author: El Juez Asooiado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rivera Belén, acusado y apelante.
    Núm. 8202.

    Sometido: Julio 8, 1940.

      Resuelto: Julio 10, 1940.

      Dávila & Novas, abogados del apelante;

      R. A. Gomes,- Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante y los individuos Carmelo González Muñoz y Cristóbal Vázquez Reyes fueron denunciados por un delito de infracción de las secciones 4 y 77 de la “Ley de-Espíritus y Bebidas Alcohólicas ” (núm. 6 de junio 30 de 1936), consistente, según se alega en la denuncia, en que “ilegal, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal de defraudar al Tesoro de Puerto Rico, sin estar para ello autorizado por la. ley, transportaban dentro del automó-vil ... . propiedad de Felipe Napoleón, de Bayamón, que manejaba el acusado Juan Rivera Belén (a) B. 8, chauffeur Núm. 60,076, cuatro envases de lata y dos calabazos o tres de cristal, conteniendo como 112 litros de ron de caña, sin que ninguno de dichos acusados (sic) llevara una estampilla significativa de haber satisfecho los correspondientes impues-tos de Rentas Internas.”

En el presente recurso se señala como único error de la Corte de Distrito de Bayamón el haber declarado sin lugar la excepción perentoria basada en la insuficiencia de los hechos alegados en la denuncia para constituir un delito público.

Los artículos 4 y 77 de la citada Ley núm. 6, que se alega han sido infringidos por el acusado, leen como sigue:

“Artículo 4/ — Se impondrá, cobrará y pagará por una sola vez sobre los siguientes productos que se tengan en depósito o que hayan sido o puedan ser en lo sucesivo destilados, rectificados, pro-ducidos, fabricados, importados o introducidos en Puerto Rico, un . impuesto de rentas internas a los tipos siguientes: ...”
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“Artículo 77. — Toda persona que tenga en su poder o a su dis-posición en cualquier sitio, productos sujetos a impuesto por esta Ley, sobre los cuales no se haya pagado el impuesto, con excepción-de aquellas personas debidamente autorizadas por esta Ley, será - culpable de un delito menos grave (misdemeanor), y el Tesorero de ■ Puerto Rico o sus agentes podrán embargar dichos productos o venderlos en pública subasta para indemnizar a El Pueblo de Puerto Rico las cantidades que le hubiere defraudado el infractor. ’ ’ ■

La primera contención del apelante es “que éste no es, un caso de infracción de las secciones 4 y 77 de la Ley de Bebidas, sino más bien un caso de infracción a los artículos 18 y 76 del mismo estatuto.” Los artículos que cita el ape-lante fueron copiados, por inadvertencia, de la Ley núm. 115 de mayo 15, 1936 ((1) pág. 611), derogada por la Ley núm. 6 de junio 30 del mismo año, Leyes y- Resoluciones de la Ter-cera Legislatura Extraordinaria de 1936, pág. 45.. Los.artícu-, los-correspondientes de la citada Ley núm. 6, leen así:

“Artículo 21. — Ninguna persona trasportará, poseerá, comprará,, venderá o traspasará espíritus destilados o bebidas alcohólicas, a. menos que el envase que los contiene lleve adherido una estampilla significando que se han pagado los impuestos de rentas internas fijados por esta Ley sobre dichos productos, tributables, pon excep-. ción de los espíritus' destilados" y bébidás" alctíhó'licás qu:Áse Tehg£to'! en depósito, o en proceso de; rectification) ifiézfelá* ó-'éiñbótéllámiehto, o que se estén usando en los procesos de fabricación; Disponiéndose, qne el Tesorero a sn discreción y por reglamentación, puede hacer excepciones específicas en aquellos casos donde se demuestre de un modo razonable que dichas excepciones no harán peligrar la debida recaudación de impuestos.”
“Artículo 85. — Toda persona que infrinja o deje de observar las disposiciones de esta Ley o del reglamento que por virtud de ella se promulgue; y toda persona que a sabiendas ayude, permita o de otro modo ayude a otra a infringir o dejar de observar cualquier disposición de esta Ley o del reglamento respecto a sus disposiciones, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) cuando no se indique específicamente otra pena.”

No hubo error en la desestimación de la excepción peren-toria. El artículo 4, supra, impone al poseedor de ron des-tilado, fabricado-o importado en Puerto Rico la obligación de pagar impuestos de acuerdo con los tipos en dicho artículo fijados. El artículo 77, supra, declara reo de misdemeanor a cualquier persona “que tenga en su poder o a su disposi-ción en cualquier sitio, productos sujetos a impuesto por esta Ley, sobre los cuales no se haya pagado el impuesto.” La alegación de que los tres acusados “sin estar para ello auto-rizados por la ley, transportaban dentro del automóvil” una cantidad de ron sobre la cual no se había pagado el impuesto, envuelve necesariamente la imputación de que los acusados tenían en su poder y a su disposición, dentro del automóvil, dicha cantidad de ron. No es posible transportar un objeto de un sitio a otro sin tener el objeto en su poder. La acu-sación- era suficiente para informar al acusado en cuanto a la naturaleza del delito que se le imputaba, y puede ser sos-tenida como una infracción del artículo 21 o del artículo 77 de la ley, supra, o de ambos.

La segunda contención del apelante carece de méritos. El apelante fue procesado como principal y no como cómplice. No era necesario que en la denuncia se alegara que el acusado actuaba “a sabiendas.” A él no se le acusó de estar ayudando a otra persona a violar la ley y sí de haberla violado ilegal, voluntaria y maliciosamente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Eusebio Morales, Etc., demandantes y apelados, v. Severiana López, La O Flores Salazar, José Dolores Flores, Cosme López Negrón, Antonio Quirós Méndez, Rafael Rivera Zayas y P. R. House Improvement and Building Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8181.

    Sometido: Julio 8, 1940.

      Resuelto: Julio 10, 1940.

      B. Rivera Zayas y José E. Segarra, abogados de los apelantes;

      A. Bivas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados ban radicado por tercera vez una moción solicitando se desestime el recurso de apelación interpuesto por los demandados La O Flores Salazar, José Dolores Flores y P. R. House Improvement & Building Co., únicos ape-lantes en este caso, fundándose dicba moción en que el recurso es frívolo y en que los apelantes ban sido negligentes en la prosecución del mismo, habiendo transcurrido con exceso el término de noventa días que prescribe el artículo 59 del reglamento de este tribunal desde que se estableció el recurso el 13 de septiembre del año pasado, sin que basta la fecha se haya perfeccionado la apelación.

En nuestra resolución de 5 de junio último, por la que denegamos la reconsideración de la de 29 de mayo de 1940, refiriéndonos a estos dos motivos de desestimación, dijimos:

“Por resolución del 29 del mes pasado denegamos la desestima-ción: en cuanto al primer fundamento, por estimar que las cons-tancias de los autos no nos ponían en condiciones de resolver que el recurso fuese del todo frívolo, ya que entre los pronunciamientos de la sentencia apelada se halla uno que condena a los apelantes a pa-gar a los apelados determinada suma por concepto de frutos o rentas percibidos o debidos producir; y no disponíamos de una transcrip-ción de evidencia que nos permitiera determinar si la cantidad con-cedida por tal concepto al demandante estaba o no justificada por la prueba.
“En cuanto al segundo fundamento, resolvimos que si bien no ■dudábamos que el recurso no había sido proseguido con la debida diligencia, sin embargo, como de los autos aparecía que ya se había radicado la transcripción de evidencia y que la corte a quo había señalado fecha para la vista relativa a su aprobación, siguiendo la muy laudable práctica de los tribunales de resolver por sus méritos los asuntos siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la justicia, haciendo uso de la discreción que el artículo 59 del Regla-mento de este Tribunal nos concede, denegamos la moción de deses-timación en cuanto a uno y otro fundamentos 'sin perjuicio de que una vez radicada la transcripción de evidencia puedan reproducirla si lo estiman conveniente.’ ”

No tenemos duda alguna, como hemos venido sosteniendo en este caso, que el recurso es frívolo, y llegamos a esa conclusión después de estudiar los autos y considerar que las cuestiones aquí suscitadas son exactamente las mismas que se suscitaron y fueron resueltas adversamente a los apelantes en el caso de Asunción Ayala v. José Dolores Flores y Severiana López, 50 D.P.R. 873, en el cual se trataba de la nulidad del mismo procedimiento ejecutivo hipotecario de que se trata en este caso, por razones idénticas a las aquí alegadas.

A la actual moción de desestimación los apelados lian acompañado una certificación del taquígrafo de la corte sentenciadora en la que aparecen las declaraciones de ciertos testigos que declararon con respecto a las rentas del inmue - ble en controversia, prueba que sirvió de base , a la corte sentenciadora para bacer el pronunciamiento de frutos que aparece en la sentencia apelada. Sin embargo, como opinamos que no es ésa la forma autorizada por la ley para traer a este tribunal la prueba presentada en la corte inferior, preferimos basar esta resolución en el segundo fundamento invocado por los apelados, o sea en que el recurso no ha sido proseguido con la debida diligencia, conforme dispone el artículo 59 del reglamento de este- tribunal.

De las certificaciones constantes en los autos de este caso, resulta lo siguiente: que el 5 de agosto de 1939 se dictó sentencia en este caso a favor de los demandantes, la cual fué notificada a los demandados el 15 del mismo mes. Contra dicha sentencia apelaron los demandados La O Flores Salazar, José Dolores Flores y P. R. Improvement & Building Co. el 13 de septiembre de 1939, no habiendo establecido recurso alguno los demás demandados.

El 21 del mismo mes de septiembre los apelantes antes indicados solicitaron de la corte sentenciadora que ordenara al taquígrafo la preparación de la transcripción de evidencia, excluyendo de la misma la prueba documental que sería pre-parada por ellos, y la corte así lo ordenó dos días más tarde, o sea el 23 de septiembre de 1939, venciendo por tanto el tér-mino de veinte días dentro del cual debía quedar radicada la transcripción, el 13 de octubre siguiente.

