text:
    Manuel A. Barreto, peticionario y apelante, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada y apelada. Fernando R. Colón y José A. Zapata, demandantes y apelantes, v. Manuel A. Barreto, actuando como supuesto Alcalde de Mayagüez, demandado y apelado. Manüel A. Barreto, peticionario, v. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandado.
    Núms. 8447, 8434 y 80.

    Sometidos: Enero 21, 1942.

      Resueltos: Enero 29, 1942.

      Enrique Báez García y Federico Tillen, abogados del Sr. Barreto en los tres casos; José Sabater, Oscar Souffront y A. Ramírez Silva, abogados de los interventores, demandantes en el pleito principal (en los casos 8447 y 80) y de los demandantes y .apelantes (en el caso 8434) quienes a su vez son los promoventes de las mociones de desacato en los casos 8447 y 8434.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Las cuestiones a resolver en relación con los tres asuntos arriba indicados están tan íntimamente relacionadas entre sí que hemos optado por discutirlas en una sola opinión.

A virtud de ciertos cargos formulados por Zoilo Rivera, Jr., contra los Comisionados de la “Autoridad Municipal de Hogares de Mayagüez,” Sres. Fernando R. Colón y José A. Zapata, el Sr. Manuel A. Barreto, en su carácter de alcalde de dicha ciudad, los separó de sus puestos en la Auto-ridad hasta tanto dichos cargos fuesen resueltos; les sumi-nistró copias de los mismos, les concedió diez días para contestarlos y les notificó que una vez contestados se pro-cedería a su audiencia, a la cual podrían ellos comparecer personalmente y asistidos de ahogado para la práctica de la prueba.

Los funcionarios en cuestión recurrieron a la Corte de Distrito de Mayagüez el 2 de septiembre de 1941, radicando contra el citado alcalde una petición de certiorari y otra de injunction basadas una y otra en que el Sr. Barreto care-cía de facultad para conocer de los cargos en cuestión por no ser él tal Alcalde de Mayagüez, toda vez que la orde-nanza consolidando los cargos de Alcalde y Director Escolar creando así uno solo con el nombre de Alcalde-Director Escolar, para el cual fue nombrado el demandado, es nula por carecer de facultad la asamblea para efectuar tal con-solidación. En la petición de certiorari se solicitó de la corte que ordenase se le remitiesen los originales o en su defecto copias certificadas de las actas de la Asamblea Municipal de Mayagüez donde constare todo lo concerniente al Lí... . ■ s. . nombramiento del Sr. Barrete para el cargo de Alcalde-Director Escolar de Mayagiiez y otras actas qne se especi-fican, a fin de revisar las actuaciones del demandado al enjuiciar y suspender de empleo a los peticionarios, y que en definitiva se declare con lugar el recurso de certiorari, anulándose las referidas actuaciones del demandado y que mientras se resuelva en definitiva la solicitud de certiorari, se ordene al demandado que se abstenga de continuar el procedimiento iniciado contra los peticionarios en relación con los indicados cargos y suspensión de empleo.

La petición de injunction está predicada en los mismos Lechos que la de certiorari. En ella se solicita que se dicte un auto de injunction permanente, prohibiendo al deman-dado, sus agentes, etc., seguir interviniendo en la tramitación de los referidos cargos, ordenándole que deje sin efecto la orden de suspensión de los demandados en el desempeño de sus puestos, y que mientras se resuelve el injunction per-manente, se dicte una orden para mostrar causas por las caíales no deba expedirse un injunction preliminar para que pendente lite el demandado se abstenga de realizar los men-cionados actos.

En el pleito de certiorari de que hemos hecho referencia, instado en la corte inferior, dicha corte, el mismo día 2 de septiembre de 1941, expidió un auto ordenando a Ja vez que el demandado se abstuviese de continuar el procedimiento de formulación de cargos y suspensión de empleo de los peticio-narios, hasta la definitiva resolución del recurso, señalando el 15 del mismo mes para su vista. Notificado el auto de certiorari al demandado, radicó éste otro recurso de certio-rari el 4 de septiembre de 1941 en este tribunal ante su juez asociado en funciones de turno, Hon. B.. H. Todd, Jr., en solicitud de que dicho juez de turno revise el auto de certio-rari que había expedido el 2 de septiembre de 1941 el juez inferior y que finalmente anule dicho auto “por contener el mismo disposiciones que son nulas, arbitrarias e ilegales, dictadas en exceso de la jurisdicción de la corte y en violación de las leyes de procedimiento, la Ley Orgánica y la Ley Municipal vigentes.”

Las disposiciones a que se refirió el peticionario se con-traen a la suspensión de la vista de los cargos y a aquella parte de la orden dejando sin efecto la suspensión de los peti-cionarios en el ejercicio de sus empleos como miembros de la Autoridad.

El Juez Sr. Todd expidió el auto con fecha 9 de septiembre de 1941, permitiendo intervenir a los Sres, Colón y Zapata; quienes atacaron la petición de certiorari el 30 del citado mes. Celebróse la vista del recurso en la fecha últimamente citada con la sola comparecencia del Lie. Ramírez Silva en repre-sentación de los interventores, habiendo radicado alegatos ambas partos y dictándose una resolución por el Juez Sr. Todd por la que desestimó la petición y anuló el auto que él había expedido. De esa resolución apeló el Sr. Barreto para ante este tribunal en pleno el 27 de octubre de 1941.

Mientras tanto, el juez inferior, después de oír a las partes en el pleito de injunction, con fecha 24 de septiembre de 1941 dictó una extensa “Resolución” denegando tanto el injunction preliminar como el permanente. De dicha reso-lución apelaron los demandantes Colón y Zapata para ante este tribunal el 29 de septiembre de 1941 y en auxilio de la jurisdicción de esta corte que aun se hallaba en su período de vacaciones, solicitó y obtuvo del Juez Sr. Todd previa audiencia de las partes y la fianza correspondiente, un auto de injunction cuya parte dispositiva dice así:

“ ... se declara sin lugar la moción del demandado solicitando se deje sin efecto la orden de entredicho y habiendo sido sometido el caso en su fondo, por los mismos fundamentos, se declara con lug’ar la petición en este caso y como consecuencia, previa prestación por los peticionarios de una fianza por la suma de $200, libre el Se-cretario, en auxilio y para hacer efectiva la jurisdicción de este Tribunal en el mencionado caso núm. 8434, mandamiento de injunction dirigido al demandado Manuel A. Barreto para que, durante la tra-mitación del referido pleito número 8434,, y hasta nueva orden del Tribunal Supremo, so abstenga, por sí o por medio de sus agentes, empleados, subalternos o representantes, de seguir interviniendo en la tramitación y resolución de los cargos presentados contra los peti-cionarios Fernando R. Colón y José A. Zapata y asimismo de dejar-les en el ínterin suspendidos de sus empleos.”

Contra el auto de injunction expedido por el juez de turno en auxilio de la jurisdicción de esta corte, no se radicó recurso alguno.

La apelación interpuesta contra la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez denegatoria tanto del injunction preliminar como del permanente, fué desestimada por este tribunal por frívola, a moción del demandado, el 15 del mes pasado, y el 13 del actual se denegó la reconsideración so-licitada por los demandantes, quedando así definitivamente resuelto en contra de los demandantes el pleito de injunction.

Habiéndose- desestimado el 15 de diciembre próximo pau-sado la apelación interpuesta por Zapata y Colón contra Barreto, procedió éste, con fecha 9 del corriente, a notificar a dichos señores para la audiencia de los cargos, señalándose ésta para los días 15 y 16 del actual, respectivamente. Dichos señores radicaron entonces en esta corte dos mociones intere-sando que el Sr. Barreto fuese castigado por desacato por haber desobedecido la orden de este Tribunal tanto en la apelación del certiorari pendiente de vista como en el auto de injunction en auxilio de la jurisdicción de esta corte, ale-gando los promoventes de dichas mociones que como ellos habían solicitado la reconsideración de la sentencia de este tribunal en el caso de injunction y aún no se había resuelto, dicha moción revivía el injunction en auxilió de la jurisdic-ción, y la violación al mismo era constitutiva de desacato. Al mismo tiempo dichos señores Colón y Zapata recurrieron a la Corte de Distrito de Mayagüez con otra moción para que por aquella corte fuese castigado por desacato el Sr. Barreto por haber violado la orden de la misma en el caso de certiorari, para revisar la cual se radicó ante el juez de turno el recurso de certiorari. El juez de distrito dictó una orden dentro de dicho pleito de certiorari el 13 del actual para que el Sr. Barreto mostrase causas por las cuales no debería ser castigado por desacato, a la vez que le ordenaba que se abstuviese de intervenir en la vista de los cargos formulados contra Colón y Zapata, señalándose la orden para, mostrar causa para el 19 del actual, a las 9 a. m.

Alegando el Sr. Barreto que la corte inferior carecía de jurisdicción dentro del recurso de certiorari para paralizar ros procedimientos en relación con la vista de los cargos y la orden de suspensión de empleo, instó en esta corte una soli-citud de auto inhibitorio (número 80).

En vista de esta serie de procedimientos instituidos por una y otra parte ante este tribunal, se adelantó el señala-miento de la vista de la apelación en el caso de certiorari número 8447, señalándose para el 21 del actual juntamente con las dos mociones sobre desacato, a la vez que se expidió una orden para oír a las partes sobre la procedencia del auto inhibitorio, celebrándose la vista de todos dichos procedi-mientos en la fecha antes indicada con asistencia e informe oral de ambas partes. .

Las cuestiones ahora a resolver son las siguientes:

(1) El recurso de apelación número 8447 interpuesto contra la resolución del juez de turno denegando un auto de certiorari para revisar otro auto de certiorari expedido por la corte inferior;

(2) La procedencia o improcedencia del auto inhibitorio;

(3) La moción sobre desacato dentro del pleito de cer-tiorari número 8447; y

(4) La moción sobre desacato radicada en el pleito de injunction número 8434, considerando el expedido en auxilio de la jurisdicción como un incidente de dicho caso número 8434.

Primera cuestión: Como ya hemos indicado, en la solicitud de certiorari radicada en la corte inferior, dicho tribunal expidió el auto ordenando se le remitiesen los procedimientos iniciados por el alcalde, juntamente con ciertas actas de la Asamblea Municipal, y a la vez se ordenó al alcalde se abstuviese de continuar la tramitación de los cargos, ordenándosele que no pusiese en vigor la orden de suspensión de empleo mientras se sustanciaba el recurso de certiorari. Fue contra ese auto que se interpuso el certiorari que denegó el juez de turno, resolución denegatoria contra la cual se estableció el recurso de apelación número 8447 de este tribunal.

Claro es y así parece entenderlo la representación del Sr. Barreto, que un recurso de certiorari no procede para revisar un procedimiento de certiorari en que la actuación de la corte sólo ha consistido en ordenar' que se le remita el récord cuya revisión se interesa; pero insiste dicho abogado en que el juez de turno debió haber revisado y anulado aquella parte del auto expedido por el juez de distrito en que' ordenó al Sr. Barreto que se abstuviese de continuar la tramitación de los cargos, así como de poner en vigor la orden de suspensión de empleo. Como la orden para que se remitiesen los proce-dimientos al juez de distrito no podía ser revisada por certio-rari, puesto que dicha corte nada había resuelto todavía, nos limitaremos a considerar la única cuestión que pudo ser consi-derada por el juez de turno, es decir, si dentro del auto dfe certiorari expedido por el juez inferior podía legalmente orde-narse al Sr. Barreto la suspensión de la orden señalando la vista de los cargos y dejar sin efecto temporalmente la orden de suspensión de empleo.

