author: Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Ramón Miranda Ayala, Sonia Calderón Sastre y la Sociedad Legal de Gananciales que tienen constituida, peticionarios, v. Hospital San Pablo, recurrido.

      Número: CC-2006-421

      Resuelto: 29 de marzo de 2007

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de la parte peticionaria; Eva Y. Mundo Sagardía y Juan J. Casillas Ayala, del bu-fete Fiddler, González y Rodríguez, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Ramón Miranda Ayala (Miranda Ayala) trabajó para el Hospital San Pablo desde mayo de 1979 hasta el 18 de octubre de 2004, cuando fue despedido. El 29 de diciembre de 2004 Miranda Ayala, su esposa Sonia Calderón Sostre y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por ambos presentaron, ante la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia, una querella contra el Hospital San Pablo bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.). En ésta alegaron que el despido se debió a discrimen “por sus actividades organizativas para la negociación colectiva” o por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m, o por ambos.

Oportunamente, el Hospital San Pablo contestó la querella levantando varias defensas afirmativas, entre éstas, que no había cometido discrimen y que el despido estuvo justificado porque el querellante había incurrido en conducta impropia al apropiarse de varias cajas de cerveza pertenecientes al hospital, y que esta conducta constituía una violación a las normas de conducta establecidas por el Hospital en su manual de normas.

I

Miranda Ayala ocupaba el puesto de Técnico de Ropería que pertenecía al Departamento de Servicios Ambientales del Hospital San Pablo. Sus funciones consistían en recoger la ropa sucia de los pisos, las salas de operaciones y las salas de parto, contarlas, empacarlas y llevarlas en unos carritos fuera del hospital. El hospital tenía almacenadas varias cajas de cerveza en un cuarto de máquinas. El 10 de octubre de 2004 Miranda Ayala entró aproximadamente dos veces al cuarto de máquinas donde estaban las cervezas y se llevó dos cajas de éstas para su uso personal. Dicho hecho fue filmado por las cámaras de seguridad del hospital. Miranda Ayala originalmente negó los hechos, pero al ser confrontado con el vídeo de seguridad, los aceptó. En dicho vídeo se veía claramente a Miranda Ayala llevándose las dos cajas del cuarto de máquinas.

Miranda Ayala trabajó 25 años en el hospital; su expediente de empleo revela que éste había recibido varias ad vertencias en cuanto a su conducta y disciplina en el empleo. Al revisar el expediente disciplinario encontramos que el empleado había sido suspendido por una semana en 1983 por haber ofendido a otra de las empleadas del hospital. En 1992, al ser confrontado por mentir en relación con unas ausencias, Miranda Ayala fue advertido de que la próxima vez que se ausentara tenía que justificar su ausencia con un certificado médico, y que si no cumplía con las normas, se le aplicarían normas disciplinarias más severas como el despido. El expediente revela, además, varias Hojas de Intervención del Programa de Disciplina Progresiva del hospital, donde se le llamó la atención por la falta de suplido de sábanas y por su incumplimiento con el conteo de ropa de la Sala de Operaciones, entre otras faltas.

El 10 de junio de 2005, luego de celebrada la correspondiente vista, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia mediante la cual desestimó la querella sin la imposición de costas ni honorarios de abogado. En cuanto a la alegación de discrimen sindical, el tribunal se declaró sin jurisdicción por tratarse de un asunto de la jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo. En cuanto a la alegación de despido injustificado, el tribunal determinó que existió justa causa para el despido.

Inconforme con el dictamen, Miranda Ayala presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia apelada. Insatisfecho, Miranda Ayala acudió —mediante un recurso de certiorari— a este Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que dicho foro incidió

... al confirmar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia desestimando la querella radicada al concluir que el despido del peticionario fue justificado a la luz de la totalidad de los hechos de este caso. Petición de certiorari, pág. 4.

Atendida la petición de certiorari, el 23 de junio de 2006 le concedimos a la parte demandada recurrida el término de quince días para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones. Dicha parte ha comparecido. Por estar en posición de resolver el recurso, procedemos a hacerlo. Confirmamos; veamos por qué.

II

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, ante, 32 L.P.R.A. sec. 185a, establece que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo, que sea despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización según dispone la ley. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 643, 648-649 (1994).

La referida ley dispone en su Art. 2 (29 L.P.R.A. sec. 185b), en lo aquí pertinente, que se entenderá por justa causa para el despido, entre otras causas: (i) que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada; (ii) la actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad; (iii) violación reiterada por el empleado de las reglas y los reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento, siempre que copia escrita de éstos se haya suministrado oportunamente al empleado. Las instancias antes enumeradas son sólo ejemplos de las posibles causas que constituyen justa causa para el despido.

La referida Ley Núm. 80 no favorece que el patrono despida al empleado como sanción por una primera falta o infracción, salvo cuando por la gravedad y potencial de agravio de la conducta en cuestión se haya puesto en riesgo el orden, la seguridad o la eficiencia del establecimiento. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004); Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001); Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223 (2001); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, ante; Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).

En cuanto al procedimiento, en una acción por despido injustificado de un empleado, el patrono tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo justificado. Todo despido es injustificado hasta tanto el patrono demuestre justa causa para su acción. Una vez que el patrono interpone como defensa afirmativa que ha mediado justa causa para el despido, le corresponde a éste entonces probar, por preponderancia de la prueba, que el despido estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 378-379 (2001).

Por otro lado, y en lo pertinente, la ley dispone que “[n]o se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”. 29 L.P.R.A. sec. 185b.

En Srio. del Trabajo v. I.T.T., ante, pág. 542, establecimos que

[l]a Ley no pretende ni puede, considerada la variedad de circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código de conducta conteniendo una lista de faltqs claramente definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. (Escolio omitido y énfasis suplido.)

Esto es así ya que el patrono “tiene derecho a evaluar a su personal, a base de los valores morales y del orden público prevalecientes en Puerto Rico ... cuando el cumplimiento o violación de éstos puede mantener o alterar el buen y normal funcionamiento de la empresa.” (Énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro.) Srio. del Trabajo v. G.P Inds., Inc., ante, pág. 246.

Por último, debe señalarse que el Hospital San Pablo tiene un Manual de Políticas, Normas y Beneficios, que específicamente indica que la deshonestidad y la apropiación indebida de propiedad ajena, bien sea del Hospital San Pablo, de un paciente o de un compañero, no será tolerada.

III

En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria reconoce que fue un error de juicio de su parte apropiarse de dos cajas de cerveza, pero entiende que el castigo impuesto por el patrono es desproporcionado a la falta cometida. Expone dos argumentos en apoyo a su alegación, a saber: (1) que se trata de unas cajas de cerveza que hacía aproximadamente un año que estaban almacenadas en el hospital y (2) que todo el personal del hospital sabía que las cervezas estaban en un lugar donde existe alta temperatura (el cuarto de máquinas) con el propósito de decomisarlas, ya que habían perdido su calidad. No le asiste la razón.

El Manual de Normas de Conducta del hospital establece que la deshonestidad y la apropiación indebida de propiedad ajena no serán toleradas en el lugar de trabajo. Miranda Ayala tenía conocimiento de estas normas de conducta, ya que el hospital le había hecho entrega de una copia del manual. Dicho acto evidencia que el empleado era consciente de las posibles repercusiones de sus actos. Esto también lo confirma el testimonio del peticionario en la vista del caso, donde expresó: "... que si no me enfrentan con el vídeo lo seguiría negando porque yo sabía, me imaginé que me iban a botar por eso.” Apéndice, pág. 172.

No existe controversia en cuanto al hecho de que el peticionario Miranda Ayala incurrió en la conducta de “apropiación indebida de propiedad del Hospital”, al llevarse a su casa dos cajas de cerveza. Aunque al principio lo negó, al ser confrontado con un vídeo que reflejaba la acción, lo admitió. “No podía negarlo, estaba en el vídeo”, expresó en una deposición. Apéndice, pág. 97.

La acción del peticionario violó las normas de conducta del hospital e, incluso, podría constituir una conducta delictiva. La única defensa del peticionario es que las cervezas estaban dañadas e iban a ser decomisadas. Esto no lo sabía el peticionario cuando llevó a cabo la acción, pues trató de consumirlas. Incluso, parece que el hospital no se había percatado que las cervezas estaban “dañadas”, porque al darse cuenta que las cajas de cerveza que tenían almacenadas estaban desapareciendo, establecieron un sistema de vigilancia electrónica para detectar quién o quiénes estaban sustrayendo las cajas de cerveza de un área controlada.

La Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 dispone, al interpretar la disposición de su Art. 2, supra, que

[e]n circunstancias especiales, ciertos actos aislados pueden revestir tal seriedad que pueden dar base al despido justificado ya que pueden poner de manifiesto una clara e indubitable condición de carácter, que por la gravedad de las consecuencias que hayan acarreado o que puedan acarrear, o por revelar, de por sí, una actitud no susceptible de cambio, ponen de relieve, desde ese momento, aquella configuración del carácter que el legislador sabiamente exigió, como norma general, que no se dejase depender en su apreciación de un acto aislado del empleado. Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 2002, pág. 32.

No resulta necesario incluir en un reglamento o manual de disciplina ciertas normas cuya violación constituye una falta mayor. “[U]na persona de inteligencia normal tiene que saber que asesinar a otro empleado en el lugar de trabajo, agredir físicamente al patrono sin razón alguna que justifique este hecho, hurtar mercancía del patrono ... constituyen faltas mayores o graves [en las] que no debe incurrir nunca”. (Énfasis nuestro.) A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 7ma ed., San Juan, [ed. del autor], 2001, pág. 138.

En Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 D.P.R. 983 (1992), este Tribunal resolvió que mentir en una solicitud de empleo en cuanto a delitos cometidos previamente constituye una falta grave que puede ser válida para el despido. En dicho caso expresamos que el mentir tiende a destruir la dinámica con el empleado y afecta el buen funcionamiento de la empresa. Este acto, similar al que presenta el caso de autos, es un acto de deshonestidad que denota una ausencia de valor moral.

