author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Lugo Irizarry, acusado y apelante.
    Núm. 10684.

    Sometido: Diciembre 19, 1944.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Enrique Báez Garcia, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este caso levanta una cuestión que hasta la fecha no ha sido resuelta por este tribunal. Puede invocarse en esta jurisdicción en casos criminales la doctrina de cosa juzgada?

El problema surgió como sigue: el acusado fué denun-ciado en la corte municipal por haber abandonado y dejado de mantener a su hijo desde marzo de 1942 a julio 9 de 1942 (Artículo 263, Código Penal, Edición de 1937). Fué decla-rado culpable y apeló para ante la corte de distrito. En la corte de distrito el acusado alegó ser inocente. También forT mulo la alegación de exposición anterior. Para sostener esta alegación, el demandado presentó en evidencia copia certifi-cada de una sentencia de la corte municipal, fechada el 18 de junio de 1941, acreditativa de que el acusado había sido absuelto del mismo delito que envolvía el dejar de mantener al mismo menor desde el 16 de enero de 1941 al 25 de fe-brero de 1941. La corte inferior desestimó la alegación de exposición anterior y después de un juicio en-los méritos de-claró culpable al acusado. El caso está ante nos en apela-ción contra la senténcia imponiendo al acusado pena de cár-cel, sentencia que fué dejada en suspenso a condición de que el acusado depositara mensualmente cierta cantidad para el sostenimiento del menor.

El acusado afirma que, bajo los hechos expuestos, debió haber prosperado su alegación de exposición anterior. No podemos convenir con esta contención. Si bien la “aplicación de la cláusula de exposición anterior a casos especí-íicos no ha sido tarea fácil para las cortes,” claramente dicha doctrina no cubre el presente caso. El delito aquí en-vuelto es uno de los llamados delito continuo. T en tales ca-sos la regla es que su prosecución no puede entablarse frag-mentariamente. Una vez que se entabla y se concluye un caso, éste impide toda prosecución por el mismo delito en cuanto a hechos que ocurrieron con anteripridad a la denun-cia; pero puede entablarse nueva denuncia por el mismo de-lito continuo, si se ha cometido después de la fecha de la denuncia, independientemente del resultado del primer caso (In re Snow, 120 U. S. 274; Blockburger v. United States, 284 U. S. 299, 302. Cf. Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765; Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 794, 802-3). En su consecuen-cia, el hecho de que el acusado fué denunciado y absuelto por el delito continuo de abandono de un menor desde el 16 de enero de 1941 al 25 de febrero de 1941, no le da derecho a interponer con éxito la alegación de exposición anterior contra esta denuncia por el mismo alegado delito que envuelve el mismo menor durante un período posterior a aquel com-prendido en la primera denuncia, o sea, desde marzo de 1942 a julio 9 de 1942.

Pero la conclusión a que hemos llegado- no resuelve el problema suscitado por los hechos de este caso. El acusado ha alegado adjudicación previa. Toda vez que la prueba demuestra que el primer caso envolvía un delito diferente o separado de la misma naturaleza, no procede aquí la alegación de exposición anterior. Pero las cortes no pueden permitir que se perjudiquen los derechos de un acusado en un caso criminal porque éste denomine erróneamente las alegaciones que interponga y pruebe. Por tanto pasamos a la cuestión de qué parte, si alguna, juega la doctrina de cosa juzgada en nuestro derecho.

Pasando por alto temporalmente el más difícil problema del efecto y alcance exactos de la doctrina de cosa juzgada en casos criminales, empezaremos por indicar que, aun cuando es una cuestión nueva en esta jurisdicción, hace tiempo que es ley bien conocida en las cortes federales y en la gran mayoría de los estados, que la doctrina de cosa juz-gada como tal no está limitada exclusivamente a casos civi-les ; sino que ha sido invocada en casos criminales tanto por como en contra de los acusados en las cortes federales y en una gran mayoría de los estados. United States v. Oppenheimer, 242 U. S. 85, 87-8; Collins v. Loisel, 262 U. S. 426; United States v. Adams, 281 U. S. 202, 205; Steele v. United States No. 2, 267 U. S. 505, 507; Murphy v. United States, 272 U. S. 630; Stone v. United States, 167 U. S. 178; United States v. Carlisi, 32 F. Supp. 479 (Dist. Ct., E. D., N. Y. (1940); Coffey v. United States, 116 U. S. 436. Para refe-rirse a los casos estatales al mismo efecto, véase la anota-ción Doctrine of res judicata in Criminal Cases, 147 A.L.R. 991; Anotación, Res Judicata in Criminal Proceedings, 103 American State Reports 19. Res Judicata, von Moschzisker, 38 Yale L. J. 299, 325-6.

Sin embargo la conclusion de que cosa juzgada como tal puede invocarse en casos criminales dista mucho de ser la contestación a su aplicación en casos específicos. De manera análoga al efecto de la alegación de exposición anterior en casos criminales, la alegación de cosa juzgada en casos ci-viles opera en muchos casos como impedimento (bar) o como fusión (merger). En tales casos la causa de acción original se extingue por la sentencia, y la alegación es fatal in toto al segundo caso. Bajo tales circunstancias la sentencia es con-cluyente aún en cuanto a todas las cuestiones que pudieron haber sido, pero que no fueron, de hecho litigadas y deter-minadas (Sucn. Rivera v. Lugo, 63 D.P.R. 14; Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569; Restatement, Judgments, secciones 61, 68; Scott, Collateral Estoppel by Judgment, 56 Harv. L. Rev. 1, 2-3).

Pero la alegación de adjudicación previa tiene este gran alcance en casos civiles solamente si se interpone en un pleito posterior que envuelva la misma reclamación o causa de acción. Por tanto nunca puede producir tal resultado en un caso criminal precisamente porque la cosa juzgada con-curre en un caso criminal solamente cuando un delito dife-rente está envuelto en el segundo caso. En dos palabras, se hace necesario recurrir a la cosa juzgada en casos criminales solamente cuando está envuelto un delito diferente y no el mismo. Esto es así porque si el segundo caso envolviera el mismo delito, prevalecería la alegación de exposición anterior sin más.

Nuestro verdadero problema surge por tanto cuando tra-tamos de delinear los límites de cosa juzgada en un caso criminal según se aplica a un caso que trata de un delito dife-rente a aquel envuelto en el primer caso. En casos civiles que envuelven tales hechos la regla es que “cuando la ac-ción posterior se basa en una causa de acción diferente a aquella sobre la cual la primera acción se basó, el efecto de la sentencia es más limitado. La sentencia es concluyente entre las partes en tal caso en cuanto a cuestiones de hecho litigadas y determinadas por la sentencia. No es concluyente en cuanto a cuestiones que pudieron pero que no se litiga-ron en la acción original. Esta es la doctrina de estoppel colateral”. “El término estoppel ‘colateral’ tiene por mi-ras hacer hincapié en el hecho de que las causas de acción envueltas en los dos procedimientos son diferentes, aun cuando los puntos o algunos de ellos sean los mismos.”

Encontramos la regla para casos civiles expuesta por el Juez Asociado Sr. Roberts en Tait v. Western Md. Ry. Co., 289 U. S. 620, 623: “El alcance del estoppel de una senten-cia depende de si la cuestión surge en una acción posterior entre las mismas partes sobre la misma reclamación o de-manda o sobre una reclamación o demanda diferente. En el primer caso una sentencia sobre los méritos es un absoluto impedimento {bar) a la acción posterior. En esta última el problema es determinar si el punto o cuestión a ser deter-minado en la segunda acción es el mismo que aquél litigado y determinado en la acción original. Cromwell v. County of Sac., 94 U. S. 351, 352-353; Southern Pacific R. Co. v. United States, 162 U. S. 1, 48; United States v. Moser, 266 U. S. 236, 241. ...”

Este mismo limitado efecto de cosa juzgada desarrollada en los casos civiles se encuentra en los casos criminales. El Juez Asociado Sr. Brandéis lo expresa como sigue en Collins v. Loisel, supra, a la pág. 430: “ .... al proveer contra la exposición anterior no se contempló que la En-mienda Quinta sustituiría el principio fundamental de cosa juzgada en casos criminales . . . Pero la sentencia sólo es cosa juzgada ... en cuanto a los puntos de derecho y los hechos necesariamente envueltos en dicho resultado”. Esta limitación de la doctrina de cosa juzgada en casos criminales se ha observado cuidadosamente en un gran número de ca-sos, muchos de los cuales pueden encontrarse en 147 A.L.R. 991, supra. Al mismo efecto, United States, v. De Angelo, 138 F. (2d) 466 (C.C.A. 3rd, 1943); United States v. Halbrook, 36 F. Supp. 345 (Dist. Ct., Mo. 1941).

En el caso de United States v. Morse, 24 F. (2d) 1001 (Dist. Ct., S. D. F. Y. 1926), el Juez Thacher, después Solicitor General de los Estados Unidos y ahora Juez de la Corte de Apelaciones de Nueva York, al resolver una mo-ción para anular una denuncia, empleó el siguiente lenguaje al exponer la regla: “La moción no puede prosperar coma alegación de autrofois acquit como impedimento {bar) a la denuncia, porque los delitos imputados no son idénticos. . . Por tanto se presenta la sentencia en el caso anterior, na como impedimento {bar), sino como estoppel sobre el prin-cipio de que cuestiones de hecho o de derecho, suscitadas claramente y determinadas directamente por una corte de jurisdicción competente, no pueden después disputarse entre las mismas partes (citando casos).

“A este extremo la sentencia absolutoria, aún cuando se dictó en una denuncia que imputaba un delito diferente, opera como estoppel y, si dentro de su adjudicación, se encuentran hechos necesariamente decisivos en el caso ante nos, la de-nuncia pendiente debe anularse (citando casos). Pero, desde luego, no se puede anular debidamente la denuncia a menos que el estoppel de la sentencia anterior excluya prueba de hechos necesarios para sostenérla”.

Muchos de los casos citan 2 Freeman on Judgments (5a. Ed.) art. 648, págs. 1364-5, como sigue: “No hay razón por la cual, bajo las debidas circunstancias, no deba darse a una sentencia definitiva en un caso criminal, efecto concluyente como estoppel o impedimento (bar). La misma política que dicta la regla en casos civiles la exige en casos criminales. . . Los principios aplicables a sentencias en casos criminales son, en general, idénticos, en tanto en cuanto está envuelta la cuestión de estoppel, a los principios reconocidos en casos civiles. . . Pero bajo tales circunstancias la sentencia anterior es concluyente solamente en cuanto a aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente o por necesidad se adjudicaron. . . ”

Resulta fácil resolver el presente caso al aplicársele estos bien establecidos principios. La adjudicación previa de inocencia en la corte municipal por el abandono del menor aquí envuelto durante 1941, no opera como impedimento (bar) por vía de exposición anterior a la prosecución de una denuncia posterior y diferente por un delito de la misma naturaleza, es decir, el no haber suministrado la manutención en 1942. ¿Pero levantó el acusado la cuestión de la paternidad entre él y el Pueblo en el primer caso y fué dicha cuestión o hecho adjudicado necesariamente para su absolución^ teniendo ahora derecho a alegar que el Pueblo está estopped de relitigar esa misma cuestión en otro caso criminal imputándole bajo la misma ley el mismo delito, si bien por un período subsiguiente, siendo por tanto técnicamente un delito diferente?