Los apelantes no radicaron la transcripción en la fecha mencionada ni solicitaron prórroga para ello hasta el 19 de octubre de 1939 en que vencido ya el término por seis días, solicitaron una prórroga de treinta días que les fué conce-dida. Asumiendo que la prórroga hubiese sido solicitada en tiempo y que el 19 de octubre fuese el último día para pre-sentar la transcripción de acuerdo con la orden anteriormente dictada, esta nueva prórroga de treinta días a contar del 19 de octubre debió vencer el 18 de noviembre. Sin embargo, no fué basta el 13 de diciembre de 1939 que los apelantes solicitaron otra prórroga de treinta días. Luego solicitaron prórrogas de treinta días cada una, en enero 13, febrero 10, marzo 12 y abril 13 de 1940, todas ellas fuera de término. La última, solicitada el 13 de abril de 1940, fué denegada por orden de 17 del mismo mes y notificada en igual fecha. Seis días después de notificada dicha orden, o sea el 23 de abril de 1940, los apelantes solicitaron su reconsideración, la que fué denegada el 25 de abril de 1940. El 26 de abril último los apelantes solicitaron que se les concedieim un nuevo y último término de treinta días para radicar la transcripción. En el acto de la vista de dicha moción, los apelantes infor-maron a la corte que la habían radicado, por lo que, en reso-lución de 17 de mayo de 1940, se les concedió el nuevo término, dando por radicada la transcripción de evidencia y señalando el 24 de mayo de 1940, a las nueve de la mañana, para la vista relativa a su aprobación.

Al llamarse a la vista de la aprobación de la transcrip-ción de evidencia el 24 de mayo último, los apelantes, por medio de su abogado Sr. José Segarra, solicitaron la sus-pensión del acto hasta que fuera resuelta por este Tribunal Supremo la segunda moción de desestimación a que antes hicimos referencia.

Se señaló el 31 de mayo para la nueva vista relativa a la aprobación de la transcripción. En dicha fecha compare-cieron las partes y los demandantes apelados presentaron un escrito sometiendo enmiendas, a las que se allanaron los demandados apelantes, ofreciendo que harían las enmiendas solicitadas por los apelados, ordenando la corte que se prac-ticaran dichas enmiendas, señalándose nuevamente el 7 de junio último, a las 9 a. m., para la vista relacionada con la aprobación de la transcripción. El 4 de junio último los apelantes radicaron en la corte inferior una moción solici-tando la suspensión de la vista del caso y una prórroga para preparar la transcripción enmendada, en la que solicitaron de la corte de distrito les concediera en definitiva y como último término, un plazo de treinta días para dejar termi-nada la transcripción enmendada, moción que fue denegada el mismo día, notificándose inmediatamente a las partes. El 7 de junio los apelantes informaron a la corte que habían presentado la transcripción de evidencia enmendada, solici-tando su aprobación, y habiendo informado los apelados al tribunal que no se habían practicado tales enmiendas, solici-taron que no se aprobara la transcripción. La corte denegó la aprobación y no concedió prórroga para presentarla de nuevo.

Arguyen los apelantes que contra la resolución de la corte inferior denegando la aprobación de la transcripción de evi-dencia han interpuesto recurso de apelación para ante este tribunal. Asumiendo que la resolución indicada fuese ape-lable, tal procedimiento dilataría innecesariamente la prose-cución de este caso, puesto que no se ha seguido el remedio-rápido y adecuado que para aprobar la transcripción de-evidencia, cuando se niega a ello el juez sentenciador, ofrece-el reglamento de este tribunal. Como podrá verse por lo-expuesto, los apelantes, desde que fueron notificados de la sentencia contra ellos dictada, han dilatado sistemáticamentey sin necesidad alguna la prosecución de este pleito.

El artículo 59 del reglamento de este tribunal dispone-que expirado el término de noventa días desde la fecha en-que se presentare el escrito de apelación y no oteante las-prórrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal, a dis-creción, podrá desestimar una apelación que no haya sido-anteriormente registrada en este tribunal si se probare satis-factoriamente que el apelante no la ha proseguido con la. debida diligencia o de buena fe.

En el presente caso resulta que la sentencia fué apelada, el 13 de septiembre de 1939, y que hasta esta fecha, 10 de julio de 1940, después de haber transcurrido nueve meses-veintisiete días, no se ha radicado todavía -lá transcripción -de evidencia. No podemos en manera alguna encontrar .jus-tificación para la tardanza que ha habido en este caso y sólo nos la explicamos por el hecho de que, como alegan los ape-lados, los apelantes están en posesión de la casa que fué motivo del pleito y percibiendo sus rentas, en detrimento de .los intereses de los apelados.

Procede, por lo expuesto, desestimar él recur&o por no haber sido proseguido con la debida diligencia, todo de acuerdo con el articulo 59 del reglamento de este tribunalX


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Manuel Guzmán Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1065.

    Sometido: Abril 7, 1940.

      Resuelto: Julio 11, 1940.

      Mariano Acosta Y ¿larde y Federico Acosta Y ¿larde, abogados del recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito; Monserrat, Be la Haba <& Monserrat, abogados de la Central San José, Ine., sucesora ésta por compra de la factoría y fundo de' lo que fué la Central Yannina, Inc., como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Guzmán Rodríguez, en unión a su esposa, es dueño de una finca en Río Piedras cuya descripción es la siguiente:

“Rústica: Compuesta de treinta y cinco cuerdas, equivalentes a trece hectáreas, setenta y cinco áreas y sesenta y cuatro eentiáreas, radicada en el barrio Monacillo, del término municipal de Río Piedras, colindante por el Norte y Este con Manuel Calderón antes, y hoy con doña Ramona Muñoz de Alonso; por el Sur, con la Central Yannina Incorporada y la carretera Central; y por .el Oeste, con la Central Vannina Incorporada y el camino vecinal que de la carretera central conduce a Guaynabo.”

De la séptima inscripción de dicha finca se desprende que anteriores dueños de la misma la cedieron por escritura en arrendamiento a la corporación Central Vannina por un período de once años ocho meses (comenzando el 4 de noviem-bre de 1910) y en unión al arrendamiento concedieron a la cor-poración arrendataria una servidumbre que describen así:

. . se concedió a la corporación Central Vannina a perpe-tuidad el derecho de entrar, pasar y salir por los terrenos de la misma finca, construyendo la corporación arrendataria para utilizar este derecho de paso, una vía férrea permanente, más dos desvíos, con sus correspondientes pasos a nivel, estipulándose expresamente que el contrato de arrendamiento con la concesión de entrada, salida y paso por la finca una vez inscrito en el Registro de la Propiedad, surtirá efecto de derecho real como carga impuesta a la finca y obligatoria para sus posteriores adquirentes. ...”

En 24 de marzo de 1939 la Central Vannina fue volunta-riamente disuelta. Los anteriores hechos sirven substancial-mente de introducción a una petición para que se cancele la-servidumbre. El peticionario se funda en varios artículos de la Ley Hipotecaria, tal cual fueron enmendados en 1936 y 1923.

El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, rehusó la cancelación, según se desprende de la siguiente nota:

"DbNegada la cancelación que se interesa en el presente escrito: Primero; porque no se trata de una servidumbre personal sino predial (19 D.P.R. 823), según se expresa en la propia solicitud y en la inscripción séptima cuya cancelación se pretende, en la que se consigna textualmente que ‘los arrendadores conceden a la cor-poración arrendataria, a perpetuidad, el derecho de entrar, pasar y salir por los terrenos de la misma finca, construyendo la corpo-ración Central Vannina, para utilizar esta servidumbre, una vía férrea permanente ■ que ocupará el terreno que sea necesario para la vía y paso de trenes, en la que como condición de la servidumbre ha de dejar dos pasos a nivel, y hacer en la finca uno o dos desvíos de largo suficiente para dos o tres vagones, para uso de sus pro-pietarios o posteriores arrendatarios, así como también es su con-dición que una vez vencido el arrendamiento de la finca si no se prorrogase, la Central Vannina aceptará y molerá previo contrato, las cañas que se cultiven en la finca, con las mismas condiciones con que acepte y muela las del colono más favorecido. La corporación arrendataria concedió a don José Martínez Llonín todo el tiempo que restaba del mes del otorgamiento para que dispusiera y sacara el ganado que tenía dentro de la finca arrendada, sin que esta concesión disminuyera el canon del arrendamiento, que ha empezado a- correr desde el día primero. El contrato de arrendamiento con la concesión de entrada, salida y paso por la finca, y sus demás pactos, una vez inscrito en el Registro de la Propiedad, surtirá efec-tos de derecho real como carga impuesta a la finca y 'obligatoria para sus posteriores adquirentes.’ Segundo: porque el derecho que los solicitantes califican de paso de vía férrea por la finca para entrar y salir por los terrenos de la misma, no es otra cosa que una ver-dadera servidumbre de paso, constituida de modo permanente y, ni la ley número 12, de 1923 ((2) pág. 37), ni la del 1924 (Ley núm. 12, pág. 109), ni ninguna otra, establecen que 'por instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario’, proceda cancelar derecho real alguno que no sea fianza hipotecaria para garantizar el ejercicio de cargos públicos a favor del Estado, si tuvieren más de veinte años de constituidas, o de vencidas si se hubiese fijado plazo para su cumplimiento. Tercero: porque el he-cho de la disolución de la corporación arrendataria no puede privar a su sueesora (si alguna ha tenido.) del derecho de paso de vía férrea que su antecesora construyera para paso de trenes. Cuarto: porque no se acredita, en modo alguno, que haya dejado de utili-zarse esa vía férrea por más de veinte años, que es uno de los medios de extinguirse las servidumbres, según el artículo 553 del Código Civil, a pesar de haberse constituido en 1910. Quinto: porque las servidumbres son inseparables de la finca a que activa o pasivamente pertenecen (artículo 541 del Código Civil). Sexto: porque por la penúltima inscripción de la finca de que se trata, el propio solicitante la arrienda a Central Vannina, Incorporated, p'or diez años, a contar del 20 de octubre de 1937, fecha del contrato, y nada se dice acerca del derecho de paso de vía férrea. Séptimo: porque ni aun por la venta por falta de pago de las contribuciones se extinguen las servidumbres como acaba de resolver la Honorable Corte Suprema en el caso Félix Del Llano & Cía v. Plazuela Sugar Company (55 D.P.R. 583) y en el de Colón v. Plazuela Sugar Co. (47 D.P.R. 871), caso exactamente igual al de que nos ocupa y es más la servidumbre babía sido constituida originalmente por per-miso verbal y concedió el derecho al uso a perpetuidad para esta-blecer, fijar y empotrar una línea férrea, mantenerla y explotarla con el material rodante necesario. Octavo: porque en el caso que citan los distinguidos compañeros en su solicitud (44 D.P.R. 897) se trataba de una servidumbre personal y se extinguió con la muerte del favorecido por la misma. Noveno: porque en el caso 19 D.P.R. 823, que también se cita, declara la corte que constituye una servidumbre real y no personal la que se establece a favor de una central para que pueda construir un ferrocarril para la con-ducción de cañas a la misma y es precisamente la que se pretende cancelar añora. Décimo: porque el Registrador no está facultado para cancelar las constancias del registro sino por providencia eje-cutoria o por escritura pública o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción. Sostener lo contrario equi-, valdría a resolver que una persona puede ser privada de sus dere-chos a propiedades sin el debido proceso de ley (Resolución de 18 enero 1940, Del Toro v. El Registrador, [55 D.P.R. 912] recurso gubernativo número 1,050.) Undécimo: porque la solicitud debe ser autenticada ante Notario según el disponiéndose de la sección (a) de la Ley 12 de 1924 y es ése un requisito esencial para poder cancelar los gravámenes que la misma ley autoriza.
“Se ha tomado en este caso anotación preventiva por el término de ciento veinte días a favor de Manuel Guzmán Rodríguez al folio 09, del tomo 123 de Río Piedras, finca número quinientos seis oc-tuplicado, anotación G. San Juan, P. R., a 19 de febrero de 1940. (fdo.) Emigdio S. Ginorio, Registrador.”

