author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Jesús María Rossy, demandante y apelado, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelante.
    No. 3849.

    Visto: Abril 21, 1927.

      Resuelto: Julio 28, 1927.
    1. ARRENDADOR Y ARRENDATARIO-ACCIÓN PARA V'OLVER A ENTRAR EN, Y RECOBRAR Posesión por el Propietario' — Desahucio—Procedimientos en General— Defensas — Modificación del Contrato. — Entablada acción de desahucio por quebrantamiento de un contrato de arriendo, se resolvió: que si bien el arren-dador toleró la violación por el arrendatario de la cláusula 6“. del contrato de arrendamiento en cuanto por ella se obligaba éste a entregar los boletos o comprobantes de conduce a que ¡a misma se refiere, tal tolerancia no equi-valía a una modificación del contrato mencionado.

      2. ARRENDADOR Y ARRENDATARIO-ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS EN GENERAL-Requisitos y Validez — Interpretación y Efecto (Operation) — Interpre-tación del Contrato por las Partes Contratantes. — En. este caso se otorgó un contrato, de arrendamiento — de derecho de cantera — el Io. de ju-nio de 1922, estipulándose que el canon se pagaría cada mes, debiendo ve-rificarse dentro de los primeros cinco días del siguiente mes de la extracción de piedra, y empezando a contarse desde la fecha de dicho otorgamiento. Se resolvió: que la conducta de los propios contratantes, la rendición de informes mensuales por el arrendatario al arrendador y los pagos heehos por aquél a, y la aceptación uniforme de ellos por éste, indican que dichos contratantes tuvieron en mente el mes del ealondario a los efeetos del pago y que éste debía hacerse dentro ‘ de los primeros cinco días del mes del ca-lendario siguiente a aquél en que se firmó dicho contrato.
    3. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Eeoobrar la Posesión por el Propietario — Desahucio—Derecho de Acción. — Guando el arrendatario, por los términos del contrato de arrendamiento, viene obli-gado a pagar el canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco días de cada mes y, solicitado el pago en tiempo por el arrendador, aquél no se verifica hasta dos días después, tal falta de pago da causa legal al' juicio de desahucio.
    4. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Recobrar la Posesión bor el Propietario — Desahucio—Procedimientos en General —Evidencia—Su Suficiencia — En General. — En un caso de desahucio, la prueba de la falta de pago de los cánones de arrendamiento dentro del tér-mino estipulado en el contrato, debe ser clara y terminante.
    5. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en, y Eeoobrar la Posesión por el' Propietario — Desahucio—Procedimientos en General —Derecho de Acción — Notificación del Ejercicio de la Acción — Oaso de Incumplimiento del Contrato. — Aún cuando el arrendador tolere en algunas ocasiones el quebrantamiento, por el arrendatario, del contrato de arriendo en cuanto a la fecha dentro de la cual éste viene obligado a verificar el pago de los cánones estipulados, el primero no está obligado a notificar al segundo, al tiempo del requerimiento de pago del canon, el que el dejar de satisfacer tal requerimiento provocaría inmediatamente un pleito para recobrar la po-sesión de la propiedad arrendada.
    SeNtbnoia de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando con lngar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      M. Rodríguez Berra, J. S. Brown y J. Martínez D&vüa, abogados del apelante; Luis Llorens Torres, J. Ma. Bossy y Acuña & Ta-ñer, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La historia anterior de este caso puede hallarse en el de Rossy v. Del Valle, 34 D.P.R. 726 y en el de Del Valle, peti-cionario, resuelto en agosto 5 de 1926 por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones para el Primer Circuito.

El apelante insiste en qne la corte inferior cometió error:

“1. Al estimar qne, según el contrato entre las partes, el deman-dado dejó'de entregar diariamente nn boleto o comprobante de conduce por cada truck de piedra que saliera de la finca objeto del con-trato.
“2. Al declarar que el demandado faltó al cumplimiento de sus obligaciones, según el contrato, en relación con la entrega de los bo-letos o comprobantes de conduce en los momentos de salir el truck de la finca.
“3. Al sostener que el demandado no pagó del canon del arren-damiento correspondiente al mes de junio de 1925, la suma de $51.42; de acuerdo con las cartas-órdenes que aceptó, expedidas por el demandante a favor de Sánchez Morales & Go.”

Estamos muy de acuerdo con el apelante en que la tercera cuestión aquí planteada ha sido establecida definitivamente por la Corte de Circuito de Apelaciones en el caso de Del Valle, Peticionario, supra.

El caso fue sometido en la corte inferior por la trans-cripción de la evidencia y fue resuelto por un juez que no presidió el acto del juicio. De la relación del caso y opi-nión en que se basó la decisión a que así se llegó tomamos el siguiente extracto:

“La prueba del demandante, en cuanto a la primera causa de ac-ción, tiende a demostrar que el demandado, ni su encargado, cum-plió con el contrato entregando los conduces o boletas por cada truck cargado de piedra que salía de la finca, al encargado del deman-dante dándose siempre disculpas por esa falta; que sólo se entre-gaban, en algunas ocasiones, resúmenes semanales y mensuales de la piedra extraída; y que el demandado manifestó en cierta oca-sión al demandante que era mucho trabajo dar los conduces todos los días. Y la prueba del demandado tiende a demostrar que dia-riamente se sacaba piedra de la cantera y se conducía en trucks, haciéndose por cada truck un conduce en .triplicado; uno para el cliente, a quien se vendía la piedra; otro como comprobante, que firmaba el cliente, y el otro que quedaba en poder del encargado “del demandado en la finca, y del cual éste sacaba una copia, según manifestaciones de Pelegrín Nevares, que entregaba todas las tar-des a Félix Zavala, encargado del demandante, unas veces personal-mente y otras a su esposa; y que en agosto 1, 1924, habiéndose ne-gado el encargado del demandante a recibirlos, se remitieron a éste con carta de agosto 8, 1924 la nota del mes pasado (julio) y los conduces del 1 al 7 de dicho mes de agosto.
“La prueba es contradictoria en cuanto a la entrega de los conduces, pero tomada en conjunto, ya que no liemos tenido la opor-tunidad de considerar el testimonio de los testigos por su manera de declarar, se desprende que el demandado no ha entregado los conduces o boletas por cada truck- de piedra que salía de la finca, sino copias de los conduces o boletas de los trucks que durante el día salían de la finca, y con ello, claramente, no quedaba cumplido e3 contrato que le obligaba a entregar al encargado del demandante, para que éste llevara nota, diaria, un conduce o boleta por cada truck que saliera de la finca, esto es, en los momentos de salir el truck. ’ ’

La conclusión específica sobre este punto, sin embargo, ■después de una discusión de la prueba relacionada con otras cuestiones envueltas, no está tan cuidadosamente calificada. Es como sigue:

“(a) Que el demandado lia dejado incumplida su obligación de entregar diariamente un conduce o boleta por cada truck de piedra que ha salido de la finca del demandante.”

La mayoría de los jueces de esta corte está perfecta-mente convencida • no sólo de la corrección de la interpreta-ción dada al contrato por la corte inferior, sino también de la falsedad de las declaraciones tendentes a probar la en-trega diaria de comprobantes, de conformidad con la inter-pretación que sostiene el apelante. Hay mucho que decir en apoyo de este punto de vista, lo cual podría ser mucho mejor expresado por cualquier miembro de la mayoría que el que suscribe, quien no cree que sea necesario determinar finalmente, ninguna de estas cuestiones para resolver la presente apelación, y quien no considera la doctrina del caso de Del Toro v. The Juncos Central Co., 276 Fed. 894, como terminante sobre la cuestión de renuncia envuelta en este aspecto del presente caso.

El contrato de arrendamiento contiene nna cláusula que lee como sigue:

“Sexta: Para determinar el número de metros cúbicos de piedra, utilización mensualmente por el señor del Valle Zeno para la venta, se observará la regia siguiente; el encargado del señor Rossy lle-vará nota diaria de la piedra que se utilice para la venta de acuerdo con los comprobantes de ‘conduce’ o boletas que por cada truck u otro vebículo que salga de la finca le entregará el encargado del señor del Valle Zeno. Estos ‘comprobantes de conduce,’ o boletas expresarán el nombre del chauffeur, el número de metros cúbicos de piedra, la fecha en que la conducción se verifica e irán firmados por el señor del Valle Zeno o por su encargado. Cuando los trucks conduzcan piedra pulverizada ensacada (carbonato calizo), cada to-nelada y media de polvo se computará por un metro cúbico de pie-dra el total de metros cúbicos que expresen los ‘comprobantes de conduce,’ o boletas durante un mes será pagado por el señor del Valle Zeno al señor Rossy dentro de los cinco primeros días del si-guiente mes, de acuerdo con la cláusula quinta, en la forma que queda establecido.”

El arrendamiento se pagaría a una tarifa específica por metro cúbico de piedra sacada de la propiedad arrendada, y del Valle, según sus propias manifestaciones, fué quien redactó la cláusula en cuestión, por tener más experiencia en la administración y operación de canteras.

El propósito expreso de esta cláusula era proporcionar un método para determinar el número de metros cúbicos de piedra sacada mensualmente por del Valle. El agente de Rossy, no el mayordomo de del Valle, era quien debía lle-var la cuenta diaria. Esa cuenta o nota de la cantidad y clase de piedra extraída era la que debía llevarse de con-formidad con los comprobantes o boletos “que por cada truck u otro vebículo que saliera de la finca” tenía que en-tregar el mayordomo de del Valle. Evidentemente, la en-trega de tales boletos o comprabantes a un empleado de Rossy fechados y firmados por del Valle o el mayordomo a cargo de la cantera, y especificando el nombre del chauffeur y el número de metros cúbicos de piedra por él trans-portada, no fué propuesta con. el fin de permitir que del Valle o su mayordomo llevaran una cuenta de la cantidad de piedra sacada, sino necesaria y exclusivamente para pro-tección y beneficio del arrendador. Además, cada tonelada y media de piedra pulverizada tenía que contarse como un metro cubico de piedra; y si se le privaba a Rossy de la oportunidad de inspeccionar cada truck cargado de piedra en el momento de salir de la finca, entonces no hubiera te-nido ningún otro medio para cerciorarse del numero de to-neladas de piedra pulverizada que en realidad se extrajera. Evidentemente, la entrega al final de cada día de los com-probantes o boletos que abarcaban toda la piedra ■ extraída durante ese día, implicaría el que del Valle o su mayordomo llevaran una cuenta diaria para Rossy así como para ellos mismos, y relevaría al agente designado para este fin por el arrendador de todo cuidado o responsabilidad a este res-pecto, a menos que éste no fuera lo suficientemente compe-tente para llevar una nota exacta e independiente sobre la clase y cantidad de piedra contenida en cada truck al dejar la cantera, así como sobre el número de cargas sacadas, para no hacer mención del aumento del tiempo y del incon-veniente que la substitución de tal sistema requiere.