A nuestro juicio, no cometió el juez de turno el error que se le imputa, ya que la actuación del juez de 'distrito suspendiendo los procedimientos instituidos por el alcalde estuvo de acuerdo con la ley. En el caso de Méndez & Cía. v. Corte, 57 D.P.R. 845, 854, dijimos:

“En el procedimiento de certiorari existen dos etapas: la pri-mera consiste en la expedición del auto dirigido a la corte inferior para que remita los procedimientos a fin de ser revisados. Esta or-den no prejuzga en absoluto la cuestión en controversia. Su único objeto es conseguir que se envíe a la corte superior el récord del caso para ser revisado. Claro es que mientras se resuelve en definitiva si procede o no el auto de certiorari, los procedimientos en la corte inferior quedan suspendidos, pues de otro modo podría resultar aca-démico o ilusorio el recurso.”

Segunda cuestión: Resuelto que dentro del caso de certiorari el Juez de la Corte de Distrito de Mayagiiez tenía facultad para ordenar la suspensión de la tramitación de los cargos y que se dejase sin efecto temporalmente la suspensión de empleo, es manifiesta la improcedencia del auto inhibitorio solicitado contra dicho tribunal, pues, contrario a lo que se afirma en la solicitud de auto inhibitorio, el juez, al actuar en la forma en que lo hizo, actuó con jurisdicción.

Cuestiones tercera y cuarta: En la vista de las mociones sobre desacato, el demandado explicó satisfactoriamente a este tribunal que -no tuvo intención de desobedecer sus órdenes. Alegó que como la apelación interpuesta por los Sres. Colón y Zapata en el caso de injunction había sido desestimada por frívola desde el 15 de diciembre último y él no había tenido conocimiento de que se hubiese solicitado la reconsideración,de dicha resolución ni que contra la misma se hubiese interpuesto recurso alguno, creyéndola por tanto firme, y por el contrario tuvo conocimiento del auto de quo warranto que en armonía con la opinión de este tribunal en el citado caso de injunction interpusieron dichos señores contra él en la Corte de Distrito de Mayagiiez después de desestimada la apelación en el referido caso de injunction, estimó que dicha decisión de este tribunal le autorizaba para continuar los procedimientos contra Colón y Zapata y que dichos señores no insistirían en el recurso de certiorari ya que habían recurrido al que esta corte les había indicado como el procedente, es decir, el de quo warranto.

La explicación que nos da el Sr. Barreto nos satisface, ya que no estamos convencidos de que su conducta constituya la obstinada desobediencia a las órdenes o decretos de este tribunal a que se refiere la Ley sobre Desacato.

Además, en el citado caso de certiorari ante el juez de turno y apelado ante este tribunal, no podía ser castigado el Sr. Barroto por desacato, puesto que el juez de turno no hizo otra cosa que denegar la expedición del auto. De modo que no hay ninguna orden de esta Corte dentro de ese proce-dimiento que el Sr. Barreto tuviera que obedecer.

Por lo expuesto, procede en estos casos 'dictar las siguien-tes sentencia y resoluciones:

(a)Confirmar la resolución del juez de turno en el caso número 8447, sobre certiorari;

(b) Declarar que no ha lugar a la expedición del auto inhibitorio (número 80);

(c) Absolver al Sr. Barreto de los cargos de desacato tanto en el caso de certiorari. número 8447 como en el de injunction número 8434.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino en el caso número 8447.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Horacio Cordero, Jr., peticionario, apelado y apelante v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, y Celestina Abarca Sanfeliz, demandados, apelante y apelada la última.
    Núm. 8449.

    Sometido: Diciembre 20, 1941.

      Resuelto: Enero 30, 1942.

      B. Díaz Collazo, abogado de la apelante apelada; Harry M. Besosa, abogado del apelado apelante; José López Bardlt, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 27, 1941, el juez que quedó al frente de la corte durante las vacaciones — juez de turno — decidió una petición de certiorari que le presentara Horacio Cordero, Jr. para revisar los procedimientos de la Corte de Distrito de San Juan en el pleito de desahucio que contra él siguiera Celestina Abarca Sanfeliz, incidente sobre prestación de fianza para apelar, en los siguientes términos:

“Por los motivos consignados en la anterior opinión se declara con lugar la petición presentada en este caso en cuanto a la resolu-ción dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 3 de octubre y sin lugar en cuanto a la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1941, y como consecuencia de ello se anula y deja sin efecto la men-cionada resolución del día 3 de octubre de 1941, no porque en su fondo sea errónea, sino por haber sido dictada prematuramente y sin haber concedido' al demandado la oportunidad de que el fiador Antonio Pérez Amador declarara en relación con la propiedad que hizo constar como garantía en la fianza prestada en apelación, a pesar de que la corte inferior había abierto el caso de nuevo de acuerdo con su orden del día 2 de octubre de 1941. Devuélvanse los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos.”

No conformes con la sentencia, apelaron de ella para ante el tribunal en pleno el peticionario y la demandante en el pleito de desahucio. Los recursos se tramitaron conjunta-mente y serán estudiados en esta sola opinión.

El peticionario sostiene que la resolución de la corte de distrito de octubre 3, 1941, debe dejarse sin efecto no por prematura si que por errónea y la sentencia del juez de turno adicionarse, declarando que la fianza prestada es suficiente para que el recurso de apelación que interpuso contra1 la sen-tencia de desahucio» siga adelante.

Por el contrario, la demandante en el desahucio alega que el juez de turno fue demasiado lejos y que su sentencia debe revocarse y dictarse otra declarando la petición de certiorari sin lugar. A su juicio como la fianza que se prestó para apelar es y fue declarada sin valor por la corte de distrito, la sentencia decretando el desahucio es firme y su ejecución no dehe demorarse.

Como se ha indicado, en la Corte de Distrito de San Juan se siguió un pleito de desahucio por Celestina Abarca San-feliz contra Horacio Cordero, Jr. La propiedad envuelta lo era la casa de manipostería de dos plantas número 13 de la Calle Comercio de esta capital. La causa alegada para el desahucio, la terminación, por aviso, del contrato de arrenda-miento pactado sin fijar el tiempo de su duración, por un canon mensual de ciento quince dólares.

El 16 de septiembre de 1941 el pleito terminó por sentencia declarando la demanda con lugar y en su consencuencia orde-nando el lanzamiento del demandado dentro del término de quince días contados desde que la sentencia fuera firme.

La sentencia se notificó al demandado Cordero al día si-guiente y cinco días después el dicho demandado apeló de la misma para ante este Tribunal Supremo, acompañando una fianza por virtud de la cual él y los fiadores Antonio Pérez Amador y Andrés Morales, mayores de edad, propietarios y vecinos de San Juan, se obligaron para con la demandante Abarca hasta la suma de quinientos dólares para responderle de los daños y perjuicios que la apelación pudiera ocasionarle y de las costas, entendiéndose que el demandado quedaba además comprometido a seguir depositando ciento veinti-nueve dólares mensuales hasta la resolución definitiva del pleito.

Después de la firma del documento por el principal y sus fiadores, aparecen los juramentos de éstos. Pérez Ama-dor juró que tenía bienes por valor de ocho mil dólares— casa y solar, parada 3%, Puerta de Tierra, y Andrés Morales que tenía bienes por valor de cinco mil dólares — casa y solar, Las Casas 2, Santurce. La fianza fué aprobada por la corte él propio día 22 de septiembre de 1941.

El 24 de septiembre la demandante Abarca impugnó la fianza por varios motivos, entre ellos porque los fiadores no tenían los bienes de que juraron ser dueños, acompañando a ese efecto certificación del registrador de la propiedad expre-siva de que según los índices del registro no aparecían fincas inscritas a favor de los fiadores en Puerta de Tierra ni en Santurce, sección norte.

En septiembre 26, comparecieron ante la corte de distrito ambas partes por sus abogados. Pidió el del demandado que se le concediera tiempo.para presentar cierta escritura eredi-tiva de la solvencia de un fiador y la corte le concedió hasta el día siguiente. Manifestó, además, que según la investiga-ción que había practicado los fiadores tenían propiedades. Se opuso la demandante, y la corte dictó una orden para que los fiadores comparecieran “el día 29 de este mes, a las dos de la tarde, a declarar sobre los bienes que poseen.”

En el día señalado — septiembre 29 — volvieron a compa-recer las partes por sus abogados. Los fiadores no compa-recieron, informando el secretario que no se les citó por culpa suya. El demandado presentó una certificación del regis-trador de la propiedad demostrativa de que el fiador Morales tenía la finca que juró tener inscrita a su nombre y reconoció que la finca mencionada en el juramento por el otro fiador Pérez Amador no estaba inscrita a nombre suyo y siguió diciendo:

“ . En estas condiciones, le informé a mi cliente esa situa-ción, y mi cliente me acaba de entregar del señor Pérez Amador, para que baga buena su firma en esa fianza, la cantidad de $500, para que se deposite para responder de esa firma en esa fianza.”

Como la corte inquiriera: “Y para responder al jura-mento prestado por él, % qué cantidad hay?”, el abogado contestó:

“En eso yo no tengo nada que decir. Yo únicamente tengo que ver en este pleito es para salvar los intereses de mi representado. Yo respondo a la corte de mis actos, y aquí tiene la corte $500 para que se depositen por el Secretario para responder do su firma, que es buena por $500; y aquí están los $500 (deposita los billetes de banco sobre la mesa del Secretario en corte abierta).”

Se opuso la demandante por su abogado y la corte sostuvo su objeción. Insistió el demandado por el suyo, como sigue:

“Es que la fianza no hay que tocarla. La fianza está bien cons-tituida en esa forma. Cada fiador es responsable de $500, y la fianza, admitiendo yo, como he admitido, que esa finca no está a nombre de ese señor, . . . pongo a disposición de la corte suficiente cantidad de dinero, que es lo mejor que se puede ofrecer como fianza, para responder de esa firma en su día, cuando este pleito se pierda en el Supremo, este abogado compañero mío, mi distinguido opositor, no ten-drá que ir al Registro sino irse contra los $500, que es la mejor fianza; y por eso digo que esa firma vale $500, y que es suficiente ese fiador por $500; y que esa fianza es buena, y que no hay que tocarla. El juramento de la fianza, que es una cosa separada, es aparte de la fianza, el ‘acknowledgment’, es distinto a la fianza.”

Continuó oponiéndose la demandante y la corte dijo:

“La Corte: Ya la corte resolvió denegar la admisión de esos $500 como depósito, hasta tanto se resuelva en cuanto a la suficiencia de la fianza que ha sido impugnada.”

Prosiguieron aún los abogados haciendo manifestaciones alrededor del asunto y como el de la demandante dijera que se había aceptado la insolvencia del fiador Pérez, el del de-mandado contestó:

“Yo no he aceptado la insolvencia. Yo admito que ese señor no tiene esa casa, y la responsabilidad criminal es otra cosa, pero él tiene una responsabilidad de $500, y su firma es buena por esa can-tidad.”

Se prolongó aún el debate, ocurriendo finalmente lo que sigue:

“Sr. Besosa:
“Yo insisto y sigo ofreciendo los $500 en efectivo, para que se depositen para responder de la firma del fiador Antonio Pérez Ama-dor en esta fianza, ... ¿Su Señoría no admite el depósito de los $500 en efectivo?
“La Corte: Ya lia resuelto la corte unas cuantas veces que no se admite el depósito para bacer buena la firma de Pérez Amador.
‘ ‘ Sr. Besosa: Excepción. ¿ Qué término me da la corte para pre-sentar ese memorándum?
“La Corte: Se le concede hasta el viernes, a las doce del día para que radique el memorándum.”

