text:
    Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 725.
    Resuelto en diciembre 15, 1911.
    Desahucio — Jurisdicción de las Cortes de Distrito — Venta de Finca Arren- - dada. — Las cortes de distrito tienen jurisdicción para conocer de los juicios de desahucio entablados por el comprador de una finca arrendada en virtud. de un contrato privado, no cayendo dentro de las excepciones del artículo 474 del Código Civil, pues la posesión del arrendatario es equivalente al 'dis-frute de la finca en precario y no surge cuestión del montante de las rentas anuales.
    Id. — Venta de Finca Arrendada — Conocimiento de la Existencia del Con-trato por el Comprador de la Finca. — Celebrado un contrato de arrenda-miento en virtud de documento, sin pacto de respetar la posesión del arren-datario en caso de venta, dicho contrato tiene el carácter de personal y aun en el supuesto de que el comprador de la finca arrendada tuviera conocimiento de la existencia del mismo, esto no altera su naturaleza y el arrendatario está obligado a desalojar la finca si así lo exige el comprador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogado del apelado : Sr. Herminio Días Navarro.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La primera cuestión planteada en este caso es si la corte de distrito tenía jurisdicción para conocer de esta acción de desahucio entablada por el apelado. De acuerdo con la sec-ción 3 de la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905, p. 286, las cortes municipales tienen jurisdicción para conocer de todos los casos de desahucio en que la cantidad estipulada en el arrendamiento como canon, o el precio o cantidad qne por virtud de cualquier contrato deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dollars.' En todos los demás casos la jurisdicción radica en la corte de distrito.

El 30 de marzo de 1911 el apelado, José Sosa Oliva, com-pró a Eugenio Malpica un predio de terreno radicado en el barrio de Guzmán Abajo del término municipal de Río Grande. El 5 de abril de 1911 el apelante, la Río Grande Agrícola Co. Ltd., notificó al apelado que poseía dicha finca en virtud do un -contrato de arrendamiento celebrado con su anterior dueño, Eugenio Malpica, por el término de siete años, cuatro obliga-torios y tres de prórroga a elección del arrendatario, y que hacía uso de ese derecho de elección utilizando dicha prórroga.

Dicho contrato de arrendamiento fué extendido en un do-cumentó privado sin consignar en él cláusula alguna referente a los derechos del arrendatario en caso de venta, y dicho con-trato no fué inscrito en el registro de la propiedad. El ape-lado se negó a reconocer dicho contrato de arrendamiento y entabló la presente acción de desahucio. . , ,

El demandado, después de nna moción preliminar y de unas excepciones previas que mas adelante se discutirán, con-testó la demanda' alegando falta de jurisdicción, porque el canon anual de arrendamiento no llegaba a mil dollars, y ale-gando además que el apelado tenía conocimiento .de la exis-tencia del contrato de arrendamiento.

Después de celebrada la vista, la corte dictó sentencia a favor del apelado por el fundamento principal de que la con-testación no alegaba hechos bastantes que, constituyeran una defensa contra la demanda.

El apelado entabló su acción fundado en el artículo 1474 del Código Civil, cuyo, texto es el siguiente:

“Artículo 1474. — El comprador de una finca arrendada tiene de-recho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

“Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al ■ año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y per-juicios que se le causen.”

En- virtud de este artículo el comprador, salvo en los ca-sos excepcionados en el mismo, tiene derecho a dar por ter-minado un contrato de arrendamiento existente. Salvo dichas excepciones, el contrato de arrendamiento entre el arren-datario y el primitivo dueño es de‘carácter personal, y en tales casos el objeto del artículo 1474 es otorgar al comprador un dominio sin trabas sobre la finca comprada. (10 Manresa 586 et seq.; 24 Scaevola, 650 et seq.) La ley da derechos al arrendatario contra el dueño primitivo, pero no contra el comprador. El arrendamiento le vale tanto, contra el com-prador como si lo hubiera celebrado con. un extraño. La ley hace entrega de la finca al comprador, si éste así lo quiere, libre de toda traba, y desde el momento en que al arrendatario se le notifica por el comprador su deseo de dar por terminado el arrendamiento, como lo fué -en el caso pre-sente, si continúa en la posesión de la finca lo hace a beneplá-cito del dueño. La sección 2 de la Ley de Desahucio estatuye entre otras cosas, que el desahucio procede contra “cualquier persona que detente la posesión material o disfrute precaria-mente sin pagar canon o merced alguna.” Al efectuarse la venta de Malpica a Sosa el contrato de arrendamiento del apelante era por el término de cuatro años con una prórroga de tres. No se trataba de un contrato de arrendamiento por siete años. La obligación contraída era de carácter personal y directa para con el dueño anterior. De aquí que, en cuanto se refiere al comprador, no poseía con la obligación de pagar-arrendamiento sino que estaba equiparado al caso en preca-rio. Es cierto que la sección 3 de dicha Ley de Desahucio ha-bla del “precio o cantidad que por virtud de cualquier contra-to deba pagarse.” Estas palabras, sin embargo, deben res-tringirse a un contrato celebrado con el dueño u otra persona que sustituya la personalidad del arrendador o contratante. La intención del artículo 1474 del Código Civil es evidente que es eximir al comprador de la obligación de reconocer un arrendamiento existente, excepto en los casos especialmente marcados en dicho artículo. Por lo tanto tenemos que, en este caso concreto no existía canon o arrendamiento pactado y en su virtud, el tribunal competente para conocer de él es. aquél al cual se le confiere la jurisdicción en todos los demás, casos que no están expresamente incluidos en el primer párra-fo de la sección 3, o sea la corte de distrito.

La contestación a la demanda alega que el demandante te-nía conocimiento de la existencia de dicho arrendamiento. Las palabras del artículo .1474 ya citadas no son tan claras como sería de desear.

Antes de que el contrato de arrendamiento por cuatro años pudiera transformarse de una obligación personal en real, era. necesario que el arrendador y el arrendatario expresamente consignaran en el contrato, que dicho arrendamiento se con-vertía en un derecho real. A pesar de eso, antes de que esa. estipulación pudiera perjudicar a un comprador, era nece-sario inscribir el arrendamiento en el registro de la propie-dad, o demostrar que el comprador tenía conocimiento de la existencia de dicha estipulación. Las palabras “y lo dis-puesto en la ley hipotecaria” contenidas en dicho artículo significan que el comprador de una finca arrendada solamente puede ser perjudicado por un contrato real del cual tenga conocimiento personal o que esté registrado. La contesta-ción alega de una manera deficiente que el comprador tenía ese conocimiento; pero aun en el caso de que lo alegara en debida forma, la existencia de dicho conocimiento no trans-formaría la naturaleza del contrato de personal en real, ni afectaría ni destruiría los derechos del comprador a la pose-sión de la finca.

El apelante impugna la demanda fundándose en que se consignan en ella dos causas distintas de acción. Es verdad que la demanda también expresa que el arrendamiento es nulo porque la esposa del dueño primitivo no concurrió a su otorgamiento; pero en la súplica no se pedía su nulidad y dicha alegación es superfina en vista del concepto que hemos formado de este caso.

También fué impugnada la demanda por no haberse ale-gado en ella el importe del canon del arrendamiento. La ju-risdicción de la corte de distrito resultante del importe del canon se presume siempre hasta que se demuestre lo contra-rio.

Además, se objeta la demanda por la forma en que se’ ex-presa la falta de conocimiento de la existencia del arrenda-miento ; pero como la existencia o nó de dicho conocimiento era impertinente, la alegación referente a dichos hechos hu-biera sido superflua.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se..Wole,

license: Public Domain

text:
    La Solitaria Land Co. v. El Registrador de la Propiedad
    Reoueso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 98.
    Resuelto en diciembre 18, 1911.
    Corporaciones Agrícolas — Limitación de Acres — Corporaciones de Eiego. — • tilia corporación organizada para adquirir tierras para riego y otros fines relacionados con el uso de las aguas, no es una corporación agrícola y la ad-quisición por ella de más de 500 aeres de tierra no infringe la resolución con-junta del Congreso.
    Id.- — -Limitación de Acres. — La prohibición limitando el número de aeres de una corporación agrícola no es extensiva por analogía a corporaciones que no sean agrícolas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Hartzell y Rodríguez So-rra.

   El Juez Asociado Se..Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Solitaria Land Co. compró terrenos radicados en parte en el Distrito de Humacao, y en parte en el de Caguas. El Registrador de la Propiedad de Humacao inscribió la escri-tura en cuanto se refería a los terrenos situados dentro de su circunscripción. El Registrador de Caguas denegó una inscripción análoga por el motivo de que la misma escritura demostraba que dicha corporación que es una sociedad del país por acciones, había adquirido más de quinientos acres de terreno, cuya adquisición según alega el registrador, es con-traria al artículo 4o. del Código Civil, que declara nulo los actos que sean contrarios a la ley; alegando dicho Registra-dor, que la referida adquisición es contraria a la ley, a causa de la sección 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Dicha sección es como sigue:

“Sección 3. — Que todas las franquicias, privilegios o concesiones otorgados de acuerdo con la sección 32 de dicha ley, estarán sujetos a enmiendas, alteraciones o revocaciones. En ellos se prohibirá la emisión de acciones u obligaciones, excepto cuando tal emisión se realice a cam-bio de dinero al contado, o de propiedades cuyo justiprecio sea’ igual al valor, a la par, de las acciones u obligaciones expedidas; se prohibirá la declaración de dividendos de acciones u obligaciones; y cuando se trate de sociedades para llenar un servicio público, se acordarán regla-, mentos eficientes que fijen los precios de dicho servicio; y en caso de compra o traspaso a las autoridades públicas de las propiedades per-, tenecientes a dichas sociedades, los reglamentos fijarán el precio en un valor justo y razonable. Ninguna sociedad estará autorizada para efec-tuar negocios de compra y venta de bienes raíces, ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a qué odedeeió su creación; y en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda sociedad autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitades por sus estatutos a Una cantidad que no exceda de' quinientos acres; y esta previsión será, adoptada para impedir a cual-quier miembro de una sociedad agrícola que tenga interés de ningún género en otra sociedad de igual índole.
“Podrán, sin embargo, las sociedades efectuar préstamos, con ga-rantías sobre bienes .raíces, y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán enajenarlos- dentro de los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos.
“Las sociedades que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan negocios allí, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable.”

La Solitaria Land Co., según aparece de la escritura de fundación de dicha sociedad, es principalmente una corpora-ción organizada con el objeto de adquirir terrenos para riego y otros fines relacionados con el uso de agua. No consta afir-mativamente que dicha corporación se haya dedicado o tenga la intención de dedicarse a la agricultura, ni que haya efec-tuado o tenga la intención de efectuar.negocios de compra y venta de bienes raíces. El registrador funda su negativa en la hipótesis de que, limitando la ley a quinientos acres la cantidad de terreno que pueden adquirir las corporaciones dedicadas a la agricultura, una corporación de la índole de la apelante, forzosamente necesitaría menos terrenos para reali-zar su objeto. El razonamiento del registrador es erróneo.