Manuel Guzmán Rodríguez recurrió. El 11 de marzo de 1940 el registrador contestó. El recurrente replicó unos días más tarde. El 16 de marzo de 1940 los licenciados Mon-serrat, De la Haba & Monserrat, como abogados de la cor-poración Central San José, Inc., solicitaron permiso para intervenir como amicus curiae. La petición, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Que Central San José, Inc. es la sucesora por compra de la factoría y fundo de lo que fué de Central Yannina, Inc., siendo este predio el que se sirve de la servidumbre de paso para transporte de cañas mediante ferrovías, sobre la finca propiedad del recurrente.”

Dicho permiso les fue concedido. El alegato del amicus curiae fué presentado y en abril 7,1940, el peticionario radicó un alegato de réplica.

El recurrente insiste en que la servidumbre en este caso es personal y no predial; que era personal a la Central Van-nina Corporation; que expiró al dejar de existir la Central Vannina, de no haberse extinguido al expirar el arrenda-miento. El registrador demuestra que hubo una renovación del contrato de arrendamiento en el 1937 por un término de diez años, de suerte que el argumento principal es si el; derecho de servidumbre expiró al dejar de existir la cor-poración.

De la nota del registrador es evidente que se plantean muchas cuestiones. Tal vez él esté en lo cierto en todos o en muchos de los argumentos aducidos, al igual que el amicus curiae. Estamos convencidos de que esta inscripción no debe ser cancelada mediante una mera petición a ese efecto pre-sentada por el dueño del terreno, y sin la aquiescencia de la persona o personas que pudieran alegar que tienen interés al presente en que se mantenga la supuesta servidumbre. Estas cuestiones deben ser resueltas en un juicio plenario.

Como este motivo resalta prominentemente y es a nuestro juicio uno fundamental, no creemos necesario resolver las otras cuestiones presentadas, y la nota del registrador debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Nélida, Manuel, Jorge y Norma Andino Blanco, menores de edad, representados por su madre con patria potestad Blanca Blanco y ésta por su propio derecho, demandantes y apelados, v. Central Victoria, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8120.

    Sometido: Junio 14, 1940.

      Resuelto: Julio 16, 1940.

      Cayetano Coll Cuchí, abogado de la apelante;

      Carlos D. Vázquez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La viuda e hijos de Manuel Andino Santiago reclama-ron de la corporación demandada una indemnización de $10,000, alegando que el accidente que ocasionó la muerte del causante fué motivado por la negligencia y falta de cuidado de la demandada. En la demanda se alega qué el día del accidente Andino viajaba de Eío Piedras a Carolina en un automóvil público; que cuando el vehículo pasaba por la carretera a una velocidad moderada, “un novillo que estaba en posesión de la demandada Central Victoria, Inc., y el cual estaba realengo y sin ninguna persona que lo custodiara, salió súbitamente a la carretera por donde viajaba el referido vehículo, debido a la negligencia de la demandada, situándose inesperadamente al frente del automóvil en que viajaba el causante de los demandantes, habiendo el conductor de dicho automóvil aplicado los frenos y'desviado hacia la izquierda para evitar el choque con el citado novillo, lo que dio lugar a que el automóvil chocase con un árbol que había en la orilla de la carretera y se volcara.”

Desestimada la excepción previa de falta de causa de acción, contestó la corporación demandada negando especí-ficamente los hechos esenciales de la demanda, y alegó: que la demandada no tuvo participación en forma o manera .alguna en el accidente que causó la muerte de Andino, y que 'el animal concausa del accidente no era propiedad de la cor-poración demandada.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de San Juan dictó ésta sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada al pago de $3,500 de indemnización, costas y $350 como honorarios de abogado de la parte actora. Apeló la demandada. Y para sostener su recurso alega que la corte inferior erró:

1. Al desestimar la excepción previa a la demanda.
2. Al declarar que la ley que rige este caso es el artículo 1805 del Código Civil.
3. Al declarar que, aun aceptando que la novilla que causó el accidente fuese propiedad de Isidra Orozco, la demandada estaba en posesión de la novilla, a los fines de la responsabilidad civil.
4. Al declarar que el uso de los pastos de la demandada por la dueña de la novilla no constituye uno de los actos de tolerancia a que se refiere el artículo 363 del Código Civil.
5. Al declarar que la causa próxima del accidente fue la negli-gencia de la demandada.
6. Al declarar probados los hechos alegados en la demanda.
7. Al declarar con lugar la demanda.

Para plantear y resolver la única cuestión legal envuelta en los siete señalamientos de error es necesario determinar primeramente cuáles son los hechos esenciales establecidos por la evidencia. La corte sentenciadora declaró que el acci-dente había ocurrido así:

“En la madrugada del día 23 de febrero de 1938, el causante de los demandantes en este pleito, Manuel Andino Santiago, viajaba en un automóvil público guiado por Elias Cardona, en unión a siete. personas más; iba por la carretera qne conduce de Río Piedras a Carolina, con dirección al sitio donde trabajaba, y al llegar a una alcantarilla cerca de la Central Victoria, mientras el carro era conducido a una velocidad regular pero no excesiva (véase hecho 4to. .de la contestación), una becerra de color negro salió del lado iz-quierdo de la carretera, se situó inesperadamente frente al automó-vil, haciendo que chocara dicho vehículo, y al enderezar el carro se presentó otra becerra y el conductor del vehículo desvió entonces su carro, yéndose hacia la cuneta y volcándose. Casi todas las personas que iban en el automóvil resultaron lesionadas y Manuel Andino Santiago resultó muerto. Andino era capataz de una de las agencias federales que realizan trabajos en la reserva forestal; ganaba 50 centavos por hora y trabajaba cinco días a la semana, o sea 40 horas semanales. Andino iba sentado al lado de la puerta en el asiento delantero del vehículo, y al desviar el carro para no atrapar a la segunda becerra que se presentó, se fué hacia la cuneta, tropezando con un árbol y volcándose.”

Hemos examinado la evidencia y encontramos que es ampliamente suficiente para sostener las conclusiones de la corte inferior en cuanto a la forma y manera en que ocurrió el accidente. La prueba establece claramente los siguientes hechos adicionales:

Que la primera novilla, con la cual chocó el automóvil dejándola herida en la carretera, era propiedad de Isidra Orozco, arrimada de la Central Victoria, quien tenía su ganado en un cercado perteneciente a la central y lo man-tenía en los pastos de la demandada, con el consentimiento de ésta; que después de chocar con dicha novilla el carro se enderezó y siguió su marcha y más adelante se encontró con una segunda novilla, marcada “C. V.,” propiedad de la Central Victoria; que para no chocar con dicha segunda novilla, el conductor del automóvil se vió obligado a aplicar el freno repentinamente, lo que hizo que el carro resbalase y fuese a chocar contra un árbol; que la novilla marcada “C. V.”-fué llevada después del accidente por dos de los pasajeros del automóvil al cuartel de la policía, en donde fué reclamada más -tarde por el administrador de la corporación demandada como propiedad de ésta.

La teoría de la corporación demandada es que la novilla de Isidra Orozco, con la cual chocó el automóvil, fue la causa próxima del accidente en que perdió su vida el causante de los demandantes; y que a la demandada no s© le puede hacer responsable de los daños causados por un animal que no es de su pertenencia y sí de un arrimado de la central, a quien ésta, por mera tolerancia, le permitía tenerlo en los cercados y pastos de la corporación.

La corte sentenciadora al fijar la responsabilidad por el daño causado a los demandantes se expresó así:

“Otra cuestión que surge de este asunto es cuál de las dos novi-llas es responsable del accidente. Después de analizar la prueba, llego a la conclusión de que tanto la novilla estropeada y muerta por el automóvil, como la otra qué fue recogida por la Central Victoria del cuartel de la policía de Carolina y cuya propiedad quedó expresamente admitida por la prueba, fueron responsables del ac-cidente ... No hay discusión en cuanto a que la demandada es-taba en posesión de la novilla, aun aceptando que la misma fuese propiedad de Isidra Orozco.; pero en este caso está fuera de duda y de discusión que tanto una novilla como la otra estaban en la posesión de la demandada. Pudiera alegarse que lo que hizo la central fue un mero acto de tolerancia al permitir que una no-villa de una persona que vive en los terrenos de la central pastara en el mismo sitio en que lo hacían los demás animales de la central y de los otros empleados; pero esto no exime de responsabilidad a la demandada, ya que por ese mero hecho y esa mera tolerancia ella está en posesión legal de la novilla y debe tomar todas las precauciones para que estas novillas no salgan al camino público y puedan ocasionar accidentes como el que da origen a esta demanda.”

