author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Jesús, Apelada, v. Sucesión Villamil, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 927.
    Resuelto en junio 27, 1913.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Posesión Continua del Estado de Hijo Natural — Pruebas.—La demandante probó entre otros hechos que Ramón Pérez Villamil, causante de la sucesión demandada, era llamada por éste "hija” y ella a él "papá,” y que públicamente le pedía su bendición y él se la daba; que al tiempo del nacimiento y concepción de la demandante el citado Pérez Villamil sostenía relaciones amorosas y vivía públicamente en concubinato con la madre de la demandante y que él atendía a su sosteni-miento y necesidades, habiendo tenido con él varios hijos más y continuando dichas atenciones por espacio de seis o siete años. Se .resolvió:
    1. Que la prueba presentada era suficiente para llegar al convencimiento' de que la demandante es hija natural de Bamón Pérez Villamil y que éste por actos directos propios la reconoció como tal pública y privadamente.
    2. Que el término de seis o siete años durante los cuales el citado Pérez Villamil atendió a las necesidades de la demandante'y de su madre constituye una prueba suficiente prima faoie de la posesión continua del estado legal de hija natural, que en el caso de ser impugnada por el demandado le impone a éste la obligación de probar lo contrario.
    3. Que el hecho de que una hija natural no solicite de su supuesto padre natural permiso liara contraer matrimonio, cuando aun no ha adquirido por completo su estado legal de hija natural reconocida, no destruye la eficacia de los actos de reconocimiento ejecutados por el padre natural con anteriori-dad o con posterioridad a dicho matrimonio, ni afecta tampoco a la con-tinuidad de posesión del estado de hija natural.
    4. Iíabiendo existido prueba contradictoria con respecto a varios de los hechos alegados y probados por la demandante y habiendo resuelto la corte inferior este conflicto en sentido favorable a la demandante, no hay nada en los autos que revele pasión, parcialidad, prejuicio o grave error por parte del juez sentenciador, para revocar la conclusión a que él llegó.
    5. Habiendo existido prueba suficiente tendente a demostrar los actos de reconocimiento ejecutados por el padre de la demandante, la corte senten-ciadora no estaba obligada a dar crédito a los testigos que trataron de probar que en la fecha del nacimiento de la demandante su madre había tenido rela-ciones con otros hombres, aun cuando tales manifestaciones no hubieran sido contradichas e impugnadas por otra prueba, ni por hechos o circunstancias del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Bosch y Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos alegados en la demanda presentada en julio 14 de 1911, son los siguientes:

“1. Que la demandante nació en el pueblo de Río Grande el día 19 de enero de 1890, y por tanto era mayor de edad y residente del distrito.
“2. Que la sucesión demandada se componía de su muda Josefa Romano Cestari y sus hijos legítimos Rosa, José, Ramón y Lina, resi-dentes todos en Río Piedras de este distinto judicial.
"3. Que Ramón Pérez .Villamil en sus relaciones amorosas con Francisca de Jesús tuvo a la demandante, la que fue considerada ■ siempre pública y privadamente como hija suya por el expresado Ramón Pérez Villamil. Y que en la época de la concepción y naci-miento de la demandante, sus referidos padres eran solteros y podían contraer matrimonio.
‘14. Que Ramón Pérez Yillamil falleció el día 16 de abril de 1911. Y solicitó la demandante que se dictara sentencia en la que se decla-rara que era hija natural reconocida de Ramón Pérez Yillamil, con derecho a los beneficios que le concede el Código Civil.”

Habiendo sido negados por los demandados los hechos que favorecían a la demandante, se procedió al juicio del caso, declarando el juez sentenciador, que los hechos estaban a favor de la demandante según habían sido alegados en la demanda, y expresando más específicamente que al tiempo del nacimiento y concepción de la demandante, Eamón Pérez Yillamil sostenía relaciones amorosas y vivía ■ públicamente en concubinato con Francisca de Jesús, habiéndose trasla-dado a España antes del nacimiento de la demandante, regre-sando después de nacida ésta, sin haber interrumpido sus relaciones amorosas con la referida Francisca de Jesús; que María de Jesús fué siempre tenida pública y privadamente por Ramón Pérez Villamii como su hija natural, gozando de la posesión de tal estado de hija natural, y habiéndose pro-bado dicha posesión de estado por los actos directos del ex-presado Yillamil y de su familia.

Tanto las partes como la corte están de acuerdo en el hecho de que habiendo nacido la demandante el día 19 de enero de 1890, la cuestión relativa a su reconocimiento debe regularse por las disposiciones del artículo 135 del Código Civil Español que prescribe lo siguiente:

“El padre está obligado a reconocer al hijo natural en los casos 'siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.”

Este es un caso en el que no existe nada en los autos o en la prueba que revele pasión, parcialidad, prejuicio o grave error cometido por el juez sentenciador al llegar a sus con-alusiones, y, por tanto, debe darse la debida consideración a toda la prueba en que las mismas se fundan, a menos que resulte esencialmente increíble. Hubieron numerosos testigos que declararon con respecto al estado de concubinato público que existió entre los padres de la demandante. Los apelan-tes admiten en sustancia, que por lo menos otros dos Lijos habían nacido de los mismos padres. Sin embargo alegaron éstos y trataron de probar en el juicio, que María de Jesús era de procedencia distinta. También demostró la prueba que Ramón Pérez Villamil por un período de seis u ocho años por lo menos, después del nacimiento de la demandante, eje-cutó actos de los cuales puede deducirse el reconocimiento de la demandante, existiendo prueba suficiente independien-temente de las declaraciones de la demandante y de Isabel, Rosa y Ramón de Jesús, hermanos de dicha demandante. La corte no estaba de modo alguno obligada a dar crédito a los testigos que, trataron de probar que en la fecha del naci-miento de su hija María, Francisca de Jesús había tenido relaciones con otros hombres, aun cuando las manifestacio-nes hechas por dichos testigos no hubieran sido contradichas o impugnadas por otra prueba y otros hechos y circunstan-cias del caso.

Todas las cuestiones que han sido presentadas en este caso pueden resolverse por-el fundamento de que hubo con-tradicción en la prueba, pero existe una que merece un exa-men más detenido de los hechos. Alegan los apelantes que aunque hayan habido hechos aislados ejecutados por el padre, que en cierto modo tienden a probar el reconocimiento de la demandante, sin embargo, no hubo prueba suficiente que mos-trara la posesión continua de ese estado de hija natural, jus-tificada por sus actos directos o los de su familia.

Hubo prueba tendente a mostrar que María de Jesús lla-maba a Ramón Pérez Villamil “papá” y que éste la llamaba a ella “hija,” que dicha niña públicamente le pedía su ben-dición y él se la daba; que era un hecho público que ella le llamaba “papá,” que se llevaba leche a la casa de Francisca de Jesús por orden de Ramón Pérez Villamil, y que éstos y otros Pedios continuaron así hasta que María tenía seis o siete años de edad; que su supuesto padre era afectuoso con ella no solamente antes, sino después de su matrimonio, y se presentó además otra prueba en igual sentido general. Si estos hechos existieron por sí solos o hubo aun otros más de igual naturaleza, podríamos tal vez convenir con los apelan-tes, en que la posesión continua del estado legal de hija natural reconocida, justificada por los actos directos del padre, no quedaría demostrada, pudiendo decirse que estas mani-festaciones no mostraban otra cosa que los actos bondadosos de un hombre hacia un niño qup veía a su lado, y ella pudiera tal vez llamarle “papá” por haber oído a otros que así lo llamaban, habiendo consentido él tal conducta por tratarse de un niño de poca edad. Puede también- que esta línea de conducta hubiera sido observada por él sin que tuviera inten-ción alguna de reconocer a la niña, aun cuando estuviera con-vencido de que era suya. Es posible que hubiera estado dis-puesto al principio a reconocerla, pero que después cambiara de parecer. Pero ocurrieron otros hechos y circunstancias en el caso. El primero de éstos es el hecho casi innegable de que Ramón Pérez Villamil sostuvo relaciones amorosas con Francisca de Jesús y que ésta había tenido otros hijos como resultado de dichas relaciones. Además, no vemos que exista motivo alguno para poner en duda la conclusión a que llegó la corte, de que estas relaciones continuaron así hasta la fecha del nacimiento de María y después de la misma. Es-tamos convencidos de que Ramón Pérez Villamil fué su padre. Esta conclusión se deduce .de toda la prueba que fué pre-sentada. Francisca de Jesús, madre de María, vivía a pocos-metros de distancia de la casa de Ramón Pérez Villamil y apenas existe duda alguna de que éste atendía a sus necesi-dades o contribuía a su sostenimiento aun después del naci-miento de María. Con respecto a dos de sus hijos o sean, Isabel y Ramón, se ha admitido virtualmente que poseían ellos ese estado continuo de hijo natural a que se refiere el artículo 135 del Código Civil. La prueba es aun más concluyente con respecto a Isabel. Ella vivía en la casa de Ramón Pérez Vi-llamil después de su matrimonio. Era madrina de .una de las bijas legítimas de Ramón Pérez Villamil y una de estas bijas de Pérez Villamil, era madrina de un niño de Isabel. Isabel se casó en la casa de su padre. Teniendo en cuenta estos becbos y en vista de las relaciones que existían entre Ramón Pérez Villamil por una parte, y Francisca, Isabel y Ramón por la otra, muy poca prueba adicional sería necesaria para mostrar que existían actos directos de Ramón Pérez Villamil con respecto a María, de conformidad con el artículo 135 del Código Civil. Pero la prueba fué todavía más terminante que lo que bemos dicho. Sin hacer mención por ahora de Isabel, María, Ramón y Francisca de Jesús u otros testigos que pudieran estar interesados o tener prejuicios, creemos que hubo prueba tendente a mostrar que María en sus pri-meros años iba frecuentemente a la casa de su padre, que comía allí, que jugaba en dicha casa y paseaba con los hijos legítimos de Don Ramón. Uno de esos testigos fué el facul-tivo que asistió al alumbramiento de María y que declaró que lo hizo a petición de Don Ramón y que éste frecuentaba la casa y Don Ramón trataba a María como su propia hija; que las relaciones continuaron después de ser mayor María y aun después de haberse casado, visitando tanto María como Isabel la casa de su padre. Otros testigos declararon en igual sentido.

Hasta aquí hemos venido examinando la prueba sin tener en cuenta la declaración impugnada de Francisca de Jesús y sus hijos.