El récord ante nos no demuestra específicamente los mo-tivos por loS cuales se absolvió al acusado en el primer caso. Por tanto, se podría concebiblemente argüir que la cuestión de paternidad no fué necesariamente determinada en el primer caso. Por ejemplo, la defensa pudo muy bien ser que él estaba manteniendo al menor, defensa que o fué creída por la corte municipal o levantó nna dnda razonable en cnanto a sn culpabilidad.

En este caso específico no nos impresiona dicho argumento. Los artículos 2 y 3 de la Ley núm. 108, Leyes de Puerto Rico, 1940 (pág. 673), disponen que en tales casos el juez municipal deberá hacer un requerimiento formal al presunto padre para que proporcione la manutención. De conformidad con el artículo 4; el acusado debe comparecer dentro de ocho días y “aceptará o no la paternidad”. El artículo 5 dispone que si se admite la paternidad, el caso se envía a la corte juve-nil para procedimientos ulteriores. Hemos resuelto que la Ley núm. 108 significa que el requerimiento formal es una condición precedente a la prosecución, y que solamente de .negarse la paternidad después del requerimiento formal, es que la corte municipal procede a celebrar el juicio, en la juanera’ usual como si fuera un caso ordinario misdemeanor. Pueblo v. Lamboy, 59 D.P.R. 174; Pueblo v. Ramos, 61 D.P.R. 333, 336-7.

Por tanto no puede argumentarse en el presente caso qué la cuestión de paternidad no fué necesariamente resuelta a favor del acusado en el primer caso bajo la teoría de que durante el juicio pudo haber admitido la paternidad pero ne-gado el dejar de proveer manutención al menor, y que su absolución pudo por tanto resultar de haberse resuelto a su favor el segundo motivo. Si hubiera admitido la paternidad, la corte municipal, de conformidad con la Ley núm. 108, hu-biera enviado el caso a la corte juvenil. Pero toda vez que la copia certificada de la sentencia de absolución demuestra que el caso fué visto en la corte municipal, forzoso es con-cluir que el acusado negó la paternidad. Y si él «fué absuelto en un caso en que la negativa era el único punto presentado en el juicio, la corte municipal necesariamente tuvo que ha-ber concluido que él no era el padre. Al decir esto, no pasa-mos por alto el argumento de que a pesar de negar la pa-ternidad, concebiblemente el acnsado pndo (a) baber estado manteniendo al menor, (&) haberlo así probado en sn de-fensa, y (c) haber sido absuelto por dicho motivo. Pero se-ría puramente especulativa y no podría predominar bajo las circunstancias de este caso una resolución en este sentido sin base alguna en el récord de . este caso específico que la sos-tenga. Tenemos ante nos solamente la negativa de paterni-dad, la denuncia por el abandono del menor y una absolución. Y la única cuestión que estamos seguros se levantó y litigó es la negativa de paternidad. Es más, el coloquio sobre este asunto entre el Juez y los abogados demuestra que todas las 'partes substancialmente admitieron que el primer caso se re-solvió exclusivamente a base de la paternidad. Bajó dichas circunstancias, en vista de la disposición estatutaria de que el juicio se celebre en la corte municipal solamente en caso de que se niegue la paternidad, creemos que esta cuestión de paternidad era un hecho necesariamente envuelto en el caso, y que el acusado no podía, hasta donde demuestra el récord ante nos, haber sido absuelto bajo teoría alguna a no ser que el acusado no era el padre del menor. Por tanto concluimos que, bajo la doctrina de estoppel colateral establecida en los casos, la defensa de adjudicación anterior de este punto de hecho debió haber prevalecido en el presente caso.

Hemos encontrado solamente dos casos en que los hechos son algo parecidos a los del presente y en ambos la doctrina de cosa juzgada se invocó con éxito. En el de Commonwealth v. Ellis, 35 N. E. 773 (Mass. 1893), el acusado fue denunciado, por el delito de abandonar su hijo menor. Durante el juicio su defensa consistió en que el menor no era su hijo, sino hijo adulterino de su esposa. Para combatir esta defensa, el Pueblo presentó en evidencia el récord de la corte de distrito de-mostrando una convicción anterior y sentencia bajo la misma ley por el mismo delito, en cuanto al mismo hijo. La corte de distrito resolvió que el récord de la convicción y sentencia era evidencia concluyente en cuanto a la cuestión de paterni-dad, y que el acusado estaba estopped de alegar la supuesta ilegitimidad del menor como defensa. La Corte dijo: “La cuestión de paternidad del menor necesariamente estaba en-vuelta en la anterior convicción del acusado. Habiéndose de-terminado el hecho, no puede litigarse otra vez entre las mis-mas partes, a menos que a los procedimientos criminales se les aplique una regla diferente a la de los procedimientos ci-viles. Véase Sly v. Hunt, 159 Mass. 151, 34 N. E. 187, y ca-sos citados. Es doctrina bien establecida que la regla es la misma en ambas clases de casos. . .” .

En People v. Mojado, 70 P. (2d) 1015 (Calif., 1937), el acusado fue convicto bajo el artículo 270 del Código Penal de California por abandono de su hijo menor. La única cues-tión en apelación consistió en si la corte inferior erró al ad-mitir en evidencia el récord de la anterior convicción del apelante por un delito similar en relación con el mismo hijo, y al sostener una objeción a la oferta del apelante para pro-bar que él no era el padre del menor. Al confirmar la sen-tencia la corte dijo a la página 1016: “ ... En este caso no podría haber convicción posterior en ausencia de la determi-nación judicial de que el apelante era el padre de este me-nor! La determinación de dicho hecho, reflejada en la sen-tencia, es inseparablemente parte de dicha convicción. ...

No vacilamos en adoptar esta regla en esta jurisdicción. La política pública contenida en la doctrina de cosa juzgada es suficientemente fuerte y predominante para resistir las •más elocuentes alegaciones de que no se aplique con el fin de evitar alegadas injusticias en casos individuales. El he-cho de que las cuestiones envueltas en la defensa de adjudi-cación anterior en un caso criminal disten algo de ser expo-sición anterior no nos dehe llevar por tanto a diluir el incó-^ lume principio que se aplica a todos los casos, civiles o cri-minales, de que en un pleito en que las partes, los puntos, y la naturaleza de la causa son los mismos, la ley dispone que se determine solamente una vez, y nada más. Este principio está tan adentrado en la ley referente a casos civiles que huelgan los ejemplos. En el derecho penal vienen en seguida a nuestra mente los ejemplos. Se acusa a un individuo de adulterio. Su defensa es que él y la mujer envuelta son es-posos. Sale absuelto. De continuar viviendo con la mismá mujer, ¿quién podría decir que, por técnicamente diferente que sea el delito posterior, debe permitirse al Estado moles-tar al individuo con acusaciones posteriores que necesaria-mente tienen que estar basadas en un hecho ya resuelto contra el Estado en un caso similar que envolvía la misma acu-sación en que dicho hecho era de igual manera necesario para la determinación del caso % El mismo punto sería válido tam-bién si se intentara denunciar subsiguientemente a una persona por infringir la Ley Federal sobre Normas Razonables del Trabajo, después de haber sido absuelto, cuando la única defensa consistió en que el negocio del acusado no estaba cubierto por dicha ley; o si el acusado fuera perseguido nueva-mente por violación de la Ley Federal que prohíbe la trans-portación de armas de fuego en el comercio interestatal por una persona convicta anteriormente de un delito de violen-cia, después de haber sido absuelto en un caso en que el acu-sado sólo levantó 'la cuestión de que nunca había sido con-victo anteriormente de un delito de violencia.

Escasamente tenemos qne añadir qne nna sentencia en nn caso criminal, ann en cnanto a los hechos necesariamente de-terminados en el mismo, no es impedimento (bar) por el fun-damento de cosa juzgada a una acción civil posterior basada en los mismos hechos. Lo contrario es desde luego igual-mente cierto. La doctrina no podría aplicarse en dichas si-tuaciones debido a la diferencia en las partes y en el grado de la prueba requerida en casos civiles y criminales.. Helvering v. Mitchell, supra, a la pág. 397; von Moschzisker, supra, a las págs. 325-326. Aquí la absolución en el primer caso criminal no operaría por ejemplo en el sentido de que la cues-tión de paternidad sea cosa juzgada en una acción civil posterior de filiación. Véase State v. Morrow, 75 P. (2d) 737 (Ore., 1936). Cf. Ortiz v. Viera, 61 D.P.R. 514.

En este caso tampoco tenemos que resolver la cuestión de si la alegación de cosa juzgada podría interponerse con éxito en cuanto a un punto de hecho ya litigado en un caso anterior cuando el segundo caso contra el mismo acusado envuelve un alegado delito de diferente naturaleza bajo una ley distinta. Aquí sólo resolvemos que cosa juzgada evita una denuncia posterior por el mismo delito continuo cuando el acusado ha sido absuelto previamente por la misma acusación por hechos ocurridos durante un período anterior, si en el primer caso debido a su absolución necesariamente tuvo que determinarse a favor del acusado una cuestión de hecho, cuestión que tiene indispensablemente que resolverse en su contra para poder hallarlo culpable en el segundo caso.

Es innecesario que examinemos los numerosos otros erro-res señalados por el acusado debido al resultado a que he-mos llegado.

La sentencia de. la corte de distrito será revocada y se dictará nueva sentencia absolviendo al acusado.

      (1)EI artículo 2 de nuestra Carta Orgánica dispone que <(. . . ninguna persona será puesta dos veces en riesgo de ser castigada por el mismo delito . . .}y (Título 48 U.S.C.A. Sección 737). El artículo 6 del Código de Enjuiciamiento Criminal, Edición 1935, dispone que (í Ninguna persona podrá ser procesada segunda vez por un delito público, después de haber sido ya condenada o absuelta por el mismo delito.13

      (2) U. S. ex rel. Marcus v. Hess, 317 U. S. 537, 548.

      (3)Bn este caso la alegación de sosa juzgada en cuanto a un punto fué inter-puesta con éxito en contra del acusado.

      (4)Bl caso de Coffey, resuelto en 1886, resolvió que la absolución de un acusado en un caso criminal por infracción a las leyes federales de rentas inter-nas impedía un pleito in rem que tenía la naturaleza de un procedimiento para una penalidad criminal, o sea la confiscación de los Venes envueltos. En virtud-de los diferentes grados de prueba requeridos en los dos casos, esta deeisión lia sido criticada severamente (Mitchell v. Commissioner of Internal Revenue, 89 F. (2d) 873, 878 (C.C.A. 2d. 1937); Paul, Selected Studies in Federal Taxation, Second Series, Res Judicata in Federal Taxation, 104, 138-9) y distinguida (Helvering v. Mitchell, 303 U. S. 391, 405-6). Quizá ya no represente la ley sobre sus hechos específicos. Pero la Corte Suprema nunca ha repudiado el lenguaje que se encuentra a la pág. 443 del caso de Coffey que reconoce la aplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada en casos criminales y que expone el alcance de dieha doctrina en tales casos.