Como se ve, la corte inferior llegó a la conclusión de que una y otra novillas, la de la arrimada y la de la central, habían sido en igual grado las causantes del accidente y que la demandada era responsable por los daños causados por ambas.

A nuestro juicio, ni la teoría de la demandada ni el pre-cedente razonamiento de la corte sentenciadora están sos-tenidos por la evidencia.

En el automóvil viajaban en el momento del accidente el chófer, Mannel Andino y siete pasajeros más. En el acto del juicio declararon el chófer Elias Cardona y seis de los pasa-jeros, todos ellos' testigos oculares de la forma y manera en que ocurrió el accidente. Sus declaraciones son substancial-mente idénticas, como se verá por lo que insertamos a conti-nuación :

Bonifacio Llano, declaró:

“En el kilómetro 10 llegando a la.Central Victoria, muy rápido se presentó una novilla o novillo, no pude apreciar si era hembra o macho, y atravesó la carretera. El chófer trató de defenderse. Pasó y le dió, pero después al enderezarse, delante, seguido, rápido, se presenta otra y entonces metió el chófer su freno, cuando le dimos a un palo y el carro paró. Y al irse a la cuneta se volcó y le dió a un palo de mango, saliendo heridos casi todos y muerto Manuel Andino."

El pasajero José Dick, dijo:

“De Río Piedras íbamos para el campamento y al llegar más acá de la Central Victoria salió de golpe una novilla de la derecha a la izquierda y por más que desvió el carro, siempre le dió y más alante salió la otra cuando él enderezó; tuvo que desviar otra vez y se fué a la cuneta al pegar el freno y al volcarse no me di cuenta de nada más. Me vine a dar cuenta cuando salí del hospital de Carolina. ..."

Sometido .a una extensa y hábil repregunta, el testigo Dick declaró así:

“P. En el primer choque, ¿quién se tiró a la calle!
“R. En el primer choque no se tiró nadie.
“P. ¿De manera que cuando ocurrió el primer choque no se abrió la puerta?
“R. No, señor.
“P. ¿Ocurrido el primer choque, qué hizo el chófer?
“R. Enderezó.
“P. ¿Hacia dónde?
“R. Hacia su derecha y cuando enderezó . . .
“P. ¿Cuando enderezó siguió andando el carro?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Como un trecho de cuánto?
“R. Más o menos como veinte pies, que fué cuando salió la otra.
“P. ¿Y entonces se desvió?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Hacia dónde?
“R. A la izquierda.
“P. ¿Y chocó con esa otra novilla o no chocó?
“R. No chocó, por eso fué que nos desviamos y nos volcamos.”

El chófer Elias Cardona, depuso así:

“Allá por el kilómetro 10 hay una semicurva, antes de llegar a la Central Victoria y salió de golpe una novilla de la zanja derecha para la izquierda y cuando salía yo traté de defenderme, pero siem-pre le di con el tapalodo derecho y cuando voy a enderezar para el medio, me encuentro otro animal. Al encontrarme con la segunda novilla tuve que frenar. Puse el pie en el freno y ahí saqué el pie del freno y le tiré un cambio para evitar que chocara y ya el carro, la rueda de acá, había caído en la parte honda de la cuneta y se viró. ’ ’

Camilo de Jesús, pasajero, describió el accidente así:

“Más acá de la Central Victoria se presentó una novilla y ahí le dimos un cantazo y al momento otra novilla y ahí Elias desvió y cayó en la cuneta y voleó el carro. Se mató el Sr. Andino y yo quedé golpeado.”

El pasajero Carlos Martínez depuso así:

“Eso ocurrió debido a que en los momentos en que el carro iba corriendo por su derecha, saltó la novilla de su derecha a la izquierda en la carretera. La vi cuando le dió el carro. Y el carro dió un zigzag y cuando estaba casi en el centro de la carretera, otra novilla que cruza de la derecha a la izquierda y el chófer .para defender esa novilla se fué a la cuneta.”

Alejo Otero Luna, otro de los pasajeros, declaró:

“Nosotros íbamos en el carro de Elias Cardona y cerca de la Central Victoria había dos novillas en la cuneta, en la parte derecha y salió una novilla rápidamente de la derecha hacia la izquierda y el chófer dió un zigzag hacia la izquierda defendiendo la novilla y enderezó y siguió de nuevo y más alante estaba la otra y el carro se descontroló y siguió dando zigzags y se tiró el carro a la cuneta y siguió y yo me tiré y más alante el carro chocó con un árbol y estaba el Sr. Antonio Andino muerto en la carretera. El carro chocó con la primera novilla, que quedó herida allí. La segunda novilla fué a la que se debió, la que promedió (sic) que el carro se volcara, que salió rápidamente; el chófer se descontroló y chocó con un árbol.”

El mismo testigo al ser repreguntado contestó:

"P. ¿Qué hizo usted cuando el chófer chocó con la novilla?
“R. Seguí en el carro y-más alante le salió la otra, que fué cuando el chófer se descontroló.
“P. ¿Usted nunca se tiró del carro?
“R. Sí, señor, después del segundo choque, que fué con un árbol.
“P. ¿De manera que si el carro no choca con el tronco no hay el accidente. ¿ Ésa es su manera de ver las cosas ?
“R. Pero lo que yo le quiero explicar es que si no hay la otra novilla el carro sigue derecho.”

Otro pasajero, Delfín Negrón, depuso así:

“Ocurrió que momentáneamente salió un animal de la derecha a atravesar la carretera. Un becerro negro, y entonces pues natural, como salió tan momentáneamente se le atravesó al frente del carro, y el carro, por mucho que no quiso darle, siempre le dió un cantacito. Entonces el carro dió .un zigzag y después que el carro estaba otra vez controlado, aparece una nueva novilla, haciendo que el chófer tuviera que meter frenos para no darle, en lo cual, al meter el freno el carro resbaló contra el lado y dió en un árbol y se viró. Eso fué lo que pasó.”

Y al ser repreguntado, contestó así:

“P. ¿De manera que cuando el carro chocó con el becerro, Andino estaba vivo; cualquier cosa que pasara fué después del choque?
“R. Cuando chocó fué que se mató.
“P. ¿Cuando chocó con el palo fué que se mató?
“R. Cuando el carro se viró, cuando chocó no, cuando se viró; fué que se mató.
“P. ¿Qué fué lo que desvió el carro hacia el palo?
“R. La segunda novilla, el chófer trató de no darle, quiso sal-varnos a todos, salvar el carro y salvar la novilla y metió los frenos.
“P. ¿Si no hubiera metido los frenos qué hubiera pasado?
“R. Quizás nos hubiéramos matado todos.”

La cuestión principal a resolver es: ¿Cuál de las dos novillas fue la causa próxima del accidente en que perdió su vida Antonio Andino?

Es sumamente difícil hacer una definición del término “causa próxima,” que por su claridad y precisión sea apli-cable a todos los casos. No se ha formulado aún una regla 'exacta para determinar cuándo las causas son próximas y cuándo son remotas. Cada caso dehe ser resuelto tomando en consideración los hechos y circunstancias especiales del mismo.

En el caso de Atchison T. & S. R. Co. v. Calhoun, 213 U. S. 1, 53 L. Ed. 671, en el que como en el presente la corte se vió obligada a decidir cuál de las dos negligencias con-currentes en un accidente había sido la “causa próxima” del daño, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“La ley, en su administración práctica, en casos de esta clase considera solamente la causa próxima o inmediata, y no la remota, y en su investigación dé lo que es próximo y de lo que es remoto, se niega a aventurarse en sutilezas metafísicas. Cuando, en el desarro-llo de los sucesos, entre la falta original y el daño final interviene una causa enteramente independiente y no relacionada con la pri-mera, y esa causa es por sí sola suficiente para ser considerada como causante del daño, la segunda causa es de ordinario considerada como la causa próxima y la otra como la causa remota. (Citas.) Esto es enfáticamente cierto cuando la causa interventora es el acto de alguna persona no relacionada en manera alguna con el actor original. No obstante esto, una persona descuidada es responsable de todas las consecuencias naturales o probables de su falta. Si la falta es de tal naturaleza que, de acuerdo con la experiencia usual humana, debe presumirse que ha de invitar o inducir la intervención de una causa subsiguiente, la causa interventora no le eximirá, y el daño resultante deberá ser considerado como el resultado de la falta original.”

Los párrafos que citamos a continuación nos ayudarán a resolver la cuestión pendiente:

“Si el acto original es torticero y, de acuerdo con el curso natural de los sucesos, habría naturalmente de resultar perjudicial a alguna persona o personas, y de hecho causa un daño a través de la intervención de otras cansas qne no son torticeras, el daño será imputado a la cansa torticera, dejando a nn lado aquellas qne son inocentes. Pero, si el acto original se convirtió en dañino solamente como consecuencia de la intervención del acto u omisión ilegal y dis-tinto, de otra persona, el daño será imputado a la última falta cómo causa próxima, y no a aquella otra que era más remota.” (Itálicas nuestras.) Schewartz v. Shull, 31 S. E. 914, 917, 45 W. Va. 405; Cooley, Torts, pág. 76; 62 C. J. pág. 1120.
“Cuando la línea de causalidad ha sido interrumpida por la intervención de alguna causa eficiente e independiente, esa causa interventora debe ser aceptada como la causa próxima, y en una acción contra el culpable original la ley no se ocupará de seguir investigando la cuestión o el daño resultante. Sin embargo, para que el infractor original pueda interponerla como defensa, la causa interventora debe ser independiente y responsable por sí misma.” Watters v. City of Waterloo, 101 N. W. 871, 126 Iowa 199.
“No es necesario que la causa próxima sea la única causa. Si varias causas eficientes contribuyen al daño, y sin la intervención de cada una de ellas el daño no hubiese ocurrido, cada causa es una causa próxima. Cuando el acto o negligencia de un tercero concurre eon el del culpable original, siendo ambas causas eficientes del daño, la responsabilidad del tercero continúa, y lo mismo ocurre cuando la negligencia del demandado concurre con alguna causa accidental a la cual el demandante no ha contribuido.” 62 C. J. see. 39, pág. 1126.