Miranda Ayala alega que los hechos del presente caso se asemejan a los hechos de los casos Srio. del Trabajo v. I.T.T., ante, y Rivera v. Pan Pepín, ante. Entiende que, al igual que lo resuelto en los casos antes mencionados, su falta no justifica el despido por una primera ofensa. No le asiste la razón; un análisis de los referidos casos demuestra que son distinguibles del presente caso.

Debido a la gravedad de la falta cometida por Miranda Ayala, el hospital correctamente decidió prescindir de sus servicios; sobre todo cuando consideramos que, en relación con anteriores infracciones, el hospital le había advertido a Miranda Ayala que podía ser objeto de sanciones mayores, incluso el despido.

En fin, la actuación del empleado violó las normas razonables del hospital y refleja una actitud y un detalle de su carácter lesivo a la ordenada marcha de éste. No existen vicios de arbitrariedad en la decisión tomada por el Hospital.

IV

Por los fundamentos antes expresados, se dicta sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones, en vista del hecho de la existencia de justa causa para el despido.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebolio López emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente. La Juez Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Suscribimos, totalmente, la correcta y bien fundamentada sentencia que emite el Tribunal en el presente caso. Sin embargo, hemos considerado procedente expresarnos por separado ante la errónea opinión disidente que se emite, la cual, de no ser refutada, puede causar confusión a nivel de instancia y en mentes impresionables.

La opinión disidente pretende dar la impresión de que el Tribunal, al avalar el despido decretado, comete una injusticia en vista de que el despido decretado “fue una medida disciplinaria extrema, que no guarda proporción alguna con la falta cometida” (énfasis en el original); que la mercancía hurtada tenía poco valor y estaba próxima a ser decomisada; que “[a]un aquellos que a veces se comportan truhanamente merecen” (énfasis suplido) protección para poderse ganar la vida y sostener a su familia, y que el decreto mayoritario le da peso a algunas faltas de poca importancia cometidas anteriormente por el empleado por encima del hecho de que dicho empleado llevaba trabajando veinticinco años en el hospital recurrido y que éste estaba activamente inmerso en actividades laborales protegidas constitucionalmente. Opinión disidente, págs. 747 y 748.

De entrada, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico no protege a los ciudadanos deshonestos, esto es, no brinda protección a los ladrones. Justamente, el presente caso trata de una de las acciones u ofensas más serias en que puede incurrir un empleado, esto es, hurtar de su patrono. Este acto es indicativo de falta de lealtad y ausencia de los más fundamentales valores morales de parte del empleado, conducta que el patrono tiene derecho a catalogar en un manual de empleados —como aquí se hizo— como una falta grave que tiene como consecuencia el despido del empleado.

Por otro lado, resulta importante enfatizar que no importa que la mercancía que se hurte tenga un valor mínimo. Lo verdaderamente importante es si el empleado cometió o no el hurto. Si bien es cierto que una persona puede estar en un momento determinado más o menos intoxicado, dependiendo del número de tragos que haya ingerido, una persona no puede ser más o menos honesta. Ello debido a que la honestidad es una característica inherente al ser humano. En otras palabras, uno es honesto o no lo es. Ello no depende del número de objetos que se hurte ni del valor de éstos.

Por otra parte, la conducta en que había incurrido el empleado con anterioridad al día en que hurtó la mercancía en controversia —la cual la opinión disidente sorprendentemente cataloga como “faltas de poca importancia”— fortalecen y justifican la decisión del patrono de despedir al empleado. Recordemos que éste había sido objeto de varias advertencias relativas a su conducta anterior en el empleo, tales como: incurrir en conducta ofensiva con una compañera empleada, la cual le costó una semana de suspensión en el empleo; mentir sobre las razones que tuvo para ausentarse del empleo —lo cual demuestra falta de honestidad— tras lo cual se le advirtió que por las próximas infracciones podría ser despedido, y negligencia en el desempeño de sus deberes, relativa a la “falta de suplido de sábanas” y por incumplimiento con el conteo correcto de ropa de la Sala de Operaciones del hospital.

Juzgamos el caso, no a base de especulaciones como se hace en la opinión disidente —al expresar que, quizás, el patrono despidió al empleado por sus actividades laborales o por no continuar pagándole los salarios altos que ganaba— sino a base de los hechos incontrovertidos del caso. Éstos son: el empleado, en efecto, cometió el hurto; primeramente lo negó y luego lo aceptó al ser confrontado con un video que grabó lo ocurrido, y, como si lo antes expuesto fuera poco, el empleado expresó que lo hubiera seguido negando si no hubiera existido el video.

Ante ese cuadro de hechos, demostrativo de deshonestidad en su máxima expresión, ¿se puede sancionar a un patrono por despedir al empleado?; ¿hay necesidad de especular sobre la razón para el despido más allá de lo ex-presado?

Realmente no alcanzamos a comprender cómo se puede argumentar que en el presente caso no hubo justa causa para el despido, independientemente de los años que el empleado llevara trabajando en el hospital. Este Tribunal no puede convertirse en el protector de empleados truhanes e indeseables en alegada protección del derecho a ganarse la vida y sostener a su familia. Aquellos que ejercen este derecho deben saber que tienen que comportase como personas honestas, honradas y trabajadoras. Esos sí sonlos que merecen nuestra protección.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

The Law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

Anatole France Premio Nobel de Literatura (1921)

Los hechos esenciales del caso de autos son sencillos. Un empleado que llevaba trabajando 25 años en el hospital recurrido, se apropió de dos cajas de cervezas que pertenecían al mencionado patrono. Las dos cajas de cervezas habían estado almacenadas por un año en el cuarto de máquinas del hospital, un lugar muy caluroso y poco propicio para mantener su calidad. La razón por la cual se encontraban almacenadas allí era que el hospital tenía el evidente propósito de decomisarlas, es decir, que la gerencia del hospital las consideraba mercancía inservible. El propio empleado que se adueñó de las cervezas en cuestión no conocía si podían consumirse o si estaban dañadas. Dicho empleado era un obrero involucrado en actividades organizativas para la negociación colectiva. Por el acto de apropiación referido fue despedido de su empleo.

Mediante una sentencia, la mayoría del Tribunal convalida el despido referido. El decreto mayoritario le da gran peso a unas faltas del empleado cometidas hacía quince y diecinueve años atrás, incluso algunas de poca importancia como la de no haberse presentado a trabajar debidamente vestido con un uniforme. La mayoría evidentemente quiere proyectar la impresión de que se trata de una persona, en su juicio, menospreciable, para así intentar justificar la drástica sanción en cuestión. Lo que la mayoría no hace es darle el valor que merecen otros factores claramente pertinentes, que sirven de contrapeso a la decisión patronal de despedir al empleado en cuestión, tales como: (1) que el trabajador en cuestión tenía gran antigüedad en la empresa hospitalaria; (2) que las dos cajas de cerveza aludidas no sólo no tenían valor real alguno, sino que, para to-dos los efectos prácticos, se encontraban abandonadas por el hospital; (3) que el trabajador estaba activamente inmerso en actividades laborales protegidas constitucionalmente, que probablemente no eran del agrado del patrono. El análisis que la Mayoría hace de los hechos de este caso, pues, dista mucho de ser objetivo e imparcial. Tampoco es un análisis completo de todo lo que es pertinente.

A la luz de los tres factores medulares antes mencionados, que la Mayoría del Tribunal descarta totalmente, me parece claro que el despido del trabajador que aquí nos concierne fue una medida disciplinaria extrema, que no guarda proporción alguna con la falta cometida y que levanta al menos la sospecha de un posible discrimen sindical. Para sopesar la falta cometida en relación a la sanción que procede, es inevitable tener en mente la probabilidad de que el patrono aquí, que evidentemente no tenía ningún interés real en las cervezas dañadas, haya usado el acto imprudente de su empleado como excusa para despedirlo. Me parece innegable que ningún patrono de ordinario despide fulminantemente un empleado que lleva trabajando 25 años en la empresa por el hecho de que se haya apropiado de una mercancía inservible y abandonada. Mucho más probable es que el motivo real del despido sea para sustituirlo con un nuevo empleado de la misma categoría, que no sea un activista laboral y al que no haya que pagarle los salarios más altos acrecentados durante 25 años de servicio. Esa es una realidad sobre el modo de proceder de algunos patronos, que es muy bien conocida por los versados en los asuntos laborales. Si una mayoría de este Tribunal no la quiere reconocer aquí es porque su visión patronal de la realidad se lo impide.

Es cierto que el propósito real del despido no es un hecho que hubiese sido adjudicado aun cuando este caso llegó ante nos. Ello no nos permite repudiar totalmente el abuso patronal, como habría que hacerlo si constara concretamente ya la represalia aludida. Pero el propósito real del despido es un aspecto de este caso que podemos atisbar basándonos no sólo en la amplia experiencia que tenemos en estos asuntos, sino sobre todo derivado lógicamente de la evidente falta de razonabilidad del despido en cuestión, mediante el cual se impone la sanción más extrema por un acto que no constituyó daño material real alguno contra el patrono. Al ponderar qué sanción amerita la acción en cuestión del trabajador, me parece necesario tomar en cuenta la realidad completa del asunto ante nos, fundamentados en la experiencia y la lógica, como lo hacen cotidianamente los tribunales en otras partes del mundo, y como lo hemos hecho nosotros mismos tantas veces. Véase B. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale University Press, 1962. De cualquier modo, irrespectivamente del motivo del patrono, el hecho innegable y medular aquí es que se privó a un empleado de 25 años de servicio de su modo de ganarse la vida, sólo por haber cometido un acto imprudente, de muy poca monta material, si alguna.

