author: per curiam:

text:
      In re Israel Roldán González, querellado.

      Número: CP-2011-0016

      Resuelto: 19 de abril de 2016

      Luis R. Román Negrón y Margarita Mercado Echegaray, pro-curadores generales, Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradora general, María C. Umpierre Marchand y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradoras generales auxiliares; Harry N. Padilla Martínez, abogado del quere-llado; Flavio E. Cumpiano Villamor, comisionado especial.
   per curiam:

En el caso que reseñamos a continuación, nos vemos obligados a intervenir con un letrado que, luego de iniciada la relación abogado-cliente, abandonó el asunto encomendado por su representada y falló a su deber de mantener una comunicación directa y efectiva con ella. Esta conducta, sin lugar a dudas, constituye una afrenta patente a los deberes prescritos en los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Cánones 18 y 19). Evaluado su proceder en ese asunto, y en conformidad con el derecho aplicable, adelantamos que lo suspendemos del ejercicio de la abogacía y la notaría. Examinemos, pues, las circunstancias fácticas que sustentan nuestra determinación.

I

A. Hechos

La Sra. Judy Nieves Ramírez (señora Nieves o querellante) es propietaria y presidenta de ABC Infantil, Inc. (ABC Infantil o la Corporación), una compañía sin fines de lucro dedicada al cuido de niños, así como a la educación prescolar. En diciembre de 2007 ABC Infantil suscribió un Contrato de Creación de Empleo con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia del Departamento de la Familia (ADSEFDF o la Agencia). A cambio de recibir una subvención económica, la Corporación se obligó a reclutar, adiestrar, capacitar y emplear a cinco participantes del Programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas, creado en virtud de legislación federal. El contrato tendría vigencia desde el 26 de diciembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008.

Durante el mes de abril de 2008, representantes de la ADSEFDF llamaron a la querellante para advertirle que cancelarían el contrato por alegaciones de maltrato insti-tucional a menores. El 14 de mayo de 2008 la agencia notificó formalmente a la Corporación la resolución del acuerdo. Como producto de la investigación realizada por la ADSEFDF, la señora Nieves fue acusada por el delito de maltrato a menores. Celebrado el juicio en su fondo, el 23 de junio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia declaró a la querellante “no culpable” del delito imputado.

Según consignado por el Comisionado Especial en su informe, la querellante entendía que la investigación que culminó en su procesamiento criminal fue fabricada y estuvo fundada en declaraciones falsas. Decidió, por lo tanto, buscar orientación legal para instar una acción civil contra el Gobierno que le permitiera, según ella, vindicar su nombre, su reputación y el de la Corporación. Así es como el 9 de septiembre de 2009 la señora Nieves acudió, junto con su hermana, al despacho del Ledo. Israel Roldán González (licenciado Roldán o el querellado).

En esa primera reunión, la cual se extendió por aproximadamente media hora, la querellante le relató al letrado lo sucedido y le explicó lo de la alegada fabricación del caso criminal en su contra por parte de la agencia. Considerado el origen de los fondos del acuerdo entre ABC Infantil y la ADSEFDF, el querellado le indicó a la señora Nieves que podría haber jurisdicción federal en el asunto. Asimismo, le advirtió que, por haber transcurrido más de un año desde la resolución del contrato, su acción personal en daños por incumplimiento de contrato había prescrito.

El licenciado Roldán le requirió a la querellante todos los documentos atinentes al proceso aludido. Le informó, ade-más, la necesidad de probar los daños económicos. Por úl-timo, le explicó que sus honorarios sumarían el 33% de la indemnización obtenida y le solicitó $3,000 para los gastos del caso, incluyendo la traducción de los documentos al idioma inglés. La señora Nieves le pidió tiempo para conse-guir el dinero, ya que al no contar con fondos, tendría que tomarlo prestado. Culminada la reunión, la querellante, así como su hermana, entendieron que el abogado sometería una reclamación en daños y peijuicios en el foro federal.

Una semana más tarde, la señora Nieves se presentó a la oficina del querellado para entregarle un cheque emi-tido a su favor por la suma solicitada. Igualmente, le su-ministró una caja con los documentos atinentes a la ges-tión delegada al abogado, todos relacionados con la investigación llevada a cabo por la ADSEFDF, tales como declaraciones juradas, credenciales, el Contrato de Creación de Empleo y comunicaciones suyas con el Departamento de la Familia. El licenciado Roldán los examinó brevemente. En esa ocasión no realizó observación alguna sobre los materiales provistos ni le requirió prueba documental adicional.

Luego de esta segunda reunión, el licenciado Roldán no volvió a comunicarse con la señora Nieves, a pesar de las múltiples llamadas telefónicas, mensajes y gestiones he-chas por ella para conocer el estatus de su caso. Así las cosas, para el mes de marzo de 2010 la querellante se presentó nuevamente a la oficina del querellado. En esta ocasión fue atendida por el Ledo. Joel López Borges (licenciado López), empleado del bufete del licenciado Roldán. En la breve entrevista que se prolongó por cinco o diez minutos, éste no le pudo orientar ni proveer información alguna so-bre el caso.

En cierto momento después de esa reunión, los licencia-dos Roldán y López tuvieron oportunidad de discutir entre ellos y estudiar con detenimiento el asunto delegado por la señora Nieves. Examinado el contrato concluyeron que, si bien surgía de los hechos alegados la posibilidad de enta-blar una reclamación en el foro estatal por incumplimiento de contrato, no existía jurisdicción federal sobre la materia. Razonaron, además, que la causa de acción perte-necía a la entidad corporativa y no a la señora Nieves, por lo que la querellante estaba impedida de demandar por los daños personales sufridos a consecuencia de la resolución del Contrato de Creación de Empleo. Determinaron, enton-ces, que necesitarían, entre otras cosas, prueba de los da-ños a la Corporación. El querellado no reveló a la quere-llante la más reciente teoría legal concerniente al asunto encomendado.

La señora Nieves se personó a la oficina del licenciado Roldán en compañía de su hermana en junio de 2010. La atendió, nuevamente, el licenciado López, quien en esta ocasión le anunció que se le había asignado su caso. Asimismo, le indicó que estaba impedido de presentar una acción legal ante el foro federal por falta de jurisdicción sobre la materia. Dado que ya no era necesaria la traduc-ción de los documentos, la querellante le requirió la devo-lución de los $3,000 entregados al querellado. No obstante, el licenciado López le informó que no procedía el rembolso.

Por otra parte, el licenciado López le confirmó que la causa de acción en daños y perjuicios pertenecía a la Corporación. La señora Nieves entendió que el abogado no le veía posibilidades al caso y que lo que pretendía era disuadirla de iniciar un proceso judicial. Sin embargo, al ella insistir, el licenciado López afirmó que presentaría la reclamación de ABC Infantil. El licenciado López le solicitó a la señora Nieves toda la documentación que sustentara la existencia de la Corporación y la alegada pérdida económica. Al salir de la reunión, tanto la querellante como su hermana tenían la expectativa de que se presentaría el caso. La señora Nieves nunca suministró la prueba que se le requerió en esa reunión.

Ni el licenciado Roldán ni el licenciado López sometie-ron la reclamación judicial ya que, según ellos, al no contar con la prueba necesaria, no tenían certeza del derecho de la Corporación a ser indemnizada. Tampoco le dieron se-guimiento a la querellante mediante comunicación telefó-nica o escrita sobre los documentos solicitados.

Pasado el tiempo sin que la querellante recibiera información sobre el estado de su caso, y sintiéndose ésta defraudada, el 12 de noviembre de 2010 la señora Nieves presentó una queja ante la Oficina de la Procuradora General (Procuradora). El 27 de diciembre de 2010, tras recibir la comunicación de la Queja en su contra, el licenciado Roldán le extendió un cheque a la querellante, devolvién-dole así los $3,000 que ella le había adelantado.

Por su parte, la señora Nieves, frustrada y decepcio-nada, no hizo gestión ulterior para contratar los servicios de otro abogado que atendiera el asunto que le fuera dele-gado al querellado.

B. Trámite disciplinario

Presentada la queja y su correspondiente contestación, la Procuradora investigó los hechos antes relatados y nos remitió su informe. Considerado el mismo, así como el Escrito en Cumplimiento de Resolución interpuesto por el querellado, el 21 de octubre de 2011 ordenamos que se so-metiera una querella contra el licenciado Roldán. El 23 de noviembre de 2011 se presentó la querella, mediante la cual se le formularon dos cargos al licenciado Roldán por presuntamente infringir los Cánones 18 y 19.

El 14 de marzo de 2012 el querellado contestó la querella. En esencia, negó las imputaciones éticas en su contra y nos urgió a desestimar los cargos presentados. Más adelante, el 23 de mayo de 2012, designamos al Ledo. Flavio E. Cumpiano Villamor, exjuez del Tribunal de Pri-mera Instancia, para que fungiera como Comisionado Especial (Comisionado).

Transcurridos varios incidentes procesales, la vista en su fondo se celebró el 3 de febrero de 2015. El Comisionado rindió su informe y encontró infringidas las dos disposicio-nes éticas imputadas. Tras haber solicitado la grabación de los procedimientos y luego de concederle varias prorrogas, finalmente el 13 de octubre de 2015 el licenciado Roldán presentó su reacción al informe. En su escrito reiteró su rechazo a las infracciones éticas imputadas y solicitó su archivo.