      (5)El Juez Asociado Sr. Holmes, hablando por la corte en el caso de United States v. Oppenheimer, supra, d'ce a las páginas 87-8:
      “En cnanto a los méritos la proposición del Gobierno es que la doctrina de cosa juzgada no existe en casos criminales excepto en la forma modificada de 1a Quinta Enmienda de que nad e podrá ser sometido, por el mismo delito, dos vece® a juicio que pueda ocasionarle pérdida de la vida o de alguno de sus miembros; y se infiere la conclusión de que una decisión proveniente de una alegación de impedimento (in bar) no puede evitar un segundo juicio cuando el acusado nunca ha estado expuesto por segunda vez en el sentido de estar ante un jurado por los hechos del delito imputado. Parece que el exponer meramente la posición cons-tituiría su propia contestación. No es posible que los derechos de la persona, tantas veces correctamente mencionados con solemnes reverencias, sean menos que aquellos que le protegen de responsabilidad por una deuda. . . .
      "La garantía provista por la Constitución contra los más graves abusos ha tendido a dar la impresión de que cuando no era aplicable eií sus términos, no podía aplicarse ningún otro principio. Pero la Enmienda Quinta no tuvo por miras burlarse de lo que en el dereelio civil es un principio fundamental de jus-ticia (Jeter v. Hewitt, 22 How. 352, 364). o sea, euando una persona ya ha sido absuelta en los méritos, permitirle al Gobierno que lo procese por segunda vez.”

        (6)Restatement, Judgments, sección 68, Comment a, pig. 294.

      (7)Scott, supra, a la pig. 3.

        (7a)Al formular su alegación ele exposición anterior, el abogado del acusado manifestó que (T. de E. pág. 50) “. . . hemos encontrado que el acusado fué absuelto en la corte municipal de un del'to de abandono de menores cometido después de estar en vigor la ley de 1940 y que el acusado fué absuelto luego de oída la prueba y considerada la misma por sus méritos. ...” El fiscal de dis-trito replicó que ”... Si el acusado fué llevado ante la corte municipal con posterioridad al 1940 y el acusado fué absuelto habiendo negado la paternidad, nosotros entendemos que aún siendo así y aún admitiendo que el aeusado compa-reció ante la corte municipal y fué absuelto, no cabría nunca la alegación de former jeopardy ...” La corte' de distrito, resumiendo las alegaciones y las contenciones de las partes (T. de B. Pág. 50-53) indieó que de conformidad con el procedimiento provisto por la Ley 108, ”E1 acusado negó la paternidad” en el presente caso. (Bastardillas nuestras.)

      (8)Este caso no es enteramente aplicable, en vista de la expresa disposición de la ley de California allí envuelta de que tal* convicción anterior puede alegarse y probarse en un caso posterior traído bajo las circunstancias de dicho caso. Sin embargo, el «aso es interesante tanto por su resolución como por su reeonoei-miento implícito de que en California, cuyo Código Penal y Código de Enjuicia-miento Criminal liemos copiado, puede invocarse la cosa juzgada en casos crimina-les. En los casos de People v. Housman, 112 P. (2d) 944, 947 (Calif., 1941) y People v. Ashrawy, 19 P. (2d) 536 (Calif., 1933), las cortes nuevamente implican que la doctrina se aplica en California a casos criminales. Y en People v. Johansen, 226 Pac. 634 (Calif., 1924) la doctrina invocada en el presente caso en cuanto a delitos continuos se distingue por el fundamento de que en el caso de Johmsen los hechos pudieron haber cambiado durante el intervalo entre las dos denuncias. Desde luego, dicha distinción no puede hacerse en cuanto a la cuestión de pater-nidad aquí envuelta. En nuestra búsqueda no hemos encontrado ningún otro caso de California sobre esta cuestión.
      No nos preoeupa el hecho de que cosa juzgada está definida solamente en el artículo 1204 de nuestro Código Civil, edición 1930, o que el artículo 162 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, edieión 1937, copiado de California, señala solamente “cuatro clases de alegaciones contra una acusación”, incluyendo la alegación de exposición anterior, pero ninguna alegación conocida como cosa juzgada. Aparentemente California y en verdad la abrumadora mayoría de los otros estados permiten no obstante tal defensa. En Commonwealth v. Spivey, 48 S.W. (2d) 1076 (Ky., 1932) la corte dijo a la página 1077: “Se insiste primeramente por el Gobierno que bajo nuestro Código de Procedimiento Criminal no se hace disposición alguna para que la alegación de cosa juzgada descanse en el artículo 172 del Código de Procedimiento Criminal, que dice que sólo hay tres clases de alegaciones eontra una acusación: (1) la de culpabilidad; (2) la de inocencia, (3) la de convicción o absolución anterior. Sin embargo, la alega-ción de cosa juzgada de poderse hacer en un caso criminal, es en realidad, al interponerse por el acusado, un elemento de la alegación de inocencia, debido a que de probarse, entonces el acusado debe ser declarado, como se hizo con el acu-sado en este caso, inocente del delito imputado. Somos de opinión que, al inter-ponerse por el acusado, la alegación de cosa juzgada se puede hacer bajo la alegación de inocencia ...”
      En este caso no es necesario que entremos a considerar si la cosa juzgada en casos criminales debe caracterizarse y apuntarse técnicamente como una ale-gación separada, o si está contenida bajo la alegación general de inocencia. Se podría quizás argumentar que toda vez que, contrario a la alegación ordinaria de impedimento (Sor), se dirige a puntos específicos más bien que al caso en su totalidad, puede levantarse por moeión o bajo la alegación de inocencia. De cualquier modo, es suficiente decir en este caso que el acusado solicitó y obtuvo el permiso de la corte, sin oposición del Fiscal, para hacer una alegación formal —aunque, como hemos visto, erróneamente la tituló exposición anterior — en la que adujo todos los hechos y que la eorte desestimó en los méritos (cf. Pueblo v. Marrero, 18 D.P.R. 923). Sin embargo, creemos oportuno añadir que en casos futuros los abogados deben interponer la defensa de cosa juzgada mediante una moción especial expresamente alegando tal defensa.

      (9)En verdad, nada demuestra mejor cuán rigurosamente funciona dicha po-lítica que la regla de que los derechos de las mismas partes que envuelven la misma causa de acción están resueltos para siempre aún en una decisión obtenida por empate, lo que podría parecer al lego que no es decisión alguna. Junta Insular de Elecciones v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 819.

      (10) Todos estos ejemplos están predicados en la premisa de que, contrario al caso de Johansen, los hechos fundamentales no sufrieron cambio alguno en el intervalo entre las dos denuncias.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, representado por Sergio Cuevas, Comisionado del Interior, demandante y apelado, v. Parkhurst Canning Company, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8915.

    Sometido: Noviembre 14, 1944.

      Resuelto: Febrero 15, 1945.

      Bubón <& Ochoteco, abogados de la apelante; Eon. Procurador General Interino Jesús A. González, Fernando B. Fornaris, Procu-rador General Auxiliar y Federico Filen, Asesor Legal del De-partamento del Interior el último, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En esta acción sobre expropiación forzosa radicada por El Pueblo de Puerto Rico contra la Parkhurst Canning Co., Inc., con el fin de adquirir una parcela de terreno de 2.236 cuerdas a ser segregadas de una de mayor cabida propiedad de la demandada sita entre Bayamón y Vega Alta y atrave-sada por la carretera número dos, el demandante consignó como compensación razonable la suma de $5,118 o sea $1,118 como valor intrínseco del terreno y $4,000 por los daños y perjuicios que se ocasionaban a la demandada. El fin de la expropiación, según se alegó, era verificar el ensanche de la referida carretera. Después de haber dictado: 1ro. la reso-lución aprobando la declaración de adquisición radicada por el demandante de acuerdo con la Ley número 2 del 1ro. de abril de 1941 y 2do. la orden declarando con lugar la mo-ción de la demandada sobre entrega del dinero depositado en la corte, sin perjuicio de su derecho a reclamar compen-sación adicional, la demandada contestó la demanda y cele-brado el juicio correspondiente la corte inferior dictó sen-tencia condenando al demandante a satisfacer a la demandada la cantidad de $3,700 como compensación adicional a las ya satisfechas, más intereses al 6 por ciento sobre dicha suma adicional a contarse los mismos desde la fecha de la adqui-sición por el demandante.

No conforme la demandada estableció el presente recurso, de apelación y en el señalamiento de errores que hace se limita a atacar la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora, y que en su consecuencia es insuficiente la cuantía de la indemnización concedida. Solicita la apelante en su alegato que se modifique la sentencia aumentando la indemnización “a aquella cantidad que, conforme a la prueba practicada, represente los verdaderos daños y perjuicios” que ha sufrido.

. Nos vemos precisados por tanto'-a hacer un resumen de la prueba presentada por las/partes. La del demandante consistió en las declaraciones de los siguientes testigos:

Cecilio Delgado, Ingeniero Civil y Jefe Auxiliar, encar-gado de estudio y protección de carreteras, en el Departa-mento del Interior, quien, en síntesis, declaró que era abso-lutamente necesario trazar la'-carretera por los terrenos de la demandada, debido no sólo por la necesidad civil sino por la militar y al costo, la visibilidad, velocidad del tránsito, topografía, y el gran número de casas en las cercanías; que su diseño se hizo con la aprobación de los ingenieros federa-les en Puerto Rico; que no había ningún otro sitio por donde trazar la carretera.

Augel M. Quintero, Ayudante del Comisionado de Agri-cultura y Comercio, declaró que durante tres años y medio trabajó como tasador de fincas agrícolas en el Banco Federal; que tasó la finca de la demandada a razón de $500 la cuerda, “tomando en consideración el perjuicio que se le ha-cía a la finca dividiéndola en dos partes”, así como la fer-tilidad de la tierra, declarando además qne la tasación era de $500 “porque agrícolamente hablando, pues, no tendría "ese precio, tendría nn precio inferior ’ ’; qne asimismo toma-ron en consideración qne era probable que el Departamento’ de Sanidad no le permitiría a la demandada tirar los resi-duos de- frutas donde acostumbraba hacerlo anteriormente; ■que calculó que diez toneladas de desperdicios que tuvieran que transportarse a razón de 40 centavos la tonelada, serían' -$4 diarios, y trabajando la finca cien días al año, serían cua-trocientos pesos anuales; que tomando como período razo-nable el término de 10 años, ello equivaldría a una compen-sación de $4,000; que tomó el término de 10 años por cons-tituir “el tiempo para cambiar el negocio, cambiar la maqui-naria; consideré que ese era tiempo razonable para que ellos terminaran su negocio, si les iba bien o si les iba mal”; pero que no tomó en consideración que en tiempo de lluvia podía anegarse el terreno a ambos lados de' la carretera.