En mi criterio, el modo de ganarse la vida de las personas y de sostener a su familia merece más protección que la que la mayoría de este Tribunal evidentemente está dispuesta a concederle. Se trata de una finalidad que ha sido reconocida como un derecho humano fundamental en el Art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la reputada encíclica Láborem Exercens. Nuestra propia Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a—185m) lo reconoce, aunque con limitaciones. Véase Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992). Aun aquellos que a veces se comportan truhanamente merecen la protección aludida. Nuestra autoridad no puede estar siempre sólo a favor de lo institucional, del agraciado o del sano.

En resumen, entiendo que el empleado en cuestión debió ser sancionado por el incidente de las cervezas mediante alguna suspensión breve de empleo y sueldo, pero no con la sanción extrema de la destitución. Sencillamente, no creo que sea de modo alguno razonable que se prive a un trabajador del medio de ganarse la vida por haberse apropiado de una mercancía inservible y abandonada por el patrono. No hay proporción válida alguna entre la falta y la sanción. Si el patrono quería salir del obrero en cuestión, tenía que pagarle la mesada correspondiente que dispone la ley.

Es lamentable que una mayoría de este ilustre Foro es-time que sólo las personas perfectamente íntegras merecen su protección. Son visiones elitistas como ésta las que inspiraron las palabras del gran Anatole France citadas al comienzo de esta opinión. Tal visión no sólo no encuentra eco alguno en la Carta de Derechos de nuestra Ley Fundamental, sino tampoco en ninguna de las teorías fundamentales que prevalecen en nuestros días sobre lo que es el Derecho y lo que es la justicia. Véase Edgar Bodenheimer, Treatise on Justice, Nueva York, Philosophical Library, 1967. Ciertamente no encuentra ningún apoyo en la Ley Núm. 80 citada antes. En ningún lugar de esa legislación, aun limitada como es, se dispone que sólo protege a los obreros que sean perfectamente íntegros.

La mayoría apadrina hoy una visión de la reglamentación obrero-patronal, que no sólo carece de toda fundamentación jurídica, sino que ominosamente puede propiciar graves desarrollos en las relaciones obrero-patronales y en la búsqueda de la paz laboral. Tal insólita visión tendría el inconmensurable efecto de convertir en desvalidos ante la ley o. la inmensa mayoría de los trabajadores que alguna vez han cometido una falta u otra. Tendría asimismo la incomprensible incongruencia de concedernos a los meros mortales, que somos los Jueces, la labor de sólo extender la protección de la ley a los seres perfectos.

Como no comparto ninguno de tales dislates ni la injusticia intrínseca del despido en este caso, yo disiento.

       Las Hojas de Intervención en el expediente son por los hechos siguientes:
      En 1997 se reprendió a Miranda Ayala por frecuentar áreas fuera de su rutina de recogido y entrega de ropa. En esa ocasión se le orientó sobre las normas de conducta que estaba violando, se le repasó la responsabilidad de sus labores y se le advirtió que limitara las interrupciones en sus labores, y que de persistir, se tomarían otras medidas. Apéndice, pág. 140.
      En 2001 Miranda Ayala, en dos ocasiones, respondió de manera irrespetuosa cuando se le cuestionó acerca de la falta de su uniforme completo y por la falta de suplido de sábanas en cuatro pisos del hospital. Por esto se le suspendió de empleo y sueldo por una semana. Se le advirtió que, de volver a incurrir en dicha conducta, se le despediría indefinidamente. Apéndice, pág. 142.
      En 2004 “el Sr. Miranda no sigue las instrucciones impartidas para el conteo de ropa de Sala de Operaciones. ... [S]e verificó un paquete que contenía ropa scrub, hampers bag, sábanas blancas y más de 25 sábanas verdes mojadas”. Se orientó al Sr. Miranda en relación con las normas de empaque y se le advirtió que se tomarían otras medidas disciplinarias de prevalecer esta conducta. Apéndice, pág. 144.

       Durante la vista del caso, el peticionario declaró, en síntesis, que tenía duda de si las cervezas estaban buenas o malas. Si estaban buenas, se las tomaría. Puso un “paquetito” a enfriar para probar si estaban buenas. Como estaban malas, las botó.

       Los árbitros tienen las facultades de analizar las penalidades impuestas a los empleados que están gobernados por convenios colectivos. Las ofensas extremadamente serias, como el robo, rehusarse persistentemente a obedecer órdenes legítimas, etc., justifican un despido sin la necesidad de advertencias previas o tratar de corregir la disciplina. En este tipo de ofensas, los árbitros confirman los despidos por estas circunstancias. A. Miles Ruben, How Arbitration Works, 6ta ed., Washington D.C., BNA Books, 2003, págs. 964-967.

       En Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979), un empleado, luego de trabajar diecisiete años para la compañía, fue despedido por haber mentido con el propósito de obtener una licencia para ausentarse de su trabajo. El reglamento de I.T.T. Hemisphere Directories, Inc. contenía una disposición que castigaba con el despido inmediato por una mentira hacia el patrono. Este Tribunal determinó que el castigo era muy severo para una primera ofensa por existir en el reglamento otras ofensas mucho más graves que requerían la comisión de tres ofensas antes del despido. En el caso ante nos no hay duda de que la ofensa es grave y que el reglamento es claro al disponer que no será tolerada la apropiación de propiedad ajena por parte de un empleado.
      Por otro lado, en Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004), se despidió a un empleado por violar una falta catalogada como grave en el Manual de Normas del Empleado, la cual consistía en no retirar mercancía expirada de las góndolas de uno de los comercios. Se determinó que el despido no fue justificado debido a que la norma no disponía expresamente que el incurrir en la conducta proscrita conllevaría como sanción el despido. En la situación de hechos ante nuestra consideración, repetimos, el manual especifica que la conducta de apropiación de material ajeno no será tolerada. El manual es claro y dispone específicamente que la honestidad de los empleados es un elemento de la conducta esencial para el patrono.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Robert Anel Díaz Morales, peticionario.

      Números: CC-2005-1099 CC-2006-532

      Resueltos: 30 de marzo de 2007

      Margarita Carrillo Iturriño, parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Alex Ornar Rosa Ambert, procurador general auxiliar, parte recurrida.
   SENTENCIA

El peticionario, Sr. Robert Anel Díaz Morales, fue acusado de haber participado en los hechos delictivos que resultaron en la muerte de la Sra. Kenia Rosario Viera, después de haber sido torturada y sodomizada por varios individuos que penetraron ilegalmente en su residencia. El 12 de marzo de 2004 el peticionario fue sentenciado por los delitos de asesinato en primer grado, escalamiento agravado y robo, y fue sentenciado a cumplir cinco años por restricción a la libertad en su modalidad agravada. Las sentencias se cumplirían de forma concurrente, pero consecutiva con cualquier otra que estuviera cumpliendo el peticionario.

El 7 de abril de 2004 el peticionario recurrió al el Tribunal de Apelaciones para aducir, entre otros errores de derecho, que la prueba de cargo no fue suficiente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. El 21 de septiembre de 2005, sin haber sometido aún su alegato, el peticionario presentó ante el Tribunal de Apelaciones una Moción Solicitando Autorización para la Presentación de Solicitud de Nuevo Juicio ante el TPI. En su moción alegó que recientemente logró dar con el paradero de un testigo, que no estuvo disponible para el juicio, que podría traer prueba de que el peticionario no estuvo en el lugar de los hechos delictivos del caso de autos y que contradiría la identificación de éste como partícipe en la empresa criminal imputada. Solicitó al foro apelativo que paralizara los procedimientos ante su jurisdicción y que autorizara la presentación ante el Tribunal de Primera Instancia de una moción de nuevo juicio.

Mediante resolución notificada el 26 de septiembre de 2005, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud por entender que el peticionario no lo puso en condiciones de conocer la naturaleza de la nueva evidencia ni de evaluar su razonabilidad. El peticionario presentó entonces una moción de reconsideración, en la que explicó con mayor detalle los fundamentos de su solicitud de nuevo juicio, además de incluir como anejo una declaración jurada sobre la identidad del testigo propuesto y el testimonio de éste, el cual, a su vez, constituiría la nueva evidencia. El Tribunal de Apelaciones denegó la moción de reconsideración del peticionario y le concedió un término final para presentar su alegato.

El peticionario presentó oportunamente un recurso de certiorari (CC-2005-1099) ante este Tribunal, en el que alega que erró el tribunal apelativo “al denegar autorización al peticionario para presentar una moción de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia”. El 24 de febrero de 2006 denegamos expedir el recurso, por lo que el peticionario presentó una moción de reconsideración. En dicha instancia, le concedimos al Procurador General un término para que se expresara en torno a los argumentos esbozados por el peticionario en su recurso. En su comparecencia, el Procurador se opuso a que expidiéramos el auto de certiorari. Sus argumentos principales fueron en tomo a que la solicitud de nuevo juicio del peticionario no cumple con los requisitos que impone la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la jurisprudencia que la interpreta. Además, arguye que la petición de nuevo juicio está viciada fatalmente por ser prematura, debido a que la sentencia del tribunal de instancia no ha advenido final y firme.

Estando ante nuestra consideración el recurso de autos, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en la que confirmó la del Tribunal de Primera Instancia. Determinó que el veredicto de culpabilidad del peticionario estaba sustentado por la prueba desfilada por el Ministerio Público. El peticionario Robert Anel Díaz Morales presentó entonces un segundo recurso (CC-2006-532) ante este Tribunal, impugnando la determinación del tribunal apelativo.

Examinados ponderadamente los argumentos de las partes, expedimos el auto de “certiorari” solicitado y revocamos la resolución del Tribunal de Apelaciones que deniega la moción de nuevo juicio del peticionario. Por lo tanto, se autoriza al peticionario a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia su moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, y se ordena que mantenga informado a este Tribunal sobre el resultado de su solicitud. Asimismo, ordenamos que se devuelvan los autos originales del caso al Tribunal de Primera Instancia para que se proceda según lo dictaminado en la sentencia que pronunciamos hoy. En consecuencia, y al amparo de las Reglas 20 y 50 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, paralizamos el trámite apelativo del recurso de certiorari CC-2006-532, cuya expedición se encuentra ante la consideración de este Tribunal, hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia resuelva la petición de nuevo juicio objeto del recurso de autos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintieron sin opinión escrita.

{Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad de la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En el caso de autos, el Sr. Robert Anel Díaz Morales solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Apelaciones que declaró “no ha lugar” una moción de autorización para la presentación de una solicitud de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Expedido el auto, este Tribunal revoca mediante sentencia al foro apelativo y autoriza al peticionario a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia su moción de nuevo juicio. Resuelve así que el foro apelativo debió haber permitido al peticionario la oportunidad de solicitar un nuevo juicio al tribunal que lo sentenció, antes de resolver la apelación de la sentencia condenatoria que tenía ante su consideración. Estoy completamente de acuerdo con esa determinación. No obstante, al considerar los argumentos del Procurador General, me parece oportuno hacer unas expresiones sobre el efecto de la presentación de una moción de nuevo juicio durante el trámite apelativo. A continuación expreso las razones que ameritan mi voto de conformidad.

I

Aunque en la sentencia emitida por el Tribunal hoy contiene una descripción básica del tracto procesal del caso de autos, es preciso describir con mayor detalle los hechos que dan pie a la controversia ante nuestra consideración.

Por unos hechos acaecidos el 23 de octubre de 2001, el peticionario fue sentenciado a cumplir las penas de reclusión siguientes: 99 años por el delito de asesinato en primer grado; 18 años por el delito de escalamiento agravado; 50 años por el delito de robo, y 5 años por restricción a la libertad en su modalidad agravada. El tribunal concluyó que el peticionario participó junto a otros individuos en la empresa criminal de penetrar en la residencia de la Sra. Kenia Rosario Viera con el propósito de cometer los delitos de sodomía y robo domiciliario. La víctima murió a consecuencia de quemaduras extensas, producto de la tortura a la cual fue sometida, y por sepsis como complicación tardía.

Los hechos que describimos a continuación fueron estipulados por las partes en la exposición narrativa de la prueba. En la primera entrevista que realizara la Policía a la víctima, ésta manifestó que fue atacada en su hogar por tres individuos. La agente Limaris Cruz Vélez, de la uni-dad de delitos sexuales de Humacao, era la oficial a cargo de la investigación del caso. El hogar de la víctima, y escena de los hechos, fue fotografiado por la Policía. Se ocuparon varias piezas de evidencia y se levantaron huellas dactilares del interior de la residencia. Entre los objetos que se reportaron hurtados de la residencia se encontraba el celular que pertenecía a la víctima.

Al estudiar las facturas del celular, la agente Cruz se percató que éste se estaba utilizando en el pueblo de Gurabo. La Policía dio con el paradero del celular por medio de un equipo de rastreo de la Unidad de Robos a Ban-cos del Centro de Investigaciones Criminales. Se lo ocuparon a Robert Anel Díaz Morales el 9 de noviembre de 2001, a quien la agente identificó como el peticionario durante el juicio. Según la agente, el peticionario le expresó que él le había comprado el celular a un “tecato”, cuya descripción se ajustaba a la de uno de los imputados, Irving Daniel Carrasquillo Oliveras, llamado Danny el Flaco. El peticionario, incluso, la llevó a la residencia de éste. De la factura del celular de la víctima se desprende que éste se empezó a utilizar el 28 de octubre de 2001, fecha cuando el peticionario alegó haber adquirido el celular de uno de los imputados.

A través de información suministrada por la Policía del distrito de Gurabo, la agente Cruz intervino con José Luis Delgado Pérez, conocido como Luis Caneca. Para la época de los hechos y la investigación, Luis Caneca era adicto crónico a la heroína, consumiendo de tres a cuatro bolsas diarias. Debido a su condición, las entrevistas con Luis Caneca eran difíciles de realizar, ya que, según la agente Cruz, cada vez que hablaba con él “se enteraba de algo diferente”, que en muchas ocasiones resultaba ser contrario a los hallazgos de la investigación. El testimonio de Luis Caneca como coautor confeso de los mismos hechos delictivos fue la prueba principal contra el peticionario durante el procedimiento criminal llevado en su contra.

Luis Caneca declaró en las entrevistas que le realizó la Policía y ante el tribunal que, para poder sustentar su vicio, realizaba “chiverías” en la plaza del pueblo de Gurabo. El día de los hechos, el Sr. Ismael Román, conocido como Manco, con la excusa de que le realizara un “chivo”, lo abordó para que lo acompañara a una plaza en Humacao y a la casa de la víctima. Una vez llegaron a la casa de la víctima, Manco le indicó a Luis Caneca que tenía acceso a esa casa y que quería que “se metiera allí a robar, a violar, a cortar y a quemar”. De regreso a Gurabo, Manco le indicó al declarante que consiguiera a otros “tecatos” para realizar la empresa criminal que antes habían discutido en Humacao. Luis Caneca compró una bolsa de drogas con el dinero que Manco le dio y, después de consumirla, se quedó dormido.

En la tarde, Luis Caneca se dirigió hacia la plaza de Gurabo y allí se encontró al Manco, quien había llegado con Irving Daniel Carrasquillo Oliveras, conocido como Danny el Flaco, y con Quenepo, a quien el declarante identificó como el peticionario. Luis Caneca declaró que Quenepo era “un tecato igual que él” y que se había metido droga antes con éste. Al llegar, Quenepo le pidió al declarante que fuera a comprarle una bolsa de heroína. Quenepo y el declarante consumieron la droga juntos y, según este último, “[Quenepo] tenía su gancho y yo el mío”. Los tres se montaron en el carro de Manco. Caneca declaró que se quedó dormido camino a Humacao debido a la cantidad de droga que había consumido en el día. Una vez llegaron a la casa de la víctima, Manco le entregó a sus acompañantes unas navajas y les indicó que podían llevarse todo lo que quisieran de la casa. Cuando entraron en la residencia, el declarante indicó que tanto él como Quenepo permanecieron en la cocina, mientras que Danny y Manco fueron a uno de los cuartos. En específico, Caneca declaró que Quenepo estuvo en la cocina, revisando la nevera y los gabinetes.

Posteriormente, Luis Caneca se dirigió al cuarto en el cual se encontraban Danny y Manco sodomizando a la víctima Kenia Rosario. El declarante confesó que él también participó en estos actos, mientras que Quenepo se limitó a registrar las pertenencias de la víctima en el cuarto. Según Luis Caneca, Quenepo se llevó del cuarto un teléfono celular Nokia color negro que pertenecía a la víctima. Antes de retirarse de la habitación, el declarante y Danny cortaron con navajas los muslos de la víctima. Por orden de Manco, Danny introdujo unos trapos en los genitales de la víctima y luego les prendió fuego. Una vez concluida la empresa criminal, y de vuelta a Gurabo, al declarante lo dejaron en la plaza y los demás se retiraron con Manco en el vehículo. El declarante indicó que no volvió a ver a Quenepo hasta unos días después en un Mitsubishi Technica gris, cuando le dijo que la Policía lo andaba buscando y lo amenazó para que no divulgase nada.

En las entrevistas iniciales con la agente Cruz, Luis Caneca indicó que quienes participaron de la empresa criminal eran Manco, Danny y un tal Prieto. Durante su testimonio en el juicio expresó que inicialmente no incluyó a Quenepo como uno de los participantes, porque lo “estimaba mucho” y “no se atrevía a decir que andaba con él ese día”. Incluso al fiscal a cargo del caso le habló de la presencia de Prieto el día de los hechos, sin mencionar la de Quenepo. La agente Cruz declaró en el juicio que hizo todas las gestiones necesarias para dar con el paradero de Prieto, buscando en el fichero de la Policía e indagando en el área sobre cuántas personas había conocidas con dicho apodo. Pese a todos sus esfuerzos, no encontró a Prieto, sin embargo llegó a la conclusión de que Prieto y Danny eran la misma persona para Luis Caneca. Eventualmente, Luis Caneca confesó a la agente que Prieto no existía, que “él se lo inventó”, y desde entonces incluyó a Quenepo en su versión de los hechos. A pesar de las incompatibilidades en el testimonio de Luis Caneca y de su aparente enajenación de la realidad, la agente Cruz reconoció que éste era uno de los testigos esenciales del caso, ya que fue a base de su testimonio que se presentaron los cargos contra el peticionario.

Durante una de las entrevistas, Luis Caneca le mencionó a la agente Cruz que conocía a dos personas en Gurabo con el apodo de Quenepo: un tal Javier del Barrio Celada y al peticionario. La investigación apuntaba a que el Quenepo que participó en los hechos era un “tecato” habitual que consumía heroína con Luis Caneca, mientras que en las entrevistas que le realizaron, el peticionario indicó que era estudiante activo de la Universidad del Turabo. A pesar de esto, la agente Cruz no entrevistó al otro Quenepo ni intentó aclarar la identidad de los dos sujetos que eran conocidos con el mismo apodo. Ni siquiera indagó si este otro Quenepo era adicto a drogas intravenosas y si solía andar con alguno de los imputados en el caso. Sin investigar la existencia de un segundo Quenepo, la agente manifestó que “ella tenía bien claro quién era un Quenepo y quién era el otro Quenepo. Ella ya tenía a su Quenepo”. Durante el juicio se le preguntó si no buscó en el fichero de la Policía al Quenepo de nombre Javier, a lo que la agente replicó “que no buscó. No tenía que chequear porque sabía quién era Quenepo" y porque “ella no estaba investigando al Quenepo de nombre Javier”. Indicó que el Quenepo que describió Luis Caneca como “bajito, que tenía el pelo ni lacio ni malo, con mellita” era el peticionario.

