author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Román, acusado y apelante.
    Núm. 7347.

    Sometido: Marzo 29, 1939.

      Resuelto: Abril 20, 1939.

      A. Reyes Delgado y Pedro Santos Borges, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bantista Román fné acusado por el Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo como autor de un delito de homicidio voluntario cometido como sigue:

“El referido acusado, Juan Bautista Román, con anterioridad a la fecha de la presentación de esta acusación, o sea, el día 29 de sep-tiembre de 1936, y en el barrio Palmas Altas, de Barceloneta, P. R., que forma parte del distrito judicial de Arecibo, P. R., ilegal, volun-taria, maliciosa- y criminalmente, con motivo de una súbita pendencia, acometió y agredió con un revólver, que es un arma mortífera, a David Serrano, con intención de darle muerte, infiriéndole una he-rida de bala en el abdomen, a consecuencia de la cual falleció en el Hospital de la Universidad en San Juan, P. R., el día 2 de octubre de 1936.”

Celebrada la vista de la causa, el Jurado declaró al acu-sado culpable y la corte, por su sentencia, le impuso tres años de presidio con trabajos forzados. No conforme, apeló. Señala en su alegato tres errores como cometidos por la corte al permitir que el testigo Carmelo González expresara su opinión sobre si cierta puerta podía o no abrirse por fuera estando trancada por dentro; al negarse a trasmitir al Jurado determinadas instrucciones, y al pronunciar sentencia en contra de los hechos y la ley.

Examinemos el primer error. Declarando el testigo González, cabo de la Policía Insular, dijo que al personarse en la casa del acusado, éste le manifestó que habían ido a halarle la puerta y disparó sin saber a quién y que examinó la puerta y encontró en ella incrustado el plomo de una bala. Siguió contestando como sigue:

“P. ¿Dice que examinó la puerta? — Sí, señor.
“P. ¿Vió el impacto de bala y vió el plomo incrustado ? — -Sí, señor.
“P. ¿Pero el plomo atravesó la puerta o se quedó allí? — No la atravesó, se quedó incrustado.
“P. ¿Cómo estaba la puerta? — Cuando llegué estaba la puerta sola, y estaba tirada así de sesgue.'
“P. ¿Examinó las visagras-? — De la parte arriba rota y por la parte abajo, que son puertas de madera blanda, estaba roto, pero pude apreciar, como es en- la orilla del mar, que estaba oxidado de hacía tiempo una parte, con antelación.
“P. ¿De arriba partida de hace poco? — Sí, señor.
“P. ¿Para dónde abría la puerta, para afuera o para adentro? —Hacia afuera.
“P. - ¿Con qué trancaba por dentro? — Con una tranca.
“P. ¿La examinó bien? — A ciencia cierta no recuerdo si con tranca. Sé que trancaba para adentro.
“P. ¿Se recuerda si el instrumento que se usaba para cerrarla era algo fuerte, que la trancaba bien? — La puerta sí, porque la puse para probar con un señor que fué conmigo, la puse para ver y jun-taba bien.
“P. ¿Cree posible . . . .?
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Me opongo a lo que crea.
“Hon. Juez. Vamos a ver la pregunta.
“P. ¿Cree posible, de acuerdo con el examen que hizo con la puerta y los experimentos que hizo, que esa puerta se pudiera abrir por fuera estando trancada por dentro?
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Que se retire el Jurado.
“Hon. Juez. La Corte cree eso una pregunta corriente.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Pero es pedir una opinión a un testigo que no es perito. (Argumentó.) Él puede decir lo que hizo, pero no lo que cree.
“Hon. Juez. Conteste.
“Abogado Sr. Reyes Delgado. Excepción.
“Hon. Juez. Si después de trancada esa puerta ¿podía abrirse empujándola? — Mi opinión, que puede ser errónea, es que podía abrirse.
“P. ¿De afuera, halándola? — No, señor; por dentro abrirla así.
“P. ¿Y si esa puerta estando trancada por dentro, sin la vi-sagra de arriba, rota, si una persona de afuera pudiera halarla y romper lo que había • detítro para que se abriera ? — Imposible, no puede abrirse.
“A preguntas del abogado Sr. Reyes Delgado, declaró:
“P. ¿Se podía si era puerta entera de arriba a abajo o puerta al medio? — Una puerta enteriza.
“P. ¿.Son dos hojas de puerta como estas dos y la puerta de allá estaba caída? — ¿Cuál?
“P. ¿De un lado de allá? ¿Estaba rota la visagra? — Sí, señor.
“P. ¿Sabe si alguno le pegó los brazos para arrancarla? — No sé. Sé que la encontré en el suelo, la puerta, la visagra de arriba en aquel acto, pero la de abajo estaba abierta.
“P. ¿Sabe si esa puerta era la puerta que pisaba la otra o la pisada, o, en otras palabras: cuál era el macho o la hembra ? Era la que pisaba.
“P. ¿No era la que estaba pisando? — La que está pisando es del lado de acá.
“P. ¿Y no puede asegurar si esa puerta trancada es con tranca, llave o cómo? — No puedo asegurarlo.”

No bubo error, a nuestro juicio. Se trataba de un testigo de cierta ilustración y experiencia que examinó la puerta y que podía considerársele capacitado para expresar su opi-nión en el momento y en la forma en que le fue pedida. En Crowell v. State, 120 S. W. 897, 902, que fué un caso de asesinato, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, al enfrentarse con una situación semejante a la que estamos considerando, dijo:

“Mientras el testigo Joseph Rinefeldt estaba declarando, y des-pués de haber descrito detalladamente la escalera y la puerta que allí conducían, se le preguntó si era posible o imposible que el cuerpo de una persona que pesaba 135 libras hubiese rodado hasta dar contra la puerta sin haberla abierto, a lo que contestó que un cuerpo que así rodase hasta dar contra ella la habría abierto. Se opusieron a esto porque no era campo propio para testimonio pericial, y el tes-tigo no era un perito. Creemos que en materia de peso, fuerza y poder de resistencia, y cuestiones de esta índole, es claramente propio para una persona conocedora de, y familiaiázada con las circunstan-cias existentes, según han sido probadas, expresar su opinión al efecto de si un cuerpo de un peso dado, haciendo presión contra una puerta, habría abierto la misma. Este testigo demostró estar bien familiarizado con la puerta. Hubiera sido muy difícil haber deter-minado el poder de resistencia de la misma sin haber puesto en evi-dencia la declaración del testigo a ese efecto,, o en la forma que se hizo para demostrar los hechos.”

Veamos el segundo señalamiento de error. Ya dijimos que se reñere a las instrucciones al Jurado. Lo que consta del récord es que una vez que el juez terminó de trasmitirlas, ocurrió lo que sigue:

“Abogado Sr. Reyes Delgado. Yo tengo instrucciones que so-meter a la Corte y pido que se retire el jurado antes que empiece a deliberar. Y, tomamos excepción a todas las instrucciones dadas y tomamos excepción especialmente, a la instrucción relativa a la duda razonable y vamos a pedir y tomar excepción específicamente, a la instrucción relacionada con la penetración o intento de penetra-ción del interfecto en la casa del acusado. Vamos a pedir a la Corte, que modifique o reconsidere su instrucción en cuanto a duda razo-nable, a la penetración o intento de penetración por el interfecto en la casa del acusado dándolas en el siguiente contexto: una persona puede repeler la fuerza con la fuerza en la defensa de la persona, bienes o vida contra uno que abiertamente intenta o trata por medio de la violencia y de la sorpresa, de cometer un determinado delito, misdemeanor o felony, o cualquiera de ellos, o de causar un grave daño corporal a su persona, y el peligro que justificaría al acusado cometer el acto imputádole, puede ser real o aparente; y el jurado no tiene que considerar si el acusado estaba en verdadero peligro de su vida o propiedad, sino solamente si las circunstancias eran tales que indujera a una persona de mente sana a creer que su persona o bienes estaban expuestos a tal peligro; y si racionalmente podría así creerlo y tenía suficiente causa para estimarlo así y cometió el becbo que se le imputa bajo tal creencia, aun cuando apareciera que el interfecto no estaba armado, los jurados deben absolver al acusado.
“Hon. Juez. En cuanto a esa petición, la Corte entiende que ba dado instrucción amplia y que deja a resolver al jurado, que si el conjunto y circunstancias de la prueba, justificaran que el acusado (sic) entró o estaba entrando en la casa con la intención de agredir o de cometer un delito grave, en ese caso deben absolver al acusado, que es lo mismo que pide el abogado, aun cuando yo entiendo, que nuestra instrucción es más amplia.
“Abogado Sr; Reyes Delgado. Tomamos excepción por los fun-damentos del caso del Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345, 367. Abora vamos Sí, pedir a la Corte inodifique su instrucción sobre duda razo-nable, estableciéndola en los términos del artículo 236 del Código Criminal que dice así; en todo proceso criminal se considerará al acusado inocente mientras no se pruebe lo contrario, y en caso de exis-tir duda razonable o fundada acerca de su culpabilidad, se le ab-suelve.
“Hon. Juez. La Corte deniega la instrucción porque be dado am-plia instrucción sobre duda razonable y cree que no está obligada a seguir estrictamente las palabras del estatuto.
“Abogado Sr. Reyes. Excepción.”

Recientemente, en el caso de El Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234, 255, esta corte dijo:

“Somos dé opinión que las instrucciones dadas por la corte cu-brieron plenamente y de una manera justa e imparcial la doctrina legal sobre el derecho a la legítima defensa, con perfecta adaptación a los hechos establecidos por las declaraciones de los testigos presen-ciales, las que examinaremos más adelante en esta opinión. Las ins-trucciones dadas cubrieron prácticamente todos los puntos sugeridos por la defensa en las instrucciones por ella propuestas y denegadas por la corte. T seguramente la corte se negó a darlas por temor de confundir e impresionar indebidamente al jurado.”