Sin embargo, declararon María, Isabel, Ramón y Francisca. Si es que se ha hecho alguna impugnación a sus decla-raciones, ésta ha sido solamente por el fundamento de ser partes interesadas y por la prueba contraria que ha sido presentada por los demandados. El juez tenía derecho a creer igual a todas las dichas declaraciones y no vemos que exista esencialmente nada, en las mismas por lo que - resulten improbables. Sus manifestaciones tendían a mostrar actos directos del padre y de su familia durante un período que comprendía toda la vida de María. También declaró Isabel que ella vió a su padre en su última enfermedad y que éste preguntó por María, quien no pudo venir por encontrarse en-cinta. Los demandados admitieron el hecho de que Isabel fuera a la casa, pero negaron que ella viera a su padre. Con respecto a la credibilidad no vemos que exista más razón para no dar crédito a las declaraciones prestadas por lo§ tes-tigos de la demandante que a las de los demandados.

Los apelantes dieron alguna importancia al hecho de que María tratara de comunicarse por escrito o de alguna otra manera con su padre, en la época de su matrimonio, para soli-citar su permiso, y que éste no le contestó. 'Su omisión de hacer esto podría tener otras numerosas explicaciones que no fuera precisamente la de considerar que no existían las rela-ciones continuas entre el padre natural y su hija. Podría ser que él no estuviera contento con ella o con el matrimonio. No vemos por qué sea necesario el consentimiento para ca-sarse, de un padre, a una hija que no ha adquirido completa-mente su estado legal de hija natural reconocida, pero de todos modos según ya hemos dicho en el caso de Amsterdam v. Puente, 16 D. P. R., 554, el dejar de hacer dicho reconocimiento en determinado caso no podría destruir la fuerza de los actos anteriores y posteriores del padre, o la posesión anterior de dicho estado legal.

También creemos que si un demandante puede probar actos claros que se extiendan a un.período de seis o siete años, habrá dicho demandante probado un buen caso prima facie de la posesión continua del estado legal como hijo natural, y que el peso de la prueba incumbe al demandado y recae-ría en los demandados la obligación de probar que el hecho es de otro modo.

No apareciendo de los autos que se haya cometido error alguno, la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.

En julio 5, 1913, se interpuso apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    The Union Central Life Insurance Company, Apelante, v. Gromer, Tesorero de Puerto Rico, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección 2a.
    No. 824.
    Resuelto en junio 27, 1913.
    Contribuciones —■ Corporaciones Extranjeras — Créditos I-Iipoteoartos. — Los préstamos que una corporación extranjera domiciliada en los Estados Unidos hace por medio de un agente en Puerto Rico, encargado de examinar las proposiciones de préstamos y remitirlas al domicilio de la corporación en los Estados Unidos para su aprobación y garantizados por medio de hipotecas sobre tierras radicadas en Puerto Rico, para los fines de contribuciones se con-sideran créditos situados en el domicilio del acreedor, y para que se le pueda imponer contribución en el domicilio del deudor, es necesario quo la ley del Estado de ésto expresamente lo disponga así.
    Id. — tCréditos Hipotecarios — Bienes Muebles. — De acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico el dueño de una finca hipotecada paga contribución por el valor total de la propiedad sin deducir el importe de la hipoteca y ésta para los fines de contribución es lo mismo que si fuera bien mueble.
    Id. — Créditos Personales. — De acuerdo con la sección 290 enmendada del Código Político los créditos personales están expresamente exentos de contribuciones.
    Id. — Créditos Hipotecarios Pertenecientes a Corporaciones — Interpretación de Ley. — Cuando un estatuto puede ser interpretado de distinta manera es necesario adoptar aquella interpretación que esté en armonía con la Consti-tución y que lo mantenga vigente, y de acuerdo con esta regla la sección 320 del Código Político en relación con la 290 del mismo eódigo sería anti-constitucional si se interpretara en el sentido de que los créditos hipotecarios poseídos por una corporación extranjera domiciliada fuera de Puerto Rico están sujetos al pago de contribución, mientras que los mismos créditos, si pertenecen a un individuo, no lo están.
    Id. — Imposición de Contribuciones a Créditos Extrajeros. — La imposición y cobro de contribuciones a créditos hipotecarios pertenecientes a una compañía extranjera domiciliada fuera de Puerto Rico, cuyos créditos se consideran, situados en el domicilio del acreedor, constituiría una infracción de la en-mienda 34 de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe el privar a ninguna persona de sus bienes sin el correspondiente juicio de acuerdo con. la ley.

      Id. — Corporaciones Extranjeras — Inversión de Dinero en Créditos Hipote-carios. — El capital que una corporación extranjera de aseguros de vida domi-ciliada fuera de Puerto Rico, que no tiene oficina en esta Isla ni se dedica en ella al negocio de aseguros, invierte en préstamos con garantías hipote-carias sobre bienes inmuebles radicados en esta Isla, no constituye capital empleado en sus negocios dentro de esta Isla, ni puedo decirse que esté dedi-cada a hacer negocios en la misma, dentro de la significación que estas frases tienen.
    Id. — Corporaciones—Tasación de la Franquicia para Hacer Negocios. — Para imponer y cobrar contribuciones a una corporación por su franquicia para dedicarse a negocios en esta Isla, es necesario tasar expresamente dicha fran-quicia e imponerle contribución de acuerdo con su verdadero valor.
    Id. — Créditos Pertenecientes a Personas Fuera de Puerto Rico. — Los créditos personales se consideran situados para los fines de contribución en el domicilio del acreedor y, por tanto, cuando éste reside fuera de Puerto Rico, la Legis-latura no tiene facultades para imponer contribución a dichos créditos.
    Id. — Pago Bajo Protesta. — Habiendo la corporación demandante pagado bajo protesta las contribuciones impuestas por el Tesorero sobre los créditos hipo-tecarios poseídos en esta Isla, procede su devolución a dicha corporación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Lopes Lanclrón, Rincón y Francis.

    Abogado del apelado: Sr. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General de Puerto Rico.'

      Amicus curiae: Sr. J. Henri Brown.
   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El día 23 de junio de 1911 la demandante entabló una ac-ción ante la Corte de Distrito de San- Juan contra el deman-dado como Tesorero de Puerto Rico, de conformidad con la ley número 35 aprobada el 9 de marzo de 1911, para obtener la devolución de cierta snma de dinero pagada bajo protesta por contribuciones que se le habían impuesto durante el año fiscal de 1910-1911. En 30' de junio de 1911 el demandado formuló su contestación.

Se alega, en la demanda y no ha sido negado en la contes-tación o en la prueba y considerado probado por la corte inferior, que la demandante era en la fecha en que esta acción fue entablada, una compañía extranjera anónima por accio-nes, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, con el objeto ele asegurar las vidas de personas dentro y fuera de dicho Estado, y que la" demandante efectúa opera-ciones como tal compañía en Ohio, bajo el nombre que tiene como tal corporación; que la demandante estaba debidamente registrada bajo las leyes de Puerto Rico en la oficina del Se-cretario de Puerto Rico como una corporación extranjera y ha-bía pagado la contribución por el negocio a que se dedicaba, habiendo cumplido además debidamente con todos los requisi-tos de la ley necesarios para capacitarla como tal, para efec-tuar negociaciones en Puerto Rico y comparecer en las cortes insulares; que ía demandante estaba representada de acuerdo con las disposiciones del estatuto en Puerto Rico por el agente debidamente autorizado, con residencia en esta isla, José.C. Barbosa, de San Juan, Puerto Rico; y además que el deman-dado era el Tesorero de Puerto Rico debidamente nombrado, capacitado legalmente y actuando como tal.

Se alega en la contestación y ha sido sostenido por la prueba y declarado probado por la corte sentenciadora, aun-que por deducción al parecer, que el Tesorero de Puerto Rico dió un valor a la propiedad de la demandante para los fines de la tasación durante el año fiscal de 1910-1911 de $211,402, fijándose una contribución a dicha propiedad que ascendía a la suma de $3,382.44, cuya cantidad en unión de los recargos ascendentes en su totalidad a. la suma.de $3,621.73 fué satis-fecha al Tesorero de Puerto Rico bajo-protesta el día 25 de mayo de 1911.

No se ha probado que la compañía demandante haya ase-gurado vidas en Puerto Rico,- pero aparece que ha prestado dinero, garantizado por hipotecas sobre bienes inmuebles en esta Isla, alcanzando un total estos préstamos durante el mes de abril, 1910, de $211,402. Una parte de esta suma, o sean $31,000 fué dada en préstamos después del día de 31 de enero de 1901 y con anterioridad al día 10 de marzo de 1904.

La compañía demandante tiene un agente con residencia en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, por medio de quien lia llevado a efecto sus operaciones en esta isla. Dicho agente previamente se relacionaba con aquellas personas que desea-ban hacer préstamos con la demandante y enviaba a la ofi-cina de esta última en Cincinnati, Ohio, los papeles o docu-mentos necesarios relativos a dichas negociaciones, aceptando o nó entonces la demandante el negocio que se le proponía. Si aceptaba la proposición, los' documentos notariales que garantizaban los préstamos con hipotecas se - otorgaban en Puerto Eico e inscribían en el correspondiente registro de la propiedad. Los préstamos así concertados eran pagaderos en Cincinnati, Ohio, pero por lo menos algunos de los plazos e intereses que hasta ahora han sido cobrados se han pagado por conducto del Banco Colonial Americano de San Juan de Puerto Eico.

El día 21 de septiembre de 1910 el Tesorero de Puerto Eico dirigió una comunicación a la compañía demandante avisándole, que el primero y segundo plazos de contribucio-nes para el año fiscal de 1910-1911, ascendente á $3,382.44 se debía y debía pagarse sin demora alguna. Las contribu-ciones en cuestión no habían sido satisfechas y el día 18 de marzo de 1911 el Tesorero envió otra comunicación al agente de la demandante en San Juan, manifestándole, que a menos que las cantidades vencidas y que se debían por concepto de contribuciones fueran pagadas, serían cobradas mediante embargo y venta de una parte de la propiedad por la cual se debían. No. habiéndose cumplido con dicha reclamación no obstante esta carta, se establecieron procedimientos, de embargo con el fin de cobrar dicha suma sobre una hipoteca constituida a favor de la demandante en garantía de la suma de $7,000, en ciertas fincas rústicas situadas en Arecibo, Puerto Eico. En estas condiciones la demandante pagó la suma reclamada bajo protesta y entabló la acción que ha dado origen a esta apelación fundada en las disposiciones de nuestro estatuto, Ley número 35 de 1911, Leyes de 1911, página 132. Estos hechos pueden ser considerados como no ■controvertidos.

Tres son las cuestiones de hecho importantes en contro-versia entre las partes, las que pueden sustancialmente expre-sarse como sigue: (1) Si la demandante poseía o nó bienes muebles en Puerto Eico durante el año fiscal 1910-1911. (2) Si durante dicho año fiscal poseía o nó dicha demandante bienes inmuebles en Puerto Eico, excepto las siete hipotecas que montaban a la suma de $31,000 otorgadas entre el día 31 de enero de 1901 y el día 10 de marzo de 1904, sobre las cuales se pagó una contribución para el año fiscal de 1910-1911, antes de hacerse el embargo para el cobro de estas con-tribuciones. (3) Si estaba o nó dedicada la demandante a un negocio en Puerto Eico o tenía alguna parte de su capital empleada en negocios en esta Isla durante el año fiscal de 1910-1911. Se verá más adelante que en lo que a este caso se refiere, todas estas cuestiones deben ser contestadas nega-tivamente.