Heraclio Rivera, Tasador de la Propiedad del Departa-mento de Hacienda, declaró que el valor de la propiedad ha-bía sido tasado en $500 la cuerda, concediendo así “cierta cantidad que recompensara los posibles daños que se ocasio-naren” en caso que hubiere que transportar los residuos a otra finca; que en una finca una .parcela pequeña se tasa mucho más alto que el total de la finca y que a virtud de la adquisición la finca quedaba subdividida; y que el valor de una cuerda en el sitio donde ocurrió la tasación es de $200; en cuanto a los $4,000 en concepto de daños hizo el mismo cálculo que el testigo anterior; que al hacerse la tasación a los- fines contributivos no se toma en consideración el valor de la finca en el mercado.

William Rossy, Ingeniero Químico y Jefe de la División de Investigación Industrial en el Departamento de Agricul-tura y Comercio, declaró que los factores tomados en consi-deración para tasar en $4,000 la compensación por los daños y perjuicios que podía sufrir la corporación en sus negocios, eran el coste adicional para transportar los residuos de la finca a un sitio dentro de un radio de cinco kilómetros, siendo la duración del trabajo 25 días laborables en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, o sea, cien días al año, a ra-zón de 10 toneladas diarias, lo que rendía un total de $400 al año; que para el cómputo total se recomendó el término de 10 años, en el cual pudiera hacerse uso de dichos produc-tos a través de métodos modernos, o modernizar los procedi-mientos para descontinuar la transportación de los residuos; que se calculó la producción de la fábrica así como su capa-cidad normal (50,000 cajas al año, equivalentes a dos mil to-neladas de frutas); y los desperdicios se calcularon en un sesenta por ciento.

La prueba documental del demandante demostró que la finca de 12 cuerdas de la demandada está tasada para fines contributivos en $1,500.

La prueba testifical de la demandada consistió en la de-claración de las siguientes personas cuyos testimonios damos también en síntesis:

H. E. Kkight, Administrador de la Corozal Canning Co., declaró como perito, sobre la producción y procedimiento en el-enlatado de piñas, siendo sus principales declaraciones en el sentido de que en dicho procedimiento se utiliza un treinta y cinco por ciento, botándose un sesenta y cinco por ciento; que los desperdicios hay que botarlos lejos de la carretera porque se fermentan y producen mal olor y atraen moscas; que para esparcir mil toneladas de residuos él utilizó veinti-cinco cuerdas; que considera que en media cuerda no deben echarse trescientas toneladas; que la cosecha de piña empieza a mediados de febrero y se enlata hasta agosto, o sea, siete meses, como consecuencia de cierto procedimiento moderno para precipitar la madurez de la piña; que es cierto que- se está produciendo muy poca piña en la zona de Bayamón.

Bomán Narváez, dueño de una lechería que colinda con los terrenos de Parkhnrst, declaró que al principio le habían molestado en su negocio las moscas y el olor causados pol-los residuos, pero que tal molestia cesó al cambiarse el sitio de depósito precisamente por donde pasa ahora la carretera; que desde la expropiación los residuos han sido depositados entre las dos carreteras (la nueva y la vieja) donde no le ocasionan molestia.

Norm AN Parkhurst, Secretario de la Parkhurst Canning Co., declaró que tal corporación (cuyos accionistas eran su padre, su hermano y él) había sido disuelta, pasando la pro-piedad a su hermano y a él, pero que la fábrica continuaba funcionando; que la producción anual de la fábrica es de un promedio de 50,000 cajas, promedio que exige 3,000 tonela-das de fruta, que a su vez rendirían 1,900 toneladas de re-siduo — el 65 por ciento de la producción — ; que el trabajo de la fábrica “ . . . empieza en febrero, marzo, abril, mayo, ju-nio, julio y generalmente terminamos durante el mes de agosto”; que los residuos eran echados a una distancia no menor de 150 metros de la fábrica, pero que el sitio utilizado anteriormente no se puede utilizar por motivos de la expro-piación; que intentaban llevar los residuos a otra finca que queda como a seis kilómetros de la fábrica, lo que costaría $6,500 por zafra, o sea, $3.25 por tonelada; y en cuanto a la otra finca que queda al otro lado de la nueva carretera, “la oferta ... es por un período de cinco años $2.25 y por diez años $2,75.”;’ que el desagüe de la carretera es dentro de la finca, y que en tiempo de lluvia se empoza el agua; que no había recibido ninguna comunicación oficial del Departa-mento de Sanidad que le obligara a cesar depositando los residuos donde lo venía haciendo desde la expropiación.

. W. E. Parkhurst declaró que ese año no trabajaron mu-chos días porque tenían poca fruta; que habían utilizado como seiscientas toneladas de piña para hacer mil cajas; que el sesenticinco por ciento es de residuos; continuó explicando los contratos que tenían para ese año y explicó la produc-ción en años anteriores.

Al apreciar esta prueba contradictoria y además como re-sultado de la inspección ocular que realizó, la corte inferior hizo constar en la opinión que emitió en apoyo de su senten-cia que “constituye una más justa y adecuada compensación a pagarse a la demandada por los daños y perjuicios ocasio-nados . . . que la demandada ha de incurrir en un gasto adi-cional de setenta y cinco centavos por tonelada de residuos de piña que arrastre a su finca de 4% cuerdas en la parte norte de su factoría, cruzando la carretera de nueva cons-trucción.” Rechazó, por tanto, como exagerado e innecesa-rio el gasto de $3.25 por tonelada de arrastre de residuos que pretendía la demandada hacer hasta otra finca suya situada en Bayamón. El cálculo de los daños por este concepto que hizo la corte fue el siguiente:

“A base de esta cantidad de setenta y cinco centavos fijada como gasto adicional, nos daría un total de $7,500 al multiplicarla por mil toneladas por zafra y por 10 años de promedio del negocio de la demandada, plazo éste que es, a juicio de esta Corte, razonable. A esta cantidad debe descontarse los $4,000 ya pagados a la demandada por este mismo concepto.”

Concedió además la corte $200 por la depreciación en el valor intrínseco de dos cuerdas de terreno en las cuales, en tiempo de lluvia, al llenarse, vierte sus aguas una alcanta-rilla construida por el demandante. En. total aumentó los daños de $4,000 a $7,700, condenando al demandante a pa-gar a la demandada la diferencia, o sean, $3,700.

Somos de opinión que la corte sentenciadora no erró al resolver el conflicto que existe en _la prueba anteriormente reseñada. Véase Autoridad de Hogares v. Hutton, 60 D.P.R. 463. Los casos citados por la apelante en los cuales esta Corte aumentó la compensación, son claramente distinguibles por haberse convencido esta Corte que la cuantía concedida era completamente irrazonable e inadecuada. La apelante en este easo no nos lia convencido de qne las conclusiones de hecho, basadas en el testimonio oral que ante su considera-ción tuvo la corte, sean claramente erróneas y en su conse-cuencia, de acuerdo con la Regla 52 de las Reglas de Enjui-ciamiento Civil no debemos dejarlas sin efecto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)CLa Regla 52 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil lee, en parte, como sigue: "... Las conclusiones de hecho basadas en testimonio oral no se dejarán, sin efecto a menos que sean claramente erróneas y se tomará en cuenta la opor-tunidad de la corte sentenciadora para juzgar de la credibilidad de los tes-tigos. ..."


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Malgor & Cía., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado.
    Núm. 13.

    Sometido: Noviembre 13, 1944.

      Resuelto: Febrero 21, 1945.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Marchand Paz, Pro-curador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, nna sociedad regular colectiva con domi-cilio en esta ciudad, fué condenada por el Tribunal de Con-tribuciones a pagar y pagó bajo protesta la cantidad de $1,749.06 por concepto de deficiencias que le notificó el Teso-rero en relación con los años contributivos de 1935, 1936 y 1937. En el alegato que la peticionaria presentó ante este tribunal expresamente renuncia a tres de los errores que ha-bía señalado en su solicitud de certiorari, por lo que las cues-tiones a discutir dentro de este recurso se circunscriben a las siguientes:

1. “Haber negado a la peticionaria en el año 1936 el derecho a deducción de su ingreso bruto del sueldo de su socio gestor, Antonio Malgor, ascendente a $2,400.”
2. “Haber negado a la peticionaria en el año 1936 el derecho a deducción dé su ingreso bruto, de gastos de viaje a España en gestiones de la firma, montantes a $2,000.”
3. -“Haber negado a la peticionaria el derecho a deducción de su ingreso bruto en 1937, de la suma de $900 de sueldo de su socio gestor, Antonio Malgor, por servicios personales prestados en bene-ficio de la firma.”
4. “El Tribunal de Contribuciones, además, incurrió en mani-fiesto error en la apreciación de la prueba practicada por la peti-cionaria. ’ ’

El Tribunal de Contribuciones se basó en el caso de M. J. y S. Cabrero, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 58 D.P.R. 531, al confirmar la decisión del Tesorero negándose a deducir las partidas de $2,400 y $900 correspondientes a sueldos del socio gestor Antonio Malgor por servicios personales realmente prestados a la sociedad durante el año 1936 y parte del 1937 respectivamente. En dicho caso se resolvió que las sociedades no tenían derecho a tal deducción. Pero habiendo sido revocado ese caso por el de F. Bacó Soria & Hno. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 87, en el cual se sostuvo el derecho de una sociedad a deducir de su ingreso Taruto ías cantidades razonables pagadas a sus socios por servicios personales realmente prestados a la sociedad, es preciso concluir que erró el Tribunal de Contribuciones al denegar por ese solo fundamento las deducciones de $2,400 y $900 reclamadas por la peticionaria.