No consta que la Solitaria Land Co. haya infringido la resolución conjunta del Congreso, cuyo propósito evidente fué que dicha ley se aplicara solamente a las corporaciones en ella mencionadas.

Cuando se presente un caso en que claramente se haya cometido infracción de dicha resolución conjunta, la conside-raremos y decidiremos teniendo en cuenta todos los preceptos legales de cualquier carácter que puedan ser atinentes a la cuestión debatida. Hoy nos abstenemos de hacerlo por esti-marlo innecesario para la decisión del presente recurso.

Debe revocarse la nota del registrador.

Revocada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Burgos.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 388.
    Resuelto en diciembre 18, 1911.
    Dereoho Penal — Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravan-tes — Alegación de Haber Estado Anteriormente Expuesto por el Mismo Delito (Former Jeopardy) — Apreciación de la Alegación de (Former Jeopardy) en Apelación. — Para que el Tribunal Supremo pueda apreciar en grado de apelación la defensa hecha por el acusado de haber estado an-teriormente expuesto por el mismo delito, no basta consignar simplemente en la relación de hechos que se hizo por el acusado tal alegación apoyándose en razonamientos orales, sino que es necesario que consten los hechos en que se basó la alegación.
    Id. — Prueba Contradictoria — Apreciación de la Misma I-Iecha por el Juez Sentenciador.- — Cuando la prueba practicada es contradictoria la apreciación que de la misma haga el juez sentenciador no será revocada por este tribunal en apelación, a menos que se demuestre que actuó movido por pasión, pre-juicio o parcialidad, o con manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión . del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

La vista del recurso se celebró el día 29 de noviembre úl-timo y en ella, el abogado del recurrente solicitó la revocación de la sentencia apelada o la modificación de la misma, en cuanto a la imposición de la pena en el caso de que no hubiere lugar al primer pronunciamiento.

Los motivos alegados fueron:

Io. porque el acusado estuvo anteriormente expuesto por el delito perseguido y castigado en esta causa;

2o. porque las pruebas practicadas no fueron suficientes para declarar culpable al acusado, y

3o. porque la pena que se impuso al condenado es excesiva.

En cuanto al primero de los motivos alegados, sólo consta en la “relación de hechos” preparada por el mismo recurren-te y aprobada y certificada por el Juez sentenciador que:

“Después de leer la denuncia el secretario de la corte, el abo-gado del acusado presentó la excepción de haber estado el acusado expuesto antes por el mismo delito, apoyándose en los razonamientos orales que expuso. El Fiscal se opuso a dicha excepción; la corte la desestimó. El abogado del acu-sado tomó excepción.”

Siendo esto así, es bien claro que no tenemos base para discutir los méritos de la excepción. No basta consignar que se hizo por el acusado la alegación que autoriza el artículo 162, No. á°. del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, apoyándose en razonamientos orales, sino que es necesario incluir en la transcripción del récord la prueba que se presen-tara a la corte sentenciadora, si se presentó alguna, para que podamos decidir si el apelante estuvo realmente expuesto en otra ocasión por el mismo delito que se persigue en esta causa.

En cuanto al segundo motivo, aparece que el Fiscal en su acusación imputó a Rafael Burgos el hecho de haber acome-tido y agredido voluntaria e ilegalmente y con intención de causarle daño a Jorge Romany, infiriéndole con el puño varias contusiones dé carácter grave, y que presentó para probarlo las declaraciones del perjudicado Romany, de los testigos Diaz, Merced y Figueroa y de los peritos médicos Orcasitas y Marcano.

Romany declara, en resumen, que iba en su coche por la carretera central y Burgos le pidió que lo llevara hasta su casa. Que accedió, que Burgos. subió' al coche y ya en él le acometió y agredió auxiliado de otro hombre que lo sujetó por la espalda., El testigo Díaz manifiesta que poco después de haber salido Romany de la casa del testigo volvió a ella “estropeado, con muchísimos golpes en la cara, echando san-gre por la nariz, ojos, boca y oídos.” Los testigos Merced y Figueroa dicen, en substancia, que vieron cuando Burgos auxiliado de otra persona agredía a Romany y los peritos médicos expresan que examinaron a Romany quién presenta-ba muchos golpes, notándose en las fosas nasales, én los oídos y en la boca gran cantidad de sangre" procedente de las lesio-nes que fueron producidas por ún cuerpo contundente. Que dos horas después del'examen sé inició en'Rtítíiany una fuerte congestión cerebral. Qué Romany ha curado, pero quedán-dole una inflamación de las enciás' que dificulta la masticación.

Y aparece también que la defensa presentó prueba de tes-tigos tendente a demostrar que Burgos se encontraba en su casa en el momento en que se alega que ocurrió el 'suceso; que Romany se'causó las heridas al caerse del coche que ío conducía por haberse espantado el caballo con un automóvil, y a desacreditar el testimonio de los testigos de la acusación Merced y Figueroa.

La prueba practicada es, pues, contradictoria. El juez sentenciador resolvió- el conflicto en contra del acusado. Y como no se ha demostrado que actuara movido por pasión,, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error mani-fiesto, debemos aceptar su resolución como la justa y proce-dente.

Y en cuanto al tercero y último motivo diremos que acep-tando como aceptó el Juez de Distrito la verdad de las decla-raciones de los testigos de la acusación, el hecho cometido por Burgos reviste tal-gravedad, que la pena que se le impuso en vez de excesiva resulta leve.

No siendo en tal virtud suficientes las razones alegádas por el apelante para obtener la revocación o modificación en su caso de la sentencia contra él dictada y apareciendo ade-más que no se lia cometido error fundamental alguno, pro-cede que se declare sin lugar el recurso interpuesto y se con-firme la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández"y Aso-ciados MaeLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sk. Wole, JUEZ ASOCIADO SR. MACLEARY.

text:
    Olivieri et al. v. Mck. Jones.
    ApelaciÓN procedente de la-Corte de Distrito de Ponce.
    No. 698.
    Resuelto en diciembre 19, 1911.
    Cesión de Crédito Litigioso. — Un crédito no es litigioso ni está comprendido en los preceptos • del artículo 1488 del Código Civil, por el mero hecho de existir disputa o diferencia de opinión, no acerca del crédito en si mismo, sino de su calificación o carácter, o sea si procede de un canon de arrendamiento o de una deuda hipotecaria.
    Excepciones Previas — Demanda.—Exeepcionada una demanda, y planteado él debate sobre las alegaciones únicamente, la demanda debe ser considerada sola, descartando la contestación, y cuando después del juicio la corte dieta sentencia a favor del demandante, las omisiones de que adolezca la demanda se entienden suplidas por la contestación.
    Venta de Bienes .Inmuebles — Pago del Precio. — Para poder invocar las dis-posiciones del artículo 1407 ■ del Código Civil es necesario haber hecho la consignación, o al menos alegar el ofrecimiento de pago y la negativa de su aceptación.
    Los fiecbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José Tons Soto y José A. Poventud.

    Abogados del apelado.: Sres. Eartzell y Rodríguez Serra.

   El Juez Asociado Sk. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, de la cual se desprende que en el acto del juicio, el demandado y apelado, que ya Labia contes-tado la demanda, presentó una impugnación a la demanda, alegando qne no aducía hechos suficientes qne constituyeran una causa de acción, y la corte declaró con lugar dicha ob-jeción.

' - La demanda alega en concreto los siguientes hechos: que algunos de los herederos* de Félix Olivieri Cervoni entablaron acción en equidad ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, contra otros de los herederos de dicho causante. Una de las fincas objeto de dicho pleito, era la hacienda Limón, que en el curso de dicha acción fue puesta en administración judicial; que- los derechos del citado cau-sante, a dicha Hacienda, nacieron de un contrato equivocada-mente llamado por las partes de arrendamiento y promesa de venta, de fecha 24 de octubre de 1900, que en realidad fué y es una venta hecha por la Sucesión de Don Vicente Alvarado, al citado causante, por la suma de $15,600, que el citado Oli-vieri se obligó a pagar a dicha sucesión, en el término de ocho años, a contar del primero de agosto de 1900, con el interés del 12% anual, cuyos intereses representaban en el contrato de venta, los cánones de arrendamiento; que los herederos de Alvarado, alegando ser dueños de la finca Limón, intervi-nieron en dicha acción, y pidieron la devolución de dicha finca, en virtud del expresado contrato erróneamente llamado de arrendamiento y promesa de venta, y en virtud también de falta de cumplimiento del mismo, por parte de Olivieri y sus herederos, cuya demanda e intervención fueron contestadas por las partes en el pleito principal; que durante el expre-sado litigio entre los interventores y las partes .principales del pleito, y por razón del reconocimiento, y admisión, hechas ■ solemne y judicialmente . por dichos interventores, declarando que el expresado contrato erróneamente llamado de arrendamiento y promesa de venta, era en realidad una hipoteca, y como consecuencia de dicha admisión, la Corte Federal, dictó una orden, con el consentimiento de ambas partes, de fecha 7 de junio de 1907, decretando que la finca Limón pertenecía a la Sucesión Olivieri, afecta a una hipoteca por el importe del precio de la compra a favor de los inter-ventores; que en el mes de mayo de 1910, la Corte Federal dictó sentencia resolviendo la acción principal y disponiendo que los acreedores cuyos derechos habían sido resueltos por las órdenes anteriores de dicho tribunal, podían ejecutar sus respectivos créditos después de pagadas las deudas de la ad-ministración judicial, con cuya sentencia quedaron determi-nados los derechos de los interventores, quedando pendiente de fijarse la cuantía de sus créditos; que los interven-tores, por medio de escritura pública, vendieron y cedieron dicho gravamen, hipoteca o derechos litigiosos en la finca Limón, a Walter Mck. Jones, por la suma de $18,000, paga-deros $5,000 el primer de enero de 1911 y $3,250 el primero de cada uno de los años sucesivos, y en dicha escritura sé con-signaron todos los hechos conducentes al pronunciamiento de las sentencias de 7 de junio de 1907 y mayo de 1910, ha-biendo consignado que Mr. Mck. Jones quedaría obligado a todas las resultancias del expresado pleito ante la Corte Federal; que Jones presentó en la Corte Federal una petición que no fué notificada a los demandantes, en la cual reclamaba la cantidad de $14,000 más ,o menos, por concepto de arrenda-mientos vencidos durante los años de 1900 a 1908, procedentes del expresado contrato de arrendamiento y promesa de venta; que los demandantes están dispuestos a pagar y reembolsar al citado Walter Mck. Jones, la suma de $18,000, de acuerdo con el contrato que celebró con la Sucesión Alvarado, o en la forma que el Tribunal estime procedente, con intereses y costas, para.que por dicho montante el tribunal declare nulos los derechos litigiosos vendidos por.la Sucesión Alvarado al citado Walter Mck. Jones.