El principal argumento señalado por el apelante en contra de la interpretación dada al contrato por la corte inferior se basa en la impracticabilidad supuesta de hacer una entrega por separado de cada boleto o comprobante al tiempo de la salida. El apelante asume que el cumplimiento substancial con los términos del contrato tal como lo inter-pretó la corte inferior hubiera requerido la presencia del mayordomo de del Valle, así como la del representante de Rossy en persona en cada ocasión del momento de la en-trega. Con relación a esto, dicen los abogados:

“El propio demandante, boy apelado, admite -en su declaración que del Valle, reconocido por la otra parte como perito en el con-trato, redactó esa cláusula sexta cuya interpretación no puede ser otra que la que su autor le ha dado.
“Y no puede ser otra, además de las razones expuestas, porque hubiera sido imposible- en la práctica cumplir con una cláusula que .exige que con cada truck que salga de la finca tenga el mayordomo que entregarle al mayordomo de Bossy un ‘boleto,’ si se tiene en cuenta que salían veinte y treinta trucks diarios y hubiese sido ne-cesario que el mayordomo de Rossy no hubiera hecho otra cosa que estar constituido en el portón de la salida recibiendo los ‘boletos,’ y el mayordomo de del Valle montado en cada truck que saliera de la finca para entregárselo, ya que la entrega según contrato es de mayordomo a mayordomo. Si en el momento de salir el truck el mayordomo de Rossy no estaba en el portón por haber ido a hacer alguna diligencia, todo el negocio de del Valle hubiera quedado pa-ralizado . . .
“¡Conque entregándolos juntos en cantidad de uno por cada truck en la tarde, al terminar el trabajo, hubo alguna vez que la 'entrega tuvo que ser hecha a la señora del mayordomo Zabala por-que éste estaba ausente en Juncos en una venta de cal de Rossy!’’

Pero el contrato no especifica una entrega en persona fie cha por del Valle o su mayordomo. Los comprobantes se hacían en triplicado llenándose ciertos blancos en una forma impresa. El chauffeur a cargo de cada truck llevaba comprobantes por duplicado, uno para el consignatario y el otro para ser firmado por él como recibo e informe para el mayordomo. Cada truck que salía de la cantera pasaba por la puerta de la casa que ocupaba el representante de Rossy. A falta de tal representante el chauffeur pudo fia-ber dejado el boleto con la esposa u otro miembro de la fa-milia, según se hizo en el caso de la entrega efectuada al terminar el día. Cualquier mujer o niño que hubieran sido llamados a la puerta habrían recibido el boleto e informado si el truck era pequeño o grande y si llevaba piedra tritu-rada gruesa o piedra pulverizada en sacos. De todos mo-dos, Rossy hubiera tenido pocos motivos para quejarse si del Valle hubiera adoptado esta práctica.

Rossy estipuló un canon mínimo de cien dolares men-suales, independientemente de la cantidad de piedra que se sacara, y no hay nada que demuestre que él esperaba re-cibir el promedio de una cantidad mucho mayor que ésa. Es difícilmente razonable suponer que él tuvo en mente el hecho de que el pago se haría del dinero así recibido por na inspector competente, quien dedicaría todo sn tiempo y atención a llevar nna cuenta estricta sin la ayuda o coope-ración de del Valle o su mayordomo. Sin embargo la inter-pretación que pretende el apelante que se le dé al contrato •necesitaría la presencia'continua de tal representante, bien en la cantera o en el portón por el cual pasarían los trucks ■al salir de la finca arrendada, a menos que el arrendador prefiriera dejar la contabilidad enteramente en manos de su arrendatario, y de ese modo abandonar cualquier bene-ficio o ventaja que pudiera haber derivado del cumplimiento de la sexta cláusula del contrato.

Fuera del conflicto de prueba en cuanto a la protesta que se dice haber sido hecha por Rossy y su agente en va-rias entrevistas con el mayordomo a cargo de la cantera y con del Valle, y fuera de un conflicto similar en cuanto a la entrega diaria de comprobantes al final de cada día, tal como alegan del Valle y su mayordomo y lo niegan Rossy y su representante, en realidad la rendición de los informes semanales y mensuales por el mayordomo es inconsistente con la teoría de la entrega diaria de boletos, por la senci-lla razón de que en caso de tal entrega diaria, un informe semanal o mensual hubiera sido claramente superfluo. To-dos estos informes, a excepción de uno solo, se titulan “conduce” y no se hace referencia alguna en ningún caso a una entrega anterior de boletos o comprobantes. La carta del mayordomo de fecha 8 de agosto de 1924, o sea, el día siguiente al en que se entabló el presente pleito, no sólo deja de hacer referencia a cualquiera de tales entregas dia-rias, o las que se intentaran hacer, sino que por clara im-plicación tiende de manera persuasiva a indicar una conclu-sión contraria. Lee como sigue:

“Estimado Don Jesús: Le remito la nota del mes pasado y los ■'conduces del 1 al 7 de este mes, el otro día le fui a dar el resumen a Félix y me dijo se lo entregase a Ud. y lo guardé esperando verle, hoy le mando las notas de los 7 días de este mes y me dice lo mismo, él me babía dicbo los guardase y yo los tengo, si Ud. los necesita dígame desde cuándo él ha dejado de entregárselos, para sacárselos y mandárselos. 'Suyo Afmo. y S. S., (fdo) P. Nevárez.”

Por tanto, la mayoría resuelve que del Valle violó per-sistentemente la cláusula sexta del contrato de arrenda-miento, que Rossy a lo sumo meramente toleró la delincuen-cia de del Valle a este respecto, y, aplicando por analogía la doctrina enunciada por la Corte de Circuito de Apela-ciones en el caso de Del Toro v. The Juncos Central Co., supra, esa mera tolerancia por parte del arrendador no equivale a una modificación del contrato. El que suscribe, para los fines de esta' opinión admite el quebrantamiento del contrato y el hecho de la protesta de Rossy en la forma y manera que él como testigo describió, pero no está preparado para decir, en ausencia de una objeción más definida y enérgica y después de una aquiescencia tan larga y continua en la substitución de los informes mensuales y la uniforme aceptación de tales liquidaciones, que del Valle no tuviera derecho de ser notificado de la intención de de-sahuciarlo inmediatamente por incumplimiento del contrato, en caso de que posteriormente dejara de entregar un bo-leto o comprobante por cada truck, u otro vehículo cargado de piedra que saliera de la finca arrendada.

Sin embargo, los abogados también dicen que la corte inferior erró:

“4. Al decidir que el demandado estaba obligado a pagar el canon del mes de julio de 1924 dentro de los cinco primeros días del mes de agosto de 1924; y que la obligación de pagar ese canon ven-ció dentro de los cinco primeros días del mes de agosto de 1924,”
“5. La corte también cometió error al estimar probado que el demandante pidió al demandado la liquidación de julio de 1924, y el cheque correspondiente a la misma, precisamente el día 5 de agosto siguiente, sin que se entregase ese día, ni se pusiese en el correo, lo que según la corte, dió causa legal al juicio de desahucio,” y
“6. Al declarar con lugar la demanda y decretar el lanzamiento del demandado de la parcela.”

* El apelante funda la cuarta proposición en el hecho de que el contrato de arrendamiento estaba fechado junio 1, 1922, y contiene una cláusula que lee como sigue:

“Quinta: El ‘Derecho de Cantera’ anteriormente dicho consis-tirá en el pago por el señor del Valle Zeno al señor Rossy de una determinada cantidad de dinero por cada metro cúbico de piedra utilizando para la venta por el primero, de acuerdo con la siguiente escala:
“a. Si la extracción fuere de cuatrocientos metros cúbicos du-rante cada mes o menos de esa cantidad, o aún cuando no hiciese extracción alguna, el señor del Valle Zeno pagará al señor Rossy la suma de cien dólares, por cada mes, verificándose este pago dentro de los cinco primeros días del 'siguiente mes de la extracción y em-pezando a contarse desde la fecha del otorgamiento de este contrato que firman ambos contratantes.
“b. Si la extracción se verificare por cantidad de cuatrocientos metros cúbicos en adelante, entonces el señor del Valle Zeno, ade-más de los cientos dólares fijados en el párrafo anterior, letra A., pagará al señor Rossy la suma de diez centavos por cada metro cú-bico de piedra que, en adición a los cuatrocientos metros fijados en el párrafo anterior, letra A, utilice el señor del Valle Zeno para la venta, verificándose también el pago dentro de los cinco primeros días del siguiente- mes de la extracción y empezando a contarse desde la íeeha del otorgamiento de este contrato, que firman ambos con-tratantes.

No se alega que las partes tuvieran en mente o quisie-ran especificar un mes lunar o un mes de treinta días,- u otro período de tiempo que no fuera el mes del calendario Gregoriano; y una serie de pagos mensuales que se exten-dió por un período de dos o más años indica terminante-mente que hubo el entendido por parte del apelante de que se tuvo en mente el mes del calendario.

La teoría del apelante parece ser que, a partir del día primero de junio de 1922, la fecha del contrato excluyendo dicho día, el próximo mes empezaría a contarse desde el segundo en vez del primer día, y que por tanto, “los cinco primeros días expirarían el día 6 y no el 5 de los meses co-rrientes del calendario durante todo el tiempo del contrato.

La cláusula en cuestión fue redactada por del Valle, que no es ni notario ni abogado, sino ingeniero y agricultor. No bay evidencia intrínseca de que el notario ante quien se otorgó el documento lo revisara, y ninguna de las par-tes declaró que se hiciera enmienda o modificación alguna al borrador original.

~E1 pensamiento que estuvo principalmente en las mentes de las partes no fue la fecha en que debían efectuarse los pagos mensuales, sino la fecha en que debía empezar a co-rrer el tiempo que tales pagos abarcarían. Del Valle debía pagar cien dólares mensuales, independientemente de la can-tidad de piedra sacada de la cantera. Pero el párrafo “A” no está redactada en esa forma. La primera mención que se hace con respecto al tiempo se relaciona con la cantidad de piedra que había de sacarse “por cada mes.” El pago debería efectuarse por el mes durante el cual se extraía y transportaba de la finca arrendada la piedra, o que pudiera extraerse y transportarse. Si la cantidad de piedra sacada de la cantera y vendida excedía de determinada cantidad, del Valle tenía que pagar, además del tipo mínimo de cien dólares mensuales, diez centavos por cada metro cubicó en exceso. En todo caso, tales pagos debían efectuarse dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al en que la piedra se sacara o transportara de la finca arrendada. La cuestión, vital no era si el término de cada pago mensual ex-piraba el cinco o el seis del mes siguiente a aquel en que la piedra había sido sacada, sino más bien si el mes de junio debía ser incluido dentro del período cubierto por tales pagos. El mes de junio había empezado a transcurrir. Ha-bía que instalar maquinaria y que efectuar mucho trabajo preliminar antes de que realmente empezaran las operacio-nes. Del Valle declaró que durante los dos primeros meses del contrato no se sacó piedra alguna. Según se redactó el contrato, los naaos tenían aue hacerse mensualmente, por cada mes en que la cantera fuera explotada, ya se trans-portara y vendiera la piedra o no. Estos pagos debían efectuarse dentro de los primeros cinco días de cada mes siguiente a aquel en que se babía sacado y vendido la pie-dra o que pudo haber sido sacada y vendida; y con el fin de disipar cualquier duda respecto al tiempo que el primero de dichos pagos debía cubrir, no el tiempo en que tales pa-gos debían efectuarse, se dispuso que el mes en que real-mente empezarían las operaciones o el mes en que tales operaciones pudieran haber comenzado empezaría a contarse desde la fecha del otorgamiento del contrato.

El propósito era incluir el mes de junio, o por lo menos, disipar cualquier duda respecto a si debía considerarse o no que había sido incluido, no para disponer una superpo-sición de los meses del calendario o para crear confusión en cuanto al claro significado de la disposición referente al pago durante los primeros cinco días del mes siguiente al en que la piedra había sido sacada o que pudo haber sido sacada. Y aquí tenemos también una interpretación prác-tica y de sentido común del contrato por la conducta de las partes contratantes y especialmente por la del apelante al rendir informes de liquidación mensuales así como los pa-gos hechos por del Valle y la aceptación uniforme de los mismos por Eossy desde la fecha del arrendamiento hasta el momento en que surgió la presente controversia.