El día tres de octubre estaba también señalado para la aprobación de la transcripción de la evidencia para el perfec-cionamiento de la apelación y sólo compareció el demandado por su abogado. Comenzó a examinarse la transcripción y poco después dicho abogado pidió a la corte que ordenara la comparecencia del fiador Pérez para examinarlo y admitiera la consignación de los quinientos dólares que estaba haciendo en la secretaría.

Contestó el juez que el incidente de la fianza sólo estaba pendiente de alegato. Insistió el demandado en que su fia-dor no fue citado para el 29 de septiembre como debió serlo por la secretaría, replicando la corte que eso no obstante el abogado dejó sometido su caso, pendiente exclusivamente del alegato.

Continuó el demandado presentando sus' puntos de vista y ocurrió finalmente lo que sigue:

“Juez: Vamos a terminar esta situación. La corte desea hacer constar que el abogado del demandado lo que está haciendo en esta moción es reproducir una moción que radicó en el día de ayer día primero de octubre, a virtud de la cual la corte dictó la siguiente orden: ‘Radicada y vista la anterior moción se aprueba y se ordena al Secretario expida mandamiento dirigido al señor Antonio Pérez Amador para que el día 10 de octubre de 1941, a las 9 a. m. compa-rezca sin falta ante esta corte para que declare sobre los extremos contenidos en la anterior moción debiéndose notificar con copia de dicha moción y esta orden a dicho señor Antonio Pérez Amador, y al Lie. Román Díaz Collazo, abogado de la demandante.’
“Este es el motivo por el cual la corte no quiere conocer de nada en estos momentos.
“Besosa: Si S. S* me permite. Este señalamiento hecbo para el día 10 de octubre será completamente académico porque para allá ya S. S’-1 habrá dictado resolución en cuanto a la fianza ya que le ha mani-festado a este abogado que de no radicarse el alegato de esta parte antes de las doce del día de hoy, S. fallará el caso. Yo entiendo que si S. S* ha señalado esto para el día 10, la resolución tendría que posponerse hasta el día 10, o de lo contrario vamos a quedar huér-fanos de la oportunidad de presentar este fiador.
“ Juez: La corte tiene que ver que esta fianza se aprueba antes de vencerse el término. No podemos aprobar una fianza a estas altu-ras. Han transcurrido unos cuantos días desde que se vió eso. Se quiere hacer buena la fianza en este estado por la suma de quinientos dólares ($500) que se pretende perfeccionar en corte.
“Besosa: Tomamos excepción a la resolución dictada por esta Hon. Corte, porque de hecho está fallando el incidente de fianza sin haber recibido el alegato de la parte demandada. Por estas razones tomamos excepción.”

Nos lia parecido conveniente copiar de la transcripción taquigráfica lo que antecede a fin de reproducir lo ocurrido lo más clara y exactamente posible.

El criterio del juez de distrito quedó expuesto y funda-mentado en su resolución escrita de octubre 3, 1941, así:

“Uno de los motivos de impugnación a la fianza es que el fiador Antonio Pérez Amador no tiene la casa y solar que jura tener en Puerta de Tierra. El demandado acepta que ello es así, y la certifica-ción del Registro de la Propiedad demuestra que dicho fiador no tiene finca alguna inscrita a su favor en el barrio de Puerta de Tierra.
“El demandado, mientras se celebraba la vista el referido día 29, ofreció consignar la suma de $500 para hacer buena la firma de Pérez Amador en la fianza, y por entender que no procedía tal sus-titución de fianza dentro de esté procedimiento, en el que la fianza debe ser aprobada dentro del término concedido al demandado para apelar, término que había expirado el día 29 de septiembre, la corte no admitió dicha consignación, ya que ello hubiera implicado apro-bar una fianza después de expirado el término para apelar.
“Está firmemente establecido en esta jurisdicción, por ser esa la ley, que las fianzas en casos de desahucio deben ser radicadas den-tro del término estatutario. Y si la fianza radicada en este caso dentro de dicho término no es suficiente por carecer él fiador Sr. Pérez Amador de bienes, carecemos ahora de facultad para aprobar la fianza en metálico que ofrece el demandado en sustitución de la fianza originalmente prestada. (Véanse Valladares v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 145; Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690; Ramírez v. Pérez, 25 D.P.R. 231; Barbosa v. Fernández, 28 D.P.R. 305; Del Castillo v. Del Castillo, 44 D.P.R. 554; Pol v. Corte, y Suau, interventor, 48 D.P.R. 379; Hernández v. Cruz Román, 48 D.P.R. 523; Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445). .
‘cSe declara con lugar la impugnación a la fianza prestada en este caso y, en su consecuencia, se decreta que la misma no tiene valor alguno, por no ser dueño de los bienes descritos en la misma el fiador Antonio Pérez Amador.”

¿Fué esa resolución que lleva consigo la pérdida del recurso de apelación contra la sentencia de desahucio, simplemente prematura como decidió el juez de turno o errónea como sostiene el peticionario?

No hay duda alguna de que de acuerdo con la ley y con la jurisprudencia de esta corte interpretativa de la misma, la fianza para apelar en pleitos de desahucio debe prestarse dentro del término de cinco días que fija la ley, artículos 630 \ 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que son los 10 y 11 de la ley de 1905, pág. 286, sobre la materia.

Aquí la fianza consistió en la suma de quinientos dólares para responder de los daños y perjuicios y las costas y en el depósito mensual en efectivo del alquiler que se venía satisfaciendo. Se prestó y se aprobó dentro del plazo de ley. Sobre ello no hay cuestión, como tampoco’ la hay sobre el depósito mensual de la renta que ha venido haciéndose en la forma prometida.

La cuestión surgió con motivo de la impugnación de los fiadores en el sentido de no ser dueños de los bienes inmue-bles que dijeron tener en sus juramentos al pie de la fianza. Se compfobó que uno de ellos los tenía. Fué con respecto al otro — Pérez Amador — que se admitió que no los tenía sin aceptarse que no tuviera otros y ofreciéndose en el acto la suma de quinientos dólares en moneda legal de los Esta-dos Unidos para que quedara en depósito en prueba de su solvencia para responder de la obligación que había con-traído.

A nuestro juicio, tomado en consideración el fin único para el cual la fianza fué prestada (Restatement of the Law, Security, pág. 517, 4 C.J.S. 997), archivada y aprobada la misma como lo fué en tiempo y forma, probada la solvencia de uno de los fiadores impugnados y entregada en efectivo en cuanto al otro la suma garantizada, no babía que investi-gar más. Los intereses de la parte apelada quedaron garan-tizados y la apelación debió continuar su curso.

¿Permite la ley aplicable esa interpretación que es la que estimamos apropiada para que se haga justicia substancial en esto caso, tomando en consideración todos los intereses envueltos? Veámoslo.

La ley de desahucio — artículo 11 de la misma, 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, ya citado — sólo exige una fianza a satisfacción del tribunal. La que aquí se prestó lo fué. Su cuantía era la de quinientos dólares y estimando la corte que de acuerdo con sus respectivos jura-mentos los fiadores tenían bienes suficientes para responder de esa suma, consideró buena la fianza. El punto básico era la existencia de una garantía hasta la indicada suma. Pre-sentádale por uno de los fiadores la garantía en su totalidad en efectivo cuando su solvencia fué impugnada, la corte tuvo necesariamente que quedar satisfecha de igual modo.

Se insiste, sin embargo, en que se admitió que el fiador no tenía el bien inmueble que aseguró tener bajo juramento al prestarse la fianza, pero aparte de que si bien esa admi-sión se hizo, no se admitió que el fiador careciera en ese momento de otros bienes, lo que haría en todo caso prema-tura la resolución de tres de octubre de la corte de distrito por haberse, dictado antes de oírse al fiador sobre el particular, como sostuvo el juez de turno, entendemos que. si bien el argumento era de peso antes de la entrega del dinero, dejó de serlo después.

Parece que la corte de distrito entendió que lo que se pre-tendía con la entrega de los quinientos dólares, valor de la garantía, era sustituir la fianza, y creemos que fué ese enten-dimiento lo que la indujo a error.

Aquí la fianza era buena y suficiente de su faz. Se im-pugnó la suficiencia de los fiadores y en ese trámite, para probar la de uno, se entregó la suma afianzada y la corte se negó a recibirla, y el peticionario apelante invoca en justificación de lo que hizo de la obra Brandt Suretyship Guaranty, Vol. 1, 3ra ed., lo que sigue:

“ . . . Un fiador puede, con el fin de evitar que se investiguen sus bienes, depositar en corte la suma por la cual se obliga. . . ”

Lo que la ley general — artículo 355 del Código de Enjui-ciamiento Civil, ed. 1933 — exige para que una persona pueda constituirse en un fiador personal, es que sea “residente, cabeza de familia o propietario en Puerto Breo” y que tenga “bienes por valor de la cantidad especificada en la obliga-ción. .”, texto español, “resident and householder or freeholder . . and worth the sums specified in the undertaking . texto inglés.

“Householder” es:
“Un jefe de familia; una persona que tiene a su cargo y sostiene a una familia u bogar (household) ; uno que .vive una casa con su familia, uno que sostiene una casa con su familia; el que habita una casa; el cabeza de familia; el amo o jefe de una familia. El concepto conlleva la idea de un establecimiento doméstico o la direc-ción de un hogar y de residencia. Se ha sostenido que el mismo incluye mujeres casadas, viudas, viudos y solteros, siempre que ellos constituyan el cabeza de familia.” 30 C. J. 474, 475.

Y “freeholder”, según la misma autoridad, es:

“Un concepto que ha sido objeto de gran número de definiciones pero que generalmente se emplea para designar el dueño de propie-dad inmueble.”

De manera que pueden ser fiadores personales lo mismo los dueños de bienes inmuebles que los cabezas de familia que no los tengan pero que como los primeros “are worth the sums specified in the undertaking,” y aquí quedó demos-irado que el fiador Pérez valía por lo menos la suma espe-cificada en la fianza al entregarse en efectivo la misma a la corte cuando su solvencia fué impugnada. 71 C. J. 1620, 1621.

Por virtud de todo lo expuesto e inspirándonos en el criterio liberal que informó nuestra decisión en el caso de Oliver v. Soto, 57 D.P.R. 418, opinión de la corte emitida por el Juez Asociado Sr. Hutchison, creemos que hacemos jus-ticia substancial si enmendamos la sentencia del juez de turno recurrida devolviendo el caso a la corte de su origen para que se permita al fiador Pérez Amador o al demandado ape-lante en su nombre depositar la suma de quinientos dólares en prueba de su solvencia dentro del término de dos días contado a partir de la fecha en que la sentencia de esta corte se inscriba en la corte del distrito. Párrafo tercero del artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

En cuanto al otro extremo alegado en el certiorari o sea la nulidad de la sentencia en el caso de desahucio, la senten-cia del juez de turno debe confirmarse. No es cuestión pro-pia para ser tratada dentro del certiorari sino dentro de la apelación en su día.

Y habiendo llegado a las conclusiones que dejamos ex-puestas, claro es que el recurso establecido contra la resolu-ción del jues de tumo por la demandante en el pleito de desahucio, debe ser declarado sin lugar.

Los Jueces Asociados Sres. Todd, Jr., y Snyder no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Sucesión de M. Rivera y Sucesión de Luis Delfi, demandantes y apelantes, v. G. Godreau & Cía., demandada y apelada.
    Núm. 8160.

    Sometido: Abril 2, 1941.

      Resuelto: Enero 30, 1942.