Se cita de 14 R. C. L. 751, 8 Cal. Jur. 314 y El Pueblo v. Martí, 43 D.P.R. 441.

T así sucede en este caso. Las instrucciones trasmitidas habían ya cubierto el campo debidamente y no era necesario repetirlas en la forma solicitada por la defensa. No hubo error.

Tampoco fué cometido el tercero y último de los errores señalados. A nuestro juicio la sentencia dictada no es contraria si que se ajusta a los hechos y a la ley.

Que Serrano murió a consecuencia del disparo que le hiciera el acusado, no se discute. Lo que se discute es si el disparo se hizo o no por el acusado en defensa dé su morada, a los efectos de resolver si fué o no excusable de acuerdo con la ley.

María Serrano, madre del interfecto y testigo del Pueblo, declaró que en la noche del suceso después que su hijo llegó con el acusado al cafetín de éste, oyó al acusado hablando duro y lo vió con un revólver en la mano y a su señora y una hermana que le decían ¿qué vas a hacer? “hasta que se pudo quitar de ellas y tiró el tiro de la casa de él para abajo.” En ese momento no vió a su hijo. “Lo vi cuando llegó a mi puerta, herido, ... Le llegué a aflojar la correa y decía: ‘Ay, mamá, con la bala’ . . . me pidió agua, y dijo: ‘ écheme la bendición ’ y dij e: ‘ hij o mío, ¿ qué te pasa ? ’ ‘ Juan Román, abusador.’ ”

Y el acusado manifestó que anduvo esa noche con Serrano pero regresaron temprano y después de haber comido en su tienda, Serrano se retiró; que allá como a media noche sin-tieron que movían fuertemente una de las puertas de la casa, se levantó, cogió su revólver y metiendo su mano por la otra puerta disparó sin saber a quién; que había prestado declaración al policía González, al ser arrestado, en el sen-tido de que había hecho dos disparos; que después sacó uno de los easquillos de una de las balas disparadas y lo sus-tituyó por una bala que le quedaba, por lo que el revólver, al serle entregado al policía González aparecía con una sola bala disparada, y que lo bizo como medida de defensa, te-miendo ulteriores ataques por parte de los familiares del interfecto; que disparó tan pronto sintió que balaban la puerta; que al disparar su familia estaba durmiendo; que la nocbe era clara, porque babía luna; que el interfecto y él eran amigos; que no vió si la puerta por donde disparó estaba en el suelo; que nunca han tratado de escalar su tienda, ni tiene enemigos en el barrio, ni babía tenido disgustos con alguno, pero creyó que iban a robarle lo que tenía en la tienda, pero el disparo lo bizo desde la puerta- de la sala que no conecta a ésta con la tienda.

El Jurado dirimió el conflicto en contra del acusado y lo declaró culpable. Nada demuestra que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error mani-fiesto alguno. Eso aparte de qne de la propia' declaración del acusado no surge un caso completo de defensa del bogar.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño®, De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dativo Nicolás Hiraldo, acusado y apelante.
    Núm. 7299.

    Sometido: Marzo 28, 1939.

      Resuelto: Abril 20, 1939.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Riscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Carolina se presentó una de-nuncia contra Dativo Nicolás Hiraldo, por infracción al ar-tículo 553 del Código Penal. Se le imputó que el día 16 de julio de 1937, a las 7:15 P. M., “ilegal, voluntaria y malicio-samente, siendo representante o agente del establecimiento comercial de . , . Juan Gr. Alberty,” dedicado a “venta de drogas,, productos químicos y farmacéuticos, perfumería, bisutería, efectos de escritorio, etc., etc., tenía dicho estable-cimiento (que es un comercio mixto) abierto al público en la fecha y hora arriba indicadas, en violación al artículo 553 del Código Penal vigente.”

Al ser llamado el. caso para juicio en la Corte Municipal de Carolina, el acusado excepcionó la denuncia por los si-guientes fundamentos:

“1. Que la denuncia en el presente caso no aduce hechos consti-tutivos de una causa de acción penal, ni infracción al artículo 553 del Código Penal de Puerto Rico, ni infracción a ningún otro esta-tuto.
“2. De la faz de la propia denuncia aparece que el estableci-miento que se denuncia es una farmacia establecida en el pueblo de Carolina, la cual está autorizada por el artículo 553 del Código Penal, inciso 8, según fué enmendado por la Ley 110 de 13 de mayo de 1937, página 268.
“3,. Que asimismo se alega en la precedente denuncia que dicho establecimiento es propiedad de Juan G. Alberty y el denunciado un empleado, y siendo el artículo 553, como quedó enmendado por la citada Ley 110 de 1937, una ley de carácter obrero, que protege solamente a los empleados, y que se bizo para el fin de que los em-pleados no trabajaran, no puede referirse sino a los dueños de los establecimientos.
“4. Alega asimismo el compareciente que no se alega en dicha denuncia que dicho establecimiento estuviese abierto en algún día de fiesta legal, y que se permitiera, por estar abierto, trabajo alguno para los empleados, o que se realizaran transacciones.”

La corte municipal desestimó la excepción perentoria-Finalmente fué convicto y sentenciado. Apeló para ante la Corte de Distrito de San Jnan. Reprodujo la ameritada excepción perentoria. La desestimó la corte y en el juicio de novo admitió el acusado que de comparecer los testigos de cargo, declararían que el 16 de julio de 1937, a las 7:15 P. M., en la calle Muñoz Rivera, de Carolina, Puerto Rico, “el acusado Dativo Nicolás Hiraldo, siendo representante o agente del establecimiento comercial de Juan Gr. Alberty, que se dedica a la venta de drogas, productos químicos y farmacéuticos, perfumería, bisutería, y efectos de escritorio,, tenía dicho establecimiento abierto al público en la forma y hora arriba indicadas.” No presentó prueba en su defensa y la corte lo declaró culpable y- le impuso $5 de multa y las-costas, o en su defecto un día de cárcel por cada dólar de multa que dejare de pagar.

Apeló para ante este tribunal, imputando a la corte sentenciadora la comisión de los siguientes errores:

“Primero: Haber desestimado la Corte las cuestiones previas planteadas por el acusado.
“Segundo: Haber declarado que un empleado de un estableci-miento puede ser declarado culpable del hecho de que el mismo se encuentre abierto al público.
“Tercero: Haber declarado culpable al acusado sin que se pro-bara que en dicha farmacia o establecimiento que se alega en la denuncia estuviesen los obreros o empleados trabajando y que se estuviesen realizando transacciones.
“Cuarto: Haber declarado culpable al acusado sin que se pro-bara que estuviese violando ordenanza alguna del Municipio de Carolina, ya que la ley dispone que las farmacias serán reguladas por las respectivas asambleas municipales o la Junta de Comisio-nados de San Juan.”

El artículo 553 del Código Penal, según fué enmendado por la Ley núm. 110, de 13 de mayo de 1937 (Leyes de ese año, pág. 268), en lo pertinente dice así:

"Artículo 553. — Los domingos, durante todo el día excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes-de septiembre (Labor Day), y el día 4 •de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sába-dos desde las 9 p. m.; todos los días laborables desde las 6 p. m., .y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una bora después ■de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo' para los -empleados en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los designados a continuación:
tt * * * * * #
"8. Los establecimientos de farmacias, el cierre de los cuales será regulado por ordenanzas de las asambleas municipales o la Junta Administrativa del Gobierno de la Capital, estableciendo específica-mente el número determinado de farmacias que deberán permanecer abiertas durante todas las boras de la noche y madrugada y los turnos correspondientes; Disponiéndose, que en ningún caso podrán los municipios ni el Gobierno de la Capital ordenar el cierre de los establecimientos de farmacias dentro de las horas de las 7 a. m. y las 6 p. m. durante los días laborables; Disponiéndose, además, que los municipios y el Gobierno de la Capital podrán establecer boti-quines para el servicio de emergencia nocturno sin contravenir las disposiciones de este inciso.”

El día 16 de julio de 1937 era un día laborable. De acuerdo eon la ley los establecimientos comerciales deben cerrarse a las seis de la tarde. No obstante el precepto legal, el establecimiento representado por el acusado se hallaba abierto a las 7:15 P. M. De la faz de la denuncia no aparece que se tratase de una farmacia. Allí se vendían drogas, productos químicos y farmacéuticos. También ven-dían perfumaría, bisutería y efectos de escritorio. El mero hecho de vender drogas y productos químicos y farmacéu-ticos no implica necesariamente qne el establecimiento qne los expende sea nna farmacia, a menos qne tales productos sean de los qne la ley exige se vendan por farmacéuticos. Pueblo v. A. Mayol & Cía., 38 D.P.R. 999.

El acusado pretende qne el establecimiento en cuestión era una farmacia y qne de acuerdo con la propia ley no tenía qne cerrarse a las seis de la tarde los días laborables, como se exige a los establecimientos comerciales. Estando los establecimientos de farmacia excepcionados por la ley, y no estando la excepción comprendida en “la definición del delito, la excepción es materia de defensa qne debe alegar y probar el acusado, a menos qne el hecho surja de las alegaciones de la denuncia o de la prueba presentada, cosa que no sucede en este caso. Pueblo v. Avilés, ante pág. 272. Se admitió por el acusado que él era el agente o representante del dueño. La ley, como hemos visto, impone el deber de cerrar los establecimientos comerciales los días laborables a las seis de la tarde. Siendo el acusado el representante del dueño, y no un mero obrero o dependiente, era su deber cumplir con la ley, y al no hacerlo así, permitiendo que el establecimiento por él representado permaneciese abierto después de las horas permitidas por la ley, la violó, lo mismo que la hubiera infringido el dueño. [4] Por último, no era necesario alegar y probar que en la hora indicada se realizaron transacciones comerciales ni que hubieran otros empleados trabajando. Bastaba con que el establecimiento estuviese abierto al público. Así lo resolvió este tribunal en los casos de El Pueblo v. Hernández, 36 D.P.R. 855, y El Pueblo v. González, 50 D.P.R. 195, 198.