Los hechos expresados no colocan á los demandantes y apelantes al amparo de los preceptos del artículo 1438 del Código Civil, relativos a créditos litigiosos. Según se des-prende de las mismas manifestaciones de los apelantes, no existió litigio alguno entre ellos y la. sucesión Alvarado con respecto a la existencia de dicho crédito. Aceptaron que era una deuda con el carácter de hipoteca. El apelado la consi-deró con otro carácter, o sea como arrendamientos vencidos; pero esa pretensión no puede invocarse para la cosa cedida,' transformándola en nn crédito litigioso,' antes de sn cesión,-Ya el pleito había terminado antes de la expresada cesión. El haber presentado el apelado nna petición en la Corte Federal, no transforma la-naturaleza de-dicho crédito. Según se alega en la demanda,-dicha petición no fué nunca notificada a los apelantes ni consta que la Corte Federal dictara resolu-ción alguna en cuanto a ella, • Es- indudable que los apelantes-nunca contestaron dicha petición y de acuerdo con el artículo 1438- del Código Civil, un crédito no és litigioso hasta que se presenta la contestación a la demanda. El artículo 1438, trata de-reclamaciones contra nna deuda.- En este-caso la discusión no versaba acerca de la deuda, sino sobre la natu-raleza de los derechos dé los apelantes, a la finca de la- cual fueron posesionados por Alvarado o su sucesión. ■ La cues-tión debatida es si poseían la finca como dueños, afecta a una-hipoteca, o como meros arrendatarios. El crédito existente no estaba en disputa. Los apelantes no están en condiciones de invocar ni el espíritu ni el texto del artículo 1438 ya citado.

Si, como afirman los apelantes, la contestación presentada en el presente pleito pudiera interpretarse- en el sentido de que la naturaleza de los derechos poseídos por ellos continuó siendo impugnada por la Sucesión- Alvarado en 1a- Corte Federal, y que la sentencia de dicha corte no resolvió defini-tivamente la cuestión en litigio, en este caso podría alegarse contra la demanda de este pleito, la objeción de litis pen-dencia. Para que los apelantes pudieran ejercitar el derecho de redención, tendrían que probar su alegación de que la finca estaba únicamente afecta a una hipoteca. Tal prueba sería condición previa, para ejercitar el derecho de redención, -pero como hemos dicho, el carácter de los derechos discutidos, es precisamente el objeto alegado de la intervención de Alvarado, y éste pleito está sujeto a la objeción de litis pendencia.

Sin embargo, creemos, que no púede interpretarse en esa forma la contestación Es absurdo querer leer entre líneas en una demanda, algo que está en contradicción con sus pro-pias alegaciones. La alegación principal de la demanda, se refiere a la naturaleza de los derechos controvertidos, y cuando se excepciona una demanda, el demandante tiene que aceptar las consecuencias de sus propias alegaciones.- Los casos citados por los apelantes, 110, Cal., 169; 99 Cal.,, 259, y 113 Cal., 532, solamente sientan la doctrina de. que, cuando un demandante procede a la celebración del juicio, y se dicta sen-tencia a su favor, si la demanda carece de alguna alegación que se expresa en la contestación a la demanda, se estima que las omisiones de la deriianda lian quedado, después del juicio, subsanadas o suplidas por la contestación. Esto es equiva-lente a una renuncia o a no poder ir contra sus propios actos. De cualquier manera, cuando la demanda ha sido excep-cionada, como la cuestión queda concretada a las alegaciones, la demanda es lo único que.hay que afirmar. El demandado tiene derecho a que en la demanda se le informe de la. natura-leza de la acción ejercitada por el demandante. El deman-. dante debe por medio de enmiendas o en otra forma, infor-mar al demandado de los hechos en que funda su acción.

La otra cuestión principal, planteada por los apelantes es que tienen derecho a la redención, en virtud del artículo 1407 del Código Civil, cuyo texto es como sigue:

“Artículo 1407. — En la venta de bienes'inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio eú el tiempo con-venido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el com-prador podrá pagar, aún después de expirado el término, ínterin no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho el reque-rimiento) el-juez no podrá concederle nuevo término.”

Si pudiéramos considerar la contestación, ella nos demos-traría que existió una citación judicial, pero estamos obli-gados a estudiar la demanda tal como está presentada. Opi-namos que las palabras “el comprador podrá pagar,” signi-fican lo que ellas mismas dicen. Es necesario que se haga el pago o su equivalente. La demanda no alega ni pago ni ofrecimiento de pago. Para poder invocar los preceptos de este artículo, es necesario baber hecho la consignación, o al menos alegar el ofrecimiento de pago, y la negativa de su aceptación. Tal alegación no se hizo. Además, el demandante se limita .a ofrecer pagar a Jones, lo que éste pagó a la Suce-sión Alvarado, a aceptar sus responsabilidades o pagar las cantidades que el tribunal determine. No se hizo ofreci-miento de pagar el crédito original, que fué lo que adquirió Jones. Además, la actitud y admisiones de las partes están demostrando que para el ejercicio de sus derechos, descan-saban en el artículo 1438 y no en el 1407. La sentencia ape-lada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia, pero no con la opinión en que se basa.

VOTO CONCURRENTE EMITIDO POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. MACLEARY.

Aunque en este caso estoy conforme con la sentencia no puedo estarlo con la opinión en todos sus particulares. Mi principal fundamento para disentir hace referencia a la pro-piedad de formular excepciones orales a la demanda. Creo que esta es una práctica indebida que no debe favorecerse ni siquiera implícitamente. Las excepciones previas lo mismo que las demás alegaciones en la corte de distrito deben ha-cerse por escrito, no debiendo -tomarse en consideración las excepciones previas que se formulen oralmente. El artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “toda alegación deberá estar suscrita por la parte o su abogado.” Sería imposible hacer esto si las alegaciones no se hicieran por escrito. Nadie puede suscribir manifestaciones orales. T el artículo 135 del Código de Enjuiciamiento Civil expresa que “todas las alegaciones deducidas después de la demanda, deberán presentarse al secretario entregándose copias de las. mismas a la parte contraria o a sn abogado.” Sería impo-sible, desde luego, cumplir con este artículo si la excepción-previa lo mismo que las demás alegaciones no se hicieran por escrito, y es una cuestión admitida generalmente que las ale-gaciones en la corte de distrito se hacen siempre por escrito. Y no es la intención del artículo 109 del Código de Enjuicia-miento Civil, que se formule la excepción previa oralmente. Dicho artículo simplemente expresa: qne por el hecho de qne no se presente en tiempo la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, no ha de entenderse qne se ha renunciado a ese derecho, pues tal excepción puede formularse en cual-quier tiempo; pero este artículo no permite que excepciones de esa clase se hagan oralmente. De modo que el error come-tido al considerar una excepción previa oral es manifiesto y exigiría la revocación de la sentencia si no fuera por la dis-posición del artículo 142 del Código de Injuiciamiento Civil, qne dice: “En cualquier estado de un pleito la corte no to-mará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o-procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos, de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por por razón de dicho error o defecto.” Desde luego que según los términos de dicho estatuto es aplicable lo mismo al Tribunal Supremo que a cualquier otro tribunal. En casos cri-minales o civiles no se favorecen las revocaciones por tecni-cismos. (People v. Cleminson, 250 Ill., 135.) Código de Enjuiciamiento Criminal, artículo 145.

Por consiguiente, considerando qne este error o defectoen las alegaciones no afecta a los derechos sustanciales de las partes, puesto que el demandante no hizo objeción al mismo, que es el apelante en esta acción, no podemos, según mi opi-nión, revocar por tal motivo la sentencia de la corte inferior. De modo que considerada así la cuestión estoy conforme con la sentencia confirmatoria, aunque debo disentir por lo menosen parte, de la opinión en que se funda dicha sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Ex Parte Vélez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 733.
    Resuelto en diciembre 19, 1911.
    Expedientes de Dominio — Pruebas—Declaraciones Juradas. — Es insuficiente para justificar el dominio la prueba consistente exclusivamente en declara-ciones juradas, debiendo los testigos comparecer a declarar personalmente ante el tribunal.
    Id. — Prueba Adicional. — Denegada una solicitud promoviendo un expediente de dominio por consistir la prueba únicamente de declaraciones juradas, puede el tribunal a instancias del promovente permitirle que presente prueba adi-cional sin necesidad de que tenga que promover un nuevo expediente.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento entablado para que se apruebe un expediente de dominio de una finca compuesta’ de ciento-noyenta y dos cuerdas. El promovente, Eamón Vélez Alvarado, está domiciliado en New York. Toda la prueba some-tida en el presente caso está en forma de declaraciones jura-das presentadas, juntamente con la solicitud. El Pueblo de-Puerto Pico fué citado en la persona del Gobernador, y el Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo, habiendo sido noti-ficado, compareció oponiéndose a lo solicitado. Los colin-dantes y los anteriores dueños de la finca objeto del expe-diente, aunque debidamente citados, no se opusieron a la información de dominio; También se citaron por medio de edictos las personas desconocidas que pudieran estar intere-sadas en el asunto. En la vista se presentaron las declara-ciones juradas y se tomó en consideración la oposición del Fiscal en que se expresaba que no se había tramitado el expediente de conformidad con la ley. La corte entonces, de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y con la resolución de este tribunal del 17 de mayo de 1911, emitida en el caso de Meléndez, denegó la solicitud, con las costas a cargo del promovente.

Se dictó dicha resolución el día 7 de, junio pasado. El pro-movente presentó nna moción para que se anulara, esta reso-lución, siendo desestimada dicha moción el 22 del mismo mes. El 5 de julio el promovente apeló contra ambas resoluciones, elevando los autos a este tribunal el día 3 de agosto. El ape-lante presentó un alegato escrito en este tribunal, pero nin-guna de las partes informó oralmente, siendo el caso some-tido para que se resolviera en vista de los alegatos.

En su alegato escrito el apelante cita como autoridades en apoyo de la apelación los siguentes: Artículos 390, 391, 393 y 395 de la Ley Hipotecaria, haciendo también, referencia a las resoluciones de este tribunal, Meléndez v. El Registrador de Guayama, y Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de Caguas, de 17 de mayo y 14 de febrero de 1911, respectivamente.

El fundamento de la resolución dictada por la Corte de Distrito de Arecibo, y contra la cual se ha interpuesto el presente recurso' de apelación, es evidente, pues el juez sen-tenciador no estimó la prueba suficiente, habiendo consistido, como consistió, únicamente en declaraciones juradas inadmi-sibles, o que carecían, sin la presentación de prueba adicional, de la fuerza necesaria para servir de fundamento a un título de dominio.

