poca duda puede haber acerca de cuál era la verdadera ley respecto a esta cuestión, aunque parece que la práctica contemporánea prácticamente constituyó en letra muerta el precepto del estatuto. Además, en la sentencia de la corte inferior se declara que de prevalecer esta cuestión referente a la falta de firma de testigos instrumentales todo el pleito tiene que fracasar pues algunas de las mismas escrituras originales otorgadas a la Sucesión de López carecían de la firma de testigos instrumentales. Las cortes en esa fecha evidenter mente toleraban la falta de firma de testigos instrumentales y esa interpretación contemporánea debe ser respetada. '

En el gran cúmulo de reclamaciones insostenibles que hap sido hechas por los apelantes puede que hayamos pasado por alto algunas que los apelantes han alegado con apariencia de razón, pero estamos satisfechos en vista de las contiendas litigiosas que no existe ninguna reclamación qne haya sido hecha por cualquiera de los apelantes que no haya quedado resuelta por el tiempo o por los actos directos u omisiones de las partes o sus causahabientes.

Con una de las mociones para desestimar la apelación so acompañó una copia parcial de la demanda, original de donde consta que ésta contenía treinta y cinco solicitudes. Los apelantes afirman que la solicitud treinta y seis fué agregada a la demanda enmendada y que la adición por sí misma produjo un cambio esencial en la demanda. La soli-citud treinta y seis es como sigue:

“Que en el ejecutivo de José Gallart y For gas contra la Sucesión de Leonardo Igaravídez lian sido- defraudados los miembros de la Sucesión de Carmen Landrón Córdova y de Manuel Antonio López Martínez, y que por esta razón también dicho ejecutivo es ilegal, mandando que quede sin ningún valor ni efecto en cuanto a todos los demandantes limitadamente, con las costas.”

Añora bien, esta solicitud trigésima sexta muestra que la teoría de la demanda todavía bacía necesario la nulidad del procedimiento hipotecario y de la hipoteca en la cual se basó, y si la Sucesión de Igaravídez Landrón y la Sucesión de Manuel López tenían derecho a algún beneficio lo hubieran obtenido de 1a. corte por el mero hecho de las alegaciones de la demanda y el hecho adicional de que eran partes en el pleito. No creemos que con esta solicitud trigésima sexta se introdujera ningún cambio esencial en la demanda enmen-dada. Además todos, la corte inferior y las partes proce-dieron y actuaron como si la Sucesión G-allart estuviera debi-damente ante la misma. Esto aparece claramente de los autos.

La introducción de la demanda es como sigue:

“Comparecen ahora, por medio de su abogado Rafael López Lan-drón, los demandantes Laura Igaravídez Santana, por su propio derecho y como única y universal heredera de su hermana Hortensia Igaravídez Santana, Leonardo R. Igaravídez Landrón, Médico Ciru-jano, vecino' de Coamo, P. R., Guillermo Igaravídez Landrón, abogado, vecino de Málaga, España, Enrique Igaravídez Landrón, propietario, vecino de Vega Baja, P. R., Sor Carmen Igaravídez Landrón, Hermana de la Caridad, vecina de Guanabacoa, República de Cuba, Sor Milagro Igaravídez Landrón, Hermana de la Caridad, vecina de Granada, España, y Mercedes Igaravídez Landrón, propietaria y vecina de Peñuelas, P. R., asistida de su legítimo esposo Luis Alvarado Santiago, todos ellos mayores de edad; la Sucesión de Carmen Landrón Córdova y la Sucesión de Manuel Antonio Martínez, conocidas y admitidas en autos como asociadas, también demandantes, y estable-ciendo su demanda enmendada contra la Sociedad ‘Rubert Hermanos,’ compuesta de los Sres. Luis, Guillermo y Juan Rubert y Cátala y contra esos mismos señores, así como también contra la Sucesión desconocida de José Gallart y Forgas, cada uno por sí alegan y ■exponen: ’ ’.

Por lo transcrito aparece qne la teoría de la demanda ■original era la de nn pleito por la Sucesión de Igaravídez para anular la hipóteca y el procedimiento hipotecario, y somos de parecer qne la demanda enmendada no introdujo variación sustancial alguna.