En su declaración de ingresos correspondiente al año 1936 la peticionaria hizo una deducción de $3,000 de su ingreso bruto por concepto de gastos de viaje a España realizado por uno de sus socios gestores en gestiones de la firma. El Tesorero denegó la deducción, y el Tribunal de Contribuciones modificó la decisión del Tesorero, concediendo una deducción de mil dólares por ese concepto. Analizando la prueba en relación con la partida de gastos de viaje, el Tribunal de Contribuciones se expresó así:

“Antonio Malgor, según el testimonio no contradicho en este caso, fué a España para establecer conexiones íntimas y directas con la casa manufacturera de licores de J. Gómez Cruzado, de Rioja; con la firma de B. Fonseca & Hno., de Barcelona, que se, dedicaba a la fabricación de pastas de sopas, turrones, etc.; y para celebrar en-trevistas con los directores del Banco Hispano Americano, de Valencia y Madrid, en conexión con una reclamación que su firma tenía. Como resultado de sus gestiones Malgor & Cía. obtuvo un embarque de vinos de. la firma JT. Gómez Cruzado, y varios embarques de pro-ductos de Navidad, efectuados a fines del 1935, por valor 'de 500,000 pesetas, de B. Fonseca & Hno. La firma apelante fué la que hizo la importación más grande de vinos en Puerto Rico después de le-vantada la prohibición.
“Después de haberse entrevistado con B. Fonseca & Hno. consi-guió que se. enviaran ‘a consignación’ los embarques para Malgor & Cía.
“La reclamación del Banco Hispano Americano era en contra de Malgor & Cía., promovida por la Unión de Patateros. La firma apelante había hecho una compra por valor de $4,000 a otra de Valencia sujeta a la condición de que el certificado fisiológico acom-pañara a la mercancía. Al llegar a Puerto Rico las papas sin el certificado surgió el con dicto. Después que Antonio Malgor explicó en España lo sucedido se desistió de. la reclamación.
“Las compras efectuadas por Malgor & Cía. durante el año fiscal terminado en junio 30 de 1935 fueron por valor de $451,900; en 1936 ascendieron a $424,618; en 1937, a $468,223; en 1938, a $388.922.
“Estuvo en Madrid y en Valencia, en donde sus gestiones fueron con el Banco Hispano Americano; en Barcelona, para entrevistarse .con B. Fonseca & Hno.; en Rioja hubo conversaciones con Gómez Cruzado; en Valencia pudo entrevistarse también con Isidro Ortola.
“En los gastos de viaje, está incluido lo gastado en su regreso vía Habana. A esta ciudad fué a fines de 1936. Allí estableció re-laciones con la firma Ambrosía Industrial, la cual le hizo posterior-mente embarques de cajas de turrones.
. “ El acuerdo original fué pagarle $3,000 y que regresara a los tres meses; pero, debido a la guerra civil que comenzó en 1936 en España, tuvo que permanecer fuera de Puerto Rico por un período de un año y cuatro meses. Se le pagó, además, el sueldo que tenía, a razón de $2,400 por año, como socio gestor. Embarcó para España en julio de 1935, acompañado de su esposa. El tiempo que estuvo detenido, en contra de su voluntad, en ese país, fué de unos doce meses, hasta noviembre de 1936. Él gastó como $5,000 en el viaje; pero los $2,000 adicionales que hubo de gastos no se los' cargó a Malgor & Cía.
“Antonio Malgor aprovechó el viaje para visitar a sus padres en Huesca, en la provincia de Oviedo. También estuvo en Coruña, Vigo y Santander; pero su ida-a los puertos de mar del oeste, de España fué con el objeto de embarcar para Cuba.”

Basado en los hechos antes expuestos, el Tribunal de Contribuciones llega después a la siguiente conclusión:

“En lo que concierne a los gastos de viaje, este tribunal opina que, considerando las gestiones hechas en beneficio de su firma en Barcelona, Valencia, Madrid, Rioja y en la Habana, el apelante, aunque no presentó relación detallada de sus gastos, pudo haber desembolsado alrededor de $1,000. Se debe reconocer este gasto como conforme* a razón. La firma querellante no probó que su reclamación de $3,000, en el concepto de referencia, era razonable. Recuérdese que el señor Malgor fué acompañado de su esposa. Él pasó la mayor parte del tiempo con su familia en Huesca y, en tal virtud, es dé suponer que gastara mucho menos que lo que hubiera tenido que desembolsar en hoteles de ciudades importantes.”

Las sociedades tienen derecho a deducir de su ingreso bruto los gastos en que razonablemente hubiesen incurrido por concepto de gastos de viaje en negocios de la sociedad, pero a ellas incumbe demostrar la existencia y razonabili-dad de tales gastos. En el presente caso, como muy bien dijo el Tribunal de Contribuciones, la sociedad no probó en detalle los gastos de viaje en que alega incurrió el socio por cuenta de ella, y del análisis que de la prueba hace el Tribunal de Contribuciones no creemos que su conclusión al fijar en mil dólares dichos gastos, sea arbitraria o injusta. Siendo ello así, no debemos alterar esa conclusión.

Procede por lo expuesto declarar con lugar la petición de certiorari, anulando el pronunciamiento del Tribu/nal de Contribuciones que denegó a la peticionaria la deducción de los $2,400 y $900 pagados por concepto de sueldos al socio gestor Antonio Malgor durante el año 1936 y parte del 1937, y sin lugar en cuanto al pronunciamiento por el cuál conce-dió a la peticionaria la deducción de mil dólares por con-cepto de gastos de viaje, debiendo devolverse el oaso al tribunal inferior para que de, conformidad con los términos de esta opinión liquide la contribución que debe pagar la peti-cionaria por concepto de deficiencias.


text:
    Rafael y Amado Colón, demandantes y apelantes, v. Club Rotario de Arecibo y Manuel Oliver Aresti, demandados y apelados.
    Núm. 8959.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Febrero 21, 1945.

      F. M. Susoni, Jr., y Luis Mercader, abogados de los apelantes; Large & Lecároz y Eduardo Pérez Casalduc, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Oliver y su esposa Dolores Bamírez arrendaron al Club Botario de Areeibo un solar de 6,820 metros cuadra-dos. El arrendamiento se celebró el 26 de julio de 1938 por un término de cinco años, prorrogable a cinco años más a opción del arrendatario, por un canon de treinta dólares mensuales. A principios de agosto siguiente el Club em-pezó a construir en el solar un edificio, que terminó en diciembre del mismo año, dedicándolo a su domicilio. Poste-riormente Manuel Oliver y Dolores Bamírez se divorciaron, y el solar arrendado fué adjudicado en su totalidad al pri-mero, quien por escritura de 16 de diciembre de 1941 ante el notario Antonio Lens Cuena segregó una parcela de 1,461 metros cuadrados, en la cual enclava el edificio del Club, y la vendió a Bafael y Amado Colón por $4,383. Al descri-birse en la escritura de compraventa la parcela de 1,461 metros, se consignó que contenía un edificio dedicado a club, y que la finca vendida se hallaba afecta a un contrato de arrendamiento a favor del Club Botario.

Considerándose Bafael y Amado Colón dueños del solar y del edificio, instituyeron pleito de desahucio contra el Club para recobrar la posesión de ambas cosas. La Corte de Dis-trito de Areeibo desestimó la demanda de desahucio y su sentencia fué confirmada por este tribunal. Colón v. Club Rotario, 60 D.P.R. 750. Interpusieron entonces Bafael y Amado Colón el presente pleito de reivindicación contra el Club Botario y Manuel Oliver, solicitando contra el primero que se declare en la sentencia que los demandantes son los únicos dueños, del solar y del edificio, y se le condene a pa-gar por concepto de daños las rentas que hayan dejado de recibir los demandantes a razón de setenta y cinco dólares mensuales desde el primero de febrero de 1942, más costas y honorarios de abogado, y que se condene además al Club y a Manuel Oliver solidariamente a entregar el inmueble a los demandantes.

Por los méritos de la prueba, la corte inferior desestimó la demanda en todas sus' partes por entender que no proce-día la acción reivindicatoría en la forma establecida por los demandantes, ni tampoco la de daños y perjuicios contra el Club, sin perjuicio de cualquier acción que pudieran tener los demandantes contra Oliver derivada del contrato de 16 de diciembre de 1941.

En el presente recurso de .apelación los demandantes ponen gran énfasis en que el edificio levantado por el Club constituye una mejora, y que. como tal pertenecía al arrendador Oliver, quien al venderles el terreno les trasmitió también el derecho que tenía sobre el edificio. Para sostener que constituye una mejora, trataron de probar los demandantes que el edificio fué levantado sobre unas columnas de concreto y una plataforma de cemento que existían en el solar con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento. A este efecto presentaron en evidencia el plano para edificar que el Club sometió para la aprobación del Departamento de Sanidad, en el cual calificaba la obra como una reconstrucción. Esta evidencia de los demandantes, como opinó el juez de la corte de distrito, fué controvertida con éxito por la del Club, de la cual resultó que efectivamente en el solar en cuestión había existido hacía muchos años un edificio que perteneció al Club Deportivo, que fué destruido por un incendio en el año 1929; que más tarde el entonces dueño de la finca, Andrés Oliver, levantó otra edificación sobre las ruinas, que dedicó a la industria de fabricación de dulces y fué destruida por un ciclón hace más de trece años, quedando entonces las ruinas a que se refieren los demandantes, consistentes en unas cuantas columnas, inservibles unas por la acción del fuego y de la intemperie a que estuvieron expuestas por más de nueve años a corta distancia del mar, y derribadas otras por el ciclón; que la plataforma de cemento se bailaba agrietada por las mismas causas; y que después de celebrarse el contrato de arren-damiento el Club Notario, con el consentimiento de Oliver, construyó el edificio en el solar con su propio peculio. En lo que respecta al plano sometido al Departamento de Sani-dad, el Club presentó evidencia al efecto de que aunque des-cribió como una reconstrucción la obra que iba a edificarse, luego de examinar cuidadosamente los materiales el inge-niero constructor aprovechó muy poco de las ruinas y en realidad construyó un nuevo edificio a un costo de $6,000 aproximadamente con la sola excepción de la plataforma que reparó y de algunas columnas que pudo aprovechar.

Que no se trataba de una mejora que había de pasar al dueño del solar al terminar el contrato de arrendamiento quedó perfectamente demostrado por el hecho de que tanto el Club como el dueño del solar consideraron el edificio como de la exclusiva propiedad del Club. Así lo comprueba la carta de 24 de enero de 1941 dirigida por Oliver al secreta-rio del Club, José Pérez Paredes, en la cual se quejaba de que el Club no pagaba puntualmente las rentas y terminaba con el siguiente párrafo:

“Tengo también el gusto de informarles que si ese Club interesa los terrenos que actualmente ocupa, estoy dispuesto a venderlos a la base de $2.25 metro o caso contrario que ustedes quisieran vender podría también comprarles lo edificado por ustedes a un precio ra-zonable de tasación.”

Eesulta además de la prueba que cuando los demandantes compraron al demandado Oliver el'solar de 1,461 metros no aparecía del registro que existiera el edificio que hoy tratan de reivindicar. Fue en la escritura de compraventa que por primera vez se mencionó el edificio. No constando del re-gistro al tiempo en que los demandantes compraron el te-rreno que el vendedor fuese dueño de la edificación, no pue-den ellos invocar la condición de terceros con arreglo a la Ley Hipotecaria, pues no adquirieron -el edificio de quien en el registro apareciera con derecho para venderlo. No cons-tando esa circunstancia del registro, la posición de los de-mandantes es la de terceros con arreglo al Código Civil, y como tales sólo pueden adquirir del vendedor lo • que éste le-galmente pudo trasmitirles. No siendo Oliver dueño del edi-ficio, aunque por la escritura intentase venderlo, ningún tí-tulo sobre él podía legalmente trasmitir a los compradores. Además, habiendo construido el edificio con el consentimiento del dueño del solar en las condiciones ya expresadas, el Club es un edificador de buena fe cuyo título al edificio ha sido expresamente reconocido por el anterior dueño del solar, Oliver. En tales circunstancias son de aplicación los artícu-los 297 y 382 del Código Civil, que prescriben:

“Artículo 297. El dueño del terreno en que se edificare, sem-brare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los ar-tículos 382 y 383 de este Código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspon-diente. ’ ’
“Artículo 382. Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satis-fagan.
“Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión, por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.”.