En 26 de octubre de 1911 se celebró el caso en la sección segunda de la Corte de Distrito de San Juan, ante el juez Hon. Charles E. Foote, quien, el día 31 de octubre de 1911, formuló sus conclusiones de hecho por escrito y dictó senten-cia a favor del demandado, desestimando la demanda con costas a la demandante. El día 9 de noviembre de 1911 se interpuso apelación contra dicha sentencia para ante este tribunal y en 2 de marzo de 1912 los autos fueron debidamente aprobados y certificados. Se celebró la vista del pleito ante este tribunal en 15 de noviembre de 1912, habiendo sido some-tido el caso por los informes orales y los alegatos impresos presentados por ambas partes.

Los hechos del caso que son esenciales a esta discusión según ha sugerido el Attorney Greneral en representación del apelado, pueden resumirse en la forma siguiente: Una cor-poración de Ohio o'compañía anónima por acciones nombró un agente en Puerto Eico y cumplió con las leyes sobre cor-por aciones extranjeras pagando una patente anual por con-tribuciones, redactando informes, etc., permitiéndosele que Mciera negocios en Puerto Eico. Esta facilitaba dinero en ■calidad de préstamo a los propietarios de fincas en Puerto Eico, tomando el agente las medidas necesarias para que el propietario que tomaba prestado el dinero y la compañía vinieran a un acuerdo y cerraran las negociaciones consti-tuyendo hipotecas sobre las fincas como garantía de dichos préstamos. Los pagarés e hipotecas los guardaba dicha com-pañía y todavía los guarda en su oficina principal en Ohio. Durante un año o más con anterioridad a la imposición de esta contribución no se habían hecho nuevos préstamos, pero su patente había sido renovada y los préstamos e intereses fueron cobrados por conducto de un banco de Puerto Eico, y durante el año fiscal en cuestión la compañía poseía prés-tamos procedentes de sus negociones que de tal modo efectuaba, ascendentes a la suma de $211,402, garantizados con fincas en Puerto Eico, cuyas hipotecas habían sido debi-damente inscritas aquí.

Al discutir las cuestiones envueltas en este caso no nos limitaremos estrictamente al método seguido ya por el ape-lante o el apelado en su alegatos e informes orales, sino que trataremos de considerar todas las cuestiones presentadas por cualquiera de los mismos. En primer lugar es conve-niente que examinemos la naturaleza de los bienes sobre los cuales se ha impuesto esta contribución y el lugar en que se encuentran en relación con la facultad legislativa de imponer contribuciones sobre dichos bienes. •

La contribución impuesta en este caso parece ser sobre el capital que el apelante tiene empleado en negocios en Puerto Eico. Lo que la compañía ha hecho es esencialmente facilitar dinero a préstamo en Puerto Eico. Dicho dinero no está empleado en negocios de la demandante, sino que según aparece de los autos es una inversión en la Isla que debe presumirse ha sido empleado por residentes de Puerto Eico en sus propios negocios. El capital que la compañía tiene-aquí empleado aun cuando se creyera que estuviera prestando dinero, consistiría más bien de la suma necesaria para sostener una oficina o un agente en esta Isla, si en realidad tenía algún capital empleado en llevar a cabo el negocio de prestar dinero..

Sé lia sugerido además que como esta contribución se im-pone sobre hipotecas constituidas sobre fincas, éstos son bienes inmuebles y sujetos al pago de las contribuciones corno-tales. Las escrituras de hipoteca son simplemente las garan-tías del préstamo. No se trata de imponer contribución sóbre-las mismas hipotecas sino al capital invertido en préstamos, garantizados por hipotecas. La naturaleza esencial de las cosas en existencia son deudas de personas residentes en Puerto Eico a la demandante. Son créditos en poder de la. demandante y siendo tales créditos siguen éstos a la persona, del acreedor. “Mobilia sequuntur personam” es la máxima legal que es enteramente aplicable.

En Kirtland v. Hotchkiss, 100 U. S., 498, la corte se expresa como sigue:

“Esa deuda, aunque es una especie de propiedad abstracta, puede, sin embargo; pará los fines de la contribución, sino para todos los. demás, ser considerada que está en el domicilio del acreedor. No deja de ser menos considerada como propiedad porque su cuantía y ven-cimiento aparecen especificados en una fianza. Esa fianza en donde-quiera que realmente se tenga o esté depositada constituye solamente-la prueba de dicha deuda, y si se pierde, queda la deuda, o sea el derecho que hay para exigir el pago de la suma prestada con los inte-reses estipulados. Ni está la deuda para los fines de la contribución afectada, por el hecho de que se encuentra garantizada con hipoteca, sobre bienes inmuebles situados en Illinois.' La hipoteca no es sino una garantía por la deuda y según se ha resuelto en el caso de State Tax on Foreign-held Bonds, el derecho del acreedor para proceder contra la finca hipotecada en determinado caso para hacer .efectivo-por la venta el pago de su reclamación, * * * no tiene sitio in-dependiente de la parte en quien reside. Puede indudablemente fijár-sele una contribución por el Estado cuando lo tiene una persona resi-dente de dicho Estado. Cooley on Taxation, 15, 63, 134, 270. Te-niendo, por tanto, la deuda su situs en la residencia del acreedor, tanto él como ella se encuentran para los fines de la contribución den-tro de la jurisdicción del. Estado. Corresponde, por consiguiente, al Estado determinar de modo compatible con su propia ley fundamental, si la propiedad perteneciente a uno de sus residentes babrá de con-tribuir por vía de tasación al sostenimiento de su gobierno.”

Véase también el caso de Bank v. Sedgwick, 104 U. S., 111. En el caso de Meyer v. Pleasant, 41 La. Ann., 645, la corte resolvió que las deudas tenían su situs en el domicilio del dueño, aun cuando se redujeran a sentencia en el domicilio del deudor, y podía fijarse una contribución solamente en la residencia dél acreeder.

En el caso de Liverpool and London and Globe Insurance Company v. The Board of Assessors, 44 La. Ann., 764, que fué un caso seguido contra la compañía de aseguros, la corte cita con aprobación de la obra de Cooley on Taxation, lo siguiente:

“Es un hecho también admitido que pueden imponerse contribu-ciones a las corporaciones lo mismo que a personas naturales sobre sus bienes y negocios, pero las deudas que se deben a los acreedores en el extranjero, ya sean éstos corporaciones o individuos particu-lares, no están sujetos al pago de la contribución. No puede impo-nerse una contribución al acreedor porque no está dentro de la jurisdicción y no puede imponerse una contribución a las deudas que estén en poder del deudor debido a una ficción de derecho que deberá considerarlas para este fin como bienes de los deudores. Ellas no constituyen bienes de los deudores en manera alguna; son obligacio-nes de éstos y solamente tienen valor en manos de los acreedores. En poder de éstos son bienes, pero el considerarlas así cuando se encuen-tran en poder de los deudores es simplemente un uso equivocado del lenguaje.” Com. v. Chesapeake & O. R. Co., 27 Grat. (Va.), 344; Oliver v. Washington Mills, 11 Allen (Mass.), 268; Mayor, etc., of City of Macon v. Jones, 67 Ga., 489; San Francisco v. Mackey (C. C.), 22 Fed., 602; Goldgart v. People, 106 Ill., 25; Kirtland v. Hotchkiss, 100 U. S., 496 (25 L. Ed., 558).
“El mero derecho de un acreedor extranjero a recibir de su deu-dor dentro del Estado el pago de su reclamación, no puede estar sujeto a que se le imponga una contribución dentro del Estado. ’ ’ Cooley on Taxation, página 15.

Véase también las siguientes notas monográficas: 56 Am. Dec., 529, y 62 Am. St. Rep., 452. En la última de éstas, entre otras observaciones pertinentes el ilustrado comentarista dice lo siguiente:

“Contribuciones sobre derechos y acciones ele bienes muebles en general. — Es una regla general que ha sido reconocida no solamente por las cortes de Estado sino por las de los Estados Unidos, que el situs de los bienes muebles abstractos así como los derechos sobre bienes muebles, pagarés, cuentas, etc., es para los fines de la contribu-ción, y a falta de algún estatuto que determine un situs diferente, en el domicilio del dueño; y si la Legislatura deja de fijar el lugar de dicha propiedad para los fines de la contribución, es evidente que debe considerarse que dicho lugar es el del domicilio de su dueño, lo mismo cuando se trata de corporaciones que de individuos particulares o albaceas. Grundy County v. Tennessee Coal Co., 94 Tenn., 295, 317, per Wilkes, J.; nota monográfica a los casos de New Albany v. Meekin, 56 Am. Dec., 523-537; Matter of Bronson, 150 N. Y., 1; 55 Am. St. Rep., 632; State v. Earl, 1 Nev., 394; Kirtland v. Hotchkiss, 100 U. S., 491, 499, confirmando a Kirtland v. Hotchkiss, 42 Conn., 426; 19 Am. Rep., 546; Bonaparte v. Tax Court, 104 U. S., 592. La cuestión relativa al itus de determinados derechos y acciones de bienes muebles para los fines de la contribución ha sido discutida en otras partes de esta nota bajo los epígrafes adecuados.’'’

Por consiguiente, resulta enteramente, claro que el situs de una deuda para los fines de la contribución es el del domi-cilio del acreedor, en donde puede fijársele una contribución como propiedad. Sin embargo, en ciertos casos puede fijár-sele una contribución por el Estado, con tal de que el Estado exprese claramente su intención de fijar así la contribución. Y no establece diferencia alguna el lieclio de que dicha deuda esté garantizada o nó por hipoteca, según hemos visto en el caso de Kirtland v. Hotchkiss, supra, cuyo caso es uno de los principales sobre el que giran las demás resoluciones mientras siguen su curso.

Cuando el Estado pretende imponer una contribución a los créditos en poder de personas que se encuentran fuera del Estado o en el domicilio del deudor, debe hacerlo en lenguaje inequívoco como puede verse en el caso de Savings Society v. Multnomah County, 169 U. S., 421. En ese caso se impone la contribución sobre la hipoteca constituida en Oregon por-que los intereses de la misma se consideran allí como bienes inmuebles, hasta la suma de su valor, y tanto al creedor como al deudor hipotecario se les exige que paguen contribuciones sobre los respectivos intereses en la propiedad de acuerdo con su valor. La contribución se divide entre ellos por el estatuto. Esto es distinto en Puerto Eico donde se paga la contribución por el dueño sobre los bienes por su valor total, y en este caso la hipoteca ha sido considerada como propiedad mueble y como tal se le ha impuesto la contribu-ción. De todos modos es el estatuto el que determina donde ha de imponerse la contribución a la propiedad.