Apliquemos a los hechos y circunstancias del caso de autos la jurisprudencia que acabamos de citar. El automóvil en que viajaba el finado encontró en su camino un primer obs-táculo, la novilla de Isidra Orozco. La presencia de ese animal en una carretera pública, suelto y sin una persona que se cuidase de .evitar que pudiera causar daño a los que transitaban por la carretera constituye sin duda alguna negli-gencia por parte del dueño del animal o de la persona encargada de cuidarle. Admitamos, sin resolverlo,, que la responsable de la presencia allí y entonces de la novilla lo fué su dueña y no la Central Victoria. El conductor del carro no pudo evitar el choque con la novilla. Prodújose el choque, con resultado fatal para la novilla y sin que ninguna de lús nueve personas que iban en el automóvil fuese lesionada. Pasado ese primer peligro, enderezado el carro y ya bajo ol control de sn conductor, como veinticinco pies más adelante preséntase un nuevo peligro, otra novilla, esta vez la mar-cada “C. V.,” propiedad de la demandada. Trata el chófer . de evitar el choque con el animal, aplica los frenos, cambia la velocidad, resbala el carro en la carretera húmeda y ocurre el accidente en que pierde su vida Andino.

Del récord no aparece que la demandada hiciera el menor esfuerzo para explicar o excusar en alguna forma la pre-sencia de su novilla en una carretera pública a las cuatro de la mañana. Todos sus esfuerzos se dirigieron a inculpar a. Isidra Orozco, como si hubiese sido la novilla de ésta y no la de la demandada la causa próxima del fatal accidente. ¿Hubiese ocurrido el accidente si la demandada se hubiese cuidado de evitar que su animal anduviera realengo por la carretera? Seguramente que no. El automóvil, repuesto ya de su primer choque, hubiera seguido su marcha y Andino no hubiese perdido su vida. La negligencia de la demandada fué sin duda alguna la causa próxima del daño.

No erró la corte inferior al resolver que la ley que rige este caso es el artículo 1805 del Código Civil. Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315; Gigante v. Alvares, 48 D.P.R. 498, 507; Troche v. Matos, 52 D.P.R. 282; Osorio v. Taboada, 52 D.P.R. 806. Tampoco erró al declarar probados los hechos alegados en la demanda.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jésús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Primitivo Acosta, acusado y apelante.
    Núm. 8301.

    Sometido: Julio 15, 1940.

      Resuelto: Julio 16, 1940.

      El apelante compareció por su propio derecho; E. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de la Corte de Distrito de Mayagüez formuló acusación contra Primitivo Acosta por un delito de hurto de mayor cuantía. El acusado alegó ser inocente y solicitó-juicio por jurado. El día de la vista la corte nombró abo-gado para que lo representara. Tanto el fiscal como el acu-sado ofrecieron su evidencia. Instruido el jurado, trajo un veredicto declarándole culpable del delito que en la acusa-ción se le imputaba, y la corte le impuso cinco años de presidio con trabajos forzados. Contra esa sentencia ha interpuesto el acusado el presente recurso de apelación que: es claramente frívolo.

El alegato, escrito y suscrito por el propio acusado, no-contiene una exposición de los errores en que se funda el acusado, como lo requieren las secciones 42 y 43 del regla-mento de este tribunal. Se infiere de él vagamente, sin embargo, que el acusado encuentra la sentencia errónea, pri-mero, porque a su juicio el veredicto es contrario a la prueba ] segundo, porque según él la Corte Municipal de Mayagüez. le babía absuelto por los mismos hechos, y tercero, porque estuvo mal defendido por su abogado de oficio.

No existe una transcripción de la evidencia para compro-bar la existencia de dichos errores, por lo que él recurso debe ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Márquez & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, R. Sancho Bonet, demandado y apelado. De Paz Hnos. demandante y apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, R. Sancho Bonet, demandado y apelado.
    Núms. 7940 y 7941.

    Sometidos: Abril 9, 1940.

      Resueltos: Julio 18, 1940.

      V. Polanco de Jesús, abogado de las apelantes;

      Eon. Procurador General George A. Malcolm y E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos fueron radicados al mismo tiempo en la Corte de Distrito de San Juan. Envuelven la misma cuestión y fueron vistos conjuntamente. La corte de distrito dictó una sola opinión para ambos casos. En apelación las partes ban estipulado utilizar el mismo alegato para los dos recursos.

Cada demanda contiene tres párrafos. Los dos primeros contienen alegaciones de becho que pueden resumirse así:

Ambas demandantes son sociedades mercantiles que tra-fican, entre otras cosas, en café. Ellas compraron este grano en distintas ocasiones y pagaron la contribución de 14 centavo por libra, impuesta por la Ley Núm. 116 de mayo 15, 1936 (leyes de ese año, (1) pág. 679). Esta contribución ba sido pagada bajo protesta y las demandantes solicitan abora la devolución de la misma.

El tercer párrafo de cada demanda aduce que la contri-bución es ilegal y nula. Se exponen diez razones distintas para ello. Las números 1, 4, 7 y 10 atacan la validez de la ley porque la contribución se fija para un fin privado y no para un fin público; las números 2 y 6, porque se delegan poderes al tesorero; la número 3, porque la ley sujeta al contribuyente a un proceso criminal por violación de la ley o del reglamento promulgado por el tesorero; la número 5, porque priva al contribuyente de su propiedad sin el debido proceso de ley; la núm. 8, porque la persona que en realidad paga la contribución no es el comprador sino el cosechero; y la número 9, porque la ley es discriminatoria toda vez que impone una contribución a los cosecheros de café y no a todo agricultor.

Las contestaciones del tesorero aceptan como ciertos todos los hechos alegados, pero niegan que la contribución sea ilegal, inconstitucional o nula.

La cuestión que estaba de plano ante la corte de distrito era la validez de la ley y de la contribución. La corte inferior' sostuvo ambas y dijo que la ley era constitucional; ' que la contribución no se fijaba para un fin privado sino para un fin público; que no era discriminatoria; y que la contribu-ción ayudaría grandemente a la industria del café y que ello beneficiaría a toda la isla. Las demandas fueron desesti-madas, con costas y $100 de honorarios de abogado en cada caso.

Las demandantes apelaron. Su alegato conjunto contiene cuatro errores. Los tres primeros leen así:

“1. La sentencia es contraria a derecho infringiendo abierta-mente el Art. 3 de la Ley Orgánica de Puerto Eico, titulada Ley Jones, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el día 2 de marzo de 1917.
“2. La sentencia es errónea y contraria a derecho al estimar que la aprobación de una ley para librar una campaña de anuncios de un producto, por el hecho de que en el preámbulo de la misma se consigna que es con el propósito de levantar esa industria, por eso y con eso se persigue un fin público.
“3. La sentencia es errónea por estimar que la imposición y cobro de una contribución para estimular el negocio de una clase debe estimarse que es para un fin del gobierno insular y municipal.”

Estos errores pueden ser discutidos conjuntamente. Levantan la cuestión de que la contribución no se fija para un fin público sino para un fin privado y que en su consecuencia viola la Carta Orgánica que provee:

“Artículo 3. — No se impondrá ni cobrará derecho alguno sobre las exportaciones procedentes de Puerto Rico; pero podrán imponerse contribuciones e impuestos sobre la propiedad, ingresos, rentas in-ternas, y por licencias, franquicias, privilegios y concesiones, cuando dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y municipal, respectivamente, y se impongan según las disposiciones y prescripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico;... ”

La cláusula específica a que las demandantes se refieren es “para los fines de los gobiernos insular y municipal.”

Que- la intención de la Asamblea Legislativa fue promover el bienestar de toda la comunidad, se desprende de manera evidente de la “Declaración de Principios” contenida en la sección 2 de la ley. Entre otras cosas, dice:

“...si pudiera conseguirse para el café de Puerto Rico el con-sumo de la mitad del uno (1) por ciento del café que se consume en los Estados Unidos de América, ello implicaría un mercado ase-gurado para el total de nuestra cosecha, haciendo posible la rehabi-litación efectiva de la más puertorriqueña de nuestras industrias agrícolas sin cuya rehabilitación no habrá rehabilitación verdad de nuestra Isla.
“Por lo tanto, como ha sido la política de El Pueblo de Puerto Rico ayudar a la rehabilitación de la industria cafetera de la Isla, se promulga esta ley para que la rama ejecutiva del Gobierno pueda afrontar este problema rápida y eficientemente.”

Las apelantes citan varios casos y textos para sostener su contención de que el poder legislativo no puede imponer una contribución para un fin privado. Ése es un punto que no necesita ser discutido; ya fia sido establecido por ley.-La cuestión específica en controversia es si esta contribución especial se utiliza para un fin privado o para un fin público.

El dinero obtenido mediante la contribución será utili-zado en la siguiente forma:

“Sección 5. — Este ‘Fondo para el Fomento del Mercado de Café de Puerto Pico’, estará disponible para invertirse por el Comisionado de Agricultura y Comercio para llevar a cabo una campaña de anun-cio de nuestro café en Estados Unidos y Europa.”
“Sección 13. — Por la presente se autoriza y ordena al Comisio-nado de Agricultura y Comercio para delinear y llevar ,a cabo en cooperación con las personas naturales o jurídicas dedicadas al negocio de café en Puerto Rico, un.plan que haga posible la expor-tación del café de Puerto Rico a los Estados Unidos continentales y a Europa, con el objeto de disponer del excedente de cualquier cosecha que a su juicio en cualquier momento amenazare desorganizar la estructura económica de dicha industria.”

Las apelantes también citan el caso de Suazo v. Lugo, Alcaide, 42 D.P.R. 57, en el cual este tribunal declaró incons-titucional una contribución sobre café extranjero fundado en que negaba la igual protección de las leyes y obstruía el comercio interestatal.