A nuestro juicio no se ha cometido ninguno de los erro-res señalados por el acusado. Procede, por consiguiente, la confirmación de la sentencia apelada.


author: El "Juez PresideNTe Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ricardo Aponte, acusado y apelante.
    Núm. 7485.

    Sometido: Abril 18, 1939.

      Resuelto: Abril 21, 1939.

      Cruz Ortiz Stella, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El "Juez PresideNTe Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ricardo Aponte fue acusado ante la Corte Municipal de Yabncoa de una infracción a la sección 2 de la Ley núm. 13 de 1917 (Leyes de 1917 (1) pág. 129) tal como quedó en-mendada por la Ley núm. 25 de junio 11, 1921 (Leyes de 1921, pág. 167), cometida como signe:

“Que en 7 de mayo de 1938, y en la Calle Muñoz Rivera, salida para Humaeao, ... el referido acusado, que es dueño y explota un negocio de elaboración de pan radicado en el sitio y municipalidad arriba indicados, voluntaria e ilegalmente y en un puesto o despa-cho pa,ra la venta de pan anexo a su panadería, exhibía para la venta una cantidad de bollos de pan cuyo peso correcto por bollo de acuerdo con un rótulo que aparecía estampado en la envoltura de cada uno de los mismos debía ser una libra, habiendo resultado de una verificación del peso de diez de dichos bollos de pan,'tomados al azar, efectuada por el suscribiente en la balanza y con las pesas modelo suministradas por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas, que éstos solamente pesaron: 413, 418, 423, 396, 418, 438, 413, 438, 433 y 416 gramos respectivamente. Teniendo en cuenta que la libra ‘standard’ tiene 453 gramos, estos bollos tienen, respectivamente, las siguientes deficiencias en su peso: 40, 35, 30, 57, 35, 15, 40, 15, 20 y 37 gramos, lo que da un promedio de deficiencia en el peso por cada bollo de 32.4 gramos, cantidad ésta que es mayor que la ‘tole-rancia para el promedio por defecto’ que ha sido fijada en 15 gramos, para bollos de pan de una libra, por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas.”

Celebrado el juicio, fue condenado el acusado. Apeló para ante la corte del distrito y celebrado el nuevo juicio que la ley ordena, se le condenó a veinte y cinco dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer. Interpuso entonces la presente apelación imputando a la corte de distrito error en la apreciación de la prueba y abuso de discreción al impo-ner la pena.

Discutiendo su primer señalamiento de error, sostiene el apelante que la evidencia es insuficiente, primero porque habiéndosele imputado la infracción en su modalidad de exhibición para la venta del artículo falto de peso y no su venta o su ofrecimiento en venta y'demostrando la prueba únicamente que cuando el pan fue ocupado el acusado, dueño de la panadería, no se encontraba presente, no es ello bastante, y segundo, porque tratándose de una deficiencia de promedio, no se presentaron las envolturas de todos los diez bollos de pan de-que se trata con expresión del peso de cada bollo.

Declararon por El Pueblo, Fausto Arroyo, inspector de pesas y medidas, y Miguel Casillas que ambas partes esti-pularon que diría lo mismo que el inspector.

Arroyo manifestó que el acusado tenía una panadería con un expendio de pan al frente donde hay mostrador y aparador y donde se exhibe pan para la venta. De una cantidad de pan que había allí, tomó al azar diez bollos, los pesó y tenían una deficiencia mayor que la tolerancia admitida. Eran de a libra. La tolerancia admitida era de quince gramos por libra y la falta resultó de treinta y dos. El acusado estaba presente cuando ocupó el pan. Cada bollo estaba envuelto. Se le presentó una de las envolturas y leyó en ella “Panadería la Palma. — Ricardo Aponte.— Pan a diez centavos libra. — Una libra. — Yabucoa, P. R.”

Repreguntado por el abogado del acusado dijo que al llegar a la panadería lo atendió José Castro quien fue el que le dió el pan, llegando luego el acusado. El pan ocu-pado fue admitido en evidencia, haciéndose constar en el récord a instancias del acusado que había un bollo sin en-voltura, otro cuya envoltura no tenía rótulo y otro con el rótulo ilegible. A su vez el fiscal hizo constar que por ra-zón del tiempo las envolturas estaban un poco deterioradas.

Dijo finalmente el testigo que el pan se vendía para la fecha de la denuncia en Yabucoa a diez centavos libra. En-tonces el fiscal ofreció en evidencia el Reglamento del Ne-gociado de Pesas y Medidas promulgado por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico con el núm. 111, que fue admitido sin objeción, y con la estipulación indicada con respecto a la declaración de Casillas, dió por terminado su caso.

La prueba de la defensa consistió en las declaraciones de José Castro y Santiago Rivera.

Dijo el primero que estando en la panadería del acusado llegaron los inspectores, que su obligación era despachar, que el pan ocupado estaba en una caja que queda frente al mostrador donde babía diez y nueve bollos que tenía sepa-rados porque habían resultado faltos de peso; que le dijo a los inspectores que ese pan no se vendía; que estando ellos allí llegó un muchachito por pan y le informé que el pan se había terminado; que cuando el acusado llegó, ya los ins-pectores se habían ido.

Santiago Rivera declaró que el día de la denuncia como a las seis de la mañana compró en la panadería del acusado setenta y cinco libras de pan y luego como a las nueve fue a comprar quince libras más y le dijeron que no había y como viera allí algunas y pidiera explicación le contestaron “no se vende porque está falto de peso.”

Terminada la práctica de la evidencia el juez de distrito se expresó como sigue:

“Póngase de pie el acusado. En este caso se le denuncia a us-ted por infracción a la sección segunda de la Ley 13, de abril 1917, según fue enmendada por la Ley núm. 25 de junio 11, 1921.
“La prueba de El Pueblo en este caso tiende a demostrar que Ud. es dueño de un establecimiento, o era para la fecha de la de-nuncia, donde se expendía pan para la venta al público en la mu-nicipalidad de Yabucoa, P. R. Que el día 7 de mayo de 1938 le ocuparon diez (10) bollos de pan. Que esos diez (10) bollos de pan se repesaron y aparecieron con una deficiencia no tolerada por el Reglamento promulgado por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico para poner en vigor esta Ley, que es de 15 gramos más o me-nos. Que Ud: era el Administrador o que Ud. había arrendado el establecimiento donde se vendía el pan.
“La prueba de descargo tiende a demostrar que si bien es .verdad que usted tenía esos bollos de pan, los tenía en una caja y que no los tenía para la venta, aceptando que el pan lo tenía en el estableci-miento.
“La Corte considera que los hechos de esta denuncia han sido probados a entera satisfacción de este Tribunal.
“El delito de infracción a esta Ley, a juicio de este Juez, es uno de los delitos más serios y más graves que se pueden cometer, en una sociedad cualquiera. Vender un' bollo de pan por el precio de diez centavos la libra, que consideramos excesivo, y después expenderlo falto de peso constituye una situación muy crítica para la sociedad, especialmente para los infelices que no pueden a veces comprar media libra y si la compran la compran falta de peso.
“Este Juez considera que la Corte Municipal fuy muy benigna con usted y le impone veinticinco (25) dólares de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar.”

A. nuestro juicio no es la prueba insuficiente. Resuelto el conflicto en favor de la de cargo, hay en ella elementos bastantes para concluir que la infracción fué cometida.

No era necesario que el acusado se encontrara presente. Era el dueño del establecimiento. En él tuvo lugar la ex-hibición que se imputa dentro del curso ordinario de los negocios a que estaba dedicado, y de ella era responsable.

Tampoco era necesario que todas las envolturas rotula-das se presentaran. Bastaba el testimonio no objetado de los inspectores. Además, la propia defensa admite la falta de peso. Según ella no ya todos los bollos en conjunto, si que ninguno de ellos en particular se quiso vender por esa circunstancia.

No se cometió el primero de los errores señalados. Tampoco el segundo. El caso del Pueblo v. Bocanegra, 52 D.P.R. 382 no es igual al presente. Las circunstancias que en él concurrieron y que se exponen en la opinión, presentan una situación bien diferente.

Cuando se apela de una sentencia dictada por una corte municipal para ante una de distrito, se celebra ante la última un juicio de nuevo y es de acuerdo con sus resultancias que se dicta la nueva sentencia. En el propio caso de Bocanegra que invoca el apelante dijo esta Corte:

“Estamos muy de acuerdo en que la corte de distrito no quedaba obligada por la sentencia de la corte municipal, pero al fijar la pena ella pudo haber tomado en consideración la actuación de la corte municipal. ’ ’

Y aquí resulta del propio récord que el juez de distrito tomó en consideración la sentencia del juez municipal y la consideró, con razón a nuestro juicio, muy benigna. Aun la pena de veinticinco dólares de inulta siendo el máximum fijado por la ley, resulta benigna si se considera no sólo la gravedad de la infracción, si que la actitud asumida por el acusado llevando al tribunal una prueba que contiene afir-maciones de hechos que el tribunal no creyó ciertas.

Debe declararse el recurso sm lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf

text:
    Antonio A. Roig, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7645.

    Sometido: Febrero 10, 1939.

      Resuelto: Abril 21, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández Garda y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Francisco González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Antonio A. Roig vendió cierta parcela de terreno al mu-nicipio de Humacao el 25 de mayo de 1935. Posteriormente el Tesorero de Puerto Rico trató de cobrarle las contribu-ciones sobre esta parcela correspondientes al año fiscal 1935-36, ascendentes a $77.70. Bajo amenazas de nn embargo, Roig se vió precisado a pagar los $77.70 bajo protesta, e in-mediatamente radicó el presente litigio. Sus contenciones principales fneron que las contribuciones sobre la propiedad constituyen un gravamen preferente contra la propiedad misma y que el municipio de Humacao era dueño de la finca al vencer las contribuciones el primero de julio de 1935.