El artículo 390 de la Ley Hipotecaria dice así:

“Artículo 390. — Para facilitar el cumplimiento del artículo anterior a los propietarios que carecieren de título escrito de dominio, cual-quiera que sea la época en que hubiera tenido lugar la adquisición, se les concede la facultad de inscribir su derecho, justificando previa-mente su posesión ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia del Ministerio Fiscal y citación de los propietarios colindantes, si trataren de inscribir el dominio pleno de alguna finca, y con la del propietario o la de los demás partícipes ■en'el dominio, si pretendieren inscribir un derecho real.
“Si los bienes estuvieren situados en pueblo o término donde no resida el juzgado de primera. instancia del partido, podrá hacerse dicha información ante el juez municipal respectivo, con audiencia del representante Fiscal.
“La intervención del Ministerio Fiscal se limitará a procurar que se guarden en el expediente las formas de la ley. ”

Los artículos 391, 392 y 393 se refieren al anterior artículo, que es desde luego el 390, y encontramos que tratan no sólo de “la posesión,” sino que también “del dominio pleno” y “algún otro derecho real.” Por lo tanto, aunque se puede admitir que el artículo 393 de la Ley Hipotecaria tiene apli-cación a informaciones de dominio, según se resolvió en el caso de la Porto Rican Leaf Tobacco Co., no podemos decir que no tenga referencia a cuestiones de “dominio pleno,” pues ello sería imponer a ese artículo una restricción que no está justificada, teniendo en cuenta el Título XIY de dicha ley considerada en su conjunto. No puede establecerse una línea definida en la ley entre la clase de prueba necesaria en expedientes posesorios y aquellos que envuelven el dominio pleno, generalmente llamados títulos de dominio. Pero ape-nas es razonable suponer que el legislador se propusiera hacer la prueba en este último caso menos estricta que en el primero. Si se requiere una prueba positiva por medio de declaraciones de testigos en corte abierta para establecer la posesión, es evidente que se requiriría una prueba a lo menos igual para establecer el dominio pleno.

Aunque en la Ley de Evidencia (artículo 123) se hace men-ción de declaraciones juradas como uno de los medios de tomar las deposiciones, no por eso se les da el mismo valor, para todos fines, que a las deposiciones y exámenes orales. Los casos en que puede hacerse uso de declaraciones orales están enumerados en los artículos 128 y 129 de dicha ley.

Este tribunal resolvió en un caso muy discutido y antes de ahora citado, Meléndez v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, de 17 de mayo, 1911, que:

“No es necesario tratar de las disposiciones de la ley de evidencia porque entendemos que los artículos 390 y 391 de la ley hipotecaria resuelven la cuestión. Estos artículos nunca han sido derogados. Es la corte que ha de expedir la orden en la información posesoria, la que debe recibir las declaraciones de los testigos. Ninguna otra corte' tiene jurisdicción sobre la materia. No es bastante con que se diga que la corte municipal no tiene taquígrafo. El juez de esa corte puede no obstante escribir y archivar una exposición en la que manifieste que comparecieron ante él los testigos presentando prueba de los hechos de acuerdo con la ley. Es otra garantía para la seguridad de los bienes el hacer que los testigos comparezcan ante el funcionario que es responsable de la expedición de la orden en una información pose-soria.”

Es verdad que el párrafo 3 del artículo 395 de la Ley Hipotecaria exige que el juez “oiga por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que se hubiesen presentado,” y después, “calificando dichas pruebas con un criterio ra-cional,” declare justificado o nó el dominio de los bienes de que se trata. Esta disposición no exige necesariamente ni per-mite que las pruebas consistan de declaraciones juradas, sino solamente que han de ser por escrito,' cuya disposición se cumple haciendo uso de las deposiciones o declaraciones orales prestadas .ante el juez y escritas por el taquígrafo, o el secretario o el juez mismo, y firmadas, cuando procediere, por' los testigos.

El hecho, caso de existir, de que no se haga oposición a la solicitud no disminuye el cuidado que el tribunal deba ejercer, ni hace menos rigurosas las regias que rigen la ad-misión de pruebas y que deben observarse en cuanto a las pruebas necesarias sobre las cuales se basa el dominio. La misma vigilancia- se exige del tribunal sentenciador en todos los,casos, ya exista o no oposición. Siendo las declaraciones juradas documentos ex parte redactados con frecuencia a la ligera y sin la debida madurez, apenas pueden tener la misma importancia como prueba que las deposiciones o exámenes orales de los testigos, en los cuales las preguntas y repre-guntas, hechas en presencia de la corte o el funcionario auto-rizante de la deposición, pueden esclarecer “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad,” en relación con el asunto que se investiga.

Mas el tribunal sentenciador debió haber accedido a la petición del promovente que trataba de someter más pruebas en apoyo de sn solicitud, y haberle dado una oportunidad de llevar a sn presencia las personas que habían firmado las declaraciones juradas, n otros testigos qne pudieran declarar respecto a los hechos necesarios para establecer el dominio.

El objeto de este procedimiento es llegar a una conclu-sión justa en cuanto a los derechos del peticionario, y si el promovente realmente tiene derecho al dominio de la finca que reclama y lo justifica por medio de prueba competente, este hecho debió haber sido establecido por una orden judicial. No es necesario que inicie un nuevo procedimiento para al-canzar ese fin, cuando lo mismo puede conseguirse con menos gastos en el procedimiento ya iniciado.

Por las razones expuestas debe confirmarse la orden de la corte de distrito dictada el 7 de junio de 1911, y revocarse la orden del 22 de junio de 1911 en tanto cuanto niega al pro-movente el derecho de presentar prueba adicional para pro-bar su reclamación. „ ,, , . ., ,

„ ,, Uesueito de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

text:
    Puente et al. v. Puente et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 731.
    Resuelto en diciembre 20, 1911.
    Sentencia — Interpretación.—La sentencia de un tribunal debe interpretarse siguiendo la significación de las palabras usadas en la misma, y cuando la sentencia esté de conformidad con la opinión puede examinarse ésta para determinar la verdadera significación de aquélla en caso de duda.
    Id. — Declaratoria de Herederos. — Examinada aquella parte de la sentencia dictada por este tribunal en el caso de Fuente et al. v. Puente et al., resuelto en junio 18, 1910, que ordenaba a la corte de distrito que "procediera a considerin' y resolver dichas reclamaciones de conformidad con el procedi-miento fijado en la Ley de Procedimientos Legales Especiales,'’' se resolvió que la intención de dicha sentencia era que la corte sentenciadora celebrara un nuevo juicio, oyendo de nuevo a las partes y permitiéndoles la presenta-ción de pruebas pertinentes, para que dicho tribunal resolviera definitivamente los derechos de las partes.

      Id.' — Interpretación de Sentencia — Oposición a lá Declaratoria de Here-deros. — En el 'caso de autos el Tribunal Supremo resolvió que cometió error el' tribunal inferior al eliminar la oposición formulada por los apelantes a la declaratoria de herederos solicitada por los apelados, y que de acuerdo con la sentencia dictada por este tribunal en junio 18, 1910, en un pleito entre las mismas partes debió el tribunal oir la oposición formulada y resolverla definitivamente.
    ' Id. — Procedimiento Ex parte. — Cometió error el tribunal sentenciador al con-siderar este procedimiento como de carácter Ex parte,'siendo contencioso, de-biendo oir a todas las partes interesadas para resolver las reclamaciones de todos en definitiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. N. B. K. Pettingill.

    Ahogado' de los apelados: Garlos Lopes de Tord.

   El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal. ’

Este es nn pleito sobre declaratoria de herederas. .Esta es la segunda vez qne viene a este tribunal. La primer^, ape-lación fné interpuesta p.or los apelados en esta acción contra la sentencia qne declaraba a los actuales apelantes como here-deros legítimos de Lázaro Puente y Compostizo que falleció en Ponce en el año 1908. Esta sentencia fué revocada por el Tribunal Supremo, en la primera apelación, en 18 de junio de 1910, en la que dictó la siguiente sentencia:

“Habiendo este tribunal estudiado cuidadosamente las transcrip-ciones en este caso y los alegatos de las partes interesadas, por los motivos consignados en la opinión que antecede, resuelve:
“Io. Revocar como revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce el 8 de enero de 1909, en cuanto se declaró a Justo Martín y María Juana Amsterdam herederos abintestate de Don Lázaro Puente y Compostizo como hijos naturales reconocidos del mismo;
“2o. Revocar como revoca la sentencia apelada en cuanto rechazó las pretensiones de los opositores y apelantes, Maximino, Lino, Juliana y Facunda Puente y Compostizo, y Félix, Visitación, Daniel, Esperanza y María Fuente y Solana, debiendo la corte sentenciadora pro-ceder a considerar y resolver dichas pretensiones por los trámites de la ley de procedimientos legales especiales de 9 de marzo de 1905, de acuerdo con los hechos y la ley; y
"3°. Confirmar como confirma la sentencia apelada en cnanto de-sestimó la petición de la opositora y apelante Antonia Rodríguez.”

Debido a la pérdida de tiempo ocasionada con motivo de la apelación interpuesta contra la referida sentencia para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue' después desestimada, no se remitió a la Corte de Distrito de Ponce copia certificada de la sentencia de este tribunal basta abril último; por lo que, los demandantes en aquella acción que son abora los apelantes presentaron una enmienda a su solicitud en la que pedían se íes declarase herederos del finado, y también su oposición a la eontrapetición de los ape-lados, entregándose oportunamente copias a los abogados de la parte contraria según los autos.

Antes de la celebración de la vista sobre los puntos susci-tados en las referidas alegaciones, los apelados presentaron al juez de distrito una solicitud pidiendo se dictara sentencia, de la que después desistieron, presentando luego una moción en la que solicitaban la eliminación de los escritos radicados por los apelantes, presentando al propio tiempo una petición solicitando se les declarase herederos, la que iba acompañada de declaraciones juradas en apoyo de la misma. Posterior-mente, en 13 de mayo último, sin que a los abogados de los apelantes se les notificara, la corte inferior dictó una orden concediendo la moción donde se pedía se declarasen como no radicados los escritos de los apelantes, alegando como funda-. mentos de esa resolución que “de conformidad con la deci-sión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de 18 de junio de 1910, con respecto a este litigio, los derechos de Justo Martín y María Juana Armsterdam habían sido definitivamente re-sueltos.” Con posterioridad en ese mismo día, sin que tam-poco mediara notificación o vista a la parte contraria, que son los apelantes en este caso, la corte dictó su sentencia declarando a los apelados como los herederos legales del referido Lázaro Puente y Compostizo.