El apelado cita, entre otros, los casos de State ex rel. Goodwin v. Nelson County, 1 N. D. 88, 45 N. W. 33, 8 L.R.A. 283, 26 Am. St. Rep. 609; Cobb v. Parnell, 183 Ark. 429, 36 S. W. (2d) 388; State ex rel. Custer County Agricultural Society & L. S. Exchange v. Robinson, 35 Neb. 401, 53 N. W. 213, 17 L.R.A. 383; State ex rel. Cryderman v. Wienrich, 54 Mont. 390, 170 P. 942; Hill v. Rae, 52 Mont. 378, 158 P. 826, L.R.A. 1917A, 495, Ann. Cas. 1917E, 210.

En todos los casos anteriores las contribuciones, fueron impuestas para crear fondos para aliviar la agricultura. Fueron declaradas válidas por dedicarse a un fin público.

El último señalamiento de error se refiere a las costas y al mismo no se da'mucho énfasis.

Beben confirmarse las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Juan E. Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1071.

    Sometido: Junio 15, 1940.

      Resuelto: Julio 18, 1940.

      Luis Ríos Algarín, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Salvador Leeároz Ineiburu es dueño de una finca en Lares que se halla debidamente inscrita en el Registro de la Pro-piedad de Aguadilla. Allí aparece que él es viudo. La finca fue vendida en cobro de contribuciones y Juan E. Pérez, el recurrente, la adquirió. Este presentó para su inscripción el certificado de compra y dicha inscripción fué denegada con-forme se desprende de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento porque apareciendo del Registro la finca inscrita a nombre de don Salvador Leeároz Ineiburu, viudo, el procedimiento se sigue contra don Salvador Leeároz, sin que se expresen sus circunstancias personales, no siendo por tanto, la identificación satisfactoria, tomando en su lugar anota-ción preventiva por 120 días a favor del adquirente D. Juan E. Pérez. ” ..

Pérez recurre y sostiene que el certificado contiene todos los datos necesarios, de conformidad con el artículo 347 del Código Político. Puede asumirse que el certificado es cO'~ rrecto en cuanto a su forma. ‘

También indica .el recurrente que existe bastante identificación, toda vez que la propiedad fue embargada como perteneciente a Salvador Lecároz.

Sin embargo, el Lecho de que se hubiera anotado un embargo con anterioridad a la subasta para el cobro de las', contribuciones no impide que el registrador se niegue a ins-cribir un certificado de venta defectuoso. Dieppa v. Registrador, 33 D.P.R. 880.

El recurrente cita a Morell para demostrar que sólo se necesita copiar el nombre y el apellido de una parte en la escritura. El registrador contesta que Morell escribió un comentario a la Ley Hipotecaria de 1880 y que no debe utili-zársele para interpretar un estatuto de 1902; y que cuando se trata de una escritura el registrador descansa en el cono-cimiento que de las partes tiene el notario.

El recurrente también sostiene que si el nombre no está completo, ello sería un defecto subsanable, y que por ende la inscripción debe efectuarse sujeta a tal defecto, mas ñó denegada de plano. El registrador replica que su negativa no se debe a que el nombre sea insuficiente, sino a que nq existe seguridad alguna de que el verdadero dueño fuera citado ni de que Salvador Lecároz, de dirección desconocida, sea el mismo Salvador Lecároz Inciburu, viudo, y cuya resi-dencia, según la ley, aparece de la inscripción. Nada hay ep el récord que establezca la residencia de Lecároz y la aserción contenida en el alegato del registrador al efecto de qué Lecároz Inciburu es vecino de Lares, P. R., debe ser ignorada. Mas como de los autos nada hay que demuestre lo contrarió, podría presumirse que el asiento a virtud del cual se inscribió el derecho de Lecároz Inciburu es completo y que en su eon7 secuencia la dirección de él aparece del mismo, conforme exige la Ley Hipotecaria.

Sea ello como fuere, el registrador se negó a inscribir, ño porque el nombre fuera insuficiente, sino porque tenía dudas en torno a si Lecároz y Lecároz Inciburu eran exactamente la misma persona.

En el caso de Díaz v. Registrador de la Propiedad, 16 D.P.R. 275, 276, este tribunal dijo:

“ Nosotros opinamos que el Registrador debe negar la inscripción, no sólo cuando tiene certeza plena de que el derecho que se trata de inscribir lo está ya a nombre de persona distinta de la que otorga la trasmisión, sino cuando tiene duda razonable y fundada de ello. (Véase el art. 20 de la Ley Hipotecaria, el caso de Morales v. El Registrador de San Juan, 15 D.P.R. 699 decidido el 19 de noviembre de 1909, y los en él citados.)
“Sería necesario demostrar que la duda del registrador carecía de fundamento, para que nosotros pudiéramos revocar su nota y ordenar la inscripción solicitada...”

Y en el de Chardón v. Registrador de Ponce, 28 D.P.R. 991 este tribunal manifestó (copiando del sumario):

“Para que sea inscribible en el registro de la propiedad el título del comprador de una finca vendida por un colector de rentas in-fernas en subasta para pago de contribuciones, es requisito indispensable que el certificado de venta contenga claramente el nombre del verdadero dueño de la finca embargada y vendida. Sancionar el traspaso de títulos por virtud de manifestaciones vagas o sujetas a conjeturas constituiría una seria amenaza a los derechos de los pro-pietarios. ’ ’

Y la opinión concluye con las siguientes palabras:

“No conocemos ninguna ley que autorice la venta de la pro-piedad de un ciudadano por contribuciones morosas de otro, y algo más que esto debe aparecer claramente de la faz del certificado de -compra y no quedar sujeto a mera inferencia o a una conclusión a la que ha de llegarse mediante una interpretación liberal de una referencia dudosa, por no decir sin significado, a alguna supuesta o presunta relación entre el dueño de la propiedad vendida con derecho inscrito y el contribuyente moroso a cuyo nombre figuraba en los libros, registro, minutas, u otros informes sin especificar del Depar-tamento del Tesoro.”

Un caso muy similar al presente lo es el de Dieppa v. Registrador de la Propiedad, 33 D.P.R. 880. Dicho caso fue un recurso gubernativo interpuesto contra una nota del Re-gistrador' de la Propiedad de Aguadilla, que en parte dice:

“Denegada la inscripción del precedente documento que es el certificado de venta Núm. 713-1338, expedido por el Colector de Rentas Internas de San Sebastián, a don José Dieppa y Pérez, con vista de otros documentos, al folio 157 vuelto del tomo 33 de San Sebastián, finca número 1856, anotación letra ‘A,’ y tomada en su lugar anotación preventiva dé dicha denegatoria, a favor de don José Dieppa y Pérez, porque la finca de doce y media cuerdas con casa a que dicho documento se refiere, aparece como compuesta de trece cuerdas más o menos, a favor de Eusebio Práxedes Serrano y Serrano; porque del certificado de venta se deduce que el procedi-miento iniciado para pago de contribuciones, recargos y costas, lo fué y se siguió contra la Sucesión de Práxedes Serrano, sin que pueda determinarse que éste sea el mismo Eusebio Práxedes Serrano a cuyo favor aparece la finca;... y por el fundamento, además, de no estar previamente inscrita esta finca a nombre de la Sucesión trasmá-tente ...”

Este tribunal dijo:

“El recurrente deja enteramente de apreciar el punto del Regis-trador al decir éste que la supuesta' finca estaba inscrita a nombre de Eusebio Práxedes Serrano y Serrano. De ahí que una descrip-ción con los nombres Práxedes Serrano era insuficiente. El regis-trador al hablar de esto no insistía en que la finca no aparecía a nombre de la sucesión de Práxedes Serrano.
“Asimismo tuvo razón el registrador al insistir en que la finca debía aparecer inscrita a nombre de la Sucesión si una venta contra tal Sucesión se había efectuado. Véase el caso de Rodríguez v. El Registrador de Arecibo (pág. 823).”

Conforme dice el registrador en su alegato en este recurso,

“Éste es un procedimiento serio, grave, incoado por el Gobierno contra un ciudadano in absentia que puede culminar, como en este caso, en la privación absoluta de su propiedad.
“Y el deber del Registrador de proteger, tanto los intereses del Gobierno como los intereses de particulares, le impone la obligación de calificar un expediente de esta naturaleza con la mayor severidad, con -la mayor restricción, a fin de asegurarse, fuera de toda preocu-pación e inquietud mental, que se ha seguido contra este hombre en este caso el debido proceso de ley que ordena la Constitución de los Estados Unidos.”

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no: intervino.


text:
    Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Santos Jiménez Gautier, Peticionario ante la Comisión Industrial, recurridos.
    Núm. 201.

    Sometido: Junio 17, 1940.

      Resuelto: Julio 18, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y Victor J. Vidal González y G. Afiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente;

      M. León Parra, abogado de la Comisión; Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados de los beneficiarios.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Isidoro Jiménez, nn estibador, falleció el 25 de marzo, 1939, mientras trabajaba a bordo del vapor “Millinocket”. El Administrador del Fondo del Estado denegó la compensación, fnndado en qne el obrero había muerto de cansas naturales. Sus beneficiarios apelaron para ante la Comisión Industrial y ese organismo celebró vistas públicas en agosto 10 y octubre 4.

Los beneficiarios alegaron que el obrero había muerto de nn accidente en el curso de sn empleo. El Fondo del Estado sostuvo qne la muerte sobrevino de causas naturales, y que además al obrero y sus beneficiarios debía negárseles com-pensación toda vez qne el obrero trabajaba ilegalmente, por estar él bajo tratamiento con motivo- de un accidente anterior y aún no había sido dado, de alta. . . ....

La Comisión dictó una resolución en febrero 20, 1940 y halló los siguientes hechos:

En la mañana del día en cuestión el finado obrero traba-jaba en unión a otros en la bodega núm. 4 del vapor “Milli-nocket”, perteneciente a la Bull Insular Line. Estibaban azúcar en sacos que pesaban 250 libras cada uno. Estos sacos eran bajados a la bodega en eslingas de cinco sacos cada una. El tubo de la hélice ocupa el centro de la bodega. Al bajarse la eslinga ésta descansa' contra el lado del tubo de la hélice a unos cuantos pies del piso. Entonces se des-pega la eslinga del tubo de la hélice y se baja hasta el sitio que se desee. De allí los sacos son colocados en una estiba. Esto lo hacen dos obreros que agarran el saco por las extre-midades y lo lanzan mediante un movimiento rápido.