El caso de Liverpool, etc., Insurance Co. v. Orleans Assessors, 221 U. S., 346, fué citado por el apelado para probar que el Estado tiene tal facultad y este principio puede ser verdadero, pero en dicho caso el Estado de Louisiana había establecido un precepto claro en la ley estatutoria imponiendo-dicha contribución, y expresa la corte al hacer referencia al caso de Kirtland, que en un caso como el que ha sido citado no hubo tentativa alguna por' parte de la legislatura para invalidar la regla ordinaria con respecto a la cuestión rela-tiva al situs de la deuda en la residencia del acreedor.

No solamente tal intención deja de aparecer en ninguna legislatura de El Pueblo de Puerto Rico, sino que en el artículo 290 del Código Político tal como ha quedado enmendado, quedan específicamente exceptuados los créditos personales. El Hon. Poster Y. Brown, Fiscal General de Puerto Eico dice:

“Al quedar enmendada por la Legislatura de 1904, dicha sección, disponiendo que los bienes muebles no comprenderán cuentas co-rrientes, pagarés, ni ningún otros créditos personales, fué la inten-ción de la Legislatura eximir esta clase de bienes del pago de con-tribuciones, pues de otro modo la enmienda del artículo no hubiera tenido objeto alguno.” 3 Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, pág. 332.

Constituyendo los créditos personales en poder de la Com-pañía de Seguros el capital sobre el cual se trató de imponer la contribución en este caso, no ba quedado sujeto al pago de la contribución por la Legislatura de Puerto Pico, y el hecho de que se encuentra asegurado por hipoteca según hemos visto, no establece diferencia alguna, no habiendo mos-trado la legislatura intención alguna de imponerle una con-tribución como tal. El caso podría resolverse por virtud de estas consideraciones, pero con el fin de aclarar más nues-tro criterio en cuanto a la cuestión, pasaremos a discutir el asunto con más amplitud.

Ahora pasamos a una cuestión constitucional que debe ser resuelta por el orden córréspondiente. Esta es la si-guiente: ¿Es inconstitucional el artículo 320 del Código Polí-tico considerado en relación con el 290 de dicho código, si se interpreta en el sentido de que el mismo impone contribu-ciones a los créditos hipotecarios que se encuentran en poder de corporaciones, estando esta clase de créditos exentos de dicho pago de contribución, cuando se encuentran en poder de personas particulares ya sean éstas residentes o nó de la Isla? Desde luego que, al considerar esta cuestión, debemos tener presente que un estatuto puede por sí estar perfecta-mente de acuerdo con la Constitución, pero que si se le da cierta interpretación pudiera encontrársele en pugna con la misma. Por tanto la primera cuestión que debemos tener pre-sente es si existe o nó algo en los artículos 290 y 320 del Có-digo Político de Puerto Eico que, interpretado debidamente, demuestre que dichos artículos se encuentran en conflicto con la cláusula de la Enmienda XIV a la Constitución de los Esta-dos Unidos, que prohibe que se niegue a ninguna persona la igual protección de las leyes. Si no es la intención de estos dos artículos considerados en conjunto, imponer contribucio-nes a las hipotecas en poder de las corporaciones, cuando las ■mismas se encuentran exentas de dichas contribuciones por •estar en poder de individuos particulares, desde luego no puede alegarse que existe la negativa. No aparece tal inten-■ción en estos estatutos y por consiguiente no podemos decla-rar que ellos tengan tal objeto. Por tanto es fácil deducir la proposición de que no existe absolutamente nada en los esta-tutos que niegue a alguien la igual protección de las leyes o que esté esencialmente en pugna con esta cláusula de la En-mienda XIV.

Una cuestión constitucional semejante a ésta surge si con-sideramos estos créditos hipotecarios como bienes muebles •que tienen su situs en el domicilio de su dueño en el Estado ■de Ohio, y fuera de la jurisdicción y de la facultad que para fijar contribuciones tiene Puerto Eico, imponiendo la con-tribución sobre la propiedad sin el debido procedimiento de ley y por tanto en contraposición con otra cláusula de la En-mienda XIV a la Constitución. Es un hecho admitido que •esta contribución se impone sobre los bienes muebles. El situs de los mismos sigue a la persona de su dueño cuyo domi-■cilio está fuera de esta Isla. Nuestra legislatura no tiene facultad para imponer contribuciones sobre tal propiedad; por tanto, el tratar de hacerlo constituye una infracción de lá ley •constitucional. El cobro de una contribución en éstas condi-ciones equivaldría a quitarle la propiedad al dueño sin el •debido procedimiento legal, siendo esto contrario a la Enmienda XIV. 5 Thomp. on Corporations, 726-728; People v. Whartenby, 38 Cal., 466; People v. Eastman, 25 Cal., 604; Falkner, Bell & Co. v. Hunt, 16 Cal., 171; Delaware, L. & W. R. Co. v. Penn., 198 U. S., 358; Louisville Ferry Co. v. Ky., 188 U. S., 385. Por consiguiente, no podemos presumir ■que la legislatura tuviera la intención de que tal interpreta-■ción se diera a estos estatutos. Ellos deben ser interpretados ■de manera tal que sean compatibles con la Constitución y •conserven su validez y no de ninguna otra manera.

Desde luego resulta claro que de acuerdo con una de las regias principales de interpretación, los artículos 290 y 320' del Código Político deben ser interpretados conjuntamente para llegar a conocer su verdadero significado y determinar cuál fué la intención de la legislatura. 1 Fed. Statutes Ann., pág. XXVI; McBroom v. Scottish Mortgage and Land Investment Company, 153 U. S., 323; Pennington v. Coxe, (2 Cranch), 6 U. S., 52.

También lia quedado establecido de igual modo como regla de interpretación; que el estatuto de un Estado deberá ser interpretado de modo tal, que de ser posible resulte compatible con la Constitución Federal y la del Estado y las leyes válidas del Congreso. Presser v. Illinois, 116 U. S., 269. Este principio tiene una influencia mayor que la de ordinario en casos en que a las cortes federales se les llama la atención para que de'claren nulas las leyes de rentas internas de un Estado. St. Louis National Bank v. Papin, 4 Dill. (U. S.), 32. Y debe presumirse que se lia liecbo referencia al esta-tuto de un Estado en vista de las anteriores resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que determinan límites constitucionales o legislación sobre la materia pre-cisa del estatuto. Banks v. Manchester, 23 Fed Rep., 145. Véase 1 Federal Stats. Ann., página 62.

Por tanto, debemos investigar cuál fué la intención de la Legislatura de Puerto Bico al aprobar estos estatutos. No puede negarse que de acuerdo con el artículo 290 del Código Político, los créditos en poder de individuos particulares están exentos del pago de contribuciones. ¿Puede entonces ale-garse que la misma clase de bienes cuando se encuentran en poder de corporaciones extranjeras o domésticas están sujetos al pago de contribución? Tal es la alegación que pre-sentan los apelados en este caso. Con una distinción o favo-ritismo como éste entre corporaciones e individuos parti-culares, nos parece que se niega a las primeras la igual pro-tección de las leyes. Evidentemente, con la interpretación dada a estos estatutos por el Tesorero de Puerto Bico, las corporaciones o personas artificiales están obligadas a pagar contribuciones sobre bienes que estarían exentos de dicho pago si se encontraran en poder de personas naturales y tal interpretación del estatuto establece una diferencia o clase que prohíbe la Enmienda XIY. De modo que tal interpre-tación del estatuto no puede recibir nuestra aprobación. Por consiguiente, ciertamente que no puede presumirse que haya sido la intención de la legislatura establecer una diferencia de esta clase. Debemos adoptar aquella interpretación del estatuto por la cual éste resuelte eii armonía con la Consti-tución y conserve su validez. Wells v. Green Bay & Co., 90 Wis., 442; State v. State Board of Assessors, 48 N. J. L., 1; 5 Thompson on Corporations, 708 y 709; 1 Cook on Corporations, sección 8, páginas 39, 40 y 41.

Siguiendo una indicación presentada por vía de ilustra-ción durante el informe oral ante este tribunal, podemos contestar la siguiente cuestión en esta forma, a saber: ¿Podría fijarse una contribución a los bonos de El Pueblo de Puerto Eico de acuerdo con la interpretación dada a los artículos 317 y 320 del Código Político por el Tesorero? Dichos bonos están expresamente exentos del pago de contribuciones de conformidad con los estatutos de esta Isla, pero si la inter-pretación que da el Tesorero a estos estatutos es correcta y todos los bienes muebles en poder de las corporaciones extran-jeras o domésticas en cuanto a ese particular han de ser con-siderados como parte de su capital social para los filies de la contribución y como tal se les incluye al hacerse la tasación, entonces los bonos del Gobierno Insular, aunque estén expre-samente exentos del pago de contribuciones de acuerdo con otros artículos del estatuto, estarían incluidos en los bienes pertenecientes a la corporación sujetos al pago de contribu-, ciones, de igual manera que los créditos hipotecarios o paga-rés o cualquiera otra propiedad. No podemos presumir que la legislatura alguna vez tratara de llegar a ese resultado mediante la interpretación de los estatutos que se han decre-tado con respecto a la contribución y ba quedado bien deter-minado él liecho de que la intención de la legislatura para imponer una contribución sobre créditos hipotecarios, debe aparecer claramente del propio texto legal. U. S. v. Wigglesworth, 2 Story 369; el mismo caso, 28 Fed. Cases, páginas 595-597. Caso número 16690.

Pasaremos ahora a considerar otro punto que se presenta en la debida consideración de este caso. Esto puede ser ex-presado como sigue: Pero aun asumiendo que la interpreta-ción dada a estos estatutos por el apelado sea correcta, ¿apa-rece claramente del texto del estatuto mismo, la intención de la legislatura de imponer una contribución a los créditos hipo-tecarios pertenecientes al apelante 1

'Al leer el estatuto debemos confesar que es algo obscuro y debemos referirnos a la explicación hecha por el Attorney General en cuanto a la significación que le ha dado el Teso-rero. En contestación a una -pregunta que se hizo durante el informe oral, el distinguido abogado del apelado expresó que estos créditos hipotecarios eran considerados por el Te-sorero como bienes muebles, habiendo sido tasados por él para los fines de la contribución en tal carácter. El Attorney General anterior, Hon. Foster Y. Brown, expresa en cuanto a esta ley que “es algo indefinida e indecisa con respecto a la responsabilidad de esta clase de bienes (créditos personales o hipotecas), para los fines de la contribución.” Tomo 3, Opinions of Attorney General of Porto Pico, pág. 329. Oree-mos que la’ interpretación que ha dado el Gobierno en este caso es bastante confusa y considerando el estatuto a la luz de esa interpretación, no aparece claramente la intención de la legislatura, ni podemos fácilmente determinar con pre-cisión cuál fué la intención de la legislatura con respecto a la imposición de contribuciones sobre los créditos hipotecarios ■en poder de las corporaciones extranjeras. Por tanto, de acuerdo con el principio expresado en el caso de Wiggles-worth a que hemos liecho referencia, no puede interpretarse la ley en el sentido de que se impone una contribución a dichos créditos, sino que por el contrario, según hemos visto, no pueden imponerse las expresadas contribuciones.