II

A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

“ ‘Los Cánones de Ética Profesional establecen las normas básicas que deben regir la relación de un abo-gado con su cliente. ... Su gestión profesional debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos, experiencia y habilidad desempeñándose de una forma adecuada y responsable, capaz y efectiva'”. (Énfasis en el original). In re Filardi Guzmán, 144 DPR 710, 715 (1998), citando a In re Acosta Grubb, 119 DPR 595, 602 (1987). En virtud de lo anterior, el Canon 18 del Código de Ética Profesional exige a cada abogado desplegar el más alto grado de diligencia, competencia y responsabilidad en su quehacer profesional. Así, el abogado incurre en una falta al Canon 18 cuando, a pesar de asumir la representación legal de un cliente, demuestra una capacitación inadecuada o presta una atención indebida a la causa encomendada. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).

Todo abogado tiene el deber ético de conocer el ordenamiento legal y actuar en conformidad con este. In re Ayala Vega I, 189 DPR 672 (2013); In re Nieves Nieves, supra. Una representación legal adecuada presupone que el abogado posee los conocimientos y las destrezas jurídicas vinculadas a su gestión profesional. El abogado logra este objetivo sometiéndose a un estudio riguroso y continuo de las normas legales aplicables a las controversias planteadas en cada uno de sus casos. Véase Canon 2 (4 LPRA Ap. IX).

Asimismo, el abogado está obligado a defender diligentemente, con celo y dentro del marco ético, los derechos e intereses de su cliente. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015); In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189 (2012). Esto significa que, cuando acepta la representación legal de una persona, debe realizar de manera adecuada, responsable, efectiva y oportuna todas las gestiones para las cuales fue contratado, sin dilaciones que puedan afec-tar la tramitación o la solución rápida de la controversia. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015); Pueblo v. Quiles Negrón et al., 193 DPR 609 (2015); In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014). La inacción, la imprudencia, el desinterés y la desidia en la tramitación de los asuntos que le han sido confiados, constituyen una patente infracción al Canon 18. In re Miranda Daleccio, supra. Véanse, además: In re Hance Flores, 193 DPR 767 (2015); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013).

Un letrado es negligente en su quehacer profe-sional cuando, entre otras cosas: (1) abandona o desatiende el caso; (2) no comparece a los señalamientos realizados por el foro judicial o el administrativo; (3) permite que expire un término prescriptivo o jurisdiccional de una acción; (4) comete errores crasos, y (5) incurre en una actuación negligente que resulta en la desestimación o archivo del caso. In re Miranda Daleccio, supra; In re Rivera Nazario, supra. También, hemos indicado que un abogado que tarda irrazonablemente en realizar la gestión para la cual fue contratado o que simplemente no la hace, muestra una conducta indiferente, incompatible con su deber ético de diligencia. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015); In re Flores Ayffán, 150 DPR 907 (2000); In re Corujo Collazo, 127 DPR 597 (1990).

B. Canon 19: Información al cliente

La obligación que consagra este precepto ético está separada y es independiente del deber de diligencia. In re Rivera Nazario, supra; In re Colón Morera, 172 DPR 49 (2007). Constituye un elemento inherente a la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente. In re Miranda Daleccio, supra; In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015). En virtud de lo anterior, el Canon 19 del Código de Ética Profesional requiere a todo miembro de la profesión legal el mantener a sus clientes continuamente informados de los acontecimientos medulares relacionados con el asunto objeto de la representación legal. Véanse: In re Santos Cruz, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015); In re Cardona Vázquez, 108 DPR 6 (1978). Esto supone tenerlos al tanto del estado de la encomienda, su progreso y las gestiones realizadas, consultarles todo aspecto que rebase el ámbito discrecional de la representación legal, así como acatar sus directrices, siempre y cuando estén dentro del marco ético. In re Rivera Nazario, supra; In re Cuevas Borrero, supra; In re Acosta Grubb, supra.

La comunicación efectiva entre el abogado y su cliente es un componente esencial de la relación profesional. In re Nieves Nieves, supra. Por ello es menester que la información sobre el caso se brinde directamente al representado y no mediante terceros o intermediarios. In re Santos Cruz, supra; In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738 (2011). El abogado no puede delegar en otros lo que le compete o está obligado a realizar como parte de su quehacer ético-profesional.

Es pertinente recalcar que el Canon 19 no incorpora una obligación recíproca o bilateral. Más bien, le impone al abogado, no a su cliente, un deber unidireccional de comunicación continua. In re Rivera Nazario, supra; In re Nieves Nieves, supra; In re Santos Cruz, supra; In re Muñoz, Morell, supra.

Las circunstancias de cada caso determinarán la información que es indispensable brindar al cliente. Sin embargo, no cabe duda que un abogado lesiona este precepto cuando, por ejemplo: (1) no responde a los reclamos de información de su representado, In re Hernández Pérez I, 169 DPR 91 (2006); (2) se torna inaccesible, In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755 (1984); (3) evade a su cliente, In re Díaz Alonso, Jr., supra, y (4) no le advierte sobre las gestiones realizadas para tramitar la causa de acción en-comendada, In re Nieves Nieves, supra. Cuando un cliente alega que el abogado lo mantuvo ajeíio a las incidencias de su caso, corresponde al letrado indicar qué esfuerzos razo-nables realizó para comunicarse con él. In re Nieves Nieves, supra.

Por último, es importante que el cliente tenga suficiente información para poder tomar una determinación respecto a los asuntos legales que le confía a su abogado. De esa manera, el abogado previene los malentendidos que gene-ran expectativas falsas en el cliente que, a su vez, pueden desembocar en infracciones éticas.

C. Sanción disciplinaria

Al fijar la sanción disciplinaria que se le impon-drá a un abogado que ha exhibido una conducta antiética, procede considerar los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial disciplinario; (3) si la conducta es aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si oca-sionó perjuicio a alguna parte; (7) si resarció al cliente; (8) si demostró aceptación y arrepentimiento sincero por la conducta que le fuera imputada, y (9) cualquier otra consideración atenuante o agravante que surja de los hechos. In re Miranda Daleccio, supra; In re Planas Merced, 180 DPR 179 (2010).

A fin de alcanzar una reglamentación ética uniforme y coherente, es necesario tratar las faltas semejantes del mismo modo. In re Rivera Nazario, supra; In re Díaz Alonso, Jr., supra. Esto significa que, al decidir la sanción disciplinaria, es forzoso ponderar las sanciones que hemos impuesto a otros miembros de la profesión en casos seme-jantes, pero sin dejar de reconocer que cada uno de éstos presenta circunstancias únicas y determinantes. In re Villalba Ojeda, supra; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). “Lo importante es que cuando nos apartemos de los precedentes similares, brindemos una explicación satisfac-toria que justifique nuestro proceder”. In re Villalba Ojeda, supra, pág. 983.

III

En consideración a todo lo anterior, entendemos que el licenciado Roldán incurrió en las dos infracciones éticas que figuran en la Querella. Veamos.

A. Canon 18

El Canon 18 está redactado de manera abarcadora, por lo que su aplicación no se ciñe a una fase específica de la relación profesional o a una etapa del caso. Por el con-trario, las obligaciones pautadas por el Canon 18 surgen a partir del momento cuando nace la relación abogado-cliente y se extiende durante el tiempo que ésta dure. Tampoco está supeditado a situaciones en las que el represen-tado ha visto afectada su causa de acción por alguna actuación u omisión del letrado.

Por lo tanto, una vez aceptó la representación legal de la señora Nieves, el licenciado Roldán estaba obligado a ac-tuar en conformidad con los deberes prescritos en el Canon 18, independientemente de la naturaleza de la reclamación o de su desenlace. En otras palabras, asumida la enco-mienda profesional, tenía que actuar con diligencia y responsabilidad. No existe justificación para haberse tar-dado tanto en hacer un análisis legal de la situación por el simple hecho de que la causa de acción fuese de naturaleza contractual, como planteó en su último escrito.

De la prueba presentada surge que el 9 de septiembre de 2009 la señora Nieves procuró la asesoría legal del que-rellado para presentar una reclamación contra el Gobierno por la resolución de un contrato habido entre la Corpora-ción y la ADSEFDF. Luego de que ésta le divulgara ciertos detalles del asunto que le encomendaría, el letrado com-partió su impresión inicial de los hechos, le orientó acerca de sus honorarios y le solicitó todos los documentos que dieron origen al procéso penal en contra de la querellante. A la semana siguiente, confiada en las representaciones hechas durante su primer encuentro, la querellante le en-tregó el dinero requerido para los gastos de tramitación del caso y le suministró la documentación precisada.

El licenciado Roldán finalmente hizo un estudio del asunto que trajera a su atención la querellante, luego de seis meses de haber sido contratado. No constituye una con-ducta antiética de por sí el que un abogado, tras efectuar un análisis ponderado de la controversia que se le pre-senta, llegue a una opinión legal distinta a la inicial. Es posible que suceda así, ya que durante la primera reunión con su representado el abogado discute detalles atinentes a la contratación y descansa en la información que recoge de la entrevista, sin la oportunidad de poder estudiar y revisar todos los detalles del caso. Lo inaceptable es que, tal y como sucedió en este caso, después de contar con todos los datos pertinentes, el jurista se dilate injustificadamente en reali-zar un examen competente y oportuno para corroborar la existencia de una causa de acción y en cuál foro encausarla.

Por otro lado, como bien argumenta el querellado en su escrito, la normativa ética releva a un abogado de la obligación de presentar una demanda si éste no cuenta con la cooperación del cliente o con la información pertinente para sustentar sus alegaciones. Véanse: In re Rivera Nazario, supra; In re Pinto Andino, 156 DPR 259 (2002). De lo contrario, incurriría en una conducta impropia vedada por la reglamentación de la profesión legal. Sin embargo, es importante aclarar que, contrario a lo aquí acontecido, el abogado debe acreditar cada uno de los esfuerzos razonables y diligentes, conducentes a obtener la cooperación del cliente en su representación legal, como lo serían cartas, llamadas, mensajes, entre otros. De esta manera, descarga su responsabilidad frente al cliente y frente a esta Curia.