Refiriéndonos a la prueba documental aducida por el de-mandado, hallamos lo siguiente: Una carta fechada sep-tiembre 1, 1922, escrita “en cumplimiento de la quinta cláu-sula del contrato de arrendamiento,” conteniendo un in-forme de la cantidad de piedra sacada durante el anterior mes de agosto, e incluyendo un cheque por la suma adeu-dada de acuerdo con dicho informe; una carta similar de fecha octubre 1, 1922, respecto' a la piedra extraída durante el anterior mes de septiembre; una carta parecida de fe-cha noviembre 1, 1923, referente a la piedra sacada durante el anterior mes de octubre; una carta similar fechada diciembre 1, 1923, relacionada con la piedra extraída durante el anterior mes de 'octubre (sic); otra de fecha enero 1, 1923, respecto a la piedra sacada durante el anterior mes de diciembre; otra de fecha febrero 1, 1923, referente a la piedra extraída durante el anterior mes de enero; otra carta de fecha marzo 1, 1923, con referencia a la piedra ex-traída durante el anterior mes de febrero; otra de fecha abril 1, 1923, con respecto a la piedra sacada durante el anterior mes de marzo; otra fechada mayo 1, 1923, dando la cantidad de piedra sacada durante el anterior mes de abril; otra carta fechada junio 1, 1923, relacionada con la piedra extraída durante el anterior mes de mayo; otra de julio 1, 1923, respecto a la piedra sacada durante el anterior mes de junio; otra de agosto 6, 1923, con respecto a la piedra extraída durante el anterior mes de julio; otra de fecha 5 de septiembre de 1923 incluyendo un cheque por la piedra sacada durante el anterior mes de agosto; otra de fecha octubre 4, 1923, referente a la piedra extraída durante el anterior mes de septiembre; otra de fecha 5 de noviembre, 1923, por la piedra extraída durante el anterior mes de oc-tubre; otra fechada diciembre 5, 1923, relativa a la piedra que se sacó durante el anterior mes de noviembre; otra carta do fecha enero 5, 1924, por la piedra extraída durante el anterior mes de diciembre; otra fechada febrero 5, 1924, relacionada con la piedra sacada durante el anterior mes de enero; otra de fecha 4 de marzo, 1924, referente a la piedra extraída durante el anterior mes de febrero; y otra de fecha 5 de mayo, 1924, relativa a la piedra extraída du-rante el anterior mes de abril.

Y entre los documentos presentados por el demandante hay un resumen de fecha 30 de junio, 1923, firmado por el mayordomo del demandado, mostrando la cantidad de pie-dra extraída durante dicho mes; un informe similar de fe-cha julio 31, 1923, otro de julio 31, 1924; otro de 29 de fe-brero, 1924 (sin firma); una carta de del Valle fechada julio 3, 1924, conteniendo un informe en cuanto a la piedra extraída durante el anterior mes de junio e incluyendo un cheque en pago de la misma; una comunicación parecida de fecha 5 de agosto de 1924 por la piedra extraída du-rante el anterior mes- de julio.

Evidentemente, la contención de los abogados del ape-lante de que las palabras “dentro de los cinco primeros días del siguiente mes” deben interpretarse en el sentido de excluir el primero e incluir el sexto día. del calendario gregoriano, es algo que se les ocurrió posteriormente y que ha surgido de la situación en que se colocó del Valle por haber dejado su tenedor de libros de preparar el informe corriente dentro de los primeros cinco días del mes de agosto de 1924 y la consiguiente inhabilidad de satisfacer el re-querimiento de pago al tiempo de hacerse a las cinco de la tarde del cinco de dicho mes.

Pero aún de otro modo, el informe, aunque está fechado ■o antedatado agosto 5, no füé depositado en el correo hasta el 7 de agosto, 1924, por la tarde, y la cuestión de interpre-tación no puede afectar el resultado, a no ser sobre la teo-ría de una modificación de los términos y condiciones del contrato original y la consiguiente obligación de parte de Rossy de reiterar el requerimiento de pago el día 6 de agosto como justificación suficiente por la dilación del de-mandado en extender su cheque.

Ramón Grardón, agente y apoderado del demandado, de-claró que los cheques a veces eran enviados por correo, pero que recientemente había recibido instrucciones de de-jarlos en la oficina; que Rossy vendría por ellos; que Rossy venía en persona a buscarlos; que él venía el 4 o el 5 y a veces más tarde, mucho más tarde, según le pareciera, no para conveniencia del testigo, quien tenía los papeles lis-tos para el cinco; que el testigo siempre tenía la liquida-ción terminada para el cinco; que Rossy no vino en busca de “este cheque” (el del cinco de agosto) sino que envió una persona que el testigo no conocía, a quien no se atrevió entregarle el informe y el cheque; que el testigo le mani-festó al mensajero que el Sr. Bossy debía venir personal-mente, pero que en vista de que no venía, el testigo, al día siguiente, envió el cheque por correo; que el mensajero no trajo carta alguna; que si hubiese presentado una carta, el testigo le habría entregado el cheque; que el testigo le dijo al mensajero que viniera por la tarde, y que éste no vino ni aquella tarde ni al día siguiente, y que en vista de eso el testigo mismo depositó el cheque en el correo; que uno o dos o tres meses antes de este incidente Bossy le había dicho al testigo que no le enviara la liquidación por correo, que él vendría personalmente por ella; que el testigo no recuerda cuándo fué que Bossy le dió esas instrucciones y que Bossy había ido en busca del cheque por varias ocasio-nes y no lo había encontrado porque estaba en el correo; que no recuerda si Bossy vino en busca de la liquidación en junio o julio pero sí recuerda que se le dió; que si Bossy no venía en busca de la liquidación dentro de dos días, le era enviada por correo; que no puede decir si fué en junio o julio que Bossy le dijo que no le enviara las li-quidaciones por correo; que al principio las enviaba por correo y recientemente Bossy le dijo que no las enviara por correo, que él iría a buscarlas, y que el testigo hizo lo que se le ordenaba.

La declaración de del Valle es en parte al efecto de que después que se firmó el contrato empezó el desmonte de terraplenes, la instalación de maquinarias,'bombas, ranchos-, motores sobre bases de concreto, almacenes, vías, carros, he-rramientas y equipos, todo lo cual, incluyendo la compra de camiones, representaba una inversión de $30,000; que en. rea-lidad se empezó a trabajar como dos meses después; que el informe correspondiente al mes de julio (1924) fué pre-parado como de costumbre del primero al cinco de agosto, y que Gardón lo tenía listo, pero que un desconocido se per-sonó en la oficina y dijo que Bossy lo había enviado en busca del cheque; que el testigo sabe lo que ocurre en su oficina; que no estaba presente, pero está enterado, que Bossy ha-bía de venir en busca del cheque del primero al cinco y qne no lo hizo así; qne el testigo se enteró en el resto del día de la visita del mensajero; qne el testigo le había dado ins-trucciones en términos generales a Gardón y qne práctica-mente se había entendido qne por varios meses Rossy ven-dría a buscar los cheques, pero qne como vivía en Trujillo no le era conveniente venir a San Juan, y sucedió qne cuando vino por el cheque don Ramón le manifestó qne había sido remitido por correo, y él entonces dijo: “Don Ramón, no me lo mande al correo, déjemelo aquí;” qne se convino qne el cheque no sería enviado por correo; qne el canon corres-pondiente al primer mes se pagó por adelantado; qne en cierta ocasión Rossy manifestó qne no podía cumplir es-trictamente con los términos del contrato según el cual po-día cobrar solamente del primero al cinco de cada mes; qne quería cobrar el arrendamiento antes de esa fecha en caso de que estuviera necesitado de dinero, y qne quedó conve-nido que él podía cobrar no precisamente el ultimo día o el cinco, sino antes; que de acuerdo con el contrato original, el canon de arrendamiento debía pagarse dentro de los pri-meros cinco días del siguiente mes; qne el testigo fué en-terado por su empleado Gardón de que el mensajero había venido en buscu del cheque; qne el cheque no le fué entre-gado porque Gardón no conocía al mensajero; qne constan-temente llega gente a la oficina a comprar piedra: carpin-teros desconocidos y albañiles conocidos sólo por el nombre qne dan después, y qne entre los qne van y vienen hubo un individuo qne dijo: “Manda a decir don Jesús qne le mande el cheque con la liquidación, ’ ’ y que su agente y apoderado le contestó: “Que venga él más tarde a buscarlo”; que era la primera vez en veinticinco meses que Rossy había enviado a otra persona a. cobrar, pues él siempre venía personalmente; que esperaron qne Rossy viniera y en vista de qne no lo hizo, se le remitió el cheque por correo al siguiente día, o sea el día 7; qne se retuvo el cheque en espera de qne Rossy viniera, como de costumbre, y qne cuando no venía, le era enviado por correo como de costumbre; que así ha-bía sido enviado en varias ocasiones; qne cuando habían transcurrido dos o tres días y no se venía a procurar, se enviaba la carta por correo.

Las manifestaciones hechas por Rossy como testigo, en lo que a nosotros concierne, fueron al efecto de que los cá-nones de arrendamiento eran pagados a su vencimiento por cheque que so enviaba por correo; que el día 5 de agosto, el demandante estaba en San Juan en compañía del Sr. Nogueras en la calle, como a las cinco y media, frente a iá puerta de la oficina del Sr. Muñoz Morales, y viendo que necesitaba dinero, le pidió a Nogueras que fuera a la ofi-cina de del Valle y le dijera que le mandara el cheque y la liquidación del mes de julio; que Nogueras complació al demandante, trayendo entonces la contestación de que los mandarían dentro de tres o cuatro días, que habían estado ocupados; que el testigo esperó todo el día siguiente y hasta por la tarde del otro día, agosto 7, presentando en-tonces la demanda; que en la mañana del día 8 fue al co-rreo en busca de su correspondencia y encontró una carta fechada agosto 5 con un incluso; que con anterioridad a la visita de Nogueras, el demandante no acostumbraba ir'a la oficina de del Valle en busca del cheque; que iba en al-guna ocasión personalmente, cuando tenía algún apuro de dinero, cuando el canon se había vencido, dentro del día en que debía cobrarse la obligación, pero que la forma or-dinaria era el correo; y que el testigo no estaba obligado a ir a la oficina; que la costumbre era remitir el dinero por correo;. que el testigo nunca le dijo a del Valle que no le enviara el dinero por correo; que siempre había ido a buscar los cheques durante los días 3, 4 ó 5, o sea, durante los primeros cinco días del mes; y que devolvió el cheque (el del cinco de agosto) porque estaba fuera de tiempo.

Francisco Nogueras, Juez Municipal de Lares- (sic) ocupó la silla testifical y dijo que el 5 de agosto como a las cinco de la tarde, a petición de Rossy, fué a la oficina de del Valle y le dijo a Gardón que iba a nombre de Eossy a bus-car el cheque y la liquidación del anterior mes de julio; que Gardón llamó a un empleado y preguntó si la cuenta de Eossy había sido enviada y el empleado contestó nega-tivamente; que Gardón entonces le dijo: “La tengo y no puedo darla, ha habido mucho trabajo en estos días, así que por tanto se le mandará dentro de dos o tres días,” que el testigo comunicó esto a Eossy, y no llevaba carta alguna.

Tanto Eossy como del Valle tienen desde luego vivo in-terés en el resultado'de la presente controversia. La histo-ria completa del caso así como la intensidad de sentimien-tos, y la destreja de acción que se hacen tan conspicuas durante el curso dé este procedimiento, claramente tienden a la conclusión de que las cantidades' envueltas son mucho mayores de las que aparecen de un examen ligero de las alegaciones y de la prueba aducida en el juicio.