Entre los testimonios que presentó la defensa, se destaca el de la Sra. Ana Celia Quiñones. Esta declarante, quien era testigo de cargo pero fue puesta a disposición de la defensa, ha residido toda su vida en Gurabo y es dueña de una cafetería en la calle principal del pueblo. La señora Quiñones testificó que desde hace varios años conoce a Luis Caneca. También declaró que conoce a una persona de nombre Quenepo en Gurabo que era usuario de drogas, que se pasaba con Luis Caneca y que juntos iban a “curarse al lado del negocio de ella”. Sin embargo, no identificó a éste como el peticionario, indicando que “[n]o ha visto a Quenepo en el tribunar. En el juicio también testificó Danny el Flaco, quien declaró no conocer al peticionario y que sólo lo había visto en una ocasión anterior. Testificó que esa ocasión fue el domingo 28 de octubre de 2001, cuando le vendió al peticionario el celular que había hurtado de la residencia de la víctima de los hechos de autos. Danny señaló que aun cuando el robo fue el día 23 de octubre, no utilizó el celular en todo el tiempo en que estuvo en su posesión, ya que su intención era venderlo para comprar droga.

Durante el juicio también se presentó el análisis de todas las huellas dactilares levantadas por la Policía en la residencia de la víctima. El resultado fue negativo en cuanto al peticionario Robert Anel Díaz Morales. De las pruebas de DNA realizadas a muestras de sangre y pelo recogidas en la escena de los hechos, ninguna correspondía con el perfil genético del peticionario. La agente Cruz también señaló que a pesar de haberle tomado muestras de sangre al peticionario, y de tener conocimiento de que el Quenepo que participó en los hechos consumía heroína, no ordenó una prueba toxicológica (tox drug screen) del peticionario para corroborar su identidad.

En el juicio también se examinó, al amparo de la Regla 9 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, el testimonio del Dr. Gualberto Herrero Manzano. Al momento de testificar, el doctor Herrero se desempeñaba como médico en el área de admisiones de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, donde realizaba exámenes físicos y evaluaciones dentales y psicológicas de los confinados de encarcelamiento reciente. El doctor declaró que revisó al peticionario cuando éste fue encarcelado. En aquel momento, el peticionario confesó que utilizaba marihuana. En el examen físico que se le realizó al peticionario se le revisó de pies a cabeza para, entre otras cosas, verificar si tenía alguna marca de aguja hipodérmica o algún otro indicativo de uso intravenoso de drogas. Cuando examinó al peticionario, no se encontró en su piel ningún signo de trauma por uso de agujas. Por lo tanto, indicó que el peticionario no presentaba ninguna evidencia de que fuera usuario de drogas intravenosas al momento de ser examinado ni en el pasado inmediato. En el contrainterrogatorio, el galeno señaló que un usuario de drogas intravenosa podría no presentar trauma en la piel si ha comenzado recientemente en el vicio, si se inyecta en lugares distintos en cada ocasión o si la consume nasalmente. En el caso del peticionario, sólo se indicó en el expediente que era usuario de marihuana porque eso fue lo que él informó al momento de ser ingresado en la penitenciaría. Declaró que tampoco se ordenó hacer una prueba de dopaje al peticionario. El tribunal denegó la admisión del testimonio del doctor Herrera por entender que podría causar confusión al Jurado. Razonó que como el examen se realizó el 30 de agosto de 2002, esto es, diez meses después de ocurridos los hechos imputados, el médico no podía establecer de forma contundente si para cuando se cometió el delito el peticionario era o no un adicto.

A base de la prueba desfilada, el Jurado emitió un veredicto de culpabilidad. El 12 de marzo de 2004, el Tribunal de Primera Instancia impuso al peticionario las condenas antes señaladas. Inconforme, el 7 de abril de 2004, el peticionario presentó una apelación por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones. En dicho recurso, el peticionario alegó que el tribunal de instancia erró al declararlo culpable a base de prueba insuficiente que no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable y al excluir el testimonio del doctor Herrera Manzano.

El 21 de septiembre de 2005 el peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones su autorización para presentar una solicitud de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que durante el procedimiento penal en su contra estuvo haciendo las gestiones pertinentes para localizar al otro Quenepo de Gurabo para que testificara en el juicio, pero no fue hasta ese momento que había logrado dar con su paradero porque se encontraba fuera de Puerto Rico. Este testigo, argüyó, podía declarar que el peticionario no estuvo presente en el lugar de los hechos, además de traer prueba que contradijese su identidad como partícipe en la empresa criminal imputada. Por lo tanto, solicitó al Tribunal de Apelaciones que paralizara el trámite apelativo y autorizara la presentación de una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. IV, ante el tribunal de instancia. El foro apelativo, mediante resolución notificada el 26 de septiembre de 2005, denegó la solicitud del peticionario. Determinó que el solicitante no colocó al tribunal “en condiciones de conocer la naturaleza de la nueva prueba ofrecida ni de evaluar la razonabilidad de su solicitud, en esta etapa”. Resolución de 23 de septiembre de 2005, pág. 1 (Anejo 1 del Apéndice, pág. 2).

El peticionario presentó oportunamente una moción de reconsideración. Reiteró y explicó más detalladamente los argumentos esbozados en su moción anterior, revelando que la nueva evidencia que buscaba presentar era el testimonio del otro Quenepo. Además, adjunto a la moción incluyó una declaración jurada de Javier Francisco Sánchez González, en la que este último declara que es la única persona conocida como Quenepo en el pueblo de Gurabo. Además, revela que él era la persona con la que Luis Caneca compartía droga y a la que éste se refirió durante su testimonio. A su vez, el señor Sánchez González alega que Luis Caneca mintió en el juicio contra el peticionario y manifiesta su disposición para declarar en un nuevo juicio.

El Tribunal de Apelaciones declaró “sin lugar” la moción de reconsideración. Aún inconforme, el peticionario presentó un recurso de certiorari (CC-2005-1099) ante este Tribunal. Alegó que el tribunal apelativo erró al no permitirle presentar la moción de nuevo juicio ante el tribunal de instancia, a pesar de que ésta cumplía con los requisitos pertinentes. El 24 de febrero de 2006 denegamos la expedición del recurso. El peticionario presentó oportunamente una moción de reconsideración. Concedimos al Procurador General un término para que se expresara en torno al recurso presentado por el peticionario.

El Procurador General compareció mediante un escrito en cumplimiento de orden, en el cual se opuso a la expedición del recurso. En esencia, arguye que la petición de nuevo juicio del peticionario no cumple con los requisitos de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra: que la prueba que sustenta la moción sea nueva y que evidencie la inocencia del acusado. En cuanto a la novedad de la evidencia que se presenta, razona que el peticionario presentó el argumento de la existencia de un segundo Quenepo durante el juicio y no convenció al Jurado de su inocencia. En cuanto al segundo requisito, el Procurador señala que el Quenepo de nombre Javier no se inculpa del delito en su declaración jurada, por lo que dicho escrito no evidencia manifiestamente la inocencia del peticionario. Además, nos indica que la moción de nuevo juicio no aduce cuál es la naturaleza del testimonio de Sánchez González ni cómo éste constituye nueva prueba. Por último, expone que uno de los requisitos para que se pueda considerar una moción de nuevo juicio es que la sentencia haya advenido final y firme. Por eso arguye que la petición de nuevo juicio en este caso es prematura, pues el caso aún se encuentra en etapa apelativa.

Estando ante nuestra consideración el presente recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había condenado al peticionario. Concluyó que el veredicto de culpabilidad del peticionario estaba sustentado por la prueba desfilada por el Ministerio Público y que no había errado el Jurado al darle credibilidad a José Luis Delgado (Luis Caneca), a pesar de las incompatibilidades en su testimonio. Así las cosas, el peticionario presentó un segundo recurso de certiorari (CC-2006-532) ante este Tribunal para impugnar la sentencia del tribunal apelativo.

Antes de explicar los argumentos que entiendo justifican la decisión que tomó este Tribunal en el caso de autos, debemos repasar brevemente la normativa jurídica aplicable.

II

Nuestro ordenamiento procesal penal provee para la concesión de un nuevo juicio como una de las salvaguardas más eficaces de la administración de la justicia en un sistema acusatorial basado en la presunción de inocencia de todo acusado. Así reconoce, en circunstancias excepcionales, la preeminencia de la verdad sobre el principio de cosa juzgada contenido en una sentencia firme.

Entre los fundamentos para que un tribunal ordene la celebración de un nuevo juicio, ya sea a instancia propia, con el consentimiento del acusado o a solicitud de éste, se encuentra el de conocimiento de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que, de haber estado disponibles, hubiesen alterado el resultado del proceso anterior. Las Reglas de Procedimiento Criminal proveen dos mecanismos para la concesión de un nuevo juicio por este fundamento. La Regla 188 (34 L.P.R.A. Ap. II) puede ser invocada a estos efectos mediante una moción fundamentada y mediante un escrito presentado ante el tribunal de instancia antes de que se dicte sentencia. Por otro lado, la Regla 192, supra, permite presentar esta moción después de dictada la sentencia, con la única condición de que sea dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o elementos de prueba. Véase Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

La Regla 192 de Procedimiento Criminal dispone:

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba áe tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

Procede esta regla del inciso (4) del Art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española sobre revisión ex capite novorum o propter nova, e instituye en Puerto Rico el principio que informa al auto de coram nobis, pero limitado a la concesión de un nuevo juicio. Cabe destacar que esta regla es la única que incorporamos del ordenamiento procesal penal de España. Véanse: Comité de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, Texto del informe rendido al Tribunal Supremo de Puerto Rico proponiendo las Reglas de Procedimiento Criminal para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, San Juan, 1958, pág. 8; A. Cintrón García, Las Reglas de Procedimiento Criminal, Núm. 9 (Año 3) Rev. Der. Pur. 69, 74 (julioseptiembre 1963).

La incorporación de esta disposición manifiesta la máxima expresión de la tendencia liberalizadora que adopta nuestro ordenamiento jurídico en materia de concesión de nuevos juicios. División de Investigaciones y Asuntos Criminales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Seminario sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal, San Juan, 1960, pág. 244. Sin embargo, a diferencia del auto de coram nobis, una moción al amparo de la citada Regla 192 limita la concesión de un nuevo juicio a situaciones en que la inocencia de un convicto esté en controversia. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 195.