En resumen, tal y como plasmó el Comisionado en su informe, una vez surgió la relación profesional, el querellado desatendió el asunto que la señora Nieves le encomendó. Eso fue así, a pesar de que la responsabilidad ética que fija el Canon 18 lo obligaba a realizar un análisis profundo y oportuno de las circunstancias particulares del caso. Esa ac-titud indiferente e incompetente generó en su cliente des-confianza y un gran escepticismo, que lesionó la relación profesional. El descuido, la irresponsabilidad, la inacción y la imprudencia desplegadas por el licenciado Roldán en el manejo del asunto que la querellante le delegó son conduc-tas inaceptables, proscritas por el Canon 18 del Código de Etica Profesional y que se apartan de lo que debe ser una representación legal adecuada.

B. Canon 19

Una vez se le contrata, el Canon 19 impone al abogado el deber de sostener una comunicación directa y efectiva con el cliente sobre la gestión y el estado de su caso. Según quedó establecido, luego de la segunda reunión en septiembre de 2009 —en la cual recibió el dinero— el licenciado Roldán se desentendió del asunto y no volvió a intercambiar información alguna con la señora Nieves, pese a la insistencia de esta última de conocer sobre el progreso de su reclamación. El propio querellado reconoce que, contra-rio a lo que exige el Canon 19, delegó la comunicación y el seguimiento de todos los asuntos al personal de apoyo de su oficina. Reiteramos que esta obligación ética es personal e indelegable, por lo cual no podía descansar en otros y, mucho menos, encomendarle al personal clerical suplir el tipo de información requerida por la dienta.

El querellado defendió su proceder alegando lo si-guiente:

Una lectura del Informe del Comisionado tiende a dar la im-presión de que era obligación del licenciado Roldán González contestar todas y cada una de las llamadas que hiciera a su oficina la señora Nieves Ramírez. Y, siempre estar disponible en la oficina para atenderla. La realidad es que los servicios profesionales en los pueblos de la isla no funcionan así. Escrito fijando posición en cuanto al informe del señor Comisionado Especial, pág. 13.

Si bien es cierto que un abogado no está obligado a dar seguimiento directo a todo requerimiento que haga su re-presentado sobre la gestión que le ha sido delegada, la rea-lidad es que la información que intimó la señora Nieves no era irrelevante. Por otra parte, ella tenía derecho a conocer de parte del licenciado Roldán cuál era el estatus y progreso de su reclamación. De los hechos surge claramente que el querellado se tornó inaccesible; nunca le dio cita de segui-miento y no le devolvió tan siquiera una llamada.

Asimismo, es importante destacar que el licenciado Rol-dán no le explicó a la señora Nieves el funcionamiento in-terno de su oficina. Recordemos que no es hasta marzo de 2010 cuando la señora Nieves se presenta a las facilidades del bufete del querellado —y finalmente la atienden— que se entera por primera vez que debía discutir los pormeno-res de su caso con otro abogado. El licenciado Roldán no le advirtió que había delegado el asunto a uno de sus empleados. Este proceder negligente, sin contar con el consentimiento informado de la dienta, igualmente infringe el Canon 19 del Código de Ética Profesional.

Todo lo anterior provocó un estado de desconfianza y de-cepción en la dienta, lo cual se hubiese evitado si el abogado hubiese mantenido desde un principio una comunicación directa y efectiva con ella, conforme lo exige el Canon 19.

C. Sanción disciplinaria

Ahora solo nos resta determinar la sanción disciplinaria que se le impondrá al abogado. Entendemos que el licenciado Roldán actuó correctamente al devolverle a la señora Nieves la suma de dinero que ésta le adelantara por los gastos de un litigio que nunca se concretó. No obstante, esperó a que la querellante presentara una queja para entonces proceder al rembolso, a pesar de conocer que su dienta no contaba con el dinero y lo había tomado prestado.

Surge de sus comparecencias ante esta Curia que el licenciado Roldán no reconoce sus faltas éticas. Tanto así, que entiende que actuó correctamente en la asesoría y gestión del asunto delegado por la señora Nieves. Así aparece diáfanamente plasmado en cada una de sus alegaciones.

Cabe destacar que, según surge de la propia queja, la dienta estaba confrontando una situación personal y eco-nómica difícil, luego de haberse rescindido el contrato de la Corporación con la ADSEFDF y, más adelante, ser proce-sada criminalmente. Ante ese escenario, tuvo que enfren-tar la desatención del licenciado Roldán González quien, una vez cobró el dinero, abandonó el asunto que se le había confiado, apartándose de los estándares mínimos de con-ducta que establece nuestra reglamentación ético-profesional. El hecho de que la señora Nieves aún pueda tener una reclamación vigente no justifica la dilación del abogado en atender el asunto.

Finalmente, no podemos pasar por alto que en el expe-diente del licenciado Roldán constan antecedentes de pro-cesos disciplinarios. Su ejecutoria profesional de sobre 40 años ha sido objeto de varios señalamientos. En particular, en el asunto CP-2006-0025, por unos acontecimientos simi-lares a los aquí relatados, el 30 de julio de 2009 ordenamos su archivo no sin antes advertirle que, en lo sucesivo, debía ser más diligente en sus gestiones profesionales o, de lo contrario, estaría expuesto a sanciones disciplinarias mayores. El querellado estaba apercibido de que, de re-petirse su conducta antiética, nos obligaría a intervenir con mayor severidad.

IV

En vista de lo anterior, decretamos la suspensión inme-diata del Ledo. Israel Roldán González del ejercicio de la abogacía y de la notaría por un periodo de 90 días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. Le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los hono-rarios recibidos por trabajos no rendidos, así como informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judicia-les y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. Por su parte, se ordena al Alguacil de este Tribunal a que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del Ledo. Israel Roldán González y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el co-rrespondiente examen e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam”y Sentencia al Ledo. Israel Roldán González a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       No surge claramente la fecha precisa del documento al cual hacemos referencia.

       Las alegaciones consistían en que, presuntamente, amarraba a los niños en las sillas cuando no exhibían una buena conducta.

       Conforme disponía el Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003 (derogada), 8 LPRA ant. sec. 450c, Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez.

       El Ledo. Israel Roldán González (licenciado Roldán o el querellado) fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1970 y prestó juramento como notario el 23 de julio de ese mismo año.

       Según hizo constar el Comisionado Especial en su informe, no se formalizó la relación mediante un contrato escrito de servicios profesionales y se ignora dónde el querellado consignó el dinero entregado para los gastos del caso.

       Cabe destacar que la señora Nieves solicitó una cita con el licenciado Roldán, pero su secretaria le informó que éste no podría atenderla, ya que no contaba con espacio disponible. Incluso, en una ocasión la querellante acudió a la oficina del abogado sin cita y se sentó a esperar, mas nunca fue atendida por su personal.

       La querellante ignoraba que en la oficina del licenciado Roldán se le podían delegar los casos a otros abogados. El querellado nunca le orientó sobre este particular.

       Cónsono a lo anterior, el Canon 18 expresa lo siguiente:
      “Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
      “Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consi-guiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia”. 4 LPRA Ap. IX (Canon 18).

       Para justificar su proceder en este tema, expresó lo siguiente:
      “A[u]n asumiendo sobre el tema de la diligencia, la realidad es que la reclama-ción fue atendida, estudiada, se brindó opinión y se requirió una información. En una acción de quince años, no hay razón para que se tenga que apresurar de manera irrazonable el atender el asunto”. (Enfasis nuestro). Escrito fijando posición en cuanto al informe del señor Comisionado Especial, pág. 11.

       AI discutir acerca de los documentos que se le solicitaron a la señora Nieves, el querellado justificó su proceder argumentando lo siguiente:
      “Ante el hecho de que se le dijo personalmente, cuál era la razón para hacer el requerimiento por escrito. De hecho, si se hubiera plasmado por escrito el requeri-miento, la situación sería más fácil desde el punto de vista evidenciario. Sin embargo, el señor Comisionado reconoció que la información se requirió. Y, que no se trajo. ¿Qué otra información tenía el licenciado Roldán González que suplirle a la señora Nieves Ramírez? La respuesta es simple, ninguna. Todo lo importante que tenía que informársele se le informó Escrito fijando posición en cuanto al in-forme del señor Comisionado Especial, pág. 14.

       De todos modos, tampoco ese personal pudo proveerle a la señora Nieves dato alguno pertinente al asunto.

       Contrario a lo que plantea el querellado, una comunicación directa y efectiva no implica estar presente en la oficina para atender todo reclamo de información que haga el cliente. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA. Ap. IX (Canon 19), le requiere responder oportunamente a las solicitudes razonables de información. En las circunstancias de este caso, dado a que su personal estaba al tanto de la preocupación de la dienta, el licenciado Roldán debía, como mínimo, llamarla, ofrecerle una cita o realizar cualquier otra diligencia para lidiar con la preocupación de la señora Nieves.

       Como bien consigna el Comisionado en su informe, el querellado no volvió a comunicarse en forma alguna con la señora Nieves, ya fuese para indicarle sobre las gestiones realizadas en el análisis del caso, ya sobre la preparación para su trami-tación o ya para requerirle información adicional u orientarle sobre sus nuevas pers-pectivas legales.