Según el método que parece observarse en la Tesorería Insular al hacer las tasaciones de la propiedad de las corpo-raciones para los fines de la contribución, se nos ocurre pre-guntar: ¿Puede fijarse legalmente una contribución sobre las franquicias de una corporación, meramente aumentando la valoración de sus bienes empleados, hasta cobrar el valor de la franquicia, sin que se haga una tasación específica sobre las franquicias, como parece ser la interpretación que ha dado el apelado en cnanto al objeto del artículo 317 del Código Político 1

A las franquicias lo mismo que a otros bienes puede impo-nérseles contribución y deberá fijársele la misma de confor-midad con nuestros estatutos. Art. 290 del Código Político. Pero para que pueda fijarse una contribución deben ser tasa-das debidamente. La enumeración de los bienes empleados en la tasación para los fines de la contribución deberá ajus-tarse a la clasificación que se emplea en el estatuto; no siendo necesario que se haga una relación específica detallada. Falkner, Bell & Co. v. Hunt, 16 Cal., 173. Con el mero hecho de englobar todo el remanente de valores a los cuales pueden imponerse- las contribuciones en una partida denominada bienés muebles, no se cumple con la ley que determina los deberes de los .tasadores y del Tesorero. La ley exige que todos los bienes serán tasados para los fines de la contribu-ción, según el valor corriente en plaza, y una tasación ficticia no encuentra apoyo en ninguno de los estatutos. El dejar de imponer una contribución a las franquicias de las corpora-ciones como tales y en vez de esto aumentar el valor de los bienes muebles, o una contribución sobre los bienes muebles que no tienen un situs legal, no podrá considerarse como que se cumple con la ley. Por tanto debemos contestar esta cues-tión en la negativa.

Es importante en la consideración de este caso traer a nuestra. mente la diferencia que existe entre bienes inmue-bles y muebles y determinar a qué clase pertenecen los bienes sobre los cuales estas contribuciones fueron real y debida-mente impuestas. Al hacer la clasificación hemos tenido la ayuda esencial del lenguaje empleado en la regla 290 del Có-digo Político, que define separadamente lo que constituye bie-nes inmuebles y muebles. Aquí no se mencionan las hipotecas eo nomine en ninguna de las clases, pero se clasifican los cré-ditos como bienes muebles que comprenden también “todos los demás objetos y cosas que puedan ser susceptibles de pro-piedad privada y que no estén ■ comprendidos dentro del sig-nificado del término ‘bienes inmuebles.’ ” Por tanto, los bienes a los cuales se les ha impuesto contribución en-este caso deben ser clasificados como muebles y en verdad que así se les designa en la misma tasación hecha por el Tesorero. Además, el abogado del apelado durante el informe oral ex-presó que así habían sido considerados y tratados en la de-fensa que él hizo contra la reclamación de la demandante. Una hipoteca a veces se considera como un interés ■ en la finca sobre la cual se constituye; pero para los fines de la contribución se considera general y propiamente sólo como garantía de la deuda y por tanto como un accesorio de la misma. El dinero en interés, deuda u obligación o como se dice en nuestros estatutos, el crédito,- es la cosa principal sobre la cual se fija la contribución. La hipoteca no tiene existencia independiente del crédito garantizado por ella. Cuando la deuda se paga, la hipoteca muere. El crédito es abstracto y no tiene situs diferente de la de la residencia de su dueño. Pertenece y sigue la persona de su dueño, y siendo accesoria la hipoteca y estando adherida al crédito garantizado por ella, sigue la misma suerte. People v. Eastman, 25 Cal., 604; Falkner, Bell & Co. v. Hunt, 16 Cal., 171; People v. Whartenby, 38 Cal., 466. Por tanto, el verdadero situs de lo,s fiienes sobre los cuales se fija esta contribución, está en Cincinnati, Estado de Oliio, fuera de la jurisdicción de nuestra legislatura para los fines de la contribución como créditos. ■

Al examinar las conclusiones de la corte sentenciadora debemos tomar en consideración la corrección de la actitud tomada por ese tribunal al declarar que la suma de $211,402 perteneciente a la demandante, invertida en hipotecas sobre fincas en esta Isla, representa el verdadero valor del capital empleado por la Compañía de Seguros en la transacción de sus negocios en Puerto Rico. Esta es la suma de dinero prestado sobre hipotecas constituidas en fincas de Puerto Rico, como aparece de los expedientes archivados en las dife-rentes oficinas de los registradores de la propiedad en los distintos distritos. Dicha suma representa correctamente fuera de duda el valor del capital perteneciente a la Com-pañía de Seguros en Puerto Rico, como aparece de los cré-ditos hipotecarios. Pero ese capital apenas puede decirse que está empleado en la transacción de negocios en Puerto Rico. Representa él una inversión y nada más y el único negocio que la Compañía de Seguros realiza en relación con dicho capital es cobrar el interés cuando vence y de tiempo en tiempo cobrar los plazos del capital a su vencimiento. Una corporación bancaria que hace préstamos a plazos cortos y descuentos en documentos mercantiles y, en negociaciones de cambio en esta Isla, puede considerarse que tiene su capital empleado en la transacción de negocios en esta Isla, de igual modo que puede decirse de una casa comercial o de cambios con residencia en esta Isla. Pero un individuo o corpora-ción extranjera o del país que tiene una inversión en el capital o bonos del Dock Company o Sugar Growers’ Association, ■no puede ser clasificado como tal. Tal inversión no puede considerarse como empleado en negocios, según la verdadera y corriente significación de esos términos. Por tanto, nos pa-rece que ésta es una interpretación indebida que se da al esta-tuto, como lo ha hecho el Terosero de Puerto Rico al hacer esta tasación y no debe prevalecer.

Esto nos lleva a la consideración de otra conclusión legal a que llega la corte sentenciadora y a examinar si el capital de esta compañía de seguro basta la suma expresada, puede o nó ser debidamente considerado como empleado en negocios en esta Isla y, como tal, sujeto al-pago de contribución para el año fiscal de 1910-1911.

La demandante en este caso es una Compañía de Seguros con domicilio en el Estado de Obio. El apelado no alega que durante el año fiscal de 1910-1911 la demandante estu-viera haciendo negocios de ninguna clase de seguros en Puerto Eico. ¿Podría decirse que dicba compañía está ha-ciendo negocios en esta Isla simplemente porque tiene hipo-tecas pendientes sobre fincas situadas aquí? Se ha resuelto por muchas cortes en los Estados, que una corporación dedi-cada solamente a arrendar sus terrenos e invertir sus fondos no se encuentra haciendo negocios de modo tal que quedara sujeto al pago de una contribución. Un caso en el que está envuelta esta resolución se presentó a la Corte Suprema de los Estados Unidos últimamente, según noticias adquiridas por los periódicos y se negó la revisión de la sentencia en el caso de Mine Hill Corporation Tax Case. No creemos que interpretado racionalmente el Estatuto de Puerto Eico en cuanto a la contribución, que este capital de la Compañía de Seguros pueda ser considerado como que está empleado en negocios en esta Isla, meramente por estar invertido en prés-tamos garantizados por hipotecas sobre fincas situadas en esta Isla. People v. Harlan & Hollingsworth Co., 34 N. E. Rep., 758.

T llegamos por último a la cuestión principal, o sea a la corrección de la sentencia dictada. ¿Cobró debidamente el Tesorero de Puerto Eico por concepto de contribuciones, re-cargos y costas debidas la suma de $3,631.73 de la ‘Compañía de Seguros, cuya suma era debida a El Pueblo de Puerto Eico? La contribución se impuso, como ha sido admitido, sobre los bienes muebles. Las hipotecas eo nomine no están incluidas en la propiedad a la que puede imponerse la con-tribución con arreglo a nuestros estatutos. Los créditos están exentos del pago dé contribuciones de acuerdo con las dis-posiciones del Código Político. El situs de los préstamos garantizados por hipotecas constituidas sobre fincas rústicas en esta Isla, debe considerarse que se. encuentra, a falta de una disposición especial del estatuto, en el domicilio de su ■dueño. La intención de la legislatura para imponer contri-buciones a tales bienes como estas hipotecas si la tuvo en realidad, no aparece claramente de una consideración que se haga del mismo estatuto. Y existe una falta de jurisdicción legislativa para imponer contribuciones a bienes que tienen su situs legal fuera de' los límites territoriales de esta Isla. De manera que, según las indicaciones que hemos hechu acerca de nuestro criterio en los puntos anteriores, debemos contestar esta pregunta en sentido negativo y declarar que la contribución pagada bajo protesta y cobrada por el Tesorero de Puerto Pico, debe ser devuelta junta con los recargos y cos-tas, con intereses, de acuerdo con el estatuto. La sentencia ele la corte de distrito en cuanto a este particular debe ser revo-cada y dictarse otra sentencia por esta corte a favor de la de-mandante por la suma reclamada por ella, incluyendo intere-ses, sin especial condena de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.


author: El Juez PrbsideNte Sb. Hernández,

text:
    Hubert Hermanos, Apelantes, v. El Pueblo et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 888.
    Resuelto en junio 27, 1913.

    Acción Reivindicatoría Contra El Pueblo de Puerto Rico — Consentimiento parí. Ser Demandado — Jurisdicción.—Esta aeeión reivindicatoría ha sido entablada contra El Pueblo de Puerto Rieo y Wenceslao Borda, como arren-datario de los terrenos del Caño de Tiburones, sin que El Pueblo haya pres-tado su consentimiento para ser demandado. Durante la pendencia de esta apelación la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sentado la doctrina en el caso de Sosaly v. MI Pueblo de Puerto Pico, 227 U. S., 270, de que El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. Se resolvió que de acuerdo con dicha doctrina ni la corte sentenciadora ni esta corte en grado de apelación tienen jurisdicción para conocer del caso, y, por tanto, son nulos los procedimientos habidos, sin que pueda resolverse el caso por sus méritos en cuanto al demandado Borda, por cuanto la parte verdaderamente interesada en el litigio es El Pueblo de Puerto Rico, y cual-quier resolución que pudiera dictarse contra Borda tendría que afectar al otro demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Alvares Nava y Domín-guez.