      José C. Ap,onte, abogado de las apelantes; Leopoldo Tormes García, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la segunda demanda enmendada, radicada en junio 12, 1937, los demandantes apelantes alegaron que la .deman-dada, Gr. Godreau & Co., sociedad civil agrícola organizada de acuerdo con las leyes de esta Isla, tiene inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad y está en posesión de una finca de 405.03 cuerdas, denominada “Hacienda Pro-videncia,'” situada en- el barrio Guanabanal, de Santa Isabel, la que fue formada por agrupación de varias parcelas; que los demandantes creen que deni.ro de los límites de dicha hacienda se encuentra una parcela de 19 cuerdas de terreno “que lindaba por el norte, sur y oeste con terrenos de Miguel Godreau y al este el camino vecinal de Guanabanal;” que esa parcela pertenecía a Julio Godreau y fué agrupada a la Hacienda Providencia, propiedad de la sociedad deman-dada, de la que es socio Julio Godreau; que la mencionada parcela formaba parte de una finca de 50 cuerdas, “que lindaba por el norte con Miguel Godreau, por el sur con Luis Felipeti, por el este con José A. de Torres, y Teresa Costa Bello por el oeste”; que después de segregadas las JS cuerdas vendidas a Godreau, las 31 cuerdas restantes fueron agrupadas ilegalmente a la Hacienda Providencia, tomando posesión de ellas los demandados. Alegaron ade-más, que la finca de 50 cuerdas perteneció pro indiviso a Micaela Rivera y a Luis .Delfi, y pertenece aliora a los demandantes como únicos y universales herederos de aqué-llos.

Continuaron alegando los demandantes que con el objeto de poder entablar una acción reivindicatoría, solicitaron per-miso de los demandados para proceder a la mensura y des-linde de las 31 cuerdas, y que los demandados se negaron a otorgar tal permiso. Piden los demandantes que se dicte sentencia concediéndoles permiso para penetrar en la Hacienda Providencia y medir y deslindar las 31 cuerdas recla-madas, con imposición de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Contestó G. Godreau & Co. negando por falta de infor-mación que los demandantes sean herederos legales de Micaela Rivera y de Luis Delfi. Negó específicamente que G. Godreau & Co. tenga inscrita a su nombre o esté en pose-sión de la Hacienda “Providencia” que se describe en la demanda, alegando en contrario que. dicha finca la tiene inscrita la sociedad civil agrícola “Godreau & Co., S. en C.”; que dicha finca nunca ha sido de G. Godreau & Co.; y que Julio Godreau nunca ha sido socio de G. Godreau & Co.

Como defensas especiales alegó la demandada que los hechos alegados en la demanda son insuficientes para cons-tituir una causa de acción; que los demandantes no son here-deros legítimos de Micaela Rivera y que cualquier sentencia por la que se les declare ser tales herederos ha sido obtenida por fraude, es nula y no puede perjudicar a tercero; que Luis Delfi a su fallecimiento no poseía porción alguna en la parcela de 50 cuerdas a que se refiere la demanda, por lo que sus alegados herederos no pueden tener interés en este pleito,- y, por último, que estando la finca desde hace más de 10 años inscrita a nombre de “Godreau & Co., S. en C. ”, no cabe reclamación alguna contra ese título inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de tercero, por per-sonas que no tengan título inscrito en el Registro.

Celebrada la vista del caso, en junio Io. de 1939 la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia por la cual declaró sin lugar la demanda e impuso las costas a los demandantes, sin incluir honorarios de abogado.

El presente, recurso, interpuesto por los demandantes, se basa en los siguientes señalamientos:

“Peimer Error: Que la Honorable Corte de Distrito de Gua-yama erró al resolver que los demandantes dejaron de probar la personalidad de la demandada G. Godreau & Co.; que dicha deman-dada tuviera inscrita a su nombre y estuviera en posesión de la Hacienda Providencia; que G. Godreau & Co. fuera dueña de dicha Hacienda así como que Julio Godreau hubiera sido miembro de dicha sociedad y que la parcela de once y media (11%) cuerdas de Luis Delñ y la parcela de siete (7) cuerdas de Micaela Rivera fueran agrupadas a la Hacienda Providencia borrándose las colindancias de dichas parcelas y tomando posesión de ellas la demandada.
“Segundo Error: La Honorable Corte de Distrito de Guayama erró al desestimar la demanda fundándose en que no ha habido prueba alguna que relacione la sociedad civil agrícola Godreau & Co. S. en C. con la sociedad civil agrícola G. Godreau & Co.
“Teroer Error: Que la sentencia dictada en este caso es con-traria a los hechos, a la prueba y a la ley.”

Consideraremos dichos señalamientos conjuntamente.

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora se expresó así:

“5. Los demandantes dejaron de probar la personalidad de la demandada G. Godreau & Co.; que dicha demandada tuviera ins-crita a su nombre y estuviera en posesión de la Hacienda Providen-cia ; que G. Godreau & Co. fuera. dueña de dicha hacienda; que Julio Godreau hubiera sido miembro de dicha sociedad; que la par-cela de 11% cuerdas de Luis Delfí y la xoarcela de 7 cuerdas de Mi-caela Rivera fueran agrupadas a la Hacienda Providencia, borrán-dose Jas colindancias de dichas parcelas y tomando posesión de ellas la demandada; que la demandada estuviera en posesión y disfrute de dichos predios de terreno al interponerse esta demanda y que lo esté actualmente y que la finca de 50 cuerdas a que se refiere el becbo 5o. de la demanda enmendada perteneciera en propiedad y dominio a Micaela Rivera.
“La demandada probó ante esta corte que Julio Godreau no era miembro de la sociedad G. Godreau & Co.; que la Hacienda Provi-dencia es de la propiedad de una sociedad civil agrícola denominada Godreau & Co., S. en C., la que la adquirió por compra a Julio Godreau Co. en mayo 10 de 1921, estando inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad desde el año 1922 y que la Sucesión de Micaela Rivera entabló ante esta corte el día 12 de marzo de 1928 una acción contra G. Godreau & Co. para reivindicar la parcela de 7 cuerdas antes mencionada.
“No hemos bailado prueba alguna que relacione a la sociedad civil agrícola Godreau & Co., S. en C., con la sociedad civil agrícola G. Godreau & Co. Podrán ser una misma o la primera podrá ser la sucesora en derecho de la segunda, pero tales extremos no han sido . demostrados.
“Por todas las razones expuestas y habiéndose dejado de probar algunas de las alegaciones esenciales de la segunda demanda enmen-dada, la corte es de opinión que debe dictar, como dicta, una senten-cia declarando sin lugar la demanda y condenando a los demandantes a pagar a la demandada las costas y gastos de este litigio, sin incluir honorarios de abogado.”

Los demandantes han tratado de corregir la deficiencia de su prueba, sosteniendo en su alegato que en la contesta-ción a la demanda original, radicada en enero 5, 1924, la demandada G-. Godreau & Co. admitió ser una sociedad agrícola y dueña de la Hacienda Providencia, y “que en esas condiciones se ba seguido siempre este pleito.” La conten-ción de los demandantes apelantes es insostenible. La de-manda original y la contestación fueron substituidas, res-pectivamente, por la demanda enmendada radicada en marzo 29 de 1936 y por la contestación a la misma radicada en agosto 7 de 1936; y las referidas demanda enmendada y contestación fueron sustituidas a su vez por la segunda demanda enmendada, radicada en junio 12 de 1937, y por la contestación radicada en julio 14 del mismo año, siendo sobre estas dos últimas alegaciones que se trabó la contienda entre las partes y sobre las cuales recayó la sentencia recu-rrida. Todas las alegaciones anteriores a las dos últimas fueron eliminadas del legajo de la sentencia, por resolución dictada en esta misma fecha.

En la segunda y última demanda enmendada, los deman-dantes alegaron que la sociedad civil demandada, G. Go-dreau & Co. “tiene inscrita a su nombre y está en posesión de la Hacienda Providencia.” En su contestación radicada en juilo 14 de 1937, o sea más de 13 años después de la contestación original, la demandada G. Godreau & Co. negó ■específicamente que ella fuera actualmente dueña de la finca i ‘ Providencia ”, que se encontrara en posesión de dicho in-mueble o que lo tuviese inscrito a su nombre, alegando en contrario que la dueña y poseedora de dicha finca, con título inscrito a su nombre era la sociedad “Godreau & Co., S. en C.”

Si los demandantes tenían interés en probar que la de-mandada G. Godreau & Co. había en cierta ocasión admi-tido que la finca estaba a su nombre, el modo de hacerlo era presentando en evidencia la contestación contentiva de tal admisión. Del récord no aparece que así lo hicieran. De todos modos, aun cuando aceptáramos como un hecho pro-bado que G. Godreau & Co. admitió en 1924 que la finca estaba en aquella fecha inscrita a su nombre, esa admisión no puede ser interpretada en el sentido de que dicha deman-dada admitió ese mismo hecho en 1937, especialmente si tenemos en cuenta que el hecho de que la finca estuviera inscrita a su nombre fué específicamente negado en la última contestación radicada 13 años después.

No habiendo probado los demandantes que la demandada G. Godreau y Co. estuviese en posesión de la finca que se trata de deslindar, ni tampoco que la sociedad G. Godreau & Co. y Godreau & Co., S. en C., sean una sola entidad jurí-dica, y resultando de la prueba practicada que la finca en cuestión está inscrita a nombre de Godreau & Co., S. en C., que no es la parte aquí demandada, somos de opinión que las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora están sos-tenidas por la evidencia y que los errores que se le imputan no fueron cometidos. Véase: artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor SNyder

text:
    Juan G. Rivera, peticionario, v. Hon. Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, et als., demandados.
    Núm. 24.

    Sometido: Enero 28, 1942.

      Resuelto: Enero 30, 1942.

      Santos P. Amadeo, Virgilio Brunet, Rafael Bar agaño, Jr., y José L. Novas, abogados del peticionario; 1-Ion. Procurador General George A. Malcolm, Pablo Defendini, Procurador General Auxiliar y Angel E. Franco Cabrero, Subprocurador Auxiliar, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario radicó un recurso de sentencia declara-toria en la Corte de Distrito de San Juan al efecto de que la ley número 32, Leyes de Puerto Rico de 1941 (pág. 541), titulada “Ley para Prohibir y Evitar el Nepotismo y otras Prácticas Contrarias a una Sana Moral Administrativa” es inconstitucional en cuanto a él se aplica como maestro de escuela. El peticionario ha apelado a este tribunal de la orden de la corte inferior denegando su moción solicitando un injunction pendente lite dentro del recurso de sentencia declaratoria. El presente recurso es una petición original radicada ante esta corte solicitando un injunction “para hacer efectiva la jurisdicción” de este tribunal.

Los demandados alegan que la resolución de la corte inferior denegando un injunction, pendente lite en un recurso de sentencia declaratoria no es apelable. Su contención es que, dado el caso de que no tenemos ante nos un recurso de apelación en debida forma, carecemos de jurisdicción para expedir un injunction en un pleito original radicado en esta corte para hacer efectiva nuestra jurisdicción apelativa.

Encontramos dificultad en convenir con esta contención de los demandados. Los libros están repletos de casos en los cuales cortes de apelación han intervenido en apelacio-nes de órdenes de cortes inferiores concediendo o denegando injunctions preliminares. En verdad los abogados de los demandados aceptan que procede la apelación de una orden denegando nn injunction preliminar, si el caso en la corte inferior hubiera sido un injunction en vez de una solicitud de sentencia declaratoria. Sin embargo, los demandados sostienen que las apelaciones de dichas órdenes preliminares están restringidas a recursos clásicos de injunction. Ésta es una nueva contención en apoyo de la cual los demandados no citan autoridades y en nuestra opinión no puede soste-nerse. No vemos diferencia en sus efectos prácticos, dentro de las circunstancias que concurren en este caso, entre una petición de sentencia declaratoria unida a una moción de injunction pendente lite y un recurso de injunction en el cual se solicita el mismo injunction pendente lite. No podemos concluir que el derecho de apelación depende de aquella cir-cunstancia fortuita como el título de la causa principal.