En reiteradas ocasiones, hemos señalado que una moción de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de nueva prueba procede sólo cuando dicha prueba: (1) no pudo descubrirse con razonable diligencia antes del juicio, (2) no es meramente acumulativa, (3) no impugna la prueba presentada durante el juicio, (4) es de naturaleza creíble, y (5) probablemente produciría un resultado diferente si se concediera el nuevo juicio. Véanse, e.g.: Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 23 (1995); Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509, 519 (1952): Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 20-21 (1946). Al interpretar este último criterio, hemos establecido que la nueva prueba que se busca presentar a través de esta moción requiere un grado de certeza mayor al ordinario para lograr la concesión de un nuevo juicio.

En Pueblo v. Marcano Parrilla [I], 152 D.P.R. 557, 571—572 (2000), indicamos que la prueba requerida para conceder un nuevo juicio al amparo de la Regla 192, supra, “ha de ser tal que deja clara la inocencia del convicto al punto que la continuación de su encarcelamiento ofenda el sentido de la justicia”. Más recientemente reconsideramos esta norma y reconocimos que ese estándar de prueba —que requiere evidenciar la inocencia de quien solicita un nuevo juicio de forma exacta, certera e incontrovertible— es muy oneroso para el promovente de la moción. Véase Pueblo v. Marcano Parrilla [II], 168 D.P.R. 721 (2006) (en reconsideración). Tomando en consideración el fin último de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, de liberalizar el derecho a obtener un nuevo juicio, resolvimos que la nueva prueba sólo debe demostrar que es más probable que el convicto sea inocente a que sea culpable. Bajo la norma que establecimos en ese caso, un nuevo juicio al amparo de la Regla 192

... procede si al analizar la nueva evidencia junto a la presentada en el juicio original de la forma más favorable al fallo o veredicto de culpabilidad que se impugna, resulta que esta evidencia pudo haber creado duda razonable en el ánimo del juzgador en cuanto a la culpabilidad del peticionario. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, pág. 21.

Conforme a esto, un tribunal debe ordenar la celebración de un nuevo juicio cuando la nueva evidencia tienda a demostrar que hay una probabilidad razonable de que el resultado del nuevo juicio sea distinto al que produjo la sentencia condenatoria.

El análisis de los criterios antes señalados para la concesión de un nuevo juicio, al igual que la consideración de la norma que establecimos recientemente en Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, debe corresponder inicialmente al tribunal sentenciador. Esa determinación descansa en la sana discreción de ese foro y merece la deferencia de los tribunales apelativos, a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso de discreción. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 23; Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 13 (1974); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 435 (1972). En Pueblo v. Morales, supra, pág. 21, destacamos el hecho de que habiendo oído y aquilatado toda la prueba en un procedimiento criminal, el tribunal sentenciador está en mejor posición para determinar si se debe conceder un nuevo juicio debido a la disponibilidad reciente de prueba que no consta en los autos del caso. Es el tribunal de instancia el más adecuado para evaluar la nueva prueba a la luz de toda la evidencia presentada durante el juicio original y que condujo al veredicto o fallo condenatorio. Además, el foro de instancia puede precisar qué peso tendría la nueva prueba para efectos del veredicto y puede apreciar directamente la credibilidad que ésta merezca al considerar la moción.

I—I hH I—i

En su escrito en cumplimiento de orden el Procurador General nos presenta un planteamiento de umbral que amerita consideración, en cuanto aduce que la moción de nuevo juicio del peticionario fue presentada a destiempo. El Procurador razona que a partir de Pueblo v. Marcano Parrilla [I], supra, es condición para la consideración de una moción de nuevo juicio el que la sentencia impugnada sea final y firme antes de presentarse la moción. Entiende el Procurador que como la sentencia criminal dictada contra el peticionario no ha advenido final y firme por no haber concluido aún los procesos en la etapa apelativa, su solicitud es prematura e improcedente. De esa forma, según el Procurador, el peticionario se encuentra en una especie de “limbo jurídico”, pues la Regla 189 de Procedimiento Criminal, supra, requiere que la moción de nuevo juicio se presente dentro del término de treinta días desde que se tiene conocimiento de los nuevos elementos de prueba, pero la jurisprudencia obliga a esperar a la conclusión de todo el proceso apelativo para poder presentar su moción. Por consiguiente, la petición de nuevo juicio en este caso, según el Procurador, es prematura y la que se pudiera presentar al concluir el proceso apelativo sería irremediablemente tardía. No obstante, el Procurador nos impele a que declaremos prematura la solicitud del peticionario; aduce que, una vez concluido el procedimiento apelativo, si el peticionario aún no está satisfecho, puede entonces presentar su moción al amparo, no de la Regla 192, sino de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En Pueblo v. Marcano Parrilla [I], supra, explicamos el origen del lenguaje utilizado en nuestra Regla 192, supra, y razonamos que por ésta proceder del Art. 954(4) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, requería un análisis de la doctrina civilista del recurso de revisión y nuevo juicio. Citando cierta jurisprudencia española, señalamos que uno de los requisitos del recurso de revisión del Art. 954(4) es que la sentencia criminal impugnada sea final y firme. Pueblo v. Marcano Parrilla [I], supra, pág. 567. De esta forma, determinamos que la moción al amparo de nuestra Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, “sólo puede invocarse después de dictada sentencia y de ésta haber advenido final y firme ...”. (Énfasis suprimido.) íd., pág. 570.

No obstante, en Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, al reconsiderar la norma sobre cuándo procede una moción al amparo de la Regla 192, supra, y reiterando el propósito dispositivo de liberalizar el derecho a nuevo juicio, resolvimos que dicha moción “procederá en cualquier momento posterior a la fecha en que fue dictada la sentencia”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, pág. 13 (en reconsideración). Y es que no puede ser de otro modo. Las Reglas de Procedimiento Criminal no prescriben de forma precisa la etapa procesal, después de dictada la sentencia condenatoria, en la cual se puede presentar una moción de nuevo juicio al amparo de la referida Regla 192. Según señalé, la única limitación temporal a esta moción es que se presente dentro de los treinta días siguientes al descubrimiento de los nuevos elementos de prueba que la fundamentan. Requerir que la sentencia sea final y firme permitiría, como en el caso de autos, que se deje en el limbo el derecho de un acusado a solicitar un nuevo juicio cuando su causa está ante la consideración de un foro apelativo. Esta situación tornaría en tardía su solicitud, por lo que sólo le restaría invocar la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, que de por sí requiere la concurrencia de otras tantas condiciones.

Por último, no encuentro razón jurídica relevante que lleve a este Tribunal a restringir el momento en el cual se puede presentar esta moción después de dictada una sentencia criminal. En ausencia de una expresión legislativa al respecto, no debemos imponer trabas innecesarias al uso de aquellos mecanismos estatutarios que pueden servir para descubrir la verdad y lograr la más certera justicia. Indudablemente, ello atentaría contra el propósito liberalizador que impulsó la adopción de la referida Regla 192 en 1963.

En el caso de autos, el peticionario presentó su moción de nuevo juicio mientras estaba ante la consideración del Tribunal de Apelaciones un recurso para solicitar la revocación de la sentencia de instancia. Conforme a la discusión anterior, el que el peticionario presentara su moción después de dictada la sentencia criminal, pero antes de que el proceso apelativo hubiese concluido, no convierte en prematura su solicitud. Igualmente, habiendo reconocido el propio Procurador que dicha moción se presentó dentro del término de treinta días desde que fue descubierta la nueva prueba, como lo ordena la referida Regla 189 de Procedimiento Criminal, tampoco podríamos denegarla por haberse presentado tardíamente.

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Indica el peticionario que presentó una moción de autorización para presentar una solicitud de nuevo juicio debido a que la jurisdicción sobre el caso la tenía el Tribunal de Apelaciones. Alega que su solicitud cumplía con los requisitos básicos de la Regla 192, supra, por lo que el foro apelativo debió haber concedido la autorización solicitada. Arguye que en esta etapa la función del Tribunal de Apelaciones se limita meramente a determinar si existen fundamentos suficientes para ceder su jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia, de manera que sea éste el que determine si procede celebrar un nuevo juicio. Por esta razón, solicita que revoquemos al Tribunal de Apelaciones, paralicemos el trámite apelativo y le permitamos presentar su moción ante el tribunal de instancia.

A esto, se opone el Procurador General, argumentando que la solicitud de nuevo juicio no cumple con lo requerido por las Reglas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia. Entiende, en primer lugar, que la evidencia que presenta el peticionario es acumulativa y no “nueva”, ya que la existencia de más de un “Quenepo” se trajo a la atención del tribunal durante el juicio y se incluyó en la teoría del caso de la defensa. También razona el Procurador que la nueva evidencia no prueba claramente la inocencia del acusado y sólo tiene como objetivo generar confusión en cuanto a la identidad del “Quenepo” que participó en los hechos criminales. Concluye, por consiguiente, que la evidencia que fundamenta la moción del peticionario ya fue escuchada, aquilatada y descartada por el juzgador de los hechos. Por último, el Procurador arguye que el recurso de autos es tan sólo un intento del peticionario por lograr un segundo proceso apelativo que propone los mismos argumentos que su apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal de Apelaciones, como hemos visto, denegó la moción del peticionario expresando solamente que éste no lo puso en condiciones de evaluar la razonabilidad de su solicitud en dicha etapa apelativa. No consideró el foro apelativo intermedio que correspondía al tribunal sentenciador pasar juicio sobre los méritos de la moción de nuevo juicio y la nueva prueba presentada.