    Abogados de los apelados: Sres. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General de Puerto Pico, y J. Henry Brown.

   El Juez PrbsideNte Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por Rubert Hermanos contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en 29 de agosto del año 1911, declarando sin lugar la demanda que originó el juicio, en todos sus partes y sin especial condenación de costas.

La demanda primitiva fué presentada por Rubert Hermanos contra El Pueblo de Puerto Rico y Wenceslao Borda en 9 de noviembre de 1909, para reivindicar el dominio de cierta parcela de terreno y obtener la suma de $8,000 en concepto de indemnización de perjuicios y después de haber sido con-testada fué enmendada en 4 de abril de 1911, dirigiéndose la acción contra El Pueblo de Puerto Rico, Wenceslao Borda, Henry M. Hoyt y Lawrence H. Grahame, pero después se hi-cieron en ella varias eliminaciones por orden de la corte de 18 de mayo siguiente, bajo cuya orden quedaron fijadas defi-nitivamente las alegaciones de la demandante que habían de servir de base a la acción ejercitada.

Dicha demanda enmendada además de las alegaciones re-lativas al dominio que se reclamaba de una parcela de terreno como de 230 cuerdas, contiene las siguientes que transcribi-mos a continuación:

“Décimo. Que hacia el mes de diciembre de 1908, El Pueblo de Puerto Rico, uno de los demandados, por medio del otro demandado, Laurence Ií. Grahame, entonces Comisionado del Interior, auxiliado por el otro demandado, Henry M. Iíoyt, entonces Attorney General de Puerto Rico, el Fiscal de la Corte1 de Distrito Judicial de Arecibo, el Ingeniero del citado Departamento del Interior, y fuerza de la Policía, Insular y con la cooperación del otro demandado Don "Wen-ceslao Borda, sin autorización ni consentimiento de Rubert Hermanos, extralimitándose en sus facultades y atribuciones que como Comisio-nado del Interior el demandado Lawrence H. Grahame, y como Attorney General el otro demandado Henry M. Hoyt, tenían respec-tivamente; y asimismo sin autorización de persona que debidamente representara a los demandantes señores Rubert Hermanos, antes bien contra la expresada y reiterada voluntad de aquéllos, sin decisión judicial alguna, ni válida orden de nadie, ni apoyándose los deman-dados Hoyt y Grahame en precepto legal, alguno, ni por delegación legítima del Pueblo de Puerto Rico, colocaron o hicieron colocar en la hacienda de ‘Las Lizas’ una empalizada que, partiendo del oeste, va en línea quebrada hasta el este1, divide la finca en dos, una al norte de la otra, habiéndose desposeído de la septentrional a Rubert Her-manos y entregaron dicha porción ál demandado Wenceslao Borda.
“Al verificarse el despojo relacionado anteriormente, había dentro de la porción entregada al demandado Borda, cincuenta cuerdas ara-das y en preparación para ser sembradas de caña, habiéndose gastado en dicho número de cuerdas unos quinientos dólares.
“Además, había veintitrés (23) cuerdas completamente prepara-das y a punto de siembra con un gasto aproximado de seiscientos noventa (690) dólares. Estas veinte y tres (23) cuerdas iban a ser sembradas en la primavera de 1909 para ser recolectadas y molidas en 1910.
“Además, había en la parte de ‘Las Lizas,’ de que fueron despo-jados los demandantes, Rubert Hermanos, unas ciento cincuenta ■(150) cabezas de ganado, de crianza y de trabajo.
“Decimotercero. Que la parte de la hacienda ‘Las Lizas’ que ha sido detentada violentamente por los demandados a Rubert Hermanos, tiene aproximadamente una extensión de terreno como de doscientos treinta cuerdas, y colinda, al norte, con el Oaño de Tiburones; al este con terrenos de Martín Zavala, antes de la 'Sucesión de Don Miguel Gandía, y boy detentados por 'los demandados al citado Martín Zavala; al sur en una línea quebrada eon el resto de la hacienda ‘ Las Lizas’; y al oeste con el Caño de ‘Vieques,’ que la separa de la hacienda ‘Monte Grande.’ Esa porción de terreno vale veintidós mil ($22,000) dólares.
“Decimocuarto. La finca descrita en el párrafo decimotercero precedente y de la cual los demandados han despojado violentamente a los demandantes, en la forma relatada en el hecho décimo anterior, es y ha sido terreno desecado, firme y cultivado, parte con caña y parte a pasto desde hace más de 50 años.
“Decimoquinto. Ni Rubert Hermanos, los demandantes, ni nin-guna de las personas que lo constituyen, han recibido ni del Pueblo de Puerto Rico ni de Don Wenceslao Borda, ni de los otros demandados, ni de persona ni de entidad alguna en su nombre' o representación, pago, reparación o compensación alguna, ni por el terreno de que fue-ron violentamente despojados, ni por la posesión de él, ni por los gas-tos hechos para la preparación del terreno para la siembra, ni por los daños y perjuicios causados. '
“Decimosexto. Rubert Hermanos continúan privados de la pose-sión de la porción de terrenos delimitada en el hecho decimotercero a pesar de haber pedido y reclamado su devolución al Pueblo de Puerto Rico y Wenceslao Borda, y se han visto privados de sembrar de cañas, según se proponían, la mitad de la finca de que violenta-mente han sido despojados, viéndose obligados a dejar de sembrar de cañas otras tierras para dedicarlas a pasto del ganado que tenían en la finca que ilegalmente poseen los demandados.
“Decimoséptimo. Los demandados poseen y utilizan ilegalmente desde el mes de diciembre de 1908, la porción que de ‘Las Lizas’ se describe en el hecho undécimo, sabiendo el mencionado Borda que tales terrenos no eran ni son del Pueblo de Puerto Rico.
“Decimoctavo. Los perjuicios ocasionados a Rubert Hermanos por el despojo de la porción de finca de que se ha hecho mérito están representados por la privación del uso y disfrute de dicha parcela desde el mes de diciembre de 1908, hasta que se les entregue; a razón de $20 anuales por cuerda por los daños y perjuicios sufridos al verse impedidos de sembrar de cañas la mitad de dicha finca,.dejando de ganar el producto de las mismas durante el tiempo que los deman-dados continúen en posesión de' ella; por los gastos hechos en la preparación de las 72 cuerdas que estaban listas para ser sembradas de caña en la primavera de 1909, cuyos perjuicios ascienden a veinti-cinco mil dólares hasta la fecha.
“Además, los demandantes alegan que los demandados son res-ponsables, de daños ejemplares, ..por la cantidad de cincuenta mil ($50,000) dólares.”

Concluye la demanda con súplica de que se dicte senten-cia declarando:

“1. Que Rubert Hermanos es dueño de la porción de la hacienda ‘Las Lizas’ que se describe en el hecho décimotercero;
“2. Que tal parcela se entregue y ponga a la libre disposición de los demandantes;
“3. Que El Pueblo de Puerto Rico y Wenceslao Borda paguen solidariamente a los demandantes, como indemnización de perjuicios la suma de veinticinco mil ($25,000) dólares, y en concepto de daños ejemplares la cantidad de cincuenta mil ($50,000) dólares;
“ 4. Y que los demandados paguen todas las costas y gastos de este juicio.
“5. Y que asimismo los demandados Henry M. Hoyt y Lawrence H. Grahame son igualmente responsables en unión de los otros demandados del pago solidario de la suma de veinticinco mil ($25,000) dólares, que como indemnización de perjuicios se reclaman en el apar-tado ‘3’ de esta súplica.”

Como segunda, causa de acción estableció la parte deman-dante los siguientes hechos:

“Primero. Que los demandados El Pueblo de Puerto Rico, Lawrence H. Grahame, extralimitándose éste en el ejercicio de sus funciones como Comisionado del Interior, y Wenceslao Borda por sí y por medio de sus empleados y agentes, con el consejo del demandado Henry M. Hoyt, que entonces era Attorney General de Puerto Rico, y éste sin autoridad para ello y con ¿1 fin de llevar a cabo un pre-tendido contrato de arrendamiento o concesión de terrenos públicos baldíos, con el otro demandado Wenceslao Borda, practicaron o hicieron practicar una mensura, deslinde y amojonamiento de la porción de la hacienda ‘Lizas’ descrita en el párrafo décimotercero de la primera causa de acción, o sea de una finca rústica compuesta de doscientas treinta cuerdas, más o menos, que colinda al • norte con el Caño de Tiburones; al este con terrenos de Martín Zavala (antes de la Sucesión de Don Miguel G-andía y hoy detentados por los deman-dados al citado Martín Zavala) ; al sur con una línea quebrada con el resto de la hacienda ‘Las Lizas,’ y al oeste con el Caño de Viequ.es, que le separa de la hacienda Monte Grande. Esta finca así descrita es la misma que es objeto de reivindicación en la primera cansa de acción establecida en esta demanda.
“Segundo. Que el deslinde, mensura y amojonamiento relacionado en el párrafo anterior fue llevado a cabo a ñnes del mes de diciembre de 1908 sin citación de los demandantes ni de sus agentes y representantes, ni de Martín Zavala, ni de sus agentes y representantes, como actuales colindantes de.la finca deslindada, ni de conformidad con los títulos de cada uno de los propietarios colindantes, sin ejercitar acción ni proce-dimiento judicial alguno, ni cumpliendo con los' requisitos que exigen los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil y 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que por el contrario se practicó violenta-mente con la ayuda de la policía insular y denunciando y procesando ante los tribunales del distrito judicial de Arecibo a los agentes y representantes de los demandantes y del colindante Martín Zavala, que se opusieron a la forma en que se practicaba diclio deslinde; sin que tampoco mediara requerimiento previo conforme a derecho.
“Tercero. Que por los medios relacionados anteriormente, los demandados despojaron a Rubert Hermanos de la porción de la hacienda ‘Las Lizas’ relacionada precedentemente, incautándose violenta e ilegalmente de la misma El Pueblo de Puerto Rico y haciendo entrega material de la posesión de esa al demandado "Wenceslao Borda, habiendo procedido a colocar una cerca, sin la intervención de los demandantes y contra la expresa voluntad de ellos, en la hacienda de ‘Las Lizas,’ que, partiendo del oeste va en línea quebrada hasta el este, divide la finca en dos, una al norte de la otra y tiene una superficie aproximada de 230 cuerdas, cerrando con dicha cerca el perímetro de la porción así usurpada en forma que la separa materialmente del resto de la finca de que son dueños estos demandantes.
“Y en vista de esos hechos suplicaron a la corte dictara sentencia final declarando que el deslinde practicado en el mes de diciembre de 1908, por orden dé los demandados arriba relacionados, en la forma en que cada uno de ellos ha intervenido, es nulo y sin efecto ni valor alguno, por ser contrario a los preceptos legales vigentes en aquella fecha, y como consecuencia de ello, que la posesión 'material del terreno dada al demandado Wenceslao Borda, es asimismo nula y sin efecto legal alguno, y que los demandantes Rubert Hermanos sean puestos en inmediata posesión de la finca descrita en el hecho ‘Primero’ de esta segunda causa' de acción, en tanto' El Pueblo de Puerto Rico o sus' agentes procedan a un deslinde en- forma legal con citación buena y oportuna a 4os demandantes de intervenir en el mismo, según expresa la ley.”