El Tesorero de Puerto Rico radicó una excepción previa de falta de causa de acción, que fue declarada sin lugar. A moción del Tesorero demandado se dictó sentencia a favor del demandante por la suma mencionada, más intereses a partir de la radicación de la demanda.

El único error que es necesario que consideremos es la resolución de la corte al efecto de que la demanda aducía su-ficientemente una causa de acción, y, en su consecuencia, tam-bién se sostiene que la sentencia es errónea.

La cuestión legal envuelta en este caso es si una persona que vende un inmueble a otra o a un municipio antes del primero de julio de cualquier año queda relevada de toda responsabilidad personal por el pago de las contribuciones sobre el inmueble para el siguiente año fiscal. Antonio A. Roig vendió la finca el 25 de mayo de 1935. La contención de-que la propiedad está sujeta a un gravamen preferente en favor del Tesorero no es decisiva, y no exime en abso-luto de una responsabilidad personal. El becho de que el Municipio de Humacao esté exento del pago de contribucio-nes tampoco es necesariamente concluyente de que el ape-lado está exento de responsabilidad.

Las cuestiones levantadas en este caso fian sido resueltas de plano por nuestra decisión en el caso de Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Tesorero, (ante, pág. 536), La única diferencia entre ese caso y el presente es que en aquél la. Asociación alegó una exención de responsabilidad basada en que quedó legalmente exenta del pago de contribuciones a tenor del artículo 291 del Código Político cuando su edi-ficio fué dedicado a fines educativos allá para el mes de abril de 1935. Igualmente se negó a pagar las contribuciones correspondientes al año fiscal 1935-36 y las pagó tan sólo bajo protesta. Al resolver el caso en contra de la asociación este tribunal dijo:

“En casos de ventas a compradores que de por sí están exentos del pago de contribuciones, se ha resuelto que el dueño del terreno al tiempo de la tasación es personalmente responsable del pago de las contribuciones impuestas sobre el mismo. El Fiscal General de Puerto Rico una vez emitió una opinión a ese efecto. 14 Opiniones del Attorney General 448. Véanse también Gloster Lumber Co., Inc. v. Adams County, 163 So. 541; Buckhout v. City of New York, 82 App. Div. 218 (N. Y.); Prytania St. Market Co. v. City of New Orleans, 110 La. 835, 34 So. 797; Wood v. McCook Waterworks Co. et al., 149 N. W. 417,” y otras autoridades.

Entonces procedimos a citar del caso de Wood v. McCook Waterworks, Co., supra.

Por tanto, somos de opinión que cuando Antonio A. Roig vendió la finca al municipio en mayo 25, 1935, la contribu-ción para 1935-36 ya le babía sido impuesta a él y que él era personalmente responsable del pago de la misma.

El apelante también ha levantado una cuestión de juris-dicción, basado en el hecho de que el pleito originalmente envolvía sólo la suma de $70.77 y, en su consecuencia, que de conformidad con la regla de los casos de Serrallés v. Tesorero, 53 D.P.R. 650, debió haberse presentado en la corte municipal. No estamos seguros de que este caso no estaría protegido por el mismo principio expuesto por este tribunal en su opinión emitida en el caso de A. Cuesta & Cía v. Sancho Bonet (ante, pág. 87), mas, sea ello como fuere, no es menester que la cuestión sea resuelta, toda vez que el caso ha de ser revocado.

D&he revocarse la sentencia apelada, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel M. Marín, acusado y apelante.
    Núm. 7341.

    Sometido: Enero 25, 1939.

      Resuelto: Abril 21, 1939.

      Antonio Lens Güeña y E. Pérez Casalduc, abogados del apelante; Ii. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 63 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 415), “Para prohibir la venta, almacenaje o transporte de alimentos y drogas o medicinas adulterados o falsamente rotulados o que sean venenosos o perjudiciales a la salud, y para otros fines,” en la parte pertinente a este caso proveen:

“Sección 1. — La palabra ‘alimento’ aquí empleada incluirá todo artículo usado por el hombre como tal alimento, bebida, confitura o condimento, ya sean simples, compuestos o mezclados. La pala-bra ‘droga’ incluirá todas las medicinas y preparaciones medicinales reconocidas en la Farmacopea de los Estados Unidos y en el For-mulario Nacional ya sean para uso interno o externo o cualquier substancia o mixtura de substancias que se intenten emplear para las enfermedades del hombre y de los animales domésticos.
“Sección 2. — Para los fines de esta Ley, todo artículo se conside-rará adulterado:
“(a) En las drogas:
“(1) Si se vende bajo un nombre reconocido por la Farmaco-pea de los Estados Unidos o el Formulario Nacional y difiere de la norma de fuerza, calidad o pureza expresada en los ensayos que constan en esos dos formularios oficiales, en la época de la investi-gación; Disponiéndose, que ninguna droga descrita en ambos for-mularios se considerará adulterada, si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aunque ésta difiera de la oficial de aquellos dos formularios.
“(2) Si la fuerza o pureza es inferior o cae por debajo del standard o calidad provista para el artículo que se vende.
“(ó) En las confituras:
“m * * * >» * * *>>

La acusación objeto de este recurso de apelación lee así:

“El Fiscal formula acusación contra Angel M. Marín, por In-fracción a la Ley Núm. 63 aprobada en 28 de abril de 1931 (misdemeanor), cometida de la manera siguiente:
“El referido acusado, Ángel M. Marín, con anterioridad a i a fecha de la presentación de esta acusación, o sea, el día 6 de abril de 1937, y en Arecibo, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, tenía para la venta, con el fin de dedicarlo al consumo humano, aceite de almendras comercial adulterado con aceite de semillas de algodón y otros aceites extraños, entre ellos, el de semilla de melo-cotón y de albarieoque.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico’.”

El acusado presentó excepción perentoria a la acusación y la misma fué, declarada sin, lugar antes del juicio. Luego de celebrarse éste, el acusado fué declarado culpable y sen-tenciado a pagar una multa de $25 o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. Uno de los fundamentos de la excepción fué que al acusado se le procesaba por el delito de tener a la venta aceite de almendras cuando el estatuto babla de venderlo. La ex-cepción parecería haber sido bien tomada, mas en los ale-gatos ninguna de las partes discute esta cuestión.

Varios son los fundamentos de la excepción, pero en el que más insiste el apelante es que la acusación no debe meramente seguir las palabras del estatuto, y cita m extenso la opinión de este tribunal en el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D.P.R. 510. Sobre este punto específico el fiscal contesta que la acusación hace algo más que seguir las palabras del estatuto, toda vez que expone los hechos constitutivos del delito con mayores detálles. Si la idea del acusado es que la acusación es defectuosa simplemente porque sigue las palabras del estatuto, entonces la contención del fiscal tiene algún mérito.

Sin embargo, en sn alegato el apelante dice, entre otras cosas, qne la acusación hubiera sido suficiente si hubiera alegado:

“(1) Que el acusado vendía bajo el nombre de 'aceite de almen-dras comercial,’ reconocido por la Farmacopea de los Estados Uni-dos o el Formulario Nacional, si es que el ‘aceite de almendras co-mercial’ está realmente reconocido por cualquiera de esas autoridades, un producto que difería de la norma de fuerza, calidad o pureza, según fuese el caso, expresada en los. ensayos que constan en el for-mulario aplicable en la fecha en que se alega se cometió el delito, que es la época de la investigación a que se refiere la ley; o,
“(2) Que el acusado vendía aceite de almendras comercial de fuerza o pureza inferior o por debajo del standard o calidad, (espe-cificándolo) provisto para dicho artículo.”

Este argumento sugiere más bien que levanta claramente la insuficiencia de la acusación. Lo que sí hallamos al exa-minar la acusación es que deja de aducir los hechos cons-titutivos de - la adulteración, y los asume. La acusación debió haber alegado, conforme sugiere el apelante, que el aceite de almendras comercial vendido por él era inferior a la norma oficial de pureza especificada en la ley, o que de-bió haber alegado que la adición de las sustancias mencio-nadas en la acusación hacía que el producto fuera inferior a la norma o calidad exigidas por la ley. La acusación es insuficiente.

Durante el juicio la prueba tendió a demostrar que al aceite de almendras comercial no debe habérsele agregado nada, mas esta manifestación de un perito no nos convence de que la adición de las drogas mencionadas en la acusación de hecho constituiría una adulteración bajo la ley. Nos referimos a estos hechos tan sólo porque no estamos con-vencidos por la prueba de que el acusado fuera culpable del delito imputádole. En otras palabras, no estamos persua-didos de que la adición de las sustancias mencionadas en la acusación haría que la mezcla resultara inferior a una norma reconocida. Además, no hallamos que El Pueblo probara claramente cuál era la norma, a no ser diciendo qne no debe agregarse nada al aceite de almendras comercial. Tampoco demostró qne las adiciones hicieran qne la droga cayera dentro de la prohibición del estatnto. Sin embargo, como resolvemos qne la acnsaeión es insuficiente, es innecesario qne analicemos más extensamente los hechos aducidos du-rante el juicio, y la sentencia debe ser revocada y <absuelto el acusado.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado Hut-chison disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Josefina Flores de Ordóñez, demandante y apelada, v. María Matos Marcano, demandada y apelante.
    Núm. 7647.

    Sometido: Febrero 17, 1939.

      Resuelto: Abril 21, 1939.

      E. Díaz Santana y Ramón García Mújica, abogados de la apelante; Luis Apellániz Storer, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso tiene por objeto la reivindicación de una casa radicada en solar propiedad del Municipio de Loíza y el cobro de las rentas ascendentes a $312.50. La demandante alega que la casa fue adquirida para ella por su padre, cuando ella era soltera, mediante escritura pública que no lia sido inscrita en el Registro de la Propiedad. En oposición sostiene la demandada que la casa que adquirió el padre de la demandante, aun cuando aparece haber sido adquirida para ella, lo cierto es que fue adquirida para él con el único fin de ampliar otra casa contigua, también de su propiedad; que la demandante nunca ha tenido el domi-nio ni la posesión de dicha casa; que el padre de la deman-dante destruyó ambas casas y en su lugar edificó otra nueva de dos plantas la cual hipotecó a la demandada por la suma de mil dólares; que vencida la hipoteca, la aquí demandada incoó procedimiento ejecutivo, obtuvo sentencia a su favor y adquirió la finca por adjudicación judicial, habiendo estado en el dominio y posesión de la finca desde mayo de 1934 en que el márshal le otorgó escritura y la puso en posesión.