La Comisión copia en su resolución parte del testimonio de Pascual Román, testigo ocular. Según este testigo el finado obrero, en unión a otro, halaron la eslinga como hasta unos doce pies del tubo de la hélice. Cogieron el primer saco y Jiménez se cayó de espaldas. Falleció casi inmediatamente. Habían estado trabajando como una hora antes de suceder esto.

El obrero sufría de aortitis sifilítica; de estenosis de las arterias coronarias; de hipertrofia cardíaca; de arteriosclerosis generalizada y de lesiones crónicas en la aorta y en las arterias coronarias. La Comisión no hace ninguna conclusión en cuanto a la causa de la muerte (desde el punto de vista patológico) mas se refiere a la autopsia y al informe prepa-rado por la Escuela de Medicina Tropical.

Según el Dr. Martínez Alvarez, quien practicó la autop-sia, la muerte se debió a “la decompensación aguda cardíaca de orden ventricular, habiendo producido el colapso por insu-ficiencia aórtica subsiguiente a hipertrofia cardíaca y dilata-ción del cayado de la aorta.”

El informe del Dr. Koppisch, del Departamento de Pato-logía de la Escuela de Medicina Tropical, a quien se ehviaron las visceras para ser examinadas, lee:

“Éste es un caso de aortitis sifilítica muy extensa, avanzada y activa, con muerte repentina de estenosis de la ostia coronaria.”

La Comisión copia entonces parte de las declaraciones de los doctores Yadi, Janer y Pinero. Los primeros dos médicos, peritos de los peticionarios, declararon que la muerte fué consecuencia directa del esfuerzo. El Dr. Pinero dijo que el esfuerzo pudo haber producido la muerte pero que ello fué tan sólo una coincidencia; que el hombre estaba sentenciado a morir en cualquier tiempo; que pudo haber muerto mientras dormía. El Dr. Janer estuvo de acuerdo con esta última manifestación.

La conclusión fué:

“Es innegable que Isidoro Jiménez tenía lesiones antiguas en su corazón, todas de carácter grave, pero es innegable también que murió en el momento de hacer un movimiento rápido para lanzar a la estiba un bulto que pesaba 250 libras y que agarraba por dos extremos, mientras su compañero Pascual Román, lo agarraba por los otros dos.” (Resolución, Comisión Industrial, feb. 20, 1940, pág. 8.)

La Comisión cita entonces un número de casos de cortes de los Estados Unidos que han resuelto que debe conce-derse compensación cuando la muerte es producida por un esfuerzo extraordinario a pesar de que el obrero padeciera de una enfermedad crónica. También se copia alguna juris-prudencia, que no es aplicable, relacionada con casos su que se ha concedido compensación a obreros que han adquirido afecciones cardíacas al levantar cargas muy pesadas.

Las palabras finales de la Comisión fueron:

“Por lo expuesto resolvemos que el obrero Isidoro Jiménez, caso núm. C. I. 7358, murió en el curso del empleo y como consecuencia del mismo...”

No se hizo conclusión final en torno a si el obrero traba-jaba legalmente o no al momento de su muerte. El Fondo del Estado radicó en marzo 1 una moción de reconsideración; Ésta fué denegada sin opinión el 25 de abril, 1940. ■ -v

Una segunda moción presentada el 29 de abril, nueva-mente alegaba que una cuestión importante aún permanecía sin resolver. En mayo 10, 1940, se dictó una nueva resolu-ción declarando sin lugar la segunda moción y confirmando la primera de febrero 20, pero resolviendo la cuestión plan-teada por el Fondo del Estado.

La resolución decía:

“La muerte de este obrero sobrevino el día 25 de marzo de 1939 y sus beneficiarios presentaron como evidencia un documento firmado por el Dr. Rolenson, que fué mareado Exhibit 1 del peticionario, en que constaba que habiendo sufrido un accidente del trabajo el día 6 de marzo de 1939, consistente en contusión y laceración de los dedos anular y meñique de la mano izquierda, se le daba de alta el día 23 del propio mes y año ‘para que reanudara su trabajo en marzo 24’. El Dr. Rolenson firmante de ese documento, informó oralmente que habiéndose quejado en ese momento el obrero de que todavía no estaba completamente rehabilitado de su lesión, y encon-trando él que era cierta la alegación que hacía le concedió tres días más de tratamiento médico o sea hasta el día 27 del propio mes y año. El obrero, como dijimos, murió el día 25 cuando trabajaba trasegando sacos de azúcar en la bodega de un barco.”

La Comisión no decidió específicamente que el obrero es-taba trabajando mientras se bailaba bajo tratamiento, mas ésta es la inferencia. La resolución continúa diciendo:

“Y ahora tenemos que resolver nosotros si de acuerdo con la ley en vigor el hecho de que estuviera trabajando cuando aún no ha sido dado de alta de una lesión anterior y le sobreviene un nuevo accidente, pierde todo derecho a la compensación por este último, según sostiene el Fondo del Estado.
“Nada pues provee la ley sobre el punto que levanta el Adminis-trador del Fondo del Estado. No hay prohibición alguna para un obrero convaleciente de un accidente del trabajo, si antes de ser dado de alta definitiva se encuentra con ánimo de trabajar y lo hace. Nos parece deducir de la lectura del apartado 2 del Art. 3, que el único derecho que cabe al Administrador en caso de que un obrero actuara así, es privarle de la dieta que le iba a pagar en compensa-ción del" jornal que hubiera podido percibir en caso de no haberle ocurrido la primera lesión; porque el derecho a percibir esta dieta del Fondo del Estado es en compensación, como dice la ley, del jornal que hubiere podido percibir a no ser por la consecuencia del accidente. Y es obvio que si él durante ese tiempo en que tenía derecho a reclamar del Fondo del Estado esa compensación traba-jare y ganase un jornal de un patrono, el Administrador del Fondo del Estado no estaba obligado a pagarle esa compensación. Pero en ninguna parte de la ley, repetimos, podemos descubrir que tal actua-ción sea fatal al obrero hasta el punto de privarle de la compensa-ción a que tuviera derecho por el nuevo accidente sufrido, si por la naturaleza de la lesión sufrida anteriormente, como sucede en el caso de autos, él se encuentra en condiciones de poder trabajar.”

Convenimos con la Comisión.

Al resolver la primera cuestión levantada por el Fondo del Estado debemos hacer constar que la Comisión no debió acudir a otras jurisdicciones en busca de jurisprudencia.

El caso de Sucn. París v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 441, es muy similar al presente. En dicho caso, también, el finado era un obrero corriente de la Bull Insular Line. En el presente recurso Jiménez y otro obrero despegaron una eslinga que pesaba 1,250 libras del tubo de la hélice en la bodega. En aquél, París y otros tenían que voltear una caja que pesaba como 1,200 libras. Ambos cayeron de espaldas y murieron poco después. En dicho caso, al igual que en el presente, el certificado de la Escuela de Medicina Tropical revela que la muerte se debió a estenosis de la aorta. Este tribunal dijo:

“Desde luego, podría admitirse que el obrero no hubiera muerto el mismo día de no habérsele asignado el trabajo de ayudar a voltear la caja. Nuestra respuesta a esto es que el campo de casos en que un hombre moriría bajo semejantes circunstancias es relativamente pequeño. La recurrente, conforme hemos visto, no entra en todas estas consideraciones, mas dadas las palabras de la ley no creemos que podemos decir que la muerte de París Parrilla fuera el resultado de un accidente proveniente de un ‘acto o función inherente a su trabajo o empleo.’ ”

Empero, esa decisión ha sido aparentemente revocada de no ser distinguible por implicación, en casos posteriores.

En el caso de Benito Santiago este tribunal dijo:

“La Comisión resolvió que la muerte de Santiago se debió al cumplimiento por su parte de un acto que estaba en el curso de su empleo. Hubo prueba tendente a sostener esta conclusión. También hubo prueba tendente a demostrar que el acto en cuestión de ordi-nario requería la fuerza combinada de dos o tres hombres. Santiago trató de hacerlo por sí solo. Mientras estaba así ocupado tuvo una hemorragia cerebral. Le sobrevino la muerte. Hubo prueba ten-dente a demostrar que un obrero de experiencia podía efectuar sin esfuerzo lo que Santiago trató de hacer y que Santiago era un obrero de experiencia. No hubo decisión específica sobre este punto. Sin embargo, de toda la prueba se desprende lógicamente que la muerte de Santiago fué producida por un acto que, dado su estado físico para aquel entonces, equivalía en el caso suyo a un esfuerzo. A nuestro juicio se desprende que su muerte se debió a un accidente dentro del significado del artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo. El presente no es el caso de un obrero a quien, mientras está en su trabajo, le sobreviene la muerte de causas natu-rales o de cualquier causa distinta a un acto fortuito inesperado que sea el resultado de un acto o función inherente a su trabajo o empleo. ’ ’ (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 122.)

Algún tiempo después este tribunal decidió el caso del obrero Miguel Parque. Este también era un estibador que se dedicaba a almacenar carbón de piedra en la bodega de un vapor. Murió de tabardillo (heatstroke). Esta corte resolvió:

“...y siendo claro que el obrero, al realizar el trabajo donde encontró su muerte, no podía ni tenía motivo para esperar la des-gracia que le ocurrió, pues era un trabajo que durante varios años venía realizando sin recibir daño alguno, tenemos que concluir que la Comisión Industrial no cometió error al resolver que Miguel Parque sufrió un accidente que le provino de un acto o función inherente a su trabajo, ocurrídole en el curso de éste y el cual fué la causa de su muerte.” (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722, 731.)

La opinión emitida en el caso de Rafael Díaz Ortiz no contiene una relación detallada de los hechos pero dice: “ .. .Rafael Díaz Ortiz falleció repentinamente en el almacén de Martínez Hnos. y Cía., inmediatamente después de haber realizado esfuerzos para descargar y estibar nn número de barriles cnyo peso individual excedía de 300 libras.” (54 D.P.R. 798.) Este tribunal dijo:

"El hecho de que el obrero en este caso padeciera de alguna enfermedad crónica — cosa que no se probó concluyentemente — que le hiciera más susceptible de sufrir una lesión que le ocasionara la muerte, no sería por sí solo suficiente para privar de compensación a sus beneficiarios. (Citas.)” (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 797, 804.)