Los Remandados, El Pueblo de Puerto Rico y Wenceslao Borda, contestaron la demanda enmendada en 26 de mayo de 1911, conjuntamente, alegando entonces como habían alegado antes al contestar la primitiva demanda, que El Pueblo de Puerto Eico no puede ser demandado sin su consentimiento, el que no ha prestado en el presente caso; y los demandan-tes desistieron de su acción en cuanto a los demandados Henry M. Hoyt y Lawrence H. Graham en 12 de junio siguiente, antes de procederse a la celebración del juicio, én cuya fecha con permiso de la corte presentó moción la repre-sentación de los demandados comparecientes, para que se dic-tara sentencia a su favor sobre los alegatos de la demanda en cuanto a la segunda causa de acción, a lo que accedió la corte, habiendo sido excepcionada esa resolución por la parte demandante.

Celebrado el juicio recayó sentencia en los términos al principio indicados y contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de Eubert .Hermanos recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, pendiente de resolución después de haberse seguido los trámites legales.

Hay en el presente caso una cuestión previa a resolver, a saber: si esta corte tiene jurisdicción para conocer del asunto, no habiendo precedido el consentimiento del Pueblo de Puerto Eico para ser demandado.

Desde luego, dicha cuestión jurisdiccional en cuanto la demanda se dirige contra El Pueblo de Puerto Rico, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al decidir en apelación el caso de Rosaly v. El Pueblo, 227 U. S., 270, por la que declaró, que El Pueblo de Puerto Eico no puede ser demandado sin su consentimiento.

No hay , duda de que los procedimientos seguidos en el presente juicio contra El Pueblo de Puerto Eico por falta. de jurisdicción original de la cofte de Arecibo y de esta Corte Suprema en grado de apelación, para decidir el caso por sus méritos, son nulos en cuanto al Pueblo de Puerto Pico, de-mandado.

Y ahora ocurre preguntar, ¿ha tenido la corte de Arecibo y tiene esta corte jurisdicción para decidir el caso en cuanto al demandado Wenceslao Borda?

Atendidas todas las circunstancias del caso la contesta-ción tiene que ser negativa.

La acción ejercitada por Hubert Hermanos se encamina a obtener la reivindicación de una parcela de terreno que El Pueblo de Puerto Rico ha entregado a Wenceslao Borda y a obtener de éste y del Pueblo de Puerto Rico indemnización de daños y perjuicios.

La acción reivindicatoría afecta propiamente al Pueblo de Puerto Rico, quien en concepto de dueño de los terrenos de que se trata, los ha entregado a Wenceslao Borda para que los usufructúe en concepto de arrendatario; y siendo ello así, aunque se estimara que la parte demandante tiene derecho a la reivindicación, no podría llevarse a cabo por el deman-dado Borda, quien propiamente posee en nombre del Pueblo de Puerto Rico, sino que el mismo Pueblo de Puerto Rico era quien debía verificarla. Lo propio sucede con la indem-nización reclamada de daños y perjuicios, de cuya indemni-zación como consecuencia de la detentación, sería también res-ponsable en su caso El Pueblo de Puerto Rico y no Don Wen-ceslao Borda.

Si'falta jurisdicción para declarar en perjuicio del Pueblo, de Puerto Rico, según pretende el demandante, que los terre-nos son de la propiedad de éste y para exigir en su conse-cuencia indemnización al mismo Pueblo de Puerto Rico, por los perjuicios causados a Rubert Hermanos con la deténta-ción, también nos falta jurisdicción para hacer esa misma declaración con respecto a Borda aunque sea con la reserva de que no afecte al Pueblo de Puerto Rico, pues necesaria-mente tendría qne afectarle atendidas las circnnstancias -del caso.

Al ser acusada por Rubert Hermanos la rebeldía a Wenceslao Rorda por haber contestado la demanda el Attorney General de Puerto Rico y el abogado especial J. H. Brown en representación del demandado Borda, cuya representación impugnaba la parte demandante por estimarla ilegal, tanto el Attorney General de Puerto Rico como el agobado J. H. Brown, impugnaron la declaratoria de rebeldía entre otras razones, por las siguientes:

1 ‘ Primera. Que el demandado Borda tiene en arrendamiento desde el año 1908 todos los terrenos del Oaño de Tiburones colindando con la finca de la parte demandante objeto de este pleito y que basta ahora sigue siendo arrendatario del Pueblo de Puerto Rico en cuanto a dichos terrenos.
“Segunda. Que el pleito de que se trata se dirigió también contra -el demandado Borda en su concepto de arrendatario del Pueblo de Puerto Rico, en cuyo concepto poseía los terrenos en litigio.
“Tercera. Que El Pueblo de Puerto Rico tenía y tiene el deber de mantener a su dicho arrendatario Borda en posesión de los terrenos arrendados y defenderlo contra pleitos que origine tal contrato de arrendamiento y su posesión como arrendatario.”

Las razones expuestas convencen de que la parte verda-deramente interesada de las demandadas en este litigio es El Pueblo de Puerto Rico y no Wenceslao Borda, y de que. cualquiera resolución que pudiera dictarse favorable a la parte demandante y perjudicial a Borda, tendría que afectar ul Pueblo de Puerto Rico.

Opinamos que si se elimina del presente pleito al Pueblo de Puerto Rico, la acción de -la parte demandante no puede prosperar contra el demandado Borda.

Por los fundamentos- expuestos procede declarar nulos los procedimientos seguidos por la Corte de Distrito de Are-cibo a virtud de la demanda que originó el presente pleito, y nula también la sentencia apelada por falta de jurisdicción para conocer del caso, y reservar a la parte demandante los derechos que la asistan, para que los ejercite en la forma legal correspondiente.

Amblados los procedimientos por falta de ju-risdicción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MaeLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Sucesión Collado et al., Apelada, v. Pérez et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez..
    No. 969.
    Resuelto en junio 27, 1913.
    Acción Reivindicatoría — Título Suficiente. — Los herederos de una persona que' constituyen su sucesión tienen, prima facie, derecho a reivindicar para tal sucesión los bienes que pertenecieron a su causante y de los cuales no se . desprendió válidamente.
    Id. — Venta Yerbal de Finca — Insuficiencia de la Prueba. — Analizada cuida-dosamente la prueba presentada por la demandada para sostener su alegación de haber comprado la finca al causante de la sucesión demandante, se con-cluyó que era insuficiente. En casos de esta naturaleza es lo usual que exista algún principio de prueba escrita y, cuando falte, para poder establecer la certeza del hecho de la venta por medio de prueba testifical, es necesario que., ésta sea robusta y completa.
    Id. — Fabricación de Buena Fe en Suelo Ajeno. — Habiéndose demostrado que-uno de los demandados fabricó de buena fe una casa-en un suelo que creyó-ser suyo y que luego resultó que pertenecía a otra personaría propiedad de dicha casa debe regularse por lo prescrito en el artículo 370 del Código Civil, revisado.
    Los lachos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. José Ramón Freyre.

    Abogado de los apelantes: Sr. Benito Forés..

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre reivindicación. En Iq demanda se alega que Pedro Collado Ramírez era..dueño de cierta finca rústica y qne “las reclamantes fnerón declara-das herederas abintestato de Pedro Collado Bamírez, o sea del dneño de la finca descrita en la alegación anterior, por la Corte de Distrito de Mayagüez, por resolnción de 9 de enero de 1912.” Qne las demandantes son las dneñas de la pre-dicha finca qne se encuentra inscrita en el registro a favor de sn cansante, qne está valorada para los efectos de la con-tribución en seiscientos dollars, y qne se baila indebidamente en poder de los demandados qne se ban negado a dejarla a la libre disposición de las demandantes.

Los demandados opusieron a la demanda las excepciones de falta de becbos para determinar una buena cansa de ac-ción y de ambigüedad. L'a corte desestimó debidamente las excepciones y los demandados entonces contestaron admi-tiendo que Collado babía sido dneño de la finca y que las demandantes fueron declaradas herederas abintestato de Collado por la corte de distrito, pero negando qne las deman-dantes fueran dueñas de la finca en cuestión y que los deman-dados la ocuparan indebidamente, y alegando como materia nueva, que la demandada Domitila Pérez babía comprado la, finca al propio Collado a principios del año 1904; que Collado no llegó a otorgar la escritura pero ratificó la venta ante testigos; que la dicha demandada reedificó la casa de la finca, cultivó sus tierras, pagó sus contribuciones, vendió al otro demandado una cuerda de terreno, y, al enterarse de que las demandantes. habían sido declaradas herederas de Collado, entabló contra ellas un pleito sobre otorgamiento de la escri-tura de venta, pleito que fue resuelto a su favor por la corte municipal y apelado para ante la corte de distrito.

El 17 de diciembre de 1912 se celebró la vista, y el 11 de enero de 1913 la corte de distrito emitió su opinión en la que después de estudiar ampliamente las alegaciones y las prue-bas, declaró que no se babía demostrado - a su satisfacción que Pedro Collado Bamírez hubiera vendido la finca litigiosa a la demandada Domitila Pérez y, por tanto, que ésta la pose-yera en concepto de dueña,y que pudiera como tal haber ven-dido válidamente la porción qne vendió al otro demandado Francisco Olivo. La corte resolvió qne la finca pertenecía a la parte demandante. La sentencia se registró el propio día 11 de enero de 1913, y contra ella interpusieron los deman-dados el presente recurso de apelación.

Después de estudiar todas las cuestiones envueltas en el recurso, se concluye que la única que ofrece algunas dudas es la relativa a la existencia o no existencia de la venta de la finca de que se trata por Pedro Collado a favor de Domi-tila Pérez. Si la venta existió, la parte demandante carece de acción contra la parte demandada. Si no existió, entonces la demanda debe declararse con lugar, ya que son Lechos alegados y admitidos que la finca perteneció a Pedro Collado Ramírez a cuyo nombre figura aun inscrita en el Registro de la Propiedad de San Germán, y que las demandantes, de-claradas por la corte herederas de Pedro Collado, constitu-yen hoy su sucesión y como tal sucesión y para tal sucesión reclaman.

Estudiemos la prueba que se refiere a la expresada venta. La demandada presentó la escritura de la finca a favor de •Collado debidamente inscrita en el registro de la propiedad. Nada establece en favor de la demandada.