Es nuestro deseo aclarar que ahora no estamos entrando finalmente en la cuestión de si la orden de la corte inferior denegando un injunction pendente lite es apelable o no. Si los demandados así lo desean, ellos pueden revivir ese punto' cuando la apelación se discuta en sus méritos, si es que esto ocurre. Solamente resolvemos en este momento que la cuestión de si es o no apelable la resolución de la corte inferior no se ha establecido claramente en contra del peticio-nario en tal forma que justifique el negarnos a considerar la presente petición de injunction en ayuda de nuestra juris-dicción apelativa.

Por tanto, creemos que es necesario resolver la petición ante esta corte en sus méritos. Si un peticionario ha levantado una cuestión seria y substancial en cuanto a la validez de una ley de la Legislatura de Puerto Rico en lo que a él se aplica en un recurso de sentencia declaratoria ante una corte de distrito y si él sufriera daños irreparables de no conservarse el status quo por este tribunal mientras la apelación estuviera pendiente, esta corte tiene el poder discrecional de acuerdo con la sección 676 del Código de Enjui-(¿amiento Civil de expedir mi injunction a ese fin en un recurso original instado en ayuda de su jurisdicción apela-tiva (Compárense Santaella v. Garrido, 50 D.P.R. 147; Roosevelt, Gobernador, v. Corte de Distrito, 42 D.P.R. 833). Se hace necesario, por tanto, que determinemos si el peti-cionario lia presentado un caso bajo esa regla.

Rivera, el peticionario, y su esposa tienen nombramien-tos permanentes como maestros de escuela de Puerto Rico. Tienen contratos escritos con el Comisionado de Instrucción dé’ Puerto Rico a ese efecto, de acuerdo con la ley número 312, Leyes de Puerto Rico de 1938 (pág. 574). Estos contratos celebrados antes de 1941 fijan sueldos anuales de $2,600 para él y de $850 para su esposa. Rivera y su esposa fian sido maestros de escuela pública durante un número de años. Actualmente él es Principal de la Escuela Superior Central de Santurce y su esposa enseña én dicha escuela. Ellos “con-viven bajo el mismo techo”.

La ley número 32, Leyes de Puerto Rico de 1941 (pág. 541), comúnmente conocida como la Ley del Nepotismo, dis-pone que “ninguna familia podrá derivar de fondos públicos procedentes del Gobierno Insular ... en forma de sueldos, una suma mayor de doscientos cincuenta (250) dólares men-suales.” La ley también dispone que “se entenderá por familia ... las personas comprendidas dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad que con-vivan bajo el mismo techo. . .”

En el caso de Indiana ex reí. Anderson v. Brand, 303 U. S. 95, resuelto en 1938 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, estaba envuelta la ley de Indiana de 1927 sobre con-tratos permanentes para los maestros. Esta ley disponía un período probatorio para los maestros de escuela pública, vencido el cual se convertían en maestros permanentes mediante contrato escrito. La ley también disponía que una vez expirado el término fijado en dicho contrato escrito, se sobreentiende que continúa en vigor y entonces se conoce como un contrato por tiempo indefinido. El Estado sola-mente podía cancelar el contrato mediante cansas provistas en la ley.

En 1933 la Asamblea Legislativa de Indiana trató de enmendar la referida Ley de Contratos Permanentes para Maestros, derogándola en tanto en cnanto se refería a maestros municipales (township teachers). La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió en el caso de Brand que la ley enmendatoria era nula, ya que violaba el Artículo I, Sec-ción 10, de la Constitución de Estados Unidos que provee que “ningún Estado aprobará ley alguna que menoscabe el valor de los contratos.” La corte dice a la página 100:

“La función principal de un cuerpo legislativo no es hacer con-tratos, sino hacer leyes que declaren la política del Estado y que estén sujetas a sér derogadas cuando una Asamblea Legislativa posterior determine alterar esa política. Sin embargo, es cosa estable-cida que un decreto legislativo puede contener disposiciones que, una vez aceptadas por los individuos como base para actuar, se convierten en contratos entre ellos y el Estado o sus dependencias dentro de la protección del Artículo I, Sección 10. Si los representantes del pueblo consideran que es de interés público pueden adoptar una política de contratar en lo que respecta al servicio público por un período mayor que el de la actual Asamblea Legislativa.”

El peticionario arguye en su alegato y sostuvo en su informe oral que la ley núm. 29, Leyes de Puerto Bioo de 1931 (pág. 313), y la núm. 312, Leyes de Puerto Rico de 1938 (pág. 574), que disponen los requisitos, selección, contrato y permanencia de los maestros de escuela pública de Puerto Rico, son substancialmente similares a la Ley de Contratos Permanentes para Maestros de Indiana, particularmente en lo que se refiere al contrato permanente. Los demandados no lian alegado nada en contrario. Hemos examinado las leyes de Puerto Rico de 1931 y 1938 y las liemos comparado con la ley de Indiana. Nos inclinamos a creer que las dispo-siciones de las leyes de Puerto Rico en lo que se refieren a la permanencia de contratos son suficientemente similares a las de la ley de Indiana para suscitar una cuestión seria y substancial en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Nepotismo en tanto en cuanto se aplica a los maestros que, como el peticionario y su esposa, celebraron por escrito un contrato permanente con el Comisionado de Instrucción de acuerdo con las leyes de 1931 y 1938, con anterioridad a la aprobación de la Ley de Nepotismo.

El peticionario radicó un elaborado memorándum de autoridades en el cual trató de demostrar que la Ley de Nepotismo no puede aplicársele a él y a su esposa, porque marido y mujer no están incluidos en la definición de familia según consta de la ley; que si se interpreta la ley como cu-briendo a marido y mujer, cualquier ley prohibiendo a marido y mujer trabajar los dos para el gobierno y vivir bajo el mismo techo, es arbitraria, irrazonable y discriminatoria; y que el título de la ley es defectuoso.

Estos fundamentos no tienen referencia al status peculiar de maestros de escuela pública. Por tanto, es innecesario considerarlos ahora debido a la conclusión nuestra de que la doctrina enunciada por la Corte Suprema de los Estados-Unidos en el caso de Brand levanta una cuestión suficiente-mente seria y substancial en cuanto a la constitucionalidad de la Ley de Nepotismo al aplicarse al peticionario que nos justifique expedir un injunction para hacer efectiva nuestra jurisdicción apelativa, siempre y cuando el peticionario haya mostrado un perjuicio irreparable.

Por consiguiente pasemos a la cuestión de daños irrepa-rables. Nos traza una pauta la regla familiar del balance de molestias y perjuicios relativos. ¿Sufriría el gobierno serios perjuicios en este caso si se concediera el injunction y más luego se sostuviera la ley? Nos parece que no, ya que el gobierno, mientras esté la apelación pendiente pagaría al peticionario su sueldo por servicios que él continuaría pres-tando de acuerdo con su contrato escrito. Además el .go-bierno quizás tendría una reclamación contra el peticionario por el exceso de $450 al año los cuales él y su esposa ganan sobre los $3,000 al año permitidos por la Ley de Nepotismo.

Por el otro lado, ¿supongamos que denegásemos esta so-licitud de injunction y que posteriormente se declara que la Ley de Nepotismo no es aplicable .al peticionario? Éste alega que el día 15 del presente mes él recibió una carta del Presidente de la Comisión de Servicio Civil advirtiéndole que su “familia” tenía que renunciar aquella porción de su salario que excediese $250 mensuales que perciben actual-mente del gobierno. Alega además que el Comisionado de Instrucción se propone eliminarlo a él o a su esposa de la nómina para este mes, a pesar del becho de que ellos han continuado prestando servicios como maestros de acuerdo con sus respectivos contratos. Estas alegaciones no han sido controvertidas por los demandados. El abogado de los de-mandados se limitó a insistir en su argumento oral que si el peticionario renunciaba el exceso de sueldo hasta que la sentencia declaratoria fuera definitiva, él podría recobrar más tarde esa cantidad del gobierno, si vence en el recurso de sentencia declaratoria, Pero uno puede, sin lugar a dudas, renunciar sus derechos constitucionales. Ésta es una regla bien establecida aun en casos criminales. Si el peticionario renuncia a la porción en exceso de su salario por consiguiente se somete a la Ley de Nepotismo bajo los términos de la ley misma. Esta acción de su parte abriría las puertas a la contención de que él ha renunciado su derecho a atacar la Ley de Nepotismo.

El peticionario alega, sin que haya sido controvertido por los demandados, que si él no renuncia a la cantidad en exceso de su sueldo no será incluido en la nómina que a fin de este mes, es decir mañana, preparará el Comisionado de Instruc-ción. Para evitar correr el riesgo de renunciar sus derechos constitucionales, nos parece que el peticionario sería obligado a someterse a ser separado del servicio. En ese caso, si de-negamos la presente solicitud de injunction y el peticionario finalmente gana su pleito de sentencia declaratoria, sp vic-toria podría ser infructuosa. Aun cuando repuesto en su cargo posteriormente, que puede o no ser posible de acuerdo con las leyes que regulan la selección y la permanencia de maestros de escuela pública, su separación temporera del servicio lo expondría a perder un sinnúmero de privilegios a los cuales de otro modo tendría derecho, como lo son el retiro, el ascenso, la clasificación, y la permanencia. El balance de molestias y perjuicios relativos está en favor del peticionario. Ha demostrado suficientemente perjuicio irreparable, por lo menos a los fines de la petición ante nos.

Arguye el peticionario que la petición de sentencia declaratoria es un recurso de clase instado por él tanto en su representación como en la de todos los maestros de escuela pública en idéntica situación. Los demandados no discuten esta cuestión ni en sus alegaciones ni en su alegato. Sin embargo el abogado de los demandados en su argumento oral expuso su creencia de que es un caso individual. De ordinario esa cuestión no sería importante en un recurso de sentencia declaratoria. Después que se ha dictado una resolución final en un caso como ése, se presume que los oficiales de los demandados seguirán la misma pauta en todos los casos que envuelvan personas en idéntica situación.

Pero aquí nos confrontamos con el problema debido a la necesidad de fijar el alcance de nuestro injunction y la cuan-tía de la fianza. Es cierto que el epígrafe de la petición está en'el nombre individual de Rivera. Pero se alega a través de la petición que hay otros maestros de escuela pública en idéntica situación, y la súplica solicita un remedio que los cobije’. Por tanto, creemos, por lo menos a los fines de la solicitud ahora ante nosotros, que se debe tratar como un pleito de clase. Parece que no habría objeción a que se radicara una petición de sentencia declaratoria como un pleito de clase cuando concurren cuestiones comunes de hecho y de derecho para muchas personas en. situación similar. Borehard on Declaratory Judgments (2a. ed.) pág. 264; Anderson on Declaratory Judgments, pág. 122. Véase sec-ción 66 del Código de Enjuiciamiento Civil; sección 11 de la ley núm. 47, Leyes de Puerto Rico de 1931 (pág. 379, Ley Uniforme sobre Sentencias Declaratorias).