Eossy afirma enfáticamente que nunca le dijo a del Va-lle que no enviara los cheques por correo, e incumbía al demandado probar que hubo una modificación del contrato escrito en lo que al tiempo se refería, o del convenio implí-cito que surgió con motivo del silencio respecto al sitio del pago, junto con la uniforme costumbre de efectuar los pa-gos por correo. Eossy, del Valle y Gardón están contestes en que las liquidaciones y los cheques mensuales fueron or-dinariamente, si no uniformemente,' remitidos por correo durante un período que se extendió por más de año y me-dio desde la fecha del otorgamiento del contrato. Del Valle ,no dice que en la entrevista personal que tuvo con él, Eossy le solicitara que retuviera los cheques en la oficina hasta que se fueran a buscar; o, si hace uso de una expresión que, considerada aisladamente y por sí sola sea susceptible de tal interpretación, entonces la manifestación no es tan clara y terminante que borre la impresión causada por la inclinación general de su declaración. Esa declaración en conjunto, en lo que con este extremo se relaciona, es una mera repetición de lo que Gardón- le había dicho, y como tal apenas tiene peso alguno, bien considerada por sí sola o como tendente a corroborar la manifestación hecha por Gardón al ocupar la silla testifical. Y si se puede decir que lo manifestado por Gardón ha sido corroborado, entonces la declaración de Nogueras está igualmente sostenida, aunque no necesita de tanto refuerzo, por la declaración de Eossy. La mención que se hace de Trujillo Alto y del inconveniente de venir a San Juan en relación con la súplica de Eossy de que se abandonara la práctica de hacer los pagos por correo, y por clara implicación como el motivo de tal sú-plica,, revela una desatención curiosa en cuanto a la exacti-tud de las manifestaciones sobre detalles que no inspira confianza. No hay ni pizca de prueba que demuestre que en ocasión alguna se prepararan las liquidaciones mensuales o que se firmaran los cheques mensuales o de que unos u otros hubiera que retenerlos en la cantera o en algún otro sitio en Trujillo Alto. Del mismo modo, la indicación de que le era más conveniente a Eossy visitar la oficina del demandado en San Juan que ir al correo de San Juan a donde se dirigían todas las cartas anteriormente menciona-das, debe hallar sostén en cualquier otro fundamento que el geográfico.

Igualmente poco satisfactoria es la explicación en cuanto a que el mensajero que fué en busca del cheque en agosto le era desconocido a Gardón. No se alega que el cheque fuera pagadero al portador o que pudiera haberse cobrado sin el endoso de Bossy, o de que el demandado hubiera sido responsable en caso de que el banco lo pagara en virtud de un endoso falsificado. No se indica razón alguna para im-pedir que se supiera la cantidad del cheque, el contenido de •la liquidación o la existencia y naturaleza de ambos. Tanto del Valle como Gardón insisten en que el cheque y la liqui-dación estaban listos para ser entregados y en espera de la llegada de Eossy al tiempo del requerimiento. La única excusa o explicación que se da para justificar el que se de-jara de satisfacer el requerimiento es el solo hecho de que Cardón no conocía al mensajero. No se hizo esfuerzo al-guno para identificar al portador de un- mensaje que se de-cía haber sido enviado por Bossy. Una palabra indagatoria, sin más, hubiera revelado el hecho de que Bossy se hallaba a fácil alcance por medio de mensajero, si no por teléfono. Ni del Valle ni Cardón van tan lejos hasta decir que la general apariencia, el porte y la conducta del Juez Nogueras fueran tales que despertaran sospechas, o que estuviera dis-frazado de carpintero, albañil o jornalero. Ni tampoco hay nada en la declaración de cualquiera de estos dos testigos que indique que no pudiera disponerse inmediatamente de un emisario más digno de confianza. De todos modos, si la verdadera razón para la negativa de entregar el cheque fué la que ahora se expone para ello, entonces es más que una desgracia para el demandado de que Cardón no le exi-giera a Nogueras las credenciales al tiempo de la entrevista. Y, por no ofender a Nogueras, si Cardón se abstuvo de ex-poner la verdadera razón para su negativa, entonces una pequeña nota explicativa dirigida a Bossy y depositada en ■el correo, hubiera constituido igualmente un acto de corte-sía y una prueba mucho más satisfactoria de buena fe.

Cardón no es meramente el empleado que tiene el inte-rés corriente de un empleado en un caso en que se demanda a su patrono. Su posición es la de un agente y apoderado cuyo principal tiene en contingencia un contrato, valioso la pérdida del cual puede atribuírsele directamente a la nega-tiva de tal representante de satisfacer un requerimiento de pago, a menos que se pueda,demostrar que la negativa en cuestión estaba justificada o por lo menos era excusable, por la forma y las circunstancias en que se hizo el reque-rimiento. La versión de Cardón de cómo y cuándo cayó en desuso inofensivo la práctica de enviar los cheques y las liquidaciones mensuales por correo, es aún más vaga e in-cierta que la de del Valle, no obstante el hecho de que la •una pretende estar fundada en un conocimiento real, mien-tras que se admite que la otra es en substancia una reafir-mación de hechos informados a del Yalle por G-ardón des-pués de ese acontecimiento. Es cierto que Gardón es algo' más específico al determinar la época de la súplica de Bossy a este particular como que se hizo dentro de un mes o dos o tres antes del requerimiento de pago del cinco de agosto. Pero no puede recordar cuándo fué que Bossy le dió estas instrucciones. Asumiendo que le fueron dadas entre el pri-mero y el cinco de mayo, entonces los cánones de mayo, ju-nio y julio pagaderos en junio, julio y agosto eran los úni-cos pagos que pudieron efectuarse de ese modo. Gardón no recuerda si Bossy fué en busca de la liquidación y el cheque bien en junio o en julio. Tampoco está seguro en cuanto a si recibió o no las instrucciones de Bossy en junio o julio. Ante tan positivas admisiones, el estrecho límite de tiempo que Gardón se impuso a sí mismo y su manifiesta inhabilidad para fijar bien las fechas o los hechos dentro de ese límite, tienen muy poco peso las generalizaciones más amplias que se encuentran en otras partes de su decla-ración. Si Bossy fué en busca de su cheque bien en junio o julio, o tanto en junio como en julio, o si uno o ambos cheques firmados en junio y julio fueron retenidos por al-gún tiempo y enviados más tarde por correo, no hay base adecuada para tan arrasadoras manifestaciones como las de que Bossy venía el cuatro o el cinco y algunas veces des-pués, mucho después, según le conviniera, no para conve-niencia de Gardón, quien siempre tenía los papeles listos el cinco, y de que si Bossy no venía dentro de dos días en-tonces se le enviaban por correo, o, como lo expresa del Yalle con mayor amplitud, que se retenía el cheque en es-pera de que Bossy llegara, como él acostumbraba, y que cuando no venía se le enviaba por correo como de costum-bre; que así se había enviado en otras ocasiones; que cuando habían transcurrido dos o tres días sin haberse ido a buscar, "la carta se remitía por correo.

Desde luego, no hay una incompatibilidad absoluta entre cualquiera de estas afirmaciones y la aserción principal de que Eossy le había dicho a G-ardón qne retuviera los che-ques y las liquidaciones hasta que fuera por ellos y de que dejara de enviarlos por correo. Pero como hemos demos-trado, la manifestación de Gardón prácticamente no ha sido corroborada, y él no sólo está controvertido de plano en. cuanto a este extremo por Eossy, sino que lo está también por Nogueras en cuanto a otros extremos. Y si rechazamos; la versión de Gardón sobre su entrevista con Nogueras, difícilmente podemos aceptar sin vacilación su manifestación en cuanto a las instrucciones que dice haber recibido de Eossy, pero que éste manifiesta que jamás dió. Además, repetimos que el peso de la prueba a este particular recaía sobre el demandado.

A excepción de un empleado del correo cuya declara-ción no tiene relación alguna con el punto que ahora esta-mos considerando, Nogueras es el testigo más desinteresado, si no el único, en el presente caso. Su declaración es breve e inequívoca. No tiene ninguno de los distintivos de la mentira. En la repregunta resultó que él no conocía- a del Valle, que jamás había visitado la oficina de del Valle, y que no llevaba carta de presentación. No se hicieron más preguntas. El hecho de que Gardón no conociera a Nogue-ras no afecta su credibilidad como testigo, y no tenemos razón alguna para poner en duda su manifestación en. cuanto a lo que Gardón dijo en la tarde del 5 de agosto.

De las conclusiones de hecho y de derecho a que- llegó el juez de distrito tomamos el siguiente extracto:

‘‘‘La forma de remitir las liquidaciones mensuales y hacer los pa-gos a ellas correspondientes, era por correo dentro de los cinco pri-meros días de cada mes. Y todas las cartas-liquidaciones, inclu-yendo cheques, dirigidos al demandante por el demandado y pre-sentadas por éste como prueba, desde- septiembre, 1922, a mayo, 1924, aparecen escritas en fechas de 1 a 5 del mes siguiente al de la- extracción de la piedra con excepción de la carta de agosto, 1923, que lleva fecha del día 6. Pero esta tolerancia no alteró el contrato porque ‘un contrato de arrendamiento no queda modificado para el futuro en lo que respecta a la fecha del pago fijado por el hecho de que el arrendador acepte el pago correspondiente a algunos, de los plazos después de vencido el término.” Del Toro vs. The Juncos Central Co., 29 D.P.R. 231; 276 Fed. Rep. 894.
“El demandado debía reputarse deudor del canon mensual de $100, más 10 centavos por cada metro cúbico de piedra en adición de los 400 que se extrajeran y utilizaran para la venta, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, según los términos del con-trato, y como el demandante pidió al demandado la liquidación de julio, 1924, y el cheque correspondiente a la misma, precisamente el día 5 de agosto siguiente, sin que se entregara la liquidación y verificase el pago y como tampoco se depositó en el correo en esa fecha, sino dos días después, dió causa legal al juicio de desahucio. García vs. Fernández, 8 D.P.R. 106.
“De todo lo expuesto, por el resultado de la evidencia, se con-cluye :
“ (c) Que el canon correspondiente al mes de julio, 1924, tam-poco fué pagado por el demandado a su vencimiento, o sea, dentro de los cinco primeros días del mes de agosto de 1924.”

No encontramos error en esto.

El apelante insiste en que Bossy le puso una trampa a su arrendatario y de que en vista de la naturaleza drástica del procedimiento sumario de desahucio, debe exigirse la presentación de prueba clara y convincente sobre la alegada falta de pago del canon.

Es verdad que Bossy no dió aviso alguno de su intención de aprovecharse de cualquier falta de cumplimiento del re-querimiento de pago. También puede ser que se anticipaba la falta de preparación del agente y apoderado del Sr. del Valle para satisfacer un requerimiento hecho al terminar el día laborable 5 de agosto. Es por sí mismo evidente que la radicación de la demanda fué un rudo despertar para el demandado. Pero Bossy no tenía obligación legal alguna de notificar a del Valle al tiempo del requerimiento de pago de que el dejar de satisfacer tal requerimiento provocaría inmediatamente un pleito para recobrar la posesión de las propiedades arrendadas. Esa es una de las características drásticas de la ley a que se refieren los abogados.