       El Comisionado Especial no recomendó específicamente sobre la sanción que se debe imponer al querellado. Un estudio de la jurisprudencia más reciente revela lo siguiente:
      1. Suspendimos tres meses a una letrada que, en lo pertinente, violó los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Cánones 9, 12, 18, 20 y 38). In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).
      2. Suspendimos por tres meses a un letrado del ejercicio de la abogacía, arrepen-tido y sin historial disciplinario, por apartarse de los Cánones 12, 18, 19 y 38. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015).
      3. Censuramos enérgicamente a un abogado que aceptó haber quebrantado los Cánones 18, 19, 20 y 38. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015). Esta era la primera falta del letrado en poco más de dos décadas. Id.
      4. Por infringir los Cánones 18 y 19 censuramos enérgicamente a un abogado y le ordenamos que le restituyera a su dienta $500. In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015). Consideramos su buena reputación profesional y la falta de antecedentes disciplinarios. Id.
      5. Por infringir los Cánones 12, 18 y 19, suspendimos por tres meses a un abogado. In re Arroyo Rivera, 148 DPR 354 (1999). Esta constituía su primera falta y había resarcido a su cliente. Id.

       Recordemos que la señora Nieves había requerido el rembolso al licenciado López en junio de 2010.

       Conforme los hechos que surgen de la Querella en el asunto CP-2006-0025, la señora Mary Ann Irizarry Abreu (señora Irizarry) expresó que el 23 de diciembre de 2002 fue a la oficina del licenciado Roldán en busca de asesoría legal. Interesaba presentar una demanda en daños y perjuicios por un supuesto allanamiento ilegal de su residencia efectuado por unos miembros de la Policía de Puerto Rico. El quere-llado opinó que era más conveniente presentar esa acción ante el foro federal. El 17 de enero de 2003, la señora Irizarry le adelantó $5,000, así como los documentos pertinentes. El abogado no presentó la acción y el 16 de agosto de 2005 le devolvió el dinero, alegando que ella no tenía un buen caso. Ya para ese entonces, el término prescriptivo para incoar la reclamación había transcurrido.
      Ambos llegaron a un acuerdo, mediante el cual el querellado, sin aceptar los hechos, resarció a la señora Irizarry. Así las cosas, considerado el Informe de la Comisionada Especial, ordenamos el archivo del CP-2006-0025, con el debido aper-cibimiento, mediante Resolución de 30 de julio de 2009.
      Por otro lado, siendo representante legal por contrato de la Asamblea Municipal del pueblo de Aguadilla, representó a ciertos ciudadanos en pleitos contra ese mismo municipio, lo que constituyó una conducta opuesta al Canon 21 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. EX. In re Roldán González, 113 DPR 238 (1982). En ese asunto también le advertimos que en el futuro debía ser más escrupuloso en el ejercicio de la profesión legal. íd.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Nelson De Jesús Nieves, peticionario.

      Número: CC-2016-0380

      Resuelto: 19 de abril de 2016

      Elmer A. Rodríguez Berrios, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición de Certiorari y la Moción Ur-gente Solicitando Paralización de Procedimientos en Auxi-lio de la Jurisdicción de Este Honorable Tribunal, se provee “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese inmediatamente por teléfono y por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez, al cual se une la Jueza Presi-denta Oronoz Rodríguez.

Ante la innegable realidad de que el caso de epígrafe presenta un escenario jurídico que requería ser atendido y examinado con la mayor premura por la magnitud de las consecuencias que acarrea, disiento de la determinación que hoy toma una Mayoría de este Tribunal. Contrario a lo dictaminado, considero que este caso ameritaba la opor-tuna intervención de este Tribunal, toda vez que nos en-frenta a una controversia que pone al descubierto un disloque indeseable, pero real, que existe entre el más reciente Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5001 et seq., y la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley de Menores), Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 LPRA sec. 2201 et seq.), en cuanto a las circunstancias que privan de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores (Tribunal de Menores). Ello, ciertamente requiere el ejercicio del poder legislativo para atemperar la Ley de Menores a las disposiciones que en la actualidad rigen nuestro ordenamiento en materia de derecho penal sustantivo. Ese deber no puede ser sustituido por la Rama Judicial. En consecuencia, lo que sí es deber de este Tribunal es garantizar los derechos de la parte peticionaria.

Específicamente, el Art. 4 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2204, el cual establece los parámetros que privan de jurisdicción al Tribunal de Menores, continúa haciendo referencia al asesinato en primer grado, según tipificado en los códigos penales derogados, y no a las más recientes enmiendas que sufrió el Código Penal de 2012 en cuanto al delito de asesinato en primer grado se refiere. En lo pertinente, el Art. 4 de la Ley de Menores dispone que el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción para atender:

(a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la comisión de hechos cons-titutivos de asesinato en primer grado según definido en el inciso (a) de la see. 4734 del Título 33.
(b) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos constitutivos de de-lito que surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato en primer grado según definido en el inciso (a) de la sec. 4734 del Título 33. (Énfasis suplido). 34 LPRA sec. 2204(2)(a) y (b).

Nótese que el referido artículo alude al Art. 106 del Código Penal de 2004, el cual definía el asesinato en primer grado como “[t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación”. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 4734(a). Adviértase, a su vez, que el Código Penal de 2012 mantuvo inalterado el elemento de premeditación al delimitar lo que constituía el asesinato en primer grado.

Ahora bien, las enmiendas efectuadas al Código Penal de 2012, en virtud de la Ley Núm. 246-2014, sustituyeron el elemento “premeditación” por los elementos de “a propósito” y “con conocimiento”. Por lo tanto, existe un evidente desfase con lo establecido en el Art. 4 de la Ley de Menores, supra. Véase 33 LPRA sec. 5142(a). Específicamente, el Art. 93(a) del más reciente Código Penal tipifica el asesinato en primer grado como “[t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura, o a propósito o con conocimiento”. (Enfasis suplido). Id.

I

En este caso, al peticionario —menor de edad— se le imputó haber cometido asesinato en primer grado, según tipificado en el precitado Art. 93(a) del actual Código Penal. En consecuencia, se privó de jurisdicción al Tribunal de Menores para atender su caso. No obstante, y a la luz de los preceptos expuestos, la conducta que se le atri-buye al peticionario, por motivo del disloque que existe en-tre el más reciente Código Penal y la Ley de Menores, no está enumerada expresamente entre aquellas que privan de jurisdicción al Tribunal de Menores. En otras palabras, una de las condiciones esenciales que conforme al Art. 4 de la Ley de Menores, supra, priva de jurisdicción al Tribunal de Menores —es decir, la premeditación— no está incluido dentro de la más reciente tipificación de “asesinato en primer grado”, según se le atribuye al peticionario. Sin duda, dicha realidad tiene el peligroso efecto de incidir irreme-diablemente en los derechos y las protecciones que a éste le amparan, incluyendo, claro está, el foro adecuado en el cual le corresponde ser juzgado.

II

En virtud de lo enunciado, disiento del dictamen emi-tido por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, y ante la etapa procesal en que se encuentra este caso, paralizaría los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y emitiría una orden a la Oficina de la Procuradora General para que, en un término perentorio de cinco días, muestre causa por la cual este Tribunal no debe revocar la Resolu-ción emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Las consecuencias jurídicas que acarrea este caso —tra-tándose de una materia tan fundamental como lo es la pri-vación de jurisdicción al Tribunal de Menores— así lo ame-ritaban y exigían. Por el contrario, una Mayoría optó por proveer “no ha lugar” al recurso presentado por el peticionario. Habida cuenta de que no puedo avalar un curso de acción que hace abstracción del claro desfase exis-tente entre el actual Código Penal y la Ley de Menores y que, más aún, obvia las consecuencias particulares que ello acarrea para el peticionario, disiento.


text:
      In re Edgardo José Oyóla Torres.

      Número: TS-15,833

      Resuelto: 21 de abril de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la profesión jurídica que ha incumplido con los requisitos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y no ha acatado las órdenes de este Tribunal.

En atención a la inobservancia de los preceptos antes establecidos, suspendemos al Ledo. Edgardo José Oyóla Torres (licenciado Oyóla Torres) de forma inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría.

HH

El licenciado Oyóla Torres fue admitido al ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006 y a la notaría el 24 de marzo del mismo año. El 12 de mayo de 2015, la ODIN, a través de su director, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante este Foro mediante un Informe Especial (Informe). En éste señaló que se le había notificado al li-cenciado Oyóla Torres que adeudaba un total de treinta y tres índices de actividad notarial mensual correspondien-tes a los meses de diciembre de 2010, noviembre y diciem-bre de 2011, enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014. Además, no había presentado los informes estadísticos de actividad notarial anual para los años naturales 2012 y 2013.

A esos fines, la ODIN le concedió al licenciado Oyóla Torres un término de diez días para rendir todos los docu-mentos adeudados y expresar las razones de su incumplimiento reiterado en la presentación de los índices de acti-vidad mensual y de los informes estadísticos de actividad notarial. La comunicación remitida al notario fue devuelta como “destinatario desconocido” (unknown recipient) por el Servicio Federal de Correo Postal.

El 16 de enero de 2015, la ODIN le remitió otra carta al licenciado Oyóla Torres, en la cual le explicó que la comunicación anterior, enviada a la dirección de notificaciones que aparece en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), había sido devuelta por el sistema de correo federal. No obstante, la ODIN le concedió un término final e improrrogable para presentar los índices mensuales y los informes estadísticos anuales adeudados que vencería el 6 de febrero de 2015. Además, le requirió que expusiera las razones por las cuales incumplió con la presentación de los índices e informes dentro de los términos dispuestos en la Ley Notarial y su Reglamento. El licenciado Oyóla Torres tampoco respondió a esta comunicación.