Los apelantes en la córte inferior practicaron el servicio de emplazamiento por publicación de edictos contra G-allart. Se celebró el juicio después de baber presentado su demanda enmendada y de radicada la contestación. En este juicio invirtieron los apelantes varios días en probar su caso contra la Sucesión Gallart habiéndose presentado mucha prueba ■documental. En realidad de verdad la misma prueba docu-mental fué admitida previo consentimiento de las partes en ■el juicio posterior de Eubert Hermanos que tuvo lugar. En otras palabras, los apelantes insistían en la corte inferior en su derecho a que se dictara sentencia contra Gallart con motivo de la rebeldía que basta entonces había sido anotada. Si el paso fuera revocado podrían los demandantes continnar contra la Sucesión de Gallart de igual modo que si no se hubiera presentado ninguna demanda enmendada puesto que la demanda enmendada no introdujo nuevos hechos ni se .pedía en ella remedio alguno que no pndiera obtenerse con la demanda original.

Al ser presentada la moción original para que se deses-timara esta apelación insistieron los apelantes en el hecho de que ellos intencionalmente no habían notificado a la Suce-sión de Gallart de la apelación puesto que ya estaban en rebeldía y no tenía más derecho a ser oída ante la corte. Los apelantes, sin embargo, sostienen ahora que debido a la pre-sentación de la demanda enmendada la cnal en realidad jamás fné notificada mediante publicación n otra forma a la Suce-sión de G-allart, que dicha sucesión no es parte en la apelación, y se citan los casos de McGary v. Pedrorena, 58 Cal. 91; Thompson v. Johnson, 60 Cal. 292 y de Reinhart v. Lugo, 86 Cal. 395, para probar que la presentación de una demanda enmendada abre la rebeldía. Pero estos casos muestran que la enmienda debe ser sustancial y se insiste en esta diferencia en el caso de Cole v. Roebling Construction Co., 156 Cal. 446, 105 Pac. 257. Además, en el caso de Thompson v. Johnson, era un demandado el que impugnaba la sentencia dictada por la corte inferior por no haber sido notificado otro deman: dado. Los apelantes también se fundan en el caso de Clarke v. Mohr, 125 Cal. 540. En ese caso se resuelve que no es necesario que el aviso de apelación contra la sentencia sea notificado a los demandados que según los autos no consta habérseles notificado la citación ni haber comparecido en el caso. La teoría que se sostiene en dicho caso es que los demandados jamás comparecieron ante la corte sentencia-dora. El caso de Clarke v. Mohr, muestra por su propio texto que la enmienda tiene que ser esencial y que la corte debe haber dejado de adquirir jurisdicción. Esta distinción se establece más claramente en el caso de Johnson v. Phenix Ins. Co., 146 Cal. 576-577. La corte indicó que lo que había sido resuelto en el caso de Clarke v. Mohr no podía tener aplicación a un caso en que la sentencia se ha dictado a favor de una persona que según los autos en realidad había sido hecha parte en la acción.

Muy poca duda podía existir en este caso de haberse hecho parte a la Sucesión Gallart si la citación mediante publicación podía utilizarse. Pero ¿ adquirió jurisdicción la corte inferior sobre la Sucesión de Gallart por virtud de la publicación? Esto es más que dudoso pues no existe nada en los autos que muestre que la acción (aunque en ella estaban envueltos bienes, inmuebles y basta ese pnnto era in fem) fuera otra cosa que una acción personal, por lo menos en lo que respecta a la Sucesión de Gallart. Si se considera que la acción según su naturaleza es solamente reivindicatoría entonces la Suce-sión de Gallart era completamente innecesaria puesto que Eubert Hermanos estaban en posesión de la finca. Si por el contrario como más bien parece, se le considerara como una acción personal, al menos por lo que toca a la Sucesión Gallart no vemos que dieba sucesión se hubiera becbo parte debida-mente en la corte inferior y por tanto esa corte no adquirió jurisdicción sobre aquélla. Oreemos que era necesaria la citación personal.

Por otra parte, la corte consideró el caso enteramente por sus méritos y estamos de acuerdo con sus conclusiones. Las partes sometieron de tal modo el caso y se dictó sentencia a favor de los demandados. En vista de estas circunstancias opinamos que Eubert Hermanos tiene derecho a insistir en su sentencia. Cualquier duda que hubiera respecto a si la sucesión era o nó parte necesaria solamente militaría en favor de la confirmación de la sentencia después de haber sido sometido el caso y de celebrado el juicio por sus méritos contra ellos. En verdad que los mismos apelantes insisten en que la Sucesión Gallart no era parte en absoluto en la corte inferior. Ello.s consideran el caso como un juicio y una sentencia contra Eubert Hermanos solamente.

De todos modos, si alguna duda pudiera haber sobre dene-gación o concesión de la moción para que se desestime el recurso preferimos resolverlo en el sentido de decidir el caso por sus méritos por cuanto esa resolución conduce a la con-firmación de la sentencia y no estamos convencidos de que la Sucesión Gallart era parte necesaria para el remedio principal, que solicitan los demandantes en esta acción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.