El peticionario solicita que la fianza que él debe prestar se fije en una cantidad nominal alegando que aún cuando se sostuviera posteriormente la ley en lo que se refiere a maestros de escuela pública, en el ínterin el gobierno no sufriría perjuicio substancial, alguno toda vez que los maestros de escuela afectados habrían continuado prestando los servicios requeridos por la ley y habrían sido compensados de acuerdo con sus actuales clasificaciones. ■ Dadas las circunstancias de este caso debemos conceder el injunction sujeto a la presta-ción de una fianza por la cantidad «de $1,000.

De nuevo insistimos en que no estamos ahora resolviendo lá validez de la Ley de Nepotismo aplicada a los maestros de escuela pública. Por ejemplo, los demandados alegan que el caso de Brand no invalida la Ley de Nepotismo, puesto que en dicho caso, 303 U.S. 108, 109, se dice que “todo contrato está sujeto a la condición implícita que su cumplimiento puede ser frustrado por el ejercicio justificado del poder de policía, pero . . . para que esto suceda, el ejercicio de dicho poder debe obedecer a un fin que sea público realmente y los medios empleados deben adaptarse razonablemente a dicho fin . . . Si el efecto de la aplicación de la Ley de Nepotismo a la situa-ción del peticionario como maestro de escuela pública de acuerdo con su contrato escrito es la consecuencia del ejercicio' del poder de policía con un fin público por medios que razona-blemente se adapten a dicho fin, es el punto que tenemos que decidir, después de haberse decidido por la corte de distrito la acción para obtener una sentencia declaratoria basada en los méritos y haberse llegado a conclusiones sobre los hechos y la ley.

Se concederá el injunction solamente para preservar el status quo hasta que se resuelva la apelación contra la reso-lución de la corte de distrito denegando el injunction pendente lite en el recurso sobre sentencia declaratoria.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Shyder

text:
    Paula Colón Vda. de Rodríguez, Etc., recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Administrador del Fondo del Seguro del Estado, asegurador.
    Núm. 232.

    Sometido: Enero 19, 1942.

      Resuelto: Enero 31, 1942.

      Ed&lmiro Soldevila, abogado de los recurrentes; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y G. Atiles Moréu, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del asegurador.
   El Juez Asociado Señor Shyder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición de revisión solicitando se revoque una resolución de la Comisión Industrial. La Comisión Industrial confirmó la decisión del Administrador del Fondo de] Seguro del Estado denegando compensación basándose ■en que “el obrero murió como consecuencia de la ruptura de un aneurisma de la aorta ascendente, mientras trabajaba en su oficio de celador de edificios del patrono en Caguas, sin-c que ocurriera accidente alguno del trabajo.”

No está en controversia el becbo de que Rafael Rodrí-guez, el obrero en este caso, era un sereno empleado por la Eastern Sugar Associates; que una noche fue encontrado muerto dentro de la propiedad de su patrono; que anterior-mente el obrero había sufrido de un padecimiento crónico del corazón; y que su muerte ocurrió como resultado de una hemorragia causada por ruptura de la aorta.

Los peticionarios sirf embargo alegan que Rodríguez falle-ció como resultado de un accidente proveniente de y en el curso de su empleo. Su contención es que él murió mientras trataba de sacar un intruso desconocido de la propiedad de su patrono. Ellos alegan que el particular ataque al cora-zón debido al cual el obrero falleció fué precipitado por la violencia y la conmoción de esta lucha.

Dos testigos declararon sosteniendo la teoría de una lucha entre el fallecido y . el intruso desconocido. La comisión se negó a dar crédito a este testimonio. Señalaron varias dis-crepancias en el testimonio de dichos dos testigos. La comi-sión eligió dar crédito a otros testigos, como otro sereno de una propiedad contigua, quien quizás tuvo una mejor opor-tunidad para observar que la que tuvieron los testigos de los peticionarios al efecto de que no ocurrió el incidente, tal cual lo describieron los dos testigos de los peticionarios.

Parece no haber controversia alguna con respecto a cuál es la ley aplicable en este caso. Aparentemente las partes están de acuerdo en que la regla general a ser aplicada en este caso es la establecida en 19 A.L.R. 110, a la página 111:

“Se puede conceder indemnización, aún cuando existiera anterior-mente una enfermedad del corazón, si dicha enfermedad se agravara rápidamente por lesión causada por accidente como resultado de un empleo y durante el mismo y que fuese la causa próxima de la inca-pacidad o muerte. ...
“Sin embargo, un empleado no tiene derecho a indemnización por una condición debida a una dolencia anterior del corazón que no sea causada directamente por accidente o lesión personal causada du-rante el empleo y como consecuencia del mismo.”

Al mismo efecto, véanse también: Campbell on Workmen’s Compensation, vol. 1, secs. 297, 300, págs. 291, 293; Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 330.

También parece que la ley no da lugar a dudas en cuanto a que la muerte de un sereno como resultado de un ataque al corazón proveniente de una ludia con un intruso en la propiedad vigilada por dicho sereno, es compensable. Montaner, Admor. etc. v. Comisión Industrial, 50 D.P.R. 628; Campbell on Workmen’s Compensation, vol. 1, sec. 161, pág. 143.

Sin embargo, como esta corte ha indicado anteriormente, la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo” de 1935, dispone en su sección 11 que la revisión por esta corte de decisiones finales de la Comisión Industrial “solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho”, lia enmienda a la sección once aprobada en 1940 (Ley núm. 121 de 1940, pág. 729) no afecta este caso, pues es aplicable únicamente a testimonio pericial. Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10 y Aguila v. Juliá, 50 D.P.R. 625, son casos en que esta corte ha seguido dicha sección al negarse a revocar decisiones en las que se atacaban cuestiones de hecho resueltas por la Comisión Industrial. Habiendo la comisión hallado, sobre la base de testimonio contradictorio, que como cuestión de hecho tal episodio no ocurrió, no podemos intervenir con su resolución denegando la compensación.

En el caso de Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847, esta corte, a la página 855, cita con aprobación la declaración encontrada en Schneider on Workmen’s Compensation Law, vol. II, pág. 1855, sec. 527, al efecto de que “una persona encontrada muerta en un lugar donde se supo-íiía que estuviera actuando en el curso de su empleo, se pre-sumirá que lia sido muerta en el curso de su empleo”. Pero esta presunción puede ser refutada mediante prueba y la Comisión -Industrial decidió como un hecho procedente de testimonio adecuado ante ella que no había conexión alguna entre la muerte del obrero y sus actividades como empleado.

La orden apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Pedro Lorenzano Rivera, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8443.

    Sometido: Enero 26, 1942.

      Resuelto: Febrero 3, 1942.

      Pedro Lorenzano Rivera por su propio derecho; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de B1 Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de esta corte, basándose en que el escrito de apelación no fué notificado al fiscal del distrito, presentó una moción solicitando la desestimación de la apelación inter-puesta por el prisionero contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de septiembre 26, 1941, que declaró en definitiva sin lugar su petición de liábeas corpus. El pri-sionero se opuso sosteniendo que la apelación fué notificada al fiscal. Llama la atención hacia lo que consta a las páginas 2d y 24 del leg’ajo dé la sentencia.

A esas páginas aparece transcrito el escrito de apelación que termina así: “y al mismo tiempo notifica al Hon. Fiscal de la apelación establecida según lo dispone el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal.”

El día señalado para la vista de la moción sólo compareció el fiscal de esta corte representando a la parte apelada. El prisionero apelante no compareció pero radicó un affidavit de Georgina Mercado Lorenzano que en lo pertinente dice:

“Que con fecha 3 de octubre de 1941 me personé en la oficina del Lie. Fernando Gallardo Díaz, actual Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, P. R. y le entregué personalmente un escrito de apela-ción, como-copia del original entregado a la misma corte en el caso civil número 38,097 caso Pedro Lorenzano Rivera v. Sixto M. Sal-daña caso fallado contra el primero por la Hon. Corte de Distrito de San Juan, P. R. cuya copia de apelación fué entregada al Sr. Fiscal como notificación oficial de la referida apelación del caso referido.”

Como el fiscal de esta corte manifestara que había sido informado por el fiscal del distrito que no había recibido la notificación, se le concedió el término de un día para radicar el correspondiente affidavit. Así lo hizo y de él resulta lo que sigue:

“Yo, Fernando Gallardo Díaz, juro: Me llamo como queda dicho; soy Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan y lo era para el día 3 de octubre de 1941.
“Que es mi costumbre’firmar la notificación de todo escrito de apelación que se me entrega en el curso ordinario de mis deberes como tal fiscal.
"Que según mi mejor memoria y los records de mi oficina, no fui notificado del escrito de apelación en este caso.”

La sección 4 de la ley especial sobre la materia aprobada en 1903 que aparece publicada en las leyes de ese año, pág. 104, y al pie del artículo 500 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, pág. 329, autoriza a un prisionero cuya petición de babeas corpus se ba denegado, a recurrir de la negativa para' ante este Tribunal Supremo de la siguiente manera, "dando aviso de ella por escrito al tribunal o juez que hubiere dictado la providencia apelada, y a la parte, contraria. ’ ’

Es requisito, pues, indispensable la notificación al fiscal-que representó a dicha parte contraria en la corte a quo„

Lo consignado en el propio escrito de apelación es insuficiente para demostrar que la notificación se hizo, pero revela claramente que el prisionero apelante intentó hacerla. Si se da crédito al affidavit de Georgina Mercado Lorenzano, sería suficiente para resolver que la notificación no sólo se intentó si que se hizo.

La dificultad estriba en que dicho affidavit resulta contradicho por el del fiscal. ¿Cómo vencerla?

Tras un estudio de todas las circunstancias concurrentes, pudiendo el acto de la notificación no haber dejado la huella necesaria en la memoria de un funcionario tan ocupado y tan necesariamente preocupado como el fiscal para poder recordarla, nos parece que debe darse el beneficio de la duda al prisionero, especialmente cuando la declaración del fiscal del distrito no excluye en absoluto la posibilidad de que pudiera haber sido notificado.

Se trata de un caso extremo y no debe entenderse que aceptamos sin reserva la evidencia aportada para probar la existencia de la notificación, pero el legajo de la. sentencia está ya radicado y el recurso listo para su vista y parece lo justo que se resuelva en su fondo. La cuestión envuelta es de ley y puede ser estudiada por el fiscal en poco tiempo. Afecta no sólo al peticionario si que a todos los prisioneros, ya que versa sobre las rebajas en las condenas por razón de buena conducta y parece conveniente dejarla resuelta por sus méritos sin demora.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar y el recurso señalarse para su vista lo más pronto que sea posible.


author: ÍIl Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Restituta Algarín, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer, Juez, demandada.
    Núm. 1267.

    Sometido: Diciembre 18, 1941.

      Resuelto: Febrero 3, 1942.

      B. Arjona Siaca, abogado de la peticionaria.
   ÍIl Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Kii diciembre 11, 1941, Eestituta Algarín, representada por su abogado R. Arjona Siaca, radicó una solicitud de certiorari que fue desestimada al día siguiente por medio de un “no ha lugar.” No conforme, presentó una moción de reconsideración en la que protestando reconocer la facultad de esta corte para resolver el asunto en la forma indicada, insiste, sin embargo, en que se expresen las razones que se tuvo para negar la expedición del auto.

La misma actitud asumió dicho abogado recientemente en el caso de Jiménez v. Corte, 59 D.P.R. 29, sobre auto inhibi-torio. Al resolver su moción, el tribunal hizo constar que no venía obligado “a explicar los motivos para la no expe-dición de nn auto extraordinario ” pero expuso en forma de opinión las razones que lo llevaron al “no ha lugar,” y con-firmó su negativa. No procederemos ahora de tal modo.