El 12 de febrero de 2015, la ODIN reenvió al licenciado Oyóla Torres el requerimiento de la presentación de los índices notariales e informes estadísticos de actividad notarial adeudados. En esa ocasión, la comunicación fue enviada a una tercera dirección postal del licenciado Oyóla Torres según surge del expediente que custodia la ODIN. En la referida carta se confirió al licenciado Oyóla Torres hasta el 25 de febrero de 2015 para presentar los índices e informes con la carta explicativa sobre las razones para el incumplimiento con la presentación oportuna de los mismos. A esa fecha, el notario adeudaba, además, los ín-dices correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2014 y tampoco había presentado evidencia del pago de la fianza notarial correspondiente a los años 2010 a 2015 ni había actualizado su información personal en RUA.

La ODIN realizó varios intentos adicionales para comu-nicarse con el licenciado Oyóla Torres. No obstante, estos esfuerzos fueron infructuosos. A esos efectos, la ODIN re-comendó en su Informe la imposición de medidas discipli-narias contra el notario por su “evidente falta de interés y compromiso [...] en responder diligentemente a las cartas de requerimiento que le fueron enviadas [...]”.

Mediante una Resolución emitida el 29 de mayo de 2015, concedimos al notario un término de veinte días para expresarse en torno al Informe y le apercibimos que su incumplimiento con esta orden conllevaría sanciones severas. El notario aún no ha presentado su oposición al mismo.

II

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder in-herente de regular la profesión y, como tal, nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera res-ponsable, competente y diligente. Con el propósito de mantener la excelencia de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribuna-les, lo que representa una infracción a este canon. Por tal motivo, los abogados tienen una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente a nuestras órdenes y requerimientos, en especial cuando se refieren a la investigación, tramitación y resolución de quejas y pro-cesos disciplinarios. Ello independientemente de los pro-cedimientos iniciados en su contra.

A su vez, los abogados deben responder diligente-mente a los requerimientos de la ODIN y del Procurador General, puesto que su inobservancia acarrea el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Foro. En el ejercicio de nuestra autoridad fiscaliza-dora de la profesión legal, hemos suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría a aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por la ODIN y la Oficina del Procurador General.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualiza-dos sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Unico [de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo]”. Entre otras cosas, el abogado de-berá notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. El incumplimiento con lo anterior también podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias. No olvidemos que cuando un letrado in-cumple con su deber de mantener al día su información de contacto, obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

(—I ¡—I

A pesar de los múltiples apercibimientos, tanto de este Tribunal como de la ODIN, el licenciado Oyóla Torres ha desplegado una conducta temeraria en desatención a nues-tra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Esa conducta, en sí misma, constituye un craso incumplimiento con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Al igual que en otras ocasiones, no dudaremos en tomar acción disciplinaria en contra de abogados que incumplan con los términos finales concedidos para contestar nuestras órdenes o las de la ODIN y el Procurador General.

Además, su omisión de mantener informado a este Tribunal sobre su dirección actual ha obstaculizado el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Con su conducta, el licenciado Oyóla Torres nos ha demostrado que no tiene interés en practicar la profesión jurídica en esta jurisdicción.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata e indefinida del licenciado Oyóla Torres del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Oyóla Torres deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar pro-veyéndoles consultoría ni representación legal. Devolverá a sus clientes los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá asimismo acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del tér-mino de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Oyóla Torres y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Véase Informe especial, pág. 8.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 4 de junio de 2015.

        In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

        In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

        In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.

        In re Martínez Romero, supra; In re Chardón Dubós, 191 DPR 201 (2014).

        In re Chardón Dubós, supra.

        In re Martínez Romero, supra, pág. 515.

        In re Bryan Picó, supra.

        In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


text:
      In re Larry Doel Ramírez Lebrón.

      Número: TS-17,007

      Resuelto: 21 de abril de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Hoy nos corresponde ejercer nuevamente nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requisitos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y no acatar las órdenes de este Tribunal.

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

I

El Ledo. Larry Doel Ramírez Lebrón (licenciado Ramí-rez Lebrón) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 2008 y a la notaría el 11 de febrero de 2009. El 8 de mayo de 2015, la ODIN, a través de su Director el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante este Foro mediante Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su Reglamento y en solicitud de Remedios (Informe). En éste señaló que se le había notificado al licenciado Ramírez Lebrón que adeudaba un total de dieciocho índices de actividad notarial mensual correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014, y dos informes estadísticos de actividad notarial anual correspondientes a los años naturales de 2012 y 2013.

A esos efectos, la ODIN le concedió al licenciado Ramírez Lebrón un término de diez días para presentar todos los documentos adeudados y expresar las razones de su incumplimiento reiterado. No obstante, la comunicación remitida fue devuelta a la ODIN, ya que el licenciado Ramírez Lebrón se mudó y no dejó una dirección postal alterna (“Moved, left no address”).

El 16 de enero de 2016, la ODIN le remitió otra comunicación al licenciado Ramírez Lebrón, para reiterarle la orden de cumplir con su deber notarial de presentar los índices de actividad mensual notarial y los informes estadísticos de actividad notarial anual adeudados, junto a una justificación por la tardanza. Para esto, la ODIN le concedió un término final e improrrogable que vencía el 6 de febrero de 2015. El licenciado Ramírez Lebrón tampoco respondió a esta comunicación.

La ODIN realizó varios intentos adicionales de comuni-carse con el licenciado Ramírez Lebrón por correo electró-nico y a través del número telefónico, según surge del Re-gistro Único de Abogados (RUA). No obstante, los trámites fueron infructuosos, ya que el teléfono se encontraba fuera de servicio. Además, el licenciado Ramírez Lebrón no tenía vigente la fianza notarial según se desprende de los archi-vos de la ODIN. A esos efectos, la ODIN recomendó en su Informe la imposición de medidas disciplinarias contra el licenciado Ramírez Lebrón por entorpecer y obstaculizar el deber de fiscalización de la ODIN.

Mediante una Resolución emitida el 29 de mayo de 2015, concedimos al notario un término de veinte días para expresarse en torno al Informe y le apercibimos de que su incumplimiento con esta orden conllevaría sanciones severas. El notario aún no ha presentado su oposición.

II

Nuestro Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. Con el propósito de mantener la excelencia de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción al canon. Por tal motivo, los abogados tienen una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente nuestras órdenes y requerimientos, en especial aquellos referentes a la investigación, tramitación y resolución de quejas y procesos disciplinarios. Ello, independientemente de los procedimientos iniciados en su contra.

A su vez, los abogados deben responder diligente-mente a los requerimientos de la ODIN y del Procurador General, puesto que su inobservancia acarrea el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Foro. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder inherente de regular la profesión y, como tal, nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y diligente. En el ejercicio de nuestra autoridad fiscalizadora de la profesión legal hemos suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría a aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por la ODIN y la Oficina del Procurador General.

Por otro parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único [de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo (RUA)]”. Entre otras cosas, el abogado deberá notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. El incumplimiento de estas disposi-ciones también podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias No olvidemos que cuando un letrado in-cumple con su deber de mantener al día su información de contacto, este obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

III

El licenciado Ramírez Lebrón ha desplegado una con-ducta temeraria en desatención a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Éste ha incumplido reiteradamente a los apercibimientos y órdenes que, tanto este Tribunal como la ODIN, le hemos remitido. Esa con-ducta constituye un craso incumplimiento con el citado canon. Ante tales circunstancias, no dudaremos en tomar acción disciplinaria en contra de abogados que incumplan con los términos finales concedidos para contestar nuestras órdenes o las de ODIN y el Procurador General.

Por otro lado, su omisión de mantener informado a este Tribunal sobre su dirección actual y su número telefónico ha obstaculizado el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Esto ha provocado una dilación en la trami-tación de los procedimientos en su contra.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata e indefinida del licenciado Ramírez Lebrón del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Ramírez Lebrón deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y debe devolverles los expedientes de cualquier caso atendido o pendiente de resolución, y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, en el término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Ramírez Lebrón y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Véase Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su Reglamento y en solicitud de Remedios, Anejo II.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 3 de junio de 2015.

        In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015).

        In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

        In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

        In re Martínez Romero, supra; In re Chardón Dubós, 191 DPR 201 (2014).

        In re Chardón Dubós, supra.

        In re Vera Vélez, supra.

        In re Martínez Romero, supra.

        In re Bryan Picó, supra.

        In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


text:
    Roberto Toledo Delgado et als., recurridos, v. Municipio de Ponce et als., peticionarios.

      Número: CC-2015-0320

      Resuelto: 22 de abril de 2016

      Yaritza del C. Hernández Bonet, abogada de la parte peticionaria; Héctor Fuertes Romeu, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Se confirma la Sentencia recurrida en cuanto a que el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 1991 (21 LPRA sec. 4703), no aplicaba a los recurridos menores de edad, conforme a lo dispuesto en Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679 (2014). No obstante, se revoca el dictamen impugnado en cuanto a los demás recurridos, por falta de notificación al municipio. Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión de conformidad, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Rivera García. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Rivera García.

El Municipio Autónomo de Ponce (Municipio) solicita la revisión de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante esta el Tribunal de Apelaciones revocó un dictamen del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que no aplicaba el requisito de notificación a la Alcaldesa dispuesto en el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 LPRA sec. 4703).

Por lo tanto, es menester determinar si, dadas las circunstancias del caso de autos, se justificaba obviar el requisito de notificación establecido en el Art. 15.003, supra.