Puede notarse de paso que si Rossy dice la verdad en cnanto a la alegada conducta arbitraria de del Valle en conexión con el cumplimiento de la obligación contractual referente a la entrega diaria de comprobantes o boletos (tickets) por cada camión cargado .de piedra que se sacara, entonces, a decir lo menos, había circunstancias atenuantes. Pero, sea ello como fuere, es nuestro deber haóer cumplir la ley tal como la encontramos, no desecharla o interpre-tarla fuera de su texto, invitando, como resultado de esa actitud, la conclusión de que en esta jurisdicción “los ca-sos opresivos tuercen la jurisprudencia.” Otra miga de con-suelo para aquellos que deploran el presente status de la ley puede hallarse en el gastado axioma, que, sin embargo, está consagrado por el tiempo, de que el cumplimiento es-tricto de una disposición legislativa poco deseable o poco satisfactoria, puede resultar ser el medio más efectivo para precipitar su derogación o enmienda.

Estamos muy de acuerdo con el apelante de que la prueba de falta de pago en un caso de desahucio debe ser clara y terminante. En este caso fue clara y terminante. El caso de Vannina v. López, 259 Fed. 198, a que hace mención el apelante sin citar el tomo ni la página, no es aplicable. Cualquier duda en cuanto a la necesidad de un requerimiento en el presente caso quedó disipada por el requerimiento de pago hecho en la tarde del día 5 de agosto de 1924. El tiempo para el pago expiraba en ese día, tanto por virtud de los términos del contrato escrito como por el convenio mutuo de las partes evidenciado por su continua conducta, la cual indica la clara comprensión y la interpretación con-temporánea del documento original. Sin duda alguna, una carta conteniendo el cheque y la liquidación corrientes, de-positada en el correo y dirigida como de costumbre, al igual que las comunicaciones anteriores, a “Jesús M. Rossy, San Juan, Puerto Rico,” si así se hubiera dirigido y depo-sitado antes de media noche del día 5 de agosto, hubiera relevado al demandado de cualquier responsabilidad posterior con motivo de la larga práctica establecida en cnanto a este extremo. En tales circunstancias, no le hubiera sido permitido a Rossy que atacara por fundamentos técnicos la suficiencia de una oferta de pago así hecha. Su aceptación de cheques recibidos por él por correo en la oficina postal de San Juan durante dos o más años, los cuales iban inclui-dos en cartas fechadas, con una o dos excepciones, en o antes del quinto día de cada mes, equivalía, para todos los designios y fines prácticos, al nombramiento de un repre-sentante residente en San Juan a quien se le podía pagar el canon mensual a su vencimiento. En vista de esta cos-tumbre establecida, no era necesario el requerimiento; ni mucho menos, después de la negativa de satisfacer el re-querimiento hecho por Nogueras, acompañada de la mani-festación de que se efectuaría el pago dentro de dos o tres días, estaba Rossy obligado a visitar personalmente la ofi-cina de del Valle y permanecer en ella hasta media noche con el fin de proporcionar una oportunidad adecuada para el pago.

La declaración incontrovertida del empleado del correo antes referido estableció firmemente el hecho de que la carta y el cheque fechados agosto 5 fueron depositados en el correo de San Juan en la tarde del 7 de agosto. De ese modo se demostró más allá de la sombra de una duda y desde cualquier punto de vista posible, según el contrato original, que del Valle había incurrido en mora al tiempo de tal oferta de pago, y el peso de la prueba en ese sentido pasó entonces a los hombros del demandado. El esfuerzo del demandado de justificar esta dilación por la teoría de la súplica de Rossy de que se retuvieran los cheques y las liquidaciones mensuales en la oficina de del Valle hasta que se fueran a buscar, así como una disposición para llevar a efecto estas instrucciones, no satisfizo a la corte inferior, y por las razones anteriormente expuestas, no nos satisface, de que se hiciera jamás tal solicitud o de que Rossy diera tales instrucciones.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PbesideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    José D. Castillo, demandante y apelante, v. Caribbean Casualty Co., demandada y apelada.
    No. 4139.

    Visto: Mayo 5, 1927.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    Seguros — Del Contrato en General — Su Interpretación y Efecto (Operation) —Partes Contratantes' — En General. — Una demanda contra una compañía aseguradora para el pago de una sentencia obtenida contra el cha/wfiewr de un carro asegurado eontra accidentes en acción en que no se hizo parte al dueño del carro ni a dicha compañía, no aduce causa de acción contra ésta.
    SENTENCIA de Domingo Sepíilveda, J. (San Juan), desestimando la demanda, eon costas.

      Confirmada.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Jaime Sifre Jr., Horacio Franceschi y Diego O. Marrero, abogados de la apelada.
   El Juez PbesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José D. Castillo demandó a Edgar Martínez y obtuvo una sentencia condenándolo a pagarle mil quinientos dóla-res como indemnización por los daños y perjuicios que con el automóvil que guiaba le causó el 14 de marzo de 1924.

El automóvil pertenecía a Juan del Carmen Sosa quien lo tenía asegurado con la Caribbean Casualty Company contra accidentes. Ni el dueño del auto, ni la compañía asegu-radora . fueron demandados en el pleito contra Martínez. Es abora, después de obtenida la sentencia, que dicbo sea de paso se obtuvo en rebeldía del demandado, que se de-manda a la Caribbean Casualty Co. para que pague el im-porte de la sentencia. El dueño del auto tampoco ba sido demandado en este segundo pleito.

. La Caribbean Casualty Company alegó que la demanda no aducía liecbos suficientes para determinar una causa de acción y la corte después de oir a las partes interesadas de-claró la excepción con lugar y dictó sentencia desestimando la demanda con las costas al demandante.

No conforme éste, apeló, presentando un largo alegato que no contiene un verdadero señalamiento de error y que cita un gran número de casos que se refieren a situaciones jurídicas distintas a la que surge de los Lechos alegados en la demanda. La demandada también presentó un largo ale-gato lleno de citas en apoyo de su contención.

El caso es enteramente simple. Lo complican las partes. No cabe dictar sentencia en contra de la demandada por-que no existe relación contractual alguna entre ella y el demandante. Es cierto que la materia del seguro fueron los accidentes que pudieron causarse con el automóvil de que se trata, pero el seguro lo hizo el dueño con la compa-ñía para que ésta respondiera por él. Aquí no se demandó primitivamente al dueño ni se dictó sentencia contra él de que deba responder la compañía aseguradora. No importa que Martínez fuera el chauffeur de Sosa, pues se le demandó personalmente y únicamente contra él se dictó sentencia. Sosa no tuvo oportunidad de defenderse ni la compañía de defenderlo para defenderse a sí misma. Castillo escogió como único responsable a Martínez y Martínez no estaba protegido por la póliza de la Caribbean. La póliza prote-gía a Sosa de las responsabilidades en que éste pudiera in-currir por accidentes causados por su automóvil. Y aquí, repetimos, no se ha demostrado responsabilidad alguna por parte de Sosa. Es incomprensible en verdad que la de-manda se entablara sólo contra Martínez si es que Martí-nez era el chauffeur de Sosa y actuaba dentro del radio de su empleo. Sólo se explica que de tal modo se siguiera el primer pleito, teniendo en. mente el segundo, no yendo el dueño en el auto cuando ocurrió el accidente, intentándose así eludir que se aplicara la ley y la repetida jurispruden-cia de esta Corte Suprema sobre el particular, liberándose de responsabilidad al dueño y por consiguiente a la compa-ñía aseguradora. Se quiso llegar a ésta saltando por en-cima, del dueño, basándose en una sentencia obtenida contra su chauffeur, pero tal procedimiento no encuentra apoyo en la ley, ni en la jurisprudencia. .Los contratos, dice el artículo 1224 del Código Civil sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos.

Sólo cuando el contrato contuviere alguna estipulación en favor de nn tercero, es que éste puede exigir su cumpli-miento, y aún entonces, según el mismo precepto legal ci-tado, siempre que el tercero hubiere hecho saber su acepta-ción al obligado antes de que haya sido aquélla revocada. En este caso no había estipulación alguna expresa a favor del demandante, ni implícita a menos que se hubiera de-mandado a Sosa. Martínez sin Sosa, o sea el chauffeur in-dependientemente del dueño, no está relacionado legalmente con la compañía. Tampoco el auto sin el dueño.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: ¿El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José de Gracia, demandante y apelado, v. Gerardo Guardiola, demandado y apelante.
    No. 4299.

    Visto: Junio 20, 1927.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    Apelación t Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Con-tenido, Preparación y Aprobación de la Exposición"del Caso o Relación de Hechos — Transcripción de la Evidencia — Aprobación—Eacultad de la Corte o del Juez para Ello. — Cuando ambas partes apelan y presentan se-paradamente transcripciones iguales y cuando señalado día para la aprobación de una de dichas transcripciones, el juez oye a las partes sobre las dos y ías aprueba, no puede sostenerse que al actuar así lo hiciera sin jurisdicción por la falta de señalamiento previo de una de ellas. En casos semejantes la mejor práctica es presentar una sola transcripción.
    Mooión sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando con lugar demanda de daños y perjuicios.

      No ha lugar.

      F. Soto Gras, abogado del apelante; Blondet & Campillo, abogados del apelado.
   ¿El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia contra el demandado Guardiola condenándolo a pagar al demandante Gracia diez mil dólares. Gracia reclamaba veinte y cinco mil. Ambas partes apelaron. Esta es la apelación del demandado. La .transcripción, que contiene unas doscientas páginas, quedó archivada en la Secretaría de esta Corte Suprema el 6 de junio último.

Así las cosas, el 7 de junio el demandante-apelante pre-sentó una moción de desestimación a la que se opuso el de-mandado-apelante.

La moción se funda en que la transcripción se radicó en la secretaría de la corte de distrito el 19 de abril de 1927; que la vista para su aprobación se celebró el 21 cíe abril de 1927 y el demandante se opuso a su aprobación por entender que la corte carecía de jurisdicción para apro-barla en esa fecha; que eso no obstante la corte la aprobó el 6 de mayo, y que el procedimiento seguido lo fue en viola-ción de la sección 2 de la Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1917.

A la moción se acompañó una certificación del Secreta-rio en la cual se hace constar que ni del récord del caso ni del libro de minutas aparece que se dictara orden alguna señalando el 21 de mayo para aprobar la transcripción. También se acompaña el “récord taquigráfico de la vista sobre la aprobación de la transcripción de la evidencia,” que comienza así:

“Hoy día 21 de abril de 1927 se llamó este caso para celebrar la vista sobre la aprobación de las transcripciones de evidencia, ra-dicadas, una por el demandante y otra por el demandado conforme aparece de los autos del caso.
‘ ‘ Comparecieron a la vista los abogados señores Eicardo H. Blon-det y Francisco Soto Gras por el demandante y el demandado res-pectivamente.
“Juez: Ilay una transcripción presentada por José de Gracia, apelante y otra por Gerardo Guardiola, también apelante. Tenemos entonces la de José de Gracia, la que fué presentada en abril 11 de 1927.
“Abog. Dte. — A los efectos de la transcripción desearíamos hacer notar a la Corte que hubo una admisión de la parte contraria en el acto del juicio.”