Un caso cuyos hechos son distintos pero que demuestra que la tendencia de este tribunal es hacia una interpretación liberal del estatuto es el de Juan Matos. Ese obrero sufrió un ataque de epilepsia mientras trabajaba en la zanja de un cañaveral. Se cayó en la zanja y se ahogó. El Fondo del Estado alegó que la muerte había sido causada por su con-dición. Está corte se expresó así:

"El espíritu de la 'Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo’ (Ley Núm. 45 de abril 18, 1935) es hacer compensables las lesiones o muertes de obreros como consecuencia de accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o em-pleo y que ocurran en el curso de éste. Las excepciones a dicha regla, enumeradas en la sección 4 de la citada ley, son (a) cuando el obrero se causare voluntariamente la lesión; (b) cuando el obrero estuviere embriagado y la embriaguez fuere la causa del accidente; (c) cuando la lesión ha sido causada por el acto criminal de una tercera persona; y (d) cuando la imprudencia temeraria del obrero ha sido la única causa de la lesión. La especificación de los casos en que, por excepción, no puede recobrarse indemnización por un acci-dente ocurrido en el curso del empleo y como consecuencia del mismo, excluye todas las demás causas que pudieran alegarse en oposición a una reclamación. Inclusio unius est exclusio alterius. Bonilla v. Mitchell, 51 D.P.R. 126. Si la caída del obrero Juan Matos hubiese sido motivada por su propia negligencia, seguramente el Fondo del Seguro del Estado no hubiera podido interponer la defensa de negli-gencia contribuyente en oposición a la reclamación. No vemos razón alguna que nos obligue a establecer una diferencia entre la negli-gencia contribuyente y la condición idiopática del obrero, como causas determinantes de nn accidente, cuando ni una ni otra aparecen in-cluidas entre las circunstancias que de acuerdo con la sección 4 de la ley (supra) impiden la concesión de una compensación.” (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 903.)

Ese caso fué seguido en Montaner v. Comisión Industrial y Maldonado, caso núm. 179, y Montaner y. Comisión Industrial y Rodrígues, caso núm. 176, ambos decididos en enero 16, 1940 y publicados en 55 D.P.R. 985.

En su consecuencia, las resoluciones de la Comisión deben, ser confirmadas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Rexach & Piñero, José A. Rexach e Ignacio Piñero Estrella, demandantes y apelantes, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7578.

    Sometido: Febrero 6, 1940.

      Resuelto: Julio 18, 1940.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de los apelantes,

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. García Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Rexach & Pinero, José A. Rexach. e Ignacio Pinero Es-trella acudieron en 18 de octubre de 1935 ante la Corte de 'Distrito de San Juan en solicitud de un auto de mandamus -contra el entonces Tesorero de Puerto Rico, R. Sancho Bonet. El auto se solicitaba para que la corte compeliera al tesorero sustituto a pagar a los peticionarios ciertas sumas que ellos sostenían les habían sido adjudicadas por la Junta de Revi-sión e Igualamiento.

La actuación de la junta ordenando los pagos tuvo lugar el 29 de octubre de 1933. A pesar de la orden de la junta, el entonces tesorero, Manuel Y. Domenech, se negó a efec-tuar el pago, fundado sustancialmente. en que las contribu-ciones habían sido pagadas voluntariamente y en que, por ende, no eran recobrables.

Lo que sucedió fue que el 22 de agosto de 1921, la firma de Rexach & Pinero radicó unas planillas para el año fiscal 1920, efectuando el pago de la contribución de acuerdo con las mismas.

En 10 de febrero de 1927, el tesorero halló que dicha firma adeudaba la suma de $27,126.71 por una deficiencia en la tasación. Esa suma fue administrativamente rebajada aparentemente a $8,717.15. Allá para el 31 de mayo de 1929, el tesorero y los peticionarios convinieron en que la suma adeudada era $9,225.26. El tesorero y El Pueblo de Puerto Rico sostienen que las partes convinieron con el tesorero en pagar esa suma en la siguiente proporción: dos terceras partes por Rexach y una tercera parte por Pinero, de con-formidad con su interés en la sociedad disuelta. En 31 de mayo Rexach pagó voluntariamente al tesorero $6,150.44. Pinero nunca entregó dinero alguno al tesorero y en su con-secuencia el tesorero embargó bienes de Piñero para recobrar $4,031.21, suma que entonces se calculaba se adeudaba por concepto de deficiencia, así como $2,138.06 en concepto de contribuciones sobre la finca embargada.

Hubo una subasta de esta finca y la misma fné adquirida por el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados como acreedor hipotecario. Antes de ser redimida la pro-piedad, allá para el 11 de abril de 1933, los Sres. Eexacb y Piñero presentaron al tesorero, Sr. Domenech, nna petición para que se les devolvieran las sumas pagadas bajo protesta.

La teoría de la solicitud fué en síntesis que la deficiencia se calculó a base de una disposición inconstitucional de la ley y además que su derecho a recobrar contra Eexach & Piñero había prescrito. El tesorero se negó a pagar la reclamación. Al apelarse para ante la Junta de Eevisión e Igualamiento, la actuación del tesorero fué revocada. El tesorero continuó negándose a efectuar el pago.

El 18 de febrero de 1937 la Corte de Distrito de San Juan dictó una opinión y sentencia a virtud de las cuales resolvió que el Sr. Eexach no tenía reclamación alguna toda vez que había pagado voluntariamente, mas la corte, de primera in-tención, consideró y declaró con lugar la reclamación de Piñero. A virtud de una moción presentada a ese efecto, dicha corte de distrito reconsideró su fallo y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a ambos deman-dantes.

Los fundamentos de esta decisión fueron: (a) que la junta en 29 de octubre de 1933 no ordenó al tesorero que pagara otra cosa que la suma que José A. Eexach había pagado voluntariamente; (b) que era discrecional del tesorero con-ceder una solicitud de reintegro y que como tampoco se le ordenó por la junta, asumiendo que el cobro por la vía de apremio equivaliera a un pago voluntario, aún así no pro-cedería el mandamus por no tratarse de un deber ministerial.

Desde que se dictó esta decisión, mucha agua ha pasado por el molino judicial. Para la época en que la corte dictó esta decisión, no se habían resuelto ni el caso de la P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 405, ni el caso de Yabucoa Sugar Co. v. Sancho Bonet, 51 D.P.R. 135.

El alegato de este caso en apelación fné radicado el 25 de noviembre de 1938. Para aquel entonces la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito había revi-sado los casos de P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet y Yabucoa Sugar Co. v. Sancho Bonet, supra, y'hasta cierto punto había modificado las opiniones de este tribunal. De suerte que la teoría de los apelantes descansa en parte en la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones, bajo la cual sería posible para Rexach proseguir este pleito como cuestión de derecho {right) intrínseco, y quizá basarse en la decisión de la Junta de Revisión e Igualamiento.

En lo que a Rexach se refiere, cualquier duda que exis-tiera en torno a su derecho a proceder, ha sido disipada por la decisión emitida en el caso de la P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 677. Esa opinión, en cambio, des-cansó en el caso de Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505, opinión que fue copiada verbatim en el caso de la P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, supra.

Antes de emitirse la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pudo tal vez existir alguna duda bajo las leyes locales respecto a si contribuciones pagadas volun-tariamente podían ser recobradas o no, mas la decisión de la Corte Suprema de Estados- Unidos hizo que estas deci-siones locales fueran definitivamente la regla de derecho que ha de prevalecer en Puerto Rico.

Se presenta un caso algo distinto en lo que a Piñero respecta. Él no pagó contribuciones voluntariamente, tal cual lo había hecho su antiguo socio, ni tampoco efectuó pago alguno al Tesorero de Puerto Rico. El Grobierno insiste en que Rexach, Piñero y el Grobierno llegaron a un acuerdo a virtud del cual Piñero debía pagar la tercera parte de la contribución total impuesta a Rexach & Piñero. Tenemos una duda, al examinar las páginas de los autos a que se refiere el Procurador General, respecto a si el acuerdo fué algo más que un convenio entre Rexach y Piñero sobre; la proporción de la contribución total qne cada nno de ellos debía pagar. Mas dado el criterio qne hemos adoptado para este aspecto del caso, no es menester qne la cuestión de nn pago voluntario vel non desempeñe un gran papel.

Algunas de las contenciones del tesorero en la corte inferior fueron al efecto de que el tesorero no tenía derecho a reembolsar la suma, sino que hubiera sido el deber de Piñero, al estar en lo cierto, acudir a los tribunales y dejar sin efecto el embargo. No obstante, el tesorero fue el autor del embargo. Él era la persona principalmente beneficiada con el mismo, y si embargó errónea o irregularmente, él era el llamado a actuar directamente, y Piñero no tenía deber al-guno de acudir en solicitud de que se dejara sin efecto el embargo.

Empero, lo que sí creemos es que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Sancho Bonet v. Yabucoa Sugar Co., supra, para el caso ordinario, hace im-perativo que se efectúe el pago de las contribuciones bajo protesta. El apelado sostiene que la junta no dictó fallo o decisión alguna en relación con Piñero, y en su consecuencia, desde luego, que el tesorero no quedaba obligado. Ésta fue una conclusión de la corte inferior que los apelantes no nos convencen, con cita de los autos, que estaba equivocada.

El único caso en que surgiría el derecho a un auto de mandamus sería aquel en que el derecho a recobrar se hubiera resuelto definitivamente sobre puntos legales por la Junta de Revisión e Igualamiento. Los apelantes descansan en la mera decisión de la junta en el sentido de que fija un derecho ministerial claro a ser revisado por mandamus.

En el auto de mandamus, las córtes están autorizadas a examinar y ver si existe un derecho en equidad en la pafición, y los apelantes no nos convencen de la existencia de tal de7 recho.

Bajo las circunstancias expuestas, no creemos que Piñero se aprovechara de la oportunidad de pagar las contribuciones bajo protesta, y aun si hubiera efectuado el pago, que surgió un buen derecho a solicitar la devolución.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.