I

El 10 de enero de 2014, los recurridos presentaron una Demanda por daños y perjuicios contra el Estado, el Municipio e Integrand Assurance Company. Alegaron que el 13 de enero de 2013 se encontraban en el área de La Guancha del Municipio. Indicaron que a eso de las 10:00 p. m. sostuvie-ron un altercado con otras personas, entre ellas el Sr. Ángel Montalvo Santiago, quien sacó un arma de fuego y mató al Sr. Roberto Toledo Echevarría. Siete personas resultaron heridas, entre ellas dos de los recurridos: el Sr. Gabriel Toledo Echevarría y el Sr. Roberto Toledo Torres. Entre otros extremos, alegaron que el Municipio era responsable por los daños sufridos, puesto que no proveyó la seguridad adecuada.

Tras la presentación de una Moción de Sentencia Suma-ria por Integrand Assurance Company y una Moción de Desestimación por el Estado, así como la oportuna oposi-ción de los recurridos a ambas mociones, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra am-bos codemandados.

Por otro lado, el 2 de octubre de 2014, el Municipio pre-sentó una Moción Solicitando Desestimación por Falta de Notificación. Sostuvo que los recurridos incumplieron con la notificación requerida por el Art. 15.003, supra. Por su parte, los recurridos se opusieron a esta solicitud. Sostuvieron que no cumplieron con el requisito de notificación, pero que existe justa causa y circunstancias excepcionales que no les permitió llevarla a cabo. Indicaron que dos de los recurridos habían recibido heridas de bala, por lo que estuvieron recluidos y recibiendo terapias por cierto periodo de tiempo. Asimismo, temían por su seguridad y fueron testigos protegidos por el Estado. Esto también imposibilitó la comunicación con los demás recurridos. Hacen notar que entre los recurridos se encuentran cinco menores de edad. De igual forma, arguyen que el incidente fue difundido por los medios noticiosos e investigado por la Policía Municipal, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, por lo que el Municipio tenía conocimiento de los hechos y no sufrió perjuicio alguno.

Evaluada la posición de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la Demanda por incumplimiento con el requisito de notificación el 6 de noviembre de 2014. Así las cosas, los recurridos acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. Adujeron que presentaron justa causa demostrativa de circunstancias excepcionales, mien-tras que el Municipio sostuvo que la investigación por parte de la Policía incumplió el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. Finalmente, el 9 de febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en la que revocó la Sentencia apelada tras concluir que no aplicaba este artículo, pues cuando la Policía Municipal investigó la situación, era mínimo el peligro de que desapareciera la prueba de la alegada negligencia del Municipio.

Inconforme, el Municipio acude ante nos y señala el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no desestimar la presente acción contra el Municipio de Ponce por entender que la parte demandante tiene justa causa para no haber notificado al Mu-nicipio de Ponce dentro del término de 90 días de haber ocu-rrido los hechos. (Énfasis suprimido). Petición de certiorari, pág. 5.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado el 26 de junio de 2015.

II

El Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, establece que toda reclamación contra un municipio por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio, deberá notificarse por escrito al alcalde en el término de noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014). Asimismo, indica la forma, la manera y el contenido de la notificación. Este requisito es de cumplimiento estricto y debe ser aplicado de manera rigurosa por lo que no puede iniciarse la acción judicial hasta que se cumpla con la notificación escrita señalada. Acevedo v. Mun. de Aguadillo, 153 DPR 788, 798 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).

El requisito de notificación persigue los fines públicos específicos de proteger a los municipios de acciones ajenas a su conocimiento. Así, hemos identificado los propósitos siguientes:

“1-proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de in-vestigar los hechos que dan origen a la reclamación; 2-des-alentar las reclamaciones infundadas; 3-propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4-permitir la inspec[c]ión inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5-des-cubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más con-fiable; 6-advertir a las autoridades municipales de la existen-cia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y,' 7-mitigar el importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo trata-miento médico adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado”. Acevedo v. Mun. de AguadillA, supra, pág. 799, citando a Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494.

Cabe señalar que el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, también contempla dos situaciones particulares. Primero, la situación en la que el reclamante esté mental o físicamente imposibilitado de hacer la reclamación en el término de noventa días. En esos casos, le concede al recla-mante un término de treinta días siguientes a la fecha cuando cesa la incapacidad para notificar al municipio. Sin embargo, no lo libera de su cumplimiento. Segundo, con relación a los menores de edad, la Ley establece que los padres o tutores de un menor tienen la obligación primaria de cumplir con el requisito de notificación. Asimismo, ante la inacción de los padres o tutores, el menor puede cumplir con la notificación en el término prescrito por su propia iniciativa. Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679, 689 (2014). Sin embargo, hemos interpretado que la falta de notificación en el término de noventa (90) días al municipio por parte de los padres o tutores, o incluso del menor durante su minoridad, no invalida el derecho del menor a demandar. Íd.

No obstante, conscientes de que en determinados casos la notificación no cumple el propósito de proteger los inte-reses públicos, “se han permitido excepciones en circuns-tancias donde el esquema legislativo carece de virtualidad, propósito u objetivo y donde jurídicamente no hay razón para aplicarlo”. (Énfasis en el original). Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 799. Así, hemos indicado que aque-llos casos “ ‘donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alega-dos en la demanda que se radique— no es de aplicación inexorable’ el requisito de notificación previa”. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800, citando a Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1982). Esto, sin embargo, no ha tenido el efecto de derogar ese requisito estatutario, pues esa acción le compete a nuestra Asamblea Legislativa. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800; Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007).

III

Es contención del Municipio que incidió el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación del foro de instancia, pues, entre otras cosas, la investigación que haya realizado la Policía Municipal o la difusión por los medios no-ticiosos de los hechos incumple el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. Sostiene que los recurridos no alegaron ni evidenciaron su incapacidad. Arguye que aun dando por bueno el planteamiento de estos, tampoco notificaron al Municipio tras el cese de la circunstancia especial, y por último, no probaron ni evidenciaron qué relación existe entre el temor por su seguridad y enviar una carta a la Alcaldesa por correo certificado o mensajero.

Por otro lado, los recurridos sostienen que existen cir-cunstancias especiales para eximirles del requisito de notificación. Indican que los intereses del Municipio estaban protegido, ya que los hechos fueron ampliamente investigados por su policía municipal; que el expediente criminal se encuentra disponible en el Centro Judicial, Sala Superior de Ponce, que incluye a funcionarios del Municipio como testigos de cargo, y que dos de los recurridos se encontraban bajo protección del Estado, por lo que esta situación limitó significativamente su comunicación con los demás miembros de la familia.

No existe controversia en cuanto a que ninguno de los recurridos notificó al Municipio (por conducto de su Alcal-desa) de su reclamación por daños personales o a la propie-dad, ocasionados por la culpa o negligencia de este, en el término de noventa días siguientes a la fecha en que supie-ron de los daños, o en el término de treinta días siguientes a la fecha cuando cesara la incapacidad de alguno de ellos.

Conforme reseñáramos previamente, es condición pre-via para presentar una acción de daños y perjuicios contra un Municipio cumplir con el requisito de notificación dispuesto en el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. Este requisito es de estricto cumplimiento y debe ser aplicado de manera rigurosa.

Solamente en circunstancias excepcionales, se puede eximir al reclamante de notificar al municipio de su causa de acción para evitar la aplicación extrema de este requerimiento. Este caso no es uno de ellos. El requisito de notificación no carece de propósito en la situación de autos. Por el contrario, los recurridos pretenden extender el cono-cimiento del pleito criminal o de la cobertura noticiosa al Municipio lo que al final de cuentas haría inoperante el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. No obstante, conforme expresáramos en Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, supra, no podemos castigar a los recurridos menores de edad por la falta de sus padres o tutores en notificar al Municipio en el término de noventa días.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, procede que se revoque parcialmente la Sentencia recurrida. Aunque no aplique el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, a los recurridos menores de edad, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a los recurridos mayores de edad.

       Los recurridos son: Roberto Toledo Delgado, Gabriel Toledo Echevarría, Roberto Toledo Torres, Marcial Echevarría, Xiomara Rosado Echevarría, Isamar Porta-latín Morales (en representación de sus hijos menores Rubén Alexis, Lyanicebeth y Roberto Dariel, todos de apellidos Toledo Portalatín), y Milagros María Rivera Me-léndez (por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Adrián y Ariana Camila, ambos de apellidos Toledo Rivera).

       Mediante Sentencia Parcial de 15 de julio de 2014, notificada el 29 de julio de 2014, el foro primario desestimó la causa de acción contra Integrand Assurance Company. En cuanto al Estado, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la De-manda en su contra el 16 de julio de 2014, notificada el 29 de julio de 2014. Esto por no exponer una causa de acción contra el Estado y no haberle notificado conforme lo dispone el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a.

       La Sentencia fue notificada el 10 de noviembre de 2014.

       El 4 de marzo de 2015, el Municipio presentó la Solicitud de Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, que fue declarada “no ha lugar” el 10 de marzo de 2015.

       En Toro Rivera et ais. v. ELA et al., 194 DPR 393, 412 (2015), resumimos las instancias en las que nos hemos negado a exigir la notificación de forma automática con relación a la Ley Núm. 104, supra, y hemos excusado del fiel cumplimiento del requisito de notificación, a saber, “cuando: (1) la defensa de falta de notificación es renunciada por el Estado; (2) el funcionario a quien se ha de notificar y contra el cual se dirige la acción es el mismo, por lo que posee conocimiento personal sobre los hechos; (3) el riesgo de que la prueba objetiva desaparezca es mínimo y el Estado puede corroborarla fácilmente; (4) se entabla una acción directa contra la asegura-dora; (5) una parte presenta una reconvención compulsoria, luego de que la entidad estatal inicia una acción en su contra en el término dispuesto en ley para notificar; (6) la parte ha demandado y diligenciado el emplazamiento en los noventa días que requiere la ley para notificar, y (7) la tardanza no es imputable al demandante y toma inútil la notificación”. (Escolios omitidos). La Ley Núm. 104, supra, es una legislación análoga que contiene disposiciones similares sobre notificación previa. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196, 206-207 (2014); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000).


text:
      In re Rigoberto Santiago Calderón.