Presentó luego un recibo expedido por el farmacéutico 'Señor Fleytas, creditivo de haber satisfecho la demandada Domitila Pérez $25 por medicinas tomadas para Pedro Co-llado. Aporta un dato que puede considerarse en unión de la otra prueba.

Luego archivó un recibo de haber pagado la contribución por la finca. Aporta otro dato que puede tomarse en consi-deración, pero que por sí solo nada decide con respecto a •que la propiedad pertenezca a la persona que satisface- la •contribución.

Luego introdujo una certificación del registrador de la propiedad creditiva de que la finca continúa inscrita a favor de Collado. Nada establece en pro de la demandada.

Acto seguido ofreció una certificación referente al pleito sobre otorgamiento de escritura seguido por la aquí deman-dada contra los aquí demandantes y fallado a favor de la demandada por la corte municipal pero apelado por las demandantes para ante la corte de distrito en cuyo tribunal se encontraba aun pendiente de resolución. No fué admi-tida la prueba, sin que se cometiera por la corte error fundamental alguno a nuestro juicio, ya que en dicho pleito no se había dictado sentencia que resolviera en definitiva los derechos de las partes.

Luego declararon los testigos J. A. Fleytas y J. Ramírez Ortiz, el primero con referencia a la cuenta de medicinas de que se ha hecho mérito y el segundo con respecto a cierta deuda de Collado pagada por Domitila Pérez. Ambas decla-raciones ofrecen datos que por sí solos nada deciden, pero que pueden considerarse unidos al resto de la prueba.

Acto seguido se introdujo una carta cuya firma fué reco-nocida por el testigo Ramírez. Dicha carta estaba dirigida a Domitila Pérez y con ella se acompañaba una cuenta con saldo en contra de Collado por $41.39, suplicando la liquida-ción. Con respecto al efecto de esta evidencia, repetimos lo dicho en el párrafo anterior.

Luego declararon los testigos Juan Cancio Ortiz y José Noriega, y ambos, demandados. Cancio Ortiz manifestó re-petidas veces durante el curso de su declaración, que estuvo en la casa de Collado cuando éste se encontraba enfermo, con la idea de comprarle la finca en cuestión, y que Collado le contestó que la había vendido a Domitila Pérez. Noriega también depuso que sabía que Domitila Pérez había comprado la finca a Collado, porque el mismo Collado se lo había dicho. La demandada Domitila Pérez aseguró que había comprado la finca a Collado en $320 de los cuales pagó de contado $200, y en medicinas y cuentas de Collado el resto; que el dinero lo obtuvo vendiendo algunos animales y auxiliada por una hermana pudiente que tenía; que Collado vendió porque tenía muchas deudas; que el deseo de Collado era otorgarle la escritura, pero' murió antes de que pudiera satisfacerlo; que lia vivido siempre en la finca como dueña pagando las con-tribuciones, cultivando el terreno, reconstruyendo la casa, etc., y que vendió una cuerda de tierra de la finca a Francisco Olivo. Este, por último, depuso que compró una cuerda de terreno a Domitila Pérez pagándole su precio, y que fabricó una casa sobre el terreno con dinero propio. Como puede verse, las declaraciones de Cancio y de Noriega sólo se refie-ren a manifestaciones que les hiciera una persona que ya no existe y son, además, deficientes en el sentido de que se limi-tan a expresar que Collado les había dicho que había ven-dido la finca a Domitila Pérez, pero nada indican con respecto a las condiciones del contrato, precio, pago, etc. En la decla-ración de Domitila Pérez se ■ observan muchas contradiccio-nes y la de Olivo no da luz alguna con respecto a la cuestión fundamental debatida.

Terminada la prueba de la parte demandada, la deman-dante introdujo nueva prueba consistente en las declaracio-nes de Cío rinda Collado, María Clemencia Torres y José Encarnación Avilés, que tienden, analizadas en conjunto, a demostrar que Domitila Pérez fué recogida caritativamente, acompañada de su esposo y de sus hijos, en el hogar de Collado que era un hombre soltero; que allí murió el esposo • de Domitila y ésta continuó viviendo en la casa de Collado; que a la muerte de Collado también permaneció en la casa, negándose a salir de ella, dando por razón de su conducta el que ella había asistido en su enfermedad a Collado; que Domitila Pérez no tenía ningún bien de fortuna, y que Collado nada debía y era hombre que vivía de sus medios.

Tal es la prueba que la corte de distrito consideró com-pletamente ineficaz para demostrar la existencia del contrato de compraventa alegado en la contestación. La corte de’ distrito no sólo declaró con lugar la demanda, sino que im-puso a ambos demandados la obligación de pagar las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Hemos analizado cuidadosamente dicha prueba, y es nece-sario convenir en que no es suficiente, máxime faltando como falta un principio de prueba escrita que es la usual en casos de esta naturaleza, artículo 1216' del Código Civil Revisado, pero es necesario convenir también en que deja en el ánimo del juzgador cierta duda. Tal vez si en realidad de verdad Collado tuvo la intención de vender tal vez si vendió la finca a Domitila Pérez y ésta empezó a pagar el precio, sin llegarlo a satisfacer en-su totalidad. Collado era un hombre soltero, sin hijos. Su sucesión legítima está compuesta por parientes colaterales que hoy reclaman su herencia.

A nuestro juicio los hechos y la ley imponen en este caso una sentencia declarando con lugar la demanda, pero las circunstancias del mismo son tales que no exigen que se imponga a los demandados la obligación de pagar las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Además, todo tiende a demostrar que el demandado Olivo, actuó de buena fe. El compró la cnerda de terreno a Domi-tila Pérez y en la creencia de que ya era suya, fabricó sn casa.En tal virtud, el derecho del demandado Olivo, sobre la casa por él fabricada de buena fe en suelo ajeno, debe regularse por lo prescrito en el artículo 370 del Código Civil Revisado. Véase el caso de El Pueblo v. El Municipio de San Juan, decidido por esta Corte Suprema el día 6 de junio de 1913, (pág. 656).

Así modificada, debe confirmarse la sentencia contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

Confirmada, pero disponiendo que cada parte pague sus propias costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Calderón, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 590.
    Resuelto en junio 27, 1913.
    Corrección de Autos — Moción Presentada Después de la Yista. — En este caso la parte apelante dos días después de celebrada la vista presentó una moción acompañada de varios documentos para justificar que la omisión de la firma del juez aprobando las instrucciones al jurado era debida al secretario de la corte inferior. En el alegato presentado por dicha parte no se planteó ningún error fundado en que dichas instrucciones fueran erróneas. Se resolvió que la parte apelante tiene el deber de examinar la transcripción de autos y que únicamente cuando aparezca que se haya cometido un error fundapental, lo cual no ocurre en este caso, hará uso esta corto de su facultad discrecional para permitir que se corrijan los autos después de celebrada la vista.
    Nuevo Juicio — Veredicto Contrario a la Prueba. — Al menos que el juez sen-tenciador esté plenamente convencido de que se ha cometido una injusticia, -no se concederá una moción de nuevo juicio fundada en que el veredicto es contrario a la prueba y esta corte salvo raras excepciones, no revocará la reso-lución denegatoria de la moción de nuevo juicio- que tiene ese fundamento.
    Seducción — Pena Excesiva — Multa de $3,000. — Atendida la importancia del delito cometido y las circunstancias de este caso, se resolvió que la pena de $3,000 de multa impuesta al acusado no es excesiva.
    Apelación — Asignación de Errores en el Acto de la Yista. — Es una mala práctica que debe ser rechazada el esperar hasta el momento de la vista del recurso para alegar los errores cometidos por la corte inferior, sin incluirlos en un alegato presentado a su debido tiempo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Enrique Rincón.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Después que se procedió a la celebración de la vista de esta apelación, al indicar el Fiscal que no podría hacer ninguna alegación sobre las instrucciones de la corte al jurado, pues según aparecía de los autos no habían sido suscritas éstas por el juez, el apelante presentó una copia certificada de dichas instrucciones debidamente firmada y solicito que fuera agregada a los autos, alegando que la firma había sido omi-tida por el secretario de la corte de distrito. Con anteriori-dad a esto el apelante había presentado un alegato en el cual ninguno de los señalamientos de error hacía referencia a dichas instrucciones. En tales condiciones no- nos encontra-mos dispuestos a ejercitar nuestra facultad discrecional agre-gando a los autos dichas instrucciones, especialmente por haberlas considerado y no encontrar en ellas nada que hubiera perjudicado -al apelante. Los apelantes deben estar al tanto de sus casos y este tribunal no tomará en consideración seme-jantes mociones a menos que aparezca claramente que se ha cometido un error fundamental, lo, que no ha ocurrido en este caso.

Dos cuestiones solamente fueron presentadas en los seña-lamientos de error. La primera fue que el veredicto del jurado era contrario al peso de la prueba. Muy pocos nue-vos juicios podrían concederse por este fundamento, pues si el juez de la corte inferior ha encontrado bastante prueba, para someterla al jurado, no debe conceder dicho nuevo juicio-a menos que esté completamente convencido de que se ha cometido una injusticia. Y todavía es más raro que un tribunal de apelación revoque la sentencia por este fundamento. Existía un conflicto en la prueba y los jurados eran los únicos jueces de la preponderancia de la misma. En los casos de contradicción en la prueba, esta corte no revocará la senten-cia a menos que se demuestre que los juzgadores han obrado-tomando en consideración elementos indebidos, no habiendo-ocurrido tal cosa en este caso. La seducción quedó clara-mente probada así como el hecho de ser la denunciante una mujer soltera hasta entonces reputada por pura.

El otro señalamiento de error se refiere a que la sentencia es excesiva. No vemos ningún motivo por el cual debamos intervenir con la discreción del juez en cuanto a este particular. El delito era grave y el acusado al parecer estaba para abandonar no solamente a la mujer sino también al país. El hecho de que el juez ya correcta o incorrectamente creyera que el acusado trató de influir en el jurado, no olió por resul-tado en el sentido legal que éste quedara predispuesto hacia el acusado, pues, como ya hemos dicho, no vemos que sea exce-siva la malta de $3,000, teniendo en caenta qae no se impaso directamente pena de prisión algana.

Darante el juicio se tomaron varias excepciones pero no faeron consignadas como errores en el alegato, ni aparece fir-mado el pliego de excepciones, si bien las mismas excepciones están contenidas al parecer en la exposición del caso. El abo-gad9 del apelante solicitó permiso para presentar an alegato adicional con el fin de disentirías. La práctica de esperar basta la vista del caso para consignar errores no se reco-mienda. Sin embargo, fiemos examinado los aatos y no en-contramos ningún error qae exija la revocación. Debe con-firmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia y denegada la moción <para corregir los autos.

Jaeces concarrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.