Contra esta sentencia los ahora apelantes establecieron recurso de apelación y presentaron una transcripción en este caso, en la que aparecen todos los procedimientos y diligen-cias habidos en la cansa a partir de la primera apelación, enumerando cuatro errores que se alegan fueron cometidos, por la corte inferior en el curso de los procedimientos cele-brados ante ella. Estos errores son los siguientes:

“I. El tribunal inferior sufrió error al ordenar, a moción de estos apelados, se diera como no radicado el escrito de los apelantes en que pedían la venia del tribunal para enmendar su primera petición donde solicitaban se les declarase herederos legales de dicho Lázaro Puente.
“II. El tribunal sufrió error al ordenar, a moción de los apelados, se diese por no presentado el escrito de los apelantes donde se oponían a la petición de los apelados solicitando ser declarados ellos como tales herederos.
‘1III. El tribunal sufrió error al resolver en definitiva acerca de los escritos presentados por los apelantes en abril 29 de 1911, sin conce-derles la correspondiente vista y decidir según los méritos del caso.
“IV. El tribunal sufrió error'al conceder la petición de los ape-lados en la que solicitaban se les declarase herederos legales de Lázaro Puente sin haber notificado a los apelantes ni permitídoseles vista alguna en contrario.”

Estas cuatro proposiciones serán examinadas por su orden correspondiente.

El primer error alegado envuelve la cuestión referente a la debida interpretación que ha de darse a la sentencia de este tribunal dictada en junio de 1910, y que ya ha sido co-piada en toda su extensión. Esta sentencia fue interpretada por la corte de distrito en el sentido de significa^ que los derechos de los demandantes, los Armsterdams, habían que-dado definitivamente resueltos por la misma. Tanto ahora como luego podríamos decir que la verdadera interpretación de esta sentencia ha de encontrarse, no por lo que la corte o sus miembros en particular hayan querido expresar en la fecha en que dicha sentencia fue dictada, sino en la propia significación e interpretación del lenguaje usado en esa oca-sión. Este principio es análogo a aquel en que se funda la interpretación de los estatutos, o sea, seguir la intención de la Legislatura según la misma se expresa en el estatuto y no la intención que haya podido tener el legislador o legisladores .en particular o una mayoría de ellos al decretar la ley; y esta manera de considerar la cuestión es la más razonable y equitativa para todas las partes, si tenemos en cuenta la actitud asumida por la corte inferior a la que solamente lia debido servirle de norma el lenguaje empleado en la propia sentencia sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia que hubiera podido presentarse fuera de los autos. (Haseltine v. Central Bank, 183 U. S., 131.) Sin embargo, habiendo sido dictada la sentencia de conformidad con la opinión, pode-mos examinar la misma debidamente para determinar' su significación, en caso de duda, con respecto a la interpreta-ción que ha de darse al lenguaje empleado. Yernos en la opinión que este tribunal estimó que el caso de los Armster-dams debe estar comprendido en la ley de prescripciones y por tanto que la corte inferior debió haber dictado sentencia en contra de ellos.

Analizando propiamente la anterior sentencia de esta corte, resulta claro que en ella se resolvieron cuatro cues-tiones :

‘ ‘ Primera: que aquella parte de la sentencia de la corte de distrito que declaró a los Armsterdams con derecho a ser considerados como herederos de Puente, fué revocada;
‘ ‘ Segunda: que la parte de la sentencia por la que se declaró que los Puente-Compostizo y Puente-Solanos no tenían derechos como herederos, fué también revocada; y
‘ ‘ Tercera: que la parte de la sentencia de la corte de distrito que declaraba a Rodríguez sin derecho a ser considerado como heredero del finado Puente, fué confirmada. ’ ’

En la expresada sentencia del Tribunal Supremo se or-denó a la corte de distrito que “procediera a considerar y resolver dichas reclamaciones de conformidad con el proce-dimiento fijado en la ley de procedimientos especiales.” Esta orden estaba contenida en una cláusula que se incluyó en la segunda parte de la sentencia a que ya se ha hecho referencia. Todo esto aparecerá de un examen que se haga de la misma sentencia. Alegan los apelantes que el Tribunal Supremo ordenó a la corte de distrito al usar este lenguaje, que proce-diera precisamente como, si la sentencia dictada por dicha corte de distrito no hubiera sido dictada; que ese fué por lo menos el objeto en cnanto, afectaba a las partes en este pleito. Si es correcta esta interpretación de nuestra sentencia anterior, entonces se le exigía al juez.de la corte inferior que cele-brara una nueva vista del caso, ya sobre las alegaciones se-gún el estado en que entonces aparecían, o sobre aquellas en7 miendas que la corte a su discreción permitiera, sin dejar de aplicar a las alegaciones y a la prueba que pudieran presen-, tarse en el nuevo juicio, los principios .de ley enunciados por el Tribunal Supremo al resolver, la apelación. Alegan-los apelados que este tribunal por su sentencia de junio de 1910, eliminó del caso a los demandantes Justo Martín y María Juana Armsterdam, y declaró que éstos no tenían derecho a ser considerados como herederos del finado, o sea, que habían-de ser considerados de igual modo a como quedó el demandado Rodríguez por.virtud de la sentencia-de la corte de distrito, que fué luego confirmada por el Tribunal Supremo; y que todo lo que la corte de distrito tenía que hacer era proceder con las reclamaciones de los demandados, que son los apela-dos en esta acción, de conformidad con la ley de procedimien-tos legales especiales, y resolver si tenían o nó derecho a ser considerados como herederos del finado Puente y Compostizo. Los autos del caso anterior mostraban que no se permitió la presentación de ninguna prueba a los Armsterdam en el primer juicio celebrado en la corte de distrito, exceptuando la presentación de una sola prueba que fué la sentencia de reco-nocimiento dictada anteriormente por la propia corte y con-siderada errónea posteriormente por el Tribunal Supremo. Gramaticalmente considerada la orden especial para el nuevo juicio tenía aplicación solamente a aquellas partes especifica-das en el segundo párrafo de la sentencia y no podía referirse a los otros párrafos o a las partes en ellos mencionadas. Por tanto, en lo que respecta a los apelantes, la cuestión se pre-' senta lo mismo que si no se hubieran dado ningunas órdenes con respecto a la forma en que se les seguirá considerando en relación con el caso.

Apenas liabía motivos para suponer que este tribunal en su sentencia revocatoria tuvo la intención de privar completa-mente a los apelantes de tener por lo menos una oportunidad de presentar su caso y la prueba que tenían en apoyo del mis-mo al tribunal inferior. Tal procedimiento resulta ser ade-cuado y necesario para la protección de sus derechos. Evi-dentemente que tenían derecho a comparecer ante la corte, pues de otro modo podría alegarse que se les había negado el derecho a ser oídos y privados de su propiedad, o cualquier derecho que tuvieran, sin el debido procedimiento de ley.

Al revocar el Tribunal Supremo en junio de 1910, la sentencia del inferior, pudo haber dictado una sentencia determinando los derechos de las partes si hubiera estimado que en los autos aparecía suficiente prueba que justificara tal resolución; pero no dictó tal sentencia, y solamente re-vocó la sentencia con respecto a los apelantes y apelados en este pleito y la confirmó en cuanto al demandado Rodríguez, remitiendo dicha sentencia a la corte de distrito para que si-guiera con el procedimiento. Esta no fué la resolución final del caso, ni fué esa la intención a nuestro juicio. Pero evi-dentemente la intención fué que el demandado Rodríguez fue-ra eliminado del caso, lo que ya se había hecho por la senten-cia ele la. corte inferior que fué confirmada por este tribunal. Era también claro que el objeto de la sentencia de esta corte de junio 1910, fué que la corte de distrito resolviera sobre los derechos de któ partes Puente y Compostizo y Puente y So-lano, en cuanto a sus pretensiones de que se les considerara como herederos del finado Lázaro Puente. En nuestra sen-tencia nada se ordena a la corte de distrito con respecto a la forma específica de resolver las pretensiones de las partes Armsterdam. La resolución final que debe dictarse en el caso con referencia a las partes expresadas en los párrafos Io. y 2o. de la sentencia de junio, 1910, fue una cuestión que quedó a la discreción de la corte inferior, guiada por las considera-ciones presentadas y las conclusiones a que llegó este tribunal, y habiendo sido remitido el caso a la corte inferior para re-solverlo en definitiva, esto necesariamente envolvía un nuevo juicio incluyendo la celebración de una vista a la que asistie-ran ambas partes. La sentencia dictada por este tribunal no, resolvía en definitiva la controversia habida entre las partes, sino que imponía esa obligación a la corte de distrito, la que tenía que cumplir con dicha obligación de acuerdo con la ley.

McGomb v. County Com’rs, 97 U. S., 1; Haseltine v. Central National Bank, 183 U. S., 130; Martínes v. Int. Banking Corp., 220 U. S., 223.

Con respecto al segundo error alegado, debemos expresar que la corte de distrito evidentemente cometió error en eli-minar la oposición formulada por los apelantes a la solicitud de los apelados de que se les declarase herederos de Lázaro Puente. Esta acción que asumió la corte estaba en oposición con la orden expresa contenida en la sentencia de este tribunal, dictada en junio de 1910. No obstante el criterio que tienen los apelados acerca de la interpretación que debió darse a la sentencia de este tribunal, se ordenó a la corte de distrito que “procediera a considerar y resolver sus reclama-ciones ele conformidad con el procedimiento fijado en la ley de procedimientos legales especiales y de acuerdo con la ley y los hechos.” No había medio de resolver acerca de los hechos del caso sin oirse las pruebas, y ese conocimiento de las prue-bas envuelve necesariamente la consideración de la oposición formulada por los apelantes en este caso. El artículo 20 de la ley de procedimientos legales especiales claramente da a las personas que tienen derechos opuestos a la parte cuyas pretensiones están para considerarse, el derecho de presentar sus oposiciones a las mismas. Desde luego que para que sus alegaciones surtan efecto deben estar sostenidas por alguna prueba. Este artículo dispone claramente que se celebre una vista entre las diferentes partes que tienen reclamaciones contradictorias sin hacer referencia a nn procedimiento ex parte, según ha considerado la corte inferior, al parecer, al resolver en definitiva esta cuestión. ■ Desde luego que nada se dice de cual hubiera sido el verdadero resultado de esa vista, pero tal vista debió haberse celebrado y los apelantes no hubieran sido privados de tener la oportunidad de ser oídos, por virtud de la orden ex parte por la que se eliminaba la opo-sición de los mismos de las diligencias archivadas en el tribunal. La resolución adoptada por la corte inferior nos pa-rece claramente errónea.

Tercero; pero la corte inferior resolvió sobre las alega-ciones presentadas por estos apelantes en abril último, sin oirlos o sin .considerar los méritos de las mismas. El caso referente al cual se dictó la primera sentencia, era un procedi-miento contencioso en que tanto los peticionarios como los contrapeticionarios, o sea todos los reclamantes que compare^ cieron ante la corte fueron oídos. En los autos no existe nin-guna orden eliminando a ninguna parte del caso, a no ser que fuera Rodríguez, y hasta- que tal orden no fuera dictada eli-minando a estos apelantes, éstos ciertamente eran partes en el pleito y como tal debieron ser considerados; de modo que una orden dictada por la corte de distrito después que el'caso le fué de nuevo devuelto, eliminando las alegaciones de cada una de las partes de los autos sin notificación alguna por no ser ya más partes en'el pleito, ha debido ser errónea. Antes de que cualesquiera de las partes, apelantes o apelados en este caso hubieran sido excluidas de los autos, tenían derecho a ser notificadas de la moción que con tal objeto se presentara a la corte, y a sfer oídos en oposición a dicha moción con ante-rioridad a que se dictase ninguna orden a ese efecto. Si hu-biera sido la intención de este tribunal que su sentencia tu-viera tal efecto, evidentemente que así se hubiera expresado claramente en la misma, lo que no se hizo, como puede verse de una lectura que se haga de la sentencia dictada en junio de 1910.