Visto el caso, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de la demandante en cuanto a la reivin-dicación solamente, imponiendo a la demandada el pago de costas, sin incluir honorarios de abogado. No conforme la demandada interpuso el presente recurso, en el que señala como errores imputables a la corte sentenciadora los si-guientes :

“1. La corte erró al resolver que la demandante apelada tenía capacidad legal para comparecer en este caso sin estar asistida de su esposo.
“2. La corte erró al resolver que la prueba es suficiente para sostener las alegaciones de la demanda.”

De la prueba practicada resulta que cuando Andrés Plores López compró una casa terrera en solar del Municipio de Loíza para su hija, la demandante, ésta tenía doce años de edad y era como es natural soltera. Dicha casa así adquirida por la demandante no tiene el carácter de ganancial y por tanto su dueña puede demandar para reivindicarla sin necesidad de estar asistida de su marido. Artículo 54, Código de Enjuiciamiento Civil. Debe desestimarse el primer error.

La prueba documental demuestra que en mayo 20, 1921, Andrés Flores López adquirió para su bija menor una casa terrera que medía 4.23 metros de frente por 3.32 metros de fondo; y que en el año 1926 ó 1927 el mismo Flores López adquirió para sí otra casa contigua a la primera, de dos plantas y dimensiones 9 X 10.5 metros. En 20 de abril de 1931 Flores López y su esposa hipotecaron a María Matos Marcano, la demandada y apelante, “una casa de madera de dos plantas, techada de zinc, la planta alta con balcones en sus dos frentes, de 14 metros de frente por 12 de fondo,” en garantía de un préstamo de $1,000. Ejecutada la hipoteca por María Matos Marcano, la finca le fué adjudicada, tomando posesión de ella a virtud de escritura otorgada a su favor por el marshal.

De la declaración de Andrés Flores López resulta que a la casa comprada por él para su hija se le construyó un segundo piso, para levantarla hasta el mismo nivel del segundo piso de la casa contigua, propiedad de Flores López.

La corte inferior, después de examinar la prueba, llega a las siguientes conclusiones:

“Declaramos, por el resultado de la evidencia, considerada en conjunto, que se trata de dos casas distintas, si bien están unidas en su parte alta. Damos crédito a la demandada en cuanto manifiesta que ella hipotecó todo el inmueble, que sólo tiene una escalera para ir a los altos, y que no hubiera hecho el negocio con Andrés Flores López de haberle dicho éste que se trataba de dos casas; que no sabía las dimensiones; y que ambos fueron donde el notario R. García Mújiea, haciéndose la escritura por lo que aquél dijo, o sea con 14 metros de frente por 12 de fondo. Andrés Flores López carecía de poder para gravar la propiedad de su hija, siendo ella entonces menor de edad. La demandante ha probado el derecho de dominio, la identidad de la cosa, y la tenencia o posesión por la demandada. El título de aquélla es superior al de ésta. Elzaburo v. Chaves, 19 D.P.R. 172.
"La demandada no ha procedido con temeridad al defenderse de la acción, consideradas las circunstancias del caso, y vista la Ley mím. 69 de 11 de mayo de 1936 ( (1) pág. 355.)
"En cuanto a los daños y perjuicios reclamados, por rentas pro-ducidas o debidas producir desde el 13 de mayo de 1934, que se alegan montan a $312.50, no hubo evidencia de los mismos, o sea que real y efectivamente la casa de la demandante, independiente-mente de la otra, produjera o debiera producir una renta mensual líquida de $25.00, después de deducir los gastos de reparación y contribuciones. La demandada declaró que hizo reparaciones a la casa por valor alrededor de $300.00 á $400.00.
“Por las razones expuestas, se declara con’ lugar la demanda en cuanto a la reivindicación solicitada y sin lugar sobre los daños y perjuicios, y en su consecuencia, se decreta que la casa que se describe en la demanda es propidad de la demandante Josefina Flores de Ordóñez y que debe serle entregada por la demandada María Matos Marcano, una vez firme la sentencia, y además se condena a dicha demandada a pagar a la demandante las costas y desembolsos de la acción, sin incluir honorarios de abogado.”

El récord ante nos sostiene ampliamente las conclusiones de la corte inferior. Es evidente que Andrés Flores Colón, sin estar facultado para ello, hipotecó a la demandada no solamente la casa de su propiedad si que también la de su bija la demandante. Y no habiendo ésta consentido el otor-gamiento de tal hipoteca es indudable, que como dueña de la casa adquirida para ella por su padre tiene derecho a re-clamar su posesión. A nuestro juicio no erró la corte inferior al dictar la sentencia recurrida, la cual debe ser con-firmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

text:
    Los Diablos de la Plaza, Inc., demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7561.

    Sometido: Mayo 3, 1938.

      Resuelto: Abril 24, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García (2?. Gordovés Arana, en el alegato) y M. Rodriguez Ramos, Procurador General Auxi-liar, abogados del apelante; Diego Guerrero Noble, abogado de la apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

emitió la opinión de] tribunal.

Los Diablos de la Plaza, una corporación organizada de acuerdo con las leyes de la isla, dedicada al negocio de cal-zado, presentó en la Corte de Distrito de San Juan una so-licitud para que se expidiera un auto de injimction dirigido contra E». Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Pico, ordenán-dole que se abstuviera de proceder a la tasación y cobro de ciertas contribuciones y se declarara finalmente:

1, que la base para determinar el ingreso neto y contri-bución sobre ingresos de que partió el Tesorero es ilegal, errónea y arbitraria, siendo en su consecuencia nulas las con-tribuciones que le impuso, y

2, que el procedimiento de jeopardy seguido y las pena-lidades impuestas son también erróneas e ilegales, debiendo en su consecuencia dejarse sin efecto las notificaciones hechas a la demandante en enero 25, 1937, y el embargo trabado so-bre sus bienes en abril 10, 1937.

La corte expidió acto seguido una orden de entredicho y señaló día para que el demandado compareciera y alegara por qué no debería librarse el auto solicitado.

Compareció on efecto el demandado y pidió que se deses-timara la solicitad por falta de jurisdicción de la corte para conocer de la misma por razón de la materia, porque la pe-tición carecía de equidad y porque no alegaba beclios suficien-tes determinantes de una causa de acción. La corte declaró no haber lugar a la desestimación y ordenó la expedición del auto preliminar.

No conforme el demandado, apeló, señalando en su ale-gato la comisión de seis errores que analizaremos una vez que Rayamos resumido los hechos en que la petición se basa.

Ejercitan se en ella dos causas de acción. Para fundar la primera sé alega que para el año contributivo de 1935 la de-mandante a los efectos del pago de la contribución sobre in-gresos rindió su declaración consignando una pérdida neta de $2,016.16; que en enero de 1937 el demandado le notificó ha-ber llevado a cabo una investigación en sus libros de conta-bilidad a virtud de la cual le cobraba por contribuciones, pe-nalidades e intereses $1,153.54; que la tasación del Tesorero se llevó a cabo en uso del poder discrecional que establece la sección 57(d) de la Ley Núm. 74, de 1925 (pág. 401), pri-vando a la demandante de la notificación de deficiencias que prescribe dicha ley por su sección 57, así como del remedio que le confiere; que el demandado aumentó en diez mil dó-lares el ingreso bruto declarado, basándose en una supuesta omisión dé ventas hechas y no declaradas por la demandante, sin descontar el costo de la mercancía “que no constituye in-greso bruto ni neto a tenor de lo que dispone la ley y el re-glamento en su artículo 73”; que el procedimiento discre-cional (,jeopardy ■assessment) seguido es erróneo e ilegal por haberse computado la contribución sobre “ingresos de capital y no sobre beneficios o ingresos”, no habiéndose observado lo dispuesto en la ley especialmente en su sección 28; que aun en el supuesto de que las ventas montantes a dichos diez mil dólares hubieran sido efectuadas y no contabilizadas, la pérdida neta reportada no sufriría alteración hasta no de-mostrarse qué montante de las ventas omitidas representa el costo de la mercancía; que en el año de que se trata el in-greso bruto procedente de las ventas fné $9,717.97, equiva-lente a nn veinte y dos por ciento del total, por dentó que representa el promedio básico de beneficios en negocios de la misma naturaleza; que si el demandado “Rubiera deter-minado la cuantía de ingresos o pérdidas correspondiente al volumen de diez mil dólares estimados como ventas no con-tabilizadas, de conformidad con las secciones 28 y 15 de la ley y 73 del reglamento, y hecho uso del por ciento básico de beneficios de negocios de esta naturaleza, la demandante no hubiese estado obligada a pagar contribución, penalidad e intereses por dicho año 1935”; que el demandado agregó a la contribución una penalidad por fraude de $311.'49 y otra por negligencia de $155.74, sin darle en cuanto a la segunda la oportunidad que le otorgan el apartado 6, sección 70 y el artículo 240 del Reglamento Núm. 1 para la aplicación de la Ley Núm. 74, enmendada; que en cuanta a la penalidad por fraude el demandado, contrario a lo dispuesto en el artículo 327, no lo notificó de la investigación; que con la imposición el demandado privó a la demandante del beneficio que le concede la sección 57, apartado (g) para liquidar cualquier con-tribución de ingresos en un término no mayor de diez y ocho meses; que al privarle de los remedios indicados el deman-dado la coloca en la obligación de prestar una fianza de $2,307.08 en plazo de diez días, requisito que no pudo cum-plir por falta de recursos, y que la actuación del demandado le ha creado dificultades extraordinarias, eliminando su cré-dito bancario y entorpeciendo la marcha de sus negocios.