Siguen el* incidente suscitado relativo a la inclusión o no de ciertos hechos y otros detalles, todo refiriéndose a la transcripción archivada por el demandante como apelante, y entonces dice el Juez:

“Ahora, en este otro caso, es la transcripción de evidencia pre-sentada por Gerardo Gnardiola, ¿hay alguna enmienda?
“Abog. Ddo. — Ninguna.
“Abog. Dte. — Nosotros nos oponemos a la aprobación por enten-der que la Corte carece de jurisdicción para aprobar en esta fecha la transcripción.
“Juez — ¿Por qué motivo?
“Abog. Dte. — Y por entender que hay prórrogas que han sido dadas fuera de término, esto es: después de haber vencido prórro-gas anteriores.
“Abog. Ddo. — Pues sencillamente para suplicar que se ilustre a la Corte con un memorándum de las concesiones de prórrogas y cómputo de los términos. Pero si esa es la cuestión pues la dejo sometida, no tengo nada que decir.
“Abog. Dte. — Esta parte tampoco.
“Juez — Entonces el señor Blondet también chequeará las pró-rrogas en este caso y presentará una relación a la corte y se concede hasta el día 25 para memorándum.
“Abog. Ddo. — Entonces yo me reservo para presentar mi chequeo el lunes también, conjuntamente.
“Juez — Sí, la cuestión es que la Corte lo tenga el lunes para po-derlo examinar y resolver. Terminada la vista.”

Es cierto que la sección 2 de la Ley No. 27 de 1927 prescribe que el juez señalará un día para la aprobación de la transcripción que se prepare a los fines de la apelación, y que la certificación del secretario de la corte de distrito que se acompaña a la moción, tiende a demostrar que el seña-lamiento no se hizo, pero como el “récord taquigráfico” también acompañado a la moción demuestra que el juez “llamó el caso para celebrar la vista sobre la aprobación de las transcripciones, de evidencia, radicadas,” y nada objetó el demandante; que se actuó primero sobre la transcripción radicada por el demandante y se pasó después a la archi-vada por el demandado limitándose el demandante a impug-nar la aprobación porque la corte no tenía jurisdicción para aprobarla ese día, sin explicar por qué, y por haberse con-cedido prórrogas fuera de término, entendemos que la falta de señalamiento previo quedó enteramente subsanada. Am-bas transcripciones eran iguales, y las partes estaban por tanto preparadas para entrar en la discusión como entra-ron en efecto. De acuerdo con la buena práctica, una sola transcripción bastaba en este caso.

La moción del demandante carece por completo de ra-zón a nuestro juicio y debe por tanto ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Municipio de Cabo Rojo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado; Antonio Martín, a nombre de la Caja de Economías y Préstamos de Cabo Rojo, interventor.
    No. 558.

    Visto: Marzo 7, 1927.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    'Síndicos (Receivers)■ — Acciones—Sentencia en General — Contra Banco Bajo Administración Judicial. — El hecho de que un- lauco se halle eu adminis-tración judicial no impide que se dicte sentencia contra éí cuando contesta sin juramento una demanda jurada.
    CERTIORARI para revisar resolución de Charles E. Foote, J. (Maya-güez), declarando sin lugar moción del demandante solicitando sentencia sobre las alegaciones.

      Amelada la resolución recurrida.

      Ricardo del Toro Soler, abogado del peticionario; A. Ramírez, abo-gado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Cabo Rojo demandó en la Corte de Dis-trito de Mayagüez a la Caja de Economías y Préstamos de Cabo Rojo en cobro de dinero y le embargó preventiva-mente bienes para el aseguramiento de la sentencia que se dictase. En esa demanda, que estaba jurada, alegó que ha-bía depositado en la caja demandada $15,000 para serles devueltos a los seis meses con intereses del 3% por ciento mensual: que después de vencido ese plazo retiró $12,000, resultando así un balance de $3,000 a favor del demandante: que habiendo depositado posteriormente en cuenta corriente en la misma caja demandada la cantidad de $15,000 resultó un total de 18,000 a favor del demandante: que librado un cheque por el tesorero municipal contra la demandada ésta se negó a pagarlo manifestando no tener fondos suficien-tes disponibles para satisfacerlo por lo cual el demandante protestó ese cheque el mismo día en que fue negado el pago, mediante acta notarial en la que la demandada reconoció la legitimidad de la deuda; y alegó además que dicha can-tidad no le ha sido pagada total ni parcialmente por la de-mandada ni por otra persona, por todo lo que pidió sen-tencia a su favor por $18,000 con sus intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas.

La Caja de Economías y Préstamos de Cabo Eojo pre-sentó contestación sin juramento, haciendo una negativa general de los hechos de la demanda, y por esto el deman-dante solicitó de la corte que dictase sentencia contra la de-mandada.

Antes de ser resuelta esa moción compareció en el pleito don. Antonio Martín manifestando que después de presen-tada la demanda en este pleito él fué nombrado en otro procedimiento administrador judicial de la demandada: que la cantidad que reclama el municipio le es debida por la demandada y que estando la caja en administración judicial debe tener intervención en los procedimientos que se sigan contra ella, por lo que suplicó a la corte lo tuviera por subrogado en representación de la demandada y por allanado a la solicitud de que se dictase sentencia por las alegaciones, pero que la sentencia se haga suspensiva y no ejecutable hasta tanto se proceda a la liquidación de la Caja-de Economías y Préstamos de Cabo Eojo o a la continua-ción de sus negocios, sin especial condena de costas.

Se opuso el demandante a que la sentencia se haga sus-pensiva y a que no se impongan las costas y la corte resol-vió declarar sin lugar la moción del demandante solicitando sentencia por estar la demandada sujeta a una administra-ción judicial. No consta en estos aritos la fecha de esa re-solución pero según la petición jurada del demandante es de 19 de enero de 1927. Contra esa resolución interpuso el municipio demandante el presente recurso de certiorari en el que hemos oído a las partes interesadas en él.

Una sentencia por las alegaciones es procedente a favor de un demandante cuando habiendo sido jurada su demanda el demandado la contesta sin juramento, según hemos re-suelto en los casos de Tettamanzi et al. v. Zeno, 24 D.P.R. 775 y Candal v. Pierluisi et al., 28 D.P.R. 606; y como el único motivo que tuvo la corte inferior para negarse a dic-tar sentencia es que la demandada está en administración judicial la cuestión a resolver es si ese estado de adminis-tración judicial justifica que no se dicte la sentencia que solicitó el demandante.

No tiene la Ley de Bancos No. 18 de 1923, página 83, ni sus enmiendas hechas por la Ley No. 68 de 1925, página 353, precepto alguno disponiendo que en los pleitos segui-dos contra un banco deje de dictarse sentencia cuando ha sido decretada su administración judicial o su disolución y liquidación, por una corte. Solamente disponía la sección 26 de la Ley de 1923 que si a consecuencia de un examén hecho o de un informe dado por un examinador de bancos, el Tesorero de Puerto Rico tuviese motivo para creer que un banco o banco extranjero no está en buenas condiciones económicas para continuar sus negocios, podrá, después de oir al banco, recomendar al Procurador General que insti-tuya la acción o procedimiento procedente con el fin de que se declare al banco o banco extranjero en liquidación. Este ■precepto fue enmendado prontamente por la Ley de 1925, y según esa enmienda si a consecuencia del examen o in-forme antes dicho el Tesorero tuviera motivos para creer que el banco no está en buenas condiciones para continuar los negocios o que esté administrado de tal manera que el publico o las personas y entidades que tengan fondos o va- lores bajo su custodia están en peligro de ser defraudados, podrá el Tesorero, después de oir al banco, recomendar al Procurador General que instituya la acción o procedimiento que fuere procedente con el fin de que se declare al banco o banco extranjero en liquidación, o de que se le ponga bajo administración judicial, a juicio del Tesorero. No hemos transcrito literalmente esos preceptos sino lo fundamental y lo subrayado es nuestro. Se ve por esa enmienda qne la Ley de 1923 qne se refería sólo al caso de no poder conti-nuar el banco sns negocios por lo qne babía de solicitarse sn liqnidación ha sido ampliado al caso de qne el banco no esté bien administrado, para lo enal se solicitará la admi-nistración judicial. Por consiguiente, puede decretarse la administración judicial de un banco si está mal adminis-trado o su liquidación si sus condiciones económicas no le permiten continuar sus negocios. En el caso presente lo que se ha decretado es la administración judicial de la caja demandada,, no su liquidación.

La sección 35, párrafo último, de la Ley de Bancos de 1923 hace aplicables a ella las disposiciones de la Ley de Corporaciones Privadas de 1911 y sus enmiendas en cuanto no se opongan a ella; y dicha ley de 1911, página 108; dice en su artículo 32 lo siguiente:

‘■'La disoluciÓN No afectará a los pleitos PENDIENTES. Ningún pleito qne esté pendiente o qne se entablare en adelante contra cual-quiera corporación disuelta antes de haberse dictado sentencia de-finitiva, caducará por razón de dicha disolución; pero no se dictará sentencia en ninguno de dichos pleitos sin previa notificación a los síndicos o liquidadores de la corporación.”

La notificación requerida por este precepto para poder dictarse sentencia en los pleitos pendientes se refiere al caso en que la corporación esté en disolución y no al que esté en administración judicial y por tanto no tiene aplica-ción al caso presente, en el que además el administrador judicial se ha dado por notificado de los procedimientos por su comparecencia. La sentencia puede dictarse aunque para ejecutarla sería necesario el consentimiento de la corte que nombró el administrador judicial, a menos que exista un estatuto que lo permita. 23 R.C.L. página 132, sección 140; Painter v. Painter, 138 Cal. 231, en 94 A.S.R. 47 y sus notas.

Por lo expuesto se anula la resolución recurrida y se devuelven los autos a la corte inferior para que dicte sen-tencia de acuerdo con lo solicitado por el demandante.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: En Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    El Menor Rafael Acosta, asistido y Representado por su Padre con Patria Potestad, José J. Acosta, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelada.
    No. 4060.

    Visto: Febrero 23, 1927.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    NEGLI6ENCIA — Acciones—Evidencia—Su Suficiencia en General — Oosas Atrac-tivas a los Niños. — Situada una torre de acero que sostiene líneas de dis-tribución de fuerza eléctrica de la demandada a una distancia de ciento cin-cuenta yardas de la carretera y separada de la misma por terrenos sembrados de malojillo levantada sobre terrenos pertenecientes a la demandada con su base de concreto enclavada sobre tierra baja y pantanosa que está más o me-nos cubierta de agua cuando la marea es alta, y rodeada a un lado por una zona sembrada de malojillo, y al otro, por los manglares, entre dos terraplenes sobre los cuales están las vías de dos compañías, una de estas la demandada siendo el único edificio que se halla en el vecindario inmediato de la torre un matadero los alrededores del cual están sembrados de malojillo no es per se un atractivo para los niños, y el- mero hecho de que tanto una u otra vía se usen por empleados de una u otra compañía o por empleados del mata-dero, o por viandantes que fuesen en busca de mondongo de vez en cuando, o que los carros de la demandada se pararan a veces, al hacérseles una señal, cerca del matadero no justifica el concluir que niños frecuentaran el sitio en que estaba enclavada la torre o que la demandada tenía fundados motivos para anticiparse que dicha torre pudiera ser usada como observatorio por niños que pasaran por allí al ir o venir del matadero.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Manuel A. Martínez Dávila y Salvador Mestre, abogados del ape-lante; J. H. Brown, Clemente Buiz Nazario y Guillermo J. Gon-zález, abogados de la apelada.
   En Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Acosta, de trece años y diez meses de edad, fue lesionado al venir en contacto con un alambre eléctrico de alta tensión, mientras se bailaba ilegalmente (trespassing) en una de las torres de acero usadas por la compañía para sostener sus líneas a través de las cuales se transmite y dis-tribuye fuerza eléctrica procedente de la planta sita en el Salto de Comerío. La teoría de la presente acción es que la torre de referencia, dada su situación y naturaleza, era un atractivo (attractive nuisance), y la primera cuestión sometida por el apelante es que la corte inferior erró al declarar que la prueba no establecía el becho de que los niños acostumbraban jugar alrededor del sitio en que ocu-rrió el accidente.