Cuarto; resulta que la corte inferior declaró a los apelados en este pleito como herederos legítimos de 'Lázaro Puente, sin notificación alguna a los apelantes y sin permitírseles ser oídos en oposición de tal declaración que habían comparecido ante la corte con sus alegaciones, solicitando ser oídos, for-mular una oposición y presentar prueba en apoyo de sus ale-gaciones. Según hemos dicho, este no es un procedimiento ex parte y no puede serlo según el artículo 20 de la ley de procedimientos legales especiales; por tanto, la corte inferior cometió error al considerarlo así y al conceder la solicitud de los apelados, después de no permitir a los apelantes en este caso presentar sus alegaciones rechazando éstas y la prueba en que se fundaban, cualesquiera que hayan sido esas alega-ciones, sin considerarlas en absoluto. Y este procedimiento no podía cambiarse de uno contencioso a otro ex parte, o vice versa, a gusto de los abogados o aun del juez, sin que por lo menos se dictara una resolución en tal sentido, que debió, hacerse únicamente después de oirse en debida forma a todas las partes interesadas.

Considerando así el presente caso según el mismo ha sido presentado en esta apelación, somos de opinión que la sen-tencia definitiva contra la cual se ha interpuesto este recurso de apelación, dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 13 mayo de 1911, debe revocarse devolviéndose el caso a dicha corte sentenciadora con instrucciones de que proceda a anu-lar todas las órdenes dictadas en este caso desde la fecha en que éste fué devuelto a dicha corte, y a oir y resolver todas las pretensiones de los apelantes y apelados, después de permitir que se hagan las enmiendas que cualesquiera de dichas par-tes deseen hacer a sus alegaciones; y después de considerar toda la prueba pertinente al caso que se le presente en apoyo de sus respectivas pretensiones, proceda a dictar sentencia definitiva qne en todos sus particulares esté de conformidad con la ley según ha sido expuestá por este tribunal en la-pri-mera apelación y .en la presente opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: •El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Cruz et al. v. Ortiz.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 715.
    Resuelto en diciembre 20, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Título de Heredero — Adjudicación y Partición de la Herencia. — El título de heredero por si sólo no es suficiente para que al-gunos de los herederos puedan reivindicar una parte específica y determinada de los bienes hereditarios, pues la partición y adjudicación de dichos bienes es la que confiere propiedad exclusiva a un heredero sobre los bienes que le hayan sido adjudicados, y en tales circunstancias, es prematura la aeción que se ejercita antes de cumplirse estos requisitos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José A. Po-oentud.

    Ahogado del apelado: Sr, José Tous Soto.

   •El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción en reclamación de un condomi-nio de las tres quintas partes indivisas de una finca rústica, y las rentas y productos del mismo, ascendentes a $10,000, más los daños y perjuicios adicionales montantes a $5,000.

El demandado formuló excepción previa a la demanda, que fue declarada con lugar por la corte, la que dictó senten-cia en contra de los demandantes desestimando dicha deman-da e imponiendo costas. Contra esta sentencia se interpuso esta apelación.

Este caso comprende las siguientes cuestiones, que se en-cuentran expresadas en las excepciones previas del deman-dado formuladas a la demanda.

Ia. Defecto de partes.

2a. Estoppel.

3a. Prescripción.

La corte dictó sentencia a favor del demandado por el fundamento de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Parece que la corte-inferior no tomó en consideración las defensas de defecto de partes y estoppel. Los apelantes alegan en su alegato qne se han cometido quince errores. El primero y .último son en substancia iguales, y tienden a probar que la corte inferior cometió error al dictar la sentencia apelada, siendo ésta con-traria a la ley y a la prueba presentada. Si se considera que en realidad fué cometido-este error, entonces no es necesario examinar minuciosamente todas las cuestiones especificadas en los otros señalamientos de errores.

En una acción reivindicatoría en que se muestre un título hereditario, los hermanos de los demandantes Mauricio y Francisco son necesariamente partes. Los demandantes ale-gan en su demanda que tienen derecho a una parte de la finca y en la súplica de la misma piden que la corte dicte sentencia, declarando que pertenece a los demandantes las tres quintas partes indivisas de dicha finca; que el expediente posesorio y su inscripción son nulos y de ningún valor, y que ordene se les pague la suma de $15,000 en concepto de rentas, productos ■ y daños y perjuicios, con los demás pronunciamientos proce-dentes. No solicitan de modo específico que se declare que la cláusula que se objeta en el testamento es nula, sino que la consideran como tal ipso facto, y en realidad no pueden rei-vindicar a menos que ésta sea nula.

Hasta ahora hemos resuelto frecuentemente que en una acción reivindicatoría la primer cuestión que ha de conside-rarse es que la misma pueda entablarse solamente por el ver-dadero dueño a fin de reivindicar la finca que le pertenece; de-ahí que en tal acción sea un requisito fundamental que él pruebe de modo claro y preciso que es el dueño de la finca que trata de reivindicar y que está en posesión del demandado.

En un caso fallado recientemente, la Corte por medio del Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó como signe:

“El título de heredero transmite un derecho sobre el conjunto de los bienes hereditarios; por virtud de él todos los herederos por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común, pero-mientras no se practiquen las diligencias de partición y adjudicación, mientras en virtud de ellas no cese esa comunidad, ninguno puede decirse ni ser considerado como dueño único y exclusivo de una por-ción determinada o parte alícuota, fija y concreta de las bienes de la herencia, cuyo concepto es requisito que debe justificarse para que pueda prosperar una acción reivindicatoria.
“Ocurrida la muerte del causahabiente, existe en sus herederos, según los artículos citados, un dominio en el todo indeterminado, que se concreta y determina mediante la partición y adjudicación de los bienes hereditarios, la que según el artículo 1035 del Código Civil vigente, concordante con el 1068 del Código anterior es la que confiere propiedad exclusiva a un heredero sobre los bienes que l.e hayan sido adjudicados. ’ ’

Velilla v. Pizá, resuelto en 5 de diciembre, 1911.

. Esta doctrina está apoyada también por numerosas sen-tencias de la Corte Suprema de España, entre otras por la de 13 de junio de 1901, que dice:

“Que mientras no se haga la liquidación de la herencia, y por consecuencia de ella la correspondiente partición y adjudicación a cada heredero1 de lo que le corresponde, carecen éstos de verdadero título que les sirva para reivindicar bienes concretos y determinados de la misma herencia, pues para tal acción no es título suficiente el testa-mento. ”

Aplicando al presente caso los principios enunciados en estas sentencias, encontramos que estos apelantes que recla-man la porción indivisa correspondiente a tres de los cinco herederos de su madre, han establecido prematuramente esta acción, reivindicatoria, por lo que la excepción previa formu-lada a la demanda fué debidamente declarada con lugar.

No es necesario discutir las demás cuestiones que apáre-cen de los autos. Debe confirmarse la sentencia dictada por la corte inferior. _

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández, y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, hizo constar estar conforme con la sentencia por los fundamentos consignados en la opinión concurrente en el caso de Velilla v. Pizá et al., resuelto en diciembre 5, 1911.


author: El Juez Asociado. Sr. Wolf,

text:
    Torres v. Calaf.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 746.
    Resuelto en diciembre 20, 1911.
    Apelación — Notificación de la Sentencia — Renuncia de la Notificación.— Aunque el tiempo para' interponer el recurso de apelación empieza a correr desde que se notifica la sentencia a la parte contra quien se ha dictado, sin embargo, si apela con anterioridad a la notificación, se entiende que tenía conocimiento de ella y es innecesaria la notificación para fijar el tiempo para apelar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del promovente: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

    Abogados de la parte contraria: Sres. López Landrón y Rincón.

   El Juez Asociado. Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para desestimar una apelación por el fundamento principal de que fué interpuesta fuera de término. El apelante sostiene que en virtud de la ley No. 70 de marzo 9, 1911, p. 238, el término para interponer el recurso de ape-lación no empieza a correr en este caso hasta déntro de los treinta días, que espiraron el 24 de agosto de 1911, en cuya fecha se registró el escrito de apelación. Hemos encontrado varios errores y equivocaciones en el récord y en las certifi-caciones que se nos han presentado para determinar si el recurso de apelación ha sido bien interpuesto. Para poder determinar si esta corte tenía o nó jurisdicción para conocer de este recurso se expidió una orden dirigida a la corte de distrito de San Juan pidiendo que' remitiera los autos origi-nales de este pleito, con copia certificada de cualquier sen-tencia que se hubiera dictado en este caso. Los siguientes hechos constan en los autos.

' El demandado interpuso excepciones previas a la demanda original. La corte declaró con lugar las excepciones el 9 de marzo de 1911. En el mismo día se registró la sentencia en el libro de sentencias. El 27 de marzo, 1911, el demandante y apelante notificó al secretario y a los abogados de la parte contraria que interponía recurso de apelación contra la sen-tencia registrada en este caso el 9 de marzo, 1911, declarando con lugar dichas excepciones previas. Oportunamente se presentó a esta corte la transcripción de autos. No vino con la transcripción popia certificada de la sentencia, sino única-mente de la orden dictada en 9 de marzo, 1911, declarando con lugar las excepciones previas. Este tribunal desestimó la apelación por el fundamento, según se expresa en la opi-nión, de que la orden resolviendo excepciones previas no es una resolución definitiva y por lo tanto es inapelable.

Antes de haberse registrado el escrito de apelación en 27 de marzo, 1911, el apelante con fecha 16 de marzo, 1911, radicó y notificó a los abogados de la parte contraria una moción para que se registrara sentencia en este caso. Esta moción fue resuelta en julio, 1911, en que la corte de distrito ordenó que se registrara una segunda sentencia. El 22 de julio, 1911, el apelado presentó una moción para que se dejara sin efecto la segunda sentencia, porque ya se había registrado otra con fecha 9 de marzo, 1911. Esta moción y'sus fundamentos fue-ron notificados al apelante el 22 de julio, 1911. El. 26 del mis-mo mes de julio el secretario notificó al apelante que con fecha 9 de marzo, 1911, se había dictado sentencia en contra del de-mandante.