La segunda causa de acción se funda en alegaciones seme-jantes aplicadas al cobro de la contribución con imposición de penalidades, correspondiente al siguiente año contributivo o sea el 1936.

Seis errores, como ya indicamos, señala el apelante en su alegato. Sostiene por el primero, que no puede decretarse un injunction para impedir la imposición o el cobro de una contribución fijada por las leyes de Puerto Rico; por el se-gundo que la peticionaria tenía un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley; por el tercero y el cuarto que su petición no aduce hechos suficientes a virtud de los cuales surja su' derecho al remedio en equidad que solicita, ni tam-poco causa de acción alguna contra el demandado, y por el quinto y el sexto que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar su moción de desestimación y al decretar el injwiction.

En efecto la ley sobre injunction de esta jurisdicción prescribe por su sección 4, párrafo 7, que no podrá decretarse un injunction para impedir la imposición o el cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Eico — Artículo 678, inciso 7, del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933 — y la jurisprudencia tal como ha sido explicada, fijada y aplicada por la propia Corte Suprema nacional es como sigue:

“Supongamos que las demandas para recobrarlas contribuciones radicadas en estos casos estuvieron bien fundadas; que el método adoptado por la junta de revisión e igualamiento para determinar el valor de la franquicia y el capital (capital stock) no es el mejor método; que el mismo produce resultados faltos de uniformidad e injustos en algunos casos; que lo mismo sucede con el método usado por las municipalidades para determinar la base de tasación a los efectos contributivos; que la junta de revisión e igualamiento aumentó la tasación total de cada compañía sin tener para ello evidencia sufi-ciente; en fin, supongamos que en éste y otros muchos aspectos el procedimiento fué defectuoso o ilegal — ¿se desprende de ello que en cada uno de esos casos una corte de equidad impediría el cobro de la contribución a través de un injunction, o prohibiría el cobro de toda la contribución cuando es obvio que en justicia debería pagarse su mayor parte, y que si no se pagase, que el querellante dejaría de pagar toda la contribución?
“Nos proponemos considerar estas cuestiones por un momento, porque el enorme peso contributivo que exigen las deudas de los Es-tados Unidos, de los diferentes Estados y de los condados, ciudades y pueblos, ha dado como resultado el que se recurra a todos los me-dios posibles para evadir su fuerza.
“Se ha resuelto repetidas veces que ni la mera ilegalidad de la contribución de que se trate, ni su injusticia o irregularidad, por sí mismas, clan derecho a que se solicite un injunction en una corte de equidad. (Citas.)
“El gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto, tanto en lo referente a los derechos de aduana como a las rentas internas, un sistema cabal de justicia correctiva, en cuanto a todas las contribu-ciones impuestas por el gobierno ordinario, que se fundó en ambas ramas sobre la base de apelaciones dentro de los departamentos eje-cutivos. Si la parte agraviada no obtiene satisfacción en esta forma, existen disposiciones para el recobro de la contribución después de haberla pagado, mediante acción contra el oficial colector.
“Para que no pudiera haber un mal entendido en cuanto a la universalidad de este principio, se legisló expresamente, en 1867, que ‘no se interpondrá pleito en ninguna corte, cuyo propósito sea im-pedir la tasación o cobro de cualquier contribución.’ Rev. Stat. seo. 3224. Y aun cuando fue la intención hacerlo extensivo sólo a con-tribuciones impuestas por los Estados Unidos, demuestra la precau-ción del Congreso ante los riesgos a que habría que temerle si las cortes de justicia pudieran, en cualquier caso, intervenir en el proce-dimiento seguido para el cobro de contribuciones, en el que descansa el gobierno para la continuación de su existencia. Es una política sabia. Se funda en una filosofía sencilla derivada de siglos de ex-periencia, que hay que hacer efectivo el pago de contribuciones a través de medios sumarios y severos, en contra del sentimiento opuesto a ello y a veces adverso; y para efectuarlo felizmente, otros instru-mentos y otros procedimientos se requieren, que los pertenecientes a las cortes de justicia. (Citas.)” State Railroad Tax Cases, 92 U. S. 575, 612, 23 L. ed. 663.

La regia tiene sin embargo excepciones, como la misma Corte Suprema ha decidido. Así, en Miller v. Nut Margarine Co., 284 U. S. 498, 509, hablando por el Juez Butler, se expresó en los siguientes términos:

“Independientemente de, y en casos surgidos con anterioridad a la aprobación de la disposición (Ley de marzo 2, 1867, 14 Stat. 475) que pasó a ser el R. S. 3224, esta corte, en armonía con la regla que generalmente siguen las cortes de equidad, resolvió que no procede una acción para impedir el cobro de una contribución por el solo fun-damento de su ilegalidad. La razón principal es que como las cortes no tienen autoridad para prorratear o igualar las contribuciones ni para efectuar tasaciones, tales pleitos permitirían a aquellos que adeuden contribuciones dilatar un tanto su pago, o posiblemente es-capar su peso, y en esa forma entorpecer el cobro de contribuciones para el sostenimiento del gobierno. Y en la misma forma, esta corte reconoce la regia que en aquellos casos en que el querellante demues-tra que además de la ilegalidad de un cobro en la guisa de una con-tribución, existen circunstancias especiales o extraordinarias suficien-tes para traer el caso dentro de alguna de las ramas reconocidas de la jurisprudencia de equidad, puede entablarse pleito para restringir al colector. (Citas.) La sección 3224 establece el principio primera-mente enunciado, y debe interpretarse tan en armonía como se pueda, con el mismo, y con las razones en que descansa. (Citas.) La sec-ción no se refiere específicamente a la regla aplicable a casos que en-vuelvan circunstancias excepcionales. Las palabras generales emplea-das no son suficientes, y se necesitaría .un lenguaje específico que in-dubitadamente descubriese tal propósito, para que se justificase la intervención por parte del Congreso en' la derogación de una regla tan saludable y tan bien establecida. Esta corte ha dado efecto a la sección 3224 en un número de casos. (Citas.) Nunca ha resuelto que la regla sea absoluta, sino que ha indicado repetidamente que cir-cunstancias extraordinarias y excepcionales rinden sus disposiciones inaplicables. (Citas.) ’ ’

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Véanse The Texas Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 432; Russell & Co. v. Domenech, Tes., 48 D.P.R. 54, y Durlach Bros., Inc., v. Domenech, Tes., 47 D.P.R. 654.

Siendo ello así, lo que bay que preguntarse y contestar para resolver la apelación debidamente es si existe o no un remedio en el'curso ordinario de la ley al alcance de la peti-cionaria para hacer valer su derecho, si lo tiene, y si existe, determinar si concurren o no en su caso las circunstancias extraordinarias que la jurisprudencia exige para que pueda prescindirse del recurso ordinario e invocarse el inmediato auxilio de la jurisdicción de equidad de las cortes por medio de la expedición de un auto de mjwnction.

Que existe un recurso especialmente establecido en la propia Ley de Contribuciones sobre Ingresos, Ley Núm. 74 de 1925, pág. 401, es perfectamente claro. Véanse las sec-ciones 62 y 76 de dicha ley.

Esclarecido ese extremo, veamos si concurren las circuns-tancias extraordinarias que la jurisprudencia exige.

Dice a este respecto la peticionaria en su alegato:

“En el caso ele epígrafe nosotros entendemos que la imposición de una contribución sobre capital en virtud de una ley privilegiada como lo es nuestra ley de ingresos, presenta por sí solo un caso excepcional o extraordinario para el ejercicio por esta Honorable Corte de su jurisdicción de naturaleza extraordinaria. Durlach Bros. v. Domenech, supra. No solamente presenta nuestro caso la nulidad manifiesta de la contribución impuesta, la arbitrariedad del tesorero sino que también las inconveniencias perjudiciales y aplastantes que han motivado la intervención del brazo fuerte de una corte de equidad. ’ ’

Examinemos las circunstancias concurrentes. En primer lugar en la propia solicitud de injunction se reconoce que el procedimiento llamado jeopardy assessment que t'ué el se-guido por el Tesorero para la imposición y el cobro de la contribución en este caso está autorizado por la ley. Prescribe en efecto la letra (■ d) de la sección 57 de la dicha Ley Núm. 74:

“ (d) Si el Tesorero creyere que la tasación o cobro de una defi-ciencia ha de ser comprometida por la demora, dicha deficiencia será tasada inmediatamente y la notificación y requerimiento para el pago de la misma hechos por el Tesorero. En tal caso podrá hacerse la tasación (1) sin el aviso provisto en la subdivisión («•) de esta sección, o (2) antes .del vencimiento de los treinta días estable-cidos en la subdivisión (a) de esta sección aunque la notificación se haya hecho, o (3) en cualquier época anterior a la resolución final de la junta sobre la referida deficiencia aunque el contribuyente haya apelado.”

T en segundo lugar la cuestión referente al ingreso sobre capital no surge de la solicitud ni del alegato de la propia parte apelada con perfecta claridad, ni en todo caso reviste un carácter tan extraordinario que justifique la intervención de las cortes a los efectos de paralizar el cobro mediante injunction.

Podrá tener razón quizá la peticionaria pero si la tiene, vía franca, amplia y segura le proporciona la ley citada para que le sea reconocida por la propia Administración y en úl-tima instancia por las Cortes de Justicia. Si por lo que se alega en la solicitud sobre ese extremo, se estuviera justifi-cado para prescindir del afianzamiento o del pago bajo pro-testa, difícilmente podría encontrarse un caso en que fuera de aplicación la ley especial sobre la materia decretada por el legislador para servir de norma regular a las reclamacio-nes sobre imposición y cobro de contribuciones e impuestos.