      Número: TS-9,155

      Resuelto: 29 de abril de 2016

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nos corresponde ejercer una vez más nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inmediata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por in-cumplir con las órdenes de este Tribunal y no mantener actualizados sus datos personales en el Registro Unico de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo (RUA).

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer medidas disciplinarias al abogado de epígrafe.

I

El Ledo. Rigoberto Santiago Calderón (licenciado Santiago Calderón) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de enero de 1989.

El 24 de septiembre de 2015, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), compareció ante nos mediante el Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su Reglamento y en Solicitud de Remedios (Informe). En éste, indicó que el licenciado Santiago Calderón ha incurrido en múltiples omisiones de sus obligaciones como notario y ha incumplido con varios requerimientos realizados por la ODIN.

En específico, el licenciado Santiago Calderón ha incum-plido con su obligación de remitir a la ODIN, dentro de los términos dispuestos en el ordenamiento notarial, sus índi-ces de actividad notarial correspondientes a los meses de mayo de 2001; julio y noviembre de 2002; abril, julio a oc-tubre y diciembre de 2005; mayo y julio a diciembre de 2007; enero a diciembre de 2008; enero a diciembre de 2009; enero a diciembre de 2010; enero a diciembre de 2011; enero a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013; enero a diciembre de 2014, y enero a junio de 2015.

De igual modo, la ODIN señaló que el licenciado Santiago Calderón no había presentado los informes estadísti-cos de actividad notarial anual para los años naturales del 1999 al 2014. Por otro lado, la ODIN informa que del ex-pediente que custodian en sus oficinas no surge que la fianza notarial del licenciado Santiago Calderón esté vigente.

A pesar de que se le orientó al notario sobre el derecho aplicable, se le advirtió sobre la gravedad de la conducta y se le concedió un término de diez días para rendir todos los documentos adeudados, el abogado no contestó los requeri-mientos de la ODIN. En consecuencia, el 31 de agosto de 2015, la ODIN le dirigió una segunda comunicación al no-tario, en la cual le indicó que le concedía un término final e improrrogable hasta el viernes 11 de septiembre de 2015. Sin embargo, no compareció.

Además, la información que consta en RUA y en la ODIN no se encuentra actualizada. Esta última comunica-ción de la ODIN fue enviada a una de las direcciones infor-madas, pero fue devuelta. Habida cuenta de que el licen-ciado Santiago Calderón incumplió con los requisitos de la ODIN, el 26 de octubre de 2015 este Tribunal emitió una Resolución y ordenó la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y del sello notarial. Además, se le concedió un término de diez días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría, orden que fue diligenciada personalmente.

A pesar de ello, el licenciado Santiago Calderón incum-plió con nuestra orden y no compareció.

I—i H-í

Nuestro Código de Ética Profesional establece las nor-mas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 2015 TSPR 119, pág. 9, 193 DPR 1021 (2015); In re López González et al., 2015 TSPR 107, pág. 5, 193 DPR 1021 (2015).

En múltiples ocasiones, nos hemos visto obligados a disciplinar a abogados que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013). Desatender nuestros requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y menoscaba nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica. In re Cepero Rivera et al., supra, pág. 10; In re López González et al., supra, pág. 6; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re López González et al., supra, págs. 6-7; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829.

Cónsono con esta obligación de atender con pre-mura nuestros requerimientos, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, exige a los abogados que mantengan actualizados en RUA sus datos personales, entre estos, la dirección seleccionada para recibir notificaciones. Véanse: In re Cepero Rivera et al., supra, pág. 10; In re López González et al., supra, pág. 7; In re Rivera Trani, supra, pág. 460. Es norma reiterada que incumplir con esta exigencia obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y, por ende, es motivo suficiente para ordenar la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

Al amparo de la normativa jurídica expuesta, evaluare-mos la conducta exhibida por el abogado de epígrafe.

III

Mediante el informe presentado a este Tribunal, el Director de la ODIN ha expuesto de forma detallada las ges-tiones realizadas para requerirle al abogado de epígrafe que cumpla con los requisitos reglamentarios que hemos examinado. No obstante, el abogado ha desatendido en re-petidas ocasiones sus requerimientos. En vista de ello, el Director de la ODIN nos refirió el asunto para que ejerza-mos nuestra facultad disciplinaria.

A pesar de haber concedido a este abogado amplia opor-tunidad para que compareciera ante nos y acreditara su cumplimiento con los requisitos de la ODIN y con los re-querimientos de este Tribunal, el licenciado Santiago Cal-derón no ha cumplido con lo requerido. Incumplió con los requerimientos de la ODIN y no compareció ante nos, en clara inobservancia de nuestras órdenes.

De lo anterior resulta claro que el abogado de epígrafe ha incumplido con los requisitos de la ODIN y de este Tribunal, y ha asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto. De igual forma, ha tomado livianamente nuestros requerimientos y, al día de hoy, no ha compare-cido ante nos para cumplir con lo ordenado.

Así pues, la dejadez y la desidia de este abogado han faltado a su deber de guardar el mayor respeto hacia este Tribunal. Ello, relegando su responsabilidad de regirse por el Código de Ética Profesional y satisfacer los requisitos reglamentarios que se han establecido para garantizar el mejoramiento profesional y la diligencia de aquellos que ejercen la profesión jurídica. Como guardianes de nuestra jurisdicción disciplinaria, no podemos avalar este proceder.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Ledo. Rigoberto Santiago Calderón. Como consecuencia, se le impone al abogado el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y cualquier cantidad que haya recibido en honorarios por los servicios no rendidos. Se le impone también la obligación de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y ad- ministrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por úl-timo, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

El Director de la ODIN mantendrá incautada la obra y el sello notarial del señor Santiago Calderón, y examinará la obra para rendir el correspondiente informe a este Tribunal. En consecuencia, se le ordena al señor Santiago Calderón presentar los índices mensuales de actividad notarial y los informes estadísticos anuales de actividad notarial que adeude hasta la resolución del Informe Especial de la ODIN. Además, se le ordena presentar evidencia acre-ditativa del pago de su fianza notarial del 2011 hasta el presente, y subsanar cualquier otra deficiencia de su obra notarial. Notifíquese personalmente esta Opinión “per cu-riam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El Ledo. Rigoberto Santiago Calderón juramentó como notario el 22 de agosto de 1989.

       La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) informa que se le concedieron diez días al notario para rendir todos los documentos adeudados y expresar las ra-zones de su incumplimiento. Dicha comunicación fue recibida por un oficial del no-tario, la Sra. Alison Cruz, el día 22 de julio de 2015.

       Esta comunicación se remitió vía correo regular a la dirección oficial de notificaciones que aparece registrada en RUA. Además, se envió por correo certifi-cado con acuse de recibo, la cual fue recibida por un oficial autorizado del notario.


text:
      In re Amalia Hernández Biascoechea, querellado.

      Números: AB-2014-124
    AB-2015-096

      Resueltos: 2 de mayo de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, procuradora general interina, y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, abogadas de las querellantes; A.J. Bennazar Zequeira, de Bennazar, García & Millán, CSP, abogado de la parte que-rellada; Wanda Ivette Carrasquillo Rodríguez, querellante en Queja AB-2014-124, pro se; Elisa N. Pérez Moral, que-rellante en Queja AB-2015-96, pro se.

   per curiam:

En virtud del poder inherente de este Tribunal para reglamentar la práctica de la abogacía, estamos obligados a garantizar que quienes ejercen la profesión es-tén mentalmente aptos para realizar sus labores de forma competente y diligente. Ante tal ineludible compromiso, no hemos vacilado en implantar medidas para garantizar el desempeño de los abogados y abogadas que comparecen ante nos.

Hoy atendemos la situación de una abogada que admite y acompaña evidencia médica acreditativa de que enfrenta una condición mental, la cual le impide el ejercicio cabal y adecuado de las funciones propias de la profesión, por lo que debemos tomar las medidas de protección social, mien-tras subsista esa incapacidad.

HH

La Leda. Amalia Hernández Biascoechea (licenciada Hernández Biascoechea) fue admitida a la profesión de la abogacía el 30 de junio de 2008. En su carrera profesional, ha sido objeto de múltiples quejas con relación a su desem-peño como abogada. En todas éstas, se reclama la falta de atención y diligencia por parte de la letrada en el manejo de los casos, su falta de comunicación y el cobro de hono-rarios, a pesar de no haber realizado las gestiones encomendadas. Asimismo, la licenciada Hernández Biascoechea justificó sus actuaciones por su estado de salud físico y mental. Veamos.

Queja AB-2014-124

El proceso Núm. AB-2014-124 inició cuando la Sra. Wanda I. Carrasquillo Rodríguez (señora Carrasquillo Rodríguez) reclamó haber contratado a la licenciada Hernán-dez Biascoechea para incoar un reclamo patronal de despido injustificado. Para ello, la señora Carrasquillo Rodríguez sostiene que pagó a la letrada varios adelantos. De igual forma, señala que la contrató para tramitar una apelación ante el seguro social. Sin embargo, la quejosa sostuvo que perdió comunicación con la licenciada Hernández Biascoechea, quien no ejecutó la labor para la cual fue contratada. Posteriormente, la señora Carrasquillo Rodríguez solicitó desistir de la queja presentada tras dialogar con la abogada y concederle una oportunidad para trami-tar sus reclamos. En consecuencia, este Tribunal emitió una Resolución el 20 de junio de 2014 para ordenar el archivo del asunto.