Corpus Juris, a cuyo enriquecimiento contribuyó el Doctor Charles Sumner Lobingier, Juez de primera instancia en Filipinas por diez años y por otros diez Juez de la Corte de los Estados Unidos para China, llevando a sus páginas gran número de bien seleccionadas palabras y frases legales españolas, dice:

"No lia lugar. The phrase used in denying relief.” 38 C. J. 326.

La autoridad que cita es el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia por D. Joaquín Eseriche, Ma-gistrado Honorario de la Audiencia de Madrid, y en' efSeto en el tomo tercero, pág. 950, de la nueva edición publicada en 1875, encontramos:

"Lugar. El tiempo, ocasión, oportunidad, causa "o motivo para hacer o no hacer alguna cosa. — Como major haya lugar en derecho, es una expresión que se usa en todo pedimento para manifestar la parte que, además de lo que expone, quiere se le favorezca lo que permite el derecho. — No ha lugar es también una locución forense con que se declara que no se condesciende a lo que se pide.”

Es práctica, pues, consagrada por los años, que- hereda-mos ele España, el uso de la frase legal indicada. Responde a una necesidad y se inspira en el deseo de la más rápida administración de la justicia.

Igual práctica existe en los tribunales americanos. Si examinamos, por ejemplo, el volumen 312 de las Decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el último que tenemos en nuestra biblioteca, encontraremos al final, páginas 649 a 710, parte dedicada a la publicación de las decisiones per curiam, etc., de enero 7 a marzo 31, 1941, un gran número de casos resueltos como sigue: “Application denied” o “Petition for writ of certiorari to the Circuit Court of Appeals for the (number) Circuit denied.”

La fórmula inglesa es, pues, más concisa aun que la espa-ñola. Dos palabras tiene la primera, tres la segunda.

El uso de cualquiera de esas frases inglesa o castellana, no implica que ia corte baya dejado de prestar la debida consideración al caso antes de resolverlo.

La práctica en esta Corte Suprema en cuanto a recursos extraordinarios se refiere es la siguiente: radicado el recursó en la secretaría, el Juez Presidente lo turna al juez que corresponda según el libro que al efecto lleva. Dicbo juez le da atención preferente y lo presenta al tribunal en pleno en su primera reunión con el resultado de su estudio. En algunos casos en la sala de consultas la solicitud vuelve a leerse en voz alta íntegra o en lo pertinente la mayoría de las veces y si el tribunal queda convencido de que por una o varias claras razones no procede conceder lo que se pide o si estima que no se le fia presentado un caso propio para que ejercite su discreción cuando la tiene, como en los casos de certiorari, resuelve el asunto por medio de un “no ha lugar. ’ ’

En muy contadas ocasiones al negarse la solicitud se emite opinión, ya que se trata de peticiones ex parte en las que ni los hechos ni la ley se han depurado controvirtiéndose o aceptándose por la parte contraria, y es por lo menos arriesgado sentar jurisprudencia en tales condiciones. Sólo se hace cuando se juzga conveniente dejar resuelta inmedia-tamente con claridad' y precisión la cuestión que se suscita en beneficio de la parte que la presenta y de otras que se encuentren en posición igual o semejante y la solución no levanta duda alguna en la mente de la corte.

Otras veces se citan la autoridad o las autoridades en que la negativa descansa, por tratarse de cuestiones concretas que es conveniente hacer resaltar, pero cuando se ve que existe otro remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, o cuando el remedio extraordinario que se pide no lo autoriza el estatuto no estando envuelta cuestión alguna de jurisdicción o procedimiento, o si la petición no expone los hechos con la claridad y la extensión debidas de manera que el error que se imputa como cometido por el tribunal inferior surja de los hechos mismos y no de las conclusiones del peticionario, o cuando la corte estima en el ejercicio de su discreción que no debe expedirlo, entonces la fórmula que generalmente se sigue para resolver el asunto es la de sim-plemente decir “no ha lugar.” Los abogados que redactan las solicitudes son técnicos de la ley y saben o deben saber perfectamente sin que se les diga de modo expreso el por-qué de la denegación.

La expedición de un auto extraordinario como el de cer-tiorari, por ejemplo, a virtud de la petición de una sola de las partes en un pleito pendiente en una corte de distrito, ocasiona dilaciones y trastornos e impone gastos a la otra parte al tener que comparecer en esta corte en defensa de su derecho. En tal virtud el más elemental concepto de una buena administración de justicia requiere que se proceda con cautela en su expedición.

Sólo cuando la solicitud muestra un caso prima facie en favor del peticionario no porque él concluya, repetimos, que lo tiene y así lo exprese con el mayor énfasis sino por-que surja de los hechos completos que se narran, transcri-biéndose las resoluciones que se impugnan en todo o en lo pertinente con expresión de las circunstancias concurrentes y de los motivos que tuvo el juez para dictarlas, es que debe el auto expedirse y reclamarse el pleito para revisar la actuación de que se queja el peticionario con intervención de la corte demandada y de la parte que pudiera ser afectada por la resolución.

En su consecuencia y como la moción de reconsideración no contiene argumento alguno que nos convenza de que nues-tra resolución declarando sin lugar la petición estuviere ¿bal dictada y de que el auto fué bien solicitado y procede, • la moción de reconsideración debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Marcos Tomás Caneja y Marcos Tomás Piñán, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado y Sucesión del obrero Flor Carrillo, demandados.
    Núm. 229.

    Sometido: Diciembre 1, 1941.

      Resuelto: Febrero 4, 1942.

      Dubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados de los recu-rrentes; Ernesto Juan Fonfrías, abogado de la Suen. del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Flor Carrillo falleció el 2 de mayo de 1940 al ser alcanzado por nn derrumbe en la cantera en que trabajaba, propiedad de Marcos Tomás Caneja, pero explotada entonces por su hijo Marcos Tomás Piñán. El 16 del mismo mes, los hijos y la madre del obrero fenecido, representados por el abogado Sr. Fonfrías, radicaron en la Comisión Industrial un escrito inte-resando que se practicase una investigación a fin de determi-nar si el patrono se bailaba acogido a la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo y que se les indemnizase con arreglo a la misma. En el referido escrito se describe el patrono con el nombre de “Marcos Caneja”. Como resul-tado de la investigación practicada por la Comisión Industrial, el Administrador Auxiliar del Fondo del Seguro del Estado informó que dicho patrono Marcos Caneja “no está asegu-rado, en violación de’la ley.” Se instituyó el correspondiente procedimiento en la Comisión Industrial de Puerto Rico, cele-brándose el 29 de octubre de 1940 una vista pública a la cual comparecieron los hijos y la madre del obrero, representados por el Lie. Fonfrías, el Sr. Marcos Tomás Caneja represen-tado por el Lie. Luis E. Dubón, y el Sr. Marcos Tomás Piñán en persona. El 26 de enero de 1941 continuó la vista pública y el 25 de agosto siguiente se dictó resolución a favor de la sucesión del obrero, ordenando al Administrador del Fondo del Seguro del Estado que determinase la compensación pro-cedente, más los gastos a los fines provistos en el artículo 15 de la citada ley. En dicha resolución se estimaron proba-dos los siguientes hechos:

“1. Que Flor Carrillo era un obrero al servicio del patrono Marcos Tomás Piñán el día 2 de mayo de 1940.
“2. Que Flor Carrillo sufrió un accidente que le provino de un acto o función inherente a su trabajo y le ocurrió en el curso y como consecuencia del mismo y por el cual perdió la vida.
“3. Que el patrono Marcos Tomás Piñán no estaba asegurado en la forma provista en la Ley 45 de abril 18 de 1935 empleando más de cuatro obreros.
“4. Que Marcos Tomás Piñán era como un contratista indepen-diente que explotaba las canteras de su padre don Marcos Tomás Caneja y que ninguno de los dos estaba asegurado con arreglo a las disposiciones de la Ley 45 de abril 18 de 1935, por lo cual la pro-piedad o bienes de don Marcos Tomás Caneja debe responder en este caso de la compensación y gastos.
“5. Que doña Eusebia Carrillo, madre del occiso, y los hijos de Flor Carrillo llamados Guillermina, Georgina y Cándido Carrillo dependían totalmente para su subsistencia de lo que ganaba Flor Carrillo al día de su muerte y son ellos los que tienen derecho a la compensación que provee la Ley 45 de abril 18 de 1935.”

Solicitaron reconsideración los señores Marcos Tomás Caneja y Marcos Tomás Piñán, siéndoles denegada por reso-lución de 9 de septiembre de 1941, estableciendo entonces uno y otro el presente recurso de revisión en el que imputan a la Comisión Industrial de Puerto Eico cinco errores, a saber:

“1. La Comisión Industrial de Puerto Rico erró al resolver que entre Marcos Tomás Caneja y Marcos Tomás Piñán mediaban rela-ciones de patrono y contratista independiente.
“2. La Comisión Industrial de Puerto Rico erró al resolver que el obrero Flor Carrillo estaba, en el momento de ocurrir el accidente, trabajando para Marcos Tomás Piñán.
“3. La Comisión Industrial de Puerto Rico erró al resolver que de la prueba practicada surge que Eusebia Carrillo, madre, y Guiller-mina, Georgina y Cándido Carrillo, hijos, dependían totalmente para su subsistencia de lo que ganaba Flor Carrillo.
“4. La Comisión Industrial de Puerto Rico erró al resolver que la declaración del testigo Luis San Martín es inadmisible en evidencia, y por tanto erró al no haberla tomado en consideración al resolver este caso.
“5. La Comisión Industrial de Puerto Rico erró al resolver que los bienes de los recurrentes Marcos Tomás Caneja y Marcos Tomás Piñán deben responder de la compensación y gastos en este caso.”

Considerando el primer error, podemos asegurar que no existe evidencia alguna tendente a demostrar que entre Marcos Tomás Caneja y Marcos Tomás Piñán existía otra relación contractual que no sea la de arrendador y arrendatario. La única evidencia que hay sobre el particular es la declaración de Marcos Tomás Piñán, quien sostuvo que él explotaba esa cantera a virtud de cierto contrato de arrendamiento celebrado con su padre Marcos Tomás Caneja. Su declaración no fué contradicha en forma alguna y ni siquiera se le repreguntó sobre el particular. Siendo ello así, claro es que el arrendador Marcos Tomás Caneja, dueño de la cantera, no es responsable del accidente ocurrido a un obrero empleado por el arrendatario en la explotación de la misma.

Además, del récord de la vista pública celebrada el 14 de enero de 1941, aparece la sucesión del obrero, por su repre-sentación legal, Lie. Fonfrías, aceptando que el responsable por la muerte del obrero es Marc.os Tomás Piñán y no su padre Marcos Tomás Caneja. Tomamos del récord:

“Lie. Fonfrías: .. .Alega la sucesión del obrero Flor Carrillo que Marcos Tomás Piñán, que explota y dirige las canteras que son de su padre don Marcos Tomás Caneja, es el responsable de la muerte que se lo ocasionara a dicho obrero. • -
“Lie. Bubón: No entendí la última1 manifestación del compañero.
“Lie. Fonfrías: Que la lea el taquígrafo...

(Se da lectura a las últimas manifestaciones expresadas por el Lie. Fonfrías.)

“Lie. Dubón: ¿Quién es el responsable? Quiero que se aclare bien eso en el récord. ¿A quién es que se hace responsable, a Marcos Tomás Piñán? Eso es lo que yo quiero aclarar.
“Lie. Fonfrías: ‘...que Marcos Tomás Piñán que explota y dirige las canteras que son de su padre don Marcos Tomás Caneja, es el responsable.’
“Lie. Dubón: ¿Entonces, que es Marcos Tomás Piñán?
‘ ‘ Lie. Fonfrías: Sí. ”

Pasemos a considerar el segundo de los errores señalados. Conforme resulta de la evidencia, el obrero Flor Carrillo bacía algún tiempo venía trabajando con Marcos Tomás Piñán en dieba cantera. El día del accidente el obrero se bailaba trabajando en ella y. falleció con motivo de las lesiones recibidas al caerle encima un derrumbe.