En cuanto a la imposición y cobro de las penalidades, bas-tará transcribir lo que dispone la sección 58 de la repetida Ley Núm. 74 de 1925, pág. 519. Es así:

“Sección 58.— (a) Si una parte de cualquier deficiencia fuere debida a negligencia o a ignorancia intencional de las reglas y regla-mentos, pero sin la intención de defraudar, se impondrá, cobrará y pagará en la misma forma que si se tratara de una deficiencia, el 5 por ciento del total de la deficiencia (además de ésta) con la excep-ción de que las subdivisiones (e) y (/) de la sección 57 no serán aplicables.
(b) Si una parte de cualquier deficiencia se debiere a fraude para evadir la contribución, entonces el 50 por ciento del montante total de la deficiencia (además de ésta) será impuesto, cobrado y pagado en vez de la adición del 50 por ciento que dispone la sec-ción 70.”

Si el Tesorero hizo buen o mal uso de sus facultades, ello puede dilucidarse en el procedimiento especial de referencia. Según la propia solicitud éste es un caso en que el Tesorero a virtud de una investigación que practicara después de ren-dida su declaración por parte del contribuyente, concluyó que éste había omitido ventas hechas por valor de diez mil dó-lares.

Resta, pues, considerar las alegaciones de la solicitud re-ferentes a la imposibilidad en que se encontraba la peticio-naria de valerse del procedimiento especial. Ya las resumi-mos. Copiadas a la letra, dicen:

Primera cansa de acción:

“15. Que al privar a la demandante de los remedios establecidos por la ley y a los cuales se ba hecho mención en los apartados ante-riores, el demandado la pone en la obligación de tener que prestar una fianza por la suma de $2,307.08, para lo cual se le ha concedido un plazo improrrogable de diez (10) días a contar del 25 de enero de 1937, o sea desde la fecha de notificación de tasación, requisito éste que ha sido imposible llevar a cabo la demandante por carecer de los recursos necesarios para la aportación (sic) de dicha fianza.
“16. Que la actuación del demandado ha puesto a la demandante en dificultades extraordinarias, eliminando su crédito bancario y en-torpeciendo la marcha de sus negocios en el curso normal en que los venía llevando a cabo la demandante antes de enterarse sus acree-dores del citado procedimiento de cobro incoado por el demandado.”

Segunda causa de acción:

“7. Que al privar a la demandante de los remedios establecidos por la ley y a los cuales se ha hecho mención en los apartados ante-riores, el demandado la pone en la obligación de tener que prestar una fianza de $4,795.04, para lo cual se le ha concedido un plazo im-prorrogable de diez (10) días a contar del 25 de enero de 1937, o sea desde la fecha de notificación de tasación, requisito éste que ha sido imposible de llevar a cabo la demandante por carecer de los recursos necesarios para la prestación de dicha fianza.”

Común a ambas causas:

“(a) Que la demandante es una corporación que tiene hoy día como capital pagado la suma de $1,500 y ha venido gozando de un limitado crédito que le facilita desenvolverse económicamente dentro de la estrechez de su capital y negocio y que sir situación financiera según balance practicado el día 28 de febrero de 1937, señala como únicos bienes o activo, la cantidad de $16,639.80 de cuya suma está-adeudando al banco y a distintos acreedores la cantidad de $11,062.95, resultando una diferencia o activo neto de $5,576.75 y si bien es ver-dad que puede desarrollar su pequeño negocio dentro de la estrechez económica que indica el balance de referencia, no obstante a la de-mandante no le es posible, por estar incapacitada económicamente, según se deja expresado, prestar o causar que se preste el total de la fianza exigídale por el demandado en la suma de $7,102.12.
“ (6) Continúa exponiendo la demandante que no pudiendo pres-tar la mencionada fianza por la susodicha cantidad de $7,102.12 no ha podido proteger sus derechos administrativamente según el camino que para ello le señala la sección 62(a) y (5) de la Ley de Ingresos, supra, ni defenderse contra las actuaciones ilegales y arbitrarias del demandado.
“ (c) Continúa exponiendo la demandante que con fecha 10 de abril dé 1.937 el Tesorero para efectuar el cobro de las tasaciones de contribuciones antes mencionadas, embargó bienes muebles a la de-mandante por valor de $4,020, amenazando vender en pública subasta los embargados bienes muebles si dentro del término improrrogable de diez (10) días la demandante no hubiere satisfecho el montante de las contribuciones tasádasle e impuéstasle por el demandado según anteriormente relacionadas.
“ (d) Que las actuaciones del demandado estableciendo un in-greso en contraposición a lo que indica la sección 28 de la ley y ar-tículo 73 del reglamento, determinando una cantidad por concepto de contribución que de hecho es ilegal por ser computada sobre su-mas que no constituyen ingresos para establecer un procedimiento-discrecional de ‘jeopardy assessment’ y cobro, traerán la ruina del negocio de la demandante causándole daños irreparables y sometién-dole a multiplicidad de procedimientos.”

Si bien no dejan de impresionar, no convencen las ante-riores alegaciones de la imposibilidad alegada: Para la ex-pedición del mjunction se exigió’ una fianza de $3,500. No se alega que no pudiera ser prestada. Es cierto que la de $7,102.12 es mayor, pero no podemos comprender cómo a una corporación como la peticionaria no le hubiera sido dable conseguirla, a menos que careciera por completo de recursos propios y crédito, y ello no surge con la particularidad y certeza debidas de la solicitud.

Para contrastarlas con las de éste, veamos cuáles fue-ron las circunstancias extraordinarias que concurrieron, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema que citamos a los efectos de fijar la excepción.

El propio Juez Sr. Butler, en la opinión de la corte, las expone como sigue:

‘‘Éste no es un caso en que se solicita el injunction sobre la sola base de ilegalidad debido al error en la cuantía de la contribución. El artículo no está cubierto por la ley. Una contribución válida sobre la oleomargarina no pudo, bajo ninguna posibilidad legal, imponerse al querellado, y por tanto los fundamentos de la sección 3224 son, sí aplicables, de muy poca fuerza. (Citas.) El demandado comenzó a hacer negocios después que en repetidas ocasiones el Comisionado había establecido y las cortes resuelto que el producto que se proponía fabricar no era oleomargarina ni tributable bajo la ley, y bajo la palabra del departamento al efecto de que no se le impondría una contribución a su mercancía. Por más de año y medio el demandado vendió su producto ateniéndose a las antedichas decisiones al efecto de qué no estaba sujeto a una contribución. Si se le obligase a pagar la contribución su pérdida sería de siete centavos por libra. Antes de la última decisión del comisionado el demandado había fabricado y vendido tal cantidad que la contribución ascendería a una suma superior a la que él podía pagar. El peticionario se allanó a que se expidieran los autos de injunction concedidos en Rhode Island y en el Distrito de Columbia y no impuso ninguna contribución sobre productos idénticos que se fabricaban contemporáneamente por los querellantes en tales casos, y ordenó se pusiese en vigor en cuanto a toda la producción del demandado. Tal discriminación está en con-flicto con el principio básico de la disposición constitucional que provee que los arbitrios impuestos por el Congreso habrán de ser uniformes a través de todos los Estados Unidos. No requieren mayor elaboración los hechos probados para demostrar que el dar efecto a la ley en contra del demandado sería arbitrario y opresivo, des-truiría su negocio, lo arruinaría financieramente e infligiría pérdidas por las cuales la ley no le ofrece ningún remedio. Es claro que por razón de los fundamentos especiales y extraordinarios la sección 3224 no es de aplicación. La corte inferior correctamente resolvió que el demandado tenía derecho a un injunction.”

Y aún bajo ellas el Juez Sr. Stone, a quien se unió el Juez Sr. Brandéis, disintió en los siguientes términos:

“Enr mi opinión el R. S. sección 3224 que lee que ‘no se man-tendrá en ninguna corte una acción para restringir la tasación o cobro de una contribución’, no puede correctamente interpretarse como que admite el caso de autos, el -único propósito del cual es impedir el cobro de una contribución. Aprobado en 1867, este esta-tuto, por más de sesenta años, ha sido aplicado consistentemente como impidiendo un remedio, sin importar la equidad alegada.”

' Debe revocarse la resolución apelada y en su lugar dic-tarse otra desestimando la solicitud sm 'especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Dn Jesús

text:
    Marcelino Hoyo y Trinidad Ramona Franco Valdés de Hoyo, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1045.

    Sometido: Abril 7, 1939.

      Resuelto: Abril 24, 1939.

      E. H. F. Eottin, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Dn Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los recurrentes son dueños de un crédito hipotecario so-bre una finca urbana radicada en el municipio de Cataño, so-bre la cual se anotó un embargo a favor de Sofía Reventós el 17 de mayo de 1927, en el caso civil número 4013 de la Corte de Distrito de San Juan.

El 21 de enero último, mediante nn affidavit al efecto, so-licitaron los recurrentes del Registrador de la Propiedad de San Juan, sección segunda, la cancelación del citado embargo por haber transcurrido más de cuatro años desde la fecha de su anotación.