Cualesquiera que hubieran sido los fundamentos que tu-viera este tribunal para desestimar la primera apelación, que-da en pie el hecho concreto y esencial de que la transcripción de autos en dicha primera apelación no tenía una certificación de la sentencia definitiva. La razón fundamental para de-sestimar dicha apelación fué que la transcripción de autos no tenía certificación de dicha sentencia definitiva, sino única-mente de la orden resolviendo las excepciones previas. Ya se había dictado sentencia con fecha 9 de marzo, 1911, y ésta había sido debidamente registrada en el libro de sentencias. Los abogados del apelante sostienen que nunca se les había notificado la sentencia de marzo 9, 1911, hasta el 26 de julio, 1911, y que por virtnd de la ley de marzo 9, 1911, el término para interponer el recurso de apelación empezó desde la fecha de la notificación de la sentencia. Pero del contexto del escrito de apelación surge la presunción, que no ha sido contradicha, que cuando los abogados del apelante registraron su escrito de apelación el 27 de marzo, 1911, tenían conocimiento pleno de que existía tal sentencia. Es muy probable que el apelante en 16 de marzo, 1911, creyera que no se había registrado tal sentencia; pero también creemos que los actos ejecutados por el apelante en ese día demuestran que sabía que tal sentencia era necesaria para perfeccionar su derecho de apelar, y. así nos lo demuestra el que el 27 de marzo, 1911, el demandante registró el escrito de apelación alegando que apelaba de la sentencia, de donde debemos deducir que tenía conocimiento de ella. Existía, pues, una sentencia de 9 de marzo, 1911, y en virtud del escrito de apelación registrado por el apelante el 27 del mismo mes de marzo, este tribunal adquirió jurisdic-ción para conocer de dicho recurso; pero no se nos demostró haciendo figurar la sentencia en la transcripción de los autos. El deber del apelante era haber remitido a este tribunal una transcripción completa de los autos. Ya hemos resuelto en el caso No. 737, Veve v. Fajardo Sugar Growers’ Association resuelto en 25 de octubre, 1911, que puede interponerse el recurso de apelación en cualquier momento después de re-gistrada la sentencia, sin que el apelante esté obligado a espe-rar que se le notifique dicha sentencia por el secretario y que desde el momento en que interpone el recurso de apelación renuncia a dicha notificación. Además, la intención de la ley es que cuando la parte perjudicada tenga conocimiento real de que se ha dictado sentencia y hace gestiones en el tribunal que demuestren la existencia de tal conocimiento, es innecesa-ria la notificación. (2 Cyc. 799; McQuesten v. Morrill et al., 41 Pac. 59; Braeley v. Marks, 43 Pac. 27.)

En vista de tales hechos debemos resolver que el apelante ejerció su derecho al interponer la primera apelación, y que la notificación qne se le hizo por el secretario el 26 de julio, 1911, no le dió derecho a interponer otra apelación.

Debemos observar también que la moción de 22 de julio, 1911, en que se pedía la revocación de la sentencia de 15 de julio, 1911, fué notificada al apelante el 22 de julio, haciendo referencia en dicha moción a la sentencia registrada el 9 de marzo, 1911. A pesar de eso el apelante esperó más de treinta días para, interponer el recurso de apelación.

También es discutible ¡?i la ley de marzo 9, 1911, estaba vi-gente cuando se dictó la sentencia de marzo 9, 1911, teniendo en cuenta que dicha ley empezó a regir desde su aprobación. Debemos, pues, declarar con lugar la moción para deses- - timar el recurso.

,. 7 7 ., Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PeesideNte Se. Hernández,

text:
    El Pueblo v. González.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a:
    No. 395.
    Resuelto en diciembre 20, 1911.
    Derecho Penal — Falsa Representación e Impostura — -Hurto—Calificación Fiscal Errónea. — Cuando los hpehos alegados por el Fiscal en una acusación determinan el delito de hurto comprendido en el artículo 476 del Código Penal y el Fiscal erróneamente los ha calificado de falsa representación e impostura, la acusación no es por ello fatalmente defectuosa, pues no es el Fiscal, sino los mismos hechos los que determinan la naturaleza del delito imputado.
    Id. — Veredicto Nulo — Declaración de Culpabilidad por un Delito Distinto del Imputado en la Acusación. — Cuando los hechos alegados en una acusa-ción constituyen el delito de hurto y no el de falsa representación e impos-tura, como erróneamente los ha calificado el Fiscal, si el jurado en su veredicto de culpabilidad se limitara a declarar al acusado culpable del delito imputá-dole, tal veredicto sería válido, pero habiéndose especificado en el veredicto que se le declaraba culpable de falsa representación e impostura, que no es el que determinan los hechos consignados en la acusaeióu, el veredicto re-sulta nulo. .
    Id. — Hurto—Definición de Hurto en un Artículo del Código Penal Com-prendido en el Capítulo de Falsa Representación e Impostura. — Aun cuando el artículo 476 del Código Penal que define y castiga el delito de hurto esté comprendido en el capítulo que trata de los delitos de falsa representación e impostura, no por eso lia de calificarse el delito de hurto como falsa representación e impostura, pues la especialidad del artículo tiene que prevalecer sobre la generalidad del título en que aquél está comprendido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. Hernández,

emitió' la opinión del tribunal.

La presente causa se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a., a virtud de acusa-ción formulada por el Fiscal de dicha corte contra Rodolfo González por delito de falsa representación e impostura, co-metido como sigue:

“El citado Rodolfo González, allá en los primeros meses del año 1909, dentro del Distrito Judicial de San Juan, habiendo dado a= Don Arturo Cortada en garantía de una deuda, seis yuntas de bueyes, una muía americana, un carro de cuatro ruedas con arneses, y dos vacas, una de ella con su cría, valo-radas en ochocientos sesenta dollars, durante la subsistencia de dicha garantía, con intención de defraudar al acreedor garantizado, procedió a su venta sin el consentimiento de su acreedor Sr. Cortada.”

Celebrado el juicio ante jurado con alegación-de ser ino-cente el acusado, recayó veredicto declarándolo culpable del delito de falsa representación e impostura, y la corte después de negar moción de nuevo juicio, fundada en que el veredicto era contrario a derecho y a las pruebas, pronunció sentencia en 23 de mayo último, condenando a Rodolfo González como culpable de un delito de falsa representación e impostura, a la pena de un año de presidio con trabajos forzados y las costas.

Contra la orden denegatoria de nuevo juicio y la sentencia condenatoria pronunciada, interpuso la representación de González recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Tanto la parte apelante como el Fiscal solicitan la revoca-ción de la sentencia apeláda, por la razón de que los hechos expuestos en la acusación constituyen el delito de hurto, com-prendido en el artículo 476 del Código Penal, y por tanto el veredicto del Jurado que declara culpable al acusado de falsa representación e impostura es nulo y no puede servir de base a la sentencia apelada.

Ciertamente que los hechos constitutivos de la acusación-determinan el delito de hurto, comprendido en él artículo 476 del Código Penal que dice así:

“Toda persona que habiendo dado en garantía alguna cosa in-mueble o mueble, para responder de algún empréstito u otra garantía, y. durante la subsistencia de dicha garantía, con intención de defraudar al acreedor garantizado, o a sus representantes o cesionarios, traspa-sare, vendiere, tomare, sustrajere o dispusiere de dichos bienes o parte de los mismos, sin el consentimiento escrito del acreedor hipotecario, incurrirá en hurto y sufrirá la pena correspondiente.” .

No importa que el Fiscal haya calificado erróneamente los hechos de delito de falsa representación e impostura, pues aquéllos son los que determinan el delito cometido y nó la calificación Fiscal. La acusación no es por ello fatalmente defectuosa siempre que los actos constitutivos del delito estén alegados suficientemente, como en el presente caso. El error en la calificación no la vicia de nulidad.

People v. Phipps, 39 Cal., 326.

People v. Cuddihi, 54 Cal., 53.

People v. Fine, 77 Cal., 147.

People v. Appinger, 105 Cal., 36.

Aceptando como aceptamos como buena sustancialmente la acusación, bueno nos parecería también el veredicto del ju-rado si éste se hubiera limitado a la expresión “culpable” lo que implica la declaración de estar el acusado convicto del de-lito imputádole en la acusación, según el artículo 283 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal. Pero el jurado declaró al acusado culpable del delito de falsa representación e impos-tura, que no era el determinado por los hechos expuestos en la acusación, según erróneamente afirmó el Fiscal, y por tanto el jurado declaró culpable al acusado de un delito que no le había sido imputado, pronunciando así un veredicto que no responde a la verdadera cuestión litigiosa planteada, y qne por tanto es nulo, como nula tiene qne ser en su consecuencia la sentencia en él fundada. .

El artículo 289 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su segundo apartado, dice que no se podía dictar fallo conde-natorio, sin que el jurado expresamente declare convicto al reo del delito imputádole.

El delito imputado al apelante ha sido el de hurto, y por tanto no ha podido ser castigado habiéndolo declarado el ju-rado culpable de falsa representación e impostura.

People v. Small, 82 Pac. Rep., 87.

People v. Tilley, 135 Cal., 61.

Podría argüirse de contrario que el artículo 476 del Código Penal está comprendido en el capítulo 8o. del título 17 de dicho Código que lleva por epígrafe “Falsa representación e impos-tura,” y nó en el capítulo 5o. del mismo título que lleva por epígrafe “Hurto,” y que por tanto los hechos expuestos en la acusación merecen calificarse de falsa representación e im-postura, por más que deba imponérseles la pena correspon-diente al delito de hurto.

A semejante argumentación contestaremos que según el ar-tículo 476 ya transcrito del Código Penal, incurrirá en hurto y sufrirá la pena correspondiente toda persona que ejecute los hechos relacionados en dicho artículo, y como entre esos hechos figuran los imputados al acusado G-onzález, es claro que ha incurrido en hurto y no en falsa representación e impostura. Cuando la ley es clara, como en el presente caso, no necesita interpretación. La especialidad del artículo 476 tiene que prevalecer sobre la generalidad del título en que aquél está comprendido.

Siendo nulos como son el veredicto del Jurado y la senten-cia que le siguió, se hace innecesario discutir el otro funda-mento alegado por la parte apelante para sostener su recur-so, o sea que el veredicto es contrario a derecho y a las prue-bas.