De la prueba resulta que la piedra extraída por los obreros en la cantera era recibida por camiones que venían a buscarla para llevarla a un destino que no resulta de la evidencia y que al recibir la piedra el chófer del camión entregaba al obrero cuya piedra babía tomado, un vale en el que aparecía la cantidad de ella recibida. El obrero guardaba todos los vales y el sábado siguiente los presentaba a Marcos Tomás Piñán, quien le pagaba por la extracción de la piedra recibida por los camiones a razón de $0.35 el metro cúbico. También resulta de la prueba que el obrero usaba las herramientas y la dinamita que gratuitamente le suministraba Marcos Tomás Piñán.

Sostienen los recurrentes que la relación existente entre el obrero y el arrendatario de la cantera no era la de patrono y empleado, sino la de contratista independiente, y presentaron evidencia tendente a demostrar que en ocasiones el obrero vendía la piedra directamente a los chóferes que venían a buscarla, recibiendo de éstos en vez de dinero, un vale por la cantidad vendida, vales que eran satisfechos por el Sr. Marcos Tomás Piñán el sábado siguiente luego de deducir de su mon-tante la cantidad de $0.15 que alegan los recurrentes era lo qne ellos cobraban por derecho de cantera.

Esta evidencia fné contradicha por testigos de la sucesión del obrero, y fue a estos últimos a quien la comisión dió cré-dito, y por consiguiente no podemos alterar la conclusión a que se llegara en la apreciación de la prueba, puesto que dicha conclusión está sostenida por evidencia.

El hecho de que los obreros no cobrasen un jornal diario por su trabajo, sino que la remuneración dependía de la piedra que ellos extraían, no convierte al obrero en un contratista independiente con relación al explotador de la cantera. A este efecto, véase Bradbury’s Workmen’s Compensation, 3ra. ed., pág. 143, y casos citados; Washburn v. Bunce, 4 N.E. (2d) 730; Burchett v. Department of Labor & Industries, 261 P. 802.

El tercero de los errores señalados sí existe. No se presentó evidencia alguna tendente a demostrar que la madre y los hijos del obrero en alguna forma dependiesen de él para su sostenimiento. Siendo la Ley de Compensaciones a Obreros una ley de dependencia y no de herencia, como se ha dicho repetidamente por este Tribunal, no tendría la sucesión del obrero derecho alguno a indemnización por la muerte de éste, a menos que se probase ese extremo, y era a ellos a quienes incumbía probarlo.

No erró la Comisión Industrial al no admitir en evidencia la declaración de Luis San Martín ■ al efecto de que' varios días antes del accidente que causó la muerte de Flor' Carrillo éste le había manifestado que Marcos Tomás Piñán le había prohibido continuar trabajando .en la cantera. Esa evidexítáa no es admisible, en primer término porque no esparte del res gestae ya que en nada se relaciona con la causa, que produjo o forma en que sucedió el accidente, y en segundo lugar porque no constituye una admisión toda vez que el derecho de compensación que reclaman la madre e hijos de obrero no es un derecho que ellos heredan o derivan de aquél. En otras palabras, no es nn derecho que pertenecía al obrero y qne él les baya trasmitido. Ese derecho lo concede la ley directamente a los beneficiarios por el hecho de depender del obrero para sn sostenimiento. Por consiguiente, cual-quier manifestación del obrero que pudiera perjudicar a los beneficiarios no es admisible en evidencia a menos que lo fuera por razón del res gestee, como antes hemos indicado. Véase por analogía la aplicación de esta regla en la monografía que aparece en 11 L.R.A. (N.S.) 92.

El quinto de los errores señalados se resuelve por lo que ya hemos dicho al considerar los anteriores. Habiendo sostenido que Marcos Tomás Caneja no es responsable por la muerte del obrero, claro es que sus bienes no pueden responder del accidente. En cambio, los de Marcos Tomás Piñán ,sí responden por no ser un patrono asegurado, puesto que se demostró que utilizaba más de cuatro obreros y no estaba asegurado en el Fondo del Seguro del Estado.

Considerando la naturaleza cuasi tutelar que tiene la Comisión Industrial para la investigación y resolución de los casos ante ella, y habida cuenta del espíritu que anima la Ley de Compensaciones a Obreros, que exige una interpretación liberal a fin de que se cumplan los benéficos' propósitos que la inspiran, contribuiríamos a un verdadero fracaso de la justicia si por el hecho de que ya por inadvertencia o por error la representación de los beneficiarios no presentó prueba ten-dente a demostrar que ellos dependían del obrero para su sostenimiento, tuviésemos que privarles de la compensación a que legítimamente tendrían derecho si en efecto la relación de dependencia existiese. De ningún derecho sustancial se privaría al patrono si devolviésemos el caso a la Comisión Industrial para que en bien de la justicia se recibiese evidencia sobre ese extremo. Si como resultado de la misma se pro-base que la sucesión del obrero en realidad no dependenía de él para su sostenimiento, en buena hora exonérese al pa-trono de responsabilidad; pero si por el contrario resulta que en efecto ellos dependían del obrero para su sostenimiento, se hará cumplida justicia reconociéndoles el derecho a com-pensación que les concede la ley.

Por lo expuesto, procede revocar la resolución de la Co-misión Industrial en lo que a Marcos Tomás Caneja respecta, dejarla sin efecto en cuanto a Marcos Tomás Piñán concierne, y devolver el caso a dicha Comisión para que reciba evidencia sobre la relación de dependencia que pudiera existir entre la sucesión del obrero y este último, y dicte entonces la resolución que corresponda de acuerdo con la ley y los hechos probados.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: [Bu Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Pedro José Santiago y Mendoza, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Domingo Massari, Juez en Comisión, demandada.
    Núm. 1268.

    Sometido: Febrero 2, 1942.

      Resuelto: Febrero 6, 1942.

      |M. Guzman- Texidor, abogado del peticionario; Frank Martínez, Sebastián García Díaz y Enrique Campos del Toro, abogados de la interventora, demandada en el pleito principal.
   [Bu Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los antecedentes de este caso, tomados de los autos de la Jorte de Distrito de Guayama, que tenemos a la vista, son lomo sigue:

The Federal Laud Bank of Baltimore instituyó un proce-limiento ejecutivo sumario contra los herederos de Fidel María Santiago, entre los cuales figuraba el aquí peticionario,' para hacer efectiva una obligación hipotecaria. Seguidos los trámites preliminares, la corte de distrito expidió manda-miento al marshal para que vendiera en subasta pública la finca hipotecada, y en cumplimiento de lo ordenado el marshal vendió y adjudicó la finca al banco ejecutante.

En septiembre 21, 1936 el aquí peticionario Pedro José Santiago Mendoza radicó una demanda contra el banco ejecu-tante, solicitando la nulidad de la subasta, por el fundamento de que la finca fue vendida por el márshal después de celebrar una sola subasta y sin que se cumpliera con las disposiciones de la ley núm. 81 de mayo 13 de 1936 ((1) pág. 433), no ha-biéndose pedido el justiprecio de la finca hipotecada para preparar el anuncio de subasta.

En su contestación el ban,co demandado admitió los hechos de la demanda y alegó como defensa que habiéndose hecho el requerimiento el 25 de abril de 1936, o sea 19 días antes de que comenzara a regir la citada ley de mayo 13 de 1936, dicha ley no era aplicable al ejecutivo en tramitación. El banco for-muló además una contrademanda por un total de $15,727.24.

En el acto de la vista celebrada el 3 de mayo de 1940 el abogado del Federal Land Bank hizo constar que el banco admitía como ciertas las alegaciones de la demanda y del bill of particulars, y el abogado del demandante manifestó que su representado admitía como ciertas las alegaciones de la con-trademanda, quedando así el caso sometido para sentencia. Esta fue dictada en marzo 20, 1941, declarando (a) nulos el procedimiento ejecutivo, la subasta y adjudicación de la finca y su inscripción en el registro; y (b) con lugar la contra-demanda por la suma de $13,100.69.

En abril 21, 1941 el demandante Pedro José Santiago Mendoza apeló de la parte de la sentencia por la que sel declaró con lugar la eontrademanda. El banco no apeló. I

En mayo 10, 1941 el demandante y aquí peticionario soli-J citó la ejecución de la sentencia en cuanto declaró nulo el| procedimiento ejecutivo y la subasta y pidió que se libraral mandamiento al márshal para.que le pusiese en posesión de la finca en litigio. Librado dicho mandamiento, en mayo 17 de 1941 el márshal procedió a diligenciarlo, poniendo en po-sesión de la finca a Angel Santiago como representante de Pedro José Santiago Mendoza y notificando a los encargados de la finca y a Pedro Ferrer, quien adquirió la finca por compra al banco ejecutante.

En mayo 19 de 1941 el Federal Land Bank solicitó se dejara sin efecto la orden de entrega de posesión de la finca, alegando que la misma había sido dictada a espaldas del demandado y que era improcedente por varios fundamentos legales que creemos innecesario exponer en esta opinión.

En mayo 28, 1941 esta Corte Suprema desestimó por con-siderarlo frívolo .el recurso de apelación interpuesto por Pedro José Santiago Mendoza contra la sentencia que le con-denó al pago de la suma reclamada en la contrademanda. En junio 6, 1941 el márshal embargó todo el título e interés que pudiera tener el demandante en la finca en litigio. En junio 18 de 1941, a petición del banco ejecutante, la corte inferior ordenó la ejecución de la sentencia y la venta en pública subasta de los bienes de Pedro José Santiago Mendoza; y celebrada la subasta el día 11 de julio de 1941, la participación del Sr. Santiago Mendoza en la finca fué adju-dicada al banco. En julio 12 de 1941 el márshal puso al banco en posesión de la finca y notificó a Santiago Mendoza.

En diciembre 20 de 1941, estando ya el banco en posesión de la finca por haberle sido adjudicada en la subasta de julio 11 del mismo año, la corte inferior dictó una resolución decla-rando con lugar la moción formulada por el banco en mayo 19 de 1941 para que se dejara sin efecto la orden de mayo 13 del mismo año, por virtud de la cual se puso a Santiago Mendoza en posesión de la finca. En diciembre 27, 1941 el peticionario Santiago Mendoza interpuso el presente recurso de certiorari contra dicha orden y tres días más tarde radicó escrito de apelación.

El presente recurso debe ser desestimado por ser a todas luces frívolo y académico. Según hemos visto, cnando se dictó la orden recurrida, en diciembre 20 de 1941, ya el Federal Land Bank estaba en posesión de la finca por haber adquirido, mediante la adjudicación que se le hiciera en su-basta pública,- todo el título, derecho e interés que a Pedro José Santiago Mendoza pudiera corresponder en el inmueble. La orden recurrida era absolutamente innecesaria y en nada pudo afectar derecho alguno del peticionario, quien ya los había perdido todos al ser ejecutada la sentencia dictada en su contra. De los autos aparece que Pedro José Santiago Mendoza estuvo en posesión de la finca desde mayo 17 de 1941 hasta julio 12 de 1941, fecha en que se ejecutó la senten-cia contra él. T eso es todo a lo que tenía derecho de acuerdo con lo resuelto en Cosme v. Márquez, 49 D.P.R. 783.

La petición debe ser declarada sin lugar y anulado el auto expedido.