El registrador denegó la cancelación solicitada exten-diendo al calce del documento la siguiente nota:

“Denegada la cancelación que se solicita en este affidavit: Pri-mero, porque el ártíeulo 348(o) de la Ley Hipotecaria, Sección (b) de la Ley Núm. 12 de 1923 (Leyes de 1923, (2) pág. 37) a quien da derecho a pedir la cancelación de cargas es al dueño de la finca, pero no a los acreedores y mucho menos si lo son de cargas anteriores; Segundo, porque el artículo 348(ó) así lo convence al permitir a cual-quier persona natural o jurídica que sea dueña de bienes inmuebles sobre los cuales pesen gravámenes hipotecarios, poder solicitar de la corte correspondiente la cancelación y ordenar al registrador que proceda a cancelar las hipotecas relacionadas en esa sección, a ins-tancia de las personas indicadas, que no son otras que las naturales o jurídicas dueñas del inmueble; Tercero, porque el artículo 79 de la Ley Hipotecaria, enmendado por la 20 de 1923, en cuanto a con-tratos de arrendamientos, expresa que podrá decretarse la cancela-ción a solicitud del arrendador, arrendatario o subarrendatario, o dueño del inmueble que aparezca con derecho inscrito, pero no a nin-gún acreedor; Cuarto, porque en ningún precepto de la Ley Hipo-tecaria ni de su Reglamento se autoriza a los acreedores que tengan anotado su derecho, a obtener la cancelación de otros créditos, sino única y exclusivamente a los dueños de los inmuebles que son los que pueden y deben estar enterados de si la prescripción ha sido interrumpida o no durante el plazo que establece el apartado (a) de la Ley Núm. 12 de 1924 (Leyes de 1924, pág. 109), para solicitar la cancelación por no haberse interpuesto demanda reclamando su de-recho al acreedor, circunstancia que sólo es dable conocer al dueño de la finca contra el cual habría de ejecutarse la cancelación y no contra un acreedor que no fué quien contrajo la obligación. Se toma anotación preventiva por 120 días a favor de Trinidad Ramuna FRANCO Valdés, al folio 199, tomo 3 de Cataño, finca 151 anotación letra B. San Juan, marzo 14 de 1939.”

El ártíeulo 388-A de la Ley Hipotecaria, inserto en dicha ley a virtud de la Núm. 19 de 9 de julio de 1936 (Ter-cera Legislatura Extraordinaria, pág. 148), en lo pertinente dice así:

“Artículo 388-A. Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el res-pectivo registro:
“ (6) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar ano-taciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de man-damiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pen-dieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá un (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corte competente la prórroga de la anotación.” (Bastardillas nuestras.)

No exige la ley, como sostiene el registrador, que la ins-tancia solicitando la cancelación se haga por el dueño de la finca. Lo que exige la ley es que la cancelación se practique a “instancia de parte”, lo que significa que el registrador no deberá verificarla de oficio, es decir, de su propia iniciativa. Teniendo el acreedor hipotecario un derecho real sobre la finca hipotecada, es parte interesada en la misma, y no ha-biéndose limitado al dueño el derecho de solicitar tales can-celaciones, cualquier parte interesada puede hacerlo.

El affidavit de los recurrentes no expresa que la anotación de embargo no haya sido practicada por orden de la corte que expidió el mandamiento; pero como el registrador no basa su nota en esa circunstancia, debemos presumir que dicha anotación no ha sido prorrogada.

Por lo exp%í>esto, procede revocar la nota recurrida y or-denar la cancelación del ■embargo a que se contrae la decla-ración jiorada de los recurrentes.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. United Theaters, Inc., Rafael Ramos Cobián, Eduardo González, Julio Bruno, Charles Graham, Pedro Gelabert, Etc., demandados y apelados.
    Núm. 7257.

    Sometido: Febrero 10, 1939.

      Resuelto: Abril 25, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y E. Córdova Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Brown, González & Newsom, abogados de los apelados United Theaters, Inc., Ramos Cobián, González, Bruno y Graham; Luis Tirado Géigel, abogado del apelado Gelabert; James R. Beverley y J. López Baralt, abogados de las apeladas Paramount Films, Inc., United Artists Corporation of Puerto Rico, Metro Goldwyn Mayer of Puerto Rico, y Fox Film Corporation.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico radicó la demanda de este caso en la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un injunction contra los demandados, basando su acción en la “Ley para Proteger el Comercio contra Coacciones y Monopolios”, aprobada en 14 de marzo de 1907 (Cómp. 1911, pág. 483). Impugnaron los demandados la jurisdicción de la corte de distrito, alegando que la ley en cuestión era inconstitucional por legislar acerca de una materia sobre la cual tiene juris-dicción exclusiva el Congreso de los Estados Unidos, ha-biendo ya legislado sobre ella en la ley denominada “Sherman Anti-Trust Act”, de 1890, en la posterior, conocida pqr “The Clayton Act”, de 1914, y en otras más recientes que lá supleni'eútan, én ninguna de las cnales se confiere jurisdic-ción a los'tribunales insulares para conocer de dicha materia.

Después de^ varios incidentes que no es necesario relatar a los fines de esta opinión, la corte inferior dictó sentencia, el 13 de diciembre de 1935, desestimando la demanda de injunction por carecer de jurisdicción para conocer del caso y fundó su sentencia en la jurisprudencia establecida en el caso de United Theatres, Inc. v. Corte, 47 D.P.R. 725. Fue esta sentencia la que motivó el presente recurso, establecido por •El Pueblo de' Puerto Rico.

Los apelados presentaron sendas mociones solicitando la desestimación del recurso por frívolo. Se celebró la vista de dichas mociones el 15 de febrero de 1937, pero a petición del Pueblo de Puerto Rico, que anunció haber solicitado en la Corte Suprema de los Estados Unidos la expedición de un auto de certiorari para revisar la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 86 F. (2d) 577, que envolvía exac-tamente la misma cuestión que el de autos, se suspendió la resolución de la moción de desestimación hasta tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictase la suya en el indicado caso. El 7 de febrero de 1938 este tribunal, con vista de la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Shell Co., 302 U. S. 253, denegó la moción de los apelados interesando la desestimación de este recurso por frívolo, y el 26 del mismo mes señaló la vista del pleito en su fondo para el 19 de abril siguiente, señalamiento que quedó sin efecto por estipulación de las partes presentada el 18 de dicho mes. Señalado nuevamente para el día 10 de febrero último, se llevó a efecto la vista con la sola asistencia de El Pueblo de Puerto Rico, representado por su letrado E. Córdova Díaz. El día antes de la vista la apelada, United Theatres, Inc., in-vocando el caso de Shell Co., supra, radicó una moción alla-nándose a la revocación de la sentencia y solicitando que se devolviese el caso a la corte inferior para ulteriores proce-dimientos.

Bn justicia al juez de la corte inferior debemos consignar que interpretó y aplicó correctamente la jurisprudencia de este tribunal establecida en el caso de United Theaters, Inc. v. Corte, supra, pero habiendo resuelto la Corte Suprema de Estados Unidos con posterioridad a la sentencia apelada el de Puerto Rico v. Shell, supra, sosteniendo la facultad de nuestra Asamblea Legislativa para aprobar la ley local im-pugnada, y que la misma es constitucional y subsiste inde-pendientemente de la Ley Federal denominada “Sherman Anti-Trust Act”, que también es aplicable a Puerto Rico, claro es que el de United Theatres, Inc. v. Corte, que sirvió de base a la sentencia apelada quedó revocado, y siendo ello así prooe.de revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


text:
    Luisa Brunet Vda. de de la Haba, hoy Regina Kercher, demandante y apelada, v. Sucn. de Antolín Nin Martínez, compuesta de sus únicos herederos, sus hijos Salvador R. Nin, Dolores, José, María de los Angeles, Milagros y Aurora Nin y Ruiz, demandada y apelante.
    Núm. 7933.

    Sometido: Febrero 12, 1939.

      Resuelto: Abril 25, 1939.

      Edelmiro Soldevila, abogado de la apelante; Luis Ríos Algarín, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apelada radicó nna moción interesando desestimemos el recurso de apelación interpuesto por la de-mandada María de los Angeles Nin. Alega que la sentencia recurrida fné dictada en un pleito en cobro de un crédito ga-rantizado con hipoteca constituido por Antolín Nin Martínez, causante de los demandados. Que se dictó sentencia en re-beldía contra todos los demandados excepto la apelante, que contestó la demanda, pero que en el acto del juicio oral ma-nifestó a la corte que desistía de su contestación quedando sometido el caso con la prueba que presentó la demandante.'

Alega ésta que el recurso interpuesto por la demandada apelante es frívolo por las siguientes razones:

“(a) Por tratarse como se trata de una demanda en cobro de una hipoteca por la vía ordinaria, no habiendo presentado la deman-dada prueba de clase alguna ni existiendo cuestión de hecho o de derecho a determinar iior esta corte, siendo el único motivo y pro-pósito de este recurso entorpecer y dilatar el cobro y ejecución de la sentencia, a sabiendas de que la suma que se reclama es una deuda líquida, cierta y exigible que nunca ha sido liquidada por la apelante.
“(b) Que la apelante desistió de su contestación, según aparece claramente de la sentencia dictada, no habiendo 'issue’ alguno a de-terminar por este Hon. Tribunal.
“(o) Que la sentencia dictada en este caso equivale a un desis-timiento voluntario de sus alegaciones por la apelante, no teniendo el carácter de apelable.”

En oposición a la de la apelada, radicó otra la apelante en la que señala varios defectos en la prueba, algunos de los cuales, de existir, causarían la revocación de la sentencia.

Es un hecho no controvertido que se trata del co-bro de un crédito cuya certeza consta en una escritura de hipoteca, y establecida le existencia del crédito, la prueba de su extinción incumbe al deudor. Artículo 1168 del Código Civil, edición 1930. Pero en este caso la acción no va dirigida contra el deudor original sino contra sus supuestos herederos, y en tal caso, en adición a la certeza del crédito, es preciso probar las circunstancias demostrativas de que la demandada es responsable de la obligación. reclamada. No se nos ba presentado una copia de la demanda para poder determinar la índole de la acción ejercitada, pues mientras de la moción de desestimación se infiere que se trata de una acción real hipotecaria por la vía ordinaria, en su alegato sostiene la apelada que la acción ejercitada es la personal en cobro de dinero. Tampoco nos ha presentado una transcrip-ción de evidencia, o exposición del caso que nos ponga en con-diciones de determinar si en la corte inferior se probaron todas las alegaciones esenciales de la demanda, pues el hecho de que un demandado desista de su contestación y se abs-tenga de presentar prueba no releva al actor de probar su caso. Como a la parte que solicita la desestimación del re-curso por frívolo incumbe demostrar la frivolidad que alega, y como la apelada no la ha probado, procede denegar da de-sestimación solicitada.