Una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, requiere que los tribunales evaluemos los nuevos elementos de prueba en conjunto a la que fue presentada durante el juicio original para determinar si se debe conceder lo solicitado. Se debe determinar, entre otras, si la nueva prueba no es meramente acumulativa y si la nueva evidencia, junto a la que fue presentada en el juicio original, pudiera haber suscitado en el ánimo del juzgador una duda razonable en cuanto a la culpabilidad del peticionario. El tribunal sentenciador es el que tiene conocimiento de primera mano del juicio original, el que escuchó a los testigos y pudo examinar su conducta en la silla testifical. La más eficaz administración judicial nos requiere permitir que el tribunal sentenciador ejerza su discreción hasta el máximo posible al considerar una moción de esta naturaleza antes de involucrar a los foros apelativos. De esta forma, después de una detenida reflexión sobre los nuevos elementos de prueba, el tribunal que dictó la sentencia puede corregir cualquier determinación de hecho que entienda mal formulada o no sostenida por la evidencia presentada. Se aprovecha de esa forma la familiaridad que tiene el juzgador original con el caso y aseguramos que los méritos de la moción sean examinados de la forma más prudente y justa.

Por lo antes dicho, coincido con la sentencia dictada hoy y que resuelve que el Tribunal de Apelaciones no debió denegar la moción del peticionario en sus méritos. Por pro-ceder, de su faz, la solicitud presentada, debió permitir el foro apelativo que el peticionario presentara su moción de nuevo juicio ante el tribunal sentenciador. No le correspondía al Tribunal de Apelaciones determinar en esta etapa si los fundamentos aducidos en la moción eran suficientes para la concesión de un nuevo juicio.

El Procurador General señala que la prueba ofrecida por el peticionario en su moción no es “nueva” en el sentido de que no trae argumentos no presentados originalmente en el juicio. Ello no es suficiente para que pueda descartarse de plano a nivel apelativo. La novedad de la solicitud del peticionario consiste en traer prueba directa en cuanto a la identidad del segundo “Quenepo” y su posible conexión con los eventos criminales acaecidos en el caso de autos. Cabe destacar a este punto que el Procurador General no ha controvertido la alegación del peticionario de que el Sr. Javier Francisco Sánchez González, alegadamente conocido como Quenepo, no estuvo disponible durante el juicio. Tampoco el tribunal apelativo se expresó al respecto. Por lo tanto, para propósitos de la resolución del caso de autos, debemos dar por cierta esta alegación; claro está, al momento de evaluar en sus méritos la moción de nuevo juicio, el Tribunal de Primera Instancia podrá pasar revista sobre esta alegación. Lo aconsejable era, pues, que el foro apelativo remitiera la moción de nuevo juicio al Tribunal de Primera Instancia, antes de decidir sobre los méritos de la sentencia criminal ya recaída que estaba ante su consideración.

De igual forma, estoy de acuerdo con la sentencia de este Tribunal en cuanto resuelve que no procede revisar la determinación del foro apelativo, según se solicita en el otro recurso presentado ante este Tribunal (CC-2006-532) sin contar con la apreciación que pueda hacer el foro de instancia sobre la nueva prueba. Habiendo encomendado al foro sentenciador la consideración de la moción de nuevo juicio presentada en la etapa apelativa, lo más apropiado es que nos abstengamos de considerar el recurso del peticionario, quien solicita la revocación de la sentencia que lo condenó hasta tanto dicho foro resuelva la petición de nuevo juicio objeto del recurso de autos.

       Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 13 (Anejo 8 del Apéndice, pág. 50).

       íd., págs. 2-6 y 41-44 (íd., págs. 39-43 y 78-81).

       íd., págs. 45-47 (íd., págs. 82-84).

       íd., pág. 47 (íd., pág. 84).

       íd., pág. 55 (íd., pág. 92).

       íd., pág. 34 (íd., pág. 71).

       íd., pág. 47 (íd., pág. 84).

       íd., págs. 27-28 (íd., págs. 64-65).

       íd., pág. 28 (íd., pág. 65).

       íd., pág. 35 (íd., pág. 72).

       íd.

       Durante el contrainterrogatorio, Luis Caneca respondió que el máximo de tiempo que podía estar “sin meterse droga” era de una hora a hora y media. Además, señaló que cuando no estaba drogado o se le pasaba el efecto de la droga consumida, “le daba dolor en los huesos, náuseas, diarrea ... no funcionaba”. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 35 (Anejo 8 del Apéndice, pág. 72). Según los hallazgos de la investigación de la agente Cruz, “los individuos estuvieron en la casa de Kenia de tres a cuatro horas”. Id., pág. 51 (íd., pág. 88). A pesar de esto, y según las declaraciones de Luis Caneca, durante este periodo de tiempo éste pudo participar activamente en la violación de la víctima y recordar con detalle los hechos acontecidos.

       Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 30 (Anejo 8 del Apéndice, pág. 67).

       íd., págs. 30-31 (íd., págs. 67-68).

       íd., pág. 32 (íd., pág. 69).

       íd., págs. 33-34 (íd., págs. 70-71).

       íd., pág. 36 y 52 (íd., págs. 73 y 89).

       íd., pág. 36 (íd., pág. 73).

       íd.

       íd.

       íd., pág. 39 (íd., pág. 76). Luis Caneca, al momento de declarar, desconocía cuántos minutos tenía una hora ni cuántos días hay en una semana o en un mes. Durante el redirecto, confesó no saber cuánto tiempo llevaba declarando.

       íd., pág. 51 (íd., pág. 88).

       íd., págs. 38 y 53 (íd., págs. 75 y 90).

       íd., pág. 81 (íd., pág. 117).

      íd., pág. 53. (íd., pág. 90)

       íd., pág. 56 (íd., pág. 93).

       íd., pág. 83 (íd., pág. 119).

       Id., pág. 79 (íd., pág. 115).

       íd., págs. 88-89 (íd., págs. 124-125).

       íd., pág. 89 (íd., pág. 125).

       íd., pág. 95 (íd., pág. 131).

       íd., pág. 96 (íd., pág. 132).

       íd., págs. 5 y 50 (íd., págs. 42 y 87).

       íd., pág. 72 (íd., pág. 108).

       íd., pág. 90 (íd., pág. 126).

       íd.

       íd., págs. 90-91 (íd., págs. 126-127).

       íd., pág. 91 (íd., pág. 127).

       íd., pág. 92 (íd., pág. 128).

       La defensa recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual denegó el recurso presentado. A su vez, se presentó un recurso ante este Tribunal, el cual declaramos “no ha lugar”.

       Una determinación de nuevo juicio coloca a las partes en una situación igual a si no se hubiera celebrado el juicio original. Se revoca el veredicto anterior y el Ministerio Público tiene que presentar nuevamente toda la evidencia necesaria para probar su caso. Durante el nuevo juicio no puede hacerse referencia al veredicto o fallo anterior, y por razones de doble exposición, el Ministerio Público no puede acusar por un delito de mayor grado o gravedad de aquel por el cual fue convicto la persona procesada. Véanse: Regla 191 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; División de Investigaciones y Asuntos Criminales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Seminario sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal, San Juan, 1960, págs. 241-246.

       En el derecho procesal en Estados Unidos se ha entendido que ordinariamente el foro mejor capacitado para adjudicar si procede una moción de nuevo juicio es el del mismo juez que sentenció al convicto. 4 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 517, pág. 350 (1992). De esta forma, en la jurisdicción federal una solicitud de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de nueva prueba puede ser presentada inicialmente ante el tribunal sentenciador, aun cuando la sentencia condenatoria esté bajo la consideración de un foro apelativo. Al respecto, el primer apartado de la Regla 33b de Procedimiento Criminal federal dispone:
      “Any motion for a new trial grounded on newly discovered evidence must be filed within 3 years after the verdict or finding of guilty. If an appeal is pending, the court may not grant a motion for a new trial until the appellate court remands the case.”
      De esta forma, en dicha jurisdicción no es necesario solicitar una autorización al tribunal apelativo para presentar una moción de nuevo juicio ante el foro de instancia. Si bien el tribunal de instancia puede adjudicar si procede la moción en sus méritos, si decide conceder el nuevo juicio tiene antes que solicitarle al tribunal apelativo que le devuelva el caso a su jurisdicción antes de iniciar cualquier procedimiento ulterior. 3 Wright, King and Klein, Federal Practice and Procedure: Criminal 3d Sec. 557, pág. 568 (2004). Véanse, en general: United States v. Cronic, 466 U.S. 648, 667 esc. 42 (1984); U.S. v. Graciani, 61 F.3d 70, 77-79 (1er Cir. 1995); Zamloch v. United States, 187 F.2d 854 (9no Cir. 1951).

       Debemos recordar que en la etapa apelativa no se puede considerar prueba que no fue presentada en el juicio original, aun cuando ésta fuese descubierta después de dictada la sentencia por el tribunal de instancia. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497, 502 (1986). Por lo tanto, prohibir la presentación de una moción de nuevo juicio cuando el acusado fue diligente en presentar su recurso apelativo lo penalizaría, ya que tomaríamos en tardía su moción al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la nueva prueba se perdería, pues no podría ser evaluada al revisarse la sentencia que lo condenó.

       Cabe mencionar que en Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995), mientras estaba ante la consideración de este Tribunal un recurso de certiorari para que revisáramos una sentencia criminal, el acusado presentó una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, ante el tribunal de instancia que lo condenó. Posteriormente nos informó de la presentación de dicha moción y solicitó que devolviésemos los autos originales del caso al tribunal de instancia para que resolviera la petición de nuevo juicio. En aquel momento, no tuvimos objeción a que fuera el tribunal sentenciador el que evaluara la moción de nuevo juicio del peticionario, por lo que accedimos a lo solicitado. No obstante, ordenamos al peticionario que mantuviera informado a este Tribunal sobre cualquier acción que tomase el foro de instancia. No consta en el expediente de este caso (CR-1993-66) que el Procurador General objetara a que se permitiera la presentación de una moción de nuevo juicio antes de que la sentencia fiiera final y firme, y estando aún vigente el proceso apelativo.


text:
      In re Resolución de Despedida de la Licenciada Martiza Santana Jiménez, Compiladora y Publicista del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Número: ED-2007-01

      Resuelto: 30 de marzo de 2007
   RESOLUCIÓN

La Lie. Maritza Santana Jiménez finaliza hoy sus labores en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como Compiladora y Publicista, luego de varios años de servicio al país desde la Rama Judicial. Este Tribunal, consciente de la gran labor realizada por la licenciada Santana Jiménez, le testimonia con esta Resolución su afecto y agradecimiento.