La argumentación del apelante asume que el juez sen-tenciador procedió fundado en la teoría de que era no sólo necesario que ■ los niños acostumbraran jugar alrededor de la torre, sino que esos niños que estaban presentes en el momento del accidente acostumbraban usar aquel sitio como lugar de recreo, y además, que no sólo estaban acostumbra-dos a jugar alrededor de la torre, sino en ella misma. Pero los abogados no especifican parte alguna de la “Relación del Caso y Opinión” que esté sujeta a esta interpretación, ni bailamos en la misma base satisfactoria para la conclu-sión de que el juez sentenciador actuó fundado en la teoría atribuídale en el alegato del apelante. La resolución de la corte inferior fue substancialmente que la prueba aducida no demostraba que ninguno de los niños que estuvieron pre-sentes en el momento del accidente, o niño alguno, acostum-brara jugar por aquellos alrededores.

El apelante indica que Raúl Marxuacb, uno de los niños que estaban presentes en el momento del accidente, declaró que muchas personas pasaban por aquel lugar. El testigo dijo además que no babía visitado la torre anteriormente. Tenía once años de edad al tiempo del accidente, y en la' repregunta, con respecto al peligro de caminar por los rie-les del ferrocarril y los puentes ferroviarios, manifestó que mucha gente ocastumbraba caminar por allí, refiriéndose al uso de la vía como un camino. No habiéndose demostrado en alguna otra forma la experiencia personal del testigo y sus consiguientes oportunidades de observación, el valor pro-batorio de la declaración en que se funda el apelante es evidentemente algo más que dudoso.

La torre está situada casi al borde del Caño de Martín Peña, como a ciento cincuenta metros de la carretera pú-blica y entre dos terraplenes, sobre uno de los cuales está la vía de la American Railroad, operándose sobre el otro el tranvía eléctrico interurbano perteneciente a la deman-dada. El Caño de Martín Peña es la divisoria entre los municipios de San Juan y Río Piedras, y el único edificio que se baila en el vecindario inmediato de la torre es un matadero. La base de concreto está enclavada sobre tierra baja y pantanosa que está más o menos cubierta de agua cuando la marea es alta.

Eduardo Arroyo acompañó al demandante al tiempo del accidente, y en su declaración se basa el apelante para tra-tar de demostrar que los alrededores de la torre no son muy. poco frecuentados. Arroyo dice que antes del accidente los muchachos habían estado en el matadero; que allí había gente, pero que no vió a nadie cerca de la torre; que es-taba acostumbrado a ir al matadero en busca de carne y que había visto a otras personas ir a buscar mondongo; que en ocasiones anteriores el testigo había pasado por aquel sitio caminando por las vías o por la carretera; que más allá de la torre está el mangle, y más abajo, una casa deshabi-tada; que nunca había visto gente alrededor de aquel lu-gar y que no hay otras casas en el vecindario. Entonces, al final del examen directo hizo la manifestación a que se hace referencia en el alegato del apelante. La transcripción ta-quigráfica en cuanto a este extremo lee como sigue:

“(Dte.) A. 4Aquellos sitios por allí alrededor de la torre, no quiero decir al lado sino aquel espacio que ustedes exploraban por allí, es un espacio de movimiento o de quietud!
“T. De movimiento.
“A. ¿Qué pasa por allí?
“T. Muchísima gente. Los trabajadores que trabajan en la es-tación pasan por allí y cruzan el puente.
“A. ¿Es un sitio de tránsito aquello.
“T. Sí, señor.
“A. Nada más.
‘ ‘ (Ddo.) A. ¿ Por dónde es que transita esa gente que usted dice?
“T. Por la vía.
“A. ¿Allí no hay ningún camino para pasar, solamente pasan por la vía?
“T. Por la vía y cruzan el puente.
“A. ¿La vía de qué?
“T. Del trolley.
“A. ¿Y cruzan el puente de qué?
“T. Del trolley.”

Hubo también alguna prueba al efecto de que los tran-vías eléctricos, al hacérseles alguna señal, se detenían cerca del matadero para recoger o dejar pasajeros.

De la transcripción taquigráfica respecto a lo que vió el juez sentenciador al practicar una inspección ocular del si-tio del suceso, tomamos el siguiente extracto:

“Esta torre se encuentra rodeada a un lado por una zona sem-brada de malojillo, y al otro, por los manglares.
“Se encuentra a una distancia como de treinta pies de los edifi-cios del matadero de 'Santurce, y entre el matadero y la torre pasa la vía del trole, que va levantada sobre un terraplén.
“El matadero se encuentra como a una distancia de 150 yardas a la derecha de la Carretera Central, yendo de San Juan hacia Pío Piedras y el terreno entre la carretera y el matadero está sembrado de malojillo, así como los alrededores del matadero. Al otro lado de las vías del trole y del ferrocarril, que van paralelamente por ese sitio, quedan los manglares, y entre la vía del trole y la vía del ferrocarril, es que está situada la torre.
“Dos de los edificios del matadero están muy próximos al terra-plén de la vía del trole, y entre uno y otro hay una escalerilla de madera, subiendo al terraplén de la vía. De esta escalerilla parten dos veredas: una que va hacia Río Piedras y otra hacia el lado de-recho en dirección a la torre; y sube la vía del tren, siguiendo en esta dirección hacia los manglares.”

Hubo prueba tendente a demostrar que la torre había sido levantada sobre terrenos pertenecientes a la demandada, que estaba equipada de un número de sivitches que gober-naban las líneas de distribución, y que frecuentemente era visitada por los empleados de la compañía.

El mero hecho de que la vía de la compañía demandada o la de la American Railroad fueran usadas por los emplea-dos de una o ambas compañías o por empleados del mata-dero, o por viandantes que fueran en busca de mondongo de vez en cuando, o que los carros de la demandada se pa-raran a veces, al hacérseles una señal, cerca del matadero, en nuestra opinión no justifica la conclusión a que llegan los abogados del apelante al efecto de que los niños acos-tumbraban frecuentar el sitio en que estaba enclavada la torre, o que la compañía demandada tenía motivo fundado para anticiparse que la torre pudiera ser usada como un observatorio por niños de corta edad que pasaran por aquel lugar al ir o venir del matadero o mientras realizaban al-gún otro mandado.

La segunda cuestión sometida por el apelante es que la corte inferior erró al declarar que la torre en cuestión no era per se un atractivo para los niños, a causa de su inhe-rente adaptabilidad para ser usada como un observatorio y de su consiguiente incitación de la curiosidad infantil. Se indica que no dejan de haber autoridades en un número de jurisdicciones en apoyo de este punto de vista, pero no se cita caso aplicable alguno. En ausencia de algo más de-finido o persuasivo por vía de argumentación, la cuestión no merece mayor discusión. La determinación final respecto al carácter de tal estructura, al ser erigida y sostenida en un vecindario populoso, o en un sitio que la compañía sabe es frecuentado por niños de corta edad, o que la compañía tiene motivo fundado para anticiparse el uso de estas to-rres como observatorios por tales niños, puede muy bien dejarse para cuando surja tal cuestión de hechos estableci-dos por la prueba aducida en el juicio en un caso futuro.

El apelante también insiste en que la corte inferior co-metió error al aplicar la doctrina sentada en el caso de Grove v. Baltimore City, 103 Atl. 948. El juez sentencia-dor meramente menciona el hecho de que se ha resuelto que un niño que sube a un poste y toca un alambre eléc-trico y es lesionado, no tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios, dada la inexistencia de las condiciones de atracción necesarias para justificar una conclusión dis-tinta, y cita el caso de Grove en apoyo de esta manifesta-ción. En vista de la conclusión a que ya se ha llegado res-pecto a la primera y segunda cuestiones sometidas por el apelante, el error, si alguno hubo, de que se queja el ape-lante, fué inofensivo, y no hemos creído necesario examinar el caso de Grove o seguir a los abogados del apelante en una extensa discusión de la cuestión de negligencia contri-buyente, la que parece ser un factor saliente de su argu-mentación sobre esta fase del presente caso.

Por razones similares bastará agregar que las otras con-tenciones del apelante son que la corte inferior cometió error al resolver que la prueba era insuficiente para demos-trar que la compañía demandada tenía conocimiento de que los niños acostumbraban jugar alrededor de la base de la torre, y. que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan Suárez Pérez, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 686.

    Sometido: Julio 19, 1927.

      Resuelto: Julio 30. 1927.
    1. Ejecución — Venta—Título y Derechos del Comprador — Bienes o Derechos que Pasan al Comprador — Derechos, Títulos o Interés en la Propiedad Vendida — De Personas nio Parte en la Acción que Motivó la Venta.— Un márshal no puede traspasar derecho, título o interés alguno perteneciente a uno que no ha sido parte en una acción personal que dió lugar a la venta en ejecución.
    2. Vendedor y Comprador, — Requisitos y Valides del Contrato — Contrato Con-signado en Escritura Pública — En General. — En ausencia de algo que de-muestre que los demandados, en una acción personal que dió lugar a una venta en ejecución, eran los únicos herederos o verdaderos eausahabientes de una persona, un traspaso del que vendió a ésta la propiedad vendida en eje-cución es insuficiente para investir con el título al comprador en dicha venta judicial.
    3. Vendedor y Comprador — Derechos y Responsabilidades de las Partes— Compradores Inocentes o de Buena Ee — Registro o Inscripción — Primero en el Registro — Doble Venta de la Misma Einca. — La doctrina de que en caso de una doble venta el título queda investido en el comprador que primero va al registro presupone que la escritura primeramente presentada sea un traspaso válido.
    Notas de A. Malaret, E. (San Juan, Sección Primera), denegando inscripción de una escritura de venta judicial y de nn traspaso subsiguiente.

      Confirmadas.

      Heriberto Torres Sola, abogado del recurrente; el recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acta de una venta hecha por un márshal expresaba que los demandados en una acción personal estaban com-prando a plazos, y que la causante de dichos demandados, Eloísa Navedo y Santana, anteriormente había estado com-prando a plazos a la “Sociedad Protectora de Niños” el solar que junto con la casa en él existente estaba vendiendo entonces el márshal en ejecución para satisfacer una sen-tencia por dinero; también expresaba que el derecho, tí-tulo e interés de la dicha Eloísa Navedo y Santana, así como el derecho, título e interés de los demandados sobre el terreno, estaban incluidos en la venta.

La escritura otorgada por el márshal representaba ser im traspaso de la casa y de los derechos, títulos e intereses en el terreno descritos en el acta de la venta.

Eloísa Navedo y Santana no fué parte en la acción personal.

Posteriormente la Sociedad Protectora de Niños traspasó el solar en cuestión al comprador en la venta en ejecución. La escritura contiene lo siguiente:,

‘ ‘ Quinto: El antes descrito solar lo compraba a plazos doña Eloísa Navedo y Santana a lá Sociedad Protectora de Niños de Río Piedras, por el precio de doscientos veinticuatro dollars, habiendo pagado dicha Eloísa Navedo a la mencionada sociedad Protectora la suma de ciento setenta y seis dollars y adeudando en el día de hoy a la misma la suma de cuarenta y ocho dollars.
“Sexto: Que según el caso civil número cuatrocientos setenta y ocho, sobre cobro de dólares, de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, de Juan Suárez Pérez contra Marta y Carmen Rivera Navedo, y Palmira, Natalia y Pedro Navedo y Pedro Rivera Rosario, como padre con patria potestad sobre sus menores hijos naturales reconocidos nombrados, Marta y Carmen Rivera Navedo el Márshal de la Corte antes dicha, Don Eduardo Urrutia por sentencia dictada en el mencionado caso, embargó, ven-dió en pública subasta y adjudicó al compareciente Juan Suárez Pérez, las acciones y derechos que sobre dicho solar pudieran tener los indicados demandados llamados, Marta y Carmen Rivera Navedo y Palmira, Natalia y Pedro Navedo y Pedro Rivera Rosario, este úl-timo como padre con patria potestad sobre sus menores hijos recono-cidos Marta y Carmen Rivera Navedo, todo lo cual consta en la es-critura número treinta y uno fechada el día diez y seis de febrero de mil novecientos veintisiete, y otorgada en San Juan, Puerto Rico, ante el Notario Don Ileriberto Torres Solá, . . .