Véase la discusión que sobre el alcance de estos artículos se hace en el caso de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381.

El Club demandado admite en su contestación la existencia de la escritura, y alega que posee el solar a título de arrendamiento y el edificio en concepto de dueño. Arguye, sin embargo, en lo que al solar respecta, que en la escritura de compraventa se hizo constar que el solar estaba afecto al contrato de arrendamiento, y que antes del vencimiento de los primeros cinco años del arrendamiento notificó a Oliver su resolución de prorrogar el contrato de acuerdo con la opción. El hecho de que en la escritura de compra-venta se hiciese constar qne la finca estaba afecta a nn con-trato de arrendamiento a favor del Club, y qne de ello se hi-ciese mención en el registro al inscribir la escritura de com-praventa, no perjudicó a los apelantes, pues de conformidad con el artículo 1439 del Código Civil; los arrendamientos de bienes raíces qne no se hallen debidamente inscritos en el registro no surtirán efecto con relación a terceros. El efecto de esa cláusula en la escritura sólo fue notificar a los com-pradores que existía un contrato de arrendamiento, del cual ellos también tenían conocimiento personal. Esa mención en el registro no constituyó una inscripción del arrendamiento, sino una simple mención de una obligación personal. Aparte de que la prórroga del contrato fué notificada por el Club a Oliver el 26 de marzo de 1943 cuando la parcela había sido vendida por Oliver a los apelantes desde el 1941, y por con-siguiente no podía prorrogar el arrendamiento en cuanto a la parcela segregada quien ya no era dueño de ella, el ar-tículo 1461 del Código Civil dispone que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. En el presente caso no hubo pacto en contrario, no es de aplicación la. Ley Hipote-caria, puesto que el arrendamiento no estaba inscrito, y los compradores, ahora apelantes, notificaron al Club su resolu-ción de terminar el arrendamiento que el Club tenía, ’ exigién-dole que dejase a su disposición el solar y el edificio. En tales circunstancias, los apelantes se colocaron en condiciones de hacer uso del derecho que como dueños del terreno les confiere el artículo 297, reivindicando la finca previo pago al Club del precio de'los materiales y mano de obra invertidos en el edificio, teniendo derecho el Club a retener la posesión del edificio hasta tanto haya recibido la doble compensación. Pero como sostuvimos en Rivera v. Santiago, supra, no es indispensable que se establezcan dos causas de acción suce-sivas, una para fijar el montante de la indemnización y otra para reivindicar el edificio. En una sola acción pnede fijarse el montante de la indemnización y previo el pago de ésta ob-tener el edificio de conformidad con los artículos 297 y 382 del Código Civil. En este caso los demandantes no fian op-tado por pagar esa indemnización al Club, y por el contrario pretenden desposeerlo de su propiedad sin compensación al-guna. Siendo ello así, la acción establecida por los deman-dantes en lo que al edificio se refiere no procede, si bien pro-cede para reivindicar el solar.

Procede por lo expuesto modificar la sentencia apelada en el sentido de declarar que los apelantes son dueños del solar en cuestión, y que pueden hacer suyo él edificio, no pibdiendo reivindicar el solar y el edificio mientras no indem-nicen al Club el valor de los materiales y mano de. obra in-vertidos en la edificación, y así modificada, confirmarse.

      (1) Uno de los abogados de los demandantes, al ofrecerse en evidencia esta carta, expresamente aceptó que había sido suscrita por Oliver en la fecha que decía la carta, pero se opuso a su admisión porque según él no hacía fe en contra de los demandantes.
      El artículo 1181 del Código Civil (ed. 1930), en el que sin duda basaron su oposición los abogados do los apelantes, en lo pertinente dice:
      “La fecha do un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en nn registro público, desde la muerte de cualquiera de los que los firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.”

        Comentando Manresa el artículo 1227 del Código Civil español, idéntico al párrafo que hemos transcrito del 1181 del nuestro, luego de exponer la razón del precepto legal, que no es otra que la autenticación de la feeha, evitando así el fraude a tercero haciendo pasar un documento como de fecha anterior a deter-minado acto, cuando en realidad no lo es, dice:
      "Respecto de los terceros, la ley limita los efeetos del documento privado al elemento de más fácil comprobación “en ellos: la fecha, y lejos de determinarla por lo que resulte del mismo documento, la fija con relación a otros hechos o documentos públicos, sin conceder fuerza, con relación a esas personas, a la expresión de feeha que en dicho documento se hiciere.
      "La incorporación o inscripción en un registro público, comprende para estos efeetos cualquier asiento más o menos breve, con tal que baste a dar idea inequívoca del documento de que se trate, puesto que lo que se trata de hacer auténtico es la feeha y no el contenido del documento.
      "En cuanto a la entrega del documento a un funcionario público, exigiendo la ley que lo sea hecha por razón de su cargo, se entiende lógicamente que ha de hacerse con tales fin y forma, que pueda aquél acreditarla como funcionario que es, y con actos, diligencias o documentos propios de su cargo, no particular-mente eomo testigo.
      "Fuera de esas bases de concepto y autenticidad que el Código fija, creemos indudable que puede admitirse otra; la existencia de un acto por el cual el ter-cero tenga conocimiento indudable de la del documento, v. gr., la notificación al mismo, o aun sin ella reconozca dicha existencia. Fúndase esta adición, de bien sencilla comprensión, en que nadie puede ir contra sus propios actos, y en que se ha realizado en tales supuestos el fin que este artículo persigue. La fecha será la de esos actos de comunicación al tereero o reconocimiento por éste, a no ser que en este último caso convenga aquél también en aceptar como cierta la que en el documento de que se trate apareciera fijada.” (Bastardillas nuestras.) Manresa, Comentarios al Código Civil (segunda edición, 1907), volumen VIII, págs. 501, 502, 503.
      Consideradas las manifestaciones del abogado de los apelantes, opinamos que el precepto del artículo 1181 del Código Civil quedó sustaneialmente cum-plido, y por consiguiente la carta perjudica a los apelantes.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eusebio Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 10667.

    Sometido: Diciembre 20, 1944.

      Resuelto: Febrero 23, 1945.

      Leopoldo Tomes García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado; Martín Aviles Brasero, abogado, en representación del Departamento del Trabajo.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La sección 1 de la Ley núm. 114 aprobada el 7 de mayo de 1942 ((1) pág. 691), titulada “Ley para proteger a los obreros y empleados contra perjudiciales discrímenes de sus patronos, fijar penalidades por las violaciones de esta ley, y para otros fines”, lee como sigue:

“Sección. 1. — Todo patrono que lleve a cabo cualquier, acto de perjudicial discrimen contra sus obreros y empleados o cualquiera de ellos, porque los mismos hayan organizado o intervenido en activida-des de una unión obrera, o hayan demandado la celebración de un convenio colectivo de trabajo, o hayan participado en una huelga o en una reclamación de mejores salarios y condiciones de trabajo o porque estén afiliados a determinado partido político, incurrirá, en el caso de cada obrero o empleado contra quien haya realizado un acto de perjudicial discrimen, en un delito menos grave (misdemeanor), y convicto que fuere . . . etc.” (Bastardillas nuestras).

La sección 2 de la misma ley dispone que será evidencia prima facie de su infracción, la “cesantía sin justa causa”, por parte del patrono, de obreros o empleados contra quie-nes se hubiere realizado uno de los actos de perjudicial dis-crimen incluidos en la sección 1 de la ley.

En la denuncia radicada contra el acusado apelante se le imputa que. en septiembre 30 de 1943, mientras actuaba en su calidad de mayordomo de una plantación de cañas propie-dad de la Sucesión de Lucas P. Valdivieso, realizó un acto de perjudicial discrimen cuando “se negó a darle trabajo (en el desyerbo y otras labores de cultivo de las cañas), habiendo entonces trabajo que hacer en la mencionada Hacienda Dolores ..., al obrero Antonio Velázquez, dejándolo cesante de su trabajo o empleo en desyerbo (que a la sazón desempe-ñaba), sin justa causa, a saber: por pertenecer y estar afi-liado dicho obrero al Partido Popular Democrático, que es un partido político”. Se alega, además, en la denuncia, que cuando el obrero Velázquez y otros fueron en el día de autos a pedir trabajo al acusado, éste les contestó que “no tendrían trabajo porque todos eran populares y él sabía que habían dado vivas al Partido Popular el día anterior y en distintas ocasiones desde el mismo truch en que regresaban de sus trabajos”.

Vista la causa ante la Corte de Distinto de Ponce y con-denado a pagar una multa de $100 o a sufrir la prisión sub-sidiaria, el acusado apeló para ante este tribunal. Alega en apoyo de su recurso, (1) que la sentencia es contraria a la evidencia y a la ley, y (2) que la Ley núm. 114 de 1942, apli-cada 'a los hechos establecidos por la evidencia, resultaría anticonstitucional y contraria a los párrafos primero, quinto, decimosexto y décimoséptimo del artículo 2 de la Ley Orgá-nica de Puerto Rico y a la Constitución Federal.

Dos son las cuestiones envueltas en este recurso: (1) ¿Es la evidencia suficiente para justificar la convicción del acu-sado?; Y (2) ¿Infringe la Ley núm. 114 de mayo 7 de 1942 alguno de los preceptos constitucionales invocados por el apelante?

Hagamos un resumen de la evidencia sometida a la consideración de la corte inferior.

Declaró como primer testigo de cargo, el obrero Antonio Velázquez y dijo: que desde hacía muchos años venía traba-jando con la Sucesión Valdivieso, en la colonia “Coto”, en Peñuelas; que el día de autos, cuando él venía a tomar el truck que habría de conducirlo al trabajo, el acusado se opuso y le contestó en voz alta ‘ ‘ que no podía tomar el triick para ir al trabajo, porque había sabido que había dado vivas al Partido Popular y la hacienda no permitía populares allí ni en sus alrededores”; que solicitaron trabajo unas cuantas veces y no se les dió “porque éramos y pertenecíamos a un partido político”, al Popular Democrático; que el 29 de sep-tiembre, 1943, día anterior al de autos, él trabajó en la colo-nia “Dolores”, en el Barrio “Tallaboa” de Peñuelas, bajo la dirección de Rafael Santiago y del capataz Francisco Luciano; que la colonia “Coto” de la Sucesión Valdivieso queda bastante retirada de la colonia “Dolores”; que en los días anteriores al 30 de septiembre él trabajaba en la colonia “Dolores”, pero para ir a dicha colonia tenía que tomar el truck frente a la casa del acusado; que lo único que él tenía que hacer el día de autos en la colonia “Coto”, de la cual es ma-yordomo el acusado, era tomar el truck para ir a trabajar a la colonia “Dolores”, donde tenía que trabajar bajo la direc-ción de Rafael Santiago; que quien supervisaba los trabajos que él y otros realizaban en la colonia “Dolores” era Rafael Santiago y el capataz. A nuevas preguntas del fiscal con-testó: que el acusado fué quien “nos solicitó para que fué-ramos a trabajar a la Hacienda ‘Dolores’ ”; que el día 30 de septiembre él no sabía a cuál de las dos colonias se le en-viaría a trabajar; que ellos iban a la colonia “Coto” y en-tonces el acusado los dirigía al sitio en que iban a tomar el trabajo; que era el acusado quien todos los días les designaba el sitio donde debían trabajar; que cada colonia tiene su ma-yordomo, pero que el capataz que llevaba a los obreros a las distintas colonias era uno solo, a quien dirigía el acusado Eu-sebio Santiago; que el 30 de septiembre no lo llevaron a tra-bajar, por'la orden del acusado.