No obstante, la señora Carrasquillo Rodríguez compare-ció nuevamente ante este Tribunal mediante escrito pre-sentado el 13 de marzo de 2015. En éste nos informó que la licenciada Hernández Biascoechea nunca le notificó en torno a la Senteñcia obtenida en el caso encomendado. De ésta surge que, luego de presentada su acción, las partes demandadas solicitaron desestimación por prescripción. A pesar de habérsele concedido un término para que la licen-ciada Hernández Biascoechea presentara su posición, ésta no lo hizo. Tras examinar las solicitudes presentadas, el Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar la causa de acción de la señora Carrasquillo Rodríguez, por haber sido presentada en exceso de los tres años del despido.

Mediante Resolución emitida el 30 de junio de 2015, or-denamos a la licenciada Hernández Biascoechea que se ex-presara sobre el asunto traído ante nuestra consideración. Al día de hoy, la letrada no ha comparecido.

Queja AB-2015-96

Por otra parte, la Sra. Elisa N. Pérez Moral (en adelante señora Pérez Moral) presentó una queja contra la licen-ciada Hernández Biascoechea. En ésta alegó que contrató a la abogada y le pagó honorarios para unos trámites judi-ciales que no realizó y desatendió. Asimismo, señaló que la licenciada Hernández Biascoechea se excusó y explicó que su mal proceder se debió a su situación de salud. La señora Pérez Moral concedió una segunda oportunidad a la letrada. Empero, la señora Pérez Moral indicó que debido a la falta de diligencia de la licenciada Hernández Biasco-echea se dictó sentencia sumaria en su contra. Asimismo, denunció que la abogada se excusaba por su condición de salud.

La licenciada Hernández Biascoechea contestó la queja presentada y reconoció que adeuda $4,700 a la quejosa. Asimismo, indicó que estaba recibiendo tratamientos mé-dicos en San José, Costa Rica. Particularizó que sufre de trastornos emocionales y de salud física, sumamente com-plicados y peligrosos que conllevan atención médica de un psiquiatra, Dr. Héctor R. Bird Baker. La letrada acompañó varios certificados médicos emitidos por su psiquiatra, de los cuales se desprende que ésta tiene un historial médico y los tratamientos recibidos, debido a su condición emocional. Los certificados médicos acreditan que estas condiciones impactan la habilidad de la abogada para li-diar con las actividades de su profesión e, incluso, con las actividades cotidianas. La severidad de sus condiciones conllevan su disfuncionalidad y le imposibilitan llevar a cabo sus labores usuales, por lo que, además, se le reco-mendó ser hospitalizada. Por ello, ésta viajó a Costa Rica, donde continuó su cuidado médico con el Dr. Guillermo Arce Martínez y es tratada por varias condiciones. El galeno certificó que al momento actual estas condiciones la incapacitan para enfrentar sus responsabilidades profesionales.

Posteriormente, recibimos el Informe de la Procuradora General en el cual se nos informa que, de la evaluación del expediente y de los documentos judiciales recopilados durante la investigación realizada, la licenciada Hernández Biascoechea pudo incurrir en violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. De igual forma, la Oficina de la Procuradora General resalta que la licenciada Hernández Biascoechea atri-buyó la situación a diferentes problemas emocionales y de salud que le han impedido ser diligente en la profesión, por lo que recomendó evaluar si ésta se encuentra capacitada para ejercer la profesión.

II

El buen funcionamiento de la Rama Judicial depende de que este Tribunal ejerza su poder inherente para velar que quienes ejercen la práctica de la abogacía lo hagan de forma competente y diligente. In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307, 312 (2013). En ese ejercicio, hemos tomado medidas reglamentarias para garantizar que los miembros admitidos a la profesión estén mentalmente aptos para ejercerla. In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). De esta forma, aseguramos el buen funcionamiento de la Rama Judicial. In re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 651 (2011).

En este sentido, la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, provee un procedimiento disciplinario especial para aquellos casos en los que una condición mental o emocional impida al abogado o abogada asumir, competente y adecuadamente, la representación legal de sus clientes o que le impida mantener el patrón de conducta profesional que debe observar. En estos casos, procede la suspensión indefinida del abogado o abogada incapacitada mientras subsista la incapacidad. In re Del Castillo Del Valle, supra, pág.640; In re De León Hernández, 187 DPR 1, 7 (2012); In re Garrastegui Pellicia, 183 DPR 251, 257 (2011). Véase, además, Regla 15(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Ahora bien, no podemos olvidar que la suspensión por razón de la incapacidad mental o emocional de un abogado o abogada, constituye una suspensión preventiva como medida de protección social y no un desaforo. In re Costa del Moral, 164 DPR 943, 945 (2005). En la mayoría de las ocasiones, esta medida de protección social se determina luego de llevar a cabo el procedimiento disciplinario especial contemplado en la Regla 15, supra. íd. Empero, existen circunstancias en las cuales ese trámite se torna innecesario. A modo de ejemplo, es innecesario ese trámite cuando la incapacidad mental del abogado o abogada queda acreditada por el hecho de mediar una declaración judicial de incapacidad o por estar recluido en un hospital u otro tipo de institución de cuido de enfermos mentales. Véanse: Regla 15(b), 4 LPRA Ap. XXI-B; In re Costa del Moral, supra, pág. 946.

Igualmente, el inciso (c) de la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo dispone claramente que el proceso allí dispuesto para nombrar un panel de tres médicos siquiatras, aplica cuando “surjan dudas sobre la ca-pacidad mental del abogado querellado o de la abogada querellada”. (Énfasis suplido). 4 LPRA Ap. XXI-B. Además, éste también tendrá lugar si el abogado o abogada quere-llada plantea la defensa de insanidad mental. Así, el Pro-curador o Procuradora General tendrá la encomienda de demostrar la sanidad mental del abogado o abogada para continuar con los cargos y, de determinarse que la parte no está mentalmente incapacitada, se le ordenará el pago de las costas del procedimiento de evaluación siquiátrica. Véase, 4 LPRA Ap. XX-I B, R. 15(f).

En consecuencia, la Regla 15, supra, dispone el procedi-miento para cuando existe duda sobre la capacidad mental o emocional de un miembro de nuestra profesión, o cuando se utiliza una alegada incapacidad mental como defensa contra un procedimiento disciplinario. Empero, en ningún momento esta regla puede entorpecer el poder inherente de este Tribunal de garantizar la competencia y capacidad de los abogados o abogadas que postulan ante el sistema judicial y cuya función primordial es proveer una adecuada y competente representación en beneficio del derecho que pueda cobijar a las partes que acuden ante nos. Máxime, cuando nos encontramos en una etapa previa a la presentación de la querella, por lo que esta Regla 1 no constituye un escollo a nuestra facultad para atender situaciones en las que la propia abogada admite tener una condición mental que le impide ejercer la profesión de la abogacía, y ésta ha sido evidenciada médicamente. Ello, unido al patrón de con-ducta profesional desplegado y conocido por este Tribunal, resultaría contrario a la economía procesal e inoficioso nom-brar y examinar al abogado o la abogada por el oneroso pro-ceso especial de la Regla 15, supra. En estos casos, el Tribunal podrá suspender indefinidamente, como medida de protección social, al abogado incapacitado o abogada incapa-citada que así lo ha aceptado y probado fehacientemente.

III

En el caso de la licenciada Hernández Biascoechea, ésta nos acreditó sus condiciones emocionales y físicas que le imposibilitan ejercer la profesión. Para ello, incluyó varios certificados expedidos por sus médicos psiquiatras en Puerto Rico y en Costa Rica. Incluso, de éstos se desprende que la letrada viajó a su país natal para ser hospitalizada por su condición emocional. Así, quedó establecido que la licenciada Hernández Biascoechea está impedida de ejercer la práctica de la abogacía por su condición mental o emocional. Lo anterior, y el patrón de conducta que surge de las quejas en su contra, demuestran sin lugar a dudas, que la condición mental de la letrada le impide asumir con competencia una adecuada representación legal de sus clientes y mantener el grado de conducta profesional que exige su ministerio.

Ante tal realidad, resulta imperativo que este Tribunal tome la medida de protección social necesaria para prote-ger nuestro sistema judicial. En este caso, no procede re-mitir el asunto al oneroso proceso de evaluación contem-plado en la Regla 15, supra, pues no dudamos de que está incapacitada para ejercer la abogacía.

IV

Por los fundamentos expuestos, y luego de evaluada la prueba presentada, procedemos a suspender inmediata e in-definidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Amalia Hernández Biascoechea, hasta tanto pueda acreditar que se encuentra capacitada para ejercer su profesión nuevamente. Advertimos a la abogada que una vez acredite tal hecho, previo a su reinstalación, deberá atender las quejas archiva-das administrativamente por razón de su incapacidad. De igual modo, la abogada Hernández Biascoechea deberá no-tificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para conti-nuar representándolos, y devolverles cualesquiera honora-rios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, deberá informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga alguna acción pendiente. La letrada Hernández Biascoechea deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo aquí ordenado en un término de treinta días a partir de la presente notificación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Entre estos procesos, se destacan las quejas siguientes: Núms. AB-2013-194, AB-2014-124, AB-2014-353 y AB-2015-96.

       Véanse los certificados médicos emitidos por el Dr. Héctor R. Bird Baker desde 2013 hasta 2014.

       Véase certificado médico emitido por el Dr. Guillermo Arce Martínez en 2015.