. La escritura otorgada por el márshal fué presentada en el Registro de la Propiedad en unión del subsiguiente tras-paso arriba mencionado, como suplemento de la misma, y se denegó la inscripción del primer documento por el funda-mento de que ni el título sobre la casa ni los derechos rea-les sobre el terreno habían sido previamente inscritos a nombre de los demandados en la acción personal, ni a nom-bre de persona otra alguna.

Entonces el traspaso subsiguiente fné presentado junta-mente con la escritura otorgada por el marshal, solicitando que la propiedad fuera inscrita a nombre del comprador mencionado en ambos documentos.

Se denegó la inscripción del segundo traspaso por el fundamento de que el solar había sido previamente vendido a doña Eloísa Navedo Santana.

El recurrente ahora se queja de que el registrador cometió error al considerar la escritura otorgada por el márshal, sin tener en cuenta el traspaso subsiguiente, al pasar por alto más tarde la escritura otorgada por el márshal cuando consideraba el subsiguiente traspaso, y al negarse a inscribir el solar a nombre del recurrente de acuerdo con los efectos legales de los dos documentos tomados en conjunto.

Nos inclinamos a convenir con el recurrente que la me-jor práctica hubiera sido resolver específicamente al tiempo de la primera presentación sobre el valor que tuviera la prueba suplementaria para subsanar defectos, y en todo caso, al tiempo de la segunda nota determinar algo más definidamente el efecto legal de las dos escrituras tomadas conjuntamente en relación la una con la otra. Pero de esto no se sigue que una u otra de las notas recurridas de-ban ser revocadas.

Manifiestamente el márshal no podía traspasar derecho, título o interés alguno perteneciente a Eloísa Navedo y Santana, quien no era parte en la acción personal que dió lu-gar a la venta en ejecución. En ausencia absoluta de algo que demuestre que los demandados en dicha acción eran los únicos herederos, o en alguna forma los verdaderos cau-sahabientes de dicha Eloísa Navedo y Santana, un traspaso de su vendedor era igualmente insuficiente para investir con el título al comprador en la venta judicial. Por tanto, la única conclusión a que pudiera haber llegado el registra-dor al tiempo de su primera nota hubiera sido que el tras-paso subsiguiente era absolutamente ineficaz para subsanar defectos, cuando fue presentado meramente como suplemento al documento sometido para su inscripción.

La doctrina invocada por el recurrente de que en caso de una doble venta el título queda investido en el comprador que primero va al registro, presupone, desde luego, que la escritura primeramente presentada sea un traspaso válido. La regla no puede tener aplicación alguna cuando el documento primeramente presentado de su faz proclama un traspaso anterior a otro comprador que no tiene relación alguna con el comprador nombrado en la escritura subsiguiente. Ni puede suplirse el eslabón necesario mediante una escritura otorgada por un mársbal, representando ser un traspaso del derecho, título o interés de dicho primer comprador, como resultado de una venta en ejecución en una acción personal en que dicho comprador original no fué parte.

Ni la escritura otorgada por el marshal, ni el traspaso subsiguiente por la sociedad Protectora de Niños, ni am-bos conjuntamente pueden ser suficientes para privar a Eloísa Navedo y Santana, si vive, o a sus herederos, si ha fallecido, de derecho, título o interés alguno que ella o ellos puedan tener en el terreno que ahora reclama el recurrente.

Las notas recurridas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Generoso Rodríguez y Gerardo Quiñones, acusados y apelantes.
    No. 2732.

    Visto: Noviembre 9, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    1. “Indictment” y Acusación — Enmienda—Acusación Eiscal — Suscripción y Jukamento del Fiscal. — Cuando una acusación no está jurada y suscrita por el fiscal en la fecha en que es prestada y leída al aeusado, el permitir la corte inferior que el fiscal subsane tal defecto no constituye error alguno.
    2. Secretarios de las Oostes — Facultades de los Mismos — Juramentos—Se-cretarios Interinos. — Autorizado un subsecretario de una corté para actuar eomo secretario interino por renuncia del secretario, aquél puede, como tal, tomar juramento.

      3. Secretarios de las Cortes — Nombramiento de los Mismos — Sub-secretarjíos Autorizados para Actuar Interinamente — Autorización Como Nombra-miento. — Autorizado el sub-seeretario de un tribunal por ©1 Procurador General para actuar como secretario interino por renuncia del secretario pro-pietario, tal autorización no equivale a nombramiento alguno para el cargo de secretario.
    4. Derecho Penal — Lugar del Juicio (Venue) — Sitio Donde Debe Instarse el Proceso — Reorganización de Distritos Judiciales. — Dividida una corte en dos secciones, aún cuando una acusación no alegue la comisión del delito dentro del distrito a que corresponde la seeeión en que aquélla se presentó si el juicio se celebra refundidas ya ambas secciones en una corte con la misma jurisdicción que tenía los dos distritos de dicha corte anterior, no cabe alegar la falta de jurisdicción de ésta última corte para' conocer del delito.

      5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. —Resuelto por la corte inferior el conflicto de la evidencia en contra de unos acusados cuando del examen de la prueba no aparece que con ellos se come-tiera error, la conclusión de la corte inferior sobre la prueba debe prevalecer.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando a los acusados por delito de Adulteración de Leche.

      Confirmada.

      Dubón & Oehoteco, abogados de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Generoso Rodríguez y Gerardo Quiñones fueron acusa-dos del delito de adulteración de leche, imputándoseles que:

“. ... el 16 de junio de 1925 y en la Sección Norte del barrio de Santurce que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, vo-luntaria y maliciosamente tenían y ofrecían en venta como pura leche de vaca adulterada artificialmente con agua.”

Celebrado el juicio y dictada sentencia condenatoria contra ambos, interpusieron este recurso de apelación alegando como primer fundamento para él que la corte inferior co-metió error al no desestimar la acusación por no estar ju-rada y suscrita por el fiscal ante el secretario de la corte, el día que fue presentada y leída a los acusados.

Parece que la acusación en este caso no estaba jurada y suscrita por el fiscal pues habiendo solicitado los acusados que por ese motivo fuese desestimada la acusación, la corte Inferior concedió permiso al fiscal para enmendar y subsa-nar el defecto de falta de juramento, y fue jurada por el fiscal ante el secretario interino de la corte.

El haber permitido la corte inferior que el fiscal jurase la acusación, corrigiendo así el defecto de forma de que adolecía, no constituye error alguno.

El segundo motivo del recurso es porque el fiscal juró la acusación ante el secretario interino de la corte.

Habiendo renunciado su cargo el secretario de dicha ■corte, el Procurador General autorizó al sub-secretario-in-térprete de ella para que actuase como secretario interino de la misma. La Ley No. 13 de 9 de marzo de 1910 en su artículo segundo faculta a los secretarios de las cortes de distrito para tomar juramentos y como el sub-secretario de la corte inferior fue autorizado por el Procurador General para que actuase como secretario interino, podía como tal tomar juramentos.

También alegan los apelantes que ese nombramiento •es nulo porque no fue hecho por el Gobernador como requiere la ley, pero como contestación a esto nos bastará ■decir que no se hizo nombramiento alguno para el cargo de secretario sino que se autorizó al sub-secretario para que actuase como secretario interino, sin cubrir la vacante. La corte no podía quedar sin secretario mientras fuera nombrada otra persona para ese cargo y por eso fue autorizado el sub-secretario para actuar como secretario.

El tercer y cuarto error se refieren a que la acusación. no especifica el sitio donde se cometió el delito y al dictar sentencia careciendo la corte de jurisdicción.

La acusación dice que el delito se cometió en la sección norte del barrio de Santurce, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, Distrito Primero, y esto era bastante para dar jurisdicción a dicha corte, que entonces estaba dividida en dos secciones, norte y sur, separadas por una línea divisoria que partiendo del Palacio de Santa Catalina iba a terminar en el puente de Martín Peña. Además, enando el juicio fue celebrado se habían refundido ambas secciones en una corte de distrito con la misma jurisdicción que tenía el Primer y Segundo Distrito de dicha corte.

El quinto y último motivo de .error se refiere a la. insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia condenatoria.

Según la prueba del fiscal el día a que se refiere la de-nuncia el acusado Generoso Rodríguez tenía y vendía leche de vaca en el puesto de leche para el cual Gerardo Quiñones había obtenido una licencia para vender leche, resultando que esa leche estaba adulterada con agua. La prueba de los acusados tendía a demostrar que poco antes de llegar el inspector de sanidad al puesto de leche se había recibido' en él una leche que Generoso Rodríguez no quiso vender porque estaba mala y que de ésta fué que tomó la muestra el inspector, esperando varios compradores que allí habían cerca de una hora hasta que llegó al puesto otra leche. El conflicto de esa evidencia lo resolvió la corte inferior en contra de los acusados sin que por el examen que hemos hecho de la evidencia creamos que cometió error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Balbina Rodríguez, acusada y apelante.
    No. 2813.

    Visto: Noviembre 16, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    1. Pesas y Medidas — Denuncia—Requisitos y Suficiencia — Alegación de la Tolerancia por Defecto de Peso. — Una denuncia que alegue que a una pesa —cuyo uso motiva la denuncia — le falta una cantidad determinada de gra- . . mos que es mayor que la tolerancia permitida .... a pesas de esa clase y peso sin especificar la tolerancia permitida a tal clase de pesas, es insuficiente.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Conocimiento Judicial — Reglamentos Adminis-trativos en General. — Las cortes no pueden tomar conocimiento judicial de los Reglamentos Administrativos, ni pueden tomarlo tampoco de la tolerancias permitida a las pesas.

      SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), declarando culpable a la acusada del delito de infracción a la Ley de Pesas y Medidas, con costas.

      Revocada y absuelta la acusada.

      Adolfo Fórrala Doria, abogado de la apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia hecha contra la apelante- Balbina Rodrí-guez se dice que en su negocio de pulpería usaba una pesa de media libra, que comprobada resultó pesar doscientos diez y seis gramos (216), teniendo la libra standard cuatro-cientos cincuenta y tres gramos (453), faltándole a esa pesa diez gramos (10) para pesar media libra, lo que es mayor que la tolerancia establecida por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico a pesas de la clase y peso de la que es objeto de la denuncia.

Alega la apelante que la denuncia no contiene hechos constitutivos de delito y tiene razón, pues diciéndose en ella que a la pesa de media libra por cuyo uso se denunció a la apelante le faltaban diez gramos “lo que es mayor que la tolerancia establecida por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, a pesas de la clase y peso de la que es objeto de la denuncia,” ha debido decirse en la denuncia cuál es la tolerancia permitida a esa clase de pesas para que la corte pudiera por la lectura de la denuncia saber que efectivamente tenía un exceso de la tolerancia permitida, ya que no puede tomar conocimiento judicial de tal tolerancia, según hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. Garau, 29 D.P.R. 1038, y El Pueblo v. Mulero, 32 D.P.R. 902.

Por el motivo expresado la sentencia apelada debe ser revocada y absolverse a la denunciada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.