El obrero Félix Santiago declaró que él trabajaba tam-bién para la Sucesión Valdivieso; que el 30 de septiembre “yendo en un truck de la hacienda, nos suspendieron del trabajo, porque veníamos gritando a los Populares”. Pre-guntado dos veces por el fiscal, sobre las manifestaciones que hiciera en aquel momento el acusado, el testigo respon-dió: “que nos suspendió”. Continuó declarando, que está trabajando allí bajo la dirección del acusado, pero estuvo cuatro meses sin trabajar; que después él fué a pedir tra-bajo y se lo dieron; que allí el trabajo escasea; que cuando no hay trabajo y hay muchos trabajadores, se les suspende el trabajo a unos y se les da a otros; que antes del día 30 de septiembre él trabajaba diariamente en la colonia “Dolores”, de la cual es mayordomo Rafael Santiago y capataz un tal Luciano; y que el acusado es mayordomo de la colo-nia “Coto”.

Blas Colón, trabajador de la hacienda “Dolores”, relató el incidente así: “Los trabajadores que estábamos allí, nos acercamos a la plaza, frente a la casa de Eusebio Santiago, para tomar un truck para ir a trabajar a la hacienda “Dolores” y entonces el señor Eusebio Santiago nos gritó en voz alta que para nosotros no había trabajo, porque nos-otros éramos Populares”; que eso pasó en la colonia “Coto” de la Sucesión Valdivieso; que ese día no le dieron trabajo; que el encargado de mandarlos a trabajar a una u otra de las dos colonias era el acusado; que él trabajaba bajo las órdenes del acusado, qué era quien les daba trabajo y les asignaba el sitio; que después de ese día no ha vuelto a tra-bajar en ningún sitio de la Sucesión Valdivieso.

En igual sentido que los anteriores declararon tres tes-tigos más.

Como testigo de defensa, Carlos J. Aguayo, Jefe de Cul-tivo de la Sucesión Valdivieso, declaró: que entre la colo-nia “Dolores” y la colonia “Coto” hay una distancia de cinco kilómetros; que el mayordomo de la “Coto” es el acu-sado y el de “Dolores” Rafael Santiago; que los trabaja-dores para cada una de dichas colonias son empleados por el mayordomo de cada colonia; que el 30 de septiembre Eu-sebio Santiago, el acusado, no tenía absolutamente nada que ver en la colonia “Dolores’’; que el día de autos el obrero Antonio Velázquez estaba trabajando con Rafael Santiago, en la colonia “Dolores”; -que ese día no se trabajó en nin-guna de las dos colonias por la lluvia excesiva, pues el día 29 llovió bastante, en toda la jurisdicción de Peñuelas y él fué quien ordenó que se pararan todos los trabajos.

Rafael Santiago, mayordomo de la colonia “Dolores”, declaró que Antonio Velázquez trabajaba allí bajo su direc-ción; que el declarante era quien ordenaba la forma de tra-bajar en la “Dolores”, siendo él el responsable a los due-ños de la finca; que el acusado nada tenía que ver con la hacienda “Dolores” y sólo podía emplear gente para la co-lonia “Coto”; que el 30 de septiembre, 1943, no se empleó gente para el desyerbo por razón de la lluvia y que fué él quien por instrucciones de su jefe Carlos J. Aguayo ordenó a los capataces que no trajeran la gente a trabajar; y que el trabajo quedó suspendido por dos o tres días.

Declarando en su propia defensa, el acusado dijo: Que el día de autos, como a las seis y media de la mañana, lle-garon Velázquez y otros obreros, llegando en seguida el truck. Yá él tenía orden de sus jefes de que no mandara gente, por-que había llovido mucho y no se podía trabajar hasta nuevo aviso; que él suspendió el trabajo, diciéndoles que tenía ór-denes del mayordomo; que las palabras que él les dijo fue-ron: “por hoy no hay trabajo”, a lo que ellos contestaron: “eso será porque nosotros no estamos con ustedes”, y él les replicó: “No hay trabajo, porque ha llovido y la hacienda me ha llamado”; que quien tenía que emplearlos era Rafael Santiago, pues él era el encargado de los trabajos en la “Dolores” y fué Rafael Santiago quien le ordenó que no lo mandara gente ese día por lo mucho que había llovido.

Los hechos alegados en la denuncia, que consideramos esenciales y deben por lo tanto quedar probados fuera de toda duda razonable, son:

1. Que el acusado era o actuaba como mayordomo, con facultad para emplear y despedir a los obreros de la Suce-sión de Lucas P. Valdivieso.

2. Que el día 30 de septiembre de 1943, el acusado se negó a dar trabajo en el desyerbo de cañas al obrero Antonio Velázquez.

3. Que no existió justa causa para la negativa del acu-sado a dar trabajo a Velázquez ni para separarle de su empleo.

4. Que la negativa del acusado se basó únicamente en el hecho de'que Velázquez estaba afiliado al Partido Popular Democrático.

La evidencia en cuanto a todos estos hechos es contra-dictoria. La corte resolvió el conflicto en contra del acu-sado y siendo la prueba de cargo, creída por la corte, sufi-ciente para justificar la sentencia, no vemos razón alguna para alterar sus conclusiones al efecto de que el acusado actuaba como mayordomo, con facultad para emplear obre-ros, reducir el número de éstos y despedirlos por justa causa o cuando no hubiere trabajo en que emplearles; y que a partir del día 30 de septiembre de 1943, el acusado se negó a darle trabajo al obrero Velázquez y a otros, sin justa causa y por el solo hecho de estar dichos obreros afiliados al Partido Popular Democrático de Puerto Rico.

Siendo la Ley núm. 114 un estatuto de carácter penal, toda infracción de sus disposiciones debe ser probada más allá de toda duda razonable. La evidencia ofrecida en el presente caso cumple a nuestro juicio con ese requisito.

Habiendo llegado a la conclusión de que la evidencia es - suficiente para sostener la sentencia recurrida, procederemos ahora a considerar y resolver la cuestión constitucional levantada por el apelante.

La Ley núm. 114.de 1942, inspirada sin duda alguna en el propósito fundamental de la Ley Nacional de Relaciones Obreras, conocida como Ley Wagner (U.S.C.A. Tit. 29 (sec-ción 151 et seg.)), qne es el de proteger a los obreros contra las prácticas ilegales de los patronos, se diferencia de la Ley Wagner, entre otras cosas, (1) en qne no se limita a proteger al obrero contra actos del patrono tendientes a castigar a sns obreros por haber participado en actividades de las organi-zaciones obreras, sino qne va más allá y extiende sn protec-ción a las actividades políticas del obrero; y (2) en qne el remedio qne concede la Ley Wagner al obrero ilegalmente despedido del trabajo es la reposición en sn empleo, con pago de salarios atrasados, mientras qne la Ley núm. 114 deja al obrero fuera del empleo, pero hace al patrono culpable de nn delito menos grave (misdemeanor) que podrá ser castigado con multa de cien a quinientos dólares o cár-cel por nn término no menor de treinta ni mayor de no-venta días, o ambas penas a discreción del tribunal.

La Ley núm. 114 de 1942, no priva al patrono de sn de-recho a separar de sn empleo a cualesquiera de sns obreros nnionados o afiliados a un determinado' partido, siempre qne la separación o cesantía sea motivada por una justa cansa. Lo único qne el estatuto insular prohíbe al patrono es, qne pretendiendo ejercitar sn reconocido derecho a des-pedir a sns obreros por una cansa justa, abuse de ese de-recho para intervenir con el obrero en el libre ejercicio de su derecho a ingresar en una unión obrera o afiliarse a un partido político, castigándole con la pérdida de su empleo.

Los obreros tienen ya firmemente reconocido y protegido por la Ley Nacional, por la legislación de una mayoría de los estados y por nuestra Ley núm. 42 de noviembre 30, 1917, su derecho a organizar y a ingresar en uniones de trabajadores, sin exponerse por ello a ser castigados por sus patronos con la pérdida del empleo. Tanto el Congreso como las legislaturas estatales y la nuestra han creído con-veniente proteger a los obreros en el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación, por creer que así solamente pue-den los obreros conseguir para sí y para los que de -ellos dependen un standard de vida que esté en consonancia con el bienestar nacional.

La legislatura insular, yendo aún más lejos que el Con-greso y que las legislaturas estatales, ha querido garantizar al obrero el libre ejercicio de su derecho a ingresar en el partido político de su simpatía, sin que por ello se exponga a ser castigado por su patrono con la pérdida de sti empleo. No habiendo llegado la legislación continental hasta el ex-tremo indicado, las partes no han podido citar ni nosotros encontrar precedentes que puedan ayudarnos a resolver si el estatuto en cuestión está en conflicto con precepto alguno de la Ley Orgánica o de la Constitución Federal.

A nuestro juicio, los mismos argumentos y razones adu-cidos en favor de la constitucionalidad de la Ley Wagner, pueden ser invocados para sostener la validez constitucional del estatuto que estamos considerando. Si la ley puede, sin contravenir precepto constitucional alguno, prohibir al pa-trono que despida de su empleo al obrero que deseando me-jorar sus condiciones de vida se afilió a una' unión obrera, a menos que exista justa causa para la destitución, no vemos razón alguna por la cual no pueda prohibirse al patrono que deje cesante al obrero, sin justa causa y por el solo hecho de haberse afiliado a un determinado partido político.

El obrero, como ciudadano que es, tiene el derecho de afiliarse a aquel partido político que a su juicio habrá de tomarse mayor interés que los • otros en la defensa del bie-nestar y de los derechos de la clase obrera. Tan sagrado y tan digno de protección es ese derecho, como lo es el de afi-liarse a una unión u organización obrera. La legislatura ha querido proteger al ciudadano obrero en el ejercicio de su derecho a participar en las actividades políticas insulares, prohibiendo que se le castigue, por el solo hecho de estar afiliado a un determinado partido, con la pérdida de su em-pleo. No creemos que pueda sostenerse con éxito que esa prohibición que la ley impone al patrono, priva a éste de sn propiedad sin el debido proceso de ley o le niega la igual protección de las leyes. La ley reconoce el derecho del pa-trono a despedir al obrero por justa causa, pero provee que el solo hecho de haberse afiliado a un determinado partido político no constituirá justa causa.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Ana Valdés Monagas, demandante y apelada, v. F. A. C. Hastrup, demandado y apelante.
    Núm. 8957.