Por las razones expuestas entendemos que procede la re-vocación de la sentencia apelada qne dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 23 de mayo del corriente año.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Campos.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 393.
    Resuelto en diciembre 20, 1911.
    Derecho Penal — Infracción de las Leyes de Bentas Internas — Multa Ad-ministrativa — Facultades del Tesorero. — De acuerdo con la sección 23 de la ley de marzo 9, 1905, el Tesorero tiene la facultad alternativa de im-poner una multa administrativa a los infractores de las Leyes de Bentas In-ternas o denunciarlos criminalmente, y si opta por el primer procedimiento debe notificar al infractor la imposición de dicha multa y darle un tiempo razonable, que en algunos casos puede ser de horas solamente, para que pague o'deje de pagar dicha multa, y únicamente en el caso de que dejare de pagar es que puede denunciarlo criminalmente.
    Id. — Sentencia Insuficiente — Omisión del Delito por el Cual se Condena.— Una sentencia en causa criminal es suficiente si el delito por el cual el' acu-sado ha sido realmente declarado culpable resulta de un examen de la misma sentencia o de alguna otra parte del récord, pero en el caso de autos la sen-tencia es insuficiente por declarar culpable al acusado de un delito contra las Leyes de Bentas Internas sin especificarlo.
    Id. — Bequisitos de una Denuncia — Denuncia Insuficiente. — Es insuficiente una denuncia en la cual se imputa una infracción de las Leyes de Bentas In-ternas por tener en un establecimiento y ofrecer en venta al público ron, cerveza, y vino, sin la correspondiente licencia, cuando no se expresa en la denuncia que efectivamente se realizó alguna venta, ni qué clase de licencia debía tener el denunciado, como comerciante al por mayor o al detall.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Ahogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cual se interpuso esta apelación, fechada agosto 17', 1911, declara que la ley y los hechos están en contra del acusado y lo encuentra culpable del delito de infracción de rentas internas y le impone $100 de multa o treinta días de cárcel y las costas. La sentencia nada expresa acerca de qué determinada parte de la ley de rentas lia sido infringida y de la cnal es culpable el acusado, ni bace tam-poco referencia alguna a la denuncia en la que es de presu-mirse se funda este proceso. La denuncia en sí imputa al acusado la comisión dé una infracción de la ley de rentas, por tener en su establecimiento y ofrecer' en venta al publico, ron,'cerveza y vino, sin estar provisto de la correspondiente patente, infringiendo de este modo la sección 88 de dicha ley. No aparece de la denuncia si el acusado era un comerciante al por mayor o al detalle, ni especifica que hubiera én reali-dad vendido el acusado ninguno de los artículos de la clase, que se dice ofrecía en venta. Durante el juicio apareció que el Tesorero de Puerto Rico, actuando de conformidad con la facultad que le concede la ley de marzo 9, Í905, leyes de 1905, página 269, impuso en marzo 30, 1911, una multa adminis-trativa al acusado de $6.50, de la que no tuvo conocimiento o fné notificado dicho acusado hasta después de la presenta-ción de la denuncia contra él en 6 de abril de. 1911. Acababa precisamente de comprar el acusado a otra persona que tenía licencia. .La referida sección 23, es como sigue:

“Sección 23. — El Tesorero de Puerto Rico dictará los reglamentos' que fueren necesarios para dar cumplimiento a' las disposiciones de la presente y que no se opusieren a la misma, pudiendo imponer y cobrar mediante procedimientos administrativos a toda persona que dejare de observar cualquiera de dichos reglamentos, o infringiere cualquiera de las disposiciones de esta ley, una multa que no exceda de diez dollars ($10) por cada infracción, o podrá a su arbitrio, denunciar a dicha persona ante el correspondiente tribunal por faltar a los reglamentos, o cometer una infracción de ley. Toda persona que así fuere denun-ciada ante el tribunal por infracciones de esta ley, una vez convicta, será castigada con multa o prisión, o ambas penas, según lo específica-mente dispuesto en la misma. Cuando el tesorero hubiere impuesto una multa de acuerdo con lo arriba prescrito, y no se efectuase el pago de la misma, podrá incoar procedimientos en el tribunal corres-,, pondiente por infracción de los reglamentos o disposiciones de esta ley, en castigo de la cual fuere impuesta la multa, y convicto que fuere el reo de dicha infracción, será éste castigado con multa o pri-sión, o ambas penas, conforme a lo dispuesto en esta ley, como si no se hubiere impuesto ninguna multa y se hubiére desde un principio incóado procedimientos ante el correspondiente tribunal. ’ ’

Con arreglo a esta sección se confía al Tesorero la respon-sabilidad de imponer nna multa administrativa o a su dis-creción, denunciar a la persona ante el correspondiente tribunal. Tiene la alternativa. Si elige el recurso adminis-trativo y el acusado no paga, puede el Tesorero sin embargo proceder como si dicha multa administrativa nunca se hu-biera impuesto.

En el presente caso él optó por el recurso administrativo. Cuando así lo hace es razonable que el acusado debe tener-una oportunidad conveniente para pagar la multa. Creemos que al usar el estatuto las palabras “y no se efectuase el pago,” necesariamente envuelve algún elemento de conoci-miento o aviso por parte del acusado con respecto a la impo-sición de la multa. La razonable oportunidad es en algunos casos algunas horas, pero cuando un acusado no tiene conoci-miento de esta multa, él no tiene oportunidad de satisfacerla.

Habiendo optado el Tesorero por la imposición de una multa administrativa, el Fiscal solo tenía que mostrar que la multa no había sido satisfecha, cuya falta únicamente podía resultar si existió primeramente una oportunidad para satis-facerla. Después de una multa administrativa, el derecho a seguir una causa a una persona es consecuencia de la falta de pago, o expresado en sentido recíproco, la falta de pago es una condición precedente al derecho a perseguir criminal-mente.

Se sugirió en la vista que cuando el Tesorero impuso la multa por la vía administrativa, pudo haber cambiado de parecer y resolver perseguir criminalmente en primera ins-tencia. No encontramos tal facultad en la ley; pero en el caso presente la evidencia mostraba él hecho de que se es-tableció el procedimiento debido a la falta de pago de la multa, habiendo declarado el agente de rentas que formuló la •denuncia con respecto a la costumbre de notificar al delin-cuente y exigir el pago de la multa. Además, esta denuncia no fué formulada por el Tesorero sino por un agente de rentas. Por tanto, no puede decirse que el Tesorero cambiara de parecer no apareciendo indicación o presunción alguna de que él dirigiera este procedimiento.

No encontramos que la sentencia fuera suficiente. Una sentencia en causa criminal es suficiente si el delito por el cual el acusado fia sido realmente declarado culpable, resulta de un examen de la propia sentencia o de alguna otra parte del récord. (Pointer v. United States, 151 U. S., 396-417; White v. United States, 164 U. S., 102.) La sentencia puede también identificarse por una referencia al veredicto o a alguna otra orden de la corte dictada con posterioridad a la declaración de culpabilidad. Sin embargo, la sentencia debe mostrar por referencia o de algún otro modo la naturaleza del delito., (12 Cyc., 786; People v. Douglas, 87 Cal., 281.) En este caso la sentencia no bace ninguna referencia a alguna cuestión anterior y declara culpable al acusado de un delito contra las leyes de réntas, sin especificar cuál es el delito.

Aunque generalmente liemos resuelto que una denuncia no necesita reunir todos los requisitos de una acusación, sin embargo, creemos que debe contener elementos suficientes que aperciban al acusado de la naturaleza del cargo que se le imputa. (People v. Torrellas, 10 Porto Rico Reports, 519.) Esta denuncia no imputa al acusado el becbo de baber efecti-vamente vendido sin licencia, ni muestra qué clase de licencia debía tener, si como comerciante al por mayor o al detalle. Creemos que la denuncia era insuficiente.

Por estas razones debe revocarse la sentencia.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Campos.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 392.
    Resuelto en diciembre 21, 1911.
    Desecho Penal — Infracción de las Leyes de Rentas Internas — Denuncia Insuficiente. — Es insuficiente una denuncia por infracción de Leyes de Ren-tas Internas en la cual no se alega si el denunciado era comerciante al por mayor o al detall ni se expresa que haya realizado ventas sin la correspon-diente licencia, pues aunque una denuncia no ha de reunir todos los re-quisitos de una acusación, debe ser lo suficientemente explícita para que el denunciado quede informado del delito de que se le acusa.
    Id. — Sentencia Insuficiente — Expresión del Delito. — Es insuficiente una sen-tencia condenatoria por infracción de las Leyes de Rentas Internas en la cual no se expresa el precepto concreto de las Leyes de Rentas Internas in-fringido, ni de la misma consta el delito por el cual se condena al acusado.
    Id. — Multa Administrativa — Facultades del Tesorero. — El tesorero sólo puede denunciar criminalmente a un infractor de las Leyes de Rentas Internas, después de haberle impuesto una multa administrativa, cuando consta' que se le ha dado un término razonable al multado para pagar dicha multa y ha dejado de satisfacerla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Abogado dél apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa es muy parecida a la seguida contra la misma persona y que fué resuelta en el día de ayer. La principal' diferencia consiste en que los artículos ofrecidos en venta fueron tabacos y cigarrillos, mientras que en el otro caso eran ron, cerveza y vino.

Se inició en la corte municipal de Carolina y fué celebrado nuevamente el juicio en la Corte de Distrito de San Juan.

Se alega en la denuncia que el acusado infringió el artí-culo 88 de la ley de Rentas Internas, pero no se expresa en la misma si traficaba al por mayor o al detall. No se hace tampoco especificación de determinadas ventas. Los proce-dimientos parecen haber sido comenzados por Paul Ruell, agente de rentas internas, no constando si éste tenía o nó instrucciones del Tesorero. Arinque tina denuncia en las cor-tes inferiores no tiene que ser tan perfecta y contener todos los requisitos de nn acusación, sin embargo, debe ciertamente expresar suficientes alegaciones a fin de que el acusado quede informado de la naturaleza del delito cuya comisión se le imputa! (El Pueblo de P. R. v. Torruellas, 10 P. R. R., 519.) En estos particulares la denuncia apenas era suficiente para basar en ella el proceso.

Con respecto a lá sentencia que fué dictada en 15 de agosto último y contra la cual se interpuso esta apelación, también la encontramos defectuosa. No aparece de la misma el verdadero delito del cual fué declarado culpable el acusado, no pudiendo subsanarse estos defectos por una referencia que se baga al veredicto u otras partes de los autos. Tampoco se expresa en dicha sentencia de qué infracción específica de la ley de rentas es culpable el acusado. (Véanse los casos de White v. State, 164 U. S., 102; Pointer v. United States, 151 U. S., 396; People v. Douglas, 87 Cal., 281; y 12 Cyc., 786.)

Aparece de los autos que en el presente caso, que el Teso-rero impuso primeramente una multa administrativa de $6.50, al acusado y después procedió contra el mismo criminalmente. El Tesorero estaba autorizado para hacer esto de acuerdo con la ley. Pero él' solamente puede acudir a las cortes cuando no se ha efectuado el pago de la multa administrativa. (Art. 23 de la ley de 9 de marzo de 1905; leyes de la sesión de 1905, pág. 269.) Esta prescripción de la ley significa que deberá dársele una oportunidad al acusado para pagar la multa, la que no puede aprovechar si no se le notifica de algún modo qué cantidad debe pagar. En los autos no consta que se le haya hecho tal notificación; por lo menos que se le hiciera hasta después de haberse llevado el asunto a los tribunales. Aun en estas cuestiones de pequeña importancia, el acusado tiene derecho a un debido procedimiento de ley..

Por -estas razones, y por las expresadas en la resolución de ayer, debe revocarse la sentencia y desestimarse el caso.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.