La licenciada Santana Jiménez comenzó a trabajar como Compiladora Auxiliar del Tribunal Supremo en marzo de 2005. Posteriormente, en noviembre de 2006 fue designada en propiedad al cargo de Compiladora y Publicista del Tribunal Supremo.

Como Compiladora y Publicista del Tribunal, correspondió a la licenciada Santana Jiménez diseñar y encauzar la actualización de la colección oficial de las decisiones que emitió este Tribunal, conocida como Decisiones de Puerto Rico. A tenor con ello, le correspondió dirigir los trabajos de revisión y edición de las opiniones, sentencias, resoluciones y votos particulares del Tribunal y sus integrantes, de modo que el producto que finalmente fuese publicado se ajustara a los criterios de la más alta calidad. En el desempeño de todas estas tareas, la licenciada Santana Jiménez demostró siempre un alto grado de dedicación, laboriosidad y compromiso con la Rama Judicial, lo que permitió que se publicaran los Tomos 155 al 159 durante el término que desempeñó el cargo.

Hoy, al despedir a la licenciada Santana Jiménez, recordamos con afecto y agradecimiento su disponibilidad para colaborar con este Tribunal en estas y otras encomiendas de importancia para la Rama Judicial y para la comunidad jurídica. Le deseamos éxito en su vida personal y profesional.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal.

{Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Liza Ferrer García, recurrida, v. Juan Alberto González, peticionario.

      Número: AC-2002-32

      Resuelto: 2 de abril de 2007

      María de Lourdes Guzmán, abogada de la parte peticionaria; Maritza Miranda López, abogada de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción de reconsideración presentada por la parte demandante recurrida, se provee “no ha lugar”.

Lo ácordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton se reiteró en las expresiones hechas en la Sentencia emitida el 15 de junio de 2004. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente, en etapa de reconsideración.

(jFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La controversia a la que se enfrentó la Mayoría de este Tribunal al resolver el presente recurso es secuela de Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525 (2000), y Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492 (2000).

En el primero de estos casos, este Tribunal resolvió que “un alimentante queda exento del requisito de someter información sobre sus ingresos en la planilla de información personal y económica si acepta que tiene capacidad económica para proveer alimentos, quedando pendiente de resolver solamente las necesidades económicas del alimentista, para así fijar la pensión alimentaria [que corresponde]”. (Énfasis suplido.) Chévere v. Levis, ante, pág. 545. Al explicar los fundamentos de su determinación, el Tribunal fue enfático al señalar que la obligación del alimentante de descubrir su situación económica o divulgar sus ingresos se activa afirmativamente únicamente cuando el obligado a alimentar se niega a aceptar o está en duda su capacidad económica. Id.

Según lo anterior, el Tribunal concluyó que “cuando el padre alimentante acepta su capacidad económica, se hace innecesario el descubrimiento de prueba, según dispuesto por ley” y “sólo resta que el tribunal determine la suma justa y razonable en concepto de pensión alimentaria para los menores”. Chévere v. Levis, ante, págs. 544 y 545. Finalmente dispuso que esta determinación debe realizarse “a la luz de la evidencia presentada por los menores con relación a sus necesidades y la situación económica de la madre”. íd., pág. 545.

A pocos meses de resuelto el caso antes reseñado, las partes presentaron un nuevo recurso de certiorari ante este Tribunal. Esta vez la controversia trataba sobre los criterios que deben considerarse al momento de determinar las necesidades del menor alimentista. Ello en vista de que el foro de instancia consideró las aportaciones realizadas a los menores previo a la presentación de la demanda y el estilo de vida a que éstos fueron acostumbrados como consecuencia de tales aportaciones. Esto resultó en una pensión alimenticia provisional ascendente a nueve mil dólares mensuales, lo que provocó que el alimentante acudiera al Tribunal de Apelaciones y lograra la modificación de dicha cuantía.

Enfrentado a esta nueva controversia, este Tribunal acogió el análisis realizado por el foro de instancia al concluir que cuando el llamado a alimentar acepta capacidad económica y, por consiguiente, no existe controversia respecto a ésta, podrán analizarse, como parte de la determinación de las necesidades del alimentista: (i) las actuaciones pasadas del alimentante con respecto a los alimentos de los menores; (ii) el “estilo de vida” que a otros hijos menores proporciona el alimentante, y (iii) las peculiares necesidades de los menores, incluso el “estilo de vida” al cual éstos fueron acostumbrados. Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, ante, págs. 504-505.

Ahora bien, no conforme con lo antes expresado, y en su afán por proteger —y restaurar— la suma de nueve mil dólares originalmente adjudicada, el Tribunal amplió el análisis realizado por el foro de instancia para incluir como uno de los criterios a ser considerado el “estilo de vida” que lleva el padre o madre alimentante. Ello sin advertir que, con su actuación, abría las puertas al descubrimiento de prueba de un criterio que está íntimamente relacionado a la condición económica del alimentante no custodio, la cual, según se reiteró en la propia opinión, no debe ser objeto de análisis en este tipo de caso.

Tal y como era de esperarse, esta equivocada decisión provocó que —como un “boomerang”— el asunto regresara a este Tribunal en el caso que hoy nos ocupa. En esta ocasión se cuestionó la corrección de una orden emitida por el foro de instancia en la cual se ordenaba el descubrimiento de los estados bancarios de cualquier cuenta perteneciente al padre alimentante y de todos los retiros en efectivo y cheques girados contra estas cuentas, para determinar su “estilo de vida”.

Como señaláramos anteriormente, en el presente caso el Tribunal se negó a permitir el descubrimiento de prueba solicitado al señalar que “[hjabiendo el alimentante aceptado que tiene la capacidad económica para proveer una pensión alimentaria razonable al menor, no es necesario brindar información adicional para determinar dicha capacidad”. Ferrer v. González, 162 D.P.R. 172, 181 (2004). Explicó que aceptar este tipo de descubrimiento sería “permitir que [el alimentante] someta información sobre sus ingresos, dejando sin efecto la doctrina establecida en Chévere v. [Levis], supra”. íd. De esta forma, confirmó lo expresado previamente a los efectos de que en estas circunstancias no procede descubrir prueba sobre la capacidad económica del alimentante y que sólo resta por determinar las necesidades del menor y la suficiencia económica de la madre para fijar la cuantía de la pensión alimentaria.

Si la Mayoría hubiese limitado su Opinión a las determinaciones antes mencionadas, definitivamente habría corregido el lamentable error en el que incurrió este Tribunal al resolver el segundo caso de esta saga, donde incluyó el estilo de vida del alimentante en la determinación de las necesidades del alimentista. No lo hizo. En su lugar la Mayoría optó por reiterar los argumentos esbozados anteriormente en cuanto a la viabilidad de utilizar dicho criterio en este tipo de caso. Ello con la única salvedad que de ahora en adelante el escrutinio no deberá realizarse mediante descubrimiento de prueba, sino que el mismo podrá ser “inferido” o “determinado” de la capacidad económica del alimentante.

Como vemos, al resolver el presente recurso nuevamente el Tribunal ignoró el hecho de que el criterio del “estilo de vida” debe aplicar sólo a aquellos casos en que el padre o madre alimentante se niega a aceptar voluntariamente su capacidad económica, por lo que se activan los mecanismos dispuestos por la Ley Especial de Sustento de Menores, para descubrir la información relacionada a los ingresos y así poder determinar su suficiencia de pago.

Un análisis de la jurisprudencia anterior de este Tribunal relacionada con este tema así lo refleja. En López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 33 (1988) —caso en que el alimentante no había aceptado capacidad económica— expresamos que “al determinar la capacidad económica de un alimentante para proveer alimentos, [un tribunal] no está limitado a considerar únicamente evidencia, testifical y documental, sobre ingresos”, sino que “[p]uede, al fijar la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales como el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso”. (Énfasis suplido.) En Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 74 (2001) —caso en el que, igualmente, el alimentante no aceptó capacidad económica— ex-presamos que, para imputarle ingresos al alimentante, más allá de lo que éste alegue o intente probar sobre el particular, el foro de instancia puede tomar en cuenta el estilo de vida del alimentante, sus propiedades, su profesión y preparación académica, su historial de empleo y de ingresos, su experiencia laboral, su capacidad y aptitud para generar ingresos y otros factores similares.

Vemos, pues, que siempre que este Tribunal ha utilizado el criterio del estilo de vida en casos de alimentos, lo ha hecho en situaciones en que está en controversia la capacidad económica del padre o madre alimentante. Recurrir a dicho criterio, como ha hecho la Mayoría, en casos en que el llamado a alimentar ha aceptado suficiencia económica, constituye una interpretación equivocada y confusa que, lejos de ayudar a resolver controversias de alimentos, lo que provocará será arduos y escabrosos litigios que terminarán afectando no sólo al menor alimentista, sino la política pública en general. Un error de este tipo, que impacta negativamente un asunto revestido del más alto interés público, definitivamente debería ser corregido en esta etapa de reconsideración.

Consideramos que el Tribunal —de una vez y por todas, y de forma clara y que no deje lugar a dudas— debe establecer que, en una situación de hechos en que el padre acepta capacidad económica suficiente para proveer una pensión alimenticia razonable a sus hijos menores de edad, no es permisible —de ninguna forma y para ningún propósito— descubrimiento de prueba sobre el “estilo de vida” del padre o madre alimentante.

Ello no significa, sin embargo, que la parte que solicita los alimentos esté impedida de presentar prueba aliunde sobre ese “estilo de vida”, esto es, mediante evidencia independiente que resulta evidente y fácilmente demostrable, para la cual no necesita utilizar los métodos de descubrimiento de prueba.

       Se aclaró, sin embargo, que esta norma no exime al alimentante de descubrir cualquier prueba que sea necesaria para que el tribunal pueda cumplir con su deber de fijar la pensión alimenticia que proceda.

       Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. see. 501 et seq.