    Sometido: Diciembre 5, 1944.

      Resuelto: Febrero 23, 1945.

      Edgar 8. Belaval, abogado del apelante; Lionel Fernández Méndez y Juan A. Faria, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ana lí. Y aides Mon&gas y F. A. C. Hastrup contrajeron matrimonio en 1906. En 1936 la esposa entabló demanda de divorcio por trato crnel. Mientras estaba pendiente el pleito de divorcio, las partes radicaron una estipulación, conviniendo, entre otras cosas, que en caso de concederse el divorcio, el esposo le pagaría a la esposa una pensión ali-menticia de $100 mensuales hasta fines de 1938, $150 men-suales hasta fines de 1939, y en lo sucesivo $200 mensuales hasta la muerte de cualquiera de las dos partes o hasta que la esposa se volviera a casar. La estipulación específica-mente disponía que. no entraría en vigor a menos que la corte de distrito la aprobara en sn totalidad. La corte inferior aprobó la estipulación y la incorporó a sn sentencia del 5 de febrero de 1938 concediendo el divorcio. La de-manda en el presente caso fué radicada por la esposa el 22 de agosto de 1941 reclamando $2,800 por haber dejado el marido de pagar las últimas catorce mensualidades. Después de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó senten-cia a favor de la demandante por $2,800, costas y honora-rios de abogados ascendentes a $100. El caso se encuentra ante nos en apelación contra dicha sentencia.

El apelante alega primeramente que la corte de distrito cometió error al declarar sin lug'ar su defensa especial de estar pendiente otro procedimiento entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. Esta defensa se predicó en la demostración de que se había iniciado un procedimiento de desacato dentro del caso de divorcio basado en los mismos hechos aquí alegados. Convenimos con la corte de distrito en que el procedimiento de desacato, instituido para castigar al demandado por dejar de cumplir con la sentencia de la corte, no puede interponerse como defensa contra los esfuerzos de la esposa para cobrar los pagos vencidos. La naturaleza de tal procedimiento de desacato, tal y como se contradistingue de una acción en cobro de las mensualidades, fué considerada en una elaborada opinión en Villa v. Corte de Distrito, 45 D.P.R. 879. Existe un derecho, el derecho de la esposa a su manutención. Se pueden emplear dos maneras de obligar su cumplimiento. La primera es el castigo por el Estado por dejar de cumplir la sentencia de la corte; la segunda es el pleito entablado por la esposa en cobro de las mensualidades. Aparte de que las cuestiones envueltas en los dos casos son algo diferentes, el permitir que prevalezca esta contención menoscabaría el poderoso efecto del procedimiento de desacato para obligar al pago en tales casos. Una esposa no estaría inclinada a radicar un procedimiento de desacato si al así hacerlo se le obligara a descansar únicamente en el mismo para obtener el pago, y con ello renunciar a otros medios, tales como el pleito en cobro de las mensualidades y el embargo de bienes, para asegurar el pago. La ley le da a la esposa bajo tales circunstancias dos medios de obligar el cumplimiento de la sentencia de la corte. Tiene derecho a hacer uso de cualquiera de ellos o ambos. No sabemos de principio alguno en cuanto a casos pendien-tes, res judicata o doctrinas afines que le dé al esposo la elección de ir a la cárcel por desacato, y con ello impedir que la esposa, emplee los remedios civiles que de otro modo podría emplear para obtener el pago de las mensualidades.

El apelante ataca después la sentencia en el caso de divorcio, por ser nula y sin valor alguno, en tanto en cuanto disponía el pago por el esposo a la esposa de una mensualidad como pensión alimenticia. El primer fundamento para esta contención es que cuando la sentencia de divorcio se dictó, el esposo no tenía bienes. El apelante se basa en Frías v. Hernández, 35 D.P.R. 696, en el que resolvimos que de conformidad con el artículo 109 del Código Civil, la pensión alimenticia permanente sólo puede concederse de los bienes que sean de la propiedad del marido y no de las ganancias corrientes que resulten del trabajo. Pero nada hay en el caso de Frías al efecto de que un marido pueda alegar por vía de defensa en un caso independiente para el pago de mensualidades vencidas a tenor con una sentencia final de la cual el marido no apeló, que la sentencia original era nula porque él no poseía bienes cuando se dictó dicha sentencia. Si hubiera querido, el demandado pudo haber levantado en el pleito original la cuestión de hecho de que no poseía bienes y por tanto que no se le podía exigir que mantuviera a su esposa después del divorcio. En contrario., el demandado convino en una estipulación en que se dictara sentencia proveyendo tal manutención. Y después de dic-tarse la sentencia se avino a ella y realizó nn número de pagos de conformidad con la misma. No procede el que determinemos en este caso si el marido, habiendo estipulado los términos de la sentencia, puede no obstante solicitar den-tro del caso de divorcio original que se modifiquen los tér-minos de la sentencia por los motivos qne ahora levanta en cuánto a los hechos que rigen sus bienes. Sólo resolvemos que en el pleito independiente en cobro de las pensiones ahora ante nos, no procede, bajo las circunstancias de este caso, un ataque colateral alegando nulidad de la disposición para la manutención en una sentencia de divorcio dictada por con-sentimiento en un caso en que la corte inferior tenía juris-dicción. (Véanse Ex parte Morales, 17 D.P.R. 1043, 1045; Lókpes v. Fernández, 61 D.P.R. 522).

El apelante expone un segundo motivo para sostener su contención de que la sentencia por pensión alimenticia es nula y sin valor alguno. Su teoría aquí es que la estipulación era nula porque era un contrato entre marido y mujer, citando Delgado v. Monroig, 57 D.P.R. 474. Pero dicho caso envolvía solamente el derecho de los cónyuges, mientras estaba pendiente un caso de divorcio, a efectuar un contrato privado disponiendo de los bienes gananciales. Esta corte confirmó una sentencia desestimando la demanda radicada por el marido después del divorcio solicitando cumplimiento específico de dicho convenio. Resolvimos que tal contrato estaba expresamente prohibido bajo tales circunstancias por las disposiciones del artículo 1347 del Código Civil..

El que la estipulación entre el marido y la mujer en este caso sea nn contrato y de serlo, si es nula y sin valor al-guno, presenta una cuestión enteramente diferente. En ver-dad ias disposiciones del artículo 1347 no son de aplicación. De cualquier modo, no tenemos que contestar dicha pregunta en este caso. Lo que se impugna aquí no es la estipulación de las partes, sino la sentencia de la eorte de distrito. Pero la alegada obligación y la estipulación reconociéndola se fun-dieron (merged) en la sentencia (Bird v. Roig, 21 D.P.R. 407, Rosario v. Ruiz, 62 D.P.R. 326; véase Pueblo v. Lugo Irizarry, snpra; Pope v. United States, 323 U. S. 1, resuelto en noviembre 6, 1944). Como hemos visto, la corte de dis-trito tenía jurisdicción para dictar sentencia proveyendo ali-mentos para la esposa. Por tanto, la sentencia no es nula, y por las razones ya expuestas no puede ser impugnada co-lateralmente. No nos concierne aquí si el. marido todavía tiene el camino expedito para solicitar se modifique la sen-tencia de divorcio en nn procedimiento dentro de dicho caso.

El apelante también señala como error el hecho de qne la corte inferior rechazó sn contención de que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción. Su primer punto aquí es que una acción ordinaria no procede en Puerto Rico para el cobro del dinero que se adeude a tenor con una sentencia. Puede admitirse en seguida que tal pleito es innecesario en el caso ordinario; el cobro puede efectuarse simplemente ejecutando la sentencia original. Pero aunque parezca ser un inútil formalismo, esta corte en el pasado ha permitido tales pleitos. (Tettamanzi et al. v. Zeno, 24 D.P.R. 775; Candal v. Pierluisi et al., 28 D.P.R. 606).

' Nos damos cuenta de los motivos que tuvieron los abo-gados de la esposa para sentirse "inseguros en cuanto a si ella tenía derecho a ejecutar la sentencia original. (Véase Barber v. Barber, 323 Ü. S. 77, resuelto el 4 de diciembre de 1944). De cualquier modo, si bien pudo haber sido inne-cesario el que la esposa radicara el pleito independiente, no podemos ver de qué manera se perjudica el apelante permi-tiendo que se siga dicho método.

El otro fundamento de la referida excepción previa alegando que los hechos aducidos en la demanda eran insuficientes, fue que no procede un caso independiente porque la sentencia original no tenía carácter definitivo, toda vez que tal concesión siempre está sujeta a modificación por la corte. La mejor contestación a dicho argumento es que de acuerdo con la regia de la mayoría en los Estados Unidos continentales este poder de modificación sólo se extiende a alimentos futuros, y no a mensualidades ya vencidas. Anotación, 94 A.L.R. 331; Barber v. Barber, supra; Sistare v. Sistare, 218 U. S. 1; Adair v. Superior Court, 33 P. (2) 995 (Ariz. 1934). Nuestro estatuto se copia de Louisiana, que sigue la regla de la mayoría. Snow v. Snow, 177 So. 793 (La. 1937); Cotton v. Wright, 190 So. 665 (La. 1936).

Finalmente, el apelante alega que la esposa estaba obligada a probar que no se había vuelto a casar antes de vencerse los pagos en cuestión, cosa que no probó. Asumimos que ella estaba obligada a probar esto. Pero creemos que cumplió con este requisito. Es verdad que la única declaración sobre este punto fue la de su cuñado, quien declaró que va anualmente a Nueva York donde vive la demandante; que ésta vive con su hija; y que el testigo sabe que ella está soltera. El testigo declaró en el contrainterrogatorio que no había visto a la demandante durante los últimos catorce meses. Sobre este punto el demandado no presentó prueba alguna. Pero no podemos ver de qué manera esto nos obliga a concluir que la demandante se hubiera «casado otra vez. Quizá hubiera sido más aconsejable si se hubieran tomado deposiciones a la demandante y a otras personas en Nueva York. Pero nada encontramos en el récord que nos autorice a alterar la-conclusión de la corte inferior, basada en testimonios competentes, de que la demandante no se había vuelto a casar.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      (1)". . . no debe encarcelarse a una persona condenada al pago de alimen-tos a monos que se demuestre una voluntaría y obstinada desobediencia a las ór-denes de la corte”. (Villa v. Corte de Distrito, supra, pág. 900). Por el con-trario, sólo se necesita prueba de que no se han hecho los pagos para obtener la sentencia en este ca«o.

      (2)Cf. Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 102; Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569; Vázquez v. Santos, 54 D.P.R., 618; 624-25; casos citados en Pueblo v. Lugo Irizarry, ante, pág. 554.

      (3)Al mismo efecto, Planas v. Chambers, 64 